T-375-19
Sentencia T-375/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO A LA PRACTICA DE PRUEBAS-Rechazo de una prueba que legalmente
sea conducente, constituye una violación del derecho de defensa y del debido
proceso
IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley/IMPARCIALIDAD
JUDICIAL-Asunto no solo de índole moral y ética sino también de
responsabilidad judicial
La imparcialidad judicial como garantía de la cual deben
gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia [pues] (s)e trata
de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la
honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe
en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia
de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la prueba indiciaria
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico al no valorar pruebas en
proceso de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales -falsos
positivos-
Referencia: Expediente: T- 7.049.251
Acción de tutela interpuesta por María
Carlina Ortega Alegría y otros contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío.
Magistrada ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de (2019).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por
los magistrados José Fernando Reyes Cuartas,
Alberto Rojas Ríos y por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la
preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En la revisión de los fallos dictados
por las Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del  Consejo de Estado, el 14 de junio y el 19 de septiembre de 2018, en
primera y segunda instancia respectivamente, dentro de
la acción de tutela presentada por María Carlina Ortega Alegría y otros contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, con ocasión de la sentencia de segunda instancia
que esta última corporación judicial profirió el ocho (08) de junio de 2017 en
el marco de un proceso de reparación directa presentado el 18 de diciembre de
2008 contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por
la muerte del señor Eider Alegría Ortega (q.e.p.d) por una actuación de un
integrante de la fuerza pública.
El expediente fue remitido a la Corte Constitucional de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución Política (artículos 86 y 241-9), el Decreto 2591
de 1991 (artículo 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (artículo 55). Mediante Auto del 13
de noviembre de 2018, la Sala de Selección Número Once[1] de esta Corporación resolvió escoger
el asunto de la referencia para su revisión.
I.
ANTECEDENTES
El 06 de octubre de 2017, María Carlina Ortega Alegría, Leydi
Jhoanna Alegría Ortega, Walter Alegría Ortega, Yaneth Alegría Ortega, Liliana
Osorio Alegría, Claudia Ximena Osorio Alegría, Diego Ortega Alegría y Divier de
Jesús Duque Ocampo formularon acción de tutela contra la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío (en adelante, también, la
“autoridad demandada” o, simplemente el “Tribunal”) con ocasión de la sentencia
que la referida Sala de dicha corporación judicial profirió el ocho (08) de
junio de 2017 en el marco de un proceso de reparación directa adelantado por tales
personas naturales contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Eider
Alegría Ortega -quien falleció como consecuencia de unos disparos que le fueron
propinados por un integrante de las Fuerzas Militares.
Los actores de
tutela adujeron que, en la providencia cuestionada, la autoridad demandada habría
incurrido en una “falsa motivación” como consecuencia de un error
fáctico, desconociendo con ello sus derechos fundamentales “a la vida, a la
dignidad humana, a la integridad personal, a la igualdad, a la honra, al acceso
a la justicia, al debido proceso y a la verdad”.
***
Dado que la
referida acción de reparación directa fue inicialmente presentada y admitida
contra la Nación – Presidencia de la República- Ministerio del Interior y de
Justicia – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional, pero la relación
jurídico-procesal finalmente se trabó entre los accionantes y la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante Auto
de quince (15) de mayo de 2019[2],
esta Sala resolvió vincular al
trámite de la tutela a la Presidencia de la República, al Ministerio del
Interior y al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que se manifestaran sobre el presente trámite
de revisión dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de dicho
auto.
Dentro del término otorgado,
únicamente se pronunciaron el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Justicia y el Derecho, quienes adujeron la inexistencia de la legitimación en
la causa por pasiva necesaria para que fueran tenidos como parte dentro del mentado
proceso de reparación directa.
Sobre el anterior
pronunciamiento, dada la causa del referido proceso de reparación directa -esto
es, la muerte de un individuo a manos del Ejército Nacional- esta Sala de
Revisión considera que quienes exclusivamente tuvieron legitimación en la causa
por pasiva dentro de dicho proceso contencioso administrativo fueron la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, pero en modo alguno la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior y/o el Ministerio de Justicia.
***
Para la
presentación de los antecedentes del caso, la Sala (i) iniciará ofreciendo un
breve recuento de los hechos en que se fundó la acción de reparación directa
adelantada por algunos allegados, fundamentalmente familiares, del señor Eider
Alegría Ortega (q.e.p.d.) contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional. (ii) Posteriormente la Sala se referirá a las sentencias de primera y
segunda instancia dictadas dentro del correspondiente proceso contencioso
administrativo. (iii) Se continuará con la exposición de las razones aducidas
en la acción de tutela presentada contra la sentencia de segunda instancia
proferida dentro del proceso de reparación directa. (iv) Finalmente se hará una
recapitulación de las sentencias emitidas por las secciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que fungieron como jueces
constitucionales de primera y segunda instancia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
1.       La acción de reparación
directa
En lo fundamental, dentro de la acción de reparación
directa presentada el dieciocho (18) de diciembre de 2008[3] contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, los
accionantes adujeron los siguientes hechos:
1.1.
El 14 de enero de 2007 el señor
Eider Alegría Ortega, de 22 años de edad y residente en el municipio de
Génova, Quindío, salió de su casa en compañía de unos amigos quienes,
supuestamente, lo habrían invitado a pescar en el río “Barragán” ubicado en la vereda
“La Venada Alto de la Cruz”, finca “San Alberto” del referido municipio, sin
que aquel llegara a regresar.
1.2.
Al día siguiente, el 15 de enero de 2007, Diego Javier Miranda
Villada, una de las personas que acompañaban al señor Alegría Ortega en la
salida de pesca atrás referida, informó acerca de la desaparición de este
último, asegurando que los responsables del hecho serían miembros del Ejército
Nacional.
1.3.
Ante tal situación, la madre del señor Alegría Ortega salió a la
búsqueda de su hijo en lugares aledaños a la finca “San Alberto”, en donde “vecinos
del sector” le comunicaron sobre su fallecimiento; hecho este que le fue
posteriormente confirmado a su familia por el GAULA del Ejército Nacional.
1.4.
La investigación disciplinaria que, con ocasión de la muerte del
señor Alegría Ortega, inicialmente adelantó la Oficina de Control Interno del
Comando General de la Octava Brigada del Ejército Nacional, fue asumida por la
Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos en ejercicio de su poder preferente, luego de “advertir
que los hechos investigados revisten gran importancia por tratarse de un
posible homicidio en persona protegida, así como también, en aras de garantizar
la trasparencia, imparcialidad y eficacia de la averiguación disciplinaria (…)”.
1.5.
Según la apoderada de los accionantes de la reparación directa, las
condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos relacionados con la muerte
del señor Alegría Ortega se habrían dado “en extrañas circunstancias, en
sitio desolado donde opera únicamente el EJÉRCITO NACIONAL, quienes dispararon
hasta acabar con [la] vida [del señor Alegría Ortega] sin
justificación alguna (…) (c)oncluyéndose, que el señor EIDER ALEGRÍA ORTEGA
fue asesinado el 14 de enero de 12007 (sic) (…) a causa de las lesiones
proferidas con armas de fuego de dotación oficial, disparadas por miembros del
EJÉRCITO NACIONAL en servicio activo y en cumplimiento de sus funciones,
aprovechándose de sus condiciones de debilidad e inferioridad (…)”.
2.
Las sentencias de la
jurisdicción Contencioso Administrativa
2.1.
De la referida acción de reparación directa le correspondió
conocer al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, Quindío. Mediante
sentencia de primera instancia del doce (12) de diciembre de 2011, la referida
autoridad judicial resolvió declarar administrativamente responsable al extremo
demandado por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la
muerte del señor Alegría Ortega. Como fundamento de su sentencia, el juez
contencioso administrativo de primera instancia en lo fundamental sostuvo que “si
bien la escopa encontrada al lado del fallecido Alegría Ortega, efectivamente
fue disparada, una vez realizado el examen de absorción atómica no se encontró
rastro alguno en el cuerpo del occiso que de fe del disparo por el efectuado
(sic)”; que “sorprendente resulta para el despacho que aun cunado (sic)
la escopeta presuntamente accionada por el señor Alegría Ortega sólo lo fue una
vez, el personal del Ejército Nacional, requiriera de tres (3) impactos para
neutralizar la al (sic) atacante, máxime si este ya no se encontraba
acompañado; que, “en cuanto a la calidad de integrante del grupo
guerrillero FARC (…) nada ha quedado probado en las presentes diligencias,
menos aún cuando conforme a lo narrado por el Señor José Bernardo Duque
Idárraga el occiso se dedicaba a labores del campo y era esa y no otra la
actividad, la que realizaba para sobrevivir”; que “las afirmaciones
realizadas por el Señor Diego Javier Miranda Villada (…) no ofrecen ningún tipo
de credibilidad (…) en cuanto, mintió éste al aseverar que el occiso lo había
invitado a ‘hacer una vuelta’ cuando fue él quien insistentemente, requirió al
hoy difunto para que se desplazaran al sector de los hechos con el fin de
realizar actividades de pesca”; y que “no fue debidamente acreditado, la
existencia de un ataque por parte del occiso, tampoco que este tuviere el
carácter de un peligroso delincuente, pero aun cuando así hubiere sido, el
Ejército Nacional, tenía la obligación de respetar la vida de Eider Alegría
Ortega (…) (sic)”. Así las cosas, el juez administrativo de primera
instancia le ordenó al extremo demandado que indemnizara a algunos de los
demandantes, según valoración que se hiciera en la respectiva providencia.
2.2.
El apoderado judicial de la parte demandada apeló la sentencia del
a quo, y solicito que esta fuera revocada, negando las pretensiones de
la demanda, argumentando que estaba “plenamente demostrado la eximente de
responsabilidad como es la CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA”,
así como que “no es procedente (…) pretender beneficiarse de (la) propia
imprudencia”.
2.3.
Mediante sentencia de segunda instancia del ocho (08) de junio de
2017, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío revocó
la decisión del a quo y negó las pretensiones de la demanda. En su
providencia, la autoridad demandada dentro del presente proceso de tutela señaló:
(i) que “de acuerdo
con los parámetros fijados por [Medicina Legal] para la interpretación de
resultados, los datos negativos arrojados para la [prueba de residuos de
disparo] corresponden a un falso negativo” y
que, en tal orden, “la prueba de absorción atómica [relativa al “Informe
Pericial de laboratorio-residuos de disparo en mano”], en tanto resultó
negativa para ambas manos, no es lo suficientemente concluyente para determinar
con veracidad la presencia o no de residuos compatibles con los de disparo en
las manos del occiso, pues sin la observancia de la debida cadena de custodia
-embalaje- la muestra tiene alta probabilidad de alterarse y reportar un
resultado que no está de acuerdo a la realidad, por lo que el hecho que se
pretende demostrar con dicho elemento  [que el occiso no habría accionado
su arma y que por ende, la reacción del Ejercito Nacional no era justificada]
pierde fuerza probatoria al encontrarse en el plenario otras pruebas que
indican la verdadera ocurrencia del hecho en mención”; y (ii) que la
versión del supuesto enfrentamiento armado entre el occiso y miembros del
Ejército Nacional surge de las pruebas obrantes en el expediente y, además, habría
sido “corroborada con lo declarado por el joven DIEGO JAVIER MIRANDA
VILLADA, quien acompañaba a EIDER ALEGRÍA el día que ocurrieron los hechos”,
por lo que “habida consideración de que no resulta imputable el daño
demandado a la parte pasiva de esta Litis, por haber obrado sus funcionarios
bajo una defensa legítima, se impone que la atribución del daño correspondiente
se traslade de manera exclusiva a la víctima que incidió de manera eficiente en
su causación”.
Adicionalmente, el Tribunal manifestó
que “habiéndose solicitado a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos allegar al proceso fotocopia de las decisiones
de fondo y de la actuación surtida dentro de la investigación adelantada en
contra de los servidores el Ejército Nacional por el fallecimiento del joven
EIDER ALEGRÍA ORTEGA, esta Corporación no recibió respuesta por parte de dicha
entidad dentro del término concedido para el efecto”.
3.
La acción de tutela
Mediante
demanda de tutela presentada el seis (06) de octubre de 2017, los accionantes
adujeron que en la sentencia de la autoridad demandada se habría incurrido en
varias causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales por cuanto:
3.1.
Se le habría dado mayor credibilidad a las declaraciones de los
militares que le dispararon a la víctima y a la declaración rendida por Diego
Javier Miranda Villada “(el mismo que nos confesó como familia que después
de haberlo llevado a ese lugar donde fue muerto, le pagaron un dinero)”.
3.2.
Se habría desconocido lo señalado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante, simplemente “Medicina Legal”)
respecto de la prueba de absorción atómica, la cual arrojó un resultado
negativo; se habría ignorado el hecho de que el cuerpo y las manos del occiso
fueron recibidos por dicha entidad con la correspondiente cadena de custodia; y
se habría omitido el hecho de que el cadáver del señor Alegría Ortega se
recibió embalado y rotulado, contrario a lo concluido por el Tribunal cuando
señaló que no se habría recibido información acerca de si el occiso presentaba
las manos debidamente embaladas por lo cual puso en duda la integridad de la
prueba.
3.3.
Se habría desconocido que “matar campesinos” y colocarles
después de muertos granadas y armas en las manos, “era la forma de actuar
del Ejército en la época” para mostrar resultados, en lo que se denominó
como “falsos positivos”.
3.4.
Se habría omitido tener en cuenta que tanto la víctima como los
hoy accionantes son oriundos del municipio de Génova, Quindío; lugar en el que
como en muchos otros, el Ejército “asesinaba a muchos jóvenes, aún sin
antecedentes penales” y los “mataban para hacerlos pasar como
delincuentes, extorsionistas o guerrilleros, colocándoles ellos mismos las
armas”.
3.5.
Se habrían desconocido las declaraciones que tanto la madre como
otras personas supuestamente hicieron ante distintas autoridades sobre cómo sucedieron
los hechos que terminaron con la muerte del señor Alegría Ortega
3.6.
No se habría tenido en cuenta la prueba aportada por los
demandantes, consistente en el Acta número 22 publicada en la Gaceta del
Congreso No. 107 de 2009, en la que se realizó un debate sobre falsos positivos
ante la plenaria del Congreso el 04 de noviembre de 2008.
3.7.
Se habría desconocido el dictamen del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde consta que la víctima “no
disparó”, concluyendo además la autoridad demandada que el señor Alegría
Ortega “ERA GUERRILLERO Y DELINCUENTE” (cuando ni siquiera tenía
antecedentes judiciales) atracador de fincas y de veredas cercanas y que por
esa razón fue asesinado”.
3.8.
Se habría negado la “extensión de la Jurisprudencia del H.
Consejo de Estado para el tema de FALSOS POSITIVOS”, desconociendo que se
trataría de un delito de lesa humanidad, “por omitir resolver que la muerte
de Eider Alegría Ortega encuadra con el llamado homicidio en persona protegida
o ejecución extrajudicial”.
3.9.
No se habría tenido en cuenta que, el 23 de abril de 2008, la
Procuraduría General de la Nación, Delegada Disciplinaria para la Defensa de
los Derechos Humanos, informó a la señora María Carlina Ortega que ordenó “EJERCER
EL PODER PREFERENTE DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA” que tramitaba el
Comando General de la Octava Brigada por la muerte del señor Alegría Ortega,
tras advertir que los hechos investigados revestirían gran importancia por
tratarse de un posible homicidio en persona protegida y que tal poder
preferente se ejercía en aras de garantizar la trasparencia, imparcialidad y
eficacia de la investigación.
3.10.    Se
le habría otorgado total credibilidad a los testimonios del Ejército Nacional, sin
que se contara con la copia del proceso disciplinario solicitada como prueba a
la Procuraduría, pero que no llegó a aportar a tiempo.
3.11.    Se
habría apreciado de manera errada la prueba de “FORMATO INFORME INVESTIGADOR
DE LABORATORIO FPJ11- Dictamen balístico No. 005 del 2007 de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN” aceptando la legítima defensa para los militares, lo
cual “contrasta con el acervo probatorio y con lo resuelto por EL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA” quién concluyó que Eider Alegría no disparó la escopeta
de un solo tiro, lo cual, además, no permitía prolongar el ataque mientras que
la víctima recibió tres (3) disparos en el abdomen.
3.12.    Se
habría desconocido que, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados
internacionales y la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo primero que se
debe preservar en operativos militares es la vida y no propinar disparos para
matar de inmediato.
3.13.    Se
habría concluido que se trató de una legítima defensa por parte de la fuerza
pública, cuando es evidente la desproporción entre el número de agentes del
Ejército Nacional y la víctima, pues aquellos eran 16 militares y el occiso
solo uno.
3.14.    Se
habría faltado a la honra de Eider Alegría Ortega, pues no solo fue “asesinado”
sino que se indicó que era guerrillero y delincuente, atracador de fincas y
veredas cercanas. Con esto, además, el Tribunal concluyó que en Colombia está
permitido matar delincuentes o guerrilleros si el Ejército afirma que lo son.
3.15.    Según
los accionantes, la autoridad demandada habría desconocido las siguientes
pruebas:
-
Relato realizado por la señora María Carlina Ortega el 9 de julio
de 2007.
-
Queja interpuesta por la madre de la víctima el 7 de febrero de
2007 ante la Defensoría del Pueblo.
-
Formato entrevista – FPJ12 de la Fiscalía General de la Nación
No.  de caso 630016000033200700103 al entrevistado DIVIER DE JESÚS DUQUE OCAMPO
el 16 de enero de 2007.
-
Oficio No. 084 de la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 13 Delegada
ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, dirigido a la
Defensora del Pueblo Regional Quindío el 09 de febrero de 2007.
-
Oficio No. 3125/07 de la Procuraduría General de la Nación,
Delegada Disciplinaria para la defensa de los Derechos Humanos, dirigido a la señora
MARÍA CARLINA ORTEGA ALEGRÍA el 3 de septiembre de 2007.
-
Comunicación de agosto 8 de 2007 de la Procuraduría General de la
Nación, Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos, Radicación No. 008-162602-2007, ordenando la Indagación Preliminar.
-
Oficio No. 5117, DPA-5017 de la Defensoría del Pueblo del 22 de
agosto de 2008 con su anexo Oficio No. 431 de agosto 13 de 2007 de la Fiscalía General
de la Nación.
-
Oficio PDD DD.HH No. 1870/08 de la Procuraduría General de la Nación,
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos de abril 23 de
2008.
-
Auto de marzo 31 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación,
asumiendo el poder preferente.
-
Página 4B JUDICIAL del Periódico LA CRÓNICA del martes 16 de enero
de 2007, en el que se hace despliegue publicitario de la tragedia.
-
Certificación laboral del fallecido expedida por su empleador el
11 de noviembre de 2008 y ratificación de su mismo empleador en declaración que
obra dentro del proceso.
-
El Acta número 22 publicada en la Gaceta del Congreso número 107
de 2009 que se realizó durante el debate de falsos positivos, prueba allegada
directamente por la Secretaría General del Senado de la República.
-
Informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación sobre el
personal del grupo que acampó en la finca San Alberto.
3.16.
Consideraron además los accionantes que en la sentencia proferida
por el Tribunal también se incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, en tanto no tuvo en cuenta que el máximo
tribunal de lo contencioso administrativo habría proferido otras sentencias con
situación fáctica similar a la hoy analizada. Para el efecto, los accionantes
citaron las siguientes providencias:
3.16.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sala Plena. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth el 11 de
septiembre de 2013. Expediente No. 20601. Radicación No.
41001-23-31-000-1994-07654-01. Actor: María del Carmen Chacón y otros,
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Naturaleza: acción de
reparación directa.
3.16.2.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero el 20 de febrero de 2008.
Radicación No. 760001-23-25-000-1996-04058-01 (16996). Actor: María Delfa
Castañeda y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Otro.
Referencia: acción de reparación directa.
Con base en
todo lo anterior, los accionantes solicitaron que se concediera el amparo de
los derechos fundamentales violados y se ordenara dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Segunda de Decisión el ocho (8) de junio de 2017 dentro de la acción de reparación
directa presentada por ellos contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.
4.
Los fallos de tutela
objeto de revisión
4.1.
Sentencia de Primera instancia: Mediante providencia
del 14 de junio de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos invocados
por los accionantes, refutando que en la sentencia de la autoridad accionada se
hubiera incurrido en un defecto fáctico pues la decisión acusada habría sido el
resultado de la siguiente valoración probatoria:
-
Respecto del Informe pericial de residuos de disparo en mano (prueba
de absorción atómica), realizado sobre el cadáver del señor Alegría Ortega, se
resolvió que este debía valorarse en conjunto con otros elementos probatorios
pues, al no haberse recibido información sobre si las manos del cadáver se
encontraban debidamente embaladas “pudo presentarse una remoción de residuos
después del disparo por lavado de manos o rozamiento de estas con otras
superficies”.
-
Frente del estudio comparativo de vainillas y el dictamen
balístico, el juez constitucional de primera instancia estimó que la autoridad
demandada consideró que de tal estudio se desprende que “la vainilla incriminada
corresponde al calibre 16 y formó parte de un mismo cartucho, el cual fue
percutido por una misma arma de fuego tipo escopeta No. externo 3612, es decir
la que portaba el señor Eider Alegría Ortega”.
-
Sobre las pruebas trasladadas de los procesos disciplinario y
penal militar adelantados al ST Rosas Ramírez Diego como integrante del
Ejército Nacional que accionó su arma contra el señor Alegría Ortega, se
consideró que los testimonios de los soldados que acompañaban a dicho
uniformado serían coincidentes “en relatar que [el hoy difunto]
estaba armado y que cuando [el Ejército lo alertó sobre] su presencia,
disparó en la dirección en la que se encontraban los militares y como respuesta
el ST Rosas Ramírez respondió al fuego”.
-
Se señalo que en la declaración del señor Diego Javier Miranda
Villada, como uno de los acompañantes de Eider Alegría Ortega al momento de los
hechos que rodearon su muerte, se narró que el occiso se dedicaba al hurto y
que ese día, junto con un tercero, abordaron un bus con destino al “alto de
la cruz” para integrar un grupo criminal con el que trabajaba aquel, transportando
armas. Se sostuvo que en dicho testimonio se señaló que cuando los dos sujetos llegaron
al referido lugar, el señor Alegría Ortega habría sacado de un maletín las
armas que se encontraron junto a su cuerpo, unos machetes y un arma de juguete
y luego les habría propuesto que fueran por distintos caminos porque sabía que había
tropas del ejército por el lugar. Se manifestó que el declarante habría
reconocido el primer disparo de la escopeta y que habría huido. Así mismo,
dicho sujeto habría declarado que la madre de la víctima le habría pedido que
cambiara su versión para mentir afirmando que ellos y Eider iban era de pesca, así
como que los uniformados le habrían pagado para que llevara al difunto al sitio
en donde ocurrió su muerte.
-
En torno a las denuncias presentadas por diferentes ciudadanos
contra Eider Alegría Ortega y otros miembros de la misma familia, se indicó que
la autoridad accionada observó que estos serían integrantes de una banda
delincuencial denominada “los pastusos” dedicada al hurto.
Así las
cosas, el juez constitucional de primera instancia concluyó que no habría
existido un actuar arbitrario, caprichoso y negligente por parte del Tribunal
accionado, sino que, por el contrario, se habría realizado una valoración razonable
y comprehensiva “de todos los elementos que obran en el expediente”, lo que
permitió determinar la configuración de la eximente de responsabilidad del
Estado por culpa exclusiva de la víctima. El juez de instancia señaló que lo
que se habría presentado sería un “desacuerdo de los accionantes con la
decisión adoptada para lo cual la acción de tutela no resulta procedente”.
4.2.
Impugnación: La señora María Carlina Ortega
Alegría y sus litisconsortes impugnaron la sentencia de tutela de primera
instancia, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en el escrito
tutelar. Además, adujeron que el Consejo de Estado da mayor credibilidad “a
un niño de 16 años, de nombre DIEGO JAVIER MIRANDA que el 18 de enero de 2007
dijo una cosa, después se contradice y amplía su declaración (…) el 28 de mayo
de 2018, donde por su inmadurez mental dice cosas no ciertas, amañada e
incoherentes”; y que el tribunal demandado habría proferido su sentencia “sin
esperar a una prueba de oficio que él mismo había decretado”, refiriéndose
con ello a la investigación adelantada por el Ministerio Público respecto de
los hechos que derivaron en la muerte del señor Eider Alegría Ortega.
4.3.
Sentencia de segunda instancia: En providencia
del 19 de septiembre de 2018, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo.
Para ello, el ad quem constitucional consideró que, aunque la parte
actora aseveró que existía una contradicción en el testimonio de Diego Javier
Miranda en que el tribunal accionado se apoyó, lo que en realidad se observa es
que no habría tal y que, por el contrario, la autoridad demandada valoró en
conjunto dicha prueba sin que eso implique el desconocimiento de los derechos
fundamentales de los accionantes.
Frente del
argumento de los accionantes de que el Tribunal habría fallado sin llegar a
valorar la prueba que debía aportar la Procuraduría General de la Nación, el
juez constitucional de alzada advirtió que la parte demandante no argumentó la
incidencia de dicha prueba en la sentencia proferida, ni los motivos por los cuales,
de haber sido valorada, el juez hubiese llegado a conclusiones diferentes. Resaltó
que el Tribunal no podía supeditar la expedición de la decisión de fondo que
debía proferir, al recibo de la copia del expediente solicitada, más aún
teniendo suficiente y abundante material probatorio para definir el asunto.
Reiteró el juez
constitucional de segunda instancia que el hecho de que la víctima no tuviera
antecedentes penales no significa per se que el Estado fuera responsable
de los hechos que motivaron el trámite ordinario, sobre todo cuando el operador
judicial concluyó la configuración de la eximente de responsabilidad del Estado
por culpa exclusiva de la víctima en el daño sufrido.
II.
PROBLEMAS JURÍDICOS Y PLAN
DE LA SENTENCIA
1.
Problemas
jurídicos
De acuerdo con lo atrás planteado, esta
Sala de revisión considera que inicialmente (i) debe establecer si es procedente la acción de tutela contra
la providencia de ocho (8) de junio de 2017 proferida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío; para luego determinar si,
(ii) al emitir la providencia
censurada, la autoridad demandada efectivamente incurrió en alguna de las causales que justifican la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.
Plan
de la sentencia
Para resolver los problemas
jurídicos propuestos, la Sala comenzará por (i) hacer una breve exposición de las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y los requisitos generales para la admisibilidad de la acción de tutela.
(ii) Luego la Corte se pronunciará con mayor detalle sobre las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales por defecto fáctico y por desconocimiento del
precedente, explicando las razones de la aptitud de la acción de tutela de la
referencia. En este punto se dará respuesta al primer problema jurídico.   (iii)
Finalmente, la Corte resolverá el caso concreto, dando respuesta al segundo
problema jurídico. Para esto último, la Corte hará una exposición de las
pruebas que estima relevantes para decidir el caso y luego las analizará para
definir si la autoridad demandada efectivamente incurrió o no en cualquier
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
III. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
Esta Sala de Revisión es competente
para examinar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 34 del Decreto 2591
de 1991. Con fundamento en tal competencia, la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional pasa a desarrollar el plan de la sentencia que
explicó el numeral 2 de la sección II supra.
1.
Las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y los requisitos generales de la acción de tutela
1.1.
Por
una parte, como se recordó en reciente jurisprudencia[4], la procedencia general de la acción
de tutela está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos
generales, a saber:
“a. Legitimación por activa y pasiva.
b. Relevancia constitucional. El accionante debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué el problema a resolver es
genuinamente una cuestión que afecta los derechos fundamentales de las partes.
c. Inmediatez. Que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración o de la entrada en ejecutoria de la providencia atacada.
d. Efecto decisivo del defecto procedimental. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que ella tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e. Identificación razonable de los hechos. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto
por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
g. Subsidiariedad. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que el actor deba desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”.
1.2.
Por otra parte, desde
sus inicios la Corte Constitucional admitió la procedencia de la acción de
amparo prevista en el artículo 86 de la Carta Política para proteger los
derechos fundamentales que se vieran amenazados por el accionar de las
autoridades judiciales[5]. Así, aunque mediante Sentencia C-543 de
1992[6] esta Corporación declaró inexequibles los
artículos del Decreto 2591 de 1991 que regulaban la impugnación de sentencias
judiciales a través de la acción de tutela, en esa misma providencia la Corte
admitió que, dadas ciertas circunstancias excepcionales, la acción de tutela resultaba
apta para controlar “actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
descono(cieran) o amena(zaran) los derechos fundamentales”. A partir de entonces, la Corte acogió la
doctrina de la “vía de hecho” con la que, excepcionalmente y ante
decisiones judiciales que desconocieran de manera evidente el ordenamiento
constitucional, se accedió a que, a través de la acción de tutela, fueran “(removidas)
aquellas “decisiones” que formal y materialmente (contrariaran),
de manera evidente y grave el ordenamiento constitucional, de modo que no (pudieran)
en realidad reputarse como verdaderas providencias judiciales, pues sólo (serían)
arbitrariedades con apariencia de tales.”[7]
En
años posteriores la jurisprudencia convino en que la referida doctrina de la “vía
de hecho” judicial fuera terminológicamente ajustada por la de “causales
específicas de procedibilidad” de la acción de tutela contra providencias
judiciales[8]. Actualmente tales causales se
circunscriben a la acreditación de cualquiera de los siguientes vicios en una
providencia judicial:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional (o
cualquier otra alta Corte) establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución” (Énfasis fuera de texto.
El paréntesis del literal h. no corresponde a la cita de la nota en pie)[9].
Como se expone en el siguiente
numeral 2, la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos
señalados en el numeral 1.1. recién desarrollado. Así mismo, la sentencia
dictada el ocho (8) de junio de 2007 por el Tribunal demandado amerita ser
revisada a la luz del defecto fáctico y/o desconocimiento del precedente que se
explicaron someramente en el numeral 1.1. supra.
2.
Cumplimiento de los requisitos de la acción de tutela
2.1.
La acción de
tutela presentada contra la sentencia dictada el ocho (8) de junio de 2017 por
la autoridad demandada dentro del proceso de reparación directa ya aludido
cumple con todos los requisitos generales que se enunciaron en el numeral 1.1. supra.
Veamos:
2.1.1. Legitimación
por activa y pasiva. Como explica Chiovenda
en concepto acogido por la Corte Suprema de Justicia[10], “la
legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la
persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad
de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la
acción (legitimación pasiva)”. De este modo, quienes fungieron como accionantes dentro de
la reparación directa cuya segunda instancia resolvió la sentencia del ocho (8)
de junio de 2017 del Tribunal son aquellos llamados a ostentar la legitimación
por activa para impugnar dicha providencia por haber sido, ellos mismos, los
sujetos cuyos derechos se habrían visto menoscabados por aquella. Por su parte,
en su condición de órgano de la Administración que profirió la providencia
judicial que mediante la tutela de la referencia se impugna, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío es en quien reside la
legitimación por pasiva, permitiendo así que la sentencia que desate la
respectiva acción de tutela bien la absuelva o, en caso contrario, le ordene la
elaboración de una nueva providencia que se ajuste a los postulados
constitucionales.
2.1.2. Relevancia
constitucional. La
cuestión que se ventila dentro de la presente acción de tutela es de indudable relevancia
constitucional. Además de referir a la eventual violación del derecho al debido
proceso por cuenta de los eventuales defectos fácticos y/o desconocimiento del
precedente que se alegan, la acción se refiere a una posible grave violación de
los derechos humanos por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales a que ya la
Administración de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas
oportunidades[11].
2.1.3. Inmediatez. La acción objeto de estudio se presentó el seis (6)
de octubre de 2017[12], menos de cuatro meses luego de que
se profiriera la sentencia del ocho (8) de junio de 2017 de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío; con lo cual se cumple el
requisito de inmediatez.
2.1.4. Efecto decisivo del error
procedimental. No
es del caso verificar la existencia de este requisito por cuanto no se alega ni
identifica la ocurrencia de un error procedimental en la providencia que se
ataca mediante la presente acción.
2.1.5. Identificación razonable de los
hechos. De la
lectura de la demanda de tutela se desprenden con claridad los hechos por los
cuales se acusa a la sentencia impugnada de violar el derecho al debido proceso
de los accionantes, con ocasión de los eventuales defectos fácticos ocurridos
por posibles vicios en la adecuada valoración del acervo probatorio recaudado
dentro del proceso de reparación directa y/o del eventual desconocimiento de
precisa jurisprudencia del Consejo de Estado al resolver casos relativos a
graves violaciones de derechos humanos por homicidios realizados sobre personas
protegidas.
2.1.6. No se trata de atacar una sentencia
de tutela. La
acción de tutela de la referencia se presenta contra una decisión judicial
proferida dentro de una acción de reparación directa que corresponde a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no contra cualquier providencia
producida dentro de una acción de tutela.
2.1.7. Subsidiariedad. Finalmente, es claro que la actora
agotó el requisito de subsidiariedad pues la providencia judicial impugnada es
una sentencia judicial de segunda instancia dictada por un tribunal
administrativo, contra la cual no cabe recurso alguno. Ciertamente, por una
parte, la acción de reparación directa del caso se inició en 2008[13] bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo - CCA), antes de que entrara en vigencia la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA)[14]; régimen administrativo
aquel que, a diferencia del actualmente vigente, no contempló el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia que prevén los artículos
256-268 del CPACA. Además, por las mismas razones de vigencia del CCA para la
referida acción de reparación directa, la Corte tampoco observa que la sentencia que se
impugna en vía de tutela haya incurrido en cualquiera de las causales que
previó el mentado código para la procedencia del recurso extraordinario de
revisión en su artículo 188[15]; todo ello sin perjuicio
de que el asunto sub examine trata, así sea indirectamente, de sujetos
de especial protección constitucional, como lo son los dolientes de quien
eventualmente fuere víctima de un falso positivo.
Por lo recién expuesto, la Sala concluye que la acción de
tutela en estudio cumple con los requisitos generales exigidos para su
procedencia.
2.2.
Por otra parte, en
relación con las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, es preciso ampliar en la caracterización
del defecto fáctico y del desconocimiento del precedente. Veamos:
2.2.1. Defecto fáctico. Más allá de la carencia de
apoyo probatorio sobre el supuesto legal en el que se sustenta una determinada
decisión judicial, debe añadirse que el defecto fáctico tiene dos dimensiones:
una positiva y una negativa. De acuerdo con la jurisprudencia, la dimensión negativa “surge de las omisiones o descuido de los funcionarios judiciales
en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin justificación alguna no
valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las
pruebas suficientes que sustentan la decisión; y (iii) por no ejercer la
actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica
de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan”[16]; o cuando “el juez (i) niega una prueba; (ii) no se valora una
prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u (iii) omite
por completo la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del
proceso[106[17]].”[18] También ocurre un defecto fáctico en su dimensión
negativa cuando “el funcionario judicial
omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia
impedir la debida conducción de ciertos hechos que resultan indispensables para
la solución del asunto jurídico debatido[22[19]]”[20]. Por su parte, la
dimensión positiva “se configura, en cambio, (i) cuando el juez admite
pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de
pruebas ilícitas o (ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios
que, por disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual
se fundamenta la decisión[107[21]].”[22]
En el sub
examine los actores acusan que en la sentencia que la autoridad demandada
dictó dentro del proceso de reparación directa a que se ha venido haciendo
referencia, se habría incurrido en un defecto fáctico por: (i) no valorar
adecuadamente la prueba de absorción atómica practicada sobre las manos del
señor Eider Alegría Ortega; (ii) darle total credibilidad a los testimonios de
los integrantes de las Fuerzas Militares que presenciaron las circunstancias en
que habría muerto dicho sujeto, así como a lo que sobre dichas circunstancias
afirmó el señor Diego Javier Miranda Villada; (iii) no llegar a siquiera
valorar las declaraciones que tanto la madre del señor Alegría Ortega como
otras personas hicieron ante distintas autoridades sobre cómo habrían sucedido
los hechos; y (iv) haber fallado el proceso sin llegar a valorar una prueba
proveniente de la Procuraduría General de la Nación que no fue allegada al
respectivo expediente pese a haber sido procesalmente decretada. Tal situación
permite concluir que la impugnación de la sentencia de la autoridad demandada
tendría como soporte acusaciones por la eventual ocurrencia de unos defectos
fácticos, fundamentalmente en su dimensión negativa.
2.2.2. Desconocimiento
del precedente. El principio
constitucional de igualdad exige que exista una uniformidad en el trato de
casos iguales por parte de la Administración de Justicia. En tal sentido la
jurisprudencia de la Corte ha explicado que el poder vinculante de la interpretación
que de la ley hagan los órganos de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura)
“garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de
los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así
mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las
Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico
jurídico entre los particulares”[23].
Como se
enunció en el numeral 3.16 de la sección I supra, además de los defectos
fácticos a que se acaba de hacer alusión, en su tutela los accionantes
denuncian que la autoridad demandada se abstuvo de considerar lo que habría
decidido el Consejo de Estado al resolver dos reparaciones directas por hechos análogos
a los que motivaron el proceso contencioso administrativo a que alude esta
providencia.
***
Lo expuesto bajo el presente numeral
es suficiente para acreditar que la tutela de la referencia resulta procedente
toda vez que cumple tanto con los requisitos generales para su admisibilidad (supra
2.1), como que en ella se alega la ocurrencia de dos de las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (supra
2.2.).
3.
El caso concreto
Con el propósito de
contextualizar el estudio del caso que ahora ocupa a la Corte, esta Sala de
Revisión considera pertinente recordar que el fundamento ético que justifica la
existencia del Estado Social de Derecho que consagra la Constitución Política de
1991 radica en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Sobre
este particular, en Sentencia T-535 de 2015[24], la Corte sostuvo que “(l)os
derechos humanos son intereses vitales de la humanidad que prescriben la dignidad de la persona
frente al Estado. A la luz de esta concepción que
hace parte de los principios irrigadores de nuestro ordenamiento
constitucional, la razón de ser de las ramas del poder público no es otra que
la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos; actuar contra ello, es desconocer
siglos de evolución en busca de la racionalidad humana. La cuestión de la
validez ética de las actuaciones del Estado, cobra especial importancia (…)
porque cuando sus representantes actúan contra los principios axiales que
justifican su existencia, desprecian su razón de ser, que no es otra que la
efectiva guarda de los derechos humanos.”
3.1.
Materia de
estudio
A diferencia de otros casos en donde se ha alegado la
ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales o, como se han venido denominando a
partir de la primera década del siglo XXI, de “falsos positivos”[25], en el caso sub examine existe una certeza
relativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos que concluyeron con la muerte del señor Eider Alegría Ortega[26]. Se encuentra plenamente probado, sin que
al respecto exista discrepancia entre las partes del proceso de reparación
directa, que el catorce (14) de enero de 2007, en área rural del municipio de
Génova, Quindío, y en horas de la tarde, un integrante del Ejército Nacional
dio muerte al señor Alegría Ortega luego de que aquel accionara voluntariamente
en tres oportunidades un arma de fuego en contra de este.
Existiendo acuerdo sobre lo anterior, la controversia materia
del proceso de reparación giró alrededor de las razones que habrían llevado al
respectivo integrante del Ejército Nacional a dispararle al señor Eider Alegría
Ortega. Por una parte, en la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío,
se sostuvo que la muerte del señor Alegría Ortega habría sido culpa exclusiva
de la víctima pues esta, luego de no atender a la proclama “alto somos
tropas del Ejército Nacional” de la tropa oficial, habría accionado una
escopeta en contra de la respectiva patrulla militar, ante lo cual un
integrante del Ejército -en ejercicio de una legítima defensa y en cumplimiento
de sus deberes constitucionales- habría respondido accionando su arma de
dotación contra la humanidad del señor Alegría Ortega, causándole la muerte.
Por otra parte, los ahora actores de tutela y entonces demandantes en el
proceso de reparación directa, sostuvieron que no habría existido razón para
dispararle al señor Alegría Ortega y que se trataría, más bien, de una
ejecución extrajudicial o falso positivo.
La solución de la disputa de tutela pasa entonces por
verificar (i) si el Tribunal edificó su tesis sobre una valoración probatoria
sólida, de acuerdo con las normas sustantivas que rigen tal actividad; esto es,
si la conclusión de la autoridad demandada obedeció a una apreciación suficientemente
razonable del acervo probatorio. Por ello, la labor de la Corte se dirigirá a averiguar
si el acervo probatorio recaudado en el presente expediente de tutela[27]; y (ii) si el estado de la jurisprudencia
proferida en casos similares al estudiado permitía o no a la autoridad
demandada concluir que la pretensión central de la demanda de reparación
directa debía ser negada, como en efecto ocurrió, con fundamento en las razones
incorporadas en su providencia. Así, si la respuesta a cualquiera de las anteriores
cuestiones resulta negativa, la Corte dejará sin efecto la respectiva sentencia
y le ordenará al Tribunal que proceda a la expedición de una nueva providencia
en la que ajuste la solución del caso a los postulados constitucionales que la
Corte encuentre infringidos por la providencia original.
3.2.
Evidencia relevante
Para resolver
el asunto de su competencia, en el expediente de tutela la Sala encuentra como
relevantes las pruebas que se relacionan a continuación:
3.2.1. Copia de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Segunda de Decisión, el ocho (8) de junio de 2017 en el proceso
de reparación directa iniciado por los accionantes contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. En esta providencia se revoca la
decisión del doce (12) de diciembre de 2011 emitida por el Juzgado Tercero
Adjunto Administrativo del Circuito de Armenia (infra 3.2.2.) y se niegan
las pretensiones de la demanda. La sentencia de que trata este subnumeral es la
misma que se ataca a través de la acción de tutela de la referencia.[28]
3.2.2. Copia de la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Armenia, con fecha del doce (12) de diciembre de 2011 en el
proceso de reparación directa iniciado por los accionantes contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. En esta providencia se declaró a la
parte accionada como administrativamente responsable de los daños causados a los
demandantes por la muerte del señor Eider Alegría Ortega.[29]
3.2.3. Copia del
Auto del tres (3) de junio de 2010, dictado por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Armenia, mediante el cual se abre a pruebas la acción de
reparación directa a que alude el numeral 3.2.4. supra y dentro del cual se
observa, entre otros, que como prueba trasladada de la parte activa, se ordena
oficiar (i) a la Procuraduría General de la Nación para que allegue al respectivo
expediente la “copia íntegra y auténtica de la investigación disciplinaria
(...) que tramitaba el Comando General de la Octava Brigada del Ejército
Nacional con ocasión de los hechos sucedidos el 14 de enero de 2007 en la
Vereda la Venada (…) lugar donde resultó muerto el señor EIDER ALEGRÍA ORTEGA”;
y (ii) a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos para que allegue al
expediente “copia íntegra y auténtica de las diligencias (…) que denuncian a
miembros del Ejército Nacional (…) por violación al derecho internacional
humanitario en el homicidio de EIDER ALEGRÍA ORTEGA (…)”[30]
3.2.4. Copia de la
demanda de reparación directa iniciada por los accionantes en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.[31]
3.2.5. Copia del “INFORME
EJECUTIVO” de la Fiscalía General de la Nación sobre la noticia criminal
con número único 630016000033200700103, con fecha de presentación del 16 de
enero de 2007, en estado de Borrador, con fecha del registro del 14 de enero de
2007 a las 16:00pm y tipo de noticia sobre actos urgentes - homicidio Art. 103
C.P., en el municipio de Génova, Quindío, vereda Venada Baja.
[32] En
dicho informe se encuentra consignada la siguiente información:
“EL
OCCISO ESTÁ A 280 METROS SIGUIENDO A LA VÍA O CAMINO PRINCIPAL DESDE LA CASA DE
LA FINCA HASTA EL SITIO DONDE FUE ENCONTRADO EL OCCISO, EL CUAL SE HALLÓ EN UN
SECTOR DESPOBLADO, POR UN CAMINO APROXIMADAMENTE DE CUATRO METROS DE ANCHO,
CUBIERTO POR PASTO VERDE Y PASTO DE COLOR CAFÉ, YA SECO POR HABER SIDO CORTADO
CON ANTERIORIDAD, ESTE MATERIAL SE ENCUENTRA EN ABUNDANCIA EN EL SECTOR, LO
CUAL DIFICULTA LA BÚSQUEDA DE EMP Y EF, EN EL SITIO NO HAY ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL Y A LOS DOS LADOS DEL CAMINO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS HAY
ABUNDANCIA DE PLANTAS DE CAFÉ Y PLÁTANO, A NUESTRA LLEGADA COMENZÓ A OCULTARSE
EL SOL, POR CUANTO FUE NECESARIO INICIAR LA BÚSQUEDA CON LINTERAS Y LUZ
ARTIFICIAL, AL OCCISO LE FUERON ENTCONTRADOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN ARMA
DE FUEGO TIPO ESCOPETA, PRESENTA EL MARTILLO EN POSICIÓN ORIGINAL HACIA
ADELANTE, EL SEGURO DEL ARMA LIBERADO, PRESENTA POSICIÓN NORMAL INSCRIPCIÓN
ILEGIBLE QUE CONSTA DE SIETE CARACTERES CAL16+3652 LOCALIZADO EN LA PARTE
POSTERIOR INFERIOR DE LA CAJA DE MECANISMOS DE DISPARO, AL EXPONERSE SU
RECÁMARA SE OBSERVA DENTRO DE LA MISMA UNA VAINILLA CON INSCRIPCIÓN EN LA BASE
“INDUMIL CAL.16 COLOMBIA” CON EL FULMINANTE PERCUTIDO Y BOBINA EN PLÁSTICO DE
COLOR VERDE. TAMBIÉN LE FUERON ENCONTRADAS DOS GRANADAS DE MANO, DE
FRAGMENTACIÓN, CON ESPOLETA No. M8524A2 DE COLOR VERDE, CON AUSENCIA DE PINTURA
EN ALGUNAS PARTES, OTRA GRANADA DE MANO CON LA ESPOLETA  No. M8524A2cCON SEGURO
Y ESPOLETA, LA BÚSQUEDA DE EMP Y EF DIVERSA TALES COMO VAINILLAS, PROYECTILES,
MÁS ARMAS O EXPLOSIVOS SE REALIZÓ MEDIANTE EL MÉTODO DE FRANJAS, EN UN RADIO
ALREDEDOR DEL OCCISO DE 15 METROS A LA REDONDA, EL GRUPO 01 DEL CTI URI AL
LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS, ENCONTRÓ DENTRO DEL MISMO AL PERSONAL DEL
EJERCOL QUE PARTICIPÓ EN LOS HECHOS, DE IGUAL MANERA NO HABÍA NINGUNA
CLASE DE ACORDONAMIENTO. CON NUESTRA LLEGADA ESTUVIERON PRESENTES EN LA
DILIGENCIA, FUERA DEL PERÍMETRO DE BÚSQUEDA LA SECRETARIA DEL JUEZ PENAL
MILITAR NO. 55, ALICIA ESPERANZA RODRÍGUEZ ALFONSO C.C. 51.917.954 DE BOGOTÁ,
TEL OFICINA 3112302654 DEL BATALLÓN CISNEROS Y EL MAYOR REYES ORTEGÓN JAVIER
C.C. 7.162.225, 3º. AL MANDO DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO. 05.
EL
PERSONAL DEL GRUPO QUE ACAMPÓ EN LA FINCA SAN ALBERTO ES EL SIGUIENTE:
1-SUB
TENIENTE ROSAS RAMÍREZ DIEGO. 2- RODRÍGUEZ VECINO ROBERTO
DE JESÚS C.C.91326062 DE PUERTO WILCHES- SANTANDER. 3-BOHORQUEZ
BAUTISTA GONZALO C.C.7184830 DE TUNJA – BOYACÁ. 4- PÉREZ RODRÍGUEZ ÁLVARO
C.C.13564015 DE PLAYÓN SANTANDER. 5-ALBA CARLOS FABIÁN
C.C.88130868 FLORENCIA CAQUETÁ. 6-RODRÍGUEZ JIMÉNEZ WILMAR C.C.9691920
AGUACHICA CESAR. 7-MAYA LONDOÑO UBER ANTONIO C.C.9698159 DE ANSERMA CALDAS.
8-BADILLO MORENO JOAQUÍN C.C.91452537 ARATOCA SANTANDER. 9-GALLO PÉREZ
JORGE ALEXANDER C.C.98695625 BELLO ANTIOQUIA. 10-PARRA REYES HERNÁN
DARÍO C.C.91523574 DE BUCARAMANGA. 11-CHAVEZ CASAS GERMÁN ANDRÉS C.C.80764217
BOGOTÁ. 12-DORADO ORDOÑEZ LEONEL C.C.11448587 BOGOTÁ. (13)
GUERRERO LOTERO PABLO EMILIO C.C.44040379 CALARCÁ QUINDÍO. 14-MEDINA GONZÁLEZ
JOSÉ YESID C.C.79005993 GUADUAS CUNDINAMARCA. 15-ARIAS MUÑOZ JAMES ESNEIDER
C.C.9737676 ARMENIA. 16-FIGUEROA AGUDELO JHON JAMES C.C.75100252 MANIZALES.
LA
ESCOPETA SERÁ ENTREGADA AL PERITO ROLANDO NÚÑEZ PARA ANÁLISIS, LAS DOS GRANADAS
SERÁN ENTREGADAS AL TÉCNICO DE ANTI (E)XPLOSIVOS DE LA SIJIN, CON EL FIN DE QUE
SEAN ANALIZADAS Y POSTERIORMENTE DESTRUIDAS. EN LAS LABORES DE VECINDARIO Y
ENTREVISTAS PARTICIPARON FREDY PALMA, FERNEY RUIZ Y FREDY ANDRÉS QUEVEDO,
MIENTRAS QUE ROBERTO RENGIFO, ROLANDO NÚÑEZ, ANDRÉS CALDERÓN Y JAIRO ÁLVAREZ
REALIZARON BÚSQUEDA DE EMP EF EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CON LOS RESULTADOS YA
MENCIONADOS. CON RESPECTO A LA BALÍSTICA DE CAMPO ROLANDO NÚÑEZ INFORMÓ: NO
SE MATERIALIZARON TRAYECTORIAS DE DISPARO, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRÓ EN LA
ESCENA DE LOS ACONTECIMIENTOS PUNTOS CARACTERÍSTICOS, COMPATIBLES CON TRAZOS DE
PASO DE PROYECTIL DISPARADO POR UN ARMA DE FUEGO. ADEMÁS NO SE TOMARON
PROYECTILES NI VAINILLAS PATRONES DEL FUSIL QUE OCASIONÓ EL DECESO DE LA
PERSONA HOY FALLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE LOCALIZÓ EVIDENCIA EN EL TEATRO DE
LOS ACONTECIMIENTOS, QUE CONLLEVEN A UN COTEJO BALÍSTICO DE LABORATORIO. SUMADO
A LO ANTERIOR, LA AUSENCIA DE E.M.P. NO PERMITE ESTABLECER POSIBLE POSICIONES
DE AGRESOR, NI DETERMINAR DISTANCIA APROXIMADA DE DISPARO.
SE
REALIZARON LABORES DE VECINDARIO CON EL FIN DE QUE LAS PERSONAS CUYA VIVIENDA
ESTÁ UBICADA CERCA AL LUGAR DE LOS HECHOS IDENTIFICARAN AL OCCISO, POR CUANTO
ESTÁ COMO NN, LO ANTERIOR CON RESULTADOS NEGATIVOS. SE REALIZÓ EL CENSO CON LAS
SIGUIENETS (SIC) PERSONAS: ANDRESON CORREA CAMPOS, EDAD 17 AÑOS, T.I. 61427 DE
CIRCASIA, QUIEN TRABAJA DESDE HACE UN AÑO EN LA FINCA SAN ALBERTO, MODESTO NIÑO
GAMEZ C.C.3.101.966 DE NARIÑO, EDAD 38 AÑOS, QUIEN TRABAJA EN LA FINCA SAN
ALBERTO DESDE HACE TRES MESES, CLARIBLE CARDONA, QUIEN HABITA EN LA FINCA EL CANTARO,
UBICADA FRENTE A LA FINCA SAN ALBERTO.
EL
FUSIL QUE FUE ACCIONADO POR PARTE DE LAS TROPAS DEL EJÉRCITO, ESTÁ ASIGNADO AL
SUB TENIENTE ROSAS RAMÍREZ DIEGO C.C.80091085 DE BOGOTÁ, COMANDANTE DEL GRUPO
INVOLUCADO EN LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN, SE TRATA DE UN FUSIL AF
GALIL CAL 5.56/223 MODELO 696IM SERIE NO. 3312267, PORTA CONSIGO UN PROVEEDOR
METALICO CON 35 CARTUCHOS, Y UN PORTAFUSIL EN LONA DE COLOR VERDE. EL SUB
TENIENTE FLORES[33] AFIRMA HABER
DISPARADO EN TRES OCASIONES CONTRA EL HOY OCCISO LUEGO DE QUE EL HOY OCCISO
DISPARARA CON SU ESCOPETA HACIA EL LUGAR DONDE ESTABA ACANTONADA LA TROPA.
SEGÚN VERSIÓN DEL SUB TENIENTE LA DISTANCIA ENTRE ESTE Y EL HOY OCCISO ES DE
APROXIMADAMENTE ERA DE APROXIMADAMENTE 4 METROS.
SEGÚN
INFORMACIÓN RECOPILADA CON LA TROPA, ELLOS ESTABAN DESDE EL SÁBADO EN LA
MADRUGADA INSTALADOS EN LOS CAFETALES DE LA FINCA SAN ALBERTO, MANEJANDO LA
INFORMACIÓN DE QUE LA FINCA SAN ALBERTO IBA A SER OBJETO DE UN HURTO O DE UNA
EXTORSIÓN, ERAN APROXIMADAMENTE LAS 14:40 HORAS DEL DÍA DOMINGO
CUANDO ELLOS ESTABAN ACANTONADOS EN LOS CAFETALES 280 METROS MÁS DEBAJO DE LA
CASA DE LA FINCA, POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CAFETAL Y AL PLATANAL
DE LA MISMA, CUANDO ESCUCHARON RUIDOS DE ALGUIEN QUE CAMINABA SOBRE EL PASTO
SECO, CUANDO VIERON VENIR AL HOY OCCISO CON UNA ESCOPETA EN LA MANO, RODRÍGUEZ
VECINO, UNO DE LOS SOLDADOS QUE ESTABA ALLÍ, GRITÓ QUE ERAN TROPAS DEL EJÉRCITO
NACIONAL, A LO QUE EL HOY OCCISO SOLO ATINÓ A RESPONDER CON UN DISPARO HACIA EL
SECTOR DEL CAFETAL DONDE ESTABAN UBICADAS LAS TROPAS, POR LO QUE EL COMANDANTE
ROSAS, SUBTENIENTE A CARGO DEL GRUPO, REALIZÓ TRES DISPAROS, QUE ACABARON EN
ESE MISMO SITIO CON LA VIDA DE AQUEL PERSONAJE, NN MASCULINO, EDAD 25 A 30
AÑOS, RASGOS CAUCANOS, ESTATURA APROX 168 CM. EL CUAL PORTABA UNA ESCOPETA Y
DOS GRANADAS.
SE
RECIBE EL PRIMER RESPONDIENTE POR PARTE DEL SUB TENIENTE DIEGO ANDRÉS ROSAS RAMÍREZ,
PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 05, DEL EJÉRCITO NACIONAL. LOS
ÚNICOS ELEMENTOS INCAUTADOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS SON LOS QUE FUERON
HALLADOS AL NN DE SEXO MASCULINO.
SE
TOMAN FOTOGRAFÍAS, RESIDUOS DE DISPARO Y NECROS POR PARTE DE JAIRO ÁLVAREZ, EL
ACTA DE LEVANTAMIENTO Y BOSQUEJO TOPOGRÁFICO LO REALIZA ANDRÉS CALDERÓN QUIEN
ENTREGA EL CADÁVER A MEDICINA LEGAL DE ARMENIA, EL CUERPO QUEDA
AMBALADO EN BOLSA PLÁSTICA, SELLADA, ROTULADO Y CON SU RESPECTIVA CADENA DE
CUSTODIA.
FREDY
PALMA, FERNEY RUIZ Y FREDY ANDRÉS CALDERÓN REALIZAN LABORES DE VECINDARIO Y
ENTREVISTAS A LOS SOLDADOS ROBERTO DE JESÚS RODRÍGUEZ VECINO, JORGE ALEXANDER
GALLO PÉREZ Y ÁLVARO PÉREZ RODRÍGUEZ, CUYAS ENTREVISTAS CONSTAN EN UN FOLIO
CADA UNA, SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME, JUNTO CON EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CINCO FOLIOS, SOLICITUD DE ANÁLISIS DEL ARMA DE FUEGO AL PERITO BALÍSTICO DEL
CTI UN FOLIO, SOLICITUD DE ANÁLISIS DE LAS DOS GRANADAS AL PERITO ANTI
EXPLOSIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL UN FOLIO. SOLICITUD DE ANÁLISIS DEL KIT DE
RESIDUOS DE DISPARO TOMADA AL OCCISO UN FOLIO. FORMATO DE PRIMER RESPONDIENTE
UN FOLIO. UN DIBUJO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR DE LOS HECHOS UN FOLIO. NOTICIA
CRIMINAL CUATRO FOLIOS.
FECHA
DE COMISIÓN DE LOS HECHOS: 14/01/2007 14:30PM (SIC)” (Todo
el énfasis fuera de texto)
Respecto de “CADENAS
DE CUSTODIA ASOCIADAS”, el informe señaló textualmente:
FECHA
DILIGENCIA
LUGAR DEL
HALLAZGO
DESCRIPCIÓN
DE LA EVIDENCIA
14/01/2007 17:30
PM
SOBRE
PREDIO RURAL, DE LA FINCA SAN ALBERTO, VEREDA VENAJO BAJO. MUNICIPIO DE
GENCOA (sic) QUINDÍO, AL LADO DEL CUERPO DEL HOY OCCISO
UN ARMA DE
AFUEGO, TIPO ARTESANAL, ESCOPETA, CALAIBRE (sic), CON NÚMERO 3612 EXTERNO,
CON UNA INSCRIPCION ILEGIBLE DE 7 CARACTERS
14/01/2007
17:30 PM
SOBRE EL
CUERPO DEL HOY OCCISO A LA ALTURA DE LA CINTURA
SE TRATA DE
UN ARTEFACTO EXPLOSIVO, TIPO GRANADA, DE MANO DE GFRAGMENTACIÓN. NUMERO DE
EXPOLETA No. M8524A2, COLOR VERDE
14/01/2007
17:30 PM
EN LA
PRETINA DEL PANTALÓN DEL HOY OCCISO
SE TRATA DE
UN ARTEFACTO EXPLOSIVO. TIPO GRANADA DE MANO. DE REFERNCIA M85-24A2
14/01/2007
18:00 PM
EMP
RECOLETADO (sic) EN PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUETRAS (sic) DE DISPARARO (sic)
ENMANSO (sic) DEL CUERPO DEL HOY OCCISO SIN IDENTIFICAR
SE TRATA DE
UN KIT DE RESIDUOS DE DISPARO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 200207. CON MUESTRAS
TOMADAS EN MANOS DEL CUERPOR (sic) DEL HOY OCCISO
14/01/2007
18:00 PM
CUERPO
COMPLETO DE PERSONA DE SEXO MASCULINO SIN IDENTIFICAR, HALLADO A 280 METROS
DE LA CASA DE LA FINCA SAN ALBERTO EN LA VEREDA VENADA BAJA, MUNICIIO (sic)
DE GENOVA QUINDIO.
CUERPO
COMPLETO DE PERSONA DE SEXO MASCULINO SIN IDENTIFICAR, HALLADO A 280 METROS
DE LA CASA DE LA FINCA SAN ALBERTO EN LA VEREDA VENADA BAJA, MUNICIPIO DE
GENOVA QUINDIO (Énfasis fuera de texto)
3.2.6. Copia de
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del seis (6) de diciembre de
2013 en relación con la demanda de reparación directa – apelación de la
sentencia interpuesta por María Rosa Ángela Gómez Restrepo y otros en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. En esta
providencia se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de los
demandados por la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo.
[34]
3.2.7. Copia de
Certificación expedida por el director del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, Seccional Quindío, sin fecha, donde consta que el 15 de
enero de 2007 se realizó en dicho instituto la “autopsia médico legal de
quien en vida correspondía a EIDER ALEGRÍA ORTEGA, quien se encuentra
registrado con No. de protocolo 2007P-05020200016, acta de inspección de cadáver
No. 028 del CTI y NUNC 630016000033200700103”[35].
3.2.8. Copia de la “DECLARACIÓN”
de María Carlina Ortega Alegría rendida ante la Personería Municipal de Génova,
Quindío, el 28 de febrero de 2007. En dicha declaración la señora Ortega
Alegría narró los hechos relacionados con la muerte de su hijo Eider Alegría
Ortega de la siguiente manera:[36]
“PREGUNTADO:
Sírvase manifestar al Despacho los hechos relacionados con la muerte de su hijo
EIDER ALEGRÍA ORTEGA. RESPONDIÓ: Mi hijo EIDER ALEGRÍA tenía 22 años de edad,
vivía con sus padres, laboraba en el campo, el día domingo 14 de
enero de 2007 salió de la casa a las 2:00 pm con los jóvenes DIEGO VILLAMIL y
OSCAR, no sé su apellido, a pescar a la Vereda El Alto de la Cruz, El
Ventiadero o la Venada (se trata de la misma vereda conocida con cualquiera de
estos tres nombres) de este municipio, cuando DIEGO convidaba a mi hijo
ese domingo para que se fueran de pesca recibió cuatro llamadas y cada que las
recibía se salía de la casa y hablaba en la calle, pero mi yerno JULIO GALINDO
quien vive por la misma calle 16 donde está ubicada mi casa escuchaba cuando
DIEGO decía al que lo llamaba: “él no quiere ir” y, volvía a mi casa
insistiéndole a EIDER para que fueran de pesca, OSCAR y DIEGO fueron desde las
8:00 am a mi casa convidándolo hasta que lograron convencerlo. Yo les
di el almuerzo y salieron a las 2 de la tarde. Mi esposo y yo fuimos el martes
16 de enero como a las 5 de la mañana a la casa de DIEGO VILLAMIL ubicada por
detrás del hospital de este municipio, entramos a su casa y le dijimos “Diego
usted que llevó a EIDER para el Alto de la Cruz y sabe en qué lugar estaban
tiene que ir con nosotros a ese sitio” él nos dijo que a él le daba miedo ir
porque a él lo habían reconocido, no especificó quién era el que lo había
reconocido, entonces yo le dije “Diego no le de miedo ir con nosotros porque yo
quiero que usted nos diga a dónde quedó mi hijo”, entonces se levantó de su
cama y se fue con nosotros, a eso de las 6:00 am llegamos a la Vereda Alto de
la Cruz o la Venada Finca San Alberto, bajamos por un desecho abajo llegamos a
un plan donde había una caneca de agua que al parecer la tienen para fumigar,
entonces DIEGO se paró en la caneca a conversar con nosotros y nos dijo que por
ahí habían andado con EIDER, subimos más arriba y nos indicó que ahí habían
estado sentados, también nos dijo que cuando estaban ahí sentados, les
había salido un muchacho con pasamontañas y les había dicho “quietos”, continuó
diciendo que todos habían salido a correr por sitios diferentes, en
este momento el papá de EIDER le dijo a DIEGO que lo que él estaba diciendo era
falso ya que en ese sitio no habían huellas por ninguna parte, entonces DIEGO
insistió en que eso era cierto, fue ahí cuando mi esposo dijo que iba a pedirle
permiso a los de la finca para buscar a mi hijo, nosotros nos quedamos ahí
esperando que mi esposo bajara de pedir permiso, cuenta mi esposo que cuando
llegó a la finca San Alberto el cuidandero, no sabemos su nombre, le preguntó a
mi esposo qué era lo que ocurría, mi esposo le comentó que tenía un hijo
desaparecido desde el domingo, al contarle lo que pasaba, este señor le dijo
todo lo que él sabía, que había visto a mi hijo bajarse el domingo del
bus de Coomoquín a eso de las 2:40 de la tarde con dos muchachos más, que al
momentico había escuchado el sonido de 3 tiros en el sitio que llaman “la Y”,
que al ir a mirar qué era lo que había pasado, vio a mi hijo el cuerpo de uno
de los muchachos que se habían bajado del bus, muerto, que en el mismo
sitio donde estaba el cadáver habían empaques de la comida del Ejercito, dijo
también el cuidandero de la finca que como a las 6 de la tarde la SIJIN y el
Ejército habían llegado a ese sitio para hacer el levantamiento. Este señor le
dijo a mi esposo que cómo estaba vestido el muerto, con una camiseta blanca y
otra azul y un pantalón de jean y los guayos de “Gruya” así como había salido
mi hijo el domingo de la casa. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si desea agregar,
enmendar o corregir algo de la presente declaración. RESPONDIÓ: De acuerdo a
todo lo que se supo alrededor de la muerte de mi hijo, considero que DIEGO
VILLAMIL tiene mucho que ver con esto, pues el día lunes 15 de enero que fui
antecitos de las 2 de la tarde a la casa de él para que me diera información de
mi hijo, él me dijo: “yo le voy a contar la verdad que yo ya hablé con mi
mamá, lo que yo hice fue porque necesitaba una plata” cuando yo le dijo
(sic) que entonces qué había pasado con EIDER, DIEGO me contestó que él tenía
que estar por ahí herido, que porque él había oído 3 tiros y que eran del
ejército, entonces yo le pregunté que si era que el ejército estaba ahí, contestó
que el ejército estaba pero más adelante, DIEGO me dijo después de un rato que
buscara a EIDER en el río que queda abajo en Ventiaderos o Alto de la Cruz,
entonces yo me fui con 2 nietos una niña de 16 años y un niño de 13 años porque
no tenía quién me acompañara, pero no encontramos nada, cuando regresamos ese
mismo lunes como a las 6 de la tarde volvimos, mis nietos y yo a la casa de
DIEGO, yo le dije que por ese lugar no habían señas de nada, le dije que
mañana, es decir el martes, me acompañara al sitio donde habían estado porque
él era el que conocía, en ese momento llegó NILO ALEGRÍA BEDOYA, es decir el
papá de EIDER y le dijo “Diego usted aquí muy tranquilo y por qué no va a
mostrarnos a donde dejó a EIDER, entonces DIEGO dijo “tranquilo no, porque
nadie sabe cómo estoy yo”. No es más mi declaración.”
(Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.9. Copia de
Oficio 12656/MDN-CE-DIV3-BR8-OCJM-OCD-AC 1.9. del 11 de mayo de 2010 suscrito
por el Comandante de la Octava Brigada dirigido a la Profesional Universitario
de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos en el que remite copia de la investigación disciplinaria No. 019-07 que
se adelantó por los hechos antes mencionados[37].
3.2.10.
Copia de la declaración de DIANA MARCELA POSSO rendida ante el
Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, Quindío, el 05 de octubre de 2010[38],
en donde la declarante afirma, entre otros que:
“(…)
el día antes del fallecimiento [del señor Alegría Ortega] yo recuerdo que él
estaba con mi esposo en la cuadra haciendo un tocador para la esposa de la
víctima (…) vi al muchacho que lo invitó a salir a pescar, él no tenía
muchas ganas de salir, hasta que lo convenció (…)” (Énfasis
fuera de texto)
3.2.11.
Copia de Investigación disciplinaria 019 de 2007 de la Octava
Brigada de las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional, sobre la “MUERTE
EN COMBATE “EIDER ALEGRÌA ORTEGA EN EL SECTRO CONOCIDO COMO ALTO DE LA CRUZ DEL
MUNICIPIO DE GENOVA QUIDIO (sic)” . Portada[39].
3.2.12.
Copia de informe (manuscrito) de fecha 19 de enero de 2007
suscrito por el ST Rosas Ramírez Diego en el que narra los hechos del día 14 de
enero de 2007[40].
Su narración es la siguiente:
“Según
informaciones de inteligencia por parte del Batallón se tenía conocimiento que
bandidos tenían la intención de robar fincas, y extorsionar al personal que
habita en las partes rurales del sector. El día 14 de Enero del 2007 ya se
habían completado 02 días de operación, realizando emboscadas y registros por
los sectores por donde se tenía la información que podrían salir. Este día se
realizó una emboscada con todo el grupo especial “COBRA”, sobre un camino real
que conducía a ciertas fincas; todo este sector se conoce como “La Venada”. A
aproximadamente a las 14:30 HRS se escuchó que se acercaban unos pasos por el
camino, cuando ya los teníamos divisados el sujeto que venía adelante traía una
escopeta cal.16, en ese momento el SLP. Rodríguez Vecino Roberto lanzó una
proclama diciendo “Alto somos Tropas Del Ejército Nacional” como nosotros nos
encontrábamos en una parte semi alta yo procedí a poner de pie y éste sujeto me
alcanzó a ver y me hizo un disparo que afortunadamente no logró impactarme, yo
reaccioné inmediatamente bajé la parte semi-alta y le hice 03 disparos en el
pecho en defensa propia; el otro sujeto alcanzó a salir corriendo. Yo
inmediatamente informé al Batallón sobre el hecho sucedido, aseguré el área, a
las 17:00 HRS llegó el SR Oficial S-3 del Batallón con el CTI de la Fiscalía,
en el momento de hacer el levantamiento el CTI encontró 02 granadas de
mano IM-26 que traía el bandido en la pretina del pantalón”. (Todo
el énfasis fuera de texto)
3.2.13.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR
SOLDADO PROFESIONAL RODRÍGUEZ VECINO ROBERTO DE JESÚS”, de fecha 20 de
enero de 2007 rendida ante el Batallón de Alta Montaña No. 5 del Ejército
Nacional. En su relato de los hechos materia de investigación, el declarante
señaló:
“el
día 12 de enero de dos mil siete salimos a las 19:00 horas pues habíamos
recibido la orden de montar una emboscada en el sector alto de la cruz vereda
la venada municipio de Génova Aproximadamente a las 14:45 horas estando
nosotros emboscados vimos dos sujetos armados de inmediato se le hizo la
proclama y el sujeto que venía adelante disparó dando como resultado operacional
una baja en combate. el (sic) otro sujeto emprendió la huida se reportó
al Batallón como está ordenado estos casos. PREGUNTADO: sírvase informar al
despacho si el individuo dado de baja portaban (sic) uniforme. CONTESTADO: No.
PREGUNTADO: Informe al despacho qué clase de armas portaban (sic) el individuo
en el momento del combate. CONTESTADO: Yo le observé una carabina calibre
16. PREGUNTADO: Indique al despacho cómo era la visibilidad en el
momento del combate. CONTESTADO: La visibilidad era clara. PREGUNTADO: Informe
al despacho en qué sitio se encontraba usted al momento del encuentro con los
presuntos terroristas. CONSTESTADO: En la parte alta del camino cerca de mi
teniente, en la finca San Alberto. (…).(Todo el
énfasis fuera de texto)[41]
3.2.14.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR
SOLDADO PROFESIONAL ALBA CARLOS FABIAN”, de fecha 20 de enero de 2007
rendida ante el Batallón de Alta Montaña No. 5 del Ejército Nacional. En su
relato de los hechos materia de investigación, el declarante señaló:
“íbamos
a las 18:00 horas cuando escuché que el puntero hizo la proclama cuando
escuché unos disparos que se dirigían hacia nosotros después sobrepasé el
puntero y me fui disparando unos 20 metros diagonal a mi izquierda y ahí
paré para esperar al resto del personal para esperar órdenes. PREGUNTADO:
sírvase informar al despacho si los individuos dados de baja estaban
uniformados. CONTESTADO: No, estaban de civil y tenían armas y explosivos.
PREGUNTADO: Informe al despacho qué clase de armas portaban los
individuos en el momento del combate. CONTESTADO: Un revólver
calibre 38, Una pistola calibre nueve milímetros y una granada de mano y
explosivos. PREGUNTADO: Indique al despacho cómo era la visibilidad en
el momento del combate. CONTESTADO; despejado. PREGUNTADO: Informe al despacho
en qué sitio se encontraba usted al momento del encuentro con los presuntos
terroristas. CONTESTADO: Yo me encontraba de contrapunteo. PREGUNTADO: Informe
al despacho cómo era el terreno en donde se presentó el combate. CONTESTADO: El
terreno era marañoso favorable para nosotros por que (sic) estábamos pegados al
cerro, tenía abundante maraña ese terreno ya era conocido por algunos de los
soldados. PREGUNTADO: Indique al despacho a qué distancia se encontraba ubicado
usted en el momento del combate. CONTESTÓ: aproximadamente 40 metros.
PREGUNTADO: indique a este despacho la ubicación exacta en el momento del
combate. CONTESTÓ: Alto de la línea de la nevada. PREGUNTADO: sírvase informar
a este despacho si en algún momento alcanzaron a lanzar proclama el cual les
permitiera ser reconocidos como tropas del ejército nacional. CONTESTÓ: Si, se
reaccionó inmediatamente a la agresión de este individuo el cual identifico
(sic) la tropa. PREGUNTADO: indique a este despacho quién dio orden de
reaccionar ante el fuego enemigo. CONTESTÓ: el comandante. PREGUNTADO: sírvase
informar a este despacho qué duración aproximadamente Tuvo el combate.
CONTESTÓ: 10 minutos” (Todo el énfasis fuera de texto)[42].
3.2.15.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR
SOLDADO PROFESIONAL GALLO PEREZ JORGE ALEXANDER”, de fecha 20 de enero de
2007 rendida ante el Batallón de Alta Montaña No. 5 del Ejército Nacional. En
su relato de los hechos materia de investigación, el declarante señaló:
“el
día 12 de enero de dos mil siete salimos a las 19:00 horas pues habíamos
recibido la orden de montar una emboscada en el sector alto de la cruz vereda
la venada municipio de Génova efectivamente así lo hicimos al segundo día de
estar emboscados se aproximaron dos sujetos hacia el sector donde
nos encontrábamos inmediatamente el Soldado RODRÍGUEZ lanzó la proclama a lo
cual unos (sic) de los dos sujetos respondió con un disparo acalla donde se
encontraba la tropa procedimos a bajar la parte alta inmediatamente mi teniente
les respondió con fuego cayendo en combate uno de los dos el otro sujeto
emprendió la huida se reportó al Batallón como está ordenado estos casos.
PREGUNTADO: sírvase informar al despacho si el individuo dado de baja portaban
(sic) uniforme. CONTESTADO: No, PREGUNTADO: Informe al despacho qué clase de
armas portaban el individuo en el momento del combate. CONTESTADO: una
escopeta calibre 16 y dos granadas de mano. PREGUNTADO: Indique al
despacho cómo era la visibilidad en el momento del combate. CONTESTADO: Día
soleado. PREGUNTADO: Informe al despacho en que sitio se encontraba usted al
momento del encuentro con los presuntos terroristas. CONTESTADO: En la parte
alta del terreno de la finca san Alberto (…) (Todo el
énfasis fuera de texto)[43].
3.2.16.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR
SOLDADO PROFESIONAL PEREZ RODRÍGUEZ ÁLVARO”, de fecha 20 de enero de 2007
rendida ante el Batallón de Alta Montaña No. 5 del Ejército Nacional. En su
relato de los hechos materia de investigación, el declarante señaló:
“Siendo
aproximadamente las 14:45 horas del día 14 de enero de dos mil siete se
presentó el combate en la cual (sic) se dio como resultado la muerte en combate
de un individuo perteneciente al frente 50 de las ont FARC en la vereda la
venada sector alto de la cruz finca san Alberto. PREGUNTADO: sírvase informar
al despacho si el individuo dado de baja portaba (sic) uniforme. CONTESTADO:
No, estaba de civil. PREGUNTADO: Informe al despacho qué clase de armas
portaban (sic) el individuo en el momento del combate. CONTESTADO: Una
carabina calibre 16. PREGUNTADO: Indique al despacho cómo era la
visibilidad en el momento del combate. CONTESTADO: Despejada. PREGUNTADO:
Informe al despacho en qué sitio se encontraba usted al momento del encuentro
con los presuntos terroristas. CONTESTADO: Me encontraba en la parte alta del
sitio de los hechos. PREGUNTADO: Informe al despacho cómo era el terreno en
donde se presentó el combate. CONTESTADO: Ventajoso para nosotros y desventajoso
para los terroristas. PREGUNTADO: sírvase informar a este despacho si en algún
momento alcanzaron a lanzar proclama el cual les permitiera ser reconocidos
como tropas del ejército nacional. CONTESTÓ: Si.” (Todo el
énfasis fuera de texto)[44].
3.2.17.
Copia de la orden de operaciones No. 005/07 “EMISOR
(DESTRUCCIÓN)” del grupo especial Cobra de la compañía Cóndor para la
operación, suscrita por el Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 5 (SECRETO)[45].
3.2.18.
Copia de “ORDEN FRAGMENTARIA DE OPERACIONES DE LA OPERACIÓN EMISOR”
suscrita por el Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 5 dirigido al “GRUPO
ESPECIAL COBRA” (SECRETO) [46].
3.2.19.
Copia de planilla titulada “CENTRO DE OPERACIONES BAMUR5”
con remitente: COT BAMUR5 y destinatario COB BR8, en donde se señalan, entre otros,
los siguientes datos[47]:
“FECHA
HECHO: 14-ENE-07
HORA:
14:45
GRUPO
ESPECIAL COBRA EN DESARROLLO DE MISIÓN TÁCTICA EMISOR AL MANDO ST ROSAS RAMÍREZ
DIEGO DIO COMO RESULTADO UNA MUERTE EN COMBATE DE UN MILICIANO INTEGRANTE DE LA
CUADRILLA 50 ONT FARC, CON UNA ARMA LARGA SOBRE LA VEREDA LA VENADA MUNICIPIO
DE GENOVA. POR INFORMACIONES DE LA RED DE COOPERANTES.
AMPLANDO
(sic) EL HR No.079 MD CEDIV3 BR8 BAMURS-S3
01
MUERTE EN COMBATE NN MASCULINO (MIEMBRO CUADRILLA 50 ONT FARC)
01
ESCOPETA No. 3612 SIN MARCA
02
GRANADAS DE MANO M-26
01
CARTUCHO MUNICIÓN CALIBRE 16”
3.2.20.
Copia de hojas de libro diario con anotaciones sobre operación del
Grupo Especial Cobra[48].
3.2.21.
Copia de “INFORME DE PATRULLAJE” suscrito por el Comandante
Grupo Especial ELITE BAMUR5, de fecha de inicio 10 de enero de 2007 y fecha de
terminación 14 de enero de 2007 en la vereda Venada Baja. En dicho informe se
señalan, entre otros, datos como los siguientes:
“ENEMIGO
COMISIÓN DE FINANZAS CUADRILLA 50 ONT FARC APROXIMADAMENTE DE TRES A CUATRO
BANDIDOS.
DESARROLLO
DE LA OPERACIÓN
Ruta
de ida y de regreso de la patrulla:
El
día 1004:00 ENE-07 inicia desplazamiento táctico motorizado en la ruta vereda
el Cedral bajo, La Granja, La Venada baja hasta llegar al coordenadas (sic) 04
16 12 LN – 75 47 35 LVV municipio de Génova donde se desembarcó el día 10-ENE a
las 05:00 aproximadamente. Inmediatamente (sic) procedí a realizar un registro
perimétrico sobre el sector donde se iba a montar la emboscada luego de
verificar ubiqué los soldados y empezamos a realizar puesto de observación y
escucha sobre el camino que pasaba frente a nosotros. La información era que
iba a pasar un personal entre tres y cuatro hombres con armas para realizar una
extorsión y hacer robos en las fincas vecinas. siendo el día 14-ENE-17, aproximadamente
a las 14:30 horas escuchamos que alguien se dirigía sobre el camino desde
arriba hacia abajo. cuando el individuo se estaba acercando más hacia nosotros
el soldado profesional RODRÍGUEZ VECINO ROBERTO lanzó una proclama diciendo
alto somos tropas del Ejército Nacional. procedí a ponerme de pie en el
sector donde me encontraba emboscado cuando el sujeto que portaba una escopeta
procedió a hacerme un disparo que afortunadamente no contó con la suficiente
puntería, inmediatamente reaccioné y disparé mi arma de dotación dando como
resultado la muerte en combate de un NN miembro de la comisión de finanzas
cuadrilla 50 ONT FARC, quedando neutralizado. Inmediatamente informé al
COT de la Unidad Táctica sobre la situación para lo cual me dijeron que
asegurara el sector mientras llegaban las autoridades judiciales y
efectivamente a las 17:30 horas aproximadamente llegó el personal del CTI,
encontraron dos granadas de mano la cual estaba en el cinto del pantalón del
occiso”. (Todo el énfasis fuera de texto) [49]
3.2.22.
Copia de “INFORME TÉCNICO DE NECROPSIA MÉDICO LEGAL No. 2007P-05020200016”
con fecha 15 de enero de 2007, suscrito por Ana María Londoño Zapata del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente –
Seccional Quindío, Sede Móvil Quindío. A este informe se anexó dibujo de
entradas y salidas de proyectiles del cuerpo de Eider Alegría Ortega. En la
Descripción General del informe se señaló que:
“Sobre
camilla metálica de morgue se recibe el cuerpo sin vida, de adulto joven, de
apariencia cuidada, contextura mediana, quien presenta varias heridas por
proyectil de arma de fuego en tórax, abdomen y espalda. El cadáver se
encuentra embalado, sellado, rotulado y con signos de necrodactilia” (Énfasis
fuera de texto) [50]
3.2.23.
Copia de “LECCIÓN APRENDIDA No. 001- AÑO 2007” suscrita por
el Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 5 de fecha 15 de enero de 2007,
en donde se señaló:
“(…)
siendo el día 14-ENE-07, aproximadamente a las 14:30 horas escuchamos que
alguien se dirigía sobre el camino de arriba hacia abajo, cuando el individuo
se estaba acercando más hacia nosotros el soldado profesional RODRÍGUEZ VECINO
ROBERTO lanzó una proclama diciendo alto somos tropas del Ejército Nacional, el
comandante de la patrulla ST ROSAS RAMIREZ DIEGO se levantó de donde estaba
atrincherado para observar mejor y el sujeto que portaba una escopeta
procedió a dispararle, afortunadamente no contó con la suficiente puntería, inmediatamente
el oficial reaccionó y disparó su arma de dotación dando como resultado la
muerte en combate de un NN miembro de la comisión de finanzas cuadrilla 50 ONT
FARC, quedando neutralizado” (Todo el énfasis es fuera de
texto)[51].
3.2.24.
Copia de “ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE –FPJ3” con número de caso
630016000033200700103 del 14 de enero de 2007, hora 18:00[52].
En la narración de los hechos se señaló:
“El
día 14 de Enero del 2007 siendo las 14:30 Hrs me encontraba con el grupo
Especial Cobra en una emboscada venía bajando un individuo con una carabina, el
SLP Rodríguez Vecino Roberto le hizo la proclama “Alto somos tropas del
Ejército Nacional” yo me paré para ver el individuo y en ese momento el me hizo
un disparo, que afortunadamente no me impactó; yo me bajé del cerrito y detrás
de una mata de plátanos le propiné 03 disparos en defensa propia”.
3.2.25.
Copia de necrodactilia tomada durante la diligencia de inspección
correspondiente a NN, posteriormente identificado de modo indiciario como Eider
Alegría Ortega[53].
3.2.26.
Copia de registro fotográfico del cuerpo yacente del Eider Alegría Ortega[54].
3.2.27.
Copia de la “DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA RENDIDA POR EL SEÑOR
SUBTENIENTE ROSAS RAMÍREZ DIEGO”, rendida el 7 de marzo de 2007 ante el
Batallón de Alta Montaña No. 5[55].
Al solicitársele un relato amplio y detallado de los hechos materia de
investigación señaló:
“Nos
encontrábamos en una operación desde el día 10 de enero de 2007 y que según
inteligencia del señor oficial S-2 de la unidad se presumía que iba a pasar un
personal de la comisión de finanzas del frente 50 realizando emboscadas sobre
los sectores en los cuales se presumía que ellos podían pasar el día 14 de
enero de 2.007 siendo las 17:30 horas estando emboscados se escuchó unos
pasas (sic) que se recercaban hacia
nosotros por una trocha esperamos a que se acercara un poco más hacia nosotros
cuando el soldado profesional RODRÍGUEZ VECINO ROBERTO quien se encontraba al
lado derecho mío alcanzó a divisar un hombre que venía con una escopeta el
soldado RODRÍGUEZ lanza la proclama yo me paro del sector de la emboscada y el
individuo alza su escopeta me apunta y me dispara corrí con tal
suerte que el disparo quedó impactado en palo de plátanos inmediatamente
reacciono contra el palo buscando cubierta y protección y le hice tres disparos
impactándole dos en el peso y un (sic) al lado derecho del costado dando muerte
en combate a un NN bandido de la comisión de finanzas del frente 50 de las ONT
FARC. Inmediatamente tomé el dispositivo de seguridad cuando uno de los
soldados me dijo que había observado que detrás de él venía otro individuo más
distanciado que se botó sobre los cafetales hacia abajo inmediatamente
informé al comando de la unidad táctica el cual me ordenó asegurar el área y
esperar a la autoridad judicial para los rigores pertinentes. PREGUNTADO:
Indique al despacho a qué distancia se encontraba ubicado usted en el momento
del combate. CONTESTÓ: aproximadamente 10 metros. PREGUNTADO: sírvase
hacer una descripción detallada del terreno donde sucedieron los hechos.
CONTESTÓ: Carretera destapada cerros predominantes pero con cafetales el único
sector nos brindaba cubierta y protección. PREGUNTADO: sírvase informar a este
despacho si en algún momento alcanzaron a lanzar la proclama el cual les
permitiera ser reconocidos como tropas del ejército nacional. CONTESTO: Si lo
hicimos. PREGUNTADO: sírvase informar a este despacho qué clase de armas
alcanzaron a identificar que portaban (sic) este sujetos (sic). CONTESTO: El
muerto en combate tenía una escopeta y después del levantamiento que realizó el
CTI alcancé a observar que llevaba con el dos granada (sic) de mano.
PREGUNTADO: indique a este despacho quien dio orden de reaccionar ante el fuego
enemigo. CONTESTÓ: Los soldados sabían que los subversivos se iban a desplazar
por ese sector así que ellos ya estaban advertidos si llegara haber (sic)
contacto armado. PREGUNTADO: indique a este despacho si alcanzó a identificar
la vestimenta que portaba (sic) los sujetos que atacaron su patrulla.  CONTESTÓ:
Estaban de civil. PREGUNTADO: indique a este despacho a quien informó en el
momento del combate y posteriormente del resultado operacional de la muerte
en combate del sujeto NN masculino y qué órdenes recibió. CONTESTÓ: al comando
de la unidad táctica y recibí la orden de asegurar el sector y hacer registro
perimétrico sobre el área y ha (sic) esperar las autoridades judiciales.
PREGUNTADO: sírvase informar a este despacho qué duración aproximadamente
tuvo el combate. CONTESTÓ: aproximadamente 10 minutos. PREGUNTADO;
indique a este despacho si usted disparó y en caso afirmativo cuanta munición
se gastó. CONTESTÓ: Si disparé aproximadamente de 2 a 3 cartuchos. PREGUNTADO:
indique a este despacho qué soldados dispararon en el momento de la reacción.
CONTESTO: Nadie más disparó”.
(Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.28.
Copia de la “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN QUE RINDE LA SEÑORA MARÍA CARLINA
ORTEGA ALEGRÍA”, rendida el 13 de agosto de 2007 ante el Batallón de Alta
Montaña No. 5[56].
Al solicitársele un relato amplio y detallado de las circunstancias de modo,
tiempo lugar que le conste sobre los hechos, la declarante manifestó:
“CONTESTÓ:
Pues esa semana que el falleció él estaba trabajando en la finca de con
BERNARDO DUQUE y lo patroneaba el hijo EDILIER DUQUE el trabajó hasta el
viernes enn (sic) esa finca al día sábado fue el muchacho DIEGO y el muchacho
OSCAR para invitarlo a pescar el día sábado en la mañana como él estaba
haciendo un peinador con un muchacho WILMAR y él no quería ir porque estaba
haciendo el peinador y lo quería terminar el día domingo entonces el
muchacho diego le insistió en ir pero él se negaba eso fue así como
hasta las 05:00 de la tarde y el día domingo fue y le dijo lo mismo que fueran
y EIDER se negaba y entonces él le dijo que si terminaba el arco se iban como a
la una y media le dijo que se fueran y salieron a las dos de la tarde y cuando
se iban a ir Diego fue a la casa de la mamá y cuando se iban a ir volvió a mi
casa y me dijeron que se iban a ir por el alta (sic) de la cruz entonces que en
caso de que le pasara algo que por ahí los buscara porque el camino estaba muy
duro entonces como ellos se fueron a pescar y yo al lunes madrugué a las 06:00
de la mañana para la finca el paraíso entonces yo seguí trabajando por ahí cuando
apareció DIEGO donde MARINA que es hija mi (sic) y le dijo que llamara porque
se había embolatado porque habían cogido por un lado y diego por otro yo fui a
la casa de DIEGO y yo le pregunté que había pasado con EIDER y me dijo yo ya
hablé con mi mamá lo que hice yo con EIDER lo hice por plata (…)”
3.2.29.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR
MIRANDA VILLADA DIEGO JAVIER” el día 18 de enero de 2006 (sic) ante el
Despacho del Juez 55 de Instrucción Penal Militar con el fin de rendir testimonio
dentro de la investigación penal No. 1361 contra el señor ST ROSAS RAMÍREZ
DIEGO por la posible comisión de delito de homicidio en sujeto NN en hechos
sucedidos el 14 de enero de 2006 (sic)[57].
En la declaración se indica, entre otros que:
“[el
señor Eider Alegría Ortega] se dedicaba al hurto de fincas, de casas, era un
reconocido delincuente de Génova, Quindío. (…) Yo lo conocí hace tres meses. Yo
sabía que el era un ladrón porque el mismo me lo dijo a mí y porque el mismo me
dijo que había tenido negocios con la Guerrilla. De lo que pasó ese día se que (…)
yo solo escuché que unos manes le dijeron “QUIETO, QUIETO”, entonces hizo
unos disparos (…) yo se que esos disparos los hizo el porque eran de escopeta
16, yo le conozco el sonido a la escopeta 16 (…) esa era la escopeta
que el había sacado del monte (…). PREGUNTADO: Diga al Despacho si usted
advirtió la presencia del Ejército cuando transitó por el cafetal que dice que
atravesó. CONTESTÓ: No en ningún momento vi a nadie ni escuché nada. (…)”
(Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.30.
Copia de “FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADAVER – POLICÍA
JUDICIAL – UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA”. Acta No. 028. Consecutivo 00103.
Inspección a cadáver No. 28, Grupo Uno. Fecha 14 de enero de 2007. En el documento
se señalan, entre otros, los siguientes datos: NN masculino, 25 – 30 años,
indocumentado. En las observaciones finales se señaló: “El occiso queda
embalado y rotulado con su respectivo rótulo y cadena de custodia en las
instalaciones de la Morgue de Medicina Legal”. De igual manera, en el
espacio de Anexos se indicó: “Un rótulo adherido al cuerpo, una cadena de
custodia anexa al acta de levantamiento”[58].
3.2.31.
Copia de Oficio No. 0038/BR8-BAMUR 5-S2-INT-252 del 21 de febrero
de 2007, suscrito por Oficial S-2 Batallón de Alta Montaña No. 5, dirigido al
señor Juez de Instrucción Penal Militar No. 55, en el que se le envían a este
último copias de las denuncias instauradas contra Eider Alegría Ortega y “presuntos
miembros de la banda delincuencial “LOS PASTUSOS” y probables colaboradores
del frente 50 de las FARC que delinque en el municipio de Génova Quindío, con
el fin de que obren como prueba dentro del proceso por muerte en combate del
señor Alegría Ortega[59].
3.2.32.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SLP PÉREZ
RODRÍGUEZ ALVARO” rendida el 7 de marzo de 2007 ante el Juez 55 de
Instrucción Penal Militar[60].
Después de los generales de ley se le preguntó:
“Manifieste
al Despacho de que unidad era orgánico usted el día 14 de enero de 2007.
CONTESTÓ: Batallón de Alta Montaña No. 5. PREGUNTADO: Diga al Despacho, que
cargo desempeñaba usted para el día 14 de enero de laño en curso. CONTESTÓ:
fusilero del grupo cobra. PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho, qué órdenes
recibió usted para ejecutar el día 14 de enero del año en curso. CONTESTÓ:
nosotros estábamos en una misión. PREGUNTADO: Informe al Despacho en desarrollo
de que orden de operaciones se encontraba usted y el grupo especial COBRA, para
el día 14 de enero del año en curso, en la finca SAN ALBERTO, vereda LA VENADA,
sector ALTO DE LA CRUZ, municipio de GENOVA (Quindío). CONTESTÓ: operación
emisor. PREGUNTADO: Sírvase hacer al Despacho un relato de los hechos que le
consten, de lo sucedido el día 14 de enero del año del año (sic) en curso, día
en el cual, conforme se le informó a este Despacho, se dio muerte a un sujeto
de sexo masculino quine posteriormente fue identificado como EIDER ALEGRÍA
ORTEGA, en zona rural de la finca SAN ALBERTO, vereda LA VENADA, sector ALTO DE
LA CRUZ, municipio de GENOVA (Quindío),. CONTESTÓ: ese día Nos encontrábamos en
la parte alta de donde fueron los hechos y fue donde el soldado Rodríguez que
era el que estaba más cerca lanzó la proclama y fue donde el bandido apuntó
sobre la parte alta ocasionando un disparo de un arma larga, escopeta o
carabina no se que sería eso y ahí fue donde mi Teniente reaccionó y lo dio de
baja. PREGUNTADO: Haga una descripción lo más detallada posible, del lugar
donde sucedieron los hechos, de las situaciones climáticas que se presentaban
al momento de suceder los mismos y del dispositivo de la tropa sobre el
terreno. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA SE LE PERMITE AL INVESTIGADO, PAPEL,
ESFERO Y HOJAS, CON EL FIN DE QUE REALICE UN GRÁFICO DEL TERRENO Y DEL
DISPOSITIVO DE LAS TROPAS SOBRE EL MISMO. CONTESTÓ: era un cafetal, era un día
bien soleado, y nos encontrábamos en la parte alta de la línea. EL DESPACHO
DEJA CONSTANCIA DE QUE EL DIBUJO REALIZADO POR EL TESTIGO HACE PARTE DE ESTA
DILIGENCIA. PREGUNTADO: Diga al Despacho los nombres del personal militar que
intervino en los hechos. CONTESTÓ: St Rosas Ramírez Diego, SLP Gallo
Pérez Jorge Alexander, SLP Rodríguez Vecino Romero, SLP Pérez Rodríguez Álvaro.
No más. PREGUNTADO: Informe al Despacho, si usted disparó o no su arma
de dotación, en caso positivo, cuál era su arma de dotación y el número de la
misma. Informe también al despacho, que otros soldados hicieron uso de sus
armas de dotación y qué tipo de armas portaban cada uno de ellos. CONTESTÓ: No,
yo no disparé, el único que disparó fue mi Teniente. PREGUNTADO:
sírvase informar a este Despacho Cuales fueron las informaciones de
inteligencia que ustedes tenían o que iba a desarrollar el grupo delincuencial
en este sector. CONTESTADO: la información era de que aproximadamente tres o
cuatro bandidos iban a extorsionar PREGUNTADO: informe al Despacho si cerca del
lugar donde ocurrieron los hechos habían casas o fincas cerca uy si alguien más
es testigo presencial de los hechos que usted relata. CONTESTÓ: no la finca
estaba en la parte de encima pero retirado (…)”. (Todo el
énfasis es fuera de texto)
3.2.33.
Copia de la “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR LA SEÑORA
ORTEGA ALEGRÍA MARÍA CARLINA” de fecha 24 de enero de 2007 rendida ante el
Juzgado 55 de Instrucción Militar dentro de la investigación 1361 que cursa
contra el señor ST Rosas Ramírez Diego[61].
3.2.34.
Copia de “FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO” al
interior del caso 630016000033200700103 con “ESTUDIO BALÍSTICO” de fecha
16 de enero de 2007, en donde se reseñan las características de la escopeta que
habría sido encontrada junto al cuerpo de Eider Alegría Ortega.[62]
Entre otros, respecto de las características de los disparos hechos con dicha escopeta,
en el referido informe señala que:
“Se ejecutó uno (01) disparo con munición constante de perdigón
No. 4, 5 y 7½ y el arma estudiada, con el fin de verificar el diámetro de
perdigonada a una distancia de disparo de cinco (5) metros, adquiriendo
un diámetro de perdigonada de Veinte centímetros (20cms) para los perdigones
No. 4 y 5 y un diámetro de veinticinco centímetros (25 cms) para el perdigón
7½” (Énfasis fuera de texto)
3.2.35.
Registro de cadena de custodia de escopeta, al interior del caso
630016000033200700103[63].
3.2.36.
Copia de “FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL” del 17 de
enero de 2007, en la que se presentó denuncia por parte de Nilo Alegría Bedoya sobre
la muerte de su hijo, Eider Alegría Ortega.[64]
3.2.37.
Copia de “FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL” del 18 de
enero de 2007, en la que se presentó denuncia por parte de Diego Javier Miranda
Villada por “AMENAZAS A TESTIGOS”[65].
3.2.38.
Copia de Oficio No. 0165 SECRI-SIJIN C-701 del 19 de febrero de
2007 suscrito por el Jefe Seccional de Policía Judicial (e) del Quindío y
dirigido a Nidia E. Rodríguez Alfonso, Secretaria Juzgado 55 Instrucción Penal
Militar en el que informa que Eider Alegría Ortega no le figuran anotaciones
judiciales ni órdenes de captura[66].
3.2.39.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SLP GALLO
PÉREZ JORGE ALEXANDER” rendida el 7 de marzo de 2007 ante el Juez 55 de
Instrucción Penal Militar[67],
dentro de la cual el declarante señaló, entre otros, que el 14 de enero de
2007:
“”(…)
siendo aproximadamente las dos y cuarenta de la tarde, sentimos que bajaban
personas de la parte alta y efectivamente venían dos individuos entonces el
soldado Rodríguez al ver que uno de ellos venía armado lanzó la proclama que
somos tropas del ejército a lo cual el sujeto respondió con un disparo
hacia la parte alta en la cual nos encontrábamos que por fortuna no contó con
suficiente puntería para alcanzar a hacernos daño, inmediatamente
mi teniente Rosas se deslizó hacia la parte donde se encontraba el sujeto a lo
cual mi teniente respondió disparándole en varias ocasiones dando como
resultado que el individuo cayó abatido.” (Todo el
énfasis es fuera de texto)
3.2.40.
Copia de “DILIGENCIA DE INDAGATORIA RENDIDA POR EL SEÑOR ST.
ROSAS RAMÍREZ DIEGO ANDRÉS” del 7 de marzo de 2007 ante el Juez 55 de
Instrucción Penal Militar[68],
dentro de la cual el declarante entre otros indicó que, luego del
enfrentamiento que sostuvo con el señor Alegría Ortega
“Inmediatamente
informé al Comando de Unidad Táctica, me ordenaron asegurar el sector (…). Yo
dispuse todo, aseguré el área y esperé a las autoridades judiciales para que
hicieran el levantamiento del cadáver (…). (Todo el
énfasis es fuera de texto)
Y más adelante, al ser interrogado sobre “cuántas veces el sujeto
EIDER ALEGRÍA ORTEGA le disparó a usted, el declarante respondió que:
“El
disparó una vez hacia mí y me disparó apuntándome justo abajo del mentón, pero
el disparo pegó en la mata de plátano detrás de la cual yo busqué cubierta y
protección” (Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.41.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SLP
RODRÍGUEZ VECINO ROBERTO DE JESÚS” rendida el 7 de marzo de 2007 ante el
Juez 55 de Instrucción Penal Militar[69].
3.2.42.
Copia de “DILIGENCIA DE AMPLACIÓN DECLARACIÓN RENDIDA POR EL
SEÑOR MIRANDA VILLADA DIEGO JAVIER” del 28 de mayo de 2007, ante el Juez 55
de Instrucción Penal Militar dentro de la investigación penal No. 1361[70],
en donde este, al dar su versión sobre las circunstancias en que murió el señor
Alegría Ortega, indicó que:
“”(…)
cuando íbamos bajando, salieron unos manes ahí como uniformados o no se si
quienes era si paramilitares, guerrilla o quien, cuando ellos dijeron alto, yo
me tiré por un barrando (sic) (…)
(…)
Yo si vi unos sujetos que estaban vestidos de camuflado y estaban armados, en
ese momento cuando ellos salieron simplemente se pusieron en posición y dijeron
alto y yo me escabullí si recuerdo haber visto a algunos con capucha, (…) , no supe
si eran del ejército o qué, uno del
susto lo que hice fue correr y pues además Eider iba armado, yo me
escabullí, me perdí, no esperé a nada, yo estaba ya retirado cuando el man hizo
el disparo (sic)” (Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.43.
Copia de “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR DUQUE
OCAMPO DIVIER DE JESÚS” rendida el 6 de junio de 2007 ante el Juez 55 de
Instrucción Penal Militar dentro de la investigación penal No. 1361[71],
en donde este relata un encuentro que tuvo con Diego Javier Miranda Villada,
poco después de la muerte de Eider Alegría Ortega, de la siguiente manera:
“(…)
yo vi a Diego muy asustado, muy nervioso y entonces le pregunté que qué le
había pasado con ello, entonces me dijo no pues que se habían ido los tres no
se con quien mas creo que un muchacho CARLOS que no se quien es, que se
habían ido a pescar y entonces por allá se habían ido al río y que bajaron al
río y de subida se habían devuelto como a las diez u once de la noche,
que habían subido hasta cierto punto ese domingo 14-ENE-07 y se habían sentado
a descansar todos tres, eso me lo comentó DIEGO y que en ese momento habían
salido tres manes encapuchados y que vestidos de uniforme militar y que
cada uno cogió por su lado, que no sabía nada más de él y que cuando iba como a
tres cuadras escuchó tres tiros y que por eso como el no sabía que había pasado
no había ido a la casa, que los tres se abrieron y no supo nada más
(…)” (Énfasis fuera de texto)
Más
adelante, al ser inquirido sobre si el señor ALEGRÍA ORTEGA tenía antecedentes
penales o de policía, el señor DUQUE OCAMPO DIVIER DE JESÚS, respondió:
“(…)
sólo me di cuenta de un problema que él tuvo con unas mujeres, el fue a un bar
y conoció a dos mujeres, al tiempo ya a él lo llamaron y le dijeron que
si podía hacer el favor de llevar una de ellas que estaba herida por allá en el
monte y ya llevaba como ocho días así, y que le habían pedido el favor para que
estuviera pendiente de ella, de la droga y la comida, el me dijo que le habían
dado como un millón quinientos mil pesos y que el se había ido en carro
como para Sevilla o no se para donde y que en el hospital los habían cogido y
que las muchachas h(a)bian tomado los cargos, que ellas sí eran del frente 50 y
que él no tenía nada que ver (…) creo que desde ahí lo tildaron de colaborador
de esa gente” (Todo el énfasis es fuera de texto)
Y
al preguntársele si el señor Alegría Ortega había o no prestado el servicio militar
y si sabía manejar armas de fuego, el referido declarante respondió:
“Que
yo sepa no prestó el servicio militar, como que no servía porque era operado de
un testículo, no se si manejaba armas, se que le daba como miedo, pues yo
tuve una escopeta en la finca (…) cuándo yo la tuve Eider decía que le daba
miedo disparar, porque le parecía que eso patiaba muy feo.”
(Todo el énfasis es fuera de texto)
3.2.44.
Copia de “INFORME PERICIAL DE BALÍSTICA” de fecha 22 de
enero de 2007, suscrito por el Perito en Balística Forense del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó un (01) fragmento de
proyectil y un (01) cartucho, perteneciente a la radicación 6300160000332007103[72].
3.2.45.
Copia de “REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA MUESTRAS DE PATOLOGÍA FORENSE”
del fragmento de proyectil recuperado del interior del cuerpo de Eider Alegría
Ortega[73].
3.2.46.
Copia de “RÓTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA”
del 15 de enero de 2007, con número de caso 630016000033200700103 en el que se
identifica “cartucho embalado en bolsa de papel color blanco y bolsa
plástica rotulado, se envía a laboratorio de Balística para análisis”[74].
3.2.47.
Copia de “REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA MUESTRAS DE PATOLOGÍA
FORENSE” del cartucho calibre 16, recuperado del bolsillo del pantalón del
cuerpo de Eider Alegría Ortega[75].
3.2.48.
Copia de “FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ11”
del 19 de febrero de 2007, en el que se analizó la vainilla recolectada en la
escopeta, al interior del caso 630016000033200700103[76].
3.2.49.
Copia de “INFORME PERICIAL DE LABORATORIO” del caso No.
BOG-2007-002718, suscrito por Química Forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y dirigido al CTI, URI, Armenia, en el que
se señaló que: “(l)a determinación para los residuos compatibles con los de
disparo, representada por lo elementos Plomo, Antimonio, y Bario (Pb, Sb, Ba)
en la muestra identificada con el frotis tomado  (…) dio el siguiente
resultado: “Mano derecha NEGATIVO, Mano Izquierda NEGATIVO” y en
donde se concluyó que “(e)n el frotis recibido como recolectado de las dos
manos NO se detectaron niveles de concentración de antimonio, bario y plomo
compatibles con residuos de disparo”. En dicho informe también se
manifestó, como observación que: “No se recibe información si el occiso
presentaba las manos debidamente embaladas al momento de la toma de muestras”[77]
3.2.50.
Hoja con membrete del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses con título “INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS” en donde entre otros se lee que “(la) técnica instrumental
empleada en la detección de residuos disparo definen con certeza si la muestra
contiene o no los elementos metálicos (antimonio, bario, plomo), pero no
permiten determinar que estos se hayan adquirido por disparar un arma de fuego.
Los residuos de estas pruebas “no deben considerarse como única y debe analizada teniendo en cuenta
todas las circunstancias que rodearon los hechos investigados, este análisis
debe considerarse como INDICIARIO[78].
3.2.51.
Manuscrito con relato de los hechos sucedidos el 14 de enero de
2007 hecho por la señora María Carlina Ortega Alegría[79].
3.2.52.
Página 4B JUDICIAL del Periódico “LA CRÓNICA” del martes 16
de enero de 2007, en el que se hizo despliegue de los hechos del 14 de enero de
2007[80].
3.2.53.
Certificación del 11 de noviembre de 2008 suscrita por José
Bernardo Duque Idárraga, en donde consta que Eider Alegría Ortega laboró en la
finca La Rochela entre el 7 de noviembre de 2005 y el 14 de enero de 2007 como
agricultor[81].
3.2.54.
Documento de contestación a la demanda de reparación directa
aludida en este proceso, con fecha del del 14 de agosto de 2009 suscrito por
Victoria Eugenia Medina Rodríguez, apoderada especial de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional[82].
3.2.55.
“AUDIENCIA PÚBLICA” del 13 de junio de 2010, llevada a cabo
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Génova, en cumplimiento del despacho
comisorio 122, en la que se recibieron testimonios de José Bernardo Duque Idárraga,
José Elmer Osorio Jaramillo, José Deiber Herrera Botero[83].
3.2.56.
“AUDIENCIA PÚBLICA” del 14 de junio de 2010, llevada a cabo
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Génova, en cumplimiento del despacho
comisorio 122, en la que se recibieron testimonios de Julio Enrique Galindo,
María Aura Castaño Urrea y Jennifer Carolina Ladino[84].
3.3.
El caso
concreto
Como se anunció atrás en esta providencia,
luego de estudiar si la acción de tutela de la referencia cumplía con los
requisitos previstos por la jurisprudencia para su procedibilidad, corresponde
a esta Sala determinar si, al emitir la decisión censurada, la
autoridad demandada incurrió o no en alguna de las causales que justifican la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Más concretamente, se trata averiguar si el acervo probatorio recaudado
en el presente expediente de tutela, así como el estado de la jurisprudencia
proferida en casos similares al estudiado, permitía o no a la autoridad
demandada concluir que la pretensión central de la demanda de reparación
directa debía ser negada, como en efecto ocurrió, con fundamento en las razones
incorporadas en su providencia.
De la labor efectuada por esta Sala,
la Corte encuentra que, al
proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa presentado por los accionantes, la autoridad demandada incurrió en varios
defectos que encuadran dentro de las causales específicas de la acción de
tutela contra providencias judiciales; defectos estos que ameritan que la Corte
despoje de efectos a dicha sentencia y le ordene al Tribunal que dicte una
nueva providencia en la que tenga en cuenta lo que se señala a continuación.
Veamos:
3.3.1. La negativa a practicar la valoración del
expediente del proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
3.3.1.1.
Como se explicó en
el numeral 2.3. de la sección I de esta providencia, la autoridad demandada
resolvió la segunda instancia de la reparación directa iniciada por los
accionantes contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, sin
llegar a valorar los documentos que se hallaban en el expediente del proceso
disciplinario iniciado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos (proceso éste de que no se tiene noticia que
haya culminado, según los documentos enviados por la mentada Procuraduría
Delegada con destino al expediente de tutela). Tal ausencia de
valoración fue justificada por el Tribunal en que esa corporación “no
recibió respuesta por parte de dicha entidad dentro del término concedido para
tal efecto”; justificación esta que, valga señalar, al juez constitucional
alzada no produjo escozor cuando indicó que “la parte tutelante no expuso la
incidencia de dicha prueba en la sentencia proferida por el juez contencioso
administrativo, como tampoco los motivos por los cuales, de haber sido valorada
por el accionado, hubiese arribado a conclusiones diferentes”.
3.3.1.2.
Para la Corte es
claro, no obstante, que cuando la autoridad demandada resolvió el proceso
contencioso administrativo sin llegar a valorar el expediente del proceso
disciplinario iniciado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, en la respectiva sentencia se incurrió
en evidente defecto fáctico en su dimensión negativa por omisión en la práctica
de pruebas. Ciertamente, ante la intrínseca relación del referido expediente
de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos con los hechos de que trató la reparación directa, su importancia en la
decisión de esta última resultaba a penas obvia. Por ende, su valoración no
era superflua en lo absoluto sino, más bien, imprescindible. Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara al reiterar que:
“la
negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que
ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso
o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (arts.
178 C.P.C. y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente
analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el
rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación
del derecho de defensa y del debido proceso”. (Énfasis fuera de texto)[85]
Y el defecto fáctico advertido resulta aún más claro
si se considera que la prueba proveniente de la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos ya había sido
solicitada[86] y consecuentemente decretada[87] en el proceso, con lo cual tácitamente se había ya advertido la relevancia
de la misma. Más aún, en Sentencia SU-062 de 2018[88], se estableció que: “(…)  la omisión de incorporar y, en consecuencia, de
valorar una prueba solicitada o insinuada en el proceso y requerida para
establecer la verdad material de los hechos, configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico en su
dimensión negativa.”
3.3.2.  La eventual validez de la prueba de
residuos de disparo y su ausente valoración
3.3.2.1.
La técnica empleada por Medicina Legal para
la detección de residuos de disparo, aplicada por dicha entidad sobre el
cadáver de señor Eider Alegría Ortega, resultó negativa para ambas manos de dicho
sujeto (ver 3.2.49 supra). Pese a tal conclusión, al resolver la segunda
instancia de la reparación directa que los accionantes presentaron con ocasión
de la muerte del señor Alegría Ortega, el Tribunal le restó valor probatorio a dicha
prueba científica. Para ello, tras considerar que “de acuerdo con los
parámetros fijados por [Medicina Legal] para la interpretación de resultados, los
datos negativos arrojados para la [prueba de residuos de disparo] corresponden
a un falso negativo”, el Tribunal señaló que la prueba en mención no
era “lo suficientemente concluyente para determinar con veracidad la
presencia o no de residuos compatibles con los de disparo en las manos del
occiso, pues sin la observancia de la debida cadena de custodia -embalaje-
la muestra tiene alta probabilidad de alterarse y reportar un resultado que no
está de acuerdo con la realidad, por lo que el hecho que se pretende
demostrar con dicho elemento pierde fuerza probatoria al encontrarse en
el plenario otras pruebas que indican la ocurrencia [de los hechos que terminaron
con la muerte del señor Alegría Ortega]” (ver sección I, numeral 2.3 supra)
(Énfasis fuera de texto).
3.3.2.2.
Es decir, por la hipotética
posibilidad de que la prueba de residuos de disparo estuviera contaminada, la
autoridad demandada le restó todo valor a un elemento de evidencia que, por lo
menos en principio, demostraría que entre Eider Alegría Ortega y el Ejército
Nacional no existió el enfrentamiento armado en que el Tribunal se apoyó para negar
las pretensiones de la demanda al endilgarle a la víctima la culpa
exclusiva del daño (ver sección I, numeral 2.3. supra). En otras
palabras, se le negó cualquier valor a una prueba científica que demostraría
que el 14 de enero de 2007 el señor Alegría Ortega no atacó con arma de fuego a
la tropa del Ejército Nacional y que, por ende, esta no se vio en la necesidad de
repeler tal ataque mediante la activación de un instrumento análogo.
3.3.2.3.
Sobre la anterior
situación la Corte encuentra que la razón aducida por el Tribunal para restarle
vigor probatorio a la mentada prueba científica carece de asidero suficiente.
Ello, por cuanto que: (i) la aseveración de Medicina Legal, según la
cual para el estudio científico realizado sobre el cadáver del señor Alegría
Ortega “(n)o se recib(ió) información si el occiso presentaba las manos
debidamente embaladas al momento de la toma de muestras” (ver 2º folio del
numeral 3.2.49 supra), no es una afirmación que, en modo alguno, niegue la
realización del embalaje de las manos del occiso sino que, simplemente, se abstiene
de confirmarla; razón por la cual el Tribunal debió profundizar en la
averiguación correspondiente sin que le fuera admisible concluir, sin más, que el
resultado de dicha prueba correspondía a un falso negativo; (ii) el acervo
probatorio acreditaría que, desde el momento mismo de su muerte, la custodia
del cuerpo del señor Alegría Ortega estuvo a cargo del Ejército Nacional, quien
aseguró el área de los hechos hasta que el cuerpo del occiso le fue entregado a
la Policía Judicial (ver declaraciones del subteniente Diego Rosas Ramírez en
3.2.12, 3.2.21, 3.2.27 y 3.2.40 supra). para su respectivo
embalaje y en cadena de custodia por parte de la Fiscalía  1 – Unidad de
Reacción Inmediata – Armenia (ver 3.2.5 y 3.2.30 supra) con arreglo a la
ley[89]; y (iii) Medicina Legal habría aplicado
la técnica de la respectiva prueba de residuos sobre el cadáver de Eider
Alegría Ortega, el cual fue recibido por dicha entidad “embalado, sellado
[y] rotulado” (ver 3.2.22 supra), lo que negaría la posibilidad de
que el cuerpo hubiera podido ser manipulado de manera tal que se afectara la integridad
de la prueba.
En suma, sin perjuicio de mejores razones que
eventualmente encuentre el Tribunal, existen suficientes motivos para pensar
que la duda relativa a la integridad de la muestra sobre la cual se
aplicó la técnica dirigida a producir la mentada prueba científica, se
encontraría ampliamente despejada.
3.3.2.4.
La Sala considera
que la efectiva valoración de la prueba científica elaborada por Medicina Legal
habría exigido que el Tribunal hubiera al menos reparado en la existencia de
una evidencia válida y, por lo menos, relativamente sólida, que acreditaría que
el señor Alegría Ortega no llegó a accionar un arma de fuego en contra de la
tropa oficial y que, por ende, el combate o enfrentamiento armado entre este y
el Ejército Nacional no habría ocurrido. Más aún, además de las razones expuestas en el
numeral 3.3.2.3. supra, cabe señalar que, sin perjuicio de que, en su
condición de juez ordinario, al Tribunal le corresponde valorar si la prueba
científica “está en el ámbito de una forma de conocimiento dotada de
dignidad y validez científica, y si los métodos de investigación y control
típicos de esa ciencia (fueron) correctamente aplicados en el caso particular
que se debe juzgar”[90], la doctrina también es clara cuando indica
que “la prueba científica se
presenta, dado su peculiar validez cognoscitiva, dotada de un grado
particularmente elevado de fiabilidad”. Precisamente por su calificación
como “científica” se sitúa a un nivel de fiabilidad particularmente elevado,
atribuyéndole un peso y un valor demostrativo superior al que se reconoce de
las pruebas ordinarias” (Énfasis fuera de texto)[91].
3.3.2.5.
Es decir, a pesar
de la validez y solidez de la prueba científica, la Corte observa que esta no
fue efectivamente valorada por el Tribunal. Justamente,
aunque la autoridad demandada puede haber acertado cuando coincidió con
Medicina Legal en que la prueba de residuos de disparo “no puede
considerar(se) como única y debe analizar(se) teniendo en cuenta todas las
circunstancias que rodearon los hechos investigados” (ver 3.2.50 supra),
de la sentencia del Tribunal no se desprende que dicha prueba científica hubiera
sido confrontada en modo alguno con el resto del correlativo acervo
probatorio. Por el contrario, sin haber apreciado el contenido de dicha prueba
científica a la luz de las demás pruebas, directa o indirectamente relacionadas
con su validez, pero -no obstante- apoyándose en tan solo algunas de las declaraciones
obrantes en el proceso[92], todas ellas favorables al extremo
demandado en el proceso contencioso administrativo, el Tribunal accionado
resolvió que:
“Las pruebas obrantes en el expediente,
permiten afirmar que en efecto el día 14 de enero de 2007 se presentó un
enfrentamiento armado entre EIDER ALEGRÍA ORTEGA y el ST ROSAS RAMIREZ DIEGO
como miembro integrante del EJÉRCITO NACIONAL que tenía a cargo
la tropa (…), pues pese a haberse lanzado la consigna que los identificaba como
soldados, ALEGRÍA ORTEGA los ataca, y como respuesta a ello recibe tres
disparos por parte del Sargento en mención, los cuales acabaron con su vida,
afirmaciones que se sustenta (sic) en los testimonios recaudados y aportado al
presente proceso, cuya veracidad no fue desvirtuada, sino que por el
contrario fue corroborada con lo declarado por el joven DIEGO JAVIER MIRANDA
VILLADA, quien acompañaba a EIDER ALEGRÍA el día que ocurrieron los hechos”
(Énfasis fuera de texto)
3.3.2.6.
Mejor dicho,
contrario al mandato de valorar el conjunto las pruebas de acuerdo con las
reglas de la sana crítica (CGP, artículo 176), el Tribunal accionado concluyó
sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre el señor Alegría Ortega y
el Ejército Nacional. No obstante, para llegar a tal conclusión, (i) el
Tribunal no logró mínimamente desvirtuar el poder de la prueba científica elaborada
por Medicina Legal; y (ii) fundó su decisión de negar las pretensiones de la
reparación directa exclusivamente en la versión que ofrecieron los diferentes
integrantes de la tropa a cargo del ST ROSAS RAMIREZ DIEGO el 14 de enero de
2017 y en su corroboración por parte de DIEGO JAVIER MIRANDA VILLADA, quien
supuestamente acompañaba al señor ALEGRÍA ORTEGA “el día que ocurrieron los
hechos”; esto último, además, sin hacer un examen crítico de dichas
declaraciones (ver 3.3.3. infra) y sin siquiera referirse a la versión
de los hechos que ofrecían las demás declaraciones obrantes en el plenario (ver
3.3.4. infra).
3.3.2.7.
Lo recién expuesto es
suficiente para que la Corte concluya sobre la existencia de otro defecto
fáctico en su dimensión negativa, en la sentencia dictada por la autoridad
demandada, por no haberse en esta llegado a efectivamente valorar la prueba
científica de residuos de disparo, bajo la precaria tesis de que la misma podía
estar contaminada ante la inobservancia de la debida cadena de custodia; inobservancia
esta que, como se explicó en los numerales 3.3.2.3 y 3.3.2.4 supra, es
por lo menos altamente cuestionable al punto de tener el eventual efecto de
invertir el sentido de la sentencia. La Corte insiste en que si bien puede
ser cierto que, según lo explicó Medicina Legal, “(l)os resultados de estas
pruebas no deben considerarse como única prueba y debe ser analizada teniendo
en cuenta todas las circunstancias que rodearon los hechos investigados, este
análisis debe ser considerado como INDICIARIO” (ver 3.2.50 supra),
al margen de que tal indicio sea un medio suficiente de prueba dentro de
la respectiva reparación directa (ver 3.3.5. infra), lo menos que se
esperaría del Tribunal es que estudiara la validez de dicha prueba a la luz del
acervo probatorio correlativo a la misma y, si todavía le cupieran dudas sobre
su poder determinante, confrontara dicha evidencia con el resto de las
pruebas obrantes en el expediente y no solamente con las declaraciones de los
miembros de la tropa oficial y de quien supuestamente acompañaba al señor
Alegría Ortega al momento de los hechos. Se reitera que, en el caso concreto, para
desechar el poder determinante de la referida prueba científica de residuos de
disparo, el Tribunal accionado debería haber elaborado sobre la misma,
explicando por qué una prueba científica tan relevante como la mencionada, habría
de sucumbir ante su confrontación con el resto de las pruebas obrantes en el
plenario.
3.3.3.  Las inconsistencias en las declaraciones en
que se apoyó el Tribunal y su defectuosa valoración
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, de la
lectura del expediente la Corte también detecta que existirían graves
inconsistencias en las declaraciones en que se apoyó el Tribunal para concluir
sobre la efectiva ocurrencia del combate o enfrentamiento armado que determinó
la muerte del señor Alegría Ortega; inconsistencias estas que el Tribunal no
advirtió, lo que convierte su valoración en, por lo menos, evidentemente
irracional. Veamos:
3.3.3.1.
En declaraciones
rendidas entre el 19 y el 20 de enero de 2007 ante agentes del Ejército
Nacional, los declarantes Rosas Ramírez Diego (3.2.12 supra), Rodríguez
Vecino Roberto de Jesús (3.2.13 supra), Gallo Pérez Jorge Alexander
(3.2.15. supra) y Pérez Rodríguez Álvaro (3.2.16 supra) coincidieron
en afirmar: (i) que el 14 de enero de 2007, en un sector conocido como “La
Venada”/ “alto de la cruz vereda la venada”/ “vereda la venada sector
alto de la cruz finca San Alberto”, municipio de Génova, Quindío,
entre las 14:30-14:45 horas[93], se acercaron a la tropa dos sujetos; (ii)
que dichos sujetos fueron recibidos por la tropa con la proclama “Alto,
somos tropas del Ejército Nacional”; (iii) que luego de tal
proclama uno de los sujetos que se aproximaban a la tropa le hizo a esta a un
(1) disparo con arma de fuego; (iv) que tal descarga fue respondida, en defensa
propia, con tres (3) disparos por parte del teniente Rosas Ramírez Diego; y (v)
que estos últimos disparos ocasionaron la muerte de quien habría
inmediatamente antes agredido a la tropa y quien, a la postre, fuera
identificado como Eider Alegría Ortega, sin que se hubieran activado armas
distintas a la de este último y a la del uniformado Rosas Ramírez Diego[94]. Así mismo, en tales declaraciones sus
deponentes coincidieron en que, para el día de los hechos, el señor Alegría
Ortega portaba una carabina o escopeta calibre 16 y/o dos (2) granadas de
mano.
No obstante lo anterior, en declaración también
rendida el 20 de enero de 2007 ante el mismo oficial del Ejército Nacional que
recibió las declaraciones de la tropa presente en el lugar de los hechos el 14
de enero de ese mismo año[95], el declarante Alba Carlos Fabián (3.2.14 supra)
sostuvo que, estando en lo que denomina como “Alto de la línea de la nevada
(sic)”, tras la proclama por parte de la tropa a las 18:00 horas de
un día que no identifica, “escuch(ó) unos disparos [varios o, por
lo menos, más de uno (1)] que se dirigían hacia nosotros después sobrepase
el puntero y me fui disparando unos 20 metros en diagonal (…) (sic)”. Respecto
de las armas que portaban “los individuos muertos en combate”, el
soldado Alba manifestó que estas eran “(u)n revólver calibre 38, (u)na
pistola calibre nueve milímetros y una granada de mano y explosivos”
En otras palabras, entre las declaraciones de los
sujetos primeramente referidos y la del sujeto aludido inmediatamente atrás
existen inconsistencias en, por lo menos (i) la hora en que habrían
ocurrido los hechos materia de la reparación directa; (ii) las características
del combate pues, mientras que según la versión del soldado Pérez Rodríguez
Álvaro sólo se habrían disparado las armas de Alegría Ortega y del teniente Rosas
Ramírez (ver nota al pie 94 supra), según Alba Carlos Fabián en este
combate también habría participado él mismo cuando se habría ido “disparando
unos 20 metros en diagonal”; iii) el número de individuos dados de baja[96]; y, iv) las características del armamento
que portaban los referidos individuos.
La Corte no ignora que de la declaración de
Alba Carlos Fabián podría eventualmente desprenderse que tal sujeto estaría
haciendo referencia a los hechos de un operativo distinto al ocurrido el 14 de
enero de 2007 en donde murió el señor Alegría Ortega[97]. No obstante, tal
valoración no le corresponde a la Corte sino al Tribunal accionado en su
condición de juez ordinario.
3.3.3.2.
Por otra parte, la
Corte también observa que entre la declaración del teniente Rosas Ramírez Diego
de que trata el numeral 3.2.12 supra y la declaración rendida por este
mismo sujeto y a que refiere el numeral 3.2.27 supra, existen
otras inconsistencias. Ciertamente, en la primera declaración se sostuvo que el
14 de enero de 2007 “(a)proximadamente a las 14:30 Hrs se escuchó que
se acercaban unos pasos por el camino (…) en ese momento el SCP Rodríguez
Vecino Roberto lanzó una proclama diciendo “Alto Somos Tropas Del Ejército
Nacional (sic)”. En la segunda declaración, el mismo individuo relató que,
también el 14 de enero de 2007 “siendo las 17:30 horas estando
emboscados se escuchó unos pasas que se resercaban hacia nosotros (…) cuando el
soldado profesional RODRIGUEZ VECINO ROBERTO (…) lanza la proclama (sic)”.
Es decir, el mismo individuo cuya acción habría directamente
determinado la muerte del señor Alegría Ortega (ver 3.3.31 supra)
ofreció dos versiones distintas sobre la hora del 14 de enero de 2007 en que
habrían ocurrido los hechos; versiones que se encuentran separadas por tres (3)
horas de diferencia; inconsistencia esta que, según se desprende de la
sentencia impugnada, no fue advertida por el Tribunal accionado en una
deficiente valoración de los testimonios en que apoyó su versión de los hechos.
3.3.3.3.
Así mismo, de la
sentencia impugnada se desprende que el Tribunal no reparó en que mientras que,
por un lado, en la declaración del teniente Rosas Ramírez Diego (3.2.27 y 3.2.40
supra) este afirmó que habría, “(corrido) con tal suerte que el
disparo (que le habría hecho Alegría Ortega) quedó impactado en palo
de plátanos”, en sentido contrario, en el Informe Ejecutivo que rindió
la Fiscalía 1- Unidad de Reacción inmediata -Armenia (3.2.5 supra) en
visita al lugar de los hechos el mismo 14 de enero de 2007 a las 16:00PM se
señaló que “con respecto a la balística de campo (se) informó: no se
materializaron trayectorias de disparo, debido a que no se encontró en la
escena de los acontecimientos puntos característicos, compatibles con trazos de
paso de proyectil disparado con un arma de fuego”; inconsistencia que
luce extraña si se considera que, como afirmó Rosas Ramírez Diego en la prueba
señalada en el numeral 3.2.27 supra, en el momento del combate este solo
se encontraba a la escasa distancia de “aproximadamente 10 metros”.
Más aún, luce al menos mínimamente cuestionable que a
dicha distancia de diez (10) metros entre el ST Rosas Ramírez Diego y el señor
Alegría Ortega, aquel pudiera decir con suficiente precisión que este último le
hubiera disparado “apuntándo(le) justo abajo del mentón” (3.2.40 supra);
cuestión que además luce contradictoria con la versión que ofreció el soldado
Gallo Pérez Jorge Alexander, según el cual el disparo del señor Eider Alegría
Ortega, más que específicamente dirigido a un determinado miembro de la tropa,
fue más bien generalmente dirigido “hacia la parte alta en la cual nos
encontrábamos que por fortuna no contó con suficiente puntería para alcanzar a
hacernos daño” (3.2.39 supra)
3.3.3.4.
Ahora bien, si se
aceptara que ante el disparo que, supuestamente, Alegría Ortega le hizo a la
tropa, el ST Rosas Ramírez Diego hubiera “(reaccionado) inmediatamente[98] (bajando) la parte semi-alta y
(haciéndole) 03 disparos en el pecho en defensa propia” (3.2.12 supra), tal combate difícilmente
podría haber “durado aproximadamente 10 minutos” (3.2.27 supra[99]). En efecto, según la doctrina, para la
verificación de la legítima defensa “se impone la obligatoriedad de que el
sujeto que invoque esta causal (de exclusión de la antijuridicidad) actúe en
el mismo tiempo en que se verifica la agresión. Es decir, no se puede
sostener la existencia de la causal cuando el agredido tiempo después
reacciona, sino cuando enfrenta en el mismo momento esa agresión: es lo
que algunos autores han llamado “reacción inmediata”. (Todo el énfasis
fuera de texto)[100]
3.3.3.5.
Llama la atención
también que el Tribunal haya señalado que el señor Diego Javier Miranda Villada
hubiera corroborado la versión de los hechos según la cual Eider Alegría Ortega
le habría disparado a la tropa oficial luego de que esta lanzara la proclama en
donde se identificaba como constituida por integrantes del Ejército Nacional
(ver 3.2.29 y 3.2.42. supra). La Corte no ve cómo la autoridad demandada
llegó a tal conclusión tan categórica cuando, de las declaraciones del señor
Miranda Villada se desprende que este no habría presenciado los hechos que,
según el Tribunal, habría corroborado. Por ejemplo, como se puede verificar de
la prueba reseñada bajo el numeral 3.2.42 supra, en ampliación de su
declaración inicial, el señor Miranda Villada afirmó con claridad que “yo me
escabullí, me perdí, no esperé a nada, yo estaba ya retirado cuando el man
hizo el disparo”; versión esta que coincide con la declaración del
señor Divier de Jesús Duque Ocampo (3.2.43 supra), según la cual Miranda
Villada, poco después de los hechos del 14 de enero de 2007, le habría dicho
que “cuando iba como a tres cuadras escuchó tres tiros y
que por eso como (é)l no sabía qu(é) había pasado no había ido a la
casa, que los tres se abrieron y no supo nada más (…)”.
3.3.3.6.
Más aún, el
Tribunal le dio pleno crédito a las declaraciones del señor Miranda Villada sin
haberse detenido en la eventual inconsistencia de tales declaraciones. Por
ejemplo, mientras que, por una parte, en la declaración a que refiere el
numeral 3.2.29 supra, al ser inquirido sobre si “advirtió la
presencia del Ejército cuando transitó por el cafetal que dice que atravesó”
el señor Miranda Villada contestó “No en ningún momento vi a nadie, ni
escuché nada”, por otra parte, en la declaración a
que remite el numeral 3.2.42 supra indica que “(…) cuando
íbamos bajando, salieron unos manes uniformados o no se qui(é)nes eran
si paramilitares, guerrilla o qui(é)n, cuando ellos dijeron alto, yo me tiré
por un barrando (sic) (…)”.
En suma, la Corte encuentra que, además del defecto fáctico
señalado en los numerales 3.3.1. y 3.3.2. supra, el Tribunal incurrió en
otro defecto del igual carácter al no haber valorado suficientemente las
declaraciones en que fundó su decisión: Lo anterior por cuanto el Tribunal
valoró superficialmente, carente de cualquier ánimo crítico, las declaraciones
ofrecidas por los miembros de la tropa del Ejército Nacional, así como de
quien, supuestamente, habría corroborado la versión de los hechos de la tropa
militar. Tal defecto, reitera esta Sala, se configura por una valoración por lo menos irracional del
acervo probatorio, que omite cualquier verificación sobre la credibilidad de
las fuentes de las pruebas que acreditarían la versión de los hechos que acogió
la providencia.
3.3.4.
La ausente
valoración de las declaraciones distintas a las acogidas por el Tribunal
El
principio de igualdad que defiende el artículo 13 superior se proyecta al campo
procesal de manera tal que “(d)entro de los principios que informan
nuestro derecho procesal civil, se encuentra el de la “igualdad procesal” en
virtud del cual toda persona tiene iguales oportunidades para ejercer sus
derechos, debiendo recibir un tratamiento exactamente igual, sin
consideraciones de religión, raza, nacionalidad, posición social o económica,
etc.”[101]. No sin razón,
la igualdad procesal se encuentra expresamente consagrada en nuestro
ordenamiento procesal, en donde el artículo 4º del Código General del Proceso
prevé que “El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga
para lograr la igualdad real de las partes”.
La Corte también ha
precisado que el principio de igualdad procesal presupone la existencia de la imparcialidad
judicial como “garantía de
la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia
[pues] (s)e trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas
y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”[102].  Por ello, como parte que es del derecho procesal, el derecho
probatorio exige que el juez, como director del correspondiente debate de
evidencias “(esté) siempre orientado por el criterio de averiguar la verdad,
tanto cuando decreta pruebas oficiosamente o a solicitud de parte, como cuando
valora los medios allegados al proceso”[103]
En consideración a lo anterior la Corte extraña que,
en la sentencia impugnada, la autoridad demandada, en detrimento de la
imparcialidad judicial, solo haya acogido la versión de los hechos favorable al
extremo pasivo de la litis -esto es, la versión ofrecida por los agentes de la
tropa del Ejército Nacional y del señor Miranda Villada- omitiendo cualquier
valoración de las declaraciones que defenderían la versión de los hechos
favorable a los accionantes. Veamos:
3.3.3.1 En sus distintas declaraciones, la madre del occiso, señora María
Carlina Ortega Alegría asegura que el señor Miranda Villada le habría
reiteradamente insistido a su hijo sobre una invitación a pescar[104] que, en realidad, podría haber sido un
engaño remunerado con dinero (ver 3.2.8. y 3.2.28 supra), dirigido a
lograr el homicidio del señor Alegría Ortega por parte de integrantes de la
fuerza pública en el marco de lo que se ha denominado como falsos positivos. De
la referida primera declaración se desprende también que, según le habría
manifestado a ella el señor Miranda Villada, ante la aparición de “un
muchacho con pasamontañas” que les habría dicho “quietos” “todos [los
integrantes del viaje de pesca] habrían salido a correr por sitios diferentes”,
pudiendo de este modo comprobarse la imposibilidad de un enfrentamiento con
el Ejército.
3.3.3.2. Por otra parte, aun cuando -como la señora Ortega Alegría- el señor
Duque Ocampo Divier de Jesús integra la parte activa de la litis, conviene
precisar que, en su declaración (que el juez no quiso conocer al no haber exigido
que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos allegara copia su
expediente disciplinario al proceso), este ofrece información que, por su
contenido, la hace merecedora de cierta credibilidad. En efecto, según se
observa de la declaración a que refiere el numeral 3.2.43 supra,
mientras que (i) por una parte el señor Duque Ocampo confirma la versión de los
hechos ofrecida por la madre del occiso en torno a que, según le dijera en su
momento el señor Miranda Villada, ante la aparición de “tres encapuchados
(…) vestidos de uniforme militar (…) cada uno [de los integrantes del viaje de
pesca] cogió por su lado”; y así mismo da información sobre el miedo que el
señor Alegría Ortega le tenía al manejo de armas de fuego pues, teniendo el
declarante una escopeta, Alegría Ortega le habría dicho que “le daba miedo
disparar, porque le parecía que eso patiaba muy feo”; (ii) por otra parte
el declarante también ofrece información que vincularía a Alegría Ortega como
eventual colaborador de un grupo al margen de la ley, cuando habrá ayudado con
drogas y comida a una mujer “que estaba herida por allá en el monte”.
De lo anterior se observa que, en su
sentencia, el Tribunal habría incurrido en otro defecto fáctico en su dimensión
negativa y eventual violación directa de la Constitución por no haber dirigido
el debate probatorio de modo imparcial, cuando, sin
justificación alguna, no valoró las declaraciones de algunas personas, las
cuales podrían eventualmente determinar la solución de la controversia de la
reparación directa.
3.3.5.  El valor de la prueba indiciaria
Finalmente debe indicarse que, como lo recordó la
Corte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha previsto que, en casos en
donde se discutan eventuales graves violaciones a los derechos humanos, la
equidad exige una flexibilización de los estándares probatorios. En reciente
Sentencia SU-035 de 2018[105] la Sala Plena manifestó que, en tratándose
de casos análogos al que se discute en esta providencia:
“(p)aralelo a la intervención
en materia penal por homicidio en persona protegida [70[106]] y en el
ámbito disciplinario [71[107]]
contra los agentes del Estado que en servicio y prevalidos del cumplimiento de
un deber misional han incurrido en dicha conducta -v. g. los falsos
positivos [72[108]]-, el Consejo de Estado como máximo
órgano de la jurisdicción contencioso administrativo ha construido una nutrida
línea jurisprudencial en la materia, donde partiendo de la base del artículo 90
de la Carta [73[109]],
le ha imputado responsabilidad al Estado por las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias de sus agentes, tomando elementos del derecho
internacional, realizando un control de convencionalidad y, sobretodo,
flexibilizando la valoración probatoria como lo ha admitido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal tratándose de violaciones
graves a los DD.HH.[74[110]]
(…)
De acuerdo con lo anterior, en el evento
que haya una incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos
fácticos, “el juez deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten
un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente,
resultado que se obtiene aplicando las reglas de la experiencia que incluyen
conocimientos técnicos, leyes científicas o generalizaciones del sentido común”[80[111]]”.
Según se ha admitido, la
referida flexibilización probatoria se manifiesta, entre otros, en el vigor que
se le atribuye a la prueba indiciaria[112].[113] Ciertamente,
en reciente Sentencia SU-062 de 2018[114] se señaló que “(e)ntre
los indicios que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha utilizado se
encuentran, entre otros: (i) la existencia de casos en los cuales
se adelantó un enfrentamiento con armas que no eran idóneas para el combate[120[115]]; (ii) operaciones adelantadas en conjunto
por "informantes desmovilizados", que señalan a las víctimas como
guerrilleros[121[116]]; (iii) contradicciones e imprecisiones en los testimonios de los
militares respecto a la forma en la que se adelantaron los enfrentamientos[122[117]]; y (iv) la no concordancia entre los
relatos de los hechos realizados por los miembros de la Fuerza Pública y el
protocolo de necropsia[123[118]].
Aunque en la demanda de
tutela no se indicó con precisión los hechos y/o razones por las cuales las
sentencias del Consejo de Estado relacionadas en los numerales 3.16.1 y 3.16.2
de la sección I supra) constituirían precedente alguno, para la Corte es
claro que, en el presente caso y conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado
que se citó en la mentada Sentencia SU-035 de 2018 (ver inicio del presente
subnumeral 3.3.5.), existen varias situaciones que la autoridad demandada
habría ignorado y que, en la ausencia de elementos que permitieran controvertir
los hechos que las mismas indicarían, dicha autoridad debería haber tenido como
acreditados por indicio. Tales situaciones se señalan a continuación:
3.3.5.1.
El que la señalada
prueba científica tenga un carácter indiciario, según sugiere el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (ver 3.2.50 supra)
aparece como un fuerte elemento de convicción dado que se trata de un caso en
donde se podría estar frente de graves violaciones a los derechos humanos del
señor Alegría Ortega. Y el anterior elemento de convicción resultaría aún
mayormente fuerte si se considera el defecto fáctico que, en la valoración de
dicha prueba por parte del Tribunal, se advirtió bajo el numeral 3.2.2 supra.
3.3.5.2.
Otro indicio que,
salvo evidencia más fuerte en contrario, la autoridad demandada debería haber
privilegiado, serían las inconsistencias en que habrían incurrido los miembros
de la Fuerza Pública sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos que
terminaron con la muerte de Eider Alegría Ortega y que se señalaron en el
numera 3.3. supra. A esto se suma que en la prueba a que refiere el
numeral 3.2.34 supra se señala que la dispersión de los perdigones
disparados con una escopeta calibre 16 como la que los miembros de la Fuerza
Pública señalan fue activada contra ellos por el señor Alegría Ortega, tendría “un
diámetro de perdigonada de Veinte centímetros (20cms) para los perdigones No. 4
y 5 y un diámetro de veinticinco centímetros (25 cms) para el perdigón 7½”; situación
ésta que tendría la virtud de imponerse sobre la supuesta carencia de puntería
que habría tenido el hoy occiso en su supuesto ataque a la patrulla militar.
3.3.5.3.
Si se considera que
el señor Alegría Ortega fue acusado de pertenecer al Frente 50 de las FARC[119], resultaría altamente improbable que éste
utilizara como arma una escopeta cuando, para 2007, ésta era ya un arma en práctico
desuso por parte del sofisticado ejército que tal organización tenía.
Ciertamente, según la ONU, de las 8.894 armas que las FARC hicieron dejación
para el 27 de septiembre de 2017, solo seis (6) correspondían a escopetas[120].
De lo expuesto bajo el presente numeral 3.3.5., para
la Corte es claro que la autoridad demandada desconoció el precedente que, en
situaciones que podrían juzgarse como ocasionadas en el marco de lo que, en su
momento, se denominó como ‘falsos positivos’, ha mantenido el Consejo de Estado
en torno al poder que tiene la prueba de indicio en la acreditación de los
hechos que tenga uno de estos casos. Esta situación se traduce, además, en la
verificación del defecto sustantivo en el que habría incurrido la
autoridad demandada al desconocer el precedente del Consejo de Estado.
Ciertamente, en Sentencia SU-567 de 2015[121], la Corte sostuvo que “se considera defecto
sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas
determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la
actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que
hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en
el proceso.”
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia dictada
por la Sección Quinta de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, con fecha del diecinueve (19) de septiembre de 2018, radicación
número 11001-03-15-000-2017-02658-01, así como la sentencia de primera
instancia dictada por la Sección Cuarta de Decisión de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con fecha del quince (15) de
enero de 2018, radicación número 11001-03-15-000-2017-02658-00, dentro de la
acción de tutela presentada por María Carlina Ortega Alegría y otros contra la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. En su lugar,
TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío, con fecha del ocho (8) de junio de 2017, Proceso
63001-3331-002-2008-00990-00, dentro de la acción de reparación directa presentada
por María Carlina Alegría y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.
TERCERO.- ORDENAR a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de
los Derechos Humanos que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, remita a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío la copia íntegra del proceso
disciplinario iniciado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos en el que se denuncia a
miembros del Ejército Nacional por violación al derecho internacional
humanitario en el homicidio de EIDER ALEGRÍA ORTEGA.
CUARTO.- ORDENAR a la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que, dentro de los diez (10) días
siguientes a que reciba de  la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos la copia íntegra del proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos en el que se
denuncia a miembros del Ejército Nacional por violación al derecho
internacional humanitario en el homicidio de EIDER ALEGRÍA ORTEGA, dicte nueva
sentencia de segunda instancia dentro
de la acción de reparación directa presentada por María Carlina Alegría y otros
contra la Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que atienda
lo señalado en esta providencia, particularmente en lo que se dijo bajo los
distintos puntos del numeral 3.3. de la sección III de esta sentencia.
QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la
Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes
–a través del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, Quindío;
juzgado éste que, con las notificaciones del caso, debe enviar a la autoridad
demandada el expediente que corresponde a la reparación directa adelantada por
María Carlina Ortega de Alegría y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La Sala de Selección No. 11 de la Corte está integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y
Cristina Pardo Schlesinger.
[2] Ver folios 241-242 del cuaderno de tutela en sede de
revisión.
[3]
Ver folio 29 del cuaderno 1 de la reparación directa.
[4]
Sentencia SU-062 de 2018, MP Alejandro Linares Cantillo.
[5] Por
ejemplo, mediante la Sentencia T-006 de 1992 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), tras señalar que “(l)a acción de
tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias que pongan término a
un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o
amenacen por acción u omisión cualquier derecho constitucional
fundamental”, la Corte revocó
una decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que
había denegado una acción de tutela presentada contra un tribunal de distrito
judicial por considerar que esta resultaba improcedente cuando se trataba de
sentencias ejecutoriadas.
[6] MP José
Gregorio Hernández Galindo, con salvamentos de voto de Ciro Angarita Barón,
Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7] Ver, por ejemplo, las Sentencia T-779 de 2007 y T-937 de
2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[8] En Sentencia T-587 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos) se explicó que “la jurisprudencia constitucional relegó la
expresión “vía de hecho”, reemplazándola por causales genéricas y específicas
de procedibilidad. Así, el juez constitucional antes de emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con la eventual vulneración de derechos
fundamentales ocasionada por la actividad jurisdiccional, debe verificar, en
primera medida, si se configuran dichos requisitos genéricos de procedencia de
la acción de tutela, de manera tal que pueda evaluar, en segundo lugar, si se
cumplen los requisitos específicos o materiales de procedibilidad.”
[9] Ver, entre otras, la Sentencia SU-062 de
2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[10] CSJ. Cas. Civ.
Sentencia del 14 de agosto de 1995, MP. Dr. Nicolás Bechara Simancas
(reiteración de jurisprudencia).
[11] Ver,
entre otras, las Sentencias T-535 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos), SU-035 de
2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas) y SU-062 de 2018 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[12] Ver
folio 36 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[13] Folio
85 del cuaderno 2 de la acción de reparación directa.
[14] Ley
1437 de 2011 – CPACA Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. “El
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código
sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior.”
[15] CCA,
ARTÍCULO 188. Modificado por el art. 41, Decreto Nacional 2304 de 1989,
Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 “Son causales de revisión: 1.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente
no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria. 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mayor derecho para reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo
favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 5. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia. 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”
[16]
Sentencia SU-355 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo (e).
[17] [106]
Ver sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y
SU-636 de 2015, entre otras.
[18]
Sentencia SU-062 de 2018, MP Alejandro Linares Cantillo.
[19] [22] Sentencia T-104 de 2014.
[20]
Sentencia T-237 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo (e).
[21] [107]
Ver sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015 y SU-636 de 2015, entre otras.
[22]
Sentencia SU-062 de 2018, MP Alejandro Linares Cantillo.
[23]
Sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
[24] MP
Alberto Rojas Ríos.
[25] Para
una breve reseña sobre la historia y características del fenómeno de los “falsos
positivos” en Colombia, se puede consultar la Sentencia SU-035 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas), en sus numerales 51-53.
[26]
Existen otros casos en donde, en su momento, no hubo claridad sobre el momento,
lugar y circunstancias en que habrían ocurrido homicidios posteriormente
calificados como falsos positivos.
[27] Mediante Auto del 12 de diciembre de 2018, la magistrada
sustanciadora resolvió decretar pruebas destinadas a recoger la documentación
relativa al proceso de reparación directa, a la totalidad de los informes sobre
el levantamiento e inspección del cadáver del señor Alegría Ortega, de la
investigación disciplinaria asumida por el comandante de la Octava Brigada del
Ejército Nacional sobre el subteniente Rosas Ramírez Diego por su presunta
responsabilidad en la muerte del señor Eider Alegría Ortega y del expediente
disciplinario que por tales hechos se construyó por parte de la Procuraduría
General de la Nación – Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos;
obteniéndose respuesta positiva a dichas solicitudes probatorias y recaudándose
todas las pruebas solicitadas, a saber: (i) el expediente que corresponde a la
acción de reparación directa cuya sentencia de segunda instancia se ataca con
la demanda; (ii) copia simple del expediente que corresponde al proceso
disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos Humanos en contra de miembros del Ejército Nacional como presuntos
autores de la muerte del señor Eider Alegría Ortega; (iii) Respuesta del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en donde se anexan,
entre otros, copia del formato de inspección técnica a cadáver 028, copia de
cadena de custodia de cadáver, copia del informa técnico de necropsia, copia de
informe pericial de balística; y, iv) copia de la investigación disciplinaria
No. 019-2007 adelantada por la Octava Brigada del Ejército Nacional, en contra
del Subteniente Diego Rosas Ramírez por su presunta responsabilidad en la
muerte del señor Eider Alegría Ortega.
[28] Folios
4 al 25, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[29] Folios
33 al 55, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[30] Folios
114-115, cuaderno 1 del expediente de la reparación directa.
[31] Folios
57 al 85, cuaderno 2 del expediente de tutela. También se encuentran a folios 1
al 29, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[32] Folios
86 al 92, cuaderno 2 del expediente de tutela. Este informe también se
encuentra en el folio 274 al 280 del cuaderno 2 del expediente de tutela, en el
cual se halla copia del proceso disciplinario realizado por las fuerzas
militares. También se puede ver en folios 319 al 325, cuaderno 2 del expediente
de reparación directa.
[33] Al
parecer, se habría intercambiado la expresión “Rosas”, por la de “Flores” pues
no existe ningún miembro de la tropa involucrada en los hechos de la reparación
directa que tenga por apellido esta última expresión.
[34] Folios
93 al 123, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[35] Folio
146, cuaderno 2 del expediente de tutela (también está en el folio 191 del
cuaderno 2 de tutela que contiene el proceso disciplinario y en el folio 151,
cuaderno 1 del expediente de reparación directa). El original se encuentra a
folio 59, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[36] Folios
153 a 155, cuaderno 2 del expediente de tutela (también está en el folio 187 y
188 del cuaderno 2 de tutela que contiene el proceso disciplinario, pero hace
falta un folio de la declaración y a folios 158 al 160, cuaderno 1 del
expediente de reparación directa).
[37] Folio 228, cuaderno 2 del expediente de
tutela (proceso disciplinario).
[38] Folios 354-35, cuaderno 5 del expediente de la reparación
directa.
[39] Folio 229, cuaderno 2 del expediente de
tutela (proceso disciplinario). También obra a folio 274, cuaderno 2 del
expediente de reparación directa.
[40] Folios
230 y 231, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario). También
obra a folios 275 al 276, cuaderno 2 del expediente de reparación directa.
[41] Folio
237 (incompleto), cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra completo a folio 282 (dorso y anverso), cuaderno 2 del expediente
de reparación directa.
[42] Folio
238 (incompleto), cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra completo a folio 283 (dorso y anverso), cuaderno 2 del expediente
de reparación directa.
[43] Folio
239 (incompleto), cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra completo a folio 284 (dorso y anverso), cuaderno 2 del expediente
de reparación directa.
[44] Folio
240 (incompleto), cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra completo a folio 285, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[45] Folios 248 al 257, cuaderno 2 del expediente de tutela
(proceso disciplinario).
[46] Folios
258 al 261, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 303 al 306, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[47] Folios
262, 253 y 304, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 307, 308 y 348, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[48] Folios
264 al 265, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 309 al 310, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[49] Folios
266 al 273, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 311 al 318, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[50] Folios
281 al 284, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También se encuentra a folios 177 al 181, cuaderno 1 y a folios 326 al 330 y
380 al 385 del cuaderno 2 del expediente de reparación directa.
[51] Folios
286 al 291, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También se encuentra a folios 331 al 336, cuaderno 2 del expediente de
reparación directa.
[52] Folio
292, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario). También obra
a folio 337, cuaderno 2 del expediente de reparación directa.
[53] Folios
293, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario). También obra
a folio 338, cuaderno 2 del expediente de reparación directa.
[54] Folios
294 al 296, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 339 al 341, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[55] Folios
301 al 302, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 346 al 347, cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[56] Folio
303, 371 y 372 (foliatura en desorden), cuaderno 2 del expediente de tutela
(proceso disciplinario).
[57] Folios
325 al 331, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 372 al 377 (en foliatura de orden inverso), cuaderno 2
del expediente de reparación directa.
[58] Folios
332 al 336, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También se encuentra a folios 172 al 176, cuaderno 1 y a folios 365 al 371 (en
foliatura de orden inverso, cuaderno 2 del expediente de reparación directa.
[59] Folio
344 y ss., cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario). También
obra a folio 387 y ss., cuaderno 2 del expediente de reparación directa,
[60] Folios
364 al 366, cuaderno 2 del expediente de tutela (proceso disciplinario).
También obra a folios 407 al 409, cuaderno 3 del expediente de reparación
directa.
[61] Folios
23 al 28, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[62] Folios
76 al 79, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[63] Folio
81, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[64] Folios
86 al 89, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[65] Folios
105 al 107, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[66] Folio
146, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[67] Folios
151 al 153, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[68] Folios
154 al 160, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[69] Folios
164 al 167, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[70] Folios
260 al 263, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la procuraduría.
[71] Folios
264 al 270, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[72] Folios
278 al 280, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[73] Folio
281, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[74] Folio
282, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[75] Folio
283, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
[76] Folios
307 al 309, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría.
También obra a folios 474 al 477, cuaderno 3 del expediente de reparación
directa.
[77] Folio
312, cuaderno anexo del expediente disciplinario de la Procuraduría. También
obra a folios 478 y 479, cuaderno 3 del expediente de reparación directa.
[78] Folio
313, cuaderno 2 del expediente disciplinario de la Procuraduría. También obra a
folio 480, cuaderno 3 del expediente de reparación directa.
[79] Folios
56 al 57, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[80] Folio
82, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[81] Folio
83, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[82] Folios
102 al 112, cuaderno 1 del expediente de reparación directa.
[83] Folios
448 al 457, cuaderno 3 del expediente de reparación directa.
[84] Folios
458 al 464, cuaderno 3 del expediente de reparación directa.
[85] Sentencia T-393 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
[86] Ver folio 26 del cuaderno 1 de la
reparación directa, en la respectiva demanda a que refiere la prueba 3.2.4 supra.
[87] Ver prueba de que trata el numeral 3.2.3. supra.
[88] MP Alejandro Linares Cantillo.
[89] Ley 906 de 2004, Artículo
205. Actividad de policía judicial en la
indagación e investigación. “Los
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial,
reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera
la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos
urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de
cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán,
embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física
y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas
e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse
examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro médico
respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva
dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en
su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necropsia
médico-legal.
(…)” // De acuerdo con la Sentencia C-496 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), “(l)a cadena de custodia es un mecanismo que tiene como finalidad demostrar
la autenticidad de los materiales probatorios y la evidencia física. En este
sentido, es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar
la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia
física y asegurar el poder demostrativo de la prueba. La Corte Suprema de
Justicia ha definido la cadena de custodia como “un documento escrito en donde se reflejan las incidencias de una
prueba compuesta por los eslabones de custodia, donde cada uno de estos debe
incluir el momento de la custodia, de quien se recibió la evidencia y a quien
le paso, además de las medidas tomadas para asegurar la integridad de la
evidencia y evitar que esta se altere”
[90] Taruffo,
Michelle. La Prueba. Marcial Pons, 2008, págs.293-294
[91] Ibid.
[92] Ver declaraciones de los miembros de la
tropa a cargo de Rosas Ramírez Diego el 14 de enero de 2017, en los documentos
referidos en los numerales 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.32,
3.2.39 y 3.2.40 supra. Así mismo ver declaraciones de Diego Javier
Miranda Villada en los documentos referido en los numerales 3.3.29 y 3.2.42 supra.
[93] Al declarar sobre la hora de los hechos, las declaraciones
de los respectivos sujetos oscilan entre las 14:30 horas y las 14:45 horas.
[94]Sobre este hecho ver la declaración de Pérez Rodríguez Álvaro
en 3.2.32 supra, cuando aludiendo a un operativo dentro del cual murió Eider
Alegría Ortega, afirma que “No, yo no disparé, el único que
disparó fue mi teniente”. En el mismo sentido obra la declaración de
Rosas Ramírez Diego en donde afirma que, fuera de él mismo “Nadie más
disparó” (3.2.27 supra)
[95] El
teniente Ocampo Marulanda Álvaro.
[96] En las
primeras declaraciones se anuncia la muerte de solo un sujeto, el señor Eyder
Alegría Ortega. En la segunda, se hace referencia a la muerte de un número
plural de individuos.
[97] En efecto (i) de la segunda declaración del soldado Pérez
Rodríguez (3.2.32 supra) se desprende que el soldado Alba no habría
participado en los hechos que terminaron con la muerte del señor Alegría
Ortega; y (ii) en la declaración del soldado Alba (3.2.14 supra) se hace
referencia a la muerte de un integrante del frente 21 de las FARC,
mientras que los demás (3.2.12/13/15 supra) se refieren a la
muerte de un miembro del frente 50 de esa misma organización (ver
respectivas pruebas documentales).
[98] Sobre
la eventual reacción inmediata del ST ROSAS RAMÍREZ DIEGO también se puede ver
la prueba de que trata el numeral 3.2.21 supra.
[99] Sobre tal duración del combate también se puede ver la declaración
del soldado ALBA CARLOS FABIÁN de que trata el numeral 3.2.14 supra.
[100] Monroy Victoria,
William. Causales de exclusión de antijuridicidad. En: Lecciones
de Derecho Penal. Parte General. Universidad Externado de Colombia. Segunda
edición, marzo de 2011. Pág. 348.
[101]
Sentencia C-918 de 2001, MP Jaime Araújo Rentería.
[102]
Sentencia C-338 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo Primero. TEMIS. Quinta edición. Bogotá – Colombia 2002. Pág. 122.
[104] En
este mismo sentido se puede ver la declaración de Diana Marcela Posso (3.2.10 supra).
[105] MP José Fernando Reyes Cuartas.
[106] [70] Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 135.
[107] [71]
Ley 734 de 2002, artículo 48 y concordantes y Ley 836 de 2003, artículos 56 y
ss.
[108] [72] Concretamente, la jurisprudencia sobre los
denominados falsos positivos se encuentra en las sentencias de 18 de
mayo de 2017, Exp. 41511; 13 de marzo de 2017, Exp. 47892; 14 de junio de 2016, Exp. 35029; 1.º de
abril de 2016, Exp. 46028; 25 de febrero de 2016, Exp. 49798; 26 de junio de
2015, Exp. 35752; 26 de junio de 2015, Exp. 34749; 15 de abril de 2015, Exp.
30860; 26 de febrero de 2015, Exp. 28666; 26 de junio de 2014, Exp. 24724; 30
de abril de 2014, Exp. 28075; 6 de diciembre de 2013, Exp. 26669; 27 de
septiembre de 2013, Exp. 19886; 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601; 5 de
abril de 2013, Exp. 24984; 29 de octubre de 2012, Exp. 21377; 9 de mayo de
2012, exp. 22891; 11 de febrero de 2009, Exp. 16641; 9 de junio de 2005, Exp.
15129; 19 de abril de 2001, Exp. 11940; y 16 de febrero de 2001, Exp. 12936,
entre otras.
[109] [73]
“El Estado responderá patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de las autoridades públicas”.
[110] [74]
PAZOS GUERRERO, Ramiro y otro. Graves violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario: Jurisprudencia básica del
Consejo de Estado desde 1916, Bogotá, Consejo de Estado, Imprenta Nacional de
Colombia, 2017, pp. 101-166.
[111] [80] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de
octubre del 2014, Exp. 20411.
[112] Cfr. Sentencias SU-035 de 2018, MP José
Fernando Reyes Cuartas y SU-062 de 2018, MP Alberto Rojas Ríos.
[113] Según amplia doctrina citada por Devis Echandía, por indicio se entiende “un hecho
conocido del cual se deduce otro hecho desconocido, mediante un argumento
probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógico-crítica
basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o
técnicos” Devis Echandía, Ob. cit., Tomo Segundo. Pág. 587.
[114] MP
Alejandro Linares Cantillo.
[115] [120]
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos
mil catorce (2014). Radicación número: 050012325000199901063-01 (32988).
[116] [121]
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Quinta Consejero Ponente (E): Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos
mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00747-01.
[117] [122]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Bogotá D.C., treinta (30) de
abril de dos mil catorce (2014). Radicación número:
41001-23-31-000-1993-07386-00(28075).
[118] [123] Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “B”. Bogotá, D.
C., seis (06) de diciembre de dos mil trece (2013). Proceso
número:190012331000199900202-01 (28122)..
[119] Sobre el particular ver, por ejemplo, las
declaraciones a que refieren los numerales 3.2.16. y 3.2.27 supra.
[120] Ver: “​ONU finaliza el proceso de dejación de armas y
entrega las cifras consolidadas del armamento recibido e inhabilitado de
las Farc.”, en:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Septiembre/onu-finaliza-dejacion-armas-entrega-cifras-consolidadas-armamento-recibido-inhabilitado.aspx
[121] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.