C-821-05
VI
Sentencia C-821/05
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No configuración
FAMILIA-Concepto/FAMILIA-Origen
FAMILIA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Institución básica e imprescindible  de
toda organización social
FAMILIA-Instrumentos internacionales que consagran la
protección
FAMILIA-Régimen constitucional
FAMILIA-Aspectos en que se manifiesta la protección especial
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias
FAMILIA-Constitución por vínculos naturales o jurídicos
MATRIMONIO-Consentimiento
MATRIMONIO-Características
CONTRATO MATRIMONIAL-Efectos personales
CONTRATO MATRIMONIAL-Efectos patrimoniales
MATRIMONIO-Disolución
DIVORCIO-Causales subjetivas o debidas/DIVORCIO-Causales
objetivas o no debidas
MATRIMONIO-No intervención estatal en la imposición de la
convivencia
MATRIMONIO-Contrato de tracto sucesivo
DIVORCIO-Causal de relaciones sexuales extramatrimoniales de
uno de los cónyuges no afecta la dignidad, igualdad, intimidad y libre
desarrollo de la personalidad
No considera la Corte que el legislador haya
contrariado la Constitución Política al establecer como causal de divorcio “Las
relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. La fidelidad,
es considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y
consolida la estructura del matrimonio. No puede afirmarse, como lo hace el actor, que la disposición acusada afecta
la institución familiar, el principio de dignidad y los derechos a la igualdad,
intimidad y libre desarrollo de la personalidad. Por el contrario, según ha
quedado visto, el objetivo de la norma es precisamente la protección del bien jurídico de la
familia y los principios y derechos invocados en cabeza de los cónyuges. De acuerdo con la naturaleza jurídica del
matrimonio, la infidelidad deteriora la relación afectiva y es causa de la inestabilidad
familiar, razón por la cual, a través de la causal de divorcio invocada, se
busca proteger esos intereses jurídicos. Si bien la causal de divorcio acusada
impone una limitación a los derechos al libre desarrollo a la personalidad y
autonomía de la voluntad, en cuanto puede conllevar una restricción a la
libertad sexual de los cónyuges, la misma resulta constitucionalmente legítima
si se considera, que deviene de un compromiso adquirido por los cónyuges en
forma libre y voluntaria, y que su objetivo es tutelar un bien jurídico de
interés general -la institución familiar- y proteger derechos de terceros -los
del cónyuge afectado. Finalmente, descarta la Corte que la medida acusada
resulte discriminatoria por el hecho de limitar su ámbito de aplicación al
matrimonio y no extenderse a la unión marital de hecho. Aun cuando la Carta
Política legitima los distintos origines que puede tener la familia, dicho
estatuto no esta reconociendo al matrimonio y a la unión marital de hecho como
instituciones equivalentes, amparadas por una misma situación jurídica frente a
sus efectos y características.
Referencia: expediente D-5666
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 1º  del artículo 6°  de la Ley 25 de 1992, modificatorio del
numeral 1º del artículo 154 del Código Civil.
Demandante: Gustavo Adolfo Uñate Fuentes
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D. C.,  nueve (9) de agosto de dos
mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Gustavo Adolfo Uñate Fuentes presentó
demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º  del artículo
6  de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo
154 del Código Civil colombiano, "Por la cual se desarrollan los
incisos 9,10, 11, 12 y 13 del articulo 42 de la Constitución Política”, por
considerar que el mismo vulnera los artículos 1º, 5, 13, 16, 18, 21, 42 y 94 de
la Constitución Política.
El Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 14 de
febrero de 2005, admitió la demanda, dispuso su fijación en lista, y simultáneamente,
corrió traslado al Procurador General de la Nación para lo de su competencia.
En la misma providencia, ordenó comunicar la demanda al Presidente del Congreso
de la República, al Ministro del Interior y la Justicia, al Defensor del
Pueblo, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los Decanos de algunas
Facultades de Derecho, para que intervinieran en el proceso si lo consideraban
conveniente.
Una vez cumplidos los trámites previstos en
el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el artículo acusado,
conforme a su publicación en el Diario Oficial número 40.693, subrayando y
resaltando el aparte normativo demandado:
“Ley 25 de 1992
(Diciembre 17)
"Por
la cual se desarrollan los incisos 9,10, 11, 12 y 13 del articulo 42 de la
Constitución Política”
Artículo 6: El artículo 154 del Código
Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:
Son causales de divorcio:
1.- Las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Conforme ya se mencionó, en el presente
caso el actor solicita a la Corte que declare inexequible el numeral 1º del
artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del artículo 154 del Código
Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “las relaciones
sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. A juicio del acusador,
dicha causal de divorcio resulta violatoria de los artículos 1º, 4, 13, 16, 18,
21, 42 y 94 de la Constitución Política, por las siguientes razones:
1. Afecta el principio de dignidad humana
consagrado en el artículo 1º de la Constitución, puesto que restringe la
autodisposición de la sexualidad de la persona. En su sentir, las decisiones
relacionadas con la moralidad sexual competen de manera exclusiva al individuo,
quien debe ejercerla libre y responsablemente. Por ello, la limitación a la
libertad sexual que se deriva de considerar como causal de divorcio el hecho de
que uno de los cónyuges tenga relaciones sexuales extramatrimoniales, restringe
la dignidad de las personas que se unen en matrimonio.
Luego de citar la definición del matrimonio
contenida en el artículo 113 del Código Civil, el actor resalta que a través de
dicho contrato solemne  “(...) se adquieren deberes civiles, pero no por esa
razón se debe entender enajenada la persona en sus derechos; para ello, debe
interpretarse como persona todo ese conjunto de valores y derechos intrínsecos
en la misma, como lo es la sexualidad entre otros (...)”.
2. Viola el artículo 5 de la Constitución,
en concreto, el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de
la persona, puesto que el derecho a la “sexualidad libre de ataduras” no
puede restringirse con ocasión de una vinculación contractual de matrimonio. A
su juicio, la inalienabilidad de los derechos implica que éstos sigan siendo
privativos, exclusivos y propios de cada uno de los cónyuges, aún pesar de
haber contraído matrimonio.
3. Estima que la norma es discriminatoria y
contraria al principio de igualdad (C.P. art. 13), ya que la inexistencia de
dicha restricción en la institución de la unión marital de hecho está
desincentivando la formación de las familias bajo el vínculo matrimonial.
Mientras los cónyuges ven restringida su libertad sexual a raíz del compromiso
contractual, los compañeros permanentes no se ven sujetos a la misma
limitación, y por ello “(...) es que hoy en día son más las parejas
‘concubinas’, que las unidas mediante matrimonio, las parejas prefieren seguir
siendo libres y no someterse a esa privación de que trata la causal de divorcio
acusada.” Además resalta que, como consecuencia de lo anterior, los otros
compromisos sustancialmente importantes en la pareja y la familia         -como
el socorro, la ayuda mutua y el respeto- están también desapareciendo.
Sobre este punto, el actor alude al caso de
los hijos producto de las relaciones sexuales extramatrimoniales, a quienes a
su juicio se les continúa discriminando consuetudinariamente por no haber
nacido en el seno de una familia de origen matrimonial.
4. Desconoce el derecho al libre desarrollo
de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución, pues la
libertad sexual está incluida dentro de este derecho, y el ordenamiento
jurídico no puede favorecer la pérdida de tal garantía instituyendo como causal
de divorcio el que uno de los cónyuges haya sostenido relaciones
extramatrimoniales. Para el actor, esta percepción de los deberes derivados del
vínculo matrimonial proviene de la moral cristiana, influencia de la cual debe
librarse el ordenamiento jurídico colombiano para hacer prevalecer el derecho a
escoger un proyecto de buen vivir.
5. Afecta el derecho a la libertad de
conciencia establecido en el artículo 18 de la Carta Política, a través del
cual se respeta la referencia que cada individuo tiene “(...) de lo bueno y
lo malo en las elecciones morales, al igual que a la satisfacción que sigue a
la acción considerada como buena y a la insatisfacción y remordimiento que
resulta de una conducta que se considera mala”, toda vez que, la vigencia de
la causal acusada está “tácitamente” proclamando la inmoralidad de las
relaciones sexuales extramatrimoniales, pues establece una conducta que
contradice la conciencia del individuo.
6. Igualmente, es violatoria del derecho a
la honra consagrado en el artículo 21 de la Constitución. El accionante resalta
los calificativos peyorativos con los que se suelen agredir a los cónyuges que
son infieles, los cuales se generan “por una causal de divorcio pretérita y
llena de prejuicios sociales”.
7. Vulnera el artículo 42 de la
Constitución, pues la disposición no ampara a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, por ser causante de una gran cantidad de divorcios
que afectan a los ex esposos y, en particular, a los hijos. Según el
accionante, la norma acusada da lugar a la toma de decisiones apresuradas por
parte de los cónyuges e infringe daños en la institución familiar. Aunado a lo
anterior, esta causal de divorcio está desincentivando los vínculos
matrimoniales y fomentando las uniones de hecho, situación que perjudica
gravemente la institución de la familia.
8. Finalmente, en la demanda se solicita la
inexequibilidad de la primera causal de divorcio señalada en el artículo 6º de
la Ley 25 de 1992 por que, a juicio del actor, niega de plano los derechos
inherentes del padre o la madre que tienen relaciones sexuales
extramatrimoniales, así como los del hijo fruto de esas relaciones. El hecho de
que la existencia de una relación extramatrimonial se pueda invocar como
legítima causal de divorcio, sume al hijo extramatrimonial en una imposibilidad
de disfrutar del cariño y la protección de sus padres y en una situación de
desprecio y subvaloración. Por ello reitera que “(...) mientras la
disposición acusada siga vigente en nuestro ordenamiento jurídico, todos esos
calificativos seguirán rampantes.”
IV.  INTERVENCIONES
1.
Intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia
El Director del Ordenamiento Jurídico del
Ministerio del Interior y de Justicia defendió la constitucionalidad de la
expresión “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los
cónyuges” contenida en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992.
Para comenzar, el funcionario consideró que
la concepción desde la cual se presenta la demanda desconoce que el matrimonio
comporta un vínculo jurídico que genera derechos y obligaciones entre los
cónyuges. Dentro de esos deberes se encuentra la fidelidad, que supone no tener
relaciones sexuales extramatrimoniales.
Para el interviniente, el establecimiento
de esta causal de divorcio por parte del legislador es completamente razonable,
pues supone que el cónyuge ultrajado opte por solicitar la culminación de los
efectos jurídicos del matrimonio y por volver a iniciar su vida lejos de una
persona que desconoció las obligaciones contraídas, traicionando su confianza.
Por ello advierte que declarar inexequible esta disposición tendría como
consecuencia la aceptación de una conducta irrespetuosa y el desconocimiento de
derechos como el autorespeto y el libre desarrollo de la personalidad del
cónyuge ofendido.
Con respecto a la presunta violación del
derecho a la igualdad debido a que la causal acusada no está consagrada para
las uniones maritales de hecho, el interviniente recordó que precisamente la
diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho es que en el primero se
contrae un vínculo jurídico, del cual nacen obligaciones como la fidelidad,
mientras que en el segundo no se adquiere jurídicamente tal deber.
2.
Intervención del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La Directora General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar intervino en el proceso solicitando que se declare exequible
la norma demandada.
Para la funcionaria, los fines perseguidos por el
matrimonio sólo se alcanzan en la medida en que los cónyuges cumplan con los
deberes familiares de respeto, cohabitación y fidelidad. Contrario a lo
sostenido por el demandante, para la interviniente es fundamental la causal de
divorcio acusada pues pretende proteger a la familia como institución básica de
la sociedad, de conformidad con los artículo 5 y 44 de la Constitución y con la
jurisprudencia constitucional.
Tampoco comparte el argumento del actor referente a la
disminución de las relaciones sexuales por el hecho de existir un vínculo
jurídico pues, a su juicio, las relaciones de pareja deben estar basadas en la
igualdad de derechos y de obligaciones entre los cónyuges, quienes son
merecedores de un respeto recíproco.
3.  Intervención de la Defensoría del Pueblo
La Defensora para Asuntos Constitucional y
Legales de la Defensoría del Pueblo intervino en el proceso para defender la
exequibilidad de la disposición demandada.
Inicialmente, le solicita a la Corte que se
declare inhibida para conocer y decidir sobre la presente demanda por ineptitud
sustancial de la misma. De acuerdo con su exposición, el demandante no presenta
clara y adecuadamente las razones jurídicas para establecer que el texto
demandado es violatorio de la Constitución Política.
A pesar de lo anterior, la representante de
la Defensoría del Pueblo también se pronuncia sobre la exequibilidad de la
expresión controvertida. En primer lugar resalta que, salvo las causales de
divorcio expresadas en los numerales 8 y 9 del artículo 154 del Código Civil[1],
todas las demás causales tienen como propósito otorgar a los cónyuges la
posibilidad de terminar el vínculo por razones que atañen directamente a la
vida de relación y a problemas del comportamiento humano que impiden el normal
desarrollo de la vida en pareja.
En segundo lugar, considera que si bien la
causal demandada establece efectivamente una limitación al derecho fundamental
al libre desarrollo de la personalidad, ella está permitida teniendo en
consideración que no existen derechos fundamentales absolutos, y que el
ejercicio de los mismos debe enmarcarse dentro de los parámetros que permitan
su realización armónica con los derechos de los demás individuos.
En tercer lugar, la interviniente señala
que pese a la limitación del derecho al libre desarrollo de la personalidad,
sigue estando dentro de la esfera volitiva del individuo la decisión de tener o
acceder a esta clase de relaciones extramatrimoniales y también la de
consentir, facilitar o perdonar las mismas.  En este punto, se remite a la
sentencia C-660 de 2000 en la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de
un aparte de la misma norma que hoy es objeto de estudio, en la que se excluía
la posibilidad de invocar la causal de divorcio en aquellos casos en los que el
demandante hubiese consentido, facilitado o perdonado tal relación, puesto que
tales manifestaciones no podían verse como una muestra de culpa o dolo que con
el tiempo enervara la posibilidad del cónyuge ofendido de solicitar el divorcio.
En cuarto lugar, la interviniente sostiene
que la causal de divorcio demandada no impone restricciones a la “autodisposición
de la sexualidad del individuo”, ya que por el hecho del matrimonio no se
merma su dignidad ni su capacidad de decisión frente a su sexualidad. Considera
que, por el contrario, la norma cuestionada permite que de forma responsable el
cónyuge que haya sido infiel asuma las consecuencias de dicho acto y sus
efectos jurídicos establecidos por el legislador. Por esto finalmente señala que
corresponde a los cónyuges definir si las relaciones extramatrimoniales
consumadas afectan o no su órbita personal y familiar, a tal punto que decida
llevar ante una instancia judicial la demanda de divorcio bajo la causal
primera del artículo 154 del Código Civil, sin otra intervención que su juicio
y su conciencia.
4. Intervención del Decano de la Facultad
de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario señala que la norma acusada se ajusta a los contenidos de la
Carta Política. A esta conclusión arriba el interviniente al considerar que la
fidelidad es un efecto fundamental del matrimonio, pues no se trata sólo de una
imposición legal como lo presenta el demandante, sino de un comportamiento
natural de la defensa de lo propio. Por ello no encuentra fácil encontrar
individuos absolutamente indiferentes ante el traslado del afecto del ser amado
hacia otros sujetos.
El interviniente también considera que fue la Constitución Política de
1991 la que trazó el camino al legislador para que éste tomara todas las
medidas requeridas para preservar la unión familiar, constituyéndose la
protección de la fidelidad en una de esas medidas que coadyuva la estabilidad
familiar. Luego resulta lógico pensar que la causal de divorcio demandada se
encuentre dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Con
respecto a la consideración realizada por el demandante en el sentido de que
sólo en el matrimonio se presenta el fenómeno de la terminación por
infidelidad, mientras que tal situación no ocurre en las uniones maritales de
hecho, el interviniente considera que esa afirmación no es cierta, pues también
en este tipo de relaciones se presupone la fidelidad y la infracción a este
deber ocasiona la ruptura de hecho de la relación. Así las cosas, no puede
tacharse al legislador de ser el promotor del fracaso del vínculo matrimonial,
toda vez que no es la consagración legal de la infidelidad la circunstancia que
perjudica a la familia, sino el hecho de faltar al deber de fidelidad por parte
de alguno de los cónyuges.
En
lo que se refiere al argumento del demandante cuando sostiene que la
consagración de la causal acusada lleva a la toma apresurada de decisiones por
parte del cónyuge ofendido, el interviniente considera que el legislador previó
tal situación y diseñó un proceso que da la espera suficiente para una
recapacitación del ofendido, exigiendo una audiencia de conciliación especial
en la que precisamente el juez debe procurar la reconciliación de los cónyuges.
Con respecto a la presunta
violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, señala que la
autonomía de la voluntad no es para nada absoluta e irrestricta, y en general,
cualquier disposición limita el precitado derecho. Sin embargo, considera que
pese a que la conformación de una familia es también una limitación al libre
desarrollo de la personalidad, tal sacrificio supone también ventajas que son
promovidas y protegidas constitucionalmente.
5.  Intervención de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Colombia
El profesor Luis Eduardo Montoya
Medina intervino en el proceso de la referencia en representación de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, solicitando la
declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada.
De entrada, el profesor de la
Universidad Nacional aclara que no existe cosa juzgada constitucional sobre la
norma que es ahora objeto de juicio de constitucionalidad, porque en la Sentencia
C-660 de 2000 la Corte se pronunció exclusivamente sobre la salvedad
desprendida del consentimiento, el perdón o la facilitación de las relaciones
adúlteras por parte del otro cónyuge.
Para el interviniente, de acuerdo
con el concepto actual de la moral pública las relaciones sexuales
extramatrimoniales no están avaladas constitucionalmente. Un proyecto de vida
que tome como fundamento la libertad sexual absoluta es completamente contrario
a la Constitución y al espíritu de la misma, pues ella le ordena al Estado
defender el vínculo familiar.
Por otro lado, hace referencia de
nuevo al argumento señalado por otros intervinientes en el proceso referente a
que en el sistema colombiano no existen derechos absolutos y que los derechos a
la libertad personal, al libre desarrollo de la personalidad o a la libertad de
conciencia no se violan cuando un cónyuge sostiene relaciones sexuales
extramatrimoniales; por el contrario, sostener ese tipo de relaciones es una
manifestación del ejercicio de las libertades personales. Lo que no puede
pretender el cónyuge infiel es que se protejan sus derechos impidiéndole al
cónyuge ofendido solicitar la extinción del vínculo matrimonial, pues tal
situación sí comportaría una violación a las garantías individuales de este
último.
Finalmente, con respecto a la
presunta violación del derecho a la honra por el trato peyorativo hacia los
cónyuges infieles, el interviniente considera que toda sanción, por el hecho de
serlo, tiene un contenido reparatorio de la situación ilícita en que se ha
puesto al ofendido. Advierte que existe una reserva documental en estos
procesos, que deben ser conducidos con el mayor sigilo por parte de los jueces.
6. Intervención de la Facultad
de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
La profesora Ingrid Duque Martínez del Departamento de Derecho Civil de
la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia intervino en el
proceso para defender la constitucionalidad de la norma demandada.
Inicialmente la profesora Duque Martínez considera que el accionante no
logra explicar adecuadamente de qué manera la obligación de fidelidad
consagrada en el artículo 176 del Código Civil pueda llegar a generar un
irrespeto a la dignidad humana. Contrario a lo afirmado por el demandante,
considera que las limitaciones a la libertad sexual han sido establecidas
precisamente para mantener la armonía y la unidad de la institución familiar,
sin que se pueda considerar que tales limitaciones resulten violatorias de los
derechos de la persona.  La interviniente sostiene que la moralidad sexual en
el matrimonio es una obligación de ambos cónyuges y que resulta lesivo para el
esposo(a) ofendido que socialmente se acepten las relaciones sexuales
extramatrimoniales en un sistema jurídico que tiene en la monogamia una de sus
bases fundamentales.
Considera que es equivocada la afirmación
del accionante en relación con que es posible la infidelidad en las uniones
maritales de hecho. Para la profesora, si bien es cierto que en estas uniones
sólo se generan efectos patrimoniales y no personales, en todo caso tienen como
requisito que no coexistan otras relaciones similares -con convivencia de vida
permanente que lógicamente implican relaciones sexuales-, pues de lo contrario
no se producen los efectos patrimoniales.
Aduce que las libertades personales no se
vulneran con la consagración de causal demandada, pues ésta es acorde con el
deber de fidelidad que surge del matrimonio, el cual es aceptado
voluntariamente por los cónyuges al momento de celebrar dicho contrato.
La interviniente termina refiriéndose a la
presunta discriminación de los hijos habidos fuera del matrimonio. Señala que
desde el punto de vista jurídico, tal discriminación es inexistente pues se han
eliminado todas las disposiciones que les distinguían injustamente de los hijos
matrimoniales. Sin embargo, considera que efectivamente existen normas en el
ordenamiento jurídico que, sin desconocer derechos fundamentales, protegen la
institución familiar de origen matrimonial y en concreto la obligación de la
fidelidad. Tal es el caso del artículo 214 del Código Civil en el que se
plantea la presunción legal de la paternidad de los hijos habidos en el
matrimonio, partiendo del supuesto de la cohabitación y la fidelidad de la
pareja.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACION
El Procurador General de la Nación, en el
concepto de rigor, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el
numeral 1º del  artículo 154 del Código Civil.
Luego de analizar el marco constitucional
de las instituciones de la familia, el matrimonio y la unión marital de hecho,
el Procurador defendió la constitucionalidad de la norma acusada, mediante la
cual se establece como causal de divorcio “las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.
El Ministerio Público considera que no es
suficiente para legitimar las limitaciones a los derechos fundamentales el
referirse a que ningún derecho fundamental es absoluto. Para el
Procurador los derechos no sólo no son absolutos sino que se muestran “resistentes”,
lo cual equivale a señalar que la fundamentalidad es una escala que admite
distintos grados, los cuales se determinan de acuerdo con las medidas de
reconocimiento y protección previstas en cada ordenamiento jurídico. Por ende
la tarea del legislador es precisamente justificar la razonabilidad y
proporcionalidad de un límite a un derecho, respetando siempre su contenido
esencial.
Para el Procurador, la disposición acusada
no obliga a ninguno de los cónyuges a solicitar el divorcio ni a invocar dicha
causal. La ley se limita a facultar al esposo ofendido para que solicite el
divorcio si considera que las relaciones sexuales extramatrimoniales del infiel
le resulten inaceptables dentro de su órbita personal, porque lesionan su
dignidad o porque impiden el normal desarrollo de la vida familiar.
Sostiene que al Estado le compete la
responsabilidad de amparar la familia como institución básica de la sociedad,
garantizando su protección integral. A su juicio, el desarrollo de los derechos
fundamentales no puede ser contrario a los límites fundamentales del propio
sistema, es decir, a la moralidad básica que se encuentra en la Constitución.
La escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo
para eludir obligaciones sociales, pues tal situación comporta un abuso de los
propios derechos.
Finalmente, el Procurador considera que
tampoco se viola el derecho a la igualdad por el hecho de que la norma se
aplique únicamente a las parejas constituidas mediante el vínculo jurídico del
matrimonio. Aunque las uniones maritales de hecho también son objeto de protección
integral en cuanto conforman una familia, ello no obsta para que el legislador
esté obligado a efectuar una misma regulación legal para una institución
jurídica diferente.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
Por dirigirse la demanda contra un precepto
normativo que hace parte de una ley de la República (numeral 1° del artículo 6°
de la Ley 25 de 1992), la Corte Constitucional es competente para decidir sobre
su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución
Política.
2. Problema jurídico.
2.1. Conforme se mencionó en el
acápite de antecedentes, la presente demanda se formula contra el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de
1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del
Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as
relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.
2.2. En relación con el precitado artículo, el demandante solicita
a la Corte que declare su inexequibilidad, pues considera que consagrar como
causal de divorcio “[l]as
relaciones sexuales extramatrimoniales”, conlleva una
restricción indebida a la libertad sexual del cónyuge infiel, proscrita por la
Constitución Política.
Según el actor, el ataque impetrado por la norma acusada a la
autodisposición de la sexualidad de quienes contraen matrimonio, no
extensiva a la unión marital de hecho, atenta contra la dignidad humana (C.P. art. 1°) y
la familia como institución básica de la sociedad (C.P. art. 42), así como
también
vulnera los derechos de igualdad ante la ley (C.P. art. 13), libre desarrollo
de la personalidad (C.P. art. 16), libertad de conciencia (C.P. art. 18), honra
(C.P. art. 21) y demás derechos inalienables del cónyuge infiel (C.P. art. 5°).
2.3. Tanto los distintos
intervinientes como el Ministerio Público, se apartan de la acusación formulada
en la demanda y recomiendan a la Corte que proceda a declarar la exequibilidad
de la norma impugnada. Coinciden en señalar que establecer como causal de
divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales”, en nada desconoce los
mandatos constitucionales citados por el actor, ya que se trata de una medida
razonable y proporcional, a través de la cual se busca proteger el bien
jurídico de la familia y las obligaciones sociales derivadas del matrimonio,
sin que la opción de vida de uno de los cónyuges, el infiel, pueda anteponerse
sobre la del otro, toda vez que ello conllevaría un abuso en el ejercicio de
los derechos propios.
2.4. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores,
en esta oportunidad le corresponde a la Corte determinar si es inconstitucional
la medida legislativa que establece como causal de divorcio el que uno de los
cónyuges haya mantenido “relaciones sexuales extramatrimoniales”. En
particular, debe definir la Corte si, por su intermedio, se afecta a la familia
como institución básica de la sociedad y se violan los derechos inalienables
del cónyuge infiel a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de
la personalidad, a la libertad de conciencia y a la honra.
Para efectos de resolver el problema jurídico
planteado, la Corte considera necesario hacer referencia a los siguientes
temas: (i) la familia y sus distintas formas de constitución, (ii) la
diferencia existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho, (iii) el
matrimonio en la legislación colombiana y (iv) la competencia legislativa para
regular el tema de la disolución del matrimonio y para fijar las causales de
divorcio, (v) finalmente, a la luz de las consideraciones expuestas, se hará el
análisis de constitucionalidad de la norma acusada.
3. Aclaración previa: inexistencia de cosa juzgada
respecto de la expresión acusada y alcance de la decisión adoptada por la Corte
en la Sentencia C-660 de 2000.
3.1. La norma acusada, el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de
1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del
Código Civil, en su versión original estaba integrado por dos proposiciones
jurídicas que si bien se referían a un mismo contenido temático, la incidencia
de las relaciones sexuales extramatrimoniales en la disolución del vínculo, en
realidad regulaban distintos aspectos de éste. Así, en el primero de sus
contenidos normativos, el precepto consagraba “las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges” como una de las causales de
divorcio, mientras que en el segundo, excluía la posibilidad de invocar dicha
causal, en los casos en que las relaciones sexuales extramatrimoniales hubieran
sido consentidas, facilitadas o perdonadas por el cónyuge inocente; exclusión
que a su vez aparecía representada por la expresión: “salvo que el
demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”.
En esos términos, para el momento de la
expedición de la Ley 25 de 1992, la preceptiva acusada era del siguiente tenor
literal:
ARTICULO 6o. El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976,
quedará así:
Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las
haya consentido, facilitado o perdonado. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
3.2. Como lo mencionan el demandante y
algunos de los intervinientes, el tema tratado por la norma en cita ya había
sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-660 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), con
ocasión de una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la
segunda de sus proposiciones jurídicas, es decir, contra la expresión “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o
perdonado”, la cual fue declarada
inexequible y, consecuencia de ello, retirada del ordenamiento jurídico.
En dicho fallo, si bien la
Corte se refirió al tema de las relaciones sexuales extramatrimoniales como
causal de divorcio, el pronunciamiento se circunscribió única y exclusivamente
a la expresión demandada, sin que la Corporación hubiere considerado necesario
e imprescindible extender los alcances del fallo a la proposición jurídica no
acusada. Con ese criterio, en la parte resolutiva de la Sentencia C-660 de
2000, se dispuso:
“Declarar INEXEQUIBLE la expresión
“salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” que hace
parte del numeral 1° del artículo 6° de la ley 25 de1992  modificatorio del
numeral 1° del artículo 154 del Código Civil.”
3.3. De acuerdo con ello, a
partir de la decisión adoptada por esta Corporación en la Sentencia C-660 de
2000, el texto del numeral 1°
del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1° del artículo
154 del Código Civil, sufrió un cambio sustancial en
su contenido normativo, en cuanto quedó reducido a la proposición jurídica que
establece como causal de divorcio: “las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. En consecuencia, después del
pronunciamiento de inconstitucionalidad, la norma acusada dispone lo siguiente:
“ARTICULO 6o. El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976,
quedará así:
Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges.” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
3.4. En cuanto la acusación que en esta
oportunidad convoca la atención de la Corte se dirige exclusivamente contra la mencionada causal de divorcio -no
sometida a juicio de inconstitucionalidad-, no opera en este caso el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional, pues como ya se mencionó, la Sentencia C-660
de 2000 limitó los efectos de su decisión a la proposición jurídica demandada en esa oportunidad y
declarada inexequible.
3.5. No obstante lo anterior, aclara la
Corte que las consideraciones vertidas en la Sentencia C-660 de 2000, referidas al tema de las
relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, serán tenidas
en cuenta en el presente juicio para respaldar la decisión que debe tomarse en
torno a la mencionada causal.
1.
La Familia y sus
distintas formas de
constitución en el ordenamiento jurídico vigente.
4.1. En pronunciamiento anterior, esta Corporación
definió la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí
por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el
respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes mas próximos”[2].
En el mismo fallo se precisó que la familia, entendida como vínculo natural,
tiene su origen en la unión afectiva que surge entre un hombre y una mujer,
mientras que como institución jurídica su fuente de formación es el matrimonio,
siendo éste el mecanismo a través del cual la unión es sancionada por el
régimen legal.
4.2. Amparada en la doctrina especializada,
también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la
familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la
cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza
social del hombre”[3]. Bajo esta concepción, la
familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la
organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la
responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de
preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se
beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula
familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes
que allí tengan origen’[4]”
4.3. En
Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta
formulada por el Gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente
asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar
fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de
los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon
constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y
amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción
universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de
toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial.
4.4. En efecto, el derecho internacional, en las
declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales
y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y
fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la
responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida,
entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 10°) y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (art. 17); los cuales se encuentran
incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y
ratificados por el Estado colombiano.
4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen
constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5° de la Carta,
que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de
la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en
cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen
familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al
reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al
Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que
garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie
mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto
consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar
que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al
Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia;
(vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los
niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo
45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección
y a la formación integral.
4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la
Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la
sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos
naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen
privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la
diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la
familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del
matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir,
la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el
mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de
manera que las personas tienen plena libertad para optar por una o otra forma
de constitución de la institución familiar.
4.7. Conforme con el alcance reconocido a la familia,
el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de
garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función
de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la
disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de
los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades
religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la
cesación de los efectos civiles de todos los matrimonios a través del divorcio.
4.8. La protección integral de que es objeto la institución
familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada
por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de
garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual
Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales de la
institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda
mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo
ha destacado esta Corporación,[5] ese ámbito de protección
especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la
inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el
imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y
obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la
necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier
forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el
reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos,
independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la
pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y
(vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos
para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.
5. El matrimonio y la unión marital de hecho. Diferencias existentes.
5.1. Ahora bien, independientemente al
hecho de que la Constitución Política legitime los distintos orígenes que puede
tener la familia, el Estatuto Superior no considera el matrimonio y la unión
marital de hecho como instituciones equivalentes, cobijadas por una misma
situación jurídica en cuanto a sus efectos y características. Así lo ha
reconocido esta Corporación en innumerables pronunciamientos, en los que ha
manifestado que el artículo 42 de la Carta, al distinguir entre las distintas
formas de constituir la familia -por vínculos naturales o jurídicos- y fijar
parámetros especiales de regulación para el matrimonio, reconoce diferencias
entre éste y la unión libre o unión marital de hecho.
A este respecto, en la Sentencia C-595 de
1996, la Corte explicó que la Constitución “consagra inequívocamente dos formas
de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos
jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de
conformarla’. Aquí no hay un vínculo jurídico en el establecimiento de
una familia. La segunda corresponde a ‘la decisión libre de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio’: aquí el vínculo jurídico es el contrato
de matrimonio”[6]. Dicha
“clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la
propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”[7].
Igualmente, en las Sentencias C-239 de 1994 y C-174 de 1996, la
Corporación se refirió a los contenidos normativos del artículo 42 Superior que
establecen parámetros específicos de regulación para la institución del
matrimonio y que no son predicables de la unión marital de hecho, en los
siguientes términos:
“El noveno inciso del artículo mencionado,
determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo,
los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del
vínculo se rigen por la ley civil’.  Nada semejante se prevé en relación con la
unión marital de hecho, precisamente por ser  unión libre. (Sentencia
C-239 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía).
Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios religiosos tendrán
efectos civiles en los términos que establezca la ley’. Obsérvese que la
atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no está sometida a
lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan ‘en los
términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable sólo al matrimonio.
De conformidad con el inciso décimo primero, del mismo artículo 42, ‘Los efectos
civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil’.
Esta es otra norma sólo aplicable al matrimonio, que nada tiene que ver con la unión
marital de hecho.
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo
segundo, según el cual
‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los
términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría
pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la
fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o
mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a
decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles.
(Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía)”. (Subrayas fuera de texto).
5.2. Asimismo, a partir de las características y efectos atribuidos
al matrimonio, en la Sentencia C-533 de 2000 se precisó que el carácter más
relevante de éste es que surge del consentimiento que deben otorgar los
cónyuges, del cuál a su vez emanan obligaciones como la fidelidad mutua, que le
son exigibles a cada uno respecto del otro y que únicamente terminan con la
disolución del matrimonio ya sea por divorcio o muerte. El consentimiento, cuyo
principio formal es precisamente el vínculo jurídico, es considerado un
requisito de existencia y validez del matrimonio (Código Civil art. 115),
siendo también causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere
obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y
opere su disolución.
En contraposición a lo anterior, se destacó en el citado fallo que
el consentimiento, como generador de derechos y obligaciones, no es predicable
en el caso de la unión marital, ya que ésta se produce por el sólo hecho de la
convivencia, sin que surja un compromiso formal en el contexto de la vida en
común de los compañeros permanente que imponga el cumplimiento de obligaciones
mutuas, siendo éstos completamente libres de continuarla o terminarla en
cualquier momento.
Sobre el punto, se expresó en el citado fallo:
Las
diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el
consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión
que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo
sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del
consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de
obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, las cuales son
exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por
la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de
nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad
de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este
vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como
las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente.[8]
Así, este
consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta
esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el
principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo
115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y
perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes...’. El
matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal;
Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La
esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de
los cónyuges.
De lo anterior se deducen conclusiones
evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni
la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas
que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas.  La unión
libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella
los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en
la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a
su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto
conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su
vez puede darse por voluntad de los cónyuges[9], es menester
lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución
del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia.
5.3. Conforme con esta interpretación, en la que se destaca la
diferencia que la propia Constitución establece entre la institución del
matrimonio y la unión marital de hecho, este Tribunal viene afirmando que “una
es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los
compañeros permanentes”[10]; premisa a partir de la
cuál también ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el
legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la
unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un carácter objetivo y
razonable y no resulten discriminatorias. Sobre este particular, se dijo en la
Sentencia C-174 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía):
“Como se ve, no se quebranta el principio de igualdad consagrado en
la Constitución, cuando se da por la ley un trato diferente a quienes están en
situaciones diferentes, no sólo jurídica sino socialmente. No se olvide, como
se ha dicho, que cónyuges y compañeros permanentes, tienen un estado civil
diferente, según lo prevé el último inciso del artículo 42 de la Constitución.
Y que el estado civil, como se ha dicho, trae consigo derechos y deberes,
acordes con él y fijados por el legislador, según la evolución social.”
5.4. Dicha posición fue recogida por la Corte en la Sentencia C-1033
de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Treviño), al precisarse en ella que, tratándose del
matrimonio y la unión marital de hecho, “el juicio de igualdad deberá tener en
cuenta las particularidades de la norma o situación fáctica sometida a
consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y
compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el
matrimonio y la unión marital de hecho.”
6. El matrimonio y su disolución. La obligación de fidelidad.
6.1. Teniendo en cuenta los presupuestos superiores
que orientan la institución familiar, el artículo 42 de la Carta faculta
expresamente al legislador para regular todo lo referente al matrimonio, esto
es, las formas del mismo, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges y, en particular, lo que se relaciona con sus
condiciones de validez y con la separación, disolución y la cesación de los
efectos civiles por divorcio. Dicho mandato también lleva implícito para quien
decide voluntariamente contraer matrimonio, el deber jurídico de someterse al
régimen legal estatuido y de asumir las consecuencias que de él se derivan.
6.2. En ese contexto, el artículo 113 del Código Civil
(C.C.) define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre
y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse
mutuamente”, al tiempo que el artículo 115 del mismo ordenamiento dispone
que aquél “se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento
de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y
con las solemnidades y requisitos establecidos en este código…”
6.3. A partir de la definición dada por la ley, la
doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza por ser un contrato: bilateral,
porque una vez celebrado se constituye en fuente de derechos y obligaciones
recíprocas entre los esposos, solemne, pues para su validez requiere el
cumplimiento de ciertas y precisas formalidades especiales, puro y simple,
ya que los derechos y obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a
plazo o condición, de tracto sucesivo, por cuanto sus obligaciones se
deben cumplir mientras perdure el matrimonio, y debe celebrarse entre hombre
y mujer, como una consecuencia de uno de los fines del matrimonio: la
procreación.
6.4. Respecto al alcance fijado al contrato
matrimonial, en la Sentencia C-660 de 2000, la Corte precisó “que si bien el ordenamiento jurídico reconoce
al matrimonio la naturaleza jurídica de un acto convencional, de un contrato en
los términos del citado artículo
113 del Código Civil, las especiales características de su principal
consecuencia, la familia, impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de
voluntades en sus diversas etapas, los mismos criterios que se aplican dentro
del régimen general de los actos
jurídicos y de los contratos en particular”. De ahí que la misma jurisprudencia
haya precisado que “el
matrimonio es la única fuente obligacional que permite que los derechos y las
obligaciones generadas recaigan sobre la persona misma de los contratantes”.
6.5. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial,
el contrato matrimonial produce dos tipos de efectos: (i) los efectos de orden
personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen entre
los cónyuges y en relación con los hijos, y (ii) los efectos de orden
patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal o comunidad
de bienes que se forma con ocasión del matrimonio.
En lo que refiere a los efectos personales entre
cónyuges, es decir, a los derechos y obligaciones que surgen para los esposos,
la ley civil dispone que estos son: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y
la ayuda mutua. (i) La cohabitación encuentra sustento en el artículo 178 del
C.C., tal como fue modificado por el artículo 11 del Decreto-Ley 2820 de 1974,
al señalar que, salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de
vivir juntos y cada uno de ellos el derecho a ser recibido en la casa del otro;
(ii) en cuanto a la fidelidad, que interesa a esta causa, su fundamento legal
es el artículo 176 del C.C. en el que se preceptúa “que los cónyuges están
obligados a guardarse fe”, o lo que es igual, a ser leales o fieles el uno
con el otro; finalmente, (ii) el socorro y la ayuda mutua aparecen consagrados
en los artículos 176 y 179 del C.C., en los que se dispone que los esposos
están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de
la vida, y a subvenir a las ordinarias necesidades domésticas, en proporción a
sus capacidades.
6.6. Por su parte, el artículo 152 del C.C.,
modificado por el artículo 5° de la Ley 25 de 1992, establece las formas como
se disuelve matrimonio, señalando que ello tiene ocurrencia: (i) por la muerte
real o presunta de uno de los cónyuges o (ii) por divorcio judicialmente
decretado. La misma disposición aclara que los efectos civiles de todo
matrimonio religioso también cesan por divorcio judicialmente decretado, aun
cuando continúa vigente el vínculo matrimonial de acuerdo con las normas o
cánones del respectivo ordenamiento religioso.
6.7. En atención a los derechos y obligaciones que
surgen del contrato matrimonial, el artículo 154 del C.C., tal como fue
modificado por el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, consagra las causales de
divorcio, a través de las cuales se habilita a los cónyuges para promover la
disolución del matrimonio o la cesación de sus efectos civiles (tratándose de
los matrimonios religiosos), en el caso de llegar a considerar, como
protagonistas de las situaciones vividas en su condición de esposos, que no es
posible continuar la convivencia o lograr el restablecimiento de la unidad de
vida.
Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia, las
causales de divorcio se pueden clasificar en dos grandes grupos: subjetivas o
debidas y objetivas o no debidas[11]. Al primer grupo, a las
subjetivas, pertenecen aquellas causales que se deben a faltas dolosas o
culposas cometida por uno de los cónyuges, y que permiten al cónyuge inocente
invocar la disolución del vínculo a la manera de una censura para el esposo culpable.
En estos casos el divorcio lo genera el incumplimiento de una obligación
matrimonial, por lo que únicamente cabe la disolución cuando existe un cónyuge
inocente -víctima- y otro culpable           -responsable de la infracción-.
Del segundo grupo, las objetivas, hacen parte aquellas causales concebidas como
una solución o remedio a situaciones que resultan insostenibles entre los
cónyuges y que conllevan la ruptura del matrimonio. Tratándose de las causales
objetivas, en ellas no se busca censurar el comportamiento irregular de uno de
los cónyuges, simplemente por cuanto éste no se ha dado, no ha existido. En
realidad ninguno de ellos ha incurrido en falta.
Las causales subjetivas, son, por su propia
naturaleza, de origen contencioso pues para obtener la disolución del vínculo,
el cónyuge inocente debe entrar a demostrar ante el juez competente que el
esposo culpable incurrió en la falta alegada y descrita en la ley, debiendo el
operador jurídico valorar el hecho para definir si hay lugar a la disolución
del vínculo. No ocurre lo mismo frente a las causales objetivas, pues éstas se
pueden invocar en forma conjunta o separadamente por los consortes sin
perseguir una declaración de responsabilidad, es decir, sin que se disponga
sobre la culpabilidad de uno y la inocencia del otro.
6.8. Atendiendo a lo dicho, el numeral 1° del artículo
154 del C.C., prevé como una de las causales de divorcio, la que es objeto del
presente juicio: “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los
cónyuges”. La misma es clasificada dentro del grupo de las causales
subjetivas, de naturaleza contenciosa, ya que con ella se censura el
comportamiento del cónyuge infiel, debiendo el cónyuge afectado pasar a
demostrar tal hecho ante el juez competente a través de los medios de prueba
previstos en la ley procesal.
El origen y fundamento de esta causal es el
incumplimiento por parte de uno de los esposos (hombre o mujer) de la
obligación de fidelidad que surge con el matrimonio. Su promoción
por vía judicial es potestativa del cónyuge inocente, quien tiene derecho a
invocar el divorcio por dicha causal, si dentro de su ámbito personal y
familiar, no le resulta aceptable la conducta del cónyuge infiel y considera
que la misma afecta en forma irreconciliable la unidad familiar de vida.
7. La facultad legislativa para regular lo referente a
la disolución del matrimonio y para establecer las causales de divorcio.
7.1. Sobre la competencia asignada por la Constitución
al legislador para regular lo referente a la disolución del matrimonio y,
específicamente, para fijar las causales de divorcio (art. 42), ha dicho la
Corte que ella encuentra fundamento en los principios de dignidad humana, libre
desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de la persona
reconocidos a la pareja, el cual excluye la posibilidad de que el Estado
perpetúe el vínculo matrimonial mediante la coacción o la imposición jurídica
de una convivencia que no es querida por los cónyuges o que es contraria a su
interés individual o conjunto.
En punto al tema, ha precisado la jurisprudencia que
el imperativo constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de
la institución familiar no es la duración del matrimonio -como una de sus
formas de constitución-. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar,
no solo como presupuesto social, sino como condición sine qua non para
permitir la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus
miembros en un clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus
sentimientos y emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran
manteniendo vigente el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que
surgen diferencias, desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen
imposible o dificultan gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad
familiar, sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a
crecer y desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su
proceso de desarrollo y formación.
7.2. Conforme lo dispone el artículo 42 de la Carta, la protección
integral de que es objeto la institución familiar se manifiesta, entre otros
aspectos, en el propósito de fundar las relaciones familiares en la igualdad de
derechos y obligaciones de la pareja, en el respeto entre todos sus integrantes
y en la necesidad de preservar la armonía de la familia, sancionando cualquier
forma de violencia que se considere destructiva de la misma. En la medida en
que tales objetivos no se cumplan en el seno del grupo familiar y, por el contrario,
se presenten episodios de irrespeto, discriminación o violencia, es obvio que
desaparecen los presupuestos éticos, sociales y jurídicos que amparan el
matrimonio y la familia como institución básica de la sociedad, resultando
constitucionalmente admisible que se permita a los cónyuges considerar la
opción de una ruptura cuando, como intérpretes de la vida en común y según su
leal entendimiento, concluyen que el vínculo no asegura la convivencia pacifica
para ellos y para su grupo familiar, resultando más benéfico la disolución del
matrimonio por ser la formula que permite un mejor acercamiento a los objetivos
constitucionales de armonía y estabilidad familiar.
En esta línea de interpretación, dijo la Corte en la
Sentencia C-1495 de 2000:
“Así las cosas, aunque el matrimonio es un
contrato, porque resulta esencial el consentimiento de los contratantes para su
conformación, el incumplimiento de la obligación personalísima de entrega
mutua, definitiva, personal y exclusiva, que los cónyuges hacen de si mismos,
no puede estar sujeta a la coacción de los operadores jurídicos como lo está el
cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Lo anterior por
cuanto respecto del cumplimiento de la obligación de convivir surge el deber
ineludible del Estado de respetar la dignidad humana de la pareja,
circunstancia que excluye la posibilidad de intervenir para imponer la
convivencia, así exista vínculo matrimonial y tengan los cónyuges la obligación
y el derecho a la entrega recíproca, incondicional y permanente, porque el
matrimonio es la unión de dos seres en procura de su propia realización, no el
simple cumplimiento de un compromiso legal, de tal suerte que, el Estado con el
pretexto, loable por cierto, de conservar el vínculo matrimonial no puede
irrespetar la dignidad de los integrantes de la familia, sean culpables o
inocentes, coaccionando una convivencia que no es querida -artículos 1, 2°, 5°
y 42° C.P.-.
Ahora bien, si no es posible coaccionar la
convivencia, aunque no se discute que quienes contraen matrimonio adquieren la
obligación de convivir, tampoco es dable mantener el vínculo cuando las
circunstancias denotan un claro resquebrajamiento y ambos, o uno de los
cónyuges, así lo pide…”
7.3. Si no es posible coaccionar a las personas para
contraer matrimonio, pues por disposición constitucional y legal éste se
constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los
contrayentes, tampoco cabe obligarlas a mantener vigente el vínculo en contra
de su voluntad, aun cuando una de las finalidades del matrimonio sea
precisamente la convivencia. Interpretando el contenido del artículo 42
Superior, el libre consentimiento, consustancial al contrato
matrimonial, no solo es exigible en el acto de constitución sino también
durante su ejecución material y por el término que dure el matrimonio, por
tratarse de un derecho subjetivo radicado en cabeza de cada uno de los esposos
y ser una derivación de las garantías fundamentales a la dignidad, al libre
desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la intimidad y a la
personalidad jurídica. Sobre el tema, expresó la Corte en la Sentencia C-533 de
2000:
“El
hombre es un ser que se autoposee, que se autodomina, por lo cual el
matrimonio, que comporta una entrega personal a título de deuda para conformar
una comunidad de vida y amor y una participación mutua en la sexualidad, no
puede darse sino por la libre decisión de cada uno de los cónyuges. Por ello la
libertad en el consentimiento, en un contrato de esta naturaleza, es tema que
involucra los derechos humanos a la libertad, a la dignidad, a la intimidad, al
libre desarrollo de la personalidad, a la personalidad jurídica, etc. Y por
ello debe garantizarse que ningún hecho, ningún acto distinto de la libre
expresión del consentimiento, pueda llegar a producir un vínculo matrimonial.”
7.4. Al ser el matrimonio para el Estado y para el
derecho un contrato de tracto sucesivo, dicha obligación está llamada a
cumplirse mientras se mantenga el vínculo jurídico y éste no termine por alguna
de las causales de disolución fijadas en el ordenamiento jurídico (C.C. art.
152). Dentro de este contexto es que debe entenderse el contenido del artículo
42 Superior, al establecer como una de las formas de constituir la familia “la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, y elevar a
canon constitucional el derecho a la separación y disolución del matrimonio en
los términos que fije la ley, disponiendo también que “los efectos civiles
de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”.
7.5. Así, desde el punto de vista estrictamente
constitucional, no resulta cuestionable la actividad legislativa dirigida a
regular el tema de la disolución del matrimonio, y específicamente el instituto
jurídico del divorcio, cuando la misma se desarrolla teniendo en cuenta los
presupuestos y características que en relación con la institución familiar fija
la Carta Política, y por su intermedio se sancionan, en forma proporcional y
razonable, conductas contrarias al estado matrimonial y perturbadoras de los
fines mismos de la familia que atentan contra los derechos subjetivos de los
cónyuges o de cada uno de ellos.
8. Constitucionalidad de la medida legislativa
acusada.
8.1. A partir de los fundamentos aquí
expuestos, en oposición a la opinión expresada por el actor en la demanda, no
considera la Corte que el legislador haya contrariado la Constitución Política
al establecer como causal de divorcio “Las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.
8.2. Para esta Corporación, la norma
cuestionada se dictó por el Congreso con fundamento en una competencia
constitucional expresa: regular lo relativo a la disolución del matrimonio y
a las causales de divorcio (C.P. art. 42-9-11), y su contenido normativo
resulta razonable y proporcional en relación con los bienes jurídicos que busca
proteger, como son la institución familiar y el conjunto de obligaciones y
derechos que surgen para los cónyuges del compromiso adquirido en forma libre y
voluntaria al contraer matrimonio.
8.3. Como ha quedado visto, la unión que emana del
consentimiento otorgado por ambos cónyuges con el acto del matrimonio, hace
surgir respecto de ellos una serie de obligaciones que les son exigibles,
resultando como una de las más relevantes la de fidelidad mutua. La fidelidad,
es considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y
consolida la estructura del matrimonio, como forma de constitución de la
institución familiar, en cuanto busca preservar el vínculo de mutua
consideración, aprecio y confianza indispensable en la vida matrimonial. Por
eso, el quebrantamiento del deber jurídico de fidelidad conyugal en el
matrimonio es incompatible con el consentimiento que legitima dicho vínculo, lo
que descarta de plano que a través de la ley se pueda patrocinar la
continuación de la relación matrimonial, restringiendo irrazonablemente los
derechos del cónyuge ofendido, materializados en la posibilidad de solicitar la
disolución del matrimonio.
Cuando el artículo 113 del C.C. prescribe que el
matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos
y procrear, esta determinando que el mismo surge de una relación monogámica
y que cada uno de los contrayentes se compromete a dirigir sus afectos hacia el
otro. De dicho mandato se advierte la existencia de un acuerdo libre y
voluntario entre los cónyuges, que incluye, por supuesto, mantener relaciones
sexuales entre ellos, en un clima de lealtad y responsabilidad, por lo que un
comportamiento contrario es incompatible con el respeto mutuo, el decoro y el
afecto espiritual que ha de regir el desenvolvimiento de la relaciones
maritales. Esta máxima aparece ratificada por el artículo 176 del ordenamiento
citado, al prescribir expresamente que “los cónyuges están obligados a
guardarse fe”.
Teniendo en cuenta la forma como ha sido concebido por
el ordenamiento jurídico, el matrimonio implica un alto nivel de confianza
entre los consortes; confianza que se manifiesta en el imperativo de entregar
al otro, y no a terceros, lo que le corresponde de sí mismo, existiendo el
deber solemne y ético de los cónyuges de abstenerse de mantener relaciones
sexuales con persona diferente a su pareja. A partir de la existencia del
vínculo jurídico, la relación afectiva está circunscrita a los casados, no como
producto de una imposición meramente legal, sino como consecuencia de un
comportamiento o actitud natural, de un compromiso solemne, inspirado en el
respeto y defensa de lo que se cree le pertenece a cada cuál, y en el
sentimiento y afecto en los que han coincidido y que ha motivado la unión
jurídica de la pareja.
En ese orden, el incumplimiento del deber de fidelidad
puede conllevar un desquiciamiento de la comunidad de vida matrimonial y, en
consecuencia, un alejamiento de los objetivos que en relación con la
institución familiar la Constitución busca proteger: la armonía y la
estabilidad familiar, a través del respeto entre los integrantes del grupo
familiar y la igualdad de derechos y deberes de la pareja.
8.4. De esta manera, resulta constitucionalmente
admisible que la inobservancia del compromiso de fidelidad otorgue al cónyuge
inocente el pleno derecho a promover el divorcio si considera que dicha falta
es irreconciliable frente a sus intereses personales y familiares, y comporta
una traición a la confianza otorgada.
8.5. Según se anotó en el acápite anterior, la protección
integral que en relación con la institución familiar prodiga la Constitución,
esta direccionada al logro de la estabilidad y armonía del grupo familiar.
Cuando tales objetivos no se ven satisfechos con el matrimonio, tal como ocurre
en el caso de la infidelidad, desaparecen los presupuestos éticos, sociales y
jurídicos que lo soportan, resultando constitucionalmente admisible que se
faculte a los cónyuges para considerar la opción de una ruptura o terminación
del vínculo, como una manera de acercarse más a los objetivos de lograr la
estabilidad y la armonía familiar, y de garantizar al cónyuge inocente sus
derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, intimidad y libre desarrollo de
la personalidad.
8.6. Ya esta Corporación, en la Sentencia C-660 de 2000,
al referirse a la misma causal de divorcio que ahora se demanda, había tenido
oportunidad de precisar que, en pro de garantizar la armonía y estabilidad
familiar, no se puede obligar a los cónyuges a mantener el vínculo matrimonial
cuando comportamientos como la infidelidad, generan un conflicto familiar
irreconciliable. En dicho fallo, la Corte señaló que la posibilidad de que los
cónyuges promuevan la disolución del matrimonio también tiene fundamento en los
principios de dignidad humana e inalienabilidad de los derechos de la persona,
pues en contra de la voluntad e interés de aquellos, con respecto a actos que
hieren su dignidad y la normal convivencia, no se puede promover la
indisolubilidad del matrimonio. Sobre el punto, se mencionó en el citado
fallo:
“Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de
la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los
cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que
no se les puede obligar a
mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las
mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo
contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la
armonía familiar, necesariamente
resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus
integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.
Además, los principios que antaño se
expusieron a favor de la institución matrimonial y de los hijos menores para
hacer del matrimonio un estado
inamovible, hoy no resultan válidos. No lo son en relación con la institución
familiar porque, como se ha expuesto, ella persigue la estabilidad del grupo
familiar como presupuesto del sistema social y como lugar propicio para el
desarrollo integral de los
hombres y mujeres que la integran, en todos los órdenes; de ahí que si el
vínculo existente entre la pareja no garantiza sino que, por el contrario,
perturba la estabilidad familiar, desaparecen los intereses éticos, sociales y
jurídicos que justifican su
permanencia. Tampoco pueden invocarse estos argumentos como válidos en interés
de los hijos menores, en razón a que si los padres involucrados en un conflicto
conyugal solicitan, individual o conjuntamente el divorcio, es porque, como
intérpretes reales de las
circunstancias vividas, consideran que a los hijos les resulta mejor
enfrentarse a la realidad de una ruptura que verse abocados a crecer en un
ambiente hostil.”
8.7. Así, no puede afirmarse, como lo hace el actor,
que la disposición acusada
afecta la institución familiar, el principio de dignidad y los derechos a la
igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad. Por el contrario,
según ha quedado visto, el objetivo de la norma es precisamente la protección
del bien jurídico de la
familia y los principios y derechos invocados en cabeza de los cónyuges. De acuerdo con la naturaleza jurídica del
matrimonio, la infidelidad deteriora la relación afectiva y es causa de la
inestabilidad familiar, razón por la cual, a través de la causal de divorcio
invocada, se busca proteger esos intereses jurídicos.
8.8. Si bien la causal de divorcio acusada impone una
limitación a los derechos al libre desarrollo a la personalidad y autonomía de
la voluntad, en cuanto puede conllevar una restricción a la libertad sexual de
los cónyuges, la misma resulta constitucionalmente legítima si se considera,
según se ha explicado, que deviene de un compromiso adquirido por los cónyuges
en forma libre y voluntaria, y que su objetivo es tutelar un bien jurídico de
interés general -la institución familiar- y proteger derechos de terceros -los
del cónyuge afectado. Esta Corporación ha señalado, en forma por demás
reiterada, que los derechos de la persona no tienen un carácter absoluto como
parece entenderlo el demandante. Tales derechos encuentran como límite
primigenio los derechos de los demás, la prevalencia del bien común y el hecho
de que no pueden ser objeto de abuso por parte de su titular. Al respecto, dijo
esta Corporación:
"es evidente que en un Estado de
Derecho y más aún, en un Estado Social de Derecho, no puede haber derechos
absolutos; el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la
juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es
convertirlo en un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad
antijurídica del atropello de los derechos de los otros y a los de la misma
sociedad" (Sentencia T-512/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
La libertad sexual, a la luz de los compromisos que se
derivan del matrimonio como vínculo jurídico, no puede ser entendida en sentido
absoluto. Compartiendo lo dicho por el señor Procurador en el concepto de rigor
y la mayoría de intervinientes, la opción de vida escogida por una persona, en
manera alguna debe interpretarse como mecanismo para eludir el cumplimiento de
las obligaciones sociales, ya que tal actitud degenera en un abuso de los
derechos de éste y en la violación de los derechos de terceros.
En el caso de las relaciones sexuales extramatrimoniales,
no incluirla como causal de divorcio sobre la base de favorecer la libertad
sexual, no solo implicaría un desconocimiento del compromiso solemne adquirido
por la pareja, sino también un desconocimiento de los derechos del cónyuge
afectado a la dignidad, igualdad, intimidad, libre desarrollo de la
personalidad e inalienabilidad de los demás derechos como persona, pues, en
caso de reprochar tal comportamiento, se vería obligado a mantener el vínculo
en contra de su interés y voluntad. En esos mismos términos, comportaría
igualmente un abuso de los derechos del cónyuge que ha faltado al deber de
fidelidad, en cuanto le impondría al otro la carga de permanecer a su lado sin
ser ese su deseo y sin compartir su opción de vida.
En este punto, es conveniente recordar que la norma
acusada, a través de la cual se consagra como causal de divorcio las relaciones
sexuales extramatrimoniales, no tiene un carácter imperativo. Por el contrario,
su alcance es meramente potestativo, en el sentido que se limita a reconocer al
esposo ofendido la faculta para solicitar el divorcio, cuando a éste, dentro de
su ámbito personal y familiar, no le resulte aceptable la conducta del cónyuge
infiel y considere que ésta lesiona su dignidad y el normal desarrollo de la
vida familiar.
8.9. Finalmente, descarta la Corte que la medida
acusada resulte discriminatoria por el hecho de limitar su ámbito de aplicación
al matrimonio y no extenderse a la unión marital de hecho. Según quedo
explicado en el apartado 5 de las consideraciones de este fallo, aun cuando la
Carta Política legitima los distintos origines que puede tener la familia,
dicho estatuto no esta reconociendo al matrimonio y a la unión marital de hecho
como instituciones equivalentes, amparadas por una misma situación jurídica
frente a sus efectos y características.
La jurisprudencia ha sostenido que la
propia Constitución, al consagrar inequívocamente dos formas de constituir la
familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos, reconoce el diverso
origen de aquella y establece una diferencia clara entre la unión marital y el
matrimonio Así, mientras la primera corresponde a la voluntad responsable de
conformarla sin mediar ningún tipo de formalidad, la segunda exige la
existencia del contrato de matrimonio a través del consentimiento libre de los
cónyuges. En ese orden, ha dicho la Corte “que el matrimonio no es la mera
unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son
simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente
vinculadas.  La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la
convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en
común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla.”[12]
La infidelidad, en cuanto comportamiento
que ataca directamente los lazos afectivos, puede llegar a ser la causa
principal de disolución de las familias de hecho, pero, se insiste, si la misma
no se forma por vínculo jurídico donde medie el consentimiento, su disolución
por esa causa no requiere declaración judicial. A este respecto, Ley 54 de
1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, define en su artículo 1°
la unión marital de hecho, como “la formada entre un hombre y una mujer, que
sin ser casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”.
(Subrayas fuera de texto).  Ello, sin perjuicio de que la citada ley, en el
cometido de establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los
compañeros permanentes, se haya ocupado de presumir la existencia de sociedad
patrimonial entre ellos y establecer los casos en que hay lugar a declararla
judicialmente.
En consecuencia, ni la causal de divorcio
referente a las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges,
ni ninguna otra de las causales de divorcio prevista en la ley tendría porqué
extenderse a la unión marital de hecho, por la simple razón que para dar por
terminada dicha unión no se requiere invocar ni probar nada. No se requiere
declaración de autoridad competente porque entre la pareja no existe vínculo
jurídico que disolver. Basta con que uno de los miembros, o ambos, decidan
darla por concluida, incluso mediando un comportamiento intachable del otro,
para que opere su disolución. En el matrimonio, en cambio -lo ha sostenido esta
Corporación y ahora se reitera-“las obligaciones que surgen del pacto conyugal,
a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede
darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial
del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico”[13].
8.10. En los términos expuestos, el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992,
modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del
Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as
relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, será
declarado exequible en la parte resolutiva de esta Sentencia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992,
modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del
Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as
relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
CON ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CON ACLARACIÓN DE VOTO
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-821/05 del Magistrado
Jaime Araujo Rentería
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Igualdad de derechos y obligaciones/PAREJAS
HOMOSEXUALES-Igualdad de derechos y obligaciones (Aclaración de voto)
Definida una categoría jurídica, en este caso, la de
la familia, deben concederse entonces los mismos efectos jurídicos y derechos
tanto para las familias conformadas a partir del matrimonio como a partir de
las uniones maritales de hecho, y esto tanto en el caso de parejas
heterosexuales como homosexuales. En este sentido, a mi juicio, las uniones
maritales de hecho deben tener los mismos derechos y obligaciones que el
matrimonio, y ello tanto para las parejas heterosexuales como para las parejas
homosexuales.
Referencia: expediente D-5666
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 1º  del artículo 6°  de la Ley 25 de 1992, modificatorio del
numeral 1º del artículo 154 del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, respecto de
algunas consideraciones de la parte motiva de este fallo, relativas al concepto
de familia y a la distinción entre el matrimonio y la unión marital de hecho:
1.
En primer lugar y como
lo he sostenido en otras oportunidades[14], discrepo del
concepto de familia reducido a la unión entre un hombre y una mujer. A mi
juicio, el concepto constitucional de familia no se restringe a la conformada
por un hombre y una mujer, ya que el término “o” consagrado en el art. 42 de la
Carta Política sugiere, a mi entender, que también se forma por la voluntad
responsable de conformarla.
De otra parte, la Constitución habla de la familia y
no dice que es hombre o mujer, se refiere a los vínculos naturales o jurídicos
y a la voluntad responsable. A mi juicio, al concepto de familia se arriba por
caminos diferentes, distintos, y no simplemente a partir del vínculo entre un
hombre y una mujer.
En este sentido, me permito reiterar mi tesis respecto
de que la conformación de una familia puede realizarse por diferentes caminos:
el del matrimonio y el de la voluntad de los miembros de la pareja, ya que
insisto, la Constitución no contempla una sola forma de familia, por cuanto
inclusive la familia puede estar constituida por ejemplo por una mujer sola con
su hijo.
2.
En segundo lugar,
sostengo que definida una categoría jurídica, en este caso, la de la familia,
deben concederse entonces los mismos efectos jurídicos y derechos tanto para
las familias conformadas a partir del matrimonio como a partir de las uniones
maritales de hecho, y esto tanto en el caso de parejas heterosexuales como
homosexuales.
En este sentido, a mi juicio, las uniones maritales de
hecho deben tener los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, y ello
tanto para las parejas heterosexuales como para las parejas homosexuales.
Con fundamento en lo anterior, aclaro mi voto a la
presente decisión.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
A LA SENTENCIA C-821 de 2005
Referencia: Expediente D-5666
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 1º  del artículo 6°  de la Ley 25 de 1992, modificatorio del
numeral 1º del artículo 154 del Código Civil.
Demandante: Gustavo Adolfo Uñate Fuentes
Magistrado Ponente:
RODRIGO ESCOBAR GIL
En esta oportunidad me limitaré a reiterar lo que he
señalado en otras aclaraciones o salvamentos de voto, puesto que no considero
pertinente explicar en extenso mi posición sobre lo decidido en la presente
sentencia. Basta con señalarla públicamente al votar y firmar la sentencia, y
con expresar mi criterio sobre las opiniones disidentes.
A diferencia de lo que sucede en otros países de
tradición romano-germánica, en Colombia existe una sólida y saludable tradición
de pluralismo en el ejercicio de la magistratura.[15]
Esta se refleja en tres aspectos: (i) el voto de los magistrados es conocido y
divulgado, usualmente en un comunicado oficial de la Corte, lo cual permite a
los ciudadanos conocer la posición de cada magistrado, (ii) las sentencias son
firmadas por todos los magistrados, lo cual le permite a cada uno señalar
públicamente, debajo de su rúbrica, si aclara o salva el voto, (iii) las
deliberaciones constan en un acta accesible al público inmediatamente después
de ser aprobada por el Pleno de la Corte donde se recogen los argumentos de
cada magistrado, y (iv) a la correspondiente sentencia se deben adjuntar las
opiniones disidentes de los magistrados, si las hay, o sea, los salvamentos o
aclaraciones de voto. Además, la Secretaria General puede certificar cómo voto
cada magistrado, si un interesado así lo solicita.
Estos cuatro aspectos - que constituyen una de las
fortalezas de nuestra tradición judicial - son separables, como lo demuestra el
derecho comparado.[16] O sea que es
perfectamente posible que un magistrado opte por disentir, pero deponga su
interés en criticar la sentencia correspondiente, cultivar el individualismo,
hacer gala de su conocimiento o mostrar soluciones alternativas que considera
más apropiadas. Todo en aras de contribuir a fortalecer a la institución
judicial a la cual pertenece y a que las sentencias fijen el sentido de la
Constitución con sólida autoridad.
Habrá, por supuesto, casos en que dicha contribución
se logre mejor escribiendo una opinión separada, siempre dentro del mayor
respeto por la institución. Así lo estimé necesario, por ejemplo, en la
sentencia sobre el aborto (C-355 de 2006), la cual compartí enteramente.
Escribí una aclaración de voto a dicha sentencia para agregar algunos
argumentos fundados en el derecho comparado, con el fin de dar elementos de
juicio orientados a impulsar desarrollos futuros en la materia, no para
criticar la sentencia.[17] En cambio, en la primera
sentencia en la cual participé sobre la igualdad de las parejas del mismo sexo
(SU-623 de 2001), escribí un salvamento de voto conjunto para tratar de abrir
el camino hacia evoluciones jurisprudenciales encaminadas a proteger a las
parejas del mismo sexo, como en efecto sucedió varios años después sobre bases
distintas a las que en el 2001 dividieron a la Corte.
Lo mismo hice en temas menos “duros” pero importantes
en el contexto colombiano, como la posibilidad de subsanar algunos vicios de
procedimiento (C-333 de 2005). Mi orientación anti-formalista me conduce a
declarar el vicio pero también a admitir, como lo dice expresamente la
Constitución desde 1991, que si se reúnen ciertas condiciones la ley puede ser
devuelta para que la falla en el procedimiento pueda ser subsanada. Así sucede
ahora frecuentemente con las leyes aprobatorias de tratados públicos. Es que en
nuestro contexto hay cuestiones constitucionales de enorme relevancia sobre las
cuales cabe anticipar una evolución, lo cual es un aliciente para que la
opinión disidente sea escrita, no para atacar a la Corte, sino para sentar
bases sólidas que propicien un cambio de jurisprudencia. Ello también ocurrió,
por supuesto, antes de la Carta de 1991. Un buen ejemplo de ello es el
salvamento de voto del magistrado Luis Sarmiento Buitrago a favor del control
material de los decretos declarativos de un estado de excepción durante la
vigencia de la Constitución de 1886. Si bien la Corte Suprema de Justicia nunca
dio ese paso, en la Constitución de 1991 se plasmaron los fundamentos para que
la Corte Constitucional avanzara en esa dirección, como en efecto aconteció.
Fue este espíritu constructivo el que me animó a
abstenerme de seguir repitiendo el mismo salvamento de voto (ver, por ejemplo,
el que escribí a la T-080 de 2006) a las sentencias de tutela que ordenaban la
terminación indiscriminada de cualquier proceso ejecutivo hipotecario
denominado en UPAC[18]. Una vez que la Sala
Plena decidió asumir el conocimiento de varias tutelas acumuladas con el fin de
unificar la jurisprudencia, dejé de escribir una opinión disidente en las Salas
de Revisión en las cuales participé y tampoco lo hice en la sentencia de
unificación donde la Corte construyó un enfoque diferente sobre nuevas premisas
compartidas por casi todos los magistrados (SU- 813 de 2007).
Ahora bien, las sentencias de la Corte cumplen una
misión trascendental consistente en fijar el significado de la Constitución.
Por lo tanto, la decisión de escribir una opinión separada o disidente también
implica una responsabilidad primordial: articular una crítica útil a la
sentencia de la Corte, en especial cuando dicha sentencia puede llegar a
constituirse en un precedente. Si una opinión separada o disidente no puede ser
orientada en ese sentido, el juez que salve o aclare su voto puede satisfacer
sus convicciones jurídicas simplemente anunciado que no esta de acuerdo con la
Corte.
Así interpretó el famoso jurista Roscoe Pound el
dilema de escribir o no opiniones disidentes, en un artículo publicado en 1953[19].
Para Roscoe Pound la actitud de varios jueces movidos por la vanidad o el
orgullo personal, que creían que tenían que escribir una opinión individual
para cualquier caso, era contraproducente desde el punto de vista del progreso
del derecho. Por eso destacó el siguiente canon de ética judicial: “Un juez
no debe ceder a la vanidad de su opinión ni valorar de manera más alta su
reputación individual que la de la Corte a la cual le debe lealtad.” (Canon
19, parágrafo 3, ABA, 1924). De tal forma que hay una diferencia entre anunciar
un desacuerdo y, adicionalmente, escribir en extenso una crítica de la
sentencia de la cual el magistrado difiere.
Frecuentemente se pasa por alto que inclusive en
Estados Unidos donde, a diferencia de Europa, existe una larga tradición de
admitir las opiniones disidentes, varios magistrados entendieron que, en
determinadas circunstancias, tanto la certeza del derecho como la solidez de la
Corte aconsejan reducir el disenso y promover la unanimidad. Es bien sabido,
por ejemplo, que el jurista Earl Warrem trabajó
arduamente para conseguir que la sentencia Brown v. Board of  Education –
mediante la cual se puso fin a la segregación racial en los colegios públicos-
fuera unánime. Así mismo, John Marshall solo escribió nueve opiniones
disidentes en cuarenta y cuatro años de ejercicio de la magistratura, puesto
que comprendió que el nacimiento del control constitucional y la consolidación
de la Corte investida de la autoridad para decir qué dice la Constitución,
requería de una clara cohesión institucional. Por esa misma razón, Marshall
aceptó ser magistrado ponente de sentencias con las cuales estaba en
desacuerdo.[20]
Además, en este caso el ímpetu de afinar la pluma para
criticar la sentencia se ha desvanecido después de tranquilas reflexiones en
torno al sentido de las opiniones separadas o disidentes. Estas me han llevado
a darme cuenta de que aun los juristas admirados por la claridad, elocuencia,
pertinencia y seriedad de sus opiniones disidentes, estimaban que no tenía
sentido insistir, una y otra vez, en escribir de manera individual la posición
que expresaron en las deliberaciones y mucho menos las que habían sostenido a
lo largo del tiempo. No se debe olvidar que Oliver Wendel Holmes - denominado
el gran disidente - sostenía que cuando un magistrado escribe un salvamento o
aclaración de voto debe recordar que “esta dando su punto de vista sobre el
derecho, no peleando con otro gallo”. Esto llevó en múltiples ocasiones al
magistrado Holmes a señalarles a los colegas de la Corte con los cuales compartía
una opinión disidente, que debían modificar los términos empleados en el
escrito correspondiente para respetar el principio ético de la civilidad en el
disentimiento.
No se trata de seguir una regla de consenso,
inapropiada en un contexto pluralista y en todo caso superada por la
divulgación de los votos de cada magistrado. El objetivo esencial es contribuir
a la consolidación de una institución que, como la Corte Constitucional, adopta
decisiones que definen el rumbo del país en temas que despiertan enorme
sensibilidad, tienen un impacto profundo o están sujetos de manera recurrente a
la dura prueba del litigio constitucional.
Entonces, honro esa responsabilidad consustancial a la
administración de justicia, que ha de ser tenida en cuenta por el juez
constitucional cuando - más allá de hacer pública su posición al advertir que
salva o aclara el voto - decide escribir una opinión disidente: la voz
individual del magistrado debe contribuir a esclarecer el derecho, en lugar de
confundir, y debe inscribirse en el respeto por la majestad de la justicia, en
lugar de tratar de deslegitimarla.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] La causal 8 corresponde a
“La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más
de dos años”. Por su parte la causal 9 se refiere a “El consentimiento
de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante
sentencia”.
[2] Sentencia C-271 de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3]
Sentencia T-278/94, M.P. Hernando Herrera Vergara
[4]
Sentencia ibídem.
[5]
Cfr. La Sentencia C-289 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[6]
Sentencia C-595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
[7]
Sentencia Ibídem.
[8] Cfr. Código Civil artículo 411 numeral 4°.
[9] Cfr. Código Civil art. 154 numerales 8° y 9°.
[10]
Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
[11]
Cfr. Sentencia C-1495 de 2000, M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[12] Sentencia C-533 de 2000,
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[13] Sentencia Ibídem.
[14] Ver
Salvamento de voto a la sentencia C-841 de 2001
[15]
Desde el siglo XIX los magistrados han podido salvar o aclarar el voto. Sin
remontarnos más allá de la vigencia de la Constitución de 1886, cabe resaltar
que en la primera sentencia en la cual se juzgó, en control previo, un acto del
legislador, se presentaron salvamentos de votos.
[16] En efecto, en Francia
están prohibidas las opiniones disidentes en el Consejo Constitucional, pero
las actas de sus deliberaciones son públicas, varias décadas después de su
aprobación. En Estados Unidos están permitidas las opiniones disidentes, pero
no existen actas de las deliberaciones. Mucho de la evolución del pensamiento
de la Corte estadounidense queda consignado por escrito en los memorandos y
notas oficiales que se cruzan los magistrados, los cuales son públicos también
después de varias décadas. En Alemania, después de un complejo y extenso
proceso, se pasó de la interdicción de las opiniones disidentes a su admisión. Ello
sucedió a raíz del famoso caso Spiegel, resuelto en 1966, en el cual los
magistrados se dividieron 4 contra 4. Ante la ausencia de mayoría por la
inconstitucionalidad, el acto controvertido en dicho caso se consideró
convalidado. Para entonces, las opiniones disidentes no estaban permitidas.
Entonces, la Corte Constitucional alemana optó por publicar las dos opiniones
enfrentadas como parte de la sentencia misma, sin divulgar los nombres de los
magistrados. Ello suscitó un debate sobre si las opiniones disidentes deberían
ser permitidas. En 1968 se llevó a cabo un debate apasionado al respecto en el
Congreso de Derecho, organizado por la asociación de juristas. Luego de una
votación, los juristas se inclinaron a favor de permitir las aclaraciones y
salvamentos de voto, a pesar de que los magistrados que integraban las cinco
altas cortes alemanas votaron en contra (158 contra 65). En 1970, el Parlamento
modificó la Ley Orgánica de la Corte Constitucional Federal alemana para
permitir las opiniones disidentes.
[17]
Inclusive respecto de estas cuestiones tan álgidas, algunos magistrados han
preferido abstenerse de hacer públicas las razones de su posición. En Alemania,
en la primera sentencia sobre el aborto, dos magistrados escribieron sus
opiniones disidentes. Por eso, se cree que la votación fue 6 contra 2. No
obstante, en realidad fue una sentencia 5 contra 3, ya que uno de los
magistrados de la minoría decidió no escribir un salvamento de voto.
[18]
Los puntos de mi disenso se originaron en que a mi juicio la tutela no debía
ser concedida sin verificar si el interesado había solicitado la terminación
del proceso, si el inmueble estaba efectivamente destinado a vivienda, si el
deudor había aceptado la reliquidación del crédito  o si el inmueble ya había
sido adjudicado a una familia que lo adquirió de buena fe para vivir en él
[19] Roscoe Pound. Cacoethes Dissentiendi: The Heated Judicial
Dissent. 39 A.B.A.J. (1953), 794.
[20] El justicia Antonin
Scalia, un vigoroso disidente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos, critica esta actitud en un ensayo sobre la opinión disidente. Ver The
Dissenting Opinion. 1994 J. Sup. Ct. Hist. 33.