T-010-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-010/12
FUNDACION
SAN JUAN DE DIOS-Contenido y alcance de las órdenes dadas en la SU-484/08
Sólo las situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a la promulgación de la sentencia de unificación
SU-484 de 2008, gozan de seguridad jurídica y se debe respetar la institución
de la cosa juzgada. Las otras situaciones jurídicas que no han sido resueltas
de manera definitiva por las autoridades judiciales y administrativas deben
tener en cuenta el precedente fijado en la SU-484/08, al momento de definir el
alcance de los derechos invocados por los ex trabajadores de la Fundación San
Juan de Dios y las instituciones de salud anexas al mismo.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS DICTADAS EN EL TRAMITE DE INCIDENTE DE DESACATO-Reiteración
de jurisprudencia
FALLOS DE
TUTELA-Cumplimiento y procedimiento para hacerlos efectivos/CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias
De acuerdo con la anterior, se puede concluir que las
diferencias entre el  desacato y el cumplimiento son las  siguientes: i) El
cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional;  el
desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación
legal. ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la
exigida para el desacato es subjetiva. iii) La competencia y las
circunstancias  para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos
27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los
artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo
normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia. iv) El desacato es a
petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque  v) puede
ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público."
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL SOBRE EL INCIDENTE DE DESACATO-Naturaleza y objeto
El incidente de desacato es un mecanismo de creación
legal que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por
intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez
constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con
arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se
protejan derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional también ha precisado que en caso de
que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo
que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la
imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el
supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar
al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto
cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del
actor.
INCIDENTE
DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del juez
La autoridad judicial que decide el desacato debe
limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el
término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma”. Esto, con el
objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna
y completa (conducta esperada). (Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). En
conclusión, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió
la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo
fue total o parcial, identificando las razones por las cuales se produjo con el
fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho
y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente,
si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada - proporcionada y
razonable - a los hechos.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia
excepcional cuando se generen situaciones que comprometan derechos
fundamentales, especialmente debido proceso, de las personas que fueron parte
en tutela previamente resuelta
Esta Corporación ha sostenido que excepcionalmente es
posible cuestionar mediante la acción de tutela la decisión que pone fin al
trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno,
comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso,
de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Requisitos
para que prospere
Esta Corte en un principio sostuvo que para que
prosperara la acción de tutela contra una providencia que resuelve un incidente
de desacato era necesario que: (i) se estuviera en presencia de una vía de
hecho y (ii) la decisión proferida en el trámite de desacato se encontrara
ejecutoriada. Sin embargo, como se señaló anteriormente, esta Corporación en la
sentencia C-590 de 2005, estimó necesario redefinir el concepto de "vía
de hecho" incluyéndolo dentro de uno más amplio que abarca los requisitos
de procedibilidad, razón por la cual, en jurisprudencia reciente sobre el tema la
Corte Constitucional ha aclarado que la acción de amparo, procede en contra de
una providencia que decidió un incidente de desacato cuando: (i) además de
estar ejecutoriada la providencia que resuelve el desacato, se (ii) reúnan los
requisitos generales de procedibilidad y se (iii) configure por lo menos una de
las causales especiales que hacen viable la acción de tutela contra
providencias judiciales. Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que,
además de los anteriores requisitos, es preciso que: "(i) los argumentos
del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela
deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron
ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la
solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el
juez no tenía que practicar de oficio". De lo anterior se puede concluir,
que la acción de tutela excepcionalmente  procede en contra de las providencias
judiciales que resuelven un incidente de desacato.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Facultades
del Juez Constitucional
En este caso, el nuevo juez
constitucional podrá (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que
denegaron dar trámite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el
fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo
(iii) o que hubiere decretado una sanción al obligado a cumplirlo sin el
respeto por el debido proceso.
NULIDAD DE
SENTENCIA PROFERIDA POR SALA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Exige
para su procedencia presupuestos de carácter formal y de naturaleza sustancial
Es necesario resaltar que la
opción de impetrar una nulidad contra una sentencia proferida por una de las
Salas de Revisión es eminentemente excepcional.  Por tanto, dicha solicitud no
implica per se la existencia de un recurso contra los fallos, ni una
posibilidad adicional para que se suscite un nuevo debate jurídico.  Solamente
se trata de una competencia atribuida por el ordenamiento a la Sala Plena de la
Corte Constitucional para “declarar las nulidades que se presenten en cualquier
etapa del proceso”. Siendo el incidente de nulidad una figura judicial
excepcional,  exige para su procedencia ciertos presupuestos, unos de carácter
formal y otros de naturaleza sustancial. Así las cosas, conforme al carácter extraordinario
de esta figura, sustentado sobre todo en la entidad de las decisiones
proferidas por este Tribunal como órgano de cierre, se ha precisado que, de una
parte, las causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y
legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por
otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad, debe
alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la
anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la sentencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA ACCION DE TUTELA-Improcedencia/ACCION DE TUTELA PARA
SOLICITAR NULIDAD DE SENTENCIA DE UNIFICACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En conclusión, ha llevado a
que la Corte reitere en cuanto a la naturaleza de este trámite, que consiste en
un examen sobre la validez de las decisiones adoptadas por la Corporación, a
partir de unos eventos excepcionales circunscritos, se insiste, a la afectación
grave y trascendental del debido proceso.  Como tal, se advierte, ha reiterado
que este incidente no constituye una nueva instancia ni un recurso a partir del
cual se debata en nueva oportunidad el fondo de la controversia.  Por ello,
todos y cada uno de los requisitos y causales señalados deben ser atendidos,
probados y satisfechos cuidadosamente por el incidentalista como requisito
básico para proceder al estudio de fondo de la solicitud.  La Corte ha
considerado que en caso contrario, teniendo en cuenta la naturaleza de este
trámite, se hará obligatorio rechazar o denegar el petitum, según el caso”.
Todas estas consideraciones previas, deben llevar a la conclusión de que al
existir un procedimiento especialísimo para controvertir las sentencias de
tutela dictadas por esta Corporación, no hay lugar a que las mismas puedan ser
objeto de reparo a través de una nueva acción de amparo; ello por cuanto, (i)
se desnaturalizaría la institución de la tutela como mecanismo preferente y
sumario, (ii) se desconocería la función de la Corte como órgano de cierre en
la jurisdicción constitucional, (iii) se harían nugatorios los derechos
fundamentales reconocidos mediante el mecanismo de tutela, entre otras
consecuencias nefastas para dicha institución. Por todo lo anterior, una acción
de tutela que pretenda la nulidad de otra acción de igual naturaleza, resulta
abiertamente improcedente, y así lo declarará esta Sala en la parte resolutiva
de esta sentencia. En lo que se refiere a la pretendida nulidad de la SU-484 de
2008, a través de la presente acción de tutela, en el acápite de la
improcedencia de tutela contra tutela se dejó sentado que bajo ningún aspecto
la misma era procedente.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE DECIDIO DAR POR CUMPLIDO UN FALLO DE TUTELA Y SE
ABSTUVO DE INICIAR EL INCIDENTE DE DESACATO/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia excepcional
La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que deciden
un incidente de desacato es excepcional y que procede siempre y cuando: (i) la
decisión proferida en el trámite del desacato se encuentre ejecutoriada; (ii)
concurran todas las causales genéricas de procedibilidad; y (iii) se configure
por lo menos una de las causales específicas o defectos graves que hacen
procedente la acción de tutela contra una providencia judicial, respetando en
todo caso el alcance y las órdenes de la sentencia de tutela presuntamente
incumplida.
INCIDENTE
DE DESACATO Y VIA DE HECHO
No se
trata de sentencia de tutela contra tutela, sino que se cuestiona un incidente
de desacato, el cual tiene diferente naturaleza. Si bien la Corte
Constitucional ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela, también ha sostenido que se puede acudir a dicha acción
contra providencias que deciden un incidente de desacato, por tratarse de
situaciones distintas que no deben confundirse. En este sentido la Corte en la
providencia T-684 de 2004 señaló lo siguiente: “3. La acción de tutela procede
contra incidentes de desacato, cuando en su trámite puede evidenciarse una vía
de hecho”. Además añade: “la acción de tutela y el incidente de desacato,
aunque establecen entre sí una estrecha relación, no pueden confundirse
DEFECTO FACTICO-Configuración
La Corte Constitucional ha
sido enfática en señalar que la configuración del defecto fáctico se presenta
cuando la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria;
esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una
prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin razones
justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del
elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales. En esa
medida, lo que corresponde al juez constitucional es evaluar si en el marco de
la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria
del proceso.
FALLOS
JUDICIALES-Son de obligatorio cumplimiento/FALLOS EN LOS CASOS DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS QUE SE PROFIRIERON ANTES DE LA SENTENCIA SU-484/08-Caso
en que a la demandante no se le ha realizado el pago de los salarios
reconocidos entre los años 2001 y 2007
En lo atinente a la
materialización de la sentencia que concedió los derechos a la accionante, en
múltiples oportunidades esta Corporación ha señalado que mediante el
cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades y de los
particulares, se logra la plena garantía de los derechos
fundamentales de quienes acceden a la administración de justicia. Los fallos
ejecutoriados son de obligatorio cumplimiento por cuanto hacen tránsito a cosa
juzgada (res iudicata) y, por ende, su desconocimiento constituye una fractura
al principio del Estado de Derecho y un grave menoscabo a los intereses
reconocidos mediante providencia judicial. En esta medida no es de
recibo el argumento de la autoridad judicial accionada, en cuanto considera que
de reconocerse el derecho al pago de acreencias laborales a la señora Camelo
Luengas se estaría vulnerando el  derecho a la igualdad de los ex trabajadores
de la Fundación San Juan de Dios; por cuanto las relaciones laborales de
quienes iniciaron y obtuvieron éxito en procesos judiciales de cualquier
naturaleza con antelación a la SU-484 de 2008, se prolongarían hasta ese mismo
año, mientras que quienes no iniciaron ninguna acción su relación laboral sólo
llega hasta el 29 de octubre de 2001. Al respecto, basta con precisar que el
principio de igualdad obliga  tratar igual a los iguales y desigual a los
desiguales; en esta medida, existe una gran diferencia entre quienes obtuvieron
el reconocimiento de sus prestaciones laborales mediante una sentencia
ejecutoriada gracias a su diligencia en las actuaciones judiciales en procura
de salvaguardar sus derechos, y los que nunca acudieron ante las autoridades
competentes en busca de la garantía de sus derechos. Lo contrario equivaldría a
decir que se debe tratar  con igual benevolencia a dos personas que se
encuentran en identidad de situaciones jurídicas en las que les asiste el mismo
derecho, pero que solo una acude a los estrados judiciales, mientras la otra
deja prescribir sus derechos o caducar sus acciones. Ahora bien, las
consideraciones que se han hecho en esta providencia llevan a la Sala a revocar
la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura–Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, el 13 de septiembre de 2010, la cual confirmó el
fallo dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante proveído del 22 de julio de 2010 y, en
su lugar, tutelar a favor de la accionante su derecho fundamental al debido
proceso, vulnerado mediante la providencia de fecha 27 de enero de 2010 y las
posteriores que ordenaron estarse a lo resuelto en la misma. Ello por cuanto no
está probado que a la accionante se le haya realizado el pago de los salarios
reconocidos entre los años 2001-2007, y en esa medida no se ha dado
cumplimiento a la sentencia proferida por el Consejo  Seccional y Superior de la
Judicatura, mediante proveídos del 5 de marzo y 23 de abril de 2008,
respectivamente.
ACCION DE
TUTELA PARA RECLAMAR PRESTACIONES LABORALES DE UNA RELACION QUE TERMINO HACE MAS
DE DIEZ AÑOS-Caso en que los efectos jurídicos en el tiempo fueron
morigerados por una sentencia de unificación
CONTRATO
LABORAL Y DEBATE INDEFINIDO SOBRE LA VIGENCIA-Caso en que la entidad
empleadora ha cambiado su situación jurídica en cumplimiento estricto de un
fallo judicial
INEXISTENCIA
DE TRATO DESIGUAL CUANDO EN PARTE RESOLUTIVA DE SENTENCIA DE UNIFICACION SE
EXCLUYE TAXATIVAMENTE DE SUS EFECTOS A UN GRUPO DE PERSONAS-Caso en que
éstas han logrado el reconocimiento de derechos prestacionales a través de
acciones de tutela o de procesos ordinarios y que han sido superiores a los de
la sentencia de unificación
PAGOS
EFECTUADOS POR LA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA
DEL AÑO 2007-Improcedencia de la acción de tutela en este caso específico
De
las respuestas allegadas, tanto por parte de la accionante como de las
entidades accionadas, se puede concluir que el fallo de tutela del año 2007,
mediante el cual se concedió el pago de las prestaciones laborales, se
encuentra cumplido, toda vez que aparecen las Resoluciones que dan cuenta de
los pagos efectuados por la Fundación San Juan de Dios y que comprenden los
períodos 1999-2007. Es de anotar que si la accionante pretende el pago
de otras acreencias laborales a las cuales sugiere tener derecho, debió
haberlas solicitado por la vía ordinaria y no a través de una nueva tutela,
toda vez que este no es el medio idóneo para el reconocimiento de dichos
emolumentos, ni la vía para controvertir situaciones que ya fueron objeto de
una acción de tutela anterior. Por lo anterior, aunado a que en la
presente acción de amparo, no se cumple con el requisito de inmediatez por
haberse interpuesto casi dos años después de proferida la providencia judicial
que declaró cumplido el fallo de tutela,  hace inviable la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y por ello, esta Sala deberá
confirmar los fallos de instancia, los cuales declararon improcedente la
presente acción de amparo. En consecuencia, la presente acción de tutela,
también resulta abiertamente improcedente para solicitar la nulidad de acciones
de tutela.
Referencia:
expedientes Acumulados T-2868293 y T-2913837.
Acciones de tutela instauradas por María Blaise Camelo Luengas contra el
Consejo Seccional de la Judicatura y otros; e Isabel Franky de Bernal contra la
Corte Constitucional y otro.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C,  veinte (20) de enero
de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO, NILSON PINILLA PINILLA y JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB,  en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente  las
conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política,
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro de
los procesos de revisión de los fallos proferidos  por: el Consejo Superior de la
Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- (expediente T-2868293) y el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-, Sección Cuarta
(expediente T- 2913837). Los expedientes de la referencia fueron escogidos para
revisión y acumulados por presentar unidad de materia, mediante Auto proferido
por la Sala de Selección número 1, del 31 de enero de 2011.
I. ANTECEDENTES
EXPEDIENTE T-2868293
Mediante escrito presentado el día 8 de junio de 2010, la
señora MARÍA BLAISE CAMELO LUENGAS solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica en relación con la
cosa juzgada, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad,
presuntamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura al declarar
cumplido el fallo de tutela radicado en dicha corporación bajo el núm.
00734-2008 y el cual había ordenado al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la
Fundación San Juan de Dios el pago de las acreencias laborales causadas desde
el año de 1999 hasta el año 2007. Como sustento a la solicitud de amparo,
invoca los siguientes:
1.
Hechos:
1.1.  Indica que es trabajadora
activa de la Fundación San Juan de Dios y que debido a la cesación del pago de
salarios y prestaciones sociales por parte de su empleadora, promovió demanda
de acción de tutela, la cual correspondió conocer al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-; Corporación que
mediante fallo del 5 de marzo de 2008, decidió concederle la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud y
trabajo en condiciones de dignidad y demás derechos como madre cabeza de
familia.
1.2.  El referido fallo fue
confirmado en segunda instancia por la Sala jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la judicatura mediante proveído del 23 de abril de 2008, el
cual ordenó que las autoridades demandadas debían realizar el pago de las
acreencias laborales de manera solidaria.
1.3.  Aduce que el 14 de mayo de
2008 presentó solicitud de cumplimiento de la referida providencia  y el 2 de
julio de ese mismo año, el Consejo Seccional de la Judicatura declaró que las
entidades llamadas a materializar los derechos tutelados, no habían incurrido
en desacato; sin embargo, ordenó oficiarles para que cumplieran las órdenes
dadas en la sentencia dictada por esa colegiatura y en los plazos fijados en la
misma.
1.4.  Señala que el 10 de
diciembre de 2008, nuevamente solicitó el cumplimiento del fallo, pero la
magistrada sustanciadora declaró el cumplimiento del mismo y en consecuencia
ordenó el archivo del expediente. Esta nueva decisión se argumentó con base en
la parte resolutiva de la sentencia de unificación SU-484 de 2008 de la Corte
Constitucional, la cual fijó los extremos de las relaciones laborales
sostenidas entre la Fundación San Juan de Dios y sus trabajadores, dándolos por
terminados a partir del 29 de octubre de 2001.
1.5.  Manifiesta que pese a que
los efectos de la relación laboral reconocidos en la sentencia de unificación
mencionada, sólo se prolongaban hasta el 29 de octubre de 2001, la misma
exceptuó de su aplicación a aquellos trabajadores que obtuvieron el
reconocimiento de sus salarios y demás prestaciones sociales en fallos
proferidos con antelación a la ejecutoria de la SU-484 de 2008.
1.6.  Advierte que las entidades
accionadas y obligadas al pago de las acreencias laborales de los trabajadores
de la Fundación San Juan de Dios, se han excusado en el contenido de la parte
resolutiva de la SU-484 de 2008, para desconocer los derechos laborales que
habían sido reconocidos a través de fallos de tutela o de sentencias judiciales
laborales ordinarias proferidos con antelación a la mencionada sentencia de
unificación.
En ese orden de ideas solicita le sean amparados sus
derechos fundamentales  al debido proceso, a la seguridad jurídica en relación
con la cosa juzgada, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad;
como consecuencia de ello, se ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la
Fundación San Juan de Dios el pago de las acreencias laborales causadas desde
el año de 1999 hasta el 2007, tal como se ordenó en los fallos de tutela
proferidos el 5 de marzo de 2008 y el 23 de abril del mismo año, por el Consejo
Seccional de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria respectivamente; y en consecuencia, se deje sin
efecto la decisión proferida por esa misma Corporación el 27 de enero de 2009 mediante
la cual se declaró el cumplimiento de la referida decisión.
2.  Trámite
procesal
El Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante auto
del 9 de julio de 2010, avocó el conocimiento de la acción de tutela.  En esa
misma oportunidad corrió traslado a los demandados para que se pronunciaran
sobre la solicitud de amparo.
3. Contestación de las
entidades demandadas
3.1. Consejo Superior de la
Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Intervención
en coadyuvancia
Esta
colegiatura se pronunció a través de la presidente de la Corporación, la cual
solicitó negar el amparo deprecado, toda vez que en su criterio lo que la
accionante pretende es ventilar nuevamente los temas que fueron objeto de
pronunciación en la sentencia del 23 de abril del año 2008, anteponiendo su
criterio personal en cuanto a los extremos de la relación laboral que sostuvo
con la Fundación San Juan de Dios, pese a que los mismos ya fueron definidos
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia de Unificación SU-484 de
2008.
En esa
medida la decisión de dar por cumplido el fallo del 23 de abril de 2008,
obedeció a estrictos deberes legales, al tiempo que se realizó una valoración
integral de los hechos y pruebas atendiendo al ejercicio de la autonomía de la
función judicial.
3.2. Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Señala esta
Cartera que debe ser desvinculada de la acción de tutela ya que la misma se
dirige contra decisiones del Consejo Seccional de la Judicatura -Sala
Disciplinaria-, y no le asiste legitimación en la causa aunque las decisiones
que se tomen se hagan extensivas a dicho Ministerio.
Aduce que
en el eventual caso en que se condene al pago de las pretensiones solicitadas
por la accionante, quien debe asumir el pago de las mismas es la Beneficencia
de Cundinamarca, a través del empréstito celebrado entre ésta y el Ministerio
de Hacienda, por tratarse de obligaciones adquiridas antes del 8 de mayo de 2008,
fecha en que se profirió la sentencia de unificación SU-484 del mismo año.
Adicionalmente,
señaló que en el presente caso lo que busca esta nueva acción constitucional,
es controvertir una providencia judicial; por ello se deben demostrar los
requisitos genéricos y especiales de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias, situación que no explicó con suficiencia en el escrito de
tutela.
3.3.
Intervención de la Magistrada que fungió como ponente en la Sentencia de la
cual se pide el cumplimiento
Adujo la
Magistrada que su decisión de declarar cumplido el fallo de tutela, obedeció al
cumplimiento estricto de lo resuelto en la SU-484 de 2008, pese a que no
comparte lo decidido por la Corte Constitucional en cuanto fijó con efectos
retroactivos los límites de la relación laboral. Ello por cuanto dicha
interpretación genera una situación de desigualdad entre los empleados del
centro hospitalario, toda vez que los extremos de la relación laboral es
diferente para quienes interpusieron una demanda laboral o una acción
constitucional con anterioridad a la SU referida, ya que para los mismos, sus
salarios y prestaciones deben ser pagados hasta el año 2007, mientras que  para
aquellos que no lo hicieron su relación laboral se da por terminada a partir
del 29 de octubre de 2001.
3.4.
Fundación San Juan de Dios
Aduce la
Fundación que las relaciones laborales con sus trabajadores se terminaron desde
el 29 de octubre de 2001, según lo ordena expresamente la SU-484 de 2008.
Señala que la accionante María Blaise Camelo Luengas, se encuentra amparada por
lo decidido en dicha providencia y por tal razón no es trabajadora activa del
centro hospitalario.
Manifiesta
además, que la accionante ya recibió el pago de las acreencias que se le
adeudaban las cuales fueron reconocidas mediante las resoluciones núm. 0189 del
16 de febrero de 2007 por valor de $ 3.487.447 y núm. 2060 del 3 de septiembre
del mismo año por valor de $ 11.750.292. En esa medida ya se cancelaron todos
los emolumentos salariales hasta el día 29 de octubre de 2001, fecha en que la
Corte Constitucional fijó la terminación de la relación laboral.
Con
respecto a los beneficios contenidos en la convención colectiva, indica que la
misma no puede ser aplicada, toda vez que al ser declarados nulos por parte del
Consejo de Estado los Decretos núms. 290 del 15 de febrero de 1979 y 1374 del 8
de junio de 1979, los cuales dieron nacimiento a la Fundación San Juan de Dios,
las cosas volvieron a su estado anterior, es decir que los hospitales pasaron
nuevamente a ser parte de la Beneficencia de Cundinamarca y en esa medida los
trabajadores de los mismos volvieron a ser empleados públicos, lo que no les
permite hacer pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, según
lo consagrado en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. En esa
medida las convenciones colectivas celebradas desde 1982 entre la Fundación y
sus trabajadores perdieron su sustento jurídico.
De esta
forma, afirma que la señora María Blaise Camelo Luengas no puede beneficiarse
de reliquidaciones, pago de primas, reajustes salariales o prestaciones contenidas
en tales convenciones, ya que las mismas son inexistentes.
Por último,
señala  que existen otros medios alternativos de defensa en la vía ordinaria
para definir las controversias planteadas en la presente tutela y en esa medida
debe declararse la improcedencia de la misma.
3.5.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Solicita el
Distrito Capital que sea desvinculado de la presente acción de tutela, ya que
el mismo no ha sostenido relación laboral alguna con la accionante y en esa
medida no puede ser objeto de responsabilidad por salarios, prestaciones o
cualquier otro emolumento que se le adeude a la señora Camelo Luengas, ya sea
que tengan un origen legal o convencional.
Precisó
además que su única obligación surge de la responsabilidad porcentual patrimonial
que le asignó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-484 de 2008. Por
último, indica que el Distrito no fue parte en el proceso de tutela que
concedió los derechos que ahora se reclaman; en esa medida, no se le pueden
hacer extensivas las decisiones que se profieran en la presente acción
constitucional.
4. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
4.1.  Sentencia de Primera Instancia
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
–Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante proveído del 22 de julio de 2010,
decidió denegar el amparo tutelar, por considerar que las decisiones judiciales
mediante las cuales se declaró el cumplimiento de la primera tutela interpuesta
por la señora Camelo Luengas y en la cual se decidió amparar su derecho
fundamental al mínimo vital, no obedecieron a una conducta caprichosa, sino que
las mismas se ajustaron a las previsiones expuestas en la Sentencia SU-484 de
2008, emanada de la Corte Constitucional.
Señaló además, que la presente acción de tutela no reúne
los requisitos generales ni específicos que la hagan procedente contra las
decisiones judiciales suscritas por los magistrados en las providencias del 27
de enero, 23 de febrero, 17 de abril de 2009 y 7 de mayo de 2010, mediante las
cuales se declaró el cumplimiento de la tutela núm. 2008-0734.
Precisan que en la tutela que concedió el amparo
consistente en que a la señora Camelo Luengas se le cancelaran los salarios y
prestaciones sociales adeudadas, no se fijó una fecha cierta para su
liquidación, ello por cuanto estaba pendiente de que la jurisdicción laboral o
contencioso administrativa definieran los extremos de la relación laboral;
situación que fue resuelta por la Corte Constitucional mediante la Sentencia de
Unificación SU-484 en la cual se determinó que todas las relaciones laborales
suscritas por la Fundación San Juan de Dios y sus distintos trabajadores
culminaron el 29 de octubre de 2001.
En conclusión, determinaron que una vez la liquidadora de la
Fundación San Juan de Dios ordenó el pago de los salarios adeudados a la señora
Camelo Luengas hasta el año 2001, se dio cabal cumplimiento a la sentencia de
tutela proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura, confirmada por el
Consejo Superior de la Judicatura. Precisan que en caso de ordenar el pago de
salarios hasta el año 2007, iría en contra vía del principio de igualdad y de
contera atentaría contra el erario.
Impugnación
La señora Camelo Luengas impugnó el fallo de tutela bajo
los siguientes argumentos:
1.     Señaló que
la sentencia de tutela con radicado núm. 2008-734 en el Consejo Seccional de la
Judicatura y que fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura, no
fue seleccionada por la Corte Constitucional para su eventual revisión y en esa
medida hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, tornándose en inmutable y
definitiva.
2.     Precisó
que la Corte Constitucional en la SU-484 de 2008, excluyó expresamente de sus
efectos a los trabajadores “que hayan obtenido por vía judicial, a través de
procesos de tutela o de procesos laborales, el reconocimiento de aportes y
cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, salarios, prestaciones
sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones.”
3.     Indicó que
a algunos de sus compañeros de trabajo que se encontraban en idéntica situación
que la suya, toda vez que las tutelas que concedieron sus derechos fueron
interpuestas y falladas antes de la expedición de la SU-484 de 2008,  sí se les
ordenó el pago de salarios hasta el año 2007.
4.2. Sentencia de Segunda Instancia
El Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2010, decidió
confirmar el fallo del a quo, por cuanto consideró que las autoridades
incidentadas dieron puntual cuenta de las gestiones adelantadas en orden a
hacer cumplir distintos fallos de tutela de la misma naturaleza, incluyendo la
que beneficia a la actora del presente caso. De esta manera, no se avizora
ningún grado de desidia o negligencia que permita tomar algún tipo de
correctivos, por cuanto no existe una conducta arbitraria o caprichosa que
pueda ser atribuida a quienes fungieron como jueces, y que declararon cumplido
el fallo sobre el cual se solicitó el desacato.
Señaló igualmente, que el advenimiento de la SU-484 de
2008, creó una tensión de valores constitucionales entre el derecho a la
igualdad, la justicia material y la cosa juzgada, situación que debe definirse
en cada caso en particular.
De otra parte precisó que mal haría el juez de tutela en
ordenar el pago de acreencias laborales que la jurisprudencia del tribunal
límite en la jurisdicción constitucional ha considerado carente de fundamento y
que de contera atentarían contra el erario.
5.
PRUEBAS
En el
trámite de la acción de tutela obran como pruebas relevantes las siguientes:
·
Copia del fallo de tutela emanado del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca–Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, que data del 5
de marzo de 2008.
·
Copia de la sentencia proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, del 23 de abril de 2008,
mediante la cual se confirmó el fallo del a quo.
·
Contestación del Consejo Superior de la Judicatura al primer
incidente de desacato presentado por la accionante y que data del 3 de julio de
2008.
·
Contestación al segundo incidente de desacato promovido por la
señora Camelo Luengas, fechado 27 de enero de 2009.
Expediente T-2913837
Mediante escrito presentado el día 7 de abril de 2010, la
señora ISABEL FRANKY DE BERNAL solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo en condiciones
dignas, al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura al declarar
cumplido el fallo de tutela radicado en dicha corporación bajo el núm.
2007-04993 y el cual había ordenado al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la
Fundación San Juan de Dios el pago de las acreencias laborales causadas desde
el año de 1999 hasta el año 2007. De igual manera, considera que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados por la Corte Constitucional al expedir la
Sentencia de Unificación SU-484 de 2008. Como sustento a la solicitud de
amparo, invoca los siguientes:
1. Hechos:
1.
Indica que es trabajadora activa de la Fundación San Juan de Dios, desde
hace 21 años y seis meses, que es madre de tres hijos que dependen de su
salario, que es beneficiaria de la convención colectiva firmada entre la
Beneficencia de  Cundinamarca y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios,
que se desempeña como mecanógrafa y que su contrato es a término indefinido.
2.
Señala que la Fundación San Juan de Dios conformó una unidad de empresa
integrada por el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Materno Infantil, el
Instituto de Inmunología y el Hogar Mundo Nuevo, la cual fue creada por el
gobierno nacional mediante los Decretos 290 y 374 de 1979.
3.
Indica que el Consejo de Estado, mediante proveído del 8 de marzo de
2005, declaró la nulidad de los decretos antes mencionados, y que en esa medida
el Hospital San Juan de Dios dejó de ser una institución de naturaleza privada
y retornó a su situación jurídica originaria de entidad de salud pública.
4.
Que debido a la cesación del pago de salarios y prestaciones sociales
por parte de su empleadora, promovió demanda de acción de tutela, la cual
correspondió conocer al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo –Sección Segunda- Subsección B, Corporación que mediante fallo
del 24 de octubre de 2007, decidió concederle la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud y trabajo en
condiciones de dignidad y demás derechos como madre cabeza de familia.
5.
El referido fallo fue confirmado en segunda instancia por el Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Cuarta mediante proveído
del 12 de diciembre de 2007.
6.
Manifiesta que dicho fallo no fue seleccionado por la Corte
Constitucional haciendo tránsito a cosa juzgada.
7.
Aduce que el 15 de noviembre de 2007 presentó solicitud de cumplimiento
de la referida providencia  y el 14 de enero de 2008, el Consejo Seccional de la
Judicatura decidió archivar el trámite de desacato, dio por cumplido el fallo
hasta esa fecha y negó la solicitud de la accionante en cuanto a la designación
de un perito que tasara el valor de los salarios y prestaciones dejadas de percibir,
por considerar que el mismo no era pertinente en un proceso de tutela, por
tratarse de una institución propia de un proceso ordinario.
8.
Señala que el 7 de abril de 2008, nuevamente solicitó el cumplimiento
del fallo, el cual fue resuelto a su favor el 11 de abril del mismo año; sin
embargo, dicha providencia no fue acatada, razón por la cual el 2 de junio
insistió en su materialización, pero la magistrada sustanciadora declaró el
cumplimiento del mismo; y en consecuencia, ordenó el archivo del expediente.
Esta nueva decisión fue argumentada por el Consejo Seccional de la Judicatura
con base en la parte resolutiva de la sentencia de unificación SU-484 de 2008
de la Corte Constitucional, la cual fijó los extremos de las relaciones
laborales sostenidas entre la Fundación San Juan de Dios y sus trabajadores,
declarando que las mismas terminaron el 29 de octubre de 2001.
9.
Manifiesta que la Corte Constitucional al expedir la sentencia SU-484 de
2008, desconoció derechos fundamentales e incurrió en un defecto fáctico por
cuanto “…ahondó el estado de cosas inconstitucional relativo a la
problemática del Centro Nacional Hospitalario Universitario Especial San Juan
de Dios de Bogotá (…).”
10.
Agregó que la Sala Plena de la Corte Constitucional se excedió en
el ejercicio de sus funciones “… con la sentencia se violenta por acción y
por omisión mis derechos fundamentales y en el caso concreto al no haber sido
parte dentro de los expedientes acumulados, relacionados en el numeral segundo
del acápite de antecedentes, se violentó el debido proceso a ser escuchada y
vencida en un proceso, en el que no estaba legitimada por activa”.
En ese orden de ideas solicita le sean amparados sus
derechos fundamentales  invocados y en consecuencia, se ordene al juez de
primera instancia dentro de la acción de tutela núm. 2007-4993 cumplir a
cabalidad con la orden de tutela, sin que pueda aplicar lo dispuesto en
relación con los plazos establecidos en la sentencia de unificación
SU-484-2008, para el pago de las acreencias laborales reconocidas en el fallo
de 24 de octubre de 2007 por el Consejo Superior de la Judicatura Sala
Disciplinaria
2. Trámite procesal
El Consejo de Estado –Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección B-, mediante auto del 9
de abril de 2010, avocó el conocimiento de la acción de tutela.  En esa misma
oportunidad corrió traslado a los demandados para que se pronunciaran sobre la
solicitud de amparo.
3. Contestación de las
entidades demandadas
3.1 Corte Constitucional
Esta Corporación a través de
su Vicepresidente dio respuesta a la acción de tutela interpuesta por la señora
Franky de Bernal en los siguientes términos:
1.    Improcedencia
de la acción de tutela para controvertir fallos de tutela.
Trajo a
colación lo señalado por esta Corte en la Sentencia SU-1219 de 2001, donde se
señaló: “El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias
de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las
acciones de tutela, por decisión del propio constituyente, es el de la revisión
por parte de la Corte constitucional. Esta regulación, no sólo buscaba unificar
la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino
eregir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos
constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre  el alcance
de los mismos.”
2.
Trámite que surtió en esta Corte la acción de tutela T-1825862
instaurada por Isabel Franky de Bernal en contra del Ministerio de hacienda y
Crédito Público y otros. (Corresponde a la tutela que le  concedió los
derechos laborales y de la cual hoy se pretende el cumplimiento).
Precisó que
el expediente de la referencia fue radicado en esta Corte el 6 de febrero de
2008. Después de diligenciarse la reseña esquemática, fue puesto a disposición
de la Sala de Selección respectiva. El mismo no fue escogido para revisión y su
término de insistencia venció sin que las personas facultadas para hacerlo
presentaran solicitud al respecto.
Según lo
anterior, se tiene que “la decisión de la Corte Constitucional consistente
en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto
principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (…). De esta forma se resguarda
el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte
Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.”
Conforme a
lo expuesto la tutela T-1825862 al no haber sido seleccionada para revisión por
parte de esta Corporación, la decisión de instancia en aras de preservar la
seguridad jurídica hizo tránsito a cosa juzgada constitucional tornándose en
inmutable y definitiva.
3.
En la SU-484 de 2008 la Corte Constitucional adoptó medidas para
la protección de los derechos fundamentales vulnerados por la Fundación San
Juan de Dios.
Al
respecto, señaló que contrario a lo que asevera la accionante, esta Corporación
al proferir la Sentencia de Unificación SU-484 de 2008, propendió por la
búsqueda de la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados a
los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, ante “la
insuficiencia en las medidas legislativas, administrativas y presupuestales
para procurar el restablecimiento de los derechos laborales reclamados, la
existencia clara de un problema social cuya solución compromete la intervención
de varias entidades...”, por lo que extendió “los efectos de la …
sentencia… a todos los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan
de Dios.” Aclarando en consecuencia que “[c]uando esta Corte se refiere
a todos los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios
hace referencia a aquellos que interpusieron la presente acción de tutela como
aquellos que no lo hicieron.”
De igual manera recordó que en
la mencionada SU-484 de 2008 se hizo la siguiente salvedad, en cuanto a quienes
no producía efectos:
“… Las
personas que tenían relación laboral con la Fundación San Juan de Dios
-que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil -,
que haya tenido como causa un contrato de trabajo o nombramiento y posesión, y
que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo  y sus normas
complementarias, incluida la Ley 6 de 1945, o por la ley y el reglamento, que
hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de
procesos laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema
integral de seguridad social, salarios prestaciones sociales diferentes a
pensiones, descansos e indemnizaciones.”
Por todo lo
anterior, indicó que la Corte Constitucional, a través de su Sentencia SU-484
de 2008, no vulneró ningún derecho fundamental a la accionante; por  el
contrario, al excluir de los efectos de la misma a las personas que ya hubieran
logrado algún reconocimiento de sus prestaciones por otros medios judiciales,
se defendió la institución de la cosa juzgada.
3.2 Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Esta
Cartera manifestó que los aportes a la seguridad social corresponden al sistema
y no a los trabajadores como tal y en esa medida no se puede acceder a lo
pretendido por la actora en cuanto solicita que se le entreguen a ella
directamente, lo cual no es procedente.
De otra
parte aseveró que el cumplimiento del fallo de tutela fue certificado por la
FIDUPREVISORA S.A. en el cual se consignó que se han realizado dos pagos a
favor de la actora siendo el último el 21 de noviembre de 2007 por valor de $
94.111.625.
Señaló
además, que las tutelas contra sentencias de la Corte Constitucional y contra
los autos que deciden los incidentes de desacato son improcedentes.
3.3
Fundación San Juan de Dios
La
apoderada judicial de la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios manifestó
que dicha institución ha dado cumplimiento al fallo de tutela 2007-0493,
profiriendo los respectivos actos administrativos y realizando la gestión
correspondiente para efectivizar el pago de las acreencias  laborales ante las
entidades encargadas del desembolso y pago de los dineros adeudados, tal como
se demuestra en las resoluciones proferidas y la certificación emitida por la
FIDUPREVISORA S.A.
3.4
Consejo Seccional de la Judicatura
La
magistrada ponente de la tutela frente a la cual se pretende el cumplimiento
por medio de esta nueva acción, manifestó que la misma es abiertamente
improcedente por cuanto la accionante no observó el principio de inmediatez,
toda vez que pretende atacar en el año 2010 autos que datan del 14 de enero, 11
de abril y 13 de junio del año 2008.
Señaló
además, que siempre ha propendido por salvaguardar los derechos de los
trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, y que sus últimas decisiones, en
el sentido de declarar cumplido el fallo por ella emitido, obedece al
cumplimiento estricto de los fundamentos esbozados en la SU-484 de 2008, y en
esa medida, aunque no comparte la fecha señalada para dar por terminadas las
relaciones laborales (29 de octubre de 2001), considera que debe acatar el
precedente constitucional.
4. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
4.1.  Sentencia de Primera Instancia
El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
-Sección Segunda – Subsección “B”, mediante proveído del 12 de mayo de 2010,
decidió rechazar por improcedente el amparo tutelar, al considerar que las
decisiones judiciales mediante las cuales se declaró el cumplimiento de la
primera tutela interpuesta por la señora Franky de Bernal ocurrieron un año y
diez meses antes de interponer la acción constitucional sub lite, lo que denota
que en el presente caso no se cumple con el requisito de inmediatez; requisito
indispensable para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
En esa medida consideró que el ejercicio tardío de la
acción y la inexistencia de una razón válida que justifique el respeto por el
principio de inmediatez, no se acompasan con la naturaleza excepcional,
subsidiaria y expedita de la acción constitucional como mecanismo de protección
de los derechos fundamentales, la cual debe ser analizada con especial atención
cuando se emplea para controvertir providencias judiciales.
Impugnación
La señora Franky de Bernal impugnó el fallo de tutela bajo
los siguientes argumentos:
1.
Señaló que la sentencia de tutela que concedió sus derechos en el año
2007, no fue seleccionada por la Corte Constitucional para su eventual revisión
y en esa medida hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, tornándose en
inmutable y definitiva.
2.
Precisó que la Corte Constitucional en la SU-484 de 2008, excluyó
expresamente de sus efectos a los trabajadores “que hayan obtenido por vía
judicial, a través de procesos de tutela o de procesos laborales, el
reconocimiento de aportes y cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad
Social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e
indemnizaciones.”
3.
Indicó que a algunos de sus compañeros de trabajo que se encontraban en
idéntica situación que la suya, toda vez que las tutelas que concedieron sus
derechos fueron interpuestas y falladas antes de la expedición de la SU-484 de
2008,  sí se ordenó el pago de salarios causados antes de proferirse la SU-484
de 2008.
4.2. Sentencia de Segunda Instancia
El Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo –Sección Cuarta-, mediante sentencia del 16 de septiembre de
2010, decidió confirmar el fallo del a quo, por cuanto consideró que para la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, la procedencia de la acción de tutela
para controvertir decisiones judiciales es excepcional, y no procede en ningún
caso cuando lo que se busca es atacar decisiones de las altas cortes, toda vez
que las mismas son los órganos de cierre en cada jurisdicción.
Adicionalmente reiteró que en el presente caso no se
cumplió con el requisito de la inmediatez al haber transcurrido casi dos años
desde el momento en que se expidieron las providencias judiciales que
declararon el cumplimiento de la tutela 2007-00493, la cual amparo sus derechos
laborales y la interposición de esta segunda tutela, que ocupa ahora la
atención de esta Sala.
5.  PRUEBAS
En el trámite de la acción de tutela obran como pruebas
relevantes las siguientes:
·
Copia de las respuestas dadas a la accionante con relación a los
incidentes de desacato interpuestos por la misma.
·
Copia de la Resolución Núm. 2377 de 2007, donde se realiza la
liquidación de los salarios y prestaciones adeudados a la señora Franky de
Bernal.
·
Copia de la Resolución Núm. 886 de 2007, donde se ordena pagar
los salarios adeudados a la accionante para los períodos noviembre de 1999 a noviembre de 2000.
·
Copia de la Sentencia 2009-03474, donde se resuelve dejar sin
efectos la providencia del 12 de mayo de 2009, proferida por el Consejo
Seccional de la Judicatura y que había declarado el cumplimiento de dicha
tutela.
·
Copia de la Resolución Núm. 1317 de 2004, por la cual se da por
terminada la medida de intervención forzosa administrativa ordenada sobre la
Fundación San Juan de Dios y se dictan otras disposiciones.
II. Actuaciones dentro del trámite de revisión.
La Corte Constitucional mediante
auto del 11 de mayo de 2011, decidió decretar algunas pruebas que permitieran
tener mejores elementos de juicio al momento de dictar sentencia. Al respecto
consideró pertinente:
PRIMERO: SOLICITAR
a la Fundación San Juan de Dios hoy en liquidación (Instituto Materno
Infantil-Hospital San Juan de Dios) que, en el término de diez (10) días,
allegue a esta Corporación la información relacionada    con las ex
trabajadoras: María Blaise Camelo Luengas, identificada con la cédula de
ciudadanía Núm. 35.336.873 e Isabel Franky de Bernal identificada con cédula de
ciudadanía núm. 35.336.873 en lo concerniente a:
(i)
Los procesos judiciales que se hubiesen iniciado por la entidad o
por las descritas ciudadanas en el proceso de liquidación de las entidades, ya
sea por vía de acciones de tutela, procesos ordinarios o contenciosos.
Especificar fecha de iniciación del proceso, trámite, respuesta de la entidad y
estado del mismo.
La Fundación San Juan de Dios
manifestó que la señora María Blaise Camelo Luengas ha formulado tres acciones
constitucionales: (i) tutela núm. 2000-24, que data del mes de febrero del año
2000, la cual se interpuso cuando la señora Camelo Luengas era trabajadora
activa del Hospital San Juan de Dios; (ii) tutela 2008-734 que se interpuso el
22 de febrero de 2008. Mediante dicha acción de amparo se reconoció el pago de
salarios adeudados hasta la fecha de interposición de la misma; es decir, hasta
el mes de febrero de 2008; (iii) tutela 2010-03503 presentada en junio de 2010,
la cual pretende que se acceda a los mismos requerimientos hechos en la acción
anterior.
Con respecto a la señora Isabel
Franky de Bernal, informaron que ha propuesto dos acciones: (i) tutela núm.
2007-4993 del 7 de octubre de 2007 mediante la cual solicita el pago de
salarios dejados de percibir hasta el momento de incoar la demanda; acción
constitucional que fue concedida en ambas instancias; (ii) tutela 2010-00417
del mes de abril de 2010, la cual se interpuso en contra de la SU-484 de 2008.
(ii)
Todos los pagos que a la fecha se hubiesen efectuado en
cumplimiento de acciones de tutela o procesos judiciales en que estuviesen
involucradas las descritas accionantes. Especificar de forma detallada y
cronológica las erogaciones, así como anexar los soportes de los mismos.
Al respecto, se anexa la
certificación núm. 605 mediante la cual el Director de la Unidad Financiera de la
Fundación San Juan de Dios en Liquidación informa que en la base de datos de la
entidad reposan los documentos que acreditan los pagos realizados a la señora
María Blaise Camelo Luengas identificada con cédula de la ciudadanía núm.
28.308.496 por un valor total de $ 14.808.480, según consta en las Resoluciones
Núm. 189 y 2060 del año 2007.
En cuanto a la señora Isabel
Franky de Bernal se allegó certificación donde  consta que a la misma se le han
realizado pagos por valor de $ 97.944.151, información que se corrobora  a
través de las Resoluciones Núm. 886 y 2377 de 2007.
(iii)
Detallar cuántas personas o ex trabajadores fueron beneficiarios
de acciones de tutela con fecha anterior al 14 de junio de 2005. Especificar
por medio de una planilla o cuadro: la fecha de la sentencia, el juez que conoció
del asunto, resumen de la orden y monto a pagar en cada caso.
Frente a este punto se allegó un
CD que contiene una lista de 592 accionantes, que han incoado tutelas en contra
de la Fundación San Juan de Dios.
SEGUNDO.- SOLICITAR
a la accionante María Blaise Camelo Luengas (expediente T-2868293) que, en el
término de diez (10) días, allegue a esta Corporación la información
relacionada con:
(a) Los procesos judiciales que
hubiese iniciado respecto de reclamaciones en contra de la Fundación San Juan
de Dios hoy en liquidación (Instituto Materno Infantil-Hospital San Juan de
Dios), ya sea por intermedio de tutela, procesos ordinarios o contenciosos.
Especificar fecha de iniciación de proceso, trámite y estado del mismo.
Como respuesta la señora Camelo
Luengas afirmó que no ha iniciado ningún proceso laboral o administrativo, que
solamente ha acudido a la acción de tutela en busca de salvaguardar sus derechos
laborales y en esa medida manifestó que formuló una primera tutela en
septiembre de 1999, en el mes de febrero del año 2008 interpuso una segunda y
en junio de 2010 presentó la que ahora es objeto de revisión.
(b) Todos los pagos que hubiese
recibido por órdenes de acciones de tutela o procesos judiciales a la fecha.
Describir de forma detallada y cronológica las cancelaciones, anexando los
soportes respectivos si cuenta con ellos.
En torno a este específico asunto
manifestó que ha recibido dos pagos; el primero por un valor de $ 3.847.447
según consta en la Resolución núm. 189 de 2007 y el segundo por valor de $
11.750.292 tal como consta en la Resolución núm. 2060 de 2007. Aclara que aún
no se le han cancelado los salarios entre el año 2001 y el mes de abril del año
2008, fecha en la cual quedó ejecutoriado el fallo de tutela 734/08 y que fue
proferido antes de la SU-484 del mismo año.
(c)  Detalle de los pagos
que hubiese recibido por la liquidación de la mencionada entidad de forma
extrajudicial.
Sobre el presente caso allegó
copia de la resolución núm. 189 de 2007, la cual le reconoció un pago por valor
de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS ($ 3.487.447) y la resolución núm. 2060 de 2007 que ordenó cancelar
en su favor la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 11.750.292).
TERCERO.- SOLICTAR
a la accionante Isabel Franky de Bernal (expediente T-2913837) que, en el
término de diez (10) días, allegue a esta Corporación la información
relacionada con:
(a) Los procesos judiciales que
hubiese iniciado respecto de reclamaciones en contra de la Fundación San Juan
de Dios hoy en liquidación (Instituto Materno Infantil-Hospital San Juan de
Dios), ya sea por intermedio de tutela, procesos ordinarios o contenciosos.
Especificar fecha de iniciación de proceso, trámite y estado del mismo.
En lo que tiene que ver con este
específico punto señaló que otorgó poder a un profesional del derecho con el
fin de adherirse a la acción popular instaurada por unos compañeros de trabajo
y que correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Bogotá. De igual manera,
precisó que instauró una acción de tutela el 24 de octubre de 2007, la cual fue
concedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y
confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura. Para el cumplimiento de la
misma se iniciaron tres incidentes de desacato y ante el incumplimiento de los
mismos se originó a la presente acción constitucional.
(b) Todos los pagos que hubiese
recibido por órdenes de acciones de tutela o procesos judiciales a la fecha.
Describir de forma detallada y cronológica las cancelaciones, anexando los
soportes respectivos si cuenta con ellos.
Al respecto relató que el 16 de
abril de 2007 se le abonó un monto de Tres millones ochocientos treinta y dos
mil  quinientos veintiséis pesos ($ 3.832.526).
De igual manera, el 5 de
diciembre de 2007 se le hizo un nuevo pago autorizado mediante Resolución Núm.
2377 de 2007, en la cual se le pagaron los salarios comprendidos entre
diciembre de 1999 y octubre de 2007. El monto de lo entregado a la accionante
fue la suma de Noventa y cuatro millones ciento once mil seiscientos veintiséis
pesos ($ 94.111.626).
(c)  Detalle de los pagos
que hubiese recibido por la liquidación de la mencionada entidad de forma
extrajudicial.
Manifestó que ha recibido en
total la suma de noventa y siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil
ciento cincuenta y un mil pesos ($97.944.151).
CUARTO.- SUSPENDER
el término para fallar el asunto de la referencia, hasta tanto se practique y
valore lo solicitado en el presente auto.
III. FUNDAMENTOS Y
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
judiciales mencionadas en precedencia.
2. El asunto bajo revisión.
Problemas jurídicos planteados y esquema de resolución
En los asuntos objeto de debate, una de las accionantes
dentro de los procesos  referenciados demanda al Consejo Seccional de la Judicatura
con el fin de que se dejen sin efecto las providencias judiciales emanadas de
esa misma Corporación, mediante las cuales declaró el cumplimiento de un fallo
de tutela expedido por esa colegiatura (Expediente T- 2868293). Otra de las
partes demanda a la Corte Constitucional con el fin de que declare la nulidad
de la Sentencia SU-484 de 2008, dictada por la Sala Plena de esta Corporación, al
considerar que con las decisiones tomadas en la sentencia de unificación se
vulneraron sus derechos fundamentales (Expediente T-2913837).
Aunque en cada uno de los trámites
tutelares se acciona contra entidades diferentes, se advierte que existe
identidad de situaciones fácticas, al igual que una similitud en las
pretensiones, toda vez que se encuentran encaminadas a que por medio de la
presente acción se protejan los derechos constitucionales al debido proceso, a
la seguridad jurídica en relación con la cosa juzgada, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social y al trabajo en condiciones dignas; en consecuencia, se solicita que se
ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que anule las
providencias mediante las cuales declaró cumplido el fallo de tutela incoado
por la señora Camelo Luengas. Así mismo, la señora Frankly de Bernal requiere
que a través de la presente tutela se declare la nulidad de la Sentencia SU-484
de 2008, la cual fijó el día 29 de octubre de 2001 como fecha de terminación de
las relaciones laborales entre la Fundación San Juan de Dios y todos sus ex
trabajadores.
En esta medida los problemas jurídicos a resolver en la
presente sentencia son los siguientes:
(i)
¿Procede la acción de tutela para controvertir las providencias que
dicta el juez de instancia en el trámite de un incidente de desacato?
(ii)
¿Es viable la acción de tutela para solicitar la nulidad de una
sentencia de unificación emanada de la Sala plena de la Corte Constitucional?
(iii)
¿Se puede utilizar indiscriminadamente el mecanismo de la acción de
tutela para reclamar por dicho medio, prestaciones laborales de una relación
que terminó hace más de diez años y cuyos efectos jurídicos en el tiempo fueron
morigerados por una sentencia de unificación expedida por la Corte
Constitucional?
(iv)
¿Se puede debatir indefinidamente sobre la vigencia de un contrato
laboral y sus conexos, cuando la entidad empleadora ha cambiado su situación
jurídica en cumplimiento estricto de un fallo judicial?
(v)
¿Existe en realidad un trato desigual cuando en la parte resolutiva de
la sentencia de unificación SU-484 de 2008, se excluye taxativamente de sus
efectos a un grupo de personas que han logrado el reconocimiento de derechos
prestacionales a través de acciones de tutela o de procesos ordinarios y que en
la mayoría de casos dichos reconocimientos son superiores a las concedidas a
través de la sentencia de unificación?
Habida cuenta de lo anterior, y
por razones de metodología para resolver los problemas jurídicos planteados, la
Corte hará un análisis acerca de: (i) el contenido y alcance de las
órdenes dadas en la SU-484 de 2010; (ii) la procedencia de la acción de
tutela para reclamar prestaciones laborales; (iii) la procedencia
excepcional de la acción de tutela para controvertir providencias judiciales
proferidas dentro del trámite de un incidente de desacato. Reiteración de
jurisprudencia; (iv) la improcedencia de la acción de tutela contra
tutela; (v) se referirá la Corte a los casos concretos.
1.
EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS ÓRDENES DADAS EN LA SU-484 DE 2008
Tal como se dejó expuesto en la
sentencia de unificación SU-484 de 2008, al referirse a la historia reciente
del Hospital San Juan de Dios y sus conexos, vale la pena enfatizar en lo
siguiente:
-Que dicha entidad de salud desde
el año de 1966 conformó una sola institución en conjunto con el Instituto
Materno infantil.
-Así mismo, a partir de 1974,
con la expedición del Decreto 01357 del mismo año, se constituyó a la
Beneficencia de Cundinamarca como establecimiento público del orden
departamental,  pasando el patrimonio del Hospital San Juan de Dios a esta
entidad. Al mismo tiempo, se expidió otro Decreto que organizó a la Fundación
San Juan de Dios como una entidad de utilidad común, sin ánimo de lucro, con
patrimonio propio y de derecho privado.
-En 1975 mediante la
ordenanza 58 se autorizó al Gobernador y a la Beneficencia para celebrar con la
Universidad Nacional un comodato con los inmuebles que hacían parte del
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, contrato que
finalizó en 1977 con la expedición de la ordenanza 22 del mismo año; por
tanto, los bienes del hospital continuaron siendo de la Beneficencia de
Cundinamarca. En ese mismo año, el Ministerio de Salud (resolución 5464 del 19
de Agosto) asumió la dirección administrativa y técnica del centro hospitalario
que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1978; en este lapso el
hospital continuó cumpliendo la finalidad que le señaló el fundador: “ocuparse
de brindar servicios hospitalarios a los pobres”. Adviértase que con los
decretos 1875 y 5904 de esa anualidad, se determinó que la dirección se
ejecutaría por intermedio del Servicio de Salud de Bogotá.
-En 1979 se dictó el
Decreto 290, y en aplicación del artículo 650 del Código Civil, el Presidente
de la República consideró que la institución y su patrimonio eran de origen
privado, con personería jurídica y tuvo en cuenta la finalidad perseguida por
el fundador. El Decreto 1374 del mismo año fijó la reorganización del
mencionado establecimiento hospitalario y lo integran con otros hospitales
generales y el materno infantil, todos adscritos al Sistema Nacional de Salud[1].
-En 1980 se inició
el traspaso de los bienes del San Juan de Dios a la beneficencia. Ulteriormente
el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil expidió un concepto que
data del 14 de Mayo de 1985 señalando que los decretos del 15 de febrero
de 1979 y del 8 de Junio de 1979 deberían aplicarse mientras no fuesen
anulados. Además, precisó que el San Juan de Dios fue concebido como una
institución pública de carácter departamental, administrada por la Beneficencia
de Cundinamarca y luego por la Fundación San Juan de Dios e intervenida por el
Ministerio de Salud, pero siempre continuó siendo parte del patrimonio del
Departamento de Cundinamarca.
-Más tarde, en el año 2002
el Congreso de la República estatuyó la fundación San Juan de Dios como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que representa una
limitación en su uso y destinación (Ley 735/02).
-El Consejo de Estado, el 18 de
marzo del año 2005, mediante sentencia de Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, dispuso que los actos acusados, tanto el del 15 de febrero como
el del 8 de Junio de 1979 y el del 23 de febrero de 1998 violan normas de orden
superior y que se refieren tanto a la Constitución de 1886, así como a la Carta
de 1991, debido a la falta de competencia del Gobierno Nacional para tomar
decisiones sobre la administración del Hospital San Juan de Dios, toda vez que
estas debieron ser tomadas por los órganos del orden departamental de
Cundinamarca. Por  tanto, declaró la nulidad de los actos demandados, lo cual
trajo como consecuencia jurídica la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de
reconocimiento de personería jurídica en la medida en que de acuerdo con el
C.C.A han desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho, por tanto operan
ipso jure.
Del recuento de la historia
reciente del Hospital San Juan de Dios y las entidades adscritas al mismo, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
1.    Desde el año de 1966 a dicha entidad de salud le fueron agregando otras para conformar una sola entidad de salud
pública.
2.    A partir de 1974
se creó la Beneficencia de Cundinamarca, y en consecuencia el Hospital San Juan
de Dios y sus conexos pasaron a formar parte del patrimonio de ésta,
organizándose para este evento la Fundación que llevaría su mismo nombre, y que
sería una entidad de utilidad común, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio
y de derecho privado. De esta forma, el referido establecimiento de salud
cambia su naturaleza jurídica de pública a privada.
3.    Se tiene
entonces, que sólo a partir de que el Hospital San Juan de Dios y las entidades
de salud anexas, mutan su calidad de entidades de derecho público a entidades
de derecho privado, sus trabajadores y dirigentes podían dar inicio a la
convención colectiva, y por tanto, hacerse efectivo el derecho de asociación
sindical ya que los empleados públicos no pueden celebrar convenciones
colectivas.
4.    Con la sentencia
dictada por el Consejo de Estado el 18 de marzo de 2005, los decretos que
dieron origen a la Fundación San de Dios como institución de derecho privado
pierden su ejecutoria, y por tanto, la situación jurídica de la fundación
vuelve a su statu quo, regresando el patrimonio de la misma a la beneficencia
de Cundinamarca. Al respecto, se expuso en la mencionada sentencia de
unificación lo siguiente:
“4.5 Acorde
con la evolución normativa de la Fundación San Juan de Dios expuesta anteriormente
(ordinal 3. i) es del caso traer a colación fundamentalmente, la sentencia
proferida por el Consejo de Estado de 8 de Marzo de 2005 que decidió declarar
la nulidad de los Decretos 290[2] y 1374[3]
de 1979 y 371[4] de 1998, normas
nacionales que, según lo expresa la sentencia, no podían otorgar al Hospital
San Juan de Dios la naturaleza jurídica de una fundación de utilidad común,
siendo que, en realidad, se trataba de una institución de salud departamental[5].
Conforme al
fallo del Consejo de Estado, la Fundación desapareció del mundo jurídico[6],
volviendo las entidades que la conformaron a lo que eran antes del 15 de
febrero de 1979, o sea establecimientos de beneficencia del Estado, pertenecientes
a la Beneficencia de Cundinamarca y adscritos al Sistema Nacional de Salud,
como entes prestadores de servicios médico asistenciales.
Para la
Corte, las consecuencias derivadas de dicha sentencia se deben tener como
producidas a partir de la expedición de los decretos anulados mediante la
misma, toda vez que antes de ellos, la mencionada institución hospitalaria
venía siendo un establecimiento de salud de orden departamental, y si a partir
de esos decretos entró a ser objeto de unos efectos jurídicos distintos,
justamente lo fue en virtud del nuevo carácter o naturaleza jurídica que
ilegalmente éstos le habían dado, los cuales la desligaron del Departamento[7].
En consecuencia, a raíz de la Sentencia del Consejo de Estado – Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo – de ocho ( 8 ) de marzo de dos mil
cinco ( 2005 ), en la cual se declaró la nulidad del decreto N° 290 de 15 de
febrero de 1979 “ Por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan
disposiciones en relación con la fundación San Juan de Dios “, el decreto 1374
de 8 de junio de 1979 “ Por el cual se adoptan los estatutos del hospital San
Juan de Dios “ y el decreto 371 de 23 de febrero de 1998 “ por el cual se suple
la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan
de Dios” expedidos por el Gobierno Nacional; las entidades que conforman la
Fundación San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de
Cundinamarca.”
5.    Por
consiguiente, las relaciones laborales de sus trabajadores, tienen una triple
connotación jurídica, dependiendo del período de tiempo en que laboraron para
la entidad.  (i) De una parte están los trabajadores que prestaron sus
servicios como funcionarios públicos todo el tiempo; (ii) por otra, los que
causaron la relación laboral durante el lapso en que la fundación fue
considerada de derecho privado; y por tanto, sujeta en todo a las normas
consagradas en el Código sustantivo del trabajo y en la convención colectiva;
(iii) por último, se encuentran aquellos trabajadores que sirvieron a la
Fundación en los sucesivos tránsitos de cambio de la naturaleza jurídica de la
institución.
6.    Dependiendo de
la naturaleza de la relación laboral que tenga cada uno de los trabajadores
(pública, privada o mixta), nacen diferentes obligaciones y derechos para cada
una de las partes trabadas en la litis.
La confusa
relación laboral que surgió entre los trabajadores y la Fundación San Juan de
Dios,  llevó a esta Corte a dictar una sentencia de unificación que permitiera
dilucidar la afectación de los derechos fundamentales vulnerados por parte del
Hospital empleador, el alcance económico de dicha transgresión y la
concurrencia de diferentes entidades públicas obligadas al pago de las
acreencias laborales en favor de los ex trabajadores.
En este orden de ideas la Corte,
una vez constató la grave situación de vulneración de derechos fundamentales y
como quiera que los empleados de la extinta Fundación San Juan de Dios, en sus
establecimientos Instituto Materno Infantil y el Hospital San Juan de Dios, no
estaban obligados a soportar las consecuencias del conflicto señalado; entre
otras consideraciones, precisó lo siguiente:
“5.1. En
relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, la Corte Constitucional DECLARARÁ que quedaron
terminadas el 29 de Octubre de 2001:
5.1.1. Todas
las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa
un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían
respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945- o por la ley y el reglamento.
5.1.2. Los
contratos de prestación de servicios personales vigentes para esa fecha con
personas naturales que los prestaban personalmente.”
(…)
“5.2. En
relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, INSTITUTO
MATERNO INFANTIL, la Corte Constitucional DECLARARÁ que quedaron
terminadas entre agosto y diciembre de 2006 acorde con la fecha determinada en
cada una de ellas:
5.2.1 Todas
las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa
un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían
respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945- o por la ley y el reglamento.
5.2.2. Los
contratos de prestación de servicios personales vigentes para esa fecha con
personas naturales que los prestaban personalmente.”
Además de  las apreciaciones
anteriores, esta Corporación consideró necesario, dictar la Sentencia SU-484 de
2008, con los siguientes efectos:
“Producto
de la grave situación de vulneración de derechos fundamentales que produjo la
cesación intempestiva en la cancelación de salarios y prestaciones sociales en
los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, ante la
masiva violación de derechos constitucionales que afectan a un número
significativo de personas, la prolongada omisión de las autoridades en el
cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales
tantas veces mencionados, la insuficiencia en las medidas legislativas,
administrativas y presupuestales para procurar el restablecimiento de los
derechos laborales reclamados, la existencia clara de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades; la Corte
Constitucional establece que los efectos de la presente sentencia arropan a
todos los ex empleados y ex trabajadores de la fundación San Juan de Dios.
Cuando esta
Corte se refiere a todos los ex empleados y ex trabajadores de la fundación San
Juan de Dios hace referencia a aquellos que interpusieron la presente acción de
tutela como a aquellos que no lo hicieron. En consecuencia:
5.16. Los efectos
de la presente decisión se extienden a todos los trabajadores de la Fundación
San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil, cuyas relaciones de trabajo hayan tenido como causa un
contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían
respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945 - o por la ley y el reglamento. O
que hayan tenido contratos de prestación de servicios personales en su
condición de personas naturales y que los prestaban personalmente.”
Adicionalmente, en aras de garantizar los principios
constitucionales de la seguridad jurídica y el de la institución de la cosa
juzgada, decidió excluir de los efectos inter comunis otorgados a la SU
484 de 2008, a quienes ya habían alcanzado algún tipo de protección judicial
por otras vías y en esa medida decidió que la sentencia no producía
efectos respecto de:
“5.17.1.
Las personas que tenían relación laboral con la Fundación San Juan
de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil, - que haya tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento
y posesión, y que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas
complementarias, incluida la Ley 6 de 1945, o por la ley y el reglamento, que
hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos
laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de
seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones,
descansos e indemnizaciones.
5.17.2. Las
personas naturales que hayan tenido contratos de prestación de servicios
personales y que los prestaban personalmente a la Fundación San Juan de Dios,
que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, que
hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos
laborales, el reconocimiento de sus contraprestaciones.”
De las órdenes anteriormente
citadas se puede colegir sin ningún tipo de dubitación, que una vez expedida la
SU-484 de 2008 nace una condición jurídica diferente para cada uno de los
empleados de la Fundación San Juan de Dios y los centros hospitalarios conexos,
respecto del alcance que debe darse a la protección de sus derechos laborales.
Por una parte, están los ex
trabajadores que antes del 15 de mayo de 2008 (fecha de expedición de la
SU-484) habían logrado el reconocimiento de sus haberes laborales, a través de
cualquier vía judicial. Para éstos, la Corte respetó la institución de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado Social de
Derecho. De tal forma que, aquellos empleados que para la referida fecha,
hubieran obtenido el reconocimiento de sus acreencias laborales por cualquier
medio judicial, les asiste el derecho a reclamar el pago de las mismas ante la
Fundación San Juan de Dios por  conducto de las entidades que solidariamente
fueron obligadas al reconocimiento de las mismas, en las partes motiva y
resolutiva de la SU-484 de 2008.
De otra parte, están las personas
que no acudieron ante jurisdicción alguna en procura de la salvaguarda de sus
derechos laborales. Para ellos aplicarán en su integridad los efectos
contemplados en la sentencia de unificación anteriormente referida; es decir,
que las relaciones laborales con la institución se tendrán por terminadas a
partir del 29 de octubre de 2001.
Por último, se encuentra un
tercer grupo de personas, que corresponden  a los ex trabajadores de la
Fundación San Juan de Dios y sus conexos,  que  habían iniciado sus procesos
(ordinarios, laborales, o de otra índole) con anterioridad a la fecha de
expedición de la sentencia de unificación y que para esa misma fecha no se
habían resuelto, o que  inclusive, hasta el día de hoy no han sido objeto de
decisión por parte del juez de conocimiento.
Respecto a este específico caso
se hace imperioso resaltar el grado de vinculación que para las autoridades
judiciales tiene el precedente jurisprudencial emitido por las altas
cortes.  En esa medida el alcance fijado a los derechos fundamentales en
la sentencia de unificación dictada por la Corte Constitucional, deben irrigar
los fallos que en adelante profieran los demás administradores de justicia y
las autoridades administrativas que deban intervenir en el asunto.
Ello por cuanto, lo anterior, es
predicable, tanto en el caso de las sentencias de control abstracto, como para
aquellas en las que la Corte ejerce el control concreto de constitucionalidad,
toda vez que estos tienen carácter vinculante para las autoridades judiciales y
administrativas.
En lo que respecta a la
obligatoriedad de acatar los fallos de tutela, esta Corporación en la Sentencia
C-634 de 2011, precisó:
“Esto en el
entendido que dichas decisiones, aunque son adoptadas frente a un asunto
particular, no tienen efectos simplemente inter partes, puesto que en dichos
fallos la Corte determina el contenido y alcance de los derechos
constitucionales.  Así, como se ha explicado en esta sentencia, si se
parte de la base que (i) las reglas de derecho solo logran su armonización
concreta luego de su interpretación; y (ii) la hermenéutica adelantada por las
autoridades judiciales investidas de la facultad de unificar jurisprudencia,
tiene carácter vinculante; entonces las razones de la decisión de los fallos
proferidos en ejercicio del control concreto son un parámetro obligatorio para
la aplicación, por parte de las autoridades, de las normas constitucionales en
los casos sometidos a su escrutinio.”
En conclusión, sólo las
situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la promulgación de la
sentencia de unificación SU-484 de 2008, gozan de seguridad jurídica y se debe
respetar la institución de la cosa juzgada. Las otras situaciones jurídicas que
no han sido resueltas de manera definitiva por las autoridades judiciales y
administrativas deben tener en cuenta el precedente fijado en la SU-484/08, al
momento de definir el alcance de los derechos invocados por los ex trabajadores
de la Fundación San Juan de Dios y las instituciones de salud anexas al mismo.
2.
LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR PRESTACIONES
LABORALES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Según lo
preceptuado en el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial que permite la protección inmediata de los
derechos fundamentales de una persona, cuando con la acción u omisión de
cualquier autoridad pública y en determinados casos de los particulares[8],  se vulneren
o amenacen derechos de rango constitucional[9].
De tal manera
que este mecanismo privilegiado de protección, tiene como características
especiales, ser residual y subsidiario[10].
Esto lleva a colegir, que sólo es procedente cuando (i) el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento jurídico, - caso
en el cual la tutela entra a salvaguardar de manera principal los derechos
fundamentales invocados -, o (ii) cuando existiendo otro medio de defensa
judicial, éste (1) no resulta idóneo ni eficaz para el amparo de los derechos
conculcados o amenazados,[11]
o (2) la tutela se torna necesaria como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.[12]
De lo
anterior se desprende que por su propia teleología, la acción de tutela reviste
un carácter extraordinario, que antepone el respeto por las jurisdicciones
ordinarias y especiales, así como por sus propias acciones, procedimientos,
instancias y recursos[13],
a fin de que la acción constitucional no usurpe las competencias de otras
autoridades jurisdiccionales.[14]
En el caso específico del pago de
acreencias laborales, la Corte ha señalado como elementos de juicio para
establecer si se está en presencia de un perjuicio irremediable, y por tanto,
la acción de tutela debe reemplazar los mecanismos ordinarios judiciales, los
siguientes[15]:
(a) el tipo de acreencia laboral;[16]
(b) la edad del demandante – a fin de establecer si la persona puede esperar a
que las vías judiciales ordinarias funcionen,[17]
su estado de salud –enfermedad grave o ausencia de ella–;[18] (c) la
existencia de personas a su cargo;[19]
(d) la existencia de otros medios de subsistencia. (e) La situación económica
del demandante;[20]
(f) el monto de la acreencia reclamada;[21]
(g) la carga de la argumentación[22]
o  de la prueba[23]
que sustenta la presunta afectación del derecho fundamental; (h) en particular
del derecho al mínimo vital, a la vida o la dignidad humana, entre otras
razones.
Como puede apreciarse en todas
las exigencias de procedibilidad descritas, el objetivo es el de revisar con
detenimiento los argumentos con respecto a la existencia de otros medios de
defensa judiciales y la presencia de un perjuicio irremediable, a fin de que la
acción de tutela no desplace las acciones ordinarias y se evite por vía de una
acción constitucional extraordinaria, desarticular el sistema de competencias y
procedimientos de la justicia en su conjunto.
Por consiguiente, la procedencia
de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, exige un
análisis meticuloso y concreto, lo que de contera evita un uso instrumental e
indebido de la acción de amparo y asegura la articulación del mecanismo
especial de protección constitucional con el resto del sistema jurídico.
Contrario sensu, un uso inadecuado de dicha figura jurídica o un descuido de
los jueces constitucionales en la verificación de las condiciones de
procedencia de la misma, puede implicar la desnaturalización del amparo
constitucional, llevando de manera impropia, al reconocimiento de derechos que
deben ser debatidos en la jurisdicción ordinaria.
Habida
cuenta de lo dicho, las pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a
obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales, el
reconocimiento o reliquidación de pensiones, la sustitución patronal, el
reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas prestaciones que derivan su
causa jurídica de la existencia de una relación laboral previa, en principio,
no están llamadas a prosperar por vía de la acción de tutela, en consideración
al criterio de subsidiaridad que reviste la protección constitucional[24].
Esta
limitación encuentra su razón de ser en la existencia de otros medios
judiciales, v.gr., el proceso ordinario laboral. No obstante, verificada la
existencia de otros medios que permitan garantizar el ejercicio del derecho
fundamental vulnerado o amenazado, resulta necesario el análisis de idoneidad y
efectividad de tal medio, tendiente a determinar si la acción de tutela resulta
procedente, con el fin de conceder un amparo transitorio, evitando la
materialización de un perjuicio irremediable.[25]
Igual
consideración ha realizado la Corte, en los casos en que el mínimo vital, entendiendo por aquél, el mínimo de necesidades
básicas indispensables para garantizar la subsistencia digna de la persona y de
su familia[26], es
vulnerado como consecuencia de la mora en pago de salarios del extremo
generalmente débil de la relación laboral pueda verse comprometido.
En el presente caso se someten a consideración de
esta Sala dos situaciones jurídicas que fueron resueltas con ocasión de dos
acciones de tutela interpuestas en busca de la protección de los derechos
laborales reclamados por dos ex trabajadoras de la Fundación San Juan de Dios
(expedientes T-2913837 y T-2868293). Las pretensiones de las accionantes fueron
despachadas favorablemente; sin embargo, sólo a una de ellas se le realizó el
pago efectivo de los derechos laborales reclamados, mientras que a la otra,
pese a que se profirió una sentencia de tutela en su favor debidamente
ejecutoriada, se le negó el pago de las acreencias laborales por parte de la
agente liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, prolongando en el tiempo
la afectación de los derechos fundamentales de la accionante.
En esta
medida, corresponde a la Sala entrar a definir si la presente acción de tutela
es procedente, situación que se definirá en el estudio de cada uno de los casos
concretos.
3.      LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA
CONTROVERTIR LAS PROVIDENCIAS DICTADAS POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL DENTRO DEL
TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Este asunto fue ampliamente tratado en la Sentencia
T-512 de 2011, emanada de esta misma Sala; por lo anterior, se procederá a
reiterar los argumentos aplicables al expediente T-2868293, ya que tiene como
pretensión principal que se dejen sin efecto las providencias dictadas por el
Consejo Seccional de la Judicatura, mediante los cuales se declaró el
cumplimiento de un fallo de tutela proferido por esa misma colegiatura y que
amparó los derechos prestacionales reclamados por la señora María Blaise Camelo
Luengas.
Al respecto se hará alusión a los siguientes tópicos:
3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Este asunto fue abordado por esta Corporación en la
Sentencia T-954 de 2010 y reiterado en la sentencia T-512 de 2011, de la manera
como a continuación se resume:
3.1.1. El artículo 86 de la Constitución Política
dispone que toda persona tiene "acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública".
Así mismo el Decreto 2591 de 1991  indica que "toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este decreto".
En esa medida, esta Corporación ha precisado que, de
conformidad con el concepto constitucional  de autoridades públicas dado por el
artículo 86,  "no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado" [27]
y, por tanto, dicho artículo autoriza a las personas para solicitar al juez
constitucional el amparo de sus derechos fundamentales cuando las sentencias, "entendidas
como actos emanados de un juez o tribunal", los desconozcan o amenacen.
De esta manera
la acción de tutela -o el llamado recurso de amparo o recurso de
constitucionalidad-  contra sentencias se convierte en uno de los pilares
centrales de todo el sistema de garantía de los derechos fundamentales. “Este
instrumento pasa a ser no sólo la última garantía de los derechos
fundamentales, cuando quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento
para introducir la perspectiva de los derechos fundamentales a juicios
tradicionalmente tramitados y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva
del derecho legislado”[28]. En otras
palabras, la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para
actualizar el derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del
Estado social y democrático de derecho.
En concordancia con lo anterior, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales ha sido desarrollada por la
doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como de
tutela. “En virtud de ellos, la Corte ha entendido que la tutela sólo puede
proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.
Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la
interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto.”[29]
La Sentencia SU-813 de 2007, siguiendo los parámetros
de la sentencia C-590 de 2005, sistematizó las causales genéricas de la
siguiente manera:
"Las causales genéricas de
procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para
la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de
la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La
particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en
principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se requiere, en primer lugar, que
la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como
en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho
fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos
casos, exige una carga especial al actor ; (ii) que la persona afectada haya
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su
alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera
posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela."
Así mismo, la Corte ha precisado que los criterios
específicos, "fruto de una evolución jurisprudencial que comenzó por la
enumeración de algunas causales para considerar una sentencia 'vía de hecho',
pero que hoy en día está consolidada en torno al concepto de causales
específicas de procedibilidad",  deben revestir un carácter protuberante y
presentarse de forma evidente en la decisión bajo examen, resumiéndolos de la
siguiente forma:
"i) Defecto sustantivo, orgánico
o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una
decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación
indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con
efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido .
ii) Defecto fáctico: Cuando en el
curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido.
iii) Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia.
iv) Decisión sin motivación: Cuando
la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los
motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos.
v) Desconocimiento del precedente: En
aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma
tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia.
vi) Vulneración directa de la
Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto ."
En conclusión, para que proceda la acción de tutela
contra una providencia judicial es necesario que: (i) se cumplan las causales
genéricas de procedibilidad; y (ii) se configure por lo menos uno de los
defectos o criterios específicos.
“En esa medida,
la acción de tutela -o el llamado recurso de amparo o recurso de
constitucionalidad-  contra sentencias constituye uno de los ejes centrales de
todo el sistema de garantía de los derechos fundamentales. Este instrumento se
convierte no sólo en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando
quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados
y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En otras
palabras, la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para
actualizar el derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del
Estado social y democrático de derecho.”
3.2. Los
fallos de tutela. Su cumplimiento y el procedimiento para hacerlos efectivos
El artículo 86 de la Constitución dispone que la
acción de tutela tiene por objeto la protección inmediata de los derechos
fundamentales que le han sido vulnerados o amenazados a una persona; que esa
protección inmediata debe consistir en una orden para que aquél respecto de
quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo; y que el fallo es
de inmediato cumplimiento, aunque sea impugnado. En desarrollo de esta norma
superior, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 establece que la sentencia de
tutela debe contener, entre otras cosas, la "orden y la definición
precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela".
Esta Corporación ha sostenido que, de acuerdo con el
régimen jurídico del recurso de amparo constitucional, "es claro que
las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección
de los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La autoridad o
el particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o violación,
debe cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos fundamentales
en los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí señalado. El
incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática de la Carta.
Por una parte, en cuanto frustra la consecución material de los fines
esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la
otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas constitucionales
que regulan la acción de tutela y el derecho infringido, también aquellas que
reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del
modelo de Estado Social de Derecho (arts. 29, 86 y 230)"[30].
El Decreto 2591 de 1991 en sus artículo 27 y 52,
dispone que el demandante en tutela cuenta con dos mecanismos, que puede
utilizar simultánea o sucesivamente ante el incumplimiento de la orden emitida
en el respectivo fallo. Así, el mencionado decreto faculta al accionante ya sea
para pedir el cumplimiento de la orden de tutela a través del denominado "trámite
de cumplimiento" y/o para solicitar, por medio del "incidente
de desacato", que sea sancionada la persona que incumple dicha orden.
En este orden de ideas, "el juez puede adelantar el incidente de
desacato y sancionar a los responsables y simultáneamente puede adelantar las
diligencias tendentes a obtener el cumplimiento de la orden".
Adicionalmente, esta Corporación mediante el Auto 045
de 2004 señaló que "el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito
para el desacato, ni el trámite de desacato es la vía para el cumplimiento. Son
dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través
del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la
tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato".
De acuerdo con la anterior, se puede concluir que las
diferencias entre el  desacato y el cumplimiento son las  siguientes:
i) El cumplimiento es obligatorio,
hace parte de la garantía constitucional;  el desacato es incidental, se trata
de un instrumento disciplinario de creación legal.
ii ) La responsabilidad exigida para
el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.
iii) La competencia y las
circunstancias  para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos
27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los
artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo
normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.
iv) El desacato es a petición de
parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque
v) puede ser impulsado
por el interesado o por el Ministerio Público."
3.2. 1. De conformidad con lo anterior y con lo
señalado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, esta Corte ha
señalado que la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela, incluso
tratándose de sentencias de segunda instancia o de aquellas proferidas en sede
de revisión, está, en principio, en cabeza de los jueces de primera instancia.
Lo anterior en desarrollo de los principios que rigen la acción de tutela,
especialmente el de la inmediación. Así lo sostuvo, por ejemplo, en el Auto 136A
de 2002 al señalar:
"7. En Conclusión, la Sala
encuentra que el juez de primera instancia (singular o plural), que haya
conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer del
trámite incidencial por desacato. Esta interpretación tiene fundamento en los
siguientes aspectos: (i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto
2591 de 1991,  (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al
desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii)
está en armonía con el principio de inmediación del trámite de  tutela y, (iv)
protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado
jurisdiccional de consulta."
Bajo este derrotero, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que los jueces de primera instancia, "con el propósito de
garantizar la efectividad de los derechos de los asociados y en desarrollo del
principio del efecto útil de las sentencias, gozan de amplias facultades en la
determinación de la forma de ejecución de los fallos de tutela y en la adopción
de las medidas tendientes a su cumplimiento; deduciéndose, de tal aserto, el
deber de velar por el cumplimiento efectivo de las garantías conferidas a los
ciudadanos en sede de tutela, '[i]nterpretando las normas y las sentencias
dictadas en el caso concreto' (Corte Constitucional SU-1158 de 2003)" .
3.3.
Doctrina constitucional
sobre el incidente de desacato
3.3.1 Naturaleza y objeto
El incidente de desacato es un mecanismo de creación
legal que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por
intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez
constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con
arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se
protejan derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27
y 52 del Decreto 2591 de 1991 en los siguientes términos:
"ARTÍCULO 27. CUMPLIMIENTO DEL
FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del
agravio deberá cumplirla sin demora.
(…) El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad del funcionario en su caso. (…)".
"ARTÍCULO 52. DESACATO. La
persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente
Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y
multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo
juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción."
Desde esa perspectiva, el incidente de desacato "debe
entenderse como un instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional
a la administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), puesto que éste permite la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con
lo cual no basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a
la tutela y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que
existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el
juez constitucional" .[31]
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional
también ha precisado que en caso de que se empiece a tramitar un incidente de
desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el
juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la
sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el
procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se
imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los
derechos fundamentales del actor.
3.3.2. Límites
y facultades del juez en el incidente de desacato
La Corte Constitucional ha reiterado que, dada la
naturaleza especial que tiene el incidente de desacato, el juez que conoce del
mismo no puede volver sobre los juicios o las valoraciones que hayan sido
objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, ya que ello implicaría "revivir
un proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa
juzgada". De acuerdo con lo anterior, el ámbito de acción del juez en
este caso está definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente.
Sobre el particular, la Corte en Sentencia T-014 de 2009 indicó:
“A este respecto se resalta, en
primer lugar, que no es posible que las consideraciones que se hagan para
decidir el incidente conduzcan a la reapertura del tema de fondo, ya decidido
mediante la sentencia de tutela. En este sentido debe subrayarse que en ese
momento procesal el referido fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que
la decisión en él contenida resulta inmodificable y de obligatorio acatamiento,
incluso para el juez que la hubiere proferido. Es claro entonces que nada en el
incidente de desacato puede implicar la reconsideración de la decisión cuyo
cumplimiento se busca, ni aún con la aquiescencia del beneficiario de aquélla,
ni tampoco con la del juez que la originó.
El tema se limita entonces a examinar
si la orden emitida por el juez de tutela para la protección del derecho
fundamental, fue o no cumplida en la forma allí señalada. La decisión que debe
adoptarse dentro de este incidente deberá tener como referente el contenido de
la parte resolutiva de la sentencia de tutela cuyo cumplimiento se busca.”
En este orden de ideas, la autoridad judicial que
decide el desacato debe limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigida
la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de
la misma”. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden
la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). (Sentencias T-553
de 2002 y T-368 de 2005).
En conclusión, el juez del desacato debe verificar si
efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene
que determinar si el mismo fue total o parcial, identificando las razones por
las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para
proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva
de la persona obligada. Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la
sanción adecuada - proporcionada y razonable - a los hechos.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato
De la lectura del artículo 52 del Decreto 2591 de
1991  se concluye que contra la decisión del incidente de desacato no procede
ningún recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de
consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a quien ha
incumplido la orden de tutela. Sobre este punto, la Corte Constitucional en la
Sentencia T-957 de 2004, dijo:
"La decisión de imponer la
sanción por desacato no es susceptible de apelación, ya que el mecanismo
contemplado para que el tema suba al conocimiento del superior jerárquico es la
consulta, cuyos alcances son diferentes. Si tramitada la consulta no hay
objeción del superior, la sanción queda en firme y contra las correspondientes
providencias no procede recurso alguno. (…)"
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que
excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de tutela la decisión
que pone fin al trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones
que, a su turno, comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho
al debido proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela
previamente resuelta. Al respecto en Sentencia T-014 de 2009, expuso lo
siguiente:
"De otra parte, esta corporación
ha reconocido la posibilidad de que, con ocasión de la aplicación de alguna de
estas medidas que buscan garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos de
esa misma naturaleza, particularmente el derecho al debido proceso de
cualquiera de las dos partes que como demandante y demandado participaron en el
trámite de la ya resuelta acción de tutela.
Esta circunstancia puede afectar a
quien inicialmente solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue
demandado continúa impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya
protección fue judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se
niega, injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del
otro lado, el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido
proceso, especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de
hecho necesarios para ello.
Por todo lo anterior, en varias
oportunidades ha reconocido esta corporación  que, excepcionalmente, es posible
cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente
de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela
previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta
tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho
incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél (…)."
En este orden de ideas, esta Corte en un principio
sostuvo que para que prosperara la acción de tutela contra una providencia que
resuelve un incidente de desacato era necesario que: (i) se estuviera en
presencia de una vía de hecho y (ii) la decisión proferida en el trámite de
desacato se encontrara ejecutoriada.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, esta
Corporación en la sentencia C-590 de 2005, estimó necesario redefinir el
concepto de "vía  de hecho" incluyéndolo dentro de uno más amplio que
abarca los requisitos de procedibilidad, razón por la cual, en jurisprudencia
reciente sobre el tema la Corte Constitucional ha aclarado que la acción de amparo,
procede en contra de una providencia que decidió un incidente de desacato
cuando: (i) además de estar ejecutoriada la providencia que resuelve el
desacato, se (ii) reúnan los requisitos generales de procedibilidad y se (iii)
configure por lo menos una de las causales especiales que hacen viable la
acción de tutela contra providencias judiciales .
Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que,
además de los anteriores requisitos, es preciso que: "(i) los
argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la
acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones
nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no
se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente
solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio".
De lo anterior se puede concluir,
que la acción de tutela excepcionalmente  procede en contra de las providencias
judiciales que resuelven un incidente de desacato. De esta forma, si se logra
verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protección
de derechos fundamentales, la autoridad pública o el particular obligado al
cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los términos expuestos en la
parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se
niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el
accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede
acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y
efectivo a la justicia.
En este caso, el nuevo juez
constitucional podrá (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que
denegaron dar trámite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el
fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo
(iii) o que hubiere decretado una sanción al obligado a cumplirlo sin el
respeto por el debido proceso.
4.
LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA. Reiteración
de jurisprudencia
Esta Corporación en la sentencia
T-104 de 2007, reiterando el contenido de la SU-1219 de 2001, realizó un
estudio pormenorizado con respecto a la improcedencia de la acción de tutela
para controvertir fallos de la misma naturaleza.
Dicha jurisprudencia será
aplicada al asunto radicado en esta Corporación bajo el expediente T-291387,
donde la ciudadana Isabel Franky de Bernal pretende que por vía de una acción
de amparo se declare la nulidad de la sentencia de unificación SU-484 de 2008,
al considerar que con la expedición de la misma, esta Corporación vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
al trabajo, entre otros.
Al respecto se debe precisar que
esta Corporación ha sostenido de manera reiterada[32]
que no procede la acción de tutela encaminada a infirmar las decisiones
adoptadas en una acción similar.  Desde la promulgación de la Sentencia SU-1219
de 2001[33] “la Sala Plena de
esta Corporación unificó la jurisprudencia constitucional relativa a la
improcedencia general de la acción de tutela contra sentencias de tutela, en el
sentido de dejar en claro que la competencia de esta Corte para revisar las
sentencias proferidas por los jueces constitucionales en el ámbito de las
acciones de amparo previstas en el artículo 86 de la Carta Política es
exclusiva y excluyente”. Lo primero por cuanto es el Tribunal de cierre en
materia de interpretación del alcance  que se le debe dar a los derechos
fundamentales; lo segundo, porque la única vía que existe para controvertir un
fallo de tutela es la eventual revisión que realiza esta Corporación y de
manera extraordinaria la nulidad por parte de la Sala Plena de un fallo
proferido por una Sala de Revisión.
Expuso esta
Corte, en la SU-1219 de 2001, que la improcedencia de la acción de tutela
contra decisiones de amparo, además de fundarse en el propio texto
constitucional, propende i) por hacer efectiva la protección de los derechos
fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii) por
garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad
de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de manera
indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección
constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales
será resuelto de una vez.[34]
Resulta
pertinente  transcribir  los principales apartes de dicha Sentencia de
Unificación  sobre este punto.
“Es incontestable que,
tratándose de fallos de tutela, un juez también puede equivocarse. Los jueces
de tutela no son infalibles en sus decisiones y actuaciones, como tampoco
inmunes a las reclamaciones por violación de derechos fundamentales.
No obstante, hay diferencias
de competencia y de procedimiento entre las actuaciones de los jueces
ordinarios y las actuaciones de los jueces de tutela que justifican la
existencia de mecanismos diferentes para la protección de los derechos fundamentales
ante un error judicial.
En efecto, las actuaciones
judiciales de los jueces ordinarios al decidir, principalmente, sobre asuntos
de orden legal eventualmente pueden representar un desconocimiento absoluto de
los derechos constitucionales fundamentales y constituir en situaciones
extremas vías de hecho susceptibles de impugnación mediante la acción de
tutela. Tal conclusión se impone por la necesidad de proteger los derechos
constitucionales fundamentales – que no son el referente usual e inmediato de
los jueces ordinarios – y de acompasar la jurisprudencia y la legislación a la
Constitución. La razón de esta exigencia de unidad y coherencia es obvia: el
ordenamiento jurídico es uno sólo y la legislación debe interpretarse y
aplicarse de conformidad con la Constitución.
En el caso de los fallos de
tutela, en cambio, el objeto principal y específico es precisamente la
protección de los derechos fundamentales. En el proceso de tutela se aplica de
manera directa la Constitución al análisis de las acciones u omisiones de
autoridades públicas o de ciertos particulares. La principal característica de
la acción de tutela, su rasgo definitorio, es su especificidad: la acción de
tutela es un mecanismo cuya función esencial es asegurar el respeto y el goce
efectivo de los derechos constitucionales fundamentales y, en ese sentido, su
razón de ser específica es lograr la aplicación directa de los derechos
constitucionales, no de las leyes, sin que ello signifique que las leyes sean
irrelevantes en el análisis constitucional de cada caso concreto.
Ahora bien, los jueces de
tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una
sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho.
Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el
ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para
evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de
tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la misma
Constitución en su artículo 86 inciso 2°, dispone:
"El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión."
El mecanismo constitucional
diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales
que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio
Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta
regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia
de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo
tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las
controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de
impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la
modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió
directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los
errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los
derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un
órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido
también por él – la revisión.
Se tiene entonces, que el
mecanismo idóneo para controvertir un fallo de tutela que fue proferido por el
juez constitucional de primera instancia, es la impugnación; en caso de no
impugnarse o de estar en desacuerdo con la sentencia dictada por el juez
constitucional de segunda instancia, procede la eventual revisión ante la Corte
Constitucional. De esta manera se garantiza el control constitucional sobre el
alcance dado por los jueces a los derechos fundamentales.
Sin embargo, en el caso que nos
ocupa lo que se pretende es dejar sin efectos una Sentencia de tutela de
Unificación proferida por la Corte Constitucional, mediante la promoción de una
nueva acción amparo. Ante este específico caso, se hace imperioso señalar, que
la única forma que existe para controvertir una sentencia de estas cualidades
es el recurso extraordinario de nulidad ante la Sala Plena de esta Corporación.
4.1 La Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante los Autos 325 de 2009 y 026 de 2011, ha establecido jurisprudencialmente,   los requisitos procesales y sustanciales de procedencia
de una solicitud de nulidad contra sentencias de revisión de tutelas proferidas
por sus Salas de Revisión, aplicables a las decisiones tomadas por la Sala
Plena en Sentencias de unificación. Al respecto, esta Corporación precisó:
“..De
conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Ordenamiento Superior,
los fallos que dicte la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.  A partir de esta premisa se ha inferido que tales providencias
se encuentran resguardadas por la garantía del principio de seguridad jurídica,
haciéndolas definitivas, intangibles e inmodificables, lo que implica “como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.”[35]
Quiere decir lo anterior que,
como regla general, contra las decisiones dictadas por cualquiera de las Salas
de esta Corporación no procede recurso alguno, siendo viable, de conformidad
con los parámetros dados por el legislador extraordinario, que la nulidad pueda
ser alegada antes de proferido el fallo, siempre y cuando se trate de
irregularidades superlativas y ostensibles (Decreto 2067 de 1991, Art. 49).
Bajo la misma normativa, este
Tribunal ha considerado que lo relativo a la revisión de acciones de tutela,
excepcionalmente es posible proponer su nulidad cuando se origine en la
sentencia misma, ya sea a petición de parte o de oficio[36]
y siempre que se trate de una notoria, flagrante, significativa y trascendental
violación del debido proceso.  Esta conjetura tiene origen en una
interpretación armónica de la citada disposición con los valores, principios y
derechos fundamentales, con el único fin de no erosionar el principio de
justicia material.
Ahora bien, es necesario resaltar
que la opción de impetrar una nulidad contra una sentencia proferida por una de
las Salas de Revisión es eminentemente excepcional.  Por tanto, dicha solicitud
no implica per se la existencia de un recurso contra los fallos, ni una
posibilidad adicional para que se suscite un nuevo debate jurídico.  Solamente
se trata de una competencia atribuida por el ordenamiento a la Sala Plena de la
Corte Constitucional para “declarar las nulidades que se presenten en
cualquier etapa del proceso”[37].
Siendo el incidente de nulidad
una figura judicial excepcional,  exige para su procedencia ciertos presupuestos,
unos de carácter formal y otros de naturaleza sustancial.
En relación con los primeros ha
considerado:
-  Temporalidad:
De acuerdo a esta condición, la solicitud de nulidad debe ser
presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
sentencia.  Vencido tal término se entienden saneados los vicios que hubieran
dado lugar a la declaratoria de nulidad[38], salvo que la
proponga un tercero interesado que no hubiera sido parte del proceso de tutela.
Si el vicio se funda en
situaciones ocurridas con anterioridad a la adopción del fallo de acuerdo con
lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, la solicitud de nulidad
deberá presentarse antes de que sea proferida la sentencia.
-  Legitimación
en la causa por activa: El incidente de nulidad debe ser
presentado por quien haya sido parte en el trámite de tutela, o en su defecto,
por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas por la Corte en
sede de revisión, resultando viable interponer la solicitud en los términos del
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.[39]
-  Deber
de argumentación: Quien pretenda la nulidad debe cumplir con una
exigente carga argumentativa seria y coherente, señalando de manera clara y
expresa la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales
transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada, no siendo de recibo
razones que manifiesten simple disgusto o inconformismo por la decisión[40].
Así las cosas, conforme al
carácter extraordinario de esta figura, sustentado sobre todo en la entidad de
las decisiones proferidas por este Tribunal como órgano de cierre, se ha
precisado que, de una parte, las causales que lo sustentan así como los
presupuestos de oportunidad y legitimación que lo rigen, deben interpretarse de
manera restrictiva y, por otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien
alega la nulidad, debe alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en
qué consiste la anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la
sentencia[41].
Respecto de los requisitos
sustanciales o materiales, esta Corte ha identificado algunas causales, a
saber:
-  Cambio
de jurisprudencia: Atendiendo lo establecido en el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos
restrictivamente por la Sala Plena de la Corte, razón por la cual “cuando una
Sala de Revisión varía la jurisprudencia, se desconoce el principio del juez
natural y se vulnera el derecho a la igualdad.”[42]
-
Desconocimiento de las mayorías establecidas legalmente: En los
casos en los que la Corte dicta una sentencia sin que haya sido aprobada por
las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, Reglamento Interno (Acuerdo
05 de 1992) y Ley 270 de 1996[43].
-
Incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia: Lo
cual genera incertidumbre respecto de la decisión adoptada, como es el caso de
las decisiones “anfibológicas o
ininteligibles, por abierta contradicción o cuando carece en su totalidad de
argumentación en su parte motiva”[44].
Adicionalmente, frente a este requisito la Corte
ha establecido que “los criterios que se utilizan para la adecuación de la
sentencia, respecto de la redacción o de la argumentación no constituyen
vulneración al debido proceso. Tampoco el estilo de los fallos más o menos
extensos en el desarrollo de la argumentación, tienen trascendencia para
efectos de una presunta nulidad, pues en las acciones de tutela la
confrontación es entre los hechos y la viabilidad de la prosperidad de la
protección constitucional y nunca respecto al formalismo de la solicitud como
si se tratara de una demanda civil”[45].
-  Órdenes dadas a particulares en la parte
resolutiva de la sentencia que no fueron vinculados al proceso: Como garantía del derecho de defensa, en tanto no
tuvieron la oportunidad de intervenir en el trámite tutelar[46].
-  Desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional: Que
deriva en una extralimitación en el ejercicio de las competencias atribuidas a
esta Corporación por la Constitución y la ley[47].
-  Elusión arbitraria de análisis de asuntos de
relevancia constitucional: Siempre y cuando resulten transcendentales para el sentido de la decisión[48].
Todo ello, en conclusión, ha
llevado a que la Corte reitere en cuanto a la naturaleza de este trámite, que
consiste en un examen sobre la validez de las decisiones adoptadas por la
Corporación, a partir de unos eventos excepcionales circunscritos, se insiste,
a la afectación grave y trascendental del debido proceso.  Como tal, se
advierte, ha reiterado que este incidente no constituye una nueva instancia ni
un recurso a partir del cual se debata en nueva oportunidad el fondo de la
controversia.
Por ello, todos y cada uno de los
requisitos y causales señalados deben ser atendidos, probados y satisfechos
cuidadosamente por el incidentalista como requisito básico para proceder al
estudio de fondo de la solicitud.  La Corte ha considerado que en caso
contrario, teniendo en cuenta la naturaleza de este trámite, se hará
obligatorio rechazar o denegar el petitum, según el caso”[49].
Todas estas
consideraciones previas, deben llevar a la conclusión de que al existir un
procedimiento especialísimo para controvertir las sentencias de tutela dictadas
por esta Corporación, no hay lugar a que las mismas puedan ser objeto de reparo
a través de una nueva acción de amparo; ello por cuanto, (i) se
desnaturalizaría la institución de la tutela como mecanismo preferente y
sumario, (ii) se desconocería la función de la Corte como órgano de cierre en
la jurisdicción constitucional, (iii) se harían nugatorios los derechos
fundamentales reconocidos mediante el mecanismo de tutela, entre otras
consecuencias nefastas para dicha institución.
Por todo lo
anterior, una acción de tutela que pretenda la nulidad de otra acción de igual
naturaleza, resulta abiertamente improcedente, y así lo declarará esta Sala en
la parte resolutiva de esta sentencia.
A partir de los anteriores
presupuestos procede la Corte a efectuar el análisis del caso  sub examine.
5.
RESOLUCIÓN DE LOS CASOS CONCRETOS
EXPEDIENTE T-2868293
Mediante escrito presentado el día 8 de junio de 2010, la
señora MARÍA BLAISE CAMELO LUENGAS solicitó la protección tutelar de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica en relación
con la cosa juzgada, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad,
presuntamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, al declarar cumplido el fallo de tutela radicado
en dicha corporación bajo el núm. 00734-2008, el cual había ordenado al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a
la Liquidadora de Cuentas de la Fundación San Juan de Dios el reconocimiento de
las acreencias laborales causadas desde el último pago realizado a la
accionante, hasta el año 2007. Dicho fallo que data del 5 de marzo de 2008, fue
confirmado en segunda instancia por la Sala jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura mediante proveído del 23 de abril de 2008 y
excluido para revisión por la Corte Constitucional.
Con el fin de hacer efectivo el reconocimiento y pago de
las acreencias laborales tuteladas en la sentencia 00734 de 2008, acudió el 14
de mayo del mismo año, ante el juez de primera instancia, con el fin de
presentar la solicitud del cumplimiento de la referida providencia. El 2 de
julio de esa misma anualidad, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca declaró que las entidades llamadas al cumplimiento no habían
incurrido en desacato; sin embargo, ordenó oficiarlas para que cumplieran las
órdenes dadas en la sentencia dictada por esa colegiatura y en los plazos
fijados en la misma.
Señala que ante la falta de coherencia de esa primera
respuesta, acudió nuevamente el 10 de diciembre de 2008, a solicitar el cumplimiento del fallo, pero la magistrada sustanciadora que reconoció sus
derechos laborales, mediante proveído del 27 de enero de 2009, declaró que el
mismo ya había sido cumplido, y en consecuencia, ordenó el archivo del
expediente. Esta nueva decisión la argumentó con base en la parte resolutiva de
la sentencia de unificación SU-484 de 2008 de la Corte Constitucional, la cual
fijó como fecha de terminación de las relaciones laborales sostenidas entre la
Fundación San Juan de Dios y sus ex trabajadores, el día 29 de octubre de 2001.
Con base en idénticos argumentos  la Liquidadora de la Fundación San Juan de
Dios expidió la Resolución núm. 0333 del 17 de octubre de 2008, donde resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR que de conformidad
con la discriminación contenida en el anexo No. 1 que detalla los descuentos
correspondientes, y que forma parte de este acto, el valor a pagar a la señora
CAMELO LUENGAS MARIA BLAISE, identificada con la cédula de ciudadanía No.
28.308.496, en su calidad de ex empleada del Hospital San Juan de Dios, es de
cero ($0).”
En este orden de ideas, solicita le sean amparados sus
derechos fundamentales  al debido proceso, a la seguridad jurídica en relación
con la cosa juzgada, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad;
como consecuencia de ello, se ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la
Fundación San Juan de Dios, el pago de las acreencias laborales causadas desde
el año 1999 hasta el año 2007, tal como se ordenó en el fallo de tutela
proferido el 23 de abril de 2008 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria; y en consecuencia se deje sin efecto la decisión
proferida por esa misma Corporación el 27 de enero de 2009, mediante la cual se
declaró el cumplimiento del referido fallo, así como las demás providencias que
han ordenado estarse a lo resuelto en la misma.
No cabe duda
entonces que la acción de tutela se dirige en este caso contra una providencia
judicial, específicamente contra la proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura el 27 de enero de 2009, la cual decidió dar por cumplido el fallo de
tutela y se abstuvo de iniciar el incidente de desacato en contra de las
entidades demandadas. Siendo así las cosas, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar, con fundamento en la jurisprudencia constitucional previamente
analizada y en los elementos probatorios que contiene la actuación, si la
colegiatura accionada, con la providencia mencionada, ha vulnerado realmente a
la accionante los derechos fundamentales que reclama.
Para ello se
tendrá en cuenta que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que deciden un incidente de desacato es excepcional y que procede
siempre y cuando: (i) la decisión proferida en el trámite del desacato
se encuentre ejecutoriada; (ii) concurran todas las causales genéricas
de procedibilidad; y (iii) se configure por lo menos una de las causales
específicas o defectos graves que hacen procedente la acción de tutela contra
una providencia judicial, respetando en todo caso el alcance y las órdenes de
la sentencia de tutela presuntamente incumplida.
(I)  Ejecutoria
de la providencia
En torno a si
la decisión proferida en el trámite del desacato se encuentra ejecutoriada,
debe precisarse que la providencia del 27 de enero de 2009, proferida por el
Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, que
declaró cumplido el fallo de tutela emitido por esa misma autoridad judicial el
5 de marzo de 2008, y se abstuvo de imponerle a los demandados, las sanciones
previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, corresponde a una
providencia contra la cual no procede ningún recurso ordinario ni
extraordinario, ni el grado de consulta, razón por la cual se encuentra
debidamente ejecutoriada.
(II) Causales
genéricas de procedibilidad
2.1.
Relevancia constitucional de las cuestiones discutidas
La accionante
afirma que el Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, con la expedición de la providencia del 27 de enero de 2009,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica en relación con la cosa
juzgada, por cuanto declaró que las entidades responsables del pago de las
acreencias laborales de la Fundación San Juan de Dios, con la expedición de las
resoluciones números 189 y 2060 del año 2007, mediante las cuales se reconoció
el pago de las acreencias laborales correspondiente al período 1999-2001,
habían dado cumplimiento y no desacataron  la sentencia de tutela emitida por
esa Corporación el 5 de marzo de 2008, la que a su vez fue confirmada por el
Consejo Superior de la Judicatura el 23 de abril del mismo año y en virtud de
la cual se ordenó el pago de los salarios correspondientes al periodo
2001-2007.
Es evidente
que los derechos reclamados no son meramente de orden legal, sino que tienen el
carácter de fundamentales, según lo dispuesto en los artículos 2, 29 y 229 de la
Constitución Política, lo que evidencia la relevancia constitucional del caso.
2.2.
Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
Como ya se
anotó, la providencia de fecha 27 de enero de 2009, proferida por el Consejo
Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, no es
susceptible de ningún recurso, ni del grado de consulta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
2.3.
Cumplimiento del requisito de la inmediatez
2.4.
Se observa
que la accionante presentó el escrito de tutela el 8 de junio de 2010 y que la
última actividad encaminada al reconocimiento y pago de los derechos laborales
reconocidas mediante la tutela del 5 de marzo de 2008, data del 7 de mayo de
2010; por tanto, es indiscutible que concurre el requisito de inmediatez.
2.4. No se
trata de sentencia de tutela contra tutela, sino que se cuestiona un incidente
de desacato, el cual tiene diferente naturaleza.
Si bien la
Corte Constitucional ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela, también ha sostenido que se puede acudir a dicha
acción contra providencias que deciden un incidente de desacato, por tratarse
de  situaciones distintas que no deben confundirse. En este sentido la Corte en
la providencia T-684 de 2004 señaló lo siguiente:
“3. La
acción de tutela procede contra incidentes de desacato, cuando en su trámite
puede evidenciarse una vía de hecho”.
Además añade:
“la acción de tutela y el incidente de desacato, aunque establecen entre sí
una estrecha relación, no pueden confundirse”.
2.5.
La accionante ha identificado de forma razonable los hechos que generan la
violación, la cual no le fue posible alegarla en el incidente de desacato
Efectivamente,
la señora Camelo Luengas enumera y explica los hechos de los cuales deriva la
vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales no tuvo oportunidad de
exponer y debatir en el incidente de desacato, por cuanto los efectos adversos
del mismo se originaron en la decisión del 27 de enero, situación que carece de
recursos y del grado de consulta.
(III)
Causales específicas de procedibilidad
La demandante
alega que la providencia del 27 de enero de 2009, emitida por el Consejo
Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria, adolece de
defectos fácticos y sustantivos, razones por las cuales deviene arbitraria y
violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Ello por
cuanto el juez constitucional no tuvo en cuenta que la sentencia proferida por
esa colegiatura, es anterior a la expedición de la SU 484 de 2008, y
adicionalmente dio una interpretación equívoca a la sentencia de unificación al
declarar que su caso particular no estaba excluido de los efectos de la
decisión tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Uno de los
argumentos esbozados por la accionante es la configuración de un defecto
fáctico. Al respecto, esta Corporación ha señalado que se configura:
“Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o
estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el
sentido del fallo proferido”.
Se endilga un
defecto fáctico a la providencia proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura el 27 de enero de 2009, por cuanto: (a) se dio un valor probatorio
equivocado a las resoluciones 189 y 2060 de 2007 y 0333 del año 2008, emanadas
de la Agente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios y (b) no se dio el
valor probatorio adecuado a la sentencia de unificación SU-484 de 2008,
proferida por la Sala Plena de esta Corporación el día 15 de mayo de 2008 y en
consecuencia se desconocieron los principios de la seguridad jurídica y la cosa
juzgada de que gozaba la sentencia de tutela proferida el 5 de marzo de 2008,
por el Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
la que a su vez fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura el 23
de abril de 2008.
La Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar que la configuración del defecto fáctico se presenta cuando
la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria; esto
es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una prueba determinante
para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una
prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento
probatorio decididamente se sale de los cauces racionales. En esa medida, lo
que corresponde al juez constitucional es evaluar si en el marco de la sana
crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso.
Para
determinar si le asiste razón a la accionante, la Sala entra a  analizar a
continuación el alcance de las decisiones tomadas en las sentencias de tutela
del 5 de marzo de 2008, la cual a su vez fue confirmada el 23 de abril del
mismo año; en la SU- 484 de 2008  y en la providencia que declaró cumplido el
fallo de tutela el día 27 de enero de 2009. Así mismo se hará énfasis en las
decisiones tomadas en la parte resolutiva de las Resoluciones mediante las
cuales se reconocieron los derechos de la accionante, con el fin de verificar
el cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia del 5 de marzo de 2008 y
23 de abril del mismo año.
Al respecto, la
Sala constata que el Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en su sentencia del 5 de marzo de 2008, resolvió:
“PRIMERO:
CONCEDER la acción de tutela formulada por la señora MARIA BLAISE
CAMELO LUENGAS en su calidad de TRABAJADORA de la extinta Fundación San Juan de
Dios contra EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA LIQUIDADORA DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE  DIOS y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, protegiendo sus
derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud y
trabajo en condiciones de dignidad y derechos como madre cabeza de familia.
SEGUNDO.-
ORDENAR AL MINISTRIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA LIQUIDADORA
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE  DIOS y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y a la
LIQUIDADORA designada por el Gobernador de Cundinamarca que, si aún no lo ha
hecho, a partir de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes  a la notificación
de este fallo y a más tardar en el término de 15 días calendario en la
proporción que acuerden o, en defecto de este acuerdo, por partes iguales: a.)
cancelen las mesadas SALARIALES y las prestaciones adeudadas a la señora MARIA
BLAISE CAMELO LUENGAS (con base en las Resoluciones 189 y 2060de 2007),
incluyendo todos y cada uno de los factores salariales y prestacionales, b.) En
el mismo término señalado en el literal anterior se pondrá al día en el pago de
aportes a la seguridad social. c.) de no existir disponibilidad presupuestal,
en el mismo término deberán iniciarse las gestiones pertinentes para su
consecución; en este caso, el pago deberá producirse a más tardar en el término
de un mes; d.) adopten las medidas administrativas necesarias de acuerdo con
sus competencias, incluso aquellas relacionadas con la suscripción de contratos
de concurrencia, a fin de garantizar hacia el futuro el pago de los salarios,
derechos, prestaciones e indemnizaciones, hasta cuando se dirima por vía
administrativa o judicial lo referente a sus responsabilidades por el pasivo
prestacional de la extinta Fundación San Juan de Dios, o empiecen a aplicarse
efectivamente a favor  de la accionante los acuerdos y convenios que han
resultado probados.
TERCERO.
Prevenir al MINISTRIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,   la  LIQUIDADORA DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE  DIOS y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para evitar la
repetición de la misma acción, o la toma de decisiones que afecten o pongan en
peligro la vida digna de la petente y los derechos que aquí le han sido
amparados.
CUARTO.
Contra éste fallo procede impugnación dentro de los tres días siguientes a su
notificación (art. 30 Dto. 2591 de 1991).
QUINTO.
Si no es impugnado, envíese para eventual REVISIÓN a la Corte Constitucional.
Por su parte
el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en
sentencia del 23 de abril de 2008, decidió modificar la sentencia del a quo en
los siguientes términos:
PRIMERO.
MODIFICAR la sentencia adiada 5 de marzo de 2008, por medio del cual
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, concedió la acción de tutela invocada por la señora MARIA BLAISE
CAMELO LUENGAS, contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Beneficencia de Cundinamarca y la Agente Liquidadora de Cuentas de la Fundación
San Juan de Dios, en el sentido de ordenar el pago en forma solidaria de todos
los valores adeudados a la accionante por concepto de obligaciones laborales,
desde el mes siguiente al último pago.
SEGUNDO.
CONFIRMAR en los demás aspectos el fallo objeto de censura, conforme
a las consideraciones plasmadas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO.
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. La Secretaría obre de conformidad.
De otro lado,
la SU-484 de 2008, en su parte resolutiva ordenó:
(…)
VIGESIMO
PRIMERO: Los efectos de la presente decisión se extienden a todos
los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, cuyas relaciones de trabajo
hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y
que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945 - ó por la ley y el reglamento. O
que hayan tenido contratos de prestación de servicios personales en su
condición de personas naturales y que los prestaban personalmente.
VIGESIMO
SEGUNDO: La presente decisión no produce efectos respecto de:
22.1
Las personas que tenían relación laboral con la Fundación San
Juan de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil, - que haya tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento
y posesión, y que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas
complementarias, incluida la Ley 6 de 1945, o por la ley y el reglamento, que
hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos
laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de
seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones,
descansos e indemnizaciones. (Las subrayas son nuestras).
22.2.
Las personas naturales que hayan tenido contratos de
prestación de servicios personales y que los prestaban personalmente a la
Fundación San Juan de Dios, que comprende al Hospital San Juan de Dios y al
Instituto Materno Infantil, que hayan obtenido por vía judicial, a través de
procesos de tutela o de procesos laborales, el reconocimiento de sus
contraprestaciones.
22.3.
Las personas jurídicas que hayan tenido contratos de
prestación de servicios con la Fundación San Juan de Dios –que comprende al
Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil- y las personas
naturales que hayan tenido contratos de prestación de servicios con la
Fundación San Juan de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al
Instituto Materno Infantil-, y que no los hayan prestado personalmente.
Adicionalmente, las Resoluciones
189 y 2060 de 2007, sólo reconocen los salarios causados entre 1999 y el año
2001, siendo estas anteriores al fallo de tutela que se pretende hacer cumplir.
Por su parte, la Resolución 0333 de 2008, sólo se limita a declarar que las
obligaciones prestacionales de la Fundación San Juan de Dios con la señora
Camelo Luengas se reducen a cero pesos.
De las resolutivas anteriormente
transcritas se puede concluir lo siguiente:
i.
Tanto el fallo de tutela del 5 de marzo de 2008, como el proferido el 23
de abril del mismo año, concedieron el amparo a los derechos fundamentales de
la señora Camelo Luengas, y en consecuencia, ordenaron el pago de las
acreencias laborales causadas entre el último pago realizado por la Fundación
San Juan de Dios y la fecha del reconocimiento por parte del juez de segunda
instancia; es decir, los salarios correspondientes al período 2001-2007.
ii.    La
sentencia de unificación SU-484 de 2008, data del 15 de mayo de 2008, por tanto,
es posterior a la ejecutoria de los fallos que reconocieron los derechos
laborales a la accionante.
iii.  La SU-484
de 2008 en su numeral vigésimo segundo en su parte resolutiva, excluyó
taxativamente de sus efectos a las personas que antes de su ejecutoria, habían
logrado el reconocimiento de sus prestaciones laborales.
iv.  Mediante
las Resoluciones proferidas por la Agente Liquidadora de la Fundación San Juan
de Dios se reconocen haberes prestacionales en favor de la accionante,
correspondientes al período 1999-2001, quedando pendientes de pago las
situaciones causadas entre el año 2001 y el año 2007; de tal manera que no se
ha cumplido a cabalidad con  el contenido de las órdenes dictadas en las
providencias del 5 de marzo y 23 de abril de 2008, por parte del Consejo
Seccional y el Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente.
Por todo lo
anterior, esta Sala debe concluir que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, incurrió en una de las
causales específicas que hacen procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, por cuanto no valoró debidamente el contenido de la
sentencia SU-484 de 2008, ni de las resoluciones 189, 2060 de 2007 y 0333 de
2008, ya que en ninguno de estos actos administrativos se constata el pago
ordenado en las sentencias del 5 de marzo y 23 de abril de 2008. Ello, en
consecuencia, llevó a la vulneración de los derechos fundamentales reclamados
por la accionante. Por tanto, se protegerán sus derechos y así se ordenará en
la parte resolutiva de esta providencia.
Adicionalmente,
se desconoció que la ciudadana Camelo Luengas tenía en su favor una sentencia
de tutela ejecutoriada por no haber sido seleccionada para revisión por parte
de la Corte Constitucional, que ordenaba el reconocimiento y pago de sus
acreencias laborales, lo cual no se pudo materializar; situación que origina un
defecto sustantivo al no permitirle el acceso real y efectivo a la justicia ni
la garantía y efectividad de los derechos consagrados en los artículos 2, 29 y
229 del Estatuto Superior.
En cuanto a la no selección del expediente que
concedió el amparo a la señora Camelo luengas, por parte de esta Corporación,
es claro que  solo a esta Corte, como intérprete autorizado de la Constitución
Política y por expresa disposición de este ordenamiento, compete revisar las
sentencias ejecutoriadas de amparo o decidir no hacerlo.  Igualmente que  “En
caso de que un asunto no sea seleccionado, se surte el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional -"inmutable y definitiva"- quedando
ejecutoriada formal y materialmente la sentencia. Frente a esta situación, en
materia de tutela, la Corte adquiere la naturaleza de "órgano de
cierre". En consideración de la Corte, la cosa juzgada constitucional
(art. 243 numeral 1º C.P.) opera una vez es decidido el caso por la sala de
revisión, si el caso fue seleccionado, o una vez precluida la oportunidad para
insistir en la selección para revisión, en caso contrario (…).
En lo atinente a la
materialización de la sentencia que concedió los derechos a la accionante, en
múltiples oportunidades esta Corporación ha señalado que mediante el
cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades y de los
particulares, se logra la plena garantía de los derechos fundamentales de
quienes acceden a la administración de justicia. Los fallos ejecutoriados son
de obligatorio cumplimiento por cuanto hacen tránsito a cosa juzgada (res
iudicata) y, por ende, su desconocimiento constituye una fractura al
principio del Estado de Derecho y un grave menoscabo a los intereses
reconocidos mediante providencia judicial.
En esta
medida no es de recibo el argumento de la autoridad judicial accionada, en
cuanto considera que de reconocerse el derecho al pago de acreencias laborales
a la señora Camelo Luengas se estaría vulnerando el  derecho a la igualdad de
los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios; por cuanto las relaciones
laborales de quienes iniciaron y obtuvieron éxito en procesos judiciales de
cualquier naturaleza con antelación a la SU-484 de 2008, se prolongarían hasta
ese mismo año, mientras que quienes no iniciaron ninguna acción su relación
laboral sólo llega hasta el 29 de octubre de 2001.
Al respecto,
basta con precisar que el principio de igualdad obliga  tratar igual a los
iguales y desigual a los desiguales; en esta medida, existe una gran diferencia
entre quienes obtuvieron el reconocimiento de sus prestaciones laborales
mediante una sentencia ejecutoriada gracias a su diligencia en las actuaciones
judiciales en procura de salvaguardar sus derechos, y los que nunca acudieron
ante las autoridades competentes en busca de la garantía de sus derechos.
Lo contrario
equivaldría a decir que se debe tratar  con igual benevolencia a dos personas
que se encuentran en identidad de situaciones jurídicas en las que les asiste
el mismo derecho, pero que solo una acude a los estrados judiciales, mientras
la otra deja prescribir sus derechos o caducar sus acciones.
Ahora bien,
las consideraciones que se han hecho en esta providencia llevan a la Sala a
revocar la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura–Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, el 13 de septiembre de 2010, la cual confirmó el
fallo dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante proveído del 22 de julio de 2010 y, en
su lugar, tutelar a favor de la accionante su derecho fundamental al debido
proceso, vulnerado mediante la providencia de fecha 27 de enero de 2010 y las
posteriores que ordenaron estarse a lo resuelto en la misma. Ello por cuanto no
está probado que a la señora Camelo Luengas se le haya realizado el pago de los
salarios reconocidos entre los años 2001-2007, y en esa medida no se ha dado cumplimiento
a la sentencia proferida por el Consejo  Seccional y Superior de la Judicatura,
mediante proveídos del 5 de marzo y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Expediente T-2913837
Mediante escrito presentado el día 7 de abril de 2010, la
señora ISABEL FRANKY DE BERNAL solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo en condiciones
dignas, al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura al declarar
cumplido el fallo de tutela radicado en dicha Corporación bajo el núm.
2007-04993 y el cual había ordenado al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la
Fundación San Juan de Dios el pago de las acreencias laborales causadas desde
el año de 1999 hasta el año 2007. De igual manera, considera que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados por la Corte Constitucional al expedir la
Sentencia de Unificación SU-484 de 2008.
Al respecto, señaló que la Sala Plena de la Corte
Constitucional se excedió en el ejercicio de sus funciones “… con la
sentencia violenta por acción y por omisión mis derechos fundamentales y en el
caso concreto al no haber sido parte dentro de los expedientes acumulados,
relacionados en el numeral segundo del acápite de antecedentes, se violentó el
debido proceso a ser escuchada y vencida en un proceso, en el que no estaba
legitimada por activa”.
En ese orden de ideas solicita le sean amparados sus
derechos fundamentales  invocados.
De lo anterior se puede colegir
que la señora Franky de Bernal busca con esta nueva acción de tutela dos
pretensiones principales:
i)
Que se ordene el cumplimiento de un fallo de tutela proferido en el año
2007, que según la accionante no ha sido cumplido a cabalidad.
ii)    Que
se declare la nulidad de la sentencia de unificación SU-484 de 2008, proferida
por la Sala Plena de esta Corporación.
Frente al primer asunto, esta
Sala con el fin de verificar si efectivamente el fallo que concedió los
derechos laborales a la señora Franky de Bernal había sido incumplido, profirió
el auto del 11 de mayo de 2011, mediante el cual se solicitó tanto a la
Fundación San Juan de Dios como a la accionante lo siguiente:
“PRIMERO: SOLICITAR
a la Fundación San juan de Dios hoy en liquidación (Instituto Materno
Infantil-Hospital San Juan de Dios) que, en el término de diez (10) días,
allegue a esta Corporación la información relacionada con las ex trabajadoras:
(…)  Isabel Franky de Bernal identificada con cédula de ciudadanía núm.
35.336.873 en lo concerniente a:
(iv)
Los procesos judiciales que se hubiesen iniciado por la entidad o
por las descritas ciudadanas en el proceso de liquidación de las entidades, ya
sea por vía de acciones de tutela, procesos ordinarios o contenciosos.
Especificar fecha de iniciación del proceso, trámite, respuesta de la entidad y
estado del mismo.
Con respecto a la señora
Isabel Franky de Bernal, informaron que ha interpuesto dos acciones: (i) tutela
núm. 2007-4993 del 7 de octubre de 2007 mediante la cual solicita el pago de
salarios dejados de percibir hasta el momento de incoar la demanda; acción
constitucional que fue concedida en ambas instancias; (ii) tutela 2010-00417
del mes de abril de 2010, la cual se propuso en contra de la SU-484 de 2008.
(v)
Todos los pagos que a la fecha se hubiesen efectuado en
cumplimiento de acciones de tutela o proceso judiciales en que estuviesen
involucradas las descritas accionantes. Especificar de forma detallada y
cronológica las cancelaciones, así como anexar los soportes de los mismos.
En cuanto a la señora Isabel
Franky de Bernal se allegó certificación donde  consta que a la misma se le han
realizado pagos por valor de $ 97.944.151, información que se corrobora en a
través de las Resoluciones Núm. 886 y 2377 de 2007.
(…)
TERCERO.- SOLICITAR
a la accionante Isabel Franky de Bernal (expediente T-2913837) que, en el
término de diez (10) días, allegue a esta Corporación la información
relacionada con:
(d) Los
procesos judiciales que hubiese iniciado respecto de reclamaciones en contra de
la Fundación San Juan de Dios hoy en liquidación (Instituto Materno
Infantil-Hospital San Juan de Dios), ya sea por intermedio de tutela, procesos
ordinarios o contenciosos. Especificar fecha de iniciación de proceso, trámite
y estado del mismo.
Frente a este específico punto
señaló que otorgo poder a un profesional del derecho con el fin de adherirse a
la acción popular instaurado por unos compañeros de trabajo y que correspondió
al Juzgado 15 Administrativo. De igual manera precisó que instauró una acción
de tutela el 24 de octubre de 2007, la cual fue concedida por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y confirmada por el Consejo Superior
de la Judicatura. Para el cumplimiento de la misma se iniciaron tres incidentes
de desacato y ante el incumplimiento de los mismos se originó a la presente
acción constitucional.
(e)  Todos
los pagos que hubiese recibido por órdenes de acciones de tutela o procesos
judiciales a la fecha. Describir de forma detallada y cronológica las
cancelaciones, anexando los soportes respectivos si cuenta con ellos.
Al respecto relató que el 16
de abril de 2007 se le abonó un monto de Tres millones ochocientos treinta y
dos mil  quinientos veintiséis pesos ($ 3.832.526).
De igual manera, el 5 de
diciembre de 2007 se le hizo un nuevo pago autorizado mediante Resolución Núm.
2377 de 2007, en la cual se le pagaron los salarios comprendidos entre
diciembre de 1999 y octubre de 2007. El monto de lo entregado a la accionante
fue la suma de Noventa y cuatro millones ciento once mil seiscientos veintiséis
pesos ($ 94.111.626).
(f)   Detalle
de los pagos que hubiese recibido por la liquidación de la mencionada entidad
de forma extrajudicial.
Manifestó que ha recibido en
total la suma de noventa y siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil
ciento cincuenta y un mil pesos ($97.944.151).
CUARTO.- SUSPENDER el término
para fallar el asunto de la referencia, hasta tanto se practique y valore lo
solicitado en el presente auto.
De las respuestas allegadas,
tanto por parte de la accionante como de las entidades accionadas, se puede
concluir que el fallo de tutela del año 2007, mediante el cual se concedió el
pago de las prestaciones laborales a la señora Franky de Bernal, se encuentra
cumplido, toda vez que aparecen las Resoluciones que dan cuenta de los pagos
efectuados por la Fundación San Juan de Dios y que comprenden los períodos
1999-2007, dichas erogaciones ascienden a la suma de noventa y siete millones
novecientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y un mil pesos
($97.944.151).
Es de anotar que si la accionante
pretende el pago de otras acreencias laborales a las cuales sugiere tener
derecho, debió haberlas solicitado por la vía ordinaria y no a través de una
nueva tutela, toda vez que este no es el medio idóneo para el reconocimiento de
dichos emolumentos, ni la vía para controvertir situaciones que ya fueron
objeto de una acción de tutela anterior.
Por lo anterior, aunado a que en
la presente acción de amparo, no se cumple con el requisito de inmediatez por
haberse interpuesto casi dos años después de proferida la providencia judicial
que declaró cumplido el fallo de tutela,  hace inviable la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y por ello, esta Sala deberá
confirmar los fallos de instancia, los cuales declararon improcedente la
presente acción de amparo.
En lo que se refiere a la
pretendida nulidad de la SU-484 de 2008, a través de la presente acción de tutela, en el acápite de la improcedencia de tutela contra tutela se dejó sentado
que bajo ningún aspecto la misma era procedente.
Al respecto esta Corte en la
Sentencia SU-1219 de 2001, señaló: “El mecanismo constitucional diseñado
para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que
conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio
constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte constitucional. Esta regulación,
no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos
fundamentales sino eregir a la Corte Constitucional como máximo tribunal dela
jurisdicción constitucional.”
Adicionalmente, cuando se trata
de controvertir asuntos que ya han sido resueltos en sede de revisión por parte
de la Corte Constitucional, lo que procede es la figura excepcional de la
nulidad, tal como se precisó en los Autos 325 de 2009 y 026 de 2011:
“..De
conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Ordenamiento Superior,
los fallos que dicte la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.  A partir de esta premisa se ha inferido que tales providencias
se encuentran resguardadas por la garantía del principio de seguridad jurídica,
haciéndolas definitivas, intangibles e inmodificables, lo que implica “como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.”
En
consecuencia, la presente acción de tutela, también resulta abiertamente
improcedente para solicitar la nulidad de acciones de tutela.
Por todo ello, esta Sala confirmará el fallo proferido por
el el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección
Cuarta-, el 16 de septiembre de 2010, el cual confirmó el proferido por  el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda –
Subsección “B”,  el 12 de mayo de 2010; y en consecuencia, denegar el amparo
solicitado por la señora Isabel Franky de Bernal.
IV.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada mediante auto del once (11) de mayo de
dos mil once (2011).
Segundo.- REVOCAR la
providencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, que data del 13 de septiembre de 2010, la cual
confirmó el fallo dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, el 22 de julio de 2010, que
denegó el amparo tutelar de los derechos fundamentales solicitados por la
ciudadana María Blaise Camelo Luengas dentro del Expediente T-2868293.
Tercero.- CONCEDER a la
accionante el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia.
En consecuencia:
i) Se declara vigente y de
obligatorio cumplimiento la Sentencia adoptada el 5 de marzo de 2008 por el
Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, la que
a su turno fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, el 23 de abril de
2008, dentro de la Acción de
Tutela de María Blaise Camelo Luengas contra el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la Beneficencia de Cundinamarca y la Agente Liquidadora de la
Fundación San Juan de Dios; por tanto, se declara la nulidad de la providencia
dictada el 27 de enero de 2009, mediante la cual se reconoció el cumplimiento
del fallo en mención. Así mismo se deja sin valor ni efecto la Resolución Núm.
0333 de 2009, mediante la cual la Fundación San Juan de Dios declara que la
suma a pagar por prestaciones laborales a la señora Camelo Luengas es de cero
pesos ($ O).
Todo lo anterior, conlleva a que
las entidades demandas, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la
presente providencia, reconozcan y paguen los salarios causados entre el
30 de octubre de 2001, hasta el momento de la interposición de la tutela
concedida por el Consejo Seccional de la Judicatura (año 2007).
ii) El Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en ejercicio de
su competencia, velará por el restablecimiento real y efectivo de los derechos
fundamentales de la accionante con el fin de que sean reconocidos y pagados los
salarios y prestaciones sociales causados entre el 29 de octubre de 2001 y  el
momento en que se interpuso la acción de tutela que dio origen al fallo del 5
de marzo de 2008.
Cuarto.-
CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia la sentencia
proferida por el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo-
Sección Cuarta, el 13 de septiembre de 2010, la que a su vez confirmó la
dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
–Sección Segunda-, Subsección  “B”, el 12 de mayo de 2010 del mismo año, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora
Isabel Franky de Bernal contra el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Corte Constitucional.
Quinto.- LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-010/12
Referencia:
expedientes T-2868293 y 2913837
Acciones de
tutela de María Blaise Camelo Luengas contra la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y otros; e
Isabel Franky de Bernal contra la Corte Constitucional y otros
Magistrado
ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resoluciones adoptadas en los diferentes expedientes, debo
aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la
noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[50],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 27 a 29) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[51], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] El decreto estableció que la  Junta Directiva de la Fundación San Juan de Dios, estaría conformada por:
·
Ministro de Salud:
Presidente de la Junta y Representante legal.
·
Gobernador del
Departamento de Cundinamarca o su delegado.
·
Alcalde Mayor de Bogotá
o su delegado.
·
Arzobispo de Bogotá o
su delegado.
·
Un representante de la Beneficencia de Cundinamarca o su delegado.
·
Un representante del
Presidente de la República.”
·
[2] “Por el cual se suple
la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la Fundación San Juan de Dios”.
[3] “Por el cual se
adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
[4] “Por el cual se suple la voluntad del
fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
[5] A folio 74 del fallo de
marzo 8 de 2005, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado se considera
que el Hospital San Juan de Dios es una Institución de Salud Departamental.
[6] Esta
decisión implicó el decaimiento
de la personería jurídica de la fundación, otorgada mediante la Resolución N° 10.869 de 1979 del entonces Ministerio de Salud.
[7] Así lo dejó ver la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2006.
[8] Según lo establecido en
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[9] Sentencia SU-1070 de 2003.
[10] Ver entre otras las
sentencias T-827 de 2003, T-648 de 2005, T-1089 de 2005; T-691 de 2005 y T-015
de 2006.
[11]En cuyo caso la tutela
entre a proteger de manera directa los derechos presuntamente vulnerados.
[12] Ver las sentencias
C-1225 de 2004, SU-1070 de 2003, SU–544 de 2001; T–1670 de 2000 y la T-225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia, que han sido
desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede consultarse la
sentencia T-698 de 2004.y la  sentencia T-827 de 2003.
[13] Sentencia T-1121 de
2003.
[14] Sentencia T-304 de 2009.
[15] Sentencia T-1134 de 2005.
[16] Sentencia T-575 de 2003.
[17] Ver sentencias T-278 de
1997, T-076 de 1996, T-456 de 1994 y T-546 de 2001.
[18] Sentencia T-707 de 2003.
[19] Sentencia T-160 de 1997.
[20] Sentencia T-027 de 2003.
[21] Sentencia T-594 de 2002.
[22] Sentencia T-536 de 2003.
[23] Sentencia T-634 de 2002.
[24] Sentencia Corte
constitucional T-768 de 2005.
[25] Al respecto, pueden
consultarse las sentencias T-179 de 2003,  T-999 de 2001,  T-875 de 2001,
SU-086 de 1999, entre muchas otras.
[26] Consultar Sentencia
T-1001 de 1999.
[27] Sentencia C-543 de 1992.
[28] Sentencia T-512 de 2011.
[29] Sentencia C-590 de 2005.
[30] Sentencia T-512 de 2011.
[31] Al respecto ver la Sentencia SU-1158 DE 2003.
[32] Consultar, entre otras las sentencias SU-1219/01,  SU-1219/01, T-021/02,
T-192/02, T-217/02, T-354/02, T-432/02, T-623/02, T-200/03, T-1028/03, T-1164/03, T-502/03, T-582/04, T-536/04 y T-368/05, T-944/05, T-059/06.
[33] En esta oportunidad la Sala Plena de esta Corporación revocó la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, que revocaba la sentencia de
amparo proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena para
disponer sobre la liquidación conforme a derecho de los salarios y prestaciones
de un trabajador, en razón de que a la luz del artículo 86 de la Carta Política y en atención a los dictados del Decreto 2591 de 1991 no resulta “posible
interponer acción de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela”.
[34] Ver Sentencia T-059/06.
[35] C-774 de 2001.
[36] A-062 de 2000, A-057 de 2004, A-179 de 2007, A-133 de 2008.
[37] Ibídem.
[38] A-232 de 2001.
[39] La disposición en cita señala: “Legitimidad
e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
// También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[40] Cfr. A-064 de 2009, A-050 de
2008, A-069 de 2007, A-082 de 2006, A-300 de 2006.
[41]  Esta exigencia fue
abordada en el Auto 135 de 2005 (citado) de la siguiente manera: “En esta
línea, esta Corte tiene definido que toda solicitud de nulidad deberá responder
a condiciones estrictas de oportunidad(...), legitimación(...), interés y
efectos(...), no solo porque el
cumplimiento irrestricto de las decisiones judiciales en firme compromete la
seguridad jurídica, sino a causa del carácter definitivo y los efectos de los
pronunciamientos de esta Corte, en materia de guarda y control de constitucionalidad
y protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, que hacen de la
inmutabilidad de sus fallos un norte y de la nulidad de los mismos una solución
extrema – artículos 241 y 86 C.P. 49 Decreto 2067 de 1991.”
Así mismo en el Auto 237A de 2002
la Corte advirtió: “4.- Con estos elementos de juicio corresponde ahora
adelantar el análisis de la sentencia T-357 de 2002, señalando previamente que la Corte limitará su estudio a los planteamientos formulados que tengan relación directa con la
vulneración al debido proceso, pues como fue explicado, esta no es una nueva
etapa o instancia judicial para reabrir una discusión ya concluida, sino una
garantía frente a la posible violación al debido proceso. Así mismo, la Corte tendrá presente que quien alega la nulidad no puede simplemente exponer sus
discrepancias frente a la sentencia, sino que está en la obligación de
presentar una carga argumentativa lo suficientemente sólida para demostrar la procedencia de la nulidad
(Cfr. Auto 022 de 1998 y Auto del 1º de Agosto de 2001.  En esta última
oportunidad la Corte rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia T-511 de
2001, ante la ausencia de razones para acceder a la petición).
[42] A-105 de 2008.
[43] A-139 de 2004, A-096 de 2004,
A-063 de 2004.
[44] A-162 de 2003. Esta Corporación
en Auto A-015 de 2007, declaró de oficio la nulidad de la sentencia T-974 de
2006, invocando esta causal.
[45] A-217 de 2007.
[46] A-022 de 1999.
[47] A-031 de 2002, A-082 de 2000.
[48] A-031 de 2002.
[49]  En el Auto 031A de 2002
se advirtió: “5.- En conclusión, únicamente si quien alega la nulidad
demuestra los requisitos para su procedencia, y si el caso efectivamente se
ajusta a una de las hipótesis previstas por la Corte, la solicitud está llamada a prosperar. De lo contrario, el carácter excepcional y restrictivo obliga a
denegarla.”.
[50] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; y
recientemente, T-464, T-703, T-786 y T-867 de 2011.
[51]
C-590 de 2005.