T-007-19
Sentencia T-007/19
DERECHO DE PETICION Y DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO DE DOCENTE QUE DENUNCIO ACOSO LABORAL-Caso en que
se ordenó reubicar a la accionante, sin tener en cuenta directrices que le eran
aplicables a la Institución
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Contenido
y alcance
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Eficacia
depende de la respuesta de fondo a lo solicitado
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido
ACOSO LABORAL-Vulnera el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas
DERECHO AL TRABAJO-Protección de
la dignidad humana en las relaciones laborales
IUS VARIANDI-Facultades de la
administración pública para trasladar funcionarios y docentes de acuerdo con
las necesidades del servicio
ACOSO LABORAL-Marco legal/ACOSO
LABORAL-Configuración
IUS VARIANDI-Discrecionalidad
limitada de empleador para modificar condiciones laborales del trabajador
La potestad discrecional de la autoridad
nominadora para ordenar traslados se encuentra limitada, pues esta debe
responder a una necesidad real y objetiva del servicio, y a su vez debe
consultar la situación particular del empleador y de su núcleo familiar
TRASLADO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO-Regulación
DERECHO DE PETICION Y DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO DE DOCENTE QUE DENUNCIO ACOSO LABORAL-Orden a Secretaría de
Educación adelantar proceso de traslado no sujeto al proceso ordinario,
reubicando a la accionante en la institución educativa donde se encontraba
laborando
Referencia: Expediente T-6.879.382
Acción de tutela instaurada por Natalia Arbeláez Ospina
contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve
(2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, el Magistrado Alejandro
Linares Cantillo y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y
en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el
trámite de revisión del fallo proferido el 29 de marzo de 2018 por el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Medellín que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la
Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y
Gómez, el cual fue confirmado el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito para Adolescentes de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El 15 de marzo
de 2018, Natalia Arbeláez Ospina instauró
acción de tutela[1] contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación
de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y al debido
proceso. Lo anterior, con fundamento en los
siguientes hechos:
1.1. En 2009 fue una de las profesoras con mejores
calificaciones en el concurso docente, por lo que escogió la Institución Educativa José Acevedo y Gómez para desarrollar sus actividades como docente de
inglés, área en la que “han sido vinculados otros dos docentes el último en
el año 2017”.[2]
1.2. El 24 de
abril de 2017, la accionante denunció -en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013[3]-
al Rector de la Institución Educativa (Jaime Alberto Sierra Torres) ante la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín, por presuntos
actos de maltrato infantil cometidos el 21 de abril de 2017.[4]
1.3. Como consecuencia de lo anterior, la
accionante manifestó que se presentaron situaciones de acoso laboral, tales
como frases intimidantes, gritos y uso de términos descalificativos,
prohibición de realizar ciertas funciones, retiro de la carga laboral, y se
determinó su reubicación en otra institución educativa.[5]
1.4. El 31 de julio de 2017, presentó queja por
acoso laboral ante la Procuraduría Provincial
del Valle de Aburrá, Entidad que el
18 de septiembre de 2017 la remitió al Comité
de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín, la cual, al momento de instaurar la acción de
tutela, no había adoptado ninguna medida.
1.5. El 1 de febrero de 2018, radicó una
petición ante la Secretaría de Educación de Medellín, solicitando que le
respondieran cuál era el fundamento para dejarla sin carga académica y qué
había pasado con la queja por acoso laboral. Indicó que al momento de la
instauración de la acción de tutela, la misma no había tenido respuesta.
2. Acción de tutela
La accionante considera que se
vulneraron sus derechos fundamentales (i) de petición, porque no se
respondió su solicitud de 1 de febrero de 2018 (supra, antecedente N°
1.5.), (ii) al trabajo, porque
se desconoce la garantía de trabajar “en condiciones dignas para ejercer una
labor conforme a los principios mínimos”[6], y (iii)
al debido proceso, en la medida que la actuación administrativa -de su denuncia
por acoso laboral- se ha dilatado injustificadamente.
En particular, indicó que se
desconocieron las directrices de la Circular N° 20170000023 de 17 de agosto de
2017 y el Oficio N° 20173030486 de 29 de noviembre de 2017 -documentos
proferidos por la Secretaría de Educación de Medellín-, según los cuales los
docentes, directivos y coordinadores que hayan radicado denuncias por acoso
laboral, deben ser los últimos a tener en cuenta cuando se vayan a realizar
reubicaciones.[7]
Por ende, pretende evitar que se
realice un traslado inconsulto o su reubicación, pues su deseo es continuar
vinculada con la Institución Educativa José Acevedo y Gómez.
De acuerdo con lo expuesto,
solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y
al debido proceso, y se ordenara (i) a las accionadas que respondieran su petición, (ii)
se restablezca su carga académica, y (iii) se adopten las demás medidas
que el juez considere pertinentes para garantizar el restablecimiento de sus
derechos fundamentales.
3. Admisión, trámite y respuesta
de las accionadas
3.1. El conocimiento
de la acción de tutela le correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, el cual profirió
auto admisorio el 15 de marzo de 2018.[8]
3.2. El 20 de marzo de 2018, durante
el trámite de la acción de tutela, el
Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín y la
Dirección Técnica de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Medellín
le dieron respuesta -por separado- a la petición
que la accionante presentó el 1 de febrero de 2018.
3.2.1. El Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de
Educación de Medellín[9] señaló que, luego de analizar
la queja y de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la Resolución
652 de 2012 del Ministerio del Trabajo:
“(…) con base en el relato por su
parte, descrito y sin evidencia adjunta, se pudo identificar, que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, (…) y el
artículo 7 (…), la conducta del Rector de la Institución Educativa
descrita por su parte no se tipificaría; por el contrario, se adecúa a la
formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral, descrita en el literal d
del artículo 8 de la Ley 1010 de 2006, como una conducta que no constituye
acoso laboral.”[10]
Agregó, en relación con el
presunto maltrato infantil, que ese asunto “ya es conocido por control
interno disciplinario por radicado 201710105166”[11], razón por la que no remitiría
dicha queja a la referida Oficina.
3.2.2. La Dirección
Técnica de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Medellín[12]
indicó que, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015, la organización de las
plantas de docentes es responsabilidad de las secretarías de educación, y que para
determinar el número de docentes necesarios en un establecimiento educativo,
las entidades territoriales ajustarán la asignación de todos los niveles y
ciclos con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002.
Señaló que, mediante ejercicio realizado por un equipo
interdisciplinario (conformado por la Subsecretaría de Planeación, Equipo de
Plan Educativo y la Dirección Técnica de Talento Humano), se generó el estudio
técnico de planta de cargo de las Instituciones Educativas de Medellín para el
año lectivo 2018.
El referido estudio técnico “originó la reubicación de docentes
adscritos a la planta de personal de la Secretaría de Educación,
considerándose, entonces, en una necesidad de carácter administrativo”[13]. En el
caso concreto “mediante reunión realizada el 15 de enero de 2018, plasmada
en el acta N° 933-3, se realizó la entrega de la plaza del Área de inglés que
estaba siendo ocupada [por Natalia Arbeláez Ospina] en la Institución Educativa
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.”[14]
En relación con lo anterior detalló que, según el artículo 10 de
la Ley 715 de 2001, son funciones de los rectores o directores de las
instituciones educativas públicas -entre otras- administrar el personal
asignado a la institución y distribuir las asignaciones académicas y demás
funciones de docentes a su cargo, razón por la que se encuentran facultados
para indicar -en el estudio técnico de planta de cargos- el nombre del docente
que debe ser reubicado.
Por otro lado, respecto de la afirmación de la accionante de que
no podía ser reubicada por haber presentado una denuncia por acoso laboral,
indicó que:
“(…) efectivamente se expidió por la Secretaría de Educación de
Medellín el Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018, en el cual
quedó establecido, entre otras cosas, que los docentes de carrera que
hubiesen radicado ante la Secretaría (…) y con antelación al
proceso de reubicaciones denuncias por acoso laboral en contra del Directivo
Docente-Rector, deberían considerarse en última instancia para su reubicación.
En su caso concreto, se hizo referencia a una denuncia presentada
ante la Procuraduría General de la Nación que tiene que ver con unos presuntos
casos de maltrato infantil que presenció y que fueron radicados también ante la
Oficina de Control Interno Disciplinario, sin que propiamente se trate de un
proceso por acoso laboral presentado ante la Oficina Jurídica de la Secretaría
de Educación de Medellín. Adicional a esto, se determinó por parte del
Directivo Docente-Rector de la Institución Educativa, de conformidad con los
elementos técnicos, la entrega de la plaza del Área de Inglés, ocupada por
[Natalia Arbeláez Ospina], de conformidad con las facultades que le asisten.”[15] (Subrayas
no originales)
Finalmente, le manifestaron que por Resolución N° 201850016466 de
15 de febrero de 2018 “se dispuso su reubicación en la Institución Educativa
EL LIMONAR, por quedar cerca de su lugar de residencia (…). En esta
resolución se indicó claramente que contra el acto administrativo de
reubicación no procede recurso alguno, atendiendo que esta se produjo por el
estudio técnico realizado en el que se determinó que la plaza no se hacía
necesaria en la Institución Educativa y en otro establecimiento se requiere la
prestación del servicio (…).”[16]
3.3. Todas las accionadas
respondieron la acción de tutela el 22 de marzo de 2018.
3.3.1. La Secretaría
de Educación de Medellín[17]
indicó -en relación con los presuntos actos de acoso laboral- que no era cierto que en la queja ante la Procuraduría la
accionante hubiera declarado sobre las frases intimidantes del Rector y la
advertencia sobre la vigilancia especial sobre su trabajo, y que no le constaba
que el Rector le hubiera prohibido ejercer sus funciones. Añadió que el Rector
“ha tenido procesos que han sido adelantados, en Personería, Control Interno
y Comité de Convivencia Laboral; con el archivo en cada una de dichas
instancias.”[18]
Precisó que era cierto que el Rector le retiró la
asignación académica a la docente, pero de conformidad con el Decreto 1075 de
2015 y la Ley 715 de 2001, por la “reducción del número de alumnos en la
relación técnica alumno-docente de la Institución (…)”.[19]
Asimismo, resaltó que se retiraron varias plazas en otras instituciones.
Por otro lado, sostuvo que la Procuraduría Provincial del
Valle de Aburrá remitió el 19 de septiembre de 2017 la queja de la accionante
por acoso laboral al Comité de Convivencia Laboral. No obstante, dicho Comité “no
realizó conciliación, puesto que (…) consideró que el caso en concreto
no se tipifica como acoso laboral, dicha comunicación fue notificada
personalmente (…) [el] 20 de marzo de 2018”, en respuesta al derecho
de petición presentado el 1 de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina.
Señaló que era cierto que el Oficio N° 201830001082 del 3
de enero de 2018 estableció que los docentes de carrera que hubiesen radicado -con
antelación al proceso de reubicaciones- denuncias por acoso laboral en contra
del Directivo Docente-Rector, debían considerarse en última instancia para su
reubicación. No obstante, el caso de Natalia Arbeláez Ospina tenía que ver con
una denuncia por presuntos casos de maltrato infantil, “sin que propiamente
se trate de un proceso por acoso laboral presentado ante el Comité de
Convivencia Laboral (…)”.[20]
Corolario de lo expuesto, solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues los derechos
fundamentales invocados por Natalia Arbeláez Ospina no fueron vulnerados: (i)
el de petición, porque la solicitud de 1 de febrero de 2018 se respondió el 20
de marzo de 2018, razón por la que se ha configurado el hecho superado; (ii)
el del trabajo, porque actualmente la docente “goza de empleo, con salario
digno, más cerca de su residencia, y con todas las prestaciones sociales a las
que tiene derecho de conformidad con su escalafón docente”[21]; y (iii) al debido
proceso, en la medida que la reubicación es una facultad de la Secretaría de
Educación y del Rector cuando sea necesario para la prestación del servicio, de
conformidad con la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015.
3.3.2. La Alcaldía de Medellín[22] se limitó a transcribir la
información que le fue remitida por la Secretaría de Educación de Medellín -la
cual es la misma que ésta esbozó en su respuesta a la acción de tutela (supra,
antecedente N° 3.3.1.)-, solicitando que se declarara la improcedencia de la
tutela por configurarse un hecho superado. Esto, porque se dio respuesta al
derecho de petición presentado por Natalia Arbeláez Ospina.
3.3.3. El Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez[23] presentó una respuesta idéntica -salvo algunas cuestiones
de redacción- a la de la  Secretaría
de Educación de Medellín (supra, antecedente N° 3.3.1.).
3.4. El 29 de marzo de 2018, Natalia
Arbeláez Ospina radicó un oficio[24]
en el que -además de reiterar varios puntos de la acción de tutela- daba cuenta
de que el 20 de marzo de 2018 la Secretaría de Educación de Medellín había dado
respuesta a su derecho de petición de 1 de febrero de 2018, pero que la misma
no correspondía a lo solicitado.
En particular, manifestó que en las
respuestas niegan la denuncia por acoso laboral, puesto que la confunden con la
queja que ella presentó poniendo de presente los casos de maltrato por parte del
Rector contra los estudiantes de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez.
Llamó la atención en el hecho de que el 15
de marzo de 2018 había sido trasladada a la Institución Educativa El Limonar,
afectando su debido proceso al no tener en cuenta su denuncia por acoso laboral
y la directriz que establece que los docentes que hayan radicado quejas por
acoso laboral deben ser tenidos en cuenta en última instancia en caso de
reubicación. Agregó que con posterioridad a su vinculación en la Institución
Educativa José Acevedo y Gómez, fueron vinculados otros dos docentes en la
misma área, pese a que ella contaba con mayor antigüedad.
4. Decisiones objeto de revisión
4.1. Mediante decisión de 29 de marzo de 2018[25],
el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín resolvió declarar
(i) la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la
petición presentada el 1 de febrero de 2018, y (ii) que no encontró “vulneración
alguna a los derechos fundamentales invocados por la actora, ni a ningún
otro por parte de la Administración Municipal con el traslado realizado de la
Institución Educativa JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ a la Institución Educativa EL
LIMONAR y pese a no concederse el amparo deprecado por la actora, ella
puede acudir a la vía ordinaria esto es, cuenta con la posibilidad de
controvertir el acto administrativos (sic) que ordenó su traslado, tal y
como lo establece el artículo 138 del CPACA.”[26]
Lo primero, porque “la entidad
accionada para el día 20 de marzo del año en curso (…)  expidió un (sic)
respuesta que puso de presenta (sic) a la actora (…)”[27], la cual resolvió la solicitud
de Natalia Arbeláez Ospina de fondo, de forma clara, precisa y congruente.
Lo segundo, porque después de
reiterar in extenso -aunque de forma fragmentada- algunas
consideraciones de la T-316 de 2016  sobre “El ejercicio del ius variandi
para la prestación efectiva del servicio de educación y sus límites ante las
solicitudes de traslado por los docentes” (cuando el traslado es solicitado por el propio del docente); concluyó que, como el Comité de
Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación determinó que no se habían
perpetrado actos de acoso laboral por parte del Rector contra Natalia Arbeláez
Ospina, ella no debía ser considerada en última instancia para ser reubicada,
quedando “en igualdad de condiciones que los demás maestros o docentes para
ser sujeto de un traslado.”[28]
Aunado a esto, señaló que la
acción de tutela no es procedente -por regla general- para “solicitar el
traslado de un docente del sector público, por cuanto una decisión en tal
sentido depende de la petición directa que se formule por el educador, la cual
debe agotar el proceso administrativo, ordinario o extraordinario, dispuesto en
la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 520 de 2010”[29] y que, en todo caso, la
respuesta que brinde la administración es susceptible de ser controvertida ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En este punto, el Juzgado precisó -en relación con el
proceso ordinario de traslado- que:
“Para tal efecto, cada entidad territorial debe valorar
su planta de personal con miras a garantizar el funcionamiento de sus
establecimientos educativos y así poder expedir un reporte anual de vacantes
definitivas que podrán ser provistas a través de proceso ordinario de traslado.
Para ello, se debe cumplir con el cronograma fijado por el Ministerio de
Educación Nacional, antes del inicio del receso estudiantil de que trata el
Decreto 1373 de 2007 (…), observándose que en el caso puntual las
condiciones de dicho traslado en nada representan un desmedro o perjuicio para
la actora y que por el contrario dada la cercanía del lugar con su domicilio
pueden ser beneficiosos para ella y su grupo familiar, más cuando la actora dio
luz hace poco tiempo (…).”[30]
4.2. La
decisión fue impugnada el 9 de abril de 2018 por la accionante[31],
quien señaló que las accionadas confundieron la denuncia por maltrato
infantil con la de acoso laboral, negando conocer ésta, aun cuando
se había hecho su traslado por la Procuraduría, y que nunca le comunicaron de
manera oportuna el archivo de esas quejas.
Por
otro lado, sostuvo que “no se dio una respuesta de fondo por la denuncie (sic)
que hice sobre el rector, por maltrato infantil, pues se notó que no se hizo
la debida investigación por parte de la dependencia competente y fue este
evento el que determinó mi traslado para otra institución (…).”[32]
Agregó que en la resolución de traslado dice que se entrega su plaza de inglés
porque fue cerrado el grupo de 6° grado, aun cuando ella era docente de los
grados 8° y 9°.
Finalmente,
resaltó que cuando se realizó el traslado no se había resuelto la queja por
acoso laboral, por lo que se evidencia la violación a su derecho fundamental al
debido proceso.
4.3. En
sentencia de 4 de mayo de 2018[33], el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes
de Medellín, confirmó el fallo de primera instancia.
Respecto
de la vulneración al derecho de petición, el ad quem también consideró
que se configuró un hecho superado, pues la respuesta dada por la Alcaldía de
Medellín y la Secretaría de Educación de Medellín era de fondo y congruente con
lo solicitado por Natalia Arbeláez Ospina.
Ahora
bien, en relación con la alegada afectación del derecho fundamental al debido
proceso, sostuvo que la accionante no invocó la protección transitoria frente a
los actos administrativos relacionados con su caso, los cuales gozan en su
presunción de legalidad, por lo que debía acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Por
otra parte, frente al análisis de la violación del derecho al trabajo en
condiciones dignas, indicó que no había ninguna afectación en la medida que la
accionante no realizó las gestiones pertinentes para lograr su traslado al
lugar de su preferencia.
Añadió que
“la supresión de la plaza sobrante y el traslado de la accionante a otra
municipalidad, obedece a situaciones objetivas que responde a necesidades
reales del servicio de educación.”[34]
Aunado
a lo anterior, destacó que -de acuerdo con lo informado por el Rector- la
accionante “goza de empleo, con salario digno, más cerca de su residencia,
y con todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho de conformidad
con su escalafón docente, situaciones estás (sic) que desvirtúan la
veneración al derecho fundamental al trabajo.”[35]
(Negrillas originales)
5. Actuaciones en Sede de
Revisión
5.1. Mediante
Auto de 27 de julio de 2018[36], la Sala de
Selección Número Siete de esta Corporación decidió seleccionar y acumular entre
sí los expedientes T-6.856.540[37] y T-6.867.382[38]
por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una sola sentencia.[39]
A
través del Auto 620A de 24 de septiembre de 2018, la Sala Segunda de Revisión
resolvió -entre otras cuestiones- (i) desacumular los expedientes
T-6.856.540 y T-6.879.382, a fin de que fueran tramitados de manera separada, y
(ii) declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas desde el auto
admisorio de la demanda en el proceso de tutela T-6.856.540.
Esto,
porque en el trámite de éste expediente no se vinculó a la persona que
presuntamente habría cometido actos de acoso laboral, incurriendo en la causal
de nulidad establecida en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del
Proceso, referida a la ausencia
de notificación del auto que admite la demanda.
5.2. Por otra parte, mediante Auto de 10 de septiembre de
2018[40], la Magistrada
Sustanciadora decidió -con fundamento en el artículo 106 del Reglamento Interno
de la Corte Constitucional- solicitar información a las partes.
5.2.1. Natalia Arbeláez Ospina[41] indicó[42] que fue reubicada en la Institución
Educativa El Limonar, sin tener en cuenta que desde el 31 de julio de 2017 se
estaba adelantando un proceso por acoso laboral. Destacó que, al momento de
decidir su reubicación, no se había resuelto su queja por acoso laboral.
Agregó que la carga académica le fue retirada el 29 de
enero de 2018, pero solo la notificaron del traslado hasta el 14 de marzo de
2018. Además, reiteró que había otros dos docentes de inglés que llegaron con
posterioridad a ella, y que cuando debían realizarse traslados o reubicaciones
“lo hacían con la última persona que llegaba.”[43]
Por otro lado, sostuvo que en la Institución Educativa a la
que fue trasladada, además de la clase de inglés le asignaron otra de
tecnología e informática, aun cuando no tiene especialidad en esas áreas, y que
no se cuenta con recursos para garantizar una educación de calidad, aunado a
que la Institución está ubicada en una zona con difíciles condiciones de
seguridad.
5.2.2. A su vez, la Secretaría de Educación de Medellín[44] señaló[45] que (i) el
procedimiento que se sigue en los casos de acoso laboral es el señalado en la
Resolución 652 de 2012[46]; (ii)
Natalia Arbeláez Ospina “presentó queja por presunto acoso laboral ante la
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá (…) el día 31 de julio de
2017”, la cual fue remitida a la Secretaría de Educación hasta el 19 de
septiembre de 2017, siendo resuelta por el Comité de Convivencia Laboral el 20
de marzo de 2018, el cual encontró que el Rector de la Institución Educativa
José Acevedo y Gómez no había cometido conductas constitutivas de acoso
laboral; y (iii) de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, al
establecer la planta de cargos de la Institución Educativa para el año 2018, su
Subsecretaría de Planeación -mediante acta suscrita el 15 de enero de 2018 por
funcionarios de la Secretaría y otros funcionarios, incluyendo el Rector-
concluyó que por necesidad del servicio (como causal de traslado no sujeto al
proceso ordinario, según el numeral 1 del artículo 2.4.5.1.5. de la misma norma)
la Institución debía entregar una plaza de inglés para ser reubicada en otros
establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín. En
consecuencia, por la disminución del número de alumnos la plaza requerida no
tendría “asignación académica, lógicamente, porque no tendrían alumnos que
atender (…).”[47]
Por otro lado, (iv) explicó cómo funciona el
traslado de docentes (de acuerdo con los artículos 2.4.5.1.1. y subsiguientes
del Decreto 1075 de 2015[48]) y -frente a
la pregunta de si existe alguna limitación para el traslado cuando se ha
presentado una denuncia por acoso laboral- manifestó que de “conformidad con
la discrecionalidad que se faculta al nominador en el numeral 1 del artículo
2.4.5.4.5. del Decreto 1075 y con base en el debido proceso (…)” si se
requiere la entrega de una plaza que esté ocupada por un docente que
previamente haya “interpuesto denuncias, que constituyan acoso laboral
conceptualizado y atendido por el Comité de Convivencia Laboral, se le pedirá
al rector-director rural, entregar otra plaza de acuerdo con el plan de
estudios, en el caso que sea posible[49],
con el objeto que el Comité de Convivencia Laboral, intervenga en la cesación
del presunto acoso laboral.”[50]
En el caso de Natalia Arbeláez Ospina “el Comité de
Convivencia Laboral Conceptualizó (sic), que su caso no se trataba de un
acoso laboral por parte del Rector de la Institución Educativa José Acevedo y
Gómez, en el radicado 201830074191 del 20 de marzo de 2018, se trató de
formulación de exigencias técnicas para mejorar la eficiencia laboral, descrita
en el literal d del artículo 8 de la Ley 1010 de 2006 (…).”[51]
Ligado a lo anterior, explicó que la Circular 201760000023
de 17 de agosto de 2017 define la ruta administrativa para “la reubicación
de un docente generada por el estudio técnico de la planta de cargos de los
establecimientos educativos del ente territorial Medellín (…).”[52] A su vez, indicó que el alcance del
Comunicado 20173030347 de 17 de agosto de 2017 era el de orientar “a los
Núcleos Educativos, rectores y directores rurales, en contexto de la Circular
201760000023 (…)”[53] el deber de
remitir -antes del 7 de diciembre de 2017- cierta información para que la
Secretaría de Educación emitiera el concepto técnico para “la entrega de
plazas de docentes y su reubicación o la apertura de grupos, la asignación de
nuevas plazas o la conversión de plazas.”[54]
Estos dos últimos documentos fueron anexados por la Secretaría de Educación de
Medellín a su respuesta.[55]
Finalmente (v) señaló que de conformidad con
la Resolución Nº 201850016466 de 15 de febrero de 2018, Natalia Arbeláez Ospina
“se encuentra prestado el servicio educativo en la Institución Educativa el
Limonar, Institución Educativa cerca al lugar de la residencia de la docente y
con la carga académica debidamente asignada de acuerdo con su idoneidad.”[56]
5.2.3. Por su parte, el Rector de la Institución Educativa José Acevedo y
Gómez[57] esbozó[58] -respecto
del primer cuestionamiento- una respuesta exacta a la que dio la Secretaría de
Educación de Medellín al contestar el tercer interrogante que se le planteó (supra,
numeral “iii” del antecedente Nº 5.2.2.).
Por otra parte, especificó que la reubicación de Natalia
Arbeláez Ospina se dio con base en un estudio técnico, y por la necesidad del
servicio. Agregó que no conoce la institución educativa a la que fue
trasladada, y que no le consta lo que dispone la Resolución Nº 201850016466 de
15 de febrero de 2018 de la Secretaría de Educación de Medellín.
Concluyó -respecto de la cuarta pregunta que se le realizó-
que en “la Institución Educativa José Acevedo y Gómez no se tramitan quejas
por acoso laboral, puesto que el competente para tramitarlas, es el Comité de
Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín (…).”[59]
5.3. Debido a la necesidad de ampliar el contenido y alcance de la información recibida, con
Auto de 26 de septiembre de 2018[60] la Magistrada
Sustanciadora resolvió solicitar al Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez que aclarara algunas
respuestas.[61]
No obstante, no se allegó ninguna respuesta -ni siquiera
extemporánea- y tampoco se justificó esa omisión, por lo que esa conducta se
examinará a la luz del los artículos 19 y 20
del Decreto 2591 de 1991.[62]
6. Pruebas que obran en el
expediente
A continuación se relacionan las pruebas relevantes
que reposan en el expediente:
- Denuncia por maltrato infantil
presentada el 24 de abril de 2017 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín (cuaderno 1, folio
7 a 9).
- Queja por acoso laboral presentada el
31 de julio de 2017 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Procuraduría Provincial
del Valle de Aburrá (cuaderno 1, folio 50 a 21).
- Oficio Nº 4919 de 18 se septiembre de
2017 mediante el cual el Procurador Provincial del Valle de Aburrá remite -por
competencia- la queja de acoso laboral al Comité de Convivencia laboral de la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín (cuaderno 1, folio 14).
- Derecho de petición presentado el 1
de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Secretaría de Educación
de Medellín (cuaderno 1, folio 10 a 13).
- Resolución N° 201850016466 de 15 de
febrero de 2018 de la Secretaría de Educación de Medellín “Por la cual se
reubican a unos docentes nombrados en carrera en Básica Secundaria en la
Secretaría de Educación de Medellín en otra Institución Educativa, por el
proceso del estudio técnico de la planta de cargos de acuerdo a la proyección
de la matrícula para el año 2018” (cuaderno 1, folio 60 a 61).
- Respuesta de 20 de marzo de 2018 a
solicitud por presunto acoso laboral, proferida por el Comité de Convivencia
Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín (cuaderno 1, folio 33).
-
Respuesta de 20 de marzo de 2018 a petición presentada por la accionante,
proferida por la Dirección Técnica de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación de Medellín (cuaderno 1, folio 55 a 56).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta
Corte es competente para conocer de las decisiones judiciales materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 -numeral
9- de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, y en virtud del Auto de 27 de julio de 2018, expedido por la Sala de
Selección Número Siete de esta Corporación, que decidió seleccionar para su
revisión el expediente referido.[63]
2. Planteamiento del problema
jurídico y estructura de la decisión
2.1. En relación con los antecedentes mencionados, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar, en primer
lugar, si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia. De
superar dicho análisis, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación de
Medellín vulneraron el derecho fundamental de petición de Natalia Arbeláez
Ospina con la respuesta que dieron a la solicitud presentada el 1 de febrero de
2018?
¿La Alcaldía de Medellín,
la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo
y Gómez vulneraron los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso de
Natalia Arbeláez Ospina al reubicarla en otra Institución Educativa a pesar que
la denuncia por acoso laboral instauró no se había resuelto?
2.2.
Para abordar el estudio del problema descrito, la Sala (i) se
pronunciará sobre la procedencia de la acción de tutela y, de superarse dicho
análisis, se referirá (ii) a la carencia
actual de objeto; (iii) al derecho
fundamental de petición; (iv) al
derecho fundamental al debido proceso administrativo; (v) al
derecho fundamental al trabajo y su relación con el acoso laboral; y,
finalmente (vi) realizará el estudio del caso concreto.
3. Análisis de procedencia
La Sala
Segunda de Revisión advierte que la acción de tutela presentada por Natalia
Arbeláez Ospina cumple con los requisitos de procedencia.
3.1. De
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991
y la jurisprudencia constitucional, los requisitos de procedencia de la acción
de tutela son los de legitimación por activa, legitimación por pasiva,
inmediatez y subsidiariedad.
3.1.1.  La
legitimación en la causa por activa consiste en la posibilidad con la
que cuentan determinadas personas para instaurar una acción de tutela. Según el
artículo 86 de la Constitución Política, la misma puede ser promovida por
cualquier persona, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en
su nombre, cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten
vulnerados o amenazados.
A su
vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la legitimación en
la causa por activa se satisface cuando la acción es ejercida (i) directamente,
esto es, por el titular del derecho fundamental que se alega vulnerado; (ii)
por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad,
los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii)
mediante apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la
condición de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo; (iv) por medio
de agente oficioso; o (v) por parte del Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.[64]
3.1.2. Respecto de la legitimación en la causa por
pasiva, la Corte ha indicado que esta hace referencia a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental. Así, la acción se puede invocar
contra una autoridad pública o un particular, que haya vulnerado o amenazado
algún derecho de rango constitucional fundamental.[65]
3.1.3. En relación con el requisito de inmediatez,
la Corte ha manifestado que -por regla general- la acción de tutela debe ser
instaurada oportunamente y dentro de un plazo razonable.[66]
Lo anterior no equivale a imponer un término de caducidad, ya que ello transgrediría
el artículo 86 de la Constitución Política, que establece que la tutela se
puede instaurar en cualquier tiempo sin distinción alguna[67].
El análisis de este requisito no se suple con
un cálculo cuantitativo del tiempo transcurrido entre la vulneración o amenaza
de los derechos y la instauración de la acción de tutela, sino que supone un
análisis del caso particular conforme a diferentes criterios, tales como la
situación personal del peticionario, el momento en el que se produce la
vulneración, la naturaleza de la vulneración, la actuación contra la que se
dirige la tutela y los efectos de esta en los derechos de terceros.[68]
3.1.4. En lo referido al requisito de subsidiariedad,
la Corte ha establecido que la tutela es procedente cuando (i) no exista
otro mecanismo de defensa judicial; (ii) existiendo, la intervención del
juez constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable[69], evento en
el cual procederá de manera transitoria; o (iii) si los mecanismos de
defensa judicial no resultan idóneos o eficaces para lograr la protección de
los derechos presuntamente conculcados, caso en el cual procederá de manera
definitiva.[70] La idoneidad se refiere a la aptitud
material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde
con el contenido del derecho, mientras que la eficacia hace alusión al
hecho que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna
e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado.[71]
Respecto del segundo de los eventos, esto es,
cuando se alegue la configuración de un perjuicio irremediable, la
jurisprudencia constitucional ha fijado sus elementos de la siguiente manera: (i)
que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave,
esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación
jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se
requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales
deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv)
las medidas de protección deben ser impostergables, lo que
significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que
eviten la consumación del daño irreparable.[72]
Ahora bien, tratándose específicamente de casos en los que
se alegue la comisión de conductas constitutivas de acoso laboral hay
que tener en cuenta que, como se verá (infra, fundamento jurídico Nº 6.3.2.),
la Ley 1010 de 2006[73] establece
que frente a las mismas se pueden adoptar medidas preventivas, correctivas y
sancionatorias (artículos 9 y 10), siendo competentes para imponer estas
últimas los jueces de trabajo -si las víctimas pertenecen al sector privado- o
el Ministerio Público -si la víctima es un servidor público- (artículo 12).
De esta manera, la Corte Constitucional ha indicado que (i) las medidas preventivas y correctivas no
son mecanismos judiciales de protección de los derechos fundamentales del
trabajador, siendo simplemente de instrumentos de carácter administrativo; y (ii)
en lo que concierne al régimen
sancionatorio, la Ley 1010 de 2006 dispone ciertas medidas contra quienes
incurran en prácticas de acoso laboral, distinguiendo para ello entre los
sectores público y privado, por lo que “cuando el acoso laboral tiene lugar
en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan sólo con la vía
disciplinaria para la protección de sus derechos, mecanismo que no sólo es de
carácter administrativo y no judicial en los términos del artículo 86 Superior,
sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar
de un trabajo en condiciones dignas y justas.”[74]
No
obstante, tratándose de personas pertenecientes al sector público, se debe
tener en consideración que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
puede ser competente para conocer de casos de conductas de acoso laboral, ya
sea -por ejemplo- (i) a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho[75], o (ii)
mediante el medio de control de reparación directa.[76]
En cualquier evento, la idoneidad y eficacia del mecanismo
debe ser analizada caso a caso, pues es posible que la situación fáctica plantee
cuestiones de relevancia constitucional que hagan procedente la acción de tutela,
o se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable.
3.2. La acción de tutela presentada por Natalia Arbeláez Ospina cumple -respectivamente- con los
requisitos de procedencia de legitimación por activa y por pasiva e
inmediatez, puesto que fue instaurada (i) por sí misma; (ii) contra entidades públicas debidamente
vinculadas, como lo son la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de
Medellín y la Institución Educativa José
Acevedo y Gómez; y (iii) por un lado,
el derecho de petición fue instaurado el 1 de febrero de 2018 y la Resolución N° 201850016466 -mediante la
cual se ordenó su traslado- es del 15 de febrero de 2018, y por el otro, la
acción de tutela fue instaurada el 15 de marzo de 2018. Esto es, entre el
primero de los eventos y la presentación del recurso de amparo trascurrió
apenas un mes y catorce días, lo cual es un término razonable y
oportuno, teniendo en cuenta que el objetivo
primordial de la acción de tutela se encuentra orientado hacia la protección
actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el requisito de subsidiariedad
(iv) la accionante alega la vulneración de su derecho de petición por la
respuesta recibida a su solicitud de 1 de febrero de 2018, y porque consideraba
que, en razón de la situación de acoso laboral ejercida por el Rector de la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, se había ordenado su traslado a
otra Institución, desconociendo sus derechos fundamentales al trabajo y al
debido proceso.
En tal sentido, la Sala observa que la conducta
atribuida a las entidades accionadas se proyecta en la posible vulneración del
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pero también respecto de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo. En esa
medida, la acción de tutela es procedente por cuanto se presenta una discusión
sobre la posible vulneración de varios derechos fundamentales, respecto de la
cual los mecanismos ordinarios de defensa (i.e. los medios de control ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) no tienen la aptitud de brindar
una protección integral de los derechos enunciados, ni tienen la suficiente
prontitud para ofrecer una solución oportuna y expedita.
3.3. En conclusión, la Sala Segunda de Revisión considera
que la acción de tutela instaurada por Natalia Arbeláez Ospina es procedente. En
consecuencia, pasará a realizar algunas consideraciones -conforme lo dispuesto
en el fundamento jurídico N° 2.2.- para, posteriormente, realizar el análisis
del caso concreto.
4. Derecho fundamental de
petición. La eficacia de este derecho fundamental depende de la respuesta de
fondo a lo solicitado. Reiteración de jurisprudencia
4.1. El artículo 23 de la Constitución Política establece
el derecho de todas las personas a formular peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. Este derecho fundamental fue regulado mediante la Ley 1755 de 2015.[77]
Sobre el mismo existe una sólida y consolidada jurisprudencia sobre las reglas
que definen su contenido y alcance, las cuales fueron reiteradas por la
Sentencia C-951 de 2014[78], y dentro de
las que se destacan las siguientes:
“b) El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de
lo decidido.
c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con
los requisitos de: 1. oportunidad, 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con
lo solicitado y 3. ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) La respuesta no implica aceptación de lo
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (…).”[79]
(Negrillas originales)
4.2. En relación con los requisitos del literal “c”, la
Sala Plena precisó que la respuesta de los derechos de petición es válida en
términos constitucionales si es “(i) clara, esto es, inteligible
y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de
manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente,
de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente (…).”[80]
(Negrillas originales)
5. Derecho fundamental al
debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia
5.1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el
derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el
ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todos los procedimientos y
procesos administrativos[81], de manera
que
se garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii)
los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos
fundamentales de los asociados.[82]
Estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado
ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los
preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de
los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias
por parte de la administración a través de la expedición de actos
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios
del Estado de Derecho.[83]
5.2.
Esta Corte ha señalado que hacen
parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los
derechos a (i) ser
oído durante toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad
con la ley; (iii) que
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación; (v) que
la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar
de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción; (viii)
solicitar, aportar y controvertir pruebas; y (ix) a
impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación del debido proceso.[84]
6. El acoso laboral y su
relación con el derecho fundamental al trabajo: no es posible separar el
derecho al trabajo de la dignidad humana[85]
6.1.
Protección de la dignidad humana en las relaciones laborales
6.1.1. La
Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana equivale al merecimiento
de un trato acorde con su condición humana[86], constituyéndose
en un principio fundante del Estado colombiano, el cual tiene un valor absoluto
en el ordenamiento jurídico, de manera que no puede ser limitado como otros
derechos, en ninguna circunstancia, con base en la aplicación de doctrina
jurídica o filosófica alguna, o a partir de ninguna aplicación exceptiva.[87]
Precisando
su alcance y contenido en el ordenamiento jurídico colombiano, la Corte ha
señalado que tiene una triple naturaleza jurídica[88]
al ser un valor, un principio y un derecho fundamental autónomo:
“(…) una
síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de
la expresión ‘dignidad humana’ como entidad normativa, puede presentarse de dos
maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su
funcionalidad normativa.
Al tener como punto de vista el objeto de protección del
enunciado normativo ‘dignidad humana’, la Sala ha identificado a lo largo de la
jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones).
De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad,
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres
lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del
ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad
como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y
(iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.”[89]
6.1.2.
Ahora bien, en el campo de las relaciones laborales, la Corte ha establecido
que, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política, el derecho al
trabajo no se limita a acceder a un empleo y permanecer en él, sino que incluye
la garantía de ser realizado en condiciones dignas y justas[90],
protección que se extiende a todas las modalidades de trabajo[91],
y que se predica para toda persona sin discriminación alguna y corresponde no
solo a la garantía de los principios mínimos establecidos en el artículo 53[92]
de la Constitución[93], sino que
además comprende la garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito
laboral, como lo son el derecho a no ser perseguido laboralmente[94],
el derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad y
a no ser discriminado, a la intimidad, al buen nombre, y a la libertad sexual,
entre otros.[95]
6.1.3.
Es importante resaltar que el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas
no solo debe ser garantizado por las autoridades públicas (de acuerdo con el
artículo 2 de la Constitución Política), sino que también debe ser respetado
por todos los particulares que se encuentren inmersos en cualquier tipo de
relación laboral, pues estos también están sujetos a la Constitución y
obligados a realizar sus principios.[96] Lo anterior,
como una manifestación de la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales (Drittwirkung der Grundrechte[97])
que, esencialmente, hace alusión a la aplicación de esos derechos en las
relaciones entre particulares.
Un
claro ejemplo de ello es lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006
(que se analizará detenidamente infra, fundamento jurídico Nº 6.3.2.),
pues dispone que ninguna persona que esté inmersa en una relación laboral puede
cometer conductas de acoso laboral: “(…) se entenderá por acoso laboral toda
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato,
un compañero de trabajo o un subalterno (…).” (Subrayas no originales)
6.2. El
ejercicio del ius variandi para la prestación efectiva del servicio de
educación y sus límites frente al traslado de docentes. Reiteración de
jurisprudencia
6.2.1.
El ius variandi ha sido definido por la Corte Constitucional
como una de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador
sobre sus trabajadores. Se concreta cuando el empleador -público o privado-
modifica respecto del trabajador la prestación personal del servicio en lo
atinente al tiempo, modo o lugar del trabajo.[98] Precisamente, uno de los aspectos de
mayor relevancia dentro del ejercicio del ius variandi se evidencia en
facultad con la que cuenta el empleador para ordenar traslados, ya sea en
cuanto al reparto funcional de competencias (factor funcional), o bien teniendo
en cuenta la sede o lugar de trabajo (factor territorial).[99]
Debe
tenerse en consideración que el margen de discrecionalidad aumenta o disminuye
dependiendo de la naturaleza de la actividad desarrollada. Así, cuando se trata
de un trabajador que hace parte de entidades del sector público -donde la
planta de personal es global y flexible-, dicha facultad es más amplia con
miras a atender de la mejor manera las necesidades del servicio y para cumplir
los fines esenciales del Estado.[100]
No
obstante, esta Corte también ha destacado que esas facultades del empleador no
son absolutas, pues de ninguna manera se puede abusar de las mismas para
afectar desproporcionadamente los derechos fundamentales de los trabajadores.[101]
Por ejemplo, se ha señalado que se deben tener en cuenta -entre otras
condiciones-: (i) las circunstancias que afectan al trabajador; (ii)
su situación familiar; (iii) su estado de salud y la de sus allegados; (iv)
el lugar y el tiempo de trabajo; (v) las condiciones salariales; y (vi)
el comportamiento que se ha venido observando respecto del trabajador y el
rendimiento demostrado.[102]
6.2.2.
En particular, tratándose del traslado de servidores públicos docentes, se ha
sostenido que el ius
variandi se materializa -entre otras- en la posibilidad que tiene la
autoridad nominadora de cambiar la sede en que estos prestan sus servicios, con
el fin de garantizar una continua, eficiente y oportuna prestación del servicio
público de educación.[103]
Al respecto, también se precisó que la potestad discrecional de la autoridad nominadora para
ordenar traslados se encuentra limitada, pues esta debe responder a una
necesidad real y objetiva del servicio, y a su vez debe consultar la situación
particular del empleado y de su núcleo familiar.[104]
La
Corte también ha determinado que todo procedimiento de traslado debe sujetarse
a las reglas relativas al debido proceso.[105]
6.2.3.
Para ello, se deben tener en cuenta las normas que regulan los traslados de los
servidores públicos docentes.
El
servicio público de educación, cuando se presta a través de instituciones del
Estado, supone el desenvolvimiento de la función pública y el sometimiento a
unas reglas que definen la relación laboral que surge entre los docentes y la
administración.[106]
Esta
Corte ya se ha pronunciado en detalle respecto de la normatividad aplicable a
los traslados de docentes y sus diferentes modalidades.[107]
Por ende, se realizará una síntesis, enfatizando en los puntos que sean útiles
para analizar el caso concreto.
La Ley
715 de 2001[108] en su
artículo 22 le otorga al nominador la facultad discrecional de trasladar a
docentes o directivos docentes, con el fin de asegurar la debida prestación del
servicio público. Esta norma fue complementada por el Decreto Ley 1278 de 2002[109]
que, en los artículos 52 y 53, dispone que la situación administrativa del
traslado se presenta “cuando se provee un cargo docente o directivo
docente vacante definitivamente, con un educador en servicio activo que ocupa
en propiedad otro con funciones afines y para el cual se exijan los mismos
requisitos aunque sean de distintas entidades territoriales”, y que procede
(i) discrecionalmente por la autoridad competente[110],
(ii) por razones de seguridad debidamente comprobadas, o (iii)
por solicitud propia.
Las
modalidades de traslado fueron definidas en el Decreto 520 de 2010[111],
el cual fue compilado en el Decreto 1075 de 2015[112]
que, en el Título 5 de la Parte 4 del Libro 2 (artículos 2.4.5.1.1. a  2.4.5.2.3.8.),
regula -entre otras cuestiones- los diferentes tipos de traslado: (i) el
proceso ordinario de traslados (artículo 2.4.5.1.2. a 2.4.5.1.4.), (ii)
los traslados no sujetos al proceso ordinario (artículo 2.4.5.1.5. y
2.4.5.1.6.), (iii) los traslados por razones de seguridad de educadores
oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación, y (iv)
la permuta (inciso 2 del Parágrafo 2 del artículo 2.4.5.1.2). En
relación con los traslados no sujetos al proceso ordinario se estipuló:
“Artículo 2.4.5.1.5. Traslados no sujetos al
proceso ordinario. La autoridad nominadora efectuará el traslado de
docentes o directivos docentes mediante acto administrativo debidamente
motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario
de traslados de que trata este Capítulo, cuando se originen en:
1. Necesidades del servicio de carácter académico o
administrativo, que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio educativo.
En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe
adoptar la decisión correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes
que habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan
alcanzado.
2. Razones de salud del docente o directivo docente, previo
dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de
salud.
3. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente
la convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación
sustentada del consejo directivo.”
(Subrayas no originales)
6.3. Marco
jurídico sobre el acoso laboral[113]
6.3.1.
Ya en la Sentencia T-882 de 2006, al referirse a la Ley 1010 de 2006, la Corte
Constitucional se pronunció sobre los
primeros estudios psicológicos -que databan de la década de los ochenta- sobre
el acoso laboral (o “mobbing” o “bullying”)[114], dando una definición de dicho fenómeno[115],
e indicando que pueden configurarse como tales -entre otras conductas-: ataques
verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación
profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento
social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de
salud del trabajador y hasta agresiones físicas.
Asimismo
-y luego de realizar algunas referencias de derecho comparado[116]-
se enunciaron las consecuencias que esas conductas pueden tener en las personas
y cómo el acoso laboral puede tener implicaciones en múltiples derechos
fundamentales: “trastornos de sueño, dolores, síntomas psicosomáticos del
estrés, pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica,
depresión y afectación de las relaciones familiares.”[117] Al respecto, en la Sentencia T-372 de 2012 se agregó que:
“(…) el estrés
ocasiona serios perjuicios para la salud física y mental del trabajador, además
de impedir el desempeño laboral en condiciones dignas y justas. El estrés
laboral ha sido desarrollado en multiplicidad de artículos académicos en los
cuales se lo ha relacionado con lo que en el área de la medicina se conoce como
el “Síndrome de Burnout” o “síndrome del trabajador desgastado”. Este fenómeno
fue explicado por los psicólogos estadounidenses Herbert Freudenberg y
Geraldine Richelson en 1998 en su libro “Burnout: The high cost of high achievement”
y consiste principalmente en que quien lo padece presenta síntomas como
sentirse permanentemente cansado o que a pesar de cumplir con sus compromisos,
su trabajo no es bien reconocido y nunca termina, pierde la capacidad de
disfrutar las cosas que le gustan o los incentivos que lo motivaban a trabajar.
En su tiempo libre se siente estresado y sufre de complicaciones físicas como
insomnio, dolores de cabeza, mareos, dolencias musculares, infecciones, manchas
en la piel, trastornos respiratorios, circulatorios y digestivos, etc.”[118]
Por
otra parte, desde la Sentencia T-882 de 2006 también se definieron los
elementos que suelen encontrarse en el acoso laboral: (i) asimetría de
las partes; (ii) intención de dañar; (iii) causación de un daño;
y (iv) carácter deliberado, complejo, continuo y sistemático de la
agresión.[119]
6.3.2.
Ahora bien, con la Ley 1010 de 2006 se adoptaron medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.
Por un
lado, se regulan algunas cuestiones generales como lo son el objeto de
la Ley y los bienes que se protegen (artículo 1[120]), la
definición de acoso laboral[121]
y sus modalidades[122]
(artículo 2), y el ámbito de aplicación de la Ley y la definición de los
sujetos activos -o autores-, pasivos -o víctimas- y partícipes (artículo 6).
Por
otra parte, se establecen diferentes tipos de conductas: las que
constituyen acoso laboral (artículo 7[123]), las que no constituyen acoso
laboral (artículo 8), las atenuantes (artículo 3[124]) y las
circunstancias agravantes (artículo 4).
Adicionalmente,
se determinan las medidas que se deben adoptar frente al acoso laboral,
como lo son las medidas preventivas y correctivas (artículo 9[125]), las medidas
sancionatorias (artículo 10) y algunas garantías contra actitudes
retaliatorias, a fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado
peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales
procedimientos (artículo 11).
También
se regula lo concerniente a las autoridades competentes en relación con
las medidas preventivas y correctivas (artículo 9[126]),
y con las medidas sancionatorias (artículo 12)[127] y su
procedimiento (artículo 13).
Finalmente
se establecieron otras cuestiones procesales, como las relacionadas con
la graduación de las faltas (artículo 5), las consecuencias cuando haya
temeridad en las quejas (artículo 14[128]), el llamamiento en garantía
(artículo 15), la suspensión de la evaluación y calificación del desempeño
laboral por el tiempo que determine el dictamen médico (artículo 16), los
sujetos procesales que pueden intervenir en la actuación disciplinaria que se
adelante por acoso laboral (artículo 17) y la caducidad de las acciones
derivadas del acoso laboral (artículo 18).
7. Estudio del caso
concreto
En el
presente caso, ya se determinó que la acción de tutela era procedente (supra,
fundamento jurídico Nº 3.2.). Ahora bien, la Sala Segunda de Revisión pasará a analizar
de fondo los problemas jurídicos planteados (supra, fundamento jurídico
Nº 2.1.).
7.1. Respecto
del derecho fundamental de petición (primer problema jurídico), se tiene que en
el momento en que se instauró la acción de tutela (15 de marzo de 2018), la Secretaría
de Educación de Medellín no había dado respuesta a la solicitud presentada por
Natalia Arbeláez Ospina el 1 de febrero de 2018 (supra, antecedente N°
1.5.).
No
obstante, el 20 de marzo de 2018, durante el trámite de la tutela, el Comité de
Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín (supra,
antecedente N° 3.2.1.) y la Dirección Técnica de Recursos Humanos de la
Secretaría de Educación de Medellín (supra, antecedente N° 3.2.2.) se
pronunciaron al respecto. Frente a lo anterior, la accionante sostuvo que las respuestas no correspondían a lo solicitado (supra,
antecedente N° 3.4.).
Por
ende, es necesario determinar si lo manifestado por las entidades estatales
cumple con los requisitos señalados por la jurisprudencia para considerar
válida una respuesta en términos constitucionales (supra,
fundamento jurídico N° 4.2.).
Si bien la entidad accionada respondió los puntos de la
solicitud elevada por la accionante, dicha respuesta carece de motivación en
tanto no explica las razones por las cuales la queja de acoso laboral no
prosperó. En esa medida, la Sala considera que se presentó una vulneración del
derecho fundamental estudiado.
En este
punto, no puede dejarse de lado el hecho que la respuesta fue extemporánea, y que
solo se atendieron las solicitudes de la accionante en el momento en que esta
presentó la acción de tutela, razón por la que la Corte advierte a la
Secretaría de Educación de Medellín que no debe esperar a que presenten dicho
recurso judicial para responder las peticiones que presenten las personas en
ejercicio de sus derechos.
7.2. Otra
de las pretensiones de la accionante (supra, antecedente Nº 2) estaba
encaminada a que no se efectuara el traslado determinado en sesión de 15 de
enero de 2018 -acta Nº 933-3- y formalizado el 15 de febrero de 2018 mediante
Resolución N°
201850016466 de 15 de febrero de 2018 (supra, antecedentes Nº
3.2.2.). Lo anterior, porque su solicitud era permanecer vinculada en la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez (supra, antecedente Nº 2), en
tanto consideraba que la reubicación -y otras conductas- configuraban una
situación de acoso laboral, lo que vulneraba sus derechos fundamentales al
trabajo y al debido proceso (segundo problema jurídico).
En
primer lugar, la Sala estima que de los hechos narrados (supra,
antecedente Nº 1.3. -nota al pie 5-) y los documentos consignados en el
expediente, no se logra acreditar la comisión de una
conducta repetida y pública (supra, fundamento jurídico Nº 6.3.2.
-nota al pie 123-) o de una conducta privada revestida
de un carácter complejo, continuo y sistemático (supra, fundamento
jurídico Nº 6.3.1.), y que se enmarcara dentro de algunas de las acciones
proscritas por el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006. Por tanto, no se configuró
una vulneración del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y
justas.
Sin
embargo, la Sala encuentra que la decisión de reubicación de Natalia Arbeláez
Ospina desconoció su derecho fundamental al debido proceso administrativo. Si
bien la decisión de trasladar docentes por parte del nominador es discrecional,
ello no puede implicar el desconocimiento de las normas y garantías que rigen
ese tipo de actuaciones.
7.2.1. Al
respecto, aunque la decisión de cambiarla de institución educativa perseguía
una finalidad legítima, como lo era garantizar la prestación del servicio de
educación, y la misma era adecuada en tanto era idónea para alcanzar ese
objetivo; la medida no era necesaria, por cuanto se podía trasladar a otro de
los docentes de inglés que también trabajaban en la Institución Educativa José
Acevedo y Gómez, quienes llevaban menos tiempo vinculados y, según lo afirmó la
accionante (supra, antecedente 5.2.1.) y no fue desvirtuado por el
Rector de la Institución (supra, antecedente 5.3.), cuando se va a
reubicar a un docente, se elige a la última persona que llega.
Sin
embargo, la razón determinante para que la medida no sea considerada necesaria
ni indispensable, es que Natalia Arbeláez Ospina había interpuesto una queja
por maltrato infantil y otra por acoso laboral por lo que, de acuerdo con el
Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018[129]
proferido por la Secretaría de Educación de Medellín (supra, antecedente
Nº 3.2.2.), “los docentes de carrera
que hubiesen radicado ante la Secretaría (…)
y con antelación al proceso de reubicaciones denuncias por acoso laboral en
contra del Directivo Docente-Rector, deberían considerarse en última instancia
para su reubicación.”
En consecuencia, se corrobora que la decisión de reubicar a
Natalia Arbeláez Ospina no solo desconoció las directrices que le eran
aplicables (es decir, no se respetaron plenamente las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico), lo que configura una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso administrativo; sino que también
contrarió el principio de la buena fe, pues el mismo exige el respeto de los
actos propios (venire contra factum proprium non valet), razón por la
que la Secretaría de Educación de Medellín no podía desconocer sus propias
determinaciones, esto es, lo que había dispuesto en el Oficio N° 201830001082
del 3 de enero de 2018.
7.2.2. En este punto, también se cuestiona que, aunque la
queja por acoso laboral fue presentada el 31 de julio de 2017 y remitida por la
Procuraduría el 19 de septiembre de ese mismo año (supra, antecedente Nº
3.3.1.), el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de
Medellín solo se pronunció -someramente- tras la instauración de la acción de
tutela, sin que previamente hubiera adoptado las medidas que ordena la Ley 1010
de 2006 (numeral 2º del artículo 9[130]) y la
Resolución 652 de 2012 (artículo 6[131]). Así, se
constata que el Comité de Convivencia Laboral (i) señaló que no existían
elementos para afirmar la configuración de un acoso laboral, sin llegar al
convencimiento del mismo, (ii) no sustentó la razón de su decisión, y (iii)
tampoco escuchó a Natalia Arbeláez Ospina.
7.2.3. En conclusión, se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina al disponer un
traslado que no tuvo en cuenta las directrices que eran aplicables, y porque su
denuncia por acoso laboral fue estudiada sin cumplir con lo dispuesto en la Ley
1010 de 2006 y la Resolución 652 de 2012.
7.3. Por otra parte, la Sala también llama la atención
respecto de la conducta desplegada por la Secretaría de Educación de Medellín
en el curso de la acción de tutela. En primer lugar, se encuentra que las
respuestas emitidas por dicha entidad son contradictorias. Así, en los
antecedentes N° 3.2.2. y 3.3.1. indicó que la queja presentada por Natalia
Arbeláez Ospina ante la Procuraduría no era propiamente por acoso laboral,
sino por presuntos actos de maltrato infantil. Sin embargo, en los antecedentes
N° 3.3.1. y 5.2.2. manifestó que la queja que le remitió la Procuraduría sí era
sobre acoso laboral (afirmación que sí se encuentra respaldada en el material
probatorio).
Además, la Sala reprocha que la Entidad le haya ocultado
información importante. Aunque al pronunciarse respecto del derecho de petición
que presentó la accionante el 1 de febrero de 2018 (supra, antecedente
3.2.2.) y al responder la acción de tutela ante los jueces de instancia (supra,
antecedente 3.3.1.) enunció la existencia y contenido del Oficio N°
201830001082 del 3 de enero de 2018; cuando se le preguntó expresamente en Sede
de Revisión (antecedente N° 5.2.2. -nota al pie 44-) acerca de si existía alguna
limitación al traslado de docentes cuando estos han presentado una denuncia por
acoso laboral, no se refirió al mencionado Oficio y dio una respuesta diferente
(que el traslado se podía realizar, salvo que el Comité de Convivencia Laboral
haya conceptualizado y atendido sobre la denuncia por acoso laboral).
7.4. De conformidad con lo
expuesto, se revocarán las decisiones de instancia dictadas el 29 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el 4 de
mayo de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de
Medellín, y se concederá el amparo de los derechos fundamentales de petición y
al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina. En tal sentido, se ordenarán las siguientes medidas:
En el término máximo de (2) dos meses posteriores a la
notificación de esta providencia, la Secretaría de Educación de Medellín debe
adelantar un proceso de traslado no sujeto al proceso ordinario (de conformidad
con la Ley 715 de 2001, el Decreto Ley 1278 de
2002, el Decreto 520 de 2010, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas
concordantes y complementarias), reubicando a Natalia Arbeláez Ospina en la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las
medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del
servicio educativo (v.gr. trasladar otro docente).
Por su parte, tan pronto sea notificada esta providencia, el
Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín debe reabrir el trámite de la queja por acoso laboral presentada
por Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la
normatividad aplicable, en particular, en la Ley 1010 de 2006 y en la
Resolución 652 de 2012 (supra, fundamento jurídico Nº 7.2.2.). Lo
anterior, independientemente del resultado, pues lo importante es que la
actuación se surta con el pleno respeto de las
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico.
También se ordenará que se remita copia de esta providencia
a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias,
determine (i) si la irregularidad en el traslado de la docente Natalia
Arbeláez Ospina tiene como resultado la responsabilidad individual disciplinaria
de los implicados; (ii) la consecuencia jurídica a la respuesta
extemporánea (de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011) del derecho
de petición presentado el 1 de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina, el
cual fue contestado hasta el 20 de marzo de 2018; y (iii) si la omisión injustificada
del Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez señalada en el
antecedente N° 5.3. de esta providencia (consistente en no dar respuesta a los
requerimientos de esta Corporación), es contraria a lo establecido en los
artículos 34 (numeral 1) y 35 (numerales 1 y 24) de la Ley 734 de 2002.
8. Síntesis de la
decisión
Correspondió a la Sala Segunda de Revisión analizar la
acción de tutela instaurada por la profesora de inglés Natalia Arbeláez Ospina
contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en la que solicitaba la protección
de sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y al debido proceso, los
cuales consideró vulnerados por la decisión de las accionadas de trasladarla a
otra Institución, pese a que había instaurado una queja por maltrato infantil y
otra por acoso laboral. En particular, señaló que (i) no se dio
respuesta de fondo al derecho de petición que había presentado solicitando
información sobre el trámite de las referidas quejas; (ii) el Rector de
la Institución Educativa la había acosado laboralmente -por ejemplo, quitándole
la carga académica-; y (iii) ella no debió ser trasladada porque en la
Institución había otros dos profesores de inglés con menos antigüedad y, al
haber instaurado una queja por acoso laboral, debió ser tenida en cuenta en
último lugar. Conforme con lo
anterior, solicitó que se ordenara a las accionadas que respondieran su
petición, se restableciera su carga académica, y se adoptaran las demás medidas
pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales.
En primer lugar, la Sala constató que la acción
de tutela era procedente. Luego, se pronunció sobre el derecho fundamental de
petición, el derecho fundamental al debido proceso administrativo y el derecho
fundamental al trabajo. En este punto, profundizó sobre la protección de la
dignidad humana en las relaciones laborales, el ejercicio del ius variandi
para la prestación efectiva del servicio de educación y sus límites frente al
traslado de docentes, y respecto del marco jurídico sobre el acoso laboral en
Colombia.
A continuación, entró a resolver el caso
concreto, donde determinó que (i) se vulneró el derecho de petición porque
si bien la entidad accionada respondió los
puntos de la solicitud elevada por la accionante, dicha respuesta carecía de
motivación en tanto no explicó las razones por las cuales la queja de acoso
laboral no prosperó; (ii) no
se vulneró su derecho fundamental al trabajo en tanto no se logró acreditar la
comisión de una conducta repetida y pública o de una conducta privada revestida
de un carácter complejo, continuo y sistemático, que se enmarcara en algunas de
las acciones proscritas por el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006; y (iii)
se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina al disponer un traslado que
no tuvo en cuenta las directrices que eran aplicables, y porque su denuncia por
acoso laboral fue estudiada sin cumplir con lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006
y la Resolución 652 de 2012.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión decidió (i) revocar las decisiones de instancia, concediendo el amparo de los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina; (ii)
ordenar a la Secretaría de Educación de Medellín que adelante un proceso de
traslado no sujeto al proceso ordinario, reubicando a la accionante en la
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las
medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio
educativo; (iii) ordenar al Comité de Convivencia Laboral de la
Secretaría de Educación de Medellín que reabriera el trámite de la queja por
acoso laboral presentada por Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de que dicho
procedimiento se surta con el pleno respeto de
las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; y (iv)
remitir copia de la Sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que
determine si constituyen faltas disciplinarias el traslado irregular de la
accionante, la respuesta extemporánea al derecho de petición que ella había
presentado, y la omisión injustificada del Rector de la Institución en dar
respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las
sentencias de tutela proferidas el 29 de marzo
de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Medellín y el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín. En consecuencia, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo de Natalia Arbeláez Ospina.
Segundo.- ORDENAR a la
Secretaría de Educación de Medellín que, en el término máximo de (2) dos meses
posteriores a la notificación de esta providencia, adelante un proceso de
traslado no sujeto al proceso ordinario (de conformidad con la normatividad
aplicable), reubicando a Natalia Arbeláez Ospina en la Institución Educativa
José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las medidas que sean necesarias
para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo.
Tercero.- ORDENAR al
Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín que,
tan pronto sea notificada esta providencia, reabra el trámite de la queja por acoso laboral presentada por
Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de que la actuación se surta con el pleno respeto de las formas propias previstas
en el ordenamiento jurídico.
Cuarto.- REMITIR copia
de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para que, en el
marco de sus competencias, determine si algún servidor público incurrió en
faltas disciplinarias, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico Nº 7.4.
de esta providencia.
Quinto.- Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
PONENCIA T-6879382
SENTENCIA.. 1
I. ANTECEDENTES. 2
1. Hechos. 2
2. Acción de tutela. 3
3. Admisión, trámite y
respuesta de las accionadas. 3
4. Decisiones objeto de
revisión. 7
5. Actuaciones en Sede de
Revisión. 9
6. Pruebas que obran en el expediente. 12
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.. 13
1. Competencia. 13
2. Planteamiento del problema
jurídico y estructura de la decisión. 13
3. Análisis de procedencia. 14
4. Derecho fundamental de
petición. La eficacia de este derecho fundamental depende de la respuesta de
fondo a lo solicitado. Reiteración de jurisprudencia. 18
5. Derecho fundamental al
debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia  19
6. El acoso laboral y su
relación con el derecho fundamental al trabajo: no es posible separar el
derecho al trabajo de la dignidad humana. 19
6.1. Protección de la dignidad humana en las relaciones
laborales. 19
6.2. El ejercicio del ius variandi para la
prestación efectiva del servicio de educación y sus límites frente al traslado
de docentes. Reiteración de jurisprudencia. 22
6.3. Marco jurídico sobre el acoso laboral 24
7. Estudio del caso concreto. 27
8. Síntesis de la decisión. 31
III. DECISIÓN.. 32
RESUELVE.. 32
[1]
Cuaderno 1, folio 1 a 6.
[2] Ibidem., folio 2.
[3] “Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar”.
[4] Según la accionante, se encontraba en clase de grado
séptimo y una de estudiante le manifestó que el Rector la jaló del brazo por
estar fuera de clase. Ese mismo día el Rector ingresó al salón para tratar una
situación de indisciplina de otra estudiante, la cual hizo caso de sus
requerimientos, por lo que aquel “enfurecido la paró de la silla por la
fuerza, le pidió que saliera del salón y la estudiante se negó una vez más
desafiando su autoridad, entonces el Rector sacó a las estudiante a los
empujones.” (Ibidem., folio 8)
[5] Específicamente, la accionante señaló “(…) se dieron
situaciones de acoso laboral, tales como: // 1. Abordarme el día que
interpuse la denuncia para decirme frases intimidantes en donde me manifestaba
que habría una vigilancia especial sobre mi trabajo. 2. Gritos y el uso de
términos descalificativos sobre mí ante los miembros del comité de
convivencia escolar (…). 3. Gritos en presencia de la
comunidad educativa cuando a solicitud de la psicóloga de Secretaria (sic) de
Salud llevaba una de las estudiantes agredidas a su despacho para recibir
atención psicológica, además impidiendo mi libre circulación por los espacios
de la institución. 4. Me impuso una prohibición expresa de algunas de mis
funciones como docente activa, tales como citar acudientes y acercarme al
consultorio de la psicóloga de Secretaria (sic) de Salud asignada para
la institución. // 5. Se me retiró mi asignación económica el día 26 de
Enero de 2018 (…). 6. Se me retira de mi plaza en la institución
educativa bajo la figura de REUBICACIÓN (…)” (Negrillas originales.
Cuaderno 1, folio 1).
[6] Ibidem., folio 4.
[7] Ibidem., folio 2.
[8] Ibidem., folio 18.
[9] Ibidem., folio 33.
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Ibidem., folio 55 y 56.
[13] Ibidem., folio 55.
[14] Ibidem., folio 55.
[15] Ibidem., folio 56.
[16] Idem.
[17] Ibidem., folio 43 a 46.
[18] Ibidem., folio 44.
[19] Ibidem., folio 43.
[20] Idem.
[21] Ibidem., folio 46.
[22] Ibidem., folio 25 a 27.
[23] Ibidem., folio 28 a 31.
[24] Ibidem., folio 64 a 66.
[25] Ibidem., folio 74 a 83.
[26] Ibidem., folio 83.
[27] Ibidem., folio 79.
[28] Ibidem., folio 82.
[29] Idem.
[30] Idem.
[31] Ibidem., folio 92 a 93.
[32] Ibidem., folio 92.
[33] Ibidem., folio 113 a 120.
[34] Ibidem., folio 117.
[35] Ibidem., folio 119.
[36]http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2027%20DE%20JULIO%20DE%202018%20NOTIFICADO%2013%20DE%20AGOSTO%20DE%202018.pdf
[37] Acción de tutela instaurada por Yohanna Rosana Redondo Bonivento
contra Positiva Compañía de Seguros S.A. y Ocuservis S.A.S.
[38] Acción de tutela
instaurada por Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la
Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y
Gómez.
[39] Auto de 27 de julio de 2018, proferido por la Sala de
Selección Número Siete. Punto resolutivo décimo segundo.
[40] Cuaderno de revisión, folio 29 y 30.
[41] A la accionante se le preguntó: “(i) ¿Cuál es su actual
situación laboral? En particular, si le fue reestablecida la carga académica o
si fue reubicada en la Institución Educativa El Limonar, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución N° 201850016466 de 15 de febrero de 2018 de la
Secretaría de Educación de Medellín.”
[42] Cuaderno de revisión, folio 37 a 40. Adjuntó, entre otros
documentos, tres denuncias presentadas en abril de 2017 por dos estudiantes del
grado 7b ante la Personería Municipal de Medellín, en las que denunciaban los
malos tratos del Rector (una de las denuncias viene con una lista de “testigos”
de 23 estudiantes del mismo grado). (Ver, folio 41 a 46).
[43] Ibidem., folio 39.
[44] A la Secretaría se le preguntó: “(i) ¿Cuál es el
procedimiento que se sigue en los casos de acoso laboral? ¿Qué sucede cuando no
son suficientes las medidas preventivas y correctivas establecidas en el
artículo 9 de la Ley 1010 de 2006? // (ii) ¿Cómo se tramitó la denuncia
por acoso laboral presentada por la docente Natalia Arbeláez Ospina? // (iii)
¿Existe alguna justificación para que, en casos como el de la accionante, las
instituciones educativas reduzcan la carga laboral de los docentes? // (iv)
¿Cómo funciona el traslado de docentes? ¿Hay alguna limitación cuando estos han
presentado una denuncia por acoso laboral? En concreto, ¿cuál es el alcance de
las circulares 20170000023 de 17 de agosto de 2017 y 20173030486 de 29 de
noviembre de 2017? // (v) ¿Cuál es la situación laboral actual de la
docente Natalia Arbeláez Ospina? En particular, si le fue reestablecida la
carga académica o si fue reubicada en la Institución Educativa El Limonar, de
conformidad con lo que dispuso en la Resolución N° 201850016466 de 15 de
febrero de 2018.”
[45] Cuaderno de revisión, folio 106 a 111.
[46] Se conforma el Comité de Convivencia Laboral, se reciben,
tramitan y estudian las quejas, se formula un plan de mejora concertado entre
las partes, se hace seguimiento a los compromisos y, si no se llega a un
acuerdo o no se siguen las recomendaciones, se remite la queja a la
Procuraduría General de la Nación -tratándose de servidores públicos- (entre
otras funciones). En caso que se considere que no se incurrió en una conducta
constitutiva de acoso laboral, se informa al interesado mediante respuesta
escrita.
[47] Cuaderno de revisión, folio 108.
[48] Específicamente, que los traslados de
docentes -realizados por el nominador- se pueden efectuar de tres maneras: (i)
proceso ordinario de traslados (artículo 2.4.5.1.2.), (ii) traslados no sujetos al proceso ordinario (artículo
2.4.5.1.5.), y (iii) traslados
por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades territoriales
certificadas en educación (artículo 2.4.5.2.1.1. y
subsiguientes).
[49] Cuaderno de revisión, folio 110, nota al pie Nº 11: “Que
en la planta de cargos del establecimiento educativo exista más de una plaza
con el mismo perfil y el rector pueda escoger entre una y otra. V.gr: Dos
plazas con el perfil de Inglés y se deba entregar una plaza de inglés.”
[50] Ibidem., folio
110.
[51] Idem.
[52] Idem.
[53] Idem.
[54] Ibidem., folio
111.
[55] Ibidem., folio
127 a 130.
[56] Ibidem., folio
111.
[57] A la Institución Educativa José Acevedo y Gómez y a su
rector (señor Jaime Alberto Sierra Torres) se les preguntó: “(i) ¿Por qué se le quitó la carga académica a la docente Natalia Arbeláez Ospina? // (ii) ¿La institución realizó alguna solicitud para que la docente
Natalia Arbeláez Ospina fuera reubicada? // (iii) ¿Cuál es la situación laboral
actual de la docente Natalia Arbeláez Ospina? En particular, si le fue reestablecida la carga académica o si fue
reubicada en la Institución Educativa El Limonar, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución N° 201850016466 de 15 de
febrero de 2018 de la Secretaría de Educación de Medellín. // (iv) ¿Cómo tramita la institución las
quejas por acoso laboral que le ponen de presente los docentes? ¿Desde la
expedición de la Ley 1010 de 2006 cuántos casos de acoso laboral se han
presentado y cómo se han resuelto?”
[58] Cuaderno de revisión, folio 101 y 102.
[59] Ibidem., folio 102.
[60] Ibidem., folio 24 y 25.
[61] Específicamente, se le requirió precisar: “(i) De acuerdo con la respuesta a las preguntas Nº 1 y 2 (…), se indicó que por la necesidad del servicio y por la
disminución del número de alumnos se tuvo que entregar -entre otras- una plaza
de inglés. ¿Antes de la determinación de disminuir el número de plazas cuántas
de estas había para la clase de inglés? ¿Había más de un profesor para dictar
esa asignatura? De ser así, ¿cuál fue el criterio para determinar que fuera la
docente Natalia Arbeláez Ospina y no otro
profesor el que debía ser reubicado? // (ii) En relación con la respuesta a la pregunta Nº 4 (…) se aclaró que la Institución Educativa no tramita quejas por
acoso laboral. Al respecto, es necesario precisar la segunda parte de la
pregunta, en el sentido de especificar cuántas quejas por acoso laboral se han
presentado -ante la Secretaría de Educación- contra funcionarios de la Institución
Educativa José Acevedo y Gómez desde la expedición de la
Ley 1010 de 2006 y cómo se han resuelto.”
[62] “Artículo 19. Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra
quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la
documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión
injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad. // El plazo para informar será de uno a
tres días, y se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la
rapidez de los medios de comunicación. // Los
informes se considerarán rendidos bajo juramento.
Artículo 20. Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido
dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.” (subrayas no
originales)
[63] Ver supra, antecedente Nº 5.
[64] Sentencias T-493 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, fundamento jurídico N° 3; T-194 de 2012. M.P. Mauricio González
Cuervo, fundamento jurídico N° 2.2.3.; SU-055 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4; T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 2.1.1.; y T-036 de 2018. M.P. Diana
Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 3.1.1.
[65] Sentencias
T-1015 de 2006. M.P. Álvaro
Tafur Galvis, fundamento jurídico N° 3; T-626 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamento jurídico N° 3.1.5; T-678 de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 4; y T-332 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera, fundamento jurídico N° 3.1.2.
[66] Sentencias SU-189
de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 2; y
T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, fundamento jurídico Nº 2.3.
[67] Sentencias
T-374 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4.1.3;
T-060 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 27; y
SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 3.4.
[68] Estos
criterios fueron sintetizados en la Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 62. También son referidos en las
Sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento
jurídico Nº 19; SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento
jurídico Nº 11; y T-195 de 2017.
M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 4.4.
[69] La jurisprudencia constitucional ha fijado los siguientes
elementos para considerar cuándo se está ante la posible configuración de un
perjuicio irremediable: (i)
que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave,
esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación
jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se
requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales
deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv)
las medidas de protección deben ser impostergables, lo que
significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que
eviten la consumación del daño irreparable.
[70] Sentencias T-235 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico N° 1.2; T-627 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico Nº 6.2.1.5; T-549 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico N° 5.1; T-209 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
fundamento jurídico Nº 5; T-195 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís,
fundamento jurídico N° 4.3.; y T-036 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera,
fundamento jurídico Nº 3.1.3.
[71] Sentencias T-798 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico N° 4; SU-772 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, fundamento jurídico Nº 5.2.; y T-161 de 2017. M.P. (e) José Antonio
Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 3.3.1.
[72] Sentencias
T-851 de 2014. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 3; T-161 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís,
fundamento jurídico Nº 3.3.2.; T-442 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico Nº 3; y T-332 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera,
fundamento jurídico N° 3.1.4.
[73] “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.”
[74] Sentencia T-882 de 2006. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 5. Similares consideraciones
fueron plasmadas en las Sentencias T-238 de 2008. M.P. Mauricio González
Cuervo, fundamento jurídico N°5.5.3.; y T-572 de 2017. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico N° 5.3.
[75] La Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo (Sentencia de 23 de febrero de 2017, Radicado Nº
08001-23-33-000-2012-00098-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter) conoció de un caso
en el que se alegaba que un
acto administrativo con el que se aceptó una renuncia estaba falsamente
motivado al encubrir una situación de ese tipo. No obstante, esa Corporación
determinó que “al no probarse el posible
acoso laboral que impulsó a la demandante a renunciar al cargo de secretaria
del circuito nominada (…) no puede
determinarse que la Resolución 43 (…) de 16 de enero de 2012 (…) haya
sido expedida mediante falsa motivación, puesto que la renuncia es una
manifestación libre y espontánea que, a pesar de que el dimitente la motive por
cualquier causa, no invalida el acto administrativo que la acepta (…).”
[76] La Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo (Sentencia de 7 de febrero de 2018, Radicado N°
730012331000200800100-01. M.P. Danilo Rojas Betancourth) señaló -respecto del
acoso laboral- que “de encontrarse configurado, el mismo constituye
una evidente falla en el servicio, en tanto implica el desconocimiento de todo
el compendio normativo que protege, entre otros, el derecho fundamental al
trabajo en condiciones dignas y justas.”
[77] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.”
[78] Sentencia C-951 de 2014. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
Méndez, fundamento jurídico Nº 4.2.2. y nota al pie N° 122 -respectivamente-:
Sentencias “T-377 de 2000, T-249 de 2001, T-1006 de 2001, T-1089 de 2001, T-1046
de 2004, T-189ª de 2010 y C-818 de 2011” y “T-464 de 2012, T-554 de
2012, T-984[A] de 2012, T-801 de 2012, T-047 de 2013, T-149 de 2013, T-167 de
2013, T-172 de 2013 y T-489 de 2014”. En el mismo sentido, Sentencia T-515
de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán, fundamento jurídico N° 5.1.
[79] Sentencia C-951 de 2014. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
Méndez, fundamento jurídico Nº 4.2.2.
[80] Idem.
[81] Sentencias T-587 de 2013. M.P. María Victoria Calle
Correa, fundamento jurídico N° 5.1; y T-515 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila
Roldán, fundamento jurídico N° 5.2.1.
[82] Sentencias C-331 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico N° 5.3.; y T-543 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera,
fundamento jurídico N° 5.1.
[83] Sentencias C-983 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico N° 4.2; y C-491 de 2016. M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico N° 4.1.
[84] Sentencias C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, fundamento jurídico N° 5.5; C-758 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, fundamento jurídico N° 4; y C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa, fundamento jurídico “el debido proceso administrativo y la facultad de
aportar y controvertir las pruebas”.
[85] Cita tomada de la Sentencia C-898 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.
[86] Sentencias SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
fundamento jurídico Nº 2; C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
fundamento jurídico Nº 3; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo, fundamento jurídico Nº 4.2.1.
[87] Sentencia C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico N° 3.
[88] Sentencias C-288 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico Nº 7.2.2.; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico Nº 3; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo, fundamento jurídico Nº 4.2.1.
[89] Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
fundamento jurídico Nº 10. Reiterada -entre otras- en las Sentencias T-1096 de
2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 2.3.; T-988 de
2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 29; T-063 de
2015. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4.5.; SU-214 de
2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 10; C-134 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 7.4.2.; y T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, fundamento jurídico Nº 3.10.5.
[90] Sentencias T-084 de 1994. M.P. Carlos
Gaviria Díaz, tercer fundamento jurídico; T-882 de 2006. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3; C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento
jurídico Nº 3.2.; C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico
Nº 3; y T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº
5.
[91] Sentencia SU-519 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, fundamento jurídico Nº 4.
[92] “Articulo 53. El Congreso
expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: // Igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad. // (…) La ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores.” Es importante tener en cuenta que “En el ámbito del Derecho del Trabajo se presenta una
característica muy sui géneris, por cuanto es la única rama del orden jurídico
regulada Constitucionalmente por Principios mínimos fundamentales (…)” (Ver: Pinilla Campos, Ernesto. El proyecto de reforma
judicial constitucional, su incidencia en el sistema de fuentes y en los
principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo. En: Pensamiento
jurídico., Número 30, p. 311-342, 2011. ISSN electrónico 2357-6170. ISSN
impreso 0122-1108, p. 325).
[93] Sentencias C-898 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.; C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur
Galvis, fundamento jurídico Nº 3; y T-541 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, fundamento jurídico Nº 6.
[94] Sentencia T-882 de 2006. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3.
[95] Sentencias C-898 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.; y T-541 de 2014. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 6.
[96] Sentencias T-484 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
fundamento jurídico “Derecho de la peticionaria a trabajar en condiciones
dignas y justas”; SU-519 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
fundamento jurídico Nº 4; T-311 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz, fundamento
jurídico “b”; y C-815 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fundamento
jurídico Nº 3.
[97] Esta es una doctrina
alemana -que literalmente traduce “efecto frente a terceros de los derechos
fundamentales”-, que tuvo origen jurisprudencial a raíz del pronunciamiento del
15 de enero de 1958 del Tribunal Constitucional alemán en el caso Lüth (en 1951 el cineasta Veit Harlan demandó
a Erich Lüth -presidente de la Asociación de Prensa de Hamburgo- por boicotear
su película “La amada inmortal”, debido al apoyo que había prestado al régimen
nacionalsocialista. La justicia ordinaria condenó a Lüth al pago de los
perjuicios causados, decisión frente a la cual instauró un recurso de amparo,
llegando el caso al Tribunal Constitucional alemán, el cual protegió el derecho
a la libertad de expresión del Lüth).
Respecto de esta doctrina, la Corte Constitucional se ha pronunciado
-entre otras- en las Sentencias T-009 de 1992. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 1; T-547 de 1992. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-012 de 1993. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 3; T-148 de 1993. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-1217 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico “Naturaleza de los contratos de
medicina prepagada, límites a la autonomía de los contratantes en razón de la
eficacia de los derechos constitucionales fundamentales entre particulares.
Reiteración de jurisprudencia”; T-632 de 2007. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 5; T-158 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 4, nota al pie 27; T-160 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 3;
C-378 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 3.2.;
T-171 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.1.,
nota al pie 15; T-783 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento
jurídico Nº 3.1., nota al pie 20; T-126 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico Nº 8, nota al pie 12; T-392 de 2014. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico “Procedibilidad de la acción de
tutela para discutir controversias desatadas de contratos de medicina prepagada”,
nota al pie 5; T-720 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico Nº 66, nota al pie 24; y T-550 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta
Gómez, fundamento jurídico Nº 6.9., nota al pie 85.
[98] Sentencias T-264 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería, fundamento
jurídico N° 3.1.; T-048 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, fundamento
jurídico N° 3.4.1.; y T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico N° 3.
[99] Sentencias T-468 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
fundamento jurídico N° 4; T-250 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
fundamento jurídico N° 3; T-351 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
fundamento jurídico N° 3.4.; T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico N° 3; y T-075 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico N° 6.
[100] Sentencias T-564 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
fundamento jurídico N° 3; T-175 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento
jurídico N° 2; y T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N°
4.1.
[101] Sentencia T-319 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
fundamento jurídico N° 6.
[102] Sentencia T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico N° 3.
[103] Sentencias T-280 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
fundamento jurídico N° 5; T-213 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
fundamento jurídico N° 5; T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento
jurídico N° 4.2.; y T-095 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento
jurídico N° 27.
[104] Sentencia T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento
jurídico N° 4.5.
[105] Sentencia T-376 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 72.
[106] Sentencias T-316 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
fundamento jurídico N° 4.4.1.; y T-376 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 55.
[107] Ver -entre otras- las Sentencias T-316 de 2016. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 4.4.2.; T-376 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 56 a 70; y T-095 de 2018. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 28 a 34.
[108] “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.”
[109] “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización
Docente.”
[110] “(…) cuando para la debida prestación del servicio se requiera
el traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o
municipio, o dentro del mismo departamento cuando se trate de municipios no
certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, eficaz y eficiente
(…)”
[111] “Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de
2001 en relación con el proceso de traslado de docentes y directivos docentes.”
[112] “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Educación.”
[113] Sobre el acoso laboral, la Corte
Constitucional se ha pronunciado -en diferente grado y medida- en las
sentencias C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 de 2006 , M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C-898 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
C-078 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-282 de 2007, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-780 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-960 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-238 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo; T-192 de
2012, M.P. Mauricio González Cuervo; T-372 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-462 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-293 de 2017, M.P. Alejandro
Linares Cantillo; T-472 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-572 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; y T-239 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[114] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4. Esas mismas consideraciones
fueron reiteradas en las Sentencias C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, fundamento jurídico Nº 11; T-238 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo,
fundamento jurídico Nº 5.5.2.; T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico Nº 5; y T-472 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo,
fundamento jurídico Nº 5.1.
[115] “(…) una situación en la que una persona
(o en raras ocasiones un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica
extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y
durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o
personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de
comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el
ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas
acaben abandonando el lugar de trabajo.” Nota al pie Nº 5: “Ver al
respecto, Leymann, H.; Mobbing: la persécution au travail. Seuil. Paris 1996; “The content and development of mobbing at
work”. Rev. European Journal of Work and Organitzational Psichology, núm.
2. 1996 y Leymann, H. Gustafson, a.; “Mobbing at work and the development of
post-traumatic stress disorders”. Rev. European Journal of Work and
Organitzational Psichology, núm. 2. 1996.”
[116] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
fundamento jurídico Nº 4. Este análisis fue reiterado y
complementado en la Sentencia C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
fundamento jurídico Nº 12 a 14.
[117] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4.
[118] Sentencia T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.
[119] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4. Estos elementos han sido
reiterados en las Sentencias T-462 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento
jurídico Nº 144; y T-472 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento
jurídico Nº 5.1.
[120] El parágrafo de este artículo establece que
“La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o
comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales
no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a
la contratación administrativa.” Esta disposición fue declarada exequible
condicionadamente, en el entendido que la protección de la ley “a todas las
situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar
el tipo de contrato formal que se hubiere celebrado ni la denominación del
mismo” (Sentencia C-960 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
fundamento jurídico Nº 4).
[121] “(…) toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador,
un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la
renuncia del mismo.”
[122] Maltrato laboral, persecución laboral,
discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y
desprotección laboral.
[123] Este artículo establece que se presumirá que
hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública
de ciertas conductas. Esa presunción fue declarada exequible por la Corte, pues
“no se erige en una carga desproporcionada para el
sujeto que ha sido hostigado en privado, pues al igual que quien ha sido
víctima de estas conductas de manera pública, está en el deber de acreditar el
acaecimiento de los hechos que considera configuradores de acoso laboral, con
la diferencia de que debe llevar al juzgador a la convicción de que de las
conductas denunciadas  se desprenden las consecuencias jurídicas establecidas
ante la ocurrencia de acoso laboral.” (Sentencia C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
fundamento jurídico Nº 33).
[124] En este artículo se establecían dos
expresiones que fueron estudiadas por la Corte. En primer lugar, el literal “f”
determinaba como atenuante los “vínculos familiares y afectivos”, lo cual fue
declarado inexequible (Sentencia C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; la cual fue confirmada por la C-078 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño). En esta última providencia también se analizó la atenuante de
“condiciones de inferioridad síquicas” contenida en el literal “e”, la
cual fue declarada exequible, pues “dicha
expresión debe ser entendida como referida a una situación circunstancial de
debilidad extrema y manifiesta del actor de la falta al momento de cometerla.
En este sentido dicha expresión no estigmatiza, denigra o insulta a grupo o
sector alguno de personas”, y porque la norma “persigue que la sanción responda al principio de proporcionalidad
el cual exige la valoración integral del daño cometido pero también de las
circunstancias en las cuales se encontraba quien cometió la falta.”
[125] Este artículo se demandó porque (i)
la expresión “reglamento de trabajo” hace una discriminación efectiva entre las
empresas que lo han adoptado en cumplimiento de las normas laborales y las que
no lo han hecho o no deben hacerlo (tal como ocurre, especialmente, con las
entidades estatales); y (ii) la exigencia que la denuncia sea realizada por
escrito viola el derecho de petición al desconocer que gran parte del sector
laboral es analfabeta o difícilmente puede presentar una reclamación por ese
medio. La Corte Constitucional desestimó ambos cargos, pues (i) la
expresión “reglamentos de trabajo” no excluye a una parte del sector
privado o a las entidades del Estado del ámbito de aplicación de la Ley 1010 de
2006, pues “el hecho de que una determinada empresa o entidad no tenga
reglamento de trabajo o que, en general, no haya desarrollado los mecanismos
preventivos y correctivos de que trata la ley, no impide que con la
intervención de alguno de los funcionarios previstos en el artículo 9º, se
tomen las medidas correspondientes frente a situaciones concretas de acoso
laboral, exista o no reglamento de trabajo”; y (ii) “el
legislador ha previsto la forma en que las autoridades administrativas deben
actuar para garantizar la efectividad del derecho de petición de las personas que
no manejan el lenguaje escrito” (Sentencia C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur
Galvis).
[126] Una medida de prevención es la constitución de los Comités
de Convivencia Laboral, cuya conformación y funcionamiento en entidades
públicas y empresas privadas fue regulado por la Resolución 652 de 2012 del
Ministerio del Trabajo. En esta norma se determinaron -entre otras cuestiones-
las funciones de los Comités (artículo 6). Dentro de esas se estableció: “7.
En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de
Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la
Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité
informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador
puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez
competente.”
[127] De este se destaca que si la víctima es un trabajador o empleado
particular, la competencia será de los jueces del trabajo, mientras que si la
víctima pertenece al sector público, la competencia recaerá en el Ministerio
Público o en la Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura -de acuerdo con las competencias que señala la ley-.
[128] Esta disposición fue demandada porque no fijaba el procedimiento
a seguir para la imposición de la sanción, desconociendo el derecho de defensa
en la medida que el sancionado no podía presentar pruebas ni controvertir las
allegadas y la multa se descontaría de manera automática del salario sin que
esa decisión pudiera ser impugnada. Al respecto, la Corte determinó que el
vacío se llenaba -parcialmente- porque la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia y el Código Disciplinario Único sí establecen el procedimiento
aplicable para la imposición de multas por conducta temeraria -incluso la de
temeridad en la queja de acoso laboral-. No obstante, declaró la
inexequibilidad de la expresión “los cuales se descontarán
sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue, durante los seis (6)
meses siguientes a su imposición”, porque “la forma
en que debe hacerse el descuento de la multa por temeridad es contraria al
principio de igualdad, por no ser necesaria en términos de protección del
derecho y por establecer un tratamiento más drástico en contra de quien comete
una conducta de menor envergadura”, haciendo referencia al acoso laboral
propiamente dicho. Esto, porque “la Ley 1010 prescribe en su artículo 10 que
la sanción por acoso laboral podrá ser cobrada mediante la jurisdicción
coactiva, pero para la acusación temeraria, la ley ha dispuesto un
procedimiento de ejecución directa, desprovisto de las garantías propias de la
jurisdicción coactiva.” (Sentencia C-738 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[129] En este punto es importante precisar que la
accionante alegó la protección de ese Oficio, pero haciendo alusión a la Circular
N° 20170000023 de 17 de agosto de 2017 y el Oficio N° 20173030486 de 29 de
noviembre de 2017 proferidos por la Secretaría de Educación de Medellín (supra,
antecedente Nº 2).
[130] “(…) La autoridad que reciba la denuncia (…)
conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los
procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y
programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las
relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa.
Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.”
[131] “Artículo  6°. Funciones
del Comité de Convivencia Laboral. El
Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones: // 1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las
que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las
pruebas que las soportan. // 2. Examinar de
manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. // 3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual
sobre los hechos que dieron lugar a la queja. // 4.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución
efectiva de las controversias. // 5.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar
y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio
de la confidencialidad. // 6. Hacer seguimiento a
los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando
su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. // 7. En
aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan
las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia
Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación,
tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la
alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar
la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. //8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o
la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual
de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes
requeridos por los organismos de control. // 9.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud
ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas. // 10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del
Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad
pública o empresa privada.”