T-028-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-028/93
JUEZ DE TUTELA-Facultades/ACCION DE TUTELA-Protección
Alternativa
Los jueces de
tutela y esta Corte en funciones de revisión de  los fallos correspondientes,
deben adentrarse en el examen y en la interpretación de los hechos del caso,
con el fin de encontrar la esencia y la verdadera naturaleza de la situación
jurídica puesta en conocimiento de la jurisdicción constitucional de los
derechos fundamentales, para efectos de asegurar la más cabal protección
judicial de los mismos y la vigencia de la Carta en todos los eventos en los
que se reclame su amparo por virtud del ejercicio de la Acción de tutela.
Ademas, dicho examen debe hacerse para cumplir con la disposición legal que
ordena al juez que inadmite o no concede la petición señalar cual es el
procedimiento idóneo para la protección que se reclama y que no resulta
procedente en estos estrados.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
La Carta
Fundamental de 1991, también establece como servicio público a cargo del Estado
y como específico deber suyo, la atención al saneamiento ambiental, que debe
obedecer a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Estas
precisiones de carácter normativo, sientan las bases de la relación entre la
violación a un derecho constitucional de carácter colectivo como lo es el de
Gozar de un Medio Ambiente Sano y un Derecho Constitucional Fundamental como lo
es el Derecho a la Vida y a la Integridad Física de las personas; ademas,
dichas normas establecen determinadas responsabilidades de carácter ineludible
por parte de los organismos del Estado en cuanto a los derechos que hoy, bajo
el amparo de la Carta de 1991, reclaman de los jueces mayor atención y cuidado
que en oportunidades anteriores.
ACCION
POPULAR/JUEZ-Competencia
Las acciones
populares hoy en día encuentran fundamento constitucional expreso, y están
orientadas por la Carta de modo preciso para la protección de ciertos derechos
de muy clara raigambre social, lo cual supone que los jueces deben examinar
dentro de sus competencias constitucionales sus alcances y dimensiones, para
efectos de valorar responsablemente los hechos puestos a su consideración y
para adoptar las decisiones que correspondan a los fines generales del Estado
de Bienestar a que se ha hecho referencia. Aquella Acción Popular consagrada en
el artículo 1005 del C.C., puede ahora ser interpretada y desarrollada por los
jueces en los casos concretos de controversia sobre los bienes y derechos
públicos y colectivos para asegurar su amparo judicial específico  y concreto,
inclusive sobre el Ambiente.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO/DERECHOS COLECTIVOS/ACCIONES POPULARES/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
La Carta de 1991
es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho al Goce de un
Ambiente Sano",  no como un derecho constitucional fundamental, sino como
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido
la Acción de Tutela no es procedente para obtener de manera autónoma su
protección,  pues aquella procede para obtener el amparo específico de los
derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los
colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las
Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su
regulación legal.
ACCION DE TUTELA-Alcance
La Acción de
Tutela, aunque esté prevista para la protección de los Derechos Constitucionales
Fundamentales, no es un mecanismo excluyente de la protección consecuencial e
indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su
ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación
directa y eficiente de los derechos constitucionales fundamentales.
ACCION DE TUTELA-Requisitos/LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA
No basta señalar
en abstracto la hipótesis de la  violación o de la amenaza de violación y
señalar a la autoridad supuestamente causante de una acción o responsable de la
omisión; es necesario que se señale a la persona o al grupo de personas en cuyo
nombre se actúa en calidad de representante o de agente oficioso o, si se
presenta en nombre propio, la identificación específica de quien se estima
perjudicado o amenazado en sus derechos constitucionales fundamentales.
JUNTA DE ACCION
COMUNAL-Naturaleza
Las juntas de
acción comunal son, organizaciones jurídicas de la comunidad que están llamadas
precisamente a provocar la gestión de los derechos de los miembros de las
pequeñas comunidades locales. Quienes afirman que actuan como representantes de
las juntas de acción comunal, solicitan la protección consecuencial de los
derechos constitucionales fundamentales de personas que no identifican
especificamente, pero aceptado como lo acepta la Corte Constitucional, que
dichas organizaciones jurídicas naturalmente están llamadas a representar y
agenciar, inclusive por medio de apoderado judicial,  los intereses y derechos
constitucionales de los habitantes de las respectivas unidades, bien pueden
actuar oficiosamente en nombre de uno o de varios de ellos, cuando se trata de
la acción de tutela o de las acciones populares, sin que sea suficiente
fundamento para despachar negativamente la solicitud de amparo, la falta de la
copia de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica o de la
representación legal, dado el carácter desritualizado de las mismas y de los
poderes de impulsión del juez que le permiten evaluar con responsabilidad las
circunstancias y los hechos puestos a su consideración y solicitar la
corrección o las enmiendas que sean necesarias para examinar la petición.
ACCION DE
TUTELA/LEGITIMACION POR ACTIVA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD
La exigencia de
la identificación  plena de las personas titulares del derecho constitucional
fundamental cuya protección se reclama en una situación especifica, es uno de
los requisitos sustanciales para que se pueda examinar la petición; empero, también
es deber del juez proceder a solicitar la adición o corrección que sea
necesaria. Se puede reclamar como agente oficioso, como representante o como
apoderado en favor del titular de un Derecho Constitucional Fundamental, la
tutela concreta, directa, subjetiva y específica de aquel tipo de derechos ante
una situación también concreta, subjetiva y especifica de violación y, en este
caso el apoderado de los agentes oficiosos no señala ni identifica, por virtud
de un medio jurídico expreso y válido, a las personas para quienes reclama la
protección judicial.  El apoderado de los peticionarios pretende en principio y
de modo expreso la protección, por vía de la Acción de Tutela, de un Derecho e
Interés Colectivo de los que enumera expresamente la Carta lo cual no es
procedente de modo autónomo, y porque no se alegó una situación
especifica y concreta de amenaza sobre la vida o la salud de una persona o de
un grupo determinado de personas.
DEMANDA DE TUTELA-Corrección
En caso de la
solicitud de protección consecuencial de unos derechos específicos de carácter
Constitucional Fundamental, que en opinión de los peticionarios se encuentran
amenazados por la supuesta actuación de una autoridad administrativa en una
situación de grave amenaza para la vida humana, y estando los solicitantes
habilitados para hacerlo como en el caso de las juntas de acción comunal, lo
procedente debe ser la solicitud de corrección de la demanda.
REF.    Expediente
No. T-5022
Revisión de las
sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta el 8 de
julio de 1992 y por el Consejo de Estado el 12 de agosto de 1992.
Contaminación
ambiental; titularidad para el ejercicio de la acción.
Prevalencia de la
petición de tutela Concurrencia de peticiones.
Peticionarios:
LUIS FERNANDO VARGAS
VARGAS, ARISTOBULO BAQUERO ROJAS Y  LEOPOLDO CASTILLO GORDILLO.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafé de Bogotá,
D.C.,  febrero cuatro (4) de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Corte
Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los Magistrados Simón
Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz,
resuelve sobre la revisión de las sentencias pronunciadas por el Tribunal
Administrativo del Meta el 8 de julio de mil novecientos noventa y dos (1992),
y por el Consejo de Estado el 12 de agosto del mismo año, sobre la acción de la
referencia, teniendo en cuenta los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
A) La Petición
Formulada.
Los peticionarios, Luis Fernando Vargas
Vargas, Aristóbulo Baquero Rojas y Leopoldo Castillo Gordillo por virtud de la
actuación de su apoderado especial Orlando López Mendieta, y en ejercicio de la
Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política y
regulada por lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991,  solicitaron ante el
Honorable Tribunal Contencioso del Meta la protección  inmediata de su Derecho
Constitucional a un Ambiente Sano y a la Integridad del Ambiente consagrado en
el artículo 79 en concordancia con el artículo 11 de la Constitución Nacional,
por las razones que se resumen  enseguida:
- Estiman que la decisión de la
administración municipal de Villavicencio de realizar la obra de relleno
sanitario en un lote de terreno de la vereda Montecarlo pone en grave peligro
los derechos constitucionales que se indican y que dicha violación perjudica a
las comunidades de vecinos de dicha vereda.
La citada decisión administrativa se
inicia  con la compra de un lote de terreno de aproximadamente 14 hectáreas,
ubicado en la vereda "Montecarlo", entre el caño "Los
pendejos" y el caño "Cristales"  y en el Kilometro 6 de la
carretera Villavicencio-Acacias, para destinarlo a ser el asiento de un relleno
sanitario para solucionar los problemas de acumulación y deposito de basuras
del municipio de Villavicencio. Observan que el lote no ha sido pagado y que lo
que existe es una promesa de venta.
- Las comunidades de los barrios
Montecarlo, Rochela, Tercer Sector, Villa del Río, Villa Oriente, Playa Rica,
Brisas del Caño Grande, Catumare, San Francisco y Teusaquillo;  de la Escuela
Nuestra Señora de la Paz, del Colegio Guillermo Niño Medina y de la Academia
Militar Jose Antonio Páez; y la "comunidad en general" del sector,
resultan víctimas de un "perjuicio colectivo irremediable", sin que
exista alguna posibilidad de obtener de autoridad judicial la protección de los
citados derechos constitucionales que se estiman violados.
-Las recomendaciones técnicas del Servicio
Departamental de Salud, del Inderena y de la Empresas Públicas del municipio,
aunque sean favorables para la ubicación del relleno sanitario en el lugar
señalado, no tiene en su opinión suficiente fundamento científico, puesto que
existen condiciones especiales del terreno que hacen que no sea aprovechable
para aquel fin sin perjuicio del medio ambiente sano y de su disfrute por las
comunidades mencionadas, ya que en aquel sitio existen nacederos de aguas y
corrientes naturales que seria necesario manejar adecuadamente para evitar la
contaminación, y porque se hace necesario impermeabilizar los terrenos
correspondientes. Se agrega a lo anterior que tanto el "procurador
delegado", como el "procurador agrario", han emitido conceptos
desfavorables a la construcción del relleno sanitario y que el Señor Personero
no ha dado  "visto bueno" a dicho proyecto.
-Desde hace más de treinta años, las
comunidades citadas han venido utilizando el caño "Pendejos" como su
principal fuente de agua de consumo diario y en la actualidad es necesario
reforestar las cabeceras de esta y de otras fuentes teniendo en cuenta que se
las debe conservar ante el aumento de los niveles poblacionales de la zona.
-La comunidad que resulta afectada por
aquella obra no fue informada ni convocada para participar en el estudio de las
actuaciones, en contraía de las disposiciones constitucionales que prevén la
obligatoriedad de la participación ciudadana en estas materias.
-Sostiene que la comunidad que menciona
resultará seriamente afectada en su salud, existencia y vida por la
contaminación que se causara con la construcción del relleno sanitario en el
sitio señalado ya que aquella producirá contaminación y epidemias
-Por último advierte que se producirá un
"perjuicio irremediable colectivo e individual a la comunidad de los
barrios ya nombrados del sector, tanto en su derecho fundamental a la vida,
como en sus derechos colectivos y del medio ambiente.."(sic), porque
"La aguas que caen por efecto de las lluvias sobre el área de relleno,
pasan a través de las capas de basura en descomposición, y por efecto de
filtración, llegan a las fuentes subterráneas de agua, que mas tarde alimentan
los ríos, y estos a su vez surten los acueductos". Ademas, este tipo de
tecnología resulta obsoleta  porque ocasiona graves problemas.
B) La Decisión de
Primera Instancia
El Tribunal
Administrativo del Meta, en sentencia del 8 de julio de 1992, no accedió a la
petición formulada, con fundamento en las siguientes consideraciones:
- En primer término señala el Tribunal que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no está sometida
dentro del marco de la nueva Constitución a mayores formalidades para su
trámite, pero esto no obsta para que quien la instaure se someta a mínimos
requisitos como son los principios generales del derecho procesal, siguiendo
los lineamientos del artículo 4o. del Decreto 306 de 1992.
- Además, sostiene que "De acuerdo con
lo preceptuado por el artículo 10 del Decreto Reglamentario 2591 de 1991, esta
acción puede ser ejercida en cualquier momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en alguno de sus derechos fundamentales. Puede actuar por
si misma, sin necesidad de ser abogado titulado o a través de su representante,
caso en el cual si debe hacerlo a través de un profesional del derecho
debidamente acreditado."
- Observa el Tribunal que para el caso
sometido a su estudio no puede accederse a  la petición formulada, porque
quiénes confirieron el poder para actuar en su representación, no acreditaron
en debida forma ser los presidentes de la Junta  de Acción Comunal de la vereda
Montecarlo  y gerente del Acueducto del mismo barrio. En este sentido indica
que los poderdantes no actuaron en nombre propio, sino por medio de su
apoderado sin acreditar que son los representantes legales de las entidades en
cuyo nombre actúan.
- Por último observa el tribunal que
"otra cosa hubiera acontecido si las personas hubiesen actuado en nombre
propio o en esta misma circunstancia confiriendo poder a un profesional del
derecho, pero como quiera que, nuevamente lo puntualiza la Sala, ellos dicen
ser representantes de entidades cuya demostración no efectuaron, necesariamente
habrá de negárseles lo pedido".
C) La Previa
Impugnación
Los peticionarios insisten en los
argumentos de su inicial escrito, adjuntando los documentos en los que dicen acreditar
la existencia de las entidades en cuyo nombre se actúa y la representación
legal correspondiente. Observan que el fallo impugnado da preferencia a los
formalismos en el tramite de los procedimientos por encima del derecho
sustancial, ya que los requisitos exigidos se encuentran en contravía de lo
dispuesto por la Constitución y por las reglamentaciones de la citada acción de
tutela y porque el Tribunal no facilitó el tramite de la petición y no se
preocupó por el goce efectivo del derecho que se reclama. Sostienen que el
Tribunal estaba en la obligación de solicitar que se acreditara la personería o
la representación legal de los poderdantes, si aquel llegare a ser considerado
como un requisito formal para efectos de no dejar sin protección el derecho
reclamado.
- Advierten que de realizarse la
construcción del relleno sanitario se causarían grandes perjuicios a la salud
de la comunidad en contra del ambiente sano y la subsistencia de aquella que es
la que consume el agua que nace en dichos lugares.
D) La Decisión De
Segunda Instancia.
El Honorable Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en providencia del 12
de agosto de 1992, confirmó la sentencia impugnada con base en los siguientes
fundamentos:
- Sostiene el Consejo de Estado que:
"...los
poderdantes al otorgarle el poder al abogado que presentó la demanda, lo
hicieron invocando las calidades de presidente y gerente de las entidades
inicialmente mencionadas, habiéndose presentado el libelo señalando esas mismas
calidades por el postulante, lo que nos indica que los demandantes son las
personas jurídicas y no las naturales que obran en su nombre, situación que
hacía necesario acreditar procesalmente con la demanda, dichas
representaciones, pues son constitutivas de un requisito necesario para el
ejercicio valido de la acción denominada "legitimatio ad
processum" del demandante y su adecuada representación, cuando actúa
por intermedio de otra persona, pues este requiaito tiene que ver con la
capacidad jurídica y personal del demandante"
- Aquella Corporación considera que la
demostración de la  capacidad jurídica para intervenir en el proceso y de la
procesal para representar a los actores, se debió acreditar, como en su opinión
lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991; es decir, desde la
presentación de la demanda y no al formularse la impugnación contra el fallo de
primera instancia, pues este es un "presupuesto procesal previo al
proceso" que tiene que ver con el ejercicio valido del derecho de acción.
Considera que el fallo impugnado estuvo ajustado a derecho,
"pues la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal que alega el impugnante,
no puede llegar al extremo de desconocer totalmente los principios esenciales
del proceso, pues ello nos llevaría al caos jurídico al no saber las partes que
interviene en un proceso a que reglas, procedimientos y principios deben
someterse. No es viable que el apoderado de los actores en el escrito de
impugnación quiera cambiar la calidad en que obran procesalmente, tanto él como
sus poderdantes, pues ello iría contra el principio de la lealtad procesal, al
sorprender a la contraparte con esa nueva situación".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
PRIMERA: La
competencia.
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las
sentencias que se señalan en la parte de antecedentes de esta providencia, en
atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 236
del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la
selección que del expediente que contiene dichos actos practicó la Sala
correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
Segunda: La
Materia Objeto de la Petición de Tutela.
A) En primer lugar encuentra la Sala que
los peticionarios solicitan expresamente por virtud del ejercicio de la Acción
de Tutela  que establece el artículo 86 de la Carta Fundamental, la directa
protección del Derecho Constitucional a disfrutar de un Medio Ambiente Sano en
favor del grupo indeterminado de habitantes del sector que señalan en su
escrito; ademas, de manera indirecta y consecuencial solicitan la protección de
los derechos constitucionales fundamentales a la Vida, a la Salud radicados en
cabeza de aquel grupo indeterminado de personas, sin señalar ningún caso
especifico o concreto de violación o amenaza de violación lo cual se aparta de
uno de los supuestos normativos y jurisprudenciales que sirven de fundamento
para la procedencia de la acción que intentan.
Igualmente solicitan la protección del
derecho constitucional a la participación en las decisiones que puedan afectar
el medio ambiente, y predican dicho derecho de las asociaciones que dicen
representar (art. 49 inciso segundo C.N.), el cual es considerado por la Carta
y por la Jurisprudencia como un derecho social y económico que no es objeto de
protección autónoma por vía de la Acción de Tutela que establece el artículo 86
de la Carta.
Sobre estos aspectos cabe advertir que la
petición se dirige contra una actuación administrativa compleja que apenas
comienza, respecto de la cual no existen mayores datos de carácter técnico, ni
se pueden predicar hipótesis especificas y directas de determinación de la
causalidad en cuanto hace a la violación o amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental en las condiciones señaladas por el artículo 86 de
la Carta.
En verdad, la petición adolece en este
punto de relativas deficiencias en su formulación conceptual y en su
presentación sistemática, destacándose evidentes signos de confusión argumental
y de desorden conceptual; no obstante lo anterior, deben los jueces de tutela y
esta Corte en funciones de revisión de  los fallos correspondientes, adentrarse
en el examen y en la interpretación de los hechos del caso, con el fin de
encontrar la esencia y la verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta
en conocimiento de la jurisdicción constitucional de los derechos
fundamentales, para efectos de asegurar la más cabal protección judicial de
los mismos y la vigencia de la Carta en todos los eventos en los que se reclame
su amparo por virtud del ejercicio de la Acción de tutela. Ademas, como se
destaca enseguida, dicho examen debe hacerse para cumplir con la disposición
legal que ordena al juez que inadmite o no concede la petición señalar cual es
el procedimiento idóneo para la protección que se reclama y que no resulta
procedente en estos estrados.
Obsérvese que dicha acción corresponde a
una nueva definición de la competencias de los jueces en las sociedades
contemporáneas, y pertenece, como instrumento judicial y como elemento
estructural de las instituciones políticas nacionales, a la reformulación
constitucionalmente ordenada del valor de los derechos constitucionales
fundamentales de los asociados y de la posición jurídica de estos para obtener
su siempre actual, efectiva y directa protección; por tanto, en casos como el
que revisa, en los que no es claro el sentido externo con el cual se pretende
presentar la formulación del reclamo de tutela y en los que se presentan
confusiones como las advertidas y otras que se destacarán más adelante, es
deber del juez de tutela examinar los planteamientos del peticionario en
procura de su comprensión sistemática y coherente frente a los postulados
ideocráticos de la Carta, a sus valores y principios y ante sus normas
directamente aplicables, lo mismo que ante los predicados de la jurisprudencia
constitucional que corresponden a la naturaleza de aquella codificación
superior, típicamente abierta, programática y pluralista.
En este sentido cabe observar que los
peticionarios solicitan por virtud del ejercicio de la acción de tutela la
protección judicial del Derecho Constitucional Colectivo a Gozar de un Medio
Ambiente Sano, y del Derecho Económico y Social a participar en la toma
de decisiones que puedan afectar al Medio Ambiente (art. 79 inciso segundo
C. N.); ademas, piden igual protección de los derechos constitucionales de
carácter fundamental  a la Vida y a la Salud sin señalar a ningún titular ni
ninguna situación concreta y específica de violación o amenaza que sea
removible por virtud de la Acción de Tutela, como se verá en extenso más
adelante.
Asunto bien diferente del que comporta el
deber advertido de interpretar la petición formulada por vía de la Acción de
Tutela, es el de la adecuación jurídica del reclamo a las disposiciones de la
Carta y a las regulaciones que de modo especial ha previsto el Constituyente
para efectos de asegurar la vigencia efectiva del orden constitucional de la
libertad y de los derechos, y para disponer los instrumentos y las vías de
acceso a la jurisdicción en sus distintos niveles. Dicho ejercicio también
compromete a los jueces en estos estrados, para que no se haga nugatorio el
derecho constitucional cuya protección se reclama y para que las distintas
competencias sean cabalmente respetadas.
Como se verá más adelante, dicho esfuerzo
también comprende el deber pedagógico de los jueces para que en su función se
promueva la mejor realización del derecho y de la Constitución, y comporta la
obligación de indicar en cada caso, con la prudencia y la  sabiduría propia de
su investidura, los elementos y las pautas procedimentales que contribuyan a
dicho propósito. Obsérvese que el artículo 44 del Decreto 2591 de 1991 es
categórico en establecer dicho deber de los jueces cuando la providencia
rechace o inadmita la petición. En este sentido debe transcribirse lo dispuesto
por la citada norma así:
"Artículo 45. Protección
Alternativa. La providencia que inadmita o rechace la tutela deberá indicar
el procedimiento idóneo para proteger el derecho amenazado o violado."
Por tales motivos esta Corporación advierte
que no comparte los elementos racionales y las reflexiones vertidas en las
providencias que se revisan, dado que, ademas, aquellas se contraen a
reflexiones puramente formales y abstractas y a consideraciones escuetas que no
contribuyen a los fines de la justicia constitucional en concreto, ni a la
defensa de la Constitución dentro del nuevo sistema que se ha advertido.
Tercera: El
Amparo Judicial del Derecho a Gozar de un Ambiente Sano
A) El Derecho
Constitucional de todas las personas al disfrute de un Ambiente Sano  está
consagrado expresamente en el artículo 79 de la Carta, bajo el título de los
Derechos Colectivos y del Ambiente; además, este derecho aparece relacionado en
la lista enunciativa que  establece el inciso primero del artículo 88 de la
misma Carta, como objeto de las Acciones Populares.
En estas
condiciones, los citados enunciados normativos del inciso segundo del artículo
88 de la Carta, prescriben con claridad que en cuanto entidad jurídica autónoma,
el derecho  específico al goce de un Ambiente Sano,  está garantizado
judicialmente por virtud de un instrumento procesal específico y directo de
carácter  principal y de naturaleza también autónoma, conocido como las acciones
populares, y en caso de daño subjetivo pero plural, por virtud de las acciones
de grupo o de clase, amén de las vías judiciales ordinarias y de los casos
especiales de responsabilidad objetiva que establezca la ley.
Como aspecto
preliminar se detiene esta Corporación en advertir que el Derecho a la
Conservación y al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y de la promoción y
preservación de la calidad de la vida, así como la protección de los bienes,
riquezas y recursos ecológicos y naturales, es objeto de grandes reflexiones y
preocupaciones  que sólo recientemente han hecho aparición plena en el Derecho
Constitucional y en el Derecho Internacional. Así, es evidente que hoy en día,
para determinar los grandes principios que deben regir la vida de las
sociedades organizadas y en camino de evolución, ya no puede ignorarse la
necesidad de proteger el medio ambiente y de dar a las personas los derechos
correlativos;  en este sentido se tiene que después  del año de 1972 en el que
se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente humano, se ha
reconocido en vasta extensión el valor que debe otorgarse a su protección.
Además, en este proceso, y en sus variantes, el camino recorrido muestra que no
sólo se incorporó dicho principio general como valor constitucional  interno
que se proyecta sobre todo el texto de las Constituciones, sino que aquel
produjo grandes efectos de irradiación sobre las legislaciones ordinarias de
muchos países.  También, después de aquella fecha son varias las naciones que
lo incorporaron en sus textos constitucionales, ya como un derecho fundamental,
ora como un derecho colectivo de naturaleza social.  Esta consagración permite,
además, al Poder Ejecutivo, a la Administración Pública y a los jueces colmar
lagunas y promover su expansión ante situaciones crónicas o nuevas; en este
mismo sentido, el crecimiento y las crisis de la economía de gran escala
industrial  y la expansión del conocimiento sobre la naturaleza y la cultura ha
favorecido  el incremento de técnicas, medios, vías e instrumentos
gubernativos, administrativos y judiciales de protección del Derecho al Medio
Ambiente Sano.
En este sentido se
observa que la Carta Fundamental de 1991, también establece como servicio
público a cargo del Estado y como específico deber suyo, la atención al
saneamiento ambiental, que debe obedecer a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad (art. 49 C.N.).
Ahora bien, en el
ámbito del Derecho Constitucional  y de la función judicial, se tiene que el
principal aporte de este magno proceso de evolución de las sociedades
contemporáneas, consiste en desligar su protección no sólo de los tradicionales
derechos subjetivos amparables por las vías ordinarias, sino de la dependencia
del amparo de los derechos constitucionales fundamentales; adquiere así este
principio no sólo el carácter de valor normativo que inspira a toda la
actividad estatal y ciudadana (arts. 8, 58 inciso segundo, 79 inciso segundo y
95 numeral 8o. de la C.N.), sino el rango de Derecho Constitucional Colectivo
como es el caso colombiano después de la Carta de 1991 (arts. 79 inciso primero
y 88 C.N.).
B) Desde otro punto
de vista, téngase en cuenta que los variados problemas del ambiente y su
vocación global, lo mismo que el impacto muchas veces irremediable de sus
manifestaciones desbordadas, imponen a las sociedades modernas y a sus
gobiernos, el gran reto de orientar y controlar el inmenso número de decisiones
individuales al respecto, con el fin de que estas no afecten las finalidades de
la sociedad en general dentro del marco de una  razonable libertad económica.
Así, en nuestro régimen jurídico y a nivel legislativo, encontramos como nota
destacable y como ejemplo para todas las naciones del mundo, las nociones y las
vías de protección administrativa o policiva que incorporó el Código de
Recursos Naturales expedido en 1974 (Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974 y
sus reglamentarios, los decretos 02 de 1982 y 2206 de 1983 sobre contaminación
del aire), en los que se da un tratamiento extenso y riguroso a este tema;
también cabe destacar las previsiones que trae la Ley de Reforma Urbana (Ley
9a. de 1989 art. 8o., Decreto 2400 de 1989 arts. 5o. y 6o.), en materia de la
protección del medio ambiente y la extensión de las acciones populares de que
se ocupa el artículo 1005 del Código Civil a dicho fin.
Además, se
encuentran las disposiciones correspondientes a la Ley 9a. de 1979 que
establece el Código Sanitario Nacional y que regula el tema de la
contaminación  y de la protección del ambiente en lo que se relaciona con el
bienestar y la Salud Humana, en especial las que regulan el tema de los
residuos sólidos y su almacenamiento a campo abierto y el de las emisiones
atmosféricas.
Estas precisiones de
carácter normativo son fundamento de las consideraciones que conducen a  la
decisión que se habrá de tomar en la parte resolutiva de esta providencia,
porque sientan las bases de la relación entre la violación a un derecho
constitucional de carácter colectivo como lo es el de Gozar de un Medio
Ambiente Sano y un Derecho Constitucional Fundamental como lo es el Derecho a
la Vida y a la Integridad Física de las personas; ademas, dichas normas
establecen determinadas responsabilidades de carácter ineludible por parte de
los organismos del Estado en cuanto a los derechos que hoy, bajo el amparo de
la Carta de 1991, reclaman de los jueces mayor atención y cuidado que en
oportunidades anteriores. Obsérvese que las acciones populares hoy en día
encuentran fundamento constitucional expreso, y están orientadas por la Carta
de modo preciso para la protección de ciertos derechos de muy clara raigambre
social, lo cual supone que los jueces deben examinar dentro de sus competencias
constitucionales sus alcances y dimensiones, para efectos de valorar
responsablemente los hechos puestos a su consideración y para adoptar las
decisiones que correspondan a los fines generales del Estado de Bienestar a que
se ha hecho referencia.
De otra parte, a
juicio de la Corte Constitucional aquella Acción Popular consagrada en el
artículo 1005 del C.C., puede ahora, con sobradas y explícitas razones
constitucionales, ser interpretada y desarrollada por los jueces en los casos
concretos de controversia sobre los bienes y derechos públicos y colectivos
para asegurar su amparo judicial específico  y concreto, inclusive sobre el
Ambiente.
Aquellas
disposiciones de la actual Ley de Reforma Urbana establecen lo siguiente:"
"Ley 9a. de
1989
"......
"Artículo
8o.  Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente
tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del
Código Civil.  Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona
pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones  de uso, goce
y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o
prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la
seguridad de los usuarios.
"El
incumplimiento de las ordenes que expida el juez en desarrollo  de la acción de
que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo  184
del Código Penal de 'fraude a resolución judicial'.
"La acción
popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en
cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el núm. 8 del
artículo 414 del Código de Procedimiento Civil."
"DECRETO
2400 DE 1989
"Artículo
5o.   Para efectos del artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989, se entiende por
usuario del espacio público y del medio ambiente cualquier  persona pública o
privada que haga uso o pueda llegar a hacer uso de un determinado espacio
público o que haya sido afectada o pueda ser afectada por un determinado medio
ambiente.
"Artículo
6o.  La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá
ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio
ambiente.
"Para
determinar el Juez competente, se tendrá en cuenta el carácter público o
privado de la persona demandada."
Pero  además, el
artículo 994 del Código Civil, en concordancia con los artículos 988 y 993 del
mismo Estatuto, establece la denominada acción judicial  o de querella contra
obra nueva o antigua que puede ser ejercitada,  sin que medie prescripción
alguna por el que tema que una obra ya hecha corrompe el aire y lo hace
conocidamente dañoso.  Esta es una típica Acción  Popular que está prevista
en la ley para la protección del Ambiente como derecho colectivo.
Obviamente, este es
el resultado de una actividad interpretativa que puede y debe tener lugar en su
sede judicial natural, mucho más ahora bajo las luces que irradia la nueva
Carta sobre la función garantizadora de los jueces con fundamento en la
prevalencia de los derechos constitucionales de las personas a los que tantas
veces ha hecho referencia esta Corporación en múltiples fallos.
C) Ahora bien, la
Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho
al Goce de un Ambiente Sano",  no como un derecho constitucional
fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter
colectivo; en este sentido la Acción de Tutela, cuyos fundamentos se examinan
más abajo, no es procedente para obtener de manera autónoma su
protección , pues,  como se verá, aquella procede para obtener el amparo
específico de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros
derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud
del ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo
en los términos de su regulación legal, salvo las hipótesis de la protección
indirecta o consecuencial que se explicó más arriba y que ahora  se reiteran.
D) Se señala de modo
indubitable que este Derecho Constitucional Colectivo puede vincularse con la
violación de otro Derecho Constitucional de rango o naturaleza fundamental como
la Salud,  la Vida o la Integridad Física entre otros, para obtener, por vía de
la tutela que establece el  artículo 86 de la Constitución Nacional, el amparo
de uno y otro derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece
la protección del Derecho Constitucional Fundamental y es deber del juez
remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste.
E) Por tanto, para
que fuera procedente la finalidad de obtener la protección autónoma del
Derecho Constitucional a Gozar de un Medio Ambiente Sano los peticionarios,
bien podían intentar, y aún pueden hacerlo, una Acción Popular con fines
concretos; además, los peticionarios bien podían ejercer como lo hacen, salvo
las deficiencias técnicas que se anotan, la Acción de Tutela basando su
petición en el amparo judicial específico de un Derecho Constitucional
Fundamental que fuese amenazado o vulnerado de modo concreto, específico,
directo y eficaz por la acción que en su opinión resulta generadora de la
eventual contaminación o por la omisión de una autoridad pública  en el mismo sentido
en caso de ser demostrada la relación de causalidad exigida.
Sólo a partir de la
segunda mitad de este siglo, el movimiento constitucionalista continental
europeo y latinoamericano paulatinamente se ocupó de reexaminar las condiciones
estructurales del concepto de acceso a la justicia y recibió
parcialmente las influencias del derecho angloamericano, incorporando en
principio, y en distintas formas, los instrumentos que dan al Juez un marco más
amplio de competencias enderezadas a los fines propios de la defensa de las
personas frente a los poderes del Estado, de la Administración, de los
gobiernos y de los grupos económicamente más fuertes dentro de las sociedades
fundamentadas  en la economía capitalista, típicamente masificadas e
interdependientes.  Este proceso permite a la doctrina elaborar el concepto de
jurisdicción constitucional de la libertad y formular los lineamientos básicos
del llamado Derecho Constitucional Procesal.
Con los mismos fines
ilustrativos, se tiene que la Teoría General del Proceso influenciada por el
derecho constitucional contemporáneo, se ha ocupado de plantear la problemática
judicial derivada de las siempre cambiantes condiciones de las sociedades, y en
consecuencia, el viejo concepto de igualdad ha sido reexaminado de tal manera
que en sus distintos aspectos, la regulación del proceso ha avanzado de modo
notable con instituciones ya recibidas en nuestro ordenamiento jurídico; lo que
caracteriza estas evoluciones no es tanto la consagración de las libertades
sino su vigencia por virtud de la actividad procesal; en otros términos, para
el derecho contemporáneo no resulta suficiente consagrar los derechos de las
personas en la Constitución para que estos sean respetados por las autoridades
y por las personas en general, pues se hace necesario elevar a rango
constitucional las garantías básicas que aseguren un más amplio y efectivo acceso
a la justicia constitucional.
Cuarta:
La Acción de Tutela y el Artículo 86 de la Constitución Nacional
Esta Sala, en
acatamiento de su jurisprudencia reiterada en fallos anteriores y para cumplir
con el deber que le asiste en los términos del artículo 44 del Decreto 2591 de
1991 que se transcribió, advierte que la Acción de Tutela  está prevista en el
artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico
y directo  que tiene por objeto la eficaz protección concreta e inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación
jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación y
cuando sean reclamados de modo concreto y específico, no obstante que en su
formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de
derechos de otra naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud
de tutela del Derecho Constitucional Fundamental y así debe proveer el juez
para lograr los fines que se han advertido sobre la realización de la
Constitución.
Como lo ha señalado
esta Corporación en varias oportunidades, dicha acción es un medio procesal específico
y principal porque se contrae a la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales afectados de modo actual e inminente, siempre
que estos se hallen radicados en cabeza de una persona determinada o de un
grupo determinado de personas, y conduce, previa la concreta solicitud, a la
expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de
efectivo e inmediato cumplimiento, enderezadas a garantizar su tutela con
fundamento constitucional y con la vocación de las providencias judiciales que
pueden ser ejecutadas oficiosamente y por vías coactivas.
La Acción de Tutela
consagrada en el citado artículo 86 de la Carta Política de 1991 es, como se ha
advertido, una clara expresión de las nuevas competencias de la Justicia
Constitucional con fines concretos, enderezada por razones ontológicas y
doctrinarias a la protección jurisdiccional de las Libertades y Derechos de
origen constitucional y de rango fundamental, que complementa, en determinadas
situaciones y bajo el imperio de ciertas condiciones, el conjunto de funciones
tradicionales y propias  de los jueces de la República, para asegurar la
vigencia procesal específica del conjunto de los derechos constitucionales
fundamentales.
Empero, adviértase
sobre la procedencia de este mecanismo, que la Acción de Tutela puede conducir
a la indirecta y consecuencial protección de otros derechos e intereses
legítimos de rango constitucional o legal, siempre que su desconocimiento, se
produzca por causa de la violación específica de cualquier Derecho
Constitucional Fundamental y que la protección de éste último sea reclamada en
el asunto concreto de que se trate.
Igualmente, la
violación o el desconocimiento de cualquier otro derecho o interés legítimo de
rango constitucional no fundamental o legal, como el Derecho Constitucional al
Gozar de un medio Ambiente Sano, puede conducir a la violación directa y
específica de un Derecho Constitucional Fundamental, y que aquellos pueden
resultar consecuencialmente comprendidos y amparados por la resolución judicial
que decrete la tutela en favor del Derecho Constitucional fundamental, que se
demuestra ciertamente vulnerado o amenazado. Téngase en cuenta que esta
hipótesis solo es procedente cuando se reclama la Tutela del específico derecho
de rango constitucional fundamental y, además, cuando se encuentra que el
desconocimiento o la violación del derecho o del interés de otro rango o
condición jurídica distinta de aquellos para los que está específicamente
previsto el artículo 86 de la Carta, es la causa directa y eficiente de
la violación o amenaza de que se ocupa la Acción de Tutela; esto en principio
parece ser la finalidad que se proponen los peticionarios y a esa conclusión se
llega de la lectura interpretativa del escrito inicial.
Esto significa, en
otros términos, que la Acción de Tutela, aunque esté prevista para la
protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, no es un mecanismo
excluyente de la protección consecuencial e indirecta de los restantes derechos
e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la
violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos
constitucionales fundamentales.
Así, es deber de los
jueces en la sentencia de tutela, ordenar la protección concurrente de los
derechos que resultan violados como consecuencia de la violación de un Derecho
Constitucional Fundamental, o cuya violación sea la causa de amenaza o de la
violación consecuencial del derecho constitucional fundamental cuya protección
se reclama.
De otra parte, como
se advirtió en las precedentes consideraciones sobre el artículo  86 de la
Carta y la Acción de Tutela, se tiene como uno de los requisitos sustanciales
predicados de su procedencia, sin cuyo cumplimiento no se puede acceder a la
petición, el que impone al peticionario el deber de señalar sin formulismos o
ritualidades especiales el caso concreto de violación o amenaza de violación de
los Derechos Constitucionales de una persona o de un grupo determinado de
personas y su identificación especifica; en efecto, no basta señalar en
abstracto la hipótesis de la  violación o de la amenaza de violación y señalar
a la autoridad supuestamente causante de una acción o responsable de la
omisión; es necesario que se señale a la persona o al grupo de personas en cuyo
nombre se actúa en calidad de representante o de agente oficioso
o, si se presenta en nombre propio, la identificación específica de quien se
estima perjudicado o amenazado en sus derechos constitucionales fundamentales.
En este sentido el
Decreto 2591 de 1991 señala en sus arts. 1o., 10o. y 15,  que toda persona
tendrá Acción de Tutela para reclamar sus derechos constitucionales
fundamentales, debiendo señalar en la solicitud su nombre y lugar de residencia;
igualmente se admite que esta acción sea ejercida por otra persona que actúe en
nombre del titular del Derecho Constitucional reclamado, sea como su
representante o como su Agente Oficioso.  Esta última hipótesis es
admisible cuando el titular de los mismos derechos no esté en condiciones de
promover su propia defensa y cuando tal circunstancia ocurra deberá
manifestarse en la solicitud. Se trata de asegurar por esta vía que exista la
más amplia efectividad del mecanismo constitucional de protección judicial a
los derechos constitucionales fundamentales y de favorecer el anhelo del
Constituyente de promover el acceso a la justicia, en todos los ámbitos de la
vida social, mucho más cuando se trata de personas que no cuentan con los
medios ni con los recursos para promover la defensa tradicional  de sus
derechos.
No es aceptable para
la Corte el argumento de las providencias que se revisan y con el que se
despachan negativamente las peticiones, pues con base en el  supuesto de no
haberse probado ni la existencia de las personas jurídicas en cuya
representación ordinaria se actúa, ni la misma representación, se pierde de
vista que las juntas de acción comunal son en lineas generales organizaciones
jurídicas de la comunidad que están llamadas precisamente a provocar la gestión
de los derechos de los miembros de las pequeñas comunidades locales, y que como
tales están llamadas a ser en muchos casos y a la luz de la nueva Constitución,
agentes de los intereses de la índole como los que se presentan por los peticionarios
de modo confuso pero interpretable. En verdad quienes afirman que actúan como
representantes de las juntas de acción comunal, solicitan la protección
consecuencial de los citados derechos constitucionales fundamentales de
personas que no identifican específicamente, pero aceptado como lo acepta la
Corte Constitucional, que dichas organizaciones jurídicas naturalmente están
llamadas a representar y agenciar, inclusive por medio de apoderado judicial,
los intereses y derechos constitucionales de los habitantes de las respectivas
unidades, bien pueden actuar oficiosamente en nombre de uno o de varios de
ellos, cuando se trata de la acción de tutela o de las acciones populares, sin
que sea suficiente fundamento para despachar negativamente la solicitud de
amparo, la falta de la copia de la resolución de reconocimiento de la
personería jurídica o de la representación legal como ocurrió en el caso de las
providencias que se examinan, dado el carácter desritualizado de las mismas y
de los poderes de impulsión del juez que le permiten evaluar con
responsabilidad las circunstancias y los hechos puestos a su consideración y
solicitar la corrección o las enmiendas que sean necesarias para examinar la
petición.
De lo anterior se
concluye que los  señores LUIS FERNANDO VARGAS VARGAS, ARISTOBULO BAQUERO ROJAS
Y  LEOPOLDO CASTILLO GORDILLO, bien podían ejercer, inclusive por virtud de la
participación de un apoderado especial y bajo las advertencias
correspondientes, la Acción de Tutela en su condición de Agentes Oficiosos
de los titulares que no estén en condiciones de promover su propia defensa y
que en su opinión resultan afectados por la actuación administrativa que
consideran lesiva del Derecho Constitucional a la Vida y a la Salud de
aquellos, siempre que los identifiquen de modo específico.
Desde luego, la
exigencia de la identificación  plena de las personas titulares del
derecho constitucional fundamental cuya protección se reclama en una situación
también especifica, es uno de los requisitos sustanciales para que se puede
examinar la petición en estos casos; empero, también es deber del juez proceder
a solicitar la adición o corrección que sea necesaria, según los términos de lo
dispuesto por el artículo 17 del Decreto No. 2591 de 1991, previa una lectura adecuada
e integradora de las normas constitucionales y legales que regulan esta acción.
Por tal motivo
habrán de revocarse las providencias que se revisan, para ordenar al despacho
de origen que proceda a solicitar a los peticionarios que señalen en nombre de
cuales personas titulares de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la
Vida y a la Salud actúan, y si estos no están en condiciones de promover su
propia defensa.
Se trata pues de una
vía por la cual se puede reclamar como agente oficioso, como representante
o como apoderado en favor del titular de un Derecho Constitucional
Fundamental, la tutela concreta, directa, subjetiva y específica de aquel tipo
de derechos ante una situación también concreta, subjetiva y especifica de violación
y, en este caso el apoderado de los agentes oficiosos no señala ni identifica,
por virtud de un medio jurídico expreso y válido, a las personas para quienes
reclama la protección judicial y, por lo mismo, resulta imposible al juez
verificar  si la conducta o la omisión atacada, causa o no violación o amenaza
de violación a un Derecho Constitucional Fundamental como el Derecho a la Vida
y a la Salud; desde luego, ni la "comunidad", ni los
"habitantes", ni los "residentes" son específicos titulares
de estos derechos constitucionales fundamentales, los que se predican, para
estos casos, de las  personas físicas; empero la gravedad de las afirmaciones y
la sustancial importancia de la problemática planteada con la eventual
contaminación de las fuentes de abastecimiento de aguas de consumo  y su
reconocido impacto sobre la Salud y la Vida humana, imponen al juez el deber de
examinar las condiciones especificas de la petición y si es del caso
interpretarla conforme a la trascendencia de lo planteado y de los imperativos
normativos y programáticos de la Carta.
Desde otro punto de
vista, se establece así un sistema complementario y residual de garantía de
aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas
características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho
ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el Constituyente quiso
superar con sus previsiones, determinadas deficiencias estructurales de la
organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter
legislado y altamente formalista, no garantizaba la plena, efectiva e integral
protección de los derechos constitucionales fundamentales, tan caros al Estado
Social y Democrático de Derecho, al Estado de Bienestar y al constitucionalismo
en todas sus evoluciones.
La protección
judicial tradicional de los derechos y libertades que hunde sus raíces en el
Estado de Derecho clásico y demoliberal, se funda desde sus Orígenes en el
evidente carácter disponible de los derechos e intereses de rango y naturaleza
distintos de los derechos constitucionales fundamentales y en la función
neutral, descriptiva, lógica y abstracta de los jueces; empero, estos últimos
han reclamado a la luz de las nuevas concepciones del Derecho Constitucional
Pluralista y Social,  un sistema judicial de garantías especiales como el que
aparece consagrado en la institución de la Acción de Tutela. Esto presupone,
pues, una evidente distinción que debe ser comprendida con rigor y a cabalidad
por los administradores de justicia en nuestro medio.
No obstante la vasta
tradición de independencia técnica y de continuidad institucional democrática
de nuestro sistema constitucional, solo hasta ahora comienzan a ponerse en
práctica estas nuevas competencias y facultades de origen constitucional en
obediencia a un sistema nuevo y más amplio de  garantías e instrumentos de
protección de las libertades que hacen al juez un actor responsable y capaz de
valorar la situaciones puestas a su conocimiento dentro de las reglas cada día
más amplias pero precisas de sus competencias.
Debe retenerse con
suficiente claridad que la incorporación de aquellas nuevas figuras de rango
constitucional, no se pretende ni se patrocina la ruptura del ordenamiento
sistemático y coherente de la organización de la Rama Judicial, distribuida en
distintas formas en el territorio por razón de los factores objetivos y
subjetivos que determinan las competencias judiciales.
Es evidente que el
mantenimiento de un orden estructural de competencias y jurisdicciones dentro
de la organización de todo Estado democrático y liberal se determina de
distintos modos, con independencia de si su carácter y su forma son las propias
de un régimen federal, unitario, autonómico o regional etc., y compromete en
todo caso, la debida distribución armónica y sistemática de las competencias
judiciales con la finalidad de asegurar la certeza de los derechos y la unidad
política de la comunidad. A este presupuesto no escapa la Acción de Tutela en
nuestro régimen constitucional y legal, y así  lo reitera la Corte en esta
providencia; desde luego, estas advertencias tiene en cuenta lo nuevos
compromisos de los jueces en los nuevos estados de bienestar que se construyen
por las sociedades demoliberales después de la Segunda Guerra Mundial, y que
implican el abandono de las viejas ideas que definían la interpretación
judicial como una actividad mecánica y pasiva, alejada de cualquier posibilidad
de que el juez pudiese desarrollar funciones activas de valoración de la
realidad.
La organización
sistemática de competencias y la regulación constitucional, legal o
jurisprudencial de  las vías, acciones y procedimientos para acceder a la nueva
justicia constitucional y a las nuevas capacidades de los jueces no se opone y,
por el contrario, reclama de la definición de aquellos elementos.
Esta consideración
se hace teniendo en cuenta la situación jurídica planteada en el caso que se
examina, puesto que, como se ha visto, el apoderado de los peticionarios
pretende en principio y de modo expreso la protección, por vía de la Acción de
Tutela, de un Derecho e Interés Colectivo de los que enumera expresamente la
Carta lo cual no es procedente de modo autónomo, y porque no se alegó
una situación especifica y concreta de amenaza sobre la vida o la salud de una
persona o de un grupo determinado de personas como lo exige la Carta ante una
situación que en principio debe ser examinada por los jueces teniendo como guía
la razón de ser de las normas constitucionales que amparan estos nuevos
derechos y prevén la posibilidad de su grave e irremediable efecto sobre la
vida y la salud de las personas.
Quinta: Las
características de la Petición formulada y su Interpretación judicial.
En este caso la
Corte Constitucional no encuentra incompatibilidad para el ejercicio de la
Acción de Tutela en los términos iniciales y abstractos de la petición en lo
que hace a la supuesta incompatibilidad de objetos y de fines entre lo
solicitado y la vía utilizada en el caso concreto, pues lo cierto es que los
peticionarios reclaman también unos derechos constitucionales, distintos pero
no excluyentes de los que se protegen directamente con las Acción de Tutela, y
al examen de la petición debe dársele un sentido conforme con la especial
naturaleza de esta  para no desvirtuar sus cometidos.
Por último y como
corolario de lo visto, lo cierto es que para el caso en que se encuentran los
peticionarios en la acción de la referencia, también se reclama expresamente la
protección judicial especifica de estos derechos constitucionales fundamentales
en tanto y en cuanto radicados en cabeza de un grupo "determinado de
personas para que se les asegure la protección específica de su Derecho
Constitucional Fundamental a la Vida y a la Salud, en las condiciones de la
eventual contaminación; así los peticionarios se contraen a reclamar en
abstracto y de modo genérico utilizando las expresiones "la
comunidad", "los vecinos", "los habitantes".
En verdad se trata
de la petición complementaria y consecuencial de protección de unos derechos de
rango constitucional fundamental la que en principio y a la luz de las
previsiones de la Carta en el caso concreto de que se trata, no estaría llamada
a prosperar porque por esta vía se requiere de la demostración especifica y
concreta de dicha situación y como se ha destacado desde el inicio de estas
consideraciones, los peticionarios no lo hicieron de conformidad al presentar
inicialmente su escrito. Empero, se tiene que en caso de la solicitud de
protección consecuencial de unos derechos específicos de carácter Constitucional
Fundamental, que en opinión de los peticionarios se encuentran amenazados por
la supuesta actuación de una autoridad administrativa en una situación de grave
amenaza para la vida humana, y estando los solicitantes habilitados para
hacerlo como en el caso de las juntas de acción comunal, lo procedente debe ser
la solicitud de corrección de la demanda como se ordenará en esta providencia,
pidiendo que a la mayor brevedad posible y dentro de los términos legales
previstos para la corrección se señale específicamente en favor de cuales
titulares de los derechos que se dicen amenazados o violados se reclama la
protección y en que condiciones se produce ésta.
Con base en lo
anterior, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.  REVOCAR las sentencias relacionadas con la
acción de la referencia, proferidas por el Honorable Tribunal Administrativo
del Meta, el 8 de julio de 1992, y por el Honorable Consejo de Estado el 12 de
agosto del mismo año y por los motivos que en este fallo se han expuesto.
Segundo.  Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta
que reinicie los trámites de la petición ordenando en primer término a los
señores Luis Fernando Vargas Vargas, Aristóbulo Baquero Rojas y Leopoldo
Castillo Gordillo, que en el término que corresponda y para efectos de admitir
y darle curso a la petición, informen a ese Despacho en nombre de cuáles
personas actúan para obtener la protección de los derechos constitucionales
fundamentales a la vida y a la Salud; además, debe solicitárseles que informen
a ese Despacho cuáles son las situaciones específicas de amenaza de violación a
los derechos fundamentales mencionados.
Tercero. Comuníquese la presente decisión al
Tribunal Administrativo del Meta  para los efectos legales que corresponden y
devuélvase el expediente con todos sus anexos.
Cópiese, publíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ                  JAIME
SANIN GREIFFENSTEIN
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General