C-568-16
Sentencia C-568/16
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS Y VIUDOS QUE HAYAN CONTRAIDO NUEVO
MATRIMONIO-Ratificación de línea jurisprudencial
que elimina una disposición discriminatoria que vulnera los derechos de
autonomía personal y la seguridad social en pensiones
NORMA
SOBRE DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN
NUEVAS NUPCIAS-Vulneración del derecho a la
igualdad y seguridad social en pensiones
NORMA
SOBRE DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN
NUEVAS NUPCIAS-Vulneración del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y libertad de conformar una familia
JUICIO
ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
frente a normas derogadas
NORMA-Análisis de vigencia y producción de efectos en el tiempo
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL PAGO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Jurisprudencia
constitucional/IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO
DE UNA PENSION-Jurisprudencia constitucional
PRESTACIONES
POR MUERTE-Derogatoria de la expresión “o cuando la
viuda contraiga nuevas nupcias” contenida en el artículo 62 de la Ley 90 de
1946/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Derecho pensional
que una vez causado sigue produciendo efectos hasta el
fallecimiento del titular del derecho
NORMA
SOBRE DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN
NUEVAS NUPCIAS-Control constitucional por estar
produciendo efectos jurídicos/NORMAS DEROGADAS QUE CONTINUAN PRODUCIENDO
EFECTOS-Control constitucional
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN NUEVAS
NUPCIAS-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Integración
normativa/INTEGRACION NORMATIVA-Objetivos/INTEGRACION NORMATIVA-Supuestos
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN NUEVAS
NUPCIAS-Integración normativa
NORMAS
PRECONSTITUCIONALES-Jurisprudencia constitucional/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PRECONSTITUCIONALES-Jurisprudencia
constitucional
LEY
QUE ESTABLECE EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y CREA EL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES-Contexto social de la ley 90 de 1946 en
materia prestacional/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES FRENTE A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Manejo de las prestaciones sociales
DISCRIMINACION
POR RESTRICCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER A LA LUZ DE LOS POSTULADOS VIGENTES
DE LA IGUALDAD DE GENERO-Jurisprudencia
constitucional
LEGISLACION
EN MATERIA PENSIONAL-Exclusión de condicionamientos
MATRIMONIO
COMO CONDICION PARA ACCEDER O MANTENER UN BENEFICIO-Alcance
CONDICION
DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR SEGUNDO MATRIMONIO-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS QUE CONTRAIGAN NUEVAS NUPCIAS-Juicio integrado de igualdad
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS QUE CONTRAIGAN NUEVAS NUPCIAS-Test de proporcionalidad estricto por discriminación de la mujer en
razón del sexo
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS QUE CONTRAIGAN NUEVAS NUPCIAS-Patrón de igualdad o tertium comparationis
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS QUE CONTRAIGAN NUEVAS NUPCIAS-Trato diferente entre iguales
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS QUE CONTRAIGAN NUEVAS NUPCIAS-Trato diferenciado para la mujer beneficiaria
TEORIA
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Jurisprudencia
constitucional
DISCRIMINACION
POR RESTRICCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MATERIA DE PENSION DE
SOBREVIVIENTES-No supera el juicio integrado de
igualdad
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAIGAN NUEVAS
NUPCIAS-Jurisprudencia constitucional
Expediente: D-11306
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 62 de la
Ley 90 de 1946 “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se
crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.”
Actor: Carlos Alberto Chamat Duque
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre
de dos mil dieciséis (2016)
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia.
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos Alberto Chamat Duque, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en
los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, solicitó la
declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “o cuando la viuda contraiga
nuevas nupcias” contenida en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946.
Mediante Auto del 22 de abril de 2016, el Magistrado sustanciador admitió la demanda y simultáneamente, en dicho proveído, ordenó correr traslado al Ministerio
Público a fin de que emitiera concepto en los términos de los artículos 242.2 y
278.5 de la Constitución; se fijó en lista el proceso con el objeto de que
cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma; se comunicó la iniciación
del mismo al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el artículo
244 de la Carta, e invitó a participar en este proceso
a la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, a la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, a la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre de Colombia, a la
Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a la Asociación
Colombina de Administradoras de Pensiones y Cesantía - Asofondos, a la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones. Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley
2067 de 1991, procede la Corte a resolver la demanda de la referencia.
A.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la
norma acusada, subrayando y resaltando en negrilla el texto que se solicita sea
declarado inexequible:
LEY 90 DE 1946[1]
(diciembre 26)
Por la cual se establece el seguro social
obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
ARTICULO 62. A las
pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo
55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del
asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de
los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de
otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce
(14) años de edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que contraiga
matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una suma
global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida.
B.
LA DEMANDA
El ciudadano demandante aduce que
la norma demandada establece una causal de pérdida o suspensión de la pensión
de viudez, cuando la viuda contrae nuevas nupcias, lo cual acorde con la teoría
de la inconstitucionalidad sobreviniente vulnera el derecho al libre desarrollo
de la personalidad (CP. 16), desconoce el mandato de trato igual (CP. 13) y el
derecho a la seguridad soci.al (CP. 48). Considera el actor que las mujeres
viudas y pensionadas en aplicación del artículo 62 de la Ley 90 de 1946 están
en desventaja y reciben un trato diferente frente a las pensionadas supérstites
del artículo 2 de la Ley 33 de 1973, pues éstas por virtud de la
inexequibilidad declarada en la sentencia C-309 de 1996, pueden contraer
matrimonio sin temor a perder la prestación económica. Adicionalmente, aduce
que la norma constriñe el derecho de conformar una familia por la voluntad
libre y responsable (CP.42), puesto que la mujer que tenga a su favor una
mesada pensional deberá someterse a las reglas de la unión marital de hecho, en
tanto que no puede hacer un uso legítimo del contrato de matrimonio.
Como sujetos en comparación,
indica que reciben un trato injusto: (a) las mujeres que perdieron la pensión
de viudez al preferir tener un nuevo consorte, y (b) aquellas que por no perder
el beneficio pensional se quedaron solas o en unión libre frente a (c) las
viudas que contrajeron nuevas nupcias y por la inexequibilidad del artículo 2
de la Ley 33 de 1973 no fueron despojadas de su derecho pensional.
Finalmente, argumenta que una vez
la pensión es reconocida, ingresa al patrimonio de la mujer y por lo tanto es
un derecho vitalicio e irrenunciable (CP.45), el cual no puede ser desconocido
por un acto de autodeterminación de la mujer, como el de contraer matrimonio.
C.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones oficiales
Ministerio
de Trabajo: inexequibilidad
El Jefe de la
Oficina Jurídica[2]
solicitó a la Corte Constitucional declararse incompetente al considerar que el
artículo 62 de la Ley 90 de 1946 fue derogado con la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993. Subsidiariamente argumenta que la norma acusada es
inconstitucional toda vez que le son aplicables las consideraciones de la
sentencia C-309 de 1996.
Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC): inexequible
Mediante
apoderado judicial, el ente de inspección, control y vigilancia de las AFP considera
que la norma es inconstitucional, pues las viudas que habiendo adquirido el
derecho pensional y que deciden conformar un nuevo núcleo familiar a través del
matrimonio están en desventaja frente a aquellas que en la misma situación
pensional y acorde a su libre autodeterminación no perderían la prestación
social al constituir una nueva familia por la vía de la unión marital de hecho.
Como resultado
de un test de igualdad, concluye el interviniente que no existe una
justificación del trato legal diferenciado y por lo tanto la norma debe ser
expulsada del ordenamiento jurídico. Asimismo, aduce que el establecimiento de
la condición de permanecer en estado de viudez es arbitrario y desconoce el
derecho a la seguridad social.
Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones): inexequible
La Gerente
Nacional de Doctrina[3]
solicita la inexequibilidad de la expresión demandada, como consecuencia del
precedente consolidado en materia de la pensión de sobrevivientes[4].
Sobre todo, tratándose de una norma anterior a la Constitución de 1991, la cual
pugna con una de las garantías principales del Estado Social de Derecho, como
lo es el derecho fundamental a la igualdad, el cual si bien no era mencionado
expresamente en la Constitución Nacional de 1886, se garantizaba en
instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art. 17.4) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 3) cuya aprobación tuvo lugar mediante las Leyes 16 de 1972 y 74 de 1968,
respectivamente, y que desde esa época hacían parte de la legislación interna.
Indica que
pese a que la norma demandada fue derogada tácitamente por el artículo 289 de
la Ley 100 de 1993, estima en su calidad de administradora de pensiones que el
segmento acusado puede estar produciendo efectos jurídicos en la actualidad y aclara
que si bien dicha condición se encuentra en desuso frente a los actuales
principios de la seguridad social en pensiones, a fin de no comprometer la
supremacía de la Constitución, la norma acusada parcialmente debe ser expulsada
del ordenamiento jurídico.
2. Instituciones
académicas
Universidad
Javeriana: inexequible
La directora del Grupo de Acciones
Públicas[5]
en colaboración con algunos estudiantes[6],
concluye que la norma demandada parcialmente es inconstitucional pese a que en
la práctica actualmente no es aplicable. Manifiestan que tanto la Ley 90 de
1946 como la Ley 33 de 1973 replicaron la prohibición de contraer un segundo
matrimonio como condición para mantener la pensión de sobrevinientes, no
obstante esta última disposición fue declarada inexequible con la sentencia
C-309 de 1996.
Universidad
del Rosario: inexequible
El Coordinador del Área Laboral
del Consultorio Jurídico[7]
manifiesta que la norma demandada contraviene la Constitución actual acorde con
la sólida línea desarrollada en materia pensional, en especial las sentencias de
tutela T-702 de 2005 y T-309 de 2015, atinentes al carácter vitalicio de la
pensión de sobrevivientes, por lo cual, en razón de haber contraído nuevas
nupcias, no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             es
dado a la administradora de pensiones revocar la pensión de viudedad.
Universidad
Libre de Colombia: inexequible
El Director del Observatorio de
Intervención Ciudadana de la Universidad Libre de Colombia[8]
aboga por la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición acusada,
toda vez que la sustitución pensional es una prestación social que tiene por
objeto evitar que el núcleo familiar del trabajador quede ante su fallecimiento
en situación de desamparo o desprotección. En desarrollo de la anterior
finalidad de antaño el entonces Instituto de Seguros Sociales respecto del
artículo 62 de la Ley 90 de 196 indicó que “la posibilidad para que los
ascendientes legítimos y naturales del asegurado tuvieran los  mismos derechos,
siempre que por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; y a
falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho
vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con
la que haya tenido hijos, pero le exige que no contraiga nuevas nupcias”[9].
En ese sentido, la exigencia de
permanecer en estado de viudez contradice los postulados vigentes sobre la
protección de la familia y la prohibición de discriminación entre las formas
legales establecidas para su conformación, sin dejar de un lado la
discriminación en razón del sexo, puesto que a los hombres viudos no se les prohíbe
conformar una nueva familia mediante matrimonio tras el fallecimiento de su
cónyuge pensionada.
3. Intervenciones ciudadanas
Academia
Colombiana de Jurisprudencia: inexequible
El presidente de la Academia[10]
indica que la norma respondía al contexto absolutista que imperaba en el siglo
pasado respecto de la protección de la institución del matrimonio y la
discriminación a la mujer, por lo que considera que si bien es cierto que la
norma cuestionada es del año 1946, es igualmente claro que ella produce efectos
jurídicos en la actualidad, en la medida que existen actos administrativos que
suspendieron la cancelación de mesadas pensionales con fundamento en dicha
disposición. Considera que a las mujeres beneficiarias de la Ley 90 de 1946 les
asiste el mismo derecho de las mujeres cobijadas por los efectos de la
inexequibilidad de la Ley 33 de 1973 declarado en la sentencia C-309 de 1996, pues
en dicha providencia se dejaron incólumes las nupcias contraídas antes del 7 de
julio de 1991[11].
Asociación
Colombiana de Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos):
inexequible
La representante legal de
Asofondos[12]
señala que la norma acusada es inconstitucional, no solo en razón de la sólida
línea en materia de la seguridad social en pensiones, sino por los
pronunciamientos referentes al matrimonio como limitante del goce de un derecho
en temas civiles. En ese sentido, pueden consultarse las sentencias C-588 de
1992, C-182 de 1997 y C-101 de 2005 en las cuales se concluyó que el
condicionamiento de abstenerse de celebrar un segundo matrimonio vulnera el
ejercicio del derecho de libertad, a conformar una familia y de igualdad de las
mujeres.
Sin embargo, aduce la
interviniente que es necesario analizar el impacto de la decisión de la Corte
en las finanzas públicas, en tanto que la pensión de sobrevivientes prevista en
la Ley 90 de 1946 es del tipo de las “no contributivas”, sistema que fue
desmontado con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Por lo que, acorde con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, los efectos de la
inexequibilidad deben ser a futuro ya que actualmente no está prevista esta
obligación a cargo de los recursos escasos del sistema pensional. En ese
sentido, el órgano competente para determinar el impacto financiero que
generaría el reconocimiento retroactivo de dicha pensión es el legislador, toda
vez que la única forma de asegurar el goce efectivo de los derechos sociales es
a través de un diseño que tenga en cuenta los costos directos e indirectos de
las prestaciones, tesis sostenida por Holmes y Sunstein en el libro “El
costo de los derechos: sólo puede existir un derecho si hay una estructura, y
los recursos necesarios para su satisfacción”[13].
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante Concepto No. 6119 del 14 de junio de 2016, solicita a la Corte
Constitucional declararse inhibida para pronunciarse de fondo, al considerar
que la prohibición de contraer nuevas nupcias para mantener el pago de la
pensión de sobrevivientes, se encuentra derogada tácitamente por la Ley 33 de
1973, que consideraba que “el derecho se pierde cuando por culpa de la viuda
contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”. Reproche que fue resuelto
por la Corte en la sentencia C-309 de 1996, en el sentido de que la norma
acusada se encuentra produciendo efectos y debe ser objeto de una demanda independiente.
II.    CONSIDERACIONES
A.    COMPETENCIA
1. En virtud de lo establecido en
el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución la Corte en principio es
competente para conocer la demanda de inconstitucionalidad de la referencia
dado que se dirige en contra de las expresiones contenidas en una ley de la
República (Ley 90 de 1946).
B.
CUESTIONES PREVIAS
Vigencia de la
norma acusada
2. Acorde con la solicitud de
inhibición propuesta por la vista fiscal y el Ministerio de Trabajo, no por
inepta demanda, sino por la vigencia de la norma, resulta necesario determinar
si este Tribunal es competente para pronunciarse respecto de la norma acusada.
Esto teniendo en cuenta que de manera reiterada esta Corporación ha señalado
que en principio el juicio abstracto de constitucionalidad no procede frente a
normas derogadas, en tanto que las disposiciones que ya no están en el
ordenamiento jurídico por decisión expresa o tácita del legislador no pueden
ser objeto del control, por cuanto su exclusión de la legislación interna ya se
produjo y, como tal, no es necesario revisar si la norma vulnera la supremacía
de la Constitución.
3. No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tesis protectora frente al análisis
de vigencia de una disposición, en el que no solo se debe estudiar su derogatoria,
sino que además se debe determinar si aun con la exclusión del ordenamiento
jurídico, la misma sigue irradiando sus efectos. En este caso, pese a que el
precepto ya no hace parte del ordenamiento jurídico, a la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus funciones de salvaguarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, le compete efectuar el correspondiente análisis, para
determinar su compatibilidad con los mandatos constitucionales y en caso de
constatar su incompatibilidad, impedir que sus efectos se sigan proyectando. Esta
Corporación en la sentencia C-482 de 1998[14] ha dicho específicamente
sobre la vigencia de la Ley 90 de 1946 lo siguiente:
“La Corte no puede declararse inhibida para conocer
sobre demandas relativas a normas derogadas, en los casos en los que esas
normas siguen produciendo efectos en el tiempo. Esa es precisamente la
situación que se presenta con el texto legal demandado. Si bien la norma ya ha
sido derogada, ella sigue regulando el reconocimiento de las pensiones de
sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los casos en los que
los fallecimientos han acaecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993”.
4. Ahora bien, teniendo en cuenta
que la expresión demanda hace parte de una condición resolutoria para mantener
el pago de la pensión de sustitución o de sobrevivientes, respecto de esta
prestación social como derecho, de antaño este Tribunal ha reiterado su
imprescriptibilidad. En la sentencia C-230 de 1998[15]
reiterada en la sentencia C-198 de 1999[16], esta
Corporación manifestó que el derecho a solicitar el reconocimiento de una
pensión es imprescriptible en los siguientes términos:
“No todo derecho de naturaleza laboral se extingue con
el transcurso del tiempo. Como ocurre en el específico evento de las pensiones,
tan pronto una persona reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento
legal para obtener el mencionado “status” de pensionado, el derecho adquirido
no puede ser desconocido, y se enmarca dentro de la categoría de los derechos
que no prescriben en relación con su reconocimiento; de manera que, sólo el
fallecimiento de la persona hace viable la terminación del mismo, salvo cuando
haya lugar a la sustitución pensional establecida en la ley o en las normas
convencionales sobre la materia, para los beneficiarios de dicho derecho”.
5. Conforme a lo hasta ahora
dicho, la expresión “o cuando la viuda contraiga
nuevas nupcias” contenida en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, ubicado
dentro de la Sección V del Capítulo IV referente a las prestaciones por muerte,
fue derogado tácitamente por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993[17].
No obstante, al tratarse de un derecho pensional, el cual, una vez causado
sigue irradiando sus efectos hasta el fallecimiento del titular del derecho,
máxime cuando Colpensiones, en calidad de administradora de pensiones del
régimen de prima media, reconoció en su intervención que la norma puede estar
produciendo efectos, cobra sentido el examen
constitucional de esta disposición que no fue derogada expresamente, en la
medida en que “es posible la valoración de constitucionalidad de normas
derogadas, cuando se estime que las mismas, pese a la derogatoria, están
produciendo o pueden llegar a producir efectos jurídicos”[18].
6. Un ejemplo claro de dichos
efectos se encuentra en la sentencia del 22 de mayo de 2013, proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[19],
en cuya oportunidad el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria
laboral resolvió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de
segunda instancia que negó la reanudación del pago de la pensión suspendida por
virtud del artículo 62 de la Ley 90 de 1946 al verificarse que la beneficiada
contrajo nuevas nupcias. La sentencia no casó con fundamento en lo siguiente:
“Razón asiste a la réplica en cuanto señala que el
Tribunal no pudo haber infringido directamente el artículo 62 de la Ley 90 de
1946, pues resulta palmario que esa norma fue la que aplicó para dirimir el
asunto sometido a su decisión, así no obstante hubiere considerado que los
efectos del fallo de inconstitucionalidad        C-309 de 1996 le fueren
aplicables, en la medida que dicha disposición era igual a las que se refería
esta sentencia (los artículos 2 de la Ley 33 de 1973, 2 de la Ley 12 de 1975 y
2 de la Ley 126 de 1985), pues para ello estimó que era necesario que la pensión
en cuestión hubiera sido suspendida por hechos sobrevinientes, en momento
posterior al 7 de julio de 1991; circunstancia que estimó no se daba en este
caso en que la actora había contraído nuevas nupcias el 23 de noviembre de
1978, esto es, en vigencia de la Constitución de 1886, que era compatible con
dicho artículo 62 de la Ley 90 de 1946.Es pues abiertamente equivocada la
imputación que hace la censura al ad quem de haber violado tal
disposición, por lo que se debió haber denunciado fue su aplicación indebida”.
En esa misma sentencia más adelante se reiteró dicha posición frente
a la pensión de viudez de la siguiente manera:
“Y es que en realidad lo que la recurrente plantea en
su escrito es un juicio sobre la constitucionalidad de las leyes 33 de 1973 y
12 de 1975 y del Decreto 1160 de 1989, a la luz de las normas de la
Constitución Nacional de 1886 que considera quebrantadas, cuestionamiento que,
desde luego, no es propio del recurso extraordinario de casación, porque no le
corresponde a la Corte decidir la constitucionalidad de los citados preceptos.
Aparte de lo anterior, cumple precisar que la
impugnante igualmente alude a la sentencia de la Corte Constitucional C-309 de
1996, la cual considera que fue erróneamente apreciada por el Tribunal; cuestión
que así presentada, no puede ser elucidada por la modalidad de violación de la
ley escogida, porque, en cuanto involucra un criterio jurisprudencial, como lo
destaca el replicante, debió ser planteado por el motivo de interpretación
errónea de la ley sustancial”[20].
7. En la misma línea, con sentencia del 9 de marzo de 2016[21]
la Sala de Casación Laboral mantiene su posición de la pensión de
sobrevivientes en los siguientes términos:
“El artículo que contenía estas reglas, aunque fue
consagrado para las pensiones por accidente o enfermedad profesional, resultaba
aplicable, en virtud de lo dispuesto en el art. 62 de la misma ley, a las
pensiones por muerte común. Tales disposiciones no fueron modificadas por el
A.224/1966, aprobado por el D. 3041 del mismo año, ni derogadas por el D.
433/1971.
Sobre este tema, la Sala en sentencia CSJ SL, 12
dic.2007, rad. 31613, reiterada en CSJ SL, 25 marzo de 2009, rad. 34401; CSJ
SL, 15 feb. 2011, rad. 37552; y CSJ SL, 24 sep. 2014, rad. 42102, se pronunció
en los términos que siguen: Ahora bien, un examen contextualizado de la
normatividad de la Ley 90 de 1946 que dejó subsistente el Decreto Ley 433 de
1971, en punto a los beneficiarios de la pensión lleva a concluir que el
derecho de la entonces concubina, hoy llamada compañera
permanente, mantenía para 1983 el carácter
supletorio que respecto de las pensiones de sobrevivientes por riesgos
profesionales tenía dispuesto el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, extendido a
las pensiones de vejez por expresa remisión del artículo 62 de esta ley, no
derogado por el Decreto 433 de 1971. Entonces, la demandante, en el caso de
demostrar que hacía vida marital con Mejía Díaz, no tenía derecho a recibir la
prestación suplicada, toda vez que éste, hasta su muerte, estuvo casado y le
sobrevivió su cónyuge, tal cual se anotó por la propia actora”.
8. Finalmente, la postura de la Corte Suprema de Justicia en su Sala
de Casación Laboral, se explica entre otras porque la sentencia C-309 de 1996
al declarar la inexequibilidad con efectos a partir del 7 de julio de 1991 de
los artículos 2 de la Ley 33 de 1973, 2 de la
Ley 12 de 1975 y el 2 de la Ley 126 de 1985 expresamente indicó que “[e]n
relación con las normas legales que no se mencionan en la parte resolutiva y
que consagren una condición análoga a la que contienen aquéllas, no se
aplicarán los efectos de este fallo y, en consecuencia, deberán ser objeto de
demandas independientes y sobre su constitucionalidad la Corte se pronunciará
en cada caso”. Conforme a lo expuesto, se concluye que si bien la norma fue
derogada con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la misma se
encuentra produciendo efectos y por lo tanto es objeto de control por parte de
este tribunal.
Integración
normativa
9. Conforme al trámite de la
acción pública de inconstitucionalidad descrito en el artículo 6 del Decreto
2067 de 1991 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, este Tribunal
Constitucional está facultado para analizar en conjunto con la norma acusada,
aquellas proposiciones jurídicas que tengan directa relación con el asunto sub
examine, al prescribir que “La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas
y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad
normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.”
10. La Corte en reiterada jurisprudencia[22]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-516-15.htm - _ftn3, ha decantado los supuestos
en los cuales es procedente adelantar una integración normativa, e indicó que
con ella se persiguen los siguientes objetivos: (i) la supremacía de la
Constitución; (ii) la efectividad del control abstracto de constitucionalidad;
(iii) la seguridad jurídica y (iv) coherencia del ordenamiento jurídico, entre
otros.
11. En la sentencia C-500 de 2014[23]
se recopilaron los supuestos en los cuales procede la implementación de la
mencionada figura, así:
“En primer lugar, es posible apelar a la unidad normativa (i)
cuando el artículo que se impugna carece “(…) de un contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio,
aislado del contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su
alcance incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados
normativos”http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-516-15.htm
- _ftn4. En segundo lugar, es procedente (ii) cuando
la disposición demandada o la norma que de ella se desprende, está mencionada o
referida en otros artículos del ordenamiento jurídico de manera que para
asegurar la efectividad de la decisión que se tome, es necesario también
examinarlos. Ha explicado la Corte que en este caso las normas tienen “un sentido regulador propio y
autónomo (…) pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada
impone el examen (…) de algunos elementos normativos a los cuales hace
referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas”. En
tercer lugar, resulta posible acudir a ella (iii) cuando la norma que se juzga
tiene una relación íntima o intrínseca con otra que, prima facie, plantea
serias dudas de constitucionalidad.
Un examen de cada una de tales hipótesis permite identificar su
justificación constitucional. El primer supuesto, tiene como propósito
delimitar la materia objeto de juzgamiento de manera que este Tribunal pueda
adoptar una decisión de mérito. La segunda tiene como finalidad asegurar
plenamente la supremacía de la Constitución y la certidumbre respecto de las
normas vigentes evitando, de una parte, que luego de declarar la
inexequibilidad de una norma ella subsista en el ordenamiento o, de otra parte,
que con posterioridad a la declaratoria de exequibilidad, contenidos normativos
idénticos –vigentes al momento del pronunciamiento- sean objeto de demandas
iguales. La tercera propicia también la supremacía de la Constitución al evitar
que disposiciones directamente vinculadas con aquellas que fueron demandadas y
respecto de las cuales es posible sospechar de su inconstitucionalidad,
permanezcan en el ordenamiento sin ser juzgadas”.
12. En el caso concreto, la
Corte considera que debe realizar una integración normativa con la expresión “Pero
la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones
eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión
reconocida” contenida en la parte final del mismo artículo 62 de la Ley 90 de 1946 al cumplirse con el requisito de (i) estar
inserta en la misma norma demandada y (ii) ser necesario un pronunciamiento
sobre este otro enunciado normativo.
13. Toda vez
que la expresión demandada a integrar guarda una
estrecha relación con el concepto de la violación, pues consagra la
consecuencia jurídica que sustituye a la suspensión de la mesada pensional para
la viuda o viudo que celebre un segundo matrimonio, reemplazándola por una
especie de indemnización al decidir perder la pensión ante el deseo de contraer
matrimonio. Lo anterior, resulta necesario en la medida que en el evento de
declarar inexequible la condición “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias”
quedaría sin un pronunciamiento la consecuencia jurídica de perder la pensión,
que es la otra parte del artículo que contempla precisamente un reemplazo del
derecho pensional por el hecho del matrimonio.
PROBLEMA JURIDICO
14. Acorde con el concepto de la violación
planteado en la demanda, la Corte determinará si la condición de permanecer en
estado de viudez para mantener el pago de la mesada pensional impuesta a las
mujeres beneficiarias de la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo
62 de Ley 90 de 1946 vulnera los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de
la personalidad, el derecho a la seguridad social en pensiones y el derecho de
conformar una familia por la voluntad libre y responsable de las cónyuges
supérstites que desean celebrar un nuevo contrato matrimonial. En caso
afirmativo, se planteará una segunda cuestión relacionada con la situación de
las viudas y viudos a los que les fue suspendido el pago de la mesada de la
pensión de sobrevivientes por el hecho de haber contraído nuevas nupcias antes
de la vigencia de la Constitución Política de 1991 -7 de julio de 1991- y en
consecuencia recibieron una sustitución equivalente a 3 anualidades de la
pensión reconocida.
15. Para absolver los anteriores
cuestionamientos, se estudiará brevemente: (i) la jurisprudencia constitucional
sobre normas expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991; (ii) el contexto histórico y social de la norma
demandada; (iii) los pronunciamientos constitucionales respecto del matrimonio
como condición para acceder o perder un beneficio legal, (iv) y (v) finalmente
el caso en concreto.
C.   EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD FRENTE A NORMAS PRECONSTITUCIONALES
16. La jurisprudencia
constitucional desde sus inicios ha manifestado la necesidad de examinar las
leyes expedidas antes de la Constitución de 1991, máxime cuando éstas
contravienen los principios y valores consagrados en la Carta Política vigente.
En un primer momento en la sentencia C-479 de 1992[24]
se declaró exequible el aspecto material del artículo 2º de la Ley 60 de 1990,
atinente a las condiciones de retiro del servicio de funcionarios del sector
público del orden nacional, en cuya oportunidad se indicó lo siguiente respecto
del control de la Corte frente a dichas normas:
“Cuando el estudio se refiera al contenido de los preceptos
cuestionados es necesario definir su exequibilidad teniendo en cuenta la
preceptiva superior vigente al momento de proferir el fallo, es decir, la
Constitución de 1991, cuyo artículo 380 dispuso la derogatoria de la
Constitución de 1886 y sus reformas.  Según lo expresó la Corte en recientes
sentencias, instaurado y en vigencia el nuevo Estatuto Constitucional, no
pueden coexistir con él normas legales ni de otro nivel que lo contraríen. En
cambio, por cuanto atañe a los aspectos relativos a las formalidades que
debieron observarse al expedir las normas demandadas, la Corte no puede exigir
la sujeción a unos preceptos que no habían entrado a regir en ese momento, sino
que se hace imprescindible considerar tales aspectos con arreglo a la Carta
Política que estaba en vigor cuando fueron dictados los estatutos de cuya
constitucionalidad se trata”.
17. Tiempo después la anterior
regla fue ampliamente aplicada, como en el caso analizado en la sentencia C-324
de 2009[25]
en cuya ocasión la Corte declaró inexequible la expresión “o asignar
partidas presupuestales y elementos disponibles” contenida en el artículo
primero de la Ley 36 de 1981, reiterando:
“La Corte ha diferenciado entre el control de forma o procedimental
y el control de fondo o sustancial para determinar el parámetro de control que
debe aplicarse frente al estudio abstracto de constitucionalidad de normas
sujetas a control, cuando éstas ostentan la naturaleza de normas anteriores a
la Constitución Política que rige a partir de 1991, y ha explicado que los
aspectos atinentes a la forma de las disposiciones anteriores a la actual
Constitución, a diferencia de su contenido material, se rigen por las
disposiciones de la Carta Política vigente al momento de su expedición, en
tanto que los aspectos relativos al contenido material se deben controlar en
referencia con lo dispuesto en la Constitución de 1991, toda vez que se torna
indispensable confrontar la preceptiva demandada con los contenidos de la nueva
Constitución, debiéndose verificar si a luz del Estatuto Superior vigente en el
momento de adelantar el análisis de constitucionalidad las disposiciones
impugnadas tienen vocación de subsistir”.
18. Finalmente, la competencia de la Corte
Constitucional para decidir las demandas de inconstitucionalidad propuestas sobre
leyes expedidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991, fue
empleada recientemente en la sentencia C-258 de 2016[26],
por medio de la cual se declaró inexequible de modo parcial el artículo 7 de la
Ley 48 de 1920. En dicha oportunidad se siguió el pacífico precedente que reconoce
la potestad de este Tribunal para decidir los casos de normas
preconstitucionales mediante un control menos estricto acorde con la
perspectiva histórica al empleado en las leyes expedidas en vigencia de la
actual constitución. En la citada providencia, la Corte precisó lo siguiente:
“[D]ebe la Sala resaltar el hecho de que las normas acusadas hacen
parte de una ley anterior a la Constitución de 1991. De hecho, se trata de una
Ley histórica que se expidió durante las primeras décadas de la República de
Colombia, al inicio del siglo XX. La jurisprudencia constitucional ha reiterado
en varias ocasiones que éste es un aspecto relevante para establecer el grado
de control al que se deben someter las normas. En efecto, cuando se trata de
normas expedidas antes de la vigencia de la Constitución de 1991, pueden
contener reglas en las que existan contradicciones entre lo dispuesto en ellas,
y lo consagrado en la Carta Política, puesto que respondían a parámetros
constitucionales anteriores. En especial cuando se trata de normas que por
haber sido expedidas hace tanto tiempo, respondan a valores y jerarquías muy
diferentes a las que actualmente se defienden”.
19. En conclusión, la Corte ha diferenciado entre la revisión de forma o
procedimental y de fondo o sustancial para determinar el parámetro de control
que debe aplicarse al estudio abstracto de constitucionalidad de normas
anteriores a la Constitución Política que rige a partir del 7 de julio de 1991,
y ha manifestado que los aspectos formales a diferencia de los de contenido
material, se rigen por las disposiciones de la Carta Política vigente al
momento de su expedición, mientras que los asuntos concernientes al contenido
material se deben inspeccionar de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de 1991, toda vez que se torna necesario confrontar la preceptiva
demandada con los contenidos de la Constitución vigente, debiéndose verificar
si a luz del estatuto Superior en vigor al momento de adelantar el análisis de
constitucionalidad las disposiciones impugnadas tienen vocación de subsistir.
D.   EL CONTEXTO SOCIAL DE LA LEY 90 DE 1946
20. Ante la proliferación
legislativa y reglamentaria en materia prestacional surge en la post-guerra la
necesidad de armonizar la legislación conforme a las tendencias de los seguros
sociales establecidos en Alemania y diferentes países de Europa y América. Es
por ello, que se autoriza la creación de una caja de Seguro de Trabajo, ya sea
como entidad oficial, ya como sociedad, en la cual entre el Gobierno en calidad
de accionista, ya sea contratando la fundación de dicha caja con alguna
compañía de seguros que garantice el cubrimiento de los riesgos de la vejez, la
invalidez, enfermedades no profesionales, maternidad, accidentes de trabajo y
la muerte, inicialmente para los trabajadores particulares, bajo un esquema
esencialmente comercial.
Es así como la Ley 90 del 26 de
diciembre de 1946 “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y
se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales” conforme con el
artículo 9º se organizó de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 9. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales tendrá como
funciones principales:
1o. Dirigir en el orden técnico, vigilar y controlar el conjunto de
los ramos de seguros sociales;
2o. Elaborar y modificar sus propios estatutos y los reglamentos
generales de los seguros sociales, sobre las bases de la presente ley, y
someter unos y otros a la aprobación del Presidente de la República, sin la
cual no tendrán validez. (Subraya fuera de texto).
3o. Prescribir los requisitos, plazos, modalidades y sanciones
referentes a la obligación que tienen los patronos de inscribirse e inscribir a
sus trabajadores en la respectiva Caja Seccional ay de avisar todo cambio de
personal, toda modificación de salarios, todo accidente de trabajo y las demás
circunstancias que los reglamentos del seguro determinen (…)”.
21. En ese sentido, el manejo de
las prestaciones sociales a cargo de dicho Instituto estaba influido por la
dinámica social que imperaba en el siglo XIX. Tal y como lo señaló este
Tribunal en la sentencia C-309 de 1996 en cuya oportunidad se resaltó que la
pensión de viudez a pesar de surgir en beneficio de la mujer, estaba inspirada
en una concepción machista de la sociedad al manifestarse en “las ponencias
presentadas en la Cámara y el Senado, se expone la justificación de la aludida
condición resolutoria o extintiva del derecho a la pensión de sobrevivientes.
Las nuevas nupcias o la renovada vida marital, comporta el aporte del nuevo
cónyuge o compañero, lo que torna innecesaria la continuación de esta forma de
protección económica a la vida familiar. De otro lado, la afrenta a la memoria
del marido, que sufriría menoscabo a raíz de la nueva relación, abonaría la
pérdida del derecho a la pensión” (subraya fuera de texto).
22. Lo anterior, aunado a los
mandatos de la entonces Constitución Nacional de 1886 y sus enmiendas, como la
libertad de establecer donaciones intervivos o testamentarias conforme a
las leyes sin que sean variadas o modificadas por el legislador (art.36); la
religión católica, apostólica, romana, era la de la Nación, con la orden de que
todos los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como
esencial elemento del orden social (art. 38); era permitido el ejercicio de
todos los cultos que no fueran contrarios a la moral cristiana ni a las leyes
(art.40); y la educación pública estaba organizada y dirigida en concordancia
con la religión católica (art. 41). Por lo cual, en esa época las restricciones
al ejercicio de los derechos de la mujer en casi todas las áreas del derecho
eran preponderantes.
23. El caso más representativo del
contexto histórico discriminatorio en contra de la mujer, fue el estudiado en
la sentencia T-494 de 1992[27]
en cuya oportunidad se analizó la situación de la señora Esther Varela quien
hizo vida marital  durante 24 años con el señor Hernando Guerrero Trujillo. De
dicha convivencia la pareja poseyó en conjunto el inmueble adquirido por su
compañero permanente el cual, tras su muerte fue adjudicado a su hermana en
calidad de única heredera, dejando por fuera de la sucesión a la accionante, ya
que no pudieron contraer nupcias. La Sala Primera de Revisión tuteló los
derechos fundamentales afectados y consideró lo siguiente:
“Los fundamentos culturales, ideológicos y estructurales y la lógica
de la subordinación sexual que refuerza y prolonga en Colombia tal discriminación
han sido estudiados recientemente en un iluminante trabajo académico, elaborado
por las profesoras Elssy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez S. quienes
destacan como los atributos sexuales objetivos fundamentan
"biológicamente" la división social del trabajo, que asigna
"culturalmente" de manera subjetiva, espacios y responsabilidades que
son mutuamente excluyentes para hombres y mujeres. Este primer referente al
orden social, opera como si fuera un orden natural incuestionable que se
mantiene mediante una jerarquía básica del poder, centrada en la autoridad
masculina. Como producto cultural, la división social del trabajo se transforma
en el tiempo, pero el uso subjetivo de los atributos biológicos se mantiene
paradójicamente en la base, como constante. Este mecanismo reproduce
acríticamente el contenido de las diferencias por el sexo, para sostener una
relación formal de subordinación, la cual tiene repercusiones negativas para
las mujeres y para la sociedad en su conjunto.
“La división social del trabajo está relacionada también con una
separación entre el trabajo remunerado, identificado como productivo -aunque
una porción importante de las actividades de las mujeres que se orientan hacia
el mercado no son remuneradas- y el trabajo doméstico, definido como
improductivo al igual que las mujeres que lo realizan, quienes quedan
asimiladas con los incapacitados y los inválidos, a pesar de que el bienestar
de éstos depende de las actividades de aquellas.  En este sentido, la
subordinación de la mujer es una realidad que permea la esfera económica y las
relaciones que son externas al hogar y también la esfera doméstica y sus tareas
fundamentales en la reproducción biológica, y la reproducción social. El
trabajo doméstico es esencial para la economía, aunque está ligado
indirectamente al proceso de desarrollo y a la acumulación de capital. El rol y
la ubicación de la mujer en el proceso de desarrollo está condicionado en gran
medida por su papel primario en la esfera reproductiva (Benería y Sen, 1982).
Este condicionamiento implica que una parte significativa, cuando no todos los
trabajos de la mujer, permanecen invisibles. El trabajo productivo no es
fácilmente detectado por la sociedad cuando es adelantado por una trabajadora
que realiza también labores domésticas.”[28]
De otra parte, los constituyentes de 1991 fueron conscientes no solo
de la discriminación salarial de que es hoy víctima la mujer colombiana sino
también que muchas de ellas no reciben ningún pago por su trabajo.  Es por ello
que pidieron que se elevara a canon constitucional la eliminación de todas las
formas de discriminación en contra de la mujer y se garantizaran plenamente sus
derechos”.
24. Así las cosas, el concepto de
moral y de discriminación integral en contra de la mujer en lo que respecta a
la prohibición de contraer nuevas nupcias, también se reflejaba en otras
legislaciones como es el caso español, en el que por prohibición de la
legislación interna no era factible el divorcio del matrimonio católico, en
cuyo caso se previó un reconocimiento pensional extraordinario o de segunda
categoría de la pensión de viudedad para las uniones maritales de hecho o
convivencias “more uxorio”. Caso que fue resuelto por vía del amparo
constitucional, como el decidido por la Sala Primera del Tribunal Constitucional
mediante sentencia del 18 de diciembre de 1985, No. 177/1985, en la cual se
expresó lo siguiente:
“Para poder aplicar la anterior doctrina es necesario partir de los
hechos demostrados en las actuaciones judiciales, y que son sin margen alguno
de equivocación, los que la actora de este proceso ejercitó en la vía laboral
previa y luego ante la Magistratura de Trabajo de Mieres la única pretensión de
reclamar pensión sobre la exclusiva argumentación, de que fue tal pensión
instituida por la disposición adicional décima de la Ley 30/1981, de 7 de julio
-modificando el Código Civil, en la regulación del matrimonio y estableciendo
el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio- en
beneficio de quien como ella y su compañero «no hubieran podido contraer
matrimonio por impedírselo la legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran
vivido como tal» siempre que el deceso del causante ocurriera «con
anterioridad a la vigencia de esta ley" y entablado el debate sólo sobre
esta pretensión así enmarcada, el Magistrado de Trabajo dictó Sentencia reconociendo
como probado que la actora siendo viuda convivió como compañera durante varios
años, con un varón casado, hasta que éste falleció pero argumentando en el fundamento
jurídico que para reconocer la prestación- por muerte y supervivencia debía
estarse a la legislación vigente en la fecha del fallecimiento del causante y
que había de aplicarse el artículo 160 de la Ley General de Seguridad Social de
30 de mayo de 1974 y el artículo 7 de la Orden de 13 de febrero de 1967, que
exigían como requisito imprescindible la condición de «viuda» estado que no
tenía la persona reclamante de la pensión por no estar ligada con aquel vínculo
matrimonial y no ser por tanto consorte suyo por lo que en definitiva y sobre
esta única base argumental rechazó la demanda.
La regulación de las pensiones de viudedad laboral; en el actual
sistema de seguridad social admite la presencia de dos pensiones de viudedad
plenamente diferenciadas y que contemplan dos supuestos distintos: De un lado
regula la existencia de una pensión ordinaria en el citado artículo 160 de la
Ley General de Seguridad Social y Orden complementaria que exigen como
condición para su concesión la existencia de vínculo matrimonial entre el
causante y la persona solicitante y beneficiaria, y a su vez, de otro lado,
establece una pensión extraordinaria en la indicada disposición adicional
décima de la Ley 38/1981 de 7 de julio en favor de quien no hubiera podido
contraer matrimonio con el causante por impedirlo la legislación que regía
hasta la fecha de dicha ley, y que hubieran vivido como tal, acaeciendo el
fallecimiento del propio causante antes de la vigencia- de la misma basado por
tanto, tal beneficio en el hecho de la convivencia unida a la imposibilidad de
poder contraer matrimonio, que es lo mismo, convivencia «More uxorio»
mantenida con impedimento legal y óbito de su compañero antes de haber podido
regularizar la situación por cambio de la legislación reguladora del matrimonio”.
25. En un caso más cercano, la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José de Costa Rica,
mediante fallo No. 8210 del 19 de junio de 2013 resolvió la acción de
inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 15 del Reglamento del Fondo
de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Costa Rica. Dicha norma condiciona a las viudas de un pensionado del citado
Fondo, el mantenimiento del beneficio, a que no contraigan nuevas nupcias o
bien constituyan una unión de hecho con otra persona. El mencionado tribunal
anuló por inconstitucional el referido artículo con base en lo siguiente:
“De lo anterior se deduce que si bien el legislador ha de habilitar
bajo determinadas condiciones la declaratoria de caducidad o finalización de un
beneficio, ello debe hacerse dentro del respeto debido a los principios y
valores constitucionales. No puede, como se mencionó en el precedente, hacer
una discriminación injustificada con respecto a las personas que desean
contraer matrimonio o bien tener una compañera o compañero, y enervarles la
posibilidad de continuar percibiendo la pensión que han adquirido por ese solo
hecho. Por lo tanto este Tribunal considera que el artículo 15 del Reglamento
del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica es contrario al contenido de los artículos 33, 51 y
52 de la Constitución Política, en cuanto establece una forma de cancelación,
suspensión o caducidad de la pensión por viudez, al contraer el viudo o la
viuda nuevas nupcias. Así las cosas lo procedente es acoger el reclamo y
declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de las
facultades que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece para
dimensionar los efectos de esta sentencia, cuya anulación puede graduarse y
dimensionarse en el espacio, el tiempo y la materia, así como su efecto
retroactivo”.
26. Adicional a lo anterior, la
jurisprudencia constitucional colombiana ha considerado que el tratamiento histórico
de restricción de los derechos de la mujer a la luz de los postulados vigentes de
la igualdad de género previstos en la Constitución son considerados altamente discriminatorios,
tal y como lo ha sostenido esta Corporación desde sus inicios, y en especial en
la sentencia          C-297 de 2016[29]
en la que se evidenció dicha problemática en los siguientes términos:
“La Constitución de 1991 reconoce explícitamente una protección
especial a la mujer en sus artículos 40, 43 y 53 en razón a la discriminación
histórica que ésta ha sufrido en las diferentes esferas sociales. Así,
determina una garantía de adecuada y efectiva participación en los niveles
decisorios de la administración pública, una prohibición de la discriminación y
una protección especial durante y después del parto, así como en el ámbito
laboral. De otra parte, el artículo 42 establece la protección especial a la
familia y proscribe cualquier forma de violencia en su núcleo. Si bien la norma
no menciona explícitamente a la mujer, la jurisprudencia ha entendido que el
derecho a la igualdad, que impone la salvaguarda reforzada de los sujetos en
condición de vulnerabilidad, efectivamente establece para mujeres, niñas y
niños una protección especial frente a la violencia intrafamiliar en cualquiera
de sus formas”.
27. Pese a la existencia de normas
que entrañan este tipo de limitaciones, es de resaltar que la legislación en
materia pensional excluyó dicha clase de condicionamientos; es así como (i) el
artículo 21 del Decreto 3041 de 1966[30]; “Por el
cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de
invalidez, vejez y muerte” estableció que “La pensión a favor del cónyuge
sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano
con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de
vejez, que tenía asignada el causante, o de la que le habría correspondido a la
fecha del fallecimiento”; (ii) posteriormente el artículo 12 de la Ley 171
de 1961 “Por la cual se reforma la ley 77 de 1959 y se dictan otras
disposiciones sobre pensiones” dispuso que “Fallecido un empleado jubilado o
con derecho a jubilación, su cónyuge y sus hijos menores o incapacitados para
trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren
económicamente de él, tendrán derecho a recibir entre todos, según las reglas
del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, la respectiva pensión
durante los dos (2) años subsiguientes”; (iii) en ese mismo sentido el artículo
3 del Decreto 433 de 1971 “Por el cual se reorganiza el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales” consagró que “La mujer del asegurado, los hijos
menores de catorce (14) años y los mayores de esta edad no emancipados, que
dependan económicamente de aquel, tendrán derecho al cuidado y promoción de la
salud dentro de los servicios de carácter médico de que disponga el Instituto
en la extensión y condiciones que determinen los reglamentos que el mismo dicte
para tal efecto”; (iv) finalmente, con la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones” reguló la pensión de sobrevivientes así “Tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros del
grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones…”.
28. Como parte del contexto
histórico en el que fue redactado el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 su
descripción hace referencia puntual a las viudas y huérfanos, por lo que es
necesario resaltar que dicha disposición jurídica también es aplicable a los
viudos, razón por la cual, todas las referencias a la pensión de viudez deberá
comprenderse que también incluye a los cónyuges supérstites hombres. Ello por
cuanto en otros temas pensionales la Corte ha hecho esta precisión del
siguiente modo:
“La condición resolutoria del derecho de la viuda a gozar de la
pensión que correspondía al trabajador fallecido - actualmente denominada
“pensión de sobreviviente” -, consistente en la celebración de nuevas nupcias o
la iniciación de nueva vida marital, contenida en el artículo 2 de la Ley 33 de
1973, se encuentra derogada por la Ley 100 de 1993, que no la contempla en las
disposiciones que destina a regular dicha materia (arts. 46 a 49 y 73 a 78). De
otra parte, distintas leyes, dictadas con posterioridad a la demandada - Leyes
12 de 1975, 113 de 1985 y 71 de 1988 -, universalizaron la anotada pensión
extendiéndola tanto a la viudas como a los viudos y aplicándola también a
las relaciones derivadas de las uniones maritales de hecho”[31]
(subraya fuera de texto).
E.   EL MATRIMONIO COMO CONDICIÓN PARA ACCEDER O MANTENER UN BENEFICIO
29. Las disposiciones jurídicas del
siglo pasado se caracterizaban por un modelo social en el que se destacaba la
prevalencia de los derechos del varón frente a los de la mujer y de los hijos habidos
dentro del matrimonio, estableciendo una serie de normas en protección de la
institución del matrimonio ligada al concepto religioso. No obstante, dichos
preceptos normativos con el devenir de la Constitución Política de 1991 paulatinamente
han sido hallados contrarios a los postulados Superiores.
30. En un primer momento la Corte analizó
los artículos 117 y 124 y del ordinal 4 del artículo 1266 del Código Civil, atinentes
al consentimiento de los menores de edad para efectos del matrimonio, el cual,
solo era posible con el permiso expreso, por escrito, de sus padres “legítimos”
o “naturales”, y en caso de discrepancia entre ellos, prevalecía en todo caso
la voluntad del padre, estableciendo como sanción el desheredamiento para el
menor que contrajera nupcias sin el respectivo permiso. Si bien en dicha
oportunidad declaró las normas exequibles, mediante la sentencia C-344 de 1993[32]
reflexionó sobre la importancia del cambio social y su influencia en la
interpretación normativa del siguiente modo:
“Finalmente, hay que decir que si la ley establece la posibilidad de
desheredar al menor que se casa sin permiso de su ascendiente habiendo debido
obtenerlo, y no da igual tratamiento al caso de quien sólo tiene relaciones
sexuales sin casarse, ello es perfectamente lógico y ajustado a la realidad,
como veremos. Aun en los tiempos antiguos en que las relaciones sexuales
extramatrimoniales eran vituperables, sobre todo en las mujeres, las
consecuencias del matrimonio eran más graves. Hoy día, cuando han sobrevenido
cambios notables en la moral general, es claro que sería ridículo asimilar las
dos situaciones: la del menor que se casa sin permiso de sus padres y la del
que se limita a las relaciones sexuales.
Es claro que las consecuencias del matrimonio, que hacen de él el
más importante de los contratos, han llevado al legislador a tratar de impedir
que los menores, por su inexperiencia, incurran en errores que podían arruinar
sus vidas”.
31. Más tarde, la Sala Plena con
sentencia C-309 de 1996[33]
al revisar la constitucionalidad de los artículos 2
de la Ley 33 de 1973, 2 de la Ley 12 de 1975 y el 2 de la Ley 126 de 1985,
normas que al igual que la ahora demandada también planteaban una condición
resolutoria para la mujer beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la
celebración de un segundo matrimonio, fundamentó su decisión en lo siguiente:
“No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la
condición resolutoria, viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales
derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios
legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad. No puede
plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y
el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la
consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la
antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la
protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción
individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de
la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia
arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que
vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como
quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones
personalísimas”.
En esa misma sentencia esta
Corporación concluyó que:
“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución,
la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la
pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva
familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces,
bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto,
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad
de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, por la
anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más
cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero
deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo
ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha
señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite
identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro
de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de
justificación objetiva y razonable”.
32. Del mismo modo, la Corte en la
sentencia C-653 de 1997[34]
declaró inexequible el artículo 6 (parcial) del Decreto Ley 1305 de 1975
aplicable a las fuerzas militares, de lo que se destaca que “toda persona,
en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de manera ajena
a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer matrimonio y
permanecer en la soltería. No cabe duda de que en esta materia el precepto
impugnado sí discrimina, pues consagra un privilegio de la mujer soltera sobre
la casada y de la unión de hecho sobre el matrimonio; más aún, se le reconocen
los beneficios a condición de nunca haberlo contraído. Esto representa una
flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el
desconocimiento que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de la
personalidad”.
33. En esa misma línea, en una
tercera oportunidad la Corte reiteró el anterior precedente y en la sentencia
C-1050 de 2000[35]
-esta vez para el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o
empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional- declaró la inexequibilidad de la norma indicando
que “como quiera que la expresión acusada, tiene total similitud con las
normas examinadas en la jurisprudencia transcrita, se reiterara su
pronunciamiento. En consecuencia, las expresiones “o cuando contraiga nuevas
nupcias o haga vida marital”, incluidas en el parágrafo primero del artículo 49
del Decreto - Ley 2701 de 1988, sobre las cuales recae la demanda, serán
declaradas inexequibles”. Ello, con la particularidad de que en el
resolutivo segundo se aclaró que los efectos surtirían a partir de la
notificación de esa providencia[36].
34. Mediante sentencia C-507 de
2004[37]
se estableció un importante precedente frente a la tensión de la libertad de
expresión y al margen de configuración en materia de códigos. En dicho
pronunciamiento, al estudiarse la desigualdad de trato de las mujeres frente a
los hombres para contraer matrimonio siendo ambos menores de edad (artículos 34 y 140 Código Civil) dicha edad fue
equiparada ante la constatación de la vulneración del principio, valor y derecho
a la igualdad de las mujeres, así:
“A la luz de la Constitución Política es inconstitucional fijar la
edad mínima a los 12 años de edad para que las mujeres contraigan matrimonio,
cuando ésta es de 14 años para los varones. La regla supone afectar en alto
grado  (1) el derecho al desarrollo libre armónico e integral de las menores y
el pleno ejercicio de sus derechos,  (2) el derecho a que el Estado adopte las
medidas de protección adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos, y
(3) el derecho a la igualdad de protección de los niños y las niñas. Impedir el
matrimonio de las mujeres a los 12 años afecta levemente, por el contrario, (4)
el derecho a conformar una familia, y (5) el derecho a la autonomía, y (6) no
desconoce el margen de configuración del legislador en materia de matrimonio.
Por lo tanto, pesan mucho más los argumentos a favor de asegurar la igual
protección de niñas y niños”.
35. La respuesta constitucional al
análisis del artículo 1134 del Código Civil atinente a la conservación de una
asignación testamentaria para la mujer que permanezca soltera o viuda, no fue
otra más que la declaratoria de inexequibilidad de dicha disposición al
evidenciarse que la condición resolutoria afectaba gravemente la libertad de
contraer matrimonio; es así como en la sentencia C-101 de 2005[38]
la Corte expresó lo siguiente:
“En el caso sub iudice, si bien no se trata de un derecho
legal que se haya consolidado, pues se está ante una asignación testamentaria
que puede o no ser aceptada, lo cierto es que esa última voluntad del testador
sí configura una intromisión indebida en la vida del asignatario. En el
presente caso entran en conflicto el principio de la autonomía de la voluntad
del testador y el derecho del asignatario a contraer libremente matrimonio en
primeras o en segundas nupcias, se trata entonces de sopesar dos derechos: la
libertad de testar con las limitaciones impuestas por la ley, y la libertad
para contraer matrimonio, el uno de carácter patrimonial y el otro no. Aquí lo
que se encuentra en juego es la libertad personal del asignatario, que no puede
quedar atada, ni de manera directa ni de manera indirecta a la voluntad del
testador en un acto de disposición patrimonial. Es claro para la Corte que el
principio de la autonomía aplicado a los actos jurídicos patrimoniales,
encuentra como límite necesario la Constitución Política y los Tratados
Internacionales sobre los derechos humanos a ella incorporados por ministerio
del artículo 93 de la Carta. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, en su artículo 16, establece que “[L]os hombres y las
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del matrimonio”. Por su parte, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, establece en el artículo 17 que “[S]e reconoce el
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si
tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas,
en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación
establecido en esta Convención”.
36. Siguiendo con las asignaciones
testamentarias, esta vez condicionada a la no celebración de matrimonio de la
cónyuge supérstite que no procreó hijos con el testador, este Tribunal constitucional
declaró inexequible la expresión “a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior
matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación” contenida en el artículo 1133 del Código Civil en la sentencia C-513 de 2013[39] con
fundamento en lo siguiente:
“Así pues, la Sala considera que, en esta oportunidad, la facultad
otorgada por el legislador al causante de estipular en el testamento la
condición contenida en la norma acusada, no resulta válida a la luz de la
Constitución Política; por lo que restringe y quebranta el derecho al libre desarrollo
de la personalidad del asignatario, pues interfiere, así sea en una mínima
proporción, la facultad de elegir la opción de vida que considere más
conveniente, ya sea decidiendo permanecer en estado de viudedad o no.
4.3.6.  En suma, la Sala concluye entonces que el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad es una prerrogativa
constitucional que cuenta con una amplia esfera de protección, la cual cobija
de manera especial la facultad que tiene todo ciudadano para decidir sobre la forma
en que desea constituir una familia, pues tal elección hace parte del núcleo
esencial de tal derecho y no puede ceder en aras de garantizar la facultad del
causante para imponer condiciones testamentarias, “pues ese derecho se
encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a
autodeterminarse en la vida según sus propias convicciones”.
37. En otra oportunidad al
estudiarse la causal de desheredamiento por el hecho del matrimonio prevista en
el artículo 124 del Código Civil, la Corte declaró su inexequibilidad al
considerar que son contrarias a la Constitución las condiciones testamentarias
que coaccionan al legitimario -en la autodeterminación del estado civil o
constitución responsable de una familia- mediante un incentivo económico; en
ese sentido en la sentencia C-552 de 2014[40] se concluyó
lo siguiente:
“En definitiva, sin autonomía personal plena y las garantías
judiciales apropiadas que la protejan, los ciudadanos y las ciudadanas nunca
podrán gozar de manera adecuada y eficaz del derecho constitucional a conformar
una familia. Por eso, cualquier norma que busque limitar este derecho -como la
expresión demandada- debe ser revisada a la luz de este principio. El concepto
plural de familia -que la Corte ha reconocido como la interpretación más
garantista del artículo 42 de la Constitución- debe ser aplicado en estos casos
a través de un juicio de proporcionalidad más estricto y así garantizar la
protección constitucional de todas las familias, incluidas por supuesto las que
conforman los menores de edad.
Toda sanción legal, en este caso sucesoria, que haga más gravoso
ejercer el derecho a conformar una familia plural de manera autónoma viola los
precedentes sobre este tipo de uniones y es un obstáculo a la posibilidad de
construir un proyecto de vida solidario con otra persona. La Corte debió
examinar ese cargo de constitucionalidad bajo estas premisas, que descartan de
plano la existencia de la cosa juzgada material, pues es un argumento que la
sentencia C-344 de 1993 no consideró”.
38. De todo lo expuesto se pude
concluir que: (i) se ha desarrollado un sólido precedente frente a la
proscripción de la intromisión a la autonomía personal y la libertad de
conformar familia mediante la condición de permanecer en soltería o viudez;
(ii) la afectación del libre desarrollo de la personalidad era predicable
principalmente del género femenino, lo cual, constituye una discriminación
injustificada en contra de la mujer; y (iii) el derecho libre y voluntario a
constituir una familia no puede ser limitado mediante el ofrecimiento de
beneficios económicos como donaciones, asignaciones testamentarias, pensiones o
de otra índole.
F.    SOLUCIÓN DEL CASO EN CONCRETO
39. En tanto que la norma en
estudio -artículo 62 (parcial) de la Ley 90 de 1946- fue expedida el 26 de
diciembre de 1946 de conformidad con lo visto en el numeral 19, el control de
constitucionalidad a efectuar es de fondo o sustancial, toda vez que el concepto
de la violación se centra en la vulneración del derecho a la igualdad (CP.13),
el libre desarrollo de la personalidad (CP.16), el derecho a la seguridad
social en pensiones (CP. 48) y el derecho de conformar una familia por la
voluntad libre y responsable (CP.42) de las cónyuges supérstites que desean
celebrar un nuevo contrato matrimonial y se ven constreñidas a abstenerse de
celebrar dicho contrato para mantener el pago de la pensión de viudez. Por lo
tanto, el contenido material de la expresión acusada se debe inspeccionar de
conformidad con los mandatos, principios y valores de la Constitución de 1991.
La violación del derecho a la
igualdad en el caso en concreto
40. Para resolver el asunto sub lite se desarrollará un
juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta, al tratarse de una
categoría sospechosa en razón del sexo[41]; dicho criterio fue
incorporado por la Corte Constitucional en la sentencia C-673 de 2001[42] de la
siguiente forma:
“Es así como la Corte ha aplicado un test estricto de razonabilidad
en ciertos casos, como por ejemplo 1) cuando está de por medio una
clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de
prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la
Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en
condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados,
sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o minorías insulares
y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o
grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho constitucional
fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio.
Con respecto al test estricto de razonabilidad, los elementos de
análisis de la constitucionalidad son los más exigentes. El fin de la medida
debe ser legítimo e importante, pero además imperioso.
El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente
conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser
remplazado por un medio alternativo menos lesivo.
Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación de un
juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de proporcionalidad
en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de
razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan
claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores
constitucionales por la medida.”[43]
41. Conforme a lo anterior, el
juicio integrado de igualdad se desarrollará conforme a las siguientes primeras
etapas de análisis; por un lado se debe: (i) establecer el criterio de
comparación; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe
un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) finalmente, se
procederá a determinar si dicha diferencia está constitucionalmente
justificada. Adicionalmente, el juicio integrado de igualdad comprende un test
de proporcionalidad de intensidad alta, tal y como se dejó dicho en el numeral
anterior, al tratarse de una categoría sospechosa, como lo es,  la
discriminación de la mujer en razón del sexo, con el fin de determinar: (i) que
el fin de la norma sea imperioso; (ii) que el medio sea efectivamente
conducente; (iii) que sea necesario; y (iv) finalmente, la proporcionalidad en
sentido estricto cuando los beneficios de adoptar la medida excedan claramente
las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales
por la medida.
Determinación del
patrón de igualdad o tertium comparationis
42. En el presente asunto los
sujetos a comparar por el desconocimiento del mandato de trato igual son las
viudas beneficiarias de la pensión de viudez prevista en la Ley 90 de 1946
frente a las pensionadas en vigencia de la Ley 33 de 1973, en la medida que a
éstas últimas en razón de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-309 de
1996 -Supra numeral 31- se les permite contraer un nuevo vínculo
matrimonial sin que pierdan el derecho a la pensión de viudedad.
Definición si en el plano
fáctico y jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales
43. Los grupos en comparación se
rigen por las siguientes disposiciones:
LEY 90 DE 1946
LEY 33 DE 1973
ARTICULO 62. A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la
disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el
día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario,
sin acrecer las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas
nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o
cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. Pero
la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones
eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión
reconocida.
ARTICULO 2. El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo
anterior se pierde cuando, por culpa de la viuda, los cónyuges no viven
unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda
contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.
44. De lo que se colige que se
trata de un trato diferente entre iguales, dado que en ambos casos las normas
hacen referencia a las mujeres como beneficiarias de la pensión de viudez;
dicha prestación económica está a cargo del sistema general de pensiones; y los
dos grupos se enfrentan a la pérdida de su consorte, con la diferencia de que
el segundo conjunto de viudas a raíz de la inexequibilidad de la condición
resolutoria declarada en la sentencia C-309 de 1996, pueden celebrar un segundo
vínculo matrimonial sin que ello conduzca a la pérdida de la pensión.
Constatación de si la diferencia de trato está constitucionalmente
justificada
45. El supuesto de hecho objeto de
análisis consagra un trato diferenciado para la mujer que siendo beneficiaria
de una pensión de viudez contrae matrimonio siendo castigada con la pérdida de
dicha prestación, con la particularidad de que dicha norma si bien bajo los
postulados de la anterior Constitución y el contexto histórico -Supra numerales
21 a 26- en el que la mujer no contaba con igualdad de derechos, ni se
propiciaba en la mayoría de los casos un ingreso propio, era aceptada social y
jurídicamente la manutención por parte del esposo. No obstante este tratamiento
deberá ser evaluado a la luz de los mandatos de igualdad (CP.13), libre
desarrollo de la personalidad (CP. 16), la voluntad de conformar una familia
(CP. 42) y en especial el artículo 43 del Texto Superior que consagra que “La
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación” para determinar si hoy en
día se encuentra constitucionalmente justificado.
Determinación del fin imperioso
46. De la contextualización del
numeral 21 se resalta que la finalidad del artículo 62 de la Ley 90 de 1946
persigue la protección económica del núcleo familiar más cercano al pensionado
conformado por las viudas y huérfanos afectados moral y patrimonialmente con la
muerte del principal proveedor de sus ingresos, teniendo en cuenta que la mujer
no podía acceder a un empleo formal y el trabajo doméstico no era considerado
como un aporte económico. Asunto que visto desde la perspectiva del artículo 42
de la Constitución Política, confiere a la familia la característica de núcleo
fundamental de la sociedad y dispone que “El Estado y la sociedad garantizan
la protección integral de la familia” propósito que en abstracto resulta relevante
y significativo para un Estado Social de Derecho, entre otras porque reafirma
la vigencia de un orden social y justo.
Medio efectivamente conducente
47. La finalidad de amparo
económico para las viudas y huérfanos se materializó a través de la creación de
una prestación social denominada pensión de viudez o de orfandad según el caso,
que se hacía exigible desde el día de la muerte del pensionado, pero que en el
caso de la cónyuge supérstite era sustituida por una indemnización equivalente
a tres anualidades de mesadas en los casos en que la beneficiaria conformara
una nueva familia mediante el vínculo matrimonial. Frente a éste último
supuesto se constata que la medida empleada para proteger a la viuda no cumple
con ése propósito al condicionar el goce del derecho fundamental a la seguridad
social mediante la imposición de permanecer estado de viudez o de unión marital
de hecho, sacrificando con ello además otros derechos fundamentales de gran
relevancia como el libre desarrollo de la personalidad y la voluntad libre y
responsable de conformar familia. En ese orden de ideas, se comparte la
apreciación efectuada en la sentencia C-309 de 1996 respecto del trato
injustificado propinado por la ley a las viudas que causaron su derecho antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 d e1993 así:
“No se descubre ninguna razón válida para que se mantengan
regímenes diferenciados respecto de personas colocadas en una misma situación.
Los destinatarios de ambas leyes, tienen el mismo título para gozar de la pensión
de sobrevivientes. A quienes se aplica la Ley 100 de 1993, así contraigan
nuevas nupcias o hagan parte de nuevas relaciones maritales, siguen gozando de
la pensión; lo que no ocurre con las personas cubiertas por el régimen legal
anterior. Dado que tales vicisitudes personales no son ni material ni
constitucionalmente relevantes para sustentar una diferencia de trato, viola la
igualdad que, a partir de la vigencia de la citada ley, se mantenga la anotada
distinción”.
48. Adicionalmente a que la norma
acusada no superó el test integrado de igualdad, la misma también sería
inconstitucional si se empleara la teoría de la inconstitucionalidad sobreviniente,
la cual acorde con la jurisprudencia constitucional consiste en lo siguiente:
“La inconstitucionalidad de que adolece la norma bajo
examen, es de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia califican de inexequibilidad
sobreviniente, que se presenta cuando estando una norma vigente, aparece una
nueva disposición de rango constitucional contraria a lo reglado en la primera.
La Corte encuentra que la norma acusada devino en inconstitucional con la
expedición de la nueva Carta Política. Este dato impone a esta Corporación la
determinación de varios puntos: en primer lugar, si el pronunciamiento de la
Corte se hace necesario, o si como lo afirma uno de los intervinientes la
norma debe considerarse derogada, por lo cual, por sustracción de materia, no
tiene sentido el fallo sobre su inexequibilidad. Y eventualmente,
sería necesario considerar los posibles efectos jurídicos que con posterioridad
a la entrada en vigencia de la nueva Constitución pueda haber producido o estar
produciendo la norma acusada”[44]
(subraya fuera de texto).
49. Del mismo modo, y en tanto que
el juicio de igualdad no es único medio para analizar la vulneración del
derecho al trato igual entre iguales, otra vía de análisis constitucional sería
y con suficiencia argumentativa, la aplicación del sólido y reiterado
precedente desarrollado específicamente en tres providencias sobre pensiones de
viudez condicionadas a la no celebración de nuevas nupcias, establecido en (i)
la sentencia C-309 de 1996 sobre las pensiones causadas en vigencia de la Ley
33 de 1973, Ley 12 de 1975 y Ley 126 de 1985; (ii) la sentencia C-653 de 1997
referente al régimen prestacional de las fuerzas militares previsto en el
Decreto Ley 1305 de 1975, y, (iii) la sentencia C-1050 de 2000 por medio de la
cual se declaró inconstitucional el parágrafo primero del artículo 49 (parcial)
del Decreto 2701 de 1988 “por el cual se reforma el Régimen Prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas,
establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional” por medio de las cuales la
Corte Constitucional reiteradamente ha constatado que la imposición de una
obligación de abstención de celebrar un segundo vínculo matrimonial para
mantener el pago de la pensión de sobrevivientes vulnera el derecho a la
igualdad (CP.13) y el derecho a la seguridad social en pensiones (CP.48).
50. Asimismo, en cuatro sentencias
C-507 de 2004, C-101 de 2005, C-513 de 2013 y C-552 de 2014 este Tribunal ha concluido
que las limitaciones a la libre determinación del estado civil y las barreras
legales para conformar familia son abiertamente inconstitucionales, tal y como
se señaló en los numerales 33 a 36. Por lo que, al evidenciar que también en
este caso el vínculo matrimonial es empleado para limitar derechos
fundamentales so pretexto de extender un beneficio económico, se concluye que
la norma acusada parcialmente es contraria a los derechos de libre desarrollo
de la personalidad (CP.16) y libertad de conformar familia responsablemente
bajo una de sus modalidades -vínculo jurídico- amparada por la Constitución.
51. Por todo lo expuesto, la
disposición acusada de manera parcial será declarada inexequible, con la
indicación de que si bien en su momento la condición resolutoria de contraer un
nuevo vínculo matrimonial se inspiraba en razones abiertamente discriminatorias
aceptadas en ése contexto histórico y social en que la viuda debía guardar luto
al esposo en razón del sustento que el nuevo consorte debía proveerle -Supra
numeral 21-, dicha motivación hoy en día no supera el juicio integrado de
igualdad, siendo una medida que no cumple con la finalidad de protección
económica prevista para la viuda. En ese sentido, al ser una norma abiertamente
discriminatoria es deber de todas las ramas del poder público y sus autoridades
eliminar todo trato denigrante en contra de la mujer -Supra numeral 26-.
Por otro lado es pertinente resaltar que la pensión de viudez como prestación
social comporta la garantía de que una vez causada con justo título es un
derecho del individuo independientemente de los vínculos afectivos que en el
ejercicio del libre desarrollo de su personalidad desee conformar, y que toda
connotación de mendicidad legislativa hacia la mujer es abiertamente
inconstitucional.
Efectos de la declaratoria de
inexequilidad
52. Acorde con lo manifestado por
algunos intervinientes y en el problema jurídico, resulta necesario dilucidar
la situación de aquellas viudas y viudos que en vigencia del artículo 62 de la
Ley 90 de 1946 adquirieron una pensión de sobrevientes que posteriormente fue
suspendida en razón de adquirir un nuevo vínculo matrimonial y por ende les
fuera entregada una sustitución económica equivalente a tres anualidades de la
pensión reconocida.
53. La sentencia C-309 de 1996 si
bien declaró inexequibles las expresiones “o cuando la viuda contraiga
nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2 de la Ley 33 de 1973; “o
cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2 de la
Ley 12 de 1975; y “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida
marital” del artículo 2 de la Ley 126 de 1985, lo hizo con los siguientes
efectos:
“SEGUNDO.- Las viudas que con posterioridad al siete de julio de
1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo,
perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de
sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean
restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las
autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación
de esta sentencia”.
Adicionalmente se fundamentó la
anterior decisión a futuro al expresar que:
“A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer
los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la
vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la
pensión - actualmente denominada de sobrevivientes - por haber contraído nuevas
nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar la mesadas dejadas de
pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia.
En relación con las normas legales que no se mencionan en la parte
resolutiva y que consagren una condición análoga a la que contienen aquéllas,
no se aplicarán los efectos de este fallo y, en consecuencia, deberán ser
objeto de demandas independientes y sobre su constitucionalidad la Corte se
pronunciará en cada caso”.
54. Del caso anterior se puede
extraer que (i) la declaratoria de inexequibilidad restableció los derechos de
las pensiones suspendidas por los matrimonios celebrados en vigencia de la
Constitución de 1991; (ii) solo podrán ser reclamadas las mesadas que se causen
a partir de la notificación de la sentencia; y (iii) expresamente limitó sus
efectos para las normas descritas en la parte resolutiva, excluyendo de sus
consideraciones a otras normas que reproduzcan ese mismo silogismo jurídico.
55. En ese sentido, la fórmula del
restablecimiento de los derechos a partir de la notificación de la sentencia
para las viudas o viudos que se vieron afectados por ese tipo de normas, fue
reiterada en dos oportunidades, la primera como se mencionó en el numeral 31 en
la sentencia C-653 de 1997 en cuya oportunidad se resolvió:
“SEGUNDO. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de
julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por
este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas
mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se
vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las
autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación
de esta sentencia”.
56. En ese mismo sentido la
sentencia C-1050 de 2000 -Supra numeral 33- declaró a futuro el reconocimiento
de las mesadas suspendidas a partir de la notificación de dicha providencia,
metodología que será empleada en el presente caso.
57. Empero lo anterior, subsiste
un vacío respecto de aquellas personas que adquirieron un segundo vínculo
matrimonial antes del 7 de julio de 1991, a las cuales actualmente se les
continuaría vulnerando sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad,
a la seguridad social en pensiones y a la voluntad libre y responsable de conformar
una familia mediante el lazo jurídico.
58. Por lo que tal y como ocurrió
en el caso del reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional para las situaciones jurídicas preconstitucionales o consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 (SU-1073 de 2012),
en razón de que los efectos de una norma inconstitucional siguen proyectándose
para este grupo de personas, la inexequibilidad cobijará a aquellos viudos o
viudas que hayan celebrado un segundo matrimonio con posterioridad del siete (7)
de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), cuyas mesadas podrán ser
reclamadas ante la respectiva entidad a partir de la notificación de esta
sentencia. Asimismo, frente a la sustitución de la pensión, el hecho de haber
sido entregada en razón de la vigencia de una norma declarada inconstitucional,
no comporta la obligación para el beneficiario de compensación o devolución.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
59. La demanda plantea que la
causal de pérdida o suspensión de la pensión de viudez, consistente en la
celebración de un nuevo vínculo matrimonial por parte de la viuda beneficiaria
de la pensión de viudedad, vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad (CP. 16), desconoce el mandato de trato igual (CP. 13), el derecho
a la seguridad social en pensiones y (CP. 48) y constriñe el derecho de
conformar una familia por la voluntad libre y responsable (CP.42), puesto que
la mujer que tenga a su favor una mesada pensional, deberá someterse a las
reglas de la unión marital de hecho o permanecer en estado de viudez, en tanto
que no puede hacer un uso legítimo del contrato de matrimonio so pena de perder
el beneficio económico.
60. Previo al análisis de fondo en el
numerales 6 y 7, se constató que la norma puede estar produciendo efectos tal y
como lo reconoce Colpensiones en calidad de entidad encargada de administrar
dichas pensiones y se evidencia en algunos casos resueltos ante la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
61. El problema jurídico a resolver se
centró en si la condición de permanecer en estado de viudez para mantener el
pago de la mesada pensional impuesta a las mujeres beneficiarias de la pensión
de sobrevivientes prevista en el artículo 62 de Ley 90 de 1946 vulnera los
derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la
seguridad social en pensiones y el derecho de conformar una familia por la
voluntad libre y responsable de las cónyuges supérstites que desean celebrar un
nuevo contrato matrimonial. En
caso de encontrar que la norma es inconstitucional, se planteó una segunda
cuestión relacionada con la situación de las viudas y viudos a los que les fue
suspendido el pago de la mesada de la pensión de sobrevivientes por el hecho de
haber contraído nuevas nupcias antes de la vigencia de la Constitución Política
de 1991 -7 de julio de 1991- y en consecuencia recibieron una sustitución
equivalente a 3 anualidades de la pensión reconocida.
62. Tras analizar el contexto histórico en
el que fueron expedidas dichas disposiciones y el desarrollo jurisprudencial en
materia de condiciones resolutorias o beneficios económicos que afecten la
libre autodeterminación del estado civil de las mujeres u hombres y los reiterados
precedentes en materia de pensión de viudedad, la expresión acusada en este
caso también será declarada inconstitucional por la vulneración del derecho a la
igualdad de trato legal (CP. 13) y a la seguridad social en pensiones (CP.48),
tal y como ocurrió en casos similares resueltos en las sentencias C-309 de
1996, C-653 de 1997 y C-1050 de 2000 al constatarse que la abstención de contraer
un segundo matrimonio constituye un estímulo económico para mantener el pago de
la mesada personal, lo que comporta una intromisión desproporcionada al libre
desarrollo de la personalidad (CP.16) y la libertad de conformar una familia responsable
mediante la modalidad del vínculo jurídico (CP.42).
63. En
desarrollo del juicio integrado de igualdad se constató que la diferencia de
trato se dirigía a grupos en igualdad de condiciones -Ley 90 de 1946 Versus Ley
33 de 1973- pues en ambos casos las normas hacen
referencia a las mujeres como beneficiarias de la pensión de viudez; dicha
prestación económica está a cargo del sistema general de pensiones; y los dos sujetos
se enfrentan a la pérdida de su consorte, con la diferencia de que el segundo
conjunto de viudas, a raíz de la inexequibilidad de la condición resolutoria
declarada en la sentencia C-309 de 1996, pueden celebrar un segundo vínculo
matrimonial sin que ello conduzca a la pérdida de la pensión. Adicionalmente se
evidenció que el establecimiento de una pensión de viudez condicionada, como
medida para alcanzar la finalidad de la protección de los miembros más cercanos
del pensionado afectados moral y económicamente con su muerte, no es ni
siquiera efectivamente conducente.
64. Por las
razones expuestas, la Corte, reiterará su jurisprudencia y declarará inexequible
las expresiones “o cuando la viuda contraiga
nuevas nupcias” y “Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en
sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3)
anualidades de la pensión reconocida” contenidas en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, al comprobar la
vulneración de los derechos a la igualdad (CP.13), a la seguridad social en
pensiones (CP.48), al libre desarrollo de la personalidad (CP.16) y la voluntad
responsable de conformar familia mediante el vínculo matrimonial (CP. 42).
65. En tanto
que la norma demandada impidió el disfrute del derecho a la pensión de
sobrevivientes de las viudas o viudos que causaron su derecho con posterioridad
al 7 de julio de 1991, las personas que perdieron el derecho pensional con
fundamento en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 podrán reclamar la
reanudación de la mesada a partir de la notificación de esta sentencia.
III. DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “o
cuando la viuda contraiga nuevas nupcias” y “Pero la viuda que contraiga
matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una suma
global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” contenidas
en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 “Por la cual se establece el seguro
social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.
SEGUNDO. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete (7) de julio de
mil novecientos noventa y uno (1991) hubieren contraído nuevas nupcias y por
este motivo, perdieron el derecho a la pensión de que trata el artículo 62 de
la Ley 90 de 1946, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de
que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar a
las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la
notificación de esta sentencia.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
Con aclaración de
voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
-Ausente con
permiso-
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
SENTENCIA C-568/16
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS Y VIUDOS QUE HAYAN CONTRAIDO NUEVO
MATRIMONIO-El análisis de la lesión del derecho a la igualdad a través del
test integrado en efecto debía ser estricto, pero no porque la norma
incorporara un criterio sospechoso de discriminación en razón al sexo, sino
porque afectaba intensamente la protección del derecho a la seguridad social,
al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana (Aclaración de
voto)
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES DE VIUDAS Y VIUDOS QUE HAYAN CONTRAIDO NUEVO
MATRIMONIO-Era oportuno abordar la inconstitucionalidad del análisis
atendiendo a la intensidad estricta que aplicó la Sala Plena (Aclaración de
voto)
Referencia:
expediente D-11306
Actor:
Carlos Alberto Chamat Duque
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 62 (parcial) de la Ley 90 de 1946, “Por
la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto de
Seguros Sociales”.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Con el acostumbrado respeto aclaro el voto para
señalar que si bien estoy de acuerdo con la decisión de inexequibilidad que se
declaró en la  providencia     C-568 de 2016, sobre aquellos apartes del
artículo 62 de la Ley 90 de 1946[45]
que preveían la pérdida del derecho a la pensión de viudedad ante nuevas
nupcias, así como al efecto que se concedió a esta decisión; considero que el
análisis de la lesión del derecho a la igualdad a través del test integrado en
efecto debía ser estricto, pero no porque la norma incorporara un criterio
sospechoso de discriminación en razón al sexo, sino porque afectaba
intensamente la protección del derecho a la seguridad social, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.
En la providencia C-568 de 2016, tras afirmar que
se aplicaría el test integrado de igualdad en la intensidad estricta, se
definieron los grupos a comparar en los siguientes términos “viudas
beneficiarias de la pensión de viudez prevista en la Ley 90 de 1946” y,
de otro lado, “las pensionadas en vigencia de la Ley 33 de 1973”. Así,
es claro que en el fondo la discusión no recae sobre si el legislador concedió
un trato diferente a las viudas frente a los viudos, lo que configuraría un
criterio de distinción en razón del sexo.
No obstante, siguiendo la jurisprudencia de la
Corporación, en la medida en que en este caso la situación lesiva del derecho a
la igualdad comprometía derechos fundamentales de manera  intensa[46], considero
que era oportuno abordar la inconstitucionalidad del análisis atendiendo a la
intensidad estricta que aplicó la Sala Plena.
Dejo en estos términos expresada mi aclaración.
Fecha ut supra
María Victoria Calle Correa
Magistrada
[1] Diario
Oficial No 26.322, del 7 de enero de 1947.
[2]
Justo Germán Bermúdez Gross.
[3]
Edna Patricia Rodríguez Ballén.
[4] La intervención hace referencia a las sentencias C-182 de 1997,
C-653 de 1997, C-1050 de 2000, C-464 de 2004, C-1126 de 2004 y C-121 de 2010
por medio de la cual se consolidó en sede de control abstracto las reglas
esgrimidas en la sentencia T-702 de 2005 respecto de la prohibición de contraer
nuevas nupcias.
[5]
Vanessa Suelt Cook.
[6]
Raúl Duque Morales y Manuel López Rusinque.
[7]
Ricardo Alfonso Avendaño Mariño.
[8]
Jorge Kenneth Burbano Villamarín.
[9] Folio 62.
[10]
Cesáreao Rocha Ochoa.
[11]
Sentencia C-309 de 1996 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: “SEGUNDO.-
Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído
nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en
la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia
de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos
constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes las
mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.”
[12]
Clara Elena Reales Gutiérrez.
[13] Ver
HOLMES Stephen y SUNSTEIN Cass R. El costo de los derechos. Bogotá, 2011,
Editorial Siglo XXI. Esta tesis, fue recogida por la misma Corte
Constitucional en varias de sus sentencias como la T-427 de 1991 y T-595 de
2002. En dichos pronunciamientos se reconoce que todos los derechos tienen una
faceta prestacional, cuyos costos directos e indirectos deben ser tenidos en
cuenta por todas las ramas del Poder Público, para asegurar su exigibilidad
(cita original de la intervención).
[14] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, en cuya oportunidad se estudió la
inconstitucionalidad del artículo 55 (parcial) de la Ley 90 de 1946 referente
al concubinato para efectos de la pensión de sobrevivientes.
[15] MP.
Hernando Herrera Vergara.
[16] MP.
Alejandro Martínez Caballero.
[17]
ARTÍCULO 289. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de la
fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a.
de 1966, el artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del art.  7o. de la
Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código de
Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen.
[18] Sentencia C-540 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] MP. Rigoberto Echeverry Bueno, radicado 46476.
[20] Reiteración
de la sentencia del 22 de agosto de 2012, radicación 44782, en la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral indicó lo siguiente: “En esas
condiciones, el Tribunal no podía aplicar el citado artículo 46 ibídem, ni el
12 de la Ley 797 de 2003, pues, se reitera, claramente indicó que la
disposición vigente al momento del fallecimiento era el artículo 62 de la Ley
90 de 1946, por virtud del cual “a las pensiones de viudedad y orfandad les
será aplicable la disposición del artículo 55 (…)”.
[21] MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicado 47848.
[22] Se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: C-543 de
1992, C-226 de 1993, C-188 de 1994, C-344 de 1995, C-389 de 1996, C-178 de
1997, C-298 de 1998, C-183 de 1999, C-037 de 2000, C-328 de 2001, C-128 de
2002, C-100 de 2003, C-014 de 2004, C-591 de 2005, C-340 de 2006, C-075 de
2007, C-753 de 2008, C-409 de 2009, C-553 de 2010, C-816 de 2011, C-289 de
2012, C-156 de 2013, C-880 de 2014 y C-219 de 2015, reiteradas en la sentencia
C-500 de 2014 MP. Mauricio González Cuervo.
[23]
MP. Mauricio González Cuervo.
[24] MP.
José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[25] MP.
Juan Carlos Henao Pérez.
[26] MP. María Victoria Calle Correa.
[27]
MP. Ciro Angarita Barón.
[28]
Cfr. Bonilla Castro Elssy y Rodríguez S. Penélope.  Fuera del Cerco. Mujeres,
Estructura y Cambio social en Colombia.  Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI),  Santafé de Bogotá,  Colombia. 1992, p. 14, 15 (cita original).
[29] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[30]
Por medio del cual se aprueba el Acuerdo 224 de 1966.
[31]
Sentencia C-309 de 1996.
[32] MP. Jorge Arango Mejía.
[33] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[35] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[36] “SEGUNDO. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio
de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este
motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas
mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se
vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las
autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación
de esta sentencia”.
[37] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[39] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] MP. Mauricio González Cuervo.
[41] Este criterio ha sido ampliamente reiterado por la Corte tal y como
se afirmó en la sentencia C-015 de 2014 MP. Mauricio González Cuervo, en la que
se sistematizaron algunas de las diferencias entre los asuntos y circunstancias
a los que puede aplicarse cada tipo de juicio –leve, intermedio o estricto-. En
efecto, el juicio estricto es aplicado cuando el juez se enfrenta a un criterio
sospechoso de discriminación -género o raza-, cuando hay una afectación a
personas en condiciones de debilidad manifiesta o que pertenecen a grupos
marginados o discriminados o a sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o a minorías insulares y discretas –por ejemplo personas en
situación de desplazamiento forzado-, cuando la diferenciación afecta de manera
grave, prima facie, el goce de un derecho constitucional fundamental –por
ejemplo la intimidad- o cuando la diferenciación constituya un privilegio,
salvo que se trate de una medida de acción afirmativa.
[42]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Esta sentencia se refirió al test leve e intermedio en los
siguientes términos: “En diversas hipótesis la Corte ha optado por aplicar un
test leve de razonabilidad, como por ejemplo en ciertos casos que versan
exclusivamente sobre materias 1) económicas, 2) tributarias o 3) de política
internacional, sin que ello signifique que el contenido de una norma conduzca
inevitablemente a un test leve. Por ejemplo, en materia económica una norma que
discrimine por razón de la raza o la opinión política sería claramente
sospechosa y seguramente el test leve no sería el apropiado. Lo mismo puede
decirse, por ejemplo, de una norma contenida en un tratado que afecta derechos
fundamentales. En el presente caso, la norma que regula la aplicación de las
normas sobre estatuto docente, capacitación y asimilaciones no encuadra en
ninguna de estas hipótesis, ya que lejos de versar sobre las mencionadas
materias regula aspectos de la carrera docente. Por otra parte, la
jurisprudencia de la Corporación ha aplicado igualmente en tres hipótesis más
un test leve de razonabilidad de medidas legislativas: 4) cuando está de por
medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un
órgano constitucional; 5) cuando se trata del análisis de una normatividad
preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; y 6) cuando
del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima facie una
amenaza para el derecho en cuestión. El artículo 4º demandado se relaciona con
las hipótesis 4 y 6, lo que habla a favor de la aplicación de un test leve de
razonabilidad al examen de su constitucionalidad. (…)
Un test
menos intenso – llamado test intermedio – también ha sido empleado por la Corte
para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, en especial 1) cuando
la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o
2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación
grave de la libre competencia. Por su parte, el test intermedio involucra
elementos más exigentes de análisis que el test leve. Primero, se requiere que
el fin no sólo sea legítimo sino también constitucionalmente importante, en
razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la
magnitud del problema que el legislador busca resolver. Segundo, se exige que
el medio, no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin
buscado por la norma sometida a control judicial.”
[44]
Sentencia C-155 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[45] “Por la cual se establece el seguro social
obligatorio y se crea el Instituto de Seguros Sociales”.
[46] Al
respecto, en la sentencia C-520 de 2016, se afirmó: “Es así como la Corte ha aplicado un
test estricto de razonabilidad en ciertos casos, como por ejemplo 1) cuando
está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no
taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del
artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en
personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o
minorías insulares y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación
entre personas o grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho
constitucional fundamental (En este punto debe entenderse que se hace
referencia a una faceta negativa o prestacional mínima y exigible de forma
inmediata en virtud de la Constitución o el DIDH); 4) cuando se examina una
medida que crea un privilegio.” (MP María Victoria calle Correa; AV Aquiles
Arrieta Gómez, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Alberto Rojas Ríos).