C-515-19
Sentencia C-515/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional
COSA JUZGADA-Definición/COSA
JUZGADA-Efectos
COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL-Jurisprudencia constitucional
COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA RELATIVA-Distinción
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
TEST DE IGUALDAD-Presupuestos
Este test de comparación, que activa el
control de constitucionalidad, exige el cumplimiento de los siguientes
presupuestos: “(i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de
igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de
supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son
susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza;
(ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento
desigual entre iguales o igual entre disímiles; y, (iii) debe averiguar si el
tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las
situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato
diferente o deben ser tratadas en forma igual”
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Derecho a la
igualdad
DERECHO A LA IGUALDAD-Fundamental
DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance y contenido
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Marco normativo/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PENSIONES-Jurisprudencia constitucional
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Beneficiarios
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos exigidos en relación con las condiciones
del causante al momento de fallecimiento
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos cuando no exista convivencia simultánea
entre cónyuge y compañera permanente
MATRIMONIO-Definición
en el contexto normativo
MATRIMONIO-Definición
MATRIMONIO-Efectos
personales y patrimoniales
SEPARACION DE CUERPOS/SEPARCION DE HECHO-Contenido y alcance
JUICIO DE IGUALDAD-Inexistencia de término común de comparación
Expediente:
D-12515
Demanda
de inconstitucionalidad contra el inciso final del literal b) del artículo 13
parcial de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
Demandantes:
Gabriel Camilo Fraija Massy y José David Torres Herrera.
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido
la presente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
El 4 de diciembre de 2017, los ciudadanos Gabriel Camilo Fraija Massy y
José David Torres Herrera presentaron demanda de acción pública de
inconstitucionalidad en contra de la expresión “con la cual existe sociedad
conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
2.
Mediante auto del 16 de enero de 2018, el magistrado ponente inadmitió
la demanda y ordenó al accionante su corrección[1].
3.
El 23 de enero de 2018, dentro del término legal, los demandantes
aportaron elementos que generaron una duda inicial sobre la constitucionalidad
del aparte normativo acusado[2],
con lo cual subsanaron la demanda.
4.
Mediante auto del 8 de febrero de 2018, el magistrado ponente (i)
admitió la demanda; (ii) suspendió los términos del proceso de acuerdo con lo
estipulado en el numeral segundo del Auto 305 de 2017; (iii) ordenó correr
traslado del expediente al Procurador General de la Nación; (iv) fijó en lista
el proceso para efectos de permitir la intervención ciudadana; (v) ordenó
comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso, al Ministerio de Justicia y de Derecho, al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y al Ministerio del Trabajo; (vi) invitó a participar a
varias entidades y organizaciones; y (vii) advirtió que durante la suspensión
de términos podrían recibirse las intervenciones ciudadanos y los respectivos
conceptos.
5.
El 24 de abril de 2019, mediante el Auto 208 de 2019, la Sala Plena de
la Corte Constitucional dispuso levantar la suspensión de términos y reanudar
el trámite del presente asunto[3].
En consecuencia, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y
fijar en lista el proceso, a fin de permitir la participación ciudadana.
A.
NORMA DEMANDADA
6.
A continuación, se transcribe la norma demandada, subrayando y
resaltando en negrilla la expresión cuestionada:
“LEY 797
DE 2003
(enero 29)
Diario Oficial No. 45.079 de 29 de
enero de 2003
Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de
Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
(…)
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.
Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al
literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con
la cual existe la sociedad conyugal vigente;
(…)”.
B.
LA DEMANDA
7.
La demanda de inconstitucionalidad fue admitida únicamente respecto del
cargo por violación del artículo 13 de la Constitución. Este cargo se sintetiza
de la siguiente manera:
Configuración de la cosa juzgada relativa
8.
La acción de inconstitucionalidad es procedente “[d]ada la existencia
de cosa juzgada relativa respecto de las sentencias C-1094 de 2003 y C-336 de
2004, en las que se analizaron cargos diferentes a los que se plantean en esta
demanda, particularmente, en relación con la ausencia de manifestación alguna
de la Honorable Corte Constitucional respecto de las expresiones sociedad
conyugal y vínculo conyugal utilizadas por el legislador indistintamente en la
norma que se demanda”[4]
. Al respecto, se hizo referencia a los resolutivos de las mencionadas
sentencias, en los que se declara la constitucionalidad de la disposición
demandada, por los cargos analizados en dichos fallos.
Cargo por violación del principio de igualdad
(Art. 13 de la Constitución)
9.
Los demandantes manifestaron que la expresión acusada viola el artículo
13 constitucional, debido a que “condiciona el derecho a percibir una
pensión de sobrevivientes a la existencia de sociedad conyugal, haciendo una
diferenciación sin justificación con los cónyuges que no tienen una sociedad
conyugal vigente, y tratando indistintamente los conceptos de matrimonio y
sociedad conyugal, afectando además el derecho fundamental de los beneficiarios
a la Seguridad Social”[5].
10.
Señalaron que la norma acusada se refiere, por un lado, a los cónyuges
que tienen sociedad conyugal vigente, y por el otro, a los cónyuges con
sociedad conyugal disuelta. En opinión de los demandantes, estos dos tipos de
sujetos, desde la perspectiva de la esencia del matrimonio, “no revisten
diferencia alguna”, pues el hecho de tener o no una sociedad conyugal
vigente, en nada cambia las obligaciones de convivencia, socorro y ayuda
previstas en el Código Civil. En ese sentido, mencionaron como ejemplo los
casos en los cuales las parejas, previo a la celebración del matrimonio,
realizan capitulaciones, establecen un régimen de bienes, o disuelven la
sociedad conyugal al día siguiente, sin que esto implique o conlleve a que no
se sigan las obligaciones y finalidades del matrimonio.
11.
Sobre la anterior premisa, argumentaron que la disposición cuestionada
aplica dos soluciones de derecho diferentes frente a una misma situación de
hecho, sin que para ello hubiese motivos ni razones suficientes. A juicio de
los demandantes, condicionar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a la existencia de una sociedad conyugal vigente podría conllevar a que los
cónyuges que, de manera voluntaria, establezcan un régimen de bienes separados
o régimen patrimonial independiente no tengan derecho a acceder a dicha
prestación, esto es, que renuncien a su derecho pensional, lo cual resultaría
contrario a los fines de la Constitución. De esta manera, insistieron en que el
cónyuge que se encuentra separado de hecho y no liquida la sociedad conyugal,
tiene el mismo derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que los
cónyuges que optaron por separarse de hecho y disolver la sociedad conyugal.
Ello, comoquiera que, en ambos supuestos, el cónyuge supérstite debería obtener
una retribución por la ayuda prestada al causante durante el tiempo en el que
cotizó y aportó al Sistema Pensional.
12.
Finalmente, indicaron los demandantes que “el concepto de familia no
está ligado a la existencia de un régimen patrimonial común, sino que, por el
contrario, está ligado a las condiciones más íntimas de las relaciones
interpersonales de los miembros o sujetos de un núcleo familiar”[6] . Con base
en lo anterior, afirmaron que “el no otorgarle el derecho al cónyuge
sobreviviente, separado de hecho, con sociedad conyugal disuelta, es desconocer
la unión familiar de este con el causante”[7].
Por lo cual, concluyen su escrito señalando que condicionar el derecho a
percibir una pensión de sobrevivientes a la existencia de un régimen
patrimonial común, es violatorio del derecho a la igualdad, pues a dos grupos
de personas en igualdad de condiciones se les otorga un trato diferenciado.
13.
Sobre la base de las anteriores razones, los demandantes solicitaron que
la Corte declare la inexequibilidad de la expresión “con la cual existe
sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993,  por considerar que vulnera el artículo 13 de la Constitución. Subsidiariamente,
solicitaron que declare la exequibilidad de la expresión demandada, bajo el
entendido de que se refiere al cónyuge sobreviviente con el cual subsiste la
unión conyugal.
C.
INTERVENCIONES
14.
Durante el trámite del presente asunto se recibieron oportunamente nueve
escritos de intervención[8],
por medio de los cuales se solicitó a la Corte que se pronuncie en distintos
sentidos, a saber: (i) declare la exequibilidad de la disposición acusada; (ii)
decida estarse a lo resuelto en la sentencia C-336 de 2014 o, de manera
subsidiaria, declare la exequibilidad; (iii) emita un fallo inhibitorio
respecto de la norma demandada o que, subsidiariamente, la declare exequible; y
(iv) declare su inexequibilidad.
15.
Solicitud de fallo inhibitorio. Un interviniente le solicitó a la
Corte inhibirse de pronunciarse respecto del cargo planteado. Ello, bajo el
argumento que los demandantes interpretaron de manera errada el contenido de la
disposición acusada e ignoraron lo previsto en los literales a) y b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003[9].
16.
Solicitud de exequibilidad. La mayoría de los intervinientes
solicitaron a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma acusada.
Los argumentos sobre los cuales sustentaron dicha solicitud se resumen de la
siguiente manera:
17.
Primero, pese a que comparten algunas similitudes, la sociedad conyugal
y la unión conyugal son instituciones distintas. Por lo tanto, es
constitucional que se regule de manera diferente la relación entre cónyuges con
sociedad conyugal vigente y cónyuges con sociedad disuelta. El presupuesto para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la convivencia y la
vigencia de efectos patrimoniales de la sociedad conyugal. De otro modo, no es
factible conceder el acceso a la prestación mencionada[10].
18.
Segundo, los demandantes sostuvieron que existe un solo criterio de
comparación entre los cónyuges: la vigencia del vínculo matrimonial. Sin
embargo, la convivencia durante los últimos cinco (5) años a la muerte del
causante es el criterio de comparación tratándose de la vigencia, o no, de la
sociedad conyugal. Si no hay convivencia, lo único que podría dar derecho a la
pensión de sobrevivientes es la vigencia de la sociedad conyugal[11].
Adicionalmente, no es admisible afirmar que la decisión de disolver la sociedad
conyugal implica que el cónyuge renuncia a su derecho fundamental a la
seguridad social y, en efecto, a la pensión de sobrevivientes. Ello, desconoce
que respecto de dicha prestación existe una expectativa de reconocimiento, dado
que solo hasta la muerte del titular de la pensión nace el derecho pensional[12].
19.
Tercero, el cargo planteado no supera la primera fase del test leve de
igualdad, toda vez que se trata de situaciones fáctica y jurídicamente
diferentes[13].
En gracia de discusión, si se aceptara que se trata de situaciones iguales y
comparables, en todo caso se encuentra justificado el trato diferenciado, dado
que la medida acusada (i) persigue una finalidad constitucional, en tanto
asegura la correcta prestación del servicio público de la seguridad social
pensional y protege el vínculo jurídico y patrimonial que aún se encuentra
latente; y (ii) es razonable, puesto que, dentro del margen de configuración
del legislador, define el alcance del vínculo matrimonial que pervive entre los
cónyuges separados de hecho, excluyendo al que optó por finiquitar todo vínculo
patrimonial con el titular de la pensión[14].
20.
Cuarto, resulta constitucionalmente válido que el legislador solo
reconozca como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge separado
de hecho con sociedad conyugal vigente, por cuanto aún subsiste un vínculo
económico que amerita su condición de beneficiario (efecto patrimonial de la
comunidad de bienes). Además, de acuerdo con la definición legal de la sociedad
conyugal (Art. 1781 del Código Civil), el cónyuge que la mantenga vigente tiene
derecho a la pensión, por cuanto, esta ingresa a la masa social que se
configura con la constitución del matrimonio[15].
21.
Quinto, declarar la inexequibilidad de la norma demandada genera un
riesgo a la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, comoquiera que incluiría
beneficiarios adicionales a los previstos en la Ley 100 de 1993, en este caso
particular, incluir como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los
cónyuges con sociedad conyugal liquidada y sin convivencia en los últimos 5
años. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que el costo de dicho
impacto fiscal “ascendería a la suma de $16 billones de pesos”[16] (Énfasis
en el texto original).
22.
Solicitud de inexequibilidad. En concreto, los intervinientes
manifestaron que la norma demandada viola el artículo 13 de la Constitución,
con base en las siguientes razones: (i) los cónyuges supérstites separados de
hecho con sociedad conyugal vigente y los que decidieron disolverla, se
encuentran bajo el mismo supuesto, por cuanto mantienen el vínculo matrimonial
que, en conjunto con el principio de solidaridad, constituye la fuente de
obligación para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes[17]; sin
embargo, (ii) el aparte acusado trata de manera discriminatoria a estos sujetos
que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica, pues niega el
acceso al derecho pensional a los cónyuges que se separaron de hecho y
disolvieron la sociedad patrimonial, pese a que estos mantienen el vínculo
matrimonial, de la misma forma que lo hacen quienes cuentan con sociedad
conyugal vigente.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
23.
El 28 de junio de 2019, el representante del Ministerio Público rindió
concepto en relación con la demanda de la referencia, en el sentido de solicitar
a la Corte que declare la exequibilidad de la disposición acusada. De
manera preliminar, advirtió que no se configura la cosa juzgada constitucional
respecto de las sentencias C-1094 de 2003 y C-336 de 2014, por cuanto, en esta
ocasión se plantea un cargo por violación del principio de igualdad entre dos
sujetos diferentes a los examinados en las providencias anotadas.
24.
En cuanto al juicio de igualdad de la norma demandada, en primer lugar,
manifestó que “el derecho a suceder frente a la pensión de sobrevivientes”
es el criterio de comparación entre los cónyuges con y sin sociedad conyugal
vigente. En segundo lugar, refirió que, en el ámbito de regulación de la
prestación anotada, el legislador puede definir los grupos de beneficiarios en
atención a situaciones de orden sociológico, económico y jurídico, más no
necesariamente de acuerdo con los aspectos del derecho de familia o del derecho
privado[18].
Lo anterior, le permite establecer una diferencia entre las obligaciones
patrimoniales y personales que se derivan del vínculo matrimonial y, en efecto,
proteger a quienes se vean afectados directamente por las contingencias, tal y
como ocurre con el cónyuge separado de cuerpos y con sociedad conyugal vigente
al momento del fallecimiento del causante.
25.
En suma, los escritos de intervención y las solicitudes presentadas a la
Corte en relación con la presente demanda se resumen en lo siguiente:
Interviniente
Fundamento de la intervención
Solicitud
Procurador General de la Nación
El legislador optó por excluir de los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge con sociedad
conyugal disuelta desde la perspectiva del servicio de seguridad social y con
el fin de proteger al núcleo familiar más próximo del causante.
Exequible
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(i) Los cónyuges separados de hecho con y sin
sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes y ameritan un
tratamiento desigual. (ii) La declaratoria de inexequibilidad de la norma
acusada generaría un impacto fiscal grave al Sistema de Pensiones.
Exequible
Ministerio del Trabajo
(i) “La ruptura del vínculo matrimonial, que
además disuelve la sociedad conyugal, conlleva la pérdida del derecho a la
pensión de sobrevivientes, aún si los demás efectos civiles del matrimonio
están vigentes”. Ello, en razón a que cesa la comunidad de vida y apoyo
mutuo, además que “los haberes del pensionado dejan de ser parte de la
masa patrimonial que alguna vez conformaron”. (ii) Extender la pensión de
sobrevivientes a quienes solicitan los demandantes generaría un impacto
fiscal y de política pública.
Exequible
Colpensiones
La demanda objeto de estudio guarda identidad de
objeto e identidad de cargo con la examinada por la Corte en la sentencia
C-336 de 2014.
Estarse a lo resuelto
(i) No supera la primera fase del test de
igualdad. Se trata fáctica y jurídicamente de una situación diferente. (ii)
El requisito o la medida demandada persigue una finalidad constitucional,
resulta legítima y es razonable. (iii) Reconocer la pensión de sobrevivientes
a quienes disolvieron la sociedad conyugal “superaría con creces las
expectativas de financiación” del Sistema General de Pensiones.
Exequible
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP
(i) Libertad configurativa del legislador en
materia de pensional, en concreto, la facultad para definir los requisitos de
acceso a la pensión de sobrevivientes. (ii) La norma demandada no vulnera el
principio de igualdad porque da un trato diferente a situaciones distintas.
(iii) Crear por vía jurisprudencial una excepción adicional a la prevista en
la norma acusada, pasa por alto el principio de sostenibilidad fiscal.
Exequible
Universidad de la Sabana
La vigencia de la sociedad conyugal y la
convivencia efectiva al momento de la muerte del causante son los factores
que legitiman al cónyuge supérstite para reclamar la pensión de
sobrevivientes. Por lo tanto, si se liquida la sociedad conyugal se extingue
el derecho a reclamar tal prestación.
Exequible
Universidad del Rosario
No existen elementos de juicio para determinar un
parámetro de comparación claro e identificar los elementos correlativos del
test de igualdad.
Exequible
Universidad Libre
Existe un trato discriminatorio a dos sujetos que
se encuentran en la misma situación. Los cónyuges con o sin sociedad conyugal
vigente tienen el mismo mérito para obtener la pensión por permanecer casados
y convivir con el causante por más de 5 años.
Inexequible
Academia Colombiana de Jurisprudencia
La norma acusada únicamente reconoce la pensión
de sobrevivientes con base en la existencia de la sociedad conyugal, cuando
de acuerdo con el principio de solidaridad la fuente de tal obligación es el
vínculo matrimonial.
Inexequible
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
–ANDI
Los demandantes interpretaron de manera errada el
contenido de la disposición acusada e ignoraron lo previsto en los literales
a) y b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Inhibitorio
Se trata de dos grupos de cónyuges separados de
hecho cuyos supuestos de hecho son diferentes, unos tienen vigente la
sociedad conyugal y otros no, por lo que no se supera el primer paso del
juicio de igualdad.
Exequible
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
26.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4 de la
Constitución, la Corte es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
27.
A partir de los argumentos expuestos por los demandantes y los
intervinientes, y antes de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del
cargo planteado, la Sala Plena considera que es necesario analizar dos
cuestiones preliminares: (i) la posible configuración de la cosa juzgada
constitucional; y en caso de no existir dicha cosa juzgada (ii) la aptitud
sustancial de la demanda.
La cosa juzgada constitucional. Reiteración de
jurisprudencia
28.
La
Constitución Política establece que la cosa juzgada constitucional, “es
una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de
la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”[19].
Así, cuando esta se configura surge, entre otros efectos, la prohibición e
imposibilidad para el juez constitucional de volver a conocer y decidir de
fondo sobre lo ya debatido y resuelto[20].
29.
A partir de ello
la Corte, a lo largo de su jurisprudencia, ha clasificado la cosa juzgada
constitucional en formal o material. Al respecto, la sentencia
C-744 de 2015 define lo siguiente:
“Se tratará de una cosa
juzgada constitucional formal cuando (sic): “(…) cuando existe una decisión previa del juez
constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a
su estudio...”, o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente
igual, es decir, formalmente igual. Este evento hace que “... no se pueda
volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...””
De otra parte, habrá cosa
juzgada constitucional material cuando: “(…) existen dos disposiciones
distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo. En estos
casos, es claro que si ya se dio un juicio de constitucionalidad previo en
torno a una de esas disposiciones, este juicio involucra la evaluación del
contenido normativo como tal, más allá de los aspectos gramaticales o formales
que pueden diferenciar las disposiciones demandadas. Por tanto opera el
fenómeno de la cosa juzgada”.
30.
Así mismo, la cosa juzgada constitucional puede clasificarse en absoluta o relativa. En el primer caso, por regla general, no será posible
emprender un nuevo examen constitucional; mientras que en el segundo, será
posible examinar de fondo la norma acusada desde la perspectiva de nuevas
acusaciones.
En esta línea, cuando la norma es
declarada inconstitucional, la cosa juzgada que recae sobre ese mismo texto
normativo será siempre absoluta, por cuanto el retiro del ordenamiento jurídico
se hace con independencia del cargo o los cargos que prosperaron. Dicho
esto, la Sala procederá a analizar el caso concreto.
Caso concreto.
Inexistencia de la cosa juzgada constitucional
31.
Colpensiones argumentó en su intervención que existía cosa juzgada
constitucional, por lo que la Corte debía estarse a lo resuelto en la sentencia
C-336 de 2014. Por su parte, los demandantes señalaron que la sentencia
referida únicamente surte efectos de cosa juzgada relativa, razón por la que es
procedente analizar la constitucionalidad de la norma acusada por el cargo
planteado en la demanda.
32.
En el caso bajo estudio, los demandantes censuran la constitucionalidad
de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente”,
contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por la presunta
violación del mandato de igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta. En
síntesis, sostienen que dicha disposición otorga un tratamiento diferencial e
injustificado a dos sujetos que se encuentran en similares circunstancias, pues
consideran que el cónyuge que se encuentra separado de hecho y no liquida la
sociedad conyugal, tiene el mismo derecho a acceder a la pensión de
sobrevivientes que los cónyuges que optaron por separarse de hecho y disolver
la sociedad patrimonial que surge con la celebración del matrimonio.
33.
En la sentencia C-336 de 2014, la Corte resolvió una demanda por
violación del derecho a la igualdad (Art. 13 C.P.) contra la expresión “[l]a
otra cuota parte corresponderá al cónyuge con sociedad conyugal vigente",
que contiene la expresión acusada en la demanda que ocupa la atención de la
Sala. No obstante, el cargo planteado en esa ocasión se encaminaba a demostrar
la existencia de un tratamiento igualitario a dos sujetos que se encuentran en
supuestos fácticos distintos, es decir, entre el compañero permanente y el
cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente. En la parte resolutiva, la
Corte limitó, de manera explícita, los efectos de la decisión, dejando abierta
la posibilidad de formular un cargo distinto al examinado. En efecto, declaró
la exequibilidad del aparte demandado, únicamente, “por el cargo analizado”.
34.
Por lo demás, si bien es cierto que en el presente caso y en el
analizado en la sentencia C-336 de 2014, existe identidad de objeto
(disposición normativa demandada) y se invocó el mismo precepto constitucional
como parámetro de control (Art. 13 C.P), también lo es que en ambos casos las
razones y los grupos de sujetos que sustentan el cargo de inconstitucionalidad
son diferentes. Mientras que, en esta oportunidad, se alega el desconocimiento
del mandato de trato igual entre iguales por la diferencia que existe entre los
cónyuges con y sin sociedad conyugal disuelta, en la decisión anterior, se
estudió el desconocimiento del mandato de trato diferenciado entre grupos
diferentes por el supuesto tratamiento paritario que la norma otorga a los compañeros
permanentes y los cónyuges con sociedad conyugal vigente, en lo que respecta al
derecho a la pensión de sobrevivientes.
35.
Por estas razones, la Sala concluye que los efectos de cosa juzgada que
surte la sentencia C-336 de 2014 son relativos, por lo que no impide que en
este caso se analice la constitucionalidad de la expresión acusada por el cargo
referido. Ahora bien, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI
solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo
respecto del cargo planteado. Por esta razón, y previo a analizar la
constitucionalidad de la expresión acusada, la
Corte procede a verificar si en el asunto sometido a su consideración, los
demandantes cumplieron los requisitos que la jurisprudencia constitucional
exige para determinar la aptitud sustancial de un cargo por violación del
derecho a la igualdad.
Aptitud sustantiva de la
demanda. Reiteración de jurisprudencia
36.
El Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2°, establece los elementos que
debe contener la demanda en los procesos de control abstracto de
constitucionalidad. En particular, la norma precisa que las demandas de
inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben
cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas cuya
inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o
aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las normas
constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se basa en un
vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el
trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue
quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de
la demanda.
37.
En cuanto al tercero de los requisitos anotados, la Corte ha reiterado
que se conoce como “concepto de la violación”[21], el cual
implica una carga material y no meramente formal, que no se satisface con la presentación
de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos
argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de
tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o
globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia
constitucional. Conforme a lo dispuesto por la Corte en las sentencias C-1052
de 2001 y C-856 de 2005, los siguientes son los mínimos argumentativos que
comprenden el “concepto de la violación”: claridad, cuando existe
un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la
demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; certeza, cuando
la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una
que el actor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una
verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; especificidad,
cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta
Política; pertinencia, cuando se emplean argumentos de naturaleza
estrictamente constitucional y no de estirpe legal, doctrinal o de mera
conveniencia; y suficiencia, cuando la demanda tiene alcance persuasivo,
esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la
exequibilidad de la norma demandada[22].
38.
Ahora bien, en los casos en que el
demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad por violación del
principio de igualdad (Art. 13 de la Carta Política), la jurisprudencia
pacífica de esta Corte ha señalado que, además de los requisitos generales de
aptitud sustancial (claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia), le asiste al ciudadano la carga específica de certeza consistente
en desarrollar en su demanda el denominado “test integrado de igualdad”[23]. Este test de comparación, que activa el control de constitucionalidad,
exige el cumplimiento de los siguientes presupuestos: “(i) determinar cuál
es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis),
pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer
lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan
sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva
fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre
disímiles; y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está
constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de
comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser
tratadas en forma igual”[24].
39.
Para la Corte, la total inobservancia de
la carga argumentativa anotada o incluso la falta de sustentación de uno de los
presupuestos que integran el referido test, repercute de manera directa en la “suficiencia”
del cargo relacionado con la violación del principio de igualdad y, en
consecuencia, deriva en la ineptitud sustancial de la demanda. Es importante
mencionar que la imposición de este requisito específico se encuentra
justificado por el carácter complejo del principio de igualdad y la necesidad
de proteger la libertad de configuración legislativa en esta materia.
Examen de la aptitud sustancial de la
demanda en el caso concreto
40.
En primer lugar, observa la Corte que la
demanda se soporta sobre razones de inconstitucionalidad que son claras,
en tanto, siguen un curso de exposición comprensible y presentan un
razonamiento sobre la presunta inconformidad entre la expresión demandada, que
se encuentra consagrada en el último inciso del literal b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, y el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de
la Carta.
41.
De igual manera, los argumentos expuestos
por la demandante cumplen con el requisito de certeza, comoquiera que
recaen sobre una proposición jurídica que, en primer lugar, se desprende de la
disposición acusada, y en segundo lugar, establece lo que precisamente se acusa
de inconstitucional en la demanda, esto es, que en el supuesto de convivencia
no simultánea, cuando el compañero o compañera permanente acredite haber
convivido por un término superior a los cinco (5) años antes del fallecimiento
del causante, la otra cuota parte de la pensión de sobrevivientes le
corresponderá, únicamente, al cónyuge separado de hecho, que mantenga vigente
la unión conyugal y la sociedad conyugal.
42.
Con relación al requisito de especificidad,
es necesario recordar que la Corte ha exigido una carga argumentativa
específica por parte de los demandantes cuando se alega la vulneración del
derecho a la igualdad. Esta se compone de diferentes deberes, siendo el primero
de ellos la identificación y explicación del criterio de comparación o tertium
comparationis, el cual, permite determinar si los sujetos o situaciones
bajo análisis son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la
misma naturaleza[25]. En la presente demanda, se invoca la vigencia del
vínculo matrimonial, entendido como la permanencia de las obligaciones de
fidelidad, socorro, ayuda mutua y solidaridad entre los cónyuges, como el
parámetro que, en principio, permite realizar una comparación
entre los cónyuges separados de hecho, con sociedad conyugal vigente, de un
lado, y los que voluntariamente resolvieron disolverla, del otro.
43.
El segundo presupuesto para la formulación del cargo por violación del
derecho a la igualdad exige que se aporten las razones suficientes para definir
si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre
iguales o igual entre disímiles. Sobre el particular, es posible inferir de lo
expuesto en el escrito que ocupa la atención de la Corte, que el demandante
reclama un “trato idéntico a destinatarios en circunstancias idénticas”[26], puesto
que considera que en el supuesto de convivencia no simultanea previsto en la
norma acusada, los cónyuges con y sin sociedad conyugal vigente se encuentran
en una situación fáctica similar y por lo tanto “no pueden recibir un trato
diferente”[27].
Esto, dado que ambos grupos (i) mantienen su calidad de cónyuges a la fecha de
la muerte del afiliado; (ii) están obligados a guardar sus obligaciones
conyugales; (iii) “apoyaron al afiliado y soportaron la ausencia del mismo
(mientras trabajaba) durante un tiempo (más de 5 años), para que pudiera
cotizar al sistema de seguridad social en pensión”[28]; y
(iv) convivieron con el causante hasta antes de su muerte.
44.
Sobre la base del anterior planteamiento, sostienen los demandantes que
la norma acusada, de manera injustificada, otorga entre estos grupos similares
un tratamiento diferenciado que resulta violatorio del derecho de igualdad y,
en efecto, deja desprotegidos a los cónyuges supérstites separados de hecho con
sociedad conyugal disuelta, quienes a pesar de haber mantenido la unión
conyugal vigente (efectos personales del matrimonio), no tienen derecho a
acceder a la cuota parte de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte
de su cónyuge. De acuerdo con esto, la Sala advierte que la demanda también es pertinente,
pues los argumentos en ella planteados son de naturaleza constitucional, en
tanto la desigualdad de trato entre los grupos comparables señalados por los
demandantes, podría en principio, desprenderse de la norma demandada y formula
un reproche de naturaleza constitucional, específicamente, relacionado con la
violación del artículo 13 de la Carta.
45.
Por lo demás, es claro que el cargo
formulado en la demanda sobre la presunta violación del principio de igualdad
(Art. 13 C.P.), genera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
expresión acusada. Por lo cual, en opinión de la Corte, la demanda supera el
análisis sobre la aptitud sustancial.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
46.
Con fundamento en los argumentos expuestos por los demandantes, y con
base en los conceptos rendidos por los intervinientes, corresponde a la Corte
determinar si la expresión “con sociedad conyugal vigente”, contenida en
el último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, vulnera
el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el
reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, únicamente que
el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal
a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de
hecho con sociedad conyugal disuelta.
47.
Para resolver este problema jurídico, la Corte: (i) reiterará el
contenido del derecho a la igualdad y la metodología utilizada para evaluar su
eventual vulneración, y luego (ii) abordará el marco normativo a la
pensión de sobrevivientes, deteniéndose en el estudio de las instituciones
jurídicas relevantes para examinar el cargo planteado. Finalmente, la
Sala analizará el caso concreto.
D.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y JUICIO DE IGUALDAD
48.
El derecho a la igualdad está previsto en el artículo 13 de la
Constitución Política, así como en instrumentos internacionales de derechos
humanos que, en virtud del artículo 93 numeral 2, hacen parte del bloque de
constitucionalidad[29].
De este derecho se desprenden dos mandatos básicos: (i) otorgar el mismo trato
a supuestos de hecho equivalentes; y (ii) otorgar un trato diferente a
situaciones de hecho disímiles[30].
Como se observa, el rasgo esencial del derecho a la igualdad es que implica un
juicio de comparación entre dos personas o grupos de personas.
49.
Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad,
la Corte ha especificado estos dos mandatos generales en cuatro reglas, a saber[31]:
(i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen
ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho
idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que
presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes
que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de
hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más
relevantes que las similitudes.
50.
Con el propósito de determinar cuándo se presenta alguna de las cuatro
hipótesis antes mencionadas, la Corte ha tenido en cuenta un juicio a partir de
tres etapas de análisis. Primero, se debe establecer el criterio de
comparación (también denominado tertium comparationis). Con
relación a este primer paso de análisis la Corte ha señalado lo siguiente[32]:
“La identificación del criterio de comparación[33]
sirve para examinar si la clasificación del legislador agrupa realmente a
personas diferentes a la luz de la norma acusada, en otras palabras, si las
clases fueron racionalmente configuradas o si lo fueron caprichosamente. La
racionalidad de la medida diferenciadora obedece al grado de acierto en incluir
a todas las personas similarmente situadas para los fines de la ley.
Así, la determinación de si dos grupos son comparables depende de su
situación vista a la luz de los fines de la norma” (Negrillas fuera del
texto adicional).
51.
Segundo, se debe definir si en el plano fáctico y en el plano
jurídico existe realmente un trato igual o diferenciado. Así, una vez
establecido el criterio de comparación, debe verificarse si efectivamente
existe un trato igual o un trato diferenciado o si en realidad el cargo por
vulneración del derecho a la igualdad parte de una indebida comprensión o
interpretación de lo que establece la medida analizada. De este juicio pueden
entonces desprenderse dos hipótesis: o los grupos o personas no son comparables
a la luz del criterio de comparación y, en consecuencia, no se afecta el
mandato de trato igual; o los grupos o personas si pueden ser asimiladas y, en
esa medida, se presenta una afectación prima facie del derecho a la
igualdad.
52.
Si ocurre lo segundo (si las personas o grupos pueden ser
asimilados), en tercer lugar, se debe determinar si la diferencia de trato se
encuentra constitucionalmente justificada[34], análisis que varía,
pues puede hacerse en intensidades distintas, teniendo como propósito
salvaguardar el principio democrático y la separación de poderes, sin afectar
gravemente los derechos inalienables de la persona (artículos 1, 5 y 113 de la
Constitución, respectivamente)[35]. Con
fundamento en lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido tres
intensidades diferentes que pueden tenerse en cuenta para este análisis[36]:
leve[37],
intermedia[38]
y estricta[39].
53.
En cada caso deberá el juez valorar las diferentes razones que concurren
para fundamentar la intensidad del juicio, de acuerdo con los criterios
jurisprudencialmente establecidos.
E.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
54.
La Ley 100 de 1993, con base en lo
dispuesto en el artículo 48 de la Constitución[40], regula el Sistema General de Seguridad Social Integral, que está
conformado por los regímenes generales para pensiones, salud, riesgos laborales
y los servicios sociales complementarios. En cuanto al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones; esta ley establece una serie de prestaciones
asistenciales y económicas que amparan los riesgos de vejez, invalidez o
muerte.
55.
La pensión de sobrevivientes, consagrada
en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003[41], es una prestación económica que se ocupa de cubrir
el riesgo por muerte para el núcleo familiar del causante (pensionado o
afiliado) que resulta afectado por el hecho de su deceso[42]. En la
sentencia C-1094 de 2003, la Corte señaló que la
finalidad de este derecho pensional “[...] es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades
de subsistencia,[43] sin que vean alterada la situación social y económica
con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido”.
Sobre
la amplia potestad de configuración del legislador en materia pensional.
Reiteración de jurisprudencia
56.
En materia
de la seguridad social, por mandato constitucional (Art. 48 C.P.) el legislador
está investido de amplias facultades para definir su organización y, por lo
tanto, para regular los mecanismos de acceso al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, el conjunto de beneficios y
los requisitos para obtener su reconocimiento[44]. El propósito
de esta atribución de competencia está relacionado con el deber de concretar el
principio de solidaridad en el sistema de las pensiones y de garantizar que
este se haga sostenible financieramente[45].
57.
En esa
línea, y en relación con el supuesto de convivencia no simultánea que ocupa la
atención de la Sala, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el
legislador está facultado de una amplia potestad de configuración para
establecer los requisitos que deben cumplir los cónyuges y los compañeros y
compañeras permanentes para acceder a la pensión de sobrevivientes. En este
punto, ha señalado “[e]l Legislador dentro del marco de su
competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones,
puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
En ese orden de ideas, en el caso de la convivencia no simultánea entre el
cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último
compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial
existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolida con
antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de
una cuota parte de la pensión”[46].
Beneficiarios y las
condiciones para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
58.
La Ley 100
de 1993 contempló, en sus artículos 47 y 74, modificados por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, tres grupos excluyentes de beneficiarios y las condiciones
que deben acreditar para obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes; estos son: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con
derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho.
59.
Con
relación al cónyuge y al compañero o compañera permanente, esta norma describe
la modalidad, los requisitos y los supuestos bajo los cuales este grupo de
beneficiarios pueden acceder a la pensión de sobrevivientes. La Corte, en la
sentencia C-336 de 2014, resumió los mencionados requisitos[47]. Al respecto, la Corte en
la misma sentencia analizó la constitucionalidad del requisito relacionado con
la vigencia de la sociedad conyugal, señalando que “[...] el
legislador en los eventos de convivencia no simultánea no discriminó al
compañero o compañera supérstite al incluir como beneficiario de la pensión
de sobrevivientes al cónyuge con sociedad conyugal vigente y separación de
hecho, sino que en reconocimiento del tiempo de convivencia acreditado por este
último se le faculta como beneficiario de la prestación económica”
(Subrayado fuera del texto original).
60.
En cuanto a la forma de verificarse el tiempo de la
convivencia entre el cónyuge supérstite y el causante en el supuesto de
convivencia no simultánea, la Corte explicó que “[...] si bien es el compañero
permanente quién debe acreditar de forma clara e inequívoca la vocación de
estabilidad y permanencia con el causante durante los cinco años previos a su
muerte, para caso del cónyuge supérstite con separación de hecho el
quinquenio de la convivencia naturalmente deberá verificarse con antelación al
inicio de la última unión marital de hecho” (Subrayado fuera del
texto original). En todo caso, tal convivencia deberá ser efectiva, esto es, “clara e
inequívoca vocación de estabilidad y permanencia”, de manera que
están proscritas con el fin de acceder a la pensión de sobrevivientes, aquellas
“relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el causante”[48].
Requisitos específicos para el otorgamiento de la
pensión de sobrevivientes, en casos de convivencia no simultanea entre el
cónyuge supérstite y el causante
61.
De acuerdo
con lo anterior, y en atención al cargo formulado en la demanda objeto de
estudio, es
claro que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según modificado, creó una
regla general al momento de establecer los requisitos para los cónyuges o
compañeros permanentes (literal a) e incisos 1, 2 y parte inicial del 3 del
literal b)), que da prelación a la convivencia con el causante por más de 5
años antes de su fallecimiento, por encima de cualquier vínculo formal. Sin
embargo, el legislador, decidió a su vez crear en el aparte demandado (parte
final del inciso 3 del literal b)), una excepción a dicha regla, determinando
que el derecho a la pensión de sobrevivientes se conservaría en una cuota parte
a los cónyuges que en algún momento hubiesen convivido por más de 5 años, pero
que esté separados de hecho (sin convivencia al momento de la muerte del
causante), pero que hubiesen decidido mantener los efectos patrimoniales del
matrimonio, esto es, la sociedad conyugal vigente. Por lo cual, en esta
excepción, objeto de la presente demanda, el legislador optó por desplazar el
criterio de convivencia, por el de vigencia o no de la sociedad conyugal, como
se evidencia en detalle a continuación:
Pensión de sobrevivientes -convivencia no simultánea-
Beneficiario
Causante
Modalidad de la pensión
Condiciones
Cónyuge supérstite
Afiliado o pensionado
Vitalicia
-Cuota parte en proporción a la convivencia-
· Convivencia de cinco años con el causante
con antelación al inicio de la última unión marital de hecho de más de 5
años.
· Separación de hecho.
· Sociedad conyugal vigente.
Compañero o compañera permanente
Afiliado o pensionad
Vitalicia
-Cuota parte en proporción a la convivencia-
Convivencia con el causante de por lo menos 5 años anteriores al
fallecimiento del causante.
62.
De esta
forma, procede este tribunal a analizar el requisito específico “sociedad
conyugal vigente”.
Concepto y efectos jurídicos
del matrimonio. Efectos personales y patrimoniales
63.
En el
plano legal, el artículo 113 del Código Civil concibe al matrimonio como un
contrato solemne en el que los cónyuges deciden unirse de forma libre y de
mutuo consentimiento, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse.
La celebración de este contrato, en razón a su carácter bilateral,
genera derechos e impone deberes recíprocos entre los contrayentes, que pueden
ser de tipo personal, que se generan a partir de la unión conyugal, y
patrimonial, que se refieren a la constitución de la sociedad conyugal.
64.
En
relación con los derechos y obligaciones relacionados con los efectos
personales, la ley civil prescribe que son: la cohabitación, la fidelidad,
el socorro y la ayuda mutua (Arts. 176 y siguientes del Código Civil). Acerca
de la ejecución de dichas prerrogativas y deberes, la Corte ha señalado que, “desde
el momento de la celebración del matrimonio y durante todo el tiempo de
ejecución del mismo, con pleno consentimiento y conocimiento previo, los
cónyuges se obligan recíprocamente a guardarse fe y fidelidad, a cohabitar, a
ejercer en condiciones de igualdad la dirección del hogar, a socorrerse y a
ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.”[49].
65.
Por otro lado, en
cuanto a los efectos patrimoniales, el Código Civil en los artículos 1771 a 1848 regula la figura de la sociedad
conyugal o comunidad de bienes que, a falta de pacto escrito, surge por el mero
hecho del matrimonio (Art. 1774 del Código Civil). El régimen de bienes
aplicable a la sociedad conyugal depende de la voluntad de los cónyuges, en la
medida que pueden decidir si celebran o no las capitulaciones de que tratan los
artículos 1771 a 1773 del código referido. En el supuesto que estos no celebren
capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el artículo 1781 del Código Civil. Al respecto, cabe mencionar
que, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 1781 precitado, hacen
parte del derecho a suceder de la sociedad conyugal “los frutos, réditos, pensiones, intereses y
lucros naturales o civiles que se deriven de los bienes sociales o de los
bienes de cada cónyuge, que se devenguen durante el matrimonio, pertenecen a la
sociedad conyugal” (Negrilla fuera
del texto original).
66.
Teniendo en cuenta que el derecho a
suceder en materia de pensiones, en tratándose de efectos patrimoniales, surge
la pregunta de si este derecho se ve afectado o no por la separación de hecho.
En este sentido, conviene precisar que la separación de cuerpos en el
matrimonio puede darse mediante declaración judicial o de hecho[50]. En cuanto a este último supuesto, la Corte ha precisado que “suspende
los efectos de la convivencia y apoyo mutuo”[51] entre los cónyuges y ocurre “[...] cuando se rompe la convivencia
conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida por uno de ellos, sin que
haya intervenido un juez [...]”[52]. A diferencia de la separación de cuerpos judicial,
cuyo decreto deriva, por regla general, en la disolución de la sociedad
conyugal, “la
separación de cuerpos de hecho no lleva a la disolución de dicha sociedad, pudiendo en todo caso ser
acordada por los cónyuges mediante escritura pública protocolizada ante notario”[53] (Negrillas
fuera de texto original).
67.
En efecto, por mandato legal la
celebración de la unión conyugal presupone la constitución de la sociedad
conyugal y, por consiguiente, el origen de las obligaciones de carácter
personal y patrimonial entre los esposos. No obstante, cuando estos deciden de
manera voluntaria disolver la sociedad conyugal[54], la ley permite que se conserven los efectos de orden personal de la
unión conyugal, pues no prevé esta situación como causal de cesación de los
efectos civiles del matrimonio[55] ni tampoco obliga a los cónyuges a que mantengan
vigente la comunidad de bienes[56].
F.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
68.
El cargo
de inconstitucionalidad que sustenta la demanda objeto de estudio plantea que
la expresión acusada contenida en el inciso final del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, desconoce el derecho a la igualdad (Art. 13 C.P.), en
razón a que otorga un trato desigual a situaciones de hecho que, en su
criterio, son asimilables.
69.
La norma
precitada establece los requisitos que deben cumplir el cónyuge y la compañera
o compañero permanente para acceder a la pensión de sobrevivientes, cuando
no existe convivencia simultánea con el causante (afiliado o pensionado).
Para evaluar su constitucionalidad se tendrá en cuenta la metodología de
análisis expuesta en la sección II.D anterior, con el propósito de
determinar si en el presente caso existe efectivamente un desconocimiento del
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional. Así, debe la
Corte analizar primero si los grupos indicados en la acción de
inconstitucionalidad son en efecto asimilables (ver supra, numeral 50). Este es un presupuesto
indispensable pues, de no haber comparación posible, pierde relevancia la
solicitud de tratamiento igual.
Los cónyuges separados de
hecho con y sin sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes, por
lo cual, no son sujetos de tratamiento igual
70.
La
vigencia de la unión conyugal o matrimonio -efectos personales- es el
criterio de comparación que los demandantes invocan para intentar demostrar que
en el supuesto de convivencia no simultánea los cónyuges con y sin sociedad
conyugal vigente son equiparables. Bajo el entendido que las obligaciones de
orden personal son el factor determinante para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, y no la vigencia de la sociedad conyugal, sostienen que no
hay razón para que la disposición acusada conceda esta prestación
exclusivamente a los esposos separados de hecho, que mantuvieron vigente la
unión conyugal y la sociedad conyugal, y en efecto excluya a los que estando en
esas mismas circunstancias, de manera voluntaria, disolvieron la comunidad de
bienes. A juicio de los accionantes, el legislador confunde en el inciso
acusado las figuras de unión conyugal y sociedad conyugal.
71.
Advierte
la Sala que tal planteamiento no supera la etapa preliminar del juicio de
igualdad, que requiere determinar el criterio de comparación a fin de
identificar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se
comparan sujetos de la misma naturaleza. A esta conclusión arriba la Sala con
fundamento en las razones que se exponen a continuación.
72.
En primer
lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden
patrimonial. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y
apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no
han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que
preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan. Por otro
lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta,
por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del
vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en
este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario[57].
73.
En segundo
lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser considerados
equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –convivencia no
simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal
tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso
(ver supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa
de esta prestación económica tiene como base el requisito de convivencia
efectiva con el causante[58]. Sin embargo, en los supuestos de convivencia no simultánea entre
el cónyuge y la compañera o compañero permanente, la ausencia de una
convivencia efectiva dentro de los 5 años anteriores a la muerte del causante,
justifica que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración en
materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57), establezca la vigencia de
la sociedad conyugal como una condición necesaria para reconocer este derecho
pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho, mantuvo el vínculo
patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la pensión
de sobrevivientes[59]. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge
acredite la convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no
simultánea-, que el cónyuge supérstite acredite la vigencia del vínculo
patrimonial –sociedad conyugal-, que de manera voluntaria decidieron mantener
con el causante, pese a la separación de hecho.
74.
En tercer
lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del
causante, no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en
consideración a los efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal.
En este punto, el artículo 1781 del Código Civil establece que mientras que la
comunidad de bienes subsista, y a falta de capitulaciones, el haber social se
entiende conformado por los bienes establecidos en el mencionado artículo. La
sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el haber absoluto y el
haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen las “pensiones”[60] (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios,
honorarios, prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones
y, en general, todos aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las
actividades productivas (numeral 1° del mencionado artículo)[61]. Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del
pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por
la que se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión
o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según
corresponda[62]. Por ello, no es posible que, en materia de acceso a la pensión
de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta
esté en el mismo plano jurídico y fáctico que el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente.
75.
Finalmente, advierte la Sala que la demanda se apoyó en consideraciones
realizadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
la sentencia del 13 de marzo de 2012[63].
En esa ocasión, el alto tribunal concedió pensión de sobrevivientes a un
cónyuge supérstite que no mantenía convivencia con el causante y además tenía
disuelta la sociedad conyugal. Frente a esto, es necesario aclarar que si bien
el alto tribunal interpretó el último inciso del literal b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003 en el sentido de dar prevalencia a los efectos personales
sobre los patrimoniales, también lo es que la decisión estuvo marcada por la
existencia de un elemento de juicio determinante: la manifestación expresa
del causante de dejar como beneficiaria de su pensión a la cónyuge[64]; prueba
que, a juicio de la Sala Laboral, demostró que los cónyuges mantuvieron “las
obligaciones de socorro y ayuda mutua”, a pesar de la disolución de la sociedad
conyugal. Por esto, y en razón a que ese caso se trató el supuesto de
convivencia simultánea entre cónyuges, diferente al de convivencia no
simultánea, estima la Corte que este caso particular no puede ser fundamento
para un análisis en control abstracto de la disposición acusada.
76.
Con fundamento en
lo anterior, es dado concluir que no hay mérito para continuar con el análisis
de las etapas subsiguientes del juicio de igualdad, por cuanto, es claro que no
existen sujetos comparables que se encuentren en situaciones de hecho o de
derecho comparables, por cuanto, aquellos que se separaron de hecho (efectos
personales) y que liquidaron su sociedad conyugal (efectos personales), no
pueden tener una expectativa pensional dada la inexistencia de lazos afectivos
o económicos entre el cónyuge supérstite y el causante. En consecuencia,
la Corte no advierte que exista un cuestionamiento de la disposición
parcialmente acusada desde el punto de vista del derecho a la igualdad, por lo
que procederá a declarar su constitucionalidad.
G.
SÍNTESIS
DE LA DECISIÓN
77.
En el asunto que ocupa la atención de la Corte,
se demandó la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por
considerar que vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 superior), por cuanto,
no existen razones suficientes para que la norma reconozca el derecho a la
pensión de sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad
conyugal vigente, pero excluya de sus efectos a los que, estando en las mismas
circunstancias, disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial.
78.
En primer lugar, la Corte señaló (i) la
inexistencia de cosa juzgada constitucional; así como (ii) la aptitud del cargo
de inconstitucionalidad planteado evidenciando que, en principio, se cumplieron
con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia. Posteriormente, la Corte consideró que le correspondía determinar
si la expresión “con sociedad conyugal vigente”, contenida en el
último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, vulnera el
derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el
reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes que el
cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a
la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de
hecho con sociedad conyugal disuelta.
79.
Para resolver el anterior interrogante, la Corte
abordó dos cuestiones. En primer lugar, explicó de forma breve el juicio
integrado de igualdad, metodología de análisis ampliamente utilizada por la
jurisprudencia constitucional para resolver problemas jurídicos que plantean la
eventual vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13
constitucional. En segundo lugar, se refirió a: (i) la amplia potestad
de configuración del legislador en materia pensional, bajo estrictos principios
de sostenibilidad fiscal; y (ii) el marco normativo de la
pensión de sobrevivientes, resaltando que se trata de una prestación
económica que se ocupa de cubrir el riesgo por muerte para el núcleo familiar
del causante (pensionado o afiliado) que resulta afectado por el hecho de su
deceso.
80.
Adicionalmente, indicó que en el presente caso se cuestionan los
requisitos y condiciones requeridos en el supuesto de convivencia no
simultánea entre el cónyuge y el causante, a saber (último inciso,
parte final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003): (i)
acreditación por parte del cónyuge de la separación de hecho, (ii) vigencia de
la sociedad conyugal, y (iii) compañero permanente con convivencia durante los
5 años anteriores a la muerte.
81.
Sobre la base de los anteriores fundamentos
abordó el estudio del caso concreto. Al respecto, la Sala constató que los
argumentos expuestos por los demandantes no demostraron la existencia de un
grupo comparable (tertium comparationis), que comprobara que son
asimilables los grupos de cónyuges con convivencia simultánea, con cónyuges sin
convivencia simultánea al momento de la muerte del causante. En opinión de la
Sala Plena, dichos grupos se encuentran en situaciones de hecho y de derecho
diferentes, debido a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre
cónyuges separados de hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo cual, el
requisito de existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente)
hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de
convivencia no simultánea, y el mismo corresponde con: (i) la amplia potestad
de configuración del legislador en materia pensional; y (ii) los efectos que se
derivan de la Constitución y la disolución de la sociedad conyugal, sobre las
pensiones como derecho a suceder del cónyuge supérstite.
82.
Una vez constatada la diferencia entre los
grupos objeto de análisis, advirtió la Sala que no era procedente desarrollar
las etapas subsiguientes del juicio de igualdad. Por lo anterior, la Corte
considera que no cabe reproche constitucional alguno frente a la disposición
parcialmente acusada, por el cargo analizado, por lo que procederá a declarar
la exequibilidad de la misma.
III.
DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar la EXEQUIBILIDAD
de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por el cargo analizado en la presente decisión.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Ccon salvamento de voto
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA C-515/19
Referencia: Expediente D-12515
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el
inciso final del literal b) parcial del artículo 13 de la Ley 797 de 2002, “Por
la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.”
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Sala Plena, salvo mi voto frente a la sentencia C-515 de
2019 por cuanto considero que, en efecto, como lo argumentan los demandantes,
la expresión “con la cual existe sociedad conyugal vigente”, contenida
en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2002,
vulnera los derechos a la igualdad y a la seguridad social del cónyuge separado
de hecho al condicionar el derecho a percibir una pensión de sobrevivientes a
la existencia de la sociedad conyugal.
Lo anterior por los siguientes dos
motivos: (i) el falló no realizó un verdadero juicio de igualdad de acuerdo con
los parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación; y (ii)
los argumentos que fundamentaron la decisión de la Sala son incorrectos y
carecen de un adecuado sustento constitucional.
1.  La sentencia C-515 de 2019
no realizó un verdadero juicio de igualdad para
analizar la vulneración del artículo 13 de la Constitución
Me aparto de la decisión debido a
que la Sala Plena omitió desarrollar un verdadero juicio de igualdad en
relación con la norma acusada y, en su lugar, se limitó a desestimar el cargo
propuesto por los demandantes con argumentos sin fundamento constitucional. En
efecto, considero que el fallo no logró justificar adecuadamente por qué los
cónyuges separados de hecho sin sociedad conyugal vigente no merecen un
tratamiento igualitario en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
De acuerdo con la metodología
propuesta por la sentencia en su parte motiva, para determinar si una norma
desconoce efectivamente el derecho a la igualdad (artículo 13 de la
Constitución Política) es necesario realizar un ejercicio comparativo entre dos
personas o grupos de personas. Este balance, denominado juicio de igualdad,
está compuesto por tres etapas de análisis: (i) primero, se debe establecer el
criterio de comparación (también conocido como tertium comparationis)
con el fin de examinar si se comparan personas o grupos de la misma naturaleza;
(ii) segundo, a partir del criterio de comparación, se debe verificar si en el
plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato igual o diferenciado; y
(iii) tercero, si se establece que las personas o grupos pueden ser asimilados,
se debe determinar si la diferencia de trato se encuentra constitucionalmente
justificada.
La sentencia enfatizó que el
juicio de igualdad es una herramienta ampliamente utilizada por la Corte
Constitucional para determinar si el legislador clasificó de manera racional o
caprichosa a los sujetos incluidos en la norma que se analiza. En otras
palabras, la comparación que se hace en el juicio de igualdad –de conformidad
con las etapas antes citadas– sirve para verificar objetivamente que los
sujetos agrupados por el legislador sean similares a la luz de los propósitos
buscados por la norma.
Pues bien, en el análisis del caso
concreto la Sala decidió apartarse de la metodología propuesta en la parte
motiva y advertir que no era posible desarrollar el referido juicio de igualdad
debido a que el planteamiento de los demandantes no permitía superar la etapa
preliminar del análisis. Sin embargo, y a pesar de eludir el ejercicio
comparativo según los parámetros establecidos por esta Corporación, el fallo
decidió de fondo sobre la supuesta inexistencia de un tratamiento jurídico
desigual por parte de la norma acusada. Frente al cargo formulado por los
demandantes la Sala expresó lo siguiente:
“Advierte la Sala que tal planteamiento no supera la etapa
preliminar del juicio de igualdad, que requiere determinar el criterio de
comparación a fin de identificar si los supuestos de hecho son susceptibles de
compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza.”[65]
Luego de negarse a definir el
criterio de comparación y adelantar el respectivo juicio de igualdad, la Sala
presentó sus propias razones para negar las pretensiones de la demanda. Sin
desarrollar un análisis serio y objetivo sobre las diferencias fácticas y
jurídicas entre los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal
vigente, el fallo afirmó que estos sujetos no son comparables y, por tanto, no
son susceptibles de un tratamiento igualitario. La Sala basó su decisión en los
siguientes tres argumentos:
(i).
Los cónyuges separados de hecho que no han disuelto la sociedad
conyugal se encuentran en un plano jurídico y fáctico diferente. Según la
sentencia, el hecho de disolver la sociedad conyugal significa “la
inexistencia de vínculos afectivos y económicos que permitan inferir la
condición de beneficiario [de la pensión de sobrevivientes]”, lo que
justifica el tratamiento desigual por parte del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones.[66]
(ii).
Los efectos económicos del matrimonio son un criterio adecuado para
determinar a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes porque así lo
dispuso el legislador. Sobre este razonamiento, la Sala afirmó que “la
ausencia de convivencia efectiva dentro de los 5 años anteriores a la muerte
del causante justifica que el legislador, en ejercicio del amplio margen de
configuración en materia pensional, establezca la vigencia de la sociedad
conyugal como una condición necesaria para reconocer este derecho pensional”[67].
(iii).
La vigencia de la sociedad conyugal es el factor determinante para
verificar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes desde la
perspectiva del artículo 1781 del Código Civil. La Sala sostuvo que la
comunidad de bienes entre los cónyuges se encuentra conformada, entre otras,
por las pensiones (numeral 2° del artículo 1781), por lo que los haberes del
pensionado dejan de hacer parte de la masa patrimonial cuando la sociedad
conyugal se disuelve, “razón por la que se extingue el derecho para
sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir
una eventual prestación pensional, según corresponda”[68].
Como se ve, pese a negarse a adelantar
el juicio de igualdad, la Sala utilizó la noción de sociedad conyugal para
afirmar que la ausencia de los efectos económicos del matrimonio constituye una
diferencia fáctica y jurídica que justifica la exclusión que hace el legislador
en la norma acusada. En mi opinión, esta construcción argumentativa es
deficiente. La Sala no desarrolló un verdadero análisis comparativo de acuerdo
con la metodología propuesta en la parte considerativa del fallo, y sin
embargo, buscó construir diferencias artificiales entre los sujetos de la norma
utilizando la sociedad conyugal como criterio implícito de comparación.
En resumen, la Sala Plena omitió
realizar un juicio de igualdad de la norma acusada al no establecer un criterio
de comparación entre los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad
conyugal vigente. Al respecto, argumentó que dichos grupos “se encuentran en situaciones de hecho y de derecho
diferentes debido a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre
cónyuges separados de hecho y con sociedad conyugal disuelta”[69]. No obstante, construyó su decisión utilizando la
sociedad conyugal para diferenciar a los cónyuges separados de hecho  con
argumentos tan vagos como: (i) la falta de afecto entre cónyuges que han
decidido disolver los efectos económicos del matrimonio; (ii) la amplia
potestad de configuración del legislador en materia pensional; y (iii)
la supuesta extinción del derecho a la pensión de sobreviviente del cónyuge
supérstite sin sociedad conyugal vigente según lo dispuesto en el artículo 1781
del Código Civil.
El razonamiento de que la
existencia de la sociedad conyugal es una circunstancia que impide establecer
cualquier comparación entre los cónyuges separados de hecho es utilizado por la
Sala en los argumentos (i) y (iii). Mientras que en el argumento (ii)
–que en realidad es una aseveración sin mayor desarrollo– la Sala se limitó a
manifestar que la vigencia de la sociedad conyugal es un requisito adecuado
para determinar al beneficiario de la pensión de sobrevivientes porque así lo
dispuso el legislador. En el siguiente acápite explicaré los motivos de fondo
por los cuales considero que la Sala Plena se equivocó al analizar la norma
acusada exclusivamente desde la perspectiva económica del matrimonio.
2. Los cónyuges separados de
hecho con y sin sociedad conyugal vigente se encuentran en la misma
circunstancia desde la perspectiva del matrimonio y la seguridad social
El inciso final del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 establece que en el caso de no convivencia
simultánea entre cónyuge y compañera/o permanente la pensión de sobrevivientes
será reconocida proporcionalmente al cónyuge separado de hecho previo
cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) haber convivido con el causante
durante 5 años o más en cualquier tiempo y (ii) haber mantenido vigente la
sociedad conyugal hasta el momento de la muerte del causante. La exigencia de
mantener vigentes los efectos económicos del matrimonio llevó a los demandantes
a plantear la discusión acerca de cuáles deben ser los criterios adecuados para
determinar los beneficiarios de la sustitución pensional según los fines de la
seguridad social.
En la parte considerativa de la
sentencia, la Sala Plena definió el matrimonio de acuerdo con el artículo 113
del Código Civil y señaló que este es un contrato solemne de carácter bilateral
que genera derechos e impone deberes recíprocos de tipo personal y económico
entre los contrayentes. Sobre los efectos personales sostuvo que el matrimonio
genera desde el momento de su celebración y durante todo el tiempo de ejecución
los deberes de cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda mutua. Mientras que
sobre los efectos patrimoniales indicó que estos hacen referencia a la sociedad
conyugal, la cual no es un elemento esencial del matrimonio y su creación
depende de la voluntad de los cónyuges.[70] Al respecto,
la Sala citó los artículos 1771 a 1773 del Código Civil que consagran las
capitulaciones matrimoniales.
Por su parte, sobre el régimen
jurídico de la pensión de sobrevivientes, la Sala indicó que esta prestación
protege al grupo familiar que dependía económicamente del causante y resulta
afectado con su muerte. Así mismo, citó la sentencia C-081 de 1999 para
enfatizar que no pueden confundirse los derechos herenciales entre cónyuges con
el reconocimiento de prestaciones sociales ocasionadas por la muerte de uno de
los miembros de la pareja. Los efectos patrimoniales del matrimonio y la
pensión de sobrevivientes pertenecen a regímenes jurídicos diferentes.
Luego de presentar la anterior
exposición conceptual, en el análisis de caso concreto la Sala desconoció sus
propias consideraciones y utilizó argumentos contradictorios para defender la
sociedad conyugal como requisito indispensable para otorgar la pensión de
sobrevivientes. En efecto, los argumentos (i) y (iii) elaborados
por la Sala Plena para negar los planteamientos de la demanda son incompletos
por las siguientes dos razones.
En primer lugar, porque la Corte
Constitucional ha establecido claramente que el matrimonio hace surgir entre
los cónyuges una serie de derechos y obligaciones que no terminan sino por la
disolución del matrimonio por divorcio, muerte o por su declaración de nulidad.
De acuerdo con la jurisprudencia, “los casados son personas jurídicamente
vinculadas, [y] las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que
pueden llegar a extinguirse por voluntad de los cónyuges, es menester la
declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución de dicho
vínculo jurídico”[71].
Así las cosas, la separación de hecho no extingue los derechos y obligaciones
del matrimonio por lo que entre los cónyuges subsisten los deberes de
cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda mutua.
En
relación con el deber socorro y ayuda mutua, el artículo 176 del Código Civil
señala que éste debe cumplirse “en todas las circunstancias de la vida”
y en especial ante circunstancias como la adversidad, la enfermedad y la vejez.
De igual forma, la ayuda y el socorro mutuo no solo comprende la obligación
recíproca de los cónyuges de brindarse apoyo económico, sino que también
implica un aspecto de apoyo moral o espiritual como consecuencia de la
obligación de solidaridad que se predica de todos los integrantes de la
familia. Al fin y al cabo, el matrimonio es un acuerdo que supone la unión de
dos personas para compartir un mismo objetivo, así como atender y resolver las
diferentes situaciones de la vida en pareja.[72]
De lo
anterior se deriva que los efectos personales del matrimonio siguen produciendo
efectos vinculantes sin importar si los cónyuges separados de hecho mantienen o
no vigente la sociedad conyugal. Por tanto, el argumento (i) elaborado
por la Sala Plena para apoyar su decisión es incorrecto. Según la Sala, los
efectos patrimoniales del matrimonio son un requisito adecuado para determinar
los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes debido a que su vigencia
determina la existencia de relaciones afectivas y económicas entre los
cónyuges. No obstante, la sociedad conyugal es un elemento que por decisión de
los cónyuges puede no estar presente en el matrimonio, y entre los cónyuges
separados de hecho subsisten derechos y obligaciones de índole personal que no
dependen de la vigencia de la sociedad conyugal.
Considero
que la vigencia de los efectos económicos del matrimonio no es un requisito
relevante para definir a los beneficiarios de pensión de sobrevivientes. Al
contrario, este requisito resulta injusto y desproporcionado con los cónyuges
que han cumplido con las obligaciones personales del matrimonio pero que, por diferentes
motivos, han decidido no crear o disolver la sociedad conyugal. Esta sociedad
depende de la existencia previa de un matrimonio, pero no al revés, pues el
matrimonio no depende en lo absoluto de la existencia de un régimen
patrimonial. Así, el argumento de la Sala Plena sobre la vigencia de la
sociedad conyugal como requisito imprescindible para verificar la subsistencia
de un vínculo entre los cónyuges separados de hecho es equivocado.
En segundo lugar, esta Corporación
ha señalado que la determinación de los requisitos exigidos a los cónyuges para obtener la pensión de sobrevivientes es un asunto
inherente al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.[73]
Esto no significa que el legislador haya desconocido o modificado la
legislación civil sobre derechos y deberes del matrimonio, sino simplemente que
la seguridad social es un área del derecho autónoma frente al ordenamiento
civil. Al tratarse de regímenes jurídicos diferentes, es natural que los
principios y finalidades que rigen su aplicación sean también diferentes. Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado:
“Ahora bien, sobre la denominada pensión de
sobrevivientes, actúan circunstancias fácticas y principios jurídicos
superiores relativos a esta disciplina jurídica, los cuales poseen sus propios
ámbitos y principios teleológicos, que difieren ostensiblemente del régimen
legal de la familia, dado que éste último se halla conectado e influenciado
estrechamente con derechos clásicos del derecho privado como los de propiedad y
sucesiones, mientras que los principios de la seguridad social se encuentran
animados por razones de servicio público, y de protección social, cuyas normas,
instituciones y procedimientos tienden a proteger la calidad de vida de los
habitantes del territorio nacional.”[74]
En el argumento (iii), la
Sala Plena sostuvo que la sociedad conyugal es un factor determinante para
verificar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes debido a
que el artículo 1781 del Código Civil establece que las “pensiones” hacen parte
de sociedad conyugal. Este razonamiento, no obstante, contradice lo establecido
por la jurisprudencia constitucional al mezclar de manera artificiosa dos
regímenes jurídicos con el fin justificar la vigencia de los efectos
patrimoniales del matrimonio como requisito para obtener la pensión de
sobrevivientes.
En mi opinión, la Sala Plena
desconoció el hecho de que el Sistema de Seguridad Social en Pensiones y el
régimen patrimonial del matrimonio obedecen a lógicas diferentes. Mientras que la pensión de sobrevivientes busca
evitar que los familiares cercanos del causante queden desamparados luego de su
fallecimiento, la sociedad conyugal regula las
relaciones económicas de la vida marital y su existencia depende de la voluntad
de los cónyuges. Por ello, al tratarse de figuras disímiles, no es congruente
con la protección del derecho fundamental a la seguridad social exigir al
cónyuge sobreviviente la vigencia de los efectos patrimoniales del matrimonio
para acceder al amparo de las prestaciones pensionales.
Los
requisitos establecidos por el legislador para que los cónyuges sean
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes deben obedecer a criterios
socioeconómicos relacionados con la convivencia efectiva y la dependencia
económica y no, como lo sostiene la Sala Plena, a la vigencia del régimen
patrimonial de la pareja. Resulta injusto y
desproporcionado que, por el solo hecho de no tener vigente la sociedad
conyugal, la norma acusada niegue la prestación pensional al cónyuge con quién
el causante tuvo una relación de afecto, apoyo y cuidado mutuo, y con quien
convivió durante el tiempo en el que pudo trabajar y aportar al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones.
En su decisión, la Sala Plena ignoró el
hecho de que en Colombia los derechos pensionales se van construyendo con los
aportes a la seguridad social que hacen las personas a lo largo de su vida, y
que en este sistema son tradicionalmente los hombres quienes a través de su
trabajo realizan los aportes para adquirir el derecho a la pensión. Las
mujeres, en cambio, se dedican en su mayoría a realizar actividades domésticas
(como el cuidado del hogar y de los hijos) que hasta hace poco no eran
valoradas desde el punto de vista económico.[75] Esta concepción de “género
neutro del sistema de seguridad social”[76]  termina por desproteger
a las mujeres que apoyaron al hombre en la construcción de su derecho a la
pensión, pero que, según la norma acusada, no mantuvieron vigentes los efectos
patrimoniales del matrimonio.
Las normas del Sistema de
Seguridad Social en Pensiones omiten dar cuenta del posicionamiento de los
sujetos que regulan, por lo que las mujeres terminan siendo invisibilizadas en
la cadena de distribución de las prestaciones pensionales: el 71% de los
contribuyentes del sistema son hombres, en tanto que el 83% de las personas
registradas como beneficiarias son mujeres.[77] Lo anterior
significa que en su mayoría son las mujeres quienes se ven afectadas con la
norma acusada en tanto son ellas las principales beneficiarias de la pensión de
sobrevivientes. Además de ser un criterio inadecuado para determinar la
subsistencia de la relación marital entre cónyuges separados de hecho, la
exigencia de mantener vigente la sociedad conyugal contradice los fines de la
seguridad social en tanto desampara precisamente a las mujeres que apoyaron a
su marido en la construcción del derecho a la pensión y dependían
económicamente de él.[78]
En suma, considero que la Sala
Plena se equivocó al analizar el inciso final del literal b) de la Ley 797 de
2003 según lo dispuesto por artículo 1781 del Código Civil y no según los
objetivos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Desde la perspectiva
integral del matrimonio y del derecho a la seguridad social, la vigencia de los
efectos económicos del matrimonio no es un criterio adecuado para efectos de
conceder el derecho a la pensión de sobrevivientes. En su lugar, la Sala debió
acudir al énfasis que la jurisprudencia constitucional ha hecho sobre la
convivencia efectiva y la necesidad económica del cónyuge sobreviviente.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DE
LA
MAGISTRADA DIANA
FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA
C-515/19
Referencia: Expediente D-12515
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del literal
b) del artículo 13 parcial de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales”.
Cónyuges
comparables
1. Comparto la decisión de la Sala
Plena de la Corte Constitucional adoptada en la Sentencia C-515 de 2019, en la
cual se resolvió declarar constitucional la regla legal acusada; a saber:
considerar constitucional que se establezca como beneficiaria de una cuota
parte de la pensión de sobreviviente, a una persona que sea cónyuge de la
persona causante, en casos en los cuales no hubiese existido convivencia
simultánea en los últimos cinco años antes del fallecimiento, siempre y cuando se
mantuviera la sociedad conyugal vigente.[79] Comparto
varias de las consideraciones presentadas en la sentencia y que la regla no es
contraria a la Constitución. No obstante, con el respeto acostumbrado por las
decisiones de Sala, aclaro mi voto por considerar que no son grupos de personas
incomparables y que, por tanto, puedan ser tratadas en principio de forma
diferente. La constitucionalidad se debe a que una vez comparados estos grupos,
se concluye que el trato diferente se funda en un criterio objetivo y
razonable. De hecho, así lo sugiere la propia Sentencia C-515 de 2019 como paso
a explicar.
2. Si bien la Sentencia C-515 de
2019 afirma categóricamente que ambos grupos de personas son incomparables
porque se encuentran en situaciones jurídicas distintas, efectivamente los compara.
En efecto, en el párrafo 76 de las consideraciones, se concluye que “no hay mérito para
continuar con el análisis de las etapas subsiguientes del juicio de igualdad,
por cuanto, es claro que no existen sujetos comparables que se encuentren en
situaciones de hecho o de derecho comparables, por cuanto, aquellos que se
separaron de hecho (efectos personales) y que liquidaron su sociedad conyugal
(efectos personales), no pueden tener una expectativa pensional dada la
inexistencia de lazos afectivos o económicos entre el cónyuge supérstite y el
causante”.
3. La sentencia sostiene la
incomparabilidad entre estos dos grupos de personas (cónyuges con sociedad
conyugal vigente y cónyuges sin sociedad conyugal vigente) en cuatro razones.
Al analizarlas, se advierte que sí es posible comparar los dos grupos y que hay
argumentos en favor de la razonabilidad constitucional del trato diferente.
4. La primera de las razones dadas
es que se trata de cónyuges que están en situaciones jurídicamente distintas.
Dice al respecto,
“En primer lugar, señala la Corte que
estos dos grupos de sujetos están en un diferente plano jurídico y fáctico. Por
un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en
su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la
cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo
menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos
que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho
con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen
los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de
hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que
permitan inferir su calidad de beneficiario”[80]
5. Como se advierte, la Sala está
identificando y caracterizando los dos grupos a comparar, mostrando cómo en un
caso se preserva la sociedad conyugal y sus efectos, mientras que en el otro no. Esto
es, se precisa el criterio con base en el cual se realiza la diferencia. Ahora
bien, justamente lo que le corresponde a la Corte establecer es si este
criterio de diferenciación es constitucional para fijar un trato distinto entre
los dos grupos, respecto de la posibilidad de ser beneficiarios de una pensión
de supervivencia.
6. La segunda razón para señalar que ambos grupos son
incomparables, es que existen razones para que se dé un trato diferente. Dice
la sentencia:
“El derecho a la igualdad se predica ante todo
de las personas. Son estas las que deben ser tratadas de acuerdo al principio
de igualdad, esto es, de forma similar cuando estén en situaciones similares y
de forma diferente cuando se encuentren en situaciones diferentes, que así lo
justifiquen. De hecho, por regla general las instituciones jurídicas (un tipo
de contrato, de beneficio social o de procedimiento, por ejemplo) no son
comparables en abstracto. Sólo lo son, si se muestra que existe un impacto
directo o indirecto en un determinado grupo de personas de la sociedad, que
estarían recibiendo algún trato contrario al principio de igualdad. El
principio en materia de aplicación del principio y el derecho de igualdad entre
todas las personas es, por tanto, la comparabilidad, no la incomparabilidad. […]”[81]
7. Como se advierte, el párrafo
transcrito no demuestra que los grupos de cónyuges no son objeto de
comparación, lo que demuestra es que existen razones válidas y legítimas para
que el Legislador haya dado un trato diferente a estos dos grupos, con relación
al ser o no beneficiarios de una prestación social específica. De hecho este
párrafo transcrito de la sentencia (número 73) termina en los siguientes
términos,
“[…]
Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge
acredite la convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no
simultánea-, que el cónyuge supérstite acredite la vigencia del vínculo
patrimonial –sociedad conyugal-, que de manera voluntaria decidieron mantener
con el causante, pese a la separación de hecho.”[82]
8. Así es. Una vez se compara la
situación jurídica entre un grupo de cónyuges y el otro, se advierte que es
razonable constitucionalmente hacer una distinción en el trato dado. El aspecto
en que se diferencian ambas situaciones, la existencia de una sociedad de
carácter patrimonial, es un asunto relevante para dar un trato distinto con
relación a la pensión de sobrevivientes, en tanto ésta presupone que se
mantengan justamente estos vínculos económicos y patrimoniales.
9. En tercer lugar, la Sentencia
C-515 de 2019 establece que existen reglas propias del ordenamiento jurídico
que llevan a dar un trato diferente a los dos grupos de cónyuges, por cuanto lo
contrario llevaría a ir en contra de las normas legales civiles aplicables.
Dice la sentencia al respecto,
“En tercer lugar, la condición acusada
de inconstitucional contenida en la norma bajo estudio es determinante para
verificar la calidad de beneficiario respecto del causante, no solo desde la
perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los efectos
que produce la disolución de la sociedad conyugal. […]  cuando
la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado
dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el
derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa
de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. […].”[83]
10. Como se ve, este argumento no
demuestra que ambos grupos son incomparables sino que la diferencia de trato,
cuando se les compara, está justificada. Teniendo en cuenta los efectos propios
de una y otra situación, es razonable constitucionalmente dar ese trato
diferente.
11. Por último, la Sentencia C-515
de 2019 manifiesta que este trato diferente no sólo lo encuentra razonable la
Corte Constitucional a la luz de la Carta, sino que también la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia ha llegado a la misma conclusión.[84]
En un caso analizado por esa alta corte, se demostró que los cónyuges
mantuvieron ‘las obligaciones de socorro y ayuda mutua’, a pesar de la
disolución de la sociedad conyugal, por lo que era razonable a su parecer el
acceso al beneficio de seguridad social contemplado.
12. En síntesis, la Sentencia
C-515 de 2019 sí da razones por las cuales es constitucionalmente razonable dar
un trato distinto a uno y otro grupo de cónyuges, luego de compararlos. Esa es
la razón por la cual, si bien no comparto la tesis estructural de la sentencia
sobre la incomparabilidad de ambos grupos de personas, sí acompaño la
conclusión a la que llega de exequibilidad. Ahora bien, esta situación es
preciso comentarla y resaltarla por cuanto genera un problema de coherencia en
la jurisprudencia y abre el peligroso camino de la incomparabilidad.
13. Se afecta la coherencia jurisprudencial,
por cuanto en este caso no se pueden responder algunas preguntas importantes
respecto a los criterios aplicados. Por ejemplo, no se determina cuál es la
intensidad del juicio de constitucionalidad aplicado y, por tanto, cuáles son
los criterios para evaluar la relación entre el medio elegido (la diferencia de
trato) y el fin buscado con la medida; tales cosas no se responden.
14. Y de otro lado, uno de los
peligros y amenazas más graves que existen al derecho a la igualdad es dejar de
hacer un juicio de igualdad porque, de entrada, los grupos de personas se
consideran incomparables. Los regímenes y tratos discriminatorios a personas en
razón a su sexo, a su raza, a su etnia o a su religión, por mencionar tan sólo
unos casos, han logrado justificar los tratos diversos en razón a que son
personas que se encuentran en situaciones de hecho diferentes. ¿Cómo se
pretende dar el mismo trato a la mujer que al hombre si son casos claramente
distintos? ¿Cómo se pretende dar el mismo trato a matrimonios de personas de
sexo distinto o de la misma raza, a matrimonios entre personas del mismo sexo o
de razas distintas? Desafortunadamente, en algunas ocasiones se ha considerado
que estos grupos de personas son tan distintos entre sí, son tan radicalmente ‘otras
personas’, que se ha concluido que, entonces, son incomparables y, en
principio, recibir tratos diferentes no debe ser sometido al escrutinio
judicial.
15. En otras palabras, la
imposibilidad de comparar entre sí a las personas como justificación para no
tener que hacer un juicio de igualdad es uno de los peligrosos caminos hacia la
normalización de los tratos desiguales injustificados y las discriminaciones
fundadas en prejuicios.
16. Por tanto, apoyo la decisión
de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-515 de 2019, de
declarar constitucional de la regla legal estudiada que establece un trato
diferente entre dos tipos de personas, pero no porque estas sean incomparables,
sino porque es un trato distinto entre cónyuges comparables (con y sin sociedad
conyugal vigente) que es razonable a la luz de la Constitución.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Ver
cuaderno principal, folios 22-26.
[2] Ver
cuaderno principal, folios 28-36.
[3] Ver
cuaderno principal, folios 94-95.
[4] Ver
cuaderno principal, folio 1.
[5] Ver
cuaderno principal, folios 3-4.
[6] Ver
cuaderno principal, folio 19.
[7] Ibid.
[8] En la
Secretaría General de la Corte Constitucional se recibieron los siguientes
escritos de intervención: (i) el 5 de marzo de 2018, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a través del señor Jairo Rivera Sierra (Fl. 64); (ii) el 5 de
abril de 2018, la Universidad de la Sabana, por intermedio del señor Pablo
Rivas Robledo, miembro activo de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho
u Ciencias Políticas (Fl.73); (iii) el 18 de abril de 2018, la Cámara de
Servicios Legales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI, a
través de las señoras Adriana Zapara Giraldo y Claudia Amore Jiménez, y el
señor Alberto Echavarría Saldarriaga (Fl. 82); (iv)  el 24 de mayo de 2019, la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, por intermedio del Asesor
de Asuntos Legales Oscar Eduardo Moreno Manríquez (Fl. 145); (v) el 28 de mayo
de 2019, la Universidad del Rosario, a través del señor Iván Daniel Jaramillo
Jassir (Fl.166); (vi) el 29 de mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por intermedio del Asesor Esteban Jordán Sorzano; (vii) el 29
de mayo de 2019, la Universidad Libre, a través de los profesores Jorge Kenneth
Burbano Villamarín y Diana Jiménez Aguirre (Fl 181); (viii) el 5 de junio de
2019, el Ministerio de Trabajo, por intermedio del señor Alfredo José Delgado
Dávila, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (Fl. 186); y (ix)
el 6 y 7 de junio de 2019, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, por intermedio del señor Jhon Jairo
Beltrán Quiñones, en calidad de Subdirector Jurídico de Asesoría y
Conceptualización Pensional (Fl. 195).
[9] Ver cuaderno
principal, folio 84.
[10] Ver
cuaderno principal, folio 81.
[11] Ver
cuaderno principal, folio 85.
[12] Ver
cuaderno principal, folio 150.
[13] En ese
sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que “los
cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente y los cónyuges
separados de hecho con sociedad conyugal disuelta están en situaciones
diferentes, a saber: En el primer caso, desaparecen los dos efectos esenciales
del matrimonio, el efecto personal (no hay convivencia por la separación de
hecho) y el efecto patrimonial (no hay sociedad conyugal vigente). En el
segundo, desaparece solo uno de los efectos esenciales del matrimonio, esto es
el efecto persona por la separación de hecho, mientras que el efecto
patrimonial continúa vigente por cuanto se ha liquidado la sociedad conyugal.” Ver
cuaderno principal, folio 172.
[14] Ver
cuaderno principal, folio 152.
[15] Ver
cuaderno principal, folios 174 y 175.
[16] Ver
cuaderno principal, folio176.
[17] Ver
cuaderno principal, folio 67.
[18] Ver
cuaderno principal, folio 209.
[19] Corte
Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y C-007 de 2016.
[20] Corte
Constitucional, sentencia C-774 de 2001.
[21] Corte
Constitucional, sentencias C-206 de 2016 y C-207 de 2016, entre otras.
[22] Con el fin
de evitar en lo posible un fallo inhibitorio, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que la apreciación de los requerimientos precitados debe realizarlo
la Corte a la luz del principio pro actione, lo cual, por lo menos, le
implica indagar en qué consiste la pretensión del accionante. Al respecto, en
la sentencia C-372 de 2011, la Corte manifestó: “(…) con base en la
jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del
cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio
pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento
vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la
Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo”. En línea con lo anterior, en la sentencia C-623 de
2008, reiterada, entre otras, en las sentencias C-894 de 2009, C-055 y C-281 de
2013, este Tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de
la demanda en los siguientes términos: “(…) Aun cuando en principio, es en
el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos
mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas
sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado
Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del
Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir
de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art.
241-4-5)”.
[23] Corte
Constitucional, sentencias C-283 de 2014, C-257 de 2015, C-089 de 2016, C-189
de 2017, C-394 de 2017, entre otras.
[24] Corte
Constitucional, sentencia C-394 de 2017.
[25] Corte
Constitucional, sentencias C-104 de 2016 y C-374 de 2017.
[26] Corte
Constitucional, sentencia C-250 de 2012.
[27] Ver,
cuaderno principal, folio 33.
[28] Ver,
cuaderno principal, folio 33.
[29] Ver, entre
otros, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[30] Corte
Constitucional, sentencia C-022 de 1996.
[31] Corte
Constitucional, sentencias C-015 de 2014 y C-179 de 2016.
[32] Corte
Constitucional, sentencia C-741 de 2003.
[33] Ver al respecto el precursor artículo de Tussman &
tenBroek, “The Equal Protection ot the Laws”, 37 Calif.L.Rev. 341
(1949), citado por la sentencia C-741 de 2003.
[34] Corte
Constitucional, sentencia C-093 de 2001.
[35] En este
sentido, la Corte ha señalado que el juicio de proporcionalidad no puede ser
aplicado con la misma intensidad en todos los casos. De no proceder así (es
decir, si siempre se aplicara la misma intensidad en el análisis de
proporcionalidad), las competencias de los diferentes órganos del Estado, al
igual que las posibilidades de actuación de los particulares en ejercicio de la
libre iniciativa privada, podrían resultar anuladas o afectadas gravemente. Lo
anterior se debe a que, en últimas, en este paso lo que se analiza es si la
diferenciación prevista por la medida analizada es o no proporcional. Corte
Constitucional, sentencias C-093 de 2011, C-673 de 2011 y C-104 de 2016.
[36] Corte
Constitucional, sentencias C-114 y C-115, ambas de 2017.
[37] Este juicio maximiza la separación de poderes y el
principio democrático, representando el ámbito de intervención menos intenso
del juez constitucional en asuntos de competencia del legislador. Inicialmente,
se aplica a eventos en los que la medida estudiada desarrolla una competencia
específica definida en cabeza de un órgano constitucional; la medida estudiada
aborda cuestiones económicas, tributarias o de política internacional; o del
análisis de dicha medida no se advierte, prima facie, que la
diferenciación que ella establece afecte de forma grave el goce de un derecho
fundamental. El juicio leve de igualdad, que presupone siempre un examen
independiente de la licitud de la medida, tiene como propósito analizar dos
cuestiones: (i) si determinada distinción –medida– persigue una finalidad
constitucional legítima o no prohibida por la Constitución. En caso de ser ello
así, se requiere además establecer si (ii) el medio puede considerarse, al
menos prima facie, como idóneo para alcanzar la finalidad identificada.
[38] Se ha
aplicado por la Corte cuando, entre otras, existe un indicio de arbitrariedad
que pueda haber una afectación a la libre competencia, cuando se trata de
acciones afirmativas como medidas de discriminación inversa (ver sentencia
C-115 de 2017), cuando la medida puede resultar potencialmente discriminatoria
(ver sentencias C-104 de 2016 y C-534 de 2016), cuando la medida puede afectar
varios derechos fundamentales (ver
sentencia C-673 de 2001) o cuando se pueda afectar el goce de un derecho no
fundamental. El juicio intermedio de igualdad está compuesto también de dos
pasos analíticos, orientados a determinar (i) si la distinción prevista por la
medida analizada se orienta a conseguir un propósito constitucionalmente
importante; y (ii) si el medio elegido es efectivamente conducente para el
logro de esa finalidad.
[39] se aplica,
en principio, cuando la diferenciación que se estudia utiliza una categoría
sospechosa (como aquellas mencionadas en el artículo 13 de la Constitución a
modo de prohibiciones); cuando implica la afectación de los derechos de
personas en condición de debilidad manifiesta, o pertenecientes a grupos
marginados o discriminados; interfiere con la representación o participación de
sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones; genera la afectación de
los derechos de minorías insulares y discretas; establece un privilegio; o
afecta de manera grave, prima facie, el goce de un derecho
constitucional fundamental. Este análisis, el más riguroso, tiene como
propósito determinar (i) si la distinción prevista en la medida analizada
persigue una finalidad imperiosa, urgente o inaplazable; (ii) si dicha
distinción es efectivamente conducente para lograr esa finalidad; (iii) si la
distinción es necesaria, en el sentido de que es el medio menos gravoso para
lograr con el mismo nivel de eficacia la finalidad perseguida; y (iv) si es
proporcional en sentido estricto, es decir, si los beneficios de adoptar la
medida analizada exceden las restricciones impuestas sobre otros principios y
valores constitucionales.
[40] El
artículo 48 de la Constitución Política dispone que la seguridad social es un
servicio público y un derecho de carácter irrenunciable, el cual debe ser
prestado por el Estado con fundamento en los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
[41] Ley 797 de
2003, artículo 12, establece: “El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará
así: Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 2. Los
miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento [...]”
[42] En la
sentencia C-066 de 2016, en lo que respecta a la pensión de sobrevivientes
contenida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la Corte sostuvo que “pueden
presentarse dos hipótesis, la primera consistente en lo que se ha denominado
como sustitución o subrogación pensional, caso en el que la misma ya está
sufragada en tanto que el causante es pensionado; y la segunda referente a la
pensión de sobrevivientes, evento en el que su financiamiento es menos riguroso
ya que el afiliado fallecido no consolidó derecho pensional alguno”
[43] “Al
respecto, esta Corte ha sostenido que el propósito perseguido por la ley al
establecer la pensión de sobrevivientes, es ofrecer un marco de protección a
los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las
contingencias económicas derivadas de su muerte. (Cfr. C-1176/01)”.
[44] Corte
Constitucional, sentencias C-967 de 2003, C-1094 de 2003, C-336 de 2014.
[45] Corte
Constitucional, sentencia C-083 de 2019.
[46] Corte Constitucional, sentencia C-336 de 2014.
[47] A
continuación, se incluye la tabla de resumen de requisitos de la sentencia
C-366 de 2014:
Beneficiario
Causante
Modalidad de la pensión
Condiciones
Cónyuge o Compañero permanente igual o mayor de 30 años de edad
Afiliado o pensionado
Vitalicia
Edad cumplida al momento del fallecimiento y demostración de
vida marital de no menos de 5 años continuos anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero permanente menor de 30 años de edad
Afiliado o pensionado
Temporal
-20 años-
No haber procreado hijos con el causante.
Cónyuge o Compañero permanente menor de 30 años de edad
Afiliado o pensionado
Vitalicia
Haber procreado hijos con el causante y demostración de vida
marital durante los 5 años anteriores a la muerte.
Compañero permanente
Pensionado
Proporcional
Pensionado con compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir.
Cónyuge y Compañero permanente
Afiliado o pensionado
Partes iguales
Convivencia simultánea durante los 5 años anteriores a la
muerte.
Cónyuge con separación de hecho y Compañero permanente
Afiliado o pensionado
Partes iguales
Inexistencia de convivencia simultánea, acreditación por parte
del cónyuge de la separación de hecho, compañero permanente con convivencia
durante los 5 años anteriores a la muerte
Aunque en la sentencia
C-336 de 2014 la Corte en este supuesto de convivencia no simultánea solo hizo
referencia expresa a la separación de hecho como requisito para que el cónyuge
obtenga el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, del contenido del
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se colige
que se debe probar la sociedad conyugal vigente a la fecha de la muerte del
causante, como condición necesaria para que esta pensión se conceda al cónyuge
supérstite.
[48] Corte
Constitucional, sentencia C-1035 de 2008, reiterada por la sentencia C-336 de
2014.
[49] Corte
Constitucional, sentencia C-635 de 2012, reiterada por las sentencias C-394 de
2017 y C-135 de 2019.
[50] Corte
Constitucional, sentencia C-746 de 2011 y C-336 de 2014.
[51] Corte
Constitucional, sentencia C-336 de 2014.
[52] Corte
Constitucional, sentencia C-1495 de 2000, reiterada por las sentencias C-746 de
2011 y C-336 de 2014.
[53] Ibid.
[54]
Artículo 1820, numeral 5° del Código Civil.
[55] Código
Civil, art. 152.
[56] Código
Civil, art. 176.
[57] Al
respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 5 de abril de 2005,
rad. 22560, señaló que debía entenderse por cónyuges “a quienes mantengan
vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común,
entendida esta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las
circunstancias como podrían ser exigencias laborales o imperativos legales o
económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia”. En
opinión del Ministerio de Hacienda, “un elemento económico y un elemento de
vocación de convivencia, son los elementos esenciales de la definición de
cónyuge. Resulta discutible la condición de beneficiario de la norma demandada,
para el caso del esposo o esposa que voluntariamente consintió la disolución de
la sociedad conyugal, dividió bienes y no sostuvo una unión marital hasta la
muerte del causante”.
[58] Sobre el
particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado
que la convivencia es aquella “comunidad de vida, forjada en el crisol del
amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la
asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito
de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una
convivencia real efectiva y afectiva –durante los años anteriores al
fallecimiento del afiliado o pensionado.” (Subrayado fuera del texto
original). Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
del 2 de marzo de 1999 y 14 de junio de 2011. Radicado 31605.
[59] En la
sentencia C-1035 de 2008, la Corte explicó que los principios que definen la
pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, según corresponda, son: “(i)
Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante,
cuyo objeto es que a través de la sustitución pensional se mantengan, al menos
en el mismo grado de seguridad social y económica, a los beneficiarios
afectados con la muerte del pensionado, que de no ser así conduciría a una
desprotección y a una posible miseria, de allí la necesidad de establecer los
grados de prelación para efectos de determinar las personas más cercanas al
causante y que más dependían del mismo. (ii) Principio
de reciprocidad y solidaridad entre el causante
y sus allegados, el cual busca impedir que con ocasión de la muerte de uno
de los miembros de la pareja, el otro se vea en la obligación de soportar las
cargas materiales y espirituales que conlleva el deceso. (iii)
Principio material para la definición del
beneficiario, que consiste en determinar, bajo
el criterio material acogido por el legislador, quien es el beneficiario
de la sustitución pensional, el cual se obtiene de verificar quien tuvo mayor
convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado”.
[60] La Corte
Constitucional, en la sentencia C-081 de 1999, manifestó que no pueden
confundirse los derechos herenciales con el reconocimiento de prestaciones
sociales ocasionadas por la muerte de uno de los miembros de la pareja, ya que
se trata de instituciones jurídicas diferentes. Así, en este caso, tendrá
derecho a la pensión de sobrevivientes la cónyuge supérstite que cumpla con los
requisitos señalados en el numeral 61 anterior. Adicionalmente, si bien podría
considerarse que la pensión como seguridad social no se encuentra regulada en
el artículo 1781 del Código Civil, no es extraño tampoco que dicho Código
permitiese la celebración de contratos de renta vitalicia. En este sentido, el
articulo 2287 del mismo Código señala que “La constitución de renta
vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga, a título
oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida de
cualquiera de estas dos personas de un tercero”.
[61]
Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2014.
[62] En esa
misma dirección, en cuanto a los efectos de la disolución de la sociedad
conyugal, el Consejo de Estado ha señalado que la separación de hecho y la
liquidación su sociedad conyugal, “son causales suficientes para perder
aquel derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes se refiere”. Esto, por cuanto, “los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que
alguna vez conformaron”. En todo caso, aclaró que “[n]o obstante, el
cónyuge supérstite si puede tener derecho al reconocimiento de la mencionada
prestación, si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado, o en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que
conformó producto del matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales.”
Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 04442-01
(1076-2015).
[63] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 13 de marzo de
2012. Radicado 45038.
[64] En este
punto, la sentencia de casación precitada señaló: “En sede de instancia,
cabe resaltar que […] consta la Escritura Pública 5607 de 30 de
noviembre de 2001, en la que María Angélica Sierra y Ramón Antonio Castrillón
Uribe disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal en el que las partes
incorporaron al referido documento la siguiente cláusula: “se deja constancia
que al momento de morir el [causante] la pensión en su totalidad quedará
de la [cónyuge supérstite] junto con los demás derechos derivados de la
seguridad social que por ley le pertenecen”.
[65] Este argumento se encuentra desarrollado en el
párrafo 72 de la sentencia.
[66] Este argumento se encuentra desarrollado en el
párrafo 72 de la sentencia.
[67] Este argumento se encuentra desarrollado en los
párrafos 73 y 79 de la sentencia.
[68] Este argumento se encuentra desarrollado en el
párrafo 74 de la sentencia.
[69] Este argumento se encuentra desarrollado en el
párrafo 79 de la sentencia.
[70] La ausencia del cumplimiento de los requisitos
naturales del matrimonio no impide que este nazca a la vida jurídica o produzca
efectos. Esta premisa encuentra su fundamento legal en el artículo 1501 del
Código Civil que dispone que “[s]e distinguen en cada contrato las cosas que
son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales.
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce
efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de
un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas
que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de
cláusulas especiales”. En el mismo sentido, la Corte ha sostenido lo
siguiente: “Si bien es cierto que en el matrimonio estos efectos [patrimoniales]
se dan de manera inmediata, no lo es menos que puede haber manifestación en
contrario por parte de la pareja, o incluso pueden existir acuerdos específicos
a través de las capitulaciones. Esto ocurre porque la sociedad de bienes no
es parte de la esencia del contrato matrimonial. (Subrayado fuera del
texto original)”. Corte Constitucional, sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[71] Corte Constitucional, sentencia C-533 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[72] Helí Abel Torrado, Derecho de familia. Matrimonio,
filiación y divorcio, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2018 pp. 108 y
109 y Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho de familia, infancia y adolesencia,
Librería Edicions del Profesional, Bogotá, 2014, pp. 296 y 287.
[73] Corte Constitucional, sentencia C-1094 de 2003, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-081 de 1999, M.P.
Fabio Morón Díaz.
[75] En ese
punto es necesario mencionar la sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita
Barón, la cual fue pionera en el reconocimiento del valor económico del trabajo
doméstico de la mujer. Así mismo, es importante resaltar la
expedición de Ley 1413 de 2010 “Por medio de la cual se regula la
inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el
objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social
del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de
políticas públicas”. Esta norma busca visibilizar
la contribución silenciosa de las mujeres al desarrollo económico y reconocer
simbólicamente el valor innegable del trabajo femenino en la construcción de la
riqueza nacional.
[76] Beth Goldbart, Developing the Right to Social
Security – A Gender Perspective, Routledge Taylor & Francis Group,
Londres, 2016, p. 10.
[77] Lina F. Buchely Ibarra, El precio de la
desigualdad. Análisis de la regulación del trabajo doméstico desde el DDL,
Universidad del Rosario, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2012, 14 (2), pp.
128.
[78] La sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón,
precisó: “Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con la
visión que estima que el trabajo doméstico es invisible y carece de significado
económico por cuanto estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en
las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera
derechos fundamentales de la persona humana”.
[79]
Corte Constitucional, Sentencia C-515 de 2019. M.P. Alejandro
Linares Cantillo. A.V. Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger.
[80]
Ibídem
[81]
Ibídem
[82]
Ibídem
[83]
Ibídem
[84]
Dice la Sentencia C-515 de 2019 al respecto: “Finalmente, advierte la Sala que la demanda se apoyó en
consideraciones realizadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en la sentencia del 13 de marzo de 2012. En esa ocasión, el alto
tribunal concedió pensión de sobrevivientes a un cónyuge supérstite que no
mantenía convivencia con el causante y además tenía disuelta la sociedad
conyugal. Frente a esto, es necesario aclarar que si bien el alto tribunal interpretó
el último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en el
sentido de dar prevalencia a los efectos personales sobre los patrimoniales,
también lo es que la decisión estuvo marcada por la existencia de un elemento
de juicio determinante: la manifestación expresa del causante de dejar como
beneficiaria de su pensión a la cónyuge; prueba que, a juicio de la Sala
Laboral, demostró que los cónyuges mantuvieron ‘las obligaciones de socorro y
ayuda mutua’, a pesar de la disolución de la sociedad conyugal. Por esto, y en
razón a que ese caso se trató el supuesto de convivencia simultánea entre
cónyuges, diferente al de convivencia no simultánea, estima la Corte que este
caso particular no puede ser fundamento para un análisis en control abstracto
de la disposición acusada.”.