T-633-17
Sentencia T-506/12
Sentencia
T-633/17
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE TERCERO CON INTERES LEGITIMO EN
TUTELA-Caso en que se niega al accionante el derecho a intervenir como
tercero con interés legítimo, en calidad de representante sustituto para la
atención médica de testigo de Jehová
La Sala estableció la
existencia de un documento a través del cual el “Testigo de Jehová” designó como “representante sustituto para la atención médica” al
accionante a fin de que decidiera por él, en caso de hallarse incapacitado,
sobre la trasfusión de sangre.
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia general
La improcedencia de la tutela
contra sentencia de tutela evita que el problema se dilate de manera
indefinida, se garantiza la seguridad jurídica y que las personas puedan
disfrutar de sus derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Procedencia excepcional cuando concurren determinados elementos
que requieren la actuación inmediata del juez constitucional para revertir o
detener situaciones fraudulentas y graves
LIBERTAD DE CULTOS FRENTE AL DERECHO A LA SALUD-Jurisprudencia constitucional/LIBERTAD DE CULTOS FRENTE AL
DERECHO A LA SALUD-Tensión
La posición más
reciente sigue en la construcción de la línea jurisprudencial sobre el deber de
los profesionales de la medicina de proteger el derecho a la libertad de culto
en los eventos donde exista consentimiento libre y voluntario, otorgado por
persona capaz. Así mismo, las entidades de Salud deben acudir al paciente que,
con fundamento en sus creencias, rechazan algunos tratamientos. En ese orden,
deben procurar la asignación de procedimientos alternativos que permitan su
recuperación sin violentar sus convicciones religiosas.
DEBIDO PROCESO-Aplicación a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas
PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES-Garantías
del debido proceso administrativo
PARTES Y TERCEROS-Concepto
DERECHO DE IMPUGNACION-Finalidad
La
impugnación se constituye en un derecho fundamental constitucional y, por
tanto, de obligatorio cumplimiento por el funcionario judicial, puesto que así
garantiza el debido proceso y el principio de la doble instancia.
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO-Vulneración
por cuanto Juzgado no vinculó a la acción de amparo a tercero con interés, lo
cual determinó la negativa a la impugnación, que es una forma de concretarse el
derecho de defensa y la garantía de la doble instancia
Se constató que el Juzgado,
dentro del trámite de la acción de tutela, incurrió en una indebida integración
del contradictorio por no vincular a un tercero con interés ni permitirle que
impugnara el fallo, lo que conllevaría a que se dejara sin efecto todo lo
actuado a partir del auto admisorio, y ordenar al despacho judicial accionado
que notificara
nuevamente aquella pieza procesal a las partes y a los terceros con interés en
la decisión.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración/CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento de la persona en nombre de quien se interpuso la
tutela
Como el representado del
accionante falleció, estando en trámite la presente acción de tutela, la Sala
consideró que se consolidó la carencia actual de objeto por daño consumado y,
en esas condiciones, se abstuvo de dar las respectivas órdenes, puesto que las
que se dieran resultarían inocuas.
Referencia:
Expediente T-6.164.917.
Acción de
tutela instaurada por el señor Iván Jesús Gómez Vicente, contra el Juzgado
Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta
(Magdalena).
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., doce (12) de
octubre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos de tutela emitidos en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Santa Marta y en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de la misma ciudad, en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado
el 30 de agosto en la oficina de reparto de la Rama Judicial de Santa Marta, el
señor Iván Jesús Gómez Vicente, por intermedio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones
de Control de Garantías de la misma ciudad, por considerar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política. Para sustentar la acción relató los siguientes:
1. Hechos
1.1. Aseveró que el señor Juan Alberto Orozco Velásquez[1],
quien profesa la fe “Testigos de Jehová”, lo designó como su
representante “sustituto” para la atención médica, a través de una
“declaración anticipada de voluntad”, en la cual afirmó que “no aceptaba
transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o
plasma y que además facultaba al ciudadano Iván Jesús Gómez Vicente, también
testigo de Jehová, para que en su nombre aceptara o rechazara tratamientos
incluidas la alimentación y la hidratación artificiales, consultar a sus
médicos, recibir copias de su historial médico y emprender acción judicial a
fin de que se respeten sus deseos”.
1.2. Indicó que en el mes de agosto de 2016 el señor Orozco Velásquez
tuvo un accidente de tránsito que lo mantiene “en estado de incapacidad
sensorial” en la clínica Bahía de la ciudad de Santa Marta.
1.3. Informó que la señora Nelda Patricia Velásquez Torres –madre del
lesionado- interpuso acción de tutela contra la citada entidad hospitalaria, la
que correspondió al Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control Garantías
de Santa Marta, el cual concedió el amparo y ordenó realizar todos los
tratamientos necesarios. Señaló que el despacho judicial se rehusó a vincularlo
como “legítimo interviniente en pro de los derechos fundamentales del
paciente Juan Alberto Orozco Velásquez” y rechazó la impugnación presentada
contra el fallo, cuando tiene la calidad de “representante sustituto para la
atención médica”.
1.4. Afirmó que la actuación del Juzgado constituye una afrenta al
debido proceso (art. 29 C. Pol.), no sólo porque vulnera los principios fundamentales
y los fines del Estado, consagrados en los artículos 1º y 2º de la Constitución,
particularmente la dignidad humana y las creencias de la persona, sino porque desacata
el “control de convencionalidad que ex officio” corresponde hacer a los
jueces y órganos vinculados a la Rama Judicial”.
1.5. Con fundamento en lo expuesto, solicitó el amparo del derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia,
que se declare la nulidad de la acción de tutela tramitada por el Juzgado
Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta a
partir del auto que admitió la demanda y se le vincule como tercero con interés
legítimo. Ello, al considerar que se violaron los artículos 29 de la
Constitución Política y 1, 2, 8.1, 12, y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, porque se le negó el derecho a intervenir como tercero a fin
de defender los derechos de Orozco Velásquez y no permitirle impugnar el fallo
de primera instancia.
Cuestiones previas.
Antes de continuar con la relación del trámite de la acción de tutela, la
Sala considera pertinente realizar un breve recuento de lo ocurrido con
anterioridad a la interposición del amparo que es objeto de decisión y
particularmente en lo relacionado con las acciones de tutela interpuestas por las
señoras (i) Nelda Patricia Velásquez Torres y (ii) Katherin Tatiana Bossa Páez.
Con
ocasión a un accidente de tránsito, el 17 de agosto de 2016 fue trasladado a la
clínica Bahía el señor Juan Alberto Orozco Velásquez, siendo diagnosticado con
“TCE Severo, politraumatismo severo, contusión pulmonar bilaterla (sic),
fracturas en clavícula derecha, en maxilar inferior, fractura expuesta
diafisaria en húmero derecho, en cúbito derecho, en tibia y peroné izquierdo”
(fl. 53 c. 1ª instancia).
Como
el paciente requería “cirugía urgente”, el cuerpo médico solicitó el
consentimiento a sus familiares. La compañera permanente del lesionado, señora
Katherin Tatiana Bossa Páez, allegó una “carta” donde el paciente “manifiesta
la negación de recibir transfusiones (Directriz Anticipada para la atención
médica), pues la religión que profesa es la de la congregación de los Testigos
de Jehová”. Esa situación generó barreras para los galenos, puesto que era
necesaria la trasfusión de sangre.
El
20 de agosto de 2016 realizaron una reunión con los padres y la compañera
permanente del lesionado, en la cual el médico internista les explicó el estado
crítico de éste, quien estaba “sobreviviendo al ventilador, con una
hemoglobina en 5.1. gr, un estado franco de retroceso, por lo que se puede
presentar una lesión neurológica secundaria”; no obstante, la pareja y el
padre de Juan Alberto solicitaron que se respetara la voluntad de él “de no
recibir transfusiones de sangre”.
Posteriormente
y previa solicitud de la madre del lesionado, ese mismo día, se formalizó otra
reunión con la familia, el cuerpo médico, un delegado de la Congregación
Testigos de Jehová, de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos, así como
con el representante del paciente, señor Iván Jesús Gómez Vicente. En esta, de
nuevo, la compañera permanente y el señor Gómez Vicente se opusieron a la
transfusión. Por su parte, los encargados de la clínica dejaron constancia de
no haber suministrado sangre al paciente, respetando la decisión que tomó cuando
se hallaba consciente.
(i) Acción de tutela interpuesta por Nelda
Patricia Velásquez Torres contra la Clínica Bahía (radicado No. 2016-0118-00).
A
finales de agosto de 2016, la señora Nelda Patricia Velásquez Torres, en
calidad de progenitora de Juan Alberto Orozco Velásquez, interpuso acción de tutela contra la Clínica
Bahía al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social
y a la vida de su hijo. Lo anterior, porque los médicos y directivos del centro
asistencial fueron “inducidos a suscribir un acta, en donde se abstienen a
administrar cualquier procedimiento que vaya en contra de los preceptos
religiosos de la congregación Testigos de Jehová, y fue su representante quien
decidió que su hijo no debía recibir ningún tipo de procedimiento médico”.
En
efecto, señaló la accionante que su hijo Juan Alberto sufrió un accidente de tránsito
que le ha producido pérdida de sangre “producto de la hemorragia interna”
y, también ha disminuido de manera considerable sus niveles de hemoglobina, por
lo cual solicitó se ordenara a la clínica realizar los tratamientos requeridos.
A través de auto
del 29 de agosto de 2016, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Santa Marta[2], admitió la acción de tutela y, como
medida provisional, ordenó a la Clínica Bahía “suministrar todos y cada uno
de los procedimientos” que requiera el paciente para garantizar la salud y
la vida. En sentencia del 2 de
septiembre de 2016 se mantuvo la decisión, puesto que amparó los derechos a la
salud y la vida y se ordenó a la entidad hospitalaria que continuara “suministrando
los tratamientos y medicamentes que indique el médico tratante a fin de salvaguardar
la vida, salud e integridad física del joven Juan Alberto Orozco Velásquez,
hasta que éste ingrese en estado de consciencia y pueda manifestar a viva voz
que o (sic) acepta un tratamiento determinado” (fl. 86 c. 1ª instancia).
En efecto, consideró
el funcionario judicial que si bien debe respetarse la libertad de cultos, ante
una situación como la que es objeto de debate, donde el paciente se encuentra
en imposibilidad de señalar de manera voluntaria y consciente la aceptación o
no de los procedimientos, prima el derecho a la vida. Así se refirió:
“se hace evidente para este despacho la prevalencia del derecho fundamental
a la Vida, y con ello, ante la imposibilidad del paciente de indicar de manera
consiente (sic) la no aceptación del procedimiento médico requerido para salvar
su vida e incluso su miembro inferior izquierdo, deben efectuarse procedimientos
médicos que en principio parecerían contrarios del derecho a la escogencia de
la fe que presuntamente profesa el joven Juan Alberto Orozco Velázquez, pero
que dada su condición y estado de inconsciencia no es posible determinar si la
persona desea o no el tratamiento, por lo que el legislador en su sabiduría y
la Corte Constitucional en su entender, es primordial el preservar la vida de
la persona” (fl. 85 c. 1ª instancia).
La citada sentencia
fue objeto de impugnación por el señor Iván Jesús Gómez Vicente, pero se le
negó al considerar que no tenía legitimación. En ese orden, el fallo no tuvo
segunda instancia y hasta la fecha el expediente tampoco ha llegado a la
Corporación para su eventual revisión[3].
(ii) Acción
de tutela interpuesta por la señora Katherin Tatiana Bossa Páez contra la
Clínica Bahía (radicado No.2016-00072-00).
A través de escrito
presentado el 31 de agosto de 2016[4] en la Oficina Judicial de Santa Marta,
la señora Katherine Tatiana Bossa Páez interpuso acción de tutela contra la
Clínica Bahía de esa ciudad. Consideró la accionante que la accionada conculcó
los derechos fundamentales de su compañero permanente, puesto que de manera
errada interpretó que se requería transfusión y le suministró tres unidades de
sangre, cuando la orden emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con
función de Control de Garantías no disponía la “transfusión de sangre, sino
más bien proceder a suministrar procedimientos médicos tendientes a preservar
la salud del paciente”[5].
El Juzgado
Primero Penal del Circuito de Santa Marta, a través de
auto del 8 de septiembre de 2016 decretó la medida provisional solicitada, en
torno a que no se continuara con la transfusión de sangre; no obstante, en
sentencia del 15 de septiembre del mismo año la levantó y negó la tutela con
relación a los derechos fundamentales de la libertad de culto y religión (art.
19 C. Pol.). Por el contrario, amparó la vida digna en conexidad con la salud y
seguridad social del paciente, ordenando a la clínica que suministrara “de
manera inmediata todo tratamiento integral al paciente, tendiente a preservar
su salud y vida”.
Sostuvo el despacho
judicial que no se presentó vulneración alguna, en tanto la “carta poder”
de atención médica firmada por el titular del derecho, en el numeral 3, literal
a) “no rechaza todas las fracciones menores de sangre; en el literal c) manifiesta
que es posible que acepte fracciones menores de sangre, bajo tales premisas se
concluye que estando en el goce de sus facultades no rechazó totalmente la posibilidad
que se le efectuaran las transfusiones, dejando abierta la posibilidad de
recibir fracciones menores de sangre, por lo que dentro de su voluntad estaba
la posibilidad de recibir atención médica y posibles transfusiones sanguíneas
en pro de su vida”[6].
Además, la clínica
ha tratado de garantizar la vida del paciente, en acatamiento de la orden del
juez constitucional que protegió el derecho por solicitud de la madre “por
excelencia su verdadera Agente Oficioso”[7].
Impugnada la
decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (radicado núm.
0725-16) en providencia del 31 de octubre de 2016 decretó la nulidad de lo
actuado, a partir de la admisión de la demanda, para que se procediera a “trabar
debidamente el contradictorio, vinculando a los sujetos mencionados en la parte
motiva”, esto es, a los señores Juan Carlos Orozco –padre del lesionado-,
Nelda Velásquez –madre- e Iván Jesús Gómez Vicente.
Mediante proveído
del 24 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito nuevamente
resolvió la acción de tutela, negándola por carencia actual de objeto, toda vez
que el 9 de noviembre de ese año había fallecido el señor Juan Alberto Orozco Velásquez.
Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Santa Marta en providencia del
3 de febrero de 2017[8].
Este expediente no
fue seleccionado por la Corte Constitucional según auto del 11 de agosto de
2017[9],
no obstante que se presentó solicitud por el apoderado del interesado.
2. Trámite procesal de la acción de tutela objeto de revisión.
2.1. La acción de tutela se interpuso el 30 de
septiembre de 2016 ante la Oficina Judicial de la Rama Judicial de Santa Marta
y fue asignada el 5 de octubre del mismo año al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de esa ciudad.
2.2. A través de auto del 5 de octubre de 2016,
el citado despacho judicial admitió la acción de tutela, ordenó dar traslado a
la autoridad judicial accionada y, además, vinculó a la Clínica Bahía
Inversiones Azalud S.A.S y a la señora Nelda Patricia Velásquez Torres, para
que ejercieran el derecho de defensa.
3. Respuestas de las accionadas.
3.1. La
apoderada de la Clínica Bahía Inversiones Azalud S.A.S. informó que el 17 de
agosto de 2016 ingresó a la institución el señor Juan Alberto Orozco Velásquez,
con heridas producto de un accidente de tránsito. El tratamiento presentó
dificultades porque la familia se opuso a la transfusión de sangre, con
fundamento en una “carta poder” que el paciente firmó con anterioridad.
Posteriormente, con base en la medida provisional emitida por el Juzgado Quinto
Penal Municipal con funciones de Control de Garantías se reanudaron los
procedimientos, sin embargo, la compañera del paciente interpuso otra acción de
tutela, a través de la cual solicitaba respeto por la voluntad de aquel.
Concluyó
afirmando que por parte de esa institución no se vulneraron los derechos del
paciente ni de su representante Iván Jesús Gómez Vicente.
3.2. El Oficial
Mayor del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías,
mediante oficio núm. 1325 del 18 de octubre de 2016 informó que en ese despacho
se tramitó acción de tutela bajo el número 2016-00118, interpuesta por la
señora Nelda Patricia Velásquez Torres en representación de su hijo Juan
Alberto Orozco Velásquez. Que en el auto admisorio se decretó medida
provisional a través de la cual se ordenó a la clínica suministrar los
procedimientos y tratamientos que requiera el paciente a fin de salvar la vida.
De otro lado,
indicó que el 2 de septiembre de 2016 se emitió fallo amparando los derechos
fundamentales. En la misma fecha, se recibió escrito del señor Iván Jesús Gómez
Vicente informando que “se quería hacer parte dentro de la acción de tutela”.
Solicitud decidida en el fallo de manera negativa, puesto que “no se
evidenciaba legitimación en la causa por activa”, ya que “la
controversia versaba respecto de Juan Alberto Orozco Velásquez, representado
por su madre contra la Clínica Bahía”[10].
No obstante lo
anterior, el señor Gómez Vicente impugnó el fallo, pero fue negada “indicando
nuevamente la falta de legitimación en la causa por activa”.
Así mismo se
informó, que con relación a ese asunto, se interpuso otra acción de tutela ante
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta pero fue negada en cuanto
al derecho a la libertad de culto y religión, puesto que las garantías a la
salud y la vida se protegieron.
4. Pruebas.
El accionante no
aportó pruebas con el escrito de tutela.
Por parte de la
apoderada de la Clínica Bahía se allegaron como elementos de prueba, los
siguientes:
4.1. Fotocopia
de la sentencia del 2 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Quinto
Penal Municipal con funciones de control de Garantías de Santa Marta al
interior de la acción de tutela número 2016-0118-00, presentada por la señora
Nelda Patricia Velásquez Torres, madre de Juan Alberto Orozco Velásquez.
4.2. Fotocopia
del fallo expedido el 15 de septiembre de 2016 por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Santa Marta dentro de la acción de tutela radicada número 2016-00072-00
interpuesta por Katherin Tatiana Bossa Páez como agente oficiosa de Juan
Alberto Orozco Velásquez.
4.3. Copia del
escrito con fecha 14 de septiembre de 2016, a través del cual la clínica responde
un requerimiento dentro de la acción de tutela 2016-00072-00 sobre el estado de
salud del paciente.
5. Decisiones de tutela
objeto de revisión.
5.1. El 18 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
con funciones de Conocimiento de Santa Marta resolvió “No tutelar” el
derecho al debido proceso invocado por el señor Iván Jesús Gómez Vicente, al
considerar que no se presentó vulneración, ya que el ahora actor “no podía
hacer parte dentro de la acción constitucional en litigio, pues se denota que
quien interpuso la tutela fue la madre del joven Juan Alberto Orozco contra
Clínica Bahía, el señor Gómez Vicente no demostró que tenía interés en las
resultas de ese proceso, pues si bien es cierto adujo que era el representante
de la Congregación Testigos de Jehová, a la que supuestamente hacía parte el
joven accidentado, también es cierto que no demostró con prueba siquiera
sumaria que esto fuera verdad”[11].
5.2. A través de escrito presentado el 25 de
octubre de 2016, el señor Iván Jesús Gómez Vicente, mediante apoderado
judicial, impugnó la decisión. Señaló que existió un error por parte del Juez
accionado en tanto no se le reconoció como tercero con interés, por lo que
solicitó se revocara la providencia que denegó el amparo.
5.3. La Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Marta, en decisión del 15 de noviembre de 2016,
revocó el fallo y, en su lugar, reconoció la carencia actual de objeto por
hecho superado.
En efecto, señaló el ad quem que si bien
dentro de la acción de tutela número 2016-0118-00, tramitada por el Juzgado
Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta, no
se vinculó a Gómez Vicente, sí se evidencia que el Tribunal Superior de Santa
Marta, al conocer en segunda instancia del fallo emitido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito, radicado No. 2016-00072-00, tras anular todo el trámite,
ordenó su vinculación, constituyéndose éste en el medio propicio para ventilar las
discrepancias. Al respecto se afirmó:
“Así las cosas, es necesario aclarar que tanto la
señora Katherin Tatiana Bossa Páez y el señor Iván Jesús Gómez Vicente accionante
del presente proceso, están atacando el fallo 2016-0118-00 proferido por el
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa
Marta y en el cual actúa como accionante la señora Nelda Velásquez que procede
como agente oficios de su hijo Juan Alberto Orozco Velásquez.// Es por ello que
al vincular al hoy accionante al proceso 2016-00072-00 el cual está en conocimiento
del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, este puede atacar
directamente la decisión del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías”[12].
II. TRÁMITE
SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN
1. Selección del
expediente.
Respecto de este expediente se presentó insistencia
por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del
Pueblo[13]. Mediante auto del 11 de julio de
2017, la Sala núm. Siete[14] decidió
seleccionarlo para revisión.
2. Decreto de pruebas.
2.1. El Magistrado Sustanciador,
mediante auto del 20 de septiembre de 2017, con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte),
que faculta a esta Corporación para arrimar elementos de convicción en sede de
revisión, decretó las siguientes pruebas:
2.1.1. Se solicitó al Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Santa Marta que remitiera copias
de la decisión a través de la cual se denegó la impugnación interpuesta por el
señor Iván Jesús Gómez Vicente, emitida al interior de la acción de tutela
47-001-40-88-005-2016-0118-00, presentada por la señora Nelda Patricia
Velásquez Torres contra la Clínica Bahía.
2.1.2. Se ofició al Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta
para que remitiera copias de la decisión de segunda
instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad dentro
de la acción de amparo 2016-0072-00 el 31 de octubre de 2016 que decretó la
nulidad del trámite de tutela y de aquellas providencias que se emitieron
posteriormente.
2.1.3. Se solicitó a la Secretaría del Tribunal
Superior de Santa Marta que remitiera copia de la providencia del 31 de octubre
de 2016, emitida por el Magistrado David Vanegas González, al interior de la
acción de tutela número 657-16, cuya accionante es la señora Katherin Tatiana
Bossa Páez y accionado el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías.
2.2. En
respuesta a las anteriores solicitudes, se allegaron las siguientes pruebas
relevantes:
2.2.1. La Sala Penal del Tribunal
Superior de Santa Marta envió copia de la decisión del 3 de febrero de 2017 a
través de la cual resolvió la impugnación impetrada dentro de la acción de
tutela tramitada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad[15].
2.2.2. Se allegaron
copias[16] del escrito de tutela interpuesto
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta por la señora
Katherin Tatiana Bossa Páez, con el cual se inició el trámite por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Santa Marta.
2.2.3. Copias de la
decisión del 24 de noviembre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Penal
del Circuito, a través de la cual resolvió nuevamente la acción de tutela
declarando la carencia de objeto por hecho superado[17].
2.2.4. Copia del escrito
de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Iván Jesús Gómez
Vicente, contra la anterior decisión[18].
2.2.5. Copia del escrito
de intervención como tercero con interés del apoderado judicial del señor Gómez
Vicente[19].
2.2.6. Copia del
oficio CSM-AS 970 del 15 de noviembre de 2016, a través del cual la directora Médica
de la Clínica Santa Marta Esimed S.A. remite copia de la historia clínica de
urgencias de Juan Alberto Orozco Velásquez, donde se certifica que falleció el
9 de noviembre de ese mismo año[20] .
2.2.7. Fotocopia de
la página del Diario del Magdalena, en la cual se anuncia la muerte de Juan
Osorio Velásquez[21].
2.2.8. Copia de la decisión
del 31 de octubre de 2016, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santa Marta, a través de la cual decretó la nulidad del trámite de tutela
adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito[22].
2.2.9. Copias de la
providencia del 3 de febrero de 2017 (aunque en la misma se indica que es de
2016), mediante la cual se confirma la decisión del Juzgado Primero Penal del
Circuito[23].
2.2.10. Copias del
auto del 19 de septiembre de 2016, a través del cual se niega la impugnación
del fallo al señor Iván Jesús Gómez Vicente,  remitidas por el Juzgado Quinto
Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta[24].
2.2.11. El
apoderado del accionante allegó dos declaraciones extrajuicio de los señores Iván
Jesús Gómez Vicente y Julián Jiménez Castaño, quienes afirmaron haber sido
testigos de la suscripción de la carta poder por parte del señor Juan Alberto
Orozco Velásquez.
2.2.12. El
representante legal de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová y el
apoderado del accionante presentaron escritos solicitando se acumulara este
expediente al radicado T-6.264.957, porque en su sentir existe “unidad de
materia” y tratarse de un asunto novedoso orientado a la defensa del derecho
fundamental de libertad de conciencia.
2.2.13. El
mandatario del señor Iván Jesús Gómez Vicente, el 5 de octubre de 2017, allegó
copias de (i) un escrito dirigido Juzgado Quinto Penal Municipal de Santa Marta;
(ii) solicitud a la Defensoría del Pueblo para que actuara como coadyuvante en
la acción de tutela; (iii) del acta de la reunión realizada en la clínica Bahía
el 20 de agosto de 2016; (iv) del escrito enviado por la Defensoría del Pueblo al
Juzgado Quinto Penal Municipal y (v) la decisión del citado despacho judicial
que niega la impugnación[25].
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
Esta
Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y del problema jurídico
2.1. El accionante, por intermedio de su apoderado judicial, solicitó el
amparo constitucional al considerar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y los artículos 1, 2, 8.1,
12 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte de la
autoridad judicial accionada en tanto no le permitió “actuar como tercero
con interés legítimo” e impugnar el fallo de tutela emitido el 2 de
septiembre de 2016 dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora
Nelda Patricia Velásquez Torres, madre de Juan Alberto Orozco Velásquez
(radicado núm. 2016-0118-00) contra la Clínica Bahía. Pretende el actor que se decrete
la nulidad de la tutela, a partir del auto admisorio de la misma.
2.2. Consideró el
accionante que se violó su derecho al debido proceso y “por reflejo a su mandante
Juan Alberto Orozco Velásquez”, porque “de manera fulminante”
se le negó la intervención “como tercero” en defensa de los derechos de
aquel, “testigo de Jehová, quien por su condición médica actual no ha podido
personalmente hacer valer su derecho humano de objetar por razones de conciencia
ser transfundido con sangre”.
2.3. El despacho
judicial accionado expuso como razón para no admitir a Iván Jesús Gómez Vicente
como parte de la acción de tutela “que no se evidenciaba legitimación en la
causa por activa (…) pues la controversia versaba respecto del señor Juan
Alberto Orozco Velásquez, representado por su madre”. Bajo ese mismo
argumento negó la impugnación.
2.4. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
función de conocimiento de Santa Marta negó el amparo al debido proceso, puesto
que el señor Iván Jesús Gómez Vicente no probó tener interés en la tutela y si
bien dijo ser representante de la Congregación Testigos de Jehová no aportó
medio de convicción alguno que así lo demostrara.
2.5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al
conocer la impugnación del fallo, el 15 de noviembre de 2016, aplicó la figura
del hecho superado. Lo anterior, porque con la vinculación que se dispuso en la
acción de tutela interpuesta por la señora Katherin Tatiana Bossa Páez se
cumplió con lo solicitado, en la medida que allí podía exponer sus inquietudes,
ya que se trataba del mismo asunto debatido ante el Juzgado 5º Penal Municipal
con funciones de Control de Garantías.
2.6. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las
decisiones de instancia, corresponde a la
Sala de Revisión determinar como problema
jurídico, en primer lugar, si la acción de tutela, en el asunto sub júdice, procede
contra la actuación del funcionario judicial dentro de otra acción de tutela. Si
la Corporación encuentra que el amparo resulta procedente pasará a establecer si existe
carencia actual de objeto por hecho superado o daño consumado. De ser lo
segundo, entrará a establecer si la autoridad judicial demandada incurrió en
violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.
Política por no haber vinculado al ahora accionante a la tutela y negarle la
impugnación del fallo.
Para abordar el problema jurídico, la Sala se referirá a (i) la procedencia
de la acción de tutela contra tutela; (ii) cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad en la acción de tutela promovida por el señor Iván Jesús Gómez
Vicente; (iii) libertad de cultos frente al derecho a la salud. Jurisprudencia
constitucional; (iv) aspectos generales del debido proceso; (v) vulneración del
debido proceso en el caso del señor Iván Jesús Gómez Vicente; (vi) la carencia
de objeto en materia de acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia; (vii)
la carencia actual de objeto en el caso concreto. De acuerdo con este esquema,
el asunto será resuelto de manera progresiva.
3. Procedencia
de la acción de tutela contra tutela.
3.1. El inciso segundo del artículo 86 de la Carta establece que el fallo
emitido por el juez de instancia en sede de tutela será revisado por la Corte Constitucional.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido
que la acción de tutela orientada a invalidar otra decisión de tutela es
improcedente, puesto que la competencia para revisar las decisiones de los
jueces es exclusiva de esta Corporación.
La improcedencia de la tutela contra
sentencia de tutela evita que el problema se dilate de manera indefinida, se
garantiza la seguridad jurídica y que las personas puedan disfrutar de sus
derechos fundamentales. Esta tesis ha sido reiterada en diversas ocasiones[26] verbi
gratia en sentencia T-208 de 2013 estableció: “es
claro que esta corporación no admite ni considera procesalmente viables las
tutelas contra sentencias de tutela que han hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional, ya que las posibles equivocaciones o arbitrariedades de los
jueces que las fallen se deben plantear a través del mecanismo de revisión que
corresponde únicamente a la Corte Constitucional, en aras de garantizar
principios como la seguridad jurídica y el efectivo acceso a la administración
de justicia”[27].
En efecto, en sentencia SU-1219 de 2001 a
través de la cual se unificó la jurisprudencia sobre este tema, la Corte
estableció, en principio, la improcedencia de la acción de tutela contra
sentencias de la misma naturaleza, puesto que de aceptarse
se perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para
amparar los derechos fundamentales”[28].
3.2. No obstante lo anterior, la Corte ha establecido que sí es posible solicitar
el amparo contra el trámite de una tutela cuando se advierten actuaciones
ilegales del funcionario judicial, por ejemplo en eventos donde no se vinculan
terceros que puedan resultar perjudicados con la decisión. Así se infiere de la
sentencia T-1009 de 1999, en la que se estudió una tutela interpuesta contra el
trámite de otra tutela emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la
cual amparó los derechos de un ciudadano y le ordenó a un juez civil admitir el
desistimiento de la demanda ejecutiva interpuesta contra una empresa y
proseguir la acción contra otra persona que no había sido demandada.
En ese caso, la tutela se presentó porque en la anterior acción constitucional
no se notificó del trámite a la persona contra quien se ordenó continuar el
proceso ejecutivo. La Sala Séptima de Revisión concedió el amparo al considerar
que hubo violación del debido proceso por no vincular a un tercero con interés,
ordenó anular todo lo actuado en la acción de tutela, a partir del auto que la
admitió y rehacer el procedimiento.
Así mismo, en sentencia T-474 de 2011 la Sala Primera de Revisión sostuvo
la improcedencia de la tutela contra sentencias de la misma especie, así como
la probabilidad de ejercerla respecto de las actuaciones del funcionario
judicial en el trámite de ellas: “Se ha admitido, no
obstante, la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las
actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no
respecto de sentencias de tutela, sino en relación con incidentes de desacato,
o contra autos proferidos en el curso del proceso de tutela”.
De igual manera, la
Sala Sexta de Revisión, en sentencia T-205 de 2014, reiteró la posición de la improcedencia
de la tutela contra sentencia de tutela que “haya hecho tránsito a cosa
juzgada”, puesto que las equivocaciones o ilegalidades deben ventilarse en
el trámite de revisión por parte de la Corte Constitucional. No obstante,
expresó, que la acción sí procede “contra actuaciones arbitrarias de jueces
de tutela que, se repite, es muy distinto a invocarla contra un fallo de esa
naturaleza”.
En sentencia SU-627
de 2015, la Sala Plena unificó su jurisprudencia en torno al tema, en los
siguientes términos:
(i) La
improcedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra sentencias de
tutela, salvo “cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
(ii) Tratándose de decisiones
de las Salas de Revisión o la Sala Plena de la Corte Constitucional no opera la
excepción, puesto que sobre estas lo procedente es el incidente de nulidad.
(iii) En cuanto a
las actuaciones surtidas dentro del trámite de la tutela, se indicó que debe
distinguirse dos momentos: (a) si las irregularidades ocurrieron con
anterioridad o (b) con posterioridad a la sentencia.
Si se trata de la primera
hipótesis, es decir, que la actuación anormal se presentó con anterioridad a la
expedición del fallo “y consiste en la omisión del juez de cumplir
con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso
si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”.
Empero, si la actuación acaece después
del fallo “y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en
dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional”.
3.3. En suma,
la Corte ha establecido diferencias entre la acción de tutela contra (i) sentencias
de tutela y (ii) la actuación surtida al interior de la misma. En ese orden, ha
expresado que la tutela es improcedente contra sentencias de esa misma naturaleza,
salvo cuando se determine que existió fraude. Por el contrario, la acción
constitucional procede cuando se vulneran derechos fundamentales en el trámite de
la tutela, siempre que ocurran antes de proferirse el fallo, porque si se
presentan con posterioridad, sólo resultaría admisible si en el incidente de desacato
se afectan derechos.
4. Cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por Iván Jesús Gómez
Vicente contra el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Santa Marta (Magdalena).
4.1. En el presente caso la acción resulta procedente en
tanto concurren los presupuestos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales para acometer el estudio de la misma. En efecto,
revisada la actuación se advierte que:
4.1.1. La acción objeto de este fallo es de relevancia
constitucional en tanto a través de ella se debate la presunta vulneración del
derecho fundamental constitucional al debido proceso, concretamente por no vincular
a un tercero a la acción de tutela interpuesta por la madre del señor Juan
Alberto Orozco Velásquez, lo cual determina que el debate jurídico se oriente a
establecer si se respetó el artículo 29 de la Constitución Política.
4.1.2. El accionante no contaba con otros medios de defensa
judicial, puesto que no existía mecanismo alguno que permitiera enmendar la
omisión del juez de vincularlo a la acción de tutela, a menos que se interpusiera
la impugnación del fallo, la cual corrió la misma suerte, en tanto fue negada.
4.1.3. En cuanto a la exigencia relacionada con la inmediatez,
debe observarse que el trámite de tutela en el cual presuntamente se vulneró el
derecho del señor Iván Jesús Gómez Vicente y su representado, se desarrolló
entre el 29 de agosto de 2016 (auto admisorio) y el 2 de septiembre del mismo
año (fallo) y la acción se interpuso el 30 de septiembre
de esa anualidad. Así, se observa que entre una y otra actuación transcurrió un
(1) mes, es decir, que la acción constitucional se presentó en un tiempo
razonable.
4.1.4. La
acción de tutela se interpuso con fundamento en la posible afectación del
derecho fundamental al debido proceso, por no vincular al actor como
representante del lesionado (irregularidad procesal). Vicio que en sentir del
accionante afectó la libertad de conciencia, de culto y libre personalidad del
señor Juan Alberto Orozco Velásquez.
4.1.5.
Analizada la acción de tutela se percibe que el accionante identificó de manera
razonable los hechos que originaron la violación del derecho fundamental. En
efecto, señaló que el acontecimiento surgió de la omisión de la Jueza Quinta
Penal Municipal con función de Control de Garantías de vincularlo a la tutela,
como representante de Orozco Velásquez e impedirle impugnar el fallo.
4.1.6. Si bien
la actuación objeto de análisis mediante esta acción de tutela se encuentra en
el trámite de una acción del mismo linaje, la jurisprudencia de la Corte ha
considerado que ella es procedente.
4.1.7.
Finalmente, debe advertirse que no hubo negligencia de parte del accionante porque
previo a emitirse la sentencia informó al despacho judicial su intención de que
se le tuviera como interviniente en la misma. Al menos así se advierte en el
respectivo fallo donde se indicó que “Se recibió escrito por parte del señor
Iván Jesús Gómez Vicente quien manifiesta que actúa en calidad de apoderado del
joven Juan Alberto Orozco Velásquez, quien se encuentra en estado de coma en la
Clínica Bahía”. Al respecto, se respondió:
“(…) si bien el señor Iván Jesús Gómez Vicente, dice que actúa en
representación del accionando (sic) no se aprecia en el expediente evidencia
que demuestre tal condición respecto del accionante, solo aportaron un poder,
pero no se adosa documento que demostrare la existencia legal de la
Congregación Testigo de Jehová a la cual pertenece el paciente, por lo cual su
intervención al no acompasar los lineamientos legales no se tendrá en cuenta
dentro de este proceso constitucional”.
4.2. En
conclusión, los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela se encuentran acreditados en la presente actuación, por tanto,
corresponde evaluar a continuación si hubo violación al debido proceso.
5. La
libertad[29] de cultos
frente al derecho a la salud. Jurisprudencia constitucional.
5.1. Al respecto,
la jurisprudencia de esta Corte ha sido fruto de una línea que se ha venido
construyendo progresivamente, luego de que la Constitución de 1991[30],
a partir del preámbulo y demás normas concordantes, consagrara la libertad de cultos.
En efecto, la
primera decisión (T-403 de 1992) que se emitió por esta Corporación en torno a
este derecho fundamental se indicó que la libertad de cultos o el “derecho a
profesar y difundir libremente la religión, y la libertad de expresión,
constituyen derechos fundamentales indispensables en una sociedad democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana (CP art.
1). // Las libertades de culto y de expresión ostentan el carácter de derechos
fundamentales, no solamente por su consagración positiva y su naturaleza de derechos
de aplicación inmediata (CP art. 85), sino sobre todo, por su importancia para
la autorealización del individuo en su vida en comunidad.// En una sociedad
cuyo orden jurídico garantiza las concepciones  religiosas o ideológicas de sus
miembros, así como su manifestación por medio de la práctica ritual asociada a
una creencia particular, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus
intervenciones, pues ellas pueden interferir la independencia y libertad de las
personas que profesan una confesión  o credo”.
5.2. Posteriormente,
en torno a la tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad de
cultos, en sentencia T-411 de 1994, al conocer el caso de una menor que tras
ser diagnosticada con una bronconeumonía lobar, desnutrición y deshidratación,
su padre se negó a hospitalizarla de manera inmediata, porque su culto
religioso no se lo permitía, la Corte privilegió el derecho a la vida y a la
salud de la menor, al considerar que:
“Las creencias religiosas de la persona no
pueden conducir al absurdo de pensar que, con fundamento en ellas, se pueda
disponer de la vida de otra persona, o de someter a grave riesgo su salud, y su
integridad física, máxime, como ya se dijo, cuando se trata de un menor de
edad, cuya indefensión hace que el Estado le otorgue una especial protección,
de conformidad con el artículo 13 superior. Por lo demás es de la esencia de
las religiones en general, y en particular de la cristiana, el propender por la
vida, la salud corporal y la integridad física del ser humano; por ello no deja
de resultar paradójico que sus fieles invoquen sus creencias espirituales, como
ocurre en este caso, para impedir la oportuna intervención de la ciencia en
procura de la salud de una hija menor. No existe pues principio de razón
suficiente que pueda colocar a un determinado credo religioso en oposición a
derechos tan fundamentales para un individuo como son la vida y la salud.
Por  lo  demás,  este  caso no debe  examinarse  tan  sólo desde  la
perspectiva del derecho a la  libertad  religiosa de los padres, sino
también,  y de  manera especial, desde el punto de vista de los derechos
inalienables  de  la  menor.  La Constitución  Política  es  tajante  al
señalar  que  "los derechos  de los niños  prevalecen  sobre  los derechos
de  los  demás"  (Art. 44 C.P.);  la  razón  esencial  de  tal
prevalencia,  no es  otra  que la situación de  indefensión en que se encuentra
colocado el infante frente al resto del conglomerado social, y por ende,  la
mayor  protección  que a él deben  brindarle tanto el Estado  como la sociedad”.
5.3. En ese mismo
sentido se expidió la sentencia T-474 de 1996, donde se estudió la acción de
tutela presentada por el padre de un menor con cáncer severo en una rodilla.
Realizado el tratamiento con quimioterapia sin obtener los resultados
esperados, los médicos concluyeron que lo procedente era amputar la pierna,
para lo cual obtuvieron el consentimiento tanto del paciente como del
progenitor, y debía complementarse con quimioterapia que hacía previsible la
necesidad de realizar transfusiones de sangre. No obstante, luego de la
cirugía, el niño firmó un escrito, denominado "Directriz de exoneración
médica por anticipado", con dos testigos, manifestando que no aceptaba
recibir sangre vía endovenosa porque su religión, Testigo de Jehová, no se lo
permitía “por considerar que
dicha práctica constituye un pecado mortal”.
El padre del
menor presentó acción de tutela contra los jerarcas de la iglesia Testigos de
Jehová que escribieron el documento y presionaron a su hijo para que lo
firmara. El juez de única instancia declaró improcedente el amparo respecto de
los testigos demandados, y la concedió contra el Instituto de los Seguros
Sociales. La Corte confirmó esa decisión al darle prevalencia a la decisión del
padre “aún en contra de la voluntad del hijo menor
adulto, en tanto ella estaba dirigida a proteger su derecho fundamental a la
vida”.
5.4. En sentencia
T-659 de 2002 se analizó el caso de una persona adulta y capaz, esto es, el de
una señora que fue intervenida quirúrgicamente por “cálculos en la vesícula”,
pero como seguía delicada de salud el médico informó que era necesario hacerle
transfusión de sangre, a lo cual ella se opuso por ser Testigo de Jehová y
suscribió el documento distinguido como “Directriz
Anticipada y Carta Poder para Atención Médica”.
El cónyuge de la
paciente presentó acción de tutela solicitando se aplicara la sangre, toda vez
que la salud estaba por encima de cualquier creencia religiosa. El juzgado de
instancia declaró improcedente la tutela porque no se daban los presupuestos
para ejercer la tutela contra particulares. Posteriormente la señora falleció.
La Corte revocó el fallo y, en su lugar, negó el amparo por la carencia actual de objeto; sin
embargo, sobre el derecho de la paciente destacó que la decisión de no permitir
la transfusión de sangre provino de una mujer adulta y plenamente capaz y,
sobre esa base, reiteró la posición de la Corporación en la sentencia T-474 de
1996:
“(…) en el Estado Social de Derecho, que reivindica al hombre como
individuo libre y autónomo, incurso en continuo proceso evolutivo, epicentro de
la organización política, fin y no medio de las acciones del Estado, el
consentimiento del paciente se erige como manifestación expresa del principio
constitucional que reconoce en él un ser razonable, dotado de entendimiento que
posibilita la realización de su libertad, pues es su "razón" la única
que puede válidamente determinar, previa información sobre las características
y posibles consecuencias de un determinado tratamiento médico, si lo acepta o
no, decisión que será legítima y constitucional siempre que provenga de un
individuo plenamente capaz y que con ella éste no incumpla con la
obligación que tiene de brindarse a sí mismo el cuidado integral que su persona
requiera, o con el deber de no infringir con sus decisiones daño a terceros o a
la colectividad. Habilitar al médico para imponerle su criterio al paciente,
sería tanto como despojar al individuo de su autonomía, trasladándola a otro en
razón de su calificación profesional, lo que es inadmisible en la concepción de
hombre que subyace en este tipo de organización política”.
5.5. En sentencia
T-823 de 2002 la Sala Quinta de Revisión examinó la acción de tutela
interpuesta por una beneficiaria del Sisben nivel II y Testigo de Jehová, quien
acudió a urgencias del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde se le
diagnosticó pancreatitis y cálculos en la vesícula. Fue hospitalizada y se le
programó cirugía; no obstante, no se llevó a cabo por su negativa a recibir
cualquier tratamiento sanguíneo y, a pesar de que en comunicación dirigida a la
entidad se hizo responsables de las posibles consecuencias que se presentaran
por su negativa recibir sangre, el centro hospitalario mantuvo su decisión,
puesto que cualquier operación debe someterse a los parámetros determinados por
el mismo.
Ante la negativa de
la entidad, la actora acudió al Hospital San Vicente de Paúl y a la Clínica
General, donde le manifestaron que sí estaban dispuestos a realizarle la
cirugía en las condiciones por ella expuestas y, además, era de carácter
prioritario por la continuidad de los cólicos, lo que podía causarle una
pancreatitis de mayor gravedad, pero “que no era
posible atenderla por medio del SISBEN, pues no existía contrato alguno entre
las partes”.
La accionante solicitó la
protección de sus derechos y, en consecuencia, se ordenara al hospital Marco
Fidel Suárez se practicara la cirugía y el suministro de los tratamientos y, en
caso de que continuara la negativa, se le remitiera a otro centro hospitalario
para que le practicaran la cirugía por cuenta del SISBEN, sin costo adicional
alguno.
En este caso, la
Sala negó el amparo porque, en su sentir, en caso de presentarse contradicción
entre la decisión de una persona con ocasión al credo religioso y su derecho a
la vida con todo lo que él comporta: “(…) prevalece este último como derecho
prioritario e inviolable”. Por tanto, continuó la Corte, aunque la
accionante considerara que conforme con el Decreto N°.
1571 de 1993, no es indispensable ni imprescindible en una intervención
quirúrgica la utilización de sangre o de sus hemoderivados, siendo suficiente
el uso de fluidos no sanguíneos como la solución salina, el dextrán, etc.[31] Es
claro que dicha decisión en acatamiento de dogmas religiosos, no puede
desconocer la determinación médica, con fines terapéuticos, necesarios para
salvaguardar la vida o la salud del paciente. // Por ello, en
estos casos, y solamente cuando la decisión del paciente pueda comprometer el
derecho a la vida, es deber de éste ceder a sus pretensiones religiosas y
asumir plenamente el compromiso médico destinado a salvaguardar su existencia,
presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos, sin que se pueda
configurar responsabilidad del galeno por la realización de un acto propio de
la medicina, es decir, por velar diligentemente por la vida del paciente. Al
respecto, se reitera que la Constitución Política le otorga a la vida el
carácter de derecho fundamental "inviolable" y le impone a todas las
personas el deber de procurar el cuidado integral de su salud" (C.P. arts.
11 y 49).
Además, señaló la Sala, que como la enfermedad que padecía la actora no
comprometía su vida y por ello no existía una situación de urgencia “que
legitime la actuación médica sin contar con el consentimiento afirmativo del
paciente, y dado que es necesario preservar la integridad y la salud como
derechos irrenunciables y fundamentales de la accionante, ésta deberá acudir a
las instituciones que prestan los servicios de salud y que están dispuestas a
intervenirla quirúrgicamente utilizando medios alternativos al de la
transfusión sanguínea para restaurar su condición física, o, acudir a la
convocatoria de una junta médica que evalúe la decisión profesional del médico
tratante, sin que se pueda imponer indiscriminadamente una voluntad sobre la
otra, contrariando la libertad religiosa y la conciencia médica (artículos 18 y
19 de la Constitución Política)”.
5.6. A través de
sentencia T-471 de 2005 se revisó la tutela interpuesta por el señor Jhon
Vásquez Cardona, como agente oficioso de su cuñado, contra la EPS SALUD, al
negar el suministro de los medicamentos “Venofer, Sandostatin
y Eritropoyetina”, ordenados por el médico para
reemplazar la transfusión de sangre a la cual se niega el paciente por
pertenecer a los Testigos de Jehová.
La EPS negó el
suministró del Sondastatin y Eritropoyetina, porque no se hallaban
incluidos en el Pos, y ordenó la entrega del Venofer, pero en su
presentación genérica -Hierro Parentera-, que sí se hallaba en el POS.
La Sala Novena de
Revisión concedió el amparo y ordenó a la EPS la entrega de los medicamentos Eritropoyetina
y Sandostatin, al considerar que: “(…) la decisión de no aceptar la
transfusión de sangre constituye un acto razonado y legítimo del accionante, en
tanto que fue voluntario, realizado en ejercicio de la autonomía, en
acatamiento de su creencia religiosa y en el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales a la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad
y libertad de cultos. Por tanto esta Sala concluye que no
constituye excusa válida la esgrimida por SUSALUD EPS, para negar la entrega de
los medicamentos requeridos por el señor Oscar Hernando Corrales Cuartas”.
5.7. En sentencia
T-052 de 2010, la Sala Quinta de Revisión examinó la tutela interpuesta por un
Testigo de Jehová contra la EPS SALUDCOOP, por negarle el suministro del
medicamento “eculizumab” por estar excluido del POS, el cual se
recomendó como alternativa del Trasplante Alogénico de Médula Ósea, que el
paciente rechaza por su credo religioso.
En este caso, la
Corte concedió el amparo a los derechos a la libertad de cultos, a la salud y a
la vida en condiciones dignas, como al libre desarrollo de la personalidad, en
tanto consideró que “la negativa de aceptar el
transplante constituye un acto de la autonomía individual del accionante,
razonado, libre, espontáneo y válidamente expresado por él, acogido producto de
la información que le suministró su médico tratante de manera clara, detallada
completa e integral sobre las alternativas existentes para atender la
enfermedad. Por tanto, la EPS, el médico ni el Juez constitucional pueden
desconocer tal manifestación, ni mucho menos imponer su criterio en tanto que
proviene de su propia voluntad expresada de manera consciente, como titular del
derecho fundamental a la libertad de cultos, libertad de conciencia y al libre
desarrollo de la personalidad. De este modo, en desarrollo de la autonomía de
la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, el accionante puede
rehusar, bajo su riesgo, la aplicación de determinado tratamiento médico.
Radicalmente podría afirmarse que con dicha opción libera a la entidad
prestadora del servicio de salud del deber de protección del derecho a la salud
por la imposibilidad de hacerlo sin violentar la libre autodeterminación del
paciente”.
5.8. Recientemente,
la Sala Segunda de Revisión, en sentencia T-476 de 2016 revisó la acción de
tutela de un Testigo de Jehová, afiliado a la EPS Salud Total, a través del
Seguro Social -Régimen Contributivo-, el cual fue diagnosticado con una
insuficiencia aórtica severa, por lo que se autorizó se le realizara una “cirugía
de cambio valvular”. Intervención que fue rechazada por el accionante,
porque la misma implicaba transfusión sanguínea y, en su lugar, pidió se le
practicara un procedimiento alternativo, no obstante, se le respondió que la
clínica no contaba con los equipos necesarios para realizar la intervención en
las condiciones exigidas por el accionante. Al acudir a la EPS para que se
ordenara la intervención en la IPS Fundación Cardiovascular de Colombia, le fue
negado por no tener contrato con la misma.
La pretensión del actor consistió en que se
concediera el amparo y se ordenara a la EPS Salud Total autorizara el
procedimiento alternativo a la IPS Fundación Cardiovascular de Colombia, donde
sí le podían realizar la cirugía en las circunstancias por el solicitadas, o en
otra entidad que cuente con los medios para ello.
La Corte luego de considerar que la negativa del
actor a recibir transfusión de sangre con ocasión a su creencia religiosa, es
una manifestación de su autonomía individual y, por tanto, ninguna persona o
autoridad pueden desconocerla, concedió el amparo. En efecto, consideró la Sala
de Revisión que el respeto por la decisión del paciente “no anula su derecho
fundamental a la salud, ni exonera a la EPS de la obligación que le asiste de
continuar garantizándole la prestación de los contenidos del POS. En efecto,
tal y como lo ha sostenido esta Corporación en casos similares[32],
la EPS mantiene la obligación de brindarle al usuario otras alternativas
médicas, de manera que pueda elegir, entre varias opciones, la que mejor se
adecúe a sus necesidades y convicciones, siempre que exista tal posibilidad”.
5.9. De lo expuesto se infiere,
que la posición más reciente sigue en la construcción de la línea
jurisprudencial sobre el deber de los profesionales de la medicina de proteger el
derecho a la libertad de culto en los eventos donde exista consentimiento libre
y voluntario, otorgado por persona capaz. Así mismo, las entidades de Salud
deben acudir al paciente que, con fundamento en sus creencias, rechazan algunos
tratamientos. En ese orden, deben procurar la asignación de procedimientos alternativos
que permitan su recuperación sin violentar sus convicciones religiosas.
6. Aspectos
generales del debido proceso.
6.1. El artículo 29 de la C. Política consagra el debido proceso como un
derecho fundamental, el cual debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales
y administrativas con el propósito de defender y salvaguardar el “valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de
la C.P)”[33]. En ese sentido, son deberes de los servidores
públicos (i) actuar dentro del régimen legal establecido previamente, (ii)
respetar los procedimientos y (iii) garantizar a las personas el ejercicio de
sus derechos.
En efecto, en sentencia C-980 de 2010 la Corte indicó que el debido
proceso se “muestra como desarrollo del principio de
legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en
particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan
a las personas el ejercicio pleno de sus derechos”.
6.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como
“el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso
en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”[34].
6.3. Entre las garantías que consagra el debido proceso se encuentran los
derechos de defensa, contradicción y publicidad que se desarrollan a través de
las notificaciones a las partes e interesados y la posibilidad de impugnar las
decisiones. En la acción de tutela, a pesar de su informalidad, también debe
garantizarse el debido proceso[35] so pena de
hallarse viciada de nulidad:
“En diversas ocasiones la jurisprudencia de esta Corporación ha
estimado que la informalidad que caracteriza el trámite de tutela no puede
implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso mandato
constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y judiciales
(art. 29 C.P.) [36], y en cuyo contenido
constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de defensa y
contradicción. Así mismo, ha sido enfática en sostener que el juez de tutela
está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera activa
para brindar una adecuada protección a los derechos constitucionales
presuntamente conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas
en la litis[37]”.
6.4. En cuanto a la integración del contradictorio en sede de tutela, la
jurisprudencia constitucional señala que es un deber del juez de primera
instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa durante el
desarrollo de la tutela:
“el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado a -
entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar
comprometidas en la presunta afectación iusfundamental, en el cumplimiento de
una eventual orden de amparo y/o resulten afectadas con la decisión, para que
en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan
intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda,
aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso
de los recursos defensivos que ofrece el ordenamiento jurídico”.
Lo anterior significa que, en sede de tutela, también se debe integrar
debidamente el contradictorio, vinculando a los interesados, es decir, a todas
las personas “que puedan estar comprometidas en
la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de
amparo, para que en ejercicio de la
garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el
trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar
las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal
defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico”[38].
La jurisprudencia
constitucional ha resaltado que la necesidad de notificar “a todas las
personas directamente interesadas, partes y terceros con interés, tanto la
iniciación del trámite que se origina con la instauración de la acción de
tutela, como la decisión que por esa causa deba adoptarse, pues ello se
constituye en una garantía del derecho al debido proceso, el cual, por expresa
disposición constitucional, aplica a todo tipo de actuaciones judiciales o
administrativas”[39].
La Corte también ha
sostenido que la omisión en las notificaciones de las providencias a las partes
o terceros con interés, como la falta de vinculación al proceso, originan
irregularidad que puede viciar de nulidad la actuación. En efecto en sentencia
T-661 de 2014, se indicó:
“Los jueces tienen la obligación de notificar sus decisiones
jurisdiccionales tanto a las partes del proceso como a los terceros con interés[40]. “En distintas oportunidades,[41] este tribunal ha hecho énfasis en
la necesidad de notificar a todas las personas directamente interesadas, partes
y terceros con interés, tanto la iniciación del trámite que se origina con la
instauración de la acción de tutela, como la decisión que por esa causa deba
adoptarse, pues ello se constituye en una garantía del derecho al debido
proceso, el cual, por expresa disposición constitucional, aplica a todo tipo de
actuaciones judiciales o administrativas (C.P. art. 29)”. Es importante
resaltar que el carácter sumario e informal de la acción de tutela no releva al
juez de la obligación de notificar las decisiones que adopta en un proceso
judicial, toda vez que ese deber tiene la finalidad de garantizar principios
constitucionales”[42].// (…) “La Corte
Constitucional ha advertido que en los eventos en que el juez de tutela omite
notificar el auto admisorio de la demanda a la parte pasiva de la relación
procesal o al tercero con interés se incurrirá en irregularidad, yerro que
afectará la validez del trámite. En esas hipótesis, la Corte podrá declarar la
nulidad del proceso o notificar a las partes en revisión”.
Así mismo, en Auto
065 de 2010, se indicó:
“La falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso
de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su
falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el
debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006
lo siguiente:
“5.- De lo expuesto, fuerza es
concluir entonces que la falta u omisión de la notificación de las decisiones
proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que
por ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de una
acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el asunto, pueda
enterarse de la existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación de
una decisión judicial sin haber sido oído previamente.
6.-
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos suficientes
para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera la actuación
que permita la configuración en debida forma del contradictorio, o se vincule
al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo de esta manera se
permite, de una parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del
ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de un
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los derechos fundamentales
invocados”(negrilla fuera de texto).
6.5. Finalmente, en este punto es oportuno reconocer lo que se ha
entendido por partes, terceros con interés y agente oficioso. Se ha dicho que
el “concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde
el punto de vista puramente procesal o teniendo en cuenta el derecho material
en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el proceso
como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una
pretensión procesal, independientemente de que les asista razón o no; de manera
que desde este punto de vista la noción de parte es puramente formal. En
sentido material tienen la condición de partes los sujetos de la relación
jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del reconocimiento, así
no intervengan en el proceso”[43].
Por el contrario, de los terceros se dijo que son aquellos que “no
tienen la condición de partes. Sin embargo, puede ocurrir que dichos terceros
se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la
pretensión que se discute, al punto de que a la postre puedan resultar
afectados por el fallo que se pronuncie. (…) En este evento, el interés del
cual son titulares los legitima para participar en el proceso, con el fin de
que se les asegure la protección de sus derechos”[44].
Por su parte la agencia oficiosa es una de las formas a través
de las cuales se puede interponer la acción de tutela por una persona en favor
de otra que no se halla en capacidad de hacerlo por sus propios medios (arts.
86[45] C.
Pol. y 10[46] del Decreto 2591 de 1991). En efecto,
se ha definido como “el mecanismo
legal y admitido por la jurisprudencia, para que un tercero actúe en favor de
otra persona, sin necesidad de poder y orientado a garantizar la protección y
eficacia de los derechos fundamentales del agenciado”[47].
Para la procedencia de esta figura la
Corte ha establecido como requisitos que “(i) el agente
oficioso manifieste que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera
que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer dicha acción , ya
sea por circunstancia físicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe
ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia,
es decir, no requiere que exista relación formal entre el agente y el
agenciado”[48].
6.6. De otro lado, también se ha precisado por la Corte Constitucional
que el derecho a impugnar las providencias de tutela es de “raigambre
constitucional, a través del cual se pretende que el superior jerárquico de la
autoridad judicial que emitió el pronunciamiento, evalúe nuevamente los
argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o
revocando la sentencia de primera instancia”[49]. Es más, “estamos
ante un derecho, reconocido directamente por la Carta a las partes que
intervienen dentro del proceso, para que, si la decisión adoptada no es
favorable o no les satisface, acudan ante el juez competente según la
definición que haga la ley - el superior jerárquico correspondiente, al tenor
del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en solicitud de nuevo estudio del
caso. Se trata, pues, de un derecho de naturaleza constitucional cuyo ejercicio
no depende de la procedencia o improcedencia de la acción"[50].
En esas condiciones, la
impugnación se constituye en un derecho fundamental constitucional y, por
tanto, de obligatorio cumplimiento por el funcionario judicial, puesto que así
garantiza el debido proceso y el principio de la doble instancia. De no ser así,
se quebrantan normas superiores “al punto que el proceso acarreará con una
nulidad insaneable, según advierte el parágrafo del artículo 136 del Código
General del Proceso[51]. En concreto, el
yerro procesal sucederá cuando: i) no se tramitó el recurso de alzada[52]; ii) no se notificó el fallo de primera instancia[53];
y iii) se negó o rechazó la impugnación”[54].
6.7. En conclusión, el debido proceso, como derecho fundamental
constitucional aplica igualmente para la acción de tutela no obstante su
carácter de informal. En función de ese principio es deber del juez
constitucional vincular y notificar a todas las partes y personas que puedan
estar comprometidas en la acción de tutela, ya como afectados o como obligados
a responder por su acción u omisión (terceros interesados). Prescindir de la
notificación del auto admisorio de la demanda comporta nulidad de la actuación,
excepto que el término permita su vinculación previa al fallo.
7.
Violación del debido proceso en el caso del señor Iván Jesús Gómez Vicente.
7.1. En el caso objeto de la presente actuación debe la Corte
establecer si efectivamente existió vulneración del derecho fundamental al
debido proceso del señor Iván Jesús Gómez Vicente, como representante de Juan
Alberto Orozco Velásquez, por no vincularlo a la acción de tutela y no
permitírsele la impugnación del fallo, bajo el argumento que no tenía
legitimación dentro la misma.
7.2. Revisada la prueba documental allegada a este trámite, lo primero
que debe advertirse es que desde que se interpuso la acción de tutela por la
señora Nelda Patricia Velásquez Torres se tenía conocimiento que la
congregación Testigos de Jehová hacía suscribir a sus integrantes un documento
en el cual se niegan a recibir algunos procedimientos médicos. Así se dijo en
los “antecedentes” del fallo
pronunciado por el Juzgado 5º Penal Municipal con funciones de Control de
Garantías, en los cuales se indican las críticas de la accionante a dicho
documento, en los siguientes términos:
“Asegura la madre que los Testigos de
Jehová a los miembros de su congregación piden autorización por medio de un documento,
en donde se niegan a recibir determinados procedimientos en caso de accidentes
o enfermedades, documento éste, que por cierto, presenta una ambigüedad, y que
ellos muy irresponsablemente le dan una interpretación que más les convenga,
negándole la posibilidad a los médicos de realizar los procedimientos para
salvar la vida de su hijo y poder seguir viviendo, trasladándole la
responsabilidad a una persona desconocida y que además carece de algún vínculo
familiar. // Por
último indica que el actuar de la congregación evita los procedimientos
médicos, poniendo en riesgo la vida de su hijo. Efectuándose una reunión en la
que los médicos y directivos de la Clínica Bahía, fueron inducidos a suscribir
un acta, en donde se abstienen a administrar cualquier procedimiento que vaya
en contra de los preceptos religiosos de la congregación Testigos de Jehová, y
fue su representante quien decidió que su hijo no debía recibir ningún tipo de
procedimiento médico”[55].
En este evento también existió un documento con esas características,
puesto que, una vez en la clínica, la compañera de Juan Alberto y su padre se
opusieron a la transfusión de sangre con fundamento en el mismo[56],
donde aparecen como representantes Julián Jiménez[57] e
Iván Gómez Vicente. El texto es del siguiente tenor:
DIRECTRIZ
ANTICIPADA Y CARTA PODER PARA ATENCIÓN MÉDICA
1. Mediante este documento, yo
Juan Orozco Velásquez, expongo mis instrucciones en materia de salud y
designo a un representante para la atención médica que decida por mí en caso
de hallarme incapacitado (a).
2. Soy testigo de Jehová y NO
ACEPTO TRANSFUSIONES de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos,
plaquetas o plasma bajo ningún concepto, aunque el personal médico las crea
necesarias para salvarme la vida. También me niego a que me extraigan sangre
para almacenarla y transfundirla posteriormente.
3. Fracciones menores de la
sangre:
a) ____ Las rechazo todas
b) ____ Las rechazo todas excepto_______
c) J.O. es posible que
acepte algunas fracciones menores de la sangre pero debe hablarse conmigo o,
si me hallo incapacitado con mi representante, para conocer los detalles.
4. Procedimientos médicos
que impliquen el uso de mi sangre, salvo las técnicas de diagnóstico
(como los análisis de sangre):
a) ____ Las rechazo todas
b) ____ Las rechazo todas excepto_______
c) J.O. es posible que
acepte ciertos procedimientos médicos que impliquen el uso de mi sangre pero
debe hablarse conmigo o, si me hallo incapacitado con mi representante, para
conocer los detalles.
5. Prolongación de la vida.
a) J.O. No deseo que
prolonguen mi vida si a un grado razonable de certeza médica me encuentro en
fase terminal.
b)____ Deseo que prolonguen mi
vida tanto como sea posible dentro de los límites de las normas médicas
generalmente aceptadas, aunque esto signifique que tal vez se me mantenga
vivo (a) con la ayuda de máquinas durante años.
6. Información importante y
otras instrucciones.______________________
7. No autorizó a nadie (ni a mi
representante) a que pase por alto o anule las instrucciones aquí expuestas.
Puede que mi familia inmediata o ciertos parientes o amigos discrepen de mi
postura, pero ello no les resta fuerza o solidez a mi rechazo de la sangre ni
a las demás instrucciones que he dado.
8.
Además de los asuntos tratados hasta aquí, designo a la persona mencionada al
final para que sea mi representante y tome decisiones por mi en materia de
salud. Le otorgo pleno poder y autoridad para aceptar o rechazar tratamientos
en mi nombre (incluida la alimentación y la hidratación artificiales),
consultar a mis médicos, recibir copias de mi historial médico y emprender
acción judicial a fin de que se respeten mis deseos. Si mi representante no
está localizable, no puede o no desea actuar como tal, designo a un
representante sustituto para que actúe con el mismo poder y autoridad.
9.
Juan Orozco V.      (firmado)      11-06-14
Firma
Fecha
Diag. 28 # 14  74      Reposo.
Dirección
REPRESENTANTE PARA
LA ATENCIÓN MÉDICA
Nombre: Julián Jiménez
Dirección: Cra. 19 #29c 89
Teléfono: 3108902509
REPRESENTANTE SUSTITUTO
PARA LA ATENCIÓN MÉDICA
Nombre: Iván Gómez Vicente
Dirección: Cll 17 # 22-50 c-3
Teléfono: 3013678150
Nota: Puede elegir a cualquier adulto para que sea su representante,
pero no es recomendable que escoja a su médico ni a nadie que trabaje para
él ni a ningún miembro del personal del hospital o la residencia de
ancianos donde pudiera ingresar a menos que tal persona sea su cónyuge o un
pariente consanguíneo, o que exista una relación de adopción.
DIRECTRIZ ANTICIPADA Y CARTA PODER PARA
ATENCIÓN MÉDICA
(Documento firmado. Desdóblese)
NO ACEPTO SANGRE
Considera la Sala, que con este documento
sumariamente se hallaba acreditada la calidad de tercero del señor Iván Jesús
Gómez Vicente, en representación de Juan Alberto Orozco Velásquez, quien desde
el 11 de junio de 2014 lo designó como representante sustituto para la atención
médica y, por lo mismo, tenía un interés en las resultas de la tutela, en la
que se ventilaba precisamente el aspecto sobre el cual recibió autorización
para decidir –la transfusión de sangre-.
Aunado a lo expuesto, no puede
desconocerse que conforme con el artículo 14 del Decreto Estatutario 2591 de
1991 la acción de tutela es informal, lo cual significa que “no está
sometida a requisitos especiales ni fórmulas
sacramentales que puedan implicar una prevalencia de las formas sobre la
búsqueda material de protección de los derechos de las personas que la invocan”[58].
Esa circunstancia va de la mano del artículo 228 de la Constitución
Política cuyo contenido propugna por la prevalencia del derecho sustancial, es
decir, no se puede obstaculizar la efectividad de los derechos con fundamento en
motivos formales. Sobre el exceso ritual manifiesto, la Corte ha precisado que
se presenta "… cuando un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la
vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del
cumplimiento de requisitos formales o por un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas"[59].
En ese orden, era obligación de la
funcionaria judicial vincular desde la admisión de la demanda a quien tenía la
representación del paciente para efectos de atención médica; sin embargo, no se
hizo, y a pesar de que el señor Gómez Vicente lo solicitó, se le rechazó porque
no aportó “documento que demostrare la existencia legal de la Congregación
Testigo de Jehová a la cual pertenece el paciente”[60].
Finalmente, cuando impugnó el fallo, también se le negó “por falta de
legitimación”, puesto que “no existe claridad de la persona que
interviene como tercero afectado”.
6.3. El interesado en la acción de
tutela, es la persona “cuyos intereses puedan verse afectados por la
decisión que el juez constitucional tome en relación con la solicitud de
protección presentada”[61]. En el caso que
nos ocupa, se insiste, el señor Iván Jesús Gómez Vicente, como “representante
“sustituto para la atención médica” de Juan Alberto Orozco Velásquez, tenía
una instrucción definida para defender el derecho a la libertad de culto de su
representado, quien se hallaba inconsciente y le estaban realizando “transfusiones
de sangre”. En esas circunstancias, era deber del Juzgado vincularlo a la
tutela y de esa manera permitirle hacer la defensa mediante el aporte de
pruebas, contradiciendo las aportadas e impugnando la decisión que podía
afectarlo, bien de manera favorable o desfavorable.
No obstante la ausencia de vinculación,
el fallo fue impugnado por el señor Iván Jesús Gómez Vicente; sin embargo,
mediante auto del 19 de septiembre de 2016 se negó por falta de legitimidad del
mismo, aduciendo lo siguiente: “no se está dudando de la creencia del
paciente, ni mucho menos se está diciendo que no es una iglesia legalmente
conformada, pues el Despacho está determinando que no existe claridad de la
persona que interviene como tercero afectado, por esa razón se negó su
intervención dentro del amparo al no estar legitimado en la causa”[62].
Aunado a lo dicho, debe indicarse que si
al despacho judicial le generaba dudas la calidad de tercero del señor Gómez
Vicente, debió hacer uso de la facultad oficiosa del juez de tutela para el
decreto y práctica de pruebas, sin que se hubiera procedido a ello.
6.4. En suma, considera la Sala
que el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de Garantías de
Santa Marta se excedió en el manejo de las formalidades procesales, en tanto no
vinculó a la acción de amparo al ahora accionante, lo cual determinó la
negativa a la impugnación, que es una forma de concretarse el derecho de
defensa y la garantía de la doble instancia. Así, se encuentra demostrada la
causal de nulidad por impedirse ejercer el derecho de impugnación, en abierta
contradicción del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Carta, el cual debe ser observado por todos los funcionarios judiciales y
administrativos.
7. La carencia de objeto en
materia de acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
7.1. El artículo 86
de la Constitución Política instituyó la acción de tutela como un mecanismo
orientado a la protección oportuna de los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados por actos de las autoridades públicas o de un particular. En esas
circunstancias, según la norma, la protección consiste en una orden de
cumplimiento inmediato para que la accionada actúe o se abstenga de hacerlo y,
en ese sentido, cese la presunta vulneración.
7.2. No obstante lo
anterior, la acción de tutela puede perder su esencia cuando durante su trámite
se presentan situaciones que permiten inferir que las transgresiones o amenazas
denunciadas expiraron porque: “(i) se materializó el daño alegado; (ii) se
satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se presentó la inocuidad de
las pretensiones de la solicitud de amparo”[63].
Estas
circunstancias, según lo expuesto por la Corte, extinguen el objeto de la acción
de tutela y, en ese sentido, cualquier orden que se profiera por el juez sería
inane. Ese fenómeno se ha denominado “carencia actual de objeto”, y
puede ocurrir por hecho superado o daño consumado.
El hecho
superado se presenta cuando en el trámite de la tutela
los hechos u omisiones que amenazaban el derecho fundamental desaparecen porque
precisamente se satisface la pretensión perseguida con la acción
constitucional. En esas condiciones, el derecho ya no estaría en riesgo y por
tanto, las órdenes son inocuas. Sobre ese aspecto, en sentencia SU-540 de 2007,
la Corte refirió:
“En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela,
sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el
fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería
en el vacío”[64].
En esta hipótesis, no
es imperioso realizar un análisis sobre la posible vulneración de los derechos
invocados, excepto “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre
la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o
para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so
pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí
resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto
es, que se demuestre el hecho superado”[65].
Sobre ese punto, la
Corte en sentencia T-722 de 2003 distinguió dos situaciones:
“i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del
amparo se supera antes de iniciado el proceso ante los jueces de tutela de
instancia o en el transcurso de este y así lo declaran en las
respectivas providencias, la Sala de Revisión no puede exigir de ellos
proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su competencia y con el
propósito de cumplir con los fines primordiales de la jurisprudencia de esta
Corte, realice un examen y una declaración adicional relacionada con la
materia, tal como se hará en el caso sub-examine.
ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia
tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a tomar una decisión;
si se advirtiere que en el trámite ante los jueces de instancia ha debido
concederse el amparo de los derechos fundamentales invocados y así no
se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de esta
Corporación, de conformidad con la jurisprudencia reciente, consistirá en
revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no
se proceda a impartir orden alguna”[66].
Por su parte, el
daño consumado se encuentra consagrado en el artículo 6º, numeral 4º, del
Decreto Estatutario 2591 de 1991. Según la jurisprudencia, esta situación es
diferente, ya que “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han
producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela”[67].
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que en el caso del daño consumado, donde previamente
a expedirse el fallo se afectan definitivamente los derechos fundamentales, es obligatorio
“efectuar un pronunciamiento de fondo sobre
el asunto, con el fin de establecer correctivos y prever futuras violaciones[68]. Bajo ese
entendido, “el juez
constitucional no solo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de
fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza
del accionante, además de realizar las advertencias respectivas, para efectivizar
la garantía de no repetición”[69] (negrilla del texto).
Así mismo, en
sentencia T-448 de 2004, se relacionaron como hipótesis del daño consumado, la
siguientes: “(i) cuando el actor fallece y es obvio que desaparecen los
fundamentos fácticos que motivaron la solicitud de amparo[70],
(ii) cuando se ha cumplido el término de la sanción impuesta por medio de un
acto administrativo a pesar de que se pueda establecer de manera posterior que
dicho acto fue expedido con violación al debido proceso[71],
o (iii) en una hipótesis similar, cuando se ha cumplido el término de la
sanción disciplinaria, y por tanto, no tendría mayor objeto un pronunciamiento
sobre la afectación de los derechos fundamentales originados con la actuación
investigativa y sancionadora de la Procuraduría[72]”.
7.3. En conclusión,
el trámite de la acción de tutela normalmente termina con la expedición de las
órdenes respectivas para reparar la presunta afectación de los derechos
fundamentales. No obstante, esa situación es diferente cuando en el desarrollo
de la tutela se satisface la pretensión de la misma (hecho superado) o cuando
se produce el daño que se procuraba impedir con el amparo, debido a que no se
subsanó de manera oportuna la posible transgresión (daño consumado). En ambos casos,
es deber del juez motivar y demostrar cada una de esas circunstancias. Cuando
se trata del daño consumado es pertinente pronunciarse sobre el fondo del
asunto a fin de determinar la trascendencia de los derechos presuntamente
vulnerados, instituir correctivos y prevenir a futuro posibles violaciones.
8. Carencia actual de objeto
por hecho superado/daño consumado en el caso concreto.
8.1. El accionante Iván Jesús
Gómez Vicente, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra
el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de
Santa Marta (Magdalena) al considerar que se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso y los artículos 1[73], 2[74], 8.1[75], 12[76] y 25[77] de la Convención Americana de
Derechos Humanos, en tanto “se le negó rotundamente actuar como tercero con
interés legítimo dentro de la acción de tutela radicada en el juzgado ahora
accionado con radicación 47-001-40-88-005-2016-0118-00”, la cual se tramitó
entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2016,  y, además, como
consecuencia de esa situación, se le negó la impugnación del fallo. Lo
anterior, dada su calidad de “representante sustituto para la atención
médica del ciudadano Juan Alberto Orozco Velásquez”, quien se hallaba en estado
“inconsciente” en la clínica Bahía de Santa Marta, a consecuencia de un
accidente de tránsito.
8.2. En sede de tutela, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta, a través de sentencia del 18
de octubre de 2016, negó el amparo solicitado por el actor puesto que “no tenía
legitimidad por activa dentro de la mencionada tutela, toda vez que dicha
acción fue presentada por la señora Nelda Velásquez, actuando como agente
oficiosa de su hijo Jesús Alberto Orozco Velásquez, contra la Clínica Bahía, y
por tanto el señor Iván Gómez Vicente no actuó dentro de la mencionada tutela”.
La Sala Penal del Tribunal
Superior de Santa Marta, a través de providencia del 15 de noviembre de 2016,
declaró la existencia de un hecho superado porque el accionante Gómez Vicente
fue “vinculado a un proceso en el que el fondo del asunto va dirigido a
resolver su pretensión principal”.
8.3. El 9 de noviembre de 2016 se
produjo el deceso del señor Juan Alberto Orozco Velásquez. Así se infiere de la
copia de la historia clínica enviada por la Directora Médica de la Clínica
Santa Marta[78].
8.4. Ante esta
nueva situación, relacionada con el fallecimiento del señor Juan Alberto Orozco
Velásquez, la Sala considera que en este evento se presenta la carencia actual
de objeto por daño consumado. De acuerdo con los supuestos fácticos y la
pretensión de la acción de tutela, el daño que se ocasionó al señor Gómez
Vicente, se concretó en el hecho de no permitírsele ejercer como tercero con
interés dentro de la acción de tutela impetrada por la progenitora de Juan
Alberto Orozco Velásquez.
Lo anterior
significa que lo que pretendía defender el señor Gómez Vicente era su derecho
al debido proceso, como representante de Orozco Velásquez, dentro de aquella
acción de tutela; sin embargo, hoy ya no es posible ejercer la defensa de los
intereses indicados, simplemente porque Juan Alberto Orozco Velásquez pereció[79].
De otro lado
debe tenerse en cuenta que el deceso de Orozco Velásquez ocurrió el 9 de
noviembre de 2016, es decir, cuando aún se hallaba en trámite la presente tutela,
por tanto, sería inocuo declarar en esta ocasión la nulidad de la tutela
tramitada por la accionada, para que se vincule al señor Gómez Vicente a un
trámite donde el agenciado Orozco Velásquez ya falleció.
8.5. En
síntesis, pese a que se concederá el amparo, lo cual determine al
revocatoria de las decisiones de instancia que negaron la tutela, la Sala se
abstendrá de dar órdenes en torno a la accionada y, en su lugar, se declarará la
carencia actual de objeto por daño consumado, puesto que el señor Juan Alberto Orozco Velásquez
falleció estando en trámite esta tutela.
IV. CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo con la situación fáctica
planteada, a la Sala Sexta de Revisión le correspondió determinar si el Juzgado
Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta
vulneró el derecho al debido proceso del accionante y su representado, al no
haberlo vinculado a la acción de tutela interpuesta contra la Clínica Bahía, ni
permitirle impugnar el fallo, con fundamento en que no tenía legitimación y no
acreditó la existencia de la congregación “Testigos de Jehová”.
2. Revisado el
material probatorio obrante en el expediente, la Sala estableció la existencia
de un documento a través del cual el “Testigo de Jehová” designó como “representante
sustituto para la atención médica” al accionante a fin de que decidiera por
él, en caso de hallarse incapacitado, sobre la trasfusión de sangre.
3. Se constató que el
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, dentro
del trámite de la acción de tutela, incurrió en una indebida integración del
contradictorio por no vincular a un tercero con interés ni permitirle que
impugnara el fallo, lo que conllevaría a que se dejara sin efecto todo lo
actuado a partir del auto admisorio, y ordenar al despacho judicial accionado
que notificara
nuevamente aquella pieza procesal a las partes y a los terceros con interés en
la decisión.
4. No obstante, como el representado del accionante Iván Jesús
Gómez Vicente falleció, estando en trámite la presente acción de tutela, la
Sala consideró que se consolidó la carencia actual de objeto por daño consumado
y, en esas condiciones, se abstuvo de dar las respectivas órdenes, puesto que
las que se dieran resultarían inocuas. Todo ello con fundamento en el artículo 6º, numeral 4º, del Decreto Estatutaria 2591 de
1991 y la jurisprudencia de esta Corporación.
5. En ese sentido, se
dispondrá revocar las decisiones de los jueces constitucionales de instancia y,
en su lugar, se concederá el amparo al derecho al debido proceso; empero, se
declarará la carencia actual de objeto, puesto que esta Sala comparte la tesis
de que no se puede confirmar un fallo que es contrario a la Carta[80]. De otro lado, se
prevendrá al Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de
Garantías de Santa Marta para que a futuro se abstenga de incurrir en
actuaciones como las ocurridas en este caso.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las
sentencias proferidas el quince (15) de noviembre y dieciocho (18) de octubre
de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Segundo Penal del Circuito
con funciones de Conocimiento de la misma ciudad, respectivamente,
que negaron la tutela y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual
de objeto por daño consumado, conforme lo señalado en la parte motiva de esta
decisión.
Segundo. Prevenir al
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa
Marta para que a futuro se abstenga de reincidir en acciones como las acaecidas
en este evento.
Tercero. Líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCIO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
(e.)
[1] De
22 años de edad.
[2] Radicado
2016-0118-00, obrante a folios 75 y ss. del cuaderno de primera instancia.
[3] No
había sido enviado de la primea instancia a la Corte.
[4] Dos días después de haberse emitido por el Juzgado 5º Penal
Municipal con funciones de Control de Garantías la medida provisional para el
suministro de los tratamientos respectivos.
[5] Fl. 89 c. 1ª. instancia.
[6] Fl. 94 c. 1ª instancia.
[7] Fls. 88 a 97 c. 1ª instancia
[8] Fls.
171 y ss. cuaderno de revisión.
[9] Fls.
71 y ss. c. rev.
[10] Fl. 104 y ss. cuaderno de
1ª instancia.
[11] Fls. 108 a 115, cuaderno de 1ª instancia.
[12] Fl. 27 cuaderno de segunda
instancia.
[13] Consideró la Defensoría que el asunto objeto de análisis presenta dos
aspectos que en su criterio justifican la revisión. En primer término, hizo
alusión a la negativa del paciente a la transfusión de sangre que, el cual,
además de aparecer “en un documento previo, genérico y a juicio de la
defensoría, con cierto grado de ambigüedad en algunos de sus apartes”,
tampoco cumple con los otros requisitos expuestos por la jurisprudencia
constitucional, como “la verificación de tratamientos alternativos o
posibilidades de recuperación puesto que se encontraba en estado de coma
inducido”. En segundo lugar, consideró relevante que la Corte se pronuncie
en torno a la tensión “entre la madre del señor Orozco Velásquez, quien
presentó solicitud de tutela y logró que a su hijo le realizaran la transfusión
sanguínea, y el señor Iván Jesús Gómez Vicente, quien se presentó como tutor
religioso del señor Orozco y quien solicitó ser oído en sede de tutela, al
entender que representaba los intereses del paciente desde el punto de vista de
sus convicciones religiosas” (fls. 3 a 9 cuaderno de revisión).
[14] Integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[15] Fls. 207 y ss. c. de rev.
[16] Estas copias fueron fotocopiadas en esta instancia, toda vez
que el expediente T-6.264.957 se hallaba en esta Corporación.
[17] Fls. 171 y ss. c. de rev.
[18] Fls. 186 y ss. c. de rev.
[19] Fls. 193 y ss. c. de rev.
[20] Fls. 200 y ss. c. de rev.
[21] Fl. 203 c. de rev.
[22] Fls. 204 y ss. c. de rev.
[23] Fls. 207 y ss. c. de rev.
[24] Fls. 95 y ss. c. de rev.
[25] Fls. 117 a 156 c. de rev.
[26] En sentencias T-701 y 474 de 2011, T-813 de 2010 y T-272 de
2014, entre otras.
[27] Sentencia C-059 de 2006.
[28] Salvedad sobre la cual puede consultarse las sentencias T-121
de 1999 y T-218 de 2012.
[29] La Corte ha señalado que la libertad es la
posibilidad de actuar sin ser castigado por lo que se hace, puesto que si se es
penado por lo que se hace no se es libre: “(…) la libertad radica en la
posibilidad de escoger, el que no escoge no es libre, si se sanciona o penaliza
a una persona con su escogencia se está negando la libertad. Lógicamente
salvaguardado los límites constitucionales. // En consecuencia, en la libertad
deben siempre existir como mínimo dos opciones, esto con el propósito que el
individuo ejerza su libertad eligiendo por cual opta. // De presentarse sólo
una opción o aún más grave, no existiendo la posibilidad de escoger, no podemos
hablar de libertad”.  Sentencia T-052 de 2010.
[30] A través de la cual se generaron grandes cambios puesto que se
reivindicaron “el carácter laico del Estado, a saber: (i) desvinculó al Estado de un credo particular, (ii)
reconoció el carácter pluralista del Estado Social de Derecho, (iii) excluyó el
confesionalismo, (iv) consagró la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones, y (v) proscribió el favorecimiento o
exaltación de una religión específica”. Sentencia T-152 de 2017.
[31] Según el cual: "Cuando un receptor en uso normal de sus
facultades mentales, y en forma libre y consciente, decide no aceptar la
transfusión de sangre o de sus hemoderivados, deberá respetarse su decisión,
siempre y cuando ésta obre expresamente por escrito, después que el médico
tratante la haya advertido sobre los riesgos existentes" (artículo
50),
[32] Sentencias T-823 de 2002 y T-052 de 2010.
[33] Sentencia
C-641 de 2002.
[34] Sentencia C-980 de 2010.
[35]  Autos 281A de 2010, 252 de 2007,
130 de 2004, 238 de 2001y 073 de 2006.
[36] Auto 021 de 2000.
[37] Auto 115A de 2008.
[38] Auto 065 de 2010.
[39] Auto 025A de 2012.
[40] Auto
025ª de 2012.
[41] Al
respecto pueden consultarse, entre otros, los autos No.241 de 2001, 091 de
2002, 130 de 2004, 018 de 2005, 054 de 2006, 234 de 2006 y 132 de 2007.
[42] Auto
2195 de 2008.
[43] Auto 027 de 1997.
[44] Ibidem
[45] “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúa a su nombre” (subraya fuera
de texto).
[46] “Legitimidad e interés.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
[47] Sentencia T-406 de 2017.
[48] Sentencias T-406 de 2017, SU-288 de 2016, SU-173 de 2015, T-467 de
2015, T-004 de 2013, T-109 de 2011, T-531 de 2002, T-452 de 2001, T-342 de 1994,
T-414 de 1999, T-422 de 1993, T-421 de 2001, T-044 de 1996 y T-088 de 1999,
entre otras.
[49] Autos 091 de 2002, 265 de 2002, 220 de 2012.
[50] Sentencia T-034 de 1994.
[51] “Parágrafo. Las nulidades por proceder contra providencia
ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o
pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables”.
[52]Autos 132 de 2007 y 109 de 2005. En esos eventos, la Corte ha declarado
la nulidad de los procesos de tutela en los eventos en que los jueces no
tramitan la apelación, debido a que nunca efectuó diligencia alguna.
[53] Autos 25A de 2012, 381 de 2008, 252 de 2007,189 de
2005, 262 de 2002 y 301 de 2001. Las Salas de Revisión han optado por la
nulidad del proceso, cuando los jueces de primera instancia omiten notificar el
fallo. Este error pretermite el procedimiento de impugnación, en la medida que
el afectado no puede promover el recurso de apelación para que el superior
jerárquico analice el asunto, pues no conoció la providencia que debe atacar.
[54] Sentencia T-661 de 2014.
[55] Fls. 75 y 76 c. 1ª instancia.
[56] Fls. 52 a 64, c. 1ª instancia.
[57] De quien nada se sabe al respecto.
[58] Ver, entre otras, sentencias T-227 de 2006, T-585 de 2005, C-889 de
2002, T-594 de 1999, T-389 de 1997 y T-501 de 1992.
[59] Sentencia T-363 de 2013.
[60] Fl. 81 c. de 1ª instancia
[61] Autos 065 de 2010, 065 de 2013 y 035 de 2016.
[62] Fls. 95 y ss. c. de rev.
[63] Sentencia T-423 de 2017.
[64] Sentencia T-519 de 1992, reiterada en
sentencias T-311 de 2012, T-030 y T-423 de 2017, entre otras.
[65] Sentencia T-685 de 2010. Subrayado por fuera del texto original.
[66] Reiterada en sentencia T-532 de 2012.
[67] Sentencia T-970 de 2014. Así mismo puede verse las sentencias
T-021 y T-423 de 2017.
[68] Sentencia T-030 de 2017.
[69] Sentencias T-423 y T-030 de 2017.
[70] Sentencia T-253 de 2004.
[71] Sentencia T-758 de 2003.
[72] Sentencia T-873 de 2001.
[73] “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
[74] “Si el
ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”.
[75] “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”.
[76] “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su
religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la
libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de
religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”.
[77] 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[78] Fls. 200 y ss. c. de rev.
[79] Fls. Ibídem.
[80] Sentencia T-271 de 2001.