T-352-00
Sentencia T-352/00
Sentencia T-352/00
DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Hacinamiento
carcelario
DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Falta
de espacio y aire
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Hacinamiento
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Traslado de
recluso por motín y tentativa de fuga
Referencia: expediente T-265454
Acción de tutela
incoada por Niray Martínez Rodríguez contra el Director de la Cárcel Distrital
de Villavicencio.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintisiete (27)
de marzo de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y  241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado
Primero Penal del Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio.
I. ANTECEDENTES
Niray Martínez Rodríguez incoó acción de
tutela contra el Director de la Cárcel Distrital de Villavicencio, por estimar
violado su derecho a la salud y desconocida la prohibición de someter a las
personas a torturas y a tratos crueles e inhumanos.
El peticionario, quien se encuentra
recluido en el citado centro carcelario, afirmó que el Director de la
institución lo trasladó del sitio donde antes dormía a otro lugar, en el que no
puede descansar en condiciones adecuadas, ya que debe pasar la noche en el
piso, sin que exista siquiera posibilidad de extender una colcha. Esto, según
el interno, atenta contra su salud.
Al proceso el actor anexó plano elaborado
por él mismo sobre las áreas del penal e indicó cuál era el sitio que le fue
asignado para descansar en la noche (fl. 8).
Aseveró el solicitante que la razón que
adujo el demandado para adoptar esa medida consistía en que los reclusos habían
construido con antelación un túnel en uno de los patios, lo que significaba
inseguridad para el establecimiento carcelario.
Pero alegó el accionante que él no había
estado involucrado en los aludidos hechos, por lo cual estimaba injusto que se
le diera el tratamiento inhumano del cual se quejaba a través de la tutela.
Por su parte, el Director de la cárcel
afirmó que anteriormente el condenado permanecía en otro sitio del penal, el
cual, durante el brote de desobediencia civil que se presentó en ese centro
penitenciario, fue tomado por los internos, sin ninguna clase de control, y
que, por ello, el demandante fue trasladado a la parte interna del
establecimiento, donde existían camas y mesones, y que allí se encontraba en
las mismas o mejores condiciones que las aquél tenía inicialmente. Sólo que -de
acuerdo con su dicho- se habían adoptado medidas adicionales consistentes en el
encierro bajo llave y en el estricto control sobre los presos por parte del
personal de guardia.
Resaltó la autoridad demandada que el
interno estaba vinculado a la construcción de un túnel encontrado en las
instalaciones de la cárcel, y que fue denunciado penalmente por los delitos de
concierto para delinquir y tentativa de fuga, por hechos ocurridos el 21 de
julio de 1999. Además, anotó que próximamente el preso sería trasladado a la
penitenciaria "El Barne" o a la cárcel "La Picota".
II. DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
El Juzgado Primero
Penal del Circuito de Villavicencio, mediante Fallo del 10 de agosto de 1999,
negó la protección solicitada. Estimó el juez lo siguiente:
"...no puede aceptarse la pretensión del
accionante, de que se le regrese al lugar donde venía durmiendo y no encuentra
este fallador lesión a sus derechos fundamentales por virtud de la
determinación de la Junta de Patios, que como se le ha resaltado a este mismo
demandante en sentencia de abril veintitrés del año pasado emanada del Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, de octubre dos del mismo año
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito, confirmada por la Sala
Penal del Tribunal de Villavicencio mediante providencia del veintitrés de
noviembre del año pasado, la acción de tutela no está  llamada a interferir las
decisiones sobre traslado de patios cuya autonomía está en cabeza del organismo
administrativo correspondiente y aunque es de conocimiento público el
lamentable estado físico de las cárceles y penitenciarias del país, que desdice
del respeto a la dignidad humana de los internos, a través de abundante
jurisprudencia se ha concluido que se trata de omisiones que provienen del
Gobierno Central y de su falta de voluntad para con este sector de nuestros
conciudadanos, quedando, pues, impotente la protección constitucional
individual que se ofrece a través del artículo 86 de la Constitución
Nacional".
El fallo fue impugnado por el demandante,
quien aseguró que el Director de la cárcel lo había calumniado al comprometerlo
en la tentativa de fuga de presos. Además, alegó que no se había practicado la
inspección judicial en la cárcel, ni se había tenido en cuenta el croquis que
él elaboró, como tampoco su afección pulmonar.
Antes de proferida la sentencia de segunda
instancia, se recibió oficio suscrito por la autoridad demandada, la cual
informó al Tribunal de conocimiento que el actor había sido trasladado a la
"Penitenciaria Nacional El Barne", con sede en Tunja, de conformidad
con la Resolución 295 de la Dirección del INPEC.
La Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, mediante fallo del 7 de octubre de 1999,
confirmó la decisión del a quo. Consideró esa Corporación que, según se
dijo en Sentencia T-705 de 1996 proferida por la Corte Constitucional, la
asignación de los internos a un determinado patio o celda no era una decisión
que dependiera del libre arbitrio de las autoridades penitenciarias y
carcelarias, ya que ella estaba relacionada con el fin resocializador de la
pena, el orden, la disciplina y la protección de los derechos fundamentales.
Señaló que el traslado de un interno de un patio a otro del establecimiento
carcelario correspondía, según el artículo 81 del Acuerdo 11 de 1995, expedido
por el Consejo Directivo del INPEC, a la Junta de distribución de patios y
asignación de celdas, de acuerdo con los criterios de evaluación indicados en
dicha norma y en el artículo  63 de la Ley 65 de 1993, dejando constancia de
los motivos del traslado.
Anotó que, aunque en el expediente no
aparecía prueba acerca de que se hubiese seguido el trámite establecido en las
citadas disposiciones, se tuvieron como válidas las razones de orden y
disciplina que invocó el Director de la cárcel en declaración rendida ante el juez
de tutela. En todo caso, previno al demandado para que, en el futuro, cumpliera
las reglas al adoptar este tipo de medidas.
Además, consideró el Tribunal, en cuanto a
la situación de hacinamiento alegada por el actor, que carecía de objeto el
pronunciamiento judicial, puesto que aquél había sido trasladado a otro centro
de reclusión.
En relación con la atención de la salud del
interno, expresó que éste debía pedir cita médica para determinar si realmente
presentaba afección pulmonar y, en dado caso, obtener tratamiento
especializado, pues no existía prueba de dicha dolencia.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Los derechos de los reclusos y la dignidad
humana. Carencia actual de objeto
En múltiples ocasiones esta Corte ha
repetido que las personas no pueden ver menoscabada su dignidad humana por el
sólo hecho de encontrarse privadas de la  libertad por causa de una orden
judicial. Se reitera lo que esta misma Sala ha dicho al respecto:
"Es natural que la persona condenada o
detenida preventivamente vea restringidos algunos de sus derechos. No podrá,
por ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se reduce ostensiblemente
-aunque no desaparece- su ámbito de privacidad; surgen límites evidentes al
libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley ha
establecido la interdicción de derechos y funciones públicas.
Pero, a juicio de la Corte, eso no significa
que el recluso quede indefenso ante el ordenamiento jurídico y menos que se
halle imposibilitado, en cuanto persona, para reclamar el respeto al núcleo
esencial de la generalidad de sus derechos fundamentales.
Entre ellos, habiendo sido prohibida en el
sistema colombiano la pena de muerte (art. 11 C.P.) y estando proscrita toda
clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la integridad personal y
a la salud, en conexión con aquéllos, permanecen intactos. Es decir, no pueden
resultar afectados ni en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago
de la pena impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se
hace responsable el Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del
detenido o condenado y hasta el instante en que readquiera su libertad"
(Cfr. Sentencia T-535 del 30 de septiembre de 1998).
Ahora bien, constituye hecho notorio que
las condiciones en que se desarrolla la reclusión en nuestro país no garantizan
el respeto de la dignidad humana, al punto de que esta Corte ha declarado el
"estado de cosas inconstitucional", y como consecuencia de ello, ha
ordenado la adopción de medidas generales por parte de las autoridades
competentes para corregir tan anómala situación, lo que, de una u otra forma,
también cobija y protege los derechos fundamentales del demandante. Dijo la
Sala Tercera de Revisión, en Sentencia T-153 del 28 de abril de 1998 (M.P.: Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz):
"...esta Corporación ha hecho uso de la
figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a
situaciones de vulneración de los derechos fundamentales  que tengan un
carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas
causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se
originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su
solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas
condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se
encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían
congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más
indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin
de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas
inconstitucional.
Las cárceles colombianas se caracterizan por
el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y
asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la
carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos.
Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se
han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta
plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se
deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los
internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la
vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y
a la presunción de inocencia, etc.
En efecto, tanto el derecho a la dignidad
como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven
quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura
física  y de servicios públicos que se encuentra en los centros de
reclusión ; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o
amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de
todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia
requeridos ; el derecho a la familia es quebrantado por la sobrepoblación
carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican
que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo
las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en
grado extremo las visitas conyugales y familiares ; el derecho a la salud
se conculca dadas las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la
congestión carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado
y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los centros
hospitalarios ;  los derechos al trabajo y a la educación son violados,
como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene oportunidades
de trabajo o de educación y que el acceso a éstos derechos está condicionado
por la extorsión y la corrupción ; el derecho a la presunción de inocencia
se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los condenados
y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, para la
reclusión de los primeros, etc.".
En el caso bajo estudio, el recluso se
quejó de que el sitio que le fue asignado para dormir no reunía las condiciones
de respeto a su dignidad humana, debido a la incomodidad que debía soportar por
la falta de espacio y de aire. Dicha aseveración fue controvertida por el
Director de la cárcel, quien aseguró que aquél tenía mejores condiciones para
el descanso en el nuevo lugar, si se las comparaba con las del sitio donde
antes permanecía. Además, señaló que la medida de traslado de patio del interno
obedecía a razones de orden y disciplina, por el amotinamiento y tentativa de
fuga que se había presentado recientemente en el penal.
La Corte estima que, en el presente asunto,
ya no es pertinente entrar a analizar cuál de las dos versiones se ajusta a la
verdad, pues el preso fue trasladado a otro penal, tal como consta en
certificación aportada al proceso (ver folio 7), así que se presenta una
carencia actual de objeto.
Con todo, considera esta Sala necesario
recordar, como lo hizo el Tribunal de instancia, que la asignación de celdas y
traslado de patios es una decisión que debe ceñirse a ciertas reglas. Así, el
artículo 63 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) establece
lo siguiente:
"Artículo 63.- Clasificación
de internos. Los internos en los centros de reclusión, serán separados por
categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible,
personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los
detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de
tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los
jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen
normal.
La clasificación de los internos por
categorías, se hará por las mismas juntas de distribución de patios y
asignación de celdas y para estos efectos se considerarán no solo las pautas aquí
expresadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta."
Y el artículo 81 del
Acuerdo 11 de 1995, expedido por el Consejo Directivo del INPEC, al desarrollar
la disposición legal, estableció que la Junta de distribución de patios y asignación
de celdas, al adoptar sus decisiones, debía dejar expuestos los motivos que les
dieron origen, con el fin de evitar arbitrariedades.
Por otra parte, cabe
destacar que el artículo 64 del Código Nacional Penitenciario y Carcelario
establece que "las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza
y de aireación. Estarán amoblados con lo estrictamente indispensable...".
No obstante lo
anterior, la Sala no comparte la advertencia que el Tribunal de segunda
instancia le hizo a la autoridad demandada, por cuanto aquél partió de la base
errada de que el demandado había adoptado de manera directa la decisión de
traslado del interno. No se tuvo en cuenta que en la declaración rendida ante
el juez de primera instancia, el Director de la cárcel expresó que era una
junta la que efectuaba la asignación del alojamiento (folio 11).
Además, cabe
resaltar  que los motivos para el traslado -orden y disciplina- eran
razonables, pues la medida se había tomado a causa del motín y tentativa de
fuga de presos presentados recientemente en dicho establecimiento, hechos en
los cuales pudo estar vinculado el actor -lo que deberá ser materia de la
investigación y el fallo de las autoridades judiciales competentes, ya que se
presentó la respectiva denuncia penal contra el accionante por la posible
comisión de los delitos de concierto para delinquir y fuga de presos-.
Por último, en
relación con el estado de salud del recluso, esta Sala coincide con las
apreciaciones y consideraciones del Tribunal de segunda instancia, sobre todo
si se tiene en cuenta que el actor ya no está en las mismas condiciones debido
al traslado de cárcel.
Así, si el detenido estima que requiere
tratamiento médico, deberá solicitarlo.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito y
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,
en cuanto negaron el amparo solicitado.
Segundo.- REVOCAR
el numeral 2 de la sentencia de segunda instancia, por medio del cual se
consigna una prevención al demandado.
Tercero.- DAR
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General