T-941-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-941/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte sobre procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Línea jurisprudencial
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 906/04-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
la aplicación
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Evolución en el sistema jurídico colombiano
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y ALLANAMIENTO DE CARGOS EN
LEY 906 DE 2004-Aplicabilidad del principio de
favorabilidad
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-Es es equiparable a la sentencia anticipada de la ley 600 de 2000
para efectos de invocar principio de favorabilidad
RELACION DE POLITICA CRIMINAL ENTRE LA LEY 890 DE 2004 Y LA LEY 906
DE 2004
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y ALLANAMIENTO DE CARGOS EN
LEY 906 DE 2004-Instituciones análogas con
regulaciones punitivas diversas
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RELACION CON LA LEY 906/04-Procede siempre y cuando no se esté frente a instituciones
estructurales del nuevo sistema
NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Formas de
terminación anticipada del proceso
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Persona
condenada por tráfico de estupefacientes que se acogió a sentencia anticipada y
solicita aplicación del principio de favorabilidad
Referencia: expediente T-1390972
Acción de tutela instaurada por Alix Amira Sotelo Vargas contra el
Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y contra
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil seis (2006).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión de los fallos adoptados por la Sala de Casación Penal y por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de
tutela instaurada por Alix Amira Sotelo Vargas contra el Juzgado Décimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y contra la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES
1.      Los
hechos
La señora Alix
Amira Sotelo Vargas fue capturada el 21 de junio de 2004 en el Aeropuerto “El
Dorado” de Bogotá, cuando pretendía salir del país con destino a Río de Janeiro
portando en el equipaje 6.150 gramos de heroína. Por esa razón fue procesada
por la Fiscalía Especializada de Bogotá por el delito de tráfico y porte de
estupefacientes; se acogió a la figura de sentencia anticipada y
mediante providencia del 27 de octubre de 2004, proferida por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, fue condenada a pena principal de
once (11) años de prisión y multa de seis mil (6000) SMMLV, como coautora del
delito de tráfico de estupefacientes. Se le concedió una rebaja de la pena en
la tercera parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
600 de 2000.
El Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá adelantó el cumplimiento y la ejecución de la
condena de la señora Sotelo. Su apoderado le solicitó a ese Juzgado la
redosificación de la pena, amparado en el principio de favorabilidad, conforme
el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 “que establece una mayor rebaja de la
pena a quien se haya acogido a la sentencia anticipada en la etapa instructiva”.
Mediante Auto del 26 de agosto de 2005, el Juzgado Décimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de
redosificación de la pena al amparo del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, considerando
que i.) la Ley 906 de 2004 solamente es aplicable a conductas punibles
cometidas con posterioridad al 1º de enero de 2005 y en el caso de la señora
Sotelo los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2004 y que ii.) el
procedimiento de la referida Ley 906 es propio del sistema acusatorio u oral y
solamente comenzó a regir, como se dijo, a partir del 1º de enero de 2005. (Fl.
14, cuaderno No. 2)
El Juez se refirió a los principios de legalidad y de favorabilidad
de la ley penal, establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política, y
al inciso 2º del artículo 6º del Código Penal que reitera este último. Así
mismo, señaló que con el sistema penal implantado en la Ley 906 de 2004 se
modificó considerablemente el que existía consagrado en la Ley 600 de 2000;
especialmente, sostuvo que la Ley 906 fijó claramente sus límites “espacial”,
en el artículo 530, y “temporal”, en el artículo 6º, Inc. 3º en
concordancia con el artículo 533, “rigiendo única y exclusivamente para los
delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005.”
A su juicio, “la aceptación de cargos y el consiguiente
acogimiento a sentencia anticipada consagrada en la Ley 600/00, y la aceptación
de cargos en la audiencia de imputación o la aceptación de responsabilidad
posterior a la acusación, que contempla la Ley 906/04, son actos consagrados
dentro de dos sistemas diferentes, bajo parámetros distintos, (…) son fenómenos
regulados de forma diversa en cada uno de los códigos procedimentales ya citados,
por lo que resulta (…) desacertada la aplicación del principio de favorabilidad
incoado y por lo tanto se NEGARA la redosificación de la pena deprecada.”
El Juez sostuvo que sobre la improcedencia de la redosificación de
la pena se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas, en “la adición
a su Ponencia el 7 de abril de 2005”, la cual trae en cita y expresa que “[l]a
figura del allanamiento o aceptación de cargos a que se refiere el inciso 1º
del artículo 351 de la Ley 509 (SIC) de 2004, no es equivalente a la
sentencia anticipada regulada en la ley 600 de 2000 porque la cantidad de
rebaja de pena merecida, que puede ser “hasta la mitad de la pena imponible”
para el sindicado que acepte los cargos en la audiencia de formulación de la
imputación, tiene que lograrse mediante acuerdo fiscal-imputado (bilateral)
como no lo exige el art. 40 del cpp-2000 que sólo demanda manifestación
unilateral que se premia con una rebaja fija (…)”.
Mediante Auto
del 23 de enero de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó
la decisión del Juzgado accionado, con fundamento en las siguientes razones.
(Fls. 74-79, cuaderno No. 2)
Para empezar,
aclaró que si bien es cierto el principio de favorabilidad es de aplicación
universal, no se está frente a un fenómeno de tránsito o sucesión de leyes,
sino de coexistencia de normas y que el contenido de las mismas difiere la una
de la otra tanto de su forma como de su procedimiento, lo cual trae como
consecuencia “el no poder gobernarse por la norma más favorable.”
En efecto, al
comparar las dos normas (artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y el inciso 1º del
artículo 351 de la Ley 906 de 2004) encontró que las rebajas de una son fijas y
las de la otra variables, con lo cual concluyó que no puede haber equivalencia
y en un momento determinado la aplicación de la nueva ley puede resultar más
gravosa para el imputado, acusado o condenado, todo lo cual desvirtúa la aplicación
del principio de favorabilidad.
Así, al
coexistir dos procedimientos diferentes, con filosofía, estructura y teleología
disímiles, no es válido retrotraer las instituciones del nuevo sistema de la
Ley 906 y aplicarlas a las situaciones ocurridas en vigencia del sistema de la
Ley 600, como lo sería el allanamiento a la imputación. Lo anterior, con apoyo
en la sentencia del 4 de mayo de 2005, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la aplicación
de las normas del nuevo Código Penal -Ley 906 de 2004- son aplicables por
favorabilidad a los casos gobernados por la Ley 600 “a condición de que
no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los
referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos (…)”
-Negrilla original-
Adicionalmente,
citó apartes de la sentencia del 23 de agosto de 2005, M.P. Jorge Luis Quintero
Milanés, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según la
cual “surge evidente que la comparación institucional de las dos figuras en
estudio, es decir, la sentencia anticipada del sistema procesal anterior y la
aceptación de cargos o de imputación actualmente reglada en la Ley 906 de 2004 no
son iguales, toda vez que pertenecen a sistemas procesales de
enjuiciamiento contrapuestos, conclusión lógica y jurídica que
necesariamente conlleva a excluir la pretendida aplicación del principio de
favorabilidad que reclama la Procuraduría Delegada, pues si bien es cierto
que la Sala ha admitido la operancia de la favorabilidad frente a la
‘coexistencia’ de legislaciones, también lo es que ella se verifica siempre
y cuando los institutos partan de los mismos supuestos de hecho, evento que
en este caso no ocurre (…)”. -Negrilla original-
Por lo tanto,
comoquiera que los pronunciamientos que se están citando, acogidos por la Sala,
son posteriores a los invocados por el apoderado de la sentenciada, no resulta
aplicable el principio solicitado para el asunto sometido a estudio.
2.      La
demanda
La señora Alix
Amira Sotelo Vargas, actualmente privada de la libertad en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -Reclusión Nacional de Mujeres, instauró
acción de tutela el 8 de marzo de 2006, mediante apoderado, contra el Juzgado
Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con la decisión negativa de
esos Despachos a conceder el beneficio de redosificación de la pena establecido
en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de
favorabilidad.
El apoderado de la demandante sostuvo que
el Juzgado demandado negó la solicitud de redosificación de la pena, mediante
providencia del 26 de agosto de 2005, “violando y desconociendo el principio
de favorabilidad establecido en el artículo 29 de la Carta Política”, por
lo que interpuso recurso de apelación contra esa decisión ante la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá la confirmó la decisión de primera instancia,
mediante providencia del 23 de enero de 2006, “sin haber controvertido
ninguno de los argumentos planteados.”
Así mismo, consideró que la Juez
demandada profirió el fallo en un actuar “negligente y prevaricador” en
total desconocimiento de sus deberes, pues la decisión se fundamentó en un
estudio superficial “si es que lo hizo, de los elementos jurídicos”,
pues no controvirtió los argumentos del recurrente, demostrando total
desconocimiento de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la
igualdad, así como de los principios de igualdad y de favorabilidad, pues “no
concedió la rebaja del 50 % de pena que [la accionante] se merece y que
se le ha concedido a otras personas que se han encontrado en circunstancias
similares” y se limitó “a emitir una vergonzosa y violatoria
transcripción del concepto del doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS, en el cual
hace una interpretación desde todo punto de vista ilegal y arbitraria por
cuanto olvidó el Honorable Magistrado el sagradísimo principio que consagra que
en materia Penal no se puede interpretar en forma extensiva un precepto que
le sea favorable al procesado en otros términos, si existe la norma que quiere
favorecer al sindicado con una rebaja de Pena, esta (SIC) debe
interpretarse restrictivamente y no como lo quiere hacer ver (…).”
–Subraya y negrilla originales-
Además, aseguró que la Sala Penal del
Tribunal demandado “en total desconocimiento de las providencias proferidas
y en contravía de los preceptos emitidos por otros magistrados de la Sala Penal
del mismo Tribunal de Bogotá (…)” resolvió confirmar la decisión del
Juzgado demandado.
A continuación transcribió apartes de
varias providencias[1] de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá y de varios Juzgados Penales, en las que, según
afirmó, se ha estudiado el tema concediendo el beneficio que solicita para su
poderdante.
Adicionalmente, citó apartes de la
sentencia T-1211 de 2005, de la Corte Constitucional y sostuvo que ella “NOS
CONCEDE LA RAZON EN EL SENTIDO DE QUE ES VIABLE Y APLICABLE EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD A LOS PROCESADOS QUE SE HAYAN ACOGIDO A SENTENCIA ANTICIPADA”
porque la Corte dijo que “ambos sistemas eran similares motivo por el cual
es viable que a todo condenado se le rebaje el 50% de la pena (…).”
-Mayúsculas originales-
Por lo tanto, el apoderado de la
accionante reiteró que se ha vulnerado su el derecho de igualdad de su
poderdante, al desconocerse preceptos legales y constitucionales en
contraposición al gran número de procesados a quienes les han otorgado el
beneficio que él solicita para ella. Adicionalmente, señaló que el principio de
igualdad se ha vulnerado y quebrantado al no existir unificación de
jurisprudencia, pues, como se vio, algunos jueces conceden el beneficio del 50%
de rebaja y otros no y no es justo que en esas condiciones la actora se quede
sin el beneficio, pues, además, el principio de favorabilidad debe ser aplicado
al caso de la demandante, en los términos que lo expresó la Corte
Constitucional en la sentencia antes citada.
También sostuvo que, conforme la
sentencia C-581 de 2001 de la Corte Constitucional, el principio de
favorabilidad, como parte integrante del debido proceso, se debe aplicar en
cualquier momento y en forma inmediata (C.P., Art. 85).
En consecuencia, solicitó la protección
de los derechos invocados a favor de la señora Sotelo, ordenando al Juzgado
accionado que conceda el beneficio de la rebaja de pena en virtud de los
artículos 293, 350 y 351 de la Ley 906 de 2004, ordenándole al Juzgado
accionado su aplicación.
A la demanda se anexaron los siguientes
documentos:
·
Copia del Auto proferido, el 26 de agosto de
2005, por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, dentro del proceso contra la accionante. (Fls. 14-17, cuaderno No. 2)
·
Copia de la sentencia T-1211 de 2005, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, de la Corte Constitucional. (Fls. 18-40, cuaderno No. 2)
·
Copia del Auto proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de agosto de 2005, con ponencia del
Magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, dentro de un proceso penal contra
Yesenia Guadalupe Robles Cáceres. (Fls. 41-49, cuaderno No. 2)
·
Copia del Auto proferido por el Juzgado Noveno
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 26 de agosto de
2005, dentro del proceso contra la accionante. (Fls. 50-58, cuaderno No. 2)
·
Copia del Auto proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de enero de 2006, dentro del proceso
adelantado contra la accionante. (Fls. 59-64, cuaderno No. 2)
3.       Trámite de instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante Auto del 9 de marzo de 2006, admitió la demanda y
ordenó i.) enterar a los accionados de esa decisión, ii.)
correrles traslado para que ejercieran su derecho de contradicción y iii.)
oficiar al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá para que a.) remitiera copia de la sentencia condenatoria
proferida contra la demandante e b.) informara si contra esa decisión se
interpusieron recursos de apelación y de casación o si se encuentra debidamente
ejecutoriada. (Fl. 66, cuaderno No. 2)
4.       Contestación de la demanda
4.1.
Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá
La Juez Décima de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante oficio 0223-10 del 13 de marzo de
2006, contestó la demanda indicando que desde el momento en que recibió el
proceso penal en su Despacho, el 29 de noviembre de 2004, en forma diligente y
en cumplimiento de los principios de celeridad, inmediatez y demás, se ha dado
trámite al mismo y a las peticiones allí presentadas dentro de los términos de
ley, ordenando el impulso procesal de la manera que informó en detalle, fecha
por fecha, cada actuación surtida. Anunció el anexo de copia de la referida
providencia, pero no fue allegada al proceso.(Fls. 81-83, cuaderno No. 2)
4.2.    Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Penal-
El Magistrado
Javier Armando Fletscher P., mediante oficio No. 0049 DM del 14 de marzo de
2006, respondió la demanda en el sentido de informar que en ese Despacho se
conoció el recurso de apelación contra el Auto del 26 de agosto de 2005, por
medio del cual el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá negó la redosificación de la pena y la aplicación del principio de
favorabilidad a la sentenciada Alix Amira Sotelo Vargas y que mediante Auto del
23 de enero de 2006 se confirmó esa decisión, regresando el proceso a la
oficina judicial de origen, por lo que en el archivo sólo reposaba copia de
esta providencia, de la cual anexó copia. (Fls. 73-79, cuaderno No. 2)
5.      Sentencias
objeto de revisión
5.1.   Primera
instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 21 de
marzo de 2006, negó la tutela considerando que i.) la procedencia de la
acción de tutela está “limitada tan sólo a aquellas actuaciones que de
manera grosera se aparten de la juridicidad, ya sea porque fueron emitidas de
manera arbitraria o con desconocimiento total de los valores, garantías y
derechos consagrados en la Constitución” y que ii.) “[d]entro
de la autonomía que se garantiza y reconoce al funcionario judicial está la de
interpretar las normas para resolver el caso concreto”, labor que “permite
que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma
sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras”,
lo cual no implica la procedencia de la acción de tutela, pues la
razonabilidad ocupa un lugar importante a la hora de realizar la valoración
respectiva.” (Fls. 84-99, cuaderno No. 2)
A continuación,
afirmó que en otros fallos de tutela que ha proferido la misma Sala (el 21 de
febrero de 2006 dentro del radicado 24.282, reiterado en el del 14 de marzo del
mismo año dentro del radicado 24.588), se presentaron situaciones de hecho y de
derecho idénticas a la que está en estudio, por lo que nuevamente reiteró los
argumentos allí expuestos, transcribiéndolos ampliamente, en los que sostuvo,
básicamente, que en los casos de sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 no
es posible invocar, por favorabilidad, la aplicación “de las rebajas más
generosas del nuevo sistema”, de la Ley 906 de 2004, donde está la figura
del allanamiento de la imputación, “de todas maneras establecidas respecto a
delitos con penas incrementadas en virtud de la Ley 890 de 2004”, que no
operan para los casos que se rigen por el primer sistema.
Lo anterior,
porque “pese a poseer uno y otro mecanismo de terminación anticipada del
proceso características comunes, no son iguales” y guardan diferencias
fundamentales (según sentencia C-592 de 2005), que explicaron a través de la interpretación
que le ha dado la Sala mayoritaria a la aplicación de la figura del
allanamiento a la imputación, de la Ley 906 de 2004, y las diferencias que
presenta con la aplicación de la figura de la sentencia anticipada, de la Ley
600 de 2000, tal como la Sala lo concluyó en sentencia de casación 21.954 del
23 de agosto de 2005, en la que indicó que la sentencia anticipada de la Ley
600 no tiene “institución procesal idéntica en la ley 906 de 2004 como para
contemplar la posibilidad de una rebaja eventual de ésta más favorable a casos
que finalizaron o finalicen anticipadamente con fundamento en el artículo 40 de
la Ley 600 de 2000.”
En efecto, la
Sala mayoritaria consideró que la aceptación de cargos (Ley 906 de 2004, Arts.
351, 352, 356-5 y 367) es, por regla general, un acuerdo bilateral donde el
imputado y el Fiscal pueden llegar a acuerdos sobre el monto de la rebaja de
pena y que obligan al Juez, salvo que con ellos se desconozcan garantías
fundamentales, mientras que en la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000
(art. 40) no permitía ningún tipo de negociación y al juez le correspondía
determinar la pena “conforme al acto libre, voluntario y unilateral
manifestado por el procesado”.
Desde esa
perspectiva, surge que las dos figuras no son iguales toda vez que “pertenecen
a sistemas procesales de enjuiciamiento contrapuestos, conclusión lógica y
jurídica que necesariamente lleva a excluir la pretendida aplicación del
principio de favorabilidad” pues, aunque la Sala ha admitido la operancia
de la favorabilidad frente a la “coexistencia” de legislaciones, ella se
verifica “siempre y cuando los institutos partan de los mismos supuestos de
hecho”.
De otra parte,
la Sala explicó que con la reforma constitucional del Acto Legislativo 03 de
2002 se pretendió la creación de un sistema procesal penal de partes, que
efectivamente se logró con la expedición de la Ley 906 de 2004, en el cual
operan i.) el principio de consenso (art. 348), según el cual el Fiscal
(con observancia de las directivas de la Fiscalía y las pautas trazadas de
política criminal) y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos o
acuerdos que impliquen la terminación del proceso, y ii.) el principio
de oportunidad.
Así mismo, la
Sala señaló que entre las finalidades de la norma que establece las
negociaciones y acuerdos, está la de “lograr la participación del imputado
en la definición de su caso”, originada en el principio democrático de
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (C.P.,
Art. 2º) y vinculada con la idea de una justicia en la que “el procesado
siempre cuenta con la opción de anticipar la sentencia a cambio de una rebaja
en la pena, así la Fiscalía se niegue a conversar con él para negociar”,
mediante la aceptación -allanamiento- de cargos, aunque con diferente impacto
en la pena a imponer según el momento procesal en que se presente, “debiéndose
eso sí acordar con la Fiscalía la porción de la rebaja punitiva en todos aquellos
casos en que la misma sea flexible y no automática”.
A continuación explicó que la aceptación de cargos establecida en el
modelo procesal de la Ley 906 de 2004, implica una negociación entre las partes
para convenir la rebaja, lo cual la convierte en uno de los tipos de acuerdos a
los que se puede llegar dependiendo del momento procesal en que ella se dé. De
manera pues que, la Sala reiteró que “la conclusión de que la sentencia
anticipada de la ley 600 de 2000 y la aceptación de cargos de la ley 906 de
2004 no son lo mismo y, en consecuencia, no es viable aplicar por favorabilidad
ninguna rebaja de ésta (SIC) última”.
Respecto de esta
decisión se presentaron 3 salvamentos y 2 aclaraciones de voto, que a
continuación se sintetizan.
La Magistrada Marina
Pulido de Barón salvó el voto apartándose de la decisión mayoritaria que se
negó a examinar la posibilidad de actualizar para la demandante la rebaja de
pena por allanamiento a los cargos, prevista en la Ley 906, que en términos
cuantitativos resulta más benéfica que la prevista para la sentencia anticipada
de la Ley 600.
Lo anterior
porque, a pesar que la Sala ha orientado su criterio hacia la aplicación
favorable de las normas de la Ley 906 a actuaciones adelantadas en vigencia de
la Ley 600, “siempre que se trate de disposiciones de carácter sustancial
que regulen de manera más benigna al procesado institutos procesales análogos”,
no hay “razón plausible para no proceder a ello cuando la jurisdicción se
encuentra frente a figuras de terminación abreviada del proceso que con
diferente nombre, pero con igual esencia, aparecen consagradas en las
codificaciones adjetivas penales.”
En efecto, la
Magistrada explicó que ambas normas procesales ostentan la misma naturaleza y,
por lo tanto, “reclaman igual tratamiento punitivo”, con fundamento en
las siguientes razones:
i.) La sentencia anticipada, introducida por primera vez en el Código
de Procedimiento Penal de 1991, como lo dijo la misma Corte (casación del 6 de
mayo de 1997 dentro del radicado 12.913), “si bien resulta extraña a la
práctica judicial nacional (…) irrumpió en el ordenamiento procesal en armonía
con el principio constitucional de que los ciudadanos tienen derecho a
participar en las decisiones que los afecten (art. 2º de la Carta Política)”;
ii.) la sentencia anticipada y la audiencia especial (suprimida en el
Código de 2000), como modalidades de la terminación abreviada del proceso,
tienen sus equivalentes en el Código de 2004, en la aceptación de la imputación
o allanamiento a cargos (Arts. 288, 293 y 351) que suponen “aceptación
unilateral de responsabilidad” y en los preacuerdos y negociaciones (Art.
348 y ss.) que “se verifican a través de un acuerdo entre imputado y
fiscalía sobre la naturaleza y términos de la acusación que se formulara (SIC),
en torno a la cual se obtiene un consenso, a cambio de beneficios no siempre
representados en rebaja de pena”;
iii.) aunque la norma que regula el allanamiento a la imputación hace una
remisión al artículo 351 de la Ley 906, sobre las modalidades de los
preacuerdos y negociaciones, no por ello se pueden asimilar estas dos figuras,
porque a.) el allanamiento a la imputación supone un acto unilateral de
aceptación de la responsabilidad, mientras que los preacuerdos son fruto de la aproximación
entre las partes (imputado-fiscalía), a partir de la cual se conviene o los
términos de acusación o la cantidad de pena a imponer, a condición de que se
acepte la responsabilidad; b.) se trata de dos modalidades diversas de
terminación abreviada del proceso, pues aunque el artículo 293 indica que el
allanamiento a la imputación puede darse por manifestación unilateral del
imputado o por acuerdo con la Fiscalía, para efectos de determinar la rebaja de
pena a que se haría acreedor quien acepta voluntariamente los cargos, no por
ello se puede considerar que la aceptación unilateral “se convierta en un
acto consensuado”; c.) la aceptación de cargos establecida en el
artículo 351 sólo puede entenderse referida a los eventos en que haya
preacuerdos o negociaciones y no extensiva al allanamiento a la imputación,
porque ésta no implica consenso previo, en cuanto al monto de la rebaja que
corresponde dosificarla al juez; d.) si la manifestación unilateral es
una forma de preacuerdo, la Fiscalía estaría obligada a negociar con el
imputado y los efectos del acto voluntario de éste quedarían sometidos a
aquella, lo que “no parece enmarcarse dentro de la nueva sistemática penal
que ha recuperado para el juez el monopolio de la administración de justicia”
salvo en lo referido a los preacuerdos para los casos taxativamente señalados
en la ley; e.) para el allanamiento a la imputación se prevé “una
rebaja que pondera el juez”, para los preacuerdos “quedó
establecido un régimen en el que dicha rebaja, en caso que se opte por esta
forma de negociación, es determinada por el Fiscal, dentro de los
parámetros que le fija la ley”, esto, al confrontar los artículos 288, num.
3º, 356 y 367, que regulan las consecuencias de la aceptación unilateral de
cargos en diferentes etapas del proceso, con rebajas variables que corresponde
conceder al juez, mientras que tratándose de preacuerdos o negociaciones, esas
consecuencias están establecidas en los artículos 369 y 370, de las que se
destaca que el juez no puede imponer una pena superior a la solicitada por el
Fiscal. Igual sucede con las disposiciones de los artículos 356 para el
allanamiento a cargos y 352 para los preacuerdos, que establecen “una
rebaja hasta una tercera parte” y “una rebaja fija de la tercera
parte”, respectivamente, lo que sugiere la clara voluntad del
legislador “de dejar un margen de discrecionalidad al Juez, que no a la
Fiscalía, para fijar  la rebaja en caso de aceptación voluntaria y libre de
cargos”. -Negrilla original-; f.) en el allanamiento a cargos la
rebaja depende “exclusivamente de que se produzca una aceptación libre,
espontánea e informada de la imputación y sólo a condición de ello produce
efectos”, mientras que en los preacuerdos se requiere de ellos mismos para
que opere la rebaja, pero en estos casos, además,  también se puede negociar la
eliminación de agravantes, o de cargos, o la tipificación de la conducta de una
forma específica con miras a reducir la pena;
iv.) el cotejo de la norma que establece el allanamiento a cargos de la
Ley 906 con la norma que contempla la sentencia anticipada de la Ley 600
permite concluir que las rebajas de pena de ambas legislaciones “responden a
una misma filosofía, consistente en recompensar la disposición del imputado a
admitir su responsabilidad penal frente a los delitos que se le imputan,
evitando con ello el mayor desgaste del aparato estatal que comporta la
tramitación íntegra de la actuación procesal” y, para finalizar,
v.) citó las consideraciones de la Corte Constitucional para conceder
la tutela en un caso similar al que está en estudio, en la sentencia T-211
(SIC) del 24 de noviembre de 2005.
El Magistrado
Alfredo Gómez Quintero salvó su voto considerando que la vulneración de la
garantía al debido proceso, concretado en la favorabilidad, se configura al
dejar de aplicar la norma constitucional que protege el derecho superior “bien
porque se le excluya de manera directa, ora porque la interpretación  que se le
dé desconozca el alcance protector que la caracteriza” como sucedió –“mutatis
mutandis”- en el caso en estudio, porque dejaron de aplicarse el artículo
29 superior en concordancia con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que
sería la solución más “ventajosa”.
En efecto, a su
juicio, la Ley 906 retomó el proceso abreviado regulando como mecanismos de
terminación anticipada “bajo la genérica forma de la aceptación de cargos
las especies del allanamiento y de los acuerdos (denominados indistintamente
también preacuerdos o negociaciones)” que ofrecen independencia y autonomía
para llegar, sin condicionamiento a otra, al camino más corto hacia la
sentencia de condena, como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia
T-091 de 2006, que trae en cita.
A continuación
explicó las diferencias que particularizan a cada una de esas figuras como mecanismos
de terminación abreviada del proceso. Ellas son:
a.) en el preacuerdo se puede acceder aún por encima de lo propuesto
por el defensor (Art. 354, inc. 1º) como excepción a la regla general que
establece la prelación de la pretensión de la defensa técnica respecto de la
del acusado (Art. 130);
b.) en el allanamiento la intervención del Fiscal se agota una vez
formulada la imputación, porque en esta especie no hay más que “un simple
acto de liberalidad, de unilateralidad, de acogimiento, de aceptación” lo
que descarta la participación del Fiscal en la búsqueda del allanamiento,
mientras que en el preacuerdo hay “bilateralidad” sobre acerca de lo que
será tema de definición judicial por parte del juez, que está obligado salvo
que pruebe violación de garantías fundamentales;
c.) el allanamiento a cargos ofrece tres oportunidades procesales para
su materialización “todas ellas perfectamente identificables, precisas en su
invocación, inflexibles” a saber: 1.) en la audiencia de la
formulación de la imputación (Art. 288) “donde surge la “posibilidad del
investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de
conformidad con el artículo 351” (num. 3 idem) norma a la que se llega por vía
de remisión exclusivamente en la búsqueda del factor deducible, y únicamente
con ese específico objetivo, no sólo porque únicamente en aquel evento y en
este aspecto -el descuento punitivo- la ley asimila las dos figuras, sino
porque lo demás que en éste (SIC) último dispositivo se señala (acuerdo
y consignación en el escrito de acusación) únicamente tiene aplicación cuando
ha mediado preacuerdo o negociación con el fiscal, tal como lo explica el hecho
de que ese procedimiento esté dentro del capítulo único del título II
‘preacuerdos y negociaciones’. La rebaja señalada es de “hasta la mitad de la
pena imponible”; 2.) en la audiencia preparatoria (Art. 356-5) en la
que si el acusado manifiesta que acepta los cargos la reducción será hasta en
la tercera parte de la pena a imponer y 3.) en la alegación inicial en
el juicio oral, cuando el acusado se declare “voluntaria, espontánea y
unilateralmente culpable -total o parcialmente-”, con lo cual “tendrá
derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los
cargos aceptados”, tal y como, según afirmó, lo indicó la Corte
Constitucional en la sentencia T-091 de 2006, antes referida.
Por su parte, en
los acuerdos, preacuerdos o negociaciones la ley es más “elástica o
flexible” en cuanto a los momentos para acceder a ellos: a.) desde
la formulación de la imputación y hasta antes de presentarse el escrito de
acusación (Art. 350), caso en el cual la reducción será hasta de la mitad de la
pena a imponer (en concordancia con el inciso 1º del artículo 351); b.)
desde la presentación de la acusación hasta el momento del interrogatorio al
acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad
(Art. 352), caso en el que, de manera fija, la pena imponible será reducida en
una tercera parte y c.) en el juicio oral “no sólo como fruto de una
manifestación unilateral, como se vio, sino como producto de un preacuerdo,
aspecto éste sobre el cual deberá interrogar el juez (art. 368 inc. 1º), caso
en el que el fiscal indicará al juez su pretensión punitiva (art. 369)”.
d.) el allanamiento procede respecto de cualquier delito, porque no hay
norma específica que la limite, en cambio, en los preacuerdos el legislador
restringió su aplicación a algunos delitos “o por lo menos condicionando su
procedencia al reintegro del incremento patrimonial obtenido como fruto del
delito” (Art. 349);
e.) y f.) el allanamiento se manifiesta unilateralmente sin
necesidad de alguna actividad previa por ser un acto autónomo, espontáneo e
individual, pero lo hace una vez formulada la imputación, en audiencia
preliminar, frente al juez de control de garantías (Art. 286); en cambio, el
preacuerdo requiere conversaciones previas necesarias para definir los términos
del acuerdo, sin que la ley tenga prevista alguna audiencia preliminar para el
efecto y sin que el juez de control de garantías tenga injerencia alguna;
g.) por la manera como se tramitan el allanamiento y los preacuerdos,
en el primero el juez no debe manifestar su aprobación previa, en tanto en el
segundo sí debe manifestar dicha aprobación;
h.) en el allanamiento no hay lugar a la retractación en tanto que para
los preacuerdos está normativamente previsto que antes de la aceptación que
debe manifestar el fallador, cualquiera de los intervinientes (fiscal o
imputado) puedan retractarse (Art. 293, Inc. 2º);
i.) el allanamiento se caracteriza por la ausencia de condicionamiento
por parte de los intervinientes, pues precisamente el acuerdo encuentra su
razón de ser en la negociación o pacto sobre la eliminación de “una
circunstancia de agravación, el reconocimiento de una atenuación, la variación
de la tipicidad que comporte efectos punitivos benéficos, o sobre los hechos
imputados y sus consecuencias, las que bien pueden orientarse hacia la pena en
sí o hacia un mecanismo sustitutivo de la misma, etc. (cfr. Arts. 350 y 351)”;
j.) el acuerdo de la pena pactada obliga al juez, siempre que se
respeten las garantías fundamentales (Art. 370), pues no puede imponer pena
mayor a la solicitada por la Fiscalía, mientras que frente al allanamiento ese
convenio punitivo “es refractario a la figura”;
k.) en el caso del allanamiento, el juez está obligado a la aplicación
de del sistema de cuartos para la aplicación de la pena, en tanto que existe
prohibición legislativa para el juez, cuando se acude a la figura de la
negociación, sobre la utilización del dicho sistema (Ley 890 de 2004, Art. 3º),
salvo cuando el preacuerdo se refiera a aspectos diferentes a la pena, caso en
el cual “al juez no le queda opción distinta a la de acudir al sistema de
cuartos”; en este aspecto, el Magistrado citó la sentencia T-091 de
2006 de la Corte Constitucional, y,
l.) el tratamiento benéfico de la rebaja en ambas figuras cuando se
lleva a cabo en la segunda oportunidad es diferente ya que cuando el
allanamiento se expresa en la audiencia preparatoria la rebaja de la pena es “hasta
la tercera parte” (Art. 356, num. 5º), es decir es móvil, en tanto
que si el preacuerdo se materializa “Presentada la acusación y hasta el
momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral …la pena
imponible se reducirá en una tercera parte” (Art.352, inc.
2º), es decir, es fija. -Negrilla, subraya y bastardilla originales-
En ese orden de
ideas, el Magistrado sostuvo que las dos figuras de terminación abreviada del
proceso, que deben culminar necesariamente con sentencia condenatoria, son
diferentes en su contenido, alcance, modalidades, características y efectos, de
manera que no hay razón para que puedan “confundirse, conjugarse o
mezclarse”.
De otra parte, consideró que no tiene cabida el argumento según el
cual en el artículo 351 se regula el allanamiento, pues la Ley 906 en el Título
II y en su capítulo único (Arts. 348 y ss.) desarrolla exclusivamente el tema
de los preacuerdos y en sus siete artículos para nada se refiere al
allanamiento, sin perjuicio de que éste se encuentre inmerso en el artículo
351, numeral 1º y que sólo se toma para efectos de establecer el monto de la
rebaja, pues para ambas figuras es igual cuando se materializa en la primera
oportunidad.
Todo lo anterior deja en claro que la sentencia anticipada de la Ley
600 es esencialmente igual al allanamiento de la Ley 906 “no sólo en cuanto
que ambos son especies de derecho premial, sino también porque los dos
persiguen idénticos fines como la economía procesal, la realización de la
justicia material, el efectivo castigo al delincuente y la descongestión
judicial”.
En efecto, el
Magistrado enunció las similitudes de la figura de la sentencia anticipada y
del allanamiento así: “(i) tanto el allanamiento como la sentencia
anticipada se surten ante funcionario judicial (juez de garantías en Ley 906,
fiscal en Ley 600); (ii) en ambas actuaciones debe estar el imputado asistido
de defensor, sin importar el momento en que se lleven a cabo, (iii) las dos se
pueden ejecutar en una misma fase procesal, esto es, tanto en la investigación
como en el juzgamiento; (iv) las dos exigen como presupuesto la vinculación del
imputado a la actuación (formulación de la imputación o indagatoria,
respectivamente); (v) una y otra se pueden solicitar desde el momento mismo de
la vinculación; (vi) en las dos hay de por medio una manifestación unilateral,
espontánea, de responsabilidad o de aceptación de cargos; (vii) las dos exigen
admisión de cargos sin condicionamiento alguno; (viii) en ambas el funcionario
judicial ante quien se aceptan (fiscal o juez de garantías) pierden competencia
al suscribirse el acta correspondiente; (ix) las dos figuras comportan que el
allanamiento o la aceptación sirven como acusación y de fundamento a la
sentencia; (x) frente a las dos el fallo es condenatorio e implica una rebaja
de pena; (xi) en ninguna de las dos es admisible la retractación; (xii) en las
dos, el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o
decretar la nulidad, dependiendo de si se afectaron o no garantías
fundamentales; (xiii) ambas admiten las aceptaciones parciales; (xiv) tanto en
una como en otra para su concreción punitiva el juez debe acudir al sistema de
cuartos; (xv) frente a la sentencia al condenado y a su defensor se les limita
el interés jurídico para recurrir, como que -entre otros- ni sobre la
responsabilidad, ni sobre las pruebas pueden impugnar el fallo; (xvi) para el
trámite de las dos el imputado sindicado debe renunciar a algunas garantías  fundamentales
como la presunción de inocencia, a un juicio completo, a no declarar contra sí
mismo, etc.; (xvii) finalmente, en ninguna de las dos, acusado y/o fiscal
tienen injerencia (ni siquiera para sugerirla) en el monto de la pena y en el
procedimiento a seguir para su tasación”.
El Magistrado
manifestó que ese pensamiento suyo es coincidente con el de la Corte
Constitucional expresado en la sentencia T-091 de 2006.
A continuación comparó las rebajas a que se haría acreedora una
persona al someterse a cada una de las figuras -la sentencia anticipada y el
allanamiento- en los momentos que la ley estableció, de lo cual concluyó que si
se dan en el primer momento “al rompe refulge la advertida disparidad de
tratamiento de la rebaja y como consecuencia de ello la obligatoria aplicación
de la favorabilidad dado que la final operación mostrará necesariamente una
pena desigual.
En efecto, el
Magistrado explicó que la sentencia anticipada (Ley 600) es viable en dos
oportunidades y comporta i.) una rebaja punitiva fija de una tercera
parte de la sanción imponible, cuando se acude a partir de la indagatoria y
hasta antes de que cobre ejecutoria el cierre de investigación (primera
oportunidad) y ii.) de una octava parte, cuando se aceptan los cargos
una vez proferida la resolución de acusación y hasta antes de quedar en firme
el auto que señale la fecha y hora para la audiencia de juzgamiento. Por su
parte, el allanamiento a cargos (Ley 906) se puede dar en tres oportunidades y
comporta: i.) una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, cuando
se da en la audiencia de formulación de la imputación (primera oportunidad); ii.)
una rebaja de hasta la tercera parte cuando se da en la audiencia preparatoria
y iii.) una rebaja fija de la sexta parte cuando se da al comienzo del
juicio oral.
Así las cosas,
para el Magistrado es claro que “la favorabilidad se inclina por la nueva
normatividad, dado que -en todo caso- las rebajas previstas en ésta son mayores
que las regladas por la Ley 600 para las dos ocasiones en que la sentencia
anticipada puede tramitarse.”
Adicionalmente,
explicó que aunque el mínimo de la rebaja establecida en la Ley 906, para la
primera oportunidad de allanamiento, podría ser de un día, con lo cual no se
muestra claramente la ventaja, es claro que esa rebaja tiene que ser superior a
la tercera parte, porque si aplica una menor o igual se le daría el tratamiento
punitivo de quien se allana en la segunda oportunidad, en la que se estableció
un monto máximo de la tercera parte, como se vio anteriormente. En otras
palabras, el monto de la rebaja en la primera oportunidad (que es hasta de la
mitad de la pena) debe superar el máximo de la segunda (que es de la tercera
parte) así sea en un día, de manera que el allanamiento en la primera
oportunidad siempre comportará una rebaja mayor a la tercera parte de la pena a
imponer y, por lo tanto, será más significativa que la prevista en la Ley 600,
para la primera oportunidad (que es fija en una tercera parte) con lo cual se
genera necesariamente, la aplicación de la garantía establecida en el artículo
29 de la Constitución Política.
Para finalizar, el Magistrado señaló que se está frente al fenómeno
de favorabilidad, dados los presupuestos constitucionales de cometerse un
delito en vigencia de una ley a la que la sucede otra en el tiempo o que por lo
menos coexisten, siendo una de ellas más favorable, de manera que, además de
los jueces de conocimiento, el de ejecución de penas está facultado para
aplicar la favorabilidad, tal como lo autorizan los artículos 79-7 de la Ley
600 y 38-7 de la Ley 906, “cuando por una ley posterior haya lugar a reducción
o modificación de la sanción penal, y no hay duda que la
que regula la figura en estudio apareja modificación-reducción de la pena”.
En conclusión, sostuvo que habiéndose acogido la accionante a
sentencia anticipada en la etapa de instrucción (Ley 600) debió prosperar la
tutela, “sin atender lo que se calificó como interpretación razonable, dado
que una valoración de tal entidad no tenía cabida cuando ese juicio de valor se
aparta del alcance protector de la norma constitucional”.
El Magistrado
Edgar Lombana Trujillo salvó su voto considerando que el debate sobre la
procedencia de la aplicación favorable de los efectos que frente a la sentencia
anticipada puede tener la Ley 906 de 2004 debió conducir a “tomar una
posición interpretativa que se ajuste en verdad al concepto, contenido y
alcances que la propia jurisprudencia de esta Sala le ha dado al principio de
favorabilidad.”
En efecto, el
Magistrado estimó que “casos como este, hoy por hoy, constituyen el tema
objeto de discusión en una importante proporción en las acciones de tutela
interpuestas en toda la extensión jurisdiccional del país, y que la Corte ha
debido conocer en primera y segunda instancia necesariamente terminarán
convenciendo a la Sala sobre la necesidad de replantear su posición, no como
acto de sumisión o acatamiento a criterios impuestos  por la fuerza, sino por
la razonabilidad, objetividad y justicia que conllevan”.
A continuación,
manifestó que, contrario a lo resuelto por la Sala mayoritaria, el allanamiento
a la imputación y la sentencia anticipada “se asimilan en lo sustancial: la
voluntad libre del imputado o procesado a aceptar su responsabilidad en el
delito o delitos que se le imputan, a sabiendas de que renuncia a cualquier
controversia de tipo probatorio, a ejercer actos de defensa y asume sin ambages
una sentencia de condena, en la que el Juez, como consecuencia de ese
comportamiento procesal sincero y decidido, que contribuye a cumplir los
propósitos de una pronta, eficaz y cumplida justicia, compensa con la
sustancial rebaja de pena señalada en la ley.”
Si lo anterior
es así, señaló el Magistrado, “es claro que el principio de favorabilidad
debe sobreponerse a cualquier intento de interpretación que pretenda desoírlo
con diferenciaciones tan sofísticas como las que se han venido haciendo, y que
han sido precisamente, las que más duramente se han criticado por no consultar
los propósitos de la norma, ni los principios y valores que inspiran esa clase
de derechos constitucionales, cuya fuerza normativa, impone justamente que
sirvan de criterio orientador a la hora de fijar el contenido y alcance de las
disposiciones legales que se han dictado bajo su marco”.
Por lo tanto,
consideró que la sentencia de la cual se apartó, partió de un supuesto “equívoco
y sofístico” porque la apreciación de que no son equiparables sólo es
comprensible a partir de la obvia razón de que es imposible que fueran
procesalmente idénticas, pues al pertenecer a sistemas bien diversos, no pueden
gozar de características iguales.
Por lo tanto, el
análisis de comparación no puede reducirse a actos de comparación objetiva,
sino a la constatación en su contenido material, por eso desde el punto de
vista sustancial, su naturaleza, fines y alcances de ambas, el legislador se
propuso lograr una pronta, eficaz y cumplida justicia (Ley Estatutaria de
Administración de Justicia) y hacia eso apuntaba el Decreto 2700 de 1991 cuando
estableció la sentencia anticipada y más adelante la Ley 81 de 1993 que
adicionó el C.P.P. con la audiencia especial (que desapareció con la Ley 600 de
2000), de modo que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido
abundante al reiterar que la sentencia anticipada significa para el Estado un
ahorro de esfuerzos del aparato judicial que tiene como prestación para el
sindicado una rebaja de pena, cuyo monto depende de la etapa en que aquel
decida libre y voluntariamente allanarse a los cargos. Así, las normatividades
anteriores buscaban avanzar de un sistema procesal netamente inquisitivo a uno
acusatorio, cuya transición ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley 906 de
2004, respecto de todo lo cual se deben afrontar las consecuencias.
El Magistrado
Mauro Solarte Portilla aclaró su voto en el sentido de expresar que en la Ley
906 la terminación “prematura” del proceso se puede dar o por la simple
manifestación unilateral de los cargos por parte del imputado o como producto
de una negociación entre éste y la Fiscalía, pues se trata de dos institutos
diversos que deben tener un desarrollo procesal diferente. Asegura que su
argumentación “mira más a los sistemas; al entorno normativo, a su génesis,
a su teleología”.
Por lo tanto,
resalta que la Sala hizo notar la “relación indisoluble” entre el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y el artículo 351 de la Ley 906, como se
expuso en otra sentencia de tutela (radicado 24.020 del 7 de febrero de 2006),
de donde se concluye que las dos leyes tienen origen y filosofía comunes,
fueron expedidas al amparo del Acto Legislativo 03 de 2002, tiene por objeto
desarrollar el nuevo sistema, de manera que quedó manifestada una política
criminal “que no puede reducirse sólo a los preacuerdos” y, por lo
tanto, la “oferta de la posibilidad de mayor rebaja, rige para las dos
especies aludidas.” Al respecto el Magistrado citó in extenso las
consideraciones plasmadas por él en otro proceso de tutela (radicación 21.954),
en las que concluyó que el aumento de penas en el nuevo sistema de la Ley 906
responde a una estrategia de política criminal dirigida a evitar que el proceso
cumpla con todas sus etapas, como regla general, mientras que las figuras de
sentencia anticipada y la audiencia especial de la Ley 600 eran la excepción a
la manera normal de acabar el proceso. En otras palabras, “lo que antes era
la excepción, ahora es la norma”.
De otra parte,
el Magistrado hizo referencia a la sentencia C-543 de 1992 de esta Corte
mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, salvo en situaciones extremas como “cuando
el juez en su actuación renegaba abiertamente de la legalidad y la suplantaba
con su propio capricho, de modo que aquella solo aparentaba ser una decisión
judicial”, tal como, según afirma, lo puntualizó la misma Corte
Constitucional en las sentencias T-470 de 1994, T-008 de 1998 y SU-563 de 1999,
las cuales trae en cita, pero, prosiguió, “ese norte se ha extraviado”.
En efecto,
sostuvo que el concepto de vía de hecho “tan dispendiosamente trabajado por
la doctrina constitucional ha ido desnaturalizándose en su verdadero sentido,
significación y alcance, hasta llegar al desolado panorama actual en el que
para la prosperidad del amparo basta y sobra con que el Juez Constitucional no
esté de acuerdo con el legítimo ejercicio hermenéutico del juez que por expreso
mandato constitucional está llamado a resolver el caso, con autonomía e
independencia (…), así sean muy buenos los argumentos que utilice en sustento
de su determinación (…) [y] con ello se les ha asestado una herida
mortal a la seguridad jurídica y a la soberanía judicial.” Y agregó que “[d]ígase
lo que se diga, lo irrefutable es que por este atajo se está desconociendo cada
vez más patentemente un fallo de constitucionalidad [se refiere a la
sentencia C-543 de 1992] que a todos obliga, empezando por la autoridad que
lo expidió.” En consecuencia, consideró que en el presente caso la tutela
resulta improcedente porque se trata de “una cuestión opinable, que no
porque se comparta, significa que la decisión ameritada no corresponda a la
delicada misión constitucionalmente asignada a los jueces de apreciar y valorar
la prueba recaudada, y asímismo (SIC) interpretar y aplicar las
disposiciones normativas insertas en el ordenamiento jurídico, como se indica
en el fallo.”
El Magistrado
Sigifredo Espinosa Pérez aclaró su voto, en un extenso escrito, considerando
que si bien adoptó la decisión mayoritaria, era necesario aclarar su
voto para “exponer una visión omnicomprensiva al fenómeno de la
favorabilidad desde una perspectiva constitucional”.
En efecto, el
Magistrado se refirió al principio de favorabilidad establecido en el artículo
29 superior, como parte esencial del debido proceso, por lo que estimó
conveniente establecer el alcance que la Constitución le asignó al mismo, para
lo cual aclaró que el concepto de derecho penal en sentido amplio abarca tanto
el derecho penal sustantivo o material, como el derecho penal procesal y el
penal de ejecución, pero no por ello, se puede sostener que el legislador
constituyente hubiera querido cobijar bajo el amparo del principio aludido a
todas las normas del sistema penal como tampoco solamente a las normas
sustanciales del mismo.
Así, concluyó
que la medida de valoración para aplicar el principio de favorabilidad está
circunscrito a que afecte las esferas del derecho a la libertad del individuo y
por ello, no puede tener restricción frente a los medios que la dinamizan como lo
son la ultractividad y la retroactividad. También se refirió al sistema penal
frente al principio en mención, para concluir que el allanamiento a cargos y la
sentencia anticipada fueron concebidos con arreglo a esquemas constitucionales
y sistema procesales diferentes.
5.2.   Impugnación
El apoderado de
la demandante, mediante memorial del 28 de marzo de 2006, impugnó el fallo de
primera instancia especialmente llamando la atención sobre la necesidad de
unificar la jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de
favorabilidad, al caso concreto, porque, a su juicio, la sentencia impugnada es
violatoria de las mínimas garantías constitucionales, que fueron consignadas,
además, en la sentencia T-1211 de 2005 de la Corte Constitucional. (Fl. 174, cuaderno
No. 2)
En efecto, para
el apoderado, en la sentencia atacada el Magistrado Ponente se limitó a exponer
porqué no era procedente la rebaja solicitada, pero dejó de lado y no
controvirtió los argumentos sobre la vulneración el derecho a la igualdad, pues
se expusieron muchos casos en que a otras personas se ha concedido la referida
rebaja y a las que no, entre éstas su defendida.
Reiteró que la
interpretación que se hizo del principio de favorabilidad es restrictiva y va
en contra de los condenados mientras que en materia criminal la regla no debe
interpretarse sino aplicarse restrictivamente.
5.3.   Segunda
instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 13 de
junio de 2006, confirmó el fallo del a quo con fundamento en las breves
consideraciones que a continuación se transcriben:
“A decir
verdad, cuando el mismo fenómeno jurídico admite varias interpretaciones y
todas ellas resultan sustentadas en argumentos fiables que descartan la
arbitrariedad, el hecho de optar por una u otra no depara el acaecimiento de
una vía de hecho.
Precisamente,
la autonomía e independencia judicial llevan a que cada juzgador, dentro de la
órbita de sus competencias, pueda echar mano de cualquier hermenéutica válida y
eficaz para resolver los conflictos que se le ponen de presente atendiendo la
prevalencia del derecho sustancial, y aunque sus inferencias discrepen de las
de otros juzgadores o de las que elaboran las partes, el proceso argumentativo
del fallador, cuando existe y es respetable, debe quedar a salvo del reclamo
constitucional, pues esta herramienta excepcional no tiene como fin sustituir
las reflexiones y ponderaciones reflejadas en las providencias emanadas de las
jurisdicciones ordinarias.
Lo
anterior viene al caso porque si varios son los entendimientos posibles para la
situación que plantea la accionante, esto es, para establecer si ante la
aceptación de la acusación cabe aplicar los efectos del allanamiento de la
imputación o de la sentencia anticipada, el que se adopte una u otra posición
de acuerdo con el alcance que se otorgue al principio de favorabilidad, en
últimas, no refleja capricho o arbitrariedad, ni constituye un frontal
quebranto al ordenamiento jurídico, porque ambas resultan razonables.
Es, en últimas,
una cuestión de criterio judicial, y para esos efectos, la tutela se hace
inadecuada. Además, que otros despachos hayan tomado diversas posiciones sobre
el punto que, incluso, podrían ser más beneficiosas para la gestora del amparo,
no denota la violación del derecho a la igualdad, porque las aristas de cada
caso en particular con frecuencia son disímiles y especiales, y por lo mismo,
pueden desembocar en resoluciones diferentes.
Por
consiguiente, al no advertirse la violación de los derechos invocados por la
accionante, el fallo impugnado deberá recibir confirmación.”
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela
reseñada, con base en la Constitución Política (Arts. 86 y 241-9), en
concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (Arts. 33 al 36) y en cumplimiento del
Auto del diez (10) de agosto del año 2006, proferido por la Sala de Selección
de Tutelas Número Ocho de esta Corporación.
2.      Materia sometida a revisión
En esta
oportunidad la Sala debe resolver i.) si para el caso concreto la acción
de tutela es procedente contra las decisiones judiciales que se cuestionan, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre la materia y en caso
afirmativo, se verá ii.) si se dan los presupuestos para aplicar, en
virtud del principio de favorabilidad, la rebaja de pena dispuesta para la
aceptación -allanamiento- de cargos (Ley 906 de 2004, Art. 351, Inc. 1º) a las
personas que fueron condenadas habiéndose acogido a sentencia anticipada (Ley
600 de 2000, Art. 40) y iii.) si con los fallos proferidos por el Juez
Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, demandados en este proceso, mediante los
que negaron a la demandante la solicitud de redosificación de la pena, en
virtud del principio de favorabilidad de la ley penal, de conformidad con el
inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, violaron ese principio
constitucional (C.P., Art. 29) y, en consecuencia, el debido proceso.
Para efectos de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala
reiterará la jurisprudencia constitucional sobre i.) la procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii.) el principio de
favorabilidad de la ley penal en la Ley 906 de 2004; iii.) las formas de
terminación anticipada del proceso y su evolución en el sistema jurídico
colombiano; iv.) la terminación anticipada del proceso en el nuevo
sistema penal; v.) la figura de la sentencia anticipada (Ley 600 de
2000) y la de aceptación de cargos (Ley 906 de 2004), para efectos de verificar
la aplicabilidad del principio de favorabilidad y vi.) la existencia o
no de vínculo de política criminal entre el incremento punitivo general de la
Ley 890 (Art. 14) y los rangos establecidos en la Ley 906 de 2004 para la
rebaja de penas por terminación anticipada del proceso, para, finalmente,
resolver el caso concreto.
3.      La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 86
de la Constitución Política estableció la acción de tutela para que “toda
persona” pueda reclamar “la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Evidentemente las autoridades judiciales son autoridades públicas, de manera
que la acción de tutela es procedente contra las decisiones que ellas
profieren, aunque de manera excepcional, en los supuestos que la Corte
Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia, como recientemente lo
reiteró la Sala Plena en la sentencia C-590 de 2005[2]
de la siguiente manera:
“21. A pesar de que la Carta Política indica expresamente que la
acción de tutela procede  “por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”  susceptible de vulnerar o amenazar derechos fundamentales, en
algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra sentencias, no obstante
tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en tanto autoridades públicas
y la consecuente posibilidad, aunque sumamente excepcional, de que a través de
tales actos se vulneren o amenacen derechos fundamentales.
Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla general la
acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por varios
motivos.  Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias
judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente
formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de
cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en
la estructura del poder público inherente a un régimen democrático.
(…)
22.  Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de
tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que
vulneran o amenazan derechos fundamentales.
23. En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta
Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.
Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad,
ha sido objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.” -Negrilla y subraya fuera de texto-
Ese es el contexto
en que la Corte Constitucional ha desarrollado su jurisprudencia sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales y
la ha reiterado y ajustado tanto en sentencias de revisión de fallos de tutela
(T-1031 de 2001 y T-774 de 2004) como de juicios de constitucionalidad (C-590
de 2005, antes citada) en las que se ha trazado una línea jurisprudencial que “involucra
la superación del concepto de vías de hecho y una redefinición de los supuestos
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en
eventos que si bien no configuran una burda trasgresión de la Constitución, sí
se está frente a decisiones ilegítimas violatorias de derechos fundamentales.”[3]
Esa evolución doctrinal fue reseñada en la sentencia T-091 de 2006[4],
la cual se reitera a continuación:
““(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la
jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la
acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a
concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación
flagrante y grosera de la Constitución”, es  más adecuado utilizar el concepto
de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de
hecho.”[5]
La redefinición de la regla jurisprudencial, y la
consiguiente sustitución del uso del concepto de vía de hecho por el de
causales genéricas de procedencia de la acción de tutela, es presentada así por
la Corte:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía
de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en
la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la
noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que
el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento,
sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[6]
Un desarrollo más elaborado y sistemático acerca de las causales
específicas que harían procedente la acción de tutela contra decisiones
judiciales, cuando quiera que ellas entrañen vulneración o amenaza a derechos
fundamentales, se presenta así:
“(..) Además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[7]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[8].
i. Violación directa de la Constitución.”[9]
“en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso,
situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del
Estatuto Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso[10]”.
De manera que cuando la acción de
tutela se instaura contra una decisión judicial, es necesario realizar
previamente un análisis de procedibilidad de la acción, a fin de “armonizar
la necesidad de protección de los intereses constitucionales implícitos en la
autonomía jurisdiccional, y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan
desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente
con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”[11].
4.      El principio de favorabilidad de la ley penal en la Ley 906
de 2004. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en la Sentencia C-592 de 2005[12],
se refirió ampliamente a los principios de legalidad y de favorabilidad de la
ley penal y al significado que la jurisprudencia constitucional les ha dado.
Dada la importancia de ese pronunciamiento, en el que se estudió, entre otras
normas, la exequibilidad de una expresión contenida en el artículo 6º de la Ley
906 de 2004, a continuación se reiterarán ampliamente las consideraciones que
expuso la Corte, especialmente sobre el principio de favorabilidad.
El principio de
favorabilidad, como elemento integrante del debido proceso en materia penal, se
encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, según el
cual “[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”
Esa norma también se encuentra establecida en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, en la Convención
Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16/72, las cuales integran
todas el bloque de constitucionalidad, en materia penal, el principio de
favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no
puede desconocerse[13] y el carácter imperativo
del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja  duda al respecto.
“Así, en el caso
de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación
con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos
delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina
denomina ultractividad de la ley.
“La
retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene
previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva
ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su
vigencia.
“Sobre este
punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de
favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales.
“Al
respecto cabe recordar que esta Corporación, en concordancia con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[14],
en diferentes ocasiones[15] en las que
se ha referido a la concordancia del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 -que prevé la regla general de aplicación
inmediata de la ley procesal[16]- con el artículo 29 constitucional, ha concluido que independientemente
del efecto general inmediato de las normas procesales, el principio de
favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más
favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas
sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado[17].
“El entendimiento del artículo 29
constitucional que ha hecho esta Corporación es en efecto el de que al momento
de los hechos que configuran la conducta punible, debe existir  un tribunal
competente y un procedimiento para juzgar a la persona que ha cometido un
delito[18], pero ello
no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia  del
juzgamiento quede definida de manera inmodificable.
“La Corte en las
sentencias C-619 de 2001 y C-200 de 2002 concluyó que en materia de regulación
de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución impone claramente
como límite la aplicación del principio de favorabilidad penal. (…)
“Cabe precisar finalmente que como en dicha decisión
-Sentencia C-200 de 2002- se puso de presente, la aplicación del principio de
favorabilidad es un asunto que atañe el examen de situaciones concretas y por
tanto, es un asunto precisamente de aplicación de la ley, por lo que
corresponderá a los encargados de ello atender el mandato imperativo del tercer
inciso del artículo 29 superior.”
(…)
“4.1.5.2.2.1 Las expresiones acusadas se encuentran
contenidas en el artículo 6° de la Ley 906 de 2004 que hace parte del Título
Preliminar sobre “Principios Rectores  y Garantías Procesales”, respecto
de los cuales el artículo 26 del mismo título preliminar precisa que “Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier
otra disposición de este código”. Así como que
“Serán utilizadas como fundamento de interpretación”.”
El referido artículo 6° consta de tres incisos y se titula
“Legalidad”; en el primer inciso se señala que “[n]adie
podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al
momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio”;
el segundo inciso precisa que “[l]a ley procesal de efectos
sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable” y el tercer inciso
preceptúa que “[l]as disposiciones de este código se aplicarán única
y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia”.
Así, el primer
inciso establece pues como principio rector para el caso de la Ley 906 de 2004
el respeto del principio de legalidad; el segundo inciso hace lo propio en
relación con el respeto del principio de favorabilidad penal y el tercer inciso
acusado precisa que las disposiciones de la Ley 906 de 2004  se aplican única y
exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con
posterioridad a su vigencia. Vigencia que de acuerdo con el artículo 533 de la
misma Ley 906 de 2004 se fijó para el 1° de enero de 2005, con excepción de los
artículos 531 y 532 del mismo Código[19] cuya
vigencia se estableció para la fecha de  la publicación de la ley[20].
En cuanto al
último inciso, la Corte concordó su texto con los mandatos del artículo 5° del
Acto Legislativo 03 de 2002 y de las disposiciones del Libro VII sobre “Régimen
de implementación”[21].
“En lo que hace relación con el artículo 5° del Acto
Legislativo 03 de 2002 cabe recordar que en dicho articulo se reguló el tema de
la vigencia del Acto Legislativo en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 5º. VIGENCIA.- El presente Acto Legislativo rige a partir
de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que
determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la
vigencia que en ella se establezca[22]. La
aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir
del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá
entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008. (Itálica
fuera de texto)
(…).
“En relación con dicho artículo la Corte ha explicado que por virtud
del mecanismo gradual y sucesivo de implementación en él establecido, se
presentan tres (3) etapas distintas en el proceso de materialización del nuevo
sistema acusatorio: (i) entre el momento de la aprobación del Acto Legislativo
y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de
diciembre de 2008,  en que se da una etapa de transición durante la cual
coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a
partir del 31 de diciembre de 2008, cuando deberá estar en “plena vigencia” el
nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país[23].
“En relación concretamente con las expresiones “pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley
y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella
se establezca”, cabe precisar que como lo señaló la Corte en la Sentencia
C-1092 de 2003 con ellas simplemente se hizo expreso el
principio de irretroactividad de la ley penal y corresponden a una
precisión inherente al tema de la aplicación de la reforma.
Por lo tanto, la Corte declaró la exequibilidad del
artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002, en lo que toca con la
acusación del actor.”[24]
“En ese orden de
ideas cabe señalar que a las expresiones “Las disposiciones de este Código se
aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los
delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer
inciso del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, ha de dárseles similar alcance en
el sentido de comportar la consagración expresa del principio de
irretroactividad de la ley penal y de constituir una precisión inherente al
tema de la aplicación de la reforma, hecha necesaria en razón del particular
mecanismo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para la puesta en
marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló tres etapas
diferentes[25], durante una
de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas penales en varias
regiones del territorio nacional.
“4.1.5.2.2.3
Resulta pertinente advertir que -como lo puso de presente recientemente la
Corte Suprema de Justicia[26]-, al revisar las Actas de
la Comisión Constitucional Redactora[27] y el debate que tuvo
lugar en el Congreso de la República[28] sobre el texto que se
convertiría en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004 y específicamente sobre su
tercer inciso[29], las intervenciones del
Fiscal General de la Nación evidencian que la idea de su proposición estuvo
orientada a evitar la “combinación” de los sistemas procesales y más
exactamente la posibilidad de aplicar normas del nuevo de efectos sustanciales
-en ningún caso el sistema propiamente dicho- a procesos gobernados por la ley
anterior. (…)”
“4.1.5.2.2.4 Ahora bien, no solo por ser  manifestación del
derecho viviente[30] -sobre cuyo
alcance para efectos del control de constitucionalidad se ha pronunciado en
varias ocasiones la Corte[31]-, sino
porque aportan importantes elementos para el entendimiento  de la norma acusada
y de la aplicación en el presente caso de los principios de legalidad,
irretroactividad y favorabilidad penal, la Corte considera pertinente transcribir
a continuación dos decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia donde en relación con casos concretos sometidos a su consideración
invocó el principio de favorabilidad penal (art. 29 C.P.) y aplicó algunas
normas de contenido sustancial de la Ley 906 de 2004 a hechos acaecidos con
anterioridad al 1° de enero de 2005.
“En efecto, en el Auto del cuatro
(4) de mayo de dos mil cinco (2005) con ponencia del Magistrado Yesid Ramírez
Bastidas la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de
hechos acaecidos en diciembre de 1998 y enero de 1999 y frente a una petición
de dar aplicación al artículo 313 de la Ley 906 de 2004 en lugar del artículo
357-2 de la Ley 600 de 2000, señaló lo siguiente:
““5. Es propio
de una sociedad en cambio característica de regímenes democráticos, la
existencia de ordenamientos jurídicos de carácter dinámico que implican
evolución materializada en sucesión de leyes, las que tienen existencia
y aplicación durante el período de su vigencia que abarca desde la promulgación
hasta la derogación, y en donde el principio de irretroactividad es
manifestación del de legalidad penal, máxima expresión de la seguridad
jurídica, sólo a ceder por la aplicación retroactiva o ultraactiva de norma de
similar estirpe más favorable.
6. Dígase también que en
el propósito de esclarecer el sentido de una norma, es indispensable la
hermenéutica de su exégesis pero, además, su interpretación finalista y
sistemática en la que resulta importante el espíritu del constituyente y del
legislador, la fuerza de la razón y, en el campo ya de la praxis judicial, los moduladores
de su actividad (art. 27 cpp-2004), especialmente el de la ponderación[32]
“para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la
justicia”.
7. Colombia
quiso adoptar un sistema de gestión de procesos penales de corte acusatorio a
nivel de Constitución Política fijándole marcos precisos en tiempo
(a partir del 1º de enero de 2005) y espacios (en los Distritos
Judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira), traducidos a lenguaje de gradualidad
en su vigencia dando lugar a un trato diferente pero no
discriminante (mucho menos discriminante peyorativo) y conocido por todos
los residentes en el país[33], y que el
Tribunal Constitucional declaró exequible con la modulación de su aplicación
irretroactiva[34] entendida
en lo atinente a lo vertebral de la nueva sistemática que, además, por
su rango resulta invulnerable a cualquier pretensión legal de
decaimiento.
8. El
principio general señala que el mandato constitucional debe ser desarrollado
por la preceptiva legal correspondiente[35] y por eso
la articulación dinámica de ese sistema dice que lo integran las normas
del Acto Legislativo 03 de 2002 y las leyes dictadas para su funcionamiento,
además de la infraestructura necesaria para su implementación, conforme lo
señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-873 de 2003. Y el método de su
implantación o dinámica del proceso mediante el cual se deberá dar
eficacia jurídica y social a la reforma constitucional, fue el de la gradualidad
(art. 5º transitorio del Acto Legislativo), medida de política criminal
–como la calificó el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento atrás
citado— que lleva a tres etapas distintas:
“(i) Entre el momento de la aprobación del Acto Legislativo y
el 1º de enero de 2005, regirá el sistema preexistente; (ii) entre el 1º
de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, se presentará una etapa de
transición durante la cual coexistirán los dos sistemas en distintas
regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre
de 2008, deberá estar en ‘plena vigencia’ el nuevo modelo acusatorio de
procedimiento penal en todo el país”[36].
Así, pues, la Enmienda Constitucional existe
y cobró vigencia –rige— a partir de su aprobación en diciembre de 2002,
aunque su eficacia jurídica[37] o
aplicación la moduló el Constituyente en el sentido de que si bien comenzaría a
surtir efectos jurídicos inmediatos en relación con la conformación de una
comisión encargada de preparar los proyectos de ley necesarios para
desarrollarla y el establecimiento de las fechas de inicio y culminación de su implementación,
otros efectos fueron diferidos en el tiempo, como la desaparición del anterior
sistema procesal, o excluidos, como es el caso de la prohibición expresa de
aplicar el nuevo sistema a hechos anteriores al 1º de enero de 2005.
Es
claro, entonces, que el Acto Legislativo 03 de 2002 y el Código de
Procedimiento Penal de 2004 sólo son aplicables en los Distritos
Judiciales donde se introdujo el sistema acusatorio el 1º de enero de 2005 y
respecto de delitos cometidos a partir de esa fecha, mientras que en los demás,
rigen la ley 600 de 2000 y el Código Penal del mismo año.
9. La anterior
conclusión no significa descartar la posibilidad de que ciertas normas
procesales de efectos sustanciales consagradas en la ley 906 de 2004, y en
particular las que versan sobre el derecho a la libertad (v. gr.: medidas de
aseguramiento, revocatoria, libertad provisional, subrogados), sean aplicadas
en razón del principio de favorabilidad en las actuaciones penales que
se rigen por la ley 600 de 2000, en virtud de la resolución judicial de la antinomia
de los principios constitucionales de la gradualidad, tan en la base
de la eficacia del nuevo sistema, y de la favorabilidad, a través del
núcleo esencial más fuerte[38] del
último.
(…)
9.1. Según el
artículo 29 de la Constitución Política
“En materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
Tradicionalmente se ha entendido que la aplicación
de la favorabilidad penal en su especie clásica, supone sucesión de leyes, que
es como en condiciones normales éstas son reemplazadas por otras que las
derogan, adicionan o modifican.
Pero la puesta en marcha del sistema acusatorio se
decidió hacerla paulatinamente, en concordancia con el programa de
implantación previsto en el artículo 530 de la ley 906 de 2004. Y eso
condujo a una situación muy particular, exótica si se quiere, en la cual coexisten
dos procedimientos distintos y excluyentes que se aplican en el país según
la fecha y el lugar de comisión del delito: el anterior, a casos
por conductas realizadas antes del 1º de enero de 2005 o a partir de esta fecha
en Distritos Judiciales donde no opere el sistema acusatorio; y, el nuevo,
para delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 en los Distritos
Judiciales semillas seleccionados para que funcione ese sistema.
Frente a los primeros rige la ley 600 de 2000, sin
que pueda desconocerse por ese hecho la existencia de una ley procesal
posterior que no se aplica debido a la novedosa fórmula que se adoptó para
introducir el sistema acusatorio, pero que podría contener normas sustanciales
o procesales de efectos sustanciales favorables al procesado de obligatorio
reconocimiento según el artículo 29 Superior que autoriza en materia
penal la aplicación de normas que beneficien la situación del procesado aunque
no hubiesen regido en el trámite del proceso.
9.2. Esa
interpretación es la que permite comprender la aplicación del principio de
favorabilidad por parte de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, facultad consagrada en el artículo 79-7 del Código de
Procedimiento Penal de 2000 y en el 38-7 del Código de Procedimiento
Penal de 2004, en los siguientes términos:
“Conocen de la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido
a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución,
suspensión o extinción de la acción penal”.
Esa competencia, frente al problema que se
estudia, no la podrían ejercer dichos funcionarios si la solución se plantea
desde un instituto distinto a la favorabilidad, y convierte la posibilidad de
aplicar en virtud de ese principio normas de la ley 906 de 2004 a actuaciones
que se rijan por la ley 600 de 2000, en la única que permitiría la labor del
Juez de Penas frente a eventuales hipótesis de favorabilidad sustancial que
quepan en cualquiera de las posibilidades a que se refiere la norma atrás
transcrita.
10. En
conclusión: las normas que se dictaron para la dinámica del sistema
acusatorio colombiano, son susceptibles de aplicarse por favorabilidad a
casos que se encuentren gobernados por el Código de Procedimiento Penal de
2000, a condición de que no se refieran a instituciones
propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho
en los dos procedimientos sean idénticos.
No se puede eludir la aplicación del principio, por
ejemplo, a situaciones en las cuales la ley 906 de 2004 no contempla privación
de la libertad en cierto caso mientras que la ley 600 sí, o en eventualidades
en las que la primera consagra bajo determinadas condiciones la libertad
provisional y en presencia de las mismas la segunda la niega.
11. En el caso que resuelve la Corte, al
establecerse que la conducta punible de prevaricato por acción imputada tiene
prevista pena de prisión de 3 a 8 años y que el artículo 313-2 de la ley
906 de 2004 fijó como requisito de procedencia de la detención
preventiva en los delitos investigables de oficio que el mínimo de la pena
prevista en la respectiva disposición sea o exceda de 4 años, es claro que ésta
norma resulta aplicable al caso examinado en virtud del principio de favorabilidad
penal y que, por lo tanto, debe accederse a la petición inicial de la defensa”[39].
“La misma Sala de Casación Penal, esta vez con ponencia de
la Magistrada Marina Pulido de Barón, en auto del
cuatro de mayo de dos mil cinco, en relación con hechos acaecidos en
Barranquilla en mayo y junio de 2003 y frente a una petición de dar aplicación al
artículo 314 de la Ley 906 de 2004 en lugar del artículo 357 de la Ley 600 de
2000, al tiempo que dio aplicación en ese caso el artículo 314 de la Ley 906 de
2004 -en atención al principio de favorabilidad-, invocó la aplicación del
principio de igualdad de las personas ante la ley para revocar la decisión
impugnada que había negado dicha aplicación por no considerarla viable en el
Distrito Judicial de Barranquilla antes del 1° de enero de 2008.
“De las anteriores providencias judiciales emanadas de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se desprende que para dicha
Corporación i) la puesta en marcha gradual del sistema acusatorio de acuerdo
con el programa de implantación previsto en el artículo 530 de la Ley 906 de
2004 condujo a una situación particular, en la cual coexisten dos
procedimientos distintos y excluyentes que se aplican en el país según la fecha
y el lugar de comisión del delito: el establecido en la normatividad anterior,
a casos por conductas realizadas antes del 1º de enero de 2005 o a partir de
esta fecha en Distritos Judiciales donde no opere el sistema acusatorio; y, el
nuevo, para delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 en los Distritos
Judiciales seleccionados para comenzar y gradualmente en los demás; ii) Sin que ello signifique descartar la
posibilidad de que ciertas normas procesales de efectos sustanciales
consagradas en la Ley 906 de 2004 sean aplicadas en razón del principio de
favorabilidad en las actuaciones penales que se rigen por la Ley 600 de 2000; iii) en punto al principio de favorabilidad la Ley
906 de 2004 podría ser aplicada con efectos retroactivos respecto de
situaciones anteriores a su vigencia, a condición de que no se refieran a
instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de
hecho en los dos procedimientos sean idénticos; iv) con
la anterior interpretación resulta igualmente protegido el derecho fundamental
de igualdad de la personas ante la ley, pues todo aquél que se encuentre en la
misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho, lo
cual opera tanto para quienes cometieron el delito antes de entrar en vigor la
Ley 906 de 2004 en cualquier lugar del país, como para aquellos que
delinquieron o delincan en vigencia de la referida normatividad, sea que se
trate de conductas cometidas en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá,
Manizales y Pereira donde además de encontrarse rigiendo la parte sustancial de
aquél ordenamiento, también se ha dispuesto la logística correspondiente, o ya
sea que se trate de comportamientos acaecidos en los demás distritos donde la
infraestructura del sistema acusatorio se implantará gradualmente, según lo
estableció el legislador en el artículo 530 de la misma ley.
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte
realizó el análisis del cargo planteado por el actor en contra de las
expresiones “Las disposiciones de este código
se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de
los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso del artículo 6º
de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”, porque a su juicio desconocían el principio de favorabilidad en
materia penal.
“La Corte al respecto reitera que como se desprende de las
consideraciones preliminares de este acápite de la sentencia, el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental
del debido proceso en materia penal que no puede desconocerse en ninguna
circunstancia[40]. Así mismo que en esta
materia no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales,
pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un
trato diferente para las normas procesales[41].
“Ahora bien,
dado que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos
artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática y que
como se precisó en los apartes preliminares de esta sentencia se hace necesario
interpretar las modificaciones  por él introducidas teniendo en cuenta el
principio de unidad de la Constitución[42], es claro que en manera alguna puede considerarse que  el
mandato imperativo del artículo 29 de la Constitución haya dejado de regir con
la introducción del sistema penal acusatorio. Mandato ese que como igualmente
ya se explicó se encuentra en perfecta armonía con las normas internacionales
que lo establecen y que hacen parte del bloque de constitucionalidad como igualmente
se explicó.
“Tal fue precisamente el criterio que aplicó la Corte
cuando al examinar en la Sentencia C-1092 de 2003 los cargos que se formularon
en contra de algunos apartes del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2002
concluyó que con las expresiones  “pero se
aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los
delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”
contenidas en el referido artículo simplemente se hizo
expreso el principio de irretroactividad de la ley penal al formular algunas precisiones inherentes a los aspectos temporales de
aplicación de la reforma.
“En ese orden de ideas es claro que las normas de la Ley
906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” igualmente
“deben interpretarse y aplicarse en forma tal que
guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales
consagrados en el texto constitucional”[43] y en
consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
“Así frente a las
expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y
exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos
con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso del
artículo 6° de la Ley 906 de 2004, ha de entenderse que al tiempo que comportan
la formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley penal y
constituyen una precisión inherente a la aplicación como sistema de las normas
en él contenidas, -hecha necesaria en razón del particular mecanismo
establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para la puesta en marcha del
nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló tres etapas diferentes[44],
durante una de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas penales
en distintas regiones del territorio nacional-, en manera alguna pueden
interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de
favorabilidad.
“Ello resulta evidente para la Corte además por cuanto como
lo puso de presente en la Sentencia C-873 de 2003 de lo que se trató en este caso
fue de la fijación de unos parámetros para la puesta en marcha, como sistema,
de las normas contenidas en el Acto Legislativo 03 de 2002 tendientes a
introducir en Colombia el sistema acusatorio pero en manera alguna de
desconocer uno de los principios esenciales del debido proceso en el Estado de
Derecho, a saber el principio de favorabilidad penal.
“Ahora bien, podría afirmarse que el Legislador introdujo
en el aparte acusado junto con la expresión  “únicamente” -contenida en
el artículo 5° del Acto Legislativo y en relación con la cual la Corte se
pronunció  sobre su preciso alcance en la Sentencia C-1092 de 2003- las
expresiones “y exclusivamente” que hacen un énfasis restrictivo que
pudiera llegar a ser interpretado como una limitante aparentemente adicionada
por el legislador destinada precisamente a excluir en cualquier circunstancia
-entre ellos los casos en que sería aplicable el principio de favorabilidad- la
aplicación de determinadas normas de la ley 906 de 2004 a hechos anteriores a
su entrada en vigencia.
“Empero la Corte llama la atención sobre el hecho de que a
la adición así efectuada por el legislador no puede dársele un alcance que vaya
mas allá de la voluntad de hacer un énfasis en relación con la aplicación del
mismo principio de irretroactividad de la ley a que se refirió la Corte en la
Sentencia C-1092 de 2003 y que como ya se explicó tiene sentido en la medida en
que no resultaría lógico pretender la aplicación del sistema acusatorio en su
conjunto a hechos anteriores a su entrada en vigencia.
“Téngase en cuenta así mismo que el significado usual de
las expresiones “únicamente”[45] y
“exclusivamente”[46] de acuerdo
con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española es prácticamente
el mismo y desde esta perspectiva la adición aludida no comporta ningún
elemento nuevo que pueda significar un mandato diferente al que fue enunciado
por el Constituyente derivado en el artículo 5° del Acto Legislativo 02 de
2003.
“Cabe precisar de otra parte que como lo puso de presente
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones que
se han citado la aplicación del principio de favorabilidad en estas
circunstancias además de significar el respeto del mandato imperativo del
artículo 29 superior está sometido a unos presupuestos lógicos que en manera
alguna pueden poner en peligro el carácter sistémico de las normas que
comenzaron a regir el 1° de enero de 2005. Y ello por cuanto dicho principio
será aplicable frente a supuestos de hecho similares en uno -el de la Ley 600 de
2000- y otro -el sistema de la Ley 906 de 2004- pero que reciben en cada uno
soluciones de derecho diferentes. Mal podría en efecto pretenderse por ejemplo
que se dé aplicación, en virtud del principio de favorabilidad, a las normas
que sobre principio de oportunidad se establecen en la Ley 906 de 2004 a hechos
acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, pues ese es
un elemento esencial del nuevo sistema que no encuentra su equivalente en el
sistema anterior regulado por la Ley 600 de 2000 y por tanto no se dan en
relación con este último los presupuestos lógicos para la aplicación del
principio de favorabilidad.
“La Corte llama la atención además sobre la circunstancia
de que el principio de favorabilidad fue expresamente reiterado por el
Legislador en el segundo inciso del artículo 6° de la Ley 906 de 2004 que hace
parte de las normas rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal.
“En ese orden de ideas puede afirmarse -como lo hacen
varios de los intervinientes- que en relación con la aplicación de dicho
principio de favorabilidad en el presente caso no se plantea ninguna dificultad
constitucional que haga necesaria la declaratoria de inexequibilidad total o
parcial o algún tipo de condicionamiento del texto acusado por cuanto no cabe
duda alguna sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad y que prueba
de ello es la aplicación que del referido principio ha hecho ya la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las recientes decisiones a
que se hizo referencia en el aparte preliminar de este acápite de la sentencia.
“No escapa a esta Corporación por supuesto que el
entendimiento en referencia no es el que se ha dado de dichas normas por
algunos responsables institucionales comprometidos con la puesta en marcha del
sistema penal introducido con el Acto Legislativo 03 de 2002 y en particular
por la Fiscalía General de la Nación y por el Ministerio del Interior y de
Justicia. En efecto tanto de las intervenciones en la comisión preparatoria
ordenada por el artículo 4° transitorio del referido Acto Legislativo y en el
debate parlamentario del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 906
de 2004, como en el presente proceso, se desprende que la interpretación que se
hace por esas instituciones tanto del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de
2003 como del artículo 6° de la Ley 906 de 2004 excluye en cualquier
circunstancia la aplicación de las normas de la Ley 906 de 2004 a hechos
anteriores a su entrada en vigencia de acuerdo con la gradualidad que en ellas
se establece. Aún si como lo hace el Vicefiscal General de la Nación no se
descarte que el principio de favorabilidad como principio rector pueda
aplicarse en casos concretos que puedan llegar a presentarse durante la
vigencia de la Ley 906 de 2004.
“Empero es claro que como se dejó expresado tal posición
fue objeto de controversia durante el debate parlamentario y que con el
pronunciamiento que hace esta Corporación quedará fijado al alcance de las
disposiciones a que se ha hecho referencia.
“Así las cosas, dado que no queda duda sobre la
aplicabilidad del principio de favorabilidad penal, la Corte -además de acoger,
por ser claramente respetuosa de las garantías constitucionales, la
interpretación adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como
máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria en este tema-, declarará la
exequibilidad del tercer inciso del artículo 6  de la Ley 906 de 2004 por el
cargo formulado, pues se reitera la única interpretación posible del mismo en
el marco de la Constitución es la que se desprende de la conjugación de los
principios de legalidad, irretroactividad de la ley y favorabilidad penal a que
se ha hecho extensa referencia, lo que pone de presente que en manera alguna se
pueda desconocer la aplicación del principio de favorabilidad, contrariamente a
lo que afirma el actor.”
Ya en un caso
similar, al estudiado en esta oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión de
tutelas, en la sentencia T-091 de 2006, hizo el recuento histórico de la
evolución de las formas de terminación anticipadas del proceso y esa figura en
el nuevo sistema de la Ley 906 de 2004 y, por ser totalmente pertinente, se
reiterará en esta oportunidad.
5.      Las formas de terminación anticipada del proceso y su
evolución en el sistema jurídico colombiano. La terminación anticipada en la
Ley 906 de 2004. Reiteración de jurisprudencia
Los mecanismos
de terminación anticipada del proceso en el régimen jurídico colombiano existen
incluso desde antes la creación de la Fiscalía General de la Nación en la
Constitución de 1991, la cual se instituyó con el fin de implantar un régimen
de investigación y acusación de tendencia acusatoria, se encuentran estatutos
que contemplan procedimientos abreviados para aquellos eventos en que se
produjera la confesión simple del procesado o la flagrancia, sin exigencia de
consenso alguno. (Decreto 050 de 1987, Arts. 474 a 485).
“A partir de la
creación de la Fiscalía General de la Nación, portadora de un incipiente
concepto de partes en el proceso, se introducen mecanismos de política criminal
que trascienden la simple institución de los procedimientos abreviados por
confesión simple o flagrancia. El Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley
81 de 1993, estableció mecanismos de allanamiento y consensuados, orientados a
la terminación anticipada del proceso.
“Se perfilan
desde entonces dos instituciones perfectamente diferenciadas: (i) La
sentencia anticipada[47] fundada en la aceptación
por el procesado,  de los cargos formulados por la Fiscalía, que comportaba un
descuento punitivo que podía ser de una tercera  o de una sexta parte de la
pena imponible una vez efectuada la dosificación por el juez.  El monto del
descuento dependía del momento en que se produjere el allanamiento a los
cargos;[48] y (ii) la
denominada audiencia especial que propiciaba un acuerdo entre la
Fiscalía y el procesado acerca de la adecuación típica, la culpabilidad, las
circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional[49].
“Paralelamente a
este esquema se contemplaba el descuento por confesión (Art. 296 Dto. 2700/91),
estipulado inicialmente en una tercera parte, y reducido a una sexta por la Ley
81 de 1993. Beneficio acumulable a los anteriores, cuando concurrían los
presupuestos legales para su reconocimiento (Art. 37 B.1 Dto. 2700/91).
“El código de
procedimiento penal de 2000 (Ley 600), mantuvo (Art. 40) el mecanismo de la sentencia
anticipada fundado en la aceptación unilateral de los cargos por parte del
procesado. Esta actitud procesal era compensada con un descuento punitivo de
una tercera o de una sexta parte de la pena, deducida de la dosificación que
efectuara el juez. El monto deducible dependía del momento en que se produjera
el allanamiento[50].
“La aceptación
de cargos implica confesión. Cuando ella reúne los requisitos previstos en la
ley (Arts. 280 y 283 C.P.P. de 2000), se contempla un descuento acumulable de
1/6 parte de la pena.
“En esta
codificación no se contempla un instituto análogo a la denominada audiencia
especial, basada en el consenso entre fiscal y procesado respecto de la
responsabilidad de éste. Se establecen los denominados beneficios por
colaboración eficaz acordados entre la fiscalía y las personas
investigadas, juzgadas o condenadas, en razón de la colaboración que presten a
las autoridades para “la eficacia de la administración de justicia”[51]
que obedece a criterios de política criminal muy diversos a los que
inspiran los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
“Aunque para el
asunto que ocupa la atención de la Sala, el tema relevante es la evolución que
ha tenido el instituto de la terminación anticipada del proceso mediante
sentencia anticipada, opción que comporta confesión y por ende aceptación
unilateral de cargos, se ha hecho referencia a la institución que se ha
desarrollado paralelamente a tal mecanismo, basadas ya no en el allanamiento,
sino en el consenso entre fiscal y procesado. Lo anterior con el propósito de
mostrar que se trata de instituciones paralelas, orientadas a propiciar una terminación
anticipada del proceso, y en esa medida a ahorrar esfuerzos investigativos, en
aquellos eventos en que éstos resultan superfluos en virtud de la renuncia o
aceptación del procesado a continuar con el procedimiento regular, siempre que
se preserven las garantías fundamentales derivadas de los principios de
presunción de inocencia y de necesidad de prueba. Sin embargo la sentencia
anticipada se funda en criterios adicionales de política criminal fundados en
el reconocimiento de las actitudes internas del imputado que se plasman en la
aceptación unilateral de los cargos.”
“Acorde con su
pretensión de afianzar el carácter acusatorio del sistema penal, el nuevo
estatuto procesal introduce y desarrolla nuevas formas de terminación
anticipada del proceso, que permiten la imposición de sentencia condenatoria
sin el agotamiento previo del debate público. La validez de estas opciones está
condicionada, de manera general, a la existencia de prueba sobre la
responsabilidad aceptada por el imputado o acusado y a que se preserven las
garantías fundamentales.
“Una lectura
sistemática del nuevo estatuto procesal penal permite deslindar dos modalidades
de terminación anticipada del proceso perfectamente diferenciadas en su
estructura, consecuencias y objetivos político criminales: (i) Los
preacuerdos y negociaciones entre el imputado o acusado y el fiscal; y (ii)
la aceptación unilateral de cargos por parte del imputado o acusado.
“En el primer
caso se trata de verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el
procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas, las cuales
demandan consenso. En el segundo caso, el presupuesto es la aceptación de los
cargos por parte del procesado, es decir que no existe transacción y en
consecuencia no requiere consenso.
“En cuanto a la
primera modalidad el Título II del Libro III de la Ley 906 de 2004 introduce
una regulación sistemática e  integral del nuevo instituto, de los “Preacuerdos
y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”, con las reglas específicas
relativas a finalidades (348), improcedencia (349), oportunidad (350 y  352),
modalidades (351), aceptación total o parcial de cargos (353).
Los preacuerdos
y negociaciones comportan en su esencia aceptación de responsabilidad por parte
del imputado o acusado, es decir aceptación total o parcial de cargos como
producto del acuerdo. Así lo plasman de manera explícita los artículos 350,
351, 352 y 353 de la ley 906/04.
“Es claro sin
embargo, que esta modalidad de terminación anticipada del proceso (aceptación
preacordada de responsabilidad), no es la única que contempla el nuevo estatuto
procedimental. Al margen del título II del Libro III, relativo a los
preacuerdos y negociaciones, existe una sistemática que estructura la segunda
modalidad: la aceptación unilateral de los cargos por el procesado. Así el
artículo 293 estipula:
“Procedimiento en caso de aceptación de la imputación (en la audiencia de formulación de imputación): Si el imputado,
por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación,
se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación” (original sin
subrayas).
“De esta norma
es posible deducir la existencia de dos modalidades de aceptación de cargos en
el momento de la formulación de imputación: una unilateral y otra preacordada.
La primera implica para el investigado “allanarse a la imputación y obtener
una rebaja de pena” tal como lo señala el artículo 288 numeral 3° del
estatuto en cuestión, que remite para efectos de su cuantificación al artículo
351 que contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena imponible.
“Por su parte,
el artículo 356 disciplina el desarrollo de la audiencia preparatoria, y
establece (num. 5°) que el juez dispondrá “que el acusado manifieste si
acepta o no los cargos”. Si los acepta procederá a dictar sentencia
rebajando la pena a imponer “hasta en la tercera parte”.
“Siguiendo con
esta sistemática, el artículo 367, que regula la alegación inicial en el juicio
oral, contempla el imperativo para el juez de advertir al acusado “que le
asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el
uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara
inocente o culpable”. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de
una sexta parte de la pena imponible[52].
“De las
anteriores referencias normativas se infiere claramente que la nueva ley
procesal contempla los diferentes estadios procesales (audiencia de formulación
de imputación, audiencia preparatoria y juicio oral) en que es posible al
procesado realizar una aceptación unilateral de cargos -allanamiento-,
previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual que se deriva de tal
actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos. Una rebaja de hasta la
mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la diligencia de
imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la audiencia
preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación inicial del
juicio oral.
“De los
desarrollos hermenéuticos realizados se concluye que en efecto, la ley 906/04
contempló dos formas diferenciadas de terminación anticipada del proceso: el
allanamiento o aceptación unilateral de los cargos, y la aceptación de
responsabilidad a través de los preacuerdos y negociaciones entre fiscal y
procesado.
Ahora
corresponde determinar si, como lo señala el apoderado de la accionante, la
aceptación unilateral de cargos de la Ley 906 de 2004 es equiparable a la
figura de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, para efectos de
invocar el principio de favorabilidad.
6.      La figura de la sentencia anticipada (Ley 600 de 2000) y la
de aceptación de cargos (Ley 906 de 2004), y el principio de favorabilidad.
Este tema, como quedo establecido en los antecedentes de esta
providencia, fue ampliamente estudiado y explicado por los Magistrados que
salvaron su voto en cuanto a la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de
Justicia, en su Sala de Casación Penal, de negar la tutela considerando que las
dos figuras son diferentes y por lo tanto, no resultaba aplicable la rebaja de
pena establecida en el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004
(allanamiento a cargos), en virtud del principio de favorabilidad, al caso del
actor que fue condenado en vigencia de la Ley 600 de 2000, habiéndose acogido a
la sentencia anticipada, establecida en el artículo 40 de esa ley.
Para la Sala, como los fundamentos que presentaron los Magistrados
disidentes para que se hubiera aplicado la disposición del inciso 1º del
artículo 351 de la Ley 906, en virtud del principio de favorabilidad, al caso
concreto son esencialmente idénticos a los ya formulados por esta Corte en la
referida sentencia T-091 de 2006, los cuales esta Sala acoge plenamente, serán
reiterados a continuación.
“El supuesto
material para invocar favorabilidad es el tratamiento legal diferente que
diversas normas (sustanciales o procesales con efectos sustanciales) que entran
en conflicto por virtud de un tránsito normativo, le dan a situaciones
análogas. Establecido este supuesto surge para el procesado o sentenciado el
derecho a reclamar el tratamiento que le resulte más benigno.
“La sentencia
anticipada como mecanismo de terminación anticipada del proceso, que como se
indicó en apartes anteriores, presenta una larga tradición en el sistema de
justicia penal colombiano, fue estudiado en su naturaleza, finalidades y
vinculación con principios constitucionales por esta Corporación. Las
principales características al compararla con la figura de allanamiento a cargos
es la siguiente:
i.) En cuanto a su naturaleza señaló:
“Esta institución jurídica es una de las formas de terminación
abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad
es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues
mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso
antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el
legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte
del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad
como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado
es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es
retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento
procesal en que ésta se realice[53]”.
“La aceptación unilateral de
cargos, conforme a la Ley 906/04, la cual se puede producir en diversas etapas
procesales, responde a una naturaleza similar en cuanto representa una forma de
terminación anticipada del proceso, e involucra  cometidos de política criminal
similares como son los de lograr una mayor eficiencia y eficacia de la
administración de justicia, prescindiendo de etapas procesales que se
consideran innecesarias en virtud de la aceptación del procesado respecto de
los hechos y su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Los dos
institutos envuelven una especie de colaboración con la administración de
justicia retribuida o compensada mediante una rebaja de pena proporcional al
momento procesal en que la aceptación de responsabilidad se produce.
“ii.) En cuanto a la necesidad de que la
sentencia anticipada estuviese precedida de una formulación de cargos que
colocara al procesado en posibilidad de ejercer su derecho de contradicción o
renunciar a él dijo la Corte:
“Si el implicado solicita que se dicte sentencia anticipada durante
la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya ha
tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso (indagatoria) y de ejercer
el derecho de defensa al igual que el de contradicción. La sentencia anticipada
compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de
juzgamiento”.
“Similar situación se presenta con la aceptación unilateral de
cargos, la cual puede presentarse desde la formulación de imputación (288.3) o
posteriormente en la audiencia preparatoria (356) o al inicio del juicio oral
(367), lo que implica que todos los eventos deben estar precedidos de la
formulación de cargos, y se debe estar en posibilidad de ejercer el derecho de contradicción,
lo cual se garantiza en este evento por el hecho de tramitarse en audiencia.
“iii.) En cuanto al control de legalidad
por parte del Juez: “Es el fallador quien debe ejercer el control de
legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han
violado garantías fundamentales del procesado”[54].
“Igual exigencia aplica para la aceptación unilateral de cargos en
el nuevo sistema en el cual el juez debe velar porque se preserve el derecho a
la no autroincriminación del imputado o acusado y a que sus manifestaciones
unilaterales de responsabilidad estén asistidas por la espontaneidad y el
consentimiento informado.
“iv.) La sentencia anticipada se funda
en el principio de presunción de inocencia:
“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o
aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que
ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La
aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos
investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea
que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia”[55].
“En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el
órgano de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce
necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el “convencimiento
de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda” (Art. 7°).
De manera que la sentencia condenatoria producida sin agotar el debate público
debe contar con el presupuesto relativo a la existencia de evidencia o material
probatorio sobre la responsabilidad aceptada del procesado. Mediante la
aceptación de los cargos y la evidencia o elementos materiales de
prueba, el procesado renuncia a controvertirlos en el juicio.
“v.) La sentencia anticipada debe estar
mediada por el principio de publicidad: “En el trámite de sentencia
anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son
conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención”[56].
“Esta característica adquiere mayor relevancia en el nuevo sistema
en que las manifestaciones espontáneas de responsabilidad se tramitan en
audiencia: de formulación de cargos, preparatoria, o en el juicio.
“vi.) La sentencia anticipada es una
reafirmación y reconocimiento al principio de la lealtad procesal como
expresión de la buena fe: “Debe la Corte recordar la plena vigencia y
aplicación en los procesos penales como en toda clase de actuaciones que se
adelantan del principio general de la buena fe. La mala fe, esto es, el
comportamiento desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que
si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su
propia culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este
comportamiento debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales
establecidos para actuaciones de esta índole”.
“La aceptación espontánea de los cargos se basa también en el
principio de la buena fe, y de la lealtad procesal como deber de las partes en
toda actuación judicial (Art. 12). Su ejercicio legítimo en materia de
aceptación de cargos es promovido mediante descuentos punitivos.
“vii.) La sentencia anticipada comporta
una confesión simple:
“La aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite
de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple,
por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el Fiscal o el Juez del
conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se
investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de
inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la aceptación,
además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones,
debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio
recaudado”[57].
“En el nuevo sistema la aceptación unilateral de los cargos conduce
a una sentencia condenatoria, por lo que tiene como presupuesto la confesión
simple del imputado o procesado. Debe aclarase que se trata de una idea de
confesión en sentido natural, como admisión de cargos sin condicionamiento
alguno, no en sentido probatorio, por cuanto la confesión no constituye un
medio de prueba en el nuevo sistema.
“ix.) La sentencia anticipada promueve
la eficiencia del sistema judicial:
“Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que
permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su
responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la
realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para
demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema
judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos
oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un
deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Una política criminal
que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad
procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin
desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de
atentatoria de los derechos inalienables del individuo”.
“En el modelo de procesamiento diseñado en la Ley 906 de 2004, la
promoción del valor de la eficiencia del sistema vinculado a la preservación de
garantías fundamentales cobra mayor importancia en la medida que se trata de
una aspiración que se encuentra en el centro del ideario de un sistema de corte
acusatorio y se erigió en uno de los argumentos que impulsaron la reforma. Por
ello los mecanismos que propician una terminación anticipada del proceso como
la aceptación de cargos, ya espontánea ya preacordada, fueron fortalecidos en
la reforma, lo cual no significa que constituyan una novedad en el nuevo
sistema, particularmente el consistente en la aceptación unilateral de
responsabilidad compensada con descuentos punitivos.
“Adicionalmente,
tanto la sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos demandan la
asistencia de defensor; una y  otra puede presentarse desde la vinculación
formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos
constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos
institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno
de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el
juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la
nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para
efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al
sistema de cuartos.[58]
“El anterior
paralelo entre la figura de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la
aceptación de cargos o allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004, permite
concluir que en efecto se trata de instituciones análogas, con regulaciones
punitivas diversas[59].
“Ahora bien, el
artículo 40-4 de la Ley 600 de 2000 establece que “el juez dosificará la
pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una
tercera parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su
responsabilidad”. Por su parte el artículo 288-3, de la Ley 906 de
2004, que para efectos de punibilidad remite al 351, señala que “La
aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de
imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible”.
-Subrayas fuera de texto-
“Si se observan
aisladamente los rangos punitivos establecidos en una y otra normatividad para
el mismo supuesto, vale decir el allanamiento a los cargos en el momento de su
formulación: “una tercera parte” (Ley 600 de 2000) y “de hasta
la mitad” (Ley 906 de 2004) de la pena imponible, podría pensarse que no
comportan favorabilidad por cuanto una rebaja de “hasta la mitad” podría
eventualmente ser equivalente a “una tercera parte”.
“Sin embargo,
para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con
una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento
punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los
estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: i.) una rebaja
de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la
audiencia de formulación de la imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); ii.)
una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo
evento se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.) y iii.)
un descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc.
2°). Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento
genera un mayor reconocimiento punitivo.
“La Sala observa
que, en los dos primeros eventos, que establecen un descuento ponderado de
“hasta la mitad” y de “hasta la tercera parte”, las normas respectivas no
contemplan un límite mínimo que complemente el correspondiente rango. Sin
embargo, una visión sistemática y de conjunto de los tres niveles de descuento,
permite establecer que los extremos inferiores de los rangos están determinados
por el límite superior previsto para el descuento aplicable en la fase
subsiguiente en que éste procede, es decir que se encuentran recíprocamente
delimitados, así:
“i.) El allanamiento en la audiencia de formulación de imputación amerita
un descuento de una tercera parte, “hasta la mitad” de la pena; ii.) El
allanamiento que se produzca en la audiencia preparatoria genera un descuento
de una sexta parte, “hasta la tercera parte de la pena” y iii.) El
allanamiento producido al inicio del juicio oral, origina un descuento de “la
tercera parte” de la pena. En este caso el legislador previó un descuento fijo.
“Esta
conformación de los rangos es compatible, no solamente con una visión integrada
de las normas que regulan la materia, sino con el criterio de política criminal
que subyace al instituto, consistente en que el tratamiento punitivo más
benigno es directamente proporcional al mayor ahorro en recursos investigativos
del Estado. Así, no sería razonable, atendiendo los fines de la institución,
prever el mismo descuento para quien acepte los cargos en la audiencia de
formulación, que para quien lo haga cuando el proceso ya se encuentra más
avanzado: en la audiencia preparatoria, o en el juicio oral.
“De manera que
comparando los dos sistemas de descuento punitivo previstos en una y otra
normatividad para el mismo supuesto de hecho, resulta más permisivo el
contemplado en la Ley 906 de 2004, en cuanto permite un mayor rango de
movilidad del juez para determinar el descuento punitivo, particularmente en
relación con quien se allana en la diligencia de formulación de cargos.
“No obstante, la
Sala reitera que el impacto de esa regulación, debe ser evaluado en cada caso
concreto, correspondiendo al Juez competente, que para el caso de los
sentenciados es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entrar a
evaluar si conforme al proceso de individualización de la pena efectuado en el
caso particular, la nueva norma tiene efectos favorables al condenado.
En efecto, como
la rebaja de pena por aceptación de cargos debe deducirse luego de que el juez
ha calculado la pena a imponer dentro de los márgenes del cuarto de movilidad
que corresponda y teniendo en cuenta los criterios de individualización
establecidos en el artículo 61-3 del Código Penal sustantivo, la determinación
de la rebaja de pena dentro de los límites mínimo y máximo de cada rango,
tendrá que calcularse atendiendo también los factores que tuvo en cuenta el
juez de conocimiento para establecer el quantum punitivo[60].
“Ello implica
que para determinar si se impone o no la aplicación retroactiva de la rebaja de
pena prevista en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004, a procesos que se
adelantaron en vigencia de la Ley 600 de 2000, en los cuales el procesado se
hubiere acogido a sentencia anticipada, debe efectuarse, en cada caso, el
pronóstico de la rebaja ponderada que correspondería aplicar conforme a los
criterios que rigieron el proceso de individualización de la pena impuesta,
para establecer si en efecto la nueva opción resulta más favorable al
sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600 de 2000. No basta acudir de
manera simple al máximo previsto en la nueva disposición (“hasta la mitad”); la
fórmula ponderada por la que optó el legislador impone extender al cálculo del
monto de la rebaja los criterios que rigieron la determinación de la pena.
“De otra parte,
en atención a que puede argumentarse válidamente que el incremento de la rebaja
por allanamiento a los cargos previsto en la nueva normatividad procesal (
hasta la mitad de la pena imponible)  forma parte de una estrategia global de
política criminal (cuya validez no corresponde analizar en esta oportunidad a
la Corte) de la cual formaría parte el incremento generalizado de penas
introducido por la Ley 890 de 2004, considera la Sala conveniente detenerse en
el estudio de la correlación que, en términos de política criminal, pueda
existir entre el incremento generalizado de  penas y el incremento de los
descuentos punitivos por aceptación espontánea de cargos.
Para finalizar, es importante reiterar la jurisprudencia que la
misma sentencia T-091 de 2006, profirió sobre la existencia o no de vínculo de
política criminal entre el incremento punitivo general de la Ley 890 (Art. 14)
y los rangos establecidos en la Ley 906 de 2004 para la rebaja de penas por
terminación anticipada del proceso, como quiera que esa fue una de las razones
que la Corte Suprema argumentó en el caso concreto para negar la tutela.
7.      Los
nexos de política criminal entre la Ley 890 de 2004 y la Ley 906 de 2004.
Reiteración de jurisprudencia
“El acto
legislativo 03 de 2002 mediante el cual se modificó la Constitución Política
para introducir las bases del sistema penal  de tendencia acusatoria,  instó al
Congreso de la República (Art. 4° transitorio) para expedir las leyes
necesarias para adecuar al nuevo sistema, los diferentes cuerpos normativos,
incluido el código penal .
“En desarrollo
de ese mandato se profirió la Ley 890 de 2004 “por la cual se modifica y
adiciona el Código Penal”. El artículo 14 de esa reforma a la ley penal
sustantiva incrementó de manera general las penas contempladas en los tipos
penales que integran la parte especial del código: “Las penas previstas en
los tipos penales de la parte especial del Código Penal se aumentarán en la
tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. En todo caso, la aplicación
de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena
privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2° de la presente ley[61]”
“En la
exposición de motivos de esta iniciativa legislativa se dejó plasmada la
siguiente justificación:
“Atendiendo a los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé los
mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la
administración de justicia y los acusados, se modificaron las penas y se dejó
como límite la duración máxima de sesenta años de prisión, excepcionalmente
para los casos de concurso, y en general de cincuenta años[62]”.
“Este
antecedente legislativo, permite extraer una primera conclusión: el incremento
generalizado de penas está vinculado al mecanismo de la negociación y de los
preacuerdos, no así al de la aceptación unilateral de cargos, o allanamiento a
los mismos.
“El tratamiento
especial que el legislador quiso imprimir al mecanismo de los preacuerdos y
negociaciones, diferenciándolo del allanamiento espontáneo a los cargos aparece
reforzado en el artículo 3° de la Ley 890 de 2004 que establece: “El
artículo 61 del Código Penal tendrá un inciso final así: El sistema de
cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo
preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”. (El
original sin subrayas).
“Esta
disposición cobra pleno sentido si se considera que el allanamiento a los
cargos, conduce a un ejercicio de ponderación por parte del juez, quien, si
acepta el allanamiento, procederá a dosificar la pena conforme a los parámetros
previstos en el artículo 61 del C.P. y sobre esa base efectúa el descuento
punitivo previsto en la ley. En cambio, los preacuerdos y negociaciones
celebrados entre Fiscalía y acusado “obligan al juez de conocimiento, salvo
que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales” (Art.351,
inciso 4).
“Es claro que la
aceptación unilateral de los cargos por parte del procesado, no reclama
espacios de negociación, ni autoriza al fiscal para hacer solicitudes sobre
punibilidad, correspondiendo al juez regirse por los parámetros  de
dosificación ordinarios (Art. 61 C.P.). En consecuencia, los nexos de política
criminal integrada entre el A.L. 03 de 2002 y las Leyes 906/04 y 890/04, se
presentan entre el incremento punitivo general y el mecanismo de preacuerdos y
negociaciones, y no entre aquél y el allanamiento a los cargos.
“De otra parte,
existen otros criterios de política criminal que conducen a justificar la mayor
valoración que en el nuevo sistema se asigna a la actitud del procesado que
opta por allanarse a los cargos.
“En primer
término, el nuevo sistema penal ha cifrado sus expectativas de éxito en la
reducción de los casos que lleguen a juicio. Conforme a los estudios
contratados por el Consejo Superior de la Judicatura se ha sugerido como
“política de gestión” un parámetro que han denominado nivel de “contundencia de
la investigación” consistente en que, siguiendo la experiencia de los países
con tradición en un sistema de corte acusatorio, un alto porcentaje de procesos
se deben resolver en la fase de investigación, lo que reduciría los costos de
operación del sistema.[63] Sobre la base de estas
expectativas resulta coherente que se valorice, en términos punitivos, la
actitud procesal de quien contribuye eficazmente al logro de esos propósitos. Y
resulta también factible un mayor interés en estimular, desde la regulación
legal, todos los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
“En segundo
lugar, no puede perderse de vista que conforme al sistema contemplado en la Ley
600 de 2000, la rebaja de una tercera parte por sentencia anticipada, podía
concurrir si se daban los presupuestos legales para el efecto con la rebaja por
confesión (una sexta parte de la pena Art. 283). Esta posibilidad no existe en
la nueva regulación en la que la confesión desaparece como medio de prueba.
Este factor, también puede ser valorado como criterio de política criminal que
podría tener incidencia en el incremento de los descuentos por allanamiento a
los cargos.
“En tercer
lugar, no obstante haberse demostrado que el incremento general de penas de la
ley 890/04, no guarda una conexidad de política criminal con la institución del
allanamiento a los cargos, y que por ende la nueva normatividad procesal
relativa a los descuentos punitivos no está limitada a operar únicamente en los
casos en que se hubiere aplicado la norma sustantiva inflacionaria (Art. 14 Ley
890/04), resulta conveniente recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia sobre la posibilidad de mezclar, en virtud de la favorabilidad normas
pertenecientes a sistemas distintos.
“En época
anterior prevaleció en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el criterio jurisprudencial que condicionaba la aplicación del
principio de favorabilidad a la preservación de la unidad sistémica, y la
consiguiente imposibilidad de mezclar normas favorables pertenecientes a
sistemas  distintos. Ese criterio, sin embargo, fue superado en el seno de la
propia Corporación:
“Quienes piensan que la favorabilidad sólo puede preverse en
relación con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y
así, verbigracia aplicarían integralmente el nuevo estatuto porque consagra una
pena privativa de la  libertad más benigna, no obstante contemplar una sanción
pecuniaria más grave que la del anterior ordenamiento, sencillamente han dejado
de aplicar la favorabilidad en esa última materia, a pesar de ser ésta
perfectamente deslindable en su concepción teórica y práctica, aunque haga
parte de un todo orgánico; ó en otras palabras, le han puesto restricciones a
un instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen generosamente,
siempre y cuando el precepto conserve su identidad y sentidos jurídicos, por
más que en su aplicación concreta deba relacionarse con otras normas[64]”.
“La pretensión
de condicionar la aplicación del descuento favorable que contempla el artículo
351 de la Ley 906/04 para la aceptación unilateral de cargos en la diligencia
de imputación, a que hubiese operado el efecto inflacionario sobre la pena que
contempla el artículo 14 de la Ley 890/04, implicaría un replanteamiento de la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que
superó una doctrina fundada en la preocupación por la asepsia del sistema,
ubicándose en el ámbito amplio y sin condicionamientos del inciso 3° del
artículo 29 de la Carta, en materia de favorabilidad.
“Adicionalmente
implicaría, desconocer la jurisprudencia de esta Corporación (C- 592/05 y
C-801/05), que establece que las disposiciones del nuevo sistema se aplicarán,
por favorabilidad, a hechos acaecidos antes del 1° de enero de 2005 cuando
ellas regulen, de manera menos gravosa, situaciones específicas. Es claro, que
si se condicionara la aplicación de  los descuentos que por allanamiento a los
cargos prevé la Ley 906/04, a aquellos eventos en que hubiese operado el
incremento general previsto en el Art. 14 de la Ley 890/04, se limitaría su
imperio a hechos acaecidos luego de la vigencia de esta última normatividad (1°
de enero de 2005).
“Conclusión:
“Recapitulando,
los desarrollos teóricos efectuados hasta aquí por la Sala, los cuales además
de pretender dar respuesta a todos los problemas que el caso plantea,
configuran el marco que orientará la decisión en el caso concreto, se tiene
que:
“(i) Se reitera
la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, conforme a las
causales establecidas en la propia jurisprudencia.
“(ii) Se reitera
la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación (sentencias C-592/05 y
C-801/05), en el sentido que la ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en virtud
del principio de favorabilidad, tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia
de la ley, como en Distritos Judiciales en los que aún no se encuentre operando
el nuevo sistema. Estos pronunciamientos acogen la tesis mayoritaria
desarrollada por la Corte Suprema de Justicia[65]sobre la
aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la “coexistencia” de
sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones
estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material  del
principio de favorabilidad.
“(iii) Las
formas de terminación anticipada del proceso, por allanamiento a los cargos, es
un mecanismo que presenta una amplia tradición en el ordenamiento jurídico
colombiano.
“(iv) El nuevo
estatuto procesal penal consagra dos formas de terminación anticipada del
proceso, que conservan su propia individualidad estructural y dogmática: el
allanamiento a los cargos o aceptación unilateral de los mismos, y los
preacuerdos y negociaciones.
“(v) El supuesto
fáctico del instituto de la sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de
2000, corresponde al supuesto fáctico del instituto del allanamiento a los
cargos previstos en la Ley 906 de 2004. Su naturaleza, características y
objetivos político criminales son análogos, y sin embargo generan tratamientos
punitivos distintos.
“(vi) Una visión
sistemática de la manera como están concebidos los rangos de descuento punitivo
por concepto de allanamiento a los cargos en el nuevo sistema, dependiendo del
momento en que se produzca, permite establecer que existe una concepción más
favorable en el nuevo estatuto particularmente en lo concerniente al
allanamiento a los cargos en el momento de su formulación.
No obstante, por
tratarse de un descuento ponderado, la favorabilidad deberá establecerse en
cada caso, atendiendo los criterios que rigieron el proceso de
individualización de la pena.
“(vii) No es
posible predicar una relación de política criminal global (sistémica) entre el
incremento del descuento punitivo por concepto de aceptación de los cargos en
el nuevo sistema procesal penal (Art. 288.3, 351 y 356), y el incremento
generalizado de penas introducido por la Ley 890 de 2004. Se identifican
criterios específicos de política criminal que justifican la revaloración de
esta actitud procesal.”
8.      El
caso concreto
La accionante
instauró acción de tutela, mediante apoderado, contra las providencias
proferidas por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá y contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante las
cuales le negaron la redosificación punitiva de su condena, solicitada con
fundamento en lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de
2004, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 29 de
la Constitución Política.
Es pertinente en
este momento recordar que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre
este tema en particular en las sentencia T-1211 de 2005[66]
y en la sentencia T-091 de 2006, en las que la Sala Novena y la Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas, respectivamente, concedieron la tutela del derecho
fundamental al debido proceso invocado en cada caso concreto, al estimar que
los jueces demandados en uno y otro proceso penal adoptaron sus decisiones
interpretando las normas aplicables relativas a la redosificación punitiva, de
manera adversa a la Constitución Política. Por ello, en el caso en estudio se
adoptará la posición sentada por esas dos Salas de Revisión, conforme los
precedentes que se citaron anteriormente.
Ahora bien, en
primer término, es necesario establecer si la acción de tutela en el presente
caso es procedente ante la inexistencia de otro mecanismo judicial de defensa
contra las decisiones cuestionadas por esta vía. Sin embargo, es preciso
determinar si con las decisiones contenidas en las referidas providencias, se
ha vulnerado algún derecho de la accionante, en cuanto a si se estructuró
alguna de las causales que conforme a la jurisprudencia de la Corte dan lugar a
la tutela.
En efecto, la
Sala observa que se configura un defecto sustancial consistente en haber
tomado la decisión con fundamento en una normatividad que no era la aplicable
al caso concreto. Así, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
fundamentó su decisión en una providencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, según la cual a los casos de los condenados que se
acogieron a sentencia anticipada en vigencia del artículo 40 de la Ley 600 no
les es aplicable, en virtud del principio de favorabilidad, la rebaja de pena
establecida en el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906. Así mismo lo
resolvió el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia del a quo.
Esa
interpretación que se hizo del principio de favorabilidad es violatoria del
artículo 29 inciso 3° de la Constitución que prevé un concepto amplio de
favorabilidad, sin restricciones relativas a los condenados y sin ubicarlo en
el estrecho margen de la norma sustantiva favorable; aspectos que están
superados en el ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia
concepción constitucional y que fueron interpretados por los accionados de
manera negativa a los derechos fundamentales de la actora.
En efecto, los
accionados se negaron a aplicar el principio de favorabilidad en el caso en
estudio, y se limitaron a aplicar las normas de la Ley 600 de 2000 en materia
de punibilidad referida al allanamiento a los cargos, omitiendo la aplicación
del régimen previsto en la nueva ley (Ley 906 de 2004, Arts. 288-3 y 351) en
relación con la misma materia, que resulta más favorable, y con ello vulneraron
el derecho fundamental al debido proceso de la demandante.
Como se ha reiterado, el juicio de favorabilidad debe efectuarse en
concreto. No obstante, en el caso presente, a pesar que el Magistrado Ponente
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó al
Juzgado accionado que enviara copia de la sentencia condenatoria proferida en
contra de la accionante, ese documento no se aportó al proceso, de manera que
esta Sala no puede hacer el análisis de la dosificación punitiva en concreto.
Sin embargo, ello no obsta para que se reitere que la accionante tiene derecho
a que en virtud del principio de favorabilidad, se le revise la condena
impuesta en el proceso penal, conforme lo establecido en el artículo 351,
inciso 1º de la Ley 906, de acuerdo con las consideraciones precedentes y así
se le ordenará hacerlo al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, demandado.
En efecto, como
se estableció en el marco teórico reiterado para el análisis de este caso, la
figura de la sentencia anticipada (Ley 600 de 2000, Art. 40) regula un supuesto
de hecho análogo en sus características y finalidades, al que estructura el
allanamiento a los cargos en la diligencia de formulación de imputación
prevista en los artículos 288-3 y 351 de la Ley 906 de 2004, para el cual se
prevé un descuento punitivo de “hasta la mitad”. También quedó
establecido que atendiendo a la sistemática que regula los diferentes rangos de
descuento punitivo por el allanamiento a los cargos, vinculados aquellos a los
diferentes momentos procesales en que se presentan, la rebaja de pena por
allanamiento en la diligencia de formulación de cargos será de una tercera
parte[67] “hasta la mitad”.
De manera pues
que, como ello demanda un ejercicio de ponderación por parte del juez
competente, que para el caso es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad (Art. 79.7 C.P.P.), deben tenerse en cuenta para el efecto los
criterios de dosificación aplicados, en desarrollo de su autonomía, por el Juez
que impuso la condena. Sin embargo, será el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad quien deberá efectuar la redosificación punitiva,
atendiendo la aplicabilidad del principio de favorabilidad en la materia
estudiada, así como los criterios de dosificación aplicados en la sentencia
definitiva por el juez de conocimiento.
En consecuencia,
esta Sala concederá la tutela del derecho fundamental al debido proceso de la
demandante, en su expresión de favorabilidad en materia penal, al haber sido
vulnerado por el Juez Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al rehusarse a
efectuar el juicio de favorabilidad y aplicar la norma que, atendidas las
especificidades del caso, resultara más favorable a la demandante.
La Sala
ordenará, como se expresó, al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, que proceda a abordar el juicio de favorabilidad y a
aplicar la norma que resulte más favorable a la sentenciada en materia de
reducción de la pena por allanamiento a los cargos, teniendo como parámetro las
normas pertinentes de la Ley 600 de 2000 (Art. 40), así como las normas que
regulan el mismo evento en la Ley 906 de 2004, conforme a lo establecido en
esta sentencia. Así mismo deberá tener en cuenta en su ejercicio de ponderación
los criterios de punibilidad aplicados por el Juez de conocimiento al
individualizar la pena.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias del 21 de marzo y del 13 de junio
de 2006, mediante las cuales las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte
Suprema de Justicia, respectivamente, negaron la tutela instaurada por la
señora Alix Amira Sotelo Vargas y en su lugar CONCEDER la tutela al
derecho fundamental al debido proceso de la demandante.
SEGUNDO.-
ORDENAR al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá que proceda, dentro del término de cinco (5)
días contados a partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la
solicitud de redosificación punitiva formulada por la señora Alix Amira Sotelo
Vargas, mediante apoderado, teniendo en cuenta las normas aplicables en virtud
del principio de favorabilidad y conforme a las consideraciones de esta
sentencia.
TERCERO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] A saber: i.) la proferida el 21 de febrero de
2005 con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, del Tribunal
Superior de Bogotá, en el que se aplicó la rebaja de pena a la mitad,
establecida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio
de favorabilidad, a Sandra Milena Elejalde Vásquez condenada por el delito de
tráfico de estupefacientes, según afirmó, por haberse acogido a la figura de la
sentencia anticipada; ii.) la proferida por el mismo Magistrado Luis
Eduardo Manrique Bernal, del Tribunal Superior de Bogotá, el 1º de marzo de
2005 que, en virtud del principio de favorabilidad, aplicó los artículos 293,
350 y 351 de la Ley 906 de 2004 y concedió en beneficio de redosificación de la
pena al señor Javier González Parra, condenado por el delito de hurto
calificado y agravado, por acogerse a la figura de la sentencia anticipada; iii.)
la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá,
el 14 de marzo de 2005, en la que se aceptó la petición de sentencia anticipada
y el beneficio de redosificación de la pena al señor Miguel Angel Amador Pérez
condenado por el delito de tráfico de estupefacientes; iv.) la proferida
el 14 de junio de 2005, por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, en la cual se concedió el beneficio de redosificación de la pena,
en virtud del principio de favorabilidad, al señor José del Carmen Orjuela,
condenado por el delito de secuestro simple en concurso homogéneo con
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones y hurto
calificado y agravado; v.) la proferida el 17 de junio de 2005, por el
Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la cual se
reconoció el beneficio de redosificación de la pena, en virtud del principio de
favorabilidad, al señor Luis Oscar Sáenz Rojas, condenado por el delito de
tráfico de estupefacientes; vi.) la proferida el 5 de agosto de 2005,
por el Magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, de la Sala Penal Tribunal
Superior de Bogotá, donde revocó la decisión del Juzgado Octavo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y aplicó, por el principio de
favorabilidad, la rebaja de pena a la mitad de la señora Yesenia Guadalupe
Robles Cáceres condenada por el delito de tráfico de estupefacientes, por acogerse
a la figura de la sentencia anticipada.
[2] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[3] Sentencia T-091 de 2006,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Ídem.
[5] Ver, C-590 de 2005.
[6] Sentencia T- 774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7]
Sentencia T-522/01, MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de
2001 y  T-1031 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett; T-1625/00, MP (e) Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[9] Sentencia C-
590 de 2005.
[10] Cfr. T- 1130 de 2003.
[11] Cfr. Sentencia T-
462 de 2003, MP Eduardo Montealegre Lynett.
[12] M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[13] Ver Sentencia C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Jaime Araujo Rentería.
[14] Caber
recordar al respecto en efecto que la Corte Suprema de Justicia refiriéndose al
artículo 26 de la Constitución de 1886, cuyo texto en lo pertinente es
reproducido de manera casi idéntica por el articulo 29 de la Carta de 1991 ya
había dicho en la Sentencia de la Sala de
Casación Penal de Marzo 15 de 1961 -citada en las sentencias C-200/02 y
T-272/05- que:
“Debe
observarse, ante todo, que ni el texto constitucional, ni los textos legales
citados, que en una forma categórica consagran y reiteran el canon de la
retroactividad de la ley penal permisiva o favorable en materia penal, y por lo
tanto, y a contrario sensu, el canon de la no retroactividad de la ley
restrictiva o desfavorable, no hacen distinción alguna entre las leyes
sustantivas o adjetivas ni procesales. La observación es pertinente por cuanto
existe una generalizada tendencia a suponer que el artículo 40 de la ley 153 de
1887, en cuanto dispone que: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir”, restringe o limita el canon constitucional de la
retroactividad de la ley penal más favorable, y por lo tanto, el de la no
retroactividad de la restrictiva, únicamente al campo de las leyes penales
sustantivas, y que por consiguientes las leyes procesales, aunque sean más
desfavorables que la ley anterior, tienen efecto inmediato aún sobre hechos
ilícitos cometidos con anterioridad a su vigencia.
“Pretender
darle este alcance al citado artículo de la Ley 153, equivale, desde luego a
darle una aplicación preferente a un texto legal sobre un precepto
constitucional.
“Con
frecuencia, sobre todo en los últimos, se han dictado leyes y principalmente
decretos leyes de carácter procesal que restringen, limitan y hasta suprimen
casi completamente las garantías procesales de la defensa consagradas por el
C.de P.P., leyes a las que se da inmediata vigencia sobre las normas anteriores
más benignas, suponiendo acaso que por tratarse de leyes sobre ritualidad de
los juicios están excluídas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, del
principio de la no retroactividad de la ley restrictiva.
“Por
esto oportunamente recuerda el demandante la jurisprudencia siguiente:
“Es
verdad que ante la vigencia de una nueva ley procedimental, el reo no puede
invocar, alegar derecho adquiridos por leyes procesales anteriores, pero la
aplicación inmediata de la nueva ley sólo debe llevarse a efecto cuando con
ella no se agravan las condiciones del acusado; de no ser así, la ley
procedimental, lejos de tutelar los intereses sociales y los del procesado, los
restringirá en perjuicio de éste”. (sentencia, 13 de septiembre de 1945. LIX,
539).
“A
pesar de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887 sobre la vigencia
inmediata de lo relativo a la sustanciación y ritualidad de los juicios, es
doctrina constitucional y legal la de que ni siquiera lo que se refiere a
procedimiento debe tener aplicación inmediata si, sin solicitud de parte,
apareciere como menos favorable, a simple vista, que el procedimiento
anterior”. (Auto 22 de septiembre de 1950. LXVIII, 232; 29 de septiembre de
1950, LXVIII, 271).
“El canon de la retroactividad
de la ley penal favorable o permisiva, y por lo tanto, el de la no
retroactividad de la ley desfavorable al sindicado está erigido por nuestra
Carta en un principio supralegal, en una garantía constitucional, como uno de
los derechos supremos reconocidos a la persona humana frente al poder del
Estado, es decir, como uno de aquellos derechos que integran la personalidad
inviolable de todo ciudadano, que no puede ser desconocido por ninguna norma
legislativa, cualquiera sea la naturaleza de ésta.”Sentencia C.S.J. Sala de Casación
Penal Marzo 15 de 1961.
[15]
Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[16] “Artículo 40. Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación.”
[17]
En similar sentido en relación con las normas de la Constitución de 1886 ver
las sentencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 27 de
noviembre de 1987 M.P. Jesus Vallejo Mejía y  11 de febrero de 1988 M.P.
Hernándo Gomez Hotálora.
[18] Ver Sentencia C-843/99 M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[19] ARTÍCULO 533. DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente
código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del
año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
Los
artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su
publicación.
[20]
Cabe advertir que la Ley 906 de 2004 fue publicada sucesivamente en los Diarios
oficiales 45.657 del 31 de agosto de 2004 y 45.658 del 1 de septiembre de 2004.
[21] LIBRO VII.
REGIMEN
DE IMPLEMENTACION.
CAPITULO
I.
DISPOSICIONES
GENERALES.
ARTÍCULO
528. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. El Consejo Superior de la Judicatura y el
Fiscal General de la Nación ordenarán los estudios necesarios y tomarán las
decisiones correspondientes para la implantación gradual y sucesiva del sistema
contemplado en este código.
En
desarrollo de los artículos 4o. y 5o. del Acto legislativo 03 de 2002, la
Comisión allí creada adelantará el seguimiento de la implementación gradual.
ARTÍCULO
529. CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. Se tendrán en cuenta los siguientes
factores para el cumplimiento de sus funciones:
1.
Número de despachos y procesos en la Fiscalía y en los juzgados penales.
2.
Registro de servidores capacitados en oralidad y previsión de demanda de
capacitación.
3.
Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.
4.
Demanda en justicia penal y requerimiento de defensoría pública.
5.
Nivel de congestión.
6.
Las reglas de la gradualidad fijadas por esta ley.
ARTÍCULO
530. SELECCIÓN DE DISTRITOS JUDICIALES. Con base en el análisis de los
criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005
en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una
segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos
judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de
Viterbo, Tunja y Yopal.
En
enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de
Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y
Villavicencio.
Los
distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó,
Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que
llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de
enero de 2008.
CAPITULO
II.
RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN.
ARTÍCULO 531.
PROCESO DE DESCONGESTIÓN, DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS. Los términos de
prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes
de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte
que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término
prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.
En
las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan
transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las
exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la
prescripción.
Estarán
por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos,
las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de
circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que
afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado;
peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien
(100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho
propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato
sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de
contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e
incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y
estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos,
mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del
Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También
se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea
menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre
de investigación.
Los
fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán
de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión
se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.
Los
términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los
distritos judiciales a partir de la promulgación del código.
ARTÍCULO 532. AJUSTES EN
PLANTAS DE PERSONAL EN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL, DEFENSORÍA
DEL PUEBLO Y ENTIDADES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.(…)
[22]
Vigencia que de acuerdo con el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 se fijó para
el 1 de enero de 2005, con excepción de los artículos 531 y 532 del mismo
Código cuya vigencia se estableció para la fecha de  la publicación de la Ley
906 de 2004.
[23]
Ver Sentencia C-873/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Jaime Araujo
Rentería; Alfredo Beltrán Sierra; Alvaro Tafur Galvis
[24] Sentencia C-1092/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[25] i) entre el momento de la aprobación del Acto
Legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31
de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual
coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a
partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en “plena vigencia” el
nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país.
[26]
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Auto del cuatro (4) de mayo de
dos mil cinco (2005) M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Rad. Única instancia 19094).
[27] Artículo 4 transitorio
del Acto Legislativo 03 de 2002.
[28] Ver Acta de la Sesión
del 26 de mayo de 2004 Senado de la República.
[29]
El siguiente es el texto de la disposición proyectada y aprobada: “Las
disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la
investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia”.
[30] Sobre la jurisprudencia, se ha dicho que la producida
por los órganos judiciales que se encuentran en la cúspide la respectiva
jurisdicción, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción
ordinaria (C.P. art. 234) y el Consejo de Estado en la jurisdicción de lo
contencioso Administrativo (C.P. art. 237-1), en cuanto cumplen la función de
unificar los criterios hermenéuticos y de aplicación de las normas que integran
el ordenamiento, resulta ser un referente de gran autoridad para evaluar con
mayor precisión el alcance de las disposiciones sometidas al juicio de
constitucionalidad. Es evidente que al acoger sus criterios, el órgano de
control no solo está reconociendo la importancia que tiene para el derecho la
labor interpretativa y de unificación asignada a los organismos de cierre de
las distintas jurisdicciones, sino además, rescatando el verdadero significado
de la norma, esto es, su significado viviente o el que surge de su aplicación.
Ver Sentencia C-901/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil .
[31]
Ver, entre otras las sentencias  C-557/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
C-901/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32]
Ponderación no es simplemente el acto de ponderar sino que demanda del
funcionario judicial una hermenéutica que comprenda el tipo de Estado y todo el
capital axiológico de la Constitución Política incluido el bloque  de
constitucionalidad, como también la parte dogmática del estatuto procesal.
[33]
“Compartimos con el Gobierno el plazo prudencial de cuatro años a partir de la
promulgación del Proyecto de Acto Legislativo..., para permitir el proceso de
transición hacia la implementación de un sistema de corte acusatorio... En este
término se deberán llevar a cabo foros gubernamentales, discusiones académicas
y publicidad a través de los medios, para enterar a los funcionarios del
aparato judicial y a la ciudadanía sobre la reforma...”. CÁMARA DE
REPRESENTANTES, Ponencia para primer debate, Comisión Primera Constitucional,
Gaceta del Congreso #148 del 7 de mayo de 2002.
[34]
CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C- 873 de 2003, M. P., Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA. “Según se advierte del análisis sobre el trámite de la
reforma, con las expresiones sobre las cuales el demandante puntualiza los
cargos contra este artículo (5º transitorio del A.L. 3/2002), se hizo expreso
el principio de irretroactividad de la ley penal al consignar que el nuevo
sistema se aplicaría únicamente a los delitos cometidos
con posterioridad a la vigencia que en la propia ley establezca y se amplió
en un año el plazo para que entrara en plena vigencia el nuevo sistema”. CORTE
CONSTITUCIONAL, Sent. C-1092 de 2003, M.P., Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS.
[35]
NORBERTO BOBBIO, Teoría general del derecho, Bogotá, Edit. Temis, 1994,
pág. 188. Y, HUMBERTO SIERRA PORTO, Valor normativo de la Constitución,
Bogotá, Uniext, págs. 27ss.
[36]
CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-873 de 2003, M.P., Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA.
[37]
La existencia de una norma hace relación a su introducción al
ordenamiento jurídico una vez se han cumplido los requisitos constitucionales
respectivos para su adopción; la eficacia jurídica hace relación a la
producción de efectos de la norma en cuanto a su aceptación; y la vigencia
al tiempo en el que genera efectos jurídicos obligatorios, a su entrada en
vigor.
[38]
GUSTAVO ZAGREBELSKY, El derecho dúctil (Cap. 6, El derecho por
principios), Madrid. Edit. Trotta, 1995, págs. 109ss.
[39] Corte Suprema de
Justicia  Sala de Casación Penal  Auto del cuatro (4) de mayo de  dos mil cinco
(2005) M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Rad. Única instancia 19094).
[40] Ver Sentencia C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Jaime Araujo Rentería.
[41]
Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42]
Sentencia SU 062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[43]
Sentencia C- 873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] i) entre el momento de la aprobación del Acto
Legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31
de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual
coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a
partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en “plena vigencia” el
nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país
[45]
Así en cuanto a la expresión únicamente el Diccionario de la Lengua Española
señala: “únicamente. Adv. M. Sola o precisamente”; y en relación con la
expresión único señala “único, ca. adj. Solo y sin otro de su especie”
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española Vigésima Primera
Edición Pág. 2046
[46]
En cuanto a la expresión exclusivamente el Diccionario de la Lengua Española
señala: “exclusivamente. Adv. M. Con exclusión / 2. Sola, únicamente. Y en
relación con la expresión exclusivo señala “Exclusivo, va. Adj. Que excluye o
tiene fuerza de excluir / 2. Único, solo, excluyendo a cualquier otro”.
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española   Vigésima Primera
Edición Pág. 931
[47] Artículo
37 del Decreto 2700 de 1991.
[48]
Si la aceptación se presentaba una vez definida la situación
jurídica y hasta antes del cierre de la investigación el descuento sería de 1/3
parte. Si ella se producía entre la resolución de acusación y antes de que
fijara fecha para la audiencia de juzgamiento la rebaja sería de 1/6 parte.
[49] Artículo
37A del Decreto 2700 de 1991.
[50] Una
tercera parte cuando la aceptación de cargos se produce desde la diligencia de
indagatoria y hasta antes de que  quede ejecutoriado el cierre de la
investigación. Una sexta parte, una vez proferida la resolución de acusación y
hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para
audiencia.
[51] Artículo 413, Ley 600 de
2000. La identificación de dirigentes o cabecillas de
organizaciones delictivas, la identificación e incautación  de bienes y fuentes
de financiación de organizaciones delictivas, la localización del lugar en que
se encuentra la víctima de determinados delitos.
[52]
En este momento procesal también se contempla la posibilidad
de que la aceptación de los cargos sea la consecuencia de un acuerdo celebrado
entre acusado y fiscal, configurándose las denominadas  manifestaciones de
culpabilidad preacordadas , caso en el cual es la Fiscalía quien deberá indicar
al juez los términos del acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere (Art.
369). Si la manifestación preacordada fuere aceptada por el juez la pretensión
punitiva del fiscal, se convierte en el marco para el juez, en cuanto no podrá
imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal (Art. 370).
[53]
Corte constitucional, sentencia C-425 de 1996, MP Carlos
Gaviria Díaz. Definición similar se inserta en la sentencia SU-1300 de 2001, MP
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] Ib.
[55] Ib.
[56] Ib.
[57] Ib.
[58] El
artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el Código Penal
establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a
cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[59]
Este reconocimiento desvirtúa la legitimidad del argumento de
que por tratarse de una institución propia, vertebral o estructural del nuevo
sistema acusatorio no admitiría la posibilidad de invocar favorabilidad. No
solamente porque como se demostró presenta una tradición en el sistema jurídico
procesal colombiano, sino porque es evidente que si una institución presenta
ese nivel de caracterización específica, esencial y medular respecto del nuevo
sistema, es muy probable que no encuentre punto de referencia en el anterior
sistema, excluyéndose así el supuesto material de la favorabilidad, cual es la
existencia de supuesto de hecho similares tratados de manera distinta.
[60]
Esos factores son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o
potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el
caso concreto, en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo, y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de
la contribución o ayuda (Art. 61 CP).
[61] El
artículo 2° establece que “El numeral 1° del artículo 37 del Código Penal
quedará así: 1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración
máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.
[62] Gaceta
del Congreso No. 345 de Julio 23 de 2003, Pag. 11.
[63]
“El parámetro de “contundencia de la investigación” es crucial
no sólo para el cálculo de costos de la implantación de la reforma sino también
para la operación del nuevo sistema. En efecto, los estándares internacionales
de países con tradición en el empleo de sistema penal acusatorio establecen que
tan sólo un 10% de los procesos debe llegar a juicio formal; el 90% debe
terminar en un proceso de negociación de la pena que consume mucho menos
recursos del sistema penal. Este parámetro para el caso colombiano, podría
asociarse de una manera histórica con el número de procesos que termina con una
sentencia anticipada. El porcentaje en estos casos no supera el 15% según
cifras de la Fiscalía. Si este fuese el valor que se toma para este parámetro
el sistema, simplemente, colapsaría por la demanda de recursos del sistema
penal para realizar todas las audiencias de juicio que se requerirían.  Las
discusiones en la mesa institucional de la Fiscalía llevaron a reconocer la
importancia de fijar este parámetro como una política de gestión
de la entidad para guiar la efectividad de labor como actor imprescindible del
sistema penal . Fue así como se acordaron los porcentajes de contundencia (…)
80% para los casos investigados por las fiscalías locales; 70% para los casos a
cargo de los fiscales seccionales; y 60% para los casos en manos de los
fiscales especializados”.  (Estudio contratado por el Consejo Superior de la
Judicatura con la Universidad de los Andes y el Instituto SER de Investigación
denominado “Plan Operativo para la implantación de la Reforma del Sistema Penal
Colombiano”, Abril de 2004).
[64]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia
de única instancia, septiembre 3 de 2001. Radicación 16.837, MP Jorge Aníbal
Gómez. Criterio reiterado en auto de noviembre 29 de 2001. Radicación 18.915,
MP Edgar Lombana Trujillo. Esta línea jurisprudencial se ha mantenido en esa
Corporación, con la natural irradiación que proyecta hacia la judicatura penal.
[65] Auto de julio 19 de
2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de mayo 4 de 2005,
radicaciones 19094 y 23567.
[66] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[67]
La tercera parte constituye el máximo a descontar cuando el
allanamiento se produce en la audiencia preparatoria (hasta una tercera parte).