T-229-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-229/20
Referencia:
Expediente T-7.063.045
Demandante:
Mauricio Meza Blanco
Demandados:
Google Inc y Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de Colombia-MINTIC
Magistrado Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio
de dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo
Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241
Num. 9º de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de
1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander que, a su turno,
confirmó parcialmente el dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Bucaramanga, a propósito del recurso de amparo constitucional formulado por el
señor Mauricio Meza Blanco contra Google Inc. y el Ministerio de Tecnologías y
las Comunicaciones
de Colombia -MINTIC-
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 20 de junio de 2018, el
señor Mauricio Meza Blanco, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados
por Google Inc. y el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia -MINTIC-, al negarse a eliminar
el video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” de la
plataforma digital YouTube, pues, a su juicio, contiene señalamientos
difamatorios en su contra.
Los hechos y consideraciones
que respaldan dicha solicitud son los que seguidamente se exponen:
2. Hechos relevantes
2.1. Manifiesta el señor Mauricio
Meza Blanco que, en su condición de defensor de derechos humanos, vinculado a
la Corporación para el Desarrollo del Oriente “COMPROMISO”[1], ha
coordinado varios proyectos encaminados a promover la paz en la Región del
Nororiente Colombiano. Principalmente, los referentes a la “Explotación
Minera en Zonas Campesinas de Producción Alimentaria: Caso San Vicente y el
Carmen de Chucuri”; “la Defensa del territorio en ecosistemas
estratégicos y zonas de producción alimentaria del departamento de
Santander-Subregión de Chucuri y Carare-Opón” y “La seguridad
alimentaria para la defensa y permanencia de los campesinos en sus territorios”.
En ese contexto, sostiene que
ha desarrollado actividades orientadas a la formación, capacitación y asesoría
de organizaciones sociales en el uso de los mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria para la discusión de los proyectos de inversión pública
en Santander.
2.2. Afirma que, el 22 de abril de
2009, fue víctima de un intento de secuestro y de desaparición forzada por
parte de desconocidos, quienes, en el momento de la agresión, le manifestaron
que se lo iban a llevar por el trabajo que realizaba con las
comunidades[2].
Sin embargo, gracias a la ayuda de sus vecinos pudo impedir que lo
secuestraran.
2.3. Refiere que, el 18 de
noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas
cautelares para proteger su vida e integridad física, luego de advertir que el
Estado Colombiano solo le había asignado un sistema de protección temporal a
pesar de que el 25 de octubre de ese mismo año un individuo había disparado
contra su vivienda y el 31 de octubre había sido hostigado presuntamente por
agentes de inteligencia. Así mismo, al
observar que las investigaciones sobre el intento de secuestro no habían
avanzado[3].
2.4. Aduce que el 15 de julio de
2015, se publicó en la plataforma digital YouTube, en el canal de la usuaria
llamada “Alba Gómez”, un video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza
Blanco” en el que se realizan una serie de afirmaciones difamatorias en su
contra, que además de vulnerar su derecho a la honra y al buen nombre ponen en
riesgo su vida, pues también se publican datos personales e imágenes suyas.
Para el accionante, con la publicación del referido video se busca cuestionar
la labor de apoyo que realiza a las comunidades que no están de acuerdo con los
proyectos minero-energéticos en Santander.
A continuación, se transcriben
los apartes del video que el señor Meza considera como difamatorios:
“1. Con la cita ‘Yo logre cerrar
la empresa minera CENTROMIN’ empieza el video al segundo 0:37, alguien con una
voz alterada por programas de computadora manifiesta que se encuentran parados
en un centro de acopio de carbón (junto con una persona que al parecer es
trabajador de la empresa minera CENTROMIN SAS, deducción debido a la ropa que
lleva puesta) el 13 de abril de 2015; la voz alterada le hace algunas preguntas
a este trabajador: Pregunta ‘¿Este carbón pertenece a quién?’ Respuesta del trabajador
“A Centromín SA”; pregunta “¿La mina está funcionando en este momento?
Respuesta del trabajador “Si señor”; pregunta ‘¿Están sacando carbón todos los
días?’, respuesta del trabajador ‘Si, está llegando’. Al segundo 0:54 una voz
distinta señala: ‘¿Por qué están trabajando si supuestamente estaba cerrada, le
creemos al empleado o al Dr. Meza?’.
2. Al segundo 1:03 se escribe y
lee la siguiente frase: ‘Logre bloquear el Proyecto de Isagen, Hidrosogamoso’ después
la misma voz concluye: ‘Esto quiere decir que si lo bloqueó, trajo bienestar a
sus comunidades…’ Como se puede observar al decir ‘sus comunidades’ está
haciendo alusión a las personas que viven en los territorios afectados por
megaproyectos y además está queriendo decir que son personas que podrían ser subalternos
por la preposición ‘sus’. En esta sección otra vez una voz adulterada por un
programa de computación habla que ‘Estamos en la Plaza de la Gobernación de
Santander, estamos reunidos con un grupo de la comunidad (con una cámara
digital está grabando a unas personas quienes dicen ser los ‘Afectados por
Hidrosogamoso’) Los Afectados por Hidrosogamoso les pregunta a las personas ‘están
reclamando básicamente … por … unos… unos daños que les han causado, cierto la
Empresa Isagen, ustedes tienen personas que les han dicho que les van a
colaborar, que les van a ayudar, pero les han solucionado los problemas?’ ante
esta pregunta sugestiva responde una persona que aparenta ser mayor de 50 años,
con cabello de color blanco y una mujer que sale en el video con blusa de color
blanco, dice ‘No, o sea no…’ otra persona de avanzada edad también dice ‘Hasta
el momento nada…’; al minuto 1:42 de este video, se colocan imágenes de unas
fotografías sobre la construcción de la represa Hidrosogamoso, y una voz, al
parecer un participante de esta manifestación de las personas ‘Afectados por
Hidrosogamoso’ va narrando: ‘Sabemos que la Gobernación cuando llegó Isagen,
ellos fueron muy amables para decirles que entraran a la región hacernos estos
daños que nos han hecho y hasta ahora no se han pronunciado a ayudarnos ahora los
afectados’, al minuto 1:52 aquel que pregunta con voz distorsionada dice: ‘La
Empresa, ustedes tienen conocimiento que la Empresa se haya cerrado, o que la
hayan bloqueado, que en este momento no esté trabajando la Empresa o la Empresa
está trabajando como si nada y ustedes son los afectados?, contesta una de las
personas que se encuentran protestando y dice: ‘Dicen que están trabajando dos
turbinas permanentemente porque la demanda de energía aquí es mucha, entonces
que están trabajando permanentemente que inclusive por eso se ha mermado un
poquito el vaso del embalse y ahí donde usted pasa se puede dar cuenta que
ellos inundaron con toda la vegetación y que eso es lo que está causando los
daños ambientales y …’ en el minuto 2:21 se corta el mensaje y comienza a narrar
nuevamente la persona que editó el video utilizando fotografías de las personas
que estaban protestando en esa ocasión en frente de la Gobernación de Santander,
esa voz se interroga: ‘¿Es ese el bienestar que se les promete a las
comunidades? Ellos llevan más de 30 días durmiendo en la calle esperando a que
les cumplan pero NADIE lo hace’ sigue en su monologo: ‘¿Es esta la
representación que ellos buscan, por qué dicen que los dejaron solos, por qué
se fueron los supuestos representantes de las comunidades?... Ellos están en el
parque de la Gobernación de Santander, compruébelo usted mismo, vaya y conozca
su calamidad’.
3. Al minuto 2:45 la voz que ha
venido narrando la edición del video comenta: ‘Pero eso no es lo peor, Isagen
demando al Doctor Meza por argumentos injuriosos, es decir, por mentiroso’.
Seguidamente muestra un documento del 17 de noviembre de 2011, firmado en la
ciudad de Medellín por el abogado Juan Carlos Álvarez, comunicación dirigida a
Juan Carlos Rivera Salazar Director Jurídico de Isagen S.A. E.S.P.: ‘ Ref:
Informe de audiencia de conciliación en proceso penal’ en la cual rinde una
declaración de una audiencia de conciliación realizada en la Fiscalía General
dentro de la investigación penal que por el delito de injuria se inició en
contra del señor Mauricio Meza Blanco por denuncias presentadas por ISAGEN’; al
parecer durante esta diligencia el querellado se comprometía a retractarse de
unas imputaciones injuriosas que hizo en contra de la Empresa, en el video se
resalta lo siguiente: ‘Ello debe ocurrir el 30 de noviembre de 2011, en la
reunión que en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Sogamoso
realizará ISAGEN y a la cual debe asistir el denunciado para retractarse
públicamente’. Concluye el comunicado ‘Una vez se constate que el señor cumplió
con la retractación, el suscrito presentara un escrito a la Fiscalía General de
la Nación en Bucaramanga para que proceda al archivo definitivo del proceso
penal’. Finaliza con una firma del abogado Juan Carlos Álvarez Álvarez; al
minuto 3:10 en el mismo video se enseña una copia de ‘Acta de Conciliación con
Acuerdo’ firmada el 15 de noviembre de 2011 en Bucaramanga, Santander; durante
la muestra de esta acta, la voz que edita el video comienza a narrar: ‘como se
evidencia es una práctica común del Dr. Meza mentir en las reuniones frente a
las comunidades ya que nunca se le prueba que está mintiendo, hasta que llegó
ISAGEN y le demostró que estaba mintiendo y lo demandó (SIC)…concluye: ‘¿Estas
son las mentiras que necesitan las comunidades para salir adelante, estos son
los líderes que las representan?’.
4. En el minuto 3:48 comienza
nuevamente la locución del video de esta forma: ‘ Dice que bloqueó a la empresa
minera GREYSTAR, en el Páramo de Santurban y fue hasta Toronto y la hizo
cerrar…’, puntualiza que ‘Según se pudo constatar con el Dr. Carlos Espinoza
funcionario mexicano que maneja las relaciones de las empresas de Toronto en América
Latina, confirmó que no conoce a este señor Meza que jamás, que jamás un señor
Meza ha entrado a la bolsa de Toronto a oponerse a la (…) de la antigua
Greystar, teniendo en cuenta que la bolsa de Toronto es la entidad en donde
están registradas las acciones de las empresas mineras… como lo confirma él, si
hay una noticia negativa ellos son los primeros en saberla y al doctor Meza no
lo conoce… ¿Será una mentira más?, mientras habla señala una comunicación de la
empresa Greystar fechada 18 de marzo de 2011 en la que la empresa entre otras
cosas manifiesta que seguirá evaluando el proyecto.
5. Al minuto 4:30 dice el
locutor: ‘En varias ocasiones habló de sus alumnos de la Universidad Industrial
de Santander UIS y de su cargo como profesor como ya no se le puede creer nada
se le preguntó a la Universidad y esta fue la respuesta: Se colige que el
ciudadano en mención identificado con número de cédula (…) no ha estado
vinculado como docente de la Universidad Industrial de Santander’ mientras
enseña imágenes al interior de la Universidad, al parecer intento grabar a los
estudiantes sin consentimiento por lo mismo se puede ver en algunas partes del
video que se sienten incomodos o tratan de esconder el rostro.
6. Finalmente, al minuto 4:54
la misma voz cuestiona lo siguiente: ‘¿En manos de este señor están puestas sus
esperanzas y su futuro?’ continua ‘Realmente creen que él puede representarlos
como se merecen?’ refiriéndose al público en general dice: ‘¿será que está
cobrando un sueldo o es lo único que le importa? Y en ese sentido, ¿Dónde
quedan las comunidades?’ arguye de esta forma: ‘A la final se irá y los dejará
solos como lo hizo con las comunidades de Hidrosogamoso… Ya están enterados,
ustedes sabrán si siguen creyendo…”
2.5. Aduce que, como consecuencia
de la publicación del referido video, cada vez que realizaba una reunión en los
municipios en los que se discutían temas minero-energéticos se descalificaba su
intervención, razón por la cual, el 15 de noviembre de 2017, solicitó a YouTube
que lo eliminara. Sin embargo, el 20 de noviembre del mismo año, la plataforma
digital negó dicha solicitud, al considerar que no era posible determinar si,
en efecto, su contenido era difamatorio.
2.6. Afirma que la decisión de
Google Inc. de no eliminar el video denominado “Las mentiras de Mauricio
Meza Blanco” de la plataforma digital YouTube, vulnera sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre y pone en riesgo su vida e integridad
personal, pues en dicha publicación se cuestiona la labor que desarrolla como
defensor de derechos humanos en Santander.
3. Fundamentos de la acción de
tutela
Contra la decisión de la
plataforma YouTube de no eliminar el video denominado “Las mentiras de
Mauricio Meza Blanco”, el afectado, a través de apoderado judicial, formuló
la presente acción de tutela, al considerar que vulnera sus derechos
fundamentales a la
vida, al buen nombre y a la honra, por las razones que, a continuación, se exponen:
Luego de citar varias
sentencias de esta Corporación[4]
en las que se desarrollan temas como los límites del derecho a la libertad de
expresión y la protección de los derechos al buen nombre y a la honra, el
demandante controvierte cada una de las afirmaciones que se realizan en el
mencionado video, con el fin de demostrar que son difamatorias.
En relación con la acusación referente
al cierre de CENTROMIN, el señor Meza afirma que, en el año 2014, con ocasión de
las denuncias que presentó, la Corporación Autónoma Regional de Santander
suspendió las actividades de la empresa minera, toda vez que no cumplió con los
requisitos ambientales establecidos en el plan de manejo, tal y como consta en
la publicación que hizo el periódico “Vanguardia Liberal”.[5]
Así mismo, refiere que el 15 de
agosto de 2015, actuando como Coordinador del Observatorio Minero Ambiental de
la Corporación Compromiso, realizó, junto con tres (3) trabajadores de
CENTROMIN, tres (3) personas de la comunidad Carmeleña y un (1) ingeniero
ambiental, una veeduría a las instalaciones de la mina, con el fin de verificar
la construcción de las obras de aguas lluvia y de escorrentía, la construcción
de canales perimetrales y zanjas de coronación, la siembra de árboles
establecida en el programa de reforestación, las franjas forestales protectoras
de fuentes hídricas y los tratamientos de agua residuales. En dicha visita, se pudo
constatar que CENTROMIN no había realizado ninguna de las acciones previstas en
el Auto SGA N° 0210 de 2014 proferido por la Corporación Autónoma Regional de
Santander para la protección y conservación de los bosques. En ese sentido,
aduce que la clausura de dicha empresa si es resultado de su gestión.
De otra parte, frente a la afirmación
referente a que dejó solas a las comunidades aledañas al proyecto Hidrosogamoso,
advierte que, desde el año 2010, ha realizado un acompañamiento continuo a los
afectados por el mencionado proyecto, formulando las denuncias correspondientes.[6]
Por otro lado, respecto a la
denuncia que hizo Isagen en su contra, en el año 2011, por el delito de
injuria, manifiesta que la misma fue archivada, toda vez que se logró un
acuerdo entre las partes, el cual consistió en que debía retractarse de algunas
palabras. No obstante, en el video se da entender que fue condenado por dicho
delito.
De igual manera, sostiene que
el autor del video tergiversa la realidad cuando afirma que él fue hasta
Toronto y bloqueó la empresa minera Greystar. Al respecto, refiere que la
defensa por el páramo de Santurbán comenzó en el año 2010, en la sede de la Corporación
Compromiso, cuando se creó un comité encargado para la protección de dicho páramo,
el cual logró que se negara la licencia ambiental al proyecto angostura de la
empresa Greystar e impidió que se realizara minería a cielo abierto en dicho
ecosistema.[7]
Finalmente, señala que la
afirmación que cuestiona su condición de profesor universitario es falsa, pues nunca
ha manifestado ser docente de la Universidad Industrial de Santander, sino de la
Universidad Santo Tomas, en la cual ha prestado sus servicios, tal y como
consta en el certificado que adjunta.[8]
De conformidad con lo anterior,
advierte que el contenido del video denominado “Las mentiras de Mauricio
Meza Blanco”, publicado en la plataforma digital de YouTube es difamatorio,
pues busca desprestigiar su buen nombre y honra y, por lo tanto, debe ser
eliminado.
4. Pretensiones de la demanda
En orden a que se amparen las
prerrogativas iusfundamentales que estima han sido conculcadas, el actor
insta al juez de tutela para que ordene, como medida provisional, a Google Inc
y al Ministerio de
Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia –MINTIC que “en un término de 24 horas, suprima, cancele,
desindexe de los buscadores y baje el contenido del video publicado en la plataforma
YouTube, denominado ‘Las mentiras de Mauricio Meza Blanco’, publicado el 7 de
julio de 2015 por un usuario anónimo que se encuentra en la siguiente dirección
web: http: //youtu.be /qjKzVBZ0HE0”[9].
5. Pruebas que obran en el expediente
Entre las pruebas relevantes que fueron
aportadas al trámite de tutela, en su mayoría de origen documental, vale destacar las
siguientes:
·
Copia
simple de la solicitud de eliminación del video denominado “Las mentiras de
Mauricio Meza Blanco” presentada por el accionante a la plataforma digital
YouTube, bajo el argumento de que su contenido era difamatorio[10].
·
Copia
simple de la respuesta emitida por el equipo de asesoramiento legal de YouTube
a la solicitud presentada por el señor Mauricio Meza Blanco[11].
·
Copia simple de la
certificación expedida por la Directora Ejecutiva de la Corporación para el
Desarrollo del Oriente “Compromiso”, el 19 de junio de 2018, en la que consta
que el señor Mauricio Meza Blanco labora en dicha entidad desde el 15 de marzo
de 2004 y que actualmente ocupa el cargo de Coordinador de la Línea Ambiental
Institucional[12].
6. Admisión de la acción,
traslado, conformación del contradictorio y decisión sobre la solicitud de
medida provisional
El Juzgado Primero Administrativo
Oral de Bucaramanga, mediante proveído del 21 de junio de 2018, admitió la
acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a Google Inc. y al Ministerio de
Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia -MINTIC-, para que ejercieran su derecho a la defensa. Así mismo, solicitó a
Google Inc. que informara los datos de la usuaria Alba Gómez con el fin de
vincularla al proceso.
De otra parte, frente a la
medida provisional solicitada, el juez de instancia ordenó al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia -MINTIC- y a la empresa Google Inc., como
administradora del sitio web YouTube, que “en el plazo de 24 horas realice
los trámites administrativos y/o necesarios para que se autorice y se efectué
de manera provisional- mientras se dicta sentencia en esta acción-, el retiro
del video denominado ‘Las mentiras de Mauricio Meza Blanco’ publicado en la
plataforma digital YouTube el pasado 7 de julio de 2015 por la usuaria Alba
Gómez”[13].
Lo anterior, al considerar que era necesario y urgente proteger los derechos
fundamentales del accionante por ser un sujeto de especial protección
constitucional.
No obstante, la empresa Google Inc. guardó silencio.
7. Oposición a la demanda de
tutela
7.1. Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Dentro del término concedido para el
efecto[14],
Lina María Mejía
Londoño, Coordinadora del Grupo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el
que expresó que el Mintic no podía dar cumplimiento a lo ordenado por el juez
de instancia como medida provisional, en la medida en que la entidad no tenía competencia
para hacerlo, pues corresponde única y exclusivamente al administrador del
sitio en el que está publicado el video, que para el asunto en cuestión es
Google Inc.
Así mismo, solicitó que se
desvinculara a la entidad del trámite de la acción de tutela, toda vez que además
de que no participó en los hechos que la suscitan, el Mintic no realiza
funciones de inspección, vigilancia y control a ningún motor de búsqueda.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE
SE REVISAN
1. Primera instancia
En providencia del 27 de junio
de 2018, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, resolvió
tutelar los derechos fundamentales al buen nombre y honra del señor Mauricio
Meza Blanco. En consecuencia, ordenó a Google Inc., en calidad de propietaria
de la herramienta YouTube, que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación
de la providencia, eliminara el video publicado en la dirección https://youtube/qjKzVBZ0hE0.
De igual manera, ordenó a
Google Inc. que, en caso de subirse otro video o documento digital en la
herramienta YouTube con las mismas características del anterior, contra la
misma persona y en los mismos o similares términos calumniosos y deshonrosos,
procediera a su eliminación.
De otra parte, le ordenó al
Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia -MINTIC-, que, dentro de su preciso marco
funcional, hiciera que GOOGLE Inc. retirará el video cuestionado e impidiera la
permanencia de documentos digitales en YouTube del mismo o similar contenido,
adelantando para el efecto los procedimientos previstos en la ley. Así mismo,
ordenó que en cuaderno separado se iniciara el incidente de desacato por el
incumplimiento de la medida provisional. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos:
En primer lugar, advirtió que
los hechos manifestados en la acción de tutela relacionados con Google Inc. se
daban por ciertos, por cuanto dicha entidad había guardado silencio durante el
trámite, por ende, dio por sentado que dicha plataforma no había eliminado el
video cuestionado por la accionante de YouTube, toda vez que no pudo determinar
si, en efecto, su contenido era difamatorio.
De otra parte, el Juez Primero
Administrativo Oral de Bucaramanga concluyó que el contenido del video titulado
“Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” era difamatorio, pues cuestionaba
la probidad y la honestidad con que el señor Meza desarrollaba la labor de defensor
de derechos humanos sin aportar pruebas que así lo soportaran.
Así mismo, consideró que aun
cuando las plataformas virtuales han sido un gran aporte, estas también han implicado
la vulneración de derechos fundamentales, pues tal y como sucedió en este caso,
muchas veces no es posible establecer la identidad del autor de los contenidos
cuestionados. En ese contexto, plantea que el MINTIC y Google Inc. deben implementar
controles para filtrar los contenidos que crean los usuarios en las mencionadas
plataformas.
Finalmente, señaló que a pesar
de que Google Inc. no sea el autor del video “Las mentiras de Mauricio Meza
Blanco”, si es el dueño de la plataforma digital en la que se
publicó y, por lo tanto, tiene la potestad de eliminarlo. Es por ello que, el
21 de junio de 2018, ordenó a las entidades accionadas que, como medida
provisional, retiraran el video de la plataforma. Sin embargo, advirtió que
para la fecha en la que se profiere la providencia dicha publicación todavía aparece
activa, con el reporte de que ha tenido 286 visitas. [15]
2. Impugnación
La apoderada judicial de Google
LLC[16],
dentro del término previsto para el efecto, recurrió la decisión del A quo,
al considerar que el juez de primera instancia incurrió en varios yerros que
vulneraron su derecho a la defensa, toda vez que emitió la sentencia antes de
que se venciera la oportunidad procesal para contestar la acción de tutela. Lo
anterior, implicó que el fallador, al decidir, no considerara los argumentos
que presentó su representada en contra de la demanda ni la información
referente al cumplimiento de la medida provisional.
Indica que, en virtud de lo anterior,
radicó un incidente de nulidad contra la providencia de 27 de junio de 2018,
bajo la causal prevista en el artículo 133, numeral 5° del Código General del
Proceso referente a “omitir las oportunidades para solicitar, decretar o
practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo
con la ley sea obligatoria”. Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Bucaramanga negó dicha solicitud.[17]
De otra parte, en relación con
el fondo del asunto, solicitó que se revocara el numeral tercero del resuelve
en el que se ordena a Google Inc. que “en caso de subirse otro video o
documento digital en la herramienta de YouTube con las mismas características
del anterior, contra la misma persona y en los mismos o similares términos
calumniosos y deshonrosos, proceda a su eliminación[18]”.
Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, señala que la
orden cuestionada le impone a Google LLC la obligación de prevenir y controlar
que no se publique, a través de YouTube, cualquier otro video que guarde
relación con los hechos objeto de la presente acción de tutela, es decir, se le
exige a la empresa el monitoreo constante del contenido que se vaya a divulgar
en la plataforma digital. Advierte que cumplir con dicho mandato es imposible,
pues, además de que implica el procesamiento de una cantidad ilimitada de
información, no se tiene en cuenta que la misma es dinámica, toda vez que puede
ser editada, en cualquier momento por sus creadores.
Sostiene que para poder cumplir
con dicha tarea la empresa tendría que revisar todo el contenido disponible en
YouTube, pues solo así podría determinar qué publicaciones tienen alguna relación
con el video objeto de controversia o con el señor Mauricio Meza Blanco. No
obstante, aun cuando se pudiera revisar dicho contenido por completo, este en
cualquier momento, podría mutar, editarse y eventualmente volver a publicarse. En
ese sentido, advierte que el juez de instancia le impone a Google LLC la
obligación de hacer ejercicios de ponderación frente a valoraciones de tipo
subjetivas que realizan los autores de los videos.
Advierte que la autoridad
judicial es quien debe valorar si un contenido es o no calumnioso o deshonroso,
o afecta el buen nombre de un tercero, previa expresión de inconformidad del
que se considere afectado, a través de los medios judiciales destinados para
ese fin. Por lo tanto, considera que Google LLC no puede entrar a suplir o
usurpar un poder jurisdiccional, mucho menos puede saber quién es Mauricio Meza
Blanco en cada video que se sube a YouTube, y si tiene o no relación con el
video que por esta tutela se ordenó eliminar.
Aduce que la Corte
Constitucional, en Sentencias T-277 de 2015 y T-121 de 2018, señaló que hacer
responsable a Google por una información que no ha generado entraña la
posibilidad de convertir al motor de búsqueda en un censor o controlador de los
contenidos publicados por los usuarios que acceden a la red.
En ese contexto, considera que
la remoción de un video, cuando se alega la violación del derecho a la honra u
otros derechos fundamentales, debe darse como resultado de una orden judicial,
que pondere la tensión existente entre la vulneración alegada y el ejercicio
del derecho fundamental a la libertad de expresión del autor u otros.
Refiere que no puede recaer
sobre Google la obligación de determinar qué publicaciones son agraviantes, por
la sencilla razón de que los contenidos pueden depender de una infinidad de
factores que los hace diferentes unos de otros. Como por ejemplo ¿quién puede
garantizar que existe tan solo una persona llamada Mauricio Meza Blanco? ¿Qué
ocurriría si Google elimina todos los videos en los que se haga referencia al
accionante? ¿Esto podría afectar los derechos de otros ciudadanos colombianos o
de otro país con el mismo nombre? ¿Qué impacto puede tener esta acción de
monitoreo y remoción sobre la misma persona cuando la expresión Mauricio Meza
Blanco sea usada por el mismo para la promoción de su actividad? En ese
contexto, considera que no hay sistema informático que pueda hacer este
análisis de legalidad, ni equipo humano que pueda revisar en todo momento los
contenidos que se suben a YouTube.
Informa que cada minuto se
suben a YouTube 300 horas de video que pueden ser modificadas por sus creadores.
Así pues, se pregunta ¿Cómo se revisa todo este contenido buscando videos que
incluyan al reclamante y que sean injuriosos en su contra? ¿Cómo determina Google
que es injurioso, cómo reconoce Google que el video habla del reclamante en
casos en que- por citar un ejemplo-pueden mencionarlo con un nombre de
fantasía, o se refieren a un homónimo? Para la recurrente, todas estas
preguntas justifican que sea siempre el accionante, quien identifique el
contenido, porque además solo él (o la autoridad judicial competente) pueden
encuadrar determinado contenido dentro de un agravio. En razón de lo anterior,
considera que Google no debe ser quien defina todos esos parámetros sino una
autoridad judicial quien pondere los derechos subjetivos presuntamente
afectados.
Afirma que YouTube es una
herramienta desarrollada por Google LLC que permite a sus usuarios subir,
compartir y visualizar videos, los cuales han sido previamente creados, por el
mismo usuario u otros terceros, usando medios de producción y generación de
contenidos ajenos a la plataforma. Así las cosas, el portal de Internet no
crea, edita o modifica los videos, pues solo permite: (i) la creación de una cuenta
de usuario, (ii) Que el usuario suba un video previamente creado, el cual debe
cumplir con las políticas de YouTube en la medida en que previamente este ha
aceptado los términos, condiciones y políticas aplicables al servicio y a la
comunidad; (iii) Que otros usuarios puedan acceder a los videos y visualizar el
contenido de estos videos.
Refiere que Google LLC tiene políticas
de contenido para cada una de sus plataformas que buscan evitar que se aloje
contenido inadecuado o ilegal en ellas. Sin embargo, no existe control previo ni
edición sobre lo que los usuarios libremente publican, en la medida en que por
la naturaleza de la herramienta no le es posible a Google LLC o a su plataforma
YouTube intervenir en la creación o edición del contenido y si lo hiciera,
crearía una especie de poder jurisdiccional a favor de la empresa, toda vez que
de manera unilateral estaría limitando derechos fundamentales de usuarios como
es el derecho a la libre expresión lo que implicaría una posible censura. Así
pues, sostiene que, con el fin de mantener el espíritu libre, legal y de uso
legítimo de Internet, Google LLC no participa en la elaboración, edición o
modificación, ni previa, ni posteriormente de las publicaciones de los
usuarios, respetando así la libertad de expresión.
Advierte que, a pesar de que la
herramienta prevé unas políticas de contenido, pueden existir usuarios que no
las respeten y que con su conducta afecten derechos de terceros. Cuando esto
sucede, la plataforma permite que la persona afectada contacte al creador del
contenido o lo denuncie ante YouTube.
Sostiene que, de acuerdo con la
política de difamación de la herramienta, las personas que se consideren
afectadas por el contenido de algún video pueden enviar una “reclamación de
difamación”, luego de observar los siguientes criterios: “Las leyes
relacionadas con la difamación varían en función del país, pero suelen estar
orientadas a contenido que daña la reputación de una persona o empresa. A pesar
de que hay diferentes definiciones de este concepto en todo el mundo, podemos
decir que una difamación es una afirmación falsa que menoscaba la reputación de
un individuo o provoca que se le rehúya o evite.
En el proceso de bloqueo por
difamación se tienen en cuenta fundamentos legales locales y, en algunos casos,
se solicita orden judicial. Para procesar una solicitud de este tipo, la
reclamación debe ser específica y tener fundamentos legales sólidos. Por
ejemplo, es necesario explicar por qué se cree que las afirmaciones en cuestión
son falsas y en qué modo dañan la reputación de una persona.
En algunos casos, los usuarios
que suben el contenido o lo eliminan motu propio. Como sabemos que conseguir
una orden judicial puede ser costoso y lleva mucho tiempo, recomendamos a los
usuarios que se pongan en contacto con quien ha subido el video directamente”[19].
Así las cosas, indica que los
videos disponibles en YouTube se pueden dar de baja en los siguientes casos:
(i) por ir en contra de las políticas del servicio de YouTube, en cuyo caso la
herramienta los bloquea a partir de las denuncias de los usuarios, (ii) por
acuerdo o decisión propia del creador del video/contenido, en la medida en que
es el único responsable de este o (iii) por orden judicial, en la cual la
autoridad decidió que el contenido del video era ilegal.
Informa que la empresa no tiene
conocimiento sobre si el accionante contactó al creador del video cuestionado o
adelantó otro tipo de acción judicial distinta a esta. No obstante, advierte
que el señor Meza el 15 de noviembre de 2017 denunció el video “Las mentiras
de Mauricio Meza Blanco” en la herramienta YouTube, sin embargo, como no se
pudo determinar si su contenido era difamatorio, la plataforma decidió no
eliminar dicha publicación. Aduce que el canal de YouTube de la usuaria “Alba
Gómez” solo tiene tres suscriptores y un solo video.[20]
De otra parte, frente al
numeral sexto de la sentencia, en el que se ordena que, en cuaderno separado,
se inicie incidente de desacato por el incumplimiento de la medida provisional,
la apoderada judicial de Google advierte que esto no es procedente, en la
medida en que como se advirtió anteriormente, el 27 de junio de 2018, día en que
se profirió el fallo, pero estando dentro del término procesal, la empresa radicó
un escrito en el que informó que había eliminado el video cuestionado.
De conformidad con lo expuesto,
solicita al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia proferida
el 27 de junio de 2018, por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Bucaramanga.
3. Segunda instancia
El Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia de 13 de agosto de 2018, confirmó parcialmente el
pronunciamiento del A-quo, toda vez que modificó el artículo tercero de
la parte resolutiva así: “Ordenar a Google Inc. que en el futuro, al recibir
reclamaciones elevadas por cualquier medio por el señor Mauricio Meza Blanco,
identificado con cédula de ciudadanía xxx, proceda a eliminar los videos que
cualquier tercero llegue a subir a la plataforma YouTube referidos a su trabajo
como defensor de derechos humanos que reproduzcan total o parcialmente los
contenidos considerados en la sentencia del 27/06/2018 como difamatorios, que
tenía el video ‘Las mentiras de JUAN MEZA BLANCO’ que fue subido el 07.07.2015[21]”.
Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, señala que la
difusión a través de Internet de material difamatorio en contra de defensores
de derechos humanos entorpece el debate público y reduce el pluralismo de
fuentes de información que requiere la opinión pública para la adopción de
decisiones. Así mismo, reduce el control ciudadano sobre la gestión de los
asuntos públicos.
De igual manera, advierte que
la difusión de contenidos difamatorios constituye un ejercicio abusivo del
derecho a la libertad de expresión, de allí que las autoridades públicas, entre
ellos los jueces, deban optar por la toma de decisiones necesarias para
garantizar un “debate público robusto”[22], en el que participan todas las
voces que quieren hacerlo, toda vez que la escasez en la participación es
lesiva para la libertad de expresión, como un derecho “hiperprotegido”[23] por los
Estados democráticos.
Señala que la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Política exigen de las
autoridades públicas la protección de la actividad de los defensores de
derechos humanos a fin de que los debates que promueven no dejen de ser
robustos.[24]
De conformidad con lo anterior,
afirma que el Estado Colombiano debe controlar los ejercicios abusivos de la
libertad de expresión en Internet, como lo es la difusión de contenido
difamatorio, toda vez que afecta derechos de terceros, aún más cuando se dirigen
en contra de defensores de derechos humanos, lo cual exige determinar la
responsabilidad de quienes allí intervienen.
En ese contexto, considera que,
aun cuando el video cuestionado fue eliminado de la plataforma digital YouTube,
es posible que el mismo video u otro con similar contenido en contra del señor
Mauricio Meza Blanco sea publicado nuevamente sin ningún problema. En virtud de
lo anterior, mantiene el amparo otorgado y precisa la orden prevista en el
artículo tercero del fallo recurrido.
Aclara que la nueva orden no
crea un escenario de censura previa, pues solo exige actuar a Google una vez se
ha difundido un video en contra del hoy accionante, es decir, se acude al deber
de auto tutela que tienen las personas como titulares de sus derechos
fundamentales para exigir que sea el mismo actor quien identifique los videos
que reiteren el contenido difamatorio del que fue subido el 07.07.2015. Así
pues, se identifica al directamente interesado para evitar la eliminación de
contenidos referidos a homónimos.
De igual manera, sostiene que,
con la modificación del artículo tercero de la parte resolutiva, Google Inc. no
asume la condición de censor de Internet, pues solo debe eliminar reproducciones
totales o parciales del contenido que ya fue considerado como difamatorio, por
la sentencia de 27 de junio de 2018. En ese sentido, aclara que dicha
providencia es la que habilita la eliminación de los videos que se publiquen en
el futuro en los que se reitere el contenido de la publicación denominada “Las
mentiras de Mauricio Meza Blanco”.
III. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
El 21 de noviembre de 2018,
Mauricio Jaramillo Campuzano, actuando como apoderado judicial de la sociedad
propietaria y administradora de la plataforma YouTube, Google LLC, solicitó a
la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional elegir para revisión
la acción de tutela de la referencia. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos.
En primer lugar, señaló que las
decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, desconocen el precedente
de esta Corporación[25],
según el cual, los intermediarios de Internet, tales como motores de búsqueda,
plataformas digitales o servicios de Blog, no tienen la obligación ni están en
la capacidad de cumplir con cargas de monitoreo o de control previo del contenido
que publiquen los usuarios, pues dichas autoridades judiciales le ordenaron a
Google, como propietario y administrador de la plataforma YouTube, eliminar los
videos que se suban en el futuro en los que se reproduzca total o parcialmente
el contenido que había sido catalogado como difamatorio en contra del
accionante, por cuanto aquel era un defensor de derechos humanos.
Indicó que la mencionada orden es
imposible de cumplir, toda vez que las posibilidades de que se reproduzca el
video “Las Mentiras de Mauricio Meza Blanco” son ilimitadas, pues, por
ejemplo, puede que esto se haga a través de un informe periodístico o mediante
sátira o que se utilicen únicamente imágenes del video o el audio. En ese
contexto, Google tendría que decidir que contenido resulta difamatorio, es
decir, se le impone la carga jurisdiccional de determinar si un contenido es
ilegal.
Afirmó que la orden cuestionada,
al no establecer, de forma explícita, de qué manera el señor Meza debe
identificar el contenido que debe ser eliminado, también desconoce la línea
jurisprudencial de la Corte que prevé que las solicitudes y ordenes de remoción
de contenido deben discriminar de forma específica la publicación que debe ser
eliminada, a través del URL respectivo, pues no hacerlo implica que la plataforma
digital a quien se le de dicha orden se convierta en un censor o controlador de
los contenidos publicados por los usuarios que acceden a la red, toda vez que
le impone al intermediario la obligación de monitorear el contenido alojado. En
ese sentido, señaló que la orden debe establecer, por una parte, (i) que la
reclamación por parte del accionante deba hacerse por los canales que Google
dispone para el efecto dentro de la plataforma YouTube y (ii) que dicha solicitud
incluya, de manera explícita, la identificación inequívoca del contenido que
debe ser eliminado, esto es, el URL correspondiente.
Indicó que darle la orden a Google
de eliminar los videos en los que el accionante presente una reclamación sin
antes exigirle la carga al peticionario de identificar el URL en que se aloja
el contenido cuestionado, equivale a presumir que Google, en su condición de
administrador y titular de la plataforma YouTube, como intermediario de Internet,
debe procesar e identificar el contenido a eliminar. Además, afirma que el
Tribunal Administrativo de Santander le atribuye la facultad a un particular,
en este caso, el señor Mauricio Meza Blanco de determinar si un contenido es
difamatorio o deshonroso.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Es competente esta Sala de la
Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 26
de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once
de esta Corporación[26].
2. Presentación del asunto y formulación del problema jurídico
En esta ocasión, se estudia la
acción de tutela presentada por el señor Mauricio Meza Blanco, por conducto de
apoderado judicial, en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados
por Google LLC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de Colombia-MINTIC,
al negarse a eliminar el video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza
Blanco” de la plataforma digital YouTube, pues, en su parecer, contiene
señalamientos difamatorios en su contra.
De la demanda conoció, en primera instancia, el
Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, despacho que, en sentencia
de 27 de junio de 2018, concedió el amparo solicitado, al advertir que el video
objeto de reproche, en efecto, fue publicado con el fin de difamar al
accionante. En consecuencia, ordenó a Google que lo eliminara de la plataforma
digital YouTube, así como toda publicación que, en el futuro, reprodujera su
contenido. En desacuerdo con lo anterior, particularmente, con la orden de
monitoreo que dictó el A-quo, el administrador de la herramienta impugnó
dicho fallo.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander,
al resolver el recurso de apelación, confirmó parcialmente la decisión del A-quo,
toda vez que modificó la orden prevista en el numeral tercero de la parte
resolutiva, al considerar que quien debía identificar qué publicaciones
reproducían total o parcialmente el contenido difamatorio incluido en el video
“Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” era precisamente el afectado. Lo
anterior, con el fin de evitar que Google censurara otro tipo de contenido.
2.1. Planteamiento del problema jurídico
De
acuerdo con la situación fáctica expuesta, en esta oportunidad, le corresponde a la Sala
Tercera de Revisión determinar si, en efecto, Google LLC, vulneró los los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra
del accionante, al no eliminar de la plataforma digital “YouTube” el video
denominado “Las
mentiras de Mauricio Meza Blanco”. De manera previa habrá de determinarse la
procedencia de la acción de tutela en el caso objeto de estudio.
Con
ese objetivo, debe la Sala comenzar por abordar la doctrina reiterada por la
jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia excepcional de la
acción de tutela para, posteriormente, verificar si, en el caso concreto, se
satisfacen los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez,
subsidiariedad y solicitud previa de rectificación.
3. Procedencia de la acción de tutela
3.1. Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución Política
señala que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, de los
particulares, en los casos específicamente previstos por la ley.
En consonancia con dicho mandato superior,
el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta el
ejercicio de la acción de tutela, establece que “La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante (…).”
En el caso sub judice, el
demandante actúa mediante apoderado judicial debidamente acreditado en el
proceso[27]
en defensa de sus propios derechos e intereses, razón por la cual se encuentra
plenamente legitimado para promover el presente amparo constitucional.
3.2. Legitimación
por pasiva
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela será procedente contra particulares cuando
quien la promueva se encuentre en estado de indefensión frente al
demandado. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que esta
situación se presenta cuando una persona publica información o contenido que
vulnera el derecho al buen nombre y a la honra de otra, a través de las plataformas
digitales o redes sociales, pues, en principio, el agraviado se encuentra en
imposibilidad material de defenderse, pues el emisor del mensaje es quien
controla la forma, el tiempo y la manera como el mencionado contenido se
divulga. Además, el afectado no cuenta con un medio directo de reclamo ante la
plataforma digital, pues, si bien estas prevén herramientas para denunciar el
contenido lesivo que divulgan los usuarios, solo eliminan las publicaciones que
van en contra de sus políticas de servicio, dentro de las cuales no se
encuentra la publicación de contenido que vulnere los derechos al buen nombre y
a la honra de una persona. Lo anterior, por cuanto los intermediarios de Internet
no tienen los conocimientos jurídicos ni la capacidad técnica para evaluar
adecuadamente qué contenido debe ser retirado y qué puede circular en términos
de veracidad y buen nombre, pues dicha labor le corresponde a los jueces.[28]
Un ejemplo de lo anterior, son
los Términos y Condiciones de YouTube, pues, según dicha plataforma solo se
podrán reportar los videos que
tengan (i) desnudos o contenido sexual, (ii) contenido dañino o peligroso,
(iii) contenido de incitación al odio, (iv) contenido violento o gráfico, (v)
acoso y ciberacoso, (vi) spam, metadatos engañosos y estafas, (vii) amenazas,
(viii) derechos de autor, (ix) privacidad; (x) suplantación de identidad y (xi)
seguridad de los menores.[29]
Por consiguiente, solo el emisor del mensaje es quien tiene la potestad de
eliminar motu proprio el contenido que publica y que se considera
vulnera los derechos al buen nombre y a la honra de otra persona.
Ahora
bien, otra situación en la que se configura el estado de indefensión, pero,
esta vez, respecto de las herramientas digitales es cuando se desconoce la
identidad del autor del mensaje, pues aun cuando las plataformas o redes
sociales no son responsables del contenido lesivo que publican sus usuarios, al
tener la potestad de eliminarlo son las únicas que pueden restablecer los
derechos lesionados y, por ende, se convierten en destinatarios directos de una
eventual orden judicial.
No obstante lo anterior, el
juez de tutela, en cada caso, deberá analizar la confluencia de elementos
subjetivos y objetivos que prueben la falta de medios materiales y jurídicos de
defensa, o, de existir la falta de idoneidad y eficacia de los mismos.
Bajo ese entendido, en el caso objeto de estudio, se advierte que
el accionante el 15 de noviembre de 2017 solicitó a YouTube que eliminara el
video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco”. Sin embargo, la
plataforma digital negó dicha solicitud, al considerar que no era posible
determinar si, en efecto, el contenido de dicha publicación era difamatorio. Es
decir, el mecanismo de reporte no fue eficaz para la protección de los derechos
invocados por el accionante, pues aun cuando se agotó, YouTube cumpliendo con
sus cargas y de acuerdo con el vínculo jurídico con el usuario, concluyó que no
era evidente la vulneración a sus “Términos y Condiciones”.
De conformidad con lo expuesto, Google LLC está legitimado como
parte pasiva en el presente asunto, porque al desconocerse la identidad del
autor del video censurado por el accionante, dicha plataforma se convierte en
la destinataria directa de una eventual orden de tutela como administrador y propietario
de la herramienta YouTube.
Contrario a lo anterior, se advierte que
el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia-MINTIC no está
legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no se le endilga ninguna
actuación u omisión que amenace o haya violado los derechos fundamentales del
accionante.[30]
3.3. Inmediatez
La eficacia de la acción de tutela frente a la protección de los
derechos fundamentales se encuentra relacionada directamente con la aplicación
del principio de la inmediatez, presupuesto sine qua non de procedencia
de dicha acción, dado que su objetivo primordial se encuentra orientado hacia
la protección actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales. Bajo ese
contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, siendo el
elemento de la inmediatez consustancial al amparo que este mecanismo brinda a
los derechos de las personas, ello necesariamente conlleva que su ejercicio
deba ser oportuno y razonable[31].
Respecto de la oportunidad para su presentación, esta Corporación
ha sido enfática en señalar que debe ejercitarse dentro de un término razonable
que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente
trasgredido o amenazado, pues, de lo contrario, el amparo constitucional podría
resultar inocuo, o desproporcionado frente a la finalidad que persigue, que no
es otra que la protección actual,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales[32]. Sobre esa
base, será el juez de tutela el encargado de ponderar y establecer, a la luz
del caso concreto[33],
si la acción se promovió dentro de un lapso prudencial.
Según lo expuesto previamente, la Sala concluye que la exigencia de inmediatez también está
debidamente acreditada en el asunto que se revisa, toda vez que el amparo
constitucional se promovió en un término razonable y proporcional a los hechos
que originaron la presunta vulneración. Ello, si se tiene en cuenta que, (i) solo
hasta el año 2017, el accionante percibió los efectos del video “Las
mentiras de Mauricio Meza Blanco”, en las reuniones en las que se discutían
los proyectos minero-energéticos que se desarrollaban en el departamento de
Santander, pues en estas se utilizó el contenido de dicha publicación para
descalificar sus intervenciones; (ii) el 20 de noviembre de 2017, la plataforma
digital YouTube negó la petición de eliminación del mencionado video, toda vez
que no pudo determinar si su contenido era difamatorio y (iii) para la fecha en
que se presentó la acción de amparo[34]
el video cuestionado seguía publicado en la plataforma digital YouTube, es
decir, que persistía la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.[35]
3.4. Solicitud previa de rectificación
Esta Corporación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20
de la Constitución y 42.7 del Decreto 2591 de 1991, ha señalado que, cuando se
alega la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra, el juez de
tutela debe verificar el cumplimiento del requisito de procedibilidad referente
a que el afectado, previamente, haya solicitado al medio de comunicación
correspondiente la rectificación de la información divulgada.
Ahora bien, es importante destacar que la jurisprudencia
reciente de esta Corte ha extendido dicha prerrogativa a otros canales de
divulgación de información distintos de los tradicionales (prensa, radio,
televisión, etc.), como es el caso de los portales de Internet y redes
sociales, precisando que la solicitud previa de rectificación será imperativa
siempre que a través de estos se ejerza una actividad periodística[36].
En ese orden de ideas, la solicitud previa de rectificación como
requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela es
exigible cuando la información que se predica inexacta o errónea es divulgada a
través de los medios de comunicación o de informes periodísticos publicados en
redes sociales por personas que actúan en calidad de periodistas, o quienes sin
ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a emitir información[37]; no así
cuando lo hace un particular que no ejerce la actividad periodística[38].
En el presente caso, estima la Sala que el
señor Mauricio Meza Blanco no estaba en la obligación de solicitar al perfil
anónimo, identificado con el nombre de “Alba Gómez” que rectificara la
publicación presuntamente trasgresora de su derechos fundamentales antes de
acudir a la acción de tutela, toda vez que, si bien es cierto esta se realizó a
través de la plataforma digital YouTube, su contenido no corresponde a un
informe periodístico, ni su autor ejerce la profesión de periodista ni tiene por
oficio habitual la difusión de información. Ello, por cuanto se advierte que el
canal “Alba Gómez” solo fue creado con el fin de difundir el video cuestionado.
3.5. Subsidiariedad
Este tribunal ha señalado, de manera reiterada y uniforme, que la
acción de tutela es un instrumento de defensa judicial de carácter subsidiario
y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento
preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos
constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los casos expresamente previstos por el legislador.
El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es
procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa
a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, el artículo 86 de la
Constitución Política señala expresamente que “esta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
En relación con la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la intimidad (artículo 15 de la C.P.), al buen nombre (artículo
15 de la C.P.) y a la honra (artículo 21 de la C.P.)[39], esta
Corporación ha considerado que, aun cuando el ordenamiento jurídico prevé la
acción penal para sancionar los delitos de injuria y calumnia[40], en estos casos, la
acción de tutela[41]
también resulta procedente con el propósito de evitar “que los efectos de
una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo como
acontecimientos reales y fidedignos”[42].
Recientemente, esta Corporación, en Sentencia SU-420 de 2019,
precisó que el presupuesto de subsidiariedad, en estos casos, debe analizarse a
partir del contexto en que se emite el mensaje cuestionado, ello con base en
los siguientes parámetros: quién comunica[43],
respecto de quién se comunica[44]
y cómo se comunica[45].
Lo anterior, con el fin de establecer si el asunto es relevante
constitucionalmente.
En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a determinar el
contexto en que se publicó el video “Las mentiras
de Mauricio Meza Blanco”. En primer lugar,
se advierte que el emisor del mensaje es un perfil anónimo, que se oculta
bajo el nombre de “Alba Gómez”. Según el administrador de la plataforma
YouTube, dicho canal solo tiene tres suscriptores y
un solo video publicado, precisamente, el que considera lesivo el accionante.[46]
En segundo término, se observa que la persona sobre la
cual se emite el mensaje es una persona natural, el
señor Mauricio Meza Blanco, quien se desempeña como defensor de derechos
humanos en el departamento de Santander, específicamente como Presidente y Coordinador de la Línea
Ambiental Institucional de la Corporación Compromiso[47]. Dicha entidad “es una
organización social transformadora de actores políticos y sociales
(individuales y colectivos), que contribuye a fortalecer los procesos de
defensa y permanencia en el territorio con autonomía y soberanía. Para ello
fortalece capacidades locales, construye tejido social con relaciones
democráticas y moviliza la exigibilidad de los derechos de los actores de
cambio con los que trabaja”[48].
En ese contexto, se advierte que el accionante es una persona con
notoriedad pública[49],
en razón de la actividad que desempeña como defensor de derechos humanos, pues
en ejercicio de esta ha coordinado varios proyectos encaminados a promover la
paz en la Región del Nororiente Colombiano. Principalmente, los referentes a la
“Explotación Minera en Zonas Campesinas de Producción Alimentaria: Caso San
Vicente y el Carmen de Chucuri”; “la Defensa del territorio en
ecosistemas estratégicos y zonas de producción alimentaria del departamento de
Santander-Subregión de Chucuri y Carare-Opón” y “La seguridad
alimentaria para la defensa y permanencia de los campesinos en sus territorios”.
Ahora, para analizar el contenido del mensaje, el medio o canal a
través del cual se publicó y su impacto, la Sala hará uso únicamente de la
transcripción que hizo del mismo el accionante. Lo anterior, toda vez que no es
posible revisar el video “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco”, pues fue eliminado de la plataforma YouTube, en
cumplimiento de una orden judicial, específicamente, de la emitida por el A quo
en este proceso, al resolver la solicitud de medida provisional.
Así pues, revisado el contenido del video “Las mentiras de Mauricio
Meza Blanco” se advierte que el mismo
constituye una opinión respecto de la gestión que como defensor de derechos
humanos ha desempeñado el accionante, pues se cuestiona si, en efecto, es el
responsable del cierre de la empresa CENTROMIN, de la suspensión del proyecto
Hidrosogamoso y del bloqueo a la empresa minera GREYSTAR. Así mismo, se emite
un juicio sobre el proceso penal que ISAGEN adelantó en contra del actor por
los delitos de injuria y calumnia y respecto a su condición de docente de la Universidad
Industrial de Santander. En otras palabras, el video cuestionado contiene la
interpretación subjetiva que hace el usuario “Alba Gómez” del actuar público
del accionante como defensor de derechos humanos, pues en dicha publicación se
reprocha, debate y critica su gestión social.
Finalmente, se observa que el video “Las mentiras
de Mauricio Meza Blanco” fue publicado, el
15 de julio de 2015, en la plataforma digital YouTube, específicamente, en el
canal de la usuaria denominada “Alba Gomez”. No obstante, el accionante
percibió el impacto de dicha publicación hasta el año 2017 en las reuniones en
que se discutían temas mineros-energéticos, pues en estas se descalificaban sus
intervenciones haciendo alusión al contenido de dicha publicación, razón por la
cual, el 15 de noviembre de ese mismo año, solicitó a la plataforma que
eliminara el mencionado video. Sin embargo, Google LLC negó dicha petición,
toda vez que no pudo determinar si el contenido era difamatorio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala
considera que el asunto objeto de estudio es relevante constitucionalmente en
la medida en que se plantea la discusión sobre la responsabilidad de los
intermediarios de Internet respecto del contenido que publican los usuarios.
Particularmente, se discute la presunta vulneración de los derechos al buen
nombre y a la honra de un defensor de derechos humanos por parte de un perfil
anónimo con la publicación del video denominado “Las mentiras de Mauricio
Meza Blanco” en la herramienta digital YouTube.
Establecida, entonces, la procedencia de
la acción de tutela en el caso objeto de estudio, le corresponde a la Corte
determinar si
Google LLC, como administrador de la herramienta YouTube, vulneró los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante, al negarse a eliminar
el video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” de dicha
plataforma.
Con ese objeto, la Sala Tercera de
Revisión abordará los
siguientes temas: (i) el derecho a la libertad de expresión en Internet; (ii)
el principio de neutralidad en la red y (iii) el régimen de responsabilidad de
los intermediarios de Internet por el contenido que publican terceros.
4. El derecho a la libertad de expresión
en Internet. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución
Política, en su artículo 20, dispone que “[s]e
garantiza a toda persona [natural o jurídica] la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Esta norma constitucional consagra varios derechos y libertades fundamentales que, aunque diferenciables
en cuanto a su objeto, contenido y ámbito de aplicación, comúnmente se agrupan
bajo la categoría genérica de “libertad de expresión”.
Bajo ese entendido, el citado artículo 20 superior, en su acepción
general, incorpora la garantía de protección de: (i) la libertad de expresión
en sentido estricto; (ii) la libertad de pensamiento; (iii) la libertad de
opinión, (iv) la libertad de información; (v) la libertad de fundar medios
masivos de comunicación; (vi) la libertad de prensa con su consiguiente
responsabilidad social; (vii) el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad y (viii) la prohibición de censura.[50]
Según la jurisprudencia
constitucional, la libertad de expresión, en su aspecto individual, comprende
no solamente el derecho formal a expresarse como tal sin interferencias
arbitrarias, sino el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir
el propio pensamiento, y no se agota, por lo tanto, en el reconocimiento del
derecho a hablar o escribir, sino que va ligada al derecho a utilizar cualquier
medio adecuado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de
destinatarios. Al ser la expresión inseparable del medio de difusión, las
restricciones sobre las posibilidades de divulgación constituyen, igualmente,
una limitación de la libertad de expresión[51].
En ese sentido, esta Corporación ha
señalado que el
acceso masivo de personas a Internet, sin lugar a dudas, ha representado un
cambio en la forma en que se lleva a la práctica la libertad de expresión. La
revolución informática ha alterado los medios a través de los cuales el mundo
se comunica, pues ha hecho viable la transmisión de datos en tiempo real a
través de múltiples formatos, de tal suerte que resulta posible para dos
personas en lejanas ubicaciones geográficas tener contacto inmediato. Es por
ello que Internet ha jugado un papel central en la reducción o eliminación de
las distancias que hasta buena parte del siglo XX apartaron a los pueblos.[52]
En términos del Relator Especial para
la Libertad de Expresión de la OEA[53] “Internet
ha facilitado exponencialmente el ejercicio de la libertad de expresión en
todas sus dimensiones, diversificando y multiplicando los medios de
comunicación, la audiencia -potencialmente global-, disminuyendo los costos y
los tiempos[54],
además de ofrecer condiciones inmejorables para la innovación y ejercicio de
otros derechos fundamentales[55]”. Así
pues, Internet ha aumentado la capacidad de las personas de recibir, buscar y
difundir información, en la medida en que “la red permite la creación en
colaboración y el intercambio de contenidos-es un ámbito donde cualquiera puede
ser autor y cualquiera puede publicar. A la vez, ayuda a comunicarse, colaborar
e intercambiar opiniones e información. Esto representa una forma de
democratización del derecho a la libertad de expresión, en el que el discurso
público deja de ser “moderado” por periodistas profesionales o los medios
tradicionales.”[56]
Por
último, es conveniente puntualizar que, de acuerdo con la Declaración Conjunta
sobre Libertad de Expresión e Internet[57], “la libertad de expresión se
aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”[58]. Bajo esa
premisa, “las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo
resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales[59].
Sobre
el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al aplicar el
artículo 13 de la Convención,
desarrolló un “test tripartito”[60][61] para determinar si una
limitación del derecho a la libertad de expresión es permisible. Así pues, la restricción
debe: (i) estar definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y
material, orientada al logro de objetivos autorizados por la Convención Americana;
2) ser necesaria e idónea para el logro de los fines que busca una sociedad democrática
y; 3) ser proporcional a la finalidad que persigue.
Un ejemplo
de lo anterior es el caso Usón Ramírez vs Venezuela[62] en el que la Corte
Interamericana estudió la demanda referente a la “interposición de un
proceso penal ante el fuero militar por el delito de Injuria a la Fuerza Armada
Nacional, en perjuicio del General Retirado Francisco Usón Ramírez […], y la
posterior condena a cumplir una pena privativa de la libertad de cinco años y
seis meses, como consecuencia de ciertas [supuestas] declaraciones que el señor
Usón emitió durante una entrevista televisiva sobre hechos que [alegadamente]
eran tema de controversia y debate público en ese momento”. En dicha
oportunidad, la Corte concluyó que la imposición de una responsabilidad
ulterior al señor Usón Ramírez por el delito de injuria contra las Fuerzas
Armadas violó su derecho a la libertad de expresión, ya que en la restricción a
dicho derecho no se respetaron las exigencias de legalidad, idoneidad,
necesidad y proporcionalidad. Consecuentemente, el Estado violó el principio de
legalidad y el derecho a la libertad de expresión reconocidos en los artículos
9 y 13.1 y 13.2 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con la
obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta
en el artículo 1.1 de dicho tratado y el deber de adoptar disposiciones de
derecho interno estipulado en el artículo 2 del mismo, en perjuicio del señor
Usón Ramírez.
En ese
contexto, las limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs,
aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en Internet,
electrónicos, o similares, incluyendo sistemas de apoyo, como PSI, o motores de
búsqueda, serán admisibles sólo en la medida en que sean compatibles con las
condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión.[63]
Siguiendo
con lo expuesto, por resultar de interés a esta causa, a continuación, la Sala hará una
breve aproximación sobre el principio de neutralidad en la red.
5. El principio de
neutralidad en la red
Dentro de
las características que hacen de Internet un espacio idóneo para la
manifestación de diversas formas de expresión se incluyen: (i) libertad de
acceso; (ii) multiplicidad de formatos de información; (iii) descentralización
en la producción y consumo de información; (iv) posibilidad de interacción de
los usuarios en tiempo real y (v) neutralidad en cuanto al tipo de información
compartida, entre otras. [64]
Particularmente,
el principio de neutralidad en la red busca
evitar que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por
medio de Internet esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de
bloqueos, filtraciones, o interferencias[65].
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(e)l
tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún
tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido,
autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”[66].
En virtud de
lo anterior, varios países han adoptado legislaciones en las que consagran el
principio de neutralidad en la red, tal es el caso de Argentina, que mediante
Ley 27.078 de 2014 reconoció a los usuarios “el derecho a acceder, utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo
a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación,
distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o degradación”[67]. Para garantizar dicha
prerrogativa, el Congreso Argentino prohibió a los prestadores de Servicios de
TIC bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar o restringir la
utilización, envío, recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier contenido,
aplicación, servicio o protocolo salvo orden judicial o expresa solicitud del
usuario, entre otras cosas.[68]
De igual manera, el Congreso de
los Estados Unidos de México, a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión[69],
determinó que los
usuarios de los servicios de Internet podrán acceder a cualquier contenido ofrecido
por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco
legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar su acceso. Así
mismo, estableció que los concesionarios y los autorizados a comercializar que
presten el servicio de acceso a Internet deberán abstenerse de obstruir,
interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o
servicio.
Por su parte, en Colombia, el Congreso de la República, en la
Ley 1450 de 2011, en su artículo 56, estableció que “Los prestadores del
servicio de Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir
el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u
ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet.
En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet
o de conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o
servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de estos”.
De conformidad con lo expuesto,
la protección de la neutralidad de la red es fundamental para garantizar la
pluralidad y diversidad del contenido[70].En
esa medida, el Estado no sólo debe minimizar las
restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la
mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate
público, impulsando el pluralismo informativo.[71]
Sobre el particular, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “[l]as
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”[72].
Ahora bien, para el Relator
Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y
de Expresión de Naciones Unidas[73]
“aunque los Estados son los garantes de los derechos humanos, las instancias
privadas y las empresas comerciales también son responsables del respeto de
esos derechos”. En ese contexto, las entidades privadas que participan en Internet
ejercen un rol sin precedentes como mediadores del derecho a la libertad de
expresión y acceso a la información.[74]
Por consiguiente, resulta relevante analizar cuál es el régimen de
responsabilidad de los intermediarios de Internet, particularmente, respecto del
contenido que publican los usuarios.
6. El régimen de responsabilidad de los
intermediarios de Internet por el contenido que publican terceros.
El
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet depende, en gran
medida, de varios actores, principalmente privados, que actúan como
intermediarios al ofrecer servicios como el acceso y la interconexión; la
transmisión, el procesamiento y encaminamiento del tráfico; el alojamiento de
material publicado por terceros y el acceso a este, la referencia a contenidos
o la búsqueda de materiales en la red; la realización de transacciones
financieras; y la conexión entre usuarios a través de plataformas de redes
sociales, entre otros.[75]
Así pues, existen una gran cantidad de intermediarios y distintas maneras de
clasificarlos; entre los más relevantes se incluyen a los proveedores de
servicios de Internet, los proveedores de alojamiento de sitios Web, las
plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda.
En
ese orden de ideas, los intermediarios de Internet cumplen un rol esencial para
el ejercicio de la libertad de expresión en la red, pues son los que permiten
la circulación de ideas y contenido[76].
En esa medida, los actores privados son los responsables de crear un entorno en
el que no se restrinja dicho derecho.[77]
Ahora bien, frente a la
responsabilidad de los intermediarios de Internet respecto del contenido que
publican los usuarios, la
Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de 2011[78] establece que “Ninguna persona
que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o
conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por
contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos
servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se
niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en
condiciones de hacerlo (principio de mera transmisión)”[79].
En el mismo sentido, la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión promueve que las
responsabilidades ulteriores sean impuestas sobre los autores de la expresión y
no sobre los intermediarios.
Para la CIDH[80], la
anterior regla supone la exclusión de un modelo de responsabilidad objetiva
conforme al cual los intermediarios sean responsables por contenidos ilegítimos
generados por terceros, pues este sería incompatible con los estándares mínimos
en materia de libertad de expresión. En efecto, resulta imposible exigir que los intermediarios
tengan el deber legal de revisar todos los contenidos que circulan por su
conducto o presumir razonablemente que, en todos los casos, está bajo su
control evitar el daño potencial que un tercero pueda generar utilizando sus
servicios. En ese orden de ideas, los intermediarios no deben estar sujetos a
obligaciones de supervisión de los contenidos generados por los usuarios con el
fin de detener y filtrar expresiones ilícitas[81].
Lo anterior, en la medida en que responsabilizar
a un intermediario en el contexto de una red abierta, plural, universalmente
accesible y expansiva, sería tanto como responsabilizar a las compañías de
teléfono por las amenazas que por vía telefónica una persona profiere a otra
causándole con ello incertidumbre y dolor extremo[82]. En primer lugar,
porque en la mayoría de los casos, los intermediarios no tienen la capacidad
operativa/técnica para revisar los contenidos de los cuales no son responsables
y en segundo lugar, porque no tienen el conocimiento jurídico necesario para
identificar en qué casos un determinado contenido puede efectivamente producir
un daño antijurídico que debe ser evitado y, en todo caso, si contaran con el
número de operadores y abogados que les permitiera realizar este ejercicio, los
intermediarios, en tanto actores privados, no necesariamente considerarían el
valor de la libertad de expresión, al tomar decisiones sobre contenidos producidos
por terceros que puedan comprometer su responsabilidad[83].
En virtud de lo anterior, el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de Expresión, ha señalado que responsabilizar a los
intermediarios del contenido que difunden o crean sus usuarios “menoscaba
gravemente el disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión,
pues da lugar a una censura privada de autoprotección excesivamente amplia, a
menudo sin transparencia y sin las debidas garantías procesales”[84].
Sobre el particular, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos[85]
ha enfatizado que la libertad de expresión no se agota en el derecho abstracto
a hablar o escribir, sino que abarca inseparablemente el derecho a la difusión
del pensamiento, la información, las ideas y las opiniones por cualesquiera
medios apropiados que se elijan para hacerlo, incluyendo el derecho de llegar
al mayor número de destinatarios. Para garantizar efectivamente esta libertad,
el Estado no debe restringir la difusión a través de la prohibición o
regulación desproporcionada o irrazonable de los medios. En ese sentido,
limitaciones desproporcionadas, que desnaturalicen el funcionamiento de Internet
y limiten su potencial democratizador como medio al alcance de un universo
expansivo de personas, constituyen directamente y en la misma medida una afectación
de la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, esta Corporación, en
Sentencia T-277 de 2015, señaló que los intermediarios de Internet no son
responsables del contenido o de las actividades que desarrollan los usuarios
del sistema, pues, de lo contrario, se afectarían los principios de neutralidad
en la red y de acceso en igualdad de condiciones y no discriminación, toda vez
que los actores privados se convertirían en censores del contenido y tipo de
información que comparten los usuarios.[86]Específicamente, en
dicha oportunidad, la Corte afirmó:
“La relación existente entre
el libre tráfico de ideas en la red y la libertad de expresión se deriva de que
este derecho no solo faculta a las personas para manifestar sus ideas y
opiniones, y para transmitir información, sino que también protege que el contenido
expresado se difunda y llegue a otros. Así las cosas, imponer responsabilidades
a los intermediarios de Internet por los contenidos transmitidos limitaría de
forma importante la difusión de ideas por este medio de comunicación, pues les
daría el poder para regular el flujo de información en la red. En cuanto a
quienes generan la información, la Relatoría para la Libertad de Prensa ha
indicado que las responsabilidades ulteriores solamente pueden ser impuestas a
los autores de lo expresado en Internet, es decir, a quienes son directamente
responsables de la expresión ofensiva.”
De
igual manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Auto 285 de 2018, determinó
que
la orden que se dictó en la Sentencia T-063A de 2017, tendiente a la creación
de un filtrado de contenido a cargo de Google que no permitía que se realizaran
publicaciones con determinadas características en la plataforma Blogger,
habilitaba una especie de censura sin orden judicial previa, al imponer una
obligación de monitoreo constante para la eliminación automática de contenido
sobre una misma temática. Además, no contó con un análisis siquiera somero
sobre los límites y restricciones constitucionalmente válidos para la libertad
de expresión y de pensamiento.
En dicha oportunidad, la Corte señaló
que se
hacía imperioso efectuar un estudio sobre la diferencia entre la persona que
crea el contenido y lo publica, respecto del propietario de la herramienta que
solo facilita la publicación, en la medida en que “la responsabilidad del
creador del contenido de las afirmaciones calificadas como
difamatorias, desproporcionadas y calumniosas en la referida providencia, no es
equiparable al rigor en el trato proporcionado a los intermediarios en Internet
que sirvieron como medio para alojar el contenido vejatorio”.
En
virtud de lo anterior, esta Corporación, al proferir la sentencia de reemplazo
SU-420 de 2019, señaló: “(i) la
libertad de expresión, como garantía fundamental de cualquier sociedad
democrática, adquiere una especial garantía en el entorno digital, al brindar
un acceso simple y rápido a un amplio número de personas; (ii) la restricción a
este derecho se puede dar cuando se concluye una flagrante vulneración a los
derechos a la honra, buen nombre e intimidad como resultado de un ejercicio de
ponderación de derechos; (iii) los intermediarios de internet cuentan con un
proceso de auto control, el cual no escapa de la intervención judicial; (iv)
las plataformas no pueden censurar de manera previa el contenido introducido
por sus usuarios; (v) la responsabilidad por afectación de un derecho está en
cabeza de quien hace una publicación; y (vi) si bien el intermediario no es el
responsable de la afectación a la honra o buen nombre, debe proceder a retirar
el contenido cuando quiera que un juez decida que la información debe ser
excluida de la esfera pública”.
Así mismo, la Corte ha reiterado que la Constitución
reconoce la libertad de expresar, de difundir el pensamiento y las opiniones y
de informar y recibir información veraz e imparcial. Por consiguiente, una
medida que restrinja contenidos catalogados prima facie como violatorios
del buen nombre y la honra conduce a sacrificar injustificadamente las
mencionadas libertades, en la medida en que se estaría avalando la restricción
del tráfico de contenidos, sin considerar la veracidad que pudiera caracterizar
los hechos objeto de divulgación y sin considerar el papel que la información
cumple el grupo social en algunos ámbitos. De igual manera, para la Corte, la
imposición de una medida tendiente a obligar a YouTube a impedir la divulgación
de contenidos que, según sus políticas, atentan contra el buen nombre o la
honra, también restringe el derecho que tienen los “otros usuarios” de la
plataforma a recibir información y a buscar información relevante para su vida
en sociedad, cuando quiera que la misma sea veraz e imparcial, y sin
consideración a que pueda conducir a una apreciación negativa respecto de
alguien. Adicionalmente, a estos últimos se les impide, indirectamente, ejercer
el control social que les corresponde como actores de una colectividad
democrática, en el sentido de que se les priva de acceder a la información que
les sirve de insumo para tal fin, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento que resulte idóneo[87].
Sobre el particular, la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión ha enfatizado que, en ningún caso, se puede
imponer una medida ex-ante que impida la circulación de cualquier
contenido que tenga presunción de cobertura[88].
Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de
servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen
una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la
libertad de expresión. En ese contexto, advierte que las medidas de bloqueo de
contenidos no se pueden utilizar para controlar o limitar la difusión de
discursos especialmente protegidos o que tienen presunción de protección cuando
dicha presunción no ha sido desvirtuada por una autoridad competente que
ofrezca suficientes garantías de independencia, autonomía e imparcialidad.
En el mismo
sentido, la Corte IDH ha
señalado que “las responsabilidades ulteriores derivadas del ejercicio
abusivo de la libertad de expresión deben ser siempre ordenadas por un juez o
autoridad jurisdiccional independiente e imparcial, respetando las garantías
del debido proceso. Estas medidas en todos los casos deben ser proporcionadas,
no deben ser discriminatorias ni producir efectos discriminatorios, ni pueden
constituir censura a través de medios indirectos, específicamente prohibidos
por el artículo 13.3 de la Convención Americana[89]”
Cabe
señalar que la plataforma digital YouTube prevé unos Términos y Condiciones en
los que se establece qué contenido es manifiestamente ilegal y, por lo tanto,
prohíbe su publicación: (i) imágenes de desnudos o contenido sexual; (ii)
contenidos perjudiciales o peligrosos; (iii) contenidos de incitación al
odio; (iv) contenido violento o explícito; (v) acoso y
hostigamiento virtual (bullying)[90];
(vi) spam (basura), metadatos engañosos o trampas; (vii)
amenazas; (viii) contenidos que afecten o desconozcan derechos de autor;
(ix) contenidos de menores en situación de riesgo; e (x)
información publicada al margen de los lineamientos de privacidad.
Adicionalmente, en dichos lineamientos se indica que los usuarios deben cumplir
con las leyes aplicables, incluida la que prohíbe la pornografía infantil y
otras establecidas en la legislación colombiana sobre contenidos prohibidos. En
ese contexto, se advierte que los lineamientos no contienen una
prohibición expresa de publicar contenidos que atenten contra el buen nombre o
la honra de terceros. Sin embargo, esta Corte ya ha precisado que una medida
tendiente a imponer una obligación en ese sentido, primero, atentaría contra
las libertades fundamentales de expresión, de opinión y de información;
segundo, daría lugar a una censura previa; y tercero, implicaría la imposición
de deberes de imposible cumplimiento[91].
En ese orden de
ideas, de acuerdo con los estándares internacionales y la jurisprudencia de
esta Corporación, para garantizar la libertad de expresión en línea e impedir
la censura previa es necesario dotar a los intermediarios de Internet de
inmunidad por los contenidos que terceros difunden a través de sus plataformas,
pues, como se explicó, dichos actores privados, además de que no redactan la
información, no tienen los conocimientos jurídicos, el contexto o la capacidad
técnica para evaluar adecuadamente qué debe ser censurado y qué puede circular
en términos de veracidad y buen nombre. Por consiguiente, los intermediarios de
Internet solo deben proceder a retirar cierto contenido cuando un juez
imparcial y autónomo, luego de ponderar los derechos en discusión, decida que
la información debe ser excluida de la esfera pública.
Establecido lo anterior, procede la Sala
de Revisión a abordar el estudio del caso concreto.
7. Caso Concreto
En esta ocasión, se estudia la
acción de tutela presentada por el señor Mauricio Meza Blanco, por conducto de
apoderado judicial, en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados
por Google LLC, al negarse a eliminar el video denominado “Las mentiras de
Mauricio Meza Blanco” de la plataforma digital YouTube, pues, a su juicio,
contiene señalamientos difamatorios en su contra.
De la demanda conoció, en primera instancia, el
Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, despacho que, en sentencia
de 27 de junio de 2018, concedió el amparo solicitado, al advertir que el video
objeto de reproche, en efecto, fue publicado con el fin de difamar al
accionante. En consecuencia, ordenó a Google que lo eliminara de la plataforma
digital YouTube, así como toda publicación que, en el futuro, reprodujera su
contenido. En desacuerdo con lo anterior, particularmente, con la orden de monitoreo
que dictó el A quo, el administrador de la herramienta impugnó dicho
fallo.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander,
al resolver el recurso de apelación, confirmó parcialmente la decisión del A
quo, toda vez que modificó la orden prevista en el numeral tercero de la
parte resolutiva, al considerar que quien debía identificar qué publicaciones
reproducían total o parcialmente el contenido difamatorio incluido en el video
“Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” era precisamente el afectado. Lo
anterior, con el fin de evitar que Google censurara otro tipo de contenido.
Textualmente, el Tribunal decidió: “Ordenar a Google Inc que en el futuro, al
recibir reclamaciones elevadas por cualquier medio por el señor Mauricio Meza
Blanco, identificado con cédula de ciudadanía xxx, proceda a eliminar los
videos que cualquier tercero llegue a subir a la plataforma YouTube referidos a
su trabajo como defensor de derechos humanos que reproduzcan total o
parcialmente los contenidos considerados en la sentencia del 27/06/2018 como
difamatorios, que tenía el video ‘Las mentiras de JUAN MEZA BLANCO’ que fue
subido el 07.07.2015”.
De
acuerdo con la situación fáctica expuesta, en esta oportunidad, le corresponde a la Sala
Tercera de Revisión determinar si, en efecto, Google LLC, vulneró los los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra
del accionante, al no eliminar motu proprio de la plataforma digital
“YouTube” el video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco”. Al respecto, cabe
señalar que, de conformidad con los estándares internacionales y la jurisprudencia de esta Corporación, los intermediarios de Internet no son responsables del contenido
que crean y difunden los usuarios, pues, ello implicaría que los actores
privados se convirtieran en censores del contenido que estos publican. Además, se
afectarían los principios de neutralidad en la red y de acceso en igualdad de
condiciones y no discriminación.
Sobre este punto en particular,
la Corte ha señalado que “[l]a responsabilidad de los intermediarios con
respecto al contenido difundido o creado por sus usuarios menoscaba gravemente
el disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión, pues da lugar
a una censura privada de autoprotección excesivamente amplia, a menudo sin
transparencia y sin las debidas garantías procesales”[92].
Así las cosas, las autoridades judiciales, al
resolver estos casos, deberán diferenciar la responsabilidad que recae sobre el
usuario de Internet que crea y difunde el contenido que se considera lesivo, de
la labor de intermediación que realiza el propietario de la herramienta digital
en la que se realiza la publicación, pues, la responsabilidad del creador del contenido
sobre las expresiones calificadas como difamatorias, desproporcionadas y
calumniosas no es equiparable al trato que le cabe a los intermediarios en Internet
por alojar el contenido vejatorio, toda vez que estos son solo un medio para
que este se publique.
De acuerdo con lo anterior, el único responsable
por la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra de una persona con
la publicación de un contenido en Internet es el usuario que lo crea y lo
difunde. Por ende, la primera obligación del fallador es vincular al autor de
la publicación al trámite judicial. No obstante, en los casos en los que se desconozca su identidad o sea
imposible hacerlo concurrir al proceso, el intermediario de Internet deberá
comparecer en calidad de tercero, pues ante la dificultad de notificar al
responsable, la plataforma digital es la única que tiene la facultad de
materializar la orden encaminada a restablecer los derechos vulnerados, en la
medida en que solo esta puede eliminar de la web las expresiones que no estén
protegidas por el artículo 20 constitucional.
Al respecto, cabe
precisar que cuando el juez de tutela decida dictar una orden de remoción de
contenido este deberá identificar, de forma específica, a través del localizador de recursos uniforme o (URL), la
publicación que considera vulnera los derechos al buen nombre y a la honra del
accionante, pues proferir una orden de bloqueo o de retiro general implicaría obligar al
intermediario de Internet a censurar, de forma previa, el contenido que los
usuarios quieran publicar. En
ese sentido, quedan proscritas todo tipo de órdenes encaminadas a que los
intermediarios de Internet supervisen los contenidos generados por los usuarios
con el fin de detener y filtrar expresiones que presuntamente vulneren los
derechos al buen nombre y a la honra, ello toda vez que, en la mayoría de los
casos, estos no tienen la capacidad operativa/técnica para revisar los
contenidos de los cuales no son responsables. Así mismo, porque tampoco cuentan
con el conocimiento jurídico necesario para identificar en qué asuntos un
determinado contenido puede efectivamente producir un daño antijurídico que
deba ser evitado.
De acuerdo con lo anterior, la Sala de
Revisión advierte que, en el caso objeto de estudio, Google LLC, como
administrador de la plataforma YouTube, no es responsable del contenido que
publicó la usuaria “Alba Gómez”. No obstante, ante la imposibilidad de vincular
al autor de la publicación que se considera lesiva y con el fin de evitar que la
violación alegada se prolongue en el tiempo, la herramienta digital, pese a no
ostentar una obligación primaria respecto de los derechos que se encuentran en
discusión, si debía comparecer al trámite judicial por ser la única que podía
materializar una orden de remoción de contenido[93].
Aclarado lo anterior, le corresponde a la Sala de Revisión determinar si las
expresiones proferidas por el perfil anónimo “Alba Gómez” en el video “Las
mentiras de Mauricio Meza Blanco” estaban amparadas por el artículo 20 de
la Constitución o si por el contrario desbordaron sus límites.
Esta Corporación ha señalado que el
derecho a la libertad de expresión es un elemento estructural dentro de la
democracia, pues actúa como un escudo que protege el acto de comunicar y con
ello, el libre intercambio de ideas. La protección del derecho individual a la
libertad de expresión garantiza, prima facie, una amplia libertad sin
interferencia, ni modulación, para difundir opiniones, pensamientos,
concepciones e informaciones, y en ese sentido, adquiere relevancia colectiva,
pues permite que la sociedad busque y reciba la multiplicidad de expresiones
antes mencionadas[94].
En virtud de lo anterior, el carácter
preferente de la libertad de expresión se refuerza con cuatro presunciones: (i)
la presunción de cobertura de toda expresión dentro del ámbito de protección
constitucional; (ii) la
sospecha de inconstitucionalidad respecto de cualquier limitación o regulación
estatal; (iii) la presunción de primacía de la libertad de expresión
sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales con los que pueda
llegar a entrar en conflicto; y (iv) la prohibición de censura en tanto presunción imbatible, que
permite decir, en principio, que los controles al contenido de las
expresiones son una modalidad de censura[95].
En ese contexto, quien pretenda limitar la libertad de expresión, sin importar su causa,
siempre tendrá la carga de la prueba, es decir, la persona que alegue la
vulneración de derechos fundamentales por el ejercicio desbordado de la libertad
de expresión tiene el deber de desvirtuar las referidas presunciones para poder
admitir su restricción. En esa medida, el agraviado deberá probar (i) que la
expresión no puede comprenderse cobijada por la libertad; (ii) que una
restricción a dicha libertad puede justificarse constitucionalmente; (iii) que
la primacía prima facie de la libertad de expresión puede ser derrotada
por la importancia de otros intereses constitucionales; y (iv) que la
restricción no constituye una forma de censura.
Al respecto, esta Corporación, en armonía
con el derecho internacional[96],
ha reconocido que los discursos no amparados por la presunción de cobertura de
la libertad de expresión son taxativos y de interpretación restrictiva. Según
la sentencia C-422 de 2011[97]
estos son: “(a) la
propaganda en favor de la guerra[[98]];
(b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra
cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión
que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso
discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia)[[99]]; (c) la pornografía
infantil[[100]];
y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio[[101]]”. Posteriormente, en la
sentencia C-091 de 2017, la Corte precisó que éstos son los “únicos
discursos que pueden ser prohibidos por censura previa”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha
señalado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues, eventualmente,
puede ser sujeto de limitaciones para preservar otros derechos, valores e
intereses protegidos constitucionalmente con los cuales puede llegar a entrar
en conflicto, como por
ejemplo, los derechos a la intimidad, el buen nombre y la honra[102].
Cuando esto suceda, el juez de tutela deberá ponderar cuál de los derechos en
tensión prevalece, para ello el presunto agraviado por un ejercicio de la libertad de
expresión, deberá desvirtuar las presunciones que refuerzan su carácter
preferente, cumpliendo para el efecto con la carga argumentativa y probatoria
que ello requiere.[103]
De conformidad con lo anterior, la Sala
advierte que en el caso objeto de estudio el accionante no desvirtuó la
presunción de cobertura de las expresiones realizadas en el video “Las
mentiras de Mauricio Meza Blanco”. En primer lugar, porque las expresiones
que recaen sobre el desempeño de las labores que el señor Meza públicamente
realiza como defensor de derechos humanos están especialmente protegidas. Lo
anterior, por cuanto estas hacen referencia al interés público, el cual
comprende, según la Corte IDH, “todos los aspectos vinculados al
funcionamiento normal y armónico de la sociedad”[104]. En este
orden, la expresión, en una sociedad democrática, es una herramienta vital para
el control de los asuntos públicos, por lo cual, tanto el Estado como quienes
ostentan relevancia social “deben tener un mayor umbral de tolerancia ante
la crítica”[105].
Adicional a lo anterior, se observa que no
hubo contribución directa del accionante al debate público, pues no intentó,
por ningún medio, responder a la publicación que se hizo en su contra en aras
de desvirtuar que las expresiones contenidas no estaban cobijadas por el
artículo 20 constitucional. Así mismo, se advierte que el señor Meza, al ser
una persona con relevancia social, cuya notoriedad se deriva de las actividades
que realiza públicamente, está en mayor capacidad de repeler las expresiones
pronunciadas en su contra. Es decir, la figura de defensor de derechos humanos,
tiene su palabra como primer instrumento para controvertir y defenderse. Sin
embargo, aun cuando el accionante forma parte de una organización social[106] que
cuenta con distintos medios de difusión como una página de Internet[107] y una
emisora, este se abstuvo de controvertir por cualquier medio las
manifestaciones que se hicieron en su contra.
Cabe recordar que una de las principales
consecuencias de que la libertad de expresión ocupe un lugar privilegiado dentro
del ordenamiento constitucional es que
su ejercicio genere riesgos e imponga cargas sociales que resultan por regla
general tolerables, a la luz de los diferentes objetivos que se persiguen
mediante su protección. En este sentido, esta Corporación ha señalado que la
libertad de expresión conlleva un riesgo social implícito en los sistemas
democráticos, cuya supresión implicaría renunciar a uno de los postulados
inherentes a tales sistemas; y que, en las sociedades democráticas, es más
tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la
expresión, que el riesgo de una restricción general de la libertad
correspondiente. En consecuencia, la expresión –con los riesgos que conlleva-
goza de un margen de inmunidad ante las limitaciones estatales mayor que el de
otras conductas no expresivas que podrían estar cobijadas por otras libertades.[108]
Así pues, la sujeción voluntaria del
accionante a la esfera pública, y la capacidad de resistir, controvertir o
debatir las expresiones que consideraba lesivas desde su posición, fundamenta
un mayor umbral de tolerancia, además de su influencia social, poder de
convocatoria y facilidad de acceso a los medios de difusión de información.
Sobre este punto, la Corte Interamericana[109] ha precisado que el umbral de
protección diferente no recae sobre el sujeto individualmente considerado, sino
que se apoya en el hecho de que esa persona se expuso al escrutinio público[110].
Para ser precisos, la Sala no encuentra
satisfecha la carga argumentativa o probatoria, más allá de las impresiones del
accionante, que permitan considerar que el ejercicio de la libertad de
expresión en el video “Las mentiras de Mauricio Mesa” excedió sus límites.
Así las cosas, contrario a lo considerado por los jueces de tutela, se advierte
que la publicación cuestionada por el accionante estaba cobijada por las
presunciones de cobertura y primacía de la libertad de expresión. En esa
medida, la Sala de Revisión revocara las decisiones de instancia que accedieron
al amparo solicitado.
Ahora bien, aun cuando con la anterior decisión
quedan sin efectos las órdenes dictadas por las autoridades judiciales, en aras
de profundizar sobre algunos planteamientos formulados por Google LLC, como
accionado dentro del proceso, la Sala de Revisión pasará a examinar si estas
desconocen los estándares internacionales y la jurisprudencia constitucional
sobre libertad de expresión y la responsabilidad de los intermediarios de Internet
respecto del contenido que publican los usuarios en sus plataformas.
Tal
y como se explicó con anterioridad, los intermediarios de Internet no son
responsables por el contenido que publican sus usuarios, pues de lo contrario se
limitaría la difusión de ideas, en la medida en que se les daría el poder para
regular el flujo de información en la red.[111] Así, el único que debe responder
por expresiones que excedan los límites del artículo 20 constitucional es
precisamente quien cree y difunda el contenido. No obstante, los intermediarios
de Internet pueden ser objeto de una orden de remoción de contenido, en los
casos, en que la autoridad judicial determine que una publicación atenta contra
los derechos fundamentales de una persona. Lo anterior, en aras de evitar que
esta se siga difundiendo. Cabe aclarar que en nuestro ordenamiento
constitucional están proscritas todo tipo de disposiciones tendientes a
efectuar un bloqueo y retiro general de contenido, en la medida en que
constituyen actos evidentes de censura en la web.
En
el caso objeto de estudio, se advierte que los jueces de instancia dictaron dos
órdenes distintas a la plataforma digital demandada encaminadas a evitar que se
difundiera de nuevo el contenido que consideraron vulneraba los derechos
fundamentales del accionante. Así pues, el A quo ordenó a Google que, en
el futuro, eliminara de YouTube toda publicación que reprodujera el contenido
del video “Las
mentiras de Mauricio Mesa”. Sin embargo, el Ad quem, al considerar que dicha
orden implicaba que la plataforma digital incurriera en censura previa, decidió
modificarla en el sentido de que el accionante era quien debía identificar qué nuevas
publicaciones reproducían total o parcialmente el contenido difamatorio del
referido video. Para la Sala, ninguna de las dos órdenes dictadas cumple con
los estándares internacionales ni con la jurisprudencia de la Corporación sobre
libertad de expresión y la responsabilidad de los intermediarios de Internet
respecto del contenido que publican los usuarios, tal y como pasa a explicarse:
En
primer lugar, directrices como
las dictadas en el trámite de la acción de tutela resultan incompatibles con
nuestro ordenamiento jurídico, debido a la presunción constitucional que pesa a
favor de la libertad de expresión, en virtud de la cual los “únicos discursos que pueden ser prohibidos por censura previa”[112] son “(a) la propaganda en favor de
la guerra[[113]];
(b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra
cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión
que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso
discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia)[[114]]; (c) la pornografía
infantil[[115]];
y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio[[116]]”. En esa medida, se observa
que el contenido del video “Las mentiras de Mauricio Mesa” no se
encuadra en ninguno de los discursos que pueden ser prohibidos por censura previa,
por consiguiente, aun cuando una publicación reproduzca parcial o totalmente un
contenido que se considera lesivo de los derechos fundamentales al buen nombre
y a la honra de una persona, la determinación de eliminarla de la web solo le
corresponde a un juez de la república, quien para ello deberá identificarla, de forma específica, a través del localizador de recursos
uniforme o (URL), pues, proferir una orden de bloqueo o de retiro general constituye censura.
No resulta
procedente, entonces, permitir a los particulares ni a las plataformas
digitales ejercer censura sobre los contenidos que circulan en Internet,
primero, por el carácter previo de la misma, segundo, por el riesgo que esto
genera para las libertades y derechos señalados en los párrafos anteriores y,
tercero, por la subjetividad que gira en torno a los juicios de valor,
especialmente, el requerido para establecer si un contenido afecta prima
facie los derechos fundamentales al buen nombre o la honra, en
consideración de la relatividad con la que se pueden definir lo bueno y lo
malo.
Por
consiguiente, aun cuando la libertad de expresión no es un derecho absoluto y,
por ende, se le pueden imponer limitaciones, estas, en principio, solo pueden
estar sujetas a responsabilidades ulteriores[117].
En ese sentido, cualquier orden que esté encaminada a que los intermediarios de
Internet o un usuario controlen el contenido que se puede divulgar en Internet
constituye censura y, por consiguiente, es contraria al ordenamiento
constitucional. Al respecto, esta Corporación, en Sentencia T-391 de 2007,
señaló:
“Ahora bien, la Carta
Política admite el establecimiento de responsabilidades posteriores por los
efectos negativos que pueda surtir una determinada expresión; en este sentido,
ha precisado la jurisprudencia que la censura previa, proscrita por la
Convención Americana y por la Carta Política, es distinta a las limitaciones
previamente definidas con precisión en la ley (prohibiciones legales previas)
con establecimiento de responsabilidades posteriores, las cuales sí pueden ser
acordes con la Constitución si cumplen con los requisitos constitucionales
propios de las limitaciones a este derecho fundamental. Las
prohibiciones previas que no cumplan con los requisitos estrictos aplicables a
cualquier limitación de la libertad de expresión, constituyen violaciones de la
libertad de expresión. El control constitucional al que se sujetan tales
prohibiciones previas es particularmente estricto, en especial si la limitación
incide en el ejercicio de la libertad de prensa. La proscripción de la censura
previa, unida a la admisibilidad de cierto tipo de responsabilidades
posteriores, ha llevado a esta Corporación a concluir que no puede establecerse
ningún tipo de control previo sobre la actividad expresiva, en particular la
que se realiza a través de los medios de comunicación. Como
consecuencia de esta distinción entre censura previa y limitaciones con
responsabilidades posteriores, se tiene que el libre ejercicio de la libertad
de expresión de los medios de comunicación, que debe garantizarse plenamente en
un Estado Social y Democrático de Derecho, no riñe con la responsabilidad
social de tales medios, ni con los derechos de los destinatarios de los
mensajes transmitidos, quienes pueden reclamar posteriormente, por las vías
legales, la protección a que haya lugar por los eventuales perjuicios causados
por la actividad de comunicación masiva.[118]”
Adicional a lo anterior, advierte la Sala que imponerle
a Google el deber de no publicar videos que atenten contra el buen nombre y la
honra del accionante, así como la correlativa obligación de eliminarlos de sus
servidores, sin que medie una decisión judicial para ello, además de dar lugar
a la problemática antes señalada, conduce a imponerle una obligación de muy poca
probabilidad de cumplimiento. La dificultad señalada, para los efectos del caso
concreto, se fundamenta en que la interacción social y, en general, los
procesos comunicativos, sin considerar el canal al que se acuda, son
esencialmente informales y, como tal, desprovistos de rigores probatorios en
cuanto a las afirmaciones o enunciados que permiten que las personas expresen
sus ideas, pensamientos y sentimientos. Esto último, sin considerar que la
masificación de la información que circula en las redes, dadas las
características de las nuevas tecnologías de la información, especialmente, el
creciente volumen de usuarios, dificulta ejercer un control previo sobre los
contenidos que se pretenden publicar.
Por otra parte, cabe recordar
que los operadores jurídicos deben garantizar el derecho a la libertad de
expresión en Internet, junto con el principio de neutralidad de la red.
Como quedó expuesto, este último se orienta a garantizar el acceso a Internet
en condiciones de igualdad para todas las personas que se valen de este medio
para expresar sus ideas y opiniones. Lo anterior, demanda evitar situaciones
de bloqueo, interferencia o filtración, que puedan llegar a implicar
tratamientos diferenciales entre quienes pretenden hacer uso de la red. Esto a
su vez, implica la eliminación de controles previos o de cualquier tipo de
censura, salvo en aquellos supuestos específicos contemplados en la ley, por
ejemplo, para evitar la difusión de pornografía infantil, entre otros.
De conformidad con lo expuesto,
estima la Sala que ordenar a Google LLC que elimine los videos que cualquier tercero
llegue a subir a la plataforma YouTube referidos al trabajo del accionante como
defensor de derechos humanos, que este identifique y que reproduzcan total o
parcialmente el contenido considerado como difamatorio por los jueces de
instancia,
supondría implementar una modalidad de control previo contraria al principio de
neutralidad. Dicha medida, además de hacer responsable a Google LLC por una
información que aquel no generó entraña la posibilidad de convertir al
intermediario y al accionante en un censor o controlador de los contenidos
publicados por los usuarios que acceden a la plataforma YouTube. Esto, a juicio
de la Sala, puede afectar la arquitectura de Internet por la vía de desconocer
sus principios rectores de acceso en condiciones de igualdad, no
discriminación, y pluralismo.
No existe duda que la neutralidad de Internet, así como sus
principios básicos de funcionamiento, se encuentran protegidos por el derecho a
la libertad de expresión, a su vez consagrado en tratados internacionales sobre
derechos humanos y normas constitucionales como aquella contemplada en el art.
20 de la Carta Política. De lo anterior se colige que una afectación de la
neutralidad de la red implica a su vez una intromisión en el derecho
fundamental a la libertad de expresión e información de todos los usuarios de Internet.
En ese orden de ideas, una
solución como la adoptada por las autoridades judiciales si bien representa un
mecanismo de garantía del derecho al buen nombre de la persona afectada por la
difusión de videos que presuntamente reproducen contenido difamatorio, implica
a la vez un sacrificio innecesario del principio de neutralidad de Internet[119] y, con
ello, de las libertades de expresión e información.
En
ese contexto, los jueces de tutela no pueden, so pretexto de proteger los
derechos al buen nombre y a la honra, imponer barreras comunicativas a las
personas; pues con ello se les estaría impidiendo expresar libremente sus ideas
o pensamientos. Todo lo anterior, claro está, sin perjuicio del control
judicial que podría surtirse en sede penal, civil o de amparo. En cada uno de
estos ámbitos el juez tiene el deber de definir, posteriormente, si el
contenido difundido afecta, sin causa, los derechos de terceros y, de ser el
caso, adoptar las medidas procedentes para proteger tales derechos.
De conformidad con lo expuesto,
se impone revocar el fallo proferido, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de
Santander, el 13 de agosto de 2018 que, a su vez, confirmó parcialmente la
sentencia dictada en primera instancia, por el Juzgado Primero Administrativo
de Oral de Bucaramanga, el 27 de junio del mismo año, en el trámite de la
acción de tutela promovida por el señor Mauricio Meza Blanco, mediante
apoderado judicial, contra Google Inc. y el Ministerio de las Tecnologías y las
Comunicaciones de Colombia-MINTIC-. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
8. Levantamiento de la suspensión de
términos en específicos trámites judiciales de competencia de la Corte
Constitucional
El Ministerio de Salud y Protección Social,
en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 69 de la Ley 1753 de
2015[120],
emitió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual declaró
en todo el territorio nacional el estado de emergencia sanitaria con motivo del
riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 y adoptó una serie de
medidas sanitarias y preventivas de aislamiento y cuarentena para controlar su
propagación y mitigar sus efectos[121].
En función de dicha declaratoria, el
Consejo Superior de la Judicatura, haciendo uso de sus facultades
constitucionales y legales, particularmente aquellas que le concede el artículo
85 de la Ley 270 de 1996, profirió los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518,
PCSJA20-11519, PCSJA20- 11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528,
PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556,
PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581, en los que dispuso la suspensión de los términos
judiciales en todo el país, estableció algunas excepciones y dictó otras
disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.
Entre tanto, el Presidente de la República,
en desarrollo del Decreto declarativo 417 del 17 de marzo de 2020, expidió el
Decreto 469 del 23 de marzo siguiente “Por el cual se dicta una medida para
garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”[122], consistente
básicamente en la posibilidad otorgada a la Sala Plena de la Corte
Constitucional de levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada
por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones.
De esta suerte, el pleno de la Corte,
mediante Auto 121 del 16 de abril de 2020, resolvió disponer de la competencia
antes referida y, en ese sentido, autorizó a las Salas de Revisión de la
Corporación para levantar la suspensión de términos judiciales en asuntos
concretos sometidos a su consideración, siempre que adopten una decisión
motivada a partir del análisis de los siguientes criterios: (i) la urgencia en
adoptar una decisión de fondo o una medida provisional dirigida a la protección
de los derechos fundamentales; (ii) la importancia nacional que revista el
caso; y (iii) la posibilidad material de que la cuestión pueda ser tramitada y
decidida de forma compatible con las condiciones actuales de aislamiento
preventivo obligatorio, sin que ello implique la imposición de cargas
desproporcionadas a las partes o a las autoridades concernidas.
Siendo así las cosas, la Sala Tercera de
Revisión habrá de levantar la suspensión de términos judiciales en el proceso
de la referencia, comoquiera que la decisión adoptada en esta providencia puede
ser tramitada de forma compatible con las condiciones actuales de aislamiento
preventivo obligatorio, sin que ello suponga la atribución de un gravamen
desmedido o excesivo para las partes o las autoridades involucradas.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR, por las razones expuestas en
esta providencia, la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
el 13 de agosto de 2018 que, a su vez, confirmó parcialmente el fallo dictado
en primera instancia, por el Juzgado Primero Administrativo de Oral de
Bucaramanga, el 27 de junio del mismo año, en el trámite de la acción de tutela
promovida por el señor Mauricio Meza Blanco, mediante apoderado judicial,
contra Google Inc. y el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones de
Colombia-MINTIC-. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO. Líbrese la comunicación de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
TERCERO.- LEVANTAR, en el presente
proceso, la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior
de la Judicatura, de acuerdo con lo dispuesto en el Auto 121 del 16 de abril de
2020
Cópiese,
notifíquese y cúmplase,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
De acuerdo con la certificación emitida por la Directora Ejecutiva de la
Corporación Compromiso, el 19 de junio de 2018, el señor Mauricio Meza Blanco
labora en la entidad desde el 15 de marzo de 2004 y actualmente desempeña el
cargo de Presidente de la Corporación y Coordinador de la Línea Ambiental
Institucional. (Folios 27 a 28).
[2]
Folio 14.
[3] Ver Folios 41 y 42 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[4] Sentencias T-693 de 2016 y T-063A de 2017.
[5] Ver Folio 38 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[6] Ver Folio 31 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[7] Ver Folios 44, 45 y 46 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[8] Ver Folio 37 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[9] Ver Folio 23 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[10] Ver Folios 54, 55 y 56 del Cuaderno Principal.
[11] Ver Folio 53 del Cuaderno
Principal.
[12] Ver Folio 27 del Cuaderno Principal.
[13] Ver Folio 61 del Cuaderno Principal.
[14] El 21 de junio de 2018.
[15] Ver folio 80 del Cuaderno N°. 1 del Expediente.
[16] La apoderada judicial informó que la compañía Google Inc. se
transformó en una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, ahora
Google LLC.
[17] El Juzgado Primero Administrativo Oral de
Bucaramanga, mediante providencia de 10 de julio de 2018, negó la solicitud de
nulidad, al considerar que el auto admisorio de la tutela le fue notificado a
Google LLC, el 21 de junio de 2018, mediante correo electrónico, por
consiguiente, contó con el tiempo necesario para radicar su escrito.
[18] Ver Folio 110 del Cuaderno Principal.
[19] Folios 19 y 20.
[20] “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco”
[21] Folio 683.
[22] Folio 680.
[23] Ibídem.
[24] Folio 681.
[25] Sentencias T-277 de 2015, T-040 de 2013, T-121 de 2018.
[26] Ver folios 26 a 38 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[27] A folio 25 del expediente principal obra poder especial de
representación.
[28] Sentencia SU-420 de 2019. Comunicado N° 35 de 2019.
[29] https://www.youtube.com/intl/es-419/about/policies/#community-guidelines.
[30]DECRETO 2591 DE 1991, ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION
DE TUTELA.
La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que
la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito.
[31] Sentencias T-1043 de 2010 y T-022 de 2017.
[32] Sentencias T-797 de 2013, T-022 de 2017 y T-153 de 2017.
[33] Sentencias T-604 de 2004, T-022 de 2017 y T-153 de 2017.
[34] La demanda de tutela se radicó el 20 de junio de 2018.
[35] Cabe aclarar que la información y el
contenido que se publica en los portales
de Internet y en las redes sociales tiene mayor difusión y permanece por más
tiempo que la que se comparte
en medios de comunicación tradicionales cómo
prensa impresa, radio y televisión.
[36] Ver sentencias T-117 de 2018 y T-454 de 2018.
[37] Sentencias T-121 de 2018 y T-102 de 2019.
[38] Ver, entre otras, las sentencias T-117 de 2018, T-244 de 2018,
T-292 de 2018, T-454 de 2018 y T-102 de 2019.
[39] Acerca de estos tres derechos, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido lo siguiente: “el derecho a la
intimidad se corresponde con la protección de interferencia a la vida personal
y familiar, […] especialmente vinculada a ‘la protección frente a la
divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de
privacidad’. En cambio, el buen nombre es comprendido como un concepto
esencialmente relacional, referido a la reputación que tiene un individuo
frente a los demás, garantía constitucional que resulta afectado cuando se
presentan‘informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo’ […] el
derecho a la honra guarda identidad de propósito con el derecho al buen nombre […]
Por ende, hacen parte del núcleo esencial de este derecho (i) la garantía
para el individuo de ser ‘tenido en cuenta por los demás miembros de la
colectividad que lo conocen y le tratan.’(ii) la obligación estatal de proteger
este derecho y, de esta forma, impedir que se menoscabe el valor intrínseco de
los individuos frente a la sociedad y respecto de sí mismo, al igual que
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad. […] Por lo tanto, la infracción al derecho al buen nombre
se deriva de la difusión de información falsa o inexacta sobre el
individuo concernido, la cual ‘no tiene fundamento en su propia conducta
pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad’.” Corte
Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
[40]Sentencia T-121 de 2018. “La acción penal
únicamente procede cuando la conducta que amenaza o vulnera tales derechos
puede ser constitutiva de los delitos de injuria o calumnia[40],
lo cual es consecuencia del principio de última ratio del derecho penal.
Según este, la acción penal solo procede, en relación con estos delitos, ‘cuando
se trata de vulneraciones especialmente serias de estos derechos fundamentales,
frente a las cuales los otros mecanismos de protección resultan claramente
insuficientes’[40], de allí que, ‘[l]a
sanción penal se restringe a aquellas situaciones en las cuales la sociedad
estima que la afectación del derecho constitucional es extrema’.”
[41] Sentencia T-121 de 2018. “La acción de tutela, por el contrario,
proporciona una protección ‘más amplia y comprensiva’ de los derechos a
la intimidad, al buen nombre y a la honra, dado que procede en contra de
cualquier acción u omisión que los amenace o vulnere, en especial cuando es
necesaria para ‘evitar la consumación de un perjuicio irremediable’,
como consecuencia de la necesidad de adoptar un remedio judicial célere y
eficaz para el restablecimiento de los derechos.”
[42] Corte Constitucional. Sentencia T-110 de
2015.
[43] Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, es decir, si
se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo cual
deberán analizarse las cualidades y el rol que ejerce en la sociedad; si se
trata de un particular, funcionario público, persona jurídica, periodista, o
pertenece a un grupo históricamente discriminado. Sentencia SU-420 de 2019, Comunicado Nº. 35 de 2019.
[44] Respecto de quién se comunica: es decir, la calidad del sujeto
afectado, para lo cual debe verificarse si se trata de una persona natural,
jurídica o con relevancia pública.
Sentencia SU-420 de 2019, Comunicado
Nº. 35 de 2019.
[45] Cómo se comunica: a partir de la carga difamatoria de las
expresiones, para lo cual se deberá valorar: a) El contenido del mensaje: para
ello ha de tenerse en cuenta que la calificación de la magnitud del daño no
depende de la valoración subjetiva que de la manifestación realice el afectado,
sino de un análisis objetivo, neutral y contextual, entre otros criterios. b)
El medio o canal a través del cual se hace la afirmación. c) El impacto
respecto de ambas partes (número de seguidores; número de reproducciones,
vistas, likes o similares; periodicidad y reiteración de las publicaciones). Sentencia SU-420 de 2019, Comunicado Nº. 35 de 2019.
[46] “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco”
[47] (Folios 27 a 28).
[48] http://www.corporacioncompromiso.org/index.shtml?apc=a1-1---&x=3
[49] Sentencia T-179 de 2019. Sobre la figura o persona con relevancia pública, esta
Corte ha precisado que “son personajes con
proyección o reconocimiento social por la función o rol que desempeñan”[49].
También, ha indicado que son las personas que voluntariamente se someten al
escrutinio social en razón de sus funciones, y por eso, ostentan, más allá de
la notoriedad, autoridad, liderazgo, credibilidad, capacidad de influencia y
respeto[49]. En últimas, la persona
con relevancia pública tiene notoriedad por la actividad que desempeña y que le
otorgó reconocimiento social. Así “alcanzan cierta publicidad por la
actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos o
acontecimientos de su vida privada”[49].
[50] Consultar, entre otras, las sentencias T-022 de 2017 y T-244 de
2018.
[51] Sentencia C-442 de 2011, reiterada, entre
otras, en la sentencia T-599 de 2016.
[52] Sentencia T-277 de 2015.
[53] Cabe aclarar que aun cuando lo expresado por el Relator
Especial para la Libertad de Expresión no es vinculante jurídicamente, esta
Corporación si lo ha reconocido como una autoridad sobre la materia.
[54] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e
Internet). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 36.
[55] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de
Expresión e Internet). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013.
Párr. 2.
[56] RELE, CIDH,
OEA. Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente. 2017. Edison
Lanza. Pág. 35. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf
[57] Declaración adoptada, el 1 de junio de 2011,
por el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de
opinión y de expresión, la representante para la libertad de los medios de
comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), la relatora especial de la Organización de Estados Americanos (OEA)
para la libertad de expresión y la relatora especial sobre libertad de
expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los pueblos (CADHP).
[58] Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
[59] Ibídem.
[60] En el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros)
vs. Chile (2002), la Corte IDH revisó la prohibición que impusieron las
autoridades judiciales chilenas a la exhibición de la mencionada película de
cine, por petición de un grupo de ciudadanos que buscaban la protección de la
imagen de Jesucristo y de la Iglesia Católica. La Corte IDH subrayó que el
derecho a la libertad de expresión protege tanto la información favorable como
la que es chocante u ofensiva para la sociedad. Concluyó que las autoridades
chilenas habían incurrido en un acto de censura previa, proscrito por el
artículo 13 de la Convención
Americana.www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/olmedo_28_11_02.pdf
[61] En el Caso Ivcher Bronstein vs. Perú (2001), la Corte IDH consideró
que se había violado el derecho a la libertad de expresión de Baruch Ivcher
Bronstein, accionista mayoritario del Canal 2, Frecuencia Latina, al retirarle
la nacionalidad peruana, de forma que, según ley peruana, ya no podía seguir
siendo accionista mayoritario de un medio de comunicación. La Corte IDH estableció
que dicha decisión constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de
expresión como consecuencia de la línea editorial asumida por dicho canal. o
consecuencia de la línea editorial asumida por dicho canal.
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
[62]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 20 de
noviembre de 2009.
[63]Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General N°
34 - Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión. UN Doc.
CCPR/C/GC/34. 12 de septiembre de 2011. Párr. 43.
[64] Sentencia T-277 de 2015.
[65] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e Internet).
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 25.
[66] Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Relatora
Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión
y la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y Acceso a la Información
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, “Declaración
Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet”, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849.
Fecha de consulta: veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), párr. 5.
A).
[67] Ley 27078 de 2014. ARTÍCULO 56.
[68] Ley 27078 de 2014. ARTÍCULO 57.
[69]LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. Capítulo VI. De la Neutralidad de las Redes. // Artículo 145. Los concesionarios y
autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a
los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme
a lo siguiente: // I. Libre elección. Los usuarios de los
servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación
o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a
comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar,
restringir o discriminar el acceso a los mismos. // No podrán limitar el
derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o
utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se
conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados; // II.
No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar
que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir,
interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o
servicio; // III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de
los usuarios y la seguridad de la red; // IV. Transparencia e información.
Deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las
características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de
tráfico y administración de red autorizada por el Instituto, velocidad,
calidad, la naturaleza y garantía del servicio; // V. Gestión de
tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o
acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red conforme
a las políticas autorizadas por el Instituto, a fin de garantizar la calidad o
la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no
constituya una práctica contraria a la sana competencia y libre concurrencia;
// VI. Calidad. Deberán preservar los niveles mínimos de calidad
que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos, y // VII. Desarrollo
sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos el
Instituto deberá fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de
telecomunicaciones.
Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio
de acceso a Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada
por el usuario, con independencia del contenido, origen, destino, terminal o
aplicación, así como de los servicios que se provean a través de Internet, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior.
[70] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e Internet).
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013.
[71] Ibídem
[72] https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
[73] Cabe aclarar que aun cuando lo expresado por el Relator Especial sobre la Promoción y Protección
del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas
no es vinculante jurídicamente, esta Corporación si lo ha reconocido como una
autoridad sobre la materia.
[74] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, David Kaye. UN Doc. A/HRC/32/38. 11 de mayo de 2016.
[75] Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr. 38. Disponible
para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
[76] Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13
de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 32; Naciones Unidas. Asamblea
General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16
de mayo de 2011. Párr. 38. Disponible para consulta en:
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
[77] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e Internet).
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 112.
[78] Si bien dicha declaración carece de vinculatoriedad jurídica, esta
Corporación ha reconocido como autoridades en la materia a quienes la
profirieron Relator Especial
de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la
Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
[79] Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Promoción y
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), y
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Declaración conjunta
sobre libertad de expresión e Internet. 1 de junio de 2011.
[80] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[81] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e Internet).
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013.
[82] CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de Expresión e Internet).
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013.
[83] MELÉNDEZ JUARBE, H. Intermediarios y libertad de expresión: apuntes
para una conversación. En: Hacia una Internet libre de censura. Propuestas para
América Latina. Eduardo Bertoni, compilador. Editorial Universidad de Palermo,
2012. Pág. 111. Sobre los roles e incentivos hacia los intermediarios: Centro
de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE). Las
llaves del ama de llaves: la estrategia de los intermediarios en Internet y el
impacto en el entorno digital; Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr.
42. Disponible para consulta en:
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
[84] 1 Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr. 40. Disponible
para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
[85]http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
[86] Sobre este asunto, señala la Comisión Interamericana que “(e)n
efecto, con el objetivo de controlar distintos tipos de expresiones, tanto el
Estado como actores privados han buscado aprovechar la posición que ocupan los
intermediarios como puntos de control del acceso y uso de Internet. El interés
en utilizar a los intermediarios como puntos de control se motiva, entre otras
cosas, en que a los Estados y actores privados les resulta más fácil
identificar y coaccionar a estos actores que a los responsables directos de la
expresión que se busca inhibir o controlar. Esto se debe a la cantidad de
usuarios, a que frecuentemente no se encuentran identificados o a que pueden
encontrarse en múltiples jurisdicciones. Asimismo, existe un mayor incentivo
económico en buscar la responsabilidad de un intermediario que en buscar la de
un usuario individual. De ese modo, algunos Estados han adoptado esquemas que
responsabilizan a los intermediarios por las expresiones generadas por los
usuarios de sus servicios.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión en
Internet”, párr. 93.
[87] Sentencia T-121 de 2018.
[88] Al respecto, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha
señalado que existe una presunción
de cobertura sobre todas las formas de expresión, reconocida por el artículo 20
de la Constitución Política, “incluyendo los recursos chocantes, ofensivos o
perturbadores, especialmente se encuentran protegidos los discursos políticos y
sobre asuntos de interés público”. De esa manera quien pretenda una
limitación a la libertad de expresión, sin importar su causa, siempre tiene la
carga de la prueba. En otras palabras, el agraviado – que alega la vulneración
de otros derechos fundamentales por un ejercicio desbordado de la expresión–, o
la autoridad pública que, en ejercicio de sus funciones, pretenda introducir
una restricción, siempre deberá desvirtuar dicha presunción como condición
necesaria para admitir la restricción de dicha libertad. Como consecuencia de
ello, quien afirme la violación de sus derechos, deberá demostrar (i) que la
expresión no puede comprenderse cobijada por la libertad; (ii) que una restricción a dicha libertad puede
justificarse constitucionalmente; (iii) que la primacía prima facie de la libertad de expresión puede ser derrotada por
la importancia de otros intereses constitucionales; y (iv) que la restricción
no constituye una forma de censura. Sentencias T-391 de 2007, T-179 de 2019 y
SU-355 de 2019
[89]http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
[90] Con relación a este aspecto, en la Sentencia T-145 de 2016, la
Corte Constitucional señaló: “[…] en diferentes sentencias esta
Corporación ha definido el ‘bullying’ en el ambiente virtual como aquel con
base en el cual el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la
información y las comunicaciones, en especial del Internet y el celular, para
maltratar a sus semejantes. Básicamente, el ‘cyberbullying’ consiste en el uso
de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar
físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un
grupo. Aunque también se ha definido como un tipo de agresión psicológica en la
que se usan teléfonos celulares, Internet y juegos en línea para enviar o
publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar
a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello no es fácil identificar
a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se ha hecho popular entre
niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y estos dispositivos
anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse del daño que hacen
pues ‘la información se envía de manera muy rápida, y borrarla o detenerla, es
tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, terminando, como se
ha visto en Colombia y en otros países, [incluso] en el suicidio de la
víctima”.
[91] Sentencia T-121 de 2018.
[92] Sentencia T-277 de 2015.
[93] Sentencia SU-420 de 2019.
[94] Sentencia T-179 de 2019.
[95] Ibídem.
[96] CADH, artículo 13, pár. 5.
[97] Ver también: C-091 de 2017, SU-626 de
2015, T-391 de 2007.
[98] Proscrita
por el artículo 20-1 del PIDCP y el artículo 13-5 de la CADH.
[99] Proscrita
por el artículo 20-2 del PIDCP, el artículo 13-5 de la CADH y el artículo 4 de la Convención internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Ley 22 de 1981).
[100] Proscrita
en términos absolutos por el artículo 34-c) de la Convención sobre los derechos
del niño (Ley 12 de 1991), el Protocolo facultativo de la Convención sobre los
derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (Ley 765 de 2002), y el artículo 3-b)
del Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (Ley
704 de 2001).
[100] Proscrita
por el artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio (Ley 28 de 1959).
[101] Proscrita
por el artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio (Ley 28 de 1959).
[102] Sentencia T-391 de 2007.
[103] Sentencia T-179 de 2019.
[104] Óp. Cit. 144., Corte IDH,
Ricardo Canese v. Paraguay. párr. 72.
[105]CIDH, Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre la libertad de expresión
(2010). Párr. 33. Disponible en Internet desde: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
[106] Corporación Compromiso.
[107] http://www.corporacioncompromiso.org/
[108]Sentencia C-087 de 1998.
[109] Corte IDH, Herrera Ulloa v. Costa Rica,
sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 128. Disponible en
Internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
[110] Ver, entre otras, las sentencias: T-949 de
2011 y T-298 de 2009.
[111] Sentencia T-277 de 2015.
[112] Sentencia C-091 de 2017.
[113] Proscrita
por el artículo 20-1 del PIDCP y el artículo 13-5 de la CADH.
[114] Proscrita
por el artículo 20-2 del PIDCP, el artículo 13-5 de la CADH y el artículo 4 de la Convención internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Ley 22 de 1981).
[115] Proscrita
en términos absolutos por el artículo 34-c) de la Convención sobre los derechos
del niño (Ley 12 de 1991), el Protocolo facultativo de la Convención sobre los
derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (Ley 765 de 2002), y el artículo 3-b)
del Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (Ley
704 de 2001).
[115] Proscrita
por el artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio (Ley 28 de 1959).
[116] Proscrita
por el artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio (Ley 28 de 1959).
[117] Cfr., entre otras, las sentencias T-391 de 2007 y T-543 de
2017.
[118] Sentencia T-391 de 2007.
[119] En su Declaración conjunta sobre libertad
de expresión e Internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para
la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos
(OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP) afirmaron que la neutralidad de la red es un principio
según el cual “[e]l tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no
debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como
dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o
aplicación”. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso y
elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier
contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté
condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o
interferencia. Se trata de una condición necesaria para ejercer la libertad de
expresión en Internet en los términos del artículo 13 de la Convención
Americana y, a la vez, de un componente transversal de los principios
orientadores antes mencionados.
[120] “Declaración de Emergencia Sanitaria y/o Eventos Catastróficos. El
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá declarar la emergencia
sanitaria y/o eventos catastróficos, cuando se presenten situaciones por riesgo
de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o
servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la salud colectiva, u
otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad en la que
aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando la
necesidad de ayuda externa (…)”.
[121] La emergencia sanitaria fue prorrogada en todo el territorio
nacional hasta el 31 de agosto de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección
Social a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020.
[122] Declarado exequible en Sentencia C-156 del 3 de junio de 2020, M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.