T-486-14
Sentencia T-486/14
ACCION DE TUTELA EN LOS CASOS DE
DESVINCULACION LABORAL DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional
En aquellos casos en los cuales se perciba
la afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de
tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede
exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto
cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se trate de un acto
discriminatorio.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa
de una disminución de la capacidad física, síquica o sensorial-sin importar si
existe o no calificación de la pérdida de capacidad- conlleva el derecho a
mantenerse en el empleo o a ser reubicado conforme a unas funciones congruentes
con su estado de salud, lo cual debe incluir la capacitación para el adecuado
cumplimiento del nuevo cargo y, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS
EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE
SALUD-Casos en que empresas
despiden trabajadores que padecían diferentes enfermedades encontrándose en
situación de vulnerabilidad y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo
EXIGENCIA DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO
DEL TRABAJO PARA DESPEDIR O DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de 1997
y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO
LABORAL DE TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
La Corte Constitucional ha establecido en reiteradas
ocasiones la improcedencia de la acción de tutela para solicitar reintegros
laborales, puesto que existen otros medios de defensa judicial a los cuales los
accionantes pueden acudir para lograr lo pretendido; no obstante,
excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo cuando se establece que
aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o  que se requiere la urgente
intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. De igual manera, esta Corporación ha establecido como excepción a
la regla general de improcedencia, que se trate de un trabajador que se
encuentre en situación de debilidad manifiesta o en circunstancia que le
otorgue el derecho a permanecer en su empleo, es decir que goce de la
estabilidad laboral reforzada, tal como es el caso de las personas que han
sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones
Referencia: expedientes T-4.258.529 y
acumulados.
Acción de tutela instaurada por Fredy
Forero Valero y otros, contra Alianza Logística Ltda y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil
catorce (2014).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien
la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y
en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
proferidos por: (i) el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal Con
Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de tutela interpuesto
por Fredy Forero Valero contra la Empresa Alianza Logística y otro, expediente
T-4.258.529 ; (ii) el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla, en el trámite de tutela incoado por Alicia Stella
Jácome Barrios en contra de Textiles de la Costa SAS, expediente T-4.259.251; (iii)
el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali,
en el trámite de tutela iniciado por Herley Vélez Quintero contra la empresa
Solarte y compañía Ingeniería, expediente T-4.263.221; (iv) el Juzgado Noveno
Penal del Circuito de Medellín en el trámite de tutela instaurado por Jaimir
Mendoza Oviedo en contra de la empresa Industria Nacional de Gaseosas y otro,
expediente T-4.263.635; (v) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Bogotá D.C., en el trámite de tutela impetrada por Luis Ferney Cubides
Cepeda en contra de la empresa ISVI Limitada, expediente T-4.265.370; (vi) el
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín,
dentro del trámite de tutela instituida por Blanca Doris Espinosa Rico en
contra de la ARL Colmena y otros, expediente T-4.265.459; (vii) el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, dentro de la acción de tutela
promovida por Luz Marina Camargo Soto contra la Empresa de Empleos Temporales
Maluc´s E.U y otros, expediente T-4.267.422 y; (viii) el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, dentro
del trámite de tutelas instituido por Martín Eduardo Esteban, en contra de
Conalvías Construcciones SAS, expediente T-4.271.062.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Tercera de Selección
de la Corte Constitucional, mediante auto del 18 de marzo de 2014, eligió para
efectos de su revisión los asuntos de la referencia y decidió acumularlos entre
sí por presentar unidad de materia, para ser fallados en una misma sentencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, la Sala Quinta de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
1.1. Consideraciones preliminares
En el asunto bajo examen se observa que en
todos los casos existe unidad de materia, sus pretensiones son similares, y
aunque las relaciones laborales fueron pactadas con diferentes empleadores,
todos los casos presentan identidad en aspectos esenciales, tales como: i) el
supuesto fáctico transgresor, ii) el material probatorio allegado, iii) los
derechos fundamentales invocados y iv) la argumentación jurídica que soporta el
escrito de la demanda. Así las cosas, el presente asunto puede ser fallado en
una sola sentencia, diferenciando ulteriormente sólo las características
propias de algunos casos.
1.2. Solicitud
De acuerdo con lo expuesto en las
solicitudes de amparo, los señores Fredy Forero Valero, Alicia Stella Jácome Barrios, Herley Vélez
Quintero, Jaimir Mendoza Oviedo, Luis Ferney Cubides Cepeda, Blanca Doris
Espinosa Rico, Luz Marina Camargo Soto y Eduardo Esteban Martin, solicitan la
protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior, por cuanto los empleadores
demandados decidieron de manera unilateral y sin la autorización del Ministerio
del Trabajo dar por terminada su relación laboral, sin tener en cuenta que los
accionantes se encontraban incapacitados, en tratamiento médico o con alguna merma
en su capacidad laboral, obtenida mientras cumplían con su labor.
En consecuencia, instan al juez de tutela a
que ordene el reintegro de los trabajadores, el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, los aportes a la seguridad social y la
indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180
días de salario.
1.2.1. HECHOS RELEVANTES
1.2.1.1 EXPEDIENTE T-4.258.529 (Fredy Forero Valero)
El señor Fredy Forero Valero impetró acción de tutela en
contra de la empresa Alianza Logística Ltda., por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, al trabajo y al
mínimo vital. Fundamenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.     Manifiesta
que ingresó a laborar para la empresa demandada en el mes de enero de 2011,
mediante contrato a término fijo por seis meses el cual se fue renovando por
períodos iguales. Tenía como función principal el transporte de mercancías en
moto dentro y fuera de la ciudad.
2.     Aduce
que el 12 de julio de 2013, mientras venía del municipio de  Fusa sufrió un
accidente en la moto, al recibir un objeto extraño en su ojo derecho, lo cual
le causó un gran dolor generándole una primera incapacidad de 22 días y
posteriormente otra por 24 días más.
3.     Precisa
que si bien su estado de incapacidad vencía el 26 de agosto de 2013, su empleador
dio por terminado su contrato de manera unilateral, el 31 de julio de ese mismo
año, aduciendo que en el estado en que se encontraba el trabajador no podía
prestar óptimamente su servicio.
4.     Indica
que pese a que solicitó la reubicación en otro puesto de trabajo, la misma fue
negada por el empleador, sin importar que de su trabajo depende el mínimo vital
de su núcleo familiar el cual está compuesto, además, por su esposa y tres
hijos menores de edad.
Contestación
de la empresa demandada.
Alianza
Logística Limitada, a través de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de
la tutela y a las pretensiones del accionante. Argumentó al respecto, la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción laboral
ordinaria. Desconoce la vinculación laboral y precisa que el contrato firmado
entre las partes se refería a una prestación de servicios y no a una relación
de trabajo propiamente dicha; en consecuencia, afirma que el pago de la
seguridad social correspondía al contratista y no al contratante.
Indicó
que el contrato de prestación de servicios de transporte se terminó de común
acuerdo, por tanto no existió el despido sin justa causa y por ende no hay
lugar al reintegro del trabajador.
Decisión
judicial objeto de revisión.
Única
instancia.
El
Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bogotá, mediante proveído del 3 de enero de 2014 declaró improcedente la
acción de tutela por considerar que al accionante le asisten otros mecanismos de
defensa judicial ante los cuales puede intentar el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales pretendidas. Precisó además, que no se logró probar el
perjuicio irremediable, ni el nexo causal entre el despido y el accidente de
trabajo.
Dicho
fallo no fue impugnado.
Pruebas
relevantes allegadas.
Obran
las siguientes pruebas dentro del expediente de tutela:
-
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía del accionante.
-
Fotocopia de las incapacidades
otorgadas al trabajador.
-
Fotocopia de la historia clínica
del señor Forero Valero.
-
Fotocopia del contrato suscrito
entre la empresa AL Alianza Logística Ltda. y el señor Fredy Forero Valero.
1.2.1.2. EXPEDIENTE T-4.259.251(Alicia Stella Jácome
Barrios)
La ciudadana impetró acción de tutela en contra de la
empresa Textiles de la Costa S.A.S., por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida
digna. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.     Indica
que laboró para la empresa accionada desde el año 2007 hasta el día 10 de
diciembre de 2011, en el cargo de operaria de costura.
2.     Precisa
que aunque la empresa ha cambiado de razón social en tres ocasiones, su
relación laboral ha sido continua e ininterrumpida.
3.     Manifiesta
que es una persona hipertensa y que adicionalmente el 23 de junio de 2010, le
fue diagnosticado cáncer de mama.
4.     Aduce
que fue sometida a tratamientos de radioterapias y quimioterapias, lo que
conllevó a que se le recomendara por parte de los profesionales de salud reposo
absoluto, dietas drásticas, medicamentos fuertes y control médico constante.
5.     Señala
que el cáncer de mama y la metástasis que el mismo hizo, obligaron a que la
misma fuera incapacitada en 19 oportunidades desde el 2 de abril de 2011, hasta
el 12 de noviembre de 2012; es decir por espacio de 19 meses.
6.     Arguye
que aunque la Nueva EPS giró al empleador los dineros correspondientes a las
incapacidades, los cuales eran equivalentes a un poco más del salario mínimo
legal, a la trabajadora sólo se le entregaba poco menos de la mitad de un
SMLMV.
7.     Manifiesta
que la empresa realizó aportes al sistema general de seguridad social hasta el
mes de noviembre de 2011.
8.     Precisa
que el día 10 de diciembre de 2011 la empresa decidió dar por terminado el
contrato laboral de manera unilateral sin la debida autorización del Ministerio
del Trabajo.
9.     Indica que la
liquidación del contrato laboral estuvo mal realizado toda vez que no se
tuvieron en cuenta todos los factores salariales que devengaba. Considera
la demandante que con esta actuación no sólo afectan su estado de salud sino
también la de su núcleo familiar, ya que al verse privada de los recursos
necesarios para su subsistencia, se afecta el derecho a una vida digna.
Contestación
de la empresa demandada.
La
empresa Textiles de la Costa S.A.S. a través de apoderado judicial, solicitó al
juez de instancia denegar la protección de los derechos reclamados, toda vez
que los mismos no han sido conculcados. Al respecto argumenta que durante todo
el período de la relación laboral, e incluso durante 19 meses más después de
vencido el término pactado en el contrato de trabajo, se realizaron las
cotizaciones al sistema general de seguridad social, ello con el fin de que la
trabajadora no quedara desamparada en el tratamiento de su enfermedad.
Aduce
que en ningún momento a la señora Jácome Barrios le ha faltado la atención
médica, ni tampoco el pago de las incapacidades. De otra parte, se solicitó por
parte de la empresa la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la
trabajadora, con el fin de establecer si le asistía el derecho a la pensión de
invalidez o de vejez.
Indica
que desconoce si la trabajadora interpuso los recursos de ley contra el
dictamen de la calificación que le realizó la Administradora de Fondos de
Pensiones; sin embargo, precisa que si es necesario que la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez se pronuncie en cuanto a la pérdida de capacidad
laboral, la empresa está dispuesta a asumir los gastos que ello genere.
Por
lo anterior, solicitó al juez de instancia denegar la protección de los
derechos invocados, por cuanto la empresa ha actuado conforme a la ley e
incluso, en un acto de buena fe y solidaridad, ha pagado la seguridad social de
la trabajadora sin estar legalmente obligada a ello.
En
iguales términos se pronunció el representante legal del Consorcio Abuchaibe
S.A., aclarando de antemano que es una persona jurídica totalmente distinta a
Textiles de la Costa S.A.S., y que los extremos de la  relación laboral entre
la accionante y la mencionada empresa estuvieron comprendidos entre el 28 de
enero de 2009 y el 10 de diciembre de ese mismo año, lapso durante el cual se
realizaron los aportes a la seguridad social de manera legal y oportuna.
La
Nueva EPS remitió al despacho judicial los desprendibles de las consignaciones
realizadas por concepto del pago de las incapacidades en favor de la
accionante.
COLPENSIONES
pese a su vinculación guardó silencio.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Garantía de Barranquilla, mediante
fallo proferido el 14 de marzo de 2013, luego de subsanar varias nulidades por
falta de integración del litisconsorcio necesario, resolvió amparar transitoriamente
los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al trabajo y a
la seguridad social de la accionante y, ordenó que la misma acudiera dentro de
los cuatro meses siguientes a la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de
dirimir cualquier controversia de carácter legal que persistiera con su última
empresa empleadora.
En
consecuencia ordenó reintegrar a la trabajadora y a reubicarla en un cargo que
no afectara su salud, permitiéndole acceder a los tratamientos y
recomendaciones médicas, ello al considerar que la trabajadora era sujeto de
especial protección constitucional, debido a las patologías que presentaba al
momento de darse por terminada la relación laboral. De igual manera, ordenó la
afiliación inmediata a la seguridad social y el pago de los salarios dejados de
percibir.
Impugnación.
El
apoderado de la empresa accionada impugnó el fallo arguyendo la falta de
competencia del a quo ante la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial. Adicionalmente, manifiesta que el juez de instancia incurrió en una
confusión al equiparar los conceptos de despido sin justa causa con el del
vencimiento del contrato por cumplimiento del término fijo pactado.
De
igual manera, precisa que de la lectura atenta del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, no se puede concluir que la misma contempla el derecho al reintegro, sino
que lo que allí se estipula es una indemnización equivalente a 180 días de
salario, para aquellos eventos en que se dé por terminada una relación laboral
con una persona que padezca alguna merma en su salud.
Por último,
manifestó que el hecho de hacer concurrir a la accionante ante la justicia
laboral ordinaria, carece de sentido por cuanto la orden dada por el juez de
tutela ya resolvió de fondo la controversia laboral, al ordenarle el pago de
salarios y aportes a la seguridad social, así como el reintegro, peticiones
todas de índole legal.
Segunda
instancia.
El Juzgado
Octavo Penal del Circuito de Barranquilla CFC,  decidió mediante fallo del 19
de noviembre de 2013, revocar el fallo del a quo al considerar que las
controversias laborales legales ventiladas en el proceso de tutela, necesitan
ser discutidas en su escenario natural; ello por cuanto no le es permitido al
juez constitucional inmiscuirse en las competencias asignadas a otras jurisdicciones.
Pruebas
relevantes allegadas al expediente.
1.     Fotocopia
simple de la cédula de la accionante.
2.
Volantes de pago de
nómina.
3.
Historia clínica de
la tutelante.
4.
Estractos bancarios
donde se relaciona el reconocimiento y pago de las incapacidades a favor de la
accionante y las cuales fueron transferidas a la cuenta de la empresa Textiles
de la Costa S.A.S.
5.
Comunicaciones
dirigidas por la empresa accionada a la trabajadora, indicándole que su
relación laboral terminaba el 10 de noviembre de 2010, y otra donde le indican
que la misma iba hasta el 10 de diciembre del mismo año.
6.
Liquidación del
contrato de trabajo.
7.
Comunicación de
Textiles de la Costa S.A.S. remitida al ISS, con el fin de reconozca las
incapacidades superiores a los primeros 180 días.
8.
Certificaciones de
afiliación y cotización a la EPS.
1.2.1.3. Expediente 4.263.221 (Herley Vélez Quintero)
El accionante impetró acción de tutela contra la empresa
Solarte y Compañía Ingeniería Calculista S.A., por la supuesta vulneración de
sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, seguridad
social y mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.     Afirma
que ingresó a laborar para la empresa demandada el 1° de julio de 2007, en el
cargo de mensajero.
2.     Aduce
que tiene a su cargo a su esposa y dos hijos menores de edad.
3.     Manifiesta
que tanto él como su cónyuge padecen VIH.
4.     Indica
que el 22 de julio de 2013, la Empresa Solarte y Compañía le pasó una carta
donde le dan por terminado el contrato de trabajo, dejándoles desamparados en
lo que concierne al sistema general de seguridad social. Precisa que la
terminación de la relación laboral se debió a las continuas incapacidades que
le certificaba su EPS.
Contestación
de la empresa demandada.
La empresa
demandada adujo que el accionante actúa de mala fe, toda vez que nunca dio
aviso al personal de la compañía de que era portador de la enfermedad del VIH.
Adicionalmente, por cuanto recibió la liquidación realizada por la empresa y
transcurrido cierto tiempo acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar
el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir.
Afirmó
que la terminación de la relación laboral se debió al continuo incumplimiento
de las labores asignadas, situación que perjudicaba el cumplimiento del objeto
social de la empresa. De igual manera, señaló que la liquidación del trabajador
se realizó con base en los estrictos términos del Código Sustantivo del
Trabajo, el cual contempla taxativamente la manera como se puede dar por
terminado un contrato laboral a término indefinido, previa indemnización.
Por
último, precisó que al accionante le asisten otros medios de defensa judicial para
solicitar el reconocimiento de sus pretensiones.
Caja de Compensación y EPS COMFENALCO-VALLE
Vinculada oficiosamente por el a quo, la
referida EPS indicó al juzgado que el accionante fue desvinculado de la entidad
promotora de salud, por la novedad de retiro que presentó su empleador Solarte
y Compañía Ingenieros Calculistas S.A.
Precisó que durante el tiempo que el trabajador estuvo
afiliado a la EPS, nunca se le negaron los tratamientos médicos que éste
hubiera solicitado; en consecuencia, dicha entidad no ha vulnerado los derechos
del señor Vélez Quintero, reduciéndose el conflicto legal a un problema entre
el trabajador y el empleador. Por tanto solicita al juez constitucional negar
por improcedente la acción de tutela en lo que a la EPS Comfenalco –Valle-, se
refiere.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado Sexto Penal Municipal CFC de Cali mediante sentencia del 9 de agosto de
2013, decidió declarar improcedente la acción de tutela por considerar que al
accionante le asisten otros medios de defensa judicial, como lo es la
jurisdicción ordinaria laboral, en la que puede debatir ampliamente sus
pretensiones.
Adicionalmente,
arguyó que el despido del trabajador no se produjo en razón a su enfermedad,
toda vez que el empleador desconocía que el mismo era portador del VIH, tal
situación ocurrió por el incumplimiento de los deberes contractuales del señor
Vélez Quintero.
Por
lo anterior  se denegaron las pretensiones de la presente acción de tutela.
Impugnación
El
accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se
equivocó al darle valor de plena prueba a la manifestación que hizo la empresa
en el sentido de que desconocía la enfermedad que éste padecía.
Precisó
que fue su señora madre quien personalmente le comunicó a varios socios de la
empresa (amigos suyos además) el padecimiento de su hijo, situación que quiso
hacer de manera personal con el fin de no exponerlo a conductas
discriminatorias por parte de sus compañeros de trabajo.
Adicionalmente,
junto con el escrito de  impugnación, anexó la historia clínica y las
certificaciones de las incapacidades dadas por la EPS COMFENALCO-VALLE, con
ello se pretende demostrar que su enfermedad era de conocimiento por parte de
las directivas de la empresa.
Segunda
Instancia
El
Juzgado 19 Penal del Circuito CFC de Cali mediante proveído del 19 de
septiembre de 2013, decidió confirmar el fallo del a quo en el sentido
de declarar la improcedencia de la acción de tutela por cuanto al accionante le
asisten otros medios de defensa judicial. Sin embargo, adicionó el fallo de
primera instancia ordenando a la EPS COMFENALCO-VALLE, que en el término de 48
horas realizara todas las gestiones tendientes a que el señor Vélez Quintero
pudiera continuar con los tratamientos prescritos por su médico tratante para
el manejo de su enfermedad, hasta tanto éste fuera vinculado al régimen
subsidiado de seguridad social, lo cual deberá ocurrir en el término de dos
meses.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.     Copia
del contrato de trabajo suscrito entre el accionante y la empresa accionada.
2.     Carta
de despido calendada el 22 de junio de 2013.
3.     Liquidación
del contrato de trabajo firmado por las partes a término indefinido.
4.     Historia
clínica y órdenes médicas en las que consta que el trabajador es portador del
VIH.
5.     Copias
de sentencias de la Corte Constitucional que han resuelto casos similares.
1.2.1.4
Expediente T-4.263.635 (Jaimir Mendoza Oviedo)
El accionante impetró acción de tutela contra la
empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A., por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, seguridad
social y mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.     Afirma
que ingresó a laborar para la empresa demandada el 1° de febrero de 1997, en el
cargo de seleccionador de envase, armador de canastas con el producto y cargue
de las mismas a las estibas.
2.     Indica
que antes de ingresar a laborar fue sometido a rigurosos exámenes médicos los
cuales lo calificaron como apto para desempeñar las funciones otorgadas por la
empresa. Indica que dichos informes se encuentran en los archivos de salud
ocupacional de la empresa accionada.
3.     Argumenta
que además de las precarias condiciones en que debía cumplir con sus deberes,
el día 23 de diciembre de 2004, sufrió un primer accidente al caer a una
alcantarilla dentro de las instalaciones de la empresa, generándosele traumas
en rodilla izquierda y en los tejidos blandos en muslos y lateral izquierdo con
evoluciones lesivas en la cadera.
4.     Manifiesta
que el 23 de julio de 2011 sufrió un nuevo accidente al interior de la planta
de la empresa, esta vez al ser atropellado por una máquina monta carga mientras
revisaba un cargue de mercancía.
5.     Aduce
que por causa de estos accidentes se le han generado situaciones de dolor a
veces insoportables, pero que aun así debía cumplir con su extenuante jornada
de trabajo, sin acudir a la EPS por recomendación de sus superiores, toda vez
amenazaban con despedirlo.
6.     Precisa
que el 18 de marzo de 2013, le fue notificada la carta de despido. Al día
siguiente acudió ante la empresa con el fin de que reconsideraran su decisión
de desvincularlo, ello atendiendo a su situación especial de salud, la cual
había presentado mermas por culpa de dos accidentes sufridos al interior de la
empresa.
7.     Arguye
que con el despido injusto se le causó un gran perjuicio, toda vez que no ha
podido volver a conseguir trabajo, por cuanto en su historia clínica fue
valorado como no apto para desempeñar los trabajos a los cuales puede acceder,
según su experiencia y nivel de escolaridad.
8.     Por
último, señala que no tiene acceso a la seguridad social para continuar con sus
tratamientos médicos, que su estado de salud es cada vez más precario y que su
familia atraviesa por serias dificultades económicas, hasta el punto que sólo
la caridad de amigos y vecinos los ha alejado un poco de la inanición.
Contestación
de la empresa demandada.
Industria
Nacional de Gaseosas S.A.
La
empresa demandada adujo que el accionante actúa de mala fe,  por cuanto demandó
directamente a la Industria Nacional de Gaseosas S.A., sin mencionar siquiera
que el trabajador laboraba de manera directa para la empresa Eficacia S.A., con
la cual sostenían un contrato de logística, mediante el cual, esta última, se
comprometió a distribuir los productos gaseosos de manera independiente, con
autonomía administrativa y personal propio. En esa medida solicitó que se
vinculara a Eficacia S.A. con el fin de que entrara a dilucidar la relación
laboral que tenía con el accionante.
Adicionalmente
se opuso a cada una de las pretensiones del accionante al señalar que éste
nunca fue empleado suyo, precisó que en el presente asunto hay una falta de
legitimación por pasiva y, en consecuencia, no  existe la obligación reclamada
por el señor Mendoza Oviedo. Por último, propuso falta de inmediatez,
inexistencia del perjuicio irremediable y abuso del derecho. Por tanto,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.
Como
prueba allegó copia del contrato de prestación de servicios de outsourcing para
actividades relacionadas con el proceso de operaciones y logística de la
Industria Nacional de Gaseosas, en el cual se precisa que el contratista –Eficacia
S.A.- coordinará y dirigirá en calidad de contratista independiente todos los
procesos relacionados con la gestión del talento humano y los recursos
necesarios para el cabal desarrollo de las actividades objeto del contrato.
Eficacia
Servicios Integrales
Una
vez vinculada al proceso de tutela, la referida empresa precisó que el señor
Mendoza Oviedo prestó sus servicios directos para dicha empresa desde el 5 de
julio de 2006 hasta el 18 de marzo de 2013, fecha en que su contrato de trabajo
fue terminado previa indemnización, tal como lo ordena el Código Sustantivo del
Trabajo.
Precisó
que Eficacia S.A. para todos los efectos legales, actúo como empleador directo
del accionante, sin que se haya presentado la figura de la intermediación, como
de mala fe pretende hacerlo creer el señor Mendoza Oviedo.
Indicó
que cuando se dio por terminada la relación laboral, el accionante no se
encontraba incapacitado, ni tenía pendiente tratamiento médico alguno; por el
contrario, afirma que los problemas de salud del señor Mendoza datan de los
meses de junio y julio del año 2013; es decir, dos meses largos después de que
se hubiera dado por terminada la relación laboral.
Argumentó
además, que en ningún momento al accionante le ha faltado la protección en
salud, toda vez que la empresa siempre lo tuvo afiliado y después de la
terminación del contrato de trabajo éste pasó a ser beneficiario de su esposa
quien se encuentra afiliada como cotizante activa.
Por
lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de tutela, teniendo
en cuenta que la controversia gira en torno a prestaciones económicas, lo que
reduce la litis a situaciones de índole netamente legal, desprovistas de
toda relevancia constitucional.
Cafesalud EPS
Vinculada oficiosamente por el a quo, la
referida EPS indicó al juzgado que el accionante está vinculado a la entidad
promotora de salud, en calidad de beneficiario de la señora Claudia Mancera.
Precisó que durante el tiempo que el trabajador ha estado
afiliado a la EPS, nunca se le han negado los tratamientos médicos que éste
hubiera solicitado; por lo contrario, están a la espera de que el afiliado
asista a los exámenes que su rodilla requiera.  En consecuencia, dicha entidad
no ha vulnerado los derechos del señor Vélez Quintero, y por tanto solicitan
que se declare la improcedencia de la acción constitucional.
ARL COLPATRIA
Precisa la administradora de riesgos laborales que su
relación con el accionante nace de la afiliación que hiciera la empresa Eficacia
S.A., que su responsabilidad se sustrae únicamente a proteger los riesgos
causados por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, y que en el
presente caso la controversia versa sobre el reintegro del trabajador, el pago
de salarios dejados de percibir y el reconocimiento de una indemnización que no
es de su competencia. Por ello indica que la tutela no debe proceder en su
contra, toda vez que la controversia se limita a establecer las obligaciones laborales
que se estipularon en el contrato de trabajo y nada tienen que ver con la
relación de afiliación del trabajador a la ARL COLPATRIA, quien además ha
prestado el servicio al señor Mendoza Oviedo, cuando éste lo ha solicitado.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado Cuarenta y Dos Penal Municipal CFG de Medellín, mediante sentencia del 13
de septiembre de 2013, decidió denegar la acción de tutela interpuesta en
contra de la Industria Nacional de Gaseosas S.A.; Eficacia Servicios Integrales
S.A. y la ARL COLPATRIA, por considerar que al accionante le asisten otros
medios de defensa judicial, como lo es la jurisdicción ordinaria laboral, donde
puede debatir ampliamente sus pretensiones. Adicionalmente encontró que en el
presente evento no se cumplió con el requisito de la inmediatez, ya que la
tutela fue interpuesta seis meses después de terminada la relación laboral.
Sin
embargo, en aras de garantizar la materialización de los principios rectores
del sistema general de seguridad social en salud, ordenó a CAFESALUD EPS, que
brindara todos los procedimientos de terapia física integral y resonancia
nuclear magnética de articulaciones de miembro inferior- rodilla-, conforme lo
ordenó el médico tratante con el fin de normalizar el estado de salud del accionante.
Impugnación
El
accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se
equivocó al no apreciar en debida forma la narración de los hechos y, por
cuanto, no valoró en debida forma las pruebas allegadas. Además precisó que si
cumplió con el requisito de la inmediatez toda vez que durante los cinco meses
y once días que demoró en interponer la acción de tutela siempre estuvo activo,
recurriendo ante las diferentes entidades de seguridad social para que
atendieran su dolencia.
Por
lo anterior solicitó al ad quem que revocara la decisión de primera
instancia para que, en su lugar, concediera el amparo tutelar de sus
pretensiones.
Segunda
Instancia
El
Juzgado 9° Penal del Circuito de Medellín mediante proveído del 22 de octubre
de 2013, decidió confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el a
quo, advirtiendo que el accionante no se encuentra ante un perjuicio
irremediable toda vez que recibió una considerable suma de dinero como
indemnización, más las prestaciones sociales.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.     Copia
de la historia clínica en las que aparecen reseñados los dos accidentes
sufridos por el trabajador.
2.     Solicitud
de información elevado ante el Ministerio del Trabajo con el fin de establecer
si la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A., solicitó permiso para
despedir al accionante.
1.2.1.5
Expediente T-4.265.370 (Luis Ferney Cubides Cepeda)
El accionante impetró acción de tutela contra la
empresa ISVI LIMITADA, por la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, seguridad social y
mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.
Ingresó a laborar para la empresa
demandada el 3 de marzo de 2003, desempeñándose como conductor escolta, bajo la
modalidad de contrato a término fijo inferior a un año, devengando como último sueldo,
teniendo en cuenta todos los factores salariales, la suma de $ 2.728.927.
2.
Indica que su grupo familiar está
compuesto por su cónyuge y tres hijos de 22, 18, y 10 años, todos en edad
escolar y los cuales dependen directamente de él.
3.
Aduce que en mes de agosto del año
2011, mientras laboraba para la empresa, comenzó a sentir dolores y molestias
en la columna, adormecimiento de las extremidades, sensación de hormigueo por
todo el cuerpo, sudoración nocturna, lumbalgia, rigidez matinal, astenia, entre
otros síntomas.
4.
Manifiesta que el 26 de marzo de
2012, se le diagnosticó “cuadro de radiculopatía con documentación y estreches
L5-S1”, y se solicitó resonancia nuclear magnética de columna lumbosacra y
valoración por especialistas.
5.
El 17 de abril de 2012 le
realizaron impresión radiológica, la cual concluyó: “Discopatía L4-L5 y L5-S1
con cambios artrósicos e inflamatorios de las articulaciones y anterolistesis
grado 1 de L4; en la L4-L5 se conforma un canal estrecho adquirido incipiente
con disminución parcial de ambos recesos laterales y de agujeros de conjunción”.
6.
El 8 de octubre de 2012 fue
remitido a salud ocupacional ordenándosele ortopedia, cuya cita quedó para el
28 de febrero de 2013.
7.
Aduce que en febrero de 2013 la
EPS lo remitió a medicina laboral para que se expidiera el respectivo concepto
de reubicación y le solicitó documentos a la empresa con el fin de estudiar la
situación del accionante.
8.
Señala que la empresa no envió los
documentos requeridos ni tampoco le dio permiso para asistir a la cita con
medicina laboral, aduciendo razones del servicio.
9.
El 26 de junio de 2013 le fue
entregada una comunicación al trabajador, en la que se le manifestaba que su
contrato de trabajo no sería prorrogado, y que terminaría definitivamente el 2
de agosto de 2013.
10.
El 8 de agosto de 2013 se
presentó ante medicina laboral con el fin de que le realizara el examen de
egreso el cual concluyó: “al examen de retiro  presenta sintomatología
lumbar que ha sido manejada en su EPS, debe continuar manejo y asistir a cita
de medicina laboral, a donde ya fue remitido por su EPS. Dieta Hipocalórica
(dejar copia paraclínico en recepción)”.
11.
Por último, indica que se
encuentra sin trabajo y sin atención médica, por cuanto fue desvinculado de la
seguridad social, pese a que recurrió a la empresa y manifestó su estado de
salud, pero la misma guardó silencio.
Contestación
de la empresa demandada.
ISVI
LIMITADA.
La
empresa demandada adujo que el accionante actúa de manera temeraria al afirmar
que percibía unos salarios que no corresponden a la realidad; asimismo por
cuanto nunca informó a la empresa de las supuestas dolencias que padecía, razón
por la cual no se le puede endilgar a ISVI Limitada una conducta
discriminatoria, toda vez que ante la ausencia de incapacidades certificadas
por el EPS a la cual se encontraba afiliado el trabajador, no podía la empresa
conocer el estado de salud del mismo. Lo anterior aunado a que el trabajador
nunca dejó de prestar los servicios requeridos, por lo que se puede concluir
que su molestia lumbar nunca tuvo la potencialidad de incapacitarlo.
En
consecuencia solicitó denegar por improcedente la acción de tutela, toda vez
que no existió vulneración de derecho fundamental alguno y por existir otros
medios de defensa judicial donde se pueden debatir ampliamente los hechos y
pretensiones narrados por el accionante. Por último manifestó que no actúo de
manera injusta o indebida al dar por terminada la relación laboral, toda vez
que lo hizo plegada a los postulados legales, sin que para el momento de la
finalización del contrato de trabajo el accionante se encontrara incapacitado o
bajo tratamiento médico alguno que fuera conocido por la empresa.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., mediante
sentencia del 25 de septiembre de 2013, decidió denegar la acción de tutela
interpuesta en contra de ISVI Limitada, por considerar que si bien el
accionante presentaba algunas circunstancias que afectaban sus salud y se
presentaron una serie de exámenes realizados, no existe prueba alguna que
signifique o permita concluir que el accionante se encontraba en grado de
incapacidad o minusvalía y mucho menos de discapacidad que lleve a considerar que
la terminación de la relación laboral ocurrió en virtud de su estado de salud. Aunado
ello no está probado que el empleador tuviera conocimiento de los padecimientos
del trabajador.
Adicionalmente,
precisó que el reintegro no procede en este caso por la vía de la acción de
tutela, siendo necesario que el accionante acuda ante la jurisdicción laboral
de persistir en sus pretensiones.
Impugnación
El
accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se
equivocó al no apreciar en debida forma la narración de los hechos y por cuanto
no valoró sistemáticamente las pruebas allegadas. Señaló que la empresa sí
conocía de sus molestias físicas, por tanto, debió solicitar al Ministerio del
Trabajo el respectivo permiso para dar por terminada la relación laboral,
máxime cuando en el examen de egreso se hicieron recomendaciones médicas por
presentar problemas de salud y tratamientos pendientes por parte de medicina
laboral.
Por
lo anterior solicitó al ad quem que revocara la decisión de primera
instancia para en su lugar conceder el amparo tutelar de sus pretensiones.
Segunda
Instancia
El
Juzgado 4° Laboral del Circuito de Bogotá mediante proveído del 12 de noviembre
de 2013, decidió confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el a
quo, advirtiendo que el accionante no se encuentra ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, además precisó que la controversia planteada debe
resolverse en un debate amplio ante la jurisdicción ordinaria laboral, por
cuanto de lo allegado al expediente de tutela no se puede determinar con
certeza a quien corresponde el derecho.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.    Copia
del contrato laboral.
2.    Copia
de certificación laboral.
3.    Copia
de remisión a medicina laboral que data del 11 de agosto de 2011.
4.    Copia
de exámenes de columna del 28 de febrero y 17 de abril de 2012.
5.    Copias
de orden de remisión a medicina laboral del 13 de marzo, 8 de octubre y 7 de
noviembre de 2012.
6.    Copia
de comunicado de requerimiento para valoración por medicina laboral del 7 de
febrero de 2013.
7.    Copia
de la carta mediante la cual se da por terminado el contrato de trabajo.
8.    Copia
de comunicación mediante la cual se ratifica la terminación de la relación
laboral.
9.    Examen
de egreso del trabajador en el que se deja constancia de sus dolencias
lumbares.
10.
Copia
de las órdenes de remisión al ortopedista y al cirujano  del 10 de agosto de
2013.
11.
Copia
de la remisión a la Clínica del Dolor y su correspondiente factura.
1.2.1.6
Expediente T-4.265.459 (Blanca Doris Espinosa Rico)
La accionante impetró acción de tutela contra las
empresas ARL COLMENA, EPS COMFENALCO Y la Corporación Universitaria Americana,
por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la
salud, a la vida digna, seguridad social y mínimo vital. Sustenta sus pretensiones
en los siguientes:
Hechos
1.
Indica que laboró para el mismo
empleador en dos empresas distintas, pero del mismo dueño, desde el año 2009
hasta el 29 de junio de 2013, fecha en que le dieron por terminado su contrato
de trabajo.
2.
Precisa que sufrió un accidente
laboral el día 17 de mayo de 2013, el cual le dejó secuelas en la córnea del
ojo izquierdo. Lo anterior sucedió cuando se encontraba trapeando y sin querer
sacudió unas lámparas de neón que se encontraban en el piso para ser
desechadas, las cuales hicieron explosión y las partículas volátiles de vidrio
ingresaron en su rostro y ojo izquierdo.
3.
Aduce que el accidente fue
presenciado por varios funcionarios de la universidad y que acudió de urgencia
a la  ARL Colmena por recomendación del responsable de gestión humana de la
empresa.
4.
Manifiesta que fue enviada a la
Clínica Oftalmológica San Diego, donde consideraron que el accidente no había
generado consecuencias.
5.
El 20 de mayo de 2013, tres días
después del accidente, la coordinadora de talento humano de la universidad le
notificó el preaviso de la terminación del contrato laboral por vencimiento del
término inicialmente pactado.
6.     Aduce que continúo con serias molestias en su ojo y al
acudir a la EPS le diagnosticaron “conjuntivitis aguda no especificada,
cuerpo extraño en la córnea, cambios en las membranas de la misma y, paciente
con ojo seco, dolor crónico en articulación de cara –se observa línea de
laceración sobre la córnea del ojo izquierdo de 4 mm de longitud, intenso
edema”.
7.
Señala que COMFENALCO EPS le negó
el tratamiento, por cuanto consideró que las prestaciones económicas y
asistenciales debían estar a cargo de la ARL Colmena.
8.
Indica que hasta la fecha no ha
sido valorada por la EPS ni por la ARL para determinar la calificación de la
pérdida de capacidad laboral; que desde el accidente viene presentando dolores
de cabeza, fotosensibilidad y deformación física.
9.
Manifiesta que requiere con
urgencia el tratamiento por parte de la ARL con el fin de restablecer su salud
y de evitar secuelas irreversibles.
Contestación
de las empresas demandadas.
ARL
COLMENA.
La Administradora
de Riesgos Laborales Colmena precisó que en ningún momento ha denegado los
servicios asistenciales a la accionante. Por el contrario asevera que una vez
reportado el accidente fue calificado como de origen profesional y por ello ha
autorizado las prestaciones ordenadas por sus médicos tratantes, así como la
atención médica en instituciones idóneas y especializadas.
Por
lo anterior solicitó declarar improcedente la acción de tutela, ante la
carencia de un perjuicio irremediable y por cuanto no se ha presentado
vulneración de derecho fundamental alguno.
EPS
COMFENALCO.
La
EPS precisó que la señora Espinosa Rico se encuentra retirada de la entidad
desde el 29 de julio de 2013, por la novedad de desvinculación laboral
reportada por le empresa Corporación Universitaria Americana. Indicó que
mientras la accionante estuvo activa en su base de datos, siempre le prestaron
los requerimientos médicos y asistenciales necesarios. Consideró que en ningún
momento se han negado los servicios de salud a la accionante y, en consecuencia,
no existe vulneración de derechos fundamentales; por tanto la acción de tutela
debe ser denegada.
Corporación
Universitaria Americana.
La
empleadora precisó que tan pronto sucedió el accidente fue reportado a la ARL
con el fin de que se prestara la atención médica que requiriera la trabajadora,
en esa medida consideró que no se vulneraron sus derechos fundamentales. Añadió
que en todo caso, para la fecha de terminación del contrato laboral, la
trabajadora no estaba incapacitada, ni tampoco presentaba minusvalía o
alteración alguna.
Precisó
que la terminación de la relación laboral obedeció exclusivamente a causas
legales, tal como el fenecimiento del contrato por cumplimiento del tiempo
pactado. Agregó que se dio el respectivo preaviso y, por tanto, se obró conforme
a los postulados del Código Sustantivo del Trabajo.
Por
último solicito denegar el amparo solicitado o en su defecto declarar la
improcedencia por la existencia de otros medios de defensa judicial.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado Doce Municipal CFCG de Medellín, mediante sentencia del 12 de noviembre
de 2013, decidió denegar la acción de tutela al considerar que la competencia
para dirimir este tipo de conflictos laborales, afiliación, accidentes de
trabajo, atención en salud y demás prestaciones, tienen asignada una jurisdicción
especial ordinaria, tal como lo prescriben los artículos 2° y 4° del Código
Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.
Impugnación
El
accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se
equivocó al no apreciar en debida forma los hechos y, por cuanto, no valoró con
suficiencia las pruebas allegadas. Señaló que la terminación del contrato de
trabajo se dio en razón de sus afectaciones de salud y que fue despedida sin
que se realizaran los trámites administrativos establecidos en el artículo 26
de la Ley 361 de 1997.
Por
lo anterior, solicitó al ad quem que revocara la decisión de primera
instancia para en su lugar conceder el amparo tutelar a sus pretensiones.
Segunda
Instancia
El
Juzgado 5° Penal del Circuito CFC de Medellín mediante proveído del 18 de diciembre
de 2013, decidió confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el a
quo, advirtiendo que el accionante no se encuentra ante la inminencia de un
perjuicio irremediable; además precisó que la controversia planteada debe
resolverse en un debate amplio ante la jurisdicción ordinaria laboral, por
cuanto de lo allegado al expediente de tutela no se pudo determinar que la
terminación del contrato de trabajo obedeció a una causa diferente al
fenecimiento del término pactado.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.     Copia
del contrato laboral y cartas de preaviso de terminación del mismo.
2.     Copia
del documento de identidad de la accionante.
3.     Copia
del resumen de la historia clínica.
1.2.1.7.
Expediente T-4.267.422 (Luz Marina Camargo Soto)
La accionante impetró acción de tutela contra la
Empresa de Empleos Temporales MALUC´S EU y solidariamente contra el Hospital
Eduardo Arredondo Daza de Valledupar, por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, seguridad
social y mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.
Indica que laboró para la empresa
de empleos temporales desde el 11 de julio de 2012, y que fue enviada en misión
al Hospital Eduardo Arredondo Daza a prestar sus servicios en labores de
limpieza. Allí superó el año de trabajo, razón por la cual aduce ser
trabajadora directa del centro asistencial.
2.
Precisa que sufrió un accidente
laboral el día 13 de diciembre de 2012, cuando al realizar la limpieza de los
baños, cayó desde su propia altura encima de su mano derecha, produciéndole un
fuerte dolor.
3.
Aduce que el accidente le produjo
fractura de la epífisis inferior del radio, lo que la incapacitó para desempeñar
adecuadamente sus funciones laborales.
4.
Manifiesta que como consecuencia
del accidente fue incapacitada en varias oportunidades, hasta que fue
reintegrada al trabajo con restricciones.
5.
Argumenta que el reintegro a sus
labores le resultó doloroso toda vez que no podía sostener en debida forma los
utensilios de aseo con los que realizaba sus operaciones habituales.
6.
Aduce que aún sin recuperarse
totalmente de su mano derecha, el 10 de junio de 2013, tuvo que ser atendida en
urgencias de la EPS Salud Total, al presentar una apendicitis aguda, siendo
intervenida quirúrgicamente.
7.
Señala que después de la cirugía
fue incapacitada en tres ocasiones. Al final de las cuales le fue terminado su
contrato laboral de manera unilateral y sin el permiso previo del Ministerio
del Trabajo.
8.
Indica que tiene la custodia de su
nieto toda vez que su hija padece problemas mentales y de drogadicción.
9.
Argumenta que al momento del
retiro, 13 de julio de 2013, no se le practicó el examen de egreso, y a la
fecha de la interposición de la tutela, no se le habían liquidado las
prestaciones laborales.
Contestación
de las empresas demandadas.
Hospital
Eduardo Arredondo Daza.
El
centro hospitalario precisó que la accionante llegó al centro asistencial como
trabajadora en misión de la Empresa de Empleos Temporales Maluc´s, la cual fue
vinculada bajo la modalidad de contrato de trabajo de obra o labor contratada.
Señala que la trabajadora siempre estuvo afiliada al sistema general de seguridad
social, siendo atendida en los diferentes eventos en que presentó merma en su
salud, razón por la cual no puede decirse que sus derechos fundamentales han
sido conculcados.
Señaló
que la terminación del contrato obedeció a imperativos contractuales y legales,
toda vez que esta persona no podía estar más de un año en un mismo puesto de
trabajo. Adicionalmente, la relación laboral se terminó por vencimiento del
término pactado y no con base en alguna conducta discriminatoria o por que se
haya presentado alguna discapacidad en la trabajadora.
Indicó
que mientras la relación laboral estuvo vigente, se aceptó reingresar a la
trabajadora después de las intervenciones médicas, teniendo en cuenta sus
limitaciones.
Argumenta
que la afirmación de no haberse pagado la respectiva liquidación de los haberes
laborales no es cierta y, al respecto, anexa el correspondiente recibo del pago
aceptado y firmado por la trabajadora.
Por
lo anterior, considera que la acción de tutela no debe proceder e indica que de
continuar la trabajadora con la reclamación de sus pretensiones, debe acudir
ante la justicia ordinaria, toda vez que el juez constitucional no debe
inmiscuirse en competencias que fueron asignadas a otras jurisdicciones.
Empresa
de Empleos Temporales Maluc´s E.U.
La
empleadora precisó que la trabajadora fue debidamente afiliada al sistema de
seguridad social, con el fin de que se le prestara la atención médica que en su
momento requiriera; en esa medida, consideró que no se vulneraron sus derechos
fundamentales. Añadió que en todo caso, para la fecha de terminación del
contrato laboral, la trabajadora no estaba incapacitada, tampoco presentaba
minusvalía o alteración alguna.
Precisó
que la terminación de la relación laboral obedeció exclusivamente a causas
legales, tal como el fenecimiento del contrato por cumplimiento del tiempo
pactado. Agregó que se dio el respectivo preaviso y por tanto se obró conforme
a los postulados del Código Sustantivo del Trabajo y la S.S. y a lo estipulado
en la Ley 50 de 1990, la cual no permite que estas personas sean contratadas
por más de un año.
Por
último solicito denegar el amparo solicitado o, en su defecto, declarar la
improcedencia por la existencia de otros medios de defensa judicial, toda vez
que durante la vigencia de la relación laboral se pagaron los salarios y
prestaciones y al finalizar la misma se pagó la correspondiente liquidación.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Primera
instancia.
El
Juzgado 2° Penal Municipal CFCG de Valledupar, mediante sentencia del 9 de septiembre
de 2013, decidió denegar la acción de tutela, al considerar que la competencia
para dirimir este tipo de conflictos laborales corresponde a la jurisdicción laboral
ordinaria. Señaló que está probado en el expediente que la relación de trabajo feneció
por el vencimiento del término pactado y no tuvo como móvil las incapacidades
de la trabajadora; toda vez que las mismas datan de los meses de enero y
febrero del año 2013, mientras que el contrato de trabajo terminó en el mes de
julio del mismo año, sin que para la fecha estuviera en un estado de debilidad
manifiesta, lo que de contera exonera a la empresa de acudir ante el Ministerio
del Trabajo con el fin de que le autoricen la terminación de la relación
laboral por una justa causa.
Impugnación
La
accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se
equivocó al desvirtuar la veracidad de los hechos y por cuanto no valoró en
debida forma las pruebas allegadas. Señaló que la terminación del contrato de
trabajo se dio en razón a sus afectaciones de salud y que la relación laboral
superó los 360 días.
Por
lo anterior solicitó al ad quem que revocara la decisión de primera
instancia, para en su lugar, conceder el amparo tutelar de sus pretensiones.
Segunda
Instancia
El
Juzgado 3° Penal del Circuito de Valledupar mediante proveído del 31 de octubre
de 2013, decidió confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el a
quo, advirtiendo que la accionante no se encuentra ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, además precisó que la controversia planteada debe
resolverse en un debate amplio ante la jurisdicción laboral ordinaria, por
cuanto de lo allegado al expediente de tutela no se pudo determinar que la terminación
del contrato de trabajo obedeció a una causa diferente al fenecimiento del
término pactado.
De
otra parte, precisó que la afectación a la salud de la accionante no es de tal
entidad que pueda catalogarse como constitutiva de discapacidad o que le impida
realizar otras actividades productivas.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.     Poder
para actuar.
2.     Fotocopia
del documento de identidad de la accionante.
3.     Copia
del registro civil del menor Carlos Andrés Ribón Camargo.
4.     Certificado del ICBF
en el cual consta que la custodia del menor está en cabeza de la accionante.
5.     Historia
clínica de la  tutelante.
6.     Documento
contentivo de la terminación del contrato laboral.
7.     Copia del contrato
de trabajo
8.     Fotocopia
de las incapacidades certificadas en favor de la accionante.
9.     Historia laboral
de la señora Camargo Soto.
1.2.1.8. Expediente
T-4.271.062 (Martín Eduardo Esteban)
El accionante impetró acción de tutela contra la
Empresa CONALVÍAS Construcciones S.A.S., por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, a la seguridad
social y al mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos
1.
Indica que el 16 de agosto de
2013, celebró contrato de trabajo con Conalvías Construcciones S.A.S. para
desempeñar el oficio de ayudante de construcción.
2.
Precisa que sufrió un accidente
laboral el día 22 de septiembre de 2013, cuando al terminar de fundir el solado
de un túnel, su compañero le pasó un tubo de tres metros de longitud, el cual
estaba lleno de concreto, lo que lo hacía pesar unos 50 kilogramos, y al
recibirlo lo tumbo hacía atrás cayendo sobre el mismo, ocasionándole un fuerte
dolor en la columna.
3.
Aduce que al momento del accidente,
domingo en la madrugada, no se encontraba el ingeniero residente, ni el de
seguridad, por tanto no se informó de la ocurrencia del mismo; esperó hasta el
siguiente día hábil para dar informe a los ingenieros los cuales le dijeron que
no podían hacer nada al respecto y que se debió dar aviso el mismo día de la
ocurrencia de los hechos.
4.
Indica que el 19 de noviembre de
2013, la empresa dio por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo
sin realizarle la valoración médica que el trabajador solicitó de manera verbal
a la empresa, con el fin de conocer el estado de su columna, en la cual
presentaba dolores desde el 22 de septiembre, día en que ocurrió el accidente.
Contestación
de las empresas demandadas y vinculadas.
Suramericana
ARL.
La
ARL Sura solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por falta
de legitimidad por pasiva, toda vez que las pretensiones del accionante están
encaminadas al reconocimiento de prestaciones laborales y no médicas ni
asistenciales, las cuales han sido garantizadas por la entidad durante todo el
tiempo que el señor Martín Eduardo Esteban estuvo afiliado.
Empresa
Conalvías Construcciones S.A.S.
La
empleadora precisó que el trabajador fue debidamente afiliado al sistema de
seguridad social con el fin de que se prestara la atención médica que
requiriera; en esa medida, consideró que no se vulneraron sus derechos
fundamentales a la seguridad social. Añadió que en todo caso para la fecha de
terminación del contrato laboral el trabajador no estaba incapacitado, tampoco
presentaba minusvalía o alteración física o psíquica alguna.
Precisó
que la terminación de la relación laboral obedeció exclusivamente a causas
legales contenidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la
Seguridad Social, tal como es el fenecimiento del contrato por cumplimiento del
tiempo pactado o la realización de la obra contratada.
Por
último, solicitó denegar el amparo solicitado o, en su defecto, declarar la
improcedencia por la existencia de otros medios de defensa judicial, toda vez
que durante la vigencia de la relación laboral se pagaron los salarios y
prestaciones y al finalizar la misma, se pagó la correspondiente liquidación.
Salucoop
EPS
La
EPS una, vez vinculada guardó silencio al respecto.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Ùnica
instancia.
El
Juzgado 10° Penal Municipal CFCG de Bucaramanga, mediante sentencia del 23 de diciembre
de 2013, decidió denegar la acción de tutela al considerar que la competencia
para dirimir este tipo de conflictos laborales, corresponde a la jurisdicción
ordinaria. Señaló que está probado en el expediente que la relación laboral
feneció por el vencimiento del término pactado y no tuvo como móvil las
limitaciones físicas del trabajador, toda vez que el mismo acudió a la EPS dos
mese después de acaecido el supuesto accidente, cuando ya se le había
notificado la terminación del contrato de trabajo y sin que para la fecha estuviera
en un estado de debilidad manifiesta, lo que de contera exonera a la empresa de
acudir ante el Ministerio del Trabajo para dar por terminada la relación
laboral, la cual está amparada en una justa causa .
Este fallo
no fue impugnado.
Pruebas
allegadas con el expediente
1.     Derecho
de petición de noviembre de 2013 dirigido a Conalvías S.A.S. con el fin de que
se certificara su relación laboral.
2.     Respuesta
al derecho de petición.
3.     Evolución
de la consulta externa expedida por la IPS Coomultrasan.
4.     Informe de
resultados de rayos X de fecha 25 de noviembre de 2013.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para decidir estos  asuntos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 241, numeral 9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema
jurídico.
Conforme a lo reseñado respecto de las
situaciones fácticas planteadas y de las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia, corresponde a la Sala Quinta de Revisión establecer si en los
casos expuestos procede la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna,
al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de los accionantes, los
cuales han sido presuntamente vulnerados por las diferentes empresas
accionadas, al despedirlos de sus empleos sin tener en cuenta la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraban debido a las diferentes enfermedades
que padecen y a los accidentes laborales sufridos, sin contar con el permiso
del  Ministerio del Trabajo o de quien haga sus veces, en las respectivas
entidades territoriales.
Para solucionar el problema jurídico
planteado, esta Sala: (i) reiterará la jurisprudencia  acerca de la procedencia
excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en riesgo derechos
fundamentales de sujetos de especial protección; (ii) la estabilidad laboral reforzada de las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad; (iii) las obligaciones del
Ministerio de Trabajo en cuanto a la autorización para despedir aquellas
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; y, por último, (iv)
se resolverán los casos concretos.
3.     La procedencia excepcional de la acción de tutela para
proteger los derechos fundamentales de sujetos de especial protección en
materia laboral. Reiteración de jurisprudencia.
Según el contenido del artículo
86 de la Constitución, la acción de tutela se caracteriza por ser preferente,
sumaria y subsidiaria, es decir, que tal y como lo ha expresado este Tribunal en
reiterada jurisprudencia, la misma puede ser incoada ante la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a
través del cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de
un derecho fundamental, ii) existiendo otras acciones, éstas no resultan
eficaces o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, iii)
Existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de
tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.[1]
En este sentido, la
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten aceptar la
validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial
como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al
existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente, siempre que
sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los
derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien invoca la
transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe  agotar los
medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[2] Esta exigencia
pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia
adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos diseñados por el legislador[3].
Al respecto, la Corte
Constitucional en Sentencia T-262 de 1998, señaló:
“…la acción de tutela no ha sido concebida
como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino
como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida
en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que
el juez constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la
jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de
la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de
las otras jurisdicciones. (...)”. (
De esta forma, el agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible
para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo extraordinario, sin
embargo, si el juez constitucional, atendiendo a situaciones extraordinarias
comprueba que los otros medios judiciales no son eficaces para la protección de
las garantías invocadas, la tutela se hace procedente.
Al respecto, esta Corporación en la
Sentencia T- 742 de 2011 manifestó:
“la sola existencia de un medio
alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de
la acción de tutela, porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y
eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si
el juez constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados, - al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real -, el
fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de
los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias,
de la acción de tutela”.
En el caso específico de la solicitud de
reintegro al cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado su
improcedencia como regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de
defensa judicial a los cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción
ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin
embargo, la Corte ha establecido una excepción: “que se trate de un
trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en una
circunstancia que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como
es el caso de las personas con discapacidad”. [4]
En estos casos, la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección laboral reforzada, cuya finalidad
es expandir el postulado de la igualdad real y efectiva y, de esta forma,
garantizarles a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[5] Es decir, que
aunque no existe un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación
laboral de estas personas sólo podrá efectuarse con la  previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
Así lo reiteró esta corporación en la
sentencia T-772 de 2012, al resolver ocho casos similares a los que ocupan
ahora la atención de la Sala, y la cual servirá como referente en el presente
asunto, al reiterar: “esta Corporación no sólo considera que en estos
eventos la acción de tutela es procedente, sino que además es el mecanismo
apropiado para solicitar el reintegro laboral. Además, su procedencia también
se predica frente a las personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, caso en el cual podrá concederse de manera transitoria
mientras las autoridades competentes deciden lo pertinente.[6] En este
último caso, la procedencia de la acción de tutela busca evitar la
configuración de un perjuicio irremediable y no releva al trabajador de acudir
a las vías ordinarias judiciales”.
En conclusión, en aquellos casos en los
cuales se perciba la afectación de los derechos fundamentales de una persona en
situación de discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la
acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no
puede exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el
asunto cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se trate de
un acto discriminatorio.
4.     La estabilidad laboral reforzada de
los trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Es necesario precisar que el derecho al
trabajo debe fundamentarse en los principios consagrados en el preámbulo, y en
los artículos 1º, 2°, 13, 25 y 53 de la Constitución de 1991. De la lectura
sistemática de estos contenidos superiores, se puede concluir que cuando un
trabajador por las contingencias derivadas de sus funciones laborales, pase a
ser una persona en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a que el Estado y
los particulares le garanticen la estabilidad laboral reforzada; es decir, que una vez acaecida una circunstancia que
le disminuya o limite su capacidad laboral, en lo sensorial, en los físico o en
lo sicológico, cuenta con la posibilidad de permanecer en el empleo como medida
de protección a su especial condición, lo que significa que goza de cierta
seguridad en la continuidad de la relación laboral.[7]
Lo anterior imposibilita al empleador a
despedir al trabajador mientras no justifique una justa causa y que la misma
sea avalada previamente mediante autorización del Ministerio de Trabajo.[8]
La garantía constitucional a la estabilidad
laboral reforzada fue desarrollada en un principio para proteger ciertos grupos
sociales, como las mujeres embarazadas, las personas que presenten alguna merma
en sus funciones físicas, psíquicas o sensoriales y los trabajadores aforados, siendo
desarrollada por esta Corporación en los siguientes términos:
“En efecto, si bien, conforme al artículo
53 de la Carta, todos los trabajadores tienen un derecho general a la
estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte,
por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional a una estabilidad
laboral reforzada. Esto sucede, por ejemplo, en relación con el fuero sindical
(…). Igualmente, en anteriores ocasiones, esta Corporación también señaló que,
debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos (CP
Art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se
proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción
(…)”[9].
Posteriormente, esta protección se hizo extensiva a
cualquier clase de trabajador que presentara una merma en su capacidad laboral,
con ocasión de sus labores o dentro del marco de la relación laboral, garantía
que obliga al empleador que quiera disponer la terminación de una relación
laboral, así sea invocando una justa causa, a que comparezca ante el Ministerio
del Trabajo, o ante la entidad que haga sus veces, para que se le expida la
correspondiente autorización.
Este planteamiento fue desarrollado en  la Sentencia
T-1040 de 2001, en la que se conoció el caso de una trabajadora que en el
desempeño de sus funciones presentó encogimiento del músculo de su
pierna derecha, evento que comunicó a su jefe inmediato, sin ningún efecto
respecto de la asignación de funciones. Ésta fue sometida a una cirugía, por lo
que su médico tratante expidió una orden en la que afirmaba su capacidad para
seguir trabajando, pero formulaba quietud. La accionante presentó nuevamente esta
orden a su jefe inmediato; sin embargo, éste le continúo asignando funciones
que deterioraban su salud. Al reiterarle su petición, la trabajadora fue
despedida sin justa causa y con el pago de una indemnización. En este caso, la
Corte determinó que:
“El legislador ha dispuesto una garantía de
estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidades, disponiendo
que, para despedirlas, el empleador requiere de un permiso previo del
Ministerio del Trabajo. Así se garantiza que el sistema jurídico no avale
indiscriminadamente el despido de una persona por su discapacidad, impidiéndole
a estas personas desarrollar el resto de sus facultades físicas y mentales.
Lo anterior fue reiterado en la sentencia T-198 de
2006[10],
la cual extendió la protección de la estabilidad laboral reforzada a las
personas que en ejercicio de sus funciones sufren un deterioro en su salud. En
esa ocasión estudió el caso de una accionante que había sido desvinculada de la
empresa en la que trabajaba, pese a encontrarse en situación de debilidad manifiesta y sin haber sido calificado
su grado de invalidez. Al respecto precisó:
“(…) La jurisprudencia ha extendido el
beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997,
a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales,
sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones
(…).
Aquellos trabajadores que sufren una
disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral,
deben ser considerados como personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la
llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la
Constitución. La
protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la
categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley.
Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de
debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un
conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la
ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para
proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido
vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados o de invalidez (…)”.
Posteriormente, esta Corporación en la Sentencia T-554
de 2009, indicó:
“(…) [E]n aplicación del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, todo trabajador que se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su estado de
salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, causal que, en todo
caso, debe ser  previamente verificada por el inspector de trabajo o la
autoridad que haga sus veces. En este sentido, se reitera que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada es una consecuencia de la grave afectación del
estado de salud del trabajador, afectación que no necesariamente se deriva del
estado de invalidez o discapacidad declarado así por la autoridad competente.”
Siguiendo con la línea jurisprudencial, la
Corte Constitucional en Sentencia T- 415 de 2011, estudió el caso de una
persona a quien pese a habérsele dictaminado la pérdida de capacidad laboral
parcial permanente inferior al 50%, fue desvinculada de su trabajo sin la
autorización previa del Ministerio de la Protección Social, sostuvo que los
trabajadores que tengan una afectación en la salud, están en circunstancia de
debilidad manifiesta, y por tanto, tienen derecho a la estabilidad laboral
reforzada.  En esta ocasión indicó:
“La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i)
inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o
sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en
su salud; (b) esa circunstancia les “impide[a] o dificulte[a] sustancialmente
el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”, y (c) se tema que,
en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho,
están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a
la “estabilidad laboral reforzada.
Pues bien, quienes sean titulares del
derecho a la estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de
carácter fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional a las garantías de la Carta: en primer lugar, de la prohibición
que pesa sobre el empleador de despedir o terminarle su contrato a una “persona
limitada, por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de Trabajo”; y, en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir
el despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad
manifiesta es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del
trabajo.
En consecuencia, cuando se comprueba que el
empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad
laboral reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y
(b) que no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces
el juez que conoce del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor
del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del
despido laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del
demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de
recibir en el interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado
a un cargo que ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo
desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de
empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en
tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de
su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho
a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”.
Lo expuesto hasta ahora no significa que la
conservación o permanencia de un empleo por cierto periodo de tiempo, es en sí
mismo un derecho fundamental. Lo que ocurre es que la Constitución de 1991
quiso garantizar a algunos sujetos la especial protección de su derecho al
trabajo mediante la estabilidad laboral reforzada, la cual consiste, como ya se
dijo, en que la desvinculación de las mujeres embarazadas, los trabajadores
aforados, las personas en situación de discapacidad y, las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como producto de un deterioro en su
salud, no puede presentarse sin la previa autorización de la autoridad
competente.
En conclusión, el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en situación de
debilidad manifiesta, por causa de una disminución de la capacidad física,
síquica o sensorial-sin importar si existe o no calificación de la pérdida de
capacidad- conlleva el derecho a mantenerse en el empleo o a ser reubicado
conforme a unas funciones congruentes con su estado de salud, lo cual debe
incluir la capacitación para el adecuado cumplimiento del nuevo cargo y, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar.
5.
La obligación de
acudir ante el Ministerio del Trabajo o de la autoridad que haga sus veces,
para solicitar la autorización de despedir a aquellos trabajadores que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Reiteración de Jurisprudencia.
Según se plasmó en la sentencia T-772 de
2012 y en las sentencias allí reiteradas, el  tratamiento preferencial para las
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, proviene de
postulados constitucionales, tales como la materialización del principio de
igualdad, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de
Derecho. A saber:
El artículo 13 superior, en los incisos 2 y
3, señala:
“El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. (…) El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
Siguiendo los mismos lineamientos, el
artículo 47 de la Carta establece que:
“(…) el Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
Por otro lado, esta Corporación en
sentencias como la  T-467 de 2010, ha señalado la importancia de proteger a las personas que se
encuentran en circunstancias de indefensión debido a una disminución en su
estado de salud.
Al respecto señaló:
“Las personas que han
sufrido un accidente de trabajo y como consecuencia tienen una mengua en su
estado de salud, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun cuando
no tengan una calificación porcentual de invalidez. Este presupuesto es la base
para determinar que su despido no puede obedecer a argumentos netamente
legales, como el despido sin justa causa, pues su condición de salud los
convierte en sujetos de especial protección constitucional y, en consecuencia,
deben buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el empleo, mediante
la reubicación y respectiva orientación y capacitación en el nuevo lugar de
trabajo y de no ser posible por factores objetivos es imperativo solicitar la autorización
al Ministerio de la Protección Social y al pago de indemnización.”
De igual forma, en la sentencia T-039 de
2010, esta Corte reiteró que la estabilidad
laboral reforzada es predicable frente a personas que se encuentran en
situación de discapacidad, pero su aplicación se hace extensiva a aquellas que
no sólo están calificadas como discapacitadas sino que también han sufrido una disminución
en su salud, debido al desarrollo de sus labores. Al respecto, se
señaló:
“La jurisprudencia ha
extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley
361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados
como tales, sino de aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de
sus funciones. En efecto, en virtud de la
aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el
despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la
cual procede la tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal
actuación no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación
como la posibilidad legal de despido sin justa causa. Nace el deber del
empleador de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del
contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física.”
Ahora bien, debido a la situación de
especial protección constitucional que tienen las personas en situación de
vulnerabilidad, su desvinculación laboral debe ser autorizada por el Ministerio
de Trabajo, quien tiene la obligación de autorizar o no el despido, sin que
dicho requisito pueda ser omitido por el empleador. Lo anterior se fundamenta
en la Ley 361 de 1997, la cual en su artículo 26 señala lo siguiente:
“En ningún
caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”
Lo expuesto no
significa que el empleador pueda omitir la autorización del Ministerio de
Trabajo para la desvinculación de una persona que se encuentra en situación de
vulnerabilidad, pagando la indemnización, puesto que el despido sin la previa
autorización es considerado como ineficaz, lo que significa que la indemnización
no lo faculta para realizarlo, sino que es una consecuencia de éste.
Así mismo, esta
Corporación ha señalado que “la verdadera
naturaleza de la indemnización que allí se plantea enerva el argumento de la
inconstitucionalidad de la disposición legal, por cuanto dicha indemnización
presenta un carácter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia
jurídica al despido o a la terminación del contrato de la persona con
limitación, sin previa autorización de la oficina de Trabajo.”
De
manera que esta Corte estima que la posibilidad de despedir a
una persona en situación de vulnerabilidad, sin previa autorización de la
Oficina de Trabajo, debiendo el empleador asumir el pago de una indemnización
por la suma de “ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las
demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”, no configura una salvaguarda de sus derechos
y un desarrollo del principio de protección especial de la cual son
destinatarios, por razón de su debilidad manifiesta, toda vez que la protección
de esta forma establecida es insuficiente respecto del principio de estabilidad
laboral reforzada que se impone para la garantía de su derecho al trabajo, de
la igualdad y del respeto a su dignidad humana.[11]
En resumen, el
Ministerio de Trabajo tiene que pronunciarse respecto de la solicitud de
autorización que realiza el empleador acerca del despido de una persona en
situación de vulnerabilidad, esto debido a la especial protección
constitucional de la que gozan los mencionados trabajadores.
Además, esta
obligación no constituye una mera formalidad sin sentido, por lo cual no es
dable que el Ministerio incumpla con este deber, absteniéndose de emitir
pronunciamiento alguno, pues éste tiene la obligación de analizar el caso y
emitir su concepto favorable o no respecto del tema cuestionado. De igual
manera, en los casos en los cuales se alegue una justa causa por parte del
empleador, el Ministerio del Trabajo debe verificar si existe o no la misma, esto
en razón a la especial protección que tienen las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, por lo que se debe verificar si en realidad el
despido se debe a la justa causa alegada o es en razón de la condición de
vulnerabilidad del trabajador.
6.
Resolución de
los casos concretos.
De acuerdo con las consideraciones
expuestas, la Sala reiterará la jurisprudencia  referente a que  la acción de
tutela es el mecanismo idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada,
cuando lo que se busca es garantizarles a los trabajadores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[12]
De esta manera y de acuerdo con lo preceptuado en la parte motiva, aunque no
existe un derecho absoluto a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral
de estas personas sólo podrá efectuarse con la  previa autorización del
Ministerio de Trabajo. Así, lo que se busca, es proteger a las personas que
como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad, han sufrido un
deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones.
La Corte Constitucional ha
establecido en reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela
para solicitar reintegros laborales, puesto que existen otros medios de defensa
judicial a los cuales los accionantes pueden acudir para lograr lo pretendido;
no obstante, excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo cuando se
establece que aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o  que se requiere
la urgente intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
De igual manera, esta Corporación ha
establecido como excepción a la regla general de improcedencia, que se trate de
un trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en
circunstancia que le otorgue el derecho a permanecer en su empleo, es decir que
goce de la estabilidad laboral reforzada, tal como es el caso de las personas
que han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de sus
funciones.
Analizados los
antecedentes y teniendo en cuenta las consideraciones ya expuestas sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral,
pudo verificarse en todos los casos objeto de estudio que: (i) los
accionantes son sujetos de especial protección constitucional, debido a que
como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad han sufrido un
deterioro en su salud, razón por la cual se encuentran en situación de
vulnerabilidad. Además, no cuentan con medios económicos para procurarse su
subsistencia ni la de su núcleo familiar, pues su estado de salud les impide
acceder por el momento al campo laboral y, (ii) fueron retirados de sus
cargos sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo, razón por la cual
el despido carece de validez.
Por otro lado,
constituye una conducta legítima de los accionantes ejercitar la acción de
tutela, pues se trata de sujetos de especial protección constitucional quienes,
ante los diferentes despidos y terminación de sus contratos laborales, no
tienen otro mecanismo eficaz para solicitar la defensa de sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la
seguridad social.
Lo anterior
conlleva a que los criterios esbozados en la parte motiva se apliquen de la
siguiente manera:
a). EXPEDIENTE T-4.258.529
Estudio de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Fredy Forero Valero.
Analizada la situación fáctica, le
corresponde a la Sala determinar si la empresa Alianza Logística Ltda. y otro,
vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a
la vida y al trabajo del accionante, al despedirlo de su cargo sin tener en
cuenta su situación de vulnerabilidad y, sin la previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
En el caso objeto de estudio se
encuentra acreditado que el señor Forero Valero sufrió un accidente en su moto
mientras regresaba de repartir los productos de la empresa para la cual
laboraba, lo que le produjo una disminución en su capacidad laboral y le ha impedido
acceder a otro empleo. La empresa accionada lo despidió sin que mediara previa
autorización del Ministerio de Trabajo y sin tener en cuenta que el accionante
se encontraba en situación de vulnerabilidad, toda vez que las molestias en su
ojo aún no habían desaparecido. Adicionalmente estaba pendiente un
procedimiento médico que buscaba restablecer el estado de salud del accionante.
Por ello, siguiendo la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, se deben proteger al trabajador
los derechos fundamentales invocados, por tratarse de una persona que merece
una especial protección constitucional.
De lo anterior se evidencia que
dicho despido carece de validez ya que no obra autorización de la autoridad del
trabajo. Además, su padecimiento le procura el status de persona protegida por
la estabilidad laboral reforzada, haciendo presumir que su trabajo en la empresa
demandada constituye su única fuente de ingresos con la cual provee lo
necesario para poder vivir en condiciones dignas a su núcleo familiar, en el
cual se encuentran menores de edad. Ello aunado a que debido a su merma en la
capacidad laboral, no ha podido encontrar otra fuente de recursos económicos.
De igual forma, no consta dentro del plenario que el
empleador haya acudido al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización
de despido del accionante. Recuérdese que la garantía de la estabilidad laboral
reforzada implica para el empleador la observancia de un procedimiento
establecido en la Ley 361 de 1997, que cobija a los trabajadores en situación
de vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen de pérdida
de capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante en estos
eventos, es que se verifique la merma en la capacidad laboral  del trabajador
durante o con ocasión de su trabajo y que dicha patología lo sitúe en un estado
de debilidad manifiesta.
Como se afirmó en líneas anteriores, el empleador
puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad pero observando
un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente para que
verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación del
contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral
reforzada quedaría sin contenido.
Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como
aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que
prima facie se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de la Protección Social, da
lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen
el deterioro en la salud del trabajador.
Esta situación no es acorde con los
principios y criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia de
esta Corporación, en virtud de los cuales las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional
y no pueden ser despedidos sin que obre autorización proferida por la oficina
de trabajo.
En resumen: (i) no procede el despido de
una persona en situación de vulnerabilidad sin que exista autorización del
Ministerio de Trabajo, (ii) cuando el empleador alega justa causa, el
Ministerio del Trabajo o la autoridad que haga sus veces, debe calificar si la
causal alegada es justa o no, esto con la finalidad de proteger al trabajador
que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y (iii) aun existiendo
indemnización, no procede el despido sin previa autorización.
Las
órdenes en el caso del señor Fredy Forero Valero
Por lo expuesto y teniendo en
cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo para despedir al señor
Fredy Forero Valero, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad debido al
accidente que sufrió en su ojo derecho, lo cual le ha ocasionado una
disminución en la vista y constantes molestias, estando pendiente una cirugía,
esta Sala de Revisión  revocará el fallo de tutela proferido el tres
(3) de enero de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías, y en su
lugar, protegerá los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral, al mínimo vital  y a la vida en condiciones dignas del accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Alianza
Logística Limitada, reintegrar al señor Fredy Forero Valero a un
cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad
parcial que padece, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral. Así mismo se pagará la indemnización de que
trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997.
Por último, se advierte al empleador que la
terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
b) EXPEDIENTE T-4.259.251
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la señora Alicia Stella Jácome Barrios.
Analizada la situación fáctica, le corresponde a la
Sala definir si la empresa Textiles de la Costa S.A., vulneró los derechos
fundamentales invocados por  la accionante, al terminar unilateralmente el
contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes, pese a tener conocimiento
de que: i) mientras estaba vigente la relación laboral la accionante fue
diagnosticada con cáncer de seno y,  ii) le fue programado un riguroso
tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
La Sala observa que en este caso el
empleador tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que
se encontraba la accionante, puesto que la patología se produjo mientras estaba
realizando las labores de costura en al empresa, y pese a ello terminó su
contrato laboral sin solicitar la autorización previa ante el Ministerio de
Trabajo.
En un principio para emprender el estudio
de lo planteado, es necesario reiterar que esta Corporación ha indicado que la
estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata
del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la debida
protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que
se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como
ocurre en el presente caso, en el que la accionante pese a padecer una
enfermedad catastrófica y estar en tratamiento médico, fue desvinculada de su
trabajo sin justa causa y, sin previa autorización de la entidad competente
para ello.
De igual forma la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta
garantía, a su vez, implica (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser
despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que
conlleve la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración
de la causal objetiva,  que se aduce para dar por terminado el contrato
laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea
declarado ineficaz.
Ahora bien, el hecho de que el empleador
haya terminado el contrato de trabajo alegando una justa causa, al poco tiempo
de que se le diagnóstico  el cáncer de seno a la accionante, da lugar a
presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la
situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante. Sin embargo,
su comportamiento altruista de seguir cotizando al sistema se seguridad social
de la extrabajadora después de finiquitada la relación laboral aminora la
presunción de mala fe que la pudo inducir a dar por terminada la relación
laboral.
Como se mencionó con anterioridad el
empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad, pero
observando un debido proceso, esto es, acudiendo a la oficina de trabajo para
que sea ésta quien verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o
terminación del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad
laboral reforzada quedaría sin contenido y se desconocería lo dispuesto por
esta Corporación en reiteradas ocasiones sobre la especial protección
constitucional que tienen las personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta.
Si bien es cierto a la señora Jácome
Barrios se le han pagado las incapacidades por los primeros 180 días por cuenta
de su EPS, y otras por cuenta de del Fondo de Pensiones al cual se encuentra
afiliada, también lo es que cuando una persona supera los 540 días de
incapacidad y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral no alcanza al
50%, dejándole en consecuencia sin el derecho a la pensión de invalidez, la
única expectativa posible que le queda para poder adquirir los medios
necesarios para su subsistencia es el reintegro a su trabajo, en condiciones
que no hagan más difícil su ya delicado estado de salud.
Por tanto, teniendo en cuenta la edad de la
accionante (58 años) y que la misma fue calificada con el 29% de pérdida de
capacidad laboral, no puede predicarse de ella que sea una persona inválida;
por el contrario, puede desempeñar otros cargos que la empresa le pueda
proveer. En consecuencia es procedente el reintegro solicitado, hasta tanto,
cause su pensión de vejez, de invalidez o exista una causa objetiva para dar
por terminada la relación laboral, previa autorización y calificación por parte
de la autoridad del trabajo.
Por lo expuesto, se puede concluir que en
el caso objeto de estudio el despido carece de eficacia jurídica ya que la
accionante es sujeto de especial protección constitucional debido a la
situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al momento de su retiro, y
por no existir autorización del Ministerio de Trabajo para que éste se
efectuara. Razón por la cual esta Sala procederá a ordenar el reintegro de la
señora Alicia Stella Jácome Barrios a su sitio de trabajo.
Adicionalmente, la Carta Política en su
artículo 13 prescribe que se deberán adoptar decisiones que protejan
especialmente a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta, al padecer contingencias provenientes de sus estado económico,
físico o mental, tal como sucede en el presente caso; ello con el fin de
materializar la realización efectiva del derecho a la igualdad.
Las órdenes en el caso de
la señora Alicia Stella Jácome Barrios.
En este caso concreto, la Sala encontró acreditados
todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales invocados por la accionante a la estabilidad laboral reforzada, a
la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa
Textiles de la Costa S.A.S, reintegrar a la señora Alicia Stella
Jácome Barrios al cargo que venía desempeñando o a otro que pueda desempeñar
dignamente, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su médico
tratante, cancelando todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad. De igual manera, al no existir
autorización del Ministerio del Trabajo se autoriza el pago de la indemnización
de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se autoriza descontar los dineros que la trabajadora
haya recibido por concepto de incapacidades, las cuales en ningún momento
pudieron ser inferiores al Salario Mínimo Legal Mensual vigente. Lo anterior,
atendiendo a que la empresa continúo cotizando al sistema de seguridad social
de la trabajadora aún después de terminada la relación laboral.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
c) Expediente T-4.263.221
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Herley Vélez Quintero.
Se estudia la situación del señor Herley
Vélez Quintero, quien a pesar
de haber comunicado a la empresa que padece de la enfermedad VIH, fue despedido
sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Esta corporación ha sido enfática en proteger los
derechos fundamentales de las personas que padecen de VIH, quienes se han
convertido en centro de discriminación por parte de personas y empresas en
conceptos infundados, sin permitirles el acceso a la vida laboral o
restringiéndoles el derecho al trabajo y por ende a conseguir por sus propios
medios el sustento necesario para sí y su núcleo familiar.
En el presente evento es claro que el accionante es
una persona que goza de una estabilidad laboral reforzada, no sólo por su
condición de portador del virus, sino por la obligación que tienen los
empleadores, al formar parte integral del Estado social de derecho, de
garantizar la materialización del artículo 13 superior, el cual obliga a
proscribir cualquier tipo de discriminación en razón a las condiciones físicas,
psíquicas o sensoriales que padezca una persona.
En el presente evento se observa que pese a que la
empresa conocía la enfermedad  del trabajador, decidió dar por terminado su
contrato de trabajo sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo.
Por lo anterior se ordenará a la empresa Solarte y
compañía Ingeniería Calculista S.A., que proceda a reintegrar al señor Herley
Vélez Quintero a su puesto de trabajo.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo, o debe obedecer a una causa objetiva, como lo es el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.
Las órdenes en el caso del
señor Herley Vélez Quintero.
En el presente asunto, la Sala encontró acreditados
los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo
y al mínimo vital del accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Solarte
y Compañía Ingeniería, reintegrar al señor Herley Vélez Quintero al
cargo que venía desempeñando o a otro que pueda desempeñar dignamente, teniendo
en cuenta las observaciones realizadas por su médico tratante, cancelando todos
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que
medie solución de continuidad. De igual manera, al no existir autorización del
Ministerio del Trabajo se autoriza el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
d) EXPEDIENTE T- 4.263.635
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Jaimir Mendoza Oviedo.
En el caso objeto de estudio se observa,
que el tutelante mientras se encontraba cumpliendo con sus labores en las
instalaciones de la empresa Industria Nacional de Gaseosas, donde fue vinculado
a través de la Empresa Eficacia Servicios Integrales,  sufrió dos accidentes,
uno el 23 de diciembre de 2004 y otro el 23 de julio de 2011, los cuales
dejaron ciertas secuelas en su humanidad, tal como lo prescribe su examen de
egreso, el cual fue calificado como no satisfactorio.
En el expediente se encuentra
además acreditado que el actor ha tenido que acudir en diferentes oportunidades
a su EPS en la cual tiene procedimientos médicos pendientes. Así mismo, asegura
no tener ingresos, el cual está compuesto por sus hijos menores de edad,
afirmación que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
De igual forma, se evidencia que la empresa
accionada tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que
se encontraba el actor, ya que los accidentes se produjeron dentro de las
instalaciones donde prestaba sus servicios, razón por la cual, para poder
efectuar el despido, la empresa accionada debía solicitar la autorización previa
del Ministerio de Trabajo, puesto que esta Corporación ha señalado
reiteradamente que para que se haga  efectivo el despedido de una persona que
ha sufrido una disminución en su capacidad laboral se requiere autorización de
la entidad correspondiente (Ministerio de Trabajo).
De otro lado, no consta dentro del
expediente que el empleador, Industria Nacional de Gaseosas o Eficacia
Servicios Integrales haya acudido ante la autoridad del trabajo para solicitar
la autorización de despido del actor. Es importante resaltar que el accionante
en interrogatorio de parte precisó que ya había interpuesto la respectiva demanda
laboral. En ella se tendrá que definir con quién era que el accionante sostenía
la relación de trabajo, si con La Industria Nacional de Gaseosas S.A. o con
Eficacia Servicios Integrales, o si existe algún tipo de solidaridad entre
ambas.
Mientras dicha situación se resuelve,
teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda la empresa Eficacia
Servicios Integrales, manifiesta que es la real empleadora del accionante, y
que la garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador
la observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997, la cual
no se observó ya que no se allegó el permiso del Ministerio del Trabajo, se
ordenará el reintegro del trabajador a un cargo igual a superior al que venía
desempeñando, bien sea directamente con la empresa Eficacia Servicios
Integrales o en alguna de las compañías a la que ésta preste sus servicios de
logística.
La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir que el
despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba el trabajador, por ello la tutela debe
proceder y en este puntual caso se concederá como mecanismo transitorio, hasta
tanto se agote el proceso laboral pertinente ya iniciado.
Las órdenes en el caso del señor Jaimir Mendoza Oviedo.
En este caso se encuentran acreditados los requisitos
para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Eficacia
Servicios Integrales, reintegrar al señor Jaimir Mendoza Oviedo a
un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
discapacidad que presenta, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena también el pago
de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
e) Expediente T-4.265.370
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Luis Ferney Cubides Cepeda.
Se estudia la situación del señor Luis
Ferney Cubides Cepeda, quien a pesar de haber sufrido una enfermedad en su
columna y tener programada una cita con medicina laboral para tratar su
enfermedad, fue despedido de la empresa ISVI LTDA, sin tener en cuenta su
situación de vulnerabilidad  y, sin previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
En el caso objeto de estudio se encuentra
probado que el empleador tenía pleno conocimiento de la situación en la que se
encontraba el accionante, toda vez que se le informó a la Jefe inmediata del
trabajador para que le permitiera realizarse los exámenes de rigor. Con
posterioridad se allegó el examen de egreso, el cual daba cuenta de las
limitaciones que padecía el trabajador y aun así, la empresa decidió mantenerse
en la decisión de dar por terminada la relación laboral, sin solicitar la
autorización del Ministerio de Trabajo.
Conducta que constituye una falta al deber
de solidaridad y desconoce la estabilidad laboral reforzada que esta Corte ha reiterado
para aquellos trabajadores que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta como es el caso del peticionario.
Por lo mencionado con anterioridad, esta
Sala encuentra probado que el despido del accionante encontrándose en situación
de debilidad manifiesta como producto del deterioro de su salud, carece de
eficacia jurídica por no existir autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Las órdenes en el caso del señor Luis
Ferney Cubides Cepeda.
En el caso objeto de estudio la Sala encontró
acreditados los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales
a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna,  a la salud, a
la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa ISVI LTDA.,
reintegrar al señor Luis Ferney Cubides Cepeda a un cargo en el
que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación de salud, y a la
cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin
que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las
observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso
deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad
laboral. Se ordena igualmente el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
f) EXPEDIENTE
T-4.265.459
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Blanca Doris Espinosa Rico.
Le corresponde a la Sala definir si la
empresa Corporación Universitaria Americana, vulneró los derechos fundamentales
invocados por  la accionante, al terminar unilateralmente antes del vencimiento
el contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las dos, pese a tener
conocimiento de que la petente sufrió un accidente laboral mientras se
encontraba ejecutando el contrato de trabajo que le afectó seriamente la córnea
de su ojo y otras partes del rostro.
Como ya se ha indicado, la terminación de
la relación laboral con una persona que sufrido merma en su capacidad laboral
exige una autorización previa del Ministerio del Trabajo, después de haberse demostrado
una causal objetiva para que pueda proceder el despido. Al no cumplir el
empleador con dichos requisitos está contradiciendo los parámetros establecidos
por esta Corte y vulnerando los derechos fundamentales de un sujeto protegido
constitucionalmente, como es el caso que nos ocupa, puesto que para despedirlo
requiere de la autorización mencionada.
Por lo dicho, esta Corte protegerá los
derechos fundamentales de la accionante y ordenará a la empresa accionado el
reintegro a sus labores.
Las órdenes en el caso de la señora Blanca
Doris Espinosa Rico
En el caso objeto de estudio la Sala encontró
acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna,
a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa
Corporación Universitaria Americana, reintegrar a la señora Blanca
Doris Espinosa Rico a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de
acuerdo con su situación de salud, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. De igual manera se ordena
el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
De otra parte se ordenará a la ARL COLMENA que preste
toda la atención necesaria a la accionante con el fin de restablecer su problema
de córnea, realizando los procedimientos médicos y quirúrgicos que sean
necesarios para el efecto.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
g) EXPEDIENTE T-4.267.422
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Luz Marina Camargo Soto.
Se estudia la situación de la señora Luz
Marina Camargo Soto, quien a pesar de encontrarse en tratamiento médico, como
consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 13 de diciembre de 2012, y
estarse recuperando de la cirugía practicada el 11 de junio de 2013 de
apendicitis, fue despedida de la empresa Empleos Temporales Maluc´s, sin
la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En el presente caso la señora Luz Marina
Camargo Soto es una persona en situación de vulnerabilidad en razón al
accidente que padeció y al tratamiento médico que se le está otorgando, lo cual
se encuentra acreditado en donde consta que la accionante durante la fecha del
despido (22 de julio de 2013) y posterior a ella se encontraba en terapias en
busca de la total recuperación de la mano derecha. En consecuencia, está
amparada por la garantía del derecho a la estabilidad laboral reforzada como
sujeto de especial protección constitucional de acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
En efecto, según las pruebas que se encuentran en el
expediente la empresa de Empleos temporales Maluc´s era el empleador de la
accionante. El accidente sufrido dentro del Hospital quedó reportado así: “el
trabajador se encontraba barriendo uno de los baños del hospital cuando de
repente se resbala golpeándose la muñeca de la mano derecha generando dolor”.
El anterior suceso aconteció en las instalaciones del Hospital donde se
encontraba trabajando en misión la accionante, el reporte se hizo
inmediatamente,  razón por la cual se puede concluir que su empleador tenía
conocimiento del accidente.
Cabe anotar que la misma empleadora asevera en su
contestación que la señora Camargo Soto fue reintegrada a su trabajo con
restricciones para el desempeño de su labor, lo que hace presumir que la
terminación del contrato de trabajo, no obedeció a una justa causa legal, sino
a la situación de vulnerabilidad de la trabajadora.
Por otro lado, no consta dentro del plenario que el
empleador haya acudido al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización
de despido de la accionante. Recuérdese que la garantía de la estabilidad
laboral reforzada implica para el empleador la observancia de un procedimiento
establecido en la Ley 361 de 1997 que cobija a los trabajadores en situación de
vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante en estos
eventos es que objetivamente se verifique la situación de vulnerabilidad del
trabajador durante o con ocasión de su trabajo y lo sitúe en un estado de
debilidad manifiesta.
La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de Trabajo, da lugar a
presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la
situación de vulnerabilidad del trabajador, lo cual sería para el presente
caso.
Con base en lo anterior, la Sala concluye
que existe perjuicio irremediable en cabeza de la accionante, quien continúa en
tratamiento médico, como se puede evidenciar de las pruebas allegadas a este
despacho en sede de tutela, situación que la coloca en desventaja frente a
otras personas para acceder a un empleo. Razón por la cual, es preciso amparar
los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital,
a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso.
Las órdenes en el caso de
la señora Luz Marina
Camargo Soto
En el caso objeto de estudio la Sala encontró
acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida
digna, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad de
la señora Luz Marina Camargo Soto.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa de
Empleos Temporales Maluc´s., reintegrar a la señora Luz Marina
Camargo Soto a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con
su situación actual de salud, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena igualmente el
pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
h) EXPEDIENTE T-4.271.062
Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Martín Eduardo Esteban.
Se estudia la situación del señor Martín
Eduardo Esteban quien a pesar de haber padecido un accidente laboral, fue
despedido de su trabajo de la empresa Conalvías Construcciones S.A.S, sin la
previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En esta ocasión el actor mientras ejercía
sus labores en la empresa accionada, sufrió una lesión en su columna al recibir
un tubo de peso considerable, lo que le generó una enfermedad lumbar, la cual
persistió después de haber terminado su relación laboral. Su contrato de
trabajo fue terminado sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y sin
solicitar la autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Para abordar el estudio de lo planteado, es
necesario reiterar que, tal como se expuso en las consideraciones, la
estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata
del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la debida
protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que
se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como
ocurre en el presente caso, en el que el accionante pese a padecer las secuelas
de un accidente laboral y encontrándose en situación de debilidad manifiesta,
fue desvinculado de su trabajo alegando una justa causa legal, sin previa
autorización de la entidad encargada para ello.
Partiendo de lo esgrimido anteriormente, y
adentrándonos al caso que en esta ocasión nos ocupa, la Sala encuentra probado
que el padecimiento del actor es consecuencia del accidente sufrido en el
ejercicio de sus funciones dentro de la empresa accionada.
No consta dentro del plenario que la parte accionada
haya acudido al Ministerio del Trabajo para solicitar la autorización de
despido del accionante. La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir que el
despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de
discapacidad del trabajador.
De lo manifestado con anterioridad se puede
afirmar que para que un empleador pueda despedir a un trabajador que se
encuentra en situación de discapacidad, el Ministerio de Trabajo debe proferir
una  autorización de despido, sin dicha autorización el despido no tiene eficacia jurídica.
Por otro lado, puede inferirse que el hecho
de terminar la relación laboral cuando el trabajador seguía sufriendo las
secuelas del accidente laboral, sin la autorización del Ministerio de Trabajo,
se convierten en razones suficientes para presumir que la decisión de despido
fue con ocasión del estado de salud del accionante, y para casos como el
presente, en el que se comprueba que la razón del despido es la situación de
debilidad manifiesta del trabajador, la Corte Constitucional  ha ordenado
el reintegro laboral del trabajador.
Así las cosas, al confrontar las pruebas
obrantes en el expediente, estima la Sala que es preciso amparar los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida,
al trabajo, a la salud y a la seguridad social, en aras de que la Empresa Conalvías
Construcciones S.A.S., reintegre al peticionario.
Las órdenes en el caso del señor Martín
Eduardo Esteban
En el caso objeto de estudio la Sala encontró
acreditados los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna,
a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital del señor Martín Eduardo
Esteban.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Empresa
Conalvías Construcciones S.A.S., reintegrar al señor  Martín
Eduardo Esteban a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo
con su situación actual de salud, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad.
Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar
dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al
desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena igualmente el pago de la
indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el actor sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
3.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- En el expediente T-4.258.529 REVOCAR la sentencia proferida
el tres (3) de enero de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Setenta y Siete
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite
de la acción de tutela incoada por Fredy Valero Forero en contra de la empresa
Alianza Logística Limitada. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR  a la empresa Alianza
Logística Limitada, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,
reintegre al señor Fredy Valero Forero a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con la enfermedad que padece. De igual
manera se le ordena cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
reintegrado sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta
las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es
preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con
el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio del
Trabajo o de la autoridad que haga sus veces.
TERCERO.- En el Expediente T- 4.259.251, REVOCAR la sentencia de tutela
proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, en el trámite de la acción
de tutela interpuesta por Alicia Stella Jácome Barrios contra la empresa
Textiles de la Costa S.A.S.
CUARTO.- En consecuencia, ORDENAR  a la empresa Textiles de la
Costa S.A.S., que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia,
reintegre a la señora Alicia Stella Jácome Barrios a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con la enfermedad que padece. De igual
manera se le ordena cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
reintegrada sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta
las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es
preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con
el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio del
Trabajo o de la autoridad que haga sus veces.
QUINTO.- En el expediente T-4.263.221, REVOCAR la sentencia proferida
el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado
Diecinueve Penal del Circuito CFC de Cali, en el trámite de la acción de tutela
impetrada por Herley Vélez Quintero en contra de la empresa Solarte y Compañía
Ingeniería Calculista S.A. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al trabajo, a la vida y al mínimo vital del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO.- En consecuencia, ORDENAR a la empresa Solarte y Compañía
Ingeniería Calculista S.A., que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia,  reintegre
al señor Herley Vélez
Quintero a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
discapacidad que presenta, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea reintegrado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador
que la terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con
previa autorización del Ministerio de Trabajo o de la autoridad que haga sus
veces.
SÉPTIMO.-
En el expediente T-4.263.635, REVOCAR la sentencia
proferida el veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), por el Juzgado
Noveno Penal del Circuito de Medellín, en el trámite de la acción de tutela
formulada por Jaimir Mendoza Oviedo en contra de la empresa Eficacia Servicios
Integrales. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo
y al mínimo vital del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
OCTAVO.- En consecuencia, ORDENAR a la
empresa Eficacia Servicios Integrales, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia,  reintegre al señor Jaimir Mendoza Oviedo al cargo que venía
desempeñando, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su médico
tratante. De igual manera se ordena la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea reintegrado sin que medie solución de
continuidad. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el
accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
NOVENO.- En
el expediente T- 4.265.370, REVOCAR la sentencia
proferida el doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Luis Ferney Cubides Cepeda en contra de la empresa ISVI
limitada. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
trabajo, a la vida digna a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
DÉCIMO.- En consecuencia, ORDENAR a la
empresa ISVI Limitada, que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia,  reintegre al señor Luis Ferney Cubides Cepeda al
cargo que venía desempeñando, teniendo en cuenta las observaciones realizadas
por su médico tratante. De igual manera se ordena la cancelación de todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación
hasta el momento en que efectivamente sea reintegrado sin que medie solución de
continuidad. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el
accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO PRIMERO.- En el expediente T-4.265.459, REVOCAR la
sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013), por
el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Control de Conocimiento,
en el trámite de la acción de tutela iniciada por Blanca Doris Espinosa Rico,
en contra de la empresa Corporación Universitaria Americana. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al
mínimo vital de la accionante, por las razones expuestas en esta sentencia.
DÉCIMO SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR a la
empresa Corporación Universitaria Americana, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia,  reintegre a la señora Blanca Doris Espinosa Rico al cargo que
venía desempeñando, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su
médico tratante. De igual manera se ordena la cancelación de todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea reintegrada sin que medie solución de
continuidad. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el
accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO TERCERO.- En el expediente T- 4.267.422, REVOCAR la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013)
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, en el trámite de la
acción de tutela fundada por Luz Marina Camargo Soto en contra de la Empresa de
Empleos Temporales Maluc`s. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a
la vida digna, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso de la
accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
DÉCIMO CUARTO.- En consecuencia, ORDENAR a la
Empresa de Empleos Temporales Maluc`s, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia,  reintegre a la señora Luz Marina Camargo Soto al cargo que
venía desempeñando, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su
médico tratante. De igual manera se ordena la cancelación de todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea reintegrada sin que medie solución de
continuidad. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el
accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO QUINTO.- En el expediente T- 4.271.062, REVOCAR la
sentencia proferida el veintitrés (23) de diciembre de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Décimo Penal Municipal CFCG de Bucaramanga, en el trámite de la
acción de tutela instituida por Martín Eduardo Esteban en contra de la empresa
Conalvías Construcciones S.A.S. En su lugar, CONCEDER la protección de
los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO SEXTO.- En consecuencia, ORDENAR a la empresa
Conalvías Construcciones S.A.S., que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia,  reintegre al señor Martín Eduardo Esteban a un cargo
en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación actual de
salud. De igual manera se ordena la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador
que la terminación del contrato con el actor sólo podrá efectuarse con la
previa autorización del Ministerio del Trabajo.
DÉCIMO SÉPTIMO.- En todos los casos CONCÉDASE la
indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a
180 días de salario, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
DÉCIMO OCTAVO.- Para los efectos del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, los juzgados de origen harán las respectivas notificaciones
y tomarán las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
DÉCIMO NOVENO.- El desacato a lo aquí dispuesto se sancionará en la
forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia  T-1015 de
2008.
[2] Sentencia T- 417 de
2010.
[3] Ibídem
[4] Sentencia T-777 de
2011. Ver entre otras, Sentencias T-742 de 2011 y  T-677 de 2009.
[5] Ibídem
[6] Sentencia T-125 de
2009.
[7] Sentencia
T- 742 de 2011.
[8] Ibídem
[9] Sentencia C-531 de 2000. La norma analizada prescribe
que: “(…) Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
La
norma demandada (artículo 26)
fue declarada exequible de manera condicionada toda vez que la Corte estimó que
en todo despido por razón de la  limitación de la persona deberían
concurrir dos factores: la autorización de la oficina del trabajo y el pago de
ciento ochenta días de trabajo. Estas dos cargas para el empleador son
instrumentos previstos por el legislador para evitar que se presente de manera
arbitraria el despido de la persona limitada.
[10]Ver entre otras las
Sentencias T-039 de 2010 y T- 467 de 2010.
[11] Ibídem