T-016-94
Sentencia No
Sentencia No.
T-016/94
ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/DERECHOS
FUNDAMENTALES
Las personas
jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a)
Indirectamente, cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales
asociadas. b) Directamente, cuando las personas jurídicas son titulares de
derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino
que lo son por sí mismas, siempre, claro está que esos derechos por su
naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA
Los hechos
narrados por el actor, se enderezan a la protección de derechos colectivos, de
tal manera que quien lo solicite no puede obrar sin legitimación a nombre de la
comunidad, no siendo procedente la tutela para el caso como el planteado en
este asunto.
REF.:  Expediente
No. 21589
PETICIONARIO:
LUIS EDUARDO HINCAPIE MEDINA
PROCEDENCIA:
Consejo de Estado
MAGISTRADO
PONENTE:  Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D.C., veintiseis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La Sala Sexta de
Revisión, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del
Magistrado Ponente, procede a revisar las sentencias que para decidir la acción
de la de referencia, fueron proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, el día quince (15) de julio de mil novecientos
noventa y tres (1993) y por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, el día dieciocho (18) de agosto del mismo año.
I.  INFORMACION
PRELIMINAR
El seis (6) de julio
de 1993, el señor LUIS EDUARDO HINCAPIE MEDINA, actuando "en el nombre mío
y de la COMUNIDAD DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, con sede dentro del Municipio
de Útica..." impetró la acción de tutela, prevista en el Artículo 86 de la
Constitución Política, en contra de la Delegada del Gobernador de Cundinamarca
y Directora de Habitat, señora GILMA JIMENEZ y del Alcalde de Útica
(Cundinamarca), por "violación de los derechos fundamentales y
constitucionales lo mismo que a nuestra norma penal".
A.  HECHOS
Según el
peticionario, sirven de fundamento para el ejercicio de la acción de tutela los
siguientes hechos:
1. Hace más de dos
años, más de ochenta familias crearon la JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL denominada "RESURGIR DEL PUEBLO", Junta que cuenta con
personería jurídica.
2. Pese a la
ausencia de apoyo "nuestro plan de vivienda si está inscrito en la
Alcaldía".  La Administración Departamental donó dos hectáreas de tierra y
con base en ello "se planificó la construcción de ochenta y seis
viviendas".
3. Intempestivamente
"la Delegada del Gobernador y Directora de HABITAT, señora GILMA JIMENEZ y
el Alcalde han subido los precios a las viviendas de dos millones quinientos
mil pesos m/cte ($ 2'500.000) a tres millones quinientos mil pesos m/cte ($
3'500.000) y una cuota de ahorro programado inicialmente de sesenta mil pesos
m/cte ($ 60.000) y hoy de ciento setenta y cinco mil pesos m/cte ($ 175.000),
usando un UPAC imaginario y acomodaticio".
4. El Alcalde y la
Directora de HABITAT cambiaron el nombre del programa de vivienda "para
dejar por fuera la JUNTA DE VIVIENDA, al Concejo Municipal, al Personero
Municipal y a varias familias...".
5. "El señor
Gobernador adjudicó una partida de seis millones de pesos m/cte ($ 6'000.000)
al plan de vivienda RESURGIR DEL PUEBLO, los millones que nos corresponden del
IVA y una partida de tres millones de pesos m/cte ($ 3'000.000) que dejó
el Consejo (sic) para la misma obra, todo esto lo está manejando el Alcalde y
contratando sin contar con el Fondo y sus Delegados, la firma contratante no
llena los requisitos de Ley, tampoco se hicieron las licitaciones que deben ser
radicadas para el caso".
6. "Los
contratos se los adjudicó el Alcalde al primo hermano de su esposa, Arquitecto
ALFONSO RINCON MUÑOZ, con la complacencia de HABITAT...".
La tutela encuentra
fundamento en el Artículo 23 de la Constitución Nacional.
II.  LAS
SENTENCIAS OBJETO DE REVISION
A. PRIMERA
INSTANCIA
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, mediante Sentencia de julio
quince (15) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvió "DENEGAR LA
TUTELA impetrada", de conformidad con las siguientes consideraciones:
1. La tutela está
concebida para la protección de derechos individuales y no de derechos
colectivos "de tal manera que quien la solicite no puede obrar en nombre
de la comunidad pues son los derechos de cada ciudadano los que se pueden
conculcar separadamente el objeto del recurso que se propone".
2. Los hechos
narrados por el actor no guardan relación con el derecho de petición y "de
conformidad con las pruebas examinadas se concluye que el Alcalde Municipal de
Utica no está violando el derecho de petición u otro derecho fundamental de los
que es titular el beneficiario".
B. LA IMPUGNACION
Dentro del término
legal, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y para tal efecto
reiteró los planteamientos vertidos en el escrito de demanda y además expuso
fue borrado de la lista del plan de vivienda RESURGIR DEL PUEBLO, pese a ser
directivo del mismo, todo lo cual contribuye a desconocer el derecho a la
vivienda.
C. SEGUNDA
INSTANCIA
El Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia de agosto
dieciocho (18) de mil novecientos noventa y tres (1993) decidió "REVOCAR
el fallo impugnado y en su lugar RECHAZAR la tutela impetrada por improcedente,
con base en las siguientes consideraciones:
1. "Pese a que
el actor al impetrar la acción de tutela manifiesta que lo hace también en su
propio nombre, de los hechos expuestos a lo largo de la solicitud se infiere
sin mayor esfuerzo que en ella invoca la violación del Artículo 51 de la Carta
Política, que no se le ha desconocido al accionante pues en parte alguna del
escrito así lo manifestó, y de ese aspecto solo habló al sustentar la
impugnación, sino a la comunidad que se organizó a través de la JUNTA
COMUNITARIA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "RESURGIR DEL PUEBLO" a
quien dice representar, y la cual, según él, no obstante tener personería
jurídica reconcida, ha sido desconocida por los actos del Alcalde de Utica y la
Directora de HABITAT quienes de la noche a la mañana han subido los precios de
la vivienda y la cuota de ahorro programado; le han cambiado su nombre y le han
negado el subsidio del INURBE que se le otorga a la comunidad organizada."
2. "Como quiera
que la JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "RESURGIR DEL
PUEBLO" es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro,
como tal no es titular de derechos fundamentales y por lo mismo no está
legitimada para instaurar la acción de tutela".
III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.  LA
COMPETENCIA
De conformidad con
lo dispuesto por los Artículos 86, Inciso tercero y 241, Numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los Artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar las sentencias que
resolvieron acerca de la acción de tutela de la referencia.  Se procede a la
revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del
reparto efectuado según lo establecido por el reglamento de esta Corporación.
B.  LA MATERIA
Debe en primer
término la Sala dilucidar el tema referente a la legitimación del accionante en
la tutela, en particular lo concerciente a la titularidad del ejercicio de la
citada acción en cabeza de las personas jurídicas, para ello acoge los
criterios que sobre este punto ha fijado la Corporación.
LA PERSONA
JURIDICA COMO TITULAR DE LA ACCION DE TUTELA.
Tanto el Artículo 86
de la Constitución Política como el Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
señalan con toda claridad que la acción de tutela corresponde a toda persona y
que podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales.  El derecho colombiano distingue entre dos tipos de
personas, las naturales y las jurídicas (Artículos 74 y 633 del C.C.) y debe
entenderse entonces que cuando el Artículo 86 de la Carta indica que toda
persona tendrá acción de tutela"no está excluyendo a las personas
jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario,
las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla
la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro sin que nada obste
dentro del sistema jurídico colomiano para que una de las especies de ése
género esté conformada precisamente por las personas jurídicas."  (Sentencia
T-430 de Junio 24 de 1992.  M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Sobre este punto
resulta oportuno transcribir los planteamientos contenidos en la Sentencia No.
T- 411 de Junio 17 de 1992, con ponencia del Honorable Magistrado Alejandro
Martínez Caballero:
"Para los
efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender
que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona
humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (Artículo
11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes (Artículo 12); el derecho a la intimidad familiar
(Artículo 15); entre otros.
"Pero
otros derechos, ya no son exclusivos de los individuos aisladamente
considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y
organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados
ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes.
"En
consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales
fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que vehículo
para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas
naturales, en caso concreto, a criterio razonable del juez de tutela.
"Otros
derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas
los poseen directamente:  es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia
y demás formas de comunicación privada (Artículo 15 de la Constitución), la
libertad de asociación sindical (Artículo 38); el debido proceso (Artículo 29),
entre otros.
"Luego
las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos
vías:
a)
Indirectamente:  cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales
asociadas.
b)
Directamente:  cuando las personas jurídicas son titulares de derechos
fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son
por sí mismas, siempre, claro está que esos derechos por su naturaleza sean
ejercitables por ellas mismas".
Igualmente, con
ponencia del  Magistrado que suscribe esta providencia Ponente en Sentencia
T-201 de Mayo 26 del presente año, consignaron los siguientes planteamientos:
"Entonces
puede afirmarse de manera categórica que la norma constitucional al referirse a
que esta acción la puede incoar 'toda persona' no distingue entre persona
natural y persona  jurídica.  Así mismo, las personas jurídicas tienen sus
propios derechos fundamentales.  Ellas son proyección del ser humano; surgen de
acuerdo con una serie de acciones que provienen de las personas naturales;
tienen un patrimonio, una autonomía propia y un 'good will' que gracias a sus
relaciones ha adquirido, los cuales son distintos a los de sus miembros, pues
esa persona jurídica por sí misma es poseedora de unos derechos y
correlativamente de unas obligaciones. Derechos como la propiedad, el debido
proceso, la honra, el buen nombre, etc., requieren igualmente dada su
naturaleza de la protección del Estado, para lo cual el ordenamiento
constitucional ha consagrado mecanismos de amparo ante eventuales amenazas o
vulneraciones a tales derechos".
En Sentencia T- 463
de Julio 16 de 1992, la Sala Segunda de Revisión precisa los diversos tipos de
personas jurídicas titulares de derechos fundamentales.  Después de afirmar la
titularidad y legitimación de las personas jurídicas de derecho privado, se
refire a la titularidad y legitimación de las personas jurídicas de derecho
público y de las personas jurídicas extranjeras, en los siguientes términos:
"En
principio, la acción de tutela no puede ser ejercida por personas jurídicas de
derecho público, en la medida que éstas desempeñan funciones públicas.  El
ejercicio de funciones públicas por parte de esta clase de personas jurídicas,
por regla general, no se realiza como consecuencia del ejercicio de libertades
originarias, independientes, sino con base en competencias determinadas por la
Constitución y la Ley, de carácter limitado y reglado.
"El
tratamiento jurídico de las relaciones de derecho público y la resolución de
los conflictos que de ellas surgen no son objeto de los derechos fundamentales
por ausencia de una relación directa con la persona humana.  Sin embargo,  lo
anterior no significa que las personas jurídicas de derecho público no puedan,
excepcionalmente, ser titulares de derechos fundamentales.  Para establecer
estos casos, es preciso indagar si la naturaleza jurídica pública de la entidad
no la coloca en una situación jurídica o fáctica que sea contraria al ejercicio
de este derecho por parte de una persona jurídica.
"De otro
parte, a las personas jurídicas extranjeras, se aplica igualmente la regla que
rige sobre las titularidad de derechos fundamentales y la legitimación para
interponer la acción de tutela enunciada respecto de las personas jurídicas en
general.  Adicionalmente, en este caso, se aplican las normas constitucionales
que, por razones de orden público, facultan al legislador para subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a
los extranjeros (C.P.
Artículo 100)."
Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.(Corte Constitucional,
Sentencias T- 418/92, T- 439/92, T-443/92, T- 551/92, T- 030/93, T-051/93,
T-081/93, T-090/93, T-249/93)
Observa la Sala que
las pretensiones que aduce el demandante involucran a la JUNTA DE VIVIENDA
COMUNITARIA "RESURGIR DEL PUEBLO" en cuya representación dice actuar,
así las cosas, ha debido acreditar su calidad de representante legal de la
referida persona jurídica, aspecto que no aparece satisfecho por cuanto obra en
el expediente la resolución mediante la cual se reconoce la personería
jurídica; en ella se dispone que su "administrador llevará la
representación legal".  (Folio 14).
En la inscripción de
dignatarios "para el resto del período hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 1995" figura como administrador el señor LUIS ALBERTO PATIÑO
y como fiscal el señor LUIS EDUARDO HINCAPIE quien promueve la acción de tutela
sin tener legitimación para actuar y con el propósito de lograr una decisión
judicial favorable a claros intereses de la comunidad. A demás, como lo anota
el Tribunal los hechos narrados por el actor, se enderezan a la protección de
derechos colectivos, de tal manera que quien lo solicite no puede obrar sin
legitimación a nombre de la comunidad, no siento procendente la tutela para el
caso como el planteado en este asunto.
Por lo expuesto la
acción no esta llamada a prosperar.
IV.  DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.  REVOCAR
la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, el día dieciocho (18) de agosto de mil novecientos
noventa y tres (1993) y en su lugar CONFIRMAR la proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el día quince (15) de
julio del mismo año, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.  LIBRENSE
por secretaría las comunicaciones de que trata el Artículo 36 del Decreto 2591,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General