T-391-95
Sentencia No. T-391/95
Sentencia
No. T-391/95
MALTRATO
CONYUGAL-Efecto
en los niños
Las
manifestaciones de violencia en el seno de la familia afectan particularmente
el desarrollo de los niños, quienes tienen derecho a gozar de una familia y
asimismo, al cuidado y amor, a la educación y a ser protegidos contra toda
forma de violencia física y moral
MEDIO
DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Casos de maltrato
No
son de recibo los argumentos de la Juez en cuanto remite a la peticionaria a
formular su queja ante las autoridades de policía y los jueces de familia, ya
que, en el primer evento no nos encontramos frente a un medio judicial de
defensa y en el segundo caso, la actuación de los jueces no es inmediata y se
ocupa de otros aspectos diversos del que debe dilucidarse en sede de tutela,
cual es, la protección urgente de los derechos a la vida y a la integridad
personal.
REF:
Expediente No. 74577
Derecho
a la vida, a la integridad física y a la paz doméstica.
Actora:
Yenis
del Carmen Morales Escorcia
Magistrados:
Dr.
FABIO MORON DIAZ
-Ponente-
VLADIMIRO
NARANJO MESA
JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé
de Bogotá D.C.,  septiembre  cinco (5)  de mil novecientos noventa y cinco
1995).
La Sala
de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados,
VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado
Ponente, resuelve sobre la decisión judicial relacionada con la acción de
tutela de la referencia y proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de
Barranquilla el catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
I.  ANTECEDENTES
A. La solicitud
El día
30 de mayo de 1995, Yenis del Carmen Morales Escorcia presentó, ante el Juzgado
Civil Municipal (reparto) de Barranquilla, una acción de tutela en contra del
señor Juan José Polo Figueroa. Señaló la actora que acudía a ese instrumento de
protección "como mecanismo transitorio" e invocó la violación de los
derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la familia, al
igual que los derechos de los niños.
Informó
la peticionaria que contrajo matrimonio con el demandado el 24 de septiembre de
1988 y que de esa unión nacieron los menores Yuri Estéfani y Elton Farid.
Dice la
actora que la relación matrimonial marchó bien hasta el momento en que informó
a su marido que esperaba un nuevo hijo; fue entonces cuando comenzó a
maltratarla físicamente y mediante la utilización de palabras obscenas, según
informa la señora Morales Escorcia, para exigirle que abortara, a lo cual ella
se negó rotundamente.
Afirma
la demandante que tuvo que empezar a trabajar para sufragar los gastos propios
del embarazo y ayudar al sostenimiento del hogar porque "él todo lo que se
ganaba era para tomárselo en ron".
Narra la
señora Morales Escorcia que después del parto la situación empeoró, que
continuaron los maltratos físicos, que su esposo la obligaba a mantener
relaciones sexuales delante de los niños y que la sometía a "escándalos
públicos".
Prosigue
la actora manifestando que el señor Polo Figueroa "comenzó a presentarse
en un estado de embriaguez agudo, a no dejar dinero para los alimentos de los
niños y a faltar a dormir a la casa". El día 24 de abril de 1994
sostuvieron una discusión causada por la renuencia del demandado a comprar unas
medicinas para su hijo enfermo, la golpeó y dice la actora que "la
situación se agravó hasta el punto de que se fue de la casa".
A partir
de ese momento el señor Polo Figueroa abandonó las obligaciones para con sus
hijos e inició en contra de su esposa un asedio telefónico y personal, al decir
de la accionante presionándola "para que mantenga relaciones con él"
bajo amenaza de no mandarle nada a sus hijos.
Finalmente,
la peticionaria afirma que el 19 de mayo de 1995 el demandado se presentó en su
lugar de trabajo y que aprovechando que se encontraba sola la atacó y le exigió
mantener relaciones sexuales con él. Ante la negativa indica la peticionaria
que "empezó a golpearme me tiró al suelo y empezó a besarme, a pasarme su
miembro viril erecto por todo el cuerpo, yo empecé a pedir ayuda pero no salía
nadie, entonces me tapó la boca y con el brazo y una pierna suya me colocó en
estado de indefensión y empezó a acariciarme bruscamente y a romperme la ropa
que vestía, yo como pude me safe (sic) y logré salir y pedir auxilio...".
B. La sentencia que se revisa
El
Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla oyó en declaración a la señora
Ruth Elena Girón Mendoza quien se refirió a aspectos relativos a los hechos en
que se funda la acción de tutela y, mediante sentencia de catorce (14) de junio
de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió denegar la acción de tutela
impetrada.
Estimó
el fallador que la declaración rendida por la señora Girón Mendoza no demuestra
los maltratos físicos y que se trata tan sólo de un testimonio "de oídas".
Consideró,
además, que "la peticionaria no se encuentra en estado de indefensión
frente a su agresor, ya que tiene otras vías más expeditas y eficaces como es
el de acudir a la Inspección de Policía de la jurisdicción correspondiente y
firmar una fianza de paz con el señor JUAN JOSE POLO FIGUEROA, o
también puede formular demanda por conducto del defensor de familia ante el
Juzgado de Familia de turno".
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
A. La
competencia
Esta
Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la
referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso segundo y
241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, éste examen se hace
en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y
del reparto que se verificó en la forma establecida por el reglamento de la
Corporación.
B. La materia
Los
hechos que sirven de fundamento a la acción de tutela que ahora ocupa la
atención de la Corte Constitucional, guardan similitud con los examinados a
propósito de otras solicitudes de amparo que la Corporación ha conocido. En
esas oportunidades se concedió la protección pedida, con base en consideraciones
que  deben reiterarse.
1.
Acerca de la indefensión que hace procedente la acción de tutela en contra de
particulares la Corte apuntó:
"Se
trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico
en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su
presencia en el hogar y despliega la potencia de su habilidad adquirida para
someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que esta situación se
configura en el caso de la incapacidad material y física de detener por medios
civilizados una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina pone
en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La
indefensión a que hace referencia la norma que se cita está constituida precisamente
por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler
la ofensa contra la vida o la integridad producida por una persona natural a la
que se debe respeto, afecto y consideración" (Sentencia T-529 de 1992.
M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Y en
pronunciamiento posterior la Corporación dijo:
"La
indefensión en el presente caso debe analizarse, desde luego en el marco de la
convivencia (...) entre la demandante y su agresor. Si bien es cierto que
podría ella liberarse de estar expuesta en forma permanente a los malos tratos
poniendo fin a la vida en común, no puede señalarse ésta como una salida
eficiente dentro del contexto sociológico en medio del cual se mueve la pareja
y consideradas las circunstancias de hecho que condicionan el desarrollo de su
actividad.
De las
declaraciones rendidas por la accionante se desprende que ella considera tener
derecho a permanecer en la sede del hogar y, a juicio de la Corte esa
prerrogativa no se le puede desconocer a la luz del sistema jurídico colombiano.
Pero, además, su convicción es la de que está obligada a sostener la relación
en bien de la familia, aunque exige que, sobre esa base, le sean respetados sus
mínimos derechos. Es esto precisamente lo que la Constitución le garantiza y
para lograrlo no hay necesidad de acudir a la extinción de los vínculos
familiares.
La Corte
estima que, mirada la situación desde el punto de vista fáctico, se tiene un
verdadero estado de indefensión que hace viable la tutela por cuanto en el
ámbito hogareño la quejosa está a merced de la fuerza física y la voluntad del
varón, quien abusa de sus ventajas para ofenderla y
maltratarla."(Sentencia No. T-487 DE 1994 M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
2. En
relación con la violación del derecho a la integridad personal y la amenaza del
derecho a la vida, la Corte expuso:
"Los
maltratos físicos al cónyuge, compañero o compañera permanente implican abierta
violación del derecho a la integridad personal, en cuya virtud nadie será
sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12
C.P.).
Pero,
además, implican grave amenaza para el derecho a la vida de la persona objeto
de los ataques.
Por otra
parte, es evidente el daño que tales comportamientos ocasionan a la familia,
factor primordial de la convivencia y elemento social de primer orden, que
merece la especial protección del Estado (artículos 5 y 42 C.P.). Como lo
expresa la Carta ´cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley´."
(Sentencia T-552 de 1994 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
También
puntualizo la Corte que:
"Los
principios constitucionales en la materia resultan flagrantemente desconocidos
cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes ataca físicamente al otro,
pues ello no sólo significa agravio -el que ya de por sí, aunque fuera
puramente verbal, quebrantaría la regla del recíproco respeto que se deben los
esposos- sino que repercute en la esfera de la integridad física y moral de la
persona atacada e inclusive pone en peligro su vida.
Como lo
ha advertido esta Corte, ´el respeto a la vida y a la integridad física de los
demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la
prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no
maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a
aquella con quien se comparte la unión doméstica de procreación y desarrollo de
los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual´
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-529 del 18 de
septiembre de 1992 . Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).
Debe
insistirse en que el derecho a no ser agredido y el correlativo deber de no
atacarse son reconocidos y exigidos simultáneamente a ambos cónyuges o
compañeros, independientemente de su sexo, pues los artículos 42 y 43 de la
Constitución proclaman la igualdad del hombre y la mujer en deberes y derechos.
Lo
propio puede afirmarse del tipo de unión -matrimonial o de hecho-, pues una y
otra están igualmente bajo el amparo de la Constitución Política como formas
lícitas de dar origen a la familia". (Sentencia T-487 de 1994).
3. En lo
referente a los otros medio de defensa judicial, la Corporación ha insistido en
que, para que sea viable el desplazamiento de la acción de tutela, el medio que
se aduzca debe ser eficaz e idóneo para la real protección del derecho
comprometido,  lo cual no acontece en este caso:
"De
otra parte, la Corte encuentra que no asiste razón para aceptar el argumento
sostenido por el Honorable Tribunal Superior de Pereira, según el cual la
situación planteada por la petición se contrae a un asunto típicamente
doméstico y familiar, para cuya resolución judicial están previstas las
acciones correspondientes ante la jurisdicción de familia, lo cual en su
opinión hace improcedente la acción de tutela; en efecto, los hechos narrados y
probados muestran que el conflicto intrafamiliar fue desbordado con amplitud
por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del marido, poniendo en
grave peligro la vida de la mujer y violando ostensiblemente su derecho a la
integridad personal. Así, el conflicto a que se refiere la sentencia que se
revisa debe ser resuelto ante el juez competente de conformidad con las normas
legales aplicables; empero, en la acción de tutela, se trata de otro asunto, el
cual aun cuando está relacionado con aquel, es perfectamente autónomo para los
fines del amparo constitucional.
Cabe advertir
que esta distinción fáctica debe estar en la base del examen de la procedencia
de la acción de tutela, pues, como se advirtió, no es voluntad del
constituyente refundir o confundir las acciones judiciales, ni mucho menos
enervar las competencias ordinarias de los jueces. Así pues, la procedencia de
la acción que es impetrada en sede de tutela en estos casos, debe medirse por
la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto sobre los
derechos constitucionales fundamentales, que no pueden quedar desprotegidos en
espera de una resolución judicial que se contrae a decidir en principio sobre
el conflicto intrafamiliar, las obligaciones recíprocas de naturaleza económica
y jurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulte en torno de los hijos;
ocurre que el juez de familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de
la protección inmediata del derecho a la vida y a la integridad física de las
personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta, habitual e
irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada
por algunas indeseables diferencias de sexo y por el sometimiento absurdo de
una parte débil a otra más fuerte y abusiva, como es el caso que motiva estas
actuaciones.
Igualmente
cabe señalar que tampoco es obstáculo para la procedencia de la acción de
tutela la existencia de la vía penal que se surte también ante las autoridades
judiciales especializadas, ya que estas actúan en cumplimiento de sus funciones
públicas, como que son titulares de la acción correspondiente de carácter
punitivo y represor; así, la jurisdicción penal conoce en este caso de las
conductas específicas de lesiones personales o de las tentativas de homicidio,
pero no de los específicos tratos inhumanos y degradantes a los que en este
caso somete el marido a la mujer en el seno del hogar doméstico y familiar, y
no conduce a su garantía inmediata y directa, que es el efecto directo de la
orden de tutela.
Obsérvese
que la orden de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva
ni obstruye la competencia de las autoridades penales de la Rama Judicial, pues
estas deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la función
pública de que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta
punible, e incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean
procedentes por vía de la acción civil y dentro del marco de la correspondiente
responsabilidad. Tutelar el derecho constitucional fundamental a la vida que se
encuentra amenazado y el derecho a la integridad personal que ha sido violado
por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no
comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales,
pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines
diferentes y no son incompatibles. En estos casos la vía judicial ordinaria no
alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger
por vía de la acción de tutela.
Por
último el Honorable Tribunal de Pereira advierte que tampoco es procedente la
acción de tutela por cuanto en su opinión la existencia de vías policivas para
prevenir o precaver conductas como las que describe y prueba la peticionaria,
excluyen la posibilidad de impetrar la acción de tutela; al respecto se observa
que bien definida tiene la doctrina y la jurisprudencia la naturaleza de dichas
acciones, que se surten ante las autoridades de policía a las que se les
reconoce su carácter administrativo y no judicial; por tanto, se destaca que no
asiste razón en este aspecto a la sentencia que se examina, mucho más cuando lo
que señala la Constitución como hipótesis de improcedencia de la acción de
tutela es la existencia de otras vías judiciales ordinarias erigidas para
proteger los derechos constitucionales que resultan vulnerados o
amenazados" (Sentencia T-529 de 1992).
4.
Finalmente, cabe destacar que las manifestaciones de violencia en el seno de la
familia afectan particularmente el desarrollo de los niños, quienes, según el
artículo 44 superior, tienen derecho a gozar de una familia y asimismo, al
cuidado y amor, a la educación y a ser protegidos contra toda forma de
violencia física y moral; no resulta, entonces, irrelevante,
constitucionalmente, la alusión que hace la actora al artículo 44 de la
Constitución en su escrito de tutela.
Los
hechos que la peticionaria puso en conocimiento del juez de tutela, en procura
de la protección de sus derechos violados y amenazados, y que, además, fueron
corroborados por la señora Ruth Elena Girón Mendoza en la declaración que
rindió ante el despacho judicial, ameritan, en razón de las consideraciones
expuestas, la protección que brinda el instrumento de defensa de los derechos
constitucionales fundamentales previsto en el artículo 86 de la Carta.
No son
de recibo los argumentos de la Juez Trece Civil Municipal de Barranquilla en
cuanto remite a la peticionaria a formular su queja ante las autoridades de
policía y los jueces de familia, ya que, como se anotó, en el primer evento no
nos encontramos frente a un medio judicial de defensa y en el segundo caso, la
actuación de los jueces no es inmediata y se ocupa de otros aspectos diversos
del que debe dilucidarse en sede de tutela, cual es, la protección urgente de
los derechos a la vida y a la integridad personal.
Se
destaca en la actuación surtida la falta de actividad probatoria enderezada a
desentrañar todos los aspectos relativos a la situación planteada; se limitó la
juez a recibir una declaración  a la que le restó importancia en su fallo por
contener apenas "un testimonio de oídas" y en lo atinente a las otras
pruebas pedidas indicó que "se citó a la señora MARTHA ELENA ACOSTA DE
FREAY y al presunto infractor para que declararan sobre los hechos de la
presente acción , la cual no comparecieron" (sic).
Consta
en el expediente un memorial, recibido el 6 de junio de 1995, en el que se le
informa a la juez que la aludida señora no pudo comparecer en la fecha prevista
inicialmente y, por ello, se le solicitaba a la funcionaria judicial
"fijar nueva facha"; solicitud que no fue siquiera considerada y que,
estima la Corte, ha debido serlo, si se repara en el carácter informal y
protector de la acción de tutela y en el hecho de que la sentencia sólo vino a
pronunciarse el día 14 del mismo mes y año. Además, en lo que tiene que ver con
el accionado, su no comparecencia es un motivo adicional para tener por ciertos
los hechos narrados y conceder el amparo impetrado.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla el día
catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el asunto
de la referencia.
SEGUNDO.
CONCEDER la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal que Yenis del Carmen Morales Escorcia reclama en contra de
su esposo Juan José Polo Figueroa.
TERCERO.
ORDENAR a Juan
José Polo Figueroa abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o
moral en contra de su esposa Yenis del Carmen Morales Escorcia.
CUARTO.
ORDENAR, por
intermedio del Comandante del Departamento de Policía Atlántico, a las
autoridades de policía con competencia en el lugar en donde habita y labora la
actora, ejercer vigilancia permanente y cercana sobre la conducta del citado
Juan José Polo Figueroa, para la efectiva protección de los derechos a la vida
y a la integridad personal de Yenis del Carmen Morales Escorcia.
QUINTO.
ADVERTIR  a
Juan José Polo Figueroa que el desacato a lo dispuesto en esta providencia le
acarreará, cada vez que en él incurra,  las sanciones establecidas en el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO.
CONFIAR al Juzgado
Trece Civil Municipal de Barranquilla velar por el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en este fallo.
SEPTIMO.
REMITIR copia
del expediente y de esta providencia a la Directora del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para que inicie las diligencias orientadas a tomar las
medidas de protección pertinentes para la defensa de los derechos de la señora
Yenis del Carmen Morales Escorcia y de sus menores hijos.
OCTAVO.
LIBRENSE, por
Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General