C-529-03
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-529/03
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
Esta Corporación se pronunciará entonces de
fondo, aplicando el principio pro actione, según el cual el examen que se haga
de las demandas de inconstitucionalidad debe favorecer el ejercicio de esta
acción pública por los ciudadanos, y por ello no puede ser tan exigente que
llegue al punto de enervar la efectividad de este derecho político.
TRANSITO AUTOMOTOR-Finalidad/ACTIVIDAD DE TRANSPORTE-Eficacia
y seguridad
ESTADO-Regulación de circulación por carreteras
TRANSITO VEHICULAR-Competencia del legislador para regularlo/TRANSITO-Intervención
policiva del Estado
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE-Límites y regulación/RESTRICCION CIRCULACION
DE VEHICULOS-Prohibición porte defensas rígidas para reducir riesgo de
accidente de tránsito
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Limitaciones
impuestas por los derechos de los demás
TRATO DISCRIMINATORIO-Circulación de vehículos con defensas
rígidas en zonas urbanas y rurales
TRANSITO EN ZONAS RURALES Y URBANAS-Diversidad/ZONAS URBANAS Y RURALES-Características/LIBERTAD
DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA-Prohibición del uso de defensa rígidas en
zonas urbanas
En principio esa diferenciación parece
razonable pues, como bien lo señalan varios intervinientes y la Vista Fiscal,
la situación en materia de tránsito entre las zonas rurales y urbanas es
diverso. Así, las zonas urbanas suelen ser más pobladas y tienen más tránsito
vehicular, por lo cual son más altas las probabilidades de una colisión, que
destruya bienes o ponga en riesgo a los peatones o a los ocupantes de otros
automotores. Por el contrario, las zonas rurales tienen las características
inversas, esto es tienen menos densidad poblacional y el tránsito de vehículos
es menor, por lo cual es menos probable que existan accidentes entre
automotores o que se atropelle a una peatón. En cambio, en esas zonas rurales
es posible que el vehículo tropiece con semovientes u otros obstáculos
semejantes. En tales circunstancias, parece razonable que el Legislador, dentro
de su libertad de configuración, prohiba el uso de las defensas rígidas
únicamente en las zonas urbanas, puesto que estas zonas tienen mayor densidad
poblacional y vehicular, lo cual incrementa el riesgo de accidentalidad. En
cambio, en las zonas rurales, el empleo de esas defensas rígidas presenta menos
peligros y brinda protección en caso de colisión con árboles caídos,
semovientes o similares. La distinción entre zonas urbanas y rurales parece
entonces estar justificada.
INCONSTITUCIONALIDAD POR EXCLUSION-Prohibición de portar defensas rígidas en
zonas rurales/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites
la Corte considera que la exclusión de las
zonas rurales de la prohibición de portar esas defensas rígidas es
inconstitucional, pues resulta irrazonable, por afectar desproporcionadamente
la vida y seguridad de los habitantes de esas zonas frente a los riesgos del
tráfico automotor. Y la razón es la siguiente: el Estado tiene el deber de
proteger la vida y seguridad de todos los habitantes del territorio colombiano,
y en todas las porciones del territorio nacional. En desarrollo de ese mandato
constitucional, es indudable que el Congreso puede o no prohibir ciertos dispositivos
mecánicos en el tránsito automotor, pues dichas regulaciones hacen parte,
dentro de ciertos límites, de la libertad de configuración del Legislador en
ese ámbito.
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE-Restricción para el porte de luces
exploradoras traseras/SEGURIDAD VEHICULAR-No afectación por prohibición
del porte de luces exploradoras traseras
Referencia: expediente D-4362
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 30 (parcial) y 86 (parcial) de la Ley 769 de 2002.
Actores: Edgar Henry Ortiz Ricaurte y
Yelinda Rincón
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil
tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos Edgar Henry Ortiz Ricaurte y Yelinda
Rincón demandan los parágrafos de los artículos 30 y 86 de la Ley 769 de 2002.
Por medio de auto del 29 de noviembre de 2002, el magistrado sustanciador
inadmitió la demanda pues consideró que los actores no formulaban claramente
los cargos constitucionales contra los apartes acusados. Los demandante
corrigieron el escrito y la demanda fue admitida. Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se transcribe el texto de
las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No
44.893, y se subraya el aparte acusado:
“LEY 769 de 2002
por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
.
(...)
Artículo 30. Equipos de prevención y
seguridad. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional
sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo.
1. Un gato con capacidad para elevar el
vehículo.
2. Una cruceta.
3. Dos señales de carretera en forma de
triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en
forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.
4. Un botiquín de primeros auxilios.
5. Un extintor.
6. Dos tacos para bloquear el vehículo.
7. Caja de herramienta básica que como
mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves
fijas.
8. Llanta de repuesto.
9. Linterna.
Parágrafo. Ningún vehículo podrá circular
por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas
originalmente por el fabricante.
(....)
Artículo 86. De las luces exteriores. Todo
vehículo automotor deberá tener encendidas las luces exteriores a partir de las
dieciocho (18) horas hasta las seis (6) horas del día siguiente, y cuando las
condiciones de visibilidad sean adversas. Sin embargo, las autoridades de
tránsito podrán fijar horarios de excepción.
Dentro del perímetro urbano se usará la luz
media, y se podrá hacer uso de luces exploradoras orientados sólo hacia la
superficie de la vía, cuando éstas estén colocadas por debajo de las defensas
del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el
conjunto de luces frontales del vehículo. Fuera del perímetro urbano, podrá
usarse la luz plena o alta, excepto cuando se aproxime un vehículo en sentido
contrario o cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito
correspondiente, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite
adelante y pueda perturbar su conducción.
Parágrafo. Ningún vehículo podrá portar
luces exploradoras en la parte posterior”.
III. LA DEMANDA.
Los actores consideran que los parágrafos
acusados violan los artículos 1º, 13, 16 y 24 de la Constitución. Según su
parecer, la prohibición de que un vehículo circule por vías urbanas con
defensas rígidas diferentes de las originales de fábrica viola el deber de
proteger la vida, honra y bienes de las personas que se movilizan en vehículos,
pues limita las medidas de seguridad del vehículo. Esa restricción, añaden los
actores, también desconoce el derecho a la igualdad, pues sólo protege el
derecho a la vida del peatón y no el de los ocupantes de los vehículos, fuera
de que se discrimina en favor de los automotores de las zonas rurales, ya que
la prohibición sólo opera en el sector urbano, con lo cual establecen
distinciones injustificadas entre la circulación urbana y la rural. Finalmente
consideran que esa limitación también afecta la libertad de circulación y el
libre desarrollo de la personalidad, pues obliga al ciudadano que desea
movilizarse en vehículo por zonas urbanas a no portar una defensa rígida en su
automotor, lo cual le impide sentirse protegido y seguro.
Los actores formulan ataques semejantes
contra la prohibición prevista por la otra disposición acusada, según la cual
los vehículos no pueden llevar luces exploradoras en la parte posterior. Según
su parecer, esa medida afecta el libre desarrollo de la personalidad y la
libertad de movimiento, pues impiden que las personas coloquen ciertos
dispositivos de seguridad en sus autos. Y por ello mismo consideran que esa
prohibición afecta el derecho a la vida y a la igualdad pues protegen
únicamente a los peatones, y no a los ocupantes de los vehículos, y evitan que
los automotores utilicen ciertas luces que pueden ser útiles para una mejor
visibilidad y una conducción más segura.
IV- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio del
Transporte.
La ciudadana Dora Inés Gil La Rotta,
actuando como apoderada del Ministerio del Transporte, interviene para defender
la constitucionalidad de los parágrafos acusados.
La ciudadana considera que las defensas
rígidas instaladas por personas o talleres distintos del fabricante “no
obedecen a ningún diseño previo que haya considerado factores de seguridad”,
lo cual es grave, pues la instalación de esos aditamentos hace que las fuerzas
de una eventual colisión sean “transmitidas a los cuerpos de los ocupantes
del automotor a través del chasis y la carrocería ya que no se utiliza el poder
absorbente de esfuerzos que tiene, por diseño, el conjunto delantero de los
vehículos”. Por ello considera que es muy probable que “en una colisión
el vehículo dotado de esta clase de defensa cause daños mayores a otro
vehículo, que en el caso de no tenerlo”. De otro lado, la ciudadana explica
que la prohibición de portar luces exploradoras en la parte posterior de un
vehículo busca evitar que sea afectada la visibilidad del conductor del
vehículo que transite detrás del automotor que porta dichas luces, con lo cual
evita un riesgo grave.
Para la interviniente, las prohibiciones se
encuentran justificadas pues ellas buscan “evitar que las personas asuman
graves riesgos, y garantizar el derecho a la vida e integridad física”.
Concluye entonces la ciudadana que las normas acusadas pretenden “disminuir
los factores de riesgo de accidentes con lesionados graves en el tránsito
automotor de las ciudades del país, de manera especial en aquellos que
involucran colisiones de vehículos”. Y por ello considera que aunque la
medida pueda parecer traumática para aquellos propietarios que ya han instalado
esos aditamentos en su vehículo, “debe tenerse presente que la seguridad en
el tránsito tiene una alta prioridad y el interés general prevalece sobre el
individual de las personas”.
2. Intervención del Ministerio de Justicia
y del Derecho.
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue,
en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervine para
impugnar la demanda.
La interviniente explica que una revisión
de los antecedentes legislativos de la norma acusada, tal y como aparecen en
las Gacetas del Congreso 224 de 2000, 260 de 2001, 534 de 2001, 153 de 2002,
199 de 2002 y 285 de 2002, muestra que “la prohibición de circulación de
vehículos por las zonas urbanas portando defensas rígidas diferentes de las
fabricadas originalmente por el fabricante, tuvo fundamento en las
investigaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal en las que se
concluyó que el efecto de las estructuras rígidas era mortal”. Por ello
considera que esa prohibición se funda en la prevalencia del interés general.
Según su parecer, esos accesorios se justifican en zonas rurales para proteger
al vehículo y a sus ocupantes de consecuencias graves o mortales cuando se
accidenta con un animal grande u otro obstáculo mayor en la vía, “pero en
plena ciudad, es claro que se convierte en un riesgo mayor para la comunidad en
general, especialmente por su carácter mortal conforme lo demostraron las
investigaciones realizadas sobre accidentalidad”.  La interviniente
considera entonces que no hay violación a la igualdad al prohibirse el uso de
defensas rígidas en la zona urbana pero no en las rurales, “por cuanto se
trata de supuestos de hecho completamente diferentes, respecto de los cuales se
justifica un trato diferente”. Y por ello mismo concluye que “tampoco se
vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuya protección se
garantiza siempre que no interfiera con los derechos de los demás, pues la
prohibición establecida en la norma protege derechos generales de mayor
entidad, que en este caso prevalecen sobre aquél.”
De otro lado, la ciudadana explica que las
luces exploradoras son dispositivos que facilitan la visibilidad en zonas de
niebla densa o en condiciones adversas de visibilidad, por lo cual “bajo
ningún fundamento se justifican en la parte trasera del vehículo, lo cual sin
duda constituye un riesgo de accidentalidad”.
3. Intervención del Ministerio del
Interior.
La ciudadana Nancy González Camacho, en
representación del Ministerio del Interior, interviene para oponerse a las
pretensiones de los actores. Según su parecer, la prohibición de las defensas
rígidas es razonable y proporcionada, pues esos dispositivos pueden agravar los
efectos de una colisión, poniendo en riesgo la vida y seguridad de otras
personas. Por ello considera que esa restricción tampoco vulnera el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, pues éste “se predica de la forma de
actuar, de pensar y de expresarse, mas no en los accesorios que se coloquen en
un vehículo”. Además, agrega la interviniente, incluso si se considerara
que la colocación de aditamentos a un vehículo es manifestación del derecho al
libre  desarrollo de la personalidad, de todos modos el artículo 16 de la Carta
establece que éste se encuentra limitado por los derechos de los demás, y “el
hecho de portar el automotor una defensa con estas características puede
vulnerar los derechos de los demás”.
Para la interviniente, esa prohibición no
vulnera la igualdad al permitir que en el sector rural se puedan utilizar ese
tipo de defensas, “pues se trata de lugares con características totalmente
distintas, donde el eventual contacto con otros vehículos o personas es
excepcional”.
Por último, la ciudadana solicita a la
Corte declararse inhibida para conocer de la constitucionalidad del parágrafo
del artículo 86 de la Ley 769 de 2002, pues considera que los demandantes no
sustentaron adecuadamente ningún cargo contra la prohibición del uso de
exploradoras en la parte posterior de los vehículos.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, Edgardo
José Maya Villazón, en concepto No 3147, recibido el 18 de Febrero de 2003,
solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del parágrafo del artículo
30 de la Ley 769 de 2002. En relación con la otra disposición acusada, a saber,
el parágrafo del artículo 86 de esa misma ley, la Vista Fiscal solicita a la
Corte inhibirse de conocer de la demanda, por ineptitud en la formulación del
cargo, o en su defecto declararlo exequible.
El Ministerio Público comienza por precisar
que la conducción y circulación vehicular es una actividad peligrosa, pues está
rodeada de múltiples riesgos. Por ello considera que, tal y como lo señalo la
sentencia T-287 de 1996, el Estado está en la obligación de intervenir esa
actividad y reglamentarla para que el tránsito terrestre no genere riesgos para
la vida e integridad de los miembros de la comunidad. Y precisamente tal es el
objetivo de la ley 769 de 2002 o Código Nacional de Transito Terrestre, del
cual hacen parte las disposiciones acusadas, el cual busca “unificar las
normas de policía de tránsito con base en la libertad de circulación en función
de los demás principios, derechos y deberes constitucionales”. En tal
contexto, la Vista Fiscal explica que “todo colombiano tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, pero sujeto a la intervención y
reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de
los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y
mentales”.
Con base en estas consideraciones, el
Procurador considera que no existe vulneración de la igualdad por el hecho de
que la prohibición de las defensas rígidas opere únicamente en zonas urbanas,
pues éstas tienen mayor densidad poblacional y vehicular, y reclaman entonces
un tratamiento diferente al de las zonas rurales, caracterizadas estas últimas
por una menor densidad poblacional, y la presencia de importantes extensiones
de terreno dedicadas a la explotación agrícola y pecuaria. Concluye entonces la
Vista Fiscal al respecto:
“En el caso de la prohibición de la
circulación urbana de vehículos que porten defensas rígidas diferentes de las
instaladas originalmente por el fabricante, se tiene que limitación fue
concebida en función de la protección de la vida e integridad física tanto de
las personas que ocupan el espacio público (v.gr. peatones, policía de tránsito
etc.), como de los ocupantes de otros vehículos (automotores, motocicletas,
ciclistas, etc.), y la protección de los bienes de los demás ( muebles e
inmuebles). Esto es así se tiene en cuenta que las ciudades albergan una
densidad poblacional muy alta y elevada concentración de vehículos automotores,
además de una gran presencia de bienes muebles e inmuebles, todo lo cual
incrementa el riesgo de accidentalidad de tránsito. Por tanto, a similares
impactos las consecuencias de colisiones producidas con vehículos que portan
defensas  rígidas resultan mucho mas desastrosas que con automotores que poseen
otro tipo de defensas no rígidas.
La circulación en el medio rural de
vehículos que porten defensas rígidas se justifica por la condiciones de tal
medio, caracterizada por la baja densidad poblacional ubicas en un medio
geográfico extenso y natural, donde los riesgos por colisiones contra seres
humanos y bienes son menores y por la alta probabilidad de incidencia de la
fuerza mayor que puede afectar la seguridad de los vehículos en movimiento
(v.gr. atravesada de semovientes, derrumbes, caída de árboles, etc.).”
De otro lado, el Procurador considera que
la demanda contra el parágrafo del artículo 86 de la Ley 769 de 2002 no se
encuentra adecuadamente sustentada, pues los actores no señalan un motivo de
inconstitucionalidad de la prohibición del uso de exploradoras en la parte
posterior de los vehículos. Subsidiariamente, y en caso de que la Corte decida
pronunciarse de fondo, la Vista Fiscal solicita la declaratoria de
constitucionalidad de esa prohibición.
El Ministerio Público explica que las luces
exploradoras o antitinieblas son dispositivos de alumbrado muy potentes y de
gran alcance, que facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en
condiciones adversas de visibilidad, por lo que la prohibición de portar esas
luces en la parte posterior de los vehículos se encuentra ,justificada pues “está
encaminada a evitar accidentes de tránsito y peatonales por encandilamiento
imprudente, lo cual preserva la vida, integridad física y bienes de los
habitantes en general, lo que a su vez no afecta de ningún modo la vida e
integridad física de quienes se movilizan en automotores que no portan tales
luces especiales”.
VI- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de
la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad
de los parágrafos de los artículos 30 y 86 de la Ley 769 de 2002, ya que se
trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen
parte de una Ley de la República.
Un asunto procesal previo: posible
inhibición frente al parágrafo del artículo 86, por ausencia de cargo.
2- La Vista Fiscal y una de las
intervinientes solicitan a la Corte que se inhiba de conocer de la demanda
contra el parágrafo del artículo 86 de la Ley 769 de 2002, por ausencia de
cargo. Comienza pues la Corte por examinar esa solicitud.
3- A pesar de que la acción de
inconstitucionalidad es pública e informal, el demandante tiene unas cargas
mínimas que cumplir para que pueda adelantarse el control constitucional
ejercido por esta Corte. En particular, es deber del ciudadano formular un
cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada[1].
Por consiguiente, si el actor se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta
y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la
disposición, la demanda es inepta, pues la falta de concreción del cargo impide
que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
Esta Corte ha señalado entonces que sin
caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y
ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el
demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[2].
Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y
recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta).
Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta
(especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no
legales ni puramente doctrinarios (pertinencia). Finalmente, la acusación debe
no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar
una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
4- En tal contexto, aunque la Corte
coincide con la Vista Fiscal y la interviniente en que la demanda adolece de
defectos técnicos, sin embargo es posible señalar un cargo básico, y es que los
actores consideran que la prohibición de portar luces exploradoras en la parte
posterior de los vehículos afecta la seguridad y el derecho a la vida de las
personas, ya que con dichas luces podrían gozar de mejor visibilidad. Además,
los demandantes consideran que esa restricción vulnera el libre desarrollo de
la personalidad, pues impide que quien así lo desee incorpore a su vehículo
dichas luces exploradoras. Por ello, y a pesar de los defectos de la demanda,
la Corte considera que los actores sustentaron un cargo básico contra las
disposiciones acusados. Esta Corporación se pronunciará entonces de fondo,
aplicando el principio pro actione, según el cual el examen que se haga
de las demandas de inconstitucionalidad debe favorecer el ejercicio de esta
acción pública por los ciudadanos, y por ello no puede ser tan exigente que
llegue al punto de enervar la efectividad de este derecho político[3].
El asunto bajo revisión.
5- Las disposiciones acusadas establecen
limitaciones a ciertos equipos que pueden llevar los automóviles. Una de ellas
señala que en las vías urbanas, ningún vehículo puede circular portando
defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante,
mientras que la otra prohíbe que los automotores porten luces exploradoras en
la parte posterior. Según los actores, esas prohibiciones vulneran el libre
desarrollo de la personalidad y la libertad de movimiento, pues impiden que las
personas coloquen ciertos dispositivos de seguridad en sus autos. Y en esa
medida, según su parecer, dichas interdicciones afectan el derecho a la vida,
pues protegen únicamente a los peatones, y no a los ocupantes de los vehículos,
y terminan siendo discriminatorias, pues establecen distinciones injustificadas
entre la circulación urbana y la rural.
Por el contrario, los intervinientes y la
Vista Fiscal consideran que las prohibiciones acusadas se ajustan a la Carta,
pues constituyen un ejercicio legítimo de la facultad del Legislador de regular
el tránsito, con el fin de salvaguardar los derechos de las personas, ya que el
desplazamiento en vehículos automotores configura una actividad peligrosa.
Además, según su parecer, la diferente regulación en zonas rurales y urbanas se
encuentra plenamente justificada, debido a las características diversas de
ambas zonas, en términos de densidad poblacional y circulación de automotores.
6- Conforme a lo anterior, el problema
constitucional que suscita la presente demanda es entonces si las prohibiciones
previstas por las disposiciones acusadas son discriminatorias o vulneran el
derecho a la vida, o la libertad de circulación, o el libre desarrollo de la
personalidad. Para resolver ese interrogante, la Corte comenzará por recordar
algunos criterios básicos sobre la facultad reguladora que tiene el Legislador
sobre el transporte y la circulación automotriz, para luego estudiar si las
prohibiciones impugnadas son proporcionadas y razonables.
Tránsito terrestre, derechos
constitucionales y poder de policía.
7- El tránsito automotor es una actividad
que es trascendental en las sociedades contemporáneas pues juega un papel muy
importante en el desarrollo social y económico, y en la realización de los
derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de movimiento y circulación
(CP art. 24) se encuentra ligada al transporte automotor, y el desarrollo
económico depende también, en gran medida, de la existencia de medios adecuados
de transporte terrestre. Sin embargo, la actividad transportadora terrestre
implica también riesgos importantes, por cuanto los adelantos técnicos permiten
que los desplazamientos se realicen a velocidades importantes, con vehículos
que son potentes y pueden afectar gravemente la integridad de las personas. Por
todo lo anterior, “resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de
los modos de transporte sino garantizar su seguridad” [4], lo cual supone una regulación rigurosa
del tráfico automotor. Ha dicho al respecto esta Corporación:
“El tránsito automotriz está rodeado de
riesgos. No en vano se ha establecido que la conducción de vehículos constituye
una actividad de peligro. Asimismo, los accidentes de tránsito representan una
causa importante de mortalidad y de daños en las sociedades modernas. Por
consiguiente, el Estado tiene la obligación de regular la circulación por las
carreteras, de manera tal que se pueda garantizar, en la medida de lo posible,
un tránsito libre de peligros, que no genere riesgos para la vida e integridad
de las personas. Con este propósito, se han expedido normas e instituido
autoridades encargadas de su ejecución”[5].
8- La importancia y el carácter riesgoso
del tránsito vehicular justifican entonces que esta actividad pueda ser
regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede señalar reglas y
requisitos destinados a salvaguardar la vida e integridad de las personas, así
como a proteger los bienes y propiedades. Por ello esta Corte ha resaltado que
el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha considerado legítima
una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden
y proteger los derechos de las personas”[6]. El control constitucional ejercido sobre las
regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de no vulnerar esa
amplitud de la libertad de configuración y de las facultades del Legislador
para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso. Con esos criterios entra
entonces la Corte a estudiar los cargos contra los parágrafos acusados.
La prohibición de las defensas rígidas en
zonas urbanas, la protección de derechos de terceros, el libre desarrollo de la
personalidad y la igualdad.
9- El parágrafo del artículo 30 del Código
Nacional de Tránsito Terrestre establece que “ningún vehículo podrá circular
por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas
originalmente por el fabricante.” Esta prohibición, como bien lo indican
varios intervinientes y la Vista Fiscal, tiene un propósito protector evidente,
puesto que esas estructuras rígidas pueden tener, en caso de que ocurra una
colisión, efectos muy graves sobre la integridad física de terceros, trátese de
peatones, o de los ocupantes de otros automotores. Y es que, como lo señala una
de las intervinientes, esos aditamentos hacen que las fuerzas de una eventual
colisión sean transmitidas en forma más directa a los cuerpos de los ocupantes
del otro automotor ya que se anula el poder absorbente de fuerzas que tiene el
conjunto delantero de los vehículos, cuyo diseño en fábrica busca amortiguar
parcialmente los efectos de una colisión. Las defensas rígidas incrementan
entonces notablemente los riesgos de un accidente de tránsito.
Esta consideración aparece clara en los
debates legislativos. Así, la prohibición de las defensas rígidas fue
introducida por la ponencia para primer debate en el Senado de la República. La
ponencia señalo que se había incorporado ese parágrafo que prohibe las defensas
rígidas, “en razón a que el Instituto de Medicina Legal ha realizado
investigaciones, entre ellas en 1997, sobre 1030 casos, en la que se concluyó
que el efecto de las estructuras rígidas es mortal”[7].
10- Esta breve descripción es suficiente
para concluir que la prohibición acusada pretende reducir los riesgos de los
accidentes de vehículos y proteger así la seguridad y los derechos de terceros,
con base en consideraciones empíricas razonables, por lo que es un desarrollo
legítimo de la libertad de configuración del Legislador en materia de
regulación del tránsito. Y esto es suficiente para desestimar los cargos del
actor en contra de dicha prohibición.
11- Así, esa prohibición no vulnera el
derecho a la seguridad de los ocupantes de los vehículos que desean tener esas
defensas rígidas, pues la protección de la integridad personal propia no puede
realizarse utilizando dispositivos que ponen en riesgo la seguridad y la
integridad personal de otros. Por ello bien puede la ley prohibir el uso de
ciertos dispositivos de seguridad, si dichos mecanismos implican a su vez
amenazas para terceros. Y tal sucede precisamente con el empleo de las defensas
rígidas, ya que éstas agravan los peligros de las colisiones, por lo que bien
podía la ley  prohibir su uso.
12- De otro lado, y directamente ligado a
lo anterior, esa prohibición tampoco vulnera el libre desarrollo de la
personalidad, puesto que ese derecho encuentra su límite en los derechos ajenos
(CP art. 16). Por ello nadie puede invocar el respeto a su autonomía y a su
libre desarrollo de la personalidad para realizar comportamientos que afecten o
pongan en riesgo los derechos de los otros.
13- En ese mismo contexto, la prohibición
acusada tampoco desconoce la libertad de movimiento. Así, es cierto que todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional (CP
art. 24) pero también la ley puede establecer limitaciones razonables y
proporcionadas, a fin de salvaguardar intereses y valores superiores. Y eso es
precisamente lo que hace el parágrafo acusado, al prohibir el empleo en las
zonas urbanas de un dispositivo que incrementa los riesgos para las otras
personas.
14- La Corte concluye entonces que los
cargos de la demanda sobre vulneración del derecho a la vida, al libre
desarrollo de la personalidad o a la libertad de movimiento carecen de
sustento. Entra pues esta Corporación a examinar si la prohibición acusada
vulnera o no la igualdad, al prever que ésta no se aplica a las defensas
instaladas originalmente por el fabricante ni en las zonas rurales.
Las defensas originales y la posible
vulneración de la igualdad.
15- La Corte considera que la ley podía
diferenciar entre si esos dispositivos habían o no sido colocados
originariamente por el constructor del carro, por la sencilla razón de que,
como bien lo señala una de las intervinientes, las defensas rígidas instaladas
por personas o talleres distintos del fabricante no obedecen a ningún diseño
previo que haya considerado factores de seguridad, mientras que la producción
de los vehículos por las correspondientes fábricas tienen la obligación de
tomar en consideración esas exigencias de seguridad y de eventual afectación de
derechos de terceros. Por ello esa diferenciación es en principio legítima pues
es una distinción proporcionada, que persigue un propósito legítimo, dentro de
la amplia libertad de configuración que tiene el Legislador en este campo.
16- Con todo, aunque en general la
instalación de esas defensas por empresas distintas a las fábricas originarias
no garantiza usualmente las especificaciones de seguridad que eviten el
agravamiento de las colisiones, existen sin embargo empresas idóneas que
fabrican esos implementos con las especificaciones técnicas requeridas. En tal
caso, la diferenciación entre las defensas rígidas originales y aquellas
elaboradas técnicamente con las mismas especificaciones del fabricante
originario pierde su sentido, pues no asegura una mayor protección de la vida y
seguridad de las personas. Por ello, la Corte condicionara la
constitucionalidad de la prohibición acusada, y precisará que esas defensas
pueden ser reemplazadas por otras que sean técnicamente similares a las
originales.
La irrazonabilidad de la distinción entre
zonas rurales y urbanas.
17- La interdicción demandada regula de
manera distinta las zonas urbanas y las rurales, puesto que establece que los
vehículos no pueden circular con las defensas rígidas en las zonas urbanas, por
lo cual se entiende que, contrario sensu, podrían hacerlo en zonas
rurales. Según los demandantes, esa distinción es discriminatoria, pues no
existe una razón clara para regular de manera distinta la prohibición del uso
de esas defensas rígidas en zonas rurales y urbanas. Por el contrario, la Vista
Fiscal y varios intervinientes consideran que esa regulación diversa se ajusta
a la Carta, por cuanto existen obvias diferencias entre las zonas rurales y
urbanas en materia de tránsito automotor. Entra pues la Corte a examinar la
razonabilidad del trato distinto establecido por el parágrafo acusado.
18- En principio esa diferenciación parece
razonable pues, como bien lo señalan varios intervinientes y la Vista Fiscal,
la situación en materia de tránsito entre las zonas rurales y urbanas es
diverso. Así, las zonas urbanas suelen ser más pobladas y tienen más tránsito
vehicular, por lo cual son más altas las probabilidades de una colisión, que
destruya bienes o ponga en riesgo a los peatones o a los ocupantes de otros
automotores. Por el contrario, las zonas rurales tienen las características
inversas, esto es tienen menos densidad poblacional y el tránsito de vehículos
es menor, por lo cual es menos probable que existan accidentes entre
automotores o que se atropelle a una peatón. En cambio, en esas zonas rurales
es posible que el vehículo tropiece con semovientes u otros obstáculos
semejantes. En tales circunstancias, parece razonable que el Legislador, dentro
de su libertad de configuración, prohiba el uso de las defensas rígidas
únicamente en las zonas urbanas, puesto que estas zonas tienen mayor densidad
poblacional y vehicular, lo cual incrementa el riesgo de accidentalidad. En
cambio, en las zonas rurales, el empleo de esas defensas rígidas presenta menos
peligros y brinda protección en caso de colisión con árboles caídos,
semovientes o similares. La distinción entre zonas urbanas y rurales parece
entonces estar justificada.
19- A pesar de lo anterior, la Corte
considera que la exclusión de las zonas rurales de la prohibición de portar
esas defensas rígidas es inconstitucional, pues resulta irrazonable, por
afectar desproporcionadamente la vida y seguridad de los habitantes de esas
zonas frente a los riesgos del tráfico automotor. Y la razón es la siguiente:
el Estado tiene el deber de proteger la vida y seguridad de todos los
habitantes del territorio colombiano, y en todas las porciones del territorio
nacional (CP arts 1°,2°, 11 y 13). En desarrollo de ese mandato constitucional,
es indudable que el Congreso puede o no prohibir ciertos dispositivos mecánicos
en el tránsito automotor, pues dichas regulaciones hacen parte, dentro de
ciertos límites, de la libertad de configuración del Legislador en ese ámbito.
Sin embargo, si el Congreso determina que el uso de un determinado dispositivo
debe ser prohibido en el tráfico automotor, por cuanto pone
desproporcionadamente en peligro la vida y seguridad de los peatones o de los
ocupantes de otros vehículos, entonces en principio debe asegurar esa misma
protección a todos las habitantes del territorio colombiano. Y es que si el
Congreso juzga que esa interdicción es necesaria para proteger derechos de
especial entidad, como la vida y la integridad individual, entonces la
exclusión de cualquier sector poblacional de esa protección legislativa
requiere una especial y rigurosa justificación, pues las autoridades tienen el
deber de amparar igualitariamente la vida e integridad de las personas (CP arts
1°,2°, 11 y 13).
Ahora bien, en el presente caso, el
Congreso concluyó que era necesario prohibir las defensas rígidas, debido a sus
efectos mortales en múltiples accidentes. Y si bien es indudable que existen
entre las zonas urbanas y rurales diferencias importantes en materia de
tránsito automotor, como las señaladas en el fundamento anterior de esta
sentencia, no encuentra la Corte que los debates legislativos, o las
intervenciones en el presente proceso, muestren una justificación clara y evidente
de la necesidad de excluir a las zonas rurales de esa prohibición. En tales
condiciones, dicha exclusión se torna inconstitucional al discriminar a las
poblaciones rurales de la protección que quiso brindar el legislador al
establecer la prohibición del uso de esas defensas rígidas. La expresión “por
las vías urbanas” del parágrafo acusado del artículo 30 de la Ley 769 de
2002 será entonces declarada inexequible.
La constitucionalidad de la prohibición de
las luces exploradoras traseras.
20- Por su parte, el parágrafo del artículo
86 de la Ley 769 de 2002 establece que ningún vehículo podrá portar luces
exploradoras en la parte posterior. Como bien lo explican los intervinientes y
la Vista Fiscal, las luces exploradoras o antitinieblas son dispositivos de
alumbrado muy potentes y de gran alcance, que facilitan la visibilidad en zonas
de niebla densa o en condiciones adversas de visibilidad. En esas
circunstancias, la prohibición de portar esas luces en la parte posterior de
los vehículos aparece claramente como un instrumento para reducir riesgos. Así,
esa interdicción pretende evitar accidentes debido al encandilamiento que
pueden ocasionar dichas luces al conductor del vehículo que transita detrás del
automotor que porta ese aditamento. Y dicha prohibición, a su vez, no afecta la
seguridad de los vehículos, pues el empleo de luces exploradoras en la parte
posterior de los automotores no incrementa la visibilidad ni cumple ninguna
finalidad clara.
21- La Corte concluye entonces que, al
igual que la otra disposición acusada, la prohibición de las luces exploradoras
traseras pretende también reducir los riesgos del tránsito, por lo que es un
desarrollo legítimo de la libertad de configuración del Legislador en esta
materia. Y esta consideración es suficiente para desestimar los otros cargos de
la demanda pues, por razones semejantes a las señaladas en los fundamentos 11,
12 y 13 de esta sentencia, esta prohibición no vulnera la seguridad de las
personas, ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni la libertad
de movimiento. El parágrafo acusado será entonces declarado exequible.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el parágrafo acusado del artículo
30 de la Ley 769 de 2002, en el entendido que esas defensas pueden ser
reemplazadas por otras que sean técnicamente similares a las originales, salvo
la expresión “por las vías urbanas”, que se declara INEXEQUIBLE.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el parágrafo acusado del artículo
86 de la Ley 769 de 2002.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no
firma la presente sentencia por encontrarse en incapacidad médica debidamente
certificada.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Al respecto ver la
sentencia C-447 de 1997. En el mismo sentido Sentencia C-131/93 MP Alejandro
Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 1.4, C-024/94 Fundamento Jurídico No
9.1.c, C-509/96 y C-236/97.
[2] Ver sentencia
C-1052 de 2001, MP Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento 3.4.2. En el mismo
sentido ver sentencia C-1256 de 2001, MP Rodrigo Uprimny Yepes.
[3] Sobre el alcance
del principio pro actione en los procesos de constitucionalidad, ver,
entre otras, las sentencia C-228 de 2002 , C-155 de 2002 y C-1052 de 2001,
C-896 de 2001 y C-538 de 1994
[4] Ver, entre otras,
la sentencia C-066 de 1999. MP Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz.
Fundamento 4.
[5] Sentencia T-258 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
7. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-309
de 1997 y C-066 de 1999.
[6] Sentencia C-309 de
1997,  MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 19.
[7] Ver Ponencia para
primer debate de los proyectos acumulados sobre Código Nacional de Tránsito
Terrestre en Gaceta del Congreso. No 224 de 2000, p 5.