T-377-07
Hechos
Sentencia
T-377/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Casos
en que procede/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Condiciones de
subordinación o indefensión/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Subordinación e indefensión
INDEFENSION-Casos en que se presenta
DERECHO DE PETICION-Alcance
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Situaciones
que se presentan/DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Procedencia
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de
objeto
Referencia: expediente T-1536569
Acción de tutela instaurada por María
Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., diecisiete
(17) de mayo de dos mil siete
(2007).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
dentro del
trámite de revisión del fallo único de instancia proferido por el
Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá en la acción de tutela instaurada por
María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
I. ANTECEDENTES
En escrito presentado para reparto ante
los Jueces Civiles Municipales de Bogotá el 1º de diciembre de 2006, por
intermedio de apoderado, las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel
Aza Quintero reclaman el amparo de sus derechos fundamentales de petición y al
debido proceso, presuntamente violados por la sociedad Crear País S.A. Su
solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes:
1. Hechos
Manifiestan las actoras que eran
titulares de un crédito con el Banco Sandard Chartered Colombia, cuya cartera
–incluido su crédito- fue adquirida por la empresa Crear País S.A, demandada
ahora en sede de tutela.
Igualmente indican que el crédito por
ellas adquirido con el banco, ante la falta de pago por parte suya de las
obligaciones con dicha entidad, fue objeto de un proceso ejecutivo. Dicho
proceso correspondió al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá, quien dictó
medida cautelar de embargo de un bien inmueble propiedad de las señoras
Quintero de Aza y Aza Quintero, medida vigente hasta la fecha de interposición
de la demanda de tutela.
Señalan las actoras que el 18 de febrero
de 2002 cancelaron la totalidad de la obligación pendiente que tenían con la
empresa demandada y que ésta se comprometió con ellas a que daría por terminado
el proceso ejecutivo en curso.
En mayo de 2002 –relatan- la abogada que
es apoderada judicial de Crear País S.A presentó la solicitud de terminación
del proceso ante el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá. Dicho despacho
judicial –alegan las demandantes- negó la solicitud porque ésta carecía de
presentación personal.
Así pues, señalan, el 9 de junio de 2004
presentaron una petición a Crear País S.A para que dicha empresa solicitara
nuevamente la terminación del proceso ejecutivo de marras.
Indican las actoras que dicha petición,
hasta la fecha de interposición de la demanda de amparo, no había tenido
respuesta por parte de la entidad demandada.
Adicionalmente manifiestan las señoras
Quintero de Aza y Aza Quintero que la negligencia de la empresa demandada en lo
que respecta a realizar los trámites necesarios para efectuar la terminación
del proceso ejecutivo que se adelanta en su contra, les ha generado graves
perjuicios, pues su situación económica actual hace necesaria la venta del
inmueble objeto de la hipoteca para poder solventar su subsistencia.
De manera general califican la conducta
de la demandada Crear País S.A como omisiva, negligente, desleal y abusiva.
Solicitan que el juez de tutela ampare sus derechos fundamentales al debido
proceso y de petición y que, en consecuencia, ordene a la empresa demandada que
realice el trámite correspondiente para la terminación del proceso ejecutivo
que adelanta el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá en su contra.
2. Trámite de instancia
2.1 Mediante
auto de seis (6) de diciembre de 2006, el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá
admite la acción de tutela presentada por las señoras María Inés Quintero de
Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A. En la misma providencia
dispone solicitar a la entidad accionada que en el término de dos (2) días
informe acerca de lo relacionado con los hechos narrados por las demandantes.
2.2 En escrito
de 14 de diciembre de 2006, Crear País S.A solicita al juez de tutela
abstenerse “de impartir orden alguna en contra de mi representada CREAR PAÍS
S.A, toda vez que mi representada ha cumplido con su deber al punto de buscar
alternativas para tramitar la terminación del proceso de la manera más ágil
posible”.
Explica la
demandada que, efectivamente, el 20 de noviembre de 2000 el Banco Standard
Chartered Colombia (antes Extebandes de Colombia) suscribió un contrato de
cesión de cartera con la Sociedad Ya de Servicios Financieros S.A (Hoy Crear
País S.A, en virtud de un cambio de razón social),  mediante el cual el banco
cedió a la sociedad anónima, entre otros, los derechos litigiosos dentro del
proceso ejecutivo iniciado por el Standard Chartered Colombia contra las
señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero.
Así mismo, señala
que el 21 de marzo de 2002 fue presentada ante el Juzgado 8º Civil del Circuito
de Bogotá copia del contrato de cesión. Ello con el ánimo de que dicho despacho
judicial reconociera a Crear País S.A como cesionario de los derechos del
litigio. Señala que, hasta la fecha, tal calidad no le ha sido reconocida por
parte del juzgado.
Indica la
accionada, que ante la cancelación total de las obligaciones de las señoras
Quintero de Aza y Aza Quintero el 6 de marzo de 2002, Crear País S.A procedió a
solicitar al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá la terminación del proceso
ejecutivo; solicitud que –señala- no fue atendida por la autoridad judicial,
así como tampoco atendió la que hiciera con posterioridad, el 24 de abril de
2002.
Manifiesta que,
nuevamente, el 20 de octubre de 2006 pidió la terminación del proceso y que
tampoco en esta oportunidad le fue concedida.
Por último aduce
que, dado que el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá no le ha reconocido a
Crear País S.A la calidad de cesionaria del crédito de las señoras Quintero de
Aza y Aza Quintero, se ha visto en la obligación de acudir a la colaboración
del liquidador del Banco Standard Chartered para que sea éste quien pida al
Juzgado 8º Civil del Circuito la terminación del proceso ejecutivo.
En este sentido,
agrega que el mismo día en el que se presenta ante el juez de tutela el informe
solicitado en el auto de admisión (14 de diciembre de 2006), el Banco Standard
Chartered Colombia, por solicitud de Crear País S.A, radicó un memorial solicitando
la terminación del proceso ejecutivo por pago total (se anexa copia. Folio 19)
De igual manera,
anexa la accionada copia del escrito mediante el cual da respuesta a la
petición hecha por las demandantes el 9 de junio de 2004. En dicha respuesta se
les informa acerca de la solicitud de terminación del proceso hecha
directamente por el Standard Chartered ante el Juzgado 8º Civil del Circuito de
Bogotá.
II. LA SENTENCIA QUE SE REVISA
El Juzgado 41
Civil Municipal de Bogotá, mediante fallo de diecinueve (19) de diciembre de
2006 resuelve denegar el amparo reclamado por las señoras María Inés Quintero
de Aza y Ana Isabel Aza Quintero.
Considera el
juez de tutela que las demandantes cuentan con otros mecanismos judiciales para
obtener la terminación del proceso ejecutivo hipotecario que se tramita en el
Juzgado 8º Civil del Circuito. En consideración de tal hecho, ante el principio
de subsidiaridad que orienta la acción de tutela de acuerdo con el artículo 86
de la Carta Política, deniega el amparo.
Adicionalmente
considera que la respuesta dada a las demandantes por parte de la demandada
durante el trámite del proceso constituye la superación de cualquier posible
violación del derecho de petición de éstas.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de
los fallos objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
En el presente
caso la Sala debe establecer si la empresa Crear País S.A., entidad de carácter
privado y cesionaria de un crédito adquirido por las señoras María Inés
Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero con el Banco Standard Chartered,
viola el derecho fundamental de petición de estas últimas, considerando que las
demandantes presentaron petición el 9 de junio de 2004, con el fin de que Crear
País S.A. adelantara los trámites necesarios para la terminación de un proceso
ejecutivo que se adelanta en su contra, y según las demandantes hasta la fecha
de presentación de la demanda de amparo tal petición no había sido resuelta.
Para evacuar el
problema así planteado, la Sala deberá, en primer lugar, reiterar la
jurisprudencia de esta Corporación en punto de la procedencia de la acción de
tutela contra un particular; en segundo lugar, analizará el ejercicio del
derecho de petición en relación con particulares;  y por último, abordará el
caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra un particular.
3.1 La acción de
tutela fue consagrada como un mecanismo judicial excepcional para la protección
de derechos fundamentales, cuando los mismos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad pública, o por un particular en determinadas
circunstancias[1].
Los casos en los
que la acción de tutela procederá contra un particular, fueron contemplados por
el legislador en el artículo 42 del Decreto- Ley 2591 de 1991. La consagración
que hizo el legislador extraordinario fue la siguiente:
(…) 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.”
Es necesario
aclarar que mediante la sentencia C-134 de 1994 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa)
fueron declarados exequibles los numerales 1º, 2º y 9º del citado artículo,
salvo las expresiones "para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución",
"para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a
la autonomía" la vida o la integridad de", respectivamente. Consideró
entonces la Corte que la acción de tutela debía proceder siempre contra el
particular que preste cualquier servicio público, por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.
3.2 La Corte
Constitucional ha definido el alcance de las expresiones subordinación e
indefensión en lo que refiere a la procedencia de la acción relacionada en los
numerales 4º y 9º del artículo anteriormente citado. En ello ha señalado una
serie de casos en los que a todas luces el juez de tutela está llamado a
efectuar un estudio de fondo del caso que le es propuesto. Son aquellos en los
que es clara la relación de subordinación del demandante frente al demandado,
tales como la del empleado respecto del empleador[2],
del alumno en relación con los órganos directivos de los centros educativos y
de los copropietarios y residentes frente a los diversos órganos de dirección y
administración de la propiedad horizontal[3]. Subordinación
se define como “sujeción a la orden, mando o dominio de alguien”[4]
y, en el ámbito que nos ocupa se asimila a la potestad que, derivada de la Ley
o de una relación contractual entre las partes del proceso, implica la
existencia de una relación jurídica de dependencia[5].
En relación con
el estado de indefensión, ha definido esta Corporación que esta situación se
presenta, de manera general,  cuando el demandante no tiene posibilidades ni de
hecho ni de derecho para defenderse de una agresión injusta por parte del
demandado[6]. En este mismo sentido,
esta Corte ha manifestado que existe indefensión cuando, aparte del
anteriormente anotado, afloran otros supuestos tales como:
i) la
imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la
forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular;
ii) la
existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la
ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos
fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos,
entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.
iii) el uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro[7].
3.3 En
conclusión, la acción de tutela procederá contra los particulares cuando se
presente alguna de las causales contempladas en el artículo 42 del Decreto-Ley
2591 de 1991. En relación con la procedencia de la tutela contra particulares
por encontrarse el solicitante en estado de indefensión, esta Corporación ha
asumido un criterio amplio, que observa a la situación concreta del demandante
frente al demandado, para establecer si existe o no tal indefensión.
4.
Procedencia del derecho de petición frente a particulares.
4.1 El artículo
23 de la Constitución Política dispone que el derecho de petición es la
facultad que tiene todo ciudadano de formular peticiones respetuosas a las
autoridades y de, en consecuencia, obtener respuesta oportuna y completa por
parte de éstas. Adicionalmente, la Constitución de 1991 igualmente dio cabida
al ejercicio del derecho fundamental de petición frente a organizaciones
privadas, defiriendo en la ley la posibilidad de regular la materia.
Es de anotar
que, pese a la anotada facultad que otorgó en 1991 el Constituyente al
Legislador, hasta la fecha el tema no ha sido objeto de regulación mediante
ley. Por ello, la Corte Constitucional, interpretando directamente la
Constitución ha considerado que existen tres situaciones relativas al ejercicio
de tal derecho contra particulares[8]:
i)  Cuando el
particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad.
ii) Cuando el
derecho de petición constituye un medio para obtener la efectividad de otro
derecho fundamental. Caso en el que puede protegerse de manera inmediata.
iii) Cuando el
particular demandado no actúa como autoridad, el derecho de petición, será un
derecho fundamental sólo cuando el legislador lo reglamente[9].
4.2 Ahora bien, resulta pertinente
señalar aquí que adicionalmente la Corte, interpretando las motivaciones de la Asamblea Nacional Constituyente para ampliar
el ejercicio del derecho de petición frente a particulares, ha concluido que
éste procede cuando entre el petente y la organización privada existe una
relación especial de poder[10]:
"…se extendería el derecho de petición ante organizaciones
particulares para garantizar los derechos fundamentales. Hasta el momento los
individuos se encuentran indefensos frente a los poderes privados organizados,
pues no existen conductos regulares de petición para dirigirse a ellos, cuando
han tomado medidas que los afectan directamente. La extensión de este
derecho a los centros de poder privado, sería una medida de protección al
individuo, que le permitiría el derecho a ser oído y a ser informado sobre
decisiones que le conciernen. El objetivo es democratizar las relaciones en
el interior de las organizaciones particulares y entre estas y quienes dependen
transitoria o permanentemente de la decisión adoptada por una organización
privada.
El alcance de la expresión "organización privada" que
emplea el art. 23 de la Constitución sugiere la idea de una reunión o concurso
de elementos personales, patrimoniales e ideales, convenientemente dispuestos
para el logro de ciertos objetivos o finalidades vinculados a intereses
específicos, con la capacidad, dados los poderes que detenta, para dirigir,
condicionar o regular la conducta de los particulares, hasta el punto de
poder afectar sus derechos fundamentales” [11].
4.3 Así pues, en conclusión, es necesario
señalar que el derecho de petición puede ser ejercido frente a particulares,
pues la Constitución misma señaló esa posibilidad. Ahora bien, aunque el
legislador no haya aún regulado la materia, esta Corporación, interpretando el
artículo 23 de la Carta ha señalado que si
un particular asume una posición de supremacía material -con relevancia
jurídica- frente al usuario, que rompe el plano de igualdad que en principio
puede predicarse de las relaciones entre los particulares, y por ende está en
capacidad  de vulnerar un derecho, será posible el ejercicio del derecho de
petición en los términos del artículo 23 de la Carta.
5. Caso
concreto
5.1 Las señoras
María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero demandan a la empresa
Crear País S.A por la supuesta violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de petición. Ello porque la demandada no ha dado respuesta a
una petición que éstas hicieran el 9 de junio de 2004 en el sentido de que
Crear País S.A solicitara ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá la terminación,
por pago total de las obligaciones pendientes, de un proceso ejecutivo que se
adelanta contra ellas por concepto de una deuda contraída por las actoras con
el Banco Standard Chartered Colombia y que fue cedido a Crear País S.A.
La entidad
demandada aduce que en reiteradas oportunidades ha pedido al juzgado la
terminación del mentado proceso, pero que su solicitud ha sido desestimada por
la autoridad judicial en consideración a que no ha reconocido la calidad de
cesionaria del crédito de Crear País S.A.. Adicionalmente, informa al juez de
tutela que en el trámite de la acción dio respuesta a la petición que hicieran
las demandantes el 9 de junio de 2004 y que en dicha respuesta se les informó
que adelantó gestiones con el liquidador del Banco Strandard Chartered y que
éste ya solicitó, en nombre de dicha entidad, la terminación del proceso
ejecutivo.
5.2 De antemano
es necesario verificar que en el presente caso, porque el demandado es una
empresa de carácter privado, se cumplan los requisitos de procedencia que para
casos como el presente han delimitado la ley y la jurisprudencia.
En este sentido,
resalta la Sala de Revisión que salta a la vista que la situación de las
señoras Quintero de Aza y Aza Quintero es una en la que se puede predicar la
indefensión respecto de la empresa Crear País. S.A.. Cabe reiterar aquí lo que
quedó señalado en las consideraciones generales de esta sentencia,  al
considerar que la situación de indefensión se determina, entre otros, por la
existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la
ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos
fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos,
entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. Así pues, claramente
el vínculo contractual que se deriva del acto de cesión del contrato de mutuo
que hiciera el Banco Standard Chartered a la sociedad Crear País S.A. establece
un vínculo contractual entre las demandantes y la demandada. Es decir, al ceder
el contrato, Standard Chartered cedió, literalmente, su posición jurídica a
Crear País S.A.
Ahora,
adicionalmente hay que considerar que la relación contractual que existe entre
las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero, y la Sociedad Crear País S.A tiene
la potencialidad de violar derechos de rango constitucional. Como se deriva
claramente de los hechos que motivan la presente acción, el contrato de mutuo
de la que la demandada es cesionaria tenía una garantía hipotecaria, una
vivienda propiedad de las demandantes y, por ende, en la relación entre
demandantes y demandadas existe la posibilidad de la pérdida de dicha vivienda,
afectando de esta manera un derecho constitucional que, por conexidad, podría
vulnerar a su  vez otros derechos constitucionales, éstos de rango fundamental.
Queda, pues,
establecida la procedencia de la acción de tutela en el presente caso, pues se
trata de uno de aquellos en los que existe indefensión de un particular frente
a otro particular.
5.3 Es necesario
entonces entrar a dilucidar los aspectos de fondo que ofrece la presente acción
y, en este sentido, la primera pregunta a la que debe responder la Sala es si
las actoras estaban facultadas para, en los términos del artículo 23 de la
Carta, ejercer el derecho de petición en relación con  la empresa Crear País
S.A..
Como quedó
anotado en las consideraciones generales de esta sentencia, la regulación de la
posibilidad del ejercicio del derecho de petición frente a particulares, quedó
relegada al legislador, quien hasta la fecha no ha expedido Ley sobre la
materia. Por ello esta Corte ha decantado en su jurisprudencia ciertos casos en
los que le es dado al interprete de la Carta entender que sí existe derecho de
petición entre particulares.
Para el caso que
se estudia en esta sentencia, resulta de especial relevancia aquella regla
desarrollada por la Corporación en el sentido de que los particulares podrán
hacer peticiones a los particulares (como se dijo ya, en el sentido del
artículo 23 de la Carta) cuando un particular asume frente a otro una posición de supremacía material -con
relevancia jurídica- , que rompe el plano de igualdad que marca, por principio,
las relaciones entre los privados.
Observa la Sala,
que ésta es la situación presente en el caso. Y así como la cesión del contrato
de mutuo en la que Crear País S.A asume la calidad de acreedor de las señoras
Quintero de Aza y Aza Quintero sirve de explicación  a la procedencia de la
presente acción, de igual manera dicha relación contractual, que tiene por consecuencia
que la sociedad comercial asume la posición dominante que tenía la entidad
bancaria frente a las demandantes en sede de tutela, es argumento para explicar
por qué sí pueden estas últimas hacer peticiones reguladas por el artículo 23
constitucional ante la primera.
5.4 En el
sentido de lo anterior, entonces, la petición hecha por las señoras Quintero de
Aza y Aza Quintero a Crear País S.A. con el objeto de que esta útlima
adelantara el trámite de terminación del proceso ejecutivo debía ser contestada
por la empresa en el término de diez (10) días previsto para tal efecto.
Es claro que la
respuesta dada por la entidad demandada excede con creces dicho término, pues
fue hecha el 13 de diciembre de  2006, más de dos años y seis meses luego de
que se hubiere hecho la solicitud. Sin embargo, como se observa en el
expediente, la empresa Crear País S.A. contestó –como lo informó al juez de
primera instancia- durante el trámite de la acción de tutela, generando por
ello una carencia actual de objeto en la misma.
Ha dicho esta
Corporación respecto de la carencia actual de objeto en el trámite del proceso
de tutela que éste se presenta cuando, al momento de producirse el fallo,
verificada la violación de un derecho fundamental, no existe razón lógica alguna
para impartir una orden al ente accionado[12]. Es el caso
que se presenta en la sentencia que nos ocupa.
Considera
adicionalmente la Sala, que la pretensión de las actoras en la demanda de
amparo también se encuentra satisfecha en la respuesta que da la empresa Crear
País S.A. Como quedó reseñado en la exposición de antecedentes de este fallo,
por circunstancias que no son de competencia de esta Corte, el reconocimiento
de la cesión del crédito de las demandantes no ha sido efectuada por parte del
Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá. En consecuencia, y es esta la
respuesta que da la entidad demandada a las petentes y con la cual configura la
carencia actual de objeto ya señalada, la empresa demandada acude directamente
al banco en liquidación, titular de los derechos litigiosos mientras no se
reconozca otra realidad procesal por parte del juez que tramita el ejecutivo,
para que sea éste quien solicite la terminación del proceso en mención.
Verifica la Sala que existe en el expediente copia (con sello de radicación)
del oficio enviado el 13 de diciembre de 2006 al Juzgado 8º Civil del Circuito
de Bogotá por parte del liquidador del Banco Standard Chartered Colombia,
solicitando la terminación del proceso ejecutivo en contra de las actoras y el
levantamiento de todas las medidas cautelares[13].
5.5 Por último,
es necesario indicar que, dado que en el trámite del proceso de tutela
sobrevino un hecho que configuró la carencia actual de objeto (la contestación
a la petición), el juez único de instancia debió, en lugar de negar el amparo
(menos aún aplicando el criterio de subsidiariedad de la acción
constitucional), evidenciar la situación de la superación del objeto de la
demanda y así declararla. Como consecuencia de ello, esta Corte revocará el
fallo que revisa para en su lugar declarar la carencia actual de objeto y, por
ende, abstenerse de impartir orden alguna.
IV. DECISIÓN
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia del
diecinueve (19) de diciembre de 2006 proferida por el Juzgado 41 Civil
Municipal de Bogotá, negando el amparo en la tutela promovida por María Inés
Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
Segundo.- En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto en dicha acción, razón por la cual no se impartirá
orden alguna.
Tercero.-
Tercero.- PREVENIR a la demandada Crear País S.A.
para que en lo sucesivo responda dentro de los términos establecidos por la
Constitución y las leyes las peticiones presentadas por sus usuarios.
Cuarto.- LÍBRESE,
por Secretaría, la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Artículo 86 de la Constitución Política.
[2] Ver, entre otras muchas, las Sentencias T-627/04, T-362/04 y
T-165/04.
[3] Ver las Sentencias T-761/04, T-1193703,  T-633/03, T-596/03 y
T-555/03, entre otras.
[4] Según la vigésimo primera edición del Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española.
[5] Ver T-808/03  y T-290 de 1993.
[6] Sentencia T-761 de 2004.
[7] Ver Sentencias T-761 de 2004 y T-277 de 1999 (M.P.: Alfredo Beltrán
Sierra).
[8] Ver la Sentencia T-001 de 1998, reiterada, entre otras, en las
sentencias T-111/02, T-1193/03 y T-345/06.
[9] Ver sentencia
T-147 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] Ver Sentencia T-345 de 2006. En el caso de las entidades bancarias,
por ejemplo, dijo la Corte en la sentencia .
[11] Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de
Colombia, Presidencia de la República, Febrero de 1991, p. 135.
[12] Ver Sentencias T-756/06 y 271/01, entre muchas.
[13] A Folio 19.