C-048-18
Sentencia C-048/18
ACUERDO DE PARIS-Se ajusta a la constitución política
El Acuerdo de París se presenta como un
instrumento que impulsa un proceso de transformación hacía el desarrollo
sostenible de todas las naciones. De esta manera, al establecer las condiciones
para el desarrollo mundial compromete a los países a readecuar sus políticas
económicas, sociales y ambientales para el cumplimiento de sus objetivos. La
totalidad de las disposiciones contenidas en el Acuerdo conservan como base el
desarrollo de compromisos mutuos, lo cual es un desarrollo del tratamiento
igualitario y los efectos recíprocos del Acuerdo. Destaca la Corte que lo
contenido en este instrumento efectiviza los fines esenciales de la
Constitución en protección del derecho a contar con un medio ambiente sano, y
atiende los mandatos constitucionales que se concretan con la adquisición de
compromisos internacionales regidos por principios de conveniencia nacional,
reciprocidad, equidad y soberanía nacional. De conformidad con lo expuesto, La
Corte Constitucional concluye que tanto el Acuerdo de París como su ley
aprobatoria, Ley 1844 de 2017, son plenamente respetuosas de las disposiciones
constitucionales colombianas
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
Según lo ha establecido reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, el control que ejerce la Corte
Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se
caracteriza por ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe
analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de
cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad
es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de
los compromisos internacionales del Estado colombiano.”. La revisión del
aspecto formal del tratado internacional y de su ley aprobatoria se dirige a
examinar dos aspectos: i) la validez de la representación del Estado Colombiano
en las fases de negociación, celebración y firma del Acuerdo internacional; y
ii) el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la
ley aprobatoria. Por su parte, en cuanto al examen de fondo, éste consiste en
confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa
y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional, para de esta
manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control formal y material
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Suscripción del tratado y aprobación
presidencial
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez en la representación de un Estado
GRUPOS ETNICOS-Derecho fundamental a la participación en las decisiones
que los afectan/DERECHO A LA PARTICIPACION DE
COMUNIDADES INDIGENAS Y TRIBALES-Protección especial al derecho de participación en
decisiones que los afectan
DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta previa a
las comunidades étnicas
De conformidad con la línea
expuesta, recogida en la Sentencia C-214 de 2017 que se acaba de resumir, la
Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio del derecho a la
consulta previa frente a tratados internacionales, que establecen que (i) las
leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el
texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas
legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que
involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de
consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de
la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el
instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación
de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las
medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una
comunidad étnica.
CONSULTA PREVIA-Criterios utilizados para identificar en qué casos
procede por existir una afectación directa de los grupos étnicos/AFECTACION DIRECTA DE COMUNIDADES ETNICAS O TRIBALES-Sentido y alcance del concepto de afectación
directa y su relación con el área de influencia directa
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos
constitucionales y legales en su trámite legislativo
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto
para leyes ordinarias/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite
legislativo
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección
constitucional/CONSTITUCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Jurisprudencia constitucional/MEDIO AMBIENTE SANO-Triple
dimensión
ACUERDO
DE PARIS-Plan de acción mundial para poner límite al
calentamiento global
ACUERDO
DE PARIS-Disposiciones/ACUERDO DE PARIS-preámbulo y
definiciones
ACUERDO
DE PARIS-Acciones concretas para reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo
sostenible y de esfuerzos por erradicar la pobreza
DESARROLLO SOSTENIBLE Y DERECHOS DE LAS
GENERACIONES FUTURAS-Conceptos esenciales
en la comprensión de la Constitución ecológica y el derecho a un ambiente sano
Referencia: Expediente LAT-447
Revisión oficiosa de la Ley 1844 de 2017 “por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París,
Francia”
Magistrada sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido,
Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo
Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando
Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley
1844 de 2017 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia”.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo previsto en el numeral
10 del artículo 241 de la Constitución Política, el diecinueve (19) de julio de
dos mil diecisiete (2017) la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a la Secretaría General de esta Corporación, mediante oficio
número OFI17-00088556/JMSC110200, una fotocopia autenticada de la Ley 1844 de
2017, para su revisión constitucional.
Mediante auto del nueve
(09) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la
Corte Constitucional avocó conocimiento de la ley de la referencia, y ordenó:
(i) la práctica de pruebas; (ii) correr traslado a la Procuraduría General de
la Nación; (iii) fijar en lista el proceso; (vi) comunicar la iniciación del
proceso e invitar  al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  al Ministerio de Minas y
Energía,  al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Transporte,  al Departamento
Nacional de Planeación – DNP-, al Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM-, a la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS -, a la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia – ANDI-, a la Asociación Colombiana del Petróleo –ACP-,
a la Asociación Colombiana de Minería –ACM-, al Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, a la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente –AIDA-, a las Facultades de Derecho y de
Ingeniería Ambiental de las Universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Sede Tunja,  de Los Andes  y la Distrital Francisco José de Caldas,  a los
expertos Manuel Rodríguez Becerra y Paula Caballero y al Consejo de Cabildos
Territoriales de la Sierra Nevada (Pueblos Indígenas KANKUAMO, WIWA, ARHUACO Y
KOGUI), para que intervinieran si lo consideraban oportuno.
Posteriormente, al advertir la falta de algunas pruebas sobre el
trámite legislativo, mediante auto del doce (12) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), el despacho requirió al Secretario General de la Cámara de
Representantes para que remitiera original o copia auténtica
de la Gaceta del Congreso en la que se encuentre publicada el acta No. 227 del
16 de junio de 2017, en la que consta la aprobación del proyecto de ley de la
referencia en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y en caso de que
dicha acta aún no hubiera sido publicada, se sirviera allegar a esta Corporación
original o copia auténtica de la misma. En el mismo auto, se ordenó suspender los
términos del proceso, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de esta
Corporación mediante Auto 305 de 2017.[1]
Mediante
Sentencia C-021 del cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Corte
Constitucional realizó la revisión oficiosa de la Ley 1844 de 2017 “por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre
de 2015, en París, Francia”, y declaró la exequibilidad del Acuerdo y de su
ley aprobatoria. Sin embargo, se advirtió que durante el trámite que surtió el
expediente en esta Corporación se presentó una omisión procedimental al no
ordenarse levantar la suspensión dispuesta mediante Auto del doce (12) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017), y en consecuencia, no se ordenó la
fijación en lista del proceso, según lo indica el artículo 7º del Decreto 2067
de 1991. Por lo anterior, mediante Auto 208 del once (11) de abril de dos mil
dieciocho (2018), la Sala Plena resolvió declarar la nulidad de la citada
Sentencia C-021 de 2018, ordenó levantar los términos suspendidos y dar trámite
a los numerales cuarto, quinto y sexto del Auto del nueve (09) de
agosto de dos mil diecisiete (2017),[2] en el que se asumió conocimiento de la Ley
1844 de 2017 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia”.[3]
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de juicios, y previo concepto del Procuraduría
General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de
constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
II. TEXTO DE LA NORMA BAJO
EXAMEN
A continuación se transcribe el texto
completo de la ley aprobatoria del Acuerdo que se revisa:
“LEY 1844
DE 2017
(Julio 14)
Diario Oficial No. 50.294 de 14 de julio
de 2017
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo de París”,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
Se
adjunta copia fiel y completa del texto en español del Acuerdo, certificada por
la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
documento que reposa en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y
consta de catorce (14) folios.
El
presente proyecto de ley consta de treinta y un (31) folios.
Acuerdo de París
Las
Partes en el presente Acuerdo,
En
su calidad de
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
en adelante denominada “la Convención”,
De
conformidad con
la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada establecida mediante la
decisión 1/CP.17 de la Conferencia de las Partes en la Convención en su 17°
período de sesiones,
Deseosas
de hacer realidad el
objetivo de la Convención y guiándose por sus principios, incluidos los
principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas
y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias
nacionales,
Reconociendo la
necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del
cambio climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos
disponibles,
Reconociendo
también las
necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes que son
países en desarrollo, sobre todo de las que son particularmente vulnerables a
los efectos adversos del cambio climático, como se señala en la Convención,
Teniendo
plenamente en cuenta las necesidades específicas y las situaciones
especiales de los países menos adelantados en lo que respecta a la financiación
y la transferencia de tecnología,
Reconociendo que las
Partes pueden verse afectadas no solo por el cambio climático, sino también por
las repercusiones de las medidas que se adopten para hacerle frente,
Poniendo
de relieve la
relación intrínseca que existe entre las medidas, las respuestas y las
repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso equitativo al
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
Teniendo
presentes la
prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el
hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de
alimentos a los efectos adversos del cambio climático,
Teniendo
en cuenta los
imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de
trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de
desarrollo definidas a nivel nacional,
Reconociendo que el
cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas
para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta
sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la
salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los
migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en
situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,
Teniendo
presente la
importancia de conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y
depósitos de los gases de efecto invernadero mencionados en la Convención,
Observando la
importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los
océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas
como la Madre Tierra, y observando también la importancia que tiene para
algunos el concepto de “justicia climática”, al adoptar medidas para hacer
frente al cambio climático,
Afirmando la
importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación
del público, el acceso público a la información y la cooperación a todos los
niveles en los asuntos de que trata el presente Acuerdo,
Teniendo
presente la
importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos
actores, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte, al hacer
frente al cambio climático,
Teniendo
presente también que
la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles, en
un proceso encabezado por las Partes que son países desarrollados, es una
contribución importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio climático,
Han
convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO 1.
A
los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las definiciones que figuran en
el artículo 1 de la Convención. Además:
a)
Por “Convención” se entenderá la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992;
b)
Por “Conferencia de las Partes” se entenderá la Conferencia de las Partes en la
Convención;
c)
Por “Parte” se entenderá una Parte en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 2.
1.
El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el
logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:
a)
Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar
ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos
y los efectos del cambio climático;
b)
Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;
y
c)
Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero.
2.
El presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
ARTÍCULO 3.
En
sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al
cambio climático, todas las Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos
ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13 con miras a
alcanzar el propósito del presente Acuerdo enunciado en su artículo 2. Los
esfuerzos de todas las Partes representarán una progresión a lo largo del
tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a las Partes que son países
en desarrollo para lograr la aplicación efectiva del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4.
1.
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se
establece en el artículo 2, las Partes se proponen lograr que las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes
posible, teniendo presente que las Partes que son países en desarrollo tardarán
más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de
gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información científica
disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por
las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad
del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
2.
Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones
determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes
procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los
objetivos de esas contribuciones.
3.
La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte
representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel
nacional que esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible
de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes
circunstancias nacionales.
4.
Las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los
esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el
conjunto de la economía. Las Partes que son países en desarrollo deberían
seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el
tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto
de la economía, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
5.
Se prestará apoyo a las Partes que son países en desarrollo para la aplicación
del presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y
11, teniendo presente que un aumento del apoyo prestado permitirá a esas Partes
acrecentar la ambición de sus medidas.
6.
Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen sus
circunstancias especiales.
7.
Los beneficios secundarios de mitigación que se deriven de las medidas de
adaptación y/o los planes de diversificación económica de las Partes podrán
contribuir a los resultados de mitigación en el marco del presente artículo.
8.
Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las Partes
deberán proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la
transparencia y la comprensión, con arreglo a lo dispuesto en la decisión
1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
9.
Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada
cinco años, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda
decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y tener en cuenta los resultados
del balance mundial a que se refiere el artículo 14.
10.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo examinará los plazos comunes para las contribuciones determinadas a
nivel nacional en su primer período de sesiones.
11.
Las Partes podrán ajustar en cualquier momento su contribución determinada a
nivel nacional que esté vigente con miras a aumentar su nivel de ambición, de
conformidad con la orientación que imparta la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
12.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional que comuniquen las Partes se
inscribirán en un registro público que llevará la secretaría.
13.
Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional. Al rendir cuentas de las e misiones y la absorción antropógenas
correspondientes a sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes
deberán promover la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la
exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y velar por que se evite el
doble cómputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
14.
En el contexto de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, al
consignar y aplicar medidas de mitigación respecto de las emisiones y
absorciones antropógenas, las Partes deberían tener en cuenta, cuando sea el
caso, los métodos y orientaciones que existan en el marco de la Convención, a
la luz de lo dispuesto en el párrafo 13 del presente artículo.
15.
Al aplicar el presente Acuerdo, las Partes deberán tomar en consideración las
preocupaciones de aquellas Partes cuyas economías se vean más afectadas por las
repercusiones de las medidas de respuesta, particularmente de las que sean
países en desarrollo.
16.
Las Partes, con inclusión de las organizaciones regionales de integración
económica y sus Estados miembros, que hayan llegado a un acuerdo para actuar
conjuntamente en lo referente al párrafo 2 del presente artículo deberán
notificar a la secretaría los términos de ese acuerdo en el momento en que
comuniquen sus contribuciones determinadas a nivel nacional, incluyendo el
nivel de emisiones asignado a cada Parte en el período pertinente. La
secretaría comunicará a su vez esos términos a las Partes y a los signatarios
de la Convención.
17.
Cada parte en ese acuerdo será responsable del nivel de emisiones que se le
haya asignado en el acuerdo mencionado en el párrafo 16 del presente artículo,
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 del presente artículo y
en los artículos 13 y 15.
18.
Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización
regional de integración económica y junto con ella, y esa organización es a su
vez Parte en el presente Acuerdo, cada Estado miembro de esa organización
regional de integración económica, en forma individual y conjuntamente con
dicha organización, será responsable de su nivel de e misiones que figure en el
acuerdo comunicado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 16 del presente
artículo, de conformidad con sus párrafos 13 y 14, y con los artículos 13 y 15.
19.
Todas las Partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a
largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a
la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
ARTÍCULO 5.
1.
Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según
corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero a que se
hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la Convención, incluidos los
bosques.
2.
Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también
mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las
orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la
Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos positivos para
reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los
bosques, y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en
desarrollo, así como de los enfoques de política alternativos, como los que
combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de
los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando
proceda, los beneficios no relacionados con el carbono que se derivan de esos
enfoques.
ARTÍCULO 6.
1.
Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar
voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y
adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.
2.
Cuando participen voluntariamente en enfoques cooperativos que entrañen el uso
de resultados de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las
contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes deberán promover el
desarrollo sostenible y garantizar la integridad ambiental y la transparencia,
también en la gobernanza, y aplicar una contabilidad robusta que asegure, entre
otras cosas, la ausencia de doble cómputo, de conformidad con las orientaciones
que haya impartido la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Acuerdo.
3.
La utilización de resultados de mitigación de transferencia internacional para
cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del
presente Acuerdo será voluntaria y deberá ser autorizada por las Partes
participantes.
4.
Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de
las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible,
que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser
utilizado por las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por
un órgano que designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de
las Partes en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto:
a)
Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible;
b)
Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten
con la autorización de las Partes;
c)
Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de acogida,
que se beneficiarán de actividades de mitigación por las que se generarán
reducciones de las emisiones que podrá utilizar también otra Parte para cumplir
con su contribución determinada a nivel nacional; y
d)
Producir una mitigación global de las emisiones mundiales.
5.
Las reducciones de las emisiones que genere el mecanismo a que se refiere el
párrafo 4 del presente artículo no deberán utilizarse para demostrar el
cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional de la Parte de
acogida, si otra Parte las utiliza para demostrar el cumplimiento de su propia
contribución determinada a nivel nacional.
6.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo velará por que una parte de los fondos devengados de las actividades
que se realicen en el marco del mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del
presente artículo se utilice para sufragar los gastos administrativos y para
ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a
los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de la
adaptación.
7.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo aprobará las normas, las modalidades y los procedimientos del mecanismo
a que se refiere el párrafo 4 del presente artículo en su primer período de
sesiones.
8.
Las Partes reconocen la importancia de disponer de enfoques no relacionados con
el mercado que sean integrados, holísticos y equilibrados y que les ayuden a
implementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, en el contexto
del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza y de manera
coordinada y eficaz, entre otras cosas mediante la mitigación, la adaptación,
la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad,
según proceda. Estos enfoques tendrán por objeto:
a)
Promover la ambición relativa a la mitigación y la adaptación;
b)
Aumentar la participación de los sectores público y privado en la aplicación de
las contribuciones determinadas a nivel nacional; y
c)
Ofrecer oportunidades para la coordinación de los instrumentos y los arreglos
institucionales pertinentes.
9.
Por el presente se define un marco para los enfoques de desarrollo sostenible
no relacionados con el mercado, a fin de promover los enfoques no relacionados
con el mercado a que se refiere el párrafo 8 del presente artículo.
ARTÍCULO 7.
1.
Por el presente, las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la
adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la
resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a
contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación
adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona
en el artículo 2.
2.
Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a
todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e
internacionales, y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a
largo plazo frente al cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin
es proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en
cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son países en
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático.
3.
Los esfuerzos de adaptación que realicen las Partes que son países en
desarrollo serán reconocidos, con arreglo a las modalidades que apruebe la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo en su
primer período de sesiones.
4.
Las Partes reconocen que la necesidad actual de adaptación es considerable, que
un incremento de los niveles de mitigación puede reducir la necesidad de
esfuerzos adicionales de adaptación, y que un aumento de las necesidades de
adaptación puede entrañar mayores costos de adaptación.
5.
Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo
mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las
cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en
consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha
labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica
disponible y, cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los
conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales,
con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y
ambientales pertinentes, cuando sea el caso.
6.
Las Partes reconocen la importancia del apoyo prestado a los esfuerzos de
adaptación y de la cooperación internacional en esos esfuerzos, y la
importancia de que se tomen en consideración las necesidades de las Partes que
son países en desarrollo, en especial de las que son particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.
7.
Las Partes deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de
adaptación, teniendo en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras
cosas con respecto a:
a)
El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas
extraídas, en lo referente, según el caso, a la ciencia, la planificación, las
políticas y la aplicación de medidas de adaptación, entre otras cosas;
b)
El fortalecimiento de los arreglos institucionales, incluidos los de la
Convención que estén al servicio del presente Acuerdo, para apoyar la síntesis
de la información y los conocimientos pertinentes, así como la provisión de
orientación y apoyo técnico a las Partes;
c)
El fortalecimiento de los conocimientos cien tíficos sobre el clima, con
inclusión de la investigación, la observación sistemática del sistema climático
y los sistemas de alerta temprana, de un modo que aporte información a los
servicios climáticos y apoye la adopción de decisiones;
d)
La prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la
determinación de las prácticas de adaptación eficaces, las necesidades de
adaptación, las prioridades, el apo yo prestado y recibido para las medidas y
los esfuerzos de adaptación, las dificulta des y las carencias, de una manera
que permita promover las buenas prácticas; y
e)
El aumento de la eficacia y la durabilidad de las medidas de adaptación.
8.
Se alienta a las organizaciones y organismos especializados de las Naciones
Unidas a que apoyen los esfuerzos de las Partes por llevar a efecto las medidas
mencionadas en el párrafo 7 del presente artículo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en su párrafo 5.
9.
Cada Parte deberá, cuando sea el caso, emprender procesos de planificación de
la adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora de los planes,
políticas y/o contribuciones pertinentes, lo que podrá incluir:
a)
La aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación;
b)
El proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación;
c)
La evaluación de los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad a
este, con miras a formular sus medidas prioritarias determinadas a nivel
nacional, teniendo en cuenta a las personas, los lugares y los ecosistemas
vulnerables;
d)
La vigilancia y evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de
adaptación y la extracción de las enseñanzas correspondientes; y
e)
El aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en
particular mediante la diversificación económica y la gestión sostenible de los
recursos naturales.
10.
Cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una
comunicación sobre la adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus
necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas, sin que ello
suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo.
11.
La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente
artículo deberá, según el caso, presentarse o actualizarse periódicamente, como
un componente de otras comunicaciones o documentos, por ejemplo de un plan
nacional de adaptación, de la contribución determinada a nivel nacional
prevista en el artículo 4, párrafo 2, o de una comunicación nacional, o
conjuntamente con ellos.
12.
La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente
artículo deberá inscribirse en un registro público que llevará la secretaría.
13.
Se prestará un apoyo internacional continuo y reforzado a las Partes que son
países en desarrollo para la aplicación de los párrafos 7, 9, 10 y 11 del
presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11.
14.
El balance mundial a que se refiere el artículo 14 deberá, entre otras cosas:
a)
Reconocer los esfuerzos de adaptación de las Partes que son países en
desarrollo;
b)
Mejorar la aplicación de las medidas de adaptación teniendo en cuenta la
comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente
artículo;
c)
Examinar la idoneidad y eficacia de la adaptación y el apoyo prestado para
ella; y
d)
Examinar los progresos globales realizados en el logro del objetivo mundial
relativo a la adaptación que se enuncia en el párrafo 1 del presente artículo.
ARTÍCULO 8.
1.
Las Partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las
pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático,
incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución
lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de
pérdidas y daños.
2.
El Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados
con las Repercusiones del Cambio Climático estará sujeto a la autoridad y la
orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Acuerdo, y podrá mejorarse y fortalecerse según lo que esta
determine.
3.
Las Partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera
cooperativa y facilitativa, entre otras cosas a través del Mecanismo
Internacional de Varsovia, cuando corresponda, con respecto a las pérdidas y
los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático.
4.
Por consiguiente, las esferas en las que se debería actuar de manera
cooperativa y facilitativa para mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo
podrán incluir:
a)
Los sistemas de alerta temprana;
b)
La preparación para situaciones de emergencia;
c)
Los fenómenos de evolución lenta;
d)
Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles;
e)
La evaluación y gestión integral del riesgo;
f)
Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y
otras soluciones en el ámbito de los seguros;
g)
Las pérdidas no económicas; y
h)
La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.
5.
El Mecanismo Internacional de Varsovia colaborará con los órganos y grupos de expertos
ya existentes en el marco del Acuerdo, así como con las organizaciones y los
órganos de expertos competentes que operen al margen de este.
ARTÍCULO 9.
1.
Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos
financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles
asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo
así sus obligaciones en virtud de la Convención.
2.
Se alienta a otras Partes a que presten o sigan prestando ese apoyo de manera
voluntaria.
3.
En el marco de un esfuerzo mundial, las Partes que son países desarrollados
deberían seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación
para el clima a partir de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces,
teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, a través de
diversas medidas, como el apoyo a las estrategias controladas por los países, y
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de las Partes que son países
en desarrollo. Esa movilización de financiación para el clima debería
representar una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores.
4.
En el suministro de un mayor nivel de recursos financieros se debería buscar un
equilibrio entre la adaptación y la mitigación, teniendo en cuenta las
estrategias que determinen los países y las prioridades y necesidades de las
Partes que son países en desarrollo, en especial de las que son particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y tienen limitaciones
importantes de capacidad, como los países me nos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, y tomando en consideración la necesidad de
recursos públicos y a título de donación para la labor de adaptación.
5.
Las Partes que son países desarrollados deberán comunicar bienalmente
información indicativa, de carácter cuantitativo y cualitativo, en relación con
lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del presente artículo, según corresponda,
con inclusión de los niveles proyectados de recursos financieros públicos que
se suministrarán a las Partes que son países en desarrollo, cuando se conozcan.
Se alienta a las otras Partes que proporcionen recursos a que comuniquen
bienalmente esa información de manera voluntaria.
6.
En el balance mundial de que trata el artículo 14 se tendrá en cuenta la
información pertinente que proporcionen las Partes que son países desarrollados
y/o los órganos del Acuerdo sobre los esfuerzos relacionados con la
financiación para el clima.
7.
Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar bienalmente
información transparente y coherente sobre el apoyo para las Partes que son
países en desarrollo que se haya prestado y movilizado mediante intervenciones
públicas, de conformidad con las modalidades, los procedimientos y las
directrices que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de
las Partes en el presente Acuerdo en su primer período de sesiones, como se
establece en el artículo 13, párrafo 13. Se alienta a otras Partes a que hagan
lo mismo.
8.
El Mecanismo Financiero de la Convención, con las entidades encargadas de su
funcionamiento, constituirá el mecanismo financiero del presente Acuerdo.
9.
Las instituciones al servicio del presente Acuerdo, incluidas las entidades
encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención,
procurarán ofrecer a las Partes que son países en desarrollo, en particular a
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, un
acceso eficiente a los recursos financieros mediante procedimientos de
aprobación simplificados y un mayor apoyo para la preparación, en el contexto
de sus planes y estrategias nacionales sobre el clima.
ARTÍCULO 10.
1.
Las Partes comparten una visión a largo plazo sobre la importancia de hacer plenamente
efectivos el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la
resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
2.
Las Partes, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología para la puesta
en práctica de medidas de mitigación y adaptación en virtud del presente
Acuerdo y tomando en consideración los esfuerzos de difusión y despliegue de
tecnología que ya se están realizando, deberán fortalecer su acción cooperativa
en el desarrollo y la transferencia de tecnología.
3.
El Mecanismo Tecnológico establecido en el marco de la Convención estará al
servicio del presente Acuerdo.
4.
Por el presente se establece un marco tecnológico que impartirá orientación
general al Mecanismo Tecnológico en su labor de promover y facilitar el
fortalecimiento del desarrollo y la transferencia de tecnología a fin de
respaldar la aplicación del presente Acuerdo, con miras a hacer realidad la
visión a largo plazo enunciada en el párrafo 1 de este artículo.
5.
Para dar una respuesta mundial eficaz y a largo plazo al cambio climático y
promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible es indispensable
posibilitar, alentar y acelerar la innovación. Este esfuerzo será respaldado
como corresponda, entre otros por el Mecanismo Tecnológico y, con medios
financieros, por el Mecanismo Financiero de la Convención, a fin de impulsar
los enfoques colaborativos en la labor de investigación y desarrollo y de
facilitar el acceso de las Partes que son países en desarrollo a la tecnología,
en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico.
6.
Se prestará apoyo, también de carácter financiero, a las Partes que son países
en desarrollo para la aplicación del presente artículo, entre otras cosas para
fortalecer la acción cooperativa en el desarrollo y la transferencia de
tecnología en las distintas etapas del ciclo tecnológico, con miras a lograr un
equilibrio entre el apoyo destinado a la mitigación y a la adaptación. En el
balance mundial a que se refiere el artículo 14 se tendrá en cuenta la
información que se comunique sobre los esfuerzos relacionados con el apoyo al
desarrollo de tecnología y a su transferencia a las Partes que son países en
desarrollo.
ARTÍCULO 11.
1.
El fomento de la capacidad en el marco del presente Acuerdo debería mejorar la
capacidad y las competencias de las Partes que son países en desarrollo, en
particular de los que tienen menos capacidad, como los países menos
adelantados, y los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos
del cambio climático, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
llevar a cabo una acción eficaz frente al cambio climático, entre otras cosas,
para aplicar medidas de adaptación y mitigación, y debería facilitar el
desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, el acceso a financiación
para el clima, los aspectos pertinentes de la educación, formación y
sensibilización del público y la comunicación de información de forma
transparente, oportuna y exacta.
2.
El fomento de la capacidad debería estar bajo el control de los países, basarse
en las necesidades nacionales y responder a ellas, y fomentar la implicación de
las Partes, en particular de las que son países en desarrollo, incluyendo en
los planos nacional, subnacional y local. El fomento de la capacidad debería
guiarse por las lecciones aprendidas, también en las actividades en esta esfera
realizadas en el marco de la Convención, y debería ser un proceso eficaz e
iterativo, que sea participativo y transversal y que responda a las cuestiones
de género.
3.
Todas las Partes deberían cooperar para mejorar la capacidad de las Partes que
son países en desarrollo de aplicar el presente Acuerdo. Las Partes que son
países desarrollados deberían aumentar el apoyo prestado a las actividades de
fomento de la capacidad en las Partes que son países en desarrollo.
4.
Todas las Partes que aumenten la capacidad de las Partes que son países en
desarrollo de aplicar el presente Acuerdo mediante enfoques regionales,
bilaterales y multilaterales, entre otros, deberán informar periódicamente
sobre esas actividades o medidas de fomento de la capacidad. Las Partes que son
países en desarrollo deberían comunicar periódicamente los progresos realizados
en la ejecución de todo plan, política, actividad o medida de fomento de la
capacidad que apliquen para dar efecto al presente Acuerdo.
5.
Las actividades de fomento de la capacidad se potenciarán mediante los arreglos
institucionales apropiados para apoyar la aplicación del presente Acuerdo,
incluidos los arreglos de ese tipo que se hayan establecido en el marco de la
Convención y estén al servicio del Acuerdo. La Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo examinará y adoptará
una decisión sobre los arreglos institucionales iniciales para el fomento de la
capacidad en su primer período de sesiones.
ARTÍCULO 12.
Las
Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para
mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del
público y el acceso público a la información sobre el cambio climático,
teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el
marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 13.
1.
Con el fin de fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación efectiva,
por el presente se establece un marco de transparencia reforzado para las
medidas y el apoyo, dotado de flexibilidad para tener en cuenta las diferentes
capacidades de las Partes y basa do en la experiencia colectiva.
2.
El marco de transparencia ofrecerá flexibilidad a las Partes que son países en
desarrollo que lo necesiten, teniendo en cuenta sus capacidades, para la
aplicación de las disposiciones del presente artículo. Esa flexibilidad se
reflejará en las modalidades, los procedimientos y las directrices a que se
hace referencia en el párrafo 13 del presente artículo.
3.
El marco de transparencia tomará como base y reforzará los arreglos para la
transparencia previstos en la Convención, reconociendo las circunstancias especiales
de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
se aplicará de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando la
soberanía nacional, y evitará imponer una carga in debida a las Partes.
4.
Los arreglos para la transparencia previstos en la Convención, como las
comunicaciones nacionales, los informes bienales y los informes bienales de
actualización, el proceso de evaluación y examen internacional y el proceso de
consulta y análisis internacional, formarán parte de la experiencia que se
tendrá en cuenta para elaborar las modalidades, los procedimientos y las
directrices previstos en el párrafo 13 del presente artículo.
5.
El propósito del marco de transparencia de las medidas es dar una visión clara
de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz del
objetivo de la Convención, enunciado en su artículo 2, entre otras cosas
aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos realizados
en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional de cada una de
las Partes en virtud del artículo 4, y de las medidas de adaptación adoptadas
por las Partes en virtud del artículo 7, incluidas las buenas prácticas, las
prioridades, las necesidades y las carencias, como base para el balance mundial
a que se refiere el artículo 14.
6.
El propósito del marco de transparencia del apoyo es dar una visión clara del
apoyo prestado o recibido por las distintas Partes en el contexto de las
medidas para hacer frente al cambio climático previstas en los artículos 4, 7,
9, 10 y 11 y ofrecer, en lo posible, un panorama completo del apoyo financiero
agregado que se haya prestado, como base para el balance mundial a que se
refiere el artículo 14.
7.
Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información:
a)
Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto
invernadero, elaborado utilizando las metodologías para las buenas prácticas
aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
que haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Acuerdo; y
b)
La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados
en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel
nacional en virtud del artículo 4.
8.
Cada Parte debería proporcionar también información relativa a los efectos del
cambio climático y a la labor de adaptación con arreglo al artículo 7, según
proceda.
9.
Las Partes que son países desarrollados deberán, y las otras Partes que
proporcionen apoyo deberían, suministrar información sobre el apoyo en forma de
financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad prestado a
las Partes que son países en desarrollo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9, 10 y 11.
10.
Las Partes que son países en desarrollo deberían proporcionar información sobre
el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la
capacidad requerido y recibido con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9,
10 y 11.
11.
La información que comunique cada Parte conforme a lo solicitado en los
párrafos 7 y 9 del presente artículo se someterá a un examen técnico por
expertos, de conformidad con la decisión 1/CP.21. Para las Partes que son
países en desarrollo que lo requieran a la luz de sus capacidades, el proceso
de examen incluirá asistencia para determinar las necesidades de fomento de la
capacidad. Además, cada Parte participará en un examen facilitador y
multilateral de los progresos alcanzados en sus esfuerzos relacionados con lo
dispuesto en el artículo 9, así como en la aplicación y el cumplimiento de su
respectiva contribución determinada a nivel nacional.
12.
El examen técnico por expertos previsto en el presente párrafo consistirá en la
consideración del apoyo prestado por la Parte interesada, según corresponda, y
de la aplicación y el cumplimiento por esta de su contribución determinada a
nivel nacional. El examen también determinará los ámbitos en que la Parte
interesada pueda mejorar, e incluirá un examen de la coherencia de la
información con las modalidades, procedimientos y directrices a que se hace
referencia en el párrafo 13 del presente artículo, teniendo en cuenta la
flexibilidad otorgada a esa Parte con arreglo al párrafo 2 del presente
artículo. En el examen se prestará especial atención a las respectivas
capacidades y circunstancias nacionales de las Partes que son países en
desarrollo.
13.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo, en su primer período de sesiones, aprovechando la experiencia
adquirida con los arreglos relativos a la transparencia en el marco de la
Convención y definiendo con más detalle las disposiciones del presente
artículo, aprobará modalidades, procedimientos y directrices comunes, según
proceda, para la transparencia de las medidas y el apoyo.
14.
Se prestará apoyo a los países en desarrollo para la aplicación del presente
artículo.
15.
Se prestará también apoyo continuo para aumentar la capacidad de transparencia
de las Partes que son países en desarrollo.
ARTÍCULO 14.
1.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo hará periódicamente un balance de la aplicación del presente Acuerdo
para determinar el avance colectivo en el cumplimiento de su propósito y de sus
objetivos a largo plazo (“el balance mundial”), y lo hará de manera global y
facilitadora, examinando la mitigación, la adaptación, los medios de aplicación
y el apoyo, y a la luz de la equidad y de la mejor información científica
disponible.
2.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en e l
presente Acuerdo hará su primer balance mundial en 2023 y a partir de entonces,
a menos que decida otra cosa, lo hará cada cinco años.
3.
El resultado del balance mundial aportará información a las Partes para que
actualicen y mejoren, del modo que determinen a nivel nacional, sus medidas y
su apoyo de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo,
y para que aumenten la cooperación internacional en la acción relacionada con
el clima.
ARTÍCULO 15.
1.
Por el presente se establece un mecanismo para facilitar la aplicación y
promover el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo.
2.
El mecanismo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo consistirá en un
comité compuesto por expertos y de carácter facilitador, que funcionará de
manera transparente, no contenciosa y no punitiva. El comité prestará especial
atención a las respectivas circunstancias y capacidades nacionales de las
Partes.
3.
El comité funcionará con arreglo a las modalidades y los procedimientos que
apruebe en su primer período de sesiones la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, a la que presentará
informes anuales.
ARTÍCULO 16.
1.
La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención,
actuará como reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes en la Convención que no sean partes en el presente Acuerdo podrán
participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en
el presente Acuerdo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de
las Partes en el presente Acuerdo, las decisiones en el ámbito del Acuerdo
serán adoptadas únicamente por las Partes en el presente Acuerdo.
3.
Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el
presente Acuerdo, todo miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que
represente a una Parte en la Convención que a la fecha no sea parte en el
presente Acuerdo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre
las Partes en el presente Acuerdo y por ellas mismas.
4.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo examinará regular mente la aplicación del presente Acuerdo y, conforme
a su mandato, tomará las decisiones necesarias para pro mover su aplicación
eficaz. Cumplirá las funciones que le asigne el presente Acuerdo y:
a)
Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la
aplicación del presente Acuerdo; y
b)
Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del
presente Acuerdo.
5.
El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros
aplicados en relación con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en
relación con el presente Acuerdo, a menos que decida otra cosa por consenso la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo.
6.
La secretaría convocará el primer período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo en conjunto
con el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes que se
programe después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Los
siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo se celebrarán en
conjunto con los períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las
Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
7.
Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo se celebrarán cada vez
que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite
por escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que
la secretaría haya transmitido a las Partes la solicitud, esta reciba el apoyo
de al menos un tercio de las Partes.
8.
Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica, así como todo Estado miembro de esas organizaciones u
observador ante ellas que no sea parte en la Convención, podrán estar
representados como observadores en los períodos de sesiones de la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo. Todo
órgano u organismo, sea nacional o internacional, gubernamental o no
gubernamental, que sea competente en los asuntos de que trata el presente
Acuerdo y que ha ya informado a la secretaría de su deseo de estar representado
como observador en u n período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo podrá ser admitido como
observador a menos que se oponga a ello un tercio de las Partes presentes. La
admisión y participación de los observadores se regirán por el reglamento a que
se refiere el párrafo 5 de este artículo.
ARTÍCULO 17.
1.
La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeñará la
función de secretaría del presente Acuerdo.
2.
El artículo 8, párrafo 2, de la Convención, sobre las funciones de la secretaría,
y el artículo 8, párrafo 3, de la Convención, sobre las disposiciones para su
funcionamiento, se aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo. La
secretaría ejercerá además las funciones que se le asignen en el marco del
presente Acuerdo y que le confíe la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 18.
1.
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano
Subsidiario de Ejecución establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención
actuarán como Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y
Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Acuerdo, respectivamente. Las
disposiciones de la Convención sobre el funcionamiento de estos dos órganos se aplicarán mutatis
mutandis al presente Acuerdo. Los períodos de sesiones del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario
de Ejecución del presente Acuerdo se celebrarán conjuntamente con los del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano
Subsidiario de Ejecución de la Convención, respectivamente.
2.
Las Partes en la Convención que no sean partes en el presente Acuerdo podrán
participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de
sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los órganos subsidiarios actúen
como órganos subsidiarios del presente Acuerdo, las decisiones en el ámbito del
Acuerdo serán adoptadas únicamente por las Partes en el Acuerdo.
3.
Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la
Convención ejerzan sus funciones respecto de cuestiones de interés para el
presente Acuerdo, todo miembro de la mesa de los órganos subsidiarios que
represente a una Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el
Acuerdo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las Partes
en el Acuerdo y por ellas mismas.
ARTÍCULO 19.
1.
Los órganos subsidiarios u otros arreglos institucionales establecidos por la
Convención o en el marco de esta que no se mencionan en el presente Acuerdo
estarán al servicio de este si así lo decide la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo. La Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo especificará
las funciones que deberán ejercer esos órganos subsidiarios o arreglos.
2.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo podrá impartir orientaciones adicionales a esos órganos subsidiarios y
arreglos institucionales.
ARTÍCULO 20.
1.
El presente Acuerdo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados y de las organizaciones regionales de
integración económica que sean Partes en la Convención. Quedará abierto a la
firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 22 de abril de 2016
al 21 de abril de 2017, y a la adhesión a partir del día siguiente a aquel en
que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2.
Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes
en el presente Acuerdo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán
sujetas a todas las obligaciones dimanantes del Acuerdo. En el caso de las
organizaciones regionales de integración económica que tengan uno o más Estados
miembros que sean Partes en el presente Acuerdo, la organización y sus Estados
miembros determinarán sus respectivas responsabilidades en el cumplimiento de
las obligaciones que les incumban en virtud del presente Acuerdo. En tales
casos, la organización y los Estados miembros no podrán ejercer simultánea
mente derechos conferidos por el Acuerdo.
3.
Las organizaciones regionales de integración económica indicarán en sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Acuerdo. Esas
organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial de su
ámbito de competencia al Depositario, que a su vez la comunicará a las Partes.
ARTÍCULO 21.
1.
El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en
que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas
representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2.
A los efectos exclusivamente del párrafo 1 del presente artículo, por “total de
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero” se entenderá la
cantidad más actualizada que las Partes en la Convención hayan comunicado en la
fecha de aprobación del presente Acuerdo, o antes de esa fecha.
3.
Para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él una vez
reunidas las condiciones para la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1
de este artículo, el Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la
fecha en que el Estado o la organización regional de integración económica haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
4.
A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el instrumento que deposite
una organización regional de integración económica no contará además de los que
hayan depositado sus Estados miembros.
ARTÍCULO 22.
Las
disposiciones del artículo 15 de la Convención sobre la aprobación de enmiendas
a la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo.
ARTÍCULO 23.
1.
Las disposiciones del artículo 16 de la Convención sobre la aprobación y
enmienda de los anexos de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Acuerdo.
2.
Los anexos del Acuerdo formarán parte integrante de este y, a menos que se
disponga expresamente otra cosa, toda referencia al presente Acuerdo
constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos. Esos
anexos solo podrán contener listas, formularios y cualquier otro material
descriptivo que trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento o
administrativos.
ARTÍCULO 24.
Las
disposiciones del artículo 14 de la Convención sobre el arreglo de
controversias se aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo.
ARTÍCULO 25.
1.
Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cada Parte
tendrá un voto.
2.
Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Acuerdo. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
miembros ejerce el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 26.
El
Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 27.
No
se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
ARTÍCULO 28.
1.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante
notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que
hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo para esa Parte.
2.
La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha e n que el
Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en
la fecha que se indique en la notificación.
3.
Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 29.
El
original del presente Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
HECHO
en París el día doce de diciembre de dos mil quince.
EN TESTIMONIO DE
LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado
el presente Acuerdo.”
III. INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Minas y Energía
El
Ministerio de Minas y Energía, a través del Coordinador de asuntos
constitucionales del sector minero energético, intervino en el proceso de la
referencia y solicitó la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1844 del
2017.
Inicialmente, realizó una breve reseña sobre los
antecedentes y el contenido del Acuerdo de París, destacando que el mismo es un
documento jurídicamente vinculante que consta de 29 artículos que recogen de
manera detallada los aspectos técnicos que hay que desarrollar hasta el año
2020, año en el que inicia su ejecución.
Señaló que la finalidad del Acuerdo de París es
concordante con las disposiciones constitucionales de planeación, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales de forma que se garantice un
desarrollo sostenible. Igualmente, estimó que el contenido del mismo se puede
armonizar con el postulado de la racionalización de la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la
preservación de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en el
artículo 334 constitucional.
Adicionalmente, afirmó que el Acuerdo de París no
viola el principio de autodeterminación de los pueblos ni de soberanía del
Estado, puesto que: (i) cada país define cuáles son los objetivos nacionales de
reducción de emisiones, (ii) no contiene sanciones, pero sí un mecanismo
transparente de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos,
(iii) está guiado por los principios de equidad y de responsabilidades comunes
pero diferenciadas por las respectivas capacidades, a la luz de las diversas
circunstancias nacionales, (iv) reconoce que las partes pueden verse afectadas
no solo por el cambio climático sino también por las repercusiones de las
medidas que se adopten para hacerle frente, (v) tiene en cuenta los imperativos
de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de
desarrollo definidas a nivel nacional, y (vi) las partes deben tomar en
consideración las preocupaciones de las partes cuyas economías se ven más
afectadas por las repercusiones de las medidas de respuesta.
Agregó que el Acuerdo de París reconoce que el
cambio climático es un problema de toda la humanidad, por lo que recoge el
mandato de la internacionalización de las relaciones ecológicas contenido en
los artículos 226, 227 y 228 superiores, así como el de la cooperación
internacional del Estado colombiano en materia de protección del medio ambiente
establecido en el artículo 80 de la Constitución.
Explicó que la Corte Constitucional ya se pronunció
sobre la exequibilidad de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático y del Protocolo de Kioto, por lo que en virtud de la
jurisprudencia constitucional la preservación de un medio ambiente sano es la
condición esencial para el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales,
pues “la vida humana se desenvuelve en forma integra dentro de la biosfera”.
En consecuencia con lo anteriormente reseñado,
solicitó la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1844 de 2017, como
parte integral de los mecanismos jurídicos y económicos que se adoptaron dentro
del Sistema de Naciones Unidas, con el objetivo de combatir el cambio
climático.
2.
Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte solicitó a la Corte
Constitucional declarar la constitucionalidad del acuerdo internacional
estudiado, con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que la Ley 1844 de 2017, aprobatoria del
Acuerdo de París, cumplió con las exigencias constitucionales formales para su
aprobación. De igual manera, resaltó que el contenido material de la ley está
ajustado a la Constitución y las obligaciones adquiridas por Colombia, en la
medida de sus capacidades, están tendientes al desarrollo de los mandatos de la
Constitución Política.
Señaló que las carteras firmantes de la ley
aprobatoria del acuerdo, esto es, los ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, del Interior, de Hacienda, de Agricultura y Desarrollo Rural, de
Minas y Energía, de Transporte, de Relaciones Exteriores, y el Departamento Nacional
de Planeación, conforman una comisión intersectorial, a través de la cual deben
trabajar conjuntamente en torno a la gestión del cambio climático.
Refirió que Colombia es una de los 40 países con
mayor responsabilidad histórica por emisiones acumuladas, las cuales provienen
principalmente de la deforestación. En este orden, para determinar la equidad y
ambición de su contribución en esta materia, el Gobierno atendió diferentes
criterios, a saber: (i) para establecer si era una contribución ambiciosa,
evaluó en qué medida los aportes lograban desligar el crecimiento económico de
las emisiones de gases de efecto invernadero; (ii) estudio de qué manera
contribuía la meta global de no superar de 2 ºC en relación con la temperatura
preindustrial; y (iii) analizó si su meta acogía los pilares de “la nueva
economía climática” y sí tenía en cuenta las recomendaciones de la OCDE.
Adujo que al estudiar el tema de la equidad, el
Estado tuvo en cuenta que Colombia es una economía en crecimiento con retos de
pobreza, desarrollo y adaptación al cambio climático. Igualmente, consideró el
escenario de post- conflicto, la responsabilidad histórica en emisiones y la
capacidad de mitigar de acuerdo con el PIB, concluyendo de todo lo anterior,
que la contribución del país es ambiciosa en la medida en que va a generar
transformaciones en su modelo de desarrollo, sin perjudicar el crecimiento
económico ni desviar esfuerzos relativos frente a prioridades nacionales, tales
como la superación de la pobreza o el post-conflicto.
Afirmó que antes de que Colombia anunciara la meta
de reducir el 20% de las emisiones para el año 2013, se identificaron más de
100 opciones de mitigación que pueden ser implementadas en los sectores más
importantes de la economía nacional y regional. Lo anterior, se realizó entre
el año 2013 y 2015 con fundamento en los ocho planes de acción sectorial y en
el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (EDBC). Así,
la meta del 20% se cuantificó a partir de medidas que estaban por debajo de 20
dólares por tonelada de CO2 reducidas.
En relación con el sector de transporte, sostuvo que
se han considerado las siguientes medidas de mitigación:
“-    Estándares de rendimiento y conducción verde.
-
Renovación
de la flota de vehículos de carga.
-
Introducción
de vehículos con nuevas tecnologías.
-
Uso
de combustibles de menor intensidad de carbono.
-
Sistemas
públicos de bicicletas.
-
Desincentivos
al uso del transporte privado.
-
Cobros
por congestión.
-
Transporte
multimodal (fluvial y férreo).
-
Optimización
del transporte de carga.”
3.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a
través del Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales de la Oficina Asesora
Jurídica, participó en el debate jurídico y solicitó declarar exequible la Ley
1844 de 2017 “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de parís, adoptado
el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia”.
Destacó que tanto el instrumento internacional como
su ley aprobatoria se ajustaron a las directrices previstas en el reglamento
del Congreso de la República para su correspondiente aprobación así como a los
presupuestos jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional.
Indicó que el Acuerdo de París contiene elementos
inescindibles que reafirman e impulsan los esfuerzos para avanzar en la
disminución de los impactos del cambio climático, en procura de un desarrollo
sostenible, encontrándose en todo caso ajustado al ordenamiento jurídico
colombiano, al hacer referencia a las obligaciones de las partes en materia de
derechos humanos, a la salud, derechos de los pueblos indígenas, migrantes,
niños, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad.
Precisó que a través del Acuerdo se pretende reducir
la vulnerabilidad al cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación y
el fortalecimiento hacia la resiliencia teniendo en cuenta que es un asunto que
afecta a todas las dimensiones nacionales, regionales e internacionales y que
requiere de una respuesta mundial inmediata. Por lo anterior, advirtió que el
mismo representa para Colombia una oportunidad para la planeación de esfuerzos
y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en el corto, mediano
y largo plazo, lo cual a su vez, implicará reducción en los índices de pobreza,
un mejoramiento en la economía y la construcción de paz en un territorio más
preparado a los efectos del cambio climático global.
Consideró que el instrumento internacional estudiado
se encuentra ajustado al Preámbulo y a los artículos 2, 9, 79, 80, 226 y 227 de
la Constitución Política, por cuanto procura garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes constitucionales referentes al cumplimiento de
los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Igualmente, resaltó que se cumple con el principio
de equidad, pues los beneficios del Acuerdo son bilaterales y multilaterales,
sin que sus efectos operen en detrimento de uno u otro Estado. Así mismo,
indicó que se cumple con el principio de reciprocidad, ya que las obligaciones
son asumidas por las partes con total correspondencia, y la totalidad de las
disposiciones contenidas en el Acuerdo conservan como base el desarrollo de
compromisos mutuos.
Finalizó su intervención reiterando que el Acuerdo
de París resulta ser un mecanismo idóneo para el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, en la medida que persigue un mejoramiento de la calidad
del medio ambiente, reconociendo el cambio climático como un problema de la
humanidad y que además está ajustado a los parámetros establecidos en la Carta
Política.
4.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio se pronunció sobre la revisión oficiosa de la Ley 1844 de 2017,
aprobatoria del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015,
solicitando se declare ajustada a la Constitución Política, a la ley y a los
tratados internacionales que regulan la materia, de conformidad con las
siguientes apreciaciones:
Por un lado, exaltó que la ley objeto de
revisión no presenta ningún vicio de forma, en la medida en que no se
evidencian irregularidades durante su trámite de formación.
Por otra parte, señaló que lo contenido
en el Acuerdo de París está ajustado a los preceptos constitucionales que le
dan competencia y facultades al gobierno para fijar medidas y políticas
públicas encaminadas a controlar el cambio climático, a evitar sus los riesgos
e implementar soluciones para la conservación de los ecosistemas forestales que
actúan como sumideros de carbono, así como la reconversión a mejores
tecnologías y prácticas de producción industrial y agropecuaria y en un cambio
en los patrones de consumo.
Por lo anterior, concluyó que la Ley
1844 de 2017 bajo ninguna circunstancia, ni formal ni material, se contrapone a
las normas constitucionales, por lo que es procedente que se ampare y se
revista de legalidad.
5.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Directora de Asuntos
Jurídicos Internacionales, intervino en el proceso de la referencia y solicitó
la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1844 de 2017“Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en
París, Francia”.
De manera preliminar, realizó un recuento sobre los
antecedentes fácticos y jurídicos del Acuerdo de París, en los que mencionó la
Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kioto, refiriendo que el Acuerdo se constituyó como un instrumento
tendiente a solucionar de manera integral la mayoría de los problemas que había
afrontado hasta entonces el régimen internacional de lucha contra el cambio
climático.
Afirmó que uno de los elementos claves de este
instrumento internacional es que dispone que la lucha contra el cambio
climático debe ser un esfuerzo de todos los estados del mundo y no sólo de las
países desarrollados, lo que implica que aquellos estados cuyas emisiones se
han incrementado significativamente en los últimos años, como India, China y
Brasil deben tomar acciones positivas para colaborar en este esfuerzo global.
Explicó que en virtud del Acuerdo se pasará de un
enfoque tradicional de contribuciones “de arriba hacia abajo” que impone
porcentajes cuantificados, tal como se estableció en el Protocolo de Kioto, a
un enfoque “de abajo hacia arriba” que implica que cada uno de los
países será el que determinará nacionalmente la contribución que está en
capacidad de hacer para luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta
sus respectivas circunstancias y capacidades, lo cual se denomina dentro del
Acuerdo como “contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por su sigla en
inglés).
Al respecto, señaló que a la fecha más de 189 países
has presentado los documentos que contienen sus respectivas NDC y que
constituyen la base del Acuerdo de París. Colombia presentó dicho documento en
septiembre de 2015.
Continuó destacando el importante aporte de Colombia
al proceso de negociación que culminó con la adopción del Acuerdo, pues tuvo
una gran influencia en las decisiones más críticas de las negociaciones,
desempañando un rol de agente generador de consensos a nivel macro. Sobre el
particular, se refirió al aporte de Colombia en la creación y consolidación del
Dialogo de Cartagena, un espacio único donde los países desarrollados y en
desarrollo pueden intercambiar ideas y perspectivas sobre la negociación, con
el fin de tratar de encontrar consensos más ambiciosos. De igual manera, hizo
alusión a la conformación por iniciativa de Colombia en el año 2012 de la
Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) como un grupo de
negociación oficial de la Convención Marco.
Expuso las situaciones particulares de Colombia
desde el punto de vista de ubicación geográfica, las cuales implican que el
país sea especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático y, por
ende, la necesidad e importancia de adoptar el Acuerdo de París.
Reconoció la gravedad de los riesgos y los impactos
potenciales para los países altamente vulnerables a los fenómenos naturales
asociados al cambio climático, como Colombia, por lo que advirtió la
importancia del Acuerdo de París, como un instrumento calve para dar
cumplimiento a diversos preceptos constitucionales, entre los que destacó el
artículo 79 superior sobre el derecho al medio ambiente sano y el artículo 80
referente al uso sostenible de los recursos naturales. Lo anterior, teniendo en
cuenta que dentro del contenido del Acuerdo existen mecanismos que permiten
contrarrestar los efectos dañinos del cambio climático.
6.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó la declaratoria de
exequibilidad del Acuerdo de París y la Ley 1844 de 2017, con fundamento en los
siguientes argumentos.
Inició
su exposición resaltando que la protección al medio ambiente ha sido un interés
principal del Estado Colombiano, lo cual se evidencia en el artículo 79 de la
Constitución que dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente. De igual manera, el artículo 80 superior obliga al Estado a
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
así como imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
Resaltó
que en cumplimiento de estos mandatos constitucionales fue expedida la Ley 99
de 1993 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, actualmente Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una
relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir las
políticas y regulaciones.
Posteriormente,
ahondó en consideraciones relacionadas con el cambio climático, señalando la
importancia de tener en cuenta que sus causas y efectos tienen carácter global,
razón por la cual los países que son parte de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han adquirido compromisos y se
encuentran implementando acciones para cumplirlos, con el fin de que las
acciones sumadas de todos los países permitan alcanzar las metas de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, y en esa medida, ayudar
conjuntamente a combatir este fenómeno. Sobre el particular, destacó que
Colombia ha liderado y acompañado diversos procesos de expedición de
instrumentos normativos, políticas, programas, estrategias, planes y acciones
tendientes a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y a avanzar
en la adaptación a los efectos del cambio climático.
En
este orden, trajo a colación la Ley 164 de 1994 mediante el cual se aprobó la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el
principal instrumento internacional que reconoce el cambio climático como un
asunto de interés global que requiere atención prioritaria, el Documento Conpes
3700 de 2011 denominado “Estrategia Institucional para la articulación de
Políticas y Acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”, que
surgió de la necesidad de que el país comprenda y actué frente al cambio
climático, entendido como una problemática de desarrollo económico y social.
Del
mismo modo, mencionó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –
PNACC, que es un instrumento que permite establecer las líneas estratégicas que
permiten la reducción del riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la
variabilidad y al cambio climático  y a brindar herramientas para priorizar
acciones de adaptación y orientar las intervenciones de los sectores y
territorios con miras a reducir el riesgo climático.
A
su vez, hizo referencia al Decreto 298 de 2016 que conformó el Sistema Nacional
de Cambio Climático, con el propósito de dotar al país de una organización
institucional que coordina, articula, formula y hace seguimiento a las medidas
en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto
invernadero.
Finalmente,
expuso que el Acuerdo de París es uno de los mayores logros de los últimos años
del multilateralismo, pues se trata de un acuerdo multilateral y jurídicamente
vinculante que permite unir esfuerzos para resolver los retos asociados al
cambio climático, por lo  que para Colombia se constituye como una de las
herramientas más valiosas para hacer exigibles los compromisos sectoriales y
territoriales asumidos en pro del cambio climático, permitiéndole al país demostrar
a la comunidad internacional su compromiso en la lucha contra el cambio
climático.
7.
Departamento Nacional de Planeación
El Departamento Nacional de Planeación
solicitó a la Corte Constitucional declara exequible el Acuerdo de París y su
ley probatoria 1844 de 2017.
Sostuvo que mediante la implementación del
Acuerdo de París, el Estado colombiano podrá contar con las herramientas
necesarias para luchas contra el cambio climático, proteger la integridad del
ambiente y garantizar el desarrollo sostenible.
Afirmó que lo establecido en el
instrumento internacional está alineado con las políticas de mediano plazo del
país en términos de sostenibilidad ambiental y de gestión de riesgos de
desastres.
En este sentido, precisó que los
artículos 7 y 8 del Acuerdo promueven el desarrollo resiliente y la reducción
de vulnerabilidad frente a impactos climáticos y a las condiciones de riesgo de
desastres. En particular, indicó que fomentan estrategias de gestión del riesgo
integrales, la incorporación de criterios de adaptación en los procesos de
inversión, el fortalecimiento de los arreglos institucionales y el fomento de
capacidades de adaptación, resiliencia y reducción de condiciones de
vulnerabilidad. De igual manera, el Acuerdo reconoce la importancia de
conservar la integridad de los ecosistemas estratégicos y vulnerables y la
protección de la biodiversidad, como instrumentos para mejorar la calidad de
vida y enfrentar los impactos del cambio climático.
8.  Procurador Delgado para Asuntos Ambientales
El Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales intervino en el presente asunto y  solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad del Acuerdo de París.
Sustentó su solicitud teniendo en cuenta
que el asunto tratado en el Acuerdo es de especial trascendencia social y
económica dada su incidencia en una multiplicidad de fenómenos tales como
inundaciones, deslizamientos, sequias extremas y vendavales, los cuales se
vienen presentando en el país y que son asociados al cambio climático.
Resaltó que Colombia al encontrarse en
latitudes tropicales del planeta es altamente vulnerable y sensible a los
impactos del cambio climático, lo cual trae consecuencias económicas y
ambientales de gran magnitud, motivo por el cual se hace necesaria la adopción
de una decisión de fondo por parte de esta Corporación, mediante la cual se
ratifique el Acuerdo para reafirmar la disposición y compromiso del país con
los objetivos allí señalados.
Afirmó que el Acuerdo estudiado tiene
una alta trascendencia social, en la medida en que según el Gobierno Nacional
los costos económicos de las catástrofes asociadas al cambio climático han
tenido un impacto significativo sobre el crecimiento a largo plazo del PIB del
país. En este sentido, según el Estudio de Impactos Económicos del Cambio
Climático para Colombia del DNP, desde el año 1980 hasta el 2010 se produjo un
aumento del 20% en la tasa de muertos, heridos y afectados por desastres de
origen climático, los cuales han estado asociados a caídas del PIB de largo
plazo del 1.5%.
De esta manera, ratificar el Acuerdo de París
permitirá implementar las medidas acordadas para la reducción de los gases con
efecto invernadero (GEI) y aumentará la capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático, además de ser un instrumento importante para el
desarrollo económico del país respetando los niveles de emisión.
De igual manera, advirtió la
trascendencia en el patrimonio público que entraña el Acuerdo, puesto que
teniendo en cuenta las cifras presentadas por el Gobierno Nacional, el fenómeno
de la niña 2010-2011 generó daños del orden de 11,2 billones de pesos, siendo
vivienda y transporte los sectores más impactados. Asimismo, el fenómeno del
niño 2014-2016 demandó inversiones de 1,6 billones de pesos para lograr atender
la emergencia, principalmente en el sector de agua potable. Este fenómeno
también ocasionó incendios forestales en cerca de 188.000 hectáreas, causando
la pérdida en el año 2015 de 23.000 hectáreas de bosque que implicaría pérdidas
acumuladas de 2,9 billones de pesos en los próximos 30 años por afectación en
los servicios eco sistémicos.
Concluyó afirmando que la ratificación
del Acuerdo de París constituye una contribución nacional a la respuesta
mundial al cambio climático, la cual busca redoblar los esfuerzos para mantener
el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC con respecto a los
niveles preindustriales y limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reducirá
considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático.
Finalmente, expuso que el Acuerdo
permitirá a Colombia acceder a oportunidades de cooperación, como financiación
y transferencia de tecnología, para hacerle frente al problema de la seguridad
alimentaria debido a los efectos adversos del cambio climático.
IV. CONCEPTO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En
ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242, numeral 2° y 278,
numeral 5° del texto constitucional, así como el artículo 7 del Decreto 2067 de
1991, el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,
presentó concepto número 6390 dentro del trámite de la referencia, en el cual
solicita a la Corte la declaración de exequibilidad de la norma objeto de
estudio.
En cuanto al trámite del proyecto de la ley
aprobatoria, la Vista Fiscal, luego de realizar un recuento de la etapa
prelegislativa y legislativa de la misma, advirtió que se ajustó a los cánones
constitucionales, legales y reglamentarios. Sobre el particular, señaló que el
proyecto de ley cumplió con los requisitos de presentación y
publicación antes de darle trámite en la comisión respectiva, surtió
los debates reglamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de
Representantes, y se aprobó conforme a las normas legales.
En relación con el contenido material del tratado
internacional, la Procuraduría destacó que el mismo busca desarrollar los
objetivos trazados en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, ratificado por Colombia mediante la Ley 164 de 1993 y declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-073 de 1995, referentes
a hacer frente y reforzar la respuesta mundial a los efectos adversos del
cambio climático.
Indicó que en las consideraciones del Acuerdo se
reconoce la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza
apremiante del cambio climático, sobre la base de los mejores conocimientos
científicos disponibles. De igual manera, se otorga importancia a las
necesidades específicas y las circunstancias particulares de los países parte
que están en vía de desarrollo, y que deben respetar, promover y tener en
cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el
derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades
locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas
en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.
Refirió que el preámbulo del Acuerdo contiene 16
incisos que abordan los considerandos que justifican la celebración, fijan los
objetivos y abordan temas importantes para la interpretación del Acuerdo, en
los cuales se hace énfasis en la necesidad de las partes de respetar
situaciones de vulnerabilidad y discapacidad de ciertos grupos poblacionales,
la igualdad de género y la equidad intergeneracional, todo lo cual
evidentemente se encuentra conforme a la Constitución Político.
En el mismo sentido, realizó un
recuento del contenido normativo del Acuerdo y sostuvo que en su integralidad
se encuentra ajustado a las disposiciones de la Carta Política. Así, consideró
que se desarrolla el artículo 80 superior sobre el desarrollo sostenible, el
artículo 9º en relación con el respeto de la autodeterminación de los pueblos
como fundamento de las relaciones exteriores del Estado, los artículos 79 y 80
en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales y los
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional contenidos en el
artículo 226 constitucional.
Por último solicitó a la Corte, en virtud de lo
establecido en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, dar prelación al trámite y
fallo del presente asunto, teniendo en cuenta que la decisión sobre la Ley
aprobatoria del Acuerdo de París resulta de especial trascendencia social por
tratarse de una ley que permite la entrada en vigencia de un instrumento
internacional para la protección mundial del medio ambiente.
V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. COMPETENCIA
De acuerdo a lo establecido en el
numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben.
La Ley 1844 de 2017, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo de París” adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París,
Francia, es aprobatoria de un tratado público, por lo que tanto desde el punto
de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su
estudio de constitucionalidad.
Según
lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta Corporación,[4]
el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus
leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
“(i) previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y
a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.”
La
revisión del aspecto formal del tratado internacional y de su ley aprobatoria
se dirige a examinar dos aspectos: i) la validez de la representación del
Estado Colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del Acuerdo
internacional; y ii) el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la
formación de la ley aprobatoria.
Por
su parte, en cuanto al examen de fondo, éste consiste en confrontar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y su ley
aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional, para de esta manera determinar
si se ajustan o no al ordenamiento superior.
Hechas
las anteriores precisiones, pasa la Corte a examinar la constitucionalidad del
tratado internacional objeto de estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su
aspecto formal como material.
2. ANÁLISIS FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN
DEL ACUERDO
2.1. Suscripción del Acuerdo
Según lo ha manifestado esta
Corporación,[5] el control formal de
constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias
incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano
para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el
instrumento internacional respectivo.
La anterior verificación ha sido
realizada por la Corte de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10º de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969,
incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que
hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por
Colombia.
De esta manera, el artículo 7º de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, señala lo siguiente:
“1. Para la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a
un Estado:
a)
Si presenta los adecuados plenos poderes, o
b)
Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras
circunstancias, que la intención de esos Estados han sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la
presentación de plenos poderes.
2.
En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado:
a)
Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de
un tratado;
b)
Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre
el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c)
Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para
la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u
órgano.” (Subrayado
fuera de texto original).
En el presente caso, el “Acuerdo de París”,
adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia, fue suscrito el 22 de
abril de 2016 por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, por lo que en virtud de lo establecido en el literal a), numeral 2
del artículo 7 precitado, no fue necesaria la expedición de Plenos Poderes.
Todo lo anterior, según constancia
enviada a esta Corporación, con los respectivos anexos, el 16 de agosto de 2017,
por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería de
Colombia.[6]
Adicionalmente, se adjuntó a la Corte
copia autentica de la Aprobación Ejecutiva del 19 de julio 2016, por
medio de la cual el señor presidente de la República Juan Manuel Santos
Calderón autorizó someter a consideración del Congreso de la República el “Acuerdo
de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia,[7] acto que contó con la firma de la
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuellar.
De tales precisiones se concluye que la
adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma,
respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues quien lo hizo fue
el Jefe de Estado, por lo que no necesitaba estar investido de plenos poderes.
2.2. Asunto previo: necesidad y realización de
consulta previa como expresión del derecho fundamental a la participación de
los grupos étnicos
La
Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce y garantiza la pluralidad de
etnias y su derecho fundamental a la libre determinación. De esta manera, el
artículo 1º Superior define al Estado Colombiano como democrático,
participativo, y pluralista. Por su parte, el artículo 7º señala
que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.
A
su vez, el artículo 8º Constitucional indica que es obligación del Estado y de
todas las personas proteger las riquezas culturales de la Nación, mientras el
artículo 10º establece que pese a que el castellano es el idioma oficial del
país, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en
sus territorios.
A
su turno, el artículo 70 de la Carta Política señala que la cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y el artículo 72
llama la atención sobre la obligación del Estado de proteger el patrimonio
cultural.
Con
fundamento en estas disposiciones, entre otras, este Tribunal ha
considerado que el pluralismo étnico debe ser objeto de especial protección y
reconocimiento constitucional, toda vez que en Colombia existe una diversidad
de identidades étnicas y culturales que deben ser tratadas con el mismo respeto
que la colectividad mayoritaria, con los mismos derechos de reproducirse y
perpetuarse en el territorio nacional durante el paso del tiempo.[8]
2.2.1. El derecho fundamental a la
consulta previa de las leyes aprobatorias de tratados internacionales.
Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional se ha
pronunciado en diferentes ocasiones sobre el ejercicio del derecho a la
consulta previa de leyes aprobatorias de tratados internacionales ratificados
por el Estado Colombiano.
De esta manera, en reciente
pronunciamiento sobre la revisión de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, mediante la Sentencia C-214 de 2017,[9]
esta Corporación realizó un recuento sobre la jurisprudencia constitucional al
respecto, en estos términos:
Señaló que la Sentencia C-750 de
2008,[10] que examinó la constitucionalidad de
la Ley Aprobatoria del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus
´entendimientos´”, señaló que toda medida legislativa o administrativa
que afectara de forma directa a una población étnica, debe someterse a la
consulta previa, como consecuencia del derecho que le asiste a dicha comunidad
a decidir sobre sus prioridades en su desarrollo y preservación cultural. En
esa oportunidad, la Corte consideró que, prima facie, el
acuerdo no afectaba de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y
por consiguiente no era necesario adelantar el proceso de consulta previa. No
obstante, indicó que si las medidas de orden legislativo y administrativo que
se expidieran en desarrollo del tratado afectaban de forma directa a alguna
comunidad étnica, debía realizase dicho procedimiento.
Posteriormente, en la Sentencia C-027 de
2011,[11] en la revisión de
constitucionalidad del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la
República de Colombia”, aprobado por la Ley 1254 de 2008, la Corte
indicó que el Tratado sólo establece obligaciones generales en materia de
Cooperación entre Colombia y Guatemala y no hace referencia a algún área
específica para el desarrollo de estas actividades.
Por consiguiente, esta Corporación
concluyó que el Convenio no afecta de forma directa a ninguna comunidad étnica
en el Estado Colombiano y en consecuencia no era necesario someterlo al proceso
de consulta previa. No obstante, indicó que si en desarrollo del Acuerdo se
realiza alguna actividad de investigación científica o de exploración de recursos
naturales en áreas de influencia directa a alguna comunidad, se debe realizar
la consulta.
En otra oportunidad, en la Sentencia
C-1051 de 2012,[12] en el análisis de
exequibilidad del “Convenio Internacional para la Protección de
Obtenciones Vegetales” aprobado por la Ley 1518 de 2012, este Tribunal declaró la inexequibilidad del Convenio, por
considerar que era necesario realizar el proceso de consulta previa en el
trámite de su aprobación interna. En particular, la Corte indicó que, a pesar
de que el Acuerdo no hacía referencia a alguna comunidad específica, sí
regulaba las formas de producción y conservación de vegetales, lo que
evidentemente afectaba a todas las comunidades étnicas del territorio nacional,
en especial sus tradiciones y costumbres, debido a que sus formas de producción
podían incumplir los estándares impuestos por el Convenio.
Asimismo, esta Corporación afirmó que la
filosofía que inspiraba el derecho de obtentor que regulaba el Tratado, iba en
contra de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, toda vez
que ellas no buscan la explotación  comercial de los conocimientos
ancestrales, sino que se aprovechan de su uso comunitario.
Finalmente en la Sentencia C-217 de
2015,[13] al examinar la constitucionalidad
del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República Federativa del Brasil sobre permiso de residencia, estudio y
trabajo para los nacionales fronterizos brasileños y colombianos entre las
localidades fronterizas vinculadas, suscrito en Brasilia el 1º de septiembre de
2010” aprobado por la Ley 1664 de 2013, esta Corporación indicó que el objetivo del Acuerdo es
flexibilizar las reglas migratorias entre los dos Estados, especialmente en las
zonas fronterizas, por lo que no se evidenciaba ninguna afectación directa a
las comunidades indígenas. En particular, la Corte enfatizó en el hecho de que
en el Acuerdo no existe ninguna disposición que regule de manera favorable o
desfavorable el tránsito fronterizo de los miembros de las comunidades étnicas
y que las medidas están dirigidas a todos los nacionales colombianos y
brasileros, por lo que no se evidencia ninguna limitación o beneficio especial
por el hecho de pertenecer a una comunidad en particular.
Con fundamento en lo anterior, la Sala
concluyó que en ese caso no era necesario realizar la consulta previa, pero que
si en el desarrollo de Tratado se profieren leyes o actos administrativos que
afecten de forma directa a las comunidades indígenas, se debe realizar la
consulta.
Por su parte, en materia de tratados que
versan sobre el medio ambiente, la Corte Constitucional, a manera de ejemplo,
en la Sentencia C-915 de 2010,[14] al revisar la ley
aprobatoria del acuerdo internacional “sobre medio ambiente entre Canadá y
la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú) el veintiuno (21) de noviembre de
2008 y el Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de
febrero de 2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales
del Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”, señaló
que la obligación de realizar la consulta previa a las comunidades
indígenas se extiende más allá de los casos prescritos por los artículos 329 y
330 de la Constitución Política, por lo que esta obligación se hace efectiva
cuando se trate de implementar cualquier medida que sea susceptible de afectar
directamente a estas comunidades. En esta oportunidad, la Corte concluyó que la
consulta previa no era necesaria en este porque el acuerdo no estaba dirigido especialmente
a las comunidades indígenas, y su objeto tampoco se situaba mayormente sobre un
territorio indígena, en la medida en que el medio ambiente de que trata el
acuerdo internacional es sobre todo el territorio colombiano, especialmente con
fines económicos para futuros acuerdos comerciales entre los dos países, por lo
que en definitiva, no era un requisito adelantar la consulta previa.
De conformidad con la línea expuesta,
recogida en la Sentencia C-214 de 2017 que se acaba de resumir, la Sala reitera
las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio del derecho a la consulta
previa frente a tratados internacionales, que establecen que (i) las leyes
aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto
afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas
legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que
involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de
consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de
la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el
instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación
de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las
medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una
comunidad étnica.
Finalmente, es necesario resaltar que para la Corte Constitucional
el ejercicio de participación ejecutado a través de la consulta previa
constituye una garantía de orden procedimental encaminada a respetar los
derechos a la subsistencia y la integridad cultural de los grupos étnicos, y en
sí misma se erige en un procedimiento, y su omisión se proyecta sobre el
contenido material de las medidas que a través del procedimiento se lleguen a
adoptar, que si bien tiene implicaciones de naturaleza sustantiva sobre las
disposiciones legales que a través de él se aprueben, no lo convierte en un
asunto de índole sustancial exclusivamente. En este sentido, esta Corporación ha
establecido la omisión del deber de consultar a las comunidades étnicas
concernidas con la adopción de medidas legislativas se erige en un vicio de
trámite con repercusiones sustanciales.[15]
2.2.2. Análisis
sobre la obligatoriedad de la consulta previa en el asunto de la referencia
Una revisión del texto del Acuerdo permite concluir que las
normas prescritas en él se han previsto de manera uniforme para la generalidad
de los colombianos, sin que su objeto sea expedir una regulación específica
referida a las comunidades étnicas. Como se explicará más adelante, el objeto
del Acuerdo de París es establecer un plan de acción mundial que pone el límite
del aumento del calentamiento
global por debajo de 2 ºC, con respecto a los niveles preindustriales. En
desarrollo de este objetivo, la lucha contra el cambio climático, el
Acuerdo invita
a las partes a intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir
las emisiones de gases de efecto de invernadero, aumentar la
resistencia y
reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático,
además de mantener
e impulsar la cooperación regional e internacional, sin que exista una decisión expresa de adoptar una
medida legislativa o de otro orden que afecte directamente a las comunidades
étnicas.
Estima la Sala que el Acuerdo de París no constituye
ni contiene medidas legislativas o administrativas que afecten de forma directa a
las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia,
su consulta previa no se tornaba obligatoria. Se considera que la afectación
que se puede derivar del tratado internacional bajo revisión frente a estos
grupos étnicos no es distinta de la que se produce para los demás colombianos,
la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los
tratados internacionales lo que excluye la presencia de una afectación directa.
Encuentra  la Corte que en el texto del tratado están incluidas
dos disposiciones que mencionan expresamente a las comunidades étnicas. Pero estima
que en ninguna de ellas se adopta en realidad medida alguna directa
que las afecte. Así, el preámbulo del Acuerdo reconoce que “el cambio
climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para
hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus
respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la
salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los
migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en
situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”. Por
su parte, el artículo 7, numeral 5 señala que las medidas de adaptación que se
produzcan deberán realizarse a través de un proceso “participativo y del
todo transparente, tomando en consideración a los grupos, comunidades y
ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería basarse e inspirarse en la
mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los
conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los
sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las
políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el
caso”.
Tal como se observa, ninguna de estas disposiciones les impone
restricciones ni gravámenes ni se les concede beneficios distintos a los de la
población en general por lo que su consulta previa no era obligatoria. Por el
contrario, la intención del Acuerdo es reforzar la protección de estas comunidades
y respetar la diversidad, instando a los gobiernos a siempre tener en cuenta en
la adopción de las diferentes medidas no solo a las comunidades étnicas sino
también a los grupos vulnerables o minoritarios.
No obstante lo anterior, estima necesario la Corte advertir
que las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se
expidan en desarrollo y aplicación de la Ley 1844 de 2017, así como las demás
medidas de implementación, deben surtir la consulta previa obligatoria respecto
de las comunidades culturalmente diferenciadas si alguna de ellas es
susceptible de afectarles de manera específica y directa, respetando, en todo
caso, los principios de buena fe y de participación activa y efectiva a tales comunidades.
Al respecto, en necesario recordar que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado un conjunto de estándares que permiten evaluar
al operador jurídico si una medida, norma o proyecto afecta directamente a los
pueblos indígenas: (i) la afectación directa hace alusión a la
intervención que una medida (política, plan o proyecto) determinada presenta
sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (ii) el
hecho de que la medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y
(iii) la imposición de cargas o atribución de beneficios a una comunidad, de
tal manera que modifique su situación o posición jurídica; (iv) la
interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo
involucrado; y (v) se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con
especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente
diferenciados.[16]
El concepto de afectación directa es un elemento
esencial del derecho fundamental a la consulta previa, tal como fue previsto en
el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT. Se refiere a la identificación de medidas
que impacten a los pueblos indígenas desde un punto de vista cultural; del
respeto por las diferencias, la eliminación de la discriminación y el fomento
por la autonomía y auto determinación de los pueblos. Por ello, su adecuada
aplicación exige un acercamiento a la cultura diversa concernida y,
especialmente, una disposición a la construcción de un diálogo inter cultural,
esto es, en condiciones de igualdad y respetuoso de las diferencias, incluso
las radicales.
De esta manera, la Corte ha establecido que la afectación directa
no sólo se deriva de incidir negativamente, sino que, en el escenario normativo
de la consulta previa, se refiere, en general, a cualquier tipo de incidencia, “básicamente
porque si el impacto es positivo o negativo es algo que sólo puede definirse en
el marco del proceso consultivo”.[17] El adjetivo ‘directa’, a su turno,
sirve especialmente para distinguir el ámbito de aplicación de la consulta, de
aquellas medidas que afectan por igual a toda la población. Directa implica,
primero, el hecho de ser susceptible de tocar el modo de vida
indígena (o de las demás comunidades étnicas) y, de otra, la necesidad de una
revisión sobre la posible incidencia diferencial.
Así las cosas, la afectación directa es un concepto que se define
en torno a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, o a la
identificación de medidas que impactan su modo de vida, bien sea de forma
exclusiva, bien de forma diferencial al resto de la población.
2.3. Trámite de aprobación del proyecto de ley en el
Congreso de la República
La
Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de
los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por
lo que a éstas les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias,
contemplado en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta Política. Sin
embargo, este trámite tiene dos particularidades, a saber: (i) por tratarse de
asuntos relativos a relaciones internacionales, en virtud de lo previsto en el
artículo 154 Superior,[18]
el debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una vez ha sido
sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional
dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de
constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241
Superior.[19]
De conformidad
con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró establecer
que el Proyecto de Ley radicado bajo los números 139 de 2016 Senado y
281 de 2017 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la
República:
2.3.1. Trámite
en el Senado de la República.
El Proyecto de Ley 139 fue radicado en el Senado de
la República por el Gobierno Nacional, el 7 de septiembre de 2016, a
través de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público,
de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y
Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio,
y de Transporte.
El
texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado,
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 716 del 7 de septiembre de
2016,[20]
cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase
de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y  la
publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva
(numeral 1° del artículo 157 de la Carta Política)[21].
Advertida
la publicación oficial del proyecto de ley se tiene por cumplido el requisito
formal de publicidad previsto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.[22]
2.3.1.1.
Publicación de la ponencia para primer debate:
La ponencia para primer debate fue
repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en
forma favorable por el Senador designado Jaime Enrique Durán Barrera. La
ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 753 del 14 de septiembre
de 2016,[23]
en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.[24]
2.3.1.2. Anuncio y
aprobación en primer debate:
El
Proyecto de Ley 139 de 2016 Senado, fue anunciado para primer debate en el
Senado de la República el 14 de septiembre de 2016, tal como consta en
el Acta No. 05 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
986 del 10 de noviembre de 2016,[25]
en los siguientes términos:
“(…)
señor Secretario sírvase anunciar proyectos para la próxima sesión.
El
señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González, señor Presidente,
honorables Senadores.
Control
de anuncio para discusión y votación de proyectos de ley
Por
instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de
la Comisión Segunda del Senado (artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de
2003).
1.
Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado, por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en
París, Francia.
(…)
Si
ningún Senador quiere intervenir y como tenemos anunciados los proyectos de ley
para mañana, levantamos la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 de la
mañana, muchas gracias. La sesión finaliza a las 10:30 a.m.”
El proyecto fue
discutido y aprobado en la sesión del día 15 de septiembre de 2016,
según consta en el Acta No. 06 de esta fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 986 del 10 de noviembre de 2016,[26]
conforme al siguiente texto:
“Siendo
las 8:30 a. m. del día jueves quince (15) de septiembre del año dos mil
dieciséis (2016), previa convocatoria hecha por el señor Secretario de la
Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González se reunieron los
honorables Senadores para sesionar en la Comisión.
(…)
Discusión
y votación de proyectos de ley anunciados en sesión anterior
1. Proyecto
de ley número 139 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio, Industria y Turismo, Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial, Transporte y Hacienda.
Ponente:
honorable Senador Jaime Durán Barrera.
Publicaciones
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 716 de
2016.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 753 de 2016.
(…)
El Presidente, Senador Jimmy Chamorro
Cruz, informa, señor Secretario sírvase dar lectura al informe con que termina
la ponencia y abrimos la discusión para los Senadores que quieran intervenir.
El Secretario de la Comisión,
doctor Diego Alejandro González González, informa:
Señor Presidente, honorable Senadores,
la proposición final dice así:
Proposición
final
Aprobar en primer debate ante la
honorable Comisión Segunda del Senado de la República el Proyecto de
ley número 139 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
Jaime Enrique Durán
Barrera, Senador Ponente:
Está leída la proposición, con que
termina el informe de ponencia señor Presidente.
(…)
El
Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, somete a consideración de los
Senadores de la Comisión la proposición con la cual termina el
informe de ponencia. Lo aprueba la Comisión. Vamos a hacer la
votación de manera nominal, puesto que estamos hablando acerca de un Tratado,
para evitar eventuales problemas ante la Corte Constitucional. Señor
Secretario sírvase llamar a lista.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el llamado a lista para la votación nominal de la proposición final
con que termina el informe de Ponencia:
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón
Neira León
Rigoberto
Vota Sí.
Cepeda
Castro
Iván
Vota Sí.
Chamorro
Cruz William Jimmy         Vota Sí.
Durán
Barrera Jaime
Enrique           Vota
Sí.
Galán
Pachón Carlos Fernando        Vota Sí.
Holguín
Moreno Paola Andrea          Vota
Sí.
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Name
Cardozo José David
Name
Vásquez Iván
Leonidas             Vota Sí
Osorio
Salgado Nidia
Marcela           Vota Sí.
Vega
de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco
Chaves Luis Fernando          Vota Sí.
Le
informo al Presidente, han votado diez (10) honorables Senadores por el Sí, en
consecuencia ha sido aprobada la proposición final con que termina el Informe
de Ponencia.
El
Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, solicita al Secretario proceder con el
articulado del proyecto; el Senador Iván Name ha solicitado la omisión de la
lectura del articulado. Aprueban los Senadores la omisión de lectura del
articulado.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el llamado a lista para la votación de la omisión de la lectura del
articulado y el articulado del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado:
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón
Neira León
Rigoberto
Vota Sí.
Cepeda
Castro
Iván.
Vota Sí.
Chamorro
Cruz William Jimmy         Vota Sí.
Durán
Barrera Jaime
Enrique           Vota
Sí.
Galán
Pachón Carlos Fernando        Vota Sí.
Holguín
Moreno Paola Andrea          Vota
Sí.
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Name
Cardozo José David
Name
Vásquez Iván Leonidas
Vota Sí.
Osorio
Salgado Nidia
Marcela          Vota Sí.
Vega
de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco
Chaves Luis Fernando         Vota Sí.
Le
informo al Presidente, han votado diez (10) honorables Senadores por el Sí, en
consecuencia ha sido aprobada la proposición de omisión de lectura del
articulado y el articulado del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado.
El
Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, solicita al Secretario sírvase dar
lectura al título del proyecto.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el título del proyecto:
Proyecto
de ley número 139 de 2016 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en
París, Francia.
Está
leído el título señor Presidente.
El
Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, somete a consideración de Senadores
de la Comisión el título del Proyecto de ley número
139, y si la Comisión quiere que este proyecto de ley tenga
segundo debate en la Plenaria del Senado.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el llamado a lista de los honorables Senadores, para la votación y
aprobación del título del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón
Neira León
Rigoberto             Vota
Sí.
Cepeda
Castro
Iván.
Vota Sí.
Chamorro
Cruz William Jimmy         Vota Sí.
Durán
Barrera Jaime
Enrique           Vota
Sí.
Galán
Pachón Carlos Fernando        Vota Sí.
Holguín
Moreno Paola Andrea          Vota
Sí.
Lizcano
Arango Oscar Mauricio
Name
Cardozo José
David
Name
Vásquez Iván
Leonidas             Vota Sí
Osorio
Salgado Nidia
Marcela          Vota Sí.
Vega
de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco
Chaves Luis Fernando          Vota Sí.
Le
informo al Presidente, han votado diez (10) honorables Senadores por el Sí, en
consecuencia ha sido aprobada el título del Proyecto de ley número 139 de 2016
Senado y el querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga Segundo
Debate.
El
Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, nombra como Ponente para el Segundo
Debate al Senador Jaime Enrique Durán Barrera; continúe con el siguiente punto
del Orden del Día.”
El
Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República, mediante certificación del 15 de agosto de 2017,[27]
señaló que la
proposición final, la omisión de la lectura del articulado, discusión y
votación del articulado propuesto, el título del proyecto y el querer de que
éste tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República, fueron
aprobados conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y
pública, sin que se registraran votos en contra.
2.3.1.3. Ponencia para segundo debate
La ponencia
positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue presentada
por el Senador Jaime Enrique Durán Barrera y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 1077 del 1º de diciembre de 2016.[28]
2.3.1.4. Anuncio y aprobación del proyecto en
segundo debate
El proyecto de
ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República el 16 de
mayo de 2017, como consta en el Acta No. 74 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 607 del 28 de julio de 2017.[29]
El anuncio se realizó así:
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí, señor Presidente. Anuncios de proyectos de ley de actos
legislativos para ser considerados y eventualmente votados en la sesión
plenaria siguiente a la del martes 16 de mayo de 2017 por el Senado de la
República de Colombia.
(…)
Proyecto
de ley número 139 de 2016 Senado, por la cual se
aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París,
Francia.
(…)
Siendo
las 10:00 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el
miércoles 17 de mayo de 2017, a las 3:00 p. m.”
De acuerdo con
la certificación expedida por el Secretario General del Senado,[30] el
proyecto fue aprobado a través del sistema de votación nominal, con un total de
62 votos por el SI, tal y como consta en el Acta No. 75 del 17 de mayo de
2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 691 del 15 de agosto de
2017.[31]
El siguiente es
el texto de la aprobación:
“La Presidencia
indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina la
Ponencia.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina la Ponencia
del proyecto.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con
que termina el Informe de Ponencias del Proyecto de ley número139 de 2016
Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la Secretaría abrir
el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por
el Sí: 56
Total:
56 Votos
Votación
nominal a la proposición positiva con que termina la ponencia del Proyecto de
ley número 139 de 2016 Senado por la cual se aprueba el Acuerdo de París,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
(…)
En
consecuencia ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el
Informe de Ponencias del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado.
Se
abre Segundo Debate:
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del
articulado y, cierra su discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del
proyecto y,
cerrada
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 139 de 2016
Senado, por la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de
diciembre de 2015, en París, Francia.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria y, cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado haga
su tránsito en la Cámara de Representantes?
La
Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado, bloque
del articulado, título y que haga tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley
número 139 de 2016 Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico
para procede en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
el Sí: 62
Total:
62 Votos
Votación
nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado con
las modificaciones propuestas, título del proyecto de ley número 139 de 2016
Senado por
la cual se aprueba el “Acuerdo de París” adoptado el 12 de diciembre de 2015,
en París, Francia.
(…)
En
consecuencia ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, bloque
del articulado, título y que haga tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley
número 139 de 2016 Senado.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”.
2.3.1.5.
Publicación del texto aprobado
El
texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 401 del 26 de mayo de 2017.[32]
2.3.2. Trámite
en la Cámara de Representantes
2.3.2.1. Ponencia para primer debate:
Radicado
el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el
número 281 de 2017, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la
Cámara de Representantes, y se designó como ponentes a los Representantes José Luis Pérez
Oyuela, Tatiana Cabello Flórez y Federico Eduardo Hoyos Salazar.
La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del
Congreso  No. 439 del 6 de junio de 2017.[33]
2.3.2.2. Anuncio y aprobación en primer debate:
De
conformidad con el texto del Acta No. 33 del 6 de junio de 2017, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 661 del 8 de agosto de 2017,[34]
el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los
siguientes términos:
“Sírvase, señor Secretario, darles lectura a los anuncios.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda,
doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidente.
Anuncios de proyectos de ley para la próxima Sesión de Comisión no
se sometan a discusión y votación los proyectos.
Dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01
de 2003,
Proyecto de ley número 182 de 2016 Cámara.
Proyecto de ley número 170 de 2016 Cámara.
Proyecto de ley número 281 de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado.
Proyecto de ley número 269 de 2017 Cámara.
Proyecto de ley número 209 de 2016 Cámara.
Han sido anunciados los proyectos de ley, señor Presidente.”
En
efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el
proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 7 de junio de
2017, según consta en el Acta No. 34 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 662 del 8 de agosto de 2017,[35]
conforme
al siguiente texto:
“Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Presidente,
tercer punto, discusión y votación de proyectos de ley en primer debate, Proyecto
de ley número 281 de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en
París, Francia.
(…)
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Gracias
Representante Urrego, señor Secretario favor leer la proposición con la que
termina el informe de ponencia.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Proposición
Por
las consideraciones expuestas solicito a los honorables Representantes que
integran la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de
Representantes, dar primer debate al Proyecto de ley número 281 de 2017
Cámara, número 139 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia,
acogiendo el texto propuesto, firma el informe de ponencia, el doctor José Luis
Pérez Oyuela, Tatiana Cabello Flórez, Federico Eduardo Hoyos Salazar;
Presidenta ha sido leído el informe de ponencia puede someterlo a
consideración.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
En
consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio
que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, por favor señor Secretario llame
a lista votación nominal.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Sí
señora Presidenta, votación para aprobar o no, el informe de ponencia del proyecto
de ley en discusión, votando SÍ se aprueba el informe de ponencia, votando NO
se niega.
Honorables
Representantes
Votación
Agudelo
García Ana Paola
Excusa
Barreto
Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello
Flórez Tatiana
Sí
Deluque
Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán
Carrillo Antenor
Sí
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano
Rebolledo Aída
-----
Mesa
Betancur José Ignacio
-----
Mizger
Pacheco José Carlos
Sí
Pérez
Oyuela José Luis
Sí
Rincón
Vergara Nevardo Eneiro
Sí
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
Sí
Torres
Monsalvo Efraín Antonio
-----
Triana
Vargas María Eugenia
Sí
Uribe
Muñoz Alirio
Sí
Urrego
Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes
Martínez Jaime Armando
-----
Señora
Presidenta han votado trece (13) honorables Representantes, los trece (13) han
votado por el Sí, en consecuencia, ha sido aprobado el informe de ponencia
Presidenta.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Señor
secretario articulado del proyecto.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Me
permito dar lectura al articulado Presidenta.
Artículo
1°: Apruébese el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en
París, Francia.
Artículo
2°: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de
1944 el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París,
Francia, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3°: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
En
consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse la
discusión, queda cerrada, por favor señor Secretario llame a lista votación
nominal.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Votando
SÍ, se aprueba el articulado leído, votando NO, se niega.
Honorables
Representantes
Votación
Agudelo
García Ana Paola
Excusa
Barreto
Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello
Flórez Tatiana
Sí
Deluque
Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán
Carrillo Antenor
Sí
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano
Rebolledo Aída
-----
Mesa
Betancur José Ignacio
-----
Mizger
Pacheco José Carlos
Sí
Pérez
Oyuela José Luis
Sí
Rincón
Vergara Nevardo Eneiro
Sí
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
Sí
Torres
Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana
Vargas María Eugenia
Sí
Uribe
Muñoz Alirio
Sí
Urrego
Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes
Martínez Jaime Armando
-----
Señora
Presidenta han votado catorce (14) honorables Representantes, los catorce (14)
han votado por el Sí, en consecuencia, ha sido aprobado el articulado.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Señor
Secretario favor leer el título del proyecto.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Título. Por
medio de la cual se Aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de
diciembre de 2015 en París, Francia.
Ha
sido leído el título lo puede someter a consideración el título y la pregunta
si esta Comisión quiere que este proyecto de ley surta segundo debate y se
convierta en ley de la República.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Aprueba la
Comisión el título del proyecto y la pregunta si quiere la
Comisión que este proyecto de ley pase al siguiente debate y sea ley
de la República, señor Secretario llame a lista, votación nominal por
favor.
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Sí
señora Presidenta, votando SÍ se aprueba el título y la pregunta del proyecto
en discusión, votando NO se niega.
Honorables
Representantes
Votación
Agudelo
García Ana Paola
Excusa
Barreto
Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello
Flórez Tatiana
Sí
Deluque
Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán
Carrillo Antenor
Sí
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano
Rebolledo Aída
-----
Mesa
Betancur José Ignacio
-----
Mizger
Pacheco José Carlos
Sí
Pérez
Oyue la José Luis
Sí
Rincón
Vergara Nevardo Eneiro
-----
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
Sí
Torres
Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana
Vargas María Eugenia
Sí
Uribe
Muñoz Alirio
Sí
Urrego
Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes
Martínez Jaime Armando
-----
Señora
Presidenta han votado trece (13) honorables Representantes, los trece (13) han
votado por el Sí, en consecuencia, ha sido aprobado el título y la pregunta del
proyecto en comento, Presidenta.
Hace
uso de la palabra la Presidenta (e) de la Comisión
Segunda honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Se
designa ponente para el próximo debate a los Representantes José Luis Pérez,
Federico Hoyos, Tatiana Cabello; continúe por favor señor Secretario con el
Orden del Día.”
De
acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes del 24 de agosto de 2017,[36]
la aprobación del informe de ponencia, el articulado, el título del proyecto y
el deseo de que el proyecto pase a segundo de debate y sea ley de la República
se dio por votación nominal y pública.
2.3.2.3. Ponencia para la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
La
ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 465 del 9 de junio de 2017,[37]
con ponencia favorable de los Representantes a la Cámara José Luis Pérez
Oyuela, Tatiana Cabello Flórez y Federico Eduardo Hoyos Salazar.
2.3.2.4. Anuncio y
aprobación de la Plenaria:
El
anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de
2003 se hizo en la sesión del 15 de junio de 2017, según consta en el Acta
de Plenaria No. 226 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta
del Congreso No. 685 del 10 de agosto de 2017.[38]
La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Intervención
del Presidente, Miguel Ángel Pinto Hernández:
Señor
Secretario por favor, señor Secretario por favor suspenda la votación y anuncie
proyectos para mañana 8 en punto de la mañana.
Intervención
del Secretario, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
suspende la votación y se anuncian los siguientes proyectos para mañana 16 de
junio o cuando se tramiten proyectos de ley y actos legislativos, se anuncia
entonces lo siguiente:
(…)
Proyecto
de ley número 281 de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado.
(…)
Intervención
del Jefe de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Señor
Presidente han sido anunciados los proyectos de ley para la siguiente sesión
donde se discutan y voten proyectos de ley o acto legislativo.
(…)
Intervención
del Presidente Jaime Armando Yepes Martínez:
Señor
Secretario se levanta la sesión y se convoca para mañana 16 de junio a las 8 de
la mañana.
Intervención
del Secretario, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
levanta la sesión siendo las 4:57 p. m., y se ha citado para mañana 16 de junio
de 2017, a partir de las 8 de la mañana, muy buenas tardes a todos.”
En
efecto, tal como consta en el Acta de Plenaria No. 227 de la sesión del 16
de junio de 2017, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el
proyecto de la ley a través de votación nominal y pública, como consta en la Gaceta
del Congreso No. 715 del 22 de agosto de 2017,[39]
según lo ratifica la certificación expedida por el Secretario
General de la Cámara de Representantes del 24 de agosto de 2017.[40]
La
aprobación se realizó de la siguiente manera:[41]
“Proyecto
de ley número 281 de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de
2015, en París, Francia.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; Ministro
de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y otras
firmas, Ponentes José Luis Pérez Oyuela, Tatiana Cabello, Federico Hoyos
Salazar, se publicó este proyecto en la Gaceta del Congreso número 716 de
2016, para primer debate en la Gaceta del Congreso número
439 de 2017, para segundo debate en la Gaceta del Congreso número
465 de 2017 y se aprobó en la Comisión Segunda el
13 de diciembre de 2016 y se anunció para este debate junio 15 de
2017.
Jefe
Sección de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
La
proposición con que termina el informe dice así, señor Presidente, por las
consideraciones expuestas solicito a los honorables Representantes dar segundo
debate al Proyecto de ley número 281 de 2017 Cámara, 139 de 2016
Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de París adoptado
el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia, acogiendo el texto
propuesto.
Firman,
José Luis Pérez Oyuela, Tatiana Cabello Flórez, Federico Hoyos Salazar,
está leído el informe de ponencia.
Jefe
Sección de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Muy
bien, en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia,
está cerrada su discusión, señor Secretario, abra el registro para votar.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
abre el registro para votar la ponencia de este proyecto, señores de cabina,
habilitar el sistema, señores Representantes, pueden votar.
(…)
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro, la votación final es la siguiente:
Por
el Sí 89 votos electrónicos y 9 electrónicos, manuales para un total por el Sí
de 97 votos,
Perdón,
doctor, por el Sí 89 votos electrónicos y nueve manuales para un total por el
Sí de 98 votos.
Por
el No, cero votos electrónicos, cero manuales.
Ha
sido aprobado el informe de ponencia.
(…)
Dirección
de la Presidencia, Miguel Ángel Pinto Hernández:
Articulado,
señor Secretario.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Consta
de tres artículos, sin ninguna proposición.
Dirección
de la Presidencia, Miguel Ángel Pinto Hernández:
En
consideración el articulado tal y como viene en el informe de ponencia, está en
discusión, anuncio que va, iba a cerrarse, Representante Alirio Uribe, tiene el
uso de la palabra.
(…)
Dirección
de la Presidencia, Miguel Ángel Pinto Hernández:
Cierre
el registro, anuncie el resultado.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro de la votación final es la siguiente:
Por
el Sí 90 votos electrónicos y 4 votos manuales para un total por el SÍ de
94 votos.
Por
el No cero votos electrónicos, cero votos manuales.
Señor
Presidente, ha sido aprobado el articulado.
(…)
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título: por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de
2015, en París, Francia, y la pregunta quiere la Plenaria que este
proyecto sea ley de la República.
Dirección
de la Presidencia, Miguel Ángel Pinto Hernández:
En
consideración el título y la pregunta, está en discusión anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada, señor Secretario abra el registro para votar el título
y la pregunta.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
abre el registro para votar el título y la pregunta de este Acuerdo de París,
señores de cabina habilitar el sistema, señores Representantes pueden votar.
(…)
Dirección
de la Presidencia, Miguel Ángel Pinto Hernández:
Bueno
muy bien, señor Secretario ordene cerrar el registro y anuncie el resultado.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro la votación final es la siguiente:
Por
el Sí 88 votos electrónicos y 4 manuales para un total por el Sí de 92 votos.
Por
el No cero votos electrónicos, cero votos manuales.
Señor
Presidente, ha sido aprobado el Acuerdo de París, el título y la pregunta.”
2.3.2.5
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional
El 14
de julio de 2017, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio
Iragorri Valencia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto
1183 del 11 de julio de 2017,  sancionó la Ley 1844 de 2017,
por medio de la cual se aprueba el instrumento internacional que es objeto de
estudio.[42]
Posteriormente,
el 19 de julio de 2017, fue remitido el texto de la ley por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte
Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días otorgado por el
numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.[43]
2.4.
CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY 1844 de 2017
Luego
del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la constitucionalidad del
trámite de aprobación de la Ley 1844 de 2017.
2.4.1.
Oportunidad en la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República
La
Corte observa que la Aprobación Ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el
Presidente de la República el día 19 de julio de 2016.[44]
Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado
de la República por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores, de
Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y
Energía, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Transporte, se realizó 7 de septiembre
de 2016, según consta en la Gaceta del Congreso No. 716 de esa fecha.[45]
De
esta manera, se dio cumplimiento a los requisitos referentes a la iniciación de
esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154
Constitucional).
2.4.2.
Oportunidad de la publicación del proyecto de ley y cumplimiento de los
requisitos del artículo 157 Superior
El
artículo 157, numeral 1 de la Constitución Política establece que ningún
proyecto será ley sin “[h]aber sido publicado oficialmente por
el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
Sobre el particular,  esta Corte constata el cumplimiento de este requisito,
pues el proyecto de ley fue publicado el 7 de septiembre de 2016[46]
y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 14 de
septiembre de 2016.[47]
Además,
fue aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara,[48]
aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara[49]
y recibió la debida sanción presidencial.[50]
2.4.3.
Cumplimiento del primer inciso del artículo 160 Superior
Entre
el primer y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no
inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 Constitucional: la
aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 15 de septiembre
de 2016,[51]
mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 17 de mayo de 2017;[52]
del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 7 de junio de 2017,[53] y el segundo
debate tuvo lugar el 16 de junio de 2017.[54]
De
otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (17 de mayo de 2017)
y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (6 de junio de
2017) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del
artículo 160 de la Carta Política.
2.4.4.
Cumplimiento del quórum decisorio.
El
proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias
de ambas Cámaras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 Superior.
Tratándose de la
aprobación del proyecto en cada uno de los debates adelantados por las mayorías
exigidas, la Corte constata que en las certificaciones remitidas por el
Congreso de la República y en las actas y gacetas, se acredita el cumplimiento
de este requisito y se deja consignado que la votación fue nominal y pública.
Es necesario
tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 5º del Acto Legislativo No.
01 de 2009, que reformó el artículo 133 de la Constitución, en los cuerpos
colegiados de elección directa, el voto de sus miembros “será nominal y
público, excepto en los casos que determine la ley”, de donde se desprende
que en el trámite legislativo la votación nominal y pública es la regla
general, que ha sido exceptuada mediante la Ley 1431 de 2011, “por la cual
se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la
Constitución Política”.
2.4.5.
Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como
fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003
En
cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8°
del Acto Legislativo 01 de 2003,[55]
que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte
que dicho requisito también se cumplió.
En
efecto, el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.”
Según
lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la
votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de
permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser
discutidos y votados en las sesiones siguientes.[56]
Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir
a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”.[57]
La
exigencia del anuncio previo es entonces de rango constitucional, para afianzar
el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la
publicidad y transparencia del proceso legislativo.
Ahora
bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio
debe cumplir los siguientes requisitos:[58]
“a)
El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
b)
El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una
sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del
proyecto.
c)
La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos,
determinable.
d)
Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la
cual ha sido anunciado”.
En
el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1844 de 2017, esta
Corporación encuentra lo siguiente:
En
el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del
Senado, el 14 de septiembre de 2016 (Acta No. 05, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 986 del 10 de noviembre de 2016), se anunció
el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se
convocó para el día 15 de septiembre de 2016, sesión en la que
efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta No. 06, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 986 del 10 de noviembre de 2016).
Igualmente,
en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el
proyecto se anunció el 16 de mayo de 2017 (Acta No. 74 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 607 del 28 de julio de 2017)
para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día
jueves 17 de mayo de 2017.
En
efecto, el
proyecto se aprobó en la fecha anunciada, es decir, en la sesión del 17 de mayo
de 2017 (Acta No. 75 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 691 del 15 de agosto de 2017).
Por
su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró
que el anuncio para primer debate se realizó el 06 de junio de
2017 (Acta No. 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 661 del 08 de agosto de 2017) para la próxima sesión,
la que se realizó el 07 de junio de 2017, donde se discutió y aprobó el
proyecto (Acta No. 34, publicada en la Gaceta del Congreso No. 662
del 08 de agosto de 2017).
Finalmente,
en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto
de ley se anunció el 15 de junio de 2017 (Acta No. 226 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 685 del 10 de agosto de
2017) para el 16 de junio de 2017, fecha en la que el proyecto fue
aprobado (Acta No. 227 del 16 de junio de 2017, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 715 del 22 de agosto de 2017).
Resalta
la Corte que en ninguna de las etapas de formación de este proyecto se
interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. Así, tanto para
los Congresistas de la correspondiente cámara legislativa, como para los
ciudadanos interesados en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la
votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que
los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad.
2.4.6.
Cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.
El
artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los proyectos de ley
que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren
recibido primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la
siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley podrá
ser considerado en más de dos legislaturas”. (Subrayado fuera de texto)
Observa
la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162
Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue
radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto
debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la República el 07 de
septiembre de 2016, es decir, en la legislatura que empezó el 20 de julio
de 2016 y que terminó el 20 de junio de 2017. Por su parte, el proyecto fue
aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 16 de junio de
2017, es decir, se dio dentro de la misma legislatura.
En
consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista
formal, la Ley 1844 de 2017 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la
Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992.[59]
Concluido
el análisis de forma del procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de
la referencia, procede la Corte a realizar el estudio material del Acuerdo
objeto de revisión.
3. El contenido material de
la Ley 1844 de 2017 y la constitucionalidad del ESTATUTO.
3.1. La concepción de la “Constitución
ecológica” y el derecho al ambiente sano. Reiteración Constitucional.
Desde los inicios de la jurisprudencia
constitucional se ha reconocido que la Constitución de 1991 trajo consigo la
obligación del Estado de asegurar el derecho al ambiente sano. La Corte reconoció
desde el año 1992 que existe una preocupación constante de los Estados de
proteger el ambiente, pues de él depende el ejercicio de los derechos
fundamentales más esenciales de la persona humana:
“Es
evidente que hoy en día, para determinar los grandes principios que deben regir
la vida de las sociedades organizadas y en camino de evolución, ya no puede
ignorarse la necesidad de proteger el medio ambiente y de dar a las personas
los derechos correlativos;  en este sentido se tiene que después  del
año de 1972 en el que se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre medio
ambiente humano, se ha reconocido en vasta extensión el valor que debe
otorgarse a su protección.  Además, en este proceso, y en sus variantes,
el camino recorrido muestra que no sólo se incorporó dicho principio general
como valor constitucional  interno que se proyecta sobre todo el texto de
la Carta, sino que aquel produjo grandes efectos de irradiación sobre las
legislaciones ordinarias de muchos paises.  También, después de aquella
fecha son varias las naciones que lo incorporaron en sus textos
constitucionales, ya como un derecho fundamental, ora como un derecho colectivo
de naturaleza social.  Esta consagración permite, además, al Poder
Ejecutivo, a la Administración Pública y a los jueces colmar lagunas y promover
su expansión ante situaciones crónicas o nuevas; en este mismo sentido, el
crecimiento y las crisis de la economía de gran escala industrial  y la
expansión del conocimiento sobre la naturaleza y la cultura ha favorecido
el incremento de técnicas, medios, vías e instrumentos  gubernativos,
administrativos y judiciales de protección del Derecho al Medio Ambiente
Sano.  En este sentido se observa que la Carta Fundamental de 1991,
también establece como servicio público a cargo del Estado y como específico
deber suyo, la atención al saneamiento ambiental, que debe obedecer a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”[60]
La Corte estableció que la Carta de 1991
respondía a una “Constitución ecológica” pues contiene un conjunto de
disposiciones que reconocen la importancia del ambiente sano e imponen una
serie de obligaciones al Estado. En efecto, el preámbulo de la Constitución,
establece como un fin el de “asegurar a sus integrantes la vida”. De la
misma forma, los siguientes artículos conforman la Constitución ecológica:
“58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por
calamidad ambiental), 67
(educación para la protección del ambiente), 79 (derecho a un ambiente
sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales), 82 (deber
de proteger los recursos culturales y naturales del país), 226 (internacionalización
de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del
ambiente), 317 y 294 (contribución de
valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los
territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del
Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado
sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la
libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los
recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo),
340 (representación
de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de
necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado)”.[61]
Con fundamento en estas disposiciones
constitucionales la jurisprudencia ha señalado que el ambiente sano tiene una
triple dimensión: “es un principio que irradia todo el orden jurídico
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un
derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las
personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de
las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes
calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento
ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad
estatal (arts. 49 y 366 superiores)”.[62]
En el mismo sentido, el derecho al
ambiente sano impone obligaciones especiales al Estado, tales como “1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de
la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4)
fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera”.[63]
Lo anterior implica tomar todas las medidas necesarias y adecuadas, bien sea a
través de la vía legislativa como por medio de políticas públicas, que estén
encaminadas a preservar las riquezas naturales y el entorno ecológico:
“Como
eje transversal de la Constitución, el ambiente compromete al Estado a la
creación de una institucionalidad adecuada para su protección y al desarrollo
de normas legales y políticas públicas que respondan a la aspiración de
preservar la riqueza nacional. En este ámbito, la Corte se pronunció
recientemente acerca de la prohibición de la minería en páramos, por su
invaluable importancia para la preservación de los ciclos del agua, la
mitigación del cambio climático y la absorción de carbono, al tiempo que ordenó
la delimitación de los páramos (C-035 de 2016)”.[64]
La sentencia más reciente que recoge la
línea jurisprudencial sobre la perspectiva ecológica de la Constitución,[65]
reconoce que existen tres concepciones en la jurisprudencia que responden a
diferentes enfoques: (i) el antropocéntrico, (ii) el biocéntrico y (iii) el
ecocéntrista. Bajo esta última concepción, la Corte Constitucional ha
reconocido el valor intrínseco de la naturaleza y la necesidad “imperiosa”
de incentivar una defensa y protección más rigurosa a favor de la naturaleza[66]
y todos sus componentes:
“(…)
para la Corte que el humano es un ser más en el planeta y depende del mundo
natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un
ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la
propensión por una transformación respetuosa con la naturaleza y sus
componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso. La
relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el vínculo de
interdependencia que se predica de ellos.”[67]
Bajo estas consideraciones, la Corte
Constitucional ha dado una importancia crucial a la relación entre el ser
humano y sus derechos fundamentales y el cuidado de su entorno. Este discurso
constitucional acogido por la Corte responde de forma coherente a las
preocupaciones de la comunidad internacional que se reflejan en documentos como
la Declaración de Estocolmo de 1972,
la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, el Tratado de Montreal de 1987, la
Declaración de Río de 1992, la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kyoto de 1997, la Declaración de Johannesburgo
sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, entre otros.[68]
3.2.
El Acuerdo de París
El Acuerdo de París
es un instrumento multilateral otorgado por los Estados y Organizaciones
regionales de integración económica, en su calidad de partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual surgió
en Nueva York el nueve (9) de mayo de  mil novecientos noventa y dos (1992),
ratificada por Colombia mediante la Ley 164 de 1994, y declarada exequible por
esta Corporación en Sentencia C-073 de 1995.[69]
Dicho Convenio
consta de 192 Estados miembros, del cual hace parte Colombia, y fue creado con
el objetivo de lograr la estabilidad de las concentraciones de gases de efecto
de invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Posteriormente,
en mil novecientos noventa y siete (1997), los Estados parte acordaron
incorporar una adición a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, el cual fue el Protocolo de Kyoto, que contaba con un
objetivo genérico idéntico, pero buscaba, además, establecer compromisos reales
y efectivos por parte de los Estados responsables de la emisión de dichos
gases. El Protocolo de Kyoto fue igualmente
ratificado por Colombia mediante la Ley 629 de 2000, y su exequibilidad fue
declarada en la Sentencia C-860 de 2001.[70]
Durante
la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de dos
mil quince (2015), 195 países firmaron el Acuerdo de París en el que
se establece un plan de acción mundial para poner un límite al
calentamiento global, a través de la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y establece el objetivo global de mantener el aumento en
la temperatura promedio en no más de 2 °C sobre los niveles preindustriales.
3.3.
Disposiciones específicas del Acuerdo de París
3.3.1. Preámbulo y definiciones
De conformidad con el Preámbulo del
Acuerdo, las partes persiguen el objetivo de hacer realidad lo dispuesto en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se marcan las
necesidades generales que se deben atender.
Señala
como puntos clave a tener en cuenta, entre otros: (i) las responsabilidades
son comunes, pero las capacidades respectivas son distintas, atendiendo
las diferentes circunstancias nacionales, sobre todo las de los países en
desarrollo; (ii) la respuesta ha de ser progresiva y eficaz a la
amenaza apremiante del cambio climático, sobre la base de los mejores conocimientos
científicos disponibles; (iii) han de tenerse en cuenta también las repercusiones
de las medidas que se adopten para hacer frente al cambio climático; (iv)
existe una interrelación entre las medias adoptadas, las respuestas y las
repercusiones del cambio climático con el desarrollo sostenible, la
erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria; (iv) las partes deben
respetar sus obligaciones con los derechos humanos, el derecho a la salud,
los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la equidad
intergeneracional; (v) se resalta la necesidad de conservar y aumentar
los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero; (vi) la
importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas y la
protección de la biodiversidad; (vii) la importancia de la educación, la
sensibilización social, el acceso público a la información; (viii) la
importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los
diversos actores, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte; y
(ix) la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción
sostenibles.
Por su parte, el artículo 1° establece
algunas definiciones y efectúa una remisión  a la Convención Marco ya citada.
Al respecto, encuentra la Corte que se
trata de disposiciones orientadas a aclarar el sentido de los términos
utilizados, lo cual lleva a una mayor claridad de las obligaciones incluidas en
el acuerdo.
3.3.2.
Objeto del Acuerdo
El
artículo 2, establece el objetivo del Acuerdo, el cual es  "reforzar la
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza", para
lo cual determina tres acciones concretas:
1.   Mantener
el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del
cambio climático.
2.  Aumentar la
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.
3.  Elevar las
corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a
un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero.
Se
reitera que el Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad, el principio
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades
respectivas de los Estados miembros, atendiendo las diferentes circunstancias
nacionales.
Encuentra
la Sala Plena que los objetivos y principios señalados son consistentes con el
respeto a la autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las
relaciones exteriores del Estado Colombiano, tal como lo señala el artículo 9°
de la Constitución Política.
A
su vez, responden a los deberes del Estado en materia de protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, consagrados en los artículos 79 y 80
Constitucionales, y son consonantes con la equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, que son las bases de las relaciones internacionales del país, en
atención a lo establecido en el artículo 226 Superior.
De
igual manera, esta disposición promociona y vela por la protección del cambio
climático, de forma que se garantice un desarrollo sostenible, tal como lo
establece el artículo 80 constitucional.
Sobre el concepto de desarrollo
sostenible la jurisprudencia constitucional, en asuntos de constitucionalidad
en los que ha tenido que analizar la tensión existente entre la explotación de
recursos naturales (por ejemplo la actividad minera) y la protección del
ambiente sano, ha señalado que
“El
derecho a un ambiente sano, que implica la protección del medio ambiente en el
que se desarrolla cada individuo, encuentra cabal protección en la Carta
Política, la cual a su vez consagra el desarrollo sostenible como un derecho de
los ciudadanos y como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar
por “un desarrollo sin un aumento en el consumo de recursos que supere la
capacidad de carga del medio ambiente”  o, en otras palabras,
un desarrollo que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades.”  Sobre el deber del Estado de consolidar
un desarrollo [sostenible], la Corte se ha pronunciado así: “[e]s indudable que
la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas que es (CP art
4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de conceptos
jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser entendidos de manera
reduccionista o economicista, o con criterios cortoplacistas, como se
hacía antaño, sino que deben ser interpretados conforme a los principios,
derechos y obligaciones estatales que en materia ecológica ha establecido la
Constitución, y en particular conforme a los principios del desarrollo
sostenible”.[71]
En ese sentido, las obligaciones
constitucionales de protección al ambiente sano están intrínsecamente
relacionadas con el concepto de desarrollo sostenible. Este implica utilizar
los recursos naturales de manera responsable, es decir, reconociendo su finitud
y garantizando su acceso a las generaciones futuras.
En ese sentido la Corte ha reconocido
que el concepto de desarrollo sostenible “admite el aprovechamiento de
recursos en el presente, siempre que ello no implique que las generaciones
futuras sean privadas de esa oportunidad”. Así mismo este concepto es el
fundamento del derecho internacional de los derechos humanos en materia
ambiental, pues en él se incluye la relación entre el ser humano y la
naturaleza y cómo aquel debe concebirla no solo como un insumo de producción,
sino como el entorno del cual depende su bienestar.[72]
En suma, el concepto de desarrollo
sostenible pretende un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección
el medio ambiente y el bienestar social, bajo el entendimiento de que las
acciones presentes generan consecuencias para las generaciones futuras y su porvenir.
Con base en ello, las disposiciones de la Constitución de 1991 que reconocen la
importancia del derecho al ambiente sano deben ser interpretadas igualmente con
las realidades que se presentan del cambio climático, con miras a realizar las
adaptaciones necesarias y asegurar un entorno ambiental sostenible, tal como lo
hace el Acuerdo de París.
Uno de los objetivos de desarrollo
sostenible aprobados por la Agenda 2030 en el marco de las Naciones Unidas es
el de “tomar acción por el clima”. Al respecto, encuentra la Corte que el
Acuerdo de París es un compromiso para lograr la realización de esta objetivo,
pues pretende combatir el cambio climático a través de la reducción de los
gases invernadero producidos por diferentes causas.
3.3.3.
Compromisos para lograr el Acuerdo
Mitigación
El
Acuerdo de París establece una ruta para limitar el aumento de la temperatura a
menos de 2°C, variación que los científicos han calculado como máxima para
evitar que las consecuencias del cambio climático sean catastróficas e
irreversibles para la vida en la Tierra. Para lograr dicho objetivo cada país
debe preparar un plan de adaptación al Acuerdo, mediante un programa nacional
de reducción de combustibles fósiles y la introducción de fuentes de energía
limpia.
El
artículo 4 del Acuerdo señala que las Partes se proponen lograr que las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto
máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo
tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente estas
emisiones, de conformidad con la mejor información científica disponible, para
alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda
mitad del siglo.
De
esta manera, el Acuerdo facilita que los países decidan respecto del nivel de
ambición que se proponen alcanzar, con el condicionamiento de que cumplan con
tres requerimientos, a saber: (i) progresividad, esto es, que la contribución
aumente gradualmente su ambición (artículo 4.3); (ii) actualización periódica
de las contribuciones determinadas a nivel nacional, al menos cada cinco años
(artículo 4.9); y (iii)  que cada determinación nacional tenga en cuenta los
resultados del balance mundial.
En
virtud del artículo 14 del Acuerdo el balance mundial corresponde al resultado
de una evaluación periódica que se realizará  cada cinco años, a partir del año
dos mil veintitrés (2023) sobre el avance global en la aplicación del Acuerdo.
Encuentra
la Corte que el balance mundial contribuye a la actualización y mejoramiento en
materia ambiental, de modo que cada parte determine a nivel nacional, con el
fin de que se aumente la cooperación internacional, las acciones relacionadas
con el clima. Lo anterior resulta concordante con los deberes del Estado en
materia de protección del medio ambiente y prevención y control del deterioro
ambiental, señalado en los artículos 79 y 80 de la Constitución.
A
su vez, las partes pueden optar por cumplir con su reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero de manera unilateral o cooperar entre sí para
lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación. Cuando opten
voluntariamente cooperar entre sí, deberán aplicar un mecanismo de revisión,
notificación y verificación (artículo 6.4) que asegure, entre otras cosas, la
ausencia de doble cómputo.
Los países
desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas
absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía,
seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a
que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las
emisiones para el conjunto de la economía (artículo 4.4).
Por
su parte, los países “menos adelantados” y los pequeños Estados
insulares en desarrollo podrán preparar y comunicar estrategias,
planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero que reflejen sus circunstancias especiales (artículo 4.6).
Para la Sala, el reconocimiento de las
necesidades específicas y las condiciones especiales de los países en
desarrollo y de los “menos adelantados”, al momento de adoptar medidas
para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, son directrices que
se acompasan con la equidad que debe regir las relaciones entre los países con
diverso grado de desarrollo y con la política de conveniencia nacional que debe
guiar las relaciones internacionales sobre la materia, tal como lo establece el
artículo 226 de la Constitución Política.
Por su parte, las medidas contempladas
en esta disposición son constitucionales, toda vez que son consistentes con el
respeto a la autodeterminación de los pueblos como fundamento de las relaciones
exteriores del Estado, tal como lo contempla el artículo 9º de la Constitución
Política. Igualmente está acorde con los deberes del Estado en materia de
protección del medio ambiente y de los recursos naturales señalados en los
artículos 79 y 80 de la Constitución.
Encuentra
la Corte que los objetivos del Acuerdo de París en pro de mitigar el
calentamiento global y ejercer acciones contra el cambio climático se
encuentran acordes con la jurisprudencia constitucional, la
cual ha dado relevancia a los principios de prevención y precaución,[73]
los cuales exigen implementar las acciones necesarias y adecuadas para mitigar
o prevenir daños al medio ambiente.[74]
Adaptación
Como
se expuso, dentro de los objetivos del Acuerdo señalados en el artículo 2, se
encuentra el de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del
cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la
producción de alimentos.
Para
dar cumplimiento a lo anterior, se requiere que cada país elabore y actualice
regularmente planes y estrategias de adaptación y reporte sobre los avances en su
implementación (artículo 7.9). Además, los esfuerzos de adaptación que realicen
las Partes deben ser comunicados mediante una comunicación sobre la adaptación
e inscritos en un registro público que llevará la Secretaría (artículos 7.10 y
7.12).
Los
esfuerzos de adaptación pueden implicar importantes intervenciones públicas. En
consecuencia, el Acuerdo de París sostiene que éstas deberían realizarse “tomando
en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que
dicha labor debería basarse e inspirarse en la mejor información cientí­fica
disponible y, cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los
conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos
locales.” (Artículo 7.5)
Lo
anterior, se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo
1º Superior, que define al Estado Colombiano como democrático,
participativo, y pluralista. A su vez, es un desarrollo del
artículo 7º Constitucional que señala que el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Pérdidas y daños
En
el artículo 8 del Acuerdo, las Partes reconocen la importancia de evitar,
reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con
los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos
meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la
contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y
daños. Se cita, al respecto al Mecanismo Internacional de Varsovia para las
Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático.
Al
respecto, la Sala considera que esta disposición es constitucional, al ser un
desarrollo de los artículos 79 y 80 de la Carta Política, por cuanto las
medidas cooperativas y de apoyo con respecto a las pérdidas y daños
relacionados con los efectos adversos del cambio climático se ajustan a la
búsqueda de protección del medio ambiente y de los recursos naturales a través
de la prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Sumideros
y depósitos
En
virtud del artículo 5, las Partes deberían adoptar medidas para conservar
y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto
invernadero, incluidos los bosques.
Se
proponen pagos basados en los resultados e incentivos positivos para
reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los
bosques.
Lo
anterior se encuentra acorde con el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales de forma que se garantice un desarrollo sostenible, tal como lo
estipula el artículo 80 Constitucional, y además resulta armónico con el
postulado de la racionalización de la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la preservación de un
ambiente sano.
3.3.4. Medios de implementación
Financiamiento
El
financiamiento climático juega un papel crucial en el Acuerdo de París. Las
disposiciones en él contenidas se proponen acelerar y ampliar la disponibilidad
de recursos financieros para la acción climática.
El
Acuerdo establece en su artículo 9 que las Partes que son países desarrollados deberán
proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en
desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la
adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la
Convención.
El mecanismo
financiero de la Convención, con las entidades encargadas de su
funcionamiento, constituirá el mecanismo financiero del presente Acuerdo.
Al
respecto, considera la Corte que esta disposición se ajusta a la
internacionalización de las relaciones económicas y ecológicas consagrada en el
artículo 226 Superior, pues los países en desarrollo que pueden verse
favorecidos con el apoyo financiero y tecnológico gozan de representación
equitativa y equilibrada.
Tecnología
El
artículo 10 del Acuerdo indica que las Partes, con visión a largo plazo,
teniendo en cuenta la importancia de la tecnología para la puesta en práctica
de medidas de mitigación y adaptación, deberán fortalecer su acción
cooperativa en el desarrollo y la transferencia de tecnología.
El Mecanismo
Tecnológico establecido en el marco de la Convención estará al servicio
del presente Acuerdo y se apoyará también en el Mecanismo Financiero.
Se
reitera que se prestará también apoyo de carácter financiero a las Partes que
son países en desarrollo para fortalecer la acción cooperativa en el desarrollo
y la transferencia de tecnología en las distintas etapas del ciclo tecnológico,
con miras a lograr un equilibrio entre el apoyo destinado a la mitigación y a
la adaptación.
Muy
relacionado con lo anterior, pero de contenido más amplio, conforme al artículo
11 del Acuerdo, todas las Partes deberían cooperar para mejorar la
capacidad de las Partes que son países en desarrollo de aplicar el
presente Acuerdo y así lograr una acción eficaz frente al cambio climático.
Para
la Corte, lo anterior es de suma importancia, puesto que en virtud de lo
establecido en estas disposiciones, Colombia podría cumplir sus obligaciones y
darle frente al cambio climático de manera eficaz con la ayuda de otras
naciones, dando así cumplimiento al mandato constitucional de internalización
de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, establecido en el artículo 226
de la Constitución, así como con el mandato del artículo 227 Superior de
promoción de la integración internacional, especialmente en el área de
Latinoamérica.
En
materia de reciprocidad la Corte Constitucional ha señalado que “debe entenderse
en dos sentidos, uno estricto, que se explica como la exigencia de ventajas
para dar así concesiones. En su acepción amplia, que puede calificarse como
reciprocidad multilateralizada, se acepta que toda preferencia será extendida a
todos los participantes creándose así una relación de mutuo beneficio entre
cada uno de los partícipes”.[75]
De
esta manera, para la Sala las obligaciones contenidas en este Acuerdo son
asumidas por las partes con total correspondencia sin que se presente en alguna
medida detrimento para algún país en particular.
Educación
El artículo 12 señala que las Partes
deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar
la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y
el acceso público a la información sobre el cambio climático.
Lo
anterior, es desarrollo del artículo 67 de la Constitución Política, que
establece dentro de los objetivos del derecho a la educación la formación para
la protección del medio ambiente.
En
este sentido, esta Corporación con ocasión de la revisión del Convenio sobre
diversidad biológica suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y su ley
aprobatoria, sostuvo:
“La conciencia social del hombre se
adquiere a partir de la formación del niño. Se trata de un proceso continuo y
permamente, donde la educación ambiental debe comprender todas las etapas del
individuo, incluso hasta aquellas que superan los límites academícos o
profesionales. Por ello, la Carta Política señala que la educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social, y que formará al
colombiano  "en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente "
(Art. 67 C.P.). Asimismo, el artículo 79 superior prevé que es deber del Estado
fomentar al educación con el fin de proteger la diversidad e integridad del
ambiente.
El compromiso que significa la educación le atañe, por mandato de
la Carta, al Estado, a la sociedad y a la familia. Se trata de una tarea común
en la cual deben participar todos: el Estado y los particulares, los padres de
familia y los maestros, las autoridades y cada uno de los ciudadanos. Pero,
ante todo, se trata de una responsabilidad que recae sobre cada persona; es a
cada uno a quien le corresponde conocer y preservar los recursos naturales y
comprender y difundir la importancia que ellos revisten, pues con esa
información, el hombre tomará conciencia y actuará adecuadamente con el fin de
que los demás aprendan de él.”[76]
De esta manera, la norma revisada no
solo no vulnera la Constitución sino que propicia su desarrollo.
Rendición
de cuentas
El
marco de transparencia reforzado y el deber de rendir cuentas precisas y
comparables de las contribuciones determinadas a nivel nacional (artículo 4.13),
generan una herramienta de disuasión del incumplimiento de lo establecido en el
Acuerdo. Si bien, por ahora el Acuerdo de París no establece sanciones, el
incumplimiento de las contribuciones determinadas o su poca ambición colocarán
en una eventual situación de atención internacional a los países incumplidos.
Por
su parte, el artículo 13 del Acuerdo señala que el propósito del marco de
transparencia de las medidas es dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer
frente al cambio climático a la luz del objetivo de la Convención, entre otras
cosas aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos realizados.
También
ha de darse una visión clara del apoyo prestado o recibido por las distintas Partes y
un panorama completo del apoyo financiero agregado que se haya prestado.
En
consecuencia, cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información:
a)
Un informe sobre el
inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y
la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, y
b)
la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la
aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional.
También
debería proporcionar información relativa a los efectos del cambio climático, a la labor de adaptación y al
apoyo en forma de financiación,
transferencia de tecnología y fomento de la capacidad prestado a las Partes que
son países en desarrollo.
Para
la Corte esta disposición no resulta lesiva de las disposiciones
constitucionales en materia de economía nacional, al tener que dar a conocer a
otros países el estado del parque industrial, mediante la publicidad de los
inventarios sobre emisiones antropogénicas, puesto que el Acuerdo prevé su
aplicación de manera facilitadora, no intrusiva ni punitiva, respetando siempre
la soberanía interna de los países parte.
En
este punto, advierte la Corte que el Acuerdo de París no puede quedar reducido
a buenas intenciones, por lo que pese a que no se contemplen sanciones a los
países parte, Colombia debe realizar todos los esfuerzos necesarios para que
los compromisos adquiridos sean serios y se realicen acciones efectivas en pro
de su cumplimiento, de ahí la importancia de la rendición de cuentas,
transparencia y suministro de información y verificación de cumplimiento
contenido en la disposición estudiada.
3.3.5. Órganos
Se
establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento
de las disposiciones del presente Acuerdo. Consistirá en un comité compuesto
por expertos y de carácter facilitador, que funcionará de manera transparente,
no contenciosa y no punitiva.
El
comité funcionará con arreglo a las modalidades y los procedimientos que
apruebe en su primer período de sesiones la Conferencia de las Partes, a la que
presentará informes anuales (artículo 15).
Para
la Sala esta disposición es constitucional, por cuanto la determinación de
mecanismos para facilitar la implementación y promoción del Acuerdo es una
medida necesaria para la efectividad de los compromisos contraídos por los
países parte, que busca la consecución pacifica de los objetivos del
instrumento internacional, lo cual se halla en armonía con los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia.
Por
otra parte, se establecen los siguientes órganos: (i) la Conferencia
de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención[77] y actuará
como reunión de las Partes en el presente Acuerdo; (ii) la secretaría establecida
por el artículo 8 de la Convención desempeñará la función de secretaría del
presente Acuerdo; (iii) el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución establecidos por los
artículos 9 y 10 de la Convención actuarán como Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de Ejecución del
presente Acuerdo,
respectivamente (artículos 16 al 19).
3.3.6. Aspectos formales del Acuerdo
Por
último, los artículo 20 y siguientes del Acuerdo de París regulan aspectos
procedimentales propios de cualquier tratado internacional que de ninguna
manera vulneran la Constitución Política.
En
este orden, se establece que el presente Acuerdo estará abierto a la firma y
sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados y de las
organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en la
Convención. Quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017, y a la adhesión a
partir del día siguiente a aquel en que quede cerrado a la firma (artículo 20).
Hay
remisiones en cuanto al arreglo de controversias y la aprobación de enmiendas,
tanto al Acuerdo como a los anexos, los cuales formarán parte integrante de
éste (artículos 22 al 24).
Cada Parte tendrá un voto. Como excepción, las
organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Acuerdo. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
miembros ejerce el suyo, y viceversa (artículo 25).
El
Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente
Acuerdo (artículo 26).
No se podrán formular reservas al
presente Acuerdo (artículo 27).
Cualquiera
de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo después de que hayan
transcurrido tres
años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte
y surtirá efecto un año después (artículo 28).
Encuentra
la Corte que las disposiciones que regulan las clausulas relativas a la firma,
la ratificación, la entrada en vigor, el depositario, la prohibición de hacer
reservas, así como las disposiciones sobre aprobación de enmiendas, entre
otras, reflejan aspectos operativos y técnicos propios de cualquier instrumento
internacional multilateral que de ninguna manera vulneran la Constitución.
3.3.7. Conclusión
El Acuerdo de París se presenta como un
instrumento que impulsa un proceso de transformación hacía el desarrollo
sostenible de todas las naciones. De esta manera, al establecer las condiciones
para el desarrollo mundial compromete a los países a readecuar sus políticas
económicas, sociales y ambientales para el cumplimiento de sus objetivos.
La totalidad de las disposiciones
contenidas en el Acuerdo conservan como base el desarrollo de compromisos
mutuos, lo cual es un desarrollo del tratamiento igualitario y los efectos
recíprocos del Acuerdo. Destaca la Corte que lo contenido en este instrumento
efectiviza los fines esenciales de la Constitución en protección del derecho a
contar con un medio ambiente sano, y atiende los mandatos constitucionales que
se concretan con la adquisición de compromisos internacionales regidos por
principios de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad y soberanía
nacional.
De conformidad con lo expuesto, La Corte
Constitucional concluye que tanto el Acuerdo de París como su ley aprobatoria,
Ley 1844 de 2017, son plenamente respetuosas de las disposiciones
constitucionales colombianas.
VI. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar
EXEQUIBLE el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de
2015, en París, Francia.
SEGUNDO.- Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1844 de 2017, “por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO                                                 DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrado
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ   ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado                                                     Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO              CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada                                                         Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS                       ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, Auto 305
de 2017, la Sala Plena de esta Corporación, en el marco de la revisión de los
proyectos de ley y actos legislativos dentro del Procedimiento Especial para la
Paz,  resolvió: “PRIMERO:
A partir
de la fecha SUSPENDER LOS TÉRMINOS de los procesos de constitucionalidad
enumerados en el fundamento jurídico sexto de esta decisión, que hayan sido
admitidos para trámite ante la Corte y en la etapa procesal en que actualmente
se encuentren. // SEGUNDO: La medida de suspensión de términos también
aplicará para los procesos de constitucionalidad descritos en el fundamento
jurídico sexto de esta providencia, que sean admitidos o asumidos en
conocimiento por la Corte con posterioridad a este proveído. Por lo tanto, las
magistradas y magistrados sustanciadores en cada trámite deberán decretar la
suspensión de términos en la providencia que decida sobre la admisibilidad o
asunción de conocimiento del proceso, según corresponda a un control rogado o
automático de constitucionalidad.//TERCERO: El levantamiento de la
suspensión de términos ordenada en este auto será decidido por la Sala Plena,
respecto de cada proceso de constitucionalidad, conforme a la planeación que
formule la Presidencia de la Corte en un proyecto de programa de trabajo para el
efecto. // CUARTO: A través de la Secretaría General de la Corte,
comuníquese el contenido de esta decisión al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso y al Procurador General de la Nación.  De la misma
forma, copia de este proveído deberá fijarse en la Secretaría de la Corte para
el conocimiento de los ciudadanos. Igualmente, deberá publicarse en la página
Web de la Corte Constitucional. // QUINTO: ADVERTIR que durante la
suspensión del término de fijación en lista o de traslado al Procurador General
de la Nación, la Secretaría General de la Corte está habilitada para recibir y
radicar los escritos ciudadanos de intervención y/o conceptos correspondientes,
en cualquier tiempo y mientras dure dicha suspensión respecto de cada uno de
los expedientes.
[2] Auto
del nueve (09) de agosto de dos mil diecisiete (2017), “CUARTO: Una vez vencido
el término probatorio y recaudadas las pruebas ordenadas en el presente auto,
FÍJESE EN LISTA EL PROCESO, por el término de diez (10) días, con el fin de
permitir a los ciudadanos defender o impugnar la ley de la referencia, según lo
indica el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.// QUINTO: Igualmente,
COMUNÍQUESE el presente proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores,  al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público,  al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  al
Ministerio de Minas y Energía,  al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo,  al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  al Ministerio de
Transporte,  al Departamento Nacional de Planeación – DNP-,  al Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-,  a la Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS -,  a
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI-,  a la Asociación
Colombiana del Petróleo –ACP-,  a la Asociación Colombiana de Minería –ACM-,
al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt,
a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente –AIDA-,  a las
Facultades de Derecho y de Ingeniería Ambiental de las Universidades Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, Sede Tunja,  de Los Andes  y la Distrital Francisco
José de Caldas,  a los expertos Manuel Rodríguez Becerra  y Paula Caballero  y
al Consejo de Cabildos Territoriales de la Sierra Nevada (Pueblos Indígenas
KANKUAMO, WIWA, ARHUACO Y KOGUI),   para que, si lo estiman conveniente, participen
en el debate jurídico que por este juicio se propicia.// SEXTO:
Simultáneamente, CÓRRASE traslado al señor Procurador General de la Nación para
que rinda el concepto de su competencia, en los términos del artículo 7° del
Decreto 2067 de 1991”.
[3] Auto 208 de 2018 “PRIMERO.- Declarar la nulidad de la Sentencia C-021 del 4 de
abril de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corporación.// SEGUNDO.- Levantar a partir del día siguiente
de esta decisión los términos que fueron suspendidos mediante Auto del doce
(12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). //TERCERO.- Levantar a
partir del día siguiente de esta decisión los términos de suspensión ordenados
mediante Auto 305 de 2017, sólo respecto de este expediente. //CUARTO.- Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación
dar trámite a los numerales cuarto, quinto y sexto del Auto del nueve (09) de
agosto de dos mil diecisiete (2017),[3]
mediante el cual se asumió conocimiento de la Ley 1844 de 2017 “por medio de
la cual se aprueba el “Acuerdo de Paris”, adoptado el 12 de diciembre de 2015,
en Paris, Francia”.// QUINTO.- Ordenar a la Secretaría General de la
Corte, que envíe copia del presente auto a todas las autoridades a las que se
les comunicó la sentencia de la referencia.”
[4] Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C–468 de 1997 (MP Alejandro
Martínez Caballero), C-378 de 1996 (MP
Hernando Herrera Vergara), C-682 de 1996 (MP Fabio Morón Díaz), C-400 de 1998
(MP Alejandro Martínez Caballero), C-924 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz),
C–576 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y C-332 de 2014 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[5] Corte Constitucional, Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534 de 2008
(MP Rodrigo Escobar Gil), C–537 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), C–039 de
2009 y C–378 de 2009 (MP Humberto Sierra Porto), entre otras.
[6] Folio 1 del cuaderno de pruebas No. 1.
[7] Folio 2 del cuaderno de pruebas No. 2.
[8] Corte Constitucional, Sentencias C-208 de
2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) y C-196 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[9] Corte
Constitucional, Sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)
[10] Corte
Constitucional, Sentencia C-750 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV
Jaime Araujo Rentería).
[11] Corte
Constitucional, Sentencia C-027 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-1051 de 2012 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[13] Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 2015 (MP Martha
Victoria Sáchica Méndez).
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-915 de 2010 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-702 de 2010 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Mauricio González Cuervo, Humberto Antonio
Sierra Porto; AV Nilson Pinilla Pinilla).
[16] Sentencias C-030 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil),
C-175 de 2009, (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV. Cristina Pardo Schlesinger.
SPV. Humberto Antonio Sierra Porto y Nilson Pinilla Pinilla), C-371 de 2014
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle Correa y Luis
Ernesto Vargas Silva), T-766 de 2015 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SV.
Gloria Ortiz Delgado); C-389 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV
Alejandro Linares Cantillo, Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle
Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge
Iván Palacio Palacio) y SU-217 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa).
[17] C-389 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV
Alejandro Linares Cantillo, Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle
Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge
Iván Palacio Palacio) y SU-217 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa).
[18] Constitución Política, inciso final del artículo 154“Los proyectos de ley relativos a los
tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.(Subrayado fuera de texto)
[19] Constitución Política, artículo 241 “A
la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 10. Decidir definitivamente sobre
la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis
días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara
constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el
Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando
la correspondiente reserva”.
[20] Ver folios 8 a 15  del cuaderno de pruebas No. 2.
[21] Constitución Política, artículo 157 “Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes: 1.
Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva. (…)”.
[22] Ley 5 de 1992, artículo 156. “Presentación y
publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias,
al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta
del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. // Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto,
el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin
perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”.
[23] Ver folios 18 a 20 del cuaderno de pruebas No. 2.
[24] Ley 5 de 1992, artículo 157 “Iniciación del debate. La iniciación del primer debate no
tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo.// No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que
así lo disponga, por razones de conveniencia, la Comisión.// El
ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que
sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el debate.// Si el
ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad
de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se
debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.// Al
debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales
acerca de los cuales conviene que la Comisión decida en primer término”.
[25] Ver folio 36 del cuaderno de pruebas No. 2.
[26] Ver
folios 32 a 36 del cuaderno de pruebas No. 2.
[27] Ver folios 6 y 7 del cuaderno de pruebas No. 2.
[28] Ver folios 26 a 29 del cuaderno de pruebas No. 2.
[29] Ver CD adjunto a folio 5 del cuaderno de pruebas No.
2.
[30] Ver folio 4 del cuaderno de pruebas No. 2
[31] Ver CD adjunto a folio 5 del cuaderno de pruebas No.
2.
[32] http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 6 marzo
de 2018.
[33] Ver folios 54 y 55 del cuaderno de pruebas No. 2.
[34] Ver folio 69 y 78 del cuaderno de pruebas No. 2.
[35] Ver folios 88 a 94 del cuaderno de pruebas No. 2
[36] Ver folio 52 del cuaderno de pruebas No. 2.
[37] Ver folios 134 a 136 del cuaderno de pruebas No. 2.
[38] Ver folio 179 del cuaderno de pruebas No. 2.
[39] Ver folios 54 y siguientes del cuaderno de pruebas
No. 1.
[40] Ver folio 121 del cuaderno de pruebas No. 2.
[41] Ver folios 80 y siguientes del cuaderno de pruebas
No. 1.
[42] Folio 35 del cuaderno de pruebas No. 1.
[43] Folio
1 del cuaderno de pruebas No. 1.
[44] Folios
2 del cuaderno de pruebas No. 2
[45] Ver folios 8 a 15  del cuaderno de pruebas No. 2.
[46]Gaceta del Congreso No.716 del 07 de septiembre de
2016.
[47] Publicación de la ponencia para primer debate en la
Gaceta del Congreso No. 753 del 14 de septiembre de 2016.
[48] Constitución Política, artículo 157, numeral 2 “Haber
sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de
cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el
primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de
ambas Cámaras”.
[49] Constitución Política, artículo 157, numeral 3 “Haber
sido aprobado en cada Cámara en segundo debate”.
[50] Constitución Política, artículo 157, numeral 4 “Haber
obtenido la sanción del Gobierno”.
[51] Según consta en el Acta No. 06 de esta fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 986 del 10 de noviembre de 2016.
[52] Según consta en el Acta No. 75 del 17 de mayo de
2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 691 del 15 de agosto de 2017.
[53] Según consta en el
Acta No. 34 del 7 de junio de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 662
del 8 de agosto de 2017.
[54] Según consta en el Acta de Plenaria No. 227 de la sesión del 16 de junio de
2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 715 del 22 de agosto de 2017.
[55]“Por
el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras
disposiciones”
[56]
Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[57]
Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de
2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[58]Sentencia
C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[59]“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes”
[60] Corte Constitucional, sentencia T-528 de 1992 (MP
Fabio Morón Díaz).
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero). Esta concepción ecológica de la Constitución de
1991 ha sido reiterada de manera pacífica por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en las sentencias C-431 de 2003 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); C-750 de
2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería); C-595 de 2010
(MP Jorge Iván Palacio Palacio); C-123 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos SV Luis
Ernesto Vargas Silva; SV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo
Guerrero Pérez; AV Ligia López Díaz; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Alberto
Rojas Ríos); C-449 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y C-644 de 2017 (MP
Alejandro Linares Cantillo; AV Alejandro Linares Cantillo; AV José Antonio
Lizarazo Ocampo; AV Alberto Rojas Ríos; AV Diana Fajardo Rivera).
[62] Corte
Constitucional, sentencias C-449 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), C-389
de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; AV María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; AV Jorge Iván Palacio Palacio; SPV y AV Luis Ernesto
Vargas Silva), C-041 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván
Palacio Palacio) y C-644 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV Alejandro
Linares Cantillo; AV José Antonio Lizarazo Ocampo; AV Alberto Rojas Ríos; AV
Diana Fajardo Rivera).
[63] Corte Constitucional, Sentencias C-431 de 2000 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa). Reiterado en la sentencia C-041 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Jorge Iván Palacio Palacio).
[64] Corte Constitucional, sentencia C-389 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV
Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Jorge Iván
Palacio Palacio; SPV y AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[65] Corte Constitucional, sentencia C-644 de 2017 (MP Alejandro Linares
Cantillo; AV Alejandro Linares Cantillo; AV José Antonio Lizarazo Ocampo; AV
Alberto Rojas Ríos; AV Diana Fajardo Rivera).
[66] Corte Constitucional, sentencia C-644 de 2017 (MP Alejandro Linares
Cantillo; AV Alejandro Linares Cantillo; AV José Antonio Lizarazo Ocampo; AV
Alberto Rojas Ríos; AV Diana Fajardo Rivera).
[67] Corte Constitucional, Sentencia C-449 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[68] Específicamente, como antecedentes directos del
Acuerdo de París (2015) se encuentra la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992 y el Protocolo de Kyoto
de 1997. Estos dos instrumentos reconocen que existe un aumento en la
temperatura mundial, y en consecuencia, comprometen a los Estados a reducir
emisiones de gases de efecto invernadero. Para ver información histórica de
estos tratados: ONU. Cambio Climático.   http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
[69] Corte
Constitucional, Sentencia C-073 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[70] Corte
Constitucional, Sentencia C-860 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[71] Corte Constitucional, sentencia C-671 de 2011 (MP
Jaime Araujo Rentería).
[72] Corte Constitucional, Sentencia C-389 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV
Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Jorge Iván
Palacio Palacio; SPV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). En esta misma providencia
se resalta la expedición del Código de Recursos Naturales de 1973 con el cual
“la legislación nacional dio un salto importante hacia la implementación de una
política ambiental, cuyo principal objetivo se centraba en “prevenir y
controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento,
conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender
la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”, de
conformidad con el artículo 1° de dicho código. Posteriormente se expidió la
ley 99 de 1993 en la que se consagra la política ambiental del Estado
colombiano y se reitera la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible de
los recursos naturales, que, la protección y aprovechamiento de la diversidad y
el derecho de todas las personas a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza (art. 1)”.
[73] El
principio número 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, en los siguientes términos: “con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir
la degradación del medio ambiente”.
[74] Por ejemplo en el proceso de revisión que tuvo como
resultado la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional frente a las
incertidumbre sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto de desvío
del Arroyo Bruno por parte del Cerrejón, ordenó la suspensión hasta tanto se
realizaran los estudios técnicos correspondientes.
[75] Corte
Constitucional, Sentencia C-564 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[76] Corte
Constitucional, Sentencia C-519 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[77] Hace referencia a la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre el
Cambio Climático, que en adelante se denominará la Convención.