T-035-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-035/13
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA-Carácter
subsidiario y residual
SUSTITUCION DE PRISION EN
CENTRO CARCELARIO POR PRISION HOSPITALARIA EN EJECUCION DE LA PENA
Siguiendo las máximas de necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad consagradas en el artículo 295 del Código de
Procedimiento Penal, la detención preventiva en establecimiento carcelario
puede sustituirse por la de lugar de residencia, cuando, entre otros, el
imputado o acusado este en estado grave por enfermedad, previo dictamen de
médicos oficiales, evento en el cual el juez determinará si la persona debe
permanecer en su domicilio, en clínica u hospital (Código de Procedimiento
Penal, artículo 314, numeral 4°, modificado por el 27 de la Ley 11442 de 2007).
De igual forma, según el artículo 68 del Código Penal, cuando el condenado
padezca una enfermedad muy grave que sea incompatible con la vida en reclusión
formal, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la
libertad en el domicilio del penado o en el centro hospitalario que establezca
el Instituto Nacional Penitenciario –INPEC-, previo concepto de médico legista
especializado y caución.
DERECHOS DEL INTERNO-Relación
de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad/DERECHOS
DEL INTERNO-Consecuencias jurídicas de las relaciones especiales de
sujeción con el Estado
La jurisprudencia de esta
Corporación ha desarrollado la noción de relaciones especiales de sujeción como
base para comprender el alcance de los deberes y derechos recíprocos que
existen entre las personas privadas de la libertad y las autoridades
carcelarias. Concretamente ha sostenido que esta clase de relaciones hacen
referencia al “nacimiento de un vínculo en el que, de un lado, el recluso se
sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del
centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en
el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la
responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión”.
esta Corporación ha precisado que entre las consecuencias jurídicas más
importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción se
encuentran:  (i) La posibilidad que se tiene de limitar ciertos derechos
fundamentales de los reclusos, tales como los de intimidad, reunión, trabajo,
educación, etc. (ii) La imposibilidad de restringir el ejercicio de algunos
derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la salud, la libertad
de cultos, el debido proceso, el habeas data, entre otros;  (iii) El deber del
Estado de asegurar el goce efectivo de los derechos (fundamentales o no) en la
parte que no sea objeto de limitación, dada la especial situación de
indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los internos; (iv)
El deber positivo del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias para
garantizar la efectiva resocialización de las personas recluidas.
DERECHO A LA SALUD DEL
INTERNO-Ambito de protección por parte del Estado respecto al estado de
sujeción
En el caso de las personas privadas de la libertad el
derecho a la salud se encuentra en el grupo de derechos que, dentro de la
relación de especial sujeción, no se ve restringido ni limitado y, por el
contrario, es obligación del Estado  garantizar su prestación. En la misma
línea, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que le corresponde al
sistema carcelario, en representación del Estado, garantizar una atención
médica digna y una prestación integral del servicio de salud, sin dilaciones
que hagan más precaria la situación de los internos.
PROTECCION CONSTITUCIONAL
ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que los
portadores y enfermos de VIH/SIDA son sujetos de especial protección, en virtud
del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran causado por el
deterioro paulatino y constante de su salud. La Corte Constitucional ha
sido eminentemente garantista de este grupo poblacional, haciendo especial
énfasis en las consecuencias de la enfermedad y en las medidas que debe adoptar
el Estado para la protección real y efectiva de sus derechos fundamentales.
ENFERMO DE SIDA-Sujeto de
especial protección tanto en el orden constitucional interno como en el plano
internacional
DERECHOS DEL INTERNO ENFERMO
DE SIDA-Vulneración por establecimiento carcelario al incumplir orden de
prisión hospitalaria al accionante quien padece de tuberculosis y VIH/SIDA
DERECHOS DEL INTERNO ENFERMO
DE SIDA-Orden al INPEC dar cumplimiento al tratamiento especializado que ha
sido formulado a interno quien padece tuberculosis y VIH/SIDA
Referencia: expediente T-3613253
Acción
de tutela interpuesta por Germán Augusto Gómez Valdez contra el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior
de Popayán, Sala Penal, en la acción de tutela instaurada por el señor Germán
Augusto Gómez Valdez contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Popayán, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de la misma ciudad, la Empresa
Social del Estado E.S.E. Popayán, CAPRECOM E.P.S.-S., el Ministerio de la
Protección Social y la Procuraduría General de la Nación-Regional Cauca.
I.
ANTECEDENTES
El señor Germán Augusto Gómez Valdez interpone acción de tutela contra el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán,  el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad     -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de la misma ciudad, la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán,
CAPRECOM E.P.S-S, el Ministerio de la Protección Social y la Procuraduría
General de la Nación-Regional Cauca, por considerar que esas entidades le están
vulnerando a él, a los internos, guardianes y personal administrativo del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
–E.P.C.A.M.S.- San Isidro, los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a
la dignidad humana. Para fundamentar su solicitud el accionante relata los
siguientes:
1. Hechos
1.1. Afirma
que desde el 17 de enero de 2011 se encuentra en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad         -E.P.C.A.M.S.-
San Isidro, a órdenes del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, pagando una pena de prisión de 60 meses y 15 días, que le
fue impuesta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, como
responsable del delito de hurto calificado y agravado, en concurso con el de
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
1.2. Refiere
que desde el año 2006 le fue diagnosticado que padece tuberculosis y que,
además, es portador de VIH positivo, razón por la cual se encuentra en el
pabellón de sanidad de la prisión desde el 8 de junio de 2011, con la
posibilidad de contagiar a las personas que lo rodean.
1.3. Aclara
que la tuberculosis que padece se volvió multiresistente, porque el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y CAPRECOM     E.P.S.-S
inexplicablemente le suspendieron el tratamiento médico que venía recibiendo y
no ha sido posible que se lo vuelvan a dar, no obstante las numerosas
peticiones que les ha formulado.
1.4. Sostiene
que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
se ha negado a concederle la prisión domiciliaria, sin tener en cuenta el
riesgo que corren las personas de la penitenciaría que se le acercan; y que la
Procuraduría General de la Nación, Regional del Cauca, no ha estado pendiente
de esa situación, a pesar de tener conocimiento de ella.
1.5. Precisa
que el día anterior a la presentación de la tutela conoció un concepto médico
del 5 de junio de 2012, en el cual se recomienda para su caso un tratamiento
integral, que incluye hospitalización inicial hasta lograr la conversión
bacteriológica y después supervisión en casa para evitar la contaminación de la
población penitenciaria; pero que no se le ha dado cumplimiento a esa orden
médica, limitándose su atención a tratamiento farmacológico, sin asistencia
médica especializada.
Por lo
anterior, invoca el amparo de sus derechos fundamentales. En consecuencia,
solicita que: (i) se le dé estricto cumplimiento al concepto médico mencionado,
concretamente a los controles especializados; (ii) el Juzgado Tercero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán le otorgue la prisión domiciliaria
como medida preventiva y después en forma definitiva; (iii) se ordene a la Empresa
Social del Estado E.S.E. Popayán, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- y a CAPRECOM E.P.S-S que inicien de inmediato una campaña
con el personal de estas dos últimas entidades, en la que se les de
conferencias relacionadas con la prevención de la tuberculosis.
2. Providencias
proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán
2.1. Auto del 8 de septiembre de 2011. En esta providencia
la autoridad judicial accionada, con fundamento en los artículos 68 del Código
Penal (Ley 599 de 2000), 461 y 341-4 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906
de 2004) y en el dictamen de Medicina Legal de fecha 31 de agosto de 2011,
según el cual el señor Germán Augusto Gómez Valdez padece una enfermedad muy
grave, incompatible con la reclusión intra muros, y en el que se recomienda su
traslado inmediato a un centro hospitalario al menos durante 3 semanas, dispone:
“PRIMERO. CONCEDER la solicitud de sustitución de la
ejecución pena de prisión por la de prisión domiciliaria en CENTRO HOSPITALARIO
de los que tienen convenio con el INPEC y por parte de las entidades de salud-
CAPRECOM- encargadas de suministrar tal servicio a la población carcelaria, al
condenado GERMÁN AUGUSTO GÓMEZ VALDEZ, por existir enfermedad muy grave,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Se
concederá por el término de 3 semanas contadas a partir del traslado al CENTRO
HOSPITALARIO.
Parágrafo: Garantizará el sustituto previa suscripción
de acta de compromiso con las obligaciones del Art. 38.3 del C. Penal bajo
caución prendaria de cincuenta mil pesos.
El sitio de reclusión será en el CENTRO DE SALUD que determine el
INPEC por razones de logística y seguridad.
SEGUNDO. ORDENAR exámenes (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DEL CAUCA) periódicos al sentenciado al cabo de la 4 semana (sic) de
internación en CENTRO HOSPITALARIO, a fin de determinar si la situación que dio
lugar a la concesión de la medida persiste. En el evento de que la prueba
médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha
evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión
formal, se revocará la medida. (…)”[1]
2.2. Auto de fecha 17 de mayo de 2012. En esta providencia,
emitida por el mismo juzgado, se ordena:
“PRIMERO: SUSPENDER temporalmente el beneficio de prisión
domiciliaria hasta tanto no se allegue el estudio o concepto por parte de
MEDICINA LEGAL DEL CAUCA, al interno GERMÁN AUGUSTO GÓMEZ VALDEZ, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 82 de la ley 65 de 1993.
SEGUNDO: ORDENAR al EPC POPAYÁN, se sirva allegar
historia clínica actualizada y paraclínicos practicados al interno ante el
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL CAUCA, tras de lo cual este organismo asignará
la cita para evaluación del paciente e interno y determinar su estado de salud
y determinar la compatibilidad del tratamiento extra o intra muros.
Eventualmente, si persiste el estado de enfermedad muy grave.
TERCERO: ADVERTIR al EPC POPAYÁN, que debe cumplir a
través de la entidad de salud y demás actores del sistema sobre el estricto
tratamiento del sentenciado de cara a preservar su salud y vida. (…)”[2]
En este auto el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán indica que, a pesar del incumplimiento de las demás órdenes
impartidas en el auto del 8 de septiembre de 2011, por parte del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad        -E.P.C.A.M.S.-
San Isidro de Popayán, no se puede insistir en la sustitución de la pena,
porque:
“1) La prisión domiciliaria quedó condicionada a la evaluación del
interno a partir de la 4 semana (sic), lo que a la fecha, por sustracción de
materia se ha rebasado, pues la decisión se tomó en septiembre de 2011. 2) A la
fecha necesariamente debe contarse con el nuevo concepto de medicina legal pues
se trata de una patología que evoluciona con el tiempo. 3) Llama la tención del
Juzgado que el interno haya estudiado- logrando redención de pena- entre junio
a noviembre de 2011, lo cual es incompatible de quien se dice está en un estado
de ENFERMEDAD MUY GRAVE. (…)”
3. Trámite procesal
Correspondió conocer de la acción de tutela al Tribunal
Superior de Popayán, Sala Penal, la cual, mediante auto del 16 de julio de
2012, ordenó: (i) avocar el conocimiento; (ii) “vincular como partes
procesales demandadas al Juzgado 3° de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Cauca, E.P.C.A.M.S. ‘San Isidro’ de Popayán, Cauca,
Caprecom EPS-S, Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., Procuraduría General
de la Nación y Ministerio de Protección Social”, a quienes dispuso
comunicarles el auto admisorio, adjuntándoles copia del escrito de tutela y
concediéndoles un término de 2 días para pronunciarse sobre los hechos de la
acción.
4. Respuesta del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán
El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán solicita ser desvinculado del proceso de tutela, por
considerar que no está vulnerando ningún derecho fundamental al demandante.
Acepta que ese juzgado ejecuta la pena de 60 meses y 15 días de prisión,
impuesta al señor Germán Augusto Gómez Valdez por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Popayán, por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso
con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,
hallándose privado de libertad desde el 17 de enero de 2011.
Precisa que el juzgado, por auto del 8 de septiembre de
2011, sustituyó a ese interno la pena de prisión en la penitenciaría por la
domiciliaria en un centro hospitalario y ordenó practicarle un dictamen médico
legal.
De igual forma señala que ese despacho, por medio del auto
del 17 de mayo de 2012, suspendió temporalmente la prisión “domiciliaria
hospitalaria” hasta cuando se allegara el concepto de Medicina Legal del
Cauca, y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
remitir copia de la historia clínica y paraclínicos del recluso para determinar
su tratamiento extra o intramuros, advirtiéndole sobre el cumplimiento estricto
del tratamiento. No obstante, el INPEC no se ha pronunciado sobre el
cumplimiento de esa orden y posteriores requerimientos.
5. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección
Social
El representante del Ministerio de Salud y Protección
Social pide que se exonere a dicha entidad de cualquier eventual
responsabilidad.
Precisa que, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 10
de 1990, 100 de 1993, 715 de 2001, 489 de 1998, en concordancia con el Decreto
4107 de 2011, ese ministerio no es responsable de la prestación directa del
servicio de salud.
Aclara que: (i) según el Acuerdo 008 de 2009, los internos
recluidos en cárceles departamentales, distritales o municipales, que estén
afiliados al POS-S, deben ser atendidos por la respectiva EPS-S; y en cuanto a
los servicios no POS deben ser sufragados por la respectiva entidad
territorial, de acuerdo con la Ley 715 de 2001; (ii) los reos afiliados a un
régimen contributivo o de excepción corresponde a la respectiva EPS la
prestación del servicio, mientras se cumplan los requisitos de afiliación y
contribución; (iii) la población recluida en un establecimiento del orden
nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- debe ser
atendida por cuenta de esa entidad, conforme a lo dispuesto por el Decreto 1141
de 2009, modificado por el Decreto 2777 de 2010, especialmente en su artículo
2°.
6. Respuesta de la Empresa Social
del Estado E.S.E. Popayán
El apoderado
judicial de dicha empresa señala que la acción de tutela es improcedente, ya
que, si el actor no está conforme con el tratamiento médico que recibe, debe
solicitar al Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que
determine el procedimiento a seguir.
Señala que la
Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán, la Universidad del Cauca, la Liga
Antituberculosa Colombiana y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal
han venido trabajando desde el año 1999 en el fortalecimiento del programa de
atención y control de tuberculosis en la ciudad de Popayán, programa que en la
actualidad está a cargo especialmente de la entidad que representa, en
desarrollo del cual se realizan actividades interinstitucionales para controlar
esa enfermedad.
Dice que, a
raíz de los casos del accionante y otros reclusos, la Empresa Social del Estado
E.S.E. Popayán procedió a informar la situación al Jefe Nacional del Programa
de Tuberculosis, al Ministerio de Protección Social, a la Organización
Panamericana de la Salud, a la Secretaría de Salud Departamental, y, una vez
identificado el problema, con la participación del personal de sanidad del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario              -INPEC-, la
Universidad del Cauca, CAPRECOM EPS-S, las Secretarías de Salud Departamental y
Municipal, se inició un plan de implementación del programa de tuberculosis en
el interior de la Penitenciaría San Isidro, con reuniones que se llevaron a
cabo en el mes de junio y los días 11, 12, 16 y 17 de julio de 2012.
Agrega que el
accionante fue atendido por la doctora Regina Plaza, magister en epidemiología
y docente de la Universidad del Cauca, quien presta sus servicios en la E.S.E.
Popayán, y que, según la historia clínica del 5 de junio de 2012, el demandante
es una “persona con tuberculosis fármaco resistente, que además tiene VIH
positivo, y en el momento en que se evalúa esta persona lleva 2 meses y 15 días
sin tratamiento habiendo recibido un esquema, con períodos de medicación
incompleta lo que hace que este en riesgo de pasar a una tuberculosis
extremadamente resistente”.
7.
Respuesta de la Procuraduría General de la Nación, Regional del Cauca
Sostiene la
entidad que, en desarrollo de su actividad preventiva, ha puesto en
conocimiento de las autoridades competentes los requerimientos recibidos de los
internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán.
Explica que
informó a la Secretaría de Salud Departamental la situación de los reclusos
enfermos de tuberculosis, habiendo contestado que la Secretaría de Salud
Municipal es la competente para solucionar el caso, por lo cual procedió a
solicitar por escrito su intervención.
Refiere que
también comunicó esa situación a la Procuraduría Delegada Preventiva de
Derechos Humanos-Asuntos Penitenciarios; y que, en calidad de veedora, ha
concurrido a la penitenciaría a varias reuniones de delegados de diferentes
entidades encargadas del programa de tuberculosis, con el fin de hacer
seguimiento a los casos que se han presentado.
8. Respuesta de CAPRECOM
E.P.S-S, Regional Cauca
El Jefe Jurídico
de CAPRECOM E.P.S-S pide que se desvincule del proceso a dicha entidad, ya que
ha prestado todos los servicios POS-S al actor para superar su patología.
Aclara que
CAPRECOM E.P.S.-S tiene suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- el contrato de aseguramiento número 1172 de 2009, que dice
en su cláusula 1°: “OBJETO. CAPRECOM se obliga para con el INPEC a realizar
el aseguramiento al régimen subsidiado de salud de la población reclusa
que se encuentre recluida en establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, y
a los menores de 3 años que convivan con sus madres en los establecimiento de
reclusión”.
Informa que,
de acuerdo con la historia clínica del señor Germán Augusto Gómez Valdez:
(i) La médica
epidemióloga Regina Plaza Rivera recomienda que se gestione la detención
domiciliaria para que reciba la supervisión estricta por un agente de salud del
área de su residencia, por ser un paciente con tuberculosis fármaco resistente
y dado el riesgo epidemiológico que representa en un centro penitenciario con
población vulnerable.
(ii) El médico
Jeison Felipe Agudelo certificó que el paciente “con antecedentes de
tuberculosis, multidroga resistente y por las condiciones higiénicas y de
hacinamiento con población vulnerable” no debe estar en sanidad del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán, sino en un lugar que tenga todas las condiciones óptimas de
bioseguridad, como una sala de infectología o en detención domiciliaria.
Insiste en que
CAPRECOM EPS-S no le ha negado al accionante ningún servicio o atención médica;
que las autorizaciones para los servicios no POS corresponden al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, así como el trámite de las citas
para esas dos clases de servicios médicos (POS-S y no POS-S).
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de única
instancia
El Tribunal
Superior de Popayán, Sala Penal, en fallo del 27 de julio de 2012, resuelve:
(i) tutelar al señor Germán Augusto Gómez Valdez los derechos fundamentales a
la salud y a la vida digna; (ii) ordenar al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán
que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación, cumpla los
requerimientos del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán, contenidos en el auto del 17 de mayo de 2012, que le permita al
accionante solicitar, por las vías ordinarias, la prisión domiciliaria; (iii)
ordenar a CAPRECOM EPS-S que asuma el tratamiento integral de las enfermedades
del actor, autorizando el recobro al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC del 100% de los servicios de salud no POS.
Considera que,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2, del Decreto 2591
de 1991, así como el contenido de la Sentencia C-543 de 1992, la acción de
tutela no procede en este caso para decretar la detención domiciliaria, en
razón de que ella fue suspendida provisionalmente por el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán mediante providencia
interlocutoria 683 del 17 de mayo de 2012, hasta cuando se allegue concepto de
Medicina Legal que evalúe al interno, sin que éste haya interpuesto recurso alguno
contra esa decisión. Es decir, que el actor incurrió en negligencia al no
utilizar los medios de defensa judicial ordinarios y ahora no puede usar la
acción de amparo para subsanar esa falta de cuidado, so pena de quebrantar el
principio de subsidiaridad o residualidad.
Sostiene que
el señor Germán Augusto Gómez Valdez es una persona en condición de
vulnerabilidad manifiesta por hallarse afectada de graves enfermedades, como
son el VIH y la tuberculosis fármaco resistente, razones por las cuales requiere
de atención integral en salud por parte de CAPRECOM EPS-S, la cual tiene
derecho al 100% del recobro ante el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- por el valor de los servicios de salud no POS.
Agrega que al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán está vulnerando al accionante los derechos fundamentales a la
salud y a la vida digna por haber omitido allegar al Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán la historia clínica
actualizada y los paraclínicos practicados al interno por Medicina Legal para
determinar su estado de salud y la compatibilidad del tratamiento intramural;
igualmente, por no haber permitido el suministro del tratamiento integral para
sus enfermedades.
III. PRUEBAS
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
·
Copia de la circular externa número 058 del 11 de septiembre de
2009, expedida por el Ministerio de Protección Social (folios 57 a 60, cuaderno
de tutela).
·
Copia de los “recetarios” expedidos por la Empresa Social
del Estado E.S.E. Popayán (folios 9 a 15, cuaderno de tutela).
·
Copia de la historia clínica del señor Germán Augusto Gómez
Valdez (folios 39 a 42, 78 a 82, cuaderno de tutela).
·
Copia del escrito de fecha 27 de julio de 2011, dirigido por la
Procuraduría General de la Nación a la Secretaría de Salud Municipal de Popayán
(folio 49, cuaderno de tutela).
·
Copia del “Acta de acuerdo de compromisos (casos TB MDR)”
de fecha 11 de agosto de  2011 (folios 52 a 56, cuaderno de tutela).
·
Copia del Acta de fecha 25 de junio de 2012, expedida por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- (folios 70 a 74, cuaderno de
tutela).
·
Copia del Acta de fecha 22 de julio de 2012, elaborada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- (folios 61 a 64, cuaderno de
tutela).
IV. ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
1. Con el fin
de obtener elementos de juicio adicionales, mediante auto del 22 de noviembre
de 2012, el suscrito Magistrado resuelve:
“Primero.-
ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en
conocimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-  el
contenido del expediente de tutela T-3613253 para que, dentro de los dos (02)
días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie acerca de la
misma y allegue las pruebas que considere pertinentes. Anéxese copia de la
demanda de tutela y de las respuestas dadas por  las entidades accionadas.
Además, el INPEC deberá informar si ya remitió la copia de la historia clínica
y paraclínicos del señor Germán Augusto Gómez Valdés al Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, la cual fue solicitada
por ese mismo despacho en providencia del 17 de mayo de 2012.
Segundo.-
ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en
conocimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Seccional Cauca, el contenido del expediente de tutela T-3613253 para que,
dentro de los dos (02) días siguientes a la notificación del presente auto, se
pronuncie acerca de la misma y allegue las pruebas que considere pertinentes.
Anéxese copia de la demanda de tutela y de las respuestas dadas por  las
entidades accionadas. Además, dicho instituto deberá informar si ya emitió el
concepto solicitado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán en providencia del 17 de mayo de 2012, y si ya lo hizo
llegar a la autoridad solicitante.
Tercero.-
ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que libre los
oficios correspondientes.”
2. En
cumplimiento de lo ordenado, la Secretaría General de esta Corporación libra
los oficios N°OPTB-870/2012 y N°OPTB-871/2012. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC- y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Seccional Cauca, no respondieron los requerimientos de esta
Corte.
3. El Juez
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en oficio
número 1393 del 27 de noviembre de 2012, allega copia de los autos 1436 del 8
de septiembre de 2011, 683 del 17 de mayo, 1796 del 19 de noviembre y 1839 del
22 de noviembre de 2012.
Asimismo,
informó que “el día de hoy se recibió la historia clínica del interno Germán
Augusto Gómez Valdez, por lo cual inmediatamente se procedió a oficiar al
Instituto de Medicina Legal del cauca para que se sirva asignar cita para
evolución del mencionado, determinar su estado de salud y determinar la
compatibilidad del tratamiento extra o intra muros. Eventualmente, si persiste
el estado de enfermedad muy grave. Oficio del cual le allego también una copia”.
4. Esta Sala, al considerar que concurrían
todos los requisitos legales y jurisprudenciales, en auto del 6 de diciembre de
2012 decretó las siguientes medidas provisionales:
“ Primero.- ORDENAR al
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que autorice,
de manera provisional y hasta cuando Medicina Legal lo considere necesario
según la evolución del interno, la sustitución de la pena de prisión en un
centro penitenciario por hospitalaria, al señor Germán Augusto Gómez Valdez, en
el hospital o la clínica que dispongan el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y CAPRECOM EPS-S, con el propósito de que pueda recibir el
tratamiento médico y asistencial que requiere para las enfermedades de
tuberculosis y el VIH  que padece, debiéndose observar los controles y medidas
de seguridad a que se refieren los artículos 68 del Código Penal (Ley 599 de
2000), 314 y 461 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Segundo.-
ORDENAR a CAPRECOM EPS-S y al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán
que, una vez el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
la misma ciudad autorice de manera provisional al señor Germán Augusto Gómez
Valdez la ejecución de la pena en un centro hospitalario, le den cumplimiento
inmediato a esa orden, tomando para el efecto todas las medidas de seguridad
que el caso amerite, según lo dispuesto en los artículos 68 del Código
Penal (Ley 599 de 2000), 314 y 461 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004).”
V. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241, numeral noveno, de la Constitución Política y en los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De acuerdo con
los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si:
(i) Una
autoridad judicial vulnera el derecho a la salud, a la vida digna y al debido
proceso de una persona que padece VIH/SIDA y tuberculosis, que está recluida en
un establecimiento carcelario, cuando decide suspender una medida de
sustitución de pena de prisión en centro carcelario por hospitalaria, sin
haberse demostrado el mejoramiento de la salud del recluso, hasta cuando se
elabore un nuevo concepto de medicina legal y se allegue por parte del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- copia de la historia
clínica del interno.
(ii) Si el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC vulnera los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de un recluso que tiene VIH/SIDA y
tuberculosis, al negarle la prestación de los servicios médicos que requiere
para el tratamiento de sus enfermedades.
Para resolver
el anterior problema jurídico estima la Sala preciso analizar la jurisprudencia
de esta Corporación en relación con: (i) la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) el carácter subsidiario de la acción de
tutela; (iii) la sustitución de la detención o de la ejecución de la pena de
prisión en centro carcelario por la hospitalaria; (iv) los derechos de los
internos en el marco de la relación especial de sujeción; (v) el derecho a la
salud de las personas privadas de la libertad en cárceles o penitenciarías;
(vi) el sistema de seguridad social en salud de la población carcelaria; (vii)
la protección constitucional especial de las personas portadoras del VIH/SIDA.
Con base en ello, (viii) la Sala procederá al análisis del caso concreto para
determinar si hay lugar o no a la protección invocada.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales[3]
3.1. El artículo 86 de la
Constitución Política dispone que:
“ARTÍCULO 86. Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
Por su parte, el artículo 1° del
Decreto 2591 de 1991[4]
indica que:
“ARTÍCULO 1o.
OBJETO. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son
hábiles para interponer la acción de tutela.
La acción de
tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida
excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para
defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la
Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria
de los estados de excepción.”
3.2. Tomando
como fundamento las normas precitadas la Corte Constitucional, intérprete
autorizada y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241
Constitución Política), ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia
sobre  la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “basada
en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial         -pilares de la administración de
justicia en un estado democrático-, y la prevalencia y efectividad de los
derechos fundamentales –razón de ser del estado constitucional y democrático de
derecho-”[5].
Inicialmente
dicha posibilidad encontró sustento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591
de 1991, normas que contemplaban la acción de tutela contra decisiones
judiciales y establecían el trámite correspondiente. No obstante, en la
Sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró inexequibles esas
disposiciones, sin que con ello se hubiese atribuido un carácter absoluto a la
intangibilidad de las providencias judiciales, ya que, por el contrario, en la
misma sentencia se advirtió que ciertos actos no tienen las cualidades para
poder ser considerados providencias judiciales y que, por tanto, frente a estas
“actuaciones de hecho” que representen una
grave afrenta a los derechos fundamentales la acción de tutela, sí
procede. En aquel entonces dijo:
“Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales
se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.”
3.3. Bajo este contexto,
atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad, esta
Corporación, a través de sus sentencias en sede de tutela y de
constitucionalidad, comenzó a construir y desarrollar los requisitos que se
debían dar para la procedencia del amparo constitucional, frente a una eventual
vulneración de derechos fundamentales, dentro de un proceso judicial.
En las primeras decisiones la
Corte Constitucional indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales estaba condicionada a la configuración de una “vía de
hecho”, concepto mediante el cual “se hacía alusión a aquellas
decisiones arbitrarias de los jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso
desconocimiento de la legalidad”[6].
Sin embargo,
la Corte estimó necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho” incluyéndolo
dentro de uno más amplio de requisitos de procedibilidad de esta acción
constitucional: unos de carácter general (requisitos formales de
procedibilidad) y otros específicos (aspecto sustancial, eventos en los que un
fallo puede llevar a la amenaza o transgresión de derechos constitucionales),
los cuales compiló primero en la Sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la
Sentencia C-590 de 2005. Esta última indicó:
“Con todo, no
obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es
compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción
de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
23. En ese
marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.”
3.4. Ahora
bien, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007,
siguiendo los parámetros de la precitada Sentencia C-590, sistematizó las
causales genéricas de la siguiente forma:
“Las causales
genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se
exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso
específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz
especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción
se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y
que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se
requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente
relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté
acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor[7];
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede
judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión
iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de
sentencias de tutela.”
3.5. Así
mismo, la Corte ha precisado que los criterios específicos deben revestir un
carácter protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo
examen[8],
resumiéndolos así:
“i) Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede
probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[9].
ii) Defecto fáctico: Cuando en
el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[10].
iii) Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[11].
iv) Decisión sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[12].
v) Desconocimiento del
precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de
los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia.
vi) Vulneración directa de la
Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[13].”[14]
3.6. En este
orden de ideas, los criterios en mención constituyen el catálogo mínimo a
partir del cual es posible justificar de manera excepcional la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales[15].
4. El carácter subsidiario de la acción de tutela. Reiteración
de jurisprudencia
4.1. El
artículo 86, inciso 3º, de la Constitución, le asigna a la acción de tutela un
carácter subsidiario ante la existencia de otros medios o mecanismos de defensa
judicial. Señala la norma en comento:
“ARTÍCULO 86.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)” (Subrayas fuera de texto
original).
En desarrollo de dicha norma, el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 establece:
“ARTÍCULO 6o.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)” (Subrayas fuera de texto).
4.2. Con
fundamento en las anteriores disposiciones esta Corporación ha sostenido que el
afectado sólo podrá acudir a la acción de tutela en ausencia de otro medio de
defensa judicial, ya que debe entenderse que la misma no puede entrar a
sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el
amparo de un derecho[16].
Sin embargo, también ha dicho que esta regla tiene algunas excepciones que se
presentan cuando:
“(i) [l]os
medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) [a]ún
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales; (iii) [e]l accionante es un
sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños
y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración
por parte del juez de tutela (Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de
2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003)”[17] (Subrayas fuera de
texto).
4.3. Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha definido el perjuicio irremediable en
los siguientes términos:
“[U]n
perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su  subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen.”[18]
Se hace
necesario señalar en este punto que la existencia del perjuicio irremediable
debe verificarse mediante el análisis de los hechos del caso concreto. A partir
de este supuesto la jurisprudencia constitucional ha indicado algunos criterios
que permiten al juez de tutela comprobar la presencia de un perjuicio
irremediable, entre los cuales se encuentran: (i) la existencia de
alguna condición que permita considerar al actor como sujeto de especial
protección constitucional, (ii) el estado de salud del peticionario y de su
familia, y (iii) las condiciones económicas del solicitante[19].
5. La sustitución de la ejecución de la pena de prisión
en centro carcelario por la hospitalaria
5.1. Desde un punto de vista formal “la pena es un mal
que impone el legislador por la comisión de un delito; o la consecuencia
asignada a la persona que ha realizado una conducta punible”[20].
A la luz del artículo 4° del Código Penal (Ley 599 de
2000) la pena cumple funciones de prevención general, retribución justa,
prevención especial, reinserción social y protección del condenado, operando
esta dos últimas en el momento de la ejecución de la pena de prisión.
En línea con lo anterior, el artículo 9° de la Ley 65 de
1993, dispone que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su
fin fundamental es la resocialización a través del tratamiento penitenciario.
5.2. Conforme al artículo 51 de la precitada Ley 65, el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad de
la ejecución de las sanciones penales.
De otro lado, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004), en su artículo 461, establece que dicho juez está facultado para ordenar
al Instituto Nacional Penitenciario –INPEC- “la sustitución de le ejecución
de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la
detención preventiva”.
5.3. Ahora bien, siguiendo las máximas de necesidad,
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad consagradas en el artículo 295 del
Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva en establecimiento carcelario
puede sustituirse por la de lugar de residencia, cuando, entre otros, el
imputado o acusado este en estado grave por enfermedad, previo dictamen de
médicos oficiales, evento en el cual el juez determinará si la persona debe
permanecer en su domicilio, en clínica u hospital (Código de Procedimiento
Penal, artículo 314, numeral 4°, modificado por el 27 de la Ley 11442 de 2007).
De igual forma, según el artículo 68 del Código Penal,
cuando el condenado padezca una enfermedad muy grave que sea incompatible con
la vida en reclusión formal, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena
privativa de la libertad en el domicilio del penado o en el centro hospitalario
que establezca el Instituto Nacional Penitenciario –INPEC-, previo concepto de
médico legista especializado y caución. Dice la norma comento:
“ARTÍCULO 68.
RECLUSIÓN DOMICILIARIA U HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD MUY GRAVE. El juez podrá
autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del
penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre
aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión
formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra
pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el
centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.
Para la
concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista
especializado.
Se
aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38.
El Juez
ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación
que dio lugar a la concesión de la medida persiste.
En el evento
de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el
sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la
reclusión formal, revocará la medida.
Si cumplido el
tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del
sentenciado continúa presentando las características que justificaron su
suspensión, se declarará extinguida la sanción.”
Sobre el particular, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha precisado:
“(…) [E]n el ámbito
punitivo, cuando el condenado se encuentre aquejado por una enfermedad muy
grave incompatible con la vida en reclusión formal, dispone el art. 68 del
C.P., el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad
en la residencia del penado o en centro hospitalario determinado por el INPEC.
Para la concesión de este
beneficio, continúa la norma, debe mediar concepto de médico legista
especializado y se exigirá que se garantice mediante caución el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el art. 38-3 ídem.
El juez, resáltase, habrá de
ordenar exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación
que dio lugar a la concesión de la medida persiste.
En el evento de que la
prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha
evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión
formal, revocará la medida.” [21]
A su vez, el
artículo 68A ibídem señala los casos en los cuales no se concederán los beneficios o los subrogados penales, a saber:
“ARTÍCULO 68A.
EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.  No se
concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como
sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado
legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya
sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5)
años anteriores.
Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes
hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y
abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización
indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno
transnacional.
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará
respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la
ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5
del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el
principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a
cargos.” (Subrayas fuera de texto).
Por último, es
necesario señalar que al referirse a los subrogados penales o mecanismos
sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena
restrictiva por otra favorable, la Corte Constitucional ha señalado que ellos
tienen como “fundamento la humanización del derecho penal y la motivación
para la resocialización del delincuente” [22].
6. Los
derechos de los internos en el marco de la relación especial de sujeción.
Reiteración de jurisprudencia
6.1. La
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado la noción de relaciones
especiales de sujeción como base para comprender el alcance de los deberes y
derechos recíprocos que existen entre las personas privadas de la libertad y
las autoridades carcelarias. Concretamente ha sostenido que esta clase de
relaciones hacen referencia al “nacimiento de un vínculo en el que, de un
lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con
las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que
incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el
Estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante
su tiempo de reclusión”[23].
Por su parte,
algunos doctrinantes ha definido las relaciones especiales de sujeción como “las
relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva
inserción del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a
resueltas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a
los fines típicos de cada relación”[24].
6.2. Bajo este contexto, la Corte
Constitucional ha indicado algunos de los rasgos distintivos de este vínculo
jurídico, a saber:
“ (i) En primer lugar, en razón del deber
que le asiste al interno de cumplir la orden de reclusión emitida por la
autoridad judicial respectiva o por el órgano investigador, se genera una
relación de subordinación entre el recluso y el Estado[25];
(ii) Desde el punto de vista del  individuo
puesto en  prisión  y  como consecuencia
de dicha  relación, ‘el interno  está
sometido a  un  régimen jurídico especial[26],
el cual incluye controles disciplinarios[27]
y administrativos[28]
y la posibilidad de limitar[29]
el ejercicio de derechos, incluso de algunos catalogados como fundamentales’;[30]
Sin
embargo, cualquier limitación de los derechos de los internos debe tener como
objetivos los de ‘garantizar el ejercicio de los demás derechos de los internos
(con medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y
lograr el cometido principal de la pena: la resocialización’;[31]
(iii) Por último, desde la perspectiva del
Estado, esa relación especial de sujeción lo hace responsable por la protección
de los derechos de los reclusos. De igual forma, el Estado se obliga a
brindarle a los internos las condiciones necesarias para su digna subsistencia,
particularmente, en asuntos como la provisión de alimentos, la asignación de un
lugar digno para la habitación y el goce de los servicios públicos, entre
otros.”[32]
Con fundamento en lo anterior,
esta Corporación ha precisado que entre las consecuencias jurídicas más
importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción se
encuentran[33]:
(i) La posibilidad que se
tiene de limitar ciertos derechos fundamentales de los reclusos, tales como los
de intimidad, reunión, trabajo, educación, etc.
(ii) La imposibilidad de
restringir el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como la vida, la
dignidad humana, la salud, la libertad de cultos, el debido proceso, el habeas
data, entre otros.
(iii) El deber del Estado de
asegurar el goce efectivo de los derechos (fundamentales o no) en la parte que
no sea objeto de limitación, dada la especial situación de indefensión o de
debilidad manifiesta en la que se encuentran los internos.
(iv) El deber positivo del
Estado de asegurar todas las condiciones necesarias para garantizar la efectiva
resocialización de las personas recluidas.
Sobre el
particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-963 de 2006, sostuvo:
“…Correlativamente,
el Estado debe garantizarle a los internos el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales que no han sido suspendidos, y parcialmente el disfrute de
aquellos que les han sido restringidos. De allí que, el Estado deba abstenerse
de realizar determinados comportamientos que vulneren el ejercicio de un
derecho fundamental, en tanto que frente a otros, se encuentra ante el deber de
adoptar determinadas medidas concretas a favor de los reclusos[34].
En este
sentido, dado que la persona recluida sigue siendo titular de otros derechos
cuya garantía o satisfacción no puede procurarse por si misma, justamente por
su estado de reclusión, surge en cabeza de la administración, el deber de
satisfacer o proteger tales derechos. De tal forma, una de las obligaciones que
necesariamente debe asumir el Estado a fin de garantizar los derechos
fundamentales de los internos, es la de procurarles las condiciones mínimas de
una existencia digna.
En efecto, si
la administración no satisface las necesidades vitales mínimas de la persona
privada de libertad, a través de la alimentación, la habitación, el suministro
de útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, etc., quien se halle
internado en un centro de reclusión, justamente por su especial circunstancia,
está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales beneficios.
Es por ello
que, una actuación deficiente o irresponsable en esta materia, podría ocasionar
un sufrimiento intolerable a la luz del Estado Social de Derecho. En este
sentido, no sobra recordar que la pena impuesta a una persona no puede, de
ninguna manera, comprometer aquellos derechos fundamentales a los cuales
aquella es acreedora en forma plena, tales como la vida, la integridad
personal, la dignidad o la salud, derechos que, justamente, se garantizan
procurando la satisfacción de las necesidades mínimas del interno…”
6.3. Con todo,
la jurisprudencia constitucional ha advertido que la potestad que tiene el
Estado de limitar algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad se encuentra restringida, ya que, en desarrollo de los criterios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, debe estar orientada a la obtención de
los denominados “fines esenciales de la acción penitenciaria”. Al
respecto, esta Corporación, en Sentencia T-750 de 2003, indicó:
“(…) la
restricción a los derechos fundamentales de los reclusos, derivada del
ejercicio de las facultades de las autoridades carcelarias, sólo es viable en
cuanto tienda a hacer efectivos los fines esenciales de la relación
penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del
orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. La preservación
de los objetivos propios de la vida penitenciaria implica que en cabeza de las
autoridades administrativas recaigan una serie de poderes que les permiten
modular e, incluso, limitar los derechos fundamentales de los reclusos. Si
bien estas facultades son de naturaleza discrecional, encuentran su límite en
la prohibición de toda arbitrariedad (C.P., artículos 1°, 2°, 123 y 209) y,
por  tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.[35]”
(Subrayas fuera de texto).
Así entonces,
la restricción de derechos fundamentales que en este contexto se dé debe ser la
mínima necesaria para lograr el fin propuesto. En consecuencia, cualquier
limitación adicional e injustificada a los derechos fundamentales de la
población carcelaria debe ser considerada como un exceso de las potestades del
Estado y, por lo tanto, una vulneración de dichos derechos[36].
7. El
derecho a la salud y el sistema de seguridad social en salud de la población
carcelaria. Reiteración de jurisprudencia
7.1. El artículo 49 de la
Constitución Política dispone que:
“La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. // Corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley. (…)”
Según el
precitado artículo, la salud tiene una doble connotación: derecho
constitucional fundamental y servicio público. En tal sentido todos los
ciudadanos deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde
organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación[37]. Dicha facultad
constitucional otorgada a los entes estatales y a los particulares
comprometidos con la prestación del servicio de salud está estrechamente
relacionada con los fines mismos del Estado Social de Derecho y con los
propósitos consagrados  en el artículo 2º de la Constitución Política[38].
Tomando como
fundamento esa misma norma, esta Corporación ha sostenido que el derecho a la
salud es autónomo y que el carácter de fundamental se predica tanto del sujeto
destinatario como de su objeto. En relación con este último punto, en Sentencia
C-463 de 2008, señaló:
“El carácter
universal del derecho a la seguridad social en salud apareja como consecuencia
su fundamentabilidad, esto es, su carácter de derecho fundamental, tanto
respecto del sujeto como del objeto de este derecho, ya que se trata, de un
lado, de un derecho que es predicable de manera universal y sin
excepción respecto de todas las personas sin posibilidad de
discriminación alguna; de otro lado, se trata de un derecho que es predicable
respecto de una necesidad básica de los individuos o seres humanos, esto es la
salud, lo cual implica a su vez, la obligación de prestar todos los servicios
necesarios para su prevención, promoción, protección y recuperación, tal y como
lo prevé el artículo 49 Superior. Este carácter fundamental del derecho a la
salud se justifica también por la importancia y relevancia del mismo para la vida
digna de las personas. (…)”
7.2. Ahora
bien, como ya se mencionó, el derecho a la salud debe ser garantizado a todas
las personas independientemente de la situación en la cual estén.
En el caso de
las personas privadas de la libertad el derecho a la salud se encuentra en el
grupo de derechos que, dentro de la relación de especial sujeción, no se ve
restringido ni limitado y, por el contrario, es obligación del Estado
garantizar su prestación. Al respecto la Corte, en Sentencia T-185 de 2009,
indicó:
“El derecho a la salud de las
personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la
misma connotación de fundamental y genera la misma obligación Estatal de
satisfacción, no sólo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con
el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación
especial de sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de
justificación para su limitación dentro del marco general del derecho
punitivo.”
En la misma
línea, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que le corresponde al
sistema carcelario, en representación del Estado, garantizar una atención
médica digna y una prestación integral del servicio de salud, sin dilaciones
que hagan más precaria la situación de los internos. En ese sentido, esta
Corporación, en Sentencia T-535 de 1998, sostuvo:
“Por la salud
del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos,
quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos
fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia
estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia
requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud. Es
claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de la
libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico
cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible
escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. (…) No
basta con que las autoridades del centro penitenciario efectivamente
establezcan unas fechas para que éstas se realicen. Es indispensable que tales
citas se programen y se cumplan, de conformidad con los criterios de
racionalidad y previa la adopción de indispensables precauciones y cuidados con
miras a la seguridad. El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en
los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o
terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no resulte
tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en los casos
en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la
atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de
tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una
modalidad de tortura.”
De igual forma
la Corte Constitucional ha precisado que la salud de las personas privadas de
la libertad tiene tres ámbitos de protección, a saber: “i) el deber del
Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del
interno, y ii) el deber del Estado de garantizar la integridad física del
recluso al interior del establecimiento carcelario, y iii) el deber del Estado
de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y
alimentación, al interior del establecimiento carcelario”[39].
7.3. Dentro del desarrollo normativo que este derecho
ha tenido es pertinente señalar las siguientes disposiciones:
·
Ley 65 de 1993 o Código
Penitenciario y Carcelario, que en sus artículos 104, 105 y 106 establece la
responsabilidad que tiene el Gobierno de asumir la prestación y atención en
salud de los reclusos y las prestaciones que deben ser garantizadas. Las artículos en comento disponen:
“ARTÍCULO 104. SERVICIO DE SANIDAD. En cada
establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de
los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión
y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e
higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene
laboral y ambiental.
Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse
directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se
celebren con entidades públicas o privadas.
ARTÍCULO 105. SERVICIO MÉDICO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO. El servicio médico penitenciario y carcelario estará integrado por
médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y
auxiliares de enfermería.
ARTÍCULO 106. ASISTENCIA MÉDICA. Todo interno en un
establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y
condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por
médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté
en capacidad de prestar el servicio.
Si un interno contrae enfermedad contagiosa o se le
diagnostica enfermedad terminal, el director del establecimiento, previo
concepto de la junta médica y de traslados, determinará si es procedente el
traslado a un centro hospitalario o la medida adecuada de acuerdo con el Código
de Procedimiento Penal. Para este efecto, propondrá al funcionario judicial la
libertad provisional o la suspensión de la detención preventiva. Si se trata
del condenado comunicará de inmediato la novedad a la Dirección General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
El Director del establecimiento de reclusión queda
autorizado, previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un
interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o
intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite.
Cuando una reclusa esté embarazada, previa
certificación médica, el director del establecimiento, tramitará con prontitud
la solicitud de suspensión de la detención preventiva o de la pena ante el
funcionario judicial competente, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Penal.
PARÁGRAFO 1o. El traslado a un centro hospitalario en
los anteriores casos, sólo procederá cuando no fuere posible atender al interno
en alguno de los centros de reclusión.
PARÁGRAFO 2o. En los establecimientos de reclusión
donde no funcionare la atención médica en la forma prevista en este Título,
éste quedará a cargo del Servicio Nacional de Salud.”
·
Ley 1122 de 2007. Esta norma, en su artículo 14, literal m),
indica que la población reclusa debe estar afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y fija en el Gobierno Nacional la labor de buscar los
mecanismos necesarios para que este grupo de personas reciba adecuadamente los
servicios de salud. El texto del artículo es el siguiente:
“ARTÍCULO 14. ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO.
Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la
administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la
articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de
la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del
afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía
del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido
por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes
Obligatorios de Salud.
Las Entidades
Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las
funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la
presente ley administran el régimen subsidiado se denominarán en adelante
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán con los
requisitos de habilitación y demás que señala el reglamento.
A partir de
la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las siguientes reglas
adicionales para su operación:
(…)
m) La
población reclusa del país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social
en Salud. El Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la
operatividad para que esta población reciba adecuadamente sus servicios.”
(Subrayas fuera de texto original).
·
Decreto 1141 de 2009, modificado por el Decreto 2777 de 2010.
Como resultado del anterior mandato y  con fundamento en la potestad
reglamentaria establecida en el artículo 189 Superior, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 1141 de 2009, el cual en su artículo 2° ordena lo siguiente:
“Artículo  2°. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de
la población reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se realizará al régimen subsidiado
mediante subsidio total, a través de una entidad promotora de salud del régimen
subsidiado de naturaleza pública del orden nacional.
Los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberán adelantar las actuaciones
administrativas que se requieran para garantizar la afiliación de esta
población al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud o la Comisión de Regulación en Salud,
CRES, cuando entre en funcionamiento, regulará dentro de sus competencias
legales los aspectos que garanticen el aseguramiento en salud de la población
reclusa en el marco del presente decreto.
Parágrafo
1°. La población reclusa que se encuentre afiliada al régimen
contributivo o a regímenes exceptuados conservará su afiliación, siempre y
cuando continúe cumpliendo con las condiciones de dicha afiliación, y, por lo
tanto, las EPS del régimen contributivo y las entidades aseguradoras en los
regímenes exceptuados serán las responsables de la prestación de los servicios
de salud y el pago de los mismos, en función del plan de beneficios
correspondiente. Para la prestación de los servicios de salud, se deberá
coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, lo
relacionado con la seguridad de los internos.
Los servicios
del plan de beneficios que llegaren a prestarse a la población reclusa afiliada
al régimen contributivo o regímenes exceptuados por parte de la entidad
promotora de salud del régimen subsidiado del orden nacional que contrate el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se recobrarán a la
entidad del régimen contributivo o régimen exceptuado a la que se encuentre
afiliado el recluso, para lo cual se podrán suscribir convenios que establezcan
las condiciones para la prestación de estos servicios así como sus cobros.
Parágrafo
2°. La afiliación al régimen subsidiado a través del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, beneficiará únicamente a los
internos recluidos en los establecimientos de reclusión a cargo del mencionado
Instituto y a los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en estos
establecimientos.
Parágrafo
3°. La población reclusa que se encuentre afiliada al régimen
subsidiado en una entidad territorial conservará su afiliación con cargo a las
fuentes que vienen financiando este aseguramiento. Para estos efectos, el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en el marco de sus competencias,
definirá los mecanismos para garantizar la afiliación de esta población reclusa
dentro de un esquema único de cobertura en salud que tenga en cuenta las
características y movilidad de esta población.”
El mismo
decreto también se encargó, en su artículo tercero[40], de regular lo
concerniente a la financiación del régimen subsidiado en salud que había
creado, así como de estructurar la organización en la prestación del servicio a
cargo de tal régimen.
De acuerdo con
el anterior marco normativo el derecho a la salud de la población reclusa se
debe hacer efectivo a través de su inclusión en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud bajo el régimen subsidiado, el cual, con cargo a los recursos
del Estado, debe dar solución oportuna y eficaz a las necesidades de dicho
grupo[41].
7.4.
Finalmente, cabe mencionar que la protección del derecho a la salud de los
internos también ha sido reconocida por el sistema jurídico internacional. Es
así como, dentro del conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la Organización
de Naciones Unidas, se incluye la obligación de prestarles atención y
tratamiento médico. Sobre el particular se dispone:
“Principio 24:
Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la
menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión
y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada
vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.”
En sentido
similar, dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente[42],
se establece:
“2) Se
dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales,
a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles.
Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, estos
estarán provistos del material, del instrumental y de los productos
farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados
y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente
preparación profesional.
(…)
24. El
médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su
ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para
determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso
las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de
sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias
físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y
determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. 1) El
médico estará encargado de velar por la salud física y mental de los reclusos.
Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se
quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su
atención.
2) El médico
presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o
mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por
una modalidad cualquiera de la reclusión.(…)”(Subrayas fuera de texto).
8. La
protección constitucional especial de las personas portadoras del VIH/SIDA y el
derecho a la salud de esta grupo de personas. Reiteración de jurisprudencia
8.1. El artículo 13, inciso 3º, de la Constitución
Política señala que es deber del Estado proteger a aquellas “personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
La anterior norma, interpretada en armonía con el artículo
47 Superior, según el cual “[e]l Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran” y el artículo 95 de la misma Carta que asigna a todos los
ciudadanos el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, “respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas”, impone una especial consideración con las personas
portadoras del virus del VIH y que tengan la enfermedad del SIDA[43].
En efecto, el
VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) causante del SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida), es una enfermedad con consecuencias adversas y
mortales sobre la salud de quien la padece, razón por la cual el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud de Colombia la ha calificado como una
afección catastrófica o ruinosa y la legislación nacional le ha dado un
tratamiento preferente a quienes la sufren, que se encuentra compilado en la
Ley 972 de 2005[44].
El artículo 1° de esta norma dispone:
“ARTÍCULO 1o.
Declárese de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, la
atención integral estatal a la lucha contra el VIH -Virus de Inmunodeficiencia
Humana- y el SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida-.
El Estado y
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el suministro de
los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas o catastróficas, de
acuerdo con las competencias y las normas que debe atender cada uno de ellos.
PARÁGRAFO 1o.
El día primero (1o) de diciembre de cada año se institucionaliza en Colombia
como el Día Nacional de Respuesta al VIH y el SIDA, en coordinación con la
comunidad internacional representa da en la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, y la Organización Mundial de la Salud, OMS.
PARÁGRAFO 2o.
Además de los programas regulares desarrollados por el Gobierno, en esta fecha,
el Ministerio de la Protección Social coordinará todas las acciones que
refuercen los mensajes preventivos y las campañas de promoción de la salud, en
concordancia con el lema o el tema propuesto a nivel mundial por el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA, Onusida, y promoverá, en forma
permanente, y como parte de sus campañas, el acceso de las personas afiliadas y
no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al diagnóstico de
la infección por VIH/SIDA en concordancia con las competencias y recursos
necesarios por parte de las entidades territoriales y los diferentes actores
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.” (Subrayas fuera de
texto).
8.2. Teniendo
como fundamento lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
los portadores y enfermos de VIH/SIDA son sujetos de especial protección, en
virtud del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran causado por
el deterioro paulatino y constante de su salud. Sobre este tópico esta
Corporación, en Sentencia T-948 de 2008, indicó:
“Particular
énfasis debe hacerse en relación con las personas disminuidas que padecen de
(VIH[45]/SIDA[46]),
ya que dichos sujetos requieren de una mayor atención por parte del Estado
debido a las particulares condiciones en que se encuentran y las consecuencias
nefastas que acarrea dicha enfermedad.
Las personas
portadoras del VIH o que padezcan sida son sujetos de especial protección
constitucional, por cuanto se trata de una enfermedad mortal que causa el
deterioro progresivo del estado de salud y que hace exigible un trato
igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta
en que se encuentran. En consecuencia, es deber del estado Colombiano
adoptar las medidas indispensables para garantizar su inclusión en la sociedad
y protegerlos en los distintos niveles en que suelen ser discriminados.” (Subrayas
fuera de texto original).
Dentro de este
contexto, la Corte Constitucional ha sido eminentemente garantista de este
grupo poblacional, haciendo especial énfasis en las consecuencias de la
enfermedad y en las medidas que debe adoptar el Estado para la protección real
y efectiva de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, en Sentencia T-769
de 2007, señaló:
“ (…) en cuanto al
tratamiento particular que merecen las personas que padecen esta enfermedad, la
Corte ha establecido que el punto de partida que debe ser considerado, desde la
perspectiva constitucional, es el reconocimiento de su calidad de sujetos de
especial protección. Tal consideración surge como consecuencia del deber de
integración que el Estado ha asumido con los grupos discriminados o marginados,
tal como fue establecido en el inciso 2° del artículo 13 superior.
La grave
afección producida por las distintas formas de segregación se opone a la
realización plena del Estado Social de Derecho y exige actuaciones positivas de
parte del Estado encaminadas a garantizar las condiciones objetivas necesarias
para el efectivo goce de sus libertades. Así, como corolario de las anteriores
consideraciones, esta Corporación ha concluido que los portadores del VIH son
sujetos de especial protección.”
Reiterando esa
posición, esta Corporación ha amparando a estas personas los derechos
fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, entre otros.
Específicamente, respecto al derecho a la salud ha precisado que, “(…)  con
el fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana[47] de esas
personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser
integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el fin de que
no se generen tratos discriminatorios[48].
También ha sostenido que ‘este deber constitucional [de protección] asegura que
el enfermo de SIDA reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a
fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la
enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación’ ( Sentencia
T-1283 de 2001)”[49].
En sentido
similar, la Corte, en Sentencia T-067 de 2005, al estudiar el caso de una mujer
portadora de VIH, a quien su EPS le había negado el suministro de un
medicamento prescrito por el médico tratante, sostuvo:
“De estar
comprometida la vida del paciente, las entidades promotoras de salud están
inexcusablemente obligadas a prestar en forma inmediata los servicios de salud
requeridos por aquél, sin que para ello importe que la alternativa o
posibilidad de tratamiento que se requiera esté excluida del POS, pues ante una
situación como la descrita es inconstitucional la oponibilidad de requisitos
que dilaten la prestación requerida por el enfermo de VIH/SIDA. Esta
Corporación ha expresado que al ponderar el derecho a la salud o el de la vida
misma de un paciente que padece VIH y el interés económico propio de las
Empresas Promotoras de Salud, la acción de tutela es el mecanismo de defensa
idóneo mediante el cual los jueces constitucionales deben procurar conciliar
los intereses enfrentados y lograr el equilibrio entre la protección de uno y
otro derecho, sin olvidar que predominan en todo caso, los derechos de quien es
sujeto de especial protección constitucional, para el caso el portador del
virus en comento”.
8.3. En la
misma línea, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tratándose de
personas privadas de la libertad portadores del VIH, “el Estado posee la
obligación de garantizar una mayor protección a sus derechos fundamentales por
cuanto, en primer lugar, se despliega una relación de sujeción especial que,
además de exigir derechos y obligaciones entre las partes, limita a los
internos a acceder únicamente a los servicios médicos que le proporciona el
establecimiento penitenciario y carcelario donde se encuentra recluido. Y, en
segundo lugar, el VIH es considerado como una enfermedad degenerativa que torna
a la persona en un sujeto de especial protección al cual se debe garantizar su
derecho a la salud de forma continua y oportuna sin ningún obstáculo de índole
administrativo o financiero”[50].
9. Análisis del caso concreto
9.1. De acuerdo con lo reseñado atrás, el señor Germán Augusto
Gómez Valdez presenta la acción de tutela, en primer lugar, contra el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, porque, según
afirma, le ha negado la prisión domiciliaria, a pesar de encontrarse gravemente
enfermo de tuberculosis multiresistente y VIH positivo en el pabellón de
sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán, donde paga una condena de
prisión desde el 17 de enero de 2011.
Aunque no especifica del todo la providencia del juzgado que ataca, los
elementos de juicio que contiene la actuación permiten a la Sala inferir que se
trata del auto de fecha 17 de mayo de 2012, que resuelve suspenderle
temporalmente “el beneficio de prisión domiciliaria hospitalaria” hasta
cuando: (i) se allegue concepto de medicina legal, conforme a lo establecido en
el artículo 82 de la Ley 65 de 1993; (ii) se remita por parte del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
-E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán la historia clínica y los paraclínicos
practicados al interno; (iii) previa cita del mismo establecimiento, Medicina Legal
del Cauca determine el estado de salud del accionante y establezca si su
tratamiento debe ser extra o intra muros[51].
Corresponde a la Sala precisar si la acción de tutela es procedente por
este aspecto, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional ya analizada,
según la cual dicho mecanismo es viable de manera excepcional contra
providencias judiciales, siempre y cuando concurran todas las causales
genéricas de procedibilidad y por lo menos una de las específicas.
9.1.1. Causales
genéricas de procedibilidad
·
Relevancia constitucional de los aspectos discutidos. El
auto del 17 de mayo de 2012, mediante el cual el juzgado demandado suspende la
sustitución de la prisión en centro penitenciario por “domiciliaria
hospitalaria”, involucra los derechos fundamentales a la vida, a la salud y
a la vida en condiciones dignas del señor Germán Augusto Gómez Valdez, los
cuales no solamente son de naturaleza legal, sino fundamental, según lo
dispuesto en los artículos 11, 49 y 1° de la Constitución Política.
·
Agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial. Si bien es cierto que, como lo anota el fallo de tutela
de primera instancia, el actor no interpuso los recursos de reposición y de
apelación que eran viables contra el auto del 17 de mayo de 2012, también lo es
que este es uno de los casos excepcionales en los que, según la jurisprudencia,
a pesar de existir otros medios de defensa judicial, la acción es procedente,
por tratarse de una persona que, conforme a lo dispuesto en el artículo 13
Superior, merece protección especial por parte del Estado, en virtud de que se
encuentra privada de la libertad purgando una pena de prisión y enferma de
tuberculosis fármaco resistente y VIH/SIDA.
·
Cumplimiento del requisito de inmediatez. Como el
accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al auto
proferido el 17 de mayo de 2012 y presentó la acción de amparo el 12 de julio
del mismo año[52],
esto es, aproximadamente 2 meses después, se considera que lo hizo en un
término razonable.
·
La sentencia cuestionada no es de tutela. Es indiscutible
que la referida providencia judicial no se profirió en un trámite de acción de
tutela, sino de cumplimiento de una sanción penal.
·
El accionante ha identificado en forma razonable los hechos
que generan la violación de los derechos fundamentales.
El actor enumera
y explica los hechos de los cuales deriva la pretendida vulneración de sus
derechos fundamentales. Por lo tanto, cumple a cabalidad este requisito.
9.1.2. Causales específicas de
procedibilidad
·
Defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución
De acuerdo con la respuesta que da a la demanda el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en la actualidad éste
ejecuta la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la
misma ciudad, mediante la cual condenó al señor Germán Augusto Gómez Valdez a
la pena de 60 meses y 15 días de prisión como responsable del delito de hurto
calificado y agravado, en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego o municiones, la que está pagando desde el 17 de enero de 2011
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
-E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán.
El mismo funcionario agrega que, por auto del 8 de septiembre de 2011,
concedió al interno mencionado la sustitución de la ejecución de la pena de
prisión por la “domiciliaria en centro hospitalario” y ordenó realizar
al sentenciado un dictamen médico legal.
Dice también que, mediante providencia del 17 de mayo de 2012, suspendió
temporalmente el beneficio de prisión “domiciliaria hospitalaria” hasta
tanto no se allegara el concepto de Medicina Legal del Cauca; ordenó al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
-E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán remitir la historia clínica actualizada y
los paraclínicos, con el fin de asignar la cita para determinar el  estado de
salud del interno y la compatibilidad del tratamiento extra o intra muros.
Aclara que el establecimiento penitenciario no se ha pronunciado al respecto[53].
En sede de revisión el funcionario judicial en referencia hace llegar
copia del auto del 8 de septiembre de 2011, cuya parte resolutiva dice en lo
pertinente:
“PRIMERO. CONCEDER la solicitud de sustitución de la
ejecución pena de prisión por la de prisión domiciliaria en CENTRO HOSPITALARIO
de los que tienen convenio con el INPEC y por parte de las entidades de salud-
CAPRECOM- encargadas de suministrar tal servicio a la población carcelaria, al
condenado GERMÁN AUGUSTO GÓMEZ VALDEZ, por existir enfermedad muy grave,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Se
concederá por el término de 3 semanas contadas a partir del traslado al CENTRO
HOSPITALARIO.
Parágrafo: Garantizará el sustituto previa suscripción
de acta de compromiso con las obligaciones del Art. 38.3 del C. Penal bajo
caución prendaria de cincuenta mil pesos.
El sitio de reclusión será en el CENTRO DE SALUD que determine el
INPEC por razones de logística y seguridad.
SEGUNDO. ORDENAR exámenes (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DEL CAUCA) periódicos al sentenciado al cabo de la 4 semana (sic) de
internación en CENTRO HOSPITALARIO, a fin de determinar si la situación que dio
lugar a la concesión de la medida persiste. En el evento de que la prueba
médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha
evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión
formal, se revocará la medida. (…)”[54]
Como puede observarse, lo dispuesto en el ordinal primero, en el sentido
de que la sustitución es por el término de 3 semanas contadas a partir del
traslado al centro hospitalario, se contradice con lo establecido en el ordinal
segundo, según el cual, después de 4 semanas de internación hospitalaria, se le
practicarán al señor Germán Augusto exámenes periódicos por Medicina Legal del
Cauca para revocar la medida de sustitución de la ejecución de la pena, en caso
de que el tratamiento sea compatible con la reclusión formal.
Cabe observar que el juzgado tomó estas decisiones en consideración a lo
dispuesto en los artículos 68 (Ley 599 de 2000), 461 y 341, numeral 4°, del
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y al dictamen de Medicina Legal
de fecha 31 de agosto de 2011, según el cual el señor Germán Augusto Gómez
Valdez padece una enfermedad muy grave, incompatible con la reclusión intra
muros, recomendando a la vez el traslado inmediato a un centro hospitalario al
menos durante 3 semanas[55].
Por otra parte, también se trajo a la actuación copia del auto de fecha
17 de mayo de 2012, emitido por el mismo juzgado, que en su parte resolutiva
expresa:
“PRIMERO: SUSPENDER temporalmente el beneficio de prisión
domiciliaria hasta tanto no se allegue el estudio o concepto por parte de
MEDICINA LEGAL DEL CAUCA, al interno GERMÁN AUGUSTO GÓMEZ VALDEZ, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 82 de la ley 65 de 1993.
SEGUNDO: ORDENAR al EPC POPAYÁN, se sirva allegar
historia clínica actualizada y paraclínicos practicados al interno ante el
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL CAUCA, tras de lo cual este organismo asignará
la cita para evaluación del paciente e interno y determinar su estado de salud
y determinar la compatibilidad del tratamiento extra o intra muros.
Eventualmente, si persiste el estado de enfermedad muy grave.
TERCERO: ADVERTIR al EPC POPAYÁN, que debe cumplir a
través de la entidad de salud y demás actores del sistema sobre el estricto
tratamiento del sentenciado de cara a preservar su salud y vida. (…)”[56]
Tales decisiones se sustentan en que, a pesar de que el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán no había cumplido la prisión “domiciliaria hospitalaria”,
ni las demás órdenes impartidas en el auto del 8 de septiembre de 2011, y, por
el contrario, sostenía que la pena debe ejecutarse intra muros, el juzgado no
podía insistir en la prisión “domiciliaria hospitalaria”, porque:
“1) La prisión domiciliaria quedó condicionada a la evaluación del
interno a partir de la 4 semana (sic), lo que a la fecha, por sustracción de
materia se ha rebasado, pues la decisión se tomó en septiembre de 2011. 2) A la
fecha necesariamente debe contarse con el nuevo concepto de medicina legal pues
se trata de una patología que evoluciona con el tiempo. 3) Llama la tención del
Juzgado que el interno haya estudiado- logrando redención de pena- entre junio
a noviembre de 2011, lo cual es incompatible de quien se dice está en un estado
de ENFERMEDAD MUY GRAVE. (…)”[57]
Ahora bien, es evidente que la motivación y la parte resolutiva de la
providencia del 17 de mayo de 2012 no solo contradicen abiertamente lo resuelto
en el auto del 8 de septiembre de 2011, en cuanto éste ordena realmente los
exámenes periódicos al recluso en Medicina Legal del Cauca “al cabo de la 4
semana (sic) de internación en CENTRO HOSPITALARIO”, sino también lo
establecido en el artículo 68 del Código Penal (Ley 599 de 2000), según el
cual, después de autorizada la privación de la libertad en la residencia del
penado o en centro hospitalario determinado por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, “el juez ordenará exámenes periódicos al
sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de
la medida persiste” y si “la prueba médica arroj[a] evidencia de que la
patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento
sea compatible con la reclusión formal, se revocará la medida”.
Por tanto, si el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán no había hecho efectiva
la prisión hospitalaria y demás ordenes impartidas en el auto del 8 de
septiembre de 2011, el juzgado no podía legalmente suspender esa medida, sino
insistir en su cumplimiento hasta cuando se realizara y luego sí revocarla en
caso de que un nuevo dictamen de medicina legal  determinara que la evolución
de la enfermedad hacía posible la privación formal de la libertad.
Además, el precitado artículo 68 tampoco establece como causal para
revocar la prisión domiciliaria u hospitalaria la circunstancia de que el
interno estudie con el fin de redimir la pena.
No cabe duda entonces que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, al proferir el fallo del 17 de mayo de 2012,
incurrió en un defecto sustantivo por no dar aplicación a lo dispuesto en el
artículo 68 del Código Penal, limitando así de manera flagrante los derechos
fundamentales del actor a la vida, a la salud y la vida en condiciones dignas.
Igualmente, desconoce abiertamente el artículo 13 de la Constitución y la
jurisprudencia de esta Corte por no darle la protección especial que merece el
accionante por ser recluso y estar gravemente enfermo de tuberculosis fármaco
resistente y VIH/SIDA.
9.2. Por otra parte, el actor interpone también su demanda contra
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad         -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán y CAPRECOM E.P.S.-S,
porque le  suspendieron el tratamiento especializado que venía recibiendo para
las graves enfermedades de tuberculosis fármaco resistente y VIH/SIDA que lo
aquejan y porque la penitenciaría no envió al Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán su historia clínica y los paraclínicos,
ni lo remitió a medicina legal para nuevo concepto médico.
Es indiscutible que por este aspecto la acción pretende el amparo de los
derechos a la vida, a la salud y a la vida digna, que, de acuerdo con la
Constitución, la Ley 972 de 2005 y reiterada jurisprudencia de esta
Corporación, ya mencionada, son de naturaleza fundamental, no están limitados
por el poder punitivo del estado y pueden ser amparados a través de la acción
de tutela, especialmente cuando el afectado es una persona privada de la
libertad y, más aún, cuando se halla afectado por enfermedades tan graves como
la tuberculosis y el VIH/SIDA[58].
En relación con la actuación que el actor censura a estas dos entidades
se cuenta con las siguientes pruebas.
El apoderado judicial de la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán
anexa con su respuesta a la demanda copia de la historia clínica en esa
institución del señor Germán Augusto Gómez Valdez, de fecha 5 de junio de 2012,
en la que consta, entre otras cosas:
“Considerando que en el momento lleva dos meses y quince días sin
tratamiento y que previamente recibió un esquema con periodos de medicación
incompleta está en riesgo de famacoresistencia extremadamente resistente XDR,
por lo que se debe tomar antes de considerar el reinicio de cualquier terapia
antituberculosa, un BK y cultivo para mycobacterias con pruebas de
susceptibilidad a los medicamentos que ha recibido en el último esquema:
Amikacina, pirazinamida, etambutol, cicloserina, ethionamida, lovofloxacina
idealmente. En el momento se sugiere reiniciar cuanto antes el esquema completo
que venía siéndole administrado y que recomendó el eferente de
farmacoresistencia del INS, hasta que se le envié copia de esta historia con la
correspondiente actualización del estado del caso para de nuevo obtener su
concepto sobre los hallazgos actuales del caso.
Idealmente y considerando el riesgo epidemiológico en un centro
penitenciario con población vulnerable, de una persona con TB farmacoresistente
con sospecha de TB XDR, se recomienda que se gestione la detención domiciliaria
de esta persona para que reciba supervisión estricta por un agente de salud o
auxiliar del área de su residencia.”[59]
Agrega que debe recibir control médico y enfermería mensual, control con
inmunólogo y neumólogo por lo menos cada 3 meses, control microbiológico
mensual y cultivo de esputo para mycobacterias, rayos X de torax cada 6 meses,
TAC de torax, monitoreo mensual de función renal (BUN, creatinina), función
hepática (TGO, TGP, transaminasas), función tiroideal (TSH, T4), audiometría
bimensual (mientras está con el inyectable), laberíntica, visual
(discriminación de colores) y hematológica. Especifica que requiere
prioritariamente control de inmunología e infectología con citometría de flujo
CD4 y CD8[60].
Como se ha visto, el accionante refiere en la demanda sobre este aspecto
que efectivamente el 5 de junio de 2012 la doctora Regina Plaza Rivera lo
examinó en la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán, pero que vino a tener
conocimiento de su dictamen solamente el día anterior a la presentación de la
tutela, es decir, el 11 de julio de 2012, dando a entender que no ha comenzado
ese tratamiento[61].
Por su parte, el asesor jurídico de CAPRECOM EPS-S responde la demanda
aceptando que esa entidad tiene contrato vigente con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- para prestar servicios médicos a los
reclusos, pero solamente del régimen subsidiado, los cuales nunca ha negado al
accionante, y que los servicios no POS deben ser autorizados por
el              -INPEC-. Guarda silencio sobre el tratamiento especializado que
se acaba de mencionar.
Tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- como el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad         -E.P.C.A.M.S.-
San Isidro de Popayán no dieron respuesta a la acción.
De otro lado, el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán afirma inicialmente que el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán no
había remitido la historia clínica, ni los paraclínicos del interno Germán
Augusto Gómez Valdez, como tampoco se había pronunciado sobre el cumplimiento
de la prisión hospitalaria ordenada en los autos del 8 de septiembre de 2011 y
17 de mayo de 2012[62].
Sin embargo, en oficio del 27 de noviembre de 2012, el mismo funcionario
judicial informa que en esa fecha recibió de la penitenciaría San Isidro de
Popayán la historia clínica del señor Germán Augusto Gómez Valdez y que por eso
pidió inmediatamente cita a Medicina Legal del Cauca para que le practique el
examen[63].
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que se acaban de examinar, se
consideran demostrados estos hechos:
- CAPRECOM EPS-S del Cauca ha prestado al accionante los servicios
médicos del régimen subsidiado, en cumplimiento del contrato suscrito con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, pero no los correspondientes al
tratamiento especializado que le fue formulado para la tuberculosis fármaco
resistente y el VIH positivo, porque el INPEC no los ha autorizado.
- El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán: (i) no cumplió la orden dada en
el auto del 8 de septiembre de 2011 de llevar a prisión hospitalaria al señor Germán
Augusto Gómez Valdez y remitió al juzgado en forma tardía la historia clínica
del interno; (ii) sin justificación alguna suspendió al mismo recluso el
tratamiento especializado para la tuberculosis fármaco resistente y el VIH/SIDA
y tampoco lo ha enviado a CAPRECOM EPS-S para que le preste esos servicios.
De tal manera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC-, a través del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán, con esas omisiones ha
incumplido:
(i) Lo dispuesto en el Decreto 1141 de 2009, modificado por el Decreto
2777 de 2010, que en su artículo 2° le impone la obligación de proporcionar a
los reclusos los servicios de salud.
(ii) El artículo 106 de la Ley 65 de 1993, según el cual es deber del
director del establecimiento de reclusión, previo concepto de médico
autorizado, ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los
casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, observando las medidas de
seguridad que cada caso amerite.
(iii) Los artículos 2°, 11, 13 y 49 de la Constitución Política, que
consagran como derechos fundamentales la vida, a la salud y a la dignidad
humana, sobre todo de personas que merecen especial protección del Estado por
encontrarse en estado de debilidad manifiesta.
(iv) La abundante jurisprudencia constitucional que se ha citado al
respecto, la cual ha insistido en que esos derechos no están limitados por el
poder punitivo del estado.
9.3. El actor solicita en el escrito de tutela que se ordene al  Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán, a CAPRECOM EPS-S, al Ministerio de Salud y Protección Social
y a la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán, adelantar en dicho centro
penitenciario campañas preventivas contra la tuberculosis.
En relación con este punto el apoderado judicial de la Empresa Social del
Estado E.S.E. Popayán sostiene que esa entidad, en unión con la Universidad del
Cauca, la Liga Antituberculosa Colombiana y las Secretarías de Salud Municipal
y Departamental, vienen trabajando desde 1999 en el programa de fortalecimiento
de atención y control de tuberculosis en la ciudad de Popayán y específicamente
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
-E.P.C.A.M.S.- San Isidro durante los meses de junio y julio del 2012.
9.4. El actor sostiene que la Procuraduría General de la Nación,
Regional, del Cauca, también le está desconociendo sus garantías fundamentales,
debido a que tiene conocimiento de su situación y graves implicaciones, pero
que no ha estado pendiente de ellas.
Sin embargo, dicha entidad ha demostrado que tales afirmaciones no son
ciertas, porque, por el contrario, procedió a informar los hechos narrados por
el actor a la Secretaría de Salud Municipal y a la Procuraduría Delegada Preventiva
de Derechos Humanos-Asuntos Penitenciarios.
Explica que, el 25 de enero de 2012, la Procuraduría participó en una
reunión en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro, a la que también concurrieron los jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, CAPRECOM EPS-S, la Personería y el
Secretario de Gobierno Departamental, con el fin de analizar la difícil
situación de prestación del servicio médico y suministro de medicamentos a los
internos con enfermedades de tercero y cuarto nivel.
Expresa que, el 19 de julio de 2012, se realizó otra reunión de esas
entidades, de carácter preventivo, atendiendo la declaratoria de urgencia en
salud hecha por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, que
prioriza los casos de enfermos de VIH/SIDA, tuberculosis y otras enfermedades de
tercero y cuarto nivel.
Acompaña copia de algunos documentos que corroboran sus afirmaciones[64] y que
demuestran su diligencia en la atención de todo el problema de salud que se ha
presentado entre los reclusos de la penitenciaría San Isidro de Popayán.
9.5. De acuerdo con los análisis precedentes, la Sala considera
que hay lugar a:
(i) Tutelar a favor del señor Germán Augusto Gómez Valdez los derechos
fundamentales  a la vida, a la salud, a la vida digna y al debido proceso, que
están siendo vulnerados por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Popayán, mediante el auto de fecha 17 de mayo de 2012; y por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a través del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad    -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán, quien ha omitido cumplir la orden de prisión hospitalaria
para el interno Germán Augusto Gómez Valdez y proporcionarle a éste el
tratamiento especializado para las enfermedades de tuberculosis y VIH/SIDA que
padece.
(ii) Dejar sin valor y efectos jurídicos el auto de fecha 17 de mayo de
2012, proferido por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, por  medio del cual suspendió la prisión hospitalaria al
señor Germán Augusto Gómez Valdez, ordenada en providencia del 8 de septiembre
de 2011.
(iii) Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
que, a través del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán, en el término de
48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, cumpla la
orden de prisión hospitalaria para el interno Germán Augusto Gómez Valdez,
impartida en el auto del 8 de septiembre de 2011.
(iv) Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
que, a través del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán, en el término de
48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, le de
estricto cumplimiento al tratamiento especializado que le ha sido formulado y
al que le sea prescrito al señor Germán Augusto Gómez Valdez para las graves
enfermedades de tuberculosis  y VIH/SIDA.
(v) Ordenar a CAPRECOM EPS-S, Regional Cauca, que asuma inmediatamente el
tratamiento integral de las enfermedades que padece el accionante,
especialmente la tuberculosis fármaco resistente y el VIH/SIDA, con derecho a
recobro por los servicios de salud no POS  que le preste a dicho interno.
(vi) Exhortar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a
CAPRECOM EPS-S, a la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán y a la
Procuraduría General de la Nación, Regional Cauca, para que, en asocio con las
demás entidades competentes, continúen adelantando campañas intensivas de
prevención de la tuberculosis en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San Isidro de Popayán.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la medida provisional ordenada mediante auto del 6 de diciembre de 2012.
SEGUNDO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Popayán, Sala
Penal, de fecha 27 de julio de 2012. En su lugar, TUTELAR a favor del
señor Germán Augusto Gómez Valdez, sus derechos fundamentales la vida, a la
salud, a la vida digna y al debido proceso.
TERCERO.- DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos el auto de fecha
17 de mayo de 2012, proferido por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, por  medio del cual suspendió la prisión
hospitalaria al señor Germán Augusto Gómez Valdez, ordenada en providencia del
8 de septiembre de 2011.
CUARTO.- ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario       -INPEC- que, a través del Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, cumpla la orden de prisión
hospitalaria para el interno Germán Augusto Gómez Valdez, impartida en el auto
del 8 de septiembre de 2011.
QUINTO.- ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario          -INPEC- que, a través del Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, le de estricto cumplimiento al
tratamiento especializado que le ha sido formulado y al que le sea prescrito al
señor Germán Augusto Gómez Valdez para las graves enfermedades de tuberculosis
y VIH/SIDA.
SEXTO.- ORDENAR a CAPRECOM EPS-S, Regional Cauca, que asuma
inmediatamente el tratamiento integral de las enfermedades que padece el
accionante, especialmente la tuberculosis fármaco resistente y el VIH/SIDA, con
derecho a recobro por los servicios de salud no POS que le preste a dicho
interno.
SÉPTIMO.- Exhortar al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario              -INPEC-, a CAPRECOM EPS-S, a la Empresa Social del
Estado E.S.E. Popayán y a la Procuraduría General de la Nación, Regional Cauca,
para que, en asocio con las demás entidades competentes, continúen adelantando
campañas intensivas de prevención de la tuberculosis en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -E.P.C.A.M.S.- San
Isidro de Popayán.
OCTAVO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-035/13
Referencia:
expediente T-3613253.
Acción de tutela
presentada por el señor Germán Augusto Gómez Valdez contra el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y otros.
Magistrado
sustanciador:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
la tutela fue presentada, en este caso, como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales, a fin de evitar la concreción de un perjuicio irremediable a un
sujeto de especial protección (portador de VIH y SIDA), debo aclarar mi voto,
pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía
de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen
para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[65], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales
(consideración 3ª), a partir de las cuales podría evocarse la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca directamente como
parte de la fundamentación, al referirse a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales (páginas 11 a 15), radica en el hecho de
que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[66],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Folio 14, cuaderno de revisión.
[2] Folio 17, cuaderno de revisión.
[3] Esta Sala de Revisión, en Sentencia T-071 de 2012, tuvo la oportunidad
de referirse sobre este mismo tema. Por lo tanto, se reiteran los argumentos
allí expuestos.
[4]
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
[6] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de
2010.
[7] “El presupuesto básico para la procedencia
del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho
fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente
relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que
para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una
de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través
de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal defecto
en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)’ Sentencia
C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004, reiterada en Sentencia
T-590 de 2006”.
[8] Corte Constitucional, Sentencias T-693 de
2009 y T-033 de 2010, entre otras.
[9] “Sobre defecto sustantivo pueden
consultarse las Sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405
de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre
otras (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[10] “Sobre defecto fáctico, pueden consultarse
las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408
de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita)”.
[11] “Al respecto, las sentencias SU-014 de
2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de
2002,  T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[12] “Sobre defecto sustantivo, pueden
consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334
de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de
2002,       T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[13] “Corte Constitucional, Sentencias T-522 de
2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[14] Corte Constitucional, Sentencias T-939 de 2005 y T-1240 de 2008, entre
muchas otras.
[15] Corte Constitucional, Sentencia T-513 de 2011.
[16] Corte Constitucional, sentencias T-871 de
1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de
2010 y T-177 de 2011,  entre muchas otras.
[17] Ver sentencia T-983 de 2007.
[18] Corte Constitucional, sentencia T­634 de 2006.
[19] Corte Constitucional, Sentencia T-879 de 2010.
[20] Fernando Velásquez Velásquez. Manual de Derecho Penal, Parte General,
2002, Editorial Temis S.A., página 111.
[21] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 17
de abril de 2012, Impugnación N° 59.780.
[22] Corte Constitucional, Sentencia C-425 de 2008.
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-615 de 2008.
[24] Mariano López Benítez, Naturaleza y presupuestos constitucionales
de las relaciones especiales de sujeción, Ed. Civitas, Madrid, 1994, Págs.
161 y 162.
[25] “La subordinación encuentra su fundamento en la obligación de todos
los individuos de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a
un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un
hecho punible”, tal y como se señaló en la Sentencia T-065 de 1995”.
[26] “Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte
identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran
sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de
algunos derechos fundamentales, en este sentido véase la Sentencia T-422 de
1992”.
[27] “Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un
régimen disciplinario para los reclusos, así en la Sentencia T-596 de 1992”.
[28] “Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un
régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995”.
[29] “Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los
reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver
entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996”.
[30] “Sentencia T-572 de 2005”.
[31] “Ibid”.
[32] Corte Constitucional, Sentencia T-615 de 2008.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2008.
[34] “Al respecto, esta Corporación en Sentencia T-714 de 1996 sostuvo
lo siguiente: ‘El ingreso de una persona a la cárcel, en condición de detenido
o condenado, significa el nacimiento a la vida jurídica de una relación de
especial sujeción entre la administración y el interno, en cuya virtud ésta
queda enteramente cobijada por la organización administrativa carcelaria o
penitenciaria. En esta relación, la administración adquiere una serie de
poderes excepcionales que le permiten modular y restringir el ejercicio de
algunos de los derechos fundamentales de los internos. Sin embargo, las
limitaciones a los derechos deben orientarse, en todos y cada uno de los casos,
al cumplimiento de la finalidad específica para la cual fue establecida por el
ordenamiento legal esa relación de especial sujeción, vale decir,  la
resocialización del delincuente y el mantenimiento del orden y la seguridad en
la prisión’.”
[35] “[cita original del aparte trascrito]
Sentencia T-706 de 1996”.
[36] Corte Constitucional, Sentencias T-023 de 2003, T-793 de 2008 y T-792A
de 2012.
[37] Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000, T-398
de 2008 y T-058 de 2011, entre otras.
[38] La norma en cita dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[39] Corte Constitucional, Sentencia T-825 de 2010.
[40] Señala la norma en mención: “Artículo 3°. Financiación del
aseguramiento de la población. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2777
de 2010. La financiación de la afiliación al régimen subsidiado de la población
reclusa en establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Inpec, se garantizará con los recursos apropiados
en el Presupuesto General de la Nación para el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, Inpec, con destino a la atención en salud de esta población. //
Igualmente financiará la prestación de servicios de salud a que hace referencia
el artículo 6° del presente decreto”.
[41] Corte Constitucional, Sentencia T-825 de 2010.
[42] Aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones
63(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
[43] La Organización Mundial de la Salud ha definido el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) como aquel que “infecta a las células del
sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un
deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
‘inmunodeficiencia’. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente
cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término
que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define
por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de
cánceres relacionados con el VIH”. Disponible en:
http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/.
[44] Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado
colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas,
especialmente el VIH/Sida.
[45] “(Virus de la Inmunodeficiencia Humana):
Retrovirus que es el agente causal del SIDA”.
[46] “(Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida): Conjunto de síntomas y signos generados por el compromiso del
sistema inmunitario de una persona como consecuencia de la infección por el
VIH. // Según la enciclopedia virtual Wikipedia: (…)  una persona padece de
sida cuando su organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer
una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que
esta infección es incontrovertible. // Cabe destacar la diferencia entre estar
infectado por el VIH y padecer de sida. Una persona infectada por el VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un cuadro de sida
cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de células a las que ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. // Para mayor información véase www.wikipedia.com”.
[47] “Cfr. Sentencia T-505 de 1992”.
[48] “Cfr. Sentencia SU-256 del 30 de mayo de 1996”.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-843 de 2004.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-792A de 2012.
[51] Folio 17, cuaderno de revisión.
[52] Folio 1, cuaderno de tutela.
[53] Folios 28 y 29, cuaderno de tutela.
[54] Folio 14, cuaderno de revisión.
[55] Folios 11 y 12, cuaderno de revisión.
[56] Folio 17, cuaderno de revisión.
[57] Ibidem.
[58] Al respecto ver Sentencias T-535 de 1998; T-750 de 2003; T-067
de 2005; T-185, T-615, T-963 y C-463 de 2006; T-948 de 2008; T-769 de 2007;
entre otras.
[59] Folio 41, cuaderno de tutela.
[60] Folios 39 a 42, cuaderno de tutela.
[61] Folio 4, cuaderno de tutela.
[62] Folios 28 y 29, cuaderno de tutela.
[63] Folio 10, cuaderno de revisión.
[64] Folios 47 a 68, cuaderno de tutela.
[65] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 de 2012.
[66] C-590 de 2005.