T-359-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-359/95
PRESTACIONES
SOCIALES-Mora en el pago/PROCESO
EJECUTIVO LABORAL
Si bien cuando se
advierte que existe por parte de la Administración una demora no razonable e
injustificada para el cumplimiento de una obligación laboral, o cuando se ha
vulnerado el derecho de petición del solicitante, el juez de tutela en procura
de la efectividad de los derechos laborales, está facultado para ordenar la
liquidación y pago de los mismos y en tal caso tutelar los derechos del
trabajador, no puede hacerlo cuando para lograr la efectividad de esos derechos
existan otros mecanismos de protección judicial, como sucede en este caso, en
el que la demandante para obtener el cumplimiento coercitivo de la resolución,
cuenta con la acción ejecutiva que le permite inclusive solicitarle al Juez que
ordene las medidas cautelares que garanticen el pago de la suma que se le
adeuda.
SENTENCIA-Cumplimiento/DESACATO DE TUTELA
Ni las
autoridades públicas ni los particulares pueden eludir, con disculpas o juicios
de valor, o por simple marginamiento voluntario del proceso judicial, el
cumplimiento de un fallo de tutela. Y si esto ocurre, de conformidad con la
normatividad vigente, el Juez debe adoptar las medidas que aseguren su
observancia sin demora, así el expediente esté en trámite para su eventual
revisión ante la Corte Constitucional, y si es del caso, deberá iniciar el
correspondiente incidente de desacato y, si encuentra que se ha podido cometer
algún delito o falta disciplinaria por quien se ha sustraído del cumplimiento
de la respectiva decisión judicial, habrá de comunicarlo a la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades
inicien las investigaciones a que haya lugar.
REFERENCIA: Exp. No. T- 71294
DEMANDANTE: TERESA DE JESUS BALLESTA contra INDUSTRIA
LICORERA DEL MAGDALENA.
PROCEDENCIA: Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta.
TEMA: Pago de cesantías definitivas, vacaciones
y primas de vacaciones.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
agosto 9 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, a
revisar el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta
el once (11) de mayo de 1995 en el proceso de tutela de la referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala por remisión que le hizo el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Seis (6) de la Corte Constitucional, escogió, para
efectos de revisión, la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
1. La señora TERESA DE JESUS BALLESTA, por
intermedio de apoderado, acude al mecanismo de la acción de tutela "con
el único interés de que dicha factoría se obligue a respetarle el derecho a la
igualdad constitucional prestablecida en el artículo 13 y demás normas rectoras
concordantes", debido a que se le reconoció el pago de las
prestaciones sociales y salarios caídos del señor LEOPOLDO GUERRERO I.
(q.e.p.d.) por valor de $1'500.524.22, en su condición de cónyuge supérstite de
éste último, mediante resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994 proferida por
la Gerente de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, y a la fecha de presentación
de la demanda de tutela no se le había cancelado tal suma.
2. Manifiesta que considera vulnerado su
derecho a la igualdad en cuanto a la señora EVA MARQUEZ, quien actuó en "condición
de representante legal de beneficiario del mismo causante, le cancelaron los
derechos que menciona la resolución."
3. El Juzgado de conocimiento ofició a la
INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA con el fin de que certificara si la entidad
había cancelado a terceras personas emparentadas con el señor LEOPOLDO GUERRERO
IGUARAN, suma alguna de dinero por concepto de prestaciones sociales y
salarios; y si debía a la accionante el valor correspondiente a los derechos
que como cónyuge supérstite del mencionado señor le habían sido reconocidos
mediante resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994. Para que remitiera dicho
certificado, se le concedió un término improrrogable de tres días, plazo que
transcurrió sin que la accionada enviara su respuesta.
II. LA DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Santa Marta profirió sentencia el once (11) de mayo de 1995
y resolvió "acceder a la acción de tutela promovida por la accionante y
por consiguiente ordenar al Gerente de la Industria Licorera del Magdalena, que
respeten (sic) el derecho de igualdad de la señora TERESA DE JESUS
BALLESTA". Además concedió a la demandada el término de un mes para
que efectuara el pago de lo adeudado a la accionante.
El citado Juzgado
adoptó tal decisión como consecuencia de haber transcurrido el término que le
fijó al representante legal de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA para que
certificara a ese Despacho acerca de hechos expuestos en la demanda, sin que
hubiere recibido respuesta alguna. Dijo el Juzgado:
"Vencido el
término que el juzgado le dio a la Gerencia de la Industria Licorera del
Magdalena para aportar la documentación referida, sin que se hubiese atendido
el indicado requerimiento, estima el despacho que se impone aplicar el art. 20
del Decreto 2591 de 1991, que establece la presunción de veracidad (...)
En el asunto
sub-júdice el juzgado considera que no es menester adelantar "otra
averiguación previa", como anota el artículo preinserto, infiere, y juzga
que en la aplicación de la presunción de veracidad incorporada en el precepto
en comento debe entrar a fallar de plano, a lo cual procede teniendo por
ciertos los hechos afirmados por el accionante, de donde fluye como corolario,
que debe prosperar la acción incoada (...)"
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. La
Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta el día once (11) de mayo de 1995.
2. La Materia.
Pretende la
accionante que se le respete el derecho a la igualdad que considera le fue
vulnerado por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA ya que dicha entidad
mediante la resolución No. 204 de 1994 le liquidó y reconoció el derecho al
pago de las prestaciones sociales y salarios caídos como beneficiaria de su
cónyuge fallecido por valor de $1'500.524.22, y hasta la presentación de la
demanda de tutela no había recibido suma alguna por dichos conceptos, a pesar
de que a otros beneficiarios reconocidos a través del mismo acto sí se les
efectuó el respectivo pago.
Esta Corporación
ordenó oficiar a la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, para que su representante
legal, bajo apremio de ley y de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991, certificara si dicha entidad ha cancelado a personas con algún grado
de parentesco con el señor LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN, entre ellas a la señora
EVA MARQUEZ, valores por concepto de salarios y prestaciones sociales; si la
accionada debe o no a la demandante suma alguna de dinero como consecuencia del
reconocimiento de prestaciones sociales y salarios caídos del fallecido señor
GUERRERO IGUARAN efectuado por medio de la resolución No. 204 de 1994 emanada
de esa entidad; si la accionada dió respuesta al oficio del 02 de mayo de 1995
remitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, por medio del
cual se le solicitó certificación acerca de los puntos anteriormente
relacionados; y finalmente, si dio cumplimiento al fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta  el 11 de mayo de 1995 por medio
del cual se tuteló el derecho a la igualdad de la señora TERESA DE JESUS
BALLESTA y se le ordenó efectuar el respectivo pago en el término de un mes. De
todo lo anterior se le solicitó a la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA enviar
los correspondientes documentos. Para responder, se le concedió a la accionada
un término de tres días hábiles a partir de la recepción de la comunicación.
Obra a folio 29 del
expediente el informe rendido por la Secretaría de la Corporación en relación
con la respuesta a los anteriores puntos por parte de la entidad accionada, el
día 21 de julio de 1995, en el que se expresa lo siguiente:
"Según el
informe del Señor CARLOS ALBERTO ROCHA M., (...), el día 5 de julio del
presente año recibió el oficio número 943 con destino a la LICORERA DEL
MAGDALENA, el cual fue remitido por correo certificado de Adpostal, por el
mismo empleado, el día 6 de julio de 1995.
A la fecha no se
ha recibido en esta Secretaría respuesta al mencionado oficio."
Sin embargo,
mediante oficio de fecha 27 de julio de 1995, el señor ARMANDO CASTILLO
GERRERO, Gerente de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, dio respuesta al
oficio referido, recibido el 31 de julio del mismo año por el Despacho del
Magistrado Ponente. En su escrito, el representante legal de la accionada
expresa lo siguiente:
"1. Esta
Factoría no le ha cancelado suma de dinero liquidada por concepto de salarios
Prestaciones Sociales (sic) a ninguna persona con grado de parentesco con el
finado LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN como consecuencia de sustitución pensional ní
a la señora EVA MARQUEZ GARCIA.
2. A la señora
TERESA DE JESUS BALLESTAS (sic), sí se le debe determinada suma de dinero por
concepto de Prestaciones Sociales y Salarios Caídos reconocidas en la
Resolución No. 204 de Mayo 19 de 1994 (...)
3. Con respecto
al cumplimiento del Oficio del 02 de Mayo de 1995 suscrito por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal fue imposible dar respuesta en vista que ésta Factoría
se trasladó a las nuevas oficinas como consecuencia del fenómeno de concesión
donde se le adjudicó la producción y la distribución de licores a la Sociedad
Comercializadora de Licores del Magdalena "COLIMAG S.A." para tal
efecto quedando algunos documentos y expedientes en la antigua oficina
encontrándose su Hoja de Vida o Expediente del señor (sic) LEOPOLDO GUERRERO
IGUARAN en ésta. Los cuales fueron remitidos más tarde a estas Dependencias que
se encuentra en liquidación cumpliendo (sic) con las obligaciones
insatisfechas.
4. En relación al
cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta de fecha 11 de Mayo de 1995 que concedió la Tutela promovida por la
señora TERESA DE JESUS BALLESTAS (sic). No se le ha dado cumplimiento y los
motivos los conoce la accionante los cuales son la falta de recursos económicos
(...), además en ningún momento a la señora en mención se le están negando sus
derechos ya reconocidos que el interés (sic) de la Empresa a mi cargo es de
solucionarle los problemas a los extrabajadores (...) para tal efecto nos hemos
dado a la tarea de llevar un orden cronológico de las tutelas instauradas para
hacer efectivo su pago.
Anexo a la
presente Ocho (8) Ordenes de Pago a favor de los Beneficiarios de la
sustitución Pensional del finado LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN las cuales no han
sido canceladas (...) (subrayado fuera del texto)"
En razón de los
antecedentes referidos, la Corporación estima conveniente, para resolver de
fondo, analizar dos aspectos: en primer término, la protección al salario y a
las prestaciones sociales, estableciendo si en el caso presente existe una
eventual vulneración o amenaza de derechos fundamentales, y si para su amparo
existen o no otros mecanismos de defensa judiciales; y en segundo lugar, debe
la Corte analizar las circunstancias particulares de inobservancia de la
decisión judicial objeto de revisión, a la luz del ordenamiento jurídico
vigente, a fin de que se dé estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley.
a. Protección al
salario y a las prestaciones sociales.
En relación con la
protección que la Carta Política y los tratados internacionales brindan al
salario y a las prestaciones sociales, la Corporación ha tenido la oportunidad
de referirse en el pasado, entre otras, mediante la sentencia No. T-344 de 1994
en la cual se afirmó lo siguiente:
"La
protección constitucional al salario debe ser efectiva. Este es un
derecho que se fundamenta en los artículos 1º, 2º, 25, 53, 58 de la
Constitución Política, derechos que se interpretan y complementan, en lo
pertinente, por Tratados y Convenios Internacionales (art. 53 y 93 C.P.). Para
el caso de la protección al salario debe tenerse particularmente en cuenta el
Convenio 95 de 8 de junio de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo.
En dicho Convenio
la O.I.T. define el salario en la siguiente forma:
"Artículo
1.- A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".[1]
Esta
caracterización del salario queda protegida constitucionalmente, según se dijo,
por los artículos 53 y 93 de la C.P. y, además, por el artículo 25 de la Carta
que dice:
ARTICULO 25. El
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Subraya fuera del
texto)"
De conformidad con
la jurisprudencia referida, en materia de salarios se aplican los criterios
plasmados por la O.I.T. en su trigésima Segunda Reunión, efectuada en Ginebra
en 1949 y aprobada mediante la Ley 54 de 1962, y que incluyó dentro de la
definición de salario, "toda forma de remuneración". Así
entonces es claro que, a pesar de que en nuestra legislación distingue entre
salario y prestaciones sociales, ambos están cobijados por los mismos
principios constitucionales de protección a la remuneración consagrados en la
Carta Política.
La Constitución de 1991
ha consagrado que el trabajo es un derecho fundamental y una obligación social
que goza de la protección del Estado y cuya retribución es la contraprestación
que se recibe por el servicio prestado. Así, el derecho a recibir la
remuneración, constituye para el trabajador un derecho inalienable y para el
patrono una obligación que deberá cumplir de manera completa y oportuna.
En el presente caso
la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA goza del reconocimiento, a través de la
resolución No. 204 de 1994 proferida por la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA,
de su condición de beneficiaria "en un 50% de las prestaciones sociales
y salarios caídos del señor LEOPOLDO GUERRERO I. (q.e.p.d.) en su calidad de
cónyuge sobreviviente del mismo"; razón por la cual se ordenó el pago
a su nombre de la suma de dinero mencionada en dicha resolución. De manera que
la efectiva protección de los derechos mencionados también debe extenderse a la
accionante, en los términos ya expuestos, por su condición de cónyuge
supérstite del señor Guerrero.
Para la Corporación
es claro que la resolución proferida por la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA,
goza de presunción de legalidad, y por lo tanto, debe ser ejecutada mientras no
sean anulada o suspendida por la jurisdicción contencioso administrativa, de
conformidad con la Constitución y la ley (C.C.A.). Dicha ejecución ha de
entenderse enmarcada por un margen temporal de cumplimiento, el cual no puede
ser arbitrariamente fijado por la propia Administración, sino que esta se
encuentra sometida a los plazos y a los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de celeridad, economía
y eficacia consagrados en el artículo 209 de la Carta Política. Sobre este
aspecto la Corte precisó, en la sentencia No. T-260 de 1994 (M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero), acerca del pago oportuno de salarios y prestaciones a los
servidores públicos, lo siguiente:
"Este
formidable privilegio de la administración, en la decisión y ejecución de sus
actos, sigue siendo un privilegio pero no puede ser arbitrario porque la
administración no es un fin en si mismo (sic) sino que está al servicio de la
comunidad y porque es de la esencia del Estado Social de derecho que se
ejecute, sin dilaciones, la protección legal al trabajador. Es decir, la
autotutela administrativa tiene un limite: la razonabilidad. La razonabilidad
se aprecia en cada caso concreto, según la simpleza o complejidad del mismo,
respetando por un lado la teoría de la AUTOTUTELA, y teniendo en cuenta por el
otro aspecto que un retardo injustificado atenta contra la caracterización del
Estado Colombiano, viola el principio de que las autoridades de la República
están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado, y uno de tales deberes es pagar las obligaciones laborales para lo
cual las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones porque
los servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad, de lo cual
se infiere que la administración no es un fin en si misma sino un medio para
garantizar la efectividad de los derechos." (subrayado fuera del texto)
La razonabilidad de
los términos a que se ha hecho referencia, debe abarcar todas las etapas que
conlleven al pago de la remuneración al trabajador. No basta pues, que la
INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA haya expedido el respectivo acto
administrativo, reconociendo y liquidando los salarios y prestaciones que se le
adeudaban al señor Guerrero, en favor de la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA,
sino que además dicha entidad en un término razonable y justo ha debido
cancelar las sumas reconocidas a una de las beneficiarias de los emolumentos
causados por el vínculo laboral del difunto con la accionada. Para la fecha de
presentación de la acción de tutela había transcurrido casi un año desde la
expedición de la resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994, sin que se hubiese
efectuado por la demandada el respectivo pago en favor de la accionante.
De manera que para
esta Sala de Revisión resulta claro que la omisión injustificada en que ha
incurrido la entidad accionada lesiona derechos fundamentales en cabeza de la
demandante. No obstante, debe analizarse en el caso sub exámine la procedencia
o no de la acción de tutela como mecanismo de protección, por contar la
accionante con otros medios de defensa judicial para obtener el pago coercitivo
de los dineros que le adeuda la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA.
En efecto, la
Corporación en el citado fallo T-260 de 1994 manifestó acerca de este punto lo
siguiente:
"(...) c- La
administración pública debe reconocer y/o liquidar las prestaciones sociales en
un plazo razonable. Si se retarda el reconocimiento o la liquidación, máxime si
hay solicitud del interesado, prospera la acción de tutela por violación al
derecho de petición, artículo 23 C.P.
d- Si hay mora
en el pago, no obstante existir acto administrativo que reconozca y cuantifique
las prestaciones, habrá lugar a juicio ejecutivo laboral y al embargo si han
transcurrido más de 18 meses.
e- Si por
irrazonable demora se elude la expedición del título ejecutivo o no se paga,
esta omisión puede justificar adicionalmente, que el juez de tutela permita la
indexación. Se considera que cuando el artículo 53 de la Constitución dice que
'El Estado garantiza el derecho al pago oportuno' se está protegiendo no solo a
las pensiones sino a toda remuneración laboral. (...)" (subrayas fuera de
texto.)
En el presente caso
este criterio de la Corte y específicamente el plasmado en el literal d)
transcrito, es en principio aplicable y debe reiterarse lo allí expresado, si
se tiene en cuenta que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA reconoció y liquidó
la suma correspondiente a $1'500.524.22, a la señora TERESA DE JESUS BALLESTA,
por concepto de prestaciones sociales y salarios caídos en condición de cónyuge
supérstite del señor LEOPOLDO GUERRERO, por medio de la resolución No. 204 del
19 de mayo de 1994.
Si bien cuando se
advierte que existe por parte de la Administración una demora no razonable e
injustificada para el cumplimiento de una obligación laboral, o cuando se ha
vulnerado el derecho de petición del solicitante, el juez de tutela en procura
de la efectividad de los derechos laborales, está facultado para ordenar la
liquidación y pago de los mismos y en tal caso tutelar los derechos del
trabajador, no puede hacerlo cuando para lograr la efectividad de esos derechos
existan otros mecanismos de protección judicial, como sucede en este caso, en
el que la señora BALLESTA para obtener el cumplimiento coercitivo de la
resolución No. 204 de 1994, cuenta con la acción ejecutiva que le permite
inclusive solicitarle al Juez que ordene las medidas cautelares que garanticen
el pago de la suma que se le adeuda por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL
MAGDALENA.
Como ya lo señaló la
Corporación, el acto administrativo que reconoce y liquida la suma adeudada,
constituye un verdadero título ejecutivo. Así lo expresó la Corte[2] indicando:
"(...) En
consecuencia esta Corporación estima que los actos administrativos que
contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos, deben
poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan
prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de
haber sido ejecutoriados. (...)"
Dicho criterio se
reiteró en el pronunciamiento al que se ha hecho alusión[3]:
"(...) si la
administración pública ya ha proferido el acto administrativo reconociendo y/o
liquidando la correspondiente prestación social, y se le ha entregado al
interesado la copia auténtica del mismo (es obligación de la Administración
hacerlo), habrá título ejecutivo, luego, la acción de tutela no será el camino
adecuado para librar un mandamiento de pago; hay que acudir a la jurisdicción
laboral instaurándose un juicio ejecutivo, que tiene un procedimiento
relativamente rápido."
Con fundamento en
estas consideraciones, resulta claro que en el caso sub-exámine no procede la
tutela como vía adecuada en procura del derecho que se reclama, ya que el medio
judicial al que puede acudir la accionante, no es simplemente un medio teórico
o formal, sino que por el contrario, el proceso ejecutivo laboral es el medio
idóneo para obtener el fin específico perseguido por la señora BALLESTA.
No obstante lo
anterior, el apoderado de la accionante invoca la igualdad como derecho
fundamental vulnerado en razón de la omisión de la INDUSTRIA LICORERA DEL
MAGDALENA de efectuarle el pago a la señora TERESA DE JESUS BALLESTA, el cual
afirma sí hizo a otros beneficiarios del fallecido señor GUERRERO IGUARAN,
reconocidos como tales mediante la misma resolución No. 204 de 1994.
En el caso sub
exámine, encuentra la Corporación que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA
reconoció y ordenó el pago de los salarios y demás prestaciones sociales del
difunto LEOPOLDO GUERRERO I. mediante la resolución No. 204 de 1994, como beneficiarios
suyos: a la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA, a la señora EVA MARQUEZ GARCIA
en representación de YAMILE Y ROSMERI GUERRERO MARQUEZ, en su condición de
herederos; y a MERCEDES GUERRERO CABARCAS, CATALINA TERESA, ROSSANA ROCIO Y
SANDRA PATRICIA GUERRERO BALLESTA en calidad de hijos del fallecido, situación
que por sí sola no riñe con lo preceptuado en el artículo 13 de la Carta cuando
expresa que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (...)".
Ahora bien, de conformidad con las fotocopias autenticadas de las órdenes de
pago remitidas a este Despacho por el Gerente de la entidad accionada, a
ninguno de los beneficiarios del referido señor se le ha cancelado el monto de
lo reconocido.
En razón de lo
anterior, no encuentra la Corporación que haya ocurrido la  vulneración del
derecho a la igualdad de TERESA DE JESUS BALLESTA invocado en la demanda, pues
la demora en el pago ha sido respecto de todos los beneficiarios, y no solo en
relación con la accionante. Sobre el criterio que se debe tener en cuenta para
valorar una eventual vulneración al principio de igualdad consagrado en la
Carta Política, basta recordar lo dicho en la sentencia No. T-422 de 1992 (M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se expresó lo siguiente:
"La igualdad
designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que se da al
menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un
juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los "términos de
comparación". Cuales sean éstos o las características que los distinguen,
no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según
el punto de vista desde el cual lleva acabo el juicio de igualdad. La
determinación del punto de referencia, comúnmente llamado tertium coparationis,
para establecer cuándo una diferencia es relevante, es una determinación libre
mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier juicio de
igualdad."
De manera que, no
existiendo vulneración del derecho a la igualdad, y contando la accionante con
otros medios de defensa judicial idóneos para obtener el pago que reclama, esta
Sala de Revisión procederá a revocar la decisión adoptada por el Juzgado de
instancia.
b. Cumplimiento
de las providencias judiciales- Desacato.
Encuentra la
Corporación que en el asunto sub exámine la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA no
intervino dentro del proceso para oponerse a las pretensiones, solicitar la
práctica de pruebas, y ejercer todos los derechos que le corresponden como
sujeto procesal;  tampoco dio respuesta alguna a los oficios emanados del
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, razón por la cual dicho despacho
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, que
establece la presunción de veracidad dando por ciertos los hechos afirmados por
el accionante, accediendo por consiguiente a la tutela promovida. Así mismo,
respondió tardíamente el oficio enviado por parte de la Corte Constitucional. Y
de conformidad con lo declarado por el Gerente de la entidad accionada, no se
dió cumplimiento al fallo de primera instancia por falta de recursos.
Sobre el particular,
la Corte Constitucional en sentencia del 18 de febrero de 1994 dijo acerca del
cumplimiento de los fallos de tutela:
"Las normas
antes transcritas, siguiendo la orientación de otros estatutos procesales,
establecen claramente la competencia del Juez que ha conocido de la acción de
tutela en primera instancia, para hacer cumplir la sentencia estimatoria de las
prestaciones de tutela y lo dotan de una serie de poderes, incluso la
conservación de su competencia, para adoptar el repertorio de medidas que
dichas normas contienen para el cabal cumplimiento del fallo"4.
Así entonces, ni las
autoridades públicas ni los particulares pueden eludir, con disculpas o juicios
de valor, o por simple marginamiento voluntario del proceso judicial, el
cumplimiento de un fallo de tutela. Y si esto ocurre, de conformidad con la
normatividad vigente, el Juez debe adoptar las medidas que aseguren su
observancia sin demora, así el expediente esté en trámite para su eventual
revisión ante la Corte Constitucional, y si es del caso, deberá iniciar el
correspondiente incidente de desacato y, si encuentra que se ha podido cometer
algún delito o falta disciplinaria por quien se ha sustraído del cumplimiento
de la respectiva decisión judicial, habrá de comunicarlo a la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades
inicien las investigaciones a que haya lugar.
En el caso sub
exámine encuentra la Corporación que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA no
obró dentro de los términos y condiciones establecidas por el Decreto 2591 de
1991 como sujeto procesal, lo cual resulta reprochable para la eficaz y
oportuna administración de justicia. No es excusa aceptable la del traslado a
nuevas oficinas como consecuencia de su liquidación, tal como lo manifiesta el
Gerente de dicha entidad, para apartarse del cumplimiento de las órdenes de los
jueces o de la observancia de la Constitución y de la ley.
De manera que, pese
a que la Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta, ordenará a ese Despacho compulsar copias del
expediente a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que, si lo
considera pertinente, inicie las investigación a que haya lugar como
consecuencia del no cumplimiento del efecto inmediato de la sentencia emanada
del citado Juzgado el 11 de mayo de 1995, así como de las diligencias
judiciales correspondientes, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta el 11 de mayo de 1995, y en su lugar DENEGAR la
tutela limpetrada.
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta que compulse copias del expediente a la Procuraduría General de la
Nación, a fin de que, si lo considera pertinente, inicie la investigación a que
haya lugar, en relación con el incumplimiento del efecto inmediato de la
sentencia de dicho Juzgado, de fecha 11 de mayo de 1995, así como de las
diligencias judiciales correspondientes de que trata la parte motiva de la
presente sentencia.
TERCERO. LIBRENSE
por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Ver Ley 54 de 1962, Diario Oficial 30947.
[2]Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-546 de 1992
M.P. Dres. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.
[3]Sentencia T-260 de 1994.
4 Sentencia Nº T-081/94, 28 de febrero de 1994, Ponente Dr. Antonio
Barrera Carbonell.