T-749-12
Sentencia T-749/12
Sentencia T-749/12
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Acuerdo de
pago estipulando plazos según situación económica que no afecte el mínimo vital
y reinstalación del servicio de acueducto
DERECHO DE ACCEDER AL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO-Fundamental
DERECHO AL AGUA-Carácter
fundamental
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Ejercicio del derecho legal de suspender el servicio
de acueducto cuando usuario no paga facturas mensuales de consumo
DERECHO AL AGUA-Protección
a través de la acción de tutela cuando se trate del derecho a acceder al agua
para consumo humano
DERECHO AL AGUA-Faceta
positiva y negativa
DERECHO AL AGUA-Factores
del goce efectivo
DERECHO DE ACCEDER AL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO-Límites
DERECHO DE ACCEDER AL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO-No vulneración al suspender servicio de acueducto por
no pago de más de ocho facturas mensuales
por cuanto empresa dio posibilidades de pago parcial de la deuda y afectado
optó por reconectar el servicio de forma ilegal y empleó violencia contra los
funcionarios de la empresa
ACCION DE TUTELA DE VENDEDOR AMBULANTE
CONTRA EPM EMPRESA PUBLICA-Acuerdo de
pago estipulando plazos según situación económica que no afecte el mínimo vital
y reinstalación del servicio de acueducto
Referencia:
expediente T-3304543
Acción de tutela presentada por Alberto de
Jesús Quintero Espinosa contra EPM Empresas Públicas de Medellín
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil
doce (2012).
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido en única
instancia, por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín, el trece (13) de
octubre de dos mil once (2011), dentro del proceso de tutela de Alberto de
Jesús Quintero Espinosa contra EPM Empresas Públicas de Medellín.[1]
I. ANTECEDENTES
El señor Alberto de Jesús Quintero Espinosa presentó
acción de tutela contra EPM Empresas Públicas de Medellín. Considera el actor
que la negativa de la entidad a reconectar en su vivienda el servicio público
de acueducto, por el no pago de sus facturas mensuales, vulnera su derecho
fundamental a la vida digna.
A continuación se hará un resumen de los hechos que
fundamentan la acción, y la respuesta de la entidad accionada:
1. Hechos.
1.1. El peticionario adeuda $2.250.802 a las Empresas
Públicas de Medellín (en adelante EPM), por concepto del servicio público de
acueducto.
1.2. Manifestó que desde que murió su madre, el 21 de
febrero de 2011, quedó en difícil situación económica, porque entre ambos
asumían los gastos de manutención y de alimentación, y ahora, él se encarga
solo de cubrirlos; que trabaja ocasionalmente como vendedor ambulante de Bon
Ice, y que por esa actividad no recibe un ingreso fijo. Aunado a lo
anterior, el peticionario tiene 64 años de edad, sufre de hipertensión arterial
y se encuentra afiliado al Sistema de Salud a través del régimen subsidiado
SISBEN Nivel 2.[2]
1.3. Los hechos relatados por el actor en su escrito
de tutela, fueron ampliados mediante un interrogatorio de parte rendido ante el
juez de primera instancia del proceso de la referencia, Juzgado Sexto Civil
Municipal de Medellín, el 12 de octubre de 2011. La declaración se transcribe a
continuación:
“(…) PREGUNTADO. Indique al Despacho si fue
encuestado dentro del Sisben, en caso positivo indique la fecha aproximada, y
el nivel asignado. CONTESTADO. Si, si tengo SISBEN y estoy en el Nivel 2.
PREGUNTADO. Indique al despacho a que se dedica, desde cuándo lo hace, y
cuántas horas al día desempeña dicha función. CONTESTADO. Últimamente he estado
sin empleo, pero en estos días me llevaron a un parte donde hay una
microempresa de bon-ice, allá me encuentro laborando, desde hace 12 días. Más o
menos yo me voy entre las 10 A.M. y regreso a las más o menos a las 6.00 PM.
PREGUNTADO. Indique al despacho a cuánto ascienden sus ingresos, es decir,
diariamente cuánto gana y en qué los distribuye. CONTESTADO. Como yo a penas
estoy empezando ventas, algunas veces me gano $5.000 y otras me gano $10.000
que es lo más frecuente, y eso que no salgo todos los días, salgo día de por
medio. Francamente puedo decir que la semana pasada me gané $40.000, bueno como
yo soy una persona que se encuentra solo en la casa, con lo que gano compro la
panela, compro huevos, lo que me alcance a comprar, y cuando alcanza compro una
tarjeta para la energía, que vale $2.000 y me dura 3 ó 4 días según lo que
cocine. PREGUNTADO. Dentro de la acción de tutela usted expresa que vive solo,
indique su esto es cierto. CONTESTADO. Sí, muy real, vivo totalmente solo en la
casa, tengo por ahí familiares pero viven lejos, en el barrio castilla y otros
barrios, pero no me visitan (…) PREGUNTADO. Indique al despacho desde cuándo le
fue suspendido el acueducto de su vivienda. CONTESTADO. El agua me la
suspendieron por ahí alrededor de 15 días y entonces yo me propuse como la
volvía a instalarla de nuevo, más o menos a los 3 ó 4 días vi que llegaron los
supervisores de la EPM y entonces vi que marcaron el contador y caí en cuenta
que me la iban a quitar del madre entonces ese mismo día me vine para acá para
traer la demanda porque ya si me la quitan desde el tubo madre no tengo forma
de reinstalarla, y preciso el día que vine a traer la demanda ya estaba marcado
allá el pavimento. PREGUNTADO. Sírvase explicar que quiere decir, si la
suspenden del tubo madre no puede reinstalarla. CONTESTADO. Eso quiere decir
que uno no se vuelva a conectar, yo la instalo pero el contador, pero si la
quitan del tubo madre no la puedo instalar, es decir, yo si la voy a pagar.
PREGUNTADO. Quiere decir que usted, aunque le suspendan el servicio de agua,
aún usted sigue gozando de dicho líquido porque la reinstala. CONTESTADO. Es
decir, yo la reinstalo, porque uno sin agua es muy horrible. PREGUNTADO.
Indique al despacho por qué se suspendieron los servicios públicos
domiciliarios, entre ellos el de acueducto. CONTESTADO. Pues eso desde el año
2006 ó 2007, porque mi mamá era la encargada de los servicios, y mi mamá
falleció en febrero de 2011 y yo ahora me voy a encargar de ellos, mi mamá se
dedicaba a la modistería y sería que no le alcanzaba la plata para el pago.
PREGUNTADO. Indique a despacho si usted durante todo el periodo de suspensión
ha solicitado ante EPM la refinanciación de la deuda con el fin de que se
rehabilite el servicio suspendido. CONTESTADO. A mi el agua me la han quitado
varias veces y la he refinanciado, puede ser a principio del año pasado me la
quitaron del tubo madre y yo tenía unos pesitos recogidos y pagué una cuota de
$90.000 de inicial, quedé mal porque no me iba bien, hasta ahora que me la
suspendieron nuevamente, fui el mes de junio a inter-cobros y me dijeron que la
cuota inicial era de $250.000 y no los he pagado porque no he tenido con qué, entonces
después volví a los 20 días y dije que no tenía la plata y me dijeron que no
había problema que me esperaban con los $250.000, actualmente no tengo el
dinero y una asesora de inter-cobro me dijo que todo va subiendo pero ya usted
cuando vuelva tiene que traer $847.000, a hoy no he llevado nada, aún así la
tengo reinstalada, ellos después de la tutela fueron los supervisores y se
llevaron copia de la tutela y no le hicieron nada al contador lo dejaron tal
como yo lo deje, me sube un hilito, porque no la sé reinstalar bien. Lo que yo
busco es que la cuota inicial nos sea tan alta, los $250.000 están bien, pero
me lo subieron mucho.
(…)”
1.4. El actor solicita que se ordene a EPM
reconectarle el servicio de agua potable en su vivienda, porque si no ha
cancelado sus facturas, es debido a su situación económica.
2. Respuesta de la entidad accionada.
2.1. EPM Empresas Públicas de Medellín inició su
contestación solicitando al juez de la causa vincular al proceso de tutela al
Municipio de Medellín, como ente territorial a cargo del cual se encuentra la
obligación de cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la población,
como el servicio público de acueducto.
2.2. Continuó su escrito manifestando que después de
consultar el Equipo de Soporte Comercial de la entidad, se constató que
en la residencia del actor tiene legalizado el servicio de acueducto con tarifa
de estrato 2. La entidad relató en forma cronológica lo ocurrido en las visitas
a la vivienda del accionante, a propósito de la suspensión del serivicio de
acueducto:
2.2.1. 6 de agosto de 2010: la residencia
del actor sufrió la primera suspensión del servicio de acueducto, por haber
acumulado dos facturas sin cancelar. En ese momento el medidor tenía una lectura
de consumo de 002 m3;
2.2.2. 23 de diciembre de 2010: la entidad
hizo una revisión al medidor y encontró que la lectura de 002
m3 había pasado a 033m3, por lo cual la
entidad concluyó que el servicio había sido reconectado sin permiso;
2.2.3. 12 de enero de 2011: el servicio se
suspendió definitivamente;
2.2.4. 30 de mayo de 2011: se realizó nueva
visita a la residencia del peticionario y se encontró el medidor con una
lectura de 1.060m.3 Sostuvo la entidad que el actor y algunos
jóvenes del sector amenazaron a las personas que realizaron la visita;
2.2.5. 1 de agosto de 2011: se realizó otra
visita y se encontró el medidor con una lectura de 1.282
m3. Además, adujo EMP, los funcionarios de la empresa fueron
amenazados con un arma de fuego, lo que impidió continuar con la visita;
2.2.6. 19 de septiembre de 2011: la entidad
instaló un dispositivo especial en el medidor – no explicó en qué consistió
dicho dispositivo.- El medidor presentaba una lectura de 1.505m3;
2.2.7. Finalmente EMP sostuvo que el actor
acumuló más de 8 facturas vencidas desde el 13 de enero de 2011, y por lo
tanto, la deuda se encuentra en cobro jurídico con la empresa Intercobros,
y con esta entidad, debe el peticionario hacer un acuerdo de pago, para que
posteriormente se le restablezca el servicio de acueducto.[3]
2.3. Sobre los demás hechos que alega el accionante,
la entidad manifestó:
“Frente a la falta de recursos para pagar
servicios públicos nos damos cuenta de que en ninguna parte de esta tutela se
prueba tal circunstancia, ya que simplemente aportó el documento de identidad
del actor, copia del impuesto predial, copia del debido cobrar y copia de
servicio públicos (sic); los cuales no tienen el valor probatorio para
llevarnos a pensar que hay falencia económicas graves que impidan el pago de la
obligación legal y constitucional que tenemos todos con la prestación de los
servicios públicos domiciliarios; además, hay que tener en cuenta que el
accionante se encuentra laborando como vendedor ambulante en el momento y que
según informe de equipo de soporte comercial de EPM se encuentra con tarifa
residencial en estrato 2, de donde no se puede presumir la incapacidad de pagar
la obligación con la Empresa; por lo tanto, creemos que las falencia económicas
manifestadas en la presente acción son más infundadas que verdaderas, y lo
buscado por el actor es evitar sus compromisos contractuales, así sea por medio
de las armas, ya que se evidencia que lo que se pretende es disfrutar de un
servicio público sin tener que pagar contraprestación alguna, tal como lo ha
venido haciendo desde el 6 de agosto de 2010; por lo tanto señor Juez,
considero que con una decisión de fondo a favor del actor se pondría a las
empresas a prestar el servicio de forma gratuita a personas que simplemente no
han querido cumplir con sus obligaciones, incluso utilizando la violencia con
los funcionarios de la Empresa, lo cual está expresamente prohibido en la
Ley y atenta contra el mismo principio de igualdad que protege nuestra Carta
Magna; además de ser una medida promotora de la cultura de no pago, sobre la
cual se ha pronunciado en forma contraria al Corte Constitucional
Por otro lado, el señor ALBERTO DE JESÚS
QUINTERO ESPINOSA no acudió a la empresa a solicitar refinanciación de la deuda
del servicio público de agua potable en la vivienda ubicada en la
CR 30 CL 71 A-54 del Municipio de Medellín, prefiriendo acudir al Juez
Constitucional, buscando una supuesta protección de sus derechos fundamentales,
con el sólo propósito de disfrutar del servicio sin cumplir con sus
obligaciones, ya que si la intención del actor fuera llegar a un acuerdo de
pago con EPM, simplemente hubiese acudido a la
Empresa que represento solicitando la refinanciación, que es el mecanismo más
idóneo y ágil para lograr el suministro del líquido solicitado. Hay que tener
en cuenta que EPM garantiza unas formas de financiación muy favorables para las
personas de menores ingresos; por lo tanto, nos da la impresión de que podemos
estar en presencia de un evento en el cual el señor ALBERTO DE JESÚS QUINTERO
está buscando, por medio del Juez Constitucional, tener el servicio público de
acueducto de manera gratuita, como lo ha tenido por más de 1 año, contrariando
los mandatos legales y constitucionales emanados de nuestro ordenamiento.
(…)
Hay que tener en cuenta que desde el 6 de
agosto de 2010 se produjo la suspensión del servicio público de acueducto en la
vivienda del actor, desde el 12 de enero de 2011 se realizó el retiro del
servicio en la misma vivienda y que desde el 13 de enero de 201 se encuentra en
cobro jurídico el servicio de agua potable, por acumular más de 8 cuentas
vencidas sin pagar; tiempo en el cual el señor QUINTERO ESPINOSA no acudió a la
Empresa a financiar o a buscar solución a su falta de servicio, y donde
siempre contó con el agua potable forma ilegal. Por lo tanto, nos encontramos
en una situación donde no puede haber derecho fundamental vulnerado o en
peligro, demostrado en la inactividad de más de un año por parte del
accionante; ya que, si hubiese la necesidad manifestada en la acción, hace
mucho tiempo el supuesto perjudicado hubiese acercado a las instalaciones de la
Empresa a refinanciar su deuda, o hubiese acudido al Juez Constitucional, como
lo hace ahora. Por lo anterior, es evidente que en la presente acción no se
cumple con el principio de inmediatez, ni con el perjuicio irremediable
necesario para la procedencia de la acción de tutela, elementos que por sí
solos hacen de esta acción improcedente.”
2.5. Más adelante EPM se refiere a la imposibilidad de
reconectar el servicio por cuanto el peticionario lo hizo de forma ilegal, y
duró así por más de un año, y citó precedente de esta Corporación en el sentido
de que si una persona reclama mediante tutela la reinstalación del servicio de
acueducto, pero ha disfrutado del servicio a través de procedimientos
irregulares como la reconexión a la fuerza, el amparo no puede prosperar.
2.6. Finalmente, la entidad concluyó en los siguientes
numerales las razones por las cuales la protección de los derechos
fundamentales del actor deben negarse: (i) el señor Alberto de Jesús Quintero
no demostró que la falta de pago de la deuda por el servicio de acueducto y
alcantarillado, obedece a condiciones involuntarias, insuperables e
incontrolables. En su escrito de tutela el actor sólo afirmó que no
cuenta con los medios económicos para efectuar el pago; (ii) hubo reconexión
fraudulenta del servicio de agua, (iii) se  impidió actuar a los funcionarios
de EPM, a través del uso de la fuerza; y (iv) el peticionario no se acercó a la
empresa a solicitar la refinanciación de la deuda, ni agotó los recursos
administrativos y judiciales alternativos, antes de acudir a la acción de
tutela.
3. Decisión objeto de revisión.
En única instancia, el Juzgado Sexto Civil Municipal
de Medellín, en fallo del 13 de octubre de 2011, negó la protección a los
derechos fundamentales del señor Alberto de Jesús Quintero Espinosa. Sostuvo el
juzgado que el actor se encuentra gozando del servicio de agua potable porque
efectuó la reconexión ilegal del servicio, y que el juez de tutela no puede
amparar la protección de los derechos fundamentales de las personas que actúan
por fuera del marco legal. Además, advirtió que el accionante debió acudir a
administración de justicia y no incurrir en situaciones de hecho y
fraudulentas, para gozar de su derecho al agua potable; e incluso, si no tenía
los medios económicos para cancelar la deuda, debía solicitar la refinanciación
de la misma a Intercobros, la empresa señalada por EPM para tales
fines.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido
dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico.
2.1. Empresas Públicas de Medellín suspendió el
servicio de agua potable en la residencia del señor Alberto de Jesús Quintero,
desde el 6 de agosto de 2010, porque el peticionario se encuentra en mora en
más de 8 periodos facturados. El actor adujo que no cuenta con los recursos
económicos para pagar las facturas atrasadas, porque no tiene trabajo fijo, y
sus ingresos dependen de las ganancias ocasionales que obtiene como vendedor
ambulante de bon ice. Además, que es una persona sola, no tiene familia,
y su madre, con quien él vivía y compartía los gastos de su vivienda, murió en
el año 2011. También, sostuvo que Intercobros, empresa a través de la
cual gestionó el acuerdo de pago de las facturas adeudadas, le ofreció hacer un
pago mínimo  de $250.000 como cuota inicial del pago total de la deuda, para
que EPM reanudara la prestación del servicio. El actor no pudo cancelar esa
cuota, y la cuenta ascendió a $847.000.
2.1.1. EMP hizo un recuento de las visitas realizadas
a la residencia del actor, tras lo cual sostuvo que a pesar de que el servicio
fue suspendido, el accionante se ha reconectado a la fuerza al tubo madre que
provee el agua; además, que en dos ocasiones en las cuales funcionarios de la
empresa visitaron la residencia del peticionario, para hacer la lectura del
medidor, fueron amenazadas por él y residentes del sector; incluso, adujó la
entidad, que en una de esas ocasiones, los funcionarios fueron amenazados con
un arma de fuego.
2.2. La Sala considera que para dar una respuesta de
fondo a la solicitud de protección del derecho a la vida digna del actor, debe
pronunciarse sobre el siguiente problema jurídico: (1) ¿vulnera una entidad
prestadora de servicio públicos domiciliarios (EPM) los derechos fundamentales
de una persona (Alberto de Jesús Quintero Espinosa), por suspender el servicio
de agua potable en su vivienda, porque el actor tenía más de 8 facturas de
servicio sin pagar, si bien (i) la empresa le ha dado al peticionario
posibilidades de pago parcial de la deuda; (ii) el actor se ha reconectado de
forma ilegal al tubo madre que provee el agua, (iii) y al parecer, ha hecho uso
de medios violentos contra funcionarios de la empresa, en dos ocasiones en que
han visitado su vivienda para verificar la lectura del medidor del agua?
2.2.1. Para tal efecto, la
Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el carácter fundamental
del derecho al agua potable, especialmente, cuando la falta de suministro
afecta los derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional, aún si la actuación de suspensión de la empresa de servicios
públicos domiciliarios se enmarca dentro de las competencias que le confiere la
ley. Pero de todas formas, para solucionar el caso concreto, la
Sala deberá pronunciarse sobre el hecho de que en la situación particular del
señor Alberto de Jesús Quintero, se presentaron circunstancias en las cuales el
mismo actor habría limitado el goce efectivo de su derecho fundamental al agua,
a través del uso de la fuerza y la violencia.
2.3. No se puede pasar por alto que el actor es una
persona que padece especiales condiciones de vulnerabilidad familiar, económica
y social, y que si bien, la actuación de la entidad de suspender el servicio de
agua se realizó en uso de sus facultades legales, y de forma paulatina, para
garantizar el acceso a los mínimos de agua, no obstante, la
Sala considera que, en esta ocasión, debe tomar alguna decisión orientada a
prevenir que la falta de agua en la residencia del peticionario, agrave aún más
su situación, y por lo tanto, la segunda parte de este fallo se encargará del
siguiente interrogante: (2) ¿puede el juez constitucional abstenerse de dar una
orden encaminada a proteger el goce efectivo de un derecho fundamental de un
peticionario, cuando tiene noticia de que hay una situación que pone en riesgo
sus condiciones actuales de vida, y a pesar de que esa persona, presuntamente,
recurrió, primero, al uso de la fuerza y de la violencia para proteger su
derecho?
2.3.1. Teniendo en cuenta las circunstancias de
vulnerabilidad que obligan al juez de tutela intervenir en procura de
garantizar el derecho fundamental al agua del señor Alberto de Jesús, la
Sala ordenará a la entidad accionada formular una solución de pago que se
ajuste a las limitaciones económicas en que se encuentra el actor; y cuando el
acuerdo esté en firme, y se comunique su contenido a esta Sala, la entidad
reconectará el servicio de acueducto; mientras tanto, la entidad deberá adecuar
un medio alternativo de abastecimiento de agua, para garantizar que el actor
supla sus necesidades básicas de aseo y alimentación. Finalmente, de la misma
forma, la Sala ordenará al actor que se abstenga de usar medios de fuerza o
violencia, verbal o física, contra los funcionarios de EMP, que pongan en
riesgo la vida o integridad de esos funcionario, de algún vecino o incluso, la
suya.
3. Toda persona tiene el derecho fundamental de
acceder a agua apta para el consumo humano. La garantía de acceso al agua
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional. Suspensión
del servicio de acueducto. Reiteración de jurisprudencia.
3.1.
En múltiples fallos de tutela esta Corporación se ha referido al carácter
fundamental del derecho al agua. Lo ha hecho en casos en los cuales ha resuelto
conflictos sobre el derecho de una persona o comunidad a acceder a agua para el
consumo humano. Y lo ha hecho, también, en casos en que una empresa de
servicios públicos domiciliarios, en ejercicio de su derecho legal a suspender
el servicio de acueducto, por ejemplo, porque un usuario no paga las facturas
mensuales de consumo, afecta los derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional.
3.1.1.
De lo anterior se desprende que el derecho fundamental al agua puede ser
protegido a través de la acción de tutela, cuando quiera que se trate del
derecho a acceder al agua para consumo humano. Así lo estimó la
Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-413 de 1995,[4] en la cual sostuvo, a
propósito de la queja de 250 familias porque el agua del acueducto municipal
estaba siendo destinada para actividades diferentes a las del consumo personal
– en construcción, y para abastecer bebederos de animales,- que el agua, para el uso de las personas, en
cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la
vida, es un derecho fundamental amparable a través de la acción de tutela,[5]
y, por el contrario, no lo es, y no se puede proteger por vía constitucional,
cuando se destina a actividades de las cuales no depende directamente la vida,
por ejemplo, para trabajos de explotación agropecuaria, agrícola o industrial.[6]
3.1.2. Hasta aquí se tiene que una acción de tutela
procede para amparar el derecho al agua, cuando (i) se presenta con la
finalidad de garantizar a una persona o comunidad el acceso a agua para su
consumo humano, o (ii) cuando se interpone con fundamento en que una
empresa de servicios públicos domiciliarios suspendió total o parcialmente la
prestación del servicio, y esa actuación afectó los derechos fundamentales de
sujetos de especial protección constitucional.
3.2. La tutela objeto de revisión se enmarca dentro de
la segunda hipótesis: la suspensión del servicio de agua por parte de EPM,
presuntamente desconoció los derechos fundamentales de señor Alberto de Jesús
Quintero. Sin embargo, antes de mostrar los casos ya resueltos por esta
Corporación, que comparten los mimos presupuestos fácticos del asunto actual, la
Sala estima pertinente reiterar la línea protección del derecho fundamental al
agua, en la cual la Corte se ha pronunciado sobre el contenido de ese derecho,
y las obligaciones a cargo del Estado y de los particulares en orden de
garantizar su goce efectivo.
3.2.1. En la
sentencia T-143 de 2010[7]
la Corte Constitucional analizó el caso de los pueblos Indígenas
Achagua y Piapoco, que habitan en el Resguardo El Turpial-La Victoria, y
que por diversas razones de orden técnico, dejaron de recibir el suministro de
agua potable. En esa oportunidad la Sala estimó que la alcaldía de Puerto López
vulneró los derechos fundamentales a ambas  comunidades, incluso, que atentó
contra su integridad étnica y cultural, por no ofrecer una medida definitiva al
problema de abastecimiento de agua. Y recordó que el derecho al agua potable
supone facetas negativas y positivas a cargo del Estado y de los particulares,
para garantizar el goce efectivo del derecho de toda persona a acceder a agua
para su consumo personal. Sobre el particular, explicó:
“(…)
de la existencia de ese derecho fundamental en cabeza de toda persona (al
agua), se deduce una serie de obligaciones correlativas que les incumbe
cumplir al Estado y a los particulares, según el caso. Algunas de esas
obligaciones no demandan una actuación positiva específica de parte del sujeto
obligado, de modo que se satisfacen adecuadamente con su mera abstención. Un
ejemplo de este tipo de obligaciones fue examinado por la
Corte, en las Sentencias T-244 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara)[8] y
T-379 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), en las cuales la
Corporación concluyó que se violaba el derecho al consumo de agua potable,
cuando los particulares incumplían su obligación de no desplegar acciones que
dificultaran u obstaculizaran la posibilidad, de los miembros de una comunidad
o grupo de personas, de consumir agua de las fuentes que regularmente les
habían servido para ello. Precisamente en la citada T-379 de 1995, la
Corte examinó una tutela, interpuesta por personas que se alimentaban de las
aguas de un río, contra los propietarios de un predio por el que pasaban dichas
aguas, porque estos últimos sucesivamente habían impedido o desviado su cauce
normal, dificultándoles a aquellos el suministro de agua. La
Corporación estimó que los dueños del predio por el que discurrían las aguas
habían violado el derecho de los accionantes, al obstruir el flujo adecuado del
agua, de una manera incompatible con el derecho que tenían los ribereños a
disfrutar de ella.
3.3.
En cambio, en otras ocasiones, el goce efectivo del derecho fundamental al
consumo de agua potable obliga, por ejemplo, al Estado o a las empresas de
servicios públicos domiciliarias, a llevar a cabo algunas actuaciones
positivas. En esos casos, el obligado viola el derecho fundamental al consumo
de agua potable si, debiendo actuar en determinado sentido, no lo hace pero
razonablemente se puede establecer que estaba en condiciones de hacerlo.
Con
todo, las actuaciones positivas que se les exige adelantar a los obligados son
de muy diversas modalidades, y su configuración específica depende en última
instancia de las circunstancias concretas de cada caso y de las condiciones que
hacen posible la salvaguarda del derecho fundamental. Por ejemplo, en ciertos
casos, puede ser que del derecho fundamental al consumo de agua potable se
derive la obligación, para la empresa de servicios públicos domiciliarios, de
conectar las redes públicas de acueducto a un determinado domicilio;[9] en
otros, para las entidades encargadas de prestar el servicio público de
acueducto, se puede deducir la obligación de que saneen las aguas suministradas
a los domicilios con los cuales tengan contratos;[10]
también puede ocurrir, en algunas circunstancias, que la administración pública
tenga el deber de garantizar las condiciones con miras a lograr que los
particulares, por su propia cuenta, se autoabastezcan de agua potable en los
casos en los cuales el Estado no puede proveérselas, o no puede hacerlo eficientemente;[11]
asimismo la administración podría estar obligada, en algunas hipótesis, a
adelantar el diseño de una política pública, encaminada a garantizar el derecho
al consumo de agua potable de una comunidad, y la participación democrática de
esta en las decisiones que la conformen;[12] las
entidades correspondientes según la
Constitución y la ley, tendrían del mismo modo que proveer  cantidades mínimas
indispensables de agua potable a las residencias con niños de escasos recursos
o con sujetos de especial protección constitucional, aun cuando hayan
incumplido con sus obligaciones contractuales de pagar por los servicios
públicos domiciliarios usados, y en cuanto sea posible a cambio de una
retribución justa de acuerdo con su capacidad y posibilidades reales de pago,
entre otras.”
3.2.1.1. Aunque el caso estudiado en esa providencia, la
Corte desarrolló el derecho al agua en el especial asunto de las comunidades
indígenas, y explicó cómo, para garantizar su integridad étnica y cultural, el
Estado debe suplir sus necesidades básicas insatisfechas, obligación que se
encuentra contendía en diferentes instrumentos internacionales ratificados por
Colombia, el contenido de las faceta positiva y negativa del derecho al agua,
se toma de igual forma para cualquier caso. Como faceta positiva, se encuentra
el deber del Estado o de una persona de derecho privado, de adecuar las
condiciones físicas para que las personas accedan a agua apta para el consumo,
como redes de acueducto y alcantarillado;[13]
y también, el deber de la administración de destinar, primero, el agua
suficiente para el consumo humano, y luego, cuando se compruebe que el
suministro se ha satisfecho, se destine a actividades alternas. Y la faceta
negativa, es el desarrollo de la prohibición general según la cual, tanto el
Estado como los particulares tienen el deber de no obstaculizar el derecho de
las personas de acceder al agua, que en el caso de los particulares incluye el
derecho propio y el derecho ajeno.[14]
3.2.1.2. También ha considerado la
Corporación que se puede hablar del goce efectivo del derecho al agua cuando
se reúnen tres factores. Estos factores, y su explicación, de conformidad con la
Observación General N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, fueron expuesto por esta misma Sala, en la
sentencia T-418 de 2010:[15]
“3.5.3. El goce efectivo del derecho al
agua supone, por lo menos, tres factores; (i) disponer de agua,  (ii) que sea
de calidad y (iii) el derecho a acceder a ella.[16] En cuanto a
(i) la disponibilidad, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
de Naciones Unidas, ha indicado que “el abastecimiento de agua de cada
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos;
[…] También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de
agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.”
En cuanto a  (ii) la calidad, advierte que “el agua necesaria para cada uso
personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas.” Señala que debería tener un color,
un olor y un sabor que fueran aceptables para cada uso personal o doméstico.
Finalmente, sobre  (iii) la accesibilidad, sostiene que “el agua y las
instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado”. Establece que
existen cuatro tipos de accesibilidad del agua y las instalaciones del agua, a
saber, física (deben estar al alcance físico de todos los sectores de la
población),[17]
económica (los costos deben estar al alcance de todos y no ser un
obstáculo),[18]
libre de discriminación (deben ser accesibles a todos de hecho y de
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población,
sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos), y a la
información (La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua).”[19], [20]
3.2.1.3. E inmediatamente, sostuvo de conformidad con la
Constitución y la Observación No. 15 ya citada, que:
“el Estado debe “[…] prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños,
los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los
solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes,
los presos y los detenidos.”[21]
Advierte que las medidas que adopte el Estado deben velar, entre otros fines,
porque “las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a
servicios de suministro de agua en buen estado de conservación.”
Categóricamente, establece que “no debe denegarse a ningún hogar el derecho
al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta
se encuentra.””
3.3. Así es como en los casos en que el goce efectico
del derecho al agua se obstaculiza por la suspensión del servicio de acueducto
por parte de una empresa de servicios públicos domiciliarios, supresión que en
la mayor parte las tutelas analizadas por esta Corte es una respuesta
desplegada por la administración ante el incumplimiento del usuario de su obligación
correlativa de pago, diferentes Salas de Revisión han advertido que las
empresas tienen la facultad legal de suspender el servicio, en virtud del
parágrafo del artículo 130,[22]
y del artículo 140[23]
de la Ley 142 de 1994 “por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones,” y con la finalidad
legítima de garantizar la prestación eficiente, continua e
ininterrumpida del servicio a los demás usuarios;[24] pero que esa
suspensión, no puede afectar derechos fundamentales personas especialmente
protegidas.
3.3.1. En la sentencia T-270 de 2007[25] la
Sala de Revisión consideró el caso de una mujer a quien le habían sido
suspendidos los servicios públicos, por mora en el pago de un monto superior al
millón de pesos. La accionante requería del servicio de energía y de acueducto,
para realizarse el procedimiento de diálisis peritoneal
ambulatoria, todos los días, en su residencia; se demostró además, que la
peticionaria no tenía trabajo y que estaba a la espera de la pensión de
sobrevivientes, de su hijo fallecido 7 en el año 2000. La
Corte reiteró en esa ocasión el contenido de la sentencia C-150 de 2003[26] en la cual la
Sala Plena de la Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad de los
artículos 130 y 140 de la Ley 142 de 1994, en el entendido de que la suspensión
del servicio de acueducto es una actuación legítima de la administración,
siempre que se respeten los derechos de sujetos especialmente
protegidos. En aplicación de este precedente, y después de mostrar como en
el caso concreto el suministro de agua estaba estrechamente relacionado con la
garantía de los derechos fundamentales de la accionante, la
Sala sostuvo:
“La
Corte estima que la situación de salud de la peticionaria, la ubica como
sujeto de especial protección para el Estado por sus condiciones de debilidad
manifiesta, por cuanto no está en condiciones normales para desempeñar una
actividad laboral, pues el sólo cuidado de su enfermedad le demanda gran parte
del día y de acuerdo con su propia versión, la cual no fue desvirtuada por la
entidad demandada, carece de los medios y posibilidades económicas necesarios
para sufragar la deuda contraída con las Empresas Públicas de Medellín y
obtener la reconexión de los servicios de agua y luz que le son vitales en su
tratamiento.” [27]
3.3.1.1. El fallo citado
tuvo en cuentas dos razones para fundamentar la orden de reconexión tanto del
servicio de acueducto, como del servicio de energía. La primera de ella, es la
aplicación del precedente de la sentencia C-150 de 2003, que, como ya se dijo,
previene a las entidades de servicios públicos para que la suspensión del
servicio, en ningún caso desconozca las garantías fundamentales de sujetos de
especial protección constitucional. La Corte determinó que la accionante era
una persona merecedora de esa protección, debido a las condición de
vulnerabilidad manifiesta, derivadas de su crítico estado de salud, y su falta
total de ingresos económicos. Esa fue la primera razón que justificó la
decisión adoptada en caso concreto. La segunda razón es el hecho de que la
actora requería de ambos servicios para realizarse un procedimiento médico en
su residencia, diariamente, es decir, del suministro de agua y la energía
dependía el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud.
3.3.1.2. Esta Sala
considera que la sentencia T-270 de 2007 es un referente jurisprudencial
importante en la protección del derecho fundamental al agua de sujetos que
merecen especial protección constitucional. Sin embargo, por las razones que
justificaron la decisión, es claro para la
Sala, también, que en esa oportunidad, la
Corte condicionó la garantía de acceso al agua, a su estrecha relación con el
goce efectivo de otros derechos. Y está línea de protección ha variado con el
tiempo. El reconocimiento de que no es posible el desarrollo de la vida sin
agua, ha llevado a que diferentes Salas hayan considerado que el acceso al
agua apta para el consumo humano es un derecho fundamental, y que debe ser
especialmente protegido, cuando se trate de personas que sufren alto grado de
vulnerabilidad familiar, económica o social . Y como derecho fundamental, tal
como se explicó en la parte inicial de las consideraciones de esta providencia,
procede su protección por vía de tutela, de forma directa, es decir, y valga la
pena reiterar, no sólo cuando de su garantía depende la protección de otros
derechos fundamentales.
3.3.2. Ese es el caso de
la sentencia T-279 de 2011.[28] En él, la
Corte se pronunció sobre un conflicto administrativo entre los peticionarios
(un hombre y su menor hijo) con la empresa de servicio públicos domiciliarios,
la que se negaba a suministrarles el servicio de acueducto. La empresa adujo
que la residencia de la parte actora estaba ubicada en un predio al que se le
había suspendido el servicio de acueducto, porque su antiguo dueño tenía
pendiente el pago de 70 facturas de consumo (el predio había sido dividido en
tres partes, para su venta, una de ellas fue la adquirió el actor). La
Sala Novena aceptó que la acción de tutela era procedente para resolver el
conflicto suscitado con la empresa accionada, porque los habitantes de la
vivienda afectada eran un niño y un padre cabeza de familia, ambos sujetos de
especial protección constitucional. Y porque sobre el peticionario recaía la
responsabilidad superior de sostener a su familia, situación que estaba siendo
obstaculizada por la falta de suministro de agua de la empresa, sin que tal
situación obedeciera a una circunstancia imputable al usuario. En ese orden de
ideas, la Sala estimó que la empresa podía iniciar acciones legales contra el
antiguo dueño para el pago de la deuda, pero no podía afectar, en ningún caso,
el derecho fundamental al agua potable de la familia accionante.
3.3.3. De la misma forma,
en la sentencia T-752 de 2011,[29] la
Sala Quinta de Revisión la Corporación estudió dos casos de familias a las que
les fue suspendido el servicio de acueducto, por falta de pago de las facturas
de consumo. En cada una de esas vivienda, habitaban, al menos, dos sujetos de
especial protección constitucional (primer caso: madre cabeza de familia,
SISBEN 1, $200.000 mil pesos el ingreso mensual, dos niños; segundo caso: madre
cabeza de familia embarazada, tres hijos menores, uno de ellos con parálisis
cerebral, sin ingresos fijos; tercer caso: madre, esposo de 64 años, cuatro
menores, SISBEN 1, casa construida con tablas, sin piso). La
Corte reiteró que no se puede entender que las familias compuestas por sujetos
de especial protección no tienen la obligación de pagar las facturas del
consumo mensual de agua; lo que debe aclararse es que la entidad responsable
del suministro, debe llegar a un acuerdo de pago, o ejercer las acciones
legales establecidas, de forma subsidiaria, si el acuerdo no prospera, pero en
todos los casos, sin afectar el derecho de sujetos protegidos a acceder a una
cantidad de agua mínima diaria, que les permitan una existencia digna y verdaderamente humana.[30]
3.3.4. Por otra parte, la
Corporación ha entendido, también, que dentro del grupo de personas que
merecen especial protección del Estado y de los particulares, están aquellas
que por su situación socio-económica han sido declaradas en los sistemas de
clasificación y estratificación oficiales, como las personas más vulnerables
–del grupo de los más vulnerables.- No satisfacen sus necesidad básicas o
acceden a sus garantías constitucionales fundamentales, por sus propios medios.
Y por tanto, cuando la acción de tutela se presenta para proteger el derecho
fundamental de sujetos de especial protección constitucional, pertenecientes al
nivel 1 del SISBEN, la carga de demostrar su estado de vulnerabilidad se
reduce, pues existe la presunción, como sucede en la jurisprudencia que ha
desarrollado el derecho fundamental a la salud, que una persona SISBEN 1 no
cuenta con recursos suficientes para vincularse al Sistema de Seguridad Social
a través de una contribución, y por lo tanto, los servicios de salud que
requiera, deben ser subsidiados por el Estado. De la misma forma, la
Corte ha estimado que una persona pobre, pues ha sido clasificada como tal por
los sistemas oficiales, aduce no tener  recursos para pagar una factura de
agua, la protección que debe otorgarle el juez de tutela debe ser inmediata.[31]
3.3.4.1. No obstante,
como ya lo señaló la Sala a propósito de la sentencia      T-752 de 2011,
garantizar que los sujetos de especial protección constitucional deben acceder
al agua, no quiere decir que ellos o sus familias no deban cumplir con la
obligación correlativa de pago. Pero sí quiere decir (i) que tienen derecho a
acceder a formas de pago flexibles, que se ajusten a sus limitaciones
económicas, y (ii) que en todo caso, existen otros medios alternos y anteriores
a la suspensión, como el cobro coactivo, que la empresa que suministra el
servicio de acueducto puede ejercer, cuando quiera que haya falta de pago de un
usuario.
3.4. Finalmente, la
Sala debe reiterar que el derecho fundamental al acceso a agua apta para el
consumo humano tiene límites. Al respecto, la sentencia    T-418 de 2010[32] dispuso:
“3.6.10.1. El derecho al agua, como todo
otro derecho en un estado social de derecho, no es absoluto. Puede ser sometido
a restricciones específicas y razonables. En ese sentido, desde su primera
sentencia sobre la cuestión, en la cual se negó tutelar el derecho en el caso concreto,
la jurisprudencia constitucional comenzó a dibujar los linderos del derecho al
agua que pueden ser objeto de protección mediante acción de tutela. En efecto,
en la sentencia T-578 de 1992, en la cual se reconoció el agua como un
derecho con dimensiones de fundamentalidad tutelables, se decidió que “la
limitación o el incumplimiento” en la prestación del servicio
público domiciliario –en este caso, el agua– por “el
Estado, los particulares o las comunidades organizadas,” sólo
constituye vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental cuando
se encuentra vinculada directamente la persona, el ser humano.” Así,
en el caso concreto se negó la acción de tutela porque no estaban lo derechos
de un ser humano, sino de “la persona jurídica que contrató”.[33]
Así pues, el primer límite a la posibilidad de tutelar el derecho fundamental
al agua, es que alguien, algún ser humano, ‘requiera’ el agua.
3.6.10.2. La jurisprudencia constitucional
también ha fijado un límite a la posibilidad de exigir mediante acción de
tutela la protección del derecho al agua:
(i) cuando la entidad encargada de prestar
el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las
reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales de la
persona y en especial a su mínimo vital,[34]
pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber;[35]
(ii) cuando el riesgo de las obras
pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una amenaza que no
representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las personas;[36]
(iii) cuando se pretenda reclamaciones de
carácter puramente económico, que pueden ser reclamadas por otros medios de
defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales;[37]
(iv) cuando no se constata que la calidad
del agua a la que se accede no es adecuada para el consumo humano;[38]
(v) cuando una persona está disfrutando el
servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se
encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo,
pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela.[39]
En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de
legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento
constitucional de la tutela.[40]
(vi) cuando una persona pretende acceder
por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular,
desconociendo los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de
la comunidad que dependen de la misma fuente de agua.[41]
(vii) cuando la afectación a la salubridad
pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo
vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que
puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela.[42]”
3.5. Teniendo en cuenta el marco constitucional de
protección del derecho fundamental al agua reseñado, pasa la
Sala a mostrar por qué en el caso concreto, EPM no vulneró los derechos
fundamentales señor Alberto de Jesús Quintero.
4. EPM no vulneró el derecho fundamental
del señor
Alberto de Jesús Quintero al acceso a agua apta para el consumo humano, al
suspenderle  el servicio de acueducto en su residencia, por no haber pagado más
de 8 facturas mensuales de consumo, porque (i) la empresa le dio al actor
posibilidades de pago parcial de la deuda, (ii) hubo inactividad del usuario en
la búsqueda de medios legales para solucionar la falta de suministro de agua, y
por el contrario (iii) para tratar de proteger su derecho, el afectado optó por
reconectarse al servicio de forma ilegal, y empleó violencia contra los
funcionarios de la empresa.
4.1. El 6 agosto de 2010 EMP suspendió en la
residencia del actor el servicio de acueducto, porque a esa fecha, había
acumulado más de 8 facturas sin pagar. Esa primera suspensión no fue
definitiva, por el contrario, el accionante mantuvo acceso a una cantidad
mínima de agua, hasta el 12 de enero de 2011, fecha en la cual se realizó la
suspensión total. De forma paralela, EPM le informó al peticionario que él
tenía la facultad de hacer un acuerdo de pago de su deuda, a través de la
empresa Intercobros, para que el servicio le fuera reconectado. Este
hecho fue reconocido por el señor Quintero al afirmar que sólo hasta el mes de
julio de 2011, a pesar de que el servicio fue suspendido totalmente en enero
del mismo año, se acercó ante la entidad señalada para efectos de formular un
acuerdo de pago. Ese acuerdo, adujo, era beneficioso para él, pues la suma que
se le exigió como cuota inicial ($250.000) la podía asumir. A partir de ese
pago se refinanciaba el resto de la deuda, pero no hubo cumplimiento de lo
pactado por parte del actor, el pago mínimo aumentó, y el usuario no volvió a
solicitar la refinanciación de la deuda.
4.2. Desde el mes de julio de 2011, hasta la
presentación de esta acción de tutela, el 30 de septiembre del mismo año, el
actor se mantuvo inactivo en la búsqueda de soluciones legales a su problema de
abastecimiento de agua. Por el contrario (1) como aparece relacionado en el
expediente, en los documentos de las visitas realizadas por EPM, se tiene que,
al parecer, el 30 de mayo y el 1 de agosto de 2011, el actor generó dos hechos
de violencia contra funcionarios de la entidad: (i) amenaza en compañía de
jóvenes del sector, y (ii) amenaza con arma de fuego, que impidió seguir con la
visita.[43]
La Sala no tiene certeza de cómo se desarrollaron las circunstancias de
violencia aducidas por EMP; sin embargo, sin entrar a hacer consideraciones
sobre la naturaleza de los hechos narrados, porque no es su competencia, la
Sala estima que, como juez constitucional, debe reprochar cualquier situación
en la que, presuntamente, se haya puesto en riesgo la vida o integridad de una
o varias personas. Y también, afirma que, cualquier hecho de violencia, verbal
o físico, no es un medio válido en nuestro ordenamiento constitucional vigente,
para proteger un derecho fundamental.
4.2.1. En consecuencia, la
Sala considera que los alegatos de EPM sobre los hechos que tuvieron lugar el
30 de mayo y el 1 de agosto de 2011, tienen un impacto relevante para efectos
de resolver el fondo de la cuestión planteada en esta tutela. Los indicios que
se tienen sobre las actuaciones de violencia desplegadas por el señor Alberto
de Jesús Quintero, conducen a esta Sala a declarar que el actor actuó en contra
de sus propias garantías constitucionales, en el entendido de que en vez de
preocuparse por restablecer la comunicación con la administración, definir el
pago de la deuda y la consecuente reactivación del servicio, prefirió la vía de
la amenaza y la fuerza.
4.2.2. (2) En todo el tiempo en que transcurrieron los
hechos que dieron origen a esta acción, es decir, entre el 6 de agosto de 2010
y el 19 de septiembre de 2011, fecha en la cual se realizó la última visita por
funcionarios de EPM, el actor estuvo reconectado de forma ilegal al tubo madre
que provee el agua. La
situación de reconexión ilegal fue aceptada por el actor en la declaración de
parte rendida ante el juez de la causa, el  12 de octubre de 2011,[44]
y fue probada por EPM, al mostrar que, en cada visita a la vivienda del señor
Quintero, el medidor arrojaba una lectura mayor por consumo, a la registrada en
la visita inmediatamente anterior.[45]
4.3. De ninguna manera, esta Corte puede considerar
que la actuación de EPM desconoció las garantías constitucionales del señor
Quintero. Es cierto que la entidad podía haber garantizado al actor una
cantidad mínima de agua, y no suspender el servicio de forma total. Incluso, si
se tiene en cuenta que la suspensión permanente no se llevó a cabo sino cinco
meses después de la suspensión parcial, y que con esto, queda evidenciada la
voluntad de la entidad de no afectar los derechos fundamentales del accionante.
Pero es también cierto que el actor optó por reconectarse de forma ilegal; de
hecho, sólo acudió a la acción de tutela hasta el momento en que la entidad le
iba a quitar el tubo madre, y él tenía conocimiento, como afirmó, de que sí se
lo quitaban, no podría volver a reconectarse.
4.3.1. La acción de tutela no puede ser un medio para
legalizar actuaciones realizadas en desconocimiento de las normas legales, y de
los derechos fundamentales de terceros. Por lo tanto, la
Sala reprocha el hecho de que el accionante se haya reconectado de forma
ilegal al servicio de agua; pero considera que toda la situación se torna más
grave, si resultara cierto que el actor amenazó la integridad los funcionarios
de la empresa, poniendo en riesgo la vida de ellos, de sus vecinos, e incluso,
la propia. No obstante siendo cierto que el actor tiene el derecho
constitucional a acceder al agua suficiente para suplir sus necesidades
básicas, las acciones de fuerza y violencia no pueden anteceder a las vías
legales de solución de conflictos, como la acción de tutela.
4.4. Entiende la
Sala que ciertas circunstancias que afectan la satisfacción de necesidades
básicas, pueden llevar a una persona como el señor Quintero, de avanzada edad,
con ingresos limitados y que no tiene familia en la que pueda  apoyarse para
afrontar las situaciones de su vida, a reaccionar de forma desproporcionada
frente a una situación que tenga como consecuencia la suspensión de la garantía
de un derecho fundamental; más cuando esa limitación obstaculiza el acceso al
agua, elemento esencial, como ha reiterado esta Corte, para la existencia de la
vida. Pero también debe decir que nunca la fuerza o la violencia son fuentes
válidas de protección de derechos; después de esta acción de tutela, el actor
debe restablecer su comunicación con la administración, y debe abstenerse de
incurrir en acciones que pongan en peligro la vida o integridad de persona
alguna.
4.4.1. En consecuencia, la
Sala Primera de Revisión confirmará la decisión de única instancia proferida
por Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín, que negó la protección a los
derechos fundamentales del señor Alberto de Jesús Quintero Espinosa, pero por
las razones consignadas en la acción de tutela.
4.5. Queda por resolver para esta Sala el segundo
problema jurídico propuesto, a propósito de las circunstancias de
vulnerabilidad del actor, que obligan al juez de tutela intervenir en la causa,
con la finalidad de que esas condiciones no se agraven, y se configure un
perjuicio irremediable.
5. El juez de tutela no puede abstenerse dar una orden
para limitar los efectos de una medida que pone en riesgo el goce de los
derechos fundamentales de un peticionario, cuando tiene noticia de que esa
persona sufre de especiales condiciones de vulnerabilidad que pueden agravarse,
incluso, hasta configurarse un perjuicio irremediable.
5.1. Esta Sala consideró en el apartado anterior que
EMP actuó dentro del marco de sus competencias, al suspender el servicio de
agua en la residencia del señor Alberto de Jesús Quintero, y tiene indicios de
que en el desarrollo de los hechos que dieron origen a esta acción de tutela,
el actor obstaculizó su derecho fundamental, con actuaciones de fuerza y
violencia, que esta Sala encontró reprochables. También, sostuvo la
Sala, que en ningún caso, la decisión adoptada en esta providencia, es decir,
exonerar a EPM de responsabilidad por su actuación dentro del proceso de la
referencia, tiene el propósito de desconocer el derecho fundamental que asiste
al peticionario de acceder a agua apta para el consumo humano.
5.2. Hecha esa salvedad, sigue, necesariamente, para
este juez constitucional, adoptar alguna medida encaminada a solucionar la
situación de abastecimiento de agua al señor Alberto de Jesús, a través del
restablecimiento del dialogo con EMP: la competencia esencial del juez de tutela
es la protección de los derechos fundamentales y garantías contendías en la
norma superior, para todas las personas que acudan a la vía constitucional en
la búsqueda de una medida urgente de protección, con la finalidad de limitar el
efecto negativo de las consecuencias derivadas de los conflictos suscitados con
la administración pública, u otros particulares. Así que, teniendo noticia de
las condiciones de vulnerabilidad familiar, económica y social en que vive el
señor Alberto de Jesús Quintero, la Sala no va a omitir su deber de protección,
y por lo tanto, tomará las siguientes decisiones:
5.2.1. (1) EMP deberá tramitar con el señor Quintero
un acuerdo de pago de la deuda que actualmente tiene pendiente, por el no pago
de más de ocho facturas de consumo. Para llevar a cabo tal cometido, la entidad
deberá ser sensible a las siguientes circunstancias, y a partir de ellas,
establecer plazos de pago y cuotas flexibles: (i) el señor Alberto de Jesús es
una persona de la tercera edad, que vive y se sostiene solo. No tiene ningún
familiar o tercero que lo asista; y (ii) hasta el mes de febrero del 2011, el
accionante compartía los gastos de sostenimiento de su hogar con su madre; por
la muerte de la señora, esta Sala puede presumir que hubo un cambio dramático
en su situación económica, no sólo por la merma de sus recursos, pero también,
porque él no tiene un trabajo fijo, es decir, no tiene un ingreso mensual
cuantificable, con el cual pueda organizar el pago periódico de sus
obligaciones. Él afirmó que sus únicos ingresos provienen de la venta ambulante
de los helados Bon Ice, y que gana por día –los días que puede
trabajar,- entre $5000 y $10.000 pesos. EMP deberá considerar entonces, la
variabilidad de los ingresos del accionante, y garantizar que el pago de las
cuotas no afecte la satisfacción sus necesidades básicas, especialmente, de
alimentación y transporte.
5.2.2. (2a) A partir del momento en quede en firme el
acuerdo de pago entre el señor Quintero y EPM, y se ponga en conocimiento de
esta Sala el contenido del mismo, la empresa deberá reinstalar el servicio de
acueducto en la residencia del actor, sin incurrir en demoras injustificadas.
(2b) En todo caso, mientras se surte el trámite correspondiente, la entidad
debe procurar medios alternativos para que el actor tenga suministro de agua,
de forma tal que diariamente se le garantice acceder a la cantidad necesaria
para su aseo y alimentación. EMP determinará el medio de abastecimiento
alternativo, que puede ser, por ejemplo, agua suministrada a través de un carro
tanque, el suministro parcial y estipulado por horarios en su vivienda, o
cualquier forma  otra que cumpla la finalidad descrita, y no implique para el
peticionario un esfuerzo físico desproporcionado.
5.2.3. (3) Se advierte a EMP que el acuerdo de pago
debe realizarse con un funcionario de esa entidad, y si lo considera necesario,
con la participación de la empresa Intercobros. Pero no podrá la empresa
trasladar el cumplimiento de la orden proferida por esta Sala, a la empresa de
cobro.
5.2.4. (4) EMP debe poner en conocimiento de las
entidades competentes todas las acciones de violencia verbal o física que los
usuarios ejerzan contra sus funcionarios, cuando quiera que éstos estén en
cumplimiento de sus labores legales. Esta orden tiene por finalidad que las
autoridades tomen las medidas idóneas para restablecer los derechos
fundamentales de los afectados, y para garantizar la no repetición de tales
actuaciones.
5.3. Para terminar, en la parte resolutiva de este
fallo, la Sala ordenará al señor Alberto de Jesús Quintero que se abstenga de
usar medios de fuerza o violencia, física o verbal, contra los funcionarios de
EMP, que pongan en riesgo la vida o la integridad de tales funcionarios, o
incluso, la suya; también, en ocasiones futuras, cuando quiera que tenga un
conflicto con esa entidad, o cualquier otra entidad que le preste un servicio
público, deberá utilizar, siempre, medios de comunicación directa con la
administración, como el derecho de petición.
III. DECISIÓN
En merito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo de única instancia, proferido por el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Medellín, el trece (13) de octubre de dos mil once (2011), que
negó la protección a los derechos fundamentales del señor Alberto de Jesús
Quintero Espinosa al agua y a la vida digna, dentro de su proceso contra EMP
Empresas Públicas de Medellín, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- ORDENAR a EPM Empresas Públicas
de Medellín que en el término de los cinco
(05) días siguientes a la notificación de esta sentencia, surta los trámites necesarios para llegar a un acuerdo de pago con el
señor Alberto de Jesús Quintero Espinosa, a fin de que pueda responder por su
obligación contractual. En dicho acuerdo se estipularán plazos acordes con su
situación económica, de manera que no se afecte su mínimo vital. En virtud de
lo anterior, además, ORDENAR:
(i)
Que a partir del momento en quede en firme el
acuerdo de pago entre el señor Quintero y EPM, la empresa deberá reinstalar el
servicio de acueducto en la residencia del actor, sin incurrir en demoras
injustificadas;
(ii)
Mientras se surte el acuerdo de pago, EPM debe
procurar medios alternativos para que el señor Quintero tenga suministro de
agua, de forma tal que diariamente se le garantice acceder a la cantidad
necesaria para su alimentación y aseo. La empresa determinará el medio de
abastecimiento alternativo que cumpla la finalidad descrita, y no implique para
el peticionario un esfuerzo físico desproporcionado.
Tercero.- ORDENAR a EMP
Empresas Públicas de Medellín que en el término de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, remita a esta
Sala de Revisión copia del acuerdo realizado con el señor Alberto de Jesús Quintero Espinosa, en cumplimiento del numeral
segundo de la parte resolutiva.
Cuarto.- ORDENAR al señor Alberto de Jesús
Quintero Espinosa (i) que se abstenga de incurrir en alguna actuación de fuerza
o violencia, verbal o física, que ponga en riesgo los derechos fundamentales,
especialmente a la vida y a la integridad, de funcionarios de las empresas con
las cuales haya contratado la prestación de algún servicio público, y en
general, de cualquier tercero; y (ii) que en futuros conflictos que se susciten
con la administración, haga uso de las formas legales para dirigirse a las
entidades responsables y a sus funcionarios.
Quinto.- PREVENIR a EMP Empresas
Públicas de Medellín para que ponga en conocimiento de las autoridades
competentes todas las acciones de fuerza o violencia que los usuarios de
servicios públicos domiciliarios ejerzan contra uno o varios de sus
funcionarios, con el fin de que se tomen todas las medidas encaminadas a
restablecer las garantías fundamentales de los afectados, y se eviten nuevas
acciones de ese tipo.
Sexto.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-749/12
DERECHO DE ACCEDER AL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO-Protección vía tutela no es absoluta (Salvamento de
voto)
DERECHO DE ACCEDER AL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO-Goce requiere del cumplimiento de ciertas condiciones
(Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER AL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO-Procedencia
excepcional (Salvamento de voto)
DERECHO AL AGUA-Límites
(Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-3.304.543
Accionante: Alberto de Jesús Quintero Espinosa.
Accionado: Empresas Públicas de Medellín –EPM-.
Magistrado
Ponente: María Victoria Calle Correa.
Salvo mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada
por la Sala Primera de Revisión en sesión del veintiséis (16) de septiembre de
dos mil once (2012), por las razones que a continuación expongo:
No desconocemos que la situación analizada en el
presente fallo es susceptible de ser protegida por vía de tutela, sin embargo
no es posible dejar de lado que la jurisprudencia de esta Corporación ha
determinado que dicha protección no es absoluta.
En efecto, toda persona tiene el derecho
fundamental a disponer y acceder a cantidades suficientes, y de calidad, de
agua apta para el consumo humano. No obstante el goce del mismo requiere prima
facie del cumplimiento de ciertas condiciones (v. gr. el pago de una
contraprestación económica por el servicio), las cuales se exigen de manera
uniforme en condiciones de igualdad a toda la población –incluso a las personas
que forman parte del SISBEN 2-, y su protección a través de este mecanismo de
amparo constitucional es excepcional ante la imposibilidad económica del sujeto
de acceder a una cantidad mínima de este recurso natural.
Como bien lo resalta la presente providencia al citar
la sentencia T-418 de 2010, la posibilidad de exigir la protección del derecho
fundamental al agua mediante la acción de tutela se encuentra limitada, dentro
de otros, bajo los siguientes supuestos:
“(i) cuando la entidad encargada de prestar
el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las
reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales de la
persona y en especial a su mínimo vital, pues en tal caso no viola un
derecho sino que cumple un deber; [...]
(v) cuando una persona está disfrutando
el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se
encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo,
pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En
este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de
legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento
constitucional de la tutela.”
En el presente caso, la posibilidad de protección del
derecho fundamental al agua del actor a través de la acción de tutela encuadra
dentro de estos dos limitantes. Esto por cuanto, por un lado, la entidad
accionada actuó en cumplimiento de un deber legal y en total respeto por las
garantías constitucionales del actor, toda vez que le brindó al actor en varias
oportunidades la posibilidad de celebrar acuerdos de pago para saldar su deuda
y éste los incumplió. Y, por el otro, el señor Quintero estuvo disfrutando del
servicio de agua durante varios meses por medios ilícitos, al haberse
reconectado a la fuerza y al haber impedido la desconexión total del servicio
agrediendo y amenazando físicamente a los funcionarios de EPM que habían sido
enviados para tal efecto.
En suma, consideramos que en la sentencia no se
valoraron adecuadamente estas circunstancias, pues de lo contrario la decisión
a tomar ha debido ser negar en su totalidad el amparo.
En virtud de las anteriores consideraciones, me aparto
de la decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto
proferido el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011).
[2] Folio 53 del cuaderno
principal. En adelante siempre que se cite un folio se entenderá que hace parte
del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Sobre el particular,
sostuvo EPM: “El cliente debe comunicase con Intercobros, teléfono 3197475
oficina ubicada en la Cr 51 Cl 50-21 Edificio Banco de Londres en el 8° piso,
en un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua o
los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.) y hacer la negociación: Ambas partes
(cliente-Intercobros) firman un preacuerdo. Una vez realizada la negación con
Intercobros, el cliente se remite a San Benito con el preacuerdo, con las
condiciones de pago y allí terminan del proceso de financiación teniendo en
cuenta los requisitos de acuerdo al Decreto 1649 de 2007).”
[4] Corte Constitucional,
sentencia T-413 de 1995 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero). En
el mismo sentido, ver la sentencia T-381 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[5] Sobre la estrecha
relación del derecho al agua con la vida, y el reconocimiento de esa relación
en el Estado Social y Democrático de Derecho, se pronuncio esta Sala, en la
sentencia T-418 de 2010: “(…) es de resaltar el lenguaje categórico empleado
por la Corte: “el agua constituye fuente de vida.” Es una realidad. El
carácter fundamental del derecho al agua es la decisión de querer reconocer un
estado de cosas, no de crearlo. Al haber adoptado Colombia como modelo
constitucional un estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa
de la dignidad de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de
sus derechos fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia
adoptaba a la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las personas.
Ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de
cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones
básicas, como fundamental. No sólo desde el punto de vista científico existe un
consenso sobre lo esencial que es el agua para la vida. Muchas de las culturas
indígenas y negras de la nación, siguen aportando sus conocimientos ancestrales
al respecto, los cuales no han hecho más que insistir en la importancia del
agua dentro de nuestro entorno vital; se trata de ideas que anunciaban muchos
de los contemporáneos discursos ecologistas.”
[6] Ver también la
sentencia T-232 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[7] Corte Constitucional,
sentencia T-143 de 2010.
[8] En esa ocasión, la
Corte estudiaba la tutela instaurada por un ciudadano contra el INDERENA y
unos vecinos suyos, porque estos últimos decidieron represar el agua de una
quebrada de la que se nutrían y consumían los demás residentes de esa zona y,
pese a que INDERENA había ordenado destruir las obras de la represa, ésta
destrucción no había sido llevada a cabo. La
Corte encontró que los vecinos del tutelante habían violado su derecho
fundamental, y el de quienes estaba en su misma situación, al consumo de agua
potable pues obstaculizaron el fluido libre de la misma por un cauce regular,
que les permitía abastecerse de ella. Por ese motivo, al tutelar el derecho, la
Corporación ordenó que se emprendieran las acciones concretas indispensables
para que “el agua que se enc[o]ntra[ra] almacenada p[udier]a transitar o
fluir libremente por el cauce de la quebrada que conduc[ía] el agua hacia la
comunidad.”
[9] Como lo ordenó la
Corte en la Sentencia T-1104 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería). En esa
oportunidad, la Corporación estableció que “la negativa de la
EEPPM  en el sentido de no conectar la vivienda del actor al servicio
público de acueducto implica[ba] una violación del derecho [fundamental al
consumo de agua potable].”
[10] Tal como lo dijo la
Corporación en la Sentencia T-410 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), al
amparar los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a una
comunidad, que consumían aguas no aptas para el consumo humano, suministradas
por el acueducto público.
[11] Cfr., T-570 de 1992
(M.P. Jaime Sanín Greiffenstein). En esa oportunidad, la
Corte Constitucional estudiaba una acción de tutela interpuesta por los
miembros de una comunidad, contra la
Alcaldía del municipio al que pertenecían, porque les prohibió instalar sus
mangueras bajo tierra, aun cuando esa  era la única forma que tenían de acceder
al agua en condiciones eficientes, pues debido a la obsolescencia del acueducto
municipal habían tenido que construir uno privado. La
Corte señaló que, en aquellos casos “en que el Estado no pueda asumir
directamente la prestación de uno de esos servicios públicos, v.gr. el de agua
potable o acueducto, deberá entonces brindarle a esa comunidad afectada por la
carencia total o parcial del servicio los medios adecuados y crear las
condiciones para que ellos directamente y por sus propios medios puedan lograr
obtener la satisfacción mínima de sus necesidades vitales.”
[12] Como lo ha dispuesto la
Corte, por ejemplo, en materia de salud. Cfr., Sentencia T-760 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[13] Sobre la necesidad de
que exista la infraestructura necesaria para que todas las personas accedan a
agua apta para el consumo humano, y que además no exista deficiencias en el
suministro,  ver los casos desarrollados por la
Corte en la sentencia T-616 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[14] A propósito de la no
intervención en el goce efectivo del derecho fundamental al agua ajeno,
ver las sentencias T-379 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) sobre la
obstrucción ilegal del curso normal de una vertiente de agua; y T-375 de 1996
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) sobre la obligación de constituir una
servidumbre a favor de una comunidad, para poder que accedan a una fuente de
agua.
[15] Corte Constitucional,
sentencia T-418 de 2010.
[16] Observación General
No.15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas.
[17] Añade al respecto:
“[…] Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y
aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de
calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las
necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad
física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e
instalaciones de agua.” Observación General N° 15 (2002), del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 12.
[18] Añade al respecto:
“[…] Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento
de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.” Observación General N° 15
(2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas. Parágrafo número 12.
[19] Corte
Constitucional,  sentencia T-418 de 2010: en ella la
Sala Primera de Revisión estudió la situación de varios residentes de la
vereda San Antonio, en el municipio de Arbeláez, que desde hacía varios años no
tenían acceso a agua, por estar en una zona rural, y a pesar de que en
múltiples oportunidades solicitaron a la alcaldía la prestación del servicio, e
incluso, ofrecieron asumir el costo de parte de las obras de las redes
necesarias para tal efecto; y también, a pesar del hecho de que algunos
residentes de la misma zona, no muchos, si disfrutaban del suministro. La
petición se originó porque algunos integrantes de las familias afectadas se
enfermaron por falta de acceso a agua potable, y sufrían alto riesgo de sufrir infección
intestinal. La Corte consideró que el problema de falta de adecuación de la
infraestructura era técnico y financiero, y no podía ser imputado a los
accionantes y sus familias, y en ese orden de ideas, concluyó que alcaldía del
municipio vulneró los derecho fundamentales al agua, a la vida y a la salud de
los peticionarios y de sus familias, y le ordenó adecuar el acueducto
municipal, en orden de ofrecer a los peticionarios el servicio de agua. Ahora
bien, una de las consideraciones más importantes que contiene esta sentencia,
que se fundamenta en los instrumentos internacionales que garantizan a las
comunidades el acceso a agua potable, hace referencia al hecho de que las
personas pobres, que viven en zonas rurales, son tratados por la administración
con menor rigor que el trato a otros grupos de personas que no sufren de las
condiciones descritas, en palabras de la
Corte, éstas personas son los últimos de la fila, y merecer especial
protección del Estado y de los particulares. Este problema de trato va
acompañado, según el análisis efectuado por la
Corte, de un problema mundial de escases de agua, que se agudiza,
precisamente, por la mala destinación y mal uso del recurso.
[20] Sobre las obligaciones que se derivan de
la garantía del derecho fundamental al agua, para el Estado y los particulares,
en la sentencia T-717 de 2010, la
Corporación sostuvo: “Con todo, las facetas del derecho fundamental al
agua, de disponer y acceder a cantidades suficientes de agua de calidad
acarrean para el Estado y los particulares, según el caso, obligaciones de
diversa índole y usualmente clasificadas como: de respetar, de proteger y de
garantizar. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales observa que las obligaciones de respetar implican abstenerse de
injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Por otra
parte, las obligaciones de proteger son órdenes encaminadas a impedir que
terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua.[20]
Finalmente, las obligaciones de garantizar (‘de cumplir’) muchas veces implican
el deber especial de asegurar el derecho al agua a quienes no pueden
proveérselo autónomamente. También indica en qué casos se entienden violadas
las obligaciones derivadas del derecho al agua.”
[21] Observación General
N° 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas. Parágrafo número 16.
[22] Parágrafo del artículo 130 de la
Ley 142 de 1994, contenido en el Capítulo I - Naturaleza y Características del
Contrato.- Si el usuario o suscriptor incumple su
obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término
previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de
facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de
suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión
del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma.
[23] El artículo 140 de la
Ley 142 de 1994, contenido en el Capítulo III -El Cumplimiento y la
Prestación del Servicio- dispone: Suspensión por
Incumplimiento.  El
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la
suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes
del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago
por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos
(2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres
(3) períodos cuando sea mensual y
el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también
de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o
suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio. Durante
la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los
derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del
incumplimiento. A su turno, los artículos siguientes señalan: (i) Artículo 141. Incumplimiento, Terminación y Corte del
Servicio. El
incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma
repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros,
permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del
servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de
incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.  Se presume que el atraso en el
pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de
suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a
la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.  La entidad prestadora podrá proceder
igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y
tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos
penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención
del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos,
un hurto.  La demolición del
inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por
terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos. (ii) Artículo 142. Restablecimiento del Servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe
eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los
que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de
acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.  Si el restablecimiento no se
hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con
las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.
[24] Sobre la obligación
de las empresas de servicio públicos domiciliarios de suspender el servicio de
acueducto cuando hay falta de pago reiterada, o se han realizado actuaciones
fraudulentas para reconectar el suministro, y con el objetico de afectar el
goce efectivo del derecho al agua de tercero, ver las sentencias       T-598 de
2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-262 de 2003
M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[25] Corte Constitucional, sentencia T-270 de
2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[26] Corte Constitucional,
sentencia C-150 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “ (…) Décimo quinto.- Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos
analizados, el parágrafo del artículo 130 de la
Ley 142 adicionado por el artículo 18 de la
Ley 689 de 2001 y el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 19 de la Ley 689 de 2001, en el entendido de que se respetarán los
derechos de los usuarios, en los términos del apartado 5.2.3 de esta sentencia.” Apartado 5.2.3.: “En
conclusión, las normas acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de
que se respetarán los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando
se vaya a tomar la decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el
respeto a la dignidad del usuario (art. 1° de la
C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso y el derecho de defensa, que
permite a los usuarios o suscriptores contradecir efectivamente tanto las
facturas a su cargo  como el acto
mediante el cual se suspende el servicio y también obligan a las empresas
prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el procedimiento que
les permite suspender el servicio. El derecho al debido proceso incorpora
también el derecho a que se preserve la confianza legítima del usuario de buena
fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste ha cumplido con sus
deberes; y (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios públicos
se abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga como
consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros
establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios, o
afecte gravemente las condiciones de vida de toda una
comunidad.”
[27] La
Corte advirtió que la reconexión se ordenaba sin perjuicio de otras acciones
legales, judiciales o de cobro, por la deuda que todavía mantenía la accionante
con la EPM.
[28] Corte Constitucional,
sentencia T-279 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[29] Corte Constitucional,
sentencia T-752 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). En la sentencia se
analizaron tres casos: en dos de ellos la tutela se presentó por la suspensión
del servicio de agua. En el último caso,  por la suspensión del servicio de
energía.
[30] Para más ilustración
sobre casos de la garantía al agua de sujetos de especial protección, ver las
sentencias T-614 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. S.V. María Victoria
Calle Correa), y  T-740 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[31] Ver en ese sentido
las sentencias T-717 de 2010 y T-471 de 2011.
[32] Corte Constitucional,
sentencia T-418 de 2010.
[33] Corte Constitucional,
sentencia T-578 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero). “En el caso concreto
el derecho fundamental al servicio de acueducto y alcantarillado no está
directamente relacionado con los derechos fundamentales de las personas
naturales, por encontrarse deshabitado el lugar, y la solicitud de protección
proviene de una persona jurídica, que, por definición no requiere, como las
personas naturales, del agua.”
[34] En la sentencia T-796
de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), por ejemplo, la
Corte Constitucional resolvió no tutelar el derecho de una persona a la que se
le había suspendido el servicio de agua reglamentariamente.  La
Corte consideró que la situación del accionante había sido debidamente
contemplada por la Empresa de Servicios Públicos, en los siguientes términos:
“encuentra la Sala que el 5 de enero de 2007, el señor Robles Carrillo celebró “convenio”
con Metroagua S.A. ESP para cancelar el valor adeudado en ese momento,
$730.786, de lo cual abonó $115.786, para quedar con saldo pendiente de
$615.000, a pagar en 41 cuotas mensuales por valor fijo de $15.000, más el
valor del consumo mensual.” Advirtió que se le podía restablecer el servicio
“si éste se compromete a respetar el convenio y cancela puntualmente el valor
mensual,  con la cuota correspondiente a la deuda pendiente.” En este caso
no se constató afectación al mínimo vital del tutelante ni a otros derechos
fundamentales de él o de terceros. En sentido similar, también puede verse las
sentencias T-306 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-064 de 1994 (MP
Hernando Herrera Vergara), T-237 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-697 de 2002
(MP Jaime Araujo Rentería) y T-701 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[35] En tal sentido ver,
por ejemplo, la sentencia T-598 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), caso
en que la Corte resolvió reiterar su jurisprudencia en los siguientes términos:
‘las mismas empresas de servicios públicos, en aras de garantizar la
prestación del servicio a los demás usuarios y de no imponer cargas
desmesuradas a los propietarios de inmuebles arrendados ante el incumplimiento
en el pago de los servicios por parte de los arrendatarios, no solo pueden sino
que deben suspender el servicio cuando se ha incumplido el pago de tres
facturas (artículo 140 de la Ley 142 de 1994) y no está
pendiente la resolución de una reclamación por parte del usuario.’
[36] Corte Constitucional,
sentencia T-627 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este caso se
consideró y decidió lo siguiente: “La directora del Colegio […] solicita que
continúen las obras de mantenimiento  y reparación de la vía […],
colindante con la institución educativa, porque, a su juicio, la suspensión de
las mismas  ha ocasionado una amenaza a los derechos a la vida, a la
integridad física, a la salud y al ambiente sano. Se solicita en la tutela, que
las obras continúen para  evitar que los niños, niñas y adolescentes de la
institución sean expuestos a sufrir enfermedades virales o respiratorias.
Simultáneamente, la accionante plantea que en  varias ocasiones, en
ejercicio del derecho de petición, ha solicitado a las entidades accionadas que
concluyan las obras, limpien la zona y recojan los residuos que ha generado la
construcción, pero ninguno de los organismos respondió.  ||    […]  encuentra
esta Corporación que no existe una amenaza actual e inminente de un derecho
colectivo ni menos aún de los derechos fundamentales invocados. En efecto, del
material obrante en el expediente se deduce que la amenaza a los derechos
fundamentales está dada por hipótesis de eventuales situaciones que podrían
presentarse  temporalmente en el  lugar donde está situado el plantel
educativo. En efecto, ninguno de los hechos alegados aparecen asociados a la
eventual afectación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, a la
integridad, a la salud de los alumnos del Colegio.” No obstante la
Sala advirtió que “la negligencia administrativa  puede ocasionar
lesiones a derechos fundamentales”. En este mismo sentido puede verse la
sentencia T-182 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[37] Por ejemplo, la
Corte Constitucional, en sentencia T-370 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), consideró lo siguiente: “encuentra la
Sala que el accionante no afirma ni presenta prueba de haber elevado petición
o reclamación ante Emdupar ESP-S.A o ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de forma previa a la interposición de la
presente acción de tutela.  ||  Igualmente, el señor Rafael Cuello tampoco
argumenta ni demuestra por qué en su caso particular los mecanismos ordinarios
disponibles como el agotamiento de la vía gubernativa e interposición de
acciones judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, no
son eficaces para la protección de sus derechos fundamentales que considera
vulnerados. Tampoco sustenta en qué consiste el perjuicio irremediable que se
podría presentar durante el tiempo que dure el trámite de los mecanismos de
protección disponibles, que amerite la procedencia de la presente acción de
tutela.  ||  Del mismo modo, el accionante no demostró la posible vulneración
de otros derechos fundamentales como los de acceso a los servicios públicos
domiciliarios o petición, pues vale decir que la falta de los servicios de
acueducto y alcantarillado del inmueble que utiliza para arrendar no puede
representar para éste una vulneración de su dignidad como persona.”
[38] Corte Constitucional,
sentencia T-888 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); en este caso se negó la
tutela al agua potable, la vida y la salud de una persona que venía consumiendo
agua del acueducto, porque no quedó acreditado que –como él alegaba- estuviera
en condiciones no aptas para el consumo. Por
el contrario, se contaba con un informe técnico, actual y tomado por
profesional calificado e imparcial, que constatan la calidad del agua que llega
a la casa del accionante.
[39] Por tal razón, por
ejemplo, la Corte resolvió negar las solicitudes concretas de los tutelantes en
las sentencias T-432 de 1992 (MP Simón Rodríguez Rodríguez) y T-546 de 2009, la
cual reitera aquella en los siguientes términos: “[…] una persona que por vías
ilegales pretende apropiarse de servicios públicos, no está legitimada para
recibir la protección del juez constitucional. La
Corte Constitucional, en la Sentencia T-432 de 1992, estimó que no podía
ordenar la protección de los derechos a una persona que aspiraba a obtener una
instalación al acueducto oficial, por el hecho de que ya previamente se había
conectado a él ilegalmente. Dijo la
Corporación, en aquella oportunidad, que ‘un sujeto al reclamar legalidad
en el obrar de algunos, debe hacerlo sólo sobre la base de que su conducta es
legal (…) como uno no puede mejorar su condición con sus propios
delitos, o lo hecho ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal usa de
su poder, se le priva de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede
otorgar el servicio de acueducto transgrediendo los procedimientos
preestablecidos para su obtención. Una acción ilícita como es la de hacer
instalaciones  a la tubería central de agua potable sin autorización, no
obliga a que se consideren las aspiraciones de quién las realiza’.”
[40] Caso distinto es el
de una persona que se intentó reconectar a la fuerza infructuosamente, y no se
encuentra disfrutando de su derecho al agua. En tal situación puede haber lugar
a la protección del juez de tutela.
[41] Corte Constitucional,
sentencia T-636 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra). En este caso la
Corte confirmó la decisión de negar la acción de tutela que habían adoptado
los jueces de instancia considerando, entre otras cosas, porque las acciones de
las personas para lograr el acceso al agua “[…] sin el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en las disposiciones especiales establecidas en el
Acuerdo 014 de 1983, vulneraría los derechos de los usuarios que en forma legal
y oportuna accedieron al servicio de agua en la
Vereda La Lajita, pues, como lo afirma el Presidente de la
Junta Administradora del Acueducto de esa vereda, permitir la extracción de
agua del desairadero, como lo pretenden los accionantes, implica dejar sin agua
a todos los que se benefician de él, es decir, a dieciocho familias y dos
escuelas, debido a la merma en la presión del agua requerida para suministrar
el líquido a todos los usuarios.”
[42] Corte Constitucional,
sentencia T-576 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[43] Respuesta a la acción
de tutela, folios a 39.
[44] Folios 55 y 56.
[45] Folios 9
a 39.