T-142-96
Sentencia No
Sentencia No.
T-142/96
PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales
Esta Corte,
intérprete autorizada de la Constitución ha establecido, con toda claridad, que
las personas jurídicas sí son titulares de derechos fundamentales y que, por
tanto, lo son de la acción de tutela.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Trámite licencia
construcción de matadero
No compete a esta
Corporación definir si se cumple con los condicionamientos, porque es ésta una
labor eminentemente administrativa y no jurisdiccional. Y porque aun en el
evento de considerarse que la acción administrativa desplegada en el tramite de
la licencia solicitada resultare ilegal y lesiva de los derechos de la
accionante, existen otros medios de defensa y acciones judiciales ante la
jurisdicción contencioso administrativa, que hacen improcedente la solicitud.
SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Operancia
por falta de notificación/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Levantamiento
sellamiento de matadero
Aunque no se
hubiera notificado la resolución que resolvió el recurso interpuesto en contra
de ella, la Corporación  transcurridos los 2 meses de que disponía la
administración para pronunciarse, ha podido acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa. El silencio administrativo negativo operó, toda vez
que si bien la resolución que resolvió el recurso fue proferida antes del
vencimiento de los dos meses de que disponía la Administración para
pronunciarse, como no fue notificada oportunamente al recurrente, debe
considerarse ineficaz. La entidad accionante ha podido acudir a la jurisdicción
señalada dentro del plazo indicado, y así continuar oponiéndose a la decisión
de sellamiento del matadero.
Ref.: Expediente
T-85001
Peticionario: Cooinfrisur
Ltda.
Procedencia: Consejo
de Estado
Temas:
Medios de defensa
judicial.
Acción de tutela
en  cabeza  de las personas jurídicas.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C., once (11) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T- 85.001, adelantado por el señor Miguel Angel
Velásquez Rincón, en calidad de representante legal de la Cooperativa
Integral Frigorífico del Sur -Cooinfrisur Ltda.- y suscrito por varios de los
miembros de la cooperativa , en contra de la SECRETARIA DE SALUD Y EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO.
I.      ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en lo artículo 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1.      Solicitud
Los actores,
miembros activos de la cooperativa COOINFRISUR LTDA, interpusieron acción de
tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y de la Secretaría de Salud
del Distrito, con el fin de que le amparen a la entidad los derechos
fundamentales de petición, al trabajo y al debido proceso, consagrados en los
artículos 23,25 y 29 de la Constitución Política.
2.      Hechos
Afirman los
tutelantes que la cooperativa COOINFRISUR LTDA, con el fin de desarrollar su
objeto social, adquirió, previo visto bueno del Departamento de Planeación, un
lote que, guardando distancia de la autopista del Llano, cumplía  con el
requisito exigido por la autoridad administrativa; pero que luego, Planeación
le exigió un requisito totalmente contrario, que implica el construir el
matadero en otro lugar, cosa que la cooperativa no está en capacidad de cumplir
por los elevados costos que implica sufragarlo.
Adicionalmente se le
exigió a la empresa el trámite de una licencia ambiental que debe expedir el
Ministerio del Medio Ambiente, licencia que, según dicen los tutelantes, en
opinión de la Secretaría de Salud no es indispensable, " ... tanto más si
se tiene en cuenta que se han adelantado los trámites de rigor, para el
cumplimiento de las licencias ambientales ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL,
CAR, la cual no ha puesto reparos al manejo ambiental que se está dando.".
Posteriormente,
afirman los actores, la Secretaría de Salud ordenó el sellamiento del matadero,
pues éste no contaba con la licencia de Planeación, " IRRESPETANDO EL
DEBIDO PROCESO, PUESTO QUE LO HIZO AL NO EXISTIR LA LICENCIA DE
PLANEACIÓN". Contra dicha resolución se interpusieron los recursos de
reposición y subsidiario de apelación, pero manifiestan que "...SIENDO UN
HECHO TAN PRIORITARIO PARA LA COMUNIDAD, DICHO ENTE SE ACOGIÓ AL SILENCIO
ADMINISTRATIVO, DESCONOCIENDO NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES (...) puesto que
nuestras manifestaciones han debido ser consideradas, a efecto de no perpetuar
la situación...". (Mayúsculas de los actores).
En concepto de los
demandantes, no es justo que  después de varios años se les exijan nuevos
requisitos, nuevas adquisiciones; tramites no necesarios y se les cierre el
matadero, con los consecuentes perjuicios para las familias que derivan su
sustento de esa empresa y para la comunidad en general.
3.      Pretensiones
Los peticionarios
solicitan que mediante la protección judicial, se ordene al Departamento
Administrativo Distrital de Planeación, tramitar la licencia de construcción
para la cooperativa, teniendo en cuenta los requisitos que se exigieron al
presentarse la solicitud.
Adicionalmente,
piden que la Secretaría de Salud dé respuesta a los recursos de reposición  y
apelación interpuestos contra la resolución que dispuso el cierre del matadero,
o que se levante el sellamiento que prolonga injustificadamente la medida.
También solicitan los demandantes, se condene al Departamento Administrativo y
a la Secretaría de Salud Distritales, a indemnizar a la cooperativa Cooinfrisur
los perjuicios infligidos con ocasión de sus actuaciones y omisiones.
III.    ACTUACIÓN
JUDICIAL
1.      Primera
instancia
Mediante sentencia
del diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección primera- decidió rechazar las
pretensiones de la demanda impetrada por la cooperativa Cooinfrisur Ltda., con
base en las argumentaciones que a continuación se consignan.
Considera el
Tribunal, en primer término, que en el caso bajo estudio no se presentó la
figura del silencio administrativo, pues la Secretaría de Salud sí emitió su
concepto acerca de la viabilidad del recurso de reposición  interpuesto por la
entidad demandante contra la resolución que ordenaba el sellamiento del
matadero.  Afirma que "...En efecto, esa dependencia expidió la Resolución
02593 de 1995 para rechazar el recurso de reposición y el subsidiario de
apelación interpuestos por el representante legal de la Cooperativa contra la
aludida decisión". No obstante la anterior afirmación, estima el Tribunal
que la verdadera pretensión de la cooperativa es obtener el levantamiento de la
medida ordenada por la Secretaría de Salud, para lo cual existen, las vías
ordinarias de defensa judicial, por ser ésta una medida administrativa.
En cuanto al
presunto cambio de requisitos para el levantamiento del matadero en que
incurrió el Departamento Administrativo de Planeación,  considera el Tribunal
que " ...La circunstancia de que la Cooperativa hubiese obtenido la
aprobación del plano topográfico del predio El Triunfo para la construcción del
matadero no implicaba, como lo advirtió la administración en su oportunidad, el
otorgamiento de la licencia para edificar, urbanizar ni funcionar. La jefe de
la Unidad de Planeamiento Físico de ese Departamento informa que en razón del
sellamiento y en vista de que no se había obtenido autorización para la
construcción y funcionamiento del matadero, el Gerente de la Cooperativa
solicitó incorporar el predio como nueva área urbana y, de esa manera, permitir
el desarrollo de usos urbanos. Y la administración, mediante oficio 17191 de 8
de agosto del año en curso, estableció las condiciones para que el predio tenga
la posibilidad de ser reglamentado y, por consiguiente,  definir los usos para
ser desarrollado como matadero clase II, Servicio Metropolitano Especial. Esto
permite concluir que para que la administración pueda continuar el trámite
orientado a la expedición de la licencia requerida por la Cooperativa, ésta
debe cumplir previamente con las condiciones y requisitos exigidos para ese
efecto."  En consecuencia, concluye el Tribunal,  el adelantamiento de
trámites ante la administración requiere el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley y los reglamentos respectivos.
El Tribunal decidió
entonces rechazar las pretensiones dirigidas contra la Secretaría de Salud
Distrital, y negar las esgrimidas contra el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, por las razones expuestas.
2.      Impugnación
En su escrito de
impugnación, los actores reiteran que las entidades demandadas violan los
derechos fundamentales de la Cooperativa, al hacer imposible que se cumplan los
requisitos exigidos para iniciar el levantamiento del matadero.
De otro lado,
manifiestan bajo la gravedad del juramento, "que la  resolución N° 02593
del 24 de Julio de 1995, nunca la conocimos y mucho menos nos notificamos de la
misma". Seguidamente señala que la Secretaría de Salud, al conocer de la
tutela que había sido interpuesta en su contra,  había reunido a los miembros
que constituyen la parte demandante con el fin de levantar un acta "que le
daría respaldo y justificará el cilencio (sic) administrativo, y ello lo
sustentamos ya que entablada la acción es cuando se nos cita y nos presentan un
acta para  su firma a lo cual nosotros nos negamos porque vimos en ello una
actuación fraudulenta.".
3.      Segunda
instancia
En sentencia de
veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la
Sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
expresó que, como reiteradamente lo ha manifestado esa corporación,  la acción
de tutela, consagrada en el ordenamiento jurídico a través del artículo 86 de
la Constitución Política,  "...se ha instituido para proteger los derechos
fundamentales  que son propios de la persona humana como tal, descartando así
la procedencia de la acción en favor de las personas jurídicas o morales, como
lo es la COOPERATIVA INTEGRAL FRIGORÍFICA DEL SUR "COOINFRISUR
LTDA.". Según lo consigna la jurisprudencia de ese tribunal, "No
obstante, artículo 94 de la Carta traído (sic) para el caso, en aplicación de
la interpretación sistemática, permite a la Sala establecer que la denominación
"derechos fundamentales" está utilizada en la Constitución en el sentido
que la utiliza la doctrina universal, esto es, equiparable a la de
"derechos humanos" y que tales derechos no son otros, no pueden ser
otros que los inherentes a la persona humana".
En mérito de lo
expuesto, el Consejo de Estado confirma, por las razones presentadas en los
considerandos de su sentencia, la decisión del a-quo que dispone el rechazo de
las pretensiones dirigidas contra la Secretaría de Salud Distrital; pero
revoca, para rechazar también, la decisión del mismo funcionario que inadmitió
la demanda en lo relativo a las pretensiones dirigidas contra el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital.
Frente a este fallo
se presentó el salvamento de voto de uno de los consejeros, quien manifestó su
desacuerdo con la tesis que le niega a las personas jurídicas la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales.
IV.    CONSIDERACIONES
DE LA SALA
1.      Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la
referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso 2o. y 241,
numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, se procede a la revisión en
virtud de la selección practicada por la sala correspondiente y del reparto
verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.      La
materia
2.1    Titularidad
de la acción de tutela en cabeza de las personas jurídicas
La Sección segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al rechazar
la acción de tutela interpuesta por la Cooperativa Integral Frigorífica del Sur
"Cooinfrisur Ltda.", ha reiterado, una vez más, lo sostenido por esa
Corporación, en el sentido de que las personas jurídicas  carecen de derechos
fundamentales, y, en particular de la titularidad de la acción de tutela,
entendiendo que tales son lo que la doctrina universal llama "derechos
humanos", que sólo se predican de las personas naturales.  Con ello, el
Consejo de Estado insiste en desconocer la también reiterada jurisprudencia de
esta Corte, intérprete autorizada de la Constitución, en la cual se ha
establecido, con toda claridad, que las personas jurídicas sí son titulares de
derechos fundamentales y que, por tanto, lo son de la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la C.P.
Al respecto la Sala
considera pertinente transcribir los conceptos vertidos en la Sentencia
T-396/93, (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), en donde se expuso lo siguiente:
"Los derechos fundamentales son aquellos que fundan la
legitimidad del orden jurídico, por tratarse del reconocimiento que el sistema
legal positivo hace unos bienes que son necesarios para la dignidad de la vida
humana puesta en relación social. Estos derechos son necesarios, no
contingentes tanto para el orden social justo, como para el despliegue jurídico
adecuado de la persona. Tuvo el sistema ius filosófico que acudir al origen
remoto de tales derechos en el ius naturale  que era exclusivo para la persona
humana. Luego vino un concepto más depurado, que se fundaba no tanto en la
naturaleza humana, sino que se centraba en la dignidad de la persona y surgió
el criterio de los derechos individuales del hombre, que luego admitió la socialidad
y solidaridad de éste, de suerte que desembocó en los derechos colectivos de
las personas, y aquí se encuadra, por vez primera, la titularidad de las
personas jurídicas como sujeto de derechos fundamentales, como expresión
mancomunada de la idea social de los seres humanos, que tienden a vincularse
por medio del derecho, en lugar de disociarse en aras de una mal entendida
individualidad. Con el advenimiento de la segunda generación de derechos
humanos -que incluye lo social como sujeto de derecho- se consolida hoy, en la
vigencia plena de la llamada tercera generación de derechos humanos (derechos
de los pueblos y reconocimiento de la humanidad como gran persona jurídica
sujeto de derecho universales), es contra evidente afirmar que sólo los
individuos considerados aisladamente son titulares de los derechos
fundamentales, porque ello supone negar toda una evolución jurídica
trascendente, en el sentido de que el hombre se realiza como persona también en
forma colectiva, y para ello necesita de la protección jurídica tanto desde su
dimensión universal, como de su aspecto en sociedades autónomas".
Y más adelante, en la misma Sentencia, se expresó:
"La persona jurídica no es titular de los derechos inherentes
a la persona humana, es cierto, pero sí de derechos fundamentales asimilados,
por razonabilidad, a ella. No tiene el derecho a la vida, pero sí al respeto a
su existencia jurídica (Crf. art. 14 C.P.). Igualmente, se encuentra que por
derivación lógica, por lo menos,   es titular de derechos constitucionales
fundamentales, los cuales se presentan en ella no de idéntica forma a como se
presentan en la persona natural.  A título de ejemplo, en una enumeración no
taxativa, se tienen los siguientes:
"- El derecho a la libertad, en el sentido de poder obrar sin
coacción injustificada con conciencia colectiva de las finalidades.
"-   El derecho a la propiedad, ya que es una característica
esencial de la persona el ser dueña de sí, y, en dicha autoposesión tiene la
capacidad de apropiación de cosas exteriores, en las cuales o por medio de las
cuales manifiesta la expresión de su personalidad. Toda persona necesita de la
propiedad para ejercer su capacidad esencial de apropiación.
"-  El derecho a la igualdad en derecho y a tener condiciones
de proporcionalidad en las relaciones con otros sujetos de derecho. Sin la
existencia del derecho a la igualdad, se hace imposible la relación de
justicia, y como la persona jurídica debe existir en la realización  de un
orden social justo, se colige que necesita del derecho a la igualdad.
"- El derecho al buen nombre, porque es un elemento de
trascendencia social, propio de todo sujeto de derecho, que busca el
reconocimiento y la aceptación social, con el fin de proyectar nos sólo su
imagen, sino su mismo ser en la convivencia social. Las personas naturales que
conforman la persona jurídica se verían afectadas si el todo que las vincula no
es titular del buen nombre como derecho. Hay un interés social que legitima la
acción de reconocimiento, por parte del Estado y de la sociedad civil, del buen
nombre que ha adquirido un ente colectivo, porque ello necesariamente refleja
el trabajo de las personas humanas en desarrollar la perfección de un ideal
común objetivo.
"- El derecho al libre desarrollo de la personalidad se
encuadra también en la persona jurídica, en el sentido de garantizar su
funcionamiento, en la no obstaculización de la actividad de ese ente colectivo
en aras de realizar el fin racional legítimo que se propone.
"- La libertad de cultos es el claro ejemplo que la
jurisprudencia colombiana ha reconocido a la expresión colectiva y
personalizada de una profesión religiosa. V.gr. La personalidad jurídica de la
Iglesia Católica y de varias personas jurídicas que tienen un contenido
netamente religioso, en virtud de la unidad de fines y de los vínculos
estrechos de fraternidad, hacen que se presenten entes colectivos como un todo
ante la sociedad en general, y que puedan expresar su profesión religiosa en
comunidad personalizada.
"-   La libertad de expresión: Igualmente hay dos ocasiones en
que la persona jurídica puede expresar libremente sus opiniones y pensamiento
(así sea fruto del consenso interno). Verbi gratia: una fundación que busque la
promoción de la investigación científica, puede, perfectamente, publicar sus
conceptos e hipótesis, con plena libertad.
"-  El derecho al debido proceso:    el derecho al debido
proceso, por cuanto la persona jurídica necesita de las garantías de aplicación
que existe el orden social justo, de suerte que sus derechos no se vean
amenazados en la eventualidad  de un proceso, sino, por el contrario,
protegidos, y así se concreten en ella las garantías fundamentales con que
cuenta toda persona.
"-   El derecho a la honra de la persona jurídica puede
existir como el reconocimiento a los actos virtuosos de sus miembros en el
obrar colectivo y solidario.
"-  El derecho a la libre asociación, en cuanto es
manifestación de la sociabilidad del ser humano y fundamento de la existencia
de las personas jurídicas. Se trata de la dimensión solidaria de la
personalidad.
"- Igualmente, el derecho de petición, la libertad de
enseñanza,  y el derecho a la apelación.
"En conclusión.
La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y de la acción de
tutela de que habla el artículo 86 Superior, y por ello es jurídicamente
inaceptable que se le someta a la discriminación de no considerarla como
titular de unas garantías que el Estado Social de Derecho ha brindado, por lógica
manifestación de los fines que persigue, a toda persona, sin distinción alguna.
"Negar la
titularidad de la persona jurídica de derechos fundamentales en aras de exaltar
la individualidad humana, es un contra sentido que en última instancia, va
contra el mismo individuo de la especie humana, que ve relativizado y más aún,
desprotegido, su fin racional, que requiere del concurso personificado y
autónomo de sus iguales.
"Por este
motivo la Sala considera pertinente dejar sentado que es de recibo una acción
de tutela por parte de las personas jurídicas, siempre y cuando acuda a la
protección de sus derechos fundamentales".
Esta misma
jurisprudencia ha sido sostenida invariablemente por la Corporación, en
innumerables fallos entre los cuales cabe citar además, a manera de ejemplo,
los siguientes: Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, (M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero); Sentencia T-430 de 24 de julio de 1992 (M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero); Sentencia T-201 de 26 de mayo de 1993 (M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara)  y Sentencia T-573 de 1994 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Por las anteriores
consideraciones esta Sala se ve en la obligación de desestimar el argumento
esgrimido por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en el sentido de no ser las personas jurídicas titulares de
la acción de tutela. Por ende, le reconoce a la empresa "Cooinfrisur
Ltda", legitimación para instaurar la acción de tutela objeto de la
presente revisión.
2.2    Improcedencia de la acción de tutela por existencia de otros
medios  de defensa judiciales
En el caso sub
examine, la acción de tutela interpuesta pretende que se amparen los
derechos de petición, trabajo y debido proceso de la Cooperativa Cooinfrisur
Ltda. y el desarrollo de su objeto social, ordenando al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital que proceda a tramitar la licencia de
construcción del matadero, teniendo cuenta los parámetros establecidos desde
cuando se autorizó la adquisición del predio para ese efecto, y ordenando a la
Secretaría de Salud que responda el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución que dispuso el cierre del matadero o levantar el sellamiento del
mismo de manera inmediata.
Adicionalmente la
entidad peticionaria pretende que se condene al Departamento Administrativo de
Planeación Distrital y a la Secretaría de Salud del Distrito, a indemnizarle
los perjuicios que sus presuntas actuaciones omisivas le han causado.
Cada una de estas
peticiones será estudiada por separado, para determinar su procedencia.
En cuanto a la
pretensión formulada frente al Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, que busca que se le ordene tramitar la licencia de construcción del
matadero, la Sala observa que el oficio proferido por la Unidad  de
Planeamiento Físico de Planeación Distrital en el cual se establecía la aptitud
urbanística de unos predios para la localización de un matadero, y el oficio
posterior en que se aceptó el plano topográfico del predio "Lote el
Triunfo", no significan, como la misma autoridad administrativa lo
indicara en el texto de tales oficios, "otorgamiento de licencia de
edificación".
En tales
circunstancias, esta licencia está pendiente de ser tramitada, lo mismo que la
licencia de urbanismo, sin que obre prueba alguna en el expediente que permita
concluir que Planeación Distrital haya lesionado ningún derecho de la entidad
peticionaria. Por el contrario, ha dado respuesta oportuna a las peticiones de
la Cooperativa, indicando de manera general los requisitos para que el predio
tenga la posibilidad de ser reglamentado y desarrollado como matadero.
Así las cosas, lo
que procede es que la Cooperativa Cooinfrisur Ltda. solicite la expedición de
las correspondientes licencias, para lo cual debe cumplir previamente con las
condiciones y requisitos que de manera general se exigen para ello.
Obviamente no
compete a esta Corporación definir si se cumple con tales condicionamientos,
porque es ésta una labor eminentemente administrativa y no jurisdiccional. Y
porque aun en el evento de considerarse que la acción administrativa desplegada
en el tramite de la licencia solicitada resultare ilegal y lesiva de los
derechos de la accionante, existen otros medios de defensa y acciones
judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, que hacen
improcedente la solicitud formulada.
En lo que se
relaciona con la pretensión de que se ordene a la Secretaría de Salud del
Distrito que responda el recurso de reposición interpuesto contra la  resolución
que dispuso el cierre del matadero, o levantar el sellamiento del mismo de
manera inmediata, caben las siguientes  consideraciones:
En cuanto a la
primera de estas pretensiones, observa la Sala que no es posible tutelar a la
Corporación accionante por cuanto lo que pide, esto es que se resuelva el
recurso, ya ha sucedido. El recurso de reposición interpuesto en contra de la
resolución que ordenó cerrar el matadero, fue resuelto mediante Resolución No.
02593 de 1995, que rechazó el recurso mencionado.
Si bien el actor
afirma, bajo la gravedad de juramento, que tal resolución no le fue notificada,
lo cierto es que para la presente fecha ya es de su conocimiento y sabe el
petente que el mencionado recurso  sí fue resuelto y en qué sentido se produjo
la decisión. Esta situación hace que,  por sustracción de materia, la Sala no
tenga que pronunciarse, ordenando resolver un recurso ya resuelto.
Frente a la segunda
de las pretensiones formuladas ante la Secretaría de Salud, que busca que se
levante el sellamiento del matadero, entiende la Sala que la Cooperativa ha
tenido siempre expeditas otras vías judiciales para conseguir este objetivo,
aun teniendo en cuenta que el auto que resolvió el recurso de reposición contra
la resolución que prescribió el sellamiento no fue oportunamente notificado y
que de él sólo se enteró la entidad con ocasión del trámite de la presente
acción.
Y ello es así,
porque si bien la acción de restablecimiento del derecho ejercida ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que se erige en el medio apto de
defensa de que disponía la entidad petente, exige como presupuesto básico para
su procedencia el agotamiento previo de la vía gubernativa, en el presente caso
respecto de la resolución administrativa que ordenó el sellamiento, ya se había
cumplido con tal requisito. En efecto, aunque no se hubiera notificado la
resolución que resolvió el recurso interpuesto en contra de ella, la
Corporación  transcurridos los 2 meses de que disponía la administración para
pronunciarse, ha podido acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 60 del Código Contencioso
Administrativo.
El silencio
administrativo negativo operó realmente, toda vez que si bien la resolución que
resolvió el recurso fue proferida antes del vencimiento de los dos meses de que
disponía la Administración para pronunciarse, como no fue notificada
oportunamente al recurrente, debe considerarse ineficaz. La ley misma consagra
como sanción tal ineficacia en el artículo 48 del Código Contencioso
Administrativo.
Así las cosas, la
entidad accionante ha podido acudir a la jurisdicción señalada dentro del plazo
indicado por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, y así
continuar oponiéndose a la decisión de sellamiento del matadero.
No obstante, tal
como lo señala el tercer parágrafo del artículo 60, del mismo Código, la
ocurrencia del silencio administrativo negativo no exime a la autoridad de
responsabilidad ni le impide resolver mientras no se haya acudido a la jurisdicción
contencioso administrativa. De esta manera la resolución que desató el recurso,
puede ser notificada aun con posterioridad al vencimiento de los dos meses de
plazo señalados para la operancia del silencio. A partir de tal notificación,
que debe llevarse a cabo en la forma prescrita por los artículo 44 y 45 del
C.C.A., correrán los términos de caducidad del artículo 136.
Luego en el caso
bajo examen la Corporación accionante tiene o ha tenido dos
oportunidades para acudir ante lo contencioso administrativo: una, cuando operó
el silencio administrativo negativo por falta de notificación oportuna de la
resolución que resolvió el recurso de reposición y en subsidio el de apelación,
y otra, cuando se le notifique en forma legal (si no se ha hecho ya) tal
resolución.
En reiterada
jurisprudencia la Corte ha señalado que la acción de tutela es un mecanismo
residual o subsidiario, que no procede cuando el peticionario dispone de otros
medios de defensa judicial. Así, en sentencia T-480 de 1993 expresó estos
conceptos aplicables al caso sub examine:
"Es claro que
la acción de tutela es un medio judicial subsidiario, que no tiene por fin
reemplazar procedimientos ya previstos en la legislación para hacer valer los
propios derechos.
"Ese carácter
tiene relación con el fin atribuido al mecanismo por la Constitución, esto es,
con la protección cierta e inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
"Así, pues, la
tutela tiene un objeto jurídico específico que no puede extenderse a fines ya
contemplados por el legislador, también dentro del campo de la protección de
los derechos, para los cuales él mismo ha reservado procedimientos o formas
judiciales definidas igualmente como medios de defensa.
"La acción de
tutela está circunscrita así, directamente por la Constitución, a salvaguardar
la efectividad de los derechos fundamentales cuando el ordenamiento jurídico no
ofrece al afectado ninguna otra vía judicial de amparo, pues si esto último
ocurre y el medio correspondiente es idóneo para tal efecto, ninguna razón
tiene la aplicación del procedimiento excepcional y supletorio plasmado en el
artículo 86 de la Carta. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión,.
Sentencia T-480 del 26 de octubre de 1993).
Así pues, en
presencia de otros mecanismos de defensa judicial, no procede la acción de
tutela, salvo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
que sólo puede ser reparado en su integridad mediante  indemnización, con
respecto del cual ha entendido la Corte que es aquel en el cual la amenaza de
daño es inminente y la respuesta o reacción para evitarlo ha de ser urgente e
impostergable[1].
Todas estas
características se echan de menos en el caso sub examine; en especial el
daño entendido como perjuicio injusto de un bien jurídicamente
protegido, que no aparece de manifiesto y menos aún con características de
inminencia.
Por las anteriores
razones, la acción de tutela resulta improcedente en el presente caso.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrado
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:    CONFIRMAR, pero en virtud de las razones expuestas
en esta providencia, el fallo proferido por el Consejo de Estado.
Segundo:   LÍBRENSE por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sent. T-225/93.