T-659-13
Exp.T-3935122
Sentencia T-659/13
DIVERSIDAD
ETNICA Y CULTURAL-Protección
constitucional/DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL EN LA CONSTITUCION DE 1991-Reiteración
de jurisprudencia
Con el cambio que se originó a raíz de la Carta
de 1991, se le dio un estatus constitucional a los grupos minoritarios, como el
de las comunidades indígenas, se cambió el modelo que pretendía y buscaba la
asimilación e integración de estos grupos por otro paradigma en el que se
reconoce y garantiza el pluralismo, la multiculturalidad y la participación de
las minorías. Esta ha sido la manera en que el Constituyente de 1991 reconoció
los múltiples y diversos abusos, maltratos, discriminaciones e injusticias
históricas que han sufrido estas etnias, como consecuencia de lo cual parece
inminente su extinción cultural y física. Así en la Constitución de 1991 se
refleja una conciencia histórica y jurídica del valor de las culturas nativas y
de las comunidades tradicionales, y especialmente de sus “valores y tradiciones
culturales, ancestrales, lingüísticas, artísticas, religiosas, sociales y
políticas”.  En consecuencia, esta Corporación ha expresado que el
multiculturalismo encuentra fundamento constitucional en las premisas relativas
a “(i) que en Colombia existen diversidad de culturas e identidades étnicas,
(ii) que todas son merecedoras de un mismo trato y respeto, (iii) que todas son
constitutivas de la identidad general del país y (iv) que todas son titulares
-en igualdad de condiciones- del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el
territorio con el paso del tiempo.”
AUTONOMIA
DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DERECHOS INDIVIDUALES DE SUS MIEMBROS-Criterios para solución de conflictos que puedan
presentarse
COMUNIDAD
INDIGENA-Reconocimiento de la
autonomía indígena exige que, en principio, el Estado y por lo tanto el juez de
tutela se abstenga de involucrarse en los conflictos internos
AUTORIDAD
INDIGENA-Facultad de ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial con sus propias
normas y procedimientos siempre que no sean contrarias a la Constitución y la
ley
En relación con
las funciones jurisdiccionales que ejercen constitucionalmente las autoridades
indígenas dentro de su territorio, el cual es “…reconocido legalmente bajo la
figura del Resguardo [y es] habitualmente ocupado por la comunidad indígena”;
la jurisprudencia constitucional ha establecido que debe analizarse (i) a cuál
grupo étnico pertenecen los posibles infractores, para así determinar la
competencia; (ii) debe tenerse en cuenta el principio de maximización de la
autonomía; (iii) pero igualmente deben señalarse los límites
constitucionalmente válidos, en respeto de dicha autonomía, que se le pueden
exigir a las autoridades indígenas, tales como el respeto del derecho a la
vida, la prohibición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la
esclavitud, por ser éstos los bienes jurídicos más valiosos del hombre y que
hacen parte del “grupo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados
internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera
en caso de conflicto armado”. En el mismo sentido, la Corte ha señalado
que la jurisdicción indígena debe respetar el debido proceso, lo cual
constituye una exigencia constitucional que se deriva del propio artículo 246
Superior. A este respecto, ha sostenido que el trámite, proceso o juicio, según
sea el caso de que se trate, debe ser seguido por la jurisdicción indígena
respetando lo habitualmente realizado en la etnia indígena afectada en la
situación correspondiente.
JURISDICCION
ESPECIAL INDIGENA-Elementos
fundamentales que ha reconocido la jurisprudencia
La jurisprudencia de esta Corporación,
desde tempranas decisiones se ha pronunciado en relación con los elementos que
componen la jurisdicción indígena, la cual incluye elementos humanos,
orgánicos, normativos, geográficos y de no contradicción con la Constitución
Política. Acerca de este tema, este Tribunal ha sintetizado que la jurisdicción indígena incluye: “ .- Un
elemento humano, que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su
origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural;.- Un
elemento orgánico, esto es la existencia de autoridades tradicionales que
ejerzan una función de control social en sus comunidades;.- Un elemento
normativo, conforme al cual la respectiva comunidad se rija por un sistema
jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales,
tanto en materia sustantiva como procedimental;.- Un ámbito geográfico, en
cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio, el
cual según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con
sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades..-
Un factor de congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de
estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley.”
COMUNIDAD
INDIGENA-Importancia del territorio
como elemento esencial y protección a través de Convenios y tratados
internacionales
Los Estados han adoptado mecanismos de orden
internacional e interno para la protección de las minorías étnicas, y
especialmente de los grupos indígenas. El pluralismo de la sociedad es
alimentado por estos grupos, por lo tanto, merecen ser respetados en sus
creencias, costumbres, tradiciones y derecho indígena. Del mismo modo, se ha
procurado la protección del territorio que estos pueblos habitan, por la
importancia y el papel fundamental que la tierra juega, “tanto para su
permanencia y supervivencia, como para su desarrollo político, económico y
social, de acuerdo con su cosmovisión y tradiciones”.
JURISDICCION
INDIGENA Y JURISDICCION ORDINARIA-Reglas
para la solución de tensiones
PRINCIPIOS
QUE PUEDEN SER APLICADOS PARA LA SOLUCION DE CASOS RELACIONADOS CON CONFLICTOS
O TENSIONES ENTRE LA NORMATIVIDAD ORDINARIA O NACIONAL Y LA NORMATIVIDAD DE
CADA UNA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
De conformidad con la Constitución Política en su
artículo 229 Superior, todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho
fundamental de acceder a la justicia, y por tanto, tener acceso a que se
protejan sus derechos fundamentales a través del ejercicio de la acción de
tutela, de manera que la población indígena también puede acceder a la misma.
En este último caso el juez para valorar, debe tener en cuenta la existencia
del fuero indígena y que se hayan respetado los parámetros de solución de
asuntos y conflictos que existan en la comunidad respectiva, de conformidad con
los usos y costumbres propias de la cultura jurídica de la misma. De esta forma,
la jurisprudencia de esta Corte ha establecido como regla, que cuando uno de
los miembros de estas etnias indígenas solicite la intervención del juez de
tutela en asuntos internos, deben haber agotado en principio, los
procedimientos que haya establecido su comunidad para la solución de dichos
asuntos y conflictos internos. De
otra parte, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido algunos principios
generales de interpretación para la solución de conflictos entre la
jurisdicción indígena y la ordinaria, los cuales son aplicables igualmente a la
interposición de acciones de tutela: (a) El principio de “maximización de la
autonomía de las comunidades indígenas” y correlativamente el de “minimización
de las restricciones a su autonomía”; (b) El principio de “mayor autonomía para
la decisión de conflictos internos”, según el cual “el respeto por la autonomía
debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional
involucra solo a miembros de una comunidad que cuando el conflicto involucra dos
culturas diferentes, debido a que en el segundo caso deben armonizarse
principios esenciales de cada una de las culturas en tensión”; (c)
El principio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”,
el cual es formulado por la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta
dos factores: uno fáctico, relativo a la constatación histórica de una menor
aculturización de la comunidad indígena, o con otras palabras, de una mayor
conservación de sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales; y el otro
factor, normativo, que se refiere a la mayor vigencia y eficacia de sus
reglamentos internos o legislación indígena propia. De esta manera, esta
Corporación ha formulado como criterio de interpretación, que a un mayor nivel
de conservación de su cultura y legislación interna, debe existir un mayor
respeto por la autonomía de la comunidad indígena respectiva.
JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Límites
La
jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, que el reconocimiento
constitucional de la jurisdicción indígena no es absoluto, pues se encuentra
dentro de los límites que le imponga la Constitución y la Ley. Así, ha
sostenido que los límites a la autonomía de las comunidades indígenas hacen
referencia a aquello que se torne en intolerable, desde el punto de vista de
los Derechos Humanos, en el marco de un consenso intercultural lo más amplio
posible, entendiendo como tales, vulneraciones al derecho a la vida, la
prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y los principios del
debido proceso y de legalidad, especialmente, en materia penal. Adicionalmente,
en casos de conflictos de naturaleza penal, esta Corte ha impuesto como límite
a la potestad sancionadora de las autoridades indígenas, la prohibición de
imponer penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 38 C.P.
COMUNIDADES INDIGENAS-Derecho a constituir resguardos
PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS RESGUARDOS RENUNCIA A LA
JURISDICCION Y AL FUERO INDIGENA-La
Corte ha establecido tangencialmente la posibilidad de esta renuncia
La
posibilidad de renuncia a la jurisdicción indígena o al fuero especial, se
da en los siguientes casos: (a) la renuncia de la comunidad al ejercicio de la
jurisdicción indígena, (b) la renuncia del miembro de la comunidad al fuero,
por considerar que no se considera indígena o que desiste o reniega de dicha
calidad; y (c) la sanción por parte de las autoridades indígenas que ante
determinadas conductas del miembro de la comunidad establecen como pena la
renuncia a ser miembro de la comunidad a que pertenecen.
TERRITORIO INDIGENA-Relevancia constitucional
TERRITORIOS
INDIGENAS-Inembargables, inalienables
e imprescriptibles según Convenio 169 de la OIT
ACCION
DE TUTELA DE MIEMBRO DE COMUNIDAD INDIGENA-Procedencia por encontrarse en situación de subordinación e indefensión
respecto al Resguardo
En
cuanto a la procedencia de la acción de tutela, el Tribunal encuentra que la
acción tutelar que ahora se revisa es procedente, por cuanto la jurisprudencia
pacífica de esta Corporación ha sostenido que el mecanismo de protección de
tutela puede ser enervado tanto por la comunidad como un todo, como también por
los miembros individualmente considerados de una comunidad indígena, con el fin
de proteger sus derechos fundamentales. En este último caso, los individuos de
una comunidad están legitimados para interponer la acción de tutela frente a
actos o decisiones adoptadas por las autoridades tradicionales competentes de
la comunidad, que consideran han vulnerado sus derechos fundamentales. Esta
regla se ha fijado, por cuanto, como quedó expuesto de manera detallada en la
parte considerativa de esta sentencia, si bien la Constitución y la
jurisprudencia de esta Corte han reconocido y garantizado de manera prevalente
la autonomía, el fuero y la jurisdicción indígena, también han establecido y
desarrollado el principio de no contradicción con la Constitución, con el fin
de proteger derechos fundamentales y bienes jurídicos esenciales del
ordenamiento jurídico constitucional. Igualmente, este Tribunal ha evidenciado
que los miembros de las comunidades indígenas se encuentran en una situación de
subordinación e indefensión respecto de la estructura institucional y organizativa
del respectivo Resguardo, ya que no existen procedimientos de control judicial
al interior de las mismas comunidades a través de superiores jerárquicos de
tales autoridades a las cuales pueden recurrir.
PRINCIPIO A MAYOR CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL, MAYOR AUTONOMIA-Jurisprudencia
constitucional
PRINCIPIO DE MAXIMIZACION DE LA AUTONOMIA INDIGENA-Naturaleza/MINIMIZACION RESTRICCION AUTONOMIA DE
COMUNIDAD INDIGENA-Naturaleza
Como
parte de la serie de derechos reconocidos y garantizados, reviste especial
relevancia para el caso bajo estudio, el que la Constitución de 1991 haya
consagrado la jurisdicción y el fuero especial indígena, a partir del cual, la
jurisprudencia de esta Corporación en desarrollo de su alcance normativo, ha
establecido una serie de principios hermenéuticos para la solución de casos
relacionados con conflictos o  tensiones entre la normatividad ordinaria o
nacional y la normatividad de cada una de las comunidades indígenas, principios
que la Sala aplica al caso bajo estudio. Los principios más relevantes que ha
establecido la Corte son el de “maximización de la autonomía de las comunidades
indígenas y la minimización de las restricciones”, el de “mayor autonomía para
la decisión de conflictos internos”, y el principio según el cual “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”. (i) En aplicación del
primer principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y
minimización de las restricciones, debe dársele mayor prevalencia a la
autonomía de la comunidad indígena del Resguardo del Departamento del Cauca, y
a las decisiones adoptadas por sus autoridades ancestrales, tales como el
Gobernador, el Cabildo y la Asamblea General de la comunidad. Lo anterior, por
cuanto la decisión que ahora se controvierte por el accionante en relación con
la orden de entrega de las tierras que le fueron adjudicadas al mismo y a su
familia, constituye una decisión que trata (a) sobre un asunto de carácter
interno de la comunidad; (b) las tierras son de propiedad colectiva del
Resguardo; (c) la decisión se adoptó de conformidad con los usos, costumbres y
procedimientos preestablecidos por la comunidad de conformidad con su fuero y
jurisdicción que la Constitución les reconoce; (d) la decisión se tomó teniendo
en cuenta que el accionante y su familia renunciaron a pertenecer al Resguardo,
tal y como consta en las Actas de las Asambleas de la comunidad que obran en el
expediente; y (e) la decisión no resulta violatoria de derechos fundamentales
básicos para la Carta Política de 1991 tales como la vida, la prohibición de
tortura, de esclavitud, violación del debido proceso, ni se trata de una
sanción de carácter penal.
ACCION DE TUTELA DE MIEMBRO DE COMUNIDAD INDIGENA-Caso en que el accionante y su familia renunciaron al
censo y expresamente a pertenecer a la comunidad y al Resguardo, lo que
conlleva a perder beneficios como el usufructo de la tierra
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Improcedencia de tutela para proteger situaciones que
hacen parte del fuero interno de la comunidad indígena
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-No vulneración por decisión de la Asamblea General la
desadjudicación de parcelas de tierra a quienes eran miembros de la comunidad
pero que de manera voluntaria decidieron renunciar a ella o abandonarla
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Miembros que renunciaron a la Comunidad tienen derecho
a que se les reconozca mejoras en parcelas de tierra y a que se les garanticen
sus derechos como son su inserción dentro del régimen subsidiado de salud y en
el programa de Familias en Acción
Referencia: expediente T-3935122
Acción de tutela instaurada por José Cruz Ecué
Gutierrez, contra el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá·, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos
mil trece (2013)
La Sala de Selección Número Nueve de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María
Victoria Calle Correa y Mauricio Gonzalez Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por
el juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia-Cauca, que resolvió la acción de
tutela instaurada por José Cruz Ecué Gutierrez, contra el Resguardo Indígena
Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe Municipio de Páez.
La presente acción de tutela fue escogida para revisión
por la Sala de Selección Número Seis, mediante Auto del 06 de junio de 2013 y
repartida a la Sala Número Nueve de esta Corporación para su revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. De los
hechos de la demanda
1.1  El demandante, acogiéndose al artículo 13 de la
CP, denuncia que cuatro familias de la comunidad indígena de la Villa de Itaibe
Páez Cauca y Huila fueron objeto de atropellos por pertenecer a la asociación
OPIC y por restricción de libertad de culto.
1.2  Afirma que el 7 de febrero de 2011 el Gobernador del
Resguardo accionado mediante versión verbal insistió que las casas en que vivían
les fueran devueltas al Cabildo, prometiendo reconocerles un millón de pesos
por las mismas, a pesar de saber que el costo era de dos millones de pesos y
algo más, y se sintieron presionados cada día por el Gobernador y los
profesores del Resguardo.
1.3 Sostiene que en escrito del 10 de julio de 2011,
el Gobernador José Olmedo Baiceu manifestó que en Asamblea se decidió, en el
segundo punto del Acta, solicitar las casas, y en el tercero, se le dio un
plazo para la entrega hasta el 30 de julio de ese año. Sostuvo que como tenían
cultivos de café en las parcelas, solicitaron un plazo para recoger la cosecha
de las 41.500 matas de café que habían sembrado para las cuatro familias
afectadas, incluyendo a su padre de 76 años. Afirma que tuvieron que dejar todo
sin reconocimiento del Cabildo, el cual solo les reconoció la casa, por el
valor ya señalado, “sabiendo que estos subsidios eran del Estado”, y que
el mejoramiento de las tierras se hizo por su propio esfuerzo.
1.4 De otra parte el señor Justo Ecué, padre del
accionante, manifiesta llevar años al servicio del Cabildo, frente al cual
considera que le ha desconocido su servicio y trabajo en el mismo, y que ahora
que pertenece a otro grupo, el OPIC, los dirigentes del mencionado Cabildo
indígena decidieron despojarlos de los bienes y tierras. Por tal motivo,
solicita al juez se valore su caso, ya que afirma que ha sido afectada su
familia extensa y requiere ser indemnizado por su trabajo en el resguardo que
usufructúo el Cabildo.
1.5 Menciona el accionante que el Resguardo no ha
comprado las tierras en cuestión, ya que a raíz de la avalancha del rio Páez en
el año de 1994, los terrenos fueron comprados por los Nasa Kiwe y entregados al
INCORA para las familias afectadas. Por tal motivo, considera que esa tierra no
puede ser expropiada, puesto que fue comprada por el Estado y pertenece a las
personas afectadas por derecho propio y de posesión.
1.6 Señala que en la legislación indígena en el título
II, capitulo I “de los derechos, garantías y deberes”, en su artículo 34
consagra que  se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación,
y que si las comunidades lo hacen violan la Constitución, la ley, los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.
1.7 Argumenta que el 28 de febrero de 2011 fue
despojada la primera familia por el Gobernador del Resguardo y el 28 de agosto
del mismo año despojaron de los cultivos de café a las 4 familias Ecué Cruz,
quedando por tal motivo en calidad de desplazados. Adicionalmente, sostiene que
fueron desvinculados de Familias en Acción, de protección social y del carnet
de salud por pertenecer a la OPIC, todo lo cual fue dirigido, según el actor,
por el Gobernante Baicue.
1.8 Indica que el 22 de enero el Consejero Mayor y los
miembros de la OPIC dan a conocer los atropellos de los cuales fueron víctimas
ante la Gobernación del Cauca y la Alcaldía, con el fin de conciliar la
situación, por cuanto consideran que se lesionaron sus derechos a la vida, al
trabajo, a la salud, a la educación, y por tanto, solicitan que se protejan sus
derechos fundamentales y constitucionales, y que se les respete los derechos al
debido proceso, a la defensa, al buen nombre, a la honra e intimidad, y al
principio de favorabilidad e igualdad ante la ley.
1.9 Expresa que la OPIC  está constituida de acuerdo a
lo contemplado en el artículo 38 de la Constitución Política, en concordancia con
el Decreto 1088 del 10 de junio de 1993 y la Resolución 0073 del 3 de
septiembre de 2009, y señala que es una entidad de derecho público de carácter
especial.
1.10 Menciona que ellos se acogen a la Constitución Política
y a la Ley 21 de 1991 y menciona los artículos 7 y 13 CP. Por lo anterior,
considera que ninguna organización indígena puede desconocer ni estar por
encima de la Constitución Política, amparándose en la ley indígena de origen, en
el derecho mayor o en el derecho interno. En este sentido, denuncia la
violación de los Derechos Humanos mediante la Resolución No. 001 del 14 de
abril de 2012 hecha por los Gobernadores, profesionales y líderes que firman
del Resguardo demandado.
1.11 De conformidad con lo anterior, (i) solicita al
juzgado del circuito, proteger a la población que ha sido víctima del desplazamiento
o en riesgo de estarlo, así como a los miembros de la asociación de autoridades
tradicionales OPIC, para que no sean discriminados y sacados de su territorio
indígena, por cuanto ello es una violación de los DDHH y DIH en sus territorios
por causa del conflicto armado y otras situaciones que se viven en el país; (ii)
que sean sancionados los docentes que firmaron el acta de destierro de las
familias por incoherencias en el desarrollo de sus funciones; (iii) que se
ordene el cumplimiento de conciliación de manera inmediata y efectiva, para la
construcción de alternativas dentro de un marco de respeto a las minorías
étnicas que se encuentran en riesgo de extinción; y (iv) que se dé seguimiento
al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 a la población desplazada y las actividades requeridas para el desarrollo de ese objetivo, conforme con las
especificaciones dadas por el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos
Indígenas.
2. Respuesta de la entidad accionada
El Gobernador del Resguardo de Piskwe Tha Fxiw, Genaro
Castro Baicue, dio respuesta a la demanda de tutela instaurada contra el Gobernador
del Resguardo ya mencionado de la siguiente manera:
2.1 Señala que (a) la tierra de los Resguardos es
colectiva, artículo 329 CP, y lo que cada miembro del mismo ostenta es una
adjudicación realizada por la autoridad del Resguardo conforme a las normas,
usos, costumbres tradición y formas culturales; (b) la Asamblea es la máxima
autoridad del Resguardo y delega su representación en el Cabildo y el Gobernador
elegido, el cual ejerce la voluntad de la Asamblea y del Cabildo; (c) la Constitución
y las leyes reconocen el principio de autodeterminación de los pueblos
indígenas y su jurisdicción especial; (d) los recursos del Resguardo son para
los miembros activos del mismo; (e) que se debe hacer parte del censo y de la
vida comunitaria del Resguardo y cumplir con los deberes establecidos por la
autoridades para ser beneficiarios de los recursos del Resguardo y ser
considerados miembros de esa comunidad; (f) que la obligación del Gobernador y
el Cabildo es cumplir con los mandatos de la Asamblea y velar por los recursos
del Resguardo para que sean usufructuarios los miembros debidamente incluidos
en el censo, y de no hacerse así, se harían merecedores de las sanciones por
parte de la comunidad; y (g) que la OPIC no tiene injerencia en su territorio.
2.2 Aduce que las familias del accionante por voluntad
propia decidieron no pertenecer más al Resguardo, por lo cual no están en el
censo del mismo dejando de pertenecer a la comunidad del Resguardo Piskwe Tha
Fxiw, renuncias que fueron hechas el 26 de junio de 2010 y ratificadas en la Asamblea
del 28 de junio de 2010.
2.3 Sostiene que desde el año 2010 se les había
informado de la necesidad del Cabildo de disponer de las parcelas adjudicadas a
ellos, por cuanto habían decidido no pertenecer  más al Resguardo. En el año 2011
las familias ratificaron que no deseaban pertenecer al Resguardo y pidieron un
tiempo para permanecer en las parcelas lo cual se les concedió, pero al no
haber armonía en la convivencia se acordó el pago de las mejoras, insumos y
cultivos dándole un millón de pesos por concepto de la casa a José Manuel
Marino Ecué y otro millón a José Cruz Ecué, un millón más a Avelino Ecué por
los cultivos y dos millones a Justo Ecué por la casa, pagos que se hicieron
como apoyo a las familias mencionadas. Así mismo, afirma que dentro de la concepción
del territorio Nasa, éste es un todo y las mejoras que se hagan se entienden
parte del mismo, y por consiguiente son de propiedad colectiva.
2.4 Señala, en cuanto a lo afirmado por el actor con
relación a la Asamblea del 10 de junio de 2011, que no es cierto por cuanto se procedió
de acuerdo a los usos procedimientos y costumbres de su Resguardo, ejecutando
una decisión legítima de la Asamblea, y que por lo tanto, no es una decisión arbitraria
o abusiva, reiterando además, que las familias por su propia voluntad
decidieron no hacer parte del Resguardo, ni inscribirse en el censo.
2.5 Afirma que las familias quejosas fueron reasentadas
en un territorio, en igualdad de condiciones con el territorio que ocupaban con
anterioridad, tras la catástrofe del 6 de junio de 1994, es decir, que al Cabildo
le entregaron las tierras y posteriormente fueron adjudicadas de acuerdo a sus
usos y costumbres, y reitera que las tierras indígenas son colectivas,
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2.6 Alega que la voluntad de las familias fue decidir
dejar de pertenecer a su territorio, por lo cual la colectividad es quien debe
usufructuar los recursos propios del Resguardo, y por lo tanto, es obligación
de las autoridades del mismo velar por los intereses y derechos colectivos de
su comunidad y administrar los recursos del Resguardo al igual que cumplir con
los mandatos de la Asamblea.
2.7 Fundamenta sus derechos con base en los artículos
7, 246, 329, 330 CP, el art 7 numeral 1 de la Ley 89 de 1990 y en los artículos
286 y 287 de la CN, en donde se habla de la autonomía de las entidades
indígenas, y reafirma que la tierra indígena es colectiva y por lo tanto es inalienable,
imprescriptible e inembargable.
2.8 Finalmente solicita no conceder las pretensiones
del accionante, haciendo mención a la jurisprudencia constitucional, en donde
se avala “las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio de
acuerdo con sus propias normas”, por lo cual el Resguardo tomó una decisión
jurisdiccional frente al accionante de conformidad con sus usos y costumbres  y
respetando los principios consagrados en la Constitución Política.
3. Fallo de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de Páez
Belalcazar-Cauca, en Sentencia del 18 de febrero de 2013, resolvió: “Primero: Denegar
la acción constitucional invocada por el accionante José Cruz Ecué Gutiérrez en
relación con la protección a los Derechos a la igualdad, dignidad, libre
desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, prohibición de destierro
y confiscación…
Segundo: Conceder la acción
constitucional a favor del señor José Cruz Ecué Gutiérrez, en relación con el
derecho consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, en relación
con el reconocimiento, tasación y pago de las mejoras, en el evento de existir,
efectuadas en las parcelas que le fueron desadjudicadas por decisión de la Asamblea
General de Comuneros del Resguardo Indígena Pichwe Tha Fxiw de la Villa de
Itaibe, municipio de Páez.
Tercero: Ordenar, la mediación respecto
del cumplimiento del punto anterior, del señor Personero Municipal de Páez, Dr.
Diego Mesias Belalcazar Yocue en desarrollo de su función como Ministerio
Público, del señor Alcalde del municipio de Páez Sr. Samuel Tumbo, del Consejo
regional Indígena del Cauca –CRIC-, del Ministerio del Interior Oficina de
Asuntos Indígenas y de la Defensoría del Pueblo Nacional y Regional,
adelantando las actuaciones necesarias al efecto en un término de cuarenta y
ocho horas (48) a partir de las notificaciones de la decisión aquí adoptada,
con el objeto de llegar a soluciones pacíficas y concertadas sobre el
reconocimiento de las mejoras existentes en las parcelas desadjudicadas, para
que la problemática aquí expuesta no se convierta en un problema de orden
público en la Región de Tierradentro municipio de Páez, supremamente afectada
por diversos fenómenos sociales que la tienen sumida en condiciones de pobreza
y violencia;…”.
Para adoptar la anterior decisión, el juez
de instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
(i) Aduce que le asiste razón al Resguardo
accionado en la desadjudicación de las parcelas, por cuanto el señor Ecué y su
familia voluntariamente se desvincularon de la comunidad al retirarse del censo
del Cabildo organizado localmente por el CRIC, y nacionalmente por la ONIC, y
decidieron vincularse a la organización OPIC. Sostuvo que esta decisión no es
una sanción impuesta por la Asamblea, sino que dicha orden se dio en relación
con el derecho fundamental a la propiedad colectiva y siguiendo los
lineamientos legales establecidos en la Ley 89 de 1990. Recuerda que la OPIC
tiene asignados territorios en parte de algunos sectores del departamento del Chocó.
Indica que, en cuanto al derecho al libre desarrollo de la personalidad
consagrado en el artículo 16 Superior, no vislumbra vulneración, pues se
evidencia el ejercicio del mismo al renunciar ser inscrito en el censo del Cabildo
indígena accionado.
(ii) Considera que en el presente caso,
cuando existe la desadjudicación de la tierra, quienes han sufrido este procedimiento
en muchos casos han realizado mejoras en las parcelas tales como cultivos, limpiezas,
encerramientos, fruto de su trabajo individual, y al no haber otro medio de
defensa judicial idóneo, el Juez ordenó a las autoridades tradicionales en
conflicto  asistir ante la Personería Municipal de Páez-Cauca. Lo anterior, con
el fin de que a través del Ministerio Público se logre una concertación
civilizada y pacífica sobre dicho asunto, para conseguir que finalmente se les
reconozca dichas mejoras a quienes han sido objeto de la decisión
administrativa por parte de las autoridades indígenas. Así, el juez ordenó la
mediación del Personero Municipal de Páez, en desarrollo de su función como Ministerio
Público, del señor Alcalde del municipio, del CRIC, del Ministerio del Interior
- Oficina de Asuntos Indígenas-, y de la Defensoría Nacional y Regional, para que
adelantaran las actuaciones necesarias con el fin de lograr decisiones pacíficas
y concertadas sobre el tema en cuestión.
4. Impugnación
El accionante apela la decisión del juez
de primera instancia al no estar de acuerdo con el fallo de tutela, en el cual
no se reconoce la vulneración de sus derechos.
El ente accionado también impugna el fallo
en su segundo punto y solicita que no se le reconozcan mejoras las cuales ya se
le pagaron con satisfacción.
5. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia-Cauca, en
Sentencia del 18 de abril de 2013, resolvió:
“Primero: Confirmar en su integridad la sentencia del
Juzgado Promiscuo Municipal de Páez Belalcazar, del 18 de febrero de 2013,
objeto de impugnación en esta actuación,
…
Segundo: Negar la solicitud presentada por el Personero
Municipal para realizar el evalúo de mejoras… “. Para fundamentar su decisión expuso
los siguientes argumentos:
(i) Sostiene que el actor voluntariamente
renunció al Resguardo Piskwe That Fxiw, pese a que las mismas autoridades
trataron de concientizarlo de los efectos que producía dicha renuncia, pero aún
así el actor persistió en su decisión hasta desencadenar las consecuencias que le
siguieron. Por lo tanto, considera que la determinación de las autoridades del Resguardo
no constituye expulsión o destierro, como lo expresa el actor, ya que la desadjudicación
de las parcelas no implica que tenga que irse del territorio de Páez, y la desadjudicación
de las tierras se da por su propio actuar, al desconocer la autoridad
tradicional de las mismas, y al renunciar al Resguardo en mención. Señala que
el accionante era usufructuario de un bien colectivo, por lo cual, el ad-quem
se encuentra de acuerdo con lo expresado por el a quo, ya que no
evidencia vulneración de derechos fundamentales del actor, y asegura que cualquier
orden en este caso equivaldría a avalar la injerencia de terceros en asuntos
internos de la comunidad indígena.
(ii) Sostiene que está de
acuerdo con la decisión del juez de primera instancia de ordenar la mediación
del Personero Municipal y demás autoridades, para que se logre una concertación
al respecto de las mejoras de las parcelas desadjudicadas, ya que evidencia una
situación de indefensión del actor al no permitirle recoger el fruto de las cosechas
hechas por su trabajo individual, y no reconocerle dichas mejoras, lo cual implicaría
que el Resguardo usufructúe y goce de cosechas en las cuales no realizaron el
menor esfuerzo. Además, sostiene que en las familias hay menores de edad que
gozan de especial protección constitucional, por lo cual procedió el despacho a
confirmar lo manifestado por el Juez Promiscuo Municipal de Belalcazar a este
respecto.
(iii) Finalmente, acerca de
la solicitud elevada por la Defensoría del Pueblo en escrito separado del 9 de
abril, en donde solicita un perito para que realice el evalúo y tasación de las
mejoras realizadas por el accionante y sus familias en las parcelas
desadjudicadas, el ad-quem recalca que la acción de tutela no versa en
la tasación de tipo económico referidas en el escrito antes mencionado, por lo
que no se dio trámite al petitorio “ya que esta no es la vía a seguir, de
conformidad con las pretensiones expuestas inicialmente en la presente acción”,
y concluye que el fallo impugnado se encuentra ajustado a derecho, razón por la
que confirma el fallo de instancia en su totalidad.
6.
Pruebas allegadas
al proceso
6.1 El señor José, Cruz Ecué Gutiérrez allegó al proceso las siguientes
pruebas:
- Copia de Auto 022/12, referencia: expediente ICC-1782.
(Cuaderno2, Folios 9-16)
- Fotocopias de las cédulas de ciudadanía, de las tarjetas de
identidad y de los registros civiles de nacimiento de todos los miembros de su
familia extensa (Cuaderno 2, Folios 17-46)
6.2 El señor Gobernador del Resguardo accionado allegó al
proceso las siguientes pruebas:
- Copia de Acta No 2 del 25/04/2010. (Cuaderno 2, Folios 77-
83)
- Copia de Acta de la tercera Asamblea General del 30/05/2010.
(Cuaderno 2, Folios 84-93)
- Copia de Acta de la cuarta Asamblea General del 28/06/2010.
(Cuaderno 2, Folios 94-110)
- Copia de Acta No 4 del 22/01/2011. (Cuaderno 2, Folios
111-115)
- Copia de Acta de la Asamblea General del 03/08/2011.
(Cuaderno 2, Folios 116-122)
- Copia de Acta No 6 del 26/08/2011. (Cuaderno 2, Folios
123-126)
- Copia de Acta No 015 del 02/02/2011. (Cuaderno 2, Folios
127-131)
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De conformidad con los hechos expuestos en la tutela,
el problema jurídico que corresponde a la Sala determinar es si el Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe del Municipio de Páez, vulneró
los derechos fundamentales del accionante y su familia, a quienes se les
desadjudicaron  unas parcelas del territorio de dicho Resguardo.
Para resolver el problema planteado, la Sala reiterará
la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre: (i) la protección
constitucional del derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica de
las comunidades indígenas, y el reconocimiento y garantía de su autonomía,
fuero y jurisdicción; (ii) los Convenios y tratados internacionales que
protegen los derechos de los grupos indígenas y la protección que se brinda a
los territorios que ocupan, por su importancia para estas comunidades; (iii) los
criterios para solución de conflictos que puedan presentarse entre la autonomía,
fuero y jurisdicción de las comunidades indígenas y los derechos individuales
de sus miembros; (iv) la importancia constitucional y trascendencia del
territorio indígena para los miembros de estos grupos étnicos; para finalmente (v)
entrar a analizar y resolver el caso concreto.
3. La protección constitucional en la Carta de 1991 del
derecho fundamental a la diversidad étnica e identidad cultural de las
comunidades indígenas, y el reconocimiento y garantía de su autonomía, fuero y jurisdicción
3.1 A partir de los contenidos normativos de la
Constitución de 1991, en sus artículos 7 y 70, esta Corporación ha reconocido y
protegido en innumerables oportunidades la diversidad étnica y cultural. Así,
el articulo 7 CP consagra la diversidad étnica y cultural colombiana, convirtiéndose
en un artículo con el cual se busca resarcir injusticias y discriminaciones
sufridas por los grupos sociales durante la historia del país, y su objetivo es
defender el pluralismo, como pilar fundamental del Estado Social de Derecho.
Por su parte, el artículo 70 CP garantiza la igualdad y dignidad de las culturas diversas de la
Nación, reconociendo a nivel constitucional la existencia de etnias y culturas dentro del
territorio, el cual es un valor social que amerita una protección
constitucional por ser un punto esencial en la formación de la identidad de
Colombia. En consecuencia, ha reiterado este Tribunal que es notoria la
obligación del Estado de crear medidas para acabar con las injusticias
históricas y dar protección a los colombianos pertenecientes a estos grupos
étnicos, que se encuentran en estado de vulnerabilidad y de debilidad
manifiesta como consecuencia de tantos años de exclusión[1].
Reitera entonces esta Sala que con el cambio que se
originó a raíz de la Carta de 1991, se le dio un estatus constitucional
a los grupos minoritarios, como el de las comunidades indígenas, se cambió el
modelo que pretendía y buscaba la asimilación e integración de estos grupos por
otro paradigma en el que se reconoce y garantiza el pluralismo, la
multiculturalidad y la participación de las minorías. Esta ha sido la manera en
que el Constituyente de 1991 reconoció los múltiples y diversos abusos,
maltratos, discriminaciones e injusticias históricas que han sufrido estas
etnias, como consecuencia de lo cual parece inminente su extinción cultural y
física. Así en la Constitución de 1991 se refleja una conciencia histórica y
jurídica del valor de las culturas nativas y de las comunidades tradicionales,
y especialmente de sus “valores y tradiciones culturales, ancestrales,
lingüísticas, artísticas, religiosas, sociales y políticas”[2].  En
consecuencia, esta Corporación ha expresado que el multiculturalismo encuentra
fundamento constitucional en las premisas relativas a “(i) que en Colombia
existen diversidad de culturas e identidades étnicas, (ii) que todas son
merecedoras de un mismo trato y respeto, (iii) que todas son constitutivas de
la identidad general del país y (iv) que todas son titulares -en igualdad de
condiciones- del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el territorio con el
paso del tiempo.”[3]
Igualmente, este Tribunal ha precisado que el derecho
a la identidad de estas comunidades tiene tanto una dimensión colectiva
como una individual: “una colectiva, que busca orientar la protección
constitucional hacia las comunidades tradicionales que no siguen la forma de
vida de la sociedad mayoritaria, permitiendo que éstas puedan desarrollarse de
acuerdo con su propia cultura, y otra individual, en el sentido de
considerar que la aludida protección es también en favor de cada uno de los
miembros de las comunidades nativas, garantizando que éstos puedan
autodeterminarse dentro y fuera de su territorio según su propia cosmovisión.”[4]
La jurisprudencia constitucional también ha reconocido
que el derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural se garantiza a
través de otros derechos de las mismas comunidades étnicas, tales como “(a)
la protección de la riqueza cultural de la nación (C.P. art 8°); (b) el derecho
a la autodeterminación de los pueblos indígenas (C. P. arts. 9° y 330); (c) el
derecho a la oficialidad de lenguas y dialectos de las comunidades nativas y a
que la enseñanza que se les imparta sea bilingüe (C.P. art. 10°); (d) el
derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en las decisiones que
las afectan, a través de procedimientos adecuados y con la participación de sus
instituciones representativas (C.P. arts. 40-2, 329 y 330); (e) el respeto a la
identidad cultural en materia educativa (C.P. art. 68); (f) el reconocimiento
de la igualdad y dignidad de todas las formas de cultura (C.P. art 70); (g) la
protección del patrimonio arqueológico de la Nación (C.P. art. 72); (h) el
derecho a una circunscripción especial para la elección de Senadores y
Representantes (C.P. arts. 171 y 176); (i) el derecho a  administrar
justicia en su propio territorio y a regirse por sus propias normas y
procedimientos (C.P. art. 246); (j) el derecho a la propiedad colectiva de las
comunidades indígenas y su naturaleza inenajenable, inalienable,
imprescriptible e inembargable(art. 329); y (k) el derecho a gobernarse
por consejos indígenas según sus usos y costumbres (C.P. art. 330).”[5]
3.2 Como
consecuencia de todas estas garantías constitucionales, esta Corporación ha
puesto de relieve igualmente que las comunidades indígenas se han convertido en
sujetos de derechos fundamentales, lo cual no solo cobija a los individuos,
sino que abarca la misma comunidad como un todo, por considerarse que ésta
constituye un sujeto colectivo y no una simple suma de individuos que comparten
derechos o intereses difusos o
agrupados.[6]
Este reconocimiento a nivel constitucional de los
grupos étnicos como sujetos colectivos de derechos autónomos se deriva de los
principios constitucionales de democracia, pluralismo y respeto a dicha
diversidad étnica y cultural, y con ello se le confiere a las comunidades el
estatus jurídico para ser adjudicatarios, ejercer y reivindicar los derechos
propios de la comunidad. Igualmente, se legitima a los dirigentes, así como a
los miembros individuales de estas comunidades, para ejercer el derecho a la
acción de tutela y así poder proteger los derechos de la comunidad al igual que
a las Organizaciones para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
a Defensoría del Pueblo.[7]
En relación con el estatus de las comunidades
indígenas como sujetos de derechos fundamentales, la jurisprudencia de esta
Corte ha establecido que “esos derechos no son equivalentes a los derechos
individuales de cada uno de sus miembros,  ni a la sumatoria de estos”;
igualmente ha sostenido que “los derechos de las comunidades indígenas no
son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos[13]” y como
consecuencia de lo anterior, ha derivado diversas consecuencias normativas de
tal reconocimiento “…en primer lugar, [que] la acción de tutela es
procedente no solo para la defensa de los derechos de los miembros de las
comunidades frente a las autoridades públicas y las autoridades tradicionales,
sino también para la protección de los derechos de la comunidad; y en segundo
lugar, [que] las cláusulas que consagran derechos constitucionales en cabeza de
estas comunidades son elevadas a norma de derecho fundamental, con todos los
atributos legales y políticos que ello supone”.[8]
3.3 En armonía
con lo hasta aquí expuesto, es de resaltar para el caso que nos ocupa, que el régimen
político que consagra la Constitución colombiana de 1991, al reconocer y proteger
la diversidad étnica y cultural consagra que las comunidades indígenas cuentan
con autonomía administrativa, presupuestal y financiera en el territorio que
ocupan, además, de autonomía política y jurídica. Esta última se evidencia en
la jurisdicción especial que ejercen teniendo como base los usos y costumbres
de la comunidad indígena que la ejerce, la cual no puede, en todo caso, vulnerar
la Constitución, ni la ley, de conformidad con lo consagrado en el artículo 246
Superior.
En este sentido, el artículo 246 CP  señala
expresamente que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la república. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional.”
(Énfasis de la Sala)
Respecto del alcance normativo del
artículo 246 CP, esta Corte ha determinado que hacen parte del contenido de
dicho precepto superior “(i) la facultad de la comunidad de
establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar y/o
proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los
elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la
competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter
jurisdiccional (definición de competencias), sin que, en todo caso, (v) el
ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la
ley mencionada”.[9]
(Resalta la Sala)
En cuanto a los derechos políticos de las comunidades
indígenas, los cuales se ven reflejados en los artículos 171 y 176 de la
Constitución Política que prevé acciones afirmativas frente a la garantía de su
participación política efectiva, esta Corporación ha señalado que estas
disposiciones “…contemplan una circunscripción indígena en Senado y
Cámara de Representantes para el Congreso de la República, de la cual se
extrae el derecho al voto y la posibilidad de elegir y ser elegidos.”
[10]
Igualmente, en materia de administración de justicia, el artículo 246 Superior
“…estipula la posibilidad de que las autoridades de los pueblos indígenas
ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y a las leyes de la República.” [11]
Igualmente, en cuanto al poder ejecutivo y la autonomía administrativa de las
comunidades indígenas, consagrada en el artículo 286 de la Constitución
Política, esta Corporación ha resaltado que esta disposición superior “otorga
el estatus de ente territorial a los territorios indígenas”.[12]
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia
de este Tribunal ha definido la jurisdicción especial indígena como un “derecho autonómico y colectivo de las comunidades
indígenas de carácter fundamental que se refiere a que los delitos y conflictos
que se presenten en el territorio de la comunidad (criterio territorial) o por
un miembro de ésta (criterio personal) deben resolverse conforme a sus normas,
procedimientos y autoridades.
La decisión tomada en dicha jurisdicción tiene el mismo valor de una sentencia ordinaria[13].[14] (Énfasis de la Corte)
Así las cosas, es claro el reconocimiento
de la competencia y vinculatoriedad jurídica de las decisiones adoptadas por
las jurisdicciones indígenas, cuando asumen el conocimiento de un caso, lo cual
hace parte de la autonomía jurídica de las comunidades indígenas. De esta
manera, este Tribunal ha expresado que cuando las autoridades indígenas se
pronuncian sobre algún asunto frente al cual son competentes, lo que ellas
decidan tiene el mismo valor jurídico que una decisión de autoridad competente
o sentencia ordinaria. Igualmente, ha sostenido que la jurisdicción especial
indígena comprende no sólo el ejercicio de la potestad sancionadora sino, en un
sentido más amplio, la resolución de todo tipo de controversias entre los
integrantes de la comunidad, incluidas las originadas en la distribución de
derechos sobre la tierra. En punto a este tema específico sobre la competencia
de la jurisdicción especial indígena para decidir controversias que versen
sobre la tierra de las comunidades indígenas, existe una amplia jurisprudencia
por parte de esta Corporación.[15]
No obstante lo anterior, y dado que la
jurisdicción indígena está sujeta a la Constitución y a la Ley, es de resaltar
aquí que esta Corte también ha sostenido que “la acción de tutela es
procedente para la protección de derechos fundamentales de los miembros de una
comunidad indígena eventualmente afectados por decisiones de las mismas
autoridades tradicionales de la comunidad, debido a que no existen
mecanismos de control judicial en el interior de las comunidades, ni superiores
jerárquicos de tales autoridades, por lo que los miembros de la parcialidad,
individualmente considerados, están en situación de subordinación e indefensión
frente a los órganos de poder del Resguardo”[16]. (Negrillas de la Corte)
En este orden de ideas, y en relación con las
funciones jurisdiccionales que ejercen constitucionalmente las autoridades indígenas
dentro de su territorio, el cual es “…reconocido legalmente bajo la figura
del Resguardo [y es] habitualmente ocupado por la comunidad indígena”[17];
la jurisprudencia constitucional ha establecido que debe analizarse (i) a cuál
grupo étnico pertenecen los posibles infractores, para así determinar la
competencia; (ii) debe tenerse en cuenta el principio de maximización de la
autonomía; (iii) pero igualmente deben señalarse los límites
constitucionalmente válidos, en respeto de dicha autonomía, que se le pueden
exigir a las autoridades indígenas, tales como el respeto del derecho a la
vida, la prohibición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la
esclavitud, por ser éstos los bienes jurídicos más valiosos del hombre y que
hacen parte del “grupo de derechos intangibles que reconocen todos los
tratados internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni
siquiera en caso de conflicto armado”[18]. En el mismo sentido, la
Corte ha señalado que la jurisdicción indígena debe respetar el debido proceso,
lo cual constituye una exigencia constitucional que se deriva del propio artículo
246 Superior. A este respecto, ha sostenido que el trámite, proceso o juicio,
según sea el caso de que se trate, debe ser seguido por la jurisdicción
indígena respetando lo habitualmente realizado en la etnia indígena afectada en
la situación correspondiente.[19]
En relación con las características
normativas del fuero indígena, desde el punto de vista constitucional, el mismo
artículo 246 consagra que este derecho del colectivo étnico se encuentra
vinculado al derecho colectivo de la comunidad a conocer de sus propios asuntos
y a juzgar a sus miembros. Este fuero contiene dos elementos: “i) uno
personal, el cual implica que los miembro de la comunidad indígena deben ser
juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres); y ii) el otro geográfico, que
justifica el juzgamiento de la respectiva comunidad por los hechos que sucedan
en su territorio, de acuerdo a sus propias normas”[20]. Para que el
fuero indígena sea aplicable se requiere además “que existan unas
autoridades tradicionales que puedan ejercer las funciones jurisdiccionales, la
definición de un ámbito territorial en el cual ejercen su autoridad, además de
la existencia de usos y prácticas tradicionales sobre la materia del caso y, la
condición de que tales usos y prácticas no resulten contrarias a la
Constitución o a la Ley”[21].
De esta manera, la jurisprudencia de esta
Corporación, desde tempranas decisiones se ha pronunciado en relación con los
elementos que componen la jurisdicción indígena, la cual incluye elementos
humanos, orgánicos, normativos, geográficos y de no contradicción con la
Constitución Política. Acerca de este tema, este Tribunal ha sintetizado que la jurisdicción indígena incluye:
“ .- Un elemento humano,
que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y
por la persistencia diferenciada de su identidad cultural.
.- Un elemento orgánico, esto
es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de
control social en sus comunidades.
.- Un elemento normativo,
conforme al cual la respectiva comunidad se rija por un sistema jurídico propio
conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia
sustantiva como procedimental.
.- Un ámbito geográfico, en
cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio, el
cual según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con
sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las
comunidades.
.- Un factor de congruencia, en
la medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede
resultar contrario a la Constitución ni a la ley.”[22]
En suma, el derecho fundamental a la libre
determinación de los pueblos indígenas está consagrado en los artículos 1, 7,
70, 171, 176, 246, 286, 329 y 330 de la Carta, en el Convenio 169 de la OIT “Sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes” y otros instrumentos
del derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en el
2007, con lo cual se garantiza la protección de la diversidad étnica y cultural
de los pueblos indígenas.[23]
A continuación la Sala se referirá brevemente a estos convenios y tratados
internacionales.
4.
Convenios y tratados internacionales que protegen los derechos de los grupos
indígenas y la protección que se brinda a los territorios que ocupan por su
importancia para estas comunidades.
Los Estados han adoptado mecanismos de orden
internacional e interno para la protección de las minorías étnicas, y
especialmente de los grupos indígenas. El pluralismo de la sociedad es
alimentado por estos grupos, por lo tanto, merecen ser respetados en sus creencias,
costumbres, tradiciones y derecho indígena. Del mismo
modo, se ha procurado la protección del territorio que estos pueblos habitan,
por la importancia y el papel fundamental que la tierra juega, “tanto para
su permanencia y supervivencia, como para su desarrollo político, económico y
social, de acuerdo con su cosmovisión y tradiciones”[24].
4.1 Al tratar el tema indigenista a nivel internacional,
el primer Convenio que se firmó para tal fin fue el Convenio 107 de la OIT, el
cual fue revisado por un grupo de expertos, dando origen al Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales No. 169 de junio de 1989, el cual consagra amplia y
detalladamente el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones, costumbres
propias, y reconocimiento de la autonomía de las comunidades étnicas. Así este
Convenio determina la responsabilidad de los Gobiernos en la participación en
todos los ámbitos de los pueblos indígenas con el fin de proteger y promover
sus derechos –art.2-; el goce pleno para estos grupos de los derechos humanos y
libertades fundamentales sin discriminación alguna –art.3-; el derecho de
consulta previa respecto de medidas legislativas o administrativas que los
afecten directamente –art.6-; el derecho a decidir sus prioridades, así como el
mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud, educación y medio
ambiente, entre otros –art.7-.
Para el tema que hoy nos ocupa, son de poner de
relieve los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, los cuales establecen
disposiciones especiales acerca del respeto de la tierra o del territorio
indígena, que tiene un carácter colectivo y un valor de especial importancia
para sus culturas y tradiciones ancestrales, y en consecuencia debe ser
protegido de manera particular por los Gobiernos de los Estados vinculados.
Estas normas consagran:
“Artículo 13:
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del
Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación
con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación.
2. La utilización del término tierras en los artículos
15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de
alguna otra manera.”
“Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A
este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados.”
De otro lado, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
aprobada por la Asamblea General mediante Resolución 61/295 de 2007. Esta
última en sus artículos 3, 4 y 5 reconoce la libre autodeterminación de los
pueblos indígenas y los derechos a la autonomía y al autogobierno en los
asuntos relacionados con su condición política, social y económica.
4.2 En punto
a este tema, es de señalar que tanto los Convenios 107 y 169 de la OIT,
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hacen parte del bloque de
constitucionalidad –artículo 93 de la Constitución Política-, y por tanto
conllevan la sujeción de los Estados partes respecto de las obligaciones
pactadas en los mismos, de manera que dichas obligaciones hacen parte del
ordenamiento constitucional interno.
Con fundamento en estas disposiciones vinculantes, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las obligaciones estatales de
respeto, protección y garantía frente a los pueblos indígenas se resumen en que
el “Estado colombiano se encuentra obligado a a) respetar
la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y a contribuir con la
conservación del valor espiritual que para todos los grupos étnicos comporta su
relación con la tierra y su territorio, entendido este como “lo que cubre
la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna u otra manera”; b) asegurar que a las
comunidades indígenas se les reconozca el derecho a la propiedad comunal en las
tierras asentadas tradicionalmente, una vez se tenga posesión de un
territorio; c) garantizar la demarcación, titulación y entrega
del territorio, consensuada con la comunidad y dentro de un plazo razonable, y
en esa medida hacer un reconocimiento formal del territorio indígena donde
podrán desarrollar su subsistencia y vida espiritual –Resguardo-; d) asegurar
el uso y goce efectivo por los pueblos indígenas de los recursos naturales que
se encuentran dentro de su territorio, de acuerdo con su cosmovisión; e) tomar
las medidas necesarias para proteger el territorio de injerencias arbitrarias
por parte de particulares, y sólo en aquellos casos en los que existan motivos
que imposibiliten el uso y goce del derecho comunitario, deberá el Estado
garantizar la participación de la comunidad, a través de figuras especiales
como la consulta previa, y en dado caso, entregar tierras alternativas de
igual extensión y calidad a los miembros de las comunidades
indígenas respetando sus mecanismos autónomos de organización y toma
de decisiones.”[25]
5. Reglas para la solución de tensiones en casos
relacionados con la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
Reiteración de jurisprudencia.
5.1 De
conformidad con la Constitución Política en su artículo 229 Superior, todos los
ciudadanos pueden ejercer su derecho fundamental de acceder a la justicia, y
por tanto, tener acceso a que se protejan sus derechos fundamentales a través
del ejercicio de la acción de tutela, de manera que la población indígena
también puede acceder a la misma. En este último caso el juez para valorar,
debe tener en cuenta la existencia del fuero indígena y que se hayan respetado
los parámetros de solución de asuntos y conflictos que existan en la comunidad
respectiva, de conformidad con los usos y costumbres propias de la cultura
jurídica de la misma. De esta forma, la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido como regla, que cuando uno de los miembros de estas etnias indígenas
solicite la intervención del juez de tutela en asuntos internos, deben haber
agotado en principio, los procedimientos que haya establecido su comunidad para
la solución de dichos asuntos y conflictos internos.[26]
5.2 De otra parte, la jurisprudencia de esta Sala ha
establecido algunos principios generales de interpretación para la solución de
conflictos entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, los cuales son
aplicables igualmente a la interposición de acciones de tutela:
(a)
El principio de “maximización de la autonomía de las comunidades indígenas”
y correlativamente el de “minimización de las restricciones a su autonomía”,
respecto del cual ha afirmado esta Corporación que “solo son admisibles
las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i)
sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean
las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de
las comunidades étnicas[27]. La evaluación sobre la jerarquía de los intereses en
juego y la inexistencia de medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo
teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad.”[28] (Resalta la
Sala)
(b)
El principio de “mayor autonomía para la decisión de conflictos internos”,
según el cual “el respeto por la autonomía debe ser mayor cuando el
problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a miembros de una
comunidad que cuando el conflicto involucra dos culturas diferentes,
debido a que en el segundo caso deben armonizarse principios esenciales de cada
una de las culturas en tensión”[29]. (Énfasis
de la Sala)
(c)
El principio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor
autonomía”, el cual es formulado por la jurisprudencia constitucional
teniendo en cuenta dos factores: uno fáctico, relativo a la constatación
histórica de una menor aculturización de la comunidad indígena, o con otras
palabras, de una mayor conservación de sus usos, costumbres y tradiciones
ancestrales; y el otro factor, normativo, que se refiere a la mayor vigencia y
eficacia de sus reglamentos internos o legislación indígena propia. De esta
manera, esta Corporación ha formulado como criterio de interpretación, que a un
mayor nivel de conservación de su cultura y legislación interna, debe existir
un mayor respeto por la autonomía de la comunidad indígena respectiva.[30]
5.3
No obstante, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, que el
reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena no es absoluto, pues
se encuentra dentro de los límites que le imponga la Constitución y la Ley.
Así, ha sostenido que los límites a la autonomía de las comunidades indígenas hacen
referencia a aquello que se torne en intolerable, desde el punto de vista de
los Derechos Humanos, en el marco de un consenso intercultural lo más
amplio posible, entendiendo como tales, vulneraciones al derecho a la vida, la
prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y los principios del
debido proceso y de legalidad, especialmente, en materia penal[31]. Adicionalmente, en casos de conflictos de naturaleza
penal, esta Corte ha impuesto como límite a la potestad sancionadora de las
autoridades indígenas, la prohibición de imponer penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 38 C.P.[32]
Acerca del principio de legalidad, la Corte ha
indicado que éste se refiere (i) a la existencia de instituciones que permitan
conocer a los miembros de las comunidades el carácter socialmente nocivo de
algunas actuaciones, o de soluciones a determinados conflictos; y que (ii) se
relaciona con la preexistencia de las formas en que se aplican esas soluciones
o se castigan esas conductas.[33]
Igualmente, en relación con el respeto por el derecho fundamental al debido
proceso y al principio de legalidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que éste se refiere a la previsibilidad de las actuaciones de
las autoridades tradicionales de la comunidad.[34]
En
consecuencia y teniendo en cuenta los principios hermenéuticos mencionados y
las limitaciones constitucionales a la autonomía de las comunidades indígenas, el
juez de tutela, al resolver un conflicto originado entre los miembros individuales
de un grupo indígena y la misma comunidad como un todo, debe consultar la “especificidad
de la organización social, política y jurídica de la comunidad en cuestión para
resolver el caso, pues cada comunidad es diferente…”[35], de manera
que cuando “se presenta una tensión entre los derechos individuales
fundamentales y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el juez
debe atender las circunstancias particulares del caso concreto y tener en
cuenta que las características de los elementos que integran la jurisdicción
especial indígena varían en función de la cultura específica”[36].
(Énfasis de la Sala)
5.4 Por otro
lado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las características
constitucionales de un Resguardo son (a) la propiedad colectiva del
territorio; y (b) la concepción del Resguardo como ámbito territorial.
En punto a este tema ha sostenido que estos conceptos se unifican “en la
idea de un espacio cultural en el que se desarrollan los principales derechos
de autonomía de las comunidades indígenas”.[37]
En
sus pronunciamientos la Corporación ha indicado que con lo dispuesto por el
artículo 329 de la Carta Política dota a los Resguardos del carácter de propiedad
colectiva de las comunidades indígenas, que se caracteriza por ser imprescriptible,
inembargable e inalienable (art. 58 C.P.), como un reconocimiento a la especial
relación entre los pueblos indígenas y su territorio; a la posesión ancestral
de la tierra; y con el fin de proteger los territorios indígenas de las
amenazas a su integridad provenientes de actores sociales legales e ilegales.
(Cfr. Artículos 329 y 58 C.P.). [38]
Como
segundo punto, el Resguardo es un ámbito territorial, artículo
246 de la Carta, ya que es el espacio en el que se ejercen los
principales derechos de autonomía del Resguardo, especialmente, aquellos
relacionados con la regulación social y la autonomía política (T-634 de 1999).
En
igual sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado la importancia de
los censos dentro de la comunidad indígena para un mejor conocimiento de estas
comunidades por parte de las autoridades nacionales. Así, el censo se encuentra regulado por el Decreto 159
de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 y la  Ley 89 de 1890 (artículo
7º).[39]
Estos censos no son aceptados por algunos pueblos por cuanto lo consideran
discriminatorios, pero la gran mayoría lo acoge como medida para desarrollar
políticas públicas. Sin embargo el censo no es el único método para
identificación por cuanto existen otros mecanismos para acreditar la calidad de
indígena, tales como “las certificaciones de la máxima autoridad de cada
comunidad o Resguardo; las certificaciones del censo interno que, de acuerdo
con la Ley 89 de 1890 y el artículo 5 de la Ley 691 de 2001, debe llevar cada
comunidad; estudios sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad
cultural de la comunidad y del sujeto”. [40] En todo caso, para la Corte el censo
es muy importante para saber con mayor exactitud el número de miembros en estas
comunidades, ya que “[l]os censos han
sido concebidos, principalmente como un instrumento para acreditar la condición
de indígena y la pertenencia a una comunidad determinada”. [41]
5.5 En relación con el fuero de las comunidades indígenas,
creado en la Constitución de 1991, la jurisprudencia constitucional ha
resaltado que éste se ideó para proteger la diversidad étnica y cultural del
país en la medida en que “la teoría sociológica ha mostrado que la permanencia
de un grupo como diverso depende de su éxito en la transmisión de los
valores culturales. Este proceso, a su vez, depende en primer lugar, de la
efectividad de las estrategias de socialización primaria y, en segundo lugar,
de la efectividad del control social (…). El control social, por otra parte,
requiere tanto la posibilidad de establecer normas que desarrollen los valores
culturales generales, como la posibilidad de aplicar estas normas para corregir
desviaciones[42]”.[43]
En la determinación de este fuero indígena no solo existe
un elemento de carácter personal para que el individuo sea juzgado acorde a las
autoridades y normas de su comunidad; sino que también cobra relevancia un
elemento de carácter geográfico, según el cual cada pueblo juzga las conductas
punibles que han ocurrido dentro de su territorio de tal forma que “no sólo el
lugar donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, si
no que se deben tener en cuenta  las culturas involucradas, el grado de
aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la
afectación del individuo frente a la sanción, etc.  La función del juez
consistirá entonces en armonizar las  diferentes
circunstancias  de manera que la solución sea razonable”[44]”.[45] Lo
anterior, no implica que un juez de tutela le quede vedado intervenir en
procesos políticos internos de las comunidades indígenas.[46]
Respecto
de los criterios para determinar el fuero
indígena y la jurisdicción especial indígena, ya mencionados anteriormente, la
Sala reitera que éstos incluyen (a) el criterio objetivo, que se refiere
a que en principio cualquier controversia que se presente en un territorio
indígena debe ser resuelta en su comunidad, incluyendo de manera prevalente
controversias sobre la tierra; (b) el criterio territorial, referido a
que la comunidad puede juzgar cualquier conducta cometida en su ámbito
geográfico o espacial; (c) el criterio personal, relativo a que si se
trata de un miembro de la comunidad, el mismo debe ser juzgado por ésta,
teniendo en consideración el grado de pertenencia y de integración del sujeto a
su comunidad, y (d) el criterio institucional, es decir que existan una
serie de normas, procedimientos y costumbres que tengan cierto grado de
predicibilidad de carácter genérico. Estos criterios pueden tener algunas
excepciones que se deben resolver por parte del juez.[47]
De
otra parte, la posibilidad de renuncia a la jurisdicción indígena o al fuero
especial, se da en los siguientes casos: (a) la renuncia de la comunidad
al ejercicio de la jurisdicción indígena, (b) la renuncia del miembro de la
comunidad al fuero, por considerar que no se considera indígena o que desiste o
reniega de dicha calidad; y (c) la sanción por parte de las autoridades
indígenas que ante determinadas conductas del miembro de la comunidad
establecen como pena la renuncia a ser miembro de la comunidad a que pertenecen.
[48]
6. La relevancia constitucional del territorio
indígena
6.1 En
cuanto a los artículos constitucionales que protegen la tierra o el territorio
de las comunidades indígenas en la Carta Política de 1991, tenemos que el
artículo 63 CP, cristalizó el derecho inalienable, imprescriptible e
inembargable de estos grupos al territorio, consagrando que “[l]os bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de Resguardo, el patrimonio arqueológico de la
Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables”. (Resalta la Sala)
De otra parte, el artículo 329 Superior consagra que “la
conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo
dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se
hará (…) con participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. // Los Resguardos
son de propiedad colectiva y no enajenable”. (Énfasis de la Corte)
Adicionalmente, el artículo 330 Superior dispuso que
los territorios indígenas estén gobernados por consejos conformados y
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades de conformidad con
la Constitución y la ley.
En este orden de ideas, es de recalcar
que los puntos que definen el derecho fundamental a la propiedad colectiva del
territorio por parte de las comunidades indígenas son (i) el carácter imprescriptible,
inalienable e inembargable del territorio; y (ii) la consideración de
la ancestralidad como “título” de propiedad[49]. Además, la
Corte Constitucional ha enfatizado que (iii) el concepto de territorio no se
restringe a la ubicación geográfica de una comunidad o un Resguardo indígena,
sino que se asocia al concepto más amplio de ámbito cultural de
la comunidad.[50]
6.2 De
conformidad con los preceptos constitucionales mencionados, el ordenamiento
jurídico colombiano, también ha buscado la protección de los pueblos indígenas,
a partir de las siguientes leyes y decretos:
(i) La Ley 135 de 1961 dispuso que el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podía constituir Resguardos de
tierras, en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no los posean.
(ii) La Ley 31 de 1967 hace referencia al
reconocimiento a las comunidades indígenas del territorio que por tradición han
ocupado. En dicha ley se incorporó el
Convenio 107 de 1957 de la OIT, “sobre Protección e Integración de las
poblaciones indígenas y tribales en los países independientes”, el cual
constituye el antecedente más cercano del Convenio 169 de la OIT  “Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, aprobado, como ya
se indicó, mediante la Ley 21 de 1991. Es de poner de relieve que este último
Convenio influyó notablemente en “las previsiones constitucionales que
definen y establecen los alcances de la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana coincidencia que se nota en todas las disposiciones atinentes
al derecho de los pueblos indígenas y tribales, y de sus integrantes a
conservar su patrimonio cultural, su vida, su salud y el medio ambiente de
sus territorios, como también a propender por el mejoramiento de sus
condiciones de vida, trabajo, salud y educación, y a ser tratados en
condiciones de igualdad –artículos 2°, 4°, 5°, 7°, 8, y 13 Convenio 169,
artículos 2°, 7°, 10°, 13, 63,72 y 79 C.P.”[51] (Negrillas fuera de texto)
(iii) Mediante el Decreto 2001 de 1988, se
reglamentó la constitución de Resguardos indígenas en favor de grupos
o tribus ubicados dentro del territorio nacional, los cuales son entendidos
como:
“(…) una institución legal y sociopolítica de carácter
especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un
título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo
de éste y de su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o
a sus pautas y tradiciones culturales.”
(iv) La Ley 99 de 1993 en su artículo
76, hace referencia a la forma como debe hacerse la explotación de recursos
naturales en territorios indígenas, y dispone la obligación de las autoridades
de propiciar la participación de los representantes de las respectivas
comunidades, a saber[52]:
“Artículo 76º.- De las Comunidades
Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el
artículo 330 de la Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se
tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.”
(v) La Ley 160 de 1994 consagró como uno de sus
objetivos “[r]eformar la estructura social agraria por medio de
procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración
de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a
los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no
la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las
comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales
que establezca el Gobierno Nacional.”
(vi) Mediante Decreto 2164 de 1995, se definió y
diferenció, para efectos de la titulación de tierras, el concepto de territorio
y reserva indígena, aceptando como parte del territorio, no sólo las áreas
ocupadas regularmente sino también aquellas que se utilizan tradicionalmente en
sus actividades. El artículo 2 del citado acto dispuso:
“Territorios Indígenas. Son las áreas poseídas en
forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y
aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el
ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.
Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío
ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente
asignado por el Incora a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y
usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras
comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la
Constitución Política y la Ley 21 de 1991.”
(vii) El Decreto 1397 de 1996, creó la
Comisión Nacional de Territorios Indígenas, entidad conformada por autoridades
estatales, como el Incoder, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del
Interior, entre otras. Las funciones de la Comisión, concretamente en relación
con los territorios indígenas, son las de:
“1. Acceder a la información consolidada sobre gestión
del INCORA respecto de Resguardos indígenas durante el período 1980-1996.
2. Acceder a la información y actualizarla, sobre
necesidades de las comunidades indígenas para la constitución, ampliación,
reestructuración y saneamiento de Resguardos y reservas indígenas y la
conversión de éstas en Resguardo; solicitudes presentadas, expedientes abiertos
y estado de los procedimientos adelantados.
3. Concertar la programación para períodos anuales de
las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de Resguardos
y saneamiento y conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo
con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a
partir de la vigencia presupuestal de 1997 (…)”
(viii) El Código de Minas consagró un
capítulo en el que regula aspectos relacionados con la exploración o
explotación de recursos en territorios ocupados por comunidades étnicas real y
tradicionalmente. Así, en el artículo 123 dispone lo siguiente:
“Artículo 123. Territorio y Comunidad Indígenas. Para
los efectos previstos en el artículo anterior, se entienden por territorios
indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad,
parcialidad o grupo indígena de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21 de
1991 y demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan.”
Más adelante, en el artículo 127 señaló:
“Artículo 127. Áreas indígenas restringidas. La
autoridad indígena señalará, dentro de la zona minera indígena, los lugares que
no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras por tener
especial significado cultural, social y económico para la comunidad o grupo
aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.”
Con estas disposiciones legales el Estado:“(i)
Garantiza el acceso a las tierras tradicionales y reconoce por medio de títulos
legalmente adquiridos una propiedad colectiva sobre sus territorios, (ii)
reconoce que el concepto de territorio y reserva indígena no sólo incluye las áreas
ocupadas regularmente sino también aquellas que se utilizan tradicionalmente en
sus actividades, (iii) contempla entidades estatales especialmente encargadas
para realizar el proceso de titulación de tierras mediante un proceso
establecido legalmente, (iv) reconoce la autonomía y autodeterminación de los Resguardos
con relación a su territorio y (v) en cuanto a la explotación de recursos
naturales, como las minas, existen disposiciones que establecen áreas
restringidas para evitar la interferencia de terceros en las tierras sagradas
de las comunidades indígenas”.[53]
6.3 En armonía con
esta normatividad constitucional y legal, la Corte ha señalado la importancia
del territorio para las minorías, especialmente para las comunidades indígenas,
al ser un elemento que no solo integra sino que define como tal su cosmovisión
y religiosidad, además de ser la base de su subsistencia. En punto a este tema,
la Sala con base en el Convenio 169 de la OIT y las discusiones de la Asamblea
Nacional Constituyente, concluyó que el derecho a la propiedad colectiva sobre
la tierra es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, aún cuando éste
no esté  registrado en el capítulo 1° del Título II de la Constitución.[54]
Igualmente, este
Tribunal ha explicado que el reconocimiento de la propiedad colectiva de los Resguardos
abarca el dominio de los recursos naturales no renovables existentes en su territorio[55], y ha
insistido en que la propiedad colectiva sobre los territorios indígenas “reviste
la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser
esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los
pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos”.[56]
(Énfasis de la Sala)
En armonía con lo anterior, esta
Corporación se ha pronunciado acerca del
alcance normativo de las características jurídicas constitucionales mencionadas
de los territorios indígenas, esto es, sobre su inembargabilidad,
inalienabilidad e imprescriptibilidad. Estas cualidades y el reconocimiento de
la ancestralidad como título de propiedad, son notas del derecho fundamental al
territorio colectivo que ejercen las comunidades minoritarias y particularmente
los grupos indígenas protegidos por la Constitución Política.[57]  En punto a
este tema, la Sala reitera que el territorio es “el lugar en donde se
desarrolla la vida social de la comunidad indígena” y que “la
titularidad de ese territorio, de acuerdo con jurisprudencia de la Corporación
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deriva de la posesión
ancestral por parte de las comunidades y no de un reconocimiento estatal”.[58]
(Resalta la Corte)
De otra parte, esta Corte ha aclarado y precisado que
el concepto y la idea de territorio que manejan los pueblos indígenas como
parte de su cultura ancestral, su tradición, su cosmovisión, espiritualidad y
legislación indígena, es muy distinta a la que se tiene en la cultura
occidental. A este respecto ha sostenido que “[P]ara estos pueblos, la tierra está íntimamente ligada a su
existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, político, social
y económico; no constituye un objeto de dominio sino un elemento del ecosistema
con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos indígenas y tribales la
propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino sobre todo el
grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo (...).// Esta visión
contrasta con la de la cultura occidental, para la que el territorio es un
concepto que gira en torno al espacio físico poblado en el que la sociedad se
relaciona, coopera y compite entre sí, y sobre el que se ejerce dominio.// Otro
aspecto que vale la pena resaltar, se relaciona con la propiedad, ya que,
contrario al concepto comunal que manejan las comunidades étnicas, la cultura
occidental mantiene una visión privatista de la propiedad.”[59] (Negrillas
de este Tribunal)
En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta
Corporación, articulando los preceptos  1°, 7°, 8°, 10, 13, 63, 67, 68 y
333 de la Carta Política, a fin de establecer el origen del derecho de los
pueblos indígenas a la  propiedad colectiva y sus alcances, ha sintetizado
las siguientes reglas:
“- Que en la base de nuestro Estado Social de Derecho
se  encuentra la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y
que ésta no puede concebirse sin el reconocimiento integral del derecho
territorial de los grupos étnicos a las tierras que tradicionalmente ocupan.
- Que la Carta Política,  a la par que garantiza
la propiedad privada, protege las formas asociativas y solidarias de propiedad,
el patrimonio cultural y natural de la nación, las tierras de Resguardo y
las comunales de los grupos étnicos y la diversidad e integridad del ambiente.
- Que el ordenamiento constitucional entiende la
cultura pluralista de la nación colombiana como una riqueza que se debe
conservar, mediante la promoción, investigación, la ciencia y el desarrollo de
todas las expresiones y valores culturales.
- Que el derecho de las comunidades indígenas sobre
su territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de
la OIT.”[60] (Énfasis de la
Corte)
En igual sentido, la Corte en Auto 004 de 2009, mediante
el cual se protegen los derechos de las comunidades indígenas víctimas de
desplazamiento forzado y que se encuentran en riesgo de extinción, evidenció
que en estas comunidades tiene un efecto grave y desproporcionado las
consecuencias del conflicto armado interno.
Así mismo, ha señalado este Tribunal que el
multiculturalismo constituye una riqueza que debe ser preservada “mediante
la promoción, investigación, la ciencia y el desarrollo de todas las
expresiones y valores culturales”;  debe asegurarse por
ende,   el respeto por la cultura y valores espirituales de las
Comunidades indígenas y ha de resaltarse la importancia que adquiere el nexo
de tales valores culturales con el territorio. En ese orden, ha de reconocerse
y protegerse de modo efectivo el derecho de propiedad y posesión de los
territorios ancestrales y ha de someterse a consulta previa y, en dado
caso, a indemnización por perjuicios causados con ocasión del desarrollo de
proyectos de explotación de recursos naturales que se adelanten en los
territorios de estas Comunidades”.[61] (Resalta este Tribunal)
Por consiguiente, la Corte considera necesario insistir
en la relación especial que tienen los pueblos indígenas con la tierra, pues
muchos de sus ritos y tradiciones tienen relación con la misma, ya que para
ellos tiene carácter sagrado y un significado espiritual, además, que de ella
dependen para su subsistencia. El Manual
de aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales especifica que el concepto de tierra “suele abarcar
todo el territorio que utilizan, comprendidos bosques ríos montañas y mares, y
tanto su superficie como el subsuelo. La tierra tiene importancia fundamental
para la cultura y la vida de muchos de estos pueblos. Es la base de su
subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural.
Por tales motivos, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su supervivencia
misma en cuanto comunidad y como pueblo”. (Énfasis de la Sala)
Para la Sala reviste especial importancia el artículo
17.1 del Convenio 169 de la OIT que tiene aplicación directa en el caso bajo
estudio, ya que señala que “1. Deberán respetarse las modalidades de
transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de los pueblos
interesados establecidos por dichos pueblos”.
De otra parte, esta Corporación, referenciando el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente el artículo 21 de la
Convención Americana, reconoce el derecho a la propiedad privada. En cuanto a
este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  considera
que su interpretación debe ser realizada para que se llenen de contenido los derechos
de los integrantes de las comunidades indígenas, en el marco de la propiedad
comunal, desde una expectativa cultural y espiritual. Por lo anterior, el
Tribunal ha protegido el derecho al territorio de las comunidades indígenas y
tribales, afirmando que:
“(…) la estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su
supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la
tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su
legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”  (Énfasis de este Tribunal)
Así mismo, es necesario
mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas establece:
“Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de
ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y
protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.
Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente
con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente,
imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos
indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos
aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos
indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”.
De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha
garantizado las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que reconocen
a las comunidades indígenas la propiedad de la tierra en forma individual y
colectiva, lo cual no se relaciona con la concepción occidental de la propiedad,
por cuanto éstos tienen las exigencias y la cosmovisión particular de las
poblaciones indígenas y tribales. Por lo tanto, ha entendido que la protección
de los territorios indígenas debe tener una especial custodia, debido a la especialísima
relación de estos individuos con el espacio que habitan.[62]
7. ANALISIS CONSITUCIONAL DEL CASO EN CONCRETO
7.1 Manifiesta
el actor en su acción de tutela que tanto a él, como a los miembros de toda su
familia extensiva, les han sido vulnerados por parte del Resguardo Indígena
Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe Municipio de Páez, en el Departamento del
Cauca, sus derechos fundamentales a la igualdad –art.13 CP-, el derecho a la
libertad de cultos –art.19 CP-, han sido sometidos a destierro y confiscación
-artículo 34 CP-, han sido violados sus derechos a la vida, al trabajo, a la
salud, a la educación, los derechos al debido proceso, a la defensa, al buen
nombre, a la honra e intimidad, y al principio de favorabilidad e igualdad ante
la ley, y han sido desplazados, de manera que les han sido violadas normas de
Derechos Humanos y de  Derecho Internacional Humanitario, siendo objeto de
atropellos por la única razón de pertenecer a la asociación OPIC, que es una
entidad de derecho público de carácter especial y debidamente constituida –art.
38 CP-.
Las anteriores vulneraciones se concretan
en que el Gobernador del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de
Itaibe, con base en lo decidido en la Asamblea de la comunidad, mediante la
Resolución No. 001 del 14 de abril de 2012 hecha por los Gobernadores,
profesionales y líderes del Resguardo demandado, les exigió la entrega de las
casas que habitaban y les dio un plazo para abandonar las tierras y sus
cultivos de café, y entregarlas al Cabildo del Resguardo. Con ello considera
que les han sido desconocidas las mejoras de las casas, y que el dinero que se les
ofreció no corresponde al valor real de las mismas, y que el Resguardo no ha
comprado esas tierras, ya que las mismas fueron entregadas al INCORA para las
familias afectadas por la avalancha del rio Páez en el año de 1994. De manera
que considera que dichas tierras pertenecen a las personas afectadas por
derecho propio y de posesión. Adicionalmente, menciona que fueron también desvinculados
de Familias en Acción, de protección social y del carnet de salud. Por todo lo
anterior, considera que el Resguardo no puede estar por encima de la
Constitución, ni violarla, argumentado el derecho indígena, y por ello invocan
los artículos 7 y 13 de la Constitución, así como la Ley 21 de 1991.
7.2. El Gobernador
del Resguardo de Piskwe Tha Fxiw, dio respuesta a la demanda de tutela
instaurada contra dicho Resguardo, señalando los siguientes argumentos:
(a) que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia
constitucional reconocen el principio de autodeterminación de los pueblos
indígenas y su jurisdicción especial, así como el que la tierra indígena es
colectiva y por lo tanto es inalienable, imprescriptible e inembargable, de
conformidad con los artículos 7, 246, 329, 330, 286 y 287 CP, el art 7 numeral
1 de la Ley 89 de 1990, y los fallos de esta Corte;
(b) que la tierra de los Resguardos es colectiva -artículo
329 CP-, y lo que cada miembro del mismo ostenta es una adjudicación realizada
por la autoridad del Resguardo conforme a las normas, usos, costumbres
tradición y formas culturales;
(c) que la Asamblea es la máxima autoridad del Resguardo
y delega su representación en el Cabildo y el Gobernador elegido, el cual
ejerce la voluntad de la Asamblea y del Cabildo, de manera que la obligación
del Gobernador y el Cabildo es cumplir con los mandatos de la Asamblea y velar
por los recursos del Resguardo, con el fin de que sean usufructuarios de los
mismos los miembros debidamente incluidos en el censo, por cuanto de no hacerse
así, se harían merecedores a las sanciones por parte de la comunidad;
(d) que en la Asamblea del 10 de junio de 2011,
cuestionada por el actor, se procedió de acuerdo con los usos, procedimientos y
costumbres de su Resguardo, ejecutando una decisión legítima de la Asamblea, y
que por lo tanto, no es una decisión arbitraria o abusiva;
(e) que los recursos del Resguardo son para los
miembros activos del mismo, para quienes hacen parte del censo y de la vida
comunitaria del Resguardo y cumplen con los deberes establecidos por las
autoridades para ser beneficiarios de los recursos del Resguardo y ser
considerados miembros de esa comunidad. Que por tanto es la colectividad quien
debe usufructuar los recursos propios del Resguardo, y por lo tanto, es
obligación de las autoridades del mismo velar por los intereses y derechos
colectivos de su comunidad y administrar los recursos del Resguardo al igual
que cumplir con los mandatos de la Asamblea;
(f)  que las familias del accionante, por voluntad
propia, decidieron no pertenecer más al Resguardo, por lo cual decidieron no
inscribirse en el censo, no estando por tanto incluidos en el censo del mismo,
dejando de pertenecer a la comunidad del Resguardo Piskwe Tha Fxiw, renuncias
que fueron hechas el 26 de junio de 2010 y ratificadas en la Asamblea del 28 de
junio de 2010;
(g) que desde el año 2010 se les había informado de la
necesidad del Cabildo de disponer de las parcelas adjudicadas a ellos, por
cuanto habían decidido no pertenecer  más al Resguardo, y que en el año 2011
las familias ratificaron que no deseaban pertenecer al Resguardo y pidieron un
tiempo para permanecer en las parcelas, el cual se les concedió, pero al no
haber armonía en la convivencia se acordó el pago de las mejoras, insumos y
cultivos dándole un millón de pesos por concepto de la casa a José Manuel
Marino Ecué y otro millón a José Cruz Ecué, un millón más a Avelino Ecué por
los cultivos y dos millones a Justo Ecué por la casa, pagos que se hicieron
como apoyo a las familias mencionadas;
(h) que dentro de la concepción del territorio Nasa,
éste es un todo y las mejoras que se hagan se entienden parte del mismo, y por
consiguiente son de propiedad colectiva;
(i) que de conformidad con la Constitución las tierras
indígenas son colectivas, inalienables, imprescriptibles e inembargables;
(j) Finalmente, menciona que la OPIC no tiene
injerencia en su territorio.
7.3.  En el presente proceso de revisión se revisan las
siguientes decisiones:
7.3.1 El juez de instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez Belalcazar-Cauca,
en Sentencia del 18 de febrero de 2013, resolvió: “Primero: Denegar la
acción constitucional invocada por el accionante José Cruz Ecué Gutiérrez en
relación con la protección a los Derechos a la igualdad, dignidad, libre
desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, prohibición de destierro
y confiscación…
Segundo: Conceder la acción
constitucional a favor del señor José Cruz Ecué Gutiérrez, en relación con el
derecho consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, en relación
con el reconocimiento, tasación y pago de las mejoras, en el evento de existir,
efectuadas en las parcelas que le fueron desadjudicadas por decisión de la
Asamblea General de Comuneros del Resguardo Indígena Pichwe Tha Fxiw de la
Villa de Itaibe, municipio de Páez.
Tercero: Ordenar, la mediación respecto
del cumplimiento del punto anterior, del señor Personero Municipal de Páez, Dr.
Diego Mesias Belalcazar Yocue en desarrollo de su función como Ministerio
Público, del señor Alcalde del municipio de Páez Sr. Samuel Tumbo, del Consejo
regional Indígena del Cauca –CRIC-, del Ministerio del Interior Oficina de
Asuntos Indígenas y de la Defensoría del Pueblo Nacional y Regional,
adelantando las actuaciones necesarias al efecto en un término de cuarenta y
ocho horas (48) a partir de las notificaciones de la decisión aquí adoptada,
con el objeto de llegar a soluciones pacíficas y concertadas sobre el
reconocimiento de las mejoras existentes en las parcelas desadjudicadas, para
que la problemática aquí expuesta no se convierta en un problema de orden
público en la Región de Tierradentro municipio de Páez, supremamente afectada
por diversos fenómenos sociales que la tienen sumida en condiciones de pobreza
y violencia;…”.
Como fundamento de su decisión, tuvo en
cuenta las siguientes consideraciones:
(a) Le otorga la razón al Resguardo
accionado en cuanto a que la desadjudicación de las parcelas de los accionantes
es legítima, por cuanto ellos se desvincularon voluntariamente de la comunidad,
al retirarse del censo del Cabildo organizado localmente por el CRIC, y
nacionalmente por la ONIC, y decidieron vincularse a la organización OPIC.
(b) Considera que dicha decisión de la
Asamblea no constituye una sanción, sino una orden relacionada con el derecho
fundamental a la propiedad colectiva, de conformidad con las normas legales
establecidas en la Ley 89 de 1990.
(c) Menciona que la OPIC tiene asignados
territorios en parte de algunos sectores del departamento del Chocó.
(d) En cuanto al derecho al libre
desarrollo de la personalidad –art.16 Superior-, no vislumbra vulneración, pues
evidencia el ejercicio del mismo al renunciar las familias del accionante a ser
inscritas en el censo del Cabildo indígena accionado.
(e) De otra parte, consideró que en este
caso de desadjudicación de las tierras colectivas del Resguardo accionado, por
haberse realizado mejoras en las parcelas tales como cultivos, limpiezas,
encerramientos, fruto de su trabajo individual, y al no haber otro medio de
defensa judicial idóneo, se debe ordenar a las autoridades tradicionales en
conflicto  asistir ante la Personería Municipal de Páez -Cauca para que a
través del Ministerio Público se logre una concertación civilizada y pacífica
sobre dicho asunto, con el fin de que se les reconozca dichas mejoras a quienes
han sido objeto de la decisión administrativa por parte de las autoridades
indígenas.
7.3.2 Esta decisión fue impugnada tanto por el accionante, quien no está de
acuerdo con el fallo de tutela, en cuanto no se reconoce la vulneración de sus
derechos; como por el Resguardo accionado frente al segundo ordinal de la parte
resolutiva del mismo, frente a cuya decisión solicita que no se le reconozcan
mejoras al accionante, las cuales ya se le pagaron con satisfacción.
7.3.3 En decisión de segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Silvia-Cauca, en Sentencia del 18 de abril de 2013, resolvió: “Primero: Confirmar
en su integridad la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Páez
Belalcazar, del 18 de febrero de 2013, objeto de impugnación en esta
actuación,…
Segundo: Negar la solicitud presentada por el Personero
Municipal para realizar el evalúo de mejoras… “.
El Ad-quem
comparte los argumentos del juez de instancia, razón por la cual considera que
no se vulneraron los derechos fundamentales aducidos por el accionante, ya que la
determinación de las autoridades del Resguardo de desadjudicarles las tierras no
constituye expulsión o destierro, ya que (a) el accionante era usufructuario de
un bien colectivo; (b) tal decisión  no implica que tenga que irse del
territorio de Páez; y (c) la misma se adopta como consecuencia de su propio
actuar, pues renunciaron al Resguardo, no se incluyeron dentro del censo y desconocieron
la autoridad tradicional del mismo; (d) considera que cualquier orden en este
caso equivaldría a avalar la injerencia de terceros en asuntos internos de la
comunidad indígena; y (e) finalmente, comparte igualmente la decisión del juez
de primera instancia de ordenar la mediación del Personero Municipal y demás
autoridades, para que se logre una concertación al respecto de las mejoras de
las parcelas desadjudicadas.
7.4. Al
realizar el análisis constitucional del caso en estudio, la Corte concluye que
de conformidad con los hechos que constan en el expediente, las normas
constitucionales y la jurisprudencia de esta Corporación, no se evidencia vulneración
alguna de los derechos fundamentales para el accionante y su familia extensa.
Para justificar esta conclusión, la Sala reiterará y aplicará a este caso (i) las
reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela por
parte de los integrantes individuales de una comunidad indígena; (ii) la
protección constitucional de la identidad étnica y cultural de las comunidades
indígenas, la autonomía de las mismas, el fuero y la jurisdicción indígena; (iii)
los criterios constitucionales para las solución de conflictos entre la
jurisdicción indígena y la ordinaria o nacional; (iv) así como la importancia constitucional
y esencialidad del territorio para estas comunidades; como pasa a exponerse a
continuación:
7.4.1 En primer lugar, en cuanto a la procedencia de la
acción de tutela, el Tribunal encuentra que la acción tutelar que ahora se
revisa es procedente, por cuanto la jurisprudencia pacífica de esta Corporación
ha sostenido que el mecanismo de protección de tutela puede ser enervado tanto
por la comunidad como un todo, como también por los miembros individualmente
considerados de una comunidad indígena, con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. En este último caso, los individuos de una comunidad están legitimados
para interponer la acción de tutela frente a actos o decisiones adoptadas por
las autoridades tradicionales competentes de la comunidad, que consideran han
vulnerado sus derechos fundamentales. Esta regla se ha fijado, por cuanto, como
quedó expuesto de manera detallada en la parte considerativa de esta sentencia,
si bien la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte han reconocido y
garantizado de manera prevalente la autonomía, el fuero y la jurisdicción
indígena, también han establecido y desarrollado el principio de no
contradicción con la Constitución, con el fin de proteger derechos
fundamentales y bienes jurídicos esenciales del ordenamiento jurídico
constitucional. Igualmente, este Tribunal ha evidenciado que los miembros de
las comunidades indígenas se encuentran en una situación de subordinación e
indefensión respecto de la estructura institucional y organizativa del
respectivo Resguardo, ya que no existen procedimientos de control judicial al interior
de las mismas comunidades a través de superiores jerárquicos de tales
autoridades a las cuales pueden recurrir.
Así
las cosas, en el caso que nos ocupa, el accionante, en nombre propio y los de
los miembros de su familia extensa, que comprende cuatro núcleos familiares, cuestiona
la aplicación por parte del Gobernador del Resguardo de Piskwe Tha Fxiw de la
Villa de Itaibe, Paez, del Departamento del Cauca, de una decisión adoptada por
la Asamblea General de la comunidad, que mediante la Resolución No. 001 del 14
de abril de 2012, firmada por los Gobernadores, profesionales y líderes del Resguardo,
les exigió la entrega al Cabildo del Resguardo de las tierras que les habían
sido adjudicadas, dándoles un plazo para abandonar las mismas, así como sus
casas y cultivos de café. Así mismo, afirma que el dinero que se les pagó por
las casas y cultivos no corresponde al valor real de las mismas. Además,
menciona que fueron también desvinculados de otros beneficios, tales como
Familias en Acción, de protección social y del carnet de salud.  Estas
decisiones y actuaciones por parte del Gobernador, de la Asamblea General de la
Comunidad y del Cabildo las considera arbitrarias, discriminatorias y
violatorias de múltiples derechos fundamentales y con ello de la Constitución,
ya que la única razón para que se adoptaran es que pertenecen a la asociación
OPIC.
7.4.2 La Sala
reitera en segundo lugar, que la Constitución de 1991 establece un nuevo
paradigma de reconocimiento y garantía del pluralismo y multiculturalidad, de
manera que en sus artículos 7 y 70, así como en los pactos y convenios firmados
y ratificados por Colombia y en algunas normas legales sobre protección de las
comunidades étnicas y pueblos tribales, se ha consagrado el derecho fundamental
de las comunidades indígenas y de sus miembros a la identidad étnica y cultural,
derecho del cual se derivan otra serie de derechos fundamentales para las
mismas y sus miembros.
Específicamente, en relación con el derecho
fundamental a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas se insiste en que éste se encuentra consagrado en los
artículos 1, 7, 70, 171, 176, 246, 286, 329 y 330 de la Carta, así como en el Convenio
169 de la OIT “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”
y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
adoptada en el 2007, con lo cual se garantiza la protección de la diversidad
étnica y cultural de los pueblos indígenas, y el derecho a la autonomía que de
este último se deriva.
7.4.3 Como parte de la serie de derechos reconocidos y
garantizados, reviste especial relevancia para el caso bajo estudio, el que la
Constitución de 1991 haya consagrado la jurisdicción y el fuero especial
indígena, a partir del cual, la jurisprudencia de esta Corporación en
desarrollo de su alcance normativo, ha establecido una serie de principios hermenéuticos
para la solución de casos relacionados con conflictos o  tensiones entre la
normatividad ordinaria o nacional y la normatividad de cada una de las
comunidades indígenas, principios que la Sala aplica al caso bajo estudio. Los
principios más relevantes que ha establecido la Corte son el de “maximización
de la autonomía de las comunidades indígenas y la minimización de las
restricciones”, el de “mayor autonomía para la decisión de conflictos
internos”, y el principio según el cual “a mayor conservación de la
identidad cultural, mayor autonomía”.
De
conformidad con los principios enunciados, en este caso la Sala colige lo
siguiente:
(i)
En aplicación del primer principio de maximización de la autonomía de las
comunidades indígenas y minimización de las restricciones, debe dársele mayor prevalencia
a la autonomía de la comunidad indígena del Resguardo de Piskwe Tha Fxiw de de la
Villa de Itaibe, Paez, del Departamento del Cauca, y a las decisiones adoptadas
por sus autoridades ancestrales, tales como el Gobernador, el Cabildo y la
Asamblea General de la comunidad. Lo anterior, por cuanto la decisión que ahora
se controvierte por el accionante en relación con la orden de entrega de las
tierras que le fueron adjudicadas al mismo y a su familia, constituye una
decisión que trata (a) sobre un asunto de carácter interno de la comunidad; (b)
las tierras son de propiedad colectiva del Resguardo; (c) la decisión se adoptó
de conformidad con los usos, costumbres y procedimientos preestablecidos por la
comunidad de conformidad con su fuero y jurisdicción que la Constitución les
reconoce; (d) la decisión se tomó teniendo en cuenta que el accionante y su
familia renunciaron a pertenecer al Resguardo, tal y como consta en las Actas
de las Asambleas de la comunidad que obran en el expediente; y (e) la decisión
no resulta violatoria de derechos fundamentales básicos para la Carta Política
de 1991 tales como la vida, la prohibición de tortura, de esclavitud, violación
del debido proceso, ni se trata de una sanción de carácter penal.
En
armonía con lo anterior, esta Corporación reitera su jurisprudencia en cuanto a
que el juez constitucional debe mantenerse
ajeno a los problemas internos que deban ser conocidos y resueltos por la
propia comunidad y que no conlleven la vulneración de los derechos
fundamentales de sus miembros consagrados y protegidos en la Carta Política.
Así mismo, recaba en que no corresponde tampoco al juez de tutela señalar la
forma en que deben ser utilizados los recursos propios de la comunidad,
principalmente la tierra, ni pronunciarse sobre cada una de las distintas
decisiones adoptadas por la comunidad, reunida en Asamblea General, para la
adjudicación de parcelas de tierras a los miembros de la comunidad, o la
desadjudicación de las mismas a aquellos que hayan renunciado a pertenecer al Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe.[63]
De
otra parte, la Sala resalta que el punto nodal en esta discusión es que el
accionante y su familia renunciaron expresamente a pertenecer a la comunidad y al
Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe accionado,  tal y como
consta en las Actas de la Asamblea
General de la comunidad del 28 de junio de 2010 (Folios 94-110). Así en el
folio 99 del expediente quedó consignado cómo el secretario lee las renuncias
de las familias al cabildo “Jorge Ponton Oteca, José Manuel Marino Ecue
Gutierrez, Uwaldina Tenorio Abelino Ecue Gutiérrez y Justo Ecue”, y al
final del Acta en folios 104-110 consta que los indígenas antes señalados
renunciaron al censo del Cabildo de Pickwe Tha Fxiw, y se excluyen del mismo el
nombre de los miembros de sus familias.
En
cuanto al censo, la Corte reitera que este
instrumento cumple una función importante para la determinación del grupo
poblacional de los Resguardos, en razón a que refleja, por regla general, la
pertenencia a la comunidad y la identidad indígena, de acuerdo con lo explicado
en los fundamentos de este fallo. Por lo anterior, el hecho de que el
accionante y su familia renunciaran a estar inscritos o registrados en el censo
del Cabildo de Piekme Tha Fxiw conlleva la consecuencia de que pierden la
prerrogativa de ser beneficiarios o usufructuarios de los recursos del Resguardo,
principalmente del usufructo de la tierra.
(ii)
En aplicación del segundo principio de mayor autonomía para la decisión de
conflictos internos, la Corporación constata que este principio es totalmente
aplicable para el presente caso, el cual se refiere a un asunto de competencia
exclusiva del fuero interno o jurisdicción de la comunidad, del Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe y de sus autoridades
legítimamente conformadas tales como el Cabildo y la Asamblea General de la
Comunidad. Lo anterior, por cuanto estas instancias de la jurisdicción
indígena, las cuales tienen autoridad tanto para la adjudicación de parcelas de
tierras a los miembros de su comunidad con fines exclusivos de usufructo, ya
que la propiedad de la tierra es colectiva para el Resguardo, y éstas son
inenajenables, imprescriptibles e inembargables; como también para la
desadjudicación de las mismas, cuando ocurra algún hecho que esté previsto en
las normas de la comunidad como causal para dicha decisión, tal como la desvinculación
o renuncia voluntaria de alguno de sus miembros de pertenecer al Resguardo,
como sucede en el presente caso.
La
Sala tiene en cuenta también el hecho de
que el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe tiene
establecido sus usos, costumbres, principales derechos, obligaciones, forma de
organización política, y procedimientos. En punto a este tema, la Corte reitera
su jurisprudencia en cuanto a que este Tribunal no tiene competencia para
realizar una interpretación autorizada de dichos usos, costumbres, derechos,
procedimientos, organización política y legislación indígena, de cuyo compendio
esta Corporación ha reconocido que constituye, incluso más allá de normas
jurídicas vinculantes, un proyecto de vida.[64]
(iii)
En aplicación del tercer principio según el cual a mayor conservación de la
identidad cultural, mayor autonomía de la misma, la Sala concluye que este
principio se aplica plenamente en el presente caso, dado que el Resguardo que
ahora se demanda y su cabildo, hacen parte de la Asociación de Cabildos de
Tierradentro, y del Pueblo Nasa, uno de los pueblos indígenas con mayor grado
de conservación de su cultura y de sus costumbres, y con mayor nivel de
organización institucional y estructural en cuanto a sus autoridades
ancestrales, las cuales se encuentran investidas de la autoridad, legitimidad y
competencia para conocer y resolver asuntos internos de la comunidad y asuntos
que correspondan al fuero y jurisdicción indígena en amplias y diferentes
materias.
7.4.4 De otra parte, la Corporación recaba en que la jurisprudencia de esta Corte
se ha manifestado en relación con el principio de no contradicción o de
armonización con la Constitución, de conformidad con el cual, no obstante
el reconocimiento del fuero y la jurisdicción indígena, se imponen algunos límites
constitucionales a la misma, ya que este derecho no puede ser absoluto, sino
que al encontrarse en el contexto de un Estado unitario, estos derechos deben coordinarse, armonizarse y
conciliarse con el principio de unidad nacional, de manera que la jurisdicción
indígena debe respetar
los valores, principios y derechos fundamentales establecidos en la
Constitución, de conformidad con los Derechos Humanos y normas de iuscogens,
los cuales son reconocidos por un consenso
intercultural y cuasiuniversal.
De esta manera, este Tribunal insiste en que si alguna
práctica, uso, costumbre o regla establecida en la legislación indígena interna
es contraria a los presupuestos normativos imperativos del orden jurídico
constitucional, los cuales constituyen al mismo tiempo requisitos sine qua
non para el propio reconocimiento y garantía del pluralismo, de la
tolerancia y de la multiculturidad, éstos no pueden ser aceptados ni validados
desde el punto de vista constitucional. En consecuencia, esta Corporación ha
evidenciado como talanqueras al fuero y jurisdicción indígena el respeto por un
mínimo de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, que
constituyen los principales bienes jurídicos a proteger, tales como el derecho
a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el
principio de legalidad, especialmente en materia penal, entre otros. Adicionalmente, en casos de conflictos de naturaleza
penal, esta Corte ha impuesto como límite a la potestad sancionadora de las
autoridades indígenas, la prohibición de imponer penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 38 C.P.
(i)
En el presente caso, la Sala evidencia que la decisión adoptada o la orden
impartida por la Asamblea de la comunidad, y ejecutada por el Gobernador,
relativa a la devolución de las tierras adjudicadas al accionante y su familia,
no resulta violatoria de derechos fundamentales básicos para la Carta Política
de 1991, tales como la vida, la prohibición de tortura, de esclavitud,
violación del debido proceso, y que tampoco se trata de una sanción de carácter
penal.
Así,
la decisión adoptada por la Asamblea General
de la comunidad, en el sentido de excluir de los beneficios de la adjudicación
de parcelas de tierras del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de
Itaibe al accionante y su familia extensa, por no pertenecer más de manera
voluntaria a la comunidad ni al Resguardo, no constituye, en criterio de esta
Sala, una sanción como erróneamente lo plantea el actor, por las siguientes
razones:
(a)
La decisión que se cuestiona no fue adoptada por el Cabildo que es la principal
autoridad del Resguardo, sino por la Asamblea General de la comunidad que, es el órgano que ostenta la soberanía
política de la comunidad indígena, esto es, representa el principal órgano
de poder político del Resguardo, en el cual se toman las decisiones generales
de la comunidad, teniendo como premisa la participación directa y activa de todos
los miembros de la comunidad.
(b)
La decisión controvertida tampoco constituye una sanción, ya que no se adoptó dentro
de un procedimiento judicial de carácter penal o sancionatorio, como
consecuencia de una conducta del accionante y de su familia extensa, que da
lugar al ejercicio del poder punitivo de la comunidad en el contexto de los
usos, costumbres y tradiciones de la misma. La Sala considera que la decisión
objetada mediante la tutela, se trata más bien de una medida de carácter
administrativo que incumbe a todos los miembros de la comunidad, y consiste en la
desadjudicación de parcelas de tierra al accionantes y su familia extensa,
debido a la renuncia expresa que éstos hicieron respecto de pertenecer al Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, quedando excluidos del censo y
de los beneficios correspondientes, entre ellos el de usufructuar los recursos
del Resguardo. No desconoce la Corte sin embargo, que esta decisión afecta
económica y patrimonialmente al peticionario y a su familia, lo cual sin
embargo no tiene el estatus de una vulneración constitucional, ya que la
decisión se adoptó con plena garantía de los usos y costumbres de la comunidad,
y con pleno respeto del fuero y jurisdicción indígena para ello.
(c)
A juicio de esta Corporación, la decisión de la Asamblea General de la
comunidad cuestionada en esta oportunidad, tampoco constituye una sanción, pues
se toma respecto de uno de los aspectos en los cuales las comunidades indígenas
adquieren mayor autonomía, como es la tierra y el territorio, y se adoptó por
la comunidad de manera razonable y proporcional, sin implicar una restricción
injustificada, irrazonable o desproporcionada de los derechos individuales del
actor y de su familia extensa.
(ii)
Tampoco encuentra la Corte que se hayan excedido los límites constitucionales
que se imponen al fuero y jurisdicción indígena, ya que no se está vulnerando
la vida, la integridad, no se está esclavizando, violando el debido proceso, ni
desterrando al accionante y a su familia extensa. En igual sentido, no
considera la Sala que exista la discriminación que alega el accionante en razón
a que ahora pertenecen él y su familia extensa a la OPIC, sino que la decisión
se basa exclusivamente en su renuncia expresa en la Asamblea General de la
comunidad a pertenecer al Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de
Itaibe y negarse a quedar incluidos dentro del censo.
A
este respecto existe también precedente constitucional en cuanto a que la
pertenencia a la comunidad implica la aceptación del poder político y
religioso, que se encuentran fundidos en estas comunidades, y que por tanto el
abandono de los usos, costumbres, tradiciones y legislación indígena de estas comunidades,
implica un deterioro de la cultura y tradición del grupo indígena, y que por ésto,
las autoridades pueden tomar decisiones que impliquen repartición diferencial o
exclusión de usufructo de los recursos propios de las comunidades.[65]
En
relación con los demás derechos que el actor considera vulnerados, tales como
la presuntas sanciones de destierro y confiscación prohibidas por la
Constitución, no encuentra la Corte sustento para dichos cargos, ya que como se
comprueba en el expediente de tutela, el Gobernador del Resguardo Indígena
Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe accionado, la renuncia al Resguardo fue
expresa, consciente y voluntaria por parte del actor y su familia extensiva, y
quedó consignada en las Actas de las Asambleas Generales de la Comunidad, de
manera que por propia voluntad dejaron de pertenecer a la comunidad y con ello
de cumplir con las obligaciones que ello implica, y como consecuencia, también
de percibir los beneficios que ostentan los miembros del Resguardo que residen
en el territorio colectivo.
Adicionalmente,
en criterio de la Sala la decisión objetada no implica tampoco ni destierro,
por cuanto el actor y su familia pueden permanecer en la región, ni
confiscación por cuanto la tierra es de propiedad colectiva del Resguardo Indígena
Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, y respecto de las casas, ha habido un
primer momento de conciliación respecto del monto a modo de compensación que el
Gobernador les ha reconocido a las familias afectadas con la decisión adoptada
por la Asamblea General de la comunidad.
Finalmente,
no encuentra la Corporación que se haya vulnerado mediante la decisión
objetada, el debido proceso, dado que la
decisión adoptada por la comunidad, como ya se explicó, no es de carácter
sancionatorio, pero además se tomó con pleno respeto del debido proceso por la
Asamblea General de la comunidad, de conformidad con los usos, costumbres, tradiciones
y derecho indígena de la misma, de forma tal que constituye una decisión
autónoma sobre la forma en que se desadjudican las parcelas de tierra a los que
antiguamente eran miembros de la comunidad pero que de manera voluntaria
decidieron renunciar a ella o abandonarla. A juicio de la Sala, la garantía del
debido proceso, teniendo en cuenta este contexto, se traduce en el derecho de
participación de todo miembro en la Asamblea General.
En
este sentido, en las Actas de la Asamblea General de la comunidad consta la
orden de que los demandantes devuelvan las parcelas de tierra al Cabildo. Así,
en la tercera Asamblea General del 30 de mayo de 2010 (folios 84-90) ante la
evidencia de que algunas familias salen del censo del Resguardo Indígena Pickwe
Tha Fxiw de la Villa de Itaibe para pertenecer a otra organización, el señor
Gerardo Menza afirma que “si toman esa decisión y también deben abandonar el
territorio, ya que al pertenecer a la otra organización están desconociendo
nuestra autoridad legitima. Y yo propongo que demos 6 meses de plazo” lo
cual fue reafirmado por otro miembro del cabildo.
En
la cuarta Asamblea General del 28 de junio de 2010, se vuelve a hablar con las
familias para tratar de persuadirlas para que se queden como miembros de la
comunidad y se inscriban en el censo, pero ante la negativa se les da un plazo
de seis meses para dejar las tierras del Resguardo.
En
la Asamblea General del 3 de agosto de 2011 ante la renuncia que hicieron al Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe se les pregunta al accionante y
su familia cuándo se van, ellos piden un plazo de 30 días para recoger la
cosecha y poder irse a la tierra que ya han comprado en otra lugar (folios
116-118), y el 26 de agosto del mismo año se les da el valor que han pedido por
sus casas y otras pertenencias. (Folios 123-124).
En
el expediente, siempre reluce con claridad por parte del Gobernador del Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, como de los otros miembros del
Cabildo, que es por voluntad propia que las familias han renunciado al censo y
han decidido dejar el Cabildo.
7.4.5 En relación con los requisitos para que se configure
válidamente, desde el punto de vista constitucional, el fuero y la jurisdicción
especial indígena, esta Sala encuentra que en el presente caso se cumple con
todos ellos, y que el Resguardo accionado, su Gobernador y Asamblea General de la
Comunidad tenían plena competencia para conocer y decidir sobre el asunto en
cuestión, ya que se cumple con los siguientes criterios:
(a)
El criterio territorial, el cual hace referencia al espacio geográfico
que ocupa la comunidad y se hace extensivo a aquellos ámbitos en donde
tradicionalmente los indígenas desarrollan sus actividades sociales, económicas
o culturales. En este caso bajo estudio, el criterio territorial es de máxima
importancia, por cuanto la disputa se da internamente, precisamente en torno a
la tierra del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, esto
es, a la adjudicación y posterior desadjudicación de parcelas de tierras al
accionante y su familia, por causales de orden interno de la comunidad, como en
este caso, el haber renunciado a pertenecer al Resguardo en cuestión.
(b)
El criterio personal que se relaciona con las partes involucradas, las
cuales deben ser miembros de la comunidad o tener la calidad de indígena, lo
cual se determina a través de elementos tales como el censo de la comunidad o
un carnet de pertenencia a ésta, y en donde se debe tener en cuenta además el criterio
subjetivo, que hace alusión a la conciencia étnica del sujeto y su relación
de pertenencia o grado de integración con la comunidad.
La
Sala concluye que este criterio se verifica plenamente en el presente caso para
convalidar la competencia del fuero y la jurisdicción indígena, ya que la
decisión adoptada por la Asamblea General de la Comunidad, el Gobernador del Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe demandado, tuvo como origen
precisamente el que el accionante y su familia, habían dejado de pertenecer, de
manera voluntaria y consciente al Resguardo, mediante renuncias expresas hechas
ante la Asamblea General de la comunidad, tal y como consta en el expediente.
Por tanto, el accionante y su familia ya no se encontraban inscritos en el
censo del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, que es el
mecanismo idóneo y adecuado al interior de las comunidades, para la inscripción
y verificación de los miembros activos del mismo. En el mismo sentido, la Corte
encuentra que se aplica igualmente el criterio subjetivo para legitimar el
fuero y la jurisdicción indígena, por cuanto el accionante y su familia, al
pertenecer a otra asociación diferente al Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de
la Villa de Itaibe, en este caso la OPIC, habían dejado de tener el sentido de
pertenencia a la comunidad y la conciencia étnica y el grado de integración con
la comunidad, para poder usufructuar de los recursos de la misma,
principalmente de la adjudicación de tierras.
(c)
El criterio institucional cuyo contenido comporta el grado de desarrollo
de la institucionalidad, organización y legislación indígena propia de cada
comunidad, de conformidad con el cual se definen los usos y costumbres, legislación
indígena, medidas sancionatorias, procedimientos, y autoridades competentes
para solucionar los asuntos propios de la comunidad. En este caso, como ya se
mencionó, el criterio institucional es bastante fuerte, ya que se trata de un Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, que pertenece a la Asociación
de Cabildos de Tierradento y al Pueblo Nasa en el Cauca, uno de cuyos cabildos
y pueblos indígenas en Colombia, posee mayor grado de conservación de su
cultura, usos y costumbres ancestrales, así como de organización institucional,
y de legislación indígena interna a través de normas y autoridades ancestrales.
En
punto a este tema es de resaltar que el Cabildo del Resguardo Indígena Pickwe
Tha Fxiw de la Villa de Itaibe hace parte de la Asociación de Cabildos de
Tierradentro, del Pueblo Nasa y del CRIC, y por tanto cuenta con una amplia
representatividad entre las comunidades de la región. En consecuencia, sus
decisiones deben ser respetadas por los órganos del Sistema Jurídico Nacional,
pues es una manifestación de autonomía de los Cabildos de Tierradentro.
(d)
Finalmente, el criterio objetivo que se refiere a que en
principio las comunidades indígenas pueden conocer de casi cualquier tipo de
controversia (de carácter civil, penal, laboral etc.) exceptuando los casos de
delitos que “desbordan la órbita cultural indígena” que por su nocividad
social deben ser tratados por la jurisdicción ordinaria, como es el caso del
terrorismo, el delito de rebelión, el narcotráfico, el contrabando, el lavado
de activos, el porte ilegal de armas, la corrupción al sufragante y los delitos
de lesa humanidad.
Este
criterio se configura plenamente en el presente caso para convalidar la
competencia de la jurisdicción del Resguardo demandado, ya que como se mencionó,
la jurisdicción especial indígena a través de sus cabildos tiene una amplia
competencia para conocer controversias de todo tipo, entre ellas las que se
refieren a la distribución de la tierra, y la controversia en cuestión versa
sobre una disputa de orden exclusivamente interna, que ni siquiera tiene
relevancia de carácter judicial, en el ámbito civil, penal o laboral, sino que más
bien se trata de una decisión o acto de carácter administrativo adoptada por la
Asamblea General de la comunidad y ejecutada por el Gobernador del Resguardo
Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe, en relación con la
desadjudicación de parcelas de tierras al accionante y sus familias, por el
hecho de haber renunciado al Resguardo y por tanto, no pertenecer más al mismo,
causal por la cual se ordenó la entrega de las tierras al Cabildo del Resgurado
accionado.
En
este mismo sentido, es importante mencionar que el artículo 7º de la Ley 89 de
1890, que definió las relaciones con los pueblos indígenas en tiempos de la
Regeneración, y que en buena parte son disposiciones que continúan vigentes y
han sido apropiadas por las comunidades indígenas para estructurar su derecho
propio consagra:
“Artículo
7º. Corresponde al Cabildo de cada parcialidad
(…)
4.
Distribuir equitativa y prudencialmente, con aprobación del Alcalde del
Distrito, para el efecto de elaborar entre los miembros de la comunidad las
porciones de resguardos que se mantengan en común, procurando sobre todo que
ninguno de los partícipes, casados ó mayores de diez y ocho años, quede
excluido del goce de alguna porción del mismo resguardo; (…)”
Es de recordar igualmente el artículo 17.1 del
Convenio 169 de la OIT establece que “1. Deberán respetarse las modalidades
de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de los
pueblos interesados establecidos por dichos pueblos”.
Estas diferentes normas y reglas jurisprudenciales
mencionadas a lo largo de esta providencia, son importantes para mostrar que la
competencia de los cabildos indígenas para adjudicar derechos sobre la tierra
es uno de los elementos centrales de la jurisdicción indígena, reconocido ya
desde la colonia e incluso bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y su
modelo, reafirmado por la Constitución de 1991, de manera que no se trata de un
derecho de cuño reciente, sino de una de las competencias que ha estructurado
de manera más clara y ancestral las relaciones entre los cabildos indígenas y
sus pueblos.
7.4.6 En armonía con lo hasta aquí expuesto, encuentra la
Sala que en el presente caso se deben aplicar los artículos 63, 329 y 330 de la
Constitución Política, de conformidad con los cuales el ordenamiento jurídico
superior protege el derecho fundamental a la tierra o territorios de las
comunidades indígenas, el cual es concebido como una propiedad colectiva por
parte de las comunidades indígenas, que se caracteriza por (i) el
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable del
territorio; (ii) la consideración de la ancestralidad como “título”
de propiedad; (iii) porque el concepto de territorio no se restringe a la
ubicación geográfica de una comunidad o un Resguardo indígena, sino que se
asocia al concepto más amplio de ámbito cultural de la
comunidad; y (iv) es un componente esencial para su cultura, cosmovisión,
religiosidad, espiritualidad, así como para su subsistencia y supervivencia
como pueblos indígenas. De esta manera, la Corte concluye que debe protegerse
la decisión adoptada por la Asamblea de la comunidad del Resguardo demandado,
con el fin de proteger su derecho fundamental a la integralidad de la tierra o
territorios de dicha comunidad indígena, como derecho colectivo, inenajenable,
inembargable, imprescriptible, necesario para su subsistencia y supervivencia,
esencial para la conservación de cultura y tradiciones, y que debe ser
usufructuado por sus miembros.
En
este sentido, es claro para la Corporación la importancia que posee el
territorio para la comunidad indígena del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de
la Villa de Itaibe demandado, ya que el mismo se define a partir de la
integralidad del territorio que ocupa y es vital para la conservación de su
cultura e identidad étnica, así como para su supervivencia. Así las cosas, la
Corte aplica en este caso también la sólida línea jurisprudencial constitucional
en la materia, así como los principales instrumentos de derecho internacional
relativos a los derechos de los pueblos indígenas, en los cuales se ha
reconocido la especial relevancia del territorio para los grupos originarios,
así como el carácter esencial del territorio como propiedad colectiva y espacio
de interacción cultural y ejercicio de la autonomía, el fuero y la jurisdicción
de las comunidades indígenas, como criterio territorial de esto último.
Por
lo tanto, la Sala estima que es
plenamente válido, desde el punto de vista constitucional y del bloque de
constitucionalidad, el que la comunidad del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw
de la Villa de Itaibe accionado haya decidido que sus recursos territoriales
sean usufructuados exclusivamente por los miembros de la comunidad que están
debidamente inscritos en el censo, decisión que se encuentra fundada en razones
legítimas, como la renuncia expresa y voluntaria del accionante y de su familia
extensiva, de no pertenecer al Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa
de Itaibe, y no puede por tanto, considerarse discriminatoria.
No
escapa a la Corte el hecho de que en
algunos casos, la exclusión de algunos miembros de comunidades indígenas puede
resultar injustificada e inconstitucional, como cuando un miembro de un Resguardo
se ve obligado a abandonar el territorio colectivo por motivos ajenos a su
voluntad, como coacción física, desplazamiento o amenazas. Estos casos deben
ser tenidos en cuenta por las autoridades indígenas y ser analizados
debidamente por los jueces de tutela.
7.4.7
Finalmente, la Sala encuentra
conveniente referirse a la pérdida de las familias accionantes de sus derechos
fundamentales a ser parte de algún régimen de salud y de estar inscritos en el
programa de Familias en Acción, beneficios que no deberían afectarse por haber
renunciado a pertenecer al Resguardo Indígena de que trata esta tutela, ya que
son derechos que ostentan por su condición de indígenas, de manera que estas
familias indígenas deben tener derecho a mantener estas garantías al ser
incluidas en el censo de la OPIC o de alguna de las comunidades indígenas que
pertenezcan a esta organización. De esta manera la Corte resalta que si bien el
derecho a usufructuar las tierras del resguardo se pierde por el hecho de
renunciar a pertenecer al mismo, no se pierden otros derechos fundamentales que
se atribuyen debido a la condición de indígena, derechos que los accionantes
podrán hacer valer una vez sean incluidos en el censo de la nueva comunidad
indígena al que han pasado a pertenecer.
7.4.8 En síntesis y siguiendo la línea jurisprudencial
consolidada y sistemática en punto a este tema, este Tribunal protegerá el
derecho a la autonomía, al fuero y jurisdicción de la comunidad indígena
accionada, y en ese sentido confirmará las decisiones adoptadas por los jueces
de instancia, inclusive la invitación a las partes para que se reúnan con el
Ministerio Público con el fin de conciliar el pago por compensación de las
casas y cultivos al accionante y su familia extensiva, teniendo en cuenta los
pagos ya realizados por el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de
Itaibe a los mismos y de conformidad con los usos, costumbres, tradiciones y el
derecho indígena del Resguardo accionado.
Con
fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala reiterará las decisiones de instancia, en el sentido
de denegar la protección tutelar a los derechos invocados por el actor.
Igualmente confirmará la decisión del juez de segunda instancia, en el sentido
de que al presentarse desavenencias en cuanto al monto pagado a modo de
compensación por las casas y las cosechas, se solicita la mediación  “…. del
señor Personero Municipal de Páez,
Dr.
Diego Mesias Belalcazar Yocue en desarrollo de su función como Ministerio
Público, del señor Alcalde del municipio de Páez Sr. Samuel Tumbo, del Consejo
regional Indígena del Cauca –CRIC, del Ministerio del Interior Oficina de
Asuntos Indígenas y de la Defensoría del Pueblo Nacional y Regional,
adelantando las actuaciones necesarias al efecto en un término de cuarenta y
ocho horas (48) a partir de las notificaciones de la decisión aquí adoptada,
con el objeto de llegar a soluciones pacíficas y concertadas sobre el
reconocimiento de las mejoras existentes en las parcelas desadjudicadas, para
que la problemática aquí expuesta no se convierta en un problema de orden
público en la Región de Tierradentro municipio de Páez, supremamente afectada
por diversos fenómenos sociales que la tienen sumida en condiciones de pobreza
y violencia;…”.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Número Nueve de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-  CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de
Silvia-Cauca, calendada el 18 de abril de 2013, en la cual se resolvió “Confirmar
en su integridad la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Páez
Belalcazar, del 18 de febrero de 2013, objeto de impugnación en esta
actuación”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta
de la Corte  Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
SENTENCIA T-659/13
PRINCIPIO A MAYOR CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL, MAYOR AUTONOMIA-Evolución
jurisprudencial (Aclaración de voto)
Durante la primera etapa de la Corte el criterio se mantuvo, en su
formulación tradicional, como un “dicho al pasar” que no sólo no influyó
efectivamente las decisiones de la Corte sino que, incluso, se hallaba en
abierto contraste con el sentido real de una jurisprudencia constitucional
dispuesta a reconocer, sin discriminar, la autonomía de las comunidades
indígenas que, sometidas a más intensos procesos de aculturación, emprendieron
procesos de reconstrucción de su identidad étnica y cultural, apropiando para
ello elementos de la sociedad mayoritaria. A partir de 2009 se asiste a una
segunda etapa en el desarrollo jurisprudencial del principio. En la sentencia
T-514 de 2009, la Corte revisó los fundamentos del criterio “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía” por considerar que,
entendido en su acepción tradicional, resulta incompatible con los principios
constitucionales de no discriminación e igual respeto por la dignidad de todas
las culturas. En esta sentencia se reconoce que, “a pesar de que el principio
ha sido reiterado desde 1994, no existe un solo pronunciamiento en el que la
Corte haya aceptado o impuesto una restricción a la autonomía de una comunidad
indígena que ha sufrido un proceso de ‘aculturación’, o de pérdida de
costumbres tradicionales”. Sin embargo, en lugar de abandonar este criterio, en
esta decisión se propone entenderlo, no como un enunciado normativo, sino como
una comprobación descriptiva de la que se deriva una pauta de interpretación
según la cual, mientras en el caso de comunidades con alto grado de
conservación de su identidad, es preciso un mayor esfuerzo de traducción
intercultural, para el caso de comunidades con escaso grado de conservación de
sus tradiciones, el diálogo intercultural podrá entablarse con mayor facilidad.
CRITERIO A MAYOR CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL, MAYOR NECESIDAD DE TRADUCCION INTERCULTURAL/CRITERIO A MENOR
CONSERVACION DE IDENTIDAD CULTURAL, NO ES MEJOR LA NECESIDAD DE TRADUCCION (Aclaración de voto)
PRINCIPIO A MAYOR CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL, MAYOR AUTONOMIA-Carece de
justificación constitucional, no ha sido empleado como regla de decisión
efectiva para resolver conflictos entre la jurisdicción indígena y la ordinaria
(Aclaración de voto)
Tanto
en su formulación inicial como en el entendimiento propuesto a partir de la
sentencia T-514 de 2009, el criterio “a mayor conservación de la identidad
cultural, mayor autonomía” carece de justificación constitucional, salvo alguna
excepción, no ha sido empleado como regla de decisión efectiva, y además
plantea más problemas de los que soluciona. En virtud de esta problemática que
motiva mi aclaración de voto, estimo fundamental que se unifique la comprensión
de este principio, e incluso se considere el abandonarlo.
Referencia: Expediente T-3935122
Acción de tutela instaurada por José Cruz Ecué
Gutiérrez, contra el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe.
Magistrado ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Con
el debido respeto por las decisiones de la Corte, aclaro mi voto a la sentencia
T-659 de 2013.
1.
Comparto la decisión adoptada en este caso por la Sala Novena de Revisión, de
negar el amparo solicitado por considerar que las autoridades del cabildo
Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe actuaron en ejercicio de su autonomía al
solicitar al accionante y su familia la devolución de las tierras del resguardo
que les habían sido adjudicadas, en atención a que estos renunciaron a su
pertenencia a esta comunidad, adscrita al Consejo Regional Indígena del Cauca -
CRIC para integrarse, en su lugar, a la Organización de los Pueblos Indígenas
de Colombia – OPIC. Asimismo, coincido con la Sala en precisar que, no obstante
lo anterior, el accionante y su familia tienen derecho al reconocimiento de sus
mejoras, así como a que les sean garantizados derechos que ostentan por su
condición de indígenas, con independencia a la comunidad específica a la que
pertenezcan, como son su inserción dentro del régimen subsidiado de salud y en
el programa de Familias en Acción.
2.
Sin embargo, aclaro mi voto en lo que respecta a la inclusión del criterio “a
mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, al que se
alude en la sentencia como uno de los principios que han de emplearse para
resolver los conflictos entre la jurisdicción indígena y la ordinaria.
Discrepo de la utilización de este criterio de decisión, en tanto no responde
al modelo de relación con la alteridad diseñado en la Constitución, basado en
los principios  de no discriminación y de igual respeto por la dignidad de
todas las culturas. En segundo lugar, porque en realidad no ostenta el valor de
precedente vinculante, sino de un obiter dictum de dudosa justificación
constitucional. Finalmente, porque la manera en que es entendido y aplicado en
esta sentencia no tiene en cuenta la importante reformulación de la que fue
objeto este principio a partir de la sentencia T-514 de 2009.[66]
3.
Para fundamentar estas consideraciones, distinguiré las dos etapas que se
advierten en la interpretación del criterio en la jurisprudencia
constitucional. Seguidamente, examinaré la manera en que es utilizado en esta
sentencia y expondré las razones por las cuales la Corte debería desestimar
este criterio decisorio.
I.
Dos momentos en la interpretación del criterio “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”
4. Aunque
esta máxima de decisión ha sido reiterada por la Corte desde su jurisprudencia
temprana, se aprecia un importante viraje entre su formulación inicial en la
sentencia T-254 de 1994[67] y la reinterpretación de
la que fue objeto a partir de la sentencia T-514 de 2009, lo que permite
discernir con claridad dos etapas en su evolución jurisprudencial.
Los
comienzos: La autonomía reconocida a los pueblos indígenas depende del grado de
conservación cultural
5.
Este criterio decisorio, planteado por vez primera en la sentencia T-254 de
1994[68], se
justificó por la necesidad de colmar el vacío existente en las comunidades
indígenas que, por haber estado expuestas de manera más intensa a los procesos
de colonización y su consecuente asimilación a la sociedad hegemónica, no
contaban con instituciones propias de control social. Se dijo entonces que lo
adecuado en estos casos para colmar el vacío institucional y normativo era
ordenar el pleno sometimiento de estas comunidades al sistema jurídico
nacional:
“La realidad colombiana muestra que las numerosas
comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una
mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden
colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de
1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de
algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco
normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social
dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos
que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio,
respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse
en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden
constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los
extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación
de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones.”
En
aquella ocasión la Corte decidió la tutela interpuesta por un integrante de la comunidad indígena de El Tambo (perteneciente al
pueblo Pijao del Tolima), que fue sancionado por su comunidad por el delito de
hurto. La sanción consistió en la expulsión del territorio del resguardo, junto
con toda su familia. La Corte concedió el amparo, por considerar
desproporcionada la sanción de expulsar del territorio a todo el grupo
familiar, y ordenó a las autoridades del cabildo adoptar una nueva decisión,
respetuosa del derecho propio y de las garantías del debido proceso
constitucional, que recayera sobre el comunero pero no sobre su grupo familiar.
Sin embargo, más allá de su formulación en abstracto, el principio “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, no tuvo ninguna
influencia en la decisión de la controversia, pues el punto de partida fue
reconocer el derecho de la comunidad a imponer sanciones en ejercicio de la
autonomía reconocida en el art. 246 de la Constitución, sin que para determinar
su alcance se concediera relevancia al hecho de que precisamente la comunidad
indígena accionada fuera una de aquellas que, tras haber expuesta a un intenso
proceso de aculturación, sólo en los últimos tiempos había emprendido un
proceso de fortalecimiento y recuperación de su identidad étnica. En
definitiva, la formulación de este criterio en la sentencia T-254 de 1994 tuvo el valor de un mero obiter dictum, en tanto no
influyó en modo alguno en la decisión allí adoptada, razón por la cual, en
rigor, no tenía carácter de precedente que controlara la decisión de casos
futuros.
6.
No obstante ello, la máxima “a mayor conservación de la identidad cultural,
mayor autonomía” fue incorporada desde entonces en numerosos
pronunciamientos, como parte de la doctrina constitucional consolidada por la
Corte para interpretar el alcance de la autonomía jurisdiccional reconocida a
las comunidades indígenas, sin que en ninguna de estas decisiones haya sido
efectivamente utilizado como razón de la decisión o haya merecido una
consideración expresa sobre sus fundamentos.[69]
7.
Antes bien, en algunas sentencias de este primer período en las que se invoca
el criterio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor
autonomía”, el sentido del fallo resulta contrario al mismo.  Así, en la
sentencia SU-510 de 1998[70], al
reconocer el derecho de las autoridades tradicionales del pueblo Arhuaco de
adoptar medidas para proteger la identidad cultural, amenazada por la creciente
influencia de la Iglesia Pentecostal en su territorio, el criterio en comento,
si bien se menciona, no constituye una razón determinante de la decisión, que
más bien se basa en otra máxima, establecida en esta sentencia, en la que se
invierte la relación entre conservación de la identidad cultural y autonomía
para afirmar que "sólo con un
alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural".
En
la sentencia T-552 de 2003[71] se amparó el
derecho de la comunidad indígena de Caquiona, perteneciente a la etnia
Yanacona, para ejercer jurisdicción en un caso de homicidio y porte ilegal de
armas, no obstante constatar que esta comunidad se hallaba en un proceso de
reafirmación de su identidad indígena y de construcción de sus instituciones de
control social.  La Corte no acogió los argumentos empleados por el Consejo
Superior de la Judicatura para negar la competencia
de las autoridades indígenas para juzgar el caso, basados en la no existencia
de tradición para el juzgamiento de homicidios en dicha comunidad indígena.  Al
respecto, este Tribunal consideró que:
“Del hecho de que la comunidad no pueda presentar
antecedentes recientes sobre el ejercicio de la jurisdicción en asuntos tales
como el homicidio, aparte de que no fue una consideración expresa del Consejo,
no puede derivarse la conclusión acerca de la incapacidad de la comunidad para
adelantar el juzgamiento conforme a su ordenamiento tradicional, porque, por un
lado, la inserción de la comunidad en la cultura y en el ordenamiento
nacionales, implicaba, necesariamente, que antes de 1991, las autoridades
indígenas estaban en la obligación de remitir tales asuntos a la jurisdicción
ordinaria, de manera que no cabe exigir, como presupuesto para el
reconocimiento de la jurisdicción, que la comunidad acreditase la existencia de
antecedentes que habrían resultado contrarios al ordenamiento constitucional y
legal previo a la Constitución de 1991. Por otro lado, esa inhibición en el
ejercicio de la jurisdicción, no puede tomarse como indicio de la ausencia de
capacidad para ejercerla, sin un estudio antropológico que demostrase ese
aserto.”
Por
su parte, en la sentencia T-009 de 2007[72], la Corte
afirmó la competencia de las autoridades de la Laguna de Siberia (etnia Nasa)
para conocer de la reclamación interpuesta por uno de sus integrantes, quien
reclamó ante la jurisdicción laboral el pago de acreencias laborales al haber
prestado sus servicios como conductor del cabildo.  Uno de los juzgados
laborales que conoció de la demanda, decidió por sí mismo el conflicto de
jurisdicciones planteado por las autoridades del cabildo argumentando que, en
virtud del criterio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor
autonomía”, las autoridades indígenas no eran competentes para resolver el
caso, al considerar que una actividad como el transporte motorizado era
incompatible con la cultura ancestral. En respuesta a este razonamiento, la
Corte sostuvo que:
“Los argumentos del juzgado, que señalan que la
actividad de transporte no compagina con la conservación de la cultura
ancestral, suponen que la autonomía indígena se basa en la marginación y el
asilamiento de los pueblos indígenas y, además, desconocen que la diversidad
etno-cultural se proyecta en los ámbitos donde la propia comunidad estime que
debe manifestarse, sin que el hecho de que una determinada actividad se
desarrolle fuera de un resguardo pueda, por sí solo, considerarse suficiente
para concluir que no se aplica el principio de diversidad etnocultural”.
8.
En suma, durante esta primera etapa el mencionado criterio se mantuvo, en su
formulación tradicional, como un “dicho al pasar” que no sólo no influyó
efectivamente las decisiones de la Corte sino que, incluso, se hallaba en
abierto contraste con el sentido real de una jurisprudencia constitucional
dispuesta a reconocer, sin discriminar, la autonomía de las comunidades
indígenas que, sometidas a más intensos procesos de aculturación, emprendieron
procesos de reconstrucción de su identidad étnica y cultural, apropiando para ello
elementos de la sociedad mayoritaria.
Un importante viraje: a mayor conservación, mayor necesidad de
traducción intercultural
9. A partir de 2009 se asiste a
una segunda etapa en el desarrollo jurisprudencial del principio objeto de
análisis. En la sentencia T-514 de 2009[73], la Corte
revisó los fundamentos del criterio “a mayor conservación de la identidad
cultural, mayor autonomía” por considerar que, entendido en su acepción
tradicional, resulta incompatible con los principios constitucionales de no
discriminación e igual respeto por la dignidad de todas las culturas, “pues
es claro que la pérdida de ciertos aspectos de la cultura tradicional, usos y
costumbres, modos de producción, formas de relacionarse con el ambiente,
visiones religiosas por parte de una comunidad indígena, no puede servir de
fundamento para disminuir su capacidad de decidir autónomamente sobre sus
asuntos”. En esta sentencia se reconoce que, “a pesar de que el
principio ha sido reiterado desde 1994, no existe un solo pronunciamiento en el
que la Corte haya aceptado o impuesto una restricción a la autonomía de una
comunidad indígena que ha sufrido un proceso de ‘aculturación’, o de pérdida de
costumbres tradicionales”.
Sin
embargo, en lugar de abandonar este criterio, en esta decisión se propone
entenderlo, no como un enunciado normativo, sino como una comprobación
descriptiva de la que se deriva una pauta de interpretación según la cual,
mientras en el caso de comunidades con alto grado de conservación de su
identidad, es preciso un mayor esfuerzo de traducción intercultural, para el
caso de comunidades con escaso grado de conservación de sus tradiciones, el
diálogo intercultural podrá entablarse con mayor facilidad.  Al respecto se
afirma en la sentencia que:
“(…)si de acuerdo con las consideraciones recién
expuestas, el principio reiterado se interpreta integralmente como una
constatación descriptiva,  constituye una pauta interpretativa de gran utilidad
para la ubicación y el acercamiento a casos concretos, pues expresa un hecho
social que se proyecta en la labor del intérprete:
Las culturas con menor grado de conservación han
incorporado categorías cognitivas y formas sociales propias de la cultura
mayoritaria, así que el intérprete puede establecer el diálogo intercultural
con mayor facilidad; por el contrario, cuando el intérprete se acerque a una
cultura con un alto grado de conservación, requerirá establecer con mayor
cautela este diálogo pues se enfrentará a formas de regulación social que
pueden diferir sustancialmente de su concepción y formación jurídica”.
En
todo caso, se advierte que el menor grado de conservación cultural no puede
justificar un menor grado de protección de su autonomía, de tal suerte que “(l)a decisión de una comunidad indígena, con un
grado escaso de conservación de sus tradiciones, en el sentido de iniciar un
proceso de recuperación cultural debe ser respetada, de la misma forma y en el
mismo grado que la decisión de otra comunidad, con alta conservación de sus
tradiciones, de incorporar formas sociales propias de la cultura mayoritaria”.
10.
Al decidir el caso concreto sometido a consideración de la Corte en aquella
ocasión, este principio decisorio fue empleado para justificar la menor
necesidad de traducción intercultural, toda vez que en el proceso de recuperación
del derecho propio, la comunidad del Resguardo Chenche Buenos Aires Tradicional
había adoptado formas y estándares normativos cercanos al derecho estatal. En
razón de ello, se estimó que era posible abordar directamente la interpretación
de algunos elementos del Reglamento de la comunidad para decidir el caso,
advirtiendo, no obstante, que no era la Corte la intérprete autorizada de
dichos preceptos.[74]
11.
Desde entonces, el criterio “a mayor conservación, mayor necesidad de
traducción intercultural” ha sido reiterado en múltiples pronunciamientos
de este Tribunal. Así, en la sentencia T-903 de 2009[75]
consideró que, para resolver la controversia planteada, existía una “baja
necesidad de traducción de las costumbres del pueblo Kankuamo”. En la T-617
de 2010[76], al afirmar
la competencia del cabildo indígena de Túquerres para juzgar a un comunero
acusado de acceder carnalmente a una menor, se dijo que “frente a comunidades con alto grado de conservación de
sus costumbres, el juez debe ser más cauteloso y valerse de conceptos de
expertos para aproximarse al derecho propio, mientras que este procedimiento
puede efectuarse de manera menos exigente frente a comunidades que hayan
adaptado categorías y formas del derecho mayoritario”; criterio reiterado en la sentencia T-002 de 2012[77],
para reconocer competencia, en un caso similar, a la autoridades del Resguardo
de La Montaña. Por su parte, en la T-601 de 2011[78],
uno de los principales argumentos planteados por la Corte para conceder la
tutela interpuesta por las autoridades del Resguardo de San Lorenzo (Riosucio,
Caldas), quienes se oponían a la  conformación de Juntas de Acción Comunal en
su territorio, radicó en la necesidad de no obstaculizar el proceso de
reconstrucción identitario de un pueblo cuyo resguardo había sido disuelto en
el pasado y cuya supervivencia se encuentra en peligro en razón del conflicto
armado. De nuevo, en la sentencia T-514 de 2012[79],
se hace mención de este criterio para amparar el derecho de la comunidad
indígena Kwet Wala a que la provisión de los cargos administrativos en la
institución educativa de la comunidad no se efectuara sin realizar consulta
previa. Entretanto, en la sentencia T-523 de 2012[80],
al negar el amparo solicitado por dos integrantes del Resguardo de Cristianía
que habían sido sancionados por su comunidad, y quienes alegaban vulneración
del debido proceso, la Corte reafirma que el criterio “a mayor conservación,
mayor autonomía” no puede ser interpretado en el sentido de menguar el
reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de comunidades en proceso de
re-etnización.  Al respecto señala que:
“Para la jurisprudencia constitucional, ni las
situaciones de debilidad o pérdida cultural, ni el desarrollo de procesos de
reconstitución étnica o reafirmación de la identidad indígena, constituyen
obstáculos para el reconocimiento del derecho a la jurisdicción propia en
cabeza del pueblo indígena correspondiente. En otras palabras, tanto aquellos
pueblos indígenas o tribales que cuenten con una estructura sociocultural
sólida y mantengan viva y preservada su cultura ancestral, como aquellos
pueblos que estén desarrollando procesos de reconstitución de su identidad
indígena o de recuperación de su cultura propia, tienen un derecho
constitucionalmente protegido a ejercer su justicia propia a través de sus
autoridades tradicionales”.
12.
Sin embargo, durante este período otras decisiones de la Corte han mantenido la
referencia al criterio analizado, entendido en su concepción tradicional, lo
que indica que el viraje jurisprudencial iniciado con la T-514 de 2009 no se ha
consolidado por completo.  Tal es el caso de la sentencia T-973 de 2009[81],
única ocasión en el que la máxima “a mayor conservación de la identidad
cultural, mayor autonomía”, ha jugado un rol significativo como fundamento
de la decisión.  En ella se resolvió la tutela interpuesta por un integrante de
la comunidad Kamëntsa Biyá del Putumayo contra la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior, quien argumentaba que esta entidad estimulaba la
división interna de la comunidad al negarse a inscribirlo como gobernador del
cabildo para el año 2007 y, en su lugar, reconocer en el cargo a otra persona.
En ese caso se constató que no existían dentro de la comunidad reglas para
decidir el conflicto entre los dos grupos que se disputaban la gobernación del
cabildo, razón por la cual se dijo entonces que:
“(E)n atención a la seguridad jurídica y social que
ofrecen los usos y costumbres dentro de una colectividad indígenas, ha dicho
esta Corte que se debe distinguir entre los grupos étnicos que conservan tales
tradiciones, de aquellos que no lo hacen. En el primer caso, las reglas
diseñadas por la tradición de las comunidades que sí las conservan, deben ser,
prima facie respetadas. Los pueblos que no lo hacen, se enfrentan a un
direccionamiento mayor de las leyes de la República, pues resulta ajeno al
orden constitucional y legal que algunos ciudadanos en ciertas comunidades,
ante la carencia de claridad jurídica, puedan quedar “relegados a los
extramuros del derecho, por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación
de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones”.
Al
emplear este criterio en la decisión del caso concreto, la Corte precisó que:
(R)espetando el principio que asegura que “a mayor
conservación de usos y costumbres, mayor autonomía”, se debe comprobar
plenamente que (…) la comunidad indígena no cuenta con las instancias o usos y
costumbres que le permitan sortear por sí misma el conflicto interno y (…) que
a pesar del interés y acompañamiento del Estado en la búsqueda de una solución
concertada, ella no fue posible en un plazo razonable de tiempo, agotando todos
los mecanismos disponibles de resolución de conflictos para el efecto. De esta
forma, sólo ante la dificultad efectiva y manifiesta de un pueblo indígena de
darse una solución al conflicto interno y luego de agotadas todas las
instancias, podría el Estado intervenir de algún modo en su autonomía
política”.
Con
todo, en esta sentencia se advirtió que no cualquier intervención estatal para
colmar los vacíos normativos de una comunidad indígena resultaba válida, pues
sólo lo serán aquellas que: (i) permanezcan dentro del ámbito de competencias
previsto por la Constitución y la ley para la entidad que realiza la
intervención; (ii) sean útiles, necesarias y proporcionadas para la protección
de los derechos fundamentales o colectivos involucrados; (iii) sean las menos
gravosas para la autonomía política de las comunidades étnicas; (iv) se
consulten previamente con la comunidad.[82]
13.
Con excepción de la anterior, las demás sentencias proferidas en este segundo
período donde se ha hecho mención del criterio “a mayor conservación de la
identidad cultural, mayor autonomía”, entendido en su acepción tradicional,
éste no ha desempeñado un papel relevante en las decisiones adoptadas, sino que
en cada uno de los casos fue reiterado a manera de obiter dictum.  Así
ha ocurrido en las sentencias T-952 de 2010[83], T-812 de
2011[84], T-001 de
2012[85], T-097 de
2012[86] y T-236 de
2012[87].
14.
En suma, hasta el presente la Corte no ha unificado su criterio en torno a la
comprensión del criterio jurisprudencial objeto de  análisis, pues junto a las
decisiones que acogen la reinterpretación propuesta en la sentencia T-514 de
2009, para entender que “a mayor conservación, mayor necesidad de traducción
intercultural”, en otros pronunciamientos aún persiste la idea de que la
autonomía jurisdiccional es un derecho que depende del grado de conservación
cultural de la respectiva comunidad.
II.
La utilización del principio “a mayor conservación de la
identidad cultural, mayor autonomía” en esta sentencia.
15. La
sentencia que motiva la presente aclaración de voto deja de lado por completo
las razones que, en su momento, llevaron al mismo ponente a proponer la
reformulación del citado principio, ya no en términos de reconocer menor grado
de autonomía, sino menor necesidad de traducción intercultural, en los casos de
comunidades que han estado más fuertemente sometidas a los procesos de colonización
y aculturación.
Ignorando el
viraje jurisprudencial al que antes se hizo alusión, en el presente caso se
vuelve a la comprensión tradicional del principio examinado, al afirmar que “a
un mayor nivel de conservación de su cultura y legislación interna, debe
existir un mayor respeto por la autonomía de la comunidad indígena respectiva”.
Además de ello, esta máxima es empleada para fundamentar la decisión del caso
concreto, señalando que:
“(E)ste
principio se aplica plenamente en el presente caso, dado que el Resguardo que
ahora se demanda y su cabildo, hace parte de la Asociación de Cabildos de
Tierradentro, y del Pueblo Nasa, uno de los pueblos indígenas con mayor nivel
de organización institucional y organizacional en cuanto a sus autoridades
ancestrales las cuales se encuentran investidas de poder y competencia para
conocer y resolver asuntos internos de la comunidad y asuntos que correspondan
al fuero y jurisdicción indígena en diferentes materias”.
16.
Aclaro mi voto en relación con este argumento por cuanto, así entendido y
aplicado, desconoce las válidas razones que, a partir del año 2009, llevaron a la
Corte a replantear el mencionado principio. En primer lugar, como ya se demostró,
porque no corresponde a una regla que tenga el valor de precedente consolidado,
pues sólo en una ocasión ha sido empleada como ratio decidendi del fallo[88],
sin que en los demás casos guarde coherencia con las decisiones efectivamente
adoptadas por esta Corporación en casos en los que está en juego el
reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas. En
segundo lugar, porque  no se aviene al modelo de relación con los grupos
étnicos establecido en la Constitución, basado en el propósito de reparar las
injusticias históricas cometidas contra indígenas, afrodescendientes, comunidades
raizales y gitanas, como resultado de los procesos de colonización externa e
interna a los que, en mayor grado que el resto de la población, han estado
sometidos.
En
efecto, la utilización efectiva del criterio “a mayor conservación de la
identidad cultural, mayor autonomía” contribuiría
a reproducir la situación de discriminación que precisamente motivó el
reconocimiento en la constitución de derechos para los pueblos indígenas, a
manera de reconocimiento por el despojo territorial, cultural y los procesos de
exterminio físico y aculturación a los que fueron sometidos estos pueblos desde
la Colonia y que se mantuvieron también en la República. Como ya se expuso en
la sentencia T-514 de 2009, sería un contrasentido limitar el alcance de la
autonomía reconocida a estos pueblos en el caso de aquellos que, precisamente
debido a su mayor exposición a los fenómenos de colonialismo externo e interno,
fueron despojados de su lengua, de su religión, de sus tierras y de su propia
manera de vivir la humanidad.
Además,
mantener este principio en su formulación original llevaría a pensar que el
fundamento del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho
no se basa en la reparación por las injusticias cometidas en su contra, sino
simplemente en el “exotismo” que ellos representan.  Esta comprensión del
multiculturalismo lleva a que no se reconozca como indígena a quien reclama
serlo, sino a aquél que sea tanto “más distinto y más distante”, en
términos geográficos y culturales, desconociendo que los fenómenos de
aculturación, migración económica o desplazamiento forzado, hace que muchos
indígenas en Colombia vivan como y con el resto de la población no indígena.
Así entendido, este principio promueve una especie de “multiculturalismo de
ghettos”, que sólo reconoce a los indígenas en tanto vivan distinto y lejos
de los demás, cuando el espíritu de la constitución multicultural es más bien
reconocer la diversidad que habita en el país como un elemento que aporta a la
construcción de nación, no desde la insularidad, sino a partir de un diálogo
con los otros en condiciones de igualdad.  Un diálogo que nos permita aprender
de manera mutua y recíproca de cada una de las culturas que convive en el país.
De ahí que el reconocimiento de la igual autonomía de los pueblos indígenas
para ejercer su jurisdicción, sin reparar en el grado de conservación de sus
prácticas ancestrales, tal y como se propone a partir de la sentencia T-514 de
2009, resulte insoslayable para la jurisprudencia constitucional.
III.
A menor conservación de identidad cultural, no es menor la necesidad de
traducción
17.
Pero incluso en su formulación más reciente, en el sentido de “a mayor
conservación, mayor necesidad de traducción intercultural”, el citado
principio deja abiertas algunas cuestiones sobre las que quisiera llamar la
atención.  Así entendido, este criterio de decisión se orienta a justificar una
“baja necesidad de traducción”[89] o
una aproximación “menos exigente”[90], en
el caso de comunidades que hayan adoptado categorías y formas del derecho
ordinario.
Sin
embargo, esta similitud entre el derecho ordinario y  las prácticas jurídicas
de comunidades indígenas que han adoptado categorías, normas y procedimientos
provenientes del primero, puede dar lugar a equívocos. De la misma manera que
la existencia de palabras comunes entre lenguas romances como el español y el
italiano[91], lleva a
pensar, de manera equivocada, que un mismo término tiene idéntico significado
en ambas lenguas, de igual modo ocurre en relación con conceptos, normas y
procedimientos que, aunque aparentan ser similares, pueden ser entendidos y
apropiados de muy distinta manera en el derecho estatal y en el derecho de una
determinada comunidad indígena. No en vano se conoce como “falsos amigos”
a este tipo de términos comunes que, en lugar de facilitar la comunicación, con
frecuencia son una fuente de malos entendidos y errores de traducción.
18.
Un ejemplo tomado de un caso decidido por esta Corte ilustra sobre la necesidad
de no confiar en estos “falsos amigos” que resultan de la (aparente) proximidad
cultural entre el derecho ordinario y el derecho propio de algunas comunidades
indígenas. En la sentencia T-523 de 2012[92] se resolvió
la tutela interpuesta en nombre de dos integrantes del Resguardo de Cristianía
que fueron sancionados por las autoridades de su comunidad a la pena de
prisión, como responsables de “concierto para delinquir”, al probarse que
formularon amenazas contra las autoridades del cabildo a través de panfletos.
Uno de los cargos formulados en la tutela señalaba que no se había sancionado a
los acusados con base en el derecho propio, sino en una norma del Código Penal.
En efecto, entre las pruebas obrantes en el
expediente, se encontraba la comunicación enviada por las autoridades indígenas
al Director del centro de reclusión del municipio de Andes (Antioquia), donde
se cumpliría la condena, en la cual se invoca como sustento legal de la sanción
“el Art. 340 del Código Penal modificado por la Ley 733 de 2002, así como la
Ley 89 de 1890 y el artículo 246 de la Constitución”.
Una
primera aproximación al caso podría hacer pensar que, en efecto, la norma
aplicada por la comunidad indígena como fundamento para sancionar había sido el
artículo 340 del Código Penal, que consagra el delito de “concierto para
delinquir”, lo que parecería dar razón al accionante y, de paso, suponer que la
comunidad se había apropiado del derecho estatal ante la falta de normas
propias. Sin embargo, al indagar por el sentido que, en el caso concreto, tenía
la alusión a este precepto legal, en uno de los dictámenes aportados al proceso
se logró establecer lo siguiente:
“La
denominación del delito como ‘concierto para delinquir’ no fue el resultado de
sancionar una conducta no prevista como falta en el derecho embera, sino el de
homologar o traducir esta falta al lenguaje en el que está tipificada en el
código penal, y que permite al sistema penitenciario, y específicamente la
cárcel de Andes, Antioquia, colaborar con el cabildo y el Consejo de
Conciliación y Justicia en ofrecerles los cupos en la cárcel para delitos
considerados mayores. Como sugiere el vicegobernador, José Danilo Vaquiaza de
Cristianía, ‘para enviar a un apersona a la cárcel por algún delito hay que
mandarlo con la ley occidental. Si lo mandamos con un delito que no es de allá
entonces lo devuelven’ (5 de julio, 2010, sede del Cabildo, Cristianía).
Explicaron en la cárcel de Andes que existe una base
de datos del INPEC, llamada SISIPE, la cual ya tiene codificados los delitos
del código penal, pero cuando venían con otros delitos distintos, el sistema no
permitía ingresar los datos del recluso. El Cabildo y el Consejo de
Conciliación y Justicia se ven obligados a traducir el delito reconocido por la
comunidad a términos que el SISIPE pueda reconocer. Y como el orden de
encarcelamiento debe estar en forma escrita, el acta que levanta el cabildo y
el Consejo de conciliación y Justicia hace referencia al delito homologado
(Reunión con Consuelo Robledo, Procuradora Provincial, Jaime Serna, Director de
la Cárcel de Andes. Andes, 19 de julio de 2010). En esta misma reunión, la
secretaria del director de la cárcel de Andes intervino para destacar que esta
presión para la homologación entre el sistema de faltas de la justicia embera y
el listado de delitos del código penal ordinario ya ha dado sus frutos, al
manifestar que ‘Ya ellos han mejorado eso y nos traen los delitos de la manera
en que lo podemos ingresar’.”
Así,
sólo tras indagar entre los diversos actores involucrados en la controversia,
por el sentido de la alusión al artículo 340 del código penal, se logró
establecer que, contrario a lo afirmado por el accionante y a lo que a primera
vista sugería la aproximación a este caso, el fundamento de la sanción impuesta
a los accionantes era una norma del derecho propio, no codificada, y que la
mención del citado precepto legal sólo era del esfuerzo para traducir el
derecho propio en los términos de la base de datos del INPEC, y no, por el
contrario, del vacío normativo de la comunidad que obligara a tomar prestados elementos
del derecho estatal.
19.
Entender que, en casos como los anteriores, existe una “baja necesidad de
traducción” o que en presencia de comunidades con menor grado de conservación
cultural es posible lanzarse a la interpretación de los derechos indígenas a la
luz de las categorías que utilizamos para entender el derecho ordinario, puede
conducir a la jurisprudencia constitucional no sólo a equívocos lamentables,
por la confusión a la que pueden inducir estos “falsos amigos”, sino a
renunciar a una de las principales ganancias que ha traído el reconocimiento de
la diversidad cultural y jurídica, como es la disposición a indagar por la
manera en que desde esas otras juridicidades que conviven en nuestro espacio
social son pensados y resueltos problemas que nos son comunes.  Esa menor
exigencia de diálogo intercultural puede llevar a reemplazar la necesidad de
escuchar a y dialogar con los otros, por la salida más fácil de suponer que,
por el hecho de emplear términos comunes, se han desvanecido las fronteras de
diversa índole, entre ellas las culturales, “como si todos habláramos un
mismo lenguaje”, que podemos imponer para luego interpretar sin contar con
los otros[93].
20.
En definitiva, tanto en su formulación inicial como en el entendimiento
propuesto a partir de la sentencia T-514 de 2009, el criterio “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía” carece de
justificación constitucional, salvo alguna excepción, no ha sido empleado como
regla de decisión efectiva, y además plantea más problemas de los que
soluciona. En virtud de esta problemática que motiva mi aclaración de voto,
estimo fundamental que se unifique la comprensión de este principio, e incluso
se considere el abandonarlo.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Ver Sentencia
T-002 de 2012.
[2] Ver Sentencia
T-049 de 2013
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Ver Sentencia
T-049 de 2013
[6] Consultar la Sentencia T-379 de 2011.
[7]  Al respecto la Sentencia T-049 de 2013.
[8] Sentencia
T-380 de 1993.
[9] Sentencia
C-139 de 1996 y Sentencia 364 de 2011.
[10] Sentencia
T-129 de 2011.
[11] Ibidem.
[12] Sentencia
T-129 de 2011.
[13]Sobre
el ejercicio de funciones jurisdiccionales como derecho y no como obligación,
se puede consultar, entre otras, la sentencia T-349 de 1996, mediante la cual
esta Corporación, en un caso en que unos indígenas presuntamente asesinaron a
otro Embera-chamí, resolvió consultar a la comunidad para que esta decidiera si
los sindicados debían ser juzgados por las autoridades indígenas o por los
jueces ordinarios.
[14] Sentencia
T-001 de 2012
[15] Ver
sentencias T-1253 de 2008 y T-514 de 2009, entre otras.
[16] Sentencia
812 de 2011.
[17] Ibídem
[18] Ibidem
[19] Consultar
Sentencia 812 de 2011.
[20] Sentencia
T-364 de 2011
[21] Ibidem
[22] Sentencia
T-349 de 1996.
[23] Sentencia
T-907 de 2011.
[24] Sentencia
009 /13
[25] Sentencia
009 de 2013.
[26] Ver Sentencia
T-1253 de 2008
[27] “Esta
regla supone que al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso
concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades, cuando se
cumplan las siguientes condiciones: a.                Que se trate de una
medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía (v.g. la
seguridad interna) [y]  b. Que se trate de la medida menos gravosa para
la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”. T-254 de 1994,
T-349 de 1996 y SU-510 de 1998.
[28] Sentencia
T-514 de 2009. Ver también Sentencias T-254 de 1994, T-349 de 1996, y Sentencia
SU-510 de 1998.
[29]
Ibidem.
[30] Ver fallos
T-254 de 1994 y T-514 de 2009.
[31] Sentencia
T-1253 de 2008.
[32] Sentencia
T-001 de 2012.
[33] Ver Sentencia
T-1253 de 2008.
[34] Consultar al respecto las Sentencias T-523 de 1997 y T-1253 de
2008.
[35]
Sentencia T-001 de 2012. Ver también Sentencias T-254 de 1994, T
– 514 de 2009 y T – 617 de 2010.
[36] Ibidem.
[37] Sentencia
T-1253 de 2008.
[38] Ver Sentencias T-188 y T-380 de 1993.
[39] Ver Sentencia
T-1253 de 2008.
[40] Ibídem
[41] Ibídem
[42]
JARAMILLO SIERRA, Isabel y SÁNCHEZ BOTERO, Esther. La jurisdicción especial
indígena en Colombia, Instituto de Estudios del Ministerio Público,
Procuraduría General de la Nación, Segunda Edición, 2007, p. 91.
[43] Sentencia
T-812 de 2011
[44]
JARAMILLO SIERRA, Isabel y SÁNCHEZ BOTERO, Esther. La jurisdicción especial
indígena en Colombia, Instituto de Estudios del Ministerio Público,
Procuraduría General de la Nación, Segunda Edición, 2007, p. 91.
[45] Sentencia T-812
de 2011.
[46]
Así, en el caso de la Sentencia T-603 de 2005, la Corte se pronunció de fondo sobre una demanda de tutela en la que se afirmaba que la
organización material de las elecciones por parte del cabildo había sido muy
deficiente, por cuanto muchas personas con derecho a participar en las
elecciones del cabildo no habían podido hacerlo. En este caso se intervino para
que la misma comunidad en cumplimiento de sus reglas y en el marco de sus usos
y costumbres ideara la forma para que los miembros de la comunidad puedan
ejercer el derecho al voto y no para señalar la forma en que debían hacerlo. Ver
Sentencia T-1253 de 2008.
[47] Consultar la Sentencia T-001 de 2012.
[48] Ibidem.
[49] Consultar la Sentencia T-282 de 2011.
[50]  Ibidem.
[51] Sentencia
T-433 de 2011
[52] Ver Sentencia
T-009 de 2013.
[53] Sentencia T-009
de 2013.
[54] Ver
sentencias T-188 de 1993 y sentencia T-698 de 2011, entre otras.
[55] Sentencia
T-380 de 1993.
[56] Sentencia T-525 de 1998.
[57] Ver Sentencia T-235
del 2011.
[58] sentencia
T-698 de 2011 y T-617 del 2010.
[59] Sentencia
T-693 de 2011.
[60] Ibídem
[61] Ibidem.
[62] Ver Sentencia SU-383
de 2003
[63]
Ver el precedente de la Sentencia T-514 de
2009.
[64]
Ver el precedente de la Sentencia T-514 de
2009.
[65]
Ver al respecto la Sentencia SU-510 de 1998, en donde la Corte estudió un conflicto en el que algunos miembros de la comunidad ika, de la Sierra Nevada de Santa Marta, consideraban ser víctimas de sanciones y medidas
discriminatorias por parte de las autoridades indígenas, debido a su adhesión a
la fe cristiana y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ese caso, la Corte concluyó que debido a que en esa cultura el poder político se encuentra fundido con el
poder religioso, el abandono de ciertas tradiciones implicaba un deterioro del
poder político y legitimidad de las autoridades ika, principalmente, de la
figura del mamo. Por lo tanto, estimó la Sala Plena, la adhesión a la fe cristiana y/o el abandono de las creencias y tradiciones ika constituía un criterio
legítimo de diferenciación en el reparto de los recursos. Sentencia T- Sentencia T-514 de 2009.
[66]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67]
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[68]
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[69]
Tal es el caso de las sentencias T-932 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-1130 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-811 de 2004 (MP.
Jaime Córdoba Triviño), T-603 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-549
de 2007 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-349 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-1026 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1105 de 2008 (MP.
Humberto Sierra Porto), T-973 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), T-952 de
2010 (MP. Jorge Iván Palacio), T-812 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez),
T-001 de 2012 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-097 de 2012 (MP. Mauricio
González Cuervo), T-236 de 2012 (MP. Humberto Sierra Porto, AV. María Victoria
Calle Correa). En buena parte de estas decisiones la alusión al criterio “a
mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, se ha hecho
a través de la transcripción textual de los considerandos de la sentencia T-254
de 1994.
[70]
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[71]
MP. Rodrigo Escobar Gil.
[72]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[73]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta sentencia se negó la tutela interpuesta
por varios indígenas que abandonaron el territorio del resguardo al que
pertenecían (Resguardo Indígena Chenche Buenos Aires Tradicional, de la etnia
Pijao, en el Tolima), para radicarse en Bogotá. Los accionantes argumentan que
las autoridades de su comunidad vulneran sus derechos fundamentales, al
excluirlos de los beneficios de los programas realizados con los recursos que el
resguardo recibe del Sistema General de Participaciones, en razón de estar
radicados en Bogotá. La Corte sostuvo que no se vulneró la igualdad ni el
debido proceso, en tanto la decisión de incluir como beneficiarios de los recursos
de transferencias sólo a los indígenas que residen en el territorio constituye,
en principio, un ejercicio legítimo de la autonomía decisoria de la comunidad.
[74]
Sentencia T-519 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[75]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.  La tutela resuelta en esta sentencia tuvo su
origen en la disputa de dos mujeres integrantes del pueblo Kankuamo – A y B -
en torno a un bien inmueble perteneciente a quien fuera padre de A y compañero
permanente de B, respectivamente. B acude a las autoridades tradicionales, quienes
toman una decisión en equidad, adjudicando el 50% del bien a cada una. Tal
decisión no satisface a A, quien interpone tutela alegando violación de sus
derechos al debido proceso, estabilidad laboral reforzada, debido a que fue
excluida del cargo de Coordinadora del Grupo de Mujeres que desempeñaba dentro
del cabildo, pese a estar embarazada. La Corte niega la tutela en lo relacionado con la decisión adoptada por las autoridades tradicionales respecto del
bien, al considerar que actuó en ejercicio de su autonomía jurisdiccional; la
concede en cuanto a la violación del derecho al debido proceso en la exclusión
del cargo. Sin embargo, consideró que no era procedente ordenar el reintegro de
la accionante, pues otra mujer elegida por la comunidad ya ocupaba el cargo que
aquella desempeñaba, razón por la cual se ordenó al Cabildo discutir en la
próxima reunión esta decisión, contando con la participación y escuchando los
argumentos de A.
[76] MP. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[77] MP. Juan
Carlos Henao Pérez.
[78] MP. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[79] MP. Luis
Ernesto Vargas Silva, AV. Humberto Sierra Porto.
[80] MP. María
Victoria Calle Correa.
[81] MP. Mauricio
González Cuervo.
[82]
En el caso concreto, no fue concedido el amparo por existir un hecho superado.
Sin embargo, al enjuiciar la actuación del Ministerio del Interior conforme al
estándar mencionado, la Corte concluyó que esta entidad había excedido sus
competencias, por no haber consultado previamente con la comunidad la decisión
a adoptar respecto del conflicto.
[83] MP. Jorge
Iván Palacio Palacio. Se resuelve la tutela interpuesta por una familia
integrante de la comunidad indígena de Fonquetá y Cerca de Piedra Chía,
perteneciente a la etnia Muisca, que fue autorizada por el cabildo para
instalar una vivienda prefabricada en un lote adjudicado dentro del territorio
advirtiendo, en todo caso, que debía cumplir con todas las normas urbanísticas
y de servicios públicos. La Oficina de Planeación de la Alcaldía de Chía inicio un proceso sancionatorio por construir “con o sin licencia, pero
fuera de la norma” y ordenó suspender la instalación de la vivienda. La Corte negó el amparo solicitado por considerar que, en el caso concreto, prevalece el deber
de las autoridades de evitar que las viviendas sean construidas en zonas de
riesgo (como era el caso). Sin embargo, ordena que la Alcaldía inicie un proceso de concertación con las autoridades indígenas y que se realice un
estudio de suelos a fin de determinar cuál sería el lugar seguro para instalar
la vivienda.
[84]
MP. Juan Carlos Henao Pérez. El padre de un menor indígena interpone tutela
contra las autoridades del centro educativo Renacer Paez, ubicado en Resguardo
de Pitayó de Silvia, Cauca (etnia Nasa), donde el menor cursa estudios, debido
a la sanción de fuete y de expulsión del curso de informática impuesta a su
hijo, al ser sorprendido cuando intentaba hurtar unos elementos del colegio en
compañía de otros menores. La Corte niega la tutela, por considerar que no se
vulneró el debido proceso del menor y porque las autoridades indígenas eran
competentes para imponerla.
[85]
MP. Juan Carlos Henao Pérez, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La madre de
una menor indígena interpone tutela contra el ICBF y las autoridades de la
comunidad indígena Yuri (etnia Puinave y Curripaco), argumentando que el acta
de conciliación en el que se otorgó a la familia del padre de la menor la
custodia, y el derecho de la madre a permanecer con ella una semana al mes,
vulnera sus derechos y los de la menor, debido a la dificultad para ir a
visitarla al lugar al que se trasladaron los abuelos de la menor, distante
varios días de recorrido.  La Corte concede la tutela y ordena, entre otras,
realizar una nueva conciliación en el que se asegure de manera efectiva a la
madre el régimen de visitas.
[86]
MP. Mauricio González Cuervo. Dos indígenas, pertenecientes al resguardo de San
Andrés de Sotavento, fueron condenados por la justicia ordinaria, al probar sus
nexos con un grupo de autodefensas. Una vez ordenada la captura de los
condenados, estos se entregaron ante las autoridades del resguardo para cumplir
la pena en un centro de reclusión regentado por la comunidad. Interpusieron
tutela para solicitar se les permitiera cumplir la pena en dicho
establecimiento y el tiempo que allí permanecieron fuera computado como tiempo
efectivo de ejecución de la condena. La Corte negó el amparo solicitado, en tanto ello implicaría reconocer a estas personas, condenadas por la justicia
ordinaria, un privilegio para elegir el establecimiento carcelario donde se
cumplirá su sanción.
[87]
MP. Humberto Sierra Porto, AV. María Victoria Calle Correa. En ella se concede
la tutela interpuesta por las autoridades del resguardo indígena de La Montaña contra Corpocaldas, a raíz de la decisión de esta entidad, dentro de un proceso
sancionatorio, de autorizar la devolución de un cargamento de madera que fue
extraído ilegalmente del territorio del resguardo por algunos integrantes de la
comunidad. La Corte reconoce que las autoridades indígenas son competentes para
adelantar el proceso sancionatorio en este caso, por estar involucrados
integrantes de la comunidad y verse afectado un bien colectivo de ésta.
[88] Así ocurrió
en la sentencia T-973 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), a la que antes se
hizo alusión.
[89] Así se
afirma en la T-903 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[90] Tal y como
se señala en la sentencia T-617 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[91] Vgr. la
palabra “burro”.
[92] MP. María
Victoria Calle Correa.
[93] En tal
sentido, Libardo Ariza explica, a través del relato del Inca Garcilaso de la Vega sobre el origen del nombre “Perú”, surgido del ajuste arbitrario que el colonizador
realiza entre su idioma y el de los aborígenes, “como si todos hablaran un
mismo lenguaje”, el falso reconocimiento de la alteridad que se produce en
contextos de dominación colonial. Derecho, saber e identidad indígena. Bogotá,
Siglo del Hombre, 2009, capítulo 1.