T-732-16
Sentencia
T-732/16
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Caso en que vivienda ubicada en vía
principal que une dos municipios, sufrió un aumentado deterioro a causa del
tránsito de maquinaria pesada
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional en casos
en que el solicitante se encuentra en estado de subordinación o indefensión
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia
excepcional
Esta Corporación
ha determinado la procedibilidad de varias acciones de tutela interpuestas
contra particulares frente a quienes existe un estado de indefensión. En
especial, la jurisprudencia ha destacado que suele existir una relación de
indefensión de los propietarios de un inmueble que se ven afectados con la
actividad de los constructores, pues aunque éstos últimos ejercen una actividad
lícita, su condición de superioridad es evidente en el eventual caso en el que
el propietario pueda o sufra un daño inminente a su vivienda. En ese escenario
la discusión en la jurisdicción ordinaria se torna en un debate sobre la
indemnización para reparar el daño, más no aborda la protección urgente que
requieren las personas frente a la falta de habitabilidad de su hogar.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION-Agrietamiento
de vivienda por paso de vehículos pesados
ACCION
DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA-Procedencia
excepcional
El derecho a la
vivienda digna es un derecho fundamental, de acuerdo con la jurisprudencia
vigente de esta Corporación. Igualmente, algunas facetas de este derecho pueden
ser exigidas a través de la acción de tutela, pues requieren una protección
inmediata y urgente.
OBLIGACIONES
VINCULADAS CON EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Facetas de
cumplimiento inmediato o en periodos breves de tiempo
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA Y REUBICACION EN CASOS DE ZONAS DE ALTO RIESGO-Protección
constitucional
PROYECTOS
QUE REQUIEREN LICENCIA AMBIENTAL-Normatividad
ambiental
LICENCIA
AMBIENTAL-Solicitud, trámite y término para su otorgamiento
EFECTOS
AMBIENTALES ACUMULATIVOS-Concepto
PRINCIPIOS
RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS-Los
principios están construidos bajo tres pilares: proteger, respetar y remediar
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Elementos de
asequibilidad y habitabilidad
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Orden a
municipio inicie estudio de la zona donde se encuentra la vivienda para
determinar si se trata de una zona de alto riesgo mitigable y tomar las medidas
para garantizar vivienda habitable y segura
Referencia: expediente
T-5.357.971
Acción de
tutela instaurada  por José Eliécer Díaz Bohórquez contra el Oleoducto Central
Andino –Ocensa- y el Consorcio de Tierras Boyacá
Vinculados: El
municipio de Miraflores, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  -ANLA- y el Instituto Nacional
de Vías –Invías-
Asunto: Derecho a la
vivienda. Principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Bogotá, D. C.
diecinueve (19) de diciembre de 2016
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, y por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En revisión de la
sentencia de única instancia emitida el 18 de julio de 2016, en la cual el
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores, Boyacá, tuteló los derechos a la
vivienda digna, a la vida y a la integridad personal del accionante José
Eliécer Díaz Bohórquez y su núcleo familiar, que estimó vulnerado por el
municipio de Miraflores.
Inicialmente, el asunto llegó a esta
Corporación para revisión de la sentencia del 25 de septiembre de
2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, que confirmó el fallo del 10 de agosto de 2015, del Juzgado Promiscuo
de Familia de Miraflores, el cual declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor José Eliécer Díaz Bohórquez contra el Oleoducto Central
Andino OCENSA y el Consorcio de Tierras Boyacá. El citado Tribunal remitió el
expediente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2° de la
Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991, y fue escogido para revisión por la
Sala de Selección N° 2, del 26 de febrero de 2016.
En sede de revisión, la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional vinculó al municipio de
Miraflores, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales y al Instituto Nacional de Vías. El apoderado del
municipio solicitó la nulidad del proceso porque no participó en él
previamente. En consecuencia, a través del auto 248 de 2016, la Sala dejó sin
efectos las decisiones adoptadas por los jueces de instancia y ordenó reiniciar
el trámite de la tutela, pero advirtió que las pruebas recaudadas no perdían su
valor y que una vez existiera fallo judicial, la Corte lo revisaría.
El 18 de julio de 2016, el Juzgado
Promiscuo de Familia de Miraflores profirió sentencia. La decisión no fue
impugnada, por lo que el despacho judicial remitió el expediente a la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto
en el auto 248 de 2016.
I.
ANTECEDENTES
El accionante asegura que
su vivienda se encuentra ubicada sobre la carretera que conduce del municipio
de Miraflores, al municipio de Páez, en el departamento de Boyacá. Manifiesta
que el Oleoducto Central S.A. –en adelante Ocensa o el Oleoducto- construye una estación de
bombeo en el municipio vecino de Páez y moviliza una alta cantidad de material
pétreo y otros insumos pesados por la vía ubicada justo al lado de su vivienda.
Aduce que el tránsito de vehículos pesados ha deteriorado su casa, la cual está
en riesgo de colapso.
A través de la acción de amparo, el señor
Díaz Bohórquez solicitó que se reubique a los integrantes de su familia en un
lugar que garantice su vida e integridad personal y que se efectúe una
evaluación del estado de la vivienda para que se adelanten las reparaciones a
las que haya lugar, o se les asigne de manera definitiva otro lugar de
residencia.
A.     Hechos y pretensiones
1. El señor Jose Eliécer Díaz Bohórquez
vive en el barrio Las Brisas, ubicado en el Municipio de Miraflores, en el
departamento de Boyacá. Su vivienda se encuentra ubicada al borde de la
carretera que conduce del municipio de Miraflores al municipio de Páez, en el
departamento de Boyacá[1].
2. Asegura que vive con su esposa, Dora
Figueredo, con sus tres hijos, Leydy Lucero Díaz Figueredo, Juan Carlos Díaz
Figueredo y Richar Díaz Figueredo, y con el señor Juan de Jesús Figueredo,
quien es una persona de la tercera edad.
3. Relata que en el municipio vecino de Páez,
departamento de Boyacá, el Oleoducto Central S.A. construye una estación de bombeo
de petróleo y ha ejecutado la primera fase con el Consorcio Tierras Boyacá. Asegura
que por la vía contigua a su casa las empresas han movilizado aproximadamente
15.000 metros cúbicos de material pétreo desde la cantera El Perico hasta el municipio
de Miraflores, para lo cual es obligatorio el paso por la carretera ubicada al
lado de la residencia del señor Díaz Bohórquez.
El señor Díaz afirma que su vivienda “se
encuentra a punto de colapsar”[2]
por la fuerte vibración que causan las volquetas al transitar por la carretera.
4. Explicó que el 3 de octubre de 2014[3],
Ocensa y Civil Tech hicieron una inspección en su hogar para levantar un Acta
de Vecindad. Respecto a la situación de su inmueble, las observaciones
generales indicaron que: i) no existían procesos erosivos cercanos; ii) la
vivienda tenía agrietamientos leves y moderados; y iii) la extensión del agrietamiento
era ocasional, esto es, de menos de 3 metros de longitud por cada 30 metros
cuadrados de área. Precisó que aquella “presenta fisuras y grietas tanto en
pisos internos como en muros internos”[4].
Sobre la familia que habita la vivienda, el
informe consignó que reside una familia compuesta por el señor José Díaz, su
esposa y sus tres hijos, con ingresos mensuales de $150.000.[5]
5. El 20 de abril de 2015, la señora Dora
Figueredo Martínez, esposa del señor Díaz Bohórquez, presentó una petición a OCENSA
ante la Personería de Miraflores[6].
Adujo que actuaba en nombre propio y “en el de [su] núcleo familiar”. Explicó
que la empresa OCENSA moviliza maquinaria pesada por la carretera que atraviesa
los municipios de Miraflores, Zetaquira, Berbeo y San Eduardo Boyacá, y que
incluso, transita por el casco urbano del municipio de Miraflores. Indicó que el
desplazamiento del material ha afectado la estructura de su inmueble, pues “las
grietas existen aun aumentadas, generando con esto un riego (sic) para la vida
e integridad personal de las personas que [habitan]”.
En consecuencia, hizo cuatro solicitudes.
Primero, que se realizara una inspección ocular en su residencia para verificar
su estado, el aumento de las grietas y “la afectación generada por el
tráfico de maquinaria pesada”[7].
Segundo, que se reubicara a su núcleo familiar para evitar el posible perjuicio
irremediable que podría ocurrir si continúan en la vivienda. Tercero, que se efectúe
la reparación del inmueble. Cuarto, que en caso de no ser acogidas sus
pretensiones, se le explique la razón de la negativa.
La Personería de Miraflores remitió la
petición a Ocensa.
6. El 7 de mayo de 2015, el director de la
obra Consorcio Tierras Boyacá, el ingeniero Juan José Sogamoso, respondió la
petición de la señora Dora Figueredo. Expuso que se realizó una visita a su
residencia y se evidenció que aquella se encontraba “seriamente afectada por
asentamientos debido a un sistema constructivo deficiente que no cumple con
ninguna norma de construcción”[8].
La entidad adujo que anexó a su respuesta: el
informe de la visita a la vivienda de la señora  Dora Figueredo del 29 de abril
de 2015, el acta de reunión de la vivienda y el acta de vecindad de fecha 3 de
octubre de 2014. En el Informe de visita adjuntado se sostenía que “[h]oy 8
meses después, se observa que las fisuras, grietas en paredes, pisos y muros
continúan y se encuentran más visibles”[9].
Algunas de las conclusiones del documento señalaban que (i) la zona de
construcción es de falla, (ii) la casa no cumplía con normas de construcción;
(iii) hay agrietamientos del terreno que afectan la construcción; (iv) se
recomendaba acudir a las autoridades municipales, pues la vivienda generaba un
riesgo; y (v) las fallas que se presentan en la actualidad son ajenas a la
acción del Consorcio, pues aquel no intervino la zona y en la primera acta de
vecindad ya se advertía la existencia de grietas[10].
7. El 27 de julio de 2015, el señor José
Eliecer Díaz Bohórquez presentó acción de tutela contra el Oleoducto Central
S.A. –Ocensa- y Consorcio Tierras Boyacá, para que se protegieran sus derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la dignidad humana y a la integridad
física suya y de su familia, que habita el inmueble.
Manifestó que no son ciertas las
afirmaciones de la ingeniera del Consorcio de Tierras según las cuales la obra
realizada en el municipio de Páez no ha generado ninguna afectación en su
vivienda. Consideró que “NO existe discusión alguna, sobre el riesgo del
colapso de [su] bien inmueble, tampoco existe discusión que las grietas y
amenaza de destrucción aumento (sic) desde hace ocho (8) meses, por lo tanto,
el nexo causal entre la causa y el daño se encuentra plenamente identificado”[11].
El accionante sostuvo que Ocensa continúa
con la construcción de la estación de bombeo en el municipio de Páez y mantiene
el tránsito de maquinaria pesada por la vía que colinda con su hogar. Por lo
tanto, teme el colapso de su vivienda con el aumento de la vibración de la
carretera.
Asegura que no tiene recursos para
trasladarse a otro lugar y que tiene dificultades para caminar, por ello
requiere la protección urgente del juez constitucional. En ese sentido, hizo dos
solicitudes. La primera, que se reubique a los integrantes de su familia en un
lugar que garantice su integridad personal y su vida, y la empresa accionada
pague el canon de arrendamiento del lugar de reubicación, así como los gastos
de trasteo. La segunda, requiere que se efectúe una evaluación del estado de la
vivienda y las reparaciones a las que haya lugar, o “en su caso y según
dictamen pericial, [se ordene] la construcción total de la vivienda previa
reubicación inmediata”[12].
B.  Actuaciones de instancia iniciales
El 28 de julio de 2015, el
Juzgado Promiscuo de Familia admitió la acción de tutela[13]. Ofició a la Secretaría de Miraflores
para que presentara información sobre la vivienda del peticionario y las
características de la vía[14]
y corrió traslado al Oleoducto y al Consorcio de Tierras.
En las respuestas, la Secretaría de
Planeación de Infraestructura del municipio de Miraflores señaló que la
carretera a la que hace referencia el actor es una vía nacional de primer
orden. Sobre la vivienda, señaló que aquella carece de una construcción
adecuada y no cumple con normas de sismo resistencia. Precisó que según el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, el predio no representa amenaza[15].
El apoderado judicial del Oleoducto
Central S.A. se opuso a las pretensiones porque consideró que la acción no
cumplía con los requisitos de legitimación, subsidiariedad, ni inmediatez. Señaló
que no le consta que la vivienda se encuentre a punto de colapsar y que los
daños de la edificación se deben a los problemas en construcción. Precisó que
por la carretera transita una enorme cantidad de vehículos y que no está
demostrado que los supuestos daños a los que hace referencia el actor sean
causados por la empresa, máxime cuando se constató previamente la existencia de
grietas en la casa del señor Díaz Bohórquez. También precisó que si el accionante
eventualmente requiere atención por el estado de su vivienda, corresponde a las
entidades territoriales otorgar tal apoyo.
El Consorcio de Tierras Boyacá no contestó
la solicitud de tutela.
C. Decisiones
judiciales de primera y segunda instancia
El 10 de agosto de 2015, el Juzgado
Promiscuo de Familia de Miraflores declaró improcedente la acción de tutela. El
Juzgado verificó que el actor no aportó prueba del parentesco con los menores
de edad Leydy Lucero y Juan Carlos Díaz Figueredo, quienes aseguró,  eran hijos
suyos, ni explicó la inminencia de la afectación de sus derechos. Además, no
demostró que sea el titular del inmueble sobre el cual se presenta la amenaza,
pues según el folio de matrícula inmobiliaria el titular es Carlos Díaz Amaya,
quien vendió una parte -90 metros cuadrados- a María Cristina Bernal Castañeda
y a Jorge Enrique Mendoza Mora. También resaltó que la petición a la que el
actor hace referencia en la tutela, fue presentada por Dora Figueredo, quien a
su vez, afirma ser la propietaria de la vivienda. Por todo lo anterior, no se
reúne la legitimación por activa del actor para interponer la acción de amparo.
El 25 de septiembre de 2015, la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja confirmó la decisión del
Juez de primera instancia. Estimó que el actor pretendía la reparación de su
vivienda y para conseguir ese objetivo contaba con otros mecanismos de defensa
judicial, tales como la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través de la cual podía solicitar medidas
cautelares si se trataba de una protección urgente de sus derechos.
También exhortó a la Personería Municipal
de Miraflores para que “gestione ante la administración municipal lo que sea
pertinente a efecto de evitar un riesgo en la vida y seguridad de las personas
que habitan el inmueble de que trata esta acción”[16].
D. Actuaciones iniciales
de la Corte Constitucional
El 10 de mayo de 2016, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional profirió un auto para contar con más
elementos probatorios para tomar una decisión en el caso. Ofició al Oleoducto, al
Consorcio de Tierras, al Municipio de Miraflores y al Instituto Nacional de
Vías –Invías-  para que respondieran algunas preguntas en relación con la vía y
la actividad del Oleoducto en la zona. Asimismo, solicitó a la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que emitiera
un concepto técnico sobre el estado de la vivienda del accionante y la causa
del acentuado deterioro en los últimos meses. En el mismo auto, la Sala vinculó al municipio
de Miraflores, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
y a CORPOBOYACÁ porque consideró que, eventualmente, su responsabilidad podría
estar comprometida en el caso concreto.
En respuesta a las anteriores solicitudes,
la Sala recibió la respuesta de las autoridades públicas, a saber, del
municipio de Miraflores, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-,
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del Instituto Nacional de Vías;
así como de las empresas accionadas, el Oleoducto Central S.A. y del Consorcio
de Tierras, las cuales se reseñan a continuación:
El municipio de Miraflores solicitó
la nulidad de lo actuado durante el proceso porque no fue vinculado previamente
y, en consecuencia, no tuvo la oportunidad de defenderse.
Afirmó también, en relación con los hechos,
que el accionante no era el propietario del inmueble y que no le consta que el
estado de la vivienda sea consecuencia de las obras de la estación de bombeo
que realiza OCENSA.  Precisó que, en efecto, la casa se encuentra al borde de
la carretera y presenta un deterioro, a su juicio, causado por el deficiente
sistema constructivo de la misma, la cual no cuenta con licencia de
construcción. Indicó que la vía comunica al municipio de Miraflores con el
municipio de Páez, “por lo que el paso de vehículos de carga, pasajeros y
otros, es frecuente” [17].
El apoderado adujo que el actor  no tiene legitimación por pasiva en el
presente caso. Señaló que el actor debe asumir erogaciones económicas para
reparar su casa y “el municipio, solo puede actuar en velar (sic) por salvaguardar
la integridad de las personas que allí habitan desalojando al (sic) vivienda y
procediendo a la demolición si la misma no cumple con las normas técnicas de
sismoresistencia necesarias” [18].
Adicionalmente, en relación con las preguntas puntuales elevadas por la Sala
Quinta, el alcalde municipal de Miraflores respondió que (i) conocía un caso
similar al del accionante en contra de Ocensa; (ii) con respecto al estado de la
vivienda del señor José Eliécer Díaz Bohórquez, indicó que aquella se encuentra
ubicada sobre la vía que conduce de Miraflores a Páez, tiene afectaciones
causadas por la humedad y el manejo de aguas lluvias, y fue construida hace
aproximadamente 20 años, según indicó el propietario, sobre un terreno con una
pendiente y la Oficina de Planeación no había reportado ningún daño en la misma
hasta el que se discute actualmente; y (iii) en relación con las posibles
causas del deterioro de la vivienda, señaló que “un factor importante es la
afectación causada por la humedad, ya que la vivienda no cuenta con la
canalización adecuada de aguas lluvias y residuales, del mismo modo al no haber
ningún tipo de estructura portante en la vivienda ocasiona que esta no tenga
ningún tipo de garantía sismo resistente y que el asentamiento de la vivienda
se esté dando de manera irregular considerando que se ubica sobre un relleno”
[19].
La Corporación Autónoma Regional de
Boyacá –CORPOBOYACÁ- indicó que el accionante no es el propietario de la
vivienda y resaltó que quien presentó la primera reclamación ante Ocensa por
los daños de la casa, fue la pareja del peticionario. La Corporación se opuso a
todas las pretensiones del actor y señaló que la acción sufre de falta de
legitimación por pasiva porque la Corporación no tiene funciones de seguimiento
de las licencias ambientales, pues ello corresponde a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. Por lo tanto, no tiene responsabilidad alguna en la
protección de los derechos del actor. Además, adujo que el peticionario
persigue el pago y resarcimiento de las afectaciones causadas a su hogar, por
lo que la tutela resulta improcedente, pues existen otros mecanismos de defensa
judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo que el accionante
no agotó. Si está en riesgo la protección de derechos fundamentales, puede
solicitar medidas cautelares al momento de presentar la demanda.
La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales precisó que en la licencia que otorgó, Ocensa indicó que usaría
las vías de primer a tercer orden. Agregó que la empresa indicó que las obras
que realizaría a las vías de acceso de las nuevas estaciones de bombeo
corresponden a obras de mantenimiento existentes que permitirían “el paso de
vehículos pesados como cama bajas y vehículos livianos; así mismo, recuperando
puntos que se vean afectados durante el desarrollo de las actividades de
construcción, operación, desmantelamiento y abandono” [20]. Luego, señaló que “una
vez efectuado el análisis de lo que la ANLA autoriza para el proyecto, la
solicitud de posibles impactos que el accionante describe en sus hechos sobre
la vía en cuestión, no se encuentra relación con lo que esta autoridad
viabilizó en el tema de infraestructura vial para el tema de transporte”
[21].
El apoderado de la ANLA se opuso a las pretensiones porque consideró que la
entidad ha actuado en el marco de sus competencias legales y no le corresponde
tomar decisión alguna en el caso que se estudia. Aseguró que no ha recibido
quejas similares a las del peticionario y advirtió que ha actuado conforme con
sus competencias, por lo que “la presunta vulneración de derechos está en
cabeza de la empresa” [22].
Adicionalmente, indicó que la tutela es improcedente porque no se evidencia la
existencia de un perjuicio irremediable. Adujo también que recientemente se ha
utilizado el argumento según el cual la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales es responsable de forma solidaria por las eventuales afectaciones
causadas por las empresas, por expedir la licencia. Sin embargo, se opone a
dicho razonamiento porque asegura que la licencia es independiente de las
obligaciones que tienen las empresas. En su criterio, la responsabilidad del
Estado es objetiva, por lo tanto, “debe estar claramente definida y
establecida en el proceso, para que así, pueda la autoridad judicial definir la
existencia o no de responsabilidad” [23],
lo que no se configura en este caso.
El Instituto Nacional de Vías -Invías-,
primero, adjuntó un cuadro con el promedio diario de tránsito por la vía de
Miraflores a Páez, en Boyacá, con la siguiente información:
Promedio diario de vehículos en el tramo
de Miraflores- Páez
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio vehículos
281
441
402
328
468
457
Autos-Buses- Camiones
69-12-19
60-8-31
65-8-27
76-6-18
73-8-19
71-7-22
Segundo, frente a la pregunta sobre si el
paso de maquinaria pesada por la vía que conduce de Miraflores a Páez, el Instituto
señaló que, de acuerdo con la Revista Ingeniería de Construcción Vol No 1 de
Abril de 2011 “[l]as vibraciones causadas por el tráfico vehicular pueden
generar daños en las edificaciones cercanas y problemas o molestias a las
personas. Estos efectos pueden ser importantes en función del nivel de amplitud
de las vibraciones, la cual depende entre otros aspectos, de las
características de los suelos. Estas características inducidas por el tráfico
vehicular pesado y férreo se pueden enmarcar principalmente en dos aspectos:
(i) daños a construcciones o estructuras pequeñas, edificios rígidos y de poca altura,
cimentados sobre suelo blandos y cercanos a vías de tráfico pesado (…)
[24].
En consecuencia, el Instituto concluyó que cuando existe tránsito pesado, es
necesario que las viviendas aledañas cumplan con los parámetros de sismo
resistencia.  Tercero, frente a la pregunta acerca de si existen estudios sobre
el impacto que tiene el tránsito en la vía para las viviendas aledañas a ésta,
el Instituto respondió que no. Cuarto, con respecto a la pregunta acerca de las
causas del deterioro de la vivienda, el Invías señaló que aquella se encuentra
construida sin normas de sismo resistencia, sobre un talud inferior de la vía.
Indicó que existen otras construcciones cercanas que no presentan daños por lo
que “no es posible determinar si el aumento en las grietas de la vivienda
son ocasionados por el paso de tránsito pesado” [25]. Para terminar, el
Invías señaló que se encarga de la vía Miraflores-Páez y precisó que “desde
Junio de 2015 hasta la presente se le ha realizado un mantenimiento periódico
en sinergia con OCENSA, dicho mantenimiento consiste en conformación de la calzada
y colocación de afirmado en los sitios más deteriorados” [26].
El Oleoducto Central
S.A. –Ocensa- respondió las preguntas efectuadas por la Sala, como se
indica a continuación. Primero, señaló que la empresa trabaja en una estación
de bombeo en Miraflores y también construye una estación de bombeo en el
municipio de Páez, para la cual cuenta con todos los permisos y la licencia
ambiental que lo autoriza. Segundo, la empresa señaló que ésta tiene como
objeto la construcción de una zona de bombeo, que implica 4 bombas principales,
un sistema de tuberías, equipos eléctricos concertados con las bombas, una
piscina de recolección de agua lluvia y un sistema de generación eléctrica a
partir de turbogeneradores. La zona de influencia directa son las veredas de
Yapompo y Jural. Señaló que no tiene repercusiones negativas porque, como se
planteó con las autoridades del municipio de Miraflores, los beneficios son
positivos (Anexó acta de reunión con las autoridades municipales de
Miraflores). Tercero, frente a la pregunta sobre cuál fue el motivo para
levantar el acta de vecindad MT01-052 en la vivienda del actor, afirmó que ésta
se realizó en cumplimiento de la obligación de la Ficha No. 53 sobre
Compensación Social, del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto P-135, que
indicaba que “[p]ara el tráfico en los accesos se debe inicialmente hacer un
acta de vecindad con los dueños de predios y viviendas que permita identificar
claramente las condiciones de las viviendas y accesos” [27]. Al levantar el
acta, la empresa aduce que observó agrietamiento en el inmueble, “preexistente
al inicio de cualquier actividad (…) en las inmediaciones de dicho inmueble”
[28].
Cuarto, sobre si la empresa socializó con el municipio de Miraflores el impacto
de las obras en los habitantes de la región, señaló que sí, en efecto, el 4 de
junio de 2014, se reunió con las autoridades para informar las repercusiones de
la obra. Además, antes de que se otorgara la licencia ambiental, también
socializó el impacto del proyecto con las comunidades involucradas. Quinto, con
respecto a la magnitud del tráfico en la vía de Miraflores a Páez, la empresa
anexó un cuadro según el cual desde septiembre de 2014 a mayo de 2016 se han
realizado 4671 viajes en el marco del Proyecto P-135. Precisó que desconoce la
cantidad de vehículos pesados que circulan diariamente por la vía, pero indicó
que en ese trayecto no se movilizan únicamente vehículos de su empresa, pues es
una carretera del orden nacional. Resaltó que no encuentra razonable que
quienes transiten por la vía deban asumir el deterioro de la vivienda del actor
que tiene deficiencias en su construcción únicamente por utilizar la vía, que
es de primer orden. Sexto, en relación con la pregunta sobre si la empresa
estudió la posibilidad de que el aumento en la frecuencia de tránsito afectara
las viviendas cercanas a la carretera, el apoderado de la empresa indicó que su
representada no estaba obligada a ello porque el responsable del mantenimiento
de la vía es Invías. Sin embargo, reitera que levantó un acta de los inmuebles
cercanos a la vía, dentro de los que estaba el inmueble del actor. Séptimo,
frente al interrogante que indagaba si el detrimento de la vivienda del actor
podía tener origen en el tránsito de maquinaria pesada, contestó que no.
Señaló que la vivienda tiene un sistema constructivo inadecuado y se encuentra
en una zona de inestabilidad que pueden afectar sus condiciones. Respaldó su
afirmación en un Informe Técnico de Campo del 23 de mayo de 2016, que indicó
los problemas de los muros por ausencia de vigas y que las grietas del piso podían
tener causa en la mala compactación del relleno, en un Informe de la sociedad
Ingeniería y Geotecnia S.A.S., que indicó que el terreno de la zona es
inestable y que “las edificaciones que carecen de estructura de
confinamiento, son mucho más vulnerables a movimientos ligeros de terreno, lo
que se manifiesta en agrietamientos y distorsiones en muros y pisos” [29].  Además, de
acuerdo con el Informe de Inspección de Mantenimiento de Línea de Ocensa, el
agrietamiento de la vivienda no tiene “relación alguna evidente con los
equipos transportados por la vía departamental” [30]. Octavo, frente al
interrogante sobre si conocía de casos similares al del accionante, el
apoderado aportó un registro de la Oficina de Quejas y Reclamos en el que
constan siete (7) comunicaciones de personas de la comunidad a la empresa que
argumentan que el paso de vehículos pesados ha dañado sus viviendas. Todas se
encuentran cerradas, incluso la del peticionario José Eliécer Díaz Bohórquez.
Adicionalmente, la empresa fue reiterativa en sostener que no es su
responsabilidad el manejo y mantenimiento de las carreteras nacionales y que
tampoco le son imputables las consecuencias que se generen por las fallas
estructurales de la vivienda del accionante. Puntualizó que en un informe
técnico que realizó el 23 de mayo de 2016 se evidencia que la causa de las
grietas de la vivienda del actor tiene origen en la deficiente construcción, la
ausencia de vigas de amarre y de columnas, así como en la mala calidad del
material del relleno sobre el cual se construyó la casa. Por lo tanto, el
agrietamiento de la vivienda no se debe al tráfico de maquinaria del Oleoducto.
(Respuesta
del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333. Cuaderno principal).
El Consorcio Tierras Boyacá señaló:
primero, que actualmente no adelanta ninguna actividad, pues ésta terminó en
julio de 2015. En relación con la construcción de la estación de bombeo en el
municipio de Páez, indicó que el Consorcio únicamente ejecutó el contrato de “movimiento
de tierras, adecuación de áreas y construcción de vías en la estación de Páez”.
Segundo, sobre el alcance del proyecto de la estación de bombeo en Páez, dijo
que se trataba de una cuestión que correspondía resolver a OCENSA. Tercero,
respecto a la causa para levantar el Acta de Vecindad MT01-052, sostuvo que
aquella fue realizada por órdenes de Ocensa, antes de iniciar las actividades.
Precisó que una ingeniera del Consorcio visitó la vivienda del accionante
cuando él presentó una queja. En dicha visita se encontró que aquella estaba
construida sobre una zona de falla, en la que hay un desplazamiento de la masa
del suelo y señaló que en la vivienda ya se presentaban daños, de acuerdo con
la primera Acta de Vecindad, “y teniendo en cuenta que en este sector
CONSORCIO DE TIERRAS BOYACÁ no realizó intervención algunas con adición de
afirmado, ni con maquinaria; las fallas que se presentan en esta casa de
habitación son ajenas al desarrollo de las actividades del [Consorcio]”
[31].
Cuarto, con respecto a la pregunta sobre si ha informado a las autoridades del
municipio de Miraflores, señaló que aquella responsabilidad es de Ocensa.
Quinto, sobre la pregunta acerca de la magnitud del tráfico de vehículos
pesados por la vía, el Consorcio señaló que entre noviembre de 2014 y julio de
2015, “durante el proceso de construcción del proyecto de OCENSA en el
municipio de Páez, transitaron vehículos del Consorcio Tierras Boyacá con
equipos de construcción y material para la construcción de la obra, que en todo
caso cumplían con la normatividad de tránsito vigente en ese momento para
vehículos pesados” [32].
Ahora bien, señaló que no tiene claridad sobre la frecuencia de los vehículos y
adujo que otras empresas transitan por la vía, por ejemplo, porque en la época
se construía un puente entre Miraflores y Páez. Sexto, frente a la pregunta
sobre si se estudió previamente al inicio del proyecto el posible impacto en la
vía y las viviendas aledañas, el Consorcio respondió que dicha labor es
responsabilidad de Ocensa. Séptimo, en relación con el interrogante sobre las
causas del deterioro de la vivienda del actor, señaló que no es competente para
dar un diagnóstico sobre el aumento del daño porque, en un inicio, encontraron
que existían grietas en la casa. Finalmente, el Consorcio aseguró que no tiene
conocimiento de solicitudes similares a las del accionante.
Al respecto, vale resaltar que en esta
etapa probatoria, la Sala conoció la Resolución No. 1095 de 2012, a través de
la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó la ampliación
de la licencia otorgada al Oleoducto Central S.A., aprobada a través de la
Resolución No. 952 del 31 de agosto de 1995, así como fichas del Plan de Manejo
Ambiental y actas de socialización del proyecto con autoridades del municipio
de Miraflores.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia informó que debido a una situación de
anormalidad académica no había realizado la visita, pero que tan pronto como se
reiniciaran las clases, visitaría la casa del accionante para cumplir con lo
solicitado por la Sala[33].
Al analizar las respuestas de las entidades,
llamó la atención de la Sala que el apoderado del municipio de Miraflores solicitó
la nulidad de todo el proceso porque no fue vinculado previamente y no tuvo la
oportunidad de defenderse en el proceso de tutela, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 133 del Código General del Proceso.
E. La nulidad decretada
por la Corte
En respuesta a la petición del apoderado
del municipio de Miraflores, a través del auto 248 del 20 de junio de 2016,
la Sala Quinta de Revisión declaró la nulidad de todas las
actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia, desde el auto
admisorio de la demanda proferido el veintiocho (28) de julio de 2015, por
el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores. Lo anterior, porque verificó que
el municipio de Miraflores no fue vinculado en el trámite de la tutela de
primera y segunda instancia y el apoderado de la entidad territorial solicitó
anular toda la actuación. Por lo tanto, se dejaron sin efectos las actuaciones surtidas
en el proceso, en particular las sentencias del 12 de agosto de 2015 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores, y el 25 de septiembre de 2015 de la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Sin embargo, la Sala advirtió no anular las pruebas
recaudadas durante el proceso, las cuales podrían controvertirse por las partes
en la contestación de la tutela, para luego valorarse por los jueces
competentes. En ese sentido, se ordenó al Juez de primera instancia reiniciar
el proceso y vincular a las autoridades que no tuvieron conocimiento del caso
inicialmente, y que, una vez finalizara el trámite de la acción, remitiera
nuevamente el expediente al despacho de la Magistrada sustanciadora para su
revisión.
Al proferir el auto 248 de
2016, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia no había realizado la visita a la vivienda del accionante, por lo
tanto, la Sala le indicó que una vez tuviera el concepto solicitado, éste debía
enviarse al Juez de primera instancia.
F. Nuevo trámite de tutela
en primera instancia
El 5 de julio de 2016, el Juzgado Promiscuo
de Familia de Miraflores admitió la acción de tutela promovida por el señor
Jose Eliécer Díaz Bohórquez contra el Oleoducto Central S.A. –Ocensa- y el
Consorcio de Tierras Boyacá, vinculó al municipio de Miraflores, a CORPOBOYACÁ,
a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y al Instituto Nacional de Vías
–INVÍAS-. Asimismo, como medida provisional, ordenó al municipio de Miraflores identificar
la magnitud del riesgo en el que se encuentra el accionante y su familia debido
al estado de la vivienda y, de ser necesario, gestionar un subsidio de
reubicación de vivienda.
El 18 de julio de 2016, el Alcalde y tres
funcionarias de la Secretaria de Despacho de Planeación e Infraestructura del
municipio de Miraflores informaron que visitaron  la vivienda del accionante.
Describieron que se encuentra ubicada en la vía que de Miraflores conduce a
Páez, tiene afectaciones causadas por la humedad, está construida en bloque y
ladrillo, el 80% de los muros están pañetados, tiene grietas en algunas paredes
y no cuenta con estructura portante, se construyó sobre un muro de piedra y un
relleno hecho por el propietario y se observó que aquella fue construida aproximadamente
hace 20 años y no hay reporte de daños a la misma en la Oficina de Planeación.
Tampoco tiene licencia de construcción.
Los funcionarios determinaron que la
vivienda “no [era] posible habitarla, pues se encuentra en alto riesgo, lo
que [podía] conllevar a colapso de la misma, afectado (sic) la integridad de la
familia que allí habita”[34].
En consecuencia, se comunicó a la familia “el apoyo de un subsidio de
arriendo para que [fuera]utilizado en los siguientes tres meses, con el fin de
que manera inmediata desocupe la vivienda que se encuentra en riesgo”[35].
(Anexaron registro de Sisben de la familia, conformada por el señor José Díaz,
su esposa Dora Figueredo y tres menores de edad[36]).
G. Contestaciones de las
entidades vinculadas y los particulares accionados
El apoderado del municipio de Miraflores
refirió que la mayoría de los hechos de la acción de tutela no le constaban.
Señaló que es cierto que la vivienda del actor se encuentra al borde de la
carretera en la cual se moviliza maquinaria pesada y otro tipo de vehículos,
dado que es de orden nacional. Sostuvo que la reclamación no fue puesta en
conocimiento de la Alcaldía y que los daños en la construcción se deben a que
aquella no cumple normas de sismo resistencia y no cuenta con licencia de
construcción.
Solicitó que se desestimen todas las
pretensiones porque al municipio no le corresponde reubicar a la familia porque
ella no comunicó el deterioro de la vivienda y construyó sin contar con
licencia  para ese efecto. Indicó que si los daños de la casa deben ser
asumidos por el accionante, pues son producto de su actuación bajo la
ilegalidad, el municipio “solo pueda (sic) actuar en velar por salvaguardar
la integridad de las personas que allí habitan desalojando al (sic) vivienda y
procediendo a la demolición si la misma no cumple con las normas técnicas de
sismoresistencia necesarias”[37].
Agregó que en caso de ampararse la petición del accionante, Ocensa y el
Consorcio de Tierras Boyacá son quienes deben responder, pues aduce que la
entidad territorial no tiene legitimación por pasiva en el presente caso.
CORPOBOYACÁ reiteró los
argumentos expuestos previamente ante la Sala Quinta de la Corte
Constitucional. Señaló que el accionante persigue un resarcimiento del daño que
se le causó a su vivienda por el tránsito de la maquinaria pesada, para lo cual
debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto,
la acción de tutela es improcedente porque existen otros mecanismos de defensa
a través de los cuales el actor puede presentar su petición. Asimismo, sostuvo
que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la entidad encargada de hacer
seguimiento a la licencia ambiental otorgada a Ocensa. Por lo que ella no está
involucrada en la posible afectación de derecho del accionante.
El director de la territorial Boyacá del Instituto
Nacional de Vías – Invías- señaló que “no es posible sostener que la
afectación a la vivienda sea ocasionada por el paso vehicular exclusivamente”[38].
Lo anterior, porque la vivienda no tiene cimentación profunda, ni viga de
amarre en concreto, por lo que no cumple con la normatividad sobre
construcción. Además, de acuerdo con un estudio sobre el terreno de la vía, existen
fenómenos de inestabilidad en laderas y taludes de la vía. En conclusión, el
Instituto señala que “[e]s una vivienda que no cumple con normas de diseño
sismo resistente. No cuenta con drenaje suficiente alrededor de la misma para
evitar filtraciones de agua por debajo de la casa y así evitar los asentamientos
de la estructura, fiel reflejo de la aparición de grietas en los muros y pisos.
Se encuentra en un sitio de alto riesgo; en ladera inestable geológicamente”[39].
Por ello, solicita negar las pretensiones de la acción frente al Instituto.
El Oleoducto Central S.A. –Ocensa- reiteró
argumentos presentados ante la Sala Quinta previamente. Señaló que los hechos
de la tutela tienen un contenido de relato novelado. Se opuso a las
afirmaciones del accionante y precisó que “la actividad de Ocensa no tuvo
absolutamente nada que ver con el supuesto deterioro del inmueble”. Señaló
que el concepto del Consorcio de Tierras Boyacá del 29 de abril de 2015 señala
que la afectación de la casa existía desde el 3 de Octubre de 2014 y que el
inmueble tenía un sistema constructivo deficiente. En el informe del 23 de mayo
de 2016, se indica que la vivienda no tiene vigas en amarre y las mayores
grietas pueden tener como origen la falta de compactación o mala calidad del
relleno sobre el cual está la casa. Además, la sociedad Ingeniería  y Geotecnia
S.A. sostuvo que el terreno es inestable y que “si las edificaciones carecen
de estructura de confinamiento, son mucho más vulnerables a movimientos ligeros
del terreno”[40].
En líneas generales, señaló que la empresa no tiene responsabilidad alguna en
la afectación de la vivienda y  que por la vía transitan varias empresas y
particulares, por lo cual no es posible determinar “que algunos carros
puedan producir un perjuicios (sic) y otros no”[41].
La empresa se opuso a las pretensiones del
accionante y adujo no tener ninguna responsabilidad frente a la situación
relatada. Consideró que no existe legitimación por pasiva, pues las peticiones
deben atenderse por las autoridades estatales. Agregó que tampoco se cumple el
requisito de subsidiariedad porque el actor cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial para reclamar la reparación de perjuicios de naturaleza
extracontractual.
Sostuvo también que no existe legitimación
por activa porque el actor no es propietario del inmueble y no demostró
relación de parentesco con las personas que dice que viven en el lugar, a las
que representa a través de la tutela, porque no aportó los registros civiles de
nacimiento y matrimonio, que son los medios conducentes para demostrar tal nexo.
Indicó que Ocensa ha sido diligente al informar cuál es el trámite que debe
iniciar el peticionario para lograr la reubicación de la familia.
Finalmente señaló que la tutela carece de
inmediatez porque los daños estructurales “se vienen presentando con mucha
anterioridad a la presentación de la acción” y el último hecho relevante
ocurrió en mayo “del presente año”[42],
lo cual a su juicio, implica que no se cumple con el requisito de inmediatez.
La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales se opuso a las pretensiones del actor.
Informó que los días 4, 5 y 6 de marzo de
2015, realizó visita de seguimiento y control al sector en ejercicio de las
facultades que le entregó el Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de
2015. Señaló que a través del Auto del 28 de mayo de 2015, requirió a Ocensa
para que le remitiera copia de las actas de vecindad de las viviendas aledañas
a la vía del municipio de Miraflores que conduce al sector del Perico, las
quejas y respuestas de la comunidad de Miraflores y para que en el término de
un mes efectuara la humectación de la vía de Miraflores al sector del Perico.
El 6 de julio de 2015, la empresa “allegó
información parcial frente a los requerimientos”[43] y el 23 de mayo de
2016, presentó el informe de cumplimiento ambiental del 60% del avance del proyecto.
De acuerdo con la información del Sector de Hidrocarburos de la ANLA, Ocensa “señaló
que no se evidenciaron quejas o inquietudes presentadas por el accionante señor
Díaz, ni relacionadas con los hechos descritos en la Acción de tutela
instaurada, así como tampoco quejas o reclamos por parte de las entidades que
administran las vías del área de influencia directa del Oleoducto”. Por lo
tanto, con base en esa información la autoridad ambiental procederá a hacer
seguimientos, requerimientos e iniciar los procesos sancionatorios que estime
pertinentes.
En cuanto a la procedencia, indicó que no
existe legitimación por pasiva frente a la ANLA, pues el accionante no demostró
la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de
tutela. Manifestó que la entidad ha actuado de conformidad con sus deberes
legales y que el actor no presentó ninguna prueba que comprometiera su
responsabilidad frente a los hechos que se alegan como vulneradores de
derechos.
El Consorcio de Tierras Boyacá
reiteró los argumentos expuestos previamente a la Sala Quinta de la Corte
Constitucional. Frente a algunos hechos precisó, por ejemplo que  “el acta
de vecindad obedece al proceso de seguimiento de los predios ubicados en el área
de influencia de la obra, en cuya actividad puede resultar que algunos predios
no sean intervenidos por la misma”[44].
Indicó que transitan varios vehículos por la vía, por lo que Invías debía
analizar los riesgos para las viviendas. Reiteró que no existe nexo causal
entre el tránsito por la vía y el daño a la vivienda y que el encargado de
abordar la situación de vulnerabilidad del actor y su familia es el municipio
de Miraflores.
Señaló que se configura la falta de
legitimación en la causa por activa porque el peticionario no es propietario
del inmueble. Por lo que no puede exigir su reparación. Además, no existe
legitimación en la causa por pasiva porque el Consorcio de Tierras es un
ejecutante de obras, por lo tanto, no incide en la planeación, ni diseño del
proyecto. Adicionalmente indicó que hay ausencia de responsabilidad del
Consorcio y ausencia de pruebas que demuestren que alguna de sus acciones son
vulneradoras de derechos humanos.
Finalmente, indicó que la acción de amparo
no cumple con el requisito de subsidiariedad porque el peticionario puede
acudir al medio de control de reparación directa ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En consecuencia, la tutela es improcedente.
H. Sentencia de única
instancia
El 18 de julio de 2016, el Juzgado
Promiscuo de Familia de Miraflores tuteló los derechos a la vivienda digna, a
la vida y a la integridad personal del accionante José Eliécer Díaz Bohórquez y
su núcleo familiar, que estimó vulnerados por el municipio de Miraflores.
Ordenó al Alcalde reubicar temporalmente al peticionario y a su familia, “hasta
que adopte medidas necesarias para garantizar el acceso del grupo familiar a
los programas de vivienda de interés social que tiene el Estado para que
efectivamente cuenten con un lugar digno donde vivir”[45].
La Juez señaló que el accionante no es el
propietario del inmueble, sin embargo, la tutela es procedente porque el actor
demostró una posible afectación a la vida e integridad personal propia y la de
su familia, dado que la vivienda se encuentra en riesgo de colapso. Indicó
también se cumple la legitimación por pasiva y corresponde a las autoridades
judiciales la responsabilidad de los accionados o vinculados. Estimó que se
reunía el requisito de inmediatez, pues el riesgo de colapso de la vivienda permanece
y la amenaza a los derechos es actual.
Sobre la subsidiariedad, el Juzgado estimó
que, aunque existen otros mecanismos de defensa judicial en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo,  la tutela es procedente porque existe urgencia
de protección de los derechos que exige la actuación inmediata de un juez.
En el caso concreto, consideró que Ocensa,
el Consorcio de Tierras, CORPOBOYACÁ, la ANLA e Invías no vulneraron los
derechos del accionante y su familia. En su criterio, la afectación a los
derechos es responsabilidad del municipio de Miraflores porque conoció el
estado de la vivienda después de la presentación de la tutela y no actuó de
conformidad con sus competencias para proteger a quienes se concentran en zonas
de alto riesgo y cuya vivienda no tiene condiciones de habitabilidad. Lo
anterior, de acuerdo con la Ley 9 de 1989, el Decreto Ley 919 de 1989 y la Ley
715 de 2001.
I. Actuaciones en sede de
revisión
El 9 y 12 de agosto de
2016, la Oficial Mayor de la Secretaría General de la Corte Constitucional
remitió al despacho de la Magistrada sustanciadora el informe técnico del
estado de la vivienda del señor José Eliecer Díaz Bohórquez realizado por dos
docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con ocasión de
una visita que llevaron a cabo el 1 de agosto de 2016. Para ese entonces, el
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores había emitido sentencia y había remitido
el expediente a la Corte Constitucional.
Por la importancia del
concepto, a continuación se cita el diagnóstico emitido por los expertos:
“Los
daños en la vivienda son producto de una combinación de factores como: las susceptibilidad
del terreno a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, donde se
evidencia la presencia de reptación en el suelo donde se cimienta la
edificación y sus alrededores (desplazamientos lentos del terreno que
involucran la capa más superficial), el mal manejo de aguas tanto de
escorrentía superficial como del sistema de alcantarillado sobre una ladera con
alta inclinación, el inadecuado y superficial sistema de cimentación de la
vivienda, la mala calidad de la construcción y la falta de elementos de
refuerzo y de amarren que tomen los altos esfuerzos presentes en la
edificación.
En lo
concerniente al tráfico por la vía contigua a la edificación se observa que las
vibraciones ocasionadas eventualmente por vehículos de carga deberían ser
soportadas por una edificación construida con mínimas características de
cimentación y estructuración acordes con las condiciones geotécnicas presentes
en el sitio.
Se puede
inferir, que la edificación se encontraba en un estado de falla (el fracturamiento
de muros ha sido una constante desde la construcción de la misma) y por tanto
en condición de alta vulnerabilidad para que eventos adicionales como las
vibraciones por el tráfico pesado, las altas precipitaciones o las amplificaciones
o modificaciones realizadas a la vivienda, generen un incremento en la
velocidad de los movimientos y por consiguiente incrementen aceleradamente la
afectación a la estructura, llevándola a una condición de daño que la haga inhabitable”.
A través del auto del 17
de noviembre de 2016, la Sala Quinta puso a disposición de las partes y
terceros involucrados el concepto emitido por los docentes Luis Alberto Cáceres
Cárdenas y Ángel Eduard Rodríguez Suesca, de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de que conocieran
y, si lo estimaban pertinente, se pronunciaran sobre el documento. De acuerdo
con el informe de la Secretaría General de la Corporación, se acercaron a
conocer el concepto representantes del Oleoducto, del Consorcio de Tierras, del
municipio de Miraflores, de la ANLA y de Invías. El apoderado del Oleoducto
presentó un oficio en el cual afirmó que el concepto de la Universidad
demuestra que la preexistencia de afectaciones del inmueble y que su
representada no tiene relación con los daños de la construcción. Por ello,
solicita que se declare que Ocensa no es responsable de los daños a la vivienda
y que no está obligada a hacer ningún tipo de reparación.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala es competente
para decidir el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión y
problemas jurídicos
2. El señor José Eliécer Díaz Bohórquez
presentó acción de tutela a nombre propio y de su familia contra el Oleoducto
Central S.A. y el Consorcio de Tierras, a quienes estima responsables del
deterioro de su vivienda durante los últimos meses por el tránsito de maquinaria
pesada que realizan en la vía contigua a su casa en el marco del proyecto de
construcción de una estación de bombeo de petróleo en el municipio de Páez, en
el departamento de Boyacá.
El Oleoducto asegura que no es responsable
de las posibles afectaciones que tenga la vivienda porque si bien es cierto que
utiliza la vía, ésta se trata de una carretera de primer orden nacional, que
utilizan particulares y otras empresas. Asimismo, indica que la vivienda no
cuenta con un sistema adecuado de construcción, pues no cumple con normas de
sismo resistencia y el terreno en el que se hizo la edificación es susceptible
de movimientos. Por lo tanto, no encuentra válido sostener que Ocensa tiene una
responsabilidad en los daños de la casa.
El Consorcio de Tierras Boyacá asegura que
se limitó a realizar una obra que contrató el Oleoducto Central e indica que no
hizo intervenciones en la zona de la vivienda del actor. Adicionalmente, expuso
que de acuerdo con la primera Acta de Vecindad que se hizo en octubre de 2014,
la casa presentaba grietas y fisuras desde aquella época.
Las autoridades estatales vinculadas, el
municipio de Miraflores, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y CORPOBOYACÁ
se opusieron a las pretensiones. Adujeron que han actuado de conformidad con
sus competencias legales. El municipio adujo no conocer previamente el estado
del bien e indicó que, en caso de que aquel se encuentre en riesgo de colapso,
corresponde al Oleoducto reparar al peticionario, pues sus funciones como
entidad territorial tienen que ver con identificar zonas de alto riesgo para
desalojar a los habitantes y demoler las viviendas. La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales señaló que ella ha actuado de conformidad con sus funciones de seguimiento
de la licencia ambiental y CORPOBOYACÁ aseguró que no es su función hacer
seguimiento a la licencia ambiental.
En general, las autoridades vinculadas aseguraron
que la acción no cumple con los requisitos de procedibilidad, pues a su juicio:
(i) no existe legitimación por activa porque el señor José Eliécer Díaz no es
propietario del bien; (ii) no existe legitimación por pasiva porque no tienen
responsabilidad en las afectaciones al inmueble; y (iii) no se cumple el requisito
de subsidiariedad porque el actor persigue una compensación económica, para lo
cual puede acudir a otros mecanismos de defensa judicial. Adicionalmente, el
Oleoducto aseguró que la acción no cumplía con el requisito de (iv) inmediatez
porque los daños de la vivienda existen desde hace mucho tiempo.
3. Por su parte, el 18 de julio de 2016, el
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores consideró que la tutela sí cumplía
con los requisitos de procedibilidad porque ante el grave estado de la
construcción, estimó que estaban en riesgo los derechos a la vivienda digna, a
la vida y la integridad personal del accionante y su familia, para lo cual no
es necesario demostrar la propiedad sobre el bien. Consideró que aunque el
accionante no fuera el propietario del inmueble, ello no es impedimento para
garantizar su derecho a la vivienda digna. Indicó que se cumple la legitimación
por pasiva y corresponde a las autoridades judiciales la responsabilidad de los
accionados o vinculados. En relación con la inmediatez, consideró que el riesgo
de colapso de la vivienda permanece, por lo tanto, la amenaza es actual.
4. Ante la anterior situación, la Sala
estima que el primer problema jurídico consiste en determinar si ¿la acción de
tutela interpuesta por el señor José Eliécer Díaz Bohórquez cumple con los
requisitos de procedibilidad? Únicamente si éstos se reúnen, la Sala
identificará el problema jurídico de fondo y lo abordará.
5. Con ese propósito a
continuación la Sala se expondrán (i) los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela; (ii) la posibilidad de interponerla contra particulares; y
(iii) los casos en los que es posible exigir la protección a la vivienda digna
a través de la acción de amparo, para determinar si en el caso concreto era
posible acudir a la tutela.
Los requisitos de
procedibilidad de la tutela de tutela contra particulares
6. La acción de tutela es
un mecanismo de acceso a la justicia previsto en el artículo 86 de la
Constitución, a través del cual toda persona puede solicitar el amparo de sus
derechos fundamentales. Por la importancia de los bienes que protege, se
tramita de manera preferente y sumaria, y sus reglas de procedimiento se guían
por los principios de informalidad y prevalencia del derecho sustancial.
La acción tiene naturaleza
subsidiaria, pues sólo es procedente cuando no existan otras vías judiciales
adecuadas e idóneas para la protección del derecho fundamental posiblemente
afectado, o cuando, aunque existe otro mecanismo de defensa judicial,  la
intervención del juez de tutela es imprescindible para evitar un perjuicio
irremediable[46].
El examen de idoneidad de los medios de defensa exige verificar la
capacidad del mecanismo ordinario para solucionar el problema jurídico
propuesto. La eficacia, debe revisar el potencial para proteger de manera
oportuna e integral el derecho. Tanto la eficacia como la idoneidad son
conceptos que giran en torno al estudio de las pretensiones y circunstancias
del caso concreto. En tal sentido, el juez tiene la obligación de analizar con
especial cuidado las solicitudes de personas vulnerables o en condición de
debilidad manifiesta, con el propósito de establecer si la exigencia de agotar
los medios ordinarios es razonable o desproporcionada.
Las reglas procedimentales
no son entonces formalidades, sino dispositivos para evitar que el juez
constitucional invada órbitas propias de las jurisdicciones ordinaria y
contencioso administrativa, y asegurar que los asuntos que resuelve sean
esencialmente relativos a derechos fundamentales.
7. El artículo 86 de la
Constitución también señala que la ley establecerá cuándo es procedente la
acción por afectación de derechos fundamentales que provenga de particulares,
en razón del servicio público que prestan, o su acción contraria al interés
colectivo o a los derechos de quienes se encuentran en estado de subordinación
e indefensión.
El artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 establece los casos en los que la tutela procederá contra acciones
u omisiones de particulares[47].
En específico, el numeral 9 expone que es posible presentar la solicitud de
protección de un derecho ante quien existe una relación de subordinación e
indefensión.
La subordinación hace referencia a una
relación jurídica que crea dependencia, por lo tanto, existe un título jurídico
que media entre alguna de las partes. Por ejemplo, esta situación ocurre entre
a los trabajadores y sus empleadores, los profesores y los alumnos, etc.. La indefensión
proviene de las circunstancias fácticas a partir de las cuales se puede
predicar una relación de dependencia, que afecta la posibilidad de ejercer los
derechos propios frente a una amenaza y aunque existan mecanismos jurídicos
para su defensa, la persona se encuentra en una situación de desprotección
frente al poder del particular. Verbigracia, medios de comunicación, empresas y
protección de derechos de los menores de edad.
En ese sentido, la sentencia T-210 de
1994[48]
explicó el concepto de indefensión implica “en la
práctica, diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las
autoridades públicas, [que] pueden dar lugar a la desprotección y consecuente
indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular”.
8. Esta Corporación ha determinado la
procedibilidad de varias acciones de tutela interpuestas contra particulares
frente a quienes existe un estado de indefensión[49]. En especial, la jurisprudencia
ha destacado que suele existir una relación de indefensión de los propietarios
de un inmueble que se ven afectados con la actividad de los constructores, pues
aunque éstos últimos ejercen una actividad lícita, su condición de superioridad
es evidente en el eventual caso en el que el propietario pueda o sufra un daño
inminente a su vivienda. En ese escenario la discusión en la jurisdicción
ordinaria se torna en un debate sobre la indemnización para reparar el daño,
más no aborda la protección urgente que requieren las personas frente a la
falta de habitabilidad de su hogar[50].
9. Para el caso que se estudia es
especialmente relevante tener en cuenta la sentencia T-678 de 1997[51]
en la cual la Corte Constitucional conoció de una acción de tutela presentada
por varias personas residentes en el municipio de Miraflores, Boyacá, contra el Gerente de Construcción de la compañía Techint-Cotecol-, que
transportaba material pesado de las petroleras Ocensa, Techint y Distra, y cuyo
paso por la carretera, a juicio de los accionantes, había afectado el estado de
sus viviendas. Los demandantes solicitaban una indemnización a su favor. En esa
ocasión, esta Corporación constató el estado de las viviendas y encontró que
algunas de ellas estaban afectadas por el paso de maquinaria pesada por la
carretera. Consideró que aunque la pretensión era de tipo indemnizatoria, no
era posible obviar que las circunstancias fáticas generaban un amenaza a los
derechos a la vida y a la integridad de algunos residentes debido al precario
estado de los lugares en los que vivían y concluyó que existía una relación de
indefensión de los accionantes frente a la compañía accionada. En consecuencia,
confirmó la decisión de tutela que se revisaba que ordenaba medidas de
protección a los demandantes.
10. Es preciso señalar que el juez
constitucional debe hacer un cuidadoso análisis para determinar si la relación
entre dos particulares entraña una relación de indefensión para alguno de
ellos, o si por el contrario, el asunto atrae a dos personas con igual
capacidad de sus derechos y defensa ante la jurisdicción ordinaria.
Además, es importante destacar que, incluso
si se demuestra una relación de subordinación de una persona frente a un
particular, ello no torna procedente la tutela per se. Es necesario
demostrar también que la pretensión de la acción de amparo persigue la
protección de un derecho fundamental de forma urgente. Por ello, la Corte
ha declarado improcedente algunas tutelas “por tratarse de controversias que
se derivan de acuerdos privados celebrados por las partes, que en principio,
deberían ser resueltos mediante acciones ordinarias de carácter civil,
comercial o contencioso dependiendo del caso particular”[52].
Es imperativo que la protección solicitada
requiera una protección urgente e inmediata que no puede ser abordada a través
de la jurisdicción ordinaria, o que no exista en el ordenamiento jurídico un
canal adecuado para lograr el objetivo que se pretende. En suma, para que la
tutela sea procedente, se debe demostrar una cualificación del particular y se debe
comprobar que el objetivo perseguido a través de la tutela es la garantía de un
derecho fundamental, que no puede ser solicitado por otra vía, debido a las
circunstancias del caso.
11. Dado que en el caso concreto la
pretensión principal de la tutela está relacionada con la protección a la
vivienda digna, a continuación se estudiará si el juez constitucional puede
estudiar este tipo de asuntos a través de la acción de amparo.
La acción de tutela para
proteger el derecho fundamental a la vivienda digna
12. El derecho a la vivienda digna es un
derecho fundamental, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de esta
Corporación. Igualmente, algunas facetas de este derecho pueden ser exigidas a
través de la acción de tutela, pues requieren una protección inmediata y
urgente.
La jurisprudencia constitucional ha
reconocido que el derecho a la vivienda digna tiene una naturaleza compleja. De
él surgen una serie de obligaciones de carácter prestacional para el
Estado, quien debe adelantar políticas públicas para garantizar que todas las
personas cuenten con una vivienda digna, por lo tanto, parte de la exigibilidad
del derecho consiste en que el Estado asegure la satisfacción del derecho de
forma gradual, pues como lo expone el literal k del artículo 34 de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, el Estado debe dedicar “sus
máximos esfuerzos a la consecución” de una “vivienda adecuada para todos
los sectores de la población”. Asimismo, del derecho se derivan obligaciones
inmediatas que requiere protección urgente del Estado y de los jueces, algunas
de ellas fueron descritas en la sentencia T-176 de 2013, y corresponden
a:
“(i)
garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos
sus titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado
a la completa realización del derecho –como mínimo, disponer un plan-; (iii)
garantizar la participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no
discriminar injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas
desaventajadas, en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se
encuentran en peor situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el
contenido ya garantizado del derecho y (vii) no retroceder de forma
injustificada en el nivel de protección alcanzado.” [53] (Negrilla propia).
13. Al respecto,
resalta la Sala que una de las dimensiones del derecho a la vivienda digna que
puede protegerse de forma inmediata tiene que ver con su faceta negativa y el
deber de abstención de los demás frente a la garantía del derecho. Lo anterior,
tiene coherencia también con el deber de las personas, los particulares y el
Estado de respetar los derechos y no interferir en su goce a menos que medie
una justificación poderosa.
En ese
sentido, la tutela procede para proteger las facetas del derecho fundamental a
la vivienda digna que requieren protección inmediata. La sentencia T-235 de
2011 indicó una serie de circunstancias en las que se afecta el derecho y
explicó que “las
esferas negativas del derecho son susceptibles de protección directa por vía de
tutela” [54].
En
conclusión, el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental y algunas
de sus facetas pueden ser exigibles a través de la acción de tutela.
Procedibilidad
de la acción de tutela en el caso concreto
14. En motivo
de lo expuesto en la tutela, la controversia principal de la acción consiste en
determinar si el Oleoducto Central –Ocensa-, el Consorcio de Tierras Boyacá, el
Municipio de Miraflores, CORPOBOYACÁ, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales e Invías desconocieron los derechos del señor José Eliécer Díaz
Bohórquez  y su núcleo familiar, a la vivienda digna, a la integridad personal
y a la vida, presuntamente debido a las acciones de los particulares accionadas
y de las autoridades involucradas. A continuación la Sala analizará el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, tales como la legitimación
por activa, la legitimación por pasiva, la subsidiariedad de la acción y la inmediatez.
En desarrollo de los anteriores asuntos se estudiará la posibilidad de
interponer la acción de tutela contra particulares y el objetivo de la presente
acción.
15. Legitimación por
activa. La acción de tutela de la referencia fue presentada por el señor José
Eliécer Díaz, para que se tutelaran sus derechos y los “de [su] núcleo
familiar, demás personas que habitan [su] inmueble (…)”.[55] Aseguró también
que vive con sus tres hijos menores de edad, Leydy Lucero Díaz Figueredo, Juan
Carlos Díaz Figueredo y Richar Díaz Figueredo, con su esposa, Dora Figueredo, y
con el señor Juan de Jesús Figueredo, quien es una persona de la tercera edad.
En el expediente consta la identificación
de su hijo Richar Díaz Figueredo únicamente y el registro del Sisbén de la
familia del señor Díaz, compuesta por su esposa y tres hijos menores de edad.
Se tiene también que el actor aseguró que el propietario de la vivienda en la
que habita es su padre, frente a quien dijo actuar como agente oficioso y anexó
su registro civil con ese propósito. Igualmente, la Sala toma nota de que en el
Acta de Vecindad de fecha 3 de octubre de 2014, se constató que en el lugar
residía una familia “de tipología nuclear compuesta por el señor José Díaz,
esposa e hijos, los ingresos que recibe esta familia provienen del trabajo de
los dos cónyuges, y de este obtienen $150.000 mensual, que son invertidos en
alimentación, servicios entre otros.”[56]
La Sala encuentra que el derecho a la
vivienda hace referencia a “disponer de un sitio de vivienda, sea propio o
ajeno, que revist[a] las características para poder realizar de manera
digna el proyecto de vida.”[57] En ese sentido,
no es necesario ostentar la propiedad del predio y la construcción para
reclamar la protección del derecho, es necesario demostrar que se habita en el
lugar bajo condiciones que se ajustan a la ley.
En el caso que se estudia, la Sala encuentra
probado que el accionante y su familia viven en el lugar por varias razones,
primero, porque así lo afirmó el accionante en la tutela, y lo expuesto por él
se presume veraz, en tanto que los demandados que allí residiera la familia. Segundo,
porque en el acta de vecindad del 3 de octubre de 2014, que describió por
primera vez las condiciones de la casa, se consignó que allí habitaba el señor
José Díaz, con su esposa y e hijos; y tercero, porque de acuerdo con el
registro del SISBEN, el núcleo familiar del accionante efectivamente está
compuesto por el actor, su esposa y tres hijos menores de edad. En
consecuencia, la Sala considera cumplido el requisito de legitimación por
activa de la familia para reclamar la protección del derecho a la vivienda digna
porque está demostrado que aquellos residen en el lugar y advierte la importancia
de tomar una decisiones urgentes porque están involucrados los derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Para terminar, se precisa también que la
señora Dora Figueredo presentó una petición a la cual se refiere el actor en el
hecho No. 8 de la acción de tutela. Dado que en la visita realizada por el
Consorcio de Tierras Boyacá el 29 de abril de 2015, en atención a tal
solicitud, fue sobre la misma vivienda donde vive el señor José Eliécer Díaz
Bohórquez y la señora Dora Figueredo es la cónyuge del señor Díaz, de acuerdo
con el registro del SISBEN, la Sala entenderá que para el objeto de la presente
acción, esta petición fue solicitada por el núcleo familiar del actor y, por lo
tanto, se tendrá como prueba en el caso.
16. Legitimación
por pasiva. La acción de tutela de la referencia se dirige contra el
Oleoducto Central S.A. –Ocensa- y el Consorcio de Tierras Boyacá. Además, el
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores vinculó al municipio de Miraflores, a
CORPOBOYACÁ, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al Instituto
Nacional de Vías. Los accionados son particulares y autoridades públicas, por
lo que es necesario determinar si tienen legitimidad en la causa frente a la
pretensión que persigue el actor, relativa a la protección del derecho a la
vivienda digna.
Primero, vale
señalar que la tutela procede contra particulares cuando existe una relación de
subordinación o indefensión. En este caso, el señor José Eliécer Díaz Bohórquez
se encuentra en situación de indefensión frente a los particulares accionados, pues
el Oleoducto Central y el Consorcio de Tierras desplegaban una actividad que implicaba
hacer un uso continuo de la vía contigua a la casa del peticionario, persona
que tiene recursos escasos, que reside en un inmueble que representa un riesgo
para su vida y cuyos ingresos son aproximadamente $150.000 mensuales, por lo
tanto no está en condiciones de igualdad frente al Oleoducto, ni frente al
Consorcio para tener injerencia en la actividad de las empresas accionadas. La
relación entre el actor y los accionados es asimétrica, pues estos últimos son
empresas que desarrollan sus proyectos comerciales en la zona y el peticionario
es un ciudadano, cuya vivienda está en riesgo de colapso,  que considera que
los vehículos de Ocensa y el Consorcio han generado daños a su vivienda y no
tiene como detener los daños, ni mucho menos, la actividad empresarial. Además,
como se explicó previamente, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que una
de las circunstancias típicas en las cuales se presentan relaciones de
indefensión son aquellas que surgen entre particulares y empresas con mayor
poder económico.
La anterior conclusión
es coherente con lo decidido previamente por esta Corporación en la sentencia T-678 de
1997[58], en la que se
estudió una acción de tutela presentada por habitantes del municipio de
Miraflores, Boyacá, cuyas viviendas habían sido afectadas por el paso de
maquinaria transportada por un particular, que movilizaba material de empresas
petroleras, entre ellas, Ocensa. En ese caso, la Corte concluyó que los
accionantes se encontraban en situación de indefensión debido al grave estado
de sus viviendas. Por lo tanto, para la Sala es indiscutible que la acción de
la referencia presenta las mismas circunstancias fácticas y debe llegarse a igual
decisión. Se trata también de una persona afectada presuntamente por el paso
constante por la carretera de vehículos que trasladan material para el proyecto
del Oleoducto en el municipio vecino.
En
consecuencia, la Sala constata la existencia de una relación de indefensión
entre el accionante y las empresas accionadas.
Ahora bien, el
nexo causal entre el aumento de las grietas en la vivienda del señor Díaz y el
paso del material del Oleoducto y el Consorcio de Tierras por la carretera es
un asunto que se discutirá en el fondo de esta providencia. Por lo tanto no se
analizará la responsabilidad de los particulares accionados en este momento. Solo
se concluye que por los hechos relatados en la tutela, pueden ser traídos como
partes accionadas en virtud de la situación de indefensión en la que se
encuentra el accionante.
Segundo, en
relación con las autoridades públicas vinculadas, encuentra la Sala que se
trata de entidades que tienen funciones en la zona, relacionadas con la
ejecución del proyecto que adelanta el Oleoducto Central S.A., al cual el
accionante le adjudica la responsabilidad por el deterioro de su vivienda, o
son entidades, como el municipio e Invías que tienen competencias frente a la
protección de derechos de los habitantes de la zona o el mantenimiento de la
vía respecto de la cual surge el debate en la acción de amparo. Por lo tanto,
en virtud de sus competencias de prevención y seguimiento al proyecto, su deber
de protección de los derechos de los habitantes de la zona, su competencia
respecto al mantenimiento de la vía, se cumple la legitimidad por pasiva. Su
responsabilidad concreta debe ser estudiada en el asunto de fondo.
17. Subsidiariedad. En el caso
bajo estudio la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues se interpone para reclamar una protección urgente del derecho a la
vivienda digna, para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En
especial, es preciso enfatizar que según el informe del 29 de abril de 2015, la
casa del accionante tenía un grave riesgo de colapsar. Por ello, es evidente
entonces que la protección que se solicita responde a una necesidad de actuar
urgentemente, so pena de desconocer los derechos a la vida, a la integridad y a
la vivienda digna del núcleo familiar.
Como lo ha
señalado la Corte en oportunidades con hechos similares, aunque el accionante
“puede recurrir a la jurisdicción administrativa o civil para reclamar los
perjuicios económicos actuales que se puedan generar de los defectos presentes
en su vivienda, también lo es que la acción de tutela es procedente para evitar
y prevenir el menoscabo irreparable –mortal- del derecho a la vida, debido a la
hipotética ocurrencia de un desastre o el desplome del inmueble”[59].
En este caso,
el actor no presenta ninguna petición de indemnización, requiere la reubicación
de su familia en un lugar seguro, el pago del canon de arriendo y la reparación
locativa de su vivienda para volver a ella. Por lo tanto no existe pretensión
de tipo patrimonial, propia de la jurisdicción ordinaria, que no corresponda a
una medida que se pueda ordenar a través de la acción de tutela.
En relación
con la subsidiariedad, la Sala encuentra también que la tutela es procedente
para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna. Como se expuso, este
es un derecho fundamental que puede ser exigible a través de la acción de
amparo.
De acuerdo
con la sentencia
T-176 de 2013[60], algunas de
las facetas fundamentales del derecho tiene que ver con (i) garantizar sus
contenidos mínimos, y (ii) no interferir en el garantía del mismo, entre otros.
En relación con la tutela presentada por el señor Díaz, la Sala observa que (i)
aquel tenía una vivienda que cumplía condiciones mínimas para habitarla, sin
embargo, en los últimos meses se ha deteriorado hasta el punto de ser
inhabitable y representar un riesgo para la familia que allí reside, pues la
primera Acta de Vecindad no advirtió que la casa fuera inhabitable y la segunda
visita sí llamó la atención sobre el aumento de las grietas y el riesgo que
significaba la casa para los residentes. Además, (ii) frente al deber de
respetar el derecho y no interferir en su protección, según lo dicho por el
actor, las empresas accionadas presuntamente han afectado el goce de su derecho,
en consecuencia. En ese sentido, la Sala considera que dadas las circunstancias
fácticas del problema jurídico sobre vivienda digna, los asuntos que reprocha
el accionante pueden ser abordados a través de la acción de tutela para
verificar si efectivamente terceros interfirieron en el ejercicio del derecho.
18. Inmediatez.
La Sala encuentra que se cumple este requisito porque el último informe
sobre el deterioro de la vivienda que detectó la condición de inhabitable es
del 7 de mayo de 2015 y la acción fue interpuesta el 25 de julio del mismo año.
En consecuencia, transcurrió poco tiempo entre el conocimiento que tuvieron los
residentes del aumento del deterioro de su casa y la presentación de la tutela.
Para analizar
este requisito no se tendrá en cuenta la fecha desde la que existían grietas
leves en la edificación, pues aquellas no tornaban en inhabitable la vivienda
y, en consecuencia, no exigían la intervención inmediata del juez
constitucional.
Problema
jurídico de fondo y metodología de resolución
19. La
presente acción de tutela debe estudiar la posible afectación de los derechos a
la vivienda digna, a la integridad personal y a la vida del señor José Eliécer
Díaz Bohórquez y su núcleo familiar compuesto por su cónyuge y sus tres hijos
menores de edad, frente a las actuaciones u omisiones de dos particulares y un
grupo de autoridades públicas que tiene competencias en la zona.
Asimismo,
vale señalar que el problema jurídico que debe abordar la Sala es un problema
constitucional que indaga por la efectiva garantía del derecho a la vivienda
digna y las medidas preventivas necesarias para que la construcción de la casa no
ponga en riesgo la vida y la integridad de sus habitantes. A través de la
acción de amparo, la Sala intentará explicar cuáles son las responsabilidades
de los sujetos y entidades accionadas frente al riesgo de colapso de una
edificación que es inhabitable para la familia que allí residía, cerca de la
cual se desarrolla un proyecto empresarial que ha obtenido una licencia
ambiental y ha adquirido compromisos en la zona en el marco de un plan de
manejo ambiental.
20. En
consecuencia, el problema jurídico consiste en determinar si ¿los particulares
y las autoridades accionadas vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales
a la vivienda digna, a la vida y a la integridad del actor y su núcleo
familiar, por sus acciones u omisiones frente al deteriorado estado de la  casa
del accionante que se encuentra en riesgo de colapso?
21. Para resolver los
asuntos planteados, a continuación se abordarán los siguientes temas: (i) el
derecho a la vivienda digna, su contenido y las responsabilidades de
protección; (ii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional y remedios en
casos de afectaciones al derecho a la vivienda; (iii) la obligación de
prevención de desastres a cargo de las entidades territoriales; (iv) la
normatividad ambiental sobre los impactos de los proyectos que requieren
licencia ambiental; (v) una
breve referencia al concepto de efectos ambientales acumulativos; (vi) los   Principios de las
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos; y (vii) el caso concreto.
El derecho a
la vivienda digna, su contenido y las responsabilidades de protección.
Reiteración de jurisprudencia[61].
22.
El artículo 51 de la Constitución Política establece el derecho a la vivienda
digna como una prerrogativa de la que gozan todas las personas, frente a la que
el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para
hacerlo efectivo. La jurisprudencia lo ha definido como el derecho a “disponer
de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que revist[a] las
características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida.”[62].
La Corte
Constitucional ha analizado la naturaleza jurídica de esta garantía y ha
determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo porque (i) a
la luz de los instrumentos internacionales que consagran las obligaciones del
Estado colombiano, todos los derechos humanos deben garantizarse; (ii) la
adopción del modelo de Estado Social de Derecho, conlleva el reconocimiento de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales como fundamentales; (iii) todos
los derechos comprenden tanto mandatos de abstención, como de prestación y ello
no es óbice para negar su naturaleza fundamental; (iv) a pesar de que las prestaciones
requeridas para la satisfacción de esta garantía deben ser precisadas por las
instancias del poder, es común a todos los derechos constitucionales cierto
grado de indeterminación; y (v) una cosa es la naturaleza del derecho y otra su
eficacia, por lo que un derecho fundamental puede tener distintos grados de
eficacia.
23. Este
derecho se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales, tales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos[63], el Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales[64] y la Carta de la
Organización de los Estados Americanos[65],
entre otros.
El alcance
del derecho a la vivienda digna ha sido fijado por esta Corporación[66], en concordancia con la Observación General No.
4, en la cual el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales desarrolló
el contenido del derecho a la vivienda adecuada, previsto por el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales[67].
24. En la
Observación General No. 4 se identifican siete elementos que delimitan el
concepto de “vivienda adecuada”: i) la seguridad jurídica de la tenencia; ii)
la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; iii)
gastos soportables; iv) habitabilidad; v) asequibilidad; vi) lugar y vii)
adecuación cultural. Para el caso objeto de análisis, es pertinente hacer
referencia al aspecto de habitabilidad.
El derecho a
disponer de un lugar habitable, implica contar con un espacio digno a
sus ocupantes, que les otorgue un grado razonable de tranquilidad y los proteja
de las distintas amenazas a la salud, de riesgos estructurales, y garantice su
seguridad física.
Sobre el particular, vale señalar que
la sentencia T-333 de 2011[68] precisó que  “[l]a “dignidad” de la vivienda no se reduce a una
concepción ideal puesto que involucra la noción de “habitabilidad”,
referida a la calidad del inmueble, de forma que satisfaga las necesidades básicas
de protección y seguridad. A su vez, la habitabilidad comporta una serie
de actividades por parte de los responsables de la construcción, enfocadas al
establecimiento de las condiciones idóneas para su ocupación y recuperación si
llegara a presentar daños, ajenos a la conducta del propietario o poseedor”.
La obligación
de prevención de desastres a cargo de las entidades territoriales[69]
25.
Del derecho fundamental antes descrito, deriva la obligación a cargo del Estado
de establecer las condiciones de asequibilidad de la vivienda para las personas
que viven en zonas de alto riesgo, imperativo que desarrolló el Legislador en
diversas disposiciones, como se pasa a exponer.
La
Ley 9ª de 1989 prevé la implementación de una política pública dirigida
a identificar y evacuar las zonas de alto riesgo, con el fin de proteger los
bienes y derechos de los habitantes. En particular, el artículo 56 de la
normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3ª de 1991, asigna a
los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de
deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se
encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y
deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda”.
Por
su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan
de ordenamiento territorial debe contener por lo menos “(…) los
mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en
zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo
la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación”[70].
En
desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001
determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los
desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de
alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen.
26.
A partir de este recuento normativo, a continuación se expondrán algunos casos
conocidos por la Corte Constitucional y la forma en la que ella los ha
resuelto.
Jurisprudencia
de la Corte Constitucional y remedios en casos de afectaciones al derecho a la
vivienda
27.
En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que
reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad
personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los
peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias
responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de
los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este
proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se
ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la
zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con
adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o
a corto plazo.
Ahora
bien, mientras se surten estas etapas de investigación, presentación conceptos,
planeación y ejecución, subsiste una necesidad inmediata de vivienda digna de
los residentes del hogar afectado. Frente a esta situación, las autoridades
deben ofrecer protección urgente que consiste en la reubicación de las personas
en otra vivienda, en caso de que se demuestre la necesidad de la medida.
Además, deben prever una medida a mediano plazo, tal como la inclusión de la
familia en los destinatarios de los programas de viviendas de interés social.
En
general, los anteriores han sido los remedios a los que ha acudido la Corte
Constitucional en diferentes sentencias, en especial, cuando la acción de
amparo se dirige autoridades estatales. Veamos:
La
sentencia T-1216 de 2004[71]
analizó el caso de una mujer cuya vivienda rural estaba ubicada en una zona
cercana a la que se adelantaba la construcción de una vía, que a su juicio,
había causado daños en su hogar que estaba próximo a derrumbarse. Los
ingenieros del departamento concluyeron que la construcción no constituía un
riesgo para la vida de la peticionaria, sin embargo, una ingeniera que
participó en una inspección realizada por el Juez de primera instancia sostuvo
que sí existía riesgo a causa de la obra en la carretera. La Corte consideró
que lo anterior demostraba que existía una incertidumbre sobre los efectos de
la construcción de la obra y que tal margen de duda no debía ser asumido por la
accionante. Por ello, ordenó efectuar estudios para determinar las
repercusiones de la construcción de la vía en los alrededores. Ahora bien,
precisó que en caso de que exista alguna relación entre la obra y las
afectaciones a la vivienda, la labor del juez consistía en encontrar la mejor
solución, que podía ser la reubicación, la reparación de la casa u otra medida,
que definieran los expertos con participación de los afectados.
La
sentencia T-702 de 2011[72]
estudio el caso de una familia que estaba en riesgo de sufrir un daño severo en
su vivienda a causa de un fenómeno natural y que solicitó a las autoridades
locales un apoyo para el mejoramiento de la construcción. La Alcaldía negó la
petición, pues consideró que la vivienda no sufría peligro alguno y advirtió
que los daños que tenía no se debían al fenómeno natural, sino al tráfico por
la vía panamericana y que el predio donde está la vivienda se encuentra muy
cerca a la vía. La Corte consideró que de acuerdo con el material probatorio
del expediente, existía un riesgo para la vivienda y que los residentes no
tenían los recursos económicos para adelantar las obras requeridas. Encontró
que si bien la vivienda se situaba en una zona donde no está permitida la
construcción, la norma que lo prohíbe fue promulgada después de su construcción,
por lo tanto la administración municipal debía hacer cumplir la ley y proteger
la integridad de los habitantes. En consecuencia, esta Corporación ordenó a la
Alcaldía hacer un peritaje para conocer el estado de las estructuras de la
vivienda y demás características para determinar si la zona tenía algún riesgo
e incluir a los habitantes de la casa en un programa de reasentamientos.
La
sentencia T-986A de 2012[73]
señaló que las obligaciones de las autoridades en relación con las
viviendas construidas en zonas de alto riesgo no mitigable no se reduce a la
imposición de sanciones y la demolición de las edificaciones. En el caso
concreto de una familia con pocos recursos económicos, la sanción era desproporcionada
y profundiza la situación de vulnerabilidad porque la peticionaria construyó en
ese lugar por su difícil situación económica y el derribamiento de su casa, la
deja sin un lugar a dónde ir. Por lo tanto, la Corte ordenó a la Alcaldía
incluir a la peticionaria en la lista de potenciales beneficiarios de programas
de vivienda y asesorarla para acceder a una vivienda de interés social.
Igualmente,
en la sentencia T-175 de 2013[74],
esta Corporación estudió el caso de un hombre de bajos recursos y su familia, cuya
vivienda sufrió daños por un talud de tierra y la ola invernal, que la hicieron
inhabitable. Afirmaron que la Alcaldía no tomó medidas preventivas, pues
únicamente entregó materiales para las reparaciones peor no las efectuó, por lo
que la vivienda está en una situación de riesgo inminente que afecta la vida de
sus residentes. La Corte señaló que era obligación de la entidad territorial
reubicar a la familia del peticionario y atender los desastres ocurridos.
En
el mismo sentido, la sentencia T-045 de 2014[75], que estudiaba la
solicitud de reubicación de personas en situación de vulnerabilidad que vivían
en una zona de alto riesgo golpeada por la ola invernal,  ordenó a la Alcaldía
hacer un estudio para que evalué el estado de las viviendas y sus condiciones
de habitabilidad. Si existe un riesgo extraordinario  o no se reúnen los
requisitos de habitabilidad, debe incluir a los accionantes en programas para
damnificados por el invierno y reubicarlos en viviendas adecuadas.
32.
En suma, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que el derecho
fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del
Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en
lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada.
Lo anterior implica que las autoridades municipales deben (i) tener la
información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o
derrumbes; (ii) mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en
donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y (iii) cuando los
hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar
políticas de reubicación en condiciones dignas. Todo lo anterior, debe asegurar
la participación de los afectados.
28. Ahora
bien,  esta Corporación también ha conocido acciones de tutela que
reclaman protección del derecho a la vivienda y que se dirigen no solo contra
autoridades estatales, sino también contra particulares porque se les acusa de
ser los causantes del daño.
La sentencia
T-655 de 2011[76],
estudió el caso de tres personas cuyas viviendas colindaban con un edificio que
fue derrumbado y que después de su demolición generó daños a las edificaciones
contiguas, que obligaron a los residentes a dejar el lugar. La Corte encontró
probada la afectación a los predios de los peticionarios por causa de la
actividad de la construcción, que calificó como una actividad de alto riesgo. Por
lo tanto, consideró que correspondía al constructor  responder por los daños
que afectaron a los actores. La Corte ordenó al accionado trasladar a los
accionantes a una vivienda segura, mientras se hacían las reparaciones necesarias
a las viviendas y adelantar las acciones requeridas para restablecer las
construcciones de los demandantes.
La sentencia
T-596 de 2012[77],
analizó la situación de un ciudadano cuya vivienda sufrió afectaciones por las
obras de una Concesión Vial. Previamente, la empresa había verificado la
existencia de un daño en la casa del peticionario, efectuó reparaciones y
aceptó que lo indemnizaría. El actor presentó la acción de amparo porque
consideró que las obras no fueron suficientes porque existían inundaciones que
afectaban la vivienda, sin embargo, la empresa señaló que las inundaciones no
eran consecuencia de su actuación. Esta Corporación consideró que la actividad
de la Concesión todavía generaba un perjuicio irremediable en los derechos del
accionante y que la empresa no cumplió a cabalidad con su compromiso de indemnización.
En ese sentido, ordenó a la Concesión realizar las obras necesarias para evitar
las afectaciones a la vivienda y a la Personería hacer un seguimiento a la
decisión e informar sobre su cumplimiento al juez de primera instancia.
29. Así pues,
la Corte Constitucional ha ordenado a los particulares reparar los daños que
han causado cuando afectan derechos fundamentales y generan un perjuicio
irremediable a los habitantes de una vivienda. En especial, esto ocurre cuando
las empresas, aunque tengan permisos para sus actividades, causan daños a
personas o familias que requieren una atención urgente y no les permite acudir
a la otras acciones judiciales dispuestas en el ordenamiento jurídico para
asegurar su derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, por lo cual
la tutela se torna procedente.
La normatividad ambiental
sobre los impactos de los proyectos que requieren licencia ambiental
30. El artículo 79 de la
Constitución Política establece que todas las personas tienen el derecho a
gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente. Acto seguido, el artículo 80 de la Carta señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, garantizar su conservación, “imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados”[78].
En relación con la
actividad económica que puede generar impactos en el ambiente, el artículo 333
de la Constitución dispone la ley delimitará su alcance “cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”[79].
En igual dirección, el artículo 334 de la Carta sostiene que el Estado, como
director general de la economía, intervendrá en la explotación de los recursos
naturales, el uso del suelo, entre otros, con el objeto de lograr el “mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. (…)”[80].
31. En desarrollo de los
anteriores postulados, se expidió la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del
Medio Ambiente y adoptó los fundamentos de la política ambiental en el país.
Algunos de ellos indican que la biodiversidad debe ser protegida de forma
prioritaria, que se deben tener en cuenta los derechos de los seres humanos y
su desarrollo de forma armónica con la naturaleza, que la prevención de
desastres será de interés colectivo y obligatorio cumplimiento, que la política
será descentralizada, democrática y participativa y que las instituciones
tendrán en cuenta la relación del ambiente con procesos económicos, sociales y
físicos.
El Título VIII de la misma
ley señala que la ejecución de obras que según las leyes y reglamentos puedan “producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental” y precisa algunas competencias puntuales en relación
con la expedición de la misma.
32. Sobre
la finalidad de la licencia, la sentencia C-328 de 1995[81]  estableció que ésta tiene como objeto la
protección de derechos individuales y colectivos que están en riesgo con la
ejecución del proyecto, además indicó que aquella es una forma de hacer
efectivo el deber de prevención y control de riesgos que puede generar un
proyecto.[82]
Reiteradamente, esta
Corporación ha enfatizado el deber de prevención y protección del medio
ambiente que cumplen las licencias ambientales.  Así, la sentencia C-984
de 2003[83]
resaltó que aquellas son instrumentos para establecer un límite a la actividad
económica y asegurar la protección del medio ambiente. La sentencia C-703 de
2010[84]
también expuso que en materia de protección del medio ambiente y las medidas
preventivas, las sanciones son una forma de prevenir porque disuaden a quienes
están próximos a cometer una infracción de no hacerla.
Por su parte, la sentencia
C-746 de 2012 recopiló algunas de las características de las licencias
ambientales enunciadas en la jurisprudencia constitucional, que resalta su
carácter preventivo, el propósito de compensar y mitigar los efectos que cause,
su obligatoriedad y su carácter participativo[85].
33. En relación con el
trámite para la expedición de la licencia, la Ley 99 de 1993 delineó sus etapas
básicas. En caso de que un proyecto u obra requiera una licencia ambiental para
su ejecución, es necesario que la empresa presente ante la autoridad encargada
un estudio de impacto ambiental. El artículo 57 de la normativa referenciada
–modificado por el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015- sostiene que este
estudio debe indicar la localización del proyecto y la información sobre “los elementos
abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y
la evaluación de los impactos que puedan producirse, [a]demás, incluirá el
diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de
impactos, así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad de los
elementos abióticos,  bióticos y socioeconómicos”.
Una vez la autoridad
competente reciba el estudio, si lo estima pertinente, podrá solicitar
ampliación de la información, posteriormente lo evaluará de acuerdo con la
Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales dispuesta por el Ministerio
de Ambiente. Luego visitará los proyectos y podrá incluir espacios de
participación para autoridades o conceptos técnicos necesarios, para finalmente
decidir sobre la viabilidad del proyecto[86].
La Metodología General
para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente -2010-
presenta criterios para la caracterización de los medios biótico, abiótico y
socioeconómico que deben estar incluidos por la empresa que solicita una licencia.
En relación con el medio socioeconómico, se deben identificar las áreas de
influencia directa e indirecta, si existen comunidades étnicas en la zona y la
descripción del paisaje que se puede afectar. El estudio también deberá incluir
los planes de manejo ambiental con estrategias de prevención, mitigación y
corrección, así como un plan de seguimiento y control, un plan de contingencia,
un plan de abandono y restauración final y un plan de inversión del 1%.
Además, en las
especificaciones documentales de los estudios, se presentan fichas sobre temas
específicos, a saber, en el ámbito socioeconómico, existe una ficha que indaga
por las afectaciones de los componentes social, económico y cultural, bien sean
de infraestructura o actividades individuales o colectivas[87].
34. Lo expuesto
previamente es un panorama básico de las etapas para la obtención de la
licencia. Sin embargo, a regulación puntual sobre licencia ambiental ha
variado. En los últimos años se han expedido los Decretos 1753 de 1994, 1728 de
2002, 1180 de 2003, 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y recientemente se
emitió el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Las dos últimas normativas
establecen regímenes de transición para que aquellas licencias que se
expidieron bajo una normativa anterior se rijan bajo tales disposiciones a
pesar de la expedición de nueva reglamentación.
El Decreto 2820 de 2010, vigente
la momento que se expidió la licencia al Oleoducto Central S.A. en el caso que
analiza la Sala, así como otras normativas reglamentarias, establece una etapa
de control y seguimiento de la licencia ambiental. De acuerdo con el artículo
39 del citado decreto, el seguimiento tiene como objeto verificar la eficacia
de las medidas de manejo, el cumplimiento de los términos de la licencia, el
comportamiento del medio biótico, abiótico y socioeconómico, conocer los
impactos acumulativos de las actividades y, si es preciso, imponer medidas
preventivas adicionales[88].
35. En caso de que sea
necesario imponer sanciones, la Ley 1333 de 1999 establece sanciones en caso de
infracciones en materia ambiental[89],
así como  medidas preventivas que “tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana” y establecen un procedimiento para abordar la
necesidad de corregirlo.
Efectos acumulativos
36. Los efectos
ambientales acumulativos hacen referencia a los impactos que se producen por
varias causas. En 1999, la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental definió
los efectos acumulativos como cambios en el ambiente que son causados por una
acción en combinación con otras acciones humanas del pasado, presente o futuro[90].
Recientemente, el Manual de Buena Práctica, “Evaluación y gestión de
impactos acumulativos: Guía para el sector privado en mercados emergentes”
del Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Gobernabilidad de la
Corporación Financiera Internacional (IFC) definió los impactos acumulativos así:
“aquellos
que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de una
acción, proyecto o actividad (…) cuando se suman a los efectos de otros
emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles. Por
razones prácticas, la identificación y gestión de los impactos acumulativos se
limita a los efectos que generalmente son reconocidos como importantes en base
a preocupaciones de la comunidad científica y/o inquietudes de las comunidades
afectadas”[91].
El citado Manual indica
también que los impactos ambientales y sociales que causan los proyectos
individualmente pueden generar impactos acumulativos mayores cuando coexisten
con otros proyectos.
Como señala la académica
Beatriz Adriana Silva Torres en su estudio Evaluación Ambiental: impacto y
daño, la evaluación de impactos acumulados implica analizar la interacción
de dos o más proyectos, pues “un proyecto de manera aislada puede ser
aceptado, pero al analizar las posibles combinaciones de los efectos acumulados
puede no resultar conveniente”[92].
En ese sentido, es preciso
considerar que los impactos de los proyectos no se reducen a los resultados que
tienen como única causa la actividad de la empresa. La actividad empresarial
puede tener impactos que resulten de la combinación de la ejecución de sus
labores con otros factores, como acciones previas, presentes e incluso futuras.
Principios rectores de las
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
37. Desde hace unos años, la comunidad
internacional ha alertado sobre la posible afectación a derechos humanos que
causan las actividades empresariales lícitas y necesarias para el desarrollo de
las sociedades y la necesidad de adoptar medidas para prevenir que esto suceda,
para que exista una coordinación entre las autoridades estatales y las actividades
empresariales y asegurar la garantía de los derechos humanos de las comunidades
y personas cuyos derechos sufren vulneraciones.
Después de un largo proceso de discusión,
en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por
unanimidad los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger,
respectar y remediar”. Los principios tienen como objetivo delinear
responsabilidades y obligaciones adquiridas previamente por los Estados. En la
misma fecha, se creó un Grupo de Trabajo que promueve que los Estados adopten
planes concretos para aplicar y desarrollar acciones acordes con los Principios
en su territorio.
38. Los Principios Rectores son directrices
que concretan obligaciones contraídas previamente por los Estados y deberes en
relación con los derechos humanos, como por ejemplo la Carta Internacional de
Derechos Humanos y los principios y derechos fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo. No se trata de obligaciones novedosas, se trata de
lineamientos para que los Estados, como obligados internacionalmente por
instrumentos adoptados con anterioridad, y las empresas, como órganos
especializados que deben respetar los derechos humanos, aseguren que no se
cometan violaciones a los derechos y, en caso de que ocurran, se asegure su
reparación. Para su desarrollo, cada uno de los Estados debe adoptar Planes de
Acción, que incluye proferir normas y tomar medidas administrativas.
39. Los Principios están construidos bajo
tres pilares: proteger, respetar y remediar. El deber del Estado de proteger
los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la
necesidad de garantizar mecanismos de remediación. Cada uno de estos pilares está
compuesto por principios fundacionales y principios operativos, y cada uno
tiene un comentario explicativo.
40. Sobre el primer
pilar, los Principios indican que los Estados deben proteger a las
personas contra violaciones cometidas en su territorio, que incluyen “prevenir, investigar,
castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades
de reglamentación y sometimiento a la justicia”[93]. Así pues, aunque los Estados no
son responsables por las vulneraciones de derechos humanos efectuadas por las
empresas, sí lo pueden ser por no cumplir sus deberes de prevención, que
incluyen dialogar con las empresas para que aquellas sean respetuosas de los
derechos, abordar de forma adecuada las situaciones de vulnerabilidad o
marginación de algunos contextos donde actúan, asegurar el cumplimiento de las
leyes que protegen los derechos, promover el respeto de los derechos por parte
de las empresas, asegurar que las autoridades estatales actúen bajo sus
competencias para protegerlos y la supervisión a las empresas.
En este punto, el
Principio No. 4 puntualiza que los Estados deben adoptar medidas adicionales de
prevención cuando las empresas son propiedad del Estado, están bajo su control
o reciben apoyo estatal. Lo anterior, porque el Estado debe asumir la
protección de derechos humanos no solo a partir de sus autoridades estatales,
sino también de las actividades empresariales en las que participa[94].
41. En el segundo
pilar sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los
derechos, los Principios sostienen que “deben abstenerse de infringir los derechos humanos
de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos en las que tengan alguna participación”[95]. El comentario a este principio
advierte que el respeto a los derechos humanos es una norma de conducta
mundial, que implica cumplir, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta
Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo. Esta responsabilidad implica evitar que sus
actividades provoquen o contribuyan a provocar afectaciones a los derechos y
prevengan y mitiguen los daños.
En especial, vale señalar
que los Principios No. 15 y 17 sostienen que las empresas deben actuar con una debida
diligencia para prevenir y mitigar las posibles afectaciones a los derechos
humanos. Este
parámetro implica evaluar los impactos reales y potenciales de sus actividades,
hacer seguimiento a sus respuestas y remediar las afectaciones. Como se
mencionó antes, esto implica abordar los efectos negativos que la empresa
provoque o contribuya  a
provocar.
Al respecto, vale resaltar
que el Principio No. 17 señala que el alcance de la debida diligencia:
“a) [d]ebe abarcar las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya
provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que
guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados
por sus relaciones comerciales; b) [v]ariará de complejidad en función del
tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los
derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) [d]ebe
ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden
cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el
contexto operacional de las empresas.”[96]
Adicionalmente, en la
labor de prevención, las empresas deben considerar la participación de expertos
independientes y dialogar con las poblaciones que se puedan ver involucradas,
en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y
marginación. Así pues, la debida diligencia consiste en una conducta constante
que deben tener las empresas antes, durante y después de sus actividades para conocer
los impactos que pueden causar, hacerles un seguimiento, responder las
peticiones que se eleven contra ellas y actuar de conformidad con su
responsabilidad de respetar los derechos humanos y remediar los daños que
causen.
En relación con las medidas
que deben adoptar las empresas ante los impactos negativos en los derechos
humanos, el Principio No. 19 destaca que las medidas varían según “(i) que
la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias negativas o de
que su implicación se reduzca a una relación directa de esas consecuencias con
las operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial; y
(ii) su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas”[97].
42. Finalmente,  el tercer
pilar sobre acceso a mecanismos de reparación, el Principio
Fundacional (No. 25) señala que “los Estados deben tomar medidas apropiadas
para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de
otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan este tipo de abusos en su
territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de
reparación eficaces”[98].
La reparación puede tomar diferentes formas, tales como disculpas, restitución,
compensaciones económicas o no, así como medidas de prevención. Igualmente, los
Estados deben eliminar los obstáculos para acceder a los mecanismos de
reparación, si existen, y deben adoptar mecanismos extrajudiciales eficaces, en
los que deben participar las empresas. Para que estos mecanismos sean eficaces
deben ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes,
compatibles con los derechos y una fuente de aprendizaje continua. Asimismo,
deben basarse en el diálogo. Por ello uno de los comentarios al Principio No.
31 señala que “los principios establecen que “una empresa no puede,
legítimamente, ser a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente,
estos mecanismos deben tratar de alcanzar soluciones negociadas a través del
diálogo”[99].
43. Como se determina en
los Principios reseñados, las directrices acogidas por el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas deben ser concretadas por cada uno de los Estados. En
Colombia, en diciembre de 2015, la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos elaboró un Plan Nacional de Acción. El Plan es un instrumento de
política pública a 3 años que tiene como objeto armonizar la actividad
empresarial y la protección de los derechos humanos. Fija algunas
responsabilidades a las principales autoridades estatales para empezar a
aplicar los Principios de Naciones Unidas, por ejemplo, reconoce el papel del
Estado como uno de los principales actores económicos y señala que el
Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “fortalecerán
la presencia de requisitos de respeto a los derechos humanos tanto en lo
relativo a los Estudios de Impacto Ambiental de las empresas como a los Planes
Empresariales de Manejo de Riesgos Sociales y en derechos humanos”[100].
44. El Plan de Acción de
la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Colombia
es uno de los primeros documentos que han expedido los países para desarrollar
los Principios de Naciones Unidas en los territorios de los Estados. Es un
avance relevante, pero se debe nutrir de un diálogo continuo con la población,
pues como señala el mismo Plan, aquel está sujeto a constante revisión.
Caso concreto
45. Como se expuso
previamente, corresponde a la Sala determinar si ¿los particulares y las
autoridades accionadas vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales a la
vivienda digna, a la vida y a la integridad del actor y su núcleo familiar, por
sus acciones u omisiones frente al deteriorado estado de la casa del accionante
que se encuentra en riesgo de colapso?
Para resolver el anterior
interrogante, primero, se expondrán algunos elementos fácticos sobre la
vivienda, las obras que se desarrollan cerca de ella, y su relación con la
obra; segundo, se hará un análisis probatorio; y  luego, se efectuará un
análisis de las responsabilidad de cada una de las autoridades y los
particulares accionados, en el marco del problema constitucional que
corresponde resolver a través de la presente acción de tutela.
Algunos elementos fácticos
46. La vivienda. La
vivienda del accionante se ubica sobre la vía que comunica al municipio de
Miraflores con el municipio de Páez, que es una vía de primer orden. La
construcción de la casa se realizó aproximadamente hace 20 años[101]
y recientemente se efectuaron obras de adecuación. La edificación no cuenta con
licencia de construcción en la actualidad y en la vivienda habitan cinco
personas: el accionante, su cónyuge y tres hijos menores de edad[102].
47. Las obras que dan
lugar a la presentación de la tutela. La entidad Oleoducto Central S.A.
–Ocensa- es una empresa de economía mixta de segundo orden nacional, que
transporta petróleo a través de una extensa red de tuberías y cuenta con
estaciones de bombeo para movilizar el crudo dentro de su infraestructura que
va desde el departamento de Casanare hasta el departamento de Sucre. En 1995,
el Ministerio de Ambiente otorgó a Ocensa licencia ambiental para adelantar el
proyecto “Oleoducto Cusiana La Belleza Vasconia Coveñas e Instalaciones
Anexas”. Años después, la empresa solicitó una modificación de la licencia y el
20 de diciembre de 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió
la Resolución No. 1095 de 2012, por la cual modificó la Resolución No. 952 de
1995, para autorizar la construcción de cinco (5) nuevas estaciones de bombeo
—una de ellas localizada en la vereda Yopompó del municipio de Páez, Boyacá—
y el mejoramiento de sistemas de las estaciones existentes, una de las cuales
está ubicada en Miraflores.
En desarrollo de la licencia ambiental, el
Oleoducto diseñó un Plan de Manejo Ambiental y comunicó a las autoridades
locales sus actividades y los impactos previstos en la zona.
De acuerdo con la Resolución No. 1095 de
2012, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la zona de influencia
directa de las nuevas estaciones de bombeo corresponde a las veredas o lugares
en los que se construye la estación. Además, en el Plan de Manejo Ambiental y
en las reuniones que efectuó la empresa con autoridades del municipio de
Miraflores, los empleados de la entidad expusieron algunas de las actividades
del proyecto y sus repercusiones, en especial, informaron acerca de ciertas
implicaciones que tendría la construcción de la estación en el municipio vecino
de Páez.
48. La relación entre la vivienda del
accionante y las actividades de Ocensa. El 3 de octubre de 2014, Ocensa y
Civil Tech visitaron el hogar del señor José Eliécer Díaz Bohórquez, y
levantaron un Acta de Vecindad. En ella se estableció que (i) no existían
procesos erosivos cercanos; (ii) la vivienda tenía agrietamientos leves y moderados;
y (iii) la extensión del agrietamiento era ocasional, esto es, de menos de 3
metros de longitud por cada 30 metros cuadrados de área. Sobre el estado de la
vivienda, el informe señala que esta  “presenta fisuras y grietas tanto en
pisos internos como en muros internos”[103].
Ocho meses después, la compañera del
accionante, la señora Dora Figueredo solicitó al Oleoducto visitar nuevamente
su casa porque aquella presentaba un aumento pronunciado de las grietas, causado por
las vibraciones que generaba el tránsito de su maquinaria pesada en la vía, por
lo cual requería su reubicación y la de su familia.
El 7 de mayo de 2015, el director de obra
del Consorcio de Tierras Boyacá negó la petición de la señora Figueredo. Señaló
que la vivienda estaba “seriamente afectada por asentamientos debido a un
sistema constructivo deficiente que no cumple con ninguna norma de construcción”[104].
Indicó que en una visita a la residencia se encontró que “8 meses después,
se observa[ba] que las fisuras, grietas en paredes, pisos y muros continúan y
se encuentran más visibles”[105];
además, precisó que la construcción se encuentra sobre una zona de falla, que
no cumple con normas de sismo resistencia y que aquella podía colapsar, por lo
que se recomendó acudir a las autoridades municipales para tomar medidas de
forma inmediata. Igualmente, el Consorcio manifestó que no existía
responsabilidad de las empresas –el Consorcio y Ocensa- en el deterioro de la
edificación porque aquella presentaba fallas desde que se visitó inicialmente y
el Consorcio Boyacá no intervino en la zona.
Análisis probatorio
49. En armonía con lo expresado por el
Consorcio de Tierras Boyacá, el material probatorio recaudado por la Sala de
Revisión y el juez de instancia, en el que se destacan las declaraciones de las
empresas y un informe de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia solicitado
por la Corte coinciden en que la vivienda no cumple con las normas técnicas de
sismo resistencia y fue construida en una zona de falla. Algunos intervinientes
añaden, para ejemplificar esto último, que un poste cercano a la vivienda está
inclinado, lo que demuestra los movimientos del terreno.
El Instituto Nacional de Vías, a su turno,
señaló que la vivienda fue construida sobre zona de alto riesgo, debido a las
características del suelo en que se ubica[106].
Sin embargo, la alcaldía de Miraflores, en su primera respuesta dentro de este
trámite afirmó que “Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el
mapa “UD-08 Área expuestas a amenaza casco urbano”, el predio en mención no presenta
ningún grado de amenaza alto, medio, bajo, ni tipo de amenaza, corrientes
superficiales, aguas superficiales, construcción tipo enramada, enfermedades,
explosión, incendio, inestabilidad de suelo, infiltraciones, inundaciones”[107].
Es decir, que según la alcaldía municipal, la situación de la vivienda del
accionante no implicaba un riesgo a la integridad, ni el lugar podía
calificarse como inhabitable.
La Sala también considera relevante señalar
que, tanto las autoridades como los particulares que han intervenido en el
trámite constitucional, coinciden en señalar que la vivienda actualmente es
inhabitable y constituye un riesgo para quienes residen en el lugar. Así lo
señaló (i) el ingeniero del Consorcio de Tierras en el informe que respondió la
petición inicial de la señora Dora Figueredo; (ii) el municipio de Miraflores,
que constató, en su intervención ante el juez de primera instancia, la
inhabitabilidad de la casa y otorgó un subsidio de vivienda a la familia por
esa razón; y (iii) los ingenieros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
Análisis de competencias
50. Dos conclusiones se extraen de lo
expuesto: primero, que la situación de la vivienda ha variado considerablemente
en el curso de los últimos ocho meses, pues pasó de presentar algunas grietas a
ser un lugar riesgoso para sus residentes. Este último punto se traduce en una
afectación al derecho a la vivienda digna, pues la casa del accionante y su
familia no cumple una de las características definitorias del derecho, como es
la habitabilidad.
Frente a este punto, la Sala reitera que,
como se indicó en los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho a
la vivienda no se agota con la existencia de un lugar para residir de
conformidad con el proyecto cultural y de vida de cada persona, sino que ese
espacio debe cumplir condiciones indispensables para asegurar la seguridad de
propietarios y terceros. No puede ser fuente de amenazas a la salud, a la vida
o a la integridad personal. Contrario a tales aspiraciones, el inmueble en el
que habitaban el actor y su familia tenía grietas y fisuras que constituían una
amenaza para sus derechos.
Una vez comprobada la afectación intensa de
un derecho constitucional, la respuesta institucional no puede limitarse a
indicar la existencia de fallas en la construcción, sino que deben activarse
las competencias de las entidades territoriales para asegurar la protección
urgente de los derechos amenazados ante el deteriorado estado de la vivienda.
Las autoridades municipales tienen un deber legal y constitucional de prevenir
y actuar frente a posibles desastres, como el que podría derivarse del colapso
de una casa.
En ese contexto, de acuerdo con lo expuesto
en las consideraciones de esta sentencia, el municipio tiene, primero, el deber
de emprender acciones de prevención para identificar las construcciones que se
encuentren en zona de alto riesgo no mitigable; segundo, en caso de presentarse
una urgencia, debe proteger la vida de las personas cuyos derechos están
amenazados de forma inmediata, entre otra medidas, a través de la reubicación
en un lugar seguro; tercero, a mediano plazo, le corresponde ejecutar los
planes según los resultados de los estudios técnicos y planear políticas de
reubicación o reparación de predios, si es necesario; y cuarto, a largo plazo,
las autoridades locales deberán asignar otra vivienda definitiva a través de
los planes de vivienda que tenga el Estado y la entidad territorial.
51. Así las cosas, la Sala considera que el
fallo del Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores de Boyacá acertó al
afirmar que el municipio de Miraflores tiene competencias en relación con la
prevención de desastres, por lo que una vez conoció de la situación del actor y
su familia estaba en la obligación de tomar las medidas necesarias para
proteger sus derechos a la vida, a la vivienda digna y a la integridad,
amenazados en una construcción inhabitable, y entre estas, de forma
prioritaria, su reubicación[108].
También observa la Corte que, en el trámite
de la acción de tutela, el municipio ordenó la entrega del subsidio de vivienda
al actor de forma inmediata, en cumplimiento a la medida cautelar ordenada por
la Juez. No obstante, el acatamiento de esta orden judicial, al momento de
contestar la demanda, el apoderado del municipio se opuso a las solicitudes del
demandante e hizo énfasis en que las competencias del municipio ante los hechos
se limitaban a ordenar el desalojo y demolición del bien, por tratarse de una
edificación que no tiene licencia de construcción.
Frente a ese argumento, es necesario
aclarar al ente territorial que la licencia de construcción es una exigencia
que se origina en la Ley 388 de 1997, proferida con posterioridad a la fecha en
que se estima fue construida la vivienda. Por lo tanto, no era una carga
exigible al actor. Después de la expedición de la ley referida, no es acertado
sostener que las obligaciones del municipio se concretan únicamente en el
desalojo y demolición de la vivienda. Las autoridades deben evaluar los riesgos
de las zonas, de las edificaciones y actuar de conformidad con un plan que
asegure la prevención de riesgos y que garantice la protección de los derechos
a las personas, no que aumente su estado de vulnerabilidad o marginación.
Ahora bien, aunque recientemente el actor
hizo una adecuación a la vivienda, la construcción inicial, que es la mayor
parte de la casa, según la fecha aproximada de su realización, no había entrado
en vigencia la exigencia de la licencia. En todo caso, las obligaciones de
detectar los peligros que implican los inmuebles, subsiste en cabeza de las
autoridades locales.
52. Ahora bien, a pesar de los importantes
aciertos del fallo de primera instancia, la Sala considera necesario modificar
parte de su decisión.
Para empezar, el juez constitucional a
quo concluyó que las demás autoridades y particulares no tenían vínculo
alguno con la violación de los derechos del accionante y su familia. Sobre este
punto, es necesario precisar que, con independencia de las obligaciones
específicas inmediatas, de corto, mediano y largo plazo de los municipios,
cuando circunstancias fácticas como las que concurren en el caso concreto, en
la que el peticionario alega que la causa directa y efectiva de la violación
reside en la actuación de un tercero, y ese tercero es una empresa que
desarrolla una actividad de interés público, de la que se derivan grandes
beneficios económicos, pero de la que surgen a su vez fuertes cargas para un
grupo limitado de personas, es imprescindible que los jueces evalúen su
actuación para establecer los posibles deberes de prevención, reparación o
superación de la situación vulneradora de los bienes constitucionales en juego.
En el marco de un Estado Social de Derecho,
que promociona la igualdad, no solo ante la ley, sino también a través de la
superación de las igualdades reales, los derechos no generan únicamente
obligaciones en cabeza del Estado. Los particulares están obligados a no
interferir en el goce de derechos y especialmente, las empresas, deben actuar
de conformidad con la protección al ambiente y los derechos de las personas que
habitan en las zonas en las que pueden generar alguna afectación. Muestra de
ello, es que el constituyente estableció que la acción de tutela también
procede frente a particulares en ciertas situaciones, entre las que se
encuentra la indefensión, la subordinación o el hecho de que las actuaciones
del particular supongan un amplio impacto social, como se expuso previamente.
Ello implica no solo que se encuentra cumplido el requisito de procedibilidad
de la acción por tratarse de un particular, sino también que el juez constitucional
puede proferir órdenes a su cargo por su afectación a derechos fundamentales.
Además, la Sala encuentra oportuno indicar
que en el marco de las Naciones Unidades se han creado principios sobre el
deber de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Estos
principios, no constituyen un nuevo tratado de derechos humanos, no crean
nuevos derechos o nuevas obligaciones en cabeza de los Estados, sino que
sistematizan las obligaciones que ya existen en el derecho internacional para
comprender mejor los problemas frecuentes que, en virtud del tipo de
actuaciones que asumen las empresas dentro de un territorio. En específico,
concretan en qué se traduce la obligación de protección del Estado y la
obligación de respeto de los derechos que recae sobre todos los particulares.
Por ello, aclara la Sala que los Principios
de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos –también denominados Principios
Ruggie-, son una herramienta hermenéutica relevante para la solución de un
caso como el que ocupa a la Sala. Su aplicación no supone una limitación de los
derechos y obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, es únicamente
un criterio interpretativo para abordar el caso concreto, de conformidad con
las normas que son vinculantes y la jurisprudencia de esta Corporación. Con esa
claridad, a continuación la Corte revisa el fallo del juez de primera
instancia, en lo que tiene que ver con las demás partes demandadas o
vinculadas.
La Sala debe establecer si las actuaciones
de las otras accionadas en el proceso, autoridades estatales y  particulares,
tienen alguna incidencia en la amenaza a los derechos del peticionario y de su
familia, no desde la perspectiva de la responsabilidad extrapatrimonial por el
daño, sino desde los deberes frente a los derechos de la población, en
especial, aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por lo
tanto,  el análisis se hará desde el punto de vista de un problema
constitucional.
53. El análisis enunciado se realiza en un
contexto dentro del cual existe una empresa que lleva a cabo un gran proyecto
en la zona y es necesario identificar si sus actuaciones participan en la
afectación actual de derechos de los peticionarios, pues se trata de un actor
relevante que ha adquirido compromisos en el lugar, al punto que visitó la
vivienda del señor Díaz antes de que se constatara el aumento de las grietas.
De acuerdo con el material probatorio
recaudado, se tiene que en la Resolución No. 1095 de 2012, la Autoridad
Nacional de Licencias  Ambientales concedió la licencia para las nuevas obras
que adelantaría el Oleoducto, entre ellas, la construcción de una estación de
bombeo en el municipio de Páez, en Boyacá. La citada resolución indica que la
entidad hará uso de las carreteras existentes para acceder a los lugares en los
que construirá las estaciones de bombeo.
Igualmente, la licencia ambiental hace
referencia a un uso de las carreteras para movilización de carga pesada o de
pasajeros. Por ello, establece especificaciones sobre las características de
las vías que deberá realizar el Oleoducto. En el mismo sentido, el Consorcio de
Tierras Boyacá, en el oficio remitido a la Sala Quinta, señaló que entre
noviembre de 2014 y julio de 2015, “durante el proceso de construcción del
proyecto de OCENSA en el municipio de Páez, transitaron vehículos del Consorcio
Tierras Boyacá con equipos de construcción y material para la construcción de
la obra, que en todo caso cumplían con la normatividad de tránsito vigente en
ese momento para vehículos pesados”[109].
Además, en el trámite de la acción de tutela, el Oleoducto anexó un cuadro
según el cual desde septiembre de 2014 a mayo de 2016 se han realizado 4671
viajes en el marco del Proyecto P-135. Indicó que desconoce la cantidad de
vehículos pesados que circulan diariamente por la vía, pero indicó que en ese
trayecto no se movilizan únicamente vehículos de su empresa, pues es una
carretera del orden nacional.
54. Así las cosas, está comprobado que
Ocensa hizo uso frecuente de la vía de primer orden que colinda con la vivienda
del accionante, entre otros fines, para el transporte de material pesado. Sin
embargo, la empresa argumenta que no es la única que transita por esa
carretera, que es de naturaleza pública, y cuyo flujo vehicular proviene
también de otras empresas y particulares, de manera que, afirma, no sería justo
endilgarle responsabilidad derivada por un uso normal y compartido de esa vía.
En otros términos, Ocensa, como otros
particulares transitan por la vía que colinda con la vivienda del accionante.
El accionante sostiene que es precisamente la primera entidad la responsable
por el deterioro de su vivienda, mientras que esta afirma que el uso compartido
desmiente tal afirmación, y considera injusto imponerle una carga exclusiva por
los movimientos que han deteriorado esta residencia. En ese contexto, es
necesario indagar si existen otros factores que permitan esclarecer la
existencia de responsabilidad de la empresa, en la afectación del derecho a la
vivienda que enfrentan el actor y su grupo familiar.
El primer elemento relevante en este
análisis se encuentra en los compromisos derivados de la licencia ambiental
otorgada a Ocensa por la ANLA.  En ese marco, la empresa se comprometió a hacer
algunas reparaciones a las vías que utilizaría, en virtud del uso constante de
las mismas, en la puesta en marcha de su proyecto, de donde se infiere que,
desde el momento en que se aprobó la licencia ambiental se tuvo en
consideración un impacto intenso en tales vías y un deber genérico de la
empresa de responder por el mismo.
Este hecho resulta confirmado con la
intervención del Instituto Nacional de Vías, en el oficio remitido a la Sala
Quinta de Revisión. Al responder sobre el cuestionamiento acerca de quién o
quiénes se encargaban de la vía aledaña a la vivienda del actor, el Instituto
señaló que  “desde Junio de 2015 hasta la presente se le ha realizado un
mantenimiento periódico en sinergia con OCENSA, dicho mantenimiento consiste en
conformación de la calzada y colocación de afirmado en los sitios más
deteriorados”[110].
55. En segundo lugar, encuentra la Sala que
los impactos de la obra sobre las vías no se limitaban a la carretera
mencionada. De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental, la empresa adquirió
compromisos como el fijado en la Ficha No. 53 sobre Compensación Social, citado
por el Oleoducto, según el cual “[p]ara el tráfico en los accesos se debe
inicialmente hacer un acta de vecindad con los dueños de predios y viviendas
que permita identificar claramente las condiciones de las viviendas y accesos”[111].
Frente a lo cual enfatiza la Sala que, en seguida, el párrafo citado por Ocensa
dice “[c]on las comunidades de los barrios, veredas y/o corregimientos se
hará un recorrido de la vía y accesos para determinar los elementos que lo
conforman (alcantarillas, manejo de escorrentías, puentes, señalización, entre
otros) y se establecerán los acuerdos sobre los daños, en el caso en que
ocurran (…)”. También se advierte que en la información otorgada por
los empleados de Ocensa a las autoridades del municipio de Miraflores antes de
emprender el proyecto, estos afirmaron que dejarían las vías en igual o
mejor estado.
56. En vista de todo lo anterior, la Sala
considera que la licencia ambiental entregada a Ocensa para ejecutar el
proyecto, preveía que las actividades de la empresa tendrían un impacto en las
vías y que aquella se comprometió a efectuar adecuaciones a las carreteras. Por
lo tanto, si bien la vía es transitada por una enorme cantidad de vehículos por
ser una vía de orden nacional, la empresa hace un uso constante de ella en el
desarrollo de su actividad empresarial y preveía que su proyecto podía
afectarla, tanto así que se comprometió a adelantar reparaciones.
Así pues, es cierto que la vía es pública y
transitan particulares por ella, pero no todos los particulares han solicitado
una licencia ambiental para exponer su impacto en el ambiente por su
utilización, ni se han comprometido a repararla, como lo ha hecho Ocensa en
virtud de la intensidad y magnitud del proyecto que adelanta en la zona por la
cual está obligada tener estos compromisos. Además,  ella misma fue consciente
de los impactos de su actuar y los consignó en un Plan de Manejo Ambiental y
socializó con la comunidad.
57. En tercer término, la Sala estima
relevante retomar el concepto académico citado por el Instituto Nacional de
Vías en el oficio que remitió a la Corte frente a la primera solicitud elevada
por la Sala. El Instituto referenció la Revista Ingeniería de Construcción Vol
No 1 de Abril de 2011 que señala que “[l]as vibraciones causadas por el
tráfico vehicular pueden generar daños en las edificaciones cercanas y
problemas o molestias a las personas. Estos efectos pueden ser importantes en
función del nivel de amplitud de las vibraciones, la cual depende entre otros
aspectos, de las características de los suelos. Estas características inducidas
por el tráfico vehicular pesado y férreo se pueden enmarcar principalmente en
dos aspectos: (i) daños a construcciones o estructuras pequeñas, edificios
rígidos y de poca altura, cimentados sobre suelos blandos y cercanos a vías de
tráfico pesado”[112]
e (ii) “incomodidad
a las personas: teniendo en cuenta que el hombre sólo tiene la posibilidad de
asimilar una parte de las vibraciones en su sentido auditivo, sensorial y
visual; destacando que este sentido sensorial está asociado a un evento de
peligro”[113].
De acuerdo con este documento, el tránsito
pesado puede generar  movimientos de suelo y daños en las viviendas pequeñas,
de suelos blandos y cercanas a carreteras de alto tráfico. Si bien no se trata
de un informe del caso concreto, esas son precisamente las características que
posee la vivienda del actor.
Con este fundamento, es más claro aún que
el tránsito por la vía que realizaba el Oleoducto podía afectar no solo a la vía,
a la cual se le comprometió a hacerle mantenimientos, sino que además podía
afectar a las viviendas aledañas, a las cuales también se comprometió a reparar
los daños causados, de acuerdo con la información que obra en la Ficha de
Compensación Social, como se acaba de citar.
58. Cuarto, en relación con el caso
concreto, la Sala indagó ante varias entidades y particulares si la causa de
los daños podría ser la actividad del Oleoducto, con los siguientes resultados:
El Oleoducto negó que exista relación
entre su actividad y los daños, con fundamento en que desde la primera visita
que realizó a la vivienda se evidenciaron grietas y un sistema de construcción
deficiente. Además señaló que, de acuerdo con el Informe de Inspección de
Mantenimiento de Línea de Ocensa, el agrietamiento de la vivienda no tiene “relación
alguna evidente con los equipos transportados por la vía departamental”[114]
(negrilla propia).
El Consorcio de Tierras aseguró que no era
competente para dar un diagnóstico sobre el aumento del daño porque, en un
inicio, encontraron que existían grietas en la casa.
El Instituto Nacional de Vías indicó que
existen otras construcciones cercanas que no presentan daños por lo que “no
es posible determinar si el aumento en las grietas de la vivienda son ocasionadas
por el paso de tránsito pesado”[115]
y, posteriormente, en el trámite de la acción de tutela, indicó que “no es
posible sostener que la afectación a la vivienda sea ocasionada por el paso
vehicular exclusivamente”[116]
(negrilla propia).
Ante la duda existente, la Sala consideró
imprescindible decretar una prueba que, enfocada directamente en el caso de la
vivienda, y desde un punto de vista imparcial, brindara datos adicionales sobre
la posible existencia de una relación entre las labores de Ocensa en la vía
mencionada y la situación de la residencia del peticionario y su familia. A
continuación, acude la Sala al invaluable apoyo brindado por los ingenieros de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes emitieron un completo
y detallado concepto sobre el inmueble, el cual fue puesto en conocimiento por
las partes. De acuerdo con este informe:
“Se puede
inferir, que la edificación se encontraba en un estado de falla (el
fracturamiento de muros ha sido una constante desde la construcción de la
misma) y por tanto en condición de alta vulnerabilidad para que eventos
adicionales como las vibraciones por el tráfico pesado, las altas
precipitaciones o las amplificaciones so modificaciones realizadas a la
vivienda, generen un incremento en la velocidad de los movimientos y por
consiguiente incrementen aceleradamente la afectación a la estructura,
llevándola a una condición de daño que la haga inhabitable”
59. Frente a los anteriores elementos
fácticos y probatorios, así como los conceptos técnicos, la Sala considera que la
actuación de Ocensa tuvo un impacto en la situación actual del inmueble o, más
claramente, en el rápido deterioro que ha evidenciado porque, como señaló el
informe de la Universidad, el tráfico pesado influye en un incremento de la
velocidad de los movimientos y afecta la estructura. La condición actual del
hogar, sin embargo, se debe también a otros factores que confluyen en la
inhabilitabilidad del bien, como deficiencias en la construcción y el tipo de
suelo sobre el que se encuentra.
Así pues, el tránsito de vehículos del Oleoducto
tuvo una participación en el deterioro del inmueble durante los últimos meses,
máxime si se recuerda que en la visita que realizó la empresa en 2014 encontró
grietas pero de un tamaño leve y mediano, mientras que ocho meses después,
evidenció que las grietas habían aumentado y que los habitantes debían acudir a
las autoridades porque el estado de la construcción era un riesgo para sus
vidas.
60. Ahora bien, frente al argumento de la
empresa sobre la imposibilidad de individualizar y cuantificar cuál es con
exactitud el efecto de cada uno de sus viajes sobre la casa de los accionantes
la libera de toda obligación en lo que tiene que ver con la eficacia de los
derechos. La Sala estima que tal discusión se efectuaría en un el plano de la
responsabilidad civil extracontractual, pero no posee tal relevancia en el
plano del derecho constitucional y la urgencia de protección de los derechos
fundamentales a través de la acción de tutela.
En el ámbito del derecho constitucional, el
juez de tutela no cuantifica un daño, evento en el que la concurrencia de
causas generaría enormes problemas operativos, sino que busca el mejor remedio
judicial para preservar el derecho fundamental, y lo hace tanto a través de las
normas jurídicas, como desde la equidad en las cargas y beneficios.
Por lo tanto, (i) la empresa contribuyó a
provocar un daño, como fue el aceleramiento del deterioro de una casa cuya
vulnerabilidad conocía; (ii) se comprometió a contribuir en la mitigación de
los impactos generados sobre la carretera y zonas aledañas en el marco del
licenciamiento ambiental; (iii) los conceptos académicos indican que existe un
escenario en el que los movimientos del suelo tienden a afectar las viviendas;
y (iv) se cuenta con un estudio técnico específico que confirma que las vibraciones
causadas por el paso de vehículos pesados por la carretera tiene impactos en la
vivienda, es posible considerar que la empresa debe responder por las afectaciones
a los derechos que puede contribuir a provocar.
61. Sobre la actuación del Oleoducto, la
Sala nota que, en general, la empresa había cumplido con parte de los
estándares de la debida diligencia, pero no con todos. La empresa identificó
los riesgos de su actividad, los evaluó, socializó los posibles impactos de sus
actividades y levantó actas de vecindad en las viviendas en la zona. Asimismo,
tuvo una respuesta formal rápida frente a la reclamación de la señora Dora
Figueredo. No obstante, la debida diligencia no se presentó en el contenido de
la respuesta a la petición, pues no hizo un análisis comprensivo de cuál era su
responsabilidad, aunque previamente había reconocido su posible impacto.
Se observa también que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales informó a la Corte que en el seguimiento que
hace a la licencia concedida al Oleoducto, la empresa sostuvo que no había
recibido quejas de habitantes de las comunidades por la actividad de Ocensa. No
obstante, la empresa remitió a la Corte un cuadro de seis peticiones similares
a las del actor, que ha recibido y ha negado.
62. Por todo lo anterior, la Corte desea
resaltar que las actividades empresariales no pueden estar desconectadas de la
eficiente protección de derechos humanos. Si bien los particulares no tienen
funciones propias de las autoridades estatales, si tienen el deber de respetar
los derechos y no causar daños y, en caso de que lo hagan, deben repararlos. La
actividad empresarial no está aislada de la primacía de los derechos, máxime
cuando las iniciativas privadas tienen un apoyo del Estado o son de su
propiedad. Como lo exponen los Principios de Naciones Unidas, el Estado debe
optar por la garantía de derechos desde todas sus facetas, como autoridad estatal
o como partícipe en una empresa que tiene fines comerciales, sin importar el
régimen que tenga. Debe ser un ejemplo en respeto de derechos.
63. Ahora bien, corresponde a la Sala
indicar también la responsabilidad de los demás accionados.
64. La Sala considera que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales tiene la responsabilidad de otorgar la
licencia ambiental. En esa labor la autoridad ambiental advirtió que la empresa
debía hacer reparaciones a las vías y también en el plan de manejo ambiental
quedó consignado que la empresa estudiaría las viviendas y pactaría la
reparación a los daños causados. Por ello, es posible sostener que hubo una
identificación adecuada de los  impactos del proyecto, que se tradujo en
compromisos de la empresa.
Pero también la ANLA tiene la
responsabilidad de hacer un seguimiento, que incluye verificar la eficacia de
las medidas de manejo, el cumplimiento de los términos de la licencia, el
comportamiento del medio biótico, abiótico y socioeconómico, conocer los
impactos acumulativos de las actividades y, si es preciso, imponer medidas
preventivas adicionales[117].
En el desarrollo de esa labor, la ANLA expuso que ha solicitado al Oleoducto
información sobre las quejas presentadas por la comunidad, pero la empresa no
ha reportado petición alguna. Por ello, la Sala encuentra que la autoridad
ambiental ha activado sus competencias de seguimiento y prevención y debe
continuar en esa labor para caracterizar ella misma y si es necesario, definir cuáles
son las afectaciones causadas en el medio socioeconómico en las que puede tener
participación Ocensa. Asimismo, debe activar sus competencias para iniciar
investigaciones e imponer sanciones, si es procedente.
Ahora bien, el caso objeto
de estudio pone en evidencia que en una situación que amerita una protección
urgente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no tuvo conocimiento
sobre las afectaciones a las viviendas de los habitantes cercanas a la vía que
utiliza con frecuencia el Oleoducto, por lo tanto, su capacidad de respuesta e
intervención fue nula. Al respecto, la Sala llama la atención a la autoridad
ambiental para que haga un seguimiento activo a la licencia, que tenga la capacidad
de abordar las quejas urgentes de la población para que actúe de acuerdo con
sus competencias y, si es el caso, adelante los procesos necesarios para
modificar la licencia concedida al Oleoducto, bajo los parámetros legales.
En especial, llama la
atención de la Sala que la autoridad ambiental no conocía las quejas
presentadas por habitantes de la comunidad y el Oleoducto era quien recibía las
peticiones y unilateralmente las respondía. Sobre este asunto, se observa una
falta de diálogo con las autoridades ambientales, municipales y con los
afectados. Como lo señalan los Principios de Naciones Unidas sobre empresas y
derechos humanos, las empresas y las autoridades deben dialogar con las
comunidades vulnerables y además, una “una empresa no puede, legítimamente,
ser a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente, estos mecanismos
deben tratar de alcanzar soluciones negociadas a través del diálogo”[118].
Por lo tanto, la Sala nota la importancia de una actuación más coordinada de la
autoridad ambiental con la empresa, las autoridades y la población.
65. Finalmente, en
relación con Corpoboyacá, la Sala encuentra que no tiene obligaciones precisas
en el caso concreto, pues la supervisión de la licencia en relación con el
asunto del que se ocupa la acción, corresponde a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. Igual sucede con el Instituto Nacional de Vías, que tiene
responsabilidades frente a la vía, pero que las acciones que desarrolla en
sinergia con el Oleoducto son determinadas especialmente por la ANLA.
66. Respecto al Consorcio de Tierras, la
Corte no dará ninguna orden porque entiende que aquel actuó en ejecución de un
contrato pactado con el Oleoducto y quien solicitó la licencia ambiental y se
comprometió a efectuar reparaciones fue el Oleoducto.
Conclusiones  y decisión a
tomar
67. En el caso concreto, la Sala estudió la
situación de una familia, que aseguraba que su vivienda sufrió un aumentado
deterioro durante los últimos ocho meses a causa del tránsito de maquinaria
pesada que transitaba por la vía contigua a su lugar de habitación. Aseguraban
que la responsabilidad era de la empresa Ocensa, que construye una estación de
bombeo de petróleo en el municipio cercano y de la empresa Consorcio de Tierras
Boyacá que realizaba actividades en desarrollo de dicho proyecto.
La Sala hizo un amplio recaudo de pruebas y
estableció que el Oleoducto se comprometió a hacer reparaciones a las vías que
usaría con frecuencia y a pactar cómo compensar los daños a las viviendas, como
se indicó en la licencia ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo,
la Sala contó con el importante concepto de dos docentes ingenieros de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que explicaron que existían
varios factores que explicaban el deterioro de la casa, tales como el
movimiento del suelo, el tipo de construcción de la edificación y las vibraciones
que causaban los vehículos que transitaban por la vía.
68. La Sala consideró que el Oleoducto
contribuyó a provocar el acelerado deterioro del inmueble, pues fue uno de los
factores que interfirió en la generación de las grietas que aumentaron en los
últimos meses. Por ello, bajo un criterio de equidad y en virtud de su
compromiso de mitigar los daños, le ordenará hacer las reparaciones que
requiriera la vivienda, en caso de que ella pudiese permanecer en la zona, o
asegurar la reubicación de sus habitantes en un lugar similar, previa
aceptación de los afectados.
69. Frente a las responsabilidades del
municipio, la Sala señaló que aquella tenía la responsabilidad de atender la
urgencia de la situación y, en ese sentido, confirmará el fallo de primera
instancia que ordenó a la Alcaldía reubicar a los habitantes de la casa en un
lugar seguro. Además, el fallo de la Corte precisa que el municipio deberá
adelantar estudios técnicos para determinar si, en efecto, la zona donde está
ubicado el inmueble es de alto riesgo no mitigable.
70. La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales deberá hacer seguimiento a la situación expuesta en la presente
sentencia e incluirla dentro del registro de quejas de la comunidad a la
actuación del Oleoducto, para adelantar las investigaciones a las que haya
lugar en el marco de sus competencias. Además, la Sala instó a la autoridad
ambiental a adelantar un seguimiento más rápido de las licencias y establecer
un diálogo más nutrido y eficiente con la empresa, las autoridades municipales
y la población para identificar las afectaciones en las que tiene participación
el proyecto y poner en marcha planes de mitigación y compensación. En el mismo
sentido, se informa a la Defensoría del Pueblo, Regional Boyacá, para que haga
seguimiento al caso del actor, en el marco de sus funciones constitucionales y
legales.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencia del 18 de julio de 2016, proferida
por el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores, en relación con las
decisiones de tutelar los derechos a la vivienda digna, a la vida y a la
integridad del señor José Eliécer Díaz Bohórquez y su familia y ordenar al
municipio de Miraflores reubicar al actor y a su núcleo familiar en un lugar
adecuado, como medida preventiva.
SEGUNDO.- ORDENAR
al municipio de Miraflores que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, inicie un estudio de la zona en la cual se
encuentra la vivienda del actor para determinar si se trata de una zona de alto
riesgo mitigable y si es posible hacer reparaciones a la vivienda del
accionante y que ella sea habitable y segura. Los resultados del estudio no
pueden exceder el término de dos meses.  Asimismo la entidad deberá hacer seguimiento
al subsidio de vivienda del actor para que aquel cuente con el mismo como
medida provisional mientras se realizan reparaciones a su vivienda o se le
reubica.
TERCERO.- ORDENAR
al Oleoducto Central S.A., que, una vez el municipio de Miraflores le comunique
si es posible realizar reparaciones a la vivienda o si los habitantes deben ser
reubicados en otro lugar, en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes
a la comunicación, se ponga en contacto con el actor, el municipio de
Miraflores y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que presente
un plan de reparación o reubicación definitiva de la familia, en un lugar que
cumpla con las condiciones de vivienda digna y en un espacio similar al que
habitaban, con aquiescencia del actor.
Igualmente, se INSTA a la
empresa a tomar medidas preventivas en relación con los posibles daños que
pueda causar a viviendas que tienen la misma situación que la del accionante.
CUARTO.- ORDENAR a
la Autoridad Nacional Ambiental que, en el término de cuarenta y ocho horas
(48) horas siguientes a la comunicación de esta sentencia, incluya el presente
caso dentro de las quejas de la comunidad a causa de la construcción de la
estación de bombeo en el municipio de Páez, por parte del Oleoducto, y  efectúe
el seguimiento que corresponde.
QUINTO.- INFORMAR
a la Defensoría del Pueblo, Regional Boyacá, para que haga seguimiento al
presente caso, en el marco de sus funciones constitucionales y legales.
SEXTO.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]  Específicamente en las coordenadas este
1103612 y norte 1066727, tal como lo indica la escritura pública No. 449 del 12
de agosto de 1971 de la Notaría Única de Miraflores, inscrita en folio de
matrícula inmobiliaria No. 082-22419, de la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos del municipio
[2] Acción de tutela.
Folio 1 del cuaderno No. 1.
[3] El
Acta de vecindad tiene dos fechas. Una inicial que señala “31/03/2014”, luego
otra indica “03/10/2014”. El accionante refiere que la fecha del acta es del 31
de marzo, sin embargo, el Consorcio de Tierras señaló que dicha acta
corresponde al 3 de octubre de 2014.  Folio 26, cuaderno No. 1.
[4] Folio 19 del
cuaderno No. 1.
[5] Folio 16 del
cuaderno No. 1.
[6] El peticionario dijo
“radiqué derecho de petición en la Personería Municipal de Miraflores”. Sin
embargo, adjuntó la petición elevada por su compañera, Dora Figueredo. Folio 2
del cuaderno No. 1.
[7] Folio 23 del cuaderno No.1.
[8] Folio 26 del cuaderno No.1.
[9] Folio 27 del cuaderno No.1.
[10] Folio 28 del cuaderno No.1.
[11]
Literalmente, el Informe indicaba: “1. La zona en la que se encuentra construida
la vivienda es una zona de falla, que presenta coluviones en movimiento, se
pueden observar los postes del alumbrado público y arboles existentes en ese
sector, con un grado de inclinación, que evidencian que hay un desplazamiento
de una masa de suelo sobre la que se encuentra construida la vivienda. // 2. La
casa de habitación objeto de la visita, no cumple con ninguna norma de
construcción, ni con las buenas prácticas de la ingeniería y la construcción,
esto asociado (sic) la Falla geológica que presenta el sector; a la pendiente
abrupta del lote y al deficiente manejo de las aguas lluvias y de aguas
servidas provenientes de la cocina, lavadero y servicios sanitarios, hace que
la construcción presente gran vulnerabilidad. // 3. En la parte posterior de la
casa se observan Agrietamiento del terreno, lo cual obedece a movimientos y
asentamientos, que afectan la construcción haciendo más evidentes los
agrietamientos de pisos y paredes.  // 4. Se recomienda a los propietarios una
evaluación estructural de la vivienda, porque puede amenazar colapso en un
evento sísmico, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. Para este caso
pueden pedir soporte del Municipio para que a través de la CREPAD, se haga un
estudio de la vulnerabilidad de esta familia. // 5. En razón a que el ACTA DE
VECINDAD realizada en octubre de 2014, ya se presentaban estas fallas
estructurales y de cimentación de la vivienda; y teniendo en cuenta que en este
sector CONSORCIO TIERRAS BOYACÁ, no realizó intervención alguna con adición de
afirmado, ni con maquinaria; las Fallas que se presentan en esta casa de
habitación son ajenas al desarrollo de las actividades de CONSORCIO TIERRAS
BOYACÁ. // 6. No obstante se recomienda nuevamente a los propietarios de la
vivienda, acudir de manera inmediata a las entidades Municipales, para que
realicen una visita técnica y tomen las medidas pertinentes respecto a
garantizar la integridad, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la
vida de los habitantes de esta vivienda, lo anterior, teniendo en cuenta que en
ella reside población en un alto grado de vulnerabilidad, puesto que habitan
menores de edad, madre cabeza de familia y adulto mayor en situación de
discapacidad física donde se ve comprometida su movilidad.” Folio 3 del
cuaderno No.1.
[12] Folio 13 del
cuaderno No. 1.
[13]
Inicialmente, la acción fue repartida al Juzgado Promiscuo Municipal de
Miraflores, sin embargo, el 28 de julio de 2015, este despacho la remitió al
Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores, por considerar que era el despacho
competente dado que Ocensa es una entidad del sector descentralizado por
servicios del orden nacional.
Así, aunque Consorcio
Tierras es una particular, y las acciones contra éste deben ser revisadas por
el juez municipal, en virtud del fuero de atracción, el despacho estimó que el
juez de mayor jerarquía debe conocer la acción de amparo.
[14] En específico,
solicitó a la Secretaría que i) explicara cómo se clasifica la vía que va de
Miraflores a Páez, en especial, en el trayecto que atraviesa la residencia del
accionante; ii) indicara cuál es el uso del suelo de la vivienda del
accionante; iii) adelantara un estudio de tránsito en la carretera que pasa por
la vivienda del actor; iv) efectuara una medición de las vibraciones que
ocurren en la zona en la que habita el accionante como producto del tránsito de
maquinaria por la carretera de Miraflores a Páez; y v) realizara una visita
técnica para determinar el estado de la vivienda, si aquella cumple con las
normas de construcción, cuál es el origen de las grietas y si existe una falla
geológica, qué afectación causa en la vivienda.
[15] Folio 11 del cuaderno No.
2.
[16] Folio 15 cuaderno No. 3.
[17]
Respuesta del municipio de Miraflores. Folio 41 Cuaderno principal.
[18] Respuesta del municipio de Miraflores. Folio 44
Cuaderno principal.
[19] Informe de
visita técnica de la alcaldía de Miraflores. Folio 55. Cuaderno principal.
[20] Respuesta de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Folio 100. Cuaderno principal.
[21] Respuesta de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Folio 100. Cuaderno principal.
[22] Respuesta de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales. Folio 101. Cuaderno principal.
[23] Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Folio 102. Cuaderno principal.
[24] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333. Cuaderno principal.
[25] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333. Cuaderno principal.
[26] Respuesta del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333.
Cuaderno principal.
[27] Respuesta de
OCENSA. Folio 165, cuaderno principal.
[28] Respuesta de
OCENSA. Folio 165, cuaderno principal.
[29] Respuesta
del Oleoducto Central OCENSA. Folio 164. Cuaderno principal.
[30] Respuesta
del Oleoducto Central OCENSA. Folio 165. Cuaderno principal.
[31] Respuesta
del Consorcio Tierras Boyacá. Folio 309. Cuaderno Principal.
[32] Respuesta
del Consorcio Tierras Boyacá. Folio 310. Cuaderno Principal.
[33] Respuesta de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia –UPTC- Folio 347. Cuaderno principal.
[34] Informe de
visita técnica de la Alcaldía a la vivienda del accionante. Folio 107 cuaderno
3.
[35] Informe de
visita técnica de la Alcaldía a la vivienda del accionante. Folio 107. Cuaderno
3.
[36] De acuerdo
con la certificación del Sisben, se encuentran incluidos Jose Eliécer Díaz
Bohórquez (51 años), Dora Figueredo (42 años), Leidy Díaz Figueredo (14 años),
Juan Díaz Figueredo (17 años), Richard Díaz Figueredo (8 años).
[37] Contestación
de la Alcaldía de Miraflores. Folio 100. Cuaderno 3.
[38] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- Folio 124 cuaderno No. 3.
[39] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- Folio 135 cuaderno No. 3.
[40] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- Folio 136 cuaderno No. 3.
[41] Respuesta de
Ocensa. Folio 134 cuaderno No. 3.
[42] Respuesta de
Ocensa. Folio 134 cuaderno No. 3.
[43] Respuesta de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Folio 160 cuaderno No. 3.
[44] Respuesta
del Consorcio de Tierras Boyacá. Folio 211 y cuaderno No. 3.
[45] Sentencia de
única instancia. Folio 237. Cuaderno No. 3.
[46] De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, el perjuicio irremediable debe ser
cierto, grave e impostergable. Ver sentencias T-239 de 2008, T-1291 de 2005 y T- 668 de 2007.
[47] El artículo
42 del Decreto 2591 de 1991 establece: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:1. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2. Cuando aquel contra
quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad,
a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho
la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos
domiciliarios. 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización. 5. Cuando aquel
contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo
17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se
hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar […] de quien se
encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que
solicite la tutela”. Nota: La sentencia C-134 de 1994 declaró exequible el
numeral 9, salvo la expresión "la vida o la integridad de".
[48] Corte Constitucional. Sentencia
T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[49] Ver sentencias T-678 de
1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-738 de 2011 (M.P. Mauricio González
Cuervo) T-015 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-883 de 2014 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez), entre otras.
[50] Corte Constitucional,
sentencias T-639 de 1997 y reiterada en la sentencia T-655 de 2011. Ver también, Corte
Constitucional, sentencia T-202 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[51] Corte
Constitucional, sentencia T-678 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[52] Corte
Constitucional. Sentencia T-086 de 2012. M.P.  Humberto Sierra Porto.
[53] Corte Constitucional,
sentencia T-176 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
[54] Corte
Constitucional, sentencia T-235 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Acción de
tutela.
[56] Folio 16
del cuaderno principal.
[57]
Corte Constitucional, sentencia T 958 de
2001.M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Retomada en
sentencia T
140 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Ver también T-566 de 2013 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Corte
Constitucional, sentencia T-678 de 1997. M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[59] Corte
Constitucional, sentencia T-473 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[60] Corte
Constitucional, sentencia T-176 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
[61] Algunas
consideraciones fueron retomadas de la sentencia T-223 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[62] Corte Constitucional,
sentencia T-958 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[63] El numeral 2 del
artículo 25 dice: ““1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.”
[64] El artículo 11
establece: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.”
[65] El artículo 34
dispone: ““Artículo 34. Los Estados miembros convienen en que la
igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la
distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio
desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para
lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución
de las siguientes metas básicas: (…) k) Vivienda adecuada para
todos los sectores de la población;…”
[66] Ver las sentencias C-936 de 2003, C-444 de 2009, T-199
de 2010 y T-530 de 2011; entre otras
[67] En el citado artículo, se
establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.”
[68] M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[69] Algunas
consideraciones fueron retomadas de la sentencia T-223 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[70] Numeral 5 del  artículo 13. esa misma orden fue
dada en el numeral 3.1 del artículo 15 de la misma ley.
[71]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[72]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[73]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[75]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[76] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77] M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[78] Artículo 80
de la Constitución Política.
[79] Artículo 333
de la Constitución Política.
[80] Artículo 334
de la Constitución Política.
[81] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[82] En la citada providencia, esta Corporación estudió si
era inconstitucional aplicar el silencio administrativo positivo en relación
con solicitudes de obras públicas que requerían una licencia ambiental pero que
no obtenían respuesta por parte de las autoridades competentes en un tiempo
determinado. Al respecto, la Corte consideró que la norma daba prevalencia al
principio de eficacia sobre el principio de protección ambiental y estimó que
el silencio administrativo permitía la autorización automática de la obra sin
que el Estado realizara observaciones y limitaciones para proteger el ambiente.
Por lo tanto, consideró que la disposición jurídica era contraria al deber de
prevención y control del deterioro ambiental, aunque declaró exequible la
aplicación del silencio administrativo en la autorización que efectuaban los
municipios -artículo 4 de la Ley 105 de 1993- después de que era expedida la
licencia.
[83] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[84] M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[85] La sentencia
C-746 de 2012 indicó que las características de la licencia ambiental son las
siguientes: , así: “(i) es una autorización
que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley
99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir
y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es
de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión,
mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre
ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de
especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y
realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un
proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la
consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente
un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los
diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93
arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto
administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de
los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62).”
[86] Artículo 58
de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1753 de 2015.
[87]
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales -2010-.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
[88] El
artículo 39 del Decreto 2820 de 2010 señala: “Los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con
el propósito de: 1.
Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en
relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y
monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y
abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y
exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el
comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los
impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los
estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los
proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de
disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de
los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia
Ambiental. 6.
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad. 7.
Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales
adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos
en los estudios ambientales del proyecto. En el desarrollo de dicha
gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas
al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los
resultados de de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.// Parágrafo.
La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y
seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.”
[89] El artículo 5 de la Ley 1333 de 1999 establece que se
por infracción ambiental se entiende: “toda acción u omisión que constituya
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. // PARÁGRAFO 1o. En
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.”
[90]Disponible
en: http://www.ceaa.gc.ca/Content/4/3/9/43952694-0363-4B1E-B2B3-47365FAF1ED7/Cumulative_Effects_Assessment_Practitioners_Guide.pdf
[91]
Disponible en
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2fc1e20048ac6048b3def76c57b0ebf6/IFC_CIA_Esp.pdf?MOD=AJPERES
[92]
Dispoinible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/24476/1/Tesis_Silva.pdf
[93] Principio
Fundacional No. 1 de Informe del Representante Especial del
Secretario  General para la cuestión de los derechos humanos y  las
empresas transnacionales y otras empresas,  John Ruggie. Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las
Naciones Unidas para  "proteger, respetar y remediar". 21 de
marzo de 2011. A/HRC/17/31.
[94] Literalmente, el Principio No. 4 señala que “[l]os
Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones
de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o
que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los
organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de
seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida
diligencia en materia de derechos humanos.”
[95] Principio
Fundacional No. 11. Tomado de Informe del Representante Especial del
Secretario  General para la cuestión de los derechos humanos y  las
empresas transnacionales y otras empresas,  John Ruggie. Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las
Naciones Unidas para  "proteger, respetar y remediar". 21 de
marzo de 2011. A/HRC/17/31.
[96]
Informe del Representante Especial del Secretario  General para la cuestión de
los derechos humanos y  las empresas transnacionales y otras empresas,  John
Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos:
puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para  "proteger,
respetar y remediar". 21 de marzo de 2011. A/HRC/17/31.
[97] Ibídem.
[98]
Ibídem.
[99] Ibídem.
[100] Plan Nacional de
Acción sobre Derechos Humanos y Empresas. Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos.
[101] Así lo estableció
el concepto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
[102] De acuerdo con la certificación del Sisben, aportada por la
Alcaldía de Miraflores, se encuentran registrados Jose Eliécer Díaz Bohórquez
(51 años), Dora Figueredo (42 años), Leidy Díaz Figueredo (14 años), Juan Díaz
Figueredo (17 años), Richard Díaz Figueredo (8 años).
[103] Folio 19 del
cuaderno principal.
[104] Folio 26 del cuaderno
principal.
[105] Folio 27 del cuaderno
principal.
[106] Respuesta del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- Folio 135
cuaderno No. 3.
[107] Folio 11 del cuaderno No.
2.
[108] Lo anterior, de
conformidad con los mandatos de la Ley 9 de 1989, el Decreto Ley 919 de 1989 y
la Ley 715 de 2001.
[109] Respuesta
del Consorcio Tierras Boyacá. Folio 310. Cuaderno Principal.
[110] Respuesta del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333.
Cuaderno principal.
[111] Respuesta de
OCENSA. Folio 165, cuaderno principal.
[112] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333. Cuaderno principal.
[113] Hermes Vacca Gámez 1, Jorge Alberto Rodríguez, Daniel Ruiz
Valencia, en “Medición e interpretación de vibraciones producidas por el
tráfico en Bogotá D.C.” en Revista Ingeniería de Construcción Vol. 26 No 1,
Abril de 2011.
[114] Respuesta
del Oleoducto Central OCENSA. Folio 165. Cuaderno principal.
[115] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-. Folio 333. Cuaderno principal.
[116] Respuesta
del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- Folio 124 cuaderno No. 3.
[117] El
artículo 39 del Decreto 2820 de 2010 señala: “Los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con
el propósito de: 1.
Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en
relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo,
el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el
plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el
comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los
impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los
estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los
proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de
disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de
los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia
Ambiental. 6.
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad. 7.
Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales
adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos
en los estudios ambientales del proyecto. En el desarrollo de dicha
gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas
al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los
resultados de de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.// Parágrafo.
La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y
seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.”
[118] Informe del Representante
Especial del Secretario  General para la cuestión de los derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del
marco de las Naciones Unidas para  "proteger, respetar y remediar".
21 de marzo de 2011. A/HRC/17/31.