T-645-15
Sentencia T-645/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
EN PROCESOS POLICIVOS-Falta de
acreditación de los defectos procedimental, fáctico y desconocimiento del
precedente
TEMERIDAD-Configuración
La Corte ha decantado los
elementos que configuran la temeridad en sede de tutela y ha determinado que
esta se configura cuando exista entre el asunto que es de conocimiento del juez
de amparo y el que ya ha sido objeto de pronunciamiento previo: i) identidad de
partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad de pretensiones; y iv) ausencia
de justificación en el ejercicio de la nueva acción de tutela.
CONFIGURACION DE TEMERIDAD EN TUTELA-Caso en que no se está ante ésta, sino ante una
equivocada interpretación por parte del demandante
TEMERIDAD-Inexistencia
por no concurrir identidad de partes, identidad de hechos e identidad de
pretensiones, con solicitudes de amparo promovidas con posterioridad
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos
que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
AMPARO POLICIVO-Naturaleza
jurídica
El poder de policía tiene como finalidad mantener el orden público y la
convivencia ciudadana a través de la expedición de normas de carácter general y
la imposición de medidas individuales. En otras palabras, busca evitar
perjuicios individuales, o colectivos, provocados por desórdenes, actos
perturbatorios, afectación de la salud y la higiene pública.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
en caso de proceso policivo que no tiene otro mecanismo de defensa
judicial
El proceso policivo reviste
carácter jurisdiccional de única instancia y no tiene control judicial
posterior, por lo que el medio judicial idóneo y eficaz para lograr la protección de los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados con las actuaciones de las
autoridades de policía es la acción de tutela.
Sin embargo, su procedencia esta condicionada a la acreditación de los
criterios fijados por la Corte para la procedibilidad de la solicitud de amparo
contra providencias judiciales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE
AUTORIDADES DE POLICIA EN EL CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Requisitos
generales y especiales de procedencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
La falta de vinculación procesal por ausencia de notificación de quienes
tienen legitimación en la causa por activa o pasiva e interés jurídico para
actuar, constituye un defecto procedimental, siempre y cuando, la parte
afectada no haya participado en el proceso y con dicha actuación hubiese
saneado el vicio. Lo anterior encuentra sustento en la necesidad de garantizar
el ejercicio de los derechos fundamentales a la defensa técnica y a la
contradicción.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
La Corte ha establecido que el defecto
fáctico se configura cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que
eran necesarias en el proceso; ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria
de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material
probatorio. Así mismo
puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones,
una positiva  y otra negativa. La
primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada” o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y la
segunda cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Se está en presencia del defecto por desconocimiento del precedente
judicial, cuando el juez ordinario desconoce o limita el contenido y alcance de
un derecho fundamental, decantado por Corte Constitucional. La Corte
Constitucional estableció los siguientes requisitos para que prospere esta
causal: i) que exista un conjunto de sentencias (constitucionalidad o
varias de tutela) previas al caso que habrá de resolver, que contengan claras
reglas jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio decidendi; ii) el
precedente debe tener un problema jurídico semejante al caso concreto que se
busca resolver; y iii) debe existir semejanza entre sus aspectos fácticos y
normativos.
PROCESO
POLICIVO-Procedencia excepcional de tutela cuanto se ha vulnerado el
debido proceso
Cuando la administración pública en desarrollo de los procesos policivos
desconoce el debido proceso, produce una decisión que carece de fundamento
jurídico-racional y que solo encuentra sustento en el campo de la arbitrariedad
y el capricho del funcionario, situación que genera a su vez, un nivel
injustificable de desprotección en los ciudadanos destinatarios de lo resuelto
por la entidad pública.
DESPLAZADO-Condición proviene de situación fáctica de
desprotección
De acuerdo con el derecho internacional, la identificación de la
población en condición de desplazamiento está condicionada a: i) aquellas
personas o grupos de personas que se han visto obligadas a abandonar de manera
forzosa su lugar habitual de domicilio o residencia con la finalidad de huir de
los actos generadores del desarraigo; ii) la afectación permanente de sus
relaciones personales, familiares y sociales como consecuencia de los
desplazamientos; iii) la precariedad de las condiciones de vida de las personas
y grupos desplazados; y, iv) el detrimento de la integridad física, psíquica y
moral de las personas desplazadas.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Alcance y contenido
El derecho a la vivienda digna de la población desplazada es fundamental
y autónomo, su contenido se concreta en específicas obligaciones de las
autoridades públicas competentes de brindar soluciones de vivienda de carácter
temporal y permanente, garantizar el acceso a la información del procedimiento
administrativo de asignación de los subsidios y eliminar las barreras de acceso
a los programas asistencia estatal, entre otros.
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE
DESALOJO FORZOSO-Medidas de protección
La Corte ha establecido que las autoridades públicas que requieran
realizar el desalojo de bienes inmuebles ocupados irregularmente por personas
en condición de desplazamiento, deben adoptar medidas adecuadas para la
protección de los derechos fundamentales de los afectados, más aun cuando se
pueda afectar el derecho fundamental a la vivienda digna. Así las cosas, en
tales procedimientos debe procurarse: (i) garantizar
el debido proceso, (ii)consultar previamente a la comunidad
afectada, (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo
suficiente y razonable, (iv) suministrar a los interesados, en un
plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines
que se destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar presentes
durante la diligencia; (vi) identificar a todas las personas que
efectúen el desalojo; (vii) no efectuar desalojos cuando haga muy mal
tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su
consentimiento; (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los
afectados; y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad
para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de
los daños que les sean causados. Así
mismo, cuando la comunidad afectada no cuente con recursos propios para
proveerse una solución de vivienda digna, las autoridades deben adoptar todas
las medidas necesarias de acuerdo con sus recursos, para que se proporcione
otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según
proceda. Finalmente, las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la
fuerza y proteger especialmente a la población más vulnerable, como adultos
mayores, menores de 18 años, personas en situación de discapacidad, etc.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por inexistencia de defecto procedimental, por falta de vinculación procesal de
los accionantes que pudiera vulnerar su derecho a la defensa
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por ausencia de defecto por desconocimiento del precedente de la adopción de
medidas especiales de protección a la población desplazada en los casos de
desalojo de bienes inmuebles
No existen en este proceso, datos concluyentes que permitan demostrar que
los accionantes mantienen su condición de desplazados, por lo que no les era
aplicable el precedente jurisprudencial invocado en la solicitud de tutela.
ABUSO DE LA TUTELA POR ABOGADO-Se requiere a abogado para que, en el futuro,
desista del uso indiscriminado y caprichoso de la acción de tutela, situación
que configura un abuso del derecho y un desgaste injustificado para la
administración de justicia
Referencia: Expediente T- 4.963.887
Acción de tutela
instaurada por María de los Ángeles Ardila Alcázar y otros contra Alcaldía de El
Copey, Cesar y otro.
Asunto: procedencia de la acción de
tutela contra providencias proferidas en procesos policivos.
Identificación de las personas en
condición de desplazamiento.
Falta de acreditación de los defectos
procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión
de las providencias emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, el
10 de febrero de 2015 -en primera instancia- y por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar del 20 de marzo de 2015 -en segunda
instancia-, dentro de la acción de tutela promovida por los señores
María de los Ángeles Ardila Alcázar, José Manuel de la Hoz Ardila, Yerlin de la
Hoz Ardila y Angélica María de la Hoz Ardila contra la Alcaldía del El Copey,
Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital y móvil y a una vivienda digna, en su calidad de
población desplazada, víctima del conflicto armado.
El expediente
fue remitido a esta Corporación por la Secretaría del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, en cumplimiento de los artículos 86
de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de
Selección número 6 de esta Corporación, mediante auto del 24 de junio de 2015,
escogió para su revisión la tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La Sala conoce
la solicitud de amparo promovida por los señores María de los Ángeles Ardila
Alcázar, José Manuel de la Hoz Ardila, Yerlin de la Hoz Ardila y Angélica María
de la Hoz Ardila contra la Alcaldía de El Copey, Cesar, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y
móvil y a una vivienda digna, en su calidad de población desplazada, víctima
del conflicto armado.
Los
demandantes adujeron que las vulneraciones a sus derechos fundamentales fueron
producidas por la Alcaldía de El Copey, dentro de un proceso de amparo policivo
promovido por el señor Roberto de Jesús Mira Marulanda.
Solicitaron que
el juez constitucional declare sin efectos la Resolución No. 021 del 23 de
enero de 2015, proferida por el Alcalde de El Copey mediante la cual accedió a
las pretensiones de la querella solicitada por el señor Mira Marulanda y ordenó
el desalojo de los accionantes como ocupantes del predio denominado “La
esmeralda”. Además de lo anterior, pretenden que se suspenda de manera
definitiva el desalojo ordenado, se ordene a la entidad accionada realizar las
gestiones para ser incluidos en programas de vivienda, estabilización socioeconómica,
retornos y generación de ingresos, entre otros.
Por último,
pidieron que se compulsen copias de todo lo actuado a la Procuraduría General
de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, y que se prevenga al Alcalde,
sobre las consecuencias de incurrir en desacato de las órdenes impuestas en
sede de amparo.
Hechos
relevantes del escrito de tutela
1. Manifestaron los accionantes que el 6
de agosto de 2006, fueron despojados por paramilitares de la parcela 21
denominada la Esmeralda, ubicada en la vereda San Miguel, corregimiento de
Caracolito, municipio de El Copey, César. El predio había sido adjudicado por
el INCORA, mediante Resolución 437 del 8 de junio de 1995, a Ramón Antonio de
la Hoz Serrano (padre) y a María de los Ángeles Ardila Alcázar (madre),
como Unidad Agrícola Familiar (AUF).
2. Manifiestan
los peticionarios que, el 31 de diciembre de 2014 (8 años después del
desplazamiento), regresaron al predio y al encontrarlo abandonado, ingresaron
al mismo y realizaron actos de propietarios.
3. Ante
esta situación, el señor Roberto de Jesús Mira Marulanda en calidad de poseedor
promovió un trámite de amparo policivo en la Alcaldía de El Copey, Cesar (este
proceso policivo lo adelantó este funcionario en calidad de primera autoridad
de policía del municipio y en única instancia), con base en los derechos adquiridos
mediante contrato de compraventa del 3 de septiembre de 2005. El mencionado
acto jurídico, según los accionantes, fue celebrado bajo presiones ejercidas a
los propietarios, es decir: “(…) cuando a RAMON ALBERTO DE LA HOZ ARDILA y a
MARÍA DE LOS ÁNGELES ARDILA ALCAZAR, fueron obligados por varios paramilitares
(Alfonso Enrique Rosado Villalba, cañado (sic) de la esposa del hoy querellante
y otros) a firmar un contrato de compraventa a nombre de Roberto de Jesús Mira
Marulanda.”[1]
4. El
ente territorial accionado admitió el amparo policivo solicitado por el señor
Mira Marulanda, mediante auto No. 001 de 2015[2],
en el que comisionó a la Inspección Central de Policía para que realizara
visita de inspección ocular, con el fin de constatar los hechos que fundan el
amparo policivo, y además dispuso el acompañamiento de la Personería Municipal,
la Comisaria de Familia y la fuerza pública.
5. Mediante
Resolución No. 021 del 23 de enero de 2015[3],
la Alcaldía de El Copey, Cesar, concedió el amparo policivo solicitado por el
señor Roberto de Jesús Mira Marulanda. En consecuencia, ordenó el desalojo de
las familias que ocuparon el inmueble.
6. Los
accionantes manifestaron que en su grupo familiar hay niños y adultos mayores,
todos en condición de desplazamiento. Expusieron además que no  tienen empleo,
no pueden producir sus propios alimentos, y que desde hace un año no reciben
ayuda humanitaria, carecen de elementos para dormir, tienen problemas de agua
potable, y sufren de afecciones de salud producidas por el virus del
Chikungunya.
7. Adujeron que el 12 de septiembre de
2011, radicaron ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras Abandonadas o
Despojadas por la Violencia, una solicitud para la restitución material y
jurídica del predio del cual son propietarios, la cual no ha sido resuelta[4].
8. La Alcaldía de El Copey manifestó que
no existió violación al debido proceso de los accionantes, puesto que fueron
debidamente notificados en el amparo policivo que adelantó en su contra,
contestaron la querella y no se encontraban en situación de vulnerabilidad[5].
Actuación
procesal y contestaciones de las entidades demandadas
El Juzgado
Promiscuo Municipal de El Copey, Cesar, conoció de la acción de tutela en
primera instancia. El fallador de instancia avocó conocimiento por auto del 29
marzo de 2015, en cuya providencia ordenó a la Alcaldía de El Copey rendir un
informe sobre la solicitud de amparo, y vinculó a la Inspección de Policía de ese
municipio al presente trámite.
a. Inspección Central de Policía de
El Copey[6]
La
Inspectora Central de policía de El Copey, Cesar, dio respuesta a la tutela de
la referencia y describió las actuaciones que adelantó dentro del proceso
administrativo de amparo policivo formulado por el señor Roberto Mira Marulanda
contra Ramón, Yerlin, Mario, Juan y Fernando de la Hoz Ardila y Ramón de
la Hoz Serrano, por perturbación a la posesión de la parcela número 21 “La Esmeralda”,
vereda San Miguel. En ese sentido, manifestó que:
1. El 31 de diciembre de 2014, a las 9:00 p.m., se dirigió a
la parcela número 21, “La Esmeralda”, vereda San Miguel de El Copey, con la
finalidad de verificar la presunta perturbación realizada por los señores Ramón,
Yerlin,  Juan y Jaider, y otras personas sin identificar, al derecho de
posesión que ejerce el señor Roberto de Jesús Mira Marulanda sobre el predio
antes mencionado.
2. Durante el trámite de la diligencia, el señor Yerlin de la
Hoz Ardila le manifestó que le hacen visitas periódicas a la finca en su
condición de legítimos propietarios y además que el señor Mira Marulanda no
tiene ánimo de señor y dueño. En desarrollo de la misma, verificó que habían
varios semovientes de propiedad del señor Mira Marulanda, encerrados en el
corral de la finca. Al conceder la palabra al señor Mira Marulanda, la
diligencia fue suspendida puesto que uno de los ocupantes le empezó a faltar al
respeto a quienes asistían a la misma.
3. El 14 de enero de 2015, en cumplimiento de la comisión
ordenada por la Alcaldía mediante auto del 7 de enero de 2015, se trasladaron
en compañía del personero municipal, el comisario de familia, una trabajadora
social y la fuerza pública, con el fin de realizar diligencia de inspección
ocular sobre el predio denominado “La Esmeralda”.
4. Al llegar al predio fueron atendidos por los señores Yerlin
de la Hoz Ardila, quien se presentó como abogado, Jaider, Ramón y Yurley de
la Hoz Ardila y Brian de la Hoz Navas, quienes reiteraron sus argumentos
relacionados con la falta de ánimo de señor y dueño del querellante, su calidad
de legítimos propietarios y el estado de abandono del inmueble, situación que
justificó la ocupación de la parcela mencionada.
5. Mediante Resolución número 021 del 23 de enero de 2015, la Alcaldía
de El Copey, concedió el amparo policivo solicitado por el señor Roberto Mira
Marulanda y comisionó a la Inspección de Policía para adelantar el
procedimiento de desalojo.
6. Esa entidad mediante oficio del 27 de enero de 2015, les
informó a los señores de la Hoz Ardila y de la Hoz Serrano, que tenían 48 horas
a partir del recibo del mismo, para que se retirarán de manera voluntaria y
completa del predio denominado “La Esmeralda”, y restablecer de esta manera el
derecho de posesión del señor Mira Marulanda.
7. Cumplido el término otorgado anteriormente, el 29 de enero
de 2015, esa inspección de policía se dirigió al predio con la finalidad de
verificar si los ocupantes se encontraban o no en la parcela número 21. Al
llegar al inmueble verificó la presencia de los señores Yerlin y Juan de
la Hoz Ardila y otras personas sin identificar, situación que fue puesta en
conocimiento del Alcalde de El Copey.
b. Alcaldía de El
Copey[7]
El
señor Wilfrido Enrique Ruiz Rada, en calidad de Alcalde de El Copey, intervino
dentro del trámite de la tutela de la referencia, en la que solicitó denegar el
amparo solicitado, puesto que no se han vulnerado los derechos fundamentales de
los accionantes con ocasión de la expedición de la Resolución número 021 del 23
de enero de 2015[8].
Para sustentar su petición presentó los siguientes argumentos:
1. Existen pruebas que  demuestran que los accionantes
irrumpieron de manera violenta y agresiva en el predio denominado “La Esmeralda”
en el municipio de El Copey. En efecto, en la visita realizada por la
inspección de policía de ese municipio, se constató que en la finca se
encontraba el señor Juan Guzmán León (trabajador del querellante) y 76 animales
de propiedad del señor Roberto de Jesús Mira.
2. En relación con la notificación de la Resolución número 021
del 23 de enero de 2015, manifestó que “(…) es falso que no se les haya
notificado de todas las actuaciones administrativas adelantadas, porque se les
notificó de forma oportuna, donde además ellos presentaron la contestación del
amparo solicitado, en ejercicio del derecho de contradicción y legítima
defensa, por lo que no es cierto que las actuaciones adelantadas por este
despacho sean violatorias del debido proceso.”[9]
3. En materia de valoración probatoria expuso que: “(…) las
decisiones tomadas han sido fundamentadas en (sic) base al (sic) acerbo (sic)
probatorio allegado al proceso, donde se valoró todas y cada una de las pruebas
aportadas, y se acogió el principio de legalidad y seguridad jurídica.”[10]
4. Frente al estado de vulnerabilidad de los accionantes adujo
que: “Antes de adoptar una decisión administrativa, se procedió a realizar
unas inspecciones oculares con el acompañamiento de la comisaria de familia, el
ICBF, personero municipal, que nos permitieron hacer una caracterización tal
como consta en las actas respectivas (…) la caracterización hecha a la familia
De La Hoz, nos arroja que la mayoría de sus miembros tiene situación laboral
definida, poseen vivienda propia, están afiliados a la seguridad social, y los
menores están en la escuela y universidades.”[11]
Por
último, remitió copia del expediente administrativo que reposa en sus archivos[12].
Decisiones
objeto de revisión
Primera
instancia
El
Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, Cesar, profirió sentencia de primera
instancia del 10 de febrero de 2015[13],
y resolvió negar el amparo solicitado por los accionantes. A esta decisión
llegó el juez de instancia, con base en los siguientes argumentos:
i) No se logró determinar que en el trámite administrativo del
amparo policivo, la entidad pública accionada hubiese incurrido en alguna de
las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, puesto que el procedimiento fue adelantado por
la autoridad competente, que en el presente caso era el Alcalde del municipio
de El Copey, Cesar, y la Inspectora de Policía del mismo municipio.
ii) A los señores María de los Ángeles Ardila Alcázar, José
Manuel, Yerlin y Angélica María de la Hoz Ardila, no se les
vulneró el derecho al debido proceso, puesto que:
“(…)
en todo momento estuvieron informados en lo que respecta al trámite de la
Querella Policiva adelantada en su contra, la cual es objeto del presente
estudio, toda vez fueron participes de las dos (2) inspecciones oculares,
practicadas en el predio los días 31 de diciembre de 2014, y el 14 de enero de
2015. Igualmente fueron notificados del auto No. 001 de fecha 7 de enero de
2015, mediante el cual se admitió el amparo policivo, situación que es
corroborada con la contestación que hacen de éste, los querellados por intermedio
de apoderado judicial doctor YERLIN DE LA HOZ ARDILA, el día 14 de enero de
2015, quien presentó ante la Alcaldía Municipal de El Copey – Cesar, un escrito
denominado “Contestación al Amparo Policivo impetrado por el señor Roberto de
Jesús Mira Marulanda”, en el cual se pronunciaron en relación a los hechos
alegados por el querellante, y se opusieron a las pretensiones. Por lo tanto,
de los hechos plasmados se desprende que los hoy accionantes, tuvieron la
oportunidad para allegar pruebas dentro del trámite del amparo policivo, como
efectivamente lo hicieron.” [14]
La
falta de notificación de los accionantes quedó desvirtuada por las pruebas que
ellos mismos aportaron en las que: “(…) se aprecia, como estos fueron
notificados personalmente y por Edicto, actuado (sic) activamente en el trámite
de este procedimiento, interviniendo en las inspecciones oculares, contestando
y oponiéndose a las pretensiones del querellante”[15]
iii) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
presentó al proceso un estudio social y familiar en el que estableció que el
grupo de ocupantes: “(…) tiene garantizada la salud, educación, vivienda, observando
que existe un equilibrio económico en algunos miembros de la familia y denota
un apoyo mutuo familiar.”[16]
iv) La parte actora cuenta con otros medios de defensa
judicial para resolver su particular situación jurídica, puesto que: “(…)
las autoridades que se encuentran tramitando los hechos de desplazamiento
forzado, denunciado por los tutelantes, son las entidades competentes para
dirimir el fondo del asunto relacionado con el predio materia de disputa, el
cual ha sido tramitado ante la Jurisdicción Ordinaria Civil, con sentencia
favorable al querellante, por lo tanto las partes deben esperar el
pronunciamiento que sobre estos hechos realicen las autoridades competentes, y
no tratar de solucionar los conflictos por otras vías judiciales o de hecho.”[17]
Segunda
instancia
El Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, profirió sentencia
de segunda instancia el 20 de marzo de 2015[18],
y resolvió confirmar el fallo de tutela del 10 de febrero de 2015, proferido
por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, que a su vez, había negado el
amparo solicitado por los accionantes. A esta decisión llegó el juez de segunda
instancia, con base en que la acción de tutela es improcedente para la
protección de los derechos invocados, pues cuenta con la vía contencioso
administrativa o la jurisdicción civil especializada en restitución de tierras.
Actuación
en sede de revisión
1. Esta Sala de Revisión, mediante auto del 25 de
agosto de 2015, resolvió: i) poner en conocimiento al señor Roberto de Jesús
Mira Marulanda la existencia de la presente acción de tutela; ii) oficiar a la
Alcaldía de El Copey, Cesar, para que, certificara con destino al expediente el
estado actual del amparo policivo promovido por el señor Mira Marulanda y
además, si existían planes de reubicación para atender a las personas en
condición de desplazamiento por la violencia alojadas en el predio denominado
“La Esmeralda”; y, iii) oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, para que con destino al expediente
certificara si los accionantes habían presentado alguna solicitud de
restitución relacionada con el predio mencionado anteriormente, el estado
actual del trámite y por último, si se había iniciado proceso judicial ante los
jueces o magistrados competentes.
2.  La Unidad
de Restitución de Tierras, mediante oficio número URT-DJR-00383 del 1 de
septiembre de 2015[19],
radicado ante la Secretaria General de la Corte el 3 del mismo mes y año,
informó a esta Sala lo siguiente:
El señor Ramón Antonio de la Hoz
Serrano, presentó solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente, radicada bajo el número ID 67576.
Mediante Resolución RE 0065 del 25
de mayo de 2015, esa entidad resolvió inscribir la solicitud presentada por el
señor de la Hoz Serrano, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente. En ese acto administrativo se estableció que los accionantes,
hacen parte del núcleo familiar del solicitante.
El predio se encuentra ubicado en
zona de reserva forestal.
La Dirección Territorial
Cesar-Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras empezó con el trámite de
la presentación de la solicitud o demanda de restitución de tierras ante los
jueces especializados en dicha materia.
3. El señor Wilfrido Enrique Ruiz
Rada, en calidad de Alcalde de El Copey, radicó el 11 de septiembre de
2015[20],
ante la Secretaría General de este Tribunal, contestación a las preguntas
formuladas por la Sala de Revisión, en la que señaló:
Durante el proceso administrativo
de amparo policivo se realizaron caracterizaciones del grupo familiar con apoyo
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, regional César. Además, se
llevaron a cabo comités de justicia transicional con participación de las
diferentes entidades y autoridades que lo conforman.
Los accionantes participaron
activamente en el amparo policivo, puesto que contestaron oportunamente la
solicitud, aportaron pruebas y las mismas fueron valoradas dentro del proceso.
La diligencia de desalojo se
realizó el 7 de abril de 2015.
La caracterización arrojó que las
personas objeto de la diligencia no se encontraban en estado de vulnerabilidad,
dado que tienen una situación laboral definida, cuentan con vivienda propia en
el casco urbano de El Copey, por tal razón no se requería albergues o
reubicación. En el núcleo familiar se encuentran 3 docentes, un abogado, un
empleado de la empresa Palmeras de la costa, todos los menores de edad se
encuentran en el sistema de seguridad social, cursan estudios superiores,
educación secundaria y primaria.
Posterior a la diligencia de
desalojo, los accionantes han presentado 4 acciones de tutela, las cuales han
sido negadas por los jueces de conocimiento, lo que constituye una actuación
temeraria.
Anexo a su intervención, el señor
Alcalde de El Copey, remitió copia de la actuación administrativa adelantada, y
solicitó como pruebas: i) oficiar a la Secretaria de Educación Departamental
del Cesar para que expida certificación laboral de los señores Ramón de la Hoz
Ardila, identificado con cédula de ciudadanía 72.133.629 y de Mario de la Hoz
Ardila, identificado con cédula de ciudadanía número 77.166.414; y ii) oficiar
a la “diócesis”, para que expida certificación laboral de la señora
Angélica María de la Hoz Ardila, identificada con cédula de ciudadanía número
26.948.185.
4. Roberto de
Jesús Mira Marulanda, radicó el 14 de septiembre de 2015[21], ante la
Secretaría General de la Corte, su pronunciamiento en relación con la acción de
tutela de la referencia. En su escrito, relató la forma en que se desarrolló el
proceso de amparo policivo, en especial, la diligencia de desalojo del 7 de
abril de 2015, en la que se presentaron hechos violentos por parte de los
accionantes en contra de los funcionarios de la Alcaldía y de la Fuerza
Pública.
Señaló además, que en el año 2009,
los señores Ramón Antonio de la Hoz Serrano y María de los Ángeles Ardila
Alcázar, presentaron ante el Juzgado 4º Civil del Circuito Adjunto de
Valledupar, un proceso reivindicatorio de la propiedad, radicado bajo el número
2009-0019, el cual fue resuelto en contra de los accionantes mediante sentencia
del 18 de enero de 2012, confirmada por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia, mediante providencia del 6 de
febrero de 2013.
Por último adujo que los
accionantes y su núcleo familiar “(…) siempre han faltado a la verdad, dado
que hoy ostentan la calidad de víctimas de la violencia cuando todos los que
los conocemos sabemos que ellos jamás se fueron de El Copey y que por el
contrario siempre han vivido en el Barrio Las Delicias de este municipio, donde
tienen sus propiedades, sus hijos han cursado sus estudios de primaria y
secundaria en las instituciones educativas del municipio, así mismo tienen sus
lugares de trabajo aquí en el municipio desde hace muchos años, la gran mayoría
de los miembros del núcleo familiar cuentan con estabilidad laboral, con un
nivel académico alto.”[22]
A su intervención anexó copias del
contrato de compraventa de derechos de posesión del 3 de septiembre de 2005,
las sentencias proferidas en el proceso reivindicatorio y constancia de la
empresa CILEDCO que certifica que los accionantes fueron sus proveedores de
leche con posterioridad a la fecha en que indican fueron desplazados[23].
5.
Los documentos aportados por las partes y la práctica de pruebas en sede de
revisión, permitió a la Sala tener conocimiento de los siguientes HECHOS
RELEVANTES:
a. No existen datos concluyentes que demuestren que los
accionantes mantienen una extrema situación de vulnerabilidad derivada de su
condición de desplazados por la violencia.
b. Los señores María
de los Ángeles Ardila Alcázar  y Ramón Antonio de la Hoz Serrano
adquirieron la propiedad de la parcela 21 denominada la Esmeralda, ubicada en
la vereda San Miguel, corregimiento de Caracolito, municipio del Copey, César,
como Unidad Agrícola Familiar (UAF), mediante Resolución número 437 del 8 de
junio de 1995, proferida por el INCORA[24].
Además de lo anterior, el mencionado acto administrativo, en su artículo 3º,
advirtió sobre las prohibiciones para transferir el dominio, posesión o
tenencia del predio o mejoras dentro de los 15 años siguientes a la fecha de
notificación de la resolución.
c. El 3 de septiembre de 2005, los señores María de
los Ángeles Ardila Alcázar, Ramón Antonio de la Hoz Serrano (propietarios-vendedores)
y Roberto de Jesús Mira Marulanda (comprador) celebraron contrato de
compraventa de derechos de posesión del predio denominado “La Esmeralda”[25].
d. Los señores
Ramón, Yerlin, Juan y Jaider de la Hoz Ardila, ingresaron al predio
denominado “La Esmeralda”, en el que se encontraba el señor Juan Guzmán León (trabajador)
y 76 semovientes de propiedad del señor Mira Marulanda[26].
e. Roberto de
Jesús Mira Marulanda presentó, el 6 de enero de 2015, ante la Alcaldía,
solicitud de amparo policivo en contra de Ramón, Yerlin, Mario y
Fernando de la Hoz Ardila y Ramón de la Hoz Serrano, por la perturbación a su
derecho de posesión[27].
f. Mediante auto
001 del 7 de enero de 2015, la Alcaldía Municipal de El Copey admitió el amparo
policivo promovido por el señor Mira Marulanda[28].
g. Con citación
del 8 de enero de 2015, se informó el inicio de la actuación policiva (mediante
auto 001 del 7 de enero de 2015) a los señores Ramón, Yerlin, Mario,
Juan y Fernando de la Hoz Ardila y Ramón de la Hoz Serrano. A su vez, se les
concedió el término de 5 días para que concurrieran al despacho municipal con
el fin de realizar la notificación personal del mencionado auto. Esta
comunicación fue recibida el 8 de enero de 2015, por la señora Erika de la Hoz[29].
h. El 9 de enero
de 2015, ante la secretaria general de la Alcaldía de El Copey, se presentó el
señor Juan Fernando de la Hoz para realizar la notificación personal del auto
001 del 7 de enero de 2015[30].
i. Con la
finalidad de vincular procesalmente a las partes que no acudieron a realizar la
notificación personal del auto 001 del 7 de enero de 2015, la Alcaldía fijó
edicto desde el 8 hasta el 16 de enero de 2015[31].
j. La inspectora
de policía de El Copey, en compañía del personero municipal, el comisario de
familia, una trabajadora social y la fuerza pública, realizó inspección ocular
del predio “La Esmeralda” el 14 de enero de 2015. Dicha diligencia fue atendida
en el inmueble por Yerlin, Jaider, Ramón y Yurley de la Hoz Ardila  y
Brayan de la Hoz[32].
k. Yerlin de la
Hoz Ardila, en calidad de apoderado de los señores Ramón, Mario y Juan de
la Hoz Ardila y Ramón de la Hoz Serrano, presentó ante la Alcaldía de El Copey,
el 14 de enero de 2015, contestación al amparo de policía[33].
El
19 de enero de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
presentó informe dirigido al Comisario de Familia de El Copey, en el que
analizó la situación familiar, el perfil de vulnerabilidad y generatividad, de
las personas que se encontraban en el predio “La Esmeralda”. En ese sentido
expuso que[34]:
Se encontraron 8 núcleos familiares y sus padres biológicos, con la
salvedad de que algunos de sus miembros se encuentran realizando actividades de
tipo laboral en el Municipio de El Copey y Bosconia, César, como docentes y
directivos docentes y abogado en ejercicio.
Dos de los núcleos familiares se encontraban en Santa Marta y
Barranquilla, desplazados por la violencia.
Ramón Alberto de la Hoz Ardila, es un directivo docente de la
Institución Educativa Agrícola de El Copey, y vive en la Carrera 23 No. 11-45
Barrio las delicias de ese municipio.
Juan Fernando de la Hoz Ardila, esta residenciado en Santa Marta, y
es miembro activo de la Mesa de víctimas del Magdalena.
José Manuel de la Hoz Ardila, vive en El Copey y trabaja como
Contratista de bolsa de empleo.
Mario Rafael de la Hoz Ardila, es docente, vive en Bosconia, Cesar,
es especialista en informática, labora en el Colegio María Auxiliadora de ese
municipio.
Jaider Antonio de la Hoz Ardila, estudió Gerencia para el desarrollo
social, trabaja en oficios varios y vive en El Copey.
Angélica de la Hoz Ardila, Licenciada en
Básica primaria, es docente de la Curia.
La familia tiene garantizada la salud, educación y vivienda. Se
observa que existe equilibrio económico en algunos miembros de la familia, pero
en otros grupos se observa que falta mayor solvencia económica, y se denota
apoyo mutuo familiar. La familia tiene estabilidad en salud y educación, la
vivienda es familiar de propiedad de los padres, y otros tienen sus casas
propias, aun así los grupos familiares que no tienen vivienda, habitan donde
sus padres. Los niños están bajo el cuidado de sus padres, estudian, unos en
jardín, otros en colegios y universidad, y en el SENA.
l. Mediante Resolución número 021 del 23 de enero de 2015, la
Alcaldía consideró que no encontró probado el estado de vulnerabilidad manifiesta
de los señores de la Hoz, puesto que algunos de sus miembros cuentan con un
buen nivel académico y profesional y que aún se encuentra en trámite la
solicitud de restitución presentada por los ocupantes, razón por la cual no
puede darse aplicación al artículo 95 de la Ley 1448 del 2011. Por estas
razones resolvió conceder el amparo policivo solicitado por el señor Mira Marulanda[35].
m. Antes de
realizarse la diligencia de desalojo, el 19 de febrero de 2015, se llevó a cabo
un comité de justicia transicional extraordinario en el que se trató la
especial situación de los accionantes y la preocupación de las autoridades por
la posesión de hecho, la necesidad de que los ocupantes respeten el debido
proceso y esperen las resultas del proceso de restitución[36]. A su
turno, la Alcaldía promovió audiencia de conciliación el 3 de marzo de 2015, en
la que los miembros de la familia de la Hoz no conciliaron ni firmaron el acta,
tras considerar que no tenían garantías para negociar[37].
n. El 7 de abril
de 2015, la inspectora de policía de El Copey se trasladó al predio denominado
“La Esmeralda”, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de desalojo del
inmueble, conforme lo ordenó la Resolución número 021 del 23 de enero de 2015.
Al llegar a la finca fueron atendidos por los señores Yerlin, Ramón,
Jaider, Juan, Mario y Angélica de la Hoz Ardila, Ramón de la Hoz Serrano
y María Ardila Alcázar y otras personas sin identificar[38].
Según
la funcionaria que adelantó la diligencia, los señores anteriormente
mencionados los agredieron verbalmente, el señor Yerlin de la Hoz se
opuso a la diligencia, la cual fue rechazada por ese despacho administrativo.
En desarrollo de la misma, se negaron a desalojar y al hacer su ingreso la
fuerza pública, fueron atacados con bombas incendiarias y molotov, así como, un
cilindro de gas propano encendido.
En
el predio había menores de edad, los cuales fueron protegidos por la Policía de
infancia y adolescencia. Terminada la diligencia se realizó un inventario en el
que se encontró enseres, 20 semovientes y 4 cerdos.
o. Posteriormente a la celebración de la diligencia de
desalojo se han presentado 4 acciones de tutelas en contra de la Alcaldía de El
Copey, Cesar, y la Inspección de Policía de ese municipio. Los aspectos más
importantes se presentan a continuación de manera sucinta:
Radicación
Partes
Hechos que
sustentan las vulneraciones
Pretensiones
Sentencias
Judiciales
Accionante
Accionado
20 de mayo de 2015[39]
Mario Rafael de la Hoz Ardila
Alcalde de El Copey, César y la
Inspectora de Policía de ese municipio.
1.Condición
de desplazado por la violencia.
2. Presuntas
irregularidades procesales en el trámite del amparo policivo.
Supuestos
defectos procesales en la diligencia de desalojo, puesto que fueron negados
la oposición y los recursos de reposición y apelación presentados por su
apoderado.
Declarar la nulidad o
ilegalidad de lo resuelto por la Inspectora de Policía de El Copey, el 7 de
abril de 2015.
Ordenar el retorno del
accionante junto con María de los Ángeles Ardila Alcázar, Jaider Antonio de
la Hoz Ardila y Angélica de la Hoz Ardila al predio denominado “la
esmeralda”.
Ordenar a los accionados
realizar un acto público de desagravio.
1. Sentencia del
23 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Bosconia, Cesar. Declaró improcedente el amparo solicitado[40].
2. Sentencia del
12 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Valledupar, Cesar[41].
Confirmó.
12 junio de 2015[42]
Ramón Antonio de la Hoz
Serrano.
Alcalde de El Copey y la
Inspectora de Policía de ese mismo municipio.
1.Condición
de desplazado por la violencia.
2. Presuntas
irregularidades procesales en el trámite del amparo policivo.
3. Supuestos
defectos procesales en la diligencia de desalojo, puesto que fueron negados
la oposición y los recursos de reposición y apelación presentados por su
apoderado.
Declarar la nulidad o
ilegalidad de lo resuelto por la Inspectora de Policía de El Copey, el 7 de
abril de 2015.
Ordenar el retorno del
accionante junto con María de los Ángeles Ardila Alcázar, Jaider Antonio de
la Hoz Ardila y Angélica de la Hoz Ardila al predio denominado “la
esmeralda”.
Ordenar a los accionados
realizar un acto público de desagravio.
1. Sentencia del
30 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Bosconía, César.[43]
Resolvió declarar improcedente y temeraria la acción de tutela.
3. Sentencia del
11 de agosto de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Valledupar[44].
Confirmó el fallo, excepto por la temeridad.
19 de junio de 2015[45].
Juan Fernando de la Hoz Ardila.
Alcaldía de El Copey y la
Inspección de Policía de ese mismo municipio.
1.Condición
de desplazado por la violencia.
2. Presuntas
irregularidades procesales en el trámite del amparo policivo.
3. Supuestos
defectos procesales en la diligencia de desalojo, puesto que fueron negados
la oposición y los recursos de reposición y apelación presentados por su
apoderado
1. Declarar la
nulidad de la Resolución 021 del 23 de enero de 2015, expedida por la
Alcaldía municipal de El Copey.
2. Declarar la
nulidad de lo resuelto por la inspectora de policía de ese mismo municipio el
día 7 de abril de 2015, en desarrollo de la audiencia de desalojo.
3. Retornarlo
junto con su familia al predio “la esmeralda”.
4. Ordenar a los
accionados un acto público de desagravio.
1. Sentencia del
8 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia,
Cesar[46].
Declaró improcedente y temeraria la acción de tutela.
2. Sentencia del
21 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Valledupar[47].
Resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.
30 de junio de 2015[48]
Yerlin de la
Hoz Ardila
en calidad de apoderado de María de los Ángeles Ardila Alcázar, Angélica
María de la Hoz Ardila y Jaider Antonio de la Hoz Ardila.
Alcaldía de El Copey y la
Inspección de Policía de ese mismo municipio.
1.Condición
de desplazado por la violencia.
2. Presuntas
irregularidades procesales en el trámite del amparo policivo.
Supuestos
defectos procesales en la diligencia de desalojo, puesto que fueron negados
la oposición y los recursos de reposición y apelación presentados por su
apoderado
1.Declarar
la nulidad de la Resolución 021 del 23 de enero de 2015, expedida por la Alcaldía
municipal de El Copey.
2. Declarar la
nulidad de lo resuelto por la inspectora de policía de ese mismo municipio el
día 7 de abril de 2015, en desarrollo de la audiencia de desalojo.
3. Retornarlo
junto con su familia al predio “la esmeralda”.
Ordenar a los accionados un
acto público de desagravio.
1. Sentencia del
4 de agosto del 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Bosconia, Cesar. Declaró improcedente la acción de tutela[49].
p.  El predio denominado parcela
21 “La Esmeralda”, ubicada en la vereda San Miguel, corregimiento de
Caracolito, municipio de El Copey, Cesar, se encuentra inscrito en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, conforme a la Resolución número
0065 del 25 de mayo de 2015, proferida por la Unidad de Restitución de Tierras[50]. Además,
se probó que se encuentra pendiente la presentación de la demanda de
restitución ante los jueces especializados de restitución de tierras. Por
último, se acreditó que el inmueble mencionado está ubicado en zona de reserva
forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, según lo dispuesto en la Ley 2 de
1959.
p. En el año 2009,
los
señores Ramón Antonio de la Hoz Serrano y María de los Ángeles Ardila
Alcázar, promovieron acción reivindicatoria del derecho de propiedad del
predio denominado “la esmeralda” y en contra del señor Mira Marulanda. Conoció
de la demanda el Juzgado 4º Civil del Circuito Adjunto de Valledupar, radicado
bajo el número 2009-0019. Mediante sentencia del 18 de enero de 2012,
confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, Sala
Civil-Familia, mediante providencia del 6 de febrero de 2013, fueron negadas
las pretensiones de los accionantes[51].
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Es competente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos proferidos dentro
de la acción de tutela radicada en esta Corporación con el número T-4.963.887,
con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión
2. Los actores consideraron que las entidades públicas
vinculadas al trámite de tutela les han vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y móvil y a una vivienda digna,  producto de la
falta de vinculación procesal al trámite administrativo de amparo policivo
promovido por el señor Roberto de Jesús Mira Marulanda, que buscaba restituir
la posesión sobre el predio “La Esmeralda”, que los tutelantes habían ocupado reclamando
su legítima posesión, pues, según alegan, habían sido obligados a vender dicho
derecho 10 años atrás, lo que les había dejado en supuesta situación de
desplazamiento por la violencia.
Manifestaron
además que dichas violaciones surgen de la falta de vinculación al proceso de
amparo policivo. Además que el Alcalde y el Secretario de gobierno actuaron de
manera “arbitraria y antojada”[52],
puesto que no valoraron las pruebas aportadas en la contestación de amparo
policivo que demostraban la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Mira Marulanda.
Por
último, manifestaron que existe “vía de hecho” en el trámite adelantado
por esa entidad pública, en especial de la Resolución número 021 del 23 de
enero de 2015, en el sentido de que no se señaló el lugar donde serían
reubicados una vez realizada la diligencia de desalojo, así como tampoco se
indicó las ayudas brindadas al grupo familiar en relación con la adquisición de
una vivienda digna.
Consideraciones preliminares
3. Encuentra la Sala que para determinar si
es posible abordar los problemas jurídicos planteados por los tutelantes
primero debe ocuparse de las siguientes cuestiones previas: i) la presunta
temeridad de la acción de tutela que revisa actualmente la Corte; ii) la
posible carencia actual de objeto por daño consumado; y iii) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos proferidos en trámites de
amparo policivo, con especial énfasis en la naturaleza procesal de esta clase
de procesos en los que no existe debate sobre la titularidad de los derechos de
las personas sobre bienes inmuebles.
Ausencia de temeridad de la acción de tutela de la
referencia
4. Uno de los intervinientes en el presente
trámite de tutela solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia, debido a la supuesta existencia de temeridad, pues se
alega la posterior formulación de cuatro acciones de tutela con base en los
mismos hechos y la identidad de pretensiones. Bajo ese entendido, la Sala
deberá inicialmente verificar si en este caso se ha configurado una actuación
temeraria en el ejercicio de la solicitud de amparo de la referencia.
5.
La actuación temeraria en el trámite de amparo constitucional está regulada por
el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que establece que: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes.”
6. La Corte ha decantado los elementos que
configuran la temeridad en sede de tutela y ha determinado que esta se
configura cuando exista entre el asunto que es de conocimiento del juez de
amparo y el que ya ha sido objeto de pronunciamiento previo: i) identidad de
partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad de pretensiones; y iv) ausencia
de justificación en el ejercicio de la nueva acción de tutela[53].
7. No obstante lo
anterior, la Sala reitera que el juez de tutela debe verificar en cada caso
concreto la existencia de los elementos que estructuran la temeridad en el
ejercicio del amparo, con la finalidad de salvaguardar principios
constitucionales como la buena fe, lealtad procesal, cosa juzgada, seguridad
jurídica y evitar el abuso del derecho. En ese sentido, se acreditará la
temeridad cuando:
“(…) considere
que dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se
reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones[54];
(ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”[55];
(iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y
sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”[56];
o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena
fe de los administradores de justicia”[57].Es que,
la duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional sobre la
misma materia, además de ser reprochable y desconocer los principios de
economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por
comprometer la capacidad judicial del Estado[58].
Por
el contrario, la Corte ha señalado que aun cuando se presente la cuádruple
identidad referida, es posible que la actuación no sea temeraria, entre otros,
en los casos que a continuación se señalan, a saber: “i)
en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de
especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la
necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado
de los profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con
posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra
situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela
anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv) en la
presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de
unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones
siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una
demanda de igual naturaleza”[59].”[60]
8.
El Alcalde de El Copey, Cesar, manifestó a esta Corporación que los accionantes
presentaron con posterioridad al amparo que actualmente conoce la Corte, 4
acciones de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Bosconia, Cesar, las cuales han sido negadas, por lo que consideró se está ante
“(…) un actuar temerario por parte de los accionantes de conformidad con el
artículo 38 del decreto 2591 de 1991 (…)”[61]
9. Realizado el anterior recuento, encuentra
este Tribunal que no se acreditan los elementos necesarios para configurar la
temeridad de la acción de tutela de la referencia. En efecto, esta Sala pudo
determinar que:
i) Se han presentado 4 acciones de tutela con
posterioridad a la que actualmente conoce la Corte Constitucional;
ii) No existe identidad de partes por activa
entre la acción de tutela que conoce actualmente la Corte en sede de revisión y
las que han sido presentadas con posterioridad ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Bosconia, Cesar. En ese orden, la solicitud de amparo de la
referencia fue formulada por los señores María de los Ángeles Ardila Alcázar,
José Manuel de la Hoz Ardila, Yerlin de la Hoz Ardila, Angélica
María de la Hoz Ardila, por su parte las otras peticiones de amparo fueron
presentadas por: i) Ramón de la Hoz Serrano; ii) Mario Rafael de la Hoz
Serrano; y iii) Juan Fernando de la Hoz Ardila.
No obstante lo anterior, si existe identidad parcial de
partes con la última acción de tutela, puesto que fue presentada por Yerlin
de la Hoz Ardila en calidad de apoderado de María de los Ángeles Ardila
Alcázar, Angélica María de la Hoz Ardila y Jaider Antonio de la Hoz
Ardila. En efecto, las dos primeras personas mencionadas anteriormente, son
accionantes en el amparo de la referencia, sin embargo, esta situación en sí
misma no configura la temeridad alegada, puesto que no concurren los demás
elementos expuestos.
En relación con la legitimación por pasiva, se encuentra que
existe identidad parcial con la Alcaldía de El Copey, pero no sucede lo mismo
con la Inspección de Policía de ese municipio, la cual no es accionada dentro
de la tutela de la referencia, a pesar de que la inspección fue vinculada de
oficio por el juez de instancia, lo cierto es que el amparo no está dirigido
contra ella.
iii) Tampoco se acreditó identidad de hechos,
puesto que las acciones de tutela presentadas posteriormente ante el juez de
tutela de Bosconia, se basan en las presuntas irregularidades en las que
habrían incurrido las entidades demandadas en la diligencia de desalojo del 7 de
abril de 2015.
iv) Por último, tampoco hay identidad de
pretensiones, puesto que en las solicitudes de amparo presentadas con
posterioridad a la que conoce actualmente la Corte, buscan dejar sin efectos la
diligencia de desalojo del 7 de abril de 2015, mientras que la acción de tutela
de la referencia, buscaba evitar la celebración de dicha diligencia, y además
dejar sin efectos jurídicos la Resolución número 021 del 23 de enero de 2015.
10. En conclusión, encuentra la Sala que en
el presente caso, no se acreditaron los elementos que configuran una actuación
temeraria en la formulación de la acción de tutela de la referencia, es decir,
no se verificó: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; e iii)
identidad de pretensiones, con solicitudes de amparo promovidas con
posterioridad, tal y como lo había solicitado el Alcalde de El Copey, Cesar.
11. Sin embargo, llama la atención de la Sala
las similitudes de las 4 tutelas que fueron presentadas con posterioridad a la
que se encuentra en sede de revisión. Si bien es cierto que fueron formuladas
por diferentes personas, coinciden en los hechos, pretensiones y algunas de las
entidades accionadas. Además, todas las acciones de tutelas fueron presentadas
en hojas con membretes del abogado Yerlin de la Hoz Ardila, lo que permite
inferir a la Corte que los accionantes fueron asesorados por este profesional
del derecho.
12. Estas acciones de tutela causan a esta
Sala de revisión duda sobre los siguientes aspectos: i) ¿Quiénes son realmente
los afectados con la actuación de la Alcaldía de El Copey?; ii) ¿Por qué los
afectados presentaron tutelas por separado si todos se encontraban en el predio
denominado “La Esmeralda”?; iii) ¿Por qué las acciones de tutela se formularon
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia, Cesar, no obstante que los
hechos ocurrieron en el Municipio de El Copey?; iv) ¿Participó el abogado
Yerlin de la Hoz Ardila en la elaboración de todas las acciones de tutela
presentadas, puesto que muchas de ellas llevan en sus hojas el membrete de su
oficina?, de ser así ¿Cuál es la razón de interponer diferentes acciones sobre
los mismos hechos con diferencia en la parte activa, cuando todos alegan una
afectación igual o al menos por el mismo predio?
Ante esta situación, la Corte encuentra una actuación de
deslealtad procesal y de abuso del derecho en el ejercicio del amparo
constitucional, que configura un desgaste injustificado para la administración
de justicia por parte del abogado de la Hoz Ardila, por lo que la Sala lo
requerirá para que en el futuro desista del uso indiscriminado y caprichoso de
la acción de tutela, so pena de incurrir en temeridad conforme lo establece el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
13. Aclarado lo anterior, procede esta
Corporación a verificar si en el presente asunto operó la figura de la carencia
actual de objeto.
Carencia actual de objeto. Daño consumado producido
durante el trámite de la acción de tutela. Análisis de fondo de las
pretensiones
14.  Una de las pretensiones de la acción de
tutela consistía en la suspensión definitiva de la diligencia de desalojo
dentro del trámite de la acción policiva. En sede de revisión, la Corte pudo
constatar que durante el trámite de la acción de tutela de la referencia, la
diligencia de desalojo del predio “La Esmeralda” ordenada en la Resolución
número 021 del 23 de enero de 2015, se realizó el 7 de abril de 2015, lo que
podría configurar una carencia actual de objeto.
15. Al respecto, esta Corporación ha precisado que:
“(…)
el objeto de la acción de amparo consiste en garantizar la protección de los
derechos fundamentales, sin embargo, se pueden presentar, en el transcurso del
trámite tutelar, circunstancias que permitan inferir que la vulneración o
amenaza alegada ha cesado bien porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del
derecho o la inocuidad de las pretensiones[62],
por lo que al suceder, se extingue el objeto jurídico de la tutela, generándose
por consecuencia que cualquier decisión que pueda tomar el juez al respecto resulte
inocua[63]. Al anterior
fenómeno la Corte lo ha denominado como “carencia actual del objeto”, el cual
se presenta de dos maneras conocidas como hecho superado o daño consumado,
cuyas consecuencias son distintas.”[64]
En ese sentido, la carencia actual de objeto puede
presentarse por haber acaecido hecho superado o daño consumado. En efecto, se
está frente a un hecho superado cuando:
“(…) los actos que amenazan con la afectación al derecho
fundamental desaparecen al quedar satisfecha la pretensión de la acción de
tutela, lo que conlleva a que el derecho ya no se encuentre en riesgo. Como
consecuencia de lo anterior, la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser ya que no hay perjuicio que evitar y la
tutela pierde su razón de ser[65]. Bajo esta hipótesis la Corte
ha procedido a prevenir al demandado sobre la obligación de proteger el derecho
en una próxima oportunidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 24
del Decreto 2591 de 1991[66], y a declarar la “carencia
actual de objeto” por tratarse de un hecho superado, absteniéndose de impartir
orden alguna. Pese a ello, según lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
2591 de 1991[67], el expediente podrá
reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción
extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado ha resultado
incumplida o tardía.”[68]
De otra parte, el daño consumado surge:
“(…) cuando resulta imposible generar una orden por parte del
juez de tutela para que se culmine la vulneración alegada, a raíz de que la
falta de garantía de los derechos fundamentales ha ocasionado su vulneración.
Bajo la anterior hipótesis resulta necesario que el juez constitucional asuma
posición de conformidad a las siguientes hipótesis: (i) cuando al momento de la
interposición de la tutela el daño ya está consumado ésta resulta improcedente
pues, la tutela tiene carácter eminentemente preventivo, razón por la cual el
juez le asiste declarar improcedente la acción sin efectuar análisis de fondo;
y (ii) cuando en el transcurso se consuma el daño, ya sea en primera o segunda
instancia, inclusive en trámite de revisión, es necesario declarar carencia
actual del objeto, implicando consigo realizar análisis de fondo[69].
Ahora bien, se pueden presentar situaciones en las que a
primera vista se concluiría que la actividad vulneradora de los derechos constitucionales
ha generado un daño, por lo que cualquier decisión carecería de sentido; sin
embargo, esto no sucede cuando a pesar de haberse generado el daño la actividad
vulneradora aún sigue produciendo afectación. Así lo consideró la Corporación
mediante en sentencia T-578A de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo), en la cual
estudió un caso en el que a pesar de haberse llevado a cabo el desalojo de una
persona junto con su familia, tras demostrase que éstos estaban invadiendo el
espacio público, se corroboró que la actividad vulneradora persistía, ya que no
se tuvo en cuenta que del espacio público recuperado el accionante obtenía su
sustento diario a través de un montallantas instalado allí. En esa ocasión se
ordenó a la Administración, en aras de garantizar el derecho al mínimo vital
del actor, incluirlo en programas de capacitación laboral.”[70]
16. Como se observa, dos especiales situaciones en materia de
daño consumado habilitarían el estudio de fondo por parte de la Corte: i) que
el mismo se haya ocasionado durante el trámite de la acción de tutela; y ii)
que no obstante haberse presentado el daño, la actividad vulneradora sigue
produciendo afectación a los derechos fundamentales de los accionantes.
17. En el caso bajo estudio de la Sala, una
de las pretensiones estaba encaminada a evitar la ejecución del desalojo de la
parcela número 21, situación que acaeció el 7 de abril de 2015, momento en el
que se adelantaba el trámite de la presente solicitud de amparo, situación que
a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no impide que se realice el
estudio de fondo; por tal razón la Corte continuará con el estudio de la
procedencia acción de tutela contra providencias proferidas en procesos
policivos. Igualmente, el objeto de la tutela también se mantiene respecto de
las otras dos pretensiones que atacan la ausencia de vinculación procesal y la valoración
de pruebas para la expedición de la Resolución No. 021 del 23 de enero de 2015,
que ordena el desalojo, y la falta de adopción de medidas que garanticen la
vivienda digna y la manutención de los tutelantes como desplazados.
Como el objeto de la acción de tutela ha sido fijado en las
acciones y en el trámite de la acción policiva que culminó con el desalojo de
los accionantes del predio que ocupaban, es necesario pronunciarse sobre la
procedibilidad de la acción de tutela contra este tipo de decisiones.
Naturaleza jurídica del amparo policivo. Procedencia
excepcional de la acción de tutela
18. Esta Corporación ha considerado que el poder
de policía tiene como finalidad mantener el orden público y la convivencia
ciudadana a través de la expedición de normas de carácter general y la
imposición de medidas individuales. En otras palabras, busca evitar perjuicios
individuales, o colectivos, provocados por desórdenes, actos perturbatorios,
afectación de la salud y la higiene públicas[71].
No obstante lo anterior, la Corte ha establecido las
diferencias entre el poder, la función y la actividad de policía. En efecto, la
sentencia C-241 de 2010[72],
manifestó:
“Es
así como la Corte Constitucional ha señalado unos límites precisos al ejercicio
del poder y la función de policía en un Estado democrático de derecho: (i.)
Debe someterse al principio de legalidad; (ii.) Debe tender a conservar y
restablecer el orden público; (iii.) Las medidas que se adopten deben ser
proporcionales y razonables, no pueden traducirse en la supresión absoluta
de las libertades o en su limitación desproporcionada; (iv.) no pueden
imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (v.) la medida
policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra
quien ejerce legalmente sus libertades, y (vi.) las medidas policivas se
encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales. Aspectos que
de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los
derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso.
2.1.2
La preservación del orden público en beneficio de las libertades democráticas,
supone además el uso de distintos medios: (i) el establecimiento de normas
generales que limitan los derechos para preservar el orden público; (ii) la
expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas
normas generales; (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen
el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados
y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la función.[73]”
En ese mismo sentido, en sentencia C-117 de 2006[74],
este Tribunal expuso que:
“El
poder de policía se caracteriza entonces por su naturaleza normativa y por la
facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general,
impersonal y abstracto, orientados a crear condiciones para la convivencia
social, en ámbitos ordinarios, y dentro de los términos de  salubridad,
seguridad y tranquilidad públicas que lo componen.
Esta
facultad permite limitar, en general,  el ámbito de las libertades públicas en
su relación con objetivos de salubridad, seguridad y tranquilidad públicas.
Generalmente se encuentra adscrita al Congreso de la República, órgano que debe
ejercerla dentro de los límites de la Constitución.
5.
Conviene resaltar que sobre este particular la Corte ha precisado que resulta
coherente con  el Estado Social de Derecho que la regulación de los derechos y
las libertades públicas esté en cabeza del Congreso. Su protección adecuada
supone que los actos estatales que los afecten estén rodeados de un conjunto de
garantías mínimas, entre ellas la relacionada con la necesidad de que cualquier
limitación o restricción se establezca por medio de una ley adoptada por el
órgano legislativo como expresión de la voluntad popular. Este procedimiento
democrático imprime seguridad, publicidad y transparencia a las decisiones
adoptadas en esta materia por el legislador. Adicionalmente ellas están
sometidas a los controles establecidos en la Constitución a fin de proteger los
derechos fundamentales.
6.
La función de Policía, supeditada al poder de policía, es la gestión
administrativa concreta del poder de policía, ejercida dentro del marco
impuesto por éste. Supone el ejercicio de competencias concretas
asignadas por el poder de policía a las autoridades administrativas de policía.
Su ejercicio corresponde, en el nivel nacional, al Presidente de la República
tal como lo establece el artículo 189-4 de la Constitución. En las entidades
territoriales compete a los gobernadores (Art. 330 CP) y a los alcaldes (Art.
315-2 CP), quienes ejercen la función de policía dentro del marco
constitucional, legal y reglamentario.
Sobre
la potestad que implica la función de policía para la adopción reglamentaria de
ciertas prescripciones de alcance local, en relación con un tema en particular,
dirigidas a un grupo específico de personas (habitantes y residente de la
localidad), y bajo la orientación de la Constitución y la ley ha dicho la
Corte:
“La
concreción propia de esta función no solamente se presenta en aquellos eventos
en los cuales la autoridad administrativa se limita a la expedición de una
licencia y que se contraen a la relación directa entre la administración y el
“administrado” o destinatario de la actuación, en atención a la definición de
una situación concreta y precisa; (..) la función de policía también implica la
adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local sobre un tema
en particular dirigidas a un grupo específico de personas, y de los habitantes
y residentes de la localidad, bajo la orientación de la Constitución, la ley y
el reglamento superior, de tal manera que la autoridad de policía local pueda
actuar ante condiciones específicas, según los términos que componen la noción
de orden público policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen
aquellas materias con carácter reglamentario y objetivo.
(…)
Finalmente,
la actividad de policía es la ejecución del poder y la función de policía en un
marco estrictamente material y no jurídico, corresponde a la competencia del
uso reglado de la fuerza, y se encuentra necesariamente subordinada al poder y
a la función de policía.[75]”
Una de las herramientas utilizadas en la función de policía
son los procesos de amparo policivo, que se erigen como el instrumento idóneo
para preservar y restablecer los derechos derivados de la posesión o la mera
tenencia tranquila que las personas ejercen sobre bienes, con la finalidad de
satisfacer sus necesidades, frente a actos que la perturben y la alteren[76].
19. La Corte en sentencia T-048 de 1995[77],
definió el amparo policivo contenido en el Código de Policía como:
“(…)
un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el
poseedor o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble, o específicamente en
una servidumbre (arts. 125 y 128), sin que importe en cada caso concreto la
valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor pudiera
tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, etc.).
En
el "amparo policivo" no se discute ni decide por tanto, sobre la
fuente del derecho que protege al actor o a sus contradictores (art. 126), por
lo que el debate se limita exclusivamente a preservar o a  restablecer la
situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la
pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. Ese es el
sentido con que se regula por el artículo 125 del Código de Policía la figura
del amparo. Así se expresa esta norma:
"La
Policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de
posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que
se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que
existía en el momento en que se produjo la perturbación"”
En efecto, al analizar las normas que rigen el amparo
policivo, esta Corte estableció que:
“El
artículo 2º del Código Nacional de Policía establece que “A la policía compete
la conservación del orden público interno.  El orden público que protege
la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de
la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas”. Agrega
que “A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación”. Por
su parte, el artículo 122 del mismo estatuto dispone que “La policía no puede
intervenir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de
seguridad, salubridad y estética públicas”. Igualmente, el artículo 125 ibídem,
indica que “La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el
derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el
caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la
situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”. El
artículo 126 ejusdem establece que “En los procesos de policía no se
controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se
exhiban para acreditarlo”. Finalmente, prescribe el artículo 127 del citado
código que “Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de
bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.”[78]
En
ese sentido, para este Tribunal:
“(…)
las autoridades en ejercicio de la función de policía en los procesos de su
competencia, (i) no están facultadas para limitar el ejercicio del derecho a la
propiedad, salvo en temas referidos a la seguridad, salubridad y estética
públicas; (ii) cuando se presenta perturbación de la posesión o a la mera tenencia
que alguien detenta sobre un bien, tales autoridades están facultadas para
restablecer y preservar la situación en las condiciones que existían en el
momento de producirse la perturbación; (iii) el amparo policivo en estos casos,
busca garantizar el ejercicio normal de la posesión o a la simple tenencia que
una persona ostenta sobre bienes muebles o inmuebles o de los derechos reales
constituidos sobre éstos, impedir y remover las situaciones de hecho que lo
obstaculicen y mantener el statu quo hasta tanto la controversia sea decidida
por la autoridad respectiva. Es decir, las medidas proferidas tienen carácter y
efectos provisionales, en razón a que permanecen hasta que el juez competente
resuelva el fondo de la controversia; (iv) en los procesos policivos no se
controvierte el derecho de dominio, de tal suerte que no se tendrán en cuenta,
ni se valorarán las pruebas que tiendan a demostrarlo. Todos los medios de
prueba se aceptan para verificar la perturbación o molestia que obstaculiza el
libre ejercicio de la posesión o la simple tenencia de un bien, y, (vi) la
posesión en los términos de las normas analizadas debe entenderse como la
tenencia material de un bien determinado con ánimo de señor y dueño.”[79]
20. De otra parte, esta Corporación ha señalado que: “(…)
los procesos policivos adelantados por autoridades administrativas en cumplimiento
de funciones judiciales, se desarrollan con base en normas específicas de
procedimiento, que prescriben, entre otras disposiciones, que la sentencia así
proferida hace tránsito a cosa juzgada formal y no es cuestionable ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”[80]
En
efecto, en sentencia T-048 de 1995[81],
la Corte manifestó que:
“(…)
debe advertirse que los amparos policivos  han sido asimilados a controversias
de naturaleza jurisdiccional, hasta el punto que la providencia que culmina la
actuación tiene idéntica naturaleza (Art. 82 C.C.A.). Esta asignación especial
de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades de policía se aviene con el
precepto constitucional del artículo 116, inc. 3o., según el cual,
"excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas".”
Posteriormente
en sentencia T-1104 de 2008[82],
reiteró que:
“4.1.
La jurisprudencia constitucional ha considerado de manera reiterada, que cuando
se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las
providencias que dicten son actos jurisdiccionales.
Esta
asignación especial de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades
policivas se aviene con el precepto constitucional del artículo 116 inciso 3,
según el cual "excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas".
Estos
actos se encuentran excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código
Contencioso Administrativo, que dispone que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en
juicios civiles o penales de policía regulados por la ley.
Lo
anterior significa que alrededor de los procesos policivos no existe un medio
de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección de
los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la
actuación de las autoridades públicas, quedando tan sólo la acción de tutela
como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de tales derechos.”
21. En ese sentido, se tiene que el proceso policivo reviste
carácter jurisdiccional de única instancia y no tiene control judicial
posterior, por lo que el medio judicial idóneo y eficaz para lograr la
protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados con las
actuaciones de las autoridades de policía es la acción de tutela. Sin
embargo, su procedencia esta condicionada a la acreditación de los criterios
fijados por la Corte para la procedibilidad de la solicitud de amparo contra
providencias judiciales[83].
Así las cosas, la Sala reiterará los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y verificará su cumplimiento
antes de proceder a resolver los problemas de fondo.
Reglas
jurisprudenciales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
22. En reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Corporación
reiteró que:
“La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional[84]
y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, que
establece su viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales se produce por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, incluidos los jueces de la República.
En
sede de convencionalidad, sustentan la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, el numeral 1º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos[85]
y el literal a. del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[86].
Con
la sentencia C-590 de 2005[87],
la Corte Constitucional superó el concepto de  vías de hecho, utilizado
previamente en el análisis de la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, para dar paso a la doctrina de específicos supuestos de
procedibilidad. En la sentencia SU–195 de 2012[88],
ésta Corporación reiteró la doctrina establecida en la sentencia C–590 de
2005[89],
en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela al
cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, agrupados en:
i) requisitos generales de procedencia y ii) causales específicas de
procedibilidad.”[90]
23.
En relación con los requisitos generales de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha precisado
que:
“Los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
son: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional[91]; ii)
el agotamiento de todos los medios de defensa judicial –ordinarios y
extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental
irremediable[92];
iii) la observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de
tutela se interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del
hecho generador de la vulneración[93];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[94]; v) la
identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido alegados en el
proceso judicial[95];
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela.”[96]
Verificación
en el presente asunto de las causales genéricas de procedibilidad excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Encuentra la Sala que en el presente caso se encuentran
acreditados los requisitos generales de procedibilidad excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales, situación que habilita el estudio de
las causales específicas de procedencia. A tal conclusión llega la Corte con
base en las siguientes consideraciones:
i) En el caso objeto de análisis, es innegable la trascendencia
constitucional que reviste, puesto que la acción de tutela fue formulada
por personas que dicen hacer parte de un grupo de especial protección
constitucional, como son aquellas en condición de desplazamiento por la
violencia, y además, del escrito de tutela se deduce que pueden estar
comprometidos derechos fundamentales como el debido proceso y la vivienda
digna.
ii) La acción de tutela va dirigida a la censura de la
Resolución 021 de 2015, proferida por la Alcaldía de El Copey, César, por medio
de la cual se concedió el amparo policivo solicitado por el señor Roberto de
Jesús Mira Marulanda. Esa decisión reviste el carácter de jurisdiccional, pues
contra ella no procede ningún recurso por ser de única instancia y no tiene
control judicial posterior por parte de la jurisdicción contenciosa
administrativa. Por tal razón, los accionantes han agotado todos los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa de que disponen.
iii) La acción de tutela fue formulada en un tiempo
razonable, puesto que fue radicada el 28 de enero de 2015, pocos días
después de proferirse la Resolución número 021 del 23 de enero de este mismo
año.
iv) Las presuntas irregularidades presentadas durante el
trámite de amparo policivo, de encontrarse acreditadas, tienen un efecto
decisivo en la decisión que se censura mediante la acción de tutela, puesto
que retrotraerían la actuación procesal con la finalidad de sanear el vicio y
afectaría la situación de la posesión actual sobre el predio denominado
“Parcela 21”.
v) Los accionantes han identificado razonablemente los
hechos generadores de las vulneraciones acusadas y que sustentan su
petición de amparo constitucional.
vi) No se trata de una acción de tutela contra
tutela.
Concluye
la Sala que en el presente caso podría proceder la acción de tutela como
mecanismo definitivo, ante la ausencia de mecanismos ordinarios y
extraordinarios a disposición de los accionantes dentro del trámite de amparo
policivo, que como quedó expuesto, tiene naturaleza jurisdiccional y es de
única instancia.
En
vista de lo anterior, procede la Sala a la formulación del problema jurídico
que permita y delimite el estudio de las causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Problema
jurídico de fondo
25. Conforme a la solicitud de tutela, la respuesta de las
entidades públicas accionadas, la intervención del tercero afectado y las
pruebas recaudadas en sede de revisión, considera la Sala que el estudio del
presente caso debe abarcar tanto la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de la población en
condición de desplazamiento, cuando enfrentan procesos de naturaleza policiva.
Así las cosas, con fundamento en el principio iura novit curia[97],
y en uso de las facultades del juez constitucional para fallar ultra y extra
petita[98],
la Sala formula los siguientes problemas jurídicos tendientes a establecer si:
i) ¿las
entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes en el trámite de amparo policivo, porque no fueron vinculados al
proceso de amparo policivo (defecto procedimental)?;
ii) ¿la
Alcaldía de El Copey incurrió en defecto fáctico durante el trámite de amparo
policivo, por la falta de valoración de las pruebas aportadas por los
accionantes que presuntamente acreditaban la falta de legitimación por activa
del querellante?, y;
iii) ¿las entidades
públicas vinculadas al trámite de tutela desconocieron el derecho fundamental
de vivienda digna de los accionantes porque no se reubicaron a las personas en
condición de desplazamiento que se encontraban ocupando el predio que fue
desalojado (defecto por desconocimiento del precedente)?
Para dar respuesta a los problemas jurídicos
planteados, la Sala de Revisión abordará previamente el estudio de tres (3)
asuntos: i) los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, con especial énfasis en los defectos
procedimental, fáctico y por desconocimiento del precedente; ii) el derecho
fundamental al debido proceso en actuaciones policivas; y iii) la
identificación de la condición de desplazado por la violencia, el derecho a la
vivienda digna del mencionado grupo y las medidas especiales de protección ante
una orden de desalojo. Finalmente se analizará el caso concreto.
Causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
26. Las causales especiales de procedibilidad persiguen
el análisis sustancial del amparo solicitado, así lo advirtió esta Corporación
en la sentencia C-590 de 2005[99],
que además estableció que basta con la configuración de alguna de las causales
específicas, para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido
decantadas por la jurisprudencia constitucional en forma de defectos, así:
- Defecto
orgánico:
ocurre
cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en
forma absoluta, de competencia.
- Defecto
procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente al margen del
procedimiento previsto por la ley.
- Defecto fáctico: se presenta
cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio, que permita aplicar
la norma en que se sustenta la decisión o cuando se desconocen pruebas que
tienen influencia directa en el sentido del fallo.
- Defecto
material o sustantivo:
tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales[100],
cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se
otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.
- El error
inducido:
acontece
cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que
la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
- Decisión sin
motivación: se presenta
cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor
judicial incumplió su obligación de dar cuenta, de los fundamentos fácticos y
jurídicos que la soportan.
- Desconocimiento
del precedente[101]: se configura
cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario
judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la
acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental
a la igualdad.
- Violación
directa de la Constitución: que se deriva del principio de supremacía de la
Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como un supuesto plenamente
vinculante y con fuerza normativa.
La
acción de tutela, acusó las providencias judiciales censuradas de incurrir en:
i) defecto procedimental; ii) defecto fáctico y iii) defecto por
desconocimiento del precedente, razón por la cual, la Corte, hará breves
caracterizaciones de cada uno de estos.
Defecto
procedimental
27. Esta Corporación ha considerado que se configura el
defecto procedimental cuando:
“(…) se da un desconocimiento absoluto de las formas
del juicio porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno
al pertinente (desvía el cauce del asunto), o porque pretermite etapas o
eventos sustanciales del procedimiento legalmente establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo
con lo sostenido en la sentencia SU-159 de 2002 (M.P Manuel José Cepeda), este
último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna
formalidad del mismo tipo desconoce las garantías previstas en la ley para los
sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que:“(i.) puedan ejercer el
derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y
(iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de
acuerdo con la ley, deben serles notificadas”, entre otras.”[102]
28.
Así las cosas, la falta de vinculación procesal por ausencia de notificación de
quienes tienen legitimación en la causa por activa o pasiva e interés jurídico
para actuar, constituye un defecto procedimental, siempre y cuando, la parte
afectada no haya participado en el proceso y con dicha actuación hubiese
saneado el vicio. Lo anterior encuentra sustento en la necesidad de garantizar
el ejercicio de los derechos fundamentales a la defensa técnica y a la
contradicción.
Defecto
fáctico
29. Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces
naturales tienen amplias facultades discrecionales para efectuar el análisis
del material probatorio en cada caso concreto[103]. Por ello
esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio,
la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[104].
30. No obstante, tal poder discrecional debe estar inspirado
en los principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida
como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por
defecto fáctico y el juez de tutela podría intervenir la providencia judicial
censurada[105].
31. La Corte ha establecido que el defecto fáctico se
configura cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran
necesarias en el proceso; ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de
las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material
probatorio.
Así mismo
puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[106] y otra negativa[107]. La
primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada” o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y la
segunda cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
32. En ese orden de ideas, esta Corporación ha sido enfática
en señalar que:
“(…)
para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto”[108].
Defecto por
desconocimiento del precedente judicial
33. Se está en presencia del defecto
por desconocimiento del precedente judicial, cuando el juez ordinario desconoce
o limita el contenido y alcance de un derecho fundamental, decantado por Corte
Constitucional[109].
34. La Corte Constitucional en la sentencia
T–791 de 2013[110],
estableció los siguientes requisitos para que prospere esta causal: i) que
exista un conjunto de sentencias (constitucionalidad o varias de tutela)
previas al caso que habrá de resolver[111], que contengan claras
reglas jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio decidendi; ii)
el precedente debe tener un problema jurídico semejante al caso concreto que se
busca resolver; y iii) debe existir semejanza entre sus aspectos fácticos y
normativos[112].
Así las cosas, la acreditación  del desconocimiento
del precedente judicial, como causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, está condicionada a la operancia de
los requisitos específicos, es decir, la existencia previa al caso bajo
análisis, de una sentencia de constitucionalidad o varias de tutela, que
contengan en su ratio decidendi reglas jurisprudenciales aplicables al
caso en concreto, debido a su similitud fáctica y normativa.
El debido proceso en los procesos de
amparo policivo
35. El artículo 29 de la Carta
consagró el derecho fundamental al debido proceso como una garantía que
proscribe la arbitrariedad en los procedimientos y que además, debe ser
observada no sólo en actuaciones judiciales sino también administrativas. Se
trata de un derecho de aplicación inmediata conforme lo establece el artículo
85 Superior y tiene como finalidad, en el ámbito administrativo, “(…) regular
el ejercicio de las facultades de la Administración, cuando en virtud de su
realización puedan llegar a comprometer los derechos de los administrados.”[113]
Expuesto lo anterior, el
mencionado derecho funge como una regulación jurídica que limita de manera
previa los poderes de las autoridades públicas, de tal forma que sus
actuaciones no sean producto de la arbitrariedad, sino de la estricta observancia
de los procedimientos previstos en la ley[114].
36. Para la Corte, el
debido proceso como derecho fundamental:
“(…) implica el respeto por una  serie de
garantías materiales y procesales que deben ser acatadas tanto por autoridades
judiciales como por las autoridades administrativas y que se derivan
directamente de los artículos 29 y 228 de la Constitución. Dentro de tales
garantías se cuentan, la competencia de la autoridad, observancia plena de las
formas de cada juicio, la defensa, presentar pruebas y controvertirlas, un
juicio sin dilaciones injustificadas y que las decisiones encuentren
imparcialidad en su adopción y consulten el principio de legalidad. Estas
garantías buscan proteger a los intervinientes en cualquier clase de proceso, asegurando
en el discurrir del mismo, una recta y cumplida administración de justicia, así
mismo, que las decisiones encuentren fundamento en las normas constitucionales
y legales, evitando así que se actué en contra o por fuera de esos
lineamientos. Vale decir, las actuaciones de las autoridades deben sujetarse o
ejercerse en los términos indicados previamente en las normas que los vinculan
positiva o negativamente, de donde surge que está proscrita cualquier actuación
que legalmente no esté prevista.”[115]
37. En ese orden de ideas, el
desconocimiento del debido proceso por parte de las entidades públicas
administrativas, implica una actuación arbitraria, apartada de los
procedimientos que han sido previamente establecidos en la ley y que se
materializan en un déficit de garantías materiales y procesales de los
destinatarios de las decisiones que se adopten. En otras palabras, cuando la
administración pública en desarrollo de los procesos policivos desconoce el
debido proceso, produce una decisión que carece de fundamento jurídico-racional
y que solo encuentra sustento en el campo de la arbitrariedad y el capricho del
funcionario, situación que genera a su vez, un nivel injustificable de
desprotección en los ciudadanos destinatarios de lo resuelto por la entidad
pública.
Identificación de la condición de desplazado
38. El flagelo del desplazamiento
forzado ha generado preocupación y una actitud vigilante por parte de este
Tribunal debido a la masiva, sistemática y continua violación de derechos
fundamentales de aquellas personas que lo viven. Los esfuerzos institucionales,
incluida esta Corte, para abordar y superar el estado de cosas inconstitucional[116] de la
población desplazada forzosamente, ha implicado la implementación de políticas
públicas que permitan enfrentar los escenarios de especial vulnerabilidad que
rodean a sus víctimas.
Ahora bien, la maximización y eficiente utilización de
los recursos públicos destinados a la atención de personas desplazadas,
producto de la ejecución de las políticas públicas con enfoque diferencial
(acciones positivas), están condicionadas, entre otras, a que su población
objetivo sean aquellos que sufren el desplazamiento y merezcan una especial
protección constitucional. En ese sentido, para la Sala es trascendental
determinar ¿Quién tiene la condición de desplazado?, y ¿Si esa condición es
perpetua como categoría que active las ayudas especiales del Estado y hasta
cuando se extienden las protecciones que el Estado le debe al desplazado frente
a la garantía de sus derechos fundamentales en razón a esa condición?
Para abordar estos cuestionamientos, la Sala
presentará una breve reseña de las fuentes de derecho internacional que regulan
la materia, así como el tratamiento del desplazamiento a partir de las normas
jurídicas que lo rigen y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
39. La preocupación internacional por
los derechos humanos a partir de la primera mitad del siglo XX, se produjo en
un sombrío escenario, es decir, entre:
“(…) dos guerras mundiales, enfermedades sociales,
egoísmos manifiestos, odiosas desigualdades, carencias y estrecheces
insospechadas, entre tantas penurias que muestran un agobio moral en aumento,
razón por la cual es importante destacar la trascendencia que reflejan los
derechos del hombre en un mundo que está cambiando sus paradigmas.”[117]
Bajo ésta perspectiva, en los niveles universales de
protección de los derechos humanos, se han consolidado una serie de
instrumentos internacionales que buscan asegurar el compromiso de los Estados
con la garantía de los mismos, en especial, en aquellos escenarios de mayor proclividad
a su desconocimiento, como son los eventos de desplazamiento interno. Es así
como en el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra[118],
ratificado en Colombia y adoptado por la Ley 171 de 1994, prohíbe el
desplazamiento de personas en los siguientes términos:
“No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
2. No se podrá forzar a las personas civiles a
abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.”
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, al referirse a la libertad de locomoción, consagra que:
“1. Toda persona que se
halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier
país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los
demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en
su propio país.”
A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en
su artículo 22, establece que:
“1.
Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las
disposiciones legales.
2.
Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del
propio.
3.
El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud
de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y
libertades de los demás.”
40.
Como puede observarse, no existe una definición clara sobre la condición de
desplazado en la pluralidad de órdenes jurídicos expuestos. Bajo esta
perspectiva, en el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de
Derechos Humanos) del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones
Unidas, presentado en el año 1998 , por el representante del Secretario
General, Sr. Francis M. Deng, que dio lugar a la expedición de la Resolución
del 11 de febrero de 1998, titulada “Principios rectores de los
desplazamientos internos” en la que definió como desplazados internos a:
“(…) las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado
una frontera estatal internacionalmente reconocida.”
En ese sentido, los efectos del desplazamiento fueron
identificados por la entonces Comisión de Derechos Humanos-hoy Consejo de
Derechos Humanos, de las Naciones unidas, como aquellos en los que:
“(…) la discriminación tiene un papel significativo, generan casi
siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas.
Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen
término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas,
niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la
medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de
ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones. Los desplazados
internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para
ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen
en comunidades igualmente pobre y desposeídas, cuentan entre las poblaciones
más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.”[119]
41. De otra parte, en lo que CAPPELETTI y
FIX-ZAMUDIO denominaban la jurisdicción internacional de las libertades[120], la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado el concepto de
desplazamiento en algunos de sus pronunciamientos.
En efecto, en el caso de las
masacres de Ituango contra Colombia[121],
la CIDH expresó que:
“(…) este Tribunal coincide con el
criterio establecido por la Corte Constitucional Colombiana, en el sentido de
que “no es el registro formal ante los entes gubernamentales lo que le da el
carácter de desplazado a un individuo, sino el mero hecho de haberse visto
compelido a abandonar el lugar de residencia habitual”. En este sentido, dicha
Corte Constitucional ha declarado “la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta
de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos
constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de
recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos
y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos
constitucionales y legales, de otro lado”
En el caso Chitay Nech y otros
contra Guatemala[122],
ese Tribunal regional estableció que:
“(…) se entiende por desplazados internos las
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos […], y que no
han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”[123]
En variados pronunciamientos, la Corte
IDH identificó las distintas formas de vulneración de los derechos humanos que
sufren las personas en condición de desplazamiento. Estos hechos afectan
directamente su integridad física, psíquica y moral, impactan sus relaciones
sociales y laborales, y además, alteran la dinámica de sus familias[124]. De la
misma manera, el desplazamiento tiene incidencia en las condiciones en las que
vive la población desplazada,  las cuales afrontan extremas situaciones de “(…)
hacinamiento, falta de privacidad, carencia de servicios básicos de salud,
alimentación desequilibrada e insuficiente, insuficiencia y mala calidad del
agua (…)”[125]
42. En conclusión, de acuerdo
con el derecho internacional, la identificación de la población en condición de
desplazamiento está condicionada a: i) aquellas personas o grupos de personas
que se han visto obligadas a abandonar de manera forzosa su lugar habitual de
domicilio o residencia con la finalidad de huir de los actos generadores del
desarraigo; ii) la afectación permanente de sus relaciones personales,
familiares y sociales como consecuencia de los desplazamientos; iii) la
precariedad de las condiciones de vida de las personas y grupos desplazados; y,
iv) el detrimento de la integridad física, psíquica y moral de las personas
desplazadas.
43. De otra
parte, en Colombia, el artículo 24 de la Constitución consagró la libertad de
locomoción de la siguiente manera: “Todo colombiano, con las limitaciones
que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”
Por su parte, el artículo 1° de la Ley 387 de 1998,
definió a la persona en condición de desplazamiento como aquella que:
“(…)
se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el
orden público.”
44. Estas definiciones no han sido
suficientes para entender el complejo escenario del desplazamiento forzado en
el país, por lo que la Corte se ha dado a la tarea de definir la condición de
desplazado a partir de argumentaciones que consulten los principios de
favorabilidad, buena fe y pro homine, mediante interpretaciones que integren
las disposiciones jurídicas que componen los sistemas globales y regionales de
protección de los derechos humanos. En otras palabras, se trata de un ejercicio
hermenéutico de integración de distintos órdenes jurídicos con interacciones y
jerarquías complejas, a lo que algunos definen como transconstitucionalismo[126] o
pluralismo constitucional[127].
Este Tribunal en sentencia T-227 de 1997[128], en relación
con el concepto de desplazado precisó que:
“La descripción de “desplazados internos”, es variada según
la organización que la defina. En el ámbito regional, hay una caracterización,
dada por la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las Américas
(CPDIA) y es la siguiente:
“Toda persona que se haya visto obligada a migrar dentro del
territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual,
debido a que su vida, su integridad física o su libertad se han hecho
vulnerables o corren peligro por la existencia de cualquiera de las situaciones
causados por el hombre :  conflicto armado interno, disturbios o
tensiones internos, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos
humanos u otras circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan
perturbar o perturben el orden público”.
Sea cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados
internos, todas contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario
el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si
estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no
hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados.”(Lo énfasis agregado)
En sentencia T-1346 de 2001[129], se
manifestó que:
“Sin entrar
a desconocer los diferentes criterios que en relación con el concepto de
“desplazados internos” han sido expresados por las distintas organizaciones
nacionales  e internacionales  que se ocupan del tema,  de conformidad con lo
preceptuado en la ley[130]
y la jurisprudencia constitucional[131],
puede afirmarse que se encuentra en condición de desplazado toda persona que se
ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus
actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las
fronteras del territorio nacional, por causas imputables a la existencia de un
conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a
determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden
público-económico interno.”
Posteriormente en
sentencia T-263 de 2003[132],
esta Corporación expuso que:
“La posición de la jurisprudencia constitucional, frente al
desplazamiento interno, indica que  la calidad de desplazado forzado se
adquiere de facto y no por una calificación que de ella hagan las autoridades.
(Sentencias T-227 de 1997 y T-327/01).
Para la Corte Constitucional, el desplazamiento, lejos de
estructurarse con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las
muy disímiles circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del
país. Son circunstancias claras,  contundentes  e inclusive
subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que
explican objetivamente el desplazamiento interno. De allí, que la formalidad
del acto no puede imponerse ante la imperiosa evidencia y necesidad  de la
movilización forzada.
No se puede tener como requisito sine qua non para el
ejercicio de derechos fundamentales de los desplazados la certificación de la
"condición de desplazado" del  Ministerio del Interior. Para la
expedición de la certificación no se pueden exigir condiciones que no aparecen
expresas y suficientemente claras en la norma jurídica.”
Esta Corporación en sentencia T-025 de 2004[133] este Tribunal manifestó que:
“(…)
por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en
su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑
que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y
sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de
las fronteras del territorio nacional”[134]
para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el
desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario, quedan expuestas a un
nivel mucho mayor de vulnerabilidad[135], que
implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales[136] y,
por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las
autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un
estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por
parte del Estado”[137]. En
ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la
agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber
de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”[138],
dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias
psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida
nacional.”
En sentencia T-630 de 2007[139], se consideró que: “Puestas
así las cosas resulta claro que coexisten actualmente diversas definiciones,
con distintos contenidos y alcances, del concepto de “desplazado interno”, unas de orden legal y otras de
carácter internacional. De allí que, en caso de existir contradicción entre
unas y otras, deberá aplicarse, en la resolución del caso concreto, la norma
que resulte ser más favorable para la víctima, en virtud del principio pro homine.”
Igualmente, en sentencia
C-372 de 2009[140],
la Corte afirmó que:
“(…) la condición de desplazado, como descripción que es de una
situación de hecho, no conlleva una regulación integral de derechos
fundamentales, ni de sus elementos próximos, aunque evidentemente contribuye a
su exigibilidad; tampoco implica restricciones a tales derechos, pues, por el
contrario, la regulación de esa situación fáctica está orientada a lograr que
quienes sufren el desplazamiento forzado puedan recibir atención oportuna e
integral por parte del Estado y reclamarla en caso de que no le sea prestada.
Adicionalmente, la naturaleza de las cosas indica que la especificación de
un desplazado no puede quedar petrificada dentro del rígido molde de la ley,
sea esta ordinaria o estatutaria, ya que por derivar de una realidad en
constante evolución, el Estado no podría actuar con celeridad para actualizar
su contenido a fin de hacer efectivos los derechos de los afectados y ampliar
su cobertura, tarea que sí puede realizarse a través de la potestad
reglamentaria que le permite al Gobierno expedir con prontitud medidas
normativas, adaptando así la respuesta institucional a situaciones cambiantes
que requieren flexibilidad de regulación, con miras a la más favorable
realización de los derechos fundamentales de la población desplazada.”
En esa misma
providencia se establecieron algunas reglas jurisprudenciales para definir la
calidad de desplazados, con fundamento en que:
“(…) los elementos descriptivos de la noción de desplazado,
consignados en ese artículo 1° de la Ley 387 de 1997, que enuncia las
circunstancias esenciales de dicho concepto, en armonía con amplios y flexibles
criterios que han sido delimitados por la jurisprudencia y por las
determinaciones internacionales, prevalecientes en el orden interno según la
previsión del artículo 93 superior, que la aplicación del parágrafo censurado
nunca podrá colocar en riesgo ni posibilidad de ser desatendido, a saber:
(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse
dentro del territorio nacional, así como su permanencia dentro de las fronteras
del territorio nacional, pues la definición legal señala que es
desplazado toda persona que se ha visto “forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales”.
(ii) La amenaza o efectiva violación de derechos
fundamentales, toda vez que la definición legal indica que ese desplazamiento
se produce porque la vida, la integridad física, la seguridad y la libertad
personal “han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”,
con lo cual también se incorporan criterios que permiten reconocer otras
manifestaciones del desplazamiento, como el que ocurre al interior de las
ciudades.
(iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como
el conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público”, expresiones que por su generalidad y abstracción hacen
posible considerar otras situaciones que conduzcan a inferir la realidad de un
desplazamiento forzado.”[141]
(Lo énfasis agregado)
Recientemente en sentencia SU-254 de 2013[142], este Tribunal expresó que:
“(…) la
condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la
persona, que crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve
despojado de sus propiedades, tenencia, arraigo, etc., y que por tanto el juez
debe hacer prevalecer el derecho sustancial con el fin de asegurar la eficacia
inmediata de los derechos fundamentales de las personas víctimas de
desplazamiento y en esos casos resulta procedente conceder el amparo de tutela
en aplicación de la figura de la excepción de inconstitucionalidad–art. 4 CN-
para proteger los derechos de las personas marginadas por circunstancias ajenas
a su voluntad.”
Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado frente a la
condición de desplazado, ha considerado que: “(…) la tiene quien
se vea obligado a migrar internamente en las circunstancias y por los motivos
señalados en la ley, porque, se reitera, ser desplazado es una situación
fáctica y no una calidad jurídica”.[143]
En otra
providencia, esa Corporación manifestó que: “En cuanto al
precedente de la Sala, se encuentra que “la condición de desplazado es una
circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona que crea una situación
fáctica de calamidad, donde el individuo se ve despojado de sus propiedades,
tenencia, arraigo, etc”[144].”[145]
45. Hechas
las anteriores claridades, la Sala debe resolver el siguiente interrogante:
¿Cuándo termina la condición de desplazado?, es decir, ¿cuándo cesa la especial
condición de vulnerabilidad generada por el desplazamiento?
Un primer abordaje se encuentra en el
Decreto 2569 de 2000, que reglamentó la Ley 387 de 1997 y que en el artículo
3°, estableció la forma en que se pierde la condición de desplazado, de la
siguiente manera:
“Artículo 3°. Cesación de la
condición de desplazado. Cesará la condición de desplazado y por tanto el
reconocimiento que el Estado realiza sobre el que alega ser desplazado, cuando
se presente una de las siguientes situaciones:
1. Por el retorno,
reasentamiento o reubicación de la persona sujeta a desplazamiento que le haya permitido
acceder a una actividad económica en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento.
2. Por exclusión del Registro
Único de Población Desplazada, de acuerdo con las causales previstas en el
artículo 14 del presente decreto.
3. Por solicitud del interesado.
Parágrafo. La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía
gubernativa.” (Lo énfasis agregado)
En ese orden, entiende la Sala que una persona ha dejado
de ser desplazada por su retorno, reasentamiento o reubicación, acompañada de
la cesación de las acciones generadoras y los efectos directos de las
vulneraciones a su integridad personal, psíquica, moral y familiar y además, de
la normalización de las condiciones de vida de dicha población, con plenas
garantías de los estándares mínimos en materia de dignidad humana.
46. Así las cosas, la Sala considera
que una persona se encuentra en condición de desplazamiento cuando:
i) El desplazamiento y su permanencia
en el mismo ocurre dentro del territorio nacional, pero la persona se encuentra
alejada de su lugar habitual de residencia o domicilio, producto de la
coacción, por lo que permanecer en esa situación escapa a la voluntad
consciente de la víctima.
ii) La amenaza o efectiva violación
de los derechos fundamentales de las personas desplazadas debe tener vocación
de actualidad.
iii) Los hechos determinantes del
desplazamiento[146]
deben permanecer en el tiempo, de tal manera que se dificulte el retorno,
reasentamiento o la reubicación de la víctima.
La pérdida de la condición de desplazado opera cuando
se ha producido su retorno, reasentamiento o reubicación, y se verifican las
siguientes garantías: i) la cesación de las acciones generadoras de las
vulneraciones a su integridad personal, psíquica, moral y familiar; y, ii) la
normalización de las condiciones de vida digna de dicha población.
Hechas las anteriores aclaraciones, procede la Sala
a reiterar las reglas jurisprudenciales del derecho fundamental a la vivienda
digna de las personas que hacen parte de la población desplazada.
Naturaleza y contenido del derecho
fundamental a la vivienda digna de la población desplazada. Reglas
jurisprudenciales.
47. El artículo 51 de la
Constitución establece que “Todos los colombianos tienen derecho a la
vivienda digna”. En igual sentido el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”[147].
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, en la Opinión Consultiva número 4[148],
desarrolló la naturaleza del derecho fundamental a la vivienda[149] en los
siguientes términos: “… no se debe
interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo,
con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la
cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más
bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.”
Además de lo anterior, para el
Comité: i) el derecho a la vivienda está íntimamente ligado a otros derechos
humanos que encuentran su fundamento en la dignidad inherente a la persona
humana; y ii) se enfoca hacia el concepto de vivienda adecuada, lo que implica
disponer “… de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los
servicios básicos, todo ello a un costo razonable”[150].
48. En relación con
la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, esta Corporación, en
unos primeros pronunciamientos, consideraba tal derecho bajo una concepción
prestacional que excluía su protección por vía de tutela[151]. Con
posterioridad, la Corte avanzó hacia la naturaleza de ius fundamental
del derecho de la vivienda bajo criterios de conexidad[152],
transmutación[153],
afectación del mínimo vital o de la familia[154].
En el caso de la población desplazada, el derecho a
la vivienda digna adquiere una especial dimensión ius fundamental, ya
que así lo ha reconocido la Corte, al señalar que “…el derecho a una vivienda
digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia,
susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela”[155]
y que “… se concreta frente a personas de especial protección
constitucional como los desplazados por lo que automáticamente reviste un
carácter de fundamental y autónomo.”[156].
49. De otro lado, para esta
Corporación el contenido del derecho fundamental a la vivienda digna para
personas en situación de desplazamiento contempla la correlativa obligación de
las autoridades públicas competentes para[157]: i) reubicar las
personas en condición de desplazamiento; ii) brindar a este especial grupo de
personas soluciones de vivienda no solo con carácter temporal, sino también,
con carácter permanente; iii) proporcionar información clara y concreta,
asesoría y especial acompañamiento en los procedimientos que deben adelantar
ante las autoridades competentes para acceder a los programas; iv) diseñar y
ejecutar los planes y programas de vivienda en los que se deberá considerar las
especiales necesidades (sociales, culturales, económicas, entre otras) de la
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de esta[158];
y v) eliminar barreras que impidan el acceso de las personas desplazadas a los
programas de asistencia estatal.
50. En resumen, el derecho a la
vivienda digna de la población desplazada es fundamental y autónomo, su
contenido se concreta en específicas obligaciones de las autoridades públicas
competentes de brindar soluciones de vivienda de carácter temporal y
permanente, garantizar el acceso a la información del procedimiento
administrativo de asignación de los subsidios y eliminar las barreras de acceso
a los programas asistencia estatal, entre otros.
Medidas especiales de protección de la
población en condición de desplazamiento ante órdenes de desalojo
51. La especial situación de vulnerabilidad
de las personas que se encuentran en condición de desplazamiento, exige de las
autoridades públicas un especial tratamiento al momento de adelantar
actuaciones que puedan afectar los derechos fundamentales de este específico
grupo, en especial, cuando se realizan procedimiento tendientes a la recuperación
de bienes particulares o al restablecimiento de derechos de propiedad o
posesión.
52. En ese sentido, la Corte ha establecido
que las autoridades públicas que requieran realizar el desalojo de bienes
inmuebles ocupados irregularmente por personas en condición de desplazamiento,
deben adoptar medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales
de los afectados, más aun cuando se pueda afectar el derecho fundamental a la
vivienda digna. Así las cosas, en tales procedimientos debe procurarse:
“(…) (i) garantizar el debido
proceso, (ii)consultar previamente a la comunidad afectada, (iii) notificarla
de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable, (iv) suministrar
a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos
previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar
presentes durante la diligencia; (vi) identificar a todas las
personas que efectúen el desalojo; (vii) no efectuar desalojos
cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su
consentimiento; (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a
los afectados; y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la
comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la
reparación de los daños que les sean causados.
Así mismo, cuando la comunidad afectada no cuente con recursos
propios para proveerse una solución de vivienda digna, las autoridades deben
adoptar todas las medidas necesarias de acuerdo con sus recursos, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas,
según proceda.
Finalmente, las autoridades deben evitar el uso desproporcionado
de la fuerza y proteger especialmente a la población más vulnerable, como
adultos mayores, menores de 18 años, personas en situación de discapacidad,
etc.”[159]
Caso concreto
Ausencia de defecto procedimental
53. El defecto procedimental en que
presuntamente incurrió la administración municipal de El Copey, Cesar,
consistió según los accionantes en la expedición irregular de la Resolución 021
del 23 de enero de 2015, porque no fueron vinculados como parte dentro del
amparo policivo. Los tutelantes manifestaron: “(…) siendo que nosotros como
tutelantes no fuimos partes, ni fuimos notificados en ese trámite policivo (…)”[160]
54. Para la Sala, el trámite adelantado por
la Alcaldía de El Copey no incurrió en el defecto procedimental acusado por
falta de vinculación procesal, con fundamento en los siguientes argumentos:
i) Está acreditado en el expediente que
quienes ingresaron al predio denominado “La Esmeralda”, el 31 de diciembre de
2014, fueron los señores Ramón, Yerlin, Juan y Jaider de la Hoz Ardila[161].
ii) Con base en lo anterior, el señor Roberto
de Jesús Mira Marulanda formuló amparo policivo ante el Alcalde de El Copey, el
6 de enero de 2015, contra los señores Ramón, Yerlin, Mario, Juan y Juan
Fernando de la Hoz Ardila y Ramón de la Hoz Serrano[162]. Esta
solicitud fue admitida mediante auto número 001 del 7 de enero de 2015[163].
iii) La entidad territorial profirió citación
para diligencia de notificación personal el 8 de enero de 2015, con la
finalidad de informarle a los señores Ramón, Yerlin, Mario, Juan y Juan
Fernando de la Hoz Ardila y Ramón de la Hoz Serrano, el inicio de la actuación
policiva y la necesidad de que comparecieran a ese despacho dentro de los 5 días
siguientes al recibo de la misma, con la finalidad de notificarles
personalmente el acto proferido. Esta comunicación fue recibida en el domicilio
de los querellados por Erika de la Hoz el 8 de enero de 2015[164].
Juan Fernando de la Hoz Ardila, fue el único de los
demandados que concurrió a notificarse personalmente del auto mencionado
anteriormente el 9 de enero de 2015[165].
iv) La Alcaldía fijó desde el 8 de enero del
2015 hasta el 16 de enero del presente año, un edicto para notificar a aquellas
personas que no concurrieron a la notificación personal. Esta forma de
notificación fue irregular puesto que el edicto fue fijado cuando no había
finalizado el término otorgado a los querellados para realizar la notificación
personal.
Sin embargo, tal situación no tiene la entidad suficiente
para constituir un defecto procedimental, puesto que las actuaciones
posteriores de los accionantes de la solicitud de amparo en su calidad de
ocupantes, sanearon este vicio como se demuestra a continuación.
v) Dentro del trámite policivo se realizó
inspección ocular del predio el 14 de enero de 2015. Esta diligencia fue
atendida por Yerlin, Jaider, Ramón y Yurley de la Hoz Ardila, Ramón
Antonio de la Hoz Serrano y Bryan de la Hoz[166].
El señor Yerlin de la Hoz fungió en esta oportunidad como apoderado de
la familia y no presentó ningún reparo frente a su vinculación procesal ni la
de sus poderdantes.
vi) Yerlin de la Hoz Ardila en calidad
de apoderado judicial de Ramón, Mario y Juan Fernando de la Hoz Ardila y Ramón
de la Hoz Serrano, presentó el 14 de enero de 2015[167],
contestación al amparo policivo en la que no manifestó las irregularidades que
ahora sustentan la solicitud de amparo.
vii) Solo se tiene registro de la presencia
en el predio de las señoras María de los Ángeles Ardila Alcázar y
Angélica María de la Hoz Ardila el día de la diligencia de desalojo
realizada el 7 de abril de 2015, momento en el que no fue alegada ninguna
irregularidad relacionada con su falta de vinculación procesal. No existe
registro de que el señor José Manuel de la Hoz Ardila hubiese ejercido
ocupación del predio de manera permanente y que tal situación le otorgara la
calidad de parte pasiva dentro del asunto de la referencia.
viii) Todas las diligencias y actuaciones
procesales dentro del amparo policivo fueron realizadas por el abogado Yerlin
de la Hoz Ardila, lo que hace inferir a la Sala que el grupo de ocupantes
contó en todo momento su asesoría jurídica.
55. Con base en lo expuesto, encuentra la
Sala que la administración no incurrió en defecto procedimental por falta de
vinculación procesal de los accionantes que pudiera vulnerar su derecho a la
defensa. Una vez se dio la ocupación del predio por algunos de los miembros de
la familia, se observa un patrón de comportamiento de los demás integrantes del
núcleo familiar como es la presencia intermitente y esporádica en el predio y
de manera particular en las diligencias realizadas por las autoridades
municipales.
Lo
anterior se explica bajo el hecho acreditado de que varios de los integrantes
del núcleo familiar no viven en El Copey, o se encuentran domiciliados en ese
municipio y deben cumplir con sus obligaciones laborales, tal y como lo
verificó en su momento el ICBF.
La
participación de los accionantes en tales diligencias sin que existiera
alegación de tal irregularidad en su vinculación procesal, saneó el vicio
acusado, puesto que operó la figura de la notificación por conducta
concluyente.
De la misma manera, no hay explicación razonable para que el
apoderado judicial de la familia haya guardado silencio frente a la supuesta
irregularidad por falta de notificación de algunos de los miembros de su
familia. Además, es extraño que dicho profesional nunca haya expresado ante la
administración municipal que adelantaba el proceso, la presencia de otros
integrantes del núcleo familiar en el predio, y que éstos no le hayan otorgado
poder para asumir la defensa judicial de sus intereses.
Encuentra la Corte que esta actuación es una actividad
procesal desleal del abogado Yerlin de la Hoz Ardila, no solo en el
trámite del amparo policivo sino también en la formulación de la presente
acción de tutela, puesto que, al presentarse como actor de la misma, manifestó
que nunca fue vinculado como parte en el trámite del proceso policivo, cuando
él mismo asumió su defensa judicial y técnica y la de su núcleo familiar.
Por esta razón, la Sala compulsará copias a la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, para que
investigue la conducta del abogado Yerlin de la Hoz Ardila, conforme a lo
expuesto.
Inexistencia de defecto fáctico
56. El presunto defecto fáctico fue
sustentado por los accionantes de la siguiente manera:
“En el trámite, del amparo policivo el Municipio del
Copey, Cesar por intermedio del señor alcalde y el secretario de gobierno que
tramitó el asunto policivo, actuaron de manera arbitraria y antojada,
constituyendo esto una vía de hecho, por lo siguiente:
1. No fue valorado dentro del trámite del amparo policivo,
y por el contrario ocultan, el oficio 8140 de fecha 19 de enero de año 2007
emanado por el instituto colombiano de desarrollo rural (sic) (INCODER); el
cual da cuenta que el señor (Roberto de Jesús Mira Marulanda), realiza la venta
de dicho predio a la señora BLANCA ELIBE MOLINA RAMÍREZ (…)
2. No valoraron en su totalidad las pruebas aportadas por
los querellados ya que, de acuerdo a la visita realizada por la Inspectora de
Policía, en la inspección ocular al predio, no se constató ninguno de los
hechos expuestos en el amparo policivo ya que no se encontró, animales, bienes
muebles (herramientas y demás enseres) de propiedad del querellante (…)
3. Tampoco se valoró como prueba un CD, con más de 84
fotografías tomadas al predio que demuestran el estado de abandono en que se
encontraba la parcela (…)”[168]
57. De lo expuesto, surge para la Sala los
siguientes cuestionamientos: ¿si previamente se acusó la actuación de irregular
por falta de vinculación procesal de los accionantes, por qué ahora se
manifiesta que sí actuaron en el proceso y que la administración no tuvo en
cuenta las pruebas aportadas?, ¿tenían o no conocimiento del amparo policivo
que adelantaba la Alcaldía?, ¿participaron en el proceso?
58. Ahora bien, el único de los accionantes
que contestó el amparo policivo fue el abogado Yerlin de la Hoz Ardila,
en dicha oportunidad solicitó al Alcalde tener como pruebas los documentos
mencionados anteriormente[169].
59. La Resolución número 021 del 23 de enero
de 2015, proferida por la Alcaldía de El Copey, fue expedida con base en las
pruebas que obraban en el expediente y que a juicio de la autoridad competente,
daban cuenta de:
i) El ejercicio del derecho de posesión por
parte del señor Roberto de Jesús Mira Marulanda.
ii) La incursión violenta y arbitraria de los
miembros de la familia de la Hoz el 31 de diciembre de 2014, al predio
denominado “La Esmeralda”.
iii) La presencia de un trabajador del señor
Mira Marulanda en la Finca.
iv) En la finca se encontraron 76 semovientes
de propiedad del querellante.
Para la Sala es claro que quien ostentaba en ese momento la
posesión del bien inmueble, entendida ésta como una relación de facto entre el
sujeto y la cosa, era el señor Mira Marulanda y a tal conclusión llegó el
despacho accionado de una valoración razonable y proporcional del material
probatorio que obraba en el expediente. Por tal razón las pruebas aportadas por
el señor Yerlin de la Hoz no fueron consideradas, puesto que tenían como
finalidad debatir la titularidad de los derechos sobre el predio “La
Esmeralda”, pretensión que no puede debatirse en un proceso policivo, que como
quedó expuesto no es el escenario en el que, por antonomasia, se definan las
relaciones jurídicas entre los titulares del derecho y las cosas, sino que está
dirigido a proteger el derecho a la posesión sobre un inmueble.
Por el contrario, para la Corte es evidente el actuar
violento y arbitrario del núcleo familiar de la Hoz durante la ocupación del
predio, a tal conclusión se arriba de los informes y las actas presentadas por
las autoridades municipales al presente tramite de amparo. Llama la atención de
la Corporación que en la diligencia de desalojo realizada con posterioridad a
la formulación del presente amparo, los ocupantes del predio actuaron con tal
grado de violencia y premeditación en contra de la fuerza pública, a quienes
atacaron con bombas incendiarias y molotov, inclusive con un cilindro de gas
encendido, sin que mediara consideración en torno a los menores de edad que se
encontraban en el predio, los cuales fueron protegidos por la policía de
infancia y adolescencia.
Esta Corporación no puede ser tolerante del uso de las vías
de hecho para alcanzar la reivindicación de los derechos de cualquier grupo
vulnerable. Los actos de violencia realizados por los señores de la Hoz son
reprochables, más aun cuando con ellos pusieron en grave riesgo la integridad
de los niños y niñas que integran su núcleo familiar.
Los accionantes cuentan con los mecanismos ordinarios idóneos
para lograr el restablecimiento de los derechos que consideran vulnerados, como
son las reclamaciones presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras, y
el consecuente proceso judicial ante los jueces y magistrados especializados en
la materia. Nada justifica el uso de la violencia por parte de los accionantes
para acceder nuevamente a la titularidad de los derechos que afirman fueron despojados.
60. Así las cosas, debe recordarse que el
amparo policivo no es el escenario idóneo para debatir la titularidad del derecho
a la propiedad sobre los bienes inmuebles, pues como se advirtió anteriormente,
es un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de facto que el
poseedor o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble, sin que importe en
cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real que los
actores pudieran tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento)[170].
Por consiguiente, se reitera que las autoridades de policía
necesariamente deben establecer:
“(…) (i)
sumariamente si el querellante detenta la posesión o la simple tenencia del
bien, que es distinto a si tiene derecho a la posesión o a la simple tenencia,
o si la posesión es regular o irregular, pues estos aspectos tocan con la
situación jurídica de fondo que corresponde definir a otras autoridades, previo
trámite del proceso judicial respectivo[171];
(ii) si de acuerdo a las normas constitucionales y legales el bien es
susceptible de posesión o de mera tenencia; (iii) si los actos que impiden el
libre ejercicio de la posesión o la mera tenencia son ilegítimos (de hecho), es
decir, no están soportados en el ordenamiento jurídico y, finalmente, (iv)
determinar con las pruebas obrantes, el nexo causal entre los hechos y el querellado.”[172]
Conforme
a lo expuesto, solo frente al juez competente puede plantearse el debate
en torno al derecho sustancial en conflicto, esto es, la titularidad del
respectivo derecho real o personal[173].
61. Así las cosas, recuerda la Sala a los
accionantes que es el proceso de restitución de tierras el indicado para
debatir la titularidad del predio denominado “La Esmeralda” y del cual alegan haber
sido desplazados en su momento.
Ausencia
de defecto por desconocimiento del precedente
62. Refieren los accionantes que los
despachos accionados al momento de proferir la Resolución número 021 del 23 de
enero de 2015, se apartaron de la jurisprudencia de esta Corporación al no
contemplar las medidas especiales de protección de la población desplazada en
casos de desalojo de bienes inmuebles, es especial lo establecido en sentencia
T-282 del 2011, que establece que: “(…) el Estado tiene la obligación de
garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los
afectados con la actuación policiva (…)”. Adicionalmente, citaron algunos
apartes de la sentencia T-239 de 2013.
63. Esta Corporación ha establecido la
necesidad de adoptar medidas especiales de protección a la población desplazada
en los casos de desalojo de bienes inmuebles. Estas acciones positivas
encuentran su sustento en el nivel de vulnerabilidad de dicho grupo, entendida
ésta como aquella situación que le impide a una persona disfrutar y ejercer sus
derechos fundamentales en condiciones de igualdad, frente a quienes no sufren
su particular condición.
En ese sentido, este Tribunal manifestó en sentencia T-244
de 2012[174]:
“Esta circunstancia, para algunos autores, tiene que ver
con las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que le son
impuestas al individuo desde afuera y que le impiden propender por su propio
desarrollo y/o por el de su núcleo familiar.[175] Bajo
esta línea argumental, se resalta que el estado de vulnerabilidad va más allá
de la situación de debilidad manifiesta y se centra en las causas externas que
le impiden a un individuo desarrollar con libertad y autonomía su proyecto de
vida.[176]
La vulnerabilidad es entendida como “…un proceso
multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo,
hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia
de situaciones externas o internas. La vulnerabilidad social de sujetos y
colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e
indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional
desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus
ciudadanos…”[177]
Desde esta perspectiva, el estado de vulnerabilidad está relacionado con
circunstancias que le impiden al individuo (i) procurarse su propia
subsistencia; y (ii) lograr niveles más altos de bienestar, debido al riesgo al
que está expuesto por situaciones que lo ponen en desventaja en sus activos.[178]
De acuerdo con lo anterior, una de las situaciones que
pueden ubicar a las personas en situación de vulnerabilidad es la precariedad
laboral, la cual es determinada por factores como los trabajos mal remunerados,
la inexistencia de contratos laborales, la no afiliación al sistema de
seguridad social en salud, inestabilidad laboral, entre otros.[179]
La posibilidad de acceder a un empleo le permite a los seres humanos contar con
una importante fuente de ingresos para sufragar las necesidades básicas propias
y, generalmente, las del grupo familiar dependiente, y de esta forma
autodeterminarse y desarrollar su propio proyecto de vida.
La situación de vulnerabilidad que deviene de la
precariedad laboral, ligada al ejercicio de la economía informal, genera además
un proceso social de exclusión que se evidencia, como ya se expuso, en un
acceso parcial o inexistente al sistema de seguridad social en salud y
pensiones; en un ejercicio parcial de los derechos de ciudadanía; en bajo
acceso a la disposición de activos y en insuficientes ingresos económicos para
cubrir las necesidades básicas y familiares, como también las necesidades
inmateriales.[180]”
En ese orden de ideas, la procedencia de medidas especiales
de protección está condicionada a que los afectados con el desalojo ostenten la
condición de desplazados y se encuentren en una situación manifiesta y actual
de vulnerabilidad.
64. La Corte Constitucional en
la sentencia SU-242 de 2015, reiteró[181] los siguientes requisitos para que
prospere esta causal: i) que exista un conjunto de sentencias
(constitucionalidad o varias de tutela) previas al caso que habrá de resolver[182],
que contengan claras reglas jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio
decidendi; ii) el precedente debe tener un problema jurídico semejante al
caso concreto que se busca resolver; y iii) debe existir semejanza entre sus
aspectos fácticos y normativos[183].
65. En relación con el caso bajo estudio de
la Sala, se ha invocado como precedente desconocido la sentencia T-282 de
2011[184],
en la que se estudió el caso de “(…)
120 familias indígenas (etnias nasa (paez) y yanacona) desplazadas por la
violencia desde el departamento del Cauca, se encontraban asentados en un bien
baldío al que accedieron 9 meses antes de la interposición de la acción de
tutela, buscando solucionar sus imperiosas necesidades en materia de
alojamiento o habitación. Las familias, en su conjunto, comprenden 400 personas
étnicamente diversas, entre quienes se cuentan sujetos de especial protección
constitucional, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.”
En ese momento, la Corte concedió el amparo solicitado tras
haber encontrado acreditado el estado de vulnerabilidad de los accionantes,
derivado de su identificación como población desplazada.
Otra sentencia presuntamente desconocida es la T-239 de
2013[185],
abordó el tema de “(…) personas
desplazadas por la violencia [que] desde agosto del año 2009 se asentaron de
manera pacífica en diferentes predios que pertenecen a particulares, ubicados
en el barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo, fracción de Quebrada Seca del
Municipio de Cúcuta.”
Nuevamente en esta ocasión la Corte concedió el amparo
solicitado tras encontrar probado la vulnerabilidad de los accionantes, tras
haberse acreditado que los accionantes eran desplazados.
66. Prima facie, no se
encuentra en el expediente prueba de la vocación de actualidad de los hechos generadores
del desplazamiento y efectos vulneradores de derechos fundamentales de los
actores De la Hoz. Además, estos cesaron su situación de desplazamiento, puesto
que muchos de ellos retornaron o se reubicaron en el Copey o en municipios
cercanos (Bosconia, Santa Marta).
De la misma manera, no existen vulneraciones a su
integridad personal, psíquica, moral y familiar; y, se ha producido la
normalización en términos de mínimos de dignidad humana, de las condiciones de
vida de ese grupo familiar, puesto que muchos de ellos son profesionales y
tienen estabilidad laboral, los niños, niñas y adolescentes están en colegios y
universidades, lo que demuestra adicionalmente que existe un fuerte apoyo
familiar en el grupo.
A la anterior conclusión llega esta Sala con base en el
informe presentado por el ICBF[186]
y que no fue objetado por los accionantes, al establecer que los miembros de la
familia de la Hoz tienen estabilidad laboral, puesto que muchos de ellos son
profesionales (abogados, profesores entre otros), cuentan además con protección
en salud; los niños, niñas y adolescentes se encuentran estudiando en escuelas,
colegios y universidades, y además, muchos de ellos tienen vivienda propia,
viven en el Copey y algunos residen en Santa Marta y Bosconia.
En ese sentido, concluyó el ICBF que: “La familia tiene
estabilidad en salud y educación, la vivienda es familiar de propiedad de los
padres, y otros tienen sus casas propias, aun así los grupos familiares que no
tienen vivienda, habitan donde sus padres, los niños están bajo el cuidado de
sus padres, estudian, unos en jardín y otros en colegios y universidad,
institución SENA.”[187]
Con
base en lo expuesto, encuentra esta Sala de Revisión, que no existen en este
proceso, datos concluyentes que permitan demostrar que los accionantes
mantienen su condición de desplazados, por lo que no les era aplicable el
precedente jurisprudencial invocado en la solicitud de tutela.
67. No obstante lo anterior, la Alcaldía demandada convocó la
celebración de un comité de justicia transicional extraordinario el 19 de
febrero de 2015[188],
y a una audiencia de conciliación el 3 de marzo de 2015[189], las
cuales se realizaron previamente a la diligencia de desalojo que finalmente tuvo
lugar el 7 de abril de 2015, con la finalidad de proteger y garantizar los
derechos fundamentales de los ocupantes, debido a su presunta condición de
desplazados por la violencia. Esta situación demuestra la preocupación de la
administración municipal por la particular condición de los accionantes.
68. Para la Sala las actuaciones procesales desplegadas por
la administración durante el trámite de amparo policivo, así como la Resolución
número 021 del 23 de enero de 2015, no adolecen de defectos procedimental,
fáctico y desconocimiento del precedente, razón por la cual será negado el
amparo solicitado por los accionantes.
Decisión
Con fundamento
en lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero:
CONFIRMAR
la sentencia de segunda instancia del 20 de marzo de 2015, proferida por el Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, dentro de la acción
de tutela promovida por los señores María de los Ángeles Ardila
Alcázar, José Manuel de la Hoz Ardila, Yerlin de la Hoz Ardila, Angélica María
de la Hoz Ardila contra la Alcaldía del Municipio del Copey, que negó el
amparo del derecho fundamental al debido proceso y a la vivienda digna por las
razones expuestas.
Segundo:
REQUERIR al
abogado Yerlin de la Hoz Ardila para que, en el futuro, desista del uso
indiscriminado y caprichoso de la acción de tutela, situación que configura un
abuso del derecho y un desgaste injustificado para la administración de justicia,
so pena de incurrir en temeridad conforme lo establece el artículo 38 del
Decreto 2591 y con base en las razones expuestas en los fundamentos jurídicos
11 y 12 de esta sentencia
Tercero:
COMPULSAR copias
del expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Cesar, para que dentro de sus competencias, adelante la investigación
disciplinaria del abogado Yerlin de la Hoz Ardila, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.135.873 de El Copey, Cesar y tarjeta profesional número 213.809
del C. S de la J., conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico 55 de esta
sentencia.
Cuarto: Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio
2 cuaderno principal.
[2]
Folios 89 y 902 cuaderno principal.
[3]
Folios 105-115 cuaderno principal.
[4] Folio
3 cuaderno principal.
[5] Folios
119-120 cuaderno principal.
[6]
Folios 74 al 79 cuaderno principal.
[7]
Folios 119 – 120 cuaderno principal.
[8] Folio
120 cuaderno principal.
[9] Folio
119 – 120 cuaderno principal.
[10] Folio
120 cuaderno principal.
[11]
Ibídem.
[12]
Folios 121-284 cuaderno principal.
[13]
Folios 285-295 cuaderno principal.
[14] Folio
293 cuaderno principal.
[15] Folio
294 cuaderno principal.
[16]
Ibídem.
[17]
Ibídem.
[18]
Folios 51-57 cuaderno de segunda instancia.
[19] Folio
19 y 20 cuaderno de revisión.
[20]
Folios 1 y 2 cuaderno de pruebas numero I
[21] Folio
21-23 cuaderno de revisión.
[22] Folio
22 cuaderno de revisión.
[23] Folio
24-66 cuaderno de revisión.
[24]
Folios 43-45 cuaderno principal.
[25] Folio
123 cuaderno principal.
[26]
Folios 1, 80-83,
[27]
Folios 18-20 cuaderno principal.
[28]
Folios 60-61 cuaderno de pruebas número I.
[29] Folio
65 cuaderno de pruebas numero I.
[30] Folio
67 cuaderno de pruebas número I.
[31] Folio
62 cuaderno de pruebas número I.
[32]
Folios 68-71 cuaderno de pruebas número I.
[33]
Folios 77-83 cuaderno de pruebas número I
[34]
Folios 106-123 cuaderno de pruebas número I.
[35]
Folios 124-134 cuaderno de pruebas número I.
[36]
Folios 178-180 cuaderno de pruebas numero I.
[37]
Folios 183-184 cuaderno de pruebas número I.
[38]
Folios 197-203 cuaderno de pruebas número I.
[39]
Folios 264-275 cuaderno de pruebas numero I.
[40]
Folios 277-289 cuaderno de pruebas número I.
[41]
Folios 291-296 cuacerno de pruebas número I.
[42]
Folios 210-222 cuaderno de pruebas número I.
[43]
Folios 226-250 cuaderno de pruebas número I.
[44]
Folios 253-260 cuaderno de pruebas número I...
[45]
Folios 298-325 cuaderno de pruebas número I.
[46]
Folios 335-381 cuaderno de pruebas número I.
[47]
Folios 385-395 cuaderno de pruebas número I.
[48]
Folios 399-412 cuaderno de pruebas número I.
[49]
Folios 413-425 cuaderno de pruebas número I.
[50]
Folios 19-20 cuaderno de revisión.
[51]
Folios 25-60 cuaderno de revisión.
[52] Folio
2 cuaderno principal.
[53] Ver
entre otras las sentencias T-923 de 2010 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
T-718 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, T-084 de 2012 M.P Humberto Antonio
Sierra Porto, T-151 de 2012 M.P Juan Carlos Henao Pérez y T-181 de 2012 M.P
María Victoria Calle Correa. Reiteradas en sentencia T-349 de 2013 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[54]
Sentencia T-149 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[55]
Sentencia T-308 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[56]
Sentencia T-443 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[57]
Sentencia T-001 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[58]
Sentencias T-502 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-153 de 2010 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
[59]
Sentencia T-751 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[60]
Sentencia T-349 de 2013 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[61] Folio
2 cuaderno de pruebas número I.
[62] Ver
sentencia T-308 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En tal asunto se
declaró que existía carencia actual del objeto al evidenciarse que la razón de
ser de la tutela había desaparecido, toda vez que a la hija de la actora, a
quien se le asistía la el principio de confianza legítima por contar con un
subsidio educativo, el cual fue terminado de manera inesperada, le fue asignado
un subsidio educativo que le permitió culminar sus estudios.
[63] En
sentencia T-486 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), se estudió la
afectación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la
salud del accionante, quien mediante tutela solicitó el suministro de oxígeno,
medicamentos y atención médica especializada requerida para su enfermedad pulmonar crónica, la cual fue negada por la EPS
accionada, sin embargo, se pudo determinar que el accionado ya había
prestado todos los servicios que el accionante requería para aliviar sus dolencias,
por lo que se declaró carencia actual del objeto.
[64]
Sentencia T-703 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[65] Ver
sentencia T-311 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). Allí se decidió
declarar carencia actual del objeto por hecho superado al quedar satisfecha la
pretensión de la actora durante el transcurso de la acción tutela, la cual fue
instaurada para que se ordenara la entrega de medicamentos para el padecimiento
de diabetes que fueron negados al no estar cubiertos por el Plan Obligatorio de
Salud - POS. Allí se logró establecer que a la accionante en el transcurso de
la tutela le fueron entregados los medicamentos requeridos.
[66] El
artículo 24 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala: “PREVENCION A LA AUTORIDAD.
Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o
éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al
solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la
autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en
los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la
misma acción u omisión.”
[67] El
artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala: “CESACION DE LA ACTUACION
IMPUGNADA. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente
podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el
desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los
derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía.”
[68]
Ibídem.
[69] Ver
Sentencia T-308 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En la parte
considerativa del fallo se resaltó el deber que le asiste al juez de tutela,
cuando declara carencia actual del objeto por daño consumado, de: (i)
pronunciarse de fondo; (ii) advertir a la autoridad accionada para que
no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones vulneradoras; (iii)
informar al accionante o a sus familiares las acciones jurídicas que pueden
promover para efectos de solicitar la reparación del daño causado; y, (iv)
de ser el caso, compulsar copias del expediente de tutela a las autoridades
competentes obligadas a investigar la conducta que generó el daño. De igual
forma se hizo referencia a la protección de la dimensión objetiva de los
derechos fundamentales.
[70]
Ibídem.
[71]
Sentencia T-183 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[72] M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[73]
Sentencia C-825 de 2004.
[74] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[75]
Sentencia C-825 de 2004.
[76]
Sentencia T-187 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[77] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[78]
Sentencia T-302 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[79]
Ibídem.
[80]
Sentencia T-187 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[81] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[82] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[83]
Sentencia T-302 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[84] T-006
de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón,
T-413 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-474 de 1992 Eduardo Cifuentes Muñoz,
entre otras.
[85] Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[86] “Toda
persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales.”
[87] M. P.
Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier
acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[88] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[89] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[90]
Sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[91] En sentencia T-610 de 2015, consideró que: “La
relevancia constitucional del asunto sometido al juez de amparo, es uno de los
requisitos generales principales que deben acreditarse para avalar la
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. La Corte en sentencia C-590 de 2005, estableció que este requisito
implica: “(…) el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[91].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa, porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.” En sentencia T-635 de
2010, este Tribunal manifestó que su acreditación requiere que: “(…) el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para
la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su
desarrollo eficaz,  así como para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales.”
[92] Sentencia T-504 de 2000 M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[93] Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[94] Sentencias T-008 de 1998 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[95] Sentencia T-658 de 1998 M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[96]
Sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[97]
Sentencia T–851 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[98]
Sentencia T–686 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[99] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[100] Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[101] Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1031 de
2001 todas con ponencia del Dr. Eduardo Montealegre Lynnett; T-1625 de 2000
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[102]
Sentencia T-1049 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] La
Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[104] Ver,
entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008
de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de
2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010,
M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y
del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo
del material probatorio”.
[105] Ver sentencia T-442 de 1994, M. P. Alejandro
Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser
arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua
a este desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[106] Cfr.,
entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[107] Cfr.,
entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[108]
SU-198 de 2013, precitada.
[109] Sentencia  SU-026 de 2012 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, reiterado en sentencia T–791 de 2013 M.P. Luís Guillermo Guerrero
Pérez.
[110] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[111] Sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[112]  Sentencia C-335 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[113]
Sentencia T-598 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[114]
Ibídem. Véanse, entre otras, las Sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996  y
T-982 de 2004.
[115]
Sentencia T-302 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[116] Sentencia
T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[117] Gozainí,
O.A. “Los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el derecho interno”. Artículo contenido en Liber Amicorum, Héctor
Fix-Zamudio, -VolumenII.- San José, Costa Rica: Corte interamericana de
derechos humanos, Unión Europea, 1998. Pág. 819.
[118]
Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional
[119] Comisión
de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas. Resolución
del 11 de febrero de 1998, “Principios Rectores de los desplazamientos
internos”, nota de presentación.
[120] Cappelletti,
M. Acceso a la Justicia (Conclusiones de un proyecto de investigación
jurídico-sociológica (Traduc. J.C. Hitters). Jurispr. Argent. 1951. Pág. 2.
Fix-Zamudio, H. “Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia
del proceso”. Ponencia a las IXas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal.
Madrid, 1985, P.4, 11 y ss. Estas citas están contenidas en Vescovi, E. “La
jurisdicción nacional e internacional en Latinoamérica”. En Liber Amicorum
Héctor Fix-Zamudio, Volumen II San José, Costa rica: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Unión Europea, 1998. Pág. 1556-1557.
[121] Sentencia
del 1° de julio de 2006, Serie C. 148.
[122] Sentencia del 25
de mayo de 2010, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie
C. 212.
[123] Este
concepto fue reiterado en el caso masacres de Rio Negro contra Guatemala,
sentencia del 4 de septiembre de 2012. Excepción preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Párrafo. 173.
[124] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello contra
Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006. Párr. 160.
[125] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades afrodescendientes
desplazadas de la cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) contra Colombia.
Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Párr. 321.
[126] Neves,
M. “Transconstitucionalismo, con especial referencia a la experiencia
latinoamericana” contenido en la obra colectiva La justicia Constitucional y
su internacionalización. ¿Hacia un ius constitutionale commune en América
Latina? Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. México D.F. 2010. Pág. 717-758.
[127] Pérez
Torres, A. “En defensa del Pluralismo Constitucional”. Artículo contenido en Derecho
constitucional europeo: Actas del VIII Congreso de la Asociación de
Constitucionalistas de España. Tirant lo Blanch. Valencia. 2011, Págs.
155-178. Ver también Hâberle, P. Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría
constitucional de la sociedad abierta. Editorial Tecnos. España. 2013., Bustos
Gisbert, R. La constitución Red: Un estudio sobre supraestatalidad y
constitución. IVAP OÑATI. Bilbao.2005. entre otros.
[128] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[129] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[130] Confrontar Ley
387/97 artículo 1
[131] Al respecto, ver
sentencias: T-327/01, T-227/97 y SU 1150/00
[132] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[133] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[134]  T-1346
de 2001 (MP. Rodrigo
Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) se
acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado Interno.
[135]  Los
motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido
caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en
la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que
se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el
desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento
de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la
pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación
social.”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las
condiciones de vida.  Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se
señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su
proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones
psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de
incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la
especial fuerza con la que afecta a las mujeres.
[136]  Ver,
entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.
[137]
Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
En esta tutela se acumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de
desplazados por la violencia estaba compuesto por 26 familias que habían
ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de Corvide y que iban a ser desalojados por las autoridades
municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atención humanitaria y
sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo
grupo estaba compuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a
las autoridades de Cali para tener acceso a los beneficios de vivienda que se
otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les
niega dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender
población desplazada que sólo podían recibir ayuda de carácter temporal. El
tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutela contra la Red
de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación
voluntaria y haberse trasladado al municipio de Guayabal, la Red no había
cumplido con la ayuda acordada para adelantar proyectos productivos y para
obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto
productivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero
la ayuda para vivienda no se le dio porque estaba sujeta al cumplimiento de
ciertos requisitos.
[138]
Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[139] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[140] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[141] Sentencia
C-372 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[142] M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva
[143] Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26)
de dos mil seis (2006).
[144] Sentencia de 22
de marzo de 2001, Exp.4279 AC.
[145] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C,
sentencia del 21 de febrero de 2011, radicado: 50001-23-31-000-2001-00171-01
(31093). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[146] Tales
como el conflicto armado, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al
derecho internacional humanitario, u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público.
[147] Al
respecto ver sentencia C–244 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[148]
Opinión Consultiva No. 4 del sexto período de sesiones de 1991, “El derecho a
una vivienda adecuada”. Comité de derechos sociales económicos y culturales de
la ONU.
[149]
Contenido en el artículo 11 párrafo 1 del Pacto Internacional de derechos
económicos, sociales y culturales.
[150]
Ibídem.
[151]
Sentencia T–495 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia T–258 de 1997
M.P. Carlos Gaviria Díaz. Reiterado en sentencias T-499 de 1995 M.P. Fabio
Morón Díaz, T-586 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-597 de 1993 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[152]
Sentencia T–021 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[153]
Sentencia T–304 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
[154]
Sentencia T–1091 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[155]
Sentencia T–585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[156]
Sentencia T–159 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[157]
Sentencia T–585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T – 725 de 2008 M.P.
Jaime Córdoba Triviño entre otros.
[158]
Personas de la tercera edad, en condición de discapacidad, madres cabeza de
familia, niños, entre otros.
[159]
Sentencia T-349 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[160] Folio
2 cuaderno principal.
[161]
Folios 80-83 cuaderno principal.
[162]
Folios 18-20 cuaderno principal.
[163]
Folios 60-61 cuaderno de pruebas número I.
[164] Folio
65 cuaderno de pruebas número I.
[165] Folio
67 cuaderno de pruebas número I.
[166]
Folios 65-71 cuaderno de pruebas número I.
[167]
Folios 77-83 cuaderno de pruebas número I.
[168]
Folios 2-3 cuaderno principal.
[169] Folios
77-83 cuaderno de pruebas número I.
[170]
Sentencia T-048 de 1995 M.P. Antonio Carrera Carbonell
[171]
Sentencia T-109 de 1993.
[172]
Sentencia T-302 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[173]
Sentencia T-048 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[174] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[175] Corte
Constitucional, sentencia T-563 del 26 de mayo de 2005. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. En el pie de página número dos de esta providencia se señaló: “De
conformidad con Pérez Murcia, la vulnerabilidad puede ser entendida como “(...)
una situación  que, sin ser elegida por los individuos, limita el acceso de
éstos a las garantías mínimas necesarias para realizar  plenamente sus derechos
sociales, políticos y culturales.” En otras palabras, este autor señala que
una persona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad  “(...) cuando
existen barreras sociales, políticas, económicas y culturales que impiden que,
por sus propios medios, esté en capacidad de agenciar (realizar) las
condiciones para su propio desarrollo y el de las personas que dependen
económicamente de ella.” Por su parte, Moser indica que “(...) la
vulnerabilidad, más que una expresión de la debilidad manifiesta de los
individuos – como la interpretan algunas corrientes conservadoras -, es una
situación que, siendo exógena al individuo, le genera perjuicios y le deteriora
los activos económicos y sociales para autosostener un proyecto de vida.”
Ver PÉREZ MURCIA, Luis Eduardo. Población desplazada: entre la vulnerabilidad,
la pobreza y la exclusión. Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados. Bogotá, marzo de 2004.P.p. 19 a 22”.
[176]
Ibídem
[177]
BUSSO, Gustavo “Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas
para Latinoamérica a inicios del siglo XXI” en documento preparado para el
Seminario Internacional “Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social
en América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile, 20 y 21 de junio de 2001.
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE-División de Población.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. ONU.
[178]
Ibídem
[179]
Ibídem
[180]
Ibídem
[181] Sentencia T-791
de 2013 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
[182] Sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[183]  Sentencia C-335 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[184] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[185] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[186]
Folios 106 y 126 del cuaderno de pruebas número I.
[187] Folio
121 cuaderno de pruebas número I.
[188]
Folios 178-184 cuaderno de pruebas número I.
[189]
Folios 183-184 cuaderno de pruebas número I.