T-288-20
Sentencia T-288/20
Referencia:
Expediente T-6.745.002
Acción de tutela formulada por Salomón Alvarado Navarro, Jhoan
Álvarez Correa, Jhon Álvarez Villegas, Leonel Arévalo Ávila, Javier Andrés
Baena Alcendra, Luis Miguel Barbosa Castillo, Luis Germán Batista Pérez, Elivey
Bayona Arévalo, José Daniel Benavides Torres, Javier Benavidez Ruiz, Rafael
Eduardo Camargo Reales, Graciano Cantillo Beleño, Efrén Manuel Serpa Ruíz,
Wilson Daniel Cervantes Cruzado, Gildardo de Jesús Correa Salazar, Orlando
Gómez Fonseca, Luis Ángel González Meza, Steven Adolfo Guerra León, Jesús
Guette Quintero, Olfadis Rafael Hernández Venera, Jesús Alberto Herrera Galet,
Fernando Hurtado Ariza, Raomir José Junieles Araujo, Luis Hernán Lambraño
Ariza, Robinson López Farfán, Juan de Dios Manjarrez Pimienta, Jorge Luis
Martínez Ortiz, Rafael Martínez Yáñez, Einer Maury Cárdenas, Yacir José Mejía
Flórez, Roberto Luis Meléndez Carcamo, Héctor Ramón Mendoza Oliveros, Ángel
Guillermo Mola Díaz, Carlos Fabián Montes González, Miguel Montesinos Manrique,
Antonio Carlos Navarro Vanegas, Celso Ortiz Quintana, Deimer Ortiz Quintero,
Juan Pacheco Oveso, José Eduardo Padilla Rivera, Jairo Enrique Pardo Rojas,
Cristóbal Pedrozo Sánchez, Fabio Andrés Peña Quintana, Emiro Manuel Pérez
Navas, Robinson Rada Rodríguez, Carlos Farid Rangel Padilla, Fredy José Reyes
Ricardo, Luis Carlos Rodríguez Ángel, Keiber Rodríguez Barón, Ender Rojas
Ángel, Leonardo Rojas Carrascal, Heriberto Rojas Miranda, Wilman Rafael Rudas
Lago, Alex Manuel Sánchez Tatis, Jairo Sarmiento Torrado, Ramón Antonio
Severiche Galván, Juan Manuel Silva Arrieta, Luis Eduardo Téllez Duarte, Víctor
Manuel Torres Rosales, Neys Verona Toloza y Elibei Quintero Rincón, contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC−, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC−, y el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario El Banco (Magdalena)
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., tres (3) de
agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside−
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo del 30 de enero de 2018, por el cual el Juzgado Único Penal
del Circuito de El Banco (Magdalena), dentro de la acción de tutela promovida
por los ciudadanos Salomón Alvarado Navarro, Jhoan Álvarez Correa, Jhon Álvarez
Villegas, Leonel Arévalo Ávila, Javier Andrés Baena Alcendra, Luis Miguel
Barbosa Castillo, Luis Germán Batista Pérez, Elivey Bayona Arévalo, José Daniel
Benavides Torres, Javier Benavidez Ruiz, Rafael Eduardo Camargo Reales,
Graciano Cantillo Beleño, Efrén Manuel Serpa Ruíz, Wilson Daniel Cervantes
Cruzado, Gildardo de Jesús Correa Salazar, Orlando Gómez Fonseca, Luis Ángel
González Meza, Steven Adolfo Guerra León, Jesús Guette Quintero, Olfadis Rafael
Hernández Venera, Jesús Alberto Herrera Galet, Fernando Hurtado Ariza, Raomir
José Junieles Araujo, Luis Hernán Lambraño Ariza, Robinson López Farfán, Juan
de Dios Manjarrez Pimienta, Jorge Luis Martínez Ortiz, Rafael Martínez Yáñez,
Einer Maury Cárdenas, Yacir José Mejía Flórez, Roberto Luis Meléndez Carcamo, Héctor
Ramón Mendoza Oliveros, Ángel Guillermo Mola Díaz, Carlos Fabián Montes
González, Miguel Montesinos Manrique, Antonio Carlos Navarro Vanegas, Celso
Ortiz Quintana, Deimer Ortiz Quintero, Juan Pacheco Oveso, José Eduardo Padilla
Rivera, Jairo Enrique Pardo Rojas, Cristóbal Pedrozo Sánchez, Fabio Andrés Peña
Quintana, Emiro Manuel Pérez Navas, Robinson Rada Rodríguez, Carlos Farid
Rangel Padilla, Fredy José Reyes Ricardo, Luis Carlos Rodríguez Ángel, Keiber
Rodríguez Barón, Ender Rojas Ángel, Leonardo Rojas Carrascal, Heriberto Rojas
Miranda, Wilman Rafael Rudas Lago, Alex Manuel Sánchez Tatis, Jairo Sarmiento
Torrado, Ramón Antonio Severiche Galván, Juan Manuel Silva Arrieta, Luis
Eduardo Téllez Duarte, Víctor Manuel Torres Rosales, Neys Verona Toloza y
Elibei Quintero Rincón, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC−, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC−, y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de El Banco (Magdalena) –EPMSC El Banco-
El expediente de la referencia fue
escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, mediante auto
proferido el 21 de mayo de 2018, indicando como criterio orientador de
selección la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio
subjetivo), con fundamento en el artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La situación fáctica
que sustenta la solicitud de amparo se describe en el escrito de tutela de la
siguiente manera:
1.1.
En el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario –EPMSC– de El Banco (Magdalena)[1] se encontraban recluidos, en el
momento en que se presentó la acción de tutela, 213 internos, distribuidos en
tres patios. Sin embargo, la capacidad del centro de reclusión es para 64 personas.
Lo que representa un hacinamiento superior al 200%, de acuerdo con lo expresado
por los tutelantes.
1.2.
Dadas las condiciones de hacinamiento en las instalaciones del
centro penitenciario, muchos internos deben dormir en los patios a la
intemperie y otros en el piso de los baños, como consecuencia de la
imposibilidad de acomodarlos en las celdas.
1.3.
Las deficiencias en la infraestructura del reclusorio ponen en
grave peligro a los custodios, a los internos y a sus familiares, pues los días
de visita la edificación debe soportar 150 personas adicionales que ingresan
los sábados y domingos.
1.4.
A pesar de lo anterior, el EPMSC sigue recibiendo internos. Esa
situación precariza aún más las condiciones de reclusión de los internos, toda
vez que se facilita la propagación de enfermedades, el aumento de actos de indisciplina
y el desorden. Así mismo, reduce las oportunidades para obtener beneficios
penales.
1.5.
Los detenidos deben soportar condiciones de salubridad
perjudiciales para la salud por las infiltraciones de aguas negras en los
lugares donde duermen los reclusos, así como las condiciones de los sanitarios
y duchas se encuentran en malas condiciones y no son suficientes para el número
de personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario -EPMSC El Banco-.
1.6.
Además de encontrarse hacinados, los internos deben soportar altas
temperaturas por el clima de la región, que a veces es superior a 38 grados
centígrados, la cual es difícil de contrarrestar por los constantes cortes en
el fluido eléctrico y la ausencia de una planta eléctrica para garantizar el
constante fluido eléctrico que permita usar aparatos para disminuir
artificialmente la temperatura del centro de reclusión.
2.
Contenido de la solicitud de amparo
Los accionantes
consideran que las circunstancias de hecho descritas generan una vulneración de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida en condiciones
dignas, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la higiene y al ambiente sano.
Por lo tanto,
solicitan que se disponga el cierre del establecimiento penitenciario mientras
desciende el hacinamiento o, subsidiariamente, que se dé aplicación a la regla
de equilibrio decreciente, de acuerdo con lo establecido en la sentencia T-388
de 2013, que no se reciban más internos provenientes de otras cárceles del país
y que se inicie un plan de traslado de internos a otros centros penitenciarios,
del mismo modo solicitaron que ordene la construcción de cupos para solventar
la crisis, así como el mejoramiento de la red sanitaria, de duchas y de aguas
residuales; y que se dote al reclusorio de una planta eléctrica
Adicionalmente, piden
que se declare la persistencia del estado de cosas inconstitucional al interior
del EPMSC de El Banco, según lo señalado por esta Corte en las sentencias T-153
de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
3.
Traslado y contestación de la acción de
tutela
El trámite
correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito de El Banco. Admitida la
demanda por auto del 11 de enero de 2018, corrió traslado a la Dirección
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC−, a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC− y a la Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco,
para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud y aportaran
pruebas.
3.1.
Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–
Mediante escrito
adiado 23 de enero de 2018, Efraín Moreno Albarán, Jefe de la Oficina Jurídica
del INPEC, expresó que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, son
los municipios y gobernaciones las entidades territoriales responsables de la
creación y manutención de los centros penitenciarios, mediante la asignación de
los rubros necesarios para atender los requerimientos de los reclusos en todo
el territorio nacional.
En relación con el
hacinamiento denunciado en el escrito de tutela, señaló que la problemática
mencionada no encuentra una resolución efectiva, hasta tanto no se ponga en
marcha un plan de acción integral en el que las diferentes entidades del Estado
actúen de manera mancomunada, para mejorar las condiciones en las que se
encuentran las personas que se encuentran privadas de la libertad a lo largo y
ancho del territorio nacional.
Afirmó que la
excesiva penalización de conductas, el aumento de las penas y el “abuso” de la
detención preventiva por parte de los jueces genera una situación de
hacinamiento, lo que genera la congestión de los centros carcelarios.
Indicó que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- carece de recursos propios y que su
presupuesto está conformado por aquellos asignados por el Ministerio de
Hacienda para su funcionamiento, que el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios son del resorte
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC− y del Ministerio
de Justicia y del Derecho con base en el plan de necesidades remitido por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
Aseguró que la grave
situación de hacinamiento ocurre también en otros establecimientos del país que
no cuentan con la capacidad para albergar más reclusos, por lo que ha optado
por redistribuir internos de acuerdo con su perfil de seguridad y de acuerdo
con los cupos de cada prisión, y que actualmente se están realizando mesas de
trabajo entre la entidad y el Ministerio de Justicia para dar solución al
problema de hacinamiento, atendiendo a lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia T-388 de 2013.
Finalmente, expresó
que la Dirección General del INPEC no tiene competencia para solucionar la
problemática de hacinamiento descrita por el accionante, para lo cual se
requieren acciones mancomunadas de distintas entidades estatales, por lo que solicitó
negar el amparo invocado por los internos del EPMSC de El Banco.
3.2.
Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC–
En oficio del 24 de
enero de 2018, Ángel Adrián Vargas Robles, Jefe de la Oficina Jurídica de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, indicó que la entidad
competente para determinar las necesidades en materia de infraestructura,
bienes y servicios es el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC-, quien deberá elevar la respectiva
solicitud a la USPEC-, y priorizar las intervenciones a realizar.
Agregó que los
recursos de la USPEC son determinados en el Presupuesto General de la Nación y
la ejecución de las obras de sostenimiento de los establecimientos de reclusión
se lleva a cabo con autonomía por parte la entidad. Por lo anterior, no es
posible satisfacer la totalidad de las necesidades identificadas, puesto que no
se han apropiado los recursos suficientes para las vigencias fiscales desde el
año 2013. Debido a ello, solicitó que se vincule al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación.
Afirmó que en la
medida de sus capacidades ha logrado aumentar el número de cupos para internos
en diferentes establecimientos del país, lo que demuestra que ha obrado con diligencia
a pesar de las limitaciones de presupuesto y las diversas necesidades del
sistema penitenciario.
Solicitó no acceder a
las pretensiones de los actores, al considerar que la tutela no es el mecanismo
procedente para ordenar la construcción de centros carcelarios, aunado a que ha
venido cumpliendo su función dentro de los márgenes presupuestales, dando
priorización a las solicitudes elevadas por el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC-.
4.
Sentencia objeto de revisión
En sentencia del 30
de enero de 2018, el Juzgado Único Penal del Circuito de El Banco resolvió
declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Salomón
Alvarado Navarro y otros internos del EPMSC de ese municipio.
Sostuvo que el
mecanismo de amparo no era idóneo para contrarrestar el hacinamiento y atender
a las demás solicitudes de los reclusos, toda vez que el juez constitucional
solo debe intervenir en aquellos casos en los cuales la urgencia lo amerite.
Adicionalmente, estima la falladora que los tutelantes cuentan con la
posibilidad de acudir a la acción de cumplimiento para que les sean protegidos
sus derechos fundamentales. Motivo por el cual, en el presente caso no se
superó el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza al recurso de amparo.
Dicha decisión no fue
impugnada.
5. Actuaciones en sede de revisión
5.1.
Dentro
de las actuaciones adelantadas en sede de revisión, la Sala Novena de Revisión
y el Magistrado Sustanciador profirieron los autos que se relacionan a
continuación:
5.1.1. Auto del 22 de
agosto de 2018: A través de este pronunciamiento la Sala Novena de
Revisión ordenó (i) vincular al trámite a la
Alcaldía del municipio de El Banco, al departamento del Magdalena, a la
Personería Municipal de El Banco, a la Defensoría Regional del Pueblo de
Magdalena, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación; (ii) al
Personero del municipio de El Banco y al Defensor Regional del Pueblo del
departamento del Magdalena visitar el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de El Banco, a fin de inspeccionar las condiciones en
que se encuentran las personas allí recluidas; (b) al Ministerio de
Justicia y del Derecho que rindiera informe a esta Corporación precisando si
alguna de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional
declarado por la Corte Constitucional ha beneficiado específicamente al
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco; (c)
a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC– que informara si la planta eléctrica y las deficiencias en la
infraestructura y capacidad del EPMSC de El Banco habían sido incluidas y
priorizadas en el plan de necesidades remitido a la USPEC para la elaboración
del presupuesto de la entidad, y en caso afirmativo, en cuáles vigencias
fiscales; (d) a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC– que informara (i) si la provisión de una planta eléctrica para
el EPMSC de El Banco, las mejoras locativas de los baños y el abastecimiento de
elementos para el descanso (colchonetas, cobijas, almohadas) para los internos
de dicho establecimiento han sido incluidas en el presupuesto anual y en el
plan anual de adquisiciones de la entidad, y describiera cuáles han sido las
gestiones desplegadas para solucionar los problemas denunciados en el escrito
de tutela; (ii) cuáles han sido las razones por las cuales no se ha
materializado la adquisición de una planta nueva con cargo a los recursos a
ejecutar en 2016 y 2017; y (iii) si en la actualidad existe algún
proyecto de generación de cupos en relación con la crisis por hacinamiento en
el EPMSC de El Banco; (d) a la Alcaldía de El Banco y al departamento
del Magdalena que informaran si han celebrado convenios de integración de
servicios para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento del
EPMSC de El Banco, cuál es la política a nivel territorial en relación con los
infractores de la ley penal que son detenidos preventivamente y aquellos
condenados por contravenciones que impliquen privación de libertad, y si desde
las entidades territoriales se ha adoptado alguna medida frente al problema de
hacinamiento del mencionado establecimiento carcelario y penitenciario.
Igualmente dispuso
suspender los términos para fallar el proceso de la referencia, de acuerdo con
el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
5.1.2. Auto
del 21 de noviembre de 2018: en esta oportunidad, el
Magistrado Sustanciador ordenó: (i) vincular al trámite de acción de
tutela al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE− y a la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, con el propósito
de que se pronunciaran sobre los hechos que dieron lugar a la solicitud de
amparo; (ii) solicitó a FONADE que (a) describiera el cronograma
para la ejecución del contrato celebrado con la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC− para la adquisición, instalación,
prueba y puesta en marcha de la planta eléctrica requerida por el EPMSC de El
Banco (Magdalena); (b) expusiera de forma detallada las gestiones
adelantadas a la fecha y el porcentaje de avance del proyecto para la provisión
de una planta eléctrica para el referido establecimiento carcelario; (c)
indicara qué procesos o etapas se encontraban pendientes para efectuar la
instalación y puesta en funcionamiento de la planta eléctrica a que se alude, o
cuáles circunstancias habían impedido que ello se consumara; y, (d)
señalara la fecha estimada en que tendría lugar la instalación y puesta en
funcionamiento de la planta eléctrica para el EPMSC de El Banco; (iii) a
la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, se ordenó que
rindiera un informe en el cual (a) manifestara su concepto en torno a la
controversia planteada en la solicitud de amparo; (b) indicara si el
Ministerio Público había adoptado alguna medida en relación con la problemática
que atraviesa el EPMSC de El Banco, de conformidad con las competencias que le
han sido deferidas por el ordenamiento; y, (c) remitiera copias del
oficio 12609 del 11 de mayo de 2018, de la respuesta a dicho requerimiento, así
como de todas las demás actuaciones relacionadas con la vigilancia sobre el
EPMSC de El Banco que tuviera a su disposición; (iv) requirió al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- para que diera
cumplimiento a la orden impartida en el auto emitido el 22 de agosto de 2018.
5.1.3. Auto del 28 de enero de 2019: En
este proveído el Magistrado Sustanciador decidió (i) vincular a las gobernaciones de los departamentos de Bolívar y Cesar, así
como las Alcaldías de los municipios de Guamal, Plato, San Sebastián, Santa
Ana, Ariguaní, Nueva Granada y San Zenón (departamento de Magdalena);
Chimichagua, Curumaní, Pelaya, Pailitas, Aguachica, Tamalameque, El Paso y
Astrea (departamento del César); y, Mompóx, San Martín de Loba, Barranco de
Loba, Hatillo de Loba y Altos del Rosario (departamento de Bolívar), para que
informaran sobre los convenios suscritos con el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario -INPEC- para contribuir a la gestión, organización, administración
y sostenimiento conjunto del EPMSC de El Banco; (ii) requirió a la EPMSC
de El Banco para que informara: (a) ¿cuál ha sido la gestión de los
recursos asignados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- en las vigencias del 2017
y 2018 para abastecimiento de elementos para el descanso de los internos? y
explique las causas y las medidas que se han adoptado en relación con la
insuficiencia de camas para los internos de la tercera edad en el pabellón 4
del establecimiento; (iii) requirió al Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo –FONADE- para que respondiera lo solicitado en el auto del 23 de
noviembre de 2018.
5.1.4. Auto del 23 de mayo de 2019: En
esta oportunidad el Magistrado Sustanciador decidió (i) requerir a la gobernación del departamento de Bolívar y a los municipios
de Guamal, Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada, San Zenón, Curumaní, Pelaya,
Astrea, Barranco de Loba y Altos del Rosario para que dieran cumplimiento a lo
dispuesto en el auto de decreto de pruebas del 28 de enero de 2019; (ii)
requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, para
que informara por qué se excluyó del contrato interadministrativo No. 216144 el
proyecto de la compra de la planta eléctrica de El Banco y las medidas de
contingencia y el cronograma específico adoptado para mitigar la situación de
los reclusos del centro carcelario.
5.1.5. Auto del 19 de Julio de 2019: Finalmente,
el Magistrado Sustanciador solicitó el concepto del
doctor Alejandro Badillo Rodríguez, experto investigador constitucionalista,
para que, como amicus curiae conceptúe sobre la controversia que subyace
a la acción de tutela objeto de esta sentencia y aporte los razonamientos que
considere. Sobre este particular este despacho no recibió aportes.
5.2.
Los
autos fueron respondidos en los siguientes términos:
5.2.1.  Municipio de El Banco
A través de la
Oficina Asesora Jurídica[2], el municipio de El Banco dio respuesta al auto del 22 de agosto
de 2018 y reconoció que en la cárcel de este ente territorial hay hacinamiento
debido a que todos los municipios que convergen en la zona sur de los
departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena envían allí a sus detenidos.
Manifestó que, en el
año 2016, el municipio destinó una partida de diez millones de pesos para
mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado de la cárcel, y que en 2017 se
estableció un presupuesto de veinte millones de pesos y se celebró el convenio
de integración de servicios No. 198 con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- dentro del programa de infraestructura carcelaria, cuyo
objeto era contribuir al funcionamiento del EPMSC de El Banco, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2017, y que para la vigencia 2018 se destinaron
veintiún millones de pesos adicionales, y que para la fecha de remisión del
memorial (11 de septiembre de 2018)[3] se estaban realizando las acciones para la firma de un nuevo
convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
Adujo que el
municipio está imposibilitado para solucionar la problemática alegada en la
acción de tutela, pues es una responsabilidad del Estado y aunque la
administración de El Banco ha cumplido con el deber de girar recursos para tal
fin, hay otros municipios que no lo hacen. En tal sentido, solicitó su desvinculación
del trámite de tutela.
5.2.2.  Departamento del Magdalena
El departamento del
Magdalena contestó al auto del 22 de agosto de 2018, por intermedio de la
Oficina Asesora Jurídica[4], y sostuvo que la Gobernación donó un lote de 180 hectáreas
avaluado en dos mil millones de pesos, para que se adelante la construcción de
una “mega cárcel” departamental en el municipio de San Ángel (Magdalena), con
capacidad para 3500 reclusos, por lo que es necesario que el Ministerio de
Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- destinen
los recursos para llevar a cabo la obra civil.
Aseguró que la
Gobernación no es competente para dar respuesta a los requerimientos
presentados por los accionantes, comoquiera que no puede ordenarle al centro
penitenciario que se abstenga de recibir nuevos internos, y que la solución a
ello debe ser fijada a través de una política pública penitenciaria por parte
de las autoridades de orden nacional.
Señaló que la
situación de hacinamiento fue puesta em conocimiento de la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, y al Ministerio Público, y
que exhortó a los municipios para que destinen partidas presupuestales para los
gastos de cárceles y celebren convenios conforme a la Ley 65 de 1993, instándolos
a articular esfuerzos en busca de soluciones de la problemática carcelaria.
Finalmente, adujo que
existía falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento
del Magdalena, pues la entidad territorial no es la llamada a atender las pretensiones
de los internos, por lo cual solicitó que se le exonerara de cualquier
responsabilidad en referencia a la presente acción de tutela.
5.2.3.  Ministerio de Justicia y del Derecho
En respuesta al auto
del 22 de agosto de 2018, mediante escrito del 12 de septiembre de 2018[5], el Ministerio de Justicia anotó que entre las funciones que
asigna el Decreto 1427 de 2017 a esa entidad, no se encuentra la de realizar
acciones de coadministración de establecimientos de reclusión o de prestación
directa de los servicios penitenciarios, comoquiera que dichas labores
corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, respectivamente.
Indicó que en
cumplimiento de lo ordenado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, el
Gobierno Nacional adelantó una estrategia enfocada en (i) modificar la
política criminal mediante una serie de normas, y (ii) disminuir el
hacinamiento mediante la habilitación de nuevos cupos. Recordó que, más
recientemente, la Corte Constitucional en el Auto 121 de 2018 dispuso
reorientar el seguimiento a la estrategia de superación del estado de cosas
inconstitucionales, a partir de los roles de las entidades y los mínimos
constitucionalmente asegurables.
Expuso que, en el
marco del Comité Interinstitucional de la creación de normas técnicas de vida
en reclusión, se informó a esta Corte los indicadores y validadores de medición
de normas técnicas de vida en reclusión, esperando entregar la primera línea
base de medición de los mínimos de vida en reclusión.
Por último, agregó
que no se han realizado obras específicas para mejorar las condiciones de
habitabilidad del EPSMC de El Banco, toda vez que carece de la   competencia
para adelantar dichas acciones
5.2.4.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público[6]
Para contestar el
auto del 22 de agosto de 2018, esa cartera explicó que no hace parte del
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, razón por la cual no tiene funciones
relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura y habitabilidad
carcelaria, toda vez que su función se limita a la asignación global de
recursos a las entidades que conforman el presupuesto público nacional aprobado
por el Congreso de la República, por lo que no se puede entender que sea un
ejecutor directo de recursos, sino programador de las solicitudes de gastos que
presentan las entidades para cada vigencia fiscal.
Sostuvo que el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- son las entidades llamadas a satisfacer
las pretensiones de los accionantes, y que las mismas gozan de autonomía
presupuestal para dar prioridad a la adquisición de bienes y servicios según
sus necesidades, de manera que tienen la capacidad de comprometer y ordenar el
gasto, hasta el monto de las apropiaciones que se aprueban cada año.
Enfatizó que, en
cumplimiento a la sentencia T-762 de 2015, ha venido incrementando los recursos
de las entidades que conforman el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario,
con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional tanto en materia de
construcción, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura, así como lo
relacionado con la alimentación, salud, suministros de aseo y descanso para los
internos[7].  Describió algunas actividades de intervención que se han venido
dando en esa dirección, como la suscripción de un contrato interadministrativo
entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- y FONADE para
efectuar la gerencia de construcción e interventoría, ampliación de cupos, y
mantenimiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional.
Se refirió igualmente
a la reorientación de la estrategia de seguimiento dispuesta por la Sala
Especial de Seguimiento unificado a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de
2015.
5.2.5.  Departamento Nacional de Planeación –DNP−
En respuesta al auto
del 22 de agosto de 2018, el DNP[8], se opuso a la solicitud de amparo, y sostuvo que dentro de sus competencias
no se encuentra el manejo de los centros penitenciarios y carcelarios, labor
que se encuentra en cabeza de los organismos que hacen parte del Sistema
Nacional Penitenciario.
Explicó que el DNP
participa en la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación
sectorial y en la definición de políticas públicas en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo, y detalló los ciclos y etapas legales que se siguen
para la aprobación del mismo. En ese punto, aclaró que la competencia del DNP
frente a los proyectos de inversión que formulan las entidades se limita al
control posterior de viabilidad técnica para que proceda el registro del
proyecto de inversión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, con o sin
condicionamientos. De tal modo, subrayó que el DNP no diseña, construye o
autoriza presupuesto para los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Por lo expuesto,
alegó que se presentaba respecto del Departamento Nacional de Planeación una
falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.
5.2.6.  Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC−
Dentro de la
contestación del auto del 22 de agosto de 2018, a través de escrito del 4 de
septiembre de 2018, a través de la Oficina Asesora Jurídica[9], manifestó que se tiene contemplada la provisión de una planta
eléctrica para el EPMSC de El Banco a través del Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo -FONADE-, para lo cual se firmó el convenio interadministrativo
No. 216144, mediante el cual se acordó priorizar las necesidades presentadas
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
Afirmó que FONADE
pretende suministrar la instalación de bandeja tipo escalerilla 60x200, red
eléctrica trifásica, la adecuación del sistema de salida de gases, la
desconexión, desmonte y ubicación planta eléctrica existente y la planta
eléctrica de combustión interna de 45kVA.
Agregó que la compra
de la planta eléctrica destinada para la cárcel de El Banco se encuentra a
cargo de FONADE, y que, de acuerdo con lo señalado por el Fondo, se han venido
adelantado las gestiones para su adquisición y se lleva a cabo durante la
ejecución de convenio, el cual “tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2019 para su terminación”.
En relación con las mejoras
locativas de los baños, sostuvo que se han realizado una serie de acciones para
contratar el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura
física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional.
Expuso que los días 7
y 8 de febrero de 2018 se realizó visita de reconocimiento y verificación de
áreas para determinar el alcance de las necesidades y se establecieron las
intervenciones consistentes en (i) construcción de un nuevo bloque
(celdas nuevas), (ii) adecuación y ampliación del cuarto de basuras, y (iii)
mantenimiento del área de sanidad. Igualmente, se está estudiando la
posibilidad de llevar a cabo el mantenimiento de baños del patio 4, y la
construcción de una nueva aula educativa.
En lo concerniente al
suministro de elementos de abastecimiento para el descanso −tales como
colchonetas, cobijas, almohadas, etc.−, adujo que ello era competencia
del INPEC, ya que este ente tiene a su cargo los programas de atención social y
tratamiento a la población reclusa, y para tal efecto el INPEC asigna unas
partidas presupuestales que se ejecutan a través de los establecimientos
carcelarios.
Finalmente, señaló
que dentro del contrato de obra No. 177 se acordó la construcción de un nuevo
bloque, que va a generar 12 nuevos cupos, y que, adicional a ello, la
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura viene liderando proyectos para
la generación de 13.928 espacios adicionales durante el próximo trienio en todo
el territorio nacional.
De otra parte, en
comunicado del 24 de mayo de 2019, por el cual se dio contestación al auto del
23 de mayo de 2019, dicha entidad informó que la razón por la cual se excluyó
del contrato interadministrativo con FONADE para la adquisición de la planta
eléctrica para el centro carcelario de El Banco se debió a que la oferta
económica superaba los recursos destinados por la USPEC.
El 14 de mayo de
2019, la USPEC realizó una visita al centro penitenciario para establecer el
presupuesto y cronograma de actividades para la instalación de la planta
eléctrica y transferencia automática, la adecuación del sistema de escape y la
acometida eléctrica para la conexión de los equipos[10].
Adicionalmente
manifestó que está gestionando la adquisición e instalación de la planta eléctrica
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco-, la cual se encuentra en etapa precontractual.
5.2.7.  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC−
En respuesta al auto
de pruebas del 22 de agosto de 2018, el Director de Gestión Corporativa del
INPEC[11] se limitó a remitir el requerimiento de la Corte a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, por considerar que la cuestión
planteada era competencia de dicha entidad.
Por su parte, la Dirección
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC El
Banco, a través de memorial enviado a la Corte Constitucional el 8
de febrero de 2019, por el cual dio respuesta al auto del 28 de enero de 2019
manifestó que para en el año 2017 se entregó dotación de colchonetas, sábanas,
sobresábanas, cobijas y elementos de aseo, y que para 2018 se asignaron kits de
aseo. Adicional a lo anterior, informó que el municipio de Pailitas donó 50
colchonetas, las cuales se sumaron a 67 más adquiridas. Indicó que a la fecha
toda la población cuenta con elementos de descanso y aseo.
Señaló que, en el
pabellón de la tercera edad, hay insuficiencia de camas, razón por la cual
solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- la construcción
de un nuevo pabellón y así fue priorizado ante la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC-.
5.2.8.  Defensoría del Pueblo Regional Magdalena
Mediante escrito del
25 de septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo remitió el informe de la
visita realizada el día 4 de septiembre de esa misma anualidad, en la cual
evidenció que en el pabellón I del EPMSC de El Banco, el cual cuenta con área
de 178 metros cuadrados, cuya capacidad es para 28 personas, se encuentran 88
reclusos, cada uno con su respectiva colchoneta. Indicó que estas personas solo
cuentan con tres sanitarios que están en mal estado, dos duchas improvisadas y
dos lavaderos. Aunado a lo anterior, los presos deben dormir a la intemperie y
en épocas de lluvia se presentan filtraciones de agua en las celdas.
En relación con el
pabellón II, el cual tiene un área de 182 metros cuadrados, señaló que tiene la
misma capacidad del patio I, es decir, 28 personas, que allí se encuentran
recluidas 89, quienes cuentan con tres baños y noventa y dos colchonetas.
Por su parte, el pabellón III, tiene 46 metros cuadrados,
capacidad para 8 internos, y al momento de la visita se encontraban 14, quienes
pueden hacer uso de dos baterías sanitarias, tienen colchonetas, una sola ducha
y las celdas se encuentran en mal estado.
Sobre el pabellón IV indicó que éste ostenta un diámetro de 74
metros cuadrados, allí se encuentran recluidas las personas de la tercera edad.
Con una población de 18 internos, cuenta con ocho camas, un solo baño con dos
baterías sanitarias en muy mal estado.
Concluyó que el centro penitenciario tiene capacidad para albergar
68 internos y, para la fecha de la visita, esto es, el 4 de septiembre de 2018,
209 personas se encontraban privadas de la libertad. Igualmente señaló que el
establecimiento no cuenta con un sistema de alcantarillado, hace falta la
instalación de una planta eléctrica y otras mejoras para salvaguardar las
condiciones de los reclusos.
Aunado a lo anterior indicó que en el aula de estudio se dan
varias clases en simultáneo, el aire acondicionado de la cocina se encuentra
fuera de servicio. Pone de presente que la construcción del nuevo edificio
tendrá espacio para 12 nuevos internos, pero solo cuenta con un baño, situación
que no se compadece con las necesidades.
Determinó que el vehículo en el cual se deben realizar los
traslados, tanto para acudir a las diferentes diligencias judiciales, como a
las citas médicas está fuera de funcionamiento desde mayo de 2018, y que era
necesario intervenir el pozo séptico para evitar los reboses.
5.2.9.  Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE−
En comunicación del 9
de febrero de 2019, FONADE dio respuesta al auto del 21 de noviembre de 2018, explicó
que celebró el convenio interadministrativo No 216144 con la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, cuyo objeto es “realizar la
gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos y
mantenimientos de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nivel
nacional (sic), requerida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC-, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición,
mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así como la
elaboración del plan maestro de infraestructura en materia penitenciaria y
carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presenta la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-”[12].
En el marco general
del convenio, el 27 de junio de 2017, solicitó un estudio de precios de mercado
y previos para la “Adquisición, instalación, prueba y puesta en marcha de
plantas eléctricas nuevas y mantenimiento a plantas eléctricas en
establecimiento de reclusión del orden nacional”. El alcance de la solicitud
incluye nueve centros penitenciarios: Tierralta, Ramiriquí, Moniquita, El
Banco, Caucasia, Cali, Bucaramanga, Aguachica y Cúcuta.
Mediante oficio del
24 de diciembre de 2018 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC- decide reducir el alcance del contrato interadministrativo la exclusión
de “(…)12 proyectos que no se van a desarrollar en el marco de presente
contrato interadministrativo: EPAMCAS Cómbita (obra nueva, construcción de 576
cupos), RM Manizales (obra nueva construcción de 136 cupos), COCUC Cúcuta
(PTAR), ETC Tierralta (PTAR), EC JP Barranquilla-la Modelo (PTAR), EPMSC
Acacias (PTAR), EPMSC Ramiriquí (Planta Eléctrica), EPMSC Caucasia (Planta
eléctrica), (EPMSC El Banco-Magdalena (Planta Eléctrica), EPMSC
Tierralta (Planta Eléctrica), EPMSC Aguachica y EPMSC Ibagué Picaleña -Coiba
(interventoría).(…)” (Subrayado fuera de texto)
Para FONADE no es
clara la vinculación al proceso de tutela porque desde el año 2018 han
realizado las gestiones para la adquisición de la planta eléctrica, sin
embargo, es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- quien
no ha hecho la adición de $65.011.884 para la publicación del respectivo
proceso para la compra de la planta eléctrica de El Banco y los demás centros
penitenciarios y carcelarios que hacen parte del proceso contractual.
5.2.10.
Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos
En respuesta al auto
21 de noviembre de 2018, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos Humanos, en comunicación del 4 de diciembre de 2018, sostuvo que las
condiciones de infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco- se encuentran en mal estado. Se
encontraron daños en la red de alcantarillado y servicios sanitarios, así como
filtraciones de aguas negras en los pisos de los patios y las celdas, lo que
puede afectar, gravemente, la salud de los reclusos y del personal
administrativo.
Expresó que la planta
eléctrica no se encuentra en funcionamiento y que es necesario que la misma
opere de forma permanente, toda vez que la interrupción en el fluido de energía
afecta la seguridad en las noches y las condiciones ambientales debido a las altas
temperaturas.
Asimismo, señaló la
falta de suministro de medicamentos, atención médica especializada y
tratamiento y la insuficiencia en la guardia, hecho que afecta la posibilidad
de traslados para la asistencia de urgencia y citas programadas.
Aseguró que el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco-, recibe detenidos de 30 municipios de Magdalena,
Cesar y Bolívar y que registra un hacinamiento, de acuerdo con las cifras del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, del 235.9%.
Finalmente indicó que los Procuradores Regionales y Provinciales
deberían velar por el cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los
entes territoriales sobre la materia carcelaria y en caso de incumplirlos, se deberían
tomar las medidas disciplinarias pertinentes.
II. CONSIDERACIONES
1.        Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.        Planteamiento del caso, problema
jurídico y estructura de la decisión
Un grupo de 61 ciudadanos que
se encuentran privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco (Magdalena) presentaron acción de
tutela contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC−, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC−, y el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario El Banco (Magdalena), al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la
igualdad, al trabajo, a la salud, a la higiene y seguridad en el trabajo, como consecuencia de las
condiciones de hacinamiento que se presentan en el penal, y frente a las cuales
no se han adoptado medidas por parte de las entidades responsables de mitigar
las consecuencias.
A juicio de los tutelantes,
los
demandados vulneran sus derechos fundamentales, cada vez que reciben internos,
bien sea porque fueron capturados en flagrancia, porque son detenidos en
cumplimiento de una orden de captura, o porque son remitidos de otros
municipios. Igualmente, aseguran que no se está respetando la regla de equilibrio
decreciente establecido por la Corte y que el centro penitenciario no cuenta
con planta eléctrica, lo que conlleva a que se presenten cortes en el servicio
de luz, no cuentan con baterías de baños e implementos como colchonetas y camas
suficientes.
Con base en los antecedentes del caso,
corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional resolver el
siguiente problema jurídico: ¿se vulnera el derecho
fundamental a la dignidad humana como consecuencia de los problemas de
hacinamiento que se presentan en ese establecimiento penitenciario y carcelario,
el suministro interrumpido del servicio de energía eléctrica, hecho que agrava
las condiciones en que se encuentran recluidos los internos como consecuencia
de las altas temperaturas, la falta de entrega en los insumos de aseo y
descanso así como  las condiciones deficientes en la infraestructura de la
planta física que  en el tratamiento de las aguas negras que se filtran en las
celdas, en la cocina, en los patios y en las demás instalaciones del centro
penitenciario, aunado a que los sanitarios y las duchas están en condiciones
precarias, se encuentran en mal estado?
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los
siguientes ejes temáticos: (i) procedencia
de la acción de tutela; (ii) el marco jurisprudencial del estado de
cosas inconstitucional -ECI- declarado por la Corte Constitucional en materia
carcelaria referente a los mínimos constitucionalmente asegurables en aspectos
como el hacinamiento, el suministro de energía eléctrica, la salubridad, los insumos
mínimos de aseo y descanso; (iii) se estudiará sobre el rol de las
entidades territoriales en la atención de las personas sindicadas; y
finalmente, (iv) se estudiará el caso concreto.
2.1.
Procedencia
de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo que
la Carta de 1991 ha puesto a disposición de toda persona para reclamar una
protección judicial idóneo y eficaz urgente e inmediata frente a acciones u
omisiones de autoridades públicas o, en precisos eventos, de particulares,
cuando quiera que de dichas conductas se desprenda una vulneración o amenaza a
los derechos fundamentales.
Este recurso tiene una naturaleza
excepcional, por lo cual sólo es procedente en la medida en que el peticionario
no disponga de otro medio de defensa judicial para salvaguardar los derechos
invocados, a menos que, pese a existir la posibilidad de acudir a otro
mecanismo, se utilice para conjurar de manera transitoria un perjuicio
irremediable –cuando la afectación que se pretende evitar es grave e inminente.
En ese sentido, la acción de tutela no
procede por regla general para ventilar asuntos cuya resolución ha sido
deferida por el ordenamiento jurídico a otras autoridades jurisdiccionales, en
la medida que los mecanismos respectivos resulten idóneos y eficaces a la luz
de las circunstancias específicas de cada caso so pena de despojar al amparo de
su carácter excepcional.
A partir del artículo 86 del
Texto Superior y en concordancia con lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 8,
10 y 42 del Decreto 2591 de 1991[13]
la jurisprudencia constitucional ha identificado los siguientes requisitos
formales de procedencia de la acción de tutela: (i) legitimación en la causa
por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv)
subsidiariedad[14].
Corresponde, entonces, a la Sala,
pasar a verificar el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos de
procedencia en el asunto que nos ocupa a continuación:
2.1.1.  Legitimación
en la causa por activa.
El artículo 86 superior establece que la
acción de amparo puede ser promovida por cualquier persona que considere
amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales.
Este requisito se cumple, por lo tanto, cuando
el promotor de la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este
recurso judicial, ya sea porque es el titular de los derechos cuya protección
reclama, o bien, porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en
condiciones de promover su propia defensa, a través de la figura de la agencia
oficiosa[15].
En el caso bajo
estudio, se observa que el grupo de internos del EPMSC de El Banco que formula
la solicitud actúa a nombre propio y persigue la defensa de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la salubridad, a la
igualdad, al trabajo, a la salud, a la higiene y seguridad en el trabajo, los cuales considera lesionados en razón a las condiciones en que
se encuentra recluidos.
Sobre este particular, esta Corte
ha aceptado múltiples acciones de amparo presentadas por internos de diferentes
centros penitenciarios y carcelarios del país, afirmando que este grupo
poblacional puede hacer uso de este mecanismo de protección para procurar la
garantía de sus derechos fundamentales[16].
Por lo tanto, se concluye que se
encuentra acreditado este requisito de legitimación en la causa por activa, en
la medida en que la solicitud de los demandantes está encaminada a la
salvaguarda de sus propias garantías constitucionales.
2.1.2.  Legitimación en la causa por pasiva.
Este requisito de
procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior[17], el cual consagra que el recurso de
amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en determinadas
hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta
responsabilidad –ya por acción, o por omisión− en la transgresión de los
derechos fundamentales que suscita la reclamación.
En el presente asunto
se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, tanto de
las autoridades inicialmente demandadas, como de aquellas vinculadas al extremo
pasivo, debido a que se trata de entidades públicas a las cuales el
ordenamiento jurídico les ha encomendado precisas funciones y deberes –en
diferentes niveles y sectores− de la administración encargada   de las
políticas, el funcionamiento, la administración y la prestación de servicios
del sistema penitenciario y carcelario, les asiste interés en el litigio, y son
de acuerdo con los hechos que se analizan, las entidades que posiblemente estén
transgrediendo los derechos de los internos de la cárcel de El Banco, Magdalena.
En este caso, se trata de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC[18]-, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC[19]-, Gobernaciones[20]
y Municipios[21], el Ministerio de Hacienda[22], el Ministerio de Justicia[23] y el Departamento Nacional de
Planeación[24].
Adicionalmente, las
presuntas deficiencias en las gestiones asociadas al cumplimiento de aquellas
funciones son justamente la circunstancia a la que se atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, de manera que cabe
considerar que serían tales entidades las llamadas a atender las pretensiones.
2.1.3.
Inmediatez
Dado que la acción de tutela está
encaminada a proveer una salvaguarda urgente de los derechos fundamentales del
solicitante ante una amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la
demanda constitucional de amparo es un presupuesto primordial para la
procedencia de este mecanismo.
El caso bajo estudio exige que el
requisito de inmediatez se evalúe tomando en consideración el carácter complejo
y continuado de las circunstancias que describen los accionantes como
violatorias de sus derechos fundamentales, lo cual dificulta identificar un
único evento como hecho vulnerador a partir del cual contabilizar el
término de interposición de la acción.
En este punto es oportuno subrayar que,
de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el requisito de inmediatez
merece una valoración particular cuando la acción de amparo es elevada por
personas que se encuentran privadas de la libertad:
“las violaciones que se invocan respecto de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, se derivan de una falla
continua, que viene del pasado y que produce efectos en el presente. En este
contexto, siguiendo la jurisprudencia reiterada de la Corte,
es procedente el ejercicio de la acción de tutela frente a vulneraciones
persistentes en el tiempo, como sucede en este caso, ya que la situación
desfavorable que conduce al irrespeto de los derechos alegados por las
accionantes, conserva su carácter vigente y actual, sin importar que el hecho
que se presenta como causa tenga un pasado remoto o desconocido”[25].
De modo que, bajo estas premisas, es
posible flexibilizar el análisis de procedencia bajo el entendido de que la
afectación que alegan los actores sobre sus garantías fundamentales se consuma
día tras día mientras permanezcan privados de la libertad en las condiciones
alegadas, a lo que se añade que, precisamente por sus circunstancias de
confinamiento, soportan la imposición de restricciones al ejercicio de varios
de sus derechos –en contraste con la mayoría de la población− y ello los
coloca en una especial situación de sujeción e indefensión y además que la
vulneración se encuentra persistente en el tiempo[26].
2.1.4.
Subsidiariedad
Como se indicó en líneas precedentes,
como mecanismo definitivo de protección el carácter excepcional de la acción de
tutela implica que ella sólo procede ante la inexistencia de otros medios
judiciales que permitan ventilar las pretensiones del solicitante, o bien,
cuando a pesar de existir aquellos carecen de idoneidad o resultan ineficaces
para el caso concreto, en razón a variables como la urgencia de protección o la
extrema vulnerabilidad del sujeto que reclama la protección.
Lo anterior supone que, si el asunto
puede ser ventilado ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo
ordinario, en principio, deberán agotarse las etapas y las formas previstas en
el ordenamiento jurídico para cada proceso, y el juez de tutela no debe
desplazar el conocimiento de la autoridad judicial instituida para el efecto.
Ahora bien: tratándose de personas
privadas de la libertad, esta Corte ha sostenido que el recurso de amparo se
torna procedente en casos en los que se pone de presente la afectación
sistemática de derechos fundamentales generada por la problemática estructural
del sistema penitenciario. Es así que en casos similares se ha concluido que
los reclusos no disponen de otros mecanismos suficientemente idóneos y eficaces
que les permita conseguir la protección que reclaman:
“[L]a
acción de tutela tiene especial relevancia en un sistema penitenciario y
carcelario en crisis, que muchas veces implica un peligro grave, real e
inminente para la vida y la dignidad humana. A través de este medio
constitucional, no solo se permite asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales, en general, sino que, además, se permite a las autoridades tener
noticia de graves amenazas que están teniendo lugar. En este sentido, la acción
de tutela constituye una especial garantía para personas privadas de la
libertad en centros de reclusión”[27].
Así las cosas, desde la perspectiva que
ofrecen las anteriores consideraciones se observa que la solicitud de amparo
promovida para la defensa de los derechos fundamentales de los internos del
EPMSC de El Banco satisface los requisitos mínimos de procedencia, por lo que
la Sala estima que hay cabida a un estudio de fondo en torno a las
pretensiones.
2.2.
El marco jurisprudencial del estado de cosas
inconstitucional –ECI- declarado por la Corte Constitucional en materia
carcelaria y la exigencia de los mínimos constitucionalmente asegurables:
hacinamiento (seguimiento a las órdenes de las sentencias T-388 de 2013 y T-762
de 2015), condiciones de salubridad, suministro de energía eléctrica e insumos
mínimos para el aseo y descanso de los reclusos.
Es deber de todo Estado Social de
Derecho garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que habitan
en el territorio nacional, mínimos que no pueden tener distinciones de ningún
tipo.
En el caso de las personas que se
encuentran privadas de la libertad, el Estado les limita el derecho a la
libertad, en aplicación de la normatividad penal. Por ello, este grupo
poblacional ve restringidas algunas de garantías iusfundamentales sin
que los derechos no limitados en el fallo condenatorio puedan sin trasgredidos.
Teniendo en cuenta lo señalado, la Corte
ha analizado la precaria situación en que se encuentra este grupo poblacional,
situación que ha llevado a declarar el estado de cosas inconstitucionales -ECI-
en las cárceles del país.
La primera vez que se este Tribunal se
expresó sobre el ECI, fue en la sentencia T-153 de 1998. En aquella
oportunidad, la Sala Tercera de Revisión estudió dos acciones de tutela
formuladas por internos de las cárceles Nacional La Modelo de Bogotá y Nacional
de Bellavista en Medellín. En los citados procesos de amparo, que fueron
acumulados, los tutelantes ponían de presente las condiciones de hacinamiento
que enfrentaban y la transgresión de los derechos fundamentales que tenían
lugar lo anterior debido los problemas de infraestructura que se presentaban en
las cárceles del país.
Analizada la problemática, se concluyó
que el hacinamiento alcanzaba, en términos porcentuales, el 45.3%. Igualmente,
aseguró que en varios centros carcelarios, en los que existen celdas colectivas
no se respeta la norma estandarizada de 3.5m2 por individuo, así como lo 3m3 de
aire en clima frio y 4m3 en tierra caliente; señaló que, a pesar de que los
centros penitenciarios fueron construidos y proyectados con determinada capacidad,
se le asignó una mayor, sin tener en cuenta la capacidad operacional y de
funcionamiento. Aunado a lo anterior se puso de presente que el mantenimiento y
adecuación de las celdas, no permite que la mismas sean utilizadas en su
totalidad. No obstante, aclaró que la situación no es novedosa, porque en el
siglo pasado hubo cuatro crisis de hacinamiento carcelario, siendo la última de
ellas la establecida en 1995.
En esta oportunidad, las órdenes
hicieron énfasis[28] en
la elaboración de un plan de construcciones entre el Ministerio de Justicia, el
INPEC y el Departamento Nacional de Planeación para edificar y adecuar los
centros penitenciaros a las condiciones de vida digna y garantía de los
derechos fundamentales sobre el Estado por la custodia de las personas que se
encuentran privadas de la libertad: “La inversión en las prisiones no puede
ser objeto de transacciones,”[29]
aseguró el fallo.
La sentencia también creó la regla de
los mínimos constitucionales asegurables para la población carcelaria y
penitenciaria como una de las formas para superar el -ECI-.  En
este sentido, como lo ha dicho la Corte[30] en
sentencias posteriores, los mínimos que deben ser garantizados en la vida en
reclusión por las autoridades competentes se refieren a los siguientes
aspectos: “i) la resocialización, ii) la infraestructura carcelaria, iii) la
alimentación al interior de los centros de reclusión, iv) el derecho a la
salud, v) los servicios públicos domiciliarios y vi) el acceso a la
administración pública y a la justicia”[31].
Estos mínimos constitucionalmente asegurables no constituyen una lista taxativa
ni exhaustiva que agote los temas de los cuales deben ocuparse las ramas del
poder público para la operatividad de las cárceles y de las condiciones de las
personas que habitan en ellas.
Por su parte, la
sentencia T-388 de 2013 analizó, nuevamente, la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país, teniendo como fundamento las
deplorables condiciones de reclusión, ocasionadas, en que se
encontraban los internos de las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar,
la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, y la de
Barrancabermeja.
Concluyó la Corte que,
como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, el
ECI declarado por la sentencia T-153 de 1998 fue superado parcialmente, toda
vez que se logró salir del estado crítico en el que se encontraban los centros
carcelarios del país, y se demostró que el hacinamiento había disminuido[32].
No obstante, evidenció
que el hacinamiento no era el único problema que se presentaba en los penales, sino
que a esta problemática se suma la crisis en la asistencia de salud del
personal interno, la falta de funcionarios en los centros pentenciarios, el déficit
en los servicios de alimentación, comunicación (telefonía), trabajo estudio y
enseñanza, por lo que puso de presente que para superar la crisis que se
enfrenta era necesario modificar  la política criminal, toda vez que la
situación se agrava “por la ineficacia de las medidas adoptadas e
implementadas, dado el desarrollo que ha tenido el problema: el vertiginoso
crecimiento de la población que debe ser sometida a una pena privativa de la
libertad”.
Y concluye la Corte:
“El sistema penitenciario y carcelario de Colombia se
encuentra, nuevamente, en un estado de cosas que es contrario a la Constitución
vigente. Los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el País se
encuentran en una situación de crisis estructural. No se trata de ausencia de avances
o de acciones por parte de las autoridades, puesto que, como se evidenciará,
éstas han realizado acciones encaminadas a solventar el estado de cosas
inconstitucional evidenciado por la jurisprudencia constitucional en 1998.
De hecho, es en gran parte gracias a tales acciones de política pública
que la Corte Constitucional entendió superado tal estado de cosas vivido al
final del siglo XX. Sin embargo, la evidencia fáctica aportada a cada uno de
los nueve expedientes, así como la información que es de público conocimiento,
evidencia que, nuevamente, el sistema penitenciario y carcelario colombiano se
encuentra en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente de
manera grosera, que conlleva un desconocimiento de la dignidad humana, principio
fundante de un estado social de derecho. En otras palabras, el sistema
penitenciario y carcelario actual es incompatible con un estado social y
democrático de derecho”[33].
Afirma la Corte que los
derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados
de manera masiva y generalizada, las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad
han sido incumplidas de forma prolongada, el
Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas
inconstitucionales, las autoridades encargadas no han adoptado las medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar
efectivamente la vulneración de los derechos, y afirma que en caso de que todas
las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se
produciría una congestión judicial sin precedentes.
Por lo anterior
declaró, nuevamente, el ECI dentro del sistema penitenciario y carcelario en
todo el territorio nacional, lo anterior debido a que la política criminal ha
sido desarticulada y reactiva, hecho que puso en evidencia que el hacinamiento
no es el único problema que se presenta en las cárceles del país y que a éste
se suman la falta de suministro de medicamentos y las garantías de las
condiciones de salubridad. Situación que conlleva a la trasgresión de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, por lo que
emitió las órdenes necesarias para que fuera superada la mencionada situación.
Del mismo modo señaló que todas las medidas adoptadas hasta ese momento están
encaminadas a superar, exclusivamente, el problema de sobrepoblación
carcelaria.
Teniendo en cuenta que
las problemáticas mencionadas no cuentan con una solución a corto plazo y que
es imperioso tomar medidas de impacto, para que propendan por garantizar los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la
libertad, esta Corporación indicó que se deberán aplicar las reglas de “equilibrio decreciente o
de equilibrio”[34].
La regla del equilibrio
decreciente consiste en que: “(…) sólo se podrá autorizar el ingreso de
personas al centro de reclusión si y sólo sí (i) el número de personas que
ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del establecimiento
de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a
causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii) el número de personas
del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las
expectativas y las proyecciones esperadas.”[35]
Cuando se alcance la
meta de tener un nivel de ocupación que no sea superior al cupo máximo que
tiene el establecimiento, la sentencia dijo que se debe pasar de la regla del
equilibrio decreciente, a la de equilibrio, lo que supone que en caso de no
presentarme hacinamiento, y con la finalidad de que no se vuelva a presentar la
situación de sobrecupo carcelario. Finalmente señaló que, en caso de que los
centros penitenciarios tengan plazas disponibles, no será necesario la
aplicación de ninguna de las dos reglas[36].
Con posterioridad, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte estudió 18 expedientes acumulados[37]. En
esa oportunidad, se analizó la existencia de una política criminal
inconstitucional, las causas de la vulneración masiva de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, incluido el
hacinamiento; la coexistencia en reclusión de condenados y sindicados, las
deficiencias del sistema de salud existente en los centros de reclusión y las
inadecuadas condiciones de salubridad e higiene con las que deben convivir los
reclusos, así como el manejo de los alimentos.
Afirmó que como consecuencia de la
situación se reveló “la afectación de un
número importante de personas –tanto de quienes accionaron como de los demás
internos, sometidos a las mismas condiciones de reclusión-, en varios de sus
derechos, con una amplia dispersión geográfica. El crítico panorama descrito
por los actores es un patrón que actualmente caracteriza al Sistema
Penitenciario y Carcelario, que registra una masiva y generalizada vulneración
de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, cuyo
número va en aumento”[38].
Del mismo modo, puso de presente una
serie de problemáticas estructurales detectadas en la sentencia T-762 de 2015,
a saber:
(i)
La Desarticulación de la política
criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional.
Sobre este tema enfatizó que en el país
la política criminal es reactiva, dejó de lado las finalidades de la pena y se maneja
con base en el populismo punitivo, aumentando el tiempo de las sanciones sin
que haya un sustento empírico para ello. Por lo anterior, aseguró que dichas
medidas solo contribuyen a la congestión del sistema y agravan la situación de
los reclusos lo que conlleva a que les sean vulnerados sus garantías
fundamentales.
(ii)
El hacinamiento y otras causas de
violación masiva de derechos
Afirmó que el hacinamiento es la
principal causa de la vulneración de los derechos de las personas privadas de
la libertad, del mismo modo indicó que existe una falencia en “la construcción y adaptación de cupos que respeten las mínimas
condiciones de dignidad y subsistencia”, se
presenta “Insuficiencia de los recursos destinados a la financiación de la
política penitenciaria y carcelaria y la política criminal”, se ha llevado
a cabo la “reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas” y se
evidenció que sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país
es deficiente.
(iii)
Las condiciones de salubridad e
higiene son indignas en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, y
esto constituye un trato cruel e inhumano propiciado por el Estado.
Estableció los criterios generales y
específico para levantar el ECI del sistema penitenciario y carcelario.
Como consecuencia de lo anterior se creó
la Sala Especial de Seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015
(en adelante Sala de Seguimiento), con el objetivo de verificar el cumplimiento
de las órdenes impartidas por esta Corporación.
2.2.1.  Seguimiento al ECI
La Corte ordenó el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas
para la superación del ECI, con el fin de que las instituciones se orienten a
la consecución de las metas y objetivos trazados, y no a la mera ejecución de
actividades particulares y atomizadas que hacen parte de las órdenes
individualmente consideradas y de las directrices complejas que implican
coordinación interinstitucional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió unificar los seguimientos
diseñados en las Sentencias T-388 de 2013[39] y T-762 de 2015[40],  por lo conformó la Sala Especial
de Seguimiento al ECI penitenciario y carcelario, creó un grupo líder de
seguimiento para la verificación del cumplimiento de las órdenes conformado por
la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE), y liderado por la Defensoría del Pueblo.
Sobre el alcance de su propio seguimiento, mediante el Auto 121 de 2018[41], expresó la Corte que su objetivo es
superar
el ECI mediante órdenes complejas y estructurales que involucran a diferentes
estamentos del Estado colombiano como la Rama Ejecutiva, el Ministerio Público,
la Fiscalía y el Legislativo, para que de manera coordinada se superen las
omisiones, la falta de articulación institucional y la falencias en el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas que conlleva a una vulneración
sistemática de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran
privadas de la libertad por parte del Estado.
En auto 110 de 2019 estableció las
reglas relacionadas con la aplicación del equilibrio decreciente. Éstas deben
tenerse en cuenta para enfrentar el hacinamiento como parte del problema
jurídico de esta providencia.
El auto consideró que se debe remediar
la incompatibilidad entre, por un lado, la obligación que tienen las directivas
del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- de aplicar la regla de
equilibrio decreciente y, por otro lado, la necesidad de permitir el ingreso a
los establecimientos penitenciarios de personas que permanecen en centros de
detención transitoria porque éstos no poseen la infraestructura para mantener a
las personas de manera permanente y además se encuentran en precarias condiciones
sanitarias y de infraestructura.
El objetivo del auto mencionado fue
adoptar medidas contingentes en relación con la aplicación del equilibrio
decreciente en el marco del seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762
de 2015. La revisión de la aplicación de ésta fue solicitada por el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la Regional Noroeste del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la Fiscalía General de
la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento de la Sociedad
Civil a la Sentencia T-388 de 2013, quienes aseguraron que la aplicación de la
regla agravaba la situación de hacinamiento de los establecimientos de
reclusión transitoria del orden nacional (en adelante ERON), las unidades de
reacción inmediata –URI, y las Estaciones de Policía, porque la naturaleza e
infraestructura física de esos centros es su carácter temporal. Razón por la
cual no es posible albergar de manera permanente a los sindicados o condenados
por infracciones porque muchos de dichos centros ya se encuentran funcionando
por encima de su capacidad máxima para albergar a las personas temporalmente.
La Sala de Seguimiento consideró que la
regla de equilibrio decreciente se debe mantener, por tratarse de una cosa
juzgada constitucional, de acuerdo con lo decidido en las sentencias T-388 de
2013 y T-765 de 2015. Sin embargo, ordenó construir un sistema de priorización
que sirva para formular un plan de contingencia con el fin de atender la crisis
carcelaria del país y el levantamiento de información objetiva y verificable
acerca de la situación que atraviesa el sistema penitenciario que permita
conocer el estado de los mínimos.
Teniendo en cuenta que, en caso de
aplicar la regla de equilibrio decreciente, se puede presentar una tensión
entre la necesidad de aliviar la situación de hacinamiento que se presenta en
las cárceles del país y del otro, la necesidad de permitir el ingreso a los
establecimientos de personas que se encuentran en centros de detención
transitoria, la Sala de Seguimiento resolvió darle aplicación al juicio de
proporcionalidad. Por ello, se debe “(i) determinar
la constitucionalidad de las leyes que restringen o limitan los derechos
fundamentales; y (ii) valorar las medidas tomadas por las otras ramas del poder
público, las cuales pueden perseguir fines constitucionales, pero afectar
derechos fundamentales”[42].
Del mismo modo estableció que los jueces
constitucionales[43] son
los encargados de decidir sobre los temas de hacinamiento en las siguientes dos
circunstancias: (i) en los casos futuros en los que se considere la regla de
equilibrio decreciente como remedio para la reducción del hacinamiento de un
establecimiento específico; y (ii) en los casos en los que ya se aplicó la
regla en virtud de una decisión judicial o administrativa previa, con el fin de
identificar si pueden o no aplicar la regla de equilibrio decreciente con la
posible afectación de otros bienes constitucionales en un caso concreto[44].
Tal como lo señala el auto 110 de 2019,
el principio de proporcionalidad permite resolver la colisión que se presenta entre
los derechos fundamentales y los fines constitucionales, es decir que busca “remediar la incompatibilidad entre, por un lado, la
obligación que tienen las autoridades penitenciarias de aplicar la regla
de equilibrio decreciente, a partir de alguna decisión judicial que busque
aliviar el hacinamiento al que están sometidas las personas privadas de la
libertad en los centros de reclusión y, por otro lado, la necesidad de permitir
el ingreso a los establecimientos de personas que permanecen en centros de
detención transitoria en precarias condiciones, pese a que, en virtud de las
decisiones de los jueces penales en sus respectivos procesos, deberían estar
recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios”. Para lograr dirimir esta disyuntiva es
necesario que contrasten los intereses públicos pretendidos, con los medios a
implementar, demostrando la necesidad, dándole razonabilidad al actuar público,
garantizando un orden justo[45].
Por lo anterior, es dado afirmar que el
juez constitucional está en capacidad de aplicar la regla del equilibrio
decreciente siempre que este sea el medio adecuado, conducente, necesario y
razonable para disminuir el impacto del hacinamiento en un centro carcelario en
el que se presente este problema[46].
2.2.2.  Jurisprudencia
constitucional en torno a la salubridad en los centros penitenciarios y
carcelarios
La forma en que una sociedad limita el
derecho a la libertad de las personas que han cometido delitos evidencia la
calidad de la misma, por lo anterior, a este grupo poblacional se le debe
garantizar que su estadía en los centros de reclusión se lleve a cabo con las
respectivas medidas de salubridad.  Es por ello que las cárceles del país deben
garantizar las condiciones mínimas para que a las personas privadas de la
libertad se les proteja la dignidad humana y así lograr los objetivos de la
pena.
Una de las primeras controversias fue
resuelta a través de sentencia T-596 de 1992, en esta
oportunidad se ordenó al Ministerio de Justicia que reparara los dormitorios,
baños, rejillas y mejorara la disposición de las basuras de la cárcel de “Peñas
Blancas” ubicada en Calarcá-Quindío, para evitar la transgresión de los
derechos a la salubridad y a la salud. Igualmente, señaló que
existe una diferencia cualitativa radical entre la falta de confort propia
de un establecimiento carcelario y la falta de servicios de higiene básicos. Lo
primero es el resultado directo e inevitable de los rigores del aislamiento
social y de la pena; lo segundo es la causa de un trato deliberadamente
degradante y cruel.
Por su parte, la sentencia T-153 de 1998
analizó la situación que se presentaba en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y
la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín en relación con el tratamiento de
las aguas negras y desechos sólidos, toda vez que estas se represaban,
generando olores putrefactos nocivos a la salud de la población carcelaria,
además de ser responsable de las inundaciones frecuentes de patios y celdas.
Como consecuencia, la Sala Tercera de
Revisión de esta Corporación amparó los derechos fundamentales de los actores y
ordenó al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, al Ministerio de
Justicia y del Derecho y al Departamento de Planeación elaborar un plan de
construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos
condiciones de vida digna, así como los derechos fundamentales a la educación,
al trabajo, la salubridad y la atención social.
Estas situaciones no han sido
tangenciales ni circunstanciales, en el año 2006 se conoció la situación por la
que atravesaban los internos de la cárcel de Cómbita, toda vez que los mismos
afirmaron no contar con las condiciones de salubridad e higiene mínimas, así como
la prestación deficiente del servicio de agua.
Una vez más este Tribunal Constitucional
se pronunció en favor de los reclusos, concedió el amparo deprecado y ordenó al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita adoptar las medidas
necesarias para mantener el pabellón en buenas condiciones de higiene y
salubridad, de tal modo que se respetará el núcleo esencial de la dignidad
humana, como un deber del Estado de garantizar a los internos el derecho
fundamental a la dignidad humana y de satisfacer las necesidades básicas de las
personas privadas de la libertad[47].
En la sentencia T-077 de 2013 se indicó
que la cárcel La Picaleña se presentaban irregularidades respecto de la
infraestructura física del pabellón, tales como, “baños dañados, duchas dañadas,
albercas dañadas y celdas con humedad, además se evidencia malos olores en las
áreas de baños y corredores del pabellón, residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de basuras (…) según nos informan los internos del
pabellón,(…) se puede observar mucho filtro de aguas negras en los pisos
superiores lo que hace que se filtre a los pisos inferiores”.
En dicha oportunidad no se acreditó que
los reclusos estuviesen padeciendo algún tipo de enfermedad por las condiciones
del centro penitenciario. Sin embargo, la situación de sobrepoblación, el
calor, la falta de salubridad, la insuficiencia en el suministro de agua, el
problema de recolección de las basuras, los malos olores de los inodoros
dañados, la filtración de aguas negras, son condiciones infrahumanas de
cumplimiento de las penas, y por tal razón, atentan contra la dignidad humana
de los reclusos y no cumplen un fin resocializador.
Finalmente, la Corte se pronunció,
mediante sentencia T-208 de 2018, respecto de las condiciones físicas de los
centros penitenciarios con relación al derecho fundamental a la salubridad y al
agua potable, del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías – Meta. En esta
oportunidad se reiteró que el concepto de accesibilidad física consiste en
mantener las instalaciones físicas en buen estado con un ambiente higiénico y
de salubridad, adecuado toda vez que las autoridades penitenciarias tienen la
obligación de satisfacer las necesidades esenciales mínimas de este grupo
poblacional.
Para recapitular, la Corte en sus
pronunciamientos ha indicado que las condiciones de salubridad y de
infraestructura hacen parte de los contenidos materiales del derecho a la
dignidad humana y que las personas que se encuentran privadas de la libertad no
deben sufrir tratos crueles e inhumanos, por eso este derecho fundamental se
concreta en las condiciones de salubridad, de habitabilidad y el abastecimiento
suficiente y regular de agua, no sólo para el consumo, sino también para garantizar
que las baterías de baños, las duchas y en general, las labores diarias puedes
ser desempeñadas sin ningún inconveniente, por lo cual se deben diseñar,
implementar y evaluar políticas públicas que busquen superar las eventuales
falencias físicas o arquitectónicas en las cárceles.
2.2.3.
Jurisprudencia constitucional sobre el acceso al
servicio público de energía eléctrica en establecimientos carcelarios y
penitenciarios
El suministro de energía eléctrica en
los centros penitenciarios y carcelarios del país es esencial, no solo para que
la guardia pueda garantizar la seguridad de los internos y el orden en el
penal, sino que es un servicio fundamental para que los reclusos cumplan su
pena en condiciones de dignidad.
La interrupción del servicio de energía
eléctrica, por sus especiales características, causa una grave alteración en
las condiciones ordinarias de funcionamiento de los centros penitenciarios en
aspectos como la iluminación, uso de estufas eléctricas, de motobombas, la
refrigeración de alimentos y medicinas. Ahora bien, dicha situación de
vulnerabilidad se profundiza cuando el centro penitenciario se encuentra en
zonas de calor intenso que afecta directamente a los reclusos y más aún a
quienes tienen heridas porque se retardan los procesos de cicatrización.
Por lo anterior, la Corte ha expresado,
en decantada jurisprudencia, que los centros penitenciarios deben contar con este
servicio y su prestación debe ser continua, razón por la cual, en diferentes
casos ha ordenado a diferentes entidades que garanticen el suministro de
energía eléctrica en los penales.
En 1994 fue suspendido el fluido
eléctrico del centro penitenciario de Tuluá, como consecuencia del no pago del
servicio. Por esta razón se interpuso acción de amparo contra dicho penal por
vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos. Por lo anterior, la Corte,
mediante sentencia T-235 de 1994 concluyó que la interrupción o el
funcionamiento inadecuado del servicio de energía eléctrica en un
establecimiento carcelario conlleva a que se presenten intentos de fuga, los
ataques externos de organizaciones al margen de la ley o de personas o grupos
interesados en liberarlos, además de que impide la eficiencia en la prestación
del servicio de guardia y, obviamente, pone en peligro a las autoridades
carcelarias, al personal administrativo, la seguridad de los propios reclusos e
incluso a la comunidad[48].
En el caso concreto, a pesar de haber
cesado la vulneración a los derechos fundamentales a la vida e integridad
personal, pues el servicio de energía eléctrica fue reanudado, se ordenó a la
autoridad pública accionada que en ningún caso vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que dieron mérito para interponer la acción de tutela.
Casos similares se han presentado en los
centros penitenciarios de Cartagena (sentencia T-881
de 2002)[49],
de Cartago (sentencia T-639 de 2004)[50],
la Unión, Túquerres, Tumaco y Pasto, Nariño (sentencia T-197 de 2017)[51],  entre
otras.
En todos estos casos la Corte indicó que
el suministro del servicio eléctrico en las cárceles del país debe ser
garantizado y prestado de manera óptima, para solventar las necesidades
sociales imperantes de justicia material y de condiciones reales de igualdad.
Dicho nivel de eficiencia se concreta en la “continuidad, regularidad y
calidad del mismo” frente a lo cual su prestación “no puede tolerar
interrupciones”. Igualmente afirmó en la sentencia T-761 de 2015 que: “Sin
electricidad no es posible la vida en condiciones dignas y una alimentación
equilibrada. Sin el flujo de electricidad, se agudizarían las circunstancias de
precariedad del núcleo familiar de la accionante, y se pondrían en riesgo otros
derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.”
Esta Corporación determinó que la falta
de prestación del servicio de energía en las instituciones carcelarias lesiona
de manera ostensible las garantías fundamentales de los reclusos, concretamente
aquellos que se derivan directamente de la dignidad del ser humano.
En cuanto al consumo mínimo de
electricidad la Corte se refiere a la Ley 143 de 1994, que establece en el
Artículo 11: “(…) un consumo de subsistencia entendido como “la
cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para
satisfacer necesidades básicas”. Este mínimo no se puede desconocer para
las personas que se encuentran en condiciones de reclusión bajo la tutela del
Estado. En suma, el suministro constante de energía eléctrica ha sido uno de
los elementos esenciales que componen el derecho fundamental a la dignidad
humana en su manifestación material y que ha sido salvaguardado por esta
Corporación también de manera autónoma en múltiples oportunidades. Dicho lo
anterior, la Sala de revisión no puede desconocer el mínimo de energía
eléctrica a las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios
y carcelarios.
Tal como lo ha señalado este Tribunal “los
servicios de acueducto, alcantarillado y energía tienen una incidencia trascendental en la población carcelaria, pues son
indispensables para que existan buenas condiciones de higiene, que haya
suficiente agua para limpiar y preparar alimentos y que los reclusos puedan
dedicar sus jornadas a actividades productivas que les generen conocimientos y
destrezas como parte de su resocialización”[52].
De acuerdo con lo anterior, es dado
concluir que la suspensión en el suministro de energía eléctrica dentro de los
establecimientos penitenciarios puede conllevar a que se presenten problemas de
violencia e inseguridad, y del mismo modo afecta los derechos fundamentales
tanto de los reclusos, como del personal que allí labora[53].
Por ello, este servicio debe ser prestado de forma continua e ininterrumpida
para garantizar los mínimos fundamentales de las personas privadas de la
libertad y del cuerpo administrativo, y en caso de que se presenten
inconvenientes con el mismo, la administración debe adoptar las medidas que
considere necesarias para superar dichos impases.
2.2.4.
Jurisprudencia sobre la entrega de insumos mínimos de
aseo y descanso para los reclusos
La Corte ha dicho en varias
oportunidades que no existe justificación alguna para que a los reclusos no se
les provea con regularidad los elementos básicos. En efecto, el Estado no puede
alegar dificultades de orden presupuestal para no hacer entrega a todos los
internos insumos esenciales para llevar una vida digna. Por las anteriores
razones, se han protegido los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad, salud y salubridad.
Por este motivo, la Corte se pronunció
en el año 2003, mediante la sentencia T-1030, e indicó que los a reclusos del
Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), solo se les proporcionaban
elementos de aseo al momento de su ingreso, y luego debían procurárselos de su
propio pecunio o el de su familia. Por lo anterior ordenó se hiciera la entrega
periódica de estos insumos y de los elementos de descanso, ya que no existe
ninguna justificación para no hacerlo.
En un caso análogo, la sentencia T-1134
de 2004 examinó la acción de amparo elevada por los internos de la cárcel “Doña
Juana” de la Dorada, Caldas para reclamar la protección de su derecho fundamental
a la dignidad humana, ya que el centro penitenciario no les daba dotación de
vestido y útiles de aseo, así como las pésimas condiciones de higiene y
salubridad en la que se encontraban debido al deficiente suministro en el
servicio de agua.
Situaciones similares han tenido lugar
en diferentes centros penitenciarios y carcelarios en los cuales se alegó, por
parte de los internos, la falta de insumos de aseo y descanso para los
reclusos. Por lo anterior, se estudiaron los casos de las prisiones de
Valledupar (sentencias T-490 de 2004[54] y
T-792 de 2005[55]),
Vichada (sentencia T-900 de 2005[56]), entre
otras[57].
En todos los casos mencionados, esta
Corporación tuteló los derechos de los tutelantes y aseguró que el suministro
de la dotación
mínima permite unas condiciones de existencia digna, y por ello los reclusos
deben disponer de elementos para dormir, tener un vestido y calzado en buen
estado y contar con ciertos implementos de aseo que garanticen una buena
presentación personal y condiciones mínimas de salud y salubridad. Afirmó que
no es dado afirmar que el suministro de los elementos y la regularidad
de su entrega obedece a disposiciones contenidas en la reglamentación interna,
y que los internos de la entidad carcelaria pueden adquirir tales elementos a
través de familiares o personas cercanas, si se tiene en cuenta que la
condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos
fundamentales[58].
Asimismo, es dado recordar que esta
Corporación ha reconocido los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad, y aseguró que, “en la medida en que los internos siguen
siendo titulares de algunos derechos cuya garantía o satisfacción no pueden ser
procurados por sí mismos, en virtud de la especial sujeción en la que se encuentran
sometidos, como ocurre con el derecho al mínimo vital o a la subsistencia en
condiciones dignas, a fin de satisfacer las necesidades básicas de existencia
de los internos, la Corte Constitucional ha señalado que surge en cabeza del
Estado el deber de satisfacerlas”[59].
De lo anterior se colige que, como ya lo
ha expresado esta Corporación, se debe reconocer a toda persona privada de la
libertad, la condición de ser humano y por tal motivo, se le debe garantizar su
dignidad, aunque no esté disfrutando plenamente de sus derechos, “Específicamente, se debe prestar especial atención a
respetar, proteger y garantizar los derechos de toda persona  (i) a
contar  con un espacio vital mínimo y digno, que permita el
descanso;  (ii) a contar  con elementos básicos como ropa, cobija y
colchoneta;  (iii) a no ser expuesta a temperaturas extremas;  (iv) a
utensilios básicos de aseo e higiene personal, y un ambiente salubre;
(v) al agua potable y a una alimentación adecuada y suficiente, así como a los
utensilios básicos para poder comer;  (vi) a la seguridad e integridad
personal;  (viii) al respeto a la intimidad, en especial a la vista
íntima;  (ix) a la unidad familiar;  y  (x) al acceso a los
servicios que se requieran”[60].
(énfasis propio)
Así las cosas, es obligación
de las entidades encargadas de la custodia de los presos, suministrar los
elementos de aseo, de manera periódica, de tal forma que este grupo poblacional
tenga las condiciones mínimas de aseo personal, durante su estadía en los
centros de reclusión.
4.       Análisis
del caso concreto
Del material probatorio recaudado se puede
establecer que los accionantes se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC
El Banco- Magdalena, en situación de hacinamiento, cuya temperatura oscila
entre los 26 y 35 grados centígrados[61]
diarios, no disponen de un sistema sanitario que canalice las aguas negras, los
baños y las duchas no son suficientes y se encuentran averiadas, el flujo de
energía eléctrica no es permanente, los insumos de aseo como cepillos de dientes,
jabones y toallas no son proporcionados de manera constante.
Estas situaciones constituyen una
violación al derecho fundamental a la dignidad humana y a su contenido material
por las condiciones de hacinamiento, a la salubridad,  al suministro continuo
de energía eléctrica, a la no entrega de elementos de aseo personal (jabones,
toallas y cepillos de dientes) y de descanso (colchonetas, sábanas y almohadas)
que sufren las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC
de El Banco-, desde el año 2017 debido a la inactividad de las entidades del
orden nacional y local con funciones de administración de la población
carcelaria.
En este orden de ideas, en el marco del
ECI y los pronunciamientos posteriores sobre hacinamiento, salubridad,
suministro de energía eléctrica e insumos mínimos de aseo y descanso
(colchonetas, almohadas y sábanas) para las personas que se encuentran privadas
de la libertad han sido claramente establecidos y se deben garantizar, tal como
lo ha dicho este Tribunal en diferentes pronunciamientos.
A continuación la Sala advierte que las
reclamaciones de los internos del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC de El
Banco- se relacionan con problemas de: i) hacinamiento: en este aspecto los
tutelantes solicitaron la aplicación de la regla del equilibrio decreciente y
le solicitaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
coordinar los traslados de los internos a otros centros de detención; ii)
infraestructura carcelaria y salubridad (reparación de tuberías, duchas y
sanitarios en mal estado); iii) el suministro de permanente de energía
eléctrica, mediante la disposición de una planta eléctrica que preste los
servicios durante el día y en la noche; y iv)  la entrega de insumos mínimos de
aseo (cepillos de dientes, jabones y toallas) y descanso (almohadas,
colchonetas y sábanas), que a continuación se van abordar en el caso objeto de
análisis de esta Sala.
4.1.
Sobre los problemas de hacinamiento
En la respuesta allegada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-
a la Corte Constitucional señaló que, en el marco del contrato de obra No. 177
de 2017, se tenía prevista la construcción de un nuevo bloque con 12 nuevos
cupos para albergar personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC de El Banco, a la vez que la Subdirección de Seguimiento a la
Infraestructura “venía liderando proyectos para generación de cupos durante
el próximo trienio en todo el territorio nacional, los cuales se tiene
proyectados generar (sic) 13.928 nuevos cupos”.
La Sala advierte que, a pesar de los
esfuerzos descritos, la situación de la sobrepoblación carcelaria difícilmente
se verá conjurada a corto plazo con la generación de cupos para doce (12)
reclusos más –conforme lo estipulado en el contrato−, cuando el
porcentaje de hacinamiento supera el 232%, al paso que la generación
significativa de cupos es un proyecto a futuro que pretende cubrir todo el
territorio nacional, por lo que su impacto específico sobre el EPMSC de El
Banco es imposible de establecer, de modo que tampoco se aprecia como una
solución pronta y eficaz al problema.
Sobre la construcción de cupos
carcelarios, la Corte Constitucional en la sentencia T-388 de 2013 dijo que si
bien es una manera de resolver la crisis de hacinamiento y que la
administración pública ha hecho grandes esfuerzos en la construcción de establecimientos
de reclusión, la problemática que se presenta en este sector es estructural e
involucra aspectos del diseño de la política criminal y la coordinación
interinstitucional con el fin de garantizar el derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Para el caso concreto, el hacinamiento
es una de las causas de la vulneración de los derechos
fundamentales de los reclusos,[62] hecho
que conlleva a que éstos reciban, en muchos casos, tratos crueles e inhumanos que
afectan dignidad, y limitan la posibilidad de resocializarse. En ese sentido, los
accionantes solicitan que se ordene al Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco-, abstenerse de recibir más sindicados y
condenados hasta tanto no se adecuen las instalaciones, y que no se produzcan y
se dispongan de traslados a otros centros carcelarios que cuenten con
infraestructura idónea. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que “tales
medidas, además, no harían más que trasladar y extender el estado de cosas
inconstitucional a otros establecimientos y centros de reclusión, incluidas las
Unidades de Reacción Inmediata y las propias estaciones de policía”[63].
A pesar de lo indicado, no es dado
desconocer que las condiciones de hacinamiento del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco
son del 232%, y que la aplicación de la regla de equilibrio decreciente
sólo podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión “si y
sólo si: (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de
personas que salen del establecimiento de reclusión, durante la semana
anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y  (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas”[64].
De acuerdo con la sentencia T-388 de
2019, citada en el Auto 110 de 2019, el cierre parcial o definitivo son
decisiones administrativas, que deben ser tomadas por las autoridades penitenciarias.
A pesar de ello, puede el juez de tutela, en caso de avizorar la trasgresión de
los derechos fundamentales de los internos, y de manera excepcional, tomar este
tipo de decisiones, para proteger las garantías iusfundamentales de las personas
privadas de la libertad. Señala que “tanto la medida
de cierre definitivo, como de cierre parcial de los centros de reclusión, son
decisiones de carácter administrativo de las autoridades penitenciarias y
carcelarias, por lo que, en principio, a las autoridades judiciales no
corresponde adoptarlas. Sin embargo, indicó que “pueden darse situaciones
excepcionalísimas en las que se evidencie y demuestre que los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad corren peligros claros y
evidentes, y que exigen una protección extrema. (…) En tales circunstancias, el
juez de tutela se puede ver excepcionalmente obligado a tomar una drástica
solución de cierre de un establecimiento penitenciario[65]”[66].
En ese contexto, los centros
penitenciarios deben garantizar la dignidad y en caso de no poder hacerlo deberán
superar las falencias, so pena de no poder ser usados. Sobre este particular,
la sentencia T-388 de 2013 indicó que el cierre total de las cárceles puede
generar una serie de efectos nocivos, motivo por el cual acudió a las reglas
del equilibrio y del equilibrio decreciente, como solución para armonizar la
garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad
y la correcta ejecución de la administración de justicia[67].
Para dar aplicación a la regla de
equilibrio decreciente, ésta se debe llevar a cabo de forma estricta, de tal
suerte que, si el juez constitucional evidencia que dicha regla no supera el
test de proporcionalidad, deberá aplicar una medida alternativa para proteger
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
El auto referido indicó que, en materia
de hacinamiento, si se busca “la protección de bienes constitucionales
de connotada relevancia, como son los derechos fundamentales que se ven
vulnerados con las condiciones de hacinamiento carcelario existentes (dignidad
humana, espacio libre de hacinamiento, resocialización, salud, entre otros). De
este modo, se puede concluir que la regla de equilibrio decreciente, en
abstracto, persigue una finalidad constitucional”[68].
Con la finalidad de poner en marcha la regla
del equilibrio decreciente ésta debe superar el principio de proporcionalidad,
para ello es necesario que se cumplan con los subprincipios de idoneidad,
necesidad, eficacia y proporcionalidad. Con base en ello, el juez de tutela es
la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de los mencionados
presupuestos.
Tal como lo señala la sentencia T-595 de
2017[69],
una medida es idónea cuando “su adopción
persigue un propósito constitucionalmente legítimo y si es adecuado para
alcanzarlo o por lo menos promueve su obtención. (…) El subprincipio de
necesidad exige que toda medida de intervención en los derechos fundamentales
debe ser la más benigna con el derecho intervenido. (…) Si aún en gracia de
discusión se aceptara que la medida es idónea y necesaria, ella de ninguna
manera supera el examen de ponderación o de proporcionalidad en sentido
estricto””[70].
La Corte, en el Auto 110 de 2019, indicó
que para que el juez constitucional aplique la regla del equilibrio
decreciente, se debe seguir cuatro pasos. Estos son i) determinar si
ésta regla persigue una finalidad constitucional; ii) estudiar si su
aplicación resulta adecuada respecto a la finalidad constitucional perseguida; iii)
determinar si la regla en un determinado centro penitenciario es necesaria
para cumplir con la finalidad constitucional; y, finalmente iv) aplicar
la regla en sentido estricto.
Expresado lo anterior, procede la Sala
Novena a hacer el análisis de la situación que se presenta en la cárcel de
mediana seguridad de El Banco, Magdalena.
En el presente caso es claro que la
cárcel de El Banco presenta elevados niveles de hacinamiento. De acuerdo con
las manifestaciones hechas por los internos, y los datos aportados por la
Defensoría del Pueblo pudo establecer que el centro penitenciario tiene
capacidad para 68 personas y en la actualidad se encuentran recluidas 209;
datos que concuerdan con lo expresado por la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos entidad que afirmó que se presentaba un 235.9%
de hacinamiento.
Se puede concluir entonces que, en el
caso bajo estudio, se cumple con el primer requisito para aplicar la regla del
equilibrio decreciente en la cárcel del El Banco, pues lo que se pretende es
reducir la densidad demográfica y garantizar los derechos fundamentales de los
internos.
Superado el primer presupuesto, es
necesario establecer si la aplicación de la regla de equilibrio
decreciente resulta adecuada respecto de la finalidad constitucional perseguida.
Sobre este aspecto, el auto 110 de 2019 señala que el juez constitucional debe
analizar:
“[si]
la
aplicación de la regla de equilibrio decreciente, “resulta útil para alcanzar
el propósito constitucional”[71]
que persigue, es decir, la protección de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad recluidas en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios.
(…)
Para
esta Sala, en abstracto, el medio utilizado (la aplicación de la regla de
equilibrio decreciente) resulta adecuado para que el objetivo perseguido
(mejorar la protección de derechos de la población recluida en establecimientos
penitenciarios y carcelarios) se alcance. En efecto, la reducción progresiva
del hacinamiento carcelario se traduce en un alivio de las condiciones de
reclusión indignas a las que son sometidas las personas privadas de la libertad
en los centros de reclusión y, tal mejora, puede redundar en el margen de
protección de los derechos fundamentales de estas personas, en tanto al
garantizar un espacio libre de hacinamiento, aumentan las posibilidades para
acceder a los programas de resocialización y a la atención en salud, entre
otros”[72].
Como lo ha señalado este Tribunal, el
equilibrio decreciente, per se, garantiza la protección de los derechos
fundamentales, es dado entonces continuar con el estudio de la aplicación de
esta regla.
Por su parte, el tercer presupuesto
establece que se debe verificar que el equilibrio decreciente es el mecanismo necesario
para lograr el fin constitucional, no habiendo ningún otro medio para alcanzar
el mismo objetivo. Para lograr este propósito, el auto 110 de 2019 señala que “el
juez constitucional podrá acudir a distintos medios probatorios que le permitan
conocer, entre otros asuntos, si el hacinamiento en los centros de detención
transitoria es mayor que el que presentan los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, o si las condiciones de reclusión en las URI y estaciones de
policía, en el caso particular, implican una mayor afectación de la dignidad
humana de quienes allí se encuentran recluidos”. Con
base en lo anterior, es dado afirmar que en el centro penitenciario de El Banco
se presenta un hacinamiento superior al 200%, lo que haría procedente el uso de
la regla del equilibrio decreciente.
En relación con la posible afectación de
las personas que se encuentran recluidas en los centros de detención
transitoria, esta Sala no cuenta con elementos de juicio para pronunciarse
sobre la situación que allí atraviesan.
Tal como lo
indica el auto 110 de 2019, “es preciso que el
juez constitucional determine: ¿Es necesario ordenar la aplicación de
la regla de equilibrio decreciente para la protección de los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad recluida en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, pese a que ello puede implicar poner
en una situación de mayor desprotección a los internos que se encuentran en los
centros de detención transitoria en precarias condiciones, aun cuando se trata
de personas recluidas en calidad de sindicadas y condenadas indistintamente?
De conformidad
con lo anterior, el juez constitucional podrá acudir a distintos medios
probatorios que le permitan conocer, entre otros asuntos, si el hacinamiento en
los centros de detención transitoria es mayor que el que presentan los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, o si las condiciones de
reclusión en las URI y estaciones de policía, en el caso particular, implican
una mayor afectación de la dignidad humana de quienes allí se encuentran
recluidos”.
Teniendo en cuenta que a la EPMSC El
Banco son remitidas personas de los municipios de Guamal,
Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada, San Zenón, Curumaní, Pelaya, Astrea,
Barranco de Loba y Altos del Rosario, se ordenará a las autoridades de esos
municipios que informen al juez de instancia sobre el estado de hacimiento de
los centros de detención transitoria (CRI), de tal suerte que esta autoridad
judicial aplique el test de proporcionalidad previo a la decisión de ordenar el
uso de la regla de equilibrio decreciente.
Esta orden no limita la
autonomía del juez de primera instancia para ordenar las demás pruebas que
estime necesarias para hacer uso de la regla de equilibrio decreciente ordenado
por esta Corte en el presente fallo.
Siguiendo con lo indicado en el auto 110
de 2019, se deberá realizar el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.
Como se ha indicado a lo largo de este
fallo, el hacinamiento en las cárceles del país vulnera la dignidad de las personas
privadas de  la libertad y dificulta que el sistema carcelario brinde las
herramientas necesarias para que la pena impuesta cumpla con su finalidad resocializadora,
conllevando, además, a que se le dé un trato incompatible con un Estado social
de derecho, no solo de quienes se encuentran privados de su libertad, sino del
personal que presta servicios administrativos y de seguridad dentro del penal.
En relación con la solicitud de traslado
de presos elevada por los accionantes, con la finalidad de paliar la situación de
hacinamiento, dicha determinación no puede ser adoptada por esta Corporación,
toda vez que, como se ha expresado en decantada jurisprudencia, no es el juez
constitucional el encargado de decidir sobre la viabilidad o no de los mismos,
y que dicha facultad es competencia  del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario[73],
entidad encargada de resolver las solicitudes de traslado, teniendo en cuenta
los límites de la razonabilidad y del buen servicio de la administración, al
momento de realizar traslados, de acuerdo con la discrecionalidad con que
cuenta el INPEC. Por lo anterior, la Corte negará esta petición de los presos
del EPMSC El Banco.
4.2.    Sobre
la infraestructura carcelaria para la salubridad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-
De acuerdo con las pruebas
documentales allegadas[74]
al proceso, se infiere que el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco- ha sido objeto de algunas intervenciones en infraestructura,
tales como el remplazo de la red eléctrica, el mantenimiento de la red de
acueducto y alcantarillado, el suministro de puntos de iluminación perimetral y
la adecuación de cubierta entre el año 2015 y 2016.
Dichos esfuerzos son reconocidos por
parte de esta Sala y considera que los mismos son importantes y conducentes para
mejorar las condiciones de reclusión. Sin embargo, del informe de visitas elaborado
por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, la Procuraduría Delegada para
la Defensa de los Derechos Humanos y la Personería del Municipio de El Banco, se
vislumbra que la situación de las personas recluidas en ese lugar, no ha
mejorad lo suficiente para entender superadas las circunstancias que originaron
la acción la de tutela. Asimismo, en visita realizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-
en febrero de 2019[75]
se evidenció que no existe suministro de energía eléctrica permanente, que el
hacinamiento continúa y que las condiciones de salubridad y de infraestructura
se mantienen.
La importancia de los servicios públicos
de agua y salubridad en el contexto de los centros penitenciarios y carcelarios
es esencial ya que constituye un instrumento fundamental para la realización de
los fines del Estado Social de Derecho, y la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, repercuten
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, en su dignidad,
su vida, su salud y su trabajo. Del mismo modo, el adecuado flujo de éstos incide
directamente en el funcionamiento de los centros carcelarios para que existan
buenas condiciones de higiene, la disponibilidad de suficiente agua, y de igual
forma garantiza la seguridad y convivencia pacífica dentro del recinto.
Sin embargo, la falta de coordinación y
de cumplimiento de los deberes legales por parte de estas instituciones es
alarmante, si se tiene en cuenta que el reporte de necesidades y la atención en
materia de infraestructura lo debe hacer el INPEC y remitir a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-.
Esto únicamente se hizo con la iniciación del trámite de tutela.  En este orden
de ideas, para el caso concreto, se evidencia una omisión que vulnera los
derechos fundamentales a la dignidad humana como consecuencia de la insalubridad
por la filtración de las aguas negras, el estado deficiente de los baños y las
duchas.
Teniendo en cuenta que la Corte ha
manifestado, en decantada jurisprudencia, que las falencias en la planta física
de las cárceles del país conlleva a la trasgresión de los derechos
fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad, que es
obligación del Estado proteger las garantías mínimas de éste grupo poblacional
para que durante el tiempo que se encuentren privadas de la libertad se respete
su dignidad, y que en el presente caso es claro que la cárcel del municipio de
El Banco, Magdalena no cuenta con los mínimos establecidos, se deben adoptar
las medidas necesarias para cesar la citada vulneración.
Por tal motivo, se ordenará al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en cabeza de su director o quien
haga sus veces; y a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- en
cabeza de su director o quien haga sus veces que elaboren un plan, en
el plazo de tres (3) meses a partir de la notificación de esta providencia, de
la construcción y mantenimiento de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-, en los aspectos relacionados con tuberías de aguas negras,
baterías sanitarias, suministro de agua potable, duchas y celdas para todas las
personas detenidas y la adecuación del pabellón de personas de la tercera edad.
El Plan deberá contener los recursos
económicos, objetivos, indicadores de cumplimiento y actividades de las obras
de mantenimiento, reparación y construcción de la infraestructura. Estas
adecuaciones se deben hacer de acuerdo con la batería de indicadores que fue
elaborada por el Comité Interdisciplinario y entregadas a la Sala de
Seguimiento del Estado de Cosas de Inconstitucionalidad –ECI- en el marco del
cumplimiento de las órdenes de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. El Plan debe garantizar el continuo y preventivo
mantenimiento de la infraestructura física del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco- y demás actuaciones que contribuyan a la salubridad de las personas
privadas de la libertad, de los trabajadores y guardias. Adicionalmente, la
elaboración del Plan deberá ser participativa y pública.
Dicho Plan deberá ser entregado al Juez
de Primera Instancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario -INPEC- y la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, la ejecución
del Plan deberá iniciar al mes siguiente de su elaboración.
El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y
la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- deberán rendir
un informe sobre los resultados de la implementación del Plan ante el Juez de
Primera Instancia a los ocho (8) meses de iniciada la ejecución del plan.
4.3.
Sobre el suministro permanente de energía eléctrica
El suministro permanente
de energía eléctrica es esencial para la existencia de las personas y de la
superación de la pobreza, la Corte ha dicho que se debe garantizar un mínimo de
suministro por parte del Estado para todos los ciudadanos que incluye a las personas
que se encuentran bajo la tutela del mismo en situación de reclusión o de
protección especial. Para el caso concreto la Sala identifica que el suministro
de energía es intermitente en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -El EPMSC El
Banco- y, como consecuencia, conlleva la transgresión de los derechos de las
personas que se encuentran privadas de la libertad.
Si bien es cierto, existen distintos
mecanismos para garantizar el flujo de la energía eléctrica, la compra de la
planta eléctrica fue una alternativa que la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-
contempló para garantizar el fluido eléctrico, toda vez que las condiciones
climáticas hacen necesario el uso de aire acondicionado, ventilación y
refrigeración para los alimentos, las medicinas, la cicatrización en caso de
heridas, motivo por el cual el servicio debe ser óptimo y continuo.
Sobre este particular, la sentencia
T-197 de 2017 indicó que los servicios públicos esenciales inciden de forma
directa en el normal desarrollo de las actividades dentro de los penales, y la
no prestación de los mismos limita las actividades productivas y los procesos
de resocialización, dificulta las funciones administrativas y de seguridad, y altera
la convivencia pacífica dentro del recinto.
Al respecto, la sentencia T-235 de 1994
estableció que “la interrupción o el funcionamiento
inadecuado del servicio de energía eléctrica en un establecimiento carcelario,
es susceptible de generar por las condiciones de violencia generalizada y de
inseguridad que vive el país un factor de riesgo de gran magnitud, que puede
afectar los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, no
sólo del personal administrativo y de vigilancia del centro penitenciario, sino
de los propios reclusos”.
En el caso del centro penitenciario de
El Banco, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC- ha considerado que la adquisición de la planta eléctrica va a
garantizar el suministro permanente de energía eléctrica, esta Sala acompaña
esta decisión e insta a la entidad a continuar con las gestiones para que
finalmente se proteja el derecho fundamental de suministro a la energía
eléctrica respetando las competencias de la administración pública. Es enfático
este Tribunal al aclarar que las decisiones y medidas que adopten las
autoridades requeridas, siempre y cuando éstas garanticen la prestación del
servicio mencionado, no podrán ser cuestionadas, en el entendido que la única
finalidad de este pronunciamiento es proteger los derechos fundamentales de las
personas que se encuentran en el centro penitenciario. Lo anterior teniendo en
cuenta la autonomía de las entidades responsables de la custodia y cuidado de
los presos que permanecen en la cárcel de El Banco.
Así las cosas, es claro que la
prestación deficiente o la falta de suministro del servicio de energía
eléctrica en los centros penitenciarios y carcelarios atenta con la dignidad de
las personas que se encuentran recluidas y que trabajan allí. Especialmente
cuando estas cárceles se encuentran ubicadas en regiones que tienen altas
temperaturas.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con
lo manifestado, tanto por las partes, como por los entes de control, Defensoría
y Procuraduría, se pudo probar que en la EPMSC El Banco no garantiza la
prestación continua del servicio de energía eléctrica, se hace necesario que
esta Corporación emita las órdenes necesarias para garantizar la dignidad de
las personas que allí permanecen y trabajan.
Por lo anterior, se ordenará a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC- la finalización del proceso contractual para la adquisición de la
planta eléctrica, según el cronograma remitido por esa entidad[76]
a esta Sala. La planta eléctrica debe estar instalada en óptimas condiciones de
funcionamiento a los seis (6) meses después de la notificación de esta
sentencia y deberá remitirse un informe de cumplimiento dentro del mes
siguiente a la ejecución de esta orden.
4.4 Sobre
la entrega de insumos de aseo y elementos de descanso
En cuanto al tema de los suministros de
aseo y descanso, si bien la Dirección del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC
El Banco[77]-
manifestó que éstos fueron entregados a los reclusos, es necesario hacer
seguimiento en cuanto a la cantidad y frecuencia de dichas entregas.
A lo largo del proceso no se evidenció
que el INPEC haya implementado los estándares mínimos para la vida en reclusión
establecidos en la sentencia T-762 de 2015 y el Comité Técnico Interdisciplinario[78]
creado para tal fin.
No obstante, el Comité Técnico
Interdisciplinario entregó a la Sala de Seguimiento del Estado de Cosas de
Inconstitucional –ECI-[79],
los indicadores, las normas y fichas técnicas para la vida en reclusión para su
respectiva revisión y aprobación. En dicha batería se establece que el kit de
aseo se debe entregar cada cuatro meses, siendo el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- quien
debe determinar el contenido del mencionado Kit[80]de
aseo.
Para el caso concreto, una de las
peticiones de los reclusos del EPMSC de El Banco es la entrega de colchoneta,
sábanas y un kit de aseo. Dicha solicitud no es más que la estandarización de
las necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad que el
INPEC debe tener establecida.
Esta Corte ya ha manifestado que, si
bien el hecho de estar privado de la libertad limita ciertos derechos
fundamentales, en especial el de la libertad, ello no es óbice para que no se
garanticen las condiciones mínimas de dignidad de los reclusos. Tal como se
indicó en la sentencia T-596 de 1992, que “Del
derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se
derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración
penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra
el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación
suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de
habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de
asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros"[81]
(énfasis original).
Estos mínimos fueron
establecidos en primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente de 1955, donde se acordaron las “Reglas
Mínimas” para el tratamiento de los reclusos. Allí en los artículos 15 y 16 se
señala que “en cuanto a la higiene personal, se exige a los reclusos aseo
personal y a tal efecto se dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza. Se facilitará a los reclusos
medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de
un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos. La ropa y dotación de
cama: todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas
(condenados) recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en
buena salud…Las prendas deben permanecer limpias y en buen estado, la ropa
interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la
higiene”.
Por lo anterior, es
claro que es obligación de las entidades que tienen a su cargo la guarda y
custodia de las personas privadas de la libertad hacer entrega periódica de los
elementos de aseo e higiene personal.
Teniendo en cuenta que
en el EPMSC El Banco no se está cumpliendo con esta entrega, toda vez que la
misma no se hace en las cantidades mínimas requeridas, esta
Sala ordenará la entrega de dichos insumos de acuerdo con el mínimo
constitucionalmente asegurable, a todas las personas que se encuentran
recluidas en esta cárcel, es decir que tendrá efectos inter comunis.
El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 sostiene que
“las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán
efectos en el caso concreto (…)”. Sin embargo, esta corporación ha optado
por extender los efectos de sus sentencias a personas que se encuentran en las
mismas condiciones de los tutelantes y se identifica la existencia de una
comunidad, aunque no hayan acudido a la acción de tutela en calidad de
accionantes[82].
En esos casos, esta Corporación ha decidido otorgar un efecto inter comunis a
sus fallos al evidenciar que el amparo de derechos a los actores coexiste con
el detrimento de las garantías de terceras personas que comparten los supuestos
fácticos[83].
Los efectos inter comunis pretenden
salvaguardar el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una
vulneración de derechos fundamentales, puesto que las mismas circunstancias
obligan a que el juez emita órdenes uniformes para todos los afectados. Así
mismo, esos alcances de las decisiones garantizan la coherencia del sistema de
derecho y la seguridad jurídica, como quiera que deben existir decisiones
similares a casos equivalentes. El juez constitucional tiene la posibilidad de
dictar fallos con efectos inter comunis siempre: “(i)
que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o
amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes;
(ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se
encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este
tipo de  fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce
efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial
efectiva”.[84]
Esta Sala identificó que la aplicación
del efecto es necesaria porque: i) proteger únicamente los derechos de los
actores amenaza el derecho a la igualdad de las demás personas que se
encuentran recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco-; ii) los detenidos que no acudieron al proceso de tutela también padecen
de la vulneración del derecho fundamental a la dignidad humana debido a las
condiciones deficientes del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco; y iii) los efectos ampliados de las órdenes específicas de esta
providencia conllevarán a la materialización de fines legítimos, y a su vez
elimina toda forma de discriminación que puedan sufrir los demás detenidos.
De conformidad con lo señalado, la Corte
ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- que, en un
término no mayor a quince (15) días contados a partir de la notificación es
esta sentencia, haga entrega a las personas privadas de la libertad lo siguiente:
a) insumos de aseo y b) elementos de descanso para cada una de las personas que
se encuentran recluidas y están bajo su guardia en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco-. Teniendo en
cuenta que los implementos suministrados son de uso diario, se debe garantizar
la dotación periódica, de conformidad con los estipulado en el reglamento
interno de EPMSC El Banco.
Dicha entrega se debe llevar a cabo
según lo dispuesto en la Sentencia T-762 de 2015 y los pronunciamientos de la
Sala de Seguimiento al Estado de Cosas de Inconstitucionalidad –ECI- de esta
Corporación, a saber, los autos 121 de 2018 y 110 de 2020, así como los demás
pronunciamientos que emita dicha Sala.
Debido la situación actual por la que
atraviesa el país como consecuencia de la pandemia generada por el virus del
COVID-19, las medidas que adopte el centro penitenciario del Banco deben tener
en cuenta dicha realidad, por ello, la entrega en los suministros de aseo se
hará con base en las circunstancias que se presentan en las cárceles del país,
esto, con la finalidad de garantizar que las personas que se encuentran
privadas de la libertad cuenten con las herramientas de higiene y aseo, así
como con los elementos de bioseguridad, de conformidad con lo establecido en el
Auto 110 de 2020. Del mismo modo, y en caso de considerarlo necesario, podrán
pedir el acompañamiento del Ministerio de Salud y demás autoridades sanitarias,
para garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad necesarias en
este momento[85].
Con la finalidad de verificar el
cumplimiento de esta orden el INPEC debe rendir un informe al Juez de Primera
Instancia, en el que den cuenta de las medidas que se han tomado en
dicho centro de reclusión con ocasión de la emergencia sanitaria.
5.
Síntesis
En el expediente bajo
estudio, se solicita la protección constitucional de un grupo de 70 internos en
el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC
El Banco-, quienes aseguran que sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, al trabajo, a la salud,
a la higiene y a la seguridad en el trabajo, y al ambiente sano han sido
vulnerados a causa del hacinamiento, las deficientes condiciones sanitarias y
las altas temperaturas debido a los inconvenientes que se presentan en la
prestación del servicio de salud–por falta de una planta eléctrica− que
deben soportar en su lugar de reclusión.
En este penal hay más
de 210 internos distribuidos en tres patios. Sin embargo, la capacidad real del
centro de reclusión es de 68 individuos. En los patios 1 y 2 con capacidad para
28 internos en cada uno de ellos, hay 89 personas, y en el patio 3, destinado
para reclusos de la tercera edad con capacidad para 4 internos, hay 15. En
total, la cárcel de El Banco presenta
un hacinamiento superior al 235%.  Aunado a ello, las altas temperaturas del
municipio, las cuales oscilan entre los 25 y los 35 grados centígrados,
ocasionan problemas para la salud para la conservación de alimentos y medicinas,
situación que debe ser remediada a través del suministro de energía eléctrica permanente.
En sede de revisión, la Sala vinculó a
entidades del orden nacional como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación –DNP-,
quienes afirmaron que, en el marco de sus funciones no se encuentran las de
realizar acciones de coadministración de establecimientos de reclusión o de
prestación directa de los servicios carcelarios porque dichas labores
corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la
administración de los centros penitenciarios y carcelarios, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-,
el mantenimiento de los mismos y la construcción de las nuevas cárceles.
Igualmente, se vinculó a los Departamentos del Cesar y Magdalena y a los
Municipios de Guamal, Plato, San Sebastián, Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada,
San Zenón, Chimichagua, Curumaní, Pelaya, Pailitas, Aguachica, Tamalameque, el
Paso, Astrea, San Martín de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario para que
informaran sobre la manera en que atienden a las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC
El Banco-.
Adicionalmente, la Sala solicitó al
Defensor Regional del Pueblo del Departamento del Magdalena y a la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Personería del municipio
de El Banco que hicieran una visita a la cárcel de El Banco para inspeccionar y
verificar las condiciones en que se encuentran las personas allí recluidas.
El informe de la visita evidenció que
las condiciones de hacinamiento son graves, que la cárcel de El Banco no cuenta
con las condiciones de salubridad necesarias, ya que se presenta la filtración
de las aguas negras en las celdas, los baños están en condiciones deplorables y
las duchas no son suficientes. Además, el suministro de energía eléctrica no es
constante ocasionando problemas de salud y de cuidado de los alimentos, de
seguridad e iluminación para las personas recluidas y las que laboran allí.
Finalmente, se puso de presente que los insumos mínimos de aseo y descanso como
cepillos de dientes, jabones, colchonetas y sabanas no son suficientes y en algunos
casos los familiares de los presos deben suministrar los mismos.
De acuerdo con el planteamiento
del problema de esta providencia, la Sala Novena de Revisión se propuso determinar
si se vulnera el derecho fundamental a la dignidad humana como consecuencia de los
problemas de hacinamiento que se presentan en ese centro penitenciario, el
suministro interrumpido del servicio de energía eléctrica, hecho que agrava las
condiciones en que se encuentran recluidos los internos como consecuencia de
las altas temperaturas, la falta de entrega en los insumos de aseo y descanso y
las condiciones en la infraestructura de la planta física que presenta
deficiencias en el tratamiento de las aguas negras que se filtran en las
celdas, en la cocina, en los patios y en las demás instalaciones del centro
penitenciario, aunado a que los sanitarios y las duchas están en condiciones
precarias, se encuentran en mal estado y son insuficientes.
Para resolver ese
interrogante, la Sala analizó el estado de cosas inconstitucional de las
cárceles del país, las condiciones de hacinamiento salubridad e higiene que generan
la trasgresión masiva de los derechos fundamentales de las personas que se
encuentran privadas de la libertad, el servicio de energía eléctrica, acceso y
prestación ininterrumpida del mismo y la entrega de insumos de aseo y descanso
a los reclusos.
Sobre el estado de cosas
inconstitucional -ECI- de las cárceles, esta Corporación se ha pronunciado en
las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y la T-762, situación que llevó a
la creación de una sala especial de seguimiento en la Corte Constitucional para
el cumplimiento de las órdenes impartidas de manera coordinada entre las
entidades del orden nacional.
La Corte Constitucional ha salvaguardado
los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, y ha
sido enfática al afirmar que ese grupo poblacional no debe sufrir la violación
de sus garantías fundamentales ni recibir tratos indignos y crueles. El
contenido material del derecho a la dignidad humana ha sido garantizado por este
Tribunal mediante órdenes que propenden por el mantenimiento de la salubridad
de los centros de reclusión, la disposición de baños, tuberías de aguas negras,
suministro de agua y energía eléctrica.
En relación con el
hacinamiento, esta Corporación indicó que, como medida de protección de los
derechos de las personas privadas de la libertad, se podría aplicar la regla de
equilibrio, y la regla de equilibrio decreciente. Sobre este
particular el auto 110 de 2019 estableció que el juez de tutela debe utilizar el
test de proporcionalidad para determinar si aplica esta regla. Teniendo en
cuenta que el hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario –EPMSC– de El Banco (Magdalena) es superior al 230%, se
hace necesario aplicar esta regla para proteger a los reclusos de ese penal.
Para ello la Corte, en el Auto 110 de
2019, indicó que para que el juez constitucional aplique la regla del
equilibrio decreciente, se debe seguir cuatro pasos. Estos son i)
determinar si ésta regla persigue una finalidad constitucional; ii) estudiar
si su aplicación resulta adecuada respecto a la finalidad constitucional
perseguida; iii) determinar si la regla en un determinado centro
penitenciario es necesaria para cumplir con la finalidad constitucional; y,
finalmente iv) aplicar la regla en sentido estricto.
En el presente caso es claro que la
cárcel de El Banco presenta elevados niveles de hacinamiento. Con base en las
manifestaciones hechas por los internos, y los datos aportados por la
Defensoría del Pueblo pudo establecer que el centro penitenciario tiene
capacidad para 68 personas y en la actualidad se encuentran recluidas 213;
datos que concuerdan con lo expresado por la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos entidad que afirmó que se presentaba un 235.9%
de hacinamiento.
Se puede concluir entonces que, en el
caso bajo estudio, se cumple con el primer requisito para aplicar la regla del
equilibrio decreciente en la cárcel del El Banco, pues lo que se pretende es
reducir la densidad demográfica y garantizar los derechos fundamentales de los
internos.
Superado el primer presupuesto, es
necesario establecer si la aplicación de la regla de equilibrio
decreciente resulta adecuada respecto de la finalidad constitucional perseguida[86].Como
lo ha señalado este Tribunal, el equilibrio decreciente, per se,
garantiza la protección de los derechos fundamentales, es dado entonces
continuar con el estudio de la aplicación de esta regla.
El tercer presupuesto indica que es
necesario verificar que el equilibrio decreciente es el mecanismo idóneo para
lograr el fin constitucional, no habiendo ningún otro medio para alcanzar el
mismo objetivo[87].
Con base en lo anterior, es dado afirmar que en el centro penitenciario de El
Banco se presenta un hacinamiento superior al 230%, lo que haría procedente el
uso de la regla del equilibrio decreciente.
En relación con la posible afectación de
las personas que se encuentran recluidas en los centros de detención
transitoria, esta Sala no cuenta con elementos de juicio para pronunciarse
sobre la situación que allí atraviesan. Tal como lo
indica el auto 110 de 2019, “es preciso que el
juez constitucional determine: ¿Es necesario ordenar la aplicación de
la regla de equilibrio decreciente para la protección de los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad recluida en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, pese a que ello puede implicar
poner en una situación de mayor desprotección a los internos que se encuentran
en los centros de detención transitoria en precarias condiciones, aun cuando se
trata de personas recluidas en calidad de sindicadas y condenadas
indistintamente?
De conformidad
con lo anterior, el juez constitucional podrá acudir a distintos medios
probatorios que le permitan conocer, entre otros asuntos, si el hacinamiento en
los centros de detención transitoria es mayor que el que presentan los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, o si las condiciones de
reclusión en las URI y estaciones de policía, en el caso particular, implican
una mayor afectación de la dignidad humana de quienes allí se encuentran
recluidos”.
Teniendo en
cuenta que a la EPMSC El Banco son remitidas personas de los municipios de Guamal, Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada, San Zenón, Curumaní,
Pelaya, Astrea, Barranco de Loba y Altos del Rosario, se ordenará a las
autoridades de esos municipios que informen al juez de instancia sobre el
estado de hacimiento de los centros de detención transitoria (CRI), de tal
suerte que esta autoridad judicial aplique el test de proporcionalidad previo a
la decisión de ordenar el uso de la regla de equilibrio decreciente.
Esta orden no limita la
autonomía del juez de primera instancia para ordenar las demás pruebas que
estime necesarias para hacer uso de la regla de equilibrio decreciente ordenado
por esta Corte en el presente fallo.
Esta orden no limita la
autonomía del juez de primera instancia para ordenar las demás pruebas que
estime necesarias para hacer uso de la regla de equilibrio decreciente ordenado
por esta Corte en el presente fallo.
Del mismo modo, se pudo establecer que la
situación de infraestructura del Establecimiento
Penitenciario de El Banco no es diferente, la planta física presenta
filtraciones de aguas negras en las celdas, en la cocina, en los patios y demás
instalaciones, los baños y duchas no se encuentran en condiciones adecuadas y son
insuficientes. Igualmente, se constató que no se está haciendo entrega de los insumos
mínimos de aseo y descanso como son cepillos de dientes, jabones, colchonetas y
sábanas. Comoquiera que estos elementos han sido considerados por la Corte como
esenciales para garantizar el derecho fundamental a la dignidad humana de las
personas que se encuentran en condiciones de reclusión, se debe garantizar su
entrega de forma periódica.
En relación con el estado de la planta
física de las cárceles del país, la Corte ha manifestado que la falta de
mantenimiento de éstas conlleva a la trasgresión de los derechos fundamentales
de las personas que se encuentran recluidas, y que es obligación del Estado
proteger las garantías mínimas de este grupo poblacional. En el presente caso
es claro que la cárcel del municipio de El Banco, Magdalena no cuenta con los
mínimos establecidos, razón por la cual se deben adoptar las medidas necesarias
para cesar la citada vulneración, toda vez que existen filtraciones de aguas
negras en las celdas y cocina, las baterías de baños y duchas están en
condiciones deplorables y son insuficientes.
Por tal motivo, se ordenará al Instituto
Penitenciario y Carcelario INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC que, a través de sus respectivos directores, elaboren un plan
de construcción y mantenimiento de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-, lo anterior, con la finalidad de adecuar las tuberías de
aguas negras, las baterías sanitarias, el suministro de agua potable, el estado
de las duchas y de las celdas.
El mencionado documento deberá indicar
los recursos económicos que se requerirán, los objetivos propuestos, así como
los indicadores de cumplimiento. Estas medidas están encaminadas a detener el
deterioro de las instalaciones, mejorar las mismas y a garantizar las
condiciones mínimas en las que se deben encontrar las personas privadas de la
libertad.
Dicho plan deberá ser entregado, a más
tardar, seis (6) meses después de recibida la notificación de este fallo, y
deberás allegarse al juez de primera instancia. Por su parte, la ejecución del
mismo no podrá tardar más de un (1) mes, después de que haya sido recibido por
el mencionado funcionario judicial. Con la finalidad de conocer y garantizar la
ejecución, se deberá rendir un informe semestral sobre el estado de los avances.
Sobre las continuas fallas en la
prestación del servicio de energía en cárcel, esta Corporación, en la sentencia
T-197 de 2017, indicó que los servicios públicos esenciales inciden de forma
directa en el normal desarrollo de las actividades dentro de los penales,
limita las actividades productivas y los procesos de resocialización, dificulta
las funciones administrativas y de seguridad, y altera la convivencia pacífica
dentro del recinto.
Reiteró, en la sentencia T-235 de 1994,
que “la interrupción o el funcionamiento inadecuado del servicio
de energía eléctrica en un establecimiento carcelario, es susceptible de
generar por las condiciones de violencia generalizada y de inseguridad que vive
el país un factor de riesgo de gran magnitud, que puede afectar los derechos
fundamentales a la vida y a la integridad personal, no sólo del personal
administrativo y de vigilancia del centro penitenciario, sino de los propios
reclusos”.
En el caso del centro penitenciario de
El Banco, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC- reconoció las falencias en la prestación del servicio de energía
eléctrica y manifestó que ha considerado la adquisición de una planta eléctrica
para garantizar el suministro permanente de este servicio público esencial.
Esta Sala acompaña esta decisión e insta a la entidad a continuar con las
gestiones para que finalmente se proteja el derecho fundamental de suministro a
la energía eléctrica respetando las competencias de la administración pública.
Sin embargo, es enfático este Tribunal al aclarar que las decisiones y medidas
que adopten las autoridades requeridas, siempre y cuando éstas garanticen la
prestación del servicio mencionado, no podrán ser cuestionadas, en el entendido
que la única finalidad de este pronunciamiento es proteger los derechos
fundamentales de las personas que se encuentran en el centro penitenciario. Lo
anterior teniendo en cuenta la autonomía de las entidades responsables de la
custodia y cuidado de los presos que permanecen en la cárcel de El Banco.
Por lo anterior, se ordenará a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC- la finalización del proceso contractual para la adquisición de la
planta eléctrica, según el cronograma remitido por esa entidad[88]
a esta Sala. La planta eléctrica debe estar instalada en óptimas condiciones de
funcionamiento a los seis (6) meses después de la notificación de esta
sentencia y deberá remitirse un informe de cumplimiento dentro del mes
siguiente a la ejecución de esta orden.
En relación con la entrega de insumos de
aseo y descanso, la Corte ya ha manifestado que, si bien el hecho de esta
privado de la libertad limita ciertos derechos fundamentales, en especial el de
la libertad, ello no es óbice para que no se garanticen las condiciones mínimas
de dignidad de los reclusos. Tal como se indicó en la sentencia T-596 de 1992,
que “Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física
y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la
administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos
se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar
alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y
lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el
deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre
otros"[89] (énfasis original).
Es claro entonces, que
los centros penitenciarios deben hacer entrega periódica de los elementos de
aseo y descanso necesarios y suficientes a todos los internos de la cárcel de
El Banco, razón por la cual esta decisión no solo cobijará a los acá accionantes,
sino a todas las personas que se encuentran recluidas en dicho centro
carcelario. Es decir que tendrá efectos inter comunis.
Esta Sala identificó que la aplicación
del efecto es necesaria porque: i) proteger únicamente los derechos de los
actores amenaza el derecho a la igualdad de las personas que se encuentran
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario -EPMSC El Banco-; ii) los detenidos que
no acudieron al proceso de tutela también padecen de la vulneración del derecho
fundamental a la dignidad humana debido a las condiciones deficientes del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco; y iii) los efectos ampliados de las órdenes específicas de
esta providencia se obtenga la materialización de fines legítimos además de la
relevancia constitucional, en razón de que elimina toda forma de discriminación
que puedan sufrir los detenidos.
De conformidad
con lo señalado, la Corte ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- que, en un término no mayor a quince (15) días contados a
partir de la notificación es esta sentencia, haga entrega a las personas
privadas de la libertad lo siguiente: a) insumos de aseo y b) elementos de
descanso para cada una de las personas que se encuentran recluidas y están bajo
su guardia en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario -EPMSC El Banco-. Teniendo en cuenta que los implementos
suministrados son de uso diario, se debe garantizar la dotación periódica, de
conformidad con los estipulado en el reglamento interno de EPMSC El Banco.
Dicha entrega se debe llevar a cabo
según lo dispuesto en la Sentencia T-762 de 2015 y los pronunciamientos de la
Sala de Seguimiento al Estado de Cosas de Inconstitucionalidad –ECI- de esta
Corporación, a saber, los autos 121 de 2018 y 110 de 2020, así como los demás
pronunciamientos que emita dicha Sala.
Con la finalidad de verificar el
cumplimiento de esta orden el INPEC debe rendir un informe a los ocho (8) meses
de notificada esta sentencia sobre el cumplimiento de esta orden al Juez de
Primera Instancia.
Por las razones anteriores, la Sala
encuentra que se está vulnerando el derecho fundamental a la dignidad humana de
los reclusos, por parte de las entidades del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-
y de las autoridades municipales que fueron vinculadas a este proceso, por su
inactividad en la atención de sus derechos fundamentales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en el expediente                T-6.745.002 de
conformidad el auto del 22 de agosto de 2018.
Segundo. REVOCAR la
sentencia del 30 de enero de 2018, proferida por el Juzgado Único Penal del
Circuito de El Banco (Magdalena), que declaró improcedente la acción de tutela
formulada por el señor Salomón Alvarado Navarro,
Jhoan Álvarez Correa, Jhon Álvarez Villegas, Leonel Arévalo Ávila, Javier
Andrés Baena Alcendra, Luis Miguel Barbosa Castillo, Luis Germán Batista Pérez,
Elivey Bayona Arévalo, José Daniel Benavides Torres, Javier Benavidez Ruiz,
Rafael Eduardo Camargo Reales, Graciano Cantillo Beleño, Efrén Manuel Serpa
Ruíz, Wilson Daniel Cervantes Cruzado, Gildardo de Jesús Correa Salazar,
Orlando Gómez Fonseca, Luis Ángel González Meza, Steven Adolfo Guerra León,
Jesús Guette Quintero, Olfadis Rafael Hernández Venera, Jesús Alberto Herrera
Galet, Fernando Hurtado Ariza, Raomir José Junieles Araujo, Luis Hernán
Lambraño Ariza, Robinson López Farfán, Juan de Dios Manjarrez Pimienta, Jorge
Luis Martínez Ortiz, Rafael Martínez Yáñez, Einer Maury Cárdenas, Yacir José
Mejía Flórez, Roberto Luis Meléndez Carcamo, Héctor Ramón Mendoza Oliveros,
Ángel Guillermo Mola Díaz, Carlos Fabián Montes González, Miguel Montesinos
Manrique, Antonio Carlos Navarro Vanegas, Celso Ortiz Quintana, Deimer Ortiz
Quintero, Juan Pacheco Oveso, José Eduardo Padilla Rivera, Jairo Enrique Pardo
Rojas, Cristóbal Pedrozo Sánchez, Fabio Andrés Peña Quintana, Emiro Manuel
Pérez Navas, Robinson Rada Rodríguez, Carlos Farid Rangel Padilla, Fredy José
Reyes Ricardo, Luis Carlos Rodríguez Ángel, Keiber Rodríguez Barón, Ender Rojas
Ángel, Leonardo Rojas Carrascal, Heriberto Rojas Miranda, Wilman Rafael Rudas
Lago, Alex Manuel Sánchez Tatis, Jairo Sarmiento Torrado, Ramón Antonio
Severiche Galván, Juan Manuel Silva Arrieta, Luis Eduardo Téllez Duarte, Víctor
Manuel Torres Rosales, Neys Verona Toloza y Elibei Quintero Rincón, quienes se
encuentran
privados de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco-.
En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la
dignidad humana de los señores Salomón
Alvarado Navarro, Jhoan Álvarez Correa, Jhon Álvarez Villegas, Leonel Arévalo
Ávila, Javier Andrés Baena Alcendra, Luis Miguel Barbosa Castillo, Luis Germán
Batista Pérez, Elivey Bayona Arévalo, José Daniel Benavides Torres, Javier
Benavidez Ruiz, Rafael Eduardo Camargo Reales, Graciano Cantillo Beleño, Efrén
Manuel Serpa Ruíz, Wilson Daniel Cervantes Cruzado, Gildardo de Jesús Correa
Salazar, Orlando Gómez Fonseca, Luis Ángel González Meza, Steven Adolfo Guerra
León, Jesús Guette Quintero, Olfadis Rafael Hernández Venera, Jesús Alberto
Herrera Galet, Fernando Hurtado Ariza, Raomir José Junieles Araujo, Luis Hernán
Lambraño Ariza, Robinson López Farfán, Juan de Dios Manjarrez Pimienta, Jorge
Luis Martínez Ortiz, Rafael Martínez Yáñez, Einer Maury Cárdenas, Yacir José
Mejía Flórez, Roberto Luis Meléndez Carcamo, Héctor Ramón Mendoza Oliveros,
Ángel Guillermo Mola Díaz, Carlos Fabián Montes González, Miguel Montesinos
Manrique, Antonio Carlos Navarro Vanegas, Celso Ortiz Quintana, Deimer Ortiz
Quintero, Juan Pacheco Oveso, José Eduardo Padilla Rivera, Jairo Enrique Pardo
Rojas, Cristóbal Pedrozo Sánchez, Fabio Andrés Peña Quintana, Emiro Manuel
Pérez Navas, Robinson Rada Rodríguez, Carlos Farid Rangel Padilla, Fredy José
Reyes Ricardo, Luis Carlos Rodríguez Ángel, Keiber Rodríguez Barón, Ender Rojas
Ángel, Leonardo Rojas Carrascal, Heriberto Rojas Miranda, Wilman Rafael Rudas
Lago, Alex Manuel Sánchez Tatis, Jairo Sarmiento Torrado, Ramón Antonio
Severiche Galván, Juan Manuel Silva Arrieta, Luis Eduardo Téllez Duarte, Víctor
Manuel Torres Rosales, Neys Verona Toloza y Elibei Quintero Rincón.
Tercero. ORDENAR a los
municipios de Guamal, Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada, San Zenón, Curumaní,
Pelaya, Astrea, Barranco de Loba y Altos del Rosario, que en un término de cuarenta
y ocho (48) horas informen al juez de instancia sobre el número de personas que
se encuentran privadas de la libertad en los centros de detención transitoria (CRI).
Así mismo, ORDENAR a la Dirección
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco- del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario
–INPEC- que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la
notificación de esta sentencia, remita los datos actualizados sobre el grado de
hacinamiento que se presenta actualmente en cárcel de El Banco Magdalena.
Con base a esa información o
datos la autoridad judicial aplicará el test de proporcionalidad previo a la
decisión de ordenar el uso de la regla de equilibrio decreciente. La orden impartida
en este numeral no limita la autonomía del juez de primera instancia para decretar
las demás pruebas que estime necesarias para hacer uso de la regla de
equilibrio decreciente dispuesto por esta Corte en el presente fallo.
Cuatro. ORDENAR al
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en cabeza de su director o quien
haga sus veces; y a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- en
cabeza de su director o quien haga sus veces que elaboren un plan, en
el plazo de tres (3) meses a partir de la notificación de esta providencia, de
la construcción y mantenimiento de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-, en los aspectos relacionados con tuberías de aguas negras,
baterías sanitarias, suministro de agua potable, duchas y celdas para todas las
personas detenidas y la adecuación del pabellón de personas de la tercera edad.
El Plan deberá contener los recursos
económicos, objetivos, indicadores de cumplimiento y actividades de las obras
de mantenimiento, reparación y construcción de la infraestructura. Estas
adecuaciones se deben hacer de acuerdo con la batería de indicadores que fue
elaborada por el Comité Interdisciplinario y entregada a la Sala de Seguimiento
del Estado de Cosas de Inconstitucionalidad –ECI- en el marco del cumplimiento
de las órdenes de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, desde el
momento que es aprobada por la dicha Sala de Corte Constitucional. El Plan debe garantizar el continuo y preventivo
mantenimiento de la infraestructura física del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -EPMSC El
Banco- y demás actuaciones que contribuyan a la salubridad de las personas
privadas de la libertad, de los trabajadores y guardias. Adicionalmente, la
elaboración del Plan deberá ser participativa y pública.
Dicho Plan deberá ser entregado al Juez
de Primera Instancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario -INPEC- y la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, y su ejecución
deberá iniciar al mes siguiente de su elaboración.
El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la
Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- deberán rendir
un informe sobre los resultados de la implementación del Plan ante el Juez de
Primera Instancia a los ocho (8) meses de iniciada la ejecución del plan.
Quito. ORDENAR al
director o quien haga sus veces, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC-, finalizar el proceso contractual para la adquisición de la
planta eléctrica, medio elegido por la administración pública como el mecanismo
para garantizar el suministro permanente de energía eléctrica en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-. La planta eléctrica deberá estar instalada y en óptimas
condiciones de funcionamiento en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de este fallo.
Sexto. ORDENAR
al
director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, que
suministre, en un plazo no superior a quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente fallo, a las personas privadas de la libertad cada
cuatro meses lo siguiente: a) insumos de aseo y b) elementos de descanso para
cada una de las personas que se encuentran recluidas y están bajo su custodia
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-.
Dicha entrega se debe llevar a cabo
según lo dispuesto en la Sentencia T-762 de 2015 y los pronunciamientos de la
Sala de Seguimiento al Estado de Cosas de Inconstitucionalidad –ECI- de esta
Corporación, a saber, los autos 121 de 2018 y 110 de 2020, así como los demás
pronunciamientos que emita dicha Sala.
Adicionalmente, el director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, o quien
haga sus veces debe rendir un informe a los ocho (8) meses de notificada esta
sentencia sobre el cumplimiento al Juez de Primera Instancia.
Séptima. INFORMAR a
las entidades que el cumplimiento de las órdenes impartidas en el presente
fallo debe tener en cuenta situación generada por el virus del COVID-19, por lo
cual, el acatamiento de las mismas se debe hacer aplicando las medidas de
bioseguridad necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad en el EPMSC
de El Banco. Para ello, podrán pedir el acompañamiento del Ministerio de Salud
y demás autoridades sanitarias.
Octavo. SOLICITAR al
Ministerio Público que de acuerdo con sus funciones constitucionales en cabeza
de la Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena, la Personería Municipal de
El Banco (Magdalena) y la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos,
realicen el seguimiento y acompañamiento a cada una de las órdenes impartidas
en la presente providencia, así como a las gestiones del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC- y de los representantes legales de los municipios
de Guamal,
Plato, San Sebastián, Santa Ana, Ariguaní, Nueva Granada y San Zenón
(Departamento de Magdalena); Chimichagua, Curumaní, Pelaya, Pailitas,
Aguachica, Tamalameque, El Paso y Astrea (Departamento del Cesar); y, Mompóx,
San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba y Altos del Rosario
(Departamento de Bolívar) para restablecer los derechos de las
personas que se encuentran privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
-EPMSC El Banco-.
Noveno. ORDENAR
que,
por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se expidan copias del
presente fallo con destino a la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas de
Inconstitucionalidad –ECI- de las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015,
para lo de su competencia.
Décimo. Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En adelante EPMSC.
[2] Cfr. folios. 34-37 cuaderno revisión.
[3] Cfr. folio. 34 cuaderno revisión.
[4] Cfr. folios. 111-113, cuaderno de revisión.
[5] Cfr. folios. 118-119 cuaderno de revisión.
[6] Cfr. folios. 120-124 cuaderno de revisión.
[7] Sobre el particular, el Ministerio de Hacienda aportó detallados
cuadros que dan cuenta de los incrementos anuales en el presupuesto para
cárceles desde el año 2015 hasta el año 2019.
[8] Cfr. Folios, 128-132 cuaderno de revisión.
[9] Cfr. Folios, 143-144 cuaderno de revisión.
[10] Comunicación dirigida folios 234-235, cuaderno de revisión.
[11] Cfr. folio 167 cuaderno de revisión.
[12]Comunicación del 6 de febrero de 2019.
[13] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[14] Ver también sentencias T-054 de 2018, T-244 de 2017, T-553 de 2017,
entre otras.
[15] Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
“La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.” (se subraya)
[16] Ver sentencias T-077 de 2013, T-388 de 2013, T-857 de 2013, T-075 de
2016, T- 276 de 2016, T-232 de 2017 y T-581 de 2017, entre otras.
[17] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991.
[18] Decreto 4150 de 2011.
[19]Ley 65 de 1993.
[20]Ley 65 de 1993, artículo 17.
[21] Ibídem.
[22] Decreto 1642 de 1991.
[23] Decreto 1427 del 29 de agosto de 2017.
[24] Decreto 1832 de 2012.
[25] Cita tomada de la sentencia T-581 de 2017, la cual cita, a su vez
las sentencias T-502 de 2011, T-844 de 2011 y T-663 de 2012, entre otras.
[26] Ibídem.
[27] Sentencia T-267 de 2018.
[28] “La Corte es consciente de que el problema de las prisiones no se
soluciona únicamente con dinero y construcciones. Todo parece indicar que en el
país sigue primando una concepción carcelaria del derecho penal. Mientras esta
concepción continúe imperando nunca habrá suficiente espacio en las prisiones.”
Sentencia T- 153 de 1998
[29] Ibídem.
[30] Ver sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, T-267 de 2018 entre
otras más.
[31] Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762
de 2015, Auto 121 de 2018.
[32] Cfr sentencia T-388 de 2013.
[33] Ibídem.
[34] Sentencia T-388 de 2013.
[35] Ibídem.
[36] Ibídem.
[37] En esta oportunidad se estudiaron 18 acciones de amparo formuladas
por reclusos de las cárceles de Modelo de
Bucaramanga, La 40 de Pereira, EPMSC de Santa Rosa de Cabal, EPMSC El Pedregal
de Medellín (pabellón de hombres), Modelo de Bogotá, Penitenciaría de Cúcuta,
EPMSC de Anserma, Cárcel de San Vicente de Chucurí, las Mercedes de Cartago, de
Palmira, El Cunduy de Florencia (pabellón de mujeres), EPMSC de Itagüí, Cárcel
de Villa Inés de Apartadó, La Vega de Sincelejo, de Roldanillo y de
Villavicencio; la cuales presentan un hacinamiento del 332.8%, 147.6%, 92.5%,
25.4%, 153.6%, 104.7%, 103.1%, 316.6%, 76.6%, 61.8%, 504%, 140%, 108.6%,
129.2%, 90.8% y 61.6% respectivamente.
[38] Sentencia T-762 de 2015.
[39] En esta sentencia se estableció que tanto el Gobierno Nacional, en compañía del Consejo Superior de
Política Criminal deberían remitir un informe bimensual en el que indicaran el
estado del cumplimiento de las órdenes de aplicación inmediata en cualquiera de
las seis cárceles, y cómo se aplicará la regla de equilibrio decreciente.
Igualmente, un informe cada dos años, indicando el nivel de cumplimiento de las
órdenes complejas de realización progresiva. Los parámetros señalados para el
cumplimiento fueron “(i) los informes requeridos deberán incorporar los
parámetros de estructura, proceso y resultado, según lo previsto en el numeral
8.1.2.3. de esta providencia, así como indicadores de goce efectivo del derecho
y niveles de cumplimiento alcanzados. (ii) El Ministerio de Justicia y del
Derecho, deberá remitir copia de los informes a la Procuraduría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República,
al mismo tiempo que a esta Corporación, para que estas entidades puedan ejercer
sus competencias de control respecto al cumplimiento de las órdenes impartidas
en esta providencia. (iii) En cualquier caso, las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia dos (2) años después de
notificada la presente sentencia, de modo tal que la Corte pueda examinar su
ejecución en el momento en que se envíe a esta Corporación el segundo de los
informes a los que se refiere el párrafo anterior”.
[40] En esta oportunidad la Corte hizo una serie de precisiones para
facilitar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas, tanto en la
sentencia T-388 de 2013, como en la T-762 de 2015. Por lo anterior, dispuso que
la fuera le Defensoría del Pueblo la entidad líder dentro del proceso de
verificación, siendo esa entidad la encargada de informar sobre “la evolución de la situación, los aciertos y las
dificultades en el avance hacia la superación del ECI, con una periodicidad
semestral”. Para alcanzar la meta propuesta se le indicó a la Defensoría del
Pueblo que debería crear un grupo, y de esta manera analizar “la evaluación de
la Política Criminal a partir de tres ejes: (i) los derechos fundamentales de
los internos asociados a las condiciones de existencia digna y humana, (ii) la
visualización de la necesidad de retornar a un derecho penal mínimo y (iii) la
función resocializadora de la pena privativa de la libertad”.
[41]La intervención de la Corte Constitucional se concentrará en: “(i)
orientar el a seguimiento y dar pautas a las entidades encargadas del mismo;
(ii) adoptar las medidas necesarias para desbloquear las inercias
administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de
derechos cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales
bloqueos persisten; y (iii) verificar el impacto de la política pública en el
goce efectivo de derechos con miras a evaluar la superación del ECI” Auto 121
de 2018.
[42] Cfr
Auto 110 de 2019.
[43] “Se advierte que dentro de la doctrina constitucional colombiana se
pueden identificar varias aplicaciones del principio de proporcionalidad, como
son: “el juicio de proporcionalidad”, “el test de racionalidad y
proporcionalidad”, “el test de igualdad” y” el test integrado de
constitucionalidad”. Auto 110 de 2019
[44] “(…) Primer paso: determinar si la aplicación de la regla de
equilibrio decreciente persigue una finalidad constitucional. // Segundo paso:
analizar si la aplicación de la regla de equilibrio decreciente resulta
adecuada respecto de la finalidad constitucional perseguida. // Tercer paso:
determinar si la regla de equilibrio decreciente en un centro de reclusión
específico es necesaria para cumplir la finalidad constitucional. // Cuarto
paso: realizar el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. // Por tanto,
el juez deberá valorar si la finalidad perseguida con la aplicación de la regla
de equilibrio decreciente, esto es, la protección de los derechos de los
reclusos alojados en cárceles y penitenciarías es un bien constitucional de
mayor relevancia que el valor constitucional sacrificado, en este caso, los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas en las URI y
estaciones de policía en precarias condiciones. (…)” Auto 110 de 2019.
[45] Cfr Auto 110 de 2019.
[46] Al
respecto, el Auto 110 de 2019 señala que “Ante este
panorama, resulta oportuno plantear la metodología a seguir para que el juez
constitucional realice el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que
le permita ponderar la aplicación de la regla de equilibrio
decreciente con la posible afectación de otros bienes constitucionales en
un caso concreto. // Si la autoridad judicial concluye que la medida no supera
el juicio de proporcionalidad, deberá acudir a un remedio alternativo que, en
el caso concreto, garantice la protección de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. En sentido contrario, si en el análisis concreto se
satisfacen los cuatro pasos que se presentarán a continuación, se considerará que
la medida revisada se ajusta al juicio de proporcionalidad y, en consecuencia,
ordenará la aplicación de la regla de equilibrio decreciente.
[47] Cfr. Sentencia T-317 de 2006.
[48] Cfr, sentencia T-235 de 1994.
[49] Acción de tutela presentada por los internos de la cárcel del
Distrito de Cartagena como consecuencia de la suspensión de la energía
eléctrica por el no pago de los recibos. En dicha oportunidad se ordenó
garantizar el pago y la prestación del mencionado servicio.
[50] En este caso, se demandó la protección de los derechos
fundamentales a la vida digna, salud, salubridad
e integridad física, dentro de la cárcel de Las Mercedes, toda vez que en dicho
centro penitenciario se presentaban racionamientos de los servicios públicos.
Para garantizar estos derechos, la Corte ordenó que se regularizara el
suministro de dichos servicios.
[51] En el presente caso, el Defensor del Pueblo Regional Nariño,
formuló acción de amparo contra el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional
de Planeación, la Gobernación de Nariño, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Caprecom EPS, el Fondo de Infraestructura Carcelaria, los
municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, y los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Mediana Seguridad de Pasto,
Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, debido a la crítica situación que se
vive en cada una de ellas, especialmente por el alarmante hacinamiento, la
precaria infraestructura, la falta de medios para trabajar y estudiar, como
actividades que contribuyen en la resocialización de los internos, al igual que
dificultades relacionadas con la prestación de los servicios públicos dentro de
los centros penitenciarios. Como resultado del análisis del caso se decidió
proteger los derechos de los internos y “facilitar el acceso al agua, y
garantizar la permanente y eficiente prestación de los servicios públicos,
incluyendo el acceso al servicio de telecomunicaciones”.
[52] Sentencia T-197 de 2017.
[53] Cfr. Sentencia T-639 de 2004.
[54] La Corte analizó el caso de un penado que no recibía la dotación
mínima anual hace más de treinta meses y, aunado a lo anterior, se le había
entregado de forma incompleta. Por lo anterior se ordenó garantizar el
suministro requerido para garantizar las condiciones de dignidad que deben
tener las personas privadas de la libertad.
[55] Esta acción de amparo tuvo su origen en la decisión del centro
penitenciario de cambiar la periodicidad con la que se entregaban los elementos
de aseo a los internos, de un mes a cuatro meses, siendo éstos insuficientes
para ese lapso. Como resultado de lo señalado, la Corte ordenó que los insumos
de primera necesidad fueran entregados de forma mensual nuevamente.
[56] Afirman los accionantes que en el centro penitenciario les entregan
elementos de aseo insuficientes, lo que los lleva a acudir a prácticas
insalubres cuando los mismos escasean. Este Tribunal ordenó al Instituto
Penitenciario que entregara los insumos de aseo en las cantidades y con la
periodicidad enunciada en el reglamento interno de ese penal.
[57] Ver también las sentencias T-1145 de 2005, T-266 de 2013, T-013 de
2016 y T-075 de 2016.
[58] Cfr, sentencias T-900 de 2005, T-013 de 2016 y T-075 de
2016.
[59] Sentencia T-1145 de 2005.
[60] Sentencia T-388 de 2015.
[61] http://www.ideam.gov.co/
[62] T-388 de 2013.
[63]Sentencia T-267 de 2018.
[64] SentenciaT-388 de 2013.
[65] Ibídem.
[66] Auto 110 de 2019.
[67] Cfr auto 119
de 2019.
[68] Ibídem.
[69] Fallo citado por el Auto 110 de 2019.
[70] Cfr auto 110 de 2019.
[71] Sentencia T-595 de 2017.
[72] Cfr Auto 110 de 2019.
[73] Cfr sentencias
T-232 de 2017 y  T-444 de 2017.
[74] Cfr, folios.146, 147 y 148 cuaderno de revisión.
[75] Cfr, folios. 315 cuaderno de revisión.
[76] Cfr, folios. 345 cuaderno de revisión.
[77] Cfr, folios 335 cuaderno de revisión.
[78] Está integrado por el Ministerio de Justicia y la Defensoría del
Pueblo de acuerdo con la Sentencia T-762 de 2015.
[79] T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
[80] Vigésima sexta orden de la Sentencia T-762 de 2015.
[81] Aparte citado por la sentencia T-1134 de 2006.
[82] Sentencia T-907 de 2013.
[83] En la sentencia SU-1023 de 2001, la Sala Plena manifestó que: “hay
eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse
en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
[84] Sentencia T-088 de 2011.
[85] Cfr. Auto
110 de 2020.
[86]
Sobre este aspecto, el auto 110 señala que el juez constitucional debe analizar
“[si]
la
aplicación de la regla de equilibrio decreciente, “resulta útil para alcanzar
el propósito constitucional” que persigue, es decir, la protección de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad recluidas en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.// (…) // Para esta Sala, en
abstracto, el medio utilizado (la aplicación de la regla de equilibrio
decreciente) resulta adecuado para que el objetivo perseguido (mejorar la
protección de derechos de la población recluida en establecimientos
penitenciarios y carcelarios) se alcance. En efecto, la reducción progresiva
del hacinamiento carcelario se traduce en un alivio de las condiciones de reclusión
indignas a las que son sometidas las personas privadas de la libertad en los
centros de reclusión y, tal mejora, puede redundar en el margen de protección
de los derechos fundamentales de estas personas, en tanto al garantizar un
espacio libre de hacinamiento, aumentan las posibilidades para acceder a los
programas de resocialización y a la atención en salud, entre otros”
[87] “el juez constitucional podrá acudir a distintos medios
probatorios que le permitan conocer, entre otros asuntos, si el hacinamiento en
los centros de detención transitoria es mayor que el que presentan los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, o si las condiciones de
reclusión en las URI y estaciones de policía, en el caso particular, implican
una mayor afectación de la dignidad humana de quienes allí se encuentran
recluidos”. Auto 110 de 2019.
[88] Cfr, folios la 345 cuaderno de revisión.
[89] Aparte citado por sentencia T-1134 de 2006.