T-388-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-388/13
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL DEL SISTEMA CARCELARIO-Declarado en sentencia T-153/98 no
es igual al que atraviesa actualmente
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL-Reconocimiento en la jurisprudencia constitucional
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Jurisprudencia constitucional
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Declarado en sentencia
T-153/98 por hacinamiento, aún persiste
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Declarado en sentencia T-153/98
La sentencia T-153 de 1998 resolvió declarar y notificar
la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario a las diferentes autoridades públicas; revocar las
sentencias de instancia y en su lugar tutelar los derechos de los accionantes;
y, finalmente, adoptar nueve (9) órdenes adicionales dirigidas a las diferentes
autoridades y entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario (por
ejemplo: diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e
implementarlo; un lugar especial para los miembros de la fuerza pública;
separar a los sindicados de los condenados; investigar la falta de presencia de
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a las cárceles de
Bellavista y la Modelo, en Medellín y Bogotá; adoptar medidas de protección
urgentes mientras se adoptan las medidas de carácter estructural y permanente).
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Se entendió superado
en razón a las medidas y políticas adoptadas con posterioridad
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Se solicitó
cumplimiento de la sentencia T-153/98 ante el persistente hacinamiento
CRISIS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Problemas de hacinamiento, inseguridad y
criminalidad
La violencia al interior de las prisiones es un asunto
que compete a muchos sistemas penitenciarios y carcelarios en el mundo, pero en
especial a aquellos que se encuentran en situación de hacinamiento. La
sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia. El
hacinamiento penitenciario y carcelario lleva a la escasez de los bienes y
servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir.
Esto lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal,
alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado
debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar privada
de la libertad bajo su control y sujeción. La prensa, al igual que los escritos
académicos, ha mostrado como las personas recluidas en penitenciarias y
cárceles tienen que pagar por todo.  Conseguir un buen lugar en un pasillo
tiene sus costos; conseguir una celda es prácticamente imposible, sobre todo
por su altísimo valor. Diferentes analistas de la realidad nacional, en
diversos medios de comunicación, han puesto de presente su opinión al respecto.
Son voces que coinciden en la gravedad de la crisis carcelaria y de su impacto
sobre la dignidad humana y los derechos humanos. Ha sido calificada, entre
otros términos, de “insostenible”.  Por ejemplo, las condiciones de extorsión y
chantaje, generan recursos que, en el contexto del conflicto armado, se
convierten en un botín de guerra.
CRISIS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Problemas de tratos crueles, inhumanos e
indignos
En las condiciones de hacinamiento y deterioro de la
infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se
presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles,
inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas
en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son
mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser
relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales
relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad. Por ejemplo, las
personas que son sancionadas dentro de los establecimientos de reclusión, en
ocasiones, son sometidas a condiciones inhumanas e indignantes. Así lo constató
la Procuraduría en la Cárcel de Medellín, tal como fue reportado por la Prensa:
“En Bellavista se pudo observar que estas celdas tienen una proporción de 2
metros de ancho por 8 de largo denominada el ‘rastrillo’, sin unidad sanitaria
ni ducha, ni colchones. Allí encierran a los reclusos que son castigados por
convivencia, y que al pasar a esta celda pierden todas sus pertenencias; ropa,
colchones, y cualquier otro bien que pudieran poseer. Para el 11 de diciembre
se encontraban 15 reclusos quienes manifestaron estar allí desde hace un mes
sin recibir sol y hacer sus necesidades fisiológicas en un tarro; sólo los
sacan a las duchas en horas de la tarde cuando todo el personal se encuentra
encerrado en los pasillos. Su palidez es evidente.” El deterioro de los
establecimientos carcelarios y penitenciarios en uno de los problemas
estructurales que, sumado al hacinamiento, generan patéticas condiciones de
existencia, a las cuales son sometidas las personas recluidas en prisión. Por
ello hay voces que reclaman la destrucción de cárceles obsoletas e
irrespetuosas de la dignidad humana por definición, como sería el caso de la
cárcel Modelo.
CRISIS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Violación grave y sistemática del derecho a la
salud
A la violencia en el encierro en la región, se suma la
violación grave y sistemática del derecho a la salud. El estado de salud
personal, que de por sí se ve amenazado por la reclusión, está expuesto a
graves riesgos cuando, además, existen condiciones insalubres, sin higiene y
con la posibilidad de sufrir agresiones a la integridad física y mental.  La
falta de protección a grupos especiales de la población como las mujeres, los
hijos de mujeres en prisión o las personas extranjeras, también son un mal que
afecta a la región latinoamericana. Los derechos de estos grupos diferenciales
suelen ser desatendidas ante la falta de recursos y la incapacidad de atender,
al menos, al grueso de la población.  Las situaciones descritas a nivel
regional guardan clara relación con los hechos que ocurren en varias cárceles
de Colombia.
CRISIS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Incumplimiento a las órdenes judiciales de
protección
CRISIS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Hacinamiento no es el único problema
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD
COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
Como lo muestran las estadísticas aportadas por los
diferentes actores dentro del proceso la población carcelaria es
fundamentalmente masculina. Son hombres las personas que mayoritariamente son
privadas de la libertad, por cometer grandes ofensas legales, a pesar de que la
mayoría de la población de toda la sociedad es femenina. Esta baja participación
de las mujeres en la población recluida en prisión, repercute de forma grave en
aquellas que son privadas de la libertad pues, como se indicó, se convierte en
un grupo cuyas necesidades se tornan invisibles para los diseñadores de
políticas públicas. Primero, no existe infraestructura especial destinada a
recluir a las mujeres. Como la mayoría de necesidades en materia de nuevos
cupos se refiere a población masculina, las necesidades de la población
femenina pasan a un segundo plano. Los planes de construcción, por la demanda
misma del Sistema, se concentran en elaborar espacios penitenciarios y
carcelarios destinados a la reclusión de hombres, no de mujeres. Segundo, el
hacinamiento tiene un impacto mayor en ellas que en ellos. Como la forma para
solucionar la ausencia de cupos suficientes es recluir a las personas más allá
de la capacidad instalada, el hacinamiento implica muchas veces para las
mujeres, además de tener que compartir el espacio vital con una gran cantidad
de personas, compartirlo con hombres, lo cual puede representar riesgos
adicionales a su integridad. Tercero, las actividades y oficios con que se
cuentan, suelen ser pensados para hombres. Muchas de las actividades laborales
orientadas a la resocialización no tienen en cuenta muchos de los oficios y
labores que también suelen desarrollar las mujeres. No es un problema
únicamente colombiano, también es regional.
NIÑOS, NIÑAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Menores cuando son concebidos en prisión
y deben vivir sus primeros días en condiciones de reclusión
Hay casos evidentes y notorios de sujetos de especial
protección por parte del Estado, como por ejemplo, los niños y las niñas que
son concebidos en prisión y deben vivir sus primeros días en el mundo en
condiciones de reclusión. En estos casos es imperativo que el Estado tome todas
las medidas adecuadas y necesarias para respetar, proteger y garantizar de
forma inmediata y sin dilaciones a estas pequeñas personitas que, de lo contrario,
se verían obligadas a iniciar su existencia en las más crueles e inhumanas
condiciones. Los hijos e hijas de las mujeres condenadas suelen ser tratados,
en ocasiones, como si también estuvieran condenados. Voces en la opinión
pública han sostenido que en especial para los niños, las niñas y las personas
adolescentes, la justicia ha sostenido que la cárcel no es la solución.
EXTRANJEROS PRIVADOS DE LA
LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
Las personas de nacionalidad diferente a la colombiana,
que se encuentran recluidos en prisión, merecen una especial protección por ese
hecho. Normalmente, estar en prisión en un país distinto al propio, en el que
se debe asumir cargas y barreras que las personas locales no tienen que enfrentar.
No se cuenta con familiares ni personas allegadas, no se hace parte de las
redes sociales que pueden ayudar a resolver problemas o atender necesidades. Se
puede tener un idioma diferente o pertenecer a una cultura distinta, con
necesidades alimenticias, de recreación, o religiosas disímiles. Estas
diferencias que tiene un extranjero conllevan un impacto sobre los derechos
fundamentales y restricciones que la mayoría de la población carcelaria no
tiene que enfrentar.
PERSONAS CON ORIENTACIONES
SEXUALES DIVERSAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Población LGBTI
Las personas con orientaciones sexuales diversas son
sometidas, aún, a tratos discriminatorios por parte de diversas personas de la
sociedad. Estos prejuicios se reproducen en las cárceles y penitenciarias,
siendo en muchas ocasiones, lugares donde estas prácticas y estos tratos se
amplifican. La organización Colombia Diversa ha reportado esta cuestión en
diversas ocasiones en los informes que presenta anualmente, acerca del estado
de los derechos fundamentales de la Comunidad LGTBI.
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES
PRIVADOS DE LA LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
Los medios de comunicación se han ocupado de denunciar la
difícil situación que los indígenas deben afrontar en los centros de reclusión
carcelarios y penitenciarios de Colombia. Así, por ejemplo, se ha cubierto las
visitas del Defensor del Pueblo a las cárceles de Colombia, para constatar la
situación real que enfrentan las personas que hacen parte de estas poblaciones.
Precisamente, se trató de una visita a una de las cárceles que hacen parte del
presente proceso: la cárcel de San Isidro. Los medios de comunicación han dado
cuenta de las dificultades que tienen, por ejemplo, las interacciones de la
justicia indígena con el sistema carcelario y penitenciario general de la
Nación que se dan cuando una persona es condenada por su comunidad, pero la
condena la debe pagar en una cárcel ordinaria. Nuevamente, la Cárcel de San Isidro
ha sido un escenario de este tipo de conflictos. Sin embargo, los medios de
comunicación también han dado cuenta de los avances que el Estado ha estado
haciendo, como por ejemplo, la construcción de cárceles especiales para
indígenas. Finalmente, es preciso señalar que la discusión que se ha dado para
las comunidades indígenas puede replicarse para algunas comunidades afro,
negras, palenqueras y raizales, que en razón a sus diferencias y diversidades
culturales, deban ser tratados en consecuencia (esto es, diferencialmente) por
el Sistema penitenciario y carcelario
DECLARACION DE ESTADO DE
EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
El sistema penitenciario y carcelario de Colombia se
encuentra, nuevamente, en un estado de cosas que es contrario a la Constitución
vigente. Los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el País se
encuentran en una situación de crisis estructural. No se trata de ausencia de
avances o de acciones por parte de las autoridades, puesto que éstas han
realizado acciones encaminadas a solventar el estado de cosas inconstitucional
evidenciado por la jurisprudencia constitucional en 1998.  De hecho, es en gran
parte gracias a tales acciones de política pública que la Corte Constitucional
entendió superado tal estado de cosas vivido al final del siglo XX. Sin
embargo, la evidencia fáctica, así como la información que es de público
conocimiento, evidencia que, nuevamente, el sistema penitenciario y carcelario
colombiano se encuentra en un estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente de manera grosera, que conlleva un desconocimiento de la dignidad
humana, principio fundante de un estado social de derecho. En otras palabras,
el sistema penitenciario y carcelario actual es incompatible con un estado
social y democrático de derecho.
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Derechos de
las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y
generalizada
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Obligaciones
de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de
la libertad han sido incumplidas de forma prolongada
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Se han
institucionalizado prácticas inconstitucionales
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Las
autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la
vulneración de los derechos
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Las
soluciones a los problemas compromete la intervención de varias entidades,
requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO
PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Si todas las personas
privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una
congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por hacinamiento carcelario y
falta de salubridad al interior de los establecimientos carcelarios
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Goce efectivo de los derechos
fundamentales en prisión, indicador de la importancia real de la dignidad
humana
El compromiso de una sociedad con la dignidad humana se
reconoce, en gran medida, por la manera como se respetan los derechos de las
personas privadas de la libertad. Tratar de forma adecuada a aquellos sujetos
de protección constitucional que todas las personas coinciden en defender y
proteger, como los niños o las niñas, no evidencia necesariamente un compromiso
con la dignidad humana de todas las personas. Es en el compromiso con los menos
privilegiados, con las personas más descuidadas y abandonadas a su suerte y sus
problemas, como es el caso de las personas privadas de la libertad, el que
evidencia el real respeto a la dignidad humana de todas las personas. Como lo
señaló el premio nobel Nelson Mandela, una sociedad no puede juzgarse por la
manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino a sus ciudadanos
marginados; entre ellos, por supuesto, las personas que están recluidas en
prisión. El estado de cosas en el que se encuentra el Sistema penitenciario y
carcelario colombiano es una prueba fehaciente de que el compromiso adquirido
constitucionalmente con la dignidad humana de toda persona, aún requiere ser
profundizado para que sea una realidad. Aunque las palabras de la Constitución,
las leyes, los decretos y las sentencias aseguran formalmente un compromiso
pleno con la dignidad humana, no se ha logrado materializarlo a plenitud. Las
políticas públicas existentes no reflejan ese mismo compromiso que el
ordenamiento jurídico formalmente en sus textos ha adquirido, y que algunos
jueces han intentado hacer cumplir.
DIGNIDAD HUMANA A LA LUZ DE LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Protección de las personas privadas de la
libertad
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por amenaza constante a la
vida, a la integridad personal por la criminalidad e impunidad del sistema
penitenciario y carcelario
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por requisas indignas y
degradantes a familiares y amigos visitantes de los internos
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION
ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas
privadas de la libertad
RELACIONES ESPECIALES DE
SUJECION-Elementos principales
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN
RELACION CON LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHOS FUNDAMENTALES DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Pueden ser limitados razonable y
proporcionalmente
La jurisprudencia constitucional ha indicado que los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad permiten determinar cuándo se
desconocen los derechos fundamentales de las personas recluidas en prisión,
cuando éstos son restringidos con base en competencias amplías y generales como
la posibilidad de fijar e imponer reglas de disciplina o de hacer traslados de
personas de una a otra prisión, bajo las condiciones legal y reglamentariamente
establecidas. La razonabilidad y proporcionalidad de la medida son pues, los
parámetros con que cuenta la administración y el poder judicial, para
distinguir los actos amparados constitucionalmente, de aquellos actos
arbitrarios. Las personas privadas de la libertad enfrentan una tensión sobre
sus derechos, dada la doble condición que tienen. Son acusados de ser
criminales, o han sido condenados por serlo, y en tal medida, se justifica la
limitación de sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad. Sin
embargo, teniendo en cuenta, a la vez la relación de sujeción en que se encuentran
las personas privadas de la libertad, surgen razones y motivos para que se les
protejan especialmente sus derechos. Esta tensión constitucional que surge
entre ser objeto de especiales restricciones sobre sus derechos fundamentales
y, a la vez, ser objeto de especiales protecciones sobre sus derechos
fundamentales, lleva a actitudes y políticas contradictorias. Una política
criminal y carcelaria respetuosa de la dignidad humana, debe lograr un adecuado
balance entre una y otra condición que se reúnen en las personas privadas de la
libertad. Algunos autores resaltan que una persona, al ser privada de la
libertad, se enfrenta a un sistema de control y sujeción disciplinaria que
implica, muchas veces, que las reglas y límites pierden su carácter escrito y se
confunden con la voluntad del guardia encargado. En Colombia, muchas de estas
reglas provienen, desafortunadamente, de poderes paralelos como los caciques
del patio, o actores ilegales del conflicto, que imponen, de facto,
limitaciones y restricciones irrazonables y desproporcionadas al goce efectivo
de los derechos fundamentales.
ESTADO DE EMERGENCIA CARCELARIA
Y PENITENCIARIA-Facultades y competencias que deben ejercerse razonable y
proporcionalmente, incluso en el ejercicio de amplios poderes especiales
ESTADO DE EMERGENCIA CARCELARIA
Y PENITENCIARIA-Poderes de emergencia
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reclusión libre de hacinamiento,
infraestructura adecuada, derecho a no estar sometido a temperaturas extremas,
acceso a servicios públicos, alimentación adecuada y suficiente
DERECHO A LA SALUD, A LA
INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL Y A VIVIR EN UN AMBIENTE SALUBRE E HIGIENICO DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección constitucional
En un Estado social y democrático de derecho, bajo
ninguna circunstancia, puede imponer barreras y obstáculos infranqueables al
acceso a los servicios básicos de salud de las personas privadas de la
libertad. Cuando un sistema penitenciario y carcelario está en buen estado y
funciona correctamente, debe cumplir con esta obligación. Ahora bien, cuando el
sistema penitenciario y carcelario está deteriorado porque, por ejemplo, no
cuenta con infraestructura adecuada y suficiente, está sobrepoblado, ofrece
mala alimentación, no ocupa a las personas ni les brinda la posibilidad de
realizar ejercicios físicos o actividades de esparcimiento y, en cambio sí, las
expone a riesgos de violencia que pueden afectar su integridad personal o su
vida misma, no garantizar el acceso a los servicios de salud es una violación
grosera y flagrante del orden constitucional vigente. Es tanto como encerrar
bajo llave a personas que se sabe se van a enfermar gravemente, y abandonarlas
a su propia suerte. En otras palabras, se trata de una doble violación. Por una
parte, el Sistema penitenciario y carcelario desprotege el derecho a la salud,
al dejar de tomar acciones y medidas orientadas a superar las afecciones a la
salud de las personas privadas de la libertad; pero a la vez lo irrespeta, por
cuanto emprende acciones (recluir a una persona en condiciones extremas,
insalubres y no higiénicas) que privan del grado de salud que tenían. No se les
asegura gozar de un mejor grado de salud y, además, se les arrebata el que
tenían.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de agua, higiene, aseo y
servicios básicos
La jurisprudencia ha resaltado la importancia de
garantizarles a las personas privadas de la libertad, el acceso suficiente al
agua limpia necesaria para el aseo personal. La Corte Constitucional ha tenido
que tomar medidas de protección en varias oportunidades con relación al acceso
a los servicios al agua. Precisamente, esta Sala de Revisión ha tenido que
pronunciarse en el pasado reciente sobre el acceso al servicio de agua en la
Cárcel, entidad que vuelve a ser cuestionada dentro de uno de los procesos que
se resuelven mediante la presente sentencia. En efecto, esta Sala de Revisión
decidió que el INPEC –Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario– debía adoptar medidas para respetar los derechos de los
accionantes, y demás internos de la torre 1 ala “B” de dicha institución
penitenciaria y carcelaria, debido a la situación de acceso a agua potable
(sentencia T-175 de 2012). Una de las conexiones que ha identificado la
jurisprudencia entre el derecho al agua, a la salud y a la higiene, es el
derecho constitucional que tiene toda persona privada de la libertad, a poder
bañarse sin agua helada o muy fría, especialmente cuando ello implica un riesgo
real para la salud de la persona. De forma similar, corresponde a las
autoridades penitenciarias y carcelarias suministrar los elementos de aseo,
independientemente de que se trate de una persona recluida en condición de
condenada o de sindicada. Los relatos periodísticos y de denuncia, evidencian
que los problemas de higiene no sólo son aquellos protuberantes que saltan a la
vista o al olfato; también se trata de riesgos cotidianos e invisibles, como
ocurre en el corte de pelo.
DERECHO A LA VISITA INTIMA DE
PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Naturaleza
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA Y
DERECHO A LA VISITA INTIMA DEL INTERNO-Vulneración por las condiciones
infrahumanas en que se practican
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Derecho a regresar a la
sociedad en libertad y democracia
El sentido último de un sistema penitenciario y
carcelario es lograr la resocialización y reintegración de las personas que
fueron privadas de la libertad. Al lado de la función retributiva de la pena,
la resocialización ha de ser el principal objetivo de la reclusión, junto con
la disuasión, la principal garantía de no repetición. Se pretende que la
reclusión y la penitencia transformen a la persona que ha atentado gravemente
la convivencia en sociedad, para que pueda regresar a vivir sin romper las
mínimas reglas de armonía. Las limitaciones que la disciplina impone a las
personas recluidas, de hecho, encuentran su principal justificación en ser
necesarias para lograr tal propósito. La resocialización es una de las
principales garantías de no repetición para las víctimas y para los derechos de
las personas en general.
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Trabajo y oficios en la
prisión
Si bien el derecho al trabajo de las personas privadas de
la libertad enfrenta significativas limitaciones, razonables y proporcionadas
constitucionalmente, no es un derecho que pueda desaparecer. Sus ámbitos
nucleares de protección no pueden ser desconocidos por completo. El Sistema
penitenciario y carcelario está obligado a garantizar el goce efectivo del
derecho a realizar trabajos y oficios. En el caso de las personas privadas de
la libertad, los ámbitos de protección del derecho al trabajo que se conservan
son de vital importancia. Además de existir las razones que toda persona tienen
en libertad para trabajar, en la cárcel surgen razones adicionales. La
necesidad de ocupar la mente y el cuerpo en alguna actividad de aquellas
permitidas, por sanidad mental. Acceder a los beneficios de libertad a da
lugar. La posibilidad de aprender un nuevo oficio, y, eventualmente, algún tipo
de remuneración, con el bienestar material que en una cárcel puede representar,
en especial dado el estado de cosas actual.
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Educación en prisión
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vínculo con la familia y
las personas allegadas
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Derecho a la recreación
ACCESO A LA ADMINISTRACION
PUBLICA Y A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Garantía
Para una persona privada de la libertad, el derecho a
presentar peticiones a la administración pública, especialmente a las
autoridades penitenciarias y carcelarias, es de vital importancia. Es una
herramienta básica que le sirve para proteger todos sus derechos. Muchas
violaciones o amenazas pueden ser enfrentadas por las personas recluidas,
mediante peticiones a las autoridades para que hagan algo, o que dejen de
hacerlo. En caso de que esto no sirva, es imprescindible que las personas
recluidas cuenten con un mecanismo para controvertir la respuesta de las
autoridades, que se materializa o bien mediante procedimientos ante órganos de
vigilancia y control del Estado y de defensas y promoción de los derechos
fundamentales, o, por supuesto, frente a una autoridad judicial.
DERECHO DE PETICION DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Responsabilidad
del Estado de garantizar su protección de manera eficaz
DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía especialmente en condiciones de
hacinamiento
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Estado
tiene el deber constitucional de diseñar e implementar una política pública
escrita, que garantice progresiva y sosteniblemente el goce efectivo de las
facetas prestacionales de los derechos fundamentales que no sean de inmediato
cumplimiento
Las facetas prestacionales de un derecho fundamental son,
excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización
progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté
implementando. La violación o la amenaza de las facetas prestacionales de
realización progresiva suelen demandar del juez de tutela que se impartan
órdenes complejas, que busquen la efectividad de los derechos, respetuosas de
las competencias democráticas y administrativas constitucionalmente
establecidas, que sean prudente y abiertas al diálogo institucional. La
valoración que se haga a partir de los parámetros que se ocupen de la
estructura, del proceso y de los resultados de la política pública de la cual
dependa el goce efectivo del derecho fundamental que se busca proteger con la
orden compleja, determinarán si hay un nivel de cumplimiento alto, medio, bajo,
o, simplemente, de incumplimiento. El nivel que se haya alcanzado, determinará
cuál debe ser la respuesta del juez; a mayor nivel de cumplimiento, menor debe
ser la respuesta judicial, o sencillamente ninguna, y a menor nivel de
cumplimiento, mayor y más estricta, debe ser la respuesta judicial, con miras a
asegurar el goce efectivo de la faceta prestacional del derecho fundamental que
haya sido tutelado.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL DE LA POLITICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Crisis
carcelaria que enfrenta el sistema es de orden estructural
Las cárceles y penitenciarias están en un estado de
cosas, que se han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos, antes
que instituciones respetuosas de la dignidad, de los derechos fundamentales de
las personas y orientadas a resocializarlas.  Esta grave afectación a la
libertad, constituye una grave amenaza para la igualdad y para el principio de
la dignidad humana. Es notorio que la jurisprudencia constitucional haya
empleado expresiones como ‘dantesco’ o ‘infernal’, para referirse al estado de
cosas en que ha encontrado el sistema penitenciario y carcelario. Aunque el
Gobierno consideró en el pasado que esta situación dantesca había sido
superada, la jurisprudencia constitucional la sigue constatando.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL DE LA POLITICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Problema de
hacinamiento no se resuelve sólo con más cárceles
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Política criminal debe tener carácter preventivo
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales
Como parte de una política criminal y carcelaria
respetuosa de un estado social y democrático de derecho, las entidades del
Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas
adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de
aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El
Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea
una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’. Los
abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento mal
administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena
privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la
culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso
penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena
arbitraria a una persona.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL DE LA POLITICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Debe buscar,
ante todo, la resocialización de las personas condenadas, no sólo justicia
retributiva también restaurativa
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Política criminal debe ser sensible a la protección efectiva de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Establecimientos
penitenciarios y carcelarios deben asegurar la efectiva reinserción en la
sociedad, independientemente si son condenadas o sindicadas
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL DE LA POLITICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Las personas no
adquieren un derecho constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se
diseñen e implementen políticas favorables a la libertad y sostenibles en el
tiempo
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO
CARCELARIO-Aplicación
de reglas de equilibrio y equilibrio decreciente
HACINAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y REGLAS DE
EQUILIBRIO Y EQUILIBRIO DECRECIENTE-Aplicación
Referencia: Expedientes T-3526653,
T-3535828, T-3554145, T-3645480, T-3647294, T-3755661, T-3759881, T-3759882,
T-3805761
Acciones de tutela instauradas por
varias personas privadas de la libertad, o en representación de estas.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil trece
(2013)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las decisiones judiciales
proferidas por los jueces de tutela de instancia, en los nueve procesos de la
referencia [T-3526653, T-3535828, T-3554145, T-3645480, T-3647294, T-3755661,
T-3759881, T-3759882, T-3805761].[1]
I. ANTECEDENTES
A la presente Sala de Revisión le corresponde revisar nueve
expedientes de acción de tutela, referentes a las violaciones de los derechos a
la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal,
a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad en
seis (6) centros de reclusión del país. En todos los casos, se hace referencia
a la necesidad de tomar medidas adecuadas y necesarias, de manera urgente para
superar el estado de cosas en que se encuentra el sistema penitenciario y
carcelario que, se alega, es contrario al orden constitucional de manera
estructural y general. En consecuencia, han sido acumulados para ser analizados
y resueltos de manera conjunta.
A continuación se hace referencia a los antecedentes de cada
uno de los nueve (9) expedientes, en sus elementos principales y esenciales,
agrupándolos por cárceles (seis en total: las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa
de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de
Popayán, y la de Barrancabermeja).  La información detallada y datos relevantes
de cada uno de estos expedientes, serán usados y expuestos a lo largo de las
consideraciones; a medida que sean necesarios para analizar y resolver los
problemas jurídicos planteados. En todo caso, se puede ver una descripción
detallada y pormenorizada de cada uno de los expedientes en el segundo anexo
que acompaña la presente sentencia.[2]
1. Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta, COCUC. La primera acción de tutela acumulada fue interpuesta por un
recluso contra el Instituto Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, Norte de
Santander (Expediente T-3526653), por considerar que las condiciones de hacinamiento,
salubridad, higiene y calidad de sistemas sanitarios en general del
Establecimiento los obliga a vivir en condiciones indignas e inhumanas. El Juez
de primera instancia (Juzgado 7° Civil del Circuito de Cúcuta) tomó las medidas
necesarias para verificar la situación del penal, mediante la visita de las
autoridades de control, sanitarias y de salud correspondientes.  Probadas las
violaciones alegadas, tuteló los derechos invocados y ordenó que se adoptaran
las medidas de protección reclamadas por el interno accionante, según el
concepto dado por las autoridades de control y técnicas vinculadas al proceso.
Adicionalmente, se protegió especialmente el derecho de algunos internos del
establecimiento que se encontraban en situaciones de claro riesgo, según se
estableció en la visita realizada al Establecimiento penitenciario. La decisión
fue impugnada por el INPEC, quien solicitó modificar la decisión de primera
instancia, en el sentido de dar un plazo más amplio para poder cumplir las
recomendaciones dadas por los expertos, puesto que aún no las conocían. También
remitió copias de actos en los que se había comprometido con los representantes
de los internos a mejorar el acceso al servicio de agua en las celdas. La Sala
Civil del Tribunal Superior de Cúcuta, en segunda instancia, resolvió revocar
la sentencia de primera instancia por considerar que para el momento se trataba
de un hecho superado.  Para el Tribunal, que limitó su análisis a la violación
del derecho de petición –el cual nunca fue invocado por el accionante–, existía
carencia de objeto pues después de la sentencia de primera instancia, se probó
que se había dado respuesta de fondo a la petición de los reclusos, entre ellos
el accionante. El INPEC se había comprometido, el nueve (9) de abril de dos mil
doce (2012), a aumentar el tiempo de acceso al servicio de agua para servicios
higiénicos en las celdas en un tiempo no mayor a diez (10) días.
2. Cárcel La Tramacúa de Valledupar. (Expediente
T-3535828) La segunda acción de tutela acumulada fue presentada por 71
accionantes[3]
recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario de Alta Seguridad, EPAMSCAS ‘La Tramacúa’ contra el INPEC,
por considerar que se les están violando varios derechos fundamentales, al
someterlos  (i) a un severo régimen que incluye malos tratos e incluso “torturas,
tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa tales como
agresiones físicas, aislamiento injustificado y prolongado”;  (ii) a malas
condiciones de infraestructura y de administración que conllevan “restricción
de servicios básicos como la salud, el agua y el saneamiento básico”;
(iii) a un ‘pésimo’ servicio de salud; (iv) a “mayores limitaciones a
los derechos a la comunicación e información” que a los que se someten los
derechos de los internos de otros centros de reclusión; (v) a una grave separación
de la familia y de las demás personas, así como  (vi) a un mal sistema de
control interno de derechos humanos.  Indican que la Defensoría del Pueblo
interpuso una acción popular en el dos mil dos (2002) que no fue acatada
debidamente ni siquiera por las insistencias posteriores.  A juicio de los
accionantes La Tramacúa es el primer centro de reclusión “[…]  que dio
inicio a la Nueva Cultura Penitenciaria que subordina la dignidad e integridad
de los detenidos a la seguridad.” Reclamaron también, el derecho a la
protesta pacífica y el cierre de la cárcel.  La Directora del Establecimiento
carcelario reconoció muchos de los problemas señalados por los accionantes,
pero indicó que se están adoptando las medidas necesarias para enfrentar los
problemas. Aportó pruebas que dan cuenta, tanto de la existencia de los
problemas, como de las medidas de solución que se vienen adoptando al respecto.
El Juzgado 3° Penal del Circuito de Valledupar negó la tutela en primera
instancia; consideró que, o bien las situaciones alegadas no habían sido
probadas, o bien son derechos colectivos que deben ser ventilados en los procesos
judiciales que corresponden para esos efectos. El Tribunal Superior de
Valledupar resolvió confirmar la decisión de instancia por considerar
que las autoridades carcelarias vienen tomando medidas para enfrentar los
problemas, y porque el cierre total del Establecimiento es una petición que
está fuera de la órbita de decisión de los jueces de tutela.
3. Cárcel Modelo de Bogotá. Dos de las acciones
de tutela acumuladas para ser resueltas mediante la presente sentencia, se
dirigieron contra la Cárcel Modelo de Bogotá, DC y demás autoridades
carcelarias correspondientes. En el primero de los expedientes se tutelaron los
derechos, mientras que en el segundo la protección fue negada.
3.1. Jhon Mario Ortiz Agudelo, acompañado por un Abogado del
grupo de interés público de la Universidad de Los Andes, presentó acción de
tutela contra la Nación, el Ministerio de Justicia y el INPEC (Expediente T-3554145),
por considerar que el colapso del centro de reclusión por diversas causas,
resaltando entre ellas el hacinamiento, el deterioro de las instalaciones y la
ausencia de personal suficiente para la prestación de servicios básicos como la
salud y la seguridad, le ha implicado estar en condiciones de reclusión que
atentan gravemente su dignidad, su salud, su vida y demás garantías básicas
conexas que el Estado, aún en reclusión, está obligado a respetarle, protegerle
y garantizarle. Solicita el accionante, fundándose en extensa y amplia
jurisprudencia constitucional y de derechos humanos, que se le excarcele debido
a que el sistema no tiene capacidad para tenerlo privado de la libertad en
condiciones de dignidad o que, por lo menos, se ordene tomar las medidas de
protección de urgencia para asegurar su condición actual, como ordenando el
cierre del establecimiento carcelario, hasta que se regrese a su capacidad
original real. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá resolvió tutelar los derechos a la dignidad humana, a la salud y
a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes debido a la
evidencia notoria de los hechos, pero niega el derecho a la excarcelación. Se
imparte la orden al INPEC de que cumpla con los parámetros mínimos establecidos
para tener a los presos en condiciones dignas (precisando algunos) y se le da
competencia a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento al
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia. La Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia confirmó la decisión en segunda instancia por las mismas
razones, reiterando que la excarcelación no puede ser resuelta por un juez de
tutela, pero insistiendo en las medidas de política pública que es urgente
tomar ante la evidencia de los hechos.
3.2. Wilfredo Mesa Rosero (Expediente T-3647294) presentó
una acción de tutela similar a la interpuesta por Jhon Mario Ortiz Agudelo,
pues, en coinciden en términos escenciales en varios aspectos: las autoridades
que son acusadas, los derechos fundamentales invocados, y los hechos y las
razones en que se sustenta la solicitud de tutela, salvo cuestiones
específicas. Concretamente en su caso, el señor Mesa Rosero alegó una grave
situación de salud que no ha sido atendida y que le impide la movilidad de sus
brazos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de resolver un
trámite procedimental previo,[4]
negó la tutela por considerar que no existía una violación grave, actual
y presente del derecho a la salud. Reconoció que la situación de hacinamiento y
de violación de garantías y derechos básicos era un hecho notorio, pero indicó
que eran un asunto ya juzgado por la Corte Constitucional en la sentencia T-153
de 1998, en la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema
carcelario nacional. Para la Sala Penal del Tribunal, las reformas y
reparaciones locativas son medidas que van en marcha y están siendo
implementadas por las autoridades correspondientes; en todo caso, resolvió
remitir copia al juez de primera instancia del proceso que dio lugar a la
sentencia T-153 de 1998, en tanto competente para hacer efectivo su
cumplimiento. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la
decisión de confirmar la decisión de instancia de negar la petición de
excarcelación y de negar la protección al derecho a la salud del accionante.
Pero la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolvió instar también a
las autoridades carcelarias a que tomen las medidas adecuadas y necesarias para
superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, en
especial en el centro de reclusión La Modelo.
4. Cárcel Nacional Bellavista de Medellín (Expediente
T-3645480). Víctor Alonso Vera, un recluso que por las condiciones de
hacinamiento debe dormir en un baño, al lado de la basura, donde hay malos
olores y condiciones higiénicas inadecuadas, interpuso acción de tutela en
contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Director General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Director Regional Noroeste del INPEC
y contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín,
‘Bellavista’, solicitando el amparo de su derecho a la dignidad humana y demás
garantías fundamentales conexas. La Sala de Decisión Constitucional del
Tribunal Superior de Medellín, luego de constatar los hechos a través de las
respuestas recibidas de parte de las entidades vinculadas al proceso, resolvió
tutelar los derechos del accionante y ordenó a las autoridades carcelarias
tomar las medidas adecuadas y necesarias para que, dentro de los dos (2) años
siguientes al fallo, se realizaran las obras correspondientes que fueran
necesarias para dar que la persona pudiera estar recluida en un espacio digno.
Se indicó que el plan debía estar listo en un (1) mes y que, en todo caso, se
debían tomar medidas de protección especial específicas para el accionante.  La
decisión de instancia no fue impugnada.
5. Cárcel San Isidro de Popayán. Tres de las
acciones de tutela acumuladas para ser resueltas mediante la presente sentencia
se dirigieron contra la Cárcel San Isidro de Popayán y demás autoridades
carcelarias correspondientes. En los tres casos se niegan las solicitudes de
tutela presentadas, por considerar que se trata de un asunto estructural el que
origina el malestar de los accionantes y que, por tanto, no les corresponde a
los jueces de tutela resolverlos.
5.1. Luis Enrique Leal Sosa (Expediente T-375561) presentó
acción de tutela en contra del “[…] Ministerio de Justicia, el Congreso de
la República, los jueces de ejecución de penas de Popayán, el Concejo de
Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San Isidro]”, por
considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo vital, el
núcleo familiar, el respeto al principio de favorabilidad, la presunción de
inocencia y la libertad individual. Sostuvo que se están violando
sistemáticamente sus derechos fundamentales invocados por las condiciones de
hacinamiento (superior al 50% y en alza) y falta de resolución de su situación
judicial. El Tribunal Superior de Popayán vinculó a la Cárcel de San Isidro,
INPEC; a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, y Primero y Segundo en
descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; al Representante
legal del Consejo Disciplinario EPCAMS San Isidro; al Fiscal General de la
Nación; al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Congreso de la República
de Colombia. Las intervenciones coincidieron en solicitar, cada una por
separado, que se declarara que la respectiva entidad no era responsable, sino
alguna otra agencia, órgano o dependencia del Estado. La Sala Civil y de
Familia del Tribunal Superior de Popayán resolvió no tutelar los derechos
invocados, por considerar que los reclamos, si bien son justos, son genéricos e
indeterminados; no son individualizados. En tal sentido, se trata de asuntos
que son competencia de las instituciones administrativas y no del juez de
tutela, como ya lo definió la jurisprudencia constitucional en su sentencia
T-153 de 1998. La sentencia de instancia no fue impugnada.
5.2. Omar Rolando Herrera Nastacuas (Expediente T-3759881) interpuso
una acción de tutela en contra de las mismas autoridades y con base en las
mismas razones que en el anterior caso. Se invitó a intervenir a dichas
autoridades que, en términos generales, dijeron lo mismo que en el proceso anterior,
a saber, que se les desvinculara por no ser responsables ni competentes de
tomar las decisiones que el accionante reclama. La Sala Civil y de Familia del
Tribunal Superior de Popayán resolvió negar por improcedente la solicitud
presentada, por razones similares a las expuestas en la anterior decisión (que
se hace referencia de forma genérica a los problemas del sistema carcelario,
los cuales requieren soluciones estructurales, como lo ha ordenado la
jurisprudencia constitucional). La sentencia de instancia tampoco fue impugnada
en esta ocasión.
5.3. Finalmente, Jhon Jairo Cifuentes (Expedientes
T-3759882) interpuso la tercera y última acción de tutela en contra del
Establecimiento de reclusión San Isidro, también en contra de las mismas
autoridades y con base en las mismas razones, que en los casos anteriores.
Finalmente, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Popayán,
nuevamente con base en los motivos ya expuestos en los expedientes anteriores,
negó la tutela. Al igual que en los casos anteriores, se muestra que el
problema sí existe y que sin duda es grave, pero que no es el juez de tutela
quien debe solucionarlo, sino la administración pública.
6. Establecimiento penitenciario y carcelario de
Barrancabermeja (Expediente T-3805761) La última de la acciones de
tutela acumuladas al presente proceso, fue presentada por el Defensor del
Pueblo Regional del Magdalena Medio contra el INPEC y contra los Ministerios
del Interior y de Justicia (Expediente T-3805761), por considerar que las
condiciones del Establecimiento de reclusión son sistemáticamente violatorias
de la dignidad humana y en general de los derechos fundamentales de los
internos (la vida, la dignidad humana, la privacidad, la salud, la integridad
personal, la intimidad, la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a
un ambiente sano, al deporte y a la recreación), en gran medida, debido a la
situación de hacinamiento.  La tutela se interpuso luego de una visita al penal
que permitió al Defensor Regional constatar de primera mano las violaciones a
los derechos de las personas privadas de su libertad. Solicitó que se adopten
las medidas adecuadas y necesarias para superar esta situación de crisis. El
reclamo judicial enfrentó una serie de obstáculos procesales. La acción fue
declarada improcedente por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Barrancabermeja;
esta decisión fue anulada por el Tribunal Superior, que decidió el caso en
primera instancia, resolviendo declarar improcedente la acción; esta segunda decisión
fue impugnada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que anuló todo
lo actuado y remitió el proceso al juzgado del circuito. En el proceso
participaron la Dirección Regional del INPEC, la Directora de la Cárcel de
Barrancabermeja, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación de
Santander y la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; sus intervenciones fueron
presentadas a lo largo del proceso, en sus diferentes y accidentadas etapas.
Finalmente, la sentencia de primera y única instancia, porque no fue impugnada,
fue dictada por el Juzgado 3° Penal del Circuito de Barrancabermeja que resolvió
declarar improcedente la acción interpuesta. Consideró que si bien el
estado del centro de reclusión es “a todas luces escabroso”, ordenar mediante
acción de tutela el gasto para la solución de estos problemas, supondría
anteponer la solución de este problema a la de otros graves inconvenientes
sociales. Tales decisiones, como definir el profesional para resolver los
problemas, no competen al juez de tutela, sostuvo.
II. Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos a resolver
2.1. Presentación de casos
Los nueve (9) procesos de acción de tutela acumulados, con
relación a las seis (6) cárceles ya mencionadas (la cárcel de Cúcuta, la
Tramacúa, la Modelo, Bella Vista, San Isidro y la de Bucaramanga) tienen
reclamos similares por razones similares. En todos ellos, una o más personas
privadas de la libertad reclaman la protección del juez de tutela de sus
derechos fundamentales, por la violación a la que las instituciones carcelarias
los tienen sometidos, debido a las condiciones indignas e inhumanas de
reclusión.  Algunas de las acciones de tutela reclaman que se tomen medidas
inmediatas para superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema
carcelario, que ya había sido reconocido por la Corte Constitucional. Otras
consideran que en la medida en que tal estado de cosas no se superó y
actualmente el estado colombiano sigue careciendo de la capacidad de tenerlos
recluidos y privados de la libertad de manera digna, los jueces de tutela están
obligados a declarar que el Estado no tiene el derecho de mantenerlos
recluidos. A su juicio, si el Estado no tiene la capacidad de privar de la
libertad a una persona en condiciones de dignidad y de respeto para sus
derechos, simplemente carece de la facultad y de la legitimidad material para
ejercer y emplear las facultades sancionatorias penales.
2.2. Problemas jurídicos generales y específicos.
2.2.1. El primer y principal problema a resolver en el
presente caso es el siguiente: ¿Violan las autoridades acusadas por los
diferentes accionantes (la Presidencia y el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, las autoridades de cada centro
de reclusión, los jueces de ejecución de penas y medidas y los fiscales), los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial a
la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en razón a
las deplorables condiciones de reclusión, ocasionadas, en especial, por el
grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones, a pesar de que tal
situación de los centros penitenciarios y carcelarios es un asunto estructural
que no le compete específicamente a ninguna de las autoridades acusadas?
Como se fundamentará posteriormente, la respuesta a este
problema es afirmativa. De hecho, se trata de un problema jurídico ya resuelto
por la jurisprudencia constitucional en el pasado (sentencia T-153 de 1998). El
someter a las personas privadas de la libertad a condiciones de reclusión
indignas y violatorias de los derechos fundamentales más básicos, es una conducta
proscrita del estado social y democrático de derecho. Las condiciones de
hacinamiento y de indignidad en que se tiene recluida a la mayoría de personas
en el sistema penitenciario y carcelario colombiano constituyen a la luz de la
jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que es contrario al orden
constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades
competentes, ejerciendo las competencias que se tienen para ello en democracia,
dentro de un plazo de tiempo razonable, y de manera transparente y
participativa. No obstante, el hecho de que en el pasado la jurisprudencia
constitucional ya se hubiera pronunciado al respecto implica a su vez un nuevo
problema jurídico, planteado en varios de los casos seleccionados.[5]
2.2.2. El segundo problema jurídico, estrechamente
relacionado con el anterior, es por tanto el siguiente: ¿debe un juez de tutela
tomar medidas de protección concretas y específicas ante la solicitud de una
persona privada de la libertad, por las violaciones a las cuales está siendo
sometida en la actualidad –debido a la crisis que atraviesa el sistema
penitenciario y carcelario–, a pesar de que la Corte Constitucional ya se había
pronunciado en el pasado al respecto, en una sentencia en la que declaró el
estado de cosas inconstitucional e impartió órdenes de carácter general?
La respuesta a este segundo problema jurídico también es
afirmativa. La Corte Constitucional carece de competencia para conocer del
cumplimiento de una sentencia de finales del siglo pasado (de hace década y
media), que en ocasiones anteriores entendió parcialmente cumplida. Si bien
existen parecidos y similitudes entre el estado de cosas de 1998 y el actual,
se trata de contextos y supuestos fácticos diferentes. Por ejemplo, mientras en
1998 la situación era de abandono, en el momento actual no. La situación de
hacinamiento que atraviesa el Sistema penitenciario y carcelario, como se pasará
a explicar posteriormente, ha alcanzado niveles similares a los de aquella
época, pero no por la misma situación de abandono. Desde 1998 hasta el día de
hoy, el Estado ha hecho importantes inversiones en la infraestructura
carcelaria. Se trató de planes que, adecuados a las necesidades de aquel
momento, permitían pensar que la situación de hacinamiento sería superada en el
año 2010. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo presupuestal que se ha hecho
estos últimos años para mejorar la infraestructura existente y crear nuevos
cupos, en la actualidad se ha regresado a los niveles dramáticos de aquellos
años en que se produjo la sentencia T-153 de 1998.  Por tanto, en esta
oportunidad se reiterará la decisión adoptada previamente en Autos, en los que
se respondieron solicitudes de que se iniciara un proceso de cumplimiento de
aquella sentencia.
Los casos acumulados vistos por separado y vistos en
conjunto, dan lugar a otras cuestiones jurídicas que se irán planteando y
resolviendo a lo largo de la sentencia. A continuación, pasa la Sala a contar cuál
es la estructura de la presente sentencia
3. Decisiones y resumen del argumento de la sentencia
A continuación, en el capítulo cuarto (4°), se analizará por
qué el estado de cosas del sistema carcelario constatado en 1998 no es igual al
que atraviesa actualmente, por lo que requiere un análisis propio e
independiente. Así, se hará referencia al reconocimiento de la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en la jurisprudencia constitucional y a la jurisprudencia
constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario
y carcelario colombiano; luego se indicará que el estado de cosas
inconstitucional por hacinamiento identificado y declarado en 1998 se entendió
superado en razón a las medidas y políticas adoptadas con posterioridad a aquel
momento. Finalmente se hará referencia a la información remitida a la Corte
Constitucional acerca de una nueva situación crítica en el sistema
penitenciario y carcelario y la posterior notificación que hizo esta Sala a las
autoridades competentes. El capítulo quinto (5°) de las consideraciones, se
ocupará de la información acerca de la situación del Sistema penitenciario y
carcelario colombiano suministrada y recopilada por la Corte. Concretamente se hará
referencia a la información aportada al debate público y de la presente
sentencia por el Congreso de la República, la Procuraduría General de la
Nación, la  Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la
Academia, medios de comunicación y opinión pública, el Gobierno Nacional e
INPEC, el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Asesora de Política
Criminal, del Consejo Superior de Política Criminal. Posteriormente, en el
capítulo sexto (6°), se hará referencia a la declaración de estado de
emergencia penitenciaria y carcelaria.
Luego de hacer referencia a la jurisprudencia sobre la
cuestión y a los diagnósticos sobre el estado de cosas del Sistema, en el
capítulo séptimo (7°) establecerá que el Sistema penitenciario y carcelario
nuevamente se encuentra en un estado de cosas contrario a la Constitución
Política. Teniendo en cuenta los factores que valora la jurisprudencia para
determinar un estado de cosas contrario a la Constitución se advierte que  (i)
los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son
violados de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad
han sido incumplidas de forma prolongada;  (iii) el Sistema penitenciario y
carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales;  (iv) las
autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la
vulneración de los derechos;  (v) las soluciones a los problemas constatados en
el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias
entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un
nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y,
por último,  (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la
acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya
existe actualmente. Dado estos aspectos, concluye la Sala que sí se verifica un
estado de cosas contrario a la Constitución de 1991. Es una situación que se ha
consolidado poco a poco, sin sobresaltos, sin sorpresas; una situación que
afecta de forma principal a la dignidad humana. Constatar un estado de cosas tan
contrario al orden constitucional vigente es grave, en especial si se tiene en
cuenta que el goce efectivo de los derechos fundamentales en prisión es un
indicador de la importancia real que la dignidad humana para una sociedad. La
Sala advierte que el Sistema de reclusión penal afecta la dignidad humana, a la
luz de la jurisprudencia constitucional, en múltiples sentidos: la amenaza
constante a la vida, a la integridad personal por la criminalidad e impunidad o
las requisas indignas, por mencionar algunos. La especial protección de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad surge de la relación
de especial sujeción en que se encuentran. Si bien, el Estado cuenta con la
legítima facultad de privar de la libertad, cuando la ley así lo autoriza, a su
vez adquiere obligaciones constitucionales de respeto, protección y garantía, de
imperativo cumplimiento. Los derechos fundamentales de las personas privadas de
la libertad pueden ser limitados razonable y proporcionadamente, sin discriminación
de poblaciones vulnerables. En este capítulo 7°, la Sala resaltará que la
condición de marginalidad y precariedad de las persona privadas de la libertad
dentro de la deliberación y el debate democrático, supone que el juez
constitucional sea especialmente sensible con la protección de sus derechos.
Especialmente, advertirá que el derecho constitucional de toda persona privada
de la libertad a estar en condiciones respetuosas de un mínimo vital en
dignidad, implica, por lo menos: una reclusión libre de hacinamiento; una infraestructura
adecuada; el derecho a no estar sometido a temperaturas extremas; el acceso a
servicios públicos; a alimentación adecuada y suficiente; al derecho a la
salud, a la integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e
higiénico; el derecho de toda persona a las visitas íntimas; el derecho a poder
regresar a una sociedad en libertad y democracia; así como el derecho de acceso
a la administración pública y a la administración de justicia.
En el capítulo octavo (8°) la Sala señalará que toda persona
que está privada de la libertad, o puede estarlo, tiene el derecho
constitucional a que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para asegurar
la garantía plena del goce efectivo de sus derechos fundamentales. En el
presente caso y dada la grave situación constatada en el expediente, la Sala
considera que en esta oportunidad las medidas adecuadas y necesarias implican
garantizar la existencia de una política criminal y carcelaria respetuosa de su
dignidad y orientada, precisamente, a materializar el goce efectivo de sus
derechos. En primer lugar, se hará referencia al derecho constitucional que
tiene toda persona a que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales mediante acciones y
omisiones del Estado orientadas a resolver los problemas que suponga el goce
efectivo del derecho. El Estado, en virtud de sus obligaciones
constitucionales, tiene el deber de contar con políticas públicas escritas, que
garanticen progresiva y sosteniblemente, el goce efectivo de las facetas
prestacionales de los derechos fundamentales. Así, se indicarán cuáles son las
facetas prestacionales de aplicación inmediata y cuáles las facetas
prestacionales de aplicación progresiva. A continuación se retomará la
jurisprudencia constitucional para indicar (i) cuándo se entiende violado
este derecho a que se tomen las medidas adecuadas y necesarias en materia de política
pública;  (ii) qué debe hacer el juez de tutela en caso de que eso
sea lo que ocurra y, finalmente, indicar  (iii) cuándo se ha de entender
cumplida una orden compleja. Específicamente se hará referencia al deber de
asegurar, progresivamente, el goce efectivo del derecho; indicando
cuáles son los niveles de cumplimiento y los parámetros para establecerlo [de
estructura, de proceso y de resultado] –, así como cuál debe ser la respuesta
judicial frente al nivel de cumplimiento verificado. Una vez establecidos los
límites mínimos de una política pública de la cual depende el goce efectivo de
un derecho fundamental, pasará la Sala a referirse al caso concreto de la
política penitenciaria y carcelaria. Se resaltará que los problemas que
enfrenta el Sistema penitenciario y carcelario no son nuevos, son conocidos y
reiterados; no obstante la política criminal y carcelaria, sigue
desatendiéndolos sistemáticamente, a través de sucesivas reformas fallidas. Ahora
bien, entre estos problemas estructurales, el hacinamiento es un problema de
urgente solución que no se resuelve sólo con más cárceles. Pero a la vez, se
indicará que el problema del Sistema no es sólo hacinamiento. Por ejemplo, el
castigo penal ­–teniendo en cuenta el valor propio del derecho de las víctimas–
debería ser el último recurso (ultima ratio) que se emplee para
controlar a las personas; la política criminal debe ser, ante todo, preventiva
y tener como objetivo central buscar la resocialización de las personas
condenadas; no sólo justicia retributiva, también restaurativa; ser sensible a
la protección efectiva de los derechos fundamentales en general y de la
dignidad humana, específicamente; ser sostenible. La política criminal y
carcelaria debe ser sensible a los sujetos de especial protección
constitucional, cuyos derechos fundamentales estén comprometidos. Teniendo en
cuenta todas las demandas normativas que recaen sobre el Sistema, es claro que
los actores y entidades encargadas de diseñar, adoptar, implementar y
evaluar la política criminal y carcelaria, tienen un especial deber de
coordinar y colaborar armónicamente entre sí, en el ejercicio y desempeño de
sus funciones y competencias. La política criminal y carcelaria debe ser
especialmente transparente e informada.
A continuación, el capítulo noveno (9°) se ocupa de varios
de los problemas jurídicos planteados en las diferentes acciones de tutela.
Así, se señalará que el estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente constatado en 1998 tiene relaciones y contactos con la situación vivida
actualmente; pero se trata de estados de cosas inconstitucionales diferentes. Los
Establecimientos penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas
adecuadas y necesarias, para asegurar la efectiva reinserción en la sociedad de
aquellas personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socio-económica
que se encuentran privadas de la libertad, independientemente de si son
condenadas o sindicadas. La Sala advertirá que una persona privada de la
libertad no adquiere un derecho constitucional a ser liberada, por el hecho de
haber sido destinada a un lugar de reclusión que se encuentra en situación de
hacinamiento y que supone de por sí un atentado a la dignidad humana; tal
situación le da derecho a reclamar que de forma imperativa se modifiquen las
condiciones de reclusión, pero no a ser liberada. Concretamente, al menos se
deben implementar reglas que permitan disminuir progresiva y razonablemente el
hacinamiento, hasta lograr superarlo y, posteriormente, no permitir que dicho
estado de cosas se presente. Se debe mantener el equilibrio entre los cupos con
que cuenta un establecimiento y el número de personas allí recluidas. Estas
medidas serán de diverso tipo; algunas de choque, buscando actuar de forma
inmediata y en el corto plazo, para mitigar, hasta donde sea posible, las
violaciones y amenazas a los derechos fundamentales que actualmente se dan.
Otras medidas serán de mediano y largo plazo, permitiendo a las instancias,
personas y entidades correspondientes deliberar, decidir y actuar dentro de los
tiempos y mediante los procesos y competencias establecidas bajo el orden
constitucional vigente.
Luego de que se sustente cada una de estas respuestas, se
analizará individualmente, el caso de cada una de las seis (6) cárceles
acusadas dentro del presente proceso.  El capítulo décimo (10°) se ocupará de
presentar las órdenes de carácter general que serán impartidas, luego de
valorar lo hecho por el Gobierno Nacional y las demás autoridades carcelarias
para enfrentar la crisis, y, finalmente, el capítulo undécimo (11°) resumirá
las principales decisiones adoptadas en la presente sentencia. Al final, a modo
de primer anexo, se encuentra una tabla de contenidos de toda la sentencia.
4. El estado de cosas del sistema carcelario constatado
en 1998 no es igual a la que atraviesa actualmente, por lo que requiere un
análisis propio e independiente
En la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional
constató un estado de cosas en las penitenciarías y cárceles del país,
contrario al orden constitucional vigente. Esa situación, que se entendió
superada medianamente  en un momento, se ha vuelto a presentar nuevamente, por
lo que la Corte ha recibido solicitudes para retomar la competencia sobre
aquella sentencia y hacerla cumplir. Como se pasa a explicar a continuación,
aunque la situación del Sistema penitenciario y carcelario actualmente es
crítica, también es cierto que se trata de una situación diferente a la que se
constató hace ya más de una década.  En tal medida, no compete a la Corte
Constitucional reabrir el cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998 que
analizó un determinado momento del Sistema, sino analizar su situación actual y
determinar si se encuentra, nuevamente, en un estado de cosas contrario al
orden constitucional vigente.
La cuestión se expondrá de la siguiente manera. En primer
lugar se hará referencia a la jurisprudencia de la corte constitucional sobre
estado de cosas inconstitucional, haciendo especial énfasis en los factores que
se han tenido en cuenta para establecer si la Sala se encuentra o no ante una
situación de tal estilo. A continuación se expondrá la sentencia T-153 de 1998,
en la cual la Corte concluyó que el sistema penitenciario y carcelario colombiano
estaba en un estado de cosas contrario a la Constitución. En tercer lugar, se
indicará que la Corte Constitucional había dado por superado tal estado de
cosas y que, por tanto, había perdido la competencia para pronunciarse al
respecto, con base en la sentencia T-153 de 1998. En cuarto lugar, se mostrará
que esta Corporación ya había sido informada de que las condiciones en el
sistema penitenciario y carcelario se habían deteriorado nuevamente pero que,
debido a que la Corte carecía de competencia para pronunciarse al respecto, se
había limitado a recopilar la información y remitirla a los diferentes órganos
y autoridades competentes. Finalmente, se hará relación a solicitudes
adicionales recibidas por la Corte Constitucional, en el mismo sentido, durante
el trámite de los procesos de tutela de la referencia.
4.1. El reconocimiento de la existencia de un estado de
cosas inconstitucional en la jurisprudencia constitucional
4.1.1. La primera vez que la Corte Constitucional empleó la
figura del estado de cosas inconstitucional, lo hizo en el año de 1997 para
enfrentar una violación estructural y masiva de los derechos fundamentales
individuales de un grupo de personas y de ciertas una comunidades. En aquella
oportunidad, la Sala Plena de la Corporación, mediante una sentencia de
unificación, resolvió declarar que ‘el estado de cosas que originó las
acciones de tutela materia de esta revisión no se aviene a la Constitución
Política, por las razones expuestas en [la] providencia’ (SU-559 de 1997).[6]  La Corte
Constitucional pudo constatar en aquella oportunidad que los derechos
reclamados por las personas accionantes eran de carácter de individual, pero estaban
siendo desconocidos de forma general. Por ello indicó que era claro que “[…] la
irregularidad que denuncian los docentes […] demandantes no se
circunscribe a los municipios de Zambrano y María la Baja sino que delata un
estado de cosas de carácter general.”[7]
Se trataba pues de un estado de cosas, esto es, un contexto fáctico, en el
cual, de manera general y estructural, se violaban los derechos de las
personas. Son casos en los que se violan o amenazan derechos individuales, no
derechos colectivos, y por tanto, han de ser objeto de protección mediante
acción de tutela (no mediante, por ejemplo, acción popular).
4.1.2. Ahora bien, para la Corte, constatar que existe un
estado de cosas inconstitucional implica una carga de actuación y de protección
distinta para el juez de tutela, frente a lo que normalmente tiene el deber de
hacer. En efecto, en principio, el juez está llamado a considerar las
violaciones concretas y específicas que le son sometidas a su conocimiento por
las partes y a tomar medidas de solución al respecto. No obstante, como se
dijo, desde 1997 se ha reconocido que ante un estado de cosas en el que se
comprometa la garantía del goce efectivo de derechos fundamentales –como
aquellos derechos laborales y prestacionales de los docentes tutelados en la
sentencia SU-559 de 1997–, que en ocasiones no es un hecho o un acto la causa
de la violación o la amenaza, sino todo un ‘estado de cosas’ que es contrario
al orden constitucional vigente, una situación estructural que no se supera por
la acción concreta y específica de una entidad o institución específica. En tales
casos, las órdenes que se impartan deben estar orientadas, precisamente, a
superar ese ‘estado de cosas’ y a transformarlo, para lograr tener un
nuevo estado de cosas, pero ahora sí compatible con la Constitución. Dijo la
Corte en aquella oportunidad,
“Si los restantes educadores
individualmente interponen acciones de tutela contra la conducta de los
alcaldes y demás autoridades que se encuentran en mora de afiliarlos al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los jueces competentes y, en
su momento, la Corte darán curso a las respectivas demandas. Con todo, se
pregunta la Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento omisivo
indicado viola la Constitución Política, es posible que la Corporación, en
razón de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas
competentes, con el objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas
conducentes a fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado de
cosas que resulta abiertamente inconstitucional. La Corte considera que debe
responder de manera afirmativa este interrogante, por las siguientes razones:
(1) La Corte Constitucional tiene
el deber de colaborar de manera armónica con los restantes órganos del Estado
para la realización de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe
comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un
delito, no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado estado
de cosas resulta violatorio de la Constitución Política.
(2) El deber de colaboración se
torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva
utilización de la acción de tutela. Los recursos con que cuenta la
administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de
las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad
contribuye a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo
inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo
a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de
la Constitución y de la efectividad de sus mandatos.”[8]
Por eso, desde aquella decisión (SU-559 de 1997), cuando la
Corte Constitucional ha declarado que la fuente de la violación a un derecho
fundamental es un estado de cosas contrario a la constitución y no un hecho o
un conjunto de acciones concretas y específicas, se han dado órdenes igualmente
de carácter general, respetando las competencias propias que el orden legal
vigente ha establecido en democracia.
4.1.3. La segunda de las ocasiones en que la Corte
Constitucional se refirió a un estado de cosas inconstitucional fue a propósito
de los derechos pensionales de las personas vinculadas a la Caja de Previsión
Nacional, Cajanal (T-068 de 1998). En aquella oportunidad la Corte enfrentó
también una situación estructural que requería una solución, también
estructural.[9]
4.1.4. La tercera ocasión en que la jurisprudencia haría
referencia a esta figura del estado de cosas inconstitucional sería, unos meses
después de esta segunda sentencia, precisamente a propósito de la situación de
indignidad en que se mantenía a la mayor parte de las personas recluidas en el
sistema penitenciario y carcelario colombiano (T-153 de 1998).[10] La Corte constató que
bajo el orden constitucional vigente eran claros y perentorios los mandatos
jurídicos de protección para las personas privadas de la libertad, pero que
todo ello no era más que ‘letra muerta’ puesto que era manifiesto y evidente
que en Colombia existía un estado de cosas contrario a la Constitución. Dijo la
Corte: “La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el
sistema penitenciario. ||  Con todo, las prescripciones de los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y
acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca
de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las condiciones de
vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los
penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad
personal, su derecho  a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los
establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se
les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente
tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son
escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción.”[11]
4.1.5. En la sentencia T-025 de 2004, decisión en la que se
resolvió proteger los derechos de la población sometida a desplazamiento
forzado en Colombia, la Corte Constitucional hizo un recuento de su
jurisprudencia en la materia y precisó el alcance de la figura del estado de
cosas inconstitucional. Luego de hacer referencia a los siete (7) casos previos
en los cuales había sido usada la figura,[12]
la Corte identificó los principales seis (6) ‘factores’ que han sido
valorados para establecer que una determinada situación fáctica constituye un estado
de cosas inconstitucional, así:
“Dentro de los factores valorados
por la Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe
destacar los siguientes:
(i) la vulneración masiva y
generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número
significativo de personas;[13]
(ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
derechos;[14]
(iii) la adopción de prácticas
inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del
procedimiento para garantizar el derecho conculcado;[15]
(iv) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos.[16]
(v) la existencia de un problema
social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere
la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante;[17]
(vi) si todas las personas
afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.[18]” [19]
Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en varias
ocasiones. Así se hizo recientemente en las sentencias T-068 de 2010[20] y T-701 de
2012[21]
o en el Auto 385 de 2010 de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento,[22]
por mencionar tan sólo algunos casos. A continuación pasa a exponerse el caso
concreto del estado del Sistema penitenciario y carcelario.
4.2. La jurisprudencia constitucional sobre el estado de
cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano
En 1998, como se dijo, la Corte Constitucional usó por tercera
vez la figura del estado de cosas inconstitucional para enfrentar las violaciones
graves, recurrentes, extendidas y cotidianas, de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad en Colombia. La Corte Constitucional
evidenció que se trataba de un problema estructural, que se había gestado en
Colombia a lo largo de los años. Se reconstruyen los argumentos y las
evidencias que fundaron aquella decisión judicial (T-153 de 1998), teniendo en
cuenta que son los primeros elementos de contexto que la Sala ha de considerar
en la presente ocasión, para valorar la situación en la que el sistema
penitenciario y carcelario se encuentra en la actualidad.
4.2.1. En aquella oportunidad la Corte Constitucional
estudió dos (2) acciones de tutela referentes –dos cárceles que también son
objeto de tutela en algunos de los procesos bajo revisión–. La primera de las
tutelas resueltas en la sentencia T-153 de 1998 fue presentada por una persona
recluida en la Cárcel Bellavista de Medellín quien relató problemas e
inconvenientes estructurales similares a los que ahora son nuevamente
reclamados. Hacinamiento, condiciones de salubridad, respeto a la dignidad
humana fueron algunas de las condiciones denunciadas por aquel accionante.[23]  La segunda
de la tutelas fue presentada por varias personas recluidas en la Cárcel Modelo
de Bogotá. Relataron problemas similares a los de la cárcel Bellavista de
Medellín –y a los reclamados en los procesos que actualmente se revisan–, destacando,
entre otros, las condiciones espaciales de reclusión que afectan la dignidad e
intimidad de ellos (las visitas conyugales, concretamente), así como los
insuficientes planes para corregir tal situación.[24]
4.2.2. En ambos casos la Corte Constitucional encontró que
la situación alegada por las personas recluidas era cierta. Las condiciones de
hacinamiento habían llevado a emplear como dormitorios espacios de los centros
carcelarios que nunca tuvieron tal propósito, tales como espacios de recreación
o baños. Esto, además, en condiciones inhumanas e indignantes, pues suponía,
por ejemplo, dormir directamente sobre el piso, tal cual como ocurre también en
algunas de las acciones de tutela objeto de revisión en la presente sentencia,
que relatan hechos acaecidos casi tres lustros después. En aquella oportunidad
la Corte Constitucional concluyó que la situación de reclusión de las personas
privadas de la libertad era claramente contraria al respeto de la dignidad
humana, con expresiones y calificativos severos al respecto.
“Las inspecciones le permitieron a
la comisión judicial llegar a la conclusión de que las condiciones de reclusión
en las dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una
persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de
albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su
respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.”[25]
4.2.2.1. Mediante inspecciones judiciales a los centros
carcelarios, la Corte pudo establecer de primera mano la veracidad de las
acusaciones tanto en la cárcel Modelo de Bogotá,[26] como en la cárcel
Bellavista de Medellín.[27]
No obstante, la sentencia (T-153 de 1998) advirtió que las visitas realizadas
habían llegado a conclusiones que “[…] no representan una gran novedad. En
efecto, las visitas no hicieron más que confirmar las afirmaciones que, desde
hace algún tiempo, habían sido expuestas por distintos organismos estatales
acerca de las condiciones infrahumanas que reinaban en estos y en otros centros
de reclusión.[28]
[…]” Adicionalmente, hizo afirmaciones que quince (15) años después,
desafortunadamente, mantienen su plena vigencia
“[…] para ningún colombiano que
mire la televisión, oiga la radio o lea la prensa constituye un secreto que las
cárceles colombianas atraviesan por situaciones infernales de hacinamiento.
Incluso los directores de las cárceles aludidas, los directores del INPEC, el
Ministerio de Justicia y el gobierno en general reconocen que las condiciones
de albergue en esos penales no responden a los requerimientos mínimos para
poder funcionar como tales.
Por lo tanto, resulta
verdaderamente inoficioso pretender describir nuevamente las circunstancias en
las que viven los reclusos. Los adjetivos y expresiones utilizados para exponer
las circunstancias de vida en esos centros de reclusión se han convertido ya en
lugares comunes, en frases de cajón. Por eso, para esta sentencia bastará con
confirmar las aseveraciones formuladas en los distintos informes y remitir a
ellos a los interesados. La reconstrucción de esta realidad dolorosa le
corresponderá quizás a la literatura, despiadada acusadora de las sociedades
ante la historia.”[29]
4.2.2.2. La Corte advirtió, además, que se trataba de una
situación general de hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario del
45.3%.[30]
Si bien se sabía que era un fenómeno que no se presentaba con la misma
intensidad en todos los casos, si era amplio y generalizado.[31] Los datos de
hacinamiento eran graves tanto para los órganos de control, como para los entes
del Ejecutivo que en sus informes reconocían una situación igual o peor en
centro de reclusión que no habían sido objeto de revisión por los órganos de
control.[32]
Los agudos problemas con relación a las temperaturas que se deben enfrentar en
condiciones de hacinamiento en los climas cálidos, que también son alegados en
algunos de los casos de tutela que se revisan actualmente, fueron destacados
por la jurisprudencia constitucional así: “[…] es importante tener en cuenta
la apreciación del INPEC acerca de que el problema de hacinamiento es más agudo
en el caso de los establecimientos que tienen una población superior a 50
internos y están ubicados en zonas cálidas, a causa de las deficientes
condiciones de ventilación y de la insuficiente infraestructura de servicios
públicos.”[33]
4.2.2.3. La Corte también consideró el fenómeno del
hacinamiento desde una perspectiva histórica, la cual, de acuerdo con la propia
descripción hecha por el INPEC, la expuso en cuatro etapas así,
“El fenómeno del hacinamiento
carcelario desde una perspectiva histórica.  ||  Las condiciones de
hacinamiento en los centros de reclusión del país no constituyen, sin embargo,
una gran novedad. En efecto, en otros momentos de este mismo siglo también se
han presentado críticas situaciones de sobrepoblación carcelaria. Importa ahora
hacer referencia a ellas, con el objeto tanto de contextualizar el estado
actual de hacinamiento, como de observar las medidas que se adoptaron para
combatir esa situación. Para ello, esta Corporación se apoyará en un estudio
realizado por la Oficina de Planeación del INPEC, en 1997, denominado “Análisis
de la población general de recluidos y el fenómeno del hacinamiento”.  ||  De
acuerdo con el mencionado estudio, se pueden distinguir cuatro etapas dentro
del fenómeno de la ocupación carcelaria en Colombia, a saber: la época del
asentamiento, entre 1938 y 1956; la época del desborde, entre 1957 y 1975; la
época del reposo, entre 1976 y 1994; y la época de la alarma, desde 1995 hasta
la fecha.
[i] La época de asentamiento,
entre 1938 y 1956, tendría como antecedentes la expedición del código
penitenciario de 1934 - que crea la División de Prisiones dentro del Ministerio
de Gobierno -, y  la construcción de algunas cárceles como las de Cúcuta y
Palmira y el inicio de otros reclusorios distritales como el de Sincelejo. La
etapa se inicia, en 1938, con una población carcelaria de 8.686 internos. Hasta
1945, este número aumentó anualmente en una cifra promedio de mil internos. En
1946, se presenta una baja importante en el total de los reclusos (2.765
internos menos), a causa de un proceso de desjudicialización, pero este
descenso fue rápidamente compensado por los incrementos de los próximos años,
hasta llegar en el año de 1957 a la cifra de 37.770 internos.
El INPEC ofrece la siguiente serie
de datos de población carcelaria en esos años:
Año
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
Nº
8.686
9.391
10.807
11.861
12.331
13.634
14.136
15.018
12.253
13.742
Año
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
Nº
17.297
19.326
19.384
19.442
21.011
23.532
26.022
30.878
34.463
35.770
[…]  ||  Esta etapa comprendería
la época más cruda de la Violencia. […].[34]
[ii] La época del desborde,
entre 1957 y 1975, se inicia con un nuevo proceso de desjudicialización, en
1957, que reduce en 12.771 internos la población carcelaria. En esta etapa se
da comienzo a una serie de obras carcelarias (en lo que el estudio denomina el boom
de la construcción) y se expide el nuevo estatuto carcelario, mediante el
Decreto 1817 de 1964.  ||  Sin embargo, el esfuerzo de descongestión carcelaria
sería nuevamente contrarrestado con aumentos vertiginosos del número de
internos hasta el año de 1971. Así, a finales de 1971, se registrará un total
de 58.125 internos, “mostrando ante el panorama nacional, la peor de las crisis
de hacinamiento vivida”. De acuerdo con el informe, esta cima en las
estadísticas de hacinamiento se reduciría de nuevo con medidas
despenalizadoras, con la ley de rebaja de penas dictada a raíz de la visita del
Papa Paulo VI, la 40 de 1968, y con un mejoramiento de las condiciones
sociales. Ello explicaría que para el año de 1973 la población penitenciaria se
hubiera reducido a 36.500 internos.  ||  La serie estadística sobre el número
de internos para este período es la siguiente:
Año
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Nº
de Internos
35.770
22.999
24.428
24.800
27.014
31.184
33.000
32.088
Año
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
Nº
de Internos
31.816
33.280
38.446
42.259
46.451
51.059
58.125
S.D.
36.500
[iii] Entre 1976 y 1994 tendría
lugar la llamada época del reposo. No existen datos acerca del número de
reclusos en los años 1972, 1974, 1975 y 1976. Pero en 1977 se realiza el primer
Censo Nacional Penitenciario, cuyo resultado arrojó un número total de 34184
internos. Esta cifra disminuiría aún más, de manera tal que entre 1980 y 1994
la población carcelaria se mantuvo, con pocas excepciones, por debajo de los
30.000 reclusos. El estudio resalta que entre 1981 y 1985 el promedio de
internos fue de 27.700, y que en 1986 disminuyó hasta 24.893, a causa del
Decreto 1853 de 1985, que ordenó la excarcelación de sindicados por delitos
menores. Sin embargo, el número de internos volvería a ascender a raíz de las
modificaciones en la legislación y de la aplicación del Estatuto para la
Defensa de la Democracia y de las normas excepcionales posteriores.  ||  […][35]  ||  La
serie de datos estadísticos sobre esta época es la siguiente:
Año
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Nº
34.184
35.043
34.017
32.549
28.680
26.942
27.445
27.618
27.767
Año
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Nº
24.983
27.280
27.358
31.077
31.876
29.356
26.961
28.550
28.308
[…][36]
[iv] La época de la alarma
tiene su comienzo en 1995 y se prolonga hasta el día de hoy. Ese año se inicia
con una cifra similar al promedio de la época anterior (29.537), pero el número
de reclusos aumenta progresivamente hasta llegar a 31.960, todo ello a pesar de
que la aplicación del Decreto 1370 de 1995, sobre desjudicialización, contrarrestaba
la tendencia al incremento de la población carcelaria.  ||  Según el Inpec, “el
año 1996 rompe la barrera del reposo y en forma similar a lo ocurrido entre los
años de 1966 a 1971, incrementa la población en más de 6.000 personas (38.063).
En diciembre, cerca de la barrera de los 40.000 internos, deja el ambiente
carcelario en alerta para lo que ocurrirá durante los años que restan del
presente siglo.” La población carcelaria a noviembre 30 de 1996 asciende a
39.574 internos, con un cupo en cifras cerradas de 28.300, lo cual constituye
un sobrecupo de 11.700 internos.  ||  El estudio concluye con la siguiente
manifestación: ‘En 1997 hay otro síntoma preocupante. En enero y febrero sigue
creciendo la población (39.742 y 40.590, respectivamente). De continuar esta
curva podría repetirse el fenómeno del desborde y llegar a poblaciones que por
proyecciones superaría los 60.000 internos. Entonces el presente hacinamiento,
que nos aterró en el pasado, nos desafía en el futuro (sic)’. ”[37]
4.2.2.4. La sentencia T-153 de 1998 advirtió que algunas de
las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, ya se habían revelado
insuficientes. Así, se tuvo presente que el diecinueve (19) de diciembre de mil
novecientos noventa y siete (1997) se había expedido la Ley 415 de 1997, “por
la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y
penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los
establecimientos carcelarios del país”, pero a la vez, tuvo en cuenta la
información dada por el INPEC, según el cual la Ley no había producido los
efectos esperados, al momento dictarse la sentencia T-153 de 1998.[38]  También
consideró las causas que explican la situación de la congestión de acuerdo con
el INPEC, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y lo dicho por los
internos. En esta perspectiva, especial importancia le dio a la mala calidad de
la infraestructura física penitenciaria y carcelaria, que ya desde 1989, un par
de años antes de ser promulgada la Constitución de 1991, se había identificado
de forma oficial.[39]
Pero no fue un diagnóstico aislado. Se constató que en el poder Ejecutivo
existía la conciencia de la mala situación de la infraestructura física del
sistema penitenciario y carcelario,[40]
así como en el poder legislativo.[41]
Dentro de las situaciones
críticas en materia de infraestructura carcelaria, y sus dificultades para ser
superadas, se hizo énfasis en el caso de la cárcel Modelo de Bogotá. Dijo la
Corte al respecto: “Como se observa, la Comisión del Congreso hace
referencia al refaccionamiento de la Cárcel Modelo de Bogotá. El INPEC
manifiesta que, entre otras cosas, con el programa de remodelación y ampliación
del penal se incrementará el número de cupos de 1.920 a 3.840.  Sin embargo, el
mismo INPEC reconoce que no se pueden crear cupos en pabellones nuevos ‘ya
que el centro carcelario no cuenta con área libre para la construcción de los
mismos’. Esto significa que los nuevos cupos deben crearse a partir de un
rediseñamiento de las celdas actuales, tal como lo han denunciado los internos
y la Defensoría del Pueblo. En el pasado, cada celda tenía un ‘camastro’,
aun cuando alojaba a más internos, que dormían sobre el suelo. De acuerdo con
lo que observó la comisión judicial en su inspección, las obras que se
adelantan están dirigidas a unir las celdas vecinas - de manera tal que una
celda actual equivale a dos celdas anteriores - e incluir dentro de cada nueva
celda 4 ‘camastros’. De esta forma  se logra doblar el cupo de
albergue de la cárcel, pues en el área donde se acomodaban antes dos ‘camastros’
se incluyen ahora 4. Sin embargo, el área - y el volumen de aire por cada
preso - sigue siendo la misma. En realidad, a la celda sólo se le ha aumentado
el espacio correspondiente al baño, pero con el agravante de que en su
construcción, por lo menos en las primeras etapas, no se tuvo en cuenta la
necesidad de dotarlo de una ventilación adecuada.”[42]
4.2.2.5. Teniendo en cuenta el fin resocializador de las
penas privativas de la libertad, la Corte consideró que las condiciones de
hacinamiento son contrarias a los propósitos básicos de las sanciones penales,
pues impiden, precisamente, que se alcance tal objetivo. Además, constituyen
una clara afectación de la dignidad humana. Por eso, en 1998, dijo la Corte: “Evidentemente,
las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los
medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.).
Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan
gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión,
tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios
sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones
decorosas, etc.  ||  Las condiciones actuales en las prisiones
colombianas implican que los bienes mínimos para garantizar una vida digna en
la prisión (una celda, un ‘camastro’, oportunidad de trabajar y de estudiar)
sean absolutamente escasos. En el medio carcelario ello significa que la
distribución y asignación de esos bienes se realice a través de los mecanismos
de la corrupción y la violencia. […]”. En especial, la Corte resaltó la
imposibilidad de separar adecuadamente a las personas sindicadas de las
condenadas, dadas las condiciones de espacio.
4.2.3. Teniendo en cuenta este estado de cosas, por una
parte, y el reconocimiento constitucional, legal y jurisprudencial de los
derechos de las personas privadas de la libertad, por otra, la Corte
Constitucional concluyó “la existencia notoria de un estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario”; como se dijo, concluyó que “las
condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la
dignidad de los penados y amenazan” sus derechos fundamentales.[43] Las
consecuencias que produce el hacinamiento no son aceptables. No solamente por
las condiciones insalubres, de máxima incomodidad y de irrespeto a la intimidad
y la dignidad que conlleva, sino por la violencia y agresiones que tales
condiciones genera. Al respecto dijo la sentencia,
“[…] es claro que el hacinamiento
genera corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se comprometen también
los derechos a la vida e integridad personal de los internos. En un lugar donde
la demanda por una habitación es mucho más alta que la oferta y donde la
guardia no está en capacidad de imponer el respeto a las normas establecidas,
sólo cabe esperar que se imponga la ley del más fuerte, con todas sus
consecuencias.”[44]
Con base en la jurisprudencia existente hasta el momento
sobre estado de cosas inconstitucional, la Corte sostuvo,
“Las cárceles colombianas se han
convertido en un problema de orden público y en centros donde se violan
sistemáticamente los derechos fundamentales de los internos. […]”.[45]
4.2.4. En consecuencia, la sentencia T-153 de 1998 resolvió
declarar y notificar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el
sistema penitenciario y carcelario a las diferentes autoridades públicas;[46] revocar las
sentencias de instancia y en su lugar tutelar los derechos de los accionantes;
y, finalmente, adoptar nueve (9) órdenes adicionales dirigidas a las diferentes
autoridades y entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario (por
ejemplo: diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e
implementarlo; un lugar especial para los miembros de la fuerza pública;
separar a los sindicados de los condenados; investigar la falta de presencia de
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a las cárceles de
Bellavista y la Modelo, en Medellín y Bogotá; adoptar medidas de protección
urgentes mientras se adoptan las medidas de carácter estructural y permanente).[47]
4.3. El estado de cosas inconstitucional por hacinamiento
identificado y declarado en 1998 se entendió superado en razón a las medidas y
políticas adoptadas con posterioridad
4.3.1. El estado de cosas inconstitucional del sistema
penitenciario y carcelario que se constató en la sentencia T-153 de 1998 por
hacinamiento y por abandono de un sistema penitenciario y carcelario con una
infraestructura vetusta, acabada y, por definición, inútil e inadecuada para
lograr los fines de resocialización que se demanda al Sistema, fue superado en
gran medida. No totalmente, pero sí en cuanto al estado crítico en el cual se
encontraba. Las medidas legislativas y administrativas adoptadas en los años
siguientes implementaron cambios al sistema penitenciario y carcelario nacional
que permitieron superar la gravísima situación que se enfrentó en 1998.
4.3.2. En ningún momento la evidencia empírica con que se contó,
permitió concluir que la situación crítica ha sido superada de manera absoluta
o que los graves problemas estructurales que se enfrentan hubieran quedado
atrás por completo. De hecho, en el año dos mil (2000), la Corte constató que
el estado de cosas inconstitucional se mantenía.[48] Sin embargo, los datos
con los que se contaba –y se cuenta– sí permitían concluir que la dramática
situación de abandono había sido superada. Las nuevas políticas carcelarias y
los programas mediante los cuales serían implementadas supusieron la
apropiación de importantes recursos para la construcción de nuevos centros
penitenciarios y carcelarios, así como la mejora de los existentes.  El
gravísimo problema de hacinamiento mostró evidencias de ceder ante las nuevas
políticas públicas que habían sido diseñadas y que se venían implementando. De
hecho, la población de reclusos no sólo se mantuvo sino que conservó su
tendencia al alza y, aun así, las nuevas medidas adoptadas fueron capaces de
superar el alto índice de hacinamiento constatado en 1998.
4.3.3. Los informes de la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de su labor de protección, promoción y defensa de los derechos
fundamentales, constató la evidente disminución de los índices de hacinamiento
en el sistema penitenciario y carcelario del país. Dijo la Defensoría al
respecto en el año 2003,[49]
“Para ilustrar mejor el
hacinamiento, se ha examinado la evolución que ha venido presentando en los
últimos catorce años, en donde se muestra la creación de cupos y,
paralelamente, el incesante aumento de la población carcelaria. Veamos:
[50]
Es de anotar que en la cifra total
de esta población no se incluyen las 1.836 personas que se encuentran recluidas
en las estaciones de policía y en otros centros de reclusión transitoria
(Ejército, organismos de seguridad). Del anterior cuadro, se hace énfasis en
los siguientes datos:
-A finales de 1990, la capacidad
de los 178 centros carcelarios existentes en esa época era de 28.380 cupos, y
la población recluida era de 32.387 personas, existiendo un déficit de 4.007
cupos, o sea un hacinamiento del 14%.
-El notorio incremento presentado
en el año de 1996 se debió a los efectos de la Ley 228 de 1995, conocida como ‘Estatuto
de Seguridad Ciudadana’, que estableció penas privativas de la libertad para
infracciones menores contribuyendo a que se agudizara el hacinamiento ya
existente
-En enero de 2001, con 163
establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, el promedio
total de hacinamiento en las cárceles colombianas llegó al 37%, cifra que
superó a la de muchos países de Latinoamérica. En diciembre del mismo año,
cuando el número de establecimientos carcelarios era de 162 y la capacidad de
estos representaba 42.575 cupos, la población recluida en esa fecha fue de
49.302 personas, con un déficit de 6.727 cupos, es decir, un hacinamiento del
16%. Como podemos observar se registró un decrecimiento del 21%, […].
-En efecto, no obstante que en el
2002 el hacinamiento continuó bajando hasta llegar en el mes de mayo a un 12%,
a 31 de octubre del mismo año los índices de superpoblación carcelaria se
habían disparado. Para esa fecha había 2.430 nuevos reclusos con relación al
año inmediatamente anterior, a pesar de que simultáneamente se había dado al
servicio 4.231 nuevos cupos, lo que arrojó un hacinamiento de 7.763 internos.”
La Defensoría del Pueblo reconoció los esfuerzos y
resultados de las políticas implementadas, especialmente, con ocasión de la
sentencia T-153 de 1998. No obstante indicó que este éxito era relativo, por
cuanto la población carcelaria seguía creciendo en la misma proporción y a la
misma velocidad en que lo venía haciendo. Además, la reducción del hacinamiento
no sólo se explicaba por las nuevas construcciones, sino también, por la
aparición de nueva legislación con nuevos beneficios que permitían salir a
personas que, de otra manera, hubieran permanecido privadas de la libertad y
aumentando las cifras de hacinamiento. Dijo la Defensoría del Pueblo al
respecto en el informe de 2003,
“El hacinamiento y el plan de
construcciones y refacciones de establecimientos carcelarios.  ||  Las acciones
desarrolladas por las entidades a las cuales la Corte Constitucional les asignó
responsabilidades específicas en el cumplimiento de la Tutela 153/98, muestran
resultados positivos en términos de construcción y refacción de infraestructura
carcelaria, punto sobre el cual la mencionada providencia judicial encomendó de
manera específica a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la
Nación su supervisión.[51]
El esfuerzo realizado en tal sentido es evidente. El desarrollo del “plan de
construcciones y refacciones carcelarias” creó nuevos cupos y
consecuencialmente redujo de manera notoria el hacinamiento.  ||  No obstante
lo anterior, se considera necesario tener en cuenta que al referido
decrecimiento en las cifras de la superpoblación carcelaria contribuyó en parte
la entrada en vigencia de la nueva legislación penal (Leyes 599 y 600 de 2000,
códigos penal y de procedimiento penal, respectivamente). Aproximadamente a
partir del mes de agosto del 2001, la tasa de superpoblación carcelaria bajó en
793 personas y al terminar el año tal disminución alcanzó la cifra de 2.246
internos.
La Defensoría del Pueblo advirtió
en ese entonces que esta disminución del hacinamiento no sólo se debía a la
construcción de nuevos establecimientos carcelarios y a las refacciones
efectuadas en algunos ya existentes, sino que también era producto de la puesta
en vigencia de la nueva legislación penal y, más concretamente, de la
aplicación del principio de favorabilidad penal, por lo tanto tal decrecimiento
tendría efectos efímeros. Además, la situación social y económica que vivía en
ese entonces, y que aún vive, el país y la tasa de reincidencia criminal que
habitualmente maneja el sistema penitenciario y carcelario en Colombia,
fácilmente hacían prever que esa mengua sería momentánea. A que este efecto
fuera fugaz también contribuyeron los nuevos tipos penales, el aumento del
límite mínimo de la pena privativa de la libertad y el uso excesivo de la
detención preventiva.
Es por ello que esta entidad en
reiteradas oportunidades y en diferentes escenarios, ha manifestado que la
solución al hacinamiento no está únicamente en la construcción de nuevos
establecimientos carcelarios y en la refacción de los existentes; es necesario
además atender los otros factores causantes de este flagelo: la criminalización
o creación de nuevas conductas punibles, el abuso de la privación de la
libertad como medida de aseguramiento, la deficiente aplicación de las normas
vigentes encaminadas a la reinserción social del condenado y a evitar la
reincidencia, una política criminal y penitenciaria represiva antes que
preventiva etc.  ||  En este punto es necesario resaltar que los recursos de
inversión no se pueden destinar a satisfacer solamente el déficit de cupos,
porque podría verse afectada la atención de los demás elementos que integran el
sistema penitenciario y carcelario, como por ejemplo el tratamiento progresivo
para la reinserción, la salud, la contratación de profesionales para conformar los
grupos interdisciplinarios y la ampliación de la planta de personal
administrativo y de custodia y vigilancia. Por eso, es necesario crear
alternativas idóneas y eficaces a la pena privativa de la libertad.  ||  El
problema carcelario requiere desde hace mucho tiempo, más asignación de
partidas del presupuesto nacional para construcciones y refacciones, y con
igual urgencia requiere una atención integral, para lo cual es necesario
establecer una mayor coordinación entre los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial con el fin de adoptar las políticas que permitan enfrentar y
solucionar la crisis carcelaria a corto y mediano plazo.”[52]
4.3.4. Así, las solicitudes presentadas a la Sala de
Revisión de la Corte Constitucional que profirió la sentencia T-153 de 1998,
para que retomara el control y el seguimiento de aquella decisión, ante nuevas
evidencias de hacinamiento con posterioridad al año dos mil dos (2002) fueron
rechazadas. Precisamente, con base en la constatación fáctica antes mencionada
y en el hecho de que la Corte Constitucional no había resuelto mantener la
competencia para vigilar el cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, se decidió
que se carece de competencia para conocer de nuevos contextos fácticos sobre la
actual situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que no
han sido sometidos a consideración judicial de forma concreta y específica.[53]
4.4. Información remitida a la Corte Constitucional
acerca de una nueva situación crítica en el sistema penitenciario y carcelario
y posterior notificación a las autoridades competentes
El dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010), la Corte
Constitucional recibió una nueva solicitud para que se hiciera cumplir con lo
dispuesto con la sentencia T-153 de 1998, en razón a que los datos con que
contaban para entonces las propias autoridades oficiales, evidenciaban que la
situación de hacinamiento y crisis generalizada en el sistema penitenciario y
carcelario, había vuelto a ser tan grave como lo había sido en 1998. No se
trataba de una amenaza eventual, se afirmó, sino de una realidad que nuevamente
volvía a ser evidente e irrefutable.[54]
4.4.1. La decisión de la Corte Constitucional fue la misma
que se había dado antes, esto es, indicar que se carecía de competencia en
tanto era una situación que se había considerado superada y respecto de la cual
no se había mantenido competencia.[55]
Específicamente, con relación a que los nuevos datos que se
aportan a esta Corporación y que revelan un estado de cosas inconstitucional,
con implicaciones similares para los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad a las verificadas en 1998, se dijo lo siguiente:
“Con relación al hacinamiento
carcelario, la más fundamental y primera de las cuestiones tratadas, la
variación constante en la tasa de hacinamiento la muestran las cifras aportadas
por los propios solicitantes.
En el momento en el que la Corte
Constitucional dictó la sentencia T-153 de 1998, la tasa de hacinamiento era
muy alta. Posteriormente bajó, subió nuevamente y volvió a bajar. Actualmente,
como afirman los solicitantes, todo parece indicar que la tasa de hacinamiento
se incrementó nuevamente. En efecto, en 1998 la tasa estaba cerca de un 40%,
según las distintas mediciones.[56]
Luego, para comienzos del año 2002, la tasa de hacinamiento disminuyó por
debajo del 20%. Sin embargo, para el año 2005, según datos del INPEC y del
Departamento Nacional de Planeación, la tasa se incrementó nuevamente a topes
cercanos al 35%. Para el 2006 y 2007, la tasa de hacinamiento disminuyó
nuevamente cerca de un 17% para, finalmente, elevarse en 2008 a más del 25%, en
2009 a más del 35% y en 2010, por encima del 41%, según las propias cifras del
INPEC.[57]
Los solicitantes (ver considerando
1.2.1.) reconocen que “ha habido una gran inversión en infraestructura
carcelaria”, pero que a pesar de ello “la tasa de hacinamiento ha
fluctuado constantemente”, llegando al punto actual, en que las cifras de
hacinamiento “se asimilan a las existentes en el momento de
declararse el estado de cosas inconstitucional”.[58] En tal medida, las
causas y los hechos que dan lugar a las aparentes violaciones y amenazas que
sufre parte de la población privada de la libertad, son situaciones nuevas, no
consideradas por la Corte en su momento, ni posteriormente, en desarrollo del
cumplimiento de sus órdenes, pues no conservó la competencia para el efecto.[59]  Sostienen
los solicitantes que las políticas criminales y penales de la última década han
incrementado notablemente la población carcelaria, de tal suerte que las
políticas y programas planeados inicialmente, aparentemente válidos y adecuados
para la situación inicialmente considerada, serían inadecuados e insuficientes
para las actuales demandas.[60]
Según lo indican los solicitantes,
el aumento de la capacidad penitenciaria y carcelaria ha sido constante,[61] conforme con
los planes que al respecto se han desarrollado e implementado. Pero de acuerdo
con los cambios introducidos en la política criminal y carcelaria, mencionados
previamente, el aumento de personas privadas de la libertad también ha sido
grande. De hecho, alegan que el aumento de personas en esta condición ha sido
vertiginoso, por lo que el crecimiento de la población penitenciaria y
carcelaria ha sido mayor que el de la capacidad del Sistema en su totalidad.[62]   A su
juicio, esta situación explica en gran medida la alta tasa de hacinamiento que
actualmente existe.  ||  Los solicitantes afirman que el problema no sólo es un
asunto de espacio para recluir a las personas. Consideran que las soluciones
que actualmente se están haciendo, se encuentran por debajo de las condiciones
mínimas de protección a los derechos fundamentales.[63]” [64]
4.4.2. Por tanto, se resolvió negar “[…] la solicitud de
abrir un incidente de desacato con ocasión de las órdenes impartidas en la
Sentencia T-153 de 1998.”  Para la Sala era claro que carecía de
competencia para poder pronunciarse con relación al nuevo estado de cosas en el
que aparentemente se encontraba el sistema penitenciario y carcelario. Por eso
se dijo,
“La Sala no cuenta con la información
adecuada y suficiente, resultado de un proceso judicial en el que hayan
participado las diferentes partes comprometidas, que le permita evaluar y
estudiar adecuadamente las cuestiones planteadas por los solicitantes. Si bien
existen graves evidencias aportadas al proceso, como lo es el caso del
hacinamiento, no puede la Corte Constitucional, con la información aportada,
entrar a tomar una decisión definitiva al respecto. Pero no es sólo una
cuestión de información, también lo es de competencia. Como se dijo, la
información actual no se presentó dentro del desarrollo de un proceso judicial
que confiera competencia y poder de decisión a esta Corporación judicial sobre
el asunto. En tal medida, la Sala se limita a constatar la aparente grave
situación en la que se encuentran muchas personas privadas de la libertad,
según la información presentada por los solicitantes y a dar traslado de la
misma a las autoridades competentes constitucional y legalmente para tomar las
medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar, para asegurar el imperio del
orden constitucional vigente y de los derechos constitucionales que reconoce.
De forma similar, se dará traslado de la información aquí presentada a aquellas
instituciones de control de las entidades públicas y de promoción y defensa de
los derechos constitucionales, para que, de acuerdo con sus competencias y
funciones, acompañen a los solicitantes en los procesos, acciones y trámites a
que haya lugar o que convenga iniciar.”[65]
4.4.3. No obstante la decisión adoptada, la Sala valoró en
aquella oportunidad que la solicitud tenía dos diferencias importantes con
relación a las anteriores peticiones resueltas por esta Corporación en ese
mismo asunto. En esta oportunidad, la petición se acompañó de evidencia
empírica importante, que ponía de presente claros indicios de un grave estado
de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, y, además,
fue respaldada por un importante número de personas privadas de la libertad que
daban fe de las situación de violación constante y generalizada de los derechos
fundamentales.[66]
Por eso, en aquella oportunidad (Auto N° 041 de 2011 de la
Sala Primera de Revisión) también resolvió “[…] DECLARAR que acusa recibo de
la información presentada por los solicitantes en torno a la situación de los
centros carcelarios y penitenciarios de Colombia.” En otras palabras, que
la información presentada es de conocimiento de la Corporación. Además, se
resolvió remitir copia de la información presentada a las autoridades
competentes de la administración del Sistema penitenciario y carcelario, así
como de su diseño y planeación o de su vigilancia y control.[67] Al respecto, se tuvo en
cuenta los deberes imperiosos de los respectivos entes del estado, encargados
de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad.[68]
4.4.4. Adicionalmente, la Sala reconoció que las personas
que habían presentado la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-153 de
1998, podían recurrir al uso de las acciones judiciales que consideraran
pertinentes para el efecto. Consciente de la información que se le había dado a
conocer, y consciente las evidencias que también era de conocimiento de la
Corte, por haber sido objeto de otros procesos de acción de tutela tramitados
ante la Corte Constitucional, la Sala dijo en aquella oportunidad,
“[…] en cualquier caso, si las
personas consideran que las entidades encargadas no han adoptado las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de la población carcelaria, cuentan con las acciones
constitucionales y legales pertinentes, con el fin de que tales medidas sean
efectivamente adoptadas e implementadas. Como lo señaló esta Sala de Revisión en
el pasado,
“Es importante
que el Juez de tutela sea sensible a los derechos fundamentales de quienes
invocan su protección, en especial cuando de ellos depende el cumplimiento de
las órdenes que deban asegurar el goce efectivo de los derechos (Decreto 2591
de 1991). En múltiples ocasiones la jurisprudencia constitucional ha encontrado
tan contrarias a la dignidad y al respeto humano las condiciones en que se
encuentran recluidas las personas, que ha empleado el calificativo ‘dantesco’
para describir la situación. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia,
desafortunadamente en muchos casos ‘(…) los atropellos irrazonables,
dantescos e inadmisibles que se infringen a los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad son adjudicables al propio recluso, por haber
delinquido y terminado en la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera
manifiesta sus obligaciones.”[69]
El Juez de tutela debe impedir que a las personas privadas de la libertad se
les someta a tratos indignos, debe impedir que se culpe a las personas en tal
estado de los maltratos de los cuales son víctimas y debe adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar que tales condiciones, en efecto, cesen.”[70]
”[71]
4.5. Solicitudes ciudadanas adicionales
Durante el trámite de las acciones de tutela, algunos
ciudadanos han presentado solicitudes ante la Corte Constitucional para pedir
que se declare que el estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario continúa y que, en consecuencia, se debe adelantar
el trámite judicial correspondiente para hacer cumplir la sentencia T-153 de
1998 y posteriores. Así lo hicieron, el quince (15) de enero de dos mil trece (2013),
un grupo de estudiantes, profesores y personal directivo de la Facultad de
Derecho de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio; considerando que la
Corte Constitucional sí puede retomar la competencia de casos en los cuales no
se ha reservado el cumplimiento de las órdenes, como en efecto lo ha hecho en
el pasado, solicitaron que se diera inicio al cumplimiento de la sentencia
T-153 de 1998, evaluando qué se ha hecho desde entonces y adoptando nuevas
decisiones al respecto.[72]
En este sentido, a manera de respuesta a su solicitud, para
que puedan tener conocimiento de las medidas adoptadas y para que, si así lo
quieren, puedan participar en los procesos de seguimiento al cumplimiento de
las órdenes impartidas en la presente sentencia, así como en otras decisiones
de la Corte Constitucional y otros jueces del país, que buscan superar los
obstáculo y barreras que enfrenta el goce efectivo del derecho fundamental y
que sean objeto de cumplimiento por las autoridades penitenciarias y
carcelarias.
Como se dijo, la información remitida con la petición de
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, a la que se hizo alusión previamente,[73] que es
similar a la que justifica algunas de las nuevas solicitudes, fue remitida a
las autoridades penitenciarias y carcelarias competentes, las cuales, a su vez,
remitieron más documentación a este Despacho. A continuación se hace referencia
a toda esta información, la cual evidencia el estado actual de los centros de
reclusión en Colombia y se convierte en información determinante para valorar
las nueve acciones de tutela acumuladas, acerca de seis establecimientos
penitenciarios y carcelarios.
5. Información acerca de la situación del Sistema
penitenciario y carcelario colombiano suministrada y recopilada por la Corte
Las entidades a las cuales la Corte Constitucional remitió
la información que le había sido presentada por quienes solicitaron el
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, acerca del estado actual de las penitenciarías
y cárceles del país, fue regresada a la Corte Constitucional como más
información. Se indicaron las acciones realizadas por esas entidades en
ejercicio de sus funciones y sus competencias y el estado del sistema
penitenciario y carcelario, tal como se ha constatado y verificado. A esta documentación,
se suman las investigaciones y estudios realizados en la materia por distintas
entidades públicas y privadas, que son de público conocimiento. A continuación
se presentan sus principales conclusiones.
5.1. Congreso de la República
El doce (12) de octubre de dos mil once (2011), la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (Relaciones
exteriores y Defensa Nacional), Pilar Rodríguez Arias, remitió a la Corte
Constitucional copia de las Actas de las sesiones del veinticuatro (24) y el
treinta (30) de agosto de dos mil once (2011) de dicha Comisión parlamentaria,
fechas en las cuales se adelantaron debates de control político acerca de la
grave crisis del Sistema penitenciario y carcelario. En el debate participó el
Gobierno a través del Ministro y el Viceministro de Justicia y del Derecho, así
como a través del Director General del INPEC. En estas deliberaciones se
plantearon varios de los problemas estructurales que afronta el Sistema en la
actualidad, y el Gobierno Nacional (a través del Ministerio de Justicia y del
Derecho y del Director del INPEC) reconoció la gravedad de la situación, aunque
a la vez hicieron referencia a las acciones que se están adelantando para hacer
frente a estos problemas. [Ver la transcripción de los apartes más importantes
de estos debates, en el cuarto anexo a la presente sentencia].[74]
5.2. Procuraduría General de la Nación
El diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), la
Procuraduría General de la Nación, por medio del Procurador Delegado para la
Prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, Mario González
Vargas, remitió a la Corte Constitucional los resultados de los seguimientos hechos
por dicha institución al Sistema penitenciario y carcelario, a propósito del
Auto 041 de 2011 de la Sala Primera de Revisión.
5.2.1. La Procuraduría remitió información similar a la que
habían presentado las personas que solicitaron el cumplimiento de la sentencia
T-153 de 1998; que el estado de cosas del Sistema penitenciario y carcelario en
que se encuentran los centros de reclusión actualmente, es similar al vivido en
el momento que se dictó aquella sentencia. Fundándose en las acciones de
vigilancia y control efectuadas en este sector, en especial, con miras a
constatar el nivel de protección y de respeto de los derechos de las personas
privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, se
presentó un diagnóstico en el que se evidencia la importancia y la gravedad del
hacinamiento, pero se muestra, a la vez, que no es el único problema que
enfrenta el Sistema penitenciario y carcelario.[75] De hecho, la
preocupación exclusivamente centrada en las limitaciones de la infraestructura,
sostuvo la Procuraduría, ha llevado a abandonar otros aspectos, igualmente
importantes y también en estado crítico. Dijo al respecto la Procuraduría,
“[…] se pudo comprobar que se hace
necesario reunir los delegados y propuestas de las entidades involucradas con
el tema, para analizar debidamente las políticas al respecto de las condiciones
de vida de los internos. Cuando se vayan a estudiar estas situaciones, las
autoridades deberán evaluar el nivel de hacinamiento del establecimiento, así
como la ventilación de las áreas comunes y de las celdas para acercarse a
solucionar los excesos de frío o de calor en cada caso en particular.  ||  Situación
similar se presenta con los alimentos que se les sirven a los reclusos. Después
de las visitas y en casos muy puntuales, el Grupo de Asuntos Penitenciarios y
Carcelarios ha informado que las porciones son escasas y las condiciones de
higiene y presentación son por demás, deficientes, cuando no inhumanas, como en
los casos en los que la comida es vertida a la basura en frente de quienes
reciben muy reducidas porciones con el argumento que entregar otra ración,
propicia conductas inapropiadas.  ||  Asimismo, aspectos como el de la atención
jurídica y médica son más que deficientes pues la atención en la mayoría de los
casos es insuficiente. A los reclusos no se les recibe la documentación ni se
le da trámite a sus solicitudes, incluyendo la correspondencia. Además, se
carece de los medicamentos básicos y especializados, entre los que se cuentan
los relativos a la atención psiquiátrica, y lo que es peor, en ocasiones ni
siquiera existen los profesionales asignados al cumplimento de estas tareas
tales como enfermeras, terapeutas e inclusive, personal médico y psiquiátrico.
Cuando el personal está nombrado, la atención se limita a unos pocos días a la
semana durante tan sólo algunas horas.
En este orden de ideas, es apenas
evidente que el problema de hacinamiento, que por definición es ya
suficientemente grave, no es ni el único ni el más grave de los que enfrenta el
sistema carcelario en Colombia. Por tal motivo, dedicar la totalidad de los
esfuerzos a crear cada vez más cupos ampliando la capacidad de los establecimientos
existente y/o construyendo nuevos, no soluciona sino en un reducido porcentaje
el problema, únicamente el de hacinamiento, pero dejando de lado el diseño de
una verdadera política criminal y de tratamiento penitenciario. Se debe
estructurar una propuesta única y total planteando alternativas viables para la
solución a corto y a largo plazo de la problemática encontrada […], sin
limitarse como aparentemente se ha hecho, al problema del hacinamiento,
solucionándolo, tan sólo temporalmente, con la generación de nuevos cupos, así
como refaccionando y/o construyendo nuevos establecimientos.  ||  No se trata
como se ha referido, de solamente ampliar la capacidad de recepción de personas
en el sistema de la prisión, pues no es el único mecanismo existente para
garantizar la pretendida seguridad general. La situación de los reclusos debe
atacarse de fondo, no solamente modificando el nombre de los establecimientos a
cargo del INPEC, denominándolos EPC (Establecimientos penitenciarios y
carcelarios), sino entrando a solucionar casos como que los sindicados y
condenados estén compartiendo diferentes áreas.  ||  Igual situación ocurre con
los exfuncionarios públicos, muchos de los cuales se encuentra compartiendo con
los demás internos en establecimientos y más aún en patios en donde se pone en
peligro su seguridad, teniendo que dormir en el suelo y en condiciones que no
son dignas de un ser humano. ”
5.2.2. Especial preocupación tuvo la Procuraduría General de
la Nación con los problemas estructurales que tienen los proyectos y programas
de resocialización. Dijo en su comunicación,
“[…] merece mención especial la
carencia de personal especializado en las labores propias del proceso de
resocialización de las personas privadas de la libertad y otras actividades relacionadas
con la atención de las mismas, pues el personal de guardia del INPEC debe
cumplir las demás tareas en detrimento de su función no puede ser desatendida
en ningún caso, pero dada la situación descrita, es descuidada al igual que las
otras funciones mencionadas, en las cuales la calidad se mengua ostensiblemente
en detrimento del bienestar de los reclusos, así como del desarrollo de un
verdadero proceso de resocialización de los mismos.”
5.2.3. La Procuraduría indicó que existen graves problemas
de información acerca de la población reclusa en general y en las estaciones de
policía en particular. Dijo al respecto,
“[…] se suma el desconocimiento de
datos precisos sobre el número de detenidos en estaciones de policía. De esta
manera, los censos son inexactos e inducen a error cuando se pretende calcular,
por ejemplo, el porcentaje de la población carcelaria que recibe algún tipo de
atención especial o que carece de la misma.”
La recomendación de la Procuraduría General de la Nación es:
“Desarrollar e implementar una verdadera política pública criminal sólida
desde el punto de vista preventivo, atendiendo al objetivo fundamental del
encierro, es decir, a la resocialización.”[76]
5.2.4. Se remitió la Acción preventiva de ‘seguimiento a la
política pública de prestación del servicio de salud en los centros
penitenciarios y carcelarios’ (de septiembre de 2011); en este caso se
concluyó, entre otras cosas: “[…] que no se ha logrado en su integridad que
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cobije a la totalidad de la
población reclusa con una atención en salud y entre de medicamentos que
represente un verdadero respeto por los derechos fundamentales a una vida
digna, a la salud y a la integridad personal de dicha población.” Se
evidenciaron varios problemas graves y estructurales en materia de salud, en
parte adjudicables a CAPRECOM, en parte a las condiciones de las instalaciones
penitenciarias y carcelarias que tiene el INPEC.[77] Para la Procuraduría,
“[…] el contrato suscrito entre el INPEC y la EPS CAPRECOM para la
prestación del servicio de salud subsidiado a la población reclusa a cargo del
INPEC en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, si bien es cierto
constituye un avance importante en el cumplimiento de los dispuesto por la
Corte Constitucional en sentencia de tutela 606 de 1998, es de anotar que la
prestación del servicio de salud presenta aún grandes deficiencias.” También
se remitió una Acción preventiva de seguimiento a la política pública en los
establecimientos de reclusión de las Fuerzas Militares (septiembre, 2011);[78] y una Acción
preventiva de seguimiento a la política pública de resocialización en los
centros penitenciarios y carcelarios, de la cual es importante citar sus más
importantes conclusiones,
“– Se carece de un diagnóstico,
una evaluación y clasificación de la población condenada.
– Son muchas las debilidades
estructurales, espacios no adecuados para dictar programas (talleres, aulas,
espacios de trabajo), deficiencia de personal adecuado, recurso humano y
movilidad de las personas encargadas de la ejecución de los planes y programas
de reinserción social, situaciones que concurren para que no se trabaje en el
verdadero tratamiento resocializador. […]
– El INPEC no tiene una política
pública debidamente diseñada e implementada que permita cumplir con el deber de
resocialización que le corresponde al Estad respecto de la población reclusa;
si bien es cierto, existe para cada establecimiento un programa denominado
‘plan ocupacional’, ello en la práctica no es una realidad; de una parte porque
no cubren a la totalidad de las personas privadas de la libertad y de otra
porque corresponden en su mayoría al desarrollo de algunas actividades, tales
como artesanías, bisutería, lecturas, aseo, etc., que los internos realizan en
el patio, sin control y dirección de instructores, sin embargo les son
certificadas como trabajo para la redención de la pena.
[…]
– El cambio constante que se ha
dado en la dirección del INPEC ha impedido la continuidad y el avance de las
estrategias planteadas por cada titular del cargo.
– Dada la relevancia que tiene el
proceso de resocialización y reinserción del individuo a la sociedad, llama la
atención la poca inversión en programas educativos y capacitación laboral,
dificultando la continuidad de los procesos.
[…]  ||  – Es lamentablemente
común ingresar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios y observar
en los patios, el alto número de personas privadas de la libertad en completo
ocio y desocupación, lo que indica que los programas de resocialización son una
realidad, lo que conlleva que puedan incurrir en la prisión en un nuevo delito
o que una vez en libertad se conviertan en reincidentes.”
5.3. Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República se ha pronunciado en
varias ocasiones acerca del sistema penitenciario y carcelario, en sentido
similar a como lo han hecho las demás entidades de control y vigilancia. Su
vigilancia proviene, al igual que en el caso de la Procuraduría General de la
Nación, desde la sentencia T-153 de 1998.
5.3.1. La Contraloría ha señalado desde dos mil siete (2007)
que el hacinamiento sigue siendo un problema estructural en las prisiones
colombianas.  La política pública reactiva de construir más cárceles, que no se
ejecutó cabalmente, solucionó temporalmente el problema, pero no logró
resolverlo.[79]
Para la Contraloría en el año dos mil siete (2007) era claro que persistía un
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario; el
Estado había actuado e implementado soluciones, destinando importantes recursos
humanos y materiales, pero ello no había sido suficiente para poder construir
un Sistema respetuoso de la dignidad humana. Dijo expresamente,
“En consideración al seguimiento
de la sentencia T -153 de 1998 puede decirse que las condiciones no han
cambiado. Si bien es cierto que las situaciones han mutado y se presentan
nuevas y diferentes, también es cierto que el ‘estado de cosas
inconstitucional’ continúa vigente para un grupo de Colombianos privados de
la libertad.”[80]
5.3.2. Dos años después, el veintisiete (27) septiembre de
dos mil nueve (2009), la Contraloría General de la República volvió a insistir
en la cuestión, resaltando que la política de ‘más construcción de cárceles y
adecuación de la infraestructura existente’ se reveló insuficiente para
enfrentar el problema público que representa la violación constante de los
derechos constitucionales vigentes. Dijo al respecto,
“La política pública penitenciaria
y carcelaria se ha concentrado en la ampliación de la infraestructura carcelaria
con el único objetivo de superar el hacinamiento. Aunque, totalmente
imprescindible para superar la caótica situación dentro de los recintos
carcelarios no es el único a considerar cuando se trata de mejorar el
tratamiento carcelario.  ||  La situación se complica aún más si se tiene en
cuenta que el proceso de construcción de las nuevas cárceles ha sufrido
innumerables trabas que han evidenciado la falta de previsión, pericia y
eficiencia de las entidades encargadas en llevar a cabo el Plan de Ampliación
de la Infraestructura Carcelaria.”[81]
La Contraloría insiste en la existencia de un estado de
cosas inconstitucional.[82]
A su juicio, enfocarse en la construcción de cárceles ha detenido el avance en
otros frentes.[83]
Pero sin duda una de las conclusiones más significativas de
la Contraloría es constatar la incoherencia e inconsistencia de la política
pública adoptada, presupuestalmente. No es razonable diseñar, adoptar e
implementar una determinada política central del Estado (como lo es la política
carcelaria), y no tomar las medidas adecuadas y razonables para destinar los
recursos suficientes que, se sabe, su implementación demanda. Dijo la
Contraloría,
“[…] se evidencia falta de
coherencia y consistencia de la política penitenciaria y carcelaria, al no
destinar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de todo el
sistema, sobre todo para el fortalecimiento de los procesos de tratamiento
penitenciario, teniendo en cuenta que el fin último de la pena es la
resocialización o reinserción social de la persona privada de la libertad.”[84]
5.3.3. El veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011),
la Contraloría General de la República realizo un análisis del proyecto de
Ley de brazaletes electrónicos (Proyecto de Ley 034 de 2010).[85] La figura de
los brazaletes electrónicos, se resalta en primer término, hace parte de los
cambios que la política criminal nacional ha tenido en los últimos años,
buscando sanciones que realmente logren resocializar y reintegrar a las
personas y que sean más acordes con el orden constitucional vigente,[86] el
legislador busca dar una mayor preponderancia a figuras como el brazalete
electrónico se concluye que esta medida de sanción alternativa ha demostrado que
no cuenta con la capacidad de reducir, o al menos impactar significativamente,
los índices de hacinamiento. Los brazaletes fueron introducidos en el Código de
Procedimiento Penal (Ley 65 de 1993) y en el Código Penal (en el artículo 38A,
de acuerdo con la Ley 1142 de 2007, art. 50). El Proyecto analizado por la
Contraloría (Proyecto de Ley 034 de 2010) había sido presentado por el Ministro
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, con el objeto de hacer más
flexible la aplicación de la figura de la vigilancia electrónica, como medida
sustitutiva de la pena de prisión, omitiendo la exigencia del pago total de la
multa y teniendo en cuenta la capacidad económica del condenado. La Contraloría
consideró que los cambios introducidos podrían ser contraproducentes; esto es, que
antes que lograr el objetivo buscado (permitir que más personas redimieran su
pena mediante el uso de esta tecnología), imponen más barreras y obstáculos
para alcanzarlo. Además, se indicó, aún existían incertidumbres respecto a la
sostenibilidad y términos en que se debería adoptar la tecnología, dado el
caso.[87]
Especial énfasis hace la Contraloría en que el mecanismo alternativo de condena
que se emplee tiene que ser eficaz y razonablemente administrado. Las fallas
presentadas generan una desconfianza sobre los brazaletes electrónicos y sobre
los métodos alternativos de sanción, reforzando la idea de que la mejor
protección de la sociedad, es mantener recluida a la persona en prisión. He ahí
la importancia de implementar sistemas cuyas deficiencias y elementos
estructurales sean conocidos, para ser adecuadamente corregidos y utilizados
como medios idóneos para alcanzar los fines resocializadores y reintegradores
de la pena.[88]
5.3.4. El veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011),
en un estudio sobre el estado actual del plan de construcción, dotación y
mantenimiento de infraestructura carcelaria, indicó que a pesar de los
aumentos de los recursos presupuestales destinados a desarrollar la
infraestructura, los resultados esperados no se han logrado. La Contraloría,
llega a las siguientes conclusiones
“Conclusiones.  Pese al
enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos
del país, no han mejorado por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para
el total de las cárceles del INPEC.
El Plan de Ampliación de la
Infraestructura Carcelaria sólo se cumplió en 80% (100% en AAD y en 60% en CDM)
hasta diciembre de 2010 y, por lo tanto, el hacinamiento, disminuyó en sólo 12
puntos de los 28 proyectados (cumplimiento de tan sólo 44%).
Las deficiencias evidenciadas en
varios de los centros de reclusión nuevos, se puede observar que si bien la
entrega de los mismos ha atenuado la crítica situación carcelaria del país, no
son la respuesta más idónea para superarla. La dinámica del crecimiento
poblacional y las características que deben tener los centros de reclusión para
facilitar la resocialización, requieren de un proceso constante de adecuación
de la capacidad carcelaria y de la política criminal, complementado por el
rediseño de la infraestructura de los nuevos centros penitenciarios y
carcelarios.”[89]
Pero no sólo se trata de verificar que no se han encontrado
los resultados esperados. También resalta la Contraloría General de la
República, que la tasa de crecimiento de la infraestructura carcelaria no puede
mantenerse al mismo ritmo, que se han mantenido hasta el momento. El acento
presupuestal en la construcción de nueva infraestructura carcelaria, además de
inútil, ha afectado notoriamente la posibilidad de destinar recursos a otras
áreas, planes o políticas igualmente importantes. Muestra la siguiente
información al respecto,[90]
Aclara la Contraloría: “[en] términos reales, la
inversión en cárceles durante este período creció exponencialmente hasta el
2008 y pasó, en millones constantes de 2010, de $68.000 millones a más de
$718.000 millones (Ver gráfica 2). Sin embargo, estos decrecen y se ubican en
el 2010 en $131.000 millones, año en el cual se concluyen la mayor parte de las
obras del Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria y se ponen en
funcionamiento un porcentaje importante de los nuevos cupos carcelarios
proyectados.”[91]
En un estado social y democrático de derecho no tiene
sentido dejar de emplear los recursos escasos con que se cuenta,  de forma
adecuada en urgentes y prioritarios compromisos estatales, por estar
invirtiendo gran cantidad del presupuesto en una política pública ineficiente,
incapaz de intervenir el problema que busca enfrentar.
5.4. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en varias
ocasiones acerca del sistema penitenciario y carcelario, en sentido similar a
como lo han hecho la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General
de la República. La vigilancia de la Defensoría también se ejerce especialmente
desde la sentencia T-153 de 1998,[92]
y con ocasión de otras decisiones judiciales, muchas de ellas propiciadas por
la propia Defensoría, bien como accionante, bien como coadyuvante de las
acciones judiciales.
5.4.1 En materia de salud, por ejemplo, pueden tenerse en
cuenta los informes defensoriales (de la Defensoría Delegada para la política
criminal y penitenciaria) ‘Situación del servicio de salud en las cárceles
de Colombia’ (2003); ‘Informe sobre prestación de salud en servicios y
carcelarios de Colombia’ (2005); ‘informe sobre ejecución del Decreto
1141 de 2009’ (2010). En el ámbito de la salud, la Defensoría se ha
preocupado por asuntos concretos como la ‘Situación de los internos con
enfermedad mental sobrevenida en los establecimientos de reclusión del país.’
(2010).
De los anteriores informes cabe resaltar el presentado en el
año dos mil diez (2010), por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria, sobre la Ejecución del Decreto 1141 de 2009 ‘Por el cual se
reglamenta la afiliación de la población reclusa al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones’. En aquel
momento, la Defensoría constató varios de los problemas que, entre otras
razones, han dado lugar a la emergencia en materia de prestación del servicio
de salud en el sistema penitenciario y carcelario decretada por el Gobierno
Nacional [28 de mayo de 2013]. Las conclusiones a las que llega el estudio del
dos mil diez (2010) así lo mostraban.[93]
5.4.2. La Defensoría del Pueblo también se ha ocupado de
investigar cuál es la situación de que enfrentan las personas consideradas
sujetos de especial protección constitucional, cuando se encuentran privadas de
la libertad.[94]
[i] Uno de los primeros sujetos
de especial protección constitucional a los que la Defensoría hizo referencia,
fue a las mujeres, en el informe ‘los derechos humanos de la mujer privada
de la libertad en Colombia’. Con información hasta el dos mil cuatro (2004),[95] la Defensoría
llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: (1) En materia de
hacinamiento, se constató en ese momento [hace casi una década] que la
capacidad o lugar destinado para cada interna es reducida, debido a la
sobrepoblación y a la inhabilitación de varias celdas, lo que conduce a la
violación de los derechos humanos de este grupo. “[…] El INPEC, como
solución de corto plazo, traslada a las internas a sitios de reclusión
masculina, en los que se improvisan sitios para su alojamiento. En estos sitios
improvisados no se pueden separar las internas condenadas de las sindicadas, ni
las de alta seguridad de las de mediana, contrariando así las normas nacionales
e internacionales que establecen esa separación de manera estricta.”[96] Se
constataron consecuencias indeseables para los niños y niñas de estas mujeres
que tienen hijos menores de 3 años de edad “[…] no los pueden llevar con
ellas, debiéndolos dejar en manos de familiares, amigos o del ICBF.”[97] El
desarraigo familiar es un problema que afecta especialmente a las mujeres en el
Sistema de prisiones.[98]
(2) En materia de salud, se constataron problemas que especialmente afectan a
las mujeres en materia de maternidad (la falta de atención médica adecuada
durante el embarazo y el posparto y deficiencias en la prestación del servicio
de salud materno infantil), y de enfermedades en general (La falta de programas
para prevenir enfermedades propias de las mujeres (ver. cáncer de seno, cáncer
uterino, accidentes cerebrovasculares, control de la fertilidad y de las
enfermedades de transmisión sexual).  (3) Se constataron problemas en la
alimentación y en el agua;[99]
(4) problemas en materia de reinserción (“existe una dramática falta de
programas de capacitación en actividades que preparen a las mujeres para la
vida en libertad y que les garantice independencia económica”); (5) en la
entrega de elementos de aseo (internas no reciben los elementos de aseo
personal acorde con su naturaleza femenina y su dignidad humana. Tampoco
reciben sus uniformes).  (6) La Defensoría del Pueblo encontró necesaria la reforma
al actual Estatuto Penitenciario y Carcelario para abolir al menos dos (2) sanciones:
(a) la suspensión de la visita y  (b) la pérdida del derecho de
redención de la pena hasta por sesenta (60) días y el aislamiento celular, pues
este tipo de sanciones contradicen la filosofía en la que descansa la
resocialización o reinserción social y, en tal medida, son irrazonables y
desproporcionadas constitucionalmente.[100]
[ii] La Defensoría también
presentó el informe ‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC’. Entre las principales conclusiones
a las que se llegó con información disponible en 2005, se encuentran las
siguientes:  (1) falta de información sobre la población indígena,[101] se
carece de un censo diferenciado que permitiera establecer cuántas personas de
tal condición se encuentran en prisión[102]
y se desconoce la identidad reconocida y reclamada por en ocasiones;[103]  (2)
desconocimiento de las autoridades penitenciarias y carcelarias de las normas
que protegen a las personas que forman parte de una comunidad indígena[104] y de
tales personas, para poder reclamarlos; (3) las “organizaciones
representativas de carácter nacional y regional no cuentan con el recurso
humano y económico suficiente para establecer un contacto efectivo y permanente
entre el indígena recluso y su cabildo o comunidad que permita legalizar su
condición ante el INPEC”.  (4) Se constató las dificultades lingüísticas
que tiene esta población en prisión;[105]
(5) que la asignación de presupuesto no ha sido adecuada ni suficiente[106] –la
exigencia o condicionamiento de que haya un número mínimo de diez (10) internos
indígenas en el establecimiento para poder asignar la partida correspondiente,
resulta abiertamente violatoria del derecho fundamental a la igualdad. Es
apenas obvio que para el respeto de su identidad cultural tienen tanto derecho
a dicha asistencia diez indígenas reclusos que dos o tres de ellos.–  (6) “Ninguno
de los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país tienen espacios
suficientes, donde puedan recluirse a los indígenas privados de la libertad, ni
posibilidades de trabajo y estudio que de acuerdo con la entidad cultural les
permita ser resocializados; por el contrario, su reclusión resulta altamente
nociva para estos, sus familias y las comunidades mismas.  ||  Igualmente,
la pena privativa de la libertad desarraiga a los internos indígenas de su
comunidad, ya que a estos el INPEC los ubica en centros carcelario sin tener en
cuenta el criterio de cercanía de su comunidad o resguardo, con detrimento de
la conservación de su cultura y diversidad étnica. El distanciamiento de sus
familiares y resguardos o comunidades es la queja más frecuente que se registró
durante la visita a los diferentes establecimientos de reclusión.”[107] Así,
la Defensoría del Pueblo resalta que el sólo hecho de ser indígena, amplifica
la condena de privación de la libertad sobre la persona. Para un colombiano
promedio, la situación equivalente es ser privado de la libertad en otro país,
lejos de su familia y sus costumbres, y en una institución en la que se habla
un idioma que no se conoce, o que se conoce tan sólo parcialmente. Estas cargas
hacen, de por sí, el encierro en la prisión más severo y restrictivo de los
derechos fundamentales que para el resto de colombianos.
[iii] En dos mil siete (2007),
presentó el informe sobre personas con discapacidad, privadas de la libertad;
de sus conclusiones cabe resaltar, entre otras, las siguientes:  (1) la mayoría
de personas discapacitadas en prisión son hombres en edad productiva (30 a 40
años);  (2) en los establecimientos no hay espacios especiales para su estadía
y los espacios comunes no son sensibles a sus especiales necesidades, esta
falta de accesibilidad hace más dramática su estadía en la prisión (situación
especialmente grave las ‘barreras arquitectónicas’ para acceder a sitios de
estudio y trabajo, por el efecto que tiene sobre los derechos de la persona
recluida tal negación);  (3) los establecimientos carecen de ayudas tecnológicas
o metodológicas, auditivas o visuales;  “[…] no tienen igualdad de oportunidades
para acceder y permanecer en actividades educativas y no existen programas
acordes con las diferencias psicofísicas de este grupo poblacional”;
tampoco “[…] tienen  igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en
actividades laborales y no existen oportunidades laborales que se ajusten a las
diferencias psicofísicas.”  (4) Concluye además que no sólo existen los
problemas, sino que, además, “[…] no se han establecido programas dirigidos
a entender y a solucionar problemas relacionados con la vida digna de una
persona con discapacidad” y, “en términos, generales no existen
profesionales idóneos, contratados por el INPEC, que manejen adecuadamente la
problemática inherente a la discapacidad.  ||  No existen medios de
transporte adecuados para facilitar el traslado de personas con discapacidad,
privadas de la libertad, a las diligencias judiciales.”  (6) Finalmente,
concluye el informe en los siguientes términos: “Como resultado del presente
estudio se afirma que en los establecimientos de reclusión existen múltiples
obstáculos que impiden a los internos con discapacidad ejercer sus derechos y
libertades, lo que dificulta su participación en las actividades cotidianas.”[108]
Nuevamente, la calidad de sujetos de especial protección de estas personas se
hace evidente y patente. La carga que representan las barreras y obstáculos de
accesibilidad implican que la condena de reclusión en prisión se convierte en
un castigo notoriamente más severo y, en muchas situaciones, claramente
irrazonable y desproporcionado, como impedir su acceso a los lugares en donde
pueden estudiar o trabajar, actividades imprescindibles dentro de los procesos
de resocialización, tal como han sido planteados y concebidos. No es siquiera
racional, impedir a una persona a realizar las actividades que se necesitan
para que cumpla el objetivo que se busca alcanzar.
[iv] En dos mil nueve (2009), la Defensoría
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria presentó un informe sobre la
‘Situación de las personas identificadas como del colectivo LGBT privadas de
la libertad en cárceles de Colombia’. Entre otras cosas, se concluyó: (1) En
la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios no hay un área
específica donde están personas del colectivo LGBTI como resultado de la falta
de recursos físicos y de la percepción que esto puede ser un factor
discriminatorio para este grupo de población, los hombres del colectivo LGBTI
prefieren no estar aislados en patios ‘especiales’; (2) hay diferentes grados
de discriminación hacia personas LGBTI; es más probable que los hombres
pertenecientes al grupo Trans del colectivo LGBTI sean agredidos sexualmente
por parte de otros internos. (3) Las autoridades carcelarias cuidan en un alto
porcentaje a las personas del colectivo LGBTI, especialmente a las personas de
sexo hombre. (4) Los establecimientos pueden obligar más a menudo a internos de
sexo hombre al corte obligado del cabello con la excusa del cumplimiento de las
normas internas; es más frecuente y notorio en establecimientos masculinos la
prohibición del ingreso de artículos de uso convencional relativos al género
femenino como ropa o cosméticos, contrastando con lo sucedido en
establecimientos femeninos.  (5) Los hombres son más sometidos a malos tratos
verbales y/o físicos por parte de la guardia que las mujeres.  (6) Las mujeres
de la comunidad LGBTI divulgan más fácilmente su orientación sexual y hacen
valer mejor sus derechos.  (7) En la gran mayoría de establecimientos
carcelarios y penitenciarios no existe en el reglamento interno un capítulo
especial para la visita conyugal del grupo LGBTI, de hecho, hay dificultades en
la implementación de la visita conyugal para el grupo LGBTI. Se restringe por
causas especialmente concernientes al desconocimiento de la norma.  (8) Un gran
número de directores, administrativos y personal de custodia y vigilancia no
tiene conocimiento sobre la situación de las personas de la comunidad LGBTI, persisten
las creencias erróneas y se perpetúa el heterosexismo, la homofobia y el
machismo. Situación que se agrava porque no hay campañas en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios sobre el respeto a los derechos de la comunidad
LGBTI. Algunos miembros de la guardia intentan proteger a las
personas LGBTI, pero no han sido formados en el tema para comprender mejor las
diferentes situaciones y necesidades de este grupo.  (9) Finalmente, dentro de
las conclusiones de la Defensoría cabe resaltar que hay algunos brotes de
discriminación laboral hacia personas LGBTI reconocidas, especialmente en
establecimientos masculinos; igualmente algunos establecimientos discriminan a
personas LGBTI en actividades educativas.[109]
5.4.3. En el año dos mil once (2011) la Defensoría del
Pueblo presentó un informe sobre el ‘seguimiento al cumplimiento de la
Tutela N° 971 de 2009’, en el cual se abordó el problema de la no
separación de personas sindicadas y condenadas.[110]
5.4.3.1. En esa decisión judicial (T-971 de 2009), la Corte
reiteró una de las decisiones adoptadas en la sentencia T-153 de 1998 (toda
persona privada de la libertad sindicada de haber cometido un delito, tiene
derecho a ser recluida aparte de las personas juzgadas y condenadas de haberlo
hecho),[111]
a propósito de las mujeres recluidas en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario del Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. La Corte Constitucional,
teniendo en cuenta este derecho constitucional y, además, que en el caso
concreto los hombres sí eran debidamente separados, decidió que “la no
separación entre detenidas o acusadas y condenadas, como sí ocurre con el
personal masculino es discriminatoria y viola el derecho fundamental a la
igualdad de las internas.”[112]
La Corte decidió tutelar los derechos a la igualdad, a la presunción de
inocencia, a la vida y a la integridad personal de las internas detenidas que
no están separadas de las condenadas, tanto en el EPCAMS de Valledupar como en
los demás establecimientos de reclusión.
La Corte Constitucional estableció dos niveles de
protección; uno específico para el caso de las accionantes (separar las
sindicadas de las condenadas), y uno de carácter general, para enfrentar ese
aspecto del sistema penitenciario y carcelario que, por el caso concreto, se
sabe que está siendo desconocido (separar personas sindicadas de condenadas en
todo el sistema de reclusión). La orden específica fue al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de
Valledupar que, en un término de dos (2) meses, debería tomar las medidas administrativas
y presupuestales necesarias para proceder a separar las internas condenadas de
las que están sindicadas o acusadas. La orden general fue al Director del INPEC
y al Ministro del Interior y de Justicia para que, en el término de dos (2)
meses tomaran las medidas administrativas y presupuestales necesarias para
proceder a separar las internas condenadas de las que están sindicadas o
acusadas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta
Seguridad de Valledupar y en todos los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país donde esa medida no se aplica.[113]
5.4.3.2. Dos años después de impartidas las órdenes, la Defensoría
constató que la regla de encarcelamiento se seguía desconociendo. Dijo en su
informe: “Desde 1997 la Defensoría del Pueblo ha venido denunciando la falta
de separación entre condenados y sindicados, esta afirmación fue recogida y
apoyada por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela N° 153 de 1998,
mediante la cual se ordenó al INPEC, entre otros aspectos, que en un término
máximo de cuatro años separara completamente los internos sindicados de los
condenados. Como respuesta el INPEC, mediante resolución, modificó la
denominación y destinación de los 139 establecimientos de reclusión los cuales
eran, de conformidad con la nomenclatura del mapa judicial del país:
penitenciarías, cárceles de distrito y circuito y reclusiones de mujeres, y los
clasificó de la siguiente manera: establecimientos penitenciarios y
carcelarios, establecimiento carcelario, establecimiento penitenciario,
establecimientos de reclusión especial, establecimientos penitenciarios y
carcelarios de alta y mediana seguridad, etc.  ||  Con esta nueva
clasificación el INPEC no solo desvinculó del mapa judicial la denominación de
los establecimientos de reclusión, sino que además cambió su destinación
tradicional, para así ‘solucionar’ el problema de la mezcla de sindicados y
condenados. Con esto el INPEC eludió de manera muy sutil el acatamiento
estricto del referido fallo.”[114]
La Defensoría constató que en la cárcel de Valledupar, frente a la que se interpuso
la acción de tutela, sí está cumpliendo con la regla, pero no así otras,
“[…] transcurridos más de dos (2)
años de proferida la sentencia de la Corte Constitucional T-971 del 2009, la
mayoría de las reclusiones y anexos de mujeres del país no han acatado esta
nueva orden judicial. Así mismo han hecho caso omiso de las preceptivas
nacionales e internacionales sobre la separación de detenidos(as) y
condenados(as).”[115]
El informe de la Defensoría muestra cómo ni la insistencia
judicial ni la de los órganos de control, ha servido para que se adopten las
medidas de respeto a la dignidad de las personas recluidas en las prisiones.[116]
5.4.4. En dos mil once (2011), la Defensoría del Pueblo
también adelantó el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de Tutela 062
de 2011, a través de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria, sobre personas de la comunidad LGBTI privadas de la libertad en
prisión.[117]
5.4.4.1. En la sentencia T-062 de 2011, la Corte
Constitucional decidió reiterar la jurisprudencia sobre protección a las
personas recluidas en prisión, para no ser afectadas en sus derechos, en razón
a su orientación sexual.[118]
Siguiendo tres decisiones judiciales previas –las sentencias T-499 de 2003,
T-1096 de 2004, T-493 de 2006– en las que se había hecho referencia a la
necesidad de expedir reglamentos respetuosos de la libertad y la orientación
sexual.
[1] En la sentencia T-499 de 2003
se tuteló el derecho de una mujer recluida en la Cárcel de Villa Josefina de
Manizales, a que se le garantizara el goce efectivo de su derecho a tener una
visita íntima con su pareja en condiciones dignas, sin discriminación alguna en
razón a su orientación sexual.[119]
Teniendo en cuenta que este no es un problema exclusivo de la accionante, o de
las mujeres de la cárcel en que ella se encontraba, sino del Sistema
penitenciario y carcelario y general, la Corte Constitucional decidió dar una
orden de carácter general a la Defensoría del Pueblo que, de ser del caso,
recurriera a los recursos judiciales que llevaran a la administración pública a
tomar tales decisión y expedir dichos reglamentos.[120]
[2] En la sentencia T-1096 de
2004 la Corte Constitucional decidió que “el INPEC desconoce de forma grave
y manifiesta los derechos a la dignidad, la vida, la integridad física y a la
libertad sexual de una persona privada de la libertad, cuando no adopta las
medidas necesarias para evitar que otros reclusos abusen sexualmente de ella y
vulneren sus derechos, en especial si se trata de una persona que pertenece a
un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado.”[121] De forma similar a lo
decidido en la sentencia anterior (T-499 de 2003), se tomaron varias medidas de
protección a favor del accionante, a la vez que se indicó a la Defensoría del
Pueblo que tomara las acciones correspondientes para que las autoridades
responsables de impedir que los reclusos y reclusas sean objeto de violaciones
y abusos sexuales le otorguen a ese grave problema la prioridad que merece y
tomen medidas efectivas  para solucionarlo. Con relación al accionante se
ordenó tomar medidas adecuadas y necesarias para  (i) proteger inmediatamente
su libertad sexual;  (ii) ubicarlo en el término de tres meses, en un
establecimiento penitenciario y carcelario que asegure su tranquilidad y
seguridad personal y corporal; y  (iii) adelantar las investigaciones para
esclarecer los hechos ocurridos.[122]
La sentencia T-1096 de 2004 indicó que se debían adoptar especiales medidas de
protección al accionante, para evitar que fuera víctima de retaliaciones o
restricciones irrazonables como requisito de su protección. Específicamente se reiteró
la sentencia T-153 de 1998 en los siguientes términos: “recuerda la Corte
que ‘la labor de resocialización no consiste en imponer determinados
valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de
su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al
conglomerado social’.[123]
No es aceptable, por tanto, que se pretenda solucionar los inconvenientes
del accionante imponiéndole modificaciones a su personalidad tales como, por
ejemplo, pretender modificar su orientación sexual.”[124]
[3] Por último, en la sentencia
T-439 de 2006, se protegió el derecho de las mujeres privadas de la libertad en
la Cárcel Nacional de Mujeres ‘Villa Josefina’ de Manizales.[125] Se
constataron violaciones a su derecho al debido proceso al trámite de sus
solicitudes (demoras irrazonables), al derecho a la defensa (la oficina
jurídica la atendía una persona sin formación jurídica, y sin dedicación
completa para ello), al ejercicio de actividades deportivas y recreativas (se
tenían restricciones y obstáculos irrazonables y desproporcionados para el
desarrollo de esas actividades), imposición de reglas disciplinarias
absurdamente estrictas o daños personales (obligarlas a realizar labores de
aseo, sin contar con los utensilios que impidan daños en la piel). Finalmente,
se recordó la especial protección que tienen las personas para no ser
discriminadas por su orientación. Se impartieron varias órdenes, orientadas a
superar las violaciones a los derechos fundamentales constatadas.[126]
Así, con base en esas tres (3) decisiones previas, la Corte
Constitucional resolvió dar varias órdenes con relación Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal (Casanare), pero también
instrucciones de carácter general para que el INPEC reformará los reglamentos
de los establecimientos. Específicamente indicó al respecto: “ordenar al
Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que
adelante las acciones tendientes a reformar las normas reglamentarias en
materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el
fin que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales
de las personas internas de identidad u opción sexual diversas”.[127]  La
Corte solicitó a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de
las órdenes dadas.
5.4.4.2. La Defensoría del Pueblo consideró que las órdenes
especificas impartidas al Establecimiento Penitenciario y Carcelario habían
sido cumplidas,[128]
pero se constató que las amenazas a la población LGBTI se mantienen.[129]
5.4.5. En el dos mil once (2011), la Defensoría Delegada
para la Política Criminal y Penitenciaria también realizó el estudio Agua
potable en los establecimientos de reclusión de Colombia. Muchos de los
problemas relacionados con este derecho fundamental siguen estando presentes.
Nivel de riesgo
del agua en los establecimientos
establecimientos
31%
en riesgo
2%
Riesgo Máximo
Sanitariamente el nivel
de riesgo es inviable. Por ningún motivo es apta para el consumo humano y
requiere una vigilancia máxima, especial y detallada
el caso del
establecimiento de Magangué, Bolívar; Cárcel de Riohacha, Guajira
18%    Riesgo Alto
El nivel es considerado
sin riesgo sanitariamente. El agua cumple con todos los aspectos y parámetros
necesarios para su aceptabilidad
Granada, Meta;
Chiquinquirá, Boyacá; Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; EPC de Acacías, Meta;
Neiva, Huila; Leticia, Amazonas; Sabanalarga, Atlántico; Reclusión de Mujeres
de Popayán, Cauca; EPC de Popayán, Cauca; Vélez, Santander; Málaga,
Santander; Socorro, Santander; Puerto Boyacá, Boyacá; Pensilvana, Caldas
7%
Riesgo Medio
El
nivel de riesgo es alto sanitariamente. El agua es no apta para el consumo
humano y requiere una vigilancia especial
EPCAMS de Bogotá
"La Picota"; Reclusión de Mujeres de Bogotá; Duitama, Boyacá;
Colonia Agrícola de Acacias, Meta; Zapatoca, Santander
4%
Riesgo Bajo
Sanitariamente el nivel
de riesgo es medio. El agua es no apta para el consumo humano pero es
susceptible de disminuir con una gestión directa
[El informe no lo
indica]
69%
sin
riesgo
Sin
riesgo
El
nivel es considerado sin riesgo sanitariamente. El agua cumple con todos los
aspectos y parámetros necesarios para su aceptabilidad
La Defensoría también informó que el 40% de los
establecimientos no cuentan con apoyo de las secretarías de salud departamentales
para analizar su agua y el INPEC carece de una política de mantenimiento de
redes y depósitos de agua en sus establecimientos. Los tanques son, sin duda,
un problema de múltiples aristas, con un impacto significativo en los derechos
de las personas.[130]
Para la Defensoría, la deficiencia de la prestación del servicio de agua se
debe a varias razones, entre estas están:
“[1] La ubicación del
establecimiento carcelario y penitenciario, ya que no se realizaron estudios de
factibilidad que determinaran la disposición o la distancias para las
acometidas del agua.  ||  [2] El mal funcionamiento de las bombas, ejemplo de
ello es el establecimiento de Barrancabermeja en donde de 12 bombas sólo
funcionan 2.  ||  [3] En algunas ocasiones el flujo de agua suministrado por
las empresas de servicios públicos no es constante o el volumen no es el
requerido, por ello los tanques de almacenamiento no llegan a su tope máximo.
||  [4] Las líneas de conducción no poseen el diámetro necesario o el trazado
de lineamiento permite el fraude del fluido, las conexiones erradas y las
pérdidas de fluctuaciones del servicio que estas actividades generan.”[131]
La Defensoría advierte que hasta el momento del informe,
“[…]  el INPEC no [había] adelantado un estudio que determine las
necesidades de cada uno de los 144 establecimientos de reclusión en la
prestación del servicio básico del agua y así poder determinar las tareas que
deben emprender para mejorar la calidad y cantidad de agua en cada uno de ellos.”[132] Son
múltiples los problemas que persisten en el sistema penitenciario y carcelario
en materia de agua, y muchos de ellos de carácter estructural o de planeación,
como, por ejemplo, los problemas que devienen de errores de diseño en las construcciones
y los proyectos de ingeniería.[133]
Se trata de problemas sobre los cuales, las entidades de control departamental
o municipal ya habían alertado a las autoridades carcelarias, tal como deja
registro la Defensoría.
5.4.6.  El veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012),
la Defensoría del Pueblo, a través del Defensor Delegado para la Política
Criminal, Luis Alfredo Castillo Granados, remitió información acerca de uno de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios contra los que se interpuso
una de las acciones de tutela que se estudian en el presente proceso, la Cárcel
de Valledupar, en cumplimiento de las órdenes de vigilancia que se habían dado
a la Defensoría del Pueblo dentro de la sentencia T-693 de 2007.[134] En
esta oportunidad se habían tutelado algunos de los derechos fundamentales de la
población recluida en ese Establecimiento. En su comunicación, el Defensor
Delegado se refirió a la desprotección en materia de acceso al servicio de agua
y al suministro de alimentación y de utensilios para comer.
5.5. Academia, medios de comunicación y opinión
pública
La crisis carcelaria ha sido ampliamente debatida y
comentada por los medios de comunicación, por la academia y por los medios de
comunicación en general. Al igual que los órganos oficiales de Colombia, los
estudios académicos han llegado a las mismas conclusiones sobre el Sistema
penitenciario y carcelario. Muchos de los aspectos y dimensiones más graves de
esas conclusiones han sido informados y analizados a través de los diferentes
medios y tecnologías de comunicación.
La situación de Colombia y su sistema penitenciario y
carcelario es grave. Todos los datos aportados al proceso así lo demuestran.
Sin embargo, es evidente que el mal supera a Colombia. La crisis de la
institución carcelaria como principal herramienta de control social ha tocado
mayor fondo en otros países de la región. Una mirada por Latinoamérica muestra
que la situación de Colombia se puede agravar; que los problemas de
hacinamiento y de violación sistemática de los derechos fundamentales de las
personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios del estado,
puede ser peor. Tal como lo señaló la Corte Constitucional en 1998 han sido
relatos periodísticos y literarios los que a lo largo de esta década y media
han relatado las verdades acerca de las cárceles colombianas. Hechos
delictuosos de absoluta gravedad y, en ocasiones repugnancia, que han ocurrido
en establecimientos penitenciarios y carcelarios, espacios en los cuales,
supuestamente no tiene cabida el delito. A medida que los diferentes temas sean
tratados, se hará referencia a algunos de aquellos dramáticos relatos.
5.5.1. Hacinamiento, inseguridad y criminalidad.
Se ha constatado el grave estado de hacinamiento de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, en sus diversos y diferentes
grados, según el caso de que se trate,[135]
así como el grave impacto que esta situación tiene sobre la población
carcelaria. Se ha mostrado los niveles críticos e insoportables de hacinamiento
en las principales cárceles del país, y generalizado de otra gran cantidad de
centros de reclusión.[136]
Y el problema va en aumento. En dos mil diez (2010), las investigaciones de
carácter periodístico tenían reportado el fenómeno;[137] para el año dos mil
once (2011) era un hecho notorio que la población de personas privadas de la
libertad aumentaba vertiginosamente, los medios masivos de comunicación lo
venía reportando.[138]
5.5.1.1. La violencia al interior de las prisiones es un
asunto que compete a muchos sistemas penitenciarios y carcelarios en el mundo,
pero en especial a aquellos que se encuentran en situación de hacinamiento. La
sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia.[139]
El hacinamiento penitenciario y carcelario lleva a la escasez de los
bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para
dormir. Esto lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado
ilegal, alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el
Estado debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar
privada de la libertad bajo su control y sujeción. La prensa, al igual que los
escritos académicos, ha mostrado como las personas recluidas en penitenciarias
y cárceles tienen que pagar por todo.[140]
Conseguir un buen lugar en un pasillo tiene sus costos; conseguir una celda es
prácticamente imposible, sobre todo por su altísimo valor.[141] Diferentes analistas de
la realidad nacional, en diversos medios de comunicación, han puesto de
presente su opinión al respecto. Son voces que coinciden en la gravedad de la
crisis carcelaria y de su impacto sobre la dignidad humana y los derechos
humanos. Ha sido calificada, entre otros términos, de “insostenible”.[142]  Por
ejemplo, las condiciones de extorsión y chantaje, generan recursos que, en el
contexto del conflicto armado, se convierten en un botín de guerra.[143]
5.1.1.2. De hecho, se ha resaltado públicamente la clara
relación entre el hacinamiento y el aumento de muertes de las personas
recluidas.[144]
La Cárcel de Bellavista en Medellín, uno de los establecimientos que están acusados
dentro del presente proceso, fue presentada como un ejemplo de esta situación
de violencia y muerte a la que es sometida una persona cuando es recluida en
una penitenciaria o cárcel del Estado. Dijo un diario de circulación nacional
al respecto: “Las condiciones de Bellavista han provocado múltiples
problemas en los últimos años. De 2008 a 2012 hubo un registro de 1.299
lesionados, 12 muertes violentas y 52 muertes naturales. Sobre esto último, la
Personería de Medellín observa —en concreto acerca de las 18 muertes de 2012—,
que según versiones de las familias, al parecer ocurrieron por falta de
atención médica oportuna. […]”[145]
Las condiciones de hacinamiento de personas que, además, hacen parte de
organizaciones como los ‘combos’, aumenta las posibilidades de riñas y
violencia.[146]
En sentido similar, otro diario de circulación nacional reportó que un  informe
reciente sobre la Cárcel Modelo  había mostrado que la violencia es la cárceles
es una situación que persiste; “[hay] droga, celulares, venta y
compra de armas, crimen. Todo lo que en teoría no debería existir en una
cárcel. Los internos lo ratificaron. Lo propio hizo el INPEC: ‘Aquí hay
altas tasas de delincuencia que confluyen en los centros de reclusión’,
respondió la entidad.”[147]
5.1.1.3. La relación entre la situación de hacinamiento y el
delito es múltiple. Por un lado, como se ha revelado, las personas que entran a
las prisiones se encuentran sometidas a la posibilidad de ser víctimas de
delitos. Se ratifica que son, claramente, una universidad del delito. Lo cual
las hace extremadamente peligrosas. Son lugares en los que, se ha dicho, “puede
ocurrir cualquier cosa”.[148]
El aumento del hacinamiento, por mencionar tan sólo una arista del problema,
correlativamente va aumentando el riesgo de que una persona sea violentada,
incluso de que muera.
El Sistema penitenciario y carcelario ha sido
contraproducente, al no acabar con el delito sino reproducirlo. Esto ha
ocurrido con relación a las personas privadas de la libertad pero también con
aquellas encargadas de vigilar y cuidar, que han terminado inmersas en la
vertiginosa vorágine de violencia que consume a las prisiones. El dieciocho (18)
de agosto de dos mil once (2011), el editorial de un diario de circulación
nacional resaltaba la importancia de la cuestión, haciendo alusión a grotescos
casos concretos y específicos (como el de una Directora de un establecimiento
que presuntamente otorgaba beneficios, a cambio de favores sexuales) y a
situaciones estructurales, como la complejidad de las organizaciones
sindicales, que son usadas, en ocasiones, para evitar que se despida a personas
de la Guardia involucradas en actos delictivos.[149] Sin esta corrección
estructural, se resalta, los demás cambios normativos, como la reforma al
Código Penitenciario, o las nuevas instituciones que se construyan o cuerpos de
funcionarios que se contraten, se corromperán nuevamente.[150] La cantidad de
organizaciones sindicales al interior de la guardia ha sido señalada una y otra
vez como uno de esos obstáculos que impide tomar medias de fondo que logren una
transformación real.[151]
Mientras tanto, aquellos funcionarios de la Guardia que desean realizar su
labor de la mejor forma posible, respetando el orden constitucional vigente, no
disponen de los medios que les permitan respetar, proteger y garantizar los
derechos de las personas privadas de la libertad como corresponde.
Pero el Sistema penitenciario y carcelario actual no sólo
representa un peligro para las personas que se encuentran recluidas en prisión,
bien sean detenidos, condenados o tengan alguna otra condición (hijos e hijas
de mujeres privadas de la libertad o, temporalmente, funcionarios, personal de
la guardia, visitantes o periodistas, entre otros).  La prensa nacional ha dado
cuenta del riesgo real y presente que implican las prisiones para las personas
que están en libertad. No sólo se trata de la posibilidad de reincidencia en
mayores y más graves conductas delictivas cuando las personas regresan a las
calles, sino en la posibilidad real de que desde las prisiones se cometan
graves delitos contras las personas que están fuera de ellas, en libertad.[152] La
cuestión ha sido presentada en los siguientes términos,
“[…] la corrupción sigue siendo el
punto débil del sistema. Desde las cárceles se extorsiona e intimida, y hasta
algunos años se presentaron casos inverosímiles de secuestros y extorsiones
dentro de las mismas celdas, que dejaron en la ruina a los familiares de los
internos. Los medios de comunicación registraron hasta la presencia de comandos
suicidas que trabajaban a sueldo para pagar un día de existencia.”[153]
5.5.1.4. El problema carcelario colombiano no dista mucho de
los problemas de la región, sin embargo, el conflicto armado y su relación con
el crimen organizado implican riesgos y peligros particulares, que deben ser
considerados especialmente. Existen sectores completos de las penitenciarías y
de las cárceles, por ejemplo, que han sido tomados por los bandos ilegales en
conflicto, y que han pasado a actuar como frentes de combate.[154] En tal medida, las
cárceles han llegado a ser escenario de batallas campales, en las que algunos
internos incluso han llegado a emplear armamento de asalto en contra de otros
internos, de las autoridades carcelarias y penitenciarias o de miembros de las
fuerzas armadas, cuando su presencia ha llegado a requerirse.[155]
La situación que viviera la cárcel Modelo en el año dos mil
(2000), con combates similares a los que libraban los paramilitares y los
guerrilleros, se controló en gran medida por parte de las autoridades, como lo
cuentan algunos autores que formulan también las denuncias de lo ocurrido.[156] Se
implementaron nuevas políticas a nivel nacional. Por ejemplo, en “[…] La
Modelo fueron cerrados todos los túneles y cajones que había en su interior.
También [se] eliminó la circulación de dinero, prohibió el uso de
electrodomésticos (nevera, aire acondicionado, estufas, ventiladores, planchas,
equipos de sonido, DVD). También [se] acabó con los caspetes, que eran tiendas
‘restaurantes’ que funcionaban en los patios y eran manejados por los propios
reclusos, lo que generaba aún más corrupción. […]”.[157]  No obstante, muchos de
los problemas se mantienen o han tomado nuevas formas; el dinero, por ejemplo,
ha sido reemplazado por tarjetas para llamar o por cupos en el almacén.[158]
5.5.1.5. Uno de actos de violencia más graves a los que han
llegado a ser sometidas algunas personas recluidas en prisión, son los
linchamientos y violaciones, que pueden concluir en el asesinato, y en el descuartizamiento
y desaparición del cadáver de la persona, de maneras crueles e inhumanas. Son
hechos que han sido consignados en relatos periodísticos y de denuncia,[159] así
como en informes oficiales y en casos adelantados ante la justicia.[160]
En la medida en que se trata de una situación prohibida,
pero que se sabe que ocurre comúnmente, se ha convertido en un estado de cosas
tolerado y aceptado de facto. Eso ocurre. Sin embargo, la situación de
violencia se ha institucionalizado y normalizado tanto, que pareciera aceptada.
Se sabe que actos de violencia inhumana y extrema ocurrirán y no se toman las
medidas adecuadas y necesarias para impedirlos.[161] De hecho, como otras
prácticas criminales que ocurren al interior de las cárceles y parecen ser
invisibles, los servicios de venganza y violencia física pueden ser contratados
desde el exterior por los parientes y allegados de las víctimas, desconociendo
así los principios fundamentales de una sociedad libre, democrática, fundada en
el respeto a la dignidad humana.[162]
Se alega que incluso que son personas que murieron en su ley, pero que en
realidad, se trata de personas que son asesinadas bajo la custodia del Estado,
en situaciones previsibles y que quedarán en la impunidad por la ley del
silencio que impera en las cárceles.[163]
Es una realidad que ha ocurrido en el pasado y que aún persiste, que enfrentan
victimarios y víctimas, dentro o fuera del país.[164] El veintidós (22) de
enero de dos mil trece (2013) se reportó la captura de una persona sindicada de
haber violado y matado una niña en Cúcuta; cuatro días después, el veintiséis (26)
de enero de del mismo año se informó que había sido apuñalada en la cárcel.[165] Se
trata de violentas afectaciones a la vida y a la integridad, anunciadas y
previsibles.
5.5.1.6. La prueba de la gravedad de la situación que
enfrentan las personas privadas de la libertad en penitenciarias y cárceles
colombianas, es el riesgo de que puedan ser objeto de secuestros. Aunque
parezca increíble, una persona privada de la libertad puede ser víctima del
delito de secuestro dentro de la propia prisión. Los grupos organizados de
poder al interior, pueden sacar a una persona del patio que le fue asignado y
esconderla en otra celda o lugar de la cárcel, hasta que algún pariente o amigo
cancele el dinero para que se le deje en ‘libertad’ y pueda volver a vivir las
condiciones normales de privación de la cárcel. Secuestrar a una persona
privada de la libertad, al interior de prisión a la que el Estado la confinó,
condenada o preventivamente, es quizá una de las pruebas más grandes de la
crisis por la que atraviesa el Sistema penitenciario y carcelario colombiano.[166] El siete
(7) de mayo de dos mil trece (2013), un diario regional reportaba un secuestro
en la cárcel de Picaleña.[167]
5.5.2. Tratos crueles, inhumanos e indignos
En las condiciones de hacinamiento y deterioro de la
infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se
presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles,
inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas
en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son
mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser
relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales
relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad.[168]
Por ejemplo, las personas que son sancionadas dentro de los establecimientos
de reclusión, en ocasiones, son sometidas a condiciones inhumanas e
indignantes. Así lo constató la Procuraduría en la Cárcel de Medellín, tal como
fue reportado por la Prensa: “En Bellavista se pudo observar que estas
celdas tienen una proporción de 2 metros de ancho por 8 de largo denominada el
‘rastrillo’, sin unidad sanitaria ni ducha, ni colchones. Allí encierran a los
reclusos que son castigados por convivencia, y que al pasar a esta celda
pierden todas sus pertenencias; ropa, colchones, y cualquier otro bien que
pudieran poseer. Para el 11 de diciembre se encontraban 15 reclusos quienes
manifestaron estar allí desde hace un mes sin recibir sol y hacer sus
necesidades fisiológicas en un tarro; sólo los sacan a las duchas en horas de
la tarde cuando todo el personal se encuentra encerrado en los pasillos. Su
palidez es evidente.”[169]
El deterioro de los establecimientos carcelarios y
penitenciarios en uno de los problemas estructurales que, sumado al hacinamiento,
generan patéticas condiciones de existencia, a las cuales son sometidas las
personas recluidas en prisión. Por ello hay voces que reclaman la destrucción
de cárceles obsoletas e irrespetuosas de la dignidad humana por definición,
como sería el caso de la cárcel Modelo.[170]
Las condiciones de falta de higiene e insalubridad que se
deben enfrentar debidas al hacinamiento y a la imposibilidad de acceder a
servicios sanitarios de mediana calidad, han sido denunciadas, tal como se hace
en las acciones de tutela de la referencia.[171]
Ahora bien, una de las afecciones que la jurisprudencia
constitucional ha constatado en el pasado y se siguen constatando, es la
violación a la dignidad humana y al conjunto básico de garantías fundamentales
de una persona privada de la libertad, cuando se le somete a un encierro
privado del acceso a los servicios básicos de agua y energía eléctrica. Las
complicaciones que se generan son múltiples. Desde las profundas incomodidades
climáticas por tener que sufrir temperaturas extremas; pasando por las afecciones
a la salud, por la falta de higiene, llegando a amenazas tan grandes, como los
riesgos de seguridad para la vida y la integridad, los cuales se aumentan por
encima de los niveles cotidianos, ya elevados de por sí.[172]
5.5.3. Salud
También se ha puesto de manifiesto la violación sistemática
de derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Tal es el caso de la cárcel
de Picaleña en Ibagué, reportado por la prensa nacional (3.000 autorizaciones
de servicios de salud acumuladas).[173]
5.5.4. Dimensión de la crisis, en perspectiva comparada
Como se indicó, la situación en Colombia es grave, pero no
dista de la realidad de los sistemas penitenciarios y carcelarios de otras
latitudes, en especial, en comparación con los de la región. La situación que
atraviesan los sistemas de algunas naciones vecinas, evidencia que los
problemas en Colombia pueden seguir agravándose continuamente.
5.5.4.1. El hacinamiento en el Sistema Colombiano en
perspectiva regional.
El hacinamiento en el Sistema penitenciario y carcelario es
un problema en los países de América Latina y del Caribe. No es sólo
colombiana.[174]
La lucha contra graves problemas sociales mediante políticas criminales, por
ejemplo, ha sido una de las causas para el incremento de los niveles de hacinamiento
carcelario, con las consecuencias que ello implica.[175] Con diferentes grados e
intensidades, pero igualmente un problema en todos, “[…] algunos son más
violentos, otros sufren menos hacinamiento, pero todos ejercen violencia y
funcionan por encima de su capacidad. Las muerte por motines, incendios o
arbitrariedad son una constante a lo largo de los patios de las prisiones
latinoamericanas.”[176]
Medios de circulación nacional han informado los datos que al
respecto ha revelado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
constatando un índice del 49% de hacinamiento en promedio en los
Establecimientos de Colombia, que no es de los más altos de la región.[177]
Obviamente, desde la perspectiva numérica, el sistema penitenciario y
carcelario de Colombia, es de inmensas proporciones.[178] El Centro Internacional
para Estudios de Prisiones (International Centre for Prison Studies)
ofrece los siguientes datos en materia sobre los sistemas penitenciarios de la
región.[179]
País
Personas presas
cada 100.000 habitantes
Población del
país
Población en
prisión
Nivel de
ocupación
EEUU
716
308.5
m
2.239.751
99.0%
Cuba
510
11.2
m
57.337
93.8% [180]
El Salvador
422
6.2
m
26.568
324.7%
Panamá
411
3.5
m
15.126
169.7%
Uruguay
281
3.4
m
9.524
119.9%
Costa Rica
314
4.7
m
14.963
117.0%
Brasil
274
196.5
m
548.003
171.9%
Chile
266
17.2
m
46.718
118.8%
Colombia
245
47.1
m
118.201
156.1%
República
Dominicana
240
9.9
m
24.744
195.5%
México
210
110.9
m
246.226
123.1%
Perú
202
29.7
m
61.390
211.4%
Venezuela
161
29.1
m
48.262
270.1%
Nicaragua
153
5.7
m
9.168
128.0%
Honduras
153
7.7
m
12.263
151.0%
Ecuador
149
13.8
m
21.080
139.2%
Argentina
147
40.2
m
60.789
100.0%
Bolivia
140
10.3
m
14.770
269.8%
Canadá
118
33.4
m
40.544
96.4%
Paraguay
118
6.4
m
7.901
145.3%
Guatemala
105
14.4
m
16.336
251.6%
Haití
96
9.7
m
9.936
417.0%
En un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, a solicitud de la Organización de Estados
Americanos, OEA, se concluyó que los problemas estructurales del sistema
carcelario son una constante en la región.
“Los sistemas penitenciarios de
América Latina y el Caribe enfrentan una profunda crisis. En la mayoría de
casos, esperar que los reclusos lleven una vida en condiciones aceptables en su
interior es casi imposible. El evidente deterioro de las condiciones
carcelarias no depende solamente de las autoridades penitenciarias, sino más
bien responde a la falta de prioridad de esta temática en las políticas pública
de nuestros Estados. La invisibilidad de los problemas penitenciarios es sin
duda una situación que comparten casi todos los países del hemisferio debido a
que la preocupación ciudadana, y por ende política, se ha centrado en el
castigo de los que delinquen más que en su rehabilitación.”[181]
Las condiciones de hacinamiento enfrentadas por Colombia
también son compartidas en la región, así como el consecuente problema de no
poder distinguir las personas condenadas de las sindicadas; todo producto de
una crisis estructural. El informe de FLACSO dice al respecto,
“En el marco de las políticas
criminales múltiples son los actores y las vinculaciones que conllevan a esta
crisis. De hecho el incremento de la población penitenciaria tiene directa
relación con políticas de prevención que no han tenido el éxito esperado y ante
contextos marcados por la desigualdad, la criminalidad se instala como la mejor
opción de sobrevivencia. De igual manera, los altos porcentajes de
sobrepoblación así como de población sin condena encarcelada se vinculan
directamente con la calidad del trabajo judicial. En muchos casos la prisión
preventiva como recurso, atiborrando cárceles e incluso comisarías sin ejercer
mayor control por las condiciones de detención. El colapso de los sistemas
judiciales en muchos países de la región, tiene como evidente consecuencia la
precarización sistemática del sistema penitenciario, cuando no su total
colapso.  ||  El drama cotidiano que se vive en las cárceles de nuestro
continente se puede ejemplificar con el hecho que en la mayoría se torna
prácticamente imposible dividir a los reclusos condenados de los que aún
esperan proceso; a los primerizos de los reincidentes o los reclusos por
delitos menores de aquellos que cometieron delitos de mayor connotación. Con lo
cual el llamado contagio criminal se instala como un hecho indiscutible.”[182]
Las posibilidades de que el Sistema penitenciario y
carcelario se agrave, se constatan, entre otras, por la notoria diferencia en
el ritmo de crecimiento de la población carcelaria colombiana frente al
promedio de crecimiento de esa población en el resto de las naciones andinas.
FLACSO muestra esta evolución así,
Evolución
de la población penal en Países Andinos[183]
No obstante, pese a este crecimiento acelerado y constante,
las respuestas institucionales han sido importantes, pues, se repite, el índice
de hacinamiento en Colombia no es de los más altos de la región.[184] De
hecho, problemas como tener un alto número de personas privadas de la libertad
preventivamente, sin una decisión judicial de fondo, para el año 2008 era un
asunto que afectaba más gravemente a otros países de la región, como lo muestra
FLACSO,
Población
reclusa sin condena en América Latina y el Caribe[185]
La violencia generada por el encierro también es un problema
común a la región. La posibilidad de sufrir linchamientos es habitual,
especialmente aquellas personas que estén privadas de la libertad por estar
sindicadas de haber cometido un delito de abuso sexual (hayan sido o no
condenadas), como ocurre en Colombia. Estos linchamientos, por supuesto, pueden
llegar a la muerte, como ha ocurrido en ocasiones reportadas.[186] Muchos de estos actos,
dados los funcionamientos de los centros penitenciarios, no podrían ocurrir sin
la complicidad, indiferencia o pasividad de la guardia. Se ha constatado que en
sistemas penitenciarios y carcelarios latinoamericanos “[el] personal
carcelario suele ser parte de los actos de justicia por mano propia”,
protegido, en gran medida, por el código de silencio que impera en prisión.[187]
A la violencia en el encierro en la región, se suma la
violación grave y sistemática del derecho a la salud. El estado de salud
personal, que de por sí se ve amenazado por la reclusión, está expuesto a
graves riesgos cuando, además, existen condiciones insalubres, sin higiene y
con la posibilidad de sufrir agresiones a la integridad física y mental.  La
falta de protección a grupos especiales de la población como las mujeres, los
hijos de mujeres en prisión o las personas extranjeras, también son un mal que
afecta a la región latinoamericana. Los derechos de estos grupos diferenciales
suelen ser desatendidas ante la falta de recursos y la incapacidad de atender,
al menos, al grueso de la población.[188]
Las situaciones descritas a nivel regional guardan clara relación con los
hechos que ocurren en varias cárceles de Colombia, concretamente de aquellas
que hacen parte del presente proceso, tal como se evidencia en este comentario
del informe de FLACSO,
“El exceso de población penal
tiene consecuencias negativas también en las condiciones sanitarias de los
recintos. Situación que se acentúa cuando los centros de reclusión son
antiguos, carentes de las condiciones adecuadas de ventilación o sanitarias. Muchos
de los centros de reclusión son construcciones antiguas que respondían a otros
estándares de seguridad y a otro tipo de internos. Muchas de esas cárceles
están deterioradas por la fatiga del material y por la misma acción de los
reclusos que con el tiempo van destruyendo las instalaciones para obtener el
material con el que fabrican las armas que utilizan para las peleas internas.
Todo ello deriva en recintos que no son capaces de dar condiciones de reclusión
que permitan la recuperación de los internos. Por el contrario, en general son
lugares donde los internos no hacen más que empeorar sus condiciones físicas y
mentales.”[189]
El Sistema penitenciario y carcelario de los países de la
región, al igual que ocurre en el caso Colombiano, lejos de solucionar los
problemas de seguridad, suele propiciarlos y amplificarlos. Es decir, el
aumento de las políticas de encarcelamiento está relacionado con los problemas
de seguridad que enfrentan las personas en la región. Aunque la prisión es una
de las herramientas en la guerra contra el delito, que buscan evitar las
violaciones a los derechos fundamentales de las personas mediante la resocialización
de quienes delinquen, no lo ha logrado, puesto que la reclusión en las
condiciones de crisis que se enfrenta, impiden que el encierro sirva
adecuadamente a los propósitos que se le asignan de resocialización. De hecho,
como se ha dicho, las condiciones de reclusión aceleran y propician ciclos del
crimen.
5.5.4.2. La crisis carcelaria y los problemas de
seguridad en la región. El aumento del encarcelamiento en la región
americana, como se dijo, es una de las herramientas de política pública para enfrentar
los problemas de seguridad que se enfrentan en una sociedad contemporánea. No
obstante, dada la complejidad y multiplicidad de causas que los fenómenos de la
violencia y la criminalidad tienen, es claro que la prisión, por sí sola no
resuelve los graves problemas de seguridad.  La dimensión de estas dificultades
es tan grande que pone en riesgo la viabilidad misma de la democracia y de las
instituciones de un estado respetuoso de los derechos humanos.[190]
La OEA ha indicado que las políticas criminales deben estar
en sintonía con otras políticas públicas orientadas a enfrentar los graves
problemas de seguridad. En Latinoamérica y la región Caribe la seguridad tiene
multiplicidad de causas, en procesos que se realimentan e impiden establecer
qué es realmente causa de la seguridad y qué es consecuencia; en ocasiones se
confunden irremediablemente pues son ambas.[191]
De hecho, se ha constatado que el Sistema penitenciario y carcelario ha dejado
de ser una herramienta contra la inseguridad, para pasar a ser una causa más de
la inseguridad.
Así, reconociendo la complejidad de explicar los fenómenos
de inseguridad y sus particularidades en cada lugar, la Organización de Estados
Americanos, OEA, ha podido establecer al menos diez (10) causas que ayudan a
explicar y entender estos problemas en la región.[192]  En primer lugar, “la
delincuencia organizada, principalmente el tráfico de drogas y delitos conexos,
y la corrupción que genera”. Segundo, “los factores socioeconómicos; si
bien la pobreza por sí sola no es un factor explicativo -como lo prueba el
simple hecho de que en zonas rurales de extrema pobreza la delincuencia sea
mucho menor que en otras de mayor desarrollo relativo- sí existe una
correlación muy clara cuando ésta interactúa con otros factores, como la
desigualdad, la marginación y la exclusión en la que vive una parte importante
de la población”. Tercero, “diversas causas vinculadas a los procesos de
urbanización masivos y desordenados que han generado grandes áreas con niveles
importantes de marginalización y exclusión”; la ‘informalidad’ de estas
zonas explica parcialmente, por ejemplo, la facilidad con que las armas de
fuego llegan de manera ilegal a manos civiles. En situaciones extremas,
sostiene la OEA, barrios enteros son controlados por el crimen organizado. En
cuarto lugar, “aspectos relacionados con actitudes, valores y cultura. […]
la lógica de la vida en las ciudades tiende a debilitar los mecanismos
tradicionales de cohesión social y a cuestionar valores vinculados al pasado. […]
el éxito individual asociado a lo material, tiende a ser visto, ahora mucho
más que en el pasado, como un referente importante de aceptación social”.
Quinto, la situación familiar de muchas personas, “[…] las duras condiciones
de vida fuerzan a los padres a tener una presencia limitada y poco proactiva en
la vida cotidiana y en la formación de sus hijos, lo que puede agravarse en los
diversos casos en que los hijos son criados sólo por uno de los progenitores.
El caso de las madres adolescentes es un claro ejemplo de ello […]  ||
[son] contextos [que] propician a su vez la violencia intrafamiliar.
Esta violencia afecta de manera particular a las mujeres, pero también directa
o indirectamente a los hijos. Las altas tasas de deserción escolar, el trabajo
infantil, la fuga del hogar y los niños de la calle son las consecuencias de
ello.” Sexto, “[…] la situación concreta de los jóvenes. En América
Latina y el Caribe el 21 por ciento de los jóvenes no estudia ni trabaja.[193]
Entre esta población, la posibilidad de protagonizar o ser víctima de la
violencia se agudiza de manera significativa. […]”. Séptimo, “la cultura
de la falta de respeto a las leyes que impera en general en las sociedades de
la región, así como las prácticas de resolución de conflictos por cuenta
propia, mediante, generalmente, el uso de la violencia […]”.
En octavo lugar, “la impunidad. […] la carencia de
sanción a los hechos criminales es un estímulo perverso para que éstos se
extiendan y repitan. En general la inmensa mayoría de las faltas menores y
muchos de los crímenes más graves quedan sin sanción, agravando la percepción
de indefensión y la humillación de las víctimas […]”. Noveno, “las
dificultades que enfrenta la policía, que tiene un rol fundamental para la
seguridad. […] los diversos cuerpos de la policía sufren en diversos
grados, y de manera extendida, problemas estructurales no resueltos. […]”.[194] Y
finalmente, en décimo lugar, “el problema carcelario, […] las graves
complicaciones empiezan con las dificultades para clasificar y separar a los
internos, siguiendo con el deterioro de la infraestructura y hacinamiento de
las cárceles.[195]
A ello se suman problemas para controlar internamente las prisiones, lo que
permite que múltiples actividades delictivas se repitan en el interior de las
prisiones y, lo que es más grave, que algunos fenómenos delictivos mayores se
continúen manejando desde estos recintos.” La situación del sistema
penitenciario colombiano no es una de las excepciones a la crisis carcelaria de
la región, crudamente descrita por la OEA, en especial, en lo que a su impacto
en la inseguridad respecta.
“En general, y con muy pocas
excepciones, el sistema carcelario en la región ha fracasado tanto en el
objetivo de evitar que una persona siga delinquiendo mientras está en prisión,
como en la meta más ambiciosa de la reinserción. Las prisiones constituyen el
punto más débil de nuestro sistema penal y el lugar en donde se concentran las
mayores violaciones a los derechos humanos. Los procesos penales interminables,
el abandono, el abuso, las pésimas condiciones de vida y el hacinamiento son
elementos que contribuyen a entender que tengamos una población penitenciaria
con tanta propensión a la violencia, con altos índices de adicción a las
drogas, con verdaderas epidemias de sida o tuberculosis y altas tasas de
suicidios, entre otros graves problemas. Lo anterior muestra por qué en muchos
países de la región los sistemas penitenciarios son considerados verdaderas
universidades del delito.”[196]
Las primeras siete de las diez causas de la inseguridad, son
estructurales a la sociedad misma [la delincuencia organizada; factores
socio-económicos; procesos de exclusión urbanos; actitudes, valores y culturas
funcionales al crimen; problemas familiares como la violencia intrafamiliar; la
falta de perspectivas para las personas jóvenes y la cultura de la ilegalidad].
Las tres causas restantes, se refieren a cuestiones directamente relacionadas
con la política criminal [la impunidad en la persecución y sanción del delito;
dificultades estructurales de los grupos de seguridad estatales y el sistema
penitenciario y carcelario].
Enfrentar esta situación de inseguridad, por tanto, no puede
depender únicamente de una política de represión carcelaria, adelantada,
además, con instituciones que no logran superar altos niveles de impunidad. Se
requiere políticas públicas complejas, estructurales y de largo aliento, no
reactivas a los escándalos, inconstantes e incluso incoherentes. Para la OEA,
buena parte de la persistencia de los problemas de seguridad pese a las
acciones en su contra, se explica por la mala calidad de las políticas con las
cuales se les pretende enfrentar. Ha dicho al respecto,
“En general ha existido en la
región la tendencia a la precipitación en la implementación de intervenciones
basadas en medidas que han funcionado en países desarrollados. Ha predominado
la ausencia de un diagnóstico preciso de la realidad del contexto en el que las
acciones de prevención se iban a desarrollar; una articulación multisectorial
clara; un consenso sobre qué tipo de estrategias se debería implementar y los
objetivos a conseguir. A esto se aúna una carencia de ‘evidencia empírica’
sobre la efectividad de las medidas preventivas, debido a la ausencia de mecanismos
de seguimiento y evaluación adecuados. El resultado es una plétora de pequeños
proyectos, pero pocos de gran escala. El éxito sostenido de las experiencias
mencionadas anteriormente no se basa en la aplicación rápida de una receta
única, sino que incorpora nuevos e innovadores mecanismos de identificación de
problemas, de diseño de políticas y de administración de éstas y, a su vez, de
canales claros de diálogo y de colaboración entre el gobierno central y el
municipal.
Tener una visión que vaya más allá
de los resultados de corto plazo es intentar reducir la primacía del discurso
político en cuanto al diseño de políticas y programas simplistas para, por el
contrario, embarcarse en la preparación concienzuda de una estrategia de
prevención que incluya sectores y actores clave y que promueva la participación
de la ciudadanía.  ||  En otras palabras, se tiene que trabajar intensamente en
la reducción de las tasas de crimen y violencia para promover el desarrollo
social, económico y político de la región y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. […]
El desarrollo de estas políticas
no es una tarea fácil y, desafortunadamente, en la región ha primado el
discurso más que la acción. Se requiere para ello un fuerte compromiso,
liderazgo, y un apoyo gubernamental sostenido, de forma que las políticas de
seguridad pública se transformen en políticas de Estado. La experiencia indica
que la acción ha sido en muchos casos una copia precipitada de otros programas
y no ha seguido un esquema flexible de identificación y solución de problemas,
de coordinación y de diálogo con el gobierno central que ofreciera un mínimo de
garantía para el objetivo propuesto. Por todo lo anterior, se debe enfatizar
que es preciso construir consensos en los gobiernos acerca de la necesidad de
financiar estas iniciativas, desarrollando elementos de evaluación, estructuras
públicas en las que se apoyen y mecanismos de coordinación interinstitucional.”[197]
El caso estadounidense ha demostrado que las políticas de
encarcelamiento masivo pueden ampliarse y desarrollarse autónomamente,
respondiendo a lógicas y discursos políticos que, en la práctica, muchas veces
no tienen relación con los fenómenos criminales. Algunos de los prejuicios con
relación a las causas del aumento masivo de la población carcelaria, han sido
develados por los estudios empíricos.[198]
Es un sistema carcelario que está lleno, pero no en sobrecupo, en términos
generales. Su crecimiento exponencial comenzó en un momento histórico concreto
identificable, la década de los años 80.[199]
Ahora bien, el aumento de la población carcelaria no se explica por el
crecimiento poblacional en general de ese país, pues mientras éste ha sido de
una tercera parte (33%) entre 1980 y 2006, la población carcelaria ha crecido
tres veces y media (350%) durante el mismo periodo. El aumento carcelario
tampoco se explica por un supuesto éxito en la lucha contra las drogas, pues su
precio, que se buscaba elevar, ha caído sistemáticamente, contrario a lo
buscado. Desde la década de los años 80, el precio de la cocaína y la heroína
disminuyeron constantemente, mientras que el número de personas encarceladas
aumentaba con la misma constancia. La tasa de delitos, además, ha disminuido.
Desde 1990, mientras que la tasa de criminalidad descendía, la tasa de
encarcelamiento continuaba su crecimiento. Por otra parte, el aumento del
encarcelamiento tampoco se explica por un supuesto aumento en la inseguridad.
La tendencia a la baja de la tasa de criminalidad se ha mantenido en los
últimos años, por ejemplo, en 2011 la sociedad estadounidense había reducido
sus índices de criminalidad a niveles que no se presentaban desde 1965. El
aumento tampoco se explica por la inmigración. La mayoría de personas
encarceladas son naturales de Estado Unidos de América, marginalmente
inmigrantes. A la vez que la población inmigrante era mayor, las tasas de
criminalidad disminuían.  Al tiempo, el número de niños y de niñas que tienen
un padre encarcelado aumenta al mismo ritmo de personas encarceladas. En
cambio, el aumento del apoyo ciudadano a las políticas de guerra contra el
delito sí creció de forma paralela con el aumento de la tasa de
encarcelamiento. Sólo en los últimos años, esta tendencia se ha revertido.
Cuando el apoyo ciudadano a estas políticas carcelarias ha disminuido, la tasa
de encarcelamiento también ha bajado. Esta tendencia reciente es una evidencia
de que quizá, la huida al derecho penal y al uso excesivo y desmesurado de la
cárcel se explica más por el miedo infundido por ciertos discursos políticos y
sociales, que por el aumento de peligros reales que enfrenta la sociedad o
porque se haya demostrado que la cárcel es una herramienta realmente efectiva para
garantizar la seguridad ciudadana.
En el caso colombiano, la academia ha constatado que el
aumento de la criminalización ha sido mayor que el aumento de la criminalidad
en ciertas áreas. Es decir, los niveles de encarcelamiento no se explicarían por
los niveles de delincuencia, en tanto aquellos son superiores a estos delitos.[200] En
otras palabras, existen evidencias de que en Colombia puede estar siguiéndose
una política criminal similar a la de los Estados Unidos de América, que ha desconectado
la tasa de encarcelamiento de la tasa de criminalidad; aquella puede aumentar
notoriamente, sin que ésta pueda hacerlo.
5.5.5. Incumplimiento a las órdenes judiciales de
protección
Investigaciones interesadas en abordar las respuestas
judiciales a la crisis actual del Sistema penitenciario y carcelario en
Latinoamérica, han identificado tres tipos diferentes: no intervenir; ordenar
una reforma estructural o el cierre de prisiones, y el control y la reducción
del encierro.[201]
(i) La primera respuesta, no intervenir, suele darse con base en
dos razones; falta de legitimidad procesal de los actores o del medio judicial
elegido o falta de competencia judicial para abordar tales cuestiones. En
Colombia, aunque la justicia constitucional ha reiterado que la no intervención
es una respuesta inaceptable, bajo el orden constitucional vigente que protege
el goce efectivo de los derechos fundamentales, algunos jueces de tutela siguen
considerando que esta es una salida válida bien sea por el primer camino de las
formas (la vía procedimental; por ejemplo, porque se ha debido usar una acción
popular),[202]
o de las divisiones funcionales (argumentando, por ejemplo, que al depender la
protección individual de acciones estatales generales, el juez pierde toda
posibilidad de intervención y protección del derecho). Así, la no intervención
judicial es una respuesta judicial que existe en la región, incluso en aquellos
casos en los que, como Colombia, esa respuesta es constitucional y legalmente
inaceptable [pues supone renunciar al deber del juez de todo juez de la
República de tutelar el goce efectivo de los derechos cuya violación o amenaza,
son verificadas (art. 86, CP)].  (ii) La segunda respuesta judicial es ordenar
una reforma al Sistema penitenciario y carcelario. Este camino, el
mayoritario según la evidencia empírica, parte del supuesto que las violaciones
individuales son resultado de problemas y deficiencias estructurales del
Sistema y que, por lo tanto, la solución consiste justamente en ordenar que se
adopten las medidas adecuadas y necesarias para superar los problemas estructurales
que afronta el Sistema. La solución tomada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-153 de 1998 sería un ejemplo de este tipo; buscar aumentar la
capacidad instalada para tener privadas de la libertad a las personas y
asegurarse de que la calidad de las condiciones del encierro sea digna.   (iii)
La tercera respuesta, el cierre de prisiones, y el control y la reducción
del encierro, se presentaría cuando los jueces consideran que dado el grado
de indignidad en que se encuentran las personas en prisión y la incapacidad
estatal para responder a la situación por políticas públicas ordinarias. Cuando
se ha constatado que las personas privadas de la libertad son sometidas a
tratos crueles, inhumanos y degradantes, se han dado órdenes como dejar en
libertad a las personas recluidas en un determinado centro, e incluso cerrarlo.[203] Se
ha destacado por parte de la Academia la decisión judicial adoptada en Brasil
por el Tribunal de Justicia del Estado Río Grande del Sur, en la que se ordenó
suspender la decisión judicial de enviar a prisión a un condenado, hasta tanto
se sepa que en el encierro se podrá proteger el derecho a la vida y cumplir la
ley, a la vez que se indicaba que los términos de prescripción estaban
corriendo.[204]
La clasificación de los tipos de respuesta judicial es útil
para la comprensión del problema, pero al igual que ocurre en Colombia, en los
casos concretos las estrategias de respuesta de los tribunales puede ser mixta,
dejando algunos problemas fuera de la órbita de acción judicial, ordenando
tomar medidas para resolver cuestiones estructurales y, a la vez, órdenes que
busquen reducir los niveles de encarcelamiento. Los tres grupos de respuestas
judiciales ofrecen aproximaciones al problema que no son necesariamente
opuestas y contradictorias entre sí y en todos los sentidos. De hecho, las tres
respuestas, aunque siguen presentándose en la actualidad, reflejan una
evolución en la aproximación del problema y la evidencia de que se mantiene o
se agudiza. ‘No intervenir’ es la respuesta clásica de jueces enmarcados en una
tradición de rígido respeto a la tridivisión funcional de los poderes, en los
que las políticas públicas son competencias privativas de la Administración
pública. La segunda respuesta, ‘ordenar la intervención’, responde a un juez
obligado a respetar esas competencias de la Administración, en virtud de la
tridivisión funcional, pero a la vez obligado a no permitir que actúe de forma
inconstitucional, en especial, si se violan o amenazan derechos fundamentales.
Ordenar menos cárcel y menos encierro responde a que se ha probado
judicialmente que el problema no solamente consiste en la incapacidad institucional
y administrativa para poder sostenerlo, sino en el tamaño mismo de Sistema
penitenciario y carcelario que se pretende tener.
En Colombia, ante la evidencia de la ineficacia de las
soluciones que suponen órdenes judiciales para que se adecue la capacidad de
respuesta del Estado ante la crisis, han comenzado a aparecer decisiones del
tercer tipo, mediante las cuales se ha ordenado, entre otras cosas, el cierre
de establecimientos penitenciarios y carcelarios, impidiendo el ingreso de más
personas.[205]
Al igual que se constata en varios de los procesos de tutela
de la referencia, muchos de las personas privadas de la libertad deben recurrir
una y otra vez a la justicia para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales. Algunas de las tutelas que se revisan, sostienen dentro de sus
argumentos para justificar su solicitud ser excarcelados, la ineficacia de las
órdenes judiciales impartidas hasta ahora. Ya en el pasado habían solicitado
que se mejorara sus condiciones de reclusión y los jueces, acogiendo sus
demandas, habían ordenado a las autoridades competentes hacerlo. Sin embargo,
no se ha hecho. La incapacidad de respuesta administrativa ante la crisis
penitenciaria y carcelaria ha sido constatada judicialmente en varias
ocasiones. Las órdenes orientadas a superar los obstáculos y barreras que, en
cada caso, suponen la violación de los derechos fundamentales de la población
recluida en prisión. No obstante, como lo ha reportado la prensa nacional, la
crisis tiene dimensiones estructurales tan grandes que para las autoridades
carcelarias ha sido imposible cumplir con lo ordenado por los jueces.
La prensa ha reportado recientes decisiones judiciales,
orientadas a que las autoridades penitenciarias y carcelarias adopten las
medidas necesarias y urgentes para superar la crisis del Sistema. Se resaltó,
por ejemplo, la decisión judicial del Consejo Seccional de la Judicatura que
ordenó crear mesas de trabajo, para rendir informes en dos años. Se resaltó también,
a propósito de una decisión sobre la Cárcel Modelo de Bogotá, que los jueces
habían constatado el desinterés real de las autoridades encargadas de tomar
medidas al respecto, dado su carácter endémico.[206]
Se ha informado al país sobre decisiones judiciales
recientes, orientadas a superar la crisis carcelaria y penitenciaria, que las
propias actuaciones judiciales han ayudado a documentar, adoptando drásticas
decisiones como no permitir el ingreso de más prisioneros.[207] El dos (2) de mayo de dos
mil trece (2013), se reportó que la orden del Juzgado Segundo Penal
Especializado de Medellín de prohibir más el ingreso de más presos a la
penitenciaria del Pedregal, se sumaba a la decisión previa de prohibir el
ingreso a la Cárcel Bellavista, con lo cual eran dos los establecimientos del
Departamento de Antioquia que habían recibido esta orden.[208]
Así, se sabe que las acciones de tutela serán ganadas, pero
se sabe también que pueden ser desatendidas. Incluso los incidentes de
desacato, en los que se prueba el incumplimiento, son desatendidos, dada la
magnitud del problema y el tipo de soluciones que se requieren. De hecho, la
prensa ha dado cuenta de cómo las denuncias mismas, las quejas, no llegan a
tramitarse o judicializarse, pues se obstaculiza el acceso a la justicia. Así,
el seis (6) de mayo de dos mil trece (2013) se reportó lo siguiente: “una
interna manifestó haber encontrado en la basura un paquete con cartas
personales y derechos de petición dirigidos a los juzgados y a la dirección del
Establecimiento. Dice que fue amenazada por haber denunciado esta situación.”[209]
La crisis estructural en la prestación de los servicios de
salud a las personas privadas de la libertad hace que, difícilmente, las
autoridades concretas y específicas de cada centro penitenciario e incluso el
INPEC, a nivel nacional, puedan tomar medidas concretas y específicas para
superar las obstáculos y barreras al acceso a los servicios de salud. Tal es el
caso de la cárcel de Picaleña en Ibagué, antes mencionado, en donde, cómo se
dijo, al dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) existían tres mil (3.000)
autorizaciones represadas; en esta ocasión se reportó nacionalmente que la
grave situación había llevado “[…] a varios presos a interponer acciones de
tutela (153), pero el incumplimiento de las sentencias resueltas a favor ha
originado 78 incidentes de desacato, dos de ellos iniciados por la Personería.”[210]
5.5.6. Soluciones insuficientes; el hacinamiento no es el
único problema
Al igual que ocurre en otros países de la región, en
Colombia, los planes y programas para atender la crisis carcelaria existentes
al momento en el cual se interpusieron las acciones de tutela analizadas en la
presente sentencia, se reconocían como insuficientes. Algunas de las cárceles
nuevas, ha informado la prensa nacional, que pretendían ofrecer condiciones dignas
a los internos, han resultado inadecuadas.[211]
En el mismo sentido, la academia ha constatado la insuficiencia de la
soluciones de construcción de cárceles que se han venido implementando.[212]
La necesidad de modificar las políticas públicas con que se
cuenta, de manera radical, es un hecho reconocido públicamente por el Estado. El
Gobierno Nacional, a través de su Ministra de Justicia, ha manifestado la
necesidad de una reforma estructural de la política criminal; la Defensoría del
Pueblo ha llamado a que se tomen medidas urgentes, al igual que el Consejo
Superior de la Judicatura.[213]
La opinión coincide en que la crisis carcelaria se ha mantenido e incluso
agravado, no por la desidia y desatención estatal, sino por la ineficacia de
las medidas adoptadas e implementadas, dado el desarrollo que ha tenido el
problema: el vertiginoso crecimiento de la población que debe ser sometida a
una pena privativa de la libertad. Se ha sostenido, por ejemplo, que la
solución antes que construir más cárceles, se encuentra en un ajuste integral
de la política criminal, atendiendo a “sus prioridades”, pues se han
perdido con “la incontinencia legislativa para convertir en delito todo
aquello que se considera ofensivo para la sociedad”.[214]
Al tiempo que la Corte Constitucional adelantaba el presente
proceso, la deliberación sobre la crisis carcelaria ha avanzado; los argumentos
y propuestas han seguido desarrollándose. Por ejemplo, el INPEC propuso al
Consejo Superior de la Judicatura que no fueran los presos quienes tuvieran que
ir a los juzgados para poder acceder a la justicia, sino la justicia la que
fuera a las cárceles, designado despachos judiciales en los establecimientos.[215]
Algunas de las medidas disciplinarias adoptadas han
permitido mejorar las condiciones en las penitenciarías y cárceles del país,
como el impedir la circulación de dinero. Pero se trata de medidas con éxitos
relativos y sólo temporalmente, pues rápidamente la población carcelaria y
quienes se benefician económicamente de ella, buscan otra manera de sortear las
barreras o limitaciones que les han sido impuestas, como ocurre con el caso de
la prohibición de circulación de dinero.[216]
La Academia ha insistido en que el hacinamiento es un grave
problema del Sistema penitenciario y carcelario que potencia los demás, pero no
es el único, ni su solución implica, per se, superar la crisis del
Sistema.[217]
5.5.7. Sujetos de especial protección constitucional
Toda persona privada de la libertad, sin importar cuál sea
su condición, se encuentra en relación especial de sujeción.[218] No obstante, dentro de
la población carcelaria, es claro que existen personas que requieren una mayor
protección que otras. Tal es el caso de muchos de los que, aun en libertad, son
considerados sujetos de especial protección bajo el orden constitucional
vigente, como los niños y las niñas.
Teniendo en cuenta la grave crisis carcelaria que se ha
evidenciado, por una parte, y los escasos recursos con que se cuenta para
resolverla, por otra, suele ocurrir que las necesidades y problemas que
enfrentan poblaciones minoritarias y marginales, no sean tenidas en cuenta.  Las
políticas carcelarias suelen diseñarse pensando en el grueso de la población en
prisión, lo cual deja en problemas a aquellas personas que hacen parte de grupos
especiales, diferenciados o tradicionalmente excluidos o marginados. Al igual
que lo han hecho algunos de los órganos de control, algunos estudios e
informaciones han buscado establecer el estado de los sistemas carcelarios, partiendo
de un punto de vista que no oculte sino que resalte esas diferencias.
(i) Mujeres. Como lo
muestran las estadísticas aportadas por los diferentes actores dentro del
proceso la población carcelaria es fundamentalmente masculina. Son hombres las
personas que mayoritariamente son privadas de la libertad, por cometer grandes
ofensas legales, a pesar de que la mayoría de la población de toda la sociedad
es femenina. Esta baja participación de las mujeres en la población recluida en
prisión, repercute de forma grave en aquellas que son privadas de la libertad
pues, como se indicó, se convierte en un grupo cuyas necesidades se tornan
invisibles para los diseñadores de políticas públicas.  Primero, no existe
infraestructura especial destinada a recluir a las mujeres. Como la mayoría de
necesidades en materia de nuevos cupos se refiere a población masculina, las
necesidades de la población femenina pasan a un segundo plano. Los planes de
construcción, por la demanda misma del Sistema, se concentran en elaborar
espacios penitenciarios y carcelarios destinados a la reclusión de hombres, no
de mujeres. Segundo, el hacinamiento tiene un impacto mayor en ellas que en
ellos. Como la forma para solucionar la ausencia de cupos suficientes es
recluir a las personas más allá de la capacidad instalada, el hacinamiento
implica muchas veces para las mujeres, además de tener que compartir el espacio
vital con una gran cantidad de personas, compartirlo con hombres, lo cual puede
representar riesgos adicionales a su integridad.  Tercero, las actividades y
oficios con que se cuentan, suelen ser pensados para hombres. Muchas de las
actividades laborales orientadas a la resocialización no tienen en cuenta
muchos de los oficios y labores que también suelen desarrollar las mujeres. No
es un problema únicamente colombiano, también es regional.[219]
(ii) Niñas y niños. Hay
casos evidentes y notorios de sujetos de especial protección por parte del
Estado, como por ejemplo, los niños y las niñas que son concebidos en prisión y
deben vivir sus primeros días en el mundo en condiciones de reclusión. En estos
casos es imperativo que el Estado tome todas las medidas adecuadas y necesarias
para respetar, proteger y garantizar de forma inmediata y sin dilaciones a
estas pequeñas personitas que, de lo contrario, se verían obligadas a iniciar
su existencia en las más crueles e inhumanas condiciones. Los hijos e hijas de
las mujeres condenadas suelen ser tratados, en ocasiones, como si también
estuvieran condenados.[220]
Voces en la opinión pública han sostenido que en especial para los niños, las
niñas y las personas adolescentes, la justicia ha sostenido que la cárcel no es
la solución.[221]
(iii) Extranjeros. Las personas de
nacionalidad diferente a la colombiana, que se encuentran recluidos en prisión,
merecen una especial protección por ese hecho. Normalmente, estar en prisión en
un país distinto al propio, en el que se debe asumir cargas y barreras que las
personas locales no tienen que enfrentar. No se cuenta con familiares ni
personas allegadas, no se hace parte de las redes sociales que pueden ayudar a
resolver problemas o atender necesidades. Se puede tener un idioma diferente o
pertenecer a una cultura distinta, con necesidades alimenticias, de recreación,
o religiosas disímiles. Estas diferencias que tiene un extranjero conllevan un
impacto sobre los derechos fundamentales y restricciones que la mayoría de la
población carcelaria no tiene que enfrentar.
(iv) Orientaciones sexuales diversas. Las
personas con orientaciones sexuales diversas son sometidas, aún, a tratos
discriminatorios por parte de diversas personas de la sociedad. Estos
prejuicios se reproducen en las cárceles y penitenciarias, siendo en muchas
ocasiones, lugares donde estas prácticas y estos tratos se amplifican. La
organización Colombia Diversa ha reportado esta cuestión en diversas ocasiones
en los informes que presenta anualmente, acerca del estado de los derechos
fundamentales de la Comunidad LGTBI. Al respecto, por ejemplo, se ha señalado
lo siguiente,
“Los centros colombianos de
reclusión carcelaria han sido objeto de múltiples acusaciones por ser lugares
donde se violan de forma sistemática y grave los derechos fundamentales. Varios
informes de organismos de control y organizaciones no gubernamentales coinciden
en la grave situación de derechos humanos en las cárceles del país. Incluso la
Corte Constitucional, en el año de 1998, declaró un “estado inconstitucional de
cosas” respecto de las cárceles, y todavía continúa ejerciendo un fuerte
control judicial sobre lo que ocurre en esos lugares.  ||  Las personas LGBT
recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran en estado de
vulnerabilidad por estar privadas de la libertad, en condiciones de
hacinamiento, violencia y acceso precario a los derechos básicos, y ese estado
de vulnerabilidad se profundiza y puede ser una causa autónoma de violencia y
discriminación contra las personas LGBT debido a los imaginarios de la prisión,
que, según los expertos, se caracterizan “por estar plagados de prejuicios y de
lógicas de dominación típicamente machistas”.[222]
Cuatro problemas de los problemas graves y frecuentes que
deben enfrentar las personas con orientaciones sexuales diversas en los centros
de reclusión, han sido constatados y denunciados por Colombia Diversa. El
primero es el abuso sexual, “en los establecimientos carcelarios las
personas LGBT son vulnerables y susceptibles de abusos sexuales por parte de
otros internos”; el segundo es el sometimiento a tratos crueles, inhumanos
y degradantes, “[…] los hombres gays y transgeneristas recluidos en las
cárceles, [padecen] la violencia física y moral de que son víctimas por
su orientación sexual y su identidad de género[, en] este tipo de
violencia participa cotidianamente la guardia, con acciones y palabras que
tienden a menoscabar la integridad de estas personas”; el tercer problema
es la represión de la identidad sexual, “El personal directivo y en general
el personal del Inpec abrigan múltiples prejuicios sobre las personas LGBT
recluidas en las cárceles[, para] muchos de ellos la homosexualidad es
un comportamiento anormal que causa desorden y debe ser controlado por la
institución”; y el cuarto son las restricciones y limitaciones impuestas a
la visita íntima, “según informaciones recogidas por Colombia Diversa, no
existe reglamentación del Inpec que garantice las visitas íntimas de personas
LGBT, aunque algunas cárceles reportan esta clase de encuentros. Sin una
adecuada reglamentación del asunto no hay garantía plena del derecho a la
visita íntima.”[223]
En los años 2006 y 2007, los informes de la entidad indicaron que la situación
continuaba. No obstante “[…] los importantes aportes de otras instituciones
tendientes a cumplir con el objetivo de proteger los derechos de las personas
LGBT recluidas, el INPEC no ha avanzado en la materia.”[224] Esta situación se ha
seguido corroborando en informes posteriores.[225]
(v) Indígenas y afrodescendientes
Los medios de comunicación se han ocupado de denunciar la
difícil situación que los indígenas deben afrontar en los centros de reclusión
carcelarios y penitenciarios de Colombia. Así, por ejemplo, se ha cubierto las
visitas del Defensor del Pueblo a las cárceles de Colombia, para constatar la
situación real que enfrentan las personas que hacen parte de estas poblaciones.
Precisamente, se trató de una visita a una de las cárceles que hacen parte del
presente proceso: la cárcel de San Isidro.[226]
Los medios de comunicación han dado cuenta de las dificultades que tienen, por
ejemplo, las interacciones de la justicia indígena con el sistema carcelario y
penitenciario general de la Nación que se dan cuando una persona es condenada
por su comunidad, pero la condena la debe pagar en una cárcel ordinaria.
Nuevamente, la Cárcel de San Isidro ha sido un escenario de este tipo de
conflictos.[227]
Sin embargo, los medios de comunicación también han dado cuenta de los avances
que el Estado ha estado haciendo, como por ejemplo, la construcción de cárceles
especiales para indígenas.[228]
Finalmente, es preciso señalar que la discusión que se ha dado para las
comunidades indígenas puede replicarse para algunas comunidades afro, negras,
palenqueras y raizales, que en razón a sus diferencias y diversidades
culturales, deban ser tratados en consecuencia (esto es, diferencialmente) por
el Sistema penitenciario y carcelario.[229]
5.5.8. Falta de protección a la libertad
La Academia ha denunciado el abuso del uso de las medidas de
aseguramiento. La detención preventiva, que debería ser una excepción por el
respeto a la libertad, ha pasado a ser una medida de más fácil adopción.[230] En
términos generales, el uso de la detención preventiva de personas sindicadas
debe darse sólo cuando sea estrictamente necesario, cuando exista la necesidad
de tutelar derechos constitucionales de imperioso cumplimiento, como proteger
la vida de otras personas, o evitar una inminente fuga. Sin embargo, teniendo
en cuenta el estado de cosas en el que se encuentra el Sistema penitenciario y
carcelario, el uso masivo e indiscriminado de la detención preventiva es aún
más cuestionable. La situación de las prisiones, en especial, el hecho de que
los sindicados y los condenados se encuentren mezclados, implica que la
detención preventiva se convierte en una suerte de condena anticipada cruel,
inhumana y degradante, que bajo el orden jurídico vigente sería
inconstitucional e ilegal impartir mediante sentencia a una persona.
5.6. Gobierno Nacional e INPEC
El Gobierno ha reconocido públicamente que es necesario
ampliar la capacidad del sistema penitenciario y carcelario para recluir
personas, así como adecuar las instalaciones existentes. Sin embargo, también
ha señalado que Colombia, un estado social de derecho, no se puede convertir en
un “estado carcelero”, por lo que se requiere encontrar soluciones
distintas a más cárceles.[231]
5.6.1. Como lo informó el INPEC en el 2012, el ritmo de
crecimiento de la población carcelaria deja rezagados los esfuerzos y avances
que se han hecho en la infraestructura construyendo más cárceles.[232]
5.6.2. El uso de medida de aseguramiento domiciliaria,
contrario al fenómeno del encarcelamiento, no ha aumentado, tiene una leve
tendencia a la baja. Esto es, los medios alternativos a la cárcel con los que
se cuenta en la actualidad se están dejando de usar, en detrimento del respeto
a la libertad y, por supuesto, generando una presión más al aumento del
problema del hacinamiento. El INPEC reporta la cuestión así,
Por su parte, las medidas de vigilancia electrónica han
aumentado. En 2009 se tenía 2.964 personas bajo este sistema de vigilancia (595
con GPS y 2.369 con RF), en 2010 tenía 4.408 personas (1921 con GPS y 2.487 con
RF).[233]
El peso de la población sindicada frente al total de la población recluida en
prisión ha disminuido, pero siguen representando una cantidad importante
(25.916) personas, tal como lo reporta el INPEC,[234]
5.6.3. Las publicaciones recientes del INPEC parten del
reconocimiento de la necesidad de transparencia y acceso a la información
pública, como una forma de asegurar la razonabilidad, calidad y eficacia del
ejercicio de la administración pública.[235]
En este contexto, el INPEC reconoce expresamente, la limitación del alcance de
sus políticas,
“Pese a los desarrollos que el
país ha logrado a partir del año 1991 con el fundamento constitucional del
Estado social de derecho, en materia del respeto a la dignidad humana desde la
vivencia de los derechos humanos de la población privada de la libertad en los
establecimientos de reclusión de orden nacional, a cargo del inpec, los logros no son satisfactorios,
pues el hacinamiento que hoy se muestra de un 400% pone en tela de juicio la
efectividad de la política penitenciaria y carcelaria
Grosso modo, el conflicto de todo orden y por diversos fenómenos
que se ha vivido en el país en estos últimos veinte años ha generado una mayor
demanda de cupos de los dispuestos en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, y la revisión permanente de las medidas contempladas en cada
momento. Por ejemplo, la judicialización de los actores armados al margen de la
ley y de las redes de narcotráfico en la década de los noventa condujo a la
creación de establecimientos con altas medidas de seguridad y pabellones
especializados según la caracterización de su población reclusa.
Al parecer, la construcción de
grandes complejos penitenciarios auspiciados por algunos dineros del Plan
Colombia a partir del año 1999, para combatir la producción y tráfico de
drogas, tampoco respondió a la necesidad de cupos para el potencial de
delincuentes juzgados por tales delitos. Así, lo muestran las cifras
posteriores, a partir del año 2000, desde cuando el hacinamiento se ha
constituido en un fenómeno con pocas posibilidades de control.
Desde la política de la reducción,
fusión y construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios
implementada por el inpec, se pasó
de 175 establecimientos en 1993 con una población de 21 810 internos a 142 en
el 2010 con 67 965 reclusos. Aunque este incremento del 144% en los diecisiete
años se debe ver en el marco del crecimiento poblacional del país y las
reformas penales es importante señalar que la condición de hacinamiento fue y
ha sido la constante.
[…] a modo de inventario de este
recorrido histórico sobre los datos consignados en el inpec relacionados con su población reclusa, se puede concluir
que en tal periodo la demanda de cupos fue mayor a la oferta de
disponibilidades en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Sin
embargo, resulta más importante señalar que al año 2012 esta situación
persiste, pero no porque haya parado la construcción de cárceles, sino porque
la situación de conflicto, violencia y delincuencia no se detiene.”[236]
5.6.4. El Director del INPEC advierte que no se cuenta con
información suficiente para establecer el impacto real de las nuevas medidas
electrónicas de vigilancia.[237]
Además, de manera enfática, solicita a la academia y a las personas expertas en
la materia en general, que se interesen por la cuestión y reflexionen de forma
propositiva acerca de la política criminal en general, considerada desde una
perspectiva amplia, y no solamente limitada a sistema penitenciario y
carcelario.[238]
Las medidas concretas a las que hace alusión el INPEC que está adelantando son
las siguientes:[239]
- Creación de nueva infraestructura para el Sistema penitenciario y carcelario,
así como la readecuación de la existente.  ||  - Clasificación de los presos y
uso racional de los cupos e instalaciones de los establecimientos de reclusión
del orden nacional, ERON.  ||  - Brigadas de revisión jurídica,  (i) para la
clasificación de los internos,  (ii) para establecer qué internos reúnen los
requisitos para acceder a la detención y prisión domiciliaria en coordinación
con los Jueces de ejecución de penas;  (iii) así como los internos que reúnen
los requisitos para libertad condicional, libertad provisional, permisos hasta
de 72 horas y en casos concretos libertad definitiva, mediante el computo de
tiempo por trabajo, estudio y enseñanza.  ||  - Identificación de personas con
enfermedades psiquiátricas, y solicitud a la rama judicial para que se
sustituya la medida de detención y prisión por la de reclusión en centro
clínico especializado.  ||  - Celebración de acuerdo y convenios con los
Alcaldes y Gobernadores, para poder adecuar los establecimientos a su cargo, de
acuerdo con los lineamientos generales del INPEC de respeto a la población
reclusa.  ||  - Celebración de convenios para asegurar los procesos de
formación de las personas privadas de la libertad en los establecimientos del
INPEC.  ||  - Intervención de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria
orientada a impulsar a la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en la
utilización masiva de la detención y prisión domiciliaria como medida
sustitutiva de la prisión en Establecimiento de Reclusión.  ||  - Ampliación
del uso de mecanismos de vigilancia electrónica y de detención preventiva; uso
de otros sistemas de control como el reconocimiento de voz por vía telefónica.
||  - Asegurar los recursos presupuestales que sean necesarios.  ||  -
Políticas sociales del Gobierno Nacional encaminadas a la prevención del
delito.  ||  - Mejoramiento y consolidación de programas para la reintegración,
la atención y el tratamiento de los internos.
5.7. Departamento Nacional de Planeación.
En un documento del tres (3) de octubre de dos mil once (2011),
el Departamento Nacional de Planeación Nacional resaltó las contradicciones y
problemas de la política carcelaria en Colombia.[240] Recomendó corregir la política
pública, entre otros, en los siguientes tres aspectos: (i) evaluar, diseñar e
implementar una política de largo aliento, sin depender de las coyunturas y
casos concretos, sino en criterios como el crecimiento histórico de la demanda
[para el Departamento Nacional de Planeación el carácter reactivo y ocasional
de las políticas carcelarias, es uno de los factores que explican su
incapacidad para atender adecuadamente la crisis carcelaria].  (ii) Asegurar
las fuentes de recursos sostenibles, no sólo para la construcción de la
infraestructura carcelaria que se requiere (adicional a la existente y para
reemplazar la obsoleta), sino para su mantenimiento y adecuado funcionamiento.
Para el Departamento de Planeación, este segundo rubro cada vez demandará más recursos,
dada la tendencia creciente de la población recluida. (iii) En todo caso, se
advirtió la necesidad de rediseñar la política criminal de forma integral, no
sólo la carcelaria, de tal forma que se favorezca la libertad y se encarcele
sólo lo indispensable.[241]
Partiendo de un análisis comparativo, el Departamento concluyó que la crisis
carcelaria colombiana es grave, pero no tanto como lo podría llegar a ser, tal
como lo muestran los casos de otras naciones. De ahí la necesidad de
implementar las recomendaciones mencionadas.
5.7.1. El Departamento constató que la tasa nacional de
encarcelamiento apenas alcanza el promedio internacional y está por debajo
países que pueden ser considerados comparables.[242] El documento evidencia
que Colombia hace parte de los países del continente y del mundo “[…] cuya
población reclusa ha venido creciendo año a año en forma sostenida, y
conociendo la experiencia de otros países del mundo, y la creciente inversión
que el Estado Colombiano ha venido haciendo para fortalecer su aparato policial
y judicial, no existen razones objetivas para creer que este comportamiento
creciente vaya a cambiar su tendencia en el corto y mediano plazo.”[243]
5.7.2. Para el Departamento Nacional de Planeación la
evolución del fenómeno del hacinamiento y de la capacidad instalada para privar
personas de la libertad, “[…] permite afirmar que la respuesta del Estado
Colombiano ha sido siempre reactiva frente al crecimiento de la población
reclusa y de la tasa de hacinamiento. Una vez que el Estado resuelve en el
corto plazo el hacinamiento, y se revierte la tendencia del problema, sin
resolverlo, el tema sale de la agenda por unos años hasta que el hacinamiento
vuelve a reportar tasas preocupantes y se renueva el ciclo de política
penitenciaria y carcelaria”.[244]
Por medio de la siguiente gráfica se muestra este ciclo, proyectado hasta el
año dos mil catorce (2014),
Crecimiento de la capacidad en cupos y de la población reclusa
intramural de Colombia durante los años 1990 a 2010 y proyección 2011 a 2014
Fuente:
Población reclusa y capacidad INPEC (Marzo de 2011), proyecciones de población
reclusa DNP-DJSG
Para el Departamento Nacional de Planeación es claro que
incluso si se cumplen los programas trazados por la actual Administración de
forma adecuada y oportuna, en caso de mantenerse el crecimiento de la población
penitenciaria y carcelaria, la demanda de cupos superará la oferta que el Sistema
estará en una capacidad de dar.[245]
Una proyección del hacinamiento y la capacidad penitenciaria y carcelaria hasta
el dos mil catorce (2014), evidencia al Departamento de Planeación que las
acciones que se planean realizar podrán reducir el tamaño de la crisis de
hacinamiento, pero no la corregirán del todo ni la terminarán. La siguiente
gráfica muestra esta proyección,
Hacinamiento y tasa de crecimiento anual de la
población reclusa en Colombia
durante los años 1990 a 2010 y proyección 2011 a 2014
Fuente:
Población reclusa y capacidad INPEC (Marzo de 2011), proyecciones de población
reclusa DNP-DJSG
5.8. Comisión Asesora de Política Criminal
Uno de los aportes significativos que ha hecho el Gobierno
Nacional al avance del debate, fue la creación de la Comisión Asesora de
Política Criminal,[246]
cuyo trabajo fue dado a conocer a la opinión pública el mes de junio de dos mil
doce (2012).[247]
La Comisión parte su análisis de una noción de política criminal presentada por
la Corte Constitucional, a propósito de un caso en que la definición de tal
concepto era importante
“[…] política criminal en un
sentido amplio [, es] el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario
adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes
de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo
su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada
índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo
barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la
presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un
delito.[248]
También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además
puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un
determinado comportamiento o desincentivos  para incrementarles los costos a
quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como
cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación
para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un
determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente
pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad
carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de
manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de
un hecho constitutivo de una conducta típica.”[249]
Con base en la anterior noción, la Comisión Asesora resalta
como el Sistema penitenciario y carcelario no es un Sistema público autónomo e
independiente, sino una parte integral y esencial de un todo más amplio, a
saber: la política criminal. Dice la Comisión al respecto,
“La política criminal, como ya se
explicó, no se reduce a la política penal ni se confunde con el derecho penal
pues tiene una dimensión más amplia. Sin embargo, el recurso al instrumento
penal es el elemento distintivo de la política criminal, que la diferencia de
otras polí­ticas públicas. En efecto, conforme a la definición de la Corte
Constitucional, ya referida en la introducción de este documento, y a ciertas
distinciones propuestas por ciertas perspectivas criminológicas, la política
criminal tiene vínculos estrechos con las llamadas tres formas de
criminalización. Así, la política criminal tiene que ver con la “criminalización
primaria” o definición de un comporta­miento como delito, que es su fase
legislativa; igualmen­te se vincula con la “criminalización secundaria”,
esto es con la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya
establecido por la ley, que es el proble­ma de la judicialización o
investigación criminal de los hechos punibles; y finalmente también se vincula
con la “criminalización terciaria”, esto es, la ejecución y cum­plimiento
de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un
crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria.”[250]
Reconociendo los límites de sus conclusiones, la Comisión
presentó un diagnóstico de la política criminal que da luces sobre el debate al
respecto.
5.8.1. Criminalización primaria. La Comisión
consideró que “carecemos de una política criminal consistente y de largo
plazo, fundada empíricamente y enmarcada constitucionalmente.”[251]
Según la Comisión la política criminal colombiana es  [1] reactiva, [2]
tendiente al endurecimiento punitivo (populismo punitivo), [3] poco reflexiva
frente a las especificidades del contexto nacional,  [4] subordinada a la
política de seguridad y, [5] aunque hay esfuerzos reciente de darle mayor
estabilidad y consistencia a la política criminal,  [6] sigue siendo volátil,
débil e incoherente, en gran medida, debido a la debilidad institucional de la
cual depende. A continuación se desarrollan estos aspectos.
[1] Reactiva. Según la
Comisión: “[…] muchas decisiones de política criminal han sido esencialmente
reactivas y sin fundamentos empíricos sólidos. Muchas de estas medidas se han
adoptado apresuradamente respondiendo a fenómenos de opinión pública o a los
deseos de los gobiernos de mostrar que se está haciendo algo frente a la
criminalidad o frente a hechos graves de crueldad o violencia, pero muy raramen­te
estas decisiones se han basado en estudios empíricos sólidos que muestren la
utilidad de, por ejemplo, recurrir al aumento (o disminución) de una pena, o a
la crimina­lización de un cierto comportamiento.”  La Comisión resaltó, que
la falta de conocimiento empírico para fundar la política pública persiste
después de criminalizada la conducta, pues no se le hace seguimiento.[252] Esta
política reactiva tampoco permite ver la coherencia del sistema (la
proporcionalidad de las penas) y tampoco toma en consideración el impacto sobre
el resto del sistema. Dijo al respecto la Comisión,
“[…] muchas decisiones de política
criminal se han realizado sin evaluar su posible impacto empírico, ya sea sobre
la carga que la criminalización de un com­portamiento implica para la labor de
la Fiscalía y los jue­ces, o sobre el sistema carcelario, en la medida en que
los aumentos precipitados de penas, o las restricciones de las posibilidades de
libertad provisional, aumentan tenden­cialmente el hacinamiento carcelario, sin
que se tomen decisiones claras para prevenirlo.”[253]
La Comisión analizó la evolución del hacinamiento en los
siguientes términos,
Como se puede observar, el
hacinamiento en Colombia ha variado notablemente en los últimos 20 años. Duran­te
los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991, prácticamente no hubo
hacinamiento, pero luego aumentó considerablemente, en especial a partir de
1996, llegando en 1997 a una situación crítica en donde superó el 40%, lo cual
provocó varios motines en las cárceles. La situación ha sido más dramática en
ciertos estable­cimientos penitenciarios. Por ejemplo, las cárceles de
Bucaramanga o Vista Hermosa en Cali tenían en 2007 ta­sas de hacinamiento de
152% y 142% respectivamente, mientras que el hacinamiento nacional era de
‘sólo’ 17%.  ||  Este incremento del hacinamiento desde mediados de los años
noventa parece claramente asociado a las polí­ticas del gobierno Samper, que
buscaron enfrentar una supuesta oleada de delincuencia común con normas que
endurecían las penas para los llamados delitos “calle­jeros”, como los llamados
‘raponazos’ y otros, y con el establecimiento de procedimientos abreviados para
sancionarlos. Esas normas fueron adoptadas primero por Conmoción Interior y
convertidas en permanentes por la Ley 228 de 1995, sin que se previeran
mecanismos para evitar el impacto de esas decisiones sobre el hacina­miento
carcelario.
Luego se presentó una disminución
del hacinamiento car­celario durante los años 2001 y 2002, que parece deberse a
las acciones emprendidas por el Estado frente a las ór­denes emitidas por la
Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998, que declaró la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Como consecuencia de
esa sentencia, el Estado hizo una inversión importante de recursos en la
ampliación de la oferta carcelaria, por ejemplo, en virtud del Conpes 3086 de
2000, destinado a adoptar un plan de “ampliación de la infraestructura pe­nitenciaria
y carcelaria del orden nacional”. Pero luego se volvieron a endurecer las
políticas punitivas, verificándose un aumento del hacinamiento para los años
2004 y 2005. En ese momento se promulgó la Ley 906 de 2004, que esta­bleció el
nuevo sistema penal acusatorio, que disminuye la detención preventiva; además
el Estado aumentó los cupos carcelarios y así en el año 2006 el hacinamiento
vuelve más o menos al 15%. Una vez más vinieron nuevas políti­cas punitivas,
entre ellas, la Ley 1192 del 2007 que incre­menta las penas y hace más difícil
la excarcelación. Esto se ve reflejado en un nuevo aumento del hacinamiento a
partir de 2007 y sólo hasta ahora se intentan tomar medi­das para enfrentar
esta nueva oleada de hacinamiento con la ampliación de cupos carcelarios, pero
la situación podría incluso agravarse con el endurecimiento punitivo asociado a
la llamada Ley de Seguridad Ciudadana.
Esta evolución muestra entonces
que ha existido en mu­chas ocasiones una falta de toma en consideración del
impacto previsible de las decisiones de política criminal sobre la dinámica
carcelaria.”[254]
[2] Tendiente al
endurecimiento punitivo (populismo punitivo). No obstante las
inconsistencias y el carácter reactivo de las decisiones de política criminal, la
Comisión considera que “[…] es posible detectar una tendencia en últimos 20
años y es que las medidas penales se han vuelto más severas. Esto se puede cons­tatar,
a nivel abstracto, por la creación de nuevas figu­ras delictivas, y por el
aumento de las penas mínimas y máximas de los delitos ya establecidos en la
legislación penal. Igualmente puede verificarse por el aumento de las personas
privadas de la libertad, no sólo a nivel absoluto sino también en proporción a
la población.”[255]
Se trata de un aumento considerable de penas, especialmente de los mínimos
posibles, antes que de sus máximos.[256]
Presenta así la cuestión,
“De estas variaciones punitivas
ocurridas desde 1936 lla­ma la atención que los incrementos más fuertes se
hacen sobre el mínimo de la sanción y no sobre el máximo de la misma. Eso
probablemente obedece a que se quiere evitar que las manifestaciones más leves
de esos delitos lleven a la imposición de penas muy bajas que, a su vez,
facilitan la obtención de beneficios o subrogados penales para el detenido o
condenado. Respecto de los máximos de pena probablemente haya menor
preocupación porque se con­sidera que cuando se aplican esas elevadas sanciones
y no se conceden beneficios como el de la libertad condicional o la prisión domiciliaria,
la sensación de impunidad dis­minuye.”
Con base en la evidencia que tiene el debate académico se
resalta que “[…] hay muy poca evidencia de que un incremento en la severidad
del castigo tenga efectos disuasivos significativos, mientas que existe
evidencia sustantiva de que el incremento en la certeza del castigo es el que
tiene más efectos disuasivos.”[257]
El endurecimiento punitivo, de acuerdo con la Comisión es un
asunto que también se constata con el aumento de la tasa de personas privadas
de la libertad. La Comisión presenta la cuestión así,
“Esta visión de larga duración
muestra ciertos ciclos: entre 1938 y 1957 hay una tendencia bastante clara al
incremento del uso de la privación de la libertad, que hace subir la tasa de
100 a 250. Luego hay un descenso abrupto, que parece asociado al inicio del
Frente Nacio­nal y la tasa baja a 160, para comenzar a crecer en forma
relativamente constante hasta 1971, en donde llega a su nivel más alto. Y
luego, desde esa fecha, con algunos cambios anuales, tiende a bajar hasta 1995,
pero de ese año en adelante vuelve a haber una tendencia al creci­miento, que
continúa hasta ahora, […]  ||  el número de personas privadas de la libertad se
triplicó entre 1992 y 2010, pues pasó de unos 27.000 a más de 81.000, mientras
que la tasa por cien mil habitantes se incrementó también considerablemente,
multiplicándose por aproximadamente 2.5, pues pasó de 79,9 a 178,2, como lo
muestra el siguiente gráfico:
”[258]
[3] poco reflexiva frente a los retos del contexto.
La política criminal, señala la Comisión Asesora, no ha sido sensible a los
particulares retos que el contexto colombiano implica. Por una parte, “diversidad
regional y social de la presencia estatal”. En segundo lugar, la
complejidad y diversidad de problemas criminales (por ejemplo, conflicto
armado, narcotráfico y criminalidad organizada, autoridades involucradas en
violaciones de derechos humanos, corrupción, altos índices de violencia sexual
e intrafamiliar). Y, en tercer lugar, la inequidad y el alto grado de pobreza.
Estos aspectos son importantes en varios sentidos. Por ejemplo, la reducción
del índice de delitos, puede ser notorio, pero haber beneficiado sólo a una
parte de la población. Los costos sociales que se deben asumir por una política
criminal fuerte pueden estar, de forma similar a sus beneficios, especialmente
concentrados en una parte de la población. Adicionalmente, los prejuicios de
clase y de raza que acompañan la inequidad y desigualdad social, acentúan los
problemas mencionados. Así, por ejemplo, las personas privadas de la libertad
enfrentan un mundo en el cual el ser víctima de un delito es altamente
probable; el aumento punitivo que ha beneficiado a una parte de la sociedad, no
ha beneficiado a estas personas.
[4] Subordinación a la política de seguridad.
Para la Comisión, la política criminal se ha encontrado tradicionalmente
subordinada a la política de seguridad, entre otras razones, debido a la
persistencia del conflicto armado. Es claro que existe una relación entre una y
otra política, y que deben coexistir armónicamente, dijo la Comisión, pero a su
parecer no es tal la situación de Colombia. Las particularidades de la guerra y
la paz, hacen que la política de seguridad opaque la política criminal,
reduciéndola al aumento continuo de penas.
[5] esfuerzos recientes de estabilidad y
consistencia. Para la Comisión existen esfuerzos recientes que buscan
diseñar una política criminal más estable y consistente. Como ejemplo, la
Comisión hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que la
presenta como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario
adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes
de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses
esen­ciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio
bajo su jurisdicción”; esta política supone una actuación coordinada que
debe mejorar sus procesos de rendición de cuentas, todo lo cual redundará en la
dis­minución de la impunidad “y en el fortalecimiento de la convivencia, la
inclusión y la seguridad”. Dice la Comisión al respecto,
“En general, muchas de las ideas
de política criminal in­corporadas al Plan Nacional de Desarrollo apuntan a la
pre­vención más que a la represión. En este sentido, se considera que se debe
dar prelación, dentro de las actuaciones del gobierno, a la reducción de los
riesgos relacionados con el delito; a la prevención de la criminalidad en
general, y de la delincuencia juvenil en particular. Esta estrategia de preven­ción
está acompañada de precisos lineamientos relacionados con ella, […]”[259]
[6] debilidad institucional. La Comisión
considera que uno de los factores que explican la imposibilidad de implementar
una política criminal coherente, aunque parcialmente se encuentre ya concebida,
se debe a la debilidad institucional. Entre otras cosas, señaló al respecto lo
siguiente,
“[…] existe una multiplicidad de
actores que constitucionalmente participan en el diseño de la po­lítica
criminal, muchos de ellos con iniciativa legislativa. Este diseño
constitucional permite que surjan iniciativas dispares e incluso incoherentes,
sin que exista un órgano con capacidad de otorgar una mínima coherencia a la po­lítica
criminal desde su formulación inicial. La formulación de la política criminal
recae principalmente sobre dos ins­tituciones: la Fiscalía General de la Nación
(Artículo 251 de la Constitución de 1991) y el Ministerio de Justicia (De­creto
215 de 1992 - Decreto 2897 de 2011). Sin embargo, en ambas instituciones se
establece solo la obligación de ‘participar’ en la formulación de la política criminal.
No existe norma que establezca quién debe dirigir el proceso.
[…] Podría pensarse que la
institución apropiada para asegu­rar dicha coordinación es el propio Congreso
de la República, pues muchas iniciativas de política criminal se concretan en
leyes, que deben ser debatidas en esa instancia.  ||  La Comisión tiene claro
que finalmente es el Congreso, como órgano de representación popular, quien
tiene que adoptar muchas de las medidas de política criminal. Sin embargo, por
su carácter político y por los riesgos de “populismo punitivo” que
fueron señalados anteriormen­te, que hace rentable políticamente a un
congresista ser abanderado de causas particulares de endurecimiento pu­nitivo,
no parece que el Congreso pueda lograr autónoma­mente la coherencia y
estabilidad de la política criminal.
En ese contexto, adquiere una
especial relevancia, el Consejo Superior de Política Criminal como instancia
articuladora de la política criminal, a fin de asegurar su coherencia,
estabilidad y consistencia.”
Para la Comisión Asesora de Política Criminal, no es
adecuada la dispersión de reglas penales, en la medida que los delitos tienen
reserva legal (deben estar en una ley), pero no de Código (no se exige que
estén en un mismo estatuto). Adicionalmente, consideran que las normas penales
que establecen penas privativas de la libertad deberían ser consideradas de
carácter estatutario y no ordinario, lo cual, a su parecer, evitaría en gran medida
la volatilidad e incoherencia de la política criminal (actualmente la
jurisprudencia constitucional considera que las normas penales no tienen que
ser aprobadas por el legislador estatutario).
5.8.2. Criminalización secundaria. La criminalización
secundaria (el proceso penal), a juicio de la Comisión Asesora, tiene al igual
que la criminalización primaria (la formulación de la política criminal). No
obstante, a pesar de tener en cuenta la reforma al procedimiento penal
reciente, y los adelantos, mejoras y avances que dicha reforma legal ha
implicado, el informe de resultados presentado, llega a la siguiente
conclusión,
“[…] los resultados en la eficacia
de la persecución penal de crímenes graves no son sustancialmente mejores que
con el sistema anterior, y que se detectan problemas graves en la investigación
penal, sobretodo en lo relacionado con fenómenos delictivos que requieren de
cierta sofisti­cación en la recolección de evidencia.”[260]
5.8.3. Criminalización terciaria. Por último,
respecto de la criminalización terciaria, esto es, sobre el sistema
penitenciario y carcelario, la Comisión Asesora considera que se trata de un
Sistema que vive en una ‘crisis permanente’. Indudablemente el
hacinamiento fue uno de los aspectos tratados por la Comisión, pues aunque ésta
reconoce que no se trata del único problema que afronta el Sistema de manera
estructural, es un problema gravísimo que indudablemente afecta de forma
integral al establecimiento que se encuentre en tal estado. Para la Comisión,
la “[…] situación de hacinamiento ya implica una violación grave de los
derechos humanos de los internos pues hace imposible garantizar condiciones
dignas y seguras de re­clusión. Por ello si bien existen cárceles sin sobrecupo
pero que por otras razones son inhumanas, lo que es im­posible es que haya una
cárcel hacinada pero digna.”[261]
La Comisión Asesora resaltó que el hacinamiento no era el único problema del
Sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta, entre otras fuentes, el
estudio que fue remitido a la Corte Constitucional para solicitarle que
adelantara el seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998.[262] La
Comisión Asesora se pronuncia sobre la situación carcelaria en los siguientes
términos,
“[…] las condiciones que presenta
la prisión en Colombia por los elevados cos­tos de su mantenimiento, el alto
índice de hacinamiento y la falta de medios para cumplir la función
resocializado­ra, inciden negativamente en el logro del fin asignado a la pena
privativa de la libertad en su fase de ejecución, y afecta gravemente derechos
fundamentales de los reclu­sos. En efecto, los costos de funcionamiento del
sistema penitenciario son muy elevados dentro del presupuesto nacional y están
primordialmente orientados a sufragar gastos administrativos y de vigilancia y
custodia. En ma­teria de hacinamiento, como se ha mostrado, las cifras
demuestran que éste es alto y podría aumentar, a pesar del incremento de cupos
carcelarios, en razón de la previ­sión del aumento de la población carcelaria.
[…] Los medios principales a
través de los cuales se busca la resocialización en Colombia, según las normas
jurídicas y la práctica penitenciaria, son el trabajo, el estudio y la
enseñanza. Sin embargo, como lo demuestra el estudio citado de los Andes, las
condiciones en las que se brin­dan impiden el acceso de todos los penados a
este tipo de actividades; institucionalmente no se planifican ni se adoptan
como mecanismos de resocialización y, por el contrario, se asumen como simple
medio de redención de la sanción, para acortar la larga duración de las penas
pri­vativas de la libertad, y como forma de ocupar el tiempo libre de los
reclusos.
[…] En síntesis, en Colombia
tradicionalmente se ha aban­donado la persecución del fin resocializador de la
pena y se han gobernado las cárceles como meros continentes de internos que no
reciben educación formadora, entre­namiento laboral competitivo, ni formación
en valores y reglas sociales. Es pues muy poco probable que el Estado
colombiano logre la resocialización de un creciente nú­mero de reclusos porque
carece de recursos económicos, técnicos y humanos para alcanzar este fin.”[263]
5.8.4. Finalmente, con relación a las manifestaciones
delincuenciales, la Comisión Asesora identificó que mientras el impacto del
conflicto armado ha disminuido, otro tipo de delincuencia más común y difusa ha
aumentado. Así, mientras que las tasas de delitos como el homicidio, el
secuestro o las masacres han disminuido, como se muestra a continuación, otros
delitos como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual o el hurto a
personas han aumentado en Colombia en los últimos años. Los siguientes cuadros
muestran la situación.
Se trata pues de dos escenarios diferentes que requieren
aproximaciones diferentes. Al respecto, dice la Comisión Asesora,
“Las transformaciones de los
principales factores de crimen y violencia descritos anteriormente permiten
identificar dos grandes escenarios dentro de la situación actual de
criminalidad en el país.
El primer escenario es el del
conflicto armado con las gue­rrillas, en el cual se observa una reducción del
impacto del mismo en la criminalidad violenta y los atentados con­tra las
libertades ciudadanas a nivel nacional. Igualmente se tiene la posible apertura
de un proceso de negociación política del conflicto conducente a un eventual
escenario de cierre del mismo. Frente a este escenario se requerirá de una
política criminal con lineamientos excepcionales respecto del tratamiento
judicial que se les daría a los ex­combatientes y al abordaje de los derechos
de las víctimas.
El segundo escenario es el de la
criminalidad común, mar­cado por el predominio de redes del crimen organizado
asociadas a diversos negocios ilegales y articulados de una u otra forma a las
denominadas BACRIM, las cuales, como se explicó antes, son identificadas por el
gobierno como la principal amenaza a la seguridad de los colombia­nos.
Simultáneamente dentro de este escenario se hacen visibles otras formas de
criminalidad más difusa, esto es que no están articuladas o potenciadas por
estructuras del crimen organizado. Por ello es necesario no desesti­mar la
importancia de que la política criminal enfrente otros comportamientos
violentos, que afectan a amplios sectores de la población, aunque no estén
articulados a formas de criminalidad organizada, como son la violencia
intrafamiliar y otras formas de ataque a la dignidad de poblaciones en
situaciones de vulnerabilidad.”[264]
Vistas las participaciones de las entidades y la información
remitida y producida por éstas y por la academia, pasa al Sala analizar la
reciente declaración de estado de emergencia penitenciario y carcelario
6. Declaración de Estado de Emergencia Penitenciaria y
Carcelaria
El martes veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013) la
Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, dio concepto
favorable para que la declaratoria de estado de emergencia penitenciaria y
carcelaria cobijara todos los centros de reclusión del país.[265] La decisión tuvo en
cuenta los requisitos, tanto formales como materiales, para dicha declaratoria.
Con relación a estos últimos, los materiales, el Ministerio de Justicia y del
Derecho dijo,
“[…] existen situaciones graves y
sobrevinientes de orden sanitario que exponen al contagio al personal de los
centros de reclusión y que acreditan que las condiciones higiénicas de los
mismos no permiten la convivencia en dichos centros de reclusión, que en
últimas generan condiciones graves en materia de salud, advirtiéndose, en
consecuencia, graves indicios de calamidad pública. || A continuación se hará
referencia a algunas de dichas causas:
2.1.1. Sobrepoblación
[…] la sobrepoblación en los
establecimientos carcelarios a cargo de dicho instituto, ha tenido en los
últimos tres años un incremento inusitado, razón por la cual el índice de
sobrepoblación supera, para el año 2013, en más del 50% la capacidad del
sistema, situación que afecta de forma grave la totalidad del mismo, en tanto
que todas las regionales del país presentan amplios márgenes de sobrepoblación,
que hacen inviable su correcto funcionamiento.  ||  En relación con esta
conclusión, conviene señalar los siguientes datos estadísticos suministrados
por el INPEC:
a) Población
actual del sistema penitenciario y carcelario
[…]
b) Niveles
de sobrepoblación
El índice histórico de los niveles
de la sobrepoblación de los establecimientos de reclusión del orden nacional,
evidencia una intensificación de la población reclusa cuyos porcentajes se han
duplicado en los últimos tres años, entre otras razones:  (i) por la captura
masiva de personas vinculadas a grupos terroristas al margen de la ley, de
bandas criminales organizadas y de delincuencia común y  (ii) la expedición de
varias leyes, que en los últimos años han aumentado las penas y reducido los
beneficios de libertad para los condenados.[266]
||  En efecto, como se observa en las tablas que a continuación se presentan, y
que corresponden al índice histórico de sobrepoblación carcelaria, en los años
2011, 2012 y 2013 se reporta el crecimiento más alto en la población reclusa de
los últimos años, lo que pone en evidencia el crecimiento exponencial e
inusitado de la población intramuros en los últimos 3 años y por ende la
agravación del problema penitenciario y carcelario.
Histórico de población
intramuros
año
Nivel
de población intramuros
Incremento de población
respecto del año anterior
1998
44.398
–
1999
45.064
666
2000
51.518
6.454
2001
49.302
-2.216
2002
52.936
3.634
2003
62.277
9.341
2004
68.020
5.743
2005
66.829
-1.191
2006
60.021
-6.808
2007
63.603
3.582
2008
69.979
6.376
2009
75.992
6.013
2010
84.444
8.452
2011
100.451
16.007
2012
112.840
12.389
2013*
117.396
4.556
[…]
[…] debe destacarse que en lo que
va corrido de este año, el aumento mensual la población reclusa es de
aproximadamente 1000 nuevos internos.  ||  Como puede apreciarse, la situación
de sobrepoblación descrita en líneas anteriores, refleja el aumento inusitado
del número de internos en los últimos tres años, hecho sobreviniente que ha
generado un colapso del sistema, el cual se ha reflejado en diversas
dificultades, entre otras: (i) la insuficiencia de la infraestructura
carcelaria y  (ii) el cierre de 16 establecimientos de reclusión por órdenes
judiciales proferidas con ocasión de acciones de tutela.  ||  […].
2.1.1.1. Las deficiencias en la
infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional.  ||  En la
actualidad se cuenta con 142 establecimientos de reclusión en los cuales se
dispone de 75.726 cupos. Estos establecimientos de reclusión, en su mayoría no
cuentan con las condiciones requeridas para el cumplimiento adecuado de la
pena, situación que impiden el manejo de la gran cantidad de población interna
del país. […]
[…]  el INPEC cuenta únicamente
con 16 ERONES que corresponden a un 11.6% de la totalidad de los establecimientos
de reclusión que son los de segunda y tercera generación, construidos con
instalaciones que fueron diseñadas con requisitos específicos para la atención
y el tratamiento penitenciario, las cuales resultan insuficientes ante el
aumento inusitado de la población reclusa en los últimos años. Dicha situación,
dificulta el adecuado tratamiento penitenciario de aquellos que se encuentran
privados de la libertad, impide el cumplimiento cabal de los fines de la pena y
somete a condiciones de insalubridad a todos aquellos que se encuentran
privados de la libertad, las cuales afectan la higiene y las condiciones de
salud que deben primar en los centros de reclusión.
2.1.1.2. Decisiones judiciales.
Como hecho sobreviniente se constata la existencia de los recientes
pronunciamientos judiciales vía acción de tutela, en los que se ordena el
cierre de establecimientos de reclusión, debido precisamente al aumento de la
población carcelaria. Esas decisiones han generado sobrepoblación en la URIS
(Unidad de Reacción Inmediata), así como una mayor dificultad en la recepción y
traslado de internos, lo cual agrava la emergencia penitenciaria y carcelaria.
Los establecimientos que enfrentan órdenes judiciales son los siguientes:
2.1.2. Salud pública de la
población reclusa
Informa el INPEC en relación con
este aspecto que:  (i) en los establecimientos de reclusión se encuentran
personas que padecen enfermedades terminales, como cáncer o VIH, así como
personas diabéticas o con enfermedades coronarias o insuficiencia renal;  (ii)
al interior de los establecimientos de reclusión se han producido brotes
epidemiológicos de tuberculosis que ponen en riesgo a la población privada de
la libertad;  (iii) debido al alto nivel de sobrepoblación del sistema, las
probabilidades de contagio de enfermedades virales y brotes epidemiológicos,
son críticas;  (iv) en los establecimientos de reclusión se encuentran personas
discapacitadas, enfermos psiquiátricos y personas de la tercera edad que no
tienen la posibilidad de acceder a celdas dignas para su especial condición;
(v) los establecimientos de reclusión del orden nacional no cuentan con el
personal médico suficiente para atender a las personas privadas de la
libertad;  (vi) se imposibilita la remisión a especialistas, tratamientos
vitales, cirugías, programadas y postoperatorios dada la escasez de personal
médico capacitado, así como de guardias y de vehículos para trasladarlos.
[…].[267]  ||  De igual forma el
estado de sanidad en los centros de reclusión del país amerita una urgente
atención.
2.2. La valoración de la
situación descrita
Lo hasta aquí expuesto permite
concluir que el Sistema penitenciario y carcelario colombiano afronta una
emergencia, debido a los problemas que actualmente afronta, como la
sobrepoblación, la precariedad de la infraestructura y la existencia de graves
condiciones sanitarias e higiénicas que tienen en riesgo la salud pública de la
población carcelaria e impiden la convivencia dentro de los centros
carcelarios.
A pesar de las diferentes
acciones, planes y políticas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar
los problemas de sobrepoblación, no ha sido posible restaurar la normalidad de
dicho sistema, principalmente por factores como el crecimiento demográfico y
criminógeno, por la congestión judicial y el auge de la figura de la detención
preventiva, entre muchas otras circunstancias que en los últimos años han
profundizado la difícil situación de los centros penitenciarios y carcelarios
del país, a las cuales ya se hizo referencias.
Dicha inestabilidad del sistema no
resulta de poca importancia, debido al efecto nocivo que supone la situación
actual de emergencia, cuyos efectos negativos impactan en quienes se encuentran
privados de la libertad y en la comunidad en general.
[…]  ||  Se trata entonces de
garantizar unos estándares mínimos de reclusión que se acompasan con las
obligaciones previstas en instrumentos internacionales y en la Constitución
Política, en materia de protección de los derechos fundamentales de aquellos
que se encuentran internos en los centros carcelarios y penitenciarios del
país.  ||  […] el aumento de la sobrepoblación en los dos últimos años ha hecho
evidentes los problemas de infraestructura y mantenimiento y ha motivado las
decisiones judiciales que han ordenado el cierre de establecimientos
carcelarios, las cuales son circunstancias sobrevinientes que sin duda afectan
las condiciones sanitarias y de higiene de los centros de reclusión, que
exponen a la población reclusa y a la comunidad en general a graves peligros de
salud y que por ende merecen ser atendidas con respuestas de carácter
extraordinario y urgente para efectos de evitar el impacto negativo que las
mismas generan.
Como puede apreciarse, la
existencia de una serie de circunstancias que en los últimos años se han
agudizado, y que afectan en gran medida los derechos fundamentales de quienes
se hallan privados de la libertad y de la comunidad en general, constituyen los
supuestos de hecho señalados en la causal contenida en el literal (b) del
artículo 168 de la Ley 65 de 1993, con fundamento en la cual resulta viable
optar por la declaratoria del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.”[268]
Teniendo en cuenta la información y documentación presentada
dentro de los procesos de la referencia, la remitida junto con las solicitudes
de cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, la suministrada por las
autoridades penitenciarias y carcelarias, la recopilada por la Corte y la que
justifica la declaración de emergencia penitenciaria y carcelaria que acaba de
citarse, pasa la Sala a responder la cuestión central sometida a su
consideración.
7. El Sistema penitenciario y carcelario nuevamente se
encuentra en un estado de cosas contrario a la Constitución Política
El sistema penitenciario y carcelario de Colombia se
encuentra, nuevamente, en un estado de cosas que es contrario a la Constitución
vigente. Los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el País se
encuentran en una situación de crisis estructural. No se trata de ausencia de
avances o de acciones por parte de las autoridades, puesto que, como se
evidenciará, éstas han realizado acciones encaminadas a solventar el estado de
cosas inconstitucional evidenciado por la jurisprudencia constitucional en
1998.  De hecho, es en gran parte gracias a tales acciones de política pública
que la Corte Constitucional entendió superado tal estado de cosas vivido al
final del siglo XX. Sin embargo, la evidencia fáctica aportada a cada uno de
los nueve expedientes, así como la información que es de público conocimiento,
evidencia que, nuevamente, el sistema penitenciario y carcelario colombiano se
encuentra en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente de
manera grosera, que conlleva un desconocimiento de la dignidad humana,
principio fundante de un estado social de derecho. En otras palabras, el
sistema penitenciario y carcelario actual es incompatible con un estado social
y democrático de derecho. A continuación se pasa a exponer las razones que
llevan a esta conclusión.
7.1. Petición de reconocimiento de estado de cosas
inconstitucional
En anteriores procesos de acción de tutela en los que se ha
reclamado la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios, esta Sala ha
considerado que no se requiere un análisis judicial extenso y pormenorizado de
las pruebas aportadas al proceso para concluir que, evidentemente, se están
violando los derechos más básicos de las personas sometidas a prisión.[269]  No
obstante, en esta oportunidad el análisis ha tenido que ser de más largo
aliento, debido a las pretensiones involucradas. Aunque algunas de las tutelas
acumuladas para ser analizadas en esta sentencia se limitan a presentar
pretensiones restringidas a la modificación de sus condiciones personales, o
las de las personas que se encuentran recluidas junto al accionante, no ocurre
eso con todas.[270]
Muchas de ellas consideran, expresamente, que se debe reconocer el estado de
cosas inconstitucional en que esta el Sistema penitenciario y carcelario. En
algunas acciones de tutela acumuladas las pretensiones incluso van más allá.
Por una parte, se pide que se declare que la nueva situación en que se
encuentra el Sistema penitenciario y carcelario es un estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente, incluyendo el programa de construcción de más
cárceles, como medio prioritario para solucionar la crisis que se expresa, ante
todo en la situación de hacinamiento. En segundo término, en tanto existe una
incapacidad estructural del Estado para poder tener a las personas privadas de
la libertad sin ser violados sus derechos fundamentales más básicos,
sometiéndolos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, solicitan los
accionantes que se ordene dejarlos en libertad de forma inmediata.
A continuación, se analizará el alegato según el cual el
Sistema penitenciario y carcelario se encuentra, nuevamente en un estado de
cosas contrario al orden constitucional vigente. Posteriormente, se abordarán los
problemas jurídicos adicionales que presentan algunas de las acciones de tutela
acumuladas.
7.2.
Valoración de los factores que determinan un estado de cosas contrario a la
Constitución
Cuando
se analizan los factores valorados por la jurisprudencia constitucional para
determinar si el estado en que se encuentran es contrario al orden constitucional
vigente, es preciso concluir que el Sistema penitenciario y carcelario
colombiano, nuevamente, se encuentra en un estado de cosas inconstitucional.  (i)
Los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son
violados de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones
de respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido
incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado prácticas
claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano; (iv) hay
una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales
que se requieren con urgencia;  (v) la solución de los problemas estructurales
compromete la intervención de varias entidades, que deben realizar acciones
complejas y coordinadas; y, finalmente,  (vi) si todas las personas privadas de
la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran
acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo
hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el
sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo. A
continuación se analiza cada uno de tales factores.
7.2.1. Los derechos constitucionales de las personas
privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada.
En el sistema penitenciario y carcelario vigente se violan,
entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal (física y
psíquica), a la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos
o degradantes, a la seguridad personal, a la igualdad, a la no discriminación,
a la intimidad, a la familia, a la libertad (en general y en especial la libertad
sexual y reproductiva y la libertad de oficio), a la salud, a la reinserción
social, a la especial protección de sujetos de especial protección
constitucional (niñas, niños, minorías étnicas y culturales, personas con
discapacidad, mujeres, personas de edad avanzada, jóvenes, personas en
situación de desplazamiento, personas de orientación o identidad sexual diversa
o en relaciones de sujeción, por mencionar los principales sujetos), a la
educación, al trabajo, a la recreación y al deporte, a la expresión, a la
información, al derecho de petición, al debido proceso y al acceso a la
justicia -se reitera-, sólo por mencionar los principales derechos
constitucionales violados o amenazados.
En el Sistema penitenciario y carcelario se evidencia de
manera notoria como los derechos fundamentales de todo ser humano son universales,
inalienables, indivisibles e interrelacionados, como se
muestra a continuación.  [1] Los derechos de las personas privadas de la
libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su crimen o su falta,
son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su
defensa. Los derechos fundamentales son universales, de toda persona. Es una posición
moral que refleja la decisión social, consagrada por el Constituyente, de
respetar el valor intrínseco de todo ser humano. Su dignidad.  Es precisamente
una de las razones por las que es legítimo sancionar con penas privativas de la
libertad a quien comete un crimen: el no haber respetado la dignidad y el valor
intrínseco de la víctima a al cual se ofendió y violentó. La sociedad, se
diferencia, precisamente, porque no hace lo mismo; no instrumentaliza a ningún
ser humano, le reconoce su valor propio; el ser fin en sí mismo. Toda persona
vale, a plenitud, en un estado social y democrático de derecho. [2] Los
derechos fundamentales de las persona privadas de la libertad son indivisibles.
Todos los derechos, sin importar su tipo, son inherentes a la dignidad de todo
ser humano. Negar un derecho, necesariamente, tendrá impacto negativo en los
otros; por eso, no pueden existir jerarquías entre ellos. Todos son
importantes, todos deben ser respetados, protegidos y garantizados. La cárcel
evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas
en prisión, implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con
ello, el sentido y la protección de los demás derechos. Los derechos
fundamentales representan un todo; diversas facetas de una misma protección al
ser humano.  [3] Los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad son interrelacionados e interdependientes. Unos dependen
de otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección,
los derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de proteger el
derecho a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana, puede traer
otras violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la vida. La
imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar en restricciones
ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un preso que por no
saber leer y por falta de información y de acceso a la justicia, no sabe que
tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un tiempo).
Los procesos de la referencia muestran que la afectación de
los derechos de la población en las cárceles y penitenciarias respectivas es
sistemática y estructural. Cualquier persona, por el simple hecho de ser
privada de la libertad –salvo algunas pocas que se encuentran en condiciones decentes
y dignas de reclusión–, se ve enfrentada a la violación variada y frecuente de
muchos derechos fundamentales, y a la amenaza de gravísimas violaciones
adicionales, que pueden implicar la muerte. A esto, se suma la evidencia y los
diagnósticos de las entidades públicas encargadas de administrar, controlar o
vigilar el Sistema y de organizaciones privadas y entidades académicas citadas
previamente, en las cuáles se evidencia que la situación que se presenta en las
cárceles y penitenciarias estudiadas en los procesos de tutela de la
referencia, no es diferente a la del resto de establecimientos y centros del
Sistema.  De hecho, algunos de los aspectos pueden ser más graves en algunos de
aquellos. Los procesos judiciales de tutela del país, que en todos los casos
son remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, son otra
fuente de información mediante la cual se evidencia la cantidad de la población
afectada por la violación masiva de derechos fundamentales. Es preciso indicar
que los derechos fundamentales violados no son solamente los de la población
privada de la libertad. También los de los familiares y allegados que los
visitan en su sitio de reclusión, y los de las personas que hacen parte de la
Guardia, que usualmente están sometidas a las mismas condiciones inhumanas e
indignas que padece el Sistema penitenciario y carcelario.
7.2.2. Las obligaciones de respeto, protección
y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido
incumplidas de forma prolongada.
Los problemas y las violaciones de las personas
privadas de la libertad son un problema estructural de la sociedad
contemporánea, que han acompañado a la cárcel desde su inicio. Colombia no ha
sido la excepción. El Sistema penitenciario y carcelario nacional, como se
evidenció, ha estado en permanente reforma. A partir de 1991, con una
Constitución que consagró el imperio de los derechos fundamentales y de la
dignidad de todo ser humano, como principio axial del Estado, el estado de las
cárceles y las penitenciarías se tornó aún más intolerable e inaceptable de lo
que ya era bajo el orden constitucional que había estado vigente hasta ese
momento. Con la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional evidenció este
estado de cosas contrario a la Constitución e impartió órdenes para superarlo.
Aunque el Estado tomó importantes medidas en tal sentido y aunque el problema
principal estudiado y tutelado en aquella ocasión (el hacinamiento) parecía
estar siendo controlado, las violaciones a los derechos fundamentales
continuaron y, ahora, han llegado a niveles históricos.  Buena parte de los
problemas que se presentan se diagnosticaron hace décadas y las soluciones
también han sido planteadas de forma reiterada; no obstante, las omisiones
institucionales para implementarlas han sido igualmente reiterada.
Adicionalmente, debe señalarse que esta prolongada omisión
de las autoridades carcelarias y penitenciarias en el cumplimiento de sus
obligaciones, se constata a pesar de los diferentes llamados de atención, diagnósticos
y órdenes que han formulado respectivamente parlamentarios, jueces,
procuradores, defensores del pueblo, contralores o académicos y veedores
ciudadanos. Es decir, se trata de omisiones que están identificadas. No se dejó
de hacer algo que no se sabía que se debía hacer o corregir. Las autoridades
carcelarias son conscientes, como lo hacen saber en sus intervenciones en los
diferentes procesos de tutela acumulados, que estas violaciones ocurren, que
hay que hacer algo al respecto y que aún no se ha hecho nada, o por lo menos no
lo adecuado y suficiente.
7.2.3. El Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado
prácticas inconstitucionales.
Son muchas las prácticas adoptadas por el Sistema penitenciario y
carcelario que son contrarias al orden constitucional vigente. Dejar sin
atender a una persona, a pesar de la grave situación de salud que tiene.
Prestar servicios de salud complejos y urgentes sólo a quienes presentan acción
de tutela, la ganan e insisten en el cumplimiento de la orden en un desacato. Confinar
a una persona sindicada de ciertos delitos en un determinado patio, a sabiendas
que allí será linchado y, quizá violado y asesinado. Permitir que el acceso a
los bienes y servicios básicos como una celda o una cama, dependan del pago que
se haga a las redes de personas que, al interior de las cárceles, administran
de facto esos bienes y servicios. Muchos de los derechos fundamentales de las
personas privadas en prisión parecen existir, únicamente, cuando un juez de la
República los reconoce e imparte una orden, al respecto. Y, de hecho, en muchos
de los casos las órdenes no son cumplidas y las personas tienen que volver a
presentar otros recursos, esperando que esta vez, además de tener suerte en los
estrados nuevamente, las órdenes impartidas judicialmente sí sean impartidas. Establecer
reglamentos que obligan a las personas a asearse, con agua helada, en el frío
de la madrugada, así se trate de alguien que padezca una afección de salud que
se pueda agravar por dicha situación. En fin, la lista de prácticas
inconstitucionales que tienen lugar en el Sistema penitenciario y carcelario,
como lo muestran los relatos de las acciones de tutela acumuladas, así como la
información aportada al proceso y obtenida por la Corte Constitucional, son
innumerables.
Día a día, los legisladores, usualmente acompañados por el Gobierno
Nacional, expiden más normas de carácter penal para atender problemas sociales
extendidos, lo que implica, obviamente, la remisión de más personas a prisión;
los jueces de la República hacen cumplir las normas penales vigentes y condenan
a más personas a ir a prisión; el INPEC, por su parte, a través de sus
políticas generales y de las decisiones concretas de cada establecimiento
carcelario, cumple sus funciones y resuelve diariamente recibir más personas en
las prisiones. Todo ello ocurre a pesar de que los funcionarios de las tres
ramas del poder público saben  (i) que el sistema carcelario está colapsado y
hace mucho tiempo dejó de cumplir su función de resocialización cabalmente;
(ii) que este estado de cosas conlleva una violación sistemática de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y  (iii) que los
planes y programas de reformas, parciales o estructurales, no han servido. En
otras palabras, son decisiones que se adoptan, a pesar de los costos que sobre
los derechos fundamentales va a tener. Las autoridades de las tres ramas del
poder público se acostumbraron a autorizar la reclusión de personas en
mazmorras indignas para cualquier ser humano y que desdicen de la sociedad y
las instituciones oficiales que, por acción o por omisión, las permiten, a
pesar de saber el impacto tan nefasto que puede conllevar la cárcel para una
persona e, incluso para quienes tienen que convivir con esta realidad en su
situación de guardianes o familiares y allegados de las personas en prisión.
Esta situación, constituye un estado de cosas que contrario a la Constitución
Política vigente. Una rutina que a ‘normalizado’ el hecho de que las
instituciones envíen diariamente personas a penitenciarias y cárceles que las
propias autoridades oficiales llaman ‘infiernos’, en las que basta vivir
dolorosas experiencias durante unas horas para ver gravemente afectada la
dignidad, la autonomía y la integridad de una persona. Un estado social y
democrático de derecho no puede seguir siendo manteniendo y auspiciando
semejantes infiernos. Estos deben acabar de una vez por todas.
7.2.4. Las autoridades encargadas no han adoptado las medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente
la vulneración de los derechos
El diagnóstico del Sistema penitenciario y carcelario que presentan
diversas autoridades y actores sociales coincide en reconocer que la situación
de 1998 es diferente a la actual, por lo menos en un aspecto: el lugar de las
políticas públicas en la agenda nacional, y la importancia administrativa que
al tema se le daba. Mientras que la desatención de la cuestión carcelaria era
un asunto dramático a finales del siglo XX, hoy, más de una década después, la
cuestión carcelaria ocupa un papel de mayor relevancia y visibilidad en la
agenda pública. En buena medida, como respuesta a las demandas presentadas por
las personas privadas de la libertad, a través de acciones judiciales (acciones
de tutela y acciones populares, por ejemplo), por lo medios de comunicación o a
través de movilizaciones directas al interior de los establecimientos (huelgas
de hambre, por ejemplo) o en su exterior (protestas de familiares y allegados
de la población en prisión, o reclamos de la guardia), se han adelantado
acciones. El número de recursos destinado en los últimos años a la construcción
de nuevas cárceles y penitenciarias, es notorio. Son cantidades importantes de
dinero, por ejemplo, que representan un porcentaje significativo de los
recursos con los que cuenta el Sistema penitenciario y carcelario para invertir
en la mejora del mismo.
No obstante, a pesar de estos esfuerzos estatales significativos en la
mejora del Sistema, de su decisión de destinar mayores y mejores recursos no ha
dado el resultado que, en últimas, debe lograrse: garantizar el buen
funcionamiento del Sistema, orientado a asegurar el goce efectivo de los
derechos fundamentales.  El estado de cosas en el que se encuentran las
prisiones nacionales es deplorable. El hacinamiento, el problema más atendido y
combatido, se mantiene; se redujo unos años, pero no logró sostenerse esta
tendencia. El Sistema, nuevamente, está sobrecargado. Ahora bien, en cuanto a
los demás problemas estructurales del Sistema, aquellos que no han sido
atendidos –o por lo menos no de la manera que se debe, por el protagonismo
recibido por el hacinamiento–, como es el caso de la prestación de los
servicios de salud, la situación es aún más dramática. La prueba fehaciente de
que al momento de la interposición de las acciones de tutela acumuladas la
violación al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad era
evidente, es que el propio Gobierno declaró la emergencia carcelaria,
precisamente por la situación de colapso en la que se encontraba la prestación
del servicio de salud.
En resumen, aunque se han adoptado medidas importantes, que
representaron avances y mejoras significativas, las autoridades encargadas no
han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos.
7.2.5. Las soluciones a los problemas constatados en el Sistema
penitenciario y carcelario, compromete la intervención de varias entidades,
requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante
El Sistema penitenciario y carcelario depende de varias instituciones. Como
se indicó previamente, el Sistema penitenciario y carcelario es parte de la
tercera fase de la política criminal,[271]
en tal medida, su funcionamiento está ligado a las decisiones que adopten los
jueces penales y de ejecución de penas y medidas de aseguramiento, a las de los
fiscales, los Gobiernos Nacional y local, el Congreso, las políticas generales
del INPEC y las regionales, así como a los jueces de tutela y administrativos,
a los defensores del pueblo, procuradores, contralores o personeros, en el
marco de sus respectivas competencias. Las participaciones de las instituciones
demandas en los diferentes procesos de tutela acumulados en esta sentencia,
evidencian esta situación. Ciertamente, varias de las instituciones que fueron
accionadas, por considerarlas responsables del estado de cosas en el cual se encuentran
los derechos de las personas privadas de la libertad, se han defendido
aduciendo la complejidad del Sistema y la dependencia de sus acciones a las de
otras autoridades para poder ser realmente efectivas. Por eso, (i) reconocen el
deplorable estado en que se encuentra el Sistema, denunciado por los
tutelantes;  (ii) sostienen haber realizado cabalmente con su parte, pero
(iii) debido a que los resultados que se buscan, dependen de las acciones de
otras instituciones que no han cumplido su parte. Estas autoridades,
solicitaron a los jueces de tutela, por tanto, que se declarara que sí habían
cumplido su parte, pero que las otras no.[272]
El grado de complejidad está dado tanto por el número de instituciones
y actores involucrados en el desarrollo y ejecución de la política
penitenciaria y carcelaria, como por otros aspectos diversos; por ejemplo, la
cantidad de derechos fundamentales comprometidos, la cantidad de personas
afectadas por este estado de cosas o la cantidad de recursos humanos y
materiales que deben destinarse para asegurar el adecuado funcionamiento del
Sistema. Los recursos que demanda la política penitenciaria y carcelaria son
aún mayores, si se tiene en cuenta la necesidad de diseñar e implementar
novedosas y creativas soluciones que superen la crisis a mediano y largo plazo,
sin dejar de lado medidas urgentes que aseguren el goce efectivos de ámbitos de
protección impostergables, de inmediato  cumplimiento. Pero el compromiso
presupuestal, como se mostrará más adelante, no proviene únicamente de los
costos que efectivamente se deben asumir por el funcionamiento del Sistema,
también de los pagos que se deberán hacer por concepto de los daños y la
violación de los derechos de las personas privadas de la libertad.
7.2.6. Si todas las personas privadas de la libertad
acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de
la que ya existe actualmente.
El estado de cosas contrario a la Constitución Política ha
llevado a que muchas personas se vean obligados a recurrir a la acción de
tutela o a otra clase de acciones judiciales, para poder reclamar el respeto,
la protección y la garantía que se merecen sus derechos. Han venido en aumento
a lo largo de los últimos años, por varios y diversos factores. Por ejemplo, el
crecimiento de las acciones de tutela, en razón a las violaciones al derecho a
la salud de las personas privadas de la libertad, es significativo. La
Defensoría del Pueblo viene monitoreando este fenómeno, llegando a resultados
que la academia ha resaltado en ‘informes sombra’ presentados a los organismos
internacionales, sobre el estado de la protección de los derechos de las
personas privadas de la libertad.[273]
El aumento, es significativo, en especial a partir del año dos mil seis (2006),
que se pasa a 890 tutelas, luego de que en  dos mil cinco (2005) se
interpusieran 289. En  dos mil ocho (2008), el número había aumentado a 1044
tutelas, como lo muestra esta gráfica.[274]
Las reglas de disciplina de la ‘nueva cultura
penitenciaria’, también han dado lugar a varias de la acciones de tutela que ha
resuelto la jurisprudencia constitucional con relación a los límites que se
pueden imponer a los derechos fundamentales.[275]
De forma similar, en la mayoría de acciones de tutela
acumuladas en el presente proceso, se constata que se han interpuesto varias
demandas, de distinto tipo para reclamar una gran variedad de derechos
fundamentales. La jurisprudencia constitucional refleja sólo una parte de la
jurisprudencia constitucional que se ha desarrollado en materia de protección
de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
La Sala debe advertir que la jurisprudencia constitucional
en la materia es pacífica, reiterada y amplia. Es pacífica,
esto es, no es un ámbito en el cual existan controversias amplias y
significativas. La relación de sujeción, la condición de dependencia a la que
queda sometida la persona, son elementos que son valorados por las diferentes
Salas de Revisión a lo largo de los años que se ha desarrollado y aplicado la
Constitución de 1991. La condición de debilidad en la que se encuentra una
persona que está recluida en prisión, con limitaciones y restricciones
legítimas y razonables de sus derechos fundamentales, genera consenso en torno
a la protección especial que estas personas merecen. Como se dijo, es
precisamente la dignidad humana lo que está en juego.  Pero también se trata de
una jurisprudencia pacífica. No son casos polémicos, en los que existan
divisiones, salvamentos o aclaraciones constantes y frecuentes. Incluso, en
ámbitos debatidos como son los derechos sociales, es claro que las condiciones
de reclusión y de dependencia de las personas al Estado, los ponen en una
relación de sujeción en la cual se deben proveer bienes y servicios que, en
libertad, las personas se deberían proveer por sí mismas. Y, además, es una
jurisprudencia amplia. No se trata de una o dos sentencias que han abordado
la cuestión. Son un gran número de decisiones judiciales en las que la Corte
Constitucional ha podido analizar diversidad de variables, de aristas y de escenarios.
Casos de mujeres, de indígenas, de niños, de identidad y diversidad sexual, de
cuestiones procedimentales, de visitas íntimas, de requisas invasivas, de
alimentación, de higiene, de atención en salud o de protección ante amenazas
son tan sólo algunos de los ejemplos de las situaciones sometidas a
consideración de los jueces de tutela. Por tal razón, se trata de una jurisprudencia
probada, decantada y definida. No es errática, incoherente o inconsistente. En
tal medida, no existe excusa alguna para que las autoridades penitenciarias y carcelarias
puedan alegar que no conocen cuáles son las reglas constitucionales que deben observar.
No obstante, el estado de cosas en que se encuentra el Sistema penitenciario y
carcelario, conlleva constantes y sistemáticas violaciones a los derechos
fundamentales, que lleva a las personas en prisión a recurrir una y otra vez a
la acción de tutela para intentar salvaguardar sus derechos fundamentales.
7.2.7. En síntesis, el Sistema penitenciario y carcelario se
encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional por cuanto (i) los
derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados
de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido
incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado
prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano;
(iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y
presupuestales que se requieren con urgencia;  (v) la solución de los problemas
estructurales compromete la intervención de varias entidades, que deben
realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente,  (vi) si todas las
personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de
cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus
derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en
esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está
ocurriendo.
A continuación pasa la Sala a analizar las condiciones
concretas y específicas de este estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente, a la luz de la jurisprudencia constitucional.
7.3. El estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario se ha consolidado poco a poco; sin sobresaltos, sin
sorpresas
La Corte Constitucional ya había tenido evidencia de la
existencia de que el estado de cosas en las cárceles era tan contrario al orden
constitucional vigente, como lo había sido en el pasado. Así, por ejemplo, en
la sentencia T-971 de 2009 (en la que se tuteló el derecho de las mujeres
sindicadas a ser separadas de las condenadas), se constató que, por lo menos
para el caso de las mujeres en el Establecimiento penitenciario y carcelario de
Valledupar, el estado de cosas inconstitucional que se había detectado en 1998
en cuanto a la separación de sindicados y condenados, aún existía.[276] Se
reconoció que ello ocurría a pesar de los esfuerzos notorios de parte del
Estado por solucionar los problemas del Sistema. Pero se indicó, que no
obstante ser ello así, el derecho a que los recursos penitenciarios no sean
asignados de forma discriminatoria –por ejemplo, con base en el género–, es una
garantía de aplicación inmediata, tutelable judicialmente.[277] Aunque alguna de las
autoridades sostienen que se trata de hechos nuevos y sobrevinientes, es claro
que ello no es así. La tendencia de crecimiento no ha variado dramáticamente.
Mientras que el porcentaje de sobrepoblación ha tenido notables bajas en los
años 2001 (15.80%), 2002 (15.92%) o 2006 (14.51%) frente a las cifras de 1998
(34%) o las del 2013 (55%), el número de personas recluidas en el sistema ha
tenido una tasa de crecimiento siempre tendiente al alza.[278] Es cierto que desde el
año 2007 la tasa de crecimiento se ha acentuado, pero es un incremento que
sigue la tendencia al alza que las cifras ya evidenciaban. No se trata pues, de
cambios abruptos que era imposible de prever por las autoridades carcelarias.
Los análisis y diagnósticos de la política carcelaria presentados (capítulo
quinto de las consideraciones de la presente sentencia) así lo constatan. Es
una situación que ya ha sido conocida por la Corte Constitucional a propósito
de otros procesos judiciales, en los que, además, se muestran los problemas que
surgen de los traslados a los que se someten a las personas privadas de la
libertad, para poder mitigar la situación de hacinamiento  (como por ejemplo
ocurrió en la Penitenciaría ERON Heliconias de la ciudad de Florencia,
Caquetá).[279]
No obstante, al ser una cuestión referente, en especial, a
la política criminal y carcelaria en general, será abordada con mayor detalle
posteriormente.[280]
A continuación, pasa la Sala a hacer referencia a los principales derechos
fundamentales que les han sido violados a las personas que presentaron las
acciones de tutela que se analizan.
7.4. Dignidad humana
Desde 1992, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
la dignidad humana es un concepto fundante del estado social y democrático de
derecho, cuyo “[…] respeto […] debe inspirar todas las actuaciones
del Estado”.[281]
Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de tratar a toda persona
“[…] sin distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco […],
la integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de
la organización estatal.”[282]
La información sometida a consideración de esta Sala, evidencia que el Sistema
penitenciario y carcelario no puede asegurar el respeto, la protección y la
garantía del goce efectivo del derecho a la dignidad humana de una parte
considerable de las personas privadas de la libertad. Sin duda, se trata de un
problema grave en un estado social y democrático de derecho, que requiere ser
solucionado con urgencia.
El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha
resaltado que ‘tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y
respeto de su dignidad’ es (i) una norma fundamental  (ii) de
aplicación universal.  Por ello, de forma categórica ha indicado el Comité que
la aplicación de esta regla, “[…] como mínimo, no puede depender de los
reclusos materiales disponibles en el Estado Parte.”   El derecho a la
dignidad humana, como cualquier derecho fundamental, tiene facetas de carácter
negativo o no prestacionales, así como facetas de carácter positivas o
prestacional.[283]
Qué ámbitos de protección del derecho suponen la faceta de un tipo o del otro,
es algo que dependerá del contexto en el cual se vaya a aplicar y garantizar el
derecho. Así, una institución carcelaria de un país con los recursos y la
infraestructura que se requiere para atender a las personas recluidas, pero en
el cual históricamente se les trató con violencia desmedida y discriminatoria,
debido a la existencia de gobiernos autoritarios en el pasado, se encuentra en
un contexto en el cual darle un espacio vital mínimo, seguro e higiénico en una
celda a cada persona no representa una obligación cuyo cumplimiento suponga
destinar cuantiosos recurso materiales y humanos. En cambio, en tal contexto,
el derecho a la dignidad humana que implica el respeto a la integridad física e
impedir que guardia golpee exageradamente a una persona ante una falta cometida
en la cárcel, puede ser un ámbito de protección del derecho que suponga una
faceta de carácter patrimonial claro. En tal contexto, por tanto, al haberse
destinado con antelación los recursos necesarios para la adecuación de
suficientes sitios de reclusión, la protección actual de las personas en ese
sentido, puede tener una dimensión prestacional irrelevante o insignificante.
En cambio, el no golpear a las personas puede implicar una reeducación total
del cuerpo de vigilancia, medidas para alterar la cultura organizacional y la
creación de medios y herramientas para la verificación del cumplimiento de tales
estándares, lo cual podría requerir la destinación de importantes recursos
materiales y humanos, así como la planeación e implementación de políticas
orientadas a corregir tales asuntos.[284]
7.4.1. El goce efectivo de los derechos fundamentales en
prisión, indicador de la importancia real de la dignidad humana
7.4.1.1. El compromiso de una sociedad con la dignidad
humana se reconoce, en gran medida, por la manera como se respetan los derechos
de las personas privadas de la libertad. Tratar de forma adecuada a aquellos
sujetos de protección constitucional que todas las personas coinciden en
defender y proteger, como los niños o las niñas, no evidencia necesariamente un
compromiso con la dignidad humana de todas las personas. Es en el compromiso
con los menos privilegiados, con las personas más descuidadas y abandonadas a
su suerte y sus problemas, como es el caso de las personas privadas de la
libertad, el que evidencia el real respeto a la dignidad humana de todas las
personas. Como lo señaló el premio nobel Nelson Mandela, una sociedad no puede
juzgarse por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino a sus
ciudadanos marginados; entre ellos, por supuesto, las personas que están
recluidas en prisión.[285]
7.4.1.2. Las personas que han sido encontradas culpables de
cometer graves actos delictuosos, pueden ser deshumanizadas por buenos
ciudadanos escandalizados ante sus acciones. No es raro que se empleen fuertes
y discriminatorias expresiones para evidenciar el desprecio sentido hacia tales
individuos y la extrañeza a que puedan ser considerados seres humanos.
Expresiones como ‘bestias’, ‘animales’, ‘monstruos’ o ‘desalmados’ a veces son
usadas coloquialmente para hacer referencia a asesinos o violadores. Detrás de
estas palabras, aparentemente justificadas e inofensivas, se encuentra el germen
de la deshumanización. Tratar a seres humanos como si no lo fueran es el primer
paso para justificar someterlos a tratos degradantes e inhumanos. Precisamente
esa es la diferencia ética y moral de una sociedad democrática, fundada en el
respeto al principio a la dignidad, y la persona que ha cometido un acto
delictivo grave: aquella se niega a deshumanizar e irrespetar la dignidad
humana, en la forma como quien delinque lo hace con sus víctimas. Al someter a
tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas, la sociedad viola el
principio de dignidad humana y se convierte en promotor y gestor de la
deshumanización: la capacidad de ver a otros seres humanos como si fueran
inferiores o, simplemente, como si no fueran humanos.
7.4.1.3. La protección a la dignidad humana en un estado
social y democrático de derecho de todas y cada una de las personas es radical.
Toda persona, sin importar cuál sea su condición, es igualmente digna a las
demás y requiere una protección amplia de parte del Estado. Incluso si se trata
de una persona que ha actuado erradamente y ha cometido gravísimos crímenes en
contra de otros. De hecho, esa es precisamente la diferencia entre la posición
de quien viola significativamente los derechos más básicos de los demás y quien
los respeta por principio. El Estado colombiano no respeta los derechos de
algunos seres humanos, sino la de todos. Al fundarse en el principio de la
dignidad humana, su compromiso es amplio y pleno. Se reconoce y protege en todo
su sentido y extensión, sin distinción ni discriminación.  La Constitución
Política de 1991 es clara al respecto, cuando sostiene en su artículo 11,
categóricamente, que ‘el derecho a la vida es inviolable’ y, acto
seguido, con la misma firmeza, se advierte que ‘no habrá pena de muerte’.
Es decir, ni siquiera a los delincuentes más crueles, atroces y despiadados, se
les dejará de respetar el derecho a la vida y el respeto irrestricto a la
dignidad de toda persona. Esa es justamente, se insiste, la diferencia moral de
las instituciones públicas, fundadas en el respeto intrínseco que merece toda
persona, todo ser humano.
7.4.1.4. El estado de cosas en el que se encuentra el
Sistema penitenciario y carcelario colombiano es una prueba fehaciente de que
el compromiso adquirido constitucionalmente con la dignidad humana de toda
persona, aún requiere ser profundizado para que sea una realidad. Aunque las
palabras de la Constitución, las leyes, los decretos y las sentencias aseguran formalmente
un compromiso pleno con la dignidad humana, no se ha logrado materializarlo a
plenitud. Las políticas públicas existentes no reflejan ese mismo compromiso
que el ordenamiento jurídico formalmente en sus textos ha adquirido, y que
algunos jueces han intentado hacer cumplir.
7.4.2. Un sistema en crisis, que suele poner en riesgo la
dignidad humana
7.4.2.1. Categóricamente la jurisprudencia ha sostenido desde
su inicio, “las penas excesivas, crueles, inhumanas, infamantes, o
degradantes, no son otra  cosa que violencia institucional.”[286] Así
lo dijo en la sentencia T-596 de 1992, en la cual se resolvió, entre otras
cosas, tutelar el derecho de tres personas recluidas en la cárcel de Peñas
Blancas, debido a las condiciones inhumanas y degradantes en que se
encontraban. Surge entonces una cuestión:  ¿Si desde la entrada en vigencia de
la Constitución Política, es claro que la dignidad humana vincula a todas las
autoridades, cómo es posible que hoy, 22 años después las cárceles continúen en
el estado en que se encuentran? La respuesta a tan complejo interrogante supera
las competencias y facultades de esta Sala. No le corresponde hacerlo. En todo
caso, si debe valorar el hecho de que la crisis del sistema carcelario es un
mal endémico que lo acompaña desde su nacimiento.
7.4.2.2. Aunque la historia de la cárcel es larga y amplia, pues
ha acompañado a la humanidad desde hace siglos, su lugar protagónico, como
principal castigo social, es más o menos reciente.[287] No obstante, desde su
inicio, pareciera que el Sistema penitenciario y carcelario no se encuentra en
crisis actualmente, sino que una de sus características es estar
permanentemente en crisis. En especial, la condición de hacinamiento; la
sobrepoblación carcelaria pareciera ser un elemento del Sistema que lo acompaña
desde sus orígenes en las workhouses inglesas y norteamericanas.[288] En
este sentido, por ejemplo, es famosa la conclusión a la que llega Michel
Foucault en sus investigaciones sobre la cárcel:
“[…] el movimiento para reformar
las prisiones, para controlar su funcionamiento, no es un fenómeno tardío. No
parece siquiera haber nacido de la comprobación de un fracaso debidamente
establecido. La ‘reforma’ de la prisión es casi contemporánea a la prisión
misma. Es como su programa. La prisión se ha encontrado desde el comienzo
inserta en una serie de mecanismos de acompañamiento  que deben, en apariencia,
corregirla, pero que paren formar parte de su funcionamiento mismo, tan ligados
han estado a su existencia a lo largo de toda su historia. […]”[289]
Por eso la academia insiste; el desconocimiento de la
dignidad humana en los sistemas penitenciarios y carcelarios parece no ser un
mero accidente o defecto de planeación. Históricamente existen evidencias de
que se ha buscado de manera deliberada que la prisión fuera un lugar que produjera
horror, de tal suerte que se prefiriera un trabajo precario, pero en libertad.[290]   Hoy
en día, pareciera que en Colombia se permitiese que las cárceles,
deliberadamente, sean lo que son, para que el mejor de los presos esté en
peores condiciones que las del último de los indigentes de la sociedad. Tal
pretensión es, evidentemente, una violación grosera y manifiesta al orden
constitucional vigente. En un estado social y democrático de derecho se tiene
que proteger la dignidad de una persona privada de la libertad, plenamente.
Sólo bajo tal supuesto, la sociedad puede pretender asegurar al último de sus
ciudadanos libres, una mejor condición que la de las personas en prisión.
Lo que es nuevo en la prisión es reconocer el carácter pleno
de persona a todo aquel que, sindicado o condenado, se encuentra privado de la
libertad. La exigencia que un estado social y democrático de derecho le hace a
la política criminal y carcelaria es que se funde en el respeto a la dignidad
humana. Tanto desde la perspectiva de la persona que se encuentra sujeta del
sistema penal, como desde la de sus familiares y allegados o de las de las
personas encargadas de administrar los que lo tienen que aplicar. La crisis
carcelaria y el estado de cosas contrario al orden constitucional vigente y a
las Cartas internacional y regional de derechos humanos, es connatural a la
prisión. Lo nuevo, lo extraño, es imponer límites claros al poder punitivo del
Estado, para impedir que la dignidad de cualquier persona sea avasallada. Es,
justamente, la gran diferencia entre las personas que están en prisión y la
autoridad moral del Estado para sancionarlos, fundada, en gran medida, en un
respeto irrestricto a la dignidad de todo ser humano. Así, la novedad en la
cárcel no es la crisis, es el reconocimiento de la dignidad y de los derechos
fundamentales, la adquisición del claro compromiso de respetar toda vida
humana, incluso, la de aquellos que no respetaron la de otras personas.[291]
7.4.3. El derecho a la dignidad humana a la luz de la
jurisprudencia constitucional
7.4.3.1. El derecho de toda persona a que se le respete su
dignidad ha sido fundamental para desarrollar la jurisprudencia constitucional
sobre la protección de las personas privadas de la libertad. Una de las
decisiones en las que la Corte Constitucional ha abordado en detalle la noción
de ‘dignidad humana’, fue a propósito de dos tutelas, una para proteger los
derechos de las personas de un municipio (El Arenal, Bolívar), al que se le
había suspendido el suministro de energía eléctrica por falta de pago
(incluyendo al hospital, el acueducto, )[292]
y la otra, para proteger los derechos de las personas recluidas en la Cárcel de
Cartagena, a la que se le estaba sometiendo a racionamientos del mismo
servicio, debido a que el INPEC no había cancelado las cuentas correspondientes
(T-881 de 2002).[293]
Dijo la Corte al respecto,
“[…] el referente concreto de la
dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona
natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de
vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para
desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu
(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización
del proyecto de vida).”[294]
Este concepto fundante es vinculante jurídicamente. No se
trata de un mero concepto que engalane la Constitución. Es una herramienta para
la defensa de los derechos de las personas, la cual estructura no sólo la Carta
Política, sino el diario quehacer de todo funcionario judicial.
7.4.3.2. En términos constitucionales, la dignidad humana es
tanto un principio como un derecho constitucional.  Como principio, la dignidad
humana “[…] se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo,
o un principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado sin
excepción, deben, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales,
realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y
legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo
de los ámbitos de protección de la dignidad humana identificados por la Sala:
autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física
y moral.”[295]
Como derecho fundamental autónomo, la dignidad humana cuenta con los elementos
propios de todo derecho “un titular claramente identificado (las personas
naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía,
condiciones de vida, integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su
protección (acción de tutela). Se consolida entonces como verdadero derecho
subjetivo.”[296]
7.4.4. La amenaza constante a la vida, a la integridad
personal por la criminalidad e impunidad del Sistema penitenciario y
carcelario, una existencia en zozobra que desconoce la dignidad humana
7.4.4.1. Los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad están especialmente entrelazados. La violencia y los ataques a
las personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios han
dado lugar a protecciones especiales, las cuales, en ocasiones, se materializan
en traslados a cárceles alejadas de sus lugares de residencia y del de sus
familias. Este impacto sobre los derechos ha sido objeto de protección
constitucional. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
tomado medidas cautelares en casos concretos, refrendadas y ampliadas en el
orden interno por la Corte Constitucional.[297]
7.4.4.2. Uno de los principales problemas que genera el
encierro en condiciones de hacinamiento, sin distinguir a los sindicados de los
condenados, o los jóvenes delincuentes de los veteranos y reincidentes, es lo
que se ha denominado ‘contaminación criminal’. Las personas que no saben y no
conocen el oficio son contactadas, entrenadas y enlistadas por los que llevan
tiempo cometiendo actos delincuenciales. El que no sabe aprende, el que sabe
aprende más y el que no sabe y no aprende, sufre con más intensidad el rigor de
la prisión y el encierro. Un problema similar es la mezcla de personas prisioneras
de distintos grados de peligrosidad, pues se generan efectos similares.[298] La
mezcla de personas sindicadas y condenadas en juicio, dentro de los mismos
espacios, patios y celdas, es uno de los problemas estructurales del Sistema
penitenciario y carcelario que fue detectado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-153 de 1998, el cual no se resuelve aún, teniendo en cuenta la
información remitida a la Corte. Pudo haber tenido mejoras en algunos
Establecimientos. Pero los actuales diagnósticos e información aportada a esta
Sala, evidencia que la situación es nuevamente un problema presente.
7.4.4.3. Ahora bien, como suele pasar con los problemas
endémicos del Sistema penitenciario y carcelario, la mezcla de sindicados y
condenados no parece ser una anomalía del sistema, sino una manera de funcionar
en Colombia, al igual que en resto de América Latina y el Caribe. Se ha
considerado, incluso, que la mezcla de personas sindicadas y condenadas es una
manera de poder imponer ‘penas anticipadas’; poder imponer sanciones y condenas
fuertes a la privación de la libertad, sin necesidad de que la persona sea
vencida en juicio y efectivamente condenada. En otras palabras, en condiciones
de hacinamiento, donde se ha aceptado de facto la inconstitucional y violatoria
práctica de mezclar de personas condenadas y sindicadas, las medidas de
seguridad que detienen preventivamente a una persona, se convierte en mecanismo
para imponer condenas sin que medie juicio.[299]
7.4.4.4. En la medida que el hacinamiento potencia y aumenta
la violencia, las agresiones en prisión, como la sobrepoblación carcelaria, son
un problema extendido por la región americana.[300] El problema de la
violencia al interior de la prisión es uno de los asuntos que con mayor
urgencia debe ser atendido. En la actualidad, pese a la evidencia y a los
indicios que se tienen respecto al alto índice de este tipo de violencia, es
uno de los aspectos en los que actualmente mayor sigilo se guarda. La
información con que se cuenta es muy precaria, por lo que la primera dificultad
que se enfrenta respecto a la violencia es poder saber cuál es la dimensión
real del problema, cuál es su tamaño.[301]
No obstante, han existido casos en los cuáles las personas
han tenido la oportunidad de acceder a la justicia y lograr una protección de
sus derechos, antes de ser asesinados, linchados o agredidos de alguna otra
forma grave. Tal es el caso de una persona detenida por rebelión, cuya vida
peligraba en razón a las denuncias que había hecho sobre crímenes de genocidio
(como el de Los Uvos, en el  departamento del Cauca). La Embajadora Almudena
Mazarrasa Alvear de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia, había solicitado la protección para este
detenido, reconocido defensor de derechos humanos. La Corte constató la
realidad del riesgo, generado en gran medida por las fallas estructurales de la
Cárcel Modelo de Bogotá, centro de reclusión en el que se encontraba. La
posibilidad de franquear las barreras de seguridad, de cambiar de patio,
permitía que se planearan ataques contra la vida del accionante.[302] La
sentencia dejó en claro que si bien las autoridades penitenciarias y
carcelarias tienen espacios amplios de discrecionalidad para determinar cómo
administrar las instituciones, se deben respetar uno mínimos de razonabilidad.
Si un peligro grave e inminente como perder la vida existe y se tienen
institucionalmente los medios para enfrentarlo y neutralizarlo, el Estado tiene
la obligación constitucional de hacerlo; no puede abstenerse.[303]
Como lo resaltan las investigaciones académicas y
periodísticas, las personas que son recluidas por estar acusadas de haber
cometido un delito de abuso sexual, son uno de los grupos que más protección
requieren, dada la tradición de someterlos a venganzas y castigos inhumanos que
no en pocas veces llegan a la muerte.[304]
La sociedad ha permitido que este tipo de tratos inhumanos y degradantes se
normalicen y se vuelvan rutinarios; parte del paisaje. La sociedad se ha
conformado con que esa situación ‘es así’, que eso es lo que sucede. Al
punto, que existen manifestaciones de parte de políticos y gobernantes,
llamados a respetar la ley y a hacerla respetar, reconociendo que ese tipo de
situaciones están por fuera de la ley pero que suceden y que, ojalá que
sucediera en determinado caso.[305]
Cuando ello ocurre, como se dijo antes, se erosiona el principio de la dignidad
humana. Se abren las puertas a la deshumanización, a la posibilidad de que se
pueda dejar de ver como una persona igualmente digna a quien está recluido en
una prisión o una cárcel, y se considere que es susceptible de tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Una sociedad, y menos sus líderes políticos y
gobernantes, puede propiciar este tipo de opiniones.
7.4.4.5. El estado de cosas del Sistema penitenciario y
carcelario colombiano es indigno, incluso para los estándares de lo que
normalmente se consideraban los mínimos de los mínimos. En canciones populares
se criticaba a la sociedad abrir sólo cuatro puertas a las personas sin dinero:
el hospital, la cárcel, la iglesia y el cementerio.[306] El Sistema
penitenciario y carcelario colombiano tiene la cárcel de puertas abiertas para
las personas sin dinero; pero una vez adentro, el hospital ya no es una opción.
Las puertas del Sistema de salud están cerradas a tal punto, que, la Emergencia
carcelaria decretada por el Gobierno se debió, básicamente, al estado del
Sistema de salud de las penitenciarías y las cárceles de Colombia. Así pues,
quedarían sólo tres de las cuatros puertas a las que se hacía referencia
popularmente: la cárcel, la iglesia y el cementerio. Pero la situación es tan
dramática, que para algunas de las personas privadas de la libertad en
Establecimiento como la Cárcel la Modelo de Bogotá o la Cárcel Bellavista de
Medellín, la única puerta abierta es la cárcel. En efecto, no son pocos los
relatos periodísticos que han permitido conocer una cruda realidad: los restos
de muchas de las personas asesinadas en la cárcel son desaparecidos. Personas
asesinadas en Establecimientos penitenciarios y carcelarios han terminado
descuartizadas y cortadas en pequeños trozos, para que sus restos puedan ser
botados, por ejemplo en las cañerías de la cárcel o a los camiones que llevan
la basura a un depósito sanitario cercano. Para estas personas, muchas de ellas
sin dinero, el Sistema penitenciario y carcelario de esta sociedad sólo abre
una de las cuatro puertas, la cárcel; no hay acceso al hospital, a la iglesia,
ni a la cárcel, sólo a un botadero de desperdicios.[307]  Este irrespeto,
incluso de los restos mortales de una  persona, muestra el grado de indignidad,
de crueldad, de inhumanidad y degradación a la que lleva a los seres humanos el
estado actual del Sistema penitenciario y carcelario.
7.4.5. Requisas indignas
Los tratos indignos no son únicamente para las personas
sometidas a penas privativas de la libertad. Sus familiares y amigos están
sometidos a restricciones similares y a violaciones de sus derechos
fundamentales. Por ejemplo, con el legítimo e imperioso interés de evitar el
ingreso de objetos prohibidos, entre otras razones por los riesgos y peligros
que representan para la propia población carcelaria, se ha sometido a requisas
indignas y degradantes a las personas que visitan a quienes están recluidos en
establecimientos penitenciarios y carcelarios.[308] Así, se ha decidido que
“se desconocen los derechos a la dignidad humana y a no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos o degra­dantes, al obligar a los reclusos o a las
personas que los visitan a requisas degradantes, tales como desnudarlas,
obligarlas a aga­charse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes
íntimas a la guar­dia, así como tactos genitales o vaginales. No es razonable
que las autoridades ordenen intervenciones corporales masi­vas e
indeterminadas, a fin de confirmar sospechas o amedrentar a posibles
implicados, así fuere con el propósito de mantener el orden y la seguridad,
cualquiera fuere el lugar. Tampoco es razonable constitucional­mente que se
impida el ingreso de una mujer a la Cárcel por el hecho de estar en el período
de menstruación.”[309]
La Corte ha tutelado el derecho de las mujeres, por ejemplo, a que no se les
obligue a usar falda para ingresar el día de visitas.[310]
De forma similar, se ha tutelado el derecho de las personas
a ingresar a visitar a su personas allegadas en prisión, cuando se les imponen
barreras y obstáculos irrazonables, como exigir la cédula de ciudadanía a una
ciudadana, a pesar de que ella ha demostrado que está haciendo el trámite, y
que estaba esperando que el documento le fuera entregado por la Registraduría.[311]
La Corporación ha considerado indebido el uso de perros para
hacer requisas íntimas, por ejemplo, para que éstos olfateen las partes íntimas
de una persona que ingresa a un recinto penitenciario o carcelario.[312]
7.5. Las personas privadas de la libertad están en una
relación de especial sujeción: sus derechos deben ser asegurados de manera
reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a las que razonable y
proporcionalmente haya lugar
7.5.1. Privación de la libertad, relación de especial
sujeción
7.5.1.1. Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte ha
hecho relación a los sujetos en situación de especial sujeción, como una
condición que es relevante constitucionalmente para determinar el especial
grado de respeto, de protección y de garantía de los derechos fundamentales de
las personas que se encuentran en tal situación. De hecho, la primera vez que
la categoría fue empleada se usó para hacer referencia a la relación entre el
preso y la administración penitenciaria, en la sentencia T-596 de 1992,
previamente citada. Dijo la Corte en aquella oportunidad,
“En una relación jurídica el
predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y
deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro
penitenciario. Frente a la  administración, el preso se encuentra en una
relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual  se
sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder
disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los
derechos  del interno y por los correspondientes deberes estatales  que se
derivan de dicho reconocimiento.”[313]
7.5.1.2. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado
en diferentes ocasiones y contextos sobre la categoría de relación especial de
sujeción.[314]
Ha identificado al menos seis (6) elementos característicos de este tipo de
relaciones y cinco (5) consecuencias jurídicas de los mismos. Con relación a
los elementos característicos de este tipo de relaciones la Corte se pronunció
en la sentencia T-881 de 2002, en la cual recopiló su jurisprudencia al
respecto:
“De la jurisprudencia de la Corte
Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá
a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la
subordinación[315]
de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se
concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[316]
(controles disciplinarios[317]y
administrativos[318]
especiales y posibilidad de limitar[319]
el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto
al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[320]
por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad[321] del ejercicio de la
potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la
de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los
internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y
salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización).
(v)  Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales[322]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[323]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[324]
de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de
los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”[325]
7.5.1.3. Con relación a las consecuencias jurídicas que
suponen las relaciones especiales de sujeción dijo la Corte:
“Como lo puede apreciar la Sala,
entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las
relaciones especiales de sujeción, en relación con los derechos fundamentales,
se cuentan:
(i) La posibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad,
reunión, trabajo, educación).
(ii) La imposibilidad de limitar
el ejercicio de ciertos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad
de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros).
(iii) El deber positivo[326] en
cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo, tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos.
(iv) El deber positivo[327] en
cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[328] que permitan a su vez
condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[329] de los reclusos.” [330]
7.5.1.4. Siguiendo esta línea jurisprudencial, en la
sentencia T-490 de 2004 se resolvió revocar la decisión del juez de instancia
pues “[…] no es correcto afirmar que los derechos consagrados en el artículo
67 de la ley 65 de 1993 y 62 de la resolución 0139 de 2003 [provisión de
alimentos y elementos], tienen exclusivamente un rango de ley”.[331] A su
parecer  “(i) constituyen un desarrollo de los contenidos de dos
disposiciones constitucionales que consagran derechos fundamentales (art. 1, 12
CN), además,  (ii) guardan cierta relación conceptual con el contenido
del derecho al mínimo vital, en la medida en que garantizan condiciones mínimas
de existencia;  (iii) deben interpretarse según su contexto normativo,
que para el caso está definido por las llamadas relaciones de especial sujeción
en las que, dada la subordinación e indefensión del recluso, aumentan los
deberes positivos del Estado; porque además  (iv) persiguen la
protección de la dignidad humana en términos funcionales, en la medida en que
garantizan condiciones cualificadas de reclusión y eliminan posibles prácticas
discriminatorias no informadas y, finalmente, (v) porque son traducibles
en un derecho subjetivo, al aparecer de manera clara los elementos de la
relación jurídica, a partir de la verificación del hecho operativo de la
reclusión: el titular [–el accionante–], la definición y determinación
de la prestación (art., 62 resolución 0139 de 2003), y el sujeto pasivo la
Penitenciaría Nacional de Valledupar.”[332]
7.5.2. Obligaciones estatales de imperativo cumplimiento
con personas privadas de la libertad
7.5.2.1. Para la jurisprudencia es claro que en el orden
constitucional vigente existe un contenido mínimo de las obligaciones estatales
frente a las personas privadas de la libertad, de ‘imperativo cumplimiento’
independientemente de los crímenes cometidos por la persona o del grado del
nivel de desarrollo socioeconómico del país. Así lo ha indicado al reconocer las
Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos (producidas al interior de
las Naciones Unidas en la década de los años 50) representan un consenso básico
con relación a estándares mínimos de protección en una sociedad democrática,
respetuosa de la dignidad humana.[333]
La jurisprudencia ha resaltado que el Comité de Derechos Humanos ha sintetizado
el núcleo más básico de los derechos de los reclusos en los siguiente términos:
“todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos,
de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo
alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus
fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión
del Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o
presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”.[334] Así
mismo, se enunciaron los derechos concretos y específicos que hacen parte de
ese conjunto de derechos fundamentales mínimos de toda persona privada de la
libertad, que son impostergables, de inmediato e imperativo cumplimiento:[335]
“(i) el derecho de los
reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos,[336]
(ii) el derecho de los
reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al
decoro mínimo propio de su dignidad humana,[337]
(iii) el derecho de los
reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal,[338]
(iv) el derecho de los
reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en
condiciones higiénicas,[339]
y
(v) el derecho de los
reclusos a contar con alimentación y agua potable, suficiente y adecuada.[340]
(vi) la adecuada
iluminación y ventilación del sitio de reclusión,[341]
(vii) la provisión de los
implementos necesarios para el debido aseo personal de los presos,[342]
(viii) el derecho de los
reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al aire
libre,[343]
(ix) el derecho de los
reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando
así se requiera,[344]
(x) el derecho de los
reclusos a recibir atención médica constante y diligente,[345]
(xi) la prohibición de las
penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes,[346]
(xii) el derecho de los
reclusos a acceder a material de lectura,[347]
y
(xiii) los derechos
religiosos de los reclusos.[348]”[349]
7.5.2.2. Los derechos constitucionales reforzados de las
personas privadas de la libertad no dependen del tipo de institución en la cual
se lleve el encierro. Esto es, no sólo en las cárceles y penitenciarias, sino
en cualquier otro tipo de institución tal como hospitales, hospitales
psiquiátricos, campos de detención, instituciones correccionales, colonias
agrícolas, campos de trabajo, etc. Esto surge así tanto del texto
constitucional, que hace referencia a los derechos de las ‘personas detenidas’
(art. 28.2, CP), o de las personas ‘privadas de la libertad’ (art. 30, CP),
como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su
artículo 10, hace referencia al trato humano de las ‘personas privadas de la
libertad’.[350]
7.5.2.3. En el ámbito interamericano se ha reconocido el
derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano.[351] Se
ha hecho especial referencia al respeto y protección del derecho a recibir un
trato humano, de los niños y las niñas (personas menores de edad), encerradas
en establecimientos correccionales.[352]
La Corte Constitucional ha resaltado en el pasado que de acuerdo con la
jurisprudencia interamericana de derechos humanos, el deber de asegurar la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad es una ‘norma mínima’,
de ejecución inmediata y de estricto cumplimiento; no depende, por ejemplo, de
la calidad de la persona privada de la libertad o del tipo de crimen que haya
cometido. La dignidad, en un estado social de derecho respetuoso de la Carta
Internacional e Interamericana de derechos, se debe asegurar plenamente, hasta
la última de las personas de la sociedad, implicando tanto abstenciones como
acciones decididas por parte de las autoridades estatales.[353] Recientemente, en el
caso Pacheco Teruel y otros vs Honduras,[354] siguiendo las normas
internacionales de derechos humanos, se plantearon los mínimos estándares de
protección penitenciaria y carcelaria.
“Este Tribunal ha incorporado en
su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y
deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas
privadas de libertad.[355]
En particular, como ha sido establecido por esta Corte:
(a) el hacinamiento constituye
en sí mismo una violación a la integridad personal;[356] asimismo, obstaculiza
el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios;[357]  ||
(b) la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y
condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que
los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición;[358]  ||
(c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su
consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua
potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia
las personas que se encuentran bajo su custodia;[359]  ||  (d) la
alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de
buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente;[360]  ||  (e) la atención
médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento
adecuado que sea necesario[361]
y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;  ||  (f) la
educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los
centros penitenciarios,[362]
las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el
fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;  ||  (g)
las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La
reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la
integridad personal en  determinadas circunstancias;[363]  ||  (h) todas las
celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación
y adecuadas condiciones de higiene;[364]
||  (i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y
privacidad;  ||  (j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para
justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos
internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser
humano,[365]
y  ||  (k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano
o degradante, incluidos los castigos corporales,[366] la reclusión en
aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave
peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas.[367]
(subrayas fuera del texto original)”[368]
En el contexto Europeo se encuentran decisiones similares,
orientadas a garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en
prisión.[369]
7.5.3. Los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad pueden ser limitados razonable y proporcionadamente
7.5.3.1. La jurisprudencia constitucional ha indicado que
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad permiten determinar cuándo se
desconocen los derechos fundamentales de las personas recluidas en prisión,
cuando éstos son restringidos con base en competencias amplías y generales como
la posibilidad de fijar e imponer reglas de disciplina o de hacer traslados de
personas de una a otra prisión, bajo las condiciones legal y reglamentariamente
establecidas.[370]
La razonabilidad y proporcionalidad de la medida son pues, los parámetros con
que cuenta la administración y el poder judicial, para distinguir los actos
amparados constitucionalmente, de aquellos actos arbitrarios. Por eso se ha
dicho que “las medidas restrictivas de los derechos de las personas privadas
de la libertad deben ser, además de legales y reglamentarias,
constitucionalmente razonables y proporcionadas […]”.[371] Así, por ejemplo, se ha
considerado que no es constitucionalmente razonable, entre otras medidas,  (i)
no autorizar a una persona recluida el ingreso de una máquina de escribir;[372]  (ii)
impedir la fuga de una persona gravemente enferma mediante el uso de esposas;[373]  (iii)
usar esposas durante las entrevistas con familiares, amigos o abogados;[374]  (iv)
practicar requisas degradantes a las personas que van a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, cuando las mismas pueden realizarse con igual o
mayor efectividad, por medios menos invasivos;[375]  (v) prohibir el
ingreso el día de visitas a las mujeres en período de menstruación;[376]  (vi)
apagar el televisor cuando alguno de los reclusos se ríe, como medida
disciplinaria;[377]
(vii) prohibir a las personas recluidas hablar en los talleres o en las
filas para recibir alimentos;[378]
y  (viii) prohibir, sancionar o no respetar la opción sexual de toda
persona, y el legítimo ejercicio de sus derechos sexuales.[379]
7.5.3.2. Ahora bien, la jurisprudencia ha considerado casos
en los que sí es razonable y proporcionado imponer una restricción. Por
ejemplo, movilizar a las personas privadas de la libertad al interior de las
dependencias de una cárcel o una penitenciaria esposado.[380] No se trata de un
castigo o de una medida que busque humillar o desconocer la dignidad de la
persona, es una medida de seguridad que protege a las demás personas, en
especial a la Guardia, que cumple adecuadamente su finalidad y que no impone
una carga desproporcionada sobre los derechos de quien es esposado. En sentido
similar, también ha considerado razonable trasladar a una persona privada de la
libertad a otro establecimiento carcelario, en ejercicio de las facultades
correspondientes, porque, por ejemplo, se tenga noticia de que existe un riesgo
de fuga.[381]
7.5.3.3. Las personas privadas de la libertad enfrentan una
tensión sobre sus derechos, dada la doble condición que tienen. Son acusados de
ser criminales, o han sido condenados por serlo, y en tal medida, se justifica
la limitación de sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad. Sin
embargo, teniendo en cuenta, a la vez la relación de sujeción en que se
encuentran las personas privadas de la libertad, surgen razones y motivos para
que se les protejan especialmente sus derechos. Esta tensión constitucional que
surge entre ser objeto de especiales restricciones sobre sus derechos
fundamentales y, a la vez, ser objeto de especiales protecciones sobre sus
derechos fundamentales, lleva a actitudes y políticas contradictorias. Una
política criminal y carcelaria respetuosa de la dignidad humana, debe lograr un
adecuado balance entre una y otra condición que se reúnen en las personas
privadas de la libertad.[382]
Algunos autores resaltan que una persona, al ser privada de la libertad, se
enfrenta a un sistema de control y sujeción disciplinaria que implica, muchas
veces, que las reglas y límites pierden su carácter escrito y se confunden con
la voluntad del guardia encargado.[383]
En Colombia, muchas de estas reglas provienen, desafortunadamente, de poderes
paralelos como los caciques del patio, o actores ilegales del conflicto, que
imponen, de facto, limitaciones y restricciones irrazonables y
desproporcionadas al goce efectivo de los derechos fundamentales.
7.5.3.4. Uno de los derechos fundamentales más importantes
de una persona privada de la libertad es el derecho de petición, la posibilidad
de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades. Sin bien pueden
existir limitaciones razonables para su ejercicio, se trata de una garantía
básica, que debe ser objeto de especial atención, respeto y protección por
parte de las autoridades carcelarias; los trámites administrativos internos no
pueden ser una manera de obstaculizar el goce efectivo de este derecho.[384] “Cualquier
omisión en el sentido anotado, por parte de la autoridad carcelaria del lugar
donde se encuentra recluido el interno, que impida que la autoridad pública,
ante quien se dirige la petición, conozca su contenido y pueda dar oportuna
respuesta a la misma, vulnera el pleno ejercicio del derecho fundamental de
petición, el cual puede ser protegido por vía de la acción de tutela.”[385]
7.5.4. Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
también se usan en el sistema internacional y el regional de derechos humanos,
y otros equivalentes, como el europeo
Son varios los parámetros internacionales que establecen
unas condiciones básicas para el tratamiento de las personas privadas de la
libertad.[386]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha encontrado en los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad parámetros para establecer cuándo,
en ejercicio de sus legítimos poderes punitivos, algún estado incurre en una
violación de los derechos reconocidos a todas las personas privadas de la
libertad en la región.[387]
Otras regiones, como es el caso de Europa, también han establecido estos
criterios, con el mismo propósito. Concretamente han indicado que ‘las
restricciones impuestas sobre personas privadas de libertad deberían ser las
mínimas necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo por el cual son
impuestas’.[388]
Estos mínimos estándares han sido reclamados judicialmente ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por individuos, en general por el trato recibido en
las instituciones de reclusión.
7.5.5. Facultades y competencias que deben ejercerse
razonable y proporcionadamente, incluso en el ejercicio de amplios poderes
especiales, como los que confiere un estado de emergencia carcelaria
En varias oportunidades la Corte ha aplicado su
jurisprudencia, indicando y precisando los límites razonables del ejercicio de
los poderes y facultades penitenciarias y carcelarias.
7.5.5.1. Poderes de emergencia. La Corte
Constitucional declaró constitucionales, condicionadamente, los poderes
especiales que confiere el estado de emergencia carcelaria y penitenciaria.
Indicó que las norma que confieren tal potestad son exequibles [incisos
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 168 de la Ley 65 de
1993], “[…] bajo el entendido de que el Director General del INPEC, debe,
una vez superados los hechos que originaron la declaración del estado de
emergencia carcelaria y penitenciaria, dictar un acto administrativo levantando
el mencionado estado, en el que se materialice el tránsito de la anormalidad a
la normalidad.”[389]
La Corte aclaró, además, que “[…] en caso de retardar u omitir esta
obligación, cualquier persona y, en especial, el Procurador General de la
Nación o el Defensor del Pueblo, podrán solicitar que se proceda a levantar el
estado de emergencia carcelaria y penitenciaria, a través de la acción de
cumplimiento de que trata la Ley 393 de 1997. Lo anterior, sin perjuicio de las
acciones administrativas, penales y disciplinarias que, por el retardo en el
cumplimiento de sus funciones, sean procedentes en contra del mencionado
funcionario del INPEC.”[390]
7.5.5.2. Traslados en situación emergencia carcelaria
y penitenciaria. La jurisprudencia ha considerado que es razonable y no
discriminatoria, una medida legal que permite a las autoridades penitenciarias
y carcelarias trasladar personas presas entre centros de reclusión, cuando se
declare estado de emergencia carcelaria (Código Penitenciario y Carcelario,
art. 168).[391]
Para la Corte, las personas sometidas a determinadas medidas administrativas
proferidas en virtud de la ocurrencia de ese estado de cosas, efectivamente se
encuentran en una situación fáctica distinta a la del recluso en situación
normal. Consideró que (i) los internos bajo el mencionado estado de emergencia
se encuentran afectados, directa o indirectamente, por las graves situaciones
de inseguridad o de orden sanitario;  (ii) el trato distinto a ciertas personas
en prisión por la declaratoria del estado de emergencia penitenciaria y
carcelaria, tiene la finalidad de superar la situación presentada, ya sea un
problema de seguridad o de orden sanitario, como expresamente lo señala la
disposición y  (iii) la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y
el trato desigual que se otorga guardan coherencia entre sí. La Corte indicó
que “[…] el trato distinto que se podría dar a los diferentes reclusos por
la aplicación de medidas decretadas en virtud de un estado de emergencia
carcelaria en principio no viola el derecho a la igualdad de los internos
[…].[392]
Sin embargo, también precisó que las autoridades carcelarias y penitenciarias
no pueda usar, en la práctica, a ciertos reclusos; “[…] debe hacer un uso
razonable y proporcionado de los […] instrumentos jurídicos para que las
medidas sean constitucionalmente legítimas […]”.[393]
7.5.5.3. Medidas de aislamiento. Las personas
privadas de la libertad no pierden sus derechos fundamentales. Como dijo la
Corte desde 1992, “la cárcel no es un sitio ajeno al derecho”, por eso,
insistió, “[las] personas recluidas en un establecimiento penitenciario no
han sido eliminados de la sociedad. La relación especial de sometimiento que
mantienen con el Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos”;
es claro que el comportamiento antisocial justifica la limitación de algunos de
sus derechos y la suspensión de otros, pero, no obstante, “goza de otros
derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad física y a
la salud.”[394]
Para la jurisprudencia era claro que a partir del derecho pleno del interno a
la vida, a la integridad física y a la salud “[…] se derivan importantes
consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser
descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y
digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable,
vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de habitación en condiciones de
higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el  derecho al
descanso nocturno, entre otros.”[395]
Todas las personas tienen derecho a no ser sometidas a castigos ilegales,
irrazonables o desproporcionados, así se encuentren privadas de la libertad.  Las
protecciones constitucionales propias del derecho sancionatorio deben ser
respetadas, protegidas y garantizadas, de forma estricta, dada la situación de
sujeción en la que se encuentran las personas privadas de su libertad.  El
riesgo en que se encuentra su dignidad de ser vulnerada, obliga a todas y cada
una de las entidades de este estado social de derecho. En tal sentido, por
ejemplo, se ha defendido la dignidad frente al uso de la medida de aislamiento
en las prisiones, advirtiendo que las personas no deben ser sometidas a
humillaciones distintas de las que acarrea la imposición de la pena misma de
privación de la libertad.[396]
Esta posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional al precisar que “cuando
se [imponen] medidas potencialmente lesivas de los derechos, como lo es
el aislamiento o confinamiento, el juicio de constitucionalidad de la medida
deberá ser estricto”; concretamente, se decidió que “[…] no es razonable
que un establecimiento carcelario someta a una persona a una medida de
aislamiento-que como tal, es potencialmente lesiva de los derechos
fundamentales– cuando no es necesaria, por ejemplo, si se adopta con el fin de
proteger a la persona aislada; las autoridades carcelarias deben emplear medios
alternativos menos restrictivos al aislamiento, si cuentan con ellos, o adoptar
las medidas adecuadas y necesarias para contar con tales medios alternativos,
si no los tienen; dentro de las medidas alternativas que se pueden contemplar,
entre otras, está el traslado de la persona a otro centro de reclusión.”[397]
Desde el inicio de su jurisprudencia la Corte cuestionó el uso irrazonable y
desproporcionado de la medida de aislamiento.[398]
7.5.5.4. Debido proceso disciplinario.  Las
personas privadas de la libertad tienen derecho a que las decisiones de
carácter disciplinario que se tomen respecto a ellas, como la calificación de
su conducta, sean producto de las correctas formas procesales; su
desconocimiento configura “[…] una vulneración de los derechos al debido
proceso administrativo y a la igualdad de oportunidades e, indirectamente, del
derecho fundamental al buen nombre.”[399]
7.5.5.5. Reglas de silencio. La disciplina de
los centros penitenciarios y carcelarios no puede desconocer la protección a la
dignidad humana y a las garantías fundamentales de toda persona. Así, por
ejemplo, sin importar si se trata de una medida útil o efectiva para el control
y el orden del establecimiento carcelario y penitenciario, no se puede exigir
silencio absoluto, todo el tiempo, en todo momento.[400] Por ejemplo, en las
filas para ir a comer; para la Corte, se trata de una media altamente
restrictiva de las libertades de comunicación y de expresión más básicas de un
ser humano, para obtener fines legítimos e imperiosos, que pueden obtenerse por
otros medios diferentes.[401]
7.5.5.6. Corte de pelo. El que una persona
esté privada de la libertad en un establecimiento de máxima seguridad, no
implica una autorización para que las autoridades le limiten y restringen sus
derechos fundamentales de manera arbitraria o con plena discrecionalidad. En
tales centros de máxima seguridad, las restricciones que se impongan también
deben ser razonables. Por ejemplo, las personas privadas de la libertad tienen
derecho a no ser rapados obligatoriamente, como único corte de pelo posible, en
especial, en cárceles y penitenciarias de clima frío.[402]
7.5.5.7. Descanso. De forma similar, se ha
considerado inconstitucional que se tenga como falta ‘el descanso en la cama
por parte de las personas recluidas durante el día’, sin ningún otro tipo
de consideración,[403]
o imponer como sanción el que a una persona se le permitan ‘solamente dos
horas de sol diario’.[404]
7.5.5.8. Derecho a la palabra. La Corte ha
reconocido el derecho que tienen las personas privadas de la libertad a
comunicarse con personas en el exterior de la prisión, con el debido respeto a
la intimidad. Se pueden, por ejemplo, establecer condiciones de modo, tiempo y
lugar, pero no suspender o anular el derecho.[405] Y, salvo las
excepciones legales que correspondan, la intimidad de las personas privadas de
la libertad debe ser respetada; sus conversaciones, por ejemplo, no pueden ser
intervenidas.
7.5.5.9. Razonabilidad del trato diferente. Por
supuesto, en virtud del derecho a la igualdad es posible hacer diferencias de
trato entre las personas privadas de la libertad, siempre y cuando éstas se
funden en criterios de diferenciación objetivos y razonables. Por eso en la sentencia
C-394 de 1995 se decidió, entre otras cosas, declara constitucional el segundo
inciso del artículo 3° del Código Penitenciario, en virtud del cual se protege
el derecho a la igualdad, advirtiendo que ello “no obsta para que se puedan
establecer distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocialización
y para el cumplimiento de la sentencia y de la política penitenciaria”.[406] Así,
por ejemplo, se ha permitido diferencia de trato en aspectos tales como el
derecho a  acceder a beneficios parciales de libertad.[407]
7.6. Discriminación de poblaciones vulnerables
La política criminal y carcelaria es selectiva y excluyente,
se concentra en personas vulnerables. Los estudios empíricos muestran que el
Sistema penitenciario y carcelario se concentra en jóvenes de escasos recursos
y estratos bajos. Así, por ejemplo, se ha sostenido que “[…] la población
reclusa no ha variado significativamente las últimas tres décadas y […] tiene
rasgos similares: es una población relativamente joven, en su gran mayoría del
sexo masculino, con bajos niveles de educación formal y desempleada o con
trabajos de bajos ingresos antes de entrar a prisión. Puede decirse entonces
que la mayoría de la población carcelaria proviene de sectores marginales de la
sociedad colombiana, sometidos a altos niveles de exclusión y pobreza.”[408] La
especial vulneración de los derechos fundamentales de las personas más débiles
de la sociedad es un asunto que se ha constatado no solamente en Colombia.  En
otros países de la región latinoamericana se han constatado condiciones
similares.[409]
En otras palabras, como lo muestran los diagnósticos
aportados al proceso, la política criminal existente ha llevado a que el
Sistema penitenciario y carcelario se ensañe, sistemáticamente, en contra de
algunas de las personas más débiles de la sociedad, debido su grado de
exclusión y marginación. Esto quiere decir que el estado de cosas del Sistema
penitenciario y carcelario implica una violación flagrante en contra del
mandato constitucional según el cual, “[el] Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y se sancionará los abusos
o maltratos que contra ellas se comentan” (art. 13, CP).”
7.7. Condición marginal y precaria de las persona
privadas de la libertad, dentro de la deliberación y el debate democrático
7.7.1. El reconocimiento de la dignidad humana como
fundamento del orden constitucional vigente, reclama de por sí, una noción
robusta de democracia participativa, que permita que las personas puedan
autogobernarse. Una democracia constitucional en la que las decisiones de toda
autoridad administrativa, judicial o legislativa, pueden ser sometidas a
control de constitucionalidad, busca, entre otras cosas, evitar la tiranía de
las mayorías. Establecer claramente cuáles son los derechos fundamentales que
se han de garantizar a toda persona en virtud del respecto a su dignidad,
dejándolos fuera del debate político ordinario, garantiza a las minorías que,
en democracia, sus derechos y garantías más básicas no serán desconocidos, ni
limitados o restringidos de forma irrazonable o desproporcionada.
7.7.2. La justicia constitucional ha reconocido, desde su
inicio,[410]
que las personas privadas legítimamente de la libertad conforman uno de
aquellos grupos que conforman una minoría política. Su condición se puede
explicar por varias razones. Por su número, las preocupaciones que aquejan a
estas personas y a sus familiares y allegados, no reciben un amplio respaldo y
no ocupan un lugar predominante en la agenda pública. Por su condición social;
muchas de las personas recluidas en prisión pertenecen a grupos marginales o
excluidos socialmente (con claras excepciones, por supuesto). Sus derechos
políticos son limitados y restringidos, de forma tal que no pueden gozar muchos
de sus ámbitos centrales de protección (como participar en elecciones para
elegir o ser elegido a un cargo de elección popular). Las posiciones políticas
de las personas privadas de la libertad, así como sus preferencias políticas,
suelen no ser tenidas en cuenta en las contiendas electorales públicas de la
República. Además, la condición misma de reclusión; el que sean personas en
situación de sujeción implica que son dependientes, no pueden disponer y actuar
libremente, generando otro tipo de acciones políticas que pudieran impulsar sus
agendas y atender sus necesidades. Incluso la posibilidad misma de interponer
acciones de tutela o recursos judiciales dentro de los procesos penales, como
queda claro a partir de las pruebas aportadas al expediente, se encuentra
limitado de facto.  Estas razones, entre otras, llevan a que las personas privadas
de la libertad por el Estado, sean una minoría política, con poco poder e
influencia social, cuyos derechos constitucionales deben ser protegidos con
celo en una democracia.
El Departamento Nacional de Planeación ha resaltado esta
situación. Ha contrastado, por ejemplo, la amplia respuesta estatal a las
demandas de justicia y acción frente al delito por parte de la ciudadanía y los
medios de comunicación en general, con la limitada respuesta que se ha dado a
las demandas de la población carcelaria y penitenciaria, ante las deplorables
condiciones de reclusión, a pesar de que éstas son conocidas, pues también han
sido objeto de denuncia por parte de los medios masivos de comunicación.[411]
La jurisprudencia constitucional ha reconocido la
razonabilidad constitucional de limitar y restringir los derechos políticos de
las personas condenadas a una pena privativa de la libertad.[412] No obstante la
jurisprudencia ha reconocido los límites y alcances de estas limitaciones. Así
lo hizo, por ejemplo, cuando declaró constitucional la norma que permite a las
personas detenidas en prisión –no a los condenados– ejercer su derecho al voto.[413] Si
bien se consideró razonable limitar o restringir el derecho político a la
agitación y al proselitismo con movilización social, la Corte dejó en claro que
la cárcel debe ser un lugar de reflexión abierto y libre al pensamiento,
también a la política. Las personas privadas de la libertad pueden acceder a
ideas filosóficas y doctrinarias, así como difundirlas y promoverlas, sin
medios proselitistas.[414]
Dentro de los límites que existen a los derechos políticos a
las personas condenadas a la privación de la libertad, la jurisprudencia ha
identificado la imposibilidad de usar la acción pública de
inconstitucionalidad, precisando que se debe tratar de condenas mediante
sentencias ejecutoriadas.[415]
No obstante, se trata de una cuestión en la que se han presentado decisiones
disidentes, fundadas en un mayor respeto a las garantías políticas que conlleva
la dignidad humana.[416]
7.8. Derecho a estar privado de la libertad en
condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad
Toda persona tiene el derecho constitucional a estar privado
de la libertad en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad. Esto
implica, entre otras, las siguientes condiciones mínimas.
7.8.1. Una reclusión libre de hacinamiento. Como se
ha sostenido, la jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho de
personas en condición de hacinamiento, como una situación que, evidentemente
conlleva la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.[417]
7.8.2. Infraestructura adecuada. Buena parte del
estado de cosas contrario a la Constitución en el que se encuentra el Sistema
penitenciario y carcelario se debe a la estructura de los establecimientos de
reclusión. El grave deterioro de las construcciones, sumado al nefasto impacto
sobre la dignidad de las personas privadas de la libertad, ha llevado a la
Corte Constitucional a tomar medidas orientadas a superar estos problemas.[418]
7.8.3. Derecho a no estar sometido a temperaturas
extremas. La jurisprudencia ha protegido el derecho de toda persona a no
ser privada de la libertad en condiciones de reclusión indignas por carecer de
los mínimos parámetros de higiene y salubridad, bien sea en un establecimiento
penitenciario y carcelario, o algún lugar como, por ejemplo, un comando de
policía. Teniendo en cuenta la jurisprudencia interamericana (el caso Polay
Campos contra Perú), la Corte recordó que todas las personas privadas de la
libertad tienen el derecho a no ser sometidas a temperaturas extremas, por
cuanto ello conlleva un trato cruel e indigno.[419] La jurisprudencia
colombiana ha señalado que el derecho a estar privado en condiciones que
climáticamente no se conviertan en un trato inhumano y degradante, está
íntimamente ligado al derecho a recibir vestuario adecuado. Dar a las personas
recluidas una vestimenta que no se ajusta a los rigores del clima de la
respectiva prisión es un comportamiento que “riñe con el principio de
dignidad humana”, que además, riñe también con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.[420]
7.8.4. Acceso a servicios públicos. La jurisprudencia
constitucional ha tutelado los derechos de las personas privadas de la libertad
a no ser sometidos a las violaciones que implica el tenerlos recluidos en una
institución que carece de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad
humana. Así, en la citada sentencia T-881 de 2002, la Corte Constitucional
resolvió, entre otras cosas, confirmar la decisión del Juez de primera
instancia (el Tribunal Superior de Cartagena) que había tutelado los derechos
de las personas recluidas en la cárcel de esa ciudad y había ordenado a la
empresa de energía suspender los racionamientos a la cárcel.[421] Dijo la Corte
Constitucional, en sede de revisión,
“Por encontrarse los actores en la
circunstancia de sujetos pasivos de la relación de especial sujeción que su
estado de privación de la libertad apareja, y como lo demandan en el escrito de
acción al invocar “el derecho a ser protegidos por el Estado”. Esta Sala
conminará a las autoridades encargadas de la administración de la Cárcel
Distrital de Cartagena y a la dirección del INPEC Regional Norte, para que
ajusten su comportamiento a los mandatos de la Constitución en el contexto de
las relaciones de especial sujeción que sostienen como parte activa con la
población carcelaria de la Cárcel Distrital de Cartagena, especialmente para
que provean lo necesario (y en principio efectúen el pago de las facturas de
energía adeudadas) para optimizar tanto, las condiciones materiales de
existencia en términos de calidad de vida de los actores y de los demás
reclusos, como las condiciones generales de seguridad del penal”.[422]
Una compañía que presta el servicio de energía o de agua
viola la Constitución Política cuando utiliza como mecanismo de coacción para
el pago del servicio la suspensión de la prestación del servicio a una
institución constitucionalmente protegida, como lo es una cárcel o un hospital.[423] Esta
línea jurisprudencial ha sido reiterada en varias oportunidades.[424] No
obstante, también se ha indicado que “el INPEC sí puede ser demandado
mediante la acción de tutela por causa del incumplimiento de las obligaciones
en cabeza de los contratistas […], sin perjuicio de que el contratista
también pueda ser demandado”; así: “[…] el hecho de que el INPEC haya
contratado con una empresa  particular la provisión de los alimentos y de los
utensilios para comer no lo releva de su deber de velar por el cumplimiento de
las obligaciones que recaen en el contratista, e incluso de brindar
directamente este servicio en el caso de que el contratista incumpla
definitivamente sus obligaciones.”[425]
7.8.5. Alimentación adecuada y suficiente. La
jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la alimentación de las
personas privadas de la libertad, en tanto es una violación al derecho al
mínimo vital. Ninguna persona puede vivir sin alimentarse, y no se puede
conservar la salud ni la integridad, si la alimentación no es adecuada y
suficiente. Que la comida sea inadecuada, puede implicar que la persona esté
mal nutrida o que, incluso, llegue a padecer infecciones o indigestiones, si
está en mal estado. Que la comida sea insuficiente implica desnutrición. En
cualquiera de estos escenarios la salud de la personas termina comprometida, no
sólo por el deterioro que se puede causar directamente, sino por la manera como
se puede debilitar a la persona en sus defensas y exponerla a enfermedades. La
Corte ha indicado lo siguiente: “[…] dado que la persona privada de la
libertad no puede procurarse por sí misma una alimentación balanceada, que
corresponda, en calidad y cantidad, a los mínimos exigidos para satisfacer sus
necesidades nutricionales y que ello es necesario para garantizar el mínimo
vital del recluso, corresponde a la administración, el deber de suministrar, en
las condiciones descritas, la alimentación. El incumplimiento de este deber
constituye, en casos en los cuales se afecta la satisfacción de las necesidades
vitales mínimas, una violación del derecho fundamental a la integridad personal
y a la vida (C.P. art. 11) de la persona recluida.”[426] Se aclaró en aquella
oportunidad que el derecho a la alimentación no se desconoce, con medidas que
afecten o alteren las condiciones de la alimentación razonablemente, deben ser
limitaciones y restricciones injustificadas constitucionalmente, como ocurre
cuando, por corrupción, se roba la comida destinada a las personas recluidas y,
luego, se vende paralelamente.[427]
Ahora bien, cuando la ausencia de la comida es tan grande
que genera hambre, se comete un acto de tortura. Pasar hambre en una cárcel, en
razón a que no se suministra alimentos, es una violación a un ámbito de
protección del derecho a la alimentación que está en estrecha conexión con la
vida, la integridad personal y la salud, que debe ser protegida de forma inmediata.[428]
7.9. Derecho a la salud, a la integridad física y mental
y a vivir en un ambiente salubre e higiénico
7.9.1. Una doble afectación; el derecho a la salud de las
personas privadas de la libertad se irrespeta y se deja de proteger y
garantizar: se somete a la personas a condiciones que deterioran su salud y,
luego, se les priva de acceso a los servicios de salud requeridos
7.9.1.1. La violación al derecho a la salud también es
evidente y manifiesta. La crisis y los problemas de salud en el sistema
penitenciario y carcelario en Colombia son latentes, en especial, a partir de
la declaración de emergencia en el sistema carcelario, declarada, precisamente,
por la crisis que afrontaba la prestación de servicios de salud dentro del
sistema.
7.9.1.2. Pero la gravedad de la violación al derecho a la
salud no está dada, únicamente, porque las personas recluidas en las cárceles y
penitenciarias no puedan acceder a los servicios de salud, ni siquiera a
aquellos que se requieren con necesidad. Quizá la más grave violación al
derecho a la salud de las personas privadas de la libertad es que se deteriore
y logre afectar el grado de salud con el cual contaba la persona al ingresar al
establecimiento de reclusión. Como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional, el derecho a la salud, como cualquier otro derecho fundamental,
tiene facetas prestacionales y facetas no prestacionales. Hay algunas
dimensiones de protección de los derechos fundamentales que suponen actuaciones
positivas del Estado, para asegurar a una persona que pueda gozar efectivamente
de un derecho que, de otra forma no podría hacerlo. Pero existen dimensiones de
protección que requieren, básicamente, que el Estado se abstenga de actuar.
Ámbitos de protección en los que las personas gozan efectivamente de un
derecho, siempre y cuando el Estado se abstenga de hacer algo que, de ocurrir,
afectaría el derecho.
7.9.1.3. Ese es precisamente el caso de las personas
privadas de la libertad en las cárceles y penitenciarias de Colombia. Existe
una grave violación del derecho a la salud, al no brindar a las personas presas
acceso a los servicios de salud que se requieren. Pero existe una violación del
derecho a la salud aún más básica y grave, al privar a las personas del grado
de salud y de bienestar con el cual entraron a prisión. En otras palabras, las
condiciones en que se encuentran los establecimientos de reclusión, en
especial, a propósito del fenómeno de hacinamiento, implica que a una persona
que es condenada no sólo se le impondrá el castigo de privarla de su libertad
sino que, además, se le privará del nivel de salud del cual gozaba. No sólo no
se actúa para que la persona mejore su salud y supere las afecciones que puede
sufrir, sino que se toman acciones que disminuyen el nivel que tiene. Así lo ha
constatado la jurisprudencia constitucional, en casos en los que ha tutelado el
derecho fundamental a la salud de una persona que se ha visto afectado y
deteriorado por las condiciones insalubres e faltas de higiene a las que fue
sometido.[429]
Castigos que pueden llegar a ser irrazonables
constitucionalmente, como el aislamiento, por ser cruel, inhumano y degradante,
bajo ciertas condiciones,[430]
pueden también generar afectaciones a la salud. Por ello, la Corte ha señalado
que “cuando una medida de aislamiento a la que se someta a una persona
privada de la libertad sea irrazonable, y por tanto lesiva de los derechos
fundamentales, se prolongue durante un tiempo considerable, y se tenga indicios
de que ello ha afectado la salud de la persona aislada, el juez de tutela
deberá presumir que la medida también afecta desproporcionadamente sus derechos
a la salud, a la integridad personal y, quizá, a la vida.” [431]
7.9.1.4. No contar con condiciones sanitarias adecuadas
supone desconocer una de las obligaciones básicas que debe cumplir un estado en
materia de respeto a las personas privadas de la libertad. Una institución en
la que se recluyen varias personas implica un riesgo superior a la salud. Se
aumenta la posibilidad de que exista el brote de una enfermedad, precisamente
por la concentración y cercanía de las personas. El uso compartido de baños, de
dormitorios o de comedores. Esta probabilidad mayor de enfrentar una epidemia,
por estar recluido, supone un riesgo a la salud de las personas confinadas, que
se traduce en una obligación en de respeto y protección e cabeza del Estado.
7.9.1.5. El tener un servicio de salud claramente defectuoso
e ineficiente en las penitenciarías y cárceles, de por sí, es una violación
flagrante de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad.[432]
El sólo hecho del encierro puede tener impactos considerables en la salud
física y mental de un ser humano, por lo que, carecer de servicios básicos
adecuados de salud, es dejar de contar con un servicio público que, se sabe, se
requerirá con toda seguridad. Pero cuando a esta violación al derecho a acceder
a los servicios médicos que se requieran se suman los graves riesgos de
afectación a la salud, dado el estado de cosas, se genera un contexto de
muerte; una institución donde se encierra a las personas, se las enferma, y
luego, se les cierra la puerta de los servicios del sistema de salud, y se les
abre la del cementerio.
Por ello, cuando a los anteriores riesgos se suman las
condiciones de deterioro de las instalaciones penitenciarias y carcelarias, la
obligación de contar con un servicio de salud adecuado y suficiente en prisión
se torna urgente y de impostergable cumplimiento. Las condiciones climáticas
extremas en prisión (tener que sufrir temperaturas altas, bajas, o peor aún,
ambas), son propicias para deteriorar la salud de los seres humanos y propagar
ciertos males o enfermedades. De igual forma, la ausencia de sanitarios (la
posibilidad de realizar las necesidades físicas en condiciones higiénicas) o la
mala calidad de la alimentación (tanto por su ausencia –estar desnutrido– o por
estar deteriorada y poder generar infecciones), tienen claros impactos en la
salud.
7.9.1.6. En el caso del derecho a la salud, la afectación no
es sólo para las personas sindicadas o condenadas de haber cometido un delito.
La guardia también se ve sometida a muchos de los riesgos de salud que sufre la
población carcelaria, en especial, cuando las condiciones de alojamiento de
estos funcionarios se encuentran igualmente deterioradas. Algunas de las
acciones de tutela acumuladas en el presente proceso así lo demuestran. De
hecho, en la última de ellas, aquella dirigida contra el Establecimiento
penitenciario de Barrancabermeja, en la que el Defensor Regional del Magdalena
Medio aboga por la defensa del goce efectivo de las personas privadas de la
libertad, pero también de los de aquellas que hacen parte de la Guardia.[433]
7.9.1.7.  En materia de salud concretamente, se ha tutelado,
entre otras áreas de protección del derecho, (i) el acceso a todas las fases de
atención, de manera integral;[434]
(ii) acceso a los servicios de la salud mental,[435] en especial cuando es
producto de hechos acaecidos en la propia prisión,[436]  (iii) el derecho al
diagnóstico,[437]
(iv) el derecho a ser intervenido quirúrgicamente de forma oportuna,[438] (v)
el derecho a recibir medicamentos;[439]
(vi) el derecho a que se atiendan las afecciones de salud sufridas en prisión,
incluso con continuidad, luego de salir de prisión;[440] (vii) el derecho a que
se atiendan afecciones de salud, que si bien no pongan en riesgo la vida de
forma evidente, si impidan una vida en dignidad (como ser operado para no tener
que seguir usando bolsas de colostomía);[441]
(viii) el derecho a ser trasladado a un lugar salubre e higiénico, cuando el
riesgo para la salud es mayor. [442]
7.9.1.8. La relación especial de sujeción en la que se
encuentra una persona privada de su libertad, implica restricciones importantes
para acceder a servicios de salud que se requieran con urgencia. Las
restricciones son aún más fuertes si se trata de servicios de salud rutinarios,
útiles, o de prevención, lo cual conlleva privar a la persona de los medios
necesarios para alcanzar los mayores niveles de salud posible. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente: “En el campo de la
salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de
la libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico
cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible
escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de
someterse a unas reglas generales y predeterminadas, indispensables por razones
de organización y seguridad.  ||  Empero, lo anterior no puede
significar que se diluya o haga menos exigente la responsabilidad a cargo del
INPEC y de los establecimientos de reclusión, o que pueda el sistema
desentenderse de la obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en
igualdad de condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. Por
eso, entre otras normas, la del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal
señala como uno de los derechos del individuo privado de libertad el de ‘ser
visitado por un médico oficial y, en su defecto, por uno particular, cuando lo
necesite’.”[443]
Recientemente se ha reiterado esta posición, precisamente a propósito de hechos
ocurridos, entre otros, en el la cárcel de Cúcuta, uno de los establecimientos
carcelarios que fue tutelado en una de las acciones de tutela acumuladas que se
revisan.[444]
7.9.1.9. La jurisprudencia constitucional ha reconocido
derechos especiales y diferenciados para algunas poblaciones en materia de
salud, en tanto sujetos de especial protección constitucional. Así, por
ejemplo, la jurisprudencia ha tutelado el derecho de indígenas privadas de la
libertad, a recibir tratamientos de salud alternativos, acordes a sus creencias
y sus tradiciones.[445]
7.9.1.10. En materia, de órdenes, la Sala debe resaltar que
han existido de distinto tipo y grado. En la mayoría de los casos se han adoptado
decisiones judiciales que resuelven puntualmente, las pretensiones concretas
presentadas por los accionantes. Pero en otras ocasiones, la Corte, debido a la
evidencia de violaciones masivas y sistemáticas del derecho, ha tenido que
tomar decisiones que previenen la afectación del resto de la población recluida
con el accionante, que se encuentre en condiciones similares de vulneración y amenaza
a sus derechos.  Desde hace más de una década, por ejemplo, la Corte ha
ordenado a las autoridades correspondientes el diseño, creación e
implementación de un servicio de salud, capaz de atender adecuadamente a la
población reclusa.[446]
7.9.1.11. Ahora bien, como ocurre en otros ámbitos de
protección al derecho a la salud, sus prestaciones no son infinitas. Al igual
que los niños y las niñas, que también tienen un derecho reforzado a la salud,
las personas privadas de la libertad pueden ser sometidas a limitaciones y
restricciones razonables y proporcionadas. En tal sentido, la jurisprudencia
constitucional ha encontrado casos en los cuales, si bien podría ser útil para
un tratamiento de salud el traslado de un preso a otro lugar, es razonable no
hacerlo si en el lugar en que está se le atiende adecuadamente y, además, al
lugar a donde se le trasladaría tiene problemas (como un alto nivel de
hacinamiento).[447]
El derecho a la salud, a su vez, puede dar justificar una
limitación o restricción razonable. Así, por ejemplo, se ha indicado que la
relación de sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad,
y el deber de garantizar el derecho a la salud, permite al Estado tomar
decisiones que impliquen restricciones razonables y proporcionadas. Así, por
ejemplo, la jurisprudencia ha avalado algunas restricciones con relación a la
población reclusa con VIH/SIDA, siempre y cuando no sean irrazonables o
desproporcionadas, como lo es restringir permanentemente el derecho a la
circulación por el recinto penitenciario o carcelario, excluyendo la persona de
los espacios de trabajo y recreación.[448]
7.9.1.12. En síntesis, en un Estado social y democrático de
derecho, bajo ninguna circunstancia, puede imponer barreras y obstáculos
infranqueables al acceso a los servicios básicos de salud de las personas
privadas de la libertad. Cuando un sistema penitenciario y carcelario está en
buen estado y funciona correctamente, debe cumplir con esta obligación. Ahora
bien, cuando el sistema penitenciario y carcelario está deteriorado porque, por
ejemplo, no cuenta con infraestructura adecuada y suficiente, está sobrepoblado,
ofrece mala alimentación, no ocupa a las personas ni les brinda la posibilidad
de realizar ejercicios físicos o actividades de esparcimiento y, en cambio sí,
las expone a riesgos de violencia que pueden afectar su integridad personal o
su vida misma, no garantizar el acceso a los servicios de salud es una
violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente. Es tanto como
encerrar bajo llave a personas que se sabe se van a enfermar gravemente, y abandonarlas
a su propia suerte. En otras palabras, se trata de una doble violación. Por una
parte, el Sistema penitenciario y carcelario desprotege el derecho a la
salud, al dejar de tomar acciones y medidas orientadas a superar las afecciones
a la salud de las personas privadas de la libertad; pero a la vez lo irrespeta,
por cuanto emprende acciones (recluir a una persona en condiciones extremas,
insalubres y no higiénicas) que privan del grado de salud que tenían. No se les
asegura gozar de un mejor grado de salud y, además, se les arrebata el que
tenían.
7.9.2. Agua, higiene, aseo y servicios básicos
7.9.2.1. La jurisprudencia ha resaltado la importancia de
garantizarles a las personas privadas de la libertad, el acceso suficiente al
agua limpia necesaria para el aseo personal.[449]
La Corte Constitucional ha tenido que tomar medidas de protección en varias
oportunidades con relación al acceso a los servicios al agua. Precisamente,
esta Sala de Revisión ha tenido que pronunciarse en el pasado reciente sobre el
acceso al servicio de agua en la Cárcel de Cúcuta, entidad que vuelve a ser
cuestionada dentro de uno de los procesos que se resuelven mediante la presente
sentencia. En efecto, esta Sala de Revisión decidió que el INPEC
–Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de
Cúcuta– debía adoptar medidas para respetar los derechos de los accionantes, y
demás internos de la torre 1 ala “B” de dicha institución penitenciaria y
carcelaria, debido a la situación de acceso a agua potable (sentencia T-175 de
2012).[450]
Una de las conexiones que ha identificado la jurisprudencia entre el derecho al
agua, a la salud y a la higiene, es el derecho constitucional que tiene toda
persona privada de la libertad, a poder bañarse sin agua helada o muy fría, especialmente
cuando ello implica un riesgo real para la salud de la persona.[451]
7.9.2.2. De forma similar, corresponde a las autoridades
penitenciarias y carcelarias suministrar los elementos de aseo,
independientemente de que se trate de una persona recluida en condición de
condenada o de sindicada.[452]
Los relatos periodísticos y de denuncia, evidencian que los problemas de
higiene no sólo son aquellos protuberantes que saltan a la vista o al olfato;
también se trata de riesgos cotidianos e invisibles, como ocurre en el corte de
pelo.[453]
7.10. El derecho de toda persona a las visitas íntimas
7.10.1. Se trata de una línea jurisprudencial iniciada hace
muchos años,[454]
y que ha evolucionado con el tiempo, de la mano con el resto de la
jurisprudencia en materia de libertades y autonomía sexual. La jurisprudencia
ha tutelado incluso el derecho de una pareja de personas privadas de la
libertad a tener visitas íntimas,[455]
decisión que fue reiterada recientemente.[456]
7.10.2. La Corte ha considerado que es irrazonable y
desproporcionado, constitucionalmente, sancionar a la persona compañera de una
persona recluida en prisión con la prohibición definitiva de ingreso al
establecimiento penitenciario y carcelario, debido al impacto que tiene sobre
los derechos de imperativo cumplimiento cuyo goce efectivo debe ser asegurado
por el Estado.[457]
7.10.3. No obstante, la jurisprudencia ha encontrado
razonable que en ciertos casos concretos, por razones de seguridad, se
establezcan restricciones o limitaciones razonables y proporcionadas. El juez
de tutela debe tener en cuenta si la medida  (i) busca una finalidad
constitucional (el mantenimiento de la seguridad y el orden público en este
caso),  (ii) es adecuada respecto al fin,  (iii) la medida es necesaria, y (iv)
es estrictamente proporcional.[458]
En todo caso, incluso en aquellos casos en los que las restricciones o las
limitaciones puedan ser razonables, se deben tomar las medidas adecuadas y
necesarias para remover hasta donde sea posible los obstáculos y las barreras a
los derechos.[459]
7.10.4. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la
libertad sexual y reproductiva de las mujeres privadas de la libertad. No se
les puede exigir, por ejemplo, el uso de anticonceptivos como requisito para
que se pueda dar la visita conyugal, con el objeto de evitar embarazos en
prisión.[460]
7.11. El derecho a regresar a una sociedad en libertad y
democracia
7.11.1. El Sistema penitenciario y carcelario de un
estado social y democrático de derecho debe propender, fundamentalmente, por la
resocialización
7.11.1.1. El sentido último de un sistema penitenciario y
carcelario es lograr la resocialización y reintegración de las personas que
fueron privadas de la libertad. Al lado de la función retributiva de la pena,[461] la
resocialización ha de ser el principal objetivo de la reclusión, junto con la
disuasión, la principal garantía de no repetición.[462] Se pretende que la
reclusión y la penitencia transformen a la persona que ha atentado gravemente
la convivencia en sociedad, para que pueda regresar a vivir sin romper las
mínimas reglas de armonía. Las limitaciones que la disciplina impone a las
personas recluidas, de hecho, encuentran su principal justificación en ser
necesarias para lograr tal propósito. La resocialización es una de las
principales garantías de no repetición para las víctimas y para los derechos de
las personas en general.
7.11.1.2. La privación de la libertad, durante mucho tiempo,
no fue considerada un castigo suficiente para un grave delito. La prisión, por
lo general, fue usada como un lugar de paso, mientras se recibía el castigo
final, muchos de ellos sobre el cuerpo.[463]
La cárcel no era una pena adecuada durante la edad media ni como retribución (retributio),
esto es como equivalencia de la falta cometida,[464] ni tampoco como
expiación (expiatio), como liberación de las consecuencias nefastas
desatadas por el crimen.[465]
Se requerirán las nuevas concepciones religiosas y sociales de la Europa
protestante para que las visiones del castigo difundido por instituciones
católicas como la inquisición, den lugar a la institución de la cárcel.[466] No
obstante, será dentro del propio mundo del derecho canónico y eclesiástico
católico que las tradiciones protestantes encontrarán algunos de los elementos
que hacen parte de las políticas criminales contemporáneas como la ‘penitencia’
en ‘celdas’ y ‘en silencio’,[467]
características que, dentro de un nuevo contexto, se sumarán a otros aspectos
como el trabajo, usualmente forzado. Un establecimiento para la penitencia de
este tipo traía, adicionalmente, beneficios prácticos de carácter
administrativo.[468]
7.11.1.3. Las personas privadas de la libertad suelen usar
expresiones corrientes de forma inusual, e incluso irónica, lo cual les permite
mostrar realidades que el lenguaje ordinario suele enmascarar. Esto ocurre justamente
con relación a la aparente disfuncionalidad de la cárcel. Así, mientras que la
cárcel se presenta regularmente como la institución a la cual ‘no entra el
delito’ sino la persona, por cuanto está diseñada para transformarla y
resocializarla, en el lenguaje carcelario suele llamarse a la prisión ‘la
universidad’, la ‘universidad del crimen’; el lugar en el cual las personas,
lejos de dejar de delinquir, aprenden a hacerlo mejor, de más variadas maneras
y adquieren nuevos contactos y redes de apoyo y de trabajo. Es el fenómeno que
se ha denominado ‘contaminación criminal’ por académicos e instituciones como
la Organización de Estados Americanos, OEA, que oficialmente ha sostenido que
entiende por qué “[…] en muchos países de la región los sistemas penitenciarios
son considerados verdaderas universidades del delito.”[469] Nacionalmente también
es un asunto que ya había sido reportado: las cárceles son universidades del
crimen, si no sabes, aprendes, y si sabes, aprendes más.[470]
7.11.2. El trabajo y los oficios en la prisión
7.11.2.1. La relación entre la cárcel y el trabajo no es
nueva. El trabajo no entró a las prisiones como una nueva forma de buscar la
resocialización y la humanización de las personas privadas de la libertad. La
relación es de vieja data. De hecho, el origen de la cárcel como se conoce hoy
en día y de la fábrica se entrelaza, son dos instituciones que han tenido
génesis y desarrollos paralelos.[471]
Las tensiones entre el trabajo libre y el trabajo privado de la libertad son
históricas, pues aunque tienen rasgos similares, especialmente desde una
perspectiva económica, también tienen diferencias significativas.[472] Así,
por ejemplo, la función del salario, para el trabajo libre, es una cuestión de
retribución y libertad económica, mientras que para el trabajo no libre el
‘salario’ es un mecanismo de formación y disciplina que, entre otras, simboliza
el salario que recibe un trabajador libre.[473]
Por supuesto, Colombia no ha sido ajena a vivir esas tensiones durante su
historia y en su actualidad. Las discusiones que internacionalmente se han dado
sobre la materia desde mediados del siglo XIX en las naciones occidentales, ha
impactado el desarrollo de las legislaciones y las políticas nacionales.[474]
7.11.2.2. La jurisprudencia constitucional se pronunció
acerca de las diferencias entre el trabajo libre y el no libre, a propósito de
una demanda de constitucionalidad contra la norma del Código Penitenciario y
Carcelario, que establece que los días domingos y festivos que no se realice
actividad laboral, no se tendrán en cuenta para la redención de la pena
(art.100).[475]
La demanda consideraba que la norma acusada establecía una limitación a la
redención de la pena que es injusta y discriminatoria, pues si no se computa a
la persona recluida de la libertad para la redención de la pena los días
domingos y festivos, en los cuales no se le permite trabajar, se le desconocen
52 días al año, sin tener en cuenta que ‘la mayoría inmensa de quienes están
en prisión, laboran únicamente por la redención, despreocupados por los pagos
de salario que, cuando lo hay, es muy inferior al mínimo de ley’. Se
declaró constitucional la norma, por considerar que “[…] es muy diferente la
situación material y jurídica a que da lugar el trabajo en condiciones de
libertad, del trabajo no forzado, que, salvo las excepciones legales, realizan
los reclusos en los centros carcelarios donde purgan una pena.” Para la
Corte, la diferencia es que “[…] el trabajo en dichos centros tiene una
finalidad diferente, en el sentido de que busca esencialmente la
resocialización del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio
de libertad una vez cumpla la sanción que le ha sido impuesta, e igualmente de
que pueda disminuir el tiempo de la pena.”[476] Sostuvo que la fórmula
elegida por el legislador era “válida, razonable y proporcionada a su
finalidad”; pues la institución de los descansos remunerados forma parte de
los principios Constitucionales básicos y el sistema de protección integral del
trabajo en condiciones de libertad, no de un trabajo que busca resocializar.[477]
7.11.2.3. La cuestión de la remuneración del trabajo
realizado en prisión, también ha sido objeto de revisión por parte de la jurisprudencia
constitucional. Por ejemplo, se ha considerado que no se puede discriminar
entre personas privadas de la libertad, con relación a la remuneración, sin
tener un criterio objetivo y razonable en qué fundar el trato distinto. Así, se
ha tutelado el derecho de un preso a que se le bonificara por sus labores,
cuando a otras personas recluidas en el mismo establecimiento, sí se les había
dado una bonificación económica por realizar labores similares.[478]
7.11.2.4. La jurisprudencia constitucional ha tutelado el
derecho a trabajar de una persona privada de la libertad, luego de habérsele
prohibido hacerlo como sanción a un acto de indisciplina interna; se reiteró la
importancia del trabajo en el proceso de resocialización y de poder actuar para
obtener más prontamente la propia libertad.[479]
Desde su inicio, la Corte ha resaltado el profundo valor del trabajo en las
cárceles, como mecanismo de resocialización y de construcción de paz social y
de libertad individual.[480]
El trabajo es un derecho de quienes se encuentran en penitenciarias, en
cárceles, pero también en detención domiciliaria o en detención parcial en el
lugar de trabajo, sin que se pueda discriminar entre trabajo intelectual o
material.[481]
La jurisprudencia ha indicado que aunque “[de] las actividades laborales
realizadas por los reclusos no se deriva, por consiguiente, una relación
laboral en el estricto sentido de la palabra, [esto no obsta] para que
se deje de garantizar el derecho de los internos a trabajar en condiciones
liberadoras o se deje de hacer efectivo el derecho de los reclusos a
rehabilitarse, a disminuir su pena y, en la medida de lo posible, a gozar del
producto de su trabajo.”[482]
7.11.2.5. En síntesis, si bien el derecho al trabajo de las
personas privadas de la libertad enfrenta significativas limitaciones,
razonables y proporcionadas constitucionalmente, no es un derecho que pueda
desaparecer. Sus ámbitos nucleares de protección no pueden ser desconocidos por
completo. El Sistema penitenciario y carcelario está obligado a garantizar el
goce efectivo del derecho a realizar trabajos y oficios. En el caso de las
personas privadas de la libertad, los ámbitos de protección del derecho al
trabajo que se conservan son de vital importancia. Además de existir las
razones que toda persona tienen en libertad para trabajar, en la cárcel surgen
razones adicionales. La necesidad de ocupar la mente y el cuerpo en alguna
actividad de aquellas permitidas, por sanidad mental. Acceder a los beneficios
de libertad a da lugar. La posibilidad de aprender un nuevo oficio, y,
eventualmente, algún tipo de remuneración, con el bienestar material que en una
cárcel puede representar, en especial dado el estado de cosas actual.
7.11.3. La educación en prisión
7.11.3.1. Una de las actividades en prisión que tiene
especial protección por parte de la Carta Política, dado su destacado rol
dentro del proceso de reinserción, es la educación. Es quizá, la principal
herramienta de intervención con la que cuenta una sociedad democrática para
corregir el rumbo de personas igualmente dignas, autónomas y libres. No
obstante, como lo evidencian los reportes y diagnósticos evaluados dentro del
proceso de la referencia, las condiciones actuales de hacinamiento y
sobrepoblación, se suman a los problemas y deficiencias que, de por sí, tiene
la oferta de planes y programa educativos en la penitenciarias y las cárceles.
En un estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la
dignidad humana, se deja de usar la educación como instrumento de
transformación de las personas. Por supuesto, las personas privadas de la
libertad conservan, con limitaciones y restricciones razonables su derecho,
tanto a aprender como su derecho a enseñar. En esta segunda modalidad, el
derecho a la educación adquiere una relación inescindible con el derecho al
trabajo, antes mencionado.
7.11.3.2. La jurisprudencia ha tutelado el derecho a que no
se impongan obstáculos irrazonables y desproporcionados a las personas, para
acceder a los servicios de educación, en especial, cuando tenían confianza
legítima de que sí podrían emplearlos.  Este fue el caso, por ejemplo, de una
persona privada de la libertad, que luego de inscribirse en un programa de
educación a distancia y haber invertido un dinero importante en ello, fue
remitido a una cárcel en la cual se le dificultaba mantener el contacto con la
entidad que prestaba el servicio; la Corte ordenó realizar las acciones que
fueran del caso para garantizar el acceso al servicio, o el reconocimiento del
dinero que el accionante había invertido.[483]
La Corte Constitucional ha insistido en que las autoridades penitenciarias y
carcelarias tienen la obligación de generar un ambiente adecuado para la
educación y la enseñanza.[484]
7.11.4. El vínculo con la familia y las personas
allegadas
7.11.4.1. Otra de las herramientas más poderosas con que
cuenta una sociedad para reintegrar una persona privada de la libertad a su
seno, es la relación con los miembros de su familia, y las demás personas
amigas y allegadas. El respeto a los vínculos sociales y personales debe ser
amplio. Las visiones formales y tradicionales de la familia no pueden generar
obstáculos y barreras para el acceso a las personas con que se tiene y guardan
los afectos. Puede haber personas formalmente muy cercanas (por ejemplo en
grados de consanguineidad), que no representen afectos o sentimientos de
solidaridad para quien está recluido. A la vez, pueden existir personas, que
sin vínculo de sangre o jurídico alguno, son un bastión de solidaridad y
afecto. En una sociedad democrática, estas relaciones humanas no pueden ser
truncadas, pues a la vez se estaría obstaculizando uno de los más importantes
caminos para que la persona regrese a su comunidad.
7.11.4.2. En tal sentido, por ejemplo, la jurisprudencia
constitucional ha tutelado el derecho a la unidad familiar cuando la situación
concreta de un niño o una niña supone una vulnerabilidad tal, que se les debe
proteger su derecho a no ser separados de su familia de manera reforzada. En
este sentido, se ha ordenado realizar traslados para remover, hasta donde sea
posible, los obstáculos y las barreras que impiden la unidad familiar.[485] Pero
esto no quiere decir que no existan límites razonables al derecho de una
familia a mantenerse unida. Incluso, el hacinamiento existente en un centro de
reclusión ha sido entendido como un límite razonable para llevar a cabo un
traslado, en ciertas circunstancias.[486]
7.11.4.3. Los derechos de los niños y las niñas a estar cerca
de sus padres, cuando éstos se encuentran en prisión, está por encima de los
derechos de los demás. Esto implica, por ejemplo, que es ‘manifiestamente
irrazonable’ limitar significativamente las visitas de los menores de edad
en una institución de máxima seguridad, en especial cuando hay disponibilidad
de recursos materiales, los espacios e instalaciones suficientes.[487]
Expresamente, se ha considerado que no es razonable limitar o restringir el
derecho a la visita de menores a los centros de reclusión por razones de
seguridad, más allá de lo estrictamente necesario, por cuanto, “[…] de
conformidad con las […] pruebas aportadas por el INPEC está demostrado,
por diversos estudios psicológicos, que el contacto frecuente de los internos
con sus familias, y en especial con sus hijos, constituye un enorme aliciente,
baja los niveles de ansiedad y disminuye los riesgos de suicidio y de
agresiones entre internos en los penales.”[488]
7.11.4.4. Pero no sólo se trata de los derechos de los niños
y las niñas a no ser separados de su familia. Está en juego también el derecho
a la intimidad de la familia. El que un niño o una niña vayan a visitar a una
persona que está sindicada o condenada por cometer un acto criminal no es una
cuestión que competa al Estado, sino a los adultos responsables
correspondientes. Una autoridad carcelaria no puede invadir la intimidad de la
familia, con la excusa de estar ejerciendo su legítima función de regulación de
la disciplina. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “[…] no le
corresponde al Estado, de manera alguna, determinar si a los hijos menores de
edad de un recluso les conviene o no visitar a sus padres internos. Sin duda,
se trata de una decisión que debe ser tomada en el seno de cada familia, sin
intromisión alguna. Además, el proceso de resocialización, así se trate de los
internos condenados a penas elevadas, pasa porque los vínculos familiares, en
la medida de lo posible, se preserven.”[489]
7.11.4.5. Por supuesto, el derecho de los niños y las niñas
y los derechos a la unidad familiar deben ser tutelados y protegidos, sin dejar
nunca de lado los derechos de las personas de la sociedad en general, y las
víctimas en especial, que se podrían ver afectados si, como medida de
protección, se dan medidas de libertad a quien no reúne los requisitos
establecidos legalmente. Las autoridades administrativas y judiciales deben
ponderar en cada caso concreto los intereses y derechos en tensión e impedir
que medidas legítimas de protección a la familia, sean utilizadas estratégicamente
por ciertas personas para evadir las medidas de privación que, en justicia,
deben atender.
7.11.4.6. En sistema de protección de derechos humanos, como
el europeo, también se ha resaltado que ‘es de suma importancia’ el
contacto con la familia y las personas allegadas en el proceso de reinserción y
reintegración de quienes han permanecido en prisión, a una sociedad libre y
democrática. La necesidad de mantener y desarrollar relaciones interpersonales
es un aspecto que se respeta por parte de todos los países de la región.[490]
7.11.5. Recreación
Uno de los ámbitos de protección que suele quedar relegado
en los procesos de actualización y mejora del Sistema penitenciario y carcelario
es el de la recreación. Si no existen planes adecuados para el trabajo y la
educación, o servicios adecuados de salud y alimentación, la recreación
comienza a adquirir un cierto aire de lujo, de bien suntuario al que, si se
puede, más adelante se alcanzará. La Sala reconoce que la urgencia de la alimentación,
la salubridad o las visitas íntimas está por encima de la protección a la
recreación, pero es precisamente esta situación la que lleva a que se deba
prestar especial atención a la recreación. En otras palabras, es razonable
constitucionalmente priorizar; de hecho, es un deber. El Estado no puede dar prioridad,
sobre derechos cuya protección es urgente, a derechos de menor importancia o
que no demandan una protección inmediata. Pero el priorizar no puede implicar
excluir. Que la recreación no deba estar en el primer lugar de las prioridades
de la política penitenciaria y carcelaria es razonable, pero en modo alguno
quiere ello decir que deba estar en el último lugar, o que, sencillamente, se
excluya. En especial si se tiene en cuenta la gran cantidad de actividades
recreativas que pueden, a la vez, servir para el proceso de educación y de resocialización
de las personas.
7.12. Acceso a la administración pública y a la
administración de justicia
Para una persona privada de la libertad, el derecho a
presentar peticiones a la administración pública, especialmente a las
autoridades penitenciarias y carcelarias, es de vital importancia. Es una
herramienta básica que le sirve para proteger todos sus derechos. Muchas
violaciones o amenazas pueden ser enfrentadas por las personas recluidas,
mediante peticiones a las autoridades para que hagan algo, o que dejen de
hacerlo. En caso de que esto no sirva, es imprescindible que las personas
recluidas cuenten con un mecanismo para controvertir la respuesta de las
autoridades, que se materializa o bien mediante procedimientos ante órganos de
vigilancia y control del Estado y de defensas y promoción de los derechos
fundamentales, o, por supuesto, frente a una autoridad judicial.
7.12.1. El derecho de petición
La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho de
las personas privadas de la libertad a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, las cuales deben ser atendidas de forma adecuada y suficiente.[491] Así,
el derecho de petición ha servido para garantizar el acceso a traslados de
personas que ven afectados otros derechos de manera grave, como el estar lejos
de la familia y de personas allegadas.[492]
Además de tutelar el derecho de petición, la jurisprudencia
constitucional ha tomado medidas para que las personas privadas de la libertad
tengan conocimiento del alcance del mismo y su ámbito de protección, a la vez
que ha remitido la información respectiva a las autoridades de control
correspondiente, para que adopten las medidas correctivas que sean del caso,
ante la evidente y grave violación de éste derecho.[493]
7.12.2. Acceso a la justicia, indispensable sobre todo en
condiciones de hacinamiento
Las políticas de traslado como solución a la crisis por
hacinamiento, entran en tensión con los derechos de los reclusos. Concretamente
con su derecho a no ser separado de su familia, tan importante en el contexto
de la resocialización y reintegración de las personas en prisión. De forma
similar, los traslados también pueden impactar el derecho al acceso a la
justicia y el derecho a la defensa de la personas recluida en la libertad. De
hecho, en el año dos mil (2000), los problemas estructurales en esta materia
llevaron a la Corte Constitucional a declarar nuevamente un estado de cosas
inconstitucional en el contexto del Sistema penitenciario y carcelario.[494]
Nuevamente la Corte puso de presente que la situación no dependía de ninguna
autoridad en concreto, sino de la coordinación y adecuada interacción entre sus
miembros. Se ordenó a las autoridades correspondientes “[…] diseñar
estrategias y directrices internas de comunicación interinstitucional, de
manera tal que los jueces y fiscales puedan coordinar con las autoridades del
INPEC, y estas últimas, con la fuerza pública, la remisión oportuna y adecuada
de las personas recluidas en establecimientos ubicados en una localidad
distinta de aquella en la que se surte el proceso en su contra.”[495] Se
indicó que esta decisión debía cumplirse en el contexto de las órdenes
impartidas en la sentencia T-153 de 1998,[496]
y se cuestionó fuertemente las actuaciones del INPEC pues a su parecer “[…] nada
justifica o excusa las conductas negligentes o dilatorias del INPEC, [pues
este Instituto] tiene la obligación perentoria de cumplir las órdenes de los
jueces y, en consecuencia, debe adecuar su estructura y funciones a los
imperativos que le impone el deber de remisión oportuna y segura de los
reclusos a las diligencias judiciales de rigor. Precisamente por encontrar
incumplido éste deber, la Corte concederá la acción de tutela en el caso
singular de los actores.”[497]
El goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad, no puede depender de las condiciones concretas y específicas de un
sistema penitenciario y carcelario en crisis. Por el contrario, es el sistema
penitenciario y carcelario el que se debe adecuar a las exigencias propias de
la función de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las
personas en prisión. La dignidad humana debe ser una de las medidas y los
patrones de construcción del estado social de derecho.
Se deben tomar medidas adecuadas y necesarias para asegurar
que una persona privada de la libertad cuente con una defensa ante la justicia,
pertinente y adecuada. Es una dimensión de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad.[498]
La jurisprudencia ha reconocido varias garantías frente a
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. En primer lugar, la
posibilidad de determinar el funcionario judicial encargado de conocer el caso;
“[…] el derecho de acceso a la administración de justicia implica que existe
un juez competente para decidir cada caso de acuerdo con criterios legales
predeterminados por la ley. Es decir, que el ciudadano goza de certidumbre
sobre la autoridad judicial y las competencias que le son atribuidas a la
misma, con el objeto de que se pronuncie sobre su causa.”[499] (principio del juez
natural). En segundo lugar, el juez competente debe resolver las peticiones
presentadas, mediante procesos que “[…] deben ser desarrollados en un
término razonable y sin dilaciones injustificadas”, para garantizar una
justicia pronta y cumplida.[500]
El Código Penitenciario y Carcelario se ocupa de regular los deberes propios de
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en el contexto
penitenciario y carcelario. A los jueces de ejecución de penas (art. 51, Ley 65
de 1993) les corresponde garantizar la legalidad de la ejecución de las
sanciones penales, teniendo contacto directo en los centros de reclusión.[501] Además
de las competencias fijadas en la legislación penal, es de especial importancia
en el ámbito carcelario la obligación que tienen los jueces de ejecución de
penas para “verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de
reclusión donde deba ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada.”
Las autoridades carcelarias y de administración judicial, dentro de sus
competencias, tienen la obligación de garantizar la disponibilidad del servicio
judicial en los centros de reclusión asignados, en condiciones de
accesibilidad.[502]
Actualmente se encuentra en debate en el Congreso una reforma sobre la
legislación carcelaria vigente, que pretende modificar los textos legales, con
el fin de hacerlos más efectivos y eficientes.[503]
La acción de tutela (la posibilidad de reclamar la
protección inmediata del goce efectivo de un derecho fundamental ante una
violación o una amenaza, por parte de un juez de la República,) es un derecho
fundamental autónomo de importancia capital en el orden constitucional vigente,
en tanto es la herramienta para garantizar el goce efectivo de todos los
derechos fundamentales, incluyendo el de presentar tutela. En el caso de las
personas privadas de la libertad, por estar en una relación de especial de
sujeción en un Sistema penitenciario y carcelario, en crisis, que muchas veces
implica un peligro grave, real e inminente, la acción de tutela adquiere un
lugar protagónico y estratégico. No sólo se permite asegurar el goce efectivo
de los derechos fundamentales, en general, sino que, además, permite a las
autoridades tener noticia de graves amenazas que están teniendo lugar. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la acción de tutela
es un derecho protegido de forma especial para personas privadas de la
libertad, de hecho ha reconocido que la posibilidad de impugnar la sentencia de
primera instancia de una acción de tutela, es en sí, un derecho fundamental.[504]
7.13. De nuevo un estado de cosas contrario a la
Constitución Política
7.13.1. En síntesis, el Sistema penitenciario y
carcelario se encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional. Se
trata de una situación que si bien no es idéntica a la vivida en 1998, en
especial por el rol y las actuaciones estatales frente al problema, se ha
desarrollado poco a poco, con una clara tendencia a agravarse. Es un estado de
cosas que compromete, principalmente, la dignidad humana, reconocida por igual
a toda persona, tal como lo ha resaltado la jurisprudencia constitucional
vigente. Las personas privadas de la libertad están en una relación de sujeción
que faculta a las autoridades penitenciarias y carcelarias a restringir ciertos
derechos, de forma razonable y ponderada. Pero a la vez, la condición de
reclusión bajo la autoridad del Estado, impone en éste la carga de garantizar
el goce efectivo de dimensiones básicas y mínimas de los derechos
fundamentales, de forma inmediata e inaplazable, a pesar de que en ocasiones se
impongan gastos. Hay ciertas condiciones de indignidad que un estado respetuoso
de la Carta Internacional de Derechos no puede, bajo ninguna circunstancia
justificar. Por supuesto, la ausencia de capacidad económica es uno de esos
argumentos que no puede justificarse para desconocer los mínimos de respeto más
básicos que merece un ser humano.
7.13.2. El estado de cosas del Sistema penitenciario y
carcelario, como un resultado de la política criminal en general, ha afectado
en gran medida a los grupos más vulnerables de la sociedad. Los desperfectos
estructurales del Sistema se han ensañado, por los problemas de selectividad
propios del derecho penal y sus instrumentos de aplicación, han generado daños
y costos en los derechos de las personas que han tenido que asumir grupos
sociales frente a los cuales, el Estado tiene un especial deber constitucional
de protección. Esta situación de marginalidad previa de la población recluida,
se suma a la exclusión que se añade por el hecho de haber sido privado de la
libertad, así sea preventivamente. Así, por ejemplo, se restringe sus derechos
políticos, excluyendo aún más a las personas privadas de la libertad de los
debates y la deliberación en democracia.  Si la mayoría de las personas en
prisión veían sus intereses y preocupaciones excluidas de la deliberación
democrática, y las posibilidades de cambiar esa situación eran limitadas por su
condición de exclusión y marginalidad, el paso por la cárcel sólo agrava y
acentúa esa situación de exclusión.
7.13.3. Una persona privada de la libertad privada en
condiciones dignas supone al menos, además de la protección a su vida e
integridad física y mental, una reclusión libre de hacinamiento; en una
infraestructura adecuada; no ser sometida a temperaturas extremas, en especial
en los momentos de reposo y descanso; acceso a servicios públicos básicos,
especialmente al agua potable; alimentación adecuada y suficiente; a un
ambiente salubre e higiénico; acceso a los servicios de salud que se requiera;
a servicios de aseo y utensilios; el respeto a la visitas íntimas. Tiene
derecho a que su encierro tenga como propósito principal un proceso de
resocialización en el que el trabajo, la educación, la recreación y las
relaciones familiares y con las personas allegadas deben tener roles
preponderantes. Finalmente, como medio para asegurar el respeto de los derechos
fundamentales, y poder enfrentar las diferentes amenazas y violaciones a las
que se está sometido, son esenciales los derechos a presentar peticiones a la
administración pública y a acceder a la administración de justicia. Especialmente,
son garantías que se requieren con urgencia en un estado de cosas como el
actual que, en razón al hacinamiento, lleva a que se requieran más de estos
canales de acceso al Estado, pero a la vez los obstaculiza y dificulta. Es
decir, el hacinamiento lleva a que se demande más de un servicio de acceso a la
administración y la justicia que, al ser de por sí precario, colapsa.
7.13.4. Ahora bien, buena parte de los derechos
fundamentales que se encuentran comprometidos, bien sean de libertad o derechos
sociales, suponen facetas prestacionales que demandan una acción importante y
decidida del estado. En otras palabras, el goce efectivo de los derechos
fundamentales violados y amenazados a las personas privadas de la libertad en
el Sistema penitenciario y carcelario, en especial en los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios que fueron objeto de tutela dentro de alguno de
los procesos acumulados, dependen de las políticas públicas que se establezcan
para el efecto. Cuál ha de ser el rol del juez constitucional en este tipo de
casos es una cuestión que la jurisprudencia constitucional viene desarrollando
desde hace varios años y que a continuación se pasa a exponer, considerando,
especialmente, el caso de las políticas penitenciarias y carcelarias, como
parte de una política criminal general.
8. Toda persona que está privada de la libertad, o puede
estarlo, tiene el derecho constitucional a que exista una política criminal y
carcelaria respetuosa de su dignidad y orientada a materializar el goce
efectivo de sus derechos; el estado de cosas actual de la política criminal
desconoce los mínimos constitucionales
La jurisprudencia de esta Corte, ha resaltado la relevancia
constitucional de las políticas públicas de las cuales depende el goce efectivo
de los derechos fundamentales. El juez de tutela tiene que comprender las
complejidades que demanda al Estado cumplir las obligaciones de proteger las
facetas de carácter prestacional o progresivo de los derechos constitucionales.
Pero eso no implica que el juez de tutela pueda hacer caso omiso de la las
violaciones o amenazas que se prueben y verifiquen en los procesos de tutela.
Como ha dicho la Corte, la progresividad no es un permiso para incumplir
obligaciones constitucionales; “[…] justifica la imposibilidad de exigir
judicialmente en casos individuales y concretos, el inmediato cumplimiento de
todas las obligaciones que se derivarían del ámbito de protección de un derecho
constitucional, pero no es un permiso al Estado para que deje de adoptar las
medidas adecuadas y necesarias orientadas a cumplir las obligaciones en
cuestión, valga repetir, progresivamente. Para la jurisprudencia ‘el que
una prestación amparada por un derecho sea de carácter programático no quiere
decir que no sea exigible o que eternamente pueda incumplirse’[505].
”[506]
Las personas privadas de la libertad en las penitenciarías, las cárceles y
cualquier otro tipo de centro de reclusión en Colombia, tienen derecho a que
sus derechos fundamentales sean respetados, protegidos y garantizados
efectivamente. La importancia de las obligaciones por cumplir y la necesidad de
tener que construir políticas públicas complejas de largo aliento para
lograrlo, no son una justificación válida para dejar de tomar las medidas
adecuadas y necesarias para, progresivamente, asegurar los derechos. En
especial, aquellas dimensiones de los derechos de las personas privadas de la
libertad que se requieren con urgencia y, por tanto, su cumplimiento es
inaplazable.
A continuación se hará referencia a los mínimos constitucionales
que debe respetar una política pública de la cual dependa el goce efectivo de
un derecho fundamental. Posteriormente, en la segunda parte de este capítulo,
se mostrará por qué el estado de cosas en que se encuentra el Sistema
penitenciario y carcelario, contrario al orden constitucional vigente, supone
un desconocimiento de los parámetros constitucionales mínimos que debe respetar
toda política penitenciaria y carcelaria, entendida como parte integral de la política
criminal en general.
8.1. El Estado tiene el deber constitucional de diseñar e
implementar una política pública escrita, que garantice progresiva y
sosteniblemente, el goce efectivo de las facetas prestacionales de los derechos
fundamentales que no sean de inmediato cumplimiento
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que si bien el
carácter prestacional de los derechos constitu­cio­na­les está ‘estrechamente’
rela­cio­nado con los derechos económicos, sociales y culturales, no se trata
de dos cate­gorías idénticas, que coincidan plenamente.[507] Esto ha sido
establecido, precisamente, en sentencias en las cuales se ha tutelado facetas
prestacionales de derechos de libertad, como el derecho a la locomoción.[508] Por
eso, la categoría ‘derechos de libertad’ no coincide con la categoría ‘derechos
no prestacionales’ o ‘derechos negativos’; existen muchas facetas de los
derechos sociales, económicos y culturales, que son de carácter negativo y su
cumplimiento no supone la actuación del Estado o de los particulares sino su
abstención, a la vez que existen muchas facetas de los derechos de libertad que
suponen la acción decidida y amplia del Estado, para poder garantizar su goce
efectivo. Por eso ha sostenido la Corte:
“[…] la condición de ‘prestacio­nal’
no se predica de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un
dere­cho’.[509] Es un error categorial hablar de ‘derechos presta­cionales’,
pues, como se dijo, todo derecho tiene facetas prestacionales y facetas no
prestacionales.”[510]
8.1.1.  Facetas prestacionales de aplicación inmediata.
Aunque las fallas en las políticas públicas de las que depende el goce efectivo
de un derecho fundamental, usualmente requieren tiempo suficiente para que las
autoridades competentes diseñen las medidas que se requieren y las implementen,
existen casos en los que no hay lugar a esperas. A propósito de la facetas
prestacionales del derecho a la salud, la jurisprudencia constitucional indicó:
“Algunas de las obligaciones que
se derivan de un derecho fundamental y que tienen un carácter prestacional, son
de cumplimiento inmediato, bien sea porque se trata de una acción simple
del Estado, que no requiere mayores recursos (por ejemplo, la obligación de
suministrar la información de cuáles son sus derechos a los pacientes, antes de
ser sometidos a un tratamiento médico),[511]
o porque a pesar de la movilización de recursos que la labor implica, la
gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata (por
ejemplo, la obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
garantizar la atención en salud de todo bebé durante su primer año de vida
–art. 50, CP–).[…].”[512]
Así, por ejemplo, hay dimensiones del derecho de acceso al
agua que pueden esperar a que se lleven adelante las acciones adecuadas y
necesarias, en el tiempo requerido usualmente para tal finalidad, pero hay
otras que no. La vida, no sólo la humana, no es posible sin agua potable. Por
tanto, restricciones y limitaciones graves al acceso al agua, así dependan de
complejas acciones estatales, no pueden demorarse en el tiempo indefinidamente.
En tales eventos, la jurisprudencia ha ordenado que junto a las acciones de
política pública de corto, mediano y largo plazo, se diseñen e implementen
medidas temporales y paliativas de manera inmediata.[513]
8.1.2. Facetas prestacionales de aplicación progresiva. En
otros casos, las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho
fundamental deben cumplirse de forma progresiva; requieren acciones y
recursos, públicos y privados, que se implementan a lo largo del tiempo,
mediante planes y programas en los que participan diversas agencias y
estamentos. El cumplimiento de este tipo de obligaciones de carácter progresivo
“[…] no se satisface con la simple actuación estatal, ésta debe ser ajustada
a la Constitución, por lo que debe estar encaminada a garantizar el goce
efectivo de los derechos.”[514]
La jurisprudencia ha abordado tres (3) cuestiones esenciales que se deben
resolver en los casos en los que la acción de tutela es utilizada para invocar
la protección de una faceta prestacional de un derecho constitucional: (i)
¿Cuándo una política pública de la que depende el goce efectivo de un derecho
fundamental es contraria al orden constitucional vigente?  (ii) ¿Qué debe hacer
el juez de tutela luego de constatar que una política pública viola los límites
constitucionales?  Y, finalmente, (iii) ¿en qué circunstancias el juez
constitucional puede entender que las acciones de una política pública que
violaba la Constitución, son suficientes y permiten entender cumplida la
decisión de tener que suspender la amenaza? Pasa la Sala a mostrar cómo ha
abordado la jurisprudencia estas tres cuestiones.
8.1.2.1. Cuándo hay violación. La primera cuestión
que un juez de tutela debe establecer es cuándo una política pública de la que
depende el goce efectivo de un derecho fundamental es contraria al orden
constitucional vigente. Es obvio que cuando el Estado no ha hecho nada para
respetar, proteger o garantizar el derecho invocado por una persona ha
incumplido sus obligaciones constitucionales. Pero como se dijo, la mera acción
del Estado no implica, de por sí el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales con relación a tales derechos. En otras palabras, las
administraciones que omiten toda actuación no son las únicas que desconocen los
derechos. También lo hacen aquellas que no toman al menos las mínimas acciones,
adecuadas y necesarias, para asegurar su goce efectivo.
Las facetas prestacionales de los derechos fundamentales de
aplicación progresiva suponen, al menos, un contenido básico exigible
judicialmente, no sometido a debate en una democracia, a saber: el derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén
implementando.[515]
Cuando el juez de tutela constata que una política pública desconoce
abiertamente alguno o varios de estos parámetros mínimos, estará ante una
violación a la Constitución Política.
(i) Existencia de un plan. El primer
y obvio límite que puede violar el Estado es no contar con un plan con un
programa. El contenido de un derecho fundamental que sea de carácter
programático el contenido mínimo que tiene es, justamente, la existencia de un
programa. Si el Estado no cuenta con planes o programas orientados a garantizar
progresivamente las facetas prestacionales de los derechos fundamentales, no
puede garantizar su goce efectivo en ese momento, ni podrá hacerlo más
adelante. Por eso, para la jurisprudencia, “[es] lo mínimo que debe hacer
quien tiene la obligación de garantizar la prestación invocada. Se desconoce
entonces la dimensión positiva de un derecho fundamental en sus implicaciones
programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un plan que
conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizarlo y protegerlo.”[516] El
carácter progresivo de una obligación constitucional implica límites a la
posibilidad de exigir su cumplimiento judicialmente de forma inmediata; pero en
modo alguno es un permiso para dejar de actuar, para la inacción y la parálisis
estatal, al menos se ha de contar un programa.[517] No obstante, es obvio
que contar con un plan no es suficiente; como la Corte Constitucional lo ha
manifestado “una política pública no es el conjunto de promesas y de
directrices que una autoridad pública formula en un texto”.[518] Una política pública es
el conjunto de acciones y omisiones de una autoridad, encaminadas a resolver un
problema público. [519]
(ii) Publicidad. El
plan con que se cuente debe estar al alcance de todas las personas, en especial
de aquellas que tienen en juego el respeto, la protección y la garantía de sus
derechos fundamentales. En tal sentido, el plan o los planes con que cuente el
Estado deben estar escritos y deben poder conocerse. Por supuesto, la
publicidad de la Administración y de sus actos, cubre no solamente el plan o el
programa en el cual se estructure la política, sino todos sus actos y
decisiones posteriores.
(iii) Tiempos de
progreso. El plan que exista y esté escrito ha de estar orientado a asegurar,
progresivamente, el goce efectivo de los derechos. Tres cuestiones se pueden
resaltar al respecto. Primera; el plan tiene que tener límites temporales, no
puede ser indefinido. Segundo el límite debe ser razonable, no pueden ser
plazos excesivos e injustificados. Tercero; ese límite temporal razonable que
se fije debe ser público y, como el resto del plan, debe estar escrito, esto
es, debe contar con un cronograma.
(iv) Goce efectivo. El plan o los
planes con que el Estado cuente, deben estar orientados hacia el goce efectivo
del derecho. La Constitución Política de 1991, introdujo el principio según el
cual no sólo importa la consagración formal del derecho en el papel, sino, ante
todo, la protección material del mismo en la realidad. Bajo el orden
constitucional vigente, no se garantizan los derechos fundamentales de las
personas al reconocerlos expresamente en los textos legales, reglamentarios,
judiciales y administrativos. Los derechos deben ser una realidad, una
vivencia; no meras expectativas y palabras hermosas, vacías de todo contenido y
reflejo en el mundo.
(v) Progresar sosteniblemente. La política
pública de la cual depende el goce efectivo de un derecho fundamental, debe ‘avanzar
sosteniblemente’; esto es, debe estar encaminada a la consecución de nuevos
logros que se puedan mantener en el tiempo y no impliquen perder los ya
obtenidos previamente. [520]
La acción del Estado en estos casos debe ser realista, “[…] no puede
tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de
acciones reales y concretas”.[521]
Así lo ha indicado también la Organización de Naciones Unidas, a propósito del
respeto, la protección y la garantía del derecho al agua. El Informe de
Desarrollo Humano 2006 reconoce que el “agua es un derecho humano”, pero
advierte que “los derechos humanos tienen muy poca importancia si están separados
de políticas realistas que los prote­jan y extiendan, o de los mecanismos de
contabilidad que permiten a la población pobre exigir sus dere­chos.”[522] Así,
la Corte ha definido al respecto,
“Es pues inaceptable
constitucionalmente no sólo la ausencia de políticas en estas materias, sino
que a pesar de existir un plan o programa, éste (i) sólo esté escrito y
no haya sido iniciada su ejecución, o (ii) que así se esté implementando, sea
evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos
problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o porque su
ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo
irrazonable.”[523]
Los avances y los progresos que
se den, así como los retrocesos deben ser también de público conocimiento. No
sólo el plan en sí mismo debe poder conocerse, también la información con
relación a cómo se ha venido implementando. Una política pública secreta no
tiene cabida bajo el orden constitucional vigente. Ni siquiera en los ámbitos
en los cuales el estado tiene la facultad y el deber de guardar bajo secreto
cierta información, pueden tenerse políticas públicas que sean completamente
secretas. Está obligado, por lo menos, a justificar pública y razonablemente
por qué se debe limitar, excepcionalmente, el derecho a la información de las
personas.
El Acto
Legislativo 03 de dos mil once (2011) modificó el artículo 334 de la
Constitución Política, consignando expresamente el criterio de sostenibilidad
fiscal dentro de las reglas básicas de la hacienda pública, incluyendo incluso
un incidente de impacto fiscal para evitar que este valor constitucional se vea
afectado gravemente.[524]
Esta norma constitucional fue objeto de control por parte de esta Corporación,
que la declaró exequible, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la
sostenibilidad fiscal es un medio indispensable para alcanzar el fin último de
garantizar el goce efectivo de los derechos. La sostenibilidad fiscal no es un
fin en sí mismo y, por tanto, no puede justificar la restricción o la
limitación del contenido del derecho. Dijo al respecto la Corte,
“[…] dicha enmienda constitucional
y en particular el criterio orientador de sostenibilidad fiscal, son
instrumentos que han sido incorporados en la Constitución, de consuno con
otros, con el fin de lograr el goce efectivo de esos derechos.  Por ende, la
sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo y está subordinada, en todo
caso, al cumplimiento de los propósitos esenciales del [estado social y
democrático de derecho].   Adicionalmente, se ha expuesto de forma amplia cómo
la reforma constitucional establece tanto límites a la actuación estatal como
cláusulas prohibitivas, unívocamente tendientes a impedir que la
[sostenibilidad fiscal] pueda ser comprendida como un factor que dé lugar al
desconocimiento, afectación o restricción injustificada de las posiciones
jurídicas que, en los términos fijados por la jurisprudencia constitucional,
adquieren naturaleza iusfundamental.”[525]
En conclusión, la sostenibilidad es una
característica mínima constitucional de toda política pública de la cual
depende el goce efectivo de un derecho fundamental, puesto que busca asegurar
su goce efectivo. La sostenibilidad no es un fin en sí mismo que justifique
negar o desconocer el derecho fundamental.
(vi) Sin discriminación. Una de las
reglas básicas del cumplimiento progresivo de facetas prestacionales de un
derecho fundamental, es que el Estado avance sin discriminación. Una
Administración puede tener muchos problemas y una gran precariedad económica e
institucional para enfrentarlos, lo cual puede llegar a justificar ciertas
restricciones y limitaciones al goce efectivo de ciertos derechos. Pero tal
situación no puede justificar que se avance se haga con discriminación,
excluyendo a ciertos grupos sociales. Lo mucho o poco que se haga debe estar
inspirado en el principio de igualdad y en la garantía de no discriminación. Por
supuesto, en virtud de este parámetro, el Estado deberá prestar una ayuda
especial a aquellas personas que por su condición (sujetos de especial
protección constitucional) o por su situación (personas en relación de
sujeción), merecen una atención y protección reforzada de sus derechos. Así, en
las decisiones jurisprudenciales en las que se ha tutelado los derechos de la
población en situación de desplazamiento o de personas que requieren con
necesidad servicios de salud, se han tomado medidas de protección
particularizadas para los sujetos de especial protección constitucional, como
las niñas, los niños, las mujeres (en especial en embarazo y cabeza de familia)
o las comunidades indígenas y afrodescendientes, para hacer relación tan sólo a
algunos casos. Así, por ejemplo, la jurisprudencia ha considerado que las
personas que viven y trabajan en el campo, y que no cuentan con dinero o poder
suficiente para influir, pueden ser excluidos del acceso a bienes y servicios
básicos que constituyen en sí un derecho fundamental, como lo es el acceso al
agua potable. De acuerdo con la jurisprudencia “las personas que habitan en
el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen derecho a ser
protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’
en acceder al agua potable.”[526]
(vii) Participación.
Colombia es una democracia participativa, lo cual supone, entre otras cosas,
que se considera que las personas, además de poder elegir a quiénes las
representarán políticamente, tienen la capacidad para actuar directamente en la
deliberación de las decisiones públicas. Expresamente, el segundo artículo de la
Constitución Política de 1991 reconoce el derecho a la participación como uno
de los fines esenciales del Estado, al indicar que éste deberá ‘facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional’ (CP, art. 2°). La participación no está restringida
o limitada a un momento o una etapa de las actuaciones estatales. Los espacios
de participación que garanticen una deliberación en democracia, deben tener
lugar en los diferentes momentos del ciclo de una política pública, esto es, en
el diseño, en su implementación y en su evaluación. En tal sentido, la
jurisprudencia ha considerado inaceptable constitucionalmente que exista un
plan (i) ‘que no abra espacios de participación para las diferentes
etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde espacios, pero éstos sean
inocuos y sólo prevean una participación intrascendente.’[527]
(viii) Se esté implementando.
El plan con que se cuente se debe estar implementando efectivamente. No tiene
que estar culminado o muy avanzado; no tiene que haber dado los resultados
esperados, pero sí se requiere que se esté implementando. No basta con la
existencia de los programas y los documentos formales, como se dijo, para que
se esté progresando hacia la realización progresiva de la faceta de un
determinado derecho fundamental. El programa de gobierno más perfecto que se
pueda diseñar de nada sirve si no se lleva a la práctica.
Una de las primeras ocasiones en las que la Corte consideró
y valoró las dimensiones constitucionales de una política pública, fue con
ocasión de la protección de los derechos de las personas privadas de la
libertad, en la sentencia T-153 de 1998.[528]
No obstante, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de esta cuestión en
varios casos concretos, en los que se han tutelado el goce efectivo de los
derechos fundamentales de varios grupos sociales, entre ellos  (i) las personas
en situación de desplazamiento;[529]
(ii) la educación e integración de personas con limitaciones psíquicas o físico
sociales;[530]
(iii)  de las personas que requieren un servicio de salud con necesidad;[531] (iv)
de los indígenas en el contexto del servicio militar;[532]  (v) de las comunidades
marginadas al acceso de agua potable;[533]
(vi) de los vendedores ambulantes;[534]
o (vii) de los recicladores.[535]
8.1.2.2. Qué debe hacer el juez de tutela. Si el juez
constata una violación a los límites constitucionales de una política púbica de
la cual depende el goce efectivo de un derecho fundamental, debe impartir las
órdenes adoptar las medidas de protección que correspondan, según sea el caso. Como
lo ha sostenido esta Corte, “[…] el juez constitucional no tiene como opción
‘abstenerse’ de cumplir su obligación constitucional de proteger el
goce efectivo de los derechos fundamentales, cuando ha constatado que tales
derechos son violados o están amenazados.” El juez de tutela está obligado
a proteger los derechos fundamentales, por lo que no hacer nada frente a graves
violaciones es una opción que implicaría para el juez renunciar a sus funciones
básicas.
Por supuesto, las complejidades que enfrenta un juez de
tutela dependerán del caso que conoce y de las características del mismo. Así,
un juez de circuito puede tener que enfrentar las dificultades del centro de
salud de un municipio con pocos recursos y geográficamente aislado de sus
vecinos, un Tribunal Superior puede tener que enfrentar un proceso a propósito
de la red hospitalaria del Distrito Capital y la Corte Constitucional puede
tener que enfrentar un proceso en el que se atiende un reclamo similar de
cientos de ciudadanos, tramitados individualmente, y que apunta a un problema
estructural de la política pública en materia de salud. Cada juez de tutela,
dentro del ámbito de su competencia, puede verse enfrentado a un caso cuya
solución suponga enfrentar los retos que conlleva cumplir el mandato
constitucional de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en
todas sus facetas.
Las complejidades que implica la acción de la Administración
pública (por ejemplo, el diseño, la elaboración, la implementación, la evaluación
o el control de políticas públicas), demandan respeto por parte del juez
constitucional de las ‘competencias’ establecidas en democracia para las autoridades
políticas, administrativas y técnicas competentes. De igual manera, demandan prudencia
de parte de los jueces. Este respeto a las competencias y este llamado a la
prudencia se dan tanto cuanto se trata de una política pública nacional general
sometida a revisión ante la Corte Constitucional, así como a la política pública
que se establezca en una pequeña población, sometida a revisión de un juez de
la República. Al respecto la Corte dijo en la sentencia T-974 de 2009,
previamente citada, lo siguiente:
“El juez constitucional, una vez
verificada la vulneración o amenaza contra los derechos fundamentales, no puede
limitar su labor a reconocer la complejidad y los desafíos de diversa índole
que plantea la situación, y admitir que el asunto implica trámites y
procedimientos administrativos, compromete cuantiosos recursos presupuestales
y, consecuencialmente abstenerse de impartir las órdenes que eviten la
vulneración o su amenaza. Por el contrario: el juez constitucional tiene el
deber de preguntarse -valido de su independencia y autonomía, y sobre todo del
carácter vinculante y perentorio de su decisión- qué tipo de órdenes puede dar
para subsanar las omisiones, negligencias o simples trabas burocráticas que
impiden tomar las medidas para eliminar o atenuar el riesgo de que se presente
una nueva y grave vulneración de derechos fundamentales.”[536]
Así, las órdenes que imparta el juez dependerán del caso
concreto y de la situación específica de que se trate. Su envergadura y su
alcance dependen No hay una forma preestablecida aplicable a toda situación. El
contenido de una faceta prestacional de un derecho fundamental es el derecho a
que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el goce efectivo
de los derechos fundamentales. Qué tan grave sea la falencia que se enfrente y
cuáles sean las medidas adecuadas que se requieran dependerán pues de la
situación que se esté enfrentando. En ocasiones, las medidas podrán ser
puntuales y concretas, en tanto en otras ocasiones, pueden implicar la
corrección y ajustes de diversos aspectos de una determinada política pública. No
obstante, existen unos parámetros básicos que la jurisprudencia constitucional
ha identificado y deben ser considerados por los jueces de tutela.
(i) Complejas. Usualmente la protección de
facetas prestacionales de un derecho fundamental, por parte del juez de tutela,
suele suponer la adopción de órdenes complejas. Teniendo de presente que la
simplicidad o complejidad de una orden es una cuestión de grado, no de
cualidad, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “[…] una orden
de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de
abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control
exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar
en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario
una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones
u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona
destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a
48 horas para que el cumplimiento sea pleno.[537] Para la Corte, las
‘órdenes complejas’ son ‘mandatos de hacer que generalmente requieren del
transcurso de un lapso significativo de tiempo, y dependen de procesos
decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso de
diferentes autoridades y llegar a representar un gasto considerable de
recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una determinada política
pública’.[538]
(ii) Efectivas. Usualmente los jueces de
tutela se ven obligados a tomar órdenes  complejas en casos en los que existe
algún grado de desarticulación o falta de coordinación entre distintas
entidades estatales responsables de una política pública que depende de varias
agencias, instituciones y actores sociales. Se trata de casos en los que el
juez está llamado a desenredar lo que la jurisprudencia constitucional ha
denominado ‘marasmo institucional’. [539]
No obstante, este amplio poder orientado a garantizar el goce efectivo
del derecho, debe ejercerse responsablemente y dentro de los cauces del orden
constitucional vigente, tal como se pasa a señalar.
(iii) Respetuosas de las competencias
democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas. So
pretexto de tener que garantizar el goce efectivo del derecho fundamental, no
puede el juez de tutela abrogarse competencias que, en democracia, han sido
asignadas a espacios de participación y deliberación política. Las medidas
adecuadas y necesarias que se adopten para superar los problemas
constitucionales de una política pública, deben adoptarse de forma tal que se
promueva, hasta donde sea posible, la participación de todas las partes
interesadas, de las autoridades encargadas, de las personas afectadas, así como
también, de quienes conozcan la situación, por experiencia o estudios, y deseen
aportar a la construcción de la solución.[540]
La mayoría de las órdenes que imparta un juez de tutela en casos que requieran
órdenes complejas, no establecen de forma detallada y específica qué debe hacer
la Administración o el respectivo particular. La órdenes complejas deben estar
orientadas a lograr que las autoridades y personas respectivas sean quienes, en
ejercicio de sus competencias, adopten las medidas a que haya lugar. La
jurisprudencia ha respaldado la intervención judicial, pero advirtiendo que no
se pueden plantear medidas de solución específica y concreta sin el concurso de
los entes competentes en democracia para hacerlo.[541] Las decisiones
específicas que se adopten por parte de las entidades competentes, en
cumplimiento de las órdenes judiciales, por supuesto, deben contar con espacios
de deliberación y participación democrática. El juez constitucional ha de ser
razonable al fijar las órdenes que profiere, cuidándose de impartir un mandato
absurdo o imposible, porque lo dispuesto es en sí mismo irrealizable o porque
es claramente inviable dadas las condicio­nes de tiempo, modo y lugar fijadas
por el propio fallo.[542]
No se deben suplantar a las autoridades en el cumplimiento de sus funciones y
en el ejercicio de sus facultades ni por el juez directamente a través de sus
órdenes, o mediante la creación de entidades o instituciones paralelas que
pretenda remplazar la institucionalidad constitucional y legalmente existente.
(iv) Prudentes y abiertas al diálogo
institucional. Una orden compleja tiene unos niveles de incertidumbre que
obligan al juez de tutela a estar abierto a un diálogo entre las entidades y
personas que participan en un proceso, para asegurar el goce efectivo del
derecho fundamental, tal como lo demanda la regulación vigente. Con relación a
una orden compleja, “[…] las posibilidades que tiene el juez de
prever los resultados de su decisión se reducen. La variedad de órdenes y
actores que deben realizarlas, o la complejidad de las tareas impuestas, que
pueden suponer largos procesos al interior de una entidad, obligan al juez de
tutela a ser ponderado al momento de concebir el remedio, ordenarlo y vigilar
su cumplimiento.”[543]
El juez debe ser especialmente comprensivo de las autoridades
correspondientes, cuando se trata de órdenes de extrema complejidad y en
contextos de extrema variabilidad. No puede pretender simplificar los problemas
o propiciar o aceptar políticas públicas que no enfrente la dificultad del
problema en toda su dimensión, revelándose una política inane para actuar sobre
las realidades sociales que se pretende alterar. Por ejemplo, en políticas
públicas donde el grado de incertidumbre es muy alto, reducir las soluciones a
un único camino suele ser una mala estrategia.[544]  El diálogo que se debe
establecer con ocasión del cumplimiento de una sentencia, debe partir de
diferenciar claramente, la ‘decisión’ de la sentencia (cuál es el
derecho fundamental violado y por qué) de las ‘órdenes’ (los remedios
concretos que se establecen para superar la violación o la amenaza del derecho
tutelado).[545]
Las órdenes pueden ser complementadas o modificadas con posterioridad a la sentencia
para lograr ‘el cabal cumplimiento’ de la decisión, la cual hace tránsito a
cosa juzgada y no puede ser alterada, dadas las circunstancias del caso
concreto y su evolución. Esa fue la determinación del legislador estatutario
extraordinario,[546]
al establecer  que el juez ‘mantendrá la competencia’, y está facultado
a tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión
(Decreto 2591 de 1991), es decir, para proteger el derecho fundamental
afectado.[547]
Así, la jurisprudencia ha sostenido que “el juez de tutela no desconoce el
orden constitucional vigente al modificar o alterar aspectos accidentales del
remedio dispuesto para evitar que se siga violando o amenazando el derecho
fundamental de una persona que ha reclamado su protección, siempre y cuando lo
haga en aquellos casos en que sea necesario para asegurar el goce efectivo del
derecho y dentro de los límites de sus facultades.”[548]
(v) Sometidas al control de cumplimiento. Cuando
el juez de tutela imparte una orden compleja, su trabajo con relación al caso
no se acaba con la sentencia. La labor que ha de desplegar la Administración
con ocasión de las órdenes que imparta el juez de tutela, requieren la
supervisión y el control del cumplimiento, que asegure que se avanza hacia la
plena protección del goce efectivo del derecho constitucional en cuestión. No
obstante, la participación democrática, así como la verificación técnica del
cumplimiento, requiere que la justicia cuente con el apoyo de las entidades con
la capacidad para adelantar esa labor. En otras palabras, la verificación del
cumplimiento de las órdenes, puede ser más compleja que la decisión de definir
qué medidas de política pública adoptar. Por tanto, si el juez de tutela carece
de competencia para definir de forma independiente y autónoma cuáles son las
medidas concretas a implementar, tampoco la tiene para definir autónomamente y
sin participación, si las órdenes concretas se han implementado o no, y sin con
ellas se han alcanzado los resultados previstos. El proceso de seguimiento al
cumplimiento de una orden compleja tiene que estar inspirado, al igual que
todos los pasos, en el respeto a las competencias democráticas y
administrativas constitucionalmente establecidas.
(vi) Variedad de herramientas. La
jurisprudencia de tutela ha empleado diversos medios y herramientas para poder
proteger los derechos fundamentales amenazados y violados, que suponen órdenes
complejas. Por ejemplo, se han adoptado medidas tan variadas como ordenar: medidas
cautelares al inicio del proceso; realizar estudios; construir o terminar la
construcción de obras que se venían realizando y estaban presupuestadas; acompañar
y asesorar una comunidad; suspender trámites administrativos; ordenar procesos
de participación; acciones a particulares; crear grupos o mesas de trabajo;
adoptar reglamentos; poner de presente algún aspecto o hacer una declaración; tratar
de forma similar situaciones similares; que se verifique el cumplimiento de una
acto o un plan previo de la administración o soluciones paliativas temporales,
para dimensiones que se requiere proteger con urgencia.[549]
(vii) Orientadas al goce efectivo del derecho
fundamental. Las órdenes que se impartan deben buscar el goce efectivo del
derecho fundamental. Es preciso que el juez de tutela se encargue asegurar que
la acción del Estado se oriente a materializar los derechos. Teniendo en cuenta
que las políticas públicas encuentran en los indicadores una herramienta para
orientar racionalmente los resultados de los planes y programas que
implementan, en tanto permiten medir y conocer los avances que se logran, la
jurisprudencia constitucional ha ordenado que se desarrollen indicadores de
goce efectivo del derecho permiten medir y conocer los avances que se logran,
la jurisprudencia constitucional ha ordenado que se desarrollen indicadores de
goce efectivo del derecho (IGED). Esta herramienta permite medir de forma
específica y concreta, además del resultado, los esfuerzos o los impactos de la
política en términos generales, por mencionar algunos de los tipos de
indicadores clásicos, el avance en el respeto, la protección y la garantía de
los derechos fundamentales.
8.1.2.3. Cuándo se ha de entender cumplida una orden
compleja. Uno de los retos más significativos que plantea la protección de
facetas prestacionales de derechos fundamentales, consiste en determinar en qué
momento se puede entender superada una violación o una amenaza. La jurisprudencia
ha establecido varias herramientas que ayudan al juez de tutela a resolver esta
cuestión en el caso concreto del que se trate.
(i) Asegurar, progresivamente,
el goce efectivo del derecho. Las facetas prestacionales de un derecho
fundamental, que no son de aplicación inmediata, como se dijo, aseguran a toda
persona el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público,
orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del
derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes
etapas. Es este el objeto de la protección constitucional y cuyo goce efectivo
busca asegurar la sentencia de tutela que se haya dictado, impartiendo órdenes
complejas.  La Constitución no puede asegurar a todas las personas en situación
de desplazamiento, por ejemplo, una protección plena de cada uno de sus
derechos fundamentales de manera inmediata, pero sí que se tomen las medidas
adecuadas y necesarias para lograr ese objetivo. Por tanto, el cumplimiento de
una orden compleja mediante la cual se busca, en últimas, el goce efectivo de
un derecho fundamental, no supone que los actores y las instituciones encargadas
de cumplirla hayan llegado al resultado final y logrado el objetivo último de
manera plena; supone que se hayan tomado acciones y omisiones se hayan
orientado efectivamente hacia tal propósito. La orden se puede entender
cumplida cuando exista un plan respetuoso de los mínimos constitucionales, que se
esté implementando y asegure el avance hacia el goce efectivo de los derechos.  Una
política pública, en estricto sentido, no logra solucionar y resolver de forma
definitiva los problemas a los cuáles está dirigida. Por tanto, es obvio el
cumplimiento de una orden compleja no puede someterse a que se verifique el
utópico momento en el cual todo esté arreglado. Si el juez tuviera que esperar
a que el servicio de agua estuviera plenamente garantizado, los derechos de la
población reclusa absolutamente garantizados o los programas y planes de salud
estuvieran perfectamente concebidos, el control judicial terminaría,
irremediablemente, extendiéndose de forma indefinida en el tiempo. El control
judicial a una política pública de la cual depende el goce efectivo de un
derecho fundamental, no busca suplantar las funciones y labores de las
entidades estatales, pretende encauzarlas cuando han demostrado fallas o
defectos graves.
(ii) Niveles de cumplimiento.
Las facetas prestacionales de un derecho fundamental no suelen plantear el
problema en cara y sello, es decir, se cumplió o no se cumplió la orden. Las
órdenes complejas suelen implicar el desarrollo de variadas acciones en
coordinación con múltiples actores, lo cual puede llevar un gran número
escenarios intermedios entre el cumplimiento total y el incumplimiento
absoluto. La realidad suele enfrentar al juez de tutela a situaciones en que
hay avances y retrocesos importantes a la vez; casos en los cuales hay acciones
y programas bien elaborados, pero con pobres resultados; o la situación
contraria, pocos avances y poca atención, pero con resultados significativos.
El juez de tutela suele encontrar casos grises, que pocas veces plantean
escenarios extremos de cumplimiento o incumplimiento. En tal medida, la
jurisprudencia constitucional considera que las órdenes pueden tener al menos,
cuatro (4) tipos de nivel de cumplimiento. A saber,  (i) nivel de cumplimiento alto,
(ii) nivel de cumplimiento medio,  (iii) nivel de cumplimiento bajo
e (iv) incumplimiento.[550]
(iii) Parámetros de
cumplimiento. Ahora bien, ¿cómo puede establecerse el nivel de cumplimiento
de una orden compleja?  La respuesta a esta pregunta no es simple ni única. El
juez está llamado a valorar el problema que le es presentado por las partes,
teniendo en cuenta el contexto concreto en el cual se da. Sin embargo,
siguiendo los aportes de las reflexiones académicas y los resultados de los
procesos participativos que han acompañado el seguimiento de órdenes complejas,
la jurisprudencia ha establecido al menos tres ‘parámetros de cumplimiento’:
(1) de estructura;  (2) de proceso; y  (3) de resultado.[551] La
Corte ha sostenido al respecto, que
“[la] experiencia internacional y
comparada muestra que los indicadores y parámetros son una herramienta central
en el monitoreo de la protección y cumplimiento de los derechos humanos y las
garantías constitucionales, así como en el seguimiento de políticas tendientes
a protegerlos.[552]
Una vez se tiene claro cuál es el nivel de prestación ideal y cuál el nivel de
prestación real, los parámetros aportan importantes insumos para la elaboración
de políticas públicas, la vigilancia de su implementación y la evaluación de
sus resultados.[553]
||  Como resultado de la aplicación de parámetros de cumplimiento, el Estado
puede encontrar más herramientas para identificar cuáles son las barreras
sociales e institucionales que le impiden alcanzar un nivel de garantía ideal
de derechos concretos, valorar sus esfuerzos para superar dichas barreras y
determinar cómo está ubicado respecto a otros Estados con condiciones
similares.[554]
||  Por otro lado, dichos parámetros también resultan útiles para la sociedad
civil,[555]
ya que a través de ellos ésta puede hacer seguimiento y evaluar la gestión del
Estado, lo que puede conducir a un mayor grado de exigibilidad en el respeto,
protección y garantía de los derechos humanos. Por ende, con la adopción de
parámetros de cumplimiento, la labor del Estado se hace más transparente y
fácilmente verificable.”[556]
Existe un consenso sobre el uso
de parámetros e indicadores para hacer el seguimiento a una orden compleja que
busca proteger un derecho fundamental.  No obstante, la jurisprudencia reconoce
que “[…] si bien la doctrina suele ser generalmente pacífica sobre la
importancia de los indicadores y los parámetros, existen varias posiciones
respecto de la forma de presentarlos y diseñarlos.” [557]
Se trata de discusiones administrativas, sociales y técnicas, que se deben dar
en democracia. El juez de tutela, como se dijo, debe ser respetuoso y deferente
con las competencias constitucionalmente establecidas; pero no puede permitir
que se dejen de adoptar y de implementar las medidas correspondientes. Así, en
los procesos de seguimiento al cumplimiento de órdenes complejas de protección
de los derechos de las personas en situación de desplazamiento o los derechos
de las personas que requieren servicios de salud con necesidad, por ejemplo, estos
parámetros han sido construidos mediante deliberaciones y participación, a las
que acuden en rol destacado, los órganos legítimamente constituidos para
cumplir las órdenes complejas.[558]
Los parámetros y los indicadores no pueden ser definidos, diseñados o impuestos
por el juez de tutela, así como tampoco su verificación material le
corresponde, de forma directa. Para tales acciones, las decisiones judiciales
de tutela deben valerse de peritos y autoridades que colaboren con la justicia.
Nuevamente: a los jueces les corresponde impedir que las autoridades
responsables de cumplir funciones públicas básicas, de las cuales depende el
goce efectivo de un derecho fundamental, dejen de llevarlas a cabo.  En
cualquier caso, debe resaltarse que los parámetros de cumplimiento no son
generales o abstractos, sino referidos a cada derecho. Ha dicho la Corte,
“[…] no existen indicadores o
parámetros abstractos que resulten aplicables a todos los derechos, puesto que
cada uno de ellos requiere una batería específica de indicadores o parámetros
de acuerdo con sus características. Una vez se escoge el modelo de presentación
o diseño de los parámetros, es fundamental determinar su configuración en
relación con el derecho que se pretende estudiar. […]”[559]
(iv) Tipos de parámetros de
cumplimiento. Los tipos de parámetros, que deben incluir ‘indicadores
cuantitativos’, por supuesto, y ‘señales de progreso cualitativas’ también,[560]
deben ocuparse, por lo menos, de asuntos de estructura, de proceso y de
resultado.
[1] Los parámetros de
estructura se ocupan de medir y valorar instrumentos formales, presentados
dentro de plazos establecidos jurídicamente, en los que las autoridades
competentes definan, a partir de una metodología coherente y coordinada: las
metas y objetivos, el marco normativo y regulatorio necesario para adelantar
las acciones (u omisiones requeridas),[561]
una estrategia, un plan de acción concreto y un cronograma. Por supuesto,
también se deben valorar que se hayan definido indicadores que permitan medir
el desempeño, especialmente en términos de goce efectivo del derecho.[562] Por
supuesto, las autoridades competentes, siempre pueden ejercer sus funciones y construir
los parámetros para rendir cuenta de sus acciones u omisiones con respecto al
cumplimiento de los objetivos que se busquen, respetando los espacios de
deliberación democrática que correspondan. Los parámetros estructurales, se
ocupan de medir las herramientas con las que cuenta el Estado para asegurar el
goce efectivo del derecho. Muestran cómo se organiza el aparato
institucional y el sistema normativo para desarrollar y materializar el derecho
fundamental.[563]
[2] Los parámetros de
proceso reflejan “[…] una relación o secuencialidad entre los
instrumentos de política pública adoptados por el Estado (parámetros de
estructura) y la consecución de objetivos intermedios que acumulados se
convierten en parámetros de resultado, los cuales a su vez están relacionados
con la materialización de derechos […]; los parámetros de proceso
deben hacer explícita la relación o secuencialidad entre los parámetros de
estructura y los de resultado.”[564]
Los parámetros de proceso no se refieren ya los documentos o instrumentos
formales de política, a la existencia de planes o programas, sino a las
acciones y omisiones concretas que se realicen a partir de tales referentes
normativos y administrativos, encaminados a lograr el goce efectivo del
derecho. Como se dijo, una política pública no es el conjunto de promesas y de
directrices que una autoridad pública formula en un texto. Debe valorarse el
actuar, o dejar de actuar, de las entidades correspondientes. En otras
palabras, los parámetros de proceso buscan medir la calidad y la
magnitud de los esfuerzos realizados para asegurar el goce efectivo de un
derecho fundamental.[565]
Suponen, entre otras cosas, medir el alcance, la cobertura y el contenido de
las estrategias, planes, programas, o políticas u otras actividades e
intervenciones específicas encaminadas al logro de metas que corresponden a la
realización de un determinado derecho. Deben ayudar “a vigilar directamente
la aplicación de las políticas públicas en términos de la realización
progresiva de derechos […], [y] ofrecer información sobre la variación
en los niveles de calidad o cobertura de programas o servicios sociales en un determinado
período de tiempo.”[566]
Los parámetros de proceso deben mostrar la evolución, el progreso hacia el goce
efectivo del derecho.
[3] Los parámetros de
resultado se ocupan de medir los logros, individuales y colectivos, que
reflejen el grado de goce efectivo de un derecho fundamental en un determinado
contexto.[567]
Son parámetros que buscan medir el impacto real de las estrategias, los
programas y las intervenciones o las omisiones. Ahora bien, es preciso aclarar
que contar con buenas mediciones en los parámetros de resultado, no implica,
necesariamente, haber logrado asegurar una realización progresiva y sostenible
del goce efectivo del derecho. Como señala la OEA, “[la] mejora en los
indicadores de resultado puede ser un indicio de la adecuación de las medidas
adoptadas y de mejoras progresivas hacia la plena efectividad de los derechos.
Sin embargo, para formarse un juicio definitivo al respecto, es necesario
revisar concretamente las medidas adoptadas –el retroceso de los indicadores de
resultados puede deberse a circunstancias no atribuibles a la acción del
Estado, mientras que su mejora puede deberse a razones fortuitas. Esto
requiere, entonces, poner énfasis en los indicadores de proceso.”[568] Un
parámetro de resultado suele ser un parámetro lento, menos sensible a las
variaciones transitorias que un indicador de proceso.[569] En cualquier caso, se
ha de contar con indicadores de goce efectivo del derecho (IGED), que aseguren
medir específicamente la realización progresiva del derecho fundamental que se
esté evaluando. Estos indicadores de goce efectivo deberían ser sensibles a las
diferentes etapas y momentos de diseño, implementación y proceso de evaluación
de la política adoptada.
(iv) Determinación del nivel
de cumplimiento. Como se dijo, el nivel de cumplimiento de una orden
compleja puede ser alto, medio, bajo o de incumplimiento. Como ocurre con el
caso de los parámetros, no existen reglas abstractas que permitan determinar
previamente, para todo derecho y en cualquier caso, cuál es la manera detallada
y precisa para establecer el nivel de cumplimiento de una orden compleja.
Dependerá del tipo de obligación constitucional de que se trate, del tipo de
derecho fundamental y de la situación concreta que se dé. No obstante, los
criterios y las reglas que evalúen el nivel de cumplimiento, deben tener en
cuenta los parámetros de estructura, de proceso y de resultado, individualmente
y en conjunto. Es preciso valorar la relación entre la política pública que se
haya estructurado, el proceso de implementación y realización que se lleve a
cabo, y los resultados que se esté alcanzando, específicamente, en términos de
goce efectivo del derecho. (1) El nivel de cumplimiento alto, implica
que los parámetros evidencien la existencia de un plan completo, coherente y
racionalmente orientado a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental,
que se está implementando adecuadamente y que evidencia progresos y avances
reales y tangibles en el goce efectivo del derecho, o indicios claros de que
éstos efectivamente se darán.  (2) El nivel de cumplimiento medio,
supone que los parámetros muestren que se cuenta con planes e instituciones
formalmente aceptables, que medianamente se estén implementando y evidencien
algunos resultados que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho.  (3)
El nivel de cumplimiento bajo, que los parámetros revelen deficientes
planes e instituciones, pobres ejecuciones  y resultados parciales y limitados,
o evidencia de que así serán.  (4) El incumplimiento supone que los
parámetros revelen que no se cuenta con planes e instituciones al menos
deficientes, que no se haya adelantado prácticamente ninguna acción de las
planeadas, o que no se hayan alcanzado mejoras en la realización progresiva del
goce efectivo derecho fundamental, o que se tenga indicios ciertos de que eso
será así. Por supuesto, en esta categoría estarían aquellos casos en los que el
nivel de protección que existía al momento de impartir la orden compleja no sólo
no avanzo, o avanzó insignificantemente, sino en los que se haya retrocedido en
asegurar el goce efectivo del derecho.[570]
(v) Respuesta judicial frente al nivel de
cumplimiento verificado. Ahora bien, en la medida que los poderes del juez
de tutela orientados a asegurar el cabal cumplimiento de las órdenes dadas en
la sentencia, tienen por objeto asegurar el goce efectivo del derecho fundamental
tutelado, el nivel de cumplimiento determinará qué debe hacer el juez. En
efecto, si el nivel de cumplimiento es alto, el juez de tutela podrá dar por
cumplidas sus órdenes y por protegido el derecho, pues a la persona se le está
respetando, protegiendo y garantizando su derecho. En tal caso el juez
pierde la competencia, pues ésta se mantenía, justamente, hasta que estuviera
superada la violación o las causas de la amenaza. En los casos en que el
cumplimiento sea medio, el juez de tutela valorará si puede dar por cumplida la
tutela, con ciertas advertencias y medidas de protección final, o si mantiene
ciertas órdenes, las cuales, necesariamente deberán ser altamente respetuosas
de unas autoridades que han demostrado estar actuando al menos aceptablemente.
Si el nivel de cumplimiento es bajo, el juez de tutela, por supuesto, mantendrá
su competencia, pues la violación y la amenaza al derecho no han cesado; aunque
existen avances y progresos mínimos, el riesgo sobre los derechos es
significativo y, por tanto, demanda la atención del juez. Su competencia y las
órdenes, deberán mantenerse y complementarse en la medida en que se requiera.
Por supuesto, en el dramático caso del incumplimiento, el juez de tutela deberá
tomar medidas drásticas e ingeniosas que impidan que el ‘marasmo institucional’
pretenda impedir el imperio de la Constitución Política de 1991 y el goce
efectivo de los derechos fundamentales, de forma abusiva y arbitraria. En otras
palabras, la respuesta judicial debe ser inversamente proporcional al nivel de
cumplimiento que se haya verificado. Si el nivel de cumplimiento es alto o
medio, la intervención judicial debe ser mínima o ninguna. Si el nivel de
cumplimiento es bajo o es de incumplimiento, la respuesta judicial debe ser
significativa e incluso drástica.[571]
8.1.2.4. En conclusión, las facetas prestacionales de un
derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y,
usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por
lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público,
orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del
derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes
etapas, que, en efecto, se esté implementando. La violación o la
amenaza de las facetas prestacionales de realización progresiva suelen demandar
del juez de tutela que se impartan órdenes complejas, que busquen la
efectividad de los derechos, respetuosas de las competencias democráticas y
administrativas constitucionalmente establecidas, que sean prudente y abiertas
al diálogo institucional. La valoración que se haga a partir de los parámetros
que se ocupen de la estructura, del proceso y de los resultados de la política
pública de la cual dependa el goce efectivo del derecho fundamental que se
busca proteger con la orden compleja, determinarán si hay un nivel de
cumplimiento alto, medio, bajo, o, simplemente, de incumplimiento. El nivel que
se haya alcanzado, determinará cuál debe ser la respuesta del juez; a mayor
nivel de cumplimiento, menor debe ser la respuesta judicial, o sencillamente
ninguna, y a menor nivel de cumplimiento, mayor y más estricta, debe ser la
respuesta judicial, con miras a asegurar el goce efectivo de la faceta
prestacional del derecho fundamental que haya sido tutelado.
8.2. La política carcelaria se encuentra en un estado de
cosas contrario al orden constitucional vigente
En el apartado anterior, se indicó que el Sistema
penitenciario y carcelario de Colombia se encuentra, nuevamente, en un estado
de cosas contrario al orden constitucional vigente. La Sala considera que
ocurre algo similar con la política criminal y carcelaria en general. De hecho,
como lo señalan varias de las autoridades o de las personas cuyos conceptos han
sido expuestos, la situación en la que se encuentra materialmente el Sistema
penitenciario y carcelario, se explica en gran medida por la política criminal
y, en un sentido más amplio, de la política criminal en general. La Comisión
Asesora de Política Criminal nombrada por el Gobierno ha puesto de presente esta
dificultad, por lo que entre sus recomendaciones ocupa un lugar central la de
establecer una política criminal que cumpla con las reglas y principios
constitucionales, así como los rasgos mínimos de una política pública que
pretenda ser adecuada para asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales
(coherencia, estabilidad, racionalidad y sustento empírico).[572]
Los mínimos constitucionales expuestos, que debe cumplir
toda política pública de la cual dependa el goce efectivo de un derecho
fundamental son, por supuesto, aplicables también a la política pública
criminal y carcelaria. Como se ha mostrado a lo largo de la presente sentencia,
entre estos mínimos no es sólo el respeto al derecho a la libertad de quienes
se encuentran recluidos en prisión, sino también el deber de asegurar goce
efectivo la dignidad humana y otros derechos fundamentales de estas personas,
de sus familiares y allegados que los visitan en prisión, así como de un número
importante de funcionarios y servidores, públicos y privados, que prestan sus
servicios en las cárceles y las penitenciarías. A continuación se hace
referencia a ambos grupos, resaltando especialmente aquellos límites que la
Constitución fija, especialmente, a la política criminal y carcelaria.
8.2.1. Los problemas que enfrenta el Sistema
penitenciario y carcelario no son nuevos, son conocidos y reiterados. No
obstante, la política criminal y carcelaria sigue sin resolverlos, debido a sucesivas
reformas fallidas.
8.2.1.1. Muchos de los estudios acerca de la cárcel
resaltan, como se mostró,[573]
que la crisis que actualmente atraviesa esta institución la acompañan desde su
nacimiento; es una institución que vive en crisis. El caso de Colombia no es la
excepción, como lo evidencian los reportes de las autoridades encargadas de
administrar el Sistema, o de controlarlo y vigilarlo, y de las personas
dedicadas a estudiar e investigar sus problemas y a proponer soluciones. Se
ha constatado que la crisis carcelaria es un asunto que ha acompañado al sistema
carcelario desde su origen. Por ejemplo, rastreando el desarrollo del Sistema
penitenciario y carcelario a lo largo de su historia, el Instituto Rosarista de
Acción Social, SERES, concluyó lo siguiente,
“Históricamente, la pena privativa
de la libertad es la sanción que por excelencia ha adoptado el Estado como
forma de castigo para los colombianos que infringen la ley penal, desconociendo
funcional y permanentemente otras formas de sanción acordes con las personas y
la naturaleza del delito. El análisis histórico muestra cómo algunas
situaciones permanecen estáticas en el tiempo; aún persisten en el sistema
penitenciario y carcelario colombiano el mal diseño de la infraestructura, su
insuficiencia para cubrir a la población penitenciaria en condiciones dignas,
el aislamiento de la sociedad y la familia, y la carencia de servicios de
salud, educación y trabajo, todo lo cual hace que perduren las prácticas en
contra del respeto por los derechos humanos.”[574]
8.2.1.2. El nueve (9) de abril de mil novecientos cuarenta y
ocho (1948) fue necesario aplazar la inauguración del Museo Nacional de
Colombia en su nueva sede, por los acontecimientos de aquel día,[575] la
vieja Penitenciaría Central de Cundinamarca, llamada popularmente, ‘el
panóptico’. Esta construcción es la prueba viva de la eterna reforma del
Sistema penitenciario y carcelario. El panóptico (el panopticón) es la
materialización de las políticas penitenciarias y carcelarias modernas de
mediados del siglo XIX, impulsadas por pensadores liberales que querían
asegurar el éxito en los proceso de disciplinar y aconductar una persona (tal
cual como se buscaba en otras instituciones como la escuela o el cuartel). A Thomas
Reed, arquitecto nacido en las Antillas menores (Saint Croix) cuando
eran danesas, se le encomendó, entre otras construcciones importantes,[576] una
cárcel que se ajustara a las nuevas tendencias de reforma de las prisiones que
se discutía en Europa y Estados Unidos desde el siglo XVIII. El panóptico, como
se le conocería a esta cárcel, se construyó entre 1874 y 1878.
Las distancias entre la propuesta del proyecto penitenciario
y carcelario y la realidad no se hicieron esperar. No sólo no se lograba el
objetivo de resocialización, que la sociedad parecía no pretender alcanzar sinceramente.
El ejemplo más notorio es la pena de muerte, que si bien en el país se había
abolido formalmente, tal decisión no fue implementada realmente hasta la
reforma constitucional de 1910. El panóptico de Bogotá jugaría un nefasto papel
durante los trágicos años de la guerra de los mil días. Desde entonces, la
cárcel era un lugar inseguro, que amenazaba la vida y la integridad de las
personas. Por eso, el nuevo edificio, desde su construcción en el siglo XIX
buscaba atender las solicitudes de cárceles en las que pudieran estar
asegurados de homicidios premeditados, asesinatos, envenenamiento o incendios.
Pero también desde esa época, la cárcel mostraba su papel al estar inmersa en
un conflicto: se convertía en un campo de batalla más y en un sistema de
información en contra del enemigo.[577]
Las descripciones de aquellos años, guardadas proporciones, son similares a las
que presentan los accionantes en los procesos de tutela acumulados. En efecto,
durante los años de la guerra de los mil días, las camas de los presos estaban
muy amontonadas y cada vez que salía en libertad alguien, se generaban disputas
por acceder a un rincón menos húmedo o fétido; la fetidez del ambiente provenía
de los baños, precisamente cuando el agua se agotaba por exceso de detenidos.[578] Faltaba
agua para el aseo y la comida que se calificaba como insuficiente y asquerosa
(el cambao). En los años 30 del siglo XX, luego de una visita orientada a
reformar el Sistema penitenciario y carcelario, los antiguos panópticos pasaron
a ser vistos como obsoletos lugares donde se aglomeraban los presos.[579] Se
expidió el Código Carcelario de 1934 intentando mejorar las condiciones de
resocialización y asegurando un trato más humano y digno a las personas
recluidas en prisión. El Código fue expedido por el Gobierno Nacional (Decreto
1405 de 1934), en ejercicio de los poderes otorgados por el Congreso de la
República un año antes (Ley 20 de 1933).[580]
Autorizó al Presidente modificar el régimen penitenciario de la Nación (art. 2)
y se creó la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios para elaborar el
Código Penal y aconsejar al Gobierno en el uso de los poderes conferidos (art.
3).
En la década de los años 40 del siglo XX, se inició la
construcción de algunas de las nuevas cárceles, entre ellas la Picota, a donde
fueron trasladadas las personas que hasta entonces se recluían en la
Penitenciaria de Cundinamarca (el Panóptico).  Para 1948, cuando se iba a
iniciar la nueve sede del Museo Nacional en el viejo panóptico, se cerraba una
de las etapas de reforma penitenciaria y carcelaria, y se iniciaba otra. 50
años después, la Corte Constitucional constató en la sentencia T-153 de 1998
que las reformas de aquella época, así como las medidas adoptadas en los años 60,[581]
seguían siendo insuficientes. Las promesas de humanización que el nuevo Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), expedido en desarrollo de la nueva
Constitución de 1991 se habían quedado en el papel.[582] El Sistema
penitenciario y carcelario seguía siendo un infierno que lejos de acabar o
enfrentar el delito, lo reproducía y mantenía. Hoy, década y media después de
aquella decisión judicial de 1998, esta Sala constata que los problemas
estructurales de siempre se mantienen, con sus nuevas aristas y expresiones. Pero
no son solo los problemas de siempre, se está ante las propuestas de solución
tradicionales: hay que reformar el Sistema, se debe mejorar las penitenciarías
y las cárceles para que, ahora sí, funcionen realmente.
8.2.1.3. Pero no sólo se trata de no haber alcanzado los
propósitos de reforma. Uno de los problemas que se ha constatado en la historia
de la política criminal es su incoherencia e inestabilidad, explicada, en buena
parte, por los bandazos entre tendencias punitivas que se refugian en la cárcel
como solución a los problemas sociales, y tendencias de perdón y excarcelación,
usualmente motivadas por las dimensiones del fracaso del Sistema. Que la
política criminal sea zigzagueante no es un problema únicamente nacional.
Históricamente, al igual que las condiciones inhumanas y de crisis han
acompañado a las prisiones en otras latitudes, los bandazos de la política
criminal también.[583]
8.2.1.4. Los problemas estructurales del Sistema
penitenciario y carcelario que comprometen los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad, por tanto, no son nuevos ni extraños. Se
trata de viejos dilemas que acompañan al sistema jurídico nacional desde el
siglo XIX, y que a pesar de los enormes esfuerzos institucionales
implementados, no se han podido superar. Este estado de cosas y su desarrollo
deben ser valorados por el juez constitucional para no continuar en el círculo
vicioso de los eternos ciclos de reforma penitenciaria y carcelaria, que lo
único que han logrado es asegurar que en la práctica, en el día a día, se
violen descaradamente los derechos fundamentales de las personas, a la espera
de la implementación de una eventual reforma exitosa que eventualmente sirva.  Un
juez de tutela en un estado social de derecho fundado en la dignidad humana no
puede permitir que este estado de cosas se preserve eternamente, como si fuera
una cruda realidad que no hay manera de transformar o evitar. Es hora de
acabar, de una vez por todas, con los castigos indignos, inhumanos, crueles y
degradantes que terminan por socavar la propia dignidad y legitimidad del
Estado y de una sociedad que se proclama libre y democrática.
8.2.2. Los problemas que enfrenta el Sistema son
estructurales.
8.2.2.1. Las fallas que tienen colapsado las cárceles y las
penitenciarías, así como muchos otros de los centros de reclusión temporal que
se usan en Colombia, a veces de forma alternativa ante el hacinamiento, no son
puntuales ni limitadas a un sector del Sistema. La crisis carcelaria, cubre
buena parte de las instituciones, en diferentes áreas y dependencias. Las
deficiencias se presentan en casi todos los bienes y servicios de los cuales
depende el mínimo vital y la dignidad de las personas recluidas, teniendo un
papel destacado las fallas en materia de seguridad, que derivan en graves
violaciones a la vida, a la integridad personal, a la salud y a las libertades
sexuales. Estas fallas estructurales y generalizadas, se potencian recíproca y
exponencialmente, de tal suerte que las violaciones y las amenazas se
incrementan (así, por ejemplo, la falta de control a la violencia, se agrava
por el hecho de no tener acceso al servicio de salud que se requiere y por el
aumento de infecciones, ante las condiciones en que la persona herida debe
permanecer).  Es notorio como cada una de las autoridades que participó en los
procesos de tutela acumulados en la presente sentencia, sostenía haber hecho lo
que le correspondía. Es consciente de que sus acciones son insuficientes, y
declara su incapacidad para superar los problemas de forma definitiva, en tanto
que su solución depende de que actúen diversos órganos y entidades, de manera coordinada
y concertada. No se puede solucionar el problema de hacinamiento de forma
general remitiendo a las personas a otros centros, porque, además de las
limitaciones que esta política tiene, el sistema en general está colapsado y la
mayoría de centros a los que se remitan las personas se encuentran en iguales o
peores condiciones. El problema de salud no es de un centro o una región,
nuevamente es del sistema en general el que está en crisis. Los problemas de la
cantidad de guardia frente al número de internos e internas, el irrespeto por
la dignidad y la intimidad en las visitas íntimas o en las requisas.
8.2.2.2. Nuevamente, no se trata de un asunto colombiano
únicamente. Los problemas estructurales de las políticas carcelarias son un
padecimiento global, como lo ha señalado el Departamento Nacional de Planeación
en uno de sus documentos dedicados a estudiar la cuestión.[584] La situación de
Colombia es grave, pero como se dijo, desde una perspectiva comparada no es la
peor. Planeación Nacional ha constatado que cuando se compara a Colombia con lo
que ocurre en otras latitudes, es evidente que la situación puede ser más compleja
de lo que es actualmente. Esto quiere decir que los niveles de hacinamiento
pueden seguir aumentando y tener impactos aún mayores sobre la dignidad de las
personas privadas de su libertad.[585]
La crisis carcelaria colombiana, por tanto, es un problema grave que demanda
atención urgente y efectiva.
8.2.3. El hacinamiento, un problema de urgente solución
que no se resuelve sólo con más cárceles.
8.2.3.1. El hacinamiento no es el problema más importante,
pero es el primero a enfrentar, el que con mayor urgencia reclama ser atendido.
Los problemas más importantes de una prisión, y el caso colombiano no es la
excepción, consisten en poder cumplir con sus cometidos básicos y principales,
como por ejemplo, controlar las personas que cometen grandes ofensas en contra
de la sociedad, neutralizar su accionar y resocializarlos para que puedan vivir
nuevamente en una sociedad libre y democrática, fundada en el respeto a la
dignidad de todo ser humano. Sin embargo, el hacinamiento es el primer problema
a resolver por el efecto nefasto que produce sobre cualquiera de los problemas
básicos de la prisión. El efecto potenciador y amplificador de las dificultades
que tiene el hacinamiento lleva a que sea el primer problema a resolver, la
cuestión que requiere atención de manera inmediata y urgente, puesto que si no
se supera, difícilmente se podrá hacer avances importantes, eficientes y
sostenibles en cualquier otra área. Como se ha mostrado y sostenido varias
veces, el hacinamiento aumenta los riesgos a la salud, las posibilidades de
afecciones y contagios, la probabilidad de que no haya suficientes médicos para
atender a las personas o para que haya mayores restricciones para acceder a los
bienes y dotación básica para la subsistencia. Mayor riesgo de conflictos
violentos, menos capacidad de la Guardia para evitarlos o la imposibilidad
física de que se puedan adelantar visitas por parte de familiares y amigos; por
mencionar solo algunos de los principales factores de violación y amenaza a los
derechos fundamentales que se agudizan con el hacinamiento.
8.2.3.2. De la información aportada al proceso, la Sala
concluye que es muy probable que sea necesario construir nuevos centros de
reclusión para atender la demanda existente, pudiendo reemplazar viejos
establecimientos que hoy en día no pueden seguir funcionando, dado el grave
deterioro en que se encuentran. No obstante, de los diagnósticos aportados
también es posible es concluir que el hacinamiento no sólo requiere para su
solución, la construcción de nuevos centros para privar de la libertad a las
personas. La evidencia de que existen personas que están recluidas a pesar de
tener razones constitucionales y legales para haber sido puestas en libertad
(por la edad que tienen, porque sufren una grave enfermedad terminal o porque
su solicitud de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, entre otras razones),
muestra que no es un tema exclusivamente de tener que construir más cárceles.
Tal camino supone que el número de todas las personas recluidas en prisión es justo
el que debe ser y, por tanto, la única opción es tener más celdas. La verdad es
que no todas las personas que están en prisión deberían estar allá, por lo que
la solución al hacinamiento no sólo pasa por tener nuevos lugares de reclusión,
sino también por disminuir el número de personas que se encuentran privadas de
la libertad. Esto es, disminuir la demanda social que se hace de la cárcel y la
prisión. En otras palabras, el hacinamiento no sólo se resuelve con más
cárceles, también con menos cárcel.
8.2.3.3. Es importante que el Estado difunda este diagnóstico
entre las autoridades penitenciarias y carcelarias que hoy en día siguen
considerando que la solución del estado de cosas inconstitucional está en el
aumento de cupos carcelarios. Dentro de los procesos de acción de tutela
acumulados, por ejemplo, algunas de las autoridades carcelarias, si bien
reconocen el alto impacto que tiene el hacinamiento sobre los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad, consideran que esa situación, al igual
que se dijo en 1998, se acabarán con esta ampliación de cupos. Así, por
ejemplo, dentro de la última acción de tutela acumulada en el proceso (aquella
que se dirigió por el Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio) se
presentó la solución en tales términos.[586]
No obstante es importante señalar que incluso para los que confían en que la
solución está en la construcción de más cupos, el ‘traslado’ de personas entre
establecimientos es una herramienta que ha colaborado, pero que sólo es una
solución temporal, puesto que las causas principales del hacinamiento se siguen
dando. Dentro del proceso de la acción de tutela en contra de la Cárcel
Bellavista acumulada en el presente proceso, la Corte Suprema de Justicia, se
indicó que la medida de traslado, dado el estado de cosas del Sistema
penitenciario y carcelario, no resulta ‘idónea’ para resolver el
problema de hacinamiento.[587]
8.2.4. El problema no es sólo hacinamiento
8.2.4.1. El problema del Sistema penitenciario y carcelario colombiano
no es únicamente el hacinamiento. Las diversas dificultades, restricciones y
cargas que se están imponiendo a los derechos fundamentales se incrementan con
el hacinamiento carcelario, como se acaba de exponer, pero no es el único
problema ni el principal a resolver. De hecho, uno de los problemas que se
verificó en los planes y programas de ajuste a la política criminal y
carcelaria, es que los esfuerzos de soluciones se habían concentrado de manera
excesiva en las propuestas de solución al hacinamiento mediante nuevas
construcciones. Este tratamiento pareciera suponer que el único problema grave
del Sistema es el hacinamiento, que la única manera de resolverlo es con más
cárceles y que, si se logra, esto traerá como consecuencia la solución de todos
los inconvenientes y que se remuevan los obstáculos al goce efectivo del
derecho. La Sala cuestiona estas aproximaciones. Ni el hacinamiento es el único
problema del Sistema, ni la construcción de cárceles es la única solución a
éste, ni los demás problemas se solucionarán automáticamente, cuando se
resuelva el hacinamiento.
8.2.4.2. Además de los comentarios que la academia y las
instituciones del Estado han hecho al respecto y a los cuales se hizo
referencia previamente,[588]
puede resaltarse lo dicho por el Instituto Rosarista de Acción Social, SERES, sobre
la cuestión:
“Las políticas públicas buscan
mejorar las condiciones de los internos en los centros penitenciarios, pero en
muchos casos sólo apuntan a aumentar la oferta para solucionar el problema de
hacinamiento y cubrir la creciente demanda. Sin embargo, no se le presta mayor
atención a la prevención en niños y jóvenes con el fin de evitar la
delincuencia de esa forma disminuir la población carcelaria.  ||  […]  ||  Si
bien la reducción del hacinamiento constituye una premisa para garantizar y
respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, no es la
única condición para alcanzar dicho objetivo, puesto que resulta a dicho fin
más imperioso garantizar y respetar las condiciones de resocialización o
reinserción que justifica la pena, fin que no se está cumpliendo ni siquiera en
los establecimientos de última generación ERON.”[589]
Por eso, el Instituto Rosarista de Acción Social, SERES,
considera que “[…] la superación del estado de cosas inconstitucional no
implica únicamente la construcción de infraestructura carcelaria, sino que
depende en buena medida de una administración de justicia eficiente y oportuna,
que armonice con una legislación cualificada en el ámbito punitivo, coordinada
con la autoridad encargada de hacer cumplir los respectivos fallos judiciales.”[590]
8.2.5. En una sociedad libre y democrática, fundada en la
dignidad humana, el castigo penal debe ser el último recurso (ultima ratio)
que se emplee para controlar a las personas; la política criminal debe
ser, ante todo, preventiva.
8.2.5.1. Las políticas criminales deben tener un carácter
preventivo
Los niños, las niñas y sus familias, no tienen derecho a que
sometan a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que puedan abusar
de ellos o ellas.  Su principal y primordial derecho es que las personas no
abusen de ellos y ellas. Un estado social y democrático de derecho no confiere
al Estado o a las víctimas el derecho a que se someta a tratos crueles, inhumanos
y degradantes a las personas que delinquen. Confiere, ante todo, el derecho a
que tal situación no ocurra. Ese es el cometido básico de un Estado
comprometido a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. La
necesidad de un Sistema criminal y un Sistema penitenciario y carcelario de
grandes magnitudes es, en tal medida, la prueba del fracaso del Estado en este
cometido básico de sus funciones. Los familiares de las personas asesinadas por
riñas callejeras, por robos de celulares o por violaciones se ven pobremente
resarcidas cuando lo que se protege efectivamente es su derecho a que se
persiga y condene efectivamente a las personas que cometieron el crimen del
cual se trate. Ni el dinero que se pague, ni los años en prisión de la persona,
que en muchos casos carga con una historia de exclusión y violencia social,
pueden restaurar la pérdida de la vida o de la integridad que se fue
violentada. La ausencia de la violación es lo que demandan las personas y es a
lo que se tiene derecho. Que, para empezar, la vida, la integridad o cualquier
otro derecho no sea objeto de acciones criminales. El principal derecho de las
personas, como se dijo, no es reclamar plena protección a sus derechos, en caso
de llegar a ser víctimas de un delito, su principal derecho es no ser víctimas.
En tal medida, las políticas criminales de un estado social y democrático de
derecho deben ser preventivas antes que punitivas. Es lo que la Comisión
Asesora de Política Criminal ha denominado ‘la prevención en serio’.
Dice al respecto
“La política criminal debe ser una
política pública estructurada de prevención y lucha contra la criminalidad,[591]
basada en principios y reglas que impidan ‘la fuga al derecho penal’
en búsqueda de soluciones que podrían lograrse por otros medios.”[592] (acento
fuera del texto original)
La Comisión Asesora resalta que la prevención y la lucha
contra la criminalidad “no pueden basarse exclusivamente en el Sistema penal”
y, coincidiendo con la jurisprudencia constitucional, advierte que las “estrategias
y acciones de política criminal deben orientarse a lograr los efectos buscados,
con los medios menos lesivos de los derechos fundamentales”.[593] La
Comisión Asesora lo expresa de forma diáfana: “es importante abandonar la
idea de que el delito se combate esencialmente con el incremento de penas.”[594] Una
política criminal en un estado social de derecho debe pretender inhibir el
delito, antes que limitarse simplemente a sancionarlo. Es la forma de asegurar
el goce efectivo de los derechos de las víctimas e impide que el Estado
resuelva problemas sociales imponiendo cargas desproporcionadas a los derechos
fundamentales, cuando aquellos podrían ser resueltos mediante herramientas
menos costosas para los derechos.  La Comisión Asesora constata que el Sistema
penal y criminal colombiano se ha expandido hasta el punto de la
sobrecriminalización, pues se está empleando el derecho penal en exceso; esto
es, se extiende las duración de las penas (se sanciona exageradamente conductas
reprochables penalmente) y se aumentan las penas a casos innecesarios (se
sancionan conductas que no representan un daño social considerable).[595]
La política criminal y carcelaria de un estado social y
democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, debe respetar hasta
donde sea posible el derecho fundamental a la libertad de toda persona. Todo
ser humano, en una sociedad libre y democrática, salvo que sea estrictamente
necesario y proporcionado encarcelarlo, debe poder vivir en libertad. De hecho,
la política criminal no sólo debe ser respetuosa de la libertad, debe promover
su respeto, su protección y su garantía. Debe entender que el derecho
penal es la última ratio, tanto para la decisión de cuándo
encarcelar, como para las decisiones de cómo hacerlo y hasta cuándo.
Ahora bien, la Sala debe precisar que el carácter de ser la
última razón (última ratio) no implica en modo alguno que la
privación de la libertad sea un medio inconstitucional o ilegitimo. Eso depende
de la manera como el poder punitivo sea empleado. Su uso es legítimo cuando es
proporcional y razonable y es ilegítimo cuando es desproporcionado o
irrazonable. Más aún, es inconstitucional e irrazonable dejar de usar el poder
punitivo del Estado cuando de ello depende el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas. Teniendo en cuenta la Constitución, el bloque de
constitucionalidad y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los
derechos fundamentales de las personas que han sido víctimas de acciones
criminales, en especial cuando se trata de actos que han comprometido su
dignidad como personas, incluyen, entre otros, los derechos a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición. En tal medida, el principio de
libertad debe ponderarse con las demás garantías y protecciones
constitucionales.
Concretamente, por ejemplo, la posición fijada por la Sala
en la presente sentencia de ninguna manera implica que no se puedan modificar
los tipos penales existentes. Es probable que una pena privativa de la libertad
pueda ser inconstitucional por excesiva, pero de igual manera, una pena
privativa de la libertad podría llegar a ser inconstitucional por lo contrario,
por ser irrazonable y desproporcionadamente baja o leve. Son las entidades
encargadas de conformar y diseñar la política criminal quienes deben establecer
cuándo es razonable y proporcionado, de acuerdo con la deliberación
democrática, recurrir a la privación de la libertad y en qué grado.
8.2.5.2. Las medidas de aseguramiento deben ser
excepcionales; aplicación estricta y reforzada del principio de libertad
El respeto al derecho a la libertad y a la presunción de
inocencia, exigen al Juez que las medidas de aseguramiento que se adopten, sean
decisiones judiciales razonadas y debidamente fundamentadas, sensibles al
impacto que tales medidas tienen sobre los derechos fundamentales de las
personas. Privar antes de la condena a una persona, es una drástica decisión
que afecta directamente derechos como la libertad o la presunción de inocencia.
Por eso, la decisión de hacerlo no es discrecional, debe ser tomada en derecho,
teniendo en cuenta el orden jurídico vigente y los hechos del caso.[596] Debe,
además, tratarse de la autoridad competente, ejerciendo las funciones que le
corresponden.[597]
Bajo el orden constitucional vigente, los funcionarios judiciales no pueden
permitir que las medidas de seguridad, razonables en un determinado momento, se
mantengan indefinidamente, incluso cuando las razones que justificaban la
medida han desaparecido. Esto es especialmente cierto, por ejemplo, cuando se
trata de personas que son también sujetos de especial protección
constitucional.[598]
El principio pro libertad (pro libertatis), como
cualquier otro, debe ser ponderado con los demás principios aplicables en el
caso concreto. El encierro de una persona, como se ha indicado, se justifica
entre otras razones, en la protección de los derechos de las personas que han
sido víctimas, de las personas que pudieron serlo o simplemente de los derechos
de las personas en general y de aquellas que podrían llegar a ser víctimas en
un futuro. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las penas impuestas
judicialmente, –que una vez son cosa juzgada tienen el pleno respaldo de la
institucionalidad jurídica y democrática–, en el caso de las medidas de
aseguramiento el proceso que ha llevado a privar de la libertad es menos
certero.
Un orden constitucional que se erige como un estado social y
democrático de derecho tiene el deber imperioso de respetar, proteger y
garantizar plenamente el goce efectivo de la libertad. Por tanto, cualquier
tipo de condena que implique la privación de la libertad personal debe estar
sometida a estrictos controles. Debe asegurarse que la regla punitiva tenga un
origen democrático (por reserva constitucional) que se someta un juicio de
razonabilidad estricto, que su aplicación se haga de acuerdo con el derecho al
debido proceso y con el correspondiente respeto al derecho a la defensa. Una
vez se haya surtido un proceso jurídico adecuado de principio a fin, es
razonable constitucionalmente imponer una pena privativa de la libertad a una
persona, proporcional a la gravedad de sus actos. Cuando se impone una medida
de aseguramiento que conlleva la privación de la libertad, ésta no se produce
luego de un proceso jurídico y democrático amplio que ha activado múltiples y
diversos controles. Por definición, la medida de aseguramiento se toma en un
momento del proceso en que no se cuenta con la suficiente información para
saber, a ciencia cierta, si la persona sindicada es o no responsable penalmente
de las acciones que se le imputan.
Por supuesto, las medidas de aseguramiento en un estado
social y democrático de derecho son una herramienta judicial legítima que en
muchas ocasiones no son una opción sino una obligación. Por ejemplo, el
carácter fundamental y reforzado de los derechos de las niñas y de los niños
implica que existe la obligación de privar a una persona preventivamente de su
libertad como medio de protección y garantía de la integridad física,
psicológica y sexual de posibles menores víctimas. Pero tal poder imponer una
carga de protección reforzada al principio de libertad. Los riesgos y las
amenazas que justifiquen el encierro preventivo de una persona deben ser claros
y evidentes, manifiestos. El respeto estricto y reforzado al principio de
libertad en el caso de las medidas de aseguramiento afecta la ponderación y el
juicio que deba hacer el funcionario judicial. Quien debe tomar la decisión
respecto a la solicitud de medida de aseguramiento, en tan temprana etapa del
proceso y antes de que se puedan activar muchos de los controles propios que tiene
el sistema jurídico para asegurar la corrección y legitimidad del poder
punitivo, ha de valorar especialmente la libertad y protegerla, salvo que sea
evidente y manifiesta la existencia de una peligro cierto y considerable que,
además, exista el riesgo de que ocurra.
Como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa
de un estado social y democrático de derecho, las entidades del Estado, sin
importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y
necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de
aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El
Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea
una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’.
Los abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento
mal administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena
privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la
culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso
penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena
arbitraria a una persona.
8.2.6. La política criminal y carcelaria debe buscar,
ante todo, la resocialización de las personas condenadas; no sólo justicia
retributiva, también restaurativa
Una política carcelaria que no tenga como eje central la
resocialización de las personas que han cometido un acto que afecta gravemente
el orden jurídico vigente y los derechos amparados por éste, es contraria a los
postulados centrales de un estado social y democrático de derecho. Una política
carcelaria que simplemente se dedique a castigar y sancionar, sin la finalidad
de lograr resocializar y reintegrar a las personas en la vida civil, deja de
lado una de las funciones centrales y primordiales del poder penal del estado
fijadas en la Constitución Política de 1991.  Lo mismo ocurre con un sistema
penitenciario y carcelario que en su diseño promete resocializar a las personas,
pero en su ejecución e implementación, lejos de lo hacer lo que prometió en el
papel, se desentiende del asunto o simplemente se ocupa de establecer barreras
y obstáculos para lograr precisamente el fin de la resocialización, como se ha
demostrado a los largo de los procesos de acción de tutela acumulados.
Las políticas de resocialización y cabal reintegración de
las personas condenadas a una sociedad libre y democrática deben buscar
mecanismos efectivos para alcanzar sus propósitos. En tal medida, el estado
debe considerar la creación de mecanismos de justicia alternativa o
complementaria de carácter restaurativo. Es indudable el derecho de toda
persona en un estado de derecho a acceder a una justicia de carácter
retributivo, que asegure que la persona que ha cometido un crimen pague por
este. Pero este tipo de aproximación no garantiza que la retribución del daño
traiga consigo, necesariamente, la restauración de la ruptura en el tejido
social que aquel acto criminal produjo. En tal medida, es importante que las
políticas criminales y carcelarias, incluyan elementos de justicia restaurativa
que no sólo busquen resarcir a las víctimas, sino también reconstruir un
contexto social pacífico que asegure el derecho a vivir en paz y a la no
repetición. La Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina para la
Droga y el Delito, ha hecho énfasis en la necesidad de los estados para buscar alternativas
al encarcelamiento, propias de justicia restaurativa.[599] No sólo se debe
permitir que el victimario retribuya a la víctima, sino que se genere un
proceso que restaure los lazos sociales destruidos.
La Comisión Asesora de Política Criminal ha hecho énfasis
sobre la cuestión. Ha resaltado que la duración de las penas ha alcanzado
niveles tan altos que prácticamente impiden, por definición, toda posibilidad
de resocialización de las personas.[600]
Por eso se ha de mirar otras posibilidades, penas alternativas.  La Comisión ha
resaltado que “[las] penas alternativas, al edificarse sobre principios dife­rentes
al aislamiento y la violencia, tienen la virtualidad de minimizar los efectos
desocializadores de las sanciones pe­nales y pueden brindar mejores condiciones
para alcanzar el fin de la pena establecido en la Constitución Política y en
los instrumentos internacionales, así como para prote­ger en mejor forma los
derechos de los condenados y de las víctimas de la criminalidad, y la seguridad
de la sociedad.”[601]
La mirada de las víctimas, que ha de ser incorporada a toda
política criminal, debe propender formas de justicia restaurativa que impidan
la fractura de la cohesión social. Las miradas puramente punitivas o
retributivas son importantes, siempre y cuando colaboren en la construcción de
un orden justo en el que toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho a
la plena protección de su dignidad humana.[602]
8.2.7. La política criminal y carcelaria debe ser
sensible a la protección efectiva de los derechos fundamentales en general y de
la dignidad humana, específicamente.
8.2.7.1. La política criminal y carcelaria debe poner en el
centro de sus preocupaciones, el goce efectivo de los derechos de las personas
que se encuentran en relación de sujeción con el Estado, por estar privadas de
la libertad (bien sea que estén condenadas o sindicadas). La dignidad humana,
el principio de libertad, el de igualdad (el derecho a no ser discriminado) y
las reglas del debido proceso y el acceso a la justicia, deben ser ejes
centrales de cualquier Sistema penitenciario y carcelario que se decida diseñar
e implementar.  Las políticas públicas de las cuales dependan derechos
fundamentales, deben respetarlos, protegerlos y garantizarlos de forma real, no
sólo en el papel. La obligación constitucional de Colombia es asegurar el goce
efectivo de los derechos fundamentales, no su mera titularidad, una esperanza o
una mera expectativa. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad son protecciones jurídicas efectivas que no están sometidas a debate
en una democracia; deben ser respetados. La deliberación en democracia, de
hecho, se refiere a los medios para asegurar los derechos de las personas
recluidas, a delimitarlos en contraste con los demás derechos y definir como
materializarlos, pero no le es dado debatir si las personas recluidas en las
prisiones tienen derechos o si deben ser efectivamente protegidos. El
cumplimiento de estas obligaciones es imprescindible en un estado social de
derecho, fundado en la dignidad humana. No están en debate ni en discusión.
Pero se insiste: Una importante limitación que deben tener
en cuenta las organizaciones del Estado al diseñar e implementar la política
carcelaria, es que el acceso a condiciones dignas, debe ser un derecho que se
respete sin discriminación alguna, a todas las personas privadas de la
libertad. No puede un Estado, por ejemplo, justificar un trato inhumano por
falta de recursos, a la vez que otras personas reciben tratos dignos y humanos,
como debe ser, por cuanto para estos si existen recursos humanos y materiales
suficientes. Como lo señaló el Comité de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, el trato humano a las personas privadas de la libertad, es una regla
fundamental y universal que “[…] debe aplicarse sin distinción de ningún
género, como por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otro género, origen nacional o social; patrimonio o
cualquier otra condición.”[603]
Resalta la Sala que el derecho de igualdad en el ámbito de
las cárceles y las prisiones es más estricto que en otras dimensiones de la
vida en sociedad. En efecto, distinguir a las personas en razón a su patrimonio
no es un criterio sospechoso prima facie, por lo general, en el orden
constitucional vigente. El sistema de salud, el sistema tributario o el sistema
de seguridad social, por mencionar tan sólo tres casos, pueden tener en cuenta
la condición patrimonial de una persona, legítima y razonablemente, para poder
establecer diferencias de trato en el pago de cuotas, pago de impuestos, o
asignación de subsidios.  No obstante, no ocurre lo mismo en el ámbito de la
política criminal. Los delitos cometidos por una persona, independientemente de
cuál sea su patrimonio, recibirán la pena que se merecería otra persona que
hiciera lo mismo con un patrimonio diferente (bien sea mayor o menor). Durante
el juicio tampoco será un criterio relevante. Ni durante la investigación del
delito, ni durante su juzgamiento se puede justificar la asignación de
garantías, derechos o cargas procesales, únicamente fundándose para ello, en el
tipo de patrimonio que tiene la persona. Finalmente, durante la reclusión
penitenciaria y carcelaria, el criterio patrimonial tampoco es un fundamento
objetivo y razonable de un trato diferente. Toda persona, independientemente de
cuál sea su patrimonio, tiene derecho a ser privado de su libertad en
condiciones humanamente dignas. Desde el punto de vista de los derechos
humanos, no es admisible que existan recursos humanos y materiales para poder
tener en condiciones dignas únicamente a ciertas personas privadas de la
libertad, en razón a su clase social y a su estatus, a la vez que a otras, con
base en los mismo criterios sospechosos de discriminación se les somete a
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
8.2.7.2. La fijación de Indicadores de Goce Efectivo del
Derecho, IGED, es una herramienta que pretende asegurar que las políticas
públicas están orientadas a materializar los derechos involucrados. Como lo
señala la Organización de Estados Americanos, OEA, a propósito de la seguridad,
las políticas públicas deben contar con información “[…] cuantitativa
amplia, verificable, contrastada, confiable y comparable, como líneas de base
y, más adelante, como indicadores de resultados de gestión.”[604] Diseñar
indicadores de política pública específicamente orientados a establecer el goce
efectivo de los derechos fundamentales [IGED] es una de las maneras con las que
cuenta el Estado para asegurar que sus acciones y omisiones estén, realmente,
dirigidas al cumplimiento de esta función básica de la República.
8.2.7.3. Ahora bien, que el Sistema deba propender por el
goce efectivo de los derechos fundamentales, refuerza la obligación que tiene
el Estado de contar con medios alternativos para prevenir y reprimir el delito.
Esto es, si se cuenta con medios menos lesivos que la cárcel para evitar el
crimen y lograr que las personas que los cometan se resocialicen, es deber de
un Estado comprometido con asegurar el goce efectivo de los derechos de las
personas, propender por la implementación de aquellos medios alternativos al
sistema penal, menos lesivos de la libertad y demás derechos fundamentales de
las personas.
8.2.7.4. Por supuesto, el deber de asegurar el goce efectivo
de los derechos, impone al Estado el deber de garantizar que tales medios
alternativos para controlar el crimen sean realmente efectivos. Si los métodos
alternativos a la cárcel y la prisión no proveen soluciones efectivas y
socialmente aceptables, que retribuyan y restauren, pueden ser el motor de
violencias y venganzas privadas. Por tanto, un sistema criminal y carcelario que
busque cumplir a cabalidad los derechos fundamentales no puede dejar de lado
los de nadie. Ni los de las personas privadas de la libertad, ni las de las
víctimas o de las potenciales víctimas que reclaman justicia.
8.2.7.5. Los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad dependen, en gran medida, de la existencia, la adecuación, la
eficiencia y la calidad del Sistema Carcelario. Las condiciones e instituciones
que garanticen los derechos de las personas en esta situación, deben existir,
deben estar disponibles. El acceso a los bienes y servicios de los cuales
dependen tales derechos deben ser accesibles, no deben existir barreras u
obstáculos que impidan a quien está prisión poder demandarlos, poder acceder a
ellos. En especial, no se deben imponer barreras de carácter económico. Los
bienes y servicios, además, deben ser aceptables, tienen que contar con
condiciones de calidad que permita asegurar, efectivamente, el goce efectivo de
los derechos. Y, finalmente, los bienes y servicios que aseguren un mínimo
vital en dignidad deben ser también adaptables a todas las personas, en
especial a aquellas que requieren una especial protección dada su particular
situación de vulnerabilidad (sufrir una grave enfermedad, por ejemplo) o porque
son sujetes de especial protección constitucional, asunto que se abordará
posteriormente.
8.2.8. El Sistema penitenciario y carcelario debe ser
sostenible; los costos de encarcelar la libertad
8.2.8.1. El Sistema penitenciario y carcelario es
insostenible, por la dimensión que tiene. La política criminal ha llevado a que
se haga un uso excesivo del derecho penal y, por tanto, de la cárcel. Hasta el
punto de que es insostenible por los costos que supone, en múltiples
dimensiones.
(i) Elementos de la política
criminal. La política criminal consta de tres (3) elementos centrales, como
lo ha resaltado la Comisión designada por el Gobierno Nacional para enfrentar
el problema carcelario. El primero de ellos es la política penal, entendida
como la decisión democrática de establecer cuáles son aquellas conductas que
merecen un reproche penal, así como el grado del mismo. El segundo es la
política de investigación y procesamiento del delito. Las actuaciones de los
estamentos y autoridades encargadas de investigar la comisión de aquellos actos
que han sido considerados delincuenciales, así como su enjuiciamiento y
procesamiento. Finalmente, el tercer elemento es la política penitenciaria y
carcelaria, esto es, el cumplimiento de la sanción impuesta por el legislador a
aquellos delitos que fueron investigados y juzgados por las autoridades
correspondientes.[605]
La política criminal debe tener en cuenta que el castigo penal es una
herramienta de control social extremadamente costosa. En términos de derechos
de la persona condenada y en términos sociales, en especial del grupo familiar
cercano. Pero también en términos económicos, puesto que la apropiación de los
recursos materiales y humanos para poder perseguir y condenar los delitos y,
luego, para poder mantener privadas de la libertad a aquellas personas que
hayan sido legítimamente condenadas son altísimos.
(ii) Costo sobre los derechos.
El principal costo del castigo y la sanción penal, es el impacto que la
privación de la libertad tiene sobre los derechos fundamentales de la personas
sancionada, así sea en condiciones dignas y respetuosas de sus derechos.
Existen graves actos criminales que, sin duda, ameritan la imposición de
sanciones tan drásticas como la privación de la libertad, pero el Legislador de
un estado social y democrático de derecho debe promover, en principio, la
libertad. Es por ello, entre otras razones, que el castigo penal debe ser la última
ratio, el último argumento en contra de un acto que vulnera los derechos. Afectar
la libertad de una persona conlleva afectar su salud, su integridad, restringir
sus capacidades de educación, de recreación o de trabajo. Pero también tiene un
impacto sobre su núcleo familiar y social, en especial, en el goce efectivo de
los derechos de las personas que estén a su cargo, como hijos, hijas, o
personas de la tercera edad. El orden constitucional vigente contempla la
cárcel como una de las herramientas con las que cuenta el Estado para enfrentar
graves violaciones de la ley. Pero es deber del Estado asegurarse de que en
realidad se trata de graves violaciones que justifique las restricciones y
cargas que el castigo penal le impone a las personas.
Pero sin duda el mayor costo en términos de
derechos que representa el actual estado de cosas del Sistema penitenciario y
carcelario, es con relación a los derechos fundamentales de las personas que
han sido víctimas de crímenes o que podrán serlo. Si la cárcel es la
herramienta más importante para enfrentar al crimen, y se encuentra en un
estado de crisis tal, que no pude cumplir sus más básicas funciones, quiere
decir que la sociedad ha quedado sin una herramienta útil para enfrentar,
justamente, las más graves violaciones a los derechos. La cárcel, que como se
dijo, es llamada hace ya muchos años la ‘universidad del crimen’, propicia el
fenómeno denominado ‘contaminación criminal’. Quien no sabe, aprende; quien
sabe, aprende más y, en cualquier caso, se adquieren nuevos y mejores
contactos. El costo en términos de derechos fundamentales para la sociedad en
general es, por tanto, altísimo. Personas que mediante sanciones alternativas
hubieran podido regresar al seno de una sociedad que los perdonara, padecen
dramáticas experiencias que pueden acabar con sus vidas e impedir, ahí sí, toda
posibilidad de volver a vivir integrados a cabalidad en una sociedad libre y
democrática. Núcleos familiares que hubiesen podido desarrollarse normalmente,
se quiebran dolorosamente, con los costos que ello implica para personas
vulnerables como los niños y las niñas.
Cuando el Estado propicia o permite la
deshumanización y la indignidad de algunas de las personas, compromete la
defensa del principio de la dignidad, en sí mismo considerado, y, de esta
forma, la dignidad de todas y cada una de las personas. Cuando se acepta que la
dignidad de una persona puede ser dejada de lado, se da un paso hacia el
abandono del respeto de la dignidad de cualquier persona.
Ahora bien, mientras las
autoridades carcelarias y penitenciarias logran implementar planes y programas
que aseguren el goce efectivo del derecho, los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad suelen asumir los costos que ya se
reconocieron como inconstitucionales. Se trata de altísimas restricciones y
negaciones a los derechos fundamentales que sufren las personas, dado el estado
de cosas del Sistema, que se deben seguir asumiendo mientras las autoridades
logran implementar tales planes y programas. Claro, cuando éstos no funcionan
cabalmente, como ha ocurrido con muchas de las acciones desarrolladas con
posterioridad a la sentencia T-153 de 1998 y tantas otras decisiones
judiciales, la dignidad y los derechos fundamentales, en sus ámbitos de
protección más básicos, deben seguir soportando las limitaciones y
restricciones impuestas. Es un costo sobre los derechos de las personas
privadas de la libertad en un estado social y democrático derecho que es
inaceptable y no puede seguir siendo impuesto.
(iii) Costos económicos.
Los costos en términos económicos de un Sistema penitenciario y carcelario son
altos. Incluyen, por ejemplo, la construcción de la infraestructura carcelaria
de altas especificaciones, dada su finalidad, y la creación y formación de
burocracias y cuerpos de seguridad que operen dichos establecimientos;
contratar innumerables servicios para garantizar las condiciones de vida digna,
especialmente cuando el castigo penal se usa muchas veces y se usa por largos
periodos de tiempo. Las dotaciones a la población carcelaria y a la Guardia,
los Sistemas de vigilancia, los trámites judiciales, los costos en materia de
salud o los costos de traslados de los internos de un lugar a otro, sólo por
mencionar algunos de los costos.   La obligación de respetar, proteger y
garantizar la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad,
surge de la Constitución y de la Carta Internacional y Regional de Derechos
Humanos. Son compromisos fundacionales del Estado en su acto constitutivo y con
la construcción de orden internacional respetuoso de toda persona y de sus
derechos. En tal medida, se trata de obligaciones que Colombia claramente tiene
y que jurídicamente está obligada a cumplir. Por eso, puede ser que la entrada
a un Sistema penitenciario y carcelario que desconozca múltiples derechos y
omita proteger otros tantos, sea aparentemente gratis, y que no se tenga que
asumir costos financieros por tal estado de cosas. Incluso, podría erróneamente
considerase que es una política que genera ahorros, pues los dineros que no se
destinan a costear los bienes y servicios básicos que deberían prestarse y se
niegan sistemáticamente a las personas en prisión, se pueden conservar o
destinar a otras cosas. Esta posición, que contraria al valor y la supremacía
de la dignidad humana que defiende el orden constitucional vigente, desconoce
además, que los costos se tendrán que asumir tarde o temprano, bien a la
entrada o bien a la salida del Sistema, pero no se pueden omitir. Las personas
que han sufrido el rigor de la cárcel y el encierro, más allá del justo castigo
que de acuerdo a la Constitución y la ley se merecían, pueden reclamar
judicialmente al Estado.
Algunas posiciones, alejándose
del valor central de la dignidad humana reconocido por la Constitución de 1991,
pueden sugerir que las personas que sufren el rigor de la cárcel no pueden
quejarse de su situación. Se alegaría que ellas misma fueron quienes se
pusieron en tal condición al haber delinquido, a pesar de saber de antemano que
las cárceles son unas dantescas mazmorras, y que no era otro el trato que iban
a recibir. Esta posición podría argumentar, además, que no se trata de falta de
humanidad o de no querer tratar bien a las personas privadas de la libertad.
Simplemente es una cruda realidad, si no existe dinero para atender a todos los
niños y niñas en situación de vulnerabilidad, se podría aducir, ¿cómo destinar
esos recursos las personas privadas de la libertad por haber atentado en contra
de otras personas? Esta terrible posición, objetable desde los fundamentos
éticos y jurídicos de la Constitución –que lamentablemente ha sido sostenida
por jueces de tutela para justificar negar solicitudes a personas que enfrentan
graves violaciones a sus derechos en prisión–,[606] desconoce, para
empezar, que muchas de las personas privadas de la libertad son inocentes, y
esperan que se declare judicialmente esa situación. Pero esta posición también parte
de un presupuesto falso en materia de costos. Como se dijo, tratar bien a las
personas en prisión es un costo que ha de asumirse al ingresar al
establecimiento, estableciendo los planes y programas administrativos que
correspondan para asegurar el mínimo vital en dignidad durante la permanencia
en prisión, o a la salida de ésta, cuando la persona demande al Estado por los daños
y los perjuicios que haya sufrido durante el encierro. Así, el Estado termina
pagando los daños que produjeron las enfermedades sufridas en prisión a causa
del mal estado de los baños, pero también, los daños a la salud por las
agresiones físicas cometidas por otros prisioneros, que el Estado un fue capaz
de controlar, a pesar de tratarse de personas en condiciones de encierro. No se
trata de un asunto menor. De acuerdo con la Agencia Nacional para la Defensa
Jurídica del Estado, junto a las acciones de responsabilidad por los daños que
han sufrido las personas con ocasión del conflicto armado (en especial miembros
de la fuerza pública), ocupa un lugar destacado las acciones de responsabilidad
estatal por daños sufridos durante la privación de la libertad. De hecho, ha
sido uno de los asuntos que ha ocupado a la Agencia.[607]
La jurisprudencia contencioso
administrativa ha sido clara en sostener que en el contexto del Sistema
penitenciario y carcelario, la responsabilidad del Estado es objetiva, teniendo
en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia y custodia del
Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de
repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por los agentes
estatales, por otros reclusos o por terceros particulares.[608]  Así, por ejemplo, se
ha condenado al estado al Estado a indemnizar a los familiares de una persona
que fue asesinada en la cárcel con un arma que el INPEC no controló, bien sea
un arma blanca,[609]
o una de fuego.[610]
Se ha encontrado responsable al Estado de la muerte de personas asesinadas
mientras se encontraban privadas de la libertad, incluso cuando se ha
demostrado que estas habían participado en una riña, pero era claro, a la vez,
se había fallado en las condiciones de seguridad.[611] Tampoco exime de
responsabilidad que los hechos ocurridos sean confusos y no se pueda establecer
claramente lo ocurrido, más allá de la muerte en la prisión.[612] Los costos que el
Estado ha tenido que asumir por cuenta del estado de cosas del Sistema penitenciario
y carcelario no son únicamente por los daños causados a las personas privadas
de la libertad. Se ha reconocido indemnizaciones, por ejemplo, a los familiares
de un teniente que hacía parte de la Guardia del INPEC y murió asesinado durante
un amotinamiento.[613]
Pero como se indicó previamente,
el estado del Sistema penitenciario y carcelario es reflejo de toda la política
criminal. Así, por ejemplo, los problemas y fallas en las fases de
investigación y juzgamiento llevan a aumentar el número de personas privadas de
la libertad. Las autoridades carcelarias terminan en tales circunstancias,
siendo los verdugos obligados por ley, a imponer injustas penas sobre las
personas.  En tales casos, el paso injusto por la condición de reclusión será
imputable al Estado, pero no a través de las autoridades encargadas de la
tercera fase de criminalización (las autoridades carcelarias como el INPEC)
sino de las autoridades judiciales de investigación y juzgamiento (fiscales y
jueces penales y de ejecución de penas y medidas de seguridad). Tal fue el caso
de una mujer que fue condenada penalmente de la muerte de su esposo,
fundándose, supuestamente, en ‘indicios graves’. Para el Consejo de Estado, los
indicios graves no fueron más que prejuicios de género, que llevaron a
consecuencias absurdas y discriminatorias para las mujeres.[614] En el caso se condenó a
la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por una detención que
constituyó un trato discriminatorio por parte del Estado. Los porcentajes a
cancelar por cada una de las entidades, se estableció teniendo en cuenta que
más de dos de las terceras partes del tiempo (70.89%) de la privación de la
libertad de la señora se había producido por cuenta de la solicitud de la
Fiscalía General de la Nación y menos de la tercera parte (29.11%) por cuenta
de la decisión de condena impuesta por la justicia penal. El costo del respeto
a la dignidad humana va a ser pagado por la sociedad tarde o temprano. O bien
al inicio, asegurando a la persona que se prive de la libertad el respeto a su
dignidad y a sus derechos fundamentales, o bien al final al tener que indemnizar
a la persona (si aún vive) y sus allegados. Pero en el segundo caso los costos
económicos, así como de otro tipo, son mayores e inevitables.
La sostenibilidad financiera, como se indicó
previamente, es un medio no un fin en sí mismo. Es una herramienta para
asegurar el goce efectivo de los derechos, no para justificar el
desconocimiento o violación del contenido de los derechos. Una política que sea
sostenible financieramente, pero no garantice el goce efectivo de los derechos
fundamentales es contraria a la Constitución. La sostenibilidad, en otras
palabras, es una herramienta para asegurar el imperio material y real de la
Constitución, no una excusa para dejarla de lado, o convertirla en una mera
aspiración formal, de papel.
(iv) Costos a la legitimidad del Estado. Un
Sistema penitenciario y carcelario en crisis e insostenible impone, además,
costos de legitimidad del Estado en general. Un estado que desconoce a través
de sus prisiones impunemente la dignidad y la integridad de las personas, pierde
legitimidad ante sus ciudadanos. Uno de los sentidos y propósitos fundamentales
de las instituciones es asegurar las condiciones mínimas de existencia de todas
las personas; esperar la condición de fin en sí mismo de toda persona, no
usarla para un fin determinado; el respeto a las condiciones mínimas de
existencia y no someterla a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando el
Estado no cumple con este fin esencial, de forma deliberada, atenta gravemente
contra sus propios fundamentos. Desestima la propia razón de su existencia. ¿Cómo
se puede tener la autoridad para sancionar penalmente a las personas, cuándo el
Sistema penitenciario y carcelario genera y propicia actos tan graves como los
cometidos por los más peligrosos delincuentes que se pretende encerrar? El
respeto a la dignidad de toda persona es un requisito básico de todo Sistema de
prisiones, es el presupuesto del que debe partir todo Sistema que pretenda
encarcelar a las personas que atenten gravemente contra la dignidad de las
personas. Si la cárcel es un medio excepcional de resocializar y enfrentar
graves casos de criminalidad, es una institución que se ajusta a los postulados
de un estado social y democrático de derecho; pero si es una máquina para
vengar institucional y salvajemente ofensas criminales, es una institución
contraria al respeto de la dignidad humana y, por tanto, contraria al orden
constitucional vigente.
(v) Necesidad de presupuestar. El gasto
público en un Estado social de derecho tiene que ser racional. Debe seguir
mínimos parámetros, como que no se debe gastar más de lo que se requiere en
hacer algo o que no se debe gastar en algo que no se debe hacer. Dentro de
estas mínimas reglas resalta una simple y sencilla: no se deben asumir costos
ni obligaciones que, por definición, se sabe que no se podrán cumplir
cabalmente. Por este motivo, la Comisión Asesora de Política Criminal ha
presentado una recomendación lógica y simple. Los gastos del Sistema
penitenciario y carcelario (la tercera fase de la política criminal), deben
estar sometidos a las reglas mínimas de racionalidad que gobiernan el gasto
público en general. Así, la Comisión ha resaltado que la regla fiscal debería
tener una aplicación en el campo penitenciario (un ‘regla fiscal
penitenciaria’, se sugiere) que evite ordenar gastos cuando se sabe que no se
podrán realizar. Dice la Comisión al respecto,
“[…] así como se exige a todo
funcionario que va a ordenar un gasto que obtenga primero un ‘certificado de
disponibilidad presupuestal’, para obligarlo a verificar si hay o no
recursos para lo que piensa hacer, algo semejante debería operar en el
[Sistema]. Debería pensarse seriamente en una especie de ‘certificado de
disponibilidad carcelaria’, según el cual no podría un juez ordenar la
reclusión de una persona, salvo que se certifique que hay un cupo carcelario
digno. Y no debería admitirse la aprobación de una ley que incremente la
población carcelaria, salvo que se asegure que existirán los cupos para recluir
dignamente a más personas. Sería pues una especie de ‘regla penitenciaria’
semejante a la ‘regla fiscal’ que ha sido incorporada en nuestro ordenamiento
jurídico.  ||  Algunos pueden temer que esa ‘regla penitenciaria’ per­mitiría
que queden libres personas comprometidas en crí­menes graves. Pero no es así si
se regula adecuadamente. Por ejemplo, podría pensarse que en caso de que una
per­sona deba ser privada de la libertad y no haya cupo car­celario, entonces
que exista un término breve para que el Gobierno cree el cupo carcelario, por
ejemplo, liberando temporalmente o dando casa por cárcel a personas que ya
están cercanas a obtener su libertad. Esos ajustes, que existen en otros
países, pueden preverse. Pero si uno toma en serio los derechos humanos de los
reclusos y la fun­ción resocializadora de la pena, alguna forma de ‘regla
penitenciara’ es necesaria para enfrentar el hacinamiento carcelario.”[615]
(vi) El Sistema
penitenciario y carcelario que demanda la política criminal vigente no es
sostenible. Del buen funcionamiento del Sistema penitenciario y carcelario
depende el goce efectivo de las personas privadas de la libertad. Pero también
de la sociedad en general, que espera que el Sistema logre neutralizar la
acción criminal de las personas al recluirlas en prisión, alejarlas del delito
y resocializarlas, para asegurar a las víctimas la garantía de vivir en una
sociedad en la que no se repitan esos hechos. Como lo evidencian lo estudios
acerca del Sistema penitenciario y carcelario, éste no garantiza la
resocialización de las personas que delinquen, dada la crisis y su
insostenibilidad. En Colombia, la política carcelaria no cumple esté límite
mínimo de constitucionalidad de ser sostenible, garantizando un avance
progresivo y el no retroceso en los logros alcanzados. El Instituto Rosarista
de Acción Social, SERES, ha sostenido que el uso desmedido del derecho penal,
entre otros factores, ha llevado a la creación de una política que, por
definición, el Estado no es capaz de implementar. Dice al respecto,
“[…] resulta necesario
racionalizar el iuspunendi para no continuar con la producción desbocada
de tipos penales y aumento de penas como factor de hacinamiento, junto con la
optimización de la administración de justicia para evitar que su deficiencia y
mal funcionamiento igualmente contribuyan al fenómeno que se estudia, máxime
cuando no existe proporcionalidad entre la legislación punitiva y la capacidad
de respuesta judicial y carcelaria del Estado, respuesta que se agrava aún más
con la concepción de que la sanción penal debe ser sinónimo de la privación de
la libertad, vista ella como castigo, como eficiencia de las fuerzas del orden
y de la administración de justicia. Fracaso de la política criminal que se aúna
a la carcelaria, teniendo en cuenta el alto índice de reincidencia, que se
registra en un 48,8%.”[616]
Por eso, una de las conclusiones del estudio es que “[…],
la legislación penal no puede resolver todos problemas sociales, de convivencia
y de orden público, razón por la cual no se puede recargar en exceso dicha
jurisdicción, mucho menos insistir en el error de proyectar y ejecutar reformas
improvisadas coyunturalmente, por cuanto su pertinencia a largo plazo resulta
siendo un fracaso.  ||  En Colombia, el enfoque de la política criminal
ha sido claramente represivo, más que preventivo; circunstancia que mal puede
generar soluciones al fenómeno delictivo por cuanto, […] con ello no se
atacan sus causas. Prueba de esto es que si bien el hacinamiento carcelario
disminuye con la construcción de nuevos establecimientos, vuelve a
incrementarse constantemente frente a la capacidad carcelaria establecida.”[617] Como
lo señalan los informes expuestos previamente, el costo de las cárceles no es
únicamente el de su construcción.[618]
Es también el de su funcionamiento, mantenimiento y refacción, que a los pocos
años de entrada en servicio del establecimiento, llega a ser tan alto como el
de la construcción misma. En tal sentido, por ejemplo, el Departamento Nacional
de Planeación ha recomendado modificar el orden legal vigente en favor de una
política criminal y carcelaria que favorezca la libertad y reduzca la demanda
del sistema penitenciario y carcelario, a la estrictamente necesaria.[619]
8.2.8.2. Pero no sólo es que el Sistema penitenciario y
carcelario carezca de los recursos humanos y materiales suficientes para
atender la demanda que recibe, el asunto es que los que tiene no los emplea
adecuadamente. Por ejemplo, el Instituto Rosarista de Acción Social también se
ha ocupado de identificar el uso de los recursos. Así, empleando el indicador
de desempeño fiscal, IDF, empleado por el DNP, concluye que el presupuesto
asignado al Sistema penitenciario y carcelario “[…] no ha sido manejado de
la manera más eficiente posible y su desempeño resulta altamente cuestionado.”[620] A
pesar de que los ingresos del Sistema son cada vez mayores,[621] los gastos, aunque
variables,[622]
han mantenido una constante: se gasta más de lo que se recibe, lo cual ha
logrado afectar el equilibrio del Sistema.[623]
Obviamente, la corrupción y la ineficiencia juegan un importante papel en este
mal uso de los recursos.[624]
Una política pública de la cual depende el goce efectivo de
un derecho que claramente no sea sostenible fiscalmente, es contraria al orden
constitucional vigente. El goce de un derecho, en especial de una faceta
progresiva o prestacional, no puede depender de una política pública que, de antemano,
se sabe que no va a servir, debido a que no es sostenible fiscalmente.  En
otras palabras, una política pública de la cual depende el goce efectivo de un
derecho fundamental es inconstitucional cuando claramente no se puede pagar.
8.2.9. La política criminal y carcelaria debe ser sensible
a los sujetos de especial protección constitucional, cuyos derechos
fundamentales estén comprometidos.
La política criminal en general, y la penitenciaría y
carcelaria en particular, debe ser sensible a los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad o sujetos de especial protección constitucional.
Las duras condiciones del Sistema penitenciario y carcelario alcanzan
dimensiones aún más nefastas cuando las personas que se ven afectadas son
grupos tradicionalmente marginados o excluidos de la sociedad, personas
vulnerables cuyos derechos se ven notablemente más comprometidos en las
prisiones.[625]
8.2.9.1. Las niñas y los niños. Los derechos de los
niños y las niñas están por encima de los derechos de los demás. En el contexto
carcelario, esta regla constitucional ha tenido diversas aplicaciones. Así, las
condiciones de reclusión de una mujer privada de la libertad, madre de un bebé
recién nacido, deben ser las adecuadas y necesarias para salvaguardar la vida,
la salud, la integridad personal y el desarrollo armónico del menor. No tiene
derecho la madre a quedar en libertad, pero sí a que las condiciones sean las
adecuadas.[626]
Los menores tienen derecho a estar con su madre en prisión, incluso hasta los
tres (3) años.[627]
De la misma manera, la política penitenciaria y carcelaria debe ocuparse de
asegurar que los niños y las niñas no pierdan el contacto con su padre o su
madre, cuando alguno de los dos, o los dos, se encuentra privado de la
libertad. La política debe ser sensible al respeto del derecho de esas niñas y
esos niños a no ser separados de su familia, y garantizar las condiciones
adecuadas para que el contacto se pueda mantener mediante comunicaciones
8.2.9.2. Jóvenes. Los hombres y las mujeres jóvenes
son un grupo que en materia de política criminal y carcelaria merece una
especial atención por parte del Estado. La orden constitucional de asistencia y
protección a la juventud (art. 45, CP)[628]
se materializa, por ejemplo, en el deber del estado de propender por
herramientas de administración pacíficas y comprensivas, antes que violentas e
impositivas. Que la única y principal respuesta contra el crimen en una
sociedad no puede ser castigo, la cárcel y la represión, es especialmente
cierto a propósito del crimen juvenil. Propuestas como disminuir la edad de
responsabilidad penal, a pesar de que se trate de niños y niñas en términos
constitucionales (persona menor de 18 años) y de la Carta Internacional de Derechos
Humanos, son muestras de esta tendencia a echar mano del castigo y la prisión
como herramienta de solución, antes de emplear otros caminos de intervención y
prevención de estas situaciones. La grave criminalidad en que se ven inmersos
los jóvenes demuestra la necesidad de atender el problema, pero las
herramientas de sanción deben ser las propias de un estado social y democrático
de derecho. En tal contexto, el encierro y la privación de la libertad debe ser
la excepción de la excepción. Es un camino que, inevitablemente, cuando se
justifica recorrerlo, implica cierto fracaso social. Si bien muchos de los
adolescentes y jóvenes son plenamente conscientes y responsables de sus actos,
no por ello deja de ser cierto que estas decisiones son respuestas a contextos
y situaciones que, muchas veces, propician y estimulan esos comportamientos.  Son
jóvenes violentos, porque la sociedad los ha obligado a vivir en contextos
violentos. Los conflictos y problemas que enfrenta un joven habitante de un
sector deprimido y marginado de una gran ciudad, por ejemplo, son una realidad
que supera su voluntad y su autonomía. Son realidades sociales que están ahí y
no se pueden evadir o ignorar, pues representan amenazas reales para la vida,
la integridad o la subsistencia. Es por eso que la política criminal, en
general, y la penitenciaria y carcelaria en particular, debe asegurar la
protección, la educación y el progreso de toda persona joven. No obstante, como
se indicó previamente, la realidad es otra. Los estudios empíricos muestran que
el Sistema penitenciario y carcelario, como consecuencia de la política
criminal, en sus diferentes fases, se ensaña con hombres, jóvenes de sectores
sociales marginados y excluidos por su condición económica.[629]
8.2.9.3. Mujeres. Las mujeres también son objeto de
especial protección constitucional, como se ha mostrado. Por ejemplo, la
jurisprudencia constitucional ha encontrado razonable establecer tratos
diferentes entre hombres y mujeres cabeza de familia, en cuanto al acceso a
ciertas medidas de libertad, salvo que se trate de hombres que cuyos menores se
encuentren en situación análoga a los de las mujeres cabeza de familia.[630] Como
lo demuestran los estudios e informes acerca de la situación de las mujeres en
el Sistema penitenciario y carcelario, no sólo colombiano sino regional, las
discriminaciones y exclusiones de género de la sociedad se reproducen. En
especial, en tanto es un Sistema orientado principalmente a hombres, las
necesidades y demandas propias de los derechos fundamentales de las mujeres
pasan desapercibidas en muchas ocasiones. Como lo señala la Comisión Asesora de
Política Criminal, “[…] hay que recordar que estadís­ticamente el número de
mujeres en prisión es inferior al de los hombres, lo cual tiene como una de las
consecuen­cias principales que las prisiones no hayan sido diseñadas pensando
en las diferencias de género ni en las parti­cularidades de las mujeres para
temas como las visitas conyugales, la situación de niños y niñas que deben
vivir en prisión con sus madres, las necesidades particulares de las mujeres en
materia de salud, especialmente salud reproductiva, por citar algunos temas.”[631] Demandas
de salud o de ocupaciones y formaciones laborales diferentes a las que piden
los hombres son algunos de estos ejemplos. La política penitenciaria y
carcelaria no puede dejar debe tener una perspectiva de género que permita
evitar, o remover si existen, las barreras y obstáculos que enfrentan las
mujeres para gozar efectivamente de sus derechos fundamentales.[632]
8.2.9.4. Personas con orientación sexual e identidades de
género diversas. Las personas con orientación sexual o identidad de género
diversa son sujetos de especial protección constitucional, por lo que la
política penitenciaria y carcelaria también debe ser respetuosa de sus
especiales derechos fundamentales. Las dificultades de los hombres trans y de
las mujeres trans, por ejemplo, se inicia desde el momento mismo de definir a
qué establecimiento penitenciario y carcelario deben ser remitidos.[633] Las
dimensiones de la salud en las que se encuentra comprometida su identidad y su
integridad física y personal, por ejemplo, son usualmente dejadas de lado. Los
obstáculos y las barreras al acceso a los servicios de salud suelen ser mayores
e insalvables en estos casos, y, como condición para poder superarlos, suelen
exigir a la persona que acepte actitudes y dictámenes patologizantes. Los
espacios de libertad y autonomía que deben ser asegurados en prisión a toda
persona, suelen ser especialmente violados y amenazados a las personas de
orientación sexual diversa. La cárcel reproduce los prejuicios y las
discriminaciones sociales en contra de estos grupos sociales, que en muchas
ocasiones son actitudes y acciones propiciadas desde la propia Guardia. Tal es
el caso de sanciones absurdas y desproporcionadas como, por ejemplo, encerrar a
una mujer privada de la libertad en aislamiento, debido a que se besó con otra
mujer en un espacio en que podían ser vistas por otras personas.
8.2.9.5. Comunidades étnicas y tradicionales. Las
personas que pertenecen a comunidades étnicas o tradicionales de Colombia, dado
el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación, deben ser especialmente
protegidas por el Sistema penitenciario y carcelario. La jurisprudencia
constitucional ha indicado que “[…] la reclusión de indígenas en
establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra
dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se
justifique su reclusión en establecimientos especiales.”[634] Ahora bien, si se trata
de un caso en el que se justifique que una persona perteneciente a una de estas
comunidades se encuentre recluido en una penitenciaria o una cárcel ordinaria.
De esta forma, también ha tutelado el derecho de personas indígenas a decidir
en libertad y autónomamente el servicio de salud que quieren recibir, pudiendo
elegir un tratamiento alternativo, propio de su comunidad y de sus tradiciones
y saberes ancestrales.[635]
8.2.9.6. Tercera edad. Las personas de edades
avanzadas, en especial cuando este momento de su vida está acompañado de aflicciones
físicas considerables, merecen un especial respeto, protección y garantía de
sus derechos fundamentales por parte de la política penitenciaria y carcelaria.
Esto es cierto tanto para las personas que son objeto de privación de la
libertad ya entradas en años, como para las personas que el ocaso de la vida
les llegó estando recluidas en prisión. Es su avanzada edad y el normal
deterioro de su integridad física y psicológica lo que hace que el Estado tenga
que prestarles especial atención, independientemente de cualquier otra
consideración personal.
8.2.9.7. Personas con discapacidad. La condición de
privación de la libertad, se ha evidenciado, supone una serie de restricciones
y limitaciones a las personas, que las ponen en estado de necesidad. La
dependencia de una persona privada de la libertad a las instituciones de
reclusión es absoluta. En tal medida, los servicios penitenciarios y
carcelarios se ocupan de atender esas necesidades, desde la más elemental hasta
la más compleja. No obstante, la mayoría de servicios son diseñados para el
promedio de las personas y para las necesidades que estas tiene y a las que
éstas se ven expuestas. Por ello, personas que debido a sus capacidades físicas
tienen habilidades y necesidades espaciales, al igual que los demás sujetos de
especial protección constitucional suelen ser olvidados en los diseños y en la
construcción de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Personas que
debido a su ceguera desarrollan habilidades auditivas y sensoriales especiales
para enfrentar el mundo, se ven sometidos a ambientes hostiles, diseñados,
únicamente, para personas videntes, que enfrentan el mundo mediante el uso de
esta habilidad. La ausencia de guardias que sepan lenguaje de señas, materiales
de lectura especiales para invidentes, oficios que puedan desarrollar personas
en sillas de rueda, etc. Ahora bien, teniendo en cuenta el escenario de
violencia y hacinamiento de muchas cárceles y penitenciarias, las personas con
necesidades especiales suelen enfrentar mayores riesgos de violación a sus
derechos, así como mayor cantidad de amenazas y de mayor gravedad.  La
jurisprudencia, por ejemplo, ha tutelado las necesidades especiales de salud de
una persona privada de la libertad por haber pertenecido a un grupo paramilitar,
que se encontraba en silla de ruedas y gravemente afectada en su salud, a causa
de impactos de proyectil.[636]
Las autoridades penitenciarias y carcelarias, así como los jueces de la República,
tienen una especial obligación de hacer los ajustes razonables que
correspondan, de la ley, de las reglamentaciones, de los reglamentos, o de
cualquier tipo de norma en general, para asegurar que su cumplimiento no
imponga cargas irrazonables o desproporcionadas sobre las personas con
discapacidad, o conlleven barreras y obstáculos, en ocasiones insalvables, para
el ejercicio de derechos o el acceso a bienes y servicios, por ejemplo. Son
múltiples los casos en los que la Corte Constitucional ha considerado que
autoridades administrativas y judiciales desconocen los derechos
constitucionales de las personas con discapacidad al no hacer los ajustes
razonables que correspondan, incluso si se trata de normas que, de hecho,
fueron diseñadas para personas con problemas de discapacidad, pero que, sin
embargo, excluyen de ciertos beneficios a ciertas personas que por su condición
deberían acceder a éste.[637]
De acuerdo con la Carta Internacional de Derechos Humanos, ha sostenido la
jurisprudencia, “[…] existe discriminación contra las personas con
discapacidad cuando se deniegan ajustes razonables,[638]
concepto que fue definido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que se requieran en un caso particular, para garantizarle a las
personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una
carga desproporcionada o indebida.”[639]
Los ajustes razonables también se han tutelado, por ejemplo, de
infraestructuras materiales, que requiere modificaciones a las edificaciones.[640]
8.2.9.8. Personas en situación de debilidad manifiesta.
Las categorías de sujetos de especial protección constitucional representan
grupos sociales frente a los cuales el Estado tiene obligaciones de respeto,
protección y garantía de sus derechos, claramente definidas e identificadas. Pero
esto no quiere decir que otras personas, que no pertenecen a alguno de estos
grupos, no merezcan, en razón a su especial situación, un tratamiento
igualmente preferente. Expresamente la Constitución advierte, al consagrar el
principio de igualdad, que “el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”  Así, puede tratarse de una persona víctima de la
violencia y que se encontraba en situación de desplazamiento, o del cacique más
aguerrido y violento de un patio, si se encuentra en recuperación médica, luego
de una agresión y linchamiento por cuenta de enemigos al interior de la prisión.
La política penitenciaria y carcelaria, por tanto, debe ser sensible a los
derechos de las personas que, en cualquier momento y sin importar su condición,
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Tal es caso, por
ejemplo de las personas con problemas de discapacidad.[641]
8.2.10. Los actores y entidades encargadas de diseñar,
adoptar, implementar y evaluar la política criminal y carcelaria, tienen un
especial deber de coordinar y colaborar armónicamente entre sí, en el ejercicio
y desempeño de sus funciones y competencias.
En cualquier política pública, la actuación de las
diferentes agencias del Estado debe darse de manera coordinada. Uno de los
mínimos de toda política pública de la cual dependa el goce efectivo de un
derecho fundamental, y que requiera del concurso y la actuación de diferentes
instancias y actores sociales, requiere coordinación. De otra forma,
difícilmente se tratará de una política pública que cumpla con los mínimos
presupuestos de racionalidad y razonabilidad y, difícilmente, no será
arbitraria, inadecuada, ineficiente o discriminatoria, por lo menos.
8.2.10.1. La complejidad de la política criminal depende, en
parte, de la diversidad de actores que hacen parte de su diseño, implementación
y evaluación y que deben actuar de forma mancomunada y armónica. Se han
reconocido, por ejemplo, los siguientes actores: el Consejo Superior de la Política
Criminal; el Congreso de la República; el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; el Departamento Nacional de Planeación; la Corte Constitucional, los
jueces de la República, en especial los de ejecución de penas; la Fiscalía
General de la Nación; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación;[642] a los que se suman el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como la
Contraloría General de la República.
8.2.10.2. Especial lugar tiene dentro del diseño de la
política pública criminal y carcelaria el Legislador, debido al amplio margen
de configuración del ordenamiento que constitucionalmente se le reconoce. Una y
otra vez, salvados los límites constitucionales, la Corte ha reconocido esta
amplitud.[643]
Ahora bien, es precisamente este amplio margen de configuración con el que
cuenta el legislador el que lo hace especialmente responsable del éxito o el
fracaso de la política criminal en general. Varios actores y autoridades del
Sistema penitenciario y carcelario sostienen, y no les falta razón, que sus
competencias para enfrentar la crisis son limitadas. Sus obligaciones son
atender una demanda cada vez más grande de penas privativas de la libertad y
medidas de seguridad, que deben ser atendidas con recursos escasos y que, día a
día, se deterioran y colapsan. Así, por ejemplo, el INPEC es una institución
cuyas competencias se restringen básicamente a la tercera fase de criminalización.
No decide cuántas conductas deben penalizarse, ni por cuanto tiempo. En cambio,
el legislador ocupa un lugar privilegiado en el diseño, concepción y adopción
de una determinada política criminal, desde su inicio. Es el Congreso de la
República, de hecho, el poder que en ejercicio de su función de representación
política puede decidir legítimamente cuándo es legal restringir la libertad de
una persona, durante cuánto tiempo y en qué condiciones, bajo el orden
constitucional vigente.
8.2.10.3. De la política criminal en general, y de su
tercera fase, la carcelaria, depende en buena medida el goce efectivo de
importantes derechos fundamentales de las personas que hacen parte de una
sociedad. Por una parte los de las personas en general (el derecho a la vida, a
la integridad personal, la honra, la propiedad, la intimidad, etc.), que son
protegidos de los ataques criminales, en buena medida, a través del Sistema
penal y el Sistema penitenciario y carcelario.  La principal pretensión de un
sistema penal es evitar y prevenir graves daños y violaciones a los derechos de
las personas. Por tanto, se insiste, uno de los principales costos que debe
asumir una sociedad cuya política criminal y carcelaria se encuentra en un
estado de cosas contrario al orden constitucional vigente, es el quedarse sin
una de las principales herramientas para proteger y garantizar el goce efectivo
de los derechos fundamentales más básicos de una persona, como el no ser
lesionado o violentado. Cuando se confía en exceso en la política criminal como
medio para asegurar los derechos, el fracaso de aquella implica usualmente el
fracaso del logro buscado. Adicionalmente, están en juego los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad que se ven gravemente
afectados, como se ha mostrado, debido al estado de cosas en el que se
encuentra el Sistema penitenciario y carcelario. Este costo sobre los derechos,
al cual ya se había aludido previamente, implica que en materia de políticas
criminales y carcelarias los mínimos constitucionales deben ser forzosamente
observados. Es por esto que la Comisión Asesora de Política Criminal ha
resaltado que la política criminal debe ser  (i) estable,  (ii) coherente,
(iii) fundamentada empíricamente, (iv) evaluada sistemáticamente
y  (iv) con responsables institucionales.
(i) La política criminal y
carcelaria debe ser estable. No puede pretender modificarse y alterarse su
diseño constantemente. No puede pretender ser zigzagueante; no puede ser
punitiva en exceso, al poco tiempo cambiar de rumbo hacia la libertad, para
volver a endurecerse y, así, continuar erráticamente. La política criminal debe
representar un mensaje de largo aliento a la sociedad en general, respaldado
por acciones y resultados que demuestran que el Estado sí cuenta con la
capacidad efectiva para implementarla. La estabilidad de la política criminal
depende, en buena medida, de la estabilidad jurídica de los parámetros, las
reglas y los principios que la inspiran. Debe existir seguridad jurídica para
que una política criminal y carcelaria sea estable. (ii) La política criminal y
carcelaria debe ser coherente; sus partes deben guardar una relación armónica
entre sí. No debe ser fraccionada, ilógica, irracional o irrazonable. Debe ser,
además, congruente tanto con los elementos que constituyen la política
criminal, como con el resto de órganos, instituciones y competencias en un
estado constitucional, en especial, con la Carta de Derechos. (iii) Una
política criminal debería contar con justificación estricta, en términos
constitucionales, de su necesidad. Razones que legitimen claramente por qué se
ha de usar tan costoso medio de control para los derechos, en especial, para la
dignidad humana. La política criminal debe fundarse en la realidad, no en
percepciones o meras impresiones.[644]
En Colombia, tal como lo señala la Comisión Asesora de Política Criminal, “[…] en
la actualidad no se le mide el impacto a las propuestas ni a las normas. Es
necesario en concordancia con el modelo de toma de decisiones mejor informadas
montar un esquema de evaluación e impacto de las reformas. […]”. Una
política criminal que sea coherente y se funde empíricamente, tiene
herramientas para resistir las tentaciones y presiones de la demanda de
‘populismo punitivo’. (iv) Las políticas públicas suelen ser vistas
cíclicamente; procesos que implican la formulación de un problema, el diseño de
la política, su implementación y, finalmente, su evaluación, para poder ajustar
o redefinir cualquiera de sus fases, el problema enfrentado, el diseño de la
política o su implementación.  Esta evaluación constante permite mejorar las
políticas para que logre a mayor cabalidad sus objetivos, corrigiendo los
errores cometidos o incluyendo nuevas herramientas para resolver dificultades recién
aparecidas, o que surgieron como respuestas a las medidas que impulso la
política. Las medidas que fueron exitosas en un momento para contrarrestar un
problema social, pueden devenir insuficientes o ineficaces y requerir
modificaciones. (iv) Deben existir instituciones capaces de responder por la
política criminal como un todo, y no sólo de partes y secciones limitadas de
ellas, respetando, claro está, las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias establecidas. Dada la variedad de actores e instituciones que
toman parte en el Sistema penitenciario y carcelario, definir y establecer una
única institución que sea el responsable único y jerárquico de toda la política
no es posible. El constituyente decidió que fueran distintas instituciones de
las diferentes ramas del poder público las que colaboraran armónicamente entre
sí para ejercer sus facultades y cumplir sus funciones, siendo a la vez, frenos
y contrapesos que se controlan y ponderan entre sí. Sea cual sea el diseño
institucional que se adopte no puede dejar de existir una instancia que pueda
abordar el diseño, la implementación y la evaluación de la política criminal
desde una perspectiva amplia de forma constante y frecuente.[645]
Estos parámetros básicos de
racionalidad y razonabilidad que le fija el orden constitucional vigente a
cualquier política criminal que democráticamente decida adoptarse, no se oponen
ni excluyen los parámetros constitucionales que debe cumplir en general toda
política pública de la cual depende el goce efectivo de un derecho fundamental,
a los cuales se hizo alusión en la primera parte del presente capítulo de la
consideraciones de esta Sentencia. Adicionalmente, existen otros parámetros
mínimos que o bien ser derivan de estándares legales o estándares propios de la
administración pública.[646]
8.2.10.4. La política criminal, como lo indica la Comisión
Asesora de Política Criminal, no puede seguir siendo una “[…] reacción
inmediata a los actos criminales o las demandas de seguridad ciudadana, sin la
adecuada planeación de respuestas a estos fenómenos, de conformidad con las
evidencias empíricas y con los fines del Estado de respetar y garantizar los
derechos humanos, asegurar la convivencia dentro de un orden social justo, y
preservar las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades
públicas.”[647]
La Comisión Asesora reconoce la existencia de casos y situaciones excepcionales
que demandan una respuesta urgente de la política criminal. Ocasiones que justifican
una respuesta rápida por parte del Estado. Es más, es una obligación hacerlo
así. No obstante, ello no impide que los mecanismos y herramientas mediante las
cuales la política criminal puede reaccionar velozmente, sean previamente
diseñados e implementados. Esto garantiza, tanto la posibilidad de responder
ágilmente (contar con la capacidad institucional para efectivamente hacerlo), y
que tal respuesta sea coherente con el orden constitucional vigente, teniente
en cuenta, en todo caso, “los principios de proporcionalidad y razonabilidad
constitucional.”[648]
8.2.10.5. Las personas que a cualquier título cumplan
funciones o desempeñen facultades dentro del Sistema penitenciario y
carcelario, en ejercicio de legítimas y legales competencias, ajustadas a la
Constitución, tienen el deber de cumplir los mismos parámetros de respeto,
protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de
la libertad, de la Guardia y, general, de las personas que ingresan y
permanecen dentro de los establecimientos de reclusión. Los acuerdos, los
planes, los convenios o cualquier otro tipo de acción estatal orientada a
enfrentar los problemas del Sistema penitenciario y carcelario, deben respetar
los presupuestos, reglas y principios del orden constitucional vigente. En
especial, asegurar la dignidad humana de toda persona, sin discriminación
alguna.
8.2.11. La política criminal y carcelaria debe ser
especialmente transparente e informada.
8.2.11.1. Toda actuación del Estado debe estar inspirada por
los principios de publicidad y de transparencia en las actuaciones públicas. La
falta de información, o los problemas de credibilidad o de confiabilidad que
pueda tener aquella con que se cuenta, suelen ser graves en cualquier política
pública, puesto que sin tales datos es imposible diagnosticar adecuadamente
cuál es el estado de cosas en que se encuentra el Sistema penitenciario y
carcelario, ni proponer soluciones y medidas para enfrentar la crisis.  Dada la
importancia social que se ha otorgado al castigo penal y a la opacidad de la
cual siempre ha adolecido –a pesar de ser un asunto de competencia democrática
y de carácter público–, es evidente la necesidad reforzada de transparencia y
claridad en la información acerca del uso del castigo de privación de la
libertad. Si de la información depende la protección del goce efectivo de los
derechos de las personas privadas de la libertad, contar con esta es un
presupuesto constitucional básico que no se puede dejar de cumplir bajo ninguna
circunstancia. De la transparencia en la información con la que debe contar
toda política criminal empíricamente fundada, depende en buena medida los
derechos de participación y deliberación en democracia de todas las personas.
8.2.11.2. La Comisión Asesora de Política Criminal considera
que son necesarias reformas a los sistemas de información, para mejorar la
formulación de la política criminal. Advierte que “[los] sistemas de
información de la justicia penal se encuentran desarticulados, por lo que es
imposible realizar un análisis de flujos en el sistema. A pesar de los avances
del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio que administra la FGN), que contiene la
noticia criminal incorporada por la policía judicial y las actuaciones del
proceso penal por parte de la FGN, aún se encuentran desarticuladas las
actuaciones de los jueces y el INPEC.  ||  Adicionalmente, la información
sobre violencia y delincuencia, el proceso penal presenta problemas tanto en
las fuentes de información como en las unidades de análisis (quién registra y
qué registra), en el seguimiento y monitoreo (capacidad de aplicar el
instrumento de recolección en la periodicidad adecuada), así como de
comparatividad de tipos penales y periodo de referencia, lo que complejiza la
integración interna de registro y análisis.”[649] La Comisión considera
de suma importancia emitir los lineamientos que permitan superar estos
inconvenientes y lograr acuerdos así como la aprobación de convenios
interadministrativos entre las entidades del sistema penal; señala que es
preciso lograr unidad y calidad en la información delincuencial y penal.
8.2.11.3. Pero como se mencionó previamente, el problema
de información en el sistema penitenciario es también un asunto que afecta a
otros países de la región.[650]
En este contexto la Organización de Estados Americanos ha indicado algunos
contenidos mínimos de la información requerida. El Sistema penitenciario y
carcelario debería tener información completa, clara, confiable y actualizada, con
relación, por lo menos, acerca de los siguientes aspectos:  (i) El nivel de
respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas.
Con base en los parámetros e indicadores de goce efectivo del derecho, el
Sistema penitenciario y carcelario, debe contar con información sobre el grado
de cumplimiento real y efectivo de las obligaciones derivadas de los derechos
fundamentales. Es urgente y de vital importancia, que se cuente con información
completa, confiable y actualizada, acerca de las violaciones a los derechos a
la vida, la dignidad, la integridad personal o las libertades sexuales,
producto de actos violentos cometidos al interior de las penitenciarías, las
cárceles y cualquier otro centro de reclusión.  (ii) Las capacidades del
Sistema;  se debe conocer cuáles son los recursos institucionales con los
que efectivamente cuenta el Estado para actuar. Sus procedimientos, sus marcos
normativos y regulatorios, las metodologías y estrategias de acción para
resolver los asuntos de su competencia (cantidad de instituciones,
procedimientos, estado de la infraestructura, nivel de formación de la guardia,
etc.); esta información no sólo debe mostrar cuantitativamente estas las
capacidades del Sistema, sino también cualitativamente.  (iii) El contexto
financiero básico. Se debe contar con información suficiente acerca de los
costos y las cargas que supone el Sistema, y los recursos y las fuentes con que
se cuenta actualmente y ha futuro, para garantizar la realización progresiva,
pero efectiva, de los derechos de las personas privadas de la libertad.[651]
8.2.12. Resumen
8.2.12.1. En conclusión, el Sistema penitenciario y
carcelario colombiano enfrenta problemas que, como los de otras latitudes, no
son nuevos, son conocidos y suponen situaciones estructurales que se mantienen
y se reiteran. El hacinamiento es uno de los problemas que con mayor urgencia
requiere atención, por la capacidad de agravar los demás obstáculos y
dificultades que enfrenta el Sistema, y por hacer más difícil y gravosa
cualquier opción de solución. El hacinamiento es un problema que no sólo se
resuelve con más cárceles (más cupos para privar a más personas de la
libertad); también se debe enfrentar con menos cárcel, esto es, con un menor
uso del castigo penal, como herramienta de control social. La privación de la
libertad debe ser el último recurso de control social a emplear (ultima
ratio); la política criminal debe ser ante todo preventiva, logrando
asegurar cabalmente los bienes jurídicos tutelados mediante las normas penales
(los derechos de las víctimas, por ejemplo), y reduciendo al mismo tiempo, la
necesidad de tener que imponer el grave y costo castigo del encarcelamiento. La
libertad debe ser el principio constitucional que rija las decisiones de la
política criminal y carcelaria; las medidas de aseguramiento deben ser
excepcionales. La política criminal y carcelaria debe buscar, ante todo, la
resocialización de las personas. Contar con elementos de justicia restaurativa
y no sólo justicia retributiva. La política criminal y carcelaria debe ser
sensible a la protección efectiva de los derechos fundamentales en general y de
la dignidad humana, específicamente. Además, debe ser sostenible; el Estado
debe estar en capacidad de asumir y pagar los costos de la Política. Debe ser
sensible a los sujetos de especial protección constitucional que vean sus
derechos fundamentales comprometidos por el Sistema penitenciario y carcelario.
El Estado debe contar con una organización institucional que permita diseñar,
adoptar, implementar y evaluar la política criminal y carcelaria. El Sistema
debe contar con información adecuada, suficiente y veraz, que circule con
transparencia, propiciando la participación y la deliberación democrática.
Estos parámetros mínimos que debe tener una política
criminal y carcelaria, son desconocidos por la política al respecto que existe
actualmente. Si bien existen avances importantes que las diferentes
evaluaciones y diagnósticos del Sistema reconocen, no logran superar los
problemas estructurales del mismo, ni corregir los defectos de la política
penitenciaria y carcelaria en particular, ni la de la política criminal en
general.
8.2.12.2. El estado actual del Sistema penitenciario y
carcelario sigue demostrando que el problema de las cárceles sigue sin ocupar
el lugar destacado en la agenda pública que se merece, como se dijo en 1998:
“[…] el problema de las cárceles y
de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar destacado dentro
de la agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la
infraestructura carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se
vulneran, que los penales no cumplen con su función primordial de
resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no
se observa una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con
miras a poner remedio a esta situación.
La actitud de los gestores de las
políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del
principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los
reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean
confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace
gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los
penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso,
sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que
agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana.  ||  La racionalidad constitucional es diferente de la de
las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente una limitación al
principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los derechos de las
minorías y de los individuos. […]”.[652]
El juez constitucional está obligado a proteger el goce
efectivo de los derechos fundamentales, permitiendo a las personas privadas de
la libertad ser voceros de sus derechos, y reclamar la protección de los
derechos que la Constitución les da. En esa medida, es deber de esta Sala hacer
llegar esa voz a las autoridades encargadas de adoptar las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar sus derechos. ,
8.2.12.3. Una de las razones por las cuales el Sistema
penitenciario y carcelario se encuentra en un estado de cosas contrario al
orden constitucional vigente, es porque se está empleando en demasía el sistema
penal. Como lo dicen varios de los diagnósticos sobre el Sistema, su colapso no
se debe únicamente a que no existan suficientes cupos. La cuestión es que un
uso desmedido y exagerado del sistema penal, en especial, teniendo en cuenta
los altos costos que éste representa, sobre todo si se debe respetar la dignidad
de toda persona y sus derechos fundamentales, genera una demanda penitenciaria
y carcelaria que, sencillamente, es inatendible. Se trata, pues, de una
política criminal y carcelaria evidentemente insostenible.
Múltiples razones, que no corresponde a esta Sala de
Revisión precisar y definir, han llevado a políticas denominadas ‘populismo
penal’ o ‘huida al derecho penal’. Se trata de formas de gobierno social que
ven en el sistema penal una manera fácil y rápida, al menos simbólicamente, de
adoptar soluciones a los problemas sociales. Indudablemente, las grandes
violaciones a los derechos fundamentales, como la vida, la integridad física,
la libertad sexual, por mencionar algunos ejemplos, deben ser sancionadas. Pero
no toda violación de la ley o afectación de derechos debe dar lugar a tan
rígido y excesivo castigo. Y, en cualquier caso, no es posible que se utilice
tanto el castigo penal, que se llegue a un estado de cosas en el cual no se
cuente con la capacidad para investigar todas las actuaciones consideradas
criminales, para procesarlas y condenarlas, ni para mantener cautivos, en
condiciones de dignidad y respeto al goce efectivo de los derechos
fundamentales, a las personas. De hecho, ¿cuál no sería el colapso del Sistema
penitenciario y carcelario actual, si no existieran los índices de impunidad
que existen, si todas les personas que deberían ser privadas de la libertad si
se pudieran perseguir con éxito todas las conductas penalizadas? El Estado
tiene el imperioso deber constitucional de diseñar e implementar una política
criminal y carcelaria que sea viable y que permita asegurar el goce efectivo de
los derechos de las personas, tanto de la sociedad en general, que se pretende
proteger del delito, como de aquellas que serán privadas de la libertad por
haber cometido tales acciones.
Contar con la prisión como la herramienta fundamental y
básica para contrarrestar y evitar las graves acciones sociales, consideradas
delitos, ha llevado a muchos sistemas carcelarios a enfrentar el problema de la
ley del instrumento, una característica humana, que consiste en la
excesiva dependencia en una herramienta conocida, que se ha revelado útil.[653] Es
decir, ‘si todo lo que tienes es un martillo, es tentador tratar todo como
un clavo’.[654]
Colombia no es la excepción. Cada vez más, herramientas de intervención y
transformación social como la educación, si bien son reconocidas retóricamente
como el camino a seguir, en el día a día, se sigue adoptando el castigo, y en
especial el castigo penal, como el instrumento ideal y por excelencia para la solución
de los problemas sociales. Esto, a pesar de que se ha revelado inútil y, peor
aún, contraproducente, pues, además de no evitar el delito, termina
reproduciéndolo y aumentándolo por los fenómenos de ‘contaminación criminal’. Por
esto, la política criminal y carcelaria debe ser razonable y conservar sus
justas proporciones.
Enfrentar y resolver este problema de rumbo en la política
criminal es determinante, teniendo en cuenta que existen evidencias globales,
de que el derecho penal puede pasar a ser una estrategia gubernamental más,
para excluir, controlar y gobernar a ciertas poblaciones.[655] Esta reflexión se ha
dado, especialmente, en los Estado Unidos de América que, como se dijo, es la
nación del mundo y de la historia reciente, con mayores niveles de
encarcelamiento de personas.[656]
Los mecanismos de estas nuevas tendencias punitivas suelen ser la sobrecriminalización
y sobrecastigo, esto es, un uso excesivo del sistema y del castigo penal
como herramientas de control social y de solución de conflictos.[657] Al
uso exagerado del derecho penal puede llegarse, por ejemplo, porque se incluyen
demasiadas normas que contemplan castigos penales, porque las normas penales
usan expresiones más amplios y generales que abarcan más conductas, porque se
imponen castigos más largos y severos que aumentan la permanencia de las
personas en prisión, porque se flexibilizan las condiciones normativas para imponer
medidas de prisión preventiva.
Un sistema penal excesivo que se usa para condenar a penas
privativas de la libertad todo tipo de infracción a la ley, termina por borrar
las diferencias entre personas delincuentes y quienes no los son. Un sistema penal
que sólo se ocupa de perseguir la más graves ofensas a los derechos de las
personas, puede distinguir también aquellas personas que cometen este tipo de
actos de las que no lo hacen. Al incluir todo tipo de actos como criminales, el
sistema penal termina considerando que una persona que rompe un vidrio en un
establecimiento, amenaza un empleado con un arma y se roba varias películas, es
igual, o al menos muy similar, a una persona que por baja películas por
internet, sin respetar las condiciones impuestas por el propietario de los
derechos de reproducción. Si bien ambos actos son contrarios al derecho,
igualar su gravedad al adjudicarles a ambos una necesaria consecuencia penal,
termina también, igualando a dos personas que, sin duda no representan el mismo
grado de amenaza para las personas. Imponer una sanción penal a una conducta
que podría ser corregida de otra manera es claramente irrazonable, pues se
impone un altísimo costo a la libertad individual, a cambio de la protección de
un derecho que podría haberse salvaguardado por otro medio menos lesivo del
derecho. Así, la proporcionalidad que constitucionalmente se demanda a la ley
penal no sólo se viola cuando se impone castigos más severos a conductas que
implican una menor afección (como por ejemplo, castigar más severamente el robo
simple de un celular que el atentar contra alguien con un arma blanca). Pero
además de la desproporción, el exceso de sistema penal propicia la
discriminación. En la medida que los recursos humanos y materiales no alcancen,
por definición, para perseguir todos los delitos que se supone se deben
investigar y sancionar, se genera un estado de cosas que justifica y autoriza de
facto a los fiscales y jueces a priorizar y elegir qué casos investigar.
De esta manera, se abre un espacio para que se reoriente la política criminal,
incluso dejando por fuera la persecución de importantes delitos, porque se optó
por perseguir otros. Así, por ejemplo, funcionarios obligados a mostrar
resultados, pueden elegir perseguir ciertos delitos de menor importancia,
porque saben que pueden lograr algo, dejando de lado casos verdaderamente
importantes, pero cuya persecución puede ser muy difícil. Así, puede terminar
el aparato procesal resolviendo pequeñas y rutinarias agresiones a la
propiedad, en lugar de procesar a grandes criminales, por lo complicado que
ello podría ser, además de los problemas de seguridad que podría representar.
Específicamente, se ha denunciado el hecho de que el sistema
penitenciario se haya ensañado con ciertos grupos sociales vulnerables y
marginados históricamente, como la población afrodescendiente.[658] Las políticas
criminales, en tal sentido, terminan excluyendo a cierta parte de la población
de los debates políticos y democráticos, como en otras épocas pudieron hacerlo
otro tipo de medidas, igualmente discriminatorias.[659] Así, en el contexto
colombiano se podría ver como algunas poblaciones que por su condición
socioeconómica eran marginados de la participación en los procesos de
deliberación política prohibiéndoles el voto, hoy en día, sus nietos son
excluidos de la posibilidad de votar, porque sus derechos políticos son
limitados y restringidos, como penas accesorias a la pena privativa de la
libertad. La política criminal y carcelaria de un estado social y democrático
de derecho debe ser respetuosa del principio de igualdad y del derecho de no
discriminación.
Las cárceles y penitenciarias están en un estado de cosas,
que se han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos, antes que
instituciones respetuosas de la dignidad, de los derechos fundamentales de las
personas y orientadas a resocializarlas.  Esta grave afectación a la libertad,
constituye una grave amenaza para la igualdad y para el principio de la
dignidad humana.[660]
Es notorio que la jurisprudencia constitucional haya empleado expresiones como
‘dantesco’ o ‘infernal’, para referirse al estado de cosas en que
ha encontrado el sistema penitenciario y carcelario. Aunque el Gobierno
consideró en el pasado que esta situación dantesca había sido superada,[661] la
jurisprudencia constitucional la sigue constatando.
9. Cuestiones a resolver comunes a todos los casos, y aquellas
específicas a cada proceso y a cada prisión
9.1. Solución de cuestiones jurídicas concretas
9.1.1. El estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente constatado por la Corte Constitucional no exime al juez
de tutela de analizar los reclamos individuales que le son sometidos a su
consideración
Las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en la
sentencia T-153 de 1998 o en la presente sentencia no eximen al juez de tutela
de analizar y estudiar el reclamo de una violación o una amenaza presente y
actual a los derechos de personas privadas de la libertad. Por supuesto, un
juez de tutela debe tener en cuenta si existe una declaración de estado de
cosas inconstitucional o no, y si existe una serie de medidas u órdenes de
carácter estructural que intenten arreglar un problema que ha dado lugar, entre
otros, al reclamo de tutela que se somete a consideración del juez. La
existencia de este tipo de decisiones judiciales de carácter estructural (como
ha ocurrido en materia de los derechos de personas en situación de
desplazamiento o en materia de protección del derecho a la salud), exime al
juez de considerar ciertas artistas o dimensiones de la cuestión, pero en modo
alguno le permite dejar de lado el reclamo individual que una persona le haya
sometido a su consideración. El juez de tutela deberá considerar los hechos y
los argumentos que específicamente la persona presente, todas aquellas
cuestiones que por ser propias del caso concreto, no pudieron ser valoradas ni
resueltas en procesos judiciales anteriores.
Decisiones de carácter estructural, como la declaratoria de
un estado de cosas contrario al orden vigente busca, entre otras cosas, evitar
que se interpongan reclamos judiciales idénticos y reiterados, con base en la
misma situación problemática, una y otra vez. No obstante, ello no implica
privar a las personas de su derecho de acceso a la justicia, en especial,
cuando existen dimensiones y situaciones particulares que suponen valoraciones
concretas y precisas y, eventualmente, decisiones y medidas de protección
específicas. Así, invocar el cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, como
lo hacen algunas decisiones judiciales dentro de los procesos de tutela
acumulados, no justifica dejar de lado el deber constitucional de garantizar el
acceso a la justicia a la persona que haya presentado un reclamo concreto y
puntal. Todo llamado a la justicia debe ser considerado y atendido cabalmente.
9.1.1.1. Los reclamos de una persona privada de la libertad
que está sometida a condiciones indignas plantea un inmenso reto constitucional
para los jueces de tutela. Por una parte, se trata de una situación en la que
claramente están involucrados los derechos fundamentales de una persona y, por
lo tanto, el juez constitucional está plenamente facultado –e incluso obligado–
a actuar en su defensa. Pero, por otra parte, se trata de violaciones concretas
que se originan en una serie de fallas y de defectos estructurales que, en la
mayoría de las veces, superan el reclamo individual y puntual que ha sido
sometido a consideración del juez. Salvo que se trate de una acción que haya
sido presentada por varias personas conjuntamente, de tal suerte que permitan
procesalmente considerar de forma amplia el problema,[662] los jueces de tutela
suelen referirse a casos puntuales, relacionados con los derechos de una
persona en concreto, considerada aisladamente.  No le corresponde a esta
Sala de Revisión suplantar a los jueces o restringir su autonomía e
independencia judicial, indicando de manera pormenorizada cómo deben resolver
éste y otros dilemas. Tal labor les corresponde a los propios jueces en el
ejercicio de sus facultades. Sin embargo, esta Sala considera pertinente indicar
las acciones mínimas que un juez de tutela debería considera en tal tipo de
casos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente.
9.1.1.2. Un juez de tutela no puede ignorar las violaciones
de derechos fundamentales que han sido sometidas a su consideración, incluso si
se trata de reclamos que no fueron alegados expresamente como violaciones en la
acción de tutela, pero de los cuales se informó al juez de tutela o de los
cuales éste se enteró debido a las pruebas practicadas, como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional a propósito, justamente, de la protección de las
personas privadas de la libertad.[663]
Uno de los jueces de instancia en el proceso de acción de tutela contra el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC, (T- 3526653),
resalta que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio
general del derecho iura novit curia [‘el juez conoce el derecho’] es
una de las columnas vertebrales de la acción de tutela. La informalidad del
recurso judicial, obliga al juez de tutela a analizar el caso más allá de lo
alegado por el accionante. Por eso se ha indicado que “[…] no es menester
que una persona demande del juez de tutela la aplicación del principio en
cuestión [iura novit curia], por cuanto es un mandato general y continuo
que se ha de atender en todo proceso de tutela.”[664] La aplicación de este
principio puede ser más o menos importante, dependiendo de cuáles sean las
condiciones del caso concreto. Así, por ejemplo, “se asume y demanda del
juez una actitud más oficiosa y activa en aquellos casos en los que la tutela
la invoca un sujeto de especial protección constitucional o una persona que,
por sus particulares circunstancias, ve limitado sus derechos de defensa.”[665]
9.1.1.3. Ahora bien, independientemente de las condiciones y
argumentos del caso concreto, todo juez de tutela debe por lo menos (i) verificar
la violación a los derechos alegada;  (ii) declarar que esta ocurre, en
caso de que así se haya constatado; así como  (iii) informar y comunicar
la situación. Es decir, en primer término corresponde al juez ejercer sus
competencias y facultades, para establecer si el alegato de tutela que le fue
presentado es cierto. En tal medida, le corresponde establecer procesalmente si
la violación alegada se encuentra o no probada, en otras palabras, verificar la
veracidad del reclamo de tutela. En segundo lugar, si el juez de tutela
constata la violación, deberá declararlo; expresar de forma inequívoca que se
constató la vulneración alegada. Finalmente, el juez de tutela debería informar
su declaración de verificación de la violación y, ante todo, comunicarla a las
autoridades encargadas de actuar y resolver dichas afectaciones, así como a las
entidades de vigilancia, control y defensa y promoción de los derechos.
En tal medida, la Sala celebra que muchos jueces de tutela
de los procesos acumulados que se revisan, a pesar de haber resuelto
negativamente las solicitudes principales de los accionantes,  (i) verificaron
las violaciones de derechos de las personas recluidas en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios respectivos,  (ii) así lo declaran de forma
expresa en la sentencia y  (iii) informaron y comunicaron esta situación a las
autoridades que consideraron competentes, con el fin de que adopten las medidas
adecuadas y necesarias que correspondan. Es lo mínimo que ha de hacer un juez
de tutela.
9.1.2. Los Establecimientos penitenciarios y carcelarios
deben encargase de tomar medidas adecuadas y necesarias, para asegurar la
efectiva reinserción en la sociedad de aquellas personas marginadas y excluidas
socialmente por su condición socio económica que se encuentran privadas de la
libertad, independientemente de si son condenadas o sindicadas
Cuando una persona es privada de la libertad, como sindicada
o condenada, y ocupa un lugar excluido y marginado dentro de buena parte de los
ciclos de producción económica, el Estado tiene una obligación ineludible de
garantizarles el acceso a planes y programas orientados a brindarles educación
y conocimientos en la realización de artes y oficios, que les permitan
proveerse su propias subsistencia, en dignidad, así como también la de los
suyos. La condición de debilidad manifiesta en la que se encuentran ciertas
personas, debido a su situación económica, es independiente de si cometieron o
no el acto criminal que se les imputa. En tal medida, mientras una persona marginada
y excluida socialmente se encuentra legítimamente privada de la libertad,
tienen el derecho constitucional fundamental  a gozar efectivamente de la posibilidad
de formarse e instruirse. Entre mayor sea la permanencia y el tiempo de
reclusión, mayor es el grado de violación y desconocimiento de los derechos de
la persona que haya sido privada de la libertad, cuando se omite garantizar el
goce efectivo del derecho a acceder a este tipo de planes y programas. La
condición de pobreza no coincide con la condición de criminal, como lo ha
señalado la criminología, y la realidad se encarga diariamente de constatar.
Existen personas de todo tipo y condición social que comenten actos
considerados criminales en una sociedad. Tener dinero no excluye a la persona
de caer en el mundo de la criminalidad, ni carecer de dinero implica terminar
en tales actos. Pertenecer a determinados contextos sociales suele conllevar que
las personas estén más próximas a cometer cierto tipo de actos criminales antes
que otros, pero no el hecho mismo de cometer o no algún tipo de infracción
grave en contra de la ley y de los derechos fundamentales de las demás
personas.  No obstante, la exclusión y la marginalidad, sí son uno de esos
tantos contextos sociales en que el desconocimiento e irrespeto de la ley tiene
cabida y puede propiciar la comisión de cierto tipo de actos que, por su
gravedad, además de ilegales son considerados criminales. Por eso, los
Establecimientos penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas
adecuadas y necesarias, para asegurar la efectiva reinserción en la sociedad de
aquellas personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socio
económica que se encuentran privadas de la libertad, independientemente de si
son condenadas o sindicadas. Los jueces de tutela deben ser sensibles a estas
condiciones de marginalidad y adoptar las decisiones que, dentro de sus
competencias, aseguren el respeto, la protección y la garantía de los derechos
de las personas que se encuentren en tal condición.
9.1.3. Una persona privada de la libertad, no adquiere un
derecho constitucional a ser liberada, por el hecho de haber sido destinada a
un lugar de reclusión que se encuentra en situación de hacinamiento y que
supone de por sí un atentado a la dignidad humana
9.1.3.1. En varias de las acciones de tutela revisadas en el
proceso de la referencia, se solicita que se ordene la excarcelación de los
accionantes, en razón a que fueron destinados a un establecimiento de reclusión
que no asegura el respeto a la dignidad humana ni al goce efectivo de los
derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en el caso de los accionantes
recluidos en la Cárcel Modelo de Bogotá. En otras palabras, ¿tiene el derecho
constitucional una persona a ser liberada, si se encuentra recluida de acuerdo
a las reglas constitucionales y legales vigentes, para proteger y salvaguardar
los derechos de la sociedad, pero en un sitio que no respeta la dignidad de las
personas ni asegura el goce efectivo de los derechos fundamentales?
9.1.3.2. Para la Sala, la respuesta a este problema jurídico
es negativa. Una persona que recluida en un establecimiento que se encuentre en
un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente, tiene derecho a
se tomen medidas inmediatas para evitar que la grave y extrema situación
continúe en el corto plazo, y de mediano y largo plazo para asegurar la
realización progresiva de la totalidad de las facetas prestacionales que
contemplan los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Pero no se adquiere un derecho subjetivo inmediato a ser excarcelado. Los
derechos, principios y valores constitucionales involucrados son múltiples, y
no pueden ser desconocidos por el juez de tutela. El derecho de las víctimas,
el derecho al debido proceso, al derecho a vivir en un orden justo, el derecho
de las personas a que se condene y prevenga la comisión de delitos o el respeto
a las decisiones judiciales de los jueces de constitucionalidad, deben ser
ponderados por el juez de tutela al momento de resolver esta solicitud
presentada por los accionantes. Permitir la excarcelación de la persona
implicaría una amplia protección de los derechos de la persona que se encuentra
sindicada o condenada, pero supondría a la vez un amplio sacrificio de los
derechos de las víctimas de los actos criminales de los cuales se les sindica o
por los cuales fueron condenados. La respuesta que se dé al problema jurídico
planteado, debe ponderar todos los valores, reglas, principios y derechos
constitucionales que se encuentran en tensión. Así, el Estado en general, y las
autoridades carcelarias en concreto, tienen la obligación constitucional de
escoger medios y herramientas para proteger los derechos de las personas
privadas de la libertad, sindicadas o condenadas, sin que ello implique el
menoscabo de los principios democráticos y de legalidad de todo estado social
de derecho, ni la defensa efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas cuyos derechos han sido objeto de ofensas
criminales.  Cuando un sistema penitenciario y carcelario está sobrecargado, estado
de cosas insostenible en una sociedad libre y democrática (por sus costos sobre
los derechos –en especial la dignidad humana– y sobre los recursos, humanos y
materiales), algunas personas tiene derecho a ser liberadas, pero otras a que
algunas de ellas se liberen y, así, puedan estar recluidas en condiciones espaciales
dignas y respetuosas del orden constitucional vigente.
9.1.3.3. Ahora bien, dicho lo anterior (que el estado de
cosas contrario a la constitución al que se enfrente una persona en un determinado
centro de reclusión no le da derecho constitucional a ser excarcelado), es
preciso aclarar que para enfrentar una grave crisis penitenciaria y carcelaria
como la actual, en la que el hacinamiento cumple un rol destacado, es necesario
incluir políticas que favorezcan la libertad y la excarcelación, incluso de
forma masiva. El uso desmedido y exagerado de la política criminal y
penitenciaria, es insostenible en un estado social y democrático de derecho,
por los costos que implica a los derechos fundamentales, a la cohesión social y
a los escasos recursos públicos que se cuenta para cumplir los variados y
múltiples cometidos y funciones estatales.  De tal suerte que, ante estados de
cosas penitenciarios y carcelarios contrarios al orden constitucional, se deban
implementar políticas que lleven a que ciertas personas tengan el derecho a ser
excarceladas. Pero, se insiste, no se trata de una cuestión automática. La
decisión de excarcelación, debe considerar el caso que se le presenta. Debe ser
considerada y valorada de manera específica y concreta, a la luz
del de la política criminal y el contexto en que la decisión es
adoptada, dentro, por supuesto, de los parámetros constitucionales y legales
vigentes. Debe tener en cuenta, específicamente, si se trata de una
persona sindicada o condenada y del tipo de acto criminal del que se trate, y
las condiciones de comisión del mismo. Deber tener en cuenta el caso concreto
de la persona de que se trate; su condición subjetiva, sus antecedentes, su
historial; su situación presente y el comportamiento general; el grado de
cumplimiento de la condena o el tiempo de espera en condición de sindicado, por
ejemplo. Pero se debe tomar la decisión a la luz de la política criminal
y el contexto en que es adoptada. La política criminal y penitenciaria
en la que se enmarca la decisión de excarcelación deberá tener en cuenta, por
tanto, no sólo el acto criminal de que se trate y la condición de la persona
sindicada o condenada, sino el lugar que la persecución de tales actos ocupa dentro
de la política criminal vigente. Concretamente, una política de excarcelación
debe tener en cuenta las decisiones que en materia de priorización frente a la
persecución del delito se hayan adoptado en la política legislativa y pública,
criminal y carcelaria. Pero además, deberá tenerse en cuenta cuál es el
contexto en el cual se toma la decisión. Así, por ejemplo, es diferente decidir
la excarcelación de una persona con algún grado de peligrosidad, cuando el
resto de personas que se encuentran recluidas tienen un grado de peligrosidad
mayor, a cuando el resto de personas son claramente menos peligrosas. Además,
tomar la decisión considerando el contexto, impide que se cometan injusticias y
discriminaciones estructurales. Por ejemplo, no sería justo ordenar la
excarcelación de una persona que se encuentra recluida al lado de personas que
son sujetos de especial protección constitucional y desde hace más tiempo están
solicitando ser excarcelados. Finalmente, en cualquier caso, una decisión de
excarcelación debe tomarse dentro de las reglas, los principios y las
competencias establecidas dentro del orden constitucional y legal vigente. Esto
es, las decisiones de excarcelación deben fundarse en la protección del orden
constitucional vigente, en especial de su carta de derechos, y de las
decisiones que, en democracia, se han adoptado a través del proceso de
configuración legislativa.
Hoy en día, las decisiones de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad, deben incorporar dentro de sus valoraciones,
todas las dimensiones que están en juego en un determinado problema jurídico.
No pueden aplicar la ley en el vacío, sin tener en cuenta las condiciones
materiales y reales de sus decisiones. Por ejemplo, cuando un Juez considera si
detiene o no preventivamente a una persona, para garantizar la seguridad y
protección de la sociedad, no puede dejar desconocer si su decisión,
efectivamente, está garantizando esa finalidad. Muchos de los jueces participan
en los procesos de acción de tutela, para indicar que ellos son testigos, de
primera mano, del estado de cosas contrario a la Constitución Política en el
que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario colombiano, y cárceles
concretas y específicas como la Modelo de Bogotá o Bellavista en Medellín.
En un estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente, como el que atraviesa actualmente el Sistema penitenciario y
carcelario, las personas no adquieren un derecho constitucional subjetivo a ser
excarceladas, sino a que se diseñen e implementen políticas criminales y
carcelarias favorables a la libertad y sostenibles en el tiempo –entre otras
características mínimas–, que pueden implicar, según sea el caso, el derecho a
que la persona pueda ser excarcelada o a que se excarcelen a muchas de las
personas que se encuentran también privadas de la libertad, para poder dar el
espacio digno y suficiente a las personas que es justo que permanezcan en
prisión. A estas medidas de excarcelación se deberá tener acceso sin
discriminación alguna. En resumen, una situación como el hacinamiento, puede
dar derecho a que la persona sea puesta en libertad, según sea el caso y las
reglas aplicables, o a que se tomen las medidas para excarcelar a quienes
corresponde y liberar el espacio hacinado.
9.1.3.4. En dos de las acciones de tutela en cuestión
(dirigidas contra la Cárcel la Modelo de Bogotá), se acepta que la decisión de
excarcelación no puede ser automática. Es decir, sugieren que la respuesta al
problema jurídico estaría condicionada, a carecer realmente de otras
alternativas. Es decir, a su juicio, una persona privada de la libertad tiene
el derecho constitucional a ser liberada, a pesar de encontrarse recluida de
acuerdo a las reglas constitucionales y legales vigentes, si, por ejemplo, el
sitio al que se le destina  (i) no respeta la dignidad de las personas ni
asegura el goce efectivo de los derechos fundamentales; (ii) ha sido objeto de
controles judiciales y administrativos en el pasado y no han servido para
corregirlo; y  (iii) la persona no puede ser trasladada a otro centro de
reclusión en el mismo domicilio, porque no cumple los requisitos legales y reglamentarios
para ser admitida allí (barreras normativas, para ser recibida en
Establecimientos como la cárcel Distrital) o porque está en el mismo estado de
cosas de hacinamiento y colapso generalizado (barreas y obstáculos materiales,
porque no se cuenta con las condiciones que permitan el respeto a la dignidad y
al goce efectivo de los derechos fundamentales), ni  (iv) de otra localidad,
porque dadas las condiciones concretas del círculo familiar de la persona
privada de la libertad, no se les puede separar. Todo lo anterior, (v) teniendo
en cuenta que se trata de personas que no son conflictivas y que no presentan
problemas de mal comportamiento. Es decir, se propone que se responda
afirmativamente a la solicitud de excarcelación, siempre y cuando tal decisión
no represente un riesgo para la sociedad, y se haya demostrado en el caso
concreto que se carece de otros medios para privar a la persona de la libertad,
respetando mínimamente su dignidad y el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
La Sala, en principio, tampoco comparte esta solución matizada.
Como se indicó, una decisión de carácter individual de
excarcelación, fundada en las condiciones generales del Sistema penitenciario y
carcelario, no puede adoptarse únicamente, considerando las particularidades
del caso concreto. Es necesario que se valore el contexto y se decida el caso
de la persona concreta, teniendo en cuenta el universo completo de personas que
podrían aspirar al beneficio de la libertad. Y, en cualquier caso, puede haber
situaciones en que corresponda al Estado tomar soluciones creativas y novedosas
y asegurar un encierro en condiciones dignas a la persona, pero sin dejarla en
libertad. Por supuesto, las condiciones personales y concretas de los
accionantes de las tutelas interpuestas en contra de la Cárcel Modelo de
Bogotá, deberán ser tomadas en cuenta, como el del resto de los accionantes de
las demás tutelas, para definir sus peticiones de libertad, teniendo en cuenta,
especialmente las medidas y acciones que se desarrollen e implementen, con el
fin de lograr liberar el espacio hacinado en el actual Sistema penitenciario y
carcelario.
9.1.4. Un establecimiento que se use para recluir a las
personas que se encuentre en estado de hacinamiento, debe adoptar, inmediatamente,
medidas adecuadas y necesarias para reducir la ocupación, hasta por lo menos
llegara a su capacidad total y mantenerse equilibrado
9.1.4.1. Los accionantes recluidos en la Cárcel La Tramacúa
de Valledupar han intentado un camino diferente al solicitado por los
accionantes de la Cárcel Modelo. Ante las condiciones denigrantes del centro de
reclusión, no han solicitado su excarcelación, sino el cierre definitivo de la
cárcel. Al respecto, también se han presentado decisiones judiciales en las que
se ha decidido el cierre de un establecimiento como ha ocurrido, justamente
con, las Cárceles Modelo en Bogotá y Bellavista en Medellín. Se trata de dos
propuestas que buscan proteger efectivamente los derechos de las personas privadas
de la libertad. La primera de ellas, el cierre total de la Cárcel, impide que
un lugar contrario a la dignidad humana y al goce efectivo de los derechos
fundamentales pueda seguir siendo utilizado y, por tanto, violando y amenazando
los derechos de las personas ahí recluidas. La segunda de las opciones, no es
tan radical. No pretende el cierre total del establecimiento sino parcialmente.
Esto es, permitir que quienes están recluidos permanezcan allí, pero impedir
que se siga utilizando el establecimiento gravemente hacinado para seguir
recluyendo más personas.  La Sala considera que la primera solución se puede
dar, pero sólo en un caso excepcional, extremo y evidente, en el cual se sepa
que la única solución posible es esa; que no existe otro camino. Piénsese, por
ejemplo, en un establecimiento carcelario que amenaza ruina y que, se sabe, en
cuestión de días se derrumbará, poniendo en claro riesgo la vida y la integridad
personal de quienes se encuentren allí (bien sean sindicados, condenados,
funcionarios o simplemente visitantes). La segunda solución, es igualmente
extrema, pero es debe ser adoptada, siempre y cuando no se cierre por completo
la opción de autorizar el ingreso de nuevas personas. A continuación pasa la
Sala a explicar ambas respuestas.
9.1.4.1.1. Como lo señaló alguna de las autoridades
judiciales, el cierre de una cárcel, es una medida de carácter administrativo
que corresponde tomar a las autoridades penitenciarias y carcelarias, no a las
autoridades judiciales. Las complejidades que supone establecer, por ejemplo,
si es mejor renovar un centro penitenciario y carcelario, o cerrarlo y
remplazarlo, suponen procesos técnicos y de deliberación con participación, que
no pueden ser suplantados por el juez de tutela. No obstante, pueden darse situaciones
excepcionalísimas en las que se evidencie y demuestre que los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad corren peligros claros y
evidentes, y que exigen una protección extrema. Por ejemplo, puede existir un
centro de detención temporal de la Policía que amenace ruina y ponga en riesgo
la vida de las personas allí recluidas, de los funcionarios que laboran y las
de las personas que acuden a las oficinas del centro de detención funciona. En
tales circunstancias, el juez de tutela se puede ver excepcionalmente obligado
a tomar una drástica solución de cierre de un establecimiento penitenciario.
Dependerá pues de la evidencia con que se cuente, de que existe un peligro real
e inminente que sólo puede ser conjurado con el cierre definitivo de un
establecimiento carcelario. En cualquier caso, un espacio que no sea respetuoso
de la dignidad humana y de los derechos fundamentales debe ser efectivamente
corregido o, de lo contrario, no puede ser usado como penitenciaría o cárcel en
un estado social y democrático de derecho.
Las entidades encargadas, autónomamente y dentro del
ejercicio de sus competencias, tienen la posibilidad de decidir, por ejemplo,
que algunos de los establecimientos que no puedan seguir funcionando como
centros de reclusión, sean convertidos en lugares en los que se mantenga la
memoria histórica de los oscuros y aciagos momentos por los que atravesó el
Sistema penitenciario y carcelario. También se podrá considerar la posibilidad
establecer espacios de los establecimientos carcelarios para destinarlos a que
cumplan la función de campo santos, en los cuales se puedan honrar la memoria
de las personas que han perdido allí su vida, por ser víctimas de las
violencias y las agresiones al interior de esos centros de reclusión.
9.1.4.1.2. Ahora bien, el cierre al menos parcial de un
establecimiento que se encuentra en un estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente, especialmente por hacinamiento, parece una medida obvia
y evidente. Si un establecimiento se encuentra en un grado alto de
hacinamiento, como lo es tener un 140% de la ocupación, deberá tomarse una
medida de choque y urgencia, que asegure efectivamente la dignidad y los
derechos fundamentales, en especial en aquellos mínimos básicos impostergables
de aplicación inmediata. Esta decisión urgente de control sobre el hacinamiento
se hace aún más necesaria si se tiene de presente el estado de cosas en general
de los centros penitenciarios y carcelarios. Como se dijo, no es sólo el
hacinamiento; es el sistema de salud, las condiciones de higiene y salubridad,
la seguridad e integridad personal; en fin. No se trata de contener únicamente
el hacinamiento, sino una crisis generalizada por múltiples causas que se
retroalimentan, y se originan entre otras, como resultado de los problemas
estructurales de la política criminal y carcelaria en general. No tomar en
serio el impacto que sobre los derechos fundamentales tienen el hacinamiento
creciente, sería denegar la función judicial básica del juez de tutela. No
obstante, el cierre completo de ciertas cárceles, precisamente por la situación
de crisis generalizada, puede generar un impacto inusitado en el sistema
penitenciario y carcelario, al no poderse enviar a ciertos centros de reclusión
a nadie más. Es preciso, por tanto, encontrar una solución que armonice los
intereses sociales e individuales que se protegen al tener personas privadas de
la libertad por estar sindicadas o condenadas de cometer crímenes, con la
protección a la dignidad y los derechos de estas personas.
9.1.4.2. En tal medida, hasta tanto las autoridades
carcelarias no dispongan otra medida adecuada y necesaria que garantice, por
una parte, la superación del estado de cosas contrario a la Constitución, y,
por otra, la posibilidad de seguir privando de la libertad a las personas
frente a las que corresponda adoptar tal decisión, se deberán aplicar las
reglas de equilibrio decreciente o de equilibrio.
9.1.4.2.1. En aquellos casos en los que se esté enfrentando
una situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga
una medida que asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una
regla de equilibrio decreciente, según la cual se permita el ingreso de
personas al establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel de
ocupación y se haya estado cumpliendo el deber de disminuir constantemente el
nivel de hacinamiento. Es decir, la regla de equilibrio decreciente, consiste en
que sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y
sólo sí  (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de
personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana
anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y  (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas. La aplicación de esta regla permite asegurar, por una parte, la
realización progresiva, efectiva y sostenible de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva
impedir por completo, y sin excepciones, que personas sindicadas o condenadas
puedan ser remitidas a importantes centros de reclusión, hasta tanto no se
solucione completamente el problema de hacinamiento.
9.1.4.2.2. Ahora bien, una vez se alcance la meta de tener
un nivel de ocupación que no sea superior al cupo máximo que tiene el
establecimiento, puede dejarse de aplicar la regla de equilibrio decreciente
para pasar aplicar, únicamente, una regla de equilibrio. Es decir, no es
necesario continuar disminuyendo el nivel de ocupación, pues ya no hay
hacinamiento, pero se debe, mantener una regla de equilibrio, para impedir que
esa crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse. Cuando un
establecimiento se encuentre libre de hacinamiento y tenga plazas disponibles
(no esté ocupado totalmente), podrá dirigirse de acuerdo a las reglas y
políticas propias que establezcan las autoridades carcelarias correspondientes,
sin tener que atender las reglas de equilibrio y de equilibrio decreciente.
9.1.4.2.3. La Sala debe advertir que las reglas de equilibrio
y equilibrio decreciente deben ser aplicadas de forma razonable y sin
poner en riesgo otros bienes constitucionales en igual o mayor medida. Como se
dijo previamente, el cierre completo de ciertas cárceles, precisamente por la
situación de crisis generalizada, puede generar un impacto inusitado en el
sistema penitenciario y carcelario, al no poderse enviar a ciertos centros de
reclusión a nadie más. Esta situación puede ser dramática y crítica en ciertos
contextos y regiones del país. Por tanto, las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen excepciones que
deben ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén  (i) plenamente
demostradas,  (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo temporales.
Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un contexto
fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla, debe dar
los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente.
9.1.4.2.4. Finalmente, la Sala debe hacer una consideración
con relación al momento a partir de cual deberán ser aplicadas las reglas de equilibrio
y equilibrio decreciente. Para aquellos establecimientos de reclusión a los
que se les ha impartido una orden de cierre parcial estricta (no permitir el
ingreso de nuevas personas internas hasta que no se supere la situación de
hacinamiento), se podrán aplicar estas reglas de forma inmediata, una vez sea
notificada la presente sentencia. En estos casos las reglas abren razonables
opciones de administración, para afrontar el actual estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente. Para los demás establecimientos, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deberán ser aplicadas después
de un tiempo prudencial, durante el cual se puedan adoptar las medidas
necesarias para atender esta urgente y gravísima situación carcelaria y
penitenciaria, que implica una violación grosera e inaceptable de la dignidad
humana. El estado de cosas inconstitucional acá verificado, debe ser atendido
de manera prioritaria.
Resueltos algunos problemas jurídicos que surgen de forma
general en uno o varios de los expedientes de tutela acumulados, a continuación
pasa la Sala a analizar cada uno de los casos concretos, agrupándolos por los
Establecimientos penitenciarios y carcelarios en los que los accionantes se
encuentren recluidos.
9.2. Análisis de cada uno de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios acusados concretamente en los procesos de acción de tutela
acumulados
A continuación pasa la Sala a analizar cada una de las
situaciones que, en concreto le fue presentada en la respectiva acción de
tutela. Se abordarán las nueve acciones de tutela, agrupándolas por cada uno de
los Establecimientos penitenciarios y carcelarios a que se refieran.
9.2.1. Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Cúcuta, COCUC, (proceso T- 3526653)
Contra el establecimiento de reclusión de la capital de
Norte de Santander, existe una acción de tutela acumulada para ser resuelta. La
Sala considera que, tal como lo decidió el juez de tutela de primera instancia,
los derechos invocados por el accionante le estaban siendo claramente violados
y amenazados por la institución de reclusión.
9.2.1.1. Acción de tutela y solicitud
El señor Pedro Antonio Sandoval presentó acción de tutela
contra el INPEC y contra el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Cúcuta, COCUC, por considerar que al menos cuatro de sus derechos
fundamentales estaban siendo claramente vulnerados, a saber, los derechos  (i)
a la dignidad humana,  (ii) a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles e
inhumanos,   (iii) al agua y   (iv) a la salubridad; debido a las precarias
condiciones en que se le mantiene: sin acceso continuo y suficiente al agua,
sin sistemas sanitarios higiénicos, respetuosos de la privacidad, y en
condiciones de hacinamiento a altas temperaturas. El accionante había informado
que desde su ingreso al penal había estado encerrado “[…] 14 horas diarias
con 3 personas más, en un espacio de 9 m2, soportando altas temperaturas por
falta de ventilación, orinando en tarros y defecando en bolsas, que
posteriormente deben ser tiradas a la parte de atrás de las celdas con las
consecuencias devenidas de tanta suciedad en el medio. Todo esto debido a que
sólo nos ponen el agua media hora en la tarde y media hora en la mañana
mientras estamos encerrados en la celda –nos encierran a las 11pm y nos sacan a
las 6 am de múltiples formas; hemos intentado que la dirección de este penal y
del INPEC general tome medidas para que se pare prontamente esta violación y
nuestros derechos fundamentales y lo único que obtenemos son respuestas
evasivas […]”.[666]
Solicitó que se adopten las medidas adecuadas y necesarias para asegurar las
condiciones mínimas de salubridad y respetar su dignidad como seres humanos, “adecuando
las instalaciones hídricas de las celdas.”
9.2.1.2. Decisiones judiciales de instancia
El Juez 7° Civil del Circuito de Cúcuta, adelantó las
diligencias judiciales correspondientes, que le permitieron constatar con funcionarios
públicos de la salud, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, que las
precarias condiciones alegadas por los internos eran ciertas. Especialmente por
las condiciones de hacinamiento, los servicios sanitarios eran claramente
insuficientes, se encontraron en franco deterioro y, prima facie, se
percibían como de dudosa calidad e higiene.[667]
Existía, además, evidencia de plagas e insectos peligrosos para la salud.[668] El
juez resolvió tutelar los derechos invocados por el accionante, las condiciones
de insalubridad e higiene básicas a las que se les somete a las personas
privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Cúcuta, suponen un desconocimiento de la obligación constitucional “de
garantizar condiciones materiales de existencia dignas para los(as)
reclusos(as)”, la cuales contemplan el acceso al agua, a la higiene, a la
salubridad y a los servicios sanitarios, entre otras. En tal medida consideró
que se debían adoptar y acoger las recomendaciones hechas por los expertos.
Indicó además que si bien la acción de tutela sólo solicitó concretamente que
se acondicionara el servicio de agua en las celdas, el carácter informal de la
tutela conlleva la aplicación del principio según el cual ‘el juez conoce el
derecho’ (iura novit curia), que
impone el deber proteger los derechos constitucionales que se prueben
vulnerados, más allá del alcance de las peticiones expresamente presentadas. En
consecuencia, la sentencia ordenó a las autoridades municipales de Cúcuta,
realizar una nueva visita “[…] para verificar que las recomendaciones
realizadas mediante Informe Técnico de fecha 27 de marzo de 2012 hayan sido
acatadas […]”, advirtiendo que “[ante] el incumplimiento de sus
recomendaciones la Secretaría de Salud del Municipio de Cúcuta deberá adoptar
de inmediato las medidas administrativas que estén dentro de la órbita de sus
competencias legales y reglamentarias.”
La decisión de instancia fue impugnada por la entidad
condenada, que consideraba que venía adelantando las medidas correspondientes.
La Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta resolvió revocar la
decisión de primera instancia por considerar que entre la sentencia de primera
instancia y el momento de dictar una decisión en segunda instancia se habían
tomado acciones encaminadas a superar la situación que se estaba presentando. A
su parecer las autoridades del INPEC de Cúcuta sí habían tramitado la petición
del accionante y, además, le habían dado una respuesta positiva. En tal
sentido, el Tribunal consideró que el INPEC, al responder al accionante, estaba
tomando medidas para que se aumentara el servicio de agua en las celdas en
pocos días (10). Se consideró que era suficiente protección de los derechos
involucrados y que, por tanto, ya la violación alegada era un hecho superado.[669]
9.2.1.3. Decisión a tomar y órdenes a impartir
9.2.1.3.1. Teniendo en cuenta la consideraciones previamente
establecidas, la Sala considera que en el presente caso le asiste la razón al
juez de primera instancia al haber concluido que al accionante, efectivamente, se
le violaban sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a no ser sometido
a tratos crueles e inhumanos, al agua y a la salubridad en el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. Adicionalmente, se trata de
condiciones que ponen en riesgo los derechos a la salud del accionante, su
integridad personal (física y psicológica) y, en tal medida, su propia vida.
Esta situación, como lo constataron las autoridades de vigilancia y control en
su visita al Establecimiento, no sólo involucra la falta de agua, supone
también, en gran medida por la cantidad de personas recluidas, condiciones de
salubridad más precarias, acceso más restringido al agua y a la poca dotación
higiénica, sumando a condiciones climáticas extremas. Aunque el accionante se
encuentra en una Torre (2A) que no está en condiciones de hacinamiento, estaba
ocupada en su totalidad al ser visitada por las autoridades encomendadas por el
juez de primera instancia. Hay inodoros y lavamanos pero sin agua, duchas sin
agua –al momento de la visita– y sin los elementos básicos para ser usadas. No
hay lavaderos, las duchas se usan para ello cuando hay agua. Se abstienen de ir
al baño en las noches por falta de agua a esas horas, y si tienen necesidades
fisiológicas, las hacen en bolsas que tiran por las ventanas a los patios
externos. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente
las personas son recluidas en sus celdas. Sólo tienen acceso a una hora de
agua, media hora al ser encerrados (de 4 a 4:30) y media hora antes de dejar
que salgan nuevamente (de 5 a 5:30 de la mañana). Se encontró un lugar con
elementos básicos para la visita íntima, pero sin recipiente para basuras. Hay
malos manejos de basuras, que han generado presencia de plagas y animales que
generan riesgos a la salud. Adicionalmente, la cercanía a un caño colector de
aguas negras (‘caño picho’), que además de fetidez, genera un ambiente
insalubre. Las entidades que visitaron el Establecimiento presentaron
recomendaciones en materia de acciones básicas para controlar las plagas e
insectos, manejar adecuadamente las basuras y solucionar el inconveniente que
existe con el caño aludido.[670]
9.2.1.3.2. La Sala advierte que la situación del Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta es de hacinamiento. No sólo
se trata de una cuestión que los órganos de control han denunciado, junto con
las investigaciones académicas y periodísticas. También ha sido objeto de
controles y órdenes judiciales, impartidas con relación a las acciones instauradas
por órganos como la Defensoría del Pueblo, ante la continua inacción de las
autoridades carcelarias frente a la grave situación de hacinamiento y, en
general, de respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad allí. Por eso, el INPEC Cúcuta indicó al juez
de instancia que: “[…] el lugar donde se encuentran recluidos los internos
de esta acción de tutela corresponde al nuevo establecimiento ERON, (Torre 2A)
en donde no existe hacinamiento, contrario al establecimiento antiguo, en donde
se presentaba hacinamiento, y que debido a varias acciones de tutela
interpuestas por la Defensoría del Pueblo, ordenan a este establecimiento tomar
acciones para evitar el hacinamiento, como lo es ingresar internos al nuevo
establecimiento ERON, siempre evitando el hacinamiento.”[671] La declaración de la
Directora es relevante, pues evidencia que la crisis estructural que se
enfrenta en el Sistema penitenciario y carcelario a causa de la presión
generada por la política pública criminal actual, que usa el sistema penal en
exceso, ya está presionando aquellos espacios de reclusión de nueva generación.
De hecho ya están ocupados. Así que, de no tomarse medidas distintas a la
construcción de nuevos establecimientos; los nuevos pabellones y establecimientos
estarán prontamente en la misma situación del resto del sistema.[672] La
presión sobre los pabellones que tengan aún cupos es amplia, si se tiene de
presente que según el INPEC la Regional Oriente, tiene la tercera mayor tasa de
hacinamiento (71%), muy por encima del promedio nacional (55,2%).[673] La
Regional Oriente [14 establecimientos: Arauca, Aguachica, Cúcuta –COCUC–,
Pamplona, Ocaña, Bucaramanga [EPMSC y RM], Barrancabermeja, Málaga, San Gil,
Socorro, San Vicente de Chucuri, Vélez y Girón], según el INPEC tenía cupo para
atender únicamente a 7.142 personas, de las 12.268 que se encuentran recluidas.
Esto es, 5.126 personas se encuentran recluidas sin que el Estado cuente con la
capacidad para cumplir cabalmente sus mínimas obligaciones constitucionales. De
los 7.142 cupos con que cuenta la Regional, 1.270 se encuentran en la Cárcel de
Cúcuta y de éstos, 172 en la Torre 2A, en la que se encuentra el accionante.[674]
9.2.1.3.3  El INPEC respondió al juez de tutela, luego de
que este tomara la decisión de primera instancia, por medio de la Coordinadora
del Grupo de Tutelas, para decir que no era su competencia atender el reclamo,
sino que correspondía al Director del centro penitenciario responderlo. A su
vez, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta solicitó la
improcedencia de la acción, pues consideró que la tutela era parte de una serie
de demandas lideradas por tres internos que, a su juicio, abusan de su derecho
a reclamar, saturando los juzgados. Se alegó que a veces toca cerrar el
servicio de agua, para evitar inundaciones por malos usos de las mismas
personas internas, pero se reconoció que sí existían los problemas de
suministros de agua indicados por el accionante. Se negó que tuvieran que hacer
sus necesidades en tarros o bolsas y que existiera hacinamiento, aunque se reiteró
que si hay un limitado acceso en tiempo que se concede a las personas durante
el día y la noche para poder acceder al agua en los servicios higiénicos, razón
por la cual, obviamente se concluye que éstas se ven forzadas a hacer sus
necesidades en indignas condiciones que, además, promueven condiciones de
insalubridad.
9.2.1.3.4. Ahora bien, como se indicó previamente, que las
autoridades carcelarias del Establecimiento penitenciario y carcelario de
Cúcuta hubieran superado la situación que generó una determinada violación o
amenaza a un derecho fundamental, afecta la decisión de qué remedios se han de
adoptar y qué órdenes se han de impartir a la Institución, pero no afecta la
decisión de si se estaba violando el derecho constitucional invocado, al momento
de interponer la acción de tutela. Claramente las condiciones a las que el
accionante estaba sometido son contrarias al orden constitucional vigente y la
respuesta institucional pocas esperanzas daba. Pero, la decisión del juez de
segunda instancia es aún más reprochable si se tiene en cuenta que, actuando de
oficio, el juez de primera instancia había decidido tutelar otros derechos
fundamentales que también estaban comprometidos y de los cuales había tenido
noticia durante el proceso. Las acciones que se convertían en hecho superado la
tutela eran las referentes al acceso al agua, pero no se había ocurrido lo
mismo en relación con las demás vulneraciones.
9.2.1.3.5. En conclusión, en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC, las personas recluidas en la
Torre 2A, como el señor Pedro Antonio Sandoval, se encuentran sometidas a las
manifestaciones propias del estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente en que se encuentran el Sistema penitenciario y carcelario y la
política criminal y carcelaria. En el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, se le violan y amenazan sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes,
al agua, a la salubridad, a la salud del accionante, su integridad personal
(física y psicológica) y, en tal medida, su propia vida. Es una situación a la
que se encuentra sometido él y, por supuesto, las demás personas que se
encuentran recluidas en este Establecimiento.
9.2.1.3.7. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de
segunda instancia que había decidido negar la acción de tutela y, en su lugar,
se confirmará la decisión de primera instancia que tuteló los derechos
fundamentales indicados.
9.2.1.3.8.  En cuanto a las órdenes a impartir, dados los
hechos presentados, la Sala debe tener en cuenta dos aspectos: (i) las
autoridades carcelarias, teniendo en cuenta los problemas enfrentados y los
reclamos de las personas privadas de la libertad, elevados judicialmente en
varias ocasiones, han venido tomando las medidas adecuadas y necesarias para
remover los obstáculos y las barreras al goce efectivo de los derechos.  (ii) En
este proceso han participado entidades de vigilancia y control del Estado,
junto con los jueces de tutela convocados, incluso hay evidencia de
participación de representantes de las personas recluidas en el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, en reuniones con la
Directora de esa Cárcel.  En otras palabras, actualmente se viene desarrollando
un plan de acción de la mano de las entidades de control regional, con
participación de la población reclusa, orientado a asegurar efectivamente la
realización progresiva de los derechos vulnerados.
Siendo así las cosas, corresponde a esta Sala reiterar las
órdenes impartidas por el juez de tutela de primera instancia, orientadas, justamente,
a que las autoridades carcelarias, en ejercicio de sus facultades y en
cumplimiento de sus funciones, adopten las medias que correspondan para
asegurar el goce efectivo de los derechos invocados por el accionante, y las
demás personas recluidas en condiciones similares. No obstante se
complementarán las medidas adoptadas por el juez de instancia, para asegurar el
cumplimiento efectivo de su orden así: (1) si no se han adoptado aún las
medidas recomendadas por las autoridades de control, tal como lo ordenó el juez
de primera instancia –y lo esperaba el juez de segunda instancia–, se deberán
tomar las medidas adecuadas, necesarias y suficientes, a partir de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, para
asegurar su implementación. En cualquier caso, como se trata de actuaciones que
debían estar ya en curso, las mismas deberán estar concluidas a más tardar antes
de dos (2) meses, luego de notificada la presente sentencia. De no poder
concluirse en ese tiempo, deberá indicarse al Juez de tutela de primera
instancia y a esta Sala de Revisión (i) por qué no se puede cumplir dentro de
ese término y  (ii) establecer una fecha en que la que se habrá concluido.  (2)
En caso de que las autoridades no hayan realizado ninguna acción de mejora y
sigan manteniendo las condiciones que originaron el reclamo del accionante, se
deberán tomar acciones inmediatas para mitigar el impacto de la afectación a
los derechos, mientras se supera definitivamente el problema de acceso al agua
y salubridad e higiene detectados. Las medidas de choque que se adopten para
mitigar de forma inmediata el impacto sobre los derechos deberán ser
comunicadas al juez de primera instancia, a las instancias de control
correspondiente y a esta Sala de Revisión, en el término de la distancia.  (3) Se
ordenará a las entidades de control respectivas que han acompañado el proceso,
volver a visitar el centro de reclusión y verificar las condiciones en que se
encuentra, antes de dos semanas después de haber sido notificado la presente
sentencia. En caso de que existan medidas que no se hayan adoptado, o nuevas
condiciones de afectación a los derechos tutelados, las autoridades deberán
informarlo al juez de primera instancia y a esta Sala de Revisión, dentro de los
cinco días siguientes después a que la visita se realice, adjuntando las
recomendaciones que, en consecuencia, se deban implementar. Se deberá verificar
el estado de la alimentación, la dotación de alimentación (platos, cubiertos,
vaso, etc.) y el respeto, la protección y la garantía de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, tal como han sido
recogidos de la jurisprudencia en la presente sentencia. Si es necesario dar
recomendaciones al respecto se dará y se deberán tramitar. (4)  La Sala
reconoce la competencia del juez de primera instancia para adelantar, de la
mano con los auxiliares y colaboradores de la justicia, el cumplimiento de las
órdenes impartidas, no obstante, se reserva la posibilidad de asumir el
seguimiento al cumplimiento de alguna de éstas.  Por tanto, será el juez de
instancia el llamado, en principio, a establecer que se haya alcanzado un nivel
alto, o al menos medio, de cumplimiento de las obligaciones constitucionales en
cuestión. Adicionalmente,  (5) se ordenará al Consejo Superior de Política
Criminal, a través del Ministro de Justicia y del Derecho, que verifique las
medidas adoptadas en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta, COCUC, a raíz de la presente acción de tutela, y asegure que éstas
guardan relación y se enmarcan dentro de las acciones y planes generales que se
están adelantando. Si es necesario o útil adecuarlas, deberán tomarse las
medidas adecuadas y necesarias para lograrlo, así como comunicarlo al juez de
primera instancia y a esta Sala de Revisión.
9.2.2. Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad, EPAMSCAS (proceso T-3535828)
La 2ª acción de tutela acumulada al proceso de la
referencia fue presentada el veintisiete (27) de mayo de dos mil once (2011),
por 71 accionantes[675]
recluidos en el Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar ‘La
Tramacúa’ contra el INPEC,[676]
por considerar que se les están violando varios derechos fundamentales al
someterlos a un sistema penitenciario ‘que subordina la dignidad e
integridad de los detenidos a la seguridad’.[677] En primer lugar, la
Sala de Revisión debe advertir que se trata de un Establecimiento penitenciario
y carcelario que ha sido objeto de control judicial por parte de esta Corporación
judicial en el pasado y, consecuentemente, de vigilancia por parte de los
órganos de control y vigilancia del Estado, en especial, en miras a asegurar el
goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas en ese
establecimiento.
9.2.2.1. Controles judiciales y administrativos previos
9.2.2.1.1. En la sentencia T-693 de 2007, la Corte
Constitucional resolvió una acción de tutela instaurada por internos de la
Torre Nº 3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar; sostenían los más de 140 reclusos que interpusieron la
acción, que los reclusos albergados en esa torre recibían sus alimentos “en
tarros de gaseosa, bolsas plásticas y menaje totalmente deteriorados y llenos
de microorganismos que a la postre nos están afectando nuestra salud.”
Expresaron que esa situación se debía a que desde hacía aproximadamente dos (2)
años no recibían los utensilios necesarios para comer.  Para la Corte, se
estaba incurriendo en “[…] una vulneración a la dignidad de los reclusos,
además de comprometer su salud – y en casos extremos incluso su vida– […],
el tener que comer en bolsas de plástico o en tarros de gaseosa puede
constituir un peligro para la salud de los internos, dadas las condiciones
higiénicas en que pueden ser mantenidos esos recipientes en el centro de
reclusión.  ||  [Esta] situación constituye una vulneración del derecho
de los reclusos a ser tratados en una forma acorde con la dignidad humana, tal
como lo exigen la Constitución, el mismo Código Penitenciario y Carcelario y
los tratados internacionales de derechos humanos. Sin duda alguna, en los
tiempos actuales, el tener que comer cotidianamente en la forma descrita
comporta un trato inhumano y degradante.”[678]  En aquella oportunidad,
como se mencionó previamente, la Corte Constitucional ratificó además, el poder
que le asiste al juez de tutela para proteger los derechos fundamentales
violados de los que tiene noticia. El juez de tutela debe ser especialmente
sensible a los derechos de personas en situación de sujeción pues, por ejemplo,
las personas privadas de la libertad pueden verse forzadas a no denunciar las
violaciones más graves e insultantes a la dignidad humana que sufren, por miedo
a represalias que podrían sufrir o, simplemente, por falta de conocimiento
respecto a la posibilidad de exigir un derecho o de cómo hacerlo. Por eso,
ordenó proteger aspectos que no habían sido alegados por los accionantes.[679]
9.2.2.1.2. La sentencia T-693 de 2007 tomó determinaciones
con relación a la alimentación, a la fumigación en el establecimiento, a la
escasez de agua y a la vigilancia acerca del cumplimiento de lo dispuesto por
la Corte.[680]
Prestó especial atención a la distribución de los alimentos. La Defensoría del
Pueblo mostró en el proceso que el INPEC había ordenado que los alimentos
fueran servidos desde el mismo rancho, lo que exigía que las fiambreras o
platos permanecieran en el área de la cocina y fueran devueltos por los
internos después de comer.  Las personas recluidas en la Cárcel habían mostrado
el mal uso que le daban algunos reclusos a esos elementos.[681]  La Corte indicó
categóricamente: “evidentemente, el juez de tutela no cuenta con los
elementos necesarios para definir qué se debe hacer en este caso.”[682] Sin
embargo, la Sala de Revisión sí considera importante advertir al INPEC acerca
de la necesidad de abrir un espacio de diálogo con los reclusos, representados
en el Comité de Derechos Humanos, con el objeto de determinar si es
recomendable – y viable - exigir que todos los utensilios para comer sean
devueltos al rancho, con los riesgos que ello implica, según manifiestan los
reclusos. Para el diálogo se indicó que se contaría con la mediación de la
Defensoría del Pueblo.[683]
9.2.2.1.3. En la comunicación remitida a la Corte por la
Defensoría del Pueblo el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012)
con relación al cumplimiento de la sentencia T-693 de 2007, como se indicó
previamente, el Defensor Delegado se refirió a la desprotección en materia de
acceso al servicio de agua y al suministro de alimentación y de utensilios para
comer.
(i) Derecho al agua. Con
respecto al acceso al agua, la Defensoría advirtió que el Director del
Establecimiento había informado el treinta y uno (31) de marzo de dos mil once
(2011) que desde el año anterior se había construido un tanque con capacidad de
cuatrocientos (400) metros cúbicos y se había arreglado el cuarto de
motobombas. No obstante, la Defensoría le indicó al Director que las personas
recluidas en la cárcel, telefónicamente, se habían comunicado para indicar que
estaban sometidos a racionamientos; alegaban que el agua sólo llegaba a las
dependencias administrativas del penal. Esta situación de falta de acceso al
agua, indicó la Defensoría Delegada, es aún más insoportable, si se tiene en
cuenta las altas temperaturas que se enfrentan en esa Cárcel.[684] A su parecer, si se
aceptan los argumentos presentados por la Dirección del Establecimiento, se
debería concluir que es necesario cerrarlo o reducir su población
considerablemente. Informó la Defensoría Delegada;
“Como el acceso al agua constituye
un derecho fundamental cuya ausencia afecta la supervivencia del ser humano, y
como estas personas están bajo la custodia del Estado a través del INPEC, no
debe escatimarse esfuerzo alguno para adquirir y distribuir este precioso
líquido. Sobre este tema fuimos informados por el Mayor retirado Leopoldo López
Pinzón, Director en ese entonces EPCAMS Valledupar: ‘decir que el INPEC tiene
capacidad para solucionar definitivamente la falta de desabastecimiento de
agua, en el establecimiento es un despropósito, pues el EPAMSVAL, no tiene los
medios, los recursos, la tecnología para mantener agua permanentemente las 24
horas, pues si no lo tiene EMDUPAR mucho menos nosotros.’ Si se acogiera este
argumento, entonces habría que determinar la clausura del establecimiento o
la reducción drástica del población reclusa ubicada en el mismo.”[685]
(ii) Derecho a elementos de
aseo. Se advirtió que “[…] hace cuatro meses no se provee a la población
de los elementos de aseo por parte de esa administración, además los expendios
no les venden estos productos para su aseo personal por escasez de los mismos,
y los útiles que les llevan los familiares se demoran de 2 a 3 meses en su
entrega.”[686]
Se evidenciaron obras y proyectos orientados a mejorar el suministro de agua,
pero se obtuvo información acerca de la insuficiencia de las medidas adoptadas.
No se ha resuelto la cuestión. De hecho, a la Defensoría informó la dificultad
de evaluar el cumplimiento de las condiciones adecuadas de acceso al agua, pues
las autoridades aparentemente ‘fingieron’ las condiciones que se tenían el día
de la visita. Dijo al respecto la Defensoría,
“[…] En la visita se pudo
establecer que el agua sólo se suministra a los dos primeros pisos de cada
bloque, pues no llega a los pisos 3, 4 y 5. Por lo anterior, los internos deben
transportar el líquido en recipientes plásticos que compran a mil pesos
($1.000) cada uno –según información de los reclusos–, para bañarse, para la
limpieza de la celda, lavar la ropa y el baño, entre otros. Estos recipientes
por el uso continuo y al no ser desinfectados presentan lama. Además, el agua
es suministrada sólo dos veces al día.  ||  A lo anterior, debe agregarse que
el agua es suministrada de 20 a 25 minutos de 6:00 a 6:25 am y de 20 a 25
minutos de las 14:00 a 14:25 pm, según reportes de julio del presente año
enviados por el director (e) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, My Uriel Jaramillo Becerra, mediante
Oficio N° 7624 del 4 de julio (07) de 2012.  ||  En el momento de la visita
había agua en las llaves de los patios 6, 8 y guardia interna, pero en la
entrevista con los internos y en la reunión con el Comité de Derechos Humanos
nos informaron que el agua la había colocado con motivo de la visita de la
Defensoría del Pueblo, pero que una vez nos retirábamos el agua la quitaban.”[687]
(iii) Derecho a la alimentación. Con
relación a la alimentación y al suministro de los utensilios, indicó que se han
realizado seis visitas, en las cuales se sigue encontrando graves problemas
(abril 13, junio 9, julio 28, septiembre 14 y noviembre 30 de 2010 y febrero 15
de 2011). En ellas se constató que las condiciones precarias de higiene se
mantienen, que no se dispone de acceso al agua permanente y la presencia de
plagas. En la revisión de la comida durante la inspección sanitaria ejecutada
el diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012) se constató que la comida
sigue siendo deficiente. La muestra tomada esa vez fue sometida a un estudio
microbiológico, que dio como resultado ‘rechazado’, es decir, la comida no
tenía una calidad satisfactoria. En la última visita del tres (3) de septiembre
de dos mil trece (2013) se constató que las instalaciones estaban limpias, pero
se verificó la presencia considerable de moscas, así como un calor altísimo, en
razón a la temperatura usual de la ciudad (36° a 40° grados) y a que la campana
extractora está dañada.  Respecto a los utensilios la situación es la misma:
incumplimiento.[688]
Se informó a la Corte que “[…] al solicitar los listados de suministro de
los utensilios para la alimentación consistentes en fiambrera, vaso y cuchara,
se encontró que en lo corrido del presente año sólo lo recibieron 253 internos,
según actas de entrega suministradas en el rancho por el ingeniero Jaime Luis
Ortiz y las aportadas por el INPEC, mediante oficio N° 01679 de fecha 6 de
julio (07) de 2012, […] Lo que nos indica que el año 2012 falta por
recibir tales utensilios 1.076 internos.” Por tal motivo, la Defensoría del
Pueblo señala que se vio obligada a recurrir a un incidente de desacato contra
el Establecimiento penitenciario, buscando hacer efectivo el cumplimiento de
las órdenes judiciales impartidas.[689]
(iv) Conclusión. La
Defensoría del Pueblo constató que sí se han tomado muchas de las medidas
orientadas a mejorar la infraestructura del Establecimiento penitenciario y
carcelario, pero no han logrado su objetivo último: el goce efectivo de los
derechos fundamentales de la población carcelaria.[690]
9.2.2.2. Acción de tutela y solicitud
La primera y principal queja presentada por los setenta y
uno (71) accionantes, se refiere a las violaciones al derecho al agua,
reforzado para personas como ellos que se encuentran en relación de sujeción,
dependiendo del Estado. Denuncian las malas condiciones de la infraestructura y
de la administración que conllevan “restricción de servicios básicos como la
salud, el agua y el saneamiento básico”;[691]
lo cual se complementa con un ‘pésimo’ servicio de salud;[692] y
problemas en la calidad de la alimentación.
Además del informe mencionado previamente, la Procuraduría
General de la Nación constató a finales de octubre de dos mil once (2011), a
través de una de sus dependencias, que los problemas de agua persistían a pesar
de las reparaciones y modificaciones a la estructura que se habían adelantado.
Así, una motobomba se había quemado para el día de la visita, y otras dos en
buenas condiciones pero fuera de uso. El agua, para el momento de la visita
(medio día) no llegaba a la concina de la cárcel La Tramacúa.[693] Por su parte, la
Dirección del Establecimiento sostuvo que las condiciones de acceso al agua no
son tan graves como los accionantes lo sugieren, pues buena parte del día (de 7
de la mañana a 4 de la tarde) no se encuentran en las celdas sino en los patios,
por lo que acceden a los baños de esta zona, no a los de sus celdas. Las
restricciones que se imponen al uso de los baños, se alega, muchas veces es
para protegerlos, dados los daños a que son sometidos.[694] No obstante, la
Dirección del Establecimiento reconoció que existían problemas estructurales en
el suministro y el acceso al agua, y al manejo de aguas residuales. Indicó que
han sido superados en buena parte, puesto que ya se realizaron varias de las
obras correspondientes,[695]
habiendo superado los problemas más graves, que habían sido enfrentados en el
momento en que habían sido interpuestas las acciones de tutela. Se informó que
se han puesto medidores para tener el registro y los controles necesarios para
establecer la adecuada prestación del servicio y que la Dirección General del
INPEC tenía proyectado la construcción de unos tanque elevados con el propósito
de cambiar el sistema de agua de presión por gravedad, con el fin de superar
las dificultades generadas por el vandalismo. Estos ya deben estar listos para el
dos mil trece (2013). Se advirtió, además, que se tiene un adecuado plan de
limpieza e higiene,[696]
y que los alimentos que habían sido encontrados como inadecuados, han sido
sometidos a nuevas pruebas con resultados más favorables.[697] Por último, sostuvo que
el derecho a la salud de las personas recluidas en el Establecimiento tampoco
se está violando, pues es garantizado mediante el acuerdo con CAPRECOM
(contrato de aseguramiento en salud N° 1172 del 2009) y la aseguradora de alto
costo AURORA. En tal medida, solicitó que se negara esta petición de la acción
de tutela.
9.2.2.2.1. Violación al derecho al agua.
Para la Sala, las limitaciones y restricciones al derecho
al agua son claramente excesivas y en esa medida irrazonables y
desproporcionadas.  A pesar de las obras y refacciones que se han hecho al
Establecimiento, la mayoría de ellas a raíz de las peticiones de los órganos de
control o de órdenes judiciales, el Establecimiento reconoce las dificultades
estructurales que en esta materia se presentaban.
Tal como se indicó, los derechos fundamentales son, entre
otras características, indivisibles e interrelacionados.  Las
restricciones sobre el agua no se han hecho esperar y su impacto sobre toda una
serie de derechos es inevitable. En primer lugar la alimentación. La falta de
agua les hace falta para beber (que además no es de calidad) y para poder
preparar buenos alimentos. En segundo lugar la higiene y la salubridad. La
falta de agua impide poder realizar las necesidades adecuadamente y en
condiciones salubres, lo cual repercute en generar condiciones insalubres.
Adicionalmente, como los problemas no son sólo de suministro de agua, sino de
tratamiento de las aguas negras, los residuos sólidos y líquidos pueden quedar
empantanados alrededor del Establecimiento. En tercer lugar, el limitadísimo
acceso al agua, junto con las insalubres y condiciones sin higiene, repercuten,
obviamente, en el derecho a la salud. Se trata, como se indicó previamente, de
violaciones a obligaciones de respeto, no de protección. No se trata de
personas enfermas que son recluidas en prisión y, luego, no se les asegura el
acceso a los servicios de salud que requieren. Se trata de personas que están
sanas, son mal alimentadas llevándolas a estados de desnutrición; dejándolas
sin agua y obligándolas a convivir en un encierro hediondo e insalubre. Esta
situación, por sí sola, constituye un trato inhumano y degradante. Ahora bien,
a este terrible cuadro se suma el hecho de que las personas privadas de la
libertad con su salud deteriorada, enfrentan obstáculos y barreras irrazonables
al acceso a los servicios de salud que se requieran. Esta situación, se ha
agravado aún más, si se tienen de presente que después de que se interpusieran
las acciones de tutela, el Gobierno Nacional declaró un estado de emergencia
carcelaria, precisamente por el colapso general del sistema de salud del
Sistema penitenciario y carcelario. Así, mientras que la Dirección del
Establecimiento de La Tramacúa consideraba que el sistema de salud que debían
ofrecer, estaba garantizado por la política pública general sobre la materia,
el Gobierno Nacional reconocía como la crisis afectaba al Sistema en general.
Las inadecuadas condiciones para la salud de La Tramacúa ya habían sido
constatadas por las autoridades encargadas.[698]
Pero esta situación pone en riesgo también otros derechos y conlleva otras
amenazas. Dadas la condiciones climáticas de Valledupar y teniendo en cuenta
que muchas de las personas recluidas vienen de otras zonas, la falta de acceso
al agua es una situación que puede ser sofocante e irritante para muchas
personas. Esto, sumado al breve y limitado acceso, genera las condiciones
propicias para peleas y riñas por acceder al líquido. De hecho, las protestas
por la situación del agua, pueden ser motivo de recibir sanciones y
amonestaciones, según alegan los accionantes.
Los jueces de instancia, consideraron que la acción de
tutela no debía concederse en cuanto a la protección del derecho al agua y a
los demás derechos fundamentales en conexidad, por considerar que se trataba de
un derecho colectivo que, además, venía siendo atendido por las autoridades del
Establecimiento. Se solicita pues la negación de la acción de tutela de la
referencia, por tratarse de asuntos superados durante el transcurso del
proceso. La Sala discrepa de ambas razones y de la petición final.
En primer lugar, no es cierto que los accionantes
estuvieran reclamando derechos colectivos. Es cierto que el derecho al agua tiene
facetas de carácter colectivo, pero también es un derecho fundamental de toda
persona como se ha reconocido internacionalmente y en la jurisprudencia
constitucional.[699]
La Corte ha reconocido que ningún ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede
existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a
acceder, por lo menos, a la cantidad de agua adecuada y suficiente para poder
calmar la sed y asearse.  No se trata de un derecho colectivo. Quizá el derecho
a los ríos y a los mares sea, como el derecho a un ambiente sano, de carácter
colectivo. Pero el derecho de toda persona a acceder a la cantidad de agua que
se requiere para vivir en dignidad es de cada persona. Que los sistemas de
distribución sean masivos o dependan de la correcta prestación de un servicio
público, no le resta el carácter de individual al derecho. En tal medida, no es
cierto que la acción de tutela no sea, bajo ciertas circunstancias, el medio
adecuado para presentar el reclamo por el derecho al agua. Si la situación
fáctica sometida a consideración implica la violación de derechos colectivos y,
en tal medida, puede ser objeto de reclamo mediante acción popular, es un
asunto que no compete a esta Sala, sino al juez ordinario de la acción popular.
Lo que sí compete a esta Sala, es resaltar e insistir en que la acción de
tutela si es un medio adecuado e idóneo para proteger los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad, entre ellos, el derecho fundamental de
toda persona al agua.
En segundo lugar, como se dijo, las actuaciones de la
administración, con posterioridad a la interposición de una acción de tutela,
pueden dar lugar a que se imparta una orden distinta, o a que no se imparta,
pero no a dejar de decidir el caso y concluir que una determinada acción
implicaba una violación de un derecho. Es más, cuando la administración suele
actuar velozmente, al saber de la acción de tutela en su contra, y sin esperar
cuál pueda ser la sentencia, es probable que se trate de un caso en que la
administración reconoce estar violando o amenazando un derecho y que, por eso,
no requiera esperar qué decide la sentencia. La administración, de antemano,
sabe que debe cumplir. Ello ocurre en el presente caso. Se reconoce la
existencia de los problemas de aguas de la cárcel, que existían al momento en
que se interpusieron las acciones de tutela, pero que los mismos ya están
siendo atendidos, entre otras razones, porque habían sido objeto de reclamos
previos por otras entidades de control. En tal situación el juez de tutela
podrá dejar de impartir órdenes, si acaso, pero no dejar de reconocer que en
efecto se estaba violando el derecho de la persona.
En síntesis, es contrario a la dignidad humana y, por
tanto, al orden constitucional vigente, que se mantenga a las personas en
condiciones tan precarias, que el agua, líquido vital para una digna
existencia, se restrinja de forma irrazonable y desproporcionada. Es irrazonable,
porque las autoridades no están buscando alguna finalidad legítima con tales acciones;
como la Dirección del Establecimiento lo indicó, se trata de errores y
problemas que existen en la cárcel desde que entró en funcionamiento, a pesar
de que es una de las construcciones de nueva generación. Pero además es desproporcionada,
pues mientras que con tal acción no se protege o preserva valor o principio
constitucional alguno, si se logra poner en grave riesgo otros derechos y
principios constitucionales. En tal medida, se revocarán las decisiones de
instancia que negaron la tutela del derecho al agua y demás derechos conexos de
los accionantes y, en su lugar, se tutelaran.
9.2.2.2.2. Reglas carcelarias y penitenciarias
contrarias al respeto pleno de la dignidad humana.
El segundo de los reclamos presentados por los
accionantes, se refiere a las duras condiciones a las que, según ellos, son
sometidos por cuenta de las autoridades carcelarias. Denuncian que se les somete
a un severo régimen que incluye malos tratos e incluso “torturas, tratos
crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa tales como
agresiones físicas, aislamiento injustificado y prolongado”; así como a “mayores
limitaciones a los derechos a la comunicación e información” que a los que
se someten los derechos de los internos de otros centros de reclusión, y a
restricciones en la movilidad mediante el uso de esposas. A esto se suma la
separación de la familia y de las demás personas allegadas, en muchos casos, y
un mal sistema de control interno de derechos humanos.[700] La Dirección del
Establecimiento advirtió que se adelantan las investigaciones correspondientes
por las denuncias de eventuales violaciones de derechos fundamentales que
hubiesen podido ocurrir. No obstante, tan sólo se hizo referencia al trámite de
las denuncias,[701]
no se hizo referencia a los pasos adicionales del trámite, ni a resultados que
hubieran sido alcanzados. Tampoco se controvirtieron las interpretaciones de
las cifras hechas por los accionantes. Los accionantes afirman haber realizado
varios actos de resistencia pacífica, como huelgas de hambre, frente a lo cual
han recibido violentas respuestas, que han implicado incluso golpizas. En
cuanto a esta segunda petición, los jueces de instancia la negaron por
considerar que se trata de reclamos genéricos que no hace alusión a acusaciones
concretas. En tal medida, si bien se trata de derechos individuales, no
colectivos, se consideró que en esta ocasión no habían sido debidamente
identificadas las personas a las que se les había tratado mal. En tal medida no
era posible impartir protección alguna a una persona.
La Sala comparte parcialmente el razonamiento de los
jueces de instancia. Es cierto que si el juez de tutela no tiene información
puntual y concreta acerca de qué personas son las que fueron afectadas, no
puede adoptar medidas de protección para esas personas en concreto. Las
denuncias de violaciones y amenazas de derechos individuales, deben poder ser
identificas y constatadas por el juez de tutela para ser protegidas. No obstante,
también es cierto que existen señas de que pueden estarse dando malos tratos
por parte de la Guardia.  (i) La Dirección del Establecimiento no afirma
categóricamente que no se estén dando algunos de los malos tratos reclamados;
lo que advierte es que las denuncias se han tramitado correctamente;  (ii) el
número de denuncias formales presentadas es significativo, así como de
protestas pidiendo el cierre de la cárcel;   (iii) la relación de sujeción de
las personas privadas de la libertad, que restringe las posibilidades de
presentar libre y completamente las afectaciones a la integridad personal y al
derecho a no ser torturado; y  (iv) la existencia de un régimen disciplinario
más severo, que podría propiciar severas restricciones o limitaciones.
En tal medida, la Sala considera que no existe evidencia
de violaciones o amenazas a los derechos de los accionantes, y de las personas
del Establecimiento de La Tramacúa, en general, que deban ser objeto de tutela.
Sin embargo, dado el estado de cosas contrario al orden constitucional vigente
en que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario y a los aspectos de
riesgo antes mencionados, la Sala adoptará medidas de protección que sirva para
verificar la situación y corregirla si hay problemas o preservarla en ese
estado, si tales inconvenientes no existen. Tal como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, dar un trato distinto y más severo a las
personas sometidas a pabellones de alta seguridad, no es discriminatorio, en
principio, por cuanto existen condiciones objetivas y razonables que permiten
establecer reglas y restricciones de encierro diferentes, adecuadas a su
especial situación y grado de peligrosidad.  Por supuesto, esto no quiere decir
que cualquier trato diferente en materia disciplinaria esté justificado y, en
todo caso, bajo ninguna circunstancia se puede someter a las personas a tratos
inhumanos, crueles o degradantes, o afecte un derecho fundamental como, por
ejemplo, la libertad de reunión con el abogado defensor, que asegure y
garantice el goce efectivo del derecho a la defensa.
9.2.2.2.3. Solicitud de cierre del Establecimiento;
regla de equilibrio decreciente.
Ahora bien, los accionantes solicitaron la protección de
sus derechos a una vida digna, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y
degradantes, a la salud, a la integridad física y psíquica, así como a la
resocialización –en especial, a la participación de la familia en el proceso– y
al derecho a la protesta pacífica. A su juicio, la única manera de lograr esa
protección efectiva es ordenando el cierre de la cárcel. Como se indicó, el
Establecimiento ya ha sido objeto de control y órdenes judiciales en el pasado.
Por eso, ante la gravedad de las violaciones y la imposibilidad del INPEC o el
Establecimiento mismo de Valledupar para cumplir con los mandatos de protección
que ya les han sido impartidas;[702]
los accionantes piden el cierre de la cárcel.[703]
La Sala no accede a la petición de los accionantes. Como
se dijo, los derechos, principios y valores constitucionales involucrados son
múltiples, y no pueden ser desconocidos por el juez de tutela. En el estado de
cosas del Sistema penitenciario y carcelario, las personas no adquieren un
derecho constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se diseñen e
implemente políticas criminales y carcelarias, favorables a la libertad y
sostenibles en el tiempo –entre otras características mínimas–, a las que se
puedan acceder sin discriminación alguna. Deberán ser las autoridades
judiciales, con la colaboración de las autoridades administrativas, y de
acuerdo al orden constitucional vigente, las que, en último término, decidan si
frente a la situación de hacinamiento una persona específica tiene el derecho
subjetivo a ser puesto en libertad o si tiene el derecho a que las autoridades
dejen en libertad a las personas a las que corresponde, para que así se les
haga espacio, digno y suficiente, a las que sí deben permanecer recluidas en
prisión. Constitucionalmente, toda persona tiene derecho a que las autoridades
judiciales definan en qué situación se está (si se merece libertad o se merece
espacio en prisión), pero no existe un derecho constitucional autónomo e
independiente a ser liberado, por el hecho de existir una situación de
hacinamiento. Se insiste, además, en que las decisiones de los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad, deben incorporar dentro de sus
valoraciones, todas las dimensiones que están en juego en un determinado
problema jurídico. No pueden aplicar la ley en el vació. Sin tener en cuenta
las condiciones materiales y reales de sus decisiones. Se debe valorar, además,
las condiciones en que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario colombiano
y cárceles concretas y específicas como la Modelo de Bogotá.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Cárcel Modelo de
Bogotá ha sido sometida a reglas de cierre parcial estricto (impedir el ingreso
de nuevas personas, hasta tanto la situación de hacinamiento no se haya
superado), la Sala autorizará la posibilidad de permitir el ingreso de nuevas
personas a la Cárcel, siempre y cuando se aplique la regla de equilibrio
decreciente. De esta manera se concilia el respeto a las decisiones
judiciales de cierre parcial estricto, con lo demás derechos, reglas y
principios constitucionales implicados en este tipo de situaciones.
9.2.2.2.4. Las protestas de las personas privadas de la
libertad.
Uno de los reclamos de los accionantes, es que son
sometidos por las autoridades de la cárcel a severas sanciones por el hecho de
realizar protestas como una huelga de hambre. En tal sentido, la Sala debe
reiterar lo dicho previamente, al recopilar la jurisprudencia constitucional en
la materia. Por una parte, las personas privadas de la libertad no pierden
todos sus derechos y, en tal medida, pueden seguir ejerciéndolos, como ocurre
con la libertad de expresión o de pensamiento. Ahora bien, de otra parte se
encuentra el deber de las autoridades penitenciarias y carcelarias de mantener
el orden y la disciplina entre algunas de las personas más problemáticas y
conflictivas  de la sociedad. Es pues evidente que existen muchas formas de
protesta y de manifestaciones en contra de las autoridades carcelarias que
están claramente proscritas y que las autoridades, legítimamente pueden
reprimir, incluso con el uso de la fuerza. No obstante, existen manifestaciones
de protesta respetuosas del orden y la disciplina penitenciaria y carcelaria,
que son pacíficos y, además, legítimos en un estado social y democrático de
derecho. En tal medida, protestas pacíficas como una huelga de hambre o la
suscripción de un determinado manifiesto público, en modo alguno pueden ser
reprimidos por el Estado. En especial, el derecho a la protesta pacífica y
respetuosa de las condiciones del encierro ha de ser respetado cuando el
Sistema penitenciario y carcelario se encuentra en un estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente y vulnera de forma sistemática y reiterada los
derechos de las personas. En efecto, el derecho a la protesta ciudadana es una
de esa garantías instrumentales de la Constitución, esto es, herramientas para
lograr otros fines superiores. El derecho a la protesta no se defiende porque
se considere que toda persona, por naturaleza, debe dedicar parte de su
existencia a protestar, como a la educación, a la participación o a la
recreación. La protesta es uno de esos derechos que a las personas les gustaría
no tener que ejercer nunca, por no ser necesario hacerlo. La protesta pacífica
es un medio para canalizar la expresión social que manifiesta y denuncia
descontentos, con fallas y problemas estructurales. Esa es, entre otras, una de
sus utilidades principales de esta garantía constitucional. En las condiciones
de encierro de los centros de reclusión, destinados definitiva o temporalmente
para tal fin, es absolutamente indispensable que exista la posibilidad de
ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica.
9.2.2.2.5. Conclusión y órdenes.
La Sala considera que en el Establecimiento penitenciario
y carcelario de Valledupar, La Tramacúa, se violaron los derechos fundamentales
a la dignidad humana, al agua, a la integridad, a la salud y a las condiciones
mínimas de vida de las personas privadas de la libertad allí, al haber
mantenido problemas estructurales de suministro de agua y manejo de saneamiento
básico. Esta falla en este servicio que debe prestar la administración, no sólo
afecta a las personas recluidas allí, sino también al personal de la Guardia
que debe permanecer en las instalaciones.  Además, se constata el riesgo de que
se estén cometiendo abusos y se estén sometiendo a algunas personas a
tratamientos disciplinarios irrazonables y desproporcionados, contrarios al
orden constitucional vigente. Por tanto, se revocarán las decisiones judiciales
de instancia y se tutelaran los derechos indicados. Ahora bien, teniendo en
cuenta las labores adelantadas y los hechos del caso, la Sala adoptará las
siguientes órdenes en el caso concreto.
(1) Ordenar a la Alcaldía Municipal, que a través de la
Secretaría de Salud, y junto a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Personería Municipal, visiten las instalaciones de
la Cárcel La Tramacúa dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente sentencia, para constatar las condiciones de goce efectivo de
acceso al agua de las personas recluidas, las condiciones de higiene y
salubridad en general y el manejo de las aguas negras. En caso de haberse
cumplido con las acciones que correspondían, se deberá informar por escrito,
dentro de los cinco (5) días siguientes a que se lleve a cabo la visita, al
juez de primera instancia y a esta Sala de Revisión. En caso de no haberse
cumplido e implementado las acciones correspondientes que aseguren el goce
efectivo de los derechos, igualmente se deberá informar al juez de primera
instancia y a esta Sala de Revisión, pero advirtiendo cuáles son las medidas
adecuadas y necesarias que deberían adoptarse, distinguiendo aquellas que
serían de carácter urgente, para evitar dejar desatendidos los derechos de las
personas, y aquellas de mediano y largo plazo, para superar definitivamente el
problema. Deberá prestarse especial atención al estado en el que se encuentra
el servicio de alimentación y la calidad del mismo. (2) En cualquier caso, se
deberá informar de la situación al Consejo Superior de Política Criminal, a
través del Ministro de Justicia y del Derecho, para que adopte las medidas que
sean del caso y evite que se dejen de tomar las medidas adecuadas y necesarias
para superar los obstáculos al goce efectivo de los derechos al agua, a la salubridad
e higiene, al acceso al servicio de salud y a una buena y adecuada
alimentación.  (3) Se deberán adoptar medidas también para evitar que los
problemas generales de hacinamiento lleguen a este Establecimiento. (4) Si el
Establecimiento penitenciario y carcelario La Tramacúa no ha adoptado las
medidas adecuadas y necesarias para evitar la violación y amenaza de los
derechos fundamentales de los internos, al momento de la notificación de la
presente sentencia, deberán adoptarse, en las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, las medidas urgentes que puedan mitigar el impacto del estado de
cosas inconstitucional, hasta tanto la cuestión sea resuelta definitivamente.
En cualquier caso, los problemas básicos de suministro de agua deberán estar
los problemas estructurales de suministro y acceso al agua, en condiciones
dignas, deberán ser superados antes de dos años.  (5) Se prevendrá a la
autoridades carcelarias de La Tramacúa que se abstengan de ejercer cualquier
tipo de limitación o afectación al legítimo derecho de protesta, que sea
pacífica y no afecte la disciplina ni el orden del Establecimiento, como ocurre
con una huelga de hambre. El derecho a la protesta en estos casos, como ocurre
en general, sirve para controlar los abusos y excesos de autoridad que, en el
contexto de las prisiones, es una situación lamentablemente frecuente. (6) Se
ordenará a las autoridades de la Cárcel La Tramacúa que adopten las medidas
adecuadas y necesarias para poder demostrar que, tal como lo sostienen las
autoridades del Establecimiento, en éste se respetan, protegen y garantizan los
derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad de manera
integral; mecanismos de control y transparencia que aseguren que las medidas
sancionatorias y los castigos que se imponen no violan el derecho de acceso al
agua, a la comida o al descanso. Se debe garantizar el derecho de reunión con
el abogado defensor en condiciones que aseguren los derechos al debido proceso
y a la defensa. Toda actuación carcelaria debe estar inspirada y respetar el
principio de dignidad humana.  (7) Se ordenará a la Dirección General del INPEC
y a la Dirección de la Cárcel La Tramacúa, que coordinen con la Defensoría del
Pueblo y a la Procuraduría de la Nación un medio efectivo de denuncia de los
actos que ocurren en la Cárcel, para que, paralelamente a las investigaciones
de la Fiscalía, éstos órganos puedan tomar las medidas de protección del
derecho y disciplinarias que correspondan. El acuerdo sobre esta cuestión, que
deberá estar listo antes de tres meses después de notificada la presente
sentencia, deberá ser comunicado al juez de primera instancia, a la presente
Sala de Revisión –la Primera– y a la Sala Novena de Revisión, que tramita un
proceso sobre el mismo Establecimiento penitenciario y carcelario. (8)
Finalmente, la Sala de Revisión reconoce la competencia del juez de primera
instancia, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Valledupar, para adelantar el
seguimiento al cumplimiento de las presentes órdenes, aunque se reserva la
posibilidad de reasumir la competencia de ser necesario para garantizar el goce
efectivo de los derechos fundamentales.
9.2.3. Acciones de tutela en contra de la Cárcel
Nacional Modelo de Bogotá (Expedientes T-3554145, T-3647294)
Dos de las acciones de tutela acumuladas para ser
resueltas mediante la presente sentencia, se dirigieron contra la Cárcel Modelo
de Bogotá, DC, y demás autoridades carcelarias correspondientes, alegando
violaciones y amenazas similares en razón a las condiciones de reclusión. En el
primero de los expedientes se tutelaron los derechos, mientras que en el
segundo la protección fue negada.[704]
9.2.3.1. Los hechos alegados, las acciones de
tutela y las solicitudes presentadas
Expediente T-3554145.  El diecisiete
(17) de mayo de dos mil doce (2012), Jhon Mario Ortiz Agudelo, apoderado por un
abogado del grupo de interés público de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes,[705]
presentó acción de tutela contra la Nación, el Ministerio de Justicia y el
INPEC, por considerar que el colapso del centro de reclusión por diversas
causas –resaltando entre ellas el hacinamiento, el deterioro de las
instalaciones y la ausencia de personal suficiente para la prestación de
servicios básicos como la salud y la seguridad–, le ha implicado estar en
condiciones de reclusión que atentan gravemente su dignidad, su salud, su vida
y demás garantías básicas conexas que el Estado, aún en reclusión, está
obligado a respetarle, protegerle y garantizarle.[706] El accionante, el señor
Jhon Mario Ortiz Agudelo es un reciclador que fue sometido a una medida de
aseguramiento por conductas relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes.[707]
Resalta las siguientes violaciones:   (i) Condiciones de hacinamiento.
El apoderado del accionante, reclama que el señor Ortiz Agudelo se ha tenido
que enfrentar a los problemas que genera la situación de hacinamiento que
atraviesa la cárcel en la cual ha sido recluido.[708] La acción de tutela
resalta que el accionante no cuenta en la cárcel con un espacio mínimo vital
que le permita existir dignamente.[709]
(ii) Condiciones climáticas
extremas. Se insiste en que las inhumanas condiciones a que es sometido, se
agravan de manera drástica, debido al frio y la humedad a que igualmente está
sometido él, así como también el resto de los reclusos. El frío entra a las
celdas y pasillos sin protección, cuando llueve el agua entra y los moja;
“muchas veces teniendo que escoger entre cubrirse de la lluvia o evitar el
frio”.[710]
(iii) Las condiciones de
higiene básicas; el baño. La acción de tutela denuncia la pésima
infraestructura de baños con que cuenta el Establecimiento para poder atender
las solicitudes de los internos. El pasillo 14 tiene un baño para 164 internos
recluidos allí. Dos (2) duchas y dos (2) inodoros, en un espacio terminado en
concreto, sin enchapes, razón por la que la humedad afecta las paredes.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la cantidad de personas hacinadas en el
pasillo en el que el accionante duerme, por la noche no pueden moverse para ir
al baño; “[…] los internos se han visto obligados a orinar en botellas y
defecar en bolsas (que los mismos internos denomina como ‘chicheros’).  ||
Muchas de las bolsas con los deshechos, a pesar de la prohibición interna que
tienen los mismos presos, son arrojadas en el patio o en el mismo pasillo,
creando una situación de insalubridad.” Los días de visita la situación se
agrava, porque el baño es destinado a los familiares y allegados de las
personas recluidas, que deben compartir otro baño con otras 40 personas más (es
decir, ese día el baño es para 200 personas).
(iv) Calidad de la
alimentación. La calidad de la alimentación es pésima. Afecta la salud y la
integridad de los internos, como ha sido probado por instituciones competentes
en la materia. Se sostiene al respecto: “Hace aproximadamente un (1) año, la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, ordenó el cierre de los comedores por
problemas de salubridad. Y a pesar de que han realizado exámenes periódicos
para ver si ya existen condiciones adecuadas para los internos, la Secretaría
de Salud ha considerado que éstas no han mejorado, razón por la cual los
comedores siguen clausurados.  ||  Por esta razón, el señor Ortiz Agudelo y los
1990 internos del patio 5 se han visto obligados a recibir los alimentos y
comer en el mismo patio, en las condiciones de salubridad descritas en los
hechos 21, 22 y 46, rodeados de basura y excrementos.” Personas como el
accionante, que carecen de recursos propios, deben comer a las seis de la
mañana, a las once y media del día y, por última vez, a las dos de la tarde.
Por tanto, personas como el accionante deben pasar cerca de 16 horas (de las
dos de la tarde a las seis de la mañana del día siguiente) sin alimentación,
pasando hambre y sufriendo las afecciones a la salud que tener tanto tiempo el
estómago vacío puede implicar. Producto de las condiciones en que son
entregados los alimentos, el accionante y otros internos se han intoxicado. “Por
ejemplo, las sardinas, que es un elemento que comúnmente hace parte del
almuerzo, es un alimento que sabe que no puede consumir porque sabe que
normalmente produce vómito y diarrea a los internos.” Quienes tienen dinero
compran alimentos; quienes no prefieren pasar hambre antes de enfermarse, en
especial, teniendo en cuenta las condiciones de prestación del servicio de
salud.
(v) Afectación a la salud y
acceso al agua. Para la acción de tutela, las condiciones de alimentación,
de higiene, sumadas al mal servicio médico que se les presta, constituyen un
conjunto de graves violaciones a su derecho fundamental a la salud. Mientras el
accionante ha estado en la cárcel, se han presentado epidemias (de influenza y
paperas), que dieron lugar a jornadas de vacunación. No se han dado revisiones
ni exámenes de salud a las personas privadas de la libertad en la Cárcel.
El acceso del agua, además de
lo dicho acerca de los baños, está restringido, es escaza y, además, de mala
calidad. En el pasillo 14, donde está el accionante, el agua es suministrada en
horas de la mañana, únicamente entre las 3:00 am y las 4:30 am. El accionante
se ve obligado a bañarse con agua fría a esas horas, por un tiempo aproximado
de 30 segundos, teniendo que soportar las bajas temperaturas que se presentan a
esa hora.  Además, se alega “[…] durante este tiempo de la mañana los
internos se ven forzados a recolectar el agua necesaria para abastecerse el
resto del día.” En dos canecas grandes recolectan el agua que necesitan
para bajar los inodoros, limpiar los baños, los pasillos, lavar la ropa y los
platos de los 164 internos que habitan el pasillo 14.  Entre las 5 y las 6 de
la tarde vuelven a tener acceso al agua, pero la presión es muy baja, razón por
la cual casi ni llega al cuarto piso. Esta escasez, sostiene la tutela impide
“[…] lavar adecuadamente su ropa, y limpiar apropiadamente los pasillos y
las celdas que habitan. Producto de lo anterior, los pasillos, el patio y las
cobijas de los internos permanecen sucios, produciendo fuertes olores.”
Además de ser poca en cantidad, es mala en calidad, presenta problemas de
salubridad y calidad, pues no es potable. Es sedimentada, tiene un aspecto
amarillo y, las personas recluidas se han enfermado al consumirla. Para
hervirla, usan peligrosos cables y resistencias que meten en una olla. Además
las alcantarillas están tapadas. Los internos usan herramientas para
destaparlas, pero hace un tiempo, ya no lo logran más. El contenido de las cañerías
se ha estado devolviendo.
(vi) Ausencia de recreación.
Finalmente, la acción de tutela sostiene que la ausencia de cualquier tipo de
actividad recreativa evidencia la falta de interés de la institución en la
resocialización de los internos o en cualquier tipo de bienestar personal, con
miras a la mejor reinserción social. La única actividad que existe en este
sentido, es creada y generada por los propios internos: partidos de fútbol. A
parte de esto y una cancha de básquet, no hay nada más para hacer.
(vii) Argumentos y solicitud.
El señor Ortiz Agudelo solicitó al juez que tutelara su derecho a la dignidad
humana, pues considera que a la luz de la Constitución Política, la
jurisprudencia y doctrinas constitucionales, y la Carta Internacional y
Regional de Derechos Humanos, el estado de cosas de su reclusión en que se
encuentra implica una violación constante de este derecho en conexidad con
muchas otras garantías constitucionales. La acción de tutela identifica cada
uno de los hechos narrados que constituyen violaciones al derecho fundamental a
no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes: (1) la
situación de hacinamiento en que se encuentra el accionante, al igual que el
resto de personas recluidas en el Patio 5° (concretamente, en el pasillo 14 del
piso 4° del Patio 5°);  (2) el no contar con espacios ni condiciones adecuadas
para dormir (el lugar, la dotación mínima, las condiciones climáticas, de
humedad y sanidad –especialmente, prevención de plagas y animales–, así como la
seguridad para poder reposar);  (3) la falta de espacios de recreación y
esparcimiento;  (4) la negación o falta de tratamiento médico adecuado y la
ausencia de una ambiente salubre;  (5) la no prestación adecuada de servicios públicos
básicos en la cárcel Modelo: acueducto y alcantarillado.  La tutela resalta que
las actuales condiciones de reclusión del accionante en la cárcel Modelo
constituyen un perjuicio irremediable de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, por lo que se requiere y demanda la acción del juez de tutela.
Se trata de daños inminentes, graves, que demandan medidas urgentes e
impostergables.
(viii) Petición de
excarcelación. Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de cosas del
Sistema carcelario y penitenciario, el accionante considera que esta medida
urgente e impostergable es la ‘excarcelación’.[711] Seis (6) razones dan la
tutela para sustentar su solicitud. Primero, el accionante tiene un fuerte
arraigo en Bogotá, lo que hace imposible reubicarlo en otra prisión del país
(su familia están en Bogotá, su esposa está en recluida en la cárcel del Buen
Pastor en Bogotá y sus dos niños están con ella).[712] Además, supondría
limitar su derecho a la defensa, pues se le aleja del lugar en el cual se
llevan a cabo las actuaciones de su proceso, tal como lo ha indicado la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[713]
Segundo, se alega que no hay lugar a traslado porque las situaciones que
configuran los tratos crueles, inhumanos o degradantes son de carácter
sistemático y generalizado en el sistema carcelario colombiano. Las autoridades
carcelarias y las cifras de las entidades oficiales y de control, demuestran la
situación denunciada masivamente por las personas privadas de la libertad, sus
familiares y allegados y múltiples sectores de la sociedad.  Se afirma, a
partir de los diagnósticos existentes, que el hacinamiento es un problema
creciente y en aumento. Además, se sabe que no puede ser contenido por las
medidas con las que actualmente se le pretende enfrentar. La acción de tutela
reconoce los límites de sus afirmaciones, debido a la escasa y contradictoria
información con que se cuenta, pero es claro que la situación tiende a
agravarse con celeridad. De hecho, se alega que las nuevas edificaciones
incurren en problemas estructurales que son cuestionables, por promover desde
su diseño, condiciones degradantes y contrarias a la dignidad humana.[714] En
este contexto de problemas estructurales, indicó la tutela, el colapso del
sistema de salud de las cárceles y penitenciarias ocupa un lugar especial, así
como las condiciones de higiene y salubridad. El tercer argumento, consiste en
señalar que la nueva cultura penitenciaria ha promovido una serie de
reglamentos y parámetros disciplinarios contrarios al respeto de la dignidad
humana y derechos fundamentales en general. Tal como se dijo, desde su diseño y
construcción misma.  En cuarto lugar, la función preventiva, que lo obliga a
tomar medidas inmediatas orientadas no sólo a que cese la violación de
derechos, sino también a prevenir eventuales violaciones futuras. Quinto, el accionante
no puede ser trasladado a la Cárcel Distrital de Bogotá, debido a que no reúne
las condiciones y requisitos legales y reglamentarios para poder ser recluido
allí, tanto por su perfil como delincuente, como por el hecho de que
actualmente también hay allí una situación de hacinamiento. Finalmente, la
acción de tutela alega que ordenar judicialmente la excarcelación de un preso
no es una medida descabellada o irrazonable, pues ya se ha adoptado en otras
jurisdicciones. La acción de tutela hace referencia a decisiones judiciales
tomadas en Honduras y en los Estados Unidos de América. En ambos casos, se
indica, los jueces adoptaron decisiones similares a las que se le pide adoptar
al juez de tutela en el presente caso, ante situaciones parecidas, con base en
argumentos similares fundados en referentes normativos basados en la dignidad
humana.[715]
A estos casos, se sumarían otras sentencias judiciales, que también adoptan
decisiones ‘creativas’ que permitan enfrentar la complejidad del
problema carcelario, como ha ocurrido en Costa Rica[716] o Argentina.[717]
Incluso, se indica, hay poderes ejecutivos de la región que han tomado en el
pasado decisiones similares.[718]
Expediente T-3647294. La
segunda acción de tutela en contra de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, fue
presentada el veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), por Wilfredo
Mesa Rosero, apoderado por un abogado del grupo de interés público de la Facultad
de Derecho de la Universidad de los Andes.[719]
Esta acción de tutela es similar a la anterior y emplea el mismo marco
conceptual y jurídico que la acción de tutela anterior, refiriéndose, por
supuesto, a la situación concreta y específica del señor Mesa Rosero. Así, en
su condición de recluso de la cárcel Modelo de Bogotá acusó a las mismas
autoridades carcelarias y penitenciarias de violarle los mismos derechos
fundamentales alegados por el señor Ortiz Agudelo, con quien comparte la
crueles, inhumanas y degradantes condiciones a que son sometidas la generalidad
de las personas privadas de la libertad. El señor Mesa Rosero alegó mediante su
apoderado la grave situación de salud que afecta la movilidad de sus brazos.
Teniendo en cuenta la similitud de los cargos presentados, la Sala de Revisión
se referirá a continuación únicamente a aquellos hechos, argumentos o
solicitudes que se ocupen específicamente de la situación del señor Mesa
Rosero. Residente en Bogotá, manifiesta en la tutela, dedicarse al negocio del
calzado y tener dos menores de edad a su cargo. Fue condenado por el delito de
hurto calificado. Además, se encuentra sindicado por el delito de fabricación y
porte ilegal de armas de fuego en concurso con lesiones personales, y está
siendo procesado por el Juzgado 45 Penal Municipal de conocimiento. El
accionante ingresó el seis (6) de mayo de dos mil once (2011). Se encuentra en
el patio 5°, piso 4°, lado B, Pasillo 13 del establecimiento carcelario La
Modelo. El pasillo 13 tiene capacidad para 40 personas y actualmente habitan
allí 160 internos. El accionante duerme en una colchoneta “que logró
conseguir por sus propios medios cuando ingresó al establecimiento carcelario.”
Las condiciones en que se duerme en este pasillo, al igual que las condiciones
de higiene básicas, son similares a las expuestas en la tutela anterior. El
señor Mesa Rosero reclama especial atención a su situación de salud la cual
está afectada, si bien no por una urgencia, sí por un malestar que compromete
su integridad personal.[720]
La petición de la tutela del señor Mesa Rosero es análoga a la presentada por el
señor Ortiz Agudelo, a saber: la ‘excarcelación’.[721] Los fundamentos
jurídicos de la petición son semejantes a los presentados previamente,
incluyendo dentro de ellos, la imposibilidad del traslado debido a que se
afectaría su específica situación personal.[722]
9.2.3.2. Respuestas de las entidades
La respuesta de las autoridades carcelarias en aquel
momento, claramente no fue adecuada ni suficiente, teniendo en cuenta la
cantidad de derechos fundamentales comprometidos, y la magnitud de las
violaciones y amenazas a las que evidentemente los accionantes son sometidos. Sin
importar cuál es su condición (sindicados o condenados), se trata de personas
que tienen derecho a la igual protección de su dignidad y del resto de sus
derechos. El estar pagando una condena o estar sometido a una medida de
seguridad, en modo alguno elimina la condición de ser humano o de persona. Las
limitaciones a las que se les puede someter a los accionantes, son a aquellas que
sean razonables y proporcionadas para que se puedan cumplir los cometidos del
sistema penal, herramienta que, como se dijo, es de uso excepcional. Como se
indicó previamente, las autoridades penitenciarias y carcelarias, desde el
momento en que se iniciaron estos procesos y actuaciones judiciales hasta el
presente han avanzado en la adopción de un variado tipo de medidas para superar
el estado de cosas actual. Pero las respuestas presentadas al juez de tutela de
instancia, en su momento, le obligaban a proteger los derechos invocados de las
amenazas y las violaciones sometidas a su consideración.
[i] El Ministerio de Justicia y del Derecho.
En el primero de los procesos (Expediente T-3554145), sobre los derechos del
señor Ortiz Agudelo, el Ministerio de Justicia y del Derecho alegó que no debió
haber sido vinculado al proceso, por considerar que las acusaciones presentadas
por los accionantes se refieren a asuntos de competencia exclusiva de una
dependencia específica del Estado.[723]
No obstante se reconoció que es verdad que existe un problema de hacinamiento y
que, además, está en aumento. El Ministerio indicó que se está enfrentando el
problema con la construcción de más cárceles, debido al ‘crecimiento
exponencial de la población privada de la libertad’.  La situación,
sostuvo, ha obligado al Gobierno Nacional “a pensar en la necesidad
de acudir” a la construcción de nuevos establecimientos
penitenciarios y la ampliación y restructuración de algunos establecimientos
existentes con el fin de poder brindarles mejores condiciones a la población
penitenciaria en el país. No obstante se advirtió que este camino de solución
tiene sus límites, debido a sus altos costos. De hecho, se afirma que teniendo
en cuenta el valor de la solución propuesta, por un lado, y la escasez de
recursos por otra, el Ministerio considera que se debe pensar en nuevas
cárceles, que se construyan mediante modelos de concesión. No le corresponde a
esta Sala entrar a analizar o a evaluar la constitucionalidad de dicha solución
dentro del presente proceso; pero sí resalta que la medida de concesionar a
personas o entidades privadas establecimientos penitenciarios y carcelarios,
debatible y polémica para algunos,[724]
se considera necesaria, precisamente porque el Estado no tiene el presupuesto
para poder asumir el costo que supone la construcción de nuevos cupos
carcelarios.[725]
El Ministerio informó haber conformado un Comité Asesor para la creación de un
plan maestro de cárceles, entendiendo por éste, “el conjunto de estrategias,
programas y proyectos de inversión de recursos para la adquisición de terrenos,
construcción, refacción y equipamiento de los establecimientos de reclusión del
orden nacional, cuyo objetivo principal es el de modernizar la infraestructura
carcelaria, para erradicar los altos índices de hacinamiento.” Para el
Ministerio la construcción de nuevos establecimientos es ‘inaplazable’, debido
a que los centros de reclusión fueron diseñados, en muchos casos, ‘hace
varias décadas’ y son edificaciones que ‘no cuentan con las
especificaciones técnicas para servir como establecimientos penitenciarios y
carcelarios’. Se mencionó tener varios programas encaminados a brindar
bienestar y buscar la resocialización, mencionando las áreas a que se destinan,
sin hacer referencia a ninguno en concreto, ni a la información que indique
cuál es su diseño y si se están implementando en realidad. Finalmente, sobre la
alimentación, el suministro de utensilios de aseo, elementos de dotación de
celdas y prestación del servicio de agua, el Ministerio consideró ‘necesario
recordar’ que el INPEC cuenta con la obligación constitucional y legal, y las
correspondientes destinaciones presupuestarias para dar a toda persona privada
de la libertad: “[…] ‘la alimentación de los internos y la dotación de
elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación
y vestuario para condenados y todos los recursos materiales necesarios para la
correcta marcha de los establecimientos de reclusión’.” En la segunda de la
acciones de tutela [Expediente T-3647294, caso del señor Mesa Rosero] el
Ministerio de Justicia y del Derecho nuevamente solicitó ser desvinculado, “por
falta de legitimación en la causa por pasiva”. A su parecer, “[…] conforme
con el Código Penitenciario y Carcelario, todo lo referente a la alimentación,
entrega de útiles de aseo, dotación de las celdas e infraestructura, concierne
a la Dirección General del INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, USP, bajo una potestad discrecional que ejerce con total apego al
principio de legalidad y en uso de la autonomía administrativa que le concede
la ley.”[726]
[ii] Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC. El INPEC también participó en los dos
procesos para decir que no era su responsabilidad lo que ocurría. En el marco
del primer proceso de acción de tutela, [727]
la Jefe de Oficina Asesora Jurídica del INPEC sostuvo que de acuerdo a la ley
(artículo 38, Ley 906 de 2004[728]
y artículo 14 del Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993),
corresponde al Gobierno Nacional por conducto del INPEC, ‘la
ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una
sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no
remunerado’, esto es, se sostiene, que el INPEC ejecuta las órdenes
judiciales que en tal sentido se profieran, pero en ningún momento dispone en
dónde debe cumplirse la sanción condenatoria o medida de aseguramiento.  ||
Sobre el particular queda claro que, los competentes para satisfacer las
necesidades en cuanto la detención domiciliaria, se encuentra en cabeza del
Despacho Judicial en Conocimiento. Resultando la falta de legitimidad en la
causa por la pasiva respecto de la Dirección General del INPEC.” En el
segundo proceso de acción de tutela contra la Cárcel Modelo de Bogotá, el INPEC
también solicitó al juez que los desvinculara, “[…] que su pronunciamiento
sea dirigido a la falta de legitimidad por pasiva.” Las decisiones de excarcelar
a alguien, no le corresponden.[729]
[iii] Presidencia de la República de Colombia.
Frente a la segunda acción de tutela, mediante apoderada, la Presidencia
solicitó ser desvinculada del proceso por “inexistencia de legitimación en
la causa por pasiva o, en su defecto, que deniegue la tutela por improcedente y
por ausencia de violación de los derechos fundamentales cuya protección invoca
el demandante mediante apoderado.” A su parecer, la Presidencia de la
República es un sujeto de derecho que “[…] no está directa ni indirectamente
relacionado con la situación planteada por el apoderado del accionante
[…]”.[730]
[iv] Establecimiento Carcelario Modelo en
Bogotá. El Director de la Cárcel Modelo de Bogotá, TC (r) Dionicio Calderón
Sánchez, solicitó al Tribunal que declarara la improcedencia de la tutela “[…]
teniendo en cuenta que no es de resorte nuestro darle una solución inmediata a
cada uno de los inconvenientes expuestos en el escrito de tutela”. A su
parecer “[…] la tutela es un mecanismo de carácter residual”, por lo que
solicitó “declarar la improcedencia” por cuanto considera que existen
“otros mecanismos para elevar las peticiones que aduce el tutelante.”[731]  Sin
embargo, pese a ser ésta su petición ante el juez de tutela, el Establecimiento
carcelario reconoció la situación que se vive en su interior, tal como fue
señalada por los accionantes. El Director reconoció que existe una clara
situación de hacinamiento en la cárcel Modelo,[732] pero a su parecer, se
debe confiar en las medidas de traslados anunciadas por el gobierno. Resaltó,
ante todo, la dificultad de poder cumplir su misión con escasos recursos
humanos y materiales, en un establecimiento de más de medio siglo de antigüedad
y sin las adecuaciones y refacciones mínimas: atender al doble de la población
reclusa para la cual tal establecimiento fue diseñado. El señor Director es
categórico al respecto: “Respecto a las actividades [y] ocupaciones
válidas para redención de pena de la población reclusa, actualmente el
Establecimiento cuenta con un plan ocupacional de 3.034 cupos disponibles, es
decir, existen los cupos para la población que realmente debería tener el
Establecimiento. […].” Constató la información de los accionantes, según la
cual sí hay un espacio para la recreación (la cancha en el patio) y eventos que
son organizados (el campeonato organizado por las personas recluidas).  El
Director de la Cárcel Modelo advirtió, que el día de la intervención en el
proceso, “[…] el área de psicosocial hizo entrega de kit de aseo y
colchoneta al señor Wilfredo Mesa Rosero.” El Director de la Cárcel aseguró
que la distribución de alimentos en la institución es adecuada. Sostuvo que la
alimentación se somete a rigurosos controles por parte de la Secretaría de
Salud Distrital, que en la actualidad ha dado un concepto favorable a la
alimentación dada. Confirmó que los horarios de alimentación eran ciertos, pero
que son restricciones impuestas por motivos de seguridad y organización misma
del penal, así como por la imposibilidad de utilizar el comedor de la parte
SUR. No se aclararon las razones. En cuanto al acceso al derecho a la salud del
accionante, el Director de la cárcel dijo que ya se había tenido acceso a ella
y que el accionante (el señor Mesa Rosero) ya estaba recibiendo el tratamiento
requerido. Finalmente, el Director de la cárcel Modelo advierte que el alto
índice de hacinamiento
“[…] no se ha presentado por
desidia o complacencia del Instituto y menos aún de este Establecimiento, dicha
situación obedece a una Política Criminal y Penitenciaria que está en cabeza de
las altas esferas que componen a las tres ramas del poder público de nuestro
Estado.”
Cabe señalar que el concepto
del Director de la Cárcel no fue considerado por la sentencia de primera
instancia (Sala del Tribunal Superior) inicialmente proferida, porque se allegó
el mismo día que se dictó sentencia. Inicialmente, se dice, porque esta
sentencia fue anulada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia para que,
además, fueran vinculadas dos autoridades determinantes para el caso:   el juez
de medidas y de ejecución de penas, que tiene un papel determinante en la
decisión de la concesión de la libertad del accionante que está solicitando la
excarcelación, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que juega un rol
determinante en la definición de los asuntos presupuestarios del Sistema
penitenciario y carcelario.
[v] Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. El treinta (30) de julio de dos mil doce (2012), el
Ministerio participó en el proceso de la referencia, para indicar que no tiene
competencia alguna con relación a los asuntos que se ventilan en el proceso de
la referencia. Por medio de apoderada, “[…] el Ministerio solicitó que se
rechace o declare como improcedente la acción instaurada respecto de éste, y en
todo caso absolverlo de las súplicas de la tutela.” Luego de hacer
referencia al Decreto 4151 de 2011 (art. 2°), se dijo que la acción pretende
que el Ministerio “[…] usurpe funciones propias de otras entidades, y que
disponga además, recursos financieros que ya fueron asignados y situados a
otros órganos del presupuesto para atender y proteger los derechos
fundamentales objeto de esta acción, para lo cual debe tenerse en cuenta las
funciones asignadas en el Decreto 4712 de 2008 […]”. Se advierte que “[…]
la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público no puede legalmente
satisfacer las pretensiones del actor, no sólo porque no determinó ni tiene
incidencia en ejercicio de funciones con los hechos que dan origen a la
presente acción sino también que el fondo de la determinación de las políticas
de ejecución de los recursos destinados a población carcelaria está a cargo del
INPEC.”[733]
[vi] Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. El Treinta (30) de
julio de dos mil doce (2012), el Juzgado participó en el proceso a petición de
la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, para que se pronunciara con relación
a la petición del accionante.[734]
El Juez de Ejecución de Penas solicitó que se reconociera en el fallo de tutela
que el Juzgado en cuestión no había violado los derechos del accionante y también
solicitó que se le desvinculara del trámite de tutela. Para el Juzgado, “[…] mientras
no exista una decisión contraria a aquella que se deriva de la sentencia
condenatoria proferida en contra del [accionante],[735] éste
deberá continuar cumpliendo la pena de prisión que le fue impuesta por
autoridad judicialmente facultada para ello en el centro de reclusión donde
actualmente se encuentra privado de la libertad o en aquel que el INPEC asigne […]”
Indicó además que por el tiempo transcurrido, la solicitud de libertad no es
posible.[736]
No obstante, el Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad reconoció en
su providencia que el estado de cosas alegado por el accionante es una
realidad. Así, sostuvo lo siguiente: “[…] no se desconoce el problema de
hacinamiento en que se encuentran tanto las personas vinculadas a un proceso
penal como aquellas que cumplen una pena de prisión impuesta por un juez
competente para hacerlo, pues en las visitas que hace este operador judicial
así lo percibe, no sólo de manera visual, sino por el comentario que recibe de
los internos a su disposición […].”
[vii] Análisis de las
respuestas. Las respuestas del Ministerio, a propósito de las acciones de
tutela contra la cárcel Modelo de Bogotá, permiten identificar por lo menos
tres elementos claros. Por una parte, reconocer el estado de cosas alegado por
las partes. Segundo, indicar que resolver este problema no es una competencia o
una responsabilidad del Ministerio, sino de otra entidad, la recién creada
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPC. Y, tercero, indicar que
la situación ha obligado al Gobierno y al Estado en general ‘a pensar en
adoptar’ las medidas necesarias. Es decir, el Ministerio señaló al juez, la
situación, que no es mi responsabilidad es cierta, y es tan grave que se está
pensando en tomar medias que solucionen el problema. El reconocimiento de la
situación es un deber del Ministerio, dada su gravedad, tal como lo hizo al
declarar la emergencia carcelaria recientemente (especialmente por el estado
del Sistema de salud). No obstante, considera que ese problema le corresponde
resolverlo a otra entidad administrativa, recientemente creada para solucionar
justamente ese tipo de situaciones carcelarias. Finalmente, luego de justificar
por qué al Ministerio se le debía desvincular del proceso de tutela, se
advierte que la principal solución que se está pensando es la construcción de
más cárceles, precisamente, una camino que se ha denunciado como claramente
insuficiente por varias entidades y reportes, oficiales y académicos. De hecho,
como se resaltó, es una solución que debe implementarse con la asistencia de
concesionarios privados, por cuanto el Estado carece de recursos para poder
asumir los costos de la política en cuestión.
El resto de entidades que
fueron vinculados a éstos trámites de acción de tutela (el INPEC, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente y el
Director de la Cárcel Modelo de Bogotá), respondieron en sentido similar al que
lo había hecho el Ministerio de Justicia y del Derecho, a saber:  (i) admitieron
la grave situación que la Cárcel Modelo de Bogotá atraviesa, al igual que el
resto del Sistema penitenciario y carcelario, pero  (ii) solicitaron ser
desvinculados por no ser las entidades responsables de superar y resolver las
violaciones y las amenazas de los derechos fundamentales de los accionantes. Las
autoridades carcelarias sostuvieron que lo que busca el accionante es que se le
conceda la excarcelación, asunto que es competencia de los jueces de la
República. A su vez, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dice
que no puede acceder a esa solicitud, puesto que las normas legales no
contemplan dentro de las hipótesis posibles de libertad, el caso del
accionante.
La Sala resalta que las
participaciones de las autoridades penitenciarias y carcelarias reconocieron ampliamente
la situación de crisis que se vive en la Cárcel Modelo. Además, hacen notoria
la dura y difícil labor que representa para el INPEC y las autoridades de la Cárcel
Modelo en particular, cumplir sus cometidos funcionales e institucionales, pues
no se cuenta con los recursos materiales ni humanos, adecuados y suficientes
para poder desarrollarlos y alcanzarlos.  Es decir, las distintas entidades evidencian
la violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad. Evidencian un estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente, en el que ninguna entidad aparece como directamente
responsable. Se trata del marasmo institucional al que ha hecho
referencia la jurisprudencia constitucional en el pasado,[737] y que se mencionó
previamente en la presente sentencia.
Si se aceptaran los argumentos
oficiales presentados por las diferentes autoridades carcelarias, sería forzoso
concluir que ninguna de las entidades, ni la Presidencia de la República, ni el
Ministerio del Interior y de Justicia, ni el INPEC, ni la Dirección de la
Cárcel Modelo de Bogotá, serían responsables de lo que ocurre allí. Pero no es
posible aceptar todos los argumentos a la vez, pues se contradicen y anulan
entre sí. Las entidades dicen que no les corresponde asumir las soluciones a la
crisis de la Cárcel, pero que sí lo deben hacer otras de esas entidades
demandadas. Así, la Presidencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, que
para efectos de asuntos del ramo conforman Gobierno según la Constitución (art.
115), consideran que es responsabilidad del INPEC. En sentido similar se
pronuncia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El INPEC a su vez,
considera que es un asunto que compete en materia a los actores gubernamentales,
en los que respecta al diseño de la política, y en lo concreto, a la Dirección
de la Cárcel. El Director de la Cárcel, a su turno, dice que él no cuenta con
los recursos mínimos y necesarios para poder adelantar la labor que se le
encomienda. Dice que la solución depende de quienes diseñan, planifican y
organizan la política en general y no de quienes tienen que implementarla sin
contar con los recursos que se requieren para poder hacerlo. Y en cualquier
caso, advierte que su función como Director de la Cárcel es mantenerlo
recluido, no decidir su libertad, función que corresponde a los jueces.
Finalmente, los jueces consideran que no es una función suya determinar la
salida de una persona por fuera de los parámetros de la ley, por lo que la
petición le corresponde atenderla es a las autoridades que diseñan la política,
no a un juez de ejecución de penas y medias de seguridad.
En cualquier caso, a la vez que
cada institución sostenía que no era su responsabilidad atender los reclamos de
las dos acciones de tutela contra la Cárcel Modelo de Bogotá, acumuladas en el
presente proceso, se insiste, reconocía abiertamente la situación alegada
respecto al estado de cosas contrario al orden constitucional vigente. Para el
Gobierno es porque el INPEC no ejecuta los recursos, para el INPEC es porque no
se le dan los recursos, para el Juzgado de Ejecución de penas y medidas de
seguridad es una realidad, que si bien no se le da una explicación, se reconoce
como manifiesta y evidente.
El juez de tutela está obligado
a superar este marasmo administrativo en el que todas las entidades reconocen
ser responsables parcialmente de la situación de las cárceles, pero alegan
haber cumplido con su parte. Es decir, al ser todos responsables, terminan
alegando que ninguna entidad puede controlar totalmente la situación y, por
tanto, ninguna se considera responsable de la situación como un todo, sino sólo
de aquella pequeña parte de la cadena que le corresponde. Para la Sala es
evidente que todas las entidades son parcialmente responsables y que,
precisamente, parte de sus responsabilidades es coordinar el ejercicio de sus
facultades y sus funciones con aquellas entidades de la cuales se depende
recíprocamente, para que la política criminal y carcelaria sea adecuada,
coherente, racional y razonable, a la luz del orden constitucional vigente. En
tal medida, la Sala retomará las medidas adoptadas por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la primera de las dos acciones de
tutela, las cuales están orientadas justamente a superar este marasmo
institucional. Estas medidas, como se mostrará a continuación, fueron
confirmadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda
instancia.  A continuación, se hace referencia a estas decisiones.
9.2.3.3. Respuestas judiciales
En el primero de los casos se tuteló los derechos del
accionante en ambas instancias. En el segundo de los casos se negó la tutela en
primera y en segunda instancia.
[Expediente T-3554145] En
el primero de los casos, que resolvió la acción  presentada por el señor Ortiz
Agudelo, el juez de primera instancia (la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá), resolvió tutelar los derechos del accionante. La Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió tutelar los
derechos a la dignidad humana, a la vida digna y a la salud, del accionante, en
sentencia de junio trece (13) de  dos mil doce (2012).[738] Teniendo en cuenta la jurisprudencia
constitucional en la materia, los hechos alegados y las respuestas de las
entidades acusadas, “resulta evidente la flagrante vulneración por parte del
INPEC de los derechos y garantías fundamentales” del accionante. La Sala
del Tribunal dijo: “[los derechos invocados] deben ser protegidos de forma
inmediata, independientemente de los programas que se desarrollan para el
mejoramiento de nuestro sistema carcelario y que debe estar adelantando el
Ministerio de Justicia en conjunto con los otros organismos encargados de esa
misión.” Negó la solicitud de excarcelación, por ser un asunto regulado
constitucional y legalmente en cabeza de otros jueces diferentes al juez de
tutela, pero consideró que sí era pertinente adoptar otras medidas, no sólo
orientadas a la protección del accionante, sino en general de la población
carcelaria de la Modelo.[739]
Dijo la sentencia: “[…] la vulneración y amenaza constante, masiva y
reiterada  de los derechos fundamentales de los internos recluidos en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario, La Modelo, resulta ostensible, por
lo que ésta Corporación no puede pasar inadvertido que no es el señor Ortiz Agudelo
el único afectado con dichas situaciones, sino que en las mismas condiciones se
encuentran cientos de ciudadanos, que sin importar el motivo por el que se
encuentran allí, acorde con las disposiciones sobre derechos humanos
ratificadas por Colombia, merecen un trato digno, humano y garantista de sus
derechos por parte del Estado, como una característica fundante del estado
social de derecho que pregona nuestra Nación.”
La Sala del Tribunal resolvió
impartir una serie de órdenes complejas para asegurar la protección de los
derechos fundamentales. Ordenó al Gobierno Nacional, representado por el
Ministerio de Justicia, al INPEC y al Director del Establecimiento Carcelario
La Modelo, que en un plazo de quince (15) días, implementaran conjuntamente
todas las medidas necesarias tendientes a garantizar a los reclusos de dicho
penal unas condiciones de subsistencia dignas y humanas. Indicó, concretamente
ocho ámbitos de acción inaplazable por parte de las autoridades carcelarias en
cuestión:
“[…]  [i] los horarios de
alimentación y ducha deberán ajustarse a los del común de la sociedad, deberán
poner a disposición de los internos agua potable en la cantidad y frecuencia
por ellos requerida; [ii] los alimentos que se proporcionen deben estar en
óptimas condiciones de conservación, preparación y nutrición;  [iii] el sistema
sanitario del penal, en relación con las tuberías de desagüe, baños y duchas
será reparado y ampliado de manera que baje la proporción de usuarios para cada
uno de esos servicios, igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación
de implementos de aseo mensualmente.  ||  [iv] El servicio médico debe estar
disponible en el momento que se necesite y deben contar con medicinas, equipos
y personal idóneos para los requerimientos de la población carcelaria. [v] El
servicio de aseo e higiene de las instalaciones debe ampliarse en procura de
evitar enfermedades, contagios e infecciones a causa de las plagas que la
suciedad genera.  [vi] En relación con las camas y las celdas deberán por lo
menos entregar a cada preso, especialmente a quienes no tienen celda para su
descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un
mejor descanso en un espacio adecuado para ese propósito. [vii] Igualmente, deberá
acoger las recomendaciones que le hiciera la Secretaria de Salud Distrital
frente al tema de salubridad de los comedores, lo que hasta ahora no ha
efectuado y por lo que aún continúan clausurados, debiendo dentro del mismo
plazo de un mes, reabrirlos en las condiciones fijadas por dicho organismo. [viii]
Finalmente, deberá procurar la creación de actividades lúdicas y recreativas,
donde pueda haber participación de todos los detenidos, ya sea mediante
destrezas físicas o mentales.”
Además, [ix] la Sala resolvió
remitir copia de la Sentencia a la Secretaría de Salud Distrital para que
dentro de sus funciones ejerza la vigilancia del cumplimiento de las órdenes
emitidas, así como el seguimiento de los controles y recomendaciones que por su
parte ha dispuesto para el Establecimiento Carcelario La Modelo, informando lo
pertinente al Tribunal. En sentido similar se dirigió copia a la Procuraduría
General de la Nación para que ejerza el respectivo control del cumplimiento de
la orden aquí emitida frente a los organismos accionados.
Posteriormente, el veintiocho (28)
de junio de dos mil doce (2012), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidió confirmar la decisión de instancia, ante la petición del accionante de
que se considerara nuevamente su petición de excarcelación.[740] Para la Corte Suprema
de Justicia la decisión del Tribunal Superior fue correcta, al reconocer las
competencias de los jueces a los que se les ha asignado la competencia para
decidir de acerca de las solicitudes de libertad de la persona. Lo que
correspondía es hacer lo que se hizo: “[…] ordenar que se adopten las
medidas de carácter general tendientes a mejorar las condiciones de la
detención preventiva que lo afectan […]”.
[Expediente T-3647294] La segunda
acción de tutela contra la Cárcel Modelo de Bogotá acumulada al presente
proceso, que resolvió la solicitud del señor Mesa Rosero a diferencia de la
anterior tutela, fue negada en primera y segunda instancia. Aunque las
sentencias fueron de la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, con
diferencia de un día,[741]
en este segundo caso se resolvió negar la acción de tutela.[742]  La diferencia no
radica en que en un caso se crea que si se violan y amenazan los derechos y en
el otro no. En esta segunda acción de tutela, el Tribunal también consideró que
los reclusos se encuentran en una situación de debilidad manifiesta y que las
cárceles están en una situación desastrosa, pero se indicó que la violación
estructural a los derechos fundamentales en las cárceles es un asunto que ya
fue resuelto por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, a diferencia
del caso del señor Ortiz Agudelo, en esta ocasión la Sala del Tribunal
consideró que las violaciones y amenazas a los derechos del accionante ya habían
sido consideradas y resueltas por la Corte Constitucional. En otras palabras,
para el Tribunal no procedía la acción de tutela para proteger los derechos del
señor Mesa Rosero, sino la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-153 de
1998 de la Corte Constitucional, en la cual ya se había estudiado las
condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario y se habían
impartido órdenes al respecto. Para el Tribunal, no se presentan violaciones
nuevas.[743]
El alegato del accionante, señala el Tribunal, demuestra que la decisión
judicial citada no fue cumplida y que, por tanto, lo que procede es hacerla
cumplir esa decisión de tutela, y no interponer una nueva. En cuanto al derecho
a la salud, consideró el Tribunal que la violación del mismo no fue probada,
aunque pareciera que la sentencia se refería a un caso diferente al del señor
Mesa Rosero.[744]
La decisión fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia que decidió anular
la sentencia del doce (12) de junio de dos mil doce (2012), por no haber
vinculado al proceso al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.[745]  El dos ( 2) de agosto
de dos mil doce (2012), la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá volvió a
proferir sentencia de primera instancia, resolviendo el caso de forma similar a
como lo había hecho inicialmente: negó la tutela de los derechos invocados por
el señor Mesa Rosero y ordenó remitir copia del proceso de tutela al juez de
primera instancia del proceso en el cual la Corte Constitucional declaró el
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano, para que hiciera cumplir las órdenes impartidas en la sentencia
T-153 de 1998.[746]
En la segunda versión de la sentencia se añadió un capítulo para dos
consideraciones finales. Hizo relación a la intervención del Director de la
cárcel Modelo, e indicó que, de acuerdo con las reglas aplicables, si bien es
cierto que al Juzgado de Ejecución de Penas correspondiente debe hacer “[…] la
verificación del lugar y condiciones en que se debe cumplir la pena o la medida
de seguridad, el ordenamiento jurídico no le atribuye facultad alguna para
adoptar correctivos cuando advierta deficiencias en dicho ámbito.”
La sentencia fue impugnada por el accionante por considerar
que el juez ha debido pronunciarse de fondo acerca de las violaciones
presentadas y probadas[747]
y por considerar que sí hay violación al derecho a la salud.[748] Adicionalmente, se
indicó que es deber del juez de tutela resolver la petición de excarcelación,
puesto que “[…] ningún juez penal tiene las atribuciones legales para decretar
la excarcelación del señor Mesa Rosero por el hecho de estar sometido a tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Como bien lo identifica [el juez de primera
instancia], las causales que actualmente se establecen para este tipo de
solicitud no permiten tomar decisión alguna con base en las condiciones de
reclusión en las cuales debe darse cumplimiento a una medida restrictiva de la
libertad. […]  ||  […] resulta evidente, que la legislación penal no ofrece
ningún tipo de medida, como la excarcelación, que permita dar solución
inmediata a la vulneración grave de derechos fundamentales que debe soportar el
señor Mesa Rosero.” La impugnación echó de menos la información que han
debido entregar las autoridades competentes, en lugar de pretender invertir la
carga de la prueba y exigir al accionante que fuera él, en su condición de
persona privada de la libertad, el que estableciera las pruebas necesarias y
pertinentes y las aportara.[749]
La impugnación reconoció que el kit de aseo y la colchoneta son un ‘avance
innegable’, pero se advirtió que “[…] de ninguna manera puede
considerarse que esta acción repara, suspende, o da término a las condiciones
indignas de vida o a los [tratos crueles, inhumanos y degradantes] que
debe soportar mi cliente. […].” El accionante, mediante su apoderado,
sostuvo que el Estado no tiene derecho a someterlo a tratos crueles, inhumanos
y degradantes, ni siquiera temporalmente, mientras se resuelven los problemas
estructurales. Por último se hizo referencia al indigno régimen de comidas que,
supuestamente fue aprobado por la Corte Constitucional en la sentencia T-825 de
2009. La impugnación cuestionó el uso que hace el Director de la Cárcel de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y solicitó utilizar jurisprudencia
aplicable, como la sentencia T-190 de 2003.
La Sala de Decisión de Tutelas
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió
confirmar la decisión de primera instancia de negar la tutela de los derechos
fundamentales invocados por Wilfredo Mesa Rosero.[750] La Corte Suprema de
Justicia reconoció que es un hecho ‘notorio el hacinamiento que están
viviendo los reclusos de ese penal’, de conformidad con la respuesta del
propio Director, “[…] el cual supera el cien por ciento de los cupos
disponibles.” Pero a la vez, resaltó las acciones orientadas a mejorar la
situación del accionante, como la entrega de la colchoneta, la existencia de
criterios para dar comida de calidad, la existencia de horarios de acuerdo con
las necesidades de seguridad y el acceso a servicios de salud que ha tenido el
accionante. En cualquier caso, se consideró que tenía razón el juez de
instancia al considerar que se trataba de la misma situación evaluada por la
Corte Constitucional en el año 1998. No obstante, la Corte Suprema de Justicia
resolvió “[…] instar al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Director
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para que inicien
conjuntamente las gestiones necesarias tendientes a garantizar a los reclusos
de la penitenciaria La Modelo de esta ciudad, condiciones de subsistencia
dignas y humanas, tales como disminuir el índice de hacinamiento y mejorar su
estado sanitario.” En cualquier caso, para la Corte no es posible pensar en
una excarcelación.[751]
9.2.3.4. Decisión y órdenes a tomar
La Sala considera que en los derechos fundamentales
invocados por el señor Ortiz Agudelo [Expediente T-3554145] y el señor
Mesa Rosero [Expediente T-3647294] ambos recluidos en la Cárcel
Modelo de Bogotá, están siendo violados y amenazados, debido al estado de cosas
en que se encuentra este Establecimiento de reclusión. Concretamente, se les
han desconocido (por violación o amenaza) sus derechos a la dignidad humana, a
la vida, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la
integridad personal, física y psíquica, al agua y a la salud. Sus derechos a no
ser sometidos a condiciones climáticas extremas o condiciones insalubres y sin
higiene, sus derechos a recibir una alimentación adecuada y suficiente y a contar
con actividades que permitan poder ocupar el tiempo (trabajo, educación y
recreación), dentro de un proceso de resocialización.  En consecuencia, se
confirmarán las decisiones judiciales que resolvieron la acción de tutela del
señor Ortiz Agudelo [Expediente T-3554145], en las que se tutelaron sus
derechos fundamentales invocados y, por el contrario, revocar las decisiones
judiciales que no accedieron a tutelar los derechos del señor Mesa Rosero [Expediente
T-3647294] para, en su lugar, acceder a la protección solicitada.
(i) Los accionantes en contra
de la Cárcel Modelo de Bogotá, son dos personas que ocupan un lugar marginado y
excluido en la sociedad, en lo que se refiere al acceso de bienes y servicios
para poder asegurarse a sí mismo y a los suyos, una vida digna, ajena a la
pobreza. Como se dijo, los Establecimientos penitenciarios y carcelarios deben
encargase de tomar medidas adecuadas y necesarias, para asegurar la efectiva
reinserción en la sociedad de aquellas personas marginadas y excluidas
socialmente por su condición socio económica que se encuentran privadas de la
libertad, independientemente de si son condenadas o sindicadas. Los señores
Ortiz Agudelo y Mesa Rosero están sindicados de ser dos (2) de aquellas
personas que con el fin de proveerse la congrua existencia para sí y para los
suyos, han recurrido a actividades que son contrarias a la ley y consideradas
criminales. Así, personas como ellos tienen derecho durante el tiempo que están
privados de la libertad, independientemente de si son inocentes o culpables al
final del juicio, a que se les brinde el acceso a programas de educación y
entrenamiento en prácticas y oficios. Está bien que, por ejemplo, alguno de los
accionantes esté desempeñando ciertas labores de limpieza dentro del
Establecimiento. Se trata de una labor digna, siempre y cuando se haga con las
condiciones de higiene y salubridad mínimas que se requieren para poder
realizar tal trabajo. No obstante, el Estado debería brindar a personas
marginadas y excluidas de buena parte de los ciclos económicos, herramientas
para incrementar sus habilidades y posibilidades reales para poder proveerse a sí
mismo, y a los suyos, se insiste, la condiciones de vida digna, ajena a la
pobreza, en una sociedad abierta, libre y democrática.
(ii) La Cárcel Modelo de Bogotá es uno de los
establecimientos carcelarios en peor estado, teniendo en cuenta su antigüedad,
el uso y abuso de que ha sido objeto, además de graves afectaciones de las que
ha sido objeto, como los impactos que sufrió debido a los combates entre
paramilitares y guerrilleros durante los años dos mil (2000) y dos mil uno (2001).
La Sala de Revisión somete a consideración del Gobierno Nacional la posibilidad
de considerar el cierre definitivo de la Cárcel Modelo de Bogotá. Así como el
Palacio de la Inquisición mantiene viva la memoria de los castigos denigrantes,
inhumanos y violatorios de la dignidad humana que sufrieron muchas personas en
la ciudad de Cartagena durante la Colonia, la Cárcel Modelo y otros
establecimientos en mal estado en el país, deberían pasar a ser un símbolo de
lo que nunca más se debería repetir.
(iii) Para enfrentar la situación de
hacinamiento, la Sala autorizará a la Cárcel Modelo de Bogotá a permitir el
ingreso de personas, a pesar de las órden judiciales de cierres parciales
estrictos, siempre y cuando se apliquen las reglas de equilibrio decreciente
y de equilibrio, para asegurar que la situación de hacinamiento sea
superada y no se repita nuevamente. De esta manera se armoniza la determinación
que se adopta en la presente sentencia con otras decisiones que en el pasado se
dieron con relación a la Cárcel Modelo de Bogotá.[752]
(iv) Teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores se impartirán las siguientes órdenes concretas:  (1)
Se reiterarán las órdenes impartidas por la Sentencia de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, dictada dentro del proceso de tutela adelantado
por el señor Ortiz Agudelo [Expediente T-3554145]. El Gobierno Nacional,
representado por el Ministerio de Justicia, el INPEC y el Director del
Establecimiento Carcelario La Modelo, si aún no lo han hecho, deberán
implementar a partir de las cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, todas las medidas adecuadas y necesarias
tendientes a garantizar a los reclusos de dicho penal unas condiciones de
subsistencia dignas y humanas. Si aún no se ha hecho, las entidades aludidas
deberán asegurar:  [i] que los horarios de alimentación y ducha se ajuste a los
del común de la sociedad, y se ponga a disposición de los internos agua potable
en la cantidad y frecuencia por ellos requerida; [ii] que los alimentos que se
proporcionen estén en óptimas condiciones de conservación, preparación y
nutrición;  [iii] que el sistema sanitario del penal, las tuberías de desagüe,
baños y duchas, será reparado y ampliado de manera que baje la proporción de
usuarios para cada uno de esos servicios, igualmente deberán entregar a los
reclusos una dotación de implementos de aseo mensualmente. [iv] El servicio
médico debe estar disponible en el momento que se necesite y deben contar con
medicinas, equipos y personal idóneos para los requerimientos de la población
carcelaria.  [v] El servicio de aseo e higiene de las instalaciones debe
ampliarse en procura de evitar enfermedades, contagios e infecciones a causa de
las plagas que la suciedad genera.  [vi] En relación con las camas y las celdas
deberán por lo menos entregar a cada preso, especialmente a quienes no tienen
celda para su descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que
permita un mejor descanso en un espacio adecuado para ese propósito.  [vii]
Igualmente, deberá acoger las recomendaciones que le hiciera la Secretaria de
Salud Distrital frente al tema de salubridad de los comedores, lo que hasta
ahora no ha efectuado y por lo que aún continúan clausurados, debiendo dentro
del mismo plazo de un mes, reabrirlos en las condiciones fijadas por dicho
organismo.  [viii] Finalmente, deberá procurar la creación de actividades
lúdicas y recreativas, donde pueda haber participación de todos los detenidos,
ya sea mediante destrezas físicas o mentales.
(2) Si en cumplimiento de las
órdenes que fueron impartidas, no se han desarrollado planes de choque y de
emergencia que aseguren los contenidos mínimos más básicos, estos deberán ser
adoptados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Estos planes de
emergencia no podrán suplantar ni remplazar a las medidas y acciones de mediano
y largo plazo que necesaria y obligatoriamente también se deben adoptar. Dentro
de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presenten
sentencia, el Director de la Cárcel Modelo de Bogotá, en conjunto con la
Dirección General del INPEC y el Gobierno Nacional, deberán remitir un informe
al Juez de primera instancia (la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá),
con copia para esta Sala de Revisión, para la Procuraduría General de la Nación
y para Defensoría del Pueblo, en el que se referencie de manera detallada:  (i)
cuál fue el plan de choque y emergencia diseñado para garantizar los contenidos
más básicos de los derechos fundamentales;  (ii) cómo se han venido
implementando de forma concreta y específica; y  (iii) cuál ha sido el
resultado en términos de goce efectivo del derecho, verificable y constatable.
En caso de que los resultados en el tiempo reportado no sean los indicados,
deberá precisarse (iv) cómo se piensan modificar las acciones emprendidas, para
asegurar el goce efectivo de los ámbitos de protección inmediata e
impostergables, de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. Sea como sea; en dos meses, contados a partir de la notificación de
la presente sentencia, el Gobierno Nacional, tomará las medidas adecuadas para asegurar
que la Cárcel Modelo de Bogotá, no dure abierta siquiera un minuto más abierta,
sin garantizar las mínimas y más básicas condiciones de dignidad y respeto a
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Un
Establecimiento que no asegure con urgencia estos contenidos mínimos, conlleva
un violación tan grave y flagrante de la Constitución Política, que simple y
llanamente, es incompatible por completo con el orden establecido y, por tanto,
no puede existir siquiera un minuto en un estado social y democrático de
derecho. Estos Establecimientos son contrarios, plenamente, a una sociedad
libre y democrática, fundada en la dignidad humana.  El Gobierno Nacional, a
través del Presidente de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los
recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad de los planes
de choque y de urgencia que se resuelva implementar.  Se ordenará a la
Dirección de la Cárcel Modelo de Bogotá, que tomen todas las medidas adecuadas
y necesarias para permitir a la Secretaría de Salud de Distrito de Bogotá junto
con el Ministerio de Salud, puedan visitar las instalaciones de la cárcel
dentro de un (1) mes, contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, y verificar si se están cumpliendo los mínimos y más básicos
estándares de higiene y salubridad, de calidad en la alimentación y de
condiciones climáticas.  La Defensoría de Pueblo se encargará de coordinar una
visita a la Cárcel junto con la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, y las autoridades de salud nacionales y
distritales competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, para que se evalúen las condiciones de
las áreas de la Cárcel Modelo de Bogotá, para establecer qué otros espacios del
Establecimiento, además de los específicos lugares de reclusión en los que se
encuentran los accionantes, requieren tomar medidas adecuadas y necesarias,
para garantizar los contenidos mínimos de existencia en condiciones dignas, que
no impliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las medidas de choque y
de urgencia que sean establecidas por las autoridades carcelarias para otras
áreas de la cárcel diferentes a aquellas en que se encuentran los accionantes,
deberán estar siendo implementadas, a más tardar, a los veinte (20) días
después de notificada la presenten sentencia.
(3) El Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el INPEC y la
Dirección de las autoridades de la Cárcel Modelo deberán aplicar las reglas de equilibrio
decreciente y de equilibrio, en los términos indicados en la parte
motiva de la presente sentencia (ver apartado 9.2.7.2.1. de las consideraciones
de la presente sentencia), para asegurar la disminución del hacinamiento y la
no repetición de ese estado de cosas.  (4) Los señores Mesa Rosero y Ortiz
Agudelo deberán ser valorados médicamente, si aún no se ha hecho, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia. Acto seguido, se deberán tomar las medidas adecuadas y
necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud que se requieran
con necesidad. El INPEC, el Gobierno Nacional –a través de su Ministerio de
Justicia y del Derecho– y la Dirección de la Cárcel Modelo de Bogotá, responderán
solidariamente por el cumplimiento de esta orden.  (5) La Dirección de la
Cárcel Modelo de Bogotá, junto con el INPEC deberán, adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para implementar una brigada jurídica que permita
a las autoridades judiciales correspondientes, de acuerdo con sus competencias,
tomar las decisiones que correspondan, para conceder la mayor cantidad de
solicitudes de libertad que, según el orden jurídico vigente, deban ser
reconocidas.  (6) En cualquier caso, si dentro de tres años contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, no se han adoptado las medidas
adecuadas y necesarias que adecuen la Cárcel Modelo de Bogotá para que deje der
ser estructuralmente, en su diseño y en su funcionamiento, contraria a la dignidad
humana y a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad,
la Cárcel deberá ser cerrada definitivamente. En tales circunstancias, el
Estado, a través del Consejo Superior de Política Criminal.    (7) La Dirección
de la Cárcel Modelo de Bogotá deberá informar al juez de primera instancia, a
esta Sala de Revisión y a la Defensoría del Pueblo, dos meses después de
notificada la presente sentencia, acerca de cuál es el estado concreto y
específico en que se encuentran los accionantes y mostrara que sus condiciones
materiales ya no son irrespetuosas de su dignidad y de sus derechos
fundamentales.  (8) Por último, la Sala reconocerá la competencia del juez de
primera instancia para hacer cumplir las órdenes relacionadas con la Cárcel
Modelo de Bogotá, pero se reserva el derecho de asumir excepcionalmente la
competencia para verificar el cumplimiento de alguna de las órdenes impartidas.
9.2.4. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, ‘Bellavista’
(Expediente T-3645480)
9.2.4.1. Acción de tutela y solicitud.
El veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), Víctor
Alonso Vera, un recluso que por las condiciones de hacinamiento debe dormir en
un baño, al lado de la basura, donde hay malos olores y condiciones higiénicas
inadecuadas, interpuso acción de tutela en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
Director Regional Noroeste del INPEC y contra el Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, ‘Bellavista’, solicitando el
amparo de sus derechos a la vida, la salud y la integridad física y mental.[753] El
accionante relató que muchos de sus compañeros de cárcel están en condiciones
similares a las suyas, condiciones ‘infrahumanas’. No obstante, sostuvo,
sólo se les han hecho promesas.[754]
Alegó que es imposible estar reclamando todo el tiempo, a nombre propio y el
de sus compañeros, sus derechos fundamentales claramente violados. Pero indica
lo que reclaman: “[…] útiles de aseo personal, espumas, arreglos de goteras,
pintura, reparación de las instalaciones físicas del patio [que] deterioradas
se encuentran por la desatención del Estado y los administradores, que se han
hecho los de los oídos sordos; se requieren televisores en los pasillos, y más
medios de ocupación en los patios […] en asuntos educativos y laborales,
[…]”; “[…] solicitamos clasificación de internos entre paramilitares,
guerrilla y presos sociales; ello contribuye a la totalidad de pacificación […]”.
El accionante aseguró que los jueces de tutela ya han ordenado algo similar en
cuanto a la clasificación de presos con ocasión de la cárcel Modelo de Bogotá,
por lo que pidió a los jueces que se enteren de la existencia de dicha decisión
judicial, para que la puedan aplicar para la Cárcel de Bellavista. Pero no ha
sido este el único asunto ventilado judicialmente. El accionante, el señor Vera,
señaló que los reclusos han manifestado sus reclamos ante varias
administraciones carcelarias, pero la solución ha sido siempre insuficiente y
la misma: traslados.[755]
Finalmente, resalta esta Sala de Revisión que en su acción de tutela, el señor Vera
solicitó que no se tomaran represalias en su contra o de sus compañeros por
haber solicitado la protección de sus derechos. Dijo expresamente: “[…] solicito
no tomen represalias con ningún interno por toda esta documentación de tutela;
acudo a la buena fe de los magistrados y de los mismos funcionarios accionados […]”.
El accionante solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a los que hizo alusión y los de los demás internos recluidos en
los pasillos ‘inglaterra’, ‘mayami’ y ‘usa’, patio N°8,
plantas 1 y 2 y ordenar que sean protegidas su vida, su salud e integridad
física y moral. Solicita que se ordene al Gobierno Nacional tomar las medidas
necesarias para arreglar la planta física del centro en que se encuentra
recluido, destinando para ello los recursos que se requieran.
9.2.4.2. Respuestas institucionales y judiciales
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín vinculó al
proceso al Director Nacional y al Director Regional del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC; al Director Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Bellavista, Bello, Antioquia; al Director de la Unidad Permanente de
Derechos Humanos de la Personería de Medellín; al Defensor del Pueblo; al
Procurador General de la Nación; a la Presidencia de la República; al
Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio del Interior.
9.2.4.2.1. Respuestas institucionales: (1) Presidencia
de la República. Mediante apoderada, se le solicitó al juez de tutela que la
Presidencia fuera desvinculada, por ‘falta de legitimación en la causa por
pasiva’. A su parecer, son otras las autoridades llamadas a resolver y
atender las solicitudes presentados por los accionantes.[756]  (2) Ministerio de
Justicia y del Derecho. La Directora de Política Criminal del Ministerio de
Justicia y del Derecho, participó en el proceso de la referencia en el mismo
sentido que la Presidencia, para solicitar que se desvincule al Ministerio por
falta de legitimación en la causa por pasiva.[757]  (3) Dirección Regional
Noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. La Dirección
regional del INPEC respondió en el mismo sentido.[758] Para la Dirección, las
soluciones requeridas no son asuntos de competencia de su oficina.[759]  (4)
Procuraduría General de la Nación. Mediante apoderada, indicó que esa
institución no ha violado los derechos del accionante, por cuanto  (i) no hay
quejas de Víctor Alonso Vera en la Coordinación del Grupo de derechos humanos
de Antioquía;  (ii) por  haber expedido la Directiva 017 del 15 de diciembre de
2011 [Directrices para la protección de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad],[760]
y  (iii) por “las múltiples atenciones que en materia carcelaria se han
atendido en la Procuraduría Regional de Antioquia, en lo que va corrido del
presente año [2012]”.[761]
(5) Cárcel Bellavista de Medellín. Finalmente, el Director de la Cárcel
Bellavista de Medellín solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de la
Ciudad, que se declare la nulidad de lo actuado, por falta de
integración del contradictorio por pasiva, y si no, que se desvincule del
proceso de acción de tutela al Director de la Cárcel Bellavista.[762]
Solicitó además, que se ‘declare la temeridad’ en contra del actor de la
presente y en contra del interno Marín David Alonso por haberse interpuesto la
misma acción ante los Juzgados 1° Penal del Circuito de Medellín, Segundo de
Penas del Circuito de Bello, y al Tribunal Superior de Medellín, y en
consecuencia, se decida desfavorablemente la acción.[763] El Director del
Establecimiento, sin embargo, dio cuenta a la Sala del Tribunal de la grave
situación de hacinamiento que existe en la Cárcel, al remitirle copia de una
comunicación que, en calidad de Director, le había enviado el 4 de mayo de 2011
al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, en la que se refirió al
asunto.[764]
9.2.4.2.2. Respuesta judicial: El nueve (9) de agosto
de dos mil doce (2012), la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín, resolvió tutelar el derecho a la dignidad del señor Víctor
Alonso Vera.[765]
Para la Sala del Tribunal, vistos los hechos alegados –nunca negados por las
entidades vinculadas al proceso, y en cambio sí reconocidos por estas–, […] en
entender [del Tribunal] ninguna duda surge respecto a las condiciones
infrahumanas en que se encuentra preso el accionante.  ||  Así pues,
ineludible resulta aceptar que al señor Víctor Alonso Vera, se le está
vulnerando el derecho fundamental a la dignidad humana, lo que fue aceptado
tácitamente en los pronunciamientos expuestos por los demandados, quienes se
limitaron a argüir incompetencia frente al fenómeno he hacinamiento que aqueja
al accionante, pero cuidándose de referir directamente a la situación de
miseria que está viviendo el sentenciado y las constantes molestias que debe
soportar en el baño donde debe dormir; en fin, nada se planteó al respecto
tendiente a corroborar o desmentir las afirmaciones del actor, y mientras tanto
se continúa con la vulneración de su derecho fundamental a la dignidad humana.”
Indicó el Tribunal que si bien desde la sentencia T-153 de 1998 constató un
estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia, ésta se mantiene,
como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sentencia de veintisiete (27)
de marzo de dos mil doce (2012).  En consecuencia, ordenó que en el plazo
improrrogable de un (1) mes, de conformidad con sus competencias, definan un
plan de trabajo a fin de que, en el plazo perentorio de dos (2) años, en caso
de remodelaciones o ampliaciones, o de tres (3), si se trata de obra nueva,
amplíen el cupo penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario, Bellavista –EPMSC– y reubiquen al accionante en estos
nuevos espacios, según las consideraciones expuestas en esta decisión. Mientras
dicha solución se materializa, el señor Director Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario, Bellavista –EPMSC– le brindará condiciones
dignas de internación al señor accionante. No obstante, aclaró el Tribunal
Superior que las soluciones estructurales no pueden dar lugar a que no se tome
una medida de protección individual, por eso dijo que “[…] mientras dicha
solución definitiva se materializa, es necesario que al interno Víctor Alonso
Vera se le modifiquen las condiciones de reclusión, para lo cual se dispondrá
que el señor Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario ‘Bellavista’ –EPMSC– de inmediato brinde condiciones dignas de
internamiento.”
9.2.4.3. Decisiones judiciales en torno a la Cárcel
Bellavista de Medellín.
Es de público conocimiento, al igual que ocurre con la
Cárcel Modelo de Bogotá, que en este Establecimiento penitenciario y
carcelario, existe un estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente. La decisión judicial más conocida con relación a la Cárcel Modelo de
Bellavista, sin duda, es la que adoptó la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, en la cual se ordenó a la Cárcel abstenerse de recibir internos
nuevos o trasladados, hasta tanto se hayan ejecutado los planes de mejoramiento
carcelario. La decisión, que había sido tomada inicialmente en marzo de dos mil
trece (2013), se adoptó nuevamente el diecisiete (17) de junio de dos mil trece
(2013).[766]
A partir del momento en que se alcance el 0% de hacinamiento y se adecuen los
graves problemas existentes en la estructura, dispuso la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, podrán ingresar más personas.[767] El Tribunal Superior de
Medellín adoptó una serie de órdenes de carácter general y amplio para poder
enfrentar la grave situación que encontró en la Cárcel Bellavista,[768] en
cuanto al hacinamiento[769]
y a los problemas que enfrenta el sistema de salud.[770] A este aspecto se
prestó especial interés, teniendo en cuenta el mal estado de CAPRECOM y de la
institución prestadora de salud (La Clínica del Norte).[771] De hecho, advirtiendo
las muertes que habían ocurrido en de personas privadas de la libertad a causa
de la falta de atención médica, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín remitió copias a la Fiscalía para que tomará cartas en el asunto.[772]
Además, tomó algunas decisiones concretas en relación a la salud de una de las
personas recluidas en la Cárcel. La sentencia se refirió al derecho de libertad
y al recurrente problema de la falta de separación de sindicados y condenados.[773]
Esto, además de otras órdenes y medidas puntuales, orientadas a garantizar el
cumplimiento de todo lo dispuesto.
9.2.4.4. Decisión y órdenes
9.2.4.4.1. La Sala considera que el estado de cosas de la
Cárcel Bellavista de Medellín es contrario al orden constitucional vigente, de
forma clara y evidente. Para el accionante, así como para otras personas en la
misma condición de privación de la libertad en ese establecimiento de
reclusión, se le está violando y amenazando continuamente su dignidad y muchos
otros de sus derechos fundamentales. Concretamente, sus derechos a la vida, a
la integridad personal, a la salud, a un ambiente higiénico y salubre, a
utensilios básicos para subsistir, como los elementos necesarios para dormir.
9.2.4.4.2. Buena parte de la amenaza a los derechos de las
personas privadas de la libertad, proviene del deterioro de la edificación y
las instalaciones de la Constitución. Toda la infraestructura, deteriorada como
es natural por el paso del tiempo, se encuentra en peores condiciones, debido a
las condiciones de hacinamiento. Como se indicó, el accionante estaba obligado
a dormir junto al baño, en condiciones indeseables para cualquier ser humano.
Por eso, el accionante sostiene que él y muchos de sus compañeros de cárcel,
están en condiciones similares a las suyas, condiciones ‘infrahumanas’. La
falta de medidas básicas como separar a los guerrilleros de los paramilitares,
que generan violencia y ponen en riesgo los derechos de las personas recluidas,
siguen sin ser adoptadas correctamente, a pesar de ser una situación que una
decisión judicial previa ha ordenado corregir.  En esta ocasión, como en las
anteriores, las autoridades carcelarias consideraron que no tenían ninguna
responsabilidad concreta o específica en este caso. La Presidencia de la
República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
Director Regional Noroeste del INPEC y el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, ‘Bellavista’, todos alegaron que
los problemas existentes, cuya gravedad fue reconocida por algunas de las
autoridades, no eran su responsabilidad sino de alguna otra.
No tiene sentido alguno pretender culpar de temeridad a las
personas privadas de la libertad en la cárcel Bellavista por haber acudido en
varias ocasiones a recursos judiciales, para hacer valer sus derechos. Entre
otras razones, no tendría sentido sancionar a una persona por un hecho que no
es oculto y que es una razón para presentar su reclamo. Es decir, el accionante
nunca pretendió negar que él, o sus compañeros hayan dejado de usar otros
medidos de defensa judicial para solicitar que se tutelen sus derechos. Por el
contrario, a su juicio, es precisamente el haber reiterado una y otra vez sus
peticiones, lo que demuestra que se requiere una intervención eficaz e
importante. Sostuvo el accionante que es imposible estar reclamando todo el
tiempo, a nombre propio y el de sus compañeros, sus derechos fundamentales
claramente violados. El que las personas privadas de la libertad deban recurrir
a recursos judiciales colectivos e individuales, una y otra vez, es una de las
pruebas del estado de cosas contrario a la Constitución al que son sometidas,
no una prueba de su temeridad o de su mala fe. Lo temerario es pretender dejar
a las personas privadas de la libertad, en condiciones indignas, inhumanas,
crueles y degradantes, sin la posibilidad de insistir en que se cumplan los
reclamos y promesas desatendidas una y otras vez.[774]
Entiende la Sala por qué el accionante solicitó
explícitamente en su acción de tutela, que se adoptaran medidas para evitar que
se tomen represalias en su contra o de sus compañeros por haber solicitado la
protección de sus derechos. En tal medida, ordenará a la Cárcel y al INPEC que
adopten las medidas de protección que correspondan, indicándole a la Defensoría
del Pueblo que tome las medidas adecuadas y necesarias para verificar el
cumplimiento de esta medida. El avance en el cumplimiento deberá ser informado
por la Defensoría del Pueblo al juez de primera instancia y a esta Sala de
Revisión.
9.2.4.4.3. Teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores se impartirán las siguientes órdenes concretas:
Se confirma la decisión de la Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín del nueve (9) de agosto de dos
mil doce (2012), mediante la cual se resolvió tutelar los derechos
fundamentales del accionante a su dignidad, a su salud y a no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos o degradantes. (1) Se reiteran las órdenes impartidas
por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, en el
sentido de  tomar medidas para ampliar el espacio con que cuenta la Cárcel, y  tomar
medidas de protección concreta para el accionante, pero en los siguientes términos:
El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Justicia, el INPEC y el
Director de la Cárcel Bellavista de Medellín, si aún no lo han hecho,
deberán implementar a partir de las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, todas las medidas adecuadas y necesarias tendientes a
garantizar a los reclusos de dicho penal unas condiciones de subsistencia
dignas y humanas. Si aún no se ha hecho, las entidades aludidas deberán tomar
las medidas adecuadas y necesarias para asegurar:  [i] que el servicio médico esté
disponible en el momento que se necesite cuente con medicinas, equipos y
personal idóneos para los requerimientos de la población carcelaria.  [ii] El
servicio de aseo e higiene de las instalaciones debe ampliarse en procura de
evitar enfermedades, contagios e infecciones a causa de las plagas que la
suciedad genera.  [iii] En relación con las camas y las celdas deberán por lo
menos entregar a cada preso, especialmente a quienes no tienen celda para su
descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un
mejor descanso en un espacio adecuado para ese propósito.  [iv] Igualmente,
deberá acoger las recomendaciones que hayan formulado, o que formulen en un
futuro, las autoridades de control y vigilancia, en especial la Secretaria de
Salud Municipal, la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría
General de la Nación.  [v] Y si no se han hecho aún las reformas locativas,
están deberán iniciarse de manera inmediata para superar los graves problemas
de estructura.   (2) Si en cumplimiento de las órdenes que fueron impartidas,
no se han desarrollado planes de choque y de emergencia que aseguren los
contenidos mínimos más básicos, estos deberán ser adoptados dentro de las  cuarenta
y ocho (48) horas siguientes. Estos planes de emergencia se ordenarán en los
mismos términos que en el caso anterior, contra la Cárcel Nacional Modelo.
También (3) se autorizará que se apliquen de manera inmediata las reglas de equilibrio
decreciente y de equilibrio, teniendo en cuenta a la Cárcel se le
han impartido órdenes de cierre parcial estricto; (4) se ordenará que se revise
las condiciones de salud del accionante y de las personas que se encontraban
recluidas cerca a éste;  (5) que se creen e implementen brigadas jurídicas;
(6) que se cierre definitivamente, en caso de no ser posible repararla y
arreglarla; (7) que se suministre información de si debe ser cerrada;  (8) que se
haga un pronunciamiento con relación al cumplimiento y  (9) se ordenará que se
tomen medidas adecuadas y necesarias para proteger al accionante que presentó
esta acción de tutela.
9.2.5. Acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, ‘San
Isidro’ (Expedientes T-375561, T-3759881, T-3759882)
Tres de las acciones de tutela acumuladas para ser
resueltas mediante la presente sentencia se dirigieron contra la Cárcel San
Isidro de Popayán y demás autoridades carcelarias correspondientes. En los tres
casos se niegan las solicitudes de tutela presentadas, por considerar que se
trata de un asunto estructural el que origina el malestar de los accionantes y
que, por tanto, no les corresponde a los jueces de tutela resolverlas.
9.2.5.1. Expedientes[775]
Expediente T-375561. El  cinco (5) de septiembre de dos
mil doce (2012), el señor Luis Enrique Leal Sosa presentó acción de tutela
en contra del “[…] Ministerio de Justicia, el Congreso de la República, los
jueces de ejecución de penas de Popayán, el Concejo de Disciplina, la Oficina
Jurídica del EPCAMS de Popayán [San Isidro]”, por considerar que estas
entidades le vulneran el derecho al mínimo vital, el núcleo familiar, el
respeto a las normas consagradas a su favor: el principio de favorabilidad, la
presunción de inocencia y la libertad individual.[776] La acción fue tramitada
por el Tribunal Superior de Popayán.[777]
Se alega estar sometido a una situación de hacinamiento grave y de violación
sistemática de sus derechos fundamentales.[778]
El accionante cuestiona la posibilidad que tienen algunos delincuentes que
afectan de manera grave a la sociedad, el derecho a tener beneficios para su
libertad, que les evitan el deber legar de estar pagando la pena en un
establecimiento que implica la violación de su dignidad humana, a la vez que
otros actos delictuales de menor daño social (como la venta de ‘mercancía
pirata’ ––música en cd o ropa con marcas ajenas) no tienen la
posibilidad de detención domiciliaria.[779]
Para el señor Leal Sosa el hacinamiento es un problema
estatal al que se somete a las personas de manera discriminatoria, pues no todas
las personas son sometidas, por igual a las violaciones a los derechos a la
dignidad humana. Para el accionante, las violaciones sufridas deben ser
resueltas de manera estructural; no existe una simple acción u orden que
permita superar las condiciones que violan los derechos fundamentales de manera
abierta y total en el sistema penitenciario en la actualidad. Se cuestiona
especialmente la lentitud de las actuaciones de la Administración. De hecho, resalta
que “[…] el INPEC ha protestado por el hacinamiento ante el Ministerio de
Justicia, concretamente el día 12 de (07) julio de 2012, apoyado por varias
regionales, como lo reportaron los medios de comunicación.”
Expediente T-3759881. El  veintiocho (28) de
septiembre de  dos mil doce (2012), el señor Omar Rolando Herrera
Nastacuas presentó acción de tutela similar a la anterior, reclamando del juez,
tomar las mismas medidas en contra de las mismas autoridades, por violar
iguales derechos fundamentales alegados.[780]
Esto es, se presentó la acción contra del “[…] Ministerio de Justicia, el
Congreso de la República, los jueces de ejecución de penas de Popayán, el
Concejo de Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San
Isidro]”, por considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo
vital, el núcleo familiar, el respeto a las normas consagradas a su favor: el
principio de favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad
individual.[781]
La acción fue tramitada por el Tribunal Superior de Popayán.[782] El texto de la tutela
fue escrito con una letra distinta a la de la acción de tutela anterior, pero
su contenido es prácticamente el mismo.[783]
Expediente T-3759882. La tercera y última de las
acciones de tutela en contra de la Cárcel San Isidro de Popayán, la presentó el
dos (2) de octubre de dos mil doce (2012), el señor Jhon Jairo Cifuentes
U.L. Al igual que las dos anteriores, se reclama del juez, tomar las mismas
medidas en contra de las mismas autoridades, por violar los derechos
fundamentales alegados.[784]
Esto es, se presentó la acción contra del “[…] Ministerio de Justicia, el
Congreso de la República, los jueces de ejecución de penas de Popayán, el
Concejo de Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San
Isidro]”, por considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo
vital, el núcleo familiar, el respeto a las normas consagradas a su favor el
principio de favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad
individual.[785]
La acción, tramitada por el Tribunal Superior de Popayán,[786] fue escrita con una
letra distinta a la de la tutela anterior, pero su contenido es prácticamente
el mismo.[787]
9.2.5.2. Respuestas institucionales
Los jueces de primera instancia convocaron a varias
autoridades a participar dentro de los procesos. Así a los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; al Representante legal del Consejo
Disciplinario EPCAMS San Isidro; al Fiscal General de la Nación; al Ministerio
de Justicia y del Derecho y al Congreso de la República de Colombia.
Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Los jueces que participaron se dividieron en dos grupos. Aquellos que no tenían
relación con ninguno de los tres casos en cuestión, y aquellos que sí. Entre
los primeros jueces, sin embargo, algunos aprovecharon la oportunidad para
decir que si bien no conocían el caso concreto del que se trataba, sí tenían
información acerca de la veracidad de las afirmaciones de los accionantes
acerca de las condiciones en la Cárcel San Isidro de Popayán. Por ejemplo, el Juez
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, Daniel
Fernando Salazar Montenegro, solicitó ser desvinculado del proceso, por no
ocuparse de vigilar el caso del accionante,  Sin embargo, consideró que todo lo
dicho por éste es cierto.  El segundo grupo de jueces, los encargados de los
procesos concretos dijeron: el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, participó en el proceso para indicar que él es el juez
que vigila el proceso del primero de los accionantes (Expediente T-375561),
pero que no ha violado derecho alguno, por cuanto éste no ha radicado petición
o solicitud alguna sobre las cuestiones ventiladas en la acción de tutela.[788] En
todo caso, el Juez indicó que no tiene competencia para tomar las medidas
solicitadas por el accionante en relación a las condiciones de reclusión,[789]
reconoció que son inhumanas, tal como se le ha indicado al Director del INPEC
para que se tomen las medidas correspondientes.[790] El Juez Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Héctor Martín Rodríguez, competente
de la vigilancia de la segunda acción de tutela (Expediente T-3759881),
solicitó que se declare que ese Juzgado no ha violado los derechos del
accionante.[791]
El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Héctor Martín
Rodríguez, competente de la vigilancia del caso del señor Jhon Jairo Cifuentes
U.L., solicitó que se declare que ese Juzgado no ha violado los derechos del
accionante.[792]
Dirección de la Cárcel San Isidro de Popayán. El
Director de la Cárcel, TC (r) Gonzalo Alberto Barriga Flechas, participo en el
proceso de la referencia para solicitar ‘desvincular a esta dirección’
puesto que “la problemática del estado inconstitucional en las cárceles de
Colombia no es a causa de las direcciones locales de los establecimientos
carcelarios, para este caso Popayán. Esta situación trasciende a políticas del
Estado.”[793]
Con relación al centro carcelario, el Director del mismo dijo,
“De la lectura de los hechos que
motivaron la presente acción de tutela se puede concluir que el hacinamiento
dentro de este establecimiento carcelario es la consecuencia primordial a la
violación de derechos fundamentales. […].” [794]
A su parecer, el aumento constante de personas privadas de
la libertad, más allá de la capacidad del Establecimiento, está claramente
ligado a la política criminal actual. Dijo al respecto,
“[…] los cambios introducidos en
la política criminal y carcelaria, han hecho que el aumento de personas
privadas de la libertad sea grande.  ||  El aumento de personas recluidas en
este establecimiento al igual que en todos los del orden nacional ha sido
vertiginoso, por lo que el crecimiento de la población penitenciaria y
carcelaria ha sido mayor que el de la capacidad del Sistema Penitenciario en su
totalidad. Esta situación explica en gran medida la alta tasa de hacinamiento
que actualmente existe en el INPEC.”
El Director de la Cárcel intervino en los otros dos
procesos de acción de tutela acumulados contra la Cárcel de San Isidro de
Popayán, solicitó que se desvinculara al establecimiento de la acción de
tutela, por cuanto el origen del problema reclamado por los accionantes, es un
asunto estructural que supera las competencias de esa Dirección.[795]
Congreso de la República. Secretario General del
Congreso de la República, Gregorio Eljach Pacheco, solicitó al Tribunal
Superior de Popayán que declare la ausencia de responsabilidad del Congreso en
los hechos u omisiones que vulneran y amenazan los derechos fundamentales del
accionante.[796]
En el segundo de los procesos de acción de tutela [Expediente T-3759881]
se presentaron las mismas razones.[797]
No obstante, en esta ocasión, se consideró que ni siquiera hay claridad sobre
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.[798]
Adicionalmente, se hizo una segunda intervención, a través de la Jefe de la
División Jurídica, Astrid Salamanca Rahin.[799]
En el mismo sentido de la intervención anterior, indicó que el poder
legislativo no había violado puntualmente el derecho del accionante y que, en
cualquier caso, el Congreso ha cumplido cabalmente con lo que respecta a su
deber de regular la materia carcelaria y penitencia. A su juicio, la crisis existente
es, básicamente, un asunto que compete a las instancias correspondientes del
poder ejecutivo. El Congreso, se alegó, ha legislado como le corresponde. En la
tercera y última de estas acciones, se repitieron las dos participaciones del
Congreso de la República en los mismos términos que se habían presentado.[800]
Fiscalía General de la Nación. Directora del
Grupo de Gestión, Seguimiento y Evaluación Estratégica de la Dirección Nacional
de Fiscalías, participó en el proceso de acción de tutela, para indicar que los
reclamos se refieren a competencias del Ministerio de Justicia y del Derechos
demás entidades administrativas y para reiterar al Tribunal Superior de Popayán
que los parámetros legales promueven la libertad y que las medidas de seguridad
deben ser excepcionales.[801]
En los otros dos procesos de acción de tutela acumulados contra la Cárcel San
Isidro de Medellín se pronunció la Fiscalía en los mismos términos.[802]
Ministerio de Justicia y del Derecho. El
Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del
Derecho, Alejandro Gómez Jaramillo, participó en el proceso de tutela, para
solicitar ‘denegar’ la acción de tutela en lo que respecta al Ministerio, por “la
falta de legitimación en la causa por pasiva.”[803] Indicó que el INPEC,
órgano encargado, es autónomo y responsable para resolver los asuntos
solicitados por los accionantes.[804]
No obstante, luego de indicar que el Ministerio de Justicia y del Derecho es
una entidad que no tiene competencia para tomar las medidas de protección
solicitadas, la Dirección de Política Criminal del Ministerio, señaló que esta
cartera sí ha tomado acciones con relación a la problemática estructural en las
penitenciarías y cárceles del país.
Las medidas que se piensa adoptar, se presentaron en tres
(3) grupos distintos: medidas de corto, de mediano y de largo plazo. En los
primeros informes se dieron términos y plazos para el cumplimiento de las
medidas. Así, las de corto plazo, son para ser implementadas en los siguientes
doce (12) meses, las de mediano plazo antes de dos (2) años, y las de largo
plazo, cuya ejecución es mayor de dos (2) años.
En el corto plazo, el Ministerio propuso ocho
medidas concretas.  (1) Brigadas jurídicas, de estudiantes de
consultorio jurídico de Universidades que quieran colaborar, para lo cual se ha
buscado realizar esta labor en coordinación con los respectivos jueces de ejecución
de penas y medidas de seguridad, estimulando a la vez que se den los beneficios
legales establecidos que sean solicitados a la mayor brevedad posible.  (2) Redistribución
de la población condenada, remitiendo de los establecimientos con altos
niveles de hacinamiento, hacia los establecimientos con bajos niveles de
hacinamiento o con cupos disponibles. Se propone un nivel generalizado de
hacinamiento, pero igual a todos, de 48%.  (3) Gestión de beneficios de
libertad, en especial para personas que requiere una especial protección
del Estado (tercera edad, madres y padres cabeza de familia, enfermos
terminales, y pacientes siquiátricos) y mediante el uso de tecnologías que lo
permitan.  (4) Censo carcelario. El Ministerio ‘coordinará’ con el INPEC
la realización de un censo que permita identificar la población reclusa en el
país.  (5) Propuesta de creación de una Comisión de Seguimiento al Sistema
Penitenciario y Carcelario, que rinda cuentas al Consejo Superior de
Política Criminal.  (6) Entrega de funciones administrativas a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, SPC. Se trata de una nueva entidad que,
a partir de enero de 2013 y con nuevo presupuesto, tomará todas las funciones
administrativas del Sistema, permitiendo así agilizar la prestación de los
bienes y servicios.  (7) Ampliación de la lista de elegibles de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, para aumentar la planta de la guardia.  (8)
Enfrenar los problemas de salud que existen el Sistema, para lo cual se
trabaja  (i) en un proyecto de Decreto para que una EPS distinta a CAPRECOM
pueda prestar el servicio y  (ii) un proyecto de Circular conjunta del
Ministerio y del INPEC, para que se adopten e implemente lineamientos generales
en materia de salud pública  [a mediano plazo, se dice, se busca la creación de
un sistema nacional de salud penitenciaria].
En el mediano plazo,
se propusieron tres (3) medidas distintas.  (1) El diseño de la política
criminal. Teniendo como base el informe de la Comisión Asesora para el
Diseño de la Política Criminal del Estado, el Ministerio advierte que está
trabajando en un documento Conpes que señale los derroteros de los que debe ser
una política criminal fundada empíricamente y enmarcada constitucionalmente.
Se busca fortalecer el papel del Consejo Superior de Política Criminal como
instancia de análisis de todos los proyectos de ley que en materia penal y
penitenciaría estén en curso en el Congreso de la República. El compromiso del
Ministerio de Justicia y del Derecho es hacer esta instancia mucho más
efectiva, razón por la cual se ha enviado a la Comisión para su estudio, todos
los proyectos de ley que actualmente son objeto de análisis por esta
Corporación legislativa.  (2) Modificación del Código Penitenciario y
Carcelario. El Ministerio informó que desde hace algún tiempo se viene
trabajando en una propuesta de código que haría una modificación sustancial al
actual y que establecería la libertad como principio fundamental y rasgo
característico. (3) Comisión Interinstitucional de Expertos para la revisión
del Código Penal y del Sistema Acusatorio.  Finalmente se propuso una
Comisión para diseñar e implementar una política criminal racional y coherente
que implica la racionalización de las penas y de los delitos y que busque
mecanismos para que el Sistema Penal Acusatorio mejore su capacidad de gestión.
En el largo plazo
se habló también de tres medidas concretas.  (1) Plan 20 mil. Un Plan
que busca ampliar el Sistema penitenciario y carcelario en un término de 4
años, en 20.000 cupos. Esto tendría un costo de $330 mil millones
aproximadamente.[805]
(2) Convenio CAF.  La Corporación Andina de Fomento ha celebrado un
convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho para el análisis
financiero de la construcción, por medio del sistema APP, de 26.000 nuevos
cupos.  (3)  Colonias Agrícolas.  Se espera construir seis nuevas
colonias agrícolas, una por cada regional, para la reclusión de los internos de
mínima seguridad. Cada colonia tendría capacidad para 1000 reclusos y su costo
es significativamente inferior al de un establecimiento normal. Sin embargo, es
una medida que sólo beneficiaría a la población de mínima seguridad y por ello
el efecto sobre el hacinamiento es menor.
La intervención advirtió que se
debe tener en cuenta el marco normativo, indicado en el Decreto ley 4150 de
2011 que escindió el INPEC y creó la Unidad de Servicios Penitenciarios como
una unidad administrativa especial con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho,
que tiene como objeto principal el suministro de bienes y servicios para los
centros de reclusión, así como todo lo referente al manejo de la
infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.  El
Ministerio insistió: “[la] citada Unidad está orientada a enfrentar
la problemática de los establecimientos de reclusión para garantizar el
bienestar de la población privada de la libertad.”
9.2.5.3. Decisiones judiciales de instancia
Las tres acciones de tutela fueron negadas por las mismas
razones, porque no se identificaron los daños concretos y específicos por parte
de los accionantes y por considerar que las soluciones son medidas que competen
a otras autoridades administrativas, no al juez de tutela.  (i) Expediente
T-375561. El 3 de octubre de 2012, la Sala Civil y Familia del
Tribunal Superior de Popayán, resolvió no tutelar los derechos
fundamentales a la dignidad humana y al no tarto cruel y degradante, invocado
por el señor Luis Enrique Leal Sosa.[806]
La Sala consideró que el accionante no había probado las afectaciones sufridas
individual y personalmente.[807]
Además, consideró que la jurisprudencia constitucional se pronunció con
relación a la cuestión (T-153 de 1998) y la ley ya estableció las autoridades
encargadas de atender la cuestión.[808]
(ii) Expediente T-3759881. El veinticuatro (24) de octubre de dos
mil doce (2012), la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Popayán
resolvió negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por Omar
Rolando Herrera Nastacuas, por considerar que el accionante nunca indicó como
la situación de la cárcel lo afecta de manera específica y porque no
particularizó ningún daño con respecto a los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad o la fiscalía que suponga una violación concreta.[809] No
obstante, el Tribunal sí reconoció la grave situación de hacinamiento y crisis
del sistema penitenciario y carcelario, y retoma lo dicho por la jurisprudencia
constitucional en la sentencia T-153 de 1998.[810]   (iii) Expediente
T-3759882. El  veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012),
la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Popayán resolvió negar
por improcedente la acción de tutela interpuesta por Jhon Jairo Cifuentes U.L.,
por las mismas razones que en el caso anterior, esto es, por considerar que el
accionante nunca indicó como la situación de la cárcel lo afecta de manera
específica y porque no particularizó ningún daño con respecto a los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad o la fiscalía que suponga una
violación concreta.[811]
Resaltó que “[…] el accionante se limita a destacar la precaria situación de
hacinamiento en todas las cárceles del país, sin preocuparse por concretar, en
su caso particular, las situaciones específicas que vulneren sus derechos
fundamentales de petición, dignidad humana, mínimo vital, núcleo familiar, la
libertad individual y la presunción de inocencia, cuya protección depreca.”
En esta ocasión, como en el caso anterior, el Tribunal sí reconoció la grave
situación de hacinamiento y crisis del sistema penitenciario y carcelario, y retomó
lo dicho por la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-153 de 1998.[812]
9.2.5.4. Decisión a tomar y órdenes a impartir
9.2.5.4.1. La Sala de Revisión, al igual que en los casos
anteriores, considera que se violan los derechos a la dignidad, integridad
personal, a la salud, a la libertad y al debido proceso, al estar sometidos a
un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente. Como lo señalan
todas las autoridades que participan dentro del proceso, es evidente y notoria
la situación de deterioro en el que se encuentran recluidos los accionantes. De
hecho, como se indicó previamente, el Tribunal Superior de Pasto, en el
contexto de otro proceso de acción de tutela previo, había visitado la cárcel,
constatado la situación de la misma, y había tutelado los derechos de las
personas recluidas en los cinco (5) establecimientos penitenciarios y
carcelarios de Nariño.[813]
9.2.5.4.2. También, al igual que se ha dicho en los casos
analizados previamente, la Sala de Revisión considera que un juez de tutela no
puede dejar de proteger derechos constitucionales que están siendo violados y
amenazados clara y evidentemente, porque hace década y media, a finales del
siglo pasado, una decisión judicial enfrentó una situación similar en algunos
aspectos, e impartió órdenes parecidas a las que se debería dar ahora. Más aún
cuando esta Sala de Revisión, en ejercicio del seguimiento al cumplimiento de
la orden de la sentencia T-153 de 1998 valoró que se había dado un nivel
adecuado de cumplimiento. Aunque, obviamente, los problemas no estaban
resueltos, el hecho de que la sentencia se hubiese concentrado en la necesidad
de superar el problema del hacinamiento y que el Estado hubiera desarrollado
importantes acciones en tal sentido, logrando reducir de forma significativa
los índices de sobrecupo, llevó a la Corte en su momento por cumplido aquel
proceso. En la medida que la constatación de un estado de cosas
inconstitucional en un área de la vida, como lo es el sistema penitenciario y
carcelario, no implica un permiso abierto y general para que el juez, cuando a
bien tenga, intervenga en las políticas públicas de aquel ámbito de la vida
social, no puede esta Sala reiniciar el cumplimiento de aquella decisión
judicial.
9.2.5.4.3. Las respuestas de las autoridades carcelarias son
igual de desalentadoras que en los casos. Todas (i) reconocen la grave
situación por la que atraviesa el Sistema, (ii) aseguran haber hecho su parte,
(iii) se señala a otro responsable y se solicita ser, por tanto, desvinculado
del proceso. Es decir, el marasmo administrativo al que se enfrentan las personas
privadas de la libertad, donde nadie es responsable de asegurar el goce
efectivo de sus derechos fundamentales. Deben resaltarse, sin embargo, las
participaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos,
presentando una serie de medidas. Los planes y programas presentados por el
Ministerio en los tres procesos de acción de tutela, no son una solución real y
efectiva a los problemas de los accionantes. Se trata de medidas de carácter
general y amplio, que se refieren a elementos de política pública, pero no se
refieren a medidas concretas y específicas de protección para los accionantes
da cada uno de los casos. Por ahora, baste decir esto con relación a estas
participaciones. Posteriormente, en el siguiente capítulo se regresará sobre
esta cuestión. Por lo tanto, para la Sala es necesario adoptar medidas
adicionales que representen una mayor protección al goce efectivo de los
derechos. En el presente caso se revocarán las decisiones de instancia y, en su
lugar se tutelarán los derechos fundamentales indicados. En consecuencia se
impartirán una serie de órdenes similares a las proferidas en contra de las
Cárceles la Modelo y Bellavista de Medellín.
9.2.6. Acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario de Barrancabermeja (Expediente T-3805761)
9.2.6.1. Acción de tutela y solicitud[814]
El veinte (20) de septiembre de dos mil doce (2012),
Cristian Gordon Chaparro, en su calidad de Defensor Regional del Magdalena
Medio, presentó acción de tutela en contra de la Dirección Nacional del
Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, Bogotá, del Ministerio de Justicia
y de CAPRECOM, por vulnerar los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana, a la privacidad, a la salud, a la integridad personal, a la intimidad,
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a un medio ambiente sano
y al deporte, de las personas que se encuentran recluidas en la cárcel de
Barrancabermeja, debido al grave problema de hacinamiento.[815]
9.2.6.1.1. Derechos invocados. La acción de tutela
invocó la protección de los siguientes derechos fundamentales: (i) Salud.
El primer problema al que se hizo referencia fue al servicio de salud y la mala
prestación por parte de CAPRECOM.[816]
El Establecimiento, indica la tutela carece de al menos una psicóloga.  (ii) Hacinamiento.
En segundo término, se hace referencia al hacinamiento, justamente, como uno de
los problemas graves que enfrenta el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja.[817] El
hacinamiento ha implicado condiciones climáticas extremas para las personas
recluidas allí,[818]
así como el aumento de la violencia y las agresiones.[819] El hacinamiento,
además, supone la violación a los derechos a la recreación y el deporte “[…]
por cuanto estas actividades deben realizarse en cada uno de los patios, […]
no existe en este penal un espacio adecuado para ello.”  Adicionalmente, la
violación del derecho a la intimidad y a la integridad personal, en tanto las visitas
íntimas no se garantizan en condiciones dignas.[820] (iii) Higiene y
salubridad. En la Cárcel de Barrancabermeja, como en las anteriores, según
informó el Defensor Regional del Magdalena Medio, las condiciones de
salubridad, en especial en los baños y el área de alimentación, constituyen una
amenaza y un atentado contra los derechos fundamentales de los internos.[821]  (iv)
El acceso a la justicia.  La atención jurídica a las personas privadas
de la libertad es también un asunto problemático en la cárcel de
Barrancabermeja, no cuenta con personal; solamente una abogada, como lo indica
la acción de tutela, que debe hacer todos los trámites (peticiones, tutelas,
solicitudes de libertad, etc.); además, no se cuenta con el espacio suficiente
para dialogar adecuadamente con los abogados.[822]  (v) Unidad Familiar.
Se cuestiona la garantía de acceso de las familias y personas allegadas a quienes
se encuentran privados de su libertad en algún centro de reclusión, pues “[el]
área de requisa es un cuarto aproximadamente de 3 x 2 metros cuadrados, con una
única silla de requisa, procedimiento que se torna excesivamente demorado,
teniendo en cuenta que ingresa un promedio de 1000 personas los días de visita.”
Estos reclamos se sustentaron además, con el dicho de las propias personas
privadas de la libertad, las cuales resaltaron las condiciones de hacinamiento
y de desprotección en materia de salud.[823]
(vi) Riesgo de afectación a los derechos de las mujeres. Se resaltó en
la acción de tutela que sistema penitenciario y carcelario de esta zona del
país, no cuenta con celdas para mujeres. Así, se indica que “[otra]
situación que vive [Barrancabermeja], es la falta de un establecimiento
o lugar de reclusión para albergar mujeres, toda vez que cuando una mujer es
privada de la libertad, debe acondicionársele en una celda ubicada en el nuevo
recinto del patio 3, mientras es remitida a la Penitenciaria de Bucaramanga.”
(vii) Derechos de la Guardia. Esta tutela tiene una
variación con relación a las demás. El Defensor Regional considera que los
derechos de la Guardia están igualmente violentados y amenazados por el estado
de cosas en que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario. Por ello,
se invoca la protección de los derechos fundamentales de estos funcionarios a
los que les corresponde cumplir tareas heroicas en condiciones de precariedad,
escasez y ausencia de políticas criminales y carcelarias coherentes. En tal
medida, se sugiere que antes que ser quienes violan los derechos de las
personas recluidas en prisión, muchos de los miembros de la Guardia son
personas que se encuentran en situaciones similares; afectados por el
hacinamiento creciente y la falta de políticas públicas adecuadas, coherentes y
sostenibles. La tutela alega, por tanto, que parte de los obstáculos y las
barreras que existen para poder asegurar el goce efectivo del derecho de las
personas recluidas, se encuentra en la desprotección de los derechos fundamentales
de la Guardia. Concretamente, las condiciones de hacinamiento y de indignidad
por tener que soportar, por ejemplo, condiciones climáticas extremas, y tener
que cumplir tan complejas y delicadas funciones con muy poco personal. El
número de funcionarios, se afirma, claramente no permite atender la demanda,
creciente y en condiciones de hacinamiento.[824]
9.2.6.1.2. Fundamentos y solicitud. La acción de
tutela fundó su reclamo en los derechos consagrados en la Constitución
Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ‘Protocolo de San Salvador’
Adicional a la Convención Americana, en el Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
presión, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y en la
jurisprudencia nacional. La acción de tutela aportó una denuncia pública
presentada por la Asociación Sindical Unitaria de Trabajadores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario, UTP, al Procurador Provincial, a la
Personera Municipal y al Defensor del Pueblo, para dar a conocer la grave
crisis que aqueja al Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja.[825]
Estas denuncias eran la forma de hacer notorias las
condiciones específicas de la crisis carcelaria, que el mismo Sindicato había
denunciado nacionalmente antes. El nueve (9) de julio de dos mil doce (2012),
el Presidente de Asociación y el Secretario General, denunciaron la crisis
carcelaria ante la opinión pública en razón al hacinamiento, a la prestación
del servicio de salud, a los problemas administrativos y ausencia de personal
suficiente. También los problemas para acceder a servicios adecuados de
trabajo, de estudio y enseñanza, y de mínima comunicación con sus seres
queridos. Dijeron entre otras cosas: “Se deja como constancia pública que es
el Gobierno Colombiano y la Dirección General del INPEC los responsables de
tomar las medidas inmediatas de solución contra el hacinamiento, la salud,
devolver al sistema la reinserción social, la implementación de medidas
alternas de privación de la libertad, el incremento de funcionarios del cuerpo
de custodia y vigilancia y de personal administrativo, […] tal y como lo
prevé la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, donde ya planteó
un estado de cosas inconstitucionales, para realmente cumplir con los fines de
la pena y permitirnos cumplir con la misión y visión institucional.  ||
Exigimos respeto y atención debida al sistema penitenciario y carcelario
colombiano, antes que ocurran desgracias, como las conocidas en sistemas como
Chile, Brasil, Honduras, Venezuela, donde lamentamos tantas muertes.”[826]  De
forma similar, la acción de tutela remitió el catorce (14) de septiembre de dos
mil doce (2012), copia del informe que el Comandante de Vigilancia del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Barrancabermeja, le envió a la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio, con
copia a la Procuraduría Provincial y a Asuntos Penitenciarios Bogotá, en el que
solicitó soluciones por parte del INPEC en Bogotá.  El informe reconoce el
hacinamiento,[827]
y las inadecuadas condiciones locativas del Establecimiento para asegurar su
cometido de mantener recluidas a las personas, pues es fácil impactar la
estructura para provocar un escape.[828]
Se advierte como el hacinamiento ha impactado la prestación del servicio de
Salud, ya deteriorado por la condición en que se encuentra CAPRECOM. Los
traslados no se conceden, así se soliciten. Finalmente advierte: “Veo que
día tras día siguen llegando internos y observo con preocupación que la
Dirección General del INPEC no nos quiere colaborar en deshacinar este
establecimiento y los problemas al interior del mismo, todos los días siguen
incrementándose y no tengo sitio donde alojar más internos para evitar
problemas graves entre ellos mismos y con eso evitarle a la institución y a
nosotros estar comprometidos en situaciones delicadas”[829].
En concreto, la acción de tutela del Defensor Regional del
Magdalena Medio presentó las siguientes peticiones,
“1. Tutelar el derecho a la salud
de los internos del establecimiento penitenciario de [Barrancabermeja]
conminando al INPEC y a CAPRECOM, para que den cumplimiento al Convenio
INPEC-CAPRECOM, en el sentido de que se contraten para el área de sanidad los
dos galenos, la aseadora y demás profesionales de la salud que se encuentren
obligados y que al fecha no ha contratado, en aras de garantizar y brindar a
los internos del penal un servicio de salud con calidad, oportuno y eficiente.
De igual manera, se requiera a CAPRECOM para que se suministre el stock mínimo
de medicamentos, al igual que los insumos de odontología necesario y se
autoricen las citas especializadas pendientes en el menor tiempo posible.  ||  2.
Tutelar el derecho a la vida en condiciones dignas, a un ambiente sano, al
derecho a la intimidad, a la privacidad, la salud, la integridad personal, a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al deporte y la recreación,
ordenando al Director Nacional del INPEC y al Ministerio del Interior y de
Justicia, tomar las medidas urgentes y necesarias, a efectos de deshacinar el
establecimiento penitenciario de Barrancabermeja.  ||  3. Se ordene al INPEC la
contratación de la planta de personal que se requiere en el área jurídica,
igualmente se contrate una sicóloga, una trabajadora social, necesarios para el
trámite de la clasificación en fase y una fisioterapeuta.”
9.2.6.2. Intervenciones (Expediente T-3805761).  El
trámite de la acción de tutela fue adelantado por el Tribunal Superior de
Bucaramanga, institución ante la cual se había tramitado previamente otra
acción similar con propósitos parecidos.[830]
Ministerio de justicia y del derecho. El dieciséis
(16) de octubre de dos mil doce (2012), el Ministerio de Justicia y del Derecho
intervino para solicitar que se niegue la acción de tutela y para que se
declare la falta de legitimación por pasiva.[831]
En esta oportunidad se reiteraron los planes trazados por el Ministerio de
Justicia y del Derecho para atender la crisis carcelaria. Se hizo referencia
(i) a las medidas de corto plazo,[832]
(ii) a las de mediano plazo, y  (iii) a las medidas de largo plazo.[833]
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC. El  diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012), el INPEC
intervino en el proceso de acción de tutela de la referencia por medio de la
Coordinadora del Grupo de Tutelas. Al igual que en los anteriores procesos, en
esta oportunidad, solicitó que se declare la falta de legitimidad en la causa
por pasiva, respecto del INPEC.[834]
A su parecer, “[el] fenómeno de hacinamiento en los centros de reclusión
Colombianos es una problemática estructural del Estado, una situación crónica y
crítica que ataca el sistema nacional penitenciario y carcelario y que no
compromete sólo a la Dirección General del INPEC entrar a resolver, dada no
sólo por el crecimiento de la población carcelaria, sino por la misma política
criminal existente.”[835]
Se consideró que la medida del traslado es insuficiente, puesto que no atiende
las verdaderas causas del problema. Así, el hacinamiento crece y crece. No
obstante, el INPEC en su intervención, sí demuestra tener fe en la ampliación
de cupos, que, a su juicio, resolverá el problema de hacinamiento y, en
consecuencia, el de la violación de los derechos de las personas privadas de la
libertad. Solicita que se cumpla lo establecido en el Decreto 1542 de 1997 y se
propenda por una defensa en los procesos de los internos, en la que predomine
el trámite oportuno de subrogados penales, medidas sustitutivas de las
detenciones o prisiones intramurales y libertades condicionales, lo cual
contribuiría a disminuir el índice de hacinamiento. Finalmente, con relación a
la salud, se indicó que la prestación del servicio de salud en el sistema
penitenciario y carcelario es un asunto que no compete directamente al INPEC.
No obstante, se hizo referencia las nuevas competencias de la recién creada
Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios, SPC, y a las medidas
estructurales que se están adelantando, en razón a la crítica situación del
servicio de salud intramuros.[836]
El INPEC también participó a través de la Directora Regional de Oriente, María
Alexandra García Forero, para solicitar que se declare la improcedencia de la
acción de tutela.[837]
Gobernación de Santander.  La Gobernación de
Santander participó en el proceso de acción de tutela, para solicitar que se
declare que la Gobernación no es responsable de las violaciones a los derechos
fundamentales de las personas recluidas en la cárcel de Barrancabermeja.[838] Se
hizo referencia, además, a las acciones realizadas, tales como apoyo a la
promoción de la salud, a la reparación y adecuación de centros carcelarios,
apoyo al trabajo comunitario y dotación de kits de aseo personal para apoyar la
promoción de salud.[839]
Dirección Regional del INPEC. La Directora
de la Regional Oriente, INPEC, intervino para solicitar que se declare que no
son competencias de esta dependencia las acciones que se requieren para
enfrentar la crisis carcelaria, sino la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelario –SPC–. Se adjuntó también una copia de una comunicación remitida por
dicha Directora Regional al Defensor del Pueblo Regional, en la que le indica,
el veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), “[…] que al
Establecimiento de Barrancabermeja se le ha trasladado un total de 32 internos
y se le tiene pendiente trasladar un total aproximado de cien (100) internos
más.”
Municipio de Barrancabermeja. El dieciocho (18)
de enero de dos mil trece (2013), el municipio de Barrancabermeja intervino
mediante apoderada en el proceso para indicar las propuestas que ha hecho con
relación a la crisis carcelaria, dejando en claro que sólo puede actuar en
coordinación y de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades competentes.[840] La
intervención hace una relación de los actos que la Administración Municipal
desde el diecisiete (17) de diciembre de dos mil cinco (2005) hasta el día de
hoy, para poder conseguir un terreno que se pueda destinar para la Cárcel.[841]
Dirección del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario, Barrancabermeja. La Directora,[842]
intervino en el proceso de acción de tutela. Solicitó que se declarara
improcedente la acción pública de tutela promovida por el Defensor Regional del
Pueblo, por cuanto “[…] el EPMSC-Barrancabermeja, adscrito al INPEC, no ha
vulnerado los derecho fundamentales de los internos de este reclusorio”.[843] La
intervención solicitó, en primer término, que  se considere la posibilidad de
rechazar la acción de tutela y advertir que se trata de una acción temeraria.[844] Se
adjuntó copia de la sentencia que resolvió la acción de tutela anterior por las
mismas razones y con base en los mismos hechos.[845]
Se refirió a las condiciones de la Cárcel, a las cuales hizo
alusión la acción de tutela que se presentó nuevamente, en caso de que se
considere pertinente su análisis. Para la Directora de la Cárcel de
Barrancabermeja, el hecho de que la acción de tutela no se refiera a un número
específico de internos en un determinado momento en cuanto al patio especial,
impide saber si en algún momento hubo o no hacinamiento.[846]  Los documentos
presentados por la Directora de la Cárcel muestran que el servicio de salud se
encontraba en graves condiciones, incluso en septiembre de dos mil doce (2012),
lo cual, claramente, afectaba el derecho fundamental de las personas recluidas
en ese Establecimiento.[847]
Pero, incluso ahora que ha mejorado, persisten problemas estructurales.[848]
Para la Directora de la Cárcel sí existieron problemas con la prestación del
servicio de salud, pero a su juicio eso es algo del pasado por cuanto el asunto
ya fue superado. En cuanto al deficiente stock de
medicamentos, dice que es cierto que es precario, pero que ello es así para que
no se pierdan por vencimiento; en todo caso, afirmó, se requieren pocos
medicamentos pues a su parecer la regla general en su cárcel ‘es el buen estado
de salud’.[849]
No obstante se reconoció que “[es] cierto que la falta de contratación de
una operaria para el aseo del área de la salud. De acuerdo al esquema de salud
de CAPRECOM, falta el suministro de una higienista oral y una auxiliar
administrativa”.  Indicó que se han atendido siete (7) casos de varicela,
pero que se han tomado las medidas de necesarias y adecuadas para atenderlos.
En relación con las condiciones de salubridad de la alimentación se consideró
que sí se encontraban las canecas tal como el accionante lo había señalado,
pero que tal situación cambió.[850]
Consideró que la acusación con relación a la UTE (Unidad de Tratamiento
Especial) era cierta cuando se presentó la primera acción de tutela, un (1) año
antes. Pero consideró que ahora era un acusación falsa, pues en razón a que
“[es] cierto que dichos cubículos no cuentan con baterías de baño internas […]
desde el año anterior no se recluye de manera permanente a ningún interno
allí […].”  Reconoció la escasez de inodoros, pero indicó que la situación
no es tan dramática, pues hay unos orinales que también se pueden usar las 24
horas.[851]
La Directora de la Cárcel de Barrancabermeja reconoció que
sí ocurre en ocasiones que la población de reclusos tenga que dormir a la
intemperie.[852]
También hizo relación a la cárcel que el Ministerio de Justicia proyecta
construir con una capacidad de 4500 internos, en el municipio de Sabana de
Torres, Santander. Para la Directora de la Cárcel la delincuencia no ha
aumentado sino disminuido, a su parecer el proceso de resocialización ha sido
exitoso, dado el nivel de desorden que antes se vivía en el Establecimiento.[853] Se
reconoció el limitado espacio para el deporte y la recreación, pero se indicó
que se tenían programas de gimnasia, campeonato de banquitas, de voleibol y de
microfútbol, además de varios juegos de mesa (cartas, parqués, dominó y damas
chinas). En cuanto a las visitas conyugales y el derecho a la intimidad se dijo
que “[…]  el interno se adapta a la limitación de los recursos con los que
administra [la Cárcel], pero por ello no se pierde la privacidad que echa de
menos el señor Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio.  ||  Sería
un anhelo […] propiciar que el interno mantuviera sus relaciones íntimas
con su pareja en sitios especiales, pero ello no es posible en este centro de
reclusión por múltiples factores, principalmente por el espacio físico
reducido, el galopante incremento de la población carcelaria de manera
desmesurada y por supuesto, las conocidas limitaciones presupuestales del
Estado; sin embargo, optimizando nuestros limitados recursos, propiciamos que
la esencia familiar se conserve a pesar de las restricción al derecho a la
locomoción del interno.” Por otra parte, para la Directora de la Cárcel, el
acervo probatorio tenido en cuenta por el Defensor del Pueblo es obsoleto.
Por último, la Directora reconoce que el espacio para los
abogados defensores es bastante pequeño y precario. No obstante indica que sí
existe, y que, en cualquier caso, su mejora podría implicar una violación a la
igualdad con aquellas personas que tienen un abogado contratado, caso en el que
no se exige reglamentariamente tener dicho espacio.[854] Respecto al estado
actual del lugar de reunión entre las personas internas y los defensores
públicos, la Directora de la Cárcel considera que si bien las condicione son
precarias, las da el Establecimiento de buena fe, a pesar de no tener la
obligación para hacerlo. Le extraña el reclamo del Defensor Regional.[855]
La Directora de la Cárcel también se refirió al problema de
la Guardia.  Pero negó las condiciones de hacinamiento y las de insuficiencia.[856]
9.2.6.3. Decisión judicial de instancia
El  veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió negar la tutela
invocada, por considerar que se trata de asuntos que escapan a las competencias
del juez de tutela.[857]
Esta decisión, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia el cinco (5) de
diciembre de dos mil doce (2012), y remitió el expediente a los Juzgados de
Circuitos.[858]
El veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), la Juez Tercera Penal del
Circuito de Bucaramanga resolvió declarar improcedente la acción de tutela
presentada por el Defensor Regional del Pueblo con ocasión de las violaciones a
los derechos fundamentales de las personas internas en la Cárcel de
Barrancabermeja, por considerar que es un asunto que no puede ser resuelto por
el juez de tutela.[859]
Dijo en su sentencia.
“[…] para el caso concreto se
encuentra que si bien el catálogo de problemas puesto de presente por el
accionante en el establecimiento carcelario de Barrancabermeja –y que no
difiere mucho del de los demás panópticos del país–, resulta a todas luces
escabroso, tanto por las cifras como por los registros fotográficos allegados;
lo cierto es que las nobles pretensiones del libelista no están llamadas a
prosperar por esta vía jurisdiccional, en la medida que para solucionar las
complicaciones del sitio de reclusión, esta sede de tutela debería disponer –si
bien no de forma expresa, más sí tácita– de la destinación de erario hacia el
sector penitenciario –entendido no sólo de las personas internas sino también
del personal de guardia–, convirtiéndose en determinador de la prevalencia de
una arista de la sociedad sobre las otras, es decir, anteponiendo la solución
de los asuntos carcelarios a los de otros sectores sociales, verbi gracia, al
educativo, al laboral, al de la población infantil, desplazados, damnificados,
madres cabeza de familia, discapacitados, etcétera.”
Esta sentencia no fue impugnada por la Defensoría Regional
del Pueblo, por lo que fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
9.2.6.4. Protección a los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de
Barrancabermeja
En esta sexta y última acción de tutela, nuevamente se
presentan los mismos patrones fácticos de los casos anteriores. Las autoridades
carcelarias y penitenciaras reconocen plenamente la situación en la que se
encuentra el Establecimiento. Reconocen la crisis y la afectación de los
derechos, pero consideran que no tienen ninguna responsabilidad en el caso
concreto y que, hasta el momento, han hecho lo que corresponde. Nuevamente,
como en los otros casos, la avalancha de reclamos judiciales, ante la
reiterada, constante y sistemática violación de los derechos fundamentales, no
es contemplada como la consecuencia necesaria de una situación que afecta a las
personas privadas de la libertad, es vista como una estrategia temeraria para
hacer valer derechos que ya fueron tutelados y protegidos previamente. En esta
oportunidad, sin embargo, no se trata de un número creciente de personas
recluidas que, poco a poco, a cuenta gotas recurren a la acción de tutela, tal
como ocurría justamente, en los anteriores procesos en contra de la Cárcel San
Isidro de Popayán. En esta oportunidad es el Defensor del Pueblo Regional
que, mediante diferentes recursos judiciales, ha tratado de presionar a la
administración carcelaria para que pueda cumplir con sus cometidos y no deje al
garete los derechos fundamentales que es su deber respetar, proteger y
garantizar.
El rosario de reclamos es también el usual: el derecho a la
salud, protección frente al hacinamiento creciente, resolver los problemas que
supone un ambiente insalubre y sin higiene, el acceso a la justicia libre de
barreras y obstáculos irrazonables y desproporcionados, la protección a la
unidad familiar y al riesgo de la afectación de los derechos. Pero en este
caso, además, se incluyó un reclamo en nombre de los derechos de la Guardia,
que en gran media comparten la suerte y el destino de las personas privadas de
la libertad. También advierte la Sala que en este caso, se tienen noticia de la
especial amenaza a las mujeres privadas de la libertad porque, precisamente no
existe un espacio diseñado para ellas. Tan sólo existe un Establecimiento
pensado y concebido para hombres, en el cual, deben acomodarse las mujeres.
Adicionalmente, se trata de un lugar que, por lo hacinado, conlleva aún más
riesgos.
Teniendo en cuenta las consideraciones previas e inmediatas,
se impartirán órdenes similares a las de los casos anteriores al
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja, incluyendo una protección
especial para la guardia y para las mujeres.
10. Órdenes
Las órdenes que imparta la Sala tienen un objetivo firme y
preciso: impedir que se mantenga un estado de cosas contrario a la Constitución
Política. Deben asegurar que se transforme el orden social injusto que ha
reinado impunemente en las cárceles y las penitenciarías de la República. Se
trata de órdenes complejas que suponen acciones y medidas por parte de las
autoridades carcelarias, teniendo en cuenta que las condiciones en que se
mantiene a las personas privadas de la libertad, afectan a buena parte de la
población carcelaria, en general, y de las personas recluidas en los
establecimientos que fueron objeto de las presentes tutelas, en particular. Las
ordenes complejas, como se ha mostrado a lo largo de la sentencia, no son
ajenas ni a la jurisprudencia constitucional vigente en Colombia ni en otras
latitudes. De hecho, la protección de las personas privadas de la libertad, es
uno de los casos en que los jueces avanzado en la protección de derechos.[860]
Son muchos los casos de la jurisprudencia constitucional que
se han citado a lo largo de la presente sentencia en los cuales se ha hecho
patente la necesidad de impartir remedios judiciales complejos, para resolver
complejas situaciones en las que, evidentemente, se está violando derechos
fundamentales, de forma grave. Se han dado órdenes para adecuar las condiciones
básicas de reclusión en establecimientos penitenciarios y carcelarios o de otro
estilo (como un comando  o estación de Policía).[861] Recientemente se han
dado órdenes estructurales para establecimientos penitenciarios y carcelarios,
protegiendo tanto las condiciones mínimas y básicas de las personas allí recluidas,
así como aspectos importantes y determinantes para los procesos de
resocialización, como las actividades artísticas y deportivas.[862]
10.1. Aspectos a ponderar por la Sala para impartir
órdenes para enfrentar el estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente
Para decidir qué órdenes impartir la Sala debe ponderar todos
los aspectos relevantes, evitando posiciones extremas que desconozcan alguno de
los valores constitucionales que está en juego y ha de ser protegido.[863]
10.1.1. De las decisiones judiciales que por han optado por
la no intervención judicial, la Sala retomará el respeto que éstas profesan por
las competencias propias de las instancias políticas y administrativas,
establecidas en democracia. Por eso, no se impartirán órdenes concretas y específicas,
pues se reconoce la legitimidad que proviene de la deliberación democrática o
de las capacidades técnicas, según sea el caso. La Sala indicará cuál es el
derecho fundamental vulnerado e indicará en términos constitucionales, cuál es
la regla constitucional específica que debe ser respetada; ordenará que se
adopten las medidas adecuadas y necesarias para superar los obstáculos y las
barreras al goce efectivo del derecho que esté siendo violado o amenazado, pero
se abstendrá de establecer y precisar cuestiones que deben obtener respuesta en
la deliberación democrática, fundada en la mejor evidencia que se pueda
obtener. No obstante, la Sala no dejará de tutelar los derechos invocados ni de
dar órdenes al respecto, porque, como se dijo, implicaría renunciar al deber
básico del juez de tutela de asegurar el goce efectivo de los derechos cuya
violación o amenaza constate. Se deben respetar las competencias
constitucionalmente establecidas, propiciando la colaboración armónica de las
ramas del poder público y la deliberación democrática con participación
ciudadana, pero sin llegar a dejar de tutelar los derechos fundamentales,
función básica de los jueces.
10.1.2. De las órdenes judiciales que han optado por disponer
que se adopten medidas de largo aliento que reformen el Sistema penitenciario y
carcelario actual, se retomarán al menos tres (3) elementos.  Por una parte, la
actuación del juez. Este tipo de respuestas se niegan a que el juez deje de
actuar y permanezca impávido ante la realidad que las pruebas del proceso
someten a su consideración. Segundo, reconoce la complejidad de las medidas a
implementar y la necesidad de diseño y planeación de las actuaciones. Las
facetas prestacionales no pueden ser una faceta que se logre de un momento a
otro. Tercero, permite al juez armonizar su labor con la perspectiva que debe
asumir la administración pública, estableciendo órdenes como la generación de
indicadores de goce efectivo del derecho. Es una forma de lograr el resultado
exigido judicialmente por la Constitución, en clave de políticas públicas.
10.1.3. El estado de cosas contrario a la Constitución
Política vigente de la política penitenciaria y carcelaria, conlleva, como lo
evidenciaron los intervinientes en el proceso, un ajuste de la política
criminal en general. El Sistema penitenciario y carcelario es tan sólo la
tercera fase de la política de criminalización (la ejecución de las penas
impuestas judicialmente, o el control de los sindicados que van a ser
enjuiciados), que depende en buena medida de sus fases de criminalización
previa (fases primaria y secundaria; esto es, la definición de la política
criminal y su implementación judicial y procesal). El problema que la Sala
constata es el uso excesivo y sobredimensionado de la política criminal, que
impone costos sociales y económicos irrazonables y desproporcionados sobre las
personas, sin que con ello se llegue a alcanzar los logros y cometidos
propuestos. En tal medida, las órdenes complejas deben ser sensibles a los
problemas de la política penitenciaria y carcelaria, específicamente, pero a la
vez, de los problemas más amplios de la política criminal en general. El Estado
colombiano no puede intentar la eterna reforma del Sistema penitenciario y
carcelario para que, a la vuelta de unos años, el país se encuentre en la misma
situación.
10.1.4. Pero la perspectiva amplia y general que evidencia
el estado de cosas inconstitucional en que se encuentra el Sistema
penitenciario y carcelario, no exime al juez de tutela de tomar medidas
concretas y precisas para proteger los derechos de las persona privada de la
libertad que interpuso la acción de tutela, así como la situación de su
comunidad específica, que se revela a través de la historia personal del
accionante. En otras palabras, la perspectiva de las políticas públicas,
permite al juez proteger los derechos desde una perspectiva amplia y de largo
aliento, buscando un estado de cosas acorde a la Constitución, que asegure el
goce efectivo de los derechos fundamentales de forma sostenible. Pero esto no permite
al juez de tutela dejar de lado la realidad que se le ha sometido a su
consideración. El juez de tutela, se insiste, debe adoptar remedios que
protejan los derechos concretos y específicos de las personas que interponen
las acciones de tutela, así como de sus comunidades inmediatas en que viven,
cuando se trata de condiciones violatorias que amenazan los derechos de todos,
no sólo de los accionantes. En tal sentido, la Sala impartirá órdenes con estos
dos propósitos. Las órdenes anunciadas (en el capítulo anterior) con relación a
cada uno de los casos, y órdenes de más largo aliento, que busquen remover los
obstáculos y las barreras al goce efectivo de los derechos de las personas
privadas de la libertad.
10.1.5. El juez de tutela debe impartir sus órdenes teniendo
en cuenta la finalidad y el propósito que se busca en cada caso concreto. En
cuanto a las medidas que buscan atender obligaciones urgentes e inmediatas,
protegiendo la dignidad humana de manera concreta y específica, el juez de
tutela debe actuar con celeridad, verificando que los resultados se
materialicen. En cuanto a las medidas complejas que buscan atender facetas
prestacionales de realización progresiva de un derecho fundamental, el juez de
tutela debe propender por alcanzar un estado de cosas en el que su intervención
no sea necesaria; esto es, grado de cumplimiento alto o medio, según lo ha
establecido la jurisprudencia constitucional y fue resaltado previamente en la
consideraciones de la presente sentencia. El juez de tutela debe establecer
medios (seguramente con la ayuda de auxiliares y amigos de la justicia) para
determinar cuál es el nivel de cumplimiento verificado, pues su respuesta debe
ser acorde a éste. El propósito del juez de tutela no es suplantar o adquirir
una suerte de papel de guía permanente de la Administración.  Sus órdenes deben
estar encaminadas a que las autoridades correspondientes dejen de omitir sus
funciones o de realizar acciones en contra de ellas; su éxito consistirá en que
las autoridades y actores sociales respectivos retomen la senda constitucional
y se encarguen de continuar con la labor de asegurar el goce efectivo de
facetas prestacionales de realización progresiva de un derecho fundamental.
Cuando un juez constata la violación o la amenaza a un derecho
fundamental y para removerla requiere impartir una orden compleja, no
corresponde al juez de tutela definir de manera precisa y detallada qué se debe
hacer. El juez de tutela debe impartir las órdenes que aseguren que la
autoridad competente en democracia tome las medidas de protección que
correspondan. No puede el juez sustituir a las autoridades competentes y tomar
las decisiones que a dichas autoridades les corresponden. Así lo ha establecido
la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, incluyendo, por supuesto,
la jurisprudencia sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
Por ejemplo, se ha revocado la orden de un juez de construir una cárcel en un
determinado municipio, para superar los problemas estructurales de la cárcel existente,
por considerar que se trataba de una invasión en competencias que no le están
dadas a los jueces de tutela (T-296 de 1998).[864]  En este caso, el juez
de instancia consideró que el Estado debe construir nuevos establecimientos
carcelarios, y que la sociedad debe comprometerse a aceptar esa decisión. Por
eso, a su juicio, el comportamiento de la población del municipio de Fusagasugá
no habían actuado acorde con la obligación social de colaborar con el Estado,
pues el INPEC había adquirido un inmueble con el único objetivo de edificar un
centro penitenciario, se había dispuesto una partida presupuestal importante
para ello, pero la comunidad se opuso a la construcción de una nueva cárcel. El
juez ordenó retomar el proyecto de obra dejado de lado, y agilizar su plan de
construcción. La Corte revocó la orden, devolviendo la competencia a las
autoridades respectivas, pero reiterando el plazo máximo para que las medidas
correspondientes fueran adoptadas. Dijo la Corte al respecto,
“[…] la construcción de una obra
pública es muy restringida, excepcional y la orden debe establecer un término
razonable, proporcionado, acorde con las exigencias legales y constitucionales
de disponibilidad presupuestal y ordenación del gasto. Es por ello que esta
Sala considera que el mandato impuesto por el juez de instancia en el asunto de
la referencia desconoce el proceso de asignación y disponibilidad presupuestal,
los términos requeridos para la adjudicación de contratos de obra pública y la
exigencia de un diseño de políticas a nivel macro para solucionar problemas de
hacinamiento de las cárceles. Por tal razón, esta Sala de Revisión reitera lo
expuesto en la sentencia T-153 de 1998, según la cual, si bien se admite que la
situación en las cárceles colombianas constituye un estado de cosas
inconstitucional, la solución involucra a ‘distintas ramas y órganos del
poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución
de este problema’, por lo que se impone la necesidad de elaborar un ‘plan
de construcciones y refacciones’, el cual ‘deberá ejecutarse en un
término máximo de 4 años’ a partir de la notificación de la sentencia en
cita.”[865]
10.1.6. Por supuesto, como se indicó previamente, todas las
medidas quedan abiertas al diálogo institucional, teniendo el juez la
posibilidad de ajustar sus órdenes, en la medida que se requiera y que con ello
se logre el goce efectivo de los derechos, y el cabal cumplimiento de la
decisión judicial que haya hecho tránsito a cosa juzgada. Estas modificaciones
que se pretendan solicitar al juez de tutela, en cualquier caso, deben
propender por una protección igual o mayor a la que la orden inicialmente
establecida ofrecía al derecho tutelado. El ajuste que pueda hacerse de una
orden, por supuesto, se aplicará de acuerdo con los estrictos parámetros
fijados por la jurisprudencia constitucional al respecto.
10.1.7. Finalmente, antes de presentar las órdenes que se
adoptarán en la presente sentencia, la Sala comentará brevemente las
actuaciones realizadas durante los últimos meses por el Gobierno Nacional y las
autoridades penitenciarias y carcelarias en general.
10.2. Avances del Estado en la construcción de una
política criminal y carcelaria, respetuosa del orden constitucional vigente
10.2.1. Medidas presentadas como respuestas a las
acciones de tutela interpuestas
En los procesos de acción de tutela acumulados, el
Ministerio de Justicia y del derecho presentó una serie de acciones con
relación a la problemática estructural en las penitenciarías y cárceles del
país. Las medidas que se piensa adoptar, se presentaron, como se dijo, en tres
(3) grupos distintos: medidas de corto, de mediano y de largo plazo. En los
primeros informes se dieron términos y plazos para el cumplimiento de las
medidas. Así, las de corto plazo, son para ser implementadas en los siguientes  doce
(12) meses, las de mediano plazo antes de dos (2) años, y las de largo plazo,
cuya ejecución es mayor de  dos (2) años. En el corto plazo, (1) brigadas
jurídicas, (2) redistribución de la población condenada, (3) gestión de
beneficios de libertad, (4) censo carcelario, (5) propuesta de creación de una
Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario,  (6) entrega de
funciones administrativas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, SPC,  (7) la ampliación de la lista de elegibles de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y  (8) enfrenar los problemas de salud que existen
el Sistema. En el mediano plazo, se propusieron tres medidas distintas.  (1) El
diseño de la política criminal,  (2) modificación del Código Penitenciario y
Carcelario y (3) la creación de una comisión Interinstitucional de Expertos
para la revisión del Código Penal y del Sistema Acusatorio. Finalmente se propuso
una Comisión para diseñar e implementar una política criminal racional y
coherente que implica la racionalización de las penas y de los delitos y que
busque mecanismos para que el Sistema Penal Acusatorio mejore su capacidad de
gestión.  En el largo plazo se habló también de tres (3) medidas concretas.
(1) Plan 20 mil. Para 20.000 cupos, (2) Convenio CAF, y  (3)  Colonias Agrícolas
de mínima seguridad. Especial énfasis se hizo en que en el Decreto ley 4150 de
dos mil once (2011) que escindió el INPEC y creó la Unidad de Servicios
Penitenciarios como una unidad administrativa especial con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera adscrita al Ministerio de Justicia y del
Derecho, que tiene como objeto principal el suministro de bienes y servicios
para los centros de reclusión, así como todo lo referente al manejo de la
infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.  El
Ministerio insistió: “[la] citada Unidad está orientada a enfrentar
la problemática de los establecimientos de reclusión para garantizar el
bienestar de la población privada de la libertad.” La Sala considera
preciso hacer una serie de comentarios sobre estas propuestas y la manera como
fueron presentadas durante el proceso de la referencia.
10.2.1.1.  No se establecen términos temporales ni
plazos, y los que había se quitaron. Las medidas que se piensa adoptar, se
presentaron en tres (3) grupos distintos: medidas de corto, de mediano y de
largo plazo. En los primeros informes se dieron términos y plazos para el
cumplimiento de las medidas. Así, las de corto plazo, son para ser
implementadas en los siguientes doce (12) meses, las de mediano plazo antes de
dos (2) años, y las de largo plazo, cuya ejecución es mayor de dos (2) años. No
obstante, en los informes posteriores presentados por el Ministerio de Justicia
y del Derecho los términos y los plazos fueron retirados. Primero para las
medidas de mediano y largo plazo y, finalmente, a las de corto plazo. Esto es,
claramente, una violación a los mínimos constitucionales que deben observar las
políticas públicas de las cuales depende el goce efectivo de un derecho
fundamental. Para que una política pública asegure la realización progresiva de
una faceta prestacional de un derecho debe contar por lo menos, con plazos y
tiempos que le permitan al Estado, y a la sociedad en general, saber si se está
avanzando o no según lo presupuestado. En este caso, las primeras respuestas sí
cumplían este mínimo requisito, pero en las posteriores este elemento
indispensable de planeación se retiró. De hecho, vale la pena resaltar que uno
de los tres parámetros que existían era inadecuado. En efecto, el plazo de
ejecución de las medidas de corto y mediano plazo realmente fija un límite
temporal (dentro de los 12 meses siguientes, en el primer caso, y de los 2 años
siguientes, en las de mediano plazo). No obstante, las medidas de largo plazo
nunca tuvieron un término real, puesto que fijaban un mínimo temporal, no un
máximo. Esto es, se sabía que tales medidas no se demoraban menos de 2 años en
su ejecución, pero no se establecía un límite máximo. Esto es, pueden durar cuatro
(4), seis (6) u ocho (8) años; no se sabe. Cuando el goce efectivo de un
derecho fundamental depende de los programas y de los planes que se diseñen e
implementen con tal objeto, se viola la Constitución Política si no se cumple
con el mínimo requisito de fijar un cronograma básico, en el que se establezca
los ritmos y los tiempos en los que se avanzará en la protección del derecho.
Es una de las condiciones mínimas que se requiere con relación a las facetas de
realización progresiva de los derechos fundamentales, para asegurar que, en
efecto, se avance.
10.2.1.2. Las políticas públicas de la que depende el
goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas en prisión, no
pueden ser eventuales o depender de la buena voluntad de terceros; el Estado
debe asegurar que sean adecuadas y sostenibles. Las medidas de choque y
urgencia, para garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales como el
acceso a la justicia, deben fundarse en políticas públicas que respeten los
mínimos parámetros de racionalidad y razonabilidad. Por ejemplo, garantizar un
acceso a la justicia a personas privadas de la libertad, dadas las condiciones
de indignidad de la reclusión y el estado de cosas inconstitucional
generalizado en el Sistema penitenciario y carcelario, requiere medidas que
efectivamente permitan conseguir este resultado mediante programas y planes de
acción sostenible. Según el Ministerio estas medidas de choque y urgencia se
conseguirán en el corto plazo, mediante estudiantes de universidades con las
que se “ha realizado contactos”. Una política pública de la cual depende
el goce efectivo el derecho fundamental de una persona que recibe especial
protección de la Constitución Política, sobre todo, cuando ésta ha fallado en
sus cometidos y los derechos en cuestión se encuentran ampliamente desprotegidos,
no puede depender de acciones eventuales de actores que están levemente
vinculados al Estado. El Estado debe contar con los recursos suficientes y
necesarios para garantizar poder implementar la política, y asegurar su
sostenibilidad en el tiempo. Las medidas de choque y de urgencia, como
garantizar a las personas privadas de la libertad el acceso a la justicia, no
pueden ser eventuales y depender de la buena voluntad de terceros.  Adicionalmente,
el uso de los estudiantes universitarios es un medio de solución que ya está
siendo empleado. Por ejemplo, la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja
indicó que en la defensa de los internos, cuenta con el apoyo de estudiantes
universitarios de final de carrera.[866]
Menos aún tiene sentido tratar de presentar una medida específica de política
como solución a una situación de crisis, cuando la medida se está implementando
actualmente y, por tanto, es un elemento más del estado de cosas que existe.
10.2.1.3. Toda política pública debe buscar una
finalidad, pero establecer un fin a buscar no implica en forma alguna definir o
establecer una política pública.  Enunciar la finalidad o los objetivos que
busca una política pública, es tan sólo una parte de dicha política. Por
ejemplo, el Ministerio de Justicia y del Derecho dice en varias de sus participaciones
dentro de los procesos de la referencia, que se debe hacer un ‘trabajo
conjunto’ con los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para que
concedan los beneficios reconocidos en la ley, y que lo hagan rápidamente. La
Sala considera que es un fin loable e imperioso, por lo que debe ser buscado de
acuerdo con la Constitución Política. El respeto a la dignidad humana y a la
libertad de todas las personas, lleva a concluir que la finalidad señalada por
el Ministerio de Justicia y del Derecho, efectivamente tiene que ser buscada.
No obstante, en tanto una política pública es el conjunto de acciones y
omisiones de las autoridades públicas (o de quienes ejercen sus funciones),
orientadas a resolver un problema público, enunciar cuál es la finalidad
buscada por el Estado, decir que se busca no es una descripción completa de la
política. Además de enunciar el fin o el propósito buscado, debería indicarse
qué se va a hacer concreta y específicamente. De hecho, los jueces de ejecución
de penas y medidas de seguridad hoy saben cuál es la ley y qué es lo que deben
hacer. Luego, decírselos nuevamente no parece ser una medida necesaria y
suficiente para alcanzar tal finalidad.  Por supuesto, decir que se va a hacer,
tampoco es suficiente. Deben darse elementos que muestren que lo decidido ya se
está implementando o que en efecto va a ser implementado. Las políticas
públicas no son un conjunto de enunciados y promesas de los que se cree que se
puede hacer. Lo que se haga o se deje de hacer, y los impactos que se logren,
son aspectos definitorios de una política.
10.2.1.4. Algunas de las metas que se buscan con la
política pública carcelaria no son respetuosas de los derechos fundamentales. Lograr
la adecuada y correcta acción del Estado no es tarea fácil. Coordinar a las
diferentes entidades del Estado para asegurar el goce efectivo de un derecho
fundamental, requiere de planes y metas ambiciosas que tengan, como propósito,
asegurar la dignidad humana. La propuesta del Ministerio de Justicia y del
Derecho es reprochable en tal sentido. Si bien es deseable que se fije una meta
concreta que pueda ser estudiada y verificada, y en este caso, la meta
propuestas es inaceptable. El Ministerio propone “que el nivel de
hacinamiento sea del 48% en todo el país.” Para el Ministerio, esta medida
busca disminuir sustancialmente la presión sobre aquellos centros que tienen
los niveles más altos de hacinamiento (algunos de los cuales llegan a cifras
cercanas al 100%). Se espera lograr este resultado, se dijo, con una política
de traslados que no afecte los derechos de la población interna y utilizando
los cupos libres que aún existan en los nuevos establecimientos de reclusión.
Para la Sala esta meta propuesta es inaceptable.  El Estado tiene que lograr
disminuir el nivel de hacinamiento del Sistema penitenciario y carcelario, lo
cual, como lo muestran los diferentes diagnósticos, pasa por reducir el número
de personas encarceladas. Dadas las tasas en las que se incrementa el número de
personas privadas de la libertad, la propuesta de redistribución, sólo permite
bajar la presión de hacinamiento sobre los centros carcelarios y penitenciarios
temporalmente. En cualquier caso, el 48% de hacinamiento es un nivel alto. El
Ministerio propone que ‘normalizar’ y ‘estandarizar’ la situación de
hacinamiento, pretendiendo que todos los centros, sin importar su estado y
condiciones, tengan que tener el cupo lleno y, además, un número adicional de
personas equivalente a la mitad del cupo permitido. La meta propuesta por el
Ministerio es inconstitucional, por cuanto propone como fin de la política
pública carcelaria un estado de cosas que, por definición acepta el
hacinamiento y lo preserva. El Estado debe acabar con el hacinamiento
carcelario de una buena vez, no distribuirlo por todo el país, para que los
derechos fundamentales de las personas estén igualmente vulnerados.
10.2.2. Algunas de las acciones realizadas durante el
trámite de revisión de los procesos de acción de tutela acumulados
Pero el Gobierno Nacional, en especial el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el INPEC no han dejado de remitir información a la
Corte Constitucional, a sus diferentes Salas de Revisión, acerca de los avances
que se han venido dando dentro de la definición e implementación de medidas
orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional en el Sistema penitenciario
y carcelario.
10.2.2.1. Comunicaciones remitidas a la Corte
Constitucional
En diferentes comunicaciones ha señalado, por ejemplo, que
se está desarrollando un plan de racionalización y humanización del Sistema
penitenciario y carcelario que tiene tres (3) ejes principales  (1) infraestructura,
salud y tratamiento penitenciario;  (2) medidas de coordinación y gestión
pública; y (3) modificación al Código Penitenciario y Carcelario.[867]  El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ha remitido a la Corte
Constitucional varios documentos acerca de los planes y acciones que se han
venido desarrollando para atender la crisis carcelaria.[868] En especial, se han
remitido documentos de los planes de acción que se han venido adelantando como
respuesta, tanto a las denuncias públicas sobre la crisis carcelaria y a las
órdenes complejas impartidas por jueces de tutela a lo largo y ancho del país.
Así, por ejemplo, durante el año dos mil trece (2013), el INPEC ha avanzado en
el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá (Sala Jurisdiccional Disciplinaria, acción de tutela – N°
2012-4075). El cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013) el Director General
del INPEC[869]
expidió la Directiva Transitoria 000008, con la finalidad de “impartir
instrucciones y asignar responsabilidades para el cumplimiento de las medidas
ordenadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario […]”,[870]
mediante aquella decisión judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Los nueve (9) procesos de acción de tutela acumulados para
ser resueltos mediante la presente sentencia, son una muestra del universo de
las tutelas que, día a día, las personas privadas de la libertad se ven
obligadas a interponer, con la esperanza de que su dignidad y sus derechos
fundamentales sean asegurados, al menos mínimamente. Pero no ha sido sólo en
los procesos judiciales. El Gobierno ha hecho públicos  desde hace meses sus
acciones concretas para superar la crisis del Sistema penitenciario y
carcelario.[871]
Una de las formas con la que el Gobierno Nacional busca
enfrentar la crisis carcelaria es con la separación del INPEC de las funciones
de prestación de servicios básicos, como salud, higiene o alimentación. Mediante
el Decreto 4150 de 2011, el Presidente de la República creo la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, SPC. Se justificó esta decisión, por
ser una manera de “afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado
Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad
humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de
la libertad en los establecimientos de reclusión es necesario contar con una
entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los
bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar
de la población privada de la libertad” (considerandos del Decreto 4150 de
2011). El Gobierno busca que la nueva entidad pueda desarrollar de manera
eficiente, eficaz y efectiva, la prestación de los servicios penitenciarios y
carcelarios, ‘en directa consonancia con el objeto y demás funciones del
INPEC’.[872]
Las autoridades carcelarias han hecho saber a esta Corporación
judicial, que cuenta con una hoja de ruta de doce (12) pasos para enfrentar el
estado de cosas en que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario: (1) el
reconocimiento del problema; (2) mantenimiento y construcción de la
infraestructura carcelaria; (3) diseño e implementación de una política
criminal racional, coherente y eficaz;  (4) aumento del personal del INPEC;
(5) trabajo armónico de las instituciones y mayor presencia en los
establecimientos de reclusión;  (6) articulación de los sistemas de información;
(7) oralidad en la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad;  (8)
fortalecimiento de la defensa técnica y aplicación de las medidas de libertad
contenidas en la legislación penal;  (9) salud y dignidad;  (10) convenios con
universidades para la participación de judicantes y la socialización de buenas
prácticas; (11) fortalecimiento de las actividades administrativas y (12)
capacitación.
10.2.2.2. La reforma al Código Penitenciario y Carcelario
La Sala de Revisión es consciente que mientras analiza los
procesos de tutela acumulados, el Congreso de la República adelanta el trámite
de una reforma al Código Penitenciario y Carcelario presentada por el Gobierno
Nacional.[873]
La exposición de motivos de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario
(esto es, a la Ley 65 de 1993) parte del estado de cosas en que se encuentra el
Servicio penitenciario y carcelario, tal como lo constató la Corte
Constitucional en 1998,[874]
el cual, se considera, se mantiene.
10.2.2.2.1. Diagnóstico
Para el Gobierno Nacional la crisis del sistema
penitenciario y carcelario es ‘estructural’ y ‘de largo plazo’.
Por tanto, considera que las soluciones tienen que ser, igualmente de largo
aliento y estructurales. El Gobierno advierte, además, que el estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente no se debe únicamente a ‘la
sobrepoblación’. Existen otras causas como las tres (3) siguientes: la
insuficiencia de la guardia penitenciaria,  la corrupción existente en los
centros penitenciarios y la falta de infraestructura carcelaria. Las causas
para que la situación se haya mantenido en ciertos aspectos y se haya vuelto a
agravar en otros se debe a “falta de planeación en la construcción de
infraestructura penitenciaria y carcelaria; oleadas de criminalidad que ha
vivido nuestro país; ausencia de una política criminal, penitenciaria y
carcelaria coherente, y despreocupación que genera en la sociedad en general la
situación de las personas privadas de la libertad.”[875] Para el Gobierno
Nacional son cuatro los problemas centrales del Sistema penitenciario y
carcelario (i) “Una sobrepoblación en los establecimientos y deficientes
condiciones de reclusión;   (ii) Deficiencias en la prestación del
servicio de salud;  (iii) Deficiencias en la infraestructura carcelaria;
(iv) Reducido número del personal de guardia y corrupción en el interior de
las cárceles.”
Hacinamiento. Con relación
al hacinamiento, el Gobierno sostiene que la explicación de la sobrepoblación
se encuentra, en buena parte, en la política criminal que ha aumentado el uso
de la cárcel. De hecho, los índices de criminalidad, se indica, han bajado. La
explicación, por tanto, se encuentra en el uso desmedido de la cárcel. Dice la
Exposición de motivos:
“El aumento [de la población
carcelaria] en los últimos años ha coincidido con la entrada en vigencia de
algunas normas penales: De 2002 a 2005 se registra el ingreso 13.900 nuevos
reclusos. Entran en vigencia el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y
la Ley 890 de 7 de julio de 2004, que incrementó las penas para algunos
delitos.  ||  De 2006-2010 se expiden normas como la Ley 975 de 2005, ‘Ley
de Justicia y paz’; la Ley 1142 de 2007, ‘Convivencia y Seguridad
Ciudadana’, y la Ley 1153 de 2007, ‘Ley de pequeñas causas’. De
acuerdo con cifras del Inpec, esto representó el ingreso de 30.000 nuevos
internos.  ||  En 2011, con la Ley 1474, ‘Estatuto Anticorrupción’, y la
Ley 1453, ‘Estatuto de Seguridad Ciudadana’, se incrementó la población
en 16.007 nuevos reclusos, que equivalen al 19%. La década del 2001 al 2011 ha
sido la de mayor impacto en el sistema, ya que presenta un incremento
equivalente al 103.7%.”[876]
El Gobierno señaló al Congreso que los ‘crecientes aumentos
punitivos’ han impactado el funcionamiento del Sistema penitenciario y
carcelario. Por eso, a pesar de que se ha visto una reducción de las tasas de
delitos, ha aumentado significativamente del número de personas privadas de la
libertad. Se reconoce entonces, que “la política criminal […] tiene
una relación directa con la política penitenciaria”, en tal medida la
política criminal debe suponer  ‘un uso racional de la cárcel’. Por eso
sostiene: “La política criminal no puede desligarse de las medidas de
naturaleza penitenciaria que deben adoptarse a fin de dar coherencia a una
propuesta racionalizadora del sistema penal y cumplidor a su vez de los
derechos humanos y garantías básicas de las personas privadas de la libertad.”[877] Ahora
bien, el Gobierno advierte que usar menos la cárcel no implica abandonar la
lucha contra las graves agresiones a los derechos fundamentales de las personas
y al respeto de las normas básicas de una sociedad. Esta debe seguir siendo
fuerte y hacer uso de la inteligencia para lograr sus cometidos.
Actuaciones judiciales. El
Gobierno Nacional advirtió al Congreso que, en cualquier caso, se han venido
dado avances en materia de hacinamiento, debido a la intervención judicial de los
jueces de tutela que han impartido órdenes con relación a los Establecimientos
carcelarios y a la necesidad de superar el estado de cosas inconstitucional.[878]
Salud. Sobre el servicio de salud
penitenciario y carcelario, luego de reconocer la grave situación, debido al
mal servicio de CAPRECOM, se propuso libertad de contratación con diferentes
entidades.[879]
No obstante, esta medida no prosperó y ante el colapso del servicio, se declaró
el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria el martes veintiocho (28) de
mayo de dos mil trece (2013), por parte de la Ministra de Justicia y del
Derecho, en todos los centros de reclusión del país.[880]
Infraestructura. En la Exposición de motivos
se hizo referencia a los establecimientos de primera, segunda y tercera
generación. Pero se reconoció que a pesar de los esfuerzos el sistema está
sobrepoblado. Es decir, al hecho de que la política criminal demande en demasía
la cárcel, se suma que los establecimientos carcelarios con que se cuenta, en
la mayoría de los casos son obsoletos y tienen problemas estructurales básicos.
Ahora bien, la Ministra de Justicia indicó al Congreso de la República tres limitaciones
adicionales con relación a la capacidad de la infraestructura del sistema. Primera;
debido al estado de deterioro de muchas de las cárceles y penitenciarias, no
pueden ser ampliadas, sólo ‘realizar mantenimiento’. Segunda; algunos de los establecimientos
de nueva generación están llenos, ‘han alcanzado su nivel máximo de
ocupación’, y otros, debido a problemas estructurales, están adecuándose
aún, no han entrado en funcionamiento (y en todo caso, si entraran, no son un
número de cupos significativo, dado el nivel de hacinamiento). Finalmente, la
tercera limitación es que “la construcción de los nuevos cupos no puede
considerarse como una alternativa en el corto plazo.”[881]
Guardia. Tal como lo reclama el Defensor del
Pueblo Regional del Magdalena Medio en la última de las acciones de tutela
acumuladas, en contra de la cárcel de Barrancabermeja, la Guardia del INPEC no
cuenta con la capacidad real de controlar cabalmente los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios. La Exposición de motivos al proyecto de reforma
del Código Penitenciario y carcelario reconoce esta situación. Sostiene que “se
ha evidenciado que el crecimiento del personal de guardia, custodia y
vigilancia no es directamente proporcional al crecimiento de la población
privada de la libertad a lo que se suma el hecho de que actualmente muchos
funcionarios de este personal están desempeñando funciones administrativas.”[882] El Estado
no cuenta con la disponibilidad suficiente de los recursos humanos que se
necesitan para enfrentar tan caótica situación. Es precisamente por eso que en
los casos de la jurisprudencia contencioso administrativa, las autoridades
carcelarias son condenadas por las muertes, agresiones y crimines que ocurren
en los penales, sin que el Estado cuente con la capacidad de repeler o de
enfrentar esos ataques.
10.2.2.2.2. La reforma
La reforma al Código Penitenciario y Carcelario busca
adecuar el marco normativo vigente, para lograr que mediante éste se pueda
proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad,
dado el estado de cosas en que está el Sistema penitenciario carcelario.
Introduce, entre otras medidas, las siguientes:  (i) un enfoque diferencial,
que permita proteger a las personas que sean sujetos de especial protección
constitucional, o que merezcan un trato desigual, debido a su condición
desigual;  (ii) Reorganizar el sistema penitenciario y carcelario, para lograr
una real y efectiva separación entre personas sindicadas y condenadas y lograr
crear establecimientos para mujeres, que sean accesibles para aquellas que
tienen bebés y deben permanecer con ellos tras las barras. (iii) La reforma
introduce variaciones a las reglas de beneficios de libertad, para defender
este derecho fundamental y garantizar de esta manera que las personas que
permanezcan recluidas sean sólo aquellas que deben efectivamente permanecer en
prisión. Se trata de cambios normativos que pretenden instrumentalizar el principio
constitucional según el cual el derecho penal es la última ratio, asegurando
que el castigo impuesto sólo se mantenga cuando sea estrictamente necesario.[883]
10.2.3. Valoración de lo dicho y hecho por el Gobierno
La Sala de Revisión valora positivamente, entre otros, los siguientes
factores. Primero, el Gobierno Nacional acepta que el Sistema penitenciario y
carcelario se encuentra en un estado de cosas que es contrario a la
Constitución, ante el foro de la democracia representativa por excelencia, el
Congreso de la República. Segundo, acepta que la sobrepoblación del Sistema es
importante, pero que no es el único problema a resolver, señalando entre ellos
la falta de disponibilidad de al menos dos elementos básicos y necesarios para
poder cumplir con las funciones de controlar el orden en los Establecimientos y
mantener condiciones de seguridad, a saber, la cantidad suficiente de Guardia,
teniendo en cuenta su número y peligrosidad, y la infraestructura suficiente
para la demanda carcelaria que se debe atender. Se indica, además, el clima de
ilegalidad y de irrespeto flagrante y continuo a la ley, en cualquier grado y
nivel (la corrupción existente).  La Exposición de motivos advierte que el
problema no es sólo hacinamiento. Así se tuviera el cupo suficiente, los demás
problemas impedirían salir del estado de cosas contrario a la Constitución.
Tercero, el Gobierno Nacional también reconoce que el grave problema del
hacinamiento está estrechamente vinculado a la política criminal. La cárcel
juega un rol en la sociedad y tiene una utilidad, como última herramienta (ultima
ratio) contra ciertas agresiones. Pero una política que use excesivamente
la cárcel, deja de hacer uso racional de este poderoso y muy lesivo instrumento
de control social. La política criminal, se sostiene, debe ser coherente.
Cuarto, es importante precisar que la reducción de la cárcel
no implica dejar de combatir el crimen, ni tampoco el fin de la cárcel.
Abandonar la cárcel como la principal y más importante sanción penal significa
reconocer la inefectividad de esta institución para cumplir los cometidos que
normativamente se demandan de ella, cuando adquiere las dimensiones exageradas
por ser usada irrazonable y desproporcionadamente.  Combatir el crimen es una de
las funciones básicas del Estado. El respeto, la protección y la garantía del
goce efectivo de los derechos fundamentales así lo exigen. Pero la cárcel no es
el único método ni, de hecho, el más deseable. El derecho de los niños y las
niñas a un desarrollo armónico e integral se asegura evitando que les sea
desconocido y afectado gravemente por una persona. El derecho al desarrollo
armónico e integral no se protege enviando a prisión a quien, de hecho, afecto
y violento al niño o la niña. Así, el Gobierno Nacional reconoce que si bien la
cárcel no tiene por qué desaparecer y permanecer como parte de la baraja de
herramientas con que cuenta el Estado para enfrentar el crimen en la sociedad,
no debe ser el único camino. El enfrentar el crimen puede lograrse por otros
medios, menos lesivos de los derechos, menos costosos y ojalá preventivos, para
que no se tenga que reparar o pagar por un daño, sino garantizar que no ocurra.
Quinto, la construcción de más cárceles, para atender la demanda
sin medida de cupos para privar de la libertad a personas, se reconoce como una
opción que no es viable. Es necesario adecuar y construir más cupos, dado el
estado actual de la infraestructura carcelaria. Pero el Gobierno Nacional
reconoce que el Estado no tiene la capacidad para atender la demanda carcelaria
de la política criminal actual. Sexto, es importante la introducción de medidas
orientadas a beneficiar la libertad de las personas. El castigo penal que
supone el encierro, bajo el orden constitucional, debe aplicarse cuando sea
estrictamente necesario (última ratio). La Sala celebra que se busque
aminorar el impacto sobre el derecho a la libertad, bien con relación a medidas
de seguridad, bien con relación a la aplicación efectiva de las condenas. Sin
embargo, los funcionarios judiciales deben ponderar junto a la libertad de las
personas que serían privadas de la libertad, los derechos de las víctimas y de
la sociedad en general. Dado el grado de corrupción que existe en el Sistema,
reconocido por el Gobierno Nacional y por el propio INPEC, no se puede
minimizar el riesgo de que personas que han cometido graves crímenes y son un
peligro para la sociedad, por ejemplo, obtengan fraudulentamente los títulos y
los certificados necesarios para cumplir los requisitos de un beneficio de
libertad. El Estado no puede sacrificar la libertad de las personas recluidas
en prisión irrazonable y desproporcionadamente, por defender la seguridad y los
derechos de las víctimas y la sociedad en general. Pero tampoco puede hacer lo
contrario, no puede sacrificar los derechos de las víctimas y de la sociedad,
por defender sin reparo alguno los derechos de las personas privadas de la
libertad. Por eso, las políticas de excarcelamiento, especialmente masivos,
tienen que estar bien estructuradas en al menos dos aspectos. Que la política
no sea desproporcionada (por sacrificar totalmente alguno de los valores
involucrados), y que no conlleve discriminación. Como se sostuvo previamente,
si una situación carcelaria da lugar a que salgan la tercera parte de las
personas en la prisión, se ha de preferir aquellas personas concretamente, que represente
la menor afectación. No se puede permitir la libertad de una persona que
representa un grave peligro, al tiempo que quienes sí podrían salir, son
mantenidos en prisión.
Si bien no compete a esta Sala de Revisión evaluar la
constitucionalidad de las normas de la reforma al Código penitenciario y
carcelario del Gobierno Nacional, se advierte que la intención que se busca es
garantizar el orden constitucional vigente, desarrollarlo y asegurar el goce
efectivo de los derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad.
En tal medida, una de las principales herramientas de mediano plazo que el Gobierno
ha mencionado para enfrentar la crisis, el cambio de las reglas legales, es un
asunto por el que se avanza.[884]
A continuación pasa la Sala a referirse a las órdenes de
carácter general a impartir.
10.3. Órdenes adicionales a impartir
10.3.1. Las órdenes que se imparten, reconocen la acción
que han adelantado las autoridades estatales encargadas
10.3.1.1. La Sala de Revisión valora positivamente que desde
el año dos mil once (2011), fecha en que se le solicitó que verificara el
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, los diferentes poderes del Estado
y, en especial, las autoridades encargadas de la política penitenciaria y
carcelaria hayan venido adoptando medidas para poder superar el estado de cosas
en el que se encuentran los establecimientos de reclusión. Son varias las
acciones que reconocen la situación crítica por la que se atraviesa, aceptan
los parámetros y estándares constitucionales y, además, busca transformar las realidades.
Se ha aceptado que el grave problema del hacinamiento no se soluciona con la
construcción de más cárceles, solución que, además, implica grandes costos que
se deben invertir en infraestructura carcelaria adicional que, desde antes, se
sabe que será insuficiente para la alta demanda que existe. El Gobierno
Nacional y el Congreso de la República han reconocido, por tanto, que buena
parte de las sobrepoblación carcelaria no se explica tanto por la falta de
cárceles (que de hecho, sí hacen falta, dado el estado de deterioro de las
existentes), sino por el exceso de castigo penal, el uso excesivo de la
privación de la libertad como medio de control y regulación social.
10.3.1.2. En tal medida, no considera esta Sala de Revisión
que deba iniciarse un proceso de seguimiento similar a los que se han
adelantado con ocasión de la protección de los derechos de la población
desplazada (sentencia T-025 de 2004) o del acceso a los servicios de salud que
se requieran (sentencia T-760 de 2008). Así, mientras que en aquellos casos los
debates ingresaron a un lugar protagónico en la agenda pública con ocasión de
las decisiones judiciales, y sirvieron para propiciar la propuesta de cambios
normativos, en el presente caso muchas de estas acciones han ocurrido durante el
trámite judicial. Así, cuando la Sala de Revisión recibió la solicitud de
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998 decidió negarla, pero tomó nota de
la información recibida y remitió copia de ella a las diferentes entidades del
Estado encargadas de administrar el Sistema, o de vigilarlo y controlarlo. A la
vez que las instituciones venían ejerciendo sus competencias respectivas en lo
que les correspondía, la Sala recibió para su revisión varios expedientes que
fueron acumulados para ser resueltos conjuntamente en la presente sentencia.
10.3.1.3. No obstante la Sala considera que tampoco puede
abstenerse de impartir órdenes complejas en el presente caso por al menos tres
(3) razones.
En primer lugar, la gravedad de la situación y la especial
protección constitucional de las personas privadas de la libertad, tal como ha
sido resaltada a lo largo de la presente sentencia. El nivel y grado tan atroz
de violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad, así como la cantidad y variedad de violaciones. Se trata de personas
en situación de vulnerabilidad manifiesta, dada la relación de especial
sujeción que supone estar preso, aparte del estado de cosas contrario a la
Constitución en que se encuentra el Sistema carcelario, que amplifica las
violaciones y amenazas. En estas condiciones, el juez de tutela tiene un deber
de protección reforzada que no puede abandonar si no en el momento que las
causas de la violación o la amenaza han cesado. Este, por supuesto, no es el
caso. Acá la presencia y acompañamiento del juez de tutela es indispensable.
En segundo lugar, se constata un avance en parámetros de
estructura, pero no de proceso ni de resultado. Es decir, la Sala tiene noticia
de que el Gobierno Nacional ha reconocido la crisis penitenciaria y carcelaria,
en su complejidad. También sabe que se han diseñado una serie de planes y de
programas orientados a superarla. Estos contemplan planes de mantenimiento y
construcción de infraestructura; de aumento de personal del INPEC; de coordinación
interinstitucional y mayor presencia en los establecimientos; planes para mejorar
la salud; para mejorar los procesos de obtención de libertad y trámites administrativos
y judiciales; y para mejorar el nivel de formación, tanto de las personas
internas, como de la Guardia. De forma similar, se han establecido reformas a
la estructura orgánica (la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios y la modificación del INPEC) y al marco legal y reglamentario
(reforma del Código de Procedimiento Penal).  En todos los casos se trata de
avances, y muchos de ellos importantes, dentro de los parámetros de estructura.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a los parámetros de proceso y de
resultado. No existe evidencia clara de que los planes y programas diseñados o
que la reformas legales se hayan implementado efectivamente. Muchas de ellas
porque hasta ahora se acaban de adoptar y otras porque sólo hasta éste momento
se están adoptando.  Por supuesto, más difícil aún, es que se pueda mostrar parámetros
de resultado, que evidencien no la existencia de un plan o que se está
implementando, sino que, lo que se esté haciendo –o dejando de hacer– está
produciendo el efecto esperado, es decir, está llevando al Sistema
penitenciario y carcelario a dónde se planeó que llegara. En el pasado, las
autoridades carcelarias han contado con planes que prometían solucionar
aspectos de la crisis que se enfrentaba en su momento y, muchas veces, el plan
o no pudo ser cabalmente implementado o, sencillamente, no fue implementado,
por múltiples razones. De hecho, al finalizar el año dos mil doce (2012), se
decidió dar libertad para contratar el servicio de salud carcelario con
entidades distintas a CAPRECOM, en marzo aún se apoyaba la medida y un par de
meses después, ante la emergencia por el colapso del servicio de salud se
resolvió cambiar de medidas. Este aspecto es importante resaltarlo, por cuanto
el problema de Colombia no ha sido de falta de normas. Las reglas y derechos de
las personas privadas de la libertad existen hace muchos años, y los jueces los
reconocen pacíficamente hace otro tanto y exigen su cumplimiento. Los problemas
más graves del Sistema penitenciario y carcelario justamente han estado en los
procesos de implementación y en la obtención de resultados. En resumen, los
parámetros de estructura, que verifican entre otras cosas, la existencia de planes
y normas que enmarcan el quehacer de la administración, pero se requiere,
además, tener parámetros de que efectivamente se está implementando lo planeado
y de que esa política que se está materializando, efectivamente está
conduciendo a los resultados buscados.
En tercer y último lugar, la Sala advierte que si bien el
Gobierno ha reconocido que buena parte del estado de cosas contrario a
Constitución en que se encuentran los establecimientos de reclusión, se debe a
la política criminal en general, y no a la política penitenciaria y carcelaria
en particular (la llamada criminalización terciaria), este reconocimiento no se
materializa en acciones concretas. El problema del uso excesivo de la cárcel se
menciona en los diagnósticos, y se habla de la necesidad de debatir la
necesidad de reducir el tamaño del aparto penal y de la política criminal. No
obstante los planes y programas de medidas concretas se limitan al Sistema penitenciario
y carcelario, concretamente. En tal medida, eso quiere decir que en uno de los
aspectos del problema, como lo es la ausencia de una política criminal
coherente y razonable, no cuenta ni siquiera con parámetros de estructura que
muestre que al menos se cuenta con un plan.
10.3.2. Órdenes principales; Política criminal respetuosa
de la dignidad humana y de los derechos fundamentales
La política criminal debe ser respetuosa de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política en las cartas
internacional y regional de derechos humanos. En tal medida, las reglas que se
fijen en las penitenciarías y las cárceles, los planes y programas que se
adopten, o los estándares de evaluación que se establezcan, no sólo deben
abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad;
deben asegurar su goce efectivo. Normas y estándares como el ISO 9000 y 9001
pueden aplicarse siempre que no violen la dignidad humana o comprometan los derechos
fundamentales de la personas. En tal medida se dispondrá dentro de las órdenes
que se impartan, que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para asegurar
que los estándares normativos y técnicos que se usen para diseñar
penitenciarias y cárceles, o para contratar los bienes y servicios de los que
depende la adecuada y correcta atención.
Para lograr avanzar en una política criminal y carcelaria
respetuosa del orden constitucional vigente se impartirán las siguientes
órdenes principales, además de las órdenes específicas que se detallan en la
parte resolutiva de esta providencia.
10.3.2.1. Se rechazarán las solicitudes ciudadanas y
judiciales de que esta Sala de Revisión retome la competencia del proceso que
dio lugar a la sentencia T-153 de 1998, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente sentencia. Y se declarará que el Sistema penitenciario y
carcelario nuevamente está en un estado de cosas contrario a la Constitución Política
de 1991, reflejado en el alto nivel de hacinamiento y otras causas distintas.
Una de las principales causas de este fenómeno se encuentra en la ausencia de
una política criminal que use de forma razonable y proporcionada el castigo
penal.
10.3.2.2. Se ordenará al Gobierno Nacional, a través
del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC que convoque al Consejo
Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y
carcelario, teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros
establecidos en el capítulo (8) y el apartado (10.3.) de las consideraciones de
la presente sentencia.
Para verificar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno
Nacional, en compañía del Consejo Superior de Política Criminal deberá remitir
dos informes a esta Sala de Revisión, así: (i) El primer informe
será remitido en dos (2) meses contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, informando cuál ha sido el cumplimento de las ordenes de
aplicación inmediata, en general y particularmente en las seis cárceles que
fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, e
igualmente precisar cómo serán aplicadas las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, tal como fueron descritas en la parte motiva de esta sentencia,
y las medidas complementarias que se adoptarán para asegurar la correcta
implementación de las mismas. (ii) El segundo informe se deberá
presentar en dos (2) años contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, informando cuál ha sido el cumplimiento de las órdenes complejas de
realización progresiva, en general y particularmente en las seis (6) cárceles
que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia.
El cumplimiento de esta orden deberá atender los siguientes
parámetros: (i) los informes requeridos deberán incorporar los parámetros de
estructura, proceso y resultado, según lo previsto en el numeral 8.1.2.3. de
esta providencia, así como indicadores de goce efectivo del derecho y niveles
de cumplimiento alcanzados. (ii) El Ministerio de Justicia y del Derecho,
deberá remitir copia de los informes a la Procuraduría General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, al mismo
tiempo que a esta Corporación, para que estas entidades puedan ejercer sus
competencias de control respecto al cumplimiento de las órdenes impartidas en
esta providencia. (iii) En cualquier caso, las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia dos (2) años después de
notificada la presente sentencia, de modo tal que la Corte pueda examinar su
ejecución en el momento en que se envíe a esta Corporación el segundo de los
informes a los que se refiere el párrafo anterior.
10.3.2.3. Se ordenará a la Procuraduría General de la Nación
y  a la Defensoría del Pueblo que se hagan partícipes del proceso de cumplimiento
de la segunda orden, para que sirvan de veedores del mismo y de garantes de que
estén abiertos los espacios de deliberación y participación en todas sus etapas.
Deberán vigilar que en el proceso de cumplimento de la sentencia se sigan,
efectivamente todas y cada una de las órdenes impartidas, tanto las generales
como las específicas de cada caso. Verificaran que en el proceso de
cumplimiento se tengan en cuenta todos y cada uno de los parámetros fijados en
la presente sentencia, en los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. También se invitará
a participar dentro de este proceso de seguimiento y veeduría al
cumplimiento de la sentencia a la Contraloría General de la República. En tal
sentido se ordenará al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y
del Derecho, así como al INPEC –tanto nacional como regionalmente– y a cada una
de las autoridades de los Establecimientos penitenciarios y carcelarios objeto
de alguna de las tutelas de la referencia, suministrar a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Contraloría General de la
República, toda la información que requieran para hacer el seguimiento al
cumplimiento de la presente sentencia. Asimismo, se les deberá permitir
ingresar a los respectivos recintos, sin necesidad de cita previa, pero sin
omitir las correspondientes medidas de seguridad, para que puedan ejercer su
función de vigilancia y control.
Por último se comunicará la presente decisión a las
Alcaldías de los municipios en los que se encuentran ubicadas cada una de las
seis cárceles, y a las respectivas Secretarias de Salud municipal o distrital,
según sea el caso, para que se vinculen al proceso de cumplimiento de la presente
sentencia, pudiendo participar de veedores y garantes de su cabal cumplimiento
y ejecución.
A continuación se enumeran los mínimos criterios que se
deberán tener en cuenta para identificar las acciones a realizar por parte de
las autoridades penitenciarias y carcelarias.
10.3.3. El Estado debe tener una política criminal y
carcelaria favorable a la libertad que se use como ultima ratio.
En un Estado social y democrático de derecho se deben tomar
las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que la política criminal de
Colombia emplee el derecho penal como ultima ratio. El castigo penal, la
privación de la libertad, debe ser el último de los argumentos que una sociedad
libre y democrática use en contra de una persona. Sólo cuando se sepa que se
trata de enfrentar un fenómeno social que no puede ser atendido de otra manera,
puede el Estado utilizar como argumento de control, la grave afección del
derecho de la libertad.
10.3.4. Diagnóstico de la coherencia, la razonabilidad,
la proporcionalidad y la sostenibilidad de la política criminal
10.3.4.1. Adoptar una política criminal constitucional.
Se ordena a las autoridades carcelarias competentes, adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para establecer una política criminal coherente,
razonable, proporcional y sostenible.
10.3.4.2. Revisión de la política criminal integralmente.
Como parte de la defensa del principio de libertad y dignidad, como medida de
ayuda a superar la crisis actual y como manifestación del principio de
sostenibilidad fiscal, el Gobierno deberá tomar las medidas adecuadas y
necesarias para hacer un uso más eficaz y eficiente del poder punitivo del
Estado. Conservando las herramientas penales para los casos más graves y
urgentes de control, en los que convenga la privación de la libertad, y
considerando otras opciones de sanción o de control, que no requieran
necesariamente la privación total y continua de la libertad de las personas.
La Administración, a través del Departamento Nacional de
Planeación también ha resaltado la necesidad de establecer un plan de
infraestructura de “largo plazo”. El diseño de las políticas públicas no puede
estar sometido a las coyunturas que surgen de situaciones estructurales, o de
casos concretos, con ocasión del ejercicio de algún tipo de control por medios
o tecnologías de información, de organizaciones ciudadanas de participación o
en virtud de control judicial. Los criterios a los cuáles responda la
construcción de tal política no deben ser coyunturales, sino estructurales,
como asegurar los derechos fundamentales o la demanda carcelaria.[885] La
administración debe estructurar una política pública adecuada, que respete,
proteja y garantice el goce efectivo de los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad, independientemente de si existe o no una
coyuntura de la cual derive una exigencia ciudadana en torno a la cuestión
carcelaria. En el momento en se cuente con una política adecuada, se podrá
atender adecuadamente cada uno de los reclamos que se hagan a la
administración, si es que estos se llegan a presentar y a tramitar.
Priorizar; dado el estado de cosas en que se
encuentra el Sistema penitenciario y carcelario, dada su gravedad, la Sala
considera necesario precisar que una de las labores importantes de diseño de la
política pública criminal y carcelaria es definir las prioridades. No destinar
los recursos a la protección de derechos fundamentales importantes, pero no tan
urgentes como lo pueden ser otros. En un contexto de limitación y escasez de
recursos humanos y materiales es preciso definir las prioridades y evitar que
sea el día a día, con sus angustias, el que termine definiéndolas.  Ahora bien,
priorizar no es excluir. El que un ámbito de protección de un derecho
fundamental no se priorice como urgente, no puede implicar que no se planee y
programe su realización progresiva. Por tanto, la planeación debe priorizar,
pero sin que ello pueda justificar excluir de las políticas públicas. Es, si se
quiere, una cuestión de tiempos y momentos. Pero no de si se debe o no cumplir.
10.3.4.3. Sostenibilidad financiera. Se ordenará a
las autoridades carcelarias que establezcan cuáles son los costos de la actual
política criminal. Específicamente, cuál es el costo de mantener a todas las
personas privadas de la libertad en el país, en condiciones dignas de reclusión
y si la política criminal que da este uso del sistema penitenciario es
sostenible fiscalmente. El resultado deberá consignarse en un informe que
deberá ser remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional y al Congreso de
la República. En caso de que la política criminal no pueda ser costeada por el
estado, deberá modificarse de forma tal que pueda ser sostenible fiscalmente,
como lo demanda la Constitución Política. En cualquier caso, se deberán diseñar
e implementar las medidas adecuadas y necesarias para que  (i) no se adopten
políticas penales que no puedan ser sostenibles,  (ii) para que rutinariamente
si tales políticas devienen insostenibles sean tomados los correctivos necesarios
y  (iii) para que no se envíe a una cárcel a una persona cuando la institución
carezca evidentemente de la capacidad institucional, económica y en personal
para recibir a dicho interno.
Pero no sólo se deber establecer cuál es el costo de la
política criminal y de tener a tanta gente encarcelada. Se deben tomar las
medidas adecuadas y necesarias para asegurar que una cantidad adecuada de
recursos del Sistema sean dirigidos a la atención de las personas privadas de
la libertad, evitando que la mayoría de tales recursos sean
desproporcionadamente dirigidos a la vigilancia y la custodia.[886]
Las limitaciones presupuestales son una realidad que se debe
considerar y valorar. Pero precisamente es en razón a la gran cantidad de
necesidades sociales insatisfechas y a la escasez presupuestal es que no se
puede hacer una mala planeación o un mal uso de esos recursos. No es
entendible, por ejemplo, que una cuenta frecuente y esperada como los servicios
de agua y energía de una cárcel no se encuentren adecuadamente presupuestados.[887] La
situación de Colombia es común a varias naciones de América Latina. Mientras
que la política pública criminal se endurecía y se decidía que más personas
serían privadas de su libertad, no se tomaban las medidas adecuadas y
necesarias para obtener los recursos suficientes para poder costear las
demandas de tal política.[888]
Y al igual que ocurre en Colombia, los países de la región suelen destinar dentro
de sus rubros una menor cantidad para los programas de los cuales depende el
respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana y la
resocialización.[889]
El Departamento Nacional de Planeación ha resaltado que los
planes de financiamiento del sistema carcelario deben garantizar “una fuente
de recursos sostenida” que permita asumir el costo de “la construcción de
nuevos establecimientos”, pero “sobre todo”, ha de ser una fuente de
recursos que garantice, de manera sostenida, “su mantenimiento y
operación”; este segundo rubro, se considera que demandará más recursos que
el primero.[890]
En promedio, calcula el Departamento, los costos de funcionamiento y operación
de una cárcel por seis (6) años son equivalentes a los de su construcción.[891] Para
el Departamento Nacional de Planeación, si bien no existe evidencia de la
posibilidad de un colapso total a corto plazo, esto sí podría ocurrir a mediano
o largo plazo si no se tomaran las medidas adecuadas y necesarias para revertir
la tendencia de crecimiento constante y acentuado de la población carcelaria.[892]
Las leyes penales sí implican órdenes de gasto. Deben ser
evaluadas de tal forma y, por tanto, deben ser sometidas, necesariamente, a
evaluaciones minuciosas de costos. Una ley penal no es optativa, es
obligatoria. Se debe cumplir. Los fiscales deben perseguir a quienes cometan
tales actos, los jueces tienen que juzgarlas y condenarlas, si son vencidas en
juicio, y finalmente, deben ser privadas de la libertad en un centro
penitenciario o carcelario, según sea el caso. Las leyes penales no son
autorizaciones para, eventualmente, adoptar gastos, implican y suponen gastos,
necesariamente.
10.3.4.4. Políticas públicas con planes y programas
públicos. Las medidas, planes o programas que se adopten deberán ser dados
a conocer de forma pública y general, con el objeto de que puedan ser evaluados
por los órganos encargados de hacer control y seguimiento a las políticas
carcelarias. En tal sentido, es deber de las autoridades carcelarias dar a
conocer a los interesados, en un sentido amplio, los documentos que sustenten
tales planes, así como los cronogramas y plazos que se hayan establecido.
Sin un sistema de información adecuado es imposible analizar
correctamente un problema de política pública, estructurarlo y enfrentarlo. Sin
información suficiente no se sabe cuál es la dimensión de los conflictos que se
pretende intervenir, ni de recursos que se deben destinar. Planear una política
pública adecuada sin información es sencillamente imposible. No se puede
gobernar bien sin información. Este mal endémico, que enfrenta la región, es un
obstáculo indispensable que debe ser resuelto.[893] Las fallas de
información son predicables de la política criminal, no sólo de la política
carcelaria. Los problemas de información entre la Fiscalía y los jueces
penales, como se dijo, han llevado a que una persona sea condenada ausente de
su juicio, sin posibilidad de defenderse.[894]
Éstas barreras y obstáculos deben ser removidos.
10.3.4.5. Participación y deliberación. Todos los
procesos que se establezca para definir medidas a corto y mediano plazo deberán
contar con espacios de participación y deliberación. Tanto la población
carcelaria, como sus familiares, allegados y las organizaciones sociales y
ciudadanas cuyo objeto sea trabajar con la población carcelaria, o políticas criminales,
públicas o privadas, deben poder contar con espacios de participación. Esta orden
de participación es tanto para las órdenes generales que acá se dan, como para
los casos concretos de cada una de las cárceles.
10.3.4.6. Política criminal, libre de discriminación. La
jurisprudencia constitucional ha reconocido un amplio margen de configuración
al legislador en materia penal. No obstante, ha reconocido que existen límites
constitucionales que el Congreso está obligado a observar, como, por ejemplo,
establecer tratos diferentes no justificados, que implican discriminación.[895]
10.3.4.7. Colaboración armónica entre los responsables de
la política pública. La política criminal debe fundarse en un contexto
institucional que actúe de forma mancomunada y coherente. Es importante
fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional, que aseguren
armonía y sintonía entre los diferentes órganos e instancias del Estado.
10.3.5. Alternativas de intervención penal.
Como se dijo ‘si todo lo que tienes es un martillo, es
tentador tratar todo como un clavo’.[896]
Es preciso que la sociedad construya otras herramientas de intervención social
distintas a la cárcel. Al estructurar una política criminal adecuada
constitucionalmente, se deberá garantizar la razonabilidad y proporcionalidad
del uso de la cárcel y de la administración de la misma.[897] Esto es, debe
establecerse una política pública adecuada y respetuosa de los valores y
principios que inspiran el orden constitucional vigente para decidir cuándo se
justifica someter a una persona al encierro en prisión, pero a su vez se
requiere una política pública de iguales características para establecer cuáles
deben ser aquellas condiciones en que se encierre a las personas. Una política
para el uso de la cárcel y otra para su administración. Pero, se insiste, se
deben considerar medidas alternativas a la cárcel. Formas distintas al encierro
para lograr sancionar a las personas. Es un problema que enfrenta no sólo
Colombia, sino la región en general.[898]
Ahora bien, como se dijo previamente, las medidas alternativas al encierro o a
la respuesta penal, no pueden implicar una desprotección de los derechos,
valores y principios constitucionales básicos de las víctimas y de la sociedad
en general que eran protegidos por las normas penales con castigo de encierro.
Estas herramientas debe reemplazarse con otras estrategias y medidas, no
simplemente anularse y no sustituirlas, pues lo bienes jurídicos tutelados
podría quedar desprotegidos. Además, se debe garantizar que estas medidas
alternativas se usen por personas que se las merecen, tanto por los actos
cometidos, como por su proceso individual de resocialización. No se puede
permitir que estas figuras sean usadas estratégicamente por los criminales
avezados para evadir justas medidas de encierro.
10.3.6. Acceso a la justicia.
Garantizar el acceso a la justicia es importante, entre
otras razones, porque es la herramienta con que cuentan las personas para
evitar que se comentan errores e injusticias. De hecho, en el contexto de
desorden por el que atraviesa el Sistema penitenciario y carcelario, en el que
enfrenta la incapacidad material para atender las demandas de bienes y
servicios que requiere la actual población carcelaria, hay una mayor
probabilidad de que ocurran errores judiciales que impliquen privar de la
libertad a personas inocentes. Así lo ha constatado la Corte Constitucional en
casos concretos en los que ha tutelado los derechos procesales de personas que
han sido condenadas sin el pleno de sus garantías procesales, afectando su
derecho a la defensa, como lo es el caso de personas condenadas como reo
ausente, dentro de un proceso en el que no se le notificó adecuadamente, debido
a las fallas de los sistemas de información del Sistema criminal.[899] Las
fallas durante las etapas procesales que llevan a una persona a estar privada
de la libertad, deben ser removidas.
10.3.7. Promoción de una política de información y
formación.
Con el debido respeto por la autonomía y la libertad de los
medios de comunicación, es deber del Estado promover una política informativa
que asegure a las personas la posibilidad de conocer los hechos criminales que
ocurren, dentro de un contexto que permita entender la dimensión de lo
sucedido. El carácter participativo y democrático de una política pública como
la criminal, implica la existencia de un conjunto de medios de comunicación
que, en libertad, puedan ofrecer la información necesaria para que las
personas, autónomamente, participen y actúen políticamente.  La necesidad de
adoptar acciones en tal sentido ha sido resaltada por la OEA a propósito de las
políticas de seguridad en los siguientes términos: “Los medios de
comunicación juegan un papel activo en la presentación de los hechos
delictuales, la configuración del temor ciudadano y la percepción de impunidad
o corrupción institucional. Se necesita de responsabilidad social editorial
para avanzar en materia de cobertura por parte de los medios y que la misma
habilite un análisis serio de la problemática.”[900] Los medios de
comunicación juegan un papel crucial y determinante en informar a las personas
los hechos criminales que ocurren, en determinar cuáles son importantes y por
qué, en establecer sus causas o en definir sus soluciones, entre otros
aspectos. Existe una responsabilidad impostergable e imperiosa en cabeza de los
medios de comunicación de asegurar el goce efectivo del derecho a la
información de las personas, para que éstas, en el ejercicio de sus derechos
políticos, participen en democracia en la construcción de la política
criminal.
Como se indicó uno de los mínimos constitucionales con los
que ha de contar una política pública, es la transparencia. La opacidad en el
manejo de la información pública, salvo cuando ello es estrictamente necesario,
impide a los ciudadanos en general, ejercer sus derechos políticos de control a
las instituciones. La Sala entiende y comprende que exista información del
sistema penitenciario y carcelario que deba ser restringida o guardada por
razones de seguridad. Pero la mayoría de la información que ese Sistema maneja
es de carácter público y debería estar a disposición de la sociedad en general
y de las entidades estatales competentes en la materia, de manera especial. El
deber de transparencia tiene varios sustentos de carácter constitucional. Por
una parte, es una forma de garantizar los derechos de petición, de acceso a la
información, o el derecho político a controlar el ejercicio de los poderes
públicos y privados, por sólo mencionar algunos. Pero por otra, es también una
forma de asegurar la adecuada y correcta administración. El Comité de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha precisado que es necesario que los
informes aporten información detallada y específica que permita verificar el
cumplimiento de los derechos humanos.[901]
Pero no se trata solamente de las entidades internacionales encargadas de
verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene
Colombia para con sus propios ciudadanos y demás personas que se encuentren en
su territorio. Todos los ciudadanos, las asociaciones políticas y sociales,
tienen derecho a ejercer control sobre el diseño, la implementación y
evaluación de las políticas públicas carcelarias específicamente, y criminales
de forma amplia.
El INPEC deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias
para tener al día los sistemas de información de la entidad al día en los
Establecimientos carcelarios objeto del presente proceso. El Gobierno, a través
de los Ministerios correspondientes, deberá prestar la ayuda necesaria para el
cumplimiento de la presente orden. La información que se tenga, especialmente
referida al número de internos y a su condición, a la calidad de los servicios
sanitarios, higiénicos y de salud, deberá suministrarse a las autoridades carcelarias,
a las autoridades de control y protección de derechos, así como a las
organizaciones de ciudadanos interesados sin obstáculos ni barreras.
10.3.8. El ejercicio de la disciplina debe ser razonable.
Por ejemplo, los reglamentos penitenciarios y carcelarios,
con base en los cuales una persona privada de la libertad puede ser sancionada
al interior de un establecimiento de reclusión, deben ser públicos. No pueden
ser secretos o estar vedados a las personas que están sometidas a estos. La
jurisprudencia constitucional ha señalado al respecto que “[la] publicidad
de las faltas y de las sanciones disciplinarias se convierte de esta manera en
una garantía esencial de los derechos de los internos frente a la potestad
disciplinaria reforzada de la Administración, y es la contrapartida necesaria
del control al cual están sometidas las personas privadas de la libertad  en
virtud de la relación de especial sujeción que se establece entre ellas y el
Estado.”[902]
Las personas privadas de la libertad tienen el derecho constitucional a conocer
cuáles son las reglas que rigen su vida en prisión, en especial, las de
carácter disciplinario, que pueden acarrear sanciones.
10.3.9. Resocialización.
Un cupo carcelario no es igual a una celda con cama, colchón
y cobija. La política criminal del estado penitenciario debe asegurar que en su
tercera fase (la penitenciaria y carcelaria) la resocialización sea una
realidad. Tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el goce
efectivo de toda persona privada de la libertad, su derecho a poder realizar
actividades que aseguren su proceso de resocialización y le den la posibilidad
real de vivir en una sociedad libre y democrática.  Se deben asegurar el acceso
a programas de  (i) educación,  (ii) trabajo y  (iii) recreación, no como
estrategias para mantener ocupadas a las personas privadas de la libertad, sino
como mecanismos integrales de un plan de resocialización, debidamente
estructurado. Los planes y programas que se diseñe, desarrolle e implemente
para asegurar los derechos a la educación, al trabajo y a la recreación de las
personas privadas de la libertad, debe cumplir con las exigencias mínimas que
el orden constitucional vigente demanda de toda política pública de la cual
dependa el goce efectivo de derechos fundamentales, y, en especial, de las
mínimas exigencias que la Constitución hace a una política penitenciaria y
carcelaria, tal como fueron expuestos (al respecto, ver el capítulo 8 de las
consideraciones de la presente sentencia). El Sistema penitenciario y
carcelario debe tomar las medidas adecuadas y necesarias para acercar a las
personas a las condiciones que tendrá su vida cuando estén en libertad.[903]
10.3.10. Condiciones de vida digna.
Se debe reconocer a toda persona privada de la libertad, su
condición de ser humano igualmente digno a los demás. La dignidad de todo ser
humano privado de la libertad, así como el respeto, la protección y la garantía
de sus derechos fundamentales, son un imperativo de toda autoridad pública.  Específicamente,
se debe prestar especial atención a respetar, proteger y garantizar los
derechos de toda persona  (i) a contar  con un espacio vital mínimo y digno,
que permita el descanso;  (ii) a contar  con elementos básicos como ropa,
cobija y colchoneta;  (iii) a no ser expuesta a temperaturas extremas;  (iv) a
utensilios básicos de aseo e higiene personal, y un ambiente salubre;  (v) al
agua potable y a una alimentación adecuada y suficiente, así como a los
utensilios básicos para poder comer;  (vi) a la seguridad e integridad
personal;  (viii) al respeto a la intimidad, en especial a la vista íntima;
(ix) a la unidad familiar;  y  (x) al acceso a los servicios que se requieran.
Derecho a espacios higiénicos y limpios. Espacios con
mínimas condiciones de limpieza. Espacios en los que exista control de plagas,
insectos o animales que afecten la integridad física y psicológica de las
personas. Las descripciones periodísticas que se han hecho de las cárceles, así
como las inspecciones judiciales realizadas por jueces de tutela, suelen poner
de presente que la violación de este derecho fundamental de las personas
privadas de la libertad se constata desde el ingreso a las cárceles y
penitenciarías: el olor. El fétido y nauseabundo hedor de las prisiones es uno
de los elementos más característicos del dantesco estado de cosas en que se
encuentra el Sistema penitenciario y carcelario colombiano. Esta situación debe
controlarse, pues no tiene cabida bajo un orden constitucional respetuoso de la
dignidad humana.  En un estado social y democrático de derecho, fundado en la
defensa y protección de la dignidad humana, sin discriminación alguna, no es
aceptable, bajo ningún punto de vista, que una persona sea sometida a vivir en condiciones
insalubres para un ser humano, o entre ratas, insectos y desperdicios. Si el
Estado permite situaciones como esas, está minando el principio axial de la
dignidad humana. Está abriendo la puerta a que se deshumanice a ciertas
personas, a que la sociedad las vea  como ‘no plenamente humanos’; como seres
distintos al resto de las personas, por los crímenes que han cometido (o por lo
que se les acusa de haber hecho). El valor intrínseco de todo ser humano debe
ser objeto de respeto, de protección y de garantía plena por parte de las
instituciones del Estado.
El Magistrado Ciro Angarita Barón, recordaba una frase que
evidencia el sentido medular de la dignidad humana: “toda vida tiene un
objeto y puede ser útil, no importa cuán menguada esté”. Cualquier persona,
no importa que tan menguada la tenga la cárcel, vive una vida que debe ser
protegida, por principio, bajo el orden constitucional vigente.
10.3.11.  Medidas de protección en salud y de descongestión
judicial.
El Gobierno Nacional deberá coordinar, a través del Consejo
Superior de Política Criminal, la elaboración un plan de medidas de
contingencia orientadas a superar de forma ágil y pronta los problemas en
materia de salud de la población carcelaria. Deberá darse participación a la
ciudadanía y a las organizaciones sociales interesadas, en espacios de
deliberación a los que sea sensible el diseño y concepción de las medidas que
se adopten. Concretamente, se deberán diseñar e implementar las medidas
adecuadas y necesarias para remover los obstáculos y las barreras al acceso a
los servicios de salud. En todo caso, los Directores de cada establecimiento
carcelario, junto con el INPEC, son solidariamente responsables de garantizar
el acceso pronto y ágil al servicio de salud de los internos que lo requieran
con necesidad, así sea mediante prestadores externos. En los centros en los que
la prestación del servicio sea precaria, deberán implementarse brigadas de
salud quincenales, o cualquier otro medio que permita un acceso fácil, rápido y
directo de la población reclusa a un servicio de salud adecuado. El Ministerio
de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior, junto con el INPEC, en
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deberán tomar las
decisiones adecuadas y necesarias para coordinar su acción con las autoridades
en materia económica y de salud, en especial, con los Ministerios de Salud y de
Hacienda y Crédito Público. El Gobierno Nacional deberá coordinar un plan de
medidas de contingencia orientadas a superar de forma ágil y pronta los
problemas en materia de definición de la situación judicial. Deben tomarse
medidas adecuadas y necesarias de común acuerdo con las autoridades judiciales
respectivas, para que de forma célere se tramiten la definición judicial de la
situación de personas sindicadas, así como la definición de solicitudes de
excarcelación.
10.3.12. Protección a la Guardia.
La necesidad de mejorar la calidad de la guardia de las
prisiones es una necesidad sentida en Colombia, al igual que en la región
Latinoamericana. No es posible lograr un adecuado sistema penitenciario y
carcelario, que respete, proteja y garantice los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad, sin la cantidad suficiente de personas para
prestar el servicio de guardia e instruidas correctamente para hacerlo.[904]
10.3.13. Regla de cierre.
La Sala reitera que en un establecimiento penitenciario y
carcelario con condiciones de hacinamiento deben tomarse urgentes medidas de
choque, que aseguren la protección de los ámbitos de protección inmediatos e
impostergables de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. Como se indicó, sólo en aquellos casos en los que excepcionalmente,
se cuente con una evidencia clara y contundente de que un establecimiento
amenaza grave e inminentemente la dignidad humana y los derechos de las
personas, y que no es posible reparar o evitar esta situación de ninguna
manera, se podrá considerar la extrema decisión de decretar el cierre del
mismo. En tal medida, el INPEC y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Justicia y del Derecho deberán tomar las decisiones adecuadas y necesarias
para establecer qué establecimientos penitenciarios y carcelarios requieren
medidas de reparación y refacción de corto y mediano plazo, y cuáles deben ser
cerrados definitivamente. La regla de cierre podrá ser definitiva, o
hasta tanto se asegure el respeto a la dignidad humana y al goce efectivo de
los derechos fundamentales.[905]
10.3.14. Reglas de equilibrio decreciente y de equilibrio.
El INPEC y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Justicia y del Derecho, deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias para que
en aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de hacinamiento
grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una medida que asegure una
protección igual o superior, se deberá aplicar una regla de equilibrio
decreciente, esto es, que sólo se puede autorizar el ingreso de personas al
centro de reclusión si  (i) el número de personas que ingresan es igual o menor
al número de personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la
semana anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o
por obtener la libertad), y  (ii) el número de personas del establecimiento ha
ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las
proyecciones esperadas. La regla de equilibrio decreciente deberá
aplicarse hasta tanto cese el hacinamiento y el establecimiento no se encuentre
ocupado más allá de su capacidad total, momento a partir de cual se deberá
aplicar estrictamente la regla de equilibrio –para evitar regresar al
estado de hacinamiento– hasta tanto el establecimiento se encuentre con un
nivel de ocupación inferior a su capacidad total.
Ahora bien, se deberá tomar un tiempo prudencial para
adoptar estas reglas de manera generalizada. El problema del hacinamiento se
origina en una discordancia entre la población carcelaria y los cupos
disponibles en el sistema carcelario. Por tanto, las reglas de equilibrio
y de equilibrio decreciente sólo pueden funcionar en la medida en que se
adopten paralelamente medidas, tanto para disminuir la población carcelaria
como para incrementar los cupos disponibles en el Sistema. En tal medida, la
Sala entiende que la implementación de las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente sólo puede hacerse adecuadamente si se acompaña de las medidas
adecuadas, necesarias y suficientes. Así, podrá haber lugares en los que su
razonable implementación requiera de un mayor tiempo que en otros, así como de
mayores acciones adicionales. Por tanto se requiere de un margen de
flexibilidad, propio del ejercicio de las facultades de administración, que
permitan aplicar con distintas gradualidades las reglas en cuestión, fundándose
en criterios objetivos y razonables que sustente dichas determinaciones. Así,
se deberá establecer en que contextos estas reglas deben ser aplicadas de
inmediato, y en que otros se deban realizar conjuntamente planes de
contingencia orientados a suplir, así sea de manera provisional cupos
adicionales.
En otras palabras, la aplicación de las reglas de equilibrio
y equilibrio decreciente deben hacer parte integral de un plan de acción global
que permitan adoptarlas las reglas en cuestión de manera real y efectiva, sin
poner en riesgo otros derechos, valores o principios constitucionales. A más
tardar en dos meses luego de notificada la sentencia, el Ministerio de Justicia
deberá indicar a esta Sala de Revisión, y comunicar a la opinión pública en
general, cómo serán aplicadas las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, así como indicar cuáles serán las medidas complementarias para
asegurar la correcta implementación de las mismas. En cualquier caso, las
reglas de equilibrio y equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia
en un plazo máximo de  dos (2) años después de notificada la presente
sentencia.
10.3.15. Medidas concretas e inmediatas.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y
del Derecho, junto con el resto de autoridades penitenciarias y carcelarias
nacionales, deben considerar qué establecimientos de reclusión requieren medidas
concretas y específicas que puedan ser implementadas de forma inmediata, para
minimizar y aminorar el impacto que tiene el estado de cosas actual del Sistema
penitenciario y carcelario y de la política criminal en general, sobre los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Estas medidas
deberán ser diseñadas e implementadas con celeridad, con el acompañamiento de
las dependencias correspondientes de la Procuraduría y la Defensoría de Pueblo
y estarse implementando, a más tardar, dentro de los dos meses siguientes,
luego de notificada la presenten sentencia.
10.3.16. Medidas de control permanente y no repetición.
El estado de cosas inconstitucional iba en camino a ser
superado, en tanto se habían mejorado las condiciones del sistema penitenciario
parcialmente y se trabajaba en dirección a mejorarlo. Sin embargo, por
múltiples causas, la situación del sistema volvió a colapsar y, actualmente, se
encuentra en un estado que, como lo reconoció el propio Gobierno, requiere una
intervención de emergencia, inmediata. Esto quiere decir que unas de las
medidas más importantes que se deberán implementar, son aquellas que estén
orientadas a evitar que una vez superado el estado de cosas inconstitucional por
parte de las acciones del Gobierno y demás autoridades correspondientes, esta
situación no vuelva a presentarse.
10.3.17. Eventual cierre de establecimientos.
Es evidente que algunas de las construcciones actuales son
obsoletas y están en malas condiciones. Deben ser remplazadas. No pueden seguir
siendo utilizadas por las diversas razones manifestadas a lo largo de esta
sentencia (deterioro físico, mala calidad de sus instalaciones sanitarias e
higiénicas, diseños arquitectónicos y espaciales que propician el riesgo de
violaciones a los derechos fundamentales de la población reclusa).  La rama
ejecutiva del poder público, a través del Departamento de Planeación Nacional,
ha recomendado que  “[…] el proceso de construcción de nueva infraestructura
[no sólo debe atender] la población creciente sino [permitir] reponer
la infraestructura obsoleta.”[906]
El Gobierno Nacional ha reconocido también, que muchos de los centros
carcelarios son tan obsoletos que no es posible modificarlos para aumentarlos
en su capacidad. Sólo pueden ser mantenidos y conservados. La Sala exhorta al
Gobierno Nacional para que considere la posibilidad de cerrar definitivamente
estos centros penitenciarios y carcelarios y convertirlos en lugares donde se
conserve la memoria de las tragedias que ocurrieron en esas edificaciones.
10.3.18. Medidas adicionales.
Como se indicó previamente,[907] algunas personas habían
solicitado a esta Sala de Revisión que se iniciara un proceso de cumplimiento
de la sentencia T-153 de 1998. De forma similar a como lo manifestaron varias
autoridades judiciales en algunos de los procesos de acción de tutela
acumulados en el presente caso, estas personas consideraron que lo que procedía
para enfrentar la grave situación penitenciaria y carcelaria era, precisamente,
hacer cumplir las órdenes impartidas en aquella oportunidad. Sin embargo, como
se concluyó, se trata de un estado de cosas contrario a la Constitución similar
la anterior, y conectado en varios aspectos, pero que también supone un
contexto y un escenario diferente. En tal medida, como respuesta a la solicitud
de estas personas, se remitirá copia de la presente sentencia a esos
solicitantes.
Uno de los problemas de la política criminal en general, y
de la penitenciaria y carcelaria en particular, es el hecho de haber estado
actuando durante un tiempo de manera reactiva. Como lo señaló la Comisión
Asesora de Política Criminal, muchas de las acciones estatales suelen ser una
reacción a un escándalo social, mediático o a una demanda judicial. En tal
sentido, las autoridades carcelarias han estado atendiendo reclamos y apagando
incendios, y no implementando una política penitenciaria y carcelaria razonable
y proporcionada, respetuosa de la dignidad humana y los derechos
fundamentales.  Actualmente, como lo ha manifestado el Gobierno Nacional y el
INPEC a esta Corporación y al Congreso de la República, existen muchas órdenes
judiciales referentes al estado de cosas inconstitucional que deben ser
cumplidas. En este contexto, se hace necesario armonizar las decisiones que los
jueces han ido adoptando en cada uno de los procesos, para proteger los
derechos fundamentales invocados ante ellos, con las decisiones de política
pública que las autoridades penitenciarias y carcelarias han ido tomando, y
seguirán decidiendo e implementando, para enfrentar el estado de cosas del
Sistema penitenciario. En tal medida, se ordenará al Ministerio de Justicia
que, con el apoyo del Consejo Superior de Política Criminal, tome las medidas
adecuadas y necesarias ayudar a las autoridades carcelarias, armonizar el
cumplimiento de las políticas criminales que se estén diseñando, adoptando e
implementando, con las órdenes judiciales que se hayan adoptado en defensa de
la Constitución Política. Las decisiones judiciales, según las cuales una
determinada situación constituye una violación a un derecho fundamental, deben
ser respetadas, acatadas y cumplidas. No obstante, la decisión judicial no
puede suplantar ni remplazar las competencias de las autoridades
administrativas, de gobierno o de representación política. Éstas mantienen sus competencias,
deben ejercer sus facultades y cumplir con sus funciones. A través del diálogo
institucional que debe mantenerse entre el juez que imparte una orden compleja y
las autoridades encargadas de cumplirla, deben lograrse los acuerdos necesarios
para que se adopten las medidas que, efectivamente, permitan a la
administración llevar a buen término, la decisión judicial. En otras palabras,
el dialogo institucional que debe existir entre el juez de tutela y la
administración que debe cumplir con una orden impartida por aquel, debe evitar
dos situaciones: que la intromisión judicial en las competencias
administrativas impida que la administración cumpla lo que se le ordenó o que
la falta de respeto y acatamiento a la orden judicial, implique seguir
desconociendo el derecho fundamental reclamado y tutelado por el juez. En los
casos que corresponda, se promoverán los ajustes razonables a las políticas
establecidas, para permitir a las autoridades carcelarias respectivas cumplir
con las órdenes judiciales y, eventualmente, se solicitará al juez de tutela
que ajuste las órdenes impartidas de tal manera que puedan ser mejor
garantizados los derechos fundamentales.[908]
10.3.19. Seguimiento, acompañamiento y reserva de
competencia.
La Defensoría del Pueblo, junto con la Procuraduría General
de la Nación y la Contraloría General de la República, acordarán con el
Gobierno la manera como se acompañara y hará seguimiento al cumplimiento de las
órdenes impartidas.  En cualquier caso, los jueces de primera instancia en cada
uno de los procesos, conservan la competencia para adoptar medidas que aseguren
el goce efectivo de los derechos violados, hasta tanto la situación de
violación no sea superada, y, adicionalmente, la presente Sala de Revisión se
reserva la posibilidad de tomar medidas adicionales o de impartir órdenes
complementarias dentro de los procesos de la referencia. Los incumplimientos a
las órdenes impartidas deberán ser notificados a esta Sala de Revisión, una vez
se tenga conocimiento de los mismos, por parte de las entidades encargadas de
realizar el seguimiento y control.
10.4. Un cambio de castigo.
El cometido de las autoridades encargadas del Sistema
penitenciario y carcelario no es sólo reformar lo que hay. No se trata de
actualizar los viejos centros penitenciarios y carcelarios, poniendo al día los
aparatos de presión, de control y castigo, que se han venido estableciendo como
la forma primigenia de sanción en el país, desde el siglo XIX. La sociedad y el
Estado tienen el deber de crear y diseñar formas de sanción y de castigo
acordes con la dignidad humana, e inspirados en el respeto de los derechos de todas
las personas (tanto de las víctimas, las personas privadas de la libertad, los
familiares y allegados de unos y otros, y de las personas que se desempeñan los
oficios y funciones públicas de las cuales dependen la implementación de
aquellas sanciones y castigos).
Las condiciones indignas de reclusión son una realidad
inconcebible e inaceptable en el Sistema penitenciario y carcelario. El castigo
penal debe ser reducido a sus justas proporciones, constituyéndose,
efectivamente, en el último argumento que tiene una sociedad en contra de una
persona que comete un grave acto de criminalidad.
11. Conclusión y resumen de la decisión
En el presente caso la Sala de Revisión tuvo que estudiar
dos problemas jurídicos principales, con relación a los derechos fundamentales
de las personas recluidas en seis establecimientos del Sistema penitenciario y
carcelario nacional (el Complejo Carcelario y Penitenciario y Metropolitano de
Cúcuta, la Cárceles de la Tramacúa de Valledupar, la Cárcel Modelo de Bogotá,
la Cárcel Nacional Bellavista de Medellín, la Cárcel San Isidro de Popayán y el
establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja).[909]
Algunos de los reclamos hacen referencia a problemas estructurales del Sistema
penitenciario y carcelario en general y otros a cuestiones concretas de los
centros de que se trata.
El primero[910]
es un problema jurídico ya resuelto por la jurisprudencia constitucional en el
pasado (sentencia T-153 de 1998). El someter a las personas privadas de la
libertad a condiciones de reclusión indignas y violatorias de los derechos
fundamentales más básicos, es una conducta proscrita del estado social y
democrático de derecho. Tener en condiciones de hacinamiento y de indignidad a
la mayoría de personas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano
constituye a la luz de la jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que
es contrario al orden constitucional vigente y que, por tanto, debe ser
superado por las autoridades competentes, ejerciendo las competencias que se
tienen para ello en democracia, dentro de un plazo de tiempo razonable, y de
manera transparente y participativa. No obstante, el hecho de que en el pasado
la jurisprudencia constitucional ya se hubiera pronunciado al respecto implica
a su vez un nuevo problema jurídico, planteado en varios de los casos
seleccionados.[911]
Ahora bien, en relación con el segundo problema jurídico[912], la
Sala considera que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer
del cumplimiento de una sentencia de finales del siglo pasado (de hace década y
media), que en ocasiones anteriores entendió parcialmente cumplida. Si bien
existen parecidos y similitudes entre el estado de cosas de 1998 y el actual,
se trata de contextos y supuestos fácticos diferentes. Por ejemplo, mientras en
1998 la situación era de abandono, en el momento actual no. La situación de
hacinamiento que atraviesa el Sistema penitenciario y carcelario ha alcanzado
niveles similares a los de aquella época, pero las causas que explican esta
situación difieren en parte de las que fueron constatadas en la sentencia T-153
de 1998.  Desde entonces y hasta el día de hoy, el Estado ha hecho importantes
inversiones en la infraestructura carcelaria, pese a lo cual  en la actualidad
se ha regresado a los niveles dramáticos de hacinamiento y vulneración de
derechos fundamentales de aquellos años en que se produjo la primera
declaratoria de estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y
carcelario del país.  Por tanto, en esta oportunidad se reiterará la decisión
adoptada previamente en Autos, en los que se respondieron solicitudes de que se
iniciara un proceso de cumplimiento de aquella sentencia.
La Sala considera que el estado de cosas del sistema
carcelario constatado en 1998 no es igual al que atraviesa actualmente, por lo
que requiere un análisis propio e independiente. Así lo demuestra la
información acerca de la situación del Sistema penitenciario y carcelario colombiano
suministrada y recopilada por la Corte, que se incluye como anexo de esta
providencia, con fundamento en la cual constata la existencia de un estado de
cosas inconstitucional en el sistema carcelario colombiano.
Con fundamento en este
diagnóstico, y examinados los casos concretos sometidos a su consideración, la
Sala adopta las siguientes decisiones:
11.1. Se declara que el Sistema penitenciario y carcelario
se encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, por cuanto (i) los
derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados
de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido
incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado
prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano;
(iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y
presupuestales que se requieren con urgencia;  (v) la solución de los problemas
estructurales compromete la intervención de varias entidades, que deben
realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente,  (vi) si todas las
personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de
cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus
derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en
esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está
ocurriendo.
11.2. El estado de cosas inconstitucional en el que se
encuentra nuevamente el Sistema penitenciario y carcelario tiene una de sus
principales causas en dificultades y limitaciones estructurales de la política
criminal en general a lo largo de todas sus etapas, no solamente en su tercera
fase: la política carcelaria. Existen indicios y evidencias del recurso
excesivo al castigo penal y al encierro, lo cual genera una demanda de cupos
para la privación de la libertad y de condiciones de encierro
constitucionalmente razonables, que es insostenible para el Estado.
11.3. El juez de tutela no puede renunciar al cumplimiento
de sus obligaciones, no tomar acciones frente a una violación o amenaza
probada; por lo menos debe  (i) verificar la violación a los derechos
alegada;  (ii) declarar que esta ocurre, en caso de que así se haya
constatado; así como  (iii) informar y comunicar la situación.
Esto es especialmente cierto tratándose de personas privadas de la libertad, en
virtud de la situación de sujeción en la que se encuentran, y máxime cuando
están sobrellevando una situación de extrema injusticia derivada del
incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección que le
asisten al Estado frente a quienes se encuentran en tal condición. En este
contexto, al juez de tutela le asiste la facultad y el deber de asumir una
actitud más oficiosa y activa cuando el amparo es invocado por personas que,
por sus particulares circunstancias, ven limitados sus derechos de defensa,
como ocurre con las personas recluidas en establecimientos penitenciarios y
carcelarios. En tales circunstancias, corresponde al juez analizar el caso más
allá de lo alegado por el accionante y, de encontrar mérito para ello,
otorgando el amparo de derechos que no han sido invocados de manera expresa
pero cuya violación se evidencia en el caso concreto, emitiendo las órdenes
necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos conculcados.
11.4. Las facetas prestacionales de un derecho fundamental
son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización
progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto,
se esté implementando. La violación o la amenaza de las facetas
prestacionales de realización progresiva suelen demandar del juez de tutela que
se impartan órdenes complejas, que busquen la efectividad de los derechos,
respetuosas de las competencias democráticas y administrativas
constitucionalmente establecidas, que sean prudentes y abiertas al diálogo
institucional. La valoración que se haga a partir de los parámetros que se
ocupen de la estructura, del proceso y de los resultados de la política pública
de la cual dependa el goce efectivo del derecho fundamental que se busca
proteger con la orden compleja, determinarán si hay un nivel de cumplimiento
alto, medio, bajo, o, simplemente, de incumplimiento. El nivel que se haya
alcanzado, determinará cuál debe ser la respuesta del juez; a mayor nivel de
cumplimiento, menor debe ser la respuesta judicial, o sencillamente ninguna, y
a menor nivel de cumplimiento, mayor y más estricta, debe ser la respuesta
judicial, con miras a asegurar el goce efectivo de la faceta prestacional del
derecho fundamental que haya sido tutelado.
11.5. Un Estado social y democrático de derecho, bajo
ninguna circunstancia, puede imponer barreras u obstáculos infranqueables o
considerables al acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la
libertad. Cuando el Sistema penitenciario y carcelario está deteriorado o en un
estado de cosas contrario al orden constitucional (porque, por ejemplo, no
cuenta con infraestructura adecuada y suficiente, está sobrepoblado, ofrece
mala alimentación, no ocupa, educa ni brinda la posibilidad de realizar
ejercicios físicos o actividades de esparcimiento a las personas y, en cambio
sí, las expone a riesgos de violencia que pueden afectar su integridad personal
o su vida misma), no garantizar el acceso a los servicios de salud es una
violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente. En estas
condiciones se comete una doble violación: por una parte, el Sistema
penitenciario y carcelario desprotege el derecho a la salud, al dejar de
tomar acciones y medidas orientadas a superar las afecciones a la salud de las
personas privadas de la libertad; pero a la vez lo irrespeta, por cuanto
emprende acciones (recluir a una persona en condiciones extremas, insalubres y
no higiénicas) que privan del grado de salud que tenían. No se les asegura
gozar de un mejor grado de salud y, además, se les arrebata el que tenían.
11.6. No garantizar el derecho al agua a personas privadas
de la libertad, para su aseo, implica una grave violación a este derecho y a la
dignidad humana, así como a los derechos en conexidad, como la salud, la
alimentación, la integridad, a un ambiente sano e incluso la vida. Si se trata
de restricciones claramente irrazonables y desproporcionadas, constituirán,
además, una trato cruel, inhumano y degradante.
11.7. Los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas adecuadas y
necesarias, para asegurar la efectiva reinserción social de aquellas personas
marginadas y excluidas socialmente por su condición socioeconómica, que se
encuentren privadas de la libertad, independientemente de si son condenadas o
sindicadas.
11.8. En un estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente, como el que atraviesa actualmente el
Sistema penitenciario y carcelario, las personas no adquieren un derecho
constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se diseñen e
implementen políticas criminales y carcelarias favorables a la libertad y
sostenibles en el tiempo –entre otras características mínimas–, a las cuales se
deberá tener acceso, sin discriminación alguna.
11.9. Sólo en aquellos casos en los que excepcionalmente, se
cuente con una evidencia clara y contundente de que un establecimiento amenaza
grave e inminentemente la dignidad humana y los derechos de las personas, y que
no es posible reparar o evitar esta situación de ninguna manera, se podrá considerar
la extrema decisión de decretar el cierre de un establecimiento
penitenciario y carcelario o de un lugar de reclusión. La regla de cierre
podrá ser definitiva, hasta tanto se asegure el respeto a la dignidad humana y
al goce efectivo de los derechos fundamentales.
11.10. En aquellos casos en los que
se esté enfrentando una situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta
tanto no se disponga una medida que asegure una protección igual o mayor por
parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias competentes, se deberá
aplicar una regla de equilibrio decreciente, esto es, que sólo se puede
autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si  (i) el número de
personas que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del
establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea
(por ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii) el
número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de
acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas. La regla de equilibrio
decreciente deberá aplicarse hasta tanto cese el hacinamiento y el
establecimiento no se encuentre ocupado más allá de su capacidad total. A
partir de este momento se deberá aplicar estrictamente la regla de equilibrio,
la cual no requiere que continúe disminuyendo el número de personas recluidas,
sino que se adopten las medidas adecuadas y suficientes para evitar regresar al
estado de hacinamiento y mantener un nivel de ocupación que garantice
condiciones de reclusión dignas para todas las personas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- RECHAZAR las
solicitudes ciudadanas y judiciales de que esta Sala de Revisión retome la
competencia del proceso que dio lugar a la sentencia T-153 de 1998, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
Segundo.- DECLARAR que
el Sistema penitenciario y carcelario nuevamente está en un estado de cosas
contrario a la Constitución Política de 1991, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero.- ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC que convoque al Consejo
Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y
carcelario, teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros
establecidos en el capítulo (8) y el apartado (10.3.) de las consideraciones de
la presente sentencia.
Para verificar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno
Nacional, en compañía del Consejo Superior de Política Criminal deberá remitir
dos informes a esta Sala de Revisión, así: (i) El primer informe
será remitido en dos (2) meses contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, informando cuál ha sido el cumplimento de las ordenes de
aplicación inmediata, en general y particularmente en las seis cárceles que
fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, e
igualmente precisar cómo serán aplicadas las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, tal como fueron descritas en la parte motiva de esta
sentencia, y las medidas complementarias que se adoptarán para asegurar la
correcta implementación de las mismas. (ii) El segundo informe se
deberá presentar en dos (2) años contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, informando cuál ha sido el cumplimiento de las órdenes
complejas de realización progresiva, en general y particularmente en las seis
(6) cárceles que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la
referencia.
El cumplimiento de esta orden deberá atender los siguientes
parámetros: (i) los informes requeridos deberán incorporar los parámetros de
estructura, proceso y resultado, según lo previsto en el numeral 8.1.2.3. de
esta providencia, así como indicadores de goce efectivo del derecho y niveles
de cumplimiento alcanzados. (ii) El Ministerio de Justicia y del Derecho,
deberá remitir copia de los informes a la Procuraduría General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, al mismo
tiempo que a esta Corporación, para que estas entidades puedan ejercer sus
competencias de control respecto al cumplimiento de las órdenes impartidas en
esta providencia. (iii) En cualquier caso, las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia dos (2) años después de
notificada la presente sentencia, de modo tal que la Corte pueda examinar su
ejecución en el momento en que se envíe a esta Corporación el segundo de los
informes a los que se refiere el párrafo anterior.
Cuarto.- ORDENAR a la Procuraduría General de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo que se hagan partícipes del proceso de
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. Deberán vigilar que en el
proceso de cumplimento de la sentencia se sigan, efectivamente todas y cada una
de las órdenes impartidas, tanto las generales como las específicas de cada
caso. Verificarán que en el proceso de cumplimiento se tengan en cuenta todos y
cada uno de los parámetros fijados en la presente sentencia, en los capítulos
7, 8, 9, 10 y 11. INVITAR a participar dentro de este proceso de
seguimiento y veeduría al cumplimiento de la sentencia a la Contraloría General
de la República.
Quinto.- ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, así como al INPEC –tanto nacional como
regionalmente– y a cada una de las autoridades de los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios objeto de alguna de las tutelas de la referencia,
suministrar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo
y al Contraloría General de la República, toda la información que requieran
para hacer el seguimiento al cumplimiento de la presente sentencia. Asimismo,
se les deberá permitir ingresar a los respectivos recintos, sin necesidad de
cita previa, pero sin omitir las correspondientes medidas de seguridad, para
que puedan ejercer su función de vigilancia y control.
Sexto.- COMUNICAR la presente decisión a las
Alcaldías de los municipios en los que se encuentran ubicadas cada una de las
seis (6) cárceles, y a las respectivas Secretarias de Salud municipal o
distrital, según sea el caso, para que se vinculen al proceso de cumplimiento
de la presente sentencia, pudiendo participar de veedores y garantes de su
cabal cumplimiento y ejecución.
Séptimo.- Dentro del proceso T-3526653,
REVOCAR la sentencia de la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de
Cúcuta de segunda instancia que había negado la solicitud por hecho superado y,
en su lugar, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por
el Juez 7° Civil del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se tutelaron los
derechos fundamentales del señor Pedro Antonio Sandoval, recluido en la Torre
2A de la Cárcel de Cúcuta [Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta, COCUC]. En consecuencia, se reitera la decisión del juez de primera
instancia, en el sentido de ordenar al INPEC Cúcuta y al Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC, cumplir las recomendaciones dadas
por las autoridades municipales de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Personería
Municipal, y adoptar las medidas que correspondan para asegurar el goce
efectivo de los derechos invocados por el accionante, y las demás personas
recluidas en condiciones similares. En cualquier caso, las medidas ordenadas
por el juez de primera instancia, deberán implementarse en el término máximo de
dos (2) meses, a partir de la notificación de esta providencia.
Adicionalmente, para garantizar los derechos fundamentales
de las personas recluidas en este establecimiento carcelario, se deberá dar
cumplimiento a las órdenes que, con carácter general, se imparten en los
ordinales décimo tercero a décimo octavo de esta providencia.
Octavo.– Dentro del proceso T-3535828,
REVOCAR la sentencias del Juzgado 3° Penal del Circuito de Valledupar y de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que negaron la acción de
tutela y, en su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, al
agua, a la integridad personal, a la salud y a un ambiente sano de los 71
accionantes y de las demás personas allí recluidas.
Para proteger los derechos en cuestión, se impartirán las
siguientes órdenes específicas, además de las que, con carácter general, están
contenidas en los ordinales décimo tercero a décimo octavo de esta providencia:
(1) Ordenar a la Alcaldía
Municipal que, a través de la Secretaría de Salud, y junto a la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Municipal,
visiten las instalaciones de la Cárcel La Tramacúa dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, para constatar las
condiciones de goce efectivo de acceso al agua, alimentación, higiene,
salubridad y manejo de las aguas negras. Las entidades mencionadas deberán
presentar un informe escrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Juez
de primera instancia y a esta Sala de Revisión, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la visita, en el que se efectúe un diagnóstico de la situación
actual e informe si se han adoptado medidas para garantizar el goce efectivo de
los derechos; asimismo, proponer las medidas adecuadas y necesarias que deben
adoptarse con carácter urgente para mitigar el impacto del estado de cosas
inconstitucional y aquellas que, a mediano o largo plazo, deberían adoptarse
para superar definitivamente el problema. Tales medidas deberán ser
implementadas, siendo responsables de ello la Dirección General del INPEC y la
Dirección de la Cárcel La Tramacúa.
(2) A fin de prevenir que los
problemas generales de hacinamiento lleguen a este Establecimiento, se ordena a
la Dirección de la Cárcel La Tramacúa que no supere la capacidad máxima de
cupos dispuestos. Para tal efecto,  no se podrá trasladar personas de otros
centros de reclusión, por ejemplo, si la capacidad máxima ya fue alcanzada. A
partir de tal momento se deberá aplicar la regla de equilibrio (tal como
fue expuesta en las consideraciones de la presente sentencia), para impedir que
el Establecimiento supere su capacidad permitida.
(3) Si en un término de dos (2)
años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, no se han
tomado las medidas adecuadas y necesarias para solucionar los problemas
estructurales de suministro y acceso al agua en condiciones dignas a La
Tramacúa, la cárcel deberá ser cerrada temporalmente, hasta tanto el problema
de aguas sea resuelto, tiempo durante el cual las personas recluidas en este
Establecimiento penitenciario deberán ser reubicadas, en condiciones dignas, en
el lugar más cercano a la residencia de sus familiares y personas allegadas
que, en aplicación de las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente,
ofrezca las condiciones de reclusión apropiadas.
(4) Se ordena a la Dirección
General del INPEC y a la Dirección de la Cárcel La Tramacúa, que, en el término
de tres (3) meses después de notificada esta sentencia, coordinen con la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría de la Nación un medio efectivo de
denuncia de los actos que ocurren en la Cárcel, para que, paralelamente a las
investigaciones de la Fiscalía, éstos órganos puedan tomar las medidas de
protección del derecho y disciplinarias que correspondan. Vencido el término,
deberán informar por escrito al juez de primera instancia y a esta Sala de
Revisión, el mecanismo acordado para canalizar las denuncias.
(5) Se ordena a las autoridades
de la Cárcel La Tramacúa que respeten, protejan y garanticen los derechos
fundamentales a las personas privadas de la libertad de manera integral, y no
se adopten medidas sancionatorias o castigos que puedan implicar violar el
derecho de acceso al agua, a la comida o al descanso. Se debe garantizar el
derecho de reunión con el abogado defensor en condiciones que aseguren los
derechos al debido proceso y a la defensa, al igual que el derecho a la
protesta pacífica de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Toda actuación carcelaria debe estar inspirada y respetar el principio de
dignidad humana.
Noveno.- Dentro del proceso T-3554145, CONFIRMAR
las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, respectivamente y, en consecuencia, tutelar los derechos
fundamentales del señor el señor Jhon Mario Ortiz Agudelo. Dentro del proceso T-3647294,
REVOCAR la decisión de no tutelar los derechos del señor Wilfredo Mesa
Rosero, proferida en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá y confirmada en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. En su lugar, tutelar los derechos fundamentales del
accionante y demás personas recluidas en la Cárcel Modelo de Bogotá. En ambos
casos se tutelan, por violación o amenaza, los derechos a la dignidad humana, a
la vida, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la
integridad personal, física y psíquica, al agua, a la salud, a no ser sometidos
a condiciones climáticas extremas o condiciones insalubres y sin higiene, a
recibir una alimentación adecuada y suficiente y a contar con actividades que
permitan poder ocupar el tiempo (trabajo, educación y recreación), dentro de un
proceso de resocialización.
Para proteger los derechos en cuestión, se impartirán las
siguientes órdenes específicas, además de las que, con carácter general, se
imparten en los ordinales décimo tercero a décimo octavo de esta providencia:
(1)  Se reiteran las órdenes
impartidas por la Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
dictada dentro del proceso de tutela adelantado por el señor Ortiz Agudelo [Expediente
T-3554145].
(2)  Se ordena al INPEC y a la
Dirección de la Cárcel Modelo de Bogotá acoger las recomendaciones que le
hiciera la Secretaria de Salud Distrital frente al tema de salubridad de los
comedores, debiendo dentro del mismo plazo de un (1) mes, reabrirlos en las
condiciones fijadas por dicho organismo.
(3)  Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, los señores
Wilfredo Mesa Rosero y Jhon Mario Ortiz Agudelo deberán ser valorados
médicamente. Acto seguido, se deberán tomar las medidas adecuadas y necesarias
para garantizar el acceso a los servicios de salud que se requieran con
necesidad. El INPEC, el Gobierno Nacional –a través de su Ministerio de Justicia
y del Derecho– y la Dirección de la Cárcel Modelo de Bogotá, responderán
solidariamente por el cumplimiento de esta orden.
Décimo.- Dentro del proceso T-3645480, confirmar la
decisión de instancia de la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín del nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), en el
sentido de tutelar los derechos fundamentales del señor Víctor Alonso Vera a su
dignidad, a su salud y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En tal virtud, se disponen las siguientes órdenes específicas,
además de las que, con carácter general, se imparten en los ordinales décimo
tercero a décimo octavo de esta providencia:
(1)  Se reiteran las órdenes
impartidas por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de
Medellín, dictada dentro del proceso de tutela adelantado por el señor Víctor
Alonso Vera [Expediente T-3645480].
(2)  Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia se deberán
adoptar las medidas adecuadas y necesarias para que el señor Víctor Alonso Vera
y demás personas que se encuentran durmiendo en los baños del centro carcelario
puedan pernoctar en un espacio adecuado y se les garantice una dotación de
colchón, cobija, sábana y almohada. Asimismo, tanto el accionante como aquellas
personas que comparten sus mismas condiciones de reclusión y que así lo
soliciten, deberán ser valorados médicamente. Acto seguido, se deberán tomar
las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el acceso a los servicios de
salud que se requieran con necesidad. El INPEC, el Gobierno Nacional –a través
de su Ministerio de Justicia y del Derecho– y la Dirección de la Cárcel de
Bellavista responderán solidariamente por el cumplimiento de esta orden.
Décimo primero.- Dentro de los procesos T-375561,
T-3759881, T-3759882, revocar las respectivas decisiones de
instancia comprendidas en las sentencias del  tres (3) y veinticuatro (24) de
octubre de dos mil doce (2012), de la Sala Civil y Familia del Tribunal
Superior de Popayán], y en su lugar, tutelar los derechos a la dignidad
humana, la vida e integridad personal y el debido proceso de Luis Enrique Leal
Sosa, Omar Rolando Herrera Nastacuas, Jhon Jairo Cifuentes Ul. Dado que en el
presente caso la vulneración de derechos fundamentales de los accionantes se
deriva de las condiciones estructurales en las que se encuentra el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán, San Isidro, para hacer cesar la vulneración de los derechos de los
accionantes y demás personas allí recluidas, el objeto material de protección
consistirá en ordenar a la Dirección de este Establecimiento el cumplimiento de
las órdenes que, con carácter general, se imparten en los ordinales décimo
tercero a décimo octavo de esta providencia.
Décimo segundo.-
Dentro del proceso T-3805761, revocar la sentencia de la Sala
Penal del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, que resolvió negar
por improcedente la acción de tutela interpuesta por el Defensor del Pueblo
Regional del Magdalena Medio, en Defensa de las personas recluidas en prisión.
En su lugar, se resuelve tutelar los derechos fundamentales de las personas que
se encuentran recluidas en el Establecimiento penitenciario de Barrancabermeja,
en cuyo nombre se interpuso este amparo, para lo cual se impartirán las
siguientes órdenes específicas, que deberán ser cumplidas dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
además de las que, con carácter general, se establecen en los ordinales décimo
tercero a décimo octavo de esta sentencia:
(1) Se deberán tomar medidas de
protección inmediata, si no se ha hecho aún, para garantizar el acceso a los
servicios de salud que requieran con necesidad los señores Padilla y Elmer
Restrepo (recluidos en el Patio número 1 al momento de interposición de la
acción de tutela), Carlos Julio Cadena (recluido en el Patio Número 2) Héctor
Cortez (recluido en el Patio Número 3). El INPEC, el Gobierno Nacional –a
través de su Ministerio de Justicia y del Derecho– y la Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja, responderán solidariamente
por el cumplimiento de esta orden.
(2) Adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para el mejoramiento de las condiciones de la Guardia.
Corresponderá a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación
y la Personería verificar que el Establecimiento penitenciario de
Barrancabermeja tenga espacio suficiente, condiciones climáticas no extremas y
condiciones mínimas de dignidad para la guardia.
(3) Las autoridades del
Establecimiento penitenciario de Barrancabermeja, junto con la Dirección
General del INPEC y el Ministerio de la Justicia y del Derecho, deberán adoptar
las medidas adecuadas y necesarias para acondicionar hasta donde sea posible,
el lugar en que se encuentran recluidas las mujeres, a las especiales
necesidades que ellas demandan. La Dirección del Establecimiento penitenciario
de Barrancabermeja deberá remitir un informe del estado en que se encuentran a
la Defensoría del Pueblo, al juez de primera instancia y a esta Sala de
Revisión, dentro de un (1) mes, contado a partir de la notificación de la
presente sentencia.
Décimo tercero.- A partir de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, deberán
implementarse todas las medidas adecuadas y necesarias tendientes a garantizar
a los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
(COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar, el Establecimiento Carcelario La
Modelo de Bogotá, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista, el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán – San Isidro y el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja unas
condiciones de subsistencia dignas y humanas, de acuerdo con los términos de
esta sentencia, las cuales deberán asegurar:  [i] que los horarios de
alimentación y ducha se ajusten a los del común de la sociedad, y se ponga a
disposición de los internos agua potable en la cantidad y frecuencia por ellos
requerida; [ii] que los alimentos que se proporcionen estén en óptimas
condiciones de conservación, preparación y nutrición;  [iii] que el sistema
sanitario, las tuberías de desagüe, baños y duchas estén en condiciones
adecuadas de calidad y cantidad para atender al número de personas recluidas en
cada establecimiento; igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación
de implementos de aseo mensualmente; [iv] que el servicio médico esté
disponible de manera continua y cuente con medicinas, equipos y personal
idóneos para los requerimientos de la población carcelaria;  [v] que los servicios
de aseo e higiene de las instalaciones se amplíen y fortalezcan en procura de
evitar enfermedades, contagios e infecciones; [vi] que se entregue a cada
persona, especialmente a quienes no tienen celda para su descanso, una dotación
de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un mejor descanso en un
espacio adecuado para ese propósito;  [vii] que se fomente la creación de
espacios de trabajo y estudio, así como de actividades lúdicas y recreativas
para las personas recluidas en estos establecimientos.
El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de
Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y las
Direcciones de los respectivos establecimientos penitenciarios y carcelarios
responderán de manera solidaria por el cumplimiento de esta orden. Para
tal efecto, estas entidades, dentro de quince (15) días contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, deberán remitir un informe a los jueces
que resolvieron en primera instancia cada una de las acciones de tutela
decididas en este proceso, con copia para esta Sala de Revisión, la
Procuraduría General de la Nación y para Defensoría del Pueblo, en el que se
referencie de manera detallada:  (i) las acciones previstas y puestas en marcha
para garantizar los contenidos más básicos de los derechos fundamentales; (ii)
cómo se han venido implementando de forma concreta y específica; y (iii) cuál
ha sido el resultado en términos de goce efectivo del derecho, verificable y
constatable.
Décimo cuarto.- En el término
de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, los Ministerios de Salud y de Justicia, en coordinación con la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las secretarías
de salud de las entidades territoriales en las que se encuentran ubicadas
las seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de
la referencia, deberán efectuar una visita a cada uno de estos establecimientos
para verificar las condiciones de prestación de los servicios de salud, tanto
para las personas respecto de quienes se impartieron órdenes específicas de
atención en esta providencia, como para la población recluida en cada uno de
ellos. Igualmente deberán verificar si se están cumpliendo los mínimos y más
básicos estándares de higiene y salubridad, de calidad en la alimentación y de
condiciones climáticas. La Dirección de cada establecimiento carcelario deberá
tomar las medidas necesarias para facilitar a los funcionarios el ingreso e
inspección completa de todas las instalaciones, a fin de cumplir a cabalidad
con la orden impartida en esta providencia. Vencido este plazo, las entidades
mencionadas dispondrán de un (1) mes adicional para remitir un informe escrito
al juez de primera instancia y a esta Sala de Revisión.
Décimo quinto.- El Ministerio de Justicia y del
Derecho, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC y con la Dirección de cada una de las seis (6) cárceles que
fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, deberán
adoptar las medidas adecuadas y necesarias para implementar una brigada
jurídica que permita a las autoridades judiciales correspondientes, de
acuerdo con sus competencias, tomar las decisiones que correspondan, para
conceder la mayor cantidad de solicitudes de libertad que, según el orden
jurídico vigente, deban ser reconocidas. La implementación de esta orden deberá
efectuarse en un término de tres (3) meses, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, y deberá asegurarse su continuidad mientras se
mantengan las condiciones de hacinamiento en cada uno de los centros de
reclusión.
Décimo sexto.- El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el INPEC y la Dirección de cada
una de las seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las
acciones de tutela decididas en esta sentencia, deberán tomar las
medidas adecuadas y necesarias para asegurar que se pueda permitir el ingreso
de nuevas personas, observando las reglas de equilibrio decreciente, tal
como fueron indicadas en la parte motiva de la presente sentencia, a fin de
asegurar la disminución del hacinamiento y la superación del estado
inconstitucional de cosas actualmente existente.
En cualquier caso, si dentro de tres (3) años contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, no se han adoptado las
medidas adecuadas y necesarias para que los establecimientos penitenciarios y
carcelarios La Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán,
de Barrancabermeja y de Cúcuta, dejen de ser estructuralmente, en su diseño y
en su funcionamiento, contrarios a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, estos deberán ser
cerrados hasta tanto se aseguren condiciones de reclusión respetuosas de la
dignidad y que aseguren el goce efectivo de aquellos derechos.
Décimo séptimo-. El Gobierno Nacional, a través del
Presidente de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos
suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad de todas las medidas a
implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.
Décimo octavo-. Las entidades encargadas del
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia deberá garantizar la
existencia de espacios suficientes y adecuados de participación y
deliberación democrática en el proceso.
Décimo noveno.- Se ordena remitir copia
completa de la presente sentencia y sus anexos, por medio de la Secretaría
General, a cada uno de los accionantes de las diferentes acciones de tutela.
Cuando sean más de dos (2) personas se remitirán sólo tres (3) copias de la
sentencia y sus anexos. Igualmente, deberá enviarse copia de esta providencia:
(i) al Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes,  (ii) a los representantes de derechos humanos de la
cárcel la Picota, y  (iii) a la Facultad de Derecho de la Universidad Santo
Tomás, Sede Villavicencio; quienes habían solicitado a esta Sala de Revisión
que se abriera un proceso de seguimiento y de cumplimiento a la Sentencia T-153
de 1998.
Vigésimo.- Comunicar la presente decisión, a
través de la Secretaría General, a la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de lo
decidido por aquel despacho judicial en la sentencia de diecinueve (19) de
noviembre de dos mil doce (2012), Tutela N° 63399.
Vigésimo primero.- Desacumular los expedientes de la
referencia para los efectos procesales correspondientes.
Vigésimo segundo.- El juez de primera instancia,
dentro de cada uno de los procesos, notificará la presente sentencia
dentro del término de cinco (05) días después de haber recibido la comunicación,
de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Vigésimo tercero.- Se reconoce la competencia de
los jueces que decidieron en primera instancia cada una de las acciones de
tutela objeto de revisión, para adelantar, de la mano con los auxiliares y
colaboradores de la justicia, el cumplimiento de las órdenes impartidas.  No
obstante, la Corte Constitucional, a través de la Sala Primera de Revisión o de
la que se disponga para el efecto, se reserva la posibilidad de asumir el
seguimiento al cumplimiento de alguna de estas órdenes.
Vigésimo cuarto.- Por Secretaría General, líbrense
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXOS
Primer Anexo
Índice
I. ANTECEDENTES
II. Consideraciones y fundamentos
1.
Competencia
2. Problemas jurídicos a resolver
3. Decisiones y resumen del
argumento de la sentencia
4. El estado de cosas del sistema
carcelario constatado en 1998 no es igual a la que atraviesa actualmente, por
lo que requiere un análisis propio e independiente
5. Información acerca de la
situación del Sistema penitenciario y carcelario colombiano suministrada y
recopilada por la Corte
6. Declaración de Estado de
Emergencia Penitenciaria y Carcelaria
7. El Sistema penitenciario y
carcelario nuevamente se encuentra en un estado de cosas contrario a la
Constitución Política
8. Toda persona que está privada
de la libertad, o puede estarlo, tiene el derecho constitucional a que exista
una política criminal y carcelaria respetuosa de su dignidad y orientada a
materializar el goce efectivo de sus derechos; el estado de cosas actual de la
política criminal desconoce los mínimos constitucionales
9. Cuestiones a resolver comunes
a todos los casos, y aquellas específicas a cada proceso y a cada prisión
10. Órdenes
11. Conclusión
III. DECISIÓN
Primer Anexo – Índice
Segundo
Anexo – Descripción detallada de los expedientes acumulados
Tercer
Anexo – Debates parlamentarios de agosto de 2011, posteriores a la información
remitida el 10 de julio (07) de 2012
Cuarto
Anexo – Rama judicial del poder público – Tribunal Superior de Medellín, Sala
Laboral [Medellín, marzo cuatro (4) de dos mil trece (2013)].
Quinto Anexo –
Índice con tabla de contenidos
Segundo Anexo
Descripción detallada de los expedientes
acumulados
1. Acción de tutela contra el Instituto Penitenciario y
Carcelario de Cúcuta, Norte de Santander (Expediente T-3526653)
1.1. Hechos y solicitud. El señor Pedro Antonio
Sandoval presentó acción de tutela contra el INPEC y contra el Centro Nacional
Penitenciario y carcelario de Cúcuta por considerar que sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a no ser sometido a tortura ni a tratos
crueles e inhumanos, al agua y a la salubridad, debido a las precarias
condiciones en que se le mantenían; sin acceso continuo y suficiente al agua,
sin sistemas sanitarios higiénicos y respetuosos de la privacidad y en
condiciones de hacinamiento a altas temperaturas.[913] Solicita el accionante
que se adopten las medidas adecuadas y necesarias para asegurar las condiciones
mínimas de salubridad y respetar su dignidad como seres humanos, “adecuando
las instalaciones hídricas de las celdas.” El Juez 7° Civil del Circuito de
Cúcuta, resolvió admitir la demanda y dispuso, entre otras medidas, que las
autoridades administrativas y de control respectivas, presentaran un informe
acerca de la situación alegada por los internos. El veintisiete (27) de marzo
de dos mil doce (2012), una visita de funcionarios públicos de la salud, la
Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal constataron las precarias
condiciones alegadas por los internos eran ciertas; debido a las condiciones de
hacinamiento, los servicios sanitarios eran claramente insuficientes, se
encontraban en franco deterioro y, prima facie, se percibían como de
dudosa calidad e higiene. En el informe técnico presentado se constató lo
siguiente:
“A. Saneamiento básico. 1. La
estructura física del Centro de Reclusión se encuentra en buenas condiciones.
||  2. La torre 2ª cuenta con dos niveles, con una capacidad de 172 internos,
la cual se encuentra ocupada en su totalidad,  en donde se habilitaron 43
celdas o dormitorios, cada una de estas cuenta con 4 placas en cemento o camas
en un área de aproximadamente 9 m2 y en donde hay un inodoro y un lavamanos en
acero inoxidable pero que al momento de la visita no contaba con el servicio de
suministro de agua.  ||  3. En el área de descanso o patio, se encuentran 6
duchas para el baño de los internos, careciendo de los mecanismos para su utilización;
los sifones de las mismas, no tienen rejillas, no tienen cortinas, lo que
ocasiona que no haya privacidad para los internos. Igualmente cuenta con 2
inodoros de acero inoxidable pero sin agua. También hay 2 orinales pero sin
llaves y sin agua.  4. Al momento de la visita se pudo constatar que los
internos no cuentan con lavaderos para el lavado de sus ropas; habilitaron una
llave de las duchas para poder realizar estas labores, utilizando una tapa
plástica de un tanque de 1000 litros de capacidad como lavadero.  5.
Manifiestan los internos que durante las horas de la noche les es suspendido el
suministro de agua, razón por la cual se abstienen de hacer sus necesidades
fisiológicas dentro de sus celdas, para así evitar los malos olores. Ante la
carencia del líquido, en ocasiones almacenan las deposiciones en bolsas
plásticas, las cuales son arrojadas luego por las ventanas a los patios
externos, ocasionando un medio ambiente insano y mal oliente.  ||  6.
Igualmente existen 4 lavaplatos en acero inoxidable, sin el suministro de
agua.  ||  7. En el área de descanso se encuentran 8 estructuras de concreto,
revestidas en granito pulido, que son utilizados como comedores colectivos.
||  8. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, existiendo
únicamente puntos de salida en el patio principal; en las celdas no existen
tales mecanismos. Las luminarias están bien protegidas.  ||  9. Los internos
son recluidos en sus respectivas celdas después de las 4:00 pm hasta las 6:00
am del días siguiente; el servicio de agua en este período de tiempo se les
suministra por una hora, distribuido en dos turnos de media hora cada uno, a
saber: un primer turno de 4:00 a 4:30 pm y un segundo de 5:00 a 5:00 am.  ||
10. En lo que respecta al área de visita conyugal y familiar, se observó que
están habilitadas 5 habitaciones, en donde existen una cama, un servicio
sanitario con un inodoro, una ducha y un lavamanos en acero inoxidable, con
suministro de agua al momento de la visita, las cuales son asignadas por medio
de una programación. No se encontraron recipientes para las basuras.  ||  Recomendaciones.
1. Se hace necesario el suministro de agua por periodos de tiempo mayores a los
existentes, tanto en horas diurnas, como nocturnas.  2. Adecuar los artefactos
sanitarios, mediante la instalación de mecanismos que garanticen su
funcionamiento.  3. Debido a la cantidad de internos que se encuentran en el
patio durante las horas del día, se hace necesario la construcción de los
lavaderos para las labores de aseo de sus ropas.  4. Se requiere la colocación
de cortinas en las duchas, para garantizarle privacidad a los internos.  5. En
el sector de visitas, se requiere colocar recipientes para las basuras.  6. Es
necesario la implementación de charlas sobre Saneamiento Básico, Manejo
adecuado de alimentos, control de artrópodos y roedores.  7. Utilización de
recipientes adecuados para las basuras.  8.  Adquisición de equipos por parte
del Centro Reclusorio para la medición de cloro residual y PH, para así
garantizar la calidad de agua suministrada a los internos.”[914]
Existía, además, evidencia de plagas e insectos peligrosos
para la salud. En informe del mismo día, presentado por funcionarios técnicos
de salud [PU Asesor IDS grupo Vectores SSM; Tec. Área de la Salud SSM;
Profesional de Apoyo Salud Ambiental IDS; Auxiliar Área de la Salud IDS]. Se
constató que
“[…] en la torre A del Instituto Penitenciario y
Carcelario INPEC de Cúcuta, NS, existe evidencia de insectos en baja densidad
con presencia de moscas de basura, zancudos y chinches de cama en algunos
alojamientos o celdas. Dichos insectos afectan la salubridad de los moradores
reflejada en molestias sanitarias y potenciales enfermedades gastrointestinales,
picazón y alergias dérmicas. [Y que,] existe aproximadamente a 60 metros
del cerco perimetral del Instituto […] un caño colector de aguas negras
denominado ‘caño picho’ que lo bordea en sentido sur-norte, con la consecuente
presencia de olores ofensivos y de mosquitos propios de aguas negras que NO son
causantes de la enfermedad de dengue pero pueden transmitir otras patologías.”
Se recomendó “el fortalecimiento al programa de manejo adecuado de residuos
sólidos o basuras para el control de las moscas”; “la recolección de
inservibles, drenaje de aguas estancadas y establecimiento de un programa de
control de insectos artrópodos y roedores que incluya el control integral de
mosquitos”; “el control de cinches [mediante] la ventilación y el rociado
de las colchonetas con insecticida específico, igualmente se debe rociar los
alojamientos o celdas, con el insecticida indicado”; “frente a la
presencia de mosquitos […] del caño de aguas negras se sugiere la
implementación de angeos contra zancudos en las ventanas y puertas de los
alojamientos, uso de toldillos impregnados con insecticidas, uso de repelentes
contra mosquitos y/o la canalización del caño de aguas negras mencionado
anteriormente.” Los funcionarios remitieron junto con la información técnica,
un escrito de cuatro reclusos en los que reiteran los dicho por el accionante.[915]
1.2. Decisión de primera instancia. El Juez 7° Civil
del Circuito de Cúcuta, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional,[916]
resolvió tutelar los derechos invocados por el accionante, al considerar que se
habían probado las condiciones de insalubridad e higiene básicas a las que se
les somete a las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC,, las cuales suponen un
desconocimiento de la obligación constitucional “de garantizar condiciones
materiales de existencia dignas para los(as) reclusos(as)”, la cuales
contemplan el acceso al agua, a la higiene, a la salubridad y a los servicios
sanitarios, entre otras.[917]
En tal medida consideró que se debían adoptar y acoger las recomendaciones
hechas por los expertos. El Juez de instancia indicó que si bien la acción de
tutela sólo solicitó concretamente que se acondicionara el servicio de agua en
las celdas, el carácter informal de este tipo de proceso judicial, que se rige,
entre otros, por el principio según el cual ‘el juez conoce el derecho’ (iura novit curia), impone el deber
proteger los derechos constitucionales que se prueben vulnerados, más allá del
alcance de las peticiones expresamente presentadas.[918] El Juez adoptó dos (2)
medidas concretas para proteger los derechos violados. Ordenó a las autoridades
municipales de Cúcuta, realizar una nueva visita “[…] para verificar que las
recomendaciones realizadas mediante Informe Técnico de fecha 27 de marzo de
2012 hayan sido acatadas […]”, advirtiendo que “[ante] el incumplimiento
de sus recomendaciones la Secretaría de Salud del Municipio de Cúcuta deberá
adoptar de inmediato las medidas administrativas que estén dentro de la órbita
de sus competencias legales y reglamentarias.”
Tres (3) días después de dictada la sentencia de instancia
(el 12 de abril de 2012), las entidades accionadas participaron en el proceso
de tutela. El INPEC respondió por medio de la Coordinadora del Grupo de
Tutelas, advirtiendo que era el Director del centro penitenciario el que debía
responder la tutela.[919]
Por su parte, el INPEC, Cúcuta solicitó en su escrito, la improcedencia de la
acción. Alegó que la tutela de la referencia hace parte de una serie de
demandas lideradas por tres internos que, a su juicio, abusan de su derecho a
reclamar, saturando los juzgados. Se alegó que a veces toca cerrar el servicio
de agua, para evitar inundaciones por malos usos,[920] pero se reconoció que
sí existían los problemas de suministros de agua indicados por el accionante.[921] Se
negó que tuvieran que hacer sus necesidades en tarros o bolsas y que existiera
hacinamiento.[922]
El INPEC Cúcuta impugnó la sentencia de instancia, por considerar que no se le
podía exigir implementar una serie de recomendaciones técnicas que la
Institución aún no conocía. Por ello se solicitó “[…] modificar este fallo
en el sentido que debe ser cumplido después de que se alleguen a este
establecimiento las recomendaciones realizadas mediante Informe Técnico de 27
de marzo de 2012.”[923]
1.3. Decisión de segunda instancia. La Sala Civil y
de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta resolvió revocar la decisión de
primera instancia por considerar que se trataba de un hecho superado. Consideró
que la respuesta dada por las autoridades del INPEC de Cúcuta al derecho de
petición del accionante se había dado tardíamente pero, finalmente, se había
dado, y además, era una respuesta positiva. En tal sentido, el Tribunal
consideró que era suficiente la respuesta del INPEC, al indicar que estaban
tomando medidas para aumentar el servicio de agua en las celdas en pocos días
(10). Al ser suficiente esa protección de los derechos involucrados, concluyó
que la violación alegada era un hecho superado.[924]
2. Acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad,
EPAMSCAS de Valledupar ‘La Tramacúa’ (Expediente T-3535828)
2.1.  Hechos y solicitud. La 2ª acción de tutela
acumulada al proceso de la referencia fue presentada el veintisiete (27) de
mayo de dos mil once (2011), por  setenta y uno (71) accionantes[925]
recluidos en el Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar ‘La
Tramacúa’ contra el INPEC, por considerar que se les están violando varios
derechos fundamentales al someterlos a un sistema penitenciario ‘que
subordina la dignidad e integridad de los detenidos a la seguridad’.[926]
Denuncian que se les somete  (i) a un severo régimen que incluye malos tratos e
incluso “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la
población reclusa tales como agresiones físicas, aislamiento injustificado y
prolongado”;  (ii) a malas condiciones de infraestructura y de
administración que conllevan “restricción de servicios básicos como la
salud, el agua y el saneamiento básico”;[927]
(iii) a un ‘pésimo’ servicio de salud;[928]  (iv) a “mayores
limitaciones a los derechos a la comunicación e información” que a los que
se someten los derechos de los internos de otros centros de reclusión;[929] (v)
a una grave separación de la familia y de las demás personas,[930] así como   (vi) a un
mal sistema de control interno de derechos humanos.[931] Indican que la
Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular en el dos mil dos (2002) que
no fue acatada debidamente ni siquiera por las insistencias posteriores.[932]
Además, las inadecuadas condiciones para la salud han sido constatadas por las
autoridades respectivas.[933]
Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos a una vida digna, a
no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la salud, a la
integridad física y psíquica, así como a la resocialización –en especial, a la
participación de la familia en el proceso– y al derecho a la protesta pacífica.
Los accionantes afirman haber realizado varios actos de resistencia pacífica,
como huelgas de hambre, frente a lo cual han recibido violentas respuestas, que
han implicado incluso golpizas. Por todas estas razones, y ante la
imposibilidad de que el INPEC o el Establecimiento puedan cumplir con las
órdenes de protección que ya les han sido impartidas;[934] los accionantes piden
el cierre de la cárcel.[935]
2.2. Decisión de primera instancia. El Juzgado
3° Penal del Circuito de Valledupar resolvió el veinticinco (25) de octubre de dos
mil once (2011), negar la acción de tutela invocada por los setenta y uno (71)
accionantes. Luego de haber sido anulada una primera sentencia por no haber
vinculado formalmente como parte en el proceso a la Cárcel La Tramacúa, el
Juzgado tuvo en cuenta lo dicho por la Institución Penitenciaria en el proceso
y resolvió ‘denegar’ el amparo invocado.
2.2.1. En un primer momento, luego de advertir el silencio
de las entidades acusadas,[936]
el doce (12) de julio de dos mil once (2011), el Juzgado 3° Penal del Circuito
de Valledupar había resuelto negar la acción de tutela en primera
instancia. Consideró que las situaciones desfavorables alegadas son generales;
tratos crueles, inhumanos o degradantes no referidos a personas específicas,[937] y,
por tanto, son derechos colectivos no individuales, son causas que deben ser
ventiladas mediante recursos como una acción popular. En cuanto al acceso al
agua, la salubridad y la higiene, se consideró que se trataba de asuntos que no
podían ventilarse en un breve proceso de tutela.[938] Por tanto, se indicó
que el camino que corresponde a los internos es intentar nuevamente recursos
judiciales en defensa de derechos colectivos, o exigir el cumplimiento de las
sentencias obtenidas, en caso de haberlas logrado. El Tribunal Superior de
Valledupar, no obstante, resolvió anular las actuaciones surtidas por el
Juzgado de primera instancia, pues consideró que no se había vinculado a una de
las partes del proceso adecuadamente, a saber: la Dirección del Centro
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Esto era grave puesto
que podría impedir tomar una decisión final vinculante para esta entidad,
además de impedir al juez contar con información objetiva y técnica en relación
con la cuestión.
2.2.2. En su participación, a ruego del Juzgado del
Circuito, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Tramacúa indicó las
razones por las que considera que no se ha de acceder a la protección de tutela
invocada por los accionantes. En primer término, se advierte que el propósito
de la pena es la resocialización y que, en tal medida, las condiciones
establecidas por los reglamentos internos legalmente adoptados para lograr tal
fin, en las especiales condiciones de un Establecimiento de Mediana y Alta
Seguridad, no pueden ser desatendidas. Se enfatiza que las restricciones
especiales como prohibirles radios a quienes se encuentran clasificados en fase
de alta seguridad, “[…] no implica un trato discriminatorio, sino distintivo
acorde a las fases, de seguridad, a las diferentes situaciones jurídicas; entre
otras, ceder a las pretensiones de los libelistas implicaría la
desnaturalización de los fines que persigue la resocialización, y se tendría
ningún estímulo legal para intentar portarse bien, tener buena conducta; en
suma buscar su reinserción social, si a unos y a otros la ley y nuestro
reglamento les dieran el mismo trato.”[939]
En segundo lugar, se advierte que las condiciones de acceso al agua no son tan
graves como los accionantes lo sugieren, pues buena parte del día (de 7 de la
mañana a 4 de la tarde) no se encuentran en las celdas sino en los patios, por
lo que acceden a los baños de esta zona, no a los de sus celdas.
Adicionalmente, se advierte que la población carcelaria, los mismos reclusos
que reclaman protección a sus derechos, son quienes los afectan, al darles
malos usos a los baños y dañarlos a propósito; tanto los de los patios como los
de las celdas.[940]
El Establecimiento reconoció que existían problemas estructurales en el
suministro y el acceso al agua, pero que estos han sido superados, puesto que
ya se realizaron las obras correspondientes.[941]
Se dice que la línea de conducción al Establecimiento carcelario, como se
reporta fotográficamente al expediente, se encuentra nuevamente en
funcionamiento.[942]
Se afirmó que “la problemática que se presentó en el mes de mayo en cuanto
al suministro del agua fue superada.”.[943]
Se advirtió que se han puesto medidores para tener el registro y los controles
necesarios para establecer la adecuada prestación del servicio y que la
Dirección General del INPEC tiene proyectado para el dos mil doce (2012) la
construcción de unos tanques elevados con el propósito de cambiar el sistema de
agua de presión por gravedad, con el fin de superar las dificultades generadas
por el vandalismo.  En tercer lugar, se advirtió que se tiene un adecuado plan
de limpieza e higiene.[944]
Advierte que frente a los alimentos, por ejemplo, la empresa encargada hizo
unas contramuestras, entre las que se determinó que los alimentos sí eran de
calidad.[945]
En cuarto lugar, advirtió que se adelantan las investigaciones correspondientes
por las denuncias de eventuales violaciones de derechos fundamentales que
hubiesen podido ocurrir.[946]
Por último, se insistió en que el derecho a la salud de las personas recluidas
en el Establecimiento, es garantizado mediante el acuerdo con CAPRECOM
(contrato de aseguramiento en salud N° 1172 del 2009) y la aseguradora de alto
costo AURORA. Se solicita pues la negación de la acción de tutela de la
referencia, por tratarse de asuntos superados durante el transcurso del
proceso.[947]
Dentro de los documentos aportados al proceso, se
encuentra copia del informe de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, Seccional Antioquia, de la Procuraduría General de la Nación acerca
de una visita especial, practicada a las obras ejecutadas bajo el contrato
relacionado con la reposición de la red de acueducto que surte la cárcel de
Valledupar, Cesar, del doce (12) de octubre de dos mil once (2011). El informe
da cuenta de que persisten algunos de los problemas y, en otros casos, no se
pudo verificar la calidad de las reparaciones. Así, una motobomba se había
quemado para el día de la visita, y otras dos (2) en buenas condiciones, pero
fuera de uso. El agua, para el momento de la visita (medio día) no llegaba a la
cocina de la cárcel La Tramacúa.[948]
2.2.3. Para la Juez 3ª Penal del Circuito de Valledupar la
acción de tutela debe ser negada por dos (2) razones. Porque los setenta y uno
(71) accionantes no aportaron ninguna prueba que acompañara sus dichos. Sostuvo
que “los demandantes no allegan elemento probatorio alguno que sustente sus
manifestaciones por vulneración de sus derechos, y al rendir el correspondiente
informe, la directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad, doctora Imelda López Solórzano, lo rechaza explicando cómo se
han dispuesto por esa Penitenciario y por el INPEC los recursos para la debida
atención de la población reclusa.”[949]
Y porque invocaron derechos colectivos desde una perspectiva colectiva, no
individual, lo que hace improcedente la acción de tutela. Se advirtió que “los
accionantes hacen referencia a vulneración de derechos colectivos […] De
manera que no se descarta la posibilidad de que por situaciones generales como
defectos en el suministro de agua potable se genere vulneración a derechos
fundamentales individuales pero esa no es la situación presentada en el
presente caso, sino que lo planteado se mantiene como una situación colectiva.”
2.3. Decisión de segunda instancia.  El diecinueve
(19) de enero de dos mil doce (2012), la Sala Penal del Tribunal Superior de
Valledupar resolvió confirmar la decisión de instancia por dos (2)
razones. Por considerar que las autoridades carcelarias vienen tomando medidas
adecuadas para enfrentar los problemas que comprometen el goce efectivo de los
derechos fundamentales de los accionantes, y por considerar que el cierre total
del Establecimiento es una petición que está fuera de la órbita de decisión de
los jueces de tutela, a su parecer esta “es una decisión de tipo
administrativo” que no le es permitido tomar a esta Sala en su función
constitucional.[950]
Luego de considerar que la acción de tutela “[…] es procedente para amparar
los derechos fundamentales de las personas recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de [Valledupar]” y hacer referencia a la
jurisprudencia constitucional sobre la protección de las personas privadas de
su libertad, la Sala resaltó que “[…] según lo expuesto por la entidad
accionada, se encuentra que se han tomado las medidas correspondientes para
solucionar los diversos inconvenientes que presenta el penal, como son la falta
de un servicio óptimo de agua, los inconvenientes en el servicio de alimentos y
el maltrato que reciben por la guardia del penal. Sin duda las diferentes
problemáticas planteadas son de raigambre constitucional porque éste tipo de
circunstancias generan vulneración en los derechos fundamentales de los
internos, sin embargo se observa que la administración del penal viene disponiendo
de los correctivos para solucionar la problemática que se presenta, tal y como
se observa en la documentación que anexa a esta tutela, donde pueden observarse
los diferentes avances en la solución de los problemas objeto de debate, lo que
permite un ambiente propicio para que se cumpla la resocialización del
infractor de la ley penal, fin último de los establecimientos penitenciarios.”
3. Acciones de tutela en contra de la Cárcel Nacional
Modelo de Bogotá (Expedientes T-3554145, T-3647294)
Dos (2) de las acciones de tutela acumuladas para ser
resueltas mediante la presente sentencia, se dirigieron contra la Cárcel Modelo
de Bogotá, DC, y demás autoridades carcelarias correspondientes. En el primero
de los expedientes se tutelaron los derechos, mientras que en el segundo la
protección fue negada.
3.1. Expediente T-3554145
El diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), Jhon
Mario Ortiz Agudelo, apoderado por un abogado del grupo de interés público de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes,[951] presentó acción de
tutela contra la Nación, el Ministerio de Justicia y el INPEC, por considerar
que el colapso del centro de reclusión por diversas causas –resaltando entre
ellas el hacinamiento, el deterioro de las instalaciones y la ausencia de
personal suficiente para la prestación de servicios básicos como la salud y la
seguridad–, le ha implicado estar en condiciones de reclusión que atentan
gravemente su dignidad, su salud, su vida y demás garantías básicas conexas que
el Estado, aún en reclusión, está obligado a respetarle, protegerle y
garantizarle. En un extenso y detallado documento, el apoderado presenta los
hechos del caso, los derechos violados; los fundamentos de derecho; la
petición, los fundamentos de la petición, y las pruebas y demás requisitos
formales.
3.1.1.  Hechos, fundamentos y solicitud (Expediente
T-3554145). El accionante, el señor Jhon Mario Ortiz Agudelo es un
reciclador que fue sometido a una medida de aseguramiento por conductas
relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los hechos
fueron presentados en los siguientes términos;
“El señor Ortiz Agudelo tiene 41
años de edad y nación en la ciudad de Medellín. Sin embargo, vive en Bogotá
desde hace más de 17 años, dedicándose al reciclaje.   ||  […] hace 15 años
formó una familia en la capital [Bogotá] con su compañera Yamile Rico Montoya,
de cuya relación nacieron dos menores de 7 y 6 años de edad, actualmente. El 29
de junio de 2011 el señor Ortiz Agudelo fue capturado con otras 3 personas
(entre las cuales se encontraba su compañera) en el sector que es conocido como
el Bronx en la ciudad de Bogotá.  ||  El 30 de junio de 2011 el Juzgado 39
Penal Municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías legalizó la
captura realizada en su contra.  ||  El 1° de julio de 2011 el señor Ortiz
Agudelo fue enviado a la Cárcel Modelo de Bogotá, de acuerdo a la medida de aseguramiento
impuesta por el Juzgado 39 Penal Municipal de Bogotá con Función de Control de
Garantías.  ||  Actualmente […] está siendo procesado por el delito de
‘tráfico, fabricación y porte de estupefacientes’. Este proceso se encuentra en
etapa de juicio, adelantado ante el Juez 11 Penal del Circuito de Bogotá con
funciones de conocimiento.  ||  Desde el 1° de julio de 2011 hasta la fecha,
[…] se encuentra recluido en el lado B del cuarto piso del patio 5, pasillo 14,
de la Cárcel Modelo.  ||  Durante el tiempo que ha estado recluido […] ha
guardado un buen comportamiento y no ha tenido ninguna anotación en su
prontuario por faltas disciplinarias.  ||  […] para conseguir medios de
subsistencia […] se dedica a lavar la ropa de los demás internos. […]”
(i) Las condiciones de
hacinamiento. El apoderado del accionante, reclama que el señor Ortiz
Agudelo se ha tenido que enfrentar a los problemas que genera la situación de
hacinamiento que atraviesa la cárcel en la cual ha sido recluido. Dice la
tutela al respecto,
“Actualmente, en la prisiones del
país hay un total de 75.676 cupos carcelarios y una población de 106.111
internos, lo que da una tasa de hacinamiento del 40,2%.[952] En septiembre de 2011,
la población carcelaria era de 93.398 internos, con un 28,3% de hacinamiento.[953] Así,
durante el tiempo que mi defendido ha estado recluido, el porcentaje de
hacinamiento general del país ha aumentado casi 12 puntos.  ||  Asimismo, para
junio de 2011, momento en el cual entró el señor Ortiz Agudelo a la cárcel
Modelo, la capacidad de este centro de reclusión era de 2.907 cupos y estaba
habitada por 6.755 internos, dando como resultado un 132.4% de hacinamiento.[954] Sin
embargo, a pesar de los índices que se presentaban, actualmente, con los mismos
cupos, en la Modelo se encuentran recluidos 7.592 internos, llegando a un
161.2% de hacinamiento.[955]
De esta forma, durante los 10 meses que ha estado recluido mi defendido, la tasa
de hacinamiento de la cárcel Modelo ha aumentado en poco menos de 30 puntos.
[…]”
La acción de tutela resalta que el accionante no cuenta en
la cárcel con un espacio mínimo vital que le permita existir dignamente. Expone
la situación de la siguiente forma,
“Sólo en el patio 5°, en el cual
se encuentra viviendo el señor Ortiz Agudelo, habitan 1990 internos. Y, en el
pasillo 14 concretamente, que tiene una capacidad para 41 personas, actualmente
habitan aproximadamente 164 internos.  ||  Dadas estas cifras, mi poderdante no
cuenta con una celda en la cual habitar, por lo que se ha visto obligado a
dormir en una colchoneta (de aproximadamente 0.9 x 1.40 metros) en el suelo del
pasillo.  ||  En las celdas, aunque están construidas para 2 personas, viven
entre 4 y 5 internos. Sin embargo, a pesar de esto, todas están ocupadas. Por
eso, al igual que mi defendido, un total de aproximadamente 80 internos se ven
obligados a dormir en el pasillo, por no contar con espacio en las celdas.
||   De los 80 internos que duermen en el pasillo, aproximadamente 60 duermen
en el suelo, como es el caso del [accionante], y 20 duermen en una especie de
‘cambuches’ que los mismos internos han construido, amarrando las colchonetas
al techo, como hamacas.  ||  […] además de no tener un espacio personal mínimo
para habitar, […] tampoco cuenta con una cama y cobijas para protegerse del
frio en la noche. Puesto que no ha recibido ninguna dotación, la colchoneta y
cobijas con las que cuenta se vio obligado a conseguirlas por sus propios
medios. […]”
(ii) Las condiciones
climáticas extremas. Las inhumanas condiciones que viven el accionante y el
resto de reclusos, se agravan de manera drástica, debido al frio y la humedad a
que están sometidos. Dice la acción de tutela al respecto,
“Cuando llueve, el agua entra por
las rendijas que hay en la parte superior del muro que protege el pasillo. En
consecuencia, el señor Ortiz Agudelo, así como los demás internos, no sólo
deben soportar el frío, sino que además deben aguantar la lluvia que los moja y
les impide dormir. De hecho, para tapar las rendijas de la parte superior del
muro y protegerse de la lluvia, […] se han visto obligados a colgar su ropa y
sus cobijas para protegerse de la lluvia; muchas veces teniendo que escoger
entre cubrirse de la lluvia o evitar el frio.  ||  Sin embargo, por la
dificultad de lavar adecuadamente sus cobijas, cuando llueve, la humedad
produce olores muy fuertes que impiden dormir al [accionante].”
(iii) Las condiciones de
higiene básicas. La acción de tutela denuncia la pésima infraestructura de
baños con que cuenta el Establecimiento para poder atender las solicitudes de
los internos. Relatan la situación en los siguientes términos,
“Adicionalmente, el pasillo 14 en
el que habita mi defendido, sólo cuenta con un baño para aproximadamente 164
internos. Este baño se compone de dos ‘duchas’ (que en realidad son dos tubos
de PVC), de dos inodoros (aunque actualmente y desde hace varios meses uno se
encuentra inutilizable) y de un lavadero (que los mismos internos adecuaron,
gracias a una ampliación que se hizo en el pasillo). Las instalaciones del baño
no se encuentran enchapadas, es decir, no están cubiertas por baldosas ni
ningún otro material, por lo que tanto el piso, como el techo y las paredes son
de concreto. Debido a esto se presentan problemas de humedad en el techo y las
paredes. Puesto que en el pasillo 14, donde habita mi defendido, sólo hay un
baño (en las condiciones descritas en el hecho anterior), el señor Ortiz
Agudelo, así como los 164 internos que habitan allí, no pueden ir al baño en
las noches, por la imposibilidad de pasar entre los 60 internos que duermen en
el suelo del pasillo y los 20 internos que duermen en las colchonetas amarradas
al techo.  ||  Producto de las dificultades descritas en el hecho anterior, los
internos se han visto obligados a orinar en botellas y defecar en bolsas (que
los mismos internos denomina como ‘chicheros’).  ||  Muchas de las bolsas con
los deshechos, a pesar de la prohibición interna que tienen los mismos presos,
son arrojadas en el patio o en el mismo pasillo, creando una situación de insalubridad.
||  Durante los días de visita se presenta una situación  particular que
empeora las condiciones de salubridad. Puesto que el patio está lleno y en esos
días llegan tantas personas, los ya escasos baños de los pasillos son
destinados únicamente para las visitas. Por esta razón, los internos sólo
pueden hacer uso de los baños del primer piso que están en muy malas
condiciones. En consecuencia, los días de visitas el señor Ortiz Agudelo debe
compartir un baño con casi 200 personas.”
(iv) Calidad de la
alimentación. La calidad de la alimentación es pésima. Afecta la salud y la
integridad de los internos, como ha sido probado por instituciones competentes
en la materia. Se sostiene al respecto,
“Hace aproximadamente un año, la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, ordenó el cierre de los comedores por
problemas de salubridad. Y a pesar de que han realizado exámenes periódicos
para ver si ya existen condiciones adecuadas para los internos, la Secretaría
de Salud ha considerado que éstas no han mejorado, razón por la cual los
comedores siguen clausurados.  ||  Por esta razón, el señor Ortiz Agudelo y los
1990 internos del patio 5 se han visto obligados a recibir los alimentos y
comer en el mismo patio, en las condiciones de salubridad descritas en los
hechos 21, 22 y 46, rodeados de basura y excrementos.  ||  De acuerdo al
régimen alimenticio dentro de reclusión, el señor Ortiz Agudelo debe desayunar
a las 6:00 am, almorzar a las 11:30 am y comer por última vez en el día a las
2:00 pm. Puesto que mi defendido no tiene los medios para proveerse de más
comida, debe pasar 16 horas (de 2:00 pm a 6:00 am) sin consumir ningún
alimento.  ||  Además, producto de las condiciones en que son entregados los
alimentos, mi defendido, así como otros internos, se ha intoxicado. Por lo
tanto, el señor Ortiz Agudelo ha identificado algunos alimentos que lo
enferman. Por ejemplo, las sardinas, que es un elemento que comúnmente hace
parte del almuerzo, es un alimento que sabe que no puede consumir porque sabe que
normalmente produce vómito y diarrea a los internos.  ||  […] los internos que
tienen capacidad económica, han empezado a conseguir alimentos por su cuenta
para poder comer sin enfermarse. […] los internos sin capacidad económica […]
se han visto obligados a pasar hambre, pues prefieren esto a intoxicarse con
los alimentos que le son proporcionados.  || A pesar de que el señor Ortiz
Agudelo se ha intoxicado en algunas ocasiones por la comida, no ha recibido
ninguna atención médica.”
(v) Afectación a la salud y
acceso al agua. Para la acción de tutela, las condiciones de alimentación,
de higiene, sumadas al mal servicio médico que se les presta, constituyen un
conjunto de graves violaciones a su derecho fundamental a la salud. El acceso
del agua está restringido, es escaso y, además, es de mala calidad. Dice la
acción de tutela al respecto,
“Durante el tiempo que llega
detenido mi defendido, el centro de reclusión sólo ha sido realizado una
jornada de vacunación contra la influenza y las paperas, por una epidemia que
se presentó. Sin embargo, el señor Ortiz Agudelo nunca ha recibido jornadas de
atención preventiva, controles de salud a los internos, ni revisiones generales
de las condiciones de salud y salubridad en los que se encuentran.  ||  El agua
sólo es suministrada durante tempranas horas de la mañana y en la tarde, razón
por la cual el [accionante] no tiene acceso a esta durante la mayor parte del
día. El agua se acaba en horas de la mañana y los internos no vuelven a tener
agua en todo el día.  ||  En el pasillo 14, donde vive el señor Ortiz Agudelo,
el agua es suministrada en horas de la mañana, únicamente entre las 3:00 am y
las 4:30 am. Por esto, mi poderdante se ve obligado a bañarse con agua fría a
[esas horas], por un tiempo aproximado de 30 segundos, teniendo que soportar
las bajas temperaturas que se presentan a esa hora.  ||  Además, durante este
tiempo de la mañana los internos se ven forzados a recolectar el agua necesaria
para abastecerse el resto del día. Por eso, en dos canecas grandes recolectan
el agua que necesitan para bajar el agua de los inodoros, limpiar los baños,
los pasillos, lavar la ropa y los platos de los 164 internos que habitan el
pasillo 14.  ||  Entre 5 y 6 de la tarde los internos […] vuelven a tener
acceso al agua, pero la presión es muy baja, razón por la cual casi ni llega al
cuarto piso.  ||  Esta escasez impide […] lavar adecuadamente su ropa, y
limpiar apropiadamente los pasillos y las celdas que habitan. Producto de lo
anterior, los pasillos, el patio y las cobijas de los internos permanecen
sucios, produciendo fuertes olores.  ||  Además de la escasez del agua, la poca
que es suministrada a los internos presenta problemas de salubridad y calidad,
pues no es potable.  ||  El agua en la cárcel Modelo es sedimentada, por lo
cual tiene un aspecto amarillo y, tanto el [accionante] como otros internos, se
han enfermado al consumirla.
Para no enfermarse, el
[accionante] y los demás internos se han visto obligados a hervirla antes de
tomarla. Pero, puesto que no tienen las condiciones para hacer esto de manera
segura, han tenido que recurrir a mecanismos artesanales peligrosos, como
arrancar los cables de la pared y conectarlos a una resistencia que introducen
en la olla para hacer hervir el agua.  ||  El [accionante] se ha enfermado e
intoxicado en múltiples ocasiones dentro del establecimiento carcelario debía a
que los alimentos que le dan a los internos no son de la mejor calidad y muchas
veces no se encuentran bien cocinados. […]
[…] la falta de flujo constante de
agua y la falta de presión han afectado el alcantarillado, pues las cañerías se
encuentran tapadas. Los internos usan unas varillas metálicas de 20 metros para
intentar destaparlas, pero desde hace un mes es cada vez más difícil hacerlo.
||  A causa de las cañerías tapadas, el patio exterior no sólo se ha inundado,
sino que el contenido de las cañerías se ha estado devolviendo, causando que el
agua que inunda el patio esté llena de excremento y basura.”
(vi) Ausencia de recreación.
Finalmente, la acción de tutela sostiene que la ausencia de cualquier tipo de
actividad recreativa evidencia la falta de interés de la institución en la
resocialización de los internos o en cualquier tipo de bienestar personal, con
miras a la mejor reinserción social. La única actividad que existe en este
sentido, es creada y generada por los propios internos,
“El patio 5 no cuenta con zonas de
recreación. En el patio exterior sólo existe lo que parece ser media cancha de
básquet, pero los internos no cuentan con ningún otro elemento para realizar
actividades de esparcimiento.  ||  […] la única actividad recreativa que tiene
los internos son los partidos de fútbol que ellos mismos organizan, pues las
autoridades de la cárcel no realizan ninguna actividad de recreación. Además de
las actividades estáticas, como jugar ajedrez y parques, que los mismos
internos organizan, consiguiéndose los elementos por su propia cuenta, no
existen programas deportivos o recreacionales organizados por la administración
del establecimiento carcelario La Modelo.”
(vii) Fundamentos jurídicos.
Se considera que al señor Jhon Mario Ortiz Agudelo se le han violado sus
derechos a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a
la dignidad humana, a la integridad y a la salud.
En primer lugar, con base en la
jurisprudencia constitucional (Auto 234 de 2008, sentencias T-893A de 2006,
T-627 de 2007), se advierte que el juez de tutela es competente para conocer el
presente caso, en razón a la materia, pues se trata de violaciones de derechos
fundamentales derivadas de las condiciones de reclusión de un interno. Ningún
otro juez tiene la competencia para adoptar medidas orientadas a terminar con
las violaciones de derechos fundamentales derivadas de las condiciones de
reclusión.
En segundo lugar, se advierte
que existe un vacío jurídico en cuanto a la regulación del derecho a no ser
sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La clara prohibición se ha
fijado constitucionalmente, y legalmente (así, por ejemplo, en el Código Penitenciario
y Carcelario), pero su alcance e implicaciones no han sido desarrolladas más
allá de enunciar la prohibición. Por tanto, resalta la acción de tutela, son de
particular importancia los parámetros derivados del bloque de
constitucionalidad y las interpretaciones dadas con autoridad por los
respectivos órganos encargados de tal labor, así como aquellos derivados de la
jurisprudencia constitucional.  Dentro de las fuentes del bloque se resaltó la
Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. Y dentro de los parámetros que permiten precisar e interpretar
adecuadamente el bloque de constitucionalidad y los derechos fundamentales de
personas privadas de la libertad, se resaltan las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Tercero, la acción de tutela propone el principio
pro homine como eje axial de la interpretación de las normas jurídicas
referentes al derecho a la no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Siguiendo la doctrina se propone la siguiente interpretación del
principio: “se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.”[956]
Cuarto, la acción considera que las condiciones
de reclusión del accionante, constituyen una violación al derecho a no ser
sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se considera que se está
ante un sujeto calificado (el INPEC y las autoridades de la cárcel La Modelo),
que actúa intencionalmente (autónomamente el Estado resuelve privar de la
libertad a las personas, bajo condiciones dramáticas y denigrantes de reclusión,
conociendo esta situación y no adoptando medidas para corregirla), con el
resultado de afectar la integridad física, psíquica y moral de la persona. Al
verificarse estos tres (3) elementos, se sostiene, se verifica una violación al
derecho invocado, de acuerdo con los parámetros del derecho internacional de
los derechos humanos.
En quinto lugar, la acción de tutela identifica
cada uno de los hechos narrados que constituyen violaciones al derecho
fundamental a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. Se indican las siguientes:  (1) la situación de hacinamiento en
que se encuentra el accionante, al igual que el resto de personas recluidas en
el Patio 5° (concretamente, en el pasillo 14 del piso 4° del Patio 5°);  (2) el
no contar con espacios ni condiciones adecuadas para dormir (el lugar, la
dotación mínima, las condiciones climáticas, de humedad y sanidad –especialmente,
prevención de plagas y animales–, así como la seguridad para poder reposar);
(3) la falta de espacios de recreación y esparcimiento;  (4) la negación o
falta de tratamiento médico adecuado y la ausencia de una ambiente salubre;
(5) la no prestación adecuada de servicios públicos básicos en la cárcel
Modelo: acueducto y alcantarillado.
En sexto lugar, se alega que las actuales
condiciones de reclusión del accionante en la cárcel Modelo constituyen un
perjuicio irremediable de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por lo
que se requiere y demanda la acción del juez de tutela. Se trata de daños
inminentes, graves, que demandan medidas urgentes e impostergables.
(viii) Petición. La
acción de tutela solicitó al juez de tutela “ordenar a la Nación, Ministerio
de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, o a quien
corresponda, que en el término de 48 horas ordene la ‘excarcelación’ del señor
Jhon Mario Ortiz Agudelo, y en su lugar decrete las medidas que considere
necesarias para proteger el interés de la comunidad, pues no existen otros
medios para evitar el sometimiento de mi poderdante a los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que se encuentran sufriendo actualmente.” La acción
de tutela presentó varios argumentos para sostener su petición, haciendo
énfasis en que el traslado no es una opción válida en este caso, y en general,
puesto que las violaciones al derecho fundamental cuya tutela se solicita, son
generalizadas y se encuentran en todo el sistema penitenciario y carcelario.
Primero, se alega que el accionante tiene un
fuerte arraigo en Bogotá, lo que hace imposible reubicarlo en otra prisión del
país (tiene su familia, dos niños y su esposa en la cárcel del Buen Pastor).[957] Se
advierte que, como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el
traslado supone, además, restricciones a su derecho a la defensa, pues la
reclusión de personas en lugares distantes de su domicilio, y en muchos casos
de las sedes judiciales en las que se tramitan sus procesos, dificulta el
acceso a sus defensores y su propia comparecencia al juicio o a otras
diligencias procesales en las que se requiere su presencia.[958]
Segundo, se alega que no hay lugar a traslado
porque las situaciones que configuran los tratos crueles, inhumanos o
degradantes son de carácter sistemático y generalizado en el sistema carcelario
colombiano. Se indica al respecto: “[según] distintas fuentes, incluyendo
los informes oficiales del INPEC, para el 31 de marzo de 2012 la población
reclusa total en Colombia asciende a un total de 106.111 personas y cuenta con
un total de 75.676 cupos disponibles, lo que da como resultado una
sobrepoblación del 40,2%.”.[959]
Se aclara que las condiciones a las que se hace referencia no son el simple
avance de problemas estructurales no atendidos. El hacinamiento es un problema
creciente y en aumento, que no puede ser contenido por las medidas con las que
actualmente se le pretende enfrentar, situación que ha afectado de forma
concreta y específica al accionante. Dice al respecto la acción de tutela,
“A pesar de la adecuación de las
cárceles existentes y de la construcción de los nuevos centros carcelarios, las
cifras de hacinamiento siguen siendo preocupantes. Incluso, en este sentido, el
día 30 de agosto de 2011, la Revista Semana publicó el artículo ‘Colombia
necesita de 26.000 nuevos cupos carcelarios para superar el hacinamiento’.
Allí, el propio Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, aseguró que a
pesar de los 60.000 millones de pesos con los que cuenta el Estado, éstos son
insuficientes para la creación de los 26.000 cupos supuestamente necesarios
para mejorar las condiciones de hacinamiento de las cárceles del país.
Particularmente, en la ciudad de Bogotá,
según datos del mismo INPEC, para el mes de diciembre de 2010, la capacidad del
Establecimiento penitenciario y carcelario La Picota era de 1.587 cupos. No
obstante, para la misma época existían 3.815 internos, dando como resultado una
cifra cercana al 140% de hacinamiento. Sin embargo, según los datos del conteo
diario del 24 de mayo de 2011, el hacinamiento de La Picota bajó al 5%. Esto se
debía a que la capacidad, según los datos del INPEC, ya no era de 1587 cupos
sino de 4.931 cupos, por la construcción del nuevo Establecimiento de Reclusión
del Orden Nacional (ERON). Sin embargo, para marzo de 2012, tan sólo 9 meses
después, el hacinamiento ya es del 48,9%, pues la población carcelaria ascendió
a 7.341 internos.”
La acción de tutela, no obstante, reconoce los límites de
sus afirmaciones, debido a la escasa y contradictoria información con que se
cuenta, pero es claro que la situación tiende a agravarse con celeridad.[960]
Adicionalmente, las nuevas edificaciones incurren en problemas estructurales,
que son en sí mismos cuestionables y reprochables.[961]
En especial, se resaltan las condiciones de salud que
afronta el sistema penitenciario y carcelario en general. Al respecto se indica
lo siguiente,
“[…] las condiciones generalizadas
de hacinamiento no son las únicas causas que hacen que el traslado no sea una
solución viable para evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se
encuentra padeciendo el señor Ortiz Agudelo. Los problemas relacionados con la
atención en salud a nivel nacional, por ejemplo, también son prueba de la
imposibilidad de ordenar el traslado de mi poderdante, pues estas condiciones
violatorias de sus derechos fundamentales son generalizadas en todos los
centros de reclusión del país.  ||  Con la reforma al Sistema General de Seguridad
Social en Salud efectuada por medio de la Ley 1122 de 2007, y por los decretos
1141 de 2009 y 2277 de 2010, se estableció que la afiliación de la ‘población
reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, si realizará al Régimen Subsidiado mediante
subsidiado mediante subsidio total, a través de una Entidad Promotora de Salud
del Régimen Subsidiado, EPS-S, de naturaleza pública del orden nacional’.  ||
Esto llevó a que el INPEC y Caprecom firmarán el contrato 1172 del 22 de julio
[07] de 2009, que incluía, entre otras cosas, una prestación adecuada del
servicio de salud dentro de las cárceles y que, cuando la enfermedad del
paciente implicara la intervención de médicos especializados, Caprecom se
encargaría de trasladar a los reclusos a estos centros de médicos para que
fueran tratados por especialistas.  ||  De las 12 EPS del régimen subsidiado,
la única del orden nacional es Caprecom, razón por la cual, respetando la
normatividad nacional, es la única EPS con la capacidad legal para contratar
con el INPEC. Esto implica que no existe otra alternativa para los internos que
recibir el servicio de salud que presta Caprecom y, alternativa para los
internos que recibir el servicio de salud que presta Caprecom y […] el servicio
prestado por esta entidad es realmente precario.  ||  Según el informe sobre la
Ejecución del Decreto 1141 de 2009 realizado por la Defensoría del Pueblo en el
2010, la mitad de los Directores de establecimientos penitenciarios y/o
carcelarios, al igual que los funcionarios de la Defensoría, consideran que
Caprecom no garantiza la prestación de los servicios de salud. Mientras que el
45% de los directores encuestados consideran que Caprecom no garantiza la
prestación de los servicios de salud en su establecimiento; aproximadamente el
57% de los defensores consideran que los establecimientos carcelarios tienen
dificultades con la prestación de los servicios de salud por parte de
Caprecom.  ||  Este mismo informe también resaltó que, frente al tema de
habilitación de las áreas de sanidad, el 84% de los directores de los
establecimientos carcelarios y el 86 % de los defensores encuestados consideran
que los espacios de sanidad destinados para prestar los servicios de salud no
son apropiados. Adicionalmente, señalan que la infraestructura de muchas de
estas áreas de sanidad, son completamente inviables para ser habilitadas y
certificadas.  ||  Otro problema es la posibilidad de registro por parte de los
nuevos internos a los servicios de salud. Según la cláusula segunda del
contrato 1172, el INPEC tiene la obligación de reportarle a la EPS las altas y
bajas que se presentaran en la población dentro de las 24 horas siguientes. Sin
embargo, Caprecom manifiesta que las altas y bajas de internos se hace cada 3
días puesto que la información de cada establecimiento tiene que ir al nivel
central de la EPS. En esta medida, el derecho a la salud de los internos o
reclusos que recién hayan ingresado al centro de reclusión es claramente vulnerado
porque, hasta que no esté registrado en este censo, no podrá recibir servicios
médicos. ||  […]  el ingreso de personal y de equipos biomédicos y tecnológicos
dispuestos por Caprecom a las de prestación de servicios de salud también ha
sido deficiente. Caprecom indicó que el INPEC no tenía un protocolo que
facilitara el acceso del personal médico a los centros de reclusión, generando
así un retraso en el ingreso de más de media hora.  ||  […] Caprecom no está
realizando oportunamente las intervenciones quirúrgicas a la población reclusa
debido al alto represamiento de procedimientos. Esto fue manifestado por el 64%
de los directores de los establecimientos de reclusión y por el 63% de los
defensores encuestados, quienes aceptaron que no se están haciendo las
intervenciones médicas a los reclusos en el momento en que deben practicarse.”[962]
Un indicativo del grado de afectación del derecho a la
salud de las personas recluidas en una prisión para la acción de tutela es,
precisamente, el número de acciones de tutela interpuestos. Se dice al
respecto,
“La obstaculización en la garantía
del derecho a la salud también es evidente en el tipo de solicitudes que se
hacen en la jurisdicción constitucional. De las 2227 acciones de tutela que a
lo largo de 2012 (con un corte a mayo de 10 de mayo) han sido instauradas en
contra del INPEC, 485 fueron interpuestas por cuestiones relacionadas con la
vulneración del derecho a la salud. Esta proporción salud v. total (en
adelante Ps/t), la cual equivale al 21.7%, poco varió respecto de años
anteriores, y por el contrario es posible ver un crecimiento de la misma. Así,
la Ps/t en los años 2007, 2009, 2010 y 2011 fue de 15.70%, 14.56%, 18.22% y
21.64% respectivamente. Además, debe resaltarse el hecho de que el total de las
acciones de tutela instauradas pasó a ser de 904 en el 2001, 4481 en el 2011;
es decir, aumentó un 495.68%. En esta medida, y si se tiene en cuenta que la
Ps/t ha venido aumentando anualmente, es evidente que el incremento en el
número de acciones presentadas no solo guarda una estrecha relación entre la
sobrepoblación carcelaria y la vulneración del derecho a la salud, sino que
también ejemplifica la afectación de muchos otros derechos fundamentales de la
población privada de la libertad.  ||  De esta manera, se concluye que la mala
prestación del servicio de salud en las cárceles es un problema de carácter
generalizado. […].”
Tercero, la acción de tutela
alega que las condiciones de reclusión de las cárceles readecuadas, así como de
las nuevas cárceles ‘ERON’ (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional),
también constituyen tratos crueles e inhumanos. Concretamente, en lo que al
hacinamiento se refiere, las nuevas instituciones siguen presentado el mismo
problema.[963]
En cuarto lugar, la acción de tutela alega que el
juez de tutela tiene una función preventiva, que lo obliga a tomar medidas
inmediatas orientadas no sólo a que cesa la violación de derechos, sino también
a prevenir eventuales violaciones futuras.
Quinto, la acción de tutela
también hace referencia a una condición específica del accionante; a saber, el
hecho de no poder ser trasladado a la Cárcel Distrital de Bogotá, debido a que
no reúne las condiciones y requisitos legales y reglamentarios para poder ser
recluido allí, tanto por su perfil como delincuente, como por el hecho de que
actualmente también hay allí una situación de hacinamiento.
Finalmente, la acción de tutela alega que ordenar
judicialmente la excarcelación de un preso no es una medida descabellada o
irrazonable; es una medida que ya se ha adoptado en otras jurisdicciones.
Expresamente se dijo: “la excarcelación u otras soluciones que no impliquen
simplemente la construcción de más cárceles, son una opción viable y necesaria,
tal y como lo han planteado varios organismos judiciales y administrativos en
distintas partes del mundo.” A juicio de la acción de tutela, la solución
propuesta por la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998, según la
cual la manera de superar el hacinamiento era la construcción de más centros
penitenciarios y carcelarios, ha demostrado ser inadecuada por insuficiente. Al
respecto se sostuvo lo siguiente,
“[…] casi 14 años después de dicho
pronunciamiento, como se demostró en los renglones precedentes, las condiciones
de reclusión en la Cárcel Modelo siguen siendo precarias. Como se probó
anteriormente, las condiciones en que se encuentra el señor Ortiz Agudelo no
sólo se mantienen, sino que, desde la nueva perspectiva de análisis que se abre
a la luz de los instrumentos de derechos internacional, constituyen un trato
cruel, inhumano y degradante. Por este motivo, no bata con concluir que las
medidas adoptadas a lo largo de estos años para resolver los problemas de la
cárcel Modelo han sido claramente insuficientes, sino que es necesario buscar
nuevas alternativas de solución.  ||  Desde esta perspectiva, puesto que las
medidas acogidas a nivel interno no han resultado realmente efectivas, se hace
necesario mirar y analizar las medidas adoptadas en otros países, para buscar
opciones que permitan dar fin a la situación de violación de derechos humanos
en la que se encuentra mi defendido. […]”
La acción de tutela hace referencia a decisiones
judiciales tomadas en Honduras y en los Estados Unidos de América. En ambos
casos, se indica, los jueces adoptaron decisiones similares a las que se le
pide adoptar al juez de tutela en el presente caso, ante situaciones parecidas,
con base en argumentos similares fundados en referentes normativos basados en
la dignidad humana.[964]
A estos casos, se sumarían otras sentencias judiciales, que también adoptan decisiones
‘creativas’ que permitan enfrentar la complejidad del problema
carcelario, como ha ocurrido en Costa Rica[965]
o Argentina.[966]
Incluso, se indica, hay poderes ejecutivos de la región que han tomado en el
pasado decisiones similares.[967]
3.1.2.  Respuesta de las entidades acusadas
(Expediente T-3554145). El Estado respondió a través de dos instituciones.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC.
3.1.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho alegó que
no debió haber sido vinculado al proceso, por considerar que las acusaciones
presentadas por los accionantes se refieren a asuntos de competencia exclusiva
de una dependencia específica del Estado.[968]
No obstante se reconoció que es verdad que existe un problema de hacinamiento y
que, además, está en aumento. El Ministerio también advierte que este problema
se pretende enfrentar con la construcción de más cárceles así:  “[…] es
importante aclarar que por el crecimiento casi exponencial de la población
privada de la libertad ha obligado al Gobierno Nacional a pensar en la
necesidad de acudir a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios
y la ampliación y restructuración de algunos establecimientos existentes con el
fin de poder brindarles mejores condiciones a la población penitenciaria en el
país. Es por ello que en el 2010 como resultado de los documentos CONPES 3277
de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 se habilitaron 21.245 cupos para reducir
la situación de hacinamiento en el país.  ||  Así mismo este Ministerio ha
conformado un Comité Asesor para la creación de un plan maestro de cárceles,
entendiendo por éste, el conjunto de estrategias, programas y proyectos de
inversión de recursos para la adquisición de terrenos, construcción, refacción
y equipamiento de los establecimientos de reclusión del orden nacional, cuyo
objetivo principal es el de modernizar la infraestructura carcelaria, para
erradicar los altos índices de hacinamiento.  ||  Mediante estos
programas, se busca la creación de 26.000 nuevos cupos penitenciarios a nivel
nacional, algunos de ellos destinados a remplazar varios de los centros de
reclusión existentes, así como la readecuación y reubicación de otros. Para
concretar este propósito se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior
y de Justicia, el INPEC y la Corporación Andina de Fomento –CAF–, en julio (07)
de 2011. Esta última entidad estará a cargo de la estructuración de un modelo
financiero que permita concesionar la construcción y algunos servicios
penitenciarios (excluida la vigilancia y la custodia) para visibilizar los
proyectos requeridos.  ||  Tal estructura financiera y la necesidad de
acudir a la figura de la concesión, está justificada por la falta de
presupuesto para acometer las obras de infraestructura y el mantenimiento de
las mismas, por cuanto la Nación sólo cuenta con recursos que no superan los
cien mil millones de pesos ($100.000.000.000), cifra que sólo cubriría el costo
de un complejo penitenciario (máximo 4.500 cupos).  ||  Habida cuenta
que a la situación de hacinamiento se suma el hecho de que la infraestructura
actual de muchos de los centros de reclusión fue diseñada y construida hace
varias décadas y esas edificaciones no cuentan con las especificaciones
técnicas para servir como establecimientos penitenciarios y carcelarios,
resulta inaplazable la construcción de nuevas edificaciones.  ||  Igualmente,
el Estado ha implementado diversos tipos de programas encaminados a brindar
bienestar y herramientas de resocialización a la población carcelaria del país;
los programas que se implementan para realizar el proceso de atención básica y
tratamiento penitenciario se describen a continuación:  - programa de atención
básica y tratamiento penitenciario;  - modelo educativo institucional;  -
proyectos productivos y ambientales;  - programas de atención social;  -
programa de integración social de grupos con condiciones excepcionales;  -
programa de recreación, deporte y cultura;  - comercialización;  - servicios
post-penitenciarios.  ||  Así mismo, el Ministerio de Justicia y del
Derecho conformó un grupo de trabajo que ha venido elaborando una propuesta de
Código Penitenciario, caracterizado por la creación de un sistema integrado por
cuatro regímenes, sin duda uno de los mayores desafíos de esta apuesta por el
cambio.” Sobre la alimentación, el suministro de utensilios de aseo,
elementos de dotación de celdas y prestación del servicio de agua, el
Ministerio consideró ‘necesario recordar’ que: “[…] el INPEC bajo
presupuestos constitucionales, legales y administrativos, tiene a su cargo ‘la
alimentación de los internos y la dotación de elementos y equipos de trabajo,
sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario para condenados y
todos los recursos materiales necesarios para la correcta marcha de los
establecimientos de reclusión.”
3.1.2.2. El INPEC consideró, por su parte, que a esa
institución tampoco le corresponde adoptar las medidas adecuadas y necesarias
para garantizar los derechos del accionante.[969]
La Jefe de Oficina Asesora Jurídica del INPEC sostuvo su posición así: “Sobre
el particular me permito transcribir el contenido del art. 38 de la Ley 906 de
2004 […][970]
||  [Y] el artículo 14 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993)
establece: ‘corresponde al Gobierno Nacional por conducto del INPEC, la
ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una
sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no
remunerado’, esto es, que el INPEC, ejecuta las órdenes judiciales que en tal
sentido se profieran, pero en ningún momento dispone en dónde debe cumplirse la
sanción condenatoria o medida de aseguramiento.  ||  Sobre el particular queda
claro que, los competentes para satisfacer las necesidades en cuanto la
detención domiciliaria, se encuentra en cabeza del Despacho Judicial en
Conocimiento. Resultando la falta de legitimidad en la causa por la pasiva
respecto de la Dirección General del INPEC.”
3.1.3.  Decisión de primera instancia
(Expediente T-3554145). La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, resolvió tutelar los derechos a la dignidad humana, a la
vida digna y a la salud, del accionante, Jhon Mario Ortiz Agudelo, en sentencia
de junio trece (13) de dos mil doce (2012).[971]
Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional en la materia, los hechos
alegados y las respuestas de las entidades acusadas, “resulta evidente la
flagrante vulneración por parte del INPEC de los derechos y garantías
fundamentales” del accionante. La Sala del Tribunal dijo: “[los derechos invocados]
deben ser protegidos de forma inmediata, independientemente de los programas
que se desarrollan para el mejoramiento de nuestro sistema carcelario y que
debe estar adelantando el Ministerio de Justicia en conjunto con los otros
organismos encargados de esa misión.” Si bien se negó la solicitud de
excarcelación, por ser un asunto regulado constitucional y legalmente en cabeza
de otros jueces diferentes al juez de tutela, consideró que sí era pertinente
adoptar otras medidas, no sólo orientadas a la protección del accionante, sino
en general de la población carcelaria de la Modelo.[972] Dijo la sentencia: “[…]
la vulneración y amenaza constante, masiva y reiterada  de los derechos
fundamentales de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario, La Modelo, resulta ostensible, por lo que ésta Corporación no puede
pasar inadvertido que no es el señor Ortiz Agudelo el único afectado con dichas
situaciones, sino que en las mismas condiciones se encuentran cientos de
ciudadanos, que sin importar el motivo por el que se encuentran allí, acorde
con las disposiciones sobre derechos humanos ratificadas por Colombia, merecen
un trato digno, humano y garantista de sus derechos por parte del Estado, como
una característica fundante del estado social de derecho que pregona nuestra
Nación.” La Sala del Tribunal resolvió impartir una serie de órdenes
complejas para asegurar la protección de los derechos fundamentales. En primer
lugar ordenó a las entidades carcelarias adoptar medidas de protección en los
siguientes sentidos,
“Ordenar al Gobierno
Nacional representado por el Ministerio de Justicia, al INPEC a través de su
directivo, al Director del Establecimiento Carcelario La Modelo, que en un
plazo que no podrá exceder de quince (15) días, contados a partir de la
notificación de la presente decisión, implementen conjuntamente todas las
medidas necesarias tendientes a garantizar a los reclusos de dicho penal unas
condiciones de subsistencia dignas y humanas.
Concretamente, los horarios de
alimentación y ducha deberán ajustarse a los del común de la sociedad, deberán
poner a disposición de los internos agua potable en la cantidad y frecuencia
por ellos requerida, los alimentos que se proporcionen deben estar en óptimas
condiciones de conservación, preparación y nutrición, el sistema sanitario del
penal, en relación con las tuberías de desagüe, baños y duchas será reparado y
ampliado de manera que baje la proporción de usuarios para cada uno de esos
servicios, igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación de
implementos de aseo mensualmente.
El servicio médico debe estar
disponible en el momento que se necesite y deben contar con medicinas, equipos
y personal idóneos para los requerimientos de la población carcelaria. El
servicio de aseo e higiene de las instalaciones debe ampliarse en procura de
evitar enfermedades, contagios e infecciones a causa de las plagas que la
suciedad genera. En relación con las camas y las celdas deberán por lo menos
entregar a cada preso, especialmente a quienes no tienen celda para su
descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un
mejor descanso en un espacio adecuado para ese propósito.  Igualmente, deberá
acoger las recomendaciones que le hiciera la Secretaria de Salud Distrital
frente al tema de salubridad de los comedores, lo que hasta ahora no ha
efectuado y por lo que aún continúan clausurados, debiendo dentro del mismo
plazo de un mes, reabrirlos en las condiciones fijadas por dicho organismo.
Finalmente, deberá procurar la creación de actividades lúdicas y recreativas,
donde pueda haber participación de todos los detenidos, ya sea mediante
destrezas físicas o mentales.”
La Sala resolvió remitir copia de la Sentencia a la
Secretaría de Salud Distrital para que dentro de sus funciones ejerza la
vigilancia del cumplimiento de las órdenes emitidas, así como el seguimiento de
los controles y recomendaciones que por su parte ha dispuesto para el
Establecimiento Carcelario La Modelo, informando lo pertinente al Tribunal. En
sentido similar se dirigió copia a la Procuraduría General de la Nación para
que ejerza el respectivo control del cumplimiento de la orden aquí emitida
frente a los organismos accionados.
3.1.4.  Decisión de segunda instancia (Expediente
T-3554145). El veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar la decisión de
instancia, ante la petición del accionante de que se considerara nuevamente su
petición de excarcelación.[973]
Para la Corte Suprema de Justicia la decisión del Tribunal Superior fue
correcta, al reconocer las competencias de los jueces a los que se les ha
asignado la competencia para decidir de acerca de las solicitudes de libertad
de la persona. Lo que correspondía es hacer lo que se hizo: “[…] ordenar que
se adopten las medidas de carácter general tendientes a mejorar las condiciones
de la detención preventiva que lo afectan […]”.
3.2. Expediente T-3647294
El veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), Wilfredo
Mesa Rosero, apoderado por un abogado del grupo de interés público de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,[974] presentó una acción de
tutela similar a la anterior; esto es, en su condición de recluso de la cárcel
Modelo de Bogotá, acusó a las mismas autoridades carcelarias y penitenciarias de
violarle los mismos derechos fundamentales alegados por Jhon Mario Ortiz
Agudelo, puesto que ambos accionantes se encuentran en una situación similar.
Concretamente, Wilfredo Mesa Rosero alegó mediante su apoderado la grave
situación de salud que afecta la movilidad de sus brazos. Al igual que en el
caso anterior, la acción de tutela presenta es un extenso y detallado
documento, en el que el apoderado presenta  (i) los hechos del caso,  (ii) los
derechos violados;  (iii) los fundamentos de derecho;   (iv) la petición,  (v)
los fundamentos de la petición, y  (vi) las pruebas y demás requisitos formales.[975]
Teniendo en cuenta la similitud de los cargos presentados, la Sala de Revisión
se referirá a continuación únicamente a aquellos hechos, argumentos o
solicitudes que se ocupen específicamente de la situación de Wilfredo Mesa
Rosero.
3.2.1. Hechos, fundamentos y solicitud
(Expediente T-3647294). Wilfredo Mesa Rosero, residente en Bogotá, manifiesta
dedicarse al negocio del calzado y tener dos (2) menores de edad a su cargo.
Fue condenado por el delito de hurto calificado. Además, se encuentra sindicado
por el delito de fabricación y porte ilegal de armas de fuego en concurso con
lesiones personales, y está siendo procesado por el Juzgado 45 Penal Municipal
de conocimiento. El accionante ingresó el seis (6) de mayo de dos mil once (2011).
Se encuentra en el patio 5°, piso 4°, lado B, Pasillo 13 del establecimiento
carcelario La Modelo. El pasillo 13 tiene capacidad para 40 personas y
actualmente habitan allí 160 internos. El accionante duerme en una colchoneta “que
logró conseguir por sus propios medios cuando ingresó al establecimiento
carcelario.”  Las condiciones en que se duerme en este pasillo, al igual
que las condiciones de higiene básicas, son similares a las expuestas por Jhon
Mario Ortiz Agudelo en la acción de tutela anterior. Wilfredo Mesa Rosero
reclama especial atención a su situación de salud la cual está afectada, si
bien no por una urgencia, sí por un malestar que compromete su integridad
personal. Dice al respecto,
“Debido a que [el accionante]
sufrió un accidente donde se fracturó sus dos brazos hace un par de años,
padece de constantes dolores que limitan su movilidad. El señor Mesa Rosero no
ha recibido la atención ni rehabilitación adecuada en el establecimiento
carcelario La Modelo, por sus problemas de movilidad en los brazos.  ||  A
pesar de que […] ha tenido citas con el médico general del servicio de salud
del establecimiento carcelario, donde ha manifestado su dolencia en los brazos,
y ha solicitado una remisión a un médico ortopedista, su solicitud ha sido
ignorada y de esta manera negada. A pesar de que su historia médica se
encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, lugar donde sufrió el accidente que
resultó en la fractura de sus brazos, y donde recibía terapias para su
recuperación. Esto debido a que Caprecom no tiene centralizada la información
de los reclusos a su cargo.  ||  En el control médico previo realizado [al
accionante] por las autoridades para ingresar al establecimiento La Modelo, no le
diagnosticaron su serio problema de movilidad en los brazos ni le ordenaron
tratamiento alguno para sus dolencias.”
Los derechos constitucionales invocados y los fundamentos
jurídicos presentados por Wilfredo Mesa Rosero (Expediente T-3647294), como se
indicó, son los mismos que presentó Jhon Mario Ortiz Agudelo en el anterior
proceso de acción de tutela (Expediente T-3554145).
La petición de la tutela, de igual manera, es análoga a la
presentada por Ortiz Agudelo. Expresamente se solicitó “ordenar a la Nación,
Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, o
a quien corresponda, que en el término de 48 horas ordene la ‘excarcelación’
del señor Wilfredo Mesa Rosero, y en su lugar decrete las medidas que considere
necesarias para proteger el interés de la comunidad, pues no existen otros
medios para evitar el sometimiento de mi poderdante a los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que se encuentran sufriendo actualmente.” Los
fundamentos jurídicos de la petición también son semejantes a los presentados
previamente, incluyendo dentro de ellos la imposibilidad del traslado, debido a
que se afectaría su específica situación personal.  En el caso del señor Mesa
Rosero, éste alegó, mediante apoderado, las siguientes condiciones,
“El señor Mesa Rosero nació en la
ciudad de Bogotá y se ha establecido en la misma, donde reside de manera
permanente y tiene a sus padres e hijos. Los padres del señor [accionante];
Ligia Rosero, ama de casa y Jorge Mesa, persona dedicada al negocio del
calzado, viven en el barrio San Francisco ubicado en la localidad 19
correspondiente a Ciudad Bolívar, del Distrito de Bogotá. Asimismo,  los dos
hermanos del señor Mesa Rosero, viven en la ciudad de Bogotá y junto con sus
padres configuran el círculo de apoyo con el que cuenta el sindicato. El señor
Mesa Rosero es padre de tres niños menores de edad que viven en la ciudad de
Bogotá con la madre de los menores.  ||  Tanto el señor Mesa Rosero como sus
hijos tienen derecho a la relaciones personales entre padres e hijos. Según la
Corte Constitucional el derecho a las relaciones personales entre padres e
hijos indica que tanto los padres como los hijos, en igual sentido e
intensidad, tienen derecho a relacionarse de manera permanente. De realizarse
el traslado del señor Mesa Rosero a otra ciudad del país, sus hijos no podrían
relacionarse de manera permanente con su padre. Esta situación implicaría que
los hijos del señor Mesa Rosero no tendrían un proceso normal de desarrollo,
crecimiento y afirmación de la personalidad.  ||  La unidad de la familia del
señor Mesa Rosero depende de la efectiva existencia de este vínculo vital, el
cual sólo puede ser posible con la efectiva presencia del señor Mesa Rosero en
la ciudad de Bogotá. […]”.
3.2.2. Respuesta de las entidades acusadas (Expediente
T-3647294). La Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
3.2.2.1. La Presidencia de la República de Colombia,
mediante apoderada, solicitó ser desvinculada del proceso por “inexistencia
de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, que deniegue la tutela
por improcedente y por ausencia de violación de los derechos fundamentales cuya
protección invoca el demandante mediante apoderado.” A su parecer, la
Presidencia de la República es un sujeto de derecho que “[…] no está directa
ni indirectamente relacionado con la situación planteada por el apoderado del
accionante […]”.[976]
3.2.2.2. La Directora de Política Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y del Derecho, Giovanna Prieto Cubillos, participó
dentro del proceso de acción de tutela, para solicitar que se “desvinculara”
al Ministerio, “por falta de legitimación en la causa por pasiva”. A su
parecer, “[…] conforme con el Código Penitenciario y Carcelario, todo lo
referente a la alimentación, entrega de útiles de aseo, dotación de las celdas
e infraestructura, concierne a la Dirección General del INPEC y a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USP, bajo una potestad discrecional que
ejerce con total apego al principio de legalidad y en uso de la autonomía
administrativa que le concede la ley.”[977]
3.2.2.3. Finalmente, la Jefe de la Ofician Asesora
Jurídica del INPEC, María Fernanda Escobar Silva, al igual que las demás
dependencias públicas, solicitó al juez de tutela “[…] que su
pronunciamiento sea dirigido a la falta de legitimidad por pasiva.” A
juicio del INPEC, “[…] los competentes para satisfacer las necesidades en
cuanto a la detención domiciliaria [según el Código Penitenciario y
Carcelario], se encuentra en cabeza del despacho judicial de conocimiento.
Resultando la falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto de la
Dirección General del INPEC.”[978]
3.2.2.4. Luego de conocer estas respuestas, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal, resolvió que también era necesario vincular al
proceso a Caprecom y a las autoridades de la cárcel Modelo.
3.2.2.5. El Director del Establecimiento Carcelario Modelo
en Bogotá, TC (r) Dionicio Calderón Sánchez, solicitó al Tribunal que declarara
“[…] la improcedencia del amparo incoado frente a este Establecimiento
Carcelario, teniendo en cuenta que no es de resorte nuestro darle una solución
inmediata a cada uno de los inconvenientes expuestos en el escrito de tutela”.
A su parecer “[…] la tutela es un mecanismo de carácter residual, solicito
declarar la improcedencia de la misma por cuanto existen otros mecanismos para
elevar las peticiones que aduce el tutelante.”[979]
El Director reconoció que
existe una clara situación de hacinamiento en la cárcel Modelo. Dijo lo
siguiente: “Respecto al hacinamiento, la población actual supera los 7.839
internos, de los cuales 3.283 son condenados, es decir, hay una sobrepoblación
de más del 100% del cupo disponible con que cuenta el Establecimiento para
albergar personas privadas de la libertad […]”. Pero para el Director del
INPEC se ha de confiar en las medidas de traslados anunciadas por el gobierno.
Se indicó al respecto en la intervención: “[…] según lo manifestado por el
Gobierno Nacional y la Administración del Instituto, próximamente se realizarán
traslados de internos hacia otros establecimientos carcelarios buscando
combatir este problema, el Establecimiento está a la espera de que las
instancias correspondientes ordenen este procedimiento.”  El Director
resalta, ante todo, la dificultad de poder cumplir su misión con escasos
recursos humanos y materiales, en un establecimiento de más de medio siglo de
antigüedad y sin las adecuaciones y refacciones mínimas: atender al doble de la
población reclusa para la cual tal establecimiento fue diseñado. Dice el
Director,
“El INPEC a través de sus
Establecimientos de Reclusión, simple y llanamente se ha dedicado al
cumplimiento de las funciones misionales que el Legislador le encomendó […]
||  Funciones que se han venido desarrollando con una gran escasez de personal
y recursos tanto en lo económico como en lo físico, situación que genera que el
brazo del Estado a través de este Establecimiento no alcance a cubrir y
satisfacer las necesidades básicas de toda la población reclusa.
Respecto a las actividades [y]
ocupaciones válidas para redención de pena de la población reclusa, actualmente
el Establecimiento cuenta con un plan ocupacional de 3.034 cupos disponibles,
es decir, existen los cupos para la población que realmente debería tener el
Establecimiento. […]
Este Establecimiento carcelario
fue construido hace más de medio siglo, por lo tanto presenta deterioro en su
parte locativa que se empeora debido al hacinamiento existente y al mal uso de
los recursos como lavamanos, inodoros, etc., que hacen los internos por cuanto
son dañados constantemente, no obstante lo anterior se realizan todos los
esfuerzos necesarios que están a nuestro alcance para realizar las adecuaciones
locativas y estructurales, de acuerdo al presupuesto asignado.
[…] Respecto a la recreación me
permito informar que este establecimiento carcelario cuenta con un área
encargada para el manejo de deportes y recreación, la cual realiza actividades
deportivas y recreativas al interior de los patios, situación que se debe
manejar de esta manera teniendo en cuenta el hacinamiento.”
El Director de la Cárcel Modelo
advirtió al juez de tutela (el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal), que el
día de la intervención en el proceso, “[…] el área de psicosocial hizo
entrega de kit de aseo y colchoneta al señor Wilfredo Mesa Rosero.” El
Director de la Cárcel aseguró que la distribución de alimentos en la
institución es adecuada. Sostuvo que la alimentación se somete a rigurosos
controles por parte de la Secretaría de Salud Distrital, que en la actualidad
ha dado un concepto favorable a la alimentación dada. Con relación a los
horarios en que estos se prestan, se indica que esto se debe a las
restricciones impuestas por motivos de seguridad y organización misma del
penal, así como por la imposibilidad de utilizar el comedor de la parte SUR.
En cuanto al acceso al derecho
a la salud del accionante, el Director de la cárcel dijo, “[…] revisada la
Historia Clínica del señor Mesa Rosero, se encontró varias consultas por
gastritis, faringitis y amigdalitis, por lo cual, actualmente se encuentra
recibiendo tratamiento para gastritis.  ||   Por otro lado informa la
IPS Caprecom Modelo, que teniendo en cuenta los hechos manifestado en el
escrito de tutela y una vez verificada la Historia Clínica del señor Mesa Rosero
no se encontró solicitud de atención por ortopedia, no obstante a lo anterior
el Médico General lo valorará con el fin de verificar si realmente requiere
tratamiento por ortopedia.”
El Director de la cárcel Modelo
advierte que el alto índice de hacinamiento “[…] no se ha presentado por
desidia o complacencia del Instituto y menos aún de este Establecimiento, dicha
situación obedece a una Política Criminal y Penitenciaria que está en cabeza de
las altas esferas que componen a las tres ramas del poder público de nuestro
Estado.”
El concepto del Director no fue
considerado por la Sala del Tribunal Superior en su sentencia, porque se allegó
el mismo día que se dictó sentencia.
3.2.3. Primera decisión de primera instancia
(anulada) (Expediente T-3647294). La Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió negar la acción de tutela de Wilfredo
Mesa Rosero.[980]
Aun cuando consideró que los reclusos se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta y que las cárceles están en una situación desastrosa, se indicó
que la violación estructural a los derechos fundamentales en las cárceles es un
asunto que ya fue resuelto por la jurisprudencia constitucional. Además de
tales cargos, indica el Tribunal, no se presentan violaciones nuevas y
presentes.[981]
El salvamento de voto presentado al decisión versó exactamente sobre esta
cuestión, pues al tratarse de hechos nuevos los estudiados en la presente
acción de tutela, requería una atención judicial nueva y no entenderlos
resueltos.[982]
En cuanto al derecho a la salud, consideró el Tribunal que la violación del
mismo no fue probada, aunque pareció referirse a otro caso.[983]
La decisión judicial fue impugnada por el accionante
mediante apoderado, por considerar que el juez ha debido pronunciarse de fondo
acerca de las violaciones presentadas y probadas y por considerar que sí hay
violación al derecho a la salud. Esta decisión fue anulada por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia luego de haber sido impugnada.
3.2.4. Participación del Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Expediente
T-3647294). El 11 de julio (mes 07) de 2012, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió anular todo lo actuado en primera instancia por
considerar que no se habían vinculado a todas las autoridades competentes y con
interés en la situación debatida en el proceso de Wilfredo Mesa Rosero. Se
resolvió ordenar que también se vincularan al proceso el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad respectivo y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.[984]
3.2.4.1. El Treinta (30) de julio de dos mil doce (2012),
el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, DC,
participó en el proceso a petición de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
para que se pronunciara con relación a la petición del accionante.[985] El
Juez de Ejecución de Penas solicitó que se reconociera en el fallo de tutela
que el Juzgado en cuestión no había violado los derechos del accionante y que
se le desvinculara del trámite de tutela. Sobre la petición presentada dijo lo
siguiente,
“Frente a la petición central que
enmarca la demanda de tutela [… de que se] ordene la excarcelación […] y en su
lugar decrete las medidas que considere necesarias para proteger el interés de
la comunidad, pues no existen otros medios para evitar el sometimiento del
interno a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se encuentra
sufriendo actualmente, este Despacho encuentra improcedente pues a pesar de que
no se desconoce el problema de hacinamiento en que se encuentran tanto las
personas vinculadas a un proceso penal como aquellas que cumplen una pena de
prisión impuesta por un juez competente para hacerlo, pues en las visitas que
hace este operador judicial así lo percibe no sólo de manera visual sino por el
comentario que recibe de los internos a su disposición, no existe norma alguna
del ordenamiento jurídico penal que permita ordenar la libertad de un condenado
que sobre el mismo aquellos presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes a
que hace referencia el accionante en su demanda de protección a derechos
fundamentales pues de ser cierta tal afirmación corresponde a las autoridades
administrativas carcelarias como el INPEC, a la Procuraduría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo, investigar o denunciar a aquellos
funcionarios que incurrieron con su conducta en ese tipo de comportamientos
contrarios a la ley y a la Constitución Política y tomar las medidas que sean
necesarias para evitarlos pero nunca puede ser ello causal para que una persona
condenada por la comisión de un hecho punible previsto en la ley ser eximido
del cumplimiento de la pena aflictiva de la libertad como se pretende que así
se decida [a] través de un fallo de tutela.”
Posteriormente, se concluye así: “[…] mientras no
exista una decisión contraria a aquella que se deriva de la sentencia
condenatoria proferida en contra del condenado Álvaro José Marín Arias
(sic),[986]
éste deberá continuar cumpliendo la pena de prisión que le fue impuesta por
autoridad judicialmente facultada para ello en el centro de reclusión donde
actualmente se encuentra privado de la libertad o en aquel que el INPEC asigne […]”
Para el Juez, “[…] teniendo en cuenta el tiempo de privación de la libertad
del penado, no hay la posibilidad jurídica que de dicho oficio o a petición del
condenado o su apoderado se entre a estudiar de fondo un subrogado o sustituto
penal que tenga que ver con la libertad condicional que pueda de conformidad
con el estado de la ejecución de la pena, entrar a admitir su concesión. Mucho
menos, la pena de prisión impuesta a la se encuentra cumplida [sic].”
3.2.4.2. El treinta (30) de julio de dos mil doce (2012),
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público participó en el proceso de la
referencia, para indicar que no tiene competencia alguna con relación a los
asuntos que se ventilan en el proceso de la referencia. Por medio de apoderada,
“[…] el Ministerio solicitó que se rechace o declare como improcedente la
acción instaurada respecto de éste, y en todo caso absolverlo de las súplicas
de la tutela.” Luego de hacer referencia al Decreto 4151 de 2011 (art. 2°),
se dijo que la acción pretende que el Ministerio “[…] usurpe funciones
propias de otras entidades, y que disponga además, recursos financieros que ya
fueron asignados y situados a otros órganos del presupuesto para atender y
proteger los derechos fundamentales objeto de esta acción, para lo cual debe
tenerse en cuenta las funciones asignadas en el Decreto 4712 de 2008 […]”.
Se advierte que “[…] la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
puede legalmente satisfacer las pretensiones del actor, no sólo porque no
determinó ni tiene incidencia en ejercicio de funciones con los hechos que dan
origen a la presente acción sino también que el fondo de la determinación de
las políticas de ejecución de los recursos destinados a población carcelaria
está a cargo del INPEC.  ||  Este Ministerio ha dado estricto
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, especialmente en lo
relacionado con la función presupuestal y de giros, asunto en que ha sido
especialmente diligente priorizando los giros correspondientes a las entidades
encargadas de atender en forma directa las necesidades básicas de la población
carcelaria del país, como ya se manifestó con la partida de $1.009.364.822.282
girados al INPEC para el año 2010, de $1.087.876.271.510 para el año 2011 y $
1.202.174.529.951 para la vigencia actualmente en curso.”
3.2.5. Decisión de primera instancia (Expediente
T-3647294). El dos (2) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá resolvió de forma similar a como lo había hecho
inicialmente: negó la tutela de los derechos invocados por Wilfredo Mesa Rosero
y ordenó remitir copia del proceso de tutela al juez de primera instancia del
proceso en el cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano.[987]
Reiterando los argumentos expuestos en la primera sentencia que dictó, el
Tribunal dijo: “No obstante, atestado sea desde ahora en cuanto excluye la
prosperidad de la tutela, la situación demostrada en este asunto no ha sido
ajena a la jurisdicción constitucional, que en pretérita decisión impartió las
órdenes a las autoridades estatales orientadas precisamente a superar esa
violación generalizada y persistente de los derechos fundamentales de los
internos, uno de ellos, se insiste, el ahora accionante.  ||  En efecto,
la Corte Constitucional, desde hace más de dos lustros declaró la existencia
del estado de cosas inconstitucional en las prisiones mediante un
pronunciamiento que comportó el reconocimiento de la sistemática vulneración o
amenaza de violación de los derechos fundamentales de los reclusos; supuesto
con apoyo en el cual instó a las autoridades competentes a la adopción de
medidas orientadas a garantizar las condiciones de vida dignas en los penales.
En concreto, tratándose de lo que interesa destacar, en la sentencia T-153 de
1998 […]  ||  En este orden de ideas, resulta forzoso colegir que la
situación noticiada en estas diligencias ya fue objeto de decisión, porque
independientemente de que el accionante Mesa Rosero no hubiese sido parte en
esa pasada acción pública, inclusive, que tampoco estuviese privado de la
libertad para la data de emisión del pronunciamiento, surge incontrastable ante
la declaración efectuada en el precedente reseñado que estuvo orientado a
superar una situación inconstitucional que ahora simplemente indica que
persiste. En consecuencia, la tutela interpuesta ahora no es viable porque lo
pertinente ante la continuidad en la violación sistemática de los derechos
fundamentales de los internos es pretender de la Corte Constitucional, dentro
de la órbita de sus competencias, que se promuevan las acciones de seguimiento
correspondientes; incluso y, alternativamente, ante el funcionamiento de
primera instancia que conoció de dicho asunto, si resulta del caso, propiciar
el incidente de desacato de que trata el artículo 51 del Decreto 2591 de 1991.
||  De acuerdo con lo argumentado, entonces, el Tribunal denegará el amparo
impetrado, máxime que estas diligencias es pretendido, no para obtener el
mejoramiento de las condiciones de la reclusión, sino para obtener una
excarcelación que con apego al ordenamiento jurídico, tratándose de condenado a
pena privativa de la libertad, debe reclamarse del funcionario a disposición
del cual se encuentra y con fundamento en alguna de las causales que habilitan
la cesación de la excarcelación reclamada, esto es, bien por cumplimiento de la
pena o por vía de los mecanismos sustitutivos de la sanción restrictiva de tal
derecho fundamental, desde luego, siempre que se satisfagan los requisitos
previstos para los mismos.  ||  No obstante, la Sala ordenará expedir
copias de la demanda de tutela y de este pronunciamiento con destina a la Sala
Civil del Tribunal Superior de Medellín, autoridad que conoció en primera
instancia de la acción de tutela objeto de revisión por la Corte Constitucional
en la sentencia T-153 de 1998, así como a esta última Corporación en cita, con
miras a la verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas.” El
Magistrado que originalmente había salvado su voto, sostuvo que en esta
oportunidad sólo lo aclaraba.[988]
Con relación con la violación al derecho a la salud, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió nuevamente con los mismos
argumentos expuestos inicialmente, incluso, con el mismo gazapo cometido en la
versión inicial, anulada por la Corte Suprema de Justicia. Dijo la nueva
sentencia, subrayando los nuevos argumentos que se expresaron: “Dice la sentencia
de la Sala Penal del Tribunal: “[…] el apoderado del accionante sólo adujo
que Mesa Rosero hace varios años sufrió el accidente en el cual padeció la
fractura de ambos brazos, razón por la cual desde entonces presenta problemas
de movilidad de tales miembros. De igual modo, que en el establecimiento no ha
recibido el tratamiento adecuado; sin embargo, en los posteriores apartes del
estricto de tutela admite haber sido atendido en varias oportunidades por
medicina general para exteriorizar la inconformidad con el criterio del galeno
que lo atendido [sic], en cuanto no ha accedido a la solicitud de aquél
de su remisión al especialista en ortopedia.  ||  En síntesis, la
atención que reclama no ha correspondido en manera alguna a un tratamiento,
examen o medicina que le  haya sido prescrita y negada, sino a una valoración
que Correa Fonseca [sic] estima, en contravía del criterio del médico
tratante, que resulta necesaria. En consecuencia, por esta causa no puede
admitirse que resultó vulnerado el derecho fundamental referido, máxime que
el Director del establecimiento penitenciario y carcelario de Bogotá señaló que
los servicios médicos de los internos, tanto los incluidos como los excluidos
del POS se encuentran cubiertos por las entidades con las cuales fueron
suscritos los respectivos contratos aún vigentes, por intermedio de las cuales
han sido atendidas las consultas por gastritis, faringitis y amigdalitis.”
En esta ocasión se añadió un capítulo para dos
consideraciones finales. Hizo relación a la intervención del Director de la
cárcel Modelo, en especial, a la entrega del kit de aseo y una colchoneta, al
concepto favorable que se le ha dado a la comida, y al propósito de realizar
reparaciones locativas en el establecimiento. E indicó que, de acuerdo con las
reglas aplicables, si bien es cierto que al Juzgado de Ejecución de Penas
correspondiente debe hacer “[…] la verificación del lugar y condiciones en
que se debe cumplir la pena o la medida de seguridad, el ordenamiento jurídico
no le atribuye facultad alguna para adoptar correctivos cuando advierta
deficiencias en dicho ámbito.”
3.2.6. Impugnación (Expediente T-3647294). La
decisión judicial de primera instancia fue impugnada por Wilfredo Mesa Rosero,
mediante apoderado, con base en las mismas razones que se controvirtió
inicialmente la sentencia que fue anulada. Por considerar que el juez ha debido
pronunciarse de fondo acerca de las violaciones presentadas y probadas[989] y
por considerar que sí hay violación al derecho a la salud. Al respecto, se
alegó lo siguiente: “[…] la necesidad de remitir al señor Mesa Romero a un
ortopedista sí fue identificada por el médico tratante. Es precisamente porque
el médico general de La Modelo carece de la especialidad, el conocimiento, o
los espacios suficientes, que no se le ha podido otorgar el tratamiento
necesario para aliviar los dolores de mi defendido, la poca movilidad que tiene
en sus brazos. En esta medida, la obstaculización de la remisión configura una
vulneración al derecho fundamental a la salud, y refleja un trato cruel,
inhumano y degradante […]”. Finalmente, se indicó que es deber del juez de
tutela resolver la petición de excarcelación, puesto que “[…] ningún juez
penal tiene las atribuciones legales para decretar la excarcelación del señor
Mesa Rosero por el hecho de estar sometido a tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Como bien lo identifica [el juez de primera instancia], las
causales que actualmente se establecen para este tipo de  solicitud no permiten
tomar decisión alguna con base en las condiciones de reclusión en las cuales
debe darse cumplimiento a una medida restrictiva de la libertad. […]  ||  […]
resulta evidente, que la legislación penal no ofrece ningún tipo de medida,
como la excarcelación, que permita dar solución inmediata a la vulneración
grave de derechos fundamentales que debe soportar el señor Mesa Rosero. Frente
a esta falencia, la respuesta tradicional por parte de la jurisdicción
constitucional, como aquella adoptada en la sentencia T-153 de 1998, ha
conseguido en ordenar la refacción de nuevos establecimientos de reclusión. Sin
embargo, aunque este tipo de decisiones tienen un impacto estructural muy
fuerte en la medida en que han dado lugar al aumento de la capacidad del
sistema penitenciario, las mismas no se han traducido en el goce efectivo de
los derechos de las personas presas. Por el contrario, la situación se ha
agravado, hasta el punto de que el [juez de instancia] haya confundido los
tratos crueles, inhumanos y degradante que se derivan de las actuales
condiciones que debe soportar la población reclusa, con la continuidad del
estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en 1998. Además, debe
resaltarse que las medidas estructurales desnaturalizan la protección que
define el propósito de la acción de tutela, pues el peso y duración de la
reforma estructural deber ser soportado precisamente por las personas que
solicitan el amparo constitucional.  ||  Es por lo anterior que se le solicita
a la Corte Suprema de Justicia que ordene la excarcelación de mi defendido en
los términos del petitorio del escrito de tutela, solicitud que no excluye la
posibilidad de que se adopten otras medidas que protejan el interés colectivo.
[…].” La impugnación echó de menos la información que han debido entregar las
autoridades competentes, en lugar de pretender invertir la carga de la prueba y
exigir al accionante que fuera él, en su condición de persona privada de la
libertad, el que estableciera las pruebas necesarias y pertinentes y las
aportara. El único informe aportado fue el del Director de la cárcel Modelo, el
cual, se reclamó, fue presentado extemporáneamente y no debería ser
considerado.  Por último, se advirtió que el Plan de construcción de cárceles
por el Ministerio de Justicia y del Derecho no es adecuado, en la medida que no
son soluciones estructurales y duraderas. Se dijo al respecto: “En primer
lugar, es de recordar que, aunque es valioso que el Gobierno haya realizado un
plan de construcción y refacción carcelaria, el índice actual de hacinamiento
es del 40,2%. Esto demuestra, a grandes rasgos, que la creación de nuevos cupos
es una apuesta insuficiente frente a la problemática general del sistema
penitenciario y carcelario, la cual demanda más que la simple construcción de
nuevos centros de reclusión.”
En la impugnación se presentaron, además, los siguientes
argumentos. Se reconoce que el kit de aseo y la colchoneta son un ‘avance
innegable’, pero se advierte que “[…] de ninguna manera puede
considerarse que esta acción repara, suspende, o da término a las condiciones
indignas de vida o a los [tratos crueles, inhumanos y degradantes] que debe
soportar mi cliente. Como fue desarrollado in extenso en la acción de tutela,
las indebidas condiciones de reclusión que refleja la Cárcel Modelo de Bogotá,
las cuales nunca han sido controvertidas, se explica a partir de múltiples
factores. […] resulta evidente que el otorgamiento de una colchoneta  no
evita que el señor Mesa Rosero deba dormir en el piso tolerando temperaturas
extremas con otros 60 internos, y que un kit de aseo (jabón, champú y crema de
dientes) no remedia el hecho de que dicho útiles deben ser usados en zonas
húmedas insuficientes y sobrepobladas, caracterizadas además por malos olores y
una falta de sanidad generalizada.”
El accionante, mediante su apoderado, sostuvo que el
Estado no tiene derecho a someterlo a tratos crueles, inhumanos y degradantes,
ni siquiera temporalmente, mientras se resuelven los problemas estructurales.
Se alega que “[…] los remedios que pretende adoptar la Dirección de la
Cárcel Modelo para dar solución a los tratos crueles inhumanos y degradantes
que debe soportar mi poderdante, no protegen de forma inmediata sus derechos.
Por el contrario, consisten precisamente en programas de mejoramiento a través
de algunas modificaciones a las condiciones de reclusión de la Cárcel Modelo,
sin determinar con certeza cuándo serán celebrados los aducidos contratos, y
menos, cuándo serán entregados los productos contratados.  ||  Lo
anterior convierte la situación bajo estudio en un caso tradicional de
aplicación progresiva de derechos a través de una reforma estructural,
excluyendo otros tipos de reparación que, como la excarcelación, sí protegen de
forma inmediata los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufre el señor
Mesa Rosero. En otras palabras, ni la Dirección de la Cárcel Modelo ni el fallo
impugnado, explican o siquiera discuten por qué mi cliente debe asumir la carga
de soportar condiciones de vida infrahumanas mientras el establecimiento es
reformado. Esto último, a pesar de las precisiones señaladas en torno a la
exigibilidad directa de los derechos de las personas presas.”
Por último se hace referencia al “[…] indigno régimen
de comidas, en donde los internos pasa más de 12 horas diarias sin recibir
alimentos, en que: (i) esto se encuentra aprobado por la Resolución 3034 de
mayo 30 de 2005; y (ii) que la realización del procedimiento de conteo de los
internos durante el día, que guarda estrecha relación con la necesidad de dar
la cena a más tardar a las 2:00 pm pues se requiere que las puertas de los
pasillos se cierren a las 5:00 pm, responde a un criterio de seguridad y de
dificultad aprobado por la Corte Constitucional en la sentencia T-825 de 2009.”
La impugnación cuestiona el uso que hace el Director de la Cárcel de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues ella se ocupa del derecho de
petición y el derecho y su relación con el fin resocializador de la pena.
Solicita a la Corte Suprema que considere la situación fáctica que se le
presenta y la evalúe a la luz de toda la jurisprudencia aplicable, como la
sentencia T-190 de 2003.
3.2.7. Decisión de segunda instancia (Expediente
T-3647294). La Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, resolvió confirmar la decisión de primera
instancia de negar la tutela de los derechos fundamentales invocados por Wilfredo
Mesa Rosero.[990]
La Corte Suprema de Justicia reconoce que es un hecho ‘notorio el
hacinamiento que están viviendo los reclusos de ese penal’, de conformidad
con la respuesta del propio Director, “[…] el cual supera el cien por ciento
de los cupos disponibles.” Pero a la vez, resaltó las acciones orientadas a
mejorar la situación del accionante, como la entrega de la colchoneta, la
existencia de criterios para dar comida de calidad, la existencia de horarios
de acuerdo con las necesidades de seguridad y el acceso a servicios de salud
que ha tenido el accionante. En cualquier caso, se consideró que tenía razón el
juez de instancia al considerar que se trataba de la misma situación evaluada
por la Corte Constitucional en el año 1998. Dijo al respecto la sentencia,
“De acuerdo a las circunstancias
que afronta tanto el accionante como el resto de penados, resultan acertadas
las órdenes dadas por el a quo, ya que la Corte Constitucional en la sentencia
T-153 de 1998, declaró la existencia del estado de cosas inconstitucional en
las prisiones del país, y esa situación hasta la fecha no se ha superado. Con
independencia de que el quejoso no hubiera estado privado de la libertad para
esta época, lo cierto es que el precedente estuvo encaminado a superar una
problemática institucional que todavía persiste y que ha vulnerado
sistemáticamente los derechos de los reclusos de todo el país.”
No obstante, a pesar de considerar que no era procedente
la tutela invocada y que la situación de colapso carcelario ya había sido
objeto de estudio por parte de la jurisprudencia constitucional en 1998, la
Corte Suprema de Justicia resolvió “[…] instar al Ministerio de Justicia y
del Derecho y al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, para que inicien conjuntamente las gestiones necesarias tendientes a
garantizar a los reclusos de la penitenciaria La Modelo de esta ciudad,
condiciones de subsistencia dignas y humanas, tales como disminuir el índice de
hacinamiento y mejorar su estado sanitario.” En cualquier caso, para la
Corte no es posible pensar en una excarcelación. Para la Corte, “[…] de
ninguna manera puede entenderse que con ocasión de la problemática de
hacinamiento, el interesado tenga derecho de forma inmediata a su libertad,
pues como este lo advierte, se encuentra privado de ella en virtud de un
proceso penal dentro del cual resultó condenado y cuya sentencia está
ejecutoriada.  ||  Además, el accionante no acreditó haber presentado
solicitud de libertad ante el despacho judicial que vigila su pena, es decir,
no existe ningún presupuesto del cual deduzca la obligación constitucional de
atender las peticiones presentadas por el actor.”
4. Acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, ‘Bellavista’
(Expediente T-3645480)
4.1. Hechos, fundamentos y solicitud. El veintiséis (26)
de julio de dos mil doce (2012), Víctor Alonso Vera, un recluso que por las
condiciones de hacinamiento debe dormir en un baño, al lado de la basura, donde
hay malos olores y condiciones higiénicas inadecuadas, interpuso acción de
tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Director General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Director Regional Noroeste del INPEC
y contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Medellín, ‘Bellavista’, solicitando el amparo de sus derechos a la vida, la
salud y la integridad física y mental.[991]
Dijo la acción de tutela,
“Me encuentro en este penal a
órdenes de las autoridades judiciales pertinentes; el INPEC me tiene durmiendo
en el baño en gravísimas condiciones de sanidad; existen goteras, humedades,
malos olores al lado de la basura, etc. Corro el peligro de adquirir una
enfermedad de pulmón –bronquitis, tuberculosis, etc. –.  Mi vida corre peligro.
Ello sucede en el pasillo […] planta uno, patio N° 8, Cárcel Nacional
Bellavista. El hacinamiento es de un 600% y el penal es para tan sólo 1500
presos; […]”
4.1.1. El accionante relató que muchos de sus compañeros de
cárcel están en condiciones similares a las suyas, condiciones ‘infrahumanas’.
No obstante, sostuvo, sólo se les han hecho promesas. Dijo al respecto: “[…] Yo
acudí a la oficina de derechos humanos de este penal y nos informaron que […]
teníamos derecho a que nos traten en condiciones dignas; [que] el hacinamiento
no es [su] culpa, el problema es de presupuesto; la oficina de derechos humanos
informa que el mismo Ministerio del Interior y de Justicia estuvo en este penal
y prometió de todo a los detenidos, incluso presupuesto para instalar puestos
de centros educativos de formación académica superior; […]”.
4.1.2. El accionante manifiesta que es imposible estar reclamando
todo el tiempo, a nombre propio y el de sus compañeros, sus derechos
fundamentales claramente violados. Pero indica lo que reclaman: “[…] útiles
de aseo personal, espumas, arreglos de goteras, pintura, reparación de las
instalaciones físicas del patio [que] deterioradas se encuentran por la
desatención del Estado y los administradores, que se han hecho los de los oídos
sordos; se requieren televisores en los pasillos, y más medios de ocupación en
los patios […] en asuntos educativos y laborales, […]”; “[…] solicitamos
clasificación de internos entre paramilitares, guerrilla y presos sociales;
ello contribuye a la totalidad de pacificación […]”. El accionante asegura que
los jueces de tutela ya han ordenado algo similar en cuanto a la clasificación
de presos con ocasión de la cárcel Modelo de Bogotá, por lo que pide a los
jueces que se enteren de la existencia de dicha decisión judicial, para que la
puedan aplicar para la Cárcel de Bellavista.
4.1.3. El accionante, Víctor Alonso Vera, señaló que los
reclusos han manifestado sus reclamos ante varias administraciones carcelarias,
pero la solución ha sido siempre insuficiente y la misma: traslados. Dijo la
acción de tutela al respecto: “[…] no ha sido posible la atención a los
detenidos y familiares, la solución ha sido trasladarlos a otros penales y
alejarlos de sus seres queridos, como retaliación a múltiples tutelas y
denuncias; a la Procuraduría y la Defensoría y la Personería; […]”.
4.1.4. Finalmente, resalta esta Sala de Revisión que en su
acción de tutela, Víctor Alonso Vera solicita que no se tomen represalias en su
contra o de sus compañeros por haber solicitado la protección de sus derechos.
Dijo expresamente: “[…] solicito no tomen represalias con ningún interno por
toda esta documentación de tutela; acudo a la buena fe de los magistrados y de
los mismos funcionarios accionados […]”
4.1.5. El accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales invocados y los de los demás internos recluidos en los pasillos ‘inglaterra’,
‘mayami’ y ‘usa’, patio N°8, plantas 1 y 2 y ordenar que sean
protegidas su vida, su salud e integridad física y moral. Solicita que se
ordene al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para arreglar la
planta física del centro en que se encuentra recluido, destinando para ello los
recursos que se requieran.
4.2. Intervenciones. La Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín vinculó al proceso al Director Nacional y al Director
Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC; al Director
Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista, Bello, Antioquia; al
Director de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de
Medellín; al Defensor del Pueblo; al Procurador General de la Nación; a la
Presidencia de la República; al Ministerio de Justicia y del Derecho y al
Ministerio del Interior.
4.2.1. La Secretaría de la Presidencia de la República,
mediante apoderada, solicitó al juez de tutela que la entidad fuera
desvinculada, por ‘falta de legitimación en la causa por pasiva’.
Sostuvo que “[…] es evidente que el demandante invoca la protección de sus
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, entre otras personas, por la
Presidencia de la República, sin que demuestre siquiera ‘sumariamente’ en qué
consiste la acción u omisión en que ella ha incurrido y que se relacione con lo
pedido en la tutela, de manera que el juez de tutela no podría dar una orden perentoria
a mi representada para que se restablezcan los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados al actor, entre otras razones, porque la Presidencia
de la República no es la autoridad competente para atender tales
requerimientos, ni es la responsable de la prestación de los servicios
solicitados, conforme con sus funciones constitucionales y legales.  ||
[…] la Presidencia de la República no es la autoridad responsable de las
conductas presuntamente constitutivas de vulneración de los derechos fundamentales
del actor y, en consecuencia, la tutela no puede ser concedida contra mi
representada.”[992]
4.2.2. La Directora de Política Criminal del Ministerio de
Justicia y del Derecho, Giovanna Prieto Cubillos, participó en el proceso de la
referencia para solicitar que se desvincule al Ministerio por falta de
legitimación en la causa por pasiva.[993]
Se dice que “[…] la vinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho en
el caso sub judice, conlleva una indebida legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que, conforme con el Código Penitenciario y Carcelario, todo lo referente
al régimen dotación de elementos para las celdas, concierne única y
exclusivamente a la Dirección del INPEC, bajo una potestad discrecional que
ejerce con total apego al principio de legalidad y en uso de la autonomía
administrativa que le concede la ley.”
4.2.3. La Directora Regional Noroeste del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, Diana Carmenza Rúa Betancur, solicitó al
Tribunal Superior, que se “[…] abstenga de emitir pronunciamiento en contra
de la Dirección Regional Noroeste, INPEC, por no existir violación alguna de
Derechos Fundamentales.”[994]
Para la Dirección Regional, las soluciones requeridas no son asuntos de
competencia de su oficina. Dijo al respecto: “Para efectos de ubicar a los
internos en todos los establecimientos funciona un órgano colegiado denominado
junta de asignación de patios y celdas, este grupo es el encargado de estudiar
las solicitudes de cambios de patio, por tanto en el evento que un interno
quiera que le sea efectuado un cambio de patio debe dirigir su petición ante el
Comando de Vigilancia o Director del Establecimiento, para que la junta citada
estudie la viabilidad o no de cambiarlo de patio, dejando claridad que esta
sede regional no es competente para ordenar estos cambios.  ||  Desde el
establecimiento podrán informar la distribución actual de los patios y la
destinación de estos, indicando el lugar en el cual están ubicados los internos
y si están en un lugar en el cual están los internos que es encuentran en
mediana y mínima seguridad.”
4.2.4. El Director de la Cárcel Bellavista de Medellín, el
Mayo (r) Fabián Ríos Cortés, solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de
la Ciudad, que se declare la nulidad, por falta de integración del
contradictorio por pasiva, y si no, que se desvincule del proceso de acción de
tutela al Director de la Cárcel Bellavista.[995]
Para el Director, “[…] del cuerpo de la demanda se advierte –si bien no de
una forma fácil y apacible– que los desencuentros e inconformidades en materia
de sus derechos fundamentales, los dirige el accionante contra todas estas
entidades, pero no de una forma apodíctica contra Bellavista, la Cárcel en la
cual se halla confinado”. Solicitó además, que se ‘declare la temeridad’ en
contra del actor de la presente y en contra del interno Marín David Alonso por
haberse interpuesto la misma acción ante los Juzgados 1° Penal del Circuito de
Medellín, Segundo de Penas del Circuito de Bello, y al Tribunal Superior de
Medellín, y en consecuencia, se decida desfavorablemente la acción. Solicita “que
[sea] declarada la temeridad, en consecuencia se les imponga la sanción de
multa hasta el máximo que sea permitida, dada la recurrente y sistemática
actitud de interponer acciones de tutela contra el INPEC y de las autoridades
referidas.”  El Director de la Cárcel sostuvo: “Comoquiera que del texto
de la tutela se desprende una inescindible relación con reiteradas tutelas que
ha interpuesto el señor David Marín Alonso, solicitó desde ya al Magistrado
hacer uso de las medidas que le concede el Decreto 2591 de 1991. ||  […]
||  [Por ejemplo] la acción de tutela […] en la cual, con la misma
letra (igual manuscrito), se quiso por parte del allí accionante, señor David
Marín Alonso, vincular a las mismas autoridades que en principio también se
pretendió en la acción de tutela que ahora se debate, valga decir, Gobernación
de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Oficina Víctimas de la Fiscalía, y medios
radiales y televisivos de Medellín, así mismo, son también coincidentes las
siguientes pretensiones.”
El Director del Establecimiento, sin embargo, dio
cuenta a la Sala del Tribunal de la grave situación de hacinamiento que existe
en la Cárcel, al remitirle copia de una comunicación que, en calidad de
Director, le había enviado el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011) al
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, en la que se refirió al
asunto. Dice la comunicación: “Cordial Saludo.  ||  Las graves
condiciones de hacinamiento que soporta este Establecimiento Carcelario dan
cuenta de un número muy cercano a los siete mil (7000) internos, por encima de
la capacidad instalada (dos mil cuatrocientos [2400], situación que amenaza
seriamente con sobrepasar la seguridad y la estabilidad del reclusorio, sin
dejar de lado el progresivo nivel de descontento por parte de la población
detenida, empeorada además porque el número de los funcionarios para atender
tal demanda, paradójicamente, ha disminuido. Agudiza lo anterior, el cierre
temporal que soporta el pabellón de comunes de la Penitenciaria de Itagüí y que
impide la destinación hacia allí de detenidos. Por todas estas razones, le
ruego dar instrucciones a los jueces penales y los fiscales tendientes a
trasladar a los detenidos actuales y futuros hacia el ERON PDREGAL con el único
fin de aliviar el crecimiento casi geométrico de esta población en la Cárcel
Bellavista y evitar otros potenciales e inminente perjuicios, como fugas o
amotinamientos. Igualmente le solicito se agende una reunión con los jueces de
penas fiscales y jueces de control de garantías con el propósito de
sensibilizar la problemática con la profundidad y urgencia que demanda.”[996]
4.2.5. La Procuraduría General de la Nación, mediante
apoderada, indicó que esa institución no ha violado los derechos del
accionante, por cuanto  (i) no hay quejas de Víctor Alonso Vera en la
Coordinación del Grupo de derechos humanos de Antioquia;  (ii) por  haber
expedido la Directiva 017 del quince (15) de diciembre de dos mil once (2011)
[Directrices para la protección de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad],[997]
y  (iii) por “las múltiples atenciones que en materia carcelaria se han
atendido en la Procuraduría Regional de Antioquia, en lo que va corrido del
presente año [2012]”.[998]
4.3. Decisión de instancia (Expediente T-3645480). El
nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala de Decisión Constitucional
del Tribunal Superior de Medellín, resolvió tutelar el derecho a la dignidad
del señor Víctor Alonso Vera.[999]
Para la Sala del Tribunal, vistos los hechos alegados –nunca negados por las
entidades vinculadas al proceso, y en cambio sí reconocidos por estas–, […] en
entender [del Tribunal] ninguna duda surge respecto a las condiciones
infrahumanas en que se encuentra preso el accionante.  ||  Así pues,
ineludible resulta aceptar que al señor Víctor Alonso Vera, se le está
vulnerando el derecho fundamental a la dignidad humana, lo que fue aceptado
tácitamente en los pronunciamientos expuestos por los demandados, quienes se
limitaron a argüir incompetencia frente al fenómeno he hacinamiento que aqueja
al accionante, pero cuidándose de referir directamente a la situación de
miseria que está viviendo el sentenciado y las constantes molestias que debe
soportar en el baño donde debe dormir; en fin, nada se planteó al respecto
tendiente a corroborar o desmentir las afirmaciones del actor, y mientras tanto
se continúa con la vulneración de su derecho fundamental a la dignidad humana.”
Indicó el Tribunal que si bien desde la sentencia T-153 de 1998 constató un
estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia, ésta se mantiene,
como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sentencia del veintisiete
(27) de marzo de dos mil doce (2012).  En consecuencia, ordenó que en el plazo
improrrogable de un mes, de conformidad con sus competencias, definan un plan
de trabajo a fin de que, en el plazo perentorio de dos (2) años, en caso de
remodelaciones o ampliaciones, o de tres (3), si se trata de obra nueva;
amplíen el cupo penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario, Bellavista –EPMSC– y reubiquen al accionante en estos
nuevos espacios, según las consideraciones expuestas en esta decisión. Mientras
dicha solución se materializa, el señor Director Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario, Bellavista –EPMSC– le brindará condiciones
dignas de internación al señor accionante. No obstante, aclaró el Tribunal
Superior que las soluciones estructurales no pueden dar lugar a que no se tome
una medida de protección individual, por eso dijo que “[…] mientras dicha
solución definitiva se materializa, es necesario que al interno Víctor Alonso
Vera se le modifiquen las condiciones de reclusión, para lo cual se dispondrá
que el señor Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario ‘Bellavista’ –EPMSC– de inmediato brinde condiciones dignas de
internamiento.”
5. Acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, ‘San
Isidro’ (Expedientes T-375561, T-3759881, T-3759882). Tres (3) de las
acciones de tutela acumuladas para ser resueltas mediante la presente sentencia
se dirigieron contra la Cárcel San Isidro de Popayán y demás autoridades
carcelarias correspondientes. En los tres (3) casos se niegan las solicitudes
de tutela presentadas, por considerar que se trata de un asunto estructural el
que origina el malestar de los accionantes y que, por tanto, no les corresponde
a los jueces de tutela resolverlos.
5.1. Expediente T-375561
El cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), el señor
Luis Enrique Leal Sosa presentó acción de tutela en contra del “[…] Ministerio
de Justicia, el Congreso de la República, los jueces de ejecución de penas de
Popayán, el Concejo de Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San
Isidro]”, por considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo
vital, el núcleo familiar, el respeto a las normas consagradas a su favor: el
principio de favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad
individual.[1000]
La acción fue tramitada por el Tribunal Superior de Popayán.[1001]
5.1.1. Hechos, fundamentos y solicitud (Expediente
T-375561). La acción de tutela del señor Leal Sosa alegó que sus derechos fundamentales
están siendo vulnerados en los siguientes términos,
“Como es de conocimiento de las
tres ramas del estado a nivel nacional e internacional, las cárceles
colombianas se encuentran totalmente hacinadas. En el EPCAMS de Popayán el
sobrecupo ya casi alcanza el 50% y en alza. Esto ha desatado una indiscriminada
violación a los derechos humanos. Circunstancia que se volvió insostenible.
Esto, producto de las pésimas políticas de prevención, resocialización y
descongestión: pues a pesar de nuestros delitos grandes o leves, desde ningún
punto de vista hemos dejado de ser seres humanos y la CN protege nuestros
derechos fundamentales que son agredidos a diario, como el respeto a la
dignidad humana, a no ser objeto de humillaciones, tratos crueles e inhumanos.
Su señoría, es de suma importancia
destacar los diferentes tratados como el pacto de San José y dentro del bloque
de constitucionalidad, los cuales deben conciderarcen (sic)[1002] no
como simples expectativas consignadas en la ley, sino como verdaderos mandatos
de optimización, hacia el que debe propender la justicia en nuestro caso
concreto.  ||  El sobre cupo causado por las frágiles políticas ha desatado un
hacinamiento sin precedentes en el país. Esto viola el derecho internacional
humanitario, por eso me amparo en los decretos de ley para que se me protegen
mis derechos, como las condiciones de habitabilidad resocializadora, la salud,
alimentación, tener un espacio digno de convivencia.”
El accionante cuestiona la posibilidad que tiene de recibir
beneficios para su libertad a algunos delincuentes que afectan de manera grave
a la sociedad, a los que se les evita el deber legal de estar pagando la pena
en un establecimiento que implica la violación de su dignidad humana, a la vez
que a personas que han cometido otros actos delictuales de menor daño social
(como la venta de ‘mercancía pirata’ ––música en cd o ropa con marcas
ajenas) no se les da posibilidad de tener detención domiciliaria. Dice la
acción de tutela al respecto,
“En mi caso me siento desprotegido
de las instituciones y por eso interpongo esta tutela:  pues somos el reflejo
de un estado que por décadas ha abandonado a sus hijos: el desplazamiento
forzado, el hambre, la zozobra, la falta de salud, educación, empleo digno,
etc., ha hecho que miles de madres y padres cabeza de hogares se vean obligados
a vivir del famoso rebusque y por lo tanto, esto hace que los trabajadores
informales se conviertan en delitos: ejem, el comercio de sidis piratas
o vender ropas con marquillas ajenas. ¿Por qué a este tipo de infractores no se
les da prisión domiciliaria, mientras asume su juicio siempre y cuando cumpla
los requisitos objetivos y subjetivos? Hay muchos delitos que no afecta a la
comunidad de manera física o material porque infringen la ley de manera
accidental, culposa, contravencional.  Sin embargo, son recluidos en centros
carcelarios y es [ahí] donde se alimenta el hacinamiento, no respetando la
presunción de inocencia porque queda reseñada para toda la vida, alimentando el
odio y el resentimiento porque somos confinados como animales y a tratos
crueles e inhumanos.”
Para el señor Leal Sosa el hacinamiento es un problema
estatal al que se somete a las personas de manera discriminatoria. No todas las
personas son sometidas, por igual a las violaciones a los derechos a la
dignidad humana. Dice la tutela sobre esta cuestión,
¿Para qué se ha generado normas de
descongestión si no las cumplen? Como la vigilancia electrónica, la detención
domiciliaria: pues para los administradores de justicia somos peligrosos a
menos que sea un político, juez, policía, militar, sacerdote o que tenga mucho
dinero como los Nules, alcaldes, gobernadores y, sin embargo, estos no son
peligrosos para la sociedad –así hayan muerto niños, ancianos, etc., porque lo
que se han robado es del tesoro público.  En nuestro caso los jueces de
ejecución de penas omiten cualquier beneficio a nuestro favor. Convirtiéndose
en verdugos más que en representantes de la justicia. Sin embargo, este estado
es el que juzga y toma ventaja desde su órbita personal. Un ejemplo claro fue
el de la reforma a la justicia, donde pretendían institucionalizar la
corrupción.”[1003]
Para el accionante, las violaciones sufridas deben ser
resueltas de manera estructural; no existe una simple acción u orden que
permita superar las condiciones que violan los derechos fundamentales de manera
abierta y total en el sistema penitenciario en la actualidad. Se cuestiona
especialmente la lentitud de las actuaciones de la Administración. Dice la
tutela,
“Con mucho respeto Magistrados,
pienso que el estado ya es hora de que se reestructure en todas sus
dependencias, empezando por el Congreso de la República, que es de lo más
corrupto, y que se generen leyes de reconstrucción y reconciliación nacional y
en nuestro caso es crear un verdadero sistema resocializador donde el infractor
tenga un apoyo integral para que cuando recobre su libertad sea útil a la
sociedad. Es decir, que las prisiones colombianas sean verdaderos centros de
capacitación profesional donde se le exija al recluso a estudiar con derecho a
la rebaja de pena sin discriminación entre el condenado y el sindicado. Estamos
ante una desgracia latente. La falta de espacios conlleva a un detrimento
psicológico. En el EPCAMS de Popayán convivimos de a tres internos por cada
celda cuando realmente son para dos internos por cada celda cuando realmente
son para dos internos por cada celda. Teniendo que dormir uno en el piso frente
de un sanitario sufriendo los flagelos del frio y la humedad, soportando que
cada que alguien necesite ir al baño lo pisen. El hacinamiento ha causado la
propagación de enfermedades como la TBC y VIH, el servicio de salud está
colapsado, ‘Caprecom’ EPS no les paga a los médicos, y el estado no le da
solución a esta problemática social. Por eso me acojo al derecho de igualdad
art´. 13, CN y en cuanto a los planes de reinserción social y familiar.
Los trámites administrativos son
muy lentos hay internos que sobrepasan los dos años y no les resuelven el
beneficio de mediana seguridad. Según la ley las resoluciones tienen un término
de tres días para ser enviadas juzgado, pero en realidad se demoran de uno a
dos meses y el Juez se demora de dos a cuatro meses para resolver. Los jueces
tampoco tienen un criterio definido frente a la justicia.  ||  [Por] todo lo
expuesto solicito se reestablezcan nuestros derechos, nominados y conexos. El
Ministerio de Justicia y que los jueces de ejecución de penas apliquen los
beneficios de ley que rigen en la actualidad y se generen políticas en la
prevención del delito.”
El accionante resalta que “[…] el INPEC ha protestado por
el hacinamiento ante el Ministerio de Justicia, concretamente el día 12 de (07)
julio de 2012, apoyado por varias regionales, como lo reportaron los medios de
comunicación.”
5.1.2. Intervenciones en el proceso (Expediente
T-375561). El Tribunal Superior de Popayán vinculó a la Cárcel de San
Isidro, INPEC; a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, y Primero y
Segundo en descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; al
Representante legal del Consejo Disciplinario EPCAMS San Isidro; al Fiscal
General de la Nación; al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Congreso de
la República de Colombia.
5.1.2.1. El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Daniel Fernando Salazar Montenegro, participó en el
proceso para solicitar ser desvinculado del proceso, por cuanto no se ocupa de
vigilar el caso del accionante. Sin embargo, consideró que todo lo dicho por
éste es cierto. Dijo el Juez,
“En relación con los hechos de la
presente tutela, se precisa que es de conocimiento público y aún de percepción
propia, al realizar las visitas carcelarias a los diversos centros carcelarios
en el Departamento del Cauca, que el problema de hacinamiento es real y que las
personas privadas de la libertad no cuentan con todas las garantías que por
dignidad les asiste para descontar las condenas con un fin resocializador.  ||
No obstante lo anterior, consultada las directivas del INPEC este es un
problema de orden estructural pues dicho organismo no cuenta con la
logística para una eficaz y eficiente prestación del servicio carcelario;
estamos ante un estado de cosas inconstitucional.”[1004]
5.1.2.2. El Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Guillermo Ramírez Espinosa, participó en el proceso para
indicar que él es el juez que vigila el proceso del accionante, pero que no ha
violado derecho alguno, por cuanto éste no ha radicado petición o solicitud
alguna.[1005]
Dijo el Juez,
“Este despacho vigila la pena
impuesta al señor Luis Enrique Leal Sosa, quien fue condenado por el Juzgado
Penal del Circuito de Calarcá, mediante sentencia del 3 de abril de 2008, a la
pena de 33 años, 10 meses de prisión, más las accesorias de ley, por el delito
de homicidio agravado y por porte ilegal de armas, sentencia confirmada por el
Tribunal Superior de Armenia.  ||  El accionante a este despacho no ha
presentado petición alguna.”
El Juez indicó que no tiene competencia para tomar las
medidas solicitadas por el accionante en relación a las condiciones de
reclusión,
“[…] de la lectura de la acción de
tutela presentada por el procesado, se tiene que con la misma busca se tomen
medidas para descongestionar el Establecimiento Penitenciario, ante lo cual
estos despachos judiciales no son competentes para tomar dichas decisiones,
pues la competencia primordial es la de vigilar la ejecución de la pena de los
condenados, no pudiendo ordenar traslados a otros establecimientos, pues esa
función radica en el INPEC.
Es importante anotar que este Juez
es consciente de la situación penitenciaria que se está viviendo actualmente en
el país, pues es de público conocimiento el hacinamiento que se vive en las
cárceles de Colombia, no obstante, no podemos tomar medida a motu proprio
con el fin de descongestionar las cárceles o algo similar, puesto que dichas
acciones debe ser adoptadas por el poder legislativo al expedir leyes
tendientes a mejorar la situación carcelaria, las cuales sí pueden ser
aplicadas por los Juzgados de Ejecución de Penas.
Resaltamos que en varias
oportunidades se ha oficiado al Director Nacional y Regional de INPEC, poniendo
en conocimiento el hacinamiento que presentan los centros carcelarios del
Cauca, relacionando los cupos de cada establecimiento y el nuevo efectivo de
detenidos que tienen actualmente, donde se evidencia el sobrecupo, lo que ha
sido constatado personalmente en las visitas carcelarias, pero no se ha
obtenido respuesta de parte de las autoridades del INPEC. ”
5.1.2.3. El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Héctor Marín Rodríguez López, participó en el proceso
para solicitar ser desvinculado del proceso, por cuanto no se ocupa de vigilar
el caso del accionante, ni tiene competencia “para decidir las peticiones
remitidas por él”.[1006]
5.1.2.4. La Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, María Liliana Orozco Sandoval, participó en el proceso
para indicar que no se ocupa de vigilar el caso del accionante.[1007]
5.1.2.5. El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, en Descongestión, René Valverde Ortega, también participó
en el proceso para solicitar ser desvinculado del proceso, por cuanto no se
ocupa de vigilar el caso del accionante.[1008]
5.1.2.6. El Director de la Cárcel San Isidro de Popayán, TC
(r) Gonzalo Alberto Barriga Flechas, participo en el proceso de la referencia
para solicitar ‘desvincular a esta dirección’ puesto que “la
problemática del estado inconstitucional en las cárceles de Colombia no es a
causa de las direcciones locales de los establecimientos carcelarios, para este
caso Popayán. Esta situación trasciende a políticas del Estado.”[1009]  Con
relación al centro carcelario, el Director del mismo dijo,
“De la lectura de los hechos que
motivaron la presente acción de tutela se puede concluir que el hacinamiento
dentro de este establecimiento carcelario es la consecuencia primordial a la
violación de derechos fundamentales.  ||  El establecimiento penitenciario de
Popayán actualmente cuenta con dos infraestructuras, donde se alberga la
población reclusa, a la cual se le ha dictado medida de aseguramiento por parte
de autoridad judicial competente.  ||  El establecimiento de reclusión del
orden nacional (ERON) Popayán, cuenta con reglamento interno, contenido en la
resolución 019 de abril 25 de 2005, reformado por el resolución 020 de marzo 08
de 2012, en lo que respecta a la distribución de la planta física.[1010]
[…]
Las dos infraestructuras que se
mencionaron anteriormente son Alta Seguridad y Mediana Seguridad. Cada una con una
capacidad de alojamiento diferente.  Alta Seguridad  –  1556 internos;  Mediana
Seguridad  –  900 internos.  ||  […] en la resolución 020 de marzo 08 de 2012,
alta seguridad cuenta actualmente con 10 pabellones, de los cuales 9 de ellos
contiene un total de 82 celdas, donde existen dos camarotes en cemento (cama),
un lavadero, baño y mesón. Cuyas dimensiones son de 2 mts x 4 mts = 8 metros
cuadrados. Para una capacidad de 2 internos por celda. Para un total de 164
internos por pabellón del uno al pabellón 9. El pabellón 10 por infraestructura
tiene una capacidad de 80 internos, con un total de 40 celdas, cada una de
ellas habilitada para dos internos.
Cuadro
comparativo
patio
número de celdas
capacidad
número actual internos
Uno
82
164
191
Dos
82
164
233
Tres
82
164
206
Cuatro
82
164
212
Cinco
82
164
193
Seis
82
164
243
Siete
82
164
242
Ocho
82
164
238
Nueve
82
164
143
Diez
40
80
48
Once
225
450
359
Doce
225
450
326
Trece
15
(comunitarias x 4)
50
32
Campamento
3
6
2
Celdas
P
16
0
47
Novedades
11
Total
2512
2726[1011]
De acuerdo con los cambios
introducidos en la política criminal y carcelaria, han hecho que el aumento de
personas privadas de la libertad sea grande.  ||  El aumento de personas
recluidas en este establecimiento al igual que en todos los del orden nacional
ha sido vertiginoso, por lo que el crecimiento de la población penitenciaria y
carcelaria ha sido mayor que el de la capacidad del Sistema Penitenciario en su
totalidad. Esta situación explica en gran medida la alta tasa de hacinamiento
que actualmente existe en el INPEC.
Colombia es un estado social de
derecho, donde se involucran las diferentes ramas e instancias del poder
funciona como frenos y contrapesos de una compleja ingeniería constitucional
que asegura, entre otras cosas la adecuada definición de un política criminal y
carcelaria, respetuosa de los derechos y garantías propias de una sociedad
democrática. Ninguno de los poderes del Estado es omnímodo. Ninguno puede
actuar sin el reconocimiento y el respeto de las competencias y de las
funciones de los demás.  En tal medida, la actuación de todas las instancias
del poder institucionalizado deben construir armónicamente las políticas
públicas democráticas y participativas, que permitan el autogobierno de toda
persona y de la sociedad en su conjunto.  ||  La dirección de un
establecimiento penitenciario como es el caso en particular de las manos atadas
ante la situación de hacinamiento que se presenta actualmente en el país a
causa de unas políticas del estado. Buenas o malas pero el reflejo de una
administración estatal. Esta dirección debe cumplir y hacer cumplir las
políticas del estado entre las cuales se encuentra los fines de la pena. Como
es el de apartar a la persona que comete una conducta pública y mantenerlo por
los años que determine la rama judicial a través de los jueces de la
república.  ||  Esta situación es tan crítica y tan compleja que para poder dar
con un responsable y así dar una solución, todo recaería en el estado
colombiano a través de su estructura.”
5.1.2.7. El Director de Política Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y del Derecho, Alejandro Gómez Jaramillo, participó
en el proceso de tutela, para solicitar ‘denegar’ la acción de tutela en lo que
respecta al Ministerio, por “la falta de legitimación en la causa por pasiva.”[1012] Indicó
que el INPEC, órgano encargado, es autónomo y responsable para resolver los
asuntos solicitados por los accionantes. Dijo al respecto,
“Esta Cartera no ha vulnerado ni
amenaza con vulnerar los derechos del accionante en la medida que
(i) El Ministerio de Justicia y
Derechos no es competente ni funcional ni legalmente, para administrar los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país ni de decir en los
servicios que allí se prestan.
(ii) En efecto, en virtud del
Decreto 2160 de 1992, la Dirección General de Prisiones del Ministerio de
Justicia se fusionó con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y pasó a
denominarse Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
Ulteriormente, el citado Decreto en el artículo 2° señaló la naturaleza de esa
entidad, anotando que se trata de un establecimiento público adscrito al
Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa.
(iii) Con base en tales normas, es
pertinente anotara que la adscripción del INPEC a este Ministerio no configura
ninguna clase de relación jerárquica funcional ni de dependencia entre una
entidad y otra, toda vez que dicha figura hace relación a la orientación y
controles sectorial administrativo tendientes al desarrollo armónico de las funciones
públicas, y no al ejercicio subordinado de facultades y competencias por parte
de los entes adscritos.
En consecuencia, el control
administrativo que los Ministerios ejercen sobre las entidades vinculadas
tiende a fomentar el cumplimiento mancomunado de metas, planes y programas
gubernamentales, excluyendo per se la posibilidad de limitar o
condicionar la autonomía administrativa que el correspondiente acto de creación
les ha conferido y que, naturalmente, incluye la libre facultad e independencia
de actuación en el cumplimiento de las respectivas funciones.  ||  […]
[…] teniendo en cuenta la
normatividad […], la autoridad competente para el tema de infraestructura
carcelaria es la Unidad de Servicios Penitenciarios  y Carcelarios –SPC–, quien
[…] se encarga de ‘promover, negociar, celebrar, administrar y hacer
seguimiento a contratos de asociaciones público –privadas o de concesión–, o
cualquier tipo de contrato que se suscriba que tenga por objeto la
construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de
servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.”
La Dirección de Política Criminal
del Ministerio, luego de indicar que es una entidad que no tiene competencia
para tomar las medidas de protección indicadas, pasó a hacer referencia a las
acciones concretas y específicas que el Ministerio ha adelantado en este campo,
precisamente, con base en las competencias que la Constitución y la ley le dan
al Ministerio. Dijo la intervención al respecto,
No obstante lo anterior, desde el
marco de la competencia de este Ministerio se viene adelantando medidas a
corto, mediano y largo plazo frente a la crisis estructural del sistema
penitenciario y carcelario. Al respecto debe enunciarse:
A. Medidas de corto plazo
(podrán ser implementadas durante los 12 meses siguientes)
Brigadas jurídicas  ||  El Ministerio ha realizado contactos con varias
universidades del país para que éstas, a través de sus estudiantes de
consultorio jurídico y de judicatura, puedan colaborar a descongestionar las
solicitudes de los reclusos, tanto en las oficinas jurídicas de los
establecimientos de detención como ante los despachos de los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
Esta medida va acompañada de un
trabajo conjunto con los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
para que concedan, a quienes corresponde, una serie de beneficios establecidos
en la ley, y para que las solicitudes se resuelvan en la mayor brevedad
posible. El Consejo Superior de la Judicatura ha nombrado tres jueces de
descongestión para resolver prontamente las solicitudes pendientes.
Redistribución de la población
condenada.  ||  Se realizaría sobre
aquellas personas ya condenadas, obviamente con el cumplimiento de los
requisitos legales y en observancia de los derechos de los internos. La idea es
que el nivel de hacinamiento sea del 48% en todo el país. De esta manera se
busca disminuir sustancialmente la presión sobre aquellos centros que tienen
los niveles más altos de hacinamiento. Lo anterior, se espera lograrlo con una
política de traslados que no afecte los derechos de la población interna y
utilizando los cupos libres que aún existen en los nuevos establecimientos de
reclusión.
Gestión de beneficios de libertad.  Como se mencionó, uno de los principales objetivos
de las brigadas jurídicas es la descongestión en las oficinas jurídicas y en
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de las solicitudes de
beneficios que permitan la libertad de quienes han cumplido los requisitos.
||  Para el caso concreto, se pretende hacer énfasis en aquellas poblaciones
más vulnerables: tercera edad, madres y padres cabeza de familia, enfermos
terminales, y pacientes siquiátricos. Así mismo, se busca incentivar la
aplicación de los sistemas de vigilancia electrónica, para que se empleen como
mecanismo sustitutivo de la detención domiciliaria o como medida autónoma no
privativa de la libertad.
Censo carcelario.  Se coordinará con el INPEC la realización de un
censo que permita identificar la población reclusa en el país. Este censo
permitirá tomar medidas diferenciadas en el tratamiento, en entregar garantías
a los grupos étnicos, a las madres y padres cabeza de familia e identificar
problemáticas específicas en las regiones.
Comisión de Seguimiento al
Sistema Penitenciario y Carcelario.
Se ha propuesto la creación de una Comisión Interinstitucional que realice un
diagnóstico permanente sobre la crisis del sistema y proponga las soluciones
puntuales al mismo.  Esta Comisión está conformada por expertos en derecho
penitenciario, en derecho constitucional, en salud, etc. Se busca que sea una
comisión muy activa que rinda cuentas al Consejo Superior de Política Criminal,
donde tienen presencia varias instituciones que se encargan de contribuir a la
implementación de la política criminal del Estado.
Entrega a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, SPC, de todas las funciones
administrativas.  Se espera que la USPC,
con su nuevo presupuesto, pueda a partir de enero de 2013, tomar todas las
funciones administrativas del sistema penitenciario y de esa manera se agilice
la contratación de los servicios.  ||  Así mismo, la unida estará encargada de
la contratación para la creación de nuevos cupos y de la mejora de la
infraestructura carcelaria del país.
Ampliación de la lista de
elegibles en el Concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  Con el objeto de aumentar la planta de guardia,
existe una convocatoria en trámite (132 de 2012, CNSC), que está presupuestada
para 718 nuevos dragoneantes de los cuales 500 son de complementación y 218 de
formación.  ||  A esta se inscribieron 11.088 aspirantes, de los cuales
entregaron documentos, según los datos de la CNSC 7879, a quienes se les
aplicaron las pruebas de análisis de antecedentes. Se espera que el 9 de
noviembre de 2012 se publique la respectiva lista de admitidos.  ||
Igualmente, se solicitó a la CNSC que la lista de elegibles para que el
concurso sea de 2500 personas, de manera que cuando se autorice la ampliación
de la planta, esta incorporación sea inmediata. Al respecto, la Comisión
confirmó que es posible esa ampliación siempre y cuando la incorporación se
lleve a cabo durante el año de vigencia de la lista.
Salud en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país.
La prestación del servicio de salud en los establecimientos de reclusión ha
presentado falencias; por eso el Ministerio, en conjunto con el INPEC, la
Unidad SPC, y el Ministerio de Salud y Protección Social vienen trabajando para
darle solución a corto y mediano plazo.
A corto plazo se trabaja con el
Ministerio de Salud y Protección Social  en dos medidas urgentes: (1) Proyecto
de decreto que permita la afiliación de los reclusos a una EPS del orden
nacional diferente a CAPREMCOM EPS-S.  (2) Proyecto de circular conjunta entre
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia [y del
Derecho] y el INPEC para la adopción e implementación de los lineamientos
generales para la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública
en establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Asimismo, a mediano plazo se
analiza la creación de un sistema nacional de salud penitenciaria que permita
brindar atención eficiente de primer nivel, con lo que se daría solución a uno
de los principales problemas del sistema. En todo caso, la SPC ya viene
trabajando para mejorar las condiciones de las unidades de sanidad de los establecimientos
de reclusión.
B. Medidas de mediano plazo
(ejecución dentro de los siguientes dos años)
Diseño de política criminal.  ||  Con base en el informe de la Comisión Asesora
para el Diseño de la Política Criminal del Estado, se está trabajando en un
documento Conpes que señale los derroteros de los que debe ser una política
criminal fundada empíricamente y enmarcada constitucionalmente.  ||  Mediante
esta iniciativa se fortalecerá el papel del Consejo Superior de Política
Criminal como instancia de análisis de todos los proyectos de ley que en
materia penal y penitenciaría estén en curso en el Congreso de la República. El
compromiso del Ministerio de Justicia y del Derecho es hacer esta instancia
mucho más efectiva, razón por la cual se ha enviado a la Comisión para su
estudio, todos los proyectos de ley que actualmente son objeto de análisis por
esta Corporación legislativa.
Modificación del Código
Penitenciario y Carcelario.  Desde
hace un tiempo, se ha trabajado en una propuesta de código que haría una
modificación sustancial al actual y en el cual, la libertad como principio es
su rasgo característico. Se espera que el proyecto sea radicado en el Congreso
de la República en el mes de septiembre, luego del estudio, discusión y
aprobación del Consejo Superior de Política Criminal.
Comisión Interinstitucional de
Expertos para la revisión del Código Penal y del Sistema Acusatorio.  El objeto de esta Comisión es diseñar e implementar
una política criminal racional y coherente que implica la racionalización de
las penas y de los delitos y que busque mecanismos para que el Sistema Penal
Acusatorio mejore su capacidad de gestión.
C. Medidas de largo plazo
(ejecución mayor a 2 años)
Estas medidas se centran
fundamentalmente en la provisión de nuevos cupos carcelarios.
Plan 20 mil. El Plan busca que en un término de 4 años se
entreguen 20.000 cupos con la ampliación de algunos establecimientos. Esto
tendría un costo de $330 mil millones aproximadamente.  ||  Las ampliaciones se
realizarían en establecimientos de primera, segunda y tercera generación, de la
siguiente manera: Primera generación: Armenia, Santa Rosa del Viterbo,
San Gil, Socorro, Itagüí, Buga, Tuluá, Palmira y la Colonia Acacias.  Segundo
generación: Acacias, Girón, Cómbita y Valledupar.  Tercera generación:
Florencia, Yopal, Puerto Triunfo, Eron Acacias y Cúcuta.
Convenio CAF.  La Corporación Andina de Fomento ha celebrado un
convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho para el análisis
financiero de la construcción, por medio del sistema APP, de 26.000 nuevos
cupos.
Colonias Agrícolas.  Se espera construir seis nuevas colonias agrícolas,
una por cada regional, para la reclusión de los internos de mínima seguridad.
Cada colonia tendría capacidad para 1000 reclusos y su costo es
significativamente inferior al de un establecimiento normal. Sin embargo, es
una medida que sólo beneficiaría a la población de mínima seguridad y por ello
el efecto sobre el hacinamiento es menor.
Para concluir, puede afirmarse que
todas las cuestiones relacionadas con el tema de la infraestructura y el
hacinamiento, incumbe única y exclusivamente al INPEC y a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC–, sin que este Ministerio pueda
intervenir en asuntos que claramente no son de nuestra competencia, pues ni
siquiera tenemos partidas presupuestales asignadas para el efecto, precisamente
porque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, pese a estar
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con personería jurídica
y con un patrimonio propio, reconocido por la ley.
Como se expuso, este Ministerio
carece de competencia para decidir acerca de los asuntos solicitados por los
accionantes, por lo que una vez evidenciado por el Juez de tutela que el
demandado, como en este caso, no es quien tiene la legitimación en la causa,
deberá desvincularse del proceso y continuar la actuación con la entidad o la
persona jurídica que sí la tenga, pues es a esa a quien le corresponde entrar a
contestar de fondo los argumentos presentados en la demanda.”
La intervención advierte que se debe
tener en cuenta el marco normativo, indicado en el Decreto ley 4150 de 2011 que
escindió el INPEC y creó la Unidad de Servicios Penitenciarios como una unidad
administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene como
objeto principal el suministro de bienes y servicios para los centros de
reclusión, así como todo lo referente al manejo de la infraestructura de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.  El Ministerio insistió: “[la]
citada Unidad está orientada a enfrentar la problemática de los
establecimientos de reclusión para garantizar el bienestar de la población
privada de la libertad.”
5.1.2.8. El Secretario General del Congreso de la República,
Gregorio Eljach Pacheco, solicitó al Tribunal Superior de Popayán que declare
la ausencia de responsabilidad del Congreso en los hechos u omisiones que
vulneran y amenazan los derechos fundamentales del accionante.[1013]
Dijo al respecto la intervención,
“El Congreso de la República, no
tiene dentro de sus competencias, la de establecer políticas administrativas al
interior de los establecimientos públicos carcelarios, debido a que en
Colombia, esa función se encuentra radicada en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, entidad a que le ha sido asignada entre
otras, la formulación de la política criminal, penitenciaria y carcelaria, y
custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad al interior de
los establecimientos de reclusión y la garantía de su integridad y seguridad.
||  Por tal razón, consideramos que el accionante no tienen elementos fácticos,
ni jurídicos para endilgar la responsabilidad de la amenaza o eventual
vulneración de sus derechos fundamentales al Congreso de la República, más aún,
cuando el artículo 136 Constitucional, le prohíbe expresamente a las Cámaras
Legislativas inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras
autoridades.
En virtud de los anterior, es
dable pensar que en el caso en comento, existe una indebida designación del
demandado o falta de legitimación por pasiva, en lo que respecta al Congreso de
la República.”
5.1.2.9. La Directora del Grupo de Gestión, Seguimiento y
Evaluación Estratégica de la Dirección Nacional de Fiscalías, Mabel Carrero
Villamil, participó en el proceso de acción de tutela, para informar al
Tribunal Superior de Popayán algunos parámetros legales. Dijo la intervención,
“De acuerdo con el oficio de la
referencia, y en relación con lo expuesto por el accionante en el escrito de
tutela, se aclara que los asuntos penitenciarios y carcelarios, eje central de
las solicitudes y peticiones, son competencia del Ministerio de Justicia y del
Derecho y de las instituciones que comprenden su sector administrativo.
[…]  ||  En ejercicio de […]
facultades extraordinarias, se expidió el Decreto 2897 de 11 de agosto de 2011 en
el cual se finaron como objetivos del Ministerio de Justicia y del Derecho: ‘formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de
ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia
formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales
transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y
penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el
respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la
institucionalidad que comprende el Sector Administrativo (Art.1, subrayado
fuera de texto).
En referencia a las medidas de
aseguramiento que inciden en los derechos de las personas estas han de ser
ordenadas por el juez de control de garantías, no por el fiscal, quien como
ente acusador se limita a solicitarla cuando se cumplen los fines o requisitos
que justifican tales medidas, y que se encuentran precisadas en el artículo 308
de la Ley 906 de 2004 […]  ||  A su vez, el artículo 250 numeral 1° de la CP,
destaca el criterio necesidad como guía que debe orientar la imposición
de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su vez vinculado a
tres finalidades allí establecidas:  (i) asegurar la comparecencia de los
imputados al proceso penal;  (ii) la conservación de la prueba; y  (iii) la
protección de la comunidad, en especial de las víctimas.  ||  El carácter
exceptivo y la vinculación a fines de la detención preventiva (necesidad),
encuentra así mismo fundamento en el artículo 9° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968 […].  ||  De igual
forma, la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario
o su sustitución por la del lugar de residencia se encuentran regladas en los
artículos 313 y 314 del Código de Procedimiento Penal.  ||  Es así, pues, que
los fiscales delegados al solicitar la medida no hacen tarea diferente a darle
cumplimiento a la disposición legal, y la procedencia está sujeta a la decisión
del Juez de Control de Garantías, quien es el encargado de valorar los
argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa para dictar la medida que
corresponda.
Por último, se da de señalar que el
mismo código menciona en su artículo 459 que ‘la ejecución de la sanción
penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades
penitenciarios bajo la supervisión y control del Nacional Penitenciario y
Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad’, por lo que los fiscales delegados no intervienen en este
trámite.”
5.1.3. Decisión de instancia (Expediente T-375561). El
tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), la Sala Civil y Familia del
Tribunal Superior de Popayán, resolvió no tutelar los derechos
fundamentales a la dignidad humana y al no tarto cruel y degradante, invocado
por el señor Luis Enrique Leal Sosa.[1014]
La Sala consideró que el accionante no había probado las afectaciones sufridas
individual y personalmente. Dijo al respecto,
“[…] vale la pena advertir que el
accionante, además de afirmar una precaria situación general de hacinamiento en
todas las cárceles del país, no concreta su particular situación de afectación
a sus derechos fundamentales, requisito necesario para que la acción de tutela
salga avante, adicionalmente no se aprecia ningún elemento probatorio que
permita inferir la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
invocados.  ||  Por su parte, es menester señalar que el actor, con respecto a
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, no
particulariza una situación de afectación de derechos fundamentales, vale
decir, no se encuentra acreditado el menoscabo o vulneración de sus garantías
personales por parte de tales despachos judiciales.”
Además, consideró que la jurisprudencia constitucional se
pronunció con relación a la cuestión (T-153 de 1998) y la ley ya estableció las
autoridades encargadas de atender la cuestión. Dijo el Tribunal,
“[…] el tema de hacinamiento en
las cárceles del país, es un asunto que ya ha sido examinado por la Corte
Constitucional a través de la denominada doctrina constitucional inter
comunis, en el sentido que deben ser los diversos organismos y entidades
gubernamentales quienes mancomunadamente deberán aunar esfuerzos para mejorar
las condiciones de los internos en todos los establecimientos penitenciarios de
Colombia.  ||  En suma, la crisis planteada por el actor en su demanda de
tutela, es un asunto que es del resorte de las entidades administrativas nacionales,
toda vez que, se trata de un problema de política criminal y carcelaria,
cuestión que escapa del ámbito de competencia del juez constitucional y por
ende existiendo precedente constitucional, el presente asunto demanda por los
eventuales perjudicados el seguimiento de un trámite incidental de cumplimiento
o uno similar de desacato.  ||  […] a conclusión similar arribó la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, cuando revocó una orden impartida por el
Tribunal Superior de Barranquilla, en lo relacionado con el hacinamiento de la
cárcel en esa ciudad. […][1015]
||  Por su parte, importa referir que el Gobierno Nacional, consta de un
organismo asesor denominado Consejo Superior de Política Criminal y
Penitenciaria, quien se encarga dentro de otras funciones de revisar anualmente
el estado de hacinamiento y condiciones de resocialización del sistema
penitenciario, cuestión que se encuentra consagrada en el artículo 1° de la Ley
888 de 2004, por medio de la cual se modificó el Decreto 200 de 2003,
regulación ésta última, por medio de la cual se determinaron los objetivos y la
estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia.”
5.2. Expediente T-3759881
5.2.1. Hechos, argumentos y solicitud. El veintiocho
(28) de septiembre de dos mil doce (2012), el señor Omar Rolando Herrera
Nastacuas presentó acción de tutela similar a la anterior, reclamando del juez,
tomar las mismas medidas en contra de las mismas autoridades, por violar iguales
derechos fundamentales alegados.[1016]
Esto es, se presentó la acción contra del “[…] Ministerio de Justicia, el
Congreso de la República, los jueces de ejecución de penas de Popayán, el
Concejo de Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San
Isidro]”, por considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo
vital, el núcleo familiar, el respeto a las normas consagradas a su favor: el
principio de favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad
individual.[1017]
La acción fue tramitada por el Tribunal Superior de Popayán.[1018] El texto de la tutela
fue escrito con una letra distinta a la de la acción de tutela anterior, pero
su contenido es prácticamente el mismo.[1019]
5.2.2. Intervenciones en el proceso (Expediente
T-3759881). El Tribunal Superior de Popayán vinculó a este proceso a las
mismas autoridades que en el caso anterior, a todos los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, al Fiscal General de la Nación, al Congreso de
la República, al Director del INPEC San Isidro de Popayán; al Representante
legal del Consejo Disciplinario EPCAMS San Isidro y al Ministerio de Justicia.
5.2.2.1. El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, Héctor Martín Rodríguez, competente de la vigilancia del caso del
señor Omar Rolando Herrera Nastacuas, solicitó que se declare que ese Juzgado
no ha violado los derechos del accionante.[1020]
Sustentó su posición así,
“[…] a este despacho correspondió
por reparto conocer del proceso […] correspondiente al señor Omar Rolando
Herrera Nastacuas, quien resultó condenado por el Juzgado 001 Penal
Especializado del Circuito de Pasto, Nariño, mediante sentencia de 28 de junio
de 2011, por el delito de homicidio agravado y debe descontar la pena de
quinientos veinte meses (520) de prisión, no le fue concedido el beneficio de
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Hechos acaecidos el 4 de
febrero de 2009.”
Los demás Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán que intervinieron en el proceso de tutela del señor Omar
Rolando Herrera Nastacuas lo hicieron para indicar que no eran competentes de
la vigilancia del proceso del accionante. Uno de ellos, el Juez Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, Guillermo Ramírez
Espinosa), manifestó que si bien es ‘de público conocimiento el hacinamiento
que se vive en las cárceles’, ellos como jueces no pueden, “[…] motu
proprio con el fin de descongestionar las cárceles o algo similar, puesto
que dichas acciones debe ser adoptadas por el poder legislativo al expedir
leyes tendientes a mejorar la situación carcelaria, las cuales sí pueden ser
aplicadas por los Juzgados de Ejecución de Penas.  ||  Resaltamos que en
varias oportunidades se ha oficiado al Director Nacional y Regional del INPEC,
poniendo en conocimiento el hacinamiento que presentan los centros carcelarios
del Cauca, relacionando los cupos de cada establecimiento y el número efectivo
de detenidos que tienen actualmente, donde se evidencia el sobrecupo, lo que ha
sido constatado personalmente en las visitas carcelarias, pero no se ha
obtenido respuesta de parte de las autoridades del INPEC.”[1021] En
sentido similar, el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán, Daniel Fernando Salazar Montenegro, indicó “[…] consultada las
directivas del INPEC este es un problema estructural pues dicho organismo no
cuenta con la logística para una eficaz y eficiente prestación del servicio
carcelario; estamos ante un estado de cosas inconstitucional.”[1022]
5.2.2.2. El Director de la Cárcel San Isidro, TC (r)
Gonzalo Alberto Barriga Flechas, intervino en los mismos términos que lo hizo
en el proceso anterior, para solicitar, que se desvinculara al establecimiento
de la acción de tutela, por cuanto el origen del problema reclamado por el accionante,
es un asunto estructural que supera las competencias de esa Dirección.[1023]
5.2.2.3. En el presente caso el Ministerio de Justicia
intervino en el proceso el veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), a
través del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid
Samir Benavides Vanegas, para solicitar ‘denegar’ la acción de tutela en
lo que respecta al Ministerio, por “la falta de legitimación en la causa por
pasiva,[1024]
de forma similar a como lo había hecho en el proceso anterior el Director de
Política Criminal y Penitenciaria del mismo Ministerio. El argumento que
presentó el Viceministro como justificación de la petición principal es el
mismo que presentó el Ministerio en el proceso de tutela anterior. Con relación
a las medidas que se están adoptando en razón del hacinamiento, el Ministerio modificó
complemento y precisó su posición, indicando las medidas previstas para el
corto, mediano y largo plazo.
Por último, el Ministerio advierte, al igual que en
la intervención en el caso de tutela anterior, que se debe tener en cuenta el
marco normativo, indicado en el Decreto ley 4150 de 2011 que escindió el INPEC
y creó la Unidad de Servicios Penitenciarios como una unidad administrativa
especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera
adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene como objeto
principal el suministro de bienes y servicios para los centros de reclusión,
así como todo lo referente al manejo de la infraestructura de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.
5.2.2.4. La Fiscalía General de la Nación intervino en el
proceso de tutela a través de la Directora Nacional de Fiscalías, Rocío del
Pilar Ochoa Soto, para aclarar que esa institución no es competente para
resolver las peticiones del accionante.[1025]
Indicó que “[…] los asuntos penitenciarios y carcelarios, eje central de la
solicitud, es competencia del Ministerio de Justicia y del Derecho y de las
instituciones que comprenden su sector administrativo.” Se trata de la
posición que ya había sido expuesta en el proceso de acción de tutela anterior.[1026]
5.2.2.5. Finalmente, el Congreso de la República intervino
dos (2) veces en el proceso de tutela. La primera de ellas, a través del
Secretario General, Gregorio Eljach Pacheco, para solicitar al Tribunal
Superior que declare la ausencia de responsabilidad de la Corporación en los
hechos u omisiones que motivaron la amenaza o eventual vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.[1027]
Las razones son las mismas que el Congreso ya había expuesto en el proceso de
tutela anterior.[1028]
No obstante, en esta ocasión considera que ni siquiera hay claridad sobre la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. Dijo el
Secretario del Congreso en su intervención,
“Asimismo es preciso manifestar
que en la presente acción, el accionante no demuestra el derecho fundamental
vulnerado por parte de esta corporación, no existiendo así relación
causa-efecto entre el perjuicio causado y la acción y omisión del accionado.
||  Por último, considero que la presente tutela resulta improcedente por
carencia de objeto tutelable, teniendo en cuenta que el Accionante no señala ni
concreta de qué manera se le están desconociendo sus derechos, ni demuestra
encontrarse ante la inminencia de un perjuicio irremediable que permita el
amparo por lo menos en forma transitoria.”
La segunda intervención del Congreso de la República en el
proceso, la hizo a través de la Jefe de la División Jurídica, Astrid Salamanca
Rahin.[1029]
En el mismo sentido de la intervención anterior, indicó que el poder
legislativo no había violado puntualmente el derecho del accionante y que, en
cualquier caso, el Congreso ha cumplido cabalmente con lo que respecta a su
deber de regular la materia carcelaria y penitencia. A su juicio, la crisis
existente es, básicamente, un asunto que compete a las instancias
correspondientes del poder ejecutivo.
“El Congreso de la República tiene
funciones consagradas  en nuestro ordenamiento suprajurídico, como lo es para
el caso subjudice, lo previsto en los numerales 1° y 2° del artículo entre
otros de la misma normatividad, cual es el de hacer las leyes, para lo cual, de
acuerdo con el desarrollo del mandato constitucional y legal, se han expedido
las leyes requeridas y relacionadas con nuestro sistema punitivo como es el
caso de los códigos penal y procedimiento penal, y normas relacionadas con el
régimen penitenciario y carcelario.  ||  […] no se puede predicar que el Congreso
por omisión esté vulnerando derechos fundamentales, al cumplir estrictamente
con los mandatos constitucionales y legales, al expedir leyes, si precisamente
ésta es su función, la cual viene cumpliendo en forma estricta como lo es el
caso sui generis.
Esta entidad en cumplimiento de
sus funciones expidió en su momento el Código Penitenciario y Carcelario (Ley
65 de 1993), cuyo marco normativo contempla las disposiciones esenciales que se
deben aplicar en la ejecución de las sanciones penales en forma humana y
moderna acorde a los postulados señalados, como así mismo en forma general las
condiciones que se deben tener en cuenta en los centros carcelarios y
penitenciarios para la reclusión, de acuerdo con lo previsto en la Carta Magna
y las Organizaciones Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.  ||  Así
el Código Penitenciario y Carcelario contempla importantes aspectos para
garantizar los derechos fundamentales a los recluidos, los objetivos de la
justicia y el fin de la pena, como los son el tratamiento progresivo, la
clasificación científica de los internos, el seguimiento de los grupos
interdisciplinarios de profesionales, la programación de actividades
educativas, culturales y deportivas. También se desarrollan las funciones de
juez de ejecución de penas, se crea la carrera penitenciaria para el personal
del instituto y se incorpora el servicio militar obligatorio de bachilleres,
este último empleado como servicio social y humanista en los Establecimientos
de Reclusión para apoyar la función de reinserción social en la parte
educativa, técnica, cultural, deportiva y cívica.
El INPEC, siendo una entidad o
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Justicia,
se rige por las directrices sobre política criminal que este Ministerio (y el
Consejo Nacional de Política Criminal) formula, ejecuta y le hace seguimiento,
mediante instrumentos y herramientas técnicas que aseguren el cumplimiento de
objetivos y la garantía de los derechos, siendo por lo tanto a otras autoridades
a quienes les corresponde hacer el seguimiento sobre la política criminal y
tratamiento digno de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Es de resaltar que la actividad
pública, del orden legislativo, no se realiza en una forma caprichosa, y
acomodada, sino por el contrario, se debe cumplir con unos postulados del orden
constitucional, legal y multidisciplinario, cumpliendo de esta manera unos
lineamientos tanto sustanciales en sus actuaciones, en la misma formación de la
ley, toda vez que los debates, como lo precisa su vocablo, deben ser de amplia
participación y disertación, en cuanto a los diferentes temas y materias que
merecen unas más que otras, de estudios previos, toda vez que los proyectos de
ley en su totalidad, son contentivos de una exposición de motivos, que forman
el marco filosófico de la materia a tratar y de su razón de ser como norma
jurídica, lo cual en lo relacionado con el caso objeto de tutela, el tema está
muy bien regulado por nuestro ordenamiento constitucional y legal.
El Congreso de la República
legisla teniendo en cuenta siempre como primera medida, el interés general, que
es precisamente uno de los aspectos que protege nuestra constitución, por encima
del encima del bien particular.
Resulta imposible para los
congresistas, cada vez que les nazca una iniciativa legislativa, entrar a
consultar cada uno de los ciudadanos de la nación de un Departamento o
Municipio, o grupo de personas o funcionarios, si cada uno de ellos están o no
de acuerdo con la filosofía del mismo proyecto o proposición, para de esta
manera poderlo presentar a consideración de la Corporación, como quiera que
todo ciudadano, posteriormente, tiene el derecho constitucional en caso de
estar en desacuerdo con la formación misma de la ley y sus efectos, de
instaurar la correspondiente demanda de inconstitucionalidad ante la instancia
encargada de salvaguardar la carta política, alegando de esta manera los
derechos supralegales que considere vulnerados.
El accionante, no precisa ni
demuestra el derecho fundamental que aduce se les está violando por parte de
esta Corporación, por cuanto es necesario evidenciar la relación causa y efecto
entre el actuar u omisión, en relación con el prejuicio ostensible del cual se
predica la violación del derecho invocado.
Por lo anteriormente expuesto,
solicito muy respetuosamente a su Despacho se declare la improcedencia de la
presente acción de tutela instaurada por el accionante en lo que respecta a esta
entidad Legislativa, por cuanto es apenas claro que el Congreso de la República
no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno, en relación con la
presente acción y contrario [sensu] viene dando cumplimiento a lo
previsto en el artículo 150 de nuestra Constitución Política, Ley 5ª de 1992 y
demás mandatos normativos de nuestro ordenamiento jurídico constitucional y
legal.”
5.2.3. Decisión de instancia (Expediente T-3759881). El
veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior de Popayán resolvió negar por improcedente la
acción de tutela interpuesta por Omar Rolando Herrera Nastacuas, por considerar
que el accionante nunca indicó como la situación de la cárcel lo afecta de
manera específica y porque no particularizó ningún daño con respecto a los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o la fiscalía que suponga
una violación concreta.[1030]
Resaltó que “[…] el accionante se limita a destacar la precaria situación de
hacinamiento en todas las cárceles del país, sin preocuparse por concretar, en
su caso particular, las situaciones específicas que vulneren sus derechos
fundamentales de petición, dignidad humana, mínimo vital, núcleo familiar, la
libertad individual y la presunción de inocencia, cuya protección depreca.”
No obstante, el Tribunal sí reconoció la grave situación de
hacinamiento y crisis del sistema penitenciario y carcelario, y retoma lo dicho
por la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-153 de 1998. Afirmó que
“[…] el tema del hacinamiento den las cárceles del país, es un asunto que ya
ha sido examinado por la Corte Constitucional a través de la denominada
doctrina constitucional ‘inter comunis’, en el sentido que deben ser los
diversos organismos y entidades gubernamentales quienes mancomunadamente deben
aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de los internos en todos los
establecimientos penitenciarios de Colombia.”
5.3. Expediente T-3759882
5.3.1. Hechos, argumentos y solicitud. La tercera de
las acciones de tutela en contra de la Cárcel San Isidro de Popayán, la
presentó el dos (2) de octubre de dos mil doce (2012), el señor Jhon
Jairo Cifuentes U.L. Al igual que las dos (2) anteriores, se reclama del juez,
tomar las mismas medidas en contra de las mismas autoridades, por violar los derechos
fundamentales alegados.[1031]
Esto es, se presentó la acción contra del “[…] Ministerio de Justicia, el
Congreso de la República, los jueces de ejecución de penas de Popayán, el
Concejo de Disciplina, la Oficina Jurídica del EPCAMS de Popayán [San
Isidro]”, por considerar que estas entidades le vulneran el derecho al mínimo
vital, el núcleo familiar, el respeto a las normas consagradas a su favor el
principio de favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad
individual.[1032]
La acción, tramitada por el Tribunal Superior de Popayán,[1033] fue escrita con una
letra distinta a la de la tutela anterior, pero su contenido es prácticamente
el mismo.[1034]
5.3.2. Intervenciones en el proceso (Expediente T-3759882).
El Tribunal Superior de Popayán vinculó a este proceso a las mismas autoridades
que en el caso anterior, a todos los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, al Fiscal General de la Nación, al Congreso de la República, al
Director del INPEC San Isidro de Popayán; al Representante legal del Consejo
Disciplinario EPCAMS San Isidro y al Ministerio de Justicia.
5.3.2.1. El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, Héctor Martín Rodríguez, competente de la vigilancia del caso del
señor Jhon Jairo Cifuentes U.L., solicitó que se declare que ese Juzgado no ha
violado los derechos del accionante.[1035]
Sustentó su posición así,
“[…] a este despacho correspondió
por reparto conocer del proceso […] para ejecutar la pena de ciento veintidós (122)
meses, quince (15) días y nueve (9) horas de prisión impuesta en contra del señor
Jhon Jairo Cifuentes U.L., por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Popayán, Cauca, mediante sentencia de fecha 29 de septiembre
de 2009, por el delito de terrorismo en concurso con rebelión, no le fue
concedido el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
por hecho acaecidos el 16 de octubre de 2007. ||  Por auto de sustanciación N°
855 del 9 de junio de 2011, este despacho avoca el conocimiento del proceso y
gira la boleta de encarcelación N° 227 ante el señor Director del Centro
Penitenciario de esta ciudad.  ||  Se han decidido las siguientes peticiones.
- solicitud de información
elevada el 16 de agosto de 2012, se decide mediante sustanciatorio N° 553 del
22 de agosto de 2012.
- derecho de petición
elevado el 17 de septiembre de 2012, se decide mediante sustanciatorio N° 616
del 20 de septiembre de 2012.
- redención de pena elevada
el 21 de septiembre de 2012, se decide mediante sustanciatorio N° 983 del 25 de
septiembre de 2012.
En cuanto al fundamento de la
acción de tutela interpuesta por el interno-accionante, este despacho considera
que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno. Así las cosas, le
solicito respetuosamente se nos desvincule de la misma.”
Los demás Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán que intervinieron en el proceso de tutela del señor Jhon
Jairo Cifuentes U.L., al igual que lo habían hecho en los dos casos anteriores,
lo hicieron con el fin de indicar que no eran competentes de la vigilancia del
proceso del accionante. El Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Guillermo Ramírez Espinosa, nuevamente se refirió al
problema ‘de público conocimiento: el hacinamiento que se vive en las cárceles’[1036]
5.3.2.2. El Director de la Cárcel San Isidro, TC (r)
Gonzalo Alberto Barriga Flechas, intervino en los mismos términos que lo hizo
en los dos (2) procesos anteriores, para solicitar desvincular al establecimiento
de la acción de tutela, por cuanto el origen del problema reclamado por el
accionante, es un asunto estructural que supera las competencias de esa
Dirección.[1037]
5.3.2.3. En el presente caso el Ministerio de Justicia
intervino en el proceso el dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), a
través del Director de Política Criminal y Penitenciaria, Alejandro Gómez
Jaramillo, para solicitar ‘denegar’ la acción de tutela en lo que
respecta al Ministerio, por ‘la falta de legitimación en la causa por pasiva’.[1038] La
intervención que hizo el Ministerio a través del Director de Política Criminal
en este caso es similar a la que él había hecho ante el Tribunal Superior de
Popayán en el primer proceso contra la Cárcel San Isidro, acumulado en
esta sentencia (Expediente T-375561). No tendrá las modificaciones a la
intervención que se haría unos días después (el 22 de octubre) en el caso
anterior, esto es, en el segundo de los procesos contra la cárcel San Isidro
(T-3759881).
Así, por ejemplo, en este caso se habla de ‘brigadas
jurídicas’ y no, como lo dirá el Viceministro en su intervención, de ‘estrategias
de apoyo a las oficinas jurídicas de los centros de reclusión’, o se habla
de la redistribución de la población condenada con metas específicas así  “[la
redistribución] se realizaría sobre aquellas personas ya condenadas,
obviamente con el cumplimiento de los requisitos legales y en observancias de
los derechos de los internos. La idea es que el nivel de hacinamiento sea del
48% en todo el país. De esta manera se busca disminuir sustancialmente la
presión sobre aquellos centros que tienen los niveles más altos de
hacinamiento. Lo anterior, se espera lograrlo con una política de traslados que
no afecte los derechos de la población interna y utilizando los cupos libres
que aún existan en los nuevos establecimientos de reclusión.”
5.3.2.4. La Fiscalía General de la Nación intervino en el proceso
de tutela a través de Diana Paola Forero Céspedes, Profesional Universitario de
la Dirección Nacional de Fiscalías, para aclarar que esa institución no es
competente para resolver las peticiones del accionante sino el Ministerio de
Justicia y del Derecho y de las instituciones que comprenden su sector
administrativo.[1039]
Concluye la intervención: “Bajo este contexto, al dirigir la acción de
tutela a institucional como competencias fuera de esta órbita de la Fiscalía
General de la Nación, toda vez que como lo establece el artículo 250 de la
Constitución Política, esto es, la investigación y acusación de las conductas
punibles cometidas en el territorio nacional; por tanto, en el caso en
concreto, no se vislumbra ni en la motivación de la tutela o en el extracto del
resuelve de admisión por la magistratura que hubiésemos quebrantado derechos
fundamentales.”
5.3.2.5. El Congreso de la República intervino en el proceso
de tutela a través del Secretario General, Gregorio Eljach Pacheco, para
solicitar al Tribunal Superior, al igual que en los casos anteriores, que
declare la ausencia de responsabilidad de la Corporación en los hechos u
omisiones que motivaron la amenaza o eventual vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.[1040]
En esta ocasión, la Jefa de la División Jurídica del Congreso de la República
de Colombia, Astrid Salamanca Rahin participó en el proceso de tutela también a
nombre del Parlamento, en los mismo términos en que lo hizo en el proceso
anterior.[1041]
5.3.3. Decisión de instancia (Expediente T-3759882). El
veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior de Popayán resolvió negar por improcedente la
acción de tutela interpuesta por Jhon Jairo Cifuentes U.L., por las mismas
razones que en el caso anterior, esto es, por considerar que el accionante
nunca indicó como la situación de la cárcel lo afecta de manera específica y
porque no particularizó ningún daño con respecto a los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad o la fiscalía que suponga una violación concreta.[1042]
Resaltó que “[…] el accionante se limita a destacar la precaria situación de
hacinamiento en todas las cárceles del país, sin preocuparse por concretar, en
su caso particular, las situaciones específicas que vulneren sus derechos
fundamentales de petición, dignidad humana, mínimo vital, núcleo familiar, la
libertad individual y la presunción de inocencia, cuya protección depreca.”
En esta ocasión, como en el caso anterior, el Tribunal sí reconoció la grave
situación de hacinamiento y crisis del sistema penitenciario y carcelario, y
retomó lo dicho por la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-153 de
1998.[1043]
6. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja (Expediente T-3805761)
6.1. Hechos, fundamentos y solicitud. El veinte (20)
de septiembre de dos mil doce (2012), Cristian Gordon Chaparro, en su calidad
de Defensor Regional del Magdalena Medio, presentó acción de tutela en contra
de la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC,
Bogotá, del Ministerio de Justicia y de CAPRECOM, por vulnerar los derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la privacidad, a la salud, a
la integridad personal, a la intimidad, a la igualdad, al libre desarrollo de
la personalidad, a un medio ambiente sano y al deporte, de las personas que se
encuentran recluidas en la cárcel de Barrancabermeja, debido al grave problema
de hacinamiento.[1044]
6.1.1. El Defensor Regional presentó los hechos que
fundamentan la acción de tutela en los siguientes términos, haciendo especial
énfasis en el problema de acceso los servicios de salud,
“El Establecimiento Penitenciario
de esta ciudad, se encuentra ubicada en la calle 50, carrera 8, a un costado y
parte del sótano que corresponde a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.
Construcción que tiene aproximadamente ochenta (80) años. Su construcción
arcaica, con capacidad para albergar aproximadamente doscientos (200) internos,
tiene a la fecha seiscientos cincuenta y dos (652) reclusos, existiendo
actualmente un grave problema de hacinamiento en un porcentaje del 326%,
especialmente en los patios 1 y 2.
En reciente visita de inspección
Especial, practicada a las instalaciones del Establecimiento por funcionarias y
funcionarios de la Defensoría Regional del Magdalena Medio, se pudo corroborar
que el área de sanidad, para la fecha de la visita, que el penal sólo cuenta
con un médico adscrito al INPEC, quien atiende 4 horas en la mañana y un
promedio de 12 internos por día. CAPRECOM no tiene contratado ningún médico,
encontrándose dentro del convenio INPEC CAPRECOM que debería […] tener
contratados dos galenos. CAPRECOM, para brindar atención a la salud de los 652
internos, sólo tiene contratado una jefe de enfermeras y dos auxiliares.
Igualmente se pudo establecer que el servicio de odontología desde el mes de
febrero sólo hace limpiezas, porque no hay insumos odontológicos. De otro lado,
se nos informa del incumplimiento al convenio por parte de CAPRECOM, en la
contratación de una aseadora para el área de sanidad.
Es tan evidente la problemática en
el tema de salud en este establecimiento penitenciario, debido al
incumplimiento al convenio […] que los internos señalan las siguientes
dificultades: no suministrar los medicamentos a los internos, demora en el
otorgamiento de citas y exámenes especializados, lo que ha generado
inconvenientes y molestias por parte de los internos, debido a la deficiencias
en la prestación del servicio. El stock de medicamentos de urgencias es
deficiente, generado por el envío en pequeños sobres, con pocos medicamentos en
comparación al número de internos que deben ser atendidos por enfermedades
virales.”
6.1.2. El hacinamiento es la causa principal de buena parte
de los problemas que el centro penitenciario de Barrancabermeja enfrenta, de
acuerdo al alegato presentado por el Defensor Regional en su acción de tutela. Señalando
que el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja recibe las personas
capturadas en el Magdalena Medio que comprende el sur de Bolívar, Yondó –
Antioquia, Cimitarra, Puerto Wilches y Sabana de Torres, entre otros
municipios, expuso la cuestión en los siguientes términos,
“Reitero que los patios uno y dos
viven un hacinamiento del 326%, si se tiene en cuenta que para la fecha de las
visitas se encuentran 652, durmiendo unos sobre otros, a la intemperie, en los
pasillos […].
El patio uno (1), consta de cuatro
(4) celdas y tres (3) inodoros, tres (3) duchas, dos (2) lavaderos y un (1)
lavamanos múltiple en pésimo estado, que son deficientes para la población
recluida. Las condiciones deplorables de los pabellones de alojamiento y las
condiciones infrahumanas que padecen los internos debido al problema del
hacinamiento, produce angustia para todos. Para su descanso, en su gran mayoría
duermen en colchonetas, en carpas rotas en mal estado, que permiten que el agua
penetre, ocasionando camas húmedas en condiciones insolubles.
El patio dos (2), está compuesto
por dos celdas de capacidad cada una de treinta (30) personas, pero sorprendentemente
allí también se evidencia grave problema de hacinamiento, lo que obliga a que
la mayor parte de la población duerma en carpas en mal estado, que es casi como
dormir a la intemperie. Allí además, permanecen cuerdas llenas de ropa que gotean
agua, no hay ventiladores suficientes, no obstante las altas temperaturas de la
ciudad, hay ocasiones en que nos encontramos a 40 grados bajo techo.
El fuerte hacinamiento ha generado
un incremento de la delincuencia al interior de la cárcel, también que los
condenados y los sindicados deban compartir en las mismas celdas, y que se
impida el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario, fijados de
manera general en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, y que no se pueda contar
con espacios para que los internos logren desarrollar sus actividades y menos
contar con comedores donde dignamente los internos puedan ingerir sus
alimentos, en condiciones aceptables de salubridad.
Debido al hacinamiento se
presentan riñas entre los mismos internos, solo cuentan con tres baños y tres
duchas en cada patio, en pésimas condiciones, muchos de los internos presentan
afecciones en su piel y en la fecha de la vista existe una propagación de
varicela y según lo informado por el médico, ha atendido a 7 internos con este
virus.”
El hacinamiento, además, supone la violación a los derechos
a la recreación, el deporte y la intimidad. La tutela indica que a “[…] esta
comunidad reclusa [se le vulneran los derechos] a la recreación y el
deporte, por cuanto estas actividades deben realizarse en cada uno de los
patios, porque no existe en este penal un espacio adecuado para ello.”  Adicionalmente,
con relación a las visitas íntimas en condiciones dignas, se dice lo siguiente,
“El derecho a las visitas íntimas
en condiciones dignas para las personas privadas de la libertad, que implican
[…] un espacio de cercanía y privacidad personal y exclusiva de una pareja, es
de difícil cumplimiento en este centro penitenciario precisamente por el mismo
hacinamiento, porque no hay un lugar especial en este penal para ello y quienes
desean visitas íntimas con su pareja deben crear una especie de cambuche, es
decir, acondicionar el lugar donde duermen en común. Situación que constituye
un acto de degradación humana ante la pérdida de privacidad, o resguardo para
el secreto de los asuntos concernientes a la vida privada y familiar. En muchas
ocasiones quienes duermen en los corredores, o en carpas en las tapias, deben
negociar con los internos que duermen en los salones para lograr el espacio
para atender su visita íntima y satisfacción de sus necesidades sexuales. Es
decir, las condiciones de una visita íntima están limitadas de manera
desproporcionada y no se tienen las condiciones mínimas que permitan el normal
desarrollo de la visita conyugal.”
6.1.3. El Defensor Regional del Magdalena Medio indicó que
las condiciones de salubridad, en especial en los baños y el área de
alimentación, constituyen una amenaza y un atentado contra los derechos
fundamentales de los internos.  Dijo al respecto,
“En el área de preparación de
alimentos (rancho), se pudo observar que la estructura locativa no reúne las
condiciones para el desarrollo de esta actividad, toda vez que una parte del
rancho o cocina funciona bajo techo y otra en el patio a la intemperie, el cual
se encuentra en pésimo estado y condiciones de salubridad […]. Sólo se cuenta
con un lavaplatos pequeño, rústico y para lavar las ollas, no hay un lugar
apropiado y deben realizarlo en la ducha de un baño. Cabe resaltar que el
rancho está ubicado dentro del área del patio de especiales, donde duermen los
rancheros, observándose ropa colgada al lado de la cocina. Igualmente se
observa problema de hacinamiento, porque en este lugar se encuentran ubicadas
las habitaciones para algunos internos y funciona el rancho o cocina,
encontrándose a sus alrededores canecas de basuras donde se recogen los
residuos y deshechos de comidas, y a un costado de este pario se encuentra el
patio UTE –Unidad de Tratamiento Especial–. Esta UTE es un lugar bastante
húmedo y estrecho, su estructura requiere urgente remodelación de acuerdo a las
normas penitenciarias. Solo hay una batería sanitaria en el exterior, lo que
impide ser utilizada en las horas de la noche por los internos que allí
pernoctan, debiendo estos realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas que
guardan hasta el día siguiente, lo que ocasiona que cuanto esto ocurre, tengan
de cabecera sus materias fecales.  ||  En la celda transitoria mal llamada UTE,
se encontraban 15 personas al momento de la visita, no siendo apta para
albergar el número de personas que se indica.”
6.1.4. La atención jurídica a las personas privadas de la
libertad es también un asunto problemático en la cárcel de Barrancabermeja,
como lo indica la acción de tutela,
“Se hace necesario que el área
jurídica se fortalezca en el sentido de que sea contratado más personal, pues
solamente cuenta con una abogada quien hace todos los trámites administrativos,
tutelas, libertades, etc., y por el número de internos, su trabajo se ha triplicado,
no dando abasto con la carga laboral, situación que se agrava por el espacio
tan reducido de esta oficina. Igualmente se debe advertir que este
establecimiento no cuenta con una sicóloga, ni trabajadora social, ni
fisioterapeuta y para hacer la clasificación fase, solicitan apoyo a una
fundación quien les facilita la sicóloga.
[…]  ||  No se cuenta dentro del
penal con una oficina o espacio, para los profesionales que brindan el servicio
de la Defensoría Pública, el cual se hace necesario si se tiene en cuenta que
los defensores públicos tienen a su cargo los procesos penales de
aproximadamente el 80% de los internos. La Defensoría no cuenta con la
privacidad para la atención a los usuarios y debemos atender en la oficina
designada a la Pagaduría.”
6.1.5. La acción de tutela cuestiona la garantía de acceso
de las familias y personas allegadas a quienes se encuentran privados de su
libertad en algún centro de reclusión. Se indica que “[el] área de
requisa es un cuarto aproximadamente de 3 x 2 metros cuadrados, con una única
silla de requisa, procedimiento que se torna excesivamente demorado, teniendo
en cuenta que ingresa un promedio de 1000 personas los días de visita.”
6.1.6. Pero las violaciones de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, según la tutela, no sólo provienen de la
afectación directa de sus derechos. Son también una consecuencia de las
condiciones en las que se encuentra la guardia de la Cárcel. Dice al respecto,
“Con relación a la situación que
deben padecer los miembros de custodia y vigilancia, se pudo constatar que
padecen un total hacinamiento que se agrava por las pésimas condiciones en los
servicios de sanidad, la falta de un salón y un comedor para cuando deban
permanecer en las labores de vigilancia.  […] el área de los dormitorios de
estos funcionarios […] se puede observar que es un sitio que se encuentra
pegado a la terraza, donde pega el sol todo el día, se almacena el calor,
carece de ventilación, es un lugar con poca iluminación, y los aires
acondicionados son viejos, se dañan constantemente y en ocasiones han tenido
que sacar de sus propios recursos para arreglarlos.
Es preocupante el escaso número de
funcionarios de custodia y vigilancia del INPEC, en el establecimiento, frente
al número de internos que deben custodiar, teniendo en cuenta que para 652
reclusos hay un total de 49 guardianes que conforman tres compañías: Santander,
Bolívar y Nariño, cada una conformada por 12 y 11 miembros, de los cuales
algunos también deben cumplir funciones administrativas, otros van de
vacaciones mes a mes y en algunas ocasiones otros están incapacitados, para la
fecha de la visita hay cinco incapacitados, incluido el sargento.”
6.1.7. Las opiniones expresadas por los reclusos, recogidas
durante la visita a la cárcel, coincidieron con las conclusiones a las que el
propio Defensor Regional había llegado. Se dijo al respecto,
“En reunión realizada en la misma
fecha de la visita de Inspección, con los miembros del comité de derechos
humanos, se les indagó sobre las diversas problemáticas del penal, informándose
por el interno Alejandro Alarcón, representante del patio N°1, el problema del
hacinamiento manifestado, que actualmente hay más de 340 internos en el patio,
el cual tiene una capacidad para albergar aproximadamente 90 internos; con
relación al tema de salud señaló que no hay médico de CAPRECOM e hizo
referencia a dos casos especiales del señor Padilla y Elmer Restrepo, sobre una
hernia, igualmente manifestó que como consecuencia del hacinamiento vienen
padeciendo de afecciones en la piel.  [… El] interno Luis Andrés Saldarriaga,
representante del patio N°2, manifiesta que en su pabellón hay más de 259
internos (sindicados y condenados) y ese patio tiene una capacidad para
albergar 90 personas; sólo cuentan con tres duchas, dos baños y refiere
igualmente problemas de afección en la piel; menciona el caso de Carlos Julio
Cadena, y problemas de hacinamiento, lo que ha traído enfrentamientos entre
internos; se encuentran 10 internos sin colchoneta. Reiteran el problema de
salud.  De otra parte, el interno Ángel Rincón Ballesteros, representante del
patio N°3 (patio del adulto mayor y ex funcionarios), manifiesta que hay 24
internos y una mujer en una celda anexa al área, y refiere el delicado estado
de salud de Héctor Cortez, quien tiene una enfermedad degenerativa y requiere
atención de un médico.”
Se resaltó en la acción de tutela que sistema penitenciario
y carcelario de esta zona del país, no cuenta con celdas para mujeres. Así, se
indica que “[otra] situación que vive [Barrancabermeja], es la
falta de un establecimiento o lugar de reclusión para albergar mujeres, toda
vez que cuando una mujer es privada de la libertad, debe acondicionársele en
una celda ubicada en el nuevo recinto del patio 3, mientras es remitida a la
Penitenciaria de Bucaramanga.”
6.1.8. La acción de tutela fundó su reclamo en los derechos
consagrados en la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ‘Protocolo
de San Salvador’ Adicional a la Convención Americana, en el Conjunto de
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o presión, en las reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos y en la jurisprudencia nacional.
6.1.9. Concretamente, la tutela presentó las siguientes
peticiones,
“1. Tutelar el derecho a la salud
de los internos del establecimiento penitenciario de [Barrancabermeja]
conminando al INPEC y a CAPRECOM, para que den cumplimiento al Convenio
INPEC-CAPRECOM, en el sentido de que se contraten para el área de sanidad los
dos galenos, la aseadora y demás profesionales de la salud que se encuentren
obligados y que al fecha no ha contratado, en aras de garantizar y brindar a
los internos del penal un servicio de salud con calidad, oportuno y eficiente.
De igual manera, se requiera a CAPRECOM para que se suministre el stock mínimo
de medicamentos, al igual que los insumos de odontología necesario y se
autoricen las citas especializadas pendientes en el menor tiempo posible.
2. Tutelar el derecho a la vida en
condiciones dignas, a un ambiente sano, al derecho a la intimidad, a la
privacidad, la salud, la integridad personal, a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad, al deporte y la recreación, ordenando al
Director Nacional del INPEC y al Ministerio del Interior y de Justicia, tomar
las medidas urgentes y necesarias, a efectos de deshacinar el establecimiento
penitenciario de Barrancabermeja.
3. Se ordene al INPEC la
contratación de la planta de personal que se requiere en el área jurídica,
igualmente se contrate una sicóloga, una trabajadora social, necesarios para el
trámite de la clasificación en fase y una fisioterapeuta.”
6.1.10. La acción de tutela aportó una denuncia pública
presentada por la Asociación Sindical Unitaria de Trabajadores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario, UTP, al Procurador Provincial, a la
Personera Municipal y al Defensor del Pueblo, para dar a conocer la grave
crisis que aqueja al Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja.[1045]
Esta denuncia, era la forma de hacer notorias las condiciones específicas de la
crisis carcelaria, que el mismo sindicato había denunciado nacionalmente. En
efecto, el nueve (9) de julio de dos mil doce (2012), el Presidente de
Asociación, Diego Alonso Arias Ramírez, y el Secretario General, Marco Antonio
Carillo habían denunciado la crisis carcelaria ante la opinión pública en los
siguientes términos,
“Crisis de hacinamiento:
Hoy los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC
cuentan con ciento diez mil trescientos treinta y cuatro (110.334) hombres y
mujeres detenidos intramuralmente, sin contar las más de cientos cincuenta
mil órdenes de captura emanadas por distintas autoridades y las más de cien mil
domiciliarias. La flagrante reiterativa y no atendida violación de los derechos
humanos por parte del Estado contra los internos e internas en el Sistema
Penitenciario y Carcelario, y contra los funcionarios penitenciarios y
administrativos y de custodia y vigilancia que laboramos en los centros
penitenciarios y carcelarios del país; donde el alto grado de hacinamiento,
supera el 150% situación histórica que atenta contra la dignidad humana, y los
derechos fundamentales de los internos y trabajadores, así las cosa los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Bucaramanga, Armenia, Bogotá,
Cali, Bello, Girón, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, entre otros,
superaron el espacio físico para albergar una persona más.  ||  Lo anterior ha
llevado a utilizar para dormir los baños, los pasillos y escaleras, el espacio
aéreo de corredores y patios, teniendo que literalmente ‘colgarse en cobijas de
los techos’, situación de extrema violación a la dignidad humana, aunado al
peligro inminente de desprenderse de alturas que superan los 10 metros, y al
eventual pago de indemnizaciones por pérdidas o daños en la humanidad de los
reclusos; de otra parte, la deteriorada estructura en cualquier momento puede
colapsar causando la muerte de internos visitantes y funcionarios.
No contamos con un solo cupo
más para recibir internos, y en
procura de salvaguardar la vida e integridad de los que hasta hoy se encuentran
recluidos; no podemos permitir irresponsablemente más internos.
Crisis en la asistencia de
la salud al personal interno: La
crisis se incrementa por problemas de atención en salud para la población
reclusa, dado a los términos del contrato de salud por parte de EPS CAPRECOM –
INPEC, donde la asistencia al personal interno es precaria, conllevando
contagios de tuberculosis en varios ERON, en especial en Pasto, Popayán y
Bucaramanga; así como muertes por falta de atención al interior de los centros
carcelarios del país; el problema del sistema de salud en Colombia es conocido
y denunciado a diario, y del mismo sabemos que está en su peor momento; que
diríamos de una población acusada o condenada, marginada y que se encuentra
abandonada por el Estado; la asistencia en salud de nuestros internos, es la
más cercana a la muerte de donde no hay retorno; solamente demandas
millonarias en contra de la Nación y familias que lamentarán que un estado
social de derecho no les devolvió a la sociedad un ser rehabilitado, sino un
cadáver para llorar.
Crisis Administrativa y de
personal:  La reestructuración
del INPEC ha venido siendo manoseado burocrática y politiqueramente, en donde
se ha llegado a pagar multimillonarias cifras de dinero para sustentar
supuestos estudios técnicos, los cuales han tendido a la
concesión-privatización de los servicios del sistema penitenciario, y ahora el
último estudio técnico realizado por la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, donde propuso que el INPEC debía ser dividido en dos
instituciones diferentes, cercenando la autonomía patrimonial y administrativa,
debiendo pasar de ser adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho a pasar
a ser administrados y adscritos a una Unidad Administrativa denominada
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que asumirá y manejará los
bienes, el patrimonio y el presupuesto y la actividad administrativa del INPEC.
||  La escasa planta de personal da muestra real que el Sistema está a punto de
colapsar, con la insuficiente planta de custodia y vigilancia, no se puede
asegurar que los centros penitenciarios y carcelarios estén seguros; ni la
misma integridad física de los internos, pues no es de recibo que estemos
frente al cuidado de entre 1.500 y 2.000 internos por un solo funcionario
penitenciario, como sucede en la Modelo de Bogotá, Picota o Bellavista de
Medellín, y otros de igual importancia como Barranquilla, Cartagena, Santa
Marta, donde la planta de personal la complementan auxiliares bachilleres para
la custodia y vigilancia.
Crisis en la alimentación,
telefonía, trabajo, estudio y enseñanza: problemas como los más elementales, gozan hoy de ausencia de Estado,
los más elevados contratos se ven en alimentación y telefonía al interior de
los centros carcelarios y penitenciarios; donde los jugosos contratos se quedan
en manos de grandes empresarios y el resultado del servicio no es más
desalentador; esto sin contar que las oportunidades de trabajo, estudio o
enseñanza por las mismas condiciones estructurales y de falta de personal, sólo
es un articulado que reposa en nuestra maltratada Ley 65 de 1993.
Se deja como constancia pública
que es el Gobierno Colombiano y la Dirección General del INPEC los responsables
de tomar las medidas inmediatas de solución contra el hacinamiento, la salud,
devolver al sistema la reinserción social, la implementación de medidas
alternas de privación de la libertad, el incremento de funcionarios del cuerpo
de custodia y vigilancia y de personal administrativo, […] tal y como lo prevé
la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, donde ya planteó un
estado de cosas inconstitucionales, para realmente cumplir con los fines de la
pena y permitirnos cumplir con la misión y visión institucional.  ||  Exigimos
respeto y atención debida al sistema penitenciario y carcelario colombiano,
antes que ocurran desgracias, como las conocidas en sistemas como Chile,
Brasil, Honduras, Venezuela, donde lamentamos tantas muertes.”[1046]
De forma similar, la acción de tutela remitió el catorce (14)
de septiembre de dos mil doce (2012), copia del informe que el Comandante de
Vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Barrancabermeja, EPMSC BBJ, IJ. Arnulfo Caballero Carreño, le envió a la
Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio, con copia a la Procuraduría
Provincial y a Asuntos Penitenciarios Bogotá, en el que solicitó soluciones por
parte del INPEC en Bogotá. Dice el informe presentado,
“Comedidamente me permito
informarle [que] este establecimiento carcelario al día de hoy contamos con 652
internos con situación jurídica; condenados 264 y sindicados 388 por los
delitos de homicidio, secuestro simple y agravado, hurto calificado y agravado,
inasistencia alimentaria, lesiones personales, porte ilegal de armas y otros;
la capacidad que tiene este establecimiento para albergar internos es de 200 o
sea que tenemos un hacinamiento del 226%, este establecimiento está funcionando
hace 60 años, cuando era un colegio municipal y fue adaptado para
establecimiento carcelario, de los patios a la parte externa (calle), los
separa aproximadamente unos 80 cm que es la pared que los comunica al exterior,
si nos damos cuenta, albergamos internos de todos los grupos al margen de la
ley como son: AUC, Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, las conocidas hoy en
día como Bacrim y la delincuencia común, tenemos comandantes militares de los
grupos antes mencionados porque este establecimiento alberga internos que
vienen de la zona conocida como Magdalena Medio (San Pablo, Santa Rosa, Sur de
Bolívar, Simití, Puerto Wilches, Cantagallo, Sabana de Torres, Cimitarra,
Puerto Parra y otros), este centro carcelario sólo cuenta con 2 patios y 1 [uno]
pequeño  (para albergar máximo 24 internos) para albergar los 652 internos hay
problemas debido a esto como son por la salud porque CAPRECOM no presta los
servicios que debería prestar, problemas por convivencia por las ideologías de
cada grupo, tenemos internos que prestan colaboración eficaz con la justicia,
exfuncionarios públicos, tercera edad, [a] estos internos hay que albergarlos y
brindarles seguridad en estos patios; otro problema es el día domingo ya que se
incrementaron las visitas femeninas y quedan estos patios pequeñitos para la
gran cantidad de gente que se alberga e en los mismos en ese momento.  ||  Por
los motivos antes expuestos se han hecho con anterioridad solicitudes a la
Dirección Regional Oriente solicitando el traslado de internos pero nos han
contestado que ellos ya no tienen facultades para hacer este procedimiento, que
eso le toca a la División de Asuntos Penitenciarios de la Dirección General del
INPEC, se ha procedido hacerle solicitudes de traslado a esta división pero
durante el presente año no he recibido respuesta positiva alguna.
Veo que día tras día siguen
llegando internos y observo con preocupación que la Dirección General del INPEC
no nos quiere colaborar en deshacinar este establecimiento y los problemas al
interior del mismo, todos los días siguen incrementándose y no tengo sitio
donde alojar más internos para evitar problemas graves entre ellos mismos y con
eso evitarle a la institución y a nosotros estar comprometidos en situaciones
delicadas.”[1047]
6.2. Intervenciones (Expediente T-3805761).
6.2.1. El trámite de la acción de tutela fue adelantado por
el Tribunal Superior de Bucaramanga, institución ante la cual se había
tramitado previamente otra acción similar con propósitos parecidos. En aquella
oportunidad (el 12 de agosto de 2011) la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga resolvió confirmar la decisión de primera instancia (Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja) de negar la tutela de los
reclusos de la cárcel de Barrancabermeja invocados por el Defensor del Pueblo,
de la Regional Magdalena Medio. Para la Sala Penal del Tribunal, es evidente la
existencia del problema, pero también, que el mismo no puede ser solucionado
mediante acción de tutela. Dijo expresamente: “Es cierto, al punto que no
niegan los accionados que existe un problema de hacinamiento, pero también lo
es que la Alcaldía, Concejo Municipal y el INPEC está realizando labores con el
ánimo de lograr la construcción de un nuevo establecimiento carcelario, por lo
que no se puede de tajo concluir que los accionados se niegan a mitigar esa
situación. Además, conforme lo anota el a quo, es un problema que
requiere soluciones de fondo que se han intentado buscar desde hace mucho
tiempo y que involucra diferentes entes del Estado y una gran asignación
presupuestal, por lo que el Juez de tutela no es el autorizado para disponer
cuál es su corrección.”[1048]
6.2.2. El dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012),
el Ministerio de Justicia y del Derecho intervino en el proceso por intermedio
de Alejandro Gómez Jaramillo, para solicitar que se niegue la acción de tutela
y para que se declare la falta de legitimación por pasiva, en lo que al
Ministerio de Justicia y del Derecho se refiere.[1049] En esta oportunidad se
reiteraron los planes trazados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para
atender la crisis carcelaria.
Se hizo referencia (i) a las medidas de corto plazo,
incluyendo dentro de estas: (1) brigadas jurídicas,[1050] (2) redistribución de
la población condenada,[1051]
(3) la gestión de beneficios de libertad,[1052]
(3) censo carcelario,[1053]
(4) Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario,[1054]
(5) la entrega de la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios –SPC– de
todas las funciones administrativas,[1055]
(6) la ampliación de la lista de elegibles en el concurso de la Comisión
Nacional del Servicio civil,[1056]
(7) la salud en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.[1057]
En segundo lugar, la intervención hace referencia a
(ii) las medidas de mediano plazo. Dentro de estas incluyó las siguientes:  (1)
diseño de la política criminal,[1058]
(2) modificación del Código Penitenciario y Carcelario[1059] y  (3) la Comisión
Interinstitucional de Expertos para la revisión del Código Penal y del Sistema
Acusatorio.[1060]
Finalmente, en tercer lugar, la intervención hacer referencia a  (iii) las
medidas de largo plazo, dentro de la cuales se mencionan las siguientes: (1) el
plan 20 mil,[1061]
(2) el Convenio CAF[1062]
y  (3) Colonias agrícolas.[1063]
6.2.3. El diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012),
el INPEC intervino en el proceso de acción de tutela de la referencia por medio
de la Coordinadora del Grupo de Tutelas, Gloria Esperanza Maldonado. Al igual
que en los anteriores procesos, en esta oportunidad, solicita que se declare la
falta de legitimidad en la causa por pasiva, respecto del INPEC. Esto, por
cuanto se considera que el INPEC no es el directo responsable de las
violaciones a los derechos fundamentales invocados por el Defensor Regional del
Pueblo.[1064]
A su parecer, “[el] fenómeno de hacinamiento en los centros de reclusión
Colombianos es una problemática estructural del Estado, una situación crónica y
crítica que ataca el sistema nacional penitenciario y carcelario y que no
compromete sólo a la Dirección General del INPEC entrar a resolver, dada no
sólo por el crecimiento de la población carcelaria, sino por la misma política
criminal existente.” La intervención sostuvo al respecto lo siguiente,
“Con relación a la Pretensión de
hacinamiento de los establecimientos aludidos, es preciso informar al Despacho
Constitucional que esta problemática no sólo es de orden institucional, sino
que es una problemática del Alto Gobierno, por tanto su solución no sólo
compete a las autoridades penitenciarias, sino también a la misma política criminal
existente, generándose un incremento desmedido de la población carcelaria.  ||
Es importante poner en conocimiento que, conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial, el Establecimiento Carcelario de Bogotá y la Reclusión de Mujeres
de esta ciudad, serán cerrados y por ende los internos e internas que se
encuentran en éstos deben ser reubicados.
Dada la anterior situación y como
quiera que el Estado carece de recursos económicos para la construcción y
mantenimientos de nuevos establecimientos carcelarios, pero en aras de buscar
solución al problema de hacinamiento, el Ministerio del Interior y de Justicia
(sic) y el INPEC […] suscribieron el Convenio de Asesoría y Cooperación
Técnica con la Corporación Andina de Fomento, CAF, cuyo objeto principal es buscar
la consecución de 26.000 nuevos cupos para el año 2014, de los cuales de 9000 a
11.000 se asignarán al EPAMSCAS de esta ciudad, con la adecuación de su
infraestructura, los demás cupos se obtendrán en la incorporación y
construcción de 6 a 8 nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional.”[1065]
En su intervención, el INPEC indica que los impactos
que el hacinamiento produce en los derechos humanos de los internos, se
acabarían con esta ampliación de cupos. Al respecto, la intervención afirmó:
“Es pertinente indicar que la
falta de espacios para el desarrollo de actividades deportivas por parte de los
internos, así como también las posibles incomodidades a las que se encuentren
sometidos los funcionarios uniformados, se espera sean temporales, pues como ya
se señaló, el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, con la
creación de los nuevos complejos penitenciarios que se espera estén construidos
para el año 2014, pretende dignificar el sistema penitenciario, no sólo para el
personal recluso, sino también a los funcionarios  quienes prestan sus servicio
en dichos establecimientos.”
Se indicó que una de las estrategias para enfrentar el
hacinamiento es el traslado de los internos y que el INPEC ha colaborado en
ello, pero que tal camino es tan sólo una solución temporal, puesto que las
causas principales se siguen dando. Los cupos adicionales son necesarios. Dijo
al respecto,
“El INPEC ha asumido compromisos
para contribuir a la solución de la situación de hacinamiento, con la rotación
de internos sin liberación de cupos, sin embargo esta medida no está dirigida a
una solución de fondo debido al alto nivel de sobrepoblación a nivel nacional.
En los últimos meses del año inmediatamente anterior, el hacinamiento ascendió
a un 29.7% equivalente a 22.492 internos, sin contar con que en ese momento el
aumento de la población carcelaria era de 1.78% mensual y que seguirá
incrementándose de no darse una respuesta integral a los factores que lo
configuran.
Por otra parte, existen bastantes
solicitudes de traslado tendientes a descongestionar los establecimientos, sin
embargo, la inflación punitiva o crecimiento de la población carcelaria,
penalización de conductas con detención o prisión intramural, incremento de
disposiciones judiciales, concentración de grupos criminales en centros de
reclusión determinados, programas gubernamentales como justicia y paz,
repatriación, requerimientos de la Procuraduría, Defensoría y Personería para
descongestionar los establecimientos o para trasladar voluntariamente a los
internos a sus sitios de origen o de asentamiento familiar, hace más gravosa la
situación de sobrepoblación e inefectivas las medidas que se pueden tomar,
haciendo físicamente imposible cumplir los mandatos judiciales, dado el número
de establecimientos que cubre el territorio nacional que cuentan con capacidad
para albergar internos.”
Solicita que se cumpla lo establecido en el Decreto
1542 de 1997 y se propenda por una defensa en los procesos de los internos, en
la que predomine el trámite oportuno de subrogados penales, medidas
sustitutivas de las detenciones o prisiones intramurales y libertades
condicionales, lo cual contribuiría a disminuir el índice de hacinamiento.
Finalmente, con relación a la salud, se indicó que la
prestación del servicio de salud en el sistema penitenciario y carcelario es un
asunto que no compete directamente al INPEC. Sobre el particular se indicó,
“La Dirección General del INPEC
[…] [ve] que la ley faculta la organización del servicio de sanidad desde dos
ópticas:  1) a través del personal de planta, o  2) a través de contratos que
se suscriban con entidades públicas y privadas.  ||  Para tal efecto la Ley
1122 de 2007, artículo 14, literal m, indica que la población reclusa del país
se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual el
Gobierno Nacional indicará los mecanismos que permitan la operatividad, con el
único fin de que la población reclusa reciba adecuadamente los servicios y se
les garantice el goce efectivo del derecho a la salud. En consecuencia se
expidió el Decreto 1141 de 2009, que reglamentó la afiliación de la población
reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual fue modificado
por el Decreto 2777 de 2010, motivo por el cual se suscribió entre otros el
contrato 006 de 2011, que a la fecha está vigente.
Cabe destacar que el servicio de
sanidad también se encarga de velar por la salud de cada interno, a tal punto
que es imperativo practicarles un examen al ingresar al centro de reclusión y
cuando se decrete su libertad, de tal suerte que aquel servicio debe estar
interrelacionado con el de salud. De tal manera que con ello se cumple la
aplicación del principio de igualdad, previsto en el artículo 3 de la Ley 65 de
1993, el cual proscribe toda forma de discriminación, ello dentro del marco del
respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos
humanos universalmente reconocidos, que en todos los establecimientos del país
debe prevalecer a la luz del artículo 5 del ibídem.
[…]  ||  Ahora bien, de otra parte
tenemos que la Ley 1444 de 2011 artículo 18 literales e y f le otorgó al
Presidente de la República facultades extraordinarias para crear entidades u
organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y para fijar sus objetivos y
su estructura, con base en esta facultad se creó mediante Decreto 4150 del 03
de noviembre de 2011, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC
[…]
Para garantizar el Derecho de
segunda generación, salud a la población interna y en cumplimiento de los
dispuesto en el Decreto de escisión del INPEC, 4151 de 2011, el 3 de julio de
2012 se celebró el Consejo Directivo Extraordinario del INPEC cuyo único punto
a tratar fue el de decretar la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria a la luz
del artículo 168 de la Ley 65 de 1993, previa solicitud de concepto favorable
al señor Ministro de Justicia y del Derecho, Consejo Directivo donde se decidió
por unanimidad:  ||  No aprobar el plan de choque diseñado por la Dirección
General del INPEC – Emergencia Penitenciaria y Carcelaria.  ||  ‘Acoger la
solución planteada por la doctora Marcela Sabogal, funcionaria del Ministerio
de Salud y por el doctor Carlos Mario Ramírez, Viceministro de Salud, actual
Director (e) de CAPRECOM.  ||  Para este efecto, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –SPC– contratará la presentación del servicio de
salud intramural con CAPRECOM a partir del 16 de julio del presente año.  ||
La unidad contará con el apoyo de la doctora Marcela Sabogal y dos funcionarios
más el Ministerio de Salud; así como con el apoyo del Subdirector (e) de
atención en salud del INPEC, doctor Luis Ernesto Beltrán y con el apoyo de los
funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Como consecuencia de lo anterior,
igualmente se decidió que el INPEC inicie los trámites pertinentes ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que el presupuesto asignado al
INPEC para la prestación del servicio de salud intramural, correspondiente a
$3.924.000.000 pueda ser trasladado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –SPC–, advirtiendo que mediante el Decreto 0911 del 3 de mayo de
2012 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasladó los recursos del
INPEC  $60.739.390.239.oo a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, SPC, de los cuales $16.787.000.000 son para la implementación del
sistema integral de salud en el Sistema Penitenciario.
[…]  ||  En consecuencia le
solicito al señor Juez Constitucional que en aras de asegurar la legitimación
en la causa por pasiva dentro del trámite de la acción de tutela materia de
estudio, requerir a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en
consideración a la competencia funcional que le asiste, a partir del Decreto
4150 de 2011, a que el presupuesto para la cobertura de salud intramural de los
internos se les trasladó mediante el Decreto 0911 del 3 de mayo de 2011 y a la
decisión del Consejo Directivo extraordinario celebrado el 3 de julio del
presente año plasmada en el acta N° 04 de la misma fecha.”
La intervención remitió al proceso, copia del Acta N°
004 del tres (3) de julio de dos mil doce (2012), del Consejo Directivo del
INPEC, con ocasión de la grave crisis carcelaria, especialmente en materia de
prestación del servicio de salud.[1066]
La situación fue presentada en los siguientes términos,
“El doctor Luis Ernesto Beltrán y
el TC (r) José Fernando Velásquez Leyton realizaron una presentación de los
contratos N° 006 de administración de recursos y aseguramiento del régimen
subsidiado del sistema general de seguridad social en salud aseguramiento del
régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud y N° 092 de
2011 de prestación de servicio de salud POS-S de baja complejidad a la
población reclusa que se encuentra en los establecimientos de reclusión en las
áreas de sanidad de los establecimientos de acuerdo con los modelos de atención
previamente concertados, suscritos entre CAPRECOM y el INPEC. Asimismo,
informaron de las continuas deficiencias que se vienen presentando en la
prestación del servicio, situación que se puede comprobar por la gran cantidad
de trámites de tutela atendidos por el instituto por el tema de la salud, los
cuales ascienden a 811 acciones de tutela y 551 incidentes de desacato en lo
que va corrido del año 2012, una suma considerables si se compara con las 937
acciones de tutela y 188 incidentes de desacato atendidos en el año 2011.
Los funcionarios del INPEC
señalaron que las deficiencias en la prestación del servicio de salud se ha
agudizado en los últimos días ya que en el mes de mayo de 2012, los
establecimientos de reclusión presentaron insuficiencia en la red de servicios,
en el suministro de medicamentos y en el suministro de insumos
médico-quirúrgicos, debido a que la prestación de los servicios por parte de
los profesionales contratados por la mencionada EPS para la atención intramural
de los internos se ha realizado a media marcha por la falta de pago al personal
médico durante los meses de abril y mayo de 2012 y por la falta de insumos de
trabajo, lo cual solamente ha permitido atender urgencias.
Los expositores pusieron en
conocimiento del Consejo que a través de oficio N° DG1000-030/2012 del 20 de
junio de 2012, el Director (e) de CAPRECOM informó al señor Ministro de
Justicia y del Derecho y al Director General del INPEC ‘que a partir del 1 de
julio de 2012 le es imposible a CAPRECOM garantizar la normal prestación del
servicio del recurso humano intramural’, pero que continuarán asumiendo el
recurso humano de los modelos de atención concentrados en los catorce
establecimientos de reclusión por UPC.  ||  Igualmente informaron que CAPRECOM
dio alcance a este oficio, para proponer que el contrato N° 092 de 2011 fuera
prorrogado hasta el 15 de julio del presente año, ofrecimiento que ha sido
aceptado por el INPEC por la situación de crisis que se presenta actualmente en
la mayoría de los establecimientos de reclusión.
[…] el Director General del INPEC
[…] presentó la siguiente propuesta:  Decretar el estado de emergencia
penitenciaria y carcelaria establecido en el artículo 168 de la Ley 65 de 1993,
para lo cual el Instituto ha iniciado el trámite dispuesto en la citada norma y
diseñó un plan de choque consistente en contratar directamente a través de los
directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios el recurso humano
que prestaría el servicio de salud intramural de acuerdo al modelo implementado
por CAPRECOM EPS-S.
La doctora Marcela Sabogal,
funcionaria del Ministerio de Salud, planteó la posibilidad de que la
prestación del servicio de salud intramural continúe a cargo de CAPRECOM por
seis (6) meses más, entidad que prestaría el servicio a través de las redes
hospitalarias de orden territorial o empresas sociales del estado, ESES,
quienes han expresado al Ministerio de Salud que existe una alta posibilidad de
contratar el recurso humano ajustado a los modelos con que viene presentando el
servicio CAPRECOM EPS-S a la población interna, para lo cual FOSYGA giraría los
recursos directamente a estas IPS. Dichas entidades territoriales de salud
suministrarían el recurso humano, los medicamentos e insumos y los apoyos de
diagnósticos de acuerdo con las necesidades de los internos.
El viceministro de Salud, Doctor
Carlos Mario Ramírez Ramírez Director General (e) de CAPRECOM, complementa la
explicación de la alternativa presentada por la Doctora Marcela Sabogal,
indicando que no se requiere realizar ningún convenio con los hospitales o ESES
y que esta medida permitiría que la prestación del servicio de salud intramural
se regulariza en 15 con la utilización de la red pública. Adicionalmente,
propone que no se separen los 14 establecimientos que se encuentran incluidos
dentro del contrato N°006 de 2011, sino que se unifique la atención en los 142
establecimientos y las 11 unidades de reclusión militar y de policía.
[…]
Las propuestas presentadas son
sometidas a consideración de los miembros del Consejo Directivo, quienes por
unanimidad decidieron lo siguiente: Acoger la solución planteada por la doctora
Marcela Sabogal, funcionaria del Ministerio de Salud y por el doctor Carlos
Mario Ramírez Ramírez, Viceministro de Salud, actual Director (e) de CAPRECOM.
||  Para este efecto, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC–
contratará la prestación del servicio de salud intramural con CAPRECOM a partir
del 16 de julio del presente año.”
El INPEC también participó a través de la Directora Regional
de Oriente, María Alexandra García Forero, para solicitar que se declare la
improcedencia de la acción de tutela. Indicó que “[…] el trámite
administrativo dispuesto por el INPEC para las solicitudes de traslado que
elevan los internos, debido que frente a la facultad de traslados de internos
que le asiste al INPEC por mandato legal, la Regional Oriente carece de
competencia para ordenar el traslado de internos.  ||  Así las cosas, en
primera instancia se aclara que la Dirección Regional Oriente, INPEC
Bucaramanga y el EPMSC Barrancabermeja carecen de competencia para ordenar el
traslado de internos, se tiene que en resolución N° 001203 del 16 de abril de
2012, la cual derogó resoluciones N° 8488 de 2008 y 1836 de 2006; la Dirección
General del INPEC es el competente para ordenar el traslado de internos.”[1067]
6.2.4. La Gobernación de Santander participó en el proceso
de acción de tutela, por intermedio del Secretario del Interior, Guillermo
Enrique Gómez París, para solicitar que se declare que la Gobernación no es
responsable de las violaciones a los derechos fundamentales de las personas
recluidas en la cárcel de Barrancabermeja.[1068]
Luego de hacer referencias a las normas de carácter reglamentario que se
ocupan de la materia, indicó,
“En los archivos de los últimos
años que reposan en la Gobernación de Santander no se encontró solicitudes
radicadas por parte del INPEC y/o Centro Penitenciario de Barrancabermeja para
realizar inversión de recursos para la adecuación del centro. La Gobernación ha
estado siempre atenta a atender las solicitudes presentadas por el INPEC, en lo
concerniente al fortalecimiento de los centros carcelarios.  ||  Las inversiones
adelantadas por la Gobernación de Santander en favor de los centros
carcelarios, han sido las siguientes:
1. Implementación de acciones en
captación laboral, salud, educación, recreación y cultura a la población
recluida en centros carcelarios y/o penitenciarios y en detención domiciliaria
perteneciente a estratos bajos, en el departamento de Santander, por un valor
de $50.000.000.
2. Implementación de actividades
promotoras de expresiones artísticas y culturales para los internos de la
cárcel modelo en el municipio de Bucaramanga, por un valor de $20.000.000.
3. Apoyo a la promoción y
fortalecimiento de expresiones artísticas y culturales de los internos de la
cárcel Modelo en el Municipio de Bucaramanga.
4. Capacitación para las internas
del establecimiento carcelario de mujeres del municipio de Bucaramanga.
5. Capacitación y fortalecimiento
de espacios con visión empresarial para 100 internas de la cárcel el Buen
Pastor del Municipio de Girón.
6. Proyecto de capacitación para
las internas del establecimiento carcelario de mujeres del municipio de
Bucaramanga.
7. Apoyo a la formación laboral
para la resocialización de los internos de la Cárcel Modelo de Bucaramanga,
Departamento de Santander.
Para el mes de noviembre del año
en curso se ejecutará el proyecto ‘Apoyo a la promoción en salud para los
internos de las Cárceles del Departamento de Santander’.”
6.3. Primera decisión de primera instancia, anulada
posteriormente (Expediente T-3805761). El veintitrés (23) de octubre de dos
mil doce (2012), la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió
negar la tutela invocada, por considerar que se trata de asuntos que escapan a
las competencias del juez de tutela. Por eso, el Tribunal indica que “[…]  pese
a la crisis que afronta el centro carcelario, el medio para solucionarla no
está en la acción de tutela ya que medidas administrativas como el traslado de
internos, la construcción de centros carcelarios, contratación de funcionarios
públicos o ejecución de obras de remodelación, son decisión que superan el
espectro de posibilidades del juez de tutela, siendo la acción popular la vía
expedita e idónea a utilizar en aras de lograr tal cometido.”[1069]
Esta decisión, como se indicará posteriormente, fue anulada por la Corte
Suprema de Justicia el cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012), y remitió
el expediente a los Juzgados de Circuitos.
6.4. Impugnación y nuevas intervenciones (Expediente
T-3805761).
6.4.1. Un día después de proferido el fallo del Tribunal, la
Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario,
Barrancabermeja, Balentina Rodríguez Angarita, intervino en el proceso de
acción de tutela. Solicitó que se declarara improcedente la acción pública de
tutela promovida por el Defensor Regional del Pueblo, por cuanto “[…] el EPMSC-Barrancabermeja,
adscrito al INPEC, no ha vulnerado los derecho fundamentales de los internos de
este reclusorio”.[1070]
6.4.1.1. La intervención solicitó, en primer término, que
se considere la posibilidad de rechazar la acción de tutela y advertir que se
trata de una acción temeraria.[1071]
Se adjuntó copia de la sentencia que resolvió la acción de tutela anterior por
las mismas razones y con base en los mismos hechos.[1072]
6.4.1.2. A continuación se refirió a las condiciones de la
Cárcel, a las cuales hizo alusión la acción de tutela que se presentó
nuevamente, en caso de que se considere pertinente su análisis. La descripción
se realizó en los siguientes términos,
“El EPMSC-Barrancabermeja […] hace
parte integral del denominado Palacio Municipal en el que funciona actualmente
algunas dependencias de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.  ||  […] se
encuentra separado físicamente de las dependencias de la Alcaldía de este
municipio, con el lleno de los protocolos de seguridad respectivos para este
tipo de establecimientos.
Para efectos de la vigilancia y
custodia del personal de internos, se divide estructuralmente en cuatro (4)
patios a saber:  a) el patio especial;  b) el patio N° 1,  c) el patio N° 2 y  d)
el patio N° 3.  ||  Si bien la construcción de la edificación en comento cuenta
con varias décadas, también es cierto, que ésta ha sido objeto de varias
remodelaciones y adecuaciones realizadas por el INPEC.
La capacidad máxima instalada para
alojamiento ‘cómodo’ de internos es la que menciona el accionante, pero
en cuanto al número de internos que permanecen recluidos en este panóptico, a
la fecha de impetrarse la acción pública, no corresponde exactamente a la
citada por el abogado Gordon Chaparro, por cuanto en todas las penitenciarías y
cárceles de la República existe una ‘población flotante de internos’ que hace
que este dato fluctúe de un día a otro, […].
Así las cosas, la población
carcelaria de todo el panóptico, para efectos administrativos de su
permanencia, se clasifica en dos: la fija o estable y la flotante o transeúnte;
y en consecuencia, es una apreciación superficial el tomar nota del número de
internos que están un día, sin detallar el número de internos que hacen parte
de la población carcelaria flotante, pues, reitero, éstos ingresan por unos
pocos días, mientras atienden las diligencias judiciales en la que se necesita
su comparecencia, e inmediatamente son remitidos a los centros carcelarios de
origen.”
6.4.1.3. Para la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja,
el hecho de que la acción de tutela no se refiera a un número específico de
internos en un determinado momento en cuanto al patio especial, impide saber si
en algún momento hubo o no hacinamiento.  Dice al respecto: “Lastimosamente,
para la claridad fáctica que demanda esta acción pública se requería
necesariamente, que el accionante hubiera indicado exactamente el número de
internos que supuestamente tenía dicho patio en algún momento específico del
tiempo; para poder entrar a corroborar la información y acceder al derecho de
réplica, garante del derecho de defensa y así hubiera demostrado si en dicho
patio, en alguna fecha específica, se presentó ‘hacinamiento’; pero
lastimosamente ello no ocurrió, siendo evidente que el accionante no aportó
material probatorio que demuestre al señor juez constitucional, que los hechos
narrados por él, son ciertos.”
Los documentos presentados por la Directora de la Cárcel
muestran que el servicio de salud se encontraba en graves condiciones, incluso
en septiembre de dos mil doce (2012), lo cual, claramente, afectaba el derecho
fundamental de las personas recluidas en ese Establecimiento.[1073]  Pero, incluso ahora
que ha mejorado, persisten problemas estructurales.[1074]
6.4.1.4. Para la Directora de la Cárcel sí existieron
problemas con la prestación del servicio de salud, pero a su juicio eso es algo
del pasado por cuanto el asunto ya fue superado.[1075] En cuanto al
deficiente stock de medicamentos, dice que es cierto que es precario,
pero que ello es así para que no se pierdan por vencimiento; en todo caso,
afirmó, se requieren pocos medicamentos pues as su parecer la regla general en
su cárcel ‘es el buen estado de salud’.[1076]
No obstante se reconoció que “[es] cierto que la falta de contratación de
una operaria para el aseo del área de la salud. De acuerdo al esquema de salud
de CAPRECOM, falta el suministro de una higienista oral y una auxiliar
administrativa”.  Indicó que se han atendido siete (7) casos de varicela,
pero que se han tomado las medidas de necesarias y adecuadas para atenderlos.
6.4.1.5. En relación con las condiciones de salubridad de la
alimentación se consideró que sí se encontraban las canecas tal como el
accionante lo había señalado, pero que tal situación cambió. Dijo la Directora
de la Cárcel de Barrancabermeja al respecto: “Es cierto que en los
alrededores del Rancho se encontraban a la fecha de radicación de la acción de
tutela que nos ocupa, las canecas de la basura, toda vez que el espacio donde
funciona el Rancho es muy reducido. Sin embargo, a la fecha de contestación de
la acción pública de tutela, ya se han realizado varias mejoras y
remodelaciones físicas en esta área del EPMSC-Barrancabermeja, que mejoraron el
manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, pues se ubicaron en mejor sitio, en
un área especial a las afueras del Rancho, con grandes canecas con sus
respectivas tapas.”
6.4.1.6. Consideró que la acusación con relación a la UTE
(Unidad de Tratamiento Especial) era cierta cuando se presentó la primera
acción de tutela, un año antes. Pero consideró que ahora era un acusación falsa,
pues en razón a que “[es] cierto que dichos cubículos no cuentan con
baterías de baño internas […] desde el año anterior no se recluye de
manera permanente a ningún interno allí […].”  Reconoció la escasez de
inodoros, pero indicó que la situación no es tan dramática, pues hay unos
orinales que también se pueden usar las veinticuatro (24) horas. Dice la
Directora: “El señor Defensor del Pueblo, Regional Magdalena Medio hace una
descripción de los Patios N° 1 y 2, en los que expone la composición física de
los mismos, la cual considera insuficiente en cuanto a celdas, inodoros,
duchas, lavaderos, lavamanos, los cuales narra que están en regular estado, no
dando abasto a los 652 internos que menciona.  ||  El accionante omitió
informar la existencia de los ‘baños orinales’, los cuales descongestionan
enormemente los inodoros. Con relación a los inodoros, duchas, lavaderos y
lavamanos la información suministrada por el accionante es cierta en cuanto al
número, pero ha de tenerse en cuenta que ellos están disponibles para los
internos las veinticuatro (24) horas del día, por cuanto las celdas nunca se
cierran, lo cual facilita el uso de los mismos, por turnos que los mismos
internos asignan.  ||  Aunado a lo anteriormente acotado, debe tenerse
en cuenta que el personal interno del EPMSC-Barrancabermeja, en razón del
cumplimiento físico de la condena o medida de aseguramiento, cuenta con el
tiempo suficiente para someterse al programa de turnos que los mismos internos
fijan.”
6.4.1.7. La Directora de la Cárcel de Barrancabermeja
reconoció que sí ocurre en ocasiones que la población de reclusos tenga que
dormir a la intemperie. Dijo al respecto: “En lo concerniente a la denuncia
que en el patio 2 algunos internos duermen en carpas ubicadas a la intemperie,
es parcialmente cierto, en la medida que la población carcelaria fluctuante,
tiene que dormir en colchonetas móviles ubicadas en los pasillos o corredores
al interior de este patio 2, y para guarnecerse de la lluvia, los internos
arman carpas móviles en épocas de lluvia.  ||  Dormir bajo techo es una
necesidad sentida en este panóptico, pero ello se ha presentado por el
incremento desproporcionado de personas que tienen que enfrentar procesos
judiciales, siendo los recursos asignados por el Gobierno Nacional,
insuficientes para suplir todas y cada una de las necesidades de la creciente
población carcelaria, la cual se incrementa a pasos agigantados, de manera
desproporcionada con la construcción de nuevas penitenciarías, no dando abasto
para atender este problema de Estado. Sin embargo, a pesar de las limitaciones
presupuestales del INPEC, la dirección del EPMSC-Barrancabermeja realiza
gestión ante la Alcaldía del Municipio de Barrancabermeja para obtener auxilios
que se destinan a trata de mejorar las condiciones de vida de los internos de
este penal.” También hizo relación a la cárcel que el Ministerio de
Justicia proyecta construir con una capacidad de cuatro mil quinientos (4500)
internos, en el municipio de Sabana de Torres, Santander.
6.1.4.8. Para la Directora de la Cárcel la delincuencia no
ha aumentado sino disminuido, a su parecer el proceso de resocialización ha
sido exitoso. Dijo al respecto: “[…] las estadísticas de delincuencia
intramural arrojan un saldo inmejorable para el año dos mil diez (2010), dos
mil once (2011) y dos mil doce (2012), muchísimo mejor que los años anteriores,
donde los desórdenes internos fueron continuos a finales del siglo XX y la
primera década del siglo XXI; situación que nos permite concluir que a pesar de
tantas limitaciones económicas que enfrenta el INPEC, la resocialización de los
internos ha sido exitosa, por lo menos, en cuanto a la no reincidencia en el
delito, mientras están cumpliendo las medidas de aseguramiento para los
imputados y acusados, o la pena principal de prisión para los condenados.”
6.4.1.9. La Directora reconoce que el espacio para los
abogados defensores es bastante pequeño y precario. No obstante indica que sí
existe, y que, en cualquier caso, su mejora podría implicar una violación a la
igualdad con aquellas personas que tienen un abogado contratado, caso en el que
no se exige reglamentariamente tener dicho espacio. Dice al respecto la
intervención:  “Las instalaciones de nuestras oficinas […], unas son
cómodas pero otras no; pero para analizar este ítem, ha de tenerse en cuenta,
que dentro del sistema nacional de establecimientos carcelarios y
penitenciarios de la República de Colombia, este establecimiento está diseñado
conforme al tamaño de la ciudad, y por ello, es una cárcel pequeña, y dentro de
ese contexto fueron concebidas el tamaño de sus oficinas”; y añade “[es] cierto
que esta dependencia es pequeña, situación que ya fue advertida por la
Dirección Nacional del INPEC y por ello, para el año 2012, por gestión hecha
por esta Dirección Nacional a la Alcaldía Municipal […] asignó una
partida para la construcción de una nueva oficina, y las obras iniciarán
pronto; para mejorar así el servicio de atención a los abogados defensores
contractuales y del sistema nacional de defensoría púbica, funcionarios
judiciales, representantes del Ministerio Público y demás usuarios
(restringidos) del servicio.”
Respecto al estado actual del lugar de reunión entre las
personas internas y los defensores públicos, la Directora de la Cárcel dice en
su intervención;
“El mismo accionante reconoce que
[se les] tiene asignado un espacio en la dependencia de la Pagaduría, donde
cuenta con una mesa y silla para atender a los internos que apoderan; siendo
esta parte fáctica cierta, pues la Dirección de este Centro unilateralmente lo
dispuso […], para que la Defensoría del Pueblo tenga un sitio de trabajo
permanente, en especial, para el (la) abogado(a) que en representación de la
Defensoría […] tramita todas las solicitudes de los beneficios administrativos
a los que tienen derecho los internos que reúnan los requisitos objetivos y
subjetivos que dispone la normatividad vigente.
La asignación del sitio, al igual
que los muebles de oficina efectivamente fueron puestos a disposición de la
Defensoría del Pueblo, por parte de la Dirección de este penal, lo cual se hizo
gustosamente, y con el ánimo de brindar una colaboración eficaz a la barra de
abogados del sistema nacional de defensoría pública;  a pesar de que no
estamos obligados legal ni reglamentariamente a ello, aspecto fáctico que
por sí mismo, nos llama hartamente la atención la posición que adopta el señor
Defensor del Pueblo, quien a sabiendas que no estamos obligados a asignarles
oficinas dotadas a los abogados defensores al interior del Penal; a pesar de
ello, lo hicimos y con mucho agrado, para que en la hora de ahora se nos
pretenda enrostrar que los recursos puestos a disposición, son modestos, y que
están localizados en la oficina de la pagaduría.
A la fecha de presentación de este
libelo, las leyes, los reglamentos y los protocolos de seguridad que rigen a
los establecimientos penitenciarios y carcelarios de todo Colombia
administrados por el INPEC, impiden que les sea asignado oficinas dotadas a los
abogados defensores contractuales, ni discriminatoriamente a los abogados
defensores de la defensoría pública, contrario a lo que entiende el respetado
Defensor del Pueblo.
[…]
A título conciliatorio, esta
Dirección propone que la Defensoría del Pueblo siga utilizando el espacio
físico asignado en la dependencia de la Pagaduría y asigne sus propios muebles
de oficina (escritorio y silla) para sus abogados.”
6.4.1.10. La Directora de la Cárcel de Barrancabermeja
indicó que en la defensa de los internos, cuenta con el apoyo de estudiantes
universitarios de final de carrera; a su parecer “[las] labores del área jurídica
se desarrollan con el apoyo de los estudiantes de los últimos semestres de la
Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional
Barrancabermeja, que hacen sus consultorios jurídicos, aunado a los estudiantes
que realizan su práctica de judicatura de las Facultades de Derecho de varias
Universidades del país.”
6.4.1.11. La Directora de la Cárcel se refiere a los
problemas de la guardia en dos sentidos. Con relación a su situación de
hacinamiento y al supuesto bajo número que la compone. Dijo que, decir que la
guardia de la Cárcel “[…] se encuentra en hacinamiento, [es una] afirmación
falsa. Cada miembro de la guardia tiene asignado su propio camarote. Los que
duermen en el piso es porque quieren, ya que acuden a dormir a un salón del
EPMSC […] que está dotado de aire acondicionado con mejor capacidad de
enfriamiento que la de las habitaciones.  ||  Con relación al supuesto
escaso número de guardianes es una apreciación subjetiva del actor, pues debe
tenerse en cuenta que los guardianes cuente con entrenamiento especial, dotados
de bastón de mando, y el personal de guardia que está fuera de los patios está
dotado de armas de fuego de dotación oficial que permiten el control de
cualquier interno de fuga. Aunado a lo anterior, se cuenta con el apoyo directo
de la Policía Nacional, entidad que tiene puesto a escasas cuadras del
panóptico, con capacidad de reacción inmediata.”
6.4.1.12. Se reconoció el limitado espacio para el deporte y
la recreación, pero se indicó que se tenían programas de gimnasia, campeonato
de banquitas, de voleibol y de microfútbol, además de varios juegos de mesa
(cartas, parqués, dominó y damas chinas).
6.4.1.13. En cuanto a las visitas conyugales y el derecho a
la intimidad se dijo: “Disiento de la apreciación del señor Defensor del
Pueblo, en el sentido que la visita conyugal se lleva a cabo en condiciones de
degradación humana, ya que el hecho que las relaciones se cumplan en las celdas
de los internos y no en otra habitación, cama, lavado de sábanas y fundas,
etc.), ello por sí mismo no puede considerarse como degradante; por cuanto,
reitero estas se llevan a cabo al interior del dormitorio de cada internos a la
intimidad de cada pareja, siendo responsabilidad del interno que accede a este
derecho, el de mantener debidamente aseado y limpio el lecho donde mantendrán
la relación con su pareja.  ||  En este caso el interno se adapta a la
limitación de los recursos con los que administra [la Cárcel], pero por ello no
se pierde la privacidad que echa de menos el señor Defensor del Pueblo Regional
Magdalena Medio.  ||  Sería un anhelo […] propiciar que el
interno mantuviera sus relaciones íntimas con su pareja en sitios especiales,
pero ello no es posible en este centro de reclusión por múltiples factores,
principalmente por el espacio físico reducido, el galopante incremento de la
población carcelaria de manera desmesurada y por supuesto, las conocidas
limitaciones presupuestales del Estado; sin embargo, optimizando nuestros
limitados recursos, propiciamos que la esencia familiar se conserve a pesar de
las restricción al derecho a la locomoción del interno.”
6.4.1.14. Para la Directora del a Cárcel, el acervo probatorio
tenido en cuenta por el Defensor del Pueblo “[…] es obsoleto, en la medida
que corresponde a información tomada hace más de un año, en la primera acción
de tutela por él interpuesta, y sobre muchos de los aspectos denunciados, el
[Establecimiento] ya ha tomado correctivos, tales como remodelaciones de la
infraestructura en el área de salud, reorganización del Rancho, reparaciones
locativas, ingreso de ventiladores de propiedad de los internos, mejoramiento
de la prestación del servicio de salud, a cargo de CAPRECOM, proyección en la
ampliación de la oficina jurídica, asignación de aspecto físico y mobiliario
para el sistema nacional de Defensoría Pública.”
6.4.2. El Defensor Regional del Pueblo impugnó la decisión
de primera instancia (que posteriormente sería anulada) de forma breve y
sucinta, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil doce (2012).[1077]
6.5. Anulación de la decisión adoptada por el Tribunal
Superior de Bucaramanga en primera instancia y nuevas intervenciones
6.5.1. El cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012), la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió entre otras cosas, “decretar
la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó el trámite de esta
demanda, sin perjuicio de la validez de las pruebas.”[1078] Para la Corte Suprema,
“[…] las accionadas son entidades descentralizadas del nivel nacional y por
ello, las demandas de tutela dirigidas en su contra son de conocimiento, en
primera instancia, de los Juzgados del Circuito.” La Corte Suprema advierte
en su decisión que anula todo lo actuado, a pesar de los perjuicios generados
sobre los derechos de los accionantes y sobre su protección efectiva, por
cuanto no se debe desconocer la reglamentación sobre el reparto, a su juicio “[…]
toda vez que su inobservancia resta eficacia a la Administración de justica
de cara a proteger los derechos fundamentales, pues no se puede olvidar que el
Decreto 1382 de 2000 fue expedido por la necesidad cierta de ‘racionalizar y
desconcentrar el conocimiento de las demandas de tutela.”
6.5.2. La Gobernación de Santander, por medio del Secretario
Departamental del Interior, Carlos Ibáñez Muñoz, intervino en esta nueva etapa
del trámite, para reiterar lo dicho ante el juez de primera instancia y, en
consecuencia, solicitar que se niegue la acción de tutela presentada y que se
declare que la Gobernación no es responsable de los hechos que hayan causado
las violaciones de derechos fundamentales, en caso de que las mismas sean
constatadas. Se hizo referencia, además, a las acciones realizadas, tales como
apoyo a la promoción de la salud, a la reparación y adecuación de centros
carcelarios, apoyo al trabajo comunitario y dotación de kits de aseo personal
para apoyar la promoción de salud.[1079]
6.5.3. La Directora de la Regional Oriente, INPEC, María
Alexandra García Forero, intervino para solicitar que se declare que no son
competencias de esta dependencia las acciones que se requieren para enfrentar
la crisis carcelaria, sino la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario
–SPC–. Se adjuntó también una copia de una comunicación remitida por dicha
Directora Regional al Defensor del Pueblo Regional, en la que le indica, el veintiséis
(26) de septiembre de dos mil doce (2012), “[…] que al Establecimiento de
Barrancabermeja se le ha trasladado un total de 32 internos y se le tiene
pendiente trasladar un total aproximado de cien (100) internos más.”
6.5.4. El Ministerio del Interior, mediante el Director de
Política Criminal y Penitenciaria, Alejandro Gómez Jaramillo, intervino en esta
nueva etapa del proceso (el 18 de diciembre de 2012), para solicitar que se
niegue la acción de tutela.[1080]
En esta oportunidad se hace referencia nuevamente a las acciones que se tienen
planeadas a corto, mediano y largo plazo.
6.5.5. El diecinueve (19) de diciembre, la Directora de la
Cárcel de Barrancabermeja, Balentina Rodríguez Angarita, presentó nuevamente
estos argumentos, a manera de respuesta a la impugnación presentada por la
Defensoría del Pueblo a la decisión de instancia del Tribunal Superior de
Bucaramanga.[1081]
6.5.6. El dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013),
el municipio de Barrancabermeja intervino mediante apoderada en el proceso para
indicar las propuestas que ha hecho con relación a la crisis carcelaria,
dejando en claro que sólo puede actuar en coordinación y de acuerdo con lo
dispuesto por las autoridades competentes.[1082]
Dijo al respecto,
“El Municipio de Barrancabermeja,
a través del despacho del señor Alcalde, consciente de la problemática que
existe en los centros carcelarios del país, y especialmente en el de la
penitenciaria de esta ciudad, ha efectuado el ofrecimiento de un lote de
terreno para que se lleve a cabo la reubicación del mismo, de acuerdo con las
especificaciones que actualmente se requieren; con la capacidad para albergar y
atender a los reclusos de la ciudad y de los municipios vecinos.
[…]  ||  el Municipio […] se
encuentra en disposición de acoger e implementar las directrices que el
Ministerio de Justicia y del Interior disponga, a efecto de que se ejecute la
obra que satisfaga las necesidades de las personas privadas de la libertad  en
la penitenciaria de Barrancabermeja, razón por la cual se encuentra inscrito
en el banco de proyectos de inversión municipal, conforme a la certificación
expedida por el jefe de la oficina asesora de planeación municipal y la
solicitud del señor Secretario de Gobierno de la ciudad”
La intervención hace una relación de los actos que la
Administración Municipal desde el diecisiete (17) de diciembre de dos mil cinco
(2005) hasta el día de hoy, para poder conseguir un terreno que se pueda
destinar para la Cárcel. Los últimos acontecimientos fueron los siguientes,
“[…] en conversación sostenida por
el Consejero de Seguridad con el Ingeniero Juan Carlos Paredes fue informado
que dicho proyecto junto con el diseño adelantado será expuesto por el INPEC en
la Presidencia de la República, por ser considerada Barrancabermeja como ciudad
piloto para la ejecución de macroproyectos por el gobierno nacional.
Mediante gestión realizada por la
administración municipal, representantes del Concejo Municipal y dos
congresistas se hizo presente en la ciudad de Barrancabermeja el señor
Viceministro de Justicia con el Director de la Unidad Carcelaria y
Penitenciaria el día 21 de septiembre, acordándose estudiar el tipo de centro
carcelario bien fuera de mínima, mediana o alta seguridad para proyectar el
tipo de infraestructura a construir para la región, también se acordó la
verificación del predio Palotal, pero adicionalmente por solicitud del Alcalde
Municipal, Dr. Elkin Bueno se abrió la alternativa de analizar la posibilidad
de obtener otro predio en jurisdicción del Municipio de Sabana de Torres,
previa conversación sostenida por parte de los dos Alcaldes.
El día 19 de octubre se hizo
visita en el sector de Sabana de Torres y de la Fortuna por parte de la Unidad
Penitenciaria y Carcelaria del Ministerio de Justicia y una comisión de la
Oficina de Planeación Municipal recogiendo información sobre la viabilidad de
una posible área a seleccionar por parte de la Unidad respectiva. Todo lo
anterior basado en que el Ministerio de Justicia, entidad competente, requiere
tener un incremento importante de cupos para combatir el problema de
hacinamiento no sólo en Barrancabermeja sino regional y nacional.”
6.6. Decisión de instancia (Expediente T-3805761).
El veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), la Juez
Tercera Penal del Circuito de Bucaramanga resolvió declarar improcedente la
acción de tutela presentada por el Defensor Regional del Pueblo con ocasión de
las violaciones a los derechos fundamentales de las personas internas en la
Cárcel de Barrancabermeja, por considerar que es un asunto que no puede ser
resuelto por el juez de tutela.[1083]
Dijo en su sentencia.
“[…] para el caso concreto se
encuentra que si bien el catálogo de problemas puesto de presente por el
accionante en el establecimiento carcelario de Barrancabermeja –y que no
difiere mucho del de los demás panópticos del país–, resulta a todas luces
escabroso, tanto por las cifras como por los registros fotográficos allegados;
lo cierto es que las nobles pretensiones del libelista no están llamadas a
prosperar por esta vía jurisdiccional, en la medida que para solucionar las
complicaciones del sitio de reclusión, esta sede de tutela debería disponer –si
bien no de forma expresa, más sí tácita– de la destinación de erario hacia el
sector penitenciario –entendido no sólo de las personas internas sino también
del personal de guardia–, convirtiéndose en determinador de la prevalencia de
una arista de la sociedad sobre las otras, es decir, anteponiendo la solución
de los asuntos carcelarios a los de otros sectores sociales, verbi gracia, al
educativo, al laboral, al de la población infantil, desplazados, damnificados,
madres cabeza de familia, discapacitados, etcétera.
Y es que en efecto, si este
despacho accediera a las pretensiones del actor: de forma tácita estaría
señalando los derroteros de inversión presupuestal del INPEC, del Ministerio, de
la Gobernación Departamental o de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja si
se le ordenará, por ejemplo, la ampliación o construcción de un nuevo centro
carcelario con capacidad suficiente para albergar el personal interno en la
cárcel de Barrancabermeja, mandato judicial que a todas luces no puede ser
proferido por el fallador de tutela.  ||  […] resultaría absurdo que esta vía
sirviera para determinar el personal profesional que debe ser contratado para
solucionar aspectos que  –previamente–deben contar con un adecuado respaldo
técnico y operativo. Nos referimos en concreto a la solicitud del libelista
encaminada a que se orden la contratación de personal médico, odontológico,
jurídico y de trabajo social, respaldado únicamente en lo que al actor le parece
–conforme su visita al lugar– […]”
Esta sentencia no fue impugnada por la Defensoría Regional
del Pueblo, por lo que fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercer Anexo
Debates parlamentarios de agosto de 2011,
posteriores a la información remitida el 10 de
julio (07) de 2012
1. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
en ejercicio de sus facultades de control político, deliberó los días veinticuatro
(24) y treinta (30) de agosto de dos mil once (2011) acerca de la situación
actual del sistema carcelario y de las políticas públicas que existen y se
implementan en la materia.
1.1.  El veinticuatro (24) de agosto, se planteó el
debate al INPEC y al Gobierno por parte del Representante a la Cámara Iván
Cepeda, como respuesta a múltiples manifestaciones sociales y públicas, tan
diversas como las diferentes quejas de la población carcelaria o las denuncias
de los medios de comunicación, o como las decisión judiciales, tales como la
declaratoria de estado de cosas inconstitucional (sentencia T-153 de 1998 de la
Corte Constitucional), y teniendo como sustento una investigación adelantada al
sistema carcelario por parte de la unidad de trabajo legislativo del
Congresista.
1.1.1. Luego de explicar que la investigación realizada,
lejos de arrojar la información necesaria para saber cuál es la real situación
en las cárceles y poder tomar decisiones adecuadas en política pública,
pretende evidenciar que las alarmas que permiten advertir una situación crítica
en el Sistema Penitenciario y Carcelario están encendidas, y que es preciso
tomar cartas en el asunto. [1084]
Así pues, dos (2) sentidos tiene el informe: mostrar que la situación del
Sistema es “extremadamente grave” con el fin de “buscar salidas,
soluciones”.[1085]
1.1.2. En el debate se presentaron dos propuestas
concretas. Una de ellas referida a atender de forma prioritaria los tres (3)
centros penitenciarios y carcelarios en peores condiciones en el país,[1086] y
la otra, referida a qué hacer con la situación jurídica de personas a las
cuales ni siquiera se les ha definido la misma.[1087]
1.1.3. Sobre las causas y problemas principales de la
situación carcelaria el Representante a la Cámara se refirió en los siguientes
términos,
“[…] diría, sin entrar a
profundizar por el tiempo en esas causas, que hay 3 problemas de raíz en ella,
y 3 problemas que tocan no tanto la situación puntual de algunos de los
elementos de este sistema, sino a problemas que son, digamos, estructurales, de
fondo, que tienen que ver con las políticas públicas y en las cuales tienen
responsabilidad, en primer lugar, los gobiernos, el gobierno actual y que
tienen que ver con los actores que diseñan el sistema; diría que aquí hay 3
elementos, entonces, de estructura y de esencia; en primer lugar, lo que tiene
que ver con la concepción de la cárcel en nuestra sociedad y de la
penitenciaría, como lo han dicho muchos estudiosos del tema, la cárcel debe ser
una última instancia, debe ser lo que se llama una última ratio, es
decir, el último instrumento que aplica la sociedad para contrarrestar, para
castigar, para sancionar los delitos.
Y eso quiere decir que antes de la
cárcel, debiera haber una serie de dispositivos y de mecanismos preventivos a
los delitos, pues bien, nuestra sociedad no los tiene o los tiene de manera muy
débil, muchas de las personas que están hoy en la cárcel de Bellavista, lo
primero que uno encuentra son muchachos, miles de muchachos entre 18 y 23 años
que conforman el 80% de la población de esta cárcel, muchas de estas personas
no estarían allí si tuvieran un cupo en la universidad o en el colegio, si
tuvieran un empleo, si tuvieran la posibilidad de haber salido de las comunas
donde se incuban muchas de las situaciones que los ha llevado a esa situación
lamentable.
Así que la primera recomendación y
la primera constatación que puede sonar obvia, pero que nunca debe ser
olvidada, es que la política criminal en Colombia debiera aplicarse y concebirse
sobre la base de muchos dispositivos preventivos.
La segunda, y creo de mucha
vigencia en esta discusión que estamos abordando, ayer teníamos una en la
plenaria de la Cámara, es la discusión sobre la política criminal del Estado
colombiano, sin lugar a dudas desde mi punto de vista es una política que
discrimina, es una política profundamente discriminatoria y que de un lado
tiene una laxitud y un populismo como lo ha dicho la comisión que está
preparando su informe sobre la política criminal, una tendencia populista que
quiere decir penalizar, tipificar, sin ningún tipo de reflexión cualquier clase
de delitos menores, poblaciones vulnerables como los menores de edad, y por
otra parte permitir una impunidad, permitir casi que una inmunidad frente a los
grandes delitos, frente a los crímenes de lesa humanidad, Viceministro, frente
a las causas que generan en nuestra sociedad el mayor número de crímenes de
sistema, de crímenes masivos y de situaciones que generan un profundo daño a
nuestra sociedad.
En tercer lugar está la política
que propone este gobierno, que yo lamentablemente tengo que decir, puede
terminar profundizando, agravando y degradando lo que ya está en esta situación
que he descrito.
Primero, no se puede proponer como
solución la militarización de las cárceles o la atención por parte de la
Policía, de la guardia y de la vida de estos penales y de estas instituciones,
ya explicaré porqué; en segundo lugar, privatizar aún más las cárceles y el
sistema penitenciario, grave tendencia que uno advierte en algunos de los
proyectos que han sido presentados ante esta corporación, y que podrían repetir
con un resultado peligroso y lamentable la situación que hoy afronta por
ejemplo, la salud en Colombia, es decir, una ley 100 para el sistema carcelario
podría llevar a una situación gravísima, aún más grave si es posible expresarse
en esos términos.”[1088]
El Representante resaltó que “[hay] una
cantidad de normas y estándares internacionales, contenidas, por ejemplo, en
las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, un instrumento que data
de 1957 aprobado por Naciones Unidas, o como por ejemplo, el conjunto de
principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión, que señalan claramente, que las cárceles y los sistemas
penitenciarios deben tener al menos 3 características: deben ser
establecimientos civiles, deben ser establecimientos públicos, y por encima de
todo establecimiento respetuosos de los derechos humanos.”[1089]
1.1.4. El Representante a la Cámara que citó al debate
de control político resaltó las diferentes dimensiones de derechos humanos que
se encuentran comprometidas de manera grave en la actual crisis que atraviesa
el Sistema penitenciario y carcelario.
1.1.4.1. En primer lugar se refirió al hacinamiento, un
aspecto que tiene que ver con la disponibilidad de los derechos
fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Esto
es, un aspecto referente a la existencia de la capacidad operativa,
institucional y de recursos humanos y materiales necesarios para que el Estado
pueda prestar los servicios que aseguren el goce efectivo de los derechos fundamentales
privadas de la libertad. No obstante, se indicó que este problema de
disponibilidad es especialmente crónico con algunas poblaciones carcelarias,
respecto de las cuales se deberían concentrar los esfuerzos.  El Representante
presentó la situación de hacinamiento de la siguiente manera,
“En un año, señoras y señores, la
población carcelaria ha aumentado en 15 mil personas, un aumento muy grave,
como ustedes ven en esa gráfica según las cifras del Inpec, en las últimas dos
décadas la población carcelaria se ha venido duplicando; en el año 1990 tenía
40 mil internos; en el año 2010 tenía ya 80 mil internos; en el último año las
personas que están recluidas en la cárcel son 95 mil, y según las cifras que
entrega el Brigadier General Ricaurte, pueden llegar a 115 mil personas, usted
me corrige si estoy en algo que es incorrecto, contando las personas que tienen
detención o arresto domiciliario o prisión domiciliaria.
Es decir, que estamos ante un
hacinamiento actual de 32.2% en las cárceles, que ya es muy alto; pero si uno
hace una proyección, señoras y señores, para que se vea el sombrío panorama y
por qué la optimista aseveración del Ministro Vargas Lleras es imposible, si
esto sigue creciendo a una tasa de 1.7%, querría decir que el gobierno que ha
propuesto que en el año 2022 tenga otras 18 prisiones o establecimientos
carcelarios a su disposición, con 24 mil cupos, es decir, lo cual daría la
posibilidad de que a los 78 mil que hay hoy se sumen otros 24 mil, es decir,
que tengamos 102 mil cupos, la situación terminaría siendo que en el año 2022
si esto continúa como va, tengamos 373 mil 60 internos en el país, lo cual
equivale a un 72.2% de hacinamiento en las cárceles colombianas.
Eso significa, señoras y señores,
realmente una situación inmanejable, la tendencia es al aumento no a la
disminución de la población carcelaria, y quiero demostrar a qué conlleva eso,
eso hay que mostrarlo, la cárcel Modelo tiene 225% de hacinamiento, los
internos duermen en cambuches, quisiera que se proyectaran las fotografías
sobre este tema, comencemos por ver las fotografías de Bellavista y la Modelo.
Repito, en la cárcel Modelo hay 225% de hacinamiento, aquí está una buena
imagen, esta es la imagen del pasillo de la cárcel de Bellavista cuando los
internos vienen de tomar sus alimentos, en Bellavista cada interno emplea seis
(6) horas de su día, alimentándose, porque tiene que hacer colas, en el mejor
de los casos, cada una de dos horas; es decir, que para desayunar, almorzar y
cenar tiene que emplear 6 horas del día.
En Bellavista la situación es que
los internos, como lo dice un testimonio, duermen de pie o duermen en los
baños, o por lo menos una parte de ellos, dice uno de los testimonios del acta
de visita que hicimos en agosto de este año, hace pocos días, dice el acta, el
interno señala que los baños son degradante s puesto que la gotera cae con el
orín del piso superior pertenecientes al patio 8º, piden autorización para
ingresar herramientas y materiales y solucionar este problema, por lo menos
para que los que duermen en el baño, puedan dormir bien; allí los internos nos
dijeron, que de acuerdo a la antigüedad les toca un sitio, ya sea en el baño,
en los corredores, en los patios y que algunos de ellos duermen de pie o
sentados en algún sitio que puedan alcanzar a ocupar, sin que eso signifique
que más adelante no puedan ir a dormir a otro lugar, en condiciones un poco
menos infrahumanas.
En la cárcel de Bellavista las
celdas están diseñadas para 8 personas, hay 40 en algunas de ellas y en la
mayoría no menos de 30 personas, allí tienen que recibir sus visitas
conyugales, y hacer su vida en general, hay un guardián en algunos turnos del
día para 1.500 internos, 1.500 internos, repito esa cifra, cuando estuvimos
allí acababa de llegar un señor de las Farc a uno de los patios, que le llaman
el rey de las fugas, y el guardia que nos recibió dijo: ¿ahora ¿qué vamos a
hacer¿?, si cada uno o dos de los guardianes tiene que estar al tanto de los
1.500 que hay en un patio, y eso lo comprobamos por ese corredor que mostramos
en la primera de las diapositivas, tuvimos que pasar con mis escoltas por ese
tipo de hacinamiento, es decir, tuvimos que para salir pasar por ahí; los
guardias estaban supremamente alarmados por la denuncia que ya hice al comienzo
de este debate.
En los patios de Bellavista hay 40
estructuras paramilitares que actúan y que tienen control sobre distintos
lugares de la prisión, las imágenes de la Modelo son igualmente graves; en
Bellavista hay 300% de hacinamiento, en la Modelo 250%, esas son las fotos de
la Modelo, esa es una escena de cómo duermen en la Modelo en ciertos patios.
La siguiente imagen es la de la
visita, en Bellavista, por ejemplo, un guardián tiene que requisar a mil
visitantes los días en que hay visita; la parte de abajo de la imagen es como
se presentan las aglomeraciones cuando hay que buscar el alimento a las horas
dispuestas en el régimen carcelario.
La solución que plantea el
gobierno para la cárcel de Bellavista es totalmente inviable, se plantea el
traslado de 1.500 internos para descongestionar Bellavista a la cárcel de
Guaduas, yo me senté con el director de Bellavista, y lo que me dijo es, que
haciendo un cálculo matemático en 4 meses la población de Bellavista va a ser
la misma de la que hay hoy, porque él dice cada día se reciben 20 internos
salen 7, conclusión cada día Bellavista sube en 13 internos su población
carcelaria.
Así que es imposible al ritmo de
hoy, sobre esto creo que el gobierno no discutirá las cifras que a este ritmo,
con esta situación, se pueda producir una descongestión en las cárceles; y si a
eso se agrega lo que hemos llamado el populismo punitivo, pues, obviamente es
imposible, quiero mostrar una imagen simplemente de las leyes que se han
aprobado desde 2004 hasta el presente, y que vienen generando la ampliación del
Código Penal con nuevos tipos, el aumento de penas, y el crecimiento
exponencial de la población carcelaria, no voy muy lejos, basta ver los códigos
que hemos aprobado nosotros, colegas, en esta corporación, últimamente, en la
que se crea, por ejemplo, en la Ley 14-63/011, ocho nuevas conductas penales,
se incrementan las penas en 22 tipos penales, 4 delitos que antes eran
castigados con multa pasaron a ser sancionados, me refiero al Código de
Seguridad Ciudadana, al Estatuto Anticorrupción, todas estas leyes que ustedes
conocen bastante bien.”[1090]
1.1.4.2. El segundo problema endémico identificado es el
mal estado de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, esto es, un
problema referente a la calidad de las instituciones, organizaciones y
entidades penitenciarias y carcelarias de las cuales depende el goce efectivo
de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Los
problemas de calidad de los centros penitenciarios comprometen la dignidad de
las personas privadas de la libertad, así como otros derechos fundamentales,
tales como la salud. Se dijo al respecto en el debate,
“Segundo, aspecto de la situación
endémica, que es crítica pero no una crisis, ya lo decíamos, del sistema
penitenciario, el desplome de la antigua infraestructura carcelaria, aquí
tenemos que de 144 establecimientos, esto es una información que dio uno de los
funcionarios del Inpec, 60 de ellos están a punto de desplomarse o con graves daños
infraestructurales, una parte de esos inmuebles fue construida en el siglo
XVIII, hay algunas cárceles en Colombia que datan de 1720, por ejemplo, la
Corte Constitucional ordenó en la Sentencia T-153 un plan de construcción y
refacción, ya veremos en qué ha parado eso.
Durante la visita a la cárcel de
Bellavista, nosotros pudimos constatar que a veces son los propios internos los
que traen, importan materiales de construcción del exterior, y terminan ellos
mismos haciendo las obras dentro de la cárcel, yo fui testigo de cómo miembros
del grupo los Rastrojos, en una reunión que tuvimos, propusieron readaptar una
parte del patio donde ellos están, así que las construcciones la hacen, no la
administración, no el sistema penitenciario, si no los propios internos son los
que van reformando porque si no se les vienen los muros encima.
Salud y servicios públicos, yo
creo que esto va a ser rápido, la situación de la salud en las cárceles es como
en el resto de la sociedad pero con connotaciones específicas, se sabe que es
la empresa Caprecom la que atiende esa situación en las cárceles, decir
atiende, es tratar las cosas con eufemismo, en algunas cárceles hace 2 o 3
meses no se prestan servicios médicos, porque no se le paga al personal médico
en las cárceles, en Bellavista vuelvo al ejemplo, porque la situación de
Bellavista es muy grave, resulta que el personal que expende los medicamentos,
los que tienen a su cargo el dispensario, se han tenido que dedicar a vender
minutos de celular porque no reciben dinero con el cual sustentarse y poder
resolver sus necesidades.
En esa cárcel hay 500 enfermos con
enfermedades terminales o de alto riesgo, cáncer, diabetes, sida; no hay
medicamentos, no hay atención en algunas cárceles, la situación es que hay una
especie de paro médico, no hay ningún tipo de atención, de una vez se lo digo
al señor Viceministro y al señor Brigadier General, debería ponerse punto final
al contrato con Caprecom, creo que ahí no tiene, como el hacinamiento, ninguna
clase de solución tal y como está.
Tenemos denuncias de internos que
han muerto, el señor José Albeiro Manjarrez Cupitre murió por falta de atención
el 17 de diciembre de 2010, según informa el Comité de Solidaridad con Presos
Políticos, fue interno, recluido en el pabellón 3º del establecimiento
penitenciario de Girón, denunció un grave estado de salud, este señor, por
falta de atención eficaz para su recuperación, murió el 8 de enero de 2011 en
esta cárcel. Hay otros, por ejemplo, algunos presos denuncian que llevan 7
meses sin atención médica.”[1091]
1.1.4.3. La tercera cuestión planteada en el debate, se
refiere a la violación directa de una regla constitucional clara, expresa e
imperativa “nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes” (art. 12, CP). Al respecto se indica,
“Tercer […] aspecto de esta
situación, torturas y tratos inhumanos y degradantes, sobre este tema volveré
más adelante, en las cárceles se practica de manera regular y consuetudinaria
una serie de maltratos, golpizas, que pueden ser calificados como lo hizo la
coalición colombiana contra la tortura, de acciones precisamente de tortura.
Las modalidades, dice un informe reciente de esta coalición, las modalidades de
tortura física, tratos crueles, inhumanos y degradantes, denunciadas en centros
penitenciarios siguen siendo en su mayoría palizas, usos de gases lacrimógenos
contra los internos en espacios cerrados, estiramientos y requisas denigrantes
por parte del personal del cuerpo de custodia, en cuanto a torturas sicológicas
han aumentado las quejas.
Como esto no pueden ser palabras
tengo que mostrar lo que vi en la visita, voy a ir a un caso que además nos
toca, nuestra sociedad está adquiriendo una sensibilidad, y eso me parece muy
bien, frente a la violencia contra las mujeres y quiero mostrar el caso del
buen pastor donde fuimos llamados de urgencia, una interna denuncia que el
señor, esto lo voy a decir con nombre propio, el cabo Jorge González, Brigadier
General, procede a sacar a las internas de sus celdas, o de las filas que
hacen, ponerles gases pimienta en la cara, esposarlas y proceder a patearlas y
golpearlas en la cara.
Ahora ustedes van a ver el
testimonio, es un testimonio grabado en una manera rudimentaria pero aparece
esa situación, pero además, resulta que el cabo González ya tenía otro tipo de
antecedentes, nosotros hemos hecho el seguimiento; en abril de 2008, este mismo
cabo fue denunciado por una interna para que hubiera algún tipo de acción, no
se ha hecho debidamente el trabajo, porque la investigación interna terminó en
que eso se precluyó, y este cabo González sigue maltratando y sigue golpeando a
las internas, como nosotros constatamos a través de este video.”[1092]
1.1.4.4. Adicionalmente, se hizo referencia a los graves
problemas de corrupción que existen.[1093]
1.1.5. En el debate se criticó la política pública
planteada por el Gobierno, por considerar que no plantea medias adecuadas y
necesarias para resolver los principales obstáculos que existen actualmente en
el Sistema penitenciario y carcelario, e impiden la protección del goce
efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad. Se dijo al
respecto,
“Segunda parte de este debate, respuesta
del gobierno a la situación yo la he titulado ¿El remedio puede ser peor que
la enfermedad¿, y eso lo digo porque el paradigma de la solución, lo que se
había construido pensando cómo salir de esta crisis, que es la cárcel de
Valledupar, establecimiento de mediana y alta seguridad de Valledupar, pues
resulta que es peor que las otras instituciones que hay en el país, es decir,
la cárcel que se construyó en 2001 para resolver precisamente todos estos
problemas, pues resulta que es realmente un desastre, esta cárcel fue concebida
como la solución, se le pidió asesoría al Buró Federal de Prisiones de Estados
Unidos para resolver el asunto pero desde su creación se han presentado 5
suicidios, 2 de ellos cuando se encontraban los internos en lugares de aislamiento,
la temperatura que hay en la cárcel es de 40 grados centígrados, y para no
profundizar mucho en esto, yo presento, y esta si es una grabación hecha
profesionalmente, lo que informó el noticiero del Senado y de la Cámara una vez
que hicimos la visita a este establecimiento, espero que el sonido mejore
sensiblemente en esta grabación, esa es la constatación que hicimos.
Ese que vemos es un baño de la
cárcel de Valledupar donde los internos tienen que tomar el agua, la frase que
nos dijeron los internos es, hay 15 minutos de agua, ahí están golpeados
después de una de las propuestas, lo que nos dicen es, cuando vamos por el agua
que viene por 10 minutos, hay que ir con esos bidones, ese bidón está lleno de
materia fecal a veces, porque el sitio donde toman el agua es el mismo de los
baños, ahí los internos están hablando en las celdas, no tienen ninguna
posibilidad de evacuar los excrementos, entonces, tienen que lanzarlos por las
rendijas de cada una de las celdas, o sea que los excrementos rodean
exteriormente la cárcel, en ese patio nosotros constatamos la situación, en un
momento llegó el agua, los internos tienen que salir corriendo al primer piso
porque en las torres que tienen 5 pisos, el agua no llega al último piso.
Entonces, el problema no es
solamente que la cárcel no tenga agua, sino que además de eso no hay manera de
evacuar las aguas negras, lo que está diciendo el guardián en este momento es
que en los alimentos se han encontrado heces fecales e incluso animales
muertos, en los jugos que se le entregan a los internos, el guardia dice la
misma situación, yo al final digo que esa cárcel da vergüenza, esto fue
presentado en el noticiero de la Cámara de Representantes.
Esta situación es de tal
naturaleza que los internos han tenido que  hacer protestas, en una
situación que hay desde hace ya varios meses, eso lo sabe bien el señor
viceministro porque lo hemos hablado, 108 internos como método de protesta
pacífica se han colgado de la parte exterior de las torres por unas amarras, el
asunto es que el gobierno nos dijo que iba a haber una solución frente a eso, y
no hay solución; por ejemplo, me acaban de entregar esta nota, desde el día de
ayer los internos de las torres primera, tercera, y cuarta de la cárcel de
Valledupar, volvieron a iniciar las jornadas de desobediencia y se han colgado
de nuevo a las torres, es decir la situación no cambia Viceministro, la
situación no cambia, se dijo que iba a haber 600 millones de pesos para
resolver el tema del acueducto de esta cárcel, pero nos dicen que si va bien la
cosa en algunos meses se podrá tener el estudio apenas que es necesario, para
ver cómo se podría resolver esto.”
1.1.5.1. Para el Representante a la Cámara, la situación
de la cárcel de Valledupar es tan grave que ya el Congreso de la República ha
solicitado expresamente al Ejecutivo su cierre. En la actualidad, el número de
tutelas se ha elevado a tal punto, que pronto habrá una acción de tutela por
día, en sólo esa cárcel. Se dijo al respecto,
“Aquí está el número de tutelas
que se han instaurado, desde el 2002 cada año se presentan crecientes acciones
de tutela, en el año 2002, 120; en este año o en el año anterior 260 tutelas,
es decir ya vamos llegando a una tutela por día en la cárcel de Valledupar.
Aquí está el diagnóstico de la
Secretaría de Salud de la Alcaldía de Valledupar, pidiendo el cierre de la
cárcel de Valledupar, esta Cámara aprobó el día 15 de junio pedir el cierre de
la cárcel de Valledupar, 21 Senadores pidieron el cierre de la cárcel de
Valledupar pero a estas alturas no hay solución.
Entonces, yo pediría viceministro,
yo pediría Brigadier General que se nos diga ¿se va a cerrar la cárcel de
Valledupar? Porque esta situación no se puede mantener eternamente y ya tengo
que decirlo, si esta situación no se resuelve, nosotros vamos a tener que
recurrir al Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante las Naciones
Unidas, porque no hay otra forma, no es posible que haya una cárcel en Colombia
donde los internos tienen que darse puñal todos los días para conseguir un poco
de agua, o para tener que vivir en condiciones en las que a 40ºC tienen que
vivir entre las heces fecales, me perdonan que lo diga así, pero es una
situación insoportable.”[1094]
1.1.5.2. En cuanto a los nuevos establecimientos
carcelarios que actualmente se construyen, el Representante indicó en el debate
ante el Congreso de la República que los mismos se han construido con grandes
sobrecostos, lo cual impide destinar recursos o bien para la construcción de
mayor infraestructura y garantizar así la disponibilidad de los derechos
fundamentales de las personas recluidas de la libertad, o bien para mejorar la
existente y garantizar la calidad y accesibilidad de los derechos
de los internos. En efecto, además de los problemas de calidad ya antes
mencionados, se hizo referencia a otros de accesibilidad y adaptabilidad,
en virtud de los cuales los nuevos centros penitenciarios y carcelarios que se
están construyendo no garantizan los derechos de todas las personas, sin
discriminación y respetando sus diferencias, por ejemplo, de identidad, de
género o sexuales. Al respecto se dijo lo siguiente,
“Siguiente solución, los nuevos
establecimientos de reclusión que se han creado desde el año 2001, 10
establecimientos; primero, han sido construidos en situación que dejan mucho
que desear, estos establecimientos que crean 21 mil nuevos cupos tienen
problema de toda índole, problemas de infraestructura, problemas de capacidad,
y hay un tema muy grave y grueso, es el hecho de que debían haber costado 530
mil millones de pesos y su costo final ha sido de 998 mil millones de pesos,
pido que se ponga la imagen de lo que dice la Contraloría, reporta 112
hallazgos con posibles irregularidades en la construcción de las nuevas cárceles
en Colombia, no hay privacidad en los baños en estas nuevas instituciones, el
tema del hacinamiento sigue siendo un problema grave, y quisiera para eso
simplemente ilustrar esto con la situación de la nueva cárcel de Jamundí, que
tiene un pabellón para mujeres, y a pesar de que muchas son madres y conviven
con sus hijos, y otras están embarazadas, no cuentan con acceso a
especialistas.
De acuerdo con denuncias de las
internas, existe trato discriminatorio con la orientación sexual, no se permite
visita íntima para las parejas del mismo sexo, en fin, no voy a seguir con esa
descripción que muestra que las nuevas cárceles no permiten una solución de
fondo al problema.”[1095]
1.1.5.3. El Representante cuestionó en el debate
también, las políticas que buscan mejorar la disponibilidad, accesibilidad,
calidad y aceptabilidad de los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad mediante la privatización de los centros carcelarios y
penitenciarios, actuales o futuros.[1096]
1.1.6. El Representante a la Cámara citante al debate,
expuso las principales conclusiones a las que llegó en los siguientes términos,
“Lo último que es lo primero y lo
más importante, yo decía que estas denuncias, estas contrataciones son ya de
conocimiento público, el fin de estos debates es que uno lo puede demostrar y
realmente profundizar pero básicamente los debates debieran servir para hacer
propuestas, y es lo que quiero hacer en este momento, las 3 conclusiones
principales de todo esto, Viceministro y Brigadier General y señora
Viceministra:
La primera de ella es que la
situación descrita en la Sentencia T-153 de 1998 sigue siendo la misma y
empeorando, es decir, una situación endémica, ya lo dije, de emergencia
continua, un sistema de masivas violaciones de derechos humanos, que no solo se
mantiene sino que se agudiza, el sistema carcelario y penitenciario no es solo
inviable sino, además, en algunos casos de sus eslabones se presenta como con
una preocupante tendencia al estallido de revueltas, quiero decir eso, de
revueltas en las cárceles. Todo tiene, ustedes lo saben bien por la experiencia
de otros países, límites, y por la experiencia de nuestro propio país quiero
llamar la atención de manera preventiva, no quiero ser en esto incendiario, ni
estoy incitando a ninguna situación, simplemente por lo que uno ve en las
cárceles basta ir para ver, basta ir con poco de sentido común para ver.
Segunda gran conclusión, este
grave panorama que estamos señalando y describiendo y analizando, tiene un
nivel que puede ser aún más catastrófico en la tendencia al populismo punitivo
del poder legislativo, llamo la atención, colegas, cada vez que creamos un
nuevo delito y sobre todo no atacando de raíz los graves problemas de esta
sociedad, sino atacando las pequeñas causas, atacando y defendiendo una serie
de derechos que no desconozco, deben protegerse, por supuesto, pero
aplicándoles medicamentos y soluciones que van a agravar sensiblemente esta
situación, pues estamos contribuyendo a que se cree una situación insostenible,
impunidad de la gran criminalidad por un lado, y combate absolutamente
irreflexivo de las pequeñas causas por el otro, es la fórmula catastrófica en
materia penal y en materia carcelaria.
Tercera. Las soluciones que
propone el gobierno, lo digo respetuosamente, lo digo con un espíritu
constructivo, pueden ser peores, de agravar la situación a nuevos niveles que
lo que ya tenemos, por eso, por estas conclusiones planteo las siguientes
propuestas: primero, que el gobierno solicite a las bancadas de la Unidad
Nacional, son las bancadas mayoritarias en este Congreso, que se suspenda el
trámite del Código Penitenciario, que se suspenda ese trámite y haya una
reflexión muy seria, hay una comisión de Política Criminal, ¿por qué no esperar
a que esa comisión dé su diagnóstico, es decir cómo se procede a tratar el
Código Penitenciario sin tener el diagnóstico de la Comisión de Política
Criminal.”[1097]
Además, se presentaron una serie de propuestas de acción
y de medidas a tomar.[1098]
2. Intervenciones de otros Representantes a la Cámara
en el debate de control político a la política penitenciaria y carcelaria.
2.1. Uno de los Representantes a la Cámara, Hernán
Penagos Giraldo, participó en el debate para cuestionar, en términos generales
la política pública penitenciaria y carcelaria del país, concretamente, desde
1998. Dijo al respecto lo siguiente,
“En síntesis uno podría casi que
señalar, que desde la expedición de la sentencia del año 98 hasta hoy, año
2011, las condiciones están intactas o por lo menos muy parecidas en términos
de reconstrucción, en términos de refacción, en términos de hacinamiento, en
términos de garantizarles los derechos mínimos fundamentales a aquellos
colombianos que están recluidos en las cárceles y si ustedes miran la Corte
Constitucional, en especial en las sentencias que declara estado de cosa
inconstitucional, y la que tiene que ver con los desplazados ha sido
absolutamente estricta, hoy día el Gobierno viene a darle cumplimiento a
sentencias como estas que tienen que ver con desplazados y con estado de cosas
inconstitucional, pero en este caso, tengo entendido, ya un grupo de ciudadanos
solicitaron a la Corte que se tomaran decisiones precisas, que se iniciara el
proceso de audiencia y de seguimiento para dar cumplimiento a la sentencia.
Qué bueno Viceministro y señor
General, que los colombianos y que muchos ciudadanos, tuvieran que acudir a la
Corte para que tenga que enviar esos mensajes de incumplimiento de la
Constitución y de la ley, qué bueno que desde el Gobierno sabemos que aquí hay
un problema económico bastante complejo y difícil, pero que desde el Gobierno
se tomaran las iniciativas para resolver el problema carcelario del país, sin
necesidad de que la Corte tenga que salir represivamente a obligar a eso, so
pena de faltas penales o de conductas contrarias a la ley por parte de los
servidores públicos.
Creo que ya es hora de que avance
el Gobierno, teniendo una política clara, precisa, tomando decisiones en
materia de política criminal que ayude también al tema penitenciario porque
insisto esto es como el problema de la droga, mientras todavía hay quienes
están en el narcotráfico y tengan esas posibilidades de ganancia tan altas, es
muy difícil, muy difícil, resolver con política criminal esas circunstancias de
comportamientos contrarios a la ley, es muy complejo, eso pasa aquí mientras
todavía haya en el Código Penal, conductas represivas tan altas, mientras siga
el Congreso de la República y ahí lo venimos diciendo, seguramente seremos
culpables, pero también el Gobierno al presentar las iniciativas, aprobando
leyes absolutamente punitivas y carcelarias no hay presupuesto que aguante
señor General, para que usted pueda hacer una tarea juiciosa y seria.”[1099]
2.2. El Representante a la Cámara, Iván Darío Sandoval
Perilla, intervino en el debate para manifestar los problemas de accesibilidad
y aceptabilidad que sufre de manera específica y particular la población del
Departamento del Vaupés, en su mayoría perteneciente a diferentes comunidades
indígenas. Dijo al respecto lo siguiente,
“[…] voy a hacer uso del tiempo, y
voy a ir directamente a mi región, aquí los Representantes ya hicieron un
análisis de la situación carcelaria en Colombia, yo vengo del Departamento del
Vaupés donde el 90% de la población es indígena, allí no hay un centro
carcelario señor General, mi petición es de que el Inpec pueda asumir la cárcel
municipal que hay en el departamento del Vaupés. Me parece muy preocupante la
situación porque Mitú que es la capital del departamento no tengo un centro de
reclusión, los indígenas de esta región son inicialmente pero están en el
proceso de investigación están allí en la cárcel municipal cuando son
condenados son remitidos a Villavicencio o a Bogotá donde tienen todas las
cantidades de problemas que puede tener la persona que es indígena que tiene
problemas culturales, problemas sociales, el problema de las visitas, que venga
un indígena del departamento de Vaupés donde un pasaje le cuesta 500 mil pesos
a visitar a un familiar a una cárcel de Bogotá o Villavicencio nunca lo haría
entonces son personas que están completamente aisladas durante el tiempo de su
condena.
Entonces para mí sería muy
importante, General, que el Inpec tuviera muy en cuenta con el Viceministro
para que la cárcel municipal de Mitú fuera asumida por el Inpec para que los
indígenas de esta región que son condenados no sean sacados de su hábitat
natural, que no sean sacados del departamento del Vaupés porque tenemos
problemas bastante graves, tenemos indígenas que han sido cogidos con 55 gramos
de coca y han sido condenados a 16 años de prisión; esas personas están
condenadas a estar 16 años sin visitas, prácticamente la situación es bastante
complicada, es una ciudad con una situación bastante compleja para nosotros los
indígenas de esa parte de Colombia, nos tienen completamente abandonados, yo
creo que una gestión bastante importante que podría hacer el Ministerio de
justicia y el Inpec sería que se asumiera las responsabilidades de esta cárcel
y que nuestros indígenas de esta región fueran condenados allí mismo y allí
mismo pagaran sus penas a las cuales han sido condenados, entonces le agradezco
al Viceministro, le agradezco señor General por haberme escuchado y a los
compañeros por haberme permitido expresarme en esta comisión que es la comisión
creo que muy importante, al igual como lo dijo el compañero Yahir Acuña, usted
puede tener todo el respaldo, puede tener la certeza señor Viceministro y señor
General de que va a tener todo el respaldo de esta comisión cuando así lo
requiera y que al igual que mi petición muchos congresistas están pidiendo por
sus regiones.”[1100]
2.3. Varios Representantes hicieron referencia en el
debate a lo estructural y generalizado que es el problema actual. Por ejemplo,
el Representante Eduardo José Castañeda Murillo dijo al respecto, refiriéndose
especialmente a la situación del Departamento del Guainía,
“Las cárceles hace mucho tiempo en
Colombia han sido unos centros donde la persona ha perdido más el amor por la
convivencia y se ha convertido día a día en hacer práctica de su delincuencia,
pero es porque el mismo Estado es porque las mismas autoridades que tienen la
vigilancia de las cárceles han permitido esto. Para nadie es un secreto que
cuando un colombiano llega a una cárcel vale más allí la orden, la directriz de
un jefe de los paramilitares o de un jefe de las guerrillas para estar en un
buen patio o para tener un buen camarote o su sitio donde va a vivir, y si no
tiene los recursos y si no tiene la conexión, seguro que le toca dormir de pie
o le toca dormir en los baños porque el Estado no le garantiza allí un buen
momento, y además no conozco y si existen son muy pocas las políticas, la
filosofía de la educación y de la pedagogía y de la verdadera rehabilitación de
las personas que a la cárcel llegan. Lo decía el doctor Vanegas y todos los que
me han antecedido en el uso de la palabra; este es un problema de muchos años y
si el 4 de noviembre, según el doctor Vanegas, vencen, digamos, esas facultades
extraordinarias que se le delegan al señor Presidente pues es el momento de
tomar algunos correctivos necesarios para que las cárceles en Colombia sean
verdaderamente sitios de rehabilitación, y que podamos mostrarle al mundo
entero otra imagen diferente, no como la que con mucha valentía lo ha mostrado
el doctor Cepeda y que vuelvo y lo digo, los que hemos tenido la oportunidad de
ir a visitar a nuestros amigos las hemos conocido.
Lamentable desde todo punto de
vista que casi lo que sucede en una cárcel queda en la impunidad y lamentable
que allí el Estado, en cabeza del Inpec es muy poco y nada lo que hace, pero
voy a referirme al desconocimiento total en lo que en la región ocurre; esas
cárceles que hoy el Inpec dice, no son de mi responsabilidad porque son de la
responsabilidad del municipio y son las cárceles a las que hacía referencia,
pero es que el Estado es el mismo el Estado, es uno solo, son las cárceles a
las que hacía referencia el doctor Iván y el doctor Hernán, y entonces qué
sucede, una cárcel en el departamento de Guainía, una sola, administrada por el
municipio que hace muchos años, hace treinta años no había nadie para que
estuviera en la cárcel, y de pronto en una cárcel, pero hoy con la
descomposición del Estado esa cárcel tiene alrededor de 60,70, 80 internos y
entonces qué sucede con esto, la gran mayoría son de ahí de la región, son
nativos porque es que al Guainía en su gran mayoría es 85% población indígena,
pero el Estado no diseña unas políticas para que allí el indígena se quede y
tenga cerca a su familia, sino que una vez es condenado por cualquier delito lo
desmiembran totalmente y después de muchos años va a regresar a su familia,
cuando su familia ya de pronto ni existe y ya no lo recibe porque fue un
abandono por muchos años, pero perdóneme Presidente aquí hay de pronto que ser
claros en esto, mire que un jefe o un grupo delincuencial sí puede controlar un
patio donde hay 500, 600 personas, entonces uno dice qué está pasando que el
Estado con su autonomía no es capaz de vigilarlo.”[1101]
2.4. Otro de los casos especiales de sujetos de especial
protección constitucional en materia de accesibilidad y aceptabilidad de los
centros penitenciarios y carcelarios, es el de las comunidades raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“[…] el sistema penitenciario en
lo que tiene que ver con lo étnico también tiene que avanzar como en armonizar
en lo que tiene que ver con el tema penal o la ley colombiana con la justicia
indígena en el sentido de lo que se viene planteando respecto desde la justicia
indígena es que, por lo regular el indígena ojalá no vaya a la cárcel porque la
cárcel lo que hace es degradarlo cada día más, pero en eso digamos el Estado no
sigue avanzando, entonces yo quería hacer un poco el llamado de atención sobre
ese caso y como no me van a dar más tiempo, pienso que otro tema muy importante
que quería tocar acá y que tiene que ver con las cárceles es una denuncia que
hemos recibido en el Polo Democrático, los Representantes sobre la construcción
de una cárcel del menor infractor en el departamento de San Andrés Islas, vamos
entonces aquí allegar esa carpeta con las denuncias sobre las irregularidades
que hay sobre la construcción de esa cárcel para que desde acá dirijamos esta
denuncia a los organismos de control y se tomen las medidas pertinentes y
pienso que se debe parar de inmediato la construcción de esa cárcel al menor
infractor porque ahí se están cometiendo un poco de irregularidades, y como el
tema es muy técnico voy a leer los tres puntos en que consideramos que se están
cometiendo irregularidades.
La comunidad raizal ha denunciado
diferentes entidades nacionales, las irregularidades en el proceso de
adquisición del lote irregular destinado para la construcción del centro
carcelario para el menor infractor ubicado en Leber Lote 1 y 2 en la isla de
San Andrés Islas, las irregularidades consisten en el elevado costo por el que
se compró el lote por parte de la administración departamental mediante
Escritura Pública 1004 de 2010 por el valor de 752.204.250 pesos, sin embargo
revisando la historia del bien en el certificado de tradición un año anterior
el bien inmueble presenta una anotación correspondiente a una compraventa por
el valor de 69 millones de pesos, denotándose acá un presunto hecho
irregularidad de corrupción, más teniendo en cuenta que según avalúo catastral
el valor comercial del bien inmueble en mención es de 88 millones certificado
este por el IGAC.
Segundo, la destinación del bien
inmueble según el POD es para uso agropecuario y agrícola o en la unidad de
planificación en la región insular rural.
Tercero. Según concepto de aguas
de archipiélago S. A. en visita realizada al predio ubicado en la carretera
circunvalar kilómetro 11 sector Leber, distinguido con el número catastral
0012893000 de San Andrés Islas se pudo constatar que apriori salvo improvisto
técnico oculto no existe disponibilidad real para el servicio de acueducto y no
existe disponibilidad para el servicio de alcantarillado sanitario, no vaya a
ser que con la construcción de este centro penitenciario para menores nos vaya
a ocurrir lo mismo que ha denunciado aquí el Representante Iván Cepeda con el
caso de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar o más conocida como la
Tramacúa, que es de máxima seguridad pero no se tuvo en cuenta la disposición
del tema de alcantarillados y de agua potable, yo pienso que en esas
condiciones no se puede permitir la construcción de una cárcel, y el otro
elemento importante que denuncia el movimiento raizal de San Andrés la no
realización de la consulta previa a la comunidad raizal viola los derechos
fundamentales establecidos en la constitución nacional.
Al respecto también la comisión
interamericana de derechos humanos, emitió concepto que señala que los
gobiernos están obligados a consultar a las comunidades indígenas, tribales y
raizales sobre la ejecución de proyectos que afecten sus tierras ancestrales,
en este sentido el informe analiza la obligación que tienen los Estados de
consultar a los pueblos y garantizar su participación en las decisiones
relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, la consulta se debe
realizar sobre todos los temas susceptibles de afectarlos, debe estar dirigida
a obtener su consentimiento libre e informado y de implementarse de acuerdo a
sus costumbres y tradiciones a través de procedimientos culturalmente adecuados
y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, esos
son parte de los argumentos, ahí está la carpeta completa con las denuncias que
hace el movimiento raizal, que hace la comunidad democrática del departamento
de San Andrés y Providencia de la cual le vamos a hacer llegar copia a la
comisión y a los ministerios para que la dirijamos ante los organismos de
control pertinentes y se proceda entonces a la investigación inmediata sobre la
construcción de ese centro penitenciario.
Y sobre el tema de hacinamiento
quería referirme ya para terminar a un derecho de petición que para este debate
hizo el director del Inpec de la cárcel de mi tierra, el municipio de Río
sucio, Caldas, donde dentro de las preguntas que le hicimos era que nos dijese
cuántos internos tiene este centro penitenciario que no es de máxima seguridad
que es de mediana seguridad y que es un poco para condenados pero también hay
investigados, etc., y nos dice que la cárcel está en capacidad para 52 reclusos
y en el momento hay 104 reclusos, lo que demuestra que el tema de hacinamiento
es gravísimo a lo largo y ancho del país y que no es solamente de los grandes
centros penitenciarios de máxima seguridad, sino que también es de mediana
seguridad, entonces yo pienso que algunas de las respuestas que ha dado el
Gobierno a este tema es el de transformar o cambiar totalmente el Inpec, ya ha
anunciado también la construcción de nuevos centros de máxima seguridad, yo
pienso que lo primero que se debe atender es realmente la solución a la
evaluación de derechos humanos al interior de los penales de que se creen las
condiciones logísticas necesarias, tanto en las cárceles de máxima seguridad
existentes hoy como en las de mediana seguridad que hacen falta realmente para
que se respeten los derechos humanos en el país. […]”[1102]
3. Participación del Gobierno en el debate, a través
del Viceministro de Justicia
Al finalizar el debate sobre la Situación penitenciaria
y carcelaria el día veinticuatro (24) de agosto de dos mil once (2011), el
señor Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, intervino en el debate
para presentar la posición del Gobierno de la República.
3.1. Luego de resaltar la conveniencia del debate, tanto
por el tema tratado, como por la finalidad buscada con el mismo,[1103] el
Viceministro consideró que la situación expuesta del Sistema es clara y
manifiesta. Dijo al respecto,
“La situación de los centros
penitenciarios y carcelarios en Colombia no es grave, es gravísima. Pocas cosas
en Colombia históricamente han funcionado de manera tan inadecuada, de manera
tan limitada y de manera tan caótica, que incluso, como ya lo advirtieron ustedes
llevó a que hace unos años, año 98, según advertí fue declarado por primera vez
en Colombia el Estado inconstitucional de cosas que con esa declaratoria se
estrenó la Corte Constitucional, estado que supuestamente fue superado en el
año 2004, incluso una solicitud de unos ciudadanos para que se volviera a
declarar, no que se volviera a declarar sino que se dieran unas órdenes
adicionales en relación con la primera declaratoria y la Corte Constitucional,
según advierto les dijo que ya se había superado esa primera declaratoria pero
para pocas cosas en Colombia se declara la declaratoria, valga la redundancia
de cosas inconstitucionales, esa y los desplazados digamos cosas de absoluta
gravedad y eso muestra el problema en que estamos.
Lo primero que uno tiene que
entrar es a reconocer que todo lo que se ha dicho, o pasó como se contó o va a
pasar, nada que le cuenten a uno, nada que se narre en relación con lo que pasa
al interior de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia es ajeno a
la realidad o es una exageración o es una mentira o potencialmente una mentira,
cualquier cosa que le cuenten a uno allí o ha pasado o va a pasar; eso para
significarles que de una u otra manera frente al tema que estamos hablando, vivimos
en una situación macondiana, y eso hay que reconocerlo y lo reconocemos es para
que entre todos procuremos encontrar las soluciones, no para excluir
responsabilidades. Pero esa situación no es atribuible como la inmensa mayoría
de ustedes muy bien lo ha dicho a este gobierno, es un tema absolutamente
endémico, sistemático, histórico no es culpa de este gobierno el 100% de los
males que hoy tiene el sistema penitenciario y carcelario, ni fue este gobierno
el que ha contribuido dejando de hacer cosas o haciendo cosas o que la situación
cambie de blanco a gris o de blanco a negro, la situación siempre ha sido negra
en el tema penitenciario y carcelario es histórico. Pero no solo en Colombia,
la situación de las cárceles y la situación de complejidad del problema es
universal, más grave en unos países que otros pero diríamos la situación es
compleja en el mundo entero y es particularmente compleja en los países
latinoamericanos por obra y gracia de la variedad de delincuencia que nosotros
tenemos, por la escases de los recursos que nosotros tenemos para suplir las
necesidades de un sistema que debe funcionar de manera adecuada […]
[…]
Los problemas que tenemos nosotros
son los mismos que han tenido los gobiernos anteriores, inadecuada
infraestructura, corrupción en la guardia y en el personal administrativo de
prisiones, ineficiencia en la ejecución de los presupuestos, falta de cupos
para los programas de resocialización de trabajo y educación que usted
advertía, falta de presupuesto, ausencia de un adecuado plan maestro de
cárceles a corto, mediano y largo plazo, actos delincuenciales desde las
cárceles, diseño inapropiado de los centros de reclusión. Aquí tenemos centros
de reclusión como si uno estuviese construyendo con fichas de extralandia; unos
son de una manera, otros son de otra manera, otros son de siete pisos, unos son
de cinco pisos, unos son horizontales, otros son verticales, unos son modernos,
otros son antiguos, etc., lo cual es un absoluto desastre para el sistema.
Excesivo número de asociaciones
sindicales, los mismos sindicatos lo han reconocido; 37 sindicatos, 34
sindicatos, hoy son 26, 25 diríamos todos los días se abre un sindicato y se
cierra un sindicato; eso no es bueno, a mi manera de ver ni siquiera para el
movimiento sindical. Exagerada cantidad de personas aforadas sindicalmente lo
que genera una inamovilidad de personas, no hay elasticidad en algunos aspectos
para manejar el personal de la guardia o el personal administrativo que se
encuentra sindicalizado en virtud de los fueros, eso no conviene al sistema a
mi manera de ver, otros dirán de pronto que lo que falta son 50 sindicatos más,
yo lo que creo es que mucha gente sindicalizada pero pocos sindicatos; como fue
en el pasado; dos sindicatos importantes, grandes que aglomeraba mucha gente en
el Inpec.
Baja remuneración del personal del
Inpec en todos sus niveles, ahora me imagino que el General Ricaurte, algo de
lo que les contará es la baja remuneración que tienen los directores, los
subdirectores, pero no solo ellos sino todo el personal que trabaja en el Inpec
y la guardia del Inpec. Sueldos absolutamente inequitativos en relación con
otras personas que de una u otra manera manejan temas de seguridad, sueldos
indecorosos en el Inpec propicia que, lo que todos sabemos, pues no son unas
condiciones perversas de trabajo, de no dignidad del trabajo sino también es
uno de los elementos importantísimos para que entre la corrupción como en
efecto ha entrado históricamente en este tiempo. Pasa lo mismo que en medicina
legal unos funcionarios absolutamente mal remunerados y pasa lo mismo que en
algunos otros sectores pero fundamentalmente hay un desequilibrio general en
relación con la remuneración que se le da a los funcionaros del Inpec.”[1104]
3.2. En materia de infraestructura del Sistema, el
Viceministro presentó la cuestión en los siguientes términos,
“En materia de infraestructura
tenemos muchas dificultades. Primero, tenemos un excesivo número de centros de
reclusión del orden nacional; 144, General, si mi memoria no me falla, 144
centros de reclusión del orden nacional. Centros que van de 3.500 personas, de
3.000 personas, de 2.000 personas con cupos para esos internos hasta centros en
donde tenemos 80 personas o 100 o 200, 250, 300 personas; eso es ineficiente, y
eso de una u otra manera le da a uno la idea de que aun queriéndolo es
imposible que nosotros tengamos una cárcel en cada municipio o que tengamos una
cárcel a la vuelta de la esquina de los familiares de los internos; y la política
no puede ir para allá. Nosotros no podemos tener 500 o 600 centros
penitenciarios, lo que nos ha indicado la lógica y lo que se viene haciendo y
lo que hemos venido trabajando es en el futuro poder tener una buena cantidad
de megacentros de reclusión, megaestablecimientos carcelarios; de 4.000, 4.500
personas, regionales, eso genera unas facilidades de manejo, unos ahorros
importantes de recursos de eficiencia, pero no todo es color de rosa, genera el
alejamiento de unas personas que son tan privadas de la libertad seguramente de
sus núcleos inmediatos, ya no estarán a media hora sino que estarán a dos horas
o estarán a tres horas, entonces diríamos en eso unas por otras.
Surge la necesidad de clausurar y
de cerrar una cantidad de centros penitenciarios de esos 144, algunos hay que
cerrar porque la verdad sea dicha prácticamente amenazan ruina. Son construidos
en el siglo XIX a principios del siglo XX, 1920, 1930, 1940 pocos centros
penitenciarios hemos construidos en los últimos años, tenemos acciones populares
algo que aquí no se ha dicho porque seguramente el doctor Iván Cepeda tiene que
priorizar, palabra que está de moda, hay que priorizar el tema, pero tenemos un
tema gravísimo del cual aquí no se ha hablado, acciones populares para el Buen
Pastor para La Modelo, la cárcel de Bucaramanga, en La Guajira, en Cartagena,
en todas partes, acciones populares, y cuando no es acción popular es su
hermana gemela, una acción de tutela que no hemos cumplido porque no tenemos
cómo cumplirla, ahora les voy a mostrar cómo no tenemos cómo cumplirla, o
estamos en las acciones populares que nos han dado cuatro años o tres años para
cumplir la orden de la acción popular y por fortuna el tiempo ha corrido
lentamente y no ha llegado el vencimiento de ese término pero cuando llegue el
vencimiento de término muy seguramente tenemos que decir no tenemos cómo
cumplir la acción popular, esa es la realidad.
Colombia se olvidó, honorables
Representantes, Presidente, Colombia se olvidó, no este gobierno, Colombia
entera se olvidó del tema penitenciario y carcelario, se olvidó durante 40 años
desde el gobierno del Presidente Rojas Pinilla, hasta el gobierno de Andrés
Pastrana, se olvidó por completo de construir centros penitenciarios y
carcelarios. La cárcel Modelo que hay en varias ciudades, entre ellas Bogotá
fue construida en el gobierno del Presidente Rojas Pinilla y aquí no se volvió
a construir de manera seria un establecimiento carcelario sino hasta cuando
vino las famosas cárceles de máxima seguridad del Presidente Pastrana y se han
venido construyendo alrededor de 10 establecimientos penitenciarios y
carcelarios en los últimos años.
Otra dificultad en
infraestructura, falta una mínima homogeneidad, ya lo dije extralandia, el
mundo de la extralandia, no hay unos parámetros claros para identificar cuáles
son las necesidades, cuáles son los requerimientos de todos los
establecimientos carcelarios; en eso hemos pensado que deberían haber tres o
cuatro modelos distintos como cuando uno va a una urbanización y le dicen señor
la quiere de dos cuartos, la quiere de tres cuartos de cuatro cuartos pero la
casa finalmente es como la misma, habrá que tener unas consideraciones en el
diseño pues no es lo mismo hacer una cárcel en Valledupar que hacerla en
Bogotá, pero deben haber unos diseños tipo por lo menos dependiendo de algunos
factores mínimos del entorno en donde debe construirse.
Cuál es la realidad presupuestal y
por eso yo dije que yo me había emocionado con este debate y seguramente en el
tono de mi intervención se me nota pero llevamos un año, Doctor Iván, en lo
personal tragándonos muchos sapos en todo este tema carcelario y por eso yo le
agradezco a usted que haya hecho el debate, y que lo haya hecho de manera
constructiva y que todos ustedes han dicho que esto debe terminar en algo.
Cuando nosotros llegamos nos dijeron, no nos dijeron, el Ministro Vargas logró
conseguirse la plata y se consiguió 60 mil millones de pesos que no estaba en
el presupuesto, se consiguió 60 mil millones de pesos por los que hubo que dar
muchos agradecimientos y esos 60 mil millones de pesos eran para mejorar la
infraestructura carcelaria y para aumentar la infraestructura carcelaria.
Resulta que esos 60 mil millones
de pesos no eran para este año ni para el pasado era para el cuatrienio; 27 mil
millones de pesos para el 2010, 11 mil millones, para el 2011; 11 mil para el
2012 y 11 mil para el 2013, para cuatros años 60 mil millones de pesos; qué
hemos hechos con 60 mil millones de pesos o qué vamos a hacer, cositas, porque
no se pueden hacer cosas con C mayúscula, no se puede, cositas, qué son
cositas, pues obras como la que usted describía que hacen algunos internos, que
no la hagan los internos, que la hagamos nosotros para que el muro no se caiga,
organizar unos baños. Pero adicionalmente, qué nos tocó, nos tocó hacer obras
de adecuación en todos los centros penitenciarios y carcelarios modernos que
nos han entregado porque hubo errores de diseño de esos centros penitenciarios
y por eso el 100% de esos centros penitenciarios no están funcionando ni están
atendiendo toda la capacidad instalada que tienen que atender, para esos son
los 60 mil millones de pesos no alcanzan para más.”[1105]
3.3. Con relación a las acciones y medidas que
actualmente se están tomando e implementando, el Viceministro participó en el
debate en los siguientes términos,
“Qué se ha propuesto este gobierno
en el tema de las necesidades que uno advierte en cupos carcelarios, esa misma
cuenta perfectamente hecha que le refirió el Representante Iván Cepeda, es la
que nosotros hemos hecho, parece que la hubiéramos hecho juntos, doctor Iván
Cepeda. Nosotros venimos creciendo y usted lo mostraba en la gráfica ascendente
de cómo ha venido subiendo la población carcelaria en Colombia y cómo se proyecta
a futuro.
Nosotros estábamos creciendo al
0.7 o al 0.8 mensual, en este momento estamos creciendo al 1.4, de manera tal
que cada mes que pasa miren esta cifra: Cárcel de Cómbita, una de las
inauguradas y puesta en funcionamiento en los últimos 10 años; a mi manera de
ver buena cárcel , y uno cómo advierte que la cárcel de Cómbita es
extraordinariamente buena cuando da tres pasos más y llega el barman; uno dice,
de Ferrari a andar a pie, y la cárcel de Cómbita tiene capacidad para 1.558
personas, y cada mes nosotros tenemos 700, 800, 900 personas más de población
carcelaria; y eso es muy fácil, nosotros tenemos en este momento personas con
detención alrededor de 110 mil, 120 mil privadas de la libertad extramuros son
como 85 mil no es sino sacarle el 1.4% a 80 mil y eso le da 900 mil, mil
personas más todos los meses; es decir que cada dos meses para hacer una cuenta
fácil llenamos una cárcel como la de Cómbita. Pero no cada dos meses
construimos Cómbita, lo que quiere decir que como usted muy bien lo advirtió,
esto, si no hacemos algo esto va a terminar de colapsar. Qué hemos propuesto
nosotros, y eso que lo hemos propuesto bajo lo que el doctor Zuluaga expresó,
que es que cuando uno pide ya pide limitado y qué le dan; nosotros de manera
diríamos, bastante chichipata, si me permite la expresión, hemos dicho que en
el próximo cuatrienio tenemos que construir 26 mil cupos carcelarios; ¿cómo?
Con cinco o seis megaproyectos carcelarios de 4.500, o 5.000 personas.
Cuánto valen construir 26 mil
cupos carcelarios, construir esto vale aproximadamente 1.3, 1,4 o 1.5 billones
de pesos; vale construir 26 mil cupos carcelarios que es nuestra mínima apuesta
a la creación de cupos porque no es la necesidad, la necesidad es muy superior,
nuestra mínima apuesta son 26 mil cupos y eso vale 1.5 billones de pesos mal
contados. Cuánto tenemos, si me están poniendo atención ya les dije que
teníamos 60 mil millones de pesos, entonces tenemos 60 mil millones de pesos
para adquirir algo bueno y tenemos menos porque tenemos unas necesidades
superurgentes de hacer ciertos arreglos, como usted bien lo advirtió en cada
uno de los centros penitenciarios donde va, incluso hasta en los nuevos. De
manera tal que en los 60 mil millones de pesos no está la solución, pero
tampoco nos podemos quedar quietos, pero una cosa adicional los 26 mil cupos de
que estamos hablando no es para tener 26 mil cupos nuevos, ojalá fuera para
tener 26 cupos nuevos porque a esos 26 mil cupos hay que restarle lo siguiente:
las cárceles que tenemos que clausurar por orden de una acción de tutela, las
que tenemos que clausurar por acciones populares y las que tenemos que
clausurar por la sencilla razón de que las tenemos que clausurar porque no dan
más aguante, de manera tal que ahí tenemos un problema grande de consumo de
esos 26 mil cupos que no serán nuevos en estricto sentido porque tendrán
compensación de unos que necesitamos cerrar.
La cifra de hacinamiento, y ese es
un tema importantísimo, cuando yo lo referí en otra comisión donde también hubo
un debate muy interesante del tema carcelario y tengo que repetirlo me duele
hacerlo pero es la verdad, el gobierno anterior le entregó a este gobierno unas
cifras sobre hacinamiento que no se ajustaban a la realidad. Cuando nosotros
recibimos el Ministerio del Interior y de Justicia nos dijeron que las cifras
de hacinamiento eran del 4% entonces uno dice; otro punto en el que el gobierno
anterior pues pasó el año porque el 4% no genera hacinamiento; es tan mínimo el
hacinamiento que en términos de hacinamiento ni siquiera es hacinamiento,
incluso en algunos países del mundo solo se habla de hacinamiento, cosa que yo
no comparto, nosotros fuimos a Chile a visitar las cárceles para mirar el tema
de las concesiones cómo funcionaban las cárceles entonces dijimos cuántas
personas caben en esta cárcel; 100, cuántas tiene, un ejemplo matemático,
cuantas tiene 130, entonces uno que no es muy bueno en matemáticas pero que
algo entiende y si no está difícil entonces tiene un hacinamiento del 30%, no,
no hay hacinamiento aquí, pero cómo así que no hay hacinamiento si la cárcel es
para 100 y entonces tiene 130, tiene hacinamiento del 30% pero resulta que en
Chile, eso no es hacinamiento sino sobrepoblación. Hacinamiento es a partir de
201 en el ejemplo que les estoy poniendo, entonces pues el 4% era una cosa
absolutamente entendible, razonable, el ideal de cifra entre cupos y personas
internas; al mes y medio reportando una cifra sobre hacinamiento llevan a mi
despacho una carta para que yo firmara en donde yo tenía que decir que el
hacinamiento era del 25% y pues yo tengo memoria de loco, y yo dije dentro de
las cosas que me contaron era que esto tenía un hacinamiento del 4%, pues
resulta que el hacinamiento del 4% no era cierto, y yo dije, a qué horas
nosotros en mes y medio pasamos del 4% al 25% la estrategia de seguridad del
gobierno es la estrategia más exitosa de la historia porque a qué horas
nosotros capturamos a toda esa gente y la pusimos en condición de detención
intramural, resulta que es que nosotros entendimos que la cifra de hacinamiento
debe hacerse de una manera que era diferente como se hacía en el gobierno
anterior y como se hacía en el gobierno anterior. En el gobierno anterior
decían, cuántas personas detenidas 100, cuántos cupos carcelarios tenemos, 80,
cuántos vamos a tener prontamente o en el futuro inmediato, 24; eso da 104
contra 100, luego el índice es del 4%, dicho de otra manera, involucrando en
los cupos futuros en la cifra de hacinamiento, lo cual a lo sumo es
antitécnico. Qué hemos hecho nosotros pues hacer una operación distinta. Cupos
actualmente disponibles y personas privadas de la libertad y sobre esos dos
datos saque el hacinamiento general y en una cárcel se hace igual, cupos
disponibles por personas y saque el hacinamiento por cárcel, entonces esa es la
situación del hacinamiento que hoy en día está en el 27% en general. Tenemos
cárceles con el 150% con el 200% con el 300% de hacinamiento, que son las
cárceles, fundamentalmente, que usted ha referido sobre las que ha pedido que
tengamos una comisión de seguimiento y de solución pronta a ese problema que no
da espera.
Hemos inaugurado unas cárceles no
construidas por nosotros, construidas por el gobierno anterior; la de Florencia
en Caquetá, nueva Picota en Bogotá, Guaduas en Cundinamarca que más o menos
representan 8 mil cupos; 1.400 en Florencia, 3.400 en la nueva Picota y 2.950
en Guaduas, a esas cárceles le estamos terminando de hacer unas obras de
adecuación para poderlas poner en 100% de funcionamiento y habilitar el 100% de
los cupos que seguramente nos permitirán, honorables Representantes, aliviar la
situación de hacinamiento de algunos centros penitenciarios pero no
solucionarlo. Qué estamos haciendo, estamos diseñando un plan maestro que se
proyecte al año 2022, las cuentas que nosotros hacemos es que como mínimo de
aquí al 2022 nosotros tenemos que tener más de 72 mil cupos que es algo
parecido, si le entendí la cifra que maneja el doctor Iván Cepeda.
En el plan maestro nosotros qué
haremos, pues análisis de la situación actual, una priorización de la
construcción de nuevos cupos, una reorganización del mapa de las cárceles que
implica cerrar unas y abrir unas nuevas, proyección de las necesidades de
cupos, determinación de los lugares en donde debe construirse que ese es un
tema absolutamente importante, determinación de las especificaciones mínimas o
los modelos de los centros de reclusión que a futuro van a estar en Colombia.
Se pregunta entonces, la pregunta obligatoria es de dónde vamos a sacar los
recursos para construir los 26 mil cupos de los que venimos hablando, pues esos
26 mil cupos para los cuales no teníamos sino 60 mil millones de pesos de los
cuales ya nos olvidamos obviamente, será para otra cosa no será para construir
cárceles sino para adecuar. Hemos celebrado un convenio con la CAF, que es una
de las preguntas que se hacía concreta en el cuestionario con la CAF para que
nos estructure un sistema de asociación público, privado, unas APP, para que
nos ayude a seleccionar el primer grupo de establecimientos de reclusión del
orden nacional que tenemos que construir para que nos haga la estructuración
financiera de ese proyecto y para que nos acompañe en el proceso licitatorio de
la construcción de esos centros de reclusión. De dónde vamos a sacar los
recursos. Los recursos, nosotros tenemos para cárceles, unos recursos derivados
de los ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro, ingresos que
hoy en día están pagando las cárceles que se construyeron en los últimos años,
que quedan liberados aproximadamente a finales de 2013 o finales de 2014, que
representan, si mi memoria no me falla, una cifra cercana a los 200 mil
millones de pesos al año; esos recursos esperamos que y ya tenemos la
viabilidad de Planeación y del Ministerio de Hacienda por lo menos la viabilidad
preliminar de empeñarlos, por llamarlo de alguna manera, por los próximos 15 o
20 años, de manera tal que con esos recursos y con una estructuración
financiera nosotros podamos terminar pagando bajo un sistema de concesión como
funciona en otros países las nuevas cárceles que tengamos que hacer. No existe
posibilidad diferente de hacerlo, salvo que a nosotros Hacienda nos gire mañana
1.5 billones, o salvo que alguien tenga una mejor idea pero a nosotros no se
nos ha ocurrido nada diferente y la gente que hemos consultado nada diferente
se le ha ocurrido por fortuna los ingresos derivados del registro inmobiliario
muestra una tendencia, no solo de estabilidad, sino una tendencia al alza y por
ende son prenda de garantía para el sector financiero para poder apalancar los
recursos que se necesitan para este tipo de proyectos.
En materia de seguridad, que es
otra deficiencia que tenemos al interior, tenemos problemas de seguridad al
exterior de las cárceles aquí a tres cuadras pero al interior de las cárceles
también tenemos problemas de seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos
implementando y hay indicadores del gobierno de gestión del gobierno que cada
mes o cada dos meses hay una reunión con el Presidente de la República para
mostrar cómo van esos indicadores de cámaras de seguridad para los centros
penitenciarios de escáneres y arcos detectores y muy importante de bloqueadores
o inhibidores de señales de celulares con lo cual podremos contribuir y
minimizar los riesgos de delincuencia, fundamentalmente, para temas de
extorsión que hoy se presentan desde los establecimientos carcelarios hacia
afuera. En relación con el tema de los bloqueadores o los inhibidores esto
también tiene un lado no muy positivo porque como obviamente el sistema está
construido desde el punto de vista de la tecnología para que, no solo se pueda
coger, la cárcel queda acá pero tiene vecindario entonces no solo va a coger de
esta esquina, esta esquina, esta esquina sino que tiene un efecto algo mayor y
habrá lo que se denomina un daño colateral para las personas que necesitan
hacer llamadas de sitios muy cercanos a esos centros penitenciarios pero
creemos que hay que privilegiar la seguridad nacional y la necesidad que
tenemos nosotros de evitar mediante un mecanismo efectivo que no hayan
comunicaciones ilegales en los centros penitenciarios y carcelarios. Tenemos
Picaleña, hoy en día bajo esas circunstancias, funcionando a un 80%, estamos
haciendo unos ajustes tecnológicos para que queden al 100% de las señales
celulares bloqueadas, desde la cárcel de Picaleña.
Tenemos un proceso de contratación
estatal abierto en el Inpec de dos mil cien millones de pesos para la
adquisición de bloqueadores para la cárcel de La Picota, etc., y ese plan de
bloqueadores será implementado en los dos próximos años para 17 centros
penitenciarios y carcelarios que quedarán absolutamente bloqueados, obvia mente
una dentro de la priorización que apenas es obvio que habrá que hacer en
relación con los 144 centros penitenciarios.
En materia de seguridad qué estamos
haciendo. Hemos trasladado 382 personas, el 26% de los miembros de las Bacrim a
la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, por esa razón fue que de combita nos
trajimos los extraditables por esa y por otras razones nos trajimos los
extraditables a Bogotá que estaban en Cómbita porque esa cárcel va a estar
destinada para internar a todas las personas condenadas y procesadas por Bacrim
que hoy ascienden a 1.466 personas procesadas 568 y condenadas 898, en los
próximos meses terminaremos de trasladar a las personas de las Bacrim; claro
tenemos que traer esos procesados de las Bacrim, si nos los vamos a traer y nos
los vamos a traer con los expedientes para que queden cerca al lugar de
reclusión, tanto sus procesos como ellos.
En materia legislativa. La ley de
seguridad ciudadana, ustedes la conocen perfectamente por cuestiones de tiempo
no me voy a referir a ella, pero esa ley de seguridad ciudadana tiene unas
normas hechas de manera concreta para ayudar a solucionar temas que tienen que
ver con ese tema penitenciario, hay unas normas sobre vigilancia electrónica,
hay unas normas sobre traslado de presos, hay unas normas o que impactan al
sistema penitenciario. Los aumentos de términos, nosotros en la ley de
seguridad ciudadana aumentamos los términos para que el fiscal y el juez puedan
adelantar mejor sus investigaciones y tomar sus decisiones y reducir el tema,
que hoy tanto se critica, que es que nos sale una cantidad de personas por
vencimiento de términos, los términos se de manera significativa en esa ley de
seguridad ciudadana, eso impacta al sistema y qué hacemos.”[1106]
4. Participación del INPEC dentro del debate al
Sistema penitenciario y carcelario.
El treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes continuó el debate al sistema
penitenciario y carcelario, dándole la oportunidad al INPEC, a través de su
Director, Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia. Luego de reconocer
el trabajo de los parlamentarios y la objetividad de sus apreciaciones, expuso
en el debate la situación carcelaria del país.[1107] El Gobierno, por medio
del Ministro del Interior, conformó una comisión para evaluar la política
penitenciaria, especialmente los problemas  (1) de hacinamiento, y de los
sistemas  (2) de alimentación de los internos,  (3) de salud, (4) de educación,
(5) de redimir pena y (6) de seguridad. El Director del INPEC señaló que “[…] se
planteó […] la elaboración de un plan maestro de seguridad penitenciaria
que pudiera cobijar los departamentos de acuerdo al mapa de ubicación de los
tribunales judiciales del país habida cuenta que tenemos un buen número de
población de sindicados y que obviamente teniendo la radicación de los
procesos, tenemos [en] el Inpec un cuello de botella en lo que corresponde a
nuestra operacionalización.”[1108]
Las consideraciones preliminares desde las cuales parte su trabajo la Comisión
gubernamental fueron las siguientes,
4.1. La
población carcelaria del país está concentrada en pocos centros carcelarios y
penitenciarios. El Director indicó que de los ciento cuarenta y cuatro (144)
establecimientos del INPEC, aproximadamente el 80% recoge solamente un 20% de
la población carcelaria. Los últimos establecimientos penitenciarios recogen
prácticamente el 80% de la población carcelaria. A su parecer, “[…] la
población carcelaria ha ido creciendo en forma vertiginosa en nuestro país”.[1109]
4.2. En el
país existen tres (3) generaciones de cárceles. “La primera generación,
aquellas cárceles que corresponden a los años 50 y que fueron construidas en la
época del Presidente, el General Rojas Pinilla y después otras cárceles que
fueron del 90 de segunda generación y las de tercera de generación, por decirlo
así, las cárceles modernas que hoy en día estamos utilizando el Instituto.”[1110]
4.3.
Algunas de las cárceles de los años 50 y los años 90, necesitan “una
restructuración” y otras “que se terminen”, además, “tener una
nueva construcción de cárceles en todo el país”.
4.4. De
acuerdo a los mapas judiciales y a los tribunales de los diferentes
departamentos, se considera que hay que hacer “una redistribución y una
ubicación de los centros carcelarios del país”, para lo cual se debe construir,
como mínimo, por cada cuatrienio un promedio de seis cárceles. En tal sentido,
se informó al Congreso, se hace el plan penitenciario 2011-2022.
4.5. El
Director del INPEC se refirió también al impacto presupuestal que la
construcción de las cárceles, tal como se planean, puede llegar a tener. Se
indicó al respecto lo siguiente,
“[…] para construir cárceles en
este cuatrienio solamente quedaron 60 mil millones de pesos y para construir
[las] cárceles [propuestas] obviamente se necesitan muchos recursos; calculamos
que una cárcel de 4.000 cupos para tener 500 mujeres y 3.500 hombres se
requieren cerca de 150 mil millones de pesos promedio por cárcel, habida cuenta
que unos sitios del país los costos de construcción de cárceles como La Guajira
y el Amazonas superan realmente los costos por traslado de materiales; allí
habría que pensar en una política penitenciaria de asignar recursos para la
construcción de cárceles en el país y organizar otros documentos CONPES que
finalmente desarrollen una política penitenciaria para bajar el hacinamiento en
los diferentes centros carcelarios.
4.6. El Director del INPEC resaltó que los
problemas de hacinamiento plantean un dilema frente a las medidas eventuales de
reubicación de internos en otras zonas del país, por cuanto la radicación de
sus procesos geográficamente supone límites para su desplazamiento.[1111]
4.7. Adicionalmente, se indicó que una de las
dificultades del manejo de la población carcelaria es su diversidad, así como
la diversidad de regímenes que los cobijan. El Gobierno considera que se
requiere unificar los regímenes carcelarios y dejar de dar ‘privilegios’
a algunos de los reclusos.[1112] Se hizo alusión a las dimensiones
específicas de algunas de aquellas poblaciones carcelarias y a la necesidad de
aumentar el pie de fuerza encargado de prestar la seguridad en las cárceles y
penitenciarias.[1113]
4.8. Uno de los problemas operacionales que se
tiene se refiere a los traslados, bien por órdenes judiciales, bien por asuntos
médicos.[1114] Se han considerado soluciones tales como
recurrir a audiencias virtuales, aunque para ello se requieren cambios en
cuanto a las reglas jurídicas vigentes en materia de validez de tal tipo de
audiencias. También se ha considerado la posibilidad de contar con lugares de
audiencias, contiguos a las cárceles.[1115]
4.9. El Director del INPEC resaltó que el Gobierno
Nacional es consciente que la política criminal actual conlleva un aumento en
la población carcelaria. Dijo al respecto,
“[…] las nuevas conductas punibles
que fueron aumentadas en [sus penas y] fueron creadas otras nuevas conductas
penales en esta ley, encontramos que hay 24 conductas que impactan el sistema
penitenciario colombiano; es decir que vamos a tener una mayor población de
sindicados o de indiciados en los centros carcelarios y eso, nosotros, ya lo
venimos mirando y sintiendo en los centros penitenciarios, que se han aumentado
los plazos para que los señores fiscales y los señores jueces puedan hacer las
resoluciones de acusación o hacer las imputaciones de cargos a los internos y
eso nos va a impactar el sistema carcelario, por cuanto habrá un mayor tiempo
de los internos en los centros carcelarios.
[…]
[…] las
cárceles hoy en día y comparado con el año pasado se recibieron en las cárceles
judiciales 18.796 internos y a la fecha hemos recibido 34.493, es decir que
casi ha sido el doble de la población que hemos recibido en los centros
carcelarios en forma transitoria, en forma de condenados, sindicados o
indiciados; y las bajas realmente, o sea que han salido de los
establecimientos. El año pasado la tasa era de 20.489 internos, y hoy a la
fecha apenas han salido 10.753, como ustedes se podrán dar cuenta la población
de sindicados ha ido en aumento y ahí es un asunto que nos preocupa porque en
la medida que aumenten los sindicados en los diferentes penales, también
aumentará la parte operacional en los establecimientos carcelarios.”[1116]
4.10. El
hacinamiento carcelario, como se sabe, genera a su vez un mayor riesgo de que
ocurran delitos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. En
todo caso, se afirma que en tal sentido también se han tomado medidas con el
objeto de reducir este tipo de ilícitos.
“Este año
por ejemplo, hemos disminuido las lesiones personales en los establecimientos,
hemos disminuido los homicidios con arma blanca, hemos disminuido el ingreso de
elementos prohibidos, se han hecho a la fecha 11.119 operativos; es decir que
cada cárcel de las 144 está siendo intervenida por lo menos tres veces al mes
en cada establecimiento público con el fin de hacer incautación de elementos
prohibidos al interior de los centros carcelarios, obviamente que ahí, hay una
conducta que dirán cómo ingresan tantos elementos a los establecimientos, pero
este año se han encontrado 8 millones 896 mil elementos prohibidos en los
establecimientos; eso debido a que se han conformado unos equipos de guardia
profesionales que conocen los penales y que pueden ingresar a los patios
algunos pabellones y patios prohibidos realmente para la guardia penitenciaria
pero que hoy en día podemos hacer esos ingresos como a muchos pabellones de
justicia y paz que no se podían ingresar y que no se podían detectar algunas
conductas que tenían los establecimientos públicos, ahí hemos venido
trabajando; el doctor Iván Cepeda sabe que eso nos ha permitido disminuir las
conductas de los regímenes internos, hoy en día la guardia penitenciaria cuenta
con 12.757 funcionarios y 2.857 de la parte administrativa que corresponde a
15.614.”[1117]
4.11. El
Director del INPEC señaló al Congreso que una de las dificultades de la institución
tiene que ver con la cantidad de personal disponible. Sostuvo que el cuello de
botella para solucionar este problema, más que en la falta de disponibilidad de
recursos, recae en la complejidad y dificultad para llevar adelante los
procesos de contratación de, por ejemplo, 1.300 plazas que ya están aprobadas.
“Sobre la guardia penitenciaria digamos que en aras de la buena
administración del recurso humano tenemos que mirar un aspecto que nos aflige,
y nos afecta realmente la operacionalización que corresponde a más de 1.100
funcionarios del Inpec que en actividades propias del servicio han sido
reubicados laboralmente, ahí, hay un trabajo que se debe hacer con las cajas de
compensación que vigilan y tienen este control sobre nuestros funcionarios pero
que la mayoría son en aras del buen servicio, ahí tenemos una disminución del
pie de fuerza en más de 1.100 funcionarios.
¿Qué es lo que queremos realmente? Que los estándares de custodia de
los internos, una vez tengamos cárceles de nueva generación o de tercera
generación, podamos reducir el número de guardia en algunos penitenciarios con
vigilancia electrónica, en otros países del mundo la vigilancia de un interno
se hace de uno a cuatro, en otros de uno a ocho, pero realmente la guardia
penitenciaria requiere de un aumento de pie de fuerza, requiere de una
capacitación del personal nuestro para que podamos aumentar la vigilancia de
las cárceles y especialmente lo que corresponde a las remisiones de los
internos. Sobre eso tenemos un cuello de botella, que es la Comisión Nacional
del Servicio Civil porque los procesos de selección de incorporación son
demasiado largos y obviamente no se han podido realmente copar las plazas que
por decreto han sido ampliadas al cuerpo de custodia. Hoy en día tenemos un déficit
de 1.300 plazas que han sido autorizadas y que no las hemos podido utilizar,
ahí hemos venido trabajando con la Comisión Nacional del Servicio Civil para
mirar cómo realmente podemos ocupar las plazas del personal técnico.”[1118]
4.12. Un
de las alternativas a la cantidad de personal disponible para la vigilancia de
los internos, es implementar medios electrónicos de vigilancia que permitan
requerir una sola persona para dar cuenta varios internos (entre 4 y 8).
Además, destacó que Colombia es la segunda nación del mundo, después del Reino
Unido y antes de los Estados Unidos de América, en el uso de dispositivos de
vigilancia electrónica a distancia. No obstante, aclaró que se trata de una
prueba piloto que en muchos de los casos no ha dado resultados favorables.
“Se hablaba del sistema de vigilancia electrónica o dispositivo electrónico.
Este sistema que a pesar que tiene algunas falencias, tal vez somos los
segundos en el mundo de ubicación de dispositivos electrónicos. Inglaterra, por
ejemplo tiene ubicada más de 22 mil dispositivos electrónicos, Estados Unidos
cerca de 2.500 y en Colombia hemos llegado en su pleno desarrollo del sistema
de vigilancia electrónica a 4.400 internos con retención domiciliaria y con
este dispositivo electrónico. Hoy en día estamos en una disminución, solamente
hay colocados cerca de 3.938 dispositivos electrónicos y obviamente ahí hay
régimen interno diferente a los de los otros centros carcelarios; aquí se habla
de transgresión al sistema y la transgresión al sistema son 14 conductas que
nos permiten saber si el interno violó la confianza que el señor juez le dio al
concederle la domiciliaria y al concederle la ubicación del dispositivo
electrónico, pero el dispositivo electrónico no nos permite saber a nosotros si
el interno está pecando o está rezando.
Nos permite, de pronto, tener una ubicación geográfica dentro, donde de
lo que le ha asignado el señor juez, pero no nos permite poder adivinar la
conducta en que el interno pueda haber incurrido, sin embargo el INPEC apoya
esta prueba piloto que desarrolló el Ministerio del Interior en su entonces, y
que el Inpec colabora con 40 funcionarios pagados por nómina y situación
prestacional por parte del Inpec; es un programa y una prueba piloto que la
desarrolla el Ministerio del Interior el Inpec simplemente la operacionaliza
estamos en espera que el próximo año se mire si ese programa es exitoso para el
país, se evalúen las falencias y los informes que hace el Inpec habida cuenta
que nosotros recibimos 1.500 llamadas de transgresiones diarias al sistema y
que sobre eso hemos reportado a los jueces más de 200 fugas de presos de los
internos y que muchos de los jueces han revocado la medida en más de 350 casos
sobre domiciliaria por haber violado, primero el sistema penitenciario en su
régimen y lo mismo la confianza del señor juez.”[1119]
4.13. Se
indicó que en algunas cárceles se cuenta con pabellones especiales para
personas de comunidades indígenas, y se hizo referencia a ‘encuentros
multiculturales’ que se han llevado a cabo. Dijo al respecto lo siguiente,
“Se hablaba de la comunidad indígena. Sobre la comunidad indígena en
los centros carcelarios tenemos 757 internos que corresponden a las comunidades
indígenas; ahí venimos trabajando con nuestros gobernadores, con los
cabildantes y también recibimos aquellos indígenas que han sido condenados por
la legislación indígena, ahí nosotros les recibimos, como en el caso de la
cárcel de Silvia donde tenemos solamente indígenas y trabajamos obviamente por
la recuperación del indígena que pueda posteriormente resocializarse y regresar
a sus cabildos y a sus comunidades. Sobre ellos tenemos unos pabellones
especiales en Popayán, Calarcá, Ibagué y Valledupar, hemos hecho encuentros
inclusive multiculturales en el departamento del Cauca y en la educación de sus
propias costumbres para que no se pierdan inclusive sus mismas lenguas.”[1120]
4.14. Se
reconoció la existencia de una emergencia disciplinaria en el sistema
carcelario, la cual fue expuesta de la siguiente manera,
“En el primer barrido que hicimos sobre emergencia disciplinaria
detectamos que solamente habían 4.000 investigaciones, pero ya en un trabajo
acucioso encontramos que era 8.832 investigaciones disciplinarias y que muchas
oficinas de control disciplinario habían sido cerradas, allá hicimos un trabajo
en equipo con los sindicatos y pudimos hacer un barrido y mirar realmente qué
era lo que teníamos y declarar una emergencia disciplinaria. Hoy en día hemos
evacuado cerca de 2.400 investigaciones, algunas que no ameritaban realmente
que se aperturaran, otras porque habían prescrito y otras porque había que
poner en ejecución el aparato disciplinario.
Nos hemos apoyado con la Procuraduría General de la República y ahí
tiene cerca de 18 investigaciones de impacto social que por Poder Preferente
las tiene la Procuraduría y muchas de esas investigaciones también han sido
concursadas copias a la Fiscalía General de la Nación para que sea el ente
judicial y el ente disciplinario colaboren con esta actividad. Esta emergencia
disciplinaria la operamos con 35 abogados sustanciadores y abogados que nos
ayudan en el ejercicio del debido proceso en la recolección de la prueba y en
la judicialización disciplinaria de nuestros funcionarios. Ahí se hablaba de
que el Inpec tenía más de 600 investigaciones por violación a los derechos
humanos y generalmente quiero decirles que tenemos 148 investigaciones de las
cuales solamente se han aperturado 60 investigaciones pero no sabemos si al
final habrá una persona que resulte implicada en investigación o resulte
exonerada porque las quejas de nuestros internos son diarias y a menudo y
muchas de esas quejas como son también debidamente fundamentadas, muchas quejas
son temerarias, por el trabajo que desarrollan los internos. […]”[1121]
El
Director del INPEC hizo especial énfasis en la situación de la cárcel de
Valledupar.[1122]
4.15. Una
de las dificultades que plantea el manejo de la población carcelaria, como se
dijo, es la diferencia que existe entre las poblaciones. Esto, sostuvo el Director,
supone problemas incluso respecto a su clasificación.
“Sobre las otras quejas que hizo el honorable Representante que
corresponde a las cárceles de mujeres, ya hemos abierto investigación
disciplinaria sobre la interna que golpeó a su otra compañera de celda y que
hubo unas lesiones personales y la reubicación de la misma interna, todo lo que
tiene que ver sobre el sistema progresivo de selección de los internos, lo
hemos clasificado en tres fases que corresponde a la fase de observación o
estudio del interno (no se entiende) a sus perfiles criminológicos; una segunda
fase de diagnóstico y mirar sus aptitudes físicas o de trabajo y la tercera
fase que corresponde al perfil realmente del interno; no a todos los internos
los podemos poner a aprender una carrera técnica, de ahí tenemos que dar
agradecimientos al Sena que nos ha ofrecido más de 150 carreras técnicas y
tecnológicas para los 95.000 internos de los diferentes centros carcelarios.”[1123]
4.16.
Finalmente, el Director del INPEC hizo relación a los centros educativos al
interior de los centros penitenciarios y carcelarios, solicitando ayuda para su
mejor implementación; a las medidas para permitir cercanía entre los presos y
sus familias; y, finalmente, a la situación de reincidentes, buscando las
condiciones de vida interna y la posibilidad de contar con un trabajo para
mantener a sus familias.[1124]
5. Intervenciones
adicionales y finales en el debate al Sistema penitenciario y carcelario.
5.1. El
Representante encargado por la Comisión, hizo referencia a las condiciones en
que se había procedido a visitar el sistema carcelario y, posteriormente, a
mencionar algunas de las conclusiones a las cuales se había llegado.[1125]
5.2. Por
petición de uno de los Representantes, se decidió que se debería informar de
todo lo dicho a la Corte Constitucional, por considerar que se trataba de una
discusión referente a “un estado de cosas inconstitucional” en el
sistema carcelario. Adicionalmente, se manifestó al Gobierno la necesidad de
tener más y mejor información acerca de la situación carcelaria, haciéndola
accesible a todas las personas, en especial, a aquellas que por sus labores,
cumplen funciones de control y prevención.[1126]
5.3.
Varios Representantes se manifestaron preocupados por la grave situación de la
cual tienen noticia y reconocieron que el Congreso y el Ejecutivo tienen que
ocuparse del asunto “inmediatamente”.[1127] Algunos de los
Representantes también hablaron acerca de la necesidad de permitir a las
poblaciones indígenas y colonas del sur del país, en departamentos como Vaupés,
cumplir sus condenas en sus lugares de residencia en condiciones dignas, que no
impliquen un desplazamiento en avión para los familiares o personas cercanas a
quien sea privado de la libertad.
5.4. El
Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, intervino en el debate para
resaltar varios aspectos del problema. En primer lugar, indicó la importancia
que la definición de una política criminal tiene en el Gobierno, lo que ha
llevado a un fortalecimiento institucional de las autoridades encargadas de
tomar decisiones en tal materia.[1128]
En segundo lugar indicó que la situación presupuestal es más grave de lo que
habían señalado hasta ese punto del debate otros de los representantes. Dijo al
respecto,
“El tema presupuestal, doctor
Zuluaga, es muchísimo más grave de lo que usted ha referido, y mucho más grave
es que nosotros tenemos como lo indicada yo en la sesión pasada, tenemos 60 mil
millones de pesos para construir un mínimo que no suple todas las necesidades
pero que nos hemos puesto como meta de gobierno construir 26 mil nuevos cupos
carcelarios; nuevos entre comillas porque buena parte de esos cupos tienen que
ir por vía de compensación, valga la redundancia, compensar las cárceles que
tenemos que clausurar por órdenes de acciones populares, acciones de tutela,
planes de ordenamiento territorial, entonces ni siquiera serán 26 mil nuevos
cupos; 26 mil nuevos cupos deben valer 1.4, 1.4, 1.5 billones de pesos para lo
cual tan solo tenemos 60 mil millones de pesos. De manera tal que estamos
estructurando en este momento un modelo financiero que nos permita, como lo
anunciaba yo, que es el que está contratado con la CAF un modelo financiero que
nos permita comprometer, ya tenemos el visto bueno de Hacienda y Planeación
para comprometer por lo menos por 20 años los recursos derivados del registro
inmobiliario en Colombia a través de la Superintendencia de Notariado y
Registro.”[1129]
5.5. El
Viceministro de Justicia sostuvo que era necesario la unidad de las distintas
estancias del Estado y de la sociedad civil para dar solución, por lo menos, a
dos asuntos:
“[…] el primero la situación de las cárceles de
Bellavista, Vistahermosa y Modelo en Bogotá que es donde tenemos aberrantes
índices de hacinamiento que deben ser solucionados de manera inmediata; […]”
[…] y lo otro una política de des-hacinamiento
derivado del hecho de que creemos, pero digamos en eso todos lo creemos pero
nunca lo hemos podido cuantificar, ni averiguar con absoluta certeza, creemos
que buena parte de la población carcelaria un porcentaje importante está
detenido, teniendo ya las condiciones para gozar de la libertad, lo cual
redundaría en el reconocimiento de unos derechos que tienen de gozar de la
libertad pero que adicionalmente también nos contribuye a implementar de manera
decidida la política de reducción de personas y mejoramiento de la situación de
los que deben estar privados de la libertad.”[1130]
6. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
en ejercicio de sus facultades de control político, deliberó el treinta (30) de
agosto de dos mil once (2011) acerca de la situación actual del sistema
carcelario y de las políticas públicas que existen y se implementan en la
materia.
6.1. El Director del INPEC, Brigadier General Gustavo
Adolfo Ricaurte Tapia, luego de reconocer el trabajo de los parlamentarios y la
objetividad de sus apreciaciones, expuso en el debate la situación carcelaria
del país.[1131]
El Gobierno, por medio del Ministro del Interior, conformó una comisión para
evaluar la política penitenciaria, especialmente los problemas  (1) de
hacinamiento, y de los sistemas  (2) de alimentación de los internos,  (3) de
salud, (4) de educación, (5) de redimir pena y (6) de seguridad. El Director
del INPEC señaló que “[…] se planteó […] la elaboración de un plan
maestro de seguridad penitenciaria que pudiera cobijar los departamentos de
acuerdo al mapa de ubicación de los tribunales judiciales del país habida
cuenta que tenemos un buen número de población de sindicados y que obviamente
teniendo la radicación de los procesos, tenemos [en] el Inpec un cuello de
botella en lo que corresponde a nuestra operacionalización.”
Las consideraciones preliminares desde las cuales parte
su trabajo la Comisión gubernamental fueron las siguientes,
6.1. La
población carcelaria del país está concentrada en pocos centros carcelarios y
penitenciarios. El Director indicó que de los ciento cuarenta y cuatro (144)
establecimientos del INPEC, aproximadamente el 80% recoge solamente un 20% de
la población carcelaria. Los últimos establecimientos penitenciarios recogen
prácticamente el 80% de la población carcelaria. A su parecer, “[…] la población
carcelaria ha ido creciendo en forma vertiginosa en nuestro país”.[1132]
6.2. En el
país existen tres generaciones de cárceles. “La primera generación, aquellas
cárceles que corresponden a los años 50 y que fueron construidas en la época
del Presidente, el General Rojas Pinilla y después otras cárceles que fueron
del 90 de segunda generación y las de tercera de generación, por decirlo así, las
cárceles modernas que hoy en día estamos utilizando el Instituto.”[1133]
6.3.
Algunas de las cárceles de los años 50 y los años 90, necesitan “una
restructuración” y otras “que se terminen”, además, “tener una
nueva construcción de cárceles en todo el país”.
6.4. De
acuerdo a los mapas judiciales y a los tribunales de los diferentes
departamentos, se considera que hay que hacer “una redistribución y una
ubicación de los centros carcelarios del país”, para lo cual se debe
construir, como mínimo, por cada cuatrienio un promedio de seis (6) cárceles.
En tal sentido, se informó al Congreso, se hace el plan penitenciario
2011-2022.
6.5. El
Director del INPEC se refirió también al impacto presupuestal que la
construcción de las cárceles, tal como se planean, puede llegar a tener. Se
indicó al respecto lo siguiente,
“[…] para construir cárceles en
este cuatrienio solamente quedaron 60 mil millones de pesos y para construir
[las] cárceles [propuestas] obviamente se necesitan muchos recursos; calculamos
que una cárcel de 4.000 cupos para tener 500 mujeres y 3.500 hombres se
requieren cerca de 150 mil millones de pesos promedio por cárcel, habida cuenta
que unos sitios del país los costos de construcción de cárceles como La Guajira
y el Amazonas superan realmente los costos por traslado de materiales; allí
habría que pensar en una política penitenciaria de asignar recursos para la
construcción de cárceles en el país y organizar otros documentos CONPES que
finalmente desarrollen una política penitenciaria para bajar el hacinamiento en
los diferentes centros carcelarios.
6.6. El Director del INPEC resaltó que los
problemas de hacinamiento plantean un dilema frente a las medidas eventuales de
reubicación de internos en otras zonas del país, por cuanto la radicación de
sus procesos geográficamente supone límites para su desplazamiento.[1134]
6.7. Adicionalmente, se indicó que una de las
dificultades del manejo de la población carcelaria es su diversidad, así como
la diversidad de regímenes que los cobijan. El Gobierno considera que se
requiere unificar los regímenes carcelarios y dejar de dar ‘privilegios’
a algunos de los reclusos.[1135] Se hizo alusión a las dimensiones
específicas de algunas de aquellas poblaciones carcelarias y a la necesidad de
aumentar el pie de fuerza encargado de prestar la seguridad en las cárceles y
penitenciarias.[1136]
6.8. Uno de los problemas operacionales que se
tiene se refiere a los traslados, bien por órdenes judiciales, bien por asuntos
médicos.[1137] Se han considerado soluciones tales como
recurrir a audiencias virtuales, aunque para ello se requieren cambios en
cuanto a las reglas jurídicas vigentes en materia de validez de tal tipo de
audiencias. También se ha considerado la posibilidad de contar con lugares de
audiencias, contiguos a las cárceles.[1138]
6.9. El Director del INPEC resaltó que el Gobierno
Nacional es consciente que la política criminal actual conlleva un aumento en
la población carcelaria. Dijo al respecto,
“[…] las nuevas conductas punibles
que fueron aumentadas en [sus penas y] fueron creadas otras nuevas conductas
penales en esta ley, encontramos que hay 24 conductas que impactan el sistema
penitenciario colombiano; es decir que vamos a tener una mayor población de
sindicados o de indiciados en los centros carcelarios y eso, nosotros, ya lo
venimos mirando y sintiendo en los centros penitenciarios, que se han aumentado
los plazos para que los señores fiscales y los señores jueces puedan hacer las
resoluciones de acusación o hacer las imputaciones de cargos a los internos y
eso nos va a impactar el sistema carcelario, por cuanto habrá un mayor tiempo
de los internos en los centros carcelarios.
[…]
[…] las
cárceles hoy en día y comparado con el año pasado se recibieron en las cárceles
judiciales 18.796 internos y a la fecha hemos recibido 34.493, es decir que
casi ha sido el doble de la población que hemos recibido en los centros
carcelarios en forma transitoria, en forma de condenados, sindicados o indiciados;
y las bajas realmente, o sea que han salido de los establecimientos. El año
pasado la tasa era de 20.489 internos, y hoy a la fecha apenas han salido
10.753, como ustedes se podrán dar cuenta la población de sindicados ha ido en
aumento y ahí es un asunto que nos preocupa porque en la medida que aumenten
los sindicados en los diferentes penales, también aumentará la parte
operacional en los establecimientos carcelarios.”
6.10. El
hacinamiento carcelario, como se sabe, genera a su vez un mayor riesgo de que
ocurran delitos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. En
todo caso, se afirma que en tal sentido también se han tomado medidas con el
objeto de reducir este tipo de ilícitos.
“Este año
por ejemplo, hemos disminuido las lesiones personales en los establecimientos,
hemos disminuido los homicidios con arma blanca, hemos disminuido el ingreso de
elementos prohibidos, se han hecho a la fecha 11.119 operativos; es decir que
cada cárcel de las 144 está siendo intervenida por lo menos tres veces al mes
en cada establecimiento público con el fin de hacer incautación de elementos
prohibidos al interior de los centros carcelarios, obviamente que ahí, hay una
conducta que dirán cómo ingresan tantos elementos a los establecimientos, pero este
año se han encontrado 8 millones 896 mil elementos prohibidos en los
establecimientos; eso debido a que se han conformado unos equipos de guardia
profesionales que conocen los penales y que pueden ingresar a los patios
algunos pabellones y patios prohibidos realmente para la guardia penitenciaria
pero que hoy en día podemos hacer esos ingresos como a muchos pabellones de
justicia y paz que no se podían ingresar y que no se podían detectar algunas
conductas que tenían los establecimientos públicos, ahí hemos venido
trabajando; el doctor Iván Cepeda sabe que eso nos ha permitido disminuir las
conductas de los regímenes internos, hoy en día la guardia penitenciaria cuenta
con 12.757 funcionarios y 2.857 de la parte administrativa que corresponde a
15.614.
6.11. El
Director del INPEC señaló al Congreso que una de las dificultades de la
institución tiene que ver con la cantidad de personal disponible. Sostuvo que
el cuello de botella para solucionar este problema, más que en la falta de
disponibilidad de recursos, recae en la complejidad y dificultad para llevar
adelante los procesos de contratación de, por ejemplo, 1.300 plazas que ya
están aprobadas.
“Sobre la guardia penitenciaria digamos que en aras de la buena
administración del recurso humano tenemos que mirar un aspecto que nos aflige,
y nos afecta realmente la operacionalización que corresponde a más de 1.100
funcionarios del Inpec que en actividades propias del servicio han sido
reubicados laboralmente, ahí, hay un trabajo que se debe hacer con las cajas de
compensación que vigilan y tienen este control sobre nuestros funcionarios pero
que la mayoría son en aras del buen servicio, ahí tenemos una disminución del
pie de fuerza en más de 1.100 funcionarios.
¿Qué es lo que queremos realmente? Que los estándares de custodia de
los internos, una vez tengamos cárceles de nueva generación o de tercera
generación, podamos reducir el número de guardia en algunos penitenciarios con
vigilancia electrónica, en otros países del mundo la vigilancia de un interno
se hace de uno a cuatro, en otros de uno a ocho, pero realmente la guardia
penitenciaria requiere de un aumento de pie de fuerza, requiere de una
capacitación del personal nuestro para que podamos aumentar la vigilancia de
las cárceles y especialmente lo que corresponde a las remisiones de los
internos. Sobre eso tenemos un cuello de botella, que es la Comisión Nacional
del Servicio Civil porque los procesos de selección de incorporación son
demasiado largos y obviamente no se han podido realmente copar las plazas que
por decreto han sido ampliadas al cuerpo de custodia. Hoy en día tenemos un
déficit de 1.300 plazas que han sido autorizadas y que no las hemos podido
utilizar, ahí hemos venido trabajando con la Comisión Nacional del Servicio
Civil para mirar cómo realmente podemos ocupar las plazas del personal
técnico.”
6.12. Un
de las alternativas a la cantidad de personal disponible para la vigilancia de
los internos, es implementar medios electrónicos de vigilancia que permitan
requerir una sola persona para dar cuenta varios internos (entre 4 y 8).
Además, destacó que Colombia es la segunda nación del mundo, después del Reino
Unido y antes de los Estados Unidos de América, en el uso de dispositivos de
vigilancia electrónica a distancia. No obstante, aclaró que se trata de una
prueba piloto que en muchos de los casos no ha dado resultados favorables.
“Se hablaba del sistema de vigilancia electrónica o dispositivo
electrónico. Este sistema que a pesar que tiene algunas falencias, tal vez
somos los segundos en el mundo de ubicación de dispositivos electrónicos.
Inglaterra, por ejemplo tiene ubicada más de 22 mil dispositivos electrónicos,
Estados Unidos cerca de 2.500 y en Colombia hemos llegado en su pleno
desarrollo del sistema de vigilancia electrónica a 4.400 internos con retención
domiciliaria y con este dispositivo electrónico. Hoy en día estamos en una
disminución, solamente hay colocados cerca de 3.938 dispositivos electrónicos y
obviamente ahí hay régimen interno diferente a los de los otros centros
carcelarios; aquí se habla de transgresión al sistema y la transgresión al
sistema son 14 conductas que nos permiten saber si el interno violó la
confianza que el señor juez le dio al concederle la domiciliaria y al
concederle la ubicación del dispositivo electrónico, pero el dispositivo
electrónico no nos permite saber a nosotros si el interno está pecando o está
rezando.
Nos permite, de pronto, tener una ubicación geográfica dentro, donde de
lo que le ha asignado el señor juez, pero no nos permite poder adivinar la
conducta en que el interno pueda haber incurrido, sin embargo el INPEC apoya
esta prueba piloto que desarrolló el Ministerio del Interior en su entonces, y
que el Inpec colabora con 40 funcionarios pagados por nómina y situación
prestacional por parte del Inpec; es un programa y una prueba piloto que la
desarrolla el Ministerio del Interior el Inpec simplemente la operacionaliza
estamos en espera que el próximo año se mire si ese programa es exitoso para el
país, se evalúen las falencias y los informes que hace el Inpec habida cuenta
que nosotros recibimos 1.500 llamadas de transgresiones diarias al sistema y
que sobre eso hemos reportado a los jueces más de 200 fugas de presos de los
internos y que muchos de los jueces han revocado la medida en más de 350 casos
sobre domiciliaria por haber violado, primero el sistema penitenciario en su
régimen y lo mismo la confianza del señor juez.
6.13. Se
indicó que en algunas cárceles se cuenta con pabellones especiales para
personas de comunidades indígenas, y se hizo referencia a ‘encuentros
multiculturales’ que se han llevado a cabo. Dijo al respecto lo siguiente,
“Se hablaba de la comunidad indígena. Sobre la comunidad indígena en
los centros carcelarios tenemos 757 internos que corresponden a las comunidades
indígenas; ahí venimos trabajando con nuestros gobernadores, con los
cabildantes y también recibimos aquellos indígenas que han sido condenados por
la legislación indígena, ahí nosotros les recibimos, como en el caso de la
cárcel de Silvia donde tenemos solamente indígenas y trabajamos obviamente por
la recuperación del indígena que pueda posteriormente resocializarse y regresar
a sus cabildos y a sus comunidades. Sobre ellos tenemos unos pabellones
especiales en Popayán, Calarcá, Ibagué y Valledupar, hemos hecho encuentros
inclusive multiculturales en el departamento del Cauca y en la educación de sus
propias costumbres para que no se pierdan inclusive sus mismas lenguas.”
6.14. Se
reconoció la existencia de una emergencia disciplinaria en el sistema
carcelario, la cual fue expuesta de la siguiente manera,
“En el primer barrido que hicimos sobre emergencia disciplinaria
detectamos que solamente habían 4.000 investigaciones, pero ya en un trabajo
acucioso encontramos que era 8.832 investigaciones disciplinarias y que muchas
oficinas de control disciplinario habían sido cerradas, allá hicimos un trabajo
en equipo con los sindicatos y pudimos hacer un barrido y mirar realmente qué
era lo que teníamos y declarar una emergencia disciplinaria. Hoy en día hemos
evacuado cerca de 2.400 investigaciones, algunas que no ameritaban realmente
que se aperturaran, otras porque habían prescrito y otras porque había que
poner en ejecución el aparato disciplinario.
Nos hemos apoyado con la Procuraduría General de la República y ahí
tiene cerca de 18 investigaciones de impacto social que por Poder Preferente
las tiene la Procuraduría y muchas de esas investigaciones también han sido
concursadas copias a la Fiscalía General de la Nación para que sea el ente
judicial y el ente disciplinario colaboren con esta actividad. Esta emergencia
disciplinaria la operamos con 35 abogados sustanciadores y abogados que nos
ayudan en el ejercicio del debido proceso en la recolección de la prueba y en
la judicialización disciplinaria de nuestros funcionarios. Ahí se hablaba de
que el Inpec tenía más de 600 investigaciones por violación a los derechos
humanos y generalmente quiero decirles que tenemos 148 investigaciones de las
cuales solamente se han aperturado 60 investigaciones pero no sabemos si al
final habrá una persona que resulte implicada en investigación o resulte
exonerada porque las quejas de nuestros internos son diarias y a menudo y
muchas de esas quejas como son también debidamente fundamentadas, muchas quejas
son temerarias, por el trabajo que desarrollan los internos. […]”
6.15. Por
último, hizo referencia a la grave situación de la Cárcel de Valledupar y a la
cárcel de mujeres, así:
“La guardia tiene que ejercer un derecho y tiene que ejercer unas
obligaciones de mantener y encauzar la disciplina al interior de los centros
penitenciarios; el caso es el de Valledupar. Valledupar con una población de
1.548 internos hoy en día y por políticas del Ministerio de Justicia la
población ha sido disminuida en 1.100 internos y la idea es que ese centro
penitenciario quede con 1.000 internos.
Si se dan cuenta que Valledupar, la construcción de este centro
carcelario fue hecho a petición de las mismas clases políticas, es decir, cerca
de diez años pero nación sin agua, hoy en día y gracias al apoyo de nuestro
gobernador del Cesar nos ha ayudado realmente en la implementación de un
sistema de agua y tenemos una medición que nos permite mantener el agua potable
al centro carcelario. Hace pocos días en una conferencia en el segundo congreso
penitenciario que se desarrolló en la Universidad Libre de Colombia el mismo
Defensor del Pueblo hizo una alocución manifestando que ha mejorado el centro
penitenciario y carcelario, Valledupar en un 90%; o sea que agradecemos las
veedurías y las visitas a este centro penitenciario que nos ha permitido
realmente implementar una política penitenciaria.
Sobre las otras quejas que hizo el honorable Representante que corresponde
a las cárceles de mujeres, ya hemos abierto investigación disciplinaria sobre
la interna que golpeó a su otra compañera de celda y que hubo unas lesiones
personales y la reubicación de la misma interna, todo lo que tiene que ver
sobre el sistema progresivo de selección de los internos, lo hemos clasificado
en tres fases que corresponde a la fase de observación o estudio del interno
(no se entiende) a sus perfiles criminológicos; una segunda fase de diagnóstico
y mirar sus aptitudes físicas o de trabajo y la tercera fase que corresponde al
perfil realmente del interno; no a todos los internos los podemos poner a
aprender una carrera técnica, de ahí tenemos que dar agradecimientos al Sena
que nos ha ofrecido más de 150 carreras técnicas y tecnológicas para los 95.000
internos de los diferentes centros carcelarios.
Hace un mes que está funcionando, la idea es que ojalá todos nuestros
internos del país se metan en los programas del Sena y que estos programas del
Sena sean efectivos pero también necesitamos del apoyo de ustedes en el
incremento de la parte financiera para poder organizar aulas acordes a la
formación del interno para estas carreras técnicas y de esta forma puedan
redimir penas estudiando, trabajando o enseñando. En un programa especial con
los presos extranjeros hemos abierto una política de que estos internos
extranjeros, que mantienen otra lengua como francés, inglés, portugués puedan
enseñar y también puedan redimir penas, asunto que estaba para ellos olvidado.
También hemos implementad o un sistema de visitas virtuales a los
extranjeros para que se comuniquen con sus seres queridos en otros países
utilizando la tecnología del país. Digamos que hemos avanzado, lo que pasa es
que muchas cosas que se hacen al interior de la casa cuando se barre de la
alfombra hacia afuera y no se guarda el mugre debajo de la alfombra esas cosas
muchas veces no se ven, pero sí se requiere del apoyo incondicional de nuestros
Representantes porque el mantenimiento de las cárceles nuevas requieren de
3.000 mil millones de pesos por cada centro carcelario y tenemos 11 cárceles
nuevas que corresponderían a 33 mil millones de pesos para su mantenimiento, si
no hacemos mantenimiento preventivo a esos centros carcelarios a la vuelta de
dos años las cárceles se encontrarán totalmente obsoletas, totalmente
destruidas por muchas razones, de falta de uso, de mal uso de los centros
carcelarios, por deterioro del centro penitenciario; ahí queremos que ustedes
nos ayuden en ese ejercicio y los centros educativos como las universidades del
país se están comenzando a vincular por una política de nuestro Ministro de
Justicia, en vincular la Universidad la parte académica para que nos ayuden con
muchos internos que muchas veces pasan las órdenes de libertad, y realmente no
se ha notificado al pobre interno y el interno queda al interior de los centros
carcelarios.
También tenemos internos que son
reincidentes al ingresar a los centros carcelarios, los internos tienen comida,
dormida, médico, seguridad, luz, agua, digamos que son unos colombianos en el
buen sentido de la palabra y haciendo menos dolosa y gravosa su paso por los
centros penitenciarios pero muchos de esos internos tienen trabajo y muchos de
los internos mantienen sus familias con el uno o dos salarios mínimos legales
vigente que reciben en los centros carcelarios. Muchas gracias señor Presidente
por su generosidad, ya habrá tiempo de interlocutar con el doctor Iván Cepeda.”
6.16. El
debate continuó con las opiniones e impresiones de varios representantes.
Cuarto Anexo
TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN
SALA LABORAL
Medellín, marzo cuatro
de dos mil trece
AUDIENCIA PÚBLICA
Siendo la 1:00 de la tarde del 4 de marzo de 2013, en el
Despacho de la Magistrada Ponente ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ se da inicio a la
diligencia de inspección judicial con los Auxiliares Judiciales Dres. JORGE
ANDRÉS HENAO ALZATE y HERMES REINEL HOYOS GUTIÉRREZ y el Doctor JOSÉ ALEJANDRO
RESTREPO SEPÚLVEDA identificado con C.C. 15.507.658, contratista-delegado de la
Personería de Medellín. Se designó al auxiliar HOYOS GUTIÉRREZ como secretario
durante la diligencia y  nos desplazamos a las instalaciones del EPCMS
BELLAVISTA.
1. A las 2:00 p.m.  se unieron al grupo dos Delegados de la
Defensoría del Pueblo, Doctora VICTORIA EUGENIA OSSA identificada con C.C.
43.629.164 y el Doctor ALEJANDRO ALZATE URIBE identificado con C.C. 71.672.539
y se realizó una reunión  inicial con  diversos  funcionarios  del
establecimiento carcelario: DIRECCION GENERAL Capitán LUIS FERNANDO DAZA
CASTAÑO (Director Encargado)[1139];
AREA JURIDICA   Dragoneante  Diego Alejandro Monsalve Builes[1140]; AREA DE ATENCIÓN
INTEGRAL Y TRATAMIENTO  - Teniente GUSTAVO AGUIRRE FERNANDEZ[1141]; COMANDO DE VIGILANCIA
– Capitán CARLOS JULIO GONZALEZ VALDERRAMA[1142]
y AREA DE SANIDAD – Inspector RAFAEL EDUARDO LOPEZ QUINTERO[1143]. Antes de comenzar la
reunión, la Magistrada Ponente  solicitó la presencia de la persona que se
desempeña como   trabajador(a) social del establecimiento, pero se informó que
éste cargo se encuentra vacante desde el mes de agosto de 2011, porque la
funcionaria que  lo desempeñaba se pensionó a partir de dicha fecha y no se ha
cubierto la vacante.
Tomó la palabra la Magistrada, quién luego de presentar a
cada uno de los integrantes de la comisión designada para realizar la   diligencia,
informó  detalladamente sobre  los hechos narrados por el accionante en el
escrito de tutela y se reiteró el objeto de la inspección judicial. Se organizó
un cronograma de actividades con el fin de realizar un recorrido por las por el
establecimiento carcelario en compañía del responsable de cada área según fuera
el caso: Jurídica, Sanidad, Atención Integral y Tratamiento, así como  en los
patios de discapacitados y octavo, acordando que la visita a éste último sería
en las horas de la noche. Durante  el recorrido se contaría con el
acompañamiento de guardas del INPEC.
En  la reunión se pudo constatar que si bien se efectuó la
notificación de la acción de tutela días atrás, ninguno de los presentes tenía
conocimiento de tal hecho. Pero después de leídos los hechos de la tutela el
Capitán LUIS FERNANDO DAZA CASTAÑO (Director Encargado) señaló lo siguiente:
-
En relación con la prestación de servicios de salud, informó: Que
los internos se encuentran afiliados a CAPRECOM EPSS y en el Área de Sanidad
del establecimiento se encuentran ubicados los consultorios donde  los médicos
y odontólogos adscritos a dicha entidad atienden la consulta.
-
Se le preguntó sobre la intervención del  INPEC  en la prestación
del  servicio de salud e infraestructura, y señaló que es CAPRECOM EPS quién
presta los servicios, pero que  el INPEC y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – SPC – son los que se encargan de todas las
adecuaciones físicas para que se preste la atención; precisando que esta
última  no ha ejecutado ninguna labor, se ignora quién es la persona a cargo y
lo único que se conoce es que se ubicaron en un edificio en Bogotá y que los
recursos del INPEC que le fueron trasladados, se  destina para pagar la nómina
de los empleados.
-
Se le preguntó si conocía acerca del programa de adecuación de
Unidades de Sanidad en todo el país  que debía  culminar el   30 de marzo de
2013  y sobre el particular precisó: Que  en la semana anterior, llegaron unos
ingenieros, le dieron a conocer unos planos y le informaron que harían  unas
adecuaciones en  el área de sanidad; las que efectivamente  habían comenzado
hacía pocos días pero hasta la fecha sólo se había demolido  el área  de
recuperación donde se ubica a los internos enfermos mientras el médico tratante
da la orden de que  regresen a los  respectivos patios.
-
Al preguntársele sobre la situación de los enfermos que padecen
enfermedades psiquiátricas, puntualizó: Que  en el establecimiento no existe
Pabellón de Psiquiátricos, porque el Ministerio de Salud era el encargado de
ello y no volvió a tener intervención en el asunto; Que si los internos  están
detenidos en el establecimiento carcelario es porque no fueron declarados
judicialmente como inimputables, pues en esos casos se les remite a
establecimientos especializados para tal efecto; Que en todo caso sí existe una
Unidad de Paso Mental en la que se ubica transitoriamente a los internos que
presentan algún padecimiento de este tipo, quiénes a partir de la orden médica
respectiva, regresan al patio una vez mejoran sus condiciones. Destacó que  en
la mayoría de los casos, la causa de tales padecimientos  es  al alto consumo
de sustancias psicoactivas dentro del penal.
-
Frente a los criterios de clasificación de los internos en los
patios y la posibilidad de traslados, afirmó lo siguiente: Que  es cierto que
los condenados y sindicados se encuentran juntos, pues  al tratarse de personas
que pertenecen a diferentes bandas y organizaciones, son criterios de seguridad
de los propios internos los que determinan su  ubicación en los patios,
procurando  acomodarlos  en los que puedan convivir.
Afirmó que es cierto lo que dice
el accionante en el sentido de  que el patio 1 en la actualidad está libre,
pues  está siendo sometido a un proceso de remodelación, al haber sido
literalmente “destrozado”  por los internos que estaban allí en un incidente
gravísimo ocurrido meses atrás. Señala  que  ha decidido utilizar dicho patio
para ubicar allí a los internos que tienen un comportamiento ejemplar, para que
sea como un “premio” y un aliciente  para  todos.
Que  los patios están separados
de la siguiente manera: 10 y 9 para la tercera edad  y 12  de discapacitados:
Que en estos no hay hacinamientos y están cerca a la parte médica. En el 6, la
comunidad terapéutica. En el 16 -  mal llamado de máxima seguridad – están
ubicados  los internos de buen convivir y trabajadores externos “granjeros”; En
el  8 “preferiblemente sindicados”  y en el  4°,  preferiblemente  condenados
con más de 1800 reclusos.
Se le preguntó si existe un patio
específico para la comunidad LGTB. Señaló que si bien hace muchos años hubo
uno,  no existe.
2. Siendo las 3:30 p.m., nos dirigimos a la oficina
jurídica, ubicada en el segundo piso del área administrativa -  oficina 201-
en compañía del responsable del AREA JURIDICA   Dragoneante  Diego Alejandro
Monsalve Builes. Precisó que si bien se encontraba vinculado  como dragoneante,
ostentaba el cargo de  asesor jurídico en provisionalidad desde comienzos de
este  año. Puso a disposición la hoja de vida del accionante (32 folios) cuya
copia se incorpora a la providencia[1144].
Durante la entrevista el funcionario precisó lo siguiente: “La Cárcel al día de
hoy tiene capacidad física para 2300 internos, pero a la fecha hay exactamente
7500 internos”. Informó que a nivel jurídico no se han presentado quejas en
cuanto al otorgamiento de la libertad, pues una vez llega la boleta de
libertad, ésta se concede; que con los traslados de internos a otros
establecimientos carcelarios efectuados recientemente, “se ha minimizado el
problema de hacinamiento”, destacando sobre este aspecto que “las celdas son
abiertas a fin de que los reclusos caminen a los baños y además, se les permite
las visitas externas”. Al preguntársele sobre cuáles considera que puedan ser
las causas del actual hacinamiento, señala que los jueces de ejecución de
penas  no están otorgando los subrogados penales, precisando que en la
actualidad hay más de 1250 internos que ya cumplieron las 2/3 partes de la
pena, pero no se les concede la libertad condicional argumentándose el
incumplimiento del “elemento subjetivo”, destacando que los jueces no se
desplazan al establecimiento carcelario para efectuar  indagación alguna sobre
tal aspecto. En el mismo sentido,  señala que hay internos  a quiénes se les ha
concedido en varias oportunidades el beneficio de las 72 horas, pero no se
ordena la libertad con el mismo argumento. En este momento, interviene el
delegado de la defensoría del pueblo, Doctor ALEJANDRO ALZATE URIBE,  quién
corrobora esta última afirmación, destacando que sólo uno de los jueces de
ejecución de penas otorga este beneficio. También lo hace la otra delegada de
la defensoría,   Doctora VICTORIA EUGENIA OSSA, para destacar que   unos de los
factores que incide en esta problemática se deriva del hecho de que no exista
trabajadora social, pues encontrándose la vacante desde agosto de 2011, no se
ha efectuado una nueva  vinculación, precisando que es absolutamente indispensable
que se solucione ese problema porque el trabajador social  cumple una función
primordial, ya que es el encargado de hacer las visitas domiciliarias y
realizar los informes para poder conceder el beneficio de las 72 horas a los
internos. Agrega que otros factores que inciden en el hacinamiento actual de la
entidad y en relación con las  decisiones sobre libertad, es  la falta de
plazas de trabajo para los reclusos;  y que  cuando se trata de subrogados
penales como la detención domiciliaria, libertad provisional o suspensión
provisional de la ejecución de la pena, se ve frustrada la posibilidad de que
se concedan, debido a que el procesado o condenado no cumple con  el pago de
las multas o indemnizaciones fijadas en la sentencia; lo que obviamente se origina
en la precaria situación de los internos  y sus familias.   Los dos
funcionarios de la defensoría del pueblo, también explican que otra de las
causas del  hacinamiento actual, son las últimas reformas legislativas, Leyes
890 de 2004, 1142 de 2010 y 1453, porque no sólo incrementaron las penas sino
que se aumentaron muchas de las penas  mínimas a más de 5 años,  lo que
conlleva a que se genere la detención preventiva e impide la detención
domiciliaria.
3. A las 4:15 p.m. de la tarde, se efectuó una breve
entrevista con  el Dragoneante LUÍS PINZÓN -  Vicepresidente de la “UTP”
Seccional Bello (Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano). Informó que ha enviado fotos
del hacinamiento que se vive en este establecimiento carcelario y diversos
escritos, a la actual  Ministra de Justicia;  así como a la Dirección del
Establecimiento carcelario. Que se ha dado a conocer  la gravedad de la
problemática  en diferentes programas de televisión,  pero  señala que  a su
juicio el  problema del hacinamiento en las Cárceles se ha convertido más en un
tema político. Informó sobre el bajo número del personal del INPEC  en relación
con la cantidad de  internos del establecimiento, afirmando que sacaron 205 funcionarios
y sólo han llegado 100, existiendo en la actualidad 313 funcionarios,  número
insuficiente para atender la gravísima problemática, destacando que en las
noches, se debe cuidar un altísimo número de internos por patio con un número
mínimo de guardianes.  Entregó un archivo electrónico con varias fotografías
tomadas en el año de 2012[1145]
y precisó que  al finalizar la diligencia entregaría copia de los oficios
remitidos y  un informe   que contendría los planteamientos realizados en la
entrevista.[1146]
4. A las 5:10 p.m. se pasa  por la zona de control e
ingreso, en la que se encontraba 15 personas  que  recién ingresaban  y a
quiénes  se les estaba asignando patio. En compañía del  INSPECTOR RAFAEL LÓPEZ
QUINTERO, responsable del ÁREA DE SANIDAD,  ingresamos al patio  DE
DISCAPACITADOS, ocupado por  49 internos. En el pasillo están las diferentes
celdas,  cada una independiente. Tiene  un patio cubierto[1147] y otro  al aire libre;[1148]
baños comunes,[1149]
una   precaria biblioteca al fondo del corredor;[1150] las paredes despintadas,
los corredores son oscuros; al lado del patio se encuentra una cocineta.[1151]
Indica el oficial que el criterio de selección de  las personas que están en
dicho patio es la discapacidad y que las sillas de ruedas por lo general las
suministran los familiares de los internos. Uno de los internos, manifiesta a
viva voz que “estamos incomunicados y el televisor no sirve, suena pero no da
imagen”. Se enciende  la televisión  ubicada en la zona común y se constata que
sólo genera sonido pero sin imagen alguna.
5. A las 5:40  se inició el recorrido por el ÁREA DE
SANIDAD:
En el   2° piso se encuentran los consultorios  en los que
se presta el servicio de odontología y  medicina por parte de CAPRECOM EPS-S,
así como la oficina del director del área. Es  un corredor  sin ningún tipo de
ventilación,  en el que se siente un ambiente pesado y sofocante. Si bien
existen algunas carteleras en las paredes,  en ella no reposa ningún tipo de
información sobre prevención o atención en salud. Al fondo del corredor, se
observa una Sala de espera[1152]
con unas pequeñas ventanas absolutamente sucias y deterioradas[1153] y
contiguo a ella, una habitación en  terribles condiciones de higiene.[1154] Las
oficinas donde funcionan los consultorios  estaban cerradas, no había médico,
enfermeras ni odontólogos y en consecuencia, ningún tipo de  atención. El
Director del Área, que no es médico sino un funcionario del INPEC con el cargo
de INSPECTOR,   quién  tampoco tenía las llaves para ingresar a ninguno de los
consultorios, pero se pudieron tomar algunas fotografías desde las ventanas.
Son consultorios pequeños, en los que sólo hay una camilla, un escritorio, una
silla  y el instrumental para atención básica: los consultorios de consulta
externa tienen solo 1 estetoscopio; 1 báscula; 1 equipo de órganos y 1 camilla[1155].
Hay un consultorio odontológico,[1156]
y una Sala de Fisioterapia, con el techo absolutamente deteriorado por una
gotera de meses atrás[1157].
Ya en la oficina de la Coordinación del Área de Sanidad, se
realizó una inspección al lugar:
-
Al preguntarse el por qué toda el área se encontraba vacía y
cerrada sin prestación de servicio alguno, el funcionario  explicó: Que  el
horario en que CAPRECOM  presta los servicios  es  de 8:00 am a 5:00 pm,
jornada en la que se atiende un total de 27 pacientes, destacando que “si
terminan ligero se van”. Informa que son médicos  vinculados con contrato de
prestación de servicios por CAPRECOM  y a veces se presenta irregularidad en la
atención durante dicha  jornada, porque el médico  no asiste, destacando que en
las últimas semanas no ha habido atención de consulta externa en la tarde por
dicha causa, pues en cada jornada (de la mañana o la tarde) sólo  hay un  (1)
médico y  dos (2) auxiliares de enfermería. Explica que  en la actualidad  sólo
hay  un (1)  odontólogo y una (1) auxiliar de odontología, que atiende sólo 10
internos diarios[1158].
-
Ante esta circunstancia, se le interroga sobre la atención en
salud cuando los médicos de CAPRECOM no están, indicando lo siguiente: Que en
el tercer piso hay un área de urgencias, con una auxiliar de enfermería y  un
médico para atender  a los internos que requieren el servicio,  precisando que
en la actualidad se presenta una absoluta carencia de medicamentos e insumos.
-
Aporta copia de comunicado dirigido el pasado 31 enero a la
Coordinadora Regional del  INPEC, informando de esta situación[1159]; así
como de dos archivos electrónicos en EXCEL, por los meses de febrero y marzo de
2013, en los que se relata de manera detallada  las novedades diarias del área
de sanidad y en el que reposan las diferentes carencias  y contingencias que se
presentan[1160].
-
Ante la información suministrada por los funcionarios de la
Defensoría del Pueblo, se le pregunta  sobre  el número de muertos en lo que va
corrido del año: Luego de señalar que sólo llegó al cargo el 30 de enero de
2013, informa que han  fallecido 3 internos. Puso a disposición copia de las
carpetas que contienen una  información básica sobre lo sucedido en cada caso,
destacando que la mayor parte de la información se entregó a los funcionarios
que adelantan las investigaciones[1161].
-
Sobre la relación entre el INPEC – SANIDAD y CAPRECOM, indica lo
siguiente: Que  antes en el área de sanidad habían 4 médicos  y 4 auxiliares de
enfermería  del INPEC, pero les quitaron sus funciones; Que  la gran mayoría de
los internos  están afiliados a CAPRECOM , pero en el caso de los que  tienen
su EPS, los atiende el médico de CAPRECOM en consulta externa  y lo que él
ordene se remite a la EPS respectiva para  el suministro de medicamentos,
exámenes y como allí se causa copago, el interno entrega el valor y la oficina
de sanidad se encarga del trámite. Muestra sin embargo, que al llegar encontró
varias órdenes por diligenciar ante dichas EPS desde el año anterior, poniendo
a disposición una  carpeta en la que aparecen varias de ellas de fecha: 25 de
octubre,  30 de noviembre, 24 de diciembre de 2012  y del  31 de enero,  15 de
febrero,  19 de febrero, 24 de febrero y  1 de marzo   de 2013,
correspondientes a EPS SURA, SALUDCOOP, IPS UNIVERSITARIA CAPRECOM, COOMEVA,
todas del régimen contributivo. Argumenta que el trámite es  engorroso, porque
si bien las familias llevan las constancias con las fechas en que  fueron
programas las citas en dichas EPS, sin embargo, se  deben  modificar desde esa
Dirección por  la seguridad del interno,  quién ignora cuándo se realizará.
-
Precisa que ante la insuficiencia en la atención médica,
diariamente debe contestar varias acciones de tutela, allegando un listado con
el detalle de las 84 tutelas  instauradas por salud sólo en el mes de febrero
de 2013[1162].
-
Se le pregunta sobre los criterios de asignación de citas:
Informa que  “en cada patio hay un representante de derechos humanos que es un
interno, quien identifica a las personas con problemas de salud, las anota y
pasa el informe a Sanidad, para separar la cita”, precisando que al  llegar al
cargo detectó  que en algunas oportunidades el interno que tiene  a su cargo la
fijación de la lista exige dinero  para anotar a los internos,  pero que dicha
práctica con su llegada  ha menguado, porque se ha permitido que los internos
que deseen solicitar la cita directamente se acerquen al Área de Sanidad. En
ese caso, allí se asignan los cupos y como son sólo 27 por patio cada día, si
él asigna por ejemplo 15, al interno de derechos humanos sólo le quedan 12
cupos por asignar.
-
Se le solicita la Carpeta de Salud del Interno Elías de Jesús
Monsalve,  pero argumenta que en el área de sanidad no se manejan las Historias
Clínicas de los internos, sólo aquellas que se piden. Después de buscar en sus
archivos, no la encuentra, debiéndose destacar que para  hora en que terminó la
diligencia, la carpeta nunca fue hallada.
A  las 6: 30 de la noche  llega un interno al lugar donde se
ubican los consultorios, informando  que tiene una alergia en el cuerpo y que
requiere de atención y valoración; como no hay médico ni enfermeras, el
INPECTOR RAFAEL LÓPEZ QUINTERO responsable del AREA DE SANIDAD, ordena que se
enviado al tercer piso, al área de urgencias. El interno nunca fue atendido: No
había médico, sólo una auxiliar de enfermería y no  había  ningún tipo de
elemento ni medicamento alguno. Fue remitido de nuevo al patio.
6. A las 6:40 de la noche, comienza el recorrido al 3er
piso, subiendo por unas escalas oscuras, con las paredes absolutamente
deterioradas, salpicadas de sangre sin ningún tipo de higiene ni mantenimiento[1163]. En
este piso se ubican  cuatro áreas: DE AISLAMIENTO,  SALA DE ESPERA DE URGENCIAS,
URGENCIAS, ZONA  DE HOSPITALIZACIÓN y UNIDAD DE PASO MENTAL [1164]  y una
“Sala de espera” para los internos que van para Urgencias[1165]
EL AREA DE AISLAMIENTO: Es el  lugar donde se ubican las
personas con tuberculosis, sarampión, paperas, VIH, rubeola  y todo tipo de
enfermedades infecto contagiosas.  En ese momento había dos internos con
Tuberculosis[1166].
En la habitación contigua está un ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
provisional. El responsable de Sanidad explica que  la zona tradicionalmente
utilizada para tal efecto, es la que se encuentra en reparación. En  efecto se
observa que está completamente demolido el piso[1167], constatando que los
trabajos se hacen durante todo el día, sin que se hubiere ubicado a los
pacientes que están en el área provisional de hospitalización, ni el área de
aislamiento ni mucho menos la zona de Urgencias, para otro lugar en el que no
se vean sometidos a la contaminación auditiva y ambiental que generan las
obras que se adelantan.
En  esa área provisional de hospitalización  se encuentran
7  internos, uno de ellos durmiendo en el suelo en una colchoneta. No hay
ningún tipo de medicamento, ni personal atendiéndolos. El baño está sucio y no
tiene luz, las camas están sucias y todos  se encuentran ubicados en un mismo
cuarto[1168].
Los internos se quejan por sus dolencias y la mala atención y  de lo que
expresan toma nota la  funcionara defensora del pueblo que nos acompaña en la
diligencia:
-
Que los médicos de CAPRECOM dan  las citas para exámenes,  pero
en el área de sanidad no se tramitan  oportunamente las salidas para asistir a
ellas.
-
Luis Arnoldo Marín Salazar, paciente de 64 años: informa  padecer
de  Hipertensión y Diabetes. Muestra las múltiples heridas en  las plantas de
sus pies que le impiden caminar, pero informa que no hay ningún tipo de
elemento para su curación; que lleva varios días en esa zona sin ningún tipo de
atención  y que le han informado que esto se debe a que  se ha terminado el
contrato con CAPRECOM.
-
Leiner Perea Moreno y padece de una fuerte  hemorroides. Informa
que viene trasladado desde Quibdó y  CAPRECOM no lo ha atendido
-
Hugo Andrés Uribe, paciente con diagnostico anterior de TBC y
orden de aislamiento por  un padecimiento gástrico. Afirma que las únicas
opciones que le ofrecen es estar en la ZONA DE AISLAMIENTO con los internos
que  padecen TBC o en esa  zona de hospitalización, en la que en manera alguna
se encuentra aislado porque comparte el espacio en ese lugar común,  con los
demás internos hospitalizados.
EN EL AREA DE URGENCIAS:
Tal como se constata en las fotografías[1169] en ellas  solo hay 5
camillas, 2 biombos, 1 monitor de signos. El piso,  las paredes, las gavetas,
las mesas, la zona de esterilización  y pocetas: todo se encuentra en pésimo
estado y se advierte  a simple vista la falta de higiene. Los  muebles en  los
que se ubican los medicamentos se encuentran  prácticamente vacíos, sólo hay
unas jeringas y algunas inyecciones con antibióticos. La auxiliar de enfermería
informa que  no hay  ningún medicamento esencial ni para el dolor. Las pipas de
oxigeno no están cargadas;  los equipos son de aluminio y están oxidados; Hay
carro de paro pero no hay insumos para un código azul (para reanimación);  hay
un monitor de signos vitales que funciona y si bien  hay dos aparatos para
hacer nebulizaciones,  no hay mascarillas.  Se observa que lo único que
funciona en el lugar es un ventilador al fondo del cuarto.
Siendo las 7: 15 de la noche, ingresa a la zona de
urgencias  el interno Johan Stiven Giraldo -  paciente psiquiátrico -  con una
herida en  el brazo derecho, en la zona interna del codo: Minutos antes se
había cortado las venas. Estando con la auxiliar de enfermería,  se cortó las
venas del brazo izquierdo con una cuchilla y ante la ausencia absoluta de
insumos para atenderlo, fue remitido de inmediato al Hospital del Norte en el
Municipio de Bello Antioquia.
Finalmente, se observa la UNIDAD DE PASO MENTAL[1170]: En
ella hay 6 internos,  provenientes de los patios, que se encuentran
temporalmente por orden del psiquiatra, quién asiste al establecimiento una
vez al mes y dependiendo de la evolución, los remite de nuevo al patio.
7. A las 7:30 pm, nos dirigimos al ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL
y TRATAMIENTO. Nos atendió el teniente GUSTAVO AGUIRRE FERNANDEZ responsable
del área de atención y tratamiento, quién explicó que se reintegró el 16 de
enero de 2013 y fue ascendido al actual cargo.
Informa el funcionario que una de las causas de  la
problemática existente en el establecimiento carcelario radica en la
insuficiencia de personal en todas las áreas, destacando que los funcionarios
que ostentan los cargos de mando en las áreas administrativas,  si bien son de
carrera dentro del INPEC, se encuentran provistos desde hace muy poco tiempo en
provisionalidad para desempeñar los cargos que actualmente ocupan. Al ser
preguntado sobre el incumplimiento a lo consagrado en los artículos 144 y 146
del Código Penitenciario y Carcelario en relación con el sistema progresivo del
tratamiento, señala que desde el mes de agosto del año 2011 no hay trabajadora
social y  que si bien en el establecimiento hay psicólogas, sólo cuenta con dos
profesionales en esa área para evaluar el elemento subjetivo  mediante pruebas
sicológicas que se hacen al interno y en las que se invierte tiempo; sin
embargo, una de estas profesionales está cumpliendo las funciones de la
trabajadora social, quedando sólo una para la valoración psicológica. Explica
que, ante esta insuficiencia de personal, existe un gran represamiento para
atender las múltiples solicitudes: Hay más de 70 peticiones en las que se
solicita el trámite para el beneficio de las 72 horas;  Que el  número de
internos condenados supera los 5500  y  la mayoría está pendiente de valoración
psicológica para el cambio de fase, por lo que se han visto obligados a
implementar  un sistema de turnos para atender las múltiples solicitudes. Informa
que ante esta situación, se ha incrementado el número de acciones de tutela
instauradas por los internos solicitando que se ordene su valoración
psicológica, la visita domiciliaria o el concepto jurídico pendiente;  y es a
él a quién le corresponde dar respuesta a cada tutela, porque la funcionaria
que le ha sido asignada como secretaria es dragoneante y no cuenta con la
capacitación necesaria para tal efecto. Presenta escrito de fecha 26 de febrero
de 2013 dirigido a la DIRECCION TECNICA DEL INPEC[1171].
Respecto al concepto jurídico requerido  para  otorgar los
subrogados penales (libertad condicional) y sobre el funcionamiento de la
oficina de registro y control a cargo de las certificaciones de estudio,
trabajo o enseñanza para los fines de redención de pena, precisó lo siguiente:
Que para la valoración jurídica solo cuenta con el apoyo del  Dragoneante Diego
Alejandro Monsalve Builes, único abogado de todo el establecimiento carcelario
y actual encargado del ÁREA JURIDICA. Finalmente, aporta dos informes sobre el
PLAN OCUPACIONAL del establecimiento carcelario, donde se detallan los
diferentes proyectos  y actividades  para la asignación de trabajo a los
internos con fines de redención de penas.[1172]
Incidente: En este estado de la diligencia informa la
delegada de la Defensoría que el recluso que se había cortado las venas lo
devolvieron de la Clínica del Norte porque se había cancelado el contrato con
CAPRECOM EPS, pero no fue atendido en urgencias del establecimiento por
carencia de insumos. Fue remitido al patio y ante su precaria situación, fue
llevado de nuevo a Urgencias.
8. Siendo las 8:10 pm, se  recibe efectúa entrevista
al señor ELÍAS DE JESÚS MONSALVE  en el Área de Atención y Saneamiento
Integral, quien  en relación con los hechos de la acción de tutela, insiste en
lo siguiente: Que en la zona común de cada patio sólo hay un televisor, en
algunos casos en mal estado, sin imagen o sonido. Respecto a la alimentación
afirma que  les dan tres comidas al día: El desayuno consiste en medio pocillo
de agua chocolate, en ocasiones no tiene azúcar, todos los días dan una fruta a
veces en mal estado (banano o naranja), con un huevo o  salchicha salchichón,
pan o arepa. El almuerzo a veces sobra  y aun así no lo reparten entre los
internos: sopa, el seco (carne o pollo), jugo y  la misma ensalada siempre. En
la tarde algo similar a lo del almuerzo.
Al ser interrogado sobre los requerimientos de salud
contestó: i) Que supone que a raíz de la tutela lo llamaron la semana anterior
y le informaron que se encuentra en turno para lo de los ojos, pero la cita la
ha pedido desde hace más de 5 meses, cuando fue evaluado por un médico de
CAPRECOM EPS y le informó que debía esperar para la atención con el
especialista quién decidiría lo de las gafas y la cirugía. Precisa que tiene
desprendimiento de retina, que no ve por el ojo izquierdo, que se cansa para
ver televisión o leer; que no tiene gafas; Que pidió un optómetra u oftalmólogo
para que lo opere. ii) En cuanto al tratamiento odontológico  informa que
solicitó una cita a través de derechos humanos, le dieron la cita, le hicieron
una limpieza hace 3 meses y allí le informaron que le iban a hacer un
tratamiento para las piezas dentales faltantes, pero tampoco lo han llamado;
iii) Que tiene dolencias en las piernas, siente cansancio en las piernas que
pide también valoración para las piernas, que los enfermos psiquiátricos
compartes el patio con los discapacitados y los condenados.
Que no ha hecho solicitudes de cambio de patio; Que es la
1ra tutela que pone para sus tratamientos médicos pero que  sí había firmado
otra acción de tutela en un grupo con otras 150 personas aproximadamente, pero
no ha sido notificado de ninguna decisión.
9. Siendo las 8:36 pm, se inició la visita nocturna con el
fin de constatar el relato del escrito de tutela en relación con la forma como
duermen los internos. Al grupo integrado por  la Magistrada, sus  dos
auxiliares, el delegado de la procuraduría y los dos delegados de la
defensoría. Durante esta parte del recorrido nos   acompañaron 6 guardianes del
INPEC. Nos dirigimos hacia los patios por un pabellón oscuro, húmedo en el que
se percibían olores putrefactos,   y en la entrada a los pabellones 4-8-9-10
hay una humedad creciente que gotea y genera un gran charco  y a mano derecha
se observa  la zona de comedor  con capacidad tan sólo para 100 personas,  así
como  el pabellón por donde transitan  los internos después de  recibir la
comida, con un olor nauseabundo[1173].
10. A las 8:45 se inició el recorrido por el  patio 8  que
según los funcionarios del INPEC tiene 1662 reclusos; mientras que  el patio 4
tiene  1807  y el patio 2 1778. El patio está compuesto por una zona al aire
libre en la que permanecen los internos durante el día y una edificación de dos
pisos[1174].
RECORRIDO POR EL PRIMER PISO: ZONA AL AIRE LIBRE -
Iniciamos el recorrido del primer piso y encontramos  sobre mano izquierda el
grave estado de las columnas que soportan la edificación en la que se albergan
los internos, debido a grandes humedades  que se presentan  de tiempo atrás sin
que se les haya efectuado el mantenimiento adecuado[1175], generando  un charco
de 3 metros de diámetro, generando terribles olores. Contiguo a este lugar, se
encuentra una precaria biblioteca[1176]
y al frente   él área de televisión para los 1662 internos[1177].  En el fondo  del
patio se encuentra la zona de los baños para todos estos internos[1178]:
Son tres sanitarios, sin mecanismo de descarga y justo al frente queda un área
al aire libre para duchas y en el mismo lugar, un pequeño orinal y una poceta
que destinan para lavar la  loza. Todo se encuentra en un estado de absoluto
deterioro, malos olores, insectos y cucarachas. Hay un tanque con agua de
aproximadamente 2 metros de largo x 1 de fondo que según la información de los
guardianes sirve para surtir el agua del balde con el que se limpian los
sanitarios, así como para lavar la loza y el agua permanece empozada mientras
se acaba y se vuelve a llenar. Justo al lado de los baños se encuentra la zona
de basuras y reciclaje, zona que expide fuerte olores[1179]. Al lado derecho del
patio, cerca de la zona de los baños, hay un aro para basquetbol y dos barras
oxidadas para hacer algo de deporte, pero informan los guardianes que no es
posible desempeñar estas actividades porque durante el día cuando los internos
salen, el patio está completamente hacinado y no queda espacio alguno libre
para realizarlas[1180].
En el área libre están al mismo tiempo, la zona de basuras,
la zona de juegos y la zona de baños, en la misma informa uno de los
funcionarios que están desde las 5:00 am hasta las 5:00 pm, si llueve el área
se reduce y se tienen que ir a sus celdas o estar solo en las escalas o la zona
de juegos, la cual es muy reducida. Salta a la vista que en el área del patio
apenas cabe aproximadamente 600 personas. Sin embargo, por el hacinamiento, el
espacio para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa es casi nulo.
El patio no es apto para que los internos pasen en él la mayor parte del día.
RECORRIDO POR LA EDIFICACIÓN – SEGUNDO Y TERCER PISO
En cada piso hay cuatro pasillos cada uno conformado por un
corredor con celdas y al fondo los baños. Durante el día permanecen abiertos
para que los internos puedan movilizarse y bajar a la zona de aire libre, pero
a partir de las 6 de la tarde se cierran y los internos deben permanecer allí,
pero como no caben en las celdas, entonces se ubican a lo largo del corredor y
en los baños: Nos acercamos a cada uno  de ellos y pudimos constatar desde
afuera  las condiciones en que se encuentren los internos durante la noche: Hay
una ausencia absoluta de ventilación porque a pesar de que a lo largo del
corredor hay unas pequeñas ventanas, como los internos deben improvisar unas
hamacas para dormir colgados del techo, se impide la circulación del aire; sale
un calor impresionante y por ello están sin camiseta y con pantaloneta. En el
piso hay colchonetas, cobijas, periódicos y así se acomodan de a tres personas
en el corredor de 1 metro de ancho; se acomodan de tres en tres hasta llegar al
fondo donde están los baños.[1181]
En las entrevistas con los internos expresan: “aquí no
tenemos salud”, “tomen fotos al fondo del corredor”, “dormimos en los baños”,
“estamos enfermos por la humedad”, “la humedad de los baños no deja dormir
porque hay goteras”. Uno de los internos cuenta que las personas no pueden
hacer sus necesidades en el baño en durante  la noche porque  no se  puede
vaciar  el sanitario  y debe usarse un balde con agua, pero como el área está
llena de personas que duermen ahí, no hay forma de caminar en la oscuridad para
recoger agua y limpiarlos, por lo que tienen que aguantarse las ganas de ir al
baño toda  la noche. Otros manifiestan que no hay papel higiénico y cada 8 días
sus familiares les traen. La magistrada entrega la cámara a uno de los
internos  con el fin de que éste tome las fotos en su interior y especialmente
en el baño[1182].
Se observa también que hay muchos de los internos que se
encuentran enfermos física y mentalmente.[1183]
La multitud pide que se le tomen fotos a uno de ellos que se encuentra en
estado cadavérico de nombre Juan Alberto Montoya y que  al igual que los demás,
duerme en el piso, quién en la entrevista comenta que tiene 47 años de edad,
que está muy enfermo  y que cuando ha sido atendido por el médico lo devuelven
al patio sin ningún  medicamento. Los internos informan que “hay reclusos que
tienen sida  o tuberculosis y viven  aquí con nosotros” y otros dicen que “hay
reclusos con enfermedades mentales que hacen muy difícil la convivencia, no les
llegan los medicamentos  oportunamente y no dejan dormir”.
Varios internos afirman ser pacientes psiquiátricos, por
ejemplo  José Gabriel Guzmán quién dice tener diagnóstico de esquizofrenia  y
se encuentran en el lugar sin tratamiento. Los internos  dicen: “vivimos con
animales”, “hay muchos chinches, cucarachas y  ratones que salen de las
tuberías del baño”;  otros dicen  “que los muertos han sido por mala atención
en sanidad”, “que las comidas son malas  y que tienen un enfriador para meter los
alimentos que les llevan las familias pero  está malo y la comida  se vinagra”,[1184] “no
hay televisores en los pasillos”.
Afirman los internos que hay mezcla de “sindicados y
condenados”,  y en de los pasillos, un interno no para de gritar durante la
misma frase de manera constante: “préstenme el fusil me vuelo los sesos”.[1185]
Un interno llamado HANZ CRISTIAN VILLA ZULETA  se acercó a
la reja y entregó a la magistrada un escrito de tutela para protección de
derecho a la salud que tenía hace varios días y no  había tenido la forma de
hacerlo llegar a los Juzgados;  otro interno informó que le habían hecho una
cirugía maxilofacial y por ello tenía toda la boca amarrada con unos alambres y
en una requisa por parte del personal del INPEC  un guardián la abrió la boca
a las malas, le reventó los alambres y los tornillos, y no ha podido obtener
cita para que le resuelvan el asunto, afirmando que padece de un fuerte dolor.
11. A las 9:45 p.m. nos dirigimos al patio 2 por solicitud
del interno de derechos humanos de dicho patio. Tiene una estructura similar al
anterior y los guardianes explican que así son los demás: Un  área al aire
libre donde permanecen los internos al aire libre,  en la que hay una  gran
humedad que baja desde la tercera planta de la estructura y permea un área
aproximada de 2 metros mojando gran extensión del piso, generando charcos de
aguas estancadas que  expulsan olores fétidos. En esa zona del primer piso hay
un gimnasio  absolutamente vetusto y sin ninguna funcionalidad, una zona de
televisión con un solo equipo para todos y al fondo, el área de los baños (duchas,
sanitarios, poceta) y la de basuras y reciclaje.[1186]
Pero encontramos en una esquina de este patio un espacio que
no había en el patio octavo: en una celda llamada para “los rastrillados”, en
la que estaban en absoluto aislamiento 4 personas. Los guardianes informaron
que ellos están por seguridad, porque no pueden convivir en los pasillos debido
a que en ellos están sus enemigos de otras bandas y pandillas, Nos entrevistamos
con estas personas: 2  de ellos llevan 2 meses y 1 20 días, no hay baño, no hay
luz, no hay agua, entonces les entregan unas cocas para que hagan sus
necesidades fisiológicas y una manguera para que las puedan asear. Allí les
llevan la comida, el lugar es frío, húmedo, fétido  y sólo tienen “una hora de
sol”,  a las 5 de la mañana antes de que salgan los internos al área libre o a
las 7 de la noche después de que éstos se entran. No tienen camas ni
colchonetas, duermen en el suelo sólo en cobijas.[1187]
En el segundo y tercer piso, están los  pasillos en las que
se pudo constatar la misma situación de hacinamiento  del patio octavo y donde
los internos en las entrevistas, efectúan las mismas denuncias y quejas,[1188]
resaltando incluso que en algunos de ellos no hay baños,  y reiteran que  en
cada celda que es para 3 personas duermen 7 y que por ello deben ubicarse a lo
largo del corredor “colgados y por turnos”.  Informan que el día de las
visitas, sobre todo el domingo que van los niños,  se triplican las personas al
interior del penal y en la edificación porque ellos  entran al  patio y las
celdas.
A las 10:30 de la noche terminó el recorrido.
ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ GUTIÉRREZ      HERMES REINEL HOYOS
Magistrada
Secretario
Quinto Anexo
Índice
I. ANTECEDENTES
1. Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC. (Expediente T-3526653)
2. Cárcel La Tramacúa de
Valledupar. (Expediente T-3535828)
3. Cárcel Modelo de Bogotá.
(Expedientes T-3554145 y T-3647294).
4. Cárcel Nacional Bellavista
de Medellín (Expediente T-3645480).
5. Cárcel San Isidro de
Popayán. (Expedientes T-375561, T-3759881 y Expedientes T-3759882)
6. Establecimiento
penitenciario y carcelario de Barrancabermeja (Expediente T-3805761)
II. Consideraciones y fundamentos
1.
Competencia
2. Problemas jurídicos a resolver
2.1. Presentación de casos
2.2. Problemas jurídicos
generales y específicos.
3. Decisiones y resumen del
argumento de la sentencia
4. El estado de cosas del sistema
carcelario constatado en 1998 no es igual a la que atraviesa actualmente, por
lo que requiere un análisis propio e independiente
4.1. El reconocimiento de la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en la jurisprudencia constitucional
4.2. La jurisprudencia
constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario colombiano
4.3. El estado de cosas
inconstitucional por hacinamiento identificado y declarado en 1998 se entendió
superado en razón a las medidas y políticas adoptadas con posterioridad
4.4. Información remitida a la
Corte Constitucional acerca de una nueva situación crítica en el sistema
penitenciario y carcelario y posterior notificación a las autoridades
competentes
4.5. Solicitudes ciudadanas
adicionales
5. Información acerca de la
situación del Sistema penitenciario y carcelario colombiano suministrada y
recopilada por la Corte
5.1. Congreso de la República
5.2. Procuraduría General de
la Nación
5.3. Contraloría General de la
República
5.4. Defensoría del Pueblo
5.5. Academia, medios de
comunicación y opinión pública
5.6. Gobierno Nacional e INPEC
5.7. Departamento Nacional de
Planeación.
5.8. Comisión Asesora de Política
Criminal
6. Declaración de Estado de
Emergencia Penitenciaria y Carcelaria
7. El Sistema penitenciario y
carcelario nuevamente se encuentra en un estado de cosas contrario a la
Constitución Política
7.1. Petición de reconocimiento
de estado de cosas inconstitucional
7.2. Valoración de los factores
que determinan un estado de cosas contrario a la Constitución
7.2.1.
Los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son
violados de manera masiva y generalizada.
7.2.2. Las obligaciones de respeto, protección y
garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido
incumplidas de forma prolongada.
7.2.3.
El Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas
inconstitucionales.
7.2.4.
Las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la
vulneración de los derechos
7.2.5.
Las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y
carcelario, compromete la intervención de varias entidades, requiere un
conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que
demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante
7.2.6. Si
todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se
produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente.
7.2.7.
Síntesis
7.3. El estado de cosas
inconstitucional del Sistema penitenciario y carcelario se ha consolidado poco
a poco; sin sobresaltos, sin sorpresas
7.4. Dignidad humana
7.4.1. El goce efectivo de los
derechos fundamentales en prisión, indicador de la importancia real de la
dignidad humana
7.4.2. Un sistema en crisis,
que suele poner en riesgo la dignidad humana
7.4.3. El derecho a la
dignidad humana a la luz de la jurisprudencia constitucional
7.4.4. La amenaza constante a
la vida, a la integridad personal por la criminalidad e impunidad del Sistema
penitenciario y carcelario, una existencia en zozobra que desconoce la dignidad
humana
7.4.5. Requisas
indignas
7.5. Las personas privadas de la
libertad están en una relación de especial sujeción: sus derechos deben ser
asegurados de manera reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a las
que razonable y proporcionalmente haya lugar
7.5.1. Privación
de la libertad, relación de especial sujeción
7.5.2. Obligaciones estatales
de imperativo cumplimiento con personas privadas de la libertad
7.5.3. Los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad pueden ser limitados
razonable y proporcionadamente
7.5.4. Los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, también se usan en el sistema internacional y
el regional de derechos humanos, y otros equivalentes, como el europeo
7.5.5. Facultades y
competencias que deben ejercerse razonable y proporcionadamente, incluso en el
ejercicio de amplios poderes especiales, como los que confiere un estado de
emergencia carcelaria
7.6. Discriminación de
poblaciones vulnerables
7.7. Condición marginal y
precaria de las persona privadas de la libertad, dentro de la deliberación y el
debate democrático
7.8. Derecho a estar privado de
la libertad en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad
7.8.1. Una
reclusión libre de hacinamiento.
7.8.2. Infraestructura
adecuada.
7.8.3. Derecho
a no estar sometido a temperaturas extremas.
7.8.4. Acceso
a servicios públicos.
7.8.5. Alimentación
adecuada y suficiente.
7.9. Derecho a la salud, a la
integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico
7.9.1. Una doble afectación;
el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad se irrespeta y se
deja de proteger y garantizar: se somete a la personas a condiciones que
deterioran su salud y, luego, se les priva de acceso a los servicios de salud
requeridos
7.9.2. Agua,
higiene, aseo y servicios básicos
7.10. El derecho de toda persona
a las visitas íntimas
7.11. El derecho a regresar a una
la sociedad en libertad y democracia
7.11.1. El Sistema
penitenciario y carcelario de un estado social y democrático de derecho debe
propender, fundamentalmente, por la resocialización
7.11.2. El
trabajo y los oficios en la prisión
7.11.3. La
educación en prisión
7.11.4. El
vínculo con la familia y las personas allegadas
7.11.5. Recreación
7.12. Acceso a la administración
pública y a la administración de justicia
7.12.1. El
derecho de petición
7.12.2. Acceso a la justicia,
indispensable sobre todo en condiciones de hacinamiento
7.13. De nuevo un estado de cosas
contrario a la Constitución Política
8. Toda persona que está privada
de la libertad, o puede estarlo, tiene el derecho constitucional a que exista
una política criminal y carcelaria respetuosa de su dignidad y orientada a
materializar el goce efectivo de sus derechos; el estado de cosas actual de la
política criminal desconoce los mínimos constitucionales
8.1. El Estado tiene el deber
constitucional de diseñar e implementar una política pública escrita, que
garantice progresiva y sosteniblemente, el goce efectivo de las facetas
prestacionales de los derechos fundamentales que no sean de inmediato
cumplimiento
8.1.1.  Facetas
prestacionales de aplicación inmediata.
8.1.2. Facetas
prestacionales de aplicación progresiva.
8.1.2.1. Cuándo
hay violación.
(i) Existencia de un
plan; (ii) Publicidad; (iii) Tiempos de progreso;
(iv) Goce efectivo; (v) Progresar sosteniblemente;      (vi)
Sin discriminación;  (vii) Participación;  (viii)         Se
esté implementando.
8.1.2.2. Qué
debe hacer el juez de tutela.
(i) Complejas; (ii) Efectivas;
(iii) Respetuosas de las competencias democráticas y administrativas
constitucionalmente establecidas;  (iv) Prudentes y abiertas al diálogo
institucional; (v) Sometidas al control de cumplimiento; (vi) Variedad
de herramientas; (vii) Orientadas al goce efectivo del derecho
fundamental.
8.1.2.3. Cuándo se ha de
entender cumplida una orden compleja.
(i) Asegurar,
progresivamente, el goce efectivo del derecho; (ii) Niveles de
cumplimiento; (iii) Parámetros de cumplimiento;  (iv) Tipos de
parámetros de cumplimiento –[1] Los parámetros de estructura, [2]
Los parámetros de proceso, [3] Los parámetros de resultado–, (iv)
Determinación del nivel de cumplimiento; (v) Respuesta judicial
frente al nivel de cumplimiento verificado.
8.1.2.4.
Conclusión
8.2. La política criminal y
carcelaria se encuentra en un estado de cosas contrario al orden constitucional
vigente
8.2.1. Los problemas que
enfrenta el Sistema penitenciario y carcelario no son nuevos, son conocidos y
reiterados; no obstante la política criminal y carcelaria, sigue
desatendiéndolos sistemáticamente, a través de sucesivas reformas fallidas.
8.2.2. Los
problemas que enfrenta el Sistema son estructurales.
8.2.3. El hacinamiento, un
problema de urgente solución que no se resuelve sólo con más cárceles.
8.2.4. El
problema no es sólo hacinamiento
8.2.5. En una sociedad libre y
democrática, fundada en la dignidad humana, el castigo penal debe ser el último
recurso (ultima ratio) que se emplee para controlar a las personas; la
política criminal debe ser, ante todo, preventiva.
8.2.6. La política criminal y
carcelaria debe buscar, ante todo, la resocialización de las personas
condenadas; no sólo justicia retributiva, también restaurativa
8.2.7. La política criminal y
carcelaria debe ser sensible a la protección efectiva de los derechos
fundamentales en general y de la dignidad humana, específicamente.
8.2.8. El Sistema
penitenciario y carcelario debe ser sostenible; los costos de encarcelar la
libertad
(i) Elementos de la política
criminal; (ii) Costo sobre los derechos; (ii) Costos económicos;
(iii) Costos a la legitimidad del estado; (iv) Necesidad de
presupuestar; (v) El Sistema penitenciario y carcelario que
demanda la política criminal vigente no es sostenible.
8.2.9. La política criminal y
carcelaria debe ser sensible a los sujetos de especial protección
constitucional, cuyos derechos fundamentales estén comprometidos.
8.2.10. Los actores y
entidades encargadas de diseñar, adoptar, implementar y evaluar la política
criminal y carcelaria, tienen un especial deber de coordinar y colaborar
armónicamente entre sí, en el ejercicio y desempeño de sus funciones y
competencias.
8.2.11. La política criminal y
carcelaria debe ser especialmente transparente e informada.
8.2.12. Resumen
9. Cuestiones a resolver comunes
a todos los casos, y aquellas específicas a cada proceso y a cada prisión
9.1. Solución de problemas
jurídicos concretos
9.1.1. El estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente constatado en 1998 tiene relaciones y
contactos con la situación vivida actualmente; pero se trata de estados de
cosas inconstitucionales diferentes
9.1.2. Los jueces de tutela
deben garantizar el derecho de acceso a la justicia, decidiendo los casos
sometidos a su consideración
9.1.3. El juez de tutela no está
limitado a las peticiones y reclamos de las personas privadas de su libertad,
las violaciones y amenazas adicionales que se constaten deben ser protegidas
9.1.4. Un juez de tutela no puede
dejar de dar protección a una persona que se encuentra sometida a tratos
crueles, inhumanos y degradantes, en el especial si se encuentra bajo custodia
del Estado en una relación de sujeción
9.1.5. Los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas adecuadas y
necesarias, para asegurar la efectiva reinserción en la sociedad de aquellas
personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socio económica que
se encuentran privadas de la libertad, independientemente de si son condenadas
o sindicadas
9.1.6. Una persona privada de la
libertad, no adquiere un derecho constitucional a ser liberada, por el hecho de
haber sido destinada a un lugar de reclusión que se encuentra en situación de
hacinamiento y que supone de por sí un atentado a la dignidad humana
9.1.7. Un establecimiento que se
use para recluir a las personas que encuentre en estado de hacinamiento, debe
adoptar, inmediatamente, medidas adecuadas y necesarias para reducir la
ocupación, hasta, por lo menos, llegara a su capacidad total y mantenerse
equilibrado
9.2. Análisis de cada uno de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios acusados concretamente en los
procesos de acción de tutela acumulados
9.2.1. Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, COCUC, (proceso T- 3526653)
9.2.2. Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad,
EPAMSCAS (proceso T-3535828)
9.2.3. Acciones de tutela en
contra de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá (Expedientes T-3554145,
T-3647294)
9.2.4. Acción de tutela contra
el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín,
‘Bellavista’ (Expediente T-3645480)
9.2.5. Acción de tutela contra
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán, ‘San Isidro’ (Expedientes T-375561, T-3759881, T-3759882)
9.2.6. Acción de tutela contra
el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja (Expediente T-3805761)
10. Órdenes
10.1. Aspectos a ponderar por la
Sala para impartir órdenes para enfrentar el estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente
10.2. Avances del Estado en la
construcción de una política criminal y carcelaria, respetuosa del orden
constitucional vigente
10.2.1. Medidas presentadas
como respuestas a las acciones de tutela interpuestas
10.2.2. Algunas de las
acciones realizadas durante el trámite de revisión de los procesos de acción de
tutela acumulados
10.2.2.1. Comunicaciones
remitidas a la Corte Constitucional
10.2.2.2. La
reforma al Código Penitenciario y Carcelario
10.2.3. Valoración
de lo dicho y hecho por el Gobierno
10.3. Órdenes adicionales a
impartir
10.3.1. Las órdenes que se
imparten, reconocen la acción que han adelantado las autoridades estatales
encargadas
10.3.2. Órdenes principales;
Política criminal respetuosa de la dignidad humana y de los derechos
fundamentales
10.3.3. La política criminal y
carcelaria debe ser la última ratio y favorable a la libertad.
10.3.4. Diagnóstico de la
coherencia, la razonabilidad, la proporcionalidad y la sostenibilidad de la
política criminal
10.3.4.1. Adoptar política
criminal constitucional.
10.3.4.2. Revisión de la
política criminal integralmente.
10.3.4.3. Sostenibilidad
financiera.
10.3.4.4. Políticas públicas
con planes y programas públicos.
10.3.4.5. Participación y
deliberación.
10.3.4.6. Política criminal,
libre de discriminación.
10.3.4.7.
10.3.5. Alternativas
de intervención penal.
10.3.6. Acceso
a la justicia.
10.3.7. Promoción
de una política de información y formación.
10.3.8. El
ejercicio de la disciplina debe ser razonable.
10.3.9. Resocialización.
10.3.10. Condiciones
de vida digna.
10.3.11.  Medidas
de protección en salud y de descongestión judicial.
10.3.12. Protección
a la Guardia.
10.3.13. Regla
de cierre.
10.3.14. Reglas
de equilibrio decreciente y de equilibrio.
10.3.15. Medidas concretas e
inmediatas.
10.3.16. Medidas de control permanente
y no repetición.
10.3.17. Eventual cierre de
establecimientos.
10.3.18. Medidas
adicionales.
10.3.19. Seguimiento,
acompañamiento y reserva de competencia.
10.4. Un cambio de castigo.
11. Conclusión
III. DECISIÓN
Primer Anexo –
Índice
Segundo
Anexo – Descripción detallada de los expedientes acumulados
1. Acción de tutela contra el
Instituto Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, Norte de Santander (Expediente
T-3526653)
2. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad, EPAMSCAS de Valledupar ‘La Tramacúa’ (Expediente T-3535828)
3. Acciones de tutela en contra
de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá (Expedientes T-3554145, T-3647294)
4. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, ‘Bellavista’
(Expediente T-3645480)
5. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán, ‘San Isidro’ (Expedientes T-375561, T-3759881, T-3759882).
6. Acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja (Expediente T-3805761)
Tercer Anexo – Debates
parlamentarios de agosto de 2011, posteriores a la información remitida el 10
de julio (07) de 2012
Cuarto Anexo – Rama
judicial del poder público – Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral [Medellín,
marzo cuatro (4) de dos mil trece (2013)].
Quinto Anexo – Índice
con tabla de contenidos
SALVAMENTO PARCIAL DE
VOTO DEL MAGISTRADO MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
A LA SENTENCIA
T-388/13
SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Corte Constitucional excedió las
competencias del juez constitucional, en la medida que usurpó aquellas
asignadas constitucionalmente para el diseño de políticas públicas a cargo de
las otras ramas del poder público (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expedientes T-3.526.653, T-3.535.828, T-3.554.145, T-3.645.480, T-3.647.294,
T-3.755.661, T-3.759.881, T-3.759.882, T-3.805.761
Accionantes:
Varias personas privadas de la libertad, o en representación de estas.
Accionados: Presidencia y el Congreso de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el INPEC, las autoridades de cada centro de reclusión,
los jueces de ejecución de penas y medidas y los fiscales.
Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa
A continuación expongo las razones por
las cuales salvo parcialmente mi voto a la presente providencia, proferida por
la Sala Primera de Revisión el veintiocho (28) de junio de dos mil trece
(2013):
Si bien comparto el enfoque tuitivo de la
sentencia respecto del reconocimiento del nuevo estado de cosas
inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario y de política criminal,
de grave vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad,-como son los derechos a la vida, integridad
personal, dignidad humana, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, a la seguridad personal, la igualdad, la no discriminación , a la
intimidad, a la familia, a la libertad, a la salud, a la reinserción social, a
la especial reforzada de sujetos de especial protección constitucional, a la
educación, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la expresión, a la información,
el derecho de petición, al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Lo anterior, como consecuencia de la omisión de las autoridades
accionadas de resolver las condiciones degradantes y de hacinamiento en las que
se encuentran los centros carcelarios del país por el uso excesivo de la
política criminal.
Sin embargo, la Sala Primera de Revisión
excedió las competencias del juez constitucional en la medida que usurpó
aquellas asignadas constitucionalmente para el diseño de políticas públicas a
cargo de las otras ramas del poder público. En la mencionada providencia se
formularon explícitamente políticas, entre ellas la regla del
equilibrio decreciente, que, al carecer de una visión compresible
y multidimensional del problema carcelario y penitenciario, dificultaba aún más
la formulación general de asuntos técnicos que debieron ser
planteados como parámetros de regulación
para las entidades públicas accionadas.
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
[1] Los expedientes fueron seleccionados por las
siguientes Salas de Selección de la Corte Constitucional: los expedientes
T-3526653, T-3535828 y T-3554145 por la Sala Número Siete, conformada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; los
expedientes T-3647294 y T-3645480 por la Sala de Selección Número Diez,
conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa y Mauricio González
Cuervo; los expedientes T-375566, T-3759881 y T-3759882 por la Sala de
Selección Número Uno, conformada por los Magistrados Mauricio González Cuervo y
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y el expediente T-3805761 por la Sala de
Selección Número Tres, conformada por los Magistrados Mauricio González Cuervo
y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] Técnicas similares han sido empleadas en el pasado
por la Corte Constitucional, para poder ponderar el acceso a la información que
hace parte del caso, por una parte, y el acceso a una sentencia judicial con
una extensión razonable, que pueda ser leída, conocida y divulgada. Los anexos,
índices, resúmenes y guías de lectura, son algunas de las estrategias empleadas
por la Corte Constitucional en distintas oportunidades. Por ejemplo, en la
sentencia T-153 de 1998 que se refirió al sistema penitenciario y carcelario,
se dijo al respecto: “En vista del gran volumen de información obtenido no
se hará un resumen de los escritos remitidos a esta Corporación. En su lugar,
se hará referencia a cada escrito en el momento en el que se haga uso de sus
datos.” Al respecto ver también, entre otras, las sentencias T-025 de 2004
y T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-702 y T-740 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) o T-908 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[3] Luis Hernando Tangarife Suaza, Gustavo Gonzaliás
Figueroa, Pablo Jamer Orozco Gómez, Jhon Alexander Sanches Vasques, Libardo
Pavón, Carlos Segundo, Juan Fernando Sanguín Vargas, Jhonatan Ortiz Suaza,
Jaime Mier, Edwin Muriel Vega, Leonidas González Martínez, Manuel Baza
Valderrama, Juan Astilla, Milton Pérez Julio, Carlos Ruiz Armesto, Ediverto
Orozco, Hilder Ortiz Mieles, Manuel Mendoza Meriado, Alexander Martínez Saenz,
David Alfonso Hernández Delas Salaz, Esteban Sánchez, Heiver Guerrero Rivera,
Jorge Iván Ruiz Toro, José Isaías Suárez Morelo, Yoanni Zapata Leganda, Arnedh
Padilla Sanchez, Azael Paciteco Bravo, Jorge Leonardo Hernandez Herrera, Peter
González Perez, Alvaro Vergara, Roberto Alvarez, Pablo Patiño, Yaider Joaquin
Cavo Carrillo, Leomar Jose Otupana, Francisco Javier Ramos, Miguel Antonio
Gutiérrez Martínez, Daniel Petro, Luis José Martínez, Jorge Eliecer Herrón,
Silvinton Gómez Hernández, Carlos Perres Corea, Richard Alfredo Mosquera
Bolaños, José Issa Pumarejo, Lacidez Iliarte Herrera, Víctor Rodríguez Altamar,
Rafael Romaña, Jailer Anibal Murillo, Julio César Arrieta Beltrán, Harry
Tellez, Deivi Méndez Gil, Carlos Pahuana, Robinson Ton, Pedro Sarmiento
Oquendo, Hever Menga, Edwin Romero, Roberto Carlos Hernández Quintero, Nolan
Baena, Jerry Ayala, David Lammar Agliota, Jorge Luis González Peinado, Jose
Luis Peña Cantillo, Enrique Kerguelem Perez, Jainer Mendez Casadiego, Angel
Álvarez, Carlos Rodriguez, Janio Cardozo Guerra, Hilario Martínez, Luis Eduardo
Lozano Campo, Yorguin Cesar Córdoba, Álvaro David Moreno.
[4] La primera sentencia de tutela proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá fue anulada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, puesto que ésta consideró que aquélla ha debido vincular
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad. Para ese momento ya habían sido vinculados al proceso la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC y la
Dirección de la Cárcel Modelo de Bogotá.
[5] Ver por ejemplo, las acciones de tutela en contra de
la cárcel de San Isidro en Popayán.
[6] Corte Constitucional, sentencia SU-559 de 1997 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); en esta oportunidad se resolvió, entre otras cosas, “DECLARAR
que el estado de cosas que originó las acciones de tutela materia de
esta revisión no se aviene a la Constitución Política, por las razones
expuestas en esta providencia. Como, al parecer, la situación [carcelaria]
descrita se presenta en muchos municipios, se advierte a las autoridades
competentes que tal estado de cosas deberá corregirse dentro del marco
de las funciones que a ellas atribuye la ley, en un término que sea razonable.”
[7] Corte Constitucional, sentencia SU-559 de 1997 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[8] Corte Constitucional, sentencia SU-559 de 1997 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); añadió la Corte al respecto en aquella oportunidad:
“Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la
Constitución Política, tiene relación directa con la violación de derechos
fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la Corte
Constitucional, a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse
un requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido
de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe
entender que la notificación y el requerimiento conforman el repertorio de
órdenes que puede librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto de
restablecer el orden fundamental quebrantado.  La circunstancia de que el
estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión
iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones
semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule.”
[9] Corte Constitucional, sentencia T-068 de 1998 (MP.
Alejandro Martínez Caballero); es este caso se decidió que “[…] la situación
presentada en la entidad demandada [Caja Nacional de Previsión] produce un
estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos individuales
tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino también
afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la
efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones.”
[10] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz). A esta decisión se hará referencia
[11] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12] Corte
Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Dijo
la sentencia: “La Corte ha declarado en [ocho] ocasiones la existencia de un
estado de cosas inconstitucional. La primera vez, lo hizo ante la omisión de
dos municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían los
descuentos para pensiones y prestaciones sociales previstos en la ley (SU-559
de 1997, MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Con posterioridad a esta sentencia, la
Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional en [al menos siete]
ocasiones más: 1) [por la situación de los pensionados de la Caja Nacional de
Previsión (T-068 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero)], 2) por la
situación de violación continua de los derechos de sindicados y procesados
detenidos en las distintas cárceles del país (T-153 de 1998, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz]; 3) debido a la falta de un sistema de seguridad social en
salud para los sindicados y reclusos (T-606 y T-607 de 1998, MP José Gregorio
Hernández Galindo); 4) por la mora habitual en el pago de mesadas pensionales,
durante un período prolongado de tiempo, en los departamentos del Bolívar (T-525
de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz) y 5) de Chocó (SU-090 de 2000, MP. Alejandro
Martínez Caballero); 6) por omisiones en la protección de la vida de defensores
de derechos humanos  (T-590 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero) y 6) por
la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos para el nombramiento de
notarios (Sentencias SU-250 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero, y T-1695
de 2000, MP. Marta Victoria Sáchica Méndez).”
[13] Por ejemplo en la sentencia SU-559 de 1997 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz), donde la Corte declaró un estado de cosas
inconstitucional por la omisión de dos municipios de afiliar a los docentes a
su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se
hacían los descuentos respectivos de los salarios devengados para el pago de
dichos aportes, al encontrar que la vulneración a muchos maestros de todo el
país.  Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la situación planteada por
los actores tiene que examinarse desde una doble perspectiva. De una parte, se
trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes
en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e
irracional de la política educativa. De otra parte, la acción de tutela
compromete a dos municipios que por falta de recursos no han dado cumplimiento
efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la
acción de tutela.”
[14] Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el
hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles
colombianas […].
[15] Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), en la que se declaró un estado de cosas
inconstitucional por la mora habitual de Caja Nacional de Previsión en resolver
las peticiones presentadas por jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se
constató en la inspección judicial, la acción de tutela es prácticamente un
requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual
genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del
aparato judicial y una tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo
cual afecta gravemente el interés general y el interés particular de quienes
vienen siendo afectados de manera directa por la ineficiencia de la Caja
Nacional de Previsión, pese a que se aprecia una superación en comparación con
el caos anterior, de todas maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal
debe ser el máximo.”
[16] Por ejemplo en la sentencia T-1695 de 2000 (MP.
Martha Victoria Sáchica Méndez), en donde la Corte declaró la continuidad del
estado de cosas inconstitucional por la falta de convocatoria al concurso para
el nombramiento de notarios,  la Corte señala que la falta de una disposición
que permitiera la convocatoria a un concurso general de méritos hacia que el estado
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia SU-250 de 1998 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), continuara. […]
[17] Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), la Corte dijo: “De acuerdo con estadísticas que
presenta la misma entidad demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se
instauraron cerca de 14.086 acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de
Previsión y, si se realiza un cotejo con la totalidad de expedientes de tutela
que se remitieron para eventual revisión a esta Corporación en esos años
(aproximadamente 94000), se observa como casi un 16% de todas la tutelas del
país se dirigen contra esa entidad. Esto significa que existe un problema
estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa, lo cual se considera
un inconveniente general que afecta a un número significativo de personas que
buscan obtener prestaciones económicas a las que consideran tener derecho.”
Igualmente, en la sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) […].
[18] En la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10.
Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión concluye que la situación
presentada en la entidad demandada produce un estado de cosas inconstitucional,
lo cual no sólo afecta derechos individuales tendientes a viabilizar las
pretensiones, a través de tutela, sino también afecta a todo el aparato
jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la efectividad del
cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa); en esta oportunidad se decidió “Varios elementos
confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la
situación de la población internamente desplazada.  ||  En primer lugar, la
gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población
desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la
condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos
[…]  ||  En segundo lugar, […] el elevado volumen de acciones de tutela
presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el
incremento de las mismas, así como la constatación que se
hace en algunos de los documentos de análisis de la política, de haber
incorporado la acción de tutela al procedimiento administrativo como paso
previo para la obtención de las ayudas.  ||  Además […] varios de los problemas
que han sido abordados por la Corte, son de vieja data y que frente a ellos
persiste la omisión de las autoridades para adoptar los correctivos
necesarios.  ||  […]  ||  En tercer lugar, los procesos acumulados en la
presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional y
señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población
desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades
han omitido adoptar los correctivos requeridos […].  ||  En cuarto lugar, la
continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única
entidad. […]  ||  En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los
desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de
esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia
entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que
adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos
dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del
problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y
eficazmente a él […]  ||  En conclusión, la Corte declarará formalmente la
existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de
vida de la población internamente desplazada, y adoptará los remedios
judiciales correspondientes respetando la órbita de competencia y la experticia
de las autoridades responsables de implementar las políticas correspondientes y
ejecutar las leyes pertinentes.”
[20] Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2010 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Humberto Antonio Sierra Porto). El salvamento
de voto se refirió a un asunto distinto; indicó que situaciones estructurales
puede dar lugar a “[…] ordenar la implementación de políticas públicas a todos
los niveles, como bien lo reseña el proyecto del que me aparto. Pero, en ningún
momento se ha procurado avalar situaciones por fuera del marco legal, so
pretexto de que son personas en condiciones de alta vulnerabilidad.”
[21] Corte Constitucional, sentencia T-702 de 2012 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[22] Corte Constitucional, Auto 385 de 2010 de la Sala
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
cumplimiento. (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] La Corte Constitucional presentó el alegato de la
persona recluida en la cárcel Bellavista de Medellín en los siguientes términos:
“El actor, […], interpone la acción de tutela ‘con el objeto de que
descongestionen a Bellavista’. […] Agrega que busca también “evitar que
a cualquier momento alguno(s) de los oprimidos se vean obligados a recurrir al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Sobre el
hacinamiento que experimenta el mencionado centro relata: ‘En un pasillo hay
40 camarotes con capacidad para 40 internos, los internos a su costa
construyeron 40 zarzos, ampliando la dormida para 80 personas. Al hacer los
zarzos el clima aumentó su temperatura de 25 a 35 o 40 grados en muchas
ocasiones, haciéndose insoportable la dormida, pues, por el calor, sólo se
puede conciliar el sueño después de la media noche y cuando baja un poco la
temperatura, pero lo injusto es que no habemos 80 internos por pasillo, sino
que habemos 170 o 180 personas  por pasillo y mientras unos (los de las
celdas) nos encontramos durmiendo en baños de sauna, otros sufren la
inclemencias del frío, tirados en el pasillo de las celdas y no tienen espacio
ni siquiera para poder estirarse y dormir cómodamente.  ||  En los
últimos días se ha estado haciendo superinsoportable la dormida, nos suben a
las 4 de la tarde a los dormitorios y desde que subimos hasta que nos bajan al
otro día nos toca quedarnos casi que inmóviles, pues no hay espacio ni para
dormir en los baños, el gobierno nos tiene arrumados en un corral y ahora
quiere empacarnos en el corral.  ||  El ambiente es pesado y hay
insuficiencia de todo y según la constitución, vivimos en un Estado social de
derecho y son fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos
en las decisiones que nos afectan y debe de garantizarnos la convivencia
pacífica  y la vigencia de un orden justo y si la constitución es norma de
normas, y prima la constitución por encima de todo, está no está primando en el
momento actual.’  ||  El actor expone que interpone la acción de tutela
contra el Ministerio de Justicia y el INPEC porque estas dos entidades ‘pertenecen
a una asociación política y la finalidad de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales del hombre, esos derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a la opresión...’ (sic).
||  El actor concluye con la siguiente afirmación acerca de las precarias
condiciones de vida que ofrece el establecimiento carcelario y los peligros que
ellas representan:  ‘Si uno cae a una cárcel debería de tener un mínimo
espacio para dormir y tener servicio de agua, en estos momentos después de una
hora de habernos encerrado el calor es insoportable la temperatura debe pasar
de 30 grados, no hay donde recibir aire, el aire que se respira es caliente lo
mismo que el aire que circula, al cual le podíamos dar interpretación como
derecho a la propiedad, lo que quiero con la presente acción de tutela es que
el gobierno haga la forma de buscar soluciones pues no se justifica que haya
que haber violencia, muerte o destrucción para poder que el Estado entre a
arreglar soluciones como las que estamos viviendo, yo por mi parte me mantengo
atemorizado oyendo rumores de que no esperamos si no que cualquiera arranque
para mostrarle a este gobierno que en Bellavista somos capaces de destruir este
pabellón en menos de medio día’.” Corte Constitucional, sentencia T-153 de
1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[24] La Corte Constitucional presentó el alegato de la
persona recluida en la cárcel Bellavista de Medellín en los siguientes
términos: “Los actores relatan que, en febrero de 1997, el INPEC inició obras
de remodelación de las celdas del sector occidental de los pabellones 3, 4 y 5
de la Cárcel Nacional Modelo. Para ello, procedió a reacomodar a todos los
internos de estos pabellones sobre el costado oriental de los mismos,  de
manera que ‘cerca de 2500 internos quedaron aún más hacinados en el espacio
que antes albergaba a la mitad de estos’. Aseveran también que, como
consecuencia de las obras, las áreas de esparcimiento o ‘patios’ fueron
reducidas hasta en un 60%, como ocurrió con el pabellón 3. Sostienen que la
administración carcelaria no consultó los planes de remodelación con la
población carcelaria  y que, incluso, hizo caso omiso de la oposición
manifestada por diversos sectores de la misma.  ||  Expresan que el régimen
carcelario y penitenciario establece que cada interno debe disponer de su
propia celda y que esta debe tener una superficie de 9.90 metros cuadrados
(3.30 x  3.0). Sin embargo, en las celdas remodeladas, que son de 6.60
metros cuadrados, ‘se ubicará a un mínimo de cuatro (4) personas, para un
área promedio por interno de 1.65 metros cuadrados, que convierte el sitio de
alojamiento permanente en un calabozo, agravándose aún más las condiciones de
cautiverio, con efectos directos sobre la salud física y mental de los internos
de este centro carcelario, y sobre sus familias, de quienes éstos dependen’.
||  Manifiestan que con “el nuevo esquema de redistribución interna de la
población”, se impedirá la visita conyugal ya que “el hecho de que cuatro
(4) personas, como mínimo, ocupen una celda, tornará aberrante y vergonzoso el
libre derecho a la intimidad, puesto que el interno y su pareja para mantener
relaciones íntimas tienen que someterse a una fila o en espera de que la celda
sea desocupada”. Consideran que también se vulnera la intimidad de la
pareja, si la visita conyugal se desarrolla en los llamados “lugares
especiales” - que no existen en la Cárcel Modelo -, “pues nuestras
esposas o compañeras, se verían igualmente expuestas a la afrenta y burla al
tener que dirigirse  a tan desobligantes lugares”.  ||  Los actores
cuestionan las especificaciones de tipo arquitectónico y técnico relacionadas
con la remodelación de las celdas, ‘pues las mismas: a) no cuentan con el
espacio adecuado, según normas nacionales e internacionales existentes; b)
están fuera de normas de diseño, pues no cuentan con la aireación u oxigenación
suficiente para que los internos puedan gozar de salubridad; c) dentro del
reducido espacio en mención se localiza además un baño, que no cuenta con
ventilación adecuada y está fuera de normas, lo que resulta antihigiénico y
gravemente atentatorio contra la salud de los internos’.  ||  Con respecto
a la ventilación de la celda y el baño expresan que ella ‘sólo se da por un
orificio en la puerta de acceso de 29 cm de ancho por 49 cm de alto, siendo
esta la única estructura que permitiría la ventilación y oxigenación en cada
celda’. Esta carencia es agravada por la crítica situación en la que se
encuentra la red sanitaria del centro, ‘la que presenta serias deficiencias
por el diseño y estado de las mismas, dado que ésta fue diseñada y construida
hace 40 años para una capacidad de 1800 personas, cifra que a la fecha supera
las 4.500, dándose por consiguiente una sobrecarga de sólidos que mantiene a
este penal en condiciones de emergencia sanitaria permanente’. Igualmente,
contribuye a agravar la situación el hecho de que el suministro de agua sufra
limitaciones diarias en el 80% del centro carcelario.  Así, concluyen que
‘es de preverse entonces serios y aún más graves problemas de salubridad de
los que hasta ahora ha padecido la población de internos de este penal’.
Finalizan este punto, recordando que precisamente a causa de las condiciones de
salubridad preexistentes, el Procurador General de la Nación se había
pronunciado ‘a favor del cierre de este centro carcelario’.  ||  Para
terminar, exponen que el INPEC, al llevar a cabo las obras de remodelación ‘de
una construcción en avanzado estado de obsolescencia y deficiencia para el
cumplimiento de sus fines’, desestimó la construcción de nuevas
edificaciones en terrenos aledaños o en áreas internas actualmente
subutilizadas, con las cuales sí se habría podido contribuir al deshacinamiento
del centro”. Adicionalmente aportaron un informe del INPEC y un escrito que
adjuntaron, días después, a la demanda. Ver, Corte Constitucional, sentencia
T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[25] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[26] Dijo la Corte al respecto: “En el caso de Bogotá, […]
algunas zonas comunes colindantes con los pasillos donde se encuentran las
celdas -que originalmente estaban destinadas para realizar actividades durante
el día y reciben el nombre de rotondas- estaban atestadas de personas acostadas
directamente sobre el piso, cubiertas con una simple frazada, y expuestas al
frío propio de la noche en la ciudad. Incluso en las zonas de los baños se
encontraba un gran número de personas durmiendo sobre el suelo. La congestión
de esas zonas era tal que la persona que deseara movilizarse por allí tenía que
poner mucha atención en los pasos que daba para no golpear a los reclusos que
dormían.  ||  El hacinamiento se evidenciaba también en los pasillos. En los
corredores aledaños a las celdas yacían también muchos reclusos, y en las
celdas mismas se observaba que dormían, dependiendo del patio, entre 3 y 6
internos, a pesar de que habían sido diseñadas para albergar a una sola
persona.  ||  Cabe aclarar que en algunos pabellones el grado de hacinamiento
era superior al corriente, por cuanto los reclusos de algunos patios que
estaban siendo refaccionados habían sido trasladados a los patios colindantes.
Sin embargo, este hecho no desvirtúa las apreciaciones formuladas acerca del
estado de congestión del establecimiento carcelario. En efecto, también en los
pabellones que mantenían su población normal se pudo observar gran cantidad de
personas durmiendo en las llamadas rotondas. Incluso en el pabellón 1 se pudo
ver cómo varios internos habían labrado un hueco en la base del cuerpo de la
escalera para poder dormir dentro de él. Asimismo, en el último piso de este
pabellón los internos habían clausurado los baños, para hacer dormitorios en
ellos. El baño lo habían trasladado, entonces, hacia el túnel por donde corrían
las tuberías y los cables. Pero, además, cerca de una docena de internos,
acuciados por la necesidad, había trasladado a ese túnel - húmedo y oscuro -
sus efectos de dormir.” Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[27] Dijo la Corte al respecto: “También en la Cárcel de
Bellavista se observó una situación extrema de hacinamiento, aun cuando se
manifiesta de otra manera. Contrariamente a lo observado en la Modelo, en este
centro las zonas comunes están despobladas durante la noche. Sin embargo, en
distintos pasillos los corredores anejos a las celdas se encuentran
absolutamente copados de personas durmiendo. A lo largo de los corredores se
observan filas interminables de internos acostados, a tan poca distancia el uno
del otro que se hace muy difícil caminar hasta el final del corredor.  ||
Además, las celdas - que  fueron diseñadas para cuatro personas y son por lo
tanto más amplias que las de la Modelo - están saturadas de cubículos de madera
y cartón, construidos por los mismos reclusos. Se llegaron a contar hasta 30
‘camastros’ en una celda. Al observar esa situación no se puede menos que
compartir las apreciaciones del actor recluido en esa cárcel, acerca de la
dificultad para respirar y del sofocante calor que se experimenta en las
celdas. Y lo peor es que - a pesar de las medidas tomadas, como los traslados
de reclusos - la situación de hacinamiento carcelario sigue empeorándose mes
por mes, […]”Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[28] Ver, por ejemplo, el documento elaborado por la
Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación,
de noviembre 24 de 1997, titulado “Situación penitenciaria y carcelaria del
centro carcelario del Distrito Judicial Santa Fe de Bogotá ‘La Modelo”; el
“Informe evaluativo general de las visitas interinstitucionales a la Cárcel del
Distrito Judicial de Bellavista”, elaborado por la Dirección General de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, seccional
Antioquia, en 1996;  el “Informe General Cárcel Bellavista”, elaborado por
la Defensoría del Pueblo, regional Medellín, en 1996;  el escrito
elaborado por la Personería de Medellín, en 1995, titulado “Informe sobre la
cárcel del distrito judicial de Medellín, BELLAVISTA”;  el informe sobre
centros carcelarios en Colombia denominado “Proyecto piloto para la creación de
las condiciones mínimas de rehabilitación de los reclusos en Colombia”, elaborado
por la Procuraduría General de la Nación, en 1994;  los informes anuales de la
Defensoría del Pueblo ; el informe presentado por la Comisión de la Cámara
de Representantes encargada de realizar un diagnóstico de la situación
carcelaria en el país, publicado en la Gaceta del Congreso N° 279, de julio 22
de 1997; el documento CONPES N° 2797 de julio de 1995, etc.
[29] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[30] Dijo la Corte al respecto: “De acuerdo con el informe
estadístico suministrado por la Oficina de Planeación del INPEC, para el día 31
de octubre de 1997 la población carcelaria del país ascendía a 42.454 personas,
de las cuales 39.805 eran hombres y 2.649 mujeres, 19.515 eran sindicadas,
12.294 habían sido condenadas en primera instancia y 10.645 lo habían sido en
segunda instancia. Puesto que el total de cupos existentes en las cárceles
ascendía a 29.217, el sobrecupo poblacional era de 13.237 personas, con lo cual
el hacinamiento se remontaba  en términos porcentuales al 45.3%.” Corte
Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[31] Dijo la Corte al respecto: “La congestión carcelaria
se evidencia en todos los tipos de establecimientos, si bien en distintas
proporciones. En el informe del INPEC se expresa al respecto: ‘de las 9
penitenciarías Nacionales 5 presentan hacinamiento; de las 10 reclusiones de
mujeres 6 presentan hacinamiento; de las 23 cárceles del distrito 19 presentan
hacinamiento y de las 125 cárceles del circuito 67 presentan hacinamiento’.
||  Por razones administrativas, los 170 establecimientos carcelarios
existentes se encuentran agrupados en 6 regionales, a saber: La noroeste, la
central, la norte, la occidental, la oriental y la del Viejo Caldas. Pues bien,
el fenómeno de la  sobrepoblación carcelaria se manifiesta también en todas
ellas, aun cuando no siempre con la misma gravedad. […]” Corte Constitucional,
sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[32] Dijo la Corte al respecto: “En el informe de la
Defensoría se precisa que, a octubre 31 de 1997, los establecimientos
carcelarios con el mayor índice de hacinamiento eran: ‘La cárcel del distrito
Judicial de Medellín ‘Bellavista’, con capacidad para 1500 personas y albergó a
5146 internos; Cárcel del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, ‘la Modelo’,
con una capacidad para 1920 personas y acogió a 4926 internos; penitenciaría
central de Colombia ‘la Picota’ en la capital del país, con un cupo para 700
personas, habitaron 1410 reclusos; cárcel del Distrito Judicial de Cali
‘Villahermosa’ con solo 900 cupos y estaban recluidos 2846 personas, y en la
Cárcel del Distrito Judicial de Valledupar que con una capacidad para 150
cupos, permanecía una población de 525 reclusos’.  ||  Sin embargo, el
Ministerio de Justicia presenta un cuadro que permite concluir que otros
penales menos conocidos por la opinión pública - como los de Mocoa, Fusagasugá,
Villavicencio, Yopal, Leticia y Zipaquirá - se encuentran en peores o en tan
malas condiciones como los mencionados por la Defensoría. […]”Corte
Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[34] Añade la Corte al respecto: “Sus efectos sobre la
situación carcelaria son definidos por el estudio de la siguiente manera: ‘Este
asentamiento deja un ambiente crítico en las prisiones, mediado por la
marginalidad penalizada, un desarrollo regional desigual, una población cesante
excluida de la producción y criminalizada por la ley de vagos y maleantes,
fuertes movilizaciones sociales de descontento ante la pauperización, una aguda
violencia en el campo generando procesos acelerados de migración, cantidad de
obras carcelarias inconclusas, mínimas cárceles pequeñas y viejas pidiendo a
gritos su reemplazo y un hacinamiento de miedo en todos los centros
carcelarios; desde esta época, el medio carcelario empezó a soportar el peso de
la problemática carcelaria a sabiendas que desde 1946 se inicia el período
denominado de la Violencia y como caso representativo, los hechos del año 1948
llevan a la cárcel a 2000 nuevos recluidos’.”
[35] Dice la sentencia en esta parte: “A pesar de lo
anterior, se presentaba hacinamiento carcelario. En el Plan de desarrollo y
rehabilitación del sistema penitenciario nacional, publicado por el Ministerio
de Justicia, en 1989, se señalaba que 37 establecimientos (es decir, el 22% de
los centros encuestados) sufrían problemas de hacinamiento crítico. Este se
concentraba particularmente en las cárceles distritales y ello ocurría a pesar
de que en el mismo plan se manifestaba que existía ‘un total de 80 establecimientos
con subutilización del espacio y recursos, que equivale al 49% del total de la
muestra. Esta subutilización es en buena parte la causante de la actual crisis
penitenciaria...’ El plan destacaba que la subutilización del espacio estaba
acompañada, además, de una distribución inadecuada de éste: ‘Los
establecimientos ocupan el 32% del área total de terrenos carcelarios, con un
área construida que representa el 50% del lote. Lo normal sería ocupar el 40% y
construir, en el caso de edificaciones en dos pisos, el 70% del lote. Las áreas
para celdas y patios representan respectivamente el 25% y el 20% del total
construido. Estas proporciones no son las más apropiadas, pues el área para
celdas debe oscilar entre el 30% y el 35%. El problema que presenta tal
distribución es que dispone de 38.2% del área para actividades de
rehabilitación, aunque en la realidad son pocos los centros que cuentan con
tales dependencias’.  ||  La situación de hacinamiento señalada se veía
agravada por la paralización de distintas obras iniciadas desde tiempo atrás.
En 1979 se registraban 21 obras suspendidas. Por eso el gobierno inició un plan
de instalación y reposición de la infraestructura carcelaria, a través del
Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, con el objeto de enfrentar
parcialmente la crisis de la población de reclusos.” Corte Constitucional,
sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[36] Añadió la Corte sobre esta tercera etapa lo
siguiente: “El estudio destaca que en esta época se pondría fin al llamado
‘triángulo de la infamia’, compuesto por la Colonia Penal de Araracuara, la
Cárcel de La Ladera, en Medellín, y el presidio de la isla Gorgona. Igualmente,
destaca que, en 1993, se crea el INPEC, con lo cual la institución carcelaria
adquiere el status de instituto descentralizado, y se inicia un proceso de
adecuación y construcción de la infraestructura carcelaria, marcada por la
erección de los pabellones de alta seguridad y por la inversión en no menos de
50 cárceles. Además, indica que a pesar de las características de esta etapa
‘el hacinamiento se volvió un personaje común en las cárceles preventivas’.”
[37] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[38] Dijo la sentencia al respecto: “Al respecto manifiesta
[el INPEC]: ‘la Oficina de planeación del INPEC da a conocer que no se ha
producido a la fecha los resultados que se habían planteado, entre otras
razones porque los internos posibles usuarios a lograr el tiempo exigido tienen
a la vez la alternativa de disfrutar la libertad preparatoria y posteriormente
la franquicia que según concepto de los mismos les resulta más favorable que
los mismos permisos a que alude la mencionada ley. Otras razones que debilitan
la aplicación de la ley, la constituye la tipología delictiva de la población
reclusa, según el censo de 1996, que demuestra que los delitos más
representativos son los homicidios, hurto, infracción a la Ley 30 de 1986,
delitos que por las circunstancias de agravación estarían excluidos de tales
permisos [se entiende que se refiere a la libertad condicional y no a los
permisos].’ Cabe además señalar que la Ministra de Justicia ha precisado que,
hasta mediados de abril, por obra de esta ley solamente habían obtenido la
libertad condicional 367 personas.” Corte Constitucional, sentencia T-153 de
1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[39] Dijo la Corte en aquella ocasión: “Muchos de los
establecimientos carcelarios que existen en el país no fueron erigidos con
fines de reclusión, circunstancia que explica muchas de sus falencias. Además,
la mayoría de ellos fueron construidos hace muchos años, hecho que, aunado a la
falta de mantenimiento, explica las malas condiciones en que se encuentran
muchos penales. La antigüedad de los centros de reclusión fue puesta de relieve
en el ya mencionado Plan de desarrollo y rehabilitación del sistema
penitenciario nacional, de 1989, en el cual se señala[39]:  ||  ‘Las
construcciones datan en promedio de 1721, con 267 años de edad, y presentan un
alto índice promedio de envejecimiento relativo de 1.11. Si no se tienen en
cuenta las edificaciones más antiguas (1500-1700), el año promedio es 1840, con
un índice de 1.08. [39]
Esta anomalía se agrava, por cuanto existen 91 establecimientos [de los 166 que
se habían encuestado, siendo que en ese momento se contaba con un total de 186]
que no cumplen con los requerimientos mínimos de dotaciones (cantidad, calidad
y estado) y no cuentan con dependencias de rehabilitación, entre los cuales hay
19 en situación crítica’.  ||  El mismo Plan de desarrollo llega a las
siguientes conclusiones acerca de la infraestructura carcelaria: ‘El
análisis de las variables muestra las siguientes conclusiones:  - El 54.8% de
los establecimientos encuestados está en malas condiciones de infraestructura
física y dotación de equipos, muebles y enseres (11.4% en situación crítica)
||  - (...) Sólo el 15% cuenta con dependencias adecuadas para rehabilitación
||  - El 17.5% necesita urgentes reparaciones locativas  ||  - El 41.0%
presenta un envejecimiento de más de 50 años de construcción’.” Corte
Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[40] Dijo la sentencia al respecto: “Asimismo, en el
documento CONPES 2797 de julio de 1995, sobre política penitenciaria y
carcelaria, época en la que el INPEC contaba con 170 reclusorios, se resalta: ‘El
INPEC cuenta con un importante número de establecimientos que difícilmente
cumplen los fines que las instituciones penitenciarias persiguen, a pesar de
las inversiones efectuadas en los últimos años. El 50% de las construcciones
carcelarias y penitenciarias presenta alto índice de envejecimiento y
deterioro; el 54% de los establecimientos funcionan en edificaciones de más de
40 años y 37 establecimientos tienen más de 80 años de existencia.  ||  Finalmente,
la falta de espacios comunes, la imposibilidad de creación de talleres, áreas
educativas en lugares impropios y nada motivadores, dormitorios colectivos,
etc., son común denominador de la infraestructura carcelaria, dificultando la
prestación de los servicios que, como oferta de la resocialización y la
reinserción, son garantizados por la legislación y la razón de ser del sistema
penitenciario’. ” Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[41] Dijo al respecto la sentencia: “La vetustez de los
establecimientos carcelarios en el país fue también puesta de relieve por la
comisión de la Cámara de Representantes encargada de presentar un diagnóstico
de la situación carcelaria en el país, en 1997. En su informe, la comisión
resalta que en sus visitas encontró un marcado deterioro en las estructuras
locativas, a tal punto que algunas de las secciones se encontraban destruidas,
y señala que la mayoría de las instalaciones tenían una antigüedad que oscilaba
entre los 21 y los 60 años. […]”Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[42] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz). La Corte añadió al respecto: “Los internos
manifiestan que las nuevas celdas tendrán un área total de 6.60 m2, lo que
significa que para cada uno de sus cuatro ocupantes habría 1.65 m2. En su
informe, el INPEC replica que el área total de cada celda, incluyendo la del
baño, será de 8.73 m2. Ello implicaría que cada interno tendría 2.18 m2 a su
disposición. Pero las diferencias acerca del área real de cada celda no tienen
importancia en este caso, pues lo cierto es que, de cualquier modo, el espacio
de las celdas no se ajusta a las prescripciones. En efecto, si bien existen
diferencias acerca de cuál es el espacio mínimo de alojamiento de un interno,
el mismo INPEC precisa que debe ser de 4.4 m2, sin contar con los servicios
sanitarios, cuya área debe ser de 1.04 m2.”
[43] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[44] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[45] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Dijo la Corte respecto a la jurisprudencia anterior:
“En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso
de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio
a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales  que tengan un
carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas
causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se
originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su
solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas
condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se
encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían
congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más
indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin
de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas
inconstitucional.”
[46] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); se resolvió, entre otras cosas: “Primero.- ORDENAR
que se notifique acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional
en las prisiones al  Presidente de la República; a los presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala
Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal
General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de
las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a
los personeros municipales.”
[47] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz). Las órdenes, concretamente, fueron: “Tercero.-
ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento
Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la
notificación de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria
tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán
supervigilancia sobre este punto. Además, con el objeto de poder financiar
enteramente los gastos que demande la ejecución del plan de construcción y
refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias necesarias
para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se
incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los
trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción
carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.  ||  Cuarto.- ORDENAR al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al INPEC y al Departamento Nacional de Planeación,
en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del Despacho o de la
Dirección, la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria
en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.  ||  Quinto.- ORDENAR al INPEC y al
Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión inmediata de la ejecución
del contrato de remodelación de las celdas de la Cárcel Distrital Modelo de
Santafé de Bogotá.  ||  Sexto.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de
tres meses,  recluya en establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza
Pública que se encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar
su derecho a la vida y a la integridad personal.  ||  Séptimo.- ORDENAR al
INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separe completamente los
internos sindicados de los condenados.  ||  Octavo.- ORDENAR a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de
seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.  ||  Noveno.-
ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de
Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de
personal especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria.  ||
Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las
Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen
las medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener
centros de reclusión propios.  ||  Undécimo.- ORDENAR al Presidente de la República,
como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho
que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia,
tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de
los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión
del país.”
[48] Corte Constitucional, sentencia T-257 de 2000 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo). En este caso se resolvió tutelar los derechos
del accionante, recluido en la Cárcel Bellavista de Medellín, en los siguientes
términos: “ordenar al Director de la Cárcel Distrital “Bellavista” de
Medellín que, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la notificación de la presente sentencia, ordena la prestación de
los servicios médicos y de salud que requiera el actor, así como también
implemente planes de estudio que permitan que tanto el accionante como los
demás internos interesados accedan a ellos.  ||  La autoridad carcelaria
dispondrá para ampliar los horarios de trabajo de los reclusos, sin descuidar
las medidas de seguridad vigentes en el establecimiento carcelario.” Con
relación al cargo de hacinamiento, se dijo: “En relación con los problemas de
hacinamiento en el interior de dicho centro penitenciario esta Sala de Revisión
hace expresa remisión a lo ordenado en la Sentencia T-153 de 1998 de la Corte
Constitucional, como quiera que el  término de cuatro (4) años, señalado
en dicha providencia, para hacer las adecuaciones necesarias a fin de
solucionar dicho problema, no ha vencido.” Al respecto ver también las
sentencias T-606 de 1998 y T-256 de 2000, entre otras.
[49] Defensoría del Pueblo (2003) Análisis sobre el
actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia. [Versión
virtual en la página en internet de la Defensoría del Pueblo de Colombia]. En
este informe se indicó: “En el desarrollo del convenio de cooperación firmando
entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, se llevaron a cabo visitas de
inspección a varios establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.
Como producto de esta actividad se entregó un informe denominado “Situación de
los Derechos Humanos de los reclusos en los establecimientos de reclusión de
Colombia”, el cual identifica la problemática del sistema penitenciario y
carcelario y hace algunas recomendaciones para prevenirla y superarla. Entre
otros aspectos, esta investigación corroboró una vez más lo que ha venido
afirmando la Defensoría del Pueblo en sus diversos Informes al Congreso de la
República: el hacinamiento es uno de los factores que contribuyen a la
violación de todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. […]”.
[50] La nota al pie número 3 del cuadro del informe de la
Defensoría del Pueblo dice: “En el año 2001 el país cuenta con 165
establecimientos carcelarios: 12 penitenciarías, 23 cárceles de distrito, una
colonia penal, 10 reclusiones de mujeres y 119 cárceles de circuito.  ||  En
general, la mayoría de las cárceles colombianas superan los 25 años de
construidas, y sólo cinco centros de reclusión tienen menos de dos años”.  La
nota al pie número 4 del cuadro del informe de la Defensoría del Pueblo dice:
“Estadística a Diciembre 2003 proporcionada por la Oficina de Planeación del
INPEC.”
[51] Numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia de
tutela 153 del 28 de abril de 1998, de la Corte Constitucional.
[52] Defensoría del Pueblo (2003) Análisis sobre el actual
hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia.
[53] Eso ocurrió, por ejemplo, con la solicitud presentada
el 20 de octubre de 2008, por el ciudadano Luis Javier Ricardo Álvarez, quien
para ese momento se encontraba recluido en la cárcel La Ternera de Cartagena.
Solicitó a la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional que iniciara
un incidente de desacato de la Sentencia T-153 de 1998, para lo cual hizo
referencia a distintas órdenes impartidas en la sentencia y explicó por qué
consideraba que éstas habían sido desacatadas, lo cual, a su parecer,
configuraba un desacato. El 7 de noviembre de 2008, mediante el auto 303 de
2008, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, resolvió negar la
solicitud de abrir un incidente de desacato con ocasión de las órdenes
impartidas en la Sentencia T-153 de 1998 por las razones mencionadas. Igual
suerte tuvo la solicitud presentada por Juan José Botero Arango, en la calidad
de estudiante que por entonces detentaba, orientada a verificar el cumplimiento
de las órdenes impartidas en la sentencia T-153 de 1998 (en especial, las órdenes
de los numerales tercero, cuarto y séptimo de la parte resolutiva).
[54] Seis miembros del Grupo de Derecho de Interés Público
de la Universidad de Los Andes (Manuel Alejandro Iturralde, Juan Diego Álvarez,
Mariana Castrellón, Juan Sebastián Perilla, Jacques Simhon y Andrés Felipe
Londoño), y siete representantes de derechos humanos de la cárcel la Picota
(Henry Barrera, patio 6; Octavio Lana Anteasa, patio 5; Cristian Camilo Oviero,
patio 1; Omar Gustavo Roncancio, patio ERE 2; Jesús Antonio Gómez, patio ERE 1;
Víctor Julio Ávila, patio 3 y Agustín Champan, patio 7), presentaron un escrito
ante la Corte Constitucional para solicitar el cumplimiento de la sentencia
T-153 de 1998. Concretamente, “con el objetivo de hacer un llamado […] para que
[la Corte] ordene las medidas necesarias para darle cumplimiento a la sentencia
[…] mediante la cual [se] declaró la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en las cárceles y penitenciarias de Colombia.” Adicionalmente,
502 personas privadas de la libertad en la cárcel la Picota, se adhirieron a la
solicitud presentada.
[55] Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Auto
N° 041 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa).
[56] INPEC, Defensoría del Pueblo y Departamento Nacional
de Planeación.
[57] Al respecto, ver la información aportada por los
solicitantes referida en los anteriores considerandos, disponible en internet.
[58] Cada vez que se haga referencia a la posición de los
solicitantes o al texto de los solicitantes, se está citando el escrito de solicitud
de cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, presentado ante la Corte
Constitucional, que reposa en el cuaderno principal del expediente, folios
1-32. Existe copia virtual del escrito de solicitud.
[ver:  http://gdip.uniandes.edu.co/archivos/solicitud_cumplimiento.pdf]
[59] En la sentencia T-153 de 1998 la Corte Constitucional
no resolvió conservar la competencia para asegurar el cumplimiento de las
órdenes impartidas.
[60] Como se dijo, a su juicio los nuevos centros de
reclusión resultarán “a todas luces insuficientes” por tres razones. El
plan de construcción se realizó con una proyección adecuada para 1998, año en
que salió la sentencia. Segunda, en la actualidad el cupo existente ya resulta
insuficiente. Y tercera, “los cupos que pretenden entregar no estarán
disponibles en el sistema penitenciario en el tiempo presupuestado ni en el
corto plazo.”
[61]
[62]
[63] Al respecto, el informe elaborado por algunos de los
solicitantes, miembros de la agrupación universitaria denominada GDIP, resalta
que de acuerdo con la Contraloría General de la República, las celdas de varios
de los centros nuevos de reclusión son de 3,2 m por 3 m, lo que, a su parecer,
desconoce las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos
(1957).
[64] Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Auto
N° 041 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa). Se añadió al respecto lo
siguiente: “Con relación a los otros tres aspectos tratados — (i) La separación
entre sindicados y condenados, (ii) la separación entre ex-miembros de la
fuerza pública y civil, y (iii) la carencia de personal especializado en los
centros penitenciarios y carcelarios—, puede decirse algo similar a la tasa de
hacinamiento. Las condiciones actualmente verificadas y registradas por los
solicitantes, según los estudios elaborados por ellos, pueden ser similares o
comparables con las de la fecha de la sentencia T-153 de 1998, pero, según
afirman ellos mismos, parece que se deben a situaciones y razones diferentes.
En otras palabras, de acuerdo con la información que aportan los propios
solicitantes, es posible concluir, que si bien parece existir una situación tan
grave como la que ocurría en tiempos de la sentencia mencionada, la situación
actual se produce en contexto distinto, con nuevas dimensiones y por razones
diferentes.  ||  [1] Además de las evidencias constatadas y presentadas por el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia en el
año 2001, y conocidas previamente por esta Corporación judicial, los
solicitantes señalan evidencias de mayores violaciones actualmente.  En todo
caso, consideran que el principal problema que existe con relación a esta
eventual violación de los derechos de las personas privadas de la libertad, es
la falta de información empírica sobre separación entre sindicados y
condenados. A esto suman, por ejemplo, que la prisión preventiva se ha convertido
en la regla, más que la excepción, como consecuencia de una serie de reglas que
han reducido las exigencias para la adopción de una medida de este tipo.  ||
[2] Respecto a la separación entre ex-miembros de la fuerza pública y civil,
los solicitantes consideran que la situación es similar a la de sindicados y
culpables. La información, si es que existe, se oculta y no permite ser
conocida (al respecto ver la consideración 1.2.2.2).  [3] Finalmente, la
carencia de personal especializado en los centros penitenciarios y carcelarios
es una cuestión que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, pero además, pone en riesgo una de las funciones
primordiales del sistema, a saber, la resocialización. El personal dedicado a
la capacitación de las personas privadas de su libertad, indispensable
para el proceso de educación y resocialización; el personal de salud,
indispensable para la protección de la vida y la integridad personal (física y
mental); y, por último, la guardia penitenciaria y carcelaria, indispensable
para garantizar la vida y la seguridad de las personas recluidas. ”
[65] Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Auto
N° 041 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa).
[66] La petición fue presentada por seis miembros del
Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de Los Andes (Manuel
Alejandro Iturralde, Juan Diego Álvarez, Mariana Castrellón, Juan Sebastián
Perilla, Jacques Simhon y Andrés Felipe Londoño), y siete representantes de
derechos humanos de la cárcel la Picota (Henry Barrera, patio 6; Octavio Lana
Anteasa, patio 5; Cristian Camilo Oviero, patio 1; Omar Gustavo Roncancio,
patio ERE 2; Jesús Antonio Gómez, patio ERE 1; Víctor Julio Ávila, patio 3 y
Agustín Champan, patio 7); en su escrito solicitaron el cumplimiento de la
sentencia T-153 de 1998. Concretamente, “con el objetivo de hacer un llamado
[…] para que [la Corte] ordene las medidas necesarias para darle
cumplimiento a la sentencia […] mediante la cual [se] declaró la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y
penitenciarias de Colombia.” Adicionalmente, 502 personas privadas de la
libertad en la cárcel la Picota, se adhirieron a la solicitud presentada. Los
datos presentados se fundaron en la investigación: Grupo de Derecho de Interés Público (2010) Informe de
Diagnóstico. Sistema penitenciario y carcelario: una perspectiva comparada
desde 1998. Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes. Bogotá, 2010.
[67] Se remitió copia de la información suministrada a la
Corte Constitucional al Presidente de la República, al Ministro del Interior y
de Justicia, al Director General del INPEC, al Procurador General de la Nación,
al Defensor del Pueblo y a la Contralora General de la República.
[68] La Corte dijo al respecto: “Es pues, necesario, que
las autoridades encargadas de identificar y definir cuáles son los actuales
problemas en la política penitenciaria y carcelaria y de solucionarlos, tomen
nota esta vez de la información y de las denuncias aportadas por los
solicitantes y por las personas y organizaciones que coadyuvan su petición. Es
su deber constitucional tomar las medidas adecuadas y necesarias para (i)
definir si se están produciendo o no las violaciones y amenazas al goce
efectivo de los derechos constitucionales alegadas, así como (ii) para
protegerlos, en caso de ser verificadas. La Corte advierte que son las
autoridades encargadas de tal labor las que han de proponer las herramientas y
soluciones adecuadas a los problemas que pueden ser, por ejemplo, la
construcción de más y mejores centros carcelarios o la adopción de políticas
diversas.[68]”
[69] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). Ya en la sentencia T-847 de 2000 (MP. Carlos
Gaviria Díaz) se había señalado que dadas “(…) las condiciones que se
constataron en la inspección judicial practicada a varios centros carcelarios,
en la sentencia T-153/98 antes citada [caso en el que se constató el estado
de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia], la referencia a la
obra de Dante se hizo inevitable; sin embargo, faltaba añadir a esa
descripción, la vuelta de tuerca que aporta el presente proceso: más allá de
ese infierno, hay otro, no sólo posible, sino más estrecho y con más
privaciones, el de las salas de retenidos. Y más allá de la desgracia que
sufren quienes van a dar a la cárcel en Colombia porque se les detiene
preventivamente o se les condena, hay también la posibilidad de caer
súbitamente en una sima peor, y por 24 o 36 horas, compartir la terrible
existencia de los habitantes del sub-infierno de las salas de retenidos, sin
siquiera la insuficiente justificación -y precarísimo consuelo- para semejante
maltrato, de eventualmente llegar a ser un sindicado o condenado.”
[70] Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2009 (MP.
María Victoria Calle Correa).
[71] Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Auto
N° 041 de 2011 (MP. María Victoria Calle Correa).
[72] La solicitud fue presentada por dos estudiantes,
Nataly Ruíz Ballén y Jhon Alexander Fonseca, cuatro docentes, Luis Alfonso
Fajardo Sánchez, Carlos Eduardo Trujillo, Hernán Castañeda Chaux y Jhomny Urrea
Butista, por la Directora de Consultorio Jurídico de la Universidad, Lucy
Mercedes García Herrera, y por la Decana, María Consuelo Caballero Esquivel, en
diciembre de 2012 ante la Secretaría de la Corporación.
[73] Ver el apartado inmediatamente anterior de las
consideraciones de la presente sentencia.
[74] Ver, Tercer
Anexo, Debates parlamentarios de agosto de 2011, posteriores a la solicitud de
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998 y la información sobre la situación
del Sistema penitenciario y carcelario, remitida el 16 de julio (07) de 2012.
Dijo la comunicación: “Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, Doctor Juan Carlos
Sánchez Franco, por solicitud realizada por el H Representante Hernán Penagos
Giraldo […] le remito copia de las actas N° 04 del 24 de agosto y N° 05 del 30
de agosto de 2011, debidamente aprobadas del debate de control político sobre
la situación carcelaria y penitenciaria del país.  ||  Lo anterior con el
objeto que la Corte Constitucional se entere de los pormenores del debate, las
conclusiones del mismo, los argumentos que presentó tanto el gobierno, como
quienes intervinieron acerca de esta problemática, para que la Corte
Constitucional involucre a todas las ramas del poder público, para el cabal
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, proferida por esa máxima
Corporación.”
[75] Sobre las acciones adelantadas en la cuestión, la
Procuraduría dijo en su intervención de 19 de diciembre de 2011 lo siguiente:
“En cumplimiento de la referida función […] a través del Grupo de Asuntos
Penitenciarios y Carcelarios de la Procuraduría Delegada en Materia preventiva
de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, realiza actividades tendientes a
proteger los derechos fundamentales de la población reclusa así:  (1) atender y
dar trámite oportuno a las peticiones que presentan las personas privadas de la
libertad, sus familiares, organismos no gubernamentales y entidades públicas,
con el objetivo de proteger sus derechos fundamentales.   ||  (2) Realizar
seguimiento permanente a las condiciones de vida de los internos de los
diferentes establecimientos del país, para lo cual se realizan visitas de
inspección y se elaboran informes, donde se consignan las observaciones
encontradas y las recomendaciones pertinentes a las diferentes autoridades.
||  Como resultado del desarrollo de las anteriores actividades, se formularon
recomendaciones no sólo al INPEC, sino a las demás autoridades que tienen
competencia sobre este asunto. Durante el año 2010 y el primer trimestre del
2011, se adelantaron tres (3) acciones preventivas, dos de ellas relacionadas
directamente con dar cumplimiento a la Sentencia T-153 de 1998, Seguimiento a
la ‘Política Pública de prestación del Servicio de Salud’, Seguimiento a la
‘Política Pública de Resocialización en los centros penitenciarios y
carcelarios’, por parte del Grupo de Asuntos Penitenciario y Carcelarios.  ||
Vale resaltar que de las visitas realizadas, se elaboraron informes
individuales con observaciones y recomendaciones de los cuales se remiten
copias a los encargados de los centros de reclusión y a sus superiores
jerárquicos, para que se tengan en cuenta en el mejoramiento de las condiciones
de vida de los detenidos.”
[76] Procuraduría General de la Nación, comunicación en
respuesta al Auto 041 de 2011 de la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional en que se rechaza la solicitud de abrir un incidente de
desacato, por incumplimiento de la sentencia T-153 de 1998. Para “[…]
ilustración de las situaciones halladas en los Establecimientos Penitenciarios
y Carcelarios, se allegan a la Corte copia de los informes finales de las
acciones preventivas adelantadas por [la] Procuraduría Delegada.”
[77] Se dijo al respecto: “En primer lugar, el INPEC hizo
entrega de áreas de sanidad a CAPRECOM, sin habilitación.  […].  ||  En algunos
de los establecimientos, las áreas de sanidad no cuentan con los elementos
mínimos indispensables y en buen estado para realizar una consulta de medicina
general. […].  ||  En la mayoría de los establecimientos carcelarios, las áreas
destinadas a sanidad no han sido aún construidas, remodeladas o adecuadas en su
infraestructura a las exigencias que establecen las normas de sanidad.  ||  Uno
de los casos más deprimentes es el encontrado en el Establecimiento
penitenciario de Ibagué, en donde la atención se presta en un área que presenta
deterioro, tanto en su infraestructura física, como en los elementos que allí
se encuentran. Las camas, camillas y demás elementos para pacientes en observación
están completamente averiados, inservibles y fuera de uso. […].  ||  Las
reclusiones de mujeres no cuentan con profesionales que atiendan la consulta de
especialidades específicas de género, como es el caso de la atención
ginecológica.  ||  Las citas, tanto de medicina, como de odontología, se
asignan por patios sin importar el número de población que cada patio tenga, lo
que va en detrimento de quienes se encuentran en pabellones con alto índice de
población. […].  ||  La falta de personal, tanto médico como de profesionales
en odontología y otras especialidades, no permite que la atención diaria de
pacientes sea superior en promedio a un número de quince personas, mucho menos
si se trata de fisioterapias, pues en esta área los establecimientos no cuentan
con profesionales que atiendan de lunes a viernes y en jornadas extensas, tan
sólo lo hacen dos días a la semana.  […]  ||  El no cumplimento de CAPRECOM en
el pago oportuno a los proveedores o entidades prestadoras de salud, ha
represado las citas para atención de especialistas o la práctica de exámenes de
diagnóstico. Como ejemplo, tenemos que para el mes de noviembre de 2010, la
Clínica León XIII de Medellín vía telefónica, informó al Coordinador de salud
del EPMSC de Bello que cubría hospitalizaciones, urgencias y ayudas
diagnósticas. Debe el INPEC esa atento a que se cumplan las obligaciones
adquiridas por CAPRECOM, a estar atento a que se cumplan las obligaciones
adquiridas por CAPRECOM, […].  ||  […] se detectó que el proveedor de medicamentos,
empresa DPROMEDICAL no estaba realizando despachos en razón a que según lo
informaron los regentes, CAPRECOM no había realizado los pagos. […] ||  Se
detectó que en la atención posquirúrgica de cirugías realizadas por la
cobertura NO POS, no reciben los detenido el tratamiento necesario una vez
regresan al establecimiento, […]  ||  Según los representantes de la población
reclusa de varios establecimientos penitenciarios, una de las inquietudes
planteadas es que se les exige, antes de recibir los medicamentos, firmar su
entrega. En algunos casos quedan pendientes todos o parte de ellos, los que
posteriormente no se reciben. Sin embargo, ellos no tienen respaldo en razón a
que estos documentos no les son devueltos. […]”
[78] Se constató que no existía infraestructura adecuada
en los establecimientos, que no se han designado Directores y subdirectores
propios, que la guardia no tiene entrenamiento adecuado para ello y que existen
problemas acerca de la resocialización, entre otras dificultades.
[79] En informe de octubre 29 de 2007 (La Política
penitenciaria y carcelaria en Colombia. Evaluación de la resocialización y las
medidas implementadas contra el hacinamiento), la Contraloría Delegada para el
Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales,
indicó: “el hacinamiento sigue siendo el principal problema de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, pues, a pesar de
presentar reportes de disminución, la gestión adelantada hasta el momento no ha
sido muy efectiva, debido a que la estrategia de ampliación de cupos, en primer
lugar, no se cumplió y segundo, fue diseñada para unas condiciones diferentes a
las que hoy tenemos.  ||  La gestión del Estado en esta materia siempre ha sido
reactiva dando solución a los problemas carcelarios transitoriamente. El plan
de ampliación de la infraestructura resultante26 disminuyó el hacinamiento
hasta un 11.8% en marzo de 2001, él más bajo desde 1994. Sin embargo, cómo se
ha observado en los últimos años, este volvió a dispararse y en mayo de 2005
llegó al nivel récord de 42.2%.  ||  Por lo tanto, el Estado solucionó el
problema carcelario temporalmente sin dar soluciones definitivas al
hacinamiento. De nada sirve la ampliación de los cupos carcelarios sino se
complementa con programas que permitan la reincorporación de los exreclusos a
la sociedad.”
[80] Informe de octubre 29 de 2007, La Política
penitenciaria y carcelaria en Colombia. Evaluación de la resocialización y las
medidas implementadas contra el hacinamiento. Contraloría Delegada para el
Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[81] Informe de septiembre 27 de 2009, Estado actual
del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Contraloría Delegada
para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[82] Dijo al respecto: “La grave situación carcelaria
observada, nos lleva a concluir que el Estado Colombiano continúa
incumplimiento con su obligación de proteger la vida, integridad física,
dignidad y seguridad jurídica de las personas privadas de libertad, así como el
deber de promover y facilitar su reinserción social, consagradas en la
Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el país.  ||  En consideración al seguimiento de la sentencia T
-153 de 1998, puede decirse que las condiciones no han cambiado para un
porcentaje de población reclusa. Si bien es cierto que las situaciones han
mutado y se presentan nuevas y diferentes, también es cierto que el ‘estado
de cosas inconstitucional’ continúa vigente para un grupo de Colombianos
privados de la libertad.” Informe de septiembre 27 de 2009, Estado actual
del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Contraloría Delegada
para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[83] Dijo al respecto: “el INPEC que es la entidad
responsable de administrar el Sistema Penitenciario y Carcelario, así como del
diseño y ejecución de programas de resocialización, presenta falencias en los
procesos de planeación, evaluación y seguimiento, lo cual le ha impedido el
desarrollo continuo, coherente y articulado de programas de tratamiento
penitenciario, situación que se refleja en los pocos resultados obtenidos:
Durante el 2008, la participación de los internos en programas de educación
(formal, informal y no formal), con respecto al 2007 se redujo, del 58% al 27%
y en los programas laborales pasó del 33% al 22%.  ||  Se observa que en temas
tan importantes para la consolidación de procesos de tratamiento penitenciario
que permitan la reinserción social de las personas privadas de la libertad,
tales como, el rediseño del Plan de Acción y Sistema de oportunidades - PASO,
[hacer perfiles de] la población reclusa para la elaboración de planes de
intervención terapéutica, la implementación de un Modelo Educativo ajustado al
sistema y la actualización del SISIPEC Web, el INPEC no presentan avances
significativos.” Informe de septiembre 27 de 2009, Estado actual del sistema
penitenciario y carcelario en Colombia. Contraloría Delegada para el Sector
Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[84] Informe de septiembre 27 de 2009, Estado actual
del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Contraloría Delegada
para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[85] Informe de marzo 28 de 2011, análisis del proyecto
de Ley de brazaletes electrónicos. Contraloría Delegada para el Sector
Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[86] Dice la Contraloría en su estudio: “El Estado Colombiano
ha modificado su política criminal en la última década, partiendo de la nueva
concepción del derecho penal y la funcionalidad de la pena. Acorde con este
cambio, se ha trabajado en la reinserción social, en la preocupación por el ser
humano condenado, en la reparación a las víctimas, en los mecanismos
sustitutivos de penas, en el concepto de reparación, de verdad y justicia,
entre otros.” Informe de marzo 28 de 2011, análisis del proyecto de Ley de
brazaletes electrónicos. Contraloría Delegada para el Sector Defensa,
Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[87] Dijo el estudio de la Contraloría: “La reforma
propuesta antes de facilitar la ampliación de la cantidad de personas
beneficiadas con el Sistema puede terminar por reducirla, por cuanto la decisión
de asignar uno de estos dispositivos finalmente queda en manos del juez de
ejecución de pena. ||  La ejecución, asignación e implementación del Sistema de
Vigilancia Electrónica hasta el momento presenta múltiples debilidades lo cual
impide que cumpla con su objetivo de ayudar a disminuir el hacinamiento
carcelario. Es necesario incluir en la iniciativa legislativa, una propuesta
que permita un mejor control, aplicación y seguimiento del sistema, con el fin
de que no se diluyan responsabilidades, ni se presenten irregularidades en la
asignación de los brazaletes, ni incumplimiento de los compromisos adquiridos
por el condenado beneficiado por la medida judicial.  ||  La aplicación del
dispositivo y el costo pagado por él mecanismo, no atiende una demanda periódica,
es decir, no se realizan cortes parciales de la población objetivo para el
arrendamiento de los dispositivos que se requieran, y así verificar si
económicamente es recomendable adquirirlos mediante compra.” Informe de marzo
28 de 2011, análisis del proyecto de Ley de brazaletes electrónicos. Contraloría
Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[88] Dice la Contraloría al respecto: “Ahora bien, un tema
que reviste importancia en el análisis del proyecto, es la utilidad actual de
la medida sustitutiva que se pretende modificar en sus requisitos de acceso.
||  Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, se tiene que los mecanismos
sustitutivos son una herramienta de política criminal y penitenciaria. Sin
embargo es cuestionable la medida en el entendido que el beneficiario no deja
de estar condenado, y por tanto debe ejercerse sobre el mismo un control y
verificar el cumplimiento de las obligaciones que se suscriben, con el fin de
evitar que se diluyan responsabilidades.  ||  En nuestro medio se cuenta con un
sistema que permite el seguimiento y localización del dispositivo electrónico,
lo que no ha sido óbice para que personas que han accedido a este sustitutivo
hayan burlado la vigilancia despojándose del mismo, o que hayan continuado
realizando conductas delictivas. Dichas situaciones han sido conocidas
públicamente y llevan a cuestionar la funcionalidad y control de las medidas
sustitutivas.  ||  Respecto a estos cuestionamientos, es importante realizar un
diagnóstico que permita identificar las deficiencias del sistema y de la
estructura diseñada para el control: recurso humano, infraestructura, sistemas,
etc.; y de esta manera adoptar los correctivos para el adecuado funcionamiento
de los sistemas de vigilancia electrónica como mecanismos sustitutivos de la
pena de prisión, que contribuye a la resocialización del condenado y el
deshacinamiento de las cárceles.” Informe de marzo 28 de 2011, análisis del
proyecto de Ley de brazaletes electrónicos. Contraloría Delegada para el
Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[89] Informe de abril 29 de 2011, Estado actual del
plan de construcción, dotación y mantenimiento de infraestructura carcelaria. Contraloría
Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios Sectoriales.
[90] Informe de abril 29 de 2011, Estado actual del
plan de construcción, dotación y mantenimiento de infraestructura carcelaria. Contraloría
Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[91] Informe de abril 29 de 2011, Estado actual del
plan de construcción, dotación y mantenimiento de infraestructura carcelaria. Contraloría
Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de Estudios
Sectoriales.
[92] La vigilancia de la Defensoría del Pueblo sobre el
problema carcelario es anterior a la sentencia T-153 de 1998. De hecho, sus
informes fueron sustento para esta decisión judicial.
[93] Entre las principales conclusiones se encuentran las
siguientes: “La mitad de los directores de establecimientos penitenciarios y/o
carcelarios al igual que funcionarios de la Defensoría del Pueblo considera que
CAPRECOM no garantiza la presentación de los servicios de salud a internos e
internas.  ||  […]  ||  Muchos de los establecimientos no cuentan con una
auditoria o seguimiento al contrato firmado entre el INPEC y CAPRECOM. No hay
instrumentos, procedimientos ni manuales que ayuden.  ||  Solamente un 15% de
los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios del país cuentan con la
aprobación en garantía de calidad exigida por el Ministerio de la Protección
Social, para prestar servicios de salud en sus áreas de sanidad.  ||  El 30% de
los Directores de establecimientos del país no tienen un plan especial para que
CAPRECOM atienda oportunamente a los internos e internas, de acuerdo con los
manuales y protocolos de seguridad que exige el INPEC. El proceso de asignación
de citas es dispendioso.  ||  […] En la mayoría de los establecimientos
penitenciarios y/o carcelarios, CAPRECOM no está realizando intervenciones
quirúrgicas a la población reclusa debido a procedimientos no POS.  ||
CAPRECOM ha vacunado a pocos internos. En el 91% de los establecimientos
penitenciarios y/o carcelarios del país, no se ha realizado vacunación alguna.
[…].  ||  El 37% de los directores de establecimientos penitenciarios y/o
carcelarios del país manifiesta que a los internos no se le provee
oportunamente de los medicamentos recetados.  ||  En el 67% de los
establecimientos penitenciarios y/o carcelarios del país no se asigna
oportunamente las citas médicas con especialistas por una pobre oferta de la
red y por razones de disponibilidad de guardia del INPEC.  ||  Solamente el 71%
de los establecimientos […] cuenta con servicio médico.  ||  Apenas el 57% […]
con servicio odontológico.  ||  Solamente el 41% […] servicio de farmacia.” Defensoría del Pueblo. Defensoría
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.  2010 Informe sobre la
Ejecución del Decreto 1141 de 2009 ‘Por el cual se reglamenta la afiliación
de la población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones’
[94] Los informes y publicaciones defensoriales pueden ser
consultados en [http://www.defensoria.org.co]
[95] Dijo la Defensoría al respecto: “La problemática
carcelaria tiene como uno de sus sujetos afectados a las mujeres privadas de la
libertad. Esta circunstancia hace que sea una destinataria prioritaria de la
labor defensorial, por tal razón durante el año 2003, esta Delegada realizó un
estudio preliminar en el que se esbozaron algunas consideraciones iniciales
sobre el tema. En el 2004 se profundizó en el estudio, llegando a las
conclusiones que se consignan en el presente informe.” Los informes de la
Defensoría del Pueblo suelen fundarse en análisis empíricos, realizados a
través de sus defensorías regionales, los cuales dan lugar a las conclusiones y
recomendaciones que finalmente son presentadas al público en general, y a las
autoridades penitenciarias y carcelarias en particular. Defensoría del Pueblo.
Informe ‘los derechos humanos de la mujer privada de la libertad en Colombia’.
[96] Defensoría del Pueblo. Informe ‘los derechos humanos
de la mujer privada de la libertad en Colombia’.
[97] Defensoría del Pueblo. Informe ‘los derechos
humanos de la mujer privada de la libertad en Colombia’. Dijo el informe:
“El desconocimiento por parte del INPEC de los requerimientos propios de una
reclusión para mujeres, origina los siguientes problemas:    - El área de
sanidad, especialmente enfermería y hospitalización, no cumple con las
indicaciones previstas, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud y no son adecuadas
para la atención de salud de género (ginecología y obstetricia) ni tienen un
área específica para la atención de embarazadas y lactantes.  ||  - El sitio
donde se realiza la visita íntima no es adecuado ni reúne los requisitos
expresados por la Corte Constitucional, en la Jurisprudencia sobre el tema.
Salvo, en ciertos establecimientos de reclusión donde se autoriza su
realización en las celdas de cada interna.  ||  - Los sitios o zonas de
aislamiento son lugares infrahumanos. Carecen de iluminación y ventilación, y
no son aptos para la permanencia de persona alguna.  ||  - Los lugares de
recepción no cuentan con la privacidad debida ni con los servicios sanitarios
necesarios. En algunos centros no existen. ”
[98] Dijo al respecto: “La ausencia de políticas
razonables relacionadas con los traslados y la fijación del establecimiento
para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad y con la construcción
de nuevos establecimientos de reclusión o las ampliaciones de los existentes en
regiones no prioritarias, hacen que en la mayoría de los casos se aleje a las
internas de su núcleo familiar o de su lugar de origen.” Defensoría del Pueblo.
Informe ‘los derechos humanos de la mujer privada de la libertad en Colombia’.
[99] Dijo al respecto: “Los menús no parecen responder a
las exigencias nutricionales y al peso especificado en los respectivos
contratos para la alimentación de la población reclusa. Por otra parte, en la
mayoría de los establecimientos no se dispone del suministro del agua
permanente y no se tiene control de la potabilidad de este líquido.” Defensoría
del Pueblo. Informe ‘los derechos humanos de la mujer privada de la libertad
en Colombia’.
[100] Dijo la Defensoría al respecto: “En efecto, la
suspensión de la visita impide la relación de familia, aspecto de suma
importancia para la persona privada de la libertad pues constituye su
principal, y a veces único, referente afectivo. Idéntica consecuencia tiene el
aislamiento celular, ya que durante él se le impide a la interna todo contacto
con sus visitantes. Similar efecto se produce con la pérdida de redención de la
pena, si se tiene en cuenta la dificultad que debe superar la interna para
lograr trabajar o estudiar en el ámbito de la prisión y el incentivo que para
ella representa la oportunidad de aprender y practicar una actividad que tal,
vez signifique la posibilidad de acogerse a un nuevo proyecto de vida diferente
a la delincuencia.” Defensoría del Pueblo. Informe ‘los derechos humanos de
la mujer privada de la libertad en Colombia’.
[101] Dijo al respecto: “Es preocupante para la Defensoría
del Pueblo la falta de información sobre los indígenas privados de libertad. En
éste informe es el primero que da a conocer las particulares condiciones de
privación de la libertad de los indígenas en el país: la poca atención que
recibe este tema; el hacinamiento, la discriminación, el abandono, la
indefensión, la precariedad económica y la falta de atención especializada que
impiden a los indígenas sometidos a reclusión ejercer sus derechos
fundamentales.  ||  La falta de un censo oficial confiable de esta población
reclusa se observa en el ámbito nacional. No obstante, tomando en cuenta las
actuales estadísticas oficiales, se puede afirmar que de la población reclusa
nacional el 0.9% son indígenas que con relación a la población indígena total
del país son el 0.23%.” Informe ‘Indígenas privados de la libertad en
establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC’. Informe ‘Indígenas
privados de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del
INPEC’. Informe ‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[102] Dijo la Defensoría al respecto: “Hasta el momento, se
carece de un censo diferenciado que permita establecer el número real de
indígenas privados de la libertad, determinar los establecimientos carcelarios
del país en donde se encuentran ubicados y la situación jurídica de cada uno de
ellos. Sin desconocer que el INPEC ha hecho un esfuerzo por tener estadísticas
sobre dicha población, esto no nos genera plena confianza, ya que en la
presente investigación se han encontrado indígenas que INPEC no reporta.”
Informe ‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[103] El informe de la Defensoría dijo al respecto: “Esta
falta de registro como indígena, dentro de la población reclusa de un
determinado establecimiento de reclusión se puede derivar del hecho de que
muchos de los indígenas que dicen serlo no se encuentran certificados por
sus respectivas comunidades y esto es consecuencia del rechazo u olvido de sus
pares, que los dejan a su suerte en los centros penitenciarios y carcelarios.”
Informe ‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[104] Dijo la Defensoría al respecto: “Asimismo, es
evidente el total desconocimiento por parte de las autoridades penitenciarias y
carcelarias de las normas que regulan y protegen el derecho de las comunidades
indígenas a conservar sus costumbres y tradiciones. Por ello, dentro de la
normativa del sistema penitenciario son escasas las directrices que promuevan
la efectividad de dichos derechos. Esta deficiencia ha llevado a muchos
funcionarios a improvisar poniendo en práctica a su libre arbitrio; medidas y
actividades en favor de la población indígena reclusa en sus respectivos
establecimientos, con el convencimiento de estar haciendo lo adecuado.” Informe
‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos penitenciarios y
carcelarios del INPEC’.
[105] Dijo la Defensoría al respecto: “Muchos de los
internos indígenas son monolingües o tienen una comprensión limitada del
español, lo que, aunado al desconocimiento total de sus derechos, impide que
exijan la efectividad de los mismos, por ello son catalogados por las
autoridades penitenciarias como personas muy ‘juiciosas’ que no presentan queja
alguna.” Informe ‘Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[106] Dijo al respecto la Defensoría: “En cuanto a la
asignación del presupuesto asignado por el INPEC, vemos que no está de acuerdo
con las necesidades de dicha población, lo que afecta a un gran número de estas
personas. En síntesis, tal disposición no pasa de ser una simple formalidad que
en teoría estaría satisfaciendo tal requerimiento. En efecto, se observa cómo
las mencionadas resoluciones nº 2403 de 2004 y nº 2328 de 2005 adjudican una
partida de $13.000.000 y de $15.000.000, respectivamente, que distribuidas en
los establecimientos donde hayan un número mínimo de 10 internos indígenas, le
correspondería a cada interno una cantidad que a todas luces es insuficiente
para llevar a cabo una actividad propia de su identidad cultural.  ||  Además,
analizado el contenido de las resoluciones que asignan a los internos indígenas
las partidas con cargo al rubro ‘de atención social y rehabilitación al
recluso’ observamos:  1. Estas tienen destinación específica como son:
‘la adquisición de sábanas, colchones, almohadas, cobijas, útiles de aseo,
televisores, ventiladores, VHS, grabadoras para el uso exclusivo de cada
comunidad y demás elementos requeridos que permitan desarrollar las habilidades
y destrezas manuales del interno indígena, orientados a proteger y preservar su
identidad cultural’.  ||  2. Dicha asignación tiene un monto mínimo de $170.000
y un máximo de 1.620.000 pesos.  ||  3. Que en el año 2004 estaba a dirigida 24
establecimiento y en el 2005 a 20 establecimientos carcelarios que tuvieran
cada uno cobertura mínima de 10 indígenas reclusos.” Informe ‘Indígenas
privados de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del
INPEC’.
[107] Defensoría del Pueblo. Informe ‘Indígenas privados de
la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[108] Defensoría del Pueblo. Informe ‘Indígenas privados de
la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC’.
[109] Defensoría del Pueblo. Informe ‘Situación de las
personas identificadas como del colectivo LGBT privadas de la libertad en
cárceles de Colombia’. 2009.
[110] Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la
sentencia de Tutela 971 de 2009.
[111] Dijo la Corte: “La Sala encuentra también que la no
separación entre las mujeres condenadas y las detenidas vulnera el derecho a la
presunción de inocencia de éstas, porque, como lo ha señalado la Corte ‘la
reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una
clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia…’ [T-153
de 1998].” Corte Constitucional, sentencia T-971 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo).
[112] Corte Constitucional, sentencia T-971 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo).
[113] Corte Constitucional, sentencia T-971 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo).
[114] Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la
sentencia de Tutela 971 de 2009. Añadió la Defensoría: “[…] la Defensoría
del Pueblo en numerosas oportunidades ha recordado a las autoridades
carcelarias que la necesidad de tal separación física constituye una de las
fundamentales y más elementales bases de la política penitenciaria, como que de
ella depende en parte la aplicación de los principios del tratamiento
penitenciario en su sistema progresivo, en cuanto el tratamiento penitenciario
sólo es predicable respecto de las personas condenadas. Además, como es bien
sabido, esta promiscuidad representa una flagrante violación del derecho
fundamental a la presunción de inocencia de las personas sindicadas. En
efecto, toda persona privada de la libertad debe ser considerada inocente
mientras no exista sentencia firme de condena (artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; artículos 14.2, y 6.2 del Convenio de Roma, y
artículo 8.2 del Pacto de San José).”
[115] Dijo la Defensoría: “En las visitas de inspección
practicadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo para la verificación
de la sentencia de tutela 971 de 2009, se constató que en los 42 centros
carcelarios destinados para varones donde hay presencia de mujeres y en la gran
mayoría de las 11 reclusiones de mujeres los criterios de clasificación que establecen
la división o separación entre sindicadas y condenadas no se cumplen o se
cumplen parcialmente, lo cual nos lleva a afirmar que hasta el momento
Seguimiento al cumplimiento de la Tutela N° 971 de 2009 23 las autoridades
carcelarias y penitenciarias no están observando la legislación nacional
vigente ni la jurisprudencia referida al tema.  ||  […]  ||  Analizados la
totalidad de los datos que arroja el presente estudio se pude afirmar:   Se
cumple a cabalidad la Sentencia de Tutela 971 de 2009 sólo en las dos secciones
de mujeres de los complejos de El Pedregal e Ibagué y en las reclusiones de
mujeres de Armenia y Manizales.  ||  En 5 de ellas (Bogotá, Sogamoso,
Villavicencio, Popayán y Pereira) no se cumple la referida sentencia ya que no
se establece totalmente la división entre sindicadas y condenadas.  ||  En
Bucaramanga y Cúcuta se cumplen parcialmente estos criterios de división.”
Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la sentencia de Tutela
971 de 2009.
[116] Dijo la Defensoría: “En cuanto a la orden inicial de
la Corte Constitucional sobre la separación en este aspecto (Sentencia de
Tutela Nº 153 de 1998), pareciera que las autoridades concernidas entendieron
el plazo de cuatro años allí señalado como un ‘periodo de gracia’ dentro
del cual estas no adelantaron acción conducente al acatamiento total de la
aludida orden judicial. Por ello, en esta sentencia T-971 del 2009 la Corte
Constitucional señala que en la actualidad persiste el estado de cosas
inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria declarado mediante la
sentencia T-153 de 1998, ya que no se ha cumplido el mandato impartido en la
misma de separar a los detenidos(as) de los(as) condenados(as), razón por la
que la Corte reitera la orden al Director del INPEC y al Ministro del Interior
y de Justicia para que en un término de dos (2) meses a partir de la
notificación del examinado fallo inicien las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para proceder a separar las internas condenadas de
las que están sindicadas o acusadas en todos los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país donde esa medida no se aplica.  ||  De
acuerdo con lo expuesto, esta Defensoría Delegada recalca que los esfuerzos que
tanto el Ministerio de Justicia como el INPEC han puesto en marcha para cumplir
con lo ordenado en la sentencia T-153 /98 de la Corte Constitucional, han sido
insuficientes y errados: la creación de una nueva clasificación para los
establecimientos de reclusión. Esto por cuanto las medidas adoptadas no han
solucionado el problema de la división entre reclusos(as) por situación
jurídica. En otros casos, estos esfuerzos se han concentrado en realizar
divisiones físicas de algunos espacios de las cárceles, sin contemplar también
un trato diferenciado para sindicados(as) y condenados(as) a través de los
diversos servicios de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.”
Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la sentencia de Tutela
971 de 2009.
[117] Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la
sentencia de Tutela 062 de 2011.
[118] Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2011 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva, SPV Mauricio González Cuervo).
[119] Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Galvis). Reiteró la Corte: “[…] que las personas privadas de la
libertad pueden reclamar oportunidades para afianzar en la intimidad sus
relaciones de pareja, y que las autoridades carcelarias no pueden entorpecer
sus propósitos, en razón de que la dignidad humana de los reclusos está
especialmente protegida, en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 15 y 16
constitucionales.” Por lo que decidió: “[…] la Directora del Reclusorio Villa
Josefina de Manizales, y el Director del INPEC accionados, como lo disponen los
Jueces de Instancia y atendiendo las precisiones de las sentencias que se
confirman, deberán permitir el ingreso de la señora Martha Lucía Alvarez al
reclusorio en mención, a fin de que ésta pueda entrevistarse en intimidad con
la señora Martha Isabel Silva, o deberán disponer el lugar donde se realizaran
tales encuentros, salvaguardando la dignidad y los derechos a la igualdad, e
intimidad de las nombradas.”
[120] Dijo la Corte: “No obstante la Sala no puede
desconocer las dificultades por las que atraviesan los centros de reclusión
dada las falencias que dejan al descubierto las reglamentaciones atinentes a
las visitas íntimas de los internos, no sólo cuando las solicitan parejas
homosexuales, sino en los casos en que quien requiere ingresar al
establecimiento i) no posee documentos de identidad, ii) no puede certificar
sus antecedentes judiciales y de policía, y iii) hace uso de permiso o cuenta
con un mayor grado de libertad, en razón del estado de resocialización en que
se encuentra.  ||  En consecuencia se instará a la Defensoría del Pueblo para
que impulse las acciones judiciales o administrativas pertinentes para que las
autoridades penitenciarias sean conminadas a expedir la reglamentación que esta
Sala y el Defensor Regional de Caldas echan de menos, a fin de que los
directores de los penales cuenten con criterios claros, generales y uniformes
en la materia, que les permitan garantizar a los internos el ejercicio de la
sexualidad en condiciones de igualdad, y salvaguardando su dignidad e
intimidad, sin desconocer las condiciones específicas de cada establecimiento.”
Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis).
[121] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[122] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[123] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[124] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[125] Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2006 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[126] Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2006 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra). La sentencia impartió más de un decena de órdenes,
algunas de ellas a las autoridades carcelarias, para que tomaran las medidas
adecuadas y necesarias para superar los problemas concretos que habían sido
detectados, y otras a autoridades de control, del orden nacional y local, para
que hicieran seguimiento a las órdenes impartidas.
[127] En cuanto al caso concreto de la Cárcel de Yopal, la
Corte resolvió, entre otras cosas: “ordenar al director del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal (Casanare) que en
el término de un mes […] adelante, con la concurrencia de la Dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, un campaña de
sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e
internos de esa establecimiento, sobre la protección de los derechos
constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad u opción sexual
diversa, […]” Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2011 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva, SPV. Mauricio González Cuervo).
[128] Concluyó al Defensoría al respecto: “(1) Se cumplió
con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal, Casanare.  (2) Se inició haciendo dicha
sensibilización y capacitación a los funcionarios y defensores públicos de
Casanare encontrando algunas personas renuentes a tratar el tema y se evidenció
mucho desconocimiento frente al tema en este grupo.  (3) Se ha establecido que
hay buena disposición por parte del INPEC para que la Defensoría del Pueblo
lleve este tipo de sensibilización y capacitación a sus funcionarios.”
Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria. 2011. Seguimiento al cumplimiento  de la sentencia de Tutela
062 de 2011.
[129] Concluyó la Defensoría al respecto: “(4) Hay un
gigantesco déficit de conocimiento frente al tema LGBT y persisten muchas
creencias y actitudes erróneas.  (5) La homofobia sigue siendo un punto
recurrente que origina todas las vulneraciones de Derechos Humanos en la
población LGBT.  (6) Las direcciones de los establecimientos a los que hemos
llegado se han mostrado muy interesados en que se continúe con esta labor pues
hablan del desconocimiento general que existe sobre el tema.” Corte
Constitucional, sentencia T-062 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SPV
Mauricio González Cuervo).
[130] Dijo al respecto la Defensoría del Pueblo: “El INPEC
no cuenta con convenio con Secretarías de Salud Departamental o Municipal u
otras entidades para el apoyo constante o la inspección de los tanques de
almacenamiento de agua, ya que como todos sabemos el agua distribuida por
cualquier medio contiene residuos (productos de polvo, insectos y otros
elementos) que hacen necesario hacer su limpieza y desinfección una o dos veces
al año. [Termino ofrecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la
obra Agua, Saneamiento, Higiene así y Habitada en las cárceles] ||  Aunque el
INPEC ha realizado algunos esfuerzos designando funcionarios (guardias,
internos) para el control del agua, esta entidad no cuenta con personas
especializadas en la limpieza y [desinfección] de los tanques de
almacenamiento, además de este hecho no existe un criterio unificado sobre el
tiempo en que se debe realizar la limpieza y [desinfección]. Las encuestas
realizadas nos llevan a concluir que el término para la realización varía en
cada establecimiento entre 15 días, cada mes o cada tres meses.  ||
Actualmente en el sistema penitenciario y carcelario, existe un gran número de
establecimientos de reclusión que presta el servicio básico de agua con
interrupciones hasta por varios días; ejemplo de ello, entre otros, están los
establecimientos de Valledupar, La Dorada, Barrancabermeja.”
[131] Defensoría del
Pueblo. Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
2011 Agua potable en los establecimientos de reclusión de Colombia.
[132] Defensoría del
Pueblo. Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
2011 Agua potable en los establecimientos de reclusión de Colombia.
[133] Por ejemplo, la Defensoría mencionó entre otros:
“Cuando se carece de este servicio en los establecimientos, el INPEC no
verifica si los carro-tanques utilizados para abastecer el servicio de agua se
han desinfectados antes de ser utilizados para el transporte de agua.  ||  En
algunos de los nuevos establecimientos el INPEC, como usuario, no ha podido
subsanar la situación presentada en el sistema de bombeo, pues está operando
este sistema sin ningún tipo de manual de operaciones ni planos ya que Fonade
no los ha entregado. Ejemplo de ello lo encontramos en el establecimiento
penitenciario de Puerto Triunfo en donde por problemas en el bombeo hubo una
baja de presión lo que dio como resultado problemas en el suministro de agua.
||  En ciertos establecimientos de reclusión para la ubicación de los pozos o
tanques no se ha tenido en cuenta determinadas circunstancias, lo que trae como
consecuencia que estos sitios se conviertan en nido de roedores, serpientes.
Además cuando llueve se inundan trayendo serias consecuencias en la calidad del
agua.  ||  En gran número de las actas producto de la actividad realizada por
las respectivas secretarías de salud departamental o municipal referente a las
tomas o muestreo de agua para el consumo en los establecimientos penitenciarios
y carcelarios, se ha dejado constancia de las regulares condiciones en que se
encuentran los tanques de almacenamiento del agua, como también de las plantas
de tratamiento que no operan óptimamente, debido a que los procesos no están
funcionando o están operando de manera incipiente por el daño del sistema de
dosificación del
desinfectante o por la falta de la prueba de demanda de cloro para las dosis
óptimas de este producto y la falta de control de pH y cloro residual libre.
||  En las visitas realizadas por las diferentes secretarías de salud estas
observaron que en algunos establecimientos de reclusión los tanques o pozos no
cuentan con tapa de protección para evitar la caída de hojas u otros materiales
o de agua lluvia, elementos estos que alteran las condiciones de calidad del
agua. Ejemplo de ello es el establecimiento penitenciario y carcelario de
Chiquinquirá (Normandia), y el establecimiento penitenciario y carcelario de
Líbano.  ||  También se observó en estas visitas que por el deterioro de las
redes internas se utilizan mangueras para la conducción del agua a ciertas
áreas de los establecimientos de reclusión, las cuales no son actas para tal
propósito. Así mismo se observó la falta de revisión o de mantenimiento de los
instrumentos tales como el aireador y los filtros de ozono utilizados para la
purificación del agua.  ||  En un número mínimo de centros de reclusión el agua
se surte de dos fuentes (acueducto municipal y de agua cruda sin tratamiento)
que proviene de nacimientos o de pozos profundos, las que al ser mezcladas
arrojan un producto que no cumple con la norma de calidad para el consumo
humano por presentar contaminación microbiológica, […] Ejemplo de esto lo
hallamos en el establecimiento penitenciario de Pensilvania.  ||  Se evidencia
en algunos establecimientos la utilización de objetos extraños como medias,
plásticos en los grifos y en ciertas conexiones de las redes hidráulicas, lo
que trae como consecuencia la contaminación del líquido.  ||  […]  ||  La
mayoría de alcaldías, a través de la secretarías de salud, formularon
recomendaciones para garantizar la potabilización del agua en los
establecimientos de reclusión, ya que las empresas de servicios públicos
entregan el agua sin riesgo hasta el medidor y a partir de ese sitio es
responsabilidad de la dirección de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios el buen uso que se le dé al mismo.” A esto se suma las deudas que
tienen varios establecimientos penitenciarios y carcelarios con las empresas de
servicios locales.
[134] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[135] Las tasas de hacinamiento nacional son generales; en
los casos de cada establecimiento varían mucho. En algunos no hay hacinamiento,
y en otros supera el promedio nacional.
[136] Los niveles de hacinamiento que se reportaron son:
Riohacha, 326%; Cali, 230%; Medellín-Bellavista 227%; Santa Marta 225%; Bogotá
– La Picota, 201%; Armenia, 155%; Bogotá – La Modelo, 144%; Bucaramanga, 141%;
Montería, 116 %; Barranquilla, 114%; Itagüí, 114%; Sincelejo, 111%, Pereira,
110%; Pasto, 109%; Quibdó, 109%; Manizales, 106%; Leticia, 94%; Mocoa, 88%;
Neiva, 85%; Arauca, 75%; Villavicencio, 72%; Bogotá – Buen Pastor, 71%;
Palmira, 58%; Cúcuta, 53%; Cartagena, 51%; Tunja, 49%.  El Espectador. Hacinamiento
y Muerte. Cárceles: “una olla de presión”, miércoles 7 de noviembre de
2012.
[137] Bedoya Lima,
Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010. Para
ese momento, se reportaba así la cuestión: “La población reclusa del país es de
102.721 hombres y mujeres, pero sólo hay cupo para 55.060. De la cifra total,
aproximadamente 80.000 personas están en centros de reclusión; 22 mil personas
más tienen detención domiciliaria; y 3900 personas están con seguridad
electrónica (brazaletes).” (p.26). Sobre la cuestión, ver también: Bedoya Lima, Jineth Bedoya (2000) Los
patios del infierno. Carrera 7a. Bogotá, 2000.
[138] Por ejemplo: El Tiempo, Hacinamiento de las
cárceles sin remedio a la vista, mientras entran 4 personas a los penales,
en promedio, solamente una recobra su libertad; 27 de enero de 2011.
[139] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008. Se dice al respecto: “[…] las tensiones internas entre los reos se pueden
dar por cualquier motivo, casi todo puede ser causa de conflicto, pues las
situaciones se ven exacerbadas en el encierro y las reacciones al respecto
también pueden ser mayores en contextos de hacinamiento, encierro y ocio.”
[140] El Tiempo, El precio que tiene que pagar un preso
para poder 'vivir' en La Modelo; 12 de febrero de 2013.
[141] Ver por ejemplo: Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011.  El relato de
una persona que estuvo recluida en la cárcel Modelo en Bogotá dice: “[…] En
cuanto al monto y tiempo establecido, los precios eran de acuerdo al lugar que
pretendiéramos adquirir, vivir tirado en un pasillo, que no tiene más de
ochenta centímetros de ancho, por un largo de cincuenta metros, vale mínimo la
suma de trescientos mil pesos, este precio pagaba la persona que le tocaba
junto a los baños, por cada pasillo el hacinamiento era enorme, dormían ciento
cincuenta internos, esto es como vivir en la calle, el único calor que se
siente es el que emanan los cuerpos de tanta personas juntas, porque de resto
el inclemente frio de las noches bogotanas, entra por las rejas que dan hacia
el patio. Acomodarse en una celda sin derecho a plancha o camarote, solo para
dormir amparado por cuatro paredes y escapar de los malos olores y el frío,
costaba entre cuatro y cinco millones de pesos, comprar la plancha tenía otro
costo, y en caso de querer celda individual también se conseguía, claro que los
valores aumentaban […], en esa época una celda, que es lo mínimo que el
gobierno tiene que suministrarle a un detenido llega a costar hasta cuarenta
millones de pesos.”
[142] Por ejemplo, el columnista Nicolás Uribe Rueda dijo
al respecto en su columna de El Espectador (29 septiembre de 2012): “La
situación de las cárceles colombianas es simplemente insostenible. Las
condiciones mínimas de salubridad e higiene son inexistentes. Para dormir, los
presos se amontonan en las celdas, se recuestan en los pasillos, cuelgan
hamacas de los techos y hasta se acomodan en los baños. El hacinamiento general
llega al 40% y, como si eso fuera poco, en algunos centros carcelarios no hay
servicios públicos y la comida es precaria.”
[143] Ver por ejemplo: Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011.  Se dice al
respecto: “[paramilitares y guerrilleros], además del poder total de la cárcel,
vieron en las finanzas un fuerte botín, al grado que los paracos enviaban parte
de sus ingresos al comandante mayor de ellos que se encontraba recluido en la
zona de máxima seguridad. La guerrilla por su parte utilizaba sus ganancias en
manutención y adoctrinamiento de sus presos, lo mismo que en compra de
armamento […]” (p. 27).
[144] Ver por ejemplo: El Espectador. Hacinamiento y
Muerte. Cárceles: “una olla de presión”, miércoles 7 de noviembre de 2012.
Dijo el informe: “Muerte de reclusos en aumento. La violencia y los
problemas de salud que se registran en las cárceles del país, debidos al
hacinamiento, se ven reflejados en las estadísticas que reportan las
autoridades frente a los asesinatos, las muertes por enfermedad y los
fallecimientos por supuesta falta de atención médica.  ||  Los recientes
escándalos por la muerte de reclusos como Alexander Martínez Palacio o Pedro
María Serna, ambos en la prisión de Bellavista (Medellín), son evidencias de
los problemas que hay en las instalaciones carcelarias. En estos casos, sus
parientes denunciaron que fallecieron por demoras en la atención médica.  ||
De acuerdo con el INPEC, en los últimos cinco años se han reportado 500 muertes
de personas que estaban bajo su custodia. Las estadísticas muestran que la
cifra ha aumentado año tras año. En 2008 se reportaron 47 fallecimientos; en
2009, 56; en 2010, 112; en 2011, 138, y este año [a 7 de noviembre] van 140.
Las causas han sido homicidio, suicidio, muerte por enfermedad o muerte
natural.”
[145] El Espectador, ‘Cárceles al tope’; 2 de mayo
de 2013.
[146] En noviembre de 2012 se reportaba: “El patio uno de
Bellavista, uno de los más pequeños de esa cárcel de Antioquia, se convirtió en
un campo de batalla de grandes dimensiones. Decanas de presos, con armas de
fuego, cuchillos y otros objetos cortopunzantes, se trenzaron en una pelea que
dejó 25 heridos, cinco de ellos graves.” Luego de hacer referencia a la
situación constatada por la Corte Constitucional en la cárcel Bellavista en
1998 en la sentencia T-153 de aquel año, indicó: “Quince años después,
Bellavista no ha cambiado mucho. Si bien la capacidad aumentó a 2.424 internos,
la cantidad de presos es más de 8000. Estas cifras la ubican como la segunda cárcel
de Colombia, de las 141 que hay, con más internos, y como la primera en
hacinamiento, con un 230%.  ||  A esto se suma la precariedad de su
infraestructura, tras comenzar operaciones en 1976 con unos 400 internos. ‘La
estructura del patio dos me preocupa porque la veo muy débil y nos puede hacer
un gran daño en un día de visita. En el patio 10 los baños están en pésimas
condiciones’, expresa Rodrigo Ardila, personero de Medellín.” El Espectador, Entre
el hacinamiento y los ‘combos’; 6 de noviembre de 2012.
[147] El Tiempo, La cárcel donde viven los que ‘comen
callados’. Casi 9.000 seres humanos pasan sus días en celdas sucias lidiando
con riñas, droga y el poder del dinero. 6 de junio de 2013.
[148] Nicolás Uribe Rueda dijo al respecto en su columna de
El Espectador (29 septiembre de 2012): “En un ambiente como éste es posible que
suceda cualquier cosa, y en ausencia de controles, las cárceles se convierte en
universidades del delito. Esta semana, por ejemplo, un interno acabo con la
vida del Director de la cárcel de Villanueva, en medio de una fiesta acompañada
de licor al interior del centro penitenciario […]”
[149] El Tiempo, Editorial, Cárceles, en emergencia;
18 agosto de 2011. “Recientes informes periodísticos han confirmado el profundo
nivel de corrupción administrativa y la degradación institucional del sistema
carcelario. A los problemas de hacinamiento se añaden graves denuncias contra
funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Por acción,
omisión y hasta complicidad, miembros de la guardia y directivos están envueltos
en esquemas de extorsión, falsificación de beneficios, tráfico de droga,
facilitación de fugas y acceso a objetos prohibidos.  ||  Como se afirmaba hace
poco en este mismo espacio, los centros de reclusión son una de las áreas
indómitas del Estado. Sus problemáticas van desde la sobrepoblación hasta el
flagrante comportamiento criminal de los guardianes. El sobrecupo es imparable:
por cada prisionero que sale, cuatro entran. De acuerdo con estimaciones
oficiales, el año entrante se podría romper la barrera de los 100.000.  ||
Junto al hacinamiento, que atenta contra los derechos de los detenidos, se
encuentran las actividades delictivas de presos y de personal del Inpec. Los
detalles de estas operaciones son escandalosos y desvirtúan cualquier aspiración
de resocialización. Todo lo contrario: hoy en día los establecimientos
carcelarios colombianos son sucursales adicionales de la criminalidad común,
organizada, narco y guerrillera.  ||    El propio director del
organismo, el general Gustavo Ricaurte, denunció que en los últimos 6 meses
relevó a 81 funcionarios de las direcciones de muchas de las 144 cárceles.
[…]”.
[150] El Tiempo, Editorial, Cárceles, en emergencia;
18 agosto de 2011. “La existencia de 37 sindicatos en el Inpec ha degenerado en
la más descarada impunidad de sus integrantes, a pesar de las más de 8.800
investigaciones disciplinarias. Hay como mínimo dos guardianes con condenas de
la justicia que siguen activos porque gozan del fuero sindical. Es inaceptable
que en toda Colombia no exista un juez que levante la protección laboral de
convictos que están en el otro lado de los barrotes. […] El esfuerzo del diseño
organizacional tiene que concentrarse en echar por la borda los lastres
sindicales, disciplinarios y delictivos que acabaron con la entidad. Una
celeridad similar debe experimentar el trámite de la reforma del Código
Penitenciario en el Congreso. Sin un marco para la administración de las
cárceles, los sistemas de reducción de penas y los esquemas de permisos y
beneficios, el organismo que surja no tardará en corromperse como su
antecesor.  ||  Estos cambios estructurales necesitan acompañarse de medidas
drásticas e inmediatas que cautericen los casos de corrupción e indisciplina
que tienen a las prisiones colombianas convertidas en territorio mafioso.”
[151] Ver por ejemplo: Bedoya
Lima, Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio.
Bogotá, 2010. Dice al respecto: “[…] gran parte de los problemas que se han
presentado en las últimas cuatro o cinco administraciones del INPEC, obedecen
ente otras cosas a la existencia de 32 sindicatos de guardianes. […]  Esto
ocasiona ingobernabilidad e imposibilidad para administrar un sistema
penitenciario que no cuenta con un cuerpo de custodia y vigilancia unido y que
se rija por las mismas directrices, como ocurre en otros organismos (Policía y
Ejército). Sin contar con los precarios salarios con los que cuenta la guardia,
convirtiéndolos en funcionarios más vulnerables e inconformes.” (p. 33).
[152] El 23 de enero de 2011, Llamadas desde la cárcel.
El Tiempo reportó que un asadero de Neiva había sido extorsionado a pagar
dinero a cambio de seguridad, en nombre de la guerrilla, pero el Gaula de la
Policía Nacional descubrió que era delincuencia común, haciendo llamadas desde
la cárcel.
[153] Bedoya Lima,
Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010.
[154] Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011. En una narración
sobre la cárcel Modelo se cuenta: “La guardia nos acompañaba únicamente hasta
un punto, donde fuimos recibidos por un grupo de presos que representaba a los
plumas (jefes) de los patios. En este lugar se seleccionó al personal: quien
perteneciera a cualquiera de los grupos organizados al margen de la ley, era
recibido como si llegar a su casa. El resto, los sociales, éramos interrogados
para determinar el delito por el que veníamos, […] los [delitos] de lesiones
personales, hurto en general y violación van al sur; los recién llegados que
ingresaban al ala sur, eran recibidos por miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia, los cuales después de un tratamiento psicológico que consistía en
sumergirlos dos horas en el tanque de agua, […].  Al que observaran sacando la
cabeza, sin intención de negociar, inmediatamente le descargaban un garrotazo
por donde cayera, […]. A los quince minutos empezaron a verse personas
aterradas, casi a punto de ahogarse y prefirieron llegar a algún acuerdo.
[…].  ||  A la mayoría del personal nuevo, lo condujeron hacia los túneles, el
lugar destinado para quienes no tenían capacidad de cancelar cuotas grandes,
[…].  ||  A otros de nosotros después de haber negociado, nos pusieron en
contacto vía celular con nuestras familias, ellas tenían que garantizar que el
acuerdo al que habíamos llegado en la cárcel se cumpliera. […].” (p. 24 y ss).
Al respecto ver también: Cortés Urquijo,
Fredy Julián (2011) Te cuento desde la prisión. Asociación Sindical de
Profesores Universitarios. Bogotá, 2011.
[155] Al respecto ver, por ejemplo: Bedoya Lima, Jineth (2010) Te hablo desde la prisión.
Intermedio. Bogotá, 2010.  Agudelo T.
Fabio Enrique (2008) Modelando en el infierno. Digicali. Colombia, 2008.
[156] Así por ejemplo: Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011.
[157] Bedoya Lima,
Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010; p.
30.
[158] Sobre la cárcel y el conflicto ver, por ejemplo:
Beltrán Villegas, Miguel Ángel (2013) La vorágine del conflicto colombiano.
desde abajo. Bogotá, 2013.
[159] Ver por ejemplo: Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011. (p. 193 y ss).
[160] Al respecto ver, por ejemplo: Corte Constitucional,
sentencia T-1096 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Más adelante, en las
consideraciones de la presente sentencia, se hará relación a la situación en la
región de las américas. El 14 de noviembre de 1994 el diario El Tiempo
reportaba el asesinato de un colombiano condenado por violación en una cárcel
de Ecuador así: “De veinte machetazos, uno de los cuales lo decapitó, fue
asesinado este domingo en la cárcel de Quito el violador y sicópata colombiano
Daniel Camargo Barbosa, conocido como El monstruo de los mangones, informó un
vocero del penal capitalino.”
[161] Bedoya Lima,
Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010. En el
texto se recoge el testimonio de un guardia del INPEC que ha trabajado en
varios centros penitenciarios (La Modelo, Bellavista, El Barne y La Picota), en
los siguientes términos: “[…] ‘Todas son iguales, con mañanas diferentes,
pero los mismos problemas: hacinamiento, corrupción, la ley del más fuerte, la
guerra por el poder, las injusticias del sistema y los atropellos contra los
recién llegados, que si no son hábiles para defenderse, reciben la inaugurada
del comité predestinados para esos menesteres.  ||  La llamada
‘inaugurada’, es quizá la antesala a un abismo. Los internos que son conocidos,
que han tenido entradas anteriores, jefes de bandas organizadas o los que
llegan recomendados y encargados a los directores de cárceles o por medio de la
guardia, saben de antemano que tendrán asignado un patio aceptable, un cambuche
económico y en el mejor de los casos, una celda. Pero los que nunca han sabido
lo que es pisar las puertas de la cárcel o tienen deudas pendientes con la
sociedad o con otros reclusos debe prepararse para morir en el intento o tener
la experiencia más amarga de su vida.  ||  ‘En estos años he tenido que ver,
bajo la complicidad del silencio por mi propia seguridad y la de mis
compañeros, como son apaleados, pateados, violados, ultrajados, cantidad de
novatos que llegan y reciben la inaugurada. A los que les va mejor, sólo tienen
que entregar el reloj, los zapatos, la muda de ropa […]  ||  A otros,
además de dejarlos en puros calzoncillos, les aplican la ‘tenebrosa’, que consiste
en colocarle una bolsa negra en la cabeza, luego sumergirlo en una alberca,
hacerlo pasar por una hilera como de cuarenta hombres y cada uno le va dando
una palmada en la espalda o una patada, luego vienen los calvazos y si el
cliente había entrado recomendado para que fuera dejado fuera de circulación,
después de golpearlo y violarlo, la emprende con él a puñaladas y a veces a
tiros. A algunos los descuartizan para deshacerse rápido del cuerpo’.” (p.
86 y 87).
[162] Bedoya Lima,
Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010. La
periodista relata esta escabrosa historia: “Muchos han alcanzado a pisar la
puerta de la primera reja y ya están muertos aunque sigan caminando. […] Fue el
caso del joven de veintitrés años conocido como ‘Jhonny el Leproso’ un
reconocido delincuente de Bogotá, quien había asesinado, violado, descuartizado
e incinerado a más de 45 personas. ||  Muchos familiares de las víctimas
intentaron hacer contacto con internos dentro de La Modelo, pero la justicia de
la cárcel se les adelantó. Veinticuatro horas después de ser capturado en la
zona de Fontibón, fue trasladado a la cárcel. Llegó en el tren de remisiones de
las estaciones de policía, luego fue remitido a las llamadas jaulas primarias,
y a las once de la noche le asignaron el patio uno. Quince minutos más tarde
fue linchado, le aplicaron la tenebrosa y murió asfixiado con el peso de quince
hombres, no sin antes recibir siete puñaladas y nueve disparos.  ||  El Jhonny
el Leproso llenó páginas judiciales en diarios y ocupó un puesto destacado en
las noticias del día siguiente. […]” (p. 88 y 89).
[163] La muerte de Johnny El Leproso fue presentada por el
diario El Tiempo bajo el título: Johnny El Leproso murió en su ley el 13
de junio de 1998, una semanas después de que la Corte hubiera dictado la
sentencia T-153 de 1998 (28 de abril). Dijo el diario al respecto: “[…] Al ver
el arribo del cuerpo de custodia, la algarabía de los internos se acabó. Un
grupo de reclusos salió corriendo, mientras otro prefirió hacerse el dormido y
arroparse en el suelo con cobijas y periódicos. Los miembros de vigilancia sólo
escucharon allí los quejidos de un hombre que agonizaba tirado en el piso.  ||
Se le acercaron, pero ya estaba muerto. Su cuerpo tenía un sinnúmero de
moretones y su ropa estaba ensangrentada y literalmente vuelta pedazos. En
cuestión de segundos verificaron su identidad. Se trataba de John Jairo Moreno Torres,
conocido en los medios judiciales como Johnny el leproso.  ||  Era el mismo que
durante años atemorizó con su banda a cientos de familias del sector de
Fontibón, al occidente de Bogotá, y que fue capturado al ser sindicado de
cuatro crímenes. […]  ||  Los guardias intentaron establecer con exactitud qué
había ocurrido, pero los reclusos prefirieron en ese momento guardar silencio.
Nadie vio nada, relata un alto oficial de la Policía […]”   En los días
siguientes llegaron varias cartas a la Mesa de Trabajo de la cárcel, de amigos
o familiares de las víctimas, que felicitaban a los internos que lo habían
asesinado. Aunque el caso fue muy sonado por la calidad del personaje, no se
trataba de hechos ajenos a la cotidianidad de la cárcel Modelo. Bedoya Lima, Jineth (2010) Te hablo
desde la prisión. Intermedio. Bogotá, 2010.
[164] Por ejemplo, el 17 de mayo de 2002, radio Caracol
reportaba que “Uno de los acusados por el asesinato [y
violación] de una joven colombiana en el sur de Florida (EEUU), fue trasladado
a una celda especial de la cárcel en la que está detenido, después de que se
descubrieran planes de otros prisioneros para matarlo.”
[165] Ver El Tiempo, ‘Hombre que asesinó a niña en Cúcuta
fue enviado a prisión’ (22 de enero de 2013) y ‘Apuñalan en cárcel de Cúcuta a
hombre que violó y mató a niña’ (26 de enero de 2013).
[166] Agudelo T.
Fabio Enrique (2008) Modelando en el infierno. Digicali. Colombia, 2008.
p. 37.
[167] El Nuevo Día. 7 de mayo de 2013, ‘Secuestrado
recluso dentro de la cárcel de Picaleña’. Dijo el diario tolimense al
respecto: “Un secuestro al interior de la cárcel de Picaleña por parte de un
grupo de internos a un recluso, parece ser una voz de máxima alerta frente a la
situación que atraviesa el complejo carcelario en Ibagué.  ||  Santiago
Ramírez, defensor del Pueblo, confirmó ayer durante el evento de socialización
de las nuevas reformas al código penitenciario, el plagio del cual fue víctima
un interno, al parecer, a cambio de dinero. Este hecho se habría presentado en
uno de los patios de las antiguas instalaciones del complejo.  ||  El
funcionario señaló en su momento que la víctima sufrió algunas lesiones por
parte de los secuestradores y se espera que las autoridades inicien la
investigación pertinente. El interno interpondrá una denuncia.  ||  A este
acontecimiento se suma un posible amotinamiento que se iba a adelantar por
algunos internos el pasado viernes, como una manera de protestar por las
condiciones precarias en las que están viviendo en el centro de reclusión.”
[168] El Tiempo, En la cárcel los reclusos están como
las ratas. Dice el Magistrado del Consejo de la Judicatura tras la visita a
cárcel de Villavicencio; 29 de mayo de 2013.
[169] El Espectador, El infierno carcelario; 6 de
mayo de 2013. ‘Perlas halladas por la Procuraduría.
[170] Ver por ejemplo: Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011. p. 44.
[171] Agudelo T.
Fabio Enrique (2008) Modelando en el infierno. Digicali. Colombia, 2008.
p. 111. Se dice al respecto: “A diario había jaleo […] en la noche, el problema
de los que dormían en carretera, cuando tenían sus necesidades fisiológicas, ya
que no se encuentra ningún baño en los pasillos; se veían sometidos a hacer sus
necesidades en camisas o bolsas plásticas, y a orinar en botellas desechables
de Coca Cola llamadas vulgarmente ‘chicheros’. A las cuatro y media de la
mañana, yo como llavero, tenía que alistar a la gente de carretera para que
estuvieran pendientes cuando el tombo o comando quitara el candado de la reja y
salieran, junto con su cambuche y su respectivo chichero, y buscaran el choque
(baño) corporal, […].”
[172] Por ejemplo, El Nuevo Día informó lo siguiente acerca
de la cárcel de Picaleña: “Los hechos de orden que sin duda están alterando la
seguridad no solo de los internos sino además de los guardias, están
alimentados por situaciones que no se han manejado a tiempo, por ejemplo la
falta de agua y luz.  ||  La misma directora de la cárcel, Imelda López,
puntualizó que ‘tenemos un problema de energía desde hace dos meses (…) que
pone en riesgo los internos y también las personas de custodia (…) en las horas
de la noche en los pasillos hay luz pero los pabellones están oscuros’.”
Mayo 7 de 2013, Secuestrado recluso dentro de la cárcel de Picaleña.
[173] El Espectador, Presos de las enfermedades;
jueves 2 de mayo de 2013. “Según informó el área de sanidad de la cárcel al
Ministerio Público, en la lista de espera para ser atendidos hay 256 presos con
hipertensión y 39 con diabetes. En cuanto a patologías de alto costo, hay 7
internos con cáncer, 12 con tuberculosis, 25 con VIH (22 hombres y 3 mujeres) y
47 padecen esquizofrenia.”
[174] Al respecto ver, por ejemplo: Carranza, Elías (2001) Sobrepoblación penitenciaria en
américa latina y el caribe: situación y respuestas posibles, en Justicia
Penal y Sobrepoblación penitenciaria, respuestas posibles. Siglo XXI
Editores. México, 2007.
[175] Un estudio del Proyecto TNI (Transnational
Institute)/ WOLA (Washington Office on Latin America) sobre el impacto de la
legislación sobre drogas en varios países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) concluyó, entre otras cosas:
“[…] la severidad de las actuales leyes de drogas ha contribuido
significativamente en el aumento de las tasas de encarcelamiento de los países
estudiados y en la situación de hacinamiento que se constata en esos países.
||  […] a los acusados o condenados por delitos de drogas se les niega con
frecuencia el acceso a penas alternativas, de las cuales sí disponen los
acusados por otro tipo de delitos.  ||  […] en todos los países estudiados, la
estructura penitenciaria no garantiza los estándares mínimos internacionales de
los reclusos.  ||  […] la mayoría de los presos por delitos de drogas lo están
por ofensas menores, pagando no obstante penas desproporcionadamente altas.”
TNI/WOLA (2010) Sistemas sobrecargados; Leyes de drogas y cárceles en
américa latina. Docuprint SA. Argentina, 2010.
[176] Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza &
Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011, (p.31).  Al respecto ver
también: Carranza, Elías (2001) Sobrepoblación
penitenciaria en américa latina y el caribe: situación y respuestas posibles,
en Justicia Penal y Sobrepoblación penitenciaria, respuestas posibles.
Siglo XXI Editores. México, 2007. Del mismo autor (Carranza) ver: (2012) Situación
penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer? en Anuario de
Constitucionalidad N° 32. Centro de Derechos Humanos de la Universidad de
Chile. 2012.
[177] El Espectador. Hacinamiento y Muerte. Cárceles:
“una olla de presión”, miércoles 7 de noviembre de 2012. Bolivia 106%;
Venezuela 88%; Perú 80%; Chile 64% y Panamá 59%.
[178] En cupos: Colombia tiene cerca de 80.000 cupos, el
segundo país, Chile, cuenta con algo más de 40.000 y el tercero, Perú, con algo
más de 20.000. Si se tiene en cuenta la población en hacinamiento Colombia
lleva la delantera, con más de 110.000 personas recluidas, Chile en segundo
lugar, con más de 70.000 personas, y Perú en tercero, con algo más de 40.000.
Mientras que la población de Colombia es algo más de 47 millones de personas,
en Chile es cercana a los 17 millones y la de Perú de más de 30 millones de personas.
[179] ICPS, International Centre for Prison Studies, World
Prison Brief; [para ver la página con la información:  http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php] )
[180] Este dato es de 2007, y proviene de la OEA, en su
Observatorio Hemisférico de Seguridad.
[181] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (p. 159). Versión virtual: [issuu.com/flacso.chile/docs/rss_2008_4]
[182] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (p. 159).
[183] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[184] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[185] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[186] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[187] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008. Una autoridad parlamentaria de uno de los países estudiados “[…] se
pronunció a favor de que no se brinden datos sobre el procesamiento a menos que
el mismo inculpado lo diga.”
[188] Sobre estas violaciones a los derechos a la salud y a
la integridad física y mental en Latinoamérica ver, entre otras, Dammert, Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La cárcel:
problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile. 2008.
[189] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (p. 159).
[190] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008. Versión virtual: [https://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/FINAL.pdf].  En el informe se dice al respecto: “La situación
relativa a la seguridad pública constituye hoy la principal amenaza para la
estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo
de nuestra región. La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto
de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, quienes se sienten atemorizados, acosados y vulnerables ante la
amenaza permanente de victimización. Se trata de una situación que, en el caso
de los jóvenes, y particularmente de los jóvenes de los estratos más
vulnerables de nuestras sociedades, alcanza la forma y la dimensión de un
exterminio sistemático. Los homicidios en nuestra región duplican el promedio
mundial, llegando en algunas zonas a quintuplicarlo. Algunos de nuestros países
en América Latina y el Caribe ostentan las más altas tasas de homicidio del
mundo. No obstante que en la región sólo habita el 8% de la población mundial,
se materializa el 42% de todos los homicidios por arma de fuego y el 66% de
todos los secuestros del planeta.” (p. 7).
[191] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008. Dice al respecto el
informe: “Las causas del problema de la inseguridad son múltiples y se
retroalimentan de manera constante. El resultado es un círculo vicioso, de
interpretación compleja y todavía más difícil intervención, ya que se carece de
evidencia que explicite la forma más eficiente para enfrentar los diversos
elementos que interactúan en varios niveles. […]” (p. 47).
[192] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008. Ver páginas 47 y
siguientes.
[193] Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, Organización
Internacional del Trabajo, Primera Edición 2006.
[194] Continua el informe: “Entre otros, doctrinas,
visiones y misiones inadecuadas para los nuevos tiempos; falta de focalización
de sus labores hacia lo esencial y poca precisión de sus roles y atribuciones;
falta de coordinación con otras instituciones que cumplen funciones de
seguridad pública; escasez y mala gestión de recursos; problemas de formación,
profesionalización, especialización y desarrollo tecnológico, así como graves
problemas de corrupción interna.  ||  Muchos cuerpos policiales se enfrentan a
severos problemas internos que afectan la capacidad profesional y calidad de
vida de sus miembros. Entre otros la falta de equipamiento e infraestructuras
adecuadas, regímenes laborales muy duros, bajos salarios y debilidad de las
redes de protección social. Todos estos elementos se vinculan al hecho que, en
algunos lugares más que en otros, la policía esté asociada a la ineficacia y
carezca de credibilidad y confianza. En algunos casos, entre los sectores más
vulnerables de la población, la policía termina siendo un factor adicional de
incremento de la inseguridad ciudadana por problemas de abuso y/o colusión con
el crimen. [Al respecto ver: Arias, Patricia y Zúñiga, Liza. Control,
disciplina y responsabilidad policial: desafíos doctrinarios e institucionales
en América Latina. Santiago, FLACSO-Chile, 2008; y Gabaldón, Gerardo y
Birkbeck, Christopher. Policía y Fuerza Física en perspectiva intercultural.
Nueva Sociedad, 2003.]”  OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (ps. 49 y 50).
[195] Dammert, Lucía y Zúñiga, Liza. La cárcel:
problemas y desafíos para las Américas. Santiago, FLACSO-Chile, 2008.
[196] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (p. 50).
[197] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (p. 60).
[198] Al respecto ver, por ejemplo, las estadísticas
judiciales oficiales estadounidenses (Bureau of Justice Statistics; http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=11).  Ver también FBI (Federal Bureau of
Investigation; http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr). O ver también la página del Consorcio
Interuniversitario sobre investigación política y social de la Universidad de
Michigan; dirección virtual:  (http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/landing.jsp).
[199] En la década de los años 80 el número de personas
encarceladas fue superior a 200 por cada 100.000 –el nivel histórico más alto
vivido en EEUU durante el siglo XX, en la década de los 40–; esta cifra aumentó
en la década de los años 90 a más de 500 persona por cada 100.000. En el año
2000, al iniciar el nuevo siglo, la cifra había superado las 700 personas.
[200] Ver: Iturralde,
Manuel (2011) Prisiones y castigo en Colombia, en Los muros de la
infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza & Iturralde.
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011 (p. 113). Se dice al respecto: “[…] el
ascenso de la población carcelaria [entre 1994 y 2010], 129,48%, ha sido casi
el doble que el incremento porcentual de los delitos registrados […].”
[201] Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza &
Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011 (p. 34). El texto presenta
varios ejemplos de decisiones de este tipo en Latinoamérica.
[202] En estricto sentido esta opción puede dar lugar a
establecer una diferencia entre un juez que decide que ante una acción de
tutela no puede intervenir y ante una acción popular sí y uno que considera que
en ninguno de los dos casos puede hacerlo.
[203] Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza &
Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011. Dice el texto (p. 45): “En
Honduras, ante el hacinamiento, se interpuso por parte de la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos un hábeas corpus correctivo que culminó con la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia que ordena la libertad de las personas presas
sometidas a trato crueles, inhumanos y degradantes. Dicha sentencia confirma la
orden de libertad para los detenidos den la Celda Veinte o Celda de Castigo de
la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, ‘[…] toda vez que las
condiciones higiénicas en las que se encuentran son deplorables, pues carecen
de los servicios básicos mínimos, dándose el caso de que hacen sus necesidades fisiológicas
dentro de la misma celda y sobre periódicos, y que estando alojados ahí siete
reclusos, únicamente cuentan con una colchoneta para dormir, vulnerándose de
ese modo, lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución de la República que
proscribe los tratos crueles, inhumanos o degradantes (Corte Suprema de
Justicia, Sala Constitucional, mar. 7/2009)’.”
[204] Sentencia del Tribunal de Justicia del Estado Río
Grande del Sur, Brasil, abril 15 de 2009.
[205] Ver en el análisis de los casos concretos, las
acciones de tutela contra la Cárcel Modelo de Bogotá y la Cárcel Bellavista de
Medellín. Algunas voces en la academia han criticado algunas de las posiciones
jurisprudenciales, por privilegiar la incapacitación del delincuente, el buen
gobierno carcelario y la seguridad sobre la vigencia de los derechos de las
personas. Así, por ejemplo: Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza &
Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011.
[206] El 14 de febrero de 2013, El Espectador se refirió a
esta decisión judicial, en el informe ‘Cárceles, un asunto de todos’,
así: “[…] El Consejo Seccional, sin embargo, fue más allá: la crisis es
endémica.  ||  ‘Este nuevo examen refleja el descuido y la ligereza con la
que las autoridades públicas han abordado a lo largo de los años el problema
que se afronta, no sólo en (la Modelo), sino en el sistema penitenciario en
todo el país (…), por lo que es necesario exigir de todas y cada una de
las entidades estatales el cumplimiento de sus funciones, no de manera aislada,
sino en consenso y coordinación entre todas’ […]  ||  Lo que más le
preocupa al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá es percibir que para
las diferentes entidades estatales, la declaración del estado de cosas
inconstitucional ha sido una especie de saludo a la bandera, un ‘simple
inventario de situaciones’ […].”
[207] Al respecto dijo Rodrigo Uprimny en una columna
titulada ‘crisis carcelaria’ (El Espectador, domingo 10 de febrero de
2013) afirmó: “Una valiente y bien fundamentada tutela de la jueza 56 penal del
Circuito de Bogotá puso el dedo en la llaga sobre la situación carcelaria del
país, pues concluyo que en la cárcel Modelo de Bogotá existía un estado de
cosas inconstitucional.”
[208] El Espectador, ‘Cárceles al tope’; 2 de mayo
de 2013.
[209] El Espectador, El infierno carcelario; 6 de
mayo de 2013. ‘Perlas halladas por la Procuraduría.
[210] El Espectador, Presos de las enfermedades;
jueves 2 de mayo de 2013.
[211] El 24 de diciembre de 2012 se reportó: “Son trampas
mortales para los guardias, escenarios para fugas y motines. Además, se inundan
a cada rato y carecen, en su mayoría, de sistemas de vigilancia adecuados. Son
10 de las 142 cárceles del país que, aunque construidas durante la última
década, ya tiene cientos de problemas en seguridad e infraestructura.” El
Espectador, ‘cárceles de papel’.
[212] Ver por ejemplo: Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza &
Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011. Dice el texto: “[…] Así,
desde 1998 hasta el 2006 el sistema ha crecido tanto como para alcanzar a
38.063 personas (Inpec, 2006). A pesar de estos esfuerzos para equilibrar la
relación entre celdas y personas presas, para marzo del 2010 existía un déficit
de 22.000 cupos que daba lugar a un índice de hacinamiento del 41.7%
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2010). Se espera, que este índice sea
reducido al 2, 7% cuando sea entregada la totalidad de los nuevos centros
penitenciarios, sin tener en cuenta que esto resultará a todas luces
insuficiente frente a la utilización excesiva de la pena privativa de la
libertad. El hacinamiento continúa, la detención preventiva sigue siendo la
regla, la diferencia es que hay más personas presas.” (p. 66).
[213] Las declaraciones fueron recogidas en: El Espectador,
El infierno carcelario; 6 de mayo de 2013.
[214] Nicolás Uribe Rueda dijo al respecto en su columna de
El Espectador (29 septiembre de 2012): “A pesar de que el Estado ha venido
invirtiendo recursos importantes para construir nuevas cárceles y ampliar las
existentes, los 22.000 nuevos cupos creados en los años anteriores parecen poca
cosa frente a una población carcelaria que ha aumentado cerca de un 300% en los
últimos 20 años (y eso que la impunidad excluye a un buen número de bandidos).
No queda duda pues que el problema carcelario es consecuencia de la falta de
política criminal y de la incontinencia legislativa para convertir en delito
todo aquello que se considera ofensivo para la sociedad.  […]  ||  El tema por
tanto, no se resuelve solamente construyendo cárceles o soltando presos, sino
evaluando cuáles son las prioridades de la política criminal del Estado y
aplicando al Gobierno, a la Fiscalía y a los jueces en la tarea de satisfacer
eficazmente esas preocupaciones en el marco de las exigencias de un estado
social de derecho (ECI) y ordenó medidas fuertes para enfrentar la situación,
entre las cuales, que no se podía recibir en ese centro carcelario más
condenados o procesados.”
[215] El Tiempo, Proponen jueces que despachen en
cárceles; 11 de marzo de 2013. “Los magistrados Wilson Ruiz, presidente de
la Sala Disciplinaria, y Édgar Carlos Sanabria, de la Administrativa, y el
senador Édgar Espíndola, presidente de la Comisión de DD. HH., recorrieron los
patios 4 y 5 y vieron cómo por el hacinamiento, calculado en un 139 por ciento,
los internos duermen en los pasillos.  ||  Ante la difícil situación, el Inpec
propuso a la Judicatura que se destinen jueces de ejecución de penas para que
despachen desde la cárcel y descongestionen los procesos, y así el mismo penal.
[…]  ||  Mientras la Judicatura decide si es viable enviar a La Modelo, a La
Picota y al Buen Pastor jueces, el Inpec firmó un convenio con el Consejo
Seccional de la Judicatura en Caldas para que dos jueces trabajen desde la
cárcel de Manizales.”
[216] Agudelo T.
Fabio Enrique (2008) Modelando en el infierno. Digicali. Colombia, 2008.
p. 66. Dice al respecto: “[…] Es de anotar que la mejor representación del
dinero son las tarjetas para hacer llamadas telefónicas, que tienen un costo de
cinco mil pesos, sirven para hacer llamadas locales y tienen una duración de
cincuenta minutos; si la llamada es nacional, la tarjeta sirve para unos
dieciséis minutos, es decir, le sale a trescientos pesos el minuto. Aquí en la
cárcel, la mayoría de las deudas se pagan con tarjetas, porque el dinero no
circula, o si tú tienes una deuda pagas con artículos de almacén, por ejemplo,
compras aquí una colchoneta en veinte mil pesos, le dices al vendedor que
necesitas del almacén, este te responde que le saques cigarrillos, galletas,
café y otros, hasta completar su equivalente; cualquier negocio que realices
aquí en la cárcel, lo puedes pagar en tarjetas para llamar o con almacén.”
[217] Concretamente, se ha cuestionado que la justicia haya
aceptado y propiciado esa versión. Por ejemplo:  Ariza, Libardo José (2011) Reformando el infierno: los
tribunales y la transformación del campo penitenciario en América Latina,
en Los muros de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina.
Ariza & Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011. En el texto se
dice: “El hacinamiento domina la imaginación de los tribunales. Desde el punto
de vista judicial se cree que se desaparición implicará el funcionamiento
óptimo del aparato penitenciario, o por los menos un paso muy importante en
esta dirección. […]  La respuesta de los tribunales a las demandas relacionadas
con los derechos de las personas presas se ha concentrado, salvo contadas
excepciones, en el fortalecimiento institucional y en el control consecuente de
los males producidos por la sobrepoblación penitenciaria […].  ||  El
hacinamiento ha dejado sin espacio a otras formas de aproximación al problema.
[…]” (p.21).
[218] Ver, por ejemplo: Ariza,
Libardo José (2011) Reformando el infierno: los tribunales y la
transformación del campo penitenciario en América Latina, en Los muros
de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza & Iturralde.
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011. En el texto se dice al respecto: “[…]
La especial situación en la que se encuentra la persona presa hace que ciertos
derechos que, en el mundo libre se entienden como económicos y sociales, en el
mundo del encierro sean el presupuesto básico de la relación entre el individuo
y el Estado, situación que ha sido [denominada] como ‘relación especial de
sujeción’. Al separar a la persona de la sociedad y del mercado, la
satisfacción de sus necesidades básicas es asumida por el Estado y sólo por el
Estado. Debido a que la persona no puede conseguir a través de su incorporación
en el mercado ciertos bienes y servicios, es el Estado quien asume la
obligación inmediata de alimentarla, vestirla y darle una habitación. […]”. (p.
81).
[219] Sobre esta situación en la Latinoamérica ver, por
ejemplo: Dammert, Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La cárcel:
problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile. 2008.
[220] Sobre esta situación en Latinoamérica ver, por
ejemplo: Dammert, Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La cárcel:
problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile. 2008.
[221] Columna de Hugo Acero Velásquez, La cárcel no es
la solución; El Tiempo, 26 de junio de 2013.
[222] Colombia
Diversa (2005) Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas en Colombia. 2005. Bogotá, 2005. Pag.32.
[223] Colombia
Diversa (2005) Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas en Colombia. 2005. Bogotá, 2005. Pag. 33 y sig.
[224] Colombia
Diversa (2006-2007) Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas en Colombia. Bogotá, 2006-2007.
[225] Ver por ejemplo: Colombia
Diversa (2008-2009) Todos los deberes, pocos los derechos; Situación de
derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en
Colombia.. Bogotá, 2008-2009.
[226] El 18 de enero de 2013, el diario El Universal
indicó: “Ante la dramática situación de la población indígena recluida en las
cárceles del país, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora
Gómez, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se defina de
manera expedita la situación de la población indígena que se encuentra privada
de la libertad. También recordó que por tratarse de una población
vulnerable, debe gozar de especial protección del Estado, como lo señala la
Constitución. Así lo advirtió durante una visita a la cárcel San Isidro de
Popayán, que hace parte de una serie de visitas humanitarias que viene haciendo
en las últimas semanas a los centros penitenciarios y carcelarios del país.”
Noticia: ‘Situación de indígenas en las cárceles requieren atención urgente’.
[227] El diario El Tiempo indícó al respecto: “Condenados
por su comunidad que pagan su pena en cárceles denuncian violación al debido
proceso.  ||  En el pabellón número 1 de la cárcel de San Isidro, en
Popayán, 110 presos indígenas se armaron con palos el pasado mes de octubre,
retuvieron a un cabo y un auxiliar de la guardia del penal y le informaron a la
dirección, por medio de una nota, que habían organizado un cabildo.  ||  La
revuelta, que se disolvió pocas horas después –sin ningún incidente que
lamentar–, fue protagonizada por los llamados ‘guardados’, indígenas condenados
por las autoridades de su comunidad y que deben cumplir sus penas en cárceles
ordinarias.  ||  Los amotinados –que días antes se habían declarado en huelga
de hambre– protestaban porque, según dicen, son víctimas de la justicia
indígena, a la que cuestionan por violarles el derecho a un debido proceso,
condenarlos a penas excesivas y abandonarlos a su suerte en una cárcel común.
||  Las puertas de los 48 centros penitenciarios del Inpec se abrieron para
estos indígenas en el año 2000, en el marco de una iniciativa
impulsada por el senador Jesús Piñacué, que buscaba establecer mecanismos de
coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria.  || De los 872
indígenas presos hoy en cárceles del Inpec, se calcula que un 30 por ciento lo
están por condenas de la justicia de sus comunidades.  ||  Pero el modelo,
pensado como el peor castigo para quienes cometan delitos graves, comienza a
suscitar críticas –incluso entre los indígenas– y la preocupación del Gobierno
y de organismos como la Defensoría del Pueblo, por algunos excesos detectados.”
El Tiempo, 31 de marzo de 2013.
[228] Los planes de construcción de la primera cárcel con
carácter diferencial se haría en el Departamento del Cauca. [Nota: El día 4 de
Octubre el diario El Colombiano informó que se comenzaba a construir la primera
cárcel par indígenas en Colombia.]
[229] Este aspecto fue resaltado desde hace tiempo por
diversas organizaciones. Ver por ejemplo: Naciones Unidas, Informe: Centros de
Reclusión en Colombia: Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante
violación de los derechos humanos. Misión Internacional. Derechos Humanos y
situación carcelaria. Bogotá, 31 de octubre de 2001.
[230] Por ejemplo, se ha dicho al respecto: “Existe un
relativo consenso en que uno de los principales factores que inciden en la
sobrepoblación penitenciaria, y en todos sus males, es el abuso en la
utilización de la detención preventiva. Cerca de la mitad de las personas que
se encuentran detenidas en las prisiones latinoamericanas están a la espera de
juicio y, por ello, siguen siendo jurídicamente inocentes. En el caso
colombiano, por ejemplo, 12.729 personas presas, es decir, el 53% de la
población sindicada ha pasado más de seis meses aguardando la sentencia
judicial que decida su responsabilidad penal. El 31% de los sindicados han
pasado más de un año en esta misma situación […].” Ariza, Libardo José (2011) Reformando el infierno: los
tribunales y la transformación del campo penitenciario en América Latina,
en Los muros de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina.
Ariza & Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011. p. 88.
[231] La prensa informó que la Ministra de Justicia y del
Derecho del momento, Ruth Stella Correa, indicó que se buscaban soluciones para
reducir los índices de hacinamiento, como la creación de casi 45 mil nuevos
cupos con la construcción de seis megacárceles y la ampliación de otras
prisiones. Sin embargo, se reportó “[…] insiste en que ser un Estado carcelero
no puede ser la única solución. Por eso presentará un proyecto de Código Penitenciario
que, basado en el principio del sistema acusatorio de privilegiar la libertad,
plantea que algunas penas sean excarcelables.  […]  Según la Ministra, la
propuesta es la de un sistema penitenciario y una política criminal diferente.
[…]”. Anunció la presentación de un proyecto de ley. El Espectador. Hacinamiento
y Muerte. Cárceles : “una olla de presión”, miércoles 7 de noviembre de
2012.
[232] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012.
[233] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012. “El mismo
decreto establece los siguientes mecanismos de vigilancia electrónica como
sustitutivos de la pena de prisión o de la detención preventiva: 1) Seguimiento
Pasivo RF: «es el sistema de vigilancia electrónica sustitutivo de la pena de
prisión o de la detención preventiva, a través del cual se instala un
dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del
condenado o sindicado, con su consentimiento, el cual se transmite a una unidad
receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica
convencional». 2) Seguimiento Activo GPS: «es el sistema de vigilancia
electrónica sustitutivo de la pena de prisión o de la detención preventiva, a
través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una
tobillera en el cuerpo del condenado o sindicado, con su consentimiento, el
cual llevará incorporada una unidad de gps (Sistema de Posicionamiento Global),
la cual transmitirá la ubicación del condenado o sindicado, indicando si ha
llegado a zonas de exclusión. Cuando el beneficiario del dispositivo llegue al
lugar establecido para la ejecución de la pena, la información que así lo
indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante el transcurso
del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia
electrónica».”
[234] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012.
[235] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012.
[236] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012.
[237] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012. “Si bien
las medidas alternas a la prisión intramuros, entre ellas la medida de
aseguramiento domiciliario y la medida de aseguramiento con vigilancia
electrónica, se generaron en un marco moderno de concepción de la pena, de
nuevas posibilidades de vivir la sanción y, por qué no, para disminuir el
hacinamiento, es oportuno manifestar que ni a 2010 ni a la fecha se tienen
estudios que den cuenta del comportamiento de estas innovaciones.”
[238] INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2012) De entre muros
para la libertad, 1993 – 2010. Imprenta Nacional. Colombia, 2012. “A la luz
de las cifras que se describen en este documento valdría la pena que la cultura
académica del país, interesada en estos temas, se motivara para profundizar en
el análisis, por ejemplo, del endurecimiento de las penas y la superpoblación
de condenados por delitos de todo orden, especialmente, los relacionados contra
la vida y el patrimonio económico que son los que ocupan el primer lugar en la
población reclusa. Al respecto recobra importancia indicar que durante tal
periodo se dio la reforma del Código Penal y la del Código de Procedimiento
Penal con varias modificaciones posteriores que acentúan el carácter
coercitivo.  ||  En el mismo sentido de los constantes cambios de la
legislación penal sería fundamental abordar estudios que indaguen sobre los
niveles de congruencia que se dan entre los contenidos de las normas alusivas a
la función de la pena y su vivencia real en las condiciones de
los establecimientos
penitenciarios y carcelarios de Colombia. Se trataría, de manera simple, de un
estudio comparativo entre los componentes sustantivos y procedimentales,
permeados por la realidad del sistema.  ||   Al entrar en vigencia el Sistema
Penal Acusatorio a partir del 1.o de enero de 2005, se aceleró el proceso de
condena y, por tanto, la exigencia de cupos en los establecimientos penitenciarios
y carcelarios, pero también se observó un fenómeno en el incremento de
registros de salida de los inculpados debido al vencimiento de términos. Desde
luego, este es un comportamiento generado por el sistema judicial.”
[239] Al respecto ver: INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2013) Situación
penitenciaria y carcelaria, 1993 – 2012. Documento entregado el 12 de
febrero de 2013.
[240] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011.
[241] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP. Dijo al respecto el
documento: “La necesidad de buscar soluciones al hacinamiento por la vía
normativa (modificaciones normativas para despenalizar delitos, reducciones de
penas, creación de subrogados penales, justicia terapéutica, detención o
prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, flexibilidad en la sanción
intramural, etc.).”
[242] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP. Dijo el documento
al respecto: “Para un total de 181 países, cuyos datos, de acuerdo con la base
disponible oscilan entre los años de 2006 y el 2008, la tasa promedio de
población reclusa por 100.000 habitantes en el mundo fue de 198, y para
Colombia fue de 138,3 (dato de 2006), 144,8 (dato del 2007) y 157,4 (dato del
2008). Ello implica que Colombia apenas si alcanza una tasa de población
reclusa similar a la del mundo. Si a esta población reclusa de Colombia se le
suma la población recluida en establecimientos a cargo de entidades
territoriales, Fuerza Pública y domiciliarias, esta tasa se acercaría a la
media mundial.  ||  Si se observa a Colombia en comparación con los países de
América, de Sur América y para aquellos con población de más o menos un 20% de
la población colombiana de 2007, en todos los casos, se verifica que la tasa de
población reclusa en Colombia es menor.”
[243] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP.
[244] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP.
[245] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP. Dice el documento
al respecto: “En actual ciclo de política penal y penitenciaria, el gobierno
del Presidente Santos se encuentra estructurando un programa de asociación
público-privada que permitirá la construcción y entrega a finales de 2014 de
26.000 nuevos cupos con un costo estimado en 1,4 billones de pesos, en un
esfuerzo similar al realizado por el gobierno anterior.  ||  No obstante, si la
tasa de crecimiento de la población reclusa mantiene su misma dinámica
histórica reciente (10,2% anual desde 2006), este gran esfuerzo será en todo
caso insuficiente, y su año más crítico será el 2013 con un hacinamiento
proyectado de 54%, la más alta de los últimos 23 años (ver proyección para el
año 2011 a 2014 en los gráficos 2 y 3). El resultado final del esfuerzo
gubernamental, servirá, si acaso, para culminar el período de gobierno con una
tasa de hacinamiento de 27%, muy similar a aquella con la que el gobierno
inició (29,4%, a
agosto de 2010).”
[246] Con la Resolución No. 0286 del 15 de febrero de 2011,
el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, creó la
‘Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado
colombiano’ (de ahora en adelante la Comisión) con el propósito de apoyar
la formulación de la política criminal del país y realizar recomendaciones al
Gobierno Nacional en torno a ella. Su función esencial era entonces elaborar
una propuesta de lineamentos de política criminal. Además, la Comisión debía
realizar, en la medida en que el Go­bierno o el Consejo de Política Criminal se
lo solicitaran, otras tareas como i) evaluar y estudiar la normatividad
existente en materia de política criminal; ii) analizar las iniciativas académicas
que se formulen sobre la ma­teria; iii) elaborar documentos para el diseño de
la Po­lítica Criminal colombiana; y iv) realizar consultas con las entidades
estatales, universidades, asociaciones de abogados y abogadas, y las personas u
organismos que la Comisión considerara pertinentes, sobre las reformas que
sugieran deben introducirse.” Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Ministerio
de Justicia y del Derecho, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y
Unión Europea. Bogotá, 2012.
[247] “Los comisionados: Iván González Amado, Presidente;
Yesid Reyes Alvarado, Vicepresidente; Camilo Sampedro Arrubla; Carlos Guillermo
Castro Cuenca; Daniel Mejía Londoño; Farid Benavides Vanegas; Iván Orozco Abad;
Julio Andrés Sampedro Arrubla; Julissa Mantilla Falcón; María Victoria Llorente
Sardi; Mariana Martínez Cuéllar; Rodrigo Uprimny Yepes; Carlos Augusto Gálvez
Bermúdez, Secretario Académico” Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Ministerio de
Justicia y del Derecho, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y
Unión Europea. Bogotá, 2012.
[248] Las autoridades académicas francesas en materia de
política criminal le otorgan a la respuesta social frente al fenómeno criminal
una dimensión especial. En efecto han desarrollado una tipología de políticas
criminales a partir de la diferenciación entre respuesta estatal, de un lado, y
respuesta social, de otro lado. La respuesta social se dirige a los
comportamientos desviados, mientras que la respuesta estatal se dirige a las
infracciones. Según esta concepción, cuando la respuesta estatal también se
encamina a "normalizar" los comportamientos desviados la política
criminal empieza a adquirir visos totalitarios o autoritarios. Delmas-Marty,
Mireille. Modéles et Mouvements de Politique Criminelle, Economica, París,
1983.
[249] Corte Constitucional, sentencia C-646 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se decidió que “[…] el Fiscal
General de la Nación es competente para presentar proyectos de Código Penal y
de Procedimiento Penal puesto que ambos son elementos del diseño de la política
criminal del Estado. Además, el Código de Procedimiento Penal no debe ser
tramitado como una ley estatutaria sino como una ley ordinaria.”
[250] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[251] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Ministerio
de Justicia y del Derecho, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y
Unión Europea. Bogotá, 2012.
[252] Dijo la Comisión: “en la mayor parte de los casos, ni
el Gobierno ni el Congreso, al adoptar las decisiones de política criminal, han
evaluado previamente o han hecho un seguimiento ulterior sobre los impactos de
las medidas tomadas, ya sea i) a nivel normativo sobre la coherencia del
sistema penal, o ya sea a nivel empírico sobre ii) la carga de trabajo de los
operadores de justicia, o iii) sobre el sistema carcelario y penitenciario, o
iv) sobre la evolución misma de los fenómenos criminales” Comisión Asesora de Política Criminal. Informe
final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el
Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[253] Continúa el Informe: “Así, las decisiones de
criminalizar ciertos comportamien­tos implican obviamente una mayor carga de
trabajo para los fiscales, que en principio tendrían, suponiendo que todo el
resto sigue igual, que investigar una mayor canti­dad de hechos punibles, pues
a los delitos que ya tenían a su cargo, se agregarían los nuevos hechos
criminaliza­dos. Igualmente, si los fiscales logran hacer su trabajo, entonces
un número mayor de casos llegaría a decisión de los jueces penales. Sin
embargo, a pesar de esa obvia consecuencia de que cualquier forma de
criminalización aumenta potencialmente la labor de jueces y fiscales, la mayor
parte de las veces esas decisiones se toman sin prever el correspondiente
reforzamiento de la capacidad de los operadores de justicia para enfrentar adecuada­mente
estos incrementos de la demanda penal, con lo cual se aumentan los riesgos de
congestión.  ||  […] Igualmente, y como lo ha mostrado un estudio de la
Universidad de los Andes46, ciertas decisiones de política criminal de
incrementar penas o de restringir las posibi­lidades de libertad provisional o
condicional han tenido consecuencias sustantivas sobre la evolución reciente
del hacinamiento carcelario en Colombia.” Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá,
2012.
[254] La Comisión añadió: “[…] tampoco ha existido una
evaluación del impacto del uso de las distintas herramientas de política
criminal, y en especial del recurso a los incrementos pu­nitivos, sobre las
dinámicas criminales. La Comisión no pudo encontrar estudios de los órganos
responsables de la política criminal que evaluaran si un aumento de penas o una
restricción de las posibilidades de excarcelación ha­bían logrado efectivamente
disminuir el nivel de ciertos delitos, como aparentemente se pretendía al tomar
esas decisiones.” Comisión Asesora de
Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[255] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[256] Dijo al respecto la Comisión: “Uno de los delitos que
suele ser emblemático en el es­tudio de la delincuencia es el homicidio.
Analizadas las penas previstas para el homicidio simple, se tiene que en 1936
era sancionado con penas de 8 a 14 años de prisión, en el Código Penal de 1980
con penas de 10 a 15 años de prisión, en el Código Penal de 2000 con penas de
13 a 25 años y, desde la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, con penas
de 17,33 a 37,5 años de prisión. Esto significa una variación del 117% en el mínimo
y del 168% en el máximo de la sanción, sin que por ello pueda afir­marse que el
número de homicidios simples ha disminuido en el país desde 1936 a la fecha.
||  Otro de los delitos que suele ser tomado como indicador para el análisis de
la delincuencia es el hurto simple, que en el Código Penal de 1936 era
sancionado con penas de 6 meses a 4 años, en el Código Penal de 1980 con penas
de 1 a 6 años, en el Código Penal de 2000 con penas de 2 a 6 años y, desde la
entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, con penas de 2,6 a 9 años de
prisión. Esto supone un aumento del 433% en el mínimo de la pena y del 125% en
el máximo, sin que por ello pueda afirmarse que el número de hurtos simples ha
disminuido en el país desde 1936 a la fecha.  ||  Revisadas otras variaciones
de pena en algunos de los delitos que más suelen ocupar la atención de los
medios de comunicación, se observa que desde 1936 el secuestro simple ha visto
incrementada la pena mínima en 3.100% y la máxima en un 900%; el secuestro
extorsivo ha visto aumentada su pena mínima en 2.567% y su pena máxima en 500%;
la rebelión ha visto aumentada su pena mínima en 1.500% y su pena máxima en
238%; la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales ha
visto incrementada su pena mínima en 967% y su pena máxi­ma en 500%; el delito
de peculado por apropiación ha visto incrementada su pena mínima en 700% y su
pena máxima en 275%; el delito de receptación ha visto in­crementada su pena
mínima en 700% y su pena máxima en 140%; el delito de concierto para delinquir
simple ha visto incrementada su pena mínima en 300% y su pena máxima en 200%;
el delito de terrorismo ha visto incre­mentada su pena mínima en 33% y su pena
máxima en 13% desde 1980.” Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá,
2012.
[257] Comisión Asesora
de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
Citas [Steven Durlauf y Daniel Nagin. 2010. „“The deterent effects of
imprisonement”. En Controlling Crime: Strategies and Tradeoffs, eds.
Philip J. Cook, Jens Ludwig, Justin McCrary. Chicago y Londres: University of
Chicago Press. Accedido en mayo 2011 en www.nber.org/chapters/c12078.pdf  – David M. Kennedy. 2009. Deterrence and Crime
Prevention. Reconsidering the Prospect of Sanction. Nueva York: Routledge.
Sobre la evaluación de impacto ver: Anthony Braga y David Weisburn. 2012. “The
effects of “pulling levers” focused strategies on crime”. En The Campbell
Collaboration-Campbell Systematic Reviews (Abril 2012)].
[258] Añade al respecto la Comisión: “Este incremento de
las personas privadas de la liber­tad se explica esencialmente por el aumento
de perso­nas condenadas, que prácticamente se multiplicó por 5, mientras que el
número de personas detenidas pero no condenadas ha crecido más levemente, al
punto de que la tasa de detención por 100.000 habitantes ha aumentado en ‘sólo’
aproximadamente 20%. Esta evolución en este aspecto tiene obviamente aspectos
positivos pues implica una mayor capacidad del sistema penal para obtener sen­tencias
condenatorias y una menor participación de las personas detenidas en el total
de personas privadas de la libertad, que cayó de 57% a 32%. Pero en todo caso,
esa evolución muestra una mayor severidad del sistema penal” Comisión Asesora de Política Criminal. Informe
final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el
Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[259] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[260] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá,
2012. Añade al respecto: “[…] los principales obstáculos detectados […] se
refieren al nivel de la gestión de Fiscalía Ge­neral de la Nación y a la
estrategia de investigación penal. Estos se refieren a i) La debilidad en la
aplicación de herra­mientas de política pública y gerencia pública en la opera­ción
de la Fiscalía, asociados con una baja capacidad para realizar diagnósticos de
problemas y obstáculos, concebir alternativas de política, diseñar programas y
proyectos, implementar y ejecutar dichos programas y proyectos, y fi­nalmente,
someter éstos a sistemas de monitoreo, ajuste y evaluación de impacto; ii)
Relacionado con lo anterior, las carencias en la recolección, utilización y
acceso de infor­mación útil para, de una parte, desarrollar investigaciones
penales sofisticadas, y de otra, tomar decisiones de política judicial
fundamentadas en evidencia empírica; iii) Dificul­tades en la capacidad de la
fiscalía de asignar recursos de manera eficiente y prioritaria dependiendo de
la comple­jidad de las causas; iv) Problemas de coordinación, tan­to
inter-institucional, entre la Fiscalía y otros organismos tales como la DIJIN,
la SIJIN, Medicina Legal, el INPEC y el Consejo Superior de la Judicatura, como
intra-institucio­nales, entre fiscales e investigadores de policía judiciales
del CTI, y entre fiscales que manejan casos parecidos pero no comparten
información; v) La existencia de esquemas de incentivos perversos para que los
funcionarios judicia­les se desempeñen en consistencia con los objetivos de la
política criminal, a su vez concernientes a los sistemas de vinculación,
promoción y evaluación del desempeño de los funcionarios; por último; vi) La
baja capacidad institucio­nal para recoger evidencia de manera analítica, que
inclui­ría la utilización de herramientas probatorias adicionales al testimonio
o provenientes de la flagrancia, la aplicación de mecanismos
interdisciplinarias de estudio de fenómenos criminales, identificación de
patrones delictivos y descrip­ción de estructuras de crimen organizado, y por
último, contando con suficiente poder decisorio de la estrategia a utilizar en
cada caso, dependiendo de la evidencia disponi­ble y de las expectativas procesales
de la causa.  ||  Estas carencias de tipo gerencial o estratégico no le qui­tan
importancia a otras de tipo normativo o relativas al contexto político o
social. En la primera categoría se inscriben dificultades relacionadas con la
tipificación co­rrecta de conductas punibles tales como el homicidio en persona
protegida; en la segunda se incluyen las presio­nes indebidas, y la soledad
institucional a las que se ven sometidos los funcionarios judiciales en muchas
regiones del país, en donde existe poco respaldo institucional y una densa
presencia de organizaciones criminales o gru­pos armados ilegales.”
[261] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[262] Dijo el Informe al respecto: “el hacinamiento no es
el único elemento que muestra la crisis penitenciaria, que ya lleva décadas. El
estudio de la Universidad de los Andes ya citado109 muestra que hay numerosos
aspectos del SCP que lo hacen un sis­tema poco respetuoso de la dignidad de las
personas pri­vadas de la libertad y que tampoco permite su reinserción social,
con lo cual es razonable decir que sigue existiendo en el SCP colombiano un “estado
de cosas inconstitucio­nal” como el que fue constatado por la sentencia
T-153 de 1998. Sin pretensión de exhaustividad, la Comisión desta­ca algunos
aspectos de esa crítica situación penitenciara: i) la falta de separación clara
entre sindicados y conde­nados, ii) la falta de atención adecuada en materia de
salud, iii) la falta de personal suficiente dedicado a la ca­pacitación de las
personas privadas de su libertad, lo cual obstaculiza gravemente la
participación de los internos en los programas de formación laboral y iv)
la baja proporción entre personal recluso y guardias, que dificulta el control
y la seguridad al interior de los centros de reclusión.” Comisión Asesora de Política Criminal. Informe
final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el
Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[263] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[264] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[265] Dice el Concepto: “La solicitud formulada […] y la
realidad fáctica sobreviniente, relacionada con la emergencia derivada de las
dificultades de salud, sanitarias y de higiene de los centros de reclusión,
permiten concluir la necesidad de acudir a la figura del estado de emergencia
penitenciaria y carcelaria, en tanto que se configura la causal contenida en el
literal (b) del artículo 168 de la Ley 65 de 1993, razón por la cual se emite
CONEPTO FAVORABLE para que dicha declaratoria cobije todos los centros de
reclusión del país.”
[266] En los últimos años se han expedido las siguientes
normas:  (i) Ley 975 de 25 de julio de 2005 ‘Ley de Justicia y Paz’;  (ii) Ley
1474 de 12 de julio de 2011 ‘Estatuto de Seguridad Ciudadana’, Ley 1142 de 28
de junio de 2007 y  (iii) Ley de Convivencia de Seguridad Ciudadana, Ley 1453
de 24 de junio de 2011 […].
[267] Continúa el Concepto indicando: “La prestación del
servicio de salud está a cargo de CAPRECOM EPS, a la cual está afiliada
aproximadamente el 90% de la población. La prestación del servicio por parte de
esa entidad, ha presentado múltiples dificultades, según lo informa el INPEC,
en los siguientes aspectos:  (i) insuficiencia y deficiencia del red prestadora
de servicios de salud extramural;  (ii) mala calidad y oportunidad en la
prestación de los servicios de salud al interior de los penales;  (iii)
deficiencia en el suministro de medicamentos;  (iv) deficiencia en el
suministro de insumos;  (v) demora en el pago al recurso humano;  (vi)
inexistencia de articulación de los servicios que garanticen el acceso efectivo
y los servicios no POS a través del sistema de referencia y contra referencia y
convenios con entes territoriales;  (vii) prestación del servicio desde la
fecha de afiliación con independencia de su registro efectivo en la BDUA;
(viii) ausencia de una adecuada organización de la red prestadora de
servicios;  (ix) falta o inadecuada atención de personas con alto riesgo de
enfermedad catastrófica;  (x) no pago oportuno de aportes a los contratistas a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes;  (xi) falta
de una adecuada y oportuna respuesta a los requerimientos.  ||  Una explicación
especial amerita la dificultad de entra en vigencia del Decreto 2496 de 2012,
relacionado con el tema de salud carcelaria, debido a que aún no se ha
establecido el valor de la UPC diferencial que permitiría contratar la
prestación del servicio de salud con cualquier EPS pública o privada, lo cual
ha significado permanecer en CAPRECOM a lo largo del primer trimestre de este
año, pese a todas las dificultades que se presentan con esa entidad.”
[268] Este Concepto del 28 de mayo de 2013 fue remitido la
Corte Constitucional el 29 de mayo del mismo año por el Director General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Mayor General Gustavo
Adolfo Ricaurte Tapia.
[269] Ver por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia
T-256 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se fundamenta
sucintamente la decisión en la que se tutelan los derechos del accionante y se
imparten órdenes a la cárcel de Bellavista en Medellín. También ver, por
ejemplo: Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). En esta oportunidad se dijo al respecto: “[…] en este caso no es
necesario formular largas consideraciones para concluir que la situación
descrita en la demanda de tutela constituye una vulneración a la dignidad de
los reclusos, […]”.
[270] Ver los detalles de los antecedentes de los
diferentes casos de tutela acumulados en el Segundo Anexo de la presente
sentencia.
[271] Siguiendo a la Comisión Asesora de Política Criminal,
la Sala entiende por criminalización primaria, el diseño y la formulación de la
política pública criminal; por criminalización secundaria, la implementación de
la política mediante los procesos judiciales y por criminalización terciaria, el
sistema con que cuenta el estado para ejecutar la pena impuesta.
[272] Así por ejemplo, las respuestas de las autoridades
carcelarias dentro de los procesos de acción de tutela con la Cárcel Bellavista
de Medellín, la Cárcel San Isidro de Popayán o el Establecimiento penitenciario
de Barrancabermeja. Al respecto ver el Segundo Anexo de la presente sentencia.
[273] Los informes sombra en derechos humanos, buscan ser
una fuente alternativa de información, para las entidades que se ocupan de
evaluar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones que en materia de
derechos humanos y fundamentales tienen los estados.
[274] Situación Carcelaria en Colombia, Informe Sombra
presentado al CDH de Naciones Unidas. Universidad de Los Andes &
Florida International University, FIU. Bogotá, Mayo 2010, usando información de
la Defensoría del Pueblo.
[275] La Academia ha resaltado esta situación: Ariza, Libardo José (2011) Reformando
el infierno: los tribunales y la transformación del campo penitenciario en
América Latina, en Los muros de la infamia, prisiones en Colombia y
América Latina. Ariza & Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá,
2011. Dice el texto: “La puesta en marcha de la llamada nueva cultura
penitenciaria ha generado una nueva oleada de litigio constitucional. Las
personas presas, sus familiares, los defensores de derechos humanos, han
acudido de nuevo ante las instancias judiciales para controvertir los
principios sobre los que se está construyendo el régimen. […]” (p. 71).
[276] Dijo la Corte: “En la sentencia T-153 de 1998, la
Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en el país, e impartió
órdenes concretas para superarlo. No obstante, de conformidad con los elementos
probatorios que obran en el proceso, el estado de cosas inconstitucional
persiste en la actualidad en varios establecimientos de reclusión respecto de
la separación entre las mujeres detenidas y condenadas, con lo cual se
desconocen los mandatos de la citada sentencia y se violan de los derechos a la
igualdad y la presunción de inocencia, al igual que se amenazan la vida y la
seguridad personal de las reclusas.” Corte Constitucional, sentencia T-971 de
2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[277] Dijo la Corte: “La Sala reconoce los esfuerzos que se
han llevado a cabo por parte del Gobierno para superar el estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario, que se presenta, entre otras
circunstancias, por la no separación entre sindicados y condenados. Sin
embargo, no puede desconocer que en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar y en otros
establecimientos de reclusión del país, la vulneración de los derechos
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política así como la
amenaza de los derechos a la vida y la integridad personal persiste en la
medida en que se respeta entre el personal masculino que los sindicados o
acusados estén apartados de los condenados, mientras entre las internas no se
presenta esa separación.” Corte Constitucional, sentencia T-971 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo).
[278] Para ver los datos al respecto en detalle, ver el
capítulo 5 de las consideraciones de la presente sentencia.
[279] Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio). En este caso se resolvió, entre otras cosas:
“Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, de fecha 21 de febrero de 2012,
que revocó el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la
misma ciudad, teniendo en cuenta las consideraciones antes citadas. En su
lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta providencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la
comunicación, a la dignidad humana, al trabajo, a la educación, a la
recreación, a la alimentación y al buen trato a favor de los accionantes.  ||
Tercero. ORDENAR al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia
(Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por
intermedio de sus directores:  (i) Dentro de los diez (10) días siguientes, si
aún no lo han hecho, practicar el examen médico y psicológico de ingreso;
adoptar los correctivos necesarios para brindar una atención integral y oportuna
tanto en medicina general como especializada; atender las recomendaciones
médicas; suministrar oportunamente los medicamentos requeridos conforme con las
órdenes médicas; prestar servicio de odontología; agilizar las autorizaciones
de exámenes; y dar trámite oportuno a la remisión de los internos a las
consultas médicas que requieran.  (ii) Dentro del término de diez (10) días
siguientes, disponer lo necesario para garantizar una ración alimenticia
adecuada en calidad y cantidad, suministrando una dieta para quienes la
necesiten acorde con las disposiciones médicas, y de ser necesario, adquirir
recipientes para su correcta entrega.  (iii) Advertir que si aún no lo han
hecho, debe permitirse la utilización de los comedores comunitarios.  (iv)
Advertir que deben ejercer una continua vigilancia que permita el correcto
funcionamiento de las comunicaciones al interior del penal.  (v) Dentro del
término de diez (10) días siguientes, establecer un horario adicional de
apertura de las celdas con el fin de que los presos puedan hacer sus
necesidades fisiológicas durante el día. Adicionalmente, en el término de dos
(2) meses, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias
para dar inicio a la construcción de nuevos baños.  (vi) En el término de dos
(2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas para que las
visitas conyugales se den dentro de un ambiente que además de contar con un
espacio adecuado, se encuentre siempre en condiciones apropiadas de aseo, y
ampliando el horario de las mismas.  (vii) En el término de dos (2) meses
siguientes, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias
para clasificar los reclusos con el fin de que presten distintas actividades
dentro del penal; dotar los talleres de los elementos que permitan a los
internos cumplir con sus actividades laborales; vincular instructores y
docentes para que capaciten a los reclusos en las diferentes áreas de trabajo y
estudio; e incrementar el número de guardias con el objeto de brindar un
acompañamiento a todos los reclusos en sus actividades.  (viii) Dentro del
término de diez (10) días siguientes, adopten las medidas administrativas
internas a que haya lugar, que permitan responder las peticiones presentadas
por los internos de fondo, en forma clara, precisa y oportuna, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, si es preciso incrementando
el personal para atender tales solicitudes.  (ix) Advertir que no deben
desatender las actividades deportivas y culturales.  (x) Advertir que tienen
que proveer a los actores de los implementos necesarios para el debido aseo
personal.  ||  Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la Penitenciaria Las
Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.  ||
Quinto. ADVERTIR a las respectivas autoridades que, en lo sucesivo, adopten las
previsiones para que los nuevos centros de reclusión cumplan, desde el inicio,
con todas las condiciones básicas en su infraestructura, con el fin de
garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
||  Sexto. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de
la Nación para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales,
continúen con su labor de vigilancia y control, y verifiquen el cumplimiento del
presente fallo, con el objeto último de garantizar de manera efectiva los
derechos aquí protegidos.”
[280] Ver el apartado (8.2.1.) de las consideraciones de la
presente sentencia.
[281] Corte Constitucional, sentencia T-499 de 1992 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se tuteló el derecho de una persona a
que una entidad encargada de la prestación de los servicios de salud (CAPRECOM)
fuera diagnosticada y, en caso de requerir una operación, garantizar su
práctica.
[282] Corte Constitucional, sentencia T-499 de 1992 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[283] Desde un punto de vista estrictamente económico la
protección de cualquier derecho suele tener una dimensión prestacional (al
menos en términos de costos de oportunidad), por ello cuando se habla de
obligaciones de carácter no prestacional no se pretende señalar que el
cumplimiento de las mismas no tenga valor alguno, sino que esa no es la
dimensión principal de la cual depende el goce efectivo del derecho. Cuando
ello ocurre, la obligación se considera de carácter prestacional.
[284] Abramovich,
Víctor & Courtis, Chiristian
(2002) Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. España, 2002.
[285] Mandela,
Nelson (1994) El largo camino hacia la libertad. Autobiografía. Aguilar,
2010. Dice el texto: “[…] No se debe juzgar a una nación por como trata a sus
miembros más encumbrados, sino por cómo trata a los más humildes. Sudáfrica
trataba a los ciudadanos africanos encarcelados como a animales.” Pag. 211.
[286] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP.
Ciro Angarita Barón).
[287] Sobre la historia de la cárcel ver, entre otros: Morris, Norval & Rothman, David J. (1995) The Oxford
History of the Prison. Oxford. USA, 1995.
[288] Massimo Pavarini, refiriéndose a los orígenes del
Sistema penitenciario estadounidense, dijo: “La situación global, al final del
siglo XVIII, aparecía así contradictoria y no muy distinta de aquella descrita
a la vez por Howard en Inglaterra: las cárceles propiamente dichas –nos
referimos a las jails como instituciones de detención preventiva– vacías
o casi vacías, y las houses of correction o workhouses abarrotadas
por una población de lo más heterogénea (pequeños transgresores de leyes
penales, verdaderos criminales para los que la ley no proveía pena corporal,
violadores de la leyes de inmigración, pobres no residentes del lugar,
necesitados de la región, etc.).” La intervención penitenciaria: la
experiencia de los estados Unidos de América en la primera mitad del Siglo XIX
en Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. (p. 166).
[289] Foucault,
Michele (1975) Vigilar y castigar. Siglo XXI. México, 2009. (p. 269).
[290] Las casas de trabajo inglesas (workhouses),
uno de los orígenes de la cárcel como se conoce hoy en día, eran definidas como
‘casas del terror’. En el siglo XIX se reconocía querer que las condiciones de
vida y de trabajo en esas casas fuera tan duro, que nadie aceptara, de buena
gana, salvo por necesidad, ser internado en ellas. Los Comisionados de la Poor
Law decían en 1834 al respecto lo siguiente: “En una casa así, nadie
entrará voluntariamente; el trabajo, el aislamiento y la disciplina
atemorizarán al indolente y al malvado, y nadie, si no se encuentra en absoluta
necesidad, obtendrá lo que necesita, pagando como precio la renuncia de la
libertad de contratarse por sí mismo, y del sacrificio de la gratificación y de
las prácticas habituales.” Piven,
Frances Fox & Cloward, Richard
A. (1971) Regulating the poor. The functions of public welfare. Random
House. USA, 1993. p. 33-34. Al respecto ver también: Melossi, Dario & Pavarini,
Massimo (1977) Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario
[Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario]. Siglo XXI.
México, 2010.
[291] Para ver una recopilación sobre la cuestión, a través
de los Congresos Internacionales Penitenciarios, iniciados en Londres en 1872,
que desde el tiempo de posguerra, 1950 (la Haya), se viene realizando cada 5
años, y su impacto en la discusión penitenciaria y carcelaria nacional, ver,
por ejemplo: Posada Segura, Juan
David (2009) El Sistema penitenciario. Estudio sobre normas y derechos
relacionados con la privación de la libertad. Comlibros. Colombia, 2009.
Sobre la inclusión de los derechos fundamentales y humanos dentro del sistema
penitenciario y carcelario español, por ejemplo, ver: Rivera Beiras, Iñaki (2008) Historia, Epistemología,
Derecho y Política Penitenciaria. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2008.
[292] La empresa de energía tenía un solo medidor para
varios municipios, por lo que no era posible establecer cuánto correspondía
exactamente a cada uno.
[293] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett).
[294] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett).
[295] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett).
[296] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett).
[297] En la sentencia T-435 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) se estudió un caso en el cual la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos había adoptado medidas cautelares, dado el riesgo a la vida e
integridad que enfrentaba el accionante; se tutelaron sus derechos y se ordenó
al INPEC iniciar el trámite pertinente para trasladarlo a un establecimiento
penitenciario del Departamento de Antioquia que: (i) garantice la vida, salud y
seguridad del interno y (ii) sea cercano al lugar de residencia de su familia
para permitirle el contacto permanente con su hija menor y con su núcleo
familiar. Dicho trámite no podría exceder de diez (10) días.
[298] En la sentencia T-322 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) se decidió, entre otras cosas que “[…] el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón desconoce el derecho a la
vida, a la integridad personal y a la dignidad de los accionantes, […] al
recluirlos conjuntamente con internos de alta peligrosidad, pese a ser ellos de
mediana peligrosidad.”
[299] Los abogados hacen referencia a esta situación,
coloquialmente, diciendo: ‘la condena es el proceso, no su eventual
resultado’. Sobre esta cuestión ver por ejemplo: Ariza, Libardo José (2011) Reformando el infierno: los
tribunales y la transformación del campo penitenciario en América Latina,
en Los muros de la infamia, prisiones en Colombia y América Latina.
Ariza & Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011.  Carranza, Elías (2001) Sobrepoblación
penitenciaria en américa latina y el caribe: situación y respuestas posibles,
en Justicia Penal y Sobrepoblación penitenciaria, respuestas posibles.
Siglo XXI Editores. México, 2007. Del mismo autor (Carranza) ver también:
(2012) Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?
en Anuario de Constitucionalidad N° 32. Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Chile. 2012.
[300] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[301] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008. Se dice al respecto: “[…] resulta evidente la falta de información, y Dammert, Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La cárcel:
problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile. 2008.a sea
porque no se encuentra sistematizada o porque no se quiere entregar, cualquiera
que sea la razón, esta situación atenta con la necesaria transparencia de las
instituciones en un régimen democrático y la información detallada que deben
tener los familiares acerca de las circunstancias en que el recluso fue herido
o muerto. […]” [pag. 107].
[302] Dijo la Corte al respecto: “[…] cuando [el
accionante] instauró la tutela era tal el peligro que su vida corría que hubo
necesidad de intervención inmediata para evitar que hubiera un atentado y, en
los últimos días, al practicarse la diligencia de inspección judicial en la
cárcel por parte de la Corte Constitucional, se constató que en la noche
anterior un recluso de los patios comunes que se hallan sobre el llamado patio
de máxima seguridad perfectamente pasó a este último patio porque no solamente
hay la forma física de hacerlo por hueco en el techo sino porque solo hay dos
vigilantes desarmados para cuidar el patio. Además, en la diligencia se
adjuntó, por parte del [accionante], un escrito (sin firma responsable, pero
dirigido a la Dirección del INPEC) que señala provocaciones tendientes a
enturbiar el proceso de paz, en cuanto se atentaría contra presos acusados de
rebelión y obviamente ello repercutiría en el patio donde [el accionante]
actualmente se halla. Y, como lo dice Almudena Masarraza, “no hay que dejar que
el hecho se produzca” como prueba única. Además, la protección es no solamente
física sino de toda la integridad de la persona, dentro de lo cual lo
sicológico es fundamental, lo cual indica que debe haber respeto para el temor
fundado que el recluso tiene.” Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1998
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[303] Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero); se dijo al respecto: “[…] si hay el riesgo, si
hay las condiciones para que quede favorecido con el traslado, si existe el
sitio hacia donde podría ser trasladado, luego la discrecionalidad del INPEC no
puede ser absoluta en este caso muy excepcional y su negativa implica una
violación a derechos fundamentales de igualdad y de la vida. Luego, debe
prosperar la tutela, con la advertencia, claro está, de que el INPEC tomará
todas las medidas necesarios para la vigilancia del recluso, no sólo para
protegerle la vida sino para que se cumpla con la reclusión ordenada por los
jueces.” En este caso se ordenó el traslado del detenido a una de las casas
fiscales del INPEC.
[304] Al respecto ver el capítulo 5 de la presente
sentencia.
[305] Douglas Husak recuerda el siguiente caso: “El Fiscal
General de California, Bill Lockyer, bromeó abiertamente diciendo que ‘adoraría
escoltar personalmente a Kenneth Lay [gerente de ENRON] a una celda de diez por
diez por ocho que podría compartir con un tipo tatuado que le dijera: ‘Hola
cariño, mi nombre es Spike’.” Husak,
Douglas (2008) Sobrecriminalización. Los límites del Derecho penal.
Marcial Pons. Madrid, 2013. (p. 44) Al respecto ver: Investigating Enron,
Wall Street Journal, 30 de noviembre de 2001.
[306] Daniel Santos
y la Sonora Matancera, El juego
de la vida en Encores (1950).
[307] Entre otros relatos, ver los que mencionan:  Molano, Alfredo (2004) Penas y
cadenas. Planeta. Bogotá, 2004;  Bedoya
Lima, Jineth (2010) Te hablo desde la prisión. Intermedio.
Bogotá, 2010; y Mayorga G. José
Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida. Agencia de
Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011.
[308] Ver por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia
T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); en este caso se consideró entre
otras cosas lo siguiente: “La rutina de hacer desnudar al interno y obligarlo a
agacharse o a hacer flexiones de piernas y a mostrar exhaustivamente sus
genitales a la guardia, resulta de por sí vergonzosa y humillante.  ||  La
clase de requisa que se hace en el caso en examen, constituye un trato cruel,
inhumano y degradante, y por ende violatorio del derecho fundamental a la
dignidad.”
[309] Corte Constitucional, sentencia T-848 de 2005 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). En esta oportunidad se reiteró la jurisprudencia
fijada, entre otras, en la sentencia T-690 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis) en
los siguientes términos: “(1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación
para practicar requisas razonables y proporcionadas, legalmente
consideradas.  ||  (2) En el caso de los visitantes, específicamente, toda
persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier
motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los
procedimientos de ingreso y egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de
sus derechos, sólo pueden ser razonables las limitaciones que sean necesarias,
para obtener el fin buscado.  ||  (3) En cualquier caso, no es razonable una
requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la
persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es
necesaria por existir otros mecanismos para garantizar la seguridad.  ||  (4)
No es razonable constitucionalmente, por implicar una violación al derecho
fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las
requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de
reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse
o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más
aún si éstas se practican en condiciones insalubres.  ||  (5) Las
intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los
cuerpos, tales como las ‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por
razones fundadas ‘(…) siempre que medie el consentimiento informado del
afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el decoro personal
no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada,
condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato legal,  (ii)
la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal experto y (iv)
el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos
crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es
absoluta’. [T-690 de 2004].”.  Al respecto ver también la sentencia T-1062 de
2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se tutelaron los derechos
de una persona a la que no se le permitía ingresar a visitar a su pareja,
porque los perros antinarcóticos parecían detectar olor de estupefacientes en
la ropa, a pesar de que la propia persona autorizaba requisas intrusivas para
que verificaran si portaba algo y a pesar de los baños que daba a su cuerpo.
[310] Corte Constitucional, sentencia T-624 de 2005 (MP
Alvaro Tafur Galvis); en este caso se decidió, entre otras cosas: ordenar “[…]
a la Directora del Reclusorio que imparta las instrucciones necesarias para que
en adelante no se vuelva a exigir a la demandante el uso de una falda u otra
prende especial para poder ingresar, permanecer y retirarse del centro
carcelario.” Al respecto ver también la sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro
Tafur Galvis).
[311] Corte Constitucional, sentencia T-274 de 2008 (MP
Jaime Araujo Rentería); en este caso se ordenó al Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Cúcuta, para que se permitiera la visita de la compañera del
accionante “bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y
seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad y disciplina establecidas en
el Reglamento del Régimen Interno de dicho Establecimiento”.
[312] Así por ejemplo, en la sentencia T-462 de 2009 (MP.
Mauricio González Cuervo), la Corporación estudió la petición de unos reclusos
que solicitaron que se ordenara al INEPC que los dragoneantes encargados de
manejar a los perros  usados para las requisas de la cárcel de Acacias,
Meta, estuvieran mejor capacitados para controlarlos, dado que los animales
estaba atacando a algunos visitantes. De igual forma, que en el proceso de
registro de las partes íntimas de las personas que ingresaba al
establecimiento, la participación de los animales estuviera adecuadamente
ejecutada, pues en varias ocasiones, adujeron los accionantes, hubo exposición
de los genitales de algunos visitantes a los perros, sin control de los
funcionarios encargados. Para resolver el caso, la Sala reiteró que las
personas recluidas y los visitantes ocasionales, tiene derecho a que se respete
su intimidad, dignidad e integridad personal, y que esos derecho pueden
afectarse cuando se efectúan “prácticas intrusivas en el cuerpo humano, en
circunstancias muy específicas” Por lo tanto, que se requiere que las
autoridades, con base en el respeto por los derechos señalados, efectúen
procedimientos controlados en su totalidad por los funcionarios participantes,
más aún si en ellos participan animales de guarda. Sobre el uso de los perros,
de acuerdo a los relatado por los tutelantes, afirmó la Sala “la realización de
requisas utilizando ejemplares caninos, si bien no resulta en si misma
contraria a la Carta, si puede llegar a serlo por el hecho de que los perros
establezcan contacto directo con las partes íntimas de las personas, lo que
puede considerarse como una intrusión invasiva en el cuerpo humano contraria a
la dignidad que le es inherente a la persona y que constituye además una
amenaza contra la integridad personal. En consecuencia, la decisión de dejar
libres los perros sin que el guía ejerza dominio sobre ellos con traílla
controlada o sujetados con la correa, para controlarlos efectivamente durante
la requisa, permite que mediante ese método no solo los perros puedan entrar en
contacto directo con los genitales de las personas, sino que se pueda
eventualmente intimidar, atemorizar y avergonzar a las mismas y se presenten
posibles abusos que amenacen los derechos fundamentales.” En el numeral tercero
de la parte resolutiva, la Sala decidió “prevenir tanto al Director del INPEC
como al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías
Meta, para que realicen  un estricto seguimiento de la actividad laboral
de los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en general, y en
particular sobre los integrantes de los llamados “binomios caninos”, para
evitar por todos los medios posibles la vulneración de derechos relacionados
con la integridad personal y la dignidad humana, tanto de los internos como de
sus visitantes. Y PREVENIR, en general, a los demandados para que impongan los
controles necesarios a fin de evitar que se presenten tratos poco respetuosos
contra los reclusos o sus visitantes, como los que mencionan los demandantes, mandato
que se extenderá a todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del
país.”
[313] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón).
[314] Por ejemplo: consideró la que una persona que hacía
parte del programa de protección a testigos, luego de haber ayudado a
desmantelar una banda de delincuentes se encontraba en esa situación. Corte
Constitucional, sentencia T-242 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Dijo la
Corte: “[…] el ingreso al programa de protección de testigos comporta un
conjunto de limitaciones para el protegido, las cuales se justifican en razón
del interés superior de proteger su vida e integridad personal y, desde luego,
por haberse en su propia voluntad. Esto significa claramente que el testigo no
puede continuar con el sistema de vida anterior, bien sea por un período
determinado, o de manera indefinida, tal como ocurre cuando se conviene en la
adopción de una nueva identidad o en el traslado a otro territorio. Es decir,
el individuo que ingresa a un programa de protección ha de partir de la base de
que se coloca en una situación de especial sujeción ante el organismo estatal
encargado de su amparo. Y este hecho implica, incluso, que el testigo puede
verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos
fundamentales, restricciones sobre las cuales cabe advertir que no deben
afectar el  núcleo esencial de los derechos y  han de mantenerse
dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional. […]”
[315] La subordinación tiene su fundamento en la obligación
especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida de
aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que
es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia T-065
de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del
administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda
“sometido a un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.
[316] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la
Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se
encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia
T-422 de 1992.
[317] Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de
implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia
T-596 de 1992.
[318] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de
implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.
[319] Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de
1995 y T-705 de 1996.
[320] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La
potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el
contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente
autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de
1996.
[321] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos
fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase
especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad
real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[322] Entre los especiales derechos de los presos y su
correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una
relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno,
del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[323] Sobre los deberes especiales del Estado ver la
sentencia T-966 de 2000.
[324] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya
que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene
limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en
este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado
de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la
eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en
este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia
T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma
autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia
digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de
indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[325] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). Esta decisión ha sido reiterada, entre otras, en
las sentencias T-490 de 2004 (Eduardo Montealegre Lynett), T-274 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-705 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-311 de  2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[326] Sobre el contenido de este deber positivo ver la
sentencia T-153 de 1998.
[327] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del
Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[328] Responsabilidad del Estado que se concreta en la
obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario
y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos.
Así en la Sentencia T-522 de 1992. Las condiciones necesarias se amplían
también a la posibilidad de contacto con la familia, como un presupuesto de la
eficacia de la resocialización; sobre este último punto ver las sentencias
T-269 de 2002 y T-1190 de 2003.
[329] La posibilidad de reinserción social depende en buena
medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros
carcelarios adecuados; este derecho encuentra el fundamento de su validez en el
derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en
sentencia T-153 de 1998. Sobre la resocialización como proceso, y las
condiciones materiales y de prestación para su eficacia, ver la sentencia
T-1190 de 2003.
[330] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). Al respecto ver también, entre otras, la sentencia
T-1190 de 2003, en donde se resalta la importancia de la unidad familiar y el
trabajo en el proceso de resocialización, orientación principal que ha de tener
la pena privativa de la libertad.
[331] Corte Constitucional, sentencia T-490 de 2004
(Eduardo Montealegre Lynett). Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de
1993), artículo 67. – “Provisión de alimentos y elementos. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario tendrá a su cargo la alimentación de los
internos y la dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos,
deportivos, de recreación y vestuario para condenados y todos los recursos
materiales necesarios para la correcta marcha de los establecimientos de
reclusión.  ||  Los detenidos, a juicio del Consejo de Disciplina podrán proporcionarse
a su cargo la alimentación, sujetándose a las normas de seguridad y disciplina
previstas en el reglamento general e interno.”
[332] Corte Constitucional, sentencia T-490 de 2004 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[333] Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[334] Comité de
Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por la
Corte Constitucional en la sentencia
T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[335] Tales derechos fueron recogidos de las
interpretaciones de la Carta Internacional de Derechos del Comité de Derecho
Humanos de Naciones Unidas (i a v; caso de Mukong contra Camerún, 1994),
y de las interpretaciones de la Carta Interamericana de Derechos Humanos hechas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste
contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada, párrafo 127, 2001; y
Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001).
La jurisprudencia hizo énfasis en que el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas había indicado en el caso citado, que estos derechos mínimos deben ser
observados “cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de
que se trate”.
[336] Reglas mínimas
para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales destinados a
los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los
reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene,
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de
aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.”
[337] Reglas mínimas
para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las instalaciones sanitarias
deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
[338] Reglas mínimas
para el tratamiento de los Reclusos, No. 17. “1) Todo recluso a quien no se
permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y
suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en
modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar
limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con
la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias
excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines
autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no
llamen la atención.”
[339] Reglas mínimas
para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada recluso dispondrá, en
conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa
de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con
regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
[340] Corte Constitucional, sentencia T-714 de 1996 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso se reconoció el derecho de las personas
privadas de la libertad a recibir alimentación adecuada y suficiente.  Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos,
No.  20: “1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida,
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus
fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua
potable cuando la necesite.”
[341]  Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos,
No. 11: “En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las
ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer
y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda
entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial
tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin
perjuicio de su vista.”
[342]  Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos,
No. 15: “Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de
agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.”
[343]  Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos,
No. 21: “1) El recluso que no se ocupe de
un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora
al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos
jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el
período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se
pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.”
[344]  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 24: “El médico deberá examinar a cada
recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a
menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una
enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el
aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o
contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir
un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada
recluso para el trabajo. (...)”
[345]  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 25: “1) El médico deberá velar por la salud física y mental de los
reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los
que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su
atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime
que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por
la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.”
[346] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 31: “Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción
cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones
disciplinarias.”
[347] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 40: “Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas
las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y
recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo
más posible.”
[348] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 41: “1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que
pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante
autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las
circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con
carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme
al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios
religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales
particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el
derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la
inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una
religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.”
[349] Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta sentencia ha sido reiterada en varias
ocasiones, entre otras ver las sentencias T-274 de 2008 (MP. Jaime Araujo
Rentería), T-412 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa), T-825 de 2009 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-324 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), T-266 de 2013 (MP. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[350] Al respecto ver la Observación N° 21, Comité de los
Derechos Humanos. NU, 1992 (Trato humano de las personas privadas de la
libertad).
[351] En el principio 1 de los Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas se indica: “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la
jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su
dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto
apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  ||  En
particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados
frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su
vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean
compatibles con su dignidad”. El derecho a recibir un trato humano también está
consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre que dispone: “Todo individuo que haya sido privado de su
libertad (…) tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su
libertad”.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe Anual
2002”, Capítulo IV, Cuba, párrafo 73 señaló: “Resulta fundamental que la
privación de libertad tenga objetivos bien determinados, que no puedan ser
excedidos por la actividad de las autoridades penitenciarias ni aún bajo el
manto del poder disciplinario que les compete y por tanto, el recluso no deberá
ser marginado ni discriminado sino reinsertado en la sociedad. En otras
palabras, la práctica penitenciaria deberá cumplir un principio básico: no debe
añadirse a la privación de libertad mayor sufrimiento del que ésta representa.
Esto es, que el preso deberá ser tratado humanamente, con toda la magnitud de
la dignidad de su persona, al tiempo que el sistema debe procurar su
reinserción social”.
[352] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
Mendoza y otros v. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013. En este caso se
resolvió, entre otras cosas, que el Estado era responsable de haber sometido a
tratos crueles e inhumanos a un grupo de jóvenes por imponerles penas
desproporcionadas, someterlos a torturas y dejar de investigar la muerte de uno
de ellos.
[353] Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); dijo la Corte: “El pilar central de la
relación entre el Estado y la persona privada de la libertad es el respeto por
la dignidad humana.  ||  Esta regla fundamental consta expresamente en
el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según
el cual “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De allí ha deducido
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –intérprete autorizado del
Pacto- una serie de consecuencias de gran importancia, contenidas en la
Observación General No. 21 sobre personas el trato humano de las privadas de la
libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser
tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al
cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii)
los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del
Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas
de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las
legítimamente derivadas  de la medida de detención correspondiente; y (iii) por
tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de
tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su
cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de
ningún tipo.  ||  Una disposición similar se encuentra en el artículo 5-2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el cual “…toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. Según ha explicado la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Knights y otros contra Jamaica, esta
disposición es una de las “normas mínimas” que “se aplican sin tener
en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión
ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado…’.”
[354] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pacheco
Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 27 de abril de 2012. Este caso se
estudió la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de 107
personas privadas de libertad (el 17 de mayo de 2004) en una celda del Centro
Penal de San Pedro Sula, debido a una serie de deficiencias estructurales
presentes en el Centro, las cuales eran de conocimiento de las autoridades
competentes. La Corte Interamericana verificó que las personas
fallecidas eran miembros de pandillas (‘maras’) a quienes se mantenían aislados
del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e
insalubre. El Estado presentó un Acuerdo de Solución Amistosa e hizo un
reconocimiento de responsabilidad internacional.
[355] ONU, Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; ONU,
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General de la
ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988; ONU, Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de
diciembre de 1990. Ver también: ONU, Observación General No. 21 del Comité de
Derechos Humanos. 10 de abril de 1992. A/47/40/(SUPP), Sustituye la Observación
General No. 9, Trato humano de las personas privadas de libertad (Art. 10): 44°
período de sesiones 1992, y CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la
protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Adoptados
durante el 131° Período de Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de
marzo de 2008.
[356] Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No.
114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[357] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5
de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de
noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
[358] Artículo 5.4 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; Caso Tibi, supra nota 61, párr. 263, y Caso Servellón García y otros
Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de
2006. Serie C No. 152, párr. 200.
[359] Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
[360] Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[361] Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2006. Serie C No. 160, supra párr. 301.
[362] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia),
supra nota 62, párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[363] Caso Loayza Tamayo, supra nota 14, párr. 58, y Caso
del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[364] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia),
supra nota 62, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66,
párr. 315.
[365] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia),
supra nota 62, párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[366] Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de
2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes,
Considerando 14.
[367] Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad
en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales Respecto de Brasil.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de
2005, Considerando 13, y Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa.
Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011, Considerando 21.
[368] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pacheco
Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 27 de abril de 2012.
[369] CITA SOBRE CONTEXTO EUROPEO.
[370] Desde el inicio de la jurisprudencia se ha sostenido
esta posición. Ver por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia T-317 de 1997
(MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[371] Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa). En este caso se decidió que el Establecimiento de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (1) había violado los derechos a la
dignidad, a la libertad, a la salud, a la integridad personal y a la vida, de
la accionante al haberla sometido a un aislamiento irrazonable, por innecesario
y despropor­cionado, y (2) había violado los derechos a la dignidad, a la salud
y a la unidad familiar de la accionante al haber dilatado arbitrariamente su
solicitud de traslado, obstaculizando así, el goce efectivo de tales derechos;
en lo que se refiere a la unidad familiar, la Sala consideró que este derecho
también se había desconocido a la señora madre de la accionante.
[372] Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se decidió que los motivos alegados por
las autoridades carecen de fundamento objetivo y razonable y, por ello, se
tornan ilegítimos. (1) “la exigencia de un documento que acredite la
propiedad de la máquina de escribir por parte del señor […] es un
requisito que no se encuentra establecido en ninguna norma del régimen
penitenciario y carcelario y que, en principio, atenta contra el principio de
la buena fe”;  (2) “resulta absurdo exigir que la propiedad de un bien
mueble, como una máquina de escribir, deba ser acreditada mediante un documento
público (tarjeta de propiedad). […]”;  (3) “no parece razonable [aceptar
que] el interno […] nunca solicitó permiso para ingresar la máquina
de escribir a las instalaciones del centro carcelario [y] nunca negó la
posesión de la máquina. […]”;  (4) “el argumento según el cual la
máquina de escribir constituía un elemento peligroso que podría ser utilizado
por algunos internos para agredirse entre sí, […] carece de fundamento
suficiente como para erigirse en motivo que autorice la limitación del derecho
fundamental a la libertad de expresión del actor […] se hace necesaria
una motivación razonable a través de la cual se demuestre que, en razón
de unas específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que en principio
es inofensivo se transforma en elemento causante de peligro.” El
accionante, en el pasado, había sido Director del Establecimiento en el que
ahora se encontraba recluido.
[373] Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2001 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se consideró contrario a la dignidad
humana esposar a una persona a una cama de Hospital, a pesar de estar
gravemente herido –entre otras, cinco impactos de bala–, como medio para evitar
su fuga, pues se trataba de alguien peligroso; la Corte resolvió ordenar que se
le retiraran las esposas, si aún no se había hecho, y que se designara un
agente para que vigilara al accionante mientras se encontraba en el Hospital.
La Sentencia consideró que “En el caso
en estudio, se utilizaron las esposas para atar a una persona sindicada de un
hecho punible dizque con el ánimo de evitar su eventual fuga, que se encontraba
postrada en la cama de un hospital, sin consideración alguna de las difíciles
condiciones de salud y el grave deterioro de su integridad física en  que se
hallaba, los que por sí solos permitían colegir que no estaba en posibilidades
físicas de huir y, por consiguiente, era innecesaria, inútil y desproporcionada
la medida adoptada para el fin perseguido, y, además, en realidad se constituía
en un medio injusto utilizado por el agente del orden, avalado en últimas por
su superior a juzgar por la forma como se pronunció frente al hecho, para
suplir una supuesta carencia de personal para cumplir con esa tarea específica
de vigilancia temporal, cuya consecuencia mal podía soportar el administrado […].”
[374] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); se reiteró que es razonable el uso de esposas
como medida de seguridad durante los trayectos de un lugar a otro al interior
de la prisión como lo había decidido la Corte (T-702 de 2001), pero no
indiscriminadamente; se dijo: “[…] mientras que el empleo excepcional de
esposas durante los largos trayectos por las instalaciones carcelarias es una
medida razonable,  debido al comportamiento agresivo y peligroso que ofrezca un
determinado interno, y por ende, se pretende evitar graves lesiones al personal
de guardia, administrativo, así como a los demás internos, la misma se torna desproporcionada
si se aplica de manera indiscriminada y en especial en presencia de apoderados
y familiares, tanto más y en cuanto estos últimos sean menores de edad. […] Sin
duda, el objetivo de la seguridad se puede alcanzar en tales momentos por otros
medios menos lesivos para la dignidad del interno, como son, entre otros,
mejorando los controles de ingreso de visitas al penal.”
[375] Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias
T-690 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-743 de 2005 (Alfredo Beltrán Sierra),
T-848 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1062 de 2006 (MP Clara Inés
Vargas Hernández).
[376] En la sentencia T-848 de 2005 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) se indicó que “las requisas degradantes y la prohibición de ingreso
el día de visita a mujeres en período de menstruación son prácticas
inconstitucionales”.
[377] Esta conducta, entre muchas otras, fue considerada
constitucionalmente irrazonable por la Corte Constitucional en la sentencia
T-439 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), con ocasión de una acción de
tutela interpuesta por la Procuradora Regional de Caldas en contra de la Cárcel
Nacional de Mujeres, Villa Josefina, por varias conductas violatorias de
los derechos fundamentales de las internas.
[378] Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2006 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[379] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se decidió que “el INPEC desconoce
de forma grave y manifiesta los derechos a la dignidad, la vida, la integridad
física y a la libertad sexual de una persona privada de la libertad, cuando no
adopta las medida necesaria para evitar que otros reclusos abusen sexualmente
de una persona recluida en un establecimiento carcelario y vulneren sus
derechos, en especial si se trata de una persona que pertenece a un grupo que
tradicionalmente ha sido discriminado.”
[380] Corte Constitucional, sentencia T-702 de 2001 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra); en este caso se decidió, entre otras cosas, no
tutelar los derechos de una persona recluida en la penitenciaria de Valledupar
a la que la trasladaban esposado entre las dependencias de la institución.
[381] Corte Constitucional, sentencia T-066 de 1996 (MP
Fabio Morón Díaz); se decidió revocar la sentencia de instancia que había
tutelado el derecho, dejando sin efecto la orden impartida contra la Dirección
de la Cárcel del Santa Marta.
[382] Las tensiones derivadas de esta doble condición de
condenado y asegurado, por una parte, y de sujeto de especial protección
constitucional, por otra que surgen en una misma persona, han sido resaltadas
por la Procuraduría General de la Nación, al indicar: “Así las cosas, y dado
que en últimas se trata de dos categorías aparentemente opuestas como lo son,
por un lado, los derechos del detenido y, por otro, la seguridad en general, es
necesario decir que uno no representa la supresión del otro, sino que debe
buscarse, y en efecto es posible, la coexistencia de ambos sin que ninguno de
los dos prime sobre el otro, problema que no se resuelve únicamente con
desarrollo e inversión en infraestructura, sino desarrollando e implementando
una verdadera política criminal sólida desde el punto de vista preventivo. El
objetivo central es atender el fenómeno del encierro de las personas privadas
de la libertad, es decir, la resocialización de las mismas, mejorando así las
condiciones de vida.” Procuraduría General de la Nación, comunicación en
respuesta al Auto 041 de 2011 de la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional en que se rechaza la solicitud de abrir un incidente de
desacato, por incumplimiento de la sentencia T-153 de 1998.
[383] Ver por ejemplo: Livingstone,
Stephen & Owen, Tim (1993) Prison
Law. Text & Materials. Clarendon Press – Oxford. US, 1993.
[384] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-1074 de
2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). Dijo la Corte al respecto: “[…] el
derecho del recluso a obtener una pronta respuesta, no puede verse afectado por
trámites administrativos internos del establecimiento penitenciario y
carcelario en el cual se encuentra recluido el interno, pues podría tornarse
nugatorio su derecho fundamental de petición.  ||  Así mismo, es claro que en
los eventos en que el recluso formule un derecho de petición dirigido a otro
funcionario o entidad del sistema penitenciario o en general ante otra
autoridad del aparato estatal, el Estado, a través de las autoridades
carcelarias del INPEC, -quienes actúan como tutores del interno mientras
permanece privado de la libertad-, se encuentran en la obligación legal de
remitirlo efectiva y oportunamente a la autoridad destinataria de la solicitud
y comprobar que la misma positivamente ha llegado a su destino, a fin de que
esta última pueda tener acceso al contenido de la misma y obtenga la
oportunidad de darle el correspondiente trámite y respuesta.”
[385] Corte Constitucional, sentencia T-1074 de 2004 (MP
Clara Inés Vargas Hernández). En este caso se tuteló el derecho de petición del
accionante.
[386] Muchos de estos parámetros internacionales se han
fijado hace ya varias décadas. No se trata de normas recientes. Así: las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957), el Conjunto de Principios
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión (1998), el Código de Conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley (1978) y los Principios de ética médica aplicables a la
función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (1982).
[387] Al respecto ver, por ejemplo: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, caso Mendoza y otros v. Argentina, sentencia de 14 de
mayo de 2013. Ver al respecto también, los Principios y buenas prácticas sobre
la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, declaración
de la Comisión Interamericana en marzo de 2008.
[388] En 1973, el Consejo de Europa aprobó el Estándar
Europeo de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Prisioneros, fundándose en
las reglas aprobadas internacionalmente en 1957 por Naciones Unidas. Las Reglas
Mínimas Europeas para el Tratamiento de Prisioneros fueron modificadas por
primera vez en 1987 y, recientemente, en 2006. Se fijaron nueve principios
básicos que rigen en todos los países miembros de la Unión Europea: “1. Todas
las personas que se encuentran privadas de la libertad deberían ser tomadas con
respeto, en razón de sus derechos humanos.  ||  2. Las personas privadas de la
libertad conservan todos los derechos, que no les son revocados legalmente por
la decisión de sentenciarlos o remitirlos a custodia.  ||  3. Las restricciones
impuestas sobre personas privadas de libertad deberían ser las mínimas
necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo por el cual son impuestas.  ||
4. La falta de recursos no justifica las condiciones penitenciarias que
infringen los derechos humanos de los prisioneros.  ||  5. La vida en la cárcel
debería aproximarse lo más posible a los aspectos positivos de la vida en
comunidad.  ||  6. Toda detención debería manejarse para facilitar el reintegro
de las personas que han sido privadas de libertad a la sociedad libre.  ||  7.
Debería alentarse la cooperación con los servicios sociales externos y la
participación de la sociedad civil en la vida en la las cárceles los más
posible.  ||  8. El personal de la cárcel lleva a cabo un servicio público
importante y su reclutamiento, entrenamiento y condiciones de trabajo debería
permitirles mantener estándares altos de cuidado de los prisioneros.  ||  9. Todas
las cárceles deberían estar sujetas a inspecciones regulares del gobierno y a
monitoreo independiente.” Reglas penitenciarias Europeas, Consejo de Europa,
Estrasburgo, 2006. Al respecto ver el comentario: Manejo de la
sobrepoblación penitenciaria: una perspectiva europea, del profesor Andrew Coyle, en Dammert, Lucía & Zuñiga,
Liza (2008) La cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA &
FLACSO-Chile. 2008.
[389] Corte Constitucional, sentencia C-271 de 1998 (MP.
Carmenza Isaza de Gómez).
[390] Corte Constitucional, sentencia C-271 de 1998 (MP.
Carmenza Isaza de Gómez).
[391] Corte Constitucional, sentencia C-318 de 1995 (MP.
Alejandro Martínez Caballero) declaró la constitucionalidad de la norma, en
relación con el cargo de igualdad.  Código Penitenciario y Carcelario,
Artículo.– 168. Estados de Emergencia penitenciaria y carcelaria. El
Director General del INPEC, previo el concepto favorable del Ministro de
Justicia y del Derecho, podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y
carcelaria, en todos los centros de reclusión nacional, en algunos o alguno de
ellos, en los siguientes casos:  (a) Cuando sobrevengan hechos que perturben o
amenacen perturbar grave o inminentemente el orden y la seguridad penitenciaria
y carcelaria;  ||  (b) Cuando sobrevengan graves situaciones de orden
sanitario que expongan al contagio al personal del centro de reclusión o que
sus condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar, o cuando
acaezcan o se adviertan graves indicios de calamidad pública.  ||  En los casos
del literal a) el Director General del INPEC está facultado para tomar las
medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, como
traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios
extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la Fuerza Pública de
acuerdo con los artículos 31 y 32 de esta ley.  ||  Si en los hechos que
alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere
comprometido personal de servicio penitenciario y carcelario, el Director del
INPEC podrá suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones
penales o disciplinarias correspondientes.  ||  Cuando se trata de las
situaciones contempladas en el literal b) el Director del INPEC acudirá a las
autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como
departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las que están
obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión
afectados.  ||  El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario podrá disponer de los traslados de los internos que se requieran, a
los lugares indicados. De igual manera se podrán clausurar los establecimientos
penales si así lo exigen las circunstancias. Así mismo podrá hacer los
traslados presupuestales y la contratación directa de las obras necesarias para
conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto.
||  Superado el peligro y restablecido el orden, el Director General del INPEC
informará al Consejo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria
de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará
a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus
correspondientes fines. (Los cuatro incisos finales fueron declarados
exequibles condicionalmente en la sentencia C-271 de 1998 [MP. Carmenza Isaza
de Gómez]).
[392] Corte Constitucional, sentencia C-318 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[393] Corte Constitucional, sentencia C-318 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[394] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón).
[395] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón).
[396] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2005 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso se decidió lo siguiente “el accionante
efectivamente resultó: (i) sancionado dos veces por un solo hecho,
violación clara del principio del debido proceso en la modalidad de non bis
in ídem; (ii)se violaron sus derechos a la dignidad y a la igualdad en
tanto fue sujeto a un trato degradante dada la prolongación por seis meses de
la medida incontinenti; medida que a juicio de las autoridades
demandadas no era una sanción, pero luego del análisis realizado en esta
providencia, es evidente que resultó ser una forma sui generis de
sanción debido al tiempo y a las condiciones en las que se mantuvo aislado al
recluso; (iii) además, terminó el accionante perjudicado en lo relativo
al tiempo de duración de la pena a él impuesta por los delitos cometidos,
puesto que durante 6 meses no tuvo posibilidad de redimir el tiempo de
condena.  ||  Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior de Tunja, para dejar vigente el
fallo de primer grado dictado por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas
de Tunja, que concedió la tutela y ordenó tramitar ante el Consejo de
Disciplina de la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Cómbita la revocatoria
de la sanción impuesta al interno […], mediante Resolución 1461 del 3 de julio
de 2003.”  La Corte previno a las autoridades penitenciarias para que tuvieran
en cuenta (i) los informes realizados por la Procuraduría General de la Nación
en torno a la posibilidad de restringir o abolir el uso del aislamiento en
celda como sanción disciplinaria o como medida incontinenti sin término
razonable de duración y (ii) que la medida incontinenti de aislamiento debe
tomarse únicamente por el tiempo que durara la crisis y se vea amenazada la
vida del recluso.
[397] Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa).
[398] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón). Se dijo al respecto: “La potestad disciplinaria, entonces
debe enmarcarse dentro de los límites impuestos por los derechos de los presos.
Desde este punto de vista la aplicación de la  sanción del calabozo, tan común
en nuestro medio,  debe ser restringida a los casos extremos, debe estar
reducida al mínimo tiempo necesario para el cumplimiento del fin perseguido y,
además, debe realizarse en condiciones que no vulneren el principio de dignidad
humana y que no constituya trato cruel o degradante.” La Corte tuvo en cuenta
que la Comisión de Estrasburgo ha establecido en el artículo 3 del Convenio de
Roma que no es la sanción en sí sino el conjunto de circunstancias y
condiciones de su aplicación, incluyendo su particular forma de ejecución, las
que podrían constituir, en concreto, una violación de los derechos del preso.
[399] Corte Constitucional, sentencia T-601 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[400] El silencio en el sistema penitenciario y carcelario,
tiene un claro antecedente en los desarrollos estadounidenses en la materia,
durante el siglo XIX. El popular sistema de Auburn, fundado en el confinamiento
individual en la noche y el trabajo en común en el día, incorporó también la
regla de silencio absoluto, para “[…] evitar contacto entre los internados y
obligarlos a meditar, justificándolo después con motivos atribuidos tanto a la
disciplina como a la educación en general.” Melossi,
Dario & Pavarini, Massimo
(1977) Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario [Carcere
e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario]. Siglo XXI. México,
2010. El sistema de Auburn fue conocido también como el sistema silencioso (silent
system).
[401] En la sentencia T-439 de 2006 la Corte Constitucional
resolvió, entre otras cosas, lo siguiente con relación al régimen disciplinario
de las reclusas de la Cárcel Villa Josefina de Manizales: “en cuanto a la
prohibición de hablar en las filas para recibir alimentos y en los talleres, la
Sala encuentra que estas medidas son desproporcionadas para garantizar el orden.
Ciertamente, si bien la guarda del orden no sólo es un fin legítimo, sino una
necesidad en el ámbito de la reclusión, existen mecanismos menos restrictivos
del derecho a la libre expresión de las reclusas que el personal de guardia del
penal puede poner en práctica para el efecto. Particularmente, la prohibición
de hablar en los talleres resulta no sólo lesiva del derecho a la libre
expresión de las reclusas, sino contraproducente para la búsqueda de
resocialización, ya que en estos espacios son propicios para la comunicación y
formación de redes de amistad y solidaridad. En consecuencia, la Sala concederá
la tutela al derecho al debido proceso disciplinario de las internas de Villa
Josefina, y ordenará a la dirección de la reclusión investigar las conductas de
su personal denunciadas por las reclusas, y adoptar los correctivos necesarios
para garantizar el derecho al debido proceso de las mismas y evitar que les
sean impartidos malos tratos, de conformidad con lo antes expuesto.” Corte
Constitucional, sentencia T-439 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[402] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández). La Corte decidió que exigir a las personas
privadas de la libertad raparse obligatoriamente “[…] la imposición de la
medida desborda la consecución de un fin legítimo, como lo es el mantenimiento
de la seguridad y del orden en el establecimiento carcelario, como quiera que
el mismo objetivo se puede alcanzar empleando un medio menos gravoso para la
dignidad humana, como lo es, en el presente asunto, la práctica de una
peluqueada que permita lucir un cabello corto, sin alterar los rasgos faciales
y que proteja al mismo tiempo al interno del intenso frío que caracteriza a la
región donde se halla ubicado el penal. En otros términos, la calificación de
un centro carcelario o penitenciario como de máxima seguridad no implica
someter a los reclusos que en ellos se encuentran a esta clase de tratos.” Al
respecto ver también la sentencia T-750 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería); en
este caso se tutelaron los derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la
personalidad de un recluso y se le ordenó “[…] a las directivas de la
Penitenciaría Nacional de Acacías (Meta), que en el futuro impartan las órdenes
pertinentes al personal de peluquería de la misma para que el corte de cabello
del señor [accionante] no sea rapado o a raíz y tenga una longitud suficiente
para cubrir la cicatriz que el mismo tiene en una parte de la cabeza.”
[403] Corte Constitucional, sentencia C-184 de 1998 (MP
Carlos Gaviria Díaz); en este caso se decidió, entre otras cosas: “es necesario
decir que una de las conductas demandadas a las que se refiere el artículo que
se estudia, contenida en el numeral 7 [artículo 121, Ley 65 de 1993], resulta
manifiestamente contraria a la Constitución. No tiene justificación, bajo
ningún punto de vista, que el descanso en la cama por parte de los internos
durante el día, mientras ello no signifique el incumplimiento de uno de los
deberes asignados –v.g. estudio, trabajo, etc.- pueda constituir una falta
disciplinaria. Existe un ámbito de intimidad y de libertad que el legislador no
puede desconocer con el pretexto de ordenar la vida en comunidad de los
reclusos. Con esta precisa advertencia, este numeral se declarará inconstitucional.”
[404] Corte Constitucional, sentencia C-184 de 1998 (MP
Carlos Gaviria Díaz).
[405] Corte Constitucional, sentencia T-517 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero). En este caso se negó la tutela por considerar
que las llamadas no eran objeto de intervención o de control y monitoreo, sino
de restricción en sus condiciones de modo, tiempo y lugar.
[406] Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa; SV Alejandro Martínez Caballero).
[407] Ver al respecto, por ejemplo, la sentencia C-592 de
1998 (Fabio Morón Díaz, SV Alejandro Martínez Caballero), en este caso se resolvió
declarar constitucionales algunas normas en materia de alternatividad penal y
carcelaria, Ley 415 de 1997, entre ellas el artículo 72ª, acusada de excluir a
cierto tipo de delitos del beneficio de libertad condicional.
[408] Iturralde,
Manuel (2011) Prisiones y castigo en Colombia, en Los muros de la
infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza & Iturralde.
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011 (p. 144).
[409] TNI/WOLA (2010) Sistemas sobrecargados; Leyes de
drogas y cárceles en américa latina. Docuprint SA. Argentina, 2010. En este
estudio se concluyó que los resultados de la investigación “[…] confirma la
percepción de que el peso de la ley recae sobre una parte específica de la
población, personas de poca educación, pocos recursos, desempleados o con
trabajos informales.”
[410] Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia
T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).
[411] Restrepo Londoño,
Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en
Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de Planeación.
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011. Dice al respecto el
documento: “En los estados modernos, la ciudadanía reclama permanentemente de
sus gobernantes políticas públicas más efectivas en materia de seguridad
ciudadana y de justicia, y la respuesta de los Estados frente a este reto no se
ha hecho esperar. Los avances tecnológicos en materia de investigación
criminal, el fortalecimiento institucional y presupuestal, el mejoramiento de
los procesos y la adecuación normativa han sido constantes en casi todos los
Estados […].  ||  Sin embargo, el éxito relativo de estas políticas tiene
impactos en otras esferas de la gestión gubernamental, que no cuentan con ese
mismo respaldo ni esa misma visibilidad por parte de la ciudadanía. Uno de
estos impactos, y que ha sido tema de debate recurrente en el mundo, es el que
tiene que ver con el aumento de la población carcelaria. En ello, Colombia no
ha sido la excepción. ||  A pesar de que los medios de comunicación y los
organismos de control frecuentemente destapan escándalos de corrupción en el
sistema penitenciario, o fenómenos como el hacinamiento o el trato inhumano
hacia la población reclusa, la situación parece no resolverse nunca y las
políticas y logros en la materia parecen paños de agua tibia frente a la
magnitud del problema.”
[412] Corte Constitucional, sentencia C-581 de 2001 (MP
Jaime Araujo Rentería). En este caso se resolvió entre otras cosas, declarar constitucionales
los artículos 43 y 44 del Código Penitenciario (Ley 65 de 1993), mediante los
cuales se inhabilita para el ejercicio de los derechos y funciones públicas,
pues decidió que son una “restricción legítima al derecho al sufragio y, por
ende, al de elegir y ser elegido.”
[413] Corte Constitucional, sentencia T-324 de 1994 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso se decidió reconocer el derecho al voto
de las personas en los centro de reclusión de las pequeñas cabeceras
municipales, que habían sido excluidas por el Registrador Nacional del Estado
Civil en una circular. Se aceptó la petición de la Personera de Palestina,
Caldas, de ubicar una mesa de votación en el centro de reclusión.
[414] Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa; SV Alejandro Martínez Caballero). En esta demanda se
estudiaron varias normas del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993)
Sobre los derechos políticos se dijo: “El artículo 57, referente al derecho al
voto de los detenidos, es de claridad manifiesta: Si el detenido reúne los
requisitos que exige la ley, podrá ejercer el derecho al sufragio en su
respectivo centro de reclusión. El punto más controvertido por el actor es el
de prohibir el proselitismo político al interior de las cárceles y
penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos. El proselitismo
político es una manifestación de normalidad, no de excepción. Lo anterior no
impide que pueda expresar el detenido, a otros, sus creencias íntimas acerca
del devenir de la  política. Lo que se prohíbe es el activismo proselitista
público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza pública
al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la disciplina. Se
repite que lo anterior no afecta el derecho que asiste a un recluso de profesar
una ideología política o de militar en un partido o movimiento, ni tampoco la
prudente transmisión de un contenido filosófico o doctrinario. Lo que se
entiende aquí por proselitismo, es el convertir a las cárceles en un foro
abierto y beligerante que pueda llevar al desorden. Los derechos políticos se
tienen siempre, pero su ejercicio puede estar limitado y restringido en casos
especiales por la Constitución y la ley, como es el de las cárceles. En otras
palabras, la cárcel no es propicia para la agitación política, sino para la
reflexión. Por tanto, en la  norma acusada no se afectan ni la libertad de
pensamiento ni la comunicabilidad natural de los hombres; simplemente se
prohíben ciertas manifestaciones exteriores, en aras de la disciplina. Por ello
será declarada exequible.” Al respecto ver también la sentencia T-706 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[415] Corte Constitucional, sentencia C-536 de 1998 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo). En esta oportunidad la Corte resolvió
inhibirse de conocer la demanda de la referencia, por cuanto había sido
interpuesta por una persona privada de la libertad. Esta decisión ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias C-592 de 1998 (Fabio Morón Díaz, SV.
Alejandro Martínez Caballero), C-581 de 2000 (MP. Jaime Araujo Rentería), C-708
de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y C-329 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[416] Al respecto, ver también ver al respecto la
jurisprudencia sobre la materia de la Corte Europea de Derechos Humanos.
[417] Corte Constitucional, sentencia T-256 de 2000 (MP
José Gregorio Hernández Galindo). La decisión de la sentencia es sucinta, en
tanto se trata de una reiteración: “El caso concreto.  ||  El
peticionario, quien se halla recluido en la Cárcel de Bellavista, tiene que
dormir en los baños o en el piso del pasillo.  ||  La Directora Regional
Noroeste del INPEC responde que la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín fue
construida para 1.500 internos y que, con las adecuaciones posteriores, se
amplió en 300 cupos, encontrándose actualmente recluidas 5.836 personas.  ||
La Sala encuentra que efectivamente se están vulnerando derechos fundamentales
del peticionario, los cuales deben ser protegidos en forma inmediata,
independientemente de los programas que se desarrollan para el mejoramiento de
nuestro sistema carcelario y que debe estar adelantando el Ministerio de
Justicia en cumplimiento de lo ordenado por esta Corporación en Sentencia T-153
de 1998.  ||  DECISIÓN […]”
[418] Al respecto ver, por ejemplo: Corte Constitucional,
sentencia T-296 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), caso en que se
reiteró lo decidido en la sentencia T-153 de 1998.
[419] Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Dijo la Corte en aquella ocasión: “para la Sala
no cabe duda sobre la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el
Departamento de Vaupés, tanto en el calabozo del Comando de Policía de Mitú, como
en la Cárcel Municipal de Mitú –si bien en este último centro las condiciones
de reclusión no son lesivas de los derechos fundamentales en el mismo grado que
las condiciones de reclusión del Comando de Policía-. En ambos casos, las
autoridades estatales han incumplido en forma grave sus obligaciones
constitucionales e internacionales en la materia: mientras que las personas
privadas de la libertad en el calabozo del Comando de Policía se ven expuestas
a condiciones deplorables de reclusión que vulneran la mayor parte de los
derechos constitucionales de los cuales son titulares, quienes se encuentran
recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú ven negado, en lo esencial, su acceso
a la resocialización por medio del trabajo y el estudio. Debe recordarse, en relación
con la situación de los detenidos en el Comando de Policía de Mitú, que el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el caso Polay Campos
contra Perú, ha expresado que la reclusión de una persona en una celda durante
la mayor parte del día a temperaturas extremas constituye una violación del
artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que,
como se vio, impone a los Estados la obligación de impartir un trato humano y
digno a los internos – violación en la cual se ha incurrido, sin lugar a dudas,
en este caso.”
[420] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández). Se resolvió, entre otras cosas, ordenarle al
INPEC la entrega a los internos de dos uniformes acordes con el clima reinante
en la región donde se halla ubicado el centro de reclusión.
[421] El Tribunal había ordenado a la empresa de energía
abstenerse de utilizar el racionamiento del servicio a la Cárcel, como una
manera de presionar al INPEC por el pago de las cuentas por el servicio
prestado. La Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, había revocado la
decisión del Tribunal y había negado la tutela, por considerar que se trataba
de una discusión de derechos legales, derivados de un contrato de prestación de
servicio, no de derechos fundamentales.
[422] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). Se añadió al respecto: “[…] con el fin de proveer
a la eficacia de los derechos fundamentales involucrados, conminará a
Electrocosta por medio de la notificación del presente fallo al representante
legal de la misma, para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo
de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de
suministro de energía a la Cárcel Distrital de Cartagena, sin importar que
tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del INPEC. Así mismo prevendrá al INPEC a las directivas de la Cárcel
Distrital de Cartagena y al Distrito de Cartagena, para que realicen todas las
conductas encaminadas a ajustar su conducta a los términos de los contratos
celebrados, con el fin de enervar definitivamente la causa mediata de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores,
consistente en el pago efectivo de las obligaciones contraídas.”
[423] En la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett) la Corte resolvió, entre otras cosas, ordenar “[…] a las entidades
encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de
suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de
Bolívar y Municipio del Arenal) y Electrocosta), para que diseñen y adapten los
sistemas técnicos de contabilización  e individualización del consumo de
energía, que permitan el funcionamiento ordinario de los establecimientos
constitucionalmente protegidos (Hospital, acueducto y establecimientos de
seguridad del municipio del Arenal), de tal forma que el goce y ejercicio de
los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal, no dependan de ninguna
manera de la conducta contractual del municipio del Arenal frente a la empresa
distribuidora de Energía.  ||  […]  mientras no se adapta un sistema  que
permita mantener de manera continua la prestación del servicio de energía a los
establecimientos constitucionalmente protegidos: Hospital, acueducto y
establecimientos de seguridad terrestre, en el municipio de El Arenal, esta
Sala prevendrá a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., por medio de la
notificación del presente fallo al representante legal de la misma, para que se
abstenga de realizar conductas que tengan como consecuencia mediata o
inmediata, la privación del suministro de energía a los referidos
establecimientos constitucionalmente protegidos, sin importar que dicha
conducta tenga o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de las mismas entidades o del Municipio del Arenal.”
[424] Ver, por ejemplo, la sentencia T-639 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil); en este caso se dijo: “Si bien es cierto que los
artículos 130 y 140 de la Ley 142 de 1994 facultan a las empresas de servicio
público a interrumpir la prestación de los servicios públicos luego de que el
usuario incurra en mora de pagar dos períodos consecutivos de facturación, esta
Corporación fue enfática al condicionar la exequibilidad de los artículos 18 y
19 de la Ley 689 de 2001 que los adicionan y modifican respectivamente, a que
dicha prerrogativa no procedía frente a centros de reclusión. Por ello, antes
que continuar vulnerando los derechos fundamentales de las personas que se
encuentran recluidas en la cárcel ‘las Mercedes’ de Cartago, las Empresas
Municipales de esa población debían acudir a las instancias administrativas o
judiciales para hacer efectiva la deuda contractual a su favor.  ||  Por ello,
se ordenará a las Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. restablecer, si
no lo hubiesen hecho ya, la prestación continua de los servicios públicos de
energía y agua potable a la cárcel ‘Las Mercedes’ […].”
[425] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[426] Corte Constitucional, sentencia T-714 de 1996 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se reconoció el derecho de los
accionantes, pero la Sala se abstuvo de impartir orden alguna, puesto que luego
de presentada la acción de tutela, los problemas de alimentación habían sido
superados.
[427] Corte Constitucional, sentencia T-714 de 1996 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Se dijo al respecto: “debe aclararse que la actuación
u omisión que aquí se cuestiona no es aquella a través de la cual la
administración incumple algunos aspectos no fundamentales del régimen
alimentario - como el cambio de un alimento por otro de similares condiciones,
o la disminución de pequeñas cantidades de comida, o aspectos accesorios
relacionados con la forma de presentación -, sino aquella cuya gravedad afecta,
directamente, el mínimo vital de las personas recluidas. Se trata, por lo
tanto, de casos en los cuales se presenta un racionamiento drástico de comida,
o se ofrezcan alimentos descompuestos, contaminados o antihigiénicos, no aptos
para el consumo humano. Mientras que en estas circunstancias procederá la
acción de tutela, en aquellas condiciones habrán de proceder las acciones
legales - penales, civiles, disciplinarias y contenciosas - que el ordenamiento
ha dispuesto para la defensa de los intereses del recluso y, en general, para
impugnar las actuaciones u omisiones ilegales de la administración.” En el caso
concreto los peticionarios alegaban que pese a las visitas mensuales de la
Procuraduría, este organismo ha omitido, ‘en forma arbitraria’, dar solución al
grave problema relacionado con la dieta de los internos. Estaban dispuestos a
declarar que el ecónomo había reconocido que robaba el presupuesto de la comida
de los presos y que el demandado ‘saca la carne de los presos y la vende al
caspete del patio N° 3’.
[428] Corte Constitucional, sentencia T-718 de 1999 (MP
José Gregorio Hernández Galindo); se decidió al respecto: “[…] en vista de que
el Estado tiene la obligación de brindar a los internos una alimentación
suficiente y adecuada, cuando incumple con dicho deber desconoce
indiscutiblemente la dignidad humana y viola los derechos a la vida, a la salud
y a la integridad personal de los reclusos. Además, a no dudarlo, el hambre,
que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad
personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e
inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento (artículo 12 C.P.), y, por
contera, implica, contra la Constitución (arts. 1, 5 y 29 C.P.), una pena
adicional no contemplada en la ley. Al respecto debe resaltarse que el artículo
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
estipula que los Estados Partes reconocen ‘el derecho de toda persona a un
nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación’, y en el inciso 2 de
ese artículo se reconoce el derecho fundamental de toda persona ‘a estar
protegida contra el hambre’.”
[429] Así ocurrió, por ejemplo en: Corte Constitucional, sentencia
T-256 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo). En este caso se estudió la
siguiente situación: “El peticionario se encuentra detenido en la Cárcel de
Bellavista, en donde, según afirma, se halla en condiciones infrahumanas pues
tiene que dormir en el suelo del baño o en los pasillos porque no ha tenido
dinero para comprar un camarote. Lo anterior le ha ocasionado enfermedades
infectocontagiosas que ha debido soportar sin la necesaria atención médica,
pues la Cárcel no cuenta con un servicio eficiente. Todo esto se debe al
hacinamiento que debe soportarse en el penal. Señala como vulnerados los
derechos a la igualdad y la dignidad humana.”  Se impartió la orden al Director
de la Cárcel de ubicar al accionante adecuadamente y “suministrarle los cuidados
asistenciales y los medicamentos que requiera para el mantenimiento de su salud”.
[430] Al respecto, ver el apartado anterior (7.5.), acerca
de la razonabilidad de las restricciones en virtud del ejercicio de las
facultades y funciones disciplinarias en la cárcel.
[431] Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa).
[432] Al respecto ver por ejemplo: Corte Constitucional,
sentencia T-825 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En este caso se
resolvió, entre otras cosas: “Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, de fecha
21 de febrero de 2012, que revocó el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de la misma ciudad, teniendo en cuenta las consideraciones antes
citadas. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta
providencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud, a la comunicación, a la dignidad humana, al trabajo, a la educación, a
la recreación, a la alimentación y al buen trato a favor de los accionantes.
||  Tercero. ORDENAR al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de
Florencia (Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
por intermedio de sus directores:   (i) Dentro de los diez (10) días
siguientes, si aún no lo han hecho, practicar el examen médico y psicológico de
ingreso; adoptar los correctivos necesarios para brindar una atención integral
y oportuna tanto en medicina general como especializada; atender las
recomendaciones médicas; suministrar oportunamente los medicamentos requeridos
conforme con las órdenes médicas; prestar servicio de odontología; agilizar las
autorizaciones de exámenes; y dar trámite oportuno a la remisión de los
internos a las consultas médicas que requieran.  ||  (ii) Dentro del término de
diez (10) días siguientes, disponer lo necesario para garantizar una ración
alimenticia adecuada en calidad y cantidad, suministrando una dieta para
quienes la necesiten acorde con las disposiciones médicas, y de ser necesario,
adquirir recipientes para su correcta entrega.  ||  (iii) Advertir que si aún
no lo han hecho, debe permitirse la utilización de los comedores comunitarios.
||  (iv) Advertir que deben ejercer una continua vigilancia que permita el
correcto funcionamiento de las comunicaciones al interior del penal.  ||  (v)
Dentro del término de diez (10) días siguientes, establecer un horario
adicional de apertura de las celdas con el fin de que los presos puedan hacer
sus necesidades fisiológicas durante el día. Adicionalmente, en el término de
dos (2) meses, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para dar inicio a la construcción de nuevos baños.  ||  (vi) En el
término de dos (2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas
para que las visitas conyugales se den dentro de un ambiente que además de
contar con un espacio adecuado, se encuentre siempre en condiciones apropiadas
de aseo, y ampliando el horario de las mismas.  ||  (vii) En el término de dos
(2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para clasificar los reclusos con el fin de que presten distintas
actividades dentro del penal; dotar los talleres de los elementos que permitan
a los internos cumplir con sus actividades laborales; vincular instructores y
docentes para que capaciten a los reclusos en las diferentes áreas de trabajo y
estudio; e incrementar el número de guardias con el objeto de brindar un
acompañamiento a todos los reclusos en sus actividades.  ||  (viii) Dentro del
término de diez (10) días siguientes, adopten las medidas administrativas
internas a que haya lugar, que permitan responder las peticiones presentadas
por los internos de fondo, en forma clara, precisa y oportuna, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, si es preciso incrementando
el personal para atender tales solicitudes.   ||  (ix) Advertir que no deben
desatender las actividades deportivas y culturales. ||  (x) Advertir que tienen
que proveer a los actores de los implementos necesarios para el debido aseo
personal.  ||  Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la Penitenciaria Las
Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.  ||  Quinto.
ADVERTIR a las respectivas autoridades que, en lo sucesivo, adopten las
previsiones para que los nuevos centros de reclusión cumplan, desde el inicio,
con todas las condiciones básicas en su infraestructura, con el fin de
garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
||  Sexto. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de
la Nación para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales,
continúen con su labor de vigilancia y control, y verifiquen el cumplimiento
del presente fallo, con el objeto último de garantizar de manera efectiva los
derechos aquí protegidos.”
[433] Ver el apartado (9.2.6.) de las consideraciones de la
presente sentencia, así como el Segundo Anexo de la misma, en la que se hace
una descripción detallada de los antecedentes de este proceso.
[434] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 1998 (MP
José Gregorio Hernández Galindo). En este caso se resolvió, entre otras cosas:
“ordenar al INPEC que por conducto de la dirección de la Penitenciaría Nacional
de Cúcuta, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes […] disponga la
efectiva atención médica del recluso mencionado, la práctica de la radiografía
de columna que requiere, la evaluación de la misma, el suministro de los
medicamentos y la iniciación y culminación de las terapias que el médico
especialista considere necesarios.”
[435] También ha dejado de tutelar el derecho a la salud de
una persona cuando se considera que las autoridades penitenciarias y
carcelarias pueden prestar los servicios requeridos directamente (ver por
ejemplo, sentencia T-1168 de 2003 [MP Clara Inés Vargas Hernández]).
[436] Corte Constitucional, sentencia T-324 de 2011 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio); en este caso se resolvió, entre otras cosas:
“resulta imperativo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario convoque
una junta médica en la que se determine si es necesario el traslado del
agenciado a una institución especializada. Atendiendo lo expuesto, se ordenará
que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta providencia, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario convoque una junta médica en la que se analicen y bajo criterios
científicos se apruebe o no la viabilidad y la necesidad del traslado del señor
[hijo de la accionante] a institución especializada de cuidado mental y se
practique al agenciado examen médico que permita establecer con exactitud su
estado actual de salud física y mental”.
[437] Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2007 (MP
Jaime Araujo Rentería); en este caso se ordenó a un establecimiento
penitenciario (Villavicencio) garantizar a una personas recluida, el acceso al
servicio médico para que se le diera un diagnóstico, que se le había negado a
pesar de su grave situación (padecía de insuficiencia renal, alteraciones en la
excreción urinaria y fecal, cardiopatía hipertensa e hipoglicemia). En la
sentencia T-175 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa) se decidió, entre
otras cosas, que el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC,-Penitenciaría la Picota, y Caprecom EPS-S, vulneraron el
derecho a la salud del [accionante] por negarle el acceso al servicio de resonancia
magnética de abdomen. Al respecto ver también la sentencias T-775 de 2002
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-687 de 2003 (MP Eduardo Montealegre
Lynett).
[438] Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). En este caso, por ejemplo, se tuteló el derecho de
una persona privada de la libertad en la Cárcel Modelo. Se reiteró lo dicho en
la sentencia T-153 de 1998 al respecto.
[439] Ver por ejemplo, la sentencia T-607 de 1998 (MP José
Gregorio Hernández Galindo); en este caso se ordena la valoración por parte de
los médicos y el suministro de los medicamentos que correspondan.
[440] Corte Constitucional, sentencia T-1474 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero); en este caso se tuteló el derecho de una persona
que quedó parapléjico, luego de caer de un quinto piso en la cárcel en extrañas
circunstancias, a recibir servicios de salud. El INPEC debía asegurar el
tránsito de sus dependencias a las que correspondan dentro del Sistema de
Salud.
[441] En la sentencia T-1499 de 2000 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez) se tuteló el derecho a la salud y a la vida digna de una
persona que desde el mes de julio de 1999  presentaba quebrantos de salud, a
raíz de una agresión física de la que había sido víctima en el interior del
penal (una puñalada en el abdomen, razón por la que fue intervenido
quirúrgicamente en el Hospital Departamental de Cali). Desde entonces, había
tenido que usar ‘una bolsa plástica la cual permanentemente tengo que
tenerla colgada a la cintura, pues el médico de la cárcel ha dado la orden para
que me remitan nuevamente al Hospital para otra operación, pero hasta la
presente no me han hecho nada’, según el mismo lo indicó.”
[442] Corte Constitucional, sentencia T-524 de 1999 (MP
Alfredo Beltrán Sierra); en este caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar
“[…] a la Fiscalía Regional, que la solicitud de traslado hecha por el
apoderado del actor, […] Es de advertir, que la solución que adopten las
autoridades competentes, bajo ninguna circunstancia, puede poner en riesgo la
vida o la salud del demandante. Para asegurar esta situación, las autoridades
responsables de adoptar estas decisiones, acudirán al concepto del
especialista, doctor Luis Sergio Concha Caicedo, o del que designe el ISS,
Unidad Renal de la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali, en coordinación con lo
que determinen los médicos forenses, si a ellos se ha acudido”
[443] Corte Constitucional, sentencia T-535 de 1998 (MP
José Gregorio Hernández Galindo). En este caso se tuteló el derecho a la salud
de una persona recluida en la cárcel de Cúcuta.
[444] Corte Constitucional, sentencia T-175 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa). En este caso se reiteró que “[…] en virtud de la
relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la
libertad, recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios del país, es
deber del Estado garantizarles a los reclusos el goce efectivo de sus derechos
a gozar efectivamente de una adecuada alimentación, a la salud, a contar con
suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente de agua
potable, y a instalaciones de reclusión higiénicas. En consecuencia, pasa la
Sala a resolver los casos concretos.”
[445] Corte Constitucional, sentencia T-214 de 1997 (MP
Alejandro Martínez Caballero); en este caso se tuteló el derecho de un indígena
recluido en la Cárcel Modelo, por lo que se ordenó su traslado a la cárcel de
Leticia para que pudiera acceder a los servicio de medicina tradicional.
[446] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 1998 (MP.
José Gregorio Hernández). En este caso se ordenó, entre otras cosas: “al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ‘INPEC’ que, en coordinación con
los ministerios de Hacienda, Salud y de Justicia y del Derecho y con el
Departamento Nacional de Planeación, inicie, a más tardar dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de [la] Sentencia, los
trámites administrativos, presupuestales y de contratación que sean
indispensables para constituir o convenir un sistema de seguridad social en
salud, bajo la modalidad subsidiada, que deberá estar operando plenamente en un
término que no podrá exceder del 31 de marzo de 1999 y que cobije a la
totalidad de los centros de reclusión del país, para detenidos y condenados.”
[447] Corte Constitucional, sentencia T-274 de 2005 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso se negó la tutela de una persona
privada de la libertad a ser trasladada de centro de reclusión con base en
violaciones a la unidad familiar y al derecho a la salud.
[448] Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2005 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).  Se ordenó permitir al accionante realizar
actividades laborales y educativas y formar al personal de la cárcel en el
manejo de personas con VIH/SIDA, entre otras cosas.
[449] Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se decidió, entre otras cosas que
“el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón
desconoce el derecho […] a la dignidad de los accionantes, al no garantizarles
el acceso suficiente al agua limpia necesaria para el aseo personal […]”.
[450] Corte Constitucional, sentencia T-175 de 2012 (MP.
María Victoria Calle Correa). En este caso se resolvió, entre otras cosas: “al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC,-Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, que en el
término de un (01) mes contado a partir de la notificación de esta providencia,
tome las medidas adecuadas, de acuerdo a los parámetros establecidos por esta
Sala de revisión en líneas precedentes, para garantizar:  (i) Primero, que en
el horario de 8:00 pm a 4:45 am los reclusos de la torre 1 ala “B” de la
institución tengan acceso a cantidades suficientes de agua potable para
consumo, y a cantidades suficientes de agua para vaciar los sanitarios de sus
celdas;  ||  (ii) Segundo, la suficiente limpieza e higiene de los mismos por
lo menos en cuatro momentos del día: al comienzo de la mañana, en la mitad de
la mañana, antes del almuerzo y después del almuerzo;  ||  (iii) Tercero,
cantidades suficientes de agua durante el día, así sea en baldes, para vaciar
los sanitarios y obviamente realizar las demás tareas de limpieza;  ||  (iv)
Cuarto, establecer quiénes y cuántos reclusos participarán de esta labor, pero
en todo caso el trabajo que resulte de la adopción de esta medida se tendrá en
cuenta como trabajo para rebaja de pena; y,  ||  (v) Finalmente, evitar que el
agua de los baños del patio se filtre a las celdas cercanas. De la misma forma,
si la humedad ha afectado la estructura de dichas celdas, la entidad también
deberá corregir esta situación. ||  De las medidas adoptadas, la Directora del
establecimiento penitenciario y carcelario deberá remitir un informe detallado
a esta Sala de Revisión, a más tardar en un (01) mes después de su ejecución.”
[451] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); para la Corte, tener que bañarse con agua fría a
las cinco y cuarto de la mañana (5:15 am) no es en sí un trato contrario a la
dignidad humana, “Sin embargo, la medida se torna desproporcionada, y
por ende, contraria  a la Constitución, si se le aplica a un interno que, [por
ejemplo] bajo estricta prescripción médica, no deba tomar esos baños de agua
helada a esa hora o durante algunos días. En este caso, primará el derecho a la
salud sobre el fin legítimo perseguido con la medida. Así pues, cuando se
presenten estas circunstancias [como esas], las directivas del penal deberán inaplicar
la regla contenida en el reglamento interno y hacer primar el derecho
fundamental a la salud.”
[452] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); se resolvió, entre otras cosas, confirmar el
fallo de segunda instancia, según el cual, las directivas del centro de
reclusión deben entregarle a los internos, de manera periódica, los elementos
de aseo establecidos en el reglamento interno.
[453] Por ejemplo, en su texto Cárceles, cielo o
infierno, José Luis Mayorga presenta el siguiente relato, producto de
vivencias en la Cárcel Modelo de Bogotá:  “[…] El día que ingresé a la cárcel
modelo de Bogotá en calidad de sindicado llegaron de las diferentes estaciones
de Bogotá cuarenta personas más, aquí empezó el tratamiento penitenciario, lo
primero que hacen es ingresarnos en un salón apestoso, de cuatro metros por
tres metros, en él encontramos dos baños, de los cuales uno está tapado y lleno
de excremento, lo cual genera un olor repugnante, allí nos tienen desde las
ocho de la mañana hasta las siete de la noche, cuando nos conducen a los patios
asignados, éste salón recibe irónicamente el nombre de búnker. Durante nuestra
estadía en este lugar, viene un interno que redime pena en calidad de
peluquero, vamos pasando uno a uno mientras él, con una máquina desdentada nos
pasa la cuchilla número uno, es decir todos quedamos cabezas rapadas, esta
tarea se realiza sin la menor norma de higiene, no se limpia la máquina entre
cada corte y teniendo en cuenta que dentro del personal que llega como reo, se
encuentran algunos que viven en las calles bogotanas como indigentes y su
cabello no ha sido lavado y mucho menos cortado durante meses, pronto se verán
las infecciones en el cuero cabelludo.” Mayorga
G. José Luis (2011) Cárceles, cielo o infierno. Historias de vida.
Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Avellaneda, Bogotá, 2011.
[454] Corte Constitucional, sentencia T-222 de 1993 (MP.
Jorge Arango Mejía). Desde esta sentencia se reconoció que si bien podían
existir limitaciones razonables, las visitas conyugales “[…] hacen parte del
derecho a la intimidad y al respeto de la dignidad humana, como uno de los
principios rectores del Estado social de derecho […]”. No se impartieron
órdenes en el caso concreto por considerar que eran una situación superada.
[455] Corte Constitucional, sentencia T-718 de 2013 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa); se resolvió, entre otras cosas, ordenar a los
Directores de los centros de reclusión diseñar un plan para garantizar el goce
efectivo del derecho a las visitas íntimas. Ver también la sentencia T-795 de
2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[456] Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2012 (MP.
María Victoria Calle Correa); en este caso la Corte resolvió tutelar el derecho
de la accionante, recluida en prisión (Establecimiento Penitenciario y
Carcelario “El Pedregal” de Medellín) a ejercer su derecho a la visita íntima
con su pareja, también recluido en prisión (su esposo se encontraba en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yaruma), “bajo condiciones de
periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, de acuerdo con las normas de
seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del Régimen Interno del
centro de reclusión donde se realice la visita íntima.”
[457] Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2011 (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); en este caso se decidió que “la sanción [de
prohibición de ingreso] permanente impuesta a la esposa del accionante, siendo
éste un hombre que, aunque tiene sus derechos restringidos por estar en
prisión, sólo los puede ver limitados conforme a criterios de proporcionalidad
y razonabilidad, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad y a la
familia.”
[458] Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso se consideró que los criterios
establecidos se cumplían y que, por tanto, era razonable la limitación impuesta
en la penitenciaria de Valledupar. Esta decisión fue reiterada, entre otras, en
la sentencia Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), así: “[…] la Corte dejó sentado que un examen sobre el
reglamento interno de un centro de reclusión en lo que concierne a las visitas
íntimas debía tomar en consideración, en su conjunto, los siguientes aspectos:
(i) las visitas íntimas se encuentran vinculadas con los derechos  la intimidad
y la salud en conexidad con la vida, el libre desarrollo de la personalidad y
la protección integral de la familia; (ii) la capacidad del centro de reclusión;
(iii) el número actual de internos; (iv) la existencia o no de infraestructura
adecuada para recibirlas; (v) el derecho que todos los internos tienen a
recibir visitas íntimas y (vi) la duración de las mismas.”
[459] Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra). La Corte dijo al respecto: “Si bien se aducen
motivos de seguridad para que esto sea así, la Sala estima necesario ordenar  a
los funcionarios de la penitenciaría que se realicen las adecuaciones
logísticas necesarias para que la accionante y su compañero ingresen de manera
simultánea al cubículo pudiendo aprovechar así el tiempo completo de su visita
y, de esta manera, disminuir los obstáculos para el ejercicio del derecho.”
[460] Corte Constitucional, sentencia T-184 de 1993 (MP.
Carlos Gaviria Díaz); en este caso se decidió, entre otras cosas, que “[la]
manera en que la Dirección y la Dependencia de Sanidad de la Cárcel Nacional
Femenina, vienen supeditando la autorización de la visita conyugal a que la
interna que la solicite, autorice por escrito la implantación de un dispositivo
anticonceptivo o la aplicación periódica de una droga con similares efectos,
viola el derecho de la señora Medina Torres y de su esposo -la actora es casada
y madre de un niño-, a decidir libre y responsablemente si tendrán un segundo
hijo y cuándo. Éste, que es un derecho reservado por la Constitución Nacional,
de manera privativa, a la actora y a su esposo, no puede ser ejercido libre y
responsablemente por sus titulares -la pareja-, porque la Dirección General de
Prisiones y la Dirección de la Cárcel, decidieron que la señora Medina Torres
buscaría quedar en embarazo, sólo para escapar a un castigo, […]” Al respecto
ver también la sentencia T-437 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[461] Esta forma de justicia retributiva coexiste en el
orden constitucional vigente con instituciones propias de justicia
restaurativa.
[462] En la sentencia C-430 de 1996 (MP. Carlos Gaviria
Díaz) se dijo al respecto: “La pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin
preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento
legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante
la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el
momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que
orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y
las normas de derecho internacional adoptadas.” En esta sentencia se estudiaron
varias normas de la legislación sobre contravenciones especiales (de la Ley 228
de 1995).
[463] Ver al respecto: Foucault,
Michele (1975) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión [Surveiller et
punir. Naissance de la prison]. Siglo XXI. México, 2009. Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario [Carcere e fabbrica. Alle
origini del sistema penitenziario]. Siglo XXI. México, 2010.
[464] Melossi y Pavarini dicen al respecto: “[…] en
presencia de un sistema socioeconómico –como el feudal– donde no existía aún
[…] la idea de ‘trabajo humano medido por el tiempo’ (léase: trabajo
asalariado), la pena-retribución, como intercambio medido por valor, no estaba
en condiciones de encontrar en la privación del tiempo un equivalente del
delito. Al contrario, el equivalente del daño producido por el delito se
encontraba en la privación de los bienes socialmente considerados como valores:
la vida, la integridad física, el dinero, la pérdida de estatus.” Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. (p. 20). En este aspecto los autores siguen la teoría general del
derecho de Evgueni B. Pasukanis.
[465] Melossi y Pavarini dicen al respecto: “En este
sentido, el juicio sobre el crimen y el criminal no se hacía tanto para
defender los intereses concretos amenazados por el acto ilícito cometido sino para
evitar posibles […] efectos negativos que pudieran estimular el crimen
cometido. Por eso era necesario castigar al transgresor, porque sólo así se
podía evitar una calamidad futura que podía poner en peligro la organización
social. Es debido a ese temor del peligro futuro que el castigo debía ser
espectacular y cruel, y provocar así en los espectadores una inhibición total
de imitarlo. Si además la justicia divina era el modelo con el que se medían
las sanciones, si el sufrimiento se consideraba socialmente como medio eficaz
de expiación y de catarsis espiritual como enseña la religión, no existía
ningún límite para la ejecución de la pena; de hecho, ésta se expresaba en la
imposición de sufrimientos tales que pudieran de algún modo anticipar el horror
de la pena eterna. La cárcel, en este perspectiva, no resulta medio idóneo para
tal objeto.” Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. (p. 20).
[466] Aunque estas instituciones surgen especialmente en el
ámbito protestante, serán recibidas también en el mundo católico. Dice Darío
Melossi al respecto: “[…] entre el siglo XVII y el siglo XVIII, una gran
sensibilidad invade el mundo católico respecto de los problemas del concreto
objeto de la pena. En un escrito de finales del siglo XVII, publicado en forma
póstuma en 1724, el benedictino francés Dom Jean Mabillon, reconsiderando la
experiencia punitiva de tipo carcelario que había sido propia del derecho penal
canónico, formula una serie de consideraciones que anticipan algunas de las
afirmaciones típicas del iluminismo sobre el problema de la pena al crimen
cometido y a la fuerza física y espiritual del reo, y el problema de la
reintegración de éste en la comunidad, encuentran en Mabillon uno de sus
primeros defensores.”  Cárcel y trabajo en Europa y en Italia en el período
de la formación del modo de producción capitalista en Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. (p. 54). De los delitos y las penas, la famosa obra de
Cesare Beccaria sería publicado en 1764, años después de la obra de Mabillon.
[467] Dicen Melossi y Pavarini al respecto: “Existe,
además, una hipótesis –en cierto sentido alternativa del sistema punitivo penal
feudal– en la que está claramente presente la experiencia penitenciaria: el
derecho canónico penal.  ||  […] El régimen canónico penitenciario conoció
varias formas. Además de diferenciarse porque la pena se debía cumplir en la
reclusión de un monasterio, en una celda o en la cárcel episcopal, tuvo
distintas maneras de ejecutarse: a la privación de la libertad se añadieron
sufrimientos de orden físico, aislamiento en calabozo (cella, carcer,
ergastulum) y sobre todo la obligación del silencio. Estos atributos […]
tienen su origen en la organización de la vida conventual, muy en especial en
sus formas de más acendrado misticismo. El influjo que la organización
religiosa de tipo conventual tuvo sobre la realidad carcelaria, fue de tipo
particular; la proyección sobre el ámbito público-institucional del original
rito sacramental de la penitencia encontró su real inspiración en la alternativa
religioso-monacal de tipo oriental, contemplativa y ascética. Pero hay que
tener presente, como un elemento necesario para el análisis, que el régimen
penitenciario canónico ignoró completamente el trabajo carcelario como forma
posible de ejecución de la pena.”  Cárcel y trabajo en Europa y en Italia en
el período de la formación del modo de producción capitalista en Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y
Fábrica. (p. 54).
[468] Massimo Pavarini, refiriéndose a los orígenes del
Sistema estadounidense, dijo: “La estructura de esta forma de purgar la pena se
fundaba en el aislamiento celular de los internados, en la obligación
al silencio, en la meditación y en la oración. Por medio de
este sistema se reducían drásticamente los gastos de vigilancia, y este rígido
estado de segregación individual negaba a priori la posibilidad de introducir
una organización de tipo industrial en las prisiones.  ||  Este proyecto […] no
era completamente original: ya ‘la Maison de Force’ belga y el modelo del
‘Panopticon’ de Bentham –que se aplicó parcialmente en Inglaterra–
preanunciaban claramente la introducción de la cárcel de tipo celular. […] esta
estructura edilicia satisface las exigencias de cualquier institución en la que
se necesite tener personas bajo vigilancia’ y por lo tanto no sólo cárceles
sino también casas de trabajo, fábricas, hospitales, lazaretos y escuelas.” La
intervención penitenciaria: la experiencia de los estados Unidos de América en
la primera mitad del Siglo XIX en
Melossi, Dario & Pavarini,
Massimo (1977) Cárcel y Fábrica. (p. 166).
[469] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (p. 50).
[470] Este es, precisamente, el título de un texto
testimonial de finales de los años setenta, en el que se revela este aspecto
del Sistema penitenciario y carcelario colombiano. Bedoya Sedano, José Raúl (1980) La universidad del
crimen; si no sabes, aprendes, y si sabes, aprendes más. Tercera Edición.
Impreso en Bogotá, 1980.
[471] Instituciones como las casas de corrección (bridewells)
o las casas de trabajo (workhouses) en Inglaterra, en Amsterdam (Rasp-huis)
o en Francia (l’Hôpital) son antecedentes tanto de las fábricas como de
las cárceles contemporáneas. Aquellas instituciones tenían elementos
asistenciales, formativos y correccionales, que generaron debates públicos
entre gobernantes, empresarios y trabajadores sobre los incentivos perversos
que generaba el trabajo no libre en el costo de la mano de obra. En Estados
Unidos de América, con condiciones sociales y económicas distintas a las
europeas, por otra parte, uno de los sistemas penitenciarios predominantes en
el siglo XIX (el sistema de Auburn), se fundaba en dos criterios básicos:
confinamiento en soledad (solitary confinment) durante la noche y
trabajo en común (common work) durante el día.  Al respecto, ver Melossi, Dario & Pavarini, Massimo (1977) Cárcel y Fábrica.
[472] La fábrica es para el obrero una cárcel (pérdida de
la libertad y subordinación), así como lo cárcel es una fábrica para quien está
recluido (trabajo y disciplina). Melossi,
Dario & Pavarini, Massimo
(1977) Cárcel y Fábrica. (p. 232).
[473] Dice Michel Foucault al respecto: “[…] El trabajo por
el cual el recluso subviene a sus propias necesidades convierte al ladrón en
obrero dócil. Y aquí es donde interviene la utilidad de una retribución por el
trabajo penal; impone al detenido la forma ‘moral’ del salario como condición
de su existencia. El salario hace adquirir ‘el amor y el hábito’ del trabajo;
[…] El salario del trabajo en la prisión no retribuye una producción; funciona
como motor y punto de referencia de las transformaciones individuales: una
ficción jurídica, ya que no representa la ‘libre’ cesión de una fuerza de
trabajo sino un artificio que se supone eficaz en las técnicas de corrección.” Foucault, Michele (1975) Vigilar y
castigar. Nacimiento de la prisión (p. 280).
[474] Desde el Congreso Internacional Penitenciario,
iniciado en Londres en 1872, esta cuestión ha sido debatida. En Colombia, el
debate llevó, por ejemplo, a reformas importantes a la Cárcel conocida como ‘el
Panóptico’ en la década de los años 30. Sobre el tema ver, por ejemplo: Posada Segura, Juan David (2009) El
Sistema penitenciario. Estudio sobre normas y derechos relacionados con la
privación de la libertad. Comlibros. Colombia, 2009.
[475] Código Penitenciario y Carcelario, artículo 100.– Tiempo
para redención de pena. El trabajo, estudio o la enseñanza no se llevará a
cabo los días domingos y festivos. En casos especiales, debidamente autorizados
por el director del establecimiento con la debida justificación, las horas
trabajadas, estudiadas o enseñadas, durante, tales días, se computarán como
ordinarias. Los domingos y días festivos en que no haya habido actividad de
estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la redención de la
pena. Se subraya la parte declarada exequible por la Corte Constitucional
en la sentencia C-580 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[476] Corte Constitucional, sentencia C-580 de 1996 (MP
Antonio Barrera Carbonell).
[477] Al respecto ver también la sentencia T-009 de 1993
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[478] Corte Constitucional, sentencia T-1326 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto); dijo además la Corte: “Si desde el punto de
vista jurídico normativo no existen motivos que puedan llevar a justificar un
trato diferenciado, tampoco encuentra la Sala razones de orden fáctico que
pudieran llevar a explicarlo. Las bonificaciones constituyen un elemento muy
importante de la resocialización, un incentivo de primer orden para los
reclusos.”
[479] Corte Constitucional, sentencia T-601 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Al respecto ver también la sentencia T-1303 de 1995
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[480] Corte Constitucional, sentencia T-121 de 1993 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa); en ese caso se consideró al respecto: “El trabajo, en
el caso de los establecimientos carcelarios es, además de un instrumento
resocializador del individuo autor de un delito, un mecanismo tendiente a
lograr la paz; es decir, tiene una doble función: no solo permite que el preso
pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente
productiva, sino que inclusive sirve para impedir  que el infractor de la ley
pueda incurrir en nuevos hechos punibles o, en todo caso, en conductas que, al
menos durante el tiempo de reclusión, conlleven al ocio y la vagancia que
tantos males originan en la vida carcelaria.”
[481] Ver, por ejemplo, la sentencia C-1510 de 2000 (MP
José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se resolvió declarar exequibles
“[…] las expresiones ‘centro de reclusión’, contenidas en los artículos 80 y 81
de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los
casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y
sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual”
[482] Corte Constitucional, sentencia T-865 de 2012 (MP
Alexei Julio Estrada). En este caso se resolvió, entre otras cosas: “ordenar a la Dirección de la Establecimiento
Carcelario y Penitenciario de Manizales,
que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de
la presente sentencia, se cumplan los trámites pertinentes para efectuar el
reconocimiento de las bonificaciones que corresponden al señor Jorge Álvaro Posada Zapata con motivo de la actividad desempeñada por él como
bibliotecario entre el primero (1°) de mayo de dos mil once (2011) y el ocho
(8) de agosto de la misma anualidad, los cuales, en todo caso, deberán
reconocer horas laboradas por el gestor del amparo con un valor mínimo igual al
recibido por los demás reclusos de ese establecimiento que hayan desempeñado
actividades bajo la modalidad de administración directa.”
[483] Corte Constitucional, sentencia T-1322 de 2005 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió, entre otras cosas,
ordenar “[…] al Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario – INPEC – que, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
del presente fallo, inicie las gestiones que sean necesarias para garantizar
que el actor pueda continuar realizando desde el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita sus estudios de
Administración de Empresas, en el programa a distancia que ofrece la
Universidad Santo Tomás de Aquino. Si después de transcurridos quince días
hábiles no se observa ninguna posibilidad de que esos esfuerzos fructifiquen,
el INPEC deberá reintegrar al interno – o a sus familiares, de acuerdo con lo
que disponga – los gastos en que él incurrió para inscribirse y matricularse en
la Universidad.”
[484] Ver por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia
T-213 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[485] Corte Constitucional, sentencia T-1275 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto); la Corte tuvo en cuenta la situación concreta
de los menores: “[…] dadas las circunstancias del caso, a saber, el abandono de
los niños por parte de la madre; la carencia de medios económicos para poder
visitar al padre; el sufrimiento de los niños por no poder ver a su padre y, en
suma, la urgencia de reestablecer la comunicación y el contacto entre el padre
y los niños, la renuencia del INPEC a conceder el traslado del señor
[accionante] a una cárcel más cercana al lugar de residencia de sus hijos,
vulnera de manera grave los derechos de los niños y desconoce, también, el
derecho del mismo señor […] a  que se protejan los vínculos con su familia, tan
significativos para que tenga lugar su resocialización y, en este mismo
sentido, su  posibilidad de prepararse para la vida en libertad.”
[486] Corte Constitucional, sentencia T-274 de 2005 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso se negó la tutela de una persona
privada de la libertad a ser trasladada de centro de reclusión.
[487] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández). La Corte consideró al respecto: “[…] en este
caso, no existen dificultades de orden logístico o de ausencia de
infraestructuras. No obstante, las comodidades que se ofrecen, no se compadecen
con la extendida frecuencia con que cada visita tiene lugar. La medida
reglamentaria se torna además manifiestamente irrazonable por
cuanto la presencia de los niños en nada compromete la seguridad del penal;
[…]” por el contrario, para la Corte esas visitas son favorables a la paz y a
la convivencia.
[488] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[489] Corte Constitucional, sentencia T-1030 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández). La Corte resolvió, entre otras cosas, ordenar a
las directivas del centro de reclusión de Cómbita que en el término de 48
horas, posteriores a la notificación del fallo, diera a los hijos menores de
los internos el mismo trato en materia de visitas que aquel que se le da a los
adultos
[490] Coyle,
Andrew (2008) Manejo de la sobrepoblación penitenciaria: una perspectiva
europea, en Dammert, Lucía
& Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[491] Corte Constitucional, sentencia T-825 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva); en este caso se decidió que un establecimiento
penitenciario y carcelario (en ese caso, el de Acacías, Meta) vulnera los
derechos de petición y debido proceso de una persona recluida, cuando al
responder sus peticiones se omite explicar claramente al peticionario lo que
pregunta (en qué estado se encuentra dentro de su proceso de rehabilitación);
esta forma de respuesta no respeta el contenido del derecho de petición. En el
caso concreto se decretó la carencia actual de objeto.
[492] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-311 de
2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[493] Corte Constitucional, sentencia T-479 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez). En este caso se resolvió, entre otras cosas: “COMPULSAR
copias de la decisión a la Procuraduría General de la Nación y al
Ministerio del Interior y de Justicia para que investigue las posibles faltas
disciplinarias correspondientes a la negligencia u omisión en la tramitación de
la petición y la notificación de las providencias al tutelante por parte del
INPEC de Bellavista, así como los supuestos hechos de corrupción denunciados
por el tutelante, relacionados con que para obtener los beneficios de redención
de penas se tiene que pagar.  ||  Cuarto: ADVERTIR al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de la cárcel Bellavista para que no siga
incurriendo en conductas que atenten contra los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad como el derecho de petición o el debido
proceso, ya que los reclusos son sujetos vulnerables debido a que son personas
de especial sujeción al estado.  ||  Quinto: PUBLICAR en sitio visible
del establecimiento penitenciario lo dispuesto en los numerales 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8 y 3.1.9 de esta providencia para que los reclusos y los funcionarios del
INPEC de la cárcel de Bellavista tengan conocimiento de la decisión de esta
Sala, de manera que sea una forma de reparación no pecuniaria del daño causado
al tutelante en el ejercicio de su derecho de petición y del debido proceso, y
para que se tenga como una forma de pedagogía constitucional tanto para los
reclusos como para los funcionarios del INPEC en la tutela de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad.”
[494] Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2000 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). El problema lo presentó la Corte en los siguientes
términos: “[…] las circunstancias planteadas en este caso dan lugar a la
declaración de un estado de cosas inconstitucional. En efecto, la necesidad de
recluir en la cárcel del distrito judicial de Cali a quienes, estando en otro
establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad, sumado a la
falta de personal de guardia, a los problemas de orden público de la zona y al
número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no puede sino conducir
al aplazamiento de los traslados y, en consecuencia, a la indefinida
postergación del correspondiente proceso penal. No cree la Corte necesario
manifestar los efectos que para la recta administración de justicia, los
derechos de los reclusos y el control de la impunidad podría tener la dilación
injustificada de un proceso criminal en el que se ha dictado y hecho efectiva
una orden de detención.”
[495] Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2000 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[496] Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2000 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Dijo la Corte: “Adicionalmente, es necesario que, en
cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998, se destinen mayores recursos para
garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. Finalmente, dentro del
término señalado, las autoridades involucradas deben realizar los estudios y
proyecciones necesarios para conocer la bondad de la implementación de nuevas
tecnologías que permitan la adecuada administración de justicia en casos en los
cuales resulte imposible – o en exceso riesgoso - el traslado de la persona
privada de la libertad a la sede del juzgado respectivo.”
[497] Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2000 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz), esta decisión fue reiterada, entre otras, en las
sentencias T-1047 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-311 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez).
[498] Corte Constitucional, sentencia T-1212 de 2003 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se decidió que dejar de apelar una
sentencia condenatoria no implica, de por sí, tener una defensa técnica que
desconozca el debido proceso y el derecho de defensa. No obstante, se consideró
que era necesario asegurar los derechos del accionante. Se dijo al respecto:
“[…] la Corte considera que, en este caso particular, el derecho a la  defensa
técnica del sindicado es protegido de una manera más efectiva si la Defensoría
del Pueblo, en concordancia con la manifestado por dicha entidad, designa un
defensor público que (i) estudie si durante el proceso penal referido no le fue
desconocido el derecho al debido proceso, (ii) ejerza su defensa técnica
durante la ejecución de su condena, (iii) interponga los recursos o acciones
judiciales que considere pertinentes, después de analizar el proceso penal en
su conjunto, así como la situación actual del condenado, y (iv), adopte las
demás decisiones que estime adecuadas. Por lo tanto, para estos efectos, la
acción de tutela será concedida.”
[499] Corte Constitucional, sentencia T-753 de 2005 (MP.
Jaime Araújo Rentería).
[500] En la sentencia T-753 de 2005 (MP. Jaime Araújo
Rentería) se consideró al respecto que “[…] en una sociedad democrática, la
lentitud de la administración de justicia coloca al ciudadano en un estado de
indefensión que amenaza el ejercicio de sus derechos y por ende, aquellas
acciones que extralimiten periodos de ejercicio procesal contradicen los
propósitos del Estado de derecho.”
[501] Desde 2004 la versión original del artículo 51 de la
Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) fue modificado por el
Decreto 2636 de 2004 del Presidente de la República, expedido en ejercicio de
las competencias conferidas por el Acto Legislativo N° 03 de 2002.
[502] Artículo 51, Ley 65 de 1993, parágrafo.
[503] El 15 de mayo de 2013 se presentó ponencia para
segundo debate en la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 256 de
2013 orientado a reformar el Código Penitenciario y Carcelario (Gaceta del
Congreso, N° 298 de 2013).  [Nota: el Proyecto de ley fue aprobado como la Ley
1709 de 2014 que reformó, entre otras disposiciones del Código, el artículo
51].
[504] En la sentencia T-034 de 1994 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) la Corte Constitucional decidió que “[…] al resolver el
Tribunal que contra su [sentencia de tutela] ‘no procede recurso alguno’,
bloqueó el paso del peticionario a la impugnación y, por tanto, desconoció
francamente uno de sus derechos constitucionales, tan importante como la acción
de tutela en sí misma.” El juez de tutela de primera instancia había negado la
impugnación de una personas sindicada por la Fiscalía, al considerar que la
acción no había sido negada de fondo, sino rechazada de plano [in limine],
por considerarla claramente improcedente. La impugnación da derecho a los
accionantes a que se debata en segunda instancia, ante un segundo juez, el
fondo de la solicitud, pero también su procedencia.
[505] Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en este caso se dice al respecto: “(…) si la
exigibilidad de la prestación protegida por la dimensión positiva del derecho
fundamental depende del paso del tiempo, no es aceptable que en el año 2002,
por ejemplo, una entidad del Estado dé la misma respuesta que daba en 1992
cuando se le exigía el cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su
obligación hacer cumplir. A medida que pasan los años, si las autoridades
encargadas no han tomado medidas efectivas que aseguren avances en la
realización de las prestaciones protegidas por los derechos constitucionales,
gradualmente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el
paso del tiempo.” Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-739 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño) –en este caso se precisó
el alcance del principio de progresividad, a propósito de la conti­nui­dad en
las condiciones de acceso al servicio de salud–, y la sentencia T-884 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto) –este caso precisó los alcances del
principio al acceso a la educación para personas con discapacidad–.
[506] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en
las sentencias T-249 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez) y T-542 de 2009
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[507] En la sentencia T-427 de 1992 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz) consideró al respecto lo siguiente: “Los derechos prestacionales de
rango constitucional tienen una estre­cha relación con los derechos sociales,
económicos y culturales del capítulo 2, título II de la Constitución, pero no
se identifican con ellos. También los derechos de libertad —derechos civiles y
políticos fundamentales— pueden contener un elemento prestacional. En términos
generales, el carácter prestacional de un derecho está dado por su capacidad
para exigir de los poderes públicos y, en ocasiones de los particulares, una
actividad de hacer o dar derivada del mismo texto constitucional.” Esta
decisión ha sido reiterada, entre otras ocasiones, en la sentencias T-595 de
2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-792 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-133 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-884 de 2006
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[508] La clasificación de los derechos fundamentales
constitucionales que los agrupa por generaciones debe tener una relevancia
académica, más no jurídica o conceptual; para la Corte, “[l]a creencia de
que los derechos de libertad no suponen gasto y que en cambio los derechos
sociales, económicos y culturales sí, ha llevado a salvaguardar decidi­damente
la protección inmediata de los primeros, mientras que la de los segundos no”
Corte Constitucional, sentencia T-595 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se tuteló el derecho a la
libertad de locomoción de un discapacitado, en una de sus facetas
prestacionales. Esta decisión, en especial lo referente al carácter
prestacional de algunas facetas de todos los derechos fundamentales (de
libertad o sociales), ha sido reiterada en varias ocasiones, entre ellas, por
ejemplo, en las sentencias T-276 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-520 de
2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-792 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-133 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-908 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-143 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa),
T-442 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); así como en el Auto 095 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[509] En la sentencia T-595 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), la Corte estudió la acción de tutela de un ciudadano que consideraba
que una de las entidades que opera el sistema de transporte público de Bogotá,
–Transmilenio S.A.–, violaba su derecho a la libertad de locomoción y
desconocía la especial protección que la Constitución le brinda, al no haber
garantizado la accesibilidad a las rutas periféricas [rutas alimentadoras] del
Sistema a las personas con discapacidad –en concreto, personas en silla de
ruedas–. La Corte resolvió el caso a favor del accionante. La Corte consideró
que el derecho de los discapacitados para acceder al sistema de transporte
público en condiciones de igualdad supone una faceta prestacional de la
libertad de locomoción de carácter progresivo, por cuanto requiere “tiempo para
diseñar y planificar, así como la necesidad de apropiar y destinar recursos
para adecuar las condiciones existentes”. Por eso, el cumplimiento pleno e
integral de esta faceta del derecho no puede ser exigido de forma instantánea.
De acuerdo con la Corte, en este campo, como en otros, “[e]s preciso que
gradualmente se vayan implementado las diversas políticas que aseguren a los
discapacitados su inclusión a la sociedad.”
[510] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta posición acerca del error categorial que
supone calificar un derecho completamente como prestacional y no a algunas de
sus facetas, ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-235 de 2011
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva), C-372 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-175 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), T-594 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[511] Resolución 13437 de 1991, Ministerio de la Salud (hoy
de la Protección Social).
[512] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[513] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa); en este caso se resolvió ordenar, entre otras
cosas las siguientes medidas: “Mientras el plan específico que se adopte pueda
ser implementado, se ordenará a la Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar el acceso a un mínimo de agua potable a
las personas del sector. Empleando el medio que considere adecuado para el
efecto y realizando las alianzas y compromisos que sean del caso, la Alcaldía
de Arbeláez deberá concertar una media paliativa mientras se asegura el goce
efectivo del derecho mediante el plan adoptado para el efecto. Como se indicó,
es entendible que las acciones a tomar se demoren un tiempo en llevarse a cabo,
en tanto se trata de órdenes complejas, por ello, mientras son efectivamente
implementadas, es preciso que se adopten medidas paliativas transitorias para
que los derechos constitucionales afectados no se vean completamente
desprotegidos mientras tanto. Estas medidas sólo podrán suspenderse en el
momento en que el servicio de agua se regularice y sea prestado
adecuadamente.”.
[514] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008.
[515] Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); reiterada, entre otras, en las sentencias T-025
de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-351 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[516] Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[517] Por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias T-153
de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)  y T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa); en ambos casos se ordenó diseñar planes y programas orientados a
garantizar el goce efectivo de los derechos cuya protección se reclamó.
[518] Corte Constitucional, sentencia T-113 de 2009 (MP
Clara Elena Reales Gutiérrez); en este caso se dijo al respecto: “La política
pública que ha formulado el Ejército Nacional en sus documentos oficiales es
sensible a los derechos de los pueblos indígenas y es respetuosa de la
Constitución Política vigente y del orden pluriétnico y multicultural que ella
contempla. Pero una política pública no es el conjunto de promesas y de
directrices que una autoridad pública formula en un texto. Una política pública
la constituye el conjunto de acciones y omisiones de una autoridad sobre una
cuestión. En tal sentido, la política del Ejército Nacional en materia de
reclutamiento de poblaciones indígenas no la constituye un texto o un
documento, sin importar cuál sea este, sino lo que en la realidad hace y deja
de hacer la institución castrense a través de sus distintos miembros, en
materia de reclutamiento de jóvenes indígenas. De hecho, la política pública
formulada en los textos oficiales del Ministerio de Defensa aportados al
proceso y que actualmente se está comenzando a implementar, busca cambiar y
reorientar la política pública que al respecto venía implementando la
administración pública. Se trata pues, de una dimensión prestacional de un
derecho fundamental de libertad. […]”
[519] Esta es una de las nociones clásicas de política
pública; ver al respecto: Dunn,
William (1994): Public policy Analysis: An Introduction, New Jersey,
Prentice Hall, 1994.
[520] Por ejemplo, el seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 que protegió los derechos de la población en situación
de desplazamiento se ha ocupado en verificar el goce efectivo de derechos de la
población en situación de desplazamiento, demostrando que están dadas las
condiciones para (i) mantener el resultado y  (ii) avanzar sosteniblemente en
lograr que todos los desplazados gocen de sus derechos constitucionales. Al
respecto ver, por ejemplo, el Auto 008 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
en el cual se resolvió, entre otras cosas: “constatar que persiste el
estado de cosas inconstitucional, a pesar de los avances logrados, [y] constatar
que a pesar de los logros alcanzados en algunos derechos, aún no se ha logrado
un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de
la población víctima de desplazamiento forzado. La carga de demostrar que las
condiciones que dieron lugar a la declaratoria del estado de cosas
inconstitucional han sido superadas, recae sobre el gobierno nacional.”
[521] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[522] ONU. Informe de Desarrollo Humano 2006 – Más allá
de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al respecto se añade lo siguiente: “Los
planes nacionales pueden variar, pero hay cuatro ingredientes básicos para el
éxito: • Establecer objetivos e indicadores claros para medir el progreso a
través de una política nacio­nal del agua. • Garantizar que las políticas en el
sector del agua estén respaldadas por sólidas disposiciones de fi­nanciación en
los presupuestos anuales y por un marco de gastos a mediano plazo.   • Elaborar
estrategias claras para superar las des­igualdades estructurales basadas en la
riqueza, la localización y otros factores de desventaja.   • Crear sistemas de
gobernabilidad que exijan a los gobiernos y a los suministradores de agua que
rindan cuentas en cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos por las
políticas nacionales.” Pág. 96.
[523] Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[524] Constitución Política, artículo 334, inciso cuarto:
“El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una
vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones
judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal,
cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes
sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el
plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar
o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias
de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de
los derechos fundamentales.”
[525] Corte Constitucional, sentencia C-288 de 2012 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva, AV. Mauricio González Cuervo y Nilson Pinilla
Pinilla, SV Humberto Antonio Sierra Porto). Para la Corte Constitucional, el
incidente de impacto fiscal introducido por el constituyente, no sustituye el
“[…] principio de separación de poderes y la independencia y autonomía judicial.
Esto debido a que ese procedimiento (i) es una instancia de
interlocución entre los poderes públicos, que se explica en el principio de
colaboración armónica; (ii) no usurpa la función judicial, pues se
limita al debate en sede judicial de los efectos de las sentencias que
profieren las altas cortes, y no de las decisiones que protegen derechos, las
cuales están cobijadas por los efectos de la cosa juzgada y son, por ende,
inmodificables; y (iii) implica que las altas cortes conservan la
competencia para decidir, en condiciones de independencia y autonomía, si
procede la modificación, modulación o diferimiento de tales efectos, o si estos
deben mantenerse incólumes en su formulación original.” Sobre la
importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales en un estado social y
democrático de derecho, ver entre otras las sentencias T-554 de 1992 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y la sentencia T-714 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar
Gil).
[526] Así lo decidió la Corte Constitucional, entre otras
cuestiones, en la sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; SPV
Mauricio González Cuervo).
[527] Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en
las sentencias T-291 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), T-553 de 2011
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-312 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-497 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, SPV Luis Ernesto
Vargas Silva).
[528] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[529] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP
Manuel  José Cepeda Espinosa). Al respecto, entre otras providencias, ver la
sentencia T-156 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil) y el Auto 385 de 2010 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[530] Corte Constitucional, sentencia T-770 de 2004 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-826 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes); en este caso
se decidió, entre otras cosas: “[…] las personas con limitaciones psíquicas
conocidas como Síndrome Autista y Síndrome de Down son titulares del derecho
fundamental a la educación, sin tener en cuenta ningún límite temporal relacionado
con la edad. Como se explicó, así se desprende de los términos normativos en
que está consagrada su protección constitucional, de su condición de sujetos de
especial protección, de la relación funcional que existe entre el derecho a la
educación y los contenidos mínimos garantizados por el principio de la dignidad
humana, y por último, porque la edad mental de estas personas es asimilable a
la de los menores de edad, lo que sumado a su especial estado de
vulnerabilidad, los hace sujetos titulares de dicho derecho fundamental.” Ver
al respecto también la sentencia T-829 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett)
y la sentencia T-294 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez).
[531] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[532] Corte Constitucional, sentencia T-113 de 2009 (MP
Clara Elena Reales Gutiérrez).
[533] Corte Constitucional, sentencias T-143 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa) y T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa;
AV Mauricio González Cuervo).
[534] Corte Constitucional, sentencia T-386 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa).
[535] Corte Constitucional, sentencias T-291 de 2009 (MP
Clara Elena Reales Gutiérrez), T-411 de 2009 (María Victoria Calle Correa).
[536] Corte Constitucional, sentencia T-974 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo). En este caso la Corte resolvió ordenar que se
adoptaran las medidas para llevar adelante una obra, ordenando a las
administraciones territoriales ‘sucesivas’ incluirlas en los planes que se
adopten, se ordenó suspender temporalmente un trámite administrativo y se
ordenó crear un grupo de trabajo.
[537] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso, en sus consideraciones, se analizó
en qué condiciones puede un juez de tutela modificar, con posterioridad al
momento en que se dictó una sentencia, una orden compleja, con el fin de
asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
[538] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[539] Corte Constitucional, Sentencia T-974 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo); en este caso se resolvió entre otras, tutelar los
derechos a la vida y la salud de una comunidad que se veía afectada ante las
constantes inundaciones producidas por el desborde del río La Vieja. Los
tutelantes alegaban que la no construcción de un colector interceptor de
alcantarillado que evita la salida directa de las descargas al Río y la falta
de mantenimiento de unos diques de protección en el mismo, eran la causa de las
inundaciones que pongan en peligro los mencionados derechos constitucionales.
La Corte Constitucional decidió conceder la acción de tutela, considerando que
(i) desde hacía más de 3 décadas –desde mediados de los años 70 del siglo
pasado– la Administración conocía el problema y había decidido tratarlo;  (ii)
que las normas, tanto constitucionales y legales como reglamentarias,
territoriales y convencionales imponían el deber de tomar medidas; y (iii) que
los derechos de los accionantes estaban en riesgo.
[540] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa).
[541] Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); en este caso se consideró entre otras cosas:
“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional […] esta Sala considera que no
le era dado a los jueces de instancia acordar cuáles eran específicamente las
medidas adecuadas que debía tomar la Administración en el presente caso, con el
fin de garantizar a los accionantes el derecho a la vida, integridad personal y
a la vivienda digna al estar expuestos a un riesgo real y probable por la
inestabilidad de los terrenos donde están ubicadas sus viviendas en el tramo
del río Otún que se encuentra comprometido por el colapso del muro de protección
hídrica y de las obras de alcantarillado en el sitio tantas veces mencionado.
En consecuencia tal decisión deberá ser modificada para ajustarla a lo que ha
dicho la jurisprudencia de esta Corporación.”
[542] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[543] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[544] Sobre las dificultades que suponen las políticas
públicas en contexto de alta incertidumbre ver, entre otros, Manski, Charles F. (2013) Public
Policy in an Uncertain World. Analysis and decisions. Harvard University
Press. USA, 2013.
[545] Ha dicho la Corte al respecto: “[…] se pueden
distinguir dos partes constitutivas del fallo:  la decisión de amparo, es
decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la
acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce
efectivo del derecho amparado. El principio de la cosa juzgada se aplica en
términos absolutos a la primera parte del fallo, es decir, a lo decidido. Por
lo tanto, la decisión del juez de amparar un derecho es inmutable y obliga al
propio juez que la adoptó. […]”Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003
(MP Manuel José Cepeda Espinosa) La Corte añadió al respecto, que en la medida
que la orden es consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de
asegurar el goce efectivo del derecho en el contexto fáctico particular de cada
caso, los efectos de la cosa juzgada respecto de la orden específica tienen
unas características especiales en materia de acción de tutela.
[546] El Decreto 2591 de 1991 es uno de los estatutos
fundacionales de la Constitución Política de 1991, aprobado mediante el
excepcional procedimiento transitorio que para el efecto destinó la Asamblea
Nacional Constituyente.
[547] Dice el Decreto 2591 de 1991: “Artículo 27.– Cumplimiento
del fallo.  Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable
del agravio deberá cumplirlo sin demora.  ||  Si no lo hiciere dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a
lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable
y al superior hasta que cumplan su sentencia.  ||   (…)  ||  En todo caso, el
juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza.” (acento fuera del texto)
[548] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta decisión ha sido reiterada, entre otras, en
la sentencia T-1113 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), el Auto 064 de 2010 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), Auto 378 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
Auto 025 de 2011 y 062 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla), Auto 134 de 2013
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[549] Las sentencias y autos que han sido citadas en los
apartes inmediatamente anteriores de las consideraciones presentan diversos
ejemplos de órdenes de este tipo; ver un inventario de órdenes en materia de
políticas públicas de las cuales depende el acceso al agua potable en: Corte
Constitucional sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa).
[550] Estos niveles de cumplimiento de órdenes complejas
encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de las personas en
situación de desplazamiento, fueron tratados por la Corte Constitucional en el
Auto 185 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en cuanto a la protección de
las personas que requieren con necesidad servicios de salud, ver el Auto 226 de
2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[551] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio); en esta ocasión se dijo al respecto: “En este Auto la Corte
clasificará los parámetros de cumplimiento para la orden diecisiete basada en
la categorización de estructura, proceso y resultado, propuesta –entre
otros—por las Naciones Unidas, CIDH, Hunt, y Backman, Hunt, Khosla et ál.
[Véase, respectivamente: Secretario General de las Naciones Unidas, Indicators
for Monitoring the Millennium Development Goals. UN Docs E/CN.3/2011/13
(2010). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,   “Uso de indicadores
para exigir responsabilidad en materia de derechos humanos” en Informe Sobre
Desarrollo Humano 2000 (PNUD, Nueva York: 2000); Lineamientos
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos
económicos, sociales y Culturales. Doc. 14. 19 de julio de 2008; Paul Hunt,
“Informe Provisional del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a
la salud”, presentado de conformidad con la 2003745 del Consejo Económico y
Social, 10 de octubre de 2003, A7587427, p. 6.; Health systems and the Right to
Health: An Assesment of 194 Countries, s.l., Lancet, 2008, p. 2054]”
[552] Véase: Secretario General de las Naciones Unidas, Indicators
for Monitoring the Millennium Development Goals. UN Docs E/CN.3/2011/13
(2010). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,   “Uso de indicadores
para exigir responsabilidad en materia de derechos humanos” en Informe Sobre
Desarrollo Humano 2000 (PNUD, Nueva York: 2000). Sobre este
fenómeno: Sally Engle Merry, “Measuring the World Indicators, Human Rights, and
Global Governance”  52 Current Anthropology, Supplement 3 (2011)  S83;
Kevin Davis y Michael B. Kruse, “Taking the Measure of Law: The Case of the
Doing Business Project.” 32 Law & Social Inquiry (2007)1095. El
mismo fenómeno ha sido analizado en Europa por Armin von Bogdandy y Matthias
Goldmann, ‘The Exercise of International Public Authority through National
Policy Assessment. The OECD’s PISA Policy as a Paradigm for a New International
Standard Instrument’, 5 International Organizations Law Review (2008)
241.
[553]Luis Eduardo Pérez, “¿Es posible medir los
derechos? De la medición del acceso a bienes y servicios a la medición del
disfrute de los derechos” En: “Derechos sociales: justicia, política y
economía en América Latina”- Bogotá, Grupo IDEAS, Facultad de Derecho, Universidad
de los Andes, 2010.
[554]Véase, Luis Eduardo Pérez, ibid.
[555]Véase, Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Bogotá,
Grupo IDEAS, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes,  2001
[556] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[557] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio); la Corte resaltó al respecto, entre otros aspectos, que “[…]
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y la División
Estadística de las Naciones Unidas] señaló que los indicadores y parámetros son
parte indispensable de las decisiones sobre política pública, ya que permiten
el monitoreo de los procesos, la evaluación de las políticas y la comparación
entre los países a partir del recaudo de evidencia empírica. [UN Expert Group
Meeting Report, 8-10 October 2007, p. 4.]”
[558] Una de las órdenes que resolvió impartir la Corte
Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 a las autoridades encargadas de
regular y administrar el Sistema de Seguridad Social en Salud (orden 17), fue
‘actualizar los planes de servicios’ incluidos, de forma clara [varias acciones
de tutela se habían originado en la falta de claridad de los planes en indicar
qué estaba incluido y qué no] y con un mecanismo de decisión de inclusiones y
exclusiones transparente, técnico y con participación, como mínimas condiciones
de razonabilidad. Los parámetros e indicadores para evaluar el cumplimiento de
esta orden compleja fueron desarrollados a los largo del proceso de seguimiento
al cumplimiento de la orden, con la participación de la Comisión de Regulación
en Salud, el entonces Ministerio de la Protección Social [hoy Ministerio de
Salud], la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud, la
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la
Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, Grupos de
Investigación Especializados, así como entidades y personas que venían
participando dentro de los Grupos de Seguimiento respecto de las diferentes
disposiciones generales impartidas en la sentencia T-760 de 2008 [a saber: La
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI; la Asociación
Colombiana de Medicina –ASCOFAME–; la Universidad de Los Andes; la Universidad
de La Sabana; la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y de
Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social –CSR–; el Proyecto
Así Vamos en Salud; el Centro de Investigación para el Desarrollo –CID– de la
Universidad Nacional; el experto Luis Jorge Garay Salamanca; la organización
DeJusticia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS].
[559] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio); en este caso se hace referencia al derecho a acceder a los
servicios de salud que se requieran con necesidad; en especial, a el derecho a
que se superaran las barreras y los obstáculos que supone para el Sistema que
los planes de servicios sean indeterminados, confusos, obsoletos y sin
mecanismos de revisión y actualización.
[560] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°28].
[561] Por ejemplo, si el problema es que determinada
autoridad del Estado tenía un deber de interferir en una organización privada,
y eso se considera un problema que afecta el goce efectivo de un derecho
fundamental, se requerirá un cambio normativo que le permita a dicha autoridad
abstenerse  de tener que realizar aquel tipo de intervención.
[562] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[563] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°30]. Se dice al respecto: “Si
existen o se han adoptado medidas, normas jurídicas, estrategias, planes,
programas o políticas, o se han creado agencias públicas, destinadas a
implementar esos derechos. Si bien los indicadores estructurales indagan
simplemente sobre la existencia o inexistencia de las medidas, podrían en
ocasiones incluir información relevante para entender también algunas de sus
características principales, por ejemplo si las normas son o no operativas, o cual
es la jerarquía de una agencia o institución pública o su competencia
funcional.”
[564] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[565] Cfr. OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°31].
[566] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°31].
[567] Corte Constitucional, Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[568] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°32].
[569] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio, 2008. [N°33].
[570] Para ver un caso concreto respecto a cómo determinar
los niveles de cumplimiento de una orden compleja remitirse, entre otras
providencias, al Auto 226 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio);
específicamente respecto a la orden de revisar y actualizar los planes de
servicios del sistema de salud.
[571] No puede ser que las personas privadas de la
libertad, además de tener que enfrentar la típica maldición gitana, se tengan
que ver ahora, con su nueva versión para el siglo que comienza. La maldición
gitana dice: ‘te veré entre abogados’, a lo que se daría una nueva
versión que sufrirían las personas privadas de la libertad; ‘te veré entre
diseñadores de políticas públicas carcelarias’ (Ver, Maldiciones gitanas
y otras jugadas, Manuel Hernández; mimeo).
[572] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
123.
[573] Ver, entre otras, las consideraciones del capítulo 5
de las consideraciones.
[574] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. p.278  Universidad
del Rosario. Bogotá, 2011. En el texto se hace un recuento de los hitos de
desarrollo del Sistema: Ley Sobre Organización y Régimen Político y Económico
de los Departamentos y Provincias de la República, 1825; Decreto del 14 de
marzo de 1828 de Simón Bolívar; Leyes 30 de 1835 y 1836 de Francisco de Paula
Santander; Decreto de los presidios urbanos de 1837 de José Ignacio de Márquez
Barreto; Ley 35 de 1914 que crea la Dirección General de Prisiones; Decreto
1992 de 1915 que fija el Reglamento de régimen interno de las cárceles
nacionales de la República; Decreto 1405 de 1934, Código del Régimen
Penitenciario; Decreto 1817 de 1964, que reforma y adiciona el anterior
Decreto, entre otras cosas; Ley 65 de 1993. Al respecto se indica: “La creación
y desarrollo de la pena privativa de la libertad vista desde los antecedentes
abordados a lo largo de este capítulo, pone de manifiesto una serie de situaciones
que parecieran no cambiar, a pesar de las diferencias existentes en los
periodos históricos analizados. La preocupación por las condiciones de higiene,
los diseños de las cárceles o centros de reclusión sin previsión futura, las
condiciones de hacinamiento que propician prácticas que van en contra del
respeto por los derechos humanos, son apenas algunas que se observan como
transversales en el recorrido histórico realizado, y se mantienen en mayor o
menor medida en la actualidad. Basta con generar una búsqueda de noticias en
internet relacionadas con estos temas, para que aparezcan miles de resultados.
De esta manera, los avances que se logran quedan opacados por la avalancha de
informaciones en torno a lo referido.” p. 35.
[575] El asesinato del líder Jorge Eliecer Gaitán y
[576] Por ejemplo, Tomás Cipriano de Mosquera, le encomendó
la construcción del Capitolio Nacional.
[577] En la guerra de los mil días, la policía puso
informantes en los patios del Panóptico, donde estaban los presos políticos.
Régulo Ramírez, por ejemplo, fue condenado por delitos comunes y salía de la
cárcel en comisión de espionaje contra los amigos de la rebelión liberal. Al
respecto ver, por ejemplo, Aguilera
Peña, Mario (2006) Canje o fusilamiento: los presos políticos en las guerras
del Siglo XIX en Revista Análisis Político, N° 58. IEPRI, Universidad
Nacional. Bogotá, 2006.
[578] Ver por ejemplo, Aguilera
Peña, Mario (2006) Canje o fusilamiento: los presos políticos en las guerras
del Siglo XIX en Revista Análisis Político, N° 58. IEPRI, Universidad
Nacional. Bogotá, 2006.
[579] Con ocasión a estas críticas el Gobierno contrató en
1926 a Rafaéle Della Vecchia, de la cárcel de Padua, para estudiar el Sistema
colombiano y proponer reformas.
[580] Ley 20 de 1933, por la cual se dan autorizaciones al
poder ejecutivo para reorganizar el Ministerio de Gobierno y se establece la
Comisión Nacional para la Reforma Penal
[581] Ver por ejemplo el Decreto 1716 de 1960, que modificó
la estructura y organización del Sistema; la Ley 27 de 1963, que dio lugar a un
nuevo Estatuto Penitenciario (Decreto 1817 de 1964). Mediante el Decreto 3172
de 1968, expedido en desarrollo de la Ley 65 de 1997, se organizó el Ministerio
de Justicia, incluyendo varias normas orientadas a estimular una política de
resocialización y reintegración de las personas privadas de la libertad.
[582] El Código Penitenciario (Ley 65 de 1993) se funda en
la protección de la legalidad y la defensa en principio de la libertad (art.
2), en la igualdad y la prohibición de todo tipo de discriminación (art. 3), en
el respeto a la dignidad humana (art. 5) y la resocialización (art. 10), por
mencionar algunos de sus principales pilares.
[583] Por ejemplo, Melossi y Pavarini, a final de los años
setenta del siglo XX, sostenían que “[…] el sistema carcelario oscila más y más
entre la perspectiva de la transformación en organismo productivo propiamente
dicho, siguiendo el modelo de la fábrica […] o la de caracterizarlo como un
mero instrumento de terror, inútil para cualquier intento de readaptación
social. Así, durante todo el siglo XX, y de acuerdo con las distintas
situaciones políticas y económicas, las perspectivas de reforma camina en
zigzag, con una progresiva disminución (para cada reo y en la población) de
penas carcelarias, por un lado y del aumento de represión para ciertas
categorías de reos o de delitos (sobre todo en los momentos de crisis política)
por el otro. Los períodos en que se tienden a vaciar las cárceles y a
introducir regímenes benignos y de readaptación social, se sobreponen, cada vez
en forma más compulsiva, a los periodos en que el aplicar frenos y el régimen
duro se vuelven otra vez ‘necesarios’ […]” Melossi,
Dario & Pavarini, Massimo
(1977) Cárcel y Fábrica. (p. 24).
[584] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011.
[585] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011. Dice al
respecto: “Los datos muestran sin lugar a dudas que el problema del crecimiento
de la población reclusa es de carácter mundial y éste crecimiento plantea retos
permanentes en materia de política pública para todos los países, pero también,
los datos muestran que la capacidad de Colombia para atender el reto en esta
materia no es tan precaria como se cree desde una visión exclusivamente
nacional.  ||  Colombia hace parte de los países del continente y del mundo
cuya población reclusa ha venido creciendo año a año. Así mismo, si bien el
país no ostenta los niveles más altos de población reclusa como tasa por
100.000 habitantes, se ubica en general por debajo del promedio mundial,
americano y suramericano.  ||  Así mismo, cuenta con índices de hacinamiento
menores que el promedio de América, aunque la rata de crecimiento de su
población reclusa es preocupante. ”
[586] La intervención del INPEC afirmó al respecto: “Es
pertinente indicar que la falta de espacios para el desarrollo de actividades
deportivas por parte de los internos, así como también las posibles
incomodidades a las que se encuentren sometidos los funcionarios uniformados,
se espera sean temporales, pues como ya se señaló, el Gobierno Nacional y el
Instituto Nacional Penitenciario, con la creación de los nuevos complejos
penitenciarios que se espera estén construidos para el año 2014, pretende dignificar
el sistema penitenciario, no sólo para el personal recluso, sino también a los
funcionarios quienes prestan sus servicio en dichos establecimientos.”  [Ver el
apartado (6) del Segundo Anexo de la presente sentencia.].
[587] Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 de marzo
de 2012 (Expediente T-3645480). Dijo al respecto: “Apreciados los elementos
aportados y el análisis general realizado en esta decisión, se puede establecer
que la medida de traslado no resulta idónea en tanto los traslados solamente
entrarían a engrosar el margen de hacinamiento presente en otras cárceles del
país; adicionalmente, los sujetos que actuaron por intermedio de la Defensoría
del Pueblo, requieren protecciones específicas y no únicamente medidas en las
cuales resultan despersonalizados, pues con la medida tutelar del [juez de
instancia] únicamente los internos que quedan en el Penal se beneficiarían
directamente, no obstante […]”
[588] Ver al respecto el capítulo 5 de las consideraciones
de la presente sentencia y el anexo correspondiente, en especial: los reportes
de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación; las
conclusiones de la Comisión Asesora de Política Criminal y Ariza, Libardo José (2011) Reformando
el infierno: los tribunales y la transformación del campo penitenciario en
América Latina, en Los muros de la infamia, prisiones en Colombia y
América Latina. Ariza & Iturralde. Universidad de Los Andes. Bogotá,
2011.
[589] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. p. 279.
[590] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema penitenciario
y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del Rosario. Bogotá,
2011. p. 280.
[591] La Comisión adoptó un concepto amplio de criminalidad
con sustento en la definición de política criminal acogida y bajo el concepto
de que en ella se incluyen las “conductas que atenten contra los derechos de
los ciudadanos y aquellos bienes jurídicos que articulen la defensa de los
mismos”.
[592] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. (N°
127).
[593] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. (N°
128).
[594] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. (N°
129).
[595][595]
Dice al respecto la Comisión: “La
regulación del sistema penal en general, y de las penas en particular, necesita
un cambio de perspectiva, de la represión a la prevención. Fundamentar el
sistema penal en criterios represivos lleva, por regla general, a que la
sociedad eleve cada vez más sus demandas punitivas y a que el poder legislativo
incremente exorbitantemente los niveles de las penas, en particular de las
privativas de la libertad, en una espiral expansionista.  ||  Este modelo ha
sido tradicionalmente impulsado en Colombia, de forma que en la actualidad se
ha expandido el derecho penal para elevar a la categoría de delitos conductas
de escaso daño social y para aumentar las penas más allá de cualquier
fundamentación teórica. Para contrarrestar esta situación, se vuelve imperativo
cambiar de perspectiva tanto jurídica como social, abandonando la
idea de que la justicia
solamente se logra mediante la represión, y poniendo como fundamento del
sistema la prevención del delito, por medio de políticas públicas eficaces e
incluyentes que conserven para el derecho penal su carácter subsidiario y de ultima
ratio.” Comisión Asesora de Política
Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de
política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. (N°).
[596] Corte Constitucional, sentencia T-827 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto); en esta ocasión se consideró al respecto lo
siguiente: “Tal y como fue expuesto en los párrafos anteriores, lo que está en
juego cada vez que se dictan medidas de aseguramiento es la manera como tales
medidas se proyectan sobre uno de los bienes jurídicos más valiosos de todos
los que sustentan y legitiman el Estado de Derecho: la presunción de inocencia.
No existe ni puede existir discrecionalidad al respecto. La autoridad pública,
cualquiera que ella sea, judicial o administrativa, debe respetar el derecho a
la presunción de inocencia. (Subrayas dentro del texto). Cuando en un caso
se dicta medida de aseguramiento, no se está poniendo en duda la inocencia del
sindicado, por cuanto esta se presume. Más bien, lo que se debe procurar es que
se cumpla con las garantías de un juicio justo con fundamento en el cual se le
otorgue al imputado la posibilidad de defenderse. La restricción de la libertad
solo se justifica cuando la acusación se hace por los delitos más graves y
únicamente a partir de cumplirse los requisitos exigidos para el efecto y sobre
la base de decisiones debidamente motivadas y justificadas.”
[597] En la sentencia T-972 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño), por ejemplo, se consideró lo siguiente: “[…] la negativa de un
beneficio administrativo por la autoridad penitenciaria, que carece de
competencia para ello, y que además funda su decisión en criterios que no son
legales, ni objetivos, ni verificables, vulnera los principios de reserva
judicial de la libertad, y de reserva legal de las condiciones de acceso a los
mencionados beneficios. De contera, se vulnera el derecho a la libertad del
penado, en cuanto se obstruye su acceso a los beneficios que el orden jurídico
le otorga dentro del régimen de tratamiento penitenciario progresivo, no
obstante haber acreditado los requisitos legales para el efecto, tal como lo
reconoció el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y lo admitió la
autoridad penitenciaria demandada.”
[598] Ver por ejemplo, la sentencia T-401 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se decidió, entre otras cosas:
“Supeditar la cesación de una medida de seguridad impuesta a un inimputable
incurable a su completa rehabilitación, sabiendo de antemano que ella es imposible,
equivale a que ésta haga tránsito a pena perpetua, máxime si se acredita que el
convicto no reviste peligrosidad y está en grado de adaptarse adecuadamente a
la sociedad. El principio pro libertate obliga al juez a escoger la
alternativa menos gravosa para el recluso.”
[599] United Nations
Office on Drugs and Crime (2006) Custodial and non-custodial
measures. Alternatives to incarceration. UN. New York, 2006.
[600] Dice al respecto: “En relación con la medida legal de
las sanciones penales, se evidencia que éstas han alcanzado topes que, por sí
mismos, atentan gravemente contra la finalidad resocializadora de la pena,
especialmente de la privativa de la libertad. Por principio, un tratamiento
resocializador podría requerir un tiempo mínimo para ser ejecutado, pero
también un plazo máximo que brinde al detenido expectativas serias de vida en
libertad y estos plazos deben ser determinados a través de una investigación
empírica.” Comisión Asesora de Política
Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de
política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N° 136.
[601] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá,
2012. N° 135.  Al respecto, añade la Comisión: “142. Existe una amplia gama de
penas alternativas que se pueden diseñar e implementar en el sistema jurídico
colombiano.
Dentro de estas penas y
medidas alternativas se encuen­tran: i) reparación a las víctimas del delito
[…]; internamien­to voluntario en establecimientos de terapia sico-social; ii)
trabajo en medio rural; iii) libertad asistida por el juez u otra autoridad o
persona; iv) trabajo a favor de la comu­nidad; v) prisión abierta; vi) pérdida
de la licencia de con­ducción o inhabilitación para el ejercicio de una
profesión, arte oficio, industria o comercio; vii) arresto domiciliario; viii)
reserva del fallo; ix) arresto durante el tiempo libre o en el fin de semana;
x) amonestación o apercibimiento; xi) liberación anticipada con fines laborales
o educativos; xii) permisos o reclusión en centros de transición; xiv) asisten­cia
a cursos de formación, a cursos de manejo del tiempo libre o la rabia o la
intolerancia, o a cualquier curso que se proponga con fines preventivos del
delito.” (N° 142).
[602] Ver al respecto, por ejemplo: Comisión Asesora de Política Criminal. Informe final.
Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado
colombiano. Bogotá, 2012. N° 150 y siguientes. Para la Comisión, el
principal propósito de la intervención social es restaurar la paz social,
remedir el daño causado, arreglar la puesta en peligro de los bienes jurídicos,
evitar la revictimización, bajo un paradigma construido sobre la base de
elementos de la mediación, reconciliación, restitución y compensación.
[603] Observación N° 21, Comité de los Derechos Humanos.
NU, 1992 (Trato humano de las personas privadas de la libertad).
[604] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (p. 66).
[605] Ver al respecto: Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.
[606] En una de las sentencias acumuladas al presente
proceso, una de las sentencias alega que no puede quejarse el estar en la
cárcel en las condiciones en que está, porque fueron los propios actos del
accionante los que lo condujeron a esa situación.
[607] Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Privación
injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho administrativo,
Mayo 2013.
[608] Así lo decidió el Consejo de Estado, Sección Tercera,
en sentencia del 11 de agosto de 2010 (exp. 18886; CP Mauricio Fajardo Gómez).
No obstante, el Consejo de Estado ha reiterado esta posición indicado que sin
perjuicio de la decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual
no debe privilegiarse un único título de imputación a aplicar a eventos que
guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en
función de las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y los
parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco
de su argumentación. Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala
Plena, sentencia de 19 de abril de 2012 (exp. 21515; CP Hernán Andrade Rincón),
reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012 (exp. 23219; CP Hernán
Andrade Rincón).
[609] Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 10 de septiembre de 1993 (CP Julio César Uribe Acosta; Exps. 7947
y 8211). En este caso la persona se encontraba en la cárcel de Bellavista.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 3 de 2007 (CP Ramiro
Saavedra Becerra); Rad. 25000-23-26-000-1997-05080-01 (21511). La persona se encontraba
recluida en la cárcel modelo.
[610] Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera
(CP Ricardo Hoyos Duque; AV María Elena Giraldo Gómez, Ramiro Saavedra Becerra;
SPV Germán Rodríguez Villamizar) Rad. 68001-23-15-000-1994-0301-01 (14950)DM.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de enero de
2013 (CP Stella Conto Díaz del Castillo)  [Rad. 25000-23-26-000-2000-00325-01(26158)].
Dijo el Consejo de Estado: “se conoce que la víctima se encontraba privada de la
libertad, razón por la cual le correspondía al Estado y, en concreto, a la
entidad demandada (INPEC), garantizar su vida e integridad física, pues resulta
claro que, en virtud de la reclusión al señor Contreras Castro se encontraba en
situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta que le impedía tomar
medidas para salvaguardar su vida, siendo la obligación del Estado adoptarlas y
como lo debido no ocurrió, se declarará la responsabilidad de la demandada por
su muerte y se dispondrán las indemnizaciones correspondientes.”.
[611] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2013 (CP Olga Mélida Valle de La Hoz) Rad.
25000-23-26-000-2001-00794-01(26157).  En el caso se dijo: “La apoderada del
INPEC descorrió el traslado para alegar de conclusión, mediante memorial en el
cual expuso como argumento de defensa que estaba demostrado que el interno era
un peligroso delincuente detenido por Homicidio y en el protocolo de necropsia
se afirma que pertenecía a una pandilla y al parecer hubo un enfrentamiento,
por ello el occiso dio positivo para la prueba de absorción atómica, lo que
demuestra que manipuló y accionó un arma de fuego. Además afirma que se sabe
que en las cárceles existen bandas y las muertes se presentan por los
enfrentamientos entre ellos ya que debido al hacinamiento y a las condiciones
de los centros penitenciarios es imposible que se pueda garantizar la seguridad
de cada uno de los reclusos, máxime cuando ellos infringen el reglamento al
poseer armas y otros elementos con los cuales pueden lesionar la integridad de
los otros reclusos y se genera un alto riesgo, que no todas las veces puede ser
controlado por la guardia.” Dijo el Consejo de Estado al respecto: “Al respecto
debe resaltarse que no se conocen las circunstancias que rodearon la muerte de
los reclusos y mucho menos cuáles fueron las causas de ellas, ya que en el
informe rendido por los agentes que estaban de guardia ese día y que fueron
luego ratificados en declaraciones vertidas en el proceso penal, los
funcionarios coincidieron en que unos sujetos encapuchados los amenazaron con
armas de fuego para quitarles las llaves del pabellón, entraron al sitio y
dispararon contra varios reclusos dejando 5 muertos y dos heridos.  ||  Por
otra parte, en el sub lite, el resultado positivo del examen de absorción
atómica o de residuos de pólvora, es la única prueba que indica la
participación de la víctima en los hechos, y se contrapone al resto de los
elementos probatorios obrantes en el plenario, que señalan la existencia de un
ataque con arma de fuego perpetrado por internos contra algunos de sus
compañeros, sin que se hayan logrado establecer su autoría, motivación, o las
circunstancias específicas de las muertes.”
[612] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21
de febrero de 2011 (CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa) Rad.
25000-23-26-000-1999-01645-01(19725). Dijo la sentencia: “La responsabilidad en
el caso concreto. Si bien no se cuenta con testimonio, informe o documento en
el que se establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
produjo la muerte de Real Martínez, la Sala encuentra de la valoración conjunta
del acervo probatorio y lo manifestado por las partes en el proceso, se puede
concluir que está acreditada la imputación jurídica del daño al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), con fundamento en la existencia de la
relación de especial sujeción, según la cual la entidad demandada estaba
llamada a garantizar integralmente la seguridad del interno Jorge Eliseo Real
Martínez, de manera que debe impedir que otros reclusos o terceros
(particulares), así como el personal penitenciario y carcelario (o de otra
naturaleza) amenacen, lesionen o afecten la vida del interno Real Martínez.
||  Para la Sala, es perentorio reafirmar el precedente según el cual la
obligación del Estado derivado de la relación de especial sujeción, no se agota
en la vigilancia y control, sino que se proyecta hacia la necesidad de
preservar la vida e integridad personal de los reclusos, cuya protección no
queda limitada, restringida o suprimida por la condición en la que se
encuentran. Así mismo, dicha obligación se expresa en la obligación del Estado
de devolver a los ciudadanos en condiciones similares a aquellas que presentaba
antes y durante el proceso de reclusión, so pena de tener que responder
patrimonialmente por los perjuicios que haya sufrido el recluso durante el
tiempo de reclusión y/o detención, o internamiento carcelario.”
[613] Consejo de Estado, Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo (CP Myriam Guerrero de Escobar), sentencia de 30 de
julio de 2008 Rad. 20001-23-31-000-1997-03400-01 (15575). Se condenó al INPEC a
indemnizar a los familiares por los hechos ocurridos en la cárcel distrital de
Valledupar. Dijo al respecto la sentencia “Resulta apenas obvio que las
precarias condiciones de seguridad existentes en el penal representaban un
peligro no sólo para los internos que se encontraban allí recluidos, sino
también para todo el personal que laboraba en ese lugar, incluyendo a los
guardianes, por supuesto, sin que pueda predicarse, como lo pretende la
demandada, que la muerte del teniente Tito Edilberto Vargas se debió a la
presencia de una causa extraña, como lo es la culpa exclusiva de la víctima,
bajo el entendido de que el citado teniente falló en la vigilancia del
armerillo, lo cual permitió que los reclusos se apoderaran de las armas y se
tomaran el penal.”
[614] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2012 (CP Stella Conto Díaz del Castillo); Rad.
20001-23-31-000-2000-00567-01(24093).  Dijo la sentencia: “Como ya lo puso de
manifiesto la sentencia absolutoria, la sana crítica bastaba para no dar
crédito a los mal llamados “indicios graves”, alejados de las reglas de la
lógica y de la seriedad que comporta esta clase de pruebas indirectas. A lo que
debe agregarse que se echa de menos un análisis probatorio desprovisto de
estereotipos de género que, de haber existido, no habría conducido a considerar
que la sindicada atentó contra su cónyuge en razón de su propia infidelidad,
dado que esta fue conocida por terceros y para hacerse al control económico de
la sociedad familiar.  ||  Lo anterior porque sólo un análisis discriminatorio,
cargado de prejuicios de género, explica que se haya concebido como indicios
graves del homicidio del cónyuge la infidelidad de la mujer sindicada, falta
que se conoció y el manejo de la sociedad familiar, a cargo de la víctima, pues
de haber fallado el hombre no cabría la misma deducción. Esto en cuanto (i) las
reglas de la experiencia indican que el agraviado suele atentar contra la vida
del infiel y no éste contra el inocente, (ii) culturalmente se considera mayor
el compromiso de la mujer con el matrimonio y así mismo la dificultad para el
rompimiento, lo que conduciría a imaginar-en lógica perversa-que para la mujer,
y no para el hombre, el homicidio es la única salida ante una situación
conyugal adversa, (iii) históricamente la mujer estuvo subordinada al hombre,
especialmente en el campo matrimonial, lo que conllevaría a considerar-sin
fundamento alguno en el sub lite-el homicidio como medio de emancipación,
(iv) es la mujer y no el hombre quien, cuidando las apariencias, deberá parecer
virtuosa y (v) persiste la infundada creencia de que la mujer no es capaz de
forjarse un futuro económico propio.  ||  Se advierte, entonces, que el
material aportado no tenía suficiente aptitud probatoria y que la absolución
proferida no se basó en la necesidad de favorecer a la sindicada, en razón de
la duda sobre su responsabilidad.  ||  Siendo así y dado que en el proceso
penal no se demostró que la demandante cometió el homicidio del señor Álvaro
Antonio Ochoa, la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación deberá
responder por los perjuicios ocasionados en cuanto privó, injustamente, a la
accionante de su libertad.”
[615] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
143.
[616] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. p. 198.
[617] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. p.279.
[618] Al respecto ver el capítulo 5 de las consideraciones
de la presente sentencia.
[619] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP. Dijo al respecto el
documento: “La necesidad de buscar soluciones al hacinamiento por la vía
normativa (modificaciones normativas para despenalizar delitos, reducciones de
penas, creación de subrogados penales, justicia terapéutica, detención o
prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, flexibilidad en la sanción
intramural, etc.).”
[620] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. Dice el estudio al respecto: “[…] se puede concluir que
la eficiencia fiscal del sistema penitenciario y carcelario colombiano depende
en gran medida de la suficiencia de presupuesto, ya que este indicador tiene
una participación importante en el indicador de desempeño fiscal. Además, la
eficiencia durante el período analizado es calificada entre baja y aceptable,
lo cual sugiere que el presupuesto asignado al SPCC no ha sido manejado de la
manera más eficiente posible y su desempeño resulta altamente cuestionado.”
p.261.
[621] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. Dice al respecto: “[…] los ingresos del SPCC han
aumentado a través de los años, aunque no de manera constante, puesto que
depende de la distribución de los recursos del Estado de acuerdo con las
políticas públicas que estén establecidas y las necesidades que se presentan.
De igual forma, se concluye que la población carcelaria en Colombia en promedio
percibe menos ingresos per cápita que la población que no está privada
de su libertad.” p.265.
[622] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. Dice al respecto: “[…] los egresos del sistema varían de
acuerdo con las necesidades y políticas que se llevan a cabo, además de la
asignación que el Estado imponga a cada sector. Sin embargo, los gastos de
funcionamiento tienden a mantener la misma participación en sus componentes, lo
cual difiere de los gastos de inversión que año tras año cambian a pesar de que
la infraestructura es el gasto con mayor proporción.” p. 268.
[623] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011. Se dijo al respecto: “[…] a pesar de que en algunos años
como 2000-2001 se redujo, pero la constante es un permanente déficit que en el
2010 se estima tenga un aumento cercano al 41% con respecto al año anterior.
||  Con estos resultados se puede concluir que el SPCC gasta más de los que
recibe y, por tanto, hay un desequilibrio que no ayuda a que su desempeño
fiscal sea eficiente. Por esta misma razón, el ahorro no es posible, con lo que
se tiene que analizar si el problema radica en que los ingresos obtenidos por
parte del Estado no cubren las necesidades del Sistema o que los gastos no se
manejan apropiadamente, o ambas cosas.  ||  El sistema se está endeudando cada
vez más, […]”.
[624] Dice al respecto el Instituto Rosarista de Acción
Social, SERES: “Hay diferentes motivos que hace que el sistema penitenciario y
carcelario en Colombia sea ineficiente, en mayor proporción por los malos
manejos de los recursos que dependen de las decisiones de los gobernantes de turno,
además de una corrupción que se ha hecho pública y notoria, al punto que impide
la correcta implementación de programas exitosos en torno a la resocialización
de los internos, realidad que ellos mismos perciben.”
[625] Sobre la sujetos de especial protección
constitucional y sus derechos en el contexto penitenciario y carcelario, a la
luz de la Carta Internacional de Derechos Humanos, ver entre otras, el Manual
de Naciones Unidas sobre prisioneros con necesidades especiales [UN (2009) Handbook
on Prisioners with special needs].
[626] Corte Constitucional, sentencia T-598 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); en el caso se decidió, entre otras cosas: “confirmar
la Sentencia [de instancia…], en el sentido de no conceder la detención
domiciliaria a la detenida”, y “poner de presente a las autoridades de la cárcel
del Buen Pastor de la ciudad de Cali que, en acatamiento del artículo 153 del
Código Penitenciario (ley 63 de 1993), deben mantener en condiciones adecuadas
una guardería para los hijos menores de tres años de las reclusas.”
[627] Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa; AV Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Eduardo Montealegre Lynett); en este caso se decidió que “[…]no
desconoce los derechos del menor, una norma legal al permitir su per­manen­cia
en un centro de reclusión, hasta los tres años, junto a su madre privada de la
libertad, siempre que condiciones de vida adecuadas y sistemas de protección
efectivos garanticen la prevalencia de los derechos de los niños y protejan el
interés superior del menor, el cual puede consistir en algunos casos en que el
menor sea separado de la madre por decisión del juez competente.”
[628] Constitución Política, artículo 45.– El
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  ||  El
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.
[629] Iturralde,
Manuel (2011) Prisiones y castigo en Colombia, en Los muros de la
infamia, prisiones en Colombia y América Latina. Ariza & Iturralde.
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2011 (p. 144).
[630] Corte Constitucional, sentencia C-184 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se decidió que “[…] el legislador
puede conceder el derecho de prisión domiciliaria a las mujeres cabeza de
familia, sin que ello implique una violación al principio de igualdad por no
reconocer el mismo derecho a los hombres, que de hecho, se encuentren en la
misma situación puesto que las medidas de apoyo especial a las mujeres no son
extensibles a los hombres con base en el derecho a la igualdad de trato.
Tampoco constituye una violación del derecho a tener una familia que un
condenado deba separarse de sus hijos para cumplir en una prisión la pena que
le fue impuesta. Ni la igualdad de trato entre mujeres y hombres ni el derecho
a la familia exigen que el derecho legal de las mujeres cabeza de familia a
acceder a la prisión domiciliaria le sea extendido también a los padres cabeza
de familia.  ||  Sin embargo, en virtud de los derechos fundamentales de los
niños, que prevalecen sobre los demás (artículo 44, C.P.), el legislador no
puede proteger exclusivamente los derechos al cuidado y amor de los niños y
niñas, dada su estrecha relación con sus derechos a la salud y con su
desarrollo integral, cuando éstos se ven expuestos a riesgos y cargas
desproporcionadas por la ausencia de la madre - puesto que dependen de ella por
ser la cabeza de la familia - y desentenderse completamente de los derechos de
los menores cuando dependen del padre. Desde la perspectiva de los menores, la
desprotección de sus derechos sería contraria a la Constitución y, por ello, la
norma parcialmente acusada será declarada constitucional con el
condicionamiento mencionado. Se advierte que el padre cabeza de familia cuyos
hijos dependen de él, no para su manutención económica sino para su cuidado y
protección real y concreta, podrán acceder al derecho de prisión domiciliaria
sólo cuando se reúnan los requisitos establecidos en la ley, y señalados en
esta sentencia, para que el juez penal competente decida, en cada caso, si ello
es manifiestamente necesario en aras del interés superior del hijo menor o del
hijo impedido.”
[631] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
163.
[632] La Comisión Asesora de Política Criminal planteó las
siguientes recomendaciones para la incorporación de una perspectiva de género:
“i) La política criminal debe enmarcarse en la normativi­dad interna ya
existente relativa a los derechos de las mujeres como la ley 1257 de 2008,
mediante la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mu­jeres por un lado y la ley
581 de 2000, mediante la cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público. Estas normas deben ser di­fundidas entre
funcionarios y funcionarias a cargo de la política criminal pero, además, se
debe hacer un esfuerzo serio por aplicar sus disposiciones a todos los ámbitos
y elementos de la política criminal.  ||  ii) A nivel institucional, es
fundamental mejorar los sis­temas de registros de información estadística y
cualita­tiva, desagregando siempre con un enfoque diferencial de género y
estableciendo mecanismos de coordinación entre
las diferentes fuentes de registro existente. […]  ||  iii) Es fundamental
desarrollar un sistema de educación y capacitación permanente en género para
los funcionarios y funcionarias que estén involucrados en la implementación de
la política criminal, incluyendo no solo información técnica sino el desarrollo
de capacidades para reconocer los casos de discriminación y el perjuicio que
generan las ideas y valoraciones estereotipadas de género.  ||  iv) Es
necesario establecer que la discriminación por gé­nero constituya una falta
disciplinaria para los funciona­rios y funcionarias encargados del diseño y
aplicación de la política criminal. En este punto, sirve de ejemplo el artículo
179, 5 de la Ley 1448 que establece como tal el hecho de discriminar por razón
de victimización.  ||  v) A nivel de las instituciones que tendrán a cargo la
po­lítica criminal, se hace necesario crear mecanismos para incrementar la
participación de las mujeres en todas las entidades vinculadas, considerando
que estadísticamente su participación es limitada.  || vi) En ámbitos como la
situación carcelaria, adicional­mente al establecimiento de medidas
diferenciadas para responder a las necesidades de las mujeres en reclusión, es
fundamental garantizar el acceso a mecanismos efec­tivos de reclamo a nivel
administrativo que no sean dise­ñados desde perspectivas neutrales sino que
incorporen aspectos específicos, como es el caso –por ejemplo– de la violencia
sexual, que es tan difícil de denunciar y probar. Estos mecanismos también pasan
por considerar el esta­blecimiento de sanciones ejemplares a funcionarios y fun­cionarias
que no contemplen los lineamientos de género.  ||  vii) Resulta fundamental
promover la cooperación interna­cional para el intercambio de ideas y
experiencias en cuanto al diseño de medidas de política criminal que hayan
incor­porado una perspectiva de género. […]­”
Comisión Asesora de Política Criminal.
Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal
para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N° 165.
[633] Existen amplios debates de cuestiones como, por
ejemplo, si se deberían hacer cárceles especiales para cierto tipo de
identidades. Las posiciones son diversas y polémicas. Por ejemplo, activistas
de los derechos de personas trans cuestionan este tipo de medidas, y solicitan
proteger los derechos de las personas trans sin discriminación ni
exclusiones.
[634] Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa; SV Alejandro Martínez Caballero). El salvamento parcial
de voto versó sobre otra cuestión; consideró que algunas normas restrictivas de
los beneficios de libertad no deberían haber sido declaradas
inconstitucionales.
[635] Por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia T-214 de
1997 (MP Alejandro Martínez Caballero); en este caso se tuteló el derecho de un
indígena recluido en la Cárcel Modelo, por lo que se ordenó su traslado a la
cárcel de Leticia para que pudiera acceder a los servicio de medicina
tradicional.
[636] Corte Constitucional, sentencia T-898 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso se resolvió tutelar los derechos
del accionante, ordenando que en 48 horas fuera valorado y fuera establecido el
tratamiento que requiere.
[637] Así, por ejemplo, en el ámbito de la protección
social, ver entre otras, la sentencia T-427 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa); en este caso se decidió, entre otras cosas que “[…] una persona que
haya nacido con discapacidad no puede ser excluida del derecho a la pensión de
invalidez, bajo el argumento de que no reúne 50 semanas antes de la
estructuración de su invalidez porque esta se estableció a partir de su
nacimiento, si se constata que, (i) está en las mismas condiciones de
vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa, beneficiarios
de la pensión, (ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante de
semanas (50 o más), (iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de
defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a juicio de la Corte, no tiene
ninguna justificación. En cambio, sólo puede ser fruto de una concepción médica
de la discapacidad, que si bien en principio es constitucionalmente admisible,
en ciertos casos no lo es por la discriminación injustificada a la que conduce.
En casos específicos en los cuales una persona que ha nacido con una
discapacidad se le niega la pensión de invalidez, es preciso examinar y ajustar
razonablemente las instituciones del sistema de seguridad social, con el fin no
sólo de evitar discriminaciones injustificadas, sino de cumplir el mandato
constitucional de promover “las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y [adoptar] medidas en favor de grupos discriminados o
marginados’.”
[638] Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, artículo 2, inciso 3. “Por discriminación por motivos de
discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables […]”.  Siguiendo esta jurisprudencia se ha tutelado el derecho a
ajustes razonables para niños y niñas en materia de educación [sentencia
T-139 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)]
[639] Corte Constitucional, sentencia T-427 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa).
[640] Así se decidió, por ejemplo, en la sentencia T-553 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso se tuteló el derecho de
un abogado que, debido a la falta de accesibilidad en los juzgados de
Paloquemao para personas en sillas de ruedas. La Corte ordenó, entre otras
cosas: “Ordenar  al Consejo Superior de la Judicatura que, en un
término no superior a un (1) mes contado a partir de la notificación del
presente fallo de tutela, adecue el mobiliario de las salas de audiencias
ubicadas en el primer piso del Complejo Judicial de Paloquemao, de tal forma
que se le garantice el derecho a la accesibilidad física del peticionario al interior
de las mismas.  ||  Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura
que, en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del
presente fallo de tutela, implemente un plan de emergencia y evacuación que
tenga en cuenta a la población en situación de discapacidad.  ||  Ordenar
al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo de tutela, (i)
implemente las barandas y/o pasamanos en todas las rampas y escaleras del
primer piso observando las especificaciones técnicas para el caso, y (ii)
realice la señalización necesaria para la guía de las personas con
discapacidad.”.
[641] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-750A de
2012 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV. Jorge Iván Palacio Palacio).
[642] Instituto
Rosarista de Acción Social (2011) Desarrollo del sistema
penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010. Universidad del
Rosario. Bogotá, 2011.
[643] A propósito de un caso en el que se analizaba el
respeto al derecho a la igualdad al establecer las políticas legislativas en
materia carcelaria, la Corte dijo: “El legislador, en ejercicio de sus
competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer
procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de los delitos y las contravenciones,
pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos
grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad
y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales
como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor
repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés
general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros.
La consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento
penitenciario de los condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea
más severo que el dado a las conductas de menor gravedad.” Corte
Constitucional, sentencia C-592 de 1998 (Fabio Morón Díaz, SV Alejandro
Martínez Caballero).
[644] Dice al respecto la Comisión Asesora: “La
investigación empírica y la decisión informada son elementos indispensables
para el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal. Esta visión
implica dar un paso del diseño de políticas ideológicas hacia una pro­ceso de
política basado en evidencia, preferiblemente de la investigación científica,
frente a lo que se ha probado ha sido efectivo para abordar los problemas
sociales y al­canzar los objetivos esperados. Se debe garantizar la dis­ponibilidad
a la mejor información y evidencia empírica para hacer una bien pensada y
adecuada política criminal.  ||  Para mejorar la base de evidencia empírica
para la toma de decisiones de política y su implementación, se requie­re
identificar las brechas en la investigación y el proceso de generación de
conocimiento, desarrollar y aprobar me­todologías de investigación y
evaluación, e incrementar el uso sistemático de métodos de síntesis y
acumulación que asistan el proceso de generación de conocimiento. Esta
metodología se debe concretar en la formulación de proyectos y evaluación y
monitoreo de políticas.  ||  Todo eso permite mejorar la política criminal y
enfrentar a veces discusiones, que sin base empírica se tornan oposicio­nes
puramente abstractas y teóricas, por no decir ideológi­cas, pero que, en
ciertas ocasiones, una sólida información empírica permite avanzar en el
diagnóstico y el debate.” Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá,
2012. N° 178.
[645] La Comisión Asesora de Política Criminal ha indicado
al respecto lo siguiente: “Sin desconocer que la política criminal es un asunto
de Estado, se requiere de un responsable político que la di­rija y procure su
revisión y actualización permanente, que en principio debería ser el gobierno.
Pero sin perjuicio de que exista un ente responsable que lidere la formulación
y diseño de la política criminal, con el fin de que la misma sea racional,
proporcional y coherente se requiere también de un ente rector de la política
criminal. Este ente debe te­ner funciones claras e instancias de coordinación,
que per­mita hacer de la política criminal una política de Estado.  ||  Dicho
ente debe ser el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), como organismo
asesor para la formulación de la Política Criminal y Penitenciaria del Estado.
[…]”Comisión Asesora de Política Criminal.
Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal
para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N° 187.
[646] Coincidiendo con muchos de los parámetros mínimos de
constitucionalidad de una política pública de la cual depende el goce efectivo
de un derecho fundamental, la Comisión Asesora de Política Criminal ha indicado
que en el diseño, implementación y desarrollo de la política criminal para el
Estado colombiano deben observarse los siguientes postulados: Fundamentos
empíricos, racionalización institucional, vinculación con la sociedad,
evaluación continua, planeación, diferenciación y coordinación. Comisión Asesora de Política Criminal. Informe
final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el
Estado colombiano. Bogotá, 2012. N° 183.
[647] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
179.
[648] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
179.
[649] Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
197.
[650] Ver por ejemplo: TNI/WOLA (2010) Sistemas
sobrecargados; Leyes de drogas y cárceles en américa latina. Docuprint SA.
Argentina, 2010. En este estudio se estableció como una de las principales
conclusiones que: “[…] los investigadores tuvieron bastantes dificultades con
la cantidad y calidad de la información suministrada por la fuentes
gubernamentales dada la precariedad e irregularidad de los datos oficiales en
la mayoría de los casos.”
[651] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
Culturales. Doc. 14. 19 de julio (07), 2008.
[652] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[653] Llamada así por el filósofo norteamericano Abraham
Kaplan, que la enunció así: “Yo la llamo la ley del instrumento, y se puede
formular de la siguiente manera: si le das a un niño un martillo, le parecerá
que todo lo que encuentre necesita un golpe”; en El Camino de la
Investigación. Metodología para las Ciencias del Comportamiento. (Kaplan, Abraham (1964) The Conduct of
Inquiry. Methodology for Behavioral Science. Transaction. USA, 1998; p.
28).
[654] Así popularizó el psicólogo estadounidense Abraham H.
Maslow en La psicología de la ciencia: un reconocimiento (1966), la idea
de Abraham Kaplan.
[655] Al respecto ver por ejemplo: Simon, Jonathan (2007) Gobernar a través del delito.
Gedisa. México, 2011. (en el texto se resalta, entre otras cosas, cómo el
sistema de gobierno del Estado bienestar (el New Deal) fue remplazado
por un control poblacional a través del encarcelamiento masivo y los sistemas
de vigilancia el libertad).  Ver también: Garland,
David (1991 - 2000) Crimen y castigo en la modernidad tardía.
Universidades de Los Andes & Javeriana. Bogotá, 2007;  Garland, David (2001) La cultura del
control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Gedisa.
España, 2012.
[656] Sobre el caso colombiano ver, por ejemplo: Iturralde, Manuel (2010) Castigo,
liberalismo autoritario y justicia penal de excepción. Universidades de Los
Andes & Javeriana. Bogotá, 2010.
[657] Al respecto ver, por ejemplo:  Husak, Douglas (2008) Sobrecriminalización.
Los límites del Derecho penal. Marcial Pons. Madrid, 2013. En el texto se
indica: “[…] Nuestra tasa de encarcelamiento se disparó después de los años
setenta, cuando se mantenía en 144 reclusos por cada 100.000 residentes. El
tamaño de la población penitenciaria casi se ha cuadruplicado desde 1980, una
expansión sin precedentes en nuestra historia. […] A pesar  de que la
incidencia del encarcelamiento ha aumentado en muchos lugares, Estados Unidos
tiene de lejos la mayor tasa en el mundo –cerca de cinco veces superior a la de
cualquier otro país  occidental industrializado–. Dado que en todo el mundo hay
cerca de ocho millones de personas tras las rejas, un cuarto de ellas están
encarceladas en Estados Unidos. Probablemente ninguna nación –y ciertamente
ninguna democracia– ha tratado de autogobernarse al tiempo que encarcela a tan
alto porcentaje de su población.” (p.44).
[658] Alexander,
Michelle (2010) The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of
Colorblindness. The New Press. USA, 2012. En el texto se evidencia cómo hoy
en día la política de encarcelamiento masivo en los Estados Unidos ha servido
para segregar a la población afro, como en otro tiempo lo hiciera las políticas
de separación racial al sur del país, conocidas como ‘Jim Crow’. Se cita
como ejemplo el caso de Jarvious Cotton, una persona que estando recluido en
una penitenciaría de Mississippi pretendió que se le reconociera, sin éxito, su
derecho a votar, con base en el argumento de que la Constitución no establecía
expresamente como causal para perder el derecho a votar, haber cometido el
delito por el que había sido procesado y condenado. [Ver: Cotton v. Fordice,
157 F.3d 388 (5th Cir. 1998)]. Con base en una reconstrucción del árbol
genealógico del señor Cotton, se pudo establecer que su tatarabuelo no había
podido votar porque era esclavo, su bisabuelo tampoco por las amenazas de
linchamiento del Ku Klux Klan, su abuelo por intimidaciones de ese mismo grupo
y su padre por cuenta de los impuestos para votar y las pruebas de
alfabetización. Finalmente, él tampoco lo puede hacer por estar encarcelado.
[659] Un caso simbólico de este cambio de estrategias es el
de Eldrige Cleavaer, un líder del partido de las Pantera Negras, quien fuera
encarcelado por primera vez en su vida, en razón a poseer marihuana, en el
mismo momento en que se declaró inconstitucional la doctrina de separados pero
iguales (Brown v. Board of Education). Cleaver,
Eldrige (1968) Soul on ice. Delta Book. USA, 1968.
[660] En otros contextos se dan discusiones similares, por
ejemplo, sobre el caso estadounidense ver: Simon,
Jonathan (2007) Gobernar a través del delito. Gedisa. México, 2011. Dice
el texto al respecto: “[…] no es la cárcel per se, (o cualquier complejo
de intereses asociado a ella) la que pone en peligro a la democracia
estadounidense, sino el encarcelamiento masivo en sus tres dimensiones (su
escala, su aplicación categórica y su tendencia  a privilegiar una visión  de
las cárceles como vertederos). Si los penales contemporáneos  tuvieran como
modelo, aun con sus defectos, a las escuelas, los hospitales psiquiátricos o
incluso las plantaciones, resultarían menos destructivas que en su actual
configuración de vertederos para desechos tóxicos humanos. […]”. (p. 204).
[661] Al respecto ver, por ejemplo, la exposición de
motivos del proyecto de ley de Código Penitenciario y Carcelario en 1992
(Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992, página 3). “Los
establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la promiscuidad
y el hacinamiento. En épocas anteriores esto era dantesco pero ahora con las
vigentes normas penales y procedimentales, la población carcelaria ha
disminuido notablemente. […]”
[662] Por ejemplo, tal es el caso de aquellas acciones de
tutela que son presentadas por varias personas que se encuentran más o menos en
la misma situación, pero que se dirigen a diversas y distintas entidades y que
plantean variaciones fácticas de la misma cuestión.
[663] En la sentencia T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), la Corte tuteló los derechos de las personas privadas de la libertad
en la cárcel de Valledupar más allá de lo alegado en la acción de tutela,
debido a que la Defensoría del Pueblo había puesto en conocimiento de la Corte
otras violaciones. Se dijo que “Si bien estos hechos no fueron objeto de la
demanda de tutela, ellos no pueden ser ignorados por la Sala de Revisión. Por
un lado, porque la presencia de moscas, el incumplimiento de la periodicidad en
las fumigaciones y la ausencia de agua constituyen una amenaza para la salud de
los internos. Por el otro, porque la Sala de Revisión no puede ser indiferente
ante el incumplimiento de una sentencia dictada dentro de una acción popular.
Además, porque todos los hechos mencionados están relacionados directamente con
la dignidad de los reclusos. Y, finalmente, porque desde la sentencia T-153 de
1998, en la que se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional
en los centros de reclusión del país, se estableció que los reclusos se
encuentran en un estado de especial vulnerabilidad, razón por la cual es
necesario que la justicia constitucional intervenga especialmente para lograr
la protección de sus derechos.”
[664] Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa); en este caso se estudió, entre otras cosas, la
aplicación del principio iura novit curia por parte del juez de tutela.
[665] Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa).
[666] Expediente, folio 3 [salvo que se indique otro
cuaderno, los folios a los que se hace referencia pertenecen al cuaderno
principal].
[667] Ver una referencia a las conclusiones alcanzadas en
las visitas al Establecimiento en el primer capítulo del Segundo Anexo a la
presente sentencia.
[668] Informe presentado por funcionarios técnicos de
salud. Ver al respecto, el primer capítulo del Segundo Anexo a la presente
sentencia.
[669] En el expediente reposa copia del Acta de la reunión
celebrada por los internos representantes de cada una de las torres el 9 de
abril de 2012, con la Directora del Establecimiento Penitenciario, en la cual
se indica lo siguiente: “En atención a sus peticiones, el Establecimiento
Penitenciario está realizando las gestiones necesarias para adecuar la
motobomba en el transcurso de 10 días, de tal forma que se permita un
suministro de agua a todas las celdas, en un periodo superior al establecido de
4:30 a 5:30  en las horas de la tarde, de tal forma que no se afecte la presión
del agua y su suministro en las horas de la mañana, atendiendo las peticiones
de suministro de agua de los internos de la torre 2A.”
[670] Al respecto ver el primer capítulo del Segundo Anexo
a la presente sentencia.
[671] Expediente T-3526653, folio 42.
[672] En agosto de 2012 se hablaba de un hacinamiento de
146% en las cárceles de Norte de Santander.
[673] Por encima se encuentra las regionales Norte (83,3%)
y Noroeste (87.1%).
[674] INPEC (2013) Informe Estadístico. Avance
Revista, Entre Muros. Bogotá, Junio 2013 (p. 18).
[675] Luis Hernando Tangarife Suaza, Gustavo Gonzaliás
Figueroa, Pablo Jamer Orozco Gómez, Jhon Alexander Sanches Vasques, Libardo
Pavón, Carlos Segundo, Juan Fernando Sanguín Vargas, Jhonatan Ortiz Suaza,
Jaime Mier, Edwin Muriel Vega, Leonidas González Martínez, Manuel Baza
Valderrama, Juan Astilla, Milton Pérez Julio, Carlos Ruiz Armesto, Ediverto
Orozco, Hilder Ortiz Mieles, Manuel Mendoza Meriado, Alexander Martínez Saenz,
David Alfonso Hernández Delas Salaz, Esteban Sánchez, Heiver Guerrero Rivera,
Jorge Iván Ruiz Toro, José Isaías Suárez Morelo, Yoanni Zapata Leganda, Arnedh
Padilla Sanchez, Azael Paciteco Bravo, Jorge Leonardo Hernandez Herrera, Peter
González Perez, Alvaro Vergara, Roberto Alvarez, Pablo Patiño, Yaider Joaquin
Cavo Carrillo, Leomar Jose Otupana, Francisco Javier Ramos, Miguel Antonio
Gutiérrez Martínez, Daniel Petro, Luis José Martínez, Jorge Eliecer Herrón,
Silvinton Gómez Hernández, Carlos Perres Corea, Richard Alfredo Mosquera
Bolaños, José Issa Pumarejo, Lacidez Iliarte Herrera, Víctor Rodríguez Altamar,
Rafael Romaña, Jailer Anibal Murillo, Julio César Arrieta Beltrán, Harry
Tellez, Deivi Méndez Gil, Carlos Pahuana, Robinson Ton, Pedro Sarmiento
Oquendo, Hever Menga, Edwin Romero, Roberto Carlos Hernández Quintero, Nolan
Baena, Jerry Ayala, David Lammar Agliota, Jorge Luis González Peinado, Jose
Luis Peña Cantillo, Enrique Kerguelem Perez, Jainer Mendez Casadiego, Angel
Álvarez, Carlos Rodriguez, Janio Cardozo Guerra, Hilario Martínez, Luis Eduardo
Lozano Campo, Yorguin Cesar Córdoba, Álvaro David Moreno.
[676] Para ver una descripción detallada de los
antecedentes de la presente acción de tutela, remitirse al segundo apartado del
segundo anexo de la presente sentencia.
[677] Dice la acción de tutela: “El Establecimiento de alta
seguridad de Valledupar ‘La Tramacúa’ fue inaugurado en el año 2000 como el
primer centro de reclusión creado bajo la asesoría del buró federal de
prisiones de Estados Unidos, que dio inicio a la ‘nueva cultura penitenciaria’
que subordina la dignidad e integridad de los detenidos a la seguridad.”
Expediente T-3535828, folio 1.
[678] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[679] Dijo al respecto: “En el informe de la Defensoría del
Pueblo se mencionan también otros hechos que deben ser tenidos en cuenta. Así,
allí se anota que el día de la visita no se cumplió con el menú ofrecido.
También se dice que en el rancho se percibían malos olores y había presencia de
muchas moscas. De la misma manera, se afirma que la última fumigación había
sido realizada el día 10 de mayo de 2007, a pesar de que el contrato de
suministro establece con claridad que se debe fumigar cada tres meses. Y
finalmente, en el informe se resalta que el servicio de agua en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar es todavía
muy deficiente, a pesar de que en el año 2001 esa institución instauró una
acción popular por ese motivo, como resultado de la cual la instancia judicial
correspondiente le ordenó al INPEC que se garantizara el suministro de agua
durante las 24 horas del día.  ||  Si bien estos hechos no fueron objeto de la
demanda de tutela, ellos no pueden ser ignorados por la Sala de Revisión. […]”
Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[680] Concretamente,  (i) se ordenó al director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que tomara las medidas a su alcance para garantizar que la empresa
contratista encargada del suministro de la alimentación, cumpliera con su
obligación de entregarle a todos los reclusos todos los utensilios convenidos,
y dispusiera lo necesario para que los reclusos que fueran llegando a la cárcel
recibieran también esos enseres.  (ii) También ordenó al director que adoptara
las medidas requeridas para obtener que se fumigara y se eliminaran los olores
del área alrededor del rancho en un plazo breve (dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de esta sentencia). Advirtió que las medidas
deberían ser informadas la Defensoría del Pueblo, cuyas recomendaciones debían
ser atendidas. (iii) Además, con la escasez de agua en el centro de reclusión,
se dispuso que el director del INPEC y el director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar adoptar un
plan de acción, con su respectivo cronograma, para eliminar esta carencia. Se
indicó que el problema de la escasez de agua debería solucionarse dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia. El INPEC debía
emitir informes bimestrales a la Defensoría del Pueblo sobre el plan de acción
y sus resultados hasta que se hubiera solucionado definitivamente el problema
de la escasez de agua.  (iv) Por otra parte, en relación con el incumplimiento
del menú se dispuso que la Defensoría del Pueblo Seccional Valledupar realizara
controles periódicos, e informara a la Defensoría Delegada para la Política
Criminal y Penitenciaria.  (vi) Finalmente, teniendo en cuenta que de los
hechos juzgados se podrían deducir responsabilidades disciplinarias, se ordenó
enviar copia de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación. Además, se
dispuso que  el director del Establecimiento enviara a la Procuraduría copia de
todos los informes aquí requeridos para que vigilara los resultados de la
actuación de la autoridad penitenciaria.
[681] Dijo la Corte: “[…] los reclusos agrupados en el
Comité de Derechos Humanos del centro de reclusión se oponen a esta medida, por
cuanto afirman que algunos internos hacen un mal uso de las fiambreras (se
orinan en ellas, las utilizan para afeitarse, las untan de excrementos o
escupen en ellas). También manifiestan que este procedimiento tiene como
consecuencia que la comida llegue muchas veces fría al interno - cuando no
descompuesta -, y que, además, no garantiza que los platos se encuentren en las
condiciones higiénicas necesarias. Por eso, solicitan que  se permita que cada
interno tenga sus propios utensilios de comer, de manera que cada uno los pueda
limpiar adecuadamente y sienta que puede comer con las garantías higiénicas
necesarias. Manifiestan que una medida similar ya había sido aplicada en el
pasado y que el resultado de ella fue una destrucción masiva de los enseres de
comer, lo que condujo a que muchos tuvieran que comer en bolsas plásticas.”
Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[682] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[683] Expresamente ordenó la Corte:  “[1]- ORDENARLE al
director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar que tome las medidas a su alcance para garantizar que,
en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la notificación de esta
sentencia, la empresa contratista encargada del suministro de la alimentación
cumpla con su obligación de entregarle a los reclusos todos los utensilios
convenidos, y disponga lo necesario para que los internos que vayan llegando a
la cárcel reciban también esos utensilios.  ||  [2]- ORDENARLE al director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que adopte las medidas requeridas para que se fumigue y se eliminen
los olores del área alrededor del rancho dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de esta sentencia.  ||  [3]- ORDENARLE al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que envíe a la Sala de Revisión un informe sobre los resultados de
las medidas comentadas en los numerales dos y tres de esta parte resolutiva.
Copia del informe deberá ser remitida a la Procuraduría General de la Nación y
a la Defensoría del Pueblo.  [4]- ORDENARLE al director del INPEC y el director
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que adopte un plan de acción, con su respectivo cronograma, para
lograr que se brinde agua durante las veinticuatro (24) horas del día a los
internos de ese centro de reclusión. El problema de la escasez de agua deberá
haberse solucionado dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación
de esta sentencia. El INPEC remitirá informes bimestrales a la Defensoría del
Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación sobre los resultados, hasta que
se haya solucionado definitivamente el problema de la escasez de agua.  ||  [5]-
Invitar a la Defensoría del Pueblo  Seccional Valledupar a la realización de
controles periódicos acerca del cumplimiento del menú, de lo cual informará a
la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.  ||  [6] -
ORDENARLE al director del INPEC y al director del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que abran un espacio de
diálogo con los reclusos, representados en los Comités de Derechos Humanos, con
el objeto de determinar si es recomendable – y viable - exigir que todos los
utensilios para comer sean devueltos al rancho, con los riesgos que ello implica,
según manifiestan los reclusos. Para el diálogo se contará con la mediación de
la Defensoría del Pueblo. Sobre el resultado del mismo se informará a la Sala
de Revisión dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia.  ||  [7]-
ORDENARLE a la Secretaría General que envíe copia de esta sentencia a la
Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.” Corte
Constitucional, sentencia T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[684] Dijo al respecto la Defensoría del Pueblo el 21 de
septiembre de 2012, en su comunicación dirigida a la Magistrada María Victoria
Calle Correa: “Esta situación más los aproximados 40° grados de temperatura,
hace que la convivencia sea imposible para esta población, pues debe soportar
problemas de sed, salubridad y aseo. Hecho este que me hace recomendar con
carácter urgente que a través de la dirección de ese establecimiento penitenciario
se haga un convenio con EMDUPAR para la provisión constante y racional del
agua, para lo cual se deben tener en cuenta las recomendaciones elaboradas por
la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la cantidad mínima de agua
disponible para los detenidos y las que se utilizan en los campamentos de
refugiados [10 a 15 litros diarios por persona es el mínimo requerido por
persona]”.
[685] Comunicación del Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria, 21 de septiembre de 2012, al a Magistrada María
Victoria Calle Correa.
[686] Comunicación del Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria, 21 de septiembre de 2012, al a Magistrada María
Victoria Calle Correa.
[687] El 4 de septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo
visitó la empresa prestadora del servicio de agua, ENDUPAR SA, en donde se les
entregó un informe técnico de ese mes, en el que se indicaban las siguientes
conclusiones: “A partir de la entrega de la obra civil se realizó un monitoreo
durante un mes con funcionarios del INPEC, División de Mantenimiento de la
empresa ENDUPAR SA ESP, en donde se observó el comportamiento días a día de las
válvulas ventosa y válvulas de purga, en el cual se estableció finalmente cómo
deben de operar para su mayor funcionamiento.  ||  La válvula reguladora que se
encuentra ubicada en la calle 16 con carrera 21 deberá estar cerrada todo el
tiempo ya que su funcionamiento es sólo para esta nueva línea de conducción. Se
diagnosticó que a partir de este cierre la presión del agua y su continuidad
fue excelente; hasta la fecha los señores del establecimiento penitenciario y
carcelario La Tramacúa manifiestan que es óptima y que no han tenido ningún
tipo de problema con respecto al servicio de acueducto.” El Defensor Delegado
que indicó que el Gerente de ENDUPAR le informó que están colocando 4 pulgadas
de agua en la entrada de la penitenciaria, con lo cual están abasteciendo todo
el establecimiento, y el que no llegue agua a todos los pisos de las torres es
un problema interno del INPEC – Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Además, insistió en que “[…] mientras
el Director del Establecimiento manifiesta que hay agua. Los internos aducen no
recibir agua las 24 horas del día, sino sólo 25 minutos en la mañana y 25
minutos en la tarde.”
[688] Dijo la Defensoría del Pueblo en su comunicación:
“[…] el INPEC prevé la entrega de los utensilios para el consumo de alimentos e
incluso para los internos que van ingresando, dado que en el establecimiento
debe existir una reserva que es entregada anualmente para reposición bien sea
por deterioro o por aumento en la población de internos. En el EPAMSCAS de
Valledupar, se efectuó una entrega el pasado mes de diciembre como reposición y
otra entrega completa en el mes de marzo y abril para toda la población de
internos […].  ||  De lo anterior, se nota el incumplimiento del contrato según
lo comunicado por la Directora de atención Psicosocial (e) del INPEC, mediante
oficio N° 01679 de fecha 6 de julio (07) de 2012.”
[689] Dijo la Defensoría del Pueblo al respecto: “Así las
cosas, es importante recordar que en anteriores informes enviados a esa
Corporación por la Defensoría del Pueblo y en desarrollo de la vigilancia al
cumplimiento de la sentencia T-693 de 2007, proferida por la Corte Constitucional,
la Defensoría del Pueblo en fecha 17 de octubre de 2008, presentó ante el
Tribunal Administrativo de Valledupar incidente de desacato del fallo de acción
popular, por los siguientes hechos: ‘que el tanque construido por el INPEC,
equivale a una cuarta parte de  los que se debió construir, por lo tanto loa
necesidad sigue sin solución, por haberse actuado en forma irresponsable frente
a lo ordenado en el ordinal tercero de la sentencia del Tribunal, circunstancia
ésta que constituye desacato al referido fallo.’”
[690] Concluye así la comunicación remitida a la Corte:
“Por todo lo anotado anteriormente se puede concluir que aunque se han
implementado todas las obras de infraestructura por la gobernación del Departamento
del Cesar y que EMDUPAR adelantó todas las diligencias necesaria para entregar
las 4 pulgadas de agua en la puerta del establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, esto no se ha traducido
en beneficio alguno para los internos que supere la prolongada situación que
desde el 2001 padece la población carcelaria por la falta del suministro de
agua, elemento vital para todo ser humano. Todo lo anterior, porque como los
mismos funcionarios del INPEC lo comunican a través de sus escritos, siguen los
racionamientos.  ||  La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento a
la sentencia de tutela referida anteriormente.” La Defensoría del Pueblo
acompaño su comunicación del 5 de septiembre de 2012 con copia de 118 folios
que dan cuenta del seguimiento adelantado por esa dependencia del Estado.
[691] Dice la acción de tutela al respecto: “El
establecimiento de Valledupar presenta una falla estructural desde su
construcción que hace que el suministro de agua sea insuficiente y de mala
calidad. Su prestación se da en horarios establecidos por la guardia y por
períodos de entre 10 a 15 minutos diarios. Cuando llega, no lo hace a la
totalidad del penal, sólo a los primeros pisos y su prestación  no está
garantizada en muchas celdas, duchas y depósitos sanitarios, lo que obliga a
los detenidos a almacenar agua en improvisados depósitos y subirlos a sus
celdas. Con frecuencia el servicio se suspende por varios días e incluso
semanas. Esto trae como consecuencia el desmejoramiento de las condiciones de
asea y salubridad del penal en general.  ||  Como consecuencia de la falta de
agua, se presenta un alto nivel de contaminación ambiental: las baterías
sanitarias no pueden ser usadas, las tuberías expiden malos olores, los
servicios sanitarios se encuentran sucios y en pésimo estado. La limpieza de
los baños y de las zonas de reparto de alimentos es deficiente y los lugares
carecen de una infraestructura apropiada, lo que genera focos de contaminación
por bacterias y gérmenes que ponen en peligro la salud de las personas
detenidas. Además de ocasionar enfermedades osteomusculares como consecuencia
de cargar recipientes con agua hasta los pisos más altos.”
[692] Dice la acción de tutela al respecto: “El servicio de
salud es pésimo. NO hay personal suficiente para atender a los reclusos, por lo
que se presenta un fuerte represamiento en las citas y procedimientos
especializados, los medicamentos son escasos, no hay posibilidad de atender los
pacientes de alta complejidad que requieren los niveles IV y V de atención en
salud. A pesar de ello, el INPEC traslada a Valledupar detenidos que se
encuentran recibiendo este tipo de atención en otros establecimientos, poniendo
en grave riesgo su salud. El establecimiento tampoco cuenta con programas, ni
instalaciones adecuadas para la atención especial a discapacitados y las
personas con limitación física.  ||  […]  ||  […] El establecimiento un cuenta
con un médico psiquiatra, ni existen medidas preventivas en salud mental. Esta
situación no solamente atenta contra la salud, sino contra la vida de las
personas privadas de la libertad; en los últimos dos años se han reportado 4
suicidios en este establecimiento.”
[693] Informe de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, Seccional Antioquia, de la Procuraduría General de la Nación acerca
de una visita especial, practicada a las obras ejecutadas bajo el contrato relacionado
con la reposición de la red de acueducto que surte la cárcel de Valledupar,
Cesar, del 12 de octubre de 2011. El informe da cuenta de que persisten algunos
de los problemas y, en otros casos, no se pudo verificar la calidad de las
reparaciones.
[694] Se indicó que la población carcelaria, los mismos
reclusos que reclaman protección a sus derechos, son quienes los afectan, al
darles malos usos a los baños y dañarlos a propósito; tanto los de los patios
como los de las celdas. Dice la Directora de la Cárcel La Tramacúa al respecto:
“[…] los dañan, los destruyen, les arrojan toda clase de objetos que obstruyen
la cañería, los puntos hidráulicos de los pabellones son destruidos por los
internos para la elaboración de armas de fabricación carcelarias, ocasionando
con esto el desperdicio del precioso líquido.  […] siguen dañando la
infraestructura del penal como muestra de su resentimiento y no aceptación de
la pena impuesta por los jueces, como también lo hacen con el objeto de
‘encaletar’ armas de fabricación carcelaria, donde también toman partes de los
sanitarios y baldosas que rompen como armas cortopunzantes […]”
[695] Dice la Dirección de la Cárcel La Tramacúa: “[…]
comparando los datos obtenidos el suministro ha estado por debajo con la
necesidad real del establecimiento.  ||  […] se realizó una visita técnica [por
varias autoridades locales y técnicos, …] encontrándose con las situaciones de
poco abastecimiento de agua para con el Establecimiento como anteriormente se
mencionó y se muestra en el registro fotográfico.  ||  […]”.   Ante la anterior
situación la Dirección General del INPEC autorizó la realización de una obra
que ya fue efectuada.
[696] Se adjuntan copias de actas e informes (planillas) en
los cuales se afirma haber realizado dichas labores. Expediente T-3535828, ver,
por ejemplo, folios 165 a 180.
[697] No obstante, la Sala resalta que los exámenes que
certifican la calidad de los alimentos advierten de forma precisa y clara que
los resultados de laboratorio son válidos únicamente para las muestras
analizadas. Expediente T-3535828, folio 112.
[698] Dice la acción de tutela al respecto: “Por su parte,
la Secretaría de Salud, en cada una de sus visitas ha advertido sobre el grave
incumplimiento de las normas sanitarias, y ha solicitado reiteradamente al
INPEC que se realicen adecuaciones locativas y se adopten las medidas
correspondientes para salvaguardar los derechos a la salud y a un ambiente sano
de las personas privadas de la libertad. Pero a pesar de las obras realizadas en
el área de rancho la Secretaria Departamental del Cesar el día 15 de febrero de
2011 emitió nuevamente concepto desfavorable parcial al cumplimiento de las
normas sanitarias. En dicho informe se señala que cinco de los alimentos
procesados ese día, están contaminados con coliformes fecales.”
[699] Ver entre otras, las sentencias T-418 de 2010 (MP.
María Victoria Calle Correa; AV. Mauricio González Cuervo), T-740 de 2011 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-707 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-764 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-077 de 2013 (MP. Alexei
Julio Estrada), T-082 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-242 de
2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[700] Dice la acción de tutela al respecto: “El sistema
interno de control para la defensa de los derechos humanos es insuficiente. No
existen garantías para los reclusos que ejercen la labor de defensa de sus
derechos. Varios representantes de derechos humanos han sido víctimas de
agresiones y amenazas por parte de la guardia. El día 17 de marzo de 2010, el
representante de derechos humanos del pabellón 7 fue presuntamente golpeado por
la guardia luego de que los detenidos acordaron no recibir la alimentación
porque la carne estaba descompuesta y al parecer tenía gusanos. De acuerdo con
las denuncias el representante del pabellón fue sacado del patio, obligado a
desnudarse y agredido físicamente por varios de los guardias. El 9 de agosto de
2010 el Comité de Derechos Humanos se vió forzado a renunciar en pleno por la
falta de garantías.  ||  Muchas de las violaciones a los derechos humanos
cometidos en Valledupar no son denunciados por temor a las represalias y por el
alto índice de impunidad. A pesar de esto el INPEC reporta 690 quejas contra
funcionarios de guardia en Valledupar presentadas ante la subdirección
operativa regional norte de las cuales sólo 36 han terminado con algún tipo de
sanción; y 92 quejas tramitadas ante la oficina de control disciplinario
interno del INPEC, de las cuales sólo una fue fallada con sanción. La Fiscalía
General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales de detenidos
contra funcionarios del establecimiento de Valledupar, de las cuales, tan solo
en una se dictó resolución de acusación.”
[701] Se adjuntó copia del informe dirigido por el Servidor
de la Policía Judicial del INPEC encargado a la Responsable del Área de Tutela,
en el que advierte que se están tramitando las denuncias así: “de manera atenta
me dirijo a usted con el fin de informarle que el trámite respectivo que se les
da a las diferentes denuncias y querellas recibidas por esta dependencia, es
una vez recibida la denuncia a los internos o funcionarios se remite a través
de un oficio a la oficina de asignaciones de la Fiscalía para lo de su
competencia, es de anotar que en lo que va corrido del año esta dependencia a
recibido un total de 65 denuncias a los diferentes internos y funcionarios las
cuales se les ha dado trámite a la oficina de asignaciones de la Fiscalía como
consta en la carpeta de denuncias que reposa en esta dependencia.”
[702] Los accionantes sostuvieron en la acción de tutela lo
siguiente: “A pesar del reconocimiento de la crítica situación por parte de los
órganos de control, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT),
Secretaría de Salud y hasta de las mismas autoridades penitenciarias, las
recomendaciones no se cumplen y la situación no mejora. La Secretaría Departamental
de Salud del Cesar, lleva varios años, emitiendo concepto desfavorable del
cumplimiento de las normas sanitarias y realizando exigencias, sin que se
corrijan definitivamente las fallas ni se apliquen las sanciones previstas en
la ley, lo que la convierte en una especie de institución intocable. La
situación de la cárcel de Valledupar es tan crítica que en noviembre de 2009 el
CAT al emitir recomendaciones sobre la situación de tortura y tratos crueles e
inhumanos y degradantes hizo alusión expresa a ese establecimiento.  ||
Asimismo se han emitido múltiples órdenes judiciales que exigen al INPEC
corregir las faltas y las vulneraciones de los derechos, a las cuales no se les
ha dado cumplimiento. Según cifras del INPEC se han presentado 4.421 acciones
de tutela en contra del establecimiento de Valledupar de las cuales 1.322 han
sido falladas a favor de las y los reclusos, muchas de las cuales no se acatan
oportunamente.”
[703] Los accionantes piden “[el] cierre total del
establecimiento de alta seguridad de Valledupar, por haberse agotado todas las
acciones posibles para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa
y no existir ya, otras medidas eficaces para garantizar los derechos
fundamentales de quienes se encuentran allí recluidos.”
[704] Para ver una descripción detallada de los
antecedentes de la presente acción de tutela, remitirse al segundo apartado del
segundo anexo de la presente sentencia.
[705] El abogado Lukas Montoya Burgos representó al
accionante.
[706] En un extenso y detallado documento, el apoderado
presentó los hechos del caso, los derechos violados; los fundamentos de
derecho; la petición, los fundamentos de la petición, y las pruebas y demás
requisitos formales.
[707] Los hechos fueron presentados en los siguientes
términos: “El señor Ortiz Agudelo tiene 41 años de edad y nació en la ciudad de
Medellín. Sin embargo, vive en Bogotá desde hace más de 17 años, dedicándose al
reciclaje.   ||  […] hace 15 años formó una familia en la capital [Bogotá] con
su compañera Yamile Rico Montoya, de cuya relación nacieron dos menores de 7 y
6 años de edad, actualmente. El 29 de junio de 2011 el señor Ortiz Agudelo fue
capturado con otras 3 personas (entre las cuales se encontraba su compañera) en
el sector que es conocido como el Bronx en la ciudad de Bogotá.  […]  fue enviado
a la Cárcel Modelo de Bogotá, de acuerdo a la medida de aseguramiento […] ||
Actualmente […] está siendo procesado por el delito de ‘tráfico, fabricación y
porte de estupefacientes’. […] ||  Desde el 1° de julio de 2011 hasta la fecha,
[…] se encuentra recluido en el lado B del cuarto piso del patio 5, pasillo 14,
de la Cárcel Modelo.  ||  Durante el tiempo que ha estado recluido […] ha
guardado un buen comportamiento y no ha tenido ninguna anotación en su
prontuario por faltas disciplinarias.  ||  […] para conseguir medios de
subsistencia […] se dedica a lavar la ropa de los demás internos. […]”
[708] Dice la tutela al respecto: “[…] para junio de 2011,
momento en el cual entró el señor Ortiz Agudelo a la cárcel Modelo, la
capacidad de este centro de reclusión era de 2.907 cupos y estaba habitada por
6.755 internos, dando como resultado un 132.4% de hacinamiento. Sin embargo, a
pesar de los índices que se presentaban, actualmente, con los mismos cupos, en
la Modelo se encuentran recluidos 7.592 internos, llegando a un 161.2% de
hacinamiento. De esta forma, durante los 10 meses que ha estado recluido mi
defendido, la tasa de hacinamiento de la cárcel Modelo ha aumentado en poco
menos de 30 puntos. […]”
[709] Se expone la situación en los siguientes términos,
“Sólo en el patio 5°,
en el cual se encuentra viviendo el señor Ortiz Agudelo, habitan 1990 internos.
Y, en el pasillo 14 concretamente, que tiene una capacidad para 41 personas,
actualmente habitan aproximadamente 164 internos.  ||  Dadas estas cifras, mi
poderdante no cuenta con una celda en la cual habitar, por lo que se ha visto
obligado a dormir en una colchoneta (de aproximadamente 0.9 x 1.40 metros) en
el suelo del pasillo.  ||  En las celdas, aunque están construidas para 2
personas, viven entre 4 y 5 internos. Sin embargo, a pesar de esto, todas están
ocupadas. Por eso, al igual que mi defendido, un total de aproximadamente 80
internos se ven obligados a dormir en el pasillo, por no contar con espacio en
las celdas.  ||   De los 80 internos que duermen en el pasillo, aproximadamente
60 duermen en el suelo, como es el caso del [accionante], y 20 duermen en una
especie de ‘cambuches’ que los mismos internos han construido, amarrando las
colchonetas al techo, como hamacas.  ||  […] además de no tener un espacio
personal mínimo para habitar, […] tampoco cuenta con una cama y cobijas para
protegerse del frio en la noche. Puesto que no ha recibido ninguna dotación, la
colchoneta y cobijas con las que cuenta se vio obligado a conseguirlas por sus
propios medios. […]”.
[710] Añade la tutela al respecto: “[…] por la dificultad
de lavar adecuadamente sus cobijas, cuando llueve, la humedad produce olores
muy fuertes que impiden dormir al [accionante]”.
[711] La acción de tutela solicitó expresamente al juez de
tutela “ordenar a la Nación, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, o a quien corresponda, que en el término de
48 horas ordene la ‘excarcelación’ del señor Jhon Mario Ortiz Agudelo, y en su
lugar decrete las medidas que considere necesarias para proteger el interés de
la comunidad, pues no existen otros medios para evitar el sometimiento de mi
poderdante a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se encuentran
sufriendo actualmente.”.
[712] Se dice al respecto: “A pesar de haber nacido en la
ciudad de Medellín, desde hace 17 años el [accionante] se estableció en Bogotá
en donde formó una vida y una familia. […] tiene dos hijos menores de 6 y 7
años, por quienes responde de acuerdo a lo que puede conseguir. Puesto que el
señor […] fue capturado junto con su compañera, actualmente ella se encuentra
recluida en la cárcel el buen pastor, también en Bogotá. ”
[713] Se hace referencia al informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, OEA, del 31 de
diciembre de 2011, elaborado por la Comisión (CIDH).
[714] Dice la acción de tutela: “además del hacinamiento
que sigue siendo muy grave a pesar de la construcción del ERON, en las nuevas
instalaciones de la Cárcel Picota, a pesar de ser tan recientes, se presentan
graves problemas de luz, ventilación, frio y acceso a zonas de recreación. Y
que, de ser trasladado a ese centro de reclusión, el señor Ortiz Agudelo se
vería igualmente sometido a soportar tratos crueles, inhumanos y degradantes.
||  Uno de los mayores problemas del ERON de La Picota son la ventilación y el
acceso a luz natural que, por sí mismos, constituyen igualmente un trato cruel,
inhumano y degradante. Al respecto, la regla 11 de las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos resalta la importancia de tener un acceso adecuado
a la luz natural y ventilación, que permita a los reclusos realizar sus
actividades.  […]  Adicionalmente, estos problemas de iluminación y
ventilación, añadidos a que la estructura está construida en material de
concreto, han generado serios problemas de frío. Tanto los internos como los
guardias han reconocido que al interior del ERON, a pesar de ser una
construcción nueva, se siente mucho frío durante todo el día […]
particularmente, en las noches y en la madrugada […].”
[715] Honduras. Fiscal Especial de Derechos Humanos, John
Cesar Mejía, interpuso el recurso de habeas corpus a favor de 7 reclusos
ubicados en la celda 20 o celda de castigo de la Penitenciaria Nacional de San
Pedro Sula, departamento de Cortés, en Honduras [Corte Suprema de Honduras.
Sala Constitucional, sentencia del 7 de marzo de 2007. Expediente
711-06].       año 2011 en Estados Unidos. En este caso (Brown v. Plata)
[Supreme Court of the United States of America. N° 09-1233. Edmund G Brown,
Jr., Governor of California, Et al., Appellants V. Marciano Plata Et al.,On
Appeal from the United States District Courts for the Eastern District and the
Northern District of California – May 23, 2011],   la Corte Suprema de Justicia
analizó dos class actions y el fallo del Tribunal de los tres jueces del
PLRA, que ordenó al Estado de California la disminución de las sobrepoblación
carcelaria, que era de más del 200%, hasta alcanzar un porcentaje menor al
137,5% de sobrepoblación, lo que implicaba una reducción de casi 46.000
personas.  ||  En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos
afirmó, entre otras cosas:  (i) que el hacinamiento es la principal, más no la
única causa, de las deplorables condiciones de reclusión, en especial en lo
relacionado con la prestación del servicio médico;  (ii) que la creación de más
cárceles no es la única solución viable, pues, a pesar de haberse ordenado
soluciones estructurales de construcción y mejoramiento de los centros
carcelarios varios años atrás , éstas resultaron insuficientes para reducir de
manera efectiva la cantidad de personas recluidas,  (iii) que estas condiciones
afectan los derechos de los reclusos consagrados en la Octava Enmienda, en
relación a la prohibición de ser sometido a trato crueles, inhumanos y
degradantes, teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar unas condiciones
de vida mínimas, que sean acordes con la dignidad humana, a las personas
recluidas.  ||  […] en ese mismo fallo, uno de los argumentos que desestimó la
Corte Suprema estadounidense era que la liberación de presos podría implicar un
problema de seguridad pública. Según distintos análisis estadísticos, se
comprobó que las personas que eran excarceladas, por las condiciones de reclusión,
se reincorporaban más fácil a la sociedad civil. Sin embargo, la Corte
reconoció que las cárceles forman parte del Estado californiano y, por tanto,
la determinación de qué personas abandonarían los centros de reclusión, era una
facultad exclusiva del sistema de administración penitenciaria, por lo cual le
concedió un término de dos años para que definiera los reclusos que serían
dejados en libertad.”
[716] Dice la acción de tutela al respecto: “En Costa Rica,
por ejemplo, en el año 2000 el señor Eduardo Quesada Morán interpuso el recurso
de amparo en contra del Centro de Atención Institucional de San José y del
Juzgado de la Ejecución de la Pena del Primer Circuito de San José,
argumentando que las condiciones en las que vivía el centro penitenciario
atentaban contra su dignidad humana. Según la descripción de los hechos: el
señor Quesada Morán no tenía un lugar donde dormir; población del centro
carcelario duplicaba su capacidad; la higiene y salubridad del centro eran
deplorables; la violencia entre los presos era constante y llegaba a puntos
extremos en los cuales los nuevos reclusos eran violados o extorsionados.  ||
Frente a los cargos presentados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica recordó que en el año 1996 (sentencia 1032-96), ese mismo tribunal
ya había hecho un pronunciamiento frente las deplorables condiciones de
reclusión. Por tal motivo, había ordenado a los organismos administrativos del
país, adoptar políticas públicas que garantizaran unas condiciones de vida
digna para los presos, particularmente del centro penitenciario en el cual se
encontraba recluido el señor Quesada Morán.  ||  Al valorar que 14 años después
de la orden, las condiciones de reclusión seguían siendo similares y no
respondían a los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos del
Consejo Económico Social de Naciones Unidas. En consecuencia, el alto tribunal
optó por ordenar al Gobierno costarricense que, a partir de la comunicación de
la providencia, no permitiera ‘el ingreso de más privados de la libertad en el
Centro de Asistencia Institucional de San José’. Además ordenó que en el plazo
de un año, la Administración Penitenciaria debería ‘disminuir paulatinamente la
población penal hasta llegar a la capacidad real de ese centro carcelario’.
Así, si bien no se le concedió la libertad al señor Quesada Morán, sí se
tomaron una serie de medidas para proteger sus derechos, como la orden de
prohibir la entrada de más reclusos a los centros carcelarios y penitenciarios,
que van más allá de las soluciones estructurales tradicionales de ordenar la
construcción de más cárceles.”
[717] Con relación al caso argentino dice la acción de
tutela: “La Corte argentina estimó que las condiciones de vida en las cárceles,
que datan desde el año 2003, implicaban un trato cruel, inhumano y degradante,
por ende, ordenó: ‘a) cesar, en un plazo no mayor a los sesenta días la
detención en comisarías y demás dependencias policiales, de los menores y
enfermos que se encuentren a su disposición.  Y b) en lo sucesivo, no admitan
ni dispongan la detención de personas que reúnan tales condiciones en dichas
dependencias’. Además, ordenó que en la medida de lo posible, los jueces de la
Provincia de Buenos Aires ‘deberán ponderar nuevamente la necesidad de mantener
[a cualquier recluso] en dicha situación o bien, disponer medidas de cautela o
formas de ejecución de la pena menos lesivas’.”
[718] Se cita al respecto el caso de Venezuela, en la
acción de tutela.
[719] El abogado Manuel Alejandro Iturralde Sánchez.
[720] Dice al respecto la tutela: “Debido a que [el
accionante] sufrió un accidente donde se fracturó sus dos brazos hace un par de
años, padece de constantes dolores que limitan su movilidad. El señor Mesa
Rosero no ha recibido la atención ni rehabilitación adecuada en el
establecimiento carcelario La Modelo, por sus problemas de movilidad en los
brazos.  ||  A pesar de que […] ha tenido citas con el médico general del
servicio de salud del establecimiento carcelario, donde ha manifestado su
dolencia en los brazos, y ha solicitado una remisión a un médico ortopedista,
su solicitud ha sido ignorada y de esta manera negada.” Su historia médica está
en la Picota, donde sufrió un accidente que le ocasionó la lesión, pero
Caprecom no tiene centralizada la información de los reclusos a su cargo, se
alega, y además, en el control médico realizado al accionante al ingresar a la
Modelo, no le diagnosticaron su problema de movilidad ni le ordenaron
tratamiento.
[721] Expresamente se solicitó “ordenar a la Nación,
Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, o
a quien corresponda, que en el término de 48 horas ordene la ‘excarcelación’
del señor Wilfredo Mesa Rosero, y en su lugar decrete las medidas que considere
necesarias para proteger el interés de la comunidad, pues no existen otros
medios para evitar el sometimiento de mi poderdante a los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que se encuentran sufriendo actualmente.”
[722] En el caso del señor Mesa Rosero, éste alegó haber
nacido en Bogotá, donde reside de manera permanente. Tiene a cargo a sus padres
e hijos [ella ama de casa y él dedicado al negocio del calzado], en Ciudad
Bolívar, del Distrito de Bogotá. Es padre de tres niños menores de edad que
viven en la ciudad de Bogotá con la madre de los menores.
[723] Para el Ministerio de Justicia y del Derecho la
normatividad vigente establece que la autoridad competente en todo lo referente
al tema de infraestructura carcelaria es la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios.
[724] El modelo de concesionar cárceles a personas
jurídicas privadas ha recibido críticas, por ejemplo, en Estado Unidos de
América, país que ha implementado este tipo de políticas. Se las promueve,
advirtiendo que son una solución real y posible a la crisis carcelaria y que,
implementada adecuadamente y con la debida regulación del Estado, puede ser
favorable. De otra parte, Se cuestionan los efectos indeseables e incentivos
perversos que ha generado el interés de lucrarse con la presencia de más personas
recluidas en prisión, por más tiempo y a más bajo costo, por ser más rentable.
[725] Dijo al respecto el Ministerio: “[…] Mediante estos
programas, se busca la creación de 26.000 nuevos cupos penitenciarios a nivel
nacional, algunos de ellos destinados a remplazar varios de los centros de
reclusión existentes, así como la readecuación y reubicación de otros. Para
concretar este propósito se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior
y de Justicia, el INPEC y la Corporación Andina de Fomento –CAF–, en julio (07)
de 2011. Esta última entidad estará a cargo de la estructuración de un modelo
financiero que permita concesionar la construcción y algunos servicios
penitenciarios (excluida la vigilancia y la custodia) para visibilizar los
proyectos requeridos.  ||  Tal estructura financiera y la necesidad de acudir a
la figura de la concesión, está justificada por la falta de presupuesto para
acometer las obras de infraestructura y el mantenimiento de las mismas, por
cuanto la Nación sólo cuenta con recursos que no superan los cien mil millones
de pesos ($100.000.000.000), cifra que sólo cubriría el costo de un complejo
penitenciario (máximo 4.500 cupos).”
[726] Intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho, Expediente T-3647294, folios 112 a 122.
[727] Expediente T-3554145, folios 102 a 106.
[728] La norma en cuestión fue reproducida por la
intervención del INPEC así: “así: ‘Artículo 38. De los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad conocen: 1. De las decisiones necesarias para que
las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.  ||  2.
De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias
proferidas en procesos distintos contra la misma persona.  ||  3. Sobre la
libertad condicional y su revocatoria.  ||  4. De lo relacionado con la rebaja
de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.  ||  5. De la
aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias
o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que
supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o
una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.  ||  6. De la
verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida
de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si
se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a
los inimputables […].”
[729] A juicio del INPEC, “[…] los competentes para
satisfacer las necesidades en cuanto a la detención domiciliaria [según el
Código Penitenciario y Carcelario], se encuentra en cabeza del despacho
judicial de conocimiento. Resultando la falta de legitimidad en la causa por
pasiva respecto de la Dirección General del INPEC.” Intervención del INPEC,
Expediente T-3647294, folios 123 a 124.
[730] Intervención de la Presidencia de la República,
Expediente T-3647294, folios 102 a 107.
[731] Intervención del Director de la Cárcel Modelo,
Expediente T-3647294, folios 128 a 133.
[732] Dijo lo siguiente: “Respecto al hacinamiento, la
población actual supera los 7.839 internos, de los cuales 3.283 son condenados,
es decir, hay una sobrepoblación de más del 100% del cupo disponible con que
cuenta el Establecimiento para albergar personas privadas de la libertad […]”.
[733] La entidad añadió lo siguiente en su participación en
el proceso del señor Mesa Rosero: “Este Ministerio ha dado estricto
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, especialmente en lo
relacionado con la función presupuestal y de giros, asunto en que ha sido
especialmente diligente priorizando los giros correspondientes a las entidades
encargadas de atender en forma directa las necesidades básicas de la población
carcelaria del país, como ya se manifestó con la partida de $1.009.364.822.282
girados al INPEC para el año 2010, de $1.087.876.271.510 para el año 2011 y $
1.202.174.529.951 para la vigencia actualmente en curso.”
[734] Intervención del Juez Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, DC. Expediente T-3647294, folios 221 a 223.
[735] En este caso se ha de entender que el Juez hace
referencia al señor Wilfredo Mesa Rosero, pues la sentencia, textualmente hace
referencia al “condenado Alvaro José Marín Arias (sic)”.
[736] Para el Juez, “[…] teniendo en cuenta el tiempo de
privación de la libertad del penado, no hay la posibilidad jurídica que de
dicho oficio o a petición del condenado o su apoderado se entre a estudiar de
fondo un subrogado o sustituto penal que tenga que ver con la libertad
condicional que pueda de conformidad con el estado de la ejecución de la pena,
entrar a admitir su concesión. Mucho menos, la pena de prisión impuesta a la se
encuentra cumplida [sic].”
[737] Corte Constitucional, Sentencia T-974 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo); en este caso se resolvió entre otras, tutelar los
derechos a la vida y la salud de una comunidad que se veía afectada ante las
constantes inundaciones producidas por el desborde del río La Vieja.
[738] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia de
junio 13 de 2012 (MP Dagoberto Hernández Peña) Rad 110012204000201201504  00.
Expediente T-3554145, folios 107 a 125.
[739] Dijo la sentencia al respecto: “en relación con las
pretensiones concretas del accionante cabe precisar que la relativa a la
excarcelación no es procedente en este evento, debido a que tal determinación
únicamente se da por unas causales taxativas y el competente para decretarla es
el juez penal correspondiente, de lo contrario, el juez de tutela excedería la
órbita de sus facultades, en tanto que sólo puede pronunciarse respecto de la
afectación de los derechos fundamentales de las personas.”
[740] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de
junio 28 de 2012 (MP Fernando Alberto Castro Caballero); Tutela 61370.
[741] La sentencia del señor Ortiz Agudelo, que fue
concedida, es del 13 de junio de 2012, la sentencia del señor Mesa Rosero, que
fue negada, es del día justamente anterior, el 12 de junio de 2012.
[742] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia de
junio 12 de 2012 (MP Marco Antonio Rueda Soto; SV Carlos Héctor Tamayo Medina).
Expediente T-3647294, folios 134 a 155.
[743] Dijo la sentencia al respecto: “[…] la situación
demostrada en este asunto no ha sido ajena a la jurisdicción constitucional,
que en pretérita decisión impartió las órdenes a las autoridades estatales
orientadas precisamente a superar esa violación generalizada y persistente de
los derechos fundamentales de los internos, uno de ellos, se insiste, el ahora
accionante.  || […] la Corte Constitucional, desde hace más de dos lustros
declaró la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones […
e] instó a las autoridades competentes a la adopción de medidas orientadas a
garantizar las condiciones de vida dignas en los penales.  […]  ||  En este
orden de ideas, resulta forzoso colegir que la situación noticiada en estas
diligencias ya fue objeto de decisión, porque independientemente de que el
accionante Mesa Rosero no hubiese sido parte en esa pasada acción pública,
inclusive, que tampoco estuviese privado de la libertad para la data de emisión
del pronunciamiento, surge incontrastable ante la declaración efectuada en el
precedente reseñado que estuvo orientado a superar una situación
inconstitucional que ahora simplemente indica que persiste.”
[744] Dice la sentencia de la Sala Penal del Tribunal: “[…]
el apoderado del accionante sólo adujo que Mesa Rosero hace varios años sufrió
el accidente en el cual padeció la fractura de ambos brazos, razón por la cual
desde entonces presenta problemas de movilidad de tales miembros. De igual
modo, que en el establecimiento no ha recibido el tratamiento adecuado; sin
embargo, en los posteriores apartes del estricto de tutela admite haber sido
atendido en varias oportunidades por medicina general para exteriorizar la
inconformidad con el criterio del galeno que lo atendido [sic], en cuanto no ha
accedido a la solicitud de aquél de su remisión al especialista en ortopedia.
||  En síntesis, la atención que reclama no ha correspondido en manera alguna a
un tratamiento, examen o medicina que le  haya sido prescrita y negada, sino a
una valoración que Correa Fonseca [sic] estima, en contravía del criterio del
médico tratante, que resulta necesaria. En consecuencia, por esta causa no
puede admitirse que resultó vulnerado el derecho fundamental referido.”
[745] Expediente, T-3647294, segundo cuaderno, folios 3 a
10.
[746] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia 2
de agosto de 2012 (MP Marco Antonio Rueda Soto; AV Carlos Héctor Tamayo
Medina). Expediente, T-3647294, folios 237 a 262.
[747] Se dijo al respecto: “(i) Los supuestos para que se
dé la cosa juzgada constitucional en sede de tutela, en relación con la
sentencia T-153 de 1998, no son aplicables en este caso de la referencia.  (ii)
Si bien hoy en día existe una situación tan grave como la que la Corte pudo
observar en 1998 o incluso peor, las indebidas condiciones de reclusión que
actualmente dan lugar a la ocurrencia del TCID en contra de la población reclusa,
se dan en un contexto distinto, con nuevas dimensiones y por razones
diferentes.  (iii) […] la sentencia T-153 de 1998, junto con la aparente
permanencia del ECI declarado en ese entonces, no autoriza a los jueces de la
jurisdicción constitucional a que se nieguen a estudiar de fondo las
pretensiones de casos similares, salvo que se quiera incurrir en una
vulneración del derecho de acceso a la justicia.” Impugnación, Expediente
T-3647294, folios 199 a 210.
[748] Al respecto, se alegó lo siguiente: “[…] la necesidad
de remitir al señor Mesa Romero a un ortopedista sí fue identificada por el
médico tratante. Es precisamente porque el médico general de La Modelo carece
de la especialidad, el conocimiento, o los espacios suficientes, que no se le
ha podido otorgar el tratamiento necesario para aliviar los dolores de mi
defendido, la poca movilidad que tiene en sus brazos. En esta medida, la
obstaculización de la remisión configura una vulneración al derecho fundamental
a la salud, y refleja un trato cruel, inhumano y degradante […]”.
[749] Por último, se advirtió que el Plan de construcción
de cárceles por el Ministerio de Justicia y del Derecho no es adecuado, en la
medida que no son soluciones estructurales y duraderas. Se dijo al respecto: “En
primer lugar, es de recordar que, aunque es valioso que el Gobierno haya
realizado un plan de construcción y refacción carcelaria, el índice actual de
hacinamiento es del 40,2%. Esto demuestra, a grandes rasgos, que la creación de
nuevos cupos es una apuesta insuficiente frente a la problemática general del
sistema penitenciario y carcelario, la cual demanda más que la simple
construcción de nuevos centros de reclusión.”
[750] Expediente, T-3647294, segundo cuaderno, folios 21 a
35.
[751] Para la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, “[…] de
ninguna manera puede entenderse que con ocasión de la problemática de
hacinamiento, el interesado tenga derecho de forma inmediata a su libertad,
pues como este lo advierte, se encuentra privado de ella en virtud de un
proceso penal dentro del cual resultó condenado y cuya sentencia está
ejecutoriada.  ||  Además, el accionante no acreditó haber presentado solicitud
de libertad ante el despacho judicial que vigila su pena, es decir, no existe
ningún presupuesto del cual deduzca la obligación constitucional de atender las
peticiones presentadas por el actor.”
[752] Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, sentencia de
30 de enero de 2013 de Santiago Villa Arboleda contra la Cárcel Modelo de
Bogotá y el INPEC. En la sentencia se resolvió tutelar los derechos invocados e
impartir varias órdenes complejas. Entre ellas: abstenerse de recibir
ciudadanos, condenados o sindicados, por el término de tres meses, término
dentro del cual se debería trasladar a personas para reducir la situación de
hacinamiento. Se tomaron medidas también para garantizar el acceso a los kit de
aseo, para mejorar las condiciones de salubridad, la calidad del servicio de
salud y para que no se tomarán represalias en contra del accionante.
[753] Dijo la acción de tutela: “Me encuentro en este penal
a órdenes de las autoridades judiciales pertinentes; el INPEC me tiene
durmiendo en el baño en gravísimas condiciones de sanidad; existen goteras,
humedades, malos olores al lado de la basura, etc. Corro el peligro de adquirir
una enfermedad de pulmón –bronquitis, tuberculosis, etc. –.  Mi vida corre
peligro. Ello sucede en el pasillo […] planta uno, patio N° 8, Cárcel Nacional
Bellavista. El hacinamiento es de un 600% y el penal es para tan sólo 1500
presos; […]” Expediente T-3645480, folios 1 a 5.
[754] Dijo al respecto: “[…] Yo acudí a la oficina de
derechos humanos de este penal y nos informaron que […] teníamos derecho a que
nos traten en condiciones dignas; [que] el hacinamiento no es [su] culpa, el
problema es de presupuesto; la oficina de derechos humanos informa que el mismo
Ministerio del Interior y de Justicia estuvo en este penal y prometió de todo a
los detenidos, incluso presupuesto para instalar puestos de centros educativos
de formación académica superior; […]”.
[755] Dijo la acción de tutela al respecto: “[…] no ha sido
posible la atención a los detenidos y familiares, la solución ha sido
trasladarlos a otros penales y alejarlos de sus seres queridos, como
retaliación a múltiples tutelas y denuncias; a la Procuraduría y la Defensoría
y la Personería; […]”.
[756] Sostuvo que “[…] la Presidencia de la República no es
la autoridad responsable de las conductas presuntamente constitutivas de
vulneración de los derechos fundamentales del actor y, en consecuencia, la
tutela no puede ser concedida contra mi representada.” Expediente
T-3645480, folios 31 a 36.
[757] Se dice que “[…] la vinculación del Ministerio de
Justicia y del Derecho en el caso sub judice, conlleva una indebida
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, conforme con el Código
Penitenciario y Carcelario, todo lo referente al régimen dotación de elementos
para las celdas, concierne única y exclusivamente a la Dirección del INPEC,
bajo una potestad discrecional que ejerce con total apego al principio de
legalidad y en uso de la autonomía administrativa que le concede la ley.”
Expediente T-3645480, folios 37 a 45.
[758] Solicitó al Tribunal Superior, que se “[…] abstenga
de emitir pronunciamiento en contra de la Dirección Regional Noroeste, INPEC,
por no existir violación alguna de Derechos Fundamentales.” Expediente
T-3645480, folios 46 a 47.
[759] Dijo al respecto: “Para efectos de ubicar a los
internos en todos los establecimientos funciona un órgano colegiado denominado
junta de asignación de patios y celdas, este grupo es el encargado de estudiar
las solicitudes de cambios de patio, por tanto en el evento que un interno
quiera que le sea efectuado un cambio de patio debe dirigir su petición ante el
Comando de Vigilancia o Director del Establecimiento, para que la junta citada
estudie la viabilidad o no de cambiarlo de patio, dejando claridad que esta
sede regional no es competente para ordenar estos cambios.  ||  Desde el
establecimiento podrán informar la distribución actual de los patios y la
destinación de estos, indicando el lugar en el cual están ubicados los internos
y si están en un lugar en el cual están los internos que es encuentran en
mediana y mínima seguridad.”
[760] Expediente T-3645480, folios 75 a 80.
[761] Expediente T-3645480, folios 65 a 83.
[762] Para el Director, “[…] del cuerpo de la demanda se
advierte –si bien no de una forma fácil y apacible– que los desencuentros e
inconformidades en materia de sus derechos fundamentales, los dirige el
accionante contra todas estas entidades, pero no de una forma apodíctica contra
Bellavista, la Cárcel en la cual se halla confinado”. Expediente T-3645480,
folios 48 a 64.
[763] Solicita “que [sea] declarada la temeridad, en consecuencia
se les imponga la sanción de multa hasta el máximo que sea permitida, dada la
recurrente y sistemática actitud de interponer acciones de tutela contra el
INPEC y de las autoridades referidas.”  El Director de la Cárcel sostuvo:
“Comoquiera que del texto de la tutela se desprende una inescindible relación
con reiteradas tutelas que ha interpuesto el señor David Marín Alonso, solicitó
desde ya al Magistrado hacer uso de las medidas que le concede el Decreto 2591
de 1991. ||  […]  ||  [Por ejemplo] la acción de tutela […] en la cual, con la
misma letra (igual manuscrito), se quiso por parte del allí accionante, señor
David Marín Alonso, vincular a las mismas autoridades que en principio también
se pretendió en la acción de tutela que ahora se debate, valga decir,
Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Oficina Víctimas de la
Fiscalía, y medios radiales y televisivos de Medellín, así mismo, son también
coincidentes las siguientes pretensiones.”
[764] Dice la comunicación: “Cordial Saludo.  ||  Las
graves condiciones de hacinamiento que soporta este Establecimiento Carcelario
dan cuenta de un número muy cercano a los siete mil (7000) internos, por encima
de la capacidad instalada (dos mil cuatrocientos [2400], situación que amenaza
seriamente con sobrepasar la seguridad y la estabilidad del reclusorio, sin
dejar de lado el progresivo nivel de descontento por parte de la población
detenida, empeorada además porque el número de los funcionarios para atender
tal demanda, paradójicamente, ha disminuido. Agudiza lo anterior, el cierre
temporal que soporta el pabellón de comunes de la Penitenciaria de Itagüí y que
impide la destinación hacia allí de detenidos. Por todas estas razones, le
ruego dar instrucciones a los jueces penales y los fiscales tendientes a
trasladar a los detenidos actuales y futuros hacia el ERON PDREGAL con el único
fin de aliviar el crecimiento casi geométrico de esta población en la Cárcel
Bellavista y evitar otros potenciales e inminente perjuicios, como fugas o
amotinamientos. Igualmente le solicito se agende una reunión con los jueces de
penas fiscales y jueces de control de garantías con el propósito de
sensibilizar la problemática con la profundidad y urgencia que demanda.”
Expediente T-3645480, folio 54.
[765] Tribunal Superior de Medellín, Sala de Tutela,
sentencia del 9 de agosto de 2012 (MP Pio Nicolás Jaramillo Marín). Víctor
Alonso Vera contra la Cárcel Bellavista de Medellín y otros. Expediente
T-3645480, folios 88 a 95.
[766] Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión
Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana María Zapata Pérez). Esta decisión
había sido tomada inicialmente en marzo 4 de 2013, pero fue anulada durante el
trámite de impugnación, por cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia consideró que se ha debido vincular a otras entidades y autoridades
carcelarias, fue así como se vinculó al Proceso al Presidente de la República,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de
Planeación, la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Nacional de Salud,
a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Servicios Penitenciarios
–SPC-, a los Alcaldes de los Municipios de Medellín y de Bello, Antioquia, al
Gobernador de Antioquia, a la Secretaría Seccional de Antioquia, a la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a la Personería
de Medellín, a la Defensoría del Pueblo Regional y al señor contratista de
alimentación, Fabio Doblado Barreto. Todas las entidades citadas, por solicitud
de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las solicitudes presentadas
junto a la impugnación, solicitaron ser desvinculadas del proceso por
considerar que es otra la entidad responsable. Esto es, respondieron lo mismo
que han dado como respuesta en varios de los procesos de acción de tutela
[767] La orden concreta de la sentencia dijo: “SÉPTIMA: Se
ordena al director del EPMSC BELLAVISTA, que a partir de los 8 días siguientes
a la notificación de esta providencia,  se abstenga de recibir   internos
nuevos  o trasladados, hasta tanto se hayan ejecutado  los  Planes de
Mejoramiento Carcelario establecidos en  las ordenes PRIMERA (numerales 1, 3 y
4), SEGUNDA  (numerales 1 y 3) de esta sentencia y  hasta tanto se haya
reducido al 0% el nivel de hacinamiento.  ||  Una vez alcanzado este nivel,
sólo podrán ser admitidos internos  nuevos o  por  traslado, cuando se acredite
la existencia de un  cupo disponible para cada persona que vaya a ser recluida
en el EPMSC BELLAVISTA, para de este modo garantizar que no se eleven los
niveles de hacinamiento más allá de la capacidad disponible para albergar de
manera digna a los internos,  respetando los derechos humanos y fundamentales
que les asisten, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia
constitucional y atendiendo a  las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos.”
[768] En razón a la importancia de la información recogida
por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se adjunta, a
manera de cuarto anexo el Acta de la diligencia judicial de visita a la Cárcel
Bellavista de Medellín.
[769] Las órdenes adoptadas al respecto fueron:  “Al Presidente
de la República en su calidad de Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios – SPC-   al Ministerio de Salud y Protección
Social y al Director del EPMSC BELLAVISTA, que de manera conjunta y
dentro del ámbito de sus competencias, en asocio con los Alcaldes de los
Municipios de Bello y Medellín, la Gobernación del Departamento de Antioquia y
la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, adopten las
medidas administrativas y presupuestales necesarias para:  (1)  Garantizar la
adecuación de la infraestructura del EPMSC BELLAVISTA,  […]  ||  (2)  Adoptar,
en un plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia, un Plan de Manejo Ambiental y Sanitario General para el EPMSC
BELLAVISTA, […]  ||  (3) Garantizar condiciones de reclusión acordes con las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos […].” Tribunal Superior de
Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana
María Zapata Pérez).
[770] Las órdenes adoptadas al respecto fueron: “Al
Presidente de la República, en su calidad de Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al  Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario,  a la Unidad de Servicios Penitenciarios – SPC- al
Ministerio de Salud y Protección Social,  ala EPS CAPRECOM  y al  Director del
Establecimiento Carcelario, que de manera conjunta y dentro del ámbito de sus
competencias, en asocio con  la Superintendencia Nacional de Salud y la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, adopten las
medidas administrativas y presupuestales necesarias para: (1) Garantizar la
adecuación de la infraestructura del Área de Sanidad del establecimiento
carcelario; […]  ||  (2) Garantizar la recuperación de la salud de los internos
durante el tiempo en que se ejecuten las obras derivadas del  Plan de Gestión y
Mejoramiento Integral y de Residuos Hospitalarios de toda el Área de Sanidad.
[…] ||  (3) Garantizar condiciones de reclusión acordes con las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos en materia de salud y que en el Área de
Sanidad se implemente la dotación estructural asistencial y tecnológica
asistencial específica, para una adecuada prestación de los servicios de salud
en cada área.  […]  ||  Garantizar la continuidad en la prestación de los
servicios de salud de los internos del EPMSC BELLAVISTA.” Tribunal Superior de
Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana
María Zapata Pérez).
[771] Dijo la sentencia al respecto: “TERCERA: Habiéndose
constatado la existencia de múltiples omisiones e irregularidades por  la EPS
CAPRECOM y por  LA CLÍNICA  DEL NORTE  y demás  IPS y ESE que se han negado a recibir
a los internos del EPMCS BELLAVISTA  para brindar la atención inicial de
urgencias con el argumento de que  ‘no se encuentra vigente el convenio con
CAPRECOM’, se […]”  exhortó a la Secretaría Seccional de Salud y a Protección
Social de Antioquia para que tomarán acciones al respecto, dentro de sus
competencias legales y reglamentarias, así como a la Superintendencia Nacional
de Salud para lo de su competencia.” Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta
de Decisión Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana María Zapata Pérez).
[772] Dijo la sentencia al respecto: “CUARTA: Habiéndose
constatado durante el trámite de este proceso, que en los meses de enero y
junio de 2013, fallecieron los internos JOHAN ANDRÉS OSPINA (6 de enero),
HECTOR MARIO RUIZ RICO  (16 de enero) , JHONATAN STEVEN RENDON ZAPATA (8 de
febrero),  FRANCISCO ERNESTO MARTINEZ MONTOYA ( 16 de mayo), JUAN ALBERTO
MONTOYA AGUDELO (13 de abril), ARGIRO DE JESUS ARANGO GONZALEZ (10 de abril de
2013), ADRIAN SNEIDER ANGEL GOMEZ (8 de abril de 2013), JOAQUIN ALEJANDRO
MEDINA VILLEGAS (2 de abril de 2013) y JORGE WILLIAM GAVIRIA (19 de marzo de
2013)  y partiendo de las siguientes premisas: i) Que las  muertes al parecer
tuvieron como causa el agravamiento de su estado de salud  y  se  presentan en
un contexto similar; ii) En  tanto su investigación fue asignada a fiscales
distintos; iii)En atención a la gravedad de estos hechos y en aras de
garantizar una investigación integral, oportuna y que permita esclarecer la
verdad de lo ocurrido dentro del marco del estado de cosas inconstitucional
que en la actualidad subsiste de manera agravada en el EPMSC BELLAVISTA; y
iv)  En razón a lo previsto  en  los artículos  250 y 251 numeral 3 de la
Constitución Política así como en el artículo 116 numeral 2 de la Ley 906 de
2004, a juicio de esta Sala de Decisión resulta procedente  EXHORTAR  al FISCAL
GENERAL DE LA NACIÓN  para que de conformidad  con  las atribuciones
constitucionales y legales ante dichas,   analice y valore la posibilidad de
designar un  solo fiscal o una comisión especial para, para  continuar con la
investigación de estos hechos.” Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de
Decisión Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana María Zapata Pérez).
[773] Dijo al respecto la sentencia: “Al  Ministerio de
Justicia y del Derecho, al  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y
al  Director del Establecimiento Carcelario, que de manera conjunta y dentro
del ámbito de sus competencias,  adopten las medidas administrativas y
presupuestales necesarias para:  (1) Garantizar  que los internos puedan dar
cumplimiento a los requisitos que darían lugar al otorgamiento de subrogados
penales y beneficios administrativos y que dependen de trámites y funciones
asignadas por la Ley al Sistema Penitenciario […]  ||  (2) Garantizar el
cumplimiento de la finalidad resocializadora de la pena de prisión  al interior
del EPMSC BELLAVISTA, partiendo de la premisa de que ésta se logra
primordialmente durante la ‘etapa de ejecución de la pena’, así como el
cumplimiento de las exigencias para efectos de redención  de pena por trabajo y
estudio. […protección especial al derecho a trabajar, a la educación y a la
enseñanza]  ||  (3) Garantizar  la separación entre condenados e imputados, y
acusados según sea el caso.” Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de
Decisión Laboral, sentencia de junio 17, 2013 (MP Ana María Zapata Pérez).
[774] Dijo al respecto: “[…] Yo acudí a la oficina de
derechos humanos de este penal y nos informaron que […] teníamos derecho a que
nos traten en condiciones dignas; [que] el hacinamiento no es [su] culpa, el
problema es de presupuesto; la oficina de derechos humanos informa que el mismo
Ministerio del Interior y de Justicia estuvo en este penal y prometió de todo a
los detenidos, incluso presupuesto para instalar puestos de centros educativos
de formación académica superior; […]”.
[775] Se puede ver una descripción detallada de los
antecedentes del presente caso en el Segundo Anexo a la presente sentencia.
[776] Expediente T-375561, folios 1 a 4.
[777] La acción de tutela se presentó ante la Corte Suprema
de Justicia, Corporación que, por las reglas de reparto, la remitió al Tribunal
Superior de Popayán, Sala Civil y de Familia, despacho que finalmente admite la
acción de tutela y la tramita. Expediente T-375561, folios 5 a 13.
[778] Dice al respecto: “[…] En el EPCAMS de Popayán
el sobrecupo ya casi alcanza el 50% y en alza. Esto ha desatado una
indiscriminada violación a los derechos humanos. Circunstancia que se volvió
insostenible. Esto, producto de las pésimas políticas de prevención,
resocialización y descongestión: pues a pesar de nuestros delitos grandes o
leves, desde ningún punto de vista hemos dejado de ser seres humanos y la CN
protege nuestros derechos fundamentales que son agredidos a diario, como el
respeto a la dignidad humana, a no ser objeto de humillaciones, tratos crueles e
inhumanos. […]”
[779] Dice la acción de tutela al respecto:  “[…] somos el
reflejo de un estado que por décadas ha abandonado a sus hijos: el
desplazamiento forzado, el hambre, la zozobra, la falta de salud, educación,
empleo digno, etc., ha hecho que miles de madres y padres cabeza de hogares se
vean obligados a vivir del famoso rebusque y por lo tanto, esto hace que los
trabajadores informales se conviertan en delitos: ejem, el comercio de sidis
piratas o vender ropas con marquillas ajenas. ¿Por qué a este tipo de
infractores no se les da prisión domiciliaria, mientras asume su juicio siempre
y cuando cumpla los requisitos objetivos y subjetivos? […].” Hay muchos delitos
que no afecta a la comunidad de manera física o material porque infringen la
ley de manera accidental, culposa, contravencional, se alega, sin embargo, son
recluidos en centros carcelarios y es ahí donde se alimenta el hacinamiento.
[780] Expediente
T-375561.
[781] Expediente T-3759881, folios 1 a 8.
[782] Al igual que en el caso anterior, la acción de tutela
se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Corporación que, por las reglas
de reparto, la remitió al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, despacho que finalmente admitió la acción de tutela y la tramitó.
Expediente T-3759881, folios 9 a 17.
[783] Para ver en detalle los argumentos de esta acción de
tutela, ver el resumen de los cargos del caso anterior; Expediente T-375561.
[784] Cfr. Con
los expedientes T-375561 y T-3759881.
[785] Expediente T-3759882, folios 1 a 7.
[786] Al igual que en los dos casos anteriores, la acción
de tutela se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Corporación que, por
las reglas de reparto, la remitió al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y
de Familia, despacho que finalmente admitió la acción de tutela y la tramitó.
Expediente T-3759882, folios 8 a 16.
[787] Para ver en detalle los argumentos de esta acción de
tutela, ver el resumen de los cargos del primer caso contra la cárcel San
Isidro de Popayán, en el proceso de la referencia; Expediente T-375561.
[788] Dijo el Juez:  “Este despacho vigila la pena impuesta
al señor Luis Enrique Leal Sosa, quien fue condenado por el Juzgado Penal del
Circuito de Calarcá, mediante sentencia del 3 de abril de 2008, a la pena de 33
años, 10 meses de prisión, más las accesorias de ley, por el delito de
homicidio agravado y por porte ilegal de armas, sentencia confirmada por el
Tribunal Superior de Armenia.  ||  El accionante a este despacho no ha
presentado petición alguna.” Expediente T-375561, folios 28 a 29.
[789]Dijo al respecto: “[…] de la lectura de la acción de
tutela presentada por el procesado, se tiene que con la misma busca se tomen
medidas para descongestionar el Establecimiento Penitenciario, ante lo cual
estos despachos judiciales no son competentes para tomar dichas decisiones,
pues la competencia primordial es la de vigilar la ejecución de la pena de los
condenados, no pudiendo ordenar traslados a otros establecimientos, pues esa
función radica en el INPEC.”
[790] Dijo al respecto: “Es importante anotar que este Juez
es consciente de la situación penitenciaria que se está viviendo actualmente en
el país, pues es de público conocimiento el hacinamiento que se vive en las
cárceles de Colombia, no obstante, no podemos tomar medida a motu proprio
con el fin de descongestionar las cárceles o algo similar, puesto que dichas
acciones debe ser adoptadas por el poder legislativo al expedir leyes
tendientes a mejorar la situación carcelaria, las cuales sí pueden ser
aplicadas por los Juzgados de Ejecución de Penas.  ||  Resaltamos que en varias
oportunidades se ha oficiado al Director Nacional y Regional de INPEC, poniendo
en conocimiento el hacinamiento que presentan los centros carcelarios del
Cauca, relacionando los cupos de cada establecimiento y el nuevo efectivo de
detenidos que tienen actualmente, donde se evidencia el sobrecupo, lo que ha
sido constatado personalmente en las visitas carcelarias, pero no se ha
obtenido respuesta de parte de las autoridades del INPEC. ”
[791] Expediente T-3759881, folios 70 y 71. Sustentó su
posición así: “[…] a este despacho correspondió por reparto conocer del proceso
[…] correspondiente al señor Omar Rolando Herrera Nastacuas, quien resultó
condenado por el Juzgado 001 Penal Especializado del Circuito de Pasto, Nariño,
mediante sentencia de 28 de junio de 2011, por el delito de homicidio agravado
y debe descontar la pena de quinientos veinte meses (520) de prisión, no le fue
concedido el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Hechos acaecidos el 4 de febrero de 2009.”
[792] Expediente T-3759882, folio 57. Sustentó su posición
así: “[…] a este despacho correspondió por reparto conocer del proceso […] para
ejecutar la pena de ciento veintidós (122) meses, quince (15) días y nueve (9)
horas de prisión impuesta en contra del señor Jhon Jairo Cifuentes U.L., por el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, Cauca, mediante
sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009, por el delito de terrorismo en
concurso con rebelión, no le fue concedido el beneficio de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, por hecho acaecidos el 16 de octubre de
2007. ||  Por auto de sustanciación N° 855 del 9 de junio de 2011, este
despacho avoca el conocimiento del proceso y gira la boleta de encarcelación N°
227 ante el señor Director del Centro Penitenciario de esta ciudad.  ||  Se han
decidido las siguientes peticiones.  ||  - solicitud de información elevada el
16 de agosto de 2012, se decide mediante sustanciatorio N° 553 del 22 de agosto
de 2012.  ||  - derecho de petición elevado el 17 de septiembre de 2012, se
decide mediante sustanciatorio N° 616 del 20 de septiembre de 2012.  ||  -
redención de pena elevada el 21 de septiembre de 2012, se decide mediante
sustanciatorio N° 983 del 25 de septiembre de 2012.  ||  En cuanto al
fundamento de la acción de tutela interpuesta por el interno-accionante, este
despacho considera que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno. Así
las cosas, le solicito respetuosamente se nos desvincule de la misma.”
[793] Expediente T-375561, folios 34 a 40.
[794] Añade al respecto: “El establecimiento penitenciario
de Popayán actualmente cuenta con dos infraestructuras, donde se alberga la
población reclusa, a la cual se le ha dictado medida de aseguramiento por parte
de autoridad judicial competente.  ||  […]  ||  Las dos infraestructuras [….]
son Alta Seguridad y Mediana Seguridad. Cada una con una capacidad de
alojamiento diferente.  Alta Seguridad  –  1556 internos;  Mediana Seguridad
–  900 internos.  ||  […] en la resolución 020 de marzo 08 de 2012, alta
seguridad cuenta actualmente con 10 pabellones, de los cuales 9 de ellos
contiene un total de 82 celdas, donde existen dos camarotes en cemento (cama),
un lavadero, baño y mesón. Cuyas dimensiones son de 2 mts x 4 mts = 8 metros
cuadrados. Para una capacidad de 2 internos por celda. Para un total de 164
internos por pabellón del uno al pabellón 9. El pabellón 10 por infraestructura
tiene una capacidad de 80 internos, con un total de 40 celdas, cada una de
ellas habilitada para dos internos.
[795] Expediente T-3759881, folios 35 a 40 y Expediente
T-3759882, folios 51 a 56.
[796] Dijo al respecto la intervención:  “El Congreso de la
República, no tiene dentro de sus competencias, la de establecer políticas
administrativas al interior de los establecimientos públicos carcelarios,
debido a que en Colombia, esa función se encuentra radicada en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, entidad a que le ha sido asignada
entre otras, la formulación de la política criminal, penitenciaria y
carcelaria, y custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad al
interior de los establecimientos de reclusión y la garantía de su integridad y seguridad.
||  Por tal razón, consideramos que el accionante no tienen elementos fácticos,
ni jurídicos para endilgar la responsabilidad de la amenaza o eventual
vulneración de sus derechos fundamentales al Congreso de la República, más aún,
cuando el artículo 136 Constitucional, le prohíbe expresamente a las Cámaras
Legislativas inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras
autoridades.  ||  En virtud de los anterior, es dable pensar que en el caso en
comento, existe una indebida designación del demandado o falta de legitimación
por pasiva, en lo que respecta al Congreso de la República.” Expediente
T-375561, folios 63 a 66.
[797] Expediente T-375561.
[798] Dijo el Secretario del Congreso en su intervención:
“Asimismo es preciso manifestar que en la presente acción, el accionante no
demuestra el derecho fundamental vulnerado por parte de esta corporación, no
existiendo así relación causa-efecto entre el perjuicio causado y la acción y
omisión del accionado.  ||  Por último, considero que la presente tutela
resulta improcedente por carencia de objeto tutelable, teniendo en cuenta que
el Accionante no señala ni concreta de qué manera se le están desconociendo sus
derechos, ni demuestra encontrarse ante la inminencia de un perjuicio
irremediable que permita el amparo por lo menos en forma transitoria.”
[799] Expediente T-3759881, folios 120 a 124.
[800] Expediente T-3759882, folios 92 a 94, y Expediente
T-3759882, folios 107 a 111.
[801] Dice al respecto la intervención: “En referencia a
las medidas de aseguramiento que inciden en los derechos de las personas estas
han de ser ordenadas por el juez de control de garantías, no por el fiscal,
quien como ente acusador se limita a solicitarla cuando se cumplen los fines o
requisitos que justifican tales medidas, y que se encuentran precisadas en el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004 […]  ||  A su vez, el artículo 250 numeral
1° de la CP, destaca el criterio necesidad como guía que debe orientar
la imposición de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su
vez vinculado a tres finalidades allí establecidas:  (i) asegurar la
comparecencia de los imputados al proceso penal;  (ii) la conservación de la
prueba; y  (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
||  El carácter exceptivo y la vinculación a fines de la detención preventiva
(necesidad), encuentra así mismo fundamento en el artículo 9° del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968
[…].  ||  De igual forma, la procedencia de la detención preventiva en
establecimiento carcelario o su sustitución por la del lugar de residencia se
encuentran regladas en los artículos 313 y 314 del Código de Procedimiento
Penal.  ||  Es así, pues, que los fiscales delegados al solicitar la medida no
hacen tarea diferente a darle cumplimiento a la disposición legal, y la procedencia
está sujeta a la decisión del Juez de Control de Garantías, quien es el
encargado de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa
para dictar la medida que corresponda.  ||  Por último, se da de señalar que el
mismo código menciona en su artículo 459 que ‘la ejecución de la sanción
penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades
penitenciarios bajo la supervisión y control del Nacional Penitenciario y
Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad’, por lo que los fiscales delegados no intervienen en este
trámite.”
[802] Expediente T-3759881, folios 99 a 101, y Expediente
T-3759882, folios 89 a 91.
[803] Expediente T-375561, folios 50 a 59.
[804] Dijo al respecto:  “Esta Cartera no ha vulnerado ni
amenaza con vulnerar los derechos del accionante en la medida que [el]
Ministerio de Justicia y Derechos no es competente ni funcional ni legalmente,
para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país ni
de decir en los servicios que allí se prestan.  […]  la adscripción del INPEC a
este Ministerio no configura ninguna clase de relación jerárquica funcional ni
de dependencia entre una entidad y otra, toda vez que dicha figura hace
relación a la orientación y controles sectorial administrativo tendientes al
desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio subordinado de
facultades y competencias por parte de los entes adscritos.  ||  En
consecuencia, el control administrativo que los Ministerios ejercen sobre las
entidades vinculadas tiende a fomentar el cumplimiento mancomunado de metas,
planes y programas gubernamentales, excluyendo per se la posibilidad de
limitar o condicionar la autonomía administrativa que el correspondiente acto
de creación les ha conferido y que, naturalmente, incluye la libre facultad e
independencia de actuación en el cumplimiento de las respectivas funciones.”
[805] Las ampliaciones, se afirma, se realizarían en
establecimientos de primera, segunda y tercera generación, de la siguiente
manera: Primera generación: Armenia, Santa Rosa del Viterbo, San Gil,
Socorro, Itagüí, Buga, Tuluá, Palmira y la Colonia Acacias.  Segundo
generación: Acacias, Girón, Cómbita y Valledupar.  Tercera generación:
Florencia, Yopal, Puerto Triunfo, Eron Acacias y Cúcuta.
[806] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y Familia,
sentencia de 3 de octubre de 2012 (MP José Francisco Varona Ortiz). Ver,
Expediente T-375561, folios 67 a 80.
[807] Dijo al respecto: “[…] vale la pena advertir que el
accionante, además de afirmar una precaria situación general de hacinamiento en
todas las cárceles del país, no concreta su particular situación de afectación
a sus derechos fundamentales, requisito necesario para que la acción de tutela
salga avante, adicionalmente no se aprecia ningún elemento probatorio que
permita inferir la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
invocados.  ||  Por su parte, es menester señalar que el actor, con respecto a
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, no particulariza
una situación de afectación de derechos fundamentales, vale decir, no se
encuentra acreditado el menoscabo o vulneración de sus garantías personales por
parte de tales despachos judiciales.”
[808] Dijo el Tribunal: “[…] la crisis planteada por el
actor en su demanda de tutela, es un asunto que es del resorte de las entidades
administrativas nacionales, toda vez que, se trata de un problema de política
criminal y carcelaria, cuestión que escapa del ámbito de competencia del juez
constitucional y por ende existiendo precedente constitucional, el presente
asunto demanda por los eventuales perjudicados el seguimiento de un trámite
incidental de cumplimiento o uno similar de desacato.  ||  […]  ||  Por su
parte, importa referir que el Gobierno Nacional, consta de un organismo asesor
denominado Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, quien se
encarga dentro de otras funciones de revisar anualmente el estado de
hacinamiento y condiciones de resocialización del sistema penitenciario,
cuestión que se encuentra consagrada en el artículo 1° de la Ley 888 de 2004,
por medio de la cual se modificó el Decreto 200 de 2003, regulación ésta
última, por medio de la cual se determinaron los objetivos y la estructura
orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia.”
[809] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, sentencia de octubre 24 de 2012, (MP Manuel Antonio Burbano Goyes).
Expediente T-3759881, folios 74 a 87.
[810] Afirmó que “[…] el tema del hacinamiento den las
cárceles del país, es un asunto que ya ha sido examinado por la Corte
Constitucional a través de la denominada doctrina constitucional ‘inter
comunis’, en el sentido que deben ser los diversos organismos y entidades
gubernamentales quienes mancomunadamente deben aunar esfuerzos para mejorar las
condiciones de los internos en todos los establecimientos penitenciarios de Colombia.”
[811] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, sentencia de octubre 24 de 2012, (MP Manuel Antonio Burbano Goyes).
Expediente T-3759882, folios 63 a 76.
[812] Afirmó le Tribunal que “[…] el tema del hacinamiento
den las cárceles del país, es un asunto que ya ha sido examinado por la Corte
Constitucional a través de la denominada doctrina constitucional ‘inter
comunis’, en el sentido que deben ser los diversos organismos y entidades
gubernamentales quienes mancomunadamente deben aunar esfuerzos para mejorar las
condiciones de los internos en todos los establecimientos penitenciarios de
Colombia.”
[813] Al respecto ver el apartado (9.1.1.) de las
consideraciones de la presente sentencia.
[814] Ver una versión completa y detallada de los
antecedentes de este caso en el Segundo Anexo de la presente sentencia.
[815] Expediente T-3805761, folios 1 a 12.
[816] Dijo al respecto la tutela: “El Establecimiento
Penitenciario […] tiene aproximadamente ochenta (80) años. Su construcción
arcaica, con capacidad para albergar aproximadamente doscientos (200) internos,
tiene a la fecha seiscientos cincuenta y dos (652) reclusos, existiendo
actualmente un grave problema de hacinamiento en un porcentaje del 326%,
especialmente en los patios 1 y 2.  ||  […]  el área de sanidad, […] sólo
cuenta con un médico adscrito al INPEC, quien atiende 4 horas en la mañana y un
promedio de 12 internos por día. CAPRECOM no tiene contratado ningún médico,
encontrándose dentro del convenio INPEC CAPRECOM que debería […] tener contratados
dos galenos. CAPRECOM, para brindar atención a la salud de los 652 internos,
sólo tiene contratado una jefe de enfermeras y dos auxiliares. Igualmente se
pudo establecer que el servicio de odontología desde el mes de febrero sólo
hace limpiezas, porque no hay insumos odontológicos. De otro lado, se nos
informa del incumplimiento al convenio por parte de CAPRECOM, en la
contratación de una aseadora para el área de sanidad.  ||  Es tan evidente la
problemática en el tema de salud en este establecimiento penitenciario, debido
al incumplimiento al convenio […] que los internos señalan las siguientes
dificultades:  no suministrar los medicamentos a los internos, demora en el
otorgamiento de citas y exámenes especializados, lo que ha generado inconvenientes
y molestias por parte de los internos, debido a la deficiencias en la
prestación del servicio. El stock de medicamentos de urgencias es
deficiente, generado por el envío en pequeños sobres, con pocos medicamentos en
comparación al número de internos que deben ser atendidos por enfermedades
virales.”
[817] Dijo al respecto: ““Reitero que los patios uno y dos
viven un hacinamiento del 326%, si se tiene en cuenta que para la fecha de las
visitas se encuentran 652, durmiendo unos sobre otros, a la intemperie, en los
pasillos […].  ||  El patio uno (1), consta de cuatro (4) celdas y tres (3)
inodoros, tres (3) duchas, dos (2) lavaderos y un (1) lavamanos múltiple en
pésimo estado, que son deficientes para la población recluida. Las condiciones
deplorables de los pabellones de alojamiento y las condiciones infrahumanas que
padecen los internos debido al problema del hacinamiento, produce angustia para
todos. Para su descanso, en su gran mayoría duermen en colchonetas, en carpas
rotas en mal estado, que permiten que el agua penetre, ocasionando camas
húmedas en condiciones insolubles.”
[818] Dijo la tutela: “El patio dos (2), está compuesto por
dos celdas de capacidad cada una de treinta (30) personas, pero
sorprendentemente allí también se evidencia grave problema de hacinamiento, lo
que obliga a que la mayor parte de la población duerma en carpas en mal estado,
que es casi como dormir a la intemperie. Allí además, permanecen cuerdas llenas
de ropa que gotean agua, no hay ventiladores suficientes, no obstante las altas
temperaturas de la ciudad, hay ocasiones en que nos encontramos a 40 grados
bajo techo.”
[819] Dijo la tutela: “El fuerte hacinamiento ha generado
un incremento de la delincuencia al interior de la cárcel, también que los
condenados y los sindicados deban compartir en las mismas celdas, y que se
impida el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario, fijados de
manera general en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, y que no se pueda contar
con espacios para que los internos logren desarrollar sus actividades y menos
contar con comedores donde dignamente los internos puedan ingerir sus alimentos,
en condiciones aceptables de salubridad.  ||  Debido al hacinamiento se
presentan riñas entre los mismos internos, solo cuentan con tres baños y tres
duchas en cada patio, en pésimas condiciones, muchos de los internos presentan
afecciones en su piel y en la fecha de la vista existe una propagación de
varicela y según lo informado por el médico, ha atendido a 7 internos con este
virus.”
[820] Dice lo siguiente: “El derecho a las visitas íntimas
en condiciones dignas para las personas privadas de la libertad, que implican
[…] un espacio de cercanía y privacidad personal y exclusiva de una pareja, es
de difícil cumplimiento en este centro penitenciario precisamente por el mismo
hacinamiento, porque no hay un lugar especial en este penal para ello y quienes
desean visitas íntimas con su pareja deben crear una especie de cambuche, es
decir, acondicionar el lugar donde duermen en común. Situación que constituye
un acto de degradación humana ante la pérdida de privacidad, o resguardo para
el secreto de los asuntos concernientes a la vida privada y familiar. En muchas
ocasiones quienes duermen en los corredores, o en carpas en las tapias, deben
negociar con los internos que duermen en los salones para lograr el espacio
para atender su visita íntima y satisfacción de sus necesidades sexuales. Es
decir, las condiciones de una visita íntima están limitadas de manera desproporcionada
y no se tienen las condiciones mínimas que permitan el normal desarrollo de la
visita conyugal.”
[821] Dijo al respecto:  “En el área de preparación de
alimentos (rancho), se pudo observar que la estructura locativa no reúne las
condiciones para el desarrollo de esta actividad, toda vez que una parte del
rancho o cocina funciona bajo techo y otra en el patio a la intemperie, el cual
se encuentra en pésimo estado y condiciones de salubridad […]. Sólo se cuenta
con un lavaplatos pequeño, rústico y para lavar las ollas, no hay un lugar
apropiado y deben realizarlo en la ducha de un baño. Cabe resaltar que el
rancho está ubicado dentro del área del patio de especiales, donde duermen los
rancheros, observándose ropa colgada al lado de la cocina. Igualmente se
observa problema de hacinamiento, porque en este lugar se encuentran ubicadas
las habitaciones para algunos internos y funciona el racho o cocina,
encontrándose a sus alrededores canecas de basuras donde se recogen los
residuos y deshechos de comidas, y a un costado de este pario se encuentra el
patio UTE –Unidad de Tratamiento Especial–. Esta UTE es un lugar bastante
húmedo y estrecho, su estructura requiere urgente remodelación de acuerdo a las
normas penitenciarias. Solo hay una batería sanitaria en el exterior, lo que
impide ser utilizada en las horas de la noche por los internos que allí
pernoctan, debiendo estos realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas que
guardan hasta el día siguiente, lo que ocasiona que cuanto esto ocurre, tengan
de cabecera sus materias fecales.  ||  En la celda transitoria mal llamada UTE,
se encontraban 15 personas al momento de la visita, no siendo apta para
albergar el número de personas que se indica.”
[822] Se dice el respecto en la tutela: “No se cuenta
dentro del penal con una oficina o espacio, para los profesionales que brindan
el servicio de la Defensoría Pública, el cual se hace necesario si se tiene en
cuenta que los defensores públicos tienen a su cargo los procesos penales de
aproximadamente el 80% de los internos. La Defensoría no cuenta con la
privacidad para la atención a los usuarios y debemos atender en la oficina
designada a la Pagaduría.”
[823] Se dijo al respecto:  “En reunión realizada en la
misma fecha de la visita de Inspección, con los miembros del comité de derechos
humanos, se les indagó sobre las diversas problemáticas del penal, informándose
por el interno Alejandro Alarcón, representante del patio N°1, el problema del
hacinamiento manifestado, que actualmente hay más de 340 internos en el patio,
el cual tiene una capacidad para albergar aproximadamente 90 internos; con
relación al tema de salud señaló que no hay médico de CAPRECOM e hizo
referencia a […] casos especiales [los señores Padilla, Elmer Restrepo], Luis
Andrés Saldarriaga, representante del patio N°2, manifiesta que en su pabellón
hay más de 259 internos (sindicados y condenados) y ese patio tiene una
capacidad para albergar 90 personas; sólo cuentan con tres duchas, dos baños y
refiere igualmente [menciona casos especiales, el] de Carlos Julio Cadena.  De
otra parte, el interno Ángel Rincón Ballesteros, representante del patio N°3
(patio del adulto mayor y ex funcionarios), manifiesta que hay 24 internos y
una mujer en una celda anexa al área, y refiere el delicado estado de salud de
Héctor Cortez, quien tiene una enfermedad degenerativa y requiere atención de
un médico.”
[824] Dijo al respecto: “Con relación a la situación que
deben padecer los miembros de custodia y vigilancia, se pudo constatar que
padecen un total hacinamiento que se agrava por las pésimas condiciones en los
servicios de sanidad, la falta de un salón y un comedor para cuando deban
permanecer en las labores de vigilancia.  […] el área de los dormitorios de
estos funcionarios […] se puede observar que es un sitio que se encuentra
pegado a la terraza, donde pega el sol todo el día, se almacena el calor,
carece de ventilación, es un lugar con poca iluminación, y los aires
acondicionados son viejos, se dañan constantemente y en ocasiones han tenido
que sacar de sus propios recursos para arreglarlos.  ||  Es preocupante el
escaso número de funcionarios de custodia y vigilancia del INPEC, en el
establecimiento, frente al número de internos que deben custodiar, teniendo en
cuenta que para 652 reclusos hay un total de 49 guardianes que conforman tres
compañías: Santander, Bolívar y Nariño, cada una conformada por 12 y 11
miembros, de los cuales algunos también deben cumplir funciones
administrativas, otros van de vacaciones mes a mes y en algunas ocasiones otros
están incapacitados, para la fecha de la visita hay cinco incapacitados,
incluido el sargento.”
[825] Denuncia pública presentada por el Presidente de la
UTP, Seccional Barrancabermeja, Ormilson de Jesús Leal Márquez, el 25 de julio
de 2012. Expediente T-3805761, folios 13 y 14.
[826] Expediente T-3805761, folio 16.
[827] Dice el informe presentado: ““[…] hoy contamos con
652 internos con situación jurídica; condenados 264 y sindicados 388 por los
delitos de homicidio, secuestro simple y agravado, hurto calificado y agravado,
inasistencia alimentaria, lesiones personales, porte ilegal de armas y otros;
la capacidad que tiene este establecimiento para albergar internos es de 200 o
sea que tenemos un hacinamiento del 226%, […]”.
[828] Dice el informe presentado: “[…]este establecimiento
está funcionando hace 60 años, cuando era un colegio municipal y fue adaptado
para establecimiento carcelario, de los patios a la parte externa (calle), los
separa aproximadamente unos 80 cm que es la pared que los comunica al exterior,
si nos damos cuenta, albergamos internos de todos los grupos al margen de la
ley como son: AUC, Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, las conocidas hoy en
día como Bacrim y la delincuencia común, tenemos comandantes militares de los
grupos antes mencionados porque este establecimiento alberga internos que
vienen de la zona conocida como Magdalena Medio (San Pablo, Santa Rosa, Sur de
Bolívar, Simití, Puerto Wilches, Cantagallo, Sabana de Torres, Cimitarra,
Puerto Parra y otros) […]”
[829] Expediente T-3805761, folios 18 y 19. Ver al respecto
el Segundo Anexo de la presente sentencia.
[830] En 12 de agosto de 2011, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga resolvió confirmar la decisión de primera instancia
(Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja) de negar la tutela de
los reclusos de la cárcel de Barrancabermeja invocados por el Defensor del
Pueblo, de la Regional Magdalena Medio. Para la Sala Penal del Tribunal, es
evidente la existencia del problema, pero también, que el mismo no puede ser
solucionado mediante acción de tutela. Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala
Penal, sentencia de 12 de agosto de 2011 (MP Luis Edgar Albarracín Posada).
Expediente T-3805761, folios 41 a 54.
[831] Expediente T-3805761, folios 78 a 88.
[832] Incluyendo dentro de estas: (1) brigadas jurídicas,
(2) redistribución de la población condenada, (3) la gestión
de beneficios de libertad, (3) censo carcelario, (4)
Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario, (5) la entrega
de la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios –SPC– de todas las
funciones administrativas, (6) la ampliación de la lista de elegibles
en el concurso de la Comisión Nacional del Servicio civil, (7) la
salud en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
[833] Dentro de la cuales se mencionan las siguientes:  (1)
el plan 20 mil,  (2) el Convenio CAF y  (3) Colonias agrícolas.
[834] Expediente T-3805761, folios 90 a 96.
[835] La intervención sostuvo al respecto lo siguiente:
“Con relación a la Pretensión de hacinamiento de los establecimientos aludidos,
es preciso informar al Despacho Constitucional que esta problemática no sólo es
de orden institucional, sino que es una problemática del Alto Gobierno, por
tanto su solución no sólo compete a las autoridades penitenciarias, sino
también a la misma política criminal existente, generándose un incremento
desmedido de la población carcelaria.  ||  Es importante poner en conocimiento
que, conforme el Plan de Ordenamiento Territorial, el Establecimiento
Carcelario de Bogotá y la Reclusión de Mujeres de esta ciudad, serán cerrados y
por ende los internos e internas que se encuentran en éstos deben ser
reubicados.  ||  Dada la anterior situación y como quiera que el Estado carece
de recursos económicos para la construcción y mantenimientos de nuevos
establecimientos carcelarios, pero en aras de buscar solución al problema de
hacinamiento, el Ministerio del Interior y de Justicia (sic) y el INPEC
[…] suscribieron el Convenio de Asesoría y Cooperación Técnica con la
Corporación Andina de Fomento, CAF, cuyo objeto principal es buscar la
consecución de 26.000 nuevos cupos para el año 2014, de los cuales de 9000 a
11.000 se asignarán al EPAMSCAS de esta ciudad, con la adecuación de su
infraestructura, los demás cupos se obtendrán en la incorporación y
construcción de 6 a 8 nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional.”
[836] Al respecto, ver el Segundo Anexo a la presente
sentencia. La intervención remitió al proceso, copia del Acta N° 004 del 3 de
julio de 2012, del Consejo Directivo del INPEC, con ocasión de la grave crisis
carcelaria, especialmente en materia de prestación del servicio de salud. El
Acta fue suscrita por el Presidente de la misma, para entonces el Ministro Juan
Carlos Esguerra Portocarrero, y en calidad de Secretaria, María Fernanda
Escobar, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC. Expediente T-3805761,
folios 101 a 106.
[837] Indicó que “[…] el trámite administrativo dispuesto
por el INPEC para las solicitudes de traslado que elevan los internos, debido
que frente a la facultad de traslados de internos que le asiste al INPEC por
mandato legal, la Regional Oriente carece de competencia para ordenar el
traslado de internos.  ||  Así las cosas, en primera instancia se aclara
que la Dirección Regional Oriente, INPEC Bucaramanga y el EPMSC Barrancabermeja
carecen de competencia para ordenar el traslado de internos, se tiene que en
resolución N° 001203 del 16 de abril de 2012, la cual derogó resoluciones N°
8488 de 2008 y 1836 de 2006; la Dirección General del INPEC es el competente
para ordenar el traslado de internos.” (acento del texto original) Expediente
T-3805761, folios 112 a 116.
[838] Expediente T-3805761, folios 128 a 132. Luego de
hacer referencias a las normas de carácter reglamentario que se ocupan de la
materia, indicó: “En los archivos de los últimos años que reposan en la
Gobernación de Santander no se encontró solicitudes radicadas por parte del
INPEC y/o Centro Penitenciario de Barrancabermeja para realizar inversión de
recursos para la adecuación del centro. La Gobernación ha estado siempre atenta
a atender las solicitudes presentadas por el INPEC, en lo concerniente al
fortalecimiento de los centros carcelarios.  ||  Las inversiones adelantadas
por la Gobernación de Santander en favor de los centros carcelarios, han sido
las siguientes: 1. Implementación de acciones en captación laboral, salud,
educación, recreación y cultura a la población recluida en centros carcelarios
y/o penitenciarios y en detención domiciliaria perteneciente a estratos bajos,
en el departamento de Santander, por un valor de $50.000.000.  ||  2.
Implementación de actividades promotoras de expresiones artísticas y culturales
para los internos de la cárcel modelo en el municipio de Bucaramanga, por un
valor de $20.000.000.  ||  3. Apoyo a la promoción y fortalecimiento de
expresiones artísticas y culturales de los internos de la cárcel Modelo en el
Municipio de Bucaramanga.  ||  4. Capacitación para las internas del
establecimiento carcelario de mujeres del municipio de Bucaramanga.  ||  5.
Capacitación y fortalecimiento de espacios con visión empresarial para 100
internas de la cárcel el Buen Pastor del Municipio de Girón.  ||  6. Proyecto
de capacitación para las internas del establecimiento carcelario de mujeres del
municipio de Bucaramanga.  ||  7. Apoyo a la formación laboral para la
resocialización de los internos de la Cárcel Modelo de Bucaramanga,
Departamento de Santander.  ||  Para el mes de noviembre del año en curso se
ejecutará el proyecto ‘Apoyo a la promoción en salud para los internos de
las Cárceles del Departamento de Santander’.”
[839] Expediente T-3805761, folios 257 a 259.
[840] Dijo al respecto: “El Municipio de Barrancabermeja, a
través del despacho del señor Alcalde, consciente de la problemática que existe
en los centros carcelarios del país, y especialmente en el de la penitenciaria
de esta ciudad, ha efectuado el ofrecimiento de un lote de terreno para que se
lleve a cabo la reubicación del mismo, de acuerdo con las especificaciones que
actualmente se requieren; con la capacidad para albergar y atender a los
reclusos de la ciudad y de los municipios vecinos.  ||  […]  ||  el Municipio
[…] se encuentra en disposición de acoger e implementar las directrices que el
Ministerio de Justicia y del Interior disponga, a efecto de que se ejecute la
obra que satisfaga las necesidades de las personas privadas de la libertad  en
la penitenciaria de Barrancabermeja, razón por la cual se encuentra inscrito
en el banco de proyectos de inversión municipal, conforme a la certificación
expedida por el jefe de la oficina asesora de planeación municipal y la
solicitud del señor Secretario de Gobierno de la ciudad” Expediente T-3805761,
segundo cuaderno, folios 99 a 102.
[841] Al respecto ver el Segundo Anexo de la presente
sentencia.
[842] Balentina Rodríguez Angarita.
[843] Expediente T-380576, folios 156 a 178.
[844] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja en
su intervención: “Pues bien, al igual que ahora, el abogado Christian Gordon
Chaparro, obrando como Defensor Regional del Magdalena Medio, promovió una
acción pública de tutela por los mismos hechos que en la hora de ahora narra, y
esta se tramitó […] en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barrancabermeja, autoridad que en sentencia del 01 de marzo de 2011 en la parte
resolutiva de la misma ordenó:  ‘Primero: Declarar Improcedente la acción de
tutela instaurada por Christian Gordon Chaparro, en contra del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Cárcel de Barrancabermeja, Gobernación de Santander y CAPRECOM, en
lo referente a la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad,
de acuerdo a la parte motiva de éste proveído.  ||  Segundo. Negar la acción de
tutela […].’  ||  El abogado Christian Gordon Chaparro, obrando como
Defensor Regional del Pueblo ante la adversidad del fallo de primer grado de
fecha […] no impetró el recurso vertical de apelación al que tenía derecho, y
de manera hartamente curiosa y extraña, después de diecisiete (17) meses,
pretendiendo revivir momentos procesales que ya fenecieron, intenta promover
otra acción pública de tutela por los mismos hechos.  ||  En consideración a
que para ser Defensor Regional del Pueblo tiene como requisito acreditar
cualificación profesional de abogado, salvo mejor criterio, esta dirección
considera que el profesional del derecho Christian Gordon Chaparro ha incurrido
en una actuación temeraria, a voces de lo normado en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la
Constitución Política.”
[845] Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barrancabermeja, sentencia del 1° de marzo de 2011. Expediente T-3805761,
folios 218 a 243.
[846] Dice al respecto: “Lastimosamente, para la claridad
fáctica que demanda esta acción pública se requería necesariamente, que el
accionante hubiera indicado exactamente el número de internos que supuestamente
tenía dicho patio en algún momento específico del tiempo; para poder entrar a
corroborar la información y acceder al derecho de réplica, garante del derecho
de defensa y así hubiera demostrado si en dicho patio, en alguna fecha
específica, se presentó ‘hacinamiento’; pero lastimosamente ello no ocurrió,
siendo evidente que el accionante no aportó material probatorio que demuestre
al señor juez constitucional, que los hechos narrados por él, son ciertos.”
[847] La Directora de la Cárcel de Barrancabermeja adjuntó
a su intervención comunicaciones dirigidas a la Directora de la Regional
Oriente del INPEC informándole, entre otras cosas:  que el odontólogo no asiste
a laborar desde el 17 de septiembre por estos motivos, por lo cual no están
atendiendo pacientes en el área de odontología (comunicación del 19 de
septiembre de 2012; Expediente T-3805761, folio 185);  que se sólo se contaba
con un médico para atender a todos los internos, por períodos de cuatro horas
(comunicación del 13 de agosto de 2012; Expediente T-3805761, folio 186); que
no hay insumos médicos ni odontológicos, ni siquiera jeringas o guantes.
Escasez marcada de medicamentos, no hay analgésicos orales ni parenterales
(comunicación del 25 de julio de 2012; Expediente T-3805761, folio 187); que se
tiene personas privadas de la libertad que requieren insulina, a las cuales no
se les suministra (comunicación del 31 de mayo de 2012; Expediente T-3805761,
folio 192); o que no hay una persona encargada de recoger los residuos
hospitalarios (Expediente T-3805761, folio 193).
[848] En comunicación a la Asesora Jurídica de la EPMSC,
Gladis Quintero de Quintero, el médico Gilberto Hernández Peluffo reclama que
se tiene un solo médico durante cuatro horas, cuando debería haber dos médicos
8 horas diarias. Sostiene que hay un aceptable suministro de medicamentos pero
sí hay demora para la autorización de operaciones. Se reclama que sólo se
cuenta con el Hospital del Magdalena Medio y no se cuenta con urología,
otorrinolaringología, neurología y oftalmología (comunicación del 23 de octubre
de 2012; Expediente T-3805761, folio 183).
[849] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja en
su intervención: “Con relación al stock de medicamentos, no se mantienen
altas existencias para evitar el vencimiento de la misma, pero sí lo necesario
para el suministro adecuado del servicio de salud.  Con relación a este ítem es
necesario advertir a esa corporación judicial que el EPMSC Barrancabermeja es
un centro de reclusión cuya regla general es el buen estado de salud de los
internos, y por tanto no se requiere mantener altos stocks para atender a toda
la población, pues las estadísticas nos muestran que la población que requiere
el servicio no sobre pasa el cinco por ciento (5%) de la población reclusa.”
[850] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja al
respecto: “[…] a la fecha de contestación de la acción pública de
tutela, ya se han realizado varias mejoras y remodelaciones físicas en esta
área del EPMSC-Barrancabermeja, que mejoraron el manejo de residuos orgánicos e
inorgánicos, pues se ubicaron en mejor sitio, en un área especial a las afueras
del Rancho, con grandes canecas con sus respectivas tapas.”
[851] Dijo la Directora: “El señor Defensor del Pueblo,
Regional Magdalena Medio hace una descripción de los Patios N° 1 y 2, en los
que expone la composición física de los mismos, la cual considera insuficiente
en cuanto a celdas, inodoros, duchas, lavaderos, lavamanos, los cuales narra
que están en regular estado, no dando abasto a los 652 internos que menciona.
||  El accionante omitió informar la existencia de los ‘baños orinales’, los
cuales descongestionan enormemente los inodoros. Con relación a los inodoros,
duchas, lavaderos y lavamanos la información suministrada por el accionante es
cierta en cuanto al número, pero ha de tenerse en cuenta que ellos están
disponibles para los internos las veinticuatro (24) horas del día, por cuanto
las celdas nunca se cierran, lo cual facilita el uso de los mismos, por turnos
que los mismos internos asignan.  ||  Aunado a lo anteriormente acotado, debe
tenerse en cuenta que el personal interno del EPMSC-Barrancabermeja, en razón
del cumplimiento físico de la condena o medida de aseguramiento, cuenta con el
tiempo suficiente para someterse al programa de turnos que los mismos internos
fijan.”
[852] Dijo al respecto: “En lo concerniente a la denuncia
que en el patio 2 algunos internos duermen en carpas ubicadas a la intemperie,
es parcialmente cierto, en la medida que la población carcelaria fluctuante,
tiene que dormir en colchonetas móviles ubicadas en los pasillos o corredores
al interior de este patio 2, y para guarnecerse de la lluvia, los internos
arman carpas móviles en épocas de lluvia.  ||  Dormir bajo techo es una necesidad
sentida en este panóptico, pero ello se ha presentado por el incremento
desproporcionado de personas que tienen que enfrentar procesos judiciales,
siendo los recursos asignados por el Gobierno Nacional, insuficientes para
suplir todas y cada una de las necesidades de la creciente población
carcelaria, la cual se incrementa a pasos agigantados, de manera
desproporcionada con la construcción de nuevas penitenciarías, no dando abasto
para atender este problema de Estado. Sin embargo, a pesar de las limitaciones
presupuestales del INPEC, la dirección del EPMSC-Barrancabermeja realiza
gestión ante la Alcaldía del Municipio de Barrancabermeja para obtener auxilios
que se destinan a trata de mejorar las condiciones de vida de los internos de
este penal.”
[853] Dijo al respecto: “[…] las estadísticas de
delincuencia intramural arrojan un saldo inmejorable para el año dos mil diez
(2010), dos mil once (2011) y dos mil doce (2012), muchísimo mejor que los años
anteriores, donde los desórdenes internos fueron continuos a finales del siglo
XX y la primera década del siglo XXI; situación que nos permite concluir que a
pesar de tantas limitaciones económicas que enfrenta el INPEC, la
resocialización de los internos ha sido exitosa, por lo menos, en cuanto a la
no reincidencia en el delito, mientras están cumpliendo las medidas de
aseguramiento para los imputados y acusados, o la pena principal de prisión para
los condenados.”
[854] Dice al respecto la intervención:  “Las instalaciones
de nuestras oficinas […], unas son cómodas pero otras no; pero para analizar
este ítem, ha de tenerse en cuenta, que dentro del sistema nacional de establecimientos
carcelarios y penitenciarios de la República de Colombia, este establecimiento
está diseñado conforme al tamaño de la ciudad, y por ello, es una cárcel
pequeña, y dentro de ese contexto fueron concebidas el tamaño de sus oficinas”;
y añade “[es] cierto que esta dependencia es pequeña, situación que ya fue
advertida por la Dirección Nacional del INPEC y por ello, para el año 2012, por
gestión hecha por esta Dirección Nacional a la Alcaldía Municipal […] asignó
una partida para la construcción de una nueva oficina […]”
[855] Dijo en su intervención: “El mismo accionante
reconoce que [se les] tiene asignado un espacio en la dependencia de la
Pagaduría, donde cuenta con una mesa y silla para atender a los internos que
apoderan; siendo esta parte fáctica cierta, pues la Dirección de este Centro
unilateralmente lo dispuso […], para que la Defensoría del Pueblo tenga un
sitio de trabajo permanente, ||  […] La asignación del sitio, al igual que los
muebles de oficina efectivamente fueron puestos a disposición de la Defensoría
del Pueblo, por parte de la Dirección de este penal, lo cual se hizo
gustosamente, y con el ánimo de brindar una colaboración eficaz a la barra de
abogados del sistema nacional de defensoría pública;  a pesar de que no
estamos obligados legal ni reglamentariamente a ello, aspecto fáctico que
por sí mismo, nos llama hartamente la atención la posición que adopta el señor
Defensor del Pueblo, quien a sabiendas que no estamos obligados a asignarles
oficinas dotadas a los abogados defensores al interior del Penal; a pesar de
ello, lo hicimos y con mucho agrado, para que en la hora de ahora se nos
pretenda enrostrar que los recursos puestos a disposición, son modestos, y que
están localizados en la oficina de la pagaduría.
[856] Al parecer de la Dirección, decir que la guardia de
la Cárcel “[…] se encuentra en hacinamiento, [es una] afirmación falsa. Cada
miembro de la guardia tiene asignado su propio camarote. Los que duermen en el
piso es porque quieren, ya que acuden a dormir a un salón del EPMSC […] que
está dotado de aire acondicionado con mejor capacidad de enfriamiento que la de
las habitaciones.  ||  Con relación al supuesto escaso número de guardianes es
una apreciación subjetiva del actor, pues debe tenerse en cuenta que los
guardianes cuente con entrenamiento especial, dotados de bastón de mando, y el
personal de guardia que está fuera de los patios está dotado de armas de fuego
de dotación oficial que permiten el control de cualquier interno de fuga.
Aunado a lo anterior, se cuenta con el apoyo directo de la Policía Nacional,
entidad que tiene puesto a escasas cuadras del panóptico, con capacidad de
reacción inmediata.”
[857] Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal,
sentencia del 23 de octubre de 2012 (MP Héctor Salas Mejía). Dijo la sentencia:
“No obstante lo anterior, la solución a dicha problemática, como lo enfatizaron
las distintas entidades accionadas, no corresponde a la administración de
justicia por vía de la acción constitucional de tutela sino a programas
institucionales que permitan evidenciar una política criminal estructurada,
dirigida a la protección de la dignidad humana del delincuente y a garantizar
su proceso de resocialización. ||  Aunado a lo anterior, considera la
Colegiatura que la necesidad de aumentar la infraestructura carcelaria con
miras a remediar los problemas de salubridad, higiene, intimidad y recreación,
en el evento de no obtener una respuesta por cuenta de las autoridades
políticas encargadas de administrar los recursos públicos, puede ser solventada
por vía de la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución
Nacional y en la Ley 472 de 1998.”
[858] La Corte Suprema advirtió en su decisión que anula
todo lo actuado, a pesar de los perjuicios generados sobre los derechos de los
accionantes y sobre su protección efectiva, por cuanto no se debe desconocer la
reglamentación sobre el reparto; a su juicio “[…] toda vez que su inobservancia
resta eficacia a la Administración de justica de cara a proteger los derechos
fundamentales, pues no se puede olvidar que el Decreto 1382 de 2000 fue
expedido por la necesidad cierta de ‘racionalizar y desconcentrar el conocimiento
de las demandas de tutela.”
[859] Expediente T-3805761, segundo cuaderno, folios 117 a
127.
[860] Ver por ejemplo:
Langford, Malcolm (Ed) (2008) Teoría y jurisprudencia de
los derechos sociales. Tendencias emergentes en el derecho internacional
comparado Siglo del Hombre – Universidad de Los Andes. Bogotá, 2013.  ||  Gauri, Varun & Brinks, Daniel M. (2008) Courting
Social Justice. Judicial Enforcement of social and economic rights in the
developing world. Cambridge. USA, 2008.
[861] En la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), por ejemplo, resolvió impartir las siguientes órdenes para proteger
los derechos de personas recluidos en condiciones crueles, inhumanas e
indignas. Dijo la Corte: “En consecuencia, en relación con las personas
recluidas en el calabozo del Comando de Policía de Mitú, se ordenará al Alcalde
Municipal de Mitú, en tanto primera autoridad del municipio, que adopte las
medidas necesarias para lograr la protección efectiva de los derechos
fundamentales de dichas personas, en forma tal que sean recluidos en un lugar a
la vez digno y seguro. Dichas medidas, en caso de ser necesario, podrán
comprender el traslado físico de tales personas a otro centro carcelario del
país. En caso de considerar necesario dicho traslado, en ejercicio de su
discrecionalidad y dentro de parámetros de razonabilidad, el Alcalde Municipal
de Mitú coordinará con el INPEC las gestiones y diligencias necesarias, y
solicitará el concurso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la operación.
En ese sentido, se urgirá al director del INPEC que preste su concurso
inmediato para el logro de dicho objetivo, así como al Comandante General de
las Fuerzas Armadas, para que colaboren con lo necesario para garantizar el
traslado eficaz y seguro de estos presos a un centro de reclusión diferente.
Asimismo, el Alcalde Municipal de Mitú deberá adoptar las medidas necesarias
para que los familiares de las personas recluidas en el Comando de Policía
puedan establecer contacto con ellas, inclusive personal, con la debida
antelación a la ejecución de la orden de traslado.”
[862] Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio) en este caso se tuteló el derecho de personas que
habían sido trasladadas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Rivera (Huila) a la Penitenciaría ERON Heliconias de la ciudad de Florencia
(Caquetá), que no es adecuada para las personas que se encuentran privadas de
la libertad. La Corte constató lo alegado y resolvió impartir, entre otras, la
siguientes órdenes: “ORDENAR al Establecimiento Penitenciario Las
Heliconias de Florencia (Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, por intermedio de sus directores:  (i) Dentro de los diez
(10) días siguientes, si aún no lo han hecho, practicar el examen médico y
psicológico de ingreso; adoptar los correctivos necesarios para brindar una
atención integral y oportuna tanto en medicina general como especializada;
atender las recomendaciones médicas; suministrar oportunamente los medicamentos
requeridos conforme con las órdenes médicas; prestar servicio de odontología;
agilizar las autorizaciones de exámenes; y dar trámite oportuno a la remisión
de los internos a las consultas médicas que requieran.  ||  (ii) Dentro del
término de diez (10) días siguientes, disponer lo necesario para garantizar una
ración alimenticia adecuada en calidad y cantidad, suministrando una dieta para
quienes la necesiten acorde con las disposiciones médicas, y de ser necesario,
adquirir recipientes para su correcta entrega.  ||  (iii) Advertir que si aún
no lo han hecho, debe permitirse la utilización de los comedores comunitarios.
||  (iv) Advertir que deben ejercer una continua vigilancia que permita el
correcto funcionamiento de las comunicaciones al interior del penal.  ||  (v)
Dentro del término de diez (10) días siguientes, establecer un horario
adicional de apertura de las celdas con el fin de que los presos puedan hacer
sus necesidades fisiológicas durante el día. Adicionalmente, en el término de
dos (2) meses, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para dar inicio a la construcción de nuevos baños.  ||  (vi) En el
término de dos (2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas
para que las visitas conyugales se den dentro de un ambiente que además de
contar con un espacio adecuado, se encuentre siempre en condiciones apropiadas
de aseo, y ampliando el horario de las mismas.  ||  (vii) En el término de dos
(2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para clasificar los reclusos con el fin de que presten distintas
actividades dentro del penal; dotar los talleres de los elementos que permitan
a los internos cumplir con sus actividades laborales; vincular instructores y
docentes para que capaciten a los reclusos en las diferentes áreas de trabajo y
estudio; e incrementar el número de guardias con el objeto de brindar un
acompañamiento a todos los reclusos en sus actividades.  ||  (viii) Dentro del
término de diez (10) días siguientes, adopten las medidas administrativas
internas a que haya lugar, que permitan responder las peticiones presentadas
por los internos de fondo, en forma clara, precisa y oportuna, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, si es preciso incrementando
el personal para atender tales solicitudes.  ||  (ix) Advertir que no deben
desatender las actividades deportivas y culturales.  ||  (x) Advertir que
tienen que proveer a los actores de los implementos necesarios para el debido
aseo personal.  ||  Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la
Penitenciaria Las Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente
sentencia.”
[863] Además de los criterios a los que se hace referencia
en este apartado de las consideraciones de la sentencia, la Sala tendrá en
cuenta los parámetros expuestos en el la primera parte del capítulo 8, acerca
de la jurisprudencia constitucional sobre la protección de facetas
prestacionales, de realización progresiva, de los derechos fundamentales.
[864] Corte Constitucional, sentencia T-296 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[865] Corte Constitucional, sentencia T-296 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[866] Informó dentro de la última acción acumulada al
proceso, contra la Cárcel de Barrancabermeja, así: “[las] labores del área
jurídica se desarrollan con el apoyo de los estudiantes de los últimos
semestres de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Barrancabermeja, que hacen sus consultorios jurídicos, aunado a los
estudiantes que realizan su práctica de judicatura de las Facultades de Derecho
de varias Universidades del país.”
[867] En cuanto a la infraestructura se busca el
mantenimiento de: baterías sanitarias, áreas de sanidad, redes hidráulicas,
redes sanitarias, redes y plantas eléctricas, plantas de tratamiento de agua
potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, cuarto de repartición de
alimentos, rancho, accesos para manejo de alimentos contaminados, cubiertas de
talleres, área de basuras, calderas y lavandería. Asimismo, se busca también
habilitar nuevos cupos para aumentar la capacidad del Sistema penitenciario y
carcelario, tanto en establecimientos existentes, como en nuevos
establecimientos que se construirán.
[868] El INPEC ha hecho referencia, entre otros, a los
siguientes planes: Plan de salud PLANSAL  jornadas de vacunación y bridadas de
salud;  Plan de deshacinamiento PLANDES  [ingreso de 935 judicantes,  6.462
libertades otorgadas;  179 convenios firmados para formación de internos;
3.005 traslados de internos; 3.142 domiciliarias gestionadas y otorgadas]; Plan
de seguridad (PLANSEG)  4072 operativos de registro y control;  105.232
remisiones; 4.016 internos con dispositivos de vigilancia electrónica o el Plan
aumento de personal (PLANTAH) nombramiento de 715 nuevos dragoneantes;  785
nuevas unidades de personal del cuerpo de custodia y vigilancia.
[869] Mayor General Gustado Adolfo Ricaurte Tapia.
[870] INPEC, Directiva Transitoria 000008; 4 de marzo de
2013.
[871] Ver por ejemplo: El Espectador, ‘cárceles de papel’;
lunes 24 de diciembre de 2012.
[872] El Decreto 4150 de 2011 dio lugar al Decreto 4151 de
2011, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones. Este
segundo Decreto sirvió para ajustar los cambios del INPEC a la creación de la
nueva Unidad SPC.
[873] Gaceta del Congreso N° 117 de 2013. Proyecto de Ley
256 de 2013, Cámara. El Proyecto fue presentado el 21 de marzo de 2013 al
Congreso por la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa Palacio.
[874] Dijo la Exposición de motivos al respecto: “La Corte
Constitucional, en Sentencia T-153 de 1998, declaró la existencia de un Estado
de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y reconoció en
su momento que “[…] las condiciones de hacinamiento en los centros de
reclusión del país no constituyen, sin embargo, una gran novedad. En efecto, en
otros momentos de este mismo siglo también se han presentado críticas
situaciones de sobrepoblación carcelaria’.” Gaceta del Congreso N° 117 de
2013
[875] Gaceta del Congreso N° 117 de 2013
[876] Gaceta del Congreso N° 117 de 2013.
[877] Gaceta del Congreso N° 117 de 2013.
[878] Dijo la Exposición de motivos al respecto: “[…]
jueces y tribunales […] han exigido modificaciones a las políticas
penitenciarias dirigidas a superar las condiciones ya relatadas de
sobrepoblación, de infraestructura y de salud a las que se ha visto sometida la
población reclusa.  ||  Así, se puede citar la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión,
que declaró responsable administrativa y solidariamente al Instituto Nacional y
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Nación-Rama Judicial-Administración
Judicial, por el daño antijurídico generado por la violación del derecho
fundamental a la dignidad humana, causado por las condiciones de reclusión a
las cuales fue sometido el demandante.  ||  De la misma manera, la sentencia de
tutela 2012-4075 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de fecha 7 de febrero de 2013, constató la
subsistencia del estado de cosas inconstitucional en el establecimiento
carcelario La Modelo de Bogotá, por vulnerar flagrantemente y amenazar los
derechos fundamentales de los accionantes y demás reclusos que alberga el
establecimiento. Esta sentencia ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario abstenerse de remitir internos a este establecimiento hasta que se
verifiquen las condiciones mínimas de reclusión previstas en el Código
Penitenciario, así como en los tratados internacionales sobre la materia.  ||
Adicionalmente, la sentencia 2013-0016 del Juzgado 56 Penal del Circuito
Programa O.I.T. decretó la subsistencia del estado de cosas inconstitucional de
la cárcel La Modelo y ordenó abstenerse de recibir personas durante un periodo
de tres meses. Así mismo ordenó la remodelación y debida adecuación de las
instalaciones y la garantía del derecho a la salud, especialmente la salud
mental.  ||  Por su lado, la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas-, M.P, doctor
Javier Zapata Ortiz, de fecha 27 de marzo de 2012, ordenó tanto al Ministerio
de Justicia como al Inpec, en aras de propiciar una garantía efectiva a los
derechos fundamentales de los internos, a que en el plazo prudencial de un mes
se estableciera un plan de trabajo a seguir dirigido a iniciar todas las
gestiones presupuestales y administrativas tendientes a incrementar los cupos
penitenciarios de la actual Cárcel de Armenia o a la construcción de un nuevo
penal.”
[879] Dijo la Exposición de motivos: “Dada esta situación,
el 6 de diciembre de 2012, se expidió el Decreto número 2496 que se caracteriza
por permitir la contratación de una EPS diferente a Caprecom para la afiliación
al sistema de salud de la población privada de la libertad y permitir la
existencia de una UPC diferenciada para la población privada de la libertad.
Para que esta prestación del servicio de salud sea efectiva, la Unidad de
Servicios Penitenciarios ha iniciado la adecuación y recuperación de 45
Unidades Sanitarias en establecimientos de todo el país.” Gaceta del Congreso
N° 117 de 2013.
[880] Dice el Concepto: “La solicitud formulada […] y la
realidad fáctica sobreviniente, relacionada con la emergencia derivada de las
dificultades de salud, sanitarias y de higiene de los centros de reclusión,
permiten concluir la necesidad de acudir a la figura del estado de emergencia
penitenciaria y carcelaria, en tanto que se configura la causal contenida en el
literal (b) del artículo 168 de la Ley 65 de 1993, razón por la cual se emite
CONEPTO FAVORABLE para que dicha declaratoria cobije todos los centros de
reclusión del país.”
[881] Dice la Exposición de motivos: “Al comenzar este
Gobierno se contaba con un presupuesto para infraestructura de 60.000 millones
de pesos, lo cual era claramente insuficiente para la construcción de cárceles.
No obstante, a pesar de la creación de nuevos establecimientos penitenciarios,
la tendencia de crecimiento de la población privada de la libertad supera
ampliamente los cupos creados. Mientras que en 1993 se contaba con 174
establecimientos penitenciarios, con una capacidad de 21.810 cupos y una
población de 29.114 personas privadas de la libertad, en 2003 se contaba con
140 establecimientos penitenciarios, con una capacidad de 48.291 cupos y una
población de 62.277. Al día de hoy la capacidad de los establecimientos es de
75.726 y una población intramural de 112.840 personas privadas de la libertad.  ||
A ello se suma que el 88% de los establecimientos no cuentan con condiciones
estructurales que permitan albergar un gran número de personas privadas de la
libertad. Estos establecimientos cuentan con varias limitaciones: Dado que sus
estructuras son obsoletas, es imposible pensar en ampliación de cupos al
interior de los mismos. Solo es posible realizar mantenimiento.  ||  Las
cárceles nuevas, es decir aquellas de segunda y tercera generación, han
alcanzado su máximo nivel de ocupación. Es importante aclarar que algunos cupos
en estos establecimientos no se han puesto en funcionamiento debido a fallas en
las estructuras que actualmente se encuentran en proceso de adecuación. No
obstante estos cupos no tendrían una incidencia significativa en la reducción
de la sobrepoblación carcelaria.  ||  La construcción de los nuevos cupos no
puede considerarse como una alternativa en el corto plazo.” Gaceta del Congreso
N° 117 de 2013
[882] Continúa la Exposición de motivos: “En la actualidad
existen 12.848 empleos disponibles aprobados por el Gobierno Nacional de los
cuales existen 1.534 cargos vacantes (que para cubrirlos hay dos convocatorias
que está adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil).  ||  De acuerdo
con el Inpec, de la fuerza efectiva un 27% se encuentra en condiciones
especiales como vacaciones, licencias remuneradas o no remuneradas, permisos,
suspendidos por un accidente de trabajo o enfermedad común) y los que cumplen
funciones administrativas, logísticas, de tratamiento penitenciario y de
servicios especiales.  ||  Solo el 73% de la fuerza efectiva (8.813) presta el
servicio de seguridad, quienes se dividen en dos (2) grupos para laborar en
turnos de 24 horas por 24 horas de descanso.  ||  La falta de personal ha
tenido dos graves consecuencias: - Dificultades en la prestación del servicio
de guardia.  ||  Sobrecarga laboral de los guardias.” Gaceta del Congreso N°
117 de 2013.
[883] Dijo la Exposición de motivos al respecto: “Es esta
mirada renovada de una política penitenciaria, fundada en un repensar crítico
de ese clásico derecho a castigar de naturaleza puramente retributiva, por la
que está apostando el Ministerio de Justicia y del Derecho. Es una apuesta que
gira hacia una política pública inclusiva, que no desconoce las necesidades de
la seguridad ciudadana, y que está cimentada en mandatos constitucionales que
limitan racionalmente la intervención punitiva del Estado, y se funda en
principios básicos como los de proporcionalidad y necesidad de la pena. Es
esta, en suma, una apuesta cardinal por los derechos fundamentales de todas las
personas y es la que debe fundar el diseño e implementación de la política
criminal en Colombia.” Gaceta del Congreso N° 117 de 2013.
[884] El 17 de abril de 2013 se presentó ponencia para
segundo debate, en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Gaceta del
Congreso N° 217 de 2013. La cual fue aprobada en las sesiones del 12 (anuncio),
17 y 18 de junio 2013 [ver Gacetas del Congreso N° 722 y 751 de 2013]. El texto
definitivo aprobado por la Cámara de Representantes en Segundo Debate en
Plenaria fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 514, publicada el 24 de
julio (07) de 2013.   [Nota: La
reforma fue aprobada como la Ley 1709 de 2104, publicada en el Diario Oficial
N° 49039 de 20 enero de 2014].
[885] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011. El
documento recomienda, entre otras cosas, que “[el] esfuerzo en materia de
infraestructura no puede ser producto de la coyuntura o de la presión que
producen las imágenes de hacinamiento en los medios, las ONG de derechos
humanos o las sentencias de tutela, sino debe hacer parte de un Plan de
Infraestructura de largo plazo que permita generar una oferta de cupos
consistente con el crecimiento de la demanda.”
[886] Ver al respecto: Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
137.
[887] Corte Constitucional, sentencia T-639 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil). En este caso se dijo al respecto: “Este título es de
gasto fijo e inflexible, y debe estar correctamente previsto dentro del
Presupuesto General de la Nación para poder cumplir con las funciones de manejo
y administración del sistema carcelario, en condiciones de respeto por la
dignidad de las personas sometidas a su cargo. La ausencia de la apropiación
presupuestal correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales contraídas y la falta de recursos para satisfacer las necesidades
básicas de los reclusos atenta contra sus derechos fundamentales como se ha
venido reiterando y reconociendo en la jurisprudencia constitucional,
resultando por ello necesario llamar la atención a esta entidad para que evite
vulnerar los derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de sus
deberes básicos en materia presupuestal.”
[888] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008. Dice al respecto el informe: “Si bien la cárcel tiene un uso intensivo
por parte de los gobiernos que aumentan las penas y las prerrogativas para la
detención, no es una prioridad en las agendas gubernamentales desde el punto de
vista presupuestario. Lo mismo se observa cunado se definen remodelaciones o
construcción de nuevas cárceles cundo las malas condiciones han sobrepasado
todos los límites. Sin embargo, el objetivo de mejorar las condiciones no se
cumple, por cuanto las políticas criminales cada vez más punitivas aceleran el
hacinamiento de los nuevos recintos.”
[889] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (160). Dice al respecto: “[…] los montos destinados a la administración
penitenciaria siguen siendo ostensiblemente menores para los programas de
reinserción o para la entrega de insumos como la alimentación, ropa de cama,
utensilios de aseo, medicamentos y atención de salud.”
[890] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011. Dice el
documento al respecto: “El Plan debe asegurar una fuente de recursos sostenida
que permita financiar no sólo la construcción de nuevos establecimientos sino
sobre todo su mantenimiento y operación. En este orden de ideas, y dado que la
población reclusa es creciente, el funcionamiento del Sistema Penitenciario y
Carcelario demandará cada vez más recursos, no tanto para la construcción de
nuevos establecimientos, sino para su operación y mantenimiento.”
[891] Al respecto se dice: “El costo de un recluso en
Colombia es del orden de los 12 millones de pesos al año. La construcción de un
establecimiento para 1.000 reclusos puede estar por el orden de los $75 mil
millones de pesos, por lo que la operación durante seis (6) años de un
establecimiento de este tamaño es igual a su costo de construcción.” Restrepo Londoño, Diego (2011) El
crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en Colombia en perspectiva
comparada. DNP.
[892] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. DNP. Restrepo Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la
población reclusa y el hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada.
Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y
Gobierno. Bogotá, 2011. Dice al respecto: “Las tasas actuales de hacinamiento
no parecen amenazar en el corto plazo al Sistema Penitenciario y Carcelario
colombiano, sin embargo, los datos muestran que la tasa de crecimiento anual de
la población reclusa desde el 2006 hasta el 2010 (años durante los cuales el
crecimiento ha sido prácticamente lineal), ha sido del 10,2% anual en promedio.
Este crecimiento tan elevado y constante hace prever un posible colapso del
sistema si no se toman medidas y correctivos a tiempo.”
[893] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (p. 160). En el informe se concluye que la primera recomendación para los
países de la región es mejorar la información. Dice el informe: “Información:
[…] la falta de sistematización de información sobre la población reclusa es
una constante, pues los datos no existen o están dispersos, por lo cual no
todas las autoridades penitenciarias tienen una idea cabal sobre los internos
que deben atender. La información es esencial para que las administraciones de
las cárceles puedan mejorar sus acciones y para que la formulación de políticas
responda a los reales problemas del área. La recopilación, sistematización y
publicación de datos sobre los reclusos es importante también para la
transparencia de una institución que por su condición de encierro es poco
accesible, pero además poco visible para la sociedad.”
[894] Corte Constitucional, sentencia T-1189 de 2004 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra); en este caso se consideró, entre otras cosas, lo
siguiente: “Como en otros casos anteriores […] nuevamente se ha configurado lo
que jurisprudencia ha venido en llamar una ‘vía de hecho consecuencial’,
originada por la negligencia del Estado en el cumplimiento de  su deber de
mantener actualizada y circulando la información relativa a la privación de la
libertad de las personas que están siendo investigadas o juzgadas por el
aparato judicial. Esta información, como repetidamente lo ha sostenido la
Corporación, es vital para poder hacer efectivo en cabeza de ellas el derecho
de defensa y contradicción probatoria, de tal suerte que si, por una
deficiencia en la actualización y circulación de la aludida información, no  se
da una oportunidad real a los procesados de comparecer personalmente al
proceso, se genera una vía de hecho insubsanable que origina la nulidad de lo
actuado desde el momento en que, por falta de tal diligencia de las
autoridades, se omiten las notificaciones personales que, de estar al día la
información, se hubieran podido llevar a cabo.”
[895] Por ejemplo, en la sentencia C-806 de 2002 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández) se decidió “El anterior examen es suficiente para
concluir que si bien el legislador tiene un amplio margen de configuración en
materia punitiva, encuentra límites en la garantía del debido proceso y los
derechos fundamentales, y por lo tanto, el referente temporal de la pena
privativa de la libertad que consagra el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 para
efectos del otorgamiento del derecho a la libertad condicional es violatorio
del principio de la dignidad humana, así como de los derechos a la libertad y a
la igualdad. En efecto, establece una discriminación respecto de los condenados
a penas privativas de la libertad inferiores a tres años que se encuentran
efectivamente privados de la libertad, es decir, cumpliendo la pena recluidos
en la cárcel, quienes no obstante encontrarse en la misma situación fáctica de
los condenados a penas mayores, no tienen derecho al mencionado subrogado
penal.” Se resolvió declarar inexequibles las expresiones “mayor de tres (3)
años”, contenidas en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000.
[896] Abraham H. Maslow en La psicología de la ciencia: un
reconocimiento (1966).
[897] La ‘política del uso de la cárcel’ establece cuándo
usar la privación de la libertad como herramienta de control social, en la
tanto que la ‘política de administración de la cárcel’ establece qué hacer con
la persona que se ha decidido encarcelar. Al respecto ver, por ejemplo el
siguiente comentario: La política criminal como destructora de la política
penitenciaria de Alberto M. Binder, en Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008.
[898] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008. La segunda recomendación de FLACSO a las naciones de la región es:
“Medidas alternativas al encierro: debe intensificarse su uso en los casos que
corresponda, así como disminuir la prisión preventiva para descongestionar las
cárceles y evitar la contaminación criminal de delincuentes primerizos o
aquellos que han cometido un ilícito de menor con personas recluidas por
delitos de mayor connotación o vinculados a funciones para realizar un
seguimiento adecuado de las personas.” (p.160).
[899] Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia T-1189 de
2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), la sentencia de tutela de instancia que
había negado la solicitud fue revocada y en su lugar se protegieron los
derechos fundamentales, anulando la sentencia condenatoria y ordenando al juez
penal proferir nuevamente una decisión penal dentro del caso, respetando el
derecho de defensa y al debido proceso. Dijo la Corte: “[…] a pesar de que la
misma Fiscalía ordenó la captura del procesado dentro del trámite de dos
procesos diferentes pero coetáneos, y que en uno de ellos (el de El Bordo) la
privación de la libertad efectivamente se materializó y además se prolongó
durante gran parte el tiempo que duró el trámite del otro proceso (el de Cali),
en éste último, tanto la Fiscalía como el Juez indicaron permanentemente que el
paradero del procesado era desconocido, y en tal virtud fue declarado reo ausente
y tramitado el proceso sin su presencia y sin que le fuera notificada ninguna
actuación.   ||  […] A juicio de la Sala, la anterior situación fáctica dio
paso a la configuración de una vía de hecho que fue posible por un defecto en
los sistemas de información de las entidades de seguridad del Estado
involucradas en el asunto, especialmente de la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, la incapacidad de este ente investigador para tener al día y a
disposición de sus propios servidores en todo el país la información
concerniente a la detención de las personas que ella misma ha ordenado privar
de la libertad ocasiona, en el presente caso, la vulneración del derecho a la
información del procesado detenido, y, de contera el desconocimiento de sus
derechos al debido proceso, y a la defensa material y técnica.”
[900] OEA (2006) La seguridad pública en las américas:
retos y oportunidades. OEA, Washington EEUU, 2008 (p. 78).
[901] Observación N° 21, Comité de los Derechos Humanos.
NU, 1992 (Trato humano de las personas privadas de la libertad).
[902] Corte Constitucional, sentencia T-572 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto); se consideró, entre otras cosas, que “[…] la no
publicación de los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios puede comprometer y afectar de manera grave […] derechos
fundamentales de las personas recluidas en este tipo de instituciones, como
sería por ejemplo el derecho general de libertad de los internos, por lo tanto,
no podría descartarse la procedencia de la acción de tutela en estos casos. […]
si bien las libertades de los internos pueden ser restringidas o limitadas, es
necesario que éstos conozcan plenamente la medida de tales límites y
restricciones, en otras palabras que sepan cuáles son las conductas prohibidas
y cuáles son las permitidas al interior del establecimiento de reclusión, pues
en caso contrario vivirían –como bien sostiene el peticionario- en un estado de
zozobra permanente sin conocer con exactitud el alcance de sus derechos y el
contenido de sus obligaciones, y estarían expuestos a la arbitrariedad de la
Administración.”
[903] Ver al respecto: Comisión
Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. N°
137.
[904] Dammert,
Lucía & Zuñiga, Liza (2008) La
cárcel: problemas y desafíos para las Américas. OEA & FLACSO-Chile.
2008 (p. 160). Se dice al respecto: “[…] para evitar situación extremas [de
violencia] no sólo deben mejorar las condiciones de infraestructura de la
cárcel, sino también la cantidad y calidad del personal, que actualmente cuenta
con limitados niveles de formación especializada para la labor penitenciaria, y
en algunos casos deben trabajar en una inferioridad numérica muy grande
respecto de la cantidad de reclusos que tienen a cargo.”
[905] Al respecto ver, por ejemplo, el apartado 9.1.7.2.1.
de las consideraciones de la presente sentencia.
[906] Restrepo
Londoño, Diego (2011) El crecimiento de la población reclusa y el
hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. Departamento Nacional de
Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Bogotá, 2011.
[907] Apartado (4.5.) de las consideraciones de la presente
sentencia.
[908] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-086 de
2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[909] A saber:  (i) ¿Violan las autoridades acusadas por
los diferentes accionantes (la Presidencia y el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, las autoridades de cada centro
de reclusión, los jueces de ejecución de penas y medidas y los fiscales), los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial a
la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en razón a
las deplorables condiciones de reclusión, ocasionadas, en especial, por el
grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones, a pesar de que tal
situación de los centros penitenciarios y carcelarios es un asunto estructural
que no le compete específicamente a ninguna de las autoridades acusadas?   (ii)
¿debe un juez de tutela tomar medidas de protección concretas y específicas
ante la solicitud de una persona privada de la libertad, por las violaciones a
las cuales está siendo sometida en la actualidad –debido a la crisis que
atraviesa el sistema penitenciario y carcelario–, a pesar de que la Corte
Constitucional ya se había pronunciado en el pasado al respecto, en una
sentencia en la que declaró el estado de cosas inconstitucional e impartió
órdenes de carácter general?
[910] A saber:  ¿Violan las autoridades acusadas por los
diferentes accionantes (la Presidencia y el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, las autoridades de cada centro
de reclusión, los jueces de ejecución de penas y medidas y los fiscales), los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial a
la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en razón a
las deplorables condiciones de reclusión, ocasionadas, en especial, por el
grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones, a pesar de que tal
situación de los centros penitenciarios y carcelarios es un asunto estructural
que no le compete específicamente a ninguna de las autoridades acusadas?
[911] Ver por ejemplo, las acciones de tutela en contra de
la cárcel de San Isidro en Popayán.
[912] A saber: ¿debe un juez de tutela tomar medidas de
protección concretas y específicas ante la solicitud de una persona privada de
la libertad, por las violaciones a las cuales está siendo sometida en la
actualidad –debido a la crisis que atraviesa el sistema penitenciario y
carcelario–, a pesar de que la Corte Constitucional ya se había pronunciado en
el pasado al respecto, en una sentencia en la que declaró el estado de cosas
inconstitucional e impartió órdenes de carácter general?
[913] Dice la acción, presentada el veinte (20) de marzo de
dos mil doce (2012) ante el Consejo Seccional de la Judicatura, reparto: “Desde
mi ingreso a este penal, estoy encerrado 14 horas diarias con 3 personas más,
en un espacio de 9 m2, soportando altas temperaturas por falta de ventilación,
orinando en tarros y defecando en bolsas, que posteriormente deben ser tiradas
a la parte de atrás de las celdas con las consecuencias devenidas de tanta
suciedad en el medio. Todo esto debido a que sólo nos ponen el agua media hora
en la tarde y media hora en la mañana mientras estamos encerrados en la celda
–nos encierran a las 11pm y nos sacan a las 6 am de múltiples formas; hemos
intentado que la dirección de este penal y del INPEC general tome medidas para
que se pare prontamente esta violación y nuestros derechos fundamentales y los
único que obtenemos son respuestas evasivas” Expediente, folio 3 [salvo que se
indique otro cuaderno, los folios a los que se hace referencia pertenecen al
cuaderno principal].
[914] Expediente, folios 13 a 16.
[915] El escrito, en letra de Cristian Chayán Ramírez
Carreño, fue firmado también por Lolo Hernández Sánchez, Luis Páez, y Deyder
Ortega. Confirman lo dicho por el accionante y se refieren además, a las
inadecuadas visitas a que someten a sus parientes cuando los visitan, a los
malos tratos a los que los somete la guardia y a la mala calidad del pan que se
les vende en el establecimiento, entre otras quejas presentadas (se refirieron
también a falta de parlantes para los televisores, al decomiso de tarjetas para
llamar y otras cuestiones). Expediente, folios 19 a 21.
[916] Se refirió, por ejemplo, a la línea constitucional
retomada en la sentencia T-690 de 2010.
[917] Juzgado 7° Civil del Circuito de Cúcuta, sentencia de
9 de abril de 2012. Expediente, folios 22 a 30.
[918] El Juez de instancia se refirió a la sentencia T-146
de 2010 de la Corte Constitucional.
[919] Luego de citar el artículo 36 de la Ley 65 de 1993
que establece, entre otras cosas, que el Director de cada centro de reclusión
es el jefe de gobierno interno, la Coordinadora dijo: “[…] queda claro que,
corresponde a la Dirección del EPMSC de Cúcuta, pronunciarse sobre las
pretensiones del accionante.”
[920] Dijo la Asesora del INPEC Cúcuta: “En el mes de
agosto del año 2011, junto con la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo una
reunión con los internos de estas torres respecto a los problemas que se
ocasionaron debido a la temporada invernal. En esta reunión se llegó al
compromiso de evitar taponamientos, como sucede siempre, al ingresar elementos
como cepillos de dientes, y camisas. Esta es la razón por la cual puede llegar
a cortar el suministro, para evitar el derrame de agua y su desperdicio injustificado,
ya que las motobombas no funcionan con el nivel de agua establecido.
Constantemente se han realizado reuniones junto con funcionarios de Defensoría
del Pueblo, y se ha dejado constancia de los compromisos realizados con estos
internos.” Expediente, folio 42.
[921] Dijo la Asesora del INPEC Cúcuta: “Respecto a la
respuesta dada al derecho de petición […] en atención a sus peticiones
relacionadas con suministro de agua, el Establecimiento Penitenciario está
realizando las gestiones necesarias para adecuar la motobomba en el transcurso
de 10 días, de tal forma que se permita un suministro de agua a todas las
celdas, en un periodo superior al establecido de 4:30 a 5:30 en las horas de la
tarde, de tal forma que no se afecte la presión del agua y su suministro en las
horas de la mañana atendiendo las peticiones de suministro de agua de los
internos de la torre 2ª.” Expediente, folio 42.
[922] Se dijo al respecto: “[…] los internos tienen agua
durante todo el día dentro del patio, además cuentan con una hora de agua en la
mañana y una hora de agua en la tarde, dentro de la celda, tiempo suficiente
para cumplir con sus necesidades, el cual de común acuerdo se estableció con
todos los internos, después de los problemas de agua que se presentaron el año
pasado relacionados con la ola invernal y problemas de racionamiento de agua en
la ciudad de Cúcuta, período en el que sí existía una problemática, y no en
estos momentos.  ||  […]  ||  Es importante aclarar que el lugar donde se
encuentran recluidos los internos de esta acción de tutela corresponde al nuevo
establecimiento ERON, (Torre 2A) en donde no existe hacinamiento, contrario al
establecimiento antiguo, en donde se presentaba hacinamiento, y que debido a
varias acciones de tutela interpuestas por la Defensoría del Pueblo, ordenan a
este establecimiento tomar acciones para evitar el hacinamiento, como lo es
ingresar internos al nuevo establecimiento ERON, siempre evitando el
hacinamiento.  ||  Respecto a las dimensiones de que cada celda, estas
presentan unas dimensiones de 9,32 metros cuadrados, está asignada para internos,
además de que cuentan con un lavamanos, un sanitario, 4 camastros y 4 repisas,
y no viven en hacinamiento.”
[923] Expediente, folio 47.
[924] En el expediente reposa copia del Acta de la reunión
celebrada por los internos representantes de cada una de las torres el 9 de
abril de 2012, con la Directora del Establecimiento Penitenciario, en la cual
se indica lo siguiente: “En atención a sus peticiones, el Establecimiento
Penitenciario está realizando las gestiones necesarias para adecuar la
motobomba en el transcurso de 10 días, de tal forma que se permita un
suministro de agua a todas las celdas, en un periodo superior al establecido de
4:30 a 5:30  en las horas de la tarde, de tal forma que no se afecte la presión
del agua y su suministro en las horas de la mañana, atendiendo las peticiones
de suministro de agua de los internos de la torre 2A.”
[925] Luis Hernando Tangarife Suaza, Gustavo Gonzaliás
Figueroa, Pablo Jamer Orozco Gómez, Jhon Alexander Sanches Vasques, Libardo
Pavón, Carlos Segundo, Juan Fernando Sanguín Vargas, Jhonatan Ortiz Suaza,
Jaime Mier, Edwin Muriel Vega, Leonidas González Martínez, Manuel Baza
Valderrama, Juan Astilla, Milton Pérez Julio, Carlos Ruiz Armesto, Ediverto
Orozco, Hilder Ortiz Mieles, Manuel Mendoza Meriado, Alexander Martínez Saenz,
David Alfonso Hernández Delas Salaz, Esteban Sánchez, Heiver Guerrero Rivera,
Jorge Iván Ruiz Toro, José Isaías Suárez Morelo, Yoanni Zapata Leganda, Arnedh
Padilla Sanchez, Azael Paciteco Bravo, Jorge Leonardo Hernandez Herrera, Peter
González Perez, Alvaro Vergara, Roberto Alvarez, Pablo Patiño, Yaider Joaquin
Cavo Carrillo, Leomar Jose Otupana, Francisco Javier Ramos, Miguel Antonio
Gutiérrez Martínez, Daniel Petro, Luis José Martínez, Jorge Eliecer Herrón,
Silvinton Gómez Hernández, Carlos Perres Corea, Richard Alfredo Mosquera
Bolaños, José Issa Pumarejo, Lacidez Iliarte Herrera, Víctor Rodríguez Altamar,
Rafael Romaña, Jailer Anibal Murillo, Julio César Arrieta Beltrán, Harry
Tellez, Deivi Méndez Gil, Carlos Pahuana, Robinson Ton, Pedro Sarmiento Oquendo,
Hever Menga, Edwin Romero, Roberto Carlos Hernández Quintero, Nolan Baena,
Jerry Ayala, David Lammar Agliota, Jorge Luis González Peinado, Jose Luis Peña
Cantillo, Enrique Kerguelem Perez, Jainer Mendez Casadiego, Angel Álvarez,
Carlos Rodriguez, Janio Cardozo Guerra, Hilario Martínez, Luis Eduardo Lozano
Campo, Yorguin Cesar Córdoba, Álvaro David Moreno.
[926] Dice la acción de tutela: “El Establecimiento de alta
seguridad de Valledupar ‘La Tramacúa’ fue inaugurado en el año 2000 como el
primer centro de reclusión creado bajo la asesoría del buró federal de
prisiones de Estados Unidos, que dio inicio a la ‘nueva cultura penitenciaria’
que subordina la dignidad e integridad de los detenidos a la seguridad.” Expediente
T-3535828, folio 1.
[927] Dice la acción de tutela al respecto: “El
establecimiento de Valledupar presenta una falla estructural desde su
construcción que hace que el suministro de agua sea insuficiente y de mala
calidad. Su prestación se da en horarios establecidos por la guardia y por
períodos de entre 10 a 15 minutos diarios. Cuando llega, no lo hace a la
totalidad del penal, sólo a los primeros pisos y su prestación  no está
garantizada en muchas celdas, duchas y depósitos sanitarios, lo que obliga a
los detenidos a almacenar agua en improvisados depósitos y subirlos a sus
celdas. Con frecuencia el servicio se suspende por varios días e incluso
semanas. Esto trae como consecuencia el desmejoramiento de las condiciones de
asea y salubridad del penal en general.  ||  Como consecuencia de la falta de
agua, se presenta un alto nivel de contaminación ambiental: las baterías
sanitarias no pueden ser usadas, las tuberías expiden malos olores, los
servicios sanitarios se encuentran sucios y en pésimo estado. La limpieza de
los baños y de las zonas de reparto de alimentos es deficiente y los lugares
carecen de una infraestructura apropiada, lo que genera focos de contaminación
por bacterias y gérmenes que ponen en peligro la salud de las personas
detenidas. Además de ocasionar enfermedades osteomusculares como consecuencia
de cargar recipientes con agua hasta los pisos más altos.”
[928] Dice la acción de tutela al respecto: “El servicio de
salud es pésimo. NO hay personal suficiente para atender a los reclusos, por lo
que se presenta un fuerte represamiento en las citas y procedimientos
especializados, los medicamentos son escasos, no hay posibilidad de atender los
pacientes de alta complejidad que requieren los niveles IV y V de atención en
salud. A pesar de ello, el INPEC traslada a Valledupar detenidos que se
encuentran recibiendo este tipo de atención en otros establecimientos, poniendo
en grave riesgo su salud. El establecimiento tampoco cuenta con programas, ni
instalaciones adecuadas para la atención especial a discapacitados y las
personas con limitación física.  ||  […]  ||  […] El establecimiento un cuenta
con un médico psiquiatra, ni existen medidas preventivas en salud mental. Esta
situación no solamente atenta contra la salud, sino contra la vida de las
personas privadas de la libertad; en los últimos dos años se han reportado 4
suicidios en este establecimiento.”
[929] Dice la acción de tutela al respecto: “El régimen
disciplinario aplicado en La Tramacúa es más restrictivo que el del resto de
los establecimientos de alta seguridad. Los detenidos sólo pueden enviar y
recibir correspondencia a través de la oficina jurídica y de encomiendas, aun
los que se entregan sus abogados tales como copias de expedientes, proyección
de memoriales para su defensa etc. y que por supuesto es sometida a la
inspección de la guardia penitenciaria. La movilidad al interior del penal
siempre se realiza con restricciones (utilización de esposas) y así son
atendidos por médicos y abogados. A pesar de las altas temperaturas no se
permite el uso de ventiladores o sistemas de aire acondicionado; existe un
mayor número de elementos prohibidos sin razón como la utilización de radios,
reloj, espejo, algunos alimentos como el café e implementos de aseo.  ||  […]
||  La aplicación de un régimen aún más represivo, que el de las otras cárceles
de alta seguridad y el sometimiento a condiciones de vida que vulneran
gravemente los derechos afectan seriamente la salud mental de los reclusos de
Valledupar. […]”
[930] Dice la acción de tutela al respecto: “La mayoría de
los detenidos han sido trasladados de lugares alejados de la región, generando
aislamiento de su núcleo social y familiar. Además muchos reclusos permanecen
encerrados individualmente por tiempo prolongado, incluso años en la Unidad de
Tratamiento Especial (UTE), en sus propias celdas u otros lugares similares.”
[931] Dice la acción de tutela al respecto: “El sistema
interno de control para la defensa de los derechos humanos es insuficiente. No
existen garantías para los reclusos que ejercen la labor de defensa de sus
derechos. Varios representantes de derechos humanos han sido víctimas de
agresiones y amenazas por parte de la guardia. El día 17 de marzo de 2010, el
representante de derechos humanos del pabellón 7 fue presuntamente golpeado por
la guardia luego de que los detenidos acordaron no recibir la alimentación
porque la carne estaba descompuesta y al parecer tenía gusanos. De acuerdo con
las denuncias el representante del pabellón fue sacado del patio, obligado a
desnudarse y agredido físicamente por varios de los guardias. El 9 de agosto de
2010 el Comité de Derechos Humanos se vio forzado a renunciar en pleno por la
falta de garantías.  ||  Muchas de las violaciones a los derechos humanos
cometidos en Valledupar no son denunciados por temor a las represalias y por el
alto índice de impunidad. A pesar de esto el INPEC reporta 690 quejas contra
funcionarios de guardia en Valledupar presentadas ante la subdirección
operativa regional norte de las cuales  sólo 36 han terminado con algún tipo de
sanción; y 92 quejas tramitadas ante la oficina de control disciplinario
interno del INPEC, de las cuales sólo una fue fallada con sanción. La Fiscalía
General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales de detenidos
contra funcionarios del establecimiento de Valledupar, de las cuales, tan solo
en una se dictó resolución de acusación.”
[932] Dice la acción de tutela al respecto: “La Defensoría
del Pueblo del César en el año 2002 presentó acción popular que culminó con la
orden del Tribunal Administrativo del Cesar al INPEC de solucionar la falta de
abastecimiento de agua de La Tramacúa. Pero a pesar de los incidentes de
desacatos, los nuevos plazos concedidos por el organismo judicial para dar
solución definitiva y la inversión de recursos en obras, el problema del agua
persiste. Así se reconoce por parte del director del establecimiento quien
mediante oficio N° 02266 del 6 de mayo de 2011, en respuesta al Derecho de
Petición relevado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, manifiesta que por fallas en la acometida, al establecimiento sólo
están llegando a 6 m3 diarios de agua, de los 450 que se requieren.”
[933] Dice la acción de tutela al respecto: “Por su parte,
la Secretaría de Salud, en cada una de sus visitas ha advertido sobre el grave
incumplimiento de las normas sanitarias, y ha solicitado reiteradamente al
INPEC que se realicen adecuaciones locativas y se adopten las medidas
correspondientes para salvaguardar los derechos a la salud y a un ambiente sano
de las personas privadas de la libertad. Pero a pesar de las obras realizadas
en el área de rancho la Secretaria Departamental del Cesar el día 15 de febrero
de 2011 emitió nuevamente concepto desfavorable parcial al cumplimiento de las
normas sanitarias. En dicho informe se señala que cinco de los alimentos
procesados ese día, están contaminados con coliformes fecales.”
[934] Los accionantes sostuvieron en la acción de tutela lo
siguiente: “A pesar del reconocimiento de la crítica situación por parte de los
órganos de control, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT),
Secretaría de Salud y hasta de las mismas autoridades penitenciarias, las
recomendaciones no se cumplen y la situación no mejora. La Secretaría
Departamental de Salud del Cesar, lleva varios años, emitiendo concepto
desfavorable del cumplimiento de las normas sanitarias y realizando exigencias,
sin que se corrijan definitivamente las fallas ni se apliquen las sanciones
previstas en la ley, lo que la convierte en una especie de institución
intocable. La situación de la cárcel de Valledupar es tan crítica que en
noviembre de 2009 el CAT al emitir recomendaciones sobre la situación de
tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes hizo alusión expresa a ese
establecimiento.  ||  Asimismo se han emitido múltiples órdenes judiciales que
exigen al INPEC corregir las faltas y las vulneraciones de los derechos, a las
cuales no se les ha dado cumplimiento. Según cifras del INPEC se han presentado
4.421 acciones de tutela en contra del establecimiento de Valledupar de las
cuales 1.322 han sido falladas a favor de las y los reclusos, muchas de las
cuales no se acatan oportunamente.”
[935] Los accionantes piden “[el] cierre total del
establecimiento de alta seguridad de Valledupar, por haberse agotado todas las
acciones posibles para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa
y no existir ya, otras medidas eficaces para garantizar los derechos
fundamentales de quienes se encuentran allí recluidos.”
[936] La sentencia del Juzgado del Circuito sostuvo:
“Mediante proveído del 28 de junio de 2011 fue admitida la demanda, ordenando
entre otros notificar de la admisión al accionado, solicitándole rendir informe
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991;
sin embargo transcurrido el término señalado, y aún hoy, no dio respuesta
alguna a pesar de habérsele comunicado oportunamente, mediante oficio de la
misma fecha enviado por fax.” Expediente T-3535828, folios 26 a 32.
[937] La sentencia del Juzgado del Circuito dijo al
respecto: “Se observa que las situaciones desfavorables mencionadas, son
generales, como agresiones físicas, aislamiento injustificado y prolongado,
tratos crueles e inhumanos y degradantes contra la población reclusa, que no
están referidas a personas específicas, y siendo los derechos fundamentales
derechos individuales, personales, tales imputaciones así generalizadas,
escapan al ámbito de la acción de tutela.”
[938] La sentencia del Juzgado del Circuito dijo al
respecto: “Otras situaciones más concretas, como el problema del escaso
suministro de agua, no es una situación que pueda ventilarse a través de la
acción de tutela, que por su procedimiento breve y perentorio, donde se trata
con prueba sumaria, debe ser tramitado por otra vía judicial, y porque es algo
planteado como una problemática colectiva, donde los interesados deben acudir a
otra vía de defensa judicial como la acción popular que procede precisamente
contra toda acción y omisión de las autoridades públicas o los particulares,
que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos.  ||  Y
si en el presente caso ya la acción popular fue tramitada, entonces deben
agotar las vías legales para lograr el cumplimiento del fallo correspondiente.”
[939] Expediente T-3535828, folios 52 a 61; participación
de la Cárcel La Tramacúa ante la juez de primera instancia, luego de ser
anuladas las actuaciones procesales iniciales.
[940] Dice la Directora de la Cárcel La Tramacúa al
respecto: “[…] [los baños de los patios] siempre se les entregan en buen estado,
son los internos quienes le dan el mal uso, los dañan, los destruyen, les
arrojan toda clase de objetos que obstruyen la cañería, los puntos hidráulicos
de los pabellones son destruidos por los internos para la elaboración de armas
de fabricación carcelarias, ocasionando con esto el desperdicio del precioso
líquido.  ||  Nos hemos visto afectados por las conductas vandálicas de los
internos, donde a pesar de habérseles entregado las celdas en buen estado,
siguen dañando la infraestructura del penal como muestra de su resentimiento y
no aceptación de la pena impuesta por los jueces, como también lo hacen con el
objeto de ‘encaletar’ armas de fabricación carcelaria, donde también toman
partes de los sanitarios y baldosas que rompen como armas cortopunzantes tanto
para agredir a sus compañeros como al personal de la guardia que los custodia.
Si su despacho a bien lo tiene, puede realizar una inspección simple a la
oficina de investigaciones a internos donde se presentan innumerables informes,
sanciones e investigaciones en curso, por estos tópicos, de tal suerte, que si
la presión del agua en ciertas ocasiones no llega hasta el quinto piso –pasillo
de seguridad– no es por el querer de la administración ya que esto no tendría
presentación, deviene por el daño constante a la infraestructura del penal por
parte de los réprobos, como quiera que el suministro de agua en el penal se
realiza por presión; vale decir, desde una alberca, con motobombas que la
bombean para que llegue hasta ese sitio, empero si hay fugas de aguas se hace
dispendiosa.”
[941] Dice la Dirección de la Cárcel La Tramacúa: “[…]
comparando los datos obtenidos el suministro ha estado por debajo con la
necesidad real del establecimiento.  ||  […] se realizó una visita técnica [por
varias autoridades locales y técnicos, …] encontrándose con las situaciones de
poco abastecimiento de agua para con el Establecimiento como anteriormente se
mencionó y se muestra en el registro fotográfico.  ||  […]”.   Ante la anterior
situación la Dirección General del INPEC autorizó la realización de una obra
que ya fue efectuada.
[942] Expediente T-3535828, folio 78.
[943] Participación de La Tramacúa ante el juez de primera
instancia.
[944] Se adjuntan copias de acta e informes en los cuales
se afirma haber realizado dichas labores. Expediente T-3535828, ver, por
ejemplo, folios 165 a 180.
[945] No obstante, la Sala resalta que los exámenes que
certifican la calidad de los alimentos advierten de forma precisa y clara que
los resultados de laboratorio son válidos únicamente para las muestras
analizadas. Expediente T-3535828, folio 112.
[946] Se adjuntó copia del informe dirigido por el Servidor
de la Policía Judicial del INPEC encargado a la Responsable del Área de Tutela,
en el que advierte que se están tramitando las denuncias así: “de manera atenta
me dirijo a usted con el fin de informarle que el trámite respectivo que se les
da a las diferentes denuncias y querellas recibidas por esta dependencia, es
una vez recibida la denuncia a los internos o funcionarios se remite a través
de un oficio a la oficina de asignaciones de la Fiscalía para lo de su
competencia, es de anotar que en lo que va corrido del año esta dependencia a
recibido un total de 65 denuncias a los diferentes internos y funcionarios las
cuales se les ha dado trámite a la oficina de asignaciones de la Fiscalía como
consta en la carpeta de denuncias que reposa en esta dependencia.”
[947] La respuesta de la entidad se fundó, en gran medida,
en el informe presentado por el Subdirector del Establecimiento, MY (r) Uriel
Jaramillo Barrera, a la Abogada de la Institución el 18 de octubre de 2011.
Expediente T-3535828, folios 62 a 66.
[948] Dice el informe al respecto: “El recorrido comenzó a
las 10:00 am en el punto exacto donde arrancó el proyecto, esto es, al frente
del Batallón del ejército de la Popa. Se hizo un recorrido en carro por toda la
línea donde se instaló la tubería de poliuretano, la cual no se podía apreciar
toda vez que la misma se encontraba enterrada. Durante el recorrido se
observaron algunos accesorios instalados durante la construcción como válvulas,
ventosas, etc.  ||  Una vez llegamos a la cárcel, se evidenció que el proyecto
entrega en un macromedidor (a las 11:10 am se verificó una presión en este de 2
PSI) instalado en las afueras del centro penitenciario y de ahí se deriva la
tubería hacia 2 tanques: uno de 100 m3 el cual no estaba en funcionamiento pues
la bomba se había quemado el fin de semana como consecuencia de una inundación
según informó el jefe de mantenimiento y el otro tanque de 400 m3 que
funcionaba bien, incluso se estaba llenando.  ||  En nuestro recorrido, nos
encontramos con un tanque plástico de 1000 […] que abastece a las casas
fiscales y la parte administrativa del penal. Ya dentro del penal, pudimos
observar un tanque de 1000 m3 el cual para la hora de la visita se encontraba
con aproximadamente 650 m3, el cual recibe el agua [mediante] bombeo de los 2
tanques que se encuentran al ingreso a la [penitenciaría]; éste posee un sistema
de motobombas a la vista en muy buenas condiciones así como el complemento de
casa de máquinas, pero que no se [observaron] en funcionamiento y las cuales
surten el acueducto interno de la [penitenciaria], siendo necesario para el
funcionamiento de este, que las bombas se encuentren en funcionamiento.  ||
[Al realizar] el recorrido a eso de las 11:50 am, se verificó la cocina del
centro [carcelario] y no existía flujo de agua por las llaves de los
lavaplatos. […]”.
[949] Sentencia del Juzgado 3° Penal del Circuito de
Valledupar. Juez Rosario Villalobos Caamaño. Expediente T-3535828, folios 189 a
197.
[950] Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal,
sentencia de 19 de enero de 2012. MP Franklin Martínez Solano.
[951] El abogado Lukas Montoya Burgos representó al
accionante.
[952] Oficina de Planeación del INPEC ‘Población de
internos en Establecimientos de Reclusión y Regionales’ (Marzo 31 de 2012).
[953] Oficina de Planeación del INPEC ‘1. Población interna
en Establecimientos de Reclusión Discriminada por sexo’ (junio 30 de 2011).
[954] Oficina de Planeación del INPEC ‘1. Población interna
en Establecimientos de Reclusión Discriminada por sexo’ (junio 30 de 2011).
[955] Oficina de Planeación del INPEC ‘Población de internos
en Establecimientos de Reclusión y Regionales’ (Marzo 31 de 2012).
[956] La acción de tutela tiene como fuente: Pinto, Mónica. ‘El principio pro
homine. Criterios hermenéuticos y pautas para la regulación de los derechos
humanos’, en Abregú y Courtis (e), La aplicación de los tratados de
derechos humanos por los tribunales locales. CELS. Buenos Aires, 2004.
[957] Se dice al respecto: “A pesar de haber nacido en la
ciudad de Medellín, desde hace 17 años el [accionante] se estableció en Bogotá
en donde formó una vida y una familia. […] tiene dos hijos menores de 6 y 7
años, por quienes responde de acuerdo a lo que puede conseguir. Puesto que el
señor […] fue capturado junto con su compañera, actualmente ella se encuentra
recluida en la cárcel el buen pastor, también en Bogotá. ”
[958] Se hace referencia al informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, OEA, del 31 de
diciembre de 2011, elaborado por la Comisión (CIDH).
[959] La acción de tutela añade al respecto: “Esta
situación de hacinamiento se presenta en todo el país de manera generalizada.
En las prisiones de la ‘regional central’ (que agrupa los centros de reclusión
de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Huila, Tolima y Casanare),
con un cupo de 28.475, tiene 36.888 internos con un 29,5% de hacinamiento. La
‘regional occidental’ (que se compone de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle),
tiene un hacinamiento del 37,7%, con una población de 19.853 internos,
habitando 14.414 cupos disponibles. En la ‘regional norte’ (que cuenta
Atlántico, Bolívar, Cesar –Valledupar-, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés
y Sucre), hay una población carcelaria de 10.980 internos, viviendo en centros
de reclusión con capacidad 7.180, dando como resultado un hacinamiento del
52,9%. En la ‘región occidental’ (que cuenta a Arauca, Cesar –Aguachica-, Norte
de Santander y Santander), el hacinamiento asciende al 55,8%, producto de una
población de 11.102 internos en 7.124 cupos carcelarios. La ‘regional nordeste’
(Antioquia y Chocó) tienen una tasa de hacinamiento del 69,7%, pues cuenta con
un cupo de 8.414, ocupado por 14.275 internos. Y, finalmente, en la ‘regional
viejo caldas’ (Boyacá –Puerto Boyacá–, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima) la
población carcelaria asciende a 13.013 internos, con un cupo de 10.069, dando
como resultado una tasa de hacinamiento del 29,2%.”
[960] Dice la acción de tutela: “[…] a pesar, de que estas
cifras hablan por sí solas, frente a estos nuevos datos hay tres elementos que
se deben destacar: en primer lugar, las cifras son contradictorias, puesto que
se están contando los nuevos cupos del ERON como parte de la ‘capacidad’, aun
cuando no todos están habilitados. Como es bien sabido, por problemas de
infraestructura, de diseño y de seguridad, no todos los nuevos cupos han sido
habilitados. En consecuencia, el número de reclusos que ahora sube a la
alarmante cifra de 7.341, parecen estar viviendo en un espacio con mucha menor
capacidad que la que dice el INPEC. En segundo lugar, producto de lo  anterior,
es evidente que las cifras de hacinamiento son entonces mayores al 48,9% y,
aunque no hay datos reales de cuál es la capacidad del espacio que está
albergando a los 7.341 internos de La Picota, es importante resaltar que
actualmente de los 3.344 cupos que se crearon con el ERON, no están habilitados
en su totalidad. Finalmente, en tercer lugar, se destaca que, a pesar de usar
cifras que difícilmente reflejan la realidad práctica, la cifra de hacinamiento
sigue llegando al 48,9% (habiendo subido el 5% tan sólo en 9 meses). Esto
indica que, si bien se están contando cupos que aún no han sido habilitados la
cifra de hacinamiento sigue siendo importante. Sobre todo, mirando la situación
a futuro, pues, según datos de la Defensoría del Pueblo, la población reclusa
se encuentra aumentando a pasos agigantados.”
[961] Dice la acción de tutela: “además del hacinamiento
que sigue siendo muy grave a pesar de la construcción del ERON, en las nuevas
instalaciones de la Cárcel Picota, a pesar de ser tan recientes, se presentan
graves problemas de luz, ventilación, frio y acceso a zonas de recreación. Y
que, de ser trasladado a ese centro de reclusión, el señor Ortiz Agudelo se
vería igualmente sometido a soportar tratos crueles, inhumanos y degradantes.
||  Uno de los mayores problemas del ERON de La Picota son la ventilación y el
acceso a luz natural que, por sí mismos, constituyen igualmente un trato cruel,
inhumano y degradante. Al respecto, la regla 11 de las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos resalta la importancia de tener un acceso adecuado
a la luz natural y ventilación, que permita a los reclusos realizar sus
actividades.  […]  Adicionalmente, estos problemas de iluminación y
ventilación, añadidos a que la estructura está construida en material de
concreto, han generado serios problemas de frío. Tanto los internos como los
guardias han reconocido que al interior del ERON, a pesar de ser una
construcción nueva, se siente mucho frío durante todo el día […]
particularmente, en las noches y en la madrugada […].”
[962] La acción de tutela se funda en diversos informes de
la Defensoría del Pueblo.
[963] Dice al respecto, la acción de tutela: “De la misma
forma, el viernes 17 de febrero de 2012, el periódico El Espectador, mostró
cómo ‘la construcción de 10 cárceles para reducir el hacinamiento, que generó
millonarios sobrecostos, no solucionó el problema’. De acuerdo a este informe,
el proyecto pretendía construir 11 penitenciarias nuevas y la adecuación de
otras 19, para abrir 24.331 nuevos cupos y reducir el hacinamiento del 36.8%
(en el 2004) al –2,7%–. Sin embargo, a pesar de la construcción de las
cárceles, con unos sobrecostos altísimos, el hacinamiento no alcanzó a bajar ni
siquiera 10 puntos. Para diciembre de 2011, las cifras de hacinamiento seguían
ascendiendo a 33.05%. Esto es así, entre muchas otras razones, porque con el
nuevo sistema penal acusatorio, la Ley de Justicia y Paz, y la Ley de Seguridad
Ciudadana, se han incrementado las penas y consecuentemente también el número
de las personas privadas de la libertad (en el 2011, por ejemplo, ingresaron a
las cárceles 55.112 personas, 23.363 más que el año 2010).  ||  Como
recientemente pudo observar el mismo INPEC, el impacto que ha tenido Ley 1453
de 2011 en el aumento de la población carcelario a ha sido bastante revelador.
A raíz de la entrega en vigencia de dicha ley, en el periodo de junio 2011 y
febrero 2012, se incrementó la población de internos en 11.304 personas, lo que
equivale a una tasa promedio de crecimiento de 1.44%. De forma un poco más
detallada, solo entre enero de 2012 y febrero de 2012 se produjo un aumento de
2395 internos, lo que configuró un aumento del 2.34%, pasando así de 102.296 a
104.691 internos.  ||  Incluso la Contraloría General de la República en su
informe sobre el Balance de la política penitenciaria y carcelaria en Colombia
2006-2010, reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno
Nacional para ampliar la infraestructura carcelaria, ‘persiste el desbalance
entre el crecimiento de la población y la capacidad carcelaria; mientras la
población reclusa ha crecido, desde 2004, en 25%, los cupos carcelarios lo han
hecho en 4.9%. Por este motivo, sostiene el informe, ‘la habitabilidad
carcelaria se ha venido deteriorando al incrementarse nuevamente las cifras de
hacinamiento, al pasar del 15% en 2006 al 41.3% en mayo 31 de 2010’.”
[964] Dice la acción de tutela: “Uno de estos ejemplos es
el caso de Honduras. Allí el Fiscal Especial de Derechos Humanos, John Cesar
Mejía, interpuso el recurso de habeas corpus a favor de 7 reclusos ubicados en
la celda 20 o celda de castigo de la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula,
departamento de Cortés, en Honduras [Corte Suprema de Honduras. Sala
Constitucional, sentencia del 7 de marzo de 2007. Expediente 711-06]. En este
proceso judicial, la Sala Constitucional, como órgano de revisión, confirmó en
el año 2007 la decisión tomada por el juez inferior – Corte de Apelaciones de
la Sección Judicial de San Pedro Sula – en el sentido de conceder la liberación
de los reclusos que solicitaron la acción judicial. Los argumentos que utilizó
la Corte para tomar esta decisión se basaron principalmente en que las
condiciones de reclusión implicaban un trato cruel, inhumano y degradante. Incluso,
otra de las soluciones que aceptó el máximo órgano constitucional hondureño fue
la clausura de la celda 20 de manera definitiva, hasta que no contara con la
infraestructura adecuada para albergar a cualquier recluso.  ||  Otro caso
ilustrativo en el que se ordenó la excarcelación de personas recluidas en
condiciones de hacinamiento ocurrió en el año 2011 en Estados Unidos. En este
caso (Brown v. Plata) [Supreme Court of the United States of America. N°
09-1233. Edmund G Brown, Jr., Governor of California, Et al., Appellants V.
Marciano Plata Et al.,On Appeal from the United States District Courts for the
Eastern District and the Northern District of California – May 23, 2011], la
Corte Suprema de Justicia analizó dos class actions y el fallo del
Tribunal de los tres jueces del PLRA, que ordenó al Estado de California la
disminución de las sobrepoblación carcelaria, que era de más del 200%, hasta
alcanzar un porcentaje menor al 137,5% de sobrepoblación, lo que implicaba una
reducción de casi 46.000 personas.  ||  En este caso, la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos afirmó, entre otras cosas:  (i) que el hacinamiento
es la principal, más no la única causa, de las deplorables condiciones de
reclusión, en especial en lo relacionado con la prestación del servicio
médico;  (ii) que la creación de más cárceles no es la única solución viable,
pues, a pesar de haberse ordenado soluciones estructurales de construcción y
mejoramiento de los centros carcelarios varios años atrás , éstas resultaron
insuficientes para reducir de manera efectiva la cantidad de personas
recluidas,  (iii) que estas condiciones afectan los derechos de los reclusos
consagrados en la Octava Enmienda, en relación a la prohibición de ser sometido
a trato crueles, inhumanos y degradantes, teniendo en cuenta que el Estado debe
garantizar unas condiciones de vida mínimas, que sean acordes con la dignidad
humana, a las personas recluidas.  ||  […] en ese mismo fallo, uno de los
argumentos que desestimó la Corte Suprema estadounidense era que la liberación
de presos podría implicar un problema de seguridad pública. Según distintos
análisis estadísticos, se comprobó que las personas que eran excarceladas, por
las condiciones de reclusión, se reincorporaban más fácil a la sociedad civil.
Sin embargo, la Corte reconoció que las cárceles forman parte del Estado
californiano y, por tanto, la determinación de qué personas abandonarían los
centros de reclusión, era una facultad exclusiva del sistema de administración
penitenciaria, por lo cual le concedió un término de dos años para que
definiera los reclusos que serían dejados en libertad.”
[965] Dice la acción de tutela al respecto: “En Costa Rica,
por ejemplo, en el año 2000 el señor Eduardo Quesada Morán interpuso el recurso
de amparo en contra del Centro de Atención Institucional de San José y del
Juzgado de la Ejecución de la Pena del Primer Circuito de San José,
argumentando que las condiciones en las que vivía el centro penitenciario
atentaban contra su dignidad humana. Según la descripción de los hechos: el
señor Quesada Morán no tenía un lugar donde dormir; población del centro
carcelario duplicaba su capacidad; la higiene y salubridad del centro eran
deplorables; la violencia entre los presos era constante y llegaba a puntos
extremos en los cuales los nuevos reclusos eran violados o extorsionados.  ||
Frente a los cargos presentados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica recordó que en el año 1996 (sentencia 1032-96), ese mismo tribunal
ya había hecho un pronunciamiento frente las deplorables condiciones de
reclusión. Por tal motivo, había ordenado a los organismos administrativos del
país, adoptar políticas públicas que garantizaran unas condiciones de vida
digna para los presos, particularmente del centro penitenciario en el cual se
encontraba recluido el señor Quesada Morán.  ||  Al valorar que 14 años después
de la orden, las condiciones de reclusión seguían siendo similares y no
respondían a los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos del
Consejo Económico Social de Naciones Unidas. En consecuencia, el alto tribunal
optó por ordenar al Gobierno costarricense que, a partir de la comunicación de
la providencia, no permitiera ‘el ingreso de más privados de la libertad en el
Centro de Asistencia Institucional de San José’. Además ordenó que en el plazo
de un año, la Administración Penitenciaria debería ‘disminuir paulatinamente la
población penal hasta llegar a la capacidad real de ese centro carcelario’.
Así, si bien no se le concedió la libertad al señor Quesada Morán, sí se
tomaron una serie de medidas para proteger sus derechos, como la orden de
prohibir la entrada de más reclusos a los centros carcelarios y penitenciarios,
que van más allá de las soluciones estructurales tradicionales de ordenar la
construcción de más cárceles.”
[966] Con relación al caso argentino dice la acción de
tutela: “La Corte argentina estimó que las condiciones de vida en las cárceles,
que datan desde el año 2003, implicaban un trato cruel, inhumano y degradante,
por ende, ordenó: ‘a) cesar, en un plazo no mayor a los sesenta días la detención
en comisarías y demás dependencias policiales, de los menores y enfermos que se
encuentren a su disposición.  Y b) en lo sucesivo, no admitan ni dispongan la
detención de personas que reúnan tales condiciones en dichas dependencias’.
Además, ordenó que en la medida de lo posible, los jueces de la Provincia de
Buenos Aires ‘deberán ponderar nuevamente la necesidad de mantener [a cualquier
recluso] en dicha situación o bien, disponer medidas de cautela o formas de
ejecución de la pena menos lesivas’.”
[967] Se cita al respecto el caso de Venezuela, en la
acción de tutela.
[968] Ministerio de Justicia y del Derecho. Directora
Política Criminal y Penitenciaria. Giovanna Prieto Cubillos. Expediente
T-3554145, folios 102 a 106. Dijo el Ministerio en su participación: “Así las
cosas y teniendo en cuenta la normatividad señalada, la autoridad competente en
todo lo referente al tema de infraestructura carcelaria es la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, pues esa entidad es la que, de
conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 4150 de 2011,
determina su propio objeto y estructura.”
[969] INPEC, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, María
Fernanda Escobar Silva. Expediente T-3554145, folios 100 y 101.
[970] La norma en cuestión fue reproducida por la
intervención del INPEC así: “así: ‘Artículo 38. De los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad conocen: 1. De las decisiones necesarias para que
las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.  ||  2.
De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias
proferidas en procesos distintos contra la misma persona.  ||  3. Sobre la
libertad condicional y su revocatoria.  ||  4. De lo relacionado con la rebaja
de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.  ||  5. De la
aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias
o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que
supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o
una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.  ||  6. De la
verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida
de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si
se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a
los inimputables […].”
[971] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia de
junio 13 de 2012 (MP Dagoberto Hernández Peña) Rad 110012204000201201504  00.
Expediente T-3554145, folios 107 a 125.
[972] Dijo la sentencia al respecto: “en relación con las
pretensiones concretas del accionante cabe precisar que la relativa a la
excarcelación no es procedente en este evento, debido a que tal determinación
únicamente se da por unas causales taxativas y el competente para decretarla es
el juez penal correspondiente, de lo contrario, el juez de tutela excedería la
órbita de sus facultades, en tanto que sólo puede pronunciarse respecto de la
afectación de los derechos fundamentales de las personas.”
[973] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de
junio 28 de 2012 (MP Fernando Alberto Castro Caballero); Tutela 61370.
[974] El abogado Manuel Alejandro Iturralde Sánchez.
[975] Ver demanda: Expediente T-3647294, folios 1 a 86.
[976] Intervención de la Presidencia de la República,
Expediente T-3647294, folios 102 a 107.
[977] Intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho, Expediente T-3647294, folios 112 a 122.
[978] Intervención del INPEC, Expediente T-3647294, folios
123 a 124.
[979] Intervención del Director de la Cárcel Modelo,
Expediente T-3647294, folios 128 a 133.
[980] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia de
junio 12 de 2012 (MP Marco Antonio Rueda Soto; SV Carlos Héctor Tamayo Medina).
Expediente T-3647294, folios 134 a 155.
[981] Dijo la sentencia al respecto: “No obstante, atestado
sea desde ahora en cuanto excluye la prosperidad de la tutela, la situación
demostrada en este asunto no ha sido ajena a la jurisdicción constitucional,
que en pretérita decisión impartió las órdenes a las autoridades estatales orientadas
precisamente a superar esa violación generalizada y persistente de los derechos
fundamentales de los internos, uno de ellos, se insiste, el ahora accionante.
||  En efecto, la Corte Constitucional, desde hace más de dos lustros declaró
la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones mediante un
pronunciamiento que comportó el reconocimiento de la sistemática vulneración o
amenaza de violación de los derechos fundamentales de los reclusos; supuesto
con apoyo en el cual instó a las autoridades competentes a la adopción de
medidas orientadas a garantizar las condiciones de vida dignas en los penales.
En concreto, tratándose de lo que interesa destacar, en la sentencia T-153 de
1998 […]  ||  En este orden de ideas, resulta forzoso colegir que la situación
noticiada en estas diligencias ya fue objeto de decisión, porque
independientemente de que el accionante Mesa Rosero no hubiese sido parte en
esa pasada acción pública, inclusive, que tampoco estuviese privado de la
libertad para la data de emisión del pronunciamiento, surge incontrastable ante
la declaración efectuada en el precedente reseñado que estuvo orientado a
superar una situación inconstitucional que ahora simplemente indica que
persiste. En consecuencia, la tutela interpuesta ahora no es viable porque lo
pertinente ante la continuidad en la violación sistemática de los derechos
fundamentales de los internos es pretender de la Corte Constitucional, dentro
de la órbita de sus competencias, que se promuevan las acciones de seguimiento
correspondientes; incluso y, alternativamente, ante el funcionamiento de
primera instancia que conoció de dicho asunto, si resulta del caso, propiciar
el incidente de desacato de que trata el artículo 51 del Decreto 2591 de 1991.
||  De acuerdo con lo argumentado, entonces, el Tribunal denegará el amparo
impetrado, máxime que estas diligencias es pretendido, no para obtener el
mejoramiento de las condiciones de la reclusión, sino para obtener una
excarcelación que con apego al ordenamiento jurídico, tratándose de condenado a
pena privativa de la libertad, debe reclamarse del funcionario a disposición
del cual se encuentra y con fundamento en alguna de las causales que habilitan
la cesación de la excarcelación reclamada, esto es, bien por cumplimiento de la
pena o por vía de los mecanismos sustitutivos de la sanción restrictiva de tal
derecho fundamental, desde luego, siempre que se satisfagan los requisitos
previstos para los mismos.  ||  No obstante, la Sala ordenará expedir copias de
la demanda de tutela y de este pronunciamiento con destina a la Sala Civil del
Tribunal Superior de Medellín, autoridad que conoció en primera instancia de la
acción de tutela objeto de revisión por la Corte Constitucional en la sentencia
T-153 de 1998, así como a esta última Corporación en cita, con miras a la
verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas.”
[982] El Magistrado Carlos Héctor Tamayo Medina indicó en
su salvamento de voto a la decisión que discrepa del argumento de la sentencia
por lo siguiente: “En primer lugar, por cuanto habiendo sido recluido el acto
el 3 de mayo de 2011 es evidente que se trata de hechos no comprendidos dentro
de los que fueron materia de estudio por la Corte Constitucional en aquella
oportunidad. En segundo término, porque no se sabe si las autoridades cumplieron
o no con lo ordenado por la Corte Constitucional o si pese al eventual
cumplimiento surgieron nuevos inconvenientes, efecto para el que, a mi modo de
ver, ha debido solicitársele al Director del INPEC un informe concreto y
específico al respecto, el cual echo de menos.  ||  Así, entonces, desde mi
punto de vista, estimo que debió concederse la tutela para la protección del
derecho a una vida en condiciones dignas, en aras de conjurar las condiciones
tan precarias e inhumanas referidas por el accionante, ni siquiera
controvertidas por las autoridades demandadas.”
[983] Dice la sentencia de la Sala Penal del Tribunal: “[…]
el apoderado del accionante sólo adujo que Mesa Rosero hace varios años sufrió
el accidente en el cual padeció la fractura de ambos brazos, razón por la cual
desde entonces presenta problemas de movilidad de tales miembros. De igual
modo, que en el establecimiento no ha recibido el tratamiento adecuado; sin
embargo, en los posteriores apartes del estricto de tutela admite haber sido
atendido en varias oportunidades por medicina general para exteriorizar la
inconformidad con el criterio del galeno que lo atendido [sic], en cuanto no ha
accedido a la solicitud de aquél de su remisión al especialista en ortopedia.
||  En síntesis, la atención que reclama no ha correspondido en manera alguna a
un tratamiento, examen o medicina que le  haya sido prescrita y negada, sino a
una valoración que Correa Fonseca [sic] estima, en contravía del criterio del
médico tratante, que resulta necesaria. En consecuencia, por esta causa no
puede admitirse que resultó vulnerado el derecho fundamental referido.”
[984] Expediente, T-3647294, segundo cuaderno, folios 3 a
10.
[985] Intervención del Juez Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, DC. Expediente T-3647294, folios 221 a 223.
[986] En este caso se ha de entender que el Juez hace
referencia al señor Wilfredo Mesa Rosero.
[987] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia 2
de agosto de 2012 (MP Marco Antonio Rueda Soto; AV Carlos Héctor Tamayo
Medina). Expediente, T-3647294, folios 237 a 262.
[988] Dijo la aclaración al respecto: “Aunque en pasada
oportunidad salvé el voto, esta vez no encuentro motivo para hacerlo, toda vez
que según el informe rendido por el director del establecimiento carcelario, no
allegado para la fecha en que se profirió el fallo anulado, observó que se
están implementando varias medidas tendientes a conjurar la situación.”
Expediente, T-3647294, folio 262.
[989] Se dijo al respecto: “(i) Los supuestos para que se
dé la cosa juzgada constitucional en sede de tutela, en relación con la
sentencia T-153 de 1998, no son aplicables en este caso de la referencia.  (ii)
Si bien hoy en día existe una situación tan grave como la que la Corte pudo
observar en 1998 o incluso peor, las indebidas condiciones de reclusión que
actualmente dan lugar a la ocurrencia del TCID en contra de la población
reclusa, se dan en un contexto distinto, con nuevas dimensiones y por razones
diferentes.  (iii) […] la sentencia T-153 de 1998, junto con la aparente
permanencia del ECI declarado en ese entonces, no autoriza a los jueces de la
jurisdicción constitucional a que se nieguen a estudiar de fondo las
pretensiones de casos similares, salvo que se quiera incurrir en una
vulneración del derecho de acceso a la justicia.” Impugnación, Expediente
T-3647294, folios 199 a 210.
[990] Expediente, T-3647294, segundo cuaderno, folios 21 a
35.
[991] Expediente T-3645480, folios 1 a 5.
[992] Expediente T-3645480, folios 31 a 36.
[993] Expediente T-3645480, folios 37 a 45.
[994] Expediente T-3645480, folios 46 a 47.
[995] Expediente T-3645480, folios 48 a 64.
[996] Expediente T-3645480, folio 54.
[997] Expediente T-3645480, folios 75 a 80.
[998] Expediente T-3645480, folios 65 a 83.
[999] Tribunal Superior de Medellín, Sala de Tutela,
sentencia del 9 de agosto de 2012 (MP Pio Nicolás Jaramillo Marín). Víctor
Alonso Vera contra la Cárcel Bellavista de Medellín y otros. Expediente
T-3645480, folios 88 a 95.
[1000] Expediente T-375561, folios 1 a 4.
[1001] La acción de tutela se presentó ante la Corte Suprema
de Justicia, Corporación que, por las reglas de reparto, la remitió al Tribunal
Superior de Popayán, Sala Civil y de Familia, despacho que finalmente admite la
acción de tutela y la tramita. Expediente T-375561, folios 5 a 13.
[1002] El texto original de la acción de tutela tenía
algunos errores de ortografía, la mayoría fueron editados, para hacer más fácil
su lectura en el ámbito jurídico.
[1003] La acción de tutela se presentó manuscrita y fue
firmada por el propio accionante, señor Luis Enrique Leal Sosa.
[1004] Expediente T-375561, folio 27.
[1005] Expediente T-375561, folios 28 a 29.
[1006] Expediente T-375561, folio 30.
[1007] Expediente T-375561, folio 31.
[1008] Expediente T-375561, folios 32 y 33.
[1009] Expediente T-375561, folios 34 a 40.
[1010] La intervención cita la Resolución 20 de marzo 8 de
2012; Expediente T-375561, folios 34 a 36.
[1011] La intervención da erradamente el resultado total de
2765, pero en realidad es 2726.
[1012] Expediente T-375561, folios 50 a 59.
[1013] Expediente T-375561, folios 63 a 66.
[1014] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y Familia,
sentencia de 3 de octubre de 2012 (MP José Francisco Varona Ortiz). Ver,
Expediente T-375561, folios 67 a 80.
[1015] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Sentencia de 3 de mayo de 2011. Expediente 32425 (MP Gustavo José Gnecco
Mendoza).
[1016] Expediente
T-375561.
[1017] Expediente T-3759881, folios 1 a 8.
[1018] Al igual que en el caso anterior, la acción de tutela
se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Corporación que, por las reglas
de reparto, la remitió al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, despacho que finalmente admitió la acción de tutela y la tramitó.
Expediente T-3759881, folios 9 a 17.
[1019] Para ver en detalle los argumentos de esta acción de
tutela, ver el resumen de los cargos del caso anterior; Expediente T-375561.
[1020] Expediente T-3759881, folios 70 y 71.
[1021] Expediente T-3759881, folios 29 y 30.
[1022] Expediente T-3759881, folio 34.
[1023] Expediente T-3759881, folios 35 a 40.
[1024] Expediente T-3759881, folios 56 a 67.
[1025] Expediente T-3759881, folios 99 a 101.
[1026] Expediente T-375561.
[1027] Expediente T-3759881, folios 117 a 119.
[1028] Expediente T-375561.
[1029] Expediente T-3759881, folios 120 a 124.
[1030] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, sentencia de octubre 24 de 2012, (MP Manuel Antonio Burbano Goyes).
Expediente T-3759881, folios 74 a 87.
[1031] Cfr. Con
los expedientes T-375561 y T-3759881.
[1032] Expediente T-3759882, folios 1 a 7.
[1033] Al igual que en los dos casos anteriores, la acción
de tutela se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Corporación que, por
las reglas de reparto, la remitió al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y
de Familia, despacho que finalmente admitió la acción de tutela y la tramitó.
Expediente T-3759882, folios 8 a 16.
[1034] Para ver en detalle los argumentos de esta acción de
tutela, ver el resumen de los cargos del primer caso contra la cárcel San
Isidro de Popayán, en el proceso de la referencia; Expediente T-375561.
[1035] Expediente T-3759882, folio 57.
[1036] Expediente T-3759882, folios 29 y 30.
[1037] Expediente T-3759882, folios 51 a 56.
[1038] Expediente T-3759882, folios 95 a 106.
[1039] Expediente T-3759882, folios 89 a 91.
[1040] Expediente T-3759882, folios 92 a 94.
[1041] Expediente T-3759882, folios 107 a 111.
[1042] Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil y de
Familia, sentencia de octubre 24 de 2012, (MP Manuel Antonio Burbano Goyes).
Expediente T-3759882, folios 63 a 76.
[1043] Afirmó le Tribunal que “[…] el tema del hacinamiento
den las cárceles del país, es un asunto que ya ha sido examinado por la Corte
Constitucional a través de la denominada doctrina constitucional ‘inter
comunis’, en el sentido que deben ser los diversos organismos y entidades
gubernamentales quienes mancomunadamente deben aunar esfuerzos para mejorar las
condiciones de los internos en todos los establecimientos penitenciarios de
Colombia.”
[1044] Expediente T-3805761, folios 1 a 12.
[1045] Denuncia pública presentada por el Presidente de la
UTP, Seccional Barrancabermeja, Ormilson de Jesús Leal Márquez, el 25 de julio
de 2012. Dice el texto de la denuncia: “1. Las pésimas condiciones en las que
tenemos que laborar los funcionarios de la guardia de este establecimiento,
teniendo incluso que dormir en el piso. Situación que ese ha puesto en
conocimiento de la señora Balentina Rodríguez Angarita, Directora del Penal,
sin que hasta la fecha se resuelva este inconveniente.  ||  2. El penal de Barrancabermeja
que cuenta con doscientos (200) cupos para internos, en la actualidad tienen
recluidos a seiscientos treinta y tres (633) [que mejor se podría decir,
embutidos como ratas], o sea que se tienen cuatrocientos treinta y tres (433)
internos de más (que equivale a albergar el cupo de dos cárceles más).  ||  3.
La falta de personal es otro grave problema que tenemos que enfrentar, pues con
la misma planta de personal que se tenía hace más de 15 años, estamos
atendiendo  hoy en día, esos más de seiscientos internos (sin contar más de
ciento cincuenta internos en domiciliaria) en donde las cargas laborales se
triplicaron; con las implicaciones de salud ocupacional que ello conlleva,
necesitándose por lo menos el siguiente personal:  2 psicólogos, 1 trabajador
social, 1 abogado investigaciones internas, 2 abogados área de jurídica, 1
contador, 5 secretarias, 1 terapista ocupacional, 1 auxiliar contable, 2
profesionales universitarios y 12 unidades de guardia.  ||  4. Un derecho
esencial para los seres humanos es el derecho a la salud; para los internos
parece que el Gobierno Nacional o el Estado se olvidó de ellos y los tiene en
el abandono total, andando del timbo al tambo, pues inicialmente los servicios
de salud los prestaba directamente el INPEC, pasando luego a manos de CAPRECOM
EPS y como esta última no dio resultado, se regresa nuevamente este servicio al
INPEC, pero quienes sufren las consecuencias de estas improvisaciones, no son
otros que los internos de nuestros establecimientos; en este penal no contamos
con una pastilla para el dolor de cabeza, el servicio sólo se presta en horas
de la mañana (¿qué pasa con el resto del tiempo, acaso no se pueden enfermar
los internos?). Y eso que se cuenta con un fallo de tutela que obliga a la
dirección de este penal a cubrir a los internos ese derecho inalienable a su
salud.  ||  5. Día a día el aumento de la población carcelaria se incrementa,
por un lado, están los altos índices de criminalidad, por otro están las nuevas
políticas de la convivencia ciudadana que obligan a imponer más y más medidas
aseguramiento intramural y por otra parte la no concesión de libertad
condicional; todo ello hace que la población carcelaria aumente de manera
cíclica pero nunca se vería una tendencia a bajar.  ||  Por todo lo anterior,
les solicitamos que como entes de control se tomen por su parte, medidas
urgentes y efectivas, para corregir y solucionar la grave crisis carcelaria que
vivimos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Barrancabermeja.  ||  Dejamos constancia con todo lo anterior que los
funcionarios administrativos y del cuerpo de custodia y vigilancia del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Barrancabermeja, no somos los
culpables de la actual [situación que] afronta este establecimiento.”
Expediente T-3805761, folios 13 y 14.
[1046] Expediente T-3805761, folio 16.
[1047] Expediente T-3805761, folios 18 y 19.
[1048] Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal,
sentencia de 12 de agosto de 2011 (MP Luis Edgar Albarracín Posada). Expediente
T-3805761, folios 41 a 54.
[1049] Expediente T-3805761, folios 78 a 88.
[1050]  Dijo el Ministerio al respecto: “El Ministerio ha
realizado contactos con varias universidades del país para que estas, a través
de sus estudiantes de consultorio jurídico y de judicatura, puedan colaborar a
descongestionar las solicitudes de los reclusos, tanto en las oficinas
jurídicas de los establecimientos de detención como ante los despachos de los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.  ||  Bajo esta temática,
se llevó a cabo una reunión con las oficinas jurídicas de las cárceles Modelo,
La Picota y el Buen Pastor con la finalidad de iniciar una coordinación entre
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y las universidades
interesadas para participar en este proyecto. En esa ocasión, las oficinas
jurídicas se comprometieron a suministrar la información necesaria para hacer
las solicitudes de libertad de los internos.  ||  En el mes de septiembre se
espera repetir esa experiencia con universidades de Cali, Medellín, el Eje
Cafetero y Atlántico. Posteriormente, se extenderá a todo el país, pero
especialmente a aquellas regiones donde el hacinamiento presenta mayores índices.
||  Esta medida va acompañada de un trabajo con los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad para que concedan, a quienes corresponde, una
serie de beneficios establecidos en la ley, y para que las solicitudes se
resuelvan en la mayor brevedad posible. El Consejo Superior de la Judicatura ha
nombrado tres jueces de descongestión para resolver prontamente las solicitudes
pendientes.”
[1051] En esta oportunidad el Ministerio reiteró la meta del
48% de hacinamiento generalizado en el país, en los siguientes términos: “En
observancia de los derechos de los internos, esta redistribución se realizaría
sobre aquellas personas ya condenadas que cumplan con los requisitos legales.
La idea es que el nivel de hacinamiento sea del 48% en todo el país. De esta
manera, se busca disminuir sustancialmente la presión sobre aquellos centros
que tienen los niveles más altos de hacinamiento. Lo anterior, se espera
lograrlo con una política de traslados que no afecte los derechos de la
población interna y utilizando los cupos libres que aún existen en los nuevos
establecimientos de reclusión.”
[1052] Esta medida propuesta se encuentra en estrechísima
relación con las ‘brigadas jurídicas’. El Ministerio la explicó así en su
intervención: “Como se mencionó, uno de los principales objetivos de las
brigadas jurídicas es la descongestión en las oficinas jurídicas y en los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de las solicitudes de
beneficios que permitan la libertad de quienes han cumplido los requisitos.
||   Para el caso concreto, se pretende hacer énfasis en aquellas poblaciones
más vulnerables: tercera edad, madres y padres cabeza de familia, enfermos
terminales y pacientes psiquiátricos. Asimismo, se busca incentivar la
aplicación de los sistemas de vigilancia electrónica, para que se empleen como
mecanismo sustitutivo de la detención domiciliaria o como medida autónoma no
privativa de la libertad.”
[1053] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Se coordinará con el INPEC la realización de un censo que
permita identificar la población reclusa del país. Este censo permitirá tomar
medidas diferenciadas den el tratamiento, en entregar garantías a los grupos
étnicos, a las madres y padres cabeza de familia o identificar problemáticas
específicas en las regiones.”
[1054] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Se ha propuesto la creación de una Comisión Interinstitucional
que realice un diagnóstico permanente sobre la crisis del sistema y proponga
las soluciones puntuales al mismo. Esta Comisión está conformada por expertos en
derecho penitenciario, en derecho constitucional, en salud, etc. Se busca que
sea una comisión muy activa que rinda cuentas al Consejo Superior de Política
Criminal, donde tienen presencia varias instituciones que se encargan de
contribuir a la implementación de la política criminal del Estado.  Ya se ha
designado los comisionados y en los próximos días tendrá su primera reunión.”
[1055] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Se espera que la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios con su nuevo presupuesto, esté en capacidad a partir de enero de
2013, de tomar todas las funciones administrativas del sistema penitenciario y
de esa manera se agilice la contratación de los servicios.  ||  Asimismo la
unidad estará encargada de la contratación para la creación de nuevos cupos y
de la mejora de la infraestructura carcelaria del país.”
[1056] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Con el objeto de aumentar la planta de la guardia, existe una
convocatoria en trámite (132 de 2012 CNSC), que está presupuestada para 718
nuevos dragoneantes de los cuales 500 son de complementación y 218 de
formación.  ||  A esta se inscribieron 11.088 aspirantes, de los cuales 7.879
entregaron documentos, según los datos de la CNSC, a quienes se les aplicaron
las pruebas de análisis de antecedentes. Se espera que el 9 de noviembre de
2012 se publique la respectiva lista de admitidos.  ||  Igualmente se solicitó
a la CNSC que la lista de elegibles para el concurso sea de 2.500 personas, de
manera que cuando se autorice la ampliación de la planta, esta incorporación
sea inmediata. Al respecto, la Comisión confirmó que es posible esa ampliación
siempre y cuando la incorporación se lleve a cabo durante el año de vigencia de
la lista.”
[1057] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “La prestación del servicio de salud en los establecimientos de
reclusión ha presentado falencias; por este motivo, el Ministerio de Justicia y
del Derecho en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, SPC, y el
Ministerio de Salud y Protección Social vienen trabajando para darle solución a
corto y mediano plazo.  ||  A corto plazo se trabaja con el Ministerio de Salud
y Protección Social en dos medidas urgentes:  1. Proyecto de Decreto que
permita la filiación de los reclusos a una EPS del orden nacional diferente a
CAPRECOM EPS-S.  ||  2. Proyecto de circular conjunta entre el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y el INPEC para la
adopción e implementación de los lineamientos generales para la vigilancia y el
control de eventos de interés en salud pública en establecimientos
penitenciarios y carcelarios.  ||  Asimismo, a mediano plazo se analiza la
creación de un Sistema Nacional de Salud Penitenciaria que permita brindar
atención eficiente de primer nivel, con lo que se daría solución a uno de los
principales problemas del Sistema. En todo caso, la SPC ya viene trabajando
para mejorar las condiciones de las unidades de sanidad de los establecimientos
de reclusión.”
[1058] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Con base en el informe de la Comisión Asesora para el Diseño de
la Política Criminal del Estado, se está trabajando un documento Conpes que
señale los derroteros de lo que debe ser una política criminal fundada
empíricamente y enmarcada constitucionalmente.  ||  Mediante esta iniciativa se
fortalecerá el papel del Consejo Superior de Política Criminal como instancia
de análisis de todos los proyectos de ley que en materia penal y penitenciaria
estén en curso en el Congreso de la República. El compromiso del Ministerio de
Justicia y del Derecho es hacer esta instancia mucho más efectiva, razón por la
cual se ha enviado a la Comisión para su estudio, todos los proyectos de ley
que actualmente son objeto de análisis por esta Corporación legislativa.”
[1059] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Desde hace un tiempo se ha trabajado en una propuesta de Código
que haría una modificación sustancial al actual y en el cual la libertad como
principio es su rasgo característico. Se espera que el proyecto sea radicado en
el Congreso de la República luego del estudio, discusión y aprobación del
Consejo Superior de Política Criminal.”
[1060] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “El objeto de esta Comisión es diseñar e implementar una política
criminal racional y coherente que conlleve la racionalización de las penas y de
los delitos y que busque mecanismos para que el Sistema Penal Acusatorio mejore
su capacidad de gestión.”
[1061] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “El Plan busca que en un término de 4 años, se entreguen 20.000
cupos con la ampliación de algunos establecimientos. Se estima que el proyecto
tendría un costo de $330 mil millones, aproximadamente.  ||  Las ampliaciones
se realizarían en establecimientos de primera, segunda y tercera generación, de
la siguiente manera:  Primera generación: Armenia, Santa Rosa de
Viterbo, San Gil, Socorro, Itagüí, Buga, Tuluá, Palmira y la Colonia Acacías.
||  Segunda generación: Acacías, Girón, Cómbita y Valledupar.  ||  Tercera
generación: Florencia, Yopal. Puerto Triunfo, Eron Acacías y Cúcuta.”
[1062] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “La Corporación Andina de Fomento ha celebrado un convenio con el
Ministerio de Justicia y del Derecho para el análisis financiero de la
construcción, por medio del Sistema APP, de 26.000 nuevos cupos.”
[1063] Dijo el Ministerio de Justicia y del Derecho en su
intervención: “Se espera construir seis nuevas colonias agrícolas una por cada
regional, para la reclusión de los internos de mínima seguridad. Cada Colonia
tendría capacidad para 1000 reclusos y su costo es significativamente inferior
al de un establecimiento normal. Sin embargo, es una medida que sólo
beneficiaría a la población de mínima seguridad y por ello el efecto sobre el
hacinamiento es menor.”
[1064] Expediente T-3805761, folios 90 a 96.
[1065] Al respecto la intervención añadió: “Es necesario
recordar que el Gobierno Nacional, mediante documento CONPES 3277 de 2004,
estrategia para la expansión de la oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y
Carcelarios, determinó la construcción, dotación y mantenimiento de ERON
(establecimientos de reclusión del orden nacional), así como la ampliación,
adecuación y dotación de los centros de reclusión existentes, direccionados a
aumentar la capacidad carcelaria. Sin embargo, actualmente se tiene cerca de
7400 cupos disponibles en los nuevos establecimientos, que no pueden ser
utilizados, hasta que no se resuelvan obras civiles por parte de la Dirección
de infraestructura del Ministerio de Justicia en Bogotá, Ibagué, Pedregal y
Jamundí, hasta que se solucionen problemas de escasez de agua conforme a los
permisos de la CAR en Guaduas y Puerto Triunfo, se instalen y pongan en
funcionamiento cámaras de seguridad, a fin de que se superen las diferencias en
la capacidad instalada de cupos, que actualmente no permiten su funcionamiento
adecuado.”
[1066] El Acta fue suscrita por el Presidente de la misma,
para entonces el Ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero, y en calidad de
Secretaria, María Fernanda Escobar, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
INPEC. Expediente T-3805761, folios 101 a 106.
[1067] Expediente T-3805761, folios 112 a 116.
[1068] Expediente T-3805761, folios 128 a 132.
[1069] Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal,
sentencia del 23 de octubre de 2012 (MP Héctor Salas Mejía). Dijo la sentencia:
“No obstante lo anterior, la solución a dicha problemática, como lo enfatizaron
las distintas entidades accionadas, no corresponde a la administración de
justicia por vía de la acción constitucional de tutela sino a programas
institucionales que permitan evidenciar una política criminal estructurada,
dirigida a la protección de la dignidad humana del delincuente y a garantizar
su proceso de resocialización. ||  Aunado a lo anterior, considera la
Colegiatura que la necesidad de aumentar la infraestructura carcelaria con
miras a remediar los problemas de salubridad, higiene, intimidad y recreación,
en el evento de no obtener una respuesta por cuenta de las autoridades
políticas encargadas de administrar los recursos públicos, puede ser solventada
por vía de la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución
Nacional y en la Ley 472 de 1998.”
[1070] Expediente T-380576, folios 156 a 178.
[1071] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja en
su intervención: “Pues bien, al igual que ahora, el abogado Christian Gordon
Chaparro, obrando como Defensor Regional del Magdalena Medio, promovió una
acción pública de tutela por los mismos hechos que en la hora de ahora narra, y
esta se tramitó […] en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barrancabermeja, autoridad que en sentencia del 01 de marzo de 2011 en la parte
resolutiva de la misma ordenó:  ‘Primero: Declarar Improcedente la acción de
tutela instaurada por Christian Gordon Chaparro, en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Establecimiento Penitenciario y Carcelario
Cárcel de Barrancabermeja, Gobernación de Santander y CAPRECOM, en lo referente
a la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad, de acuerdo a
la parte motiva de éste proveído.  ||  Segundo. Negar la acción de tutela […].’
||  El abogado Christian Gordon Chaparro, obrando como Defensor Regional del
Pueblo ante la adversidad del fallo de primer grado de fecha […] no impetró el
recurso vertical de apelación al que tenía derecho, y de manera hartamente
curiosa y extraña, después de diecisiete (17) meses, pretendiendo revivir
momentos procesales que ya fenecieron, intenta promover otra acción pública de
tutela por los mismos hechos.  ||  En consideración a que para ser Defensor
Regional del Pueblo tiene como requisito acreditar cualificación profesional de
abogado, salvo mejor criterio, esta dirección considera que el profesional del
derecho Christian Gordon Chaparro ha incurrido en una actuación temeraria, a
voces de lo normado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por medio del
cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política.”
[1072] Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barrancabermeja, sentencia del 1° de marzo de 2011. Expediente T-3805761,
folios 218 a 243.
[1073] La Directora de la Cárcel de Barrancabermeja adjuntó
a su intervención comunicaciones dirigidas a la Directora de la Regional
Oriente del INPEC informándole, entre otras cosas:  que el odontólogo no asiste
a laborar desde el 17 de septiembre por estos motivos, por lo cual no están
atendiendo pacientes en el área de odontología (comunicación del 19 de
septiembre de 2012; Expediente T-3805761, folio 185);  que se sólo se contaba
con un médico para atender a todos los internos, por períodos de cuatro horas
(comunicación del 13 de agosto de 2012; Expediente T-3805761, folio 186); que
no hay insumos médicos ni odontológicos, ni siquiera jeringas o guantes.
Escasez marcada de medicamentos, no hay analgésicos orales ni parenterales
(comunicación del 25 de julio de 2012; Expediente T-3805761, folio 187); que se
tiene personas privadas de la libertad que requieren insulina, a las cuales no
se les suministra (comunicación del 31 de mayo de 2012; Expediente T-3805761,
folio 192); o que no hay una persona encargada de recoger los residuos
hospitalarios (Expediente T-3805761, folio 193).
[1074] En comunicación a la Asesora Jurídica de la EPMSC,
Gladis Quintero de Quintero, el médico Gilberto Hernández Peluffo reclama que
se tiene un solo médico durante cuatro horas, cuando debería haber dos médicos
8 horas diarias. Sostiene que hay un aceptable suministro de medicamentos pero
sí hay demora para la autorización de operaciones. Se reclama que sólo se
cuenta con el Hospital del Magdalena Medio y no se cuenta con urología,
otorrinolaringología, neurología y oftalmología (comunicación del 23 de octubre
de 2012; Expediente T-3805761, folio 183).
[1075] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja en
su intervención: “Con relación a la denuncia sobre el sistema de salud, ello es
falso para este momento; toda vez que CAPRECOM mejoró ostensiblemente el
servicio, y en la actualidad funciona de manera coordinada con este
EPMSC-Barrancabermeja. Para atender el servicio de salud de la población
carcelaria CAPRECOM suscribió un contrato interadministrativo con el Hospital
Regional del Magdalena Medio (anterior Hospital San Rafael), y es esta entidad la
que atiende los casos de urgencia y cirugías de los internos de este
panóptico.  ||  Teniendo en cuenta que el Hospital del Magdalena Medio no
cuenta con el servicio especializado de urología, otorrinolaringología,
neurología y oftalmología; si eventualmente algún interno necesita de esta
atención especializada se remite a Bucaramanga.  ||  Para el área de sanidad
dentro del penal, actualmente el EPMSC Barrancabermeja cuenta con el siguiente
esquema o modelo de atención:  2.1.- Por parte de CAPRECOM:  Un (1)
médico, dos (2) auxiliares de enfermería, un (1) odontólogo, una (1) regente de
farmacia.  ||  2.2. Por parte del INPEC: Contamos con un (1) médico y
(1) enfermera, quienes en conjunto con los profesionales de la salud adscritos
a CAPRECOM se encargan de atender la población carcelaria de Barrancabermeja;
siendo eficientes en la prestación del servicio de salud, y en la remisión
oportuna a consulta especializada y cirugías.”
[1076] Dijo la Directora de la Cárcel de Barrancabermeja en
su intervención: “Con relación al stock de medicamentos, no se mantienen
altas existencias para evitar el vencimiento de la misma, pero sí lo necesario
para el suministro adecuado del servicio de salud.  Con relación a este ítem es
necesario advertir a esa corporación judicial que el EPMSC Barrancabermeja es
un centro de reclusión cuya regla general es el buen estado de salud de los
internos, y por tanto no se requiere mantener altos stocks para atender a toda
la población, pues las estadísticas nos muestran que la población que requiere
el servicio no sobre pasa el cinco por ciento (5%) de la población reclusa.”
[1077] Expediente T-3805761, folio 245.
[1078] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; Auto de 5 de
diciembre de 2012 (MP Javier Zapata Ortiz). Expediente T-3805761, tercer
cuaderno, folios 3 a 8.
[1079] Expediente T-3805761, folios 257 a 259.
[1080] Expediente T-3805761
[1081] Expediente T-3805761, segundo cuaderno, folios 1 a
23.
[1082] Expediente T-3805761, segundo cuaderno, folios 99 a
102.
[1083] Expediente T-3805761, segundo cuaderno, folios 117 a
127.
[1084] Gaceta del Congreso, N° 712 de 2011. [Intervención
del Representante a la Cámara que cita al debate] “Tiene usted razón, señor
presidente; es un debate extenso, corresponde a una labor que hemos hecho desde
la Unidad Legislativa, y de una vez anuncio nuestra intención esencial en este
debate es buscar salidas, soluciones, sin dejar de señalar una situación que es
extremo grave, que tiene múltiples aspectos delicados, preocupantes, ustedes lo
verán en el transcurso de lo que voy a decir en los próximos minutos, […].”
[1085] La gravedad de la situación es tal, que la propia
vida del Representante pudo haber estado en riesgo, debido a la investigación
realizada, tal como fue denunciado ante el Congreso de la República. Gaceta del
Congreso, N° 712 de 2011. “La comisión recibió y ha venido recibiendo múltiples
informes, solicitudes, testimonios, con relación a la situación carcelaria en
el país y, por eso, fijamos un cronograma de visitas; pues bien, en la visita
que practiqué el día 22 de mayo de este año a la cárcel de Valledupar, debo
señalar, señor ministro, señor Brigadier General y señor Viceministro, que se
presentó un hecho que yo considero muy preocupante: Una vez que estuve en el
pabellón de internos que están en situación de aislamiento y de máxima seguridad,
tuve información en la siguiente visita que practiqué el día 13 de junio de
este mismo año, a la misma cárcel la cárcel de Valledupar, de que uno de los
internos, cuando estaba recorriendo ese corredor de máxima seguridad, había
sido incitado por dos de los guardias del Inpec a que utilizara un puñal que
recibió de manos de estos señores y procediera a agredirme.  ||  Quisiera que
se mostrara inmediatamente la imagen de la denuncia. Esta denuncia la entregó
el interno a través de un manuscrito que ustedes están viendo en pantalla, en
la cual precisó que, mientras me encontraba de espaldas a estos señores, los
guardias procedieron a entregarle el puñal y a incitarlo con la promesa de que
su situación carcelaria mejoraría sustancialmente si me agredía, una vez que se
produjera el hecho.  ||  Esto, por supuesto, me motivó a entregarles informes
al señor Brigadier General y al señor Viceministro, porque una vez que se
entregó esta información fue agredido el interno, el interno tuvo que ser
trasladado inmediatamente a otra cárcel según entiendo señor Viceministro y
usted me corrige.” Los señores Ministro y Viceministro de Justicia y del
Derecho informaron conocer el caso previamente y haber tomado medidas al
respecto previamente, como el traslado del interno en cuestión, como una medida
básica de protección.
[1086] Dijo el Representante citante lo siguiente: “[…]
nosotros traemos varias propuestas a este debate y me gustaría que usted
escuche dos de ellas, la primera tiene que ver, con la conformación, señor
ministro, de un comité que se encargue de examinar con carácter urgente la
situación de 3 cárceles del país; me refiero en concreto a la situación de la
cárcel Bellavista; en segundo lugar, la situación de la cárcel Modelo y en
último lugar, la situación de la cárcel de Villa Hermosa donde están
concentrados y hacinados un número muy significativo de los internos.  ||
Entonces, la primera propuesta, ministro, es no tomar el problema en su
conjunto sino priorizar 3 de las cárceles, y con un comité de expertos ver cuál
puede ser una solución a esas 3 cárceles del país, esa propuesta tiene además
como objeto, señor ministro, se prohíba que a partir de este momento entre un
solo interno más a esas 3 cárceles, y ahora voy a explicar por qué.” Gaceta del
Congreso N° 712 de 2011.
[1087] Dijo el Representante citante lo siguiente, “La
segunda propuesta, señor ministro, es la de conformar una comisión de juristas
que tenga la facultad de examinar, o de revisar, la situación de determinadas
personas que planteen ante este comité el ponerse al día sobre en qué va su
situación jurídica, porque esta puede ser una medida de descongestión, yo
encontré en mis visitas a la cárcel infinidad de casos, ministro, obviamente
todo interno dice que él es inocente, pero de situaciones que a todas luces
aparecen ya como unas situaciones, que sin que haya una investigación de por
medio se muestran como aberrantes, personas que hace años o hace meses están en
una situación que ya, jurídica y legalmente, debiera haberles permitido salir
de las cárceles o acelerar sus procesos.” Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1088] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1089] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1090] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1091] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1092] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1093] Se dijo al respecto: “El [cuarto] problema, con eso
voy a terminar esta primera parte, tiene que ver con hechos de corrupción que
se han presentado y que son de público conocimiento, yo no voy a entrar mucho
en esto porque la revista Semana hizo un largo expediente en esa
situación, digamos que allí el hecho paradigmático es la situación del pabellón
¿r¿ sur de La Picota; el pabellón ¿r¿ sur de La Picota donde están recluidos
políticos que han sido juzgados por la Corte, lo que nosotros constatamos es
que de ahí se está gerenciando prácticamente las elecciones que vienen, nos
dicen que siguen utilizando celulares, salas de recepción para gobernadores y
alcaldes y que realmente sigue siendo como un paraíso, entre otras cosas,
información que recibimos, Brigadier General y Viceministro, nos dan cuenta que
quienes tienen las mayores comodidades actualmente en ese pabellón, comodidades
que son a todas luces ilegales e irregulares, es el ex Senador Mario Uribe.
Igualmente, se nos dice
que hay irregulares en la designación de cargos en el sistema penitenciario,
antecedentes disciplinarios de directores que están en este momento en
funciones; otro hecho que tiene vigencia hoy, Brigadier General, tiene que ver
con el episodio de las chuzadas que se practicaron desde el Inpec, ahora que ha
salido esta nota en el Washington Post nosotros recordamos que no hace mucho en
el Inpec funcionaba el llamado CIAP, que era el comité encargado de hacer
interceptaciones desde el Inpec.”
[1094] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1095] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1096] Dijo al respecto el Representante a la Cámara:
“Bueno, salta a la vista que privatizar las funciones del sistema penitenciario
es catastrófico, basta con ver lo que ya hemos dicho de la salud y basta con
ver lo que pasa con las comunicaciones, el servicio de telefonía dentro de las
cárceles, así que salud y comunicación muestran que privatizar no es el camino,
igual en establecimientos penitenciarios donde además de la delincuencia común,
de los narcotraficantes, de personas que están y representan altos riesgos para
la sociedad colombiana, pero en donde además están recluidas personas que
vienen del conflicto armado en Colombia, cómo sería el manejo de privados en
este caso y de particulares.  ||  Sabemos muy bien que los grupos armados, que
el narcotráfico, emplea y se nutre de los intereses particulares, no quiero
pensar que un establecimiento termine en manos de una empresa que pude ser en
cualquier momento chantajeada por un grupo armado; Brigadier, qué tal, por ejemplo,
que el gerente de una de estas empresas termine siendo secuestrado, o que
termine siendo desaparecido por un grupo paramilitar o que los narcotraficantes
terminen dándole, como ocurre regularmente, una mordida multimillonaria, en qué
terminaría ese establecimiento que ya de por sí afronta una difícil situación.
||  No estamos de acuerdo con la liquidación del Inpec y su traslado a la
Policía Nacional, y sobre esto no voy a abundar en argumentos, simplemente me
limito a decir que uno de los instrumentos que he citado de los principios
internacionales, dice claramente que quien persigue y quien lleva a las
cárceles a los delincuentes no puede ser quien los dirija; cito el principio de
Naciones Unidas, dice lo siguiente: como regla general se prohibirá que
miembros de la Policía o de las fuerzas armadas, ejerzan funciones de custodia
directa en los establecimientos de personas privadas de la libertad, con la
excepción de las instalaciones policiales.” Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1097] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1098] Dijo al respecto el Representante, entre otras cosas,
lo siguiente: “Cuarta. Que se convoque un gran foro nacional, entre los actores
esenciales, los órganos de control, Gobierno nacional por supuesto, Congreso,
los internos y sus familiares, los expertos, la academia, el poder judicial,
para que se trate un conjunto de soluciones y de propuestas de fondo.  ||
Quinta. Crear por un tiempo una comisión, esto se lo acabo de decir al
ministro, o un comité que evalúe la situación de 3 cárceles del país: Bellavista,
Modelo, Villa Hermosa, y que diseñe y en lo posible ejecute salidas con
relación a esas 3 cárceles que tienen una situación de hacinamiento que las
hace totalmente inviables en este momento.  ||  Sexta. Que se produzca una
reingeniería profunda del Inpec, una depuración de la guardia, que se impulse
que el personal administrativo se conforme con funcionarios de carrera, que a
partir de dichos criterios básicos, se garantice la estabilidad laboral del
personal que ha cumplido de manera honesta y calificada […]  ||  Séptimo.
Garantizar la autonomía y la independencia de las oficinas de control interno,
Brigadier General, a través de personal de carrera no nombrado por los
directores regionales, locales, o de los mismos establecimientos, con
cualificación profesional y no perteneciente a la guardia, reforzar el papel de
los órganos de control, […]  ||  Octavo. Que la Procuraduría ejerza el poder
disciplinario preferente en los casos en los que se ha presentado queja
reiterada por la presunta comisión de tortura, tratos crueles e inhumanos, o en
general con relación a la tortura, es decir la tortura debería ser objeto de la
Procuraduría.  ||  Supervisión especial de la Contraloría a los múltiples
contratos que actualmente se cursan y que ha sufrido el Inpec, y es que esto se
ha hecho bien, pero debería hacerse repito, con más profundidad, […] ||  Se
extienda invitación al relator sobre derechos de las personas privadas de la
libertad, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que verifique la
situación de las cárceles colombianas, impulsar el carácter civilista del
Inpec, reactivar, porque sabemos que esa Mesa en algún momento ha funcionado,
pero no con la participación de 3 actores fundamentales, la Mesa
Interinstitucional de Seguimiento a la Política Carcelaria y Penitenciaria, que
cuente con la presencia del Comité de Solidaridad con presos políticos de la
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la Cruz Roja, son
propuestas generales.  ||  Otra propuesta general, el Gobierno impulse la
ratificación del protocolo facultativo de la convención contra la tortura, ese
protocolo trae señoras y señores un mecanismo que permite que en cualquier
momento el comité visite a Colombia y visite los centros carcelarios, sería un
mecanismo que permite fortalecer la observación.  ||  […]  ||  Que adelante un
estudio que con perspectiva de derechos humanos, se clasifique a toda la
población carcelaria en nuevos centros, en nuevos sitios de reclusión, en
nuevos patios […]” Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1099] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1100] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1101] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1102] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1103] Dijo al respecto el Viceministro: “Este debate nos
permitirá mejorar, acelerar algunas decisiones, construir algunas decisiones
que habrán que adoptarse de manera conjunta, particularmente se lo dije al
Representante Cepeda, yo me muestro partidario de las comisiones que él
propone, sería, creo yo, un tema menor la discusión sobre quiénes, cómo, cuándo
y dónde la forma de diseñarla me parece que lo podríamos hacer con
posterioridad al debate no tendría ningún problema en lo personal incluso tengo
una extraordinaria relación con el Representante Cepeda, además de la
admiración que me ha merecido de siempre. Esto también nos permitirá tener el
respaldo, la comprensión y la ayuda de ustedes que han demostrado estar muy
interesados en este tema, como más adelante lo podrán advertir como ministerio
del Interior y de Justicia y hoy como ministerio de Justicia uno advierte que
en algunos momentos uno se encuentra demasiado solo, y que las soluciones que
uno advierte parecen a veces incluso un sueño porque para ponerles un ejemplo
claro, la ley actual y la ley que estamos tramitando y la lógica indica que
debe haber una categorización de las personas que están en condición de
privación de la libertad intramuros y que en un lado deben estar unos y que en
el otro lado deben estar otros atendiendo a muchos criterios de categorización
y eso que resulta tan elemental y tan evidente materializarlo, ponerlo en el
código es absolutamente fácil, ya está puesto incluso, pensar que va a ser así
es absolutamente fácil, pero materializarlo tienen unas complicaciones porque
eso solo es factible si uno tiene las herramientas la infraestructura y el
establecimiento carcelario apropiado para ello, si ya en el terreno esas
condiciones están dadas porque si esas condiciones no están dadas la
categorización no podrá ser tan minuciosa como uno quisiera o a veces, incluso
descartar la propia categorización en la medida en que también hay que cumplir
una orden judicial de poner una persona, bajo condición de recluso intramuros.”
Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1104] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1105] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1106] Gaceta del Congreso N° 712 de 2011.
[1107] Dijo el Director del INPEC en la sesión de agosto 30
de 2011 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en los siguientes
términos: “[…] esta Dirección quiere agradecer inmensamente a nuestro
Representante Iván Cepeda, y obviamente a todo ese equipo de colaboradores que
en días pasados nos han visitado a los centros carcelarios, los más importantes
del país, entre ellos los que corresponde a Bellavista, Jamundí y Picota.  ||
Agradecerle por cuanto sus apreciaciones han sido realmente justas y ha sido
objetivas de lo que corresponde en el sistema penitenciario en Colombia y de lo
que se viene desarrollando detrás […] para direccionar una política penitenciaria
en el país.” Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1108] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1109] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1110] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1111] Dijo el Director al respecto: “Tenemos cárceles como
la de Pasto que solamente tiene 230 cupos y hoy en día tiene cerca de 700
internos, pero la ubicación geográficamente hace que no podamos distribuir
aquellos sindicados que tienen la radicación del proceso, el caso de Tumaco, el
caso de Túquerres, el caso de otras cárceles como La Unión, Nariño, que
necesitan una política, y concentrar centros carceleros tipo complejo, que es
la política que se ha diseñado en el Ministerio del Interior y de Justicia para
poder desarrollar la política penitenciaria.” Gaceta del Congreso N° 780 de
2011.
[1112] Dijo el Director al respecto: “[…] en la parte
operacional de los centros carcelarios encontramos que tenemos una diversidad
de poblaciones de internos. Tenemos población de justicia y paz, tenemos
población que están hoy en día alojados en el pabellón R-Sur o llamado
parapolítica. Que tenemos también una población de ex miembros de la fuerza
pública que ahora se acercan a los mil. Que tenemos población que corresponde a
bandas criminales y que tenemos también internos que corresponden a lo que
nosotros llamamos delitos sociales. Cuando nosotros miramos ese panorama
encontramos que tenemos diversos regímenes internos disciplinarios para las
diferentes poblaciones; ahí estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de
Justicia para que una vez salga el nuevo proyecto de régimen penitenciario
podamos unificar los regímenes internos disciplinario y que las disciplinas
para todas las poblaciones del país sean las mismas, que no unos tengan ciertos
privilegios, como tener computadores que puedan acceder a otros elementos
técnicos a diferentes horarios de visita y muchas otras cosas que la opinión
pública y que todos conocemos sobre esas poblaciones que recoge el país.”
Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1113] Dijo el Director al respecto: “Sobre eso digamos que
en extraditables la población nuestra ya se acerca a los 165, por delitos de
rebelión a 1.836, por población de personal eximieras de la fuerza pública en
las cárceles autorizadas por el Ministerio del Interior y del Inpec al
Ministerio de Defensa Nacional, cerca de 1.000 internos; y encontramos que para
operacionalizar realmente todo el sistema penitenciario en Colombia,
necesitamos incrementar el pie de fuerza por una simple regla matemática.”
Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1114] Dijo el Director al respecto: “El año pasado a la
fecha se habían hecho 144 mil 224 remisiones, es decir que terminado el año
2010 el Inpec hizo 310 remisiones de internos por órdenes judiciales y por
órdenes médicas y otras que ordenó el Director del Inpec. Cuando revisamos
estas remisiones encontramos que el desgaste administrativo y el desgaste
fiscal en la remisión de los internos es muy alta para los costos
institucionales, cada remisión requiere que se acompañen por dos guardianes del
Inpec, obviamente profesionales y capacitados para que hagan el traslado de
nuestros internos; el costo en pasajes, en combustible y en transporte todo lo
que tienen que ver.” Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1115] Dijo el Director al respecto: “este año que llevamos
un poco más detallado la contabilidad sobre las remisiones se nos ha aumentado
este año en 44.964 remisiones de internos en todo el país; y por eso la
política de nuestro Ministro de Justicia es que en el próximo código
penitenciario quede que las audiencias virtuales serán una obligación para los
jueces de la república. Habida cuenta que desde otros países del mundo hacen
audiencias virtuales y tienen toda la validez jurídica y aquí en Colombia
todavía estamos nosotros queriendo tener al interno para poder tener un trato o
un diálogo más personalizado pero debemos recurrir realmente a las audiencias
virtuales. En otros países como Chile, por ejemplo, tienen un gran edificio donde
funcionan los jueces transitoriamente, donde van a despachar por 20 días o
mientras evacuan el proceso o toman las diligencias judiciales y al lado
izquierdo está el centro penitenciario, donde solamente por un túnel se
traslada el preso al despacho judicial, evitando precisamente el desgaste
administrativo y la seguridad pública que tiene que ver con los internos.”
Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1116] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1117] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1118] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1119] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1120] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1121] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1122] Dijo el Director: “La guardia tiene que ejercer un
derecho y tiene que ejercer unas obligaciones de mantener y encauzar la
disciplina al interior de los centros penitenciarios; el caso es el de
Valledupar. Valledupar con una población de 1.548 internos hoy en día y por
políticas del Ministerio de Justicia la población ha sido disminuida en 1.100
internos y la idea es que ese centro penitenciario quede con 1.000 internos.
||  Si se dan cuenta que Valledupar, la construcción de este centro carcelario
fue hecho a petición de las mismas clases políticas, es decir, cerca de diez
años pero nación sin agua, hoy en día y gracias al apoyo de nuestro gobernador
del Cesar nos ha ayudado realmente en la implementación de un sistema de agua y
tenemos una medición que nos permite mantener el agua potable al centro
carcelario. Hace pocos días en una conferencia en el segundo congreso
penitenciario que se desarrolló en la Universidad Libre de Colombia el mismo
Defensor del Pueblo hizo una alocución manifestando que ha mejorado el centro
penitenciario y carcelario, Valledupar en un 90%; o sea que agradecemos las
veedurías y las visitas a este centro penitenciario que nos ha permitido
realmente implementar una política penitenciaria.” Gaceta del Congreso N° 780
de 2011.
[1123] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1124] Dijo el Director: “Hace un mes que está funcionando,
la idea es que ojalá todos nuestros internos del país se metan en los programas
del Sena y que estos programas del Sena sean efectivos pero también necesitamos
del apoyo de ustedes en el incremento de la parte financiera para poder
organizar aulas acordes a la formación del interno para estas carreras técnicas
y de esta forma puedan redimir penas estudiando, trabajando o enseñando. En un
programa especial con los presos extranjeros hemos abierto una política de que
estos internos extranjeros, que mantienen otra lengua como francés, inglés,
portugués puedan enseñar y también puedan redimir penas, asunto que estaba para
ellos olvidado.  ||  También hemos implementad o un sistema de visitas
virtuales a los extranjeros para que se comuniquen con sus seres queridos en
otros países utilizando la tecnología del país. Digamos que hemos avanzado, lo
que pasa es que muchas cosas que se hacen al interior de la casa cuando se
barre de la alfombra hacia afuera y no se guarda el mugre debajo de la alfombra
esas cosas muchas veces no se ven, pero sí se requiere del apoyo incondicional
de nuestros Representantes porque el mantenimiento de las cárceles nuevas
requieren de 3.000 mil millones de pesos por cada centro carcelario y tenemos
11 cárceles nuevas que corresponderían a 33 mil millones de pesos para su
mantenimiento, si no hacemos mantenimiento preventivo a esos centros
carcelarios a la vuelta de dos años las cárceles se encontrarán totalmente
obsoletas, totalmente destruidas por muchas razones, de falta de uso, de mal
uso de los centros carcelarios, por deterioro del centro penitenciario; ahí
queremos que ustedes nos ayuden en ese ejercicio y los centros educativos como
las universidades del país se están comenzando a vincular por una política de
nuestro Ministro de Justicia, en vincular la Universidad la parte académica
para que nos ayuden con muchos internos que muchas veces pasan las órdenes de
libertad, y realmente no se ha notificado al pobre interno y el interno queda
al interior de los centros carcelarios.  ||  También tenemos internos que son
reincidentes al ingresar a los centros carcelarios, los internos tienen comida,
dormida, médico, seguridad, luz, agua, digamos que son unos colombianos en el
buen sentido de la palabra y haciendo menos dolosa y gravosa su paso por los
centros penitenciarios pero muchos de esos internos tienen trabajo y muchos de
los internos mantienen sus familias con el uno o dos salarios mínimos legales
vigente que reciben en los centros carcelarios. Muchas gracias señor Presidente
por su generosidad […]”.Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1125] El Representante a la Cámara Iván Cepeda presentó el
desarrollo de las visitas al sistema carcelario de la siguiente manera:
“Básicamente se trataba de conformar dos grupos de trabajo, tendientes a buscar
resolver aspectos muy álgidos de todo este panorama. Concretamente habíamos
planteado la posibilidad de conformar un comité que se encargue de analizar las
situaciones, habíamos dicho originalmente tres, pero ahora podemos aumentar a
cuatro los centros penitenciarios y carcelarios que deberían ser objeto de este
comité; la cárcel Modelo de Bogotá, Villahermosa en Cali y Bellavista en
Medellín, hemos agregado a esas tres cárceles también la de Jamundí que es una
en la que están mujeres recluidas, en una situación que también merece la pena
de ser analizadas. Dijimos que esos centros penitenciarios y carcelarios por la
sencilla razón de que albergan el mayor número de internos; 16.650 entre estas
tres primeras que he mencionado; así que ese comité tendría por objeto de una
manera muy ágil formular unas salidas a corto plazo, a mediano plazo y de
carácter estratégico con relación a ese grupo de cárceles que afrontan una
situación de prácticamente un estallido inminente por su situación de
hacinamiento.  ||  En segundo lugar habíamos propuesto otro grupo de trabajo
que se encargaría de estudiar una ruta para poder elaborar soluciones también
con relación a aquella población que está en las cárceles por motivos que en
este momento ya son injustos, personas cuyos procesos se han vencido en los
términos, o incluso aquellas que han sido olvidadas por la justicia; esto puede
sonar un poco absurdo pero hay personas en la cárcel que a estas alturas ya los
jueces, los fiscales, los operadores judiciales se han olvidado de su
situación, se archivaron sus procesos y están ahí sin que nadie sepa de su
existencia, entonces esas dos propuestas fueron objeto de una conversación esta
mañana con el señor Viceministro y hemos llegado a un acuerdo y a mí me
gustaría que el propio Viceministro lo refrende para que podamos avanzar en
este proceso de control político que por supuesto nosotros no asumimos
simplemente como un debate episódico, sino al cual le queremos dar un
seguimiento hasta buscar soluciones profundas.” Gaceta del Congreso N° 780 de
2011.
[1126] En el Acta de la sesión de la Comisión Segunda se
recoge la intervención en los siguientes términos:  “Hace uso de la palabra
el honorable Representante Hernán Penagos Giraldo: Gracias Presidente. Dos
planteamientos y una solicitud; lo primero es que no solamente desde lo
planteado desde el inicio del debate sino también por lo expuesto la semana
pasada por el Viceministro y ahora por el Director del Inpec uno observa que la
situación penitenciaria sigue compleja que el estado de cosa inconstitucional
obviamente no se ha logrado superar; entre otras cosas y que de alguna manera
las proyecciones futuras tampoco son tan alentadoras, eso digamos además de la
situación de política criminal que planteamos la semana pasada, también obedece
a una necesidad de recursos, por eso yo quisiera señor Presidente como a modo
de conclusión, pues primero que desde aquí de la Comisión Segunda se comunique
a la Corte Constitucional los pormenores del debate, las conclusiones del
mismo, los argumentos que presentó tanto el gobierno como quienes intervinieron
para que de alguna manera a instancias de ese estado de cosa inconstitucional
de esa Sentencia T-153 del 98, la Corte empiece a adoptar medidas, entre otras
y una principal a hacer lo que ordenó, involucrar a todas las ramas del poder
público porque este tema penitenciario es un tema en el que ya tienen que
comprometerse muchas otras instancias, si esto se deja exclusivamente al
Ministerio o al Inpec pues no hay posibilidades para que se supere esta situación.
Si la Corte hace cumplir esas órdenes que planteó insisto de una principalísima
como es que se involucren todas las ramas del poder público y todo el gobierno,
creo que podríamos avanzar en la posibilidad de que las cosas se superen de
manera mejor.  ||  En segundo lugar Viceministro. que desde el Ministerio, más
bien se formule con mayor precisión una política penitenciaria, a instancias
del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria que pueda uno tener
un documento marco que nos trace la política penitenciaria de cara al país, si
ya está pues lo miraríamos pero que se estudiara, insisto desde el Consejo
Nacional de Política Criminal.  ||  Lo tercero señor General, Director del
Inpec que desde el grupo de derecho de interés público, que funciona allí en el
Inpec podamos tener información mucho más precisa de la situación
penitenciaria. La información es un poco fragmentada, es un poco incompleta, no
se ha logrado, yo entiendo que no es fácil acopiar toda esa información pero
habrá que soportar un poco más a ese grupo de derecho de interés público del
Inpec para poder tener información mucho más real que nos permita también eso
colocarlo, inclusive si se quiere desde lo económico para poder resolver esa
situación, y les agradezco a usted Viceministro y a mi General porque creo que
ha sido un debate muy interesante y creo que va a ser muy positivo para el
país.” Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1127] El Representante Telésforo Pedraza, retomando voces
de columnistas en la prensa, sostuvo, entre otras cosas:  “Es preciso que el
Gobierno y el Congreso se ocupen del asunto inmediatamente, que se modifique la
estructura del Instituto Penitenciario y Carcelario, que se prevea un sistema
de administración de las cárceles mucho más adecuado a la función que cumplen,
que se consagren procedimientos de control interno, que mientras se expidan las
nuevas disposiciones y decide qué características tendrá el nuevo esquema, la
Procuraduría, la Fiscalía y las mismas autoridades que hoy dirigen el Inpec
adelanten las investigaciones de carácter disciplinario, penal y administrativo
para sancionar a los responsables de las conductas ilícitas y para excluirlas
del servicio.” Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1128] Dijo el Viceministro: “En cuanto a la política
criminal este Gobierno […] ha tenido la diligencia de reactivar las reuniones de
ese Consejo Superior de Política Criminal donde se han llevado muchas de las
disposiciones que se han tramitado en los aspectos penales en el Congreso.
Adicionalmente este gobierno creó la Comisión Asesora de Política Criminal y la
sola creación del Ministerio de Justicia también le dará un realce muy
importante a lo que tiene que ver con estos temas criminales y penitenciarios
que como el país lo sabe, incluso tendrá un Viceministro dedicado
exclusivamente a los aspectos de política criminal y política penitenciaria y
justicia restaurativa. De manera tal que hay un fortalecimiento institucional
para la dirección de estos temas tan importantes.” Gaceta del Congreso N° 780
de 2011.
[1129] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1130] Gaceta del Congreso N° 780 de 2011.
[1131] Dijo el Director del INPEC en la sesión de agosto 30
de 2011 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en los siguientes
términos: “[…] esta Dirección quiere agradecer inmensamente a nuestro
Representante Iván Cepeda, y obviamente a todo ese equipo de colaboradores que
en días pasados nos han visitado a los centros carcelarios, los más importantes
del país, entre ellos los que corresponde a Bellavista, Jamundí y Picota.  ||
Agradecerle por cuanto sus apreciaciones han sido realmente justas y ha sido
objetivas de lo que corresponde en el sistema penitenciario en Colombia y de lo
que se viene desarrollando detrás […] para direccionar una política
penitenciaria en el país.”
[1132] el Director del INPEC en la sesión de agosto 30 de
2011 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
[1133] Ibíd.
[1134] Dijo el Director al respecto: “Tenemos cárceles como
la de Pasto que solamente tiene 230 cupos y hoy en día tiene cerca de 700
internos, pero la ubicación geográficamente hace que no podamos distribuir
aquellos sindicados que tienen la radicación del proceso, el caso de Tumaco, el
caso de Túquerres, el caso de otras cárceles como La Unión, Nariño, que
necesitan una política, y concentrar centros carceleros tipo complejo, que es
la política que se ha diseñado en el Ministerio del Interior y de Justicia para
poder desarrollar la política penitenciaria.”
[1135] Dijo el Director al respecto: “[…] en la parte
operacional de los centros carcelarios encontramos que tenemos una diversidad
de poblaciones de internos. Tenemos población de justicia y paz, tenemos
población que están hoy en día alojados en el pabellón R-Sur o llamado
parapolítica. Que tenemos también una población de ex miembros de la fuerza
pública que ahora se acercan a los mil. Que tenemos población que corresponde a
bandas criminales y que tenemos también internos que corresponden a lo que
nosotros llamamos delitos sociales. Cuando nosotros miramos ese panorama
encontramos que tenemos diversos regímenes internos disciplinarios para las
diferentes poblaciones; ahí estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de
Justicia para que una vez salga el nuevo proyecto de régimen penitenciario
podamos unificar los regímenes internos disciplinario y que las disciplinas
para todas las poblaciones del país sean las mismas, que no unos tengan ciertos
privilegios, como tener computadores que puedan acceder a otros elementos
técnicos a diferentes horarios de visita y muchas otras cosas que la opinión
pública y que todos conocemos sobre esas poblaciones que recoge el país.”
[1136] Dijo el Director al respecto: “Sobre eso digamos que
en extraditables la población nuestra ya se acerca a los 165, por delitos de
rebelión a 1.836, por población de personal eximieras de la fuerza pública en
las cárceles autorizadas por el Ministerio del Interior y del Inpec al
Ministerio de Defensa Nacional, cerca de 1.000 internos; y encontramos que para
operacionalizar realmente todo el sistema penitenciario en Colombia,
necesitamos incrementar el pie de fuerza por una simple regla matemática.”
[1137] Dijo el Director al respecto: “El año pasado a la
fecha se habían hecho 144 mil 224 remisiones, es decir que terminado el año
2010 el Inpec hizo 310 remisiones de internos por órdenes judiciales y por
órdenes médicas y otras que ordenó el Director del Inpec. Cuando revisamos
estas remisiones encontramos que el desgaste administrativo y el desgaste
fiscal en la remisión de los internos es muy alta para los costos
institucionales, cada remisión requiere que se acompañen por dos guardianes del
Inpec, obviamente profesionales y capacitados para que hagan el traslado de
nuestros internos; el costo en pasajes, en combustible y en transporte todo lo
que tienen que ver.”
[1138] Dijo el Director al respecto: “este año que llevamos
un poco más detallado la contabilidad sobre las remisiones se nos ha aumentado
este año en 44.964 remisiones de internos en todo el país; y por eso la
política de nuestro Ministro de Justicia es que en el próximo código
penitenciario quede que las audiencias virtuales serán una obligación para los
jueces de la república. Habida cuenta que desde otros países del mundo hacen
audiencias virtuales y tienen toda la validez jurídica y aquí en Colombia
todavía estamos nosotros queriendo tener al interno para poder tener un trato o
un diálogo más personalizado pero debemos recurrir realmente a las audiencias
virtuales. En otros países como Chile, por ejemplo, tienen un gran edificio
donde funcionan los jueces transitoriamente, donde van a despachar por 20 días
o mientras evacuan el proceso o toman las diligencias judiciales y al lado
izquierdo está el centro penitenciario, donde solamente por un túnel se
traslada el preso al despacho judicial, evitando precisamente el desgaste
administrativo y la seguridad pública que tiene que ver con los internos.”
[1139] Comenzó el 14 de diciembre de 2012
[1140] Inició en ese cargo, el 1 de julio de 2011
[1141] Inició en ese cargo el  1 de enero de 2013
[1142] Está en el cargo desde el 1 de diciembre de 2012
[1143] Comenzó en el cargo el  30 de enero de 2013
[1144] Folios 75 a 106
[1145]  CD 3 – FOTOS VICEPRESIDENTE UTP
[1146]  Folios 144 a 170
[1147] CD 3 – CARPETA PATIO DISCAPACITADOS – Foto 3 y 6
[1148] CD 3 – CARPETA PATIO DISCAPACITADOS – Foto 5
[1149] CD 3 – CARPETA PATIO DISCAPACITADOS – Foto 1
[1150] CD 3 – CARPETA PATIO DISCAPACITADOS – Foto 2
[1151] CD 3 – CARPETA PATIO DISCAPACITADOS – Foto 4
[1152] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 20
[1153] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 19
[1154] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 10
[1155]CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 9 y 17
[1156] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 13
[1157] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso - Foto
[1158] CD 3 – CARPETA SANIDAD- Segundo piso – Foto 18
[1159] Folio 134
[1160]  CD 3  -  MATRIZ DIARIA FEBRERO Y MATRIZ DIARIA MARZO
[1161] Folios 107 a 133
[1162] Folio 135 a 136
[1163]CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – foto 25 y 28
[1164] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – foto 22 y 24
[1165] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – foto 27
[1166] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – zona de aislamiento
– fotos 30 y 31
[1167] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – foto 29
[1168] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – zona de
hospitalización – fotos 32, 33, 34, 35
[1169] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – zona de urgencias –
fotos 36 a 48
[1170] CD 3 –CARPETA SANIDAD – 3 piso – Unidad de Salud
Mental  –Fotos 49, 50  y 51
[1171] Folio
[1172] Folios 137 a 142.
[1173]  CD 3 – CARPETA   Alimentación - Fotos 52,53 y 54
[1174] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 55
[1175] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 57, 63 y 64
[1176] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 56
[1177] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 65
[1178] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 58, 59, 60,61,67,68,71
[1179] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 68,69 y 72
[1180] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – El patio, los baños y la TV
– Foto 66
[1181] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – Segundo Piso– Fotos  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
82ª
[1182] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – Segundo Piso– duermen en los
baños Fotos 83,84,85  y CD 3 – CARPETA PATIO 8 – tercer  Piso– duermen en los
baños Fotos 96, 97, 98, 99, 100 y 101.
[1183] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – Segundo Piso– además del
hacinamiento están enfermos -  Fotos 87, 88, 89, 90, 91.
[1184] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – tercer  Piso– Foto 93.
[1185] CD 3 – CARPETA PATIO 8 – segundo piso– además del
hacinamiento están enfermos Foto 90
[1186] CD 3 – CARPETA PATIO 2 –  EL PATIO Y LAS HUMEDADES
-   Fotos 102, 103, 104 y 105
[1187] CD 3 – CARPETA PATIO 2 –  LA ZONA DE LOS
RASTRILLADOS  -   Fotos 104,106,107,108,110
[1188] CD 3 – CARPETA PATIO 2 –  SON DOS PISOS EN CADA PISO
CUATRO PASILLOS -   Fotos 111, 112, 136