C-052-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-052/12
DEFINICION DE VICTIMA  PARA EFECTOS DE ATENCION,
ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL-Exequibilidad
condicionada/VICTIMA-Definición para efectos de atención, asistencia y
reparación integral, comprende a todas aquellas personas que hubieren sufrido
un daño en los términos de la ley 1448 de 2011
La Corte encontró que las expresiones “en primer grado
de consanguinidad, primero civil” y “cuando a ésta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida” no son contrarias a la Constitución, como lo sostuvo el
demandante, por cuanto el legislador está facultado para incorporar en las
leyes definiciones de términos referidos por la Constitución Política, siempre
que al hacerlo no desvirtúe la esencia de tales instituciones, ni las razones
por las cuales ellas han sido relievadas por el texto superior. Teniendo en
cuenta que la definición de víctimas de la cual hacen parte los segmentos
normativos acusados respeta esos parámetros, la Corte encuentra que el
legislador no hizo cosa distinta a ejercer legítimamente esa facultad. Así
mismo, teniendo en cuenta que al comparar la hipótesis regulada por el inciso
2° parcialmente demandado con la regla contenida en el inciso 1° inmediatamente
anterior, se encontró que se trata de una misma situación fáctica a la cual se
da un trato igualmente equivalente, aunque a través de distintos mecanismos,
proporcionales a las circunstancias de cada caso, la Corte concluyó que las
exigencias contenidas en los textos demandados resultan razonables, por lo que
no se vulnera el derecho a la igualdad. Sin embargo, ante la posibilidad de que
llegare a entenderse que sólo a través de la regla contenida en el inciso 2°
del artículo 3° podrían los familiares de las personas directamente lesionadas
ser reconocidas como víctimas, la Corte condiciona la exequibilidad de las
expresiones demandadas, a que se entienda que son víctimas todas aquellas
personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos
victimizantes en los términos del inciso 1°.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
del principio pro actione
JUSTICIA TRANSICIONAL-Jurisprudencia constitucional/JUSTICIA TRANSICIONAL-Concepto
Puede
entenderse por justicia transicional una institución jurídica a través de la
cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para
enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o
sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia
una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la
democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la
aplicación de las instituciones penales corrientes.
VICTIMA-Reconocimiento/DAÑO-Definición/DAÑO-Concepto
amplio y comprehensivo
Se reconoce como víctimas a todas las personas que
hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto
determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios
relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la
acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren
ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios
establecidos en esta normativa. Ahora bien, es importante destacar que el
concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos
fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre
ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas
formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia
económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así
como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como
por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la
noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado
sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que
directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite
que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente
lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una
situación desfavorable, jurídicamente relevante.
DERECHOS A FAVOR DE LAS VICTIMAS-Grados de parentesco para su reclamación
VICTIMA-Reglas
para su reconocimiento
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Parámetros y criterios trazados por el Legislador
MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Configuración
legislativa para incorporar definiciones sobre términos y expresiones
mencionados en la Constitución y desarrollados por la Ley a efectos de
delimitar el campo de aplicación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Instrumentos internacionales
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Jurisprudencia constitucional
LEGISLADOR-Facultad
de establecer definiciones/CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO-Alcance
El Legislador tiene en principio la facultad de
desarrollar la Carta y, en función de tal cometido, puede establecer
definiciones más o menos amplias de ciertos conceptos constitucionales, que por
su propia naturaleza son indeterminados, tal y como sucede con la categoría de
remuneración laboral salarial. Para comprender los alcances y límites de esta
libertad relativa del Legislador es necesario tener en cuenta que, a nivel
global y en materia de conceptos indeterminados, la relación del ejecutivo con
la ley no es la misma que la del Congreso con la Constitución.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Casos en que resulta obligatorio
Debe la Sala resaltar que la obligatoriedad de los
precedentes jurisprudenciales está naturalmente limitada a aquellos casos en
que el tema a decidir coincida en lo sustancial con aquel previamente resuelto
en el pronunciamiento que se cita como precedente. Contrario sensu, es claro que
si no existe esa cercanía fáctica, el supuesto precedente no podría
considerarse obligatorio, pues lejos de salvaguardar la seguridad jurídica y la
coherencia que naturalmente debe existir entre los distintos pronunciamientos
de una Corte definida como órgano límite de su respectiva jurisdicción, ello
podría conducir a una decisión equivocada, al aplicar a un caso concreto una
solución que no consulta sus particularidades específicas, sino las de un
evento diferente. En este caso encuentra la Corte que se presenta esta última
situación, ya que pese a su casi completa identidad textual, las normas sobre
las cuales se ha pronunciado esta Sala en uno y otro caso son realmente
distintas.
Referencia: expediente D-8593
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3°
(parcialmente) de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Jesús Antonio Espitia Marín
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla
Bogotá, D. C.,  ocho (8) de febrero de dos mil doce
(2012).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Jesús Antonio Espitia Marín presentó ante este tribunal
demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “en primer grado de
consanguinidad, primero civil” y “cuando a esta (sic) se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, ambas contenidas en el
inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto de julio 18 de 2011 el Magistrado
sustanciador admitió la demanda y ordenó fijar en lista el presente asunto, y
correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor.
En esa misma decisión se ordenó comunicar la
iniciación de este proceso a los señores Presidente de la República, Presidente
del Congreso y al entonces Ministro del Interior y de Justicia, al igual que a
los de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural. También
se extendió invitación a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, así como
a las facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Externado de
Colombia, de los Andes, Pontificia Javeriana, de Antioquia, Industrial de Santander,
del Norte y Nacional de Colombia para que, si lo consideraban pertinente, se
pronunciaran sobre la constitucionalidad de los preceptos demandados.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.  LAS NORMAS DEMANDADAS
El siguiente es el texto de las normas demandadas, de
conformidad con su publicación en el Diario Oficial N° 48.096 del 10 de junio
de 2011, advirtiéndose que lo demandado es únicamente lo resaltado en negrilla:
“LEY 1448 DE 2011
(junio 10)
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 3°.VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas (sic), lo serán los que se
encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas
que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia
de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta
punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la
víctima.”
III.    LA DEMANDA
El actor formuló en relación con los apartes
normativos acusados un solo cargo de inconstitucionalidad, basado en la
presunta violación del artículo 13 superior sobre derecho a la igualdad, el
cual se explica a continuación:
Al
rememorar los objetivos a partir de los cuales se propuso y aprobó por el
Congreso la Ley 1448 de 2011, señala que la protección desarrollada por esta
ley debe beneficiar a todas las personas que puedan considerarse víctimas y no
sólo a una parte de ellas, razón por la cual estima contrario a la Constitución
que el legislador establezca criterios o restricciones que, como los aquí
demandados, limitan la posibilidad de que algunas de esas personas puedan ser
reconocidas como tales. Por ello, señala que la regla sobre proximidad del
parentesco, así como aquella según la cual sólo en los casos de fallecimiento o
desaparición de la víctima principal sus familiares podrán tener ese carácter,
son producto de una actitud caprichosa del legislador.
Más
adelante explica que si bien esta reflexión bastaría para demostrar la
inconstitucionalidad de estas reglas de cara al artículo 13 de la carta
política, resulta posible confirmar esta conclusión mediante la realización de
un test de razonabilidad y su respectivo juicio de proporcionalidad. Al
proceder a ello, comienza por señalar que la finalidad buscada por esas pautas
estaría prohibida por el inciso 1° del referido artículo 13, pues este precepto
proscribe la discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y reivindica el
derecho de todas las personas a recibir igual trato de las autoridades, lo que
frente al caso concreto resulta imposible por efecto de las referidas reglas. A
partir de este primer parámetro, la imposibilidad constitucional del objeto
perseguido, afirma que carecería de sentido indagar por los demás elementos del
test leve de proporcionalidad, entre ellos la adecuación o idoneidad del medio
escogido por el legislador para alcanzarlo.
De
otra parte, señala que el efecto desfavorecedor que se deriva de los apartes
normativos acusados recae siempre sobre personas que ya se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad, en cuanto sus familiares cercanos han
sido víctimas directas de graves hechos de violencia. Así mismo, indica que
esas restricciones tendrán directas consecuencias sobre la posibilidad de que
tales personas puedan gozar de manera efectiva de varios de sus derechos
fundamentales, entre ellos la educación, la salud o la vivienda digna.
Más
tarde, afirma que si en gracia de discusión se aceptara que la restricción de
derechos contenida en los apartes demandados persigue un objetivo no prohibido
por la Constitución, podría apreciarse también que ese hipotético fin no
tendría el carácter de imperioso, y que las medidas adoptadas para satisfacerlo
no podrían considerarse necesarias. Con base en estas reflexiones, sostiene que
aún desde esta perspectiva los fragmentos acusados deberían ser considerados
inconstitucionales.
En
la misma línea, incorpora una extensa transcripción de la sentencia C-392 de
2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) en la que esta Corte expuso los criterios a
partir de los cuales debe evaluarse la conformidad o no de una determinada
norma legal con el principio de igualdad previsto en el artículo 13 superior,
resaltando que la ausencia de al menos uno de ellos basta para ocasionar la
inconstitucionalidad de la restricción sometida a examen.
Posteriormente,
intenta aplicar esos mismos criterios a las reglas acusadas, derivando como
conclusiones: i) que entre las víctimas a quienes esta ley brinda acceso a los
beneficios por ella desarrollados y aquellas a quienes se lo niega no existen
diferencias fácticas relevantes que justifiquen ese trato desigual; ii) que
tampoco existe una posible finalidad que permita avalar ese trato diferenciado;
iii) que al no existir un propósito que, al menos en principio, justifique esta
diferencia normativa, menos aún podría predicarse que el mismo resulte
razonable, racional ni proporcionado, como se requeriría para que la norma
restrictiva pueda considerarse respetuosa de la Constitución.
Sin
especificar el precepto constitucional en el cual apoya este razonamiento,
indica que la ley no puede válidamente restringir el alcance de los derechos de
quienes conforme a derecho pudieran considerarse víctimas, como en su concepto
lo hacen los apartes demandados de la Ley 1448 de 2011, pues el reconocimiento
o no de tales derechos debe depender únicamente de lo que resulte probado en
los respectivos procesos.
Finalmente,
presenta una cita parcial de la sentencia C-370 de 2006 por la cual la Corte
decidió sobre la exequibilidad de distintos preceptos de la Ley 975 de 2005,
entre ellos de su artículo 5°, norma que respecto del tema objeto de esa ley,
contendría reglas análogas a las ahora cuestionadas. Según explica, en ese caso
este tribunal sostuvo que resultan contrarias a los derechos a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la justicia mediante un recurso judicial efectivo,
tanto la absoluta exclusión como víctimas de los familiares distintos a los
ligados por el primer grado de consanguinidad, como la exigencia de que, para
que tales parientes puedan gozar de esos derechos, las víctimas directas hayan
muerto o desaparecido, a partir de lo cual se declaró la exequibilidad
condicionada del inciso 2° de esta norma.
Al
comentar esta decisión el actor plantea la necesidad de que la Corte mantenga
su postura jurisprudencial sobre el tema planteado, a partir de lo cual debería
declararse la inexequibilidad de los preceptos acusados.
IV. INTERVENCIONES
Durante el término de fijación en lista se recibieron
cinco escritos, provenientes de instituciones tanto públicas como privadas y de
ciudadanos, que dieron su opinión sobre los planteamientos contenidos en la
demanda.
4.1. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Este Ministerio intervino por conducto de apoderado
especial, quien pidió a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de los
apartes normativos acusados bajo el entendido de que las presunciones en ellos
establecidas no excluyen la consideración como víctimas de “otros familiares
que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley”.
En respaldo de su solicitud, este interviniente
transcribe y comenta en primer lugar la misma cita de la sentencia C-370 de
2006 referida por el actor en la parte final de su demanda, y relacionada con
la exequibilidad condicionada del artículo 5° de la Ley de Justicia y Paz,
señalando que la postura allí contenida se fundamenta en las normas que
integran el bloque de constitucionalidad.
A continuación, indica que la Ley 1448 de 2011 de la
cual hacen parte las expresiones acusadas constituye un significativo avance en
el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado,
resaltando además que ello se plantea dentro de un contexto de justicia
transicional, y a partir del más reciente entendimiento de los derechos de las
víctimas[1], pues conforme al texto
superior y al bloque de constitucionalidad, sus derechos no se restringen a la
sola reparación económica, sino que abarcan aspectos más amplios, en concreto
todos los que se derivan de la verdad, la justicia y la reparación en relación
con los hechos victimizantes.
De otra parte, explica que la Ley 1448 de 2011
introduce conceptos aún más novedosos frente a aquellos a partir de los cuales
tradicionalmente se ha desarrollado en el país el concepto de responsabilidad
civil. Así por ejemplo, destaca que, contrario a lo usual, la reparación debida
a las víctimas dependerá fundamentalmente de la ocurrencia de un daño cierto,
real y específico, siendo relativamente secundaria la determinación precisa de
quién ha sido el autor o la persona responsable del mismo. Indica también que
la nueva ley incorpora los más recientes conceptos sobre el alcance de los
derechos de las víctimas, en sintonía con la actual tendencia internacional
sobre la materia y con los contenidos derivados del bloque de
constitucionalidad.
Con todo, este interviniente coincide con el actor en
considerar que el concepto de víctima excede del que el legislador pueda establecer
en una norma específica, por lo cual éste no podría impedir, mediante reglas
como las aquí acusadas, que quienes objetivamente tengan ese carácter puedan
recibir la íntegra reparación derivada de los hechos punibles y dañosos que les
hubieran afectado, por lo cual esos segmentos normativos deberán declararse
exequibles siempre y cuando se entienda que no excluirán la posibilidad de que
otros parientes que acrediten debidamente su condición de víctimas puedan así
mismo acceder a las prestaciones y beneficios establecidos en esta ley.
4.2. De la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional – ACCION SOCIAL
Esta otrora dependencia oficial, obrando por conducto
de su Director General y representante legal, presentó a consideración de la
Corte un escrito en el que le pide inhibirse de fallar sobre el cargo planteado
en la demanda; en subsidio de ello, para el caso en que esta corporación decida
emitir un fallo de fondo, solicita declarar la exequibilidad de las expresiones
demandadas.
Para sustentar su principal solicitud, este
interviniente se refiere a los requisitos mínimos de las demandas de
inconstitucionalidad y cita varios pronunciamientos de esta corporación en los
que se ha analizado este aspecto. A partir de ello señala que la argumentación
del actor en torno a la posible inconstitucionalidad de las disposiciones
acusadas es genérica, vaga y deficiente, casi inexistente en lo que atañe a la
segunda frase demandada (cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida). Señala que en este tipo de demandas no basta la cita de una o
más normas constitucionales y la afirmación de que la norma legal las vulnera,
sino que el cargo debe desarrollarse suficientemente, lo que considera no ha
ocurrido en este caso.
En apoyo de su solicitud subsidiaria se refiere al
concepto y alcances de la función legislativa y analiza el marco de autonomía
dentro del cual debe cumplirse esa actividad, dado que el Congreso actúa como
representante del pueblo, titular de la soberanía nacional. Incorpora algunas
reflexiones sobre los factores de los cuales depende el mayor o menor grado de
autonomía legislativa, señalando que ésta será mayor en aquellos temas respecto
de los cuales la Constitución no contenga pautas o criterios específicos, como
es el caso de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. De
otra parte se refiere al concepto de justicia transicional, que considera
transversal a toda la legislación expedida durante los años recientes con el
propósito de avanzar en la consecución de la paz.
Al referirse puntualmente al concepto de víctima
desarrollado por la Ley 1448 de 2011, señala que contempla dos categorías, la
de víctimas directas, esto es, las que de manera personal hayan sufrido el daño
de cuya reparación se trata, y la de víctimas indirectas, referida a familiares
o personas próximas a las víctimas directas. Resalta entonces que en razón a su
inherente diferencia, esas dos categorías son susceptibles de un diverso trato
normativo, por lo cual no resulta válido aspirar a que ambas gocen exactamente
de los mismos derechos. Resalta entonces que, en lo atinente a las víctimas
indirectas, existe autonomía del legislador para establecer quiénes se
considerarán como tales y cuál será el alcance de sus derechos, sin que ello
vulnere el derecho a la igualdad.
Finalmente, al comentar la cita de la sentencia C-370
de 2006 traída por el actor en su demanda, reconoce la gran cercanía existente
entre los contenidos del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 y los de la norma
ahora demandada. Sobre este tema, comenta que si bien la reflexión efectuada
por la Corte en esa oportunidad implica que no podría impedirse que otros
familiares de las víctimas directas pretendan ser reconocidos como víctimas
indirectas, en ese caso también se precisó que el Estado no está obligado a
presumir el daño en cabeza de todos los parientes de las primeras, como también
que no todos los familiares de las víctimas son titulares de los mismos
derechos.
A partir de ello, señala que las delimitaciones
resultantes de la norma acusada han de entenderse en el sentido de que
existirían dos clases de víctimas indirectas, aquellas cuya afectación se
presume, en los términos de la regla de derecho aquí demandada, y otras cuya
afectación no se presume, y por lo tanto deberá ser probada ante los estrados
judiciales a efectos de obtener el reconocimiento de los derechos que de ello
se desprenden. Concluye que en tales condiciones ha de entenderse que la norma
cuestionada debe ser declarada exequible frente al cargo propuesto.
4.3. Del Ministerio del Interior y de Justicia
El entonces Ministerio del Interior y de Justicia
intervino en este proceso por conducto de quien para la fecha se desempeñaba
como Viceministro de Justicia y del Derecho, funcionario que solicitó a la
Corte declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas.
Previamente, este interviniente incorpora algunas
extensas reflexiones sobre aspectos que considera necesarios para el análisis
del cargo planteado, entre ellos el concepto de justicia transicional y el
alcance que dentro de ese contexto tendría la reparación de las víctimas.
Señala que en este entorno, ante las dificultades existentes para brindar una
completa reparación, ésta podría provenir no necesariamente del victimario sino
también del Estado, como parte de una acción colectiva encaminada a compensar a
las víctimas mediante una combinación de diversas acciones, que incluyen desde
las de contenido económico hasta la de tipo puramente simbólico. Indica que más
allá de su diversidad, todas estas acciones coinciden en estar dirigidas a
generar un efecto de carácter global que permita a las víctimas sentirse
atendidas y tomadas en cuenta, al tiempo que se evitan las acciones de pura
retaliación, todo ello con el ánimo de contribuir a la efectiva reconciliación
de los distintos actores y grupos sociales antes en conflicto.
Seguidamente, se refiere a algunos casos
históricamente relevantes en los que en distintos países se ha aplicado este
tipo de instituciones, entre ellos el de Sudáfrica en la década de 1990, al
desmontarse la política del apartheid,  el de Perú a partir del año
2000, al superarse en buena parte el conflicto armado y producirse el retorno
de los gobiernos democráticamente elegidos, el de Alemania durante la posguerra
a mediados del siglo XX; y el de Argentina, después de concluir en los años
1980 las dictaduras militares.
En esta línea destaca que pese al amplio espectro de
personas afectadas en estos casos, en todos ellos el universo de las víctimas
que fueron objeto de reparación estuvo limitado, bajo distintos parámetros, por
las leyes que establecieron los correspondientes beneficios. Como producto del
análisis de estas experiencias, señala que si bien las limitaciones
presupuestales no pueden por sí solas justificar una reparación socialmente
incompleta, sí constituyen un factor que no puede ser ignorado, por lo que una
alternativa válida y razonable, generalmente aceptada por la Organización de
las Naciones Unidas, es la de implementar acciones comprehensivas que integren
la reparación económica con otras formas de reparación de probado impacto
positivo en la comunidad, entre ellas las que pretenden materializar el derecho
a la verdad y ofrecer garantías de no repetición.
Seguidamente realiza una presentación sobre el
contenido de la Ley 1448 de 2011, norma que según explica, plantea programas
masivos de reparación que incluyen medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En su opinión, este
tipo de programas se inscribe o hace parte del ya referido concepto de justicia
transicional, e involucra como componentes esenciales los de solidaridad y
participación de la comunidad. Resalta también el reconocimiento implícito que
la norma contiene en relación con las diferencias que son inherentes a los
distintos procesos de reparación y reconciliación dentro del marco de la
justicia transicional, lo que desaconseja las pretensiones de uniformidad y/o
la copia casi siempre descuidada de modelos que hubieren sido exitosos en otros
países.
Al avocar el estudio del cargo propuesto por el actor,
este interviniente afirma que la diferenciación contenida en las expresiones
demandadas del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 no es discriminatoria, en
tanto persigue un fin legítimo a la luz de la norma superior y el bloque de
constitucionalidad, y además los medios utilizados son proporcionales al fin
perseguido.
Para sustentar esta conclusión, presenta en primer
lugar lo que sería el actual estado del debate sobre la distinción entre
víctimas directas e indirectas al interior de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos[2]. De este análisis deduce
que si bien ambos tipos de víctimas sufren un daño que de ser probado debería
ser reparado, ello no implica que el Estado no pueda, al diseñar un programa de
reparaciones dentro de un marco de justicia transicional, establecer reglas que
delimiten el universo de las víctimas que tendrán derecho a los beneficios
establecidos en ese programa.
En lo relativo a la afectación que sufren los
familiares de las personas víctimas del delito de desaparición forzada, explica
que la Corte Interamericana ha consolidado una clara línea jurisprudencial[3]
de la cual se deriva que los familiares de las víctimas de este delito,
especialmente los más cercanos, se entienden afectados en su integridad por
este tipo de acciones, a partir de consideraciones tales como la aflicción
generada por la desaparición, la angustia y esfuerzos relacionados con el
proceso de búsqueda del ausente, y en la mayoría de los casos la imposibilidad
de sepultar el cuerpo de la víctima en forma acorde a las tradiciones sociales
y familiares predominantes. A partir de estas reflexiones, señala que la
delimitación contenida en los preceptos acusados sigue las mismas pautas
trazadas por la referida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Posteriormente aborda el estudio del cargo relativo a
la eventual violación del derecho a la igualdad, comenzando por un breve
análisis de la jurisprudencia internacional sobre la materia. Sobre este tema
indica que tanto la Corte Interamericana como la Europea de Derechos Humanos
conceden prominente importancia a este principio, sin perjuicio de lo cual,
ambas aceptan la posibilidad de que los Estados establezcan medidas
diferenciales, derechos u obligaciones referidos a un grupo particular de
personas o ciudadanos y no a todos ellos, siempre y cuando las distinciones
respondan a criterios de diferenciación relevantes y resulten proporcionales al
fin perseguido.
Más adelante analiza jurisprudencia de esta
corporación en torno a la igualdad y al test que debe aplicarse para determinar
si determinadas medidas diferenciales son o no contrarias a este derecho. Se
refiere entonces a los denominados criterios sospechosos de discriminación y a
sus diferencias con los que resultan neutros, señalando que si bien algunos de
los primeros fueron expresamente contemplados por el artículo 13 del texto
superior, es claro que pueden existir otros adicionales a los allí previstos.
Comenta también la distinta intensidad que, según ha explicado este tribunal,
debe tener este test dependiendo de las circunstancias, y particularmente de la
naturaleza del derecho o interés que resulta restringido. A partir de estos
criterios procede a proponer el juicio de proporcionalidad que considera
adecuado frente al caso aquí planteado.
En desarrollo de este test, reconoce en primer lugar que
las normas acusadas establecen un trato diferencial entre los parientes de
víctimas de desaparición u homicidio y los familiares de las víctimas de otros
hechos delictivos, reflexión a partir de la cual considera procedente la
realización de este tipo de análisis frente al caso concreto. Agrega, sin
embargo, que el criterio utilizado para determinar si se presumirá o no el
carácter de víctima, esto es, la mayor o menor cercanía del parentesco con el
sujeto que queda en imposibilidad de reclamar su indemnización, no es uno que
pueda considerarse sospechoso, ya que en cambio, éste ha sido frecuentemente
parámetro para la delimitación de derechos y obligaciones en relación con
diversos temas, sin que en ninguno de ellos haya merecido reproche acerca de su
constitucionalidad.
En segundo término, explica que el propósito buscado
por la diferenciación contenida en esta norma es el de proteger de manera
especial a los familiares más próximos de las personas fallecidas o
desaparecidas, quienes, es posible presumir, sufren un mayor grado de
afectación que otros parientes como resultado de estos hechos, a partir de
circunstancias tales como la aflicción derivada de la ausencia, y eventualmente
de la dependencia económica previamente existente respecto de la persona
directamente afectada. Añade que estas exigencias buscan además garantizar que
en los casos en que la víctima se encontrare con vida, ésta pueda reclamar,
antes que cualquiera otra persona, las indemnizaciones consiguientes,
propósitos todos que considera acordes con el texto constitucional.
De igual manera, plantea que el medio empleado, esto
es, la presunción de afectación en cabeza de los familiares más próximos de las
víctimas de muerte o desaparición, es plenamente compatible con la
Constitución, en sustento de lo cual se remite a la sentencia C-370 de 2006 en
la cual esta corporación analizó una norma de contenido semejante al de la aquí
demandada. Reitera además que esa presunción de afectación directa ha sido
reconocida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la misma línea, afirma también que la
diferenciación introducida por esta norma es idónea para alcanzar el objetivo
propuesto, cual es la efectiva protección de las personas más directamente
lesionadas por la ausencia de la víctima directa, en cuanto la situación
privilegiada que esta presunción genera frente a otros familiares de la persona
afectada permite que la protección ofrecida por esta ley llegue más fácilmente
a los primeros. Por iguales razones, y recordando que se trata de un mecanismo
de justicia transicional, estima también que estas reglas no podrán
considerarse arbitrarias.
Concluido de esta forma el test de igualdad, el
interviniente señala además que las reglas acusadas son producto de la
autonomía de configuración normativa que la Constitución reconoce al
legislador, la que sin llegar a ser irrestricta, sí resulta especialmente
amplia respecto de algunos temas, entre ellos la decisión de implementar
medidas de justicia transicional así como su contenido, tal como este tribunal
lo habría reconocido en la citada sentencia C-370 de 2006.
En relación con este aspecto insiste en que la medida
diseñada por el legislador busca focalizar la protección ofrecida por la ley en
los sujetos de quienes puede sensatamente presumirse mayor y más inmediata
afectación como producto de la desaparición de una persona, materializando así
el mandato contenido en el artículo 5° superior relacionado con la protección
de la familia como institución básica de la sociedad. Resalta que el logro de
esta finalidad se dificultaría de manera importante en ausencia de las
precisiones cuestionadas, pues ello conduciría a facilitar el acceso a la
reparación de personas cuyo grado de afectación es previsiblemente menor, en
detrimento de la familia inmediata, que conforme a la normatividad
internacional aplicable debe ser la primera protegida en este tipo de
situaciones.
Así mismo, incorpora otras reflexiones semejantes en
torno al criterio según el cual la afectación de la familia inmediata se
presume en los casos en que el principal afectado hubiere muerto o estuviere
desaparecido, pues esta regla busca proteger a la llamada víctima directa, la
que en caso de estar en la posibilidad de reclamar sus propios derechos, debe
ser la primera en ser reparada e indemnizada, antes que cualquier otra persona.
Señala también que no resulta factible considerar otro tipo de reglas que
alcancen con suficiencia los ya explicados propósitos y que resulten menos
gravosas para el interés de terceras personas, que son quienes en realidad se
ven afectadas por las reglas establecidas en los preceptos demandados.
A partir de las anteriores consideraciones, el
Viceministro de Justicia concluye solicitando a la Corte declarar exequibles
los apartes normativos acusados.
4.4. Organizaciones sociales y ciudadanos
Se presentó a consideración de la Corte un memorial
conjunto suscrito por los representantes legales y/o voceros de las siguientes
entidades y organizaciones sociales: la Corporación Sisma Mujer, la Comisión
Colombiana de Juristas, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, el Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado, la Coordinación Nacional de Desplazados, el
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA, la Corporación
Jurídica Yira Castro, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Corporación
Reiniciar, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Equipo Nacional de
Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado, y por el ciudadano Iván Cepeda Castro, respaldado
además por otros 40 ciudadanos, en el cual se solicitó declarar inexequibles
las expresiones acusadas.
Al sustentar esta solicitud, y después de recordar la
esencia del cargo planteado por el actor, estos intervinientes comienzan por
solicitar a la Corte que al decidir sobre esta demanda se pronuncie sobre la
totalidad del texto del inciso segundo del artículo 3° aquí parcialmente
cuestionado, ya que en caso de declararse la inexequibilidad de las expresiones
acusadas, carecería de sentido el texto restante que continuaría en vigencia.
En respaldo de este cargo, aluden también los
intervinientes a la existencia de un concepto universal de víctima, derivado de
diversos instrumentos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas[4],
que sólo supone la efectiva lesión de uno o más derechos humanos de la persona
de quien se trata, y que en razón a su gran amplitud no podría ser restringido
por las leyes locales.
En esta línea, y citando el segundo de los documentos
antes referidos, señalan que la comunidad internacional considera víctima “a
toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término ‘víctima’ también comprenderá a la familia inmediata o las
personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la
victimización”.
Señalan que los tratados internacionales sobre
derechos humanos suscritos por Colombia propugnan por el reconocimiento de
iguales derechos a todas las personas, entre ellos los derivados del carácter
de víctimas que ellas pudieran llegar a tener. En esta línea citan las
principales normas de tales tratados que prohíben de manera absoluta la
discriminación entre las persona, entre ellas el artículo 1° de la Convención
Americana de Derechos Humanos (en adelante la CADH), el artículo 2° del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el PIDCP) y el
artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (en adelante el PIDESC).
Agregan además que conforme a estas normas se
encuentra prohibida cualquier tipo de acción de carácter discriminatorio, sin
que para ello se requiera una concreta intención en tal sentido, sino apenas
que ese sea su resultado. Insisten en que este criterio deberá ser
obligatoriamente observado, pues conforme al Derecho Internacional los Estados
no pueden invocar el derecho interno para excusarse de cumplir los compromisos
adquiridos mediante los tratados por ellos ratificados.
De otra parte, los intervinientes citan y transcriben
fragmentos de varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5]
en las que se han ordenado indemnizaciones a favor de quienes ese tribunal
genéricamente denomina “la parte lesionada”, concepto que además de las
víctimas directas, incluye parientes de éstas que, en cambio, resultarían
excluidos en aplicación de las normas aquí cuestionadas. Resaltan que en este
ámbito lo importante es el grado de efectiva afectación sufrido por cada una de
las posibles víctimas, resultando secundario el grado de parentesco entre ellas
y la víctima directa.
Posteriormente, citan otras disposiciones de diversos
tratados internacionales que prohíben la discriminación, así como algunas
reflexiones tomadas de sentencias de esta corporación acerca de los distintos
alcances del derecho a la igualdad, uno de los cuales es el relativo a la
igualdad de protección. Señalan que en cuanto las expresiones acusadas plantean
dos distintos requisitos concurrentes para que los miembros de las familias de
las víctimas directas puedan también tener esa calidad, como son la exigencia
de un determinado grado de cercanía familiar y la circunstancia de que al
principal afectado se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido, el
precepto en comento impide materializar la igualdad de protección anunciada por
la carta política.
Por otra parte, afirman que la demostración del trato
discriminatorio por parte de la norma parcialmente acusada resulta
especialmente sencilla, teniendo en cuenta que en años recientes esta
corporación resolvió sobre la exequibilidad de otra norma de contenido
equivalente a esta, contenida en el artículo 5° de la Ley 975 de 2005. Recuerda
que en ese caso este tribunal mediante su sentencia C-370 de 2006 declaró la
exequibilidad condicionada de las expresiones entonces demandadas “en el
entendido de que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros
familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra
conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al
margen de la ley”, pues la posibilidad de ser indemnizado en este tipo de
casos depende de la existencia de un daño real, concreto y específico y no de
circunstancias de carácter excluyente como las previstas en esa y esta norma.
A propósito de este hecho plantean incluso que la
aprobación de un precepto legal como el ahora acusado cuando previamente la
Corte había planteado frente a una norma sustancialmente equivalente un
condicionamiento como el ya comentado debería considerarse violatoria de la
regla prevista en el artículo 243 del texto superior, que prohíbe reproducir el
contenido de actos jurídicos declarados inexequibles, como consideran que ha
sucedido en este caso.
A partir de estas reflexiones, respaldan los
planteamientos del demandante y solicitan a la Corte declarar inexequible la
totalidad del segundo inciso del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
4.5. Del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Según se desprende de la constancia obrante a folios
211 y 212, este Ministerio también intervino en tiempo dentro del presente
proceso, mediante escrito presentado por la Jefe de su Oficina Jurídica, quien
solicitó a la Corte inhibirse de decidir sobre lo planteado, o en su defecto
declarar la constitucionalidad de los apartes acusados. Sin embargo, este
documento no explica de manera clara y expresa las razones que sustentan su
principal solicitud.
En apoyo de la petición de exequibilidad, después de
transcribir tanto la norma acusada como el precepto constitucional
presuntamente vulnerado y de realizar un breve resumen sobre las razones de la
demanda, esta interviniente presenta un extenso fragmento de la obra del
profesor Carlos Bernal Pulido en la que se analiza la línea jurisprudencial de
esta corporación en torno al denominado juicio de igualdad, así como las reglas
en que éste se fundamenta.
Posteriormente añade algunas consideraciones fácticas
en relación con los objetivos y el contenido de la Ley 1448 de 2011, a partir
de la magnitud y gravedad de los problemas que con ella se pretende afrontar.
Destaca que en relación con un tema de esta naturaleza el Congreso es autónomo
para señalar los contenidos que estime más adecuados, razón que desvirtuaría la
intención supuestamente discriminatoria que el actor le atribuye a las normas
acusadas.
También resalta que el eje principal del concepto de
víctima desarrollado por el artículo 3º de esta ley es la ocurrencia de un
daño, a partir de lo cual considera equivocado el entendimiento del actor
cuando afirma que las pautas contenidas en el inciso 2º que son objeto de su
demanda excluyen la posibilidad de que las víctimas indirectas que han padecido
daños como consecuencia de las acciones descritas por esta norma puedan acceder
a los derechos y beneficios desarrollados por esta ley.
4.6. Intervenciones extemporáneas
Una vez vencido el término de fijación en lista se
recibieron dos escritos más, uno de ellos remitido por una profesora de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y el otro
por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.
Mientras que la primera de estas intervinientes solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad de las disposiciones acusadas, la otra pidió declararlas
condicionalmente exequibles, en la misma forma planteada en la sentencia C-370
de 2006. Sin embargo, en razón a su extemporaneidad, tales escritos no serán tenidos
en cuenta.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto Nº 5207 de fecha septiembre 7 de 2011 el
jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar
exequibles las expresiones acusadas por el demandante.
En sustento de su solicitud, y después de transcribir
el texto completo del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 del cual hacen parte
los segmentos normativos acusados, el Procurador resalta que esa ley es una
norma especial, que regula situaciones así mismo delimitadas, por lo cual sus
disposiciones deben ser analizadas dentro de ese mismo contexto, y no como si
fueran reglas generales sobre responsabilidad civil y derechos de las víctimas.
Más adelante se refiere al trámite cumplido en el
Congreso de la República para el debate y aprobación de los proyectos que
condujeron a la expedición de la actual Ley 1448 de 2011, resaltando que tanto
los legisladores como el Gobierno Nacional se preocuparon porque la norma
finalmente aprobada fuera financieramente viable y fiscalmente responsable,
razón por la cual no puede asumirse que las restricciones aquí cuestionadas
sean producto del capricho del órgano legislativo, pues en realidad son
resultado de su cuidadosa deliberación.
Frente a esta intención llama la atención sobre el
hecho de que asistir y reparar a víctimas de hechos ocurridos desde el año
1985, muchas de las cuales de no ser por esta norma no tendrían ya la
posibilidad de acceder a tales beneficios debido a la posible prescripción de
sus acciones, supone un esfuerzo fiscal considerable a cargo del Estado, a
partir de lo cual se comprende la necesidad de delimitar, dentro de la propia
ley, el universo de personas que tendrán derecho a ser reparados.
De otra parte, rechaza el planteamiento del actor
conforme al cual los parientes de las víctimas son así mismo víctimas que
necesariamente deben ser indemnizadas. Frente a esto señala que si bien es
posible que de conformidad con las reglas previstas en esta ley algunos
miembros de las familias de las víctimas directas puedan también demostrar su
propia calidad de víctimas, ello no podría ser consecuencia del simple hecho
del parentesco, sino de la plena demostración del daño personalmente sufrido.
Resalta que las reglas aquí demandadas no impiden este resultado.
A partir de estas consideraciones, concluye el
Procurador General que las reglas acusadas no se observan contrarias al derecho
a la igualdad, razón que sustenta su solicitud de que se declaren exequibles.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la
presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 4°
de la Constitución, puesto que las disposiciones acusadas hacen parte de una
ley de la República.
2.  Cuestiones previas: solicitudes de inhibición y de
integración normativa
Previamente al estudio del cargo planteado en la
demanda, la Corte se detendrá brevemente para responder dos distintos
planteamientos de algunos de los intervinientes, que de ser aceptados
incidirían sobre el alcance y extensión de las subsiguientes consideraciones.
2.1. Como quedó dicho, tanto el Director de Acción
Social como la representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
propusieron a la Sala inhibirse de decidir sobre lo planteado, al no cumplirse,
en su concepto, los requisitos necesarios para ello. El primero de ellos
destacó en particular, la vaguedad de los argumentos desarrollados por el
actor, lo que impediría que se satisfaga el criterio de especificidad,
una de las condiciones que la jurisprudencia de esta Corte ha exigido como
necesaria para proferir un fallo de mérito al término de un proceso de
constitucionalidad.
Sin embargo, no obstante que en algunos aspectos la
demanda sobre la cual ahora se decide podría ciertamente considerarse
deficiente, al analizar su contenido, y en aplicación del principio pro
actione, encuentra la Sala que sí concurren las mínimas condiciones
necesarias para emitir un fallo de fondo[6].
Así por ejemplo, se considera que el actor ha
explicado con claridad la razón principal por la cual estima que los
fragmentos acusados serían inconstitucionales; se observa que su razonamiento
parte de una proposición jurídica real y existente, pues en efecto las frases
cuestionadas producen el efecto normativo que aquél considera contrario a la
Constitución, por lo tanto existe certeza; y se cumple también la suficiencia,
en cuanto el planteamiento formulado no parece prima facie infundado,
sino por el contrario, alcanza a generar algún grado de duda sobre la
exequibilidad de estas reglas.
Todas estas consideraciones llevan a la Sala a
descartar la sugerida posibilidad de inhibición, pues por el contrario, existen
elementos suficientes para emitir en este caso un fallo de fondo, suficiencia y
certeza que se realzan bajo el más flexible enfoque que emana de la aplicación
del principio pro actione.
2.2. De otra parte, en lo que atañe a la posibilidad,
referida por varias instituciones y ciudadanos intervinientes, de realizar una
integración normativa entre los apartes acusados y las restantes expresiones
contenidas en el segundo inciso del artículo 3°, no resulta evidente para la
Corte la necesidad de extender este análisis más allá de lo señalado por el
actor.
Por lo demás, y dado que conforme a lo previsto en el
artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, esta posibilidad se plantea especialmente
frente a las posibles situaciones de inconsistencia que podrían surgir cuando
este tribunal decide declarar la inexequibilidad de las normas o apartes
acusados, y especialmente cuando el alcance de éstos es parcial y específico,
la Sala proseguirá su análisis, por ahora únicamente frente a lo demandado, y
sólo volverá sobre esta posibilidad en caso de que, una vez avanzado aquél, se
llegue a la conclusión de que esos apartes normativos deberán ser declarados
inconstitucionales.
3. El problema jurídico planteado y los aspectos que
se analizarán
Según aduce el demandante, los segmentos legales
acusados serían violatorios del principio de igualdad contenido en el artículo
13 del texto superior por doble motivo: De una parte, por exigir de forma
excepcional a determinadas personas el acaecimiento de una condición
suspensiva, que de no configurarse les impediría el acceso a los beneficios
desarrollados por esta ley, desconociendo así que aun cuando ellas no hubieren
sido directamente lesionadas por las acciones descritas en el mismo artículo
3°, sí podrían ser considerados víctimas de tales hechos, según lo entienden la
doctrina y la jurisprudencia en responsabilidad civil. De otra, por restringir
sólo al primer grado de consanguinidad y primero civil el grupo de familiares
de la víctima directa que tendrán acceso a estos beneficios en las ya indicadas
circunstancias.
Afirma que la diferenciación trazada por esta norma,
conforme a la cual una parte de las víctimas tiene derecho de manera directa a
los beneficios en ella establecidos, mientras que otras sólo pueden alcanzarlos
en caso de concurrir determinadas condiciones (parentesco cercano con la
víctima principal, además de la muerte o desaparecimiento de ésta) carece de
justificación, y en tal medida resulta discriminatoria y se torna contraria a
la Constitución. A este respecto propone a la Corte la realización de un test
de proporcionalidad.
Para resolver sobre este planteamiento, la corporación
considera necesario explorar los siguientes aspectos: i) el contenido
específico, así como el sentido de las disposiciones demandadas; ii) la
posibilidad de que el legislador adopte definiciones de términos mencionados en
la Constitución y de uso frecuente en las leyes, a efectos de delimitar el
campo de aplicación de éstas; iii) los alcances de la libertad de configuración
normativa en estos casos; iv) los elementos a partir de los cuales debería, en
caso de considerarse necesario, adelantarse frente a un asunto como el aquí
planteado, el denominado test de igualdad, así como la conclusión de dicho
análisis; v) otras consideraciones en torno al cargo propuesto por el actor;
vi) la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas.
Procede entonces la Sala a abordar, en ese mismo
orden, los temas planteados.
3.1. Sobre el sentido y contenido de las disposiciones
acusadas
Antes de adentrarse en los aspectos de los cuales
depende la exequibilidad de los segmentos normativos acusados, y con el solo
propósito de facilitar el correspondiente estudio, resulta necesario que la
Corte se detenga a precisar de manera suficiente el contenido de esos
preceptos, así como el contexto dentro del cual ellos deben ser analizados.
Para esto, y sin que ello implique extensión del
juicio de constitucionalidad a textos distintos de los acusados, la Sala se
referirá al contenido general de la norma de la cual hacen parte las
disposiciones acusadas, así como a las reglas en ella contenidas, a partir de
las cuales deberá establecerse, frente a distintos escenarios, la calidad o no
de víctimas de las personas interesadas.
Como quedó dicho, las frases cuya constitucionalidad
se cuestiona hacen parte del artículo 3° de la reciente Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, ambicioso
esfuerzo normativo del Estado colombiano enmarcado desde su origen dentro de un
contexto de justicia transicional[7].
Según lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte[8],
puede entenderse por justicia transicional una institución jurídica a través de
la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades
para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados
o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia
una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la
democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la
aplicación de las instituciones penales corrientes[9].
Ahora bien, no obstante que el texto de esta ley no
contiene ninguna específica precisión en ese sentido, de la lectura de su
extenso articulado puede observarse que se trata de un conjunto de
disposiciones especiales, adicionales a las previamente contenidas en los
principales códigos[10] y en otras leyes de
carácter ordinario, relativas a los derechos de las víctimas de determinados
hechos punibles y de otras situaciones consecuenciales, que en cuanto tales se
superponen y se aplicarán en adición a lo previsto en tales normas ordinarias[11].
El artículo 3° de esta importante ley traza el
principal lindero a partir del cual se definirá, durante el término de su
vigencia[12], la aplicabilidad o no
de sus disposiciones frente a casos concretos, especialmente por cuanto en este
precepto se encuentran consignadas las reglas y definiciones relativas a
quiénes serán tenidos como víctimas para los efectos de esta ley. Así, el
inciso 1° de este artículo desarrolla el concepto básico de víctima, el que
según este texto, necesariamente supone la ocurrencia de un daño como
consecuencia de unos determinados hechos. Este precepto incluye también, entre
otras referencias, las relativas al tipo de infracciones cuya comisión generará
(para la víctima) las garantías y derechos desarrollados por esta ley, así como
a la época desde la cual deberán haber ocurrido esos hechos.
A continuación el inciso 2°, del cual forman parte los
textos demandados, traza una nueva regla en torno a quiénes serán considerados
víctimas, sin hacer directa alusión al hecho de que tales personas hayan
sufrido un daño específico que sea resultado de los hechos victimizantes. En
cambio, en este inciso se mencionan, entre otras, algunas circunstancias
fácticas que deberán concurrir para hacer procedente ese reconocimiento, así
como las relaciones y parentescos respecto de la allí denominada víctima
directa, cuyos titulares serán objeto de esta calificación, en el orden allí
establecido. Así las cosas, observa la Corte que este inciso amplía el universo
de destinatarios de esta ley respecto del conjunto de víctimas ya contempladas
en el inciso 1°.
Por su parte el inciso 3°, señala que de igual manera
se consideran víctimas “las personas que hayan sufrido un daño al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”,
situaciones que en casos concretos podrían no quedar comprendidas en las
hipótesis de los incisos anteriores, especialmente en el primero de ellos, lo
que implicaría entonces un nuevo ensanchamiento del concepto de víctima para
los efectos de esta ley. Finalmente, el inciso 4° y cinco parágrafos
posteriores incorporan precisiones adicionales, relativas a situaciones
específicas de los sujetos que serán considerados víctimas de conformidad con
estas reglas.
Examinado así de manera preliminar el contenido de
esta norma, encuentra la Sala que las hipótesis desarrolladas en los incisos 2°
y 3° son complementarias de la prevista en el inciso 1°, y en tal medida,
existe entre ellas una íntima relación, a partir de la cual aquellas deben ser
entendidas tomando en cuenta el sentido de esta última. En esta misma línea, se
anota también que en cuanto los incisos 2° y 3° no contienen ninguna precisión
en torno a las características de los hechos victimizantes, es evidente que
éstas son las mismas establecidas en el inciso primero, tanto en lo relativo a
la fecha de su ocurrencia, como al tipo de infracción perpetrada y al hecho de
haber sucedido éstas con ocasión del conflicto armado interno.
Más adelante, al realizar un análisis más detenido de
las hipótesis reguladas en los incisos 1° y 2° del artículo 3° se observa:
En primer término, en relación con el inciso 1°, cuya
exequibilidad no se juzga en esta oportunidad, destaca la Sala que se reconoce
como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como
consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así,
pese a que existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es
el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que
depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y
accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa.
Ahora bien, es importante destacar que el concepto de
daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos
usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el
daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño
en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que
hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas
las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la
jurisprudencia, ahora o en el futuro.
Según encuentra la Corte, la noción de daño
comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta
personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente
hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su
abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados,
siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación
desfavorable, jurídicamente relevante.
Por su parte, en el subsiguiente inciso, se tiene que
el primero de los textos acusados, “en primer grado de consanguinidad,
primero civil”, establece los grados de parentesco dentro de los cuales los
miembros de la familia de las personas primeramente afectadas podrán ser
considerados víctimas conforme a esa norma, mientras que el segundo, “cuando
a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, impone una
condición suspensiva cuya verificación será necesaria para que surja el derecho
de las ya referidas víctimas. Y más adelante se advierte, que en caso de
concurrir las circunstancias ya comentadas, pero no existir cónyuge,
compañero(a), ni parientes en el grado de consanguinidad antes indicado, se
tendrá como víctimas a las personas que se encuentren en segundo grado de
consanguinidad ascendente.
De otro lado, destaca la Sala que este 2° inciso
comienza con la expresión “También son víctimas…”, lo que de una parte,
constituye reiteración de la autonomía e independencia que existe entre la
regla consignada en el inciso 1° y la contenida en el inciso 2° que ahora se
estudia, y de otra, ratifica también que esta última no tiene un efecto
limitativo sino aditivo frente a lo previamente determinado en el inciso 1°
Ahora bien, de las pautas contenidas en los dos
segmentos normativos acusados se desprende que la consideración como víctimas
de personas distintas a quienes por sí mismas hubieren sufrido algún tipo de
daño como resultado de las acciones contempladas por esta norma es ciertamente
eventual, pues depende de la posible ocurrencia de una de esas situaciones (la
muerte o desaparición de la víctima directa), y que en lo que atañe a los
familiares de ésta de quienes ese derecho se predica en caso de cumplirse tal
condición, no bastará tampoco la acreditación de cualquier tipo de parentesco,
pues los beneficios establecidos por esta ley sólo alcanzarán a los sujetos
expresamente previstos en la norma acusada. En este sentido, es claro entonces
que esas dos frases, cuestionadas por el actor, ciertamente implican
restricción frente al alcance que, en su ausencia, tendrían las reglas
contenidas en el mismo inciso 2° del artículo 3°. Y es precisamente el efecto
restrictivo de estos textos el que en este proceso se cuestiona por su presunta
inconstitucionalidad.
No obstante, a partir de lo explicado en relación con
la regla contenida en el inciso 1°, debe anotarse que si la ocurrencia de un
daño de cualquier naturaleza es el requisito fundamental para ser reconocido
como víctima, resulta incluso difícil imaginar situaciones en las que una
persona que se ha visto afectada por un determinado hecho previsto en la norma,
dirigido contra ella o contra uno de sus familiares, a partir de lo cual
debería en justicia ser admitida como víctima, no pudiera lograr tal
reconocimiento conforme a ese precepto.
Pese a ello, como ya se dijo, el segundo inciso del
artículo 3° viene a ampliar el universo de las personas consideradas víctimas
al contemplar una situación diferente en la cual, incluso quien no hubiere
demostrado haber sufrido daño a consecuencia del hecho de que se trata, podría
ser admitido como tal. Se exigen sí los dos criterios que en este caso el actor
cuestiona como contrarios a la Constitución, la gran cercanía familiar
(cónyuge, pareja o pariente en primer grado), y la circunstancia de que la
llamada víctima directa se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida como
consecuencia del hecho victimizante.
Ahora bien, aun cuando según lo explicado al analizar
el concepto de daño, el segundo inciso podría entonces parecer redundante, su
presencia en esa norma puede entenderse mejor al analizar el trámite de estudio
y aprobación de ésta[13].
Según puede observarse, desde sus inicios el proyecto
antecedente consideró una situación como la finalmente regulada en el inciso 2°
del artículo 3° que aquí se analiza[14], cuyo sentido original
puede apreciarse al confrontarlo con el texto entonces propuesto para el inciso
1° de esta norma[15], que tomaba como
referente un menoscabo en los derechos fundamentales o la existencia de una
específica lesión, encuadrable en alguno de los supuestos allí taxativamente
previstos. Así, ante una cobertura considerablemente menor a la finalmente
establecida, parecía claramente necesaria la existencia de una regla como esta.
A lo largo del trámite legislativo los textos de los
incisos 1° y 2° del actual artículo 3° se mantuvieron en esa misma línea, con
escasas variaciones en sus dos primeros debates ante la Cámara de
Representantes. Después, durante el tercer debate ante la Comisión Primera del
Senado, al texto del 2° inciso se le antepuso el ya comentado adverbio también,
mientras que en el último debate ante la plenaria del Senado[16],
se introdujo en el inciso 1° el concepto de daño, en reemplazo de las
distintas situaciones hasta entonces previstas por ese texto. Ahora, pese a que
como se ha explicado, este concepto es amplio y genérico, no se suprimió el
inciso 2°, presente en el proyecto desde sus inicios.
Sin embargo, se observa que la permanencia de este 2°
inciso en el texto del artículo 3° permite a las personas allí contempladas ser
admitidas como víctimas, pese a la dificultad que pudieran encontrar para la
acreditación del daño sufrido. Podría incluso inferirse que al establecer esta
regla el legislador obró bajo la premisa de que, en las específicas
circunstancias allí previstas, la muerte o desaparecimiento de la víctima
original y la ya indicada cercanía familiar con ésta, existe daño, salvo en muy
escasas excepciones, por lo cual, en este escenario no se exige la específica
acreditación de aquél. En ese sentido, considera la Corte que la regla
contenida en el inciso 2° contiene una presunción de daño, que admite prueba en
contrario.
En suma, al comparar las distintas situaciones
reguladas por los incisos 1° y 2° del artículo 3° en comento, encuentra la
Corte que en realidad ambas reglas conducen a un mismo resultado, la
consideración como víctimas, y con ello, el acceso a los beneficios
desarrollados por la Ley 1448 de 2011, aunque por distintos caminos, puesto que
en el primero de ellos se requiere la acreditación de un daño sufrido por la presunta
víctima como consecuencia de los hechos allí referidos, mientras que en el
segundo, en lugar de ello, se exige la existencia de un determinado parentesco,
así como la circunstancia de que a la llamada víctima directa se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida, lo que, según entendió el legislador,
permite presumir la ocurrencia de daño.
Como consecuencia de lo explicado, cabe por último
aclarar que si una persona efectivamente ha sufrido daño como resultado de
determinados hechos, encuadrables en los supuestos del inciso 1° que se viene
analizando, hipótesis que ciertamente incluye a la pareja y los parientes
próximos de las personas directamente afectadas, no parece factible que sólo
por la vía del inciso 2° ella pudiera ser admitida como víctima, como lo afirma
el demandante para resaltar la injusta discriminación que, en su concepto,
quedaría planteada en este último texto. Por el contrario, según lo entiende la
Sala, es evidente que si la persona ha sufrido daño bajo cualquiera de las hipótesis
antes consideradas, para ella resulta posible invocar la calidad de víctima por
la vía del inciso 1°, con lo que en nada le afectarían las restricciones
contenidas en el inciso 2°, tantas veces comentado.
Ahora bien, pese a la claridad y solidez de estos
razonamientos, no escapa a la Corte el hecho de que, al menos en gracia de
discusión, podrían admitirse hasta tres posibles entendimientos sobre el
sentido y alcance del inciso 2° acusado, a saber: i) que vista la amplitud de
los conceptos en que se sustenta el inciso 1° inmediatamente anterior, este 2°
resulte superfluo o inane; ii) que tal como lo entiende el actor, se acepte que
la expresa referencia a los familiares de la llamada víctima directa implica
que sólo al amparo de esta regla aquéllos podrían ser reconocidos como
víctimas, con lo que esta norma tendría un efecto modificatorio, y por lo mismo
restrictivo, de la pauta antes establecida en el inciso 1°; iii) que tal como
lo ha planteado la Corte, se mire como una presunción, a partir de la cual se
entienda que, en presencia de tan graves circunstancias como son el homicidio o
desaparecimiento de un familiar tan cercano, el sujeto ha sufrido un daño, lo
que justifica su consideración como víctima para los efectos de esta ley.
En vista de esta situación, la Corte retomará este
punto en la parte final de la presente providencia, una vez se establezca si
las reglas aquí cuestionadas son o no respetuosas de la Constitución Política.
3.2. El legislador puede incorporar definiciones sobre
términos y expresiones mencionados en la Constitución y desarrollados por la
ley a efectos de delimitar el campo de aplicación de ésta
Como se ha explicado, el artículo 3° de la Ley 1448 de
2011, del cual forman parte las disposiciones acusadas, contiene un conjunto de
reglas y definiciones a partir de las cuales se delimita el campo de aplicación
de toda esa norma, entre ellas las que determinan a quiénes se considera
víctimas para efectos de esta ley, y por exclusión, quiénes no lo serán. Por
ello, entiende la Corte que el problema constitucional planteado por el actor
respecto de las distintas situaciones reguladas por los incisos 1° y 2° de este
artículo, envuelve censura o cuestionamiento a la posibilidad de que el
legislador establezca definiciones sobre determinados conceptos, de los cuales
vendría a depender el alcance específico de las normas así expedidas.
El asunto adquiere mayor implicación cuando, como
ocurre en el presente caso con el término víctimas, el término de que se
trata aparece referido en la Constitución Política[17],
más aún, no de manera casual, sino con el propósito de establecer determinadas
garantías o salvaguardas en torno al mismo, sin incluirse su definición en el
texto superior. En estos casos cabría preguntarse si el legislador puede
entonces llenar el vacío existente adoptando conceptos o definiciones
específicas, cuyo contenido incidiría de manera consecuencial en el alcance
efectivo de las garantías que con respecto a ese tema ha establecido la carta
fundamental.
En el presente caso debe reconocer la Corte que el
concepto de víctimas al que se viene haciendo alusión no sólo es
expresamente mencionado por la Constitución, sino que de igual manera ha sido
ampliamente referido y aplicado por varios tratados e instrumentos
internacionales[18].
Sin embargo, apenas dos de tales documentos contienen definiciones de este término, que por su importancia
pudieran servir como criterio orientador para las conceptualizaciones que
realice el derecho interno. Se trata, de una parte, de las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, aprobados en
septiembre de 2002 por la Asamblea de los Estados Partes en Nueva York[19],
y de otra, del Conjunto de principios y directrices básicas sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho
internacional humanitario, adoptado en 2005 por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, documento que en tal medida no tiene el
carácter de tratado[20].
Adicionalmente, el tema de los derechos de las
víctimas ha sido objeto de amplio y frecuente desarrollo por la jurisprudencia
de esta corporación, que ha resaltado su importancia dentro del contexto del
proceso penal, a partir de los fundamentos constitucionales de éste. Incluso,
en varias ocasiones[21] se han adoptado
decisiones de inexequibilidad o de exequibilidad condicionada en relación con
normas legales que, según encontró la Corte, limitaban o menoscababan los
derechos de las víctimas, conforme al entendimiento que de ellos tiene la
jurisprudencia. Sin duda, todas estas circunstancias añaden mayor trascendencia
al concepto de víctimas, tal como en este caso lo resalta el actor.
Como quedó dicho, la Ley 1448 de 2011, sin desconocer
la previa existencia de otros desarrollos legislativos parciales, incluso
algunos de ellos muy antiguos, la mayor parte de los cuales permanece vigente[22],
constituye un amplio y comprehensivo desarrollo normativo sobre los derechos de
las víctimas, sin precedentes en la legislación nacional. Así, desde el punto
de vista práctico, se entiende la necesidad de que, a efectos de delimitar su
campo de acción, se dictaran reglas y definiciones que dieran claridad al
respecto. Con todo, resulta pertinente precisar la posibilidad de que el
legislador así lo hiciera, especialmente en vista de la ausencia de referentes
normativos de superior jerarquía a los cuales sujetarse al definir el alcance
de este concepto.
En varias ocasiones, y desde hace años, la Corte se ha
pronunciado en sentido afirmativo sobre la posibilidad de que el legislador
incorpore en las leyes definiciones que acoten los conceptos que esas mismas
normas desarrollan[23], al entender que esa
facultad hace parte de la autonomía de configuración normativa que la misma
Constitución reconoce y atribuye al Congreso, con la sola advertencia de que en
estos casos debe atenderse y observarse el sentido y la intención dentro de los
cuales el constituyente haya querido enmarcar la respectiva institución. Sobre
este tema dijo la Corte en el primero de los pronunciamientos que vienen de
referirse:
“El Legislador tiene en principio la facultad de
desarrollar la Carta y, en función de tal cometido, puede establecer
definiciones más o menos amplias de ciertos conceptos constitucionales, que por
su propia naturaleza son indeterminados, tal y como sucede con la categoría de
remuneración laboral salarial. Para comprender los alcances y límites de esta
libertad relativa del Legislador es necesario tener en cuenta que, a nivel
global y en materia de conceptos indeterminados, la relación del ejecutivo con
la ley no es la misma que la del Congreso con la Constitución.” [24]
En esa misma línea, y frente a los alcances que en
estos casos debe tener el control de constitucionalidad, expresó en esa ocasión
este tribunal:
“Ese control de límites varía su intensidad
dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción
constitucional de un determinado concepto o institución. Así, si la
determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos
completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo
que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el Constituyente ha
limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario, si la protección
constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los cuales no
delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso tiene una
amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del
concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado. En efecto, en
función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio democrático
y la cláusula general de competencia del Congreso (CP arts. 1º, 3º, 8º y 150),
se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un
determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para
diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador. Eso significa que
cuando no puede deducirse del texto constitucional una regla clara, en
principio debe considerarse válida la regla establecida por el Legislador.”
Estos criterios fueron luego reiterados y aplicados en
decisiones posteriores, como las ya referidas sentencias C-342 de 1996, C-404
de 2001 y C-871 de 2002, entre otras, al analizar distintas situaciones en las
que el legislador trazó criterios y definiciones para precisar el contenido de
conceptos mencionados, o al menos aludidos por la Constitución Política, tales
como salario, condiciones especiales (en la enajenación de la propiedad
accionaria estatal) o capacidad de pago (respecto de los niveles de
endeudamiento de las entidades territoriales). En todos esos casos, este
tribunal encontró válido frente al texto superior el uso de tales definiciones
por el legislador, por lo cual todas ellas fueron declaradas exequibles.
De otra parte cabe resaltar que esa posibilidad es
implícitamente reconocida por la regla de interpretación contenida desde el
Siglo XIX en el artículo 29 del Código Civil, según la cual cuando el
legislador haya definido expresamente el alcance de ciertas palabras respecto de
determinadas materias, el operador jurídico deberá estarse a tales
definiciones, incluso si ellas difieren de lo que pudiera considerarse el
sentido natural y obvio de esas expresiones. Esta precisión resulta
significativa pese a hallarse contenida en una norma de carácter legal, pues
refleja la convicción largamente existente en el ordenamiento jurídico
colombiano, en el sentido de que el legislador puede válidamente incorporar
definiciones en las leyes.
A partir de esos criterios, que en esta oportunidad la
Corte mantiene y reitera, resalta la Sala la posibilidad de que el legislador
defina y precise los conceptos a partir de los cuales se determinen los
alcances y el campo de aplicación de las normas jurídicas, como en este caso se
hizo.
De igual manera, resalta que esta facultad existe
incluso respecto de conceptos que aparezcan mencionados, pero no definidos en
la Constitución, siempre que al hacerlo se respete la teleología de los mismos.
Esta función corresponde al Congreso de la República, puesto que una de las
principales tareas que ese cuerpo cumple mediante la expedición de las leyes,
segundo tipo de norma en importancia jerárquica dentro de nuestro sistema
jurídico, es la de dar cabal desarrollo a la norma superior. Además por cuanto,
en razón a su composición plural y democrática y a su condición de
representante de la voluntad popular, no existe entre los órganos constituidos
existentes dentro de la organización del Estado otro con mejor título para
cumplir esta importante misión.
3.3. Sobre los alcances de la libertad de
configuración normativa en el presente caso y su ejercicio por parte del
legislador
Más allá de la general posibilidad de que las leyes
incorporen definiciones que delimiten el alcance de expresiones de uso
frecuente en ellas, conviene referirse de manera general a los alcances que la
facultad de configuración normativa del legislador tiene en un caso como este,
libertad cuya extensión, como antes quedó dicho, es inversamente proporcional
al grado de desarrollo que la propia Constitución le haya dado a la institución
de que se trata.
En torno a este aspecto observa la Corte que pese a la
mención de las víctimas en el texto constitucional, y a la gran importancia
reconocida a sus derechos tanto en nuestra carta política como en varios
instrumentos internacionales relevantes, ninguno de esos textos contiene
referencias ni criterios que para este caso resulten de obligatoria aplicación,
a partir de los cuales pueda determinarse quiénes son víctimas frente a eventos
concretos. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que los dos únicos
instrumentos internacionales que, según antes se dijo, contienen definiciones a
este respecto, no tienen el carácter de tratados[25]
ni tampoco hacen parte del bloque de constitucionalidad, razón por la cual las
definiciones en ellos contenidas no pueden considerarse obligatorias para el
legislador nacional.
De otra parte, dado que con anterioridad a la
Constitución de 1991 el tema había sido normalmente tratado a nivel legal,
concretamente en los códigos, tanto sustanciales como procesales[26],
sería del caso entender que la mención de las víctimas en el texto superior se
apoya en los conceptos jurídicos tradicionales entonces vigentes, y en los que
a ese mismo nivel pudieran desarrollarse en el futuro.
En esta línea destaca la Sala que, al margen de su
contenido concreto, la sola expedición de una preceptiva que como la Ley 1448
de 2011, sistematiza y amplía la normatividad previamente existente en torno a
los derechos de las víctimas, es expresión del ejercicio de dicha libre
iniciativa. Ello por cuanto, si bien el estudio y aprobación de una ley con esta
temática pudiera entenderse como una consecuencia de la importancia que en
nuestro sistema constitucional tienen los derechos de las víctimas, que la
jurisprudencia de esta corporación ha relievado de manera reiterada, ello no
resultaba en modo alguno imperativo, sino que es fruto de una decisión
deliberada de los poderes públicos, que en ejercicio de sus respectivas
facultades constitucionales han querido, en un determinado momento, avanzar en
el desarrollo de tan importante materia.
En esta medida, ha de concluirse que el contenido
específico de tan importante preceptiva, y la extensión que a través de la
definición de sus conceptos básicos puede dársele a aquélla son también materia
cuya determinación depende de la libre y autónoma decisión del legislador,
naturalmente, siempre y cuando en dicho proceso no desconozca ni lesione
ninguna específica garantía constitucional, como podría ser, ciertamente, el
principio de igualdad, cuya transgresión denuncia en este caso el actor.
Así, pendiente ese análisis, que la Corte avocará en
el siguiente punto, se ratifica que resultaba constitucionalmente viable que al
crear una preceptiva de esta naturaleza sobre los derechos de las víctimas, el
legislador trazara unos determinados parámetros y criterios a fin de delimitar
su campo de aplicación.
De otra parte observa la Corte, que si bien los
escasos referentes existentes en relación con el concepto de víctima no
resultarían directamente obligatorios para el legislador colombiano, en razón a
la existencia del ya comentado margen de configuración normativa, lo cierto es
que al obrar dentro de ese marco de autonomía, al expedir las reglas contenidas
en los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 3° parcialmente acusado, el legislador
decidió definir el concepto de víctimas tomando en cuenta lo esencial de tales
criterios, particularmente aquellos contenidos en la definición incorporada en
el Conjunto de Principios sobre el derecho de las víctimas aprobado por
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[27].
En efecto, la Corte encuentra varias coincidencias
entre esta última definición y las distintas situaciones consideradas en el
referido artículo 3°, al punto de poder afirmar que éstas efectivamente
consultan los criterios incorporados en aquel documento internacional. Así por
ejemplo, la definición contenida en la Ley de Víctimas adoptó como su
eje fundamental el concepto de daño, que es esencial y determinante
dentro de la noción de víctimas consignada en dicho documento. Y de otra parte,
el amplio espectro que según se explicó es propio del concepto de daño permite
amparar de manera clara y suficiente, tal como la ley lo contempla, la
situación de los familiares de los sujetos más directamente afectados, como
también la de las personas que hubieren sufrido un daño al pretender asistir
víctimas en situación de peligro o prevenir su victimización.
Así las cosas, resalta la Sala que aún en caso de que
se entendiera que al definir el concepto de víctimas el legislador colombiano
debía necesariamente tomar en cuenta las referencias existentes en el derecho
internacional, así habría ocurrido en el caso de las normas atacadas, lo que
permite concluir que a este respecto carece de fundamento la glosa del
demandante.
3.4. De los extremos del test de igualdad frente al
caso planteado y de su conclusión
Al analizar posibles situaciones de discriminación,
contrarias al derecho a la igualdad, esta Corte ha empleado desde sus inicios
el llamado test de igualdad, redefinido en un buen número de casos como
test de proporcionalidad o razonabilidad, teniendo en cuenta que en razón a la
diversidad de matices, circunstancias y elementos relevantes, resulta difícil
considerar dos distintas situaciones como plenamente iguales o como claramente
diferentes[28].
Este test parte de la premisa de que para realizar el
mandato contenido en el artículo 13 superior, especialmente el relativo a la
igualdad de trato, debe prodigarse un mismo tratamiento a las situaciones
idénticas o equiparables y distinto tratamiento a los eventos disímiles.
Así, ante la manifestación ciudadana de que una norma
legal viola este principio por dar un trato diferente a dos situaciones
semejantes, lo primero que debe indagarse es si en efecto las dos situaciones
de hecho son equivalentes, en lo que resulte relevante, como también que el
trato previsto para ellas en la ley es realmente diferente. La Corte ha
señalado que en los casos en que se constata que la situación fáctica original
difiere notoriamente en los aspectos que resultan trascendentes, por
sustracción de materia resulta improcedente la aplicación de este test.
En este caso el actor sostiene que los sujetos cuya
situación se regula en los incisos 1° y 2° del artículo 3° se encuentran en la
misma condición fáctica, pues el aspecto relevante es que ambos podrían ser
considerados víctimas. A partir de esta premisa, sostiene que los diversos
requisitos que ellos deben cumplir para que se reconozca esa calidad configuran
trato discriminatorio, de donde resultaría la inconstitucionalidad de los
apartes acusados.
Sin embargo, nótese que en razón a la particular
estructura gramatical de estas reglas, como también al hecho de tratarse de
circunstancias inherentes a los respectivos sujetos que éstos no estarían en
capacidad de modificar, los diversos requisitos que en cada caso deben llenarse
podrían también ser vistos como factores que delimitan la situación de hecho de
los grupos comparados, y no sólo como aspectos que configuran la regla jurídica
aplicable a cada uno de ellos. No obstante, el actor presenta esta última
perspectiva como la única posible, conclusión que resulta desacertada.
En efecto, bien podría sostenerse que en este caso los
sujetos cuya situación se regula por estas normas son fácticamente diferentes,
pues mientras una parte de ellos está en condiciones de acreditar el daño que
han sufrido, otros no lo estarían. Al mismo tiempo, también serían diferentes
en cuanto algunos de ellos son cónyuges, parejas o parientes cercanos de las
víctimas directas, muertas o desaparecidas como resultado del hecho
victimizante, mientras que otros no cumplen con alguna o con ninguna de estas
condiciones. Desde esa perspectiva la conclusión sobre la exequibilidad de los
apartes demandados no podría ser la misma postulada por el demandante.
Frente a esta diversidad de enfoques y a la viabilidad
de todos ellos, la Corte considera razonable concluir que lo que en este caso
se presenta es una situación de identidad fáctica original, pues los sujetos
comprendidos en una y otra norma son víctimas, además de lo cual ambos grupos
reciben igual trato normativo, en cuanto todas las personas que los conforman
tendrán la posibilidad de ser reconocidas como tales. Resulta diferente sí, lo
que sería el camino que cada uno de ellos debe recorrer para adquirir ese
estatus, pues mientras que unos deberán acreditar el daño sufrido, otros podrán
obtener el mismo resultado a partir de otras circunstancias, concretamente la
muerte o desaparición de la víctima directa y la gran cercanía existente entre
ésta y quien pretende el reconocimiento, las cuales hacen presumir la
ocurrencia de un daño. En tales condiciones, y según lo antes anotado,
considera la Sala improcedente adelantar en este caso un test de igualdad.
En esa misma línea, observa además la Corte, que en
tales circunstancias la Ley 1448 de 2011 ofrece a todas las posibles víctimas
distintas opciones para acceder a los beneficios en ella previstos, lo que
lejos de constituir discriminación, resulta adecuado y razonable, y contribuye
a garantizar los derechos de las víctimas, de tan destacada importancia
constitucional, al tiempo que facilita el acceso a la justicia y la
materialización de un orden justo, tal como lo postulan también otros preceptos
del mismo texto superior.
Como resultado de estas consideraciones, no se abre
paso el cargo de inconstitucionalidad propuesto en este caso, basado en la
presunta vulneración del derecho a la igualdad.
3.5. Otras consideraciones en torno a la sustentación
del cargo planteado
Establecido que los dos requisitos contemplados en el
inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, pese a trazar una ruta
parcialmente diferente a la prevista en el inciso 1° de la misma norma, no
resultan violatorios del derecho a la igualdad, la Sala estima necesario
efectuar una breve precisión adicional frente a un aspecto aún no analizado de
la argumentación esgrimida por el actor en su demanda, en procura de demostrar
la validez del cargo formulado.
En efecto, encuentra la Corte que al demandar la frase
“primer grado de consanguinidad, primero civil”, el actor cuestionó no
únicamente el hecho de que exista una forma alternativa para ser reconocido
como víctima, sino también la circunstancia de que se hubiera limitado la
posibilidad de acceder a este mecanismo sólo a los parientes más cercanos, esto
es, a los padres o hijos (según el caso) de la denominada víctima directa.
En relación con este tema debe anotarse que a partir
de las consideraciones contenidas en los acápites anteriores, resulta claro
para la Corte que una delimitación de este tipo sin duda cabe dentro de lo que
para el caso debía ser el margen de configuración normativa del legislador en
relación con el tema. Por esta razón, se considera adecuado que el Congreso de
la República, en cuanto autor de la norma analizada, haya decidido libremente
el grado de parentesco dentro del cual se reconocerán, a partir de este
mecanismo, los derechos que esta norma ha desarrollado en favor de las
víctimas.
Sin perjuicio de ello, encuentra además la Corte que
la regla trazada por el legislador en este punto resulta razonable en cuanto a
su contenido, pues la presunción de daño que según lo explicado estaría
envuelta en esta regla, resultaría fundada frente a los parientes más próximos,
pero no necesariamente frente a otros menos cercanos, quienes en todo caso
tendrán la posibilidad de reclamar los derechos a que hubiere lugar por la vía
del mecanismo previsto en el inciso 1° de este artículo 3°, si en su caso
concurren los supuestos para ello.
Como resultado de lo brevemente expuesto, concluye la
Sala que tampoco por este aspecto resulta inconstitucional la restricción
contenida en el inciso 2° parcialmente demandado, en el sentido de que la
calidad de víctimas conforme a esa regla sólo se predique de los parientes en
primer grado de consanguinidad y primero civil.
3.6. La jurisprudencia constitucional sobre los
derechos de las víctimas
Antes de concluir, la Corte estima necesario realizar
algunas reflexiones adicionales sobre la relevancia que frente al presente caso
estaría llamado a tener el antecedente contenido en la sentencia C-370 de 2006,
que fuera invocada por el actor en su demanda, planteamiento que fue además respaldado
por varios de los intervinientes dentro de este proceso, incluso por el
apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes manifestaron la
necesidad de que este tribunal mantenga la línea jurisprudencial de carácter
garantista y protector trazada en esa oportunidad.
Esa providencia, en la que como es sabido, esta
corporación se pronunció sobre la exequibilidad de varias disposiciones de la
Ley 975 de 2005, usualmente conocida como Ley de Justicia y Paz,
resultaría relevante frente al caso ahora planteado, en cuanto en ella se
declaró condicionalmente exequible el inciso 2° del artículo 5° de esa
preceptiva, de contenido muy semejante al del inciso 2° del artículo 3° de la
Ley 1448 de 2011, ahora parcialmente acusado. La cercanía entre estas dos
normas consiste en que ambas hacen parte de la definición del concepto de
víctimas para efectos de esas respectivas leyes, y en que con este propósito,
ambas limitaron el parentesco a tener en cuenta hasta el “primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa” y requirieron que “a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”.
En esa oportunidad, y con expreso apoyo en lo
estatuido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en importantes
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
estimó que esas dos limitaciones serían inconstitucionales.
Según entonces se expresó, este tribunal concluyó que “violan el derecho a la igualdad y los derechos de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un recurso
judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los
familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa,
de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real, concreto y
específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la
ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la
mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las
víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales
exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista (sic) para que el legislador alivie la carga
probatoria de ciertos familiares de víctimas directas estableciendo
presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la ley
acusada.”.
Bajo tales razonamientos se decidió declarar
condicionalmente exequibles esas disposiciones “en el entendido que la
presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley.”
A partir de lo anterior, tanto el actor como los
referidos intervinientes exhortaron a la Corte a fallar en el mismo sentido que
en esa oportunidad, al considerar que en razón a la gran similitud existente
entre las normas que entonces y ahora han sido objeto de análisis, ese
pronunciamiento constituye precedente obligatorio para la resolución del
presente caso. Como antes se explicó, esta solicitud recoge además la
preocupación de que, en caso de tomar una decisión de exequibilidad, ello
significaría el abandono de la postura garantista reflejada en el citado fallo
C-370 de 2006, así como un retroceso en el nivel de protección ofrecido a las
víctimas por la justicia constitucional.
Frente a estas reflexiones sería del caso preguntarse
si, tal como lo aducen tanto el actor como varios intervinientes, la postura
asumida por este tribunal en la sentencia C-370 de 2006 constituía precedente
obligatorio y aplicable al caso que ahora se decide, o si por el contrario,
resulta razonable que la Corte asuma un planteamiento parcialmente diferente,
sin que por ello se entienda ignorado o desatendido un precedente
jurisprudencial aplicable.
Como punto de partida, debe la Sala resaltar que la
obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales está naturalmente limitada
a aquellos casos en que el tema a decidir coincida en lo sustancial con aquel
previamente resuelto en el pronunciamiento que se cita como precedente. Contrario
sensu, es claro que si no existe esa cercanía fáctica, el supuesto
precedente no podría considerarse obligatorio, pues lejos de salvaguardar la
seguridad jurídica y la coherencia que naturalmente debe existir entre los
distintos pronunciamientos de una Corte definida como órgano límite de su
respectiva jurisdicción, ello podría conducir a una decisión equivocada, al
aplicar a un caso concreto una solución que no consulta sus particularidades
específicas, sino las de un evento diferente. En este caso encuentra la Corte
que se presenta esta última situación, ya que pese a su casi completa identidad
textual, las normas sobre las cuales se ha pronunciado esta Sala en uno y otro
caso son realmente distintas.
La razón que conduce a esta conclusión tiene que ver
con que, tanto como ocurre con la norma ahora analizada, el contenido y efecto
del precepto sobre el cual falló la Corte en la providencia que se cita como
precedente, depende directamente del sentido del inciso 1° que le antecede, que
es claramente distinto al del inciso 1° de la norma que en este caso ha sido
acusada. En tales condiciones, estima la Sala que las dos normas aquí
comparadas[29] tienen diverso alcance y
contenido, lo que así mismo explica la diferencia existente entre los
pronunciamientos de este tribunal al resolver sobre uno y otro caso.
Como es sabido, el texto de los incisos 1° y 2° del
artículo 5° de la llamada Ley de Justicia y Paz es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los
daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la
ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o
compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida.”
Como puede apreciarse, si bien hay gran coincidencia
en cuanto al contenido del inciso 2° respecto del ahora analizado, el contenido
del inciso 1° sí es sustancialmente distinto y de menor alcance al del inciso
1° que precede al precepto que en este caso ha sido demandado[30].
En efecto, el hecho de que se hable de daño directo, así como la
inclusión de un conjunto de situaciones de carácter taxativo, constitutivas de
la calidad de víctima, permiten concluir que esa norma sólo admite como tales a
las personas directa y personalmente afectadas por los hechos victimizantes,
circunstancia claramente diferente a la regulada por la norma equivalente de la
Ley 1448 de 2011 que aquí se analiza.
En tales condiciones puede entenderse también la
distinta implicación y trascendencia de los respectivos incisos segundos,
normas sobre las cuales han recaído los fallos de constitucionalidad que ahora
se comparan: Mientras que en la Ley de Justicia y Paz los familiares que
no hubieren sido personalmente afectados sólo podrían ser reconocidos como
víctimas conforme al inciso 2°, en el caso que ahora ocupa a la Corte la
situación es diferente, pues al subsumirse la situación de la gran mayoría de
ellos en el amplio concepto de daño previsto en el inciso 1°, no se
haría necesario que su situación sea regulada por el inciso 2° aquí
cuestionado, por lo que en consecuencia, el efecto restrictivo de tales
limitaciones difícilmente alcanzaría a perjudicarles. La lectura del fragmento
de la sentencia C-370 de 2006 transcrito párrafos atrás permite reafirmar la
gran diferencia de contexto existente entre la situación planteada en ese caso
y la de ahora.
De vuelta al caso anterior, fue en atención al efecto
gravemente limitativo de esas reglas, que esta corporación consideró prudente
acudir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
la que de manera reiterada y consistente se ha señalado que en los casos de
infracción a los derechos humanos se presume daño de los miembros de la familia
del afectado, sin estricta limitación por grados de parentesco. En el caso
entonces planteado, esa reflexión resultaba pertinente y necesaria pues, se
insiste, el inciso primero no cobijaba la situación de los miembros de la
familia de la persona primeramente afectada, a partir de lo cual las
restricciones consignadas en el inciso segundo tenían un efecto grave y
directo, y sin duda desfavorable, sobre la situación de aquellas. Como puede
constatarse, fueron estas las premisas que condujeron a la ya comentada
decisión de exequibilidad condicionada.
Así mismo cabe mencionar que la simple reiteración de
lo planteado en el referido precedente jurisprudencial hubiera resultado
adecuada si el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 tuviera el texto inicialmente
propuesto durante el trámite legislativo[31], más cercano al del
artículo 5° de la Ley 975 de 2005 que viene de transcribirse. Sin embargo, tal
como se explicó en el punto 3.1 anterior, ese texto fue cambiado durante los
debates legislativos, quedando como elemento fundamental del inciso primero el
concepto de daño, que permite el reconocimiento como víctima de los familiares
de la persona directamente agredida, y que es enteramente acorde con la
tendencia observable en el derecho internacional y con los planteamientos
contenidos en la línea jurisprudencial trazada hace ya varios años por esta
corporación.
Resalta entonces la Corte que en cuanto la
declaratoria de exequibilidad que en este caso se pronuncia respecto de las
frases demandadas en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 no
tiene efecto limitativo sobre el derecho a ser reconocido como víctimas que
asiste a los familiares de las personas afectadas por actos de violación a los
derechos humanos o de infracción al Derecho Internacional Humanitario, esta
decisión no implica contradicción frente a aquella tomada en la sentencia C-370
de 2006, ni tampoco resulta menos garantista que aquella. Por el contrario, se
estima que esta decisión les permite a los familiares de las víctimas alcanzar
un grado de protección equivalente al entonces provisto mediante la
exequibilidad condicionada del inciso 2° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005.
Estas reflexiones confirman la improcedencia de lo
planteado por el actor en relación con la necesidad de adoptar en este caso una
decisión de igual contenido, en lo atinente a las reglas para el reconocimiento
de víctimas, a aquella consignada en el fallo C-370 de 2006.
4. Conclusión
La Corte encontró que las expresiones “en primer
grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando a ésta se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida” no son contrarias a la Constitución,
como lo sostuvo el demandante, por cuanto el legislador está facultado para
incorporar en las leyes definiciones de términos referidos por la Constitución
Política, siempre que al hacerlo no desvirtúe la esencia de tales
instituciones, ni las razones por las cuales ellas han sido relievadas por el
texto superior. Teniendo en cuenta que la definición de víctimas de la cual
hacen parte los segmentos normativos acusados respeta esos parámetros, la Corte
encuentra que el legislador no hizo cosa distinta a ejercer legítimamente esa
facultad.
Así mismo, teniendo en cuenta que al comparar la
hipótesis regulada por el inciso 2° parcialmente demandado con la regla
contenida en el inciso 1° inmediatamente anterior, se encontró que se trata de
una misma situación fáctica a la cual se da un trato igualmente equivalente,
aunque a través de distintos mecanismos, proporcionales a las circunstancias de
cada caso, la Corte concluyó que las exigencias contenidas en los textos
demandados resultan razonables, por lo que no se vulnera el derecho a la
igualdad.
Sin embargo, ante la posibilidad de que llegare a
entenderse que sólo a través de la regla contenida en el inciso 2° del artículo
3° podrían los familiares de las personas directamente lesionadas ser
reconocidas como víctimas, la Corte condicionará la exequibilidad de las
expresiones demandadas, a que se entienda que son víctimas todas aquellas
personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos
victimizantes en los términos del inciso 1°, según lo explicado en la
consideración 3.1 de esta providencia.
En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones acusadas,
respecto del cargo aquí planteado, con el anotado condicionamiento.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Declarar
EXEQUIBLES, respecto del cargo analizado las expresiones “en primer
grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando a esta (sic) se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, ambas contenidas en el
inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que
también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los
términos del inciso primero de dicho artículo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
Con aclaración de
voto
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado                                             Magistrado
Con aclaración de voto
NILSON
PINILLA PINILLA               JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO                LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-052/12
Con
el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala Plena, manifiesto
en forma breve las razones puntuales por las cuales considero necesario aclarar
mi voto favorable a la sentencia C-052 de 2012.
Comparto
plenamente la interpretación final que la Corte le ha dado a la norma acusada,
en el entendido de que allí se consagra una presunción legal de daño que
facilita, a ciertas personas con un grado de parentesco muy cercano con quienes
han sido víctimas de muerte o desaparición, acceder a los distintos beneficios
que se consagran en la Ley 1448 de 2011, sin que ello implique de ninguna
manera restringir el universo de víctimas amparadas por esta legislación en
forma contraria a la Constitución Política.
No
obstante, debo dejar constancia de que discrepo, por las razones precisas que
indico en la presente Aclaración de Voto, de dos de los fundamentos jurídicos
que se han plasmado en la sentencia en tanto soporte de las conclusiones a las
que ha llegado la Corte sobre la debida interpretación de la norma demandada.
Tales fundamentos jurídicos, que en mi criterio riñen abiertamente con el
estado actual de la jurisprudencia constitucional colombiana y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, son: (1) la supuesta inexistencia de
referentes normativos de jerarquía supralegal a los que el legislador
colombiano deba sujetarse para definir el concepto de “víctima”, y (2) la
supuesta inexistencia de una obligación en cabeza del Estado colombiano de
adoptar legislación que consagre y desarrolle los derechos de las víctimas de
conformidad con sus obligaciones internacionales en la materia.
1.
Referentes normativos supralegales de obligatoria consideración al momento de
definir legalmente a las “víctimas” en Colombia.
La
sentencia afirma,[32] que no existen referentes normativos de jerarquía supralegal a los que
el Legislador colombiano deba sujetarse para definir el concepto de víctima,
por lo cual existiría un margen amplio de configuración legislativa en relación
con dicha definición.
No
puede sostenerse que no existe un referente supralegal –v.g. constitucional o
internacional- para definir la noción de víctima y el alcance de sus derechos,
mucho menos cuando se llega a esta conclusión después de haber reseñado en
forma detallada tanto las referencias a dicha noción en el texto de la Carta
Política, como la regulación internacional de la materia y la jurisprudencia
previa de la Corte Constitucional sobre el tema.
En
criterio de la suscrita Magistrada, el hecho de que no haya una definición
de “víctima” internacionalmente vinculante por estar incorporada a un tratado,
no quiere decir que no haya múltiples derechos internacionalmente reconocidos a
las víctimas, que sí constan en numerosos tratados y otros instrumentos
vinculantes para el Estado colombiano, y que deben ser respetados plenamente al
momento de trazar una definición legal de “víctima” en el sistema interno.
Estos derechos internacionalmente reconocidos a las víctimas, que son numerosos
y están claramente identificados y delimitados, obran –cada uno de ellos en sí
mismo, y en su conjunto- como parámetros jurídicos vinculantes que el
Legislador debe respetar íntegramente al momento de trazar una definición de la
noción de “víctima” para los efectos legales a los que haya lugar.
En
una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, reseñada por la propia
sentencia, la Corte claramente ha reconocido que existen referentes
internacionales obligatorios para la definición de los derechos de las
víctimas, que forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son
de necesaria consideración por el legislador colombiano, constituyendo así un
límite a su discrecionalidad. No es éste el lugar para sintetizar y recapitular
nuevamente dicha jurisprudencia; baste aludir a sus principales hitos
constitutivos en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad, como
son las sentencias C-228 de 2008[33], C-370 de 2006[34], C-454 de 2006[35], C-1199 de 2008[36] o C-936 de 2010[37], que la propia sentencia frente a la cual estoy aclarando mi voto se
encarga de enunciar.
Por
otra parte, para sustentar la proposición según la cual existe un margen de
configuración legislativa para definir un concepto que –como el de víctima- no
tiene una definición previa en un referente constitucional o internacional, la
sentencia invoca decisiones previas de la Corte Constitucional que, por sus
temas -laborales, económicos o de ordenamiento territorial-, son inaplicables
en tanto precedentes al asunto muy específico de los derechos de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos. Desde esta perspectiva puntual también
discrepo de la fundamentación jurídica de este punto en particular.
2.
Obligación internacional elemental del Estado colombiano de adaptar su derecho
interno al Derecho Internacional.
En
segundo lugar,[38] de la sentencia se afirma que el Legislador colombiano no estaba
obligado a adoptar una ley sobre los derechos de las víctimas, la cual
constituiría así un avance discrecional y por lo mismo vanguardista del
Congreso colombiano en la materia, que no resultaría “imperativo” a la luz del
derecho internacional. Esta proposición es, en criterio de la Magistrada
firmante, jurídicamente incorrecta.
En
efecto, el Legislador colombiano sí está obligado a desarrollar, mediante la
expedición de leyes, los derechos de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos, puesto que existen –como se indicó y como ha reconocido sin
ambages la jurisprudencia constitucional- normas y obligaciones internacionales
que consagran dichos derechos de las víctimas. Una de las obligaciones básicas
que tienen los Estados bajo el Derecho Internacional Público es la de adaptar
su derecho interno a las normas y obligaciones internacionales que han asumido
soberanamente. Se trata de una de las reglas más claramente arraigadas en el
Derecho Internacional contemporáneo; desde los tiempos de la Corte Permanente
de Justicia Internacional[39] fue reconocido  como una obligación básica de los Estados. Esta regla
básica tiene manifestaciones concretas en tratados internacionales que vinculan
al Estado colombiano en materia de derechos humanos; por sólo citar la
obligación internacional de Colombia que es más clara y expresa en la materia,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 2:
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades.”
De igual manera pueden citarse las obligaciones
convencionales consagradas, en idéntico sentido, en la Convención contra el
Genocidio (Art. 5) o la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (Art. 2.1.d.) o el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art. 2.2) o la Convención contra la Tortura (Arts. 4 y 5).
Cada uno de estos tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano
incorpora, entre otras, derechos de las víctimas de violaciones de los derechos
humanos, que deben ser desarrollados, en tanto asunto de obligación
internacional expresa, mediante la adopción de legislación –por virtud de
disposiciones específicas de su clausulado-.
En esta medida, es claro que el Legislador colombiano
sí tiene múltiples obligaciones internacionales concurrentes que le exigen
adoptar legislación que desarrolle los derechos de las víctimas. La expedición
de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”,  claramente
se inserta en esta línea y constituye una forma de cumplir –siquiera
parcialmente- con los distintos compromisos internacionales del Estado
colombiano frente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La
adopción de esta ley no es un acto de mera discrecionalidad, caridad o
benevolencia progresista del Legislador, como lo caracteriza la sentencia; por
el contrario, lejos de ser tal generosa concesión congresarial, se trata del
soporte jurídico legislativo básico que el Estado colombiano está obligado a
proveer para permitir el ejercicio de derechos fundamentales de raigambre
internacional.
En los anteriores términos dejo expuesta mi aclaración
de voto.
Fecha ut supra.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-052/12
DEFINICION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
PARA EFECTOS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL-Desconoce el precedente constitucional y el bloque de
constitucionalidad (Aclaración de voto)
DEFINICION DE VICTIMAS PARA EFECTOS DE LA ATENCION, ASISTENCIA
Y REPARACION INTEGRAL-Resulta menos
garantista para la protección de los derechos de los familiares que el previsto
en el precedente y el bloque de constitucionalidad (Aclaración de voto)
SENTENCIA SOBRE DEFINICION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO PARA EFECTOS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL-Argumentos de falla de técnica legislativa o
reiteración del legislador resultan incorrectos (Aclaración de voto)
SENTENCIA SOBRE DEFINICION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO PARA EFECTOS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL-Restricciones para reconocimiento constituyen una
vulneración del derecho a la igualdad y los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación (Aclaración de voto)
SENTENCIA SOBRE DEFINICION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO PARA EFECTOS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL-Procedencia de condicionamiento interpretativo
(Aclaración de voto)
SOSTENIBILIDAD FISCAL EN PROTECCION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES-No se afecta por
reconocimiento de familiares como víctimas del conflicto armado interno
(Aclaración de voto)
FAMILIARES COMO VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Reconocimiento condicionado a la demostración del daño
(Aclaración de voto)
VICTIMAS DIRECTAS Y VICTIMAS INDIRECTAS-Expresiones restringen el concepto de víctima y son
inconstitucionales (Aclaración de voto)
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE VICTIMAS-Aducir contextos y alcances normativos diferentes en
leyes de justicia y paz y de reparación integral para inaplicarlo resulta incorrecto
(Aclaración de voto)
Referencia: expediente: D-8593
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º
(parcial) de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con el debido respeto por las decisiones de esta
Corte, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
1. En esta
oportunidad se demandaron apartes del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, en el
cual se define el concepto de víctimas, respecto de aquellas expresiones que lo
limitan a los familiares en primer grado de consanguinidad, primero civil, o
cuando la víctima se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida, por
considerar que son violatorias del derecho a la igualdad –art.13 CP-. Lo
anterior, en razón a que se alega que el precepto excluye a otros familiares
diferentes a los previstos en la norma que también pueden ser víctimas al
demostrar el daño, lo cual viola la igualdad y contradice las normas
internacionales en esta materia, así como la jurisprudencia sentada por la
Corte en la Sentencia C-370 de 2006, en donde esta Corporación se manifestó en
relación con el artículo 5 de la Ley 975 de 2005.
2. Mediante
esta sentencia objeto de aclaración, se decide la exequibilidad de las
expresiones “en primer grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando
a esta (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, ambas
contenidas en el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, “en el
entendido que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un
daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”.
La sentencia fundamenta esta decisión en que (i) le
asiste al Legislador un amplio grado de configuración en la materia, para
definir conceptos que están consagrados constitucionalmente, como el de
víctimas, siempre y cuando no viole ni la Constitución, ni el bloque de constitucionalidad;
(ii) que en este caso no se viola ni la Constitución, ni el bloque de
constitucionalidad, por cuanto es razonable y proporcional que el Legislador
limite la posibilidad de que se reconozca como víctima a las personas que hayan
sufrido daño y que tengan el grado de parentesco cercano que fija la norma
cuando la víctima se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida; (iii) que
en todo caso, cualquier persona que pueda demostrar daño debe ser reconocida
como víctima; y (b) que no se contraría el precedente jurisprudencial, ya que
la Ley 975 de 2005 tenía un referente y contexto normativo diferente a la Ley
1448 de 2011.
3. Si bien
este Magistrado comparte la sentencia en su parte resolutiva, en tanto se
condicionaron las expresiones demandadas contenidas en el artículo 3º de la Ley
1448 de 2011, en el entendido de que también son víctimas aquellas personas que
hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo;
debo aclarar mi voto, ya que considero que la solución constitucional adoptada
mediante esta providencia judicial, si bien termina por proteger los derechos
de los familiares en su calidad de víctimas, al dejar abierta la posibilidad de
que cualquier persona que demuestre daño pueda ser reconocida como tal, a mi
juicio, la sentencia ha debido ser más coherente con el precedente
constitucional nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y la
jurisprudencia internacional en la materia, y en consecuencia, más garantista
para los derechos de los familiares que también pueden ostentar la calidad de
víctimas.
3.1 En este
sentido, a juicio de este Magistrado, debió seguirse el claro, sistemático y
consolidado precedente constitucional en materia de los derechos fundamentales
de las víctimas y de sus familiares a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral, especialmente de conformidad con lo sostenido por esta
Corporación en la Sentencia C-370 de 2006, lo consagrado en la Convención
Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Por tanto, considero necesario recordar que esta Corte ha
sostenido expresa y claramente que la restricción de la posibilidad de ser
reconocido como víctima solo a ciertos familiares, es violatoria de la
Convención Americana, de la jurisprudencia internacional en la materia y del
artículo 13 de la Constitución Política,  ya que cualquier familiar tiene que
poder, en principio, ser reconocido como víctima, siempre y cuando se demuestre
el daño o la afectación y vulneración de derechos de los mismos.
Al respecto, me permito citar a continuación, los
apartes jurisprudenciales de la Sentencia C-370 de 2006, en donde la Corte
aclaró el alcance del concepto de víctima y el reconocimiento de esta calidad a
los familiares de la misma, la cual, dada su relevancia y similitud con este
caso, se reproduce in extenso:
“6.2.4.2. Presunta violación del derecho a la
reparación por cuanto no todas las víctimas podrán reclamar una reparación.
6.2.4.2.1. Se demandan los apartes subrayados de los
artículos 5, 47 y 48 de la Ley, así:
“Artículo 5º. Definición de víctima. Para los efectos
de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizados por grupos
armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o
compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia
de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta
punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y
la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los
miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica (sic), psíquica y/o
sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero
o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad,
de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de
actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia
de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos
organizados al margen de la ley.
(…)
49.3 (sic) La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en
primer grado de consanguinidad”.
6.2.4.2.2. Para los actores, la definición del
concepto de víctima consagrada en estos artículos es restrictiva pues excluye a
personas que han sufrido daños y que tienen derecho a un recurso judicial para
reclamar ante las autoridades la satisfacción de sus derechos. Al respecto
señalan que “los hermanos de una persona desaparecida forzadamente o asesinada,
u otros familiares que no estén en primer grado de consanguinidad, no tendrían
derecho a reclamar una reparación. Tratándose de un miembro de la fuerza
pública que haya sido asesinado en el marco del conflicto armado, sólo serán
víctimas el ‘cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer
grado de consanguinidad’. En cuanto a la rehabilitación, la ley prevé que
únicamente la víctima directa y los familiares en primer grado de
consanguinidad recibirán atención médica y psicológica”.
6.2.4.2.3. Indican que en contraste con estas
disposiciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del
caso “19 comerciantes vs. Colombia” del 5 de julio de 2004, así como en la
sentencia del caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala” del 25 de noviembre de
2003, consideró que los hermanos de las víctimas directas también son víctimas
y deben ser reparados; lo que es más, en la primera de estas sentencias
consideró a un primo de la víctima como afectado y titular del derecho a la
reparación.
6.2.4.2.4. Por lo tanto, afirman que la limitación del
concepto de víctima, y por ende de la obligación de reparación, es
inconstitucional y contrario a la regulación internacional de la materia: “Al
restringir el concepto de víctimas por debajo de los parámetros definidos por
la normatividad y la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, la
ley 975 contradice la Constitución de manera múltiple, tanto en relación con el
preámbulo, como con el artículo 2, el 5, el 9, el 93 y el 213.2, entre otros”.
En consecuencia solicitan que la Corte declare la
constitucionalidad condicionada de los apartes demandados, en el siguiente
sentido:
“- Para efectos de la definición de víctima
establecida en el artículo 50 de la Ley 975 de 2005, se tengan como víctimas al
cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo
grado de consanguinidad y primero civil.
- La atención médica y psicológica de rehabilitación
prevista en el artículo 47 de la ley 975 de 2005 se extienda al cónyuge,
compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo grado de
consanguinidad y primero civil.
- La decisión judicial a la cual se refiere el
artículo 48 en su numeral 48.3 (erróneamente indicado como 49.3 en el texto de
la ley publicado en el Diario Oficial) por medio de la cual se dé término al
proceso penal de acuerdo con lo establecido en la Ley 975 de 2005, debe
restablecer los derechos del cónyuge, compañero o compañera permanente, y
familiar en primero y segundo grado de consanguinidad y primero civil”.
6.2.4.2.5. Para analizar este cargo específico no es
posible juzgar aisladamente las expresiones acusadas. En efecto, estas se
inscriben en incisos en los cuales se enuncian elementos atinentes a la
definición de víctima, elementos que rebasan el del parentesco. El cabal
entendimiento de lo acusado exige hacer una integración normativa con todo el
inciso correspondiente, es decir, los incisos 2 y 5 del artículo 5.
6.2.4.2.6.
Los demandantes consideran que las disposiciones demandadas establecen una
restricción al limitar a los parientes en primer grado de consanguinidad el
derecho a ser reconocidos como víctimas para los efectos de la Ley que se
estudia. Al estudiar las expresiones demandadas partiendo de todo el inciso en
el cual se inscriben, la Corte encuentra que las mismas establecen una
presunción a favor de los parientes en primer grado de consanguinidad y primero
civil de la víctima directa. En efecto, tales incisos empiezan diciendo que
“también se tendrá por víctima” o “asimismo”. La cuestión entonces reside en
determinar si tales disposiciones pueden dar lugar a la exclusión del
reconocimiento de la calidad de víctimas de otros familiares (como los
hermanos, abuelos o nietos) que hubieren sufrido un daño como consecuencia de
cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados ilegales que decidan someterse a la Ley estudiada.
6.2.4.2.7. Como ya se mencionó en un aparte anterior de esta
providencia, todas las personas que hubieren sido víctimas o perjudicadas por
un delito, tienen derecho a un recurso efectivo para solicitarle al Estado la
satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación[40].
La limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de acudir a las
autoridades judiciales para la satisfacción de sus derechos, da lugar a la
violación del derecho de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 2, 29
y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos.
6.2.4.2.8. Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos
reconoce que los familiares de las personas víctimas de violaciones a los
derechos humanos como por ejemplo, del delito de desaparición forzada, tienen
derecho a ser consideradas víctimas para todos los efectos legales,
constitucionales y convencionales. Adicionalmente, el Protocolo I reconoce el
"derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus
miembros"[41],
lo cual no está referido únicamente a la posibilidad de obtener una
indemnización económica[42].
Así mismo, el artículo 79 del Estatuto de la Corte Penal Internacional
establece: “Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de delitos de la competencia de
la Corte y de sus familias”.
6.2.4.2.9. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros,
las víctimas directas y sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer
su condición de víctimas del delito, el grado de relación o parentesco. En este sentido la Corte Interamericana ya ha
señalado lo siguiente:
“216.     Este Tribunal ha señalado que el derecho de
acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste
debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas
o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables[43].”[44]
6.2.4.2.10. En el mismo sentido, por sólo citar algunos casos
adicionales, en la Sentencia de 14 de marzo de 2001[45], la
Corte reconoció el derecho de los familiares – sin distinción por grado de
parentesco - al conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de
derechos humanos y su derecho a la reparación por los mismos atropellos. Al respecto, entre otras consideraciones, la Corte
señaló: “Este tipo de leyes (se refiere a las leyes de autoamnistia) impide la
identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos
humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e
impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la
reparación correspondiente.”. En el mimo sentido en la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2003[46], señaló:
“su función (se refiere a la función de los órganos judiciales) no se agota en
posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe
además asegurar en un tiempo razonable[47]
el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a
que se sancione a los eventuales responsables[48].
Finalmente, en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
15 de septiembre de 2005[49],
se señaló: “219. En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de
ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva[50].
Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de
violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias
oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de
los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa
compensación[51].”:
En suma, el intérprete autorizado de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, cuyo artículos 8 y 25 hacen parte del bloque de
constitucionalidad, ha señalado que los parientes, sin distinción, que puedan
demostrar el daño, tienen derecho a un recurso efectivo para exigir la
satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
6.2.4.2.11. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que debe
tenerse como víctima o perjudicado de un delito penal a la persona ha sufrido
un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el
delito que lo ocasionó. Subraya la Corte que en las presunciones establecidas
en los incisos 2 y 5 del artículo 5 se incluyen elementos definitorios
referentes a la configuración de ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2 se
señala que la condición de familiar víctima se concreta cuando a la “víctima
directa” “se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, que
los familiares en el grado allí señalado se tendrán como víctimas solo en tales
supuestos. Esto podría ser interpretado en el sentido de que los familiares,
aun en el primer grado establecido en la norma, no se consideran víctima si un
familiar no fue muerto o desaparecido. Esta interpretación sería inconstitucional
por limitar de manera excesiva el concepto de víctima a tal punto que excluiría
de esa condición y, por lo tanto, del goce de los derechos constitucionales
propios de las víctimas, a los familiares de los secuestrados, de los que
sufrieron graves lesiones, de los torturados, de los desplazados forzosamente,
en fin, a muchos familiares de víctimas directas de otros delitos distintos a
los que para su configuración exigen demostración de la muerte o desaparición.
Esta exclusión se revela especialmente gravosa en casos donde tal delito recae
sobre familias enteras, como sucede con el desplazamiento forzado, o donde la
víctima directa estando viva o presente ha sufrido un daño psicológico tal que
se rehúsa a hacer valer para sí misma sus derechos, como podría ocurrir en un
caso como la tortura. Las víctimas que demuestren haber sufrido un daño real,
concreto y específico, así como sus familiares que cumplan los requisitos
probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus derechos.
6.2.4.2.12. En este sentido, afectaría el derecho a la igualdad y los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que el
legislador tuviera como perjudicado del delito sólo a un grupo de familiares y
sólo por ciertos delitos, sin atender a que en muchos casos el grado de
consanguinidad deja de ser el factor más importante para definir la magnitud
del daño causado y la muerte o la desaparición no son los únicos aspectos
relevantes para identificar a las víctimas de grupos armados ilegales. Al respecto la sentencia citada señaló:
Se requiere
que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y
específico, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados
en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser
apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de
víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico,
cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para constituirse en
parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la
realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado
cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté indemnizado el daño
patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la verdad y la justicia,
puede continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior
significa que el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el
proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda
tendiente a obtener la reparación patrimonial. La determinación en cada
caso de quien tiene el interés legítimo para intervenir en el proceso penal,
también depende, entre otros criterios, del bien jurídico protegido por la
norma que tipificó la conducta, de su lesión por el hecho punible y del daño
sufrido por la persona o personas afectadas por la conducta prohibida, y no
solamente de la existencia de un perjuicio patrimonial cuantificable.
6.2.4.2.13.
Más adelante, en la Sentencia C-578 de 2002[52],
al estudiar la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 por medio de la cual se
aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, al referirse a los
criterios de ponderación de los valores de justicia y paz, dijo la Corte:
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer
compatible la paz con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al
derecho internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado que
los instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la
reconciliación deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta
criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre
lo ocurrido y obtener una protección judicial efectiva.[53]
Por ello, el Estatuto de Roma, al recoger el consenso internacional en la
materia, no impide conceder amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos,
pero sí las que son producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la
justicia.”
6.2.4.2.14. En suma, según el derecho constitucional,
interpretado a la luz del bloque de constitucionalidad, los familiares  de las
personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos tienen
derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real,
concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les
permita solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. Esto
no significa que el Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los
familiares de la víctima directa. Tampoco significa que todos los familiares
tengan exactamente los mismos derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las
normas y la jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de
los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las
autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar
la violación.
6.2.4.2.15. Por las razones expuestas, la Corte considera que viola el
derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso y a un recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley
demandada que excluyen a los familiares que no tienen primer grado de
consanguinidad con la víctima directa, de la posibilidad de que, a través de la
demostración del daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las
actividades delictivas de que trata la ley demandada, puedan ser reconocidos
como víctimas para los efectos de la mencionada Ley. También viola tales
derechos excluir a los familiares de las víctimas directas cuando éstas no
hayan muerto o desaparecido. Tales exclusiones son constitucionalmente
inadmisibles, lo cual no dista para que el legislador alivie la carga
probatoria de ciertos familiares de víctimas directas estableciendo presunciones
como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la ley acusada.
6.2.4.2.16.
En consecuencia, la Corte procederá a declarar exequibles, por los cargos
examinados,  los incisos  segundo y quinto del artículo 5º,  en el entendido
que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares
que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley. Adicionalmente, procederá a declarar exequible la expresión “en primer
grado de consaguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
reparación de las víctimas”, contenida en el artículo 47, sin perjuicio de
analizar otro cargo sobre este mismo artículo con posterioridad (aparte 6.2.4.3.3.),
en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren
sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la
ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Finalmente, declarará la exequibilidad de la expresión “en primer grado de
consaguinidad” del numeral 49.3,  en el entendido que no excluye como víctima a
otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier
otra conducta violatoria de la ley penal cometido por miembros de grupos
armados al margen de la ley.”
(Resaltados fuera de texto)
3.2 De otra
parte, este Magistrado no comparte el argumento según el cual, al realizar una
interpretación histórica, teleológica y sistemática del artículo 3º de la Ley 1448
de 2011, se colige que en el inciso primero de la norma se encuentran incluidos
todas las posibles víctimas, y que el inciso segundo lo único que hace es
ampliar o reiterar dicha posibilidad respecto de los familiares, y que en
consecuencia, se trata de una reiteración o de una falla de técnica
legislativa, en cuanto prácticamente se podría prescindir de tal precepto, y
que por el contrario, lo que hace dicho inciso, es consagrar una especie de
presunción de legalidad en beneficio de los familiares que allí se mencionan,
para que éstos sean reconocidos como víctimas.
En mi criterio, este argumento no es correcto por
cuanto (i) el inciso primero si bien se refiere de manera general a las
víctimas, es el inciso segundo el que regula de manera específica el tema
relacionado con el reconocimiento de los familiares como víctimas, y por tanto,
no es correcto desde el punto de vista lógico ni normativo, afirmar que el
inciso segundo constituye simplemente una reiteración del Legislador, o una
falla de técnica legislativa, o que se pueda prescindir de tal disposición, ni
mucho menos que la norma esté consagrando una presunción de legalidad que
operaría automáticamente respecto de los familiares de las víctimas.
3.3
Adicionalmente, para este Magistrado, los dos incisos, tanto el primero como el
segundo del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se deben interpretar sistemática
y armónica, de manera que tampoco concuerdo con el entendimiento según el cual,
los dos incisos son autónomos e independientes normativamente entre sí, y crean
dos caminos diferentes para un mismo reconocimiento de las víctimas: (a) uno
por daño (inciso primero), y (b) otro por presunción legal, en calidad de
familiar de la víctima, en el grado y condiciones que estipula la misma norma
(inciso segundo). A mi juicio, en forma contraria a esta interpretación, el
inciso primero en realidad se encuentra regulando el reconocimiento general de
la condición de víctima, mientras que el inciso segundo regula el
reconocimiento de los familiares como víctimas. De esta manera, encuentro que
no es legítimo desde el punto de vista constitucional, el que el Legislador
restringa dicho reconocimiento de los familiares como víctimas a un determinado
grado de parentesco o a la exigencia de ciertas condiciones o situaciones de
hecho o jurídicas. Por el contario, en mi opinión, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corte, de la Convención Americana y de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana, debe posibilitarse a cualquier familiar, el que
pueda hacerse reconocer como víctima, siempre y cuando, exista y se demuestre
la afectación o daño, porque de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho
a la igualdad y los derechos que tienen todas las víctimas a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral.
Este Magistrado considera por tanto, que los dos
incisos del artículo 3º se deben interpretar sistemática y armónicamente, y
entender que el primero se refiere a las víctimas en general, en cuanto hayan
sufrido un daño en su persona y derechos fundamentales, y que el inciso
segundo, se refiere al reconocimiento de la calidad de víctima igualmente para
los familiares en cuanto hayan sido afectados, y que por tanto, no es
predicable que todos estén cubiertos por el inciso primero y que el inciso
segundo constituya simplemente una reiteración, y que por lo demás, resulte de
sobra.
Es claro entonces para este Magistrado que la norma
demandada presenta por lo menos dos interpretaciones posibles,  y que por lo
tanto la Corte debió o bien declarar la inexequibilidad total, o realizar un
condicionamiento interpretativo del inciso segundo, adoptando la interpretación
que se ajustara más a la Constitución, en este caso, entendiendo que a
cualquier familiar se  le puede reconocer en calidad de víctima.
3.4 En
armonía con lo anterior, considero que tampoco es correcto afirmar,  que si se
deja abierta la posibilidad de que cualquier familiar pueda ser reconocido como
víctima, entonces todos los familiares van a tener que ser reconocidos como
tales, por cuanto la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara a este
respecto, al precisar que en todo caso, el reconocimiento de la calidad de
víctima de los familiares está asociada y condicionada a la demostración de
daño, de manera que solo aquellos familiares que realmente hayan sido afectados
o hayan sufrido daño, podrán ser reconocidos como tales.
3.5
Igualmente disiento del argumento relativo a la posible afectación de la
sostenibilidad fiscal, por cuanto (a) en primer lugar, en el análisis
constitucional debe primar siempre un enfoque de derechos, el cual se deriva de
la mayor jerarquía axiológica, normativa y constitucional que tienen los
derechos fundamentales frente a la sostenibilidad fiscal, la cual no debe
entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar el fin
constitucional supremo, que es la protección de los derechos fundamentales; (b)
en segundo lugar, de cualquier forma, la sostenibilidad fiscal no se vería
afectada por el entendimiento que se plantea respecto del artículo 3º de la Ley
1448 de 2011, ya que, como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de los
familiares como víctimas debe estar precedido de la demostración de daño, de
manera que solo aquellos familiares que realmente hayan sufrido daño o hayan
sido afectados en sus derechos, serán beneficiarios de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Por el contrario, considero que un argumento relativo
a que solo ciertos familiares deban reconocerse como víctimas, como resultado
de una presunción legal, independientemente del daño que hayan sufrido, sí
afectaría la sostenibilidad fiscal y no se ajusta a la jurisprudencia de esta
Corte y de la CIDH en esta materia, por cuanto (a) el reconocimiento de los
familiares como víctimas, debe estar asociado a la demostración de daño; (b) no
necesariamente los familiares más cercanos de la víctima son siempre afectados
por el daño, sino que también pueden serlo los hermanos o incluso los
familiares no cercanos; y (c) este argumento sí conlleva un impacto negativo en
la sostenibilidad fiscal, ya que supone una presunción automática de víctimas
para los familiares de que trata la norma, solo por el hecho de serlo, sin
exigir demostración de daño.
3.6 De otra
parte, considero que las apreciaciones relativas al diferente contexto y
alcance normativo de la Ley 975 de 2005 frente a la ley 1448 de 2011, con el
fin de justificar la limitación realizada por el Legislador, son incorrectas
desde el punto de vista normativo y no tienen asidero constitucional, ni
jurisprudencial alguno.
3.7
Finalmente, me permito realizar una aclaración en relación con los conceptos de
“víctimas directas” y “víctimas indirectas”, que sirve para
determinar el alcance normativo del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, ya que
estas expresiones restringen aún más el concepto de víctima y como lo ha
precisado la jurisprudencia de esta Corte, son inconstitucionales para poder
con base en ellos definir el concepto de víctima, al referir tal condición a la
existencia de daño directo. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional expuso en la Sentencia C-516 de 2007[54],
que dicha exigencia de daño directo restringe la posibilidad de que la víctima
pueda intervenir dentro del proceso penal, y que en todo caso, la expresión de
víctimas directas cercena la posibilidad a otras personas de intervenir en tal
condición dentro del proceso penal.
Al respecto sostuvo la Corte:
“3.4.2. El daño “directo” como fuente de
responsabilidad y correlativos derechos para la víctima
Teniendo en cuenta el marco conceptual así establecido
la Sala determinará si el hecho de que el artículo 132 fundamente la calidad de
víctima en el “daño directo” que cualquier sujeto de derechos hubiese padecido
como consecuencia del injusto, restringe el alcance que la jurisprudencia de
esta Corte le ha asignado a los derechos de las víctimas, y que como se anotó
incluye como titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
a las víctimas y perjudicados que hubieren sufrido un daño real, concreto y
específico como consecuencia del delito.
Encuentra la Corte que si bien la norma examinada
fundamenta la determinación de la calidad de víctima, en el padecimiento de un
daño que surge como consecuencia de la conducta punible (injusto), lo cual
resulta acertado, la calificación que el precepto introduce al daño – daño
“directo” – como único generador de responsabilidad, restringe el alcance del
concepto de víctima o perjudicado que ha acuñado la jurisprudencia
constitucional. En el marco de
la teoría de la responsabilidad por daño se ha considerado que para que el daño
o el perjuicio[55] sea indemnizable
debe tener ciertas condiciones de existencia. Esto es, que no basta que se
produzca un menoscabo patrimonial o moral en cabeza de alguien para que este
pueda ser exigible judicialmente en calidad de víctima, perjudicado o afectado.
El daño reparable del que deriva la calidad de víctima o perjudicado debe
reunir determinadas condiciones: debe ser cierto y  la persona que reclama debe
ser la misma que resultó perjudicada, aunque no tuviere la titularidad jurídica
sobre el bien lesionado[56].
En cuanto al carácter “directo” del perjuicio, se ha
considerado que tal cualidad no constituye un elemento o condición de
existencia del daño, sino que plantea un problema de imputación, en cuanto pone
de manifiesto el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y el
comportamiento de una persona. De tal manera que cuando el legislador en el
artículo 132 asigna al daño el calificativo de “directo” para el sólo efecto de
determinar la calidad de víctima, está condicionando tal calidad a la
concurrencia de un elemento de imputación que corresponde a un análisis
posterior que debe efectuar el juez, al determinar tanto la responsabilidad
penal como la civil del imputado o acusado. Este calificativo indudablemente
restringe de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las
víctimas en el proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo. La
determinación de la calidad de víctima debe partir de las condiciones de
existencia del daño, y no de las condiciones de imputación del mismo.
Por las señaladas razones la Corte declarará la
inexequibilidad de la expresión “directo” del artículo 132 referida al daño.
3.4.3. El concepto de   víctima “directa” como límite
de atribución de derechos
En cuanto al artículo 92 que contempla entre las
personas legitimadas para solicitar medidas cautelares sobre bienes del
imputado o del acusado, al fiscal y a la víctima “directa”, observa la Corte
que si bien se trata de un ámbito que regula mecanismos de garantía del derecho
a la reparación de las víctimas, reducir tal prerrogativa a las víctimas “directas”
cercena de manera injustificada las posibilidades de acceso de otros sujetos de
derechos que  por haber sufrido un menoscabo material o moral con la conducta
punible tendrían derecho a una reparación integral.
En materia penal la idea de víctima “directa” se suele
identificar con el sujeto pasivo de la conducta delictiva, o con la persona
titular del bien jurídico que la norma tutela; es claro que un hecho delictivo
trasciende esa esfera de afectación ocasionando perjuicios individuales o colectivos
ciertos, reales y concretos a otros sujetos de derechos. En la teoría del daño civil se usa la categoría de
“víctima directa” o “damnificado directo” para hacer referencia a la calidad en
la cual se comparece a solicitar el resarcimiento de un perjuicio. Si se trata
de la persona directamente afectada por el hecho generador del daño se
considera “víctima o damnificado directo”, en tanto que son víctimas o
damnificados “indirectos” los herederos o los comuneros. (Art. 2342 del Código
Civil).[57]
La regulación del artículo 92 excluye así a los
perjudicados con el delito del derecho a obtener la garantía de reparación.
Esta regulación es contraria a la concepción amplia de los derechos de las
víctimas  que ha adoptado la jurisprudencia de esta Corporación, que incluye
como titulares de todas las prerrogativas que se derivan de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación a la víctimas o perjudicados que
hubiese padecido un daño real, cierto y concreto. Es contraria a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera
como perjudicados a la víctima directa y su familia[58].
Y es restrictiva frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y
del  Consejo de Estado que desarrollan la tesis del carácter personal del
perjuicio conforme a la cual para demandar reparación no se exige ningún otro
requisito distinto al de que el demandante haya sufrido un perjuicio[59].
Esta regla se funda en el  artículo 2341  del Código Civil que no limita la
acción de responsabilidad únicamente a los parientes de la víctima (y mucho
menos a la víctima directa), sino que da, al contrario, derecho de
indemnización a “todo aquel a quien el delito o la culpa haya inferido daño[60]”
El hecho de que la concepción que contempla el
artículo 92 examinado sea restrictiva frente a la más amplia que aplican las
jurisdicciones civil y contencioso administrativa en materia de legitimidad
para reclamar garantía en el pago de los perjuicios ocasionados por el delito,
coloca en abierta desventaja a la persona que acude a la jurisdicción penal en
procura de hacer efectivo su derecho a la reparación. Adicionalmente, la
limitación que el artículo 92 introduce a los derechos de las víctimas o
perjudicados con el delito de obtener garantía de reparación, es contraria al
artículo 250 numeral 6° de la Constitución que prevé que el restablecimiento
del derecho y la garantía de reparación integral se reconoce a los “afectados
con el delito”, expresión que incluye a víctimas directas y perjudicados que
hubiesen sufrido un daño cierto como consecuencia del delito.
Por las razones expuestas la Corte declarará la
inexequibilidad de la expresión “directa” referida a la víctima contendida en
los incisos primero y segundo del artículo 92 de la Ley 906 de 2004.
Por las mismas razones que sustentan este último
pronunciamiento se declarará la inexequibilidad del inciso 2° del artículo 102,
que limita el derecho a solicitar reparación pecuniaria en el incidente de
reparación integral a la víctima directa, sus herederos, sucesores o
causahabientes. A pesar de que se trata de una expresión que amplía el ámbito
de aplicación previsto en el artículo 92 a los herederos, sucesores o
causahabientes es también restrictiva frente al estándar constitucional
establecido en el numeral 6° del artículo 250 en materia de restablecimiento y
reparación integral que consagra este derecho a favor de “los afectados con el
delito”. Esta concepción es acorde con el precedente que se ha citado
reiteradamente en esta decisión[61] conforme al cual los
derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral se predican de las
víctimas y perjudicados con el delito que demostraren un daño cierto, real y
concreto originado en la conducta punible. Es la demostración del daño cierto
padecido como consecuencia del delito, y no la condición de damnificado o el
parentesco, lo que determina la calidad de víctima o perjudicado y por ende la
titularidad de los mencionados derechos.
Concretando el pronunciamiento sobre este aspecto del
cargo, es decir, el alcance del concepto de víctima, la Corte declarará
inexequibles las siguientes  expresiones: la expresión “directo” referida al
daño del artículo 132, la expresión “directa” referida a la víctima de los
incisos primero y segundo del artículo 92, y el inciso segundo del artículo 102
de la Ley 906 de 2004.” (Resaltado
fuera de texto)
Con
fundamento en los argumentos expuestos, aclaro mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-052/12
Referencia: sentencia C-052/12
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º
(parcialmente) de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Jesús Antonio Espitia Marín
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias adoptadas por la Sala
Plena, manifiesto a la Corporación que en el asunto de la referencia comparto
las razones jurídicas que llevaron a la Magistrada María Victoria Calle Correa
a aclarar el voto favorable.
La
norma sometida al escrutinio de la Sala establece una presunción legal del
daño, en virtud de la cual ciertas personas con determinado grado de parentesco
y cercanas a quienes han sido víctimas de muerte o desaparición, pueden acceder
a los beneficios previstos en la Ley 1448 de 2011, sin que esta presunción
signifique restringir el universo de víctimas protegidas por los preceptos
examinados.
Entre
los fundamentos jurídicos adoptados mayoritariamente, la Sala tuvo en cuenta:
(i) la supuesta inexistencia de referentes normativos de jerarquía supralegal a
los que legislador colombiano deba sujetarse para definir el concepto de
víctima, y (ii) la supuesta inexistencia de una obligación en cabeza del Estado
colombiano de adoptar legislación que consagre y desarrolle los derechos de las
víctimas de conformidad con sus obligaciones internacionales en la materia.
(i)
En cuanto a los referentes normativos supralegales de obligatoria consideración
al momento de definir legalmente a las víctimas, considero, al igual que lo
hace la Doctora María Victoria Calle Correa, que la ausencia de una definición
de víctima internacionalmente vinculante incorporada a un tratado, no puede
entenderse como negación de múltiples derechos internacionalmente reconocidos a
las víctimas, los cuales sí constan en numerosos tratados y otros instrumentos
vinculantes para el Estado colombiano, y que deben ser respetados llegado el
momento de establecer la definición legal de “víctima” en el ordenamiento
jurídico interno.
(ii)
Respecto del deber del Estado de adaptar su derecho interno al derecho
internacional, siguiendo con lo expresado por la Doctora María Victoria Calle
Correa, también considero que el legislador colombiano sí está obligado a
desarrollar las normas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos, toda vez que existen compromisos internacionales asumidos por
Colombia que así lo determinan. Igualmente, considero que la Ley 1448 de 2011,
de la cual hace parte el texto sometido a examen de constitucionalidad,
representa una de las formas jurídicas a través de las cuales el Estado
colombiano cumple con los compromisos internacionales frente a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos.
Fecha
ut supra.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1]  En sustento de estas reflexiones el interviniente cita la
sentencia C-228 de 2002 de esta corporación.
[2]  El interviniente precisa que la mayoría de los conceptos de la
Corte Interamericana en que se basa su opinión provienen de votos razonados del
juez Sergio García Ramírez.
[3] Derivada particularmente de casos relacionados con
desapariciones ocurridas en la República de Guatemala.
[4] Especialmente la “Declaración sobre principios fundamentales
de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, aprobada
por ese organismo el 29 de noviembre de 1985 y los “Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”,
documento acordado por esa asamblea el 16 de diciembre del mismo año.
[5] Varios de estos pronunciamientos se refieren a casos en los que
el demandado es la República de Colombia.
[6] Ver en este sentido la sentencia C-1052 de 2001 (M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa), ampliamente reiterada en posteriores pronunciamientos.
[7] Ver particularmente los artículos 1°, 8° y 9° de la Ley 1448 de
2011.
[8] La Corte ha analizado ampliamente los
alcances de este concepto, especialmente desde la sentencia C-370 de 2006 (Ms.
Ps. Cepeda Espinosa, Córdoba Triviño, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis y
Vargas Hern771 de
2011 antes citada.son Pinilla Pinilla). Luis Ernesto Vargas Silvaa constructiva
de paz, a instituci_____________________ández),  y en
los últimos meses  en los fallos C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y C-771 de 2011 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[9] C-771 de 2011 antes citada.
[10] Entre ellos el Penal, el Civil y sus respectivos códigos
procesales y el Contencioso Administrativo.
[11] En todo caso no deberá existir acumulación entre los beneficios y
prestaciones desarrollados por esta ley y otros de igual contenido regulados
por las leyes ordinarias. Para ello, algunos de sus artículos relativos a las
formas de reparación a que las víctimas tendrán derecho contienen advertencias
sobre la necesidad de descontar las sumas previamente recibidas por el mismo
concepto. Ver especialmente los artículos 20, 59 y 133.
[12] Según lo dispone su artículo 208 esta ley tiene una vigencia
temporal de diez (10) años contados desde la fecha de su promulgación, esto es
el 10 de junio de 2011.
[13] Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara / 213 de 2010 Senado y
acumulados. El proyecto original fue publicado en la Gaceta del Congreso 692 de
septiembre 27 de 2010.
[14] Ver artículo 21 del
Proyecto 107 de 2010 Cámara, antecedente del actual artículo 3°. El inciso 2°
de esta eventual norma establecía que “Son víctimas el cónyuge, compañero o
compañera permanente, o pareja del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.”
[15] Conforme al inciso 1° del artículo 21 del proyecto original se
considerarían víctimas para efectos de esta ley a las “personas que individual o colectivamente hayan
sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales o hayan sufrido lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida de
la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida financiera,
desplazamiento forzado, como consecuencia de violaciones manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.”
[16] Ver Gaceta 247 de mayo 11 de 2011, en la cual consta el texto
aprobado en primer debate ante la Comisión Primera del Senado, así como el
pliego de modificaciones que los ponentes propusieron para el estudio de este
proyecto en segundo debate por la plenaria del Senado. Las deliberaciones de la
plenaria y la aprobación de los textos finales constan en el acta 56,
correspondiente a la sesión de mayo 24 de 2011, publicada en la Gaceta 469 de
junio 30 de 2011.
[17] Ver especialmente el actual texto del artículo 250, relativo a
las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
[18] Ver, entre los instrumentos internacionales que desarrollan el derecho
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, el artículo 8º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre 10 de 1948; el artículo 2º numeral 3º literal a)
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre 16
de 1966; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes adoptada en 1984; la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985; el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, suscrito en esa ciudad en julio de 1998; y el Conjunto
de Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad, presentado
a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en
febrero de 2005.
[19] La Regla 85 establece que para los fines del
Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Pruebas, se entiende por víctimas “a
las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la
comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”.
[20] Documento aprobado mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril
de 2005. Define como víctima a “toda persona que haya
sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”. Más adelante agrega que “Cuando corresponda, y en conformidad
con el derecho interno, el término ‘víctima’ también comprenderá a la familia
inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro
o para impedir la victimización”.
[21] En relación con este tema ver especialmente, entre muchas
otras, las sentencias C-228 de 2008 (Ms. Ps. Eduardo Montealegre Lynnet y
Manuel José Cepeda Espinosa); C-370 de 2006 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Córdoba
Triviño, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis y Vargas Hernández); C-454 de
2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); C-1199 de 2008 y C-771 de 2011 (en ambas M.
P. Nilson Pinilla Pinilla); C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[22] Ver nota 10 supra.
[23] Ver sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-081 de
1996 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-342 de 1996 (M. P. Julio César
Ortiz Gutiérrez), C-404 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-871 de
2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet).
[24] C-081 de 1996, precitada.
[25] Aun cuando en el caso de las Reglas de Procedimiento y
Prueba de la Corte Penal Internacional esta afirmación podría resultar
discutible, especialmente en razón del tipo de trámite surtido para su
incorporación al derecho interno (ver Ley 1268 de 2008 y sentencia C-801 de
2009), alude la Corte al carácter necesariamente accesorio que este documento
tiene frente a otro tratado, en este caso aquel por el cual se constituye y
organiza la Corte Penal Internacional.
[26] Dentro de las normas vigentes el concepto de víctimas aparece
definido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal contenido en la
Ley 906 de 2004. La Corte se pronunció sobre el contenido de esta definición en
la sentencia C-516 de 2007 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), declarando
inexequible el adjetivo directo que calificaba el daño sufrido por
quienes se definió como víctimas, al considerar que restringía indebidamente
este concepto.
[27] Ver nota 18 supra.
[28] Sobre las características del test de la igualdad y sobre las
etapas que comprende ver, dentro de las más recientes, las sentencias C-748 de
2009 (Conjuez ponente Rodrigo Escobar Gil), C-055 de 2010 (M. P. Juan Carlos
Henao Pérez), C-818 de 2010 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-229 de
2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[29] Se refiere la Sala al inciso 2° del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011, norma demandada en esta oportunidad, y al inciso 2°
del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, sobre cuya exequibilidad decidió la
Corte en la referida sentencia C-370 de 2006.
[30] Ver transcripción en el folio 2 de esta providencia.
[31] Ver notas 12 y 13 supra.
[32] Página 22 y siguientes.
[33]  MPs. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[34]  MPs. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
[35]  MP. Jaime Córdoba Triviño.
[36]  M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[37]  MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Página 27.
[39] Corte Permanente de Justicia Internacional.
Caso del Intercambio de Poblaciones Griegas y Turcas (Exchange of Greek and
Turkish Populations Case), 1925, Serie B No. 10, parr. 20.
[40] Sobre los derechos de acceso a la administración de
justicia y a un recurso efectivo ha dicho la Corte Constitucional: En consonancia con lo anterior, el artículo 229 de la
Carta garantiza “el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia”. Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido esta Corte, contar,
entre otras cosas, con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación
legal de derechos y obligaciones,[40] la
resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas[40],
la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia
a los pobres y que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el
territorio nacional. Y, aun cuando en relación con este tema el legislador
tiene un amplio margen para regular los medios y procedimientos que garanticen
dicho acceso, ese margen no comprende el poder para restringir los fines del
acceso a la justicia que orientan a las partes hacia una protección judicial
integral y plena de los derechos, para circunscribir dicho acceso, en el caso
de las víctimas y perjudicados de un delito, a la obtención de una
indemnización económica. Por lo cual, el derecho a acceder a la administración
de justicia, puede comprender diversos remedios judiciales diseñados por el
legislador, que resulten adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la
sanción de los responsables y la reparación material de los daños sufridos.
C-228 de 2002
[41] Ver el artículo 32 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
[42] El derecho a saber la verdad en el caso de personas desaparecidas o
fallecidas durante el conflicto en la Antigua República de Yugoslavia fue
recogido en el Tratado de Paz entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, concluido
el 21 de noviembre de 1995 en Dayton (Estados Unidos) y firmado en Paris el 14
de diciembre de 1995, en los siguientes términos (traducción no oficial): “2.
Los Estados Parte se comprometen a permitir el registro de tumbas y la
exhumación de cadáveres de fosas individuales o colectivas que se encuentren en
su territorio, así como el acceso de personal autorizado dentro de un período
de tiempo definido para la recuperación y evacuación de los cadáveres de
militares o civiles muertos con ocasión del conflicto armado y de los
prisioneros de guerra fallecidos.”
[43]             Cfr. Caso de las
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr.
66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang,
supra nota 5, párr. 209.
[44] Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que suscitaron el
caso consistieron la llegada al aeropuerto de San José de Guaviare de
aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron recogidos por
miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el municipio de
Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia en Mapiripán,
los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49
personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó
que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza
Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en
completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no
había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a
unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[45] Caso Barrios Altos vs. Perú. En este caso los hechos acaecidos
consistieron en el asalto por parte de seis miembros del ejército peruano a un
inmueble ubicado en el vecindario conocido como “Barrios Altos” de la ciudad de
Lima, donde dispararon indiscriminadamente contra los ocupantes de la vivienda,
matando a quince de ellos e hiriendo gravemente a otros cuatro.
[46] Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Los hechos que motivaron este
proceso consistieron en el ataque a Myrna Mack Chang, antropóloga, por parte de
dos personas que le propinaron 27 heridas de arma blanca, causándole la muerte.
Las investigaciones llevaron a concluir que el homicidio fue perpetrado por
agentes de seguridad del Estado guatemalteco, en represalia al trabajo que ella
adelantaba para establecer las causas y consecuencias del fenómeno del
desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Guatemala.
[47] Cfr. Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 114; Caso Hilaire,
Constantine y Benjamin y otros, supra nota 260, párr. 142 a 144; y Caso
Suárez Rosero.  Sentencia de 12 de noviembre de 1997.  Serie C No. 35,
párr. 71 y 72.
[48]Cfr. Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 114.
[49] Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que suscitaron el
caso consistieron la llegada al aeropuerto de San José de Guaviare de
aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron recogidos por
miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el municipio de
Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia en Mapiripán,
los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49
personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó
que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza
Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en
completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no
había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a
unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[50]Cfr. Caso de la
Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr.
145; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr.
131, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 157.
[51]Cfr. Caso de la
Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr.
147; Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr.
63, y Caso 19 Comerciantes supra nota 193,
párr. 186.
[52] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[53] Ver Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la Prevención de
la Discriminación y la Protección de las Minorías. Sobre la Impunidad de
Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos. Relator Especial Louis
Joinet, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1993/6, 19 de julio de 1993, revisado por
E/CP.4/Sub.2/1994/11 y E/CP.4/Sub.2/1996/18 (Informe Final). Ver también, Stephens, Beth. Conceptualizing Violence: Present and
Future developments in International Law: Panel 1: Human Rights and Civil
Wrongs at Home and Abroad: Old Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit
the Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.
[54] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[55] Algunos autores identifican el concepto de daño con el de perjuicio,
tal como la hace la jurisprudencia de esta Corporación (C-220 de 2002), otros
en cambio hacen una distinción conceptual para afirmar que el perjuicio es la
consecuencia del daño. Para efectos del estudio que aquí se adelanta tal
distinción no resulta relevante.
[56] A esta característica se le ha denominado el carácter personal del
perjuicio. En fallo de 1989 el Consejo de Estado señaló que “El derecho a la
indemnización de quien sufre una “alteración material de una situación
favorable” (que en esto consiste el daño) se deriva no del hecho de que la
víctima tenga una ¨situación jurídicamente protegida¨, en el sentido de que el
bien afectado esté protegido por una norma, sino de la existencia de un hecho
ilícito del autor, de su comisión por culpa o dolo, de la certidumbre del
perjuicio y de la relación de causalidad entre éste y el hecho.” (Consejo de
Estado, Sección Tercera,19 de junio de 1989, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo,
actor: Luis Yáñes Carrero y otros. Exp. 4678.
[57] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de
diciembre de 1994, MP, Carlos Betancur Jaramillo. Esta diferenciación ha sido
utilizada para desarrollar el principio del carácter personal del daño, del
cual derivan los criterios para pedir a nombre personal o a nombre de una
comunidad o a nombre de ambos. Con independencia de quien pida, el reclamante
debe aportar la prueba del título de su derecho para reclamar , de conformidad
con el artículo 2342 del C.C. Es decir, demostrar el título con el cual comparece
al proceso, presupuesto que exige la concordancia entre el título y la persona.
[58] Ver pie de pagina No. 69.
[59] En el caso de muerte de una persona, en fallo del 24 de junio de 1942
la Corte Suprema de Justicia enunció que tienen derecho a solicitar reparación
“las personas que ya por vivir directamente del esfuerzo del muerto, ya por
derivar utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, tienen el
derecho, la personería, la acción para reclamar o pedir la indemnización de
perjuicios, por que ellas directamente han sido perjudicadas” (C.S.J. Casación
de junio 24 de 1942 , MP, Luis Escallón, G.J. T. LIII, No. 1938, p.656).  Así
mismo el Consejo de Estado sostuvo que “la acción para reclamar los perjuicios
por muerte pertenece a quien los sufra, sin consideración alguna al parentesco
o a las reglas de la sucesión” (Fallo del 21 de febrero de 1985 , Exp. 3253).
Este criterio es reiterado en fallo de junio 19 de 1989, Exp. 4678 que
reconoció un perjuicio ocasionado a una persona por la pérdida de un auxilio
económico originado en la muerte de quien le ayudaba.
[60] Corte Suprema de Justicia, Casación de julio 15 de 1949, MP, B.
Agudelo, G.J., T. LXVI, No. 2073-2074, P.525.
[61] Sentencias C-228 de 2002 , reiterado en C-370 de 2006.