T-455-14
Sentencia T-
Sentencia T-455/14
DEBER
CONSTITUCIONAL DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Reiteración
de jurisprudencia/REDADAS O BATIDAS DESTINADAS AL RECLUTAMIENTO Y
MOVILIZACION DE CONSCRIPTOS SON INCONSTITUCIONALES/VULNERACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL EN REDADAS O BATIDAS QUE REALIZA EL
EJERCITO/EFICACIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DEPENDE DE LA
RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A LO SOLICITADO-Reiteración de jurisprudencia/SOLICITUDES
DE EXENCION DEL SERVICIO MILITAR-Autoridades militares están obligadas a
responder de fondo y dentro de término máximo de 15 días
La objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio es un derecho fundamental y una causal de exención
a la prestación de dicho servicio, que tienen raigambre constitucional y, por
ende, supra legal, como se ha explicado en esta sentencia. Por ende, no exige
una prescripción legal expresa para que tenga carácter jurídico vinculante y
puede ser alegado por cualquier obligado al servicio militar, quien demuestre
que por convicciones personales profundas, sinceras, continuas y
exteriorizadas, tiene razones de conciencia que le impiden ejercer la actividad
militar. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el término para resolver, se
ha señalado en esta decisión que la obtención de una respuesta oportuna por
parte de las autoridades estatales es una garantía que hace parte del núcleo esencial
del derecho fundamental de petición y que, a su vez, es condición para la
eficacia del derecho al debido proceso administrativo. También se ha indicado
que, de ordinario, las solicitudes que se eleven a la administración deben
responderse en el término de quince días, previsto por el legislador para ese
efecto.  En ese orden de ideas, se generan dos deberes constitucionales
específicos para las autoridades militares.  En primer lugar, están llamadas a
reconocer y evaluar a la objeción de conciencia como una de las causales
jurídicamente vinculantes para la exención del servicio militar obligatorio.
Para ello, no podrán en ningún caso invocar la inexistencia de una previsión
legal o reglamentaria que así lo establezca, puesto que la objeción de conciencia
es un derecho de índole constitucional y, por esa razón, obligatorio para todas
las personas y autoridades, en los términos del artículo 4 C.P. En segundo
término, en tanto para el caso las autoridades militares operan en su condición
de autoridades administrativas, están obligadas a responder de fondo las
solicitudes de exención de la prestación del servicio militar, basadas en el
ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, según las reglas definidas
por el legislador para el derecho de petición y las condiciones
constitucionales sobre el contenido y alcance de ese derecho, descritas en el
fundamento jurídico 9 de esta sentencia.  Esto quiere decir, entre otros
aspectos, (i) que las autoridades militares deben resolver lo pedido en el
término máximo de quince días contados a partir de la formulación de la
solicitud de exención al servicio militar obligatorio; (ii) que la respuesta
debe ser material y de fondo, es decir, debe resolver si es o no procedente la
exención al servicio militar obligatorio; (iii) en caso que se niegue la
solicitud, debe expresar las razones que fundamentan esa negativa; y (iv) en
cuanto se trata de una actuación administrativa, las autoridades militares
deben responder la solicitud de exención mediante acto administrativo, el cual
debe ser notificado conforme a la ley al interesado, indicándosele los recursos
que puede interponer respecto de lo decidido.  Todo ello conforme lo estipulan
los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011
OBJECION DE
CONCIENCIA Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON AUSENCIA DE EVALUACION DE LAS RAZONES
FORMULADAS POR LOS OBJETORES-Autoridades militares de reclutamiento e
incorporación deben analizar solicitudes de exención conforme a reglas que se
fijan
OBJECION DE
CONCIENCIA Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VIOLACION DEL DERECHO A RECIBIR
INFORMACION
Para la Corte resulta
imperativo que ante esas circunstancias, las autoridades militares pongan en
efectivo conocimiento de los ciudadanos obligados (i) el contenido de las
causales de exención y aplazamiento del servicio militar obligatorio, entre
ellas la objeción de conciencia; y (ii) el procedimiento aplicable para que las
autoridades de incorporación y reclutamiento estudien y resuelvan dichas
solicitudes, en caso que el ciudadano obligado considere que cumple con las
condiciones previstas para ello.  Además, con el fin que esta información sea
oportuna, deberá realizarse en el acto de inscripción al servicio y en cualquier
caso de forma previa al reclutamiento. Su puesta en conocimiento, de la misma
manera, deberá hacerse por un mecanismo efectivo y eficaz, en atención de las
condiciones de los conscriptos. Adicionalmente, la Sala resalta que este deber
de información se enmarca en obligaciones legales precisas, predicables de
todas las autoridades administrativas, entre ellas las encargadas de la
incorporación y reclutamiento.  En efecto, el artículo 8° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que las
autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa
y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y
suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y
por medio telefónico o por correo, sobre diversos aspectos de la nción
adelantada por esa entidad, entre ellos las regulaciones, rocedimientos,
trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares
frente al respectivo organismo o entidad.  Es claro que dentro de dichos
trámites y procedimientos está el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar,
de la objeción de conciencia como causal eximente del servicio militar
obligatorio
.
PROHIBICION
DE REDADAS O BATIDAS INDISCRIMINADAS
Las redadas o batidas,
procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están
prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la
libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se encuentran
dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28 C.P.  A este
respecto, la Corte debe ser enfática en indicar que las autoridades militares
no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas, con
el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar,
para conducirlos a instalaciones militares e proceder a incorporarlos.  Estas
acciones contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva
judicial sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los
habitantes. En ese sentido, como se explicó en el fundamento jurídico 8 de esta
sentencia, las autoridades militares están habilitadas jurídicamente para
requerir la identificación de los obligados y proceder a inscribirlos de inmediato
y sin lugar a ningún tipo de detención temporal, ni menos la posibilidad de
conducir a quienes no comprueben tener resuelta su situación militar.  La
competencia de conducción, en los términos anotados, se circunscribe única y
exclusivamente cuando las autoridades de incorporación y reclutamiento han
identificado un obligado que ha sido calificado como apto para prestar el
servicio y, al rehusarse a ello ha sido declarado formalmente como remiso y,
por ende, puede ser compelido a prestar el servicio militar.  Esto implica,
necesariamente, que el remiso ha sido previamente individualizado por las
autoridades militares y que la actividad de conducción se restringe
exclusivamente a dicho remiso, sin que en ningún caso pueda tener carácter
indiscriminado.  En otras palabras, la actividad de conducción debe ser
obligatoriamente posterior a la identificación plena de los obligados remisos,
sin que dicha identificación pueda realizarse de manera concomitante o
posterior la conducción.
ORDEN AL EJERCITO
NACIONAL DE IMPLEMENTAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA DAR EFICACIA A DERECHO
A LA OBJECION DE CONCIENCIA/ORDEN AL EJERCITO NACIONAL DE PROSCRIBIR LAS
REDADAS O BATIDAS INDISCRIMIANDAS
Referencia: expedientes acumulados T-3.936.861 y T-4.074.693
Acciones de tutela interpuestas respectivamente por Reinaldo Andrés
Aguirre Bernal y Santiago Holguín Granda contra la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
siete (07) de julio de dos mil catorce (2014)
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos, para el caso del expediente T-3.936.861, por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por Reinaldo
Andrés Aguirre Bernal contra la Dirección de Reclutamiento y Control de
Reservas del Ejército Nacional; y en relación con el expediente T-4.074.693, la
revisión de la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, que decidió acerca de la acción de tutela formulada por Santiago
Holguín Granda contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y el Jefe del
Servicio de Reclutamiento y Movilización del Grupo de Caballería Mecanizada
Número 4 “Juan del Corral”.
I.
ANTECEDENTES
En razón de
guardar identidad de materia, a través de Auto del 19 de noviembre de 2013 la
Sala Novena de Revisión ordenó acumular los expedientes de la referencia, con
el fin que sean fallados en la presente sentencia.  A continuación, se exponen
los antecedentes de los dos expedientes objeto de acumulación.
Expediente
T-3.936.861
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1.1. El ciudadano
Reinaldo Andrés Aguirre Bernal, quien nació el 30 de noviembre de 1992, obtuvo
su grado de bachiller el 28 de noviembre de 2011.  Manifiesta que desde hace
varios años ha sido miembro de la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida
Eterna, profesando la fe evangélica y que ha realizado varias labores
ministeriales al interior de dicha comunidad religiosa y en la Iglesia Menonita
de Teusaquillo. Dichas labores han estado relacionadas con implementación de
programas para la solución pacífica de conflictos, la construcción de paz y la
no violencia.  Con base en ello, advierte que su vinculación ministerial
demuestra los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional, pues se
trata de una relación permanente con el credo, que demuestra tanto un
compromiso con la fe, como una convicción sincera acerca que los contenidos
religiosos de su iglesia son incompatibles con la violencia y el ejercicio de
la fuerza, connaturales a la actividad militar.
1.2. Con ocasión de su grado como bachiller académico, el actor
indica que inició los trámites correspondientes para la definición de su
situación militar, declarándose como objetor de conciencia por razones de credo
y convicción religiosa. Por ende, solicitó al Ejército Nacional que lo exonerara
de la prestación del servicio militar.  Para ello, manifiesta que en repetidas
ocasiones se dirigió a varias dependencias de la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional, con el objeto de adelantar el
trámite de exoneración por objeción de conciencia.  Con todo, hasta el momento
su solicitud no ha sido atendida ni menos resuelta de fondo.
Adicionalmente, el accionante señala que el 2 de octubre de 2012
presentó un nuevo derecho de petición ante la Decimotercera Zona de
Reclutamiento del Ejército, en el que reiteró su solicitud de exoneración.
Ante esta nueva petición, el actor manifiesta que la respuesta dada por el
Ejército Nacional no resolvió de fondo su petición y que se le informó que se
encontraba en calidad de remiso, por lo cual era conminado a comparecer en las
instalaciones del Distrito Militar No. 59, con el fin que se resolviera tanto
lo relativo a esa condición como respecto de la objeción de conciencia. Indica
sobre este particular se le informó que su comparecencia era necesaria para “…
que por parte de la autoridad de Reclutamiento correspondiente se defina
sobre su condición de remiso, y para efectos de la objeción de consciencia (sic)
deprecada, es igualmente necesaria su comparecencia para que por parte de la
autoridad de reclutamiento competente, la autoridad médica y sicológica (sic)
se proceda a verificar los supuestos que configuren la causal de exención
argumentada, en todo caso practicando las pruebas físicas y sicológicas (sic)
necesarias y que se estimen pertinentes, pues se hace necesario verificar la
existencia de los supuestos relacionados de la sentencia T-018 de 2012, para así
verificar la viabilidad si es del caso (sic) de decretar la causal de
exención. || Una vez se realice la precitada actuación, se proseguirá con el
proceso de definición de su situación militar, siendo clasificado conforme lo
determine el funcionario competente, expidiéndose los recibos a que haya lugar
a su cargo y previo verificación del pago, expedírsele su tarjeta militar.”
Adicionalmente, el Ejército Nacional afirmó que aunque el actor había
solicitado que se le exonerara de prestar el servicio militar, debía tenerse en
cuenta que para acreditar una causal de exención de ese servicio era
obligatorio comprobar la existencia de la causal respectiva, en los términos
fijados por la jurisprudencia constitucional.  Sin embargo, tampoco podía
desconocerse que la objeción de conciencia era un asunto que carecía de
desarrollo legislativo, por lo que “… proceder por parte de las autoridades
de reclutamiento a decretar situaciones con supuestos no soportados en las
disposiciones legales, contraría los fines y los principios de la función
administrativa.”
El actor expresa que la decisión de declararlo remiso fue revocada
por la Junta de Remisos celebrada el 2 de diciembre de 2012. Con todo, indica
que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, el Ejército Nacional
no ha tomado ninguna decisión concreta sobre la definición de su situación
militar ni sobre la exoneración derivada de la objeción de conciencia.  Antes
bien, el actor ha quedado permanentemente en la condición de “aplazado”, según
lo describe en el mencionado derecho de petición.
1.3. Así, con base en los hechos expuestos, el ciudadano Aguirre
Bernal interpuso el 6 de marzo de 2013 acción de tutela, con el objeto de que
se le protejan los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, libertad
de cultos, petición, igualdad, educación y trabajo que habrían sido vulnerados
por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, al no
resolver de fondo la solicitud referida a la definición de su situación militar
y el reconocimiento de la exoneración al servicio en razón de la objeción de
conciencia formulada.
Con
su escrito de amparo, el accionante aportó distintos documentos probatorios,
entre ellos (i) constancia del 20 de septiembre de 2012, expedida por el Pastor
General de la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, en la que
se certifica que el accionante es miembro activo de dicha comunidad; (ii) certificación
expedida por la Iglesia Cristiana Manantial de Vida Eterna el 9 de diciembre de
2012, en la que se otorga al accionante el título de “Líder de Excelencia”;
(iii) diferentes constancias expedidas por la Iglesia Cristiana Menonita de
Teusaquillo en las que se certifica la pertenencia del actor al programa
“Hacedores de Paz” de dicha comunidad religiosa, el tiempo de vinculación y las
tareas desempeñadas, la mayoría de ellas vinculadas a la promoción de la paz y
la no violencia;  (iv) copia del derecho de petición descrito en el numeral
1.2.; (v) copia de la respuesta al derecho de petición elevado por el
accionante, suscrita por el Comandante del Distrito Militar No. 59, proferida
el 26 de octubre de 2012.
2.
Respuesta de la autoridad accionada
Mediante escrito
radicado ante el Tribunal de primera instancia el 20 de marzo de 2013,  el
Comandante del Distrito Militar de Reclutamiento No. 59, manifestó que el
derecho de petición del accionante fue contestado por dicho Distrito Militar y
que este no se pronunció sobre la objeción de conciencia. Ello debido a que
mientras el ciudadano Aguirre Bernal ostentara la calidad de remiso, no era
posible continuar con el trámite correspondiente a la situación militar, hasta
tanto se presentara ante la Junta de Remisos, “para que se le pudiese
levantar la condición [de remiso] y citar para una nueva fecha o para
que presentara la objeción sustentada.”
Agrega que el
accionante incurrió en una omisión al no haber dirigido su solicitud como
objetor de conciencia al Comandante de la Zona o a la Asesora Jurídica, con el
fin de que se fijara fecha para que la Junta de Objeción de Conciencia
definiera su situación.
Finalmente, el
Comandante indica que a la fecha de notificación de la acción de tutela no
tenía conocimiento de los hechos relatados y que, por tanto, procedería a citar
a la Junta de Objeción de Conciencia, con el fin de dar trámite a la solicitud
del ciudadano Aguirre y definir su situación militar. Con su respuesta, el
accionado anexó copia de la citación enviada al accionante el 22 de marzo de
2013, destinada a que compareciera ante la Junta de Objeción de Conciencia para
que le sea definida su situación militar.
3. Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.1. Primera
instancia
A través de
sentencia del 21 de marzo de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá negó la acción de tutela de la referencia.  Consideró que la entidad
accionada no había vulnerado derecho alguno del accionante,  toda vez que se
encontraba dando trámite a la solicitud del mismo.  Esto se demuestra con la
convocatoria de una Junta de Objeción de Conciencia para definir su situación
militar, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de contestación de la tutela.
Sobre el
particular y de manera preliminar advierte la Corte que la sentencia del
Tribunal se concentró exclusivamente en la revisión sobre la eficacia del
derecho fundamental de petición, sin abordar los demás asuntos planteados por
el actor. Precisamente, con base en esta razón el actor presentó impugnación al
fallo de primera instancia, al considerar que la sentencia no era congruente
con los argumentos y pruebas contenidas en el escrito de tutela. Agregó que la
respuesta dada por la entidad accionada demuestra la vulneración de sus
derechos, pues es prueba fehaciente que la actitud de la Dirección de
Reclutamiento ha sido diferir indefinidamente en el tiempo la resolución de su
situación militar.  Así, la satisfacción del derecho de petición en el caso
analizado consistía en una respuesta definitiva sobre el particular, que
reconociera la exoneración en razón de la objeción de conciencia, y no una
nueva convocatoria a reuniones que ya se habían efectuado anteriormente.
3.2. Segunda
instancia
A través de
sentencia del 16 de mayo de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia confirmó el fallo de primera instancia.
Previo a decidir
sobre la impugnación, la Sala de Casación Penal ordenó indagar con el Comando
del Distrito Militar No. 59 si el actor se había presentado a la Junta de
Objeción de Conciencia programada para el 22 de marzo de 2013, ante lo cual la
entidad accionada informó que le actor no había concurrido. Con base en dicha
información, la Corte Suprema concluyó que eran válidos los argumentos
expuestos por el juez a quo al considerar que recalcar que la entidad
accionada dio respuesta al requerimiento del actor y, a su vez, le explicó el
trámite oportuno para la definición de su situación militar.  En ese sentido,
la solución de la controversia planteada quedaba diferida a la asistencia del
actor a la Junta a la que fue convocado, así como a la respuesta que otorgue el
Comando de Reclutamiento.
Expediente
T-4.074.693
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1.1. El ciudadano Santiago Holguín Granda nació el 27 de julio de
1992.  El abogado Norman Alexander Agudelo Naranjo, quien actúa como apoderado
judicial de dicho joven, expresa que el día jueves 16 de mayo de 2013 a las
6:50 PM el ciudadano Holguín Granda fue abordado en un paradero de buses de la
ciudad de Medellín por integrantes del Ejército Nacional, quienes le
solicitaron identificarse y exhibir su tarjeta militar.  Al carecer de este
documento, le ordenaron abordar un vehículo en el cual fue conducido a una “…
zona de reclusión que se encuentra en el aeroparque Juan Pablo II.  Desde allí,
y siendo las 7.30 aproximadamente, se vino a comunicar con la casa para avisar
que no habría de llegar “porque lo habían cogido”, con lo cual entendieron
ellos, que había sido reclutado para pagar el servicio militar”  Agrega que
la noche del viernes siguiente “… fue conducido hacia Rionegro, Antioquia, a
donde acudió un familiar a alimentarlo y llevarle ropa. Desde ese día no saben
personalmente nada de él, porque dada su condición, no cuentan con recursos
para acudir a su llamado.”
Indica que el joven Holguín Granda profesa la religión cristiana y
que por la misma razón se declara objetor de conciencia para prestar el
servicio militar. Al respecto, afirma que “… le atemoriza la sola de que él
deba empuñar las armas para quitarle la vida a un presunto enemigo, y que por
esta vía no herede el reino de los cielos.  Señala que la última vez que el
actor habló con su familia “… no hacía sino llorar, al figurarse que veinte
años al servicio de Cristo, se iban a desbordar; por el solo hecho de tener que
agredir a un semejante.”
1.3. Conforme los hechos indicados, el accionante solicita que se le
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de conciencia y
la libertad de cultos.  Esto a través del reconocimiento de su condición como
objetor de conciencia, en los términos explicados en la jurisprudencia
constitucional y, por tanto, la exoneración de la prestación del servicio
militar y la entrega de la tarjeta correspondiente a fin de definir su
situación ante el Ejército Nacional.
Como prueba de lo afirmado, la acción de tutela acompaña copia de
una certificación expedida por el Pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostal
Unida de Colombia, la cual señala que la familia Holguín Granda ha pertenecido
por más de 20 años a esa congregación.  Así, tanto el accionante como sus
hermanos han sido educados “… bajo la filosofía de la no violencia mediante
la cual los seres humanos no deberían ser obligados al uso de la fuerza para
realizar determinadas conductas, pues Dios dotó aquellos de razón, y por ende
el diálogo debería ser la pauta para la solución de las disputas.”
2.
Respuesta de la autoridad accionada
El Director de
la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional
expresó que en razón que el actor ya había sido seleccionado como conscripto y
enviado a la unidad militar Grupo Mecanizado No. 4 “Juan del Corral” del
municipio de Rionegro (Antioquia), la Dirección no tenía competencia para
ordenar la desincorporación, decisión que ahora estaba a cargo del comandante
de dicha unidad militar.
En
consecuencia, remitió el traslado de la acción de tutela a dicho oficial. Sin
embargo, este no dio respuesta a los argumentos expresados por el actor, sino
que se limitó a informar al juez de tutela que el asunto era remitido por
“competencia” al comandante del Batallón de Infantería No. 32 “Gr. Pedro Nel
Justo Berrío”, ubicado en la ciudad de Medellín.  Este Batallón no expresó
ningún argumento dentro del proceso.
3. Decisión
judicial objeto de revisión
A través de
sentencia del 24 de junio de 2013, la Sala Quinta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín negó la acción de tutela interpuesta por el
ciudadano Holguín Granda.
En criterio del
Tribunal, las exenciones al servicio militar obligatorio están expresamente
previstas en los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 y dentro de ellas no se
encuentra la de objeción de conciencia derivada de creencias religiosas, de lo
cual se infiere la improcedencia de la orden de desincorporación.  A su vez,
también estaba demostrado en el proceso que el actor no había informado
oportunamente a las autoridades militares sobre su objeción de conciencia.
Señala el Tribunal sobre el particular que “[e]n en el caso de autos,
se observa, o al menos se vislumbra en el plenario, que el demandante no
informó a la accionada su condición de objetor de conciencia pues, pese a que
folio 05 del expediente se observa copia de un escrito dirigido al Ejército
Nacional y suscrito por el pastor de una iglesia cristiana (sic), de la
misma no se desprende que haya sido presentada ante la accionada objeción
alguna por parte del accionante. || De ahí que, para este caso, no pueda
considerarse procedente la mentada objeción como eximente a la prestación del
servicio militar obligatorio.”
De otro lado y
advertida la jurisprudencia constitucional en materia de objeción de
conciencia, el Tribunal indica que en el caso analizado el accionante no cumple
con los requisitos para que sea considerado como objetor de conciencia, razón
por la cual no se verifica una vulneración de los derechos a la libertad de
conciencia y de cultos.  Esto debido a que las convicciones religiosas
expresadas por el actor se derivan de “… afirmaciones genéricas,
difícilmente comprobables.  Esta omisión conlleva a que resulte imposible
determinar la responsabilidad con que el actor asume las supuestas convicciones
que riñen con el deber constitucional de prestar el servicio militar, así como
la gravedad con que tal obligación lo afecta. (…) En cambio, y a pesar
de que no tenga una relación necesaria con tal responsabilidad exteriorizada,
lo cierto es que de los medios probatorios parecería desprenderse que el actor
busca rehuir, con la presente acción de tutela, las consecuencias de las
conductas omisivas que ha asumido frente a su reclutamiento. Esto se evidencia
tras analizar que se trata de un adulto de veinte años de edad, que no manifestó
estar estudiando o al menos haberlo hecho, ni mucho menos haber realizado trámite
alguno para resolver su situación militar.  Si bien lo anterior es predicable,
precisamente, de su irresponsabilidad frente a la resolución de su situación
militar, y no tendría una relación directa con unas convicciones, no
demostradas, que riñen con la obligación constitucional, lo cierto es que
siembra dudas en torno a los verdaderos motivos por los cuales el accionante
acudió a la acción de tutela.”
El fallo antes
descrito no fue objeto de impugnación
Intervenciones
formuladas en sede revisión
Una vez el
asunto fue seleccionado para revisión, fueron allegados a la Corte amicus
curiae por parte de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales de
la Defensoría del Pueblo, así como por la Asociación Cristiana Menonita para
Justicia, Paz y Acción No Violenta.  Estos documentos son sintetizados por la
Sala a continuación:
1. Amicus
curiae de la Defensoría del Pueblo
El Defensor
Delegado para Asuntos Constitucionales formula varios argumentos, partir de los
cuales se busca justificar la adopción de un fallo por parte de la Sala que
ampare los derechos fundamentales invocados por los actores. Las razones expuestas
son las siguientes:
1.1.  La
Defensoría parte de considerar que los fallos de tutela adoptados se oponen al
precedente constitucional en materia de objeción de conciencia.  A su vez,
demuestran que el alcance de este derecho fundamental no está suficientemente
desarrollado y aclarado, a pesar de ese precedente.  Por ende, la intervención
está enfocada a otorgar herramientas de juicio a la Corte para adopción de la
presente sentencia, sin que esos argumentos puedan comprenderse como una
intromisión indebida en la actividad judicial.
1.2.  Luego de
hacer una síntesis de los hechos en cada uno de los casos acumulados, la
Defensoría identifica en el presente asunto los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿en cuál de las etapas de reclutamiento, establecidas en la Ley 48 de 1993,
los objetores de conciencia deben manifestar su condición y solicitar que les
sea reconocida?; (ii) ¿cuál es el procedimiento que deben adelantar quienes
ostentan la calidad de objetores de conciencia y necesitan definir su situación
militar?; (iii) ¿las autoridades militares que se abstienen de tramitar las
solicitudes de objeción de conciencia vulneran los derechos fundamentales de
quienes pretenden ser reconocidos como tal?; (iv) ¿las autoridades judiciales
que se abstienen de pronunciarse sobre el ejercicio del derecho fundamental a
la objeción de conciencia vulneran los derechos fundamentales de quienes
solicitan que se les aplique esta exención?
1.3. Frente a
estos interrogantes la Defensoría identifica cómo la objeción de conciencia no
encuentra desarrollo legislativo en la Ley 48 de 1993, dentro de las causales
de exención del servicio militar obligatorio.  No obstante, resalta que a
partir de la jurisprudencia de la Corte y particularmente de lo decidido en la
sentencia C-728/09, esta causal tiene origen constitucional autónomo y se
deriva a la garantía de los derechos a la igualdad, la libertad de conciencia y
la libertad de cultos.  Así, fue por esa razón que la Corte concluyó, ante una
demanda de inconstitucionalidad por la existencia de omisión legislativa
relativa sobre el particular, que dicha omisión era inexistente, en tanto la
objeción de conciencia es un derecho fundamental cuya eficacia no depende la
regulación legislativa y que, a su vez, puede ser exigido judicialmente
mediante la acción de tutela.
Sobre este
particular, la Defensoría del Pueblo resalta lo señalado por la Corte en la
sentencia citada, al indicarse que “…si bien la garantía constitucional a
partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento
de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia
del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial,
puede hacerse valer directamente con base en la Constitución. || De este modo,
la posibilidad de presentar una objeción de conciencia está supeditada a la
valoración que, en cada caso concreto se realice en torno a, por una parte, los
elementos que configuran la reserva de conciencia, frente a, por otro, la
naturaleza del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese análisis se
concluye que hay lugar a la objeción de conciencia, la falta de previsión
legislativa sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo para la
efectividad del derecho, el cual podría ejercerse con base directamente en la
Constitución.”
1.4. La
Defensoría pone de presente que a pesar de la existencia del derecho
fundamental en comento, los casos analizados demuestran que su eficacia no se
predica adecuadamente. Esto debido a la ausencia de pautas precisas acerca de
cómo hacer efectivo el derecho en el ámbito de los procedimientos
administrativos propios del proceso de incorporación.
En primer lugar,
el interviniente explica que no existe una regulación sobre la oportunidad en
que se debe expresar la objeción de conciencia, de manera que resulta contraria
a ese derecho fundamental una opción de decisión que niegue su protección
constitucional, como sucedió particularmente en el caso del ciudadano Holguín
Granda. Además, la Defensoría manifiesta que un término de ese carácter es
incompatible con la Constitución, pues supondría que el ejercicio de los
derechos fundamentales está sometido a plazos preclusivos. En ese sentido y
conforme a decisiones del derecho internacional y comparado, la afirmación de
la objeción de conciencia podría darse incluso luego que el objetor haya sido
incorporado a filas.
1.5. La
intervención enfatiza, del mismo modo, en que sentencias de revisión de la
Corte han supeditado la vigencia del derecho fundamental a la objeción de
conciencia únicamente a asuntos de carácter fáctico, relacionados con la
firmeza de la creencia que es incompatible con la actividad militar.  Por ende,
son esas las condiciones que deben verificarse en cada caso y no asuntos de
oportunidad, como erróneamente se concluyó en uno de los fallos objeto de
revisión.
1.6. Un segundo
grupo de cuestionamientos de la Defensoría radican en la obligación de las
autoridades castrenses de dar respuesta a las solicitudes de exención o
desincorporación del servicio militar.  Resalta que, como se explicó en la
sentencia T-357/12, esta respuesta es una obligación constitucional de dichas
autoridades.  A partir de esta obligación, se violan los derechos fundamentales
cuando, como sucede en los casos analizados en esta oportunidad, el Ejército
Nacional opta por diferir indefinidamente dichas solicitudes.  Para el
interviniente “[s]i bien la Corte reconoce que las autoridades
judiciales también pueden resolver las solicitudes de objeción de conciencia,
las autoridades encargadas del reclutamiento no pueden dejar en indeterminación
las peticiones que sobre este derecho les formulen, bajo el argumento según el
cual reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia requiere de un
pronunciamiento judicial. La Defensoría del Pueblo a partir del estudio y
acompañamiento de casos jóvenes objetores de conciencia ha identificado este
como uno de los principales problemas en la práctica, por esa razón solicita a
la Corte Constitucional insistir, enfáticamente, en la necesidad de cumplir
esta orden.”
Con base en lo
anterior, la Defensoría del Pueblo solicita a la Corte que precise
jurisprudencialmente un procedimiento claro con etapas definidas para que las
autoridades encargadas del reclutamiento puedan resolver efectivamente las
peticiones interpuestas por los jóvenes objetores.
1.7.  Según lo
explicado, la Defensoría concluye que es importante que la Corte en la presente
sentencia asuma los siguientes aspectos: (i) determine por vía jurisprudencial
un procedimiento claro con etapas definidas para que las autoridades encargadas
del reclutamiento puedan resolver efectivamente las peticiones interpuestas por
los jóvenes que pretenden ser reconocidos como objetores de conciencia. De esta
manera se garantizarían los derechos fundamentales de muchos ciudadanos que
interponen solicitudes para ser reconocidos como objetores de conciencia; (ii)
establezca que las autoridades encargadas no pueden dejar en situación de
indeterminación a los jóvenes que se pretenden ser declarados como objetores de
conciencia o que se encuentran inmersos en las causales de aplazamiento
establecidas en la Ley 48 de 1993. (iii) reitere a los jueces constitucionales
su obligación de responder de fondo las peticiones instauradas sobre el derecho
fundamental a la objeción de conciencia; y (iv) ordene que se lleven a cabo
campañas masivas de difusión de las reglas jurisprudenciales establecidas sobre
el derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio
militar, dirigidas especialmente a las fuerzas militares y a los jueces.
Finalmente,
respecto de los casos analizados la Defensoría considera que la Corte debe
amparar los derechos invocados y ordenar a las autoridades militares que
reconozcan la condición de objetores de conciencia de los accionantes y, en
esos términos, se resuelva su situación militar a través de la expedición de la
tarjeta militar.
2. Amicus
curiae de la Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción
No Violenta – Justipaz
La Directora y
otros integrantes de Justipaz presentaron intervención ante la Corte, con el
fin de plantear un grupo de argumentos destinados a demostrar que la objeción
de conciencia es un derecho fundamental de los integrantes de comunidades
religiosas que tienen dentro de sus fundamentos la prédica de la no violencia
y, por ende, cuyas creencias son incompatibles con la prestación del servicio
militar obligatorio. Adicionalmente, la intervención hace referencia específica
al caso del ciudadano Aguirre Bernal, integrante de la mencionada Asociación.
2.1.  En primer
lugar, Justipaz reafirma su vínculo con la Iglesia Menonita y la justificación
de la Asociación en la práctica de la no violencia, el amor hacia el enemigo y
la resolución pacífica de los conflictos.  El interviniente indica, en ese
sentido, que quienes comulgan con esos objetivos tienen una convicción profunda
sobre su incompatibilidad con el servicio militar.
El interviniente
señala como en diversos ordenamientos jurídicos se ha reconocido la objeción de
conciencia como un postulado que deriva de la libertad de conciencia y de culto
y que, por esa razón, resulta admisible como causal de exención tanto al
servicio militar como al ejercicio profesional de la actividad castrense.
Explica como en casos como el ecuatoriano, ese reconocimiento se dio por vía
judicial y a través de la Corte Constitucional de ese país, quien realizó un
raciocinio similar al de la Corte colombiana, explicado por la intervención
anterior.  Agrega que países de Europa oriental como Rusia y Ucrania prevé en
sus constituciones reglas particulares que permiten eximirse del servicio
militar en razón de la objeción de conciencia. En otros, la objeción se
reconoce tanto por motivos religiosos como no religiosos, como sucede en
Noruega, Finlandia y Suiza. Estos países, en particular los nórdicos, ofrecen
cláusulas abiertas, que incorporan como parte a la objeción de conciencia la
convicción personal seria sobre el uso de las armas y el papel del combatiente.
Finalmente, Justipaz explica cómo en el caso de los ordenamientos de Europa
occidental se ha prescindido del reclutamiento obligatorio. Sin embargo, en
aquellos periodos en que esta ha sido exigible, se han contando con reglas de
reconocimiento de la objeción de conciencia, común denominador en Reino Unido, Australia,
Italia, Francia y Portugal. Indica que Argentina tiene una regulación similar.
2.2. Desde el
punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el
interviniente explica cómo la Comisión de Derechos Humanos ha destacado la
necesidad que se prevean reglas sobre objeción de conciencia, no solo para los
conscriptos, sino también para quienes ya se han integrado al servicio activo.
A su vez, la misma Comisión ha identificado vacíos en las legislaciones
nacionales en lo que respecta a (i) la inexistencia de organismos imparciales
para evaluar las solicitudes de los objetores; (ii) la falta de información a
los conscriptos sobre las posibilidades de objetar conciencia y, en general,
sobre el procedimiento relacionado con la prestación del servicio militar; y
(iii) la existencia de discriminaciones por parte de los Estados, en razón de
las convicciones de los objetores de conciencia, en particular cuando estas no
tienen origen religioso.
2.3. Con
referencia al caso particular del accionante Aguirre Bernal, la intervención
corrobora su pertenencia a la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida
Eterna, así como su labor ministerial en dicha comunidad. Indica que en su caso
tanto las autoridades militares como los jueces de instancia han desconocido
las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte sobre la materia.  Además, en
el caso las mencionadas autoridades han omitido por completo dar respuesta de
fondo a la solicitud de objeción de conciencia, lo cual no solo desconoce ese
derecho, sino su libertad de cultos y de conciencia, que dependen de la
separación de la actividad militar.  Por ende, Justipaz solicita que se
protejan los derechos del ciudadano Aguirre Bernal y, a su vez, la Corte debe
adoptar medidas análogas a las solicitadas por la Defensoría del Pueblo en la
anterior intervención.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Problema
jurídico y metodología de la decisión
1. Los
ciudadanos Aguirre Bernal y Holguín Granda han manifestado ser objetores de
conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, debido a que los
dogmas del credo religioso que practican son incompatibles con el uso de la
fuerza propio de la actividad castrense.  En el primer caso, las autoridades
militares han dilatado en el tiempo la respuesta a la solicitud del actor,
citándolo en varias oportunidades a resolver su situación militar, sin
obtenerse un resultado definitivo.  Por esta misma razón, los jueces de
instancia negaron la tutela impetrada, debido a que la actuación administrativa
no había concluido, presuntamente por falta de asistencia del actor.  En el
segundo caso, el accionante fue conscripto en el marco de una redada del
Ejército y permanece reclutado a pesar de haber manifestado que sus creencias
religiosas eran incompatibles con la prestación del servicio militar.  El fallo
de tutela concluyó que la objeción de conciencia no configuraba una causal de
exención para la prestación del servicio militar obligatorio y, en cualquier
caso, el accionante no había expresado oportunamente esa condición, sino solo
cuando ya había sido incorporado al Ejército.
Con base en lo
expuesto, la Corte debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
1.1. ¿Se violan
los derechos a la libertad de conciencia y de culto cuando las fuerzas
militares niegan la exclusión o desincorporación de ciudadanos obligados a
prestar el servicio militar obligatorio, cuando estos afirman ser objetores de
conciencia en razón de sus convicciones personales, entre ellas las de carácter
religioso, que les impiden pertenecer a las Fuerzas Militares y ejercer en
ellas el uso institucionalizado de la fuerza?
1.2. ¿Se violan
los derechos invocados, así como el derecho fundamental de petición, cuando
ante la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia para la
prestación del servicio militar obligatorio, las autoridades castrenses omiten
dar una respuesta de fondo y/o difieren el tiempo la definición de la situación
militar del peticionario?
1.3. ¿Se
desconoce el derecho fundamental a la libertad personal cuando, con el fin de
reclutar ciudadanos obligados a prestar el servicio militar obligatorio, las
Fuerzas Militares hacen uso de redadas u otras operaciones indiscriminadas que
suponen la conducción no voluntaria de los obligados y su confinamiento en
establecimientos castrenses, zonas de concentración o lugares análogos?
2. Para resolver
estos asuntos, la Sala adoptará la siguiente metodología.  En primer lugar, hará
una breve caracterización de la justificación constitucional del servicio
militar obligatorio.  Luego, sintetizará el precedente sobre la objeción de
conciencia como derecho fundamental y causal de exención del servicio militar
obligatorio.  En tercer término, se plantearán las reglas fijadas por la
jurisprudencia sobre la proscripción constitucional de las redadas dirigidas al
reclutamiento.  A reglón seguido, se sintetizarán brevemente las reglas sobre
eficacia del derecho fundamental de petición.  Por último y a partir de los
argumentos y reglas que se deriven de los análisis anteriores, la Sala
resolverá los casos concretos, apartado en que también se evaluará la
pertinencia de adoptar las órdenes genéricas sugeridas a la Corte por la
Defensoría del Pueblo y por la Asociación interviniente.
El deber
constitucional de prestación del servicio militar obligatorio. Reiteración de
jurisprudencia
3. El artículo 216
C.P. determina dos previsiones relativas al servicio militar obligatorio. En
primer lugar, dispone la obligación general de todos los colombianos de tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas.  En segundo término, la
norma constitucional difiere al legislador la determinación de las condiciones
que en todo tiempo eximen del servicio militar, así como de las prerrogativas
por la prestación del mismo.
A partir de esta
definición, la Corte ha comprendido al servicio militar obligatorio como un
deber de estirpe constitucional, de aplicación general y con carácter
perentorio, salvo las excepciones que fije el ordenamiento jurídico.  Conforme
fue recapitulado por esta Corporación en la sentencia C-561/05,[1] la
interpretación constitucional del servicio militar obligatorio consta de las
siguientes premisas:
3.1. No es una
simple imposición, sino que se trata de una consecuencia natural y necesaria de
la prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas
prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros.
3.2. Es un deber
que se concatena con otras obligaciones de estirpe constitucional, relacionadas
con la fuerza pública.  Así, de manera general, dentro
de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de
"respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales" o
para "defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica";  y de "propender al logro y mantenimiento de
la paz" (art. 95 C.N.).  Deberes estos genéricos cuya finalidad, resulta
coincidente con los fines que son propios de las instituciones conformantes de
la fuerza pública.
3.3.  El servicio militar obligatorio es una
carga social que irroga beneficios generales y, por ende, está vinculada al
cumplimiento del fin social del Estado del logro del bienestar general. En
términos de la jurisprudencia ahora reiterada, dicho deber constitucional “…responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y
contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre para su
realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la
dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del
cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales  con alcances
solidarios,  cuando no de conservación de los principios de sociabilidad, que
permitan realizar una civilización mejor o hacer más humanos los efectos del
crecimiento económico, y de los desarrollos   políticos y sociales”.
En ese mismo
orden de ideas, se sostiene por la jurisprudencia objeto de análisis que "[l]a
de prestar el servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional
que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los
nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del
orden institucional y el mantenimiento del orden público. || La calidad de
nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos sino que
comporta la existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de la
colectividad, en cabeza de quienes están ligados por ese vínculo.|| En toda
sociedad los individuos tienen que aportar algo, en los términos que señala el
sistema jurídico, para contribuir a la subsistencia de la organización política
y a las necesarias garantías de la convivencia social. || La Constitución, como
estatuto básico al que se acogen gobernantes y gobernados, es la llamada a
fijar los elementos fundamentales de la estructura estatal y el marco general
de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como los
compromisos que contraen los particulares con miras a la realización de las
finalidades comunes. || En ese orden de ideas, es la Carta Política la que debe
definir si el Estado mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados
(la Fuerza Pública) y, claro está, en el caso de optar por esa posibilidad, el
Estado no tiene otro remedio que apelar al concurso de los nacionales para la
conformación de los mismos"
3.4. Por expreso
mandato constitucional, corresponde al legislador regular el servicio militar
obligatorio, materia que contempla tanto las causales eximentes del mismo, como
el establecimiento de diferenciaciones entre quienes lo prestan y quienes no,
al igual que el régimen sancionatorio aplicable en los casos que incumple con dicha
obligación constitucional.
4.  A partir
de esta reserva de ley prevista en la Constitución, fue adoptada la Ley 48 de
1993, que regula el servicio de Reclutamiento y Movilización  Así, en lo que respecta al asunto objeto de análisis, el
artículo 27 de esa normatividad establece las exenciones en todo tiempo,
respecto de las cuales la persona exenta del servicio no está obligada a
prestarlo ni a pagar la cuota de compensación militar.  En esta categoría se
encuentran (i) los “limitados” físicos y sensoriales permanentes; y (ii) los
indígenas que residan en su territorio.
De otro lado,
el artículo 28 ejusdem identifica a las personas que están exentas del
servicio militar en tiempo de paz, quienes sí están cobijadas por la
obligación de inscribirse ante las autoridades de reclutamiento y pagar la
cuota de compensación militar[2],
como condición para ser eximidas del servicio.  En esta categoría se encuentran
(i) los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios
vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias,
dedicados permanentemente a su culto; (ii) los que hubieren sido condenados a
penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras
no obtengan su rehabilitación; (iii) el hijo único hombre o mujer; (iv) el
huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus
hermanos incapaces de ganarse el sustento; (v) el hijo de padres incapacitados
para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o
medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; (vi) el hermano o
hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en
combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la
prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto,
voluntariamente quiera prestarlo; (v) los casados que hagan vida conyugal.  La
constitucionalidad de esta previsión fue condicionada por la sentencia C-755/08
en el entendido de que la exención allí establecida se extiende a quienes
convivan en unión permanente, de acuerdo con la ley ; (vi) los inhábiles
relativos y permanentes; y (vii) los hijos de oficiales, suboficiales, agentes
y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad
absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas
inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran
prestarlo.
A estas
causales debe adicionarse lo prescrito en el artículo 140 de la Ley 1448/11,
norma que establece que las víctimas del conflicto armado y que estén
obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin
perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites
correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco años
contados a partir de la fecha de promulgación de dicha ley o de la ocurrencia
del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la
cuota de compensación militar.
La Ley 48/93
determina, a su vez, que procederá el aplazamiento de la obligación de prestar
el servicio militar, mientras subsista la causal, respecto del ciudadano que
(i) sea hermano de quien esté prestando servicio
militar obligatorio; (ii) se encuentre detenido presuntivamente por las
autoridades civiles en la época en que deba ser incorporado; (iii) resulte
inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo
reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad,
se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar; (iv) haya sido
aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las
autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal
o de la vida religiosa. Conforme lo decidido en la sentencia C-478/99, la
expresión “autoridades eclesiásticas” es constitucional en el entendido que la
misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas
jurídicamente por el Estado colombiano; (v) ingrese a las escuelas de formación
de Oficiales, Suboficiales y Agentes; (vi) se encuentre inscrito y esté cursando
el último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por
pérdida del año; y (vii) que tenga la condición de conscripto y reclame alguna
exención al tenor del artículo 19 de la Ley 48 de 1993.  Esta norma determina
el aplazamiento para prestar el servicio militar respecto del conscripto que
formule reclamación contra el sorteo para la incorporación y por el tiempo en
que se resuelva dicho reclamo.
5. Como se
observa, las normas anotadas no contemplan la objeción de conciencia como
causal eximente del servicio militar obligatorio. Además, la jurisprudencia
había contemplado que en razón de la reserva de ley antes explicada, en
aquellos eventos diferentes a los antes explicados, subsistía la obligación
ineludible de prestar el servicio militar.  Al respecto, la sentencia C-728/09
explica como en ese periodo de la jurisprudencia constitucional “…por fuera
del ámbito de las exenciones previstas en la ley, existe un deber ineludible de
prestar el servicio militar. Como se puede apreciar a partir del recuento
legislativo realizado, al regular las exenciones al  servicio militar
obligatorio el legislador no se ocupó de la objeción de conciencia, razón por
la cual cabría decir que el ordenamiento jurídico, ni consagra, ni excluye la
objeción de conciencia al servicio militar. || La existencia de un deber
ineludible de prestar el servicio militar que recae sobre quienes no se
encuentren en los supuestos de exención previstos en la ley  conduce al
interrogante acerca de la posibilidad de sustraerse de esa obligación por
consideraciones de conciencia. Esto es, en ausencia de regulación, se plantea
la existencia de una tensión entre el carácter obligatorio del servicio
militar, que tiene asidero en la propia Constitución, y la garantía conforme a
la cual nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, a la luz de la
cual puede fundarse una objeción a la prestación del servicio militar.”
Sin embargo, esa
posición del precedente planteaba serios problemas sustantivos e
interpretativos.  En primer lugar, privilegiaba artificialmente la reserva de
ley sobre la vigencia de los derechos fundamentales que, como sucede con la
objeción de conciencia, pueden ser resultar gravemente interferidos por el
hecho de compeler al obligado a la prestación del servicio militar obligatorio.
En segundo lugar, otorga prevalencia, bajo un criterio de exclusividad, a las
decisiones del legislador sobre las exenciones al servicio militar obligatorio,
lo que equivaldría a que en determinados escenarios se negaran los efectos
jurídicos del principio de supremacía constitucional y la necesaria
interpretación sistemática de los preceptos superiores. Por ende, se mostró
imperativo modificar ese precedente, con el fin de identificar la existencia de
un derecho fundamental a la objeción de conciencia para la prestación del
servicio militar obligatorio.  Estas modificaciones serán materia del apartado
siguiente.
El derecho
fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
Reiteración de jurisprudencia
6. En una
primera etapa de la jurisprudencia constitucional, se contempló que la objeción
de conciencia no constituía una causal eximente del servicio militar
obligatorio, en tanto (i) la Carta Política confiere al legislador la competencia
para definir las causales de exención al servicio militar; (ii) la ley no había
contemplado la objeción de conciencia como una de dichas causales; y (iii) en
cualquier caso se trataba de un deber de origen constitucional y vinculado con
la protección del interés público.[3]
Sin embargo,
esta posición planteaba un inconveniente intrínseco, que llevó a su
modificación.  En efecto, la libertad de conciencia es un derecho fundamental
y, por ende, la cláusula de Estado Social de Derecho obliga a su eficacia y
garantía.  Por lo tanto, en aquellos casos en que una persona tuviese convicciones
claras, sinceras y profundas, las cuales pueden ser de carácter religioso o
laico, acerca de la incompatibilidad entre su conciencia y el uso de la fuerza
que involucra la actividad militar, resultaba desproporcionado que el Estado
optase por forzarla a prestar ese servicio, sin ninguna opción diferente, pues
este escenario afectaría el núcleo esencial del derecho en comento.
Este precedente,
actual y reiterado por la Corte, fue definido por la Sala Plena de la Corte en
la sentencia C-728/09 y utilizado en fallos de tutela posteriores, entre ellas las
sentencias T-018/12, T-357/12 y T-430/13. En esta decisión se analizó la
constitucionalidad de las normas de la Ley 48/93, referidas a las causales de
exención al servicio militar obligatorio.  El cargo consistió en que tales
preceptos incurrían en omisión legislativa relativa, puesto que no incluían
como eximente a la objeción de conciencia.  A pesar que el cargo fue
desestimado, en todo caso el Pleno de la Corte concluyó que de la Constitución Política
se deriva un derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio.  Para ello, el precedente en comento ha fijado las
siguientes reglas, que se reiteran a continuación:
6.1. La
democracia liberal y el Estado Social de Derecho reconocen la autonomía y la
libertad del individuo como una de las bases que la justifican y le sirven como
presupuesto deontológico.  En ese sentido, todas las personas tienen derecho a
ejercer sus proyectos de vida de forma compatible con su conciencia, sin ningún
otro límite que la eficacia de los derechos de terceros.  Así, existe un
vínculo entre la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la cláusula
general de libertad.  En ese sentido, se ha señalado que “… existe un
escenario de realización humana dentro del cual las interferencias estatales o
son inadmisibles o exigen una mayor carga de justificación. Así, quien objeta
por razones de conciencia goza prima facie de una presunción de corrección
moral. El Estado, debe, entretanto, aportar los argumentos que justificarían
una intervención en este campo en principio inmune a cualquier interferencia.”[4]
La Constitución,
del mismo modo, impone deberes a los ciudadanos, todos ellos relacionados con
la satisfacción del bien común. Estos deberes son de obligatorio cumplimiento
para todos los individuos, en tanto vinculan a las personas con la noción de
una ciudadanía responsable y democrática. En cuanto a esos deberes, se ha
indicado por la jurisprudencia que se trata “…de comportamientos que se
imponen a los particulares en consideración a intereses generales de la
comunidad y que responden al criterio conforme al cual todas las personas están
obligadas a contribuir al mantenimiento de las condiciones que permiten la
armónica convivencia. Los deberes encuentran fundamento en el principio de
solidaridad y son presupuestos del orden y de la existencia misma de la
sociedad y del derecho. En la base de esos deberes está la idea misma de
sometimiento al Derecho y la obligatoriedad de la que son revestidos obedece a
la consideración de que si cada persona pudiese, según los dictados de su
conciencia, decidir cuáles normas acata y cuáles no, se desvertebraría el orden
y se haría imposible la existencia de la comunidad organizada.”[5]
6.2. Con todo,
la Corte ha considerado que así como los derechos no tienen carácter absoluto,
tampoco los tienen los deberes, so pena de transmutar el Estado en uno de
índole autoritario y por lo mismo contrario a la vigencia de las libertades
individuales.  Por ende, en el caso del servicio militar obligatorio y la
objeción de conciencia opera una tensión que debe ser resuelta a partir de herramientas
propias de la ponderación entre derechos y deberes. Por ende, como lo ha
señalado la jurisprudencia en comento (i) no toda manifestación de conciencia
sirve para que el ciudadano se excuse del cumplimiento de los deberes
constitucionales; (ii) el derecho a la objeción de conciencia, el cual tiene
carácter constitucional y se predica en diversos escenarios, no solo en el
ámbito del servicio militar obligatorio, debe ser garantizado habida cuenta su
condición de fundamentalidad, sin que para ello se requiera un desarrollo
legislativo posterior; (iii) la definición de la objeción de conciencia como
causal para eximirse de un deber constitucional debe, entonces, realizarse
mediante un ejercicio de ponderación que garantice la protección del núcleo
esencial de los derechos concernidos; y (iv) dicho ejercicio de ponderación
debe consultar la sinceridad, firmeza y seriedad de las razones que formula el
objetor para negarse a cumplir con el deber constitucional o legal.  Estas
condiciones son generalmente acreditadas, por ejemplo, cuando la objeción se
vincula con las íntimas convicciones de índole religioso que tenga el objetor.
Sobre este
particular, la Corte considera pertinente resaltar las consideraciones
contenidas en la sentencia C-728/09 y que otorgan sustento a las reglas antes
descritas:
“En la Constitución de 1991, sin embargo, el asunto se ha consagrado
de una manera más amplia, por cuanto de acuerdo con la previsión del artículo
18 Superior, el derecho a no ser obligado a actuar contra la conciencia no se
encuentra subordinado a la ley. Así, en escenarios distintos al del servicio
militar, no se ha exigido una ley de desarrollo para hacer efectivo el derecho
a la objeción de conciencia.[6]
Eso impone definir el criterio a partir del cual pueda hacerse
efectiva la aplicación inmediata del derecho, sobre la base de que no toda
manifestación de una reserva de conciencia puede tenerse como eximente frente a
los deberes jurídicos, ni, en el otro extremo, todos los deberes jurídicos
pueden pretenderse ineludibles, aún sobre las consideraciones de conciencia de
los individuos.
Debe haber un criterio de ponderación que haga énfasis en la
consideración de la naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que
es asumido, la afectación que su desconocimiento produce en el sujeto, etc.,
frente a, por otra parte, la importancia del deber jurídico en relación con el
cual se plantea y las circunstancias en las que se desarrolla, aspecto en el
que cabe examinar, por ejemplo, la posibilidad de suplir a los objetores en el
cumplimiento del deber omitido[7],
o de sustituirlo por otro de similar naturaleza que no plantee conflictos de
conciencia a dichos objetores. En este último sentido, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en torno a la posibilidad de conciliar el cumplimiento del
deber con modalidades que lo hagan compatible con las consideraciones de
conciencia.[8]
Uno de los criterios para establecer la seriedad y el significado
del asunto de conciencia planteado por el objetor es la vinculación del mismo
con la libertad religiosa. Así, si se esgrimen consideraciones religiosas, “(…)
sería incongruente que el ordenamiento, de una parte garantizara la libertad
religiosa, y de otra se negara a proteger las manifestaciones más valiosas de
la experiencia espiritual, como la relativa a la aspiración de coherencia a la
que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento
que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad religiosa, define
igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que
refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la
expresión cabal de las convicciones personales más firmes.” [9]”
6.3.  La
jurisprudencia constitucional ha concluido, en ese sentido, que existe un
derecho fundamental a la objeción de conciencia frente a la prestación del
servicio militar obligatorio.  Este derecho tiene raigambre constitucional y,
por esa misma razón, eficacia directa sin necesidad de desarrollo legislativo
posterior.  Así, se afecta el núcleo esencial de este derecho cuando a una
persona se le obliga a actuar contra su conciencia, en aquellos casos en que sus
convicciones son incompatibles con el ejercicio de la actividad militar. En ese
orden de ideas y siguiendo varias consideraciones planteadas por órganos del
sistema universal de derechos humanos,[10]
la Corte ha concluido que “… no es razonable obligar a una persona a prestar
el servicio militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio,
como retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección
de la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios. No es necesario que
sea mediante la prestación del servicio militar, que, en el caso de los
objetores de conciencia, plantea un conflicto muy profundo entre el deber
constitucional y las convicciones o las creencias que profesan.”[11]
Esta fue la
posición planteada por la Sala Plena de la Corte en las sentencia C-728/09, al
dejar sentado que “… a partir de una lectura armónica de los artículos, 18
(libertad de conciencia) y 19 (libertad de religión y cultos) de la
Constitución, a la luz del bloque de constitucionalidad, es posible concluir
que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia
frente al servicio militar. || Lo anterior encuentra sustento en el hecho de
que, en general, la libertad de conciencia, como se indicó, explícitamente
garantiza a toda persona el derecho constitucional a ‘no ser obligado actuar en
contra de su conciencia’. De este modo, quien de manera seria presente una
objeción de conciencia, vería irrespetado su derecho si, pese a ello, se le
impusiese un deber que tiene un altísimo grado de afectación sobre la persona
en cuanto que, precisamente,  su cumplimiento implicaría actuar en contra de su
conciencia. || Como se ha dicho, si bien la garantía constitucional a partir de
la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de
distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia
del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo
esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución. || De
este modo, la posibilidad de presentar una objeción de conciencia está
supeditada a la valoración que, en cada caso concreto se realice en torno a,
por una parte, los elementos que configuran la reserva de conciencia, frente a,
por otro, la naturaleza del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese
análisis se concluye que hay lugar a la objeción de conciencia, la falta de
previsión legislativa sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo
para la efectividad del derecho, el cual podría ejercerse con base directamente
en la Constitución. En este sentido la Corte se aparta de la interpretación
conforme con la cual, en el pasado, había llegado a la conclusión de que la
Asamblea Nacional Constituyente, al rechazar la propuesta de incluir de manera
expresa en el texto de la Constitución la garantía de la objeción de conciencia
al servicio militar, había excluido del orden constitucional la posibilidad de
dicha objeción. Esa conclusión parte del criterio según el cual el ejercicio de
la objeción de conciencia requiere que, en cada caso, la misma se consagre de
manera expresa por la Constitución o por la ley. Sin embargo, observa la Sala
que no ha sido esa la lectura que a la garantía del derecho a no ser obligado a
actuar contra su conciencia le ha dado la jurisprudencia, ni el alcance que en
relación con la misma se precisa en esta sentencia. En efecto, una cosa es que
las condiciones para el ejercicio del derecho deban ser definidas por el
legislador, y otra que cuando se den los supuestos que, a la luz de la
Constitución, le dan piso, el mismo puede ejercerse por sus titulares, aún sin
que el legislador haya fijado las condiciones para ese ejercicio.
6.4. Se ha
señalado que la jurisprudencia en comento ha definido que a pesar de la
existencia del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio, no todo motivo de conciencia es suficiente para configurar
un eximente constitucional a la prestación de dicho servicio.  En ese orden de
ideas, las convicciones que fundamentan la incompatibilidad entre la conciencia
y el ejercicio de la fuerza institucionalizada propia del servicio militar,
deben ser profundas, fijas y sinceras. Estas características son
explicadas por el precedente analizado del siguiente modo:
6.4.1. Las
convicciones deben definir el comportamiento de las personas, por lo que deben
ser exteriorizadas.  Por ende, no puede tratarse de convicciones o de creencias
que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan
a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido
en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el
servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a
ese ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber
constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de
su conciencia.
6.4.2. El
objetor de conciencia tiene la obligación de demostrar las manifestaciones
externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su
conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el
servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.
6.4.3. En cuanto
a las características predicables de las convicciones del objetor de conciencia
(i) se consideran profundas cuando que no son una convicción o una
creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su
forma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene
que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y
que condicionen su actuar de manera integral; (ii) son fijas cuando se
trata de convicciones que no puedan ser modificadas fácil o rápidamente; y
(iii) son sinceras, en tanto son honestas o veraces, no son falsas,
acomodaticias o estratégicas. Tiene que tratarse de convicciones o creencias
que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera
integral.
A este respecto,
debe resaltarse que la estabilidad y firmeza de las convicciones no puede
comprenderse en el sentido que la objeción de conciencia deba expresarse en
determinado momento.  Al ser un derecho fundamental que se predica del
individuo con carácter permanente, la objeción de conciencia bien puede
formularse al momento de la incorporación o, incluso, una vez se ha iniciado la
prestación del servicio militar obligatorio, en tanto (i) las razones de
conciencia tiene esa vocación de permanencia; y (ii) la prestación efectiva del
servicio puede llevar, en muchas ocasiones, a evidenciar la incompatibilidad
entre las convicciones personales y el ejercicio de la actividad militar. Este
aspecto fue explicado por la Corte en la sentencia T-603/12, al indicarse que “[a]sí
pues, en principio, podría suponerse que tal deber de informar debería ser
materializado antes de ingresar a las filas de la fuerza pública, dado que
tratándose de la obligación de definir la situación militar, el artículo 14 de
la Ley 48 de 1993 contempla que “Todo varón colombiano tiene la obligación de
inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior
en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular
solicitudes de exención o aplazamiento (…)”. Por ello, si la objeción de
conciencia se consolida como una causal constitucional de exención al aludido
servicio, también debería –por analogía- seguir las reglas que el legislador
estipuló en la mentada normatividad, hasta tanto no sean proferidas las
disposiciones que regulen la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio. Sin embargo, en reciente jurisprudencia, esta Corporación asumió
la posibilidad de que una persona informe a las autoridades su condición de
objetor de conciencia estando en las filas de la fuerza pública.|| En
efecto, en la sentencia T-018 de 2012, el objetor de conciencia al servicio
militar informó por escrito su condición tras haber sido reclutado por el
ejército. Al resultar esta posibilidad más garantista para las personas que se
opongan a la aludida obligación con sustento en sus convicciones y en razón a
que se trata del ejercicio efectivo de un derecho fundamental –como lo es la
libertad de conciencia y la libertad de culto- es claro que debe ser aplicada,
siempre y cuando el término entre el reclutamiento y la información sea
prudencial. Asunto este último que deberá ser analizado en cada caso en
concreto. Con todo, cabe precisar que sobre la objeción sobrevenida existen en
la actualidad escritos académicos que desarrollan la posibilidad de que el
individuo, que anteriormente aceptaba tomar las armas, cuestione –tras vivir la
experiencia castrense- la permanencia y vinculación a instituciones como el
ejército[12].
Y esto puede ser legítimo, en el entendido de que la conciencia de la persona
varía según sus experiencias, siguiendo también las posibilidades de su propio
raciocinio transformado por el camino que haya decidido recorrer en su vida.”
6.5.
Finalmente, el mismo precedente determina, como ya se ha indicado, que las
convicciones no solo pueden versar sobre creencias religiosas, sino que la
objeción de conciencia se predica de cualquier convicción humana, que cumpla
con las condiciones antes anotadas.  Además, ante la inexistencia de un
procedimiento de índole legal para el trámite de las objeciones de conciencia,
ello no es óbice para que concurra la obligación por parte de las autoridades
militares de darles curso de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las
reglas del debido proceso, y, en todo caso, el derecho constitucional de
objeción de conciencia puede ser objeto de protección por parte de los jueces
de tutela.
Las redadas o
batidas destinadas al reclutamiento y movilización de conscriptos son
inconstitucionales por violar el derecho fundamental a la libertad personal
7. De la lectura
de los antecedentes se encuentra que en uno de los casos analizados la
incorporación del accionante se dio como consecuencia de una redada o
comúnmente conocida como batida, en donde autoridades militares de
reclutamiento detuvieron al actor y ante la comprobación acerca de que no
portaba tarjeta militar, fue retenido y llevado a un “lugar de concentración”,
desde donde luego fue remitido a la guarnición militar en donde inició la
prestación del servicio militar.
A este respecto,
la Corte considera importante reiterar las consideraciones realizadas por la
Sala Plena en la sentencia C-879/11, en la cual, al analizar la
constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 48 de 1993, se previó que las
redadas o batidas como la que dio lugar a la incorporación del
accionante están prohibidas en el ordenamiento jurídico colombiano, al vulnerar
el derecho fundamental a la libertad personal y la reserva judicial que protege
esa garantía.
De acuerdo con
la norma citada, que regula la inscripción para la definición del servicio
militar, todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para
definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la
mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de
exención o aplazamiento. A su vez, la disposición en comento estipula que
cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta
obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones que se establecen en la misma Ley 48/93
En la sentencia
C-879/11, la Corte determinó que si bien, de acuerdo con la norma legal citada,
las autoridades tienen competencia para compeler a los ciudadanos
obligados a la prestación del servicio, para que resuelvan su situación
militar, esa facultad en modo alguno puede ser entendida como una competencia
extrajudicial para retener y conducir a dichos obligados, sino únicamente como
la posibilidad de identificar a quienes no han resuelto su situación militar, a
fin que inicien el procedimiento administrativo tendiente a definir dicha
situación.
8. La Corte, en
sede de control abstracto de constitucionalidad, determinó en el asunto objeto
de examen las reglas siguientes:
8.1. La libertad
personal, que incluye la libertad de locomoción, es un derecho constitucional
que opera tanto de forma autónoma, como condición para el ejercicio efectivo de
otros derechos fundamentales.  Esto bajo el entendido que “…quien no goza de la libertad personal, por estar  detenido o
retenido contra la propia voluntad no puede gozar de  los otros derechos y
libertades[13].
De ahí que la Constitución prevea requisitos muy exigentes para reducir a
prisión o arresto a una persona o para registrar su domicilio: a) la existencia
de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; b) el respeto a las
formalidades legales;  y c) la existencia de un motivo previamente definido en
la ley.”
8.2. Las
garantías de protección de la libertad personal están contenidas en el artículo
28 C.P., el cual contempla dos tipos de reservas legales.  “[P]or una parte
para definir las formalidades a las que deben ajustarse las actuaciones que
supongan una interferencia en la libertad personal y en la inviolabilidad de
domicilio y, por otra parte, para definir los motivos por los cuales estos
derechos pueden ser objeto de limitación. E igualmente sujeta la actuación de
los agentes del Estado en la materia a las reglas del debido proceso señaladas
en el artículo 29 constitucional[14].”
Este mismo
precedente identifica como la Constitución confiere una garantía reforzada a la
libertad personal, denominada por la doctrina como reserva de la primera
palabra o reserva absoluta de jurisdicción, según la cual
corresponde exclusivamente a los jueces definir desde la primera acción
restrictiva de la libertad.  Este estándar, que es incluso más exigente que el
contemplado en normas del derecho internacional de los derechos humanos, solo
es exceptuado por la captura en flagrancia, la detención administrativa
preventiva y las competencias que sobre la materia se otorgan a la Fiscalía
General, hipótesis que en todo caso están sometidas al control judicial
posterior.  Así, se expresó en al sentencia objeto de análisis que esa reserva
jurisdiccional “…no sólo encuentra sustento en la interpretación literal del
artículo 28 superior, sino en la lectura sistemática de los artículos 1º, 2º,
113 y 250 de la Constitución, puesto que la estricta reserva judicial para el
ejercicio legítimo de la restricción de la libertad física de las personas
surge de los principios democrático y de separación de las ramas del poder
público que dejan a cargo del órgano judicial la armonización de los derechos e
intereses en tensión cuando se investigan conductas que afectan bienes
jurídicamente protegidos. De esta forma, la privación de la libertad se ubica
entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y proteger la vida,
honra y bienes de las personas y el deber estatal de asegurar el ámbito legítimo
de la libertad del ciudadano.”
8.3. Bajo este
marco, la Corte encontró que la expresión “compeler”, contenida en el artículo 14
de la Ley 48 de 1993, confiere a las autoridades militares encargadas del
reclutamiento la facultad de usar la fuerza o la autoridad para que los
obligados se inscriban con miras a resolver su situación militar. Sin embargo,
esta facultad se circunscribe exclusivamente a la momentánea restricción de la
libertad, por el periodo estrictamente necesario para verificar la situación
militar y ordenar la inscripción, so pena de la imposición de las multas
previstas en la Ley 48/93, sin que en modo alguno pueda entenderse como una
facultad legal para conducir al obligado a una guarnición militar para que
inicie la prestación del servicio. Esto debido a que esa actuación constituiría
una violación de la reserva judicial de la libertad.
Así, se indicó
por la Corte que “…si se examina inicialmente
la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 48 de 1993 este precepto
autoriza a la autoridad (que debe ser entendida como la autoridad militar
encargada del reclutamiento) a compeler a los varones colombianos a que cumplan
la obligación de inscribirse para definir su situación militar cuando no lo han
hecho en el año anterior a la fecha en que cumplen la mayoría de edad. En este
sentido lo primero que cabe destacar es que esta disposición no confiere la
potestad de compeler a los varones a que presten el servicio militar sino a que
den cumplimiento a la primera etapa prevista en la Ley 48 de 1993 para definir
la situación militar, es decir, la inscripción. || El mismo precepto señala que
esta facultad de compeler se ejerce “sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley”, es decir,
que consagra la posibilidad de obligar a quien no se haya inscrito por fuerza o
autoridad a inscribirse y no solamente mediante la aplicación de  la sanción
pecuniaria prevista en el artículo 42 literal a de la misma ley, consistente en
el pago por parte del infractor del 20% de un salario
mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribirse
reglamentariamente, sin que sobrepase el valor correspondiente a dos (2)
salarios mínimos mensuales vigentes. || En otras palabras la
expresión compeler autoriza al uso de la fuerza o autoridad para obligar a los
varones a que se inscriban y no consiste simplemente en la imposición de
sanciones pecuniarias porque la disposición acusada diferencia claramente los dos
supuestos.”
8.4. A pesar de
lo anterior, la Corte encontró que el término compeler era ambiguo y por
lo mismo, su aplicación llevaba a que las autoridades militares a efectuar
redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a la forzosa conducción de
los obligados a prestar el servicio militar.  En ese sentido, a partir de la
aplicación de un juicio de proporcionalidad, la Sala concluyó que la única vía
para que la facultad mencionada pudiese ser compatible con el artículo 28 C.P.,
consistía en considerar que la competencia para compeler era una momentánea
restricción de la libertad, con fines exclusivos de inscripción.
A este respecto,
la sentencia C-879/11 fue precisa en afirmar que “… la expresión compelerlo
contenida en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 es muy ambigua y presenta
serios problemas constitucionales en su aplicación, pues da lugar a que sea
interpretada en el sentido que autoriza detenciones arbitrarias que vulneran la
reserva judicial prevista en el artículo 28 constitucional. || Ahora bien, en
aras del principio de conservación del derecho resta por considerar si la
expresión compelerlo contenida en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 es
susceptible de una interpretación conforme con la Constitución, y en tal sentido
encuentra esta Corporación que la única comprensión que cumple tal
condición es si se entiende la expresión acusada en el sentido de que quien no
haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar,
solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación
y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota
precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la conducción
del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades
militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlo a
inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente
incorporarlo a filas. || Únicamente si se interpreta la expresión
compelerlo en este sentido resulta ajustada al artículo 28 constitucional, en
el sentido que se trata de una interferencia en la libertad personal que no
requiere mandamiento escrito de autoridad judicial competente, y a la vez
resulta proporcionada frente a las limitaciones que implica respecto de este
derecho y de la libertad de circulación. || En efecto, con el cumplimiento de
las condiciones antes reseñadas se trataría entonces de una medida que persigue
una finalidad constitucionalmente legítima –la inscripción para definir la
situación militar-, resulta idónea para tales efectos, es necesaria y no afecta
de manera desproporcionada la libertad física ni la libertad de locomoción.”
(Resaltado no original).
8.5. Por último, la Sala
distinguió el supuesto estudiado de uno distinto, no regulado en la norma
acusada y relativo a aquellos ciudadanos inscritos, que han aprobado las
pruebas de aptitud psicofísicas y que luego del sorteo son citados para
concentración e incorporación mediante orden individual y concreta, adoptada
por la autoridad de reclutamiento y en la cual se identifique plenamente al
obligado remiso y se disponga su conducción por patrullas militares.  En estos
casos, se aceptó que la medida de conducción del remiso era constitucional, en
tanto se trataba de una “restricción momentánea de
la libertad mientras el remiso se incorpora a filas, que se prolonga durante el
término en que es conducido al lugar de concentración e incorporación y, por lo
tanto, no configura de una detención arbitraria practicada sin previo
mandamiento escrito de autoridad judicial competente.” Además, no podía perderse de vista que en estos casos ya se habían
cumplido las diversas etapas de la definición de la situación militar y se
estaba ante una orden concreta de conducción, bien diferente a las redadas o batidas
que son por naturaleza indiscriminadas y tienen por objeto identificar ex
post a los remisos, para conducirlos a zonas de concentración.  Al
respecto, la Corte fue precisa en advertir que tales batidas o redadas
son una modalidad de detención arbitraria incompatible con el artículo 28 C.P.
La eficacia
del derecho fundamental de petición depende de la respuesta oportuna y de fondo
a lo solicitado.  Reiteración de jurisprudencia
9. El artículo
23 C.P. prevé la garantía de todas las personas de formular peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución.  Sobre el contenido de este derecho existe una
sólida y consolidada jurisprudencia sobre las reglas que definen el contenido y
alcance de este derecho,[15]
las cuales se reiteran a continuación:
9.1. El derecho
de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
9.2. El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad
si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
9.3. La respuesta
debe cumplir con estos requisitos: (i) debe ser oportuna; (ii) debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y (iii)
deber ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
9.4. La
respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita.
9.5. El derecho
de petición se aplica, de manera general, a las autoridades estatales.  Con
todo, la Constitución y la ley lo han extendido a autoridades de derecho
privado.  Al respecto, el artículo 32 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que “…toda
persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.”;
extendiéndole las reglas de trámite del derecho de petición ante autoridades
públicas, salvo cuando existe ley especial que regule la materia.  A pesar que
esta norma fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-818/11,
ante la violación de la reserva de ley estatutaria, en todo caso los efectos
del fallo fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que
disposición en comento es aplicable para el presente asunto.
9.6. En relación
con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se
acude al artículo 14º del CPACA que señala 15 días para resolver. La misma
norma establece, en buena parte acogiendo las reglas que la jurisprudencia
constitucional había previsto sobre esa materia, que (i) las peticiones de
documentos deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres días siguientes; (ii) las peticiones mediante las cuales se
eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo
deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción; y
(iii) cuando  excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo
caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia
al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto.
Igualmente, es
importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ha confirmado las
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término
de quince días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez,
dentro de las 48 horas siguientes.
9.7. La figura
del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
9.8. El derecho
de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser esta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Así mismo,
la jurisprudencia constitucional ha contemplado que (i) la falta de competencia
de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder;  y
(ii) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su
respuesta al interesado.
10. De otro
lado, debe también resaltarse que la jurisprudencia constitucional ha
considerado que la respuesta oportuna a las solicitudes que se eleven ante las
autoridades también es un componente del derecho fundamental al debido proceso.
Así, se ha considerado que si la finalidad de los procedimientos judiciales y
administrativos es la resolución definitiva de los asuntos de competencia de
las diversas autoridades, así como la solución también definitiva de las
controversias entre particulares, estas funciones no pueden lograrse si la
respuesta de la Administración o de los jueces se dilata indefinidamente.
Sobre este
particular, la Sala Plena ha considerado que “… la consagración de etapas dentro del proceso, delimitadas por
términos procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la
autoridad encargada de administrarlos, constituyen la base procedimental
fundamental para la efectividad del derecho al debido proceso y para el recto
funcionamiento de la administración de justicia. Lo anterior encuentra sustento
evidente en la necesidad de cumplir con los principios de celeridad, igualdad,
eficacia, economía e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política como principios rectores de la administración pública.”[16]
Igualmente, la
Corte ha previsto que el cumplimiento de los términos de los procedimientos
configura una doble garantía para los ciudadanos. De un lado, el legislador
está obligado a determinar términos precisos y razonables, compatibles con las
finalidades del proceso judicial o administrativo.  De otro, es imperativo que
dichos términos procesales estén debidamente positivizados, pues de lo
contrario quedarían al simple arbitrio de las autoridades, en contraposición
con la eficacia de los derechos de petición y al debido proceso, conforme los
argumentos antes explicados.
11.
Adicionalmente, también debe tenerse en cuenta que la Corte ya ha aplicado
estas reglas en el caso particular y concreto de los obligados a prestar el
servicio militar obligatorio. Así, la sentencia T-587 de 2013 estudió el caso
de joven hijo único y huérfano de madre, quien a pesar de acreditar por esos
motivos una de la causales de exención del servicio militar, no fue excluido
con el argumento que había dejado de cumplir con el deber de inscripción.  En
esta decisión, la Corte concluyó que “[c]onforme a las normas
invocadas y a la jurisprudencia mencionada, si bien la prestación del servicio
militar es exigible a todos los ciudadanos varones, no lo es para aquellos que
se encuentren en alguna de las excepciones consagradas en el artículo 28 de la
Ley 48 de 1993, siempre y cuando se esté en tiempos de paz. Lo que significa
que las autoridades encargadas de realizar las incorporaciones a filas tienen
la obligación de analizar en cada caso particular, si el joven que va a ser
reclutado se encuentra o no amparado por una causal de exención, de lo contrario,
vulneran el derecho fundamental al debido proceso administrativo, en tanto
estarían pretermitiendo una de las etapas previstas en la Ley 48 de 1993,
relativa al trámite que se debe surtir para definir y posteriormente incorporar
a los jóvenes a filas.”
La misma sentencia señaló que el
debido proceso administrativo en el caso de la prestación del servicio militar
obligatorio también exige un consentimiento informado del obligado, quien tiene
el derecho a conocer la regulación que determina las causales de exención al
servicio y la manera cómo puede alegarlas para lograr la exclusión
correspondiente. En ese sentido, el obligado debe estar plenamente consciente
de sus derechos en el marco del proceso de inscripción y prestación del
servicio, en particular de las condiciones que prevé la Constitución y la ley,
de manera que su ingreso, aunque obligatorio, no riña con las convicciones, la
autonomía individual y particularmente con las reglas constitucionales y
legales que prevén las causales de exención del servicio. A este respecto, se
indicó en dicho fallo que “[e]l consentimiento
informado, en sede de las actuaciones de las Fuerzas Militares, implica que
estas deben crear un espacio de diálogo e interacción con los jóvenes incorporados a filas o que se encuentran en dicho
proceso, con el fin de que cualquier manifestación de voluntad que hagan ante
las autoridades militares sea el reflejo de una decisión informada, esto es,
con pleno conocimiento de las implicaciones que puede traerles dicha decisión
para su vida tanto personal como profesional. En este orden de ideas, son las
autoridades militares las encargadas de brindar toda la información requerida
por los jóvenes para que sus decisiones relativas a la prestación del servicio
sean libres e informadas. (...) En este sentido, la Corte Constitucional en la
sentencia T-976 de 2012, se pronunció respecto del caso de un joven que decidió
mediante la firma de dos documentos (Acta de Compromiso Prestación Servicio
Militar como Soldado y Freno Extralegal para Personal Aspirante), renunciar a
los beneficios y prerrogativas de ser soldado bachiller e incorporarse al
Ejército en calidad de soldado regular. En esta providencia, la Corte indicó que la elección realizada por el joven es válida, siempre y
cuando el conscripto apto la haya adoptado de manera libre, espontánea e
informada, sobre esto enfatizó: ||“En tal sentido, el Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional deben adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para informar claramente a los jóvenes que
voluntariamente deseen optar por alguna de las modalidades que la ley brinda,
cuáles son los derechos y deberes que les asisten, así como los peligros de una
u otra alternativa. Esta información debe ser el producto de un espacio de
inter-comunicación, inter-relación e inter-acción entre los actores
involucrados en el que se genere un ambiente de confianza, respeto y compromiso
para elegir lo que más le convenga al joven y le permitan tomar decisiones con
plena conciencia y consentimiento sobre las cuestiones que afectan su vida y
desarrollo personal.|| Se enfatiza además que no es suficiente que el Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, al momento de lograr el
consentimiento informado, brinden datos de manera mecánica, procedimental o
simplemente haga llenar un formato, sino que deben evaluar el grado de
percepción y comprensión del joven aspirante que recibe la información, y ello
sólo es posible mediante una conversación abierta, sincera, con datos claros y
precisos entre los sujetos participantes que minimice las barreras de la
comunicación que puedan surgir en algunos casos por las diferencias en los
niveles educativo, cultural, socioeconómico y condiciones de vida”.[17]||
7.3. Lo anterior, evidencia la relevancia que tiene el consentimiento informado
a la hora de tomar decisiones que impliquen cambios en la situación militar de
las personas, e impone a las autoridades militares la obligación de ofrecer una
información íntegra que permita a los jóvenes evaluar las implicaciones de la
opción elegida. Con base en esto, la Sala Primera de Revisión advierte que la
declaración consignada en el documento denominado freno extralegal, firmado por
Román David Rosero, no recoge una manifestación libre y autónoma del joven, en
tanto no consta dentro del proceso que la autoridad accionada haya brindado la
información necesaria que le permitiera de manera libre y mediante un diálogo
en el cual se indicaran las consecuencias que traía tal afirmación, manifestar
su condición de hijo único y no firmar un documento en el que niega tal
calidad.”
Casos concretos
12. Como lo evidenciaron las
intervenciones formuladas ante la Corte, la Sala encuentra que los expedientes
objeto de acumulación ejemplifican problemas generalizados en materia de la
eficacia del derecho a la objeción de conciencia en el ámbito del servicio
militar obligatorio.  Por ende, en este apartado la Corte identificará estos
problemas y las afectaciones que los mismos generan a los derechos
fundamentales.  Luego, definidas estas problemáticas, se resolverán los casos
concretos y se adoptarán las órdenes generales y específicas tendientes no solo
a resolver la situación jurídica particular de los actores, sino también a
evitar que las circunstancias que dieron lugar a las
acciones de tutela se repitan en el futuro y respecto de otros obligados a la
prestación del servicio militar.
Problemas relacionados con la
falta de respuesta oportuna
12.  La Sala advierte que en cada
uno de los casos planteados, las autoridades militares dilataron en el tiempo
la resolución de las solicitudes de los objetores de conciencia, en el sentido
que fueran excluidos de la prestación del servicio militar.  En contrario, lo
que se advierte es que en esos casos las autoridades militares optan por (i)
hacer uso de la figura del aplazamiento, particularmente cuando el obligado
está adelantando estudios superiores, tornando en indefinida la definición de
la situación militar; o simplemente (ii) haciendo caso omiso de las solicitudes,
procediendo a incorporar y mantener al obligado en la prestación del servicio
militar, incluso a través del uso de redadas o batidas indiscriminadas.
En cuanto al procedimiento
aplicable en dichas situaciones, se encuentra que los artículos 26 a 35 del
Decreto 2048 de 1993, reglamentario de la Ley 48/93, regulan el trámite de las
exenciones y aplazamientos al servicio militar.  A ese respecto, se determina
que (i) las inhabilidades absolutas y permanentes serán determinadas
técnicamente por médicos oficiales al servicio de Reclutamiento y Movilización
o en su defecto, oficiales de sanidad de las diferentes Fuerzas; (ii) la
calidad o condición de indígena se acreditará con la constancia expedida por el
Jefe del Resguardo o Gobernador indígena respectivo; (iii) los feligreses o
miembros de las diferentes religiones o iglesias que se profesen en el territorio
nacional, sin autoridad jerárquica, no podrán alegar exención para la
prestación del servicio militar, por el sólo hecho de profesar o pertenecer a
dichas religiones o iglesia; (iv) la autoridad jerárquica será determinada para
la Iglesia católica por las Disposiciones concordatarias vigentes. Para las
demás iglesias y confesiones religiosas se determinará por la capacitación
académico-religiosa, con una formación equiparable;[18] (v) la condición de hijo
único se determina sin consideración al sexo. Por tanto, si una madre tiene dos
hijos, un hombre y una mujer, el varón está obligado a prestar el servicio
militar, salvo las exenciones legales; (vi) para demostrar las exenciones
previstas en la ley, es requisito indispensable aportar la prueba documental y
sumaria sobre su existencia; (vii) solamente podrán alegarse y concederse las
exenciones previstas en la ley. Las otorgadas ilegalmente, acarrearán sanciones
penales y disciplinarias contra los responsables; (viii) es causal de
aplazamiento por el tiempo que subsista el haber sido aceptado o estar cursando
estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como
centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa; (ix) si
se pierde el carácter jerárquico religioso o clerical, o de estudiante o no se
obtiene el título de bachiller, dentro del año siguiente, deberá definirse la
situación militar de acuerdo con la ley, sin consideración a las calidades
anotadas; (x) la existencia de cualquier inhabilidad relativa temporal,
requiere plena comprobación por parte de los médicos del Ministerio de Defensa
Nacional; (xi) el estudiante de último año de secundaria que por cualquier
causa no obtenga el título de bachiller, será aplazado por una sola vez. Si
persiste la causal, se le definirá su situación militar como regular, sin más
prórrogas; y (xii) los conscriptos aptos que aleguen exenciones o inhabilidades
no comprobadas o hagan reclamo sin justificación real, podrán ser aplazados por
el tiempo requerido para comprobar la existencia de la exención, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 48 de 1993.
13.  Como observa, esta
regulación omite dos aspectos importantes.  En primer lugar, no hace referencia
a la objeción de conciencia como causal de exención del servicio militar
obligatorio.  Además, no prevé un término para el que las autoridades militares
resuelvan acerca de las inhabilidades al servicio y las solicitudes de
exención.  Sin embargo, la Corte encuentra que ese vacío normativo es apenas
aparente y en nada afecta la eficacia del derecho fundamental a la objeción de
conciencia.
En efecto, la objeción de
conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental y una
causal de exención a la prestación de dicho servicio, que tienen raigambre
constitucional y, por ende, supra legal, como se ha explicado en esta
sentencia. Por ende, no exige una prescripción legal expresa para que tenga
carácter jurídico vinculante y puede ser alegado por cualquier obligado al
servicio militar, quien demuestre que por convicciones personales profundas,
sinceras, continuas y exteriorizadas, tiene razones de conciencia que le
impiden ejercer la actividad militar.
Ahora bien, en lo que tiene que
ver con el término para resolver, se ha señalado en esta decisión que la
obtención de una respuesta oportuna por parte de las autoridades estatales es
una garantía que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de
petición y que, a su vez, es condición para la eficacia del derecho al debido
proceso administrativo. También se ha indicado que, de ordinario, las
solicitudes que se eleven a la administración deben responderse en el término
de quince días, previsto por el legislador para ese efecto.
14. En ese orden de ideas, se
generan dos deberes constitucionales específicos para las autoridades
militares.  En primer lugar, están llamadas a reconocer y evaluar a la objeción
de conciencia como una de las causales jurídicamente vinculantes para la
exención del servicio militar obligatorio. Para ello, no podrán en ningún caso
invocar la inexistencia de una previsión legal o reglamentaria que así lo
establezca, puesto que la objeción de conciencia es un derecho de índole
constitucional y, por esa razón, obligatorio para todas las personas y
autoridades, en los términos del artículo 4 C.P.
En segundo término, en tanto para
el caso las autoridades militares operan en su condición de autoridades
administrativas, están obligadas a responder de fondo las solicitudes de
exención de la prestación del servicio militar, basadas en el ejercicio del
derecho a la objeción de conciencia, según las reglas definidas por el
legislador para el derecho de petición y las condiciones constitucionales sobre
el contenido y alcance de ese derecho, descritas en el fundamento jurídico 9 de
esta sentencia.  Esto quiere decir, entre otros aspectos, (i) que las
autoridades militares deben resolver lo pedido en el término máximo de quince
días contados a partir de la formulación de la solicitud de exención al
servicio militar obligatorio; (ii) que la respuesta debe ser material y de
fondo, es decir, debe resolver si es o no procedente la exención al servicio
militar obligatorio; (iii) en caso que se niegue la solicitud, debe expresar
las razones que fundamentan esa negativa; y (iv) en cuanto se trata de una
actuación administrativa, las autoridades militares deben responder la
solicitud de exención mediante acto administrativo, el cual debe ser notificado
conforme a la ley al interesado, indicándosele los recursos que puede
interponer respecto de lo decidido.  Todo ello conforme lo estipulan los
artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
Problemas relacionados con la
ausencia de evaluación de las razones formuladas por los objetores
15. Distintos argumentos planteados
en apartados anteriores de esta sentencia demuestran que la objeción de
conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho constitucional que es
eficaz en el ámbito de la incorporación a filas. A pesar de ello, los casos
analizados demuestran que las autoridades militares, generalmente amparadas en
la inexistencia de un mandato legal expreso que contemple la objeción como
causal eximente del servicio militar, niegan su procedencia.  En otros casos,
aplazan indefinidamente la definición de la situación militar del conscripto,
convocándolo en sucesivas oportunidades sin darle una respuesta oportuna,
tópico analizado en el apartado anterior.
La Corte debe resaltar, sobre
este particular, que las autoridades militares de reclutamiento e incorporación
deben analizar y resolver de fondo las solicitudes de exención al servicio
militar, con base en las siguientes reglas:
15.1. Las autoridades militares,
al momento de evaluar las solicitudes formuladas por objetores de conciencia,
deben partir de la base que dichos ciudadanos ejercen un derecho fundamental y,
por lo tanto, deben dar respuesta de fondo a lo pedido y fundados en el
principio pro homine,[19]
que obliga al Estado y a los particulares a garantizar, en todo caso, la
vigencia de los derechos, lo que implica interpretar las normas del
ordenamiento jurídico de manera garantista, en términos de la búsqueda de la
más amplia eficacia posible de tales prerrogativas constitucionales.
15.2. La respuesta negativa a la
solicitud de exención a la prestación del servicio militar debe basarse
exclusivamente en la comprobación cierta y verificable que las convicciones
manifestadas por el objetor no son profundas, fijas y sinceras,
según se explicó en el fundamento jurídico 6.4. de esta sentencia. En el
que se advirtió que corresponde al objetor de conciencia demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus
creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado
su conducta, y por lo tanto, prestar el servicio militar obligatorio implicaría
actuar en contra de ella.
Correlativamente, las autoridades
de incorporación y reclutamiento deberán expresar las razones sustantivas que
demuestran el incumplimiento de esas condiciones, so pena que el acto
administrativo correspondiente adolezca de falta de motivación y, por lo mismo,
vulnere no solo la libertad de conciencia, sino también el debido proceso. A su
turno, de requerirse, dichas autoridades podrán solicitar al peticionario la
presentación de información adicional para resolver la petición, en los
términos definidos por el Código Contencioso Administrativo.
Los fundamentos de la decisión
que niega la exención del servicio militar obligatorio deben, por ende, ser
expresos y precisos.  Es decir, la autoridad de incorporación y reclutamiento
que niegue la solicitud de exención antes explicada, debe indicar claramente
qué razones llevan a esa conclusión, las cuales no podrán ser otras que
aquellas que demuestren que las convicciones del objetor no cumplen con los
criterios antes mencionados.
15.3. La respuesta a la solicitud
de exención del servicio por objeción de conciencia debe, a su vez, impedir que
las autoridades militares impongan tratamientos discriminatorios en razón de su
origen religioso o secular, o por el credo que profese el objetor que alegue
convicciones de índole religiosa para negarse a prestar el servicio militar
obligatorio.  Por lo tanto, las autoridades de incorporación y reclutamiento
deben analizar las solicitudes de exención por objeción de conciencia de manera
equitativa, sin que el hecho que el objetor funde sus convicciones en criterios
no religiosos o relacionados con credos que no son mayoritarios en el país,
pueda servir en modo alguno de factor de diferenciación o de disminución sobre
la credibilidad acerca de la firmeza, sinceridad y permanencia de las
convicciones del objetor de conciencia.
A este respecto, debe resaltarse
por la Sala que prodigar tratamientos diferenciados a los objetores de
conciencia en razón de las circunstancias anotadas, constituye una
discriminación fundada en criterios religiosos o de opinión filosófica, la cual
está expresamente prohibida por el artículo 13 C.P.
Problemas relacionados con la
violación del derecho a recibir información
16. En el fundamento jurídico 11
se explicó como la jurisprudencia constitucional ha considerado que el acceso a
información suficiente sobre las implicaciones y causales de exención de la
prestación del servicio militar obligatorio, hacen parte del derecho al debido
proceso administrativo.  En ese sentido, se exige por el mismo precedente que
el consentimiento sobre la incorporación de llevarse a cabo de forma consciente
e informada, de modo que el conscripto conozca sus derechos antes y después del
acto de incorporación, así como los deberes y las garantías relacionadas con la
prestación del servicio militar obligatorio.
Sin embargo, en los casos
analizados se demostró que en ningún momento las autoridades militares pusieron
siquiera a consideración de los accionantes las causales de exención y/o
aplazamiento del servicio militar, entre ellas la objeción de conciencia.  Esta
situación, contraria al derecho al debido proceso, se muestra particularmente
grave en el contexto en que se presta el servicio militar obligatorio en
Colombia.  A pesar que el mandato constitucional al respecto es general para
todos los ciudadanos colombianos, la realidad demuestra que quienes usualmente
son reclutados son los jóvenes de menores ingresos, muchas veces en situación
de marginalidad económica y escasa instrucción.
A este respecto, se encuentra que
conforme los datos enviados a la Defensoría del Pueblo por la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional,[20] la mayoría de los
ciudadanos que prestan el servicio militar obligatorio en Colombia, para el periodo
2008-2013, pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y tienen menor
instrucción, al tratarse mayoritariamente de soldados regulares y campesinos,
en comparación con los soldados bachilleres.
Así, según estas
cifras, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 en Colombia 439.476
ciudadanos prestaron el servicio militar obligatorio. Este número ciudadanos se
encuentran distribuidos se la siguiente forma:
Año
Soldado
Regular
Soldado
Campesino
Soldado
Bachiller
2009
67.514
18.321
15.071
2010
64.742
22.504
10.541
2011
59.012
22.958
9.730
2012
67.329
18.711
17.209
2013
73.513
10.823
22.258
Igualmente, en
lo que tiene que ver con la distribución de estratos socioeconómicos, las
cifras demuestran que en el periodo estudiado 2008-2012, más del 80% de los
soldados que prestan el servicio militar obligatorio pertenecen a los estratos
0, 1 y 2, con prevalencia del estrato 2:
Estrato
Porcentaje
Soldados
Bachilleres
Soldados
Regulares
Soldados
Campesinos
0
10.28%
1.8%
16.42%
1
16.82%
21.22%
14.7%
2
55.03%
60.44%
50.48%
3
17.11%
15.32%
18.1%
4
0.7%
1.15%
0.3%
5
0.04%
0.01%
6
0.02%
0.06%
A partir de esta comprobación,
para la Corte resulta imperativo que ante esas circunstancias, las autoridades
militares pongan en efectivo conocimiento de los ciudadanos obligados (i) el
contenido de las causales de exención y aplazamiento del servicio militar
obligatorio, entre ellas la objeción de conciencia; y (ii) el procedimiento
aplicable para que las autoridades de incorporación y reclutamiento estudien y
resuelvan dichas solicitudes, en caso que el ciudadano obligado considere que
cumple con las condiciones previstas para ello.  Además, con el fin que esta
información sea oportuna, deberá realizarse en el acto de inscripción al
servicio y en cualquier caso de forma previa al reclutamiento. Su puesta en
conocimiento, de la misma manera, deberá hacerse por un mecanismo efectivo y
eficaz, en atención de las condiciones de los conscriptos.
Adicionalmente, la Sala resalta
que este deber de información se enmarca en obligaciones legales precisas,
predicables de todas las autoridades administrativas, entre ellas las
encargadas de la incorporación y reclutamiento.  En efecto, el artículo 8° del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
dispone que las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona
información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página
electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de
que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre diversos aspectos de
la función adelantada por esa entidad, entre ellos las regulaciones,
procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los
particulares frente al respectivo organismo o entidad.  Es claro que dentro de
dichos trámites y procedimientos está el reconocimiento, cuando a ello hubiere
lugar, de la objeción de conciencia como causal eximente del servicio militar
obligatorio.
Con base en este mandato, resulta
jurídicamente obligatorio que las autoridades militares de reclutamiento
notifiquen a los obligados, al momento de la inscripción, acerca de las
causales de exención al servicio militar obligatorio, entre ellas la objeción
de conciencia garantizada constitucionalmente. Para ello, al tenor de la norma
legal antes citada, deben utilizarse los mecanismos más idóneos, tanto impresos
como electrónicos, los cuales deberán ser suministrados a los obligados de
forma oportuna, esto es, en el procedimiento de inscripción de que trata el
artículo 14 de la Ley 48 de 1993 y los artículos 12 a 14 del Decreto 2048 de
1993.
Problemas relacionados con el
desconocimiento de la prohibición de las redadas o batidas indiscriminadas
17. En uno de los casos
analizados, la Sala evidencia que el reclutamiento del actor se llevó a cabo
mediante el procedimiento de redada o batida, en el cual (i) se le
requirió sobre el porte de la tarjeta militar; (ii) al acreditarse que no había
resuelto su situación militar, se le condujo coactiva y físicamente a un
transporte del Ejército; (iii) fue privado de su libertad personal, dejándosele
temporalmente en una “zona de reclusión”; y (iv) posteriormente fue llevado a
una guarnición militar, a fin de ser incorporado al servicio militar
obligatorio.
Las redadas o batidas,
procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están
prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la
libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se
encuentran dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28
C.P.  A este respecto, la Corte debe ser enfática en indicar que las
autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas,
con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar,
para conducirlos a instalaciones militares e proceder a incorporarlos.  Estas
acciones contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva judicial
sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los
habitantes.
18.  En ese sentido, como se
explicó en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia, las autoridades
militares están habilitadas jurídicamente para requerir la identificación de
los obligados y proceder a inscribirlos de inmediato y sin lugar a ningún tipo
de detención temporal, ni menos la posibilidad de conducir a quienes no
comprueben tener resuelta su situación militar.
La competencia de conducción, en
los términos anotados, se circunscribe única y exclusivamente cuando las
autoridades de incorporación y reclutamiento han identificado un obligado que
ha sido calificado como apto para prestar el servicio y, al rehusarse a ello ha
sido declarado formalmente como remiso y, por ende, puede ser compelido a
prestar el servicio militar.  Esto implica, necesariamente, que el remiso ha
sido previamente individualizado por las autoridades militares y que la
actividad de conducción se restringe exclusivamente a dicho remiso, sin que
en ningún caso pueda tener carácter indiscriminado.  En otras palabras, la
actividad de conducción debe ser obligatoriamente posterior a la identificación
plena de los obligados remisos, sin que dicha identificación pueda realizarse
de manera concomitante o posterior la conducción.
Así, analizados los aspectos
genéricos que, en términos de vulneración de los derechos fundamentales, se
derivan de los casos analizados, la Sala procede a resolver los casos
específicos de los accionantes, así como a determinar las órdenes que deben
adoptarse en esta sentencia.
Expediente T-3.936.861
19.  La Corte advierte que la
situación planteada en el caso del ciudadano Aguirre Bernal es muestra de los
problemas de falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades
militares, en lo que respecta a la solicitud de exención del servicio militar
obligatorio derivada de la objeción de conciencia.  En afirmación del actor,
que no fue desvirtuada, se indica que en varias oportunidades solicitó ante las
autoridades de reclutamiento que reconocieran esa circunstancia.  Con todo, el
Ejército optó por dilatar el requerimiento para luego declararlo remiso y en
una segunda oportunidad, citarlo nuevamente para una “junta de remisos” que
definiera su situación.
Sobre estos hechos, la Sala
resalta dos aspectos importantes para resolver el asunto.  En primer lugar, se
advierte que el accionante no ha mostrado su reticencia a inscribirse al
servicio militar y resolver su situación, de manera que no se cumple con los
requisitos legales para que fuera considerado como remiso. En efecto, según lo
determina el artículo 41, literal g, de la Ley 48/93, se declararán remisos
aquellos ciudadanos que habiendo sido citados a concentración no se presenten
en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento.  Como
se observa, este no es el caso del ciudadano Aguirre Bernal, quien manifestó
voluntariamente su condición de objetor de conciencia luego de obtener su grado
de bachiller.  Asunto diferente es que el Ejército no haya dado respuesta de
fondo a sus solicitudes a ese respecto y, ante bien, fundado en su propia
omisión, declararlo erróneamente como remiso.  De otro lado, debe llamarse la
atención sobre el hecho que en su última actuación, las autoridades de
reclutamiento procedieron a convocarlo a una nueva junta, a la cual el actor no
asistió. Sin embargo, contrario a lo sostenido por los jueces de tutela, esa
circunstancia no desvirtúa el hecho que el Ejército haya dilatado, a través de
la vulneración del derecho de petición, la respuesta de fondo a la solicitud de
reconocimiento del accionante como objetor de conciencia.
Debe recalcarse sobre este
particular, que la respuesta a la solicitud de reconocimiento de la objeción de
conciencia debe ser de fondo, en el sentido de aceptarla y proceder a tramitar
la exención al servicio militar, o negarla en caso que se evidencie que no se
cumplen las condiciones para ello, evento en el cual deberán hacerse expresas
las razones que llevaron a esa conclusión, argumentos que no pueden ser otros
que la demostración acerca que las convicciones del solicitante no son
profundas, fijas y sinceras.
20. Con base en
las razones explicadas, los fallos adoptados por los jueces de tutela no son
acertados, en la medida en que consideraron que se había satisfecho el derecho
fundamental de petición, cuando ello no había sido así, pues la respuesta
otorgada por las autoridades militares no fue de fondo, sino antes bien tuvo
naturaleza elusiva.  Adicionalmente, las sentencias materia de revisión dejaron
injustificadamente de tener en cuenta el problema jurídico central, como es
determinar la procedencia de la objeción de conciencia formulada por el
obligado a prestar el servicio militar.
21.  De este
modo, la Corte debe verificar en esta instancia si se cumplen las condiciones
fijadas por la jurisprudencia constitucional para que proceda la exención por
objeción de conciencia.  A partir del material probatorio recaudado se ha
podido demostrar que el ciudadano Aguirre Bernal ha ejercido por varios años labores
ministeriales al interior de la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida
Eterna[21].
Así mismo, está demostrado que dentro de los postulados principales de dicha
actividad religiosa está la no violencia activa y la imposibilidad correlativa
de ejercer el uso de la fuerza propia de la función militar.  Estas actividades,
incluso, han sido exteriorizadas por el actor tanto en su desempeño ministerial
como en labores de capacitación que ejerce al interior de su comunidad
religiosa.
Las convicciones
que fundamentan la objeción de conciencia en este caso cumplen, a juicio de la
Sala, las condiciones fijadas por la jurisprudencia constitucional. Son profundas,
en tanto están relacionadas con su credo religioso, el cual, como lo ha
señalado la jurisprudencia reseñada en esta sentencia, es uno de los ámbitos
más estrechamente vinculado con las convicciones en donde se expresa con mayor
vigor la autonomía individual y la autocomprensión misma del individuo.  Son fijas,
puesto que también se ha probado que desde hace varios años el actor no
solo profesa un credo particular, dogmáticamente incompatible con el ejercicio
de la fuerza, sino que también ejerce funciones ministeriales y de formación,
tareas todas ellas que demuestran el compromiso particular entre el actor y las
convicciones relacionadas con su credo.  Por último, son sinceras,
puesto que no se evidencia en el trámite ninguna contradicción o incongruencia
entre las razones expresadas por el actor y lo manifestado ante las autoridades
militares.  Antes bien, lo que encuentra la Sala es que el accionante se define
así mismo como un hombre religioso, participante activo de las creencias de su
comunidad e íntimamente convencido de sus dogmas en tanto derroteros para su
vida y sus relaciones con los otros.
Por lo tanto,
acreditadas estas condiciones, las autoridades militares están obligadas a
reconocer la objeción de conciencia del ciudadano Aguirre Bernal, ordenando
para ello la aplicación de la exención al servicio militar obligatorio
correspondiente y la expedición de la tarjeta militar, de modo que su situación
sea resuelta de forma definitiva.  En tal sentido, se revocarán los fallos de
instancia y se dará una orden particular en ese sentido.
Expediente
T-4.074.693
22. En cuanto a
la situación del ciudadano Holguín Granda, la Corte advierte en primer término
que las autoridades militares vulneraron su derecho fundamental a la libertad
personal, en la medida en que su incorporación al servicio militar obligatorio se
dio como consecuencia de una redada o batida indiscriminada, actividad
que está constitucionalmente prohibida, según se explicó en esta sentencia.
Ahora bien, en
segundo lugar, la Sala advierte que las autoridades militares fueron por
completo reticentes en al menos evaluar la solicitud de exención del servicio
por objeción de conciencia.  En cambio, procedieron a incorporar al actor a
través del trámite irregular antes señalado, para después concluir que las
autoridades de reclutamiento no tenían competencia para resolver sobre el
asunto, pues ello quedaba en manos del comandante de la unidad militar a la que
el accionante había sido adscrito.
Al respecto,
debe la Corte enfatizar en el hecho que si bien no hay evidencia que el actor
haya expresado una solicitud formal de exención y/o desacuartelamiento a las
autoridades militares, también debe tenerse en cuenta que el apoderado del
accionante expuso cómo su representado había manifestado a su familia la profunda
angustia que le generaba el hecho de la incompatibilidad entre sus convicciones
religiosas y el uso de la fuerza institucionalizada propio de la actividad
militar.  De otro lado, en ningún modo las autoridades militares informaron a
los jueces de tutela la inexistencia de solicitud de desacuartelamiento por
objeción de conciencia, sino que antes bien aceptaron la existencia de esa petición,
la cual no podía ser resuelta en tanto presuntamente la competencia para ello
ya no estaba a cargo de la Dirección de Reclutamiento, sino del comandante de
la unidad militar a la que había sido remitido el joven Holguín Granda.  Finalmente,
para la Sala es apenas comprensible que una vez producido el acuartelamiento y
en razón de la disciplina y rigor de la actividad militar, se dificulta en
grado sumo realizar una solicitud formal por parte del soldado, lo que obliga a
que el nivel de escrutinio sobre ese aspecto no llegue a un punto tal que
impida el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia.
De este modo, es
evidente que las autoridades militares, como en el caso anterior, incumplieron
con el deber de dar respuesta de fondo a la solicitud de objeción de
conciencia, esta vez al amparo que ya había operado la incorporación. Sobre el
particular, debe la Corte resaltar que el derecho a la objeción de conciencia,
en tanto fundamental, tiene carácter subjetivo y permanente, por lo que no se
agota al momento de la incorporación, siendo por ello plenamente posible que se
exprese en cualquier etapa del trámite de inscripción, incorporación y
prestación efectiva del servicio militar.
23. Ante esa
omisión, la Sala debe adelantar el estudio acerca del cumplimiento de los
requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de
la exención por omisión de conciencia.
A este respecto,
se encuentra en primer lugar que puede válidamente afirmarse que el actor ha
exteriorizado sus convicciones, puesto que como lo manifiesta su apoderado,
hecho que no fue desvirtuado en el proceso de tutela, profesa junto con su
familia y por más de veinte años la religión cristiana, que practica en la Iglesia
Cristiana Pentecostal Unida de Colombia.  Este hecho fue igualmente verificado
por uno de los pastores de esa iglesia, quien también afirmó que dentro de sus
dogmas está la denominada filosofía de la no violencia[22].
Las
convicciones, en razón de su vínculo con la faceta religiosa, tienen la
condición de profundas, para lo cual la Sala reitera las consideraciones
explicadas en el caso anterior del ciudadano Aguirre Bernal. Son fijas,
pues está demostrado que el credo religioso cristiano y la promoción la no
violencia han sido prácticas acendradas del actor y su familia por varios años,
como lo da cuenta uno de los ministros de la iglesia a cuya comunidad
pertenecen.  A su vez, la sinceridad de dichas convicciones se
demuestran por el hecho que se trata de una creencia que, según lo manifestado
en la acción de tutela, tiene un grado tal de interiorización  en el actor que le
genera una grave angustia en su existencia, ante la posibilidad cierta que deba
hacer uso de la fuerza armada.
24. Por ende,
como sucede en el caso anterior, la Corte encuentra que las autoridades
militares están obligadas a reconocer la objeción de conciencia formulada por
el ciudadano Holguín Granda y, por ende, proceder a ordenar su inmediato
desacuartelamiento y la expedición de la tarjeta militar.
Así mismo, se
revocará el fallo de tutela que negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, puesto que están suficientemente acreditadas las condiciones para la
estructuración de la objeción de conciencia a la prestación del servicio
militar obligatorio.  Sobre este tópico, debe la Sala insistir en que la
evaluación sobre la eficacia de ese derecho fundamental debe realizarse a
partir del principio pro homine, lo que en el caso implica aceptar que el
análisis sobre la índole de las convicciones personales corresponde a su
titular y que, a su vez, las mismas solo pueden ser descartadas cuando sea
posible demostrar, a partir de hechos relevantes y conclusivos, que carecen de
certeza o sinceridad.  Por ende, no basta con sostener que la convicción no es
verificable, ni menos que la misma se esgrime como excusa para el cumplimiento
del deber constitucional. Debe, en todos los casos, demostrarse la
insuficiencia de la convicción, a partir de la falta de acreditación de las condiciones
de profundidad, fijeza y sinceridad, explicadas en este fallo.
Decisión a adoptar
25.  Los
argumentos anteriores permiten a la Corte evidenciar que los derechos
fundamentales a la libertad de conciencia, religión y a la objeción de
conciencia, así como el derecho de petición y el debido proceso, fueron
conculcados por las autoridades militares, al dejar de reconocer a los
accionantes, de manera injustificada, la condición de objetores del servicio
militar obligatorio.  De igual modo, en uno de los casos también fue vulnerado
el derecho a la libertad personal, en razón que la incorporación al servicio
militar se dio como consecuencia de una redada o batida indiscriminada.
Por lo tanto, la
Sala revocará los fallos de instancia, tutelará los derechos invocados y
ordenará que las autoridades accionadas procedan a definir la situación militar
de los actores, bajo el reconocimiento de su condición de objetores de
conciencia.
26. Igualmente,
en vista que la Corte ha adoptado diferentes sentencias por supuestos similares
a los ahora estudiados, sin que el Ejército Nacional haya implementado los
correctivos necesarios para garantizar las vías institucionales dirigidas a (i)
dar eficacia al derecho fundamental a la objeción de conciencia; y (ii)
proscribir las redadas o batidas indiscriminadas, destinadas a la
conducción de los conscriptos para la prestación del servicio militar
obligatorio; la Sala proferirá una serie de órdenes generales con el fin que
los hechos que dieron lugar a las acciones de tutela acumuladas no se reiteren
en el futuro.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR
las sentencias proferidas por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá el 21 de marzo de 2013, y por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de mayo de 2013, fallos que negaron
la acción de tutela interpuesta por Reinaldo Andrés Aguirre Bernal.
SEGUNDO:
CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a
la libertad de conciencia, la libertad religiosa, de petición, al debido
proceso y la objeción de conciencia al ciudadano Reinaldo Andrés Aguirre
Bernal.  En consecuencia, ORDENAR al Director de Reclutamiento del
Ejército Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a
partir de la notificación de esta sentencia, proceda a expedir la tarjeta de
reservista de segunda clase al mencionado ciudadano, en los términos del
artículo 30 de la Ley 48 de 1993.  Para ello, no podrá exigirse requisito
diferente al pago de la cuota de compensación militar, regulada en la
mencionada Ley.
TERCERO:
REVOCAR la sentencia proferida el 24 de junio de
2013 por la Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que negó la
acción de tutela impetrada por Santiago Holguín Granda.
CUARTO:
CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a
la libertad de conciencia, la libertad religiosa, de petición, al debido
proceso, la libertad personal y la objeción de conciencia al ciudadano Santiago
Holguín Granda.  En consecuencia, ORDENAR al Director de Reclutamiento
del Ejército Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado
a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a ordenar el
desacuartelamiento inmediato del mencionado ciudadano.  Igualmente, ordenará la
expedición a su favor de la tarjeta de reservista de segunda clase, en los
términos del artículo 30 de la Ley 48 de 1993.  Para ello, no podrá exigirse
requisito diferente al pago de la cuota de compensación militar, regulada en la
mencionada Ley.
En caso que al
momento de notificación del presente fallo el actor ya hubiere concluido la
prestación del servicio militar obligatorio, lo decidido en el numeral anterior
no obsta para que el Director de Reclutamiento esté obligado a expedir la
tarjeta de reservista de primera clase y a no exigir el pago de la cuota de
compensación militar.
QUINTO:
ORDENAR al Jefe de Reclutamiento del Ejército
Nacional que, en el término de dos (2) meses calendario, contados a partir de
la notificación de esta sentencia, proceda a adelantar las acciones necesarias
y tendientes a que todas las autoridades militares del país, encargadas de
funciones de reclutamiento de ciudadanos obligados a la prestación del servicio
militar obligatorio, reciban órdenes precisas respecto del trámite de las
solicitudes de objeción de conciencia a ese servicio.  Estas órdenes deben
instruir a las mencionadas autoridades militares para que, cuando reciban
dichas solicitudes, cumplan estricta y obligatoriamente las siguientes reglas:
1.
No podrá negarse el trámite de ninguna solicitud
de exención al servicio militar por objeción de conciencia, al margen si es
presentada antes o después de la inscripción al servicio militar, o incluso una
vez el obligado ha sido acuartelado con el fin de prestar dicho servicio.
2.
Las solicitudes de exención al servicio militar
por objeción de conciencia, deben ser resueltas por la autoridad militar de
reclutamiento respectiva, inclusive cuando el conscripto ya se encuentre acuartelado.
En ese caso, la autoridad de reclutamiento coordinará con el comandante de la
unidad militar correspondiente la notificación y trámite de dicha solicitud.
Así mismo, se coordinará el procedimiento de desacuartelamiento entre la
autoridad de reclutamiento y el comandante de la unidad militar, cuando a ello
hubiere lugar.
3.
Las solicitudes de exención al servicio militar
por objeción de conciencia, deberán resolverse de fondo y en el término
improrrogable de quince (15) días hábiles.  La respuesta se le notificará al
interesado de manera personal y conforme al procedimiento previsto en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia de notificación se
indicarán al solicitante los recursos que puede interponer contra el acto
administrativo, así como ante qué autoridades debe presentarlos.
Adicionalmente, deberá instruirse a las autoridades militares para
que, al tramitar las solicitudes de exención en comento, se ciña en lo
pertinente a las reglas sobre el procedimiento administrativo general de que
tratan los artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
4.
La respuesta a las solicitudes de exención al
servicio militar por objeción de conciencia deberá de ser de fondo.  Por ende,
en caso que se niegue la solicitud, la autoridad de reclutamiento debe indicar
las razones completas, precisas y específicas que fundamentan esa decisión, las
cuales no podrán ser otras que la demostración acerca que las convicciones que
fundamentan la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no son
profundas, fijas y sinceras, según lo explicado en el fundamento jurídico 6.4
de esta sentencia. En el que se advirtió que corresponde al objetor de
conciencia demostrar las manifestaciones externas de sus
convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha
condicionado y determinado su conducta, y por lo tanto, prestar el servicio
militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.
Correlativamente,
las autoridades de incorporación y reclutamiento deberán expresar las razones
sustantivas que demuestran el incumplimiento de esas condiciones, so pena que
el acto administrativo correspondiente adolezca de falta de motivación y, por
lo mismo, vulnere no solo la libertad de conciencia, sino también el debido
proceso. A su turno, de requerirse, dichas autoridades podrán solicitar al
peticionario la presentación de información adicional para resolver la
petición, en los términos definidos por el Código Contencioso Administrativo.
Así mismo, al momento de evaluar las solicitudes de exención al
servicio militar por objeción de conciencia, las autoridades militares competentes
no podrán discriminar a los peticionarios en razón de la índole de su credo
religioso o si fundamentan sus convicciones en motivos que no tengan ese
carácter.  En cualquier caso, deberán resolver la solicitud con base en el
principio pro homine y en los términos fijados en esta sentencia.
5.
En ningún caso podrá negarse la solicitud de
exención al servicio militar por objeción de conciencia en razón de la ausencia
de regulación legal sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia.
6.
En caso que las autoridades militares decidan
reconocer al interesado como objetor de conciencia, se considerará exento de
prestar el servicio militar obligatorio. Así, deberá expedirse la tarjeta de
reservista de segunda clase, regulada en el artículo 30 de la Ley 48 de 1993,
sin exigirse ningún otro requisito que el pago de la cuota de compensación
militar.  Esto último sin perjuicio que el conscripto demuestre que, en virtud
de otra norma jurídica, no está obligado al pago de dicha cuota de
compensación.
7.
En caso que la respuesta afirmativa a la
solicitud de exención al servicio militar por objeción de conciencia se
resuelva luego de verificado el acuartelamiento del interesado, las autoridad
militares ordenarán su inmediato desacuartelamiento, así como el trámite para
la expedición de la tarjeta de reservista de segunda clase, conforme se explicó
en el numeral anterior.
Adicionalmente
al instructivo en que se ordenen las reglas expuestas en los numerales
anteriores, el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional remitirá a todas las
autoridades militares copia de esta sentencia.  Para ello, el Jefe de
Reclutamiento adelantará las medidas necesarias, en aras de garantizar el
derecho a la intimidad de los demandantes, tendientes a que se excluya de dicha
copia toda referencia que permita identificarlos, en particular sus nombres y
lugares de residencia.
SEXTO: ORDENAR al Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional que
en lo sucesivo se abstenga de adelantar, autorizar, ordenar o permitir redadas
o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que
no han resuelto su situación militar y con el objeto de conducirlos a unidad
militares u otros sitios de concentración, a fin que sea acuartelados para la
prestación del servicio militar.
Para cumplir con
esta orden, el Jefe de Reclutamiento expedirá, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, las órdenes
correspondientes a todas las autoridades militares del país, con la advertencia
que su incumplimiento acarreará las investigaciones y sanciones disciplinarias
a que haya lugar.
SÉPTIMO:
ORDENAR al Jefe de Reclutamiento del Ejército
Nacional que al momento que cualquier ciudadano colombiano inicie el proceso de
inscripción para resolver su situación militar, sea notificado por escrito de
las causales de exención al servicio militar obligatorio que prevé la
Constitución y la Ley, entre ellas la derivada del derecho fundamental a la
objeción de conciencia.
Para cumplir
esta orden, el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional adelantará dentro de
los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia las acciones
tendientes a que sea publicada una cartilla impresa, en la que se explique, al
menos (i) las causales de exención al servicio militar obligatorio que prevé la
Constitución y la ley, entre ellas la objeción de conciencia; y (ii) los
mecanismos legales que tienen a sus disposición los inscritos para solicitar la
exención al servicio militar obligatorio, cuando cumplan con los requisitos
para ello.
Esta cartilla
deberá entregarse, de forma impresa, a todos y cada uno de los ciudadanos que
inicien el trámite de inscripción para resolver su situación militar. Así
mismo, en el portal de internet de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército
Nacional deberá incluirse un vínculo con la versión electrónica y actualizada
de esa cartilla. Este vínculo debe tener carácter visible a los usuarios y se
mantendrá en el portal de internet de forma permanente.
OCTAVO: ORDENAR
al Jefe y al Director de Reclutamiento del Ejército
Nacional que en el término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia, remitan a la Corte un informe pormenorizado
sobre el cumplimiento de las órdenes descritas en los numerales anteriores.
Al respecto, la Corte mantendrá la competencia para determinar el cumplimiento
de esta sentencia, en los términos del artículo 27 del Decreto Ley 2591 de
1991.
NOVENO: Con el fin que adelanten las acciones a que haya lugar y en el marco
de sus competencias en relación con el cumplimiento de lo ordenado en esta
providencia, a través de la Secretaría General de la Corte REMITIR copia
de este fallo al señor Defensor del Pueblo, al señor Ministro de Defensa
Nacional y al señor Comandante General de las Fuerzas Militares.
DÉCIMO: Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
María Victoria Calle Correa
Magistrada
Ausente en comisión
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Estas reglas son nuevamente recapituladas por la sentencia
C-879/11, cuya sistematización se reitera en esta decisión.
[2]
Sobre la regulación de la cuota de compensación militar puede
consultarse la Ley 1184 de 2011 que dispone en su artículo 1º: “La
Cuota de Compensación Militar, es una contribución ciudadana, especial,
pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no
ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de
1993 o normas que la modifiquen o adicionen.”
[3]
Sobre este precedente, pueden consultarse las sentencias
C-561/95, T-409/92, C-511/94, T-363/95 y C-740/01.
[4] Corte Constitucional, sentencia T-388/09
[5]
Corte Constitucional, sentencia C-728/09.
[6]
Así, por ejemplo, sin necesidad de ley que desarrolle el derecho a la objeción
de conciencia, en la Sentencia T-547 de 1993, se protegió la libertad de
conciencia de una persona que, por motivos religiosos, se negaba a rendir el
juramento necesario para formular una denuncia penal. Del mismo modo, en la
Sentencia T-588 de 1998 se protegió el derecho a la objeción de conciencia en
el caso de unos padres que, por consideraciones religiosas, se oponían a que
sus hijos participasen en la práctica de ciertas danzas que resultaba contraria
a su sentimiento religioso.  En la Sentencia T-982 de 2001, por su parte, la
Corte protegió el derecho de una trabajadora a no laborar durante el sabath,
así eso implicase una reorganización de su horario laboral.
[7]
En esta dirección por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el
derecho de los médicos a negarse, por consideraciones de conciencia, a la
práctica de abortos en los casos previstos en la Sentencia C-355 de 2006, pero
señala, al mismo tiempo, que en esa hipótesis está obligados a remitir a la
paciente a un profesional que esté en condiciones de practicar el
procedimiento. De manera más amplia, en el salvamento parcial de voto del
Magistrado Juan Carlos Henao Pérez a la Sentencia T-388 de 2009 se hace notar
que en ciertos Estados la objeción de conciencia a la práctica del aborto se
admite en relación con instituciones hospitalarias de carácter religioso,
siempre y cuando en el lugar exista otro establecimiento que pueda responder a
las necesidades de las personas en ese sentido.
[8]
Así, por ejemplo, frente a la objeción de conciencia al servicio militar, se ha
planteado que, como alternativa, los objetores deberían prestar un servicio
social, también obligatorio, en condiciones equivalentes. Sobre esta materia,
en la Sentencia T-026 de 2005, la Corte señaló que “[e]n tanto los imperativos
en que se traducen las preferencias espirituales de los fieles pueden generar
tensiones con los derechos de otros, tanto el constituyente, como el legislador
en desarrollo de la norma superior, prefirieron la opción dialógica para
conciliar los diferentes intereses y derechos hasta donde esto sea posible. Es,
entonces, en la perspectiva del diálogo y el acuerdo en donde deben concertase
los diversos derechos e intereses sobre el punto.”
[9]
Cfr. T-026 de 2005.  En esa sentencia la Corte, al estudiar el caso de una
persona que alegaba que su derecho a la libertad religiosa había sido violado
por el SENA, debido a la cancelación de su matrícula por la falta de asistencia
al módulo dictado los viernes y sábados, en atención a que esos días, según sus
creencias, deben ser consagrados a Dios, consideró que esa persona era miembro
activo y fiel de la iglesia adventista del séptimo día, de conformidad con la
cual, el sábado debe guardarse para la adoración del Señor y que esta práctica
no constituye tan sólo una eventualidad, sino un deber irrenunciable y
definitorio de los miembros del mencionado culto, razón por la cual debía
concederse el amparo solicitado.
[10] A este
respecto, la citada sentencia C-728/09 señala  que la interpretación de la
Constitución que fundamenta el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio, no solo se deriva de los derechos constitucionales a la
libertad de conciencia, pensamiento y religión, sino que también se encuentra “…
en referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se
desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio militar, la
cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda persona  a tener
objeciones de conciencia  al servicio militar como ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en
el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo
18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos”, y en la cual se
“recomienda a los Estados que tenga un sistema de servicio militar obligatorio
en el que no se haya introducido todavía una disposición de ese tipo, que
introduzcan varias formas de servicio alternativo para  los objetores de
conciencia, compatibles con las razones en que se basa la objeción de
conciencia.”  Del mismo modo, en la Observación General N° 22 de 1993, sobre el
derecho a la libertad de pensamiento, el Comité observa que “[e]n el Pacto no
se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el
Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en
que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave
conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar
creencias religiosas u otras creencias.” Expresamente el Comité invitó a los
Estados Partes a que “[…] informen sobre las condiciones en que se puede eximir
a las personas de la realización del servicio militar sobre la base de sus
derechos en virtud del artículo 18 y sobre la naturaleza y la duración del
servicio nacional sustitutorio.”  Recientemente, como lo mencionan varias
intervenciones, en las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos:
Colombia (2004),  este organismo constato “con preocupación” que la legislación
de Colombia “no permite la objeción de conciencia al servicio militar”. En
consecuencia, observa que el Estado “debería garantizar que los objetores de
conciencia puedan optar por un servicio alternativo cuya duración no tenga
efectos punitivos” (arts. 18 y 26). A lo anterior, se suma el reciente caso
Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi contra la República de Korea, en el cual el
Comité de Derechos Humanos consideró que el Estado Parte había sido en extremo
severo; señaló que la acumulación de condenas penales por declarar la objeción
de conciencia, mediante la reiterada expedición de los avisos de alistamiento,
puede dar lugar a medidas draconianas, y que la prohibición de empleo en
organizaciones públicas tras la negativa a cumplir con el servicio militar es
también una medida severa.”.
[11]
Corte Constitucional, sentencia C-728/09.
[12] Para una introducción a
tales estudios puede consultarse a: Trejo Osorio, L. A., La
objeción de conciencia en México, el Derecho a disentir, México: Editorial
Porrúa, 2010, pp. 40 a 43. Este autor señala que, entre otras móviles, una
persona puede presentar su objeción de conciencia de forma tardía por
ignorancia en relación con el ejercicio de su derecho. Sin embargo, esto
también puede suceder por las experiencias que ha vivido o a las cuales ha
sobrevivido. Un ejemplo de ello son los combatientes en conflictos bélicos.
Así, relata un caso en el cual un sargento fue condenado por un tribunal
militar de los Estados Unidos de Norteamérica por el delito de deserción en
razón a que una vez volvió de la guerra de Iraq por unas semanas de permiso, se
abstuvo de reincorporarse a las filas al considerar que tal conflicto era
reprochable desde su conciencia por las torturas a los prisioneros de guerra,
por los asesinatos a civiles –incluidos niños- y por otras atrocidades propias
de la conflagración. Por este caso, a pesar de la condena penal, Amnistía Internacional
declaró al sargento Camilo Mejía preso de conciencia.
[13]
Ibídem.
[14] Sobre este extremo
consigna la sentencia C-024 de 1994: “El respeto a las formalidades legales
y la existencia de un motivo previamente definido en la ley -requisitos b) y
c)-, hacen referencia a que en la expedición de una orden de allanamiento o de
privación de la libertad como en su ejecución se observe el debido proceso,
consagrado como principio en el artículo 29 superior.  La existencia de un
motivo previamente definido en la ley hace alusión al principio universal de
legalidad, es decir que sólo la ley puede definir las circunstancias en que la
naturaleza del hecho punible -delito o contravención-, ameritan la privación de
la libertad a una persona. Igualmente que sólo la ley podrá establecer los
casos en los cuáles puede un juez ordenar un registro domiciliario. La
Constitución estableció entonces una estricta reserva legal en materia de
libertad personal e inviolabilidad de domicilio, por lo cual estos derechos no
pueden ser limitados sino por la ley.”
[15]
A este respecto se reiteran las síntesis jurisprudenciales realizadas en las
sentencias T-377/00 y T-1089/01
[16]
Corte Constitucional, sentencia C-181/02.
[17] (MP. Alexei Julio Estrada) La Corte ordenó a las
autoridades castrenses adelantar las respectivas actuaciones administrativas a
fin de que se modifique la modalidad en que fue incorporado Alejandro Cobo Montoya al servicio militar, esto es, de soldado regular a
soldado bachiller. Para tal efecto señaló: “En efecto, si bien es cierto
que la entidad accionada menciona que al momento de la inscripción, para
definir su situación militar, Alejandro Cobo Montoya firmó tanto el “Acta de Compromiso Prestación Servicio Militar como Soldado” y “Freno Extralegal para Personal Aspirante”, la firma de tales documentos
no fue producto del consentimiento informado espontáneo y libre. Por el
contrario, según lo expresó el actor, se obtuvo mediante engaño, pues no se
trata de hacer firmar unos documentos para
hacer salvar responsabilidades de tipo moral, ético o jurídico, si no que, como
se explicó en las consideraciones de esta sentencia, debe consistir en un
proceso de información amplio y detallado, producto de una comunicación
asertiva entre las partes involucradas en el que las decisiones que se tomen
convengan a cada uno de los actores que participan. Así las cosas, hay evidencia de que no se
informó ampliamente al joven bachiller de sus derechos como soldado bachiller y
por el contrario su ingreso como soldado regular fue producto de un trámite que
no estuvo revestido de las garantías propias del debido proceso”.
[18] Dicha
formación equiparable se exigía que fuese adquirida en centros de educación
superior aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.  No obstante, esa
previsión fue declarada nula por el Consejo de Estado en la Sentencia del 29 de
noviembre de 2001. Exp. 6479. Sección 1ª. C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa.
[19] Sobre
el contenido y alcance de este principio, la jurisprudencia de la Corte ha
señalado que “[e]l Estado colombiano, a través de los jueces y demás
asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º
de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de preferir,
cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más
favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina
y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro persona”. A
este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos: “El
principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación
de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto
es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de
los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional”. Éste es entonces un criterio de interpretación que se
fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la
Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y
deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con
los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene
que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan
en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
artículo 29  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente,
se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad,
pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de
los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que “sin
excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera
[aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental”. Cfr. Corte Constitucional, sentencia
C-438/13.
[20] Vid.
Defensoría del Pueblo. Defensoría delegada para
asuntos constitucionales y legales (2014). Reclutamiento y objeción de
conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia.
Documento pendiente de publicación.
[21] Certificación
de membresía del señor Aguirre Bernal  la Iglesia Cristiana Manantial de vida
eterna (folio 9, cuaderno 1); certificado de líder en excelencia expedido por
las Escuelas Bíblicas de la Iglesia Cristiana Manantial de vida Eterna al señor
Aguirre Bernal (Folio10, del cuaderno 1); constancia de vinculación del señor
Aguirre Bernal a la Plataforma “Hacedores de Paz”, espacio que congrega a
organizaciones comunitarias y religiosas que trabajan en iniciativas y procesos
de construcción de la paz (Folios 11y 12 del cuaderno 1); certificación de la
Iglesia Cristiana Menonita de Colombia sobre la pertenencia y formación del
señor Aguirre Bernal en la en la plataforma social de carácter no violento
–transformación de conflictos, construcción de paz, objeción de
conciencia-(folio 13 del cuaderno 1); y certificación del Director Regional de
los Proyectos Sociales Directos de la Fundación Social en la que hace constar
que el señor Aguirre Bernal pertenece al grupo de jóvenes en el Proceso de
Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo y la Paz en la comuna 1, del
vivir, Construir, Sentir la Comuna Uno de Soacha (folio 41 del cuaderno 1).
[22] Certificación expedida
por el Pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostal Unida de Colombia sobre la
pertenencia de la familia Holguín Granda por más de 20 años a esa congregación
religiosa, advierte que sus hijos han sido educados bajo la filosofía de la no
violencia mediante la cual los seres humanos no deberán ser obligados al uso de
la fuerza (folios 5 y 6 del cuaderno principal).