T-574-17
Sentencia T-574/17
ALCANCE DEL DERECHO A LA
INTIMIDAD FRENTE A LA DIVULGACION DE CONVERSACION VIRTUAL DE GRUPO WHATSAPP,
CREADO EN EL ENTORNO LABORAL
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL
ENTORNO LABORAL-Caso en que se inició proceso disciplinario a accionante por el
envío de unas notas de voz a un grupo de whatsapp
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona
natural que actúa en defensa de sus propios intereses
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Procedencia
en razón de la subordinación que se halla implícita en toda relación de
naturaleza laboral
ACCION DE TUTELA PARA
PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL ENTORNO LABORAL-Procedencia excepcional
La Corte estima que el problema relativo a la
obtención o divulgación de mensajes relacionados con el desarrollo de
actividades  laborales en una plataforma de mensajería instantánea, como
lo es WhatsApp,
justifica su pronunciamiento en esta oportunidad. En efecto, de una parte, (i)
tal cuestión remite a una disputa constitucional novedosa que plantea difíciles
asuntos de interpretación de la Carta y que apoyan la procedencia de la acción
de tutela, en particular para precisar la relevancia y el alcance del derecho a
la intimidad en esa materia. Igualmente, de otra, (ii) no resulta claro que el
proceso laboral constituya un medio judicial idóneo para debatir este
particular problema, de manera que pueda desplazar a la jurisdicción
constitucional en orden a pronunciarse sobre un asunto que, se insiste, tiene
una relevancia significativa desde la perspectiva del derecho a la intimidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protección
constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD-Instrumentos
internacionales que reconocen su importancia
DERECHO A LA INTIMIDAD-Alcance y
contenido
DERECHO A LA INTIMIDAD-Formas de
vulneración
DERECHO A LA INTIMIDAD-Límites
DERECHO A LA INTIMIDAD-Clasificación
de la información/CLASIFICACION DE LA INFORMACION-Finalidad
INFORMACION PUBLICA-Definición
La información
pública, ha dicho este Tribunal, “en tanto no
está relacionada con el ámbito de protección del derecho a la intimidad, recae
dentro del ejercicio amplio del derecho a recibir información (Art. 20 C.P.)” y
en consecuencia, es de libre acceso. Comprende la relativa
a “los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en
los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales
debidamente ejecutoriadas” así como a “los datos sobre el estado civil de las
personas o sobre la conformación de la familia” y el dato
sobre la pertenencia a un partido o movimiento político de quienes
ejercen cargos de elección popular (integrantes). Ella “puede ser obtenida
y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información
general, privada o personal.” Cuando se trata de esta información no se
requiere la intervención de ninguna autoridad a efectos de autorizarla, ni se
exige presentar una justificación particular para su conocimiento. En estos
casos lo que ocurre, en realidad, es que el derecho a la intimidad se torna
irrelevante.
INFORMACION
SEMIPRIVADA-Definición
La
información semi-privada corresponde a aquella información que no es
pública, pero que se encuentra sometida a “algún grado de limitación para su acceso” (…) de manera
que “se trata de información que sólo puede
accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines
propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de
administración de datos personales” (…). En esa dirección esos
datos son “aquellos que no tienen
naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su conocimiento puede
interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la
sociedad en general” (…). Entre la
información que encuadra en esta clasificación se encuentra, por ejemplo, la
relativa al sistema de seguridad social –con exclusión de la historia clínica-,
la administrada por las bases de datos de información financiera (…), la recaudada y almacenada por los Centros de
Reconocimiento en el RUNT de conformidad con las normas de tránsito
(…), los datos contenidos en el Registro Único de Seguros (…), los datos
incluidos en el Registro de la propiedad de
perros altamente peligrosos (…), la
información sobre aportes, contribuciones y créditos, que reciben las campañas
políticas (…) y la información sobre la pertenencia a un partido o
movimiento político de los miembros (…). Respecto de esta información,
la resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a materias
que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara y
significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras
personas. En estos eventos, las razones constitucionalmente admisibles para
acceder a la información, están vinculadas al cumplimiento de las tareas o
funciones ejercidas por quien tiene interés en conocerla. Se trata entonces de
información que tiene una vocación de circulación restringida. El
desconocimiento de los fines previstos para su circulación así como de las
condiciones para su divulgación, constituye una infracción no solo del derecho
a la intimidad, sino también de otras garantías como el habeas
data.
INFORMACION
PRIVADA-Definición
La información
privada es aquella “que por versar sobre información personal o no, y que
por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones” (…). Comprende
la relativa a “los libros de los comerciantes, (…) los documentos
privados, (…) las historias clínicas o (…) la información
extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva”
(…). Igualmente reviste la naturaleza de información privada la información genética que reposa en bancos de sangre,
esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares
(…). En estos casos, el tipo de información revela dimensiones
particularmente importantes de la vida personal, social y económica de las
personas y que, debido a expresa disposición constitucional (arts. 15 y 250) o
a su naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la
que se refiere o por la existencia de una decisión judicial. En estos casos, la
justificación que explica la posibilidad de divulgar la información, en contra
de la voluntad de la persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades
especialmente importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la
verdad en un proceso penal.
INFORMACION
RESERVADA-Alcance
Si se trata de
información reservada, tal y como ocurre por ejemplo con la relativa a datos
sensibles, a la inclinación sexual, a los hábitos personales o los datos
relativos a la pertenencia a un partido o
movimiento político de los ciudadanos votantes (…), ella “no puede
siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de
sus funciones” (…).  En este último caso, la relación entre el derecho a
la información y la protección de la intimidad cambia de manera significativa.
En efecto, el tipo de información de la que se trata hace que su conocimiento,
en cuanto alude a datos de especial impacto, significado y trascendencia para
las personas, se encuentra sometido a especiales cautelas, exigiendo la
voluntad del sujeto concernido. En estos supuestos nadie puede pretender
auscultarla.
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Protección según el espacio y el contexto
La clasificación del tipo de espacio es un
factor relevante para definir el alcance del derecho a la intimidad así como el
grado de protección que del mismo se desprende frente a las intervenciones de
terceros. Su importancia radica, al menos prima facie, en la aptitud para identificar las
diversas dimensiones físicas o virtuales en las que las personas se expresan o
manifiestan y, a partir de allí, para precisar el grado de confidencialidad que
pueden esperar respecto de su comportamiento.
DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL ENTORNO LABORAL-Reiteración de
jurisprudencia
El lugar de trabajo, en principio espacio semiprivado,
no goza del mismo nivel de protección que el domicilio, debido a que el grado
de privacidad es menor en atención a que allí tienen lugar actuaciones con
repercusiones sociales significativas. Según las decisiones citadas, para
establecer la violación del derecho a la intimidad es necesario considerar la
expectativa que tiene el trabajador acerca de la confidencialidad de sus
manifestaciones y, en ese sentido es necesario valorar, entre otras cosas, (i)
si se trata de información íntima, sensible o que sólo le interesa a una
persona en particular en atención al tipo de actividad que se desarrolle y (ii)
si los empleados tienen o no conocimiento acerca del seguimiento de sus
actividades.
WHATSAPP-Descripción y características
WhatsApp es una aplicación de mensajería
instantánea que funciona a través de teléfonos inteligentes, que permite enviar
y recibir mensajes a través de internet. Los usuarios pueden crear listas de
distribución y grupos, lo que facilita el intercambio de videos, imágenes,
grabaciones, mensajes escritos, notas de voz y contactos. Dichas conversaciones
cuentan con un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que
solo las personas participantes pueden tener acceso a dicha información.
EXPECTATIVA
DE PRIVACIDAD-Concepto
La expectativa de privacidad es, entre otros, un
criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o
manifestaciones de la vida de las personas se encuentran comprendidas por el
ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden
ser conocidas o interferidas por otros. Tal categoría impone definir,
atendiendo diferentes factores contextuales, si quien alega la violación puede
considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la
interferencia de otros, por un lado, y si es o no posible concluir que dicha
valoración es oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o
divulgarla, por otro. Este doble análisis exige considerar criterios subjetivos
y objetivos a efectos de valorar, en cada caso, si quien solicita la protección
en realidad podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos no
podrían circular.
DERECHO A LA INTIMIDAD
FRENTE A DIVULGACION DE CONVERSACION VIRTUAL DE GRUPO WHATSAPP, CREADO EN EL
ENTORNO LABORAL-Expectativa de privacidad
Para la Sala, la categoría referida puede emplearse
para juzgar si la divulgación o revelación de mensajes contenidos en una
conversación virtual, vulnera o no el derecho a la intimidad. En particular, la
existencia de una expectativa de privacidad así como su alcance, debe definirse
tomando en consideración, entre otros factores, (i) el carácter más o menos
abierto del sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación;
(ii) los integrantes y fines del grupo virtual; (iii) la clase de información
de la que se trate y si se encuentra o no protegida por regímenes
especiales como aquel previsto, por ejemplo, en la Ley 1581 de 2012; (iv) la
existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación de las
expresiones o informaciones contenidas en el espacio virtual; y (v) la vigencia
de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las que pueden
establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos de trabajo.
De acuerdo con ello, para determinar si es posible amparar el derecho a la
intimidad frente a la divulgación de mensajes contenidos en una conversación
virtual desarrollada en un grupo conformado en WhatsApp, deberán valorarse y ponderarse, en cada caso, los
factores que han quedado referidos.
ACCION DE TUTELA PARA
PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL ENTORNO LABORAL-Improcedencia por cuanto conversación en whatsapp no contenía
información íntima o sensible
La Sala constató que no se había violado el derecho a
la intimidad dado que (i) la conformación del chat así como el creador y administrador del mismo,
indican que el espacio virtual creado en uso de la tecnología puede
considerarse análogo a lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado
un espacio semiprivado; (ii) la información que allí circulaba era, al
menos prima facie,
semiprivada, de manera que de ella no se predican los límites que se adscriben
a la privada o reservada; (iii) la información producida en el grupo “Distribuciones Cúcuta”
tenía la vocación de circular entre los participantes del mismo y, en atención
a que entre ellos se encontraban también representantes de los empleadores, no
existe objeción a que sobre esa base dichos representantes la transfirieran a
sus representados, (iv) cuando en su condición de trabajador e integrante del
grupo “Distribuciones
Cúcuta” el accionante (a) aceptó hacer parte del grupo creado, (b)
interactuó en el mismo, (c) envió notas de voz alusivas a su trabajo -en las
que expresaba desacuerdos con el empleador e insinuaba la manera en la que sus
compañeros debían proceder en dicha situación- y (d) no manifestó en momento
alguno su decisión de abandonarlo, reconoció la posibilidad de que la
información circulara entre todos aquellos para los que resultaba relevante;
(v) el accionante no podía esperar que la información no circulara entre los
órganos de administración y dirección de Nutresa, de manera que en este caso
específico la existencia de una expectativa de privacidad en los términos que
han quedado expuestos, no podía afirmarse. En síntesis ni de la conformación
del grupo, ni de su finalidad, ni de pauta o regla alguna para su
funcionamiento, puede desprenderse dicha expectativa: no se trataba de
información íntima o sensible, ni que interesara –considerando la naturaleza de
las actividades a las que se refería - solo al accionante y era claro que el
accionante conocía que en el grupo participaban representantes del empleador.
Referencia: Expediente T-6.142.741
Acción de tutela interpuesta por Marco Antonio Jauregui López contra
Nutresa.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El señor Marco Antonio Jauregui López –en adelante Marco Antonio- el
día 27 de octubre de 2016 interpuso acción de tutela contra Comercial Nutresa
S.A.S. -en adelante Nutresa-, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la libertad de conciencia, la intimidad
personal, la libertad sindical y la libertad de expresar y difundir pensamientos
y opiniones. En consecuencia, pidió que se le ordene a la empresa retirar la
sanción impuesta en el proceso disciplinario, pagar las acreencias laborales
dejadas de percibir por el actor y los intereses moratorios junto con la
indexación de dichas sumas. A su vez, solicitó que se le imponga a Nutresa indicar
el nombre de la persona que entregó las notas de los audios, mostrar la
autorización judicial que permite utilizar dichos audios como prueba y
ordenarle que le pida disculpas por haber afectado su buen nombre y honra.
B. HECHOS RELEVANTES
1.
Marco Antonio, de 45 años de edad[1], informó que
en 1998 ingresó a trabajar a la Fábrica Nacional de Chocolates S.A. En el 2010,
hubo una sustitución patronal, por lo que cambio de empleador a Cordialsa
Colombia S.A.S. y, un año más tarde, a Nutresa. A lo largo de dicha relación
laboral ha estado vinculado a través de distintas modalidades contractuales. Desde
el 2 de enero de 2002 dicho vínculo existe mediante un contrato a término fijo[2].
2.
El 20 de agosto de 2016, fue citado a una
reunión de aclaración de hechos pues, según lo indicó el empleador, había
incitado a los ayudantes de distribuciones a incumplir con las obligaciones
propias del cargo a través del envío de mensajes de audio[3] a un grupo de WhatsApp
denominado “Distribuciones Cúcuta”, el cual fue creado por su
exjefe, quien ocupaba el cargo de Coordinador de Logística[4].
3.
En dicho audio el señor Jauregui López manifestó:
“Compañeros con respecto a las recargas, sino las autoriza la
empresa, pues no llamen al cliente, no llamen al vendedor, dejen, solucionen
ustedes mismos, si tienen que anular una factura, anúlenla, si tienen que dejar
de cobrar un pedido y no entreguen un pedido, no lo entreguen, pero no sigan
haciéndose a la manipulación de la empresa. Otro golpe más para ustedes como
trabajadores, vio, entonces ahí está la muestra de que la empresa por un lado
suaviza y por el otro lado golpea, entonces dense cuenta de eso compañeros”[5].
4.
El 21 de agosto de 2016, el actor suscribió una
petición en la que le solicitó al empleador lo siguiente:
§ “Solicito
copia de la autorización por parte de la empresa de la creación del grupo WhatsApp
“DISTRIBUCIÓN CÚCUTA”.
§ Solicito
la autorización de un juez para poder tomar las grabaciones de audio por ser de
medio privado y por no tener mi autorización de dicha grabación.
§ Solicito
el nombre de la persona que manipuló esa grabación para utilizarla en mi
contra.
§ Solicito
que se anule la citación a descargos y se rectifique sobre que fui expuesto al
escarnio público y se coloca en juego mi situación laboral, mi honra y mi
estabilidad.
§ Solicito
se me diga cuál medio (sic) fue que la empresa obtuvo el audio el audio, que
suministre el equipo, nombre del mismo, persona a cargo y autorización de la
empresa para que esa persona lo hiciera.
§ Solicito
que si no hay ninguna autorización y algún trabajador se prestó para esta
manipulación le caiga todo el peso de la ley y lo mismo haré yo ante las
autoridades”[6].
5.
El 22 de agosto de 2016, el señor Jauregui López
solicitó aplazamiento de la reunión prevista para rendir descargos a efectos de
que se llevara a cabo después del 6 de septiembre, puesto que se encontraba en
tratamiento de terapia física e hidroterapia hasta dicha fecha[7]. La accionada,
mediante escrito del 24 de agosto, le informó que accedían a su petición y que debía
acreditar, con los respectivos soportes, que se estaban desarrollando las
terapias aducidas[8].
6.
Nutresa le respondió al actor la petición por el
suscrita el 21 de agosto de 2016 indicando lo siguiente: (i) la creación de los
grupos de WhatsApp legalmente no está condicionada a una autorización
específica y, por ende, existe plena libertad; (ii) cuando las manifestaciones
son realizadas de manera pública no se requiere autorización judicial para
escuchar el mensaje; (iii) nadie manipuló las grabaciones, por lo que no es
posible atender dicha petición; y (iv) los descargos son el mecanismo idóneo y
eficaz para que el trabajador aclare lo sucedido y aporte las pruebas que
considere pertinentes. En adición a ello, indicó (v) que ha respetado el debido
proceso, el derecho de defensa y ha sido discreta con la citación para el
esclarecimiento de los hechos, pues ésta se dirigió de manera exclusiva al
actor, a quien le fue entregada; (vi) que los audios fueron obtenidos de un
grupo público de WhatsApp; y (vii) que no es posible entregar la
información solicitada por el actor, debido a que los audios se tomaron del
referido  grupo y en el que cada uno de los integrantes participa de forma
voluntaria[9].
7.
Respecto a la respuesta suministrada por
Nutresa, el actor considera que WhatsApp es un medio privado e
inviolable que sólo puede ser interceptado o registrado mediante una orden
judicial, de acuerdo con lo dispuesto, por una parte, en los artículos 15 de la
Constitución y 197 y 199 del Código Penal y, por otra, en la Ley 527 de 1999[10].
8.
El 30 de agosto de 2016, solicitó el
acompañamiento de la organización sindical Sinaltrainal –de la que hace parte-,
a la reunión que fue convocada por Nutresa[11].
El 3 de septiembre del mismo año, recibió citación para rendir descargos el día
6 de septiembre[12],
fecha en la que se llevó a cabo la reunión. En ella intervinieron los miembros
del sindicato y el accionante.
9.
El presidente de Sinaltrainal solicitó la
entrega inmediata del manual o de la política de los procesos disciplinarios de
la empresa y el reglamento interno de trabajo. Dichos documentos no fueron
suministrados por la empresa, lo que a juicio del actor constituye una
violación de sus derechos fundamentales.
10.
Manifestó el accionante que es miembro de la
organización sindical Sinaltrainal, ocupa el cargo de Secretario General[13] y goza de fuero
sindical. Insistió en que se debía indicar el nombre de la persona que le
entregó el audio a Nutresa, pues en su concepto hacía falta el resto de la
conversación, en la que se aclara su actuar como dirigente sindical. Solicitó que
le fuera entregada la prueba o que se indagara con el entonces Coordinador de
Logística Jaime Gelvéz sobre la creación del grupo de WhatsApp, a fin de
determinar si tal grupo es institucional y fue autorizado por Nutresa o si, por
el contrario, su propósito consiste en comunicarse entre compañeros de trabajo.
Aseguró, igualmente, que mediante petición le solicitó a la empresa una serie
de pruebas para usar en su defensa, las cuales fueron negadas.
También solicitó que la diligencia de descargos sea anulada, pues
considera que existe una vulneración al debido proceso por cuanto no le fueron
entregadas las pruebas solicitadas[14].
11.
El 15 de septiembre de 2016, Nutresa le entregó
una comunicación mediante la cual le impuso sanción disciplinaria. Su contenido
es el siguiente:
“Por medio del presente escrito, y luego de haber sido citado a
reunión de aclaración de hechos, en acatamiento del debido proceso; y por
tanto, en salvaguarda de sus derecho de defensa; me permito informarle que la
Compañía ha decidido imponerle una sanción disciplinaria consistente en
suspensión en sus labores por el término de cinco (05) días, la que se cumplirá
a partir del día diecinueve (19) de septiembre de 2016, y hasta el día
veintitrés (23) del mismo año. Durante los días de suspensión, y de conformidad
con lo establecido en la ley laboral, no percibirá salario alguno.
Se asume la anterior determinación, en consideración a que según se
constató, usted incumplió con las obligaciones y prohibiciones a su cargo,
consagradas en los artículos 63, numeral 1 y artículo 66 numerales 1, 7, 56, 74
del Reglamento Interno de Trabajo vigente en la Compañía.
Lo anterior, en tanto que se verificó, el día 10 de agosto un
incumplimiento de parte a las obligaciones y/o prohibiciones laborales a su
cargo en calidad de trabajador, dado que usted presuntamente incitó a los
ayudantes de distribución a faltar con el deber y responsabilidades propias del
cargo enviando mensajes (audios) por un grupo de WhatsApp creado por el
anterior jefe de logística, denominado Distribuciones Cúcuta, el cual está
destinado a dar información [sobre] temas laborales, de operación y de interés,
entre otros; adicionalmente, por el mismo grupo de WhatsApp difundió
comentarios desfavorables sobre la empresa. (…)”[15].
12.
El 16 de septiembre de 2016, Marco Antonio presentó
recurso de apelación frente a la sanción enunciada anteriormente. Allí le pidió
a Nutresa la revocatoria de dicha medida, al considerar que en el proceso
sancionatorio existió incumplimiento del debido proceso, por cuanto no le
fueron entregadas las pruebas que solicitó. Igualmente, señaló que el
reglamento interno de la empresa no cumple con lo dispuesto en la ley ni en la
sentencia C-593 de 2014 que, según sostuvo, estableció los parámetros
procedimentales que debe cumplir un proceso disciplinario[16].
13.
El 24 de septiembre de 2016, Nutresa respondió
el recurso de apelación confirmando la sanción impuesta. Aseguró que se había cumplido
con el procedimiento disciplinario previsto en el reglamento interno de
trabajo, en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes.
Además, en el curso de dicho asunto se le garantizó al trabajador el derecho de
defensa, la doble instancia, la presunción de inocencia y el principio de
imparcialidad[17].
C. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
14.
Mediante auto del 27 de octubre de 2016, el
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Cúcuta, admitió la acción de tutela y vinculó a Nutresa para que
ejerciera su derecho de defensa y allegara la actuación administrativa y
técnica surtida.
15.
Nutresa aseguró que no se desconocieron los
derechos al debido proceso y a la defensa del accionante. Para apoyar tal
conclusión presentó varias consideraciones.
15.1 El actor hacía parte de un grupo de WhatsApp denominado
“Distribuciones Cúcuta”, creado por el Coordinador de Logística de la compañía
y en el que participaban la mayoría de ayudantes de ventas y distribución en
dicha ciudad. El accionante, mediante el envío de notas de voz invitó a todos
sus compañeros a incumplir sus deberes laborales, incitándolos a no llamar a
los clientes, no cobrar o entregar pedidos y anular facturas. Tal conducta
atenta contra el servicio prestado por Nutresa, disminuye sus ventas y además
desconoce lo establecido en los artículos 63[18]
y 66[19]
de su reglamento interno.
15.2. Con el objeto de garantizar los derechos al debido proceso y a
la defensa del accionante, fue citado para que el 24 de agosto de 2016 aclarara
los hechos. Sin embargo, adujo razones médicas para no asistir. Fue así que la
diligencia se realizó el 6 de septiembre de 2016, en compañía de dos miembros
del sindicato. En esa oportunidad Nutresa le presentó a Marco Antonio los
audios que tenía como prueba, dándole la oportunidad de manifestarse y
presentar las pruebas que tuviera en su favor.
Concluida la etapa anterior, el actor fue suspendido,
concediéndosele la posibilidad de acudir a una segunda instancia. Todo lo
anterior fue en cumplimiento del procedimiento disciplinario contenido en el
reglamento interno de trabajo. A su vez, la suspensión fue tasada de acuerdo a
lo establecido en el numeral 3 del artículo 68 del referido reglamento.
15.3 En cuanto a las pruebas solicitadas por el trabajador, es
importante precisar que no existen y que las mismas no tienen sustento jurídico
por las siguientes razones. Primero, Nutresa no requiere ningún tipo de
autorización para crear un grupo de WhatsApp y, en esa dirección, no
existe el documento solicitado por el actor. Segundo, para escuchar los
mensajes enviados por el accionante al grupo de WhatsApp, Nutresa no
requiere de ningún tipo de autorización, debido a que no es de carácter
privado, pues está compuesto por más de 20 personas entre  trabajadores y
directivos. Tercero, el audio permanece intacto, lo que implica que nadie lo
manipuló.
15.4. Los descargos constituyen el medio idóneo y eficaz para
esclarecer la situación y la oportunidad para que el trabajador solicite y
aporte las pruebas pertinentes. La citación se realizó a través de un documento
privado y entregado directamente al trabajador, lo que se opone a su afirmación
en cuanto a que fue sometido al escarnio público. En adición a ello, Nutresa es
la administradora del grupo público de WhatsApp del cual obtuvo la
información. Por último, en la diligencia de descargos, el actor guardó
silencio sobre las razones que lo llevaron a incitar a sus compañeros a
incumplir con sus deberes laborales cuando le fue presentado el audio.
16.
La acción de tutela es improcedente, debido a
que no hay perjuicio irremediable, pues no se encuentran acreditados los
requisitos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad. Además, existen
mecanismos ordinarios que le permiten al actor controvertir la sanción
impuesta.
17.
En cuanto a los derechos alegados por Marco
Antonio, Nutresa aseveró que todos tienen límites. Por ejemplo, el derecho a la
libertad de expresión implica manifestar su inconformidad sobre cualquier asunto,
siempre y cuando no sea en perjuicio de los resultados de la empresa y del buen
nombre. A su vez, las garantías sindicales impiden que el trabajador sea
despedido y trasladado, pero ello no es óbice para que la empresa inicie un
proceso sancionatorio cuando el trabajador comete faltas disciplinarias.
D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescencia con Funciones de Control de
Garantías de Cúcuta, el 10 de noviembre de 2016
18.
Declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que existe un daño consumado. Para
llegar a dicha conclusión afirmó que Marco Antonio interpuso acción de tutela
contra Nutresa, asegurando que esta le impuso una sanción disciplinaria consistente
en 5 días de suspensión apoyándose para ello en un audio enviado por el actor a
un grupo de WhatsApp al que pertenecen trabajadores de la sociedad
accionada. Según el planteamiento del actor, la empresa vulneró el derecho al
debido proceso y a la defensa, pues necesitaba de una autorización judicial
para sancionarlo con base en dicho audio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el juez aseguró que el tema central se
refiere al empleo, en el curso de un proceso disciplinario, de una información que
el accionante califica como privada. Al abordar dicho asunto se refirió a la
sentencia C-336 de 2007 que realizó una clasificación de la información en
pública, semi-privada, privada y reservada.
18.1 La información pública es aquella que se puede obtener y
es entregada sin ningún tipo de restricción o cumplimiento de requisitos. La semi-privada
tiende a ser personal o impersonal y para acceder a ella existen grados de limitación,
es decir que para obtenerla se necesita de una autoridad administrativa que
esté en ejercicio de sus funciones. La privada hace referencia a datos
que corresponden al ámbito privado de la persona y sólo puede ser obtenida a
través de autoridad judicial en cumplimiento de sus funciones. Finalmente la reservada
se encuentra constituida por información personal que atañe directamente a
los derechos fundamentales del titular, como la intimidad, libertad, dignidad y
habeas data y que no puede ser obtenida ni siquiera por autoridad judicial en
el ejercicio de sus funciones.
18.2 En cuanto a WhatsApp, precisó que se trata de una
aplicación de mensajería instantánea de texto y audio, gratuita, que requiere
de conexión a internet y funciona en teléfonos móviles Smartphone o de última
generación. La identidad de cada usuario es su número de teléfono y basta con
tener este dato y que tanto el emisor como el receptor tengan instalada la
aplicación para poder enviar y recibir mensajes.
18.3 Aseguró que algunos expertos en seguridad informática
desconfían de la legitimidad de la mensajería de esta aplicación, pues a través
de otras aplicaciones el titular del mensaje o terceros pueden manipular el
contenido. Eso es posible debido a que la información no es cifrada y a que se
guarda como texto. Tales expertos han sostenido que para que una conversación
de WhatsApp se admitida como prueba en un proceso (i) debe estar
certificada por un perito informático que asegure que el contenido es
auténtico; (ii) el móvil del cual fue obtenida la información debe ser aportado
y (iii) deberá adjuntarse el material impreso que soporte el contenido de las
conversaciones.
No obstante lo anterior, el a-quo resaltó que el accionante
tanto en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra, como en la
acción de tutela que interpuso, nunca tachó la prueba de falsa o adulterada, sugirió
suplantación de identidad, ni señaló que su celular hubiera sido objeto de uso
fraudulento o clandestino.
18.4 A su vez, no se advierte una vulneración al debido proceso ni
al derecho a la defensa, pues la sanción disciplinaria impuesta al actor se
hizo en cumplimiento del procedimiento establecido en el reglamento interno de
trabajo de Nutresa. Igualmente, es proporcionada y razonable acorde con lo
dispuesto en el artículo 68 de dicho reglamento. Además, observó que el actor
apeló la decisión, lo que demostró que se le permitió expresar sus
inconformidades. No existe evidencia que permita inferir que el empleador haya
accedido al audio -que sirvió de soporte para sancionar al accionante- de
manera fraudulenta o clandestina, sino que al parecer alguien de manera
voluntaria hizo entrega de este.
18.5 En cuanto a la actividad sindical, aseguró que conforme al
artículo 39 de la Constitución Política es un derecho fundamental de los
trabajadores, que tiene como objeto principal alcanzar el bienestar de los miembros
de la organización sindical. Teniendo en cuenta lo anterior y el contenido del
audio enviado por el accionante, se evidencia que este no invitó a sus
compañeros a realizar conductas que estén al margen de la ley, atentatorias contra
los bienes de la empresa o que causen daños a la infraestructura de la empresa.
Es así que la nota de audio enviada por el actor puede considerarse comprendida
por el ejercicio legal de la actividad sindical, lo que implicaría que Nutresa
se equivocó al iniciarle un proceso disciplinario y que pudo afectar la
libertad sindical.
18.6 Finalmente, aseguró que la acción de tutela fue interpuesta mucho
tiempo después de haber sido ejecutada la sanción disciplinaria, lo que implica
que se configura un daño consumado. Ello, en todo caso, no constituye un
obstáculo para acudir a la jurisdicción ordinaria.
Impugnación: presentada por la parte actora el 17 de noviembre de
2016[20]
19.
El accionante solicitó el estudio de la decisión
de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de
tutela.
Segunda instancia: Sentencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con
función de Conocimiento de Cúcuta, el 15 de diciembre
de 2016
20.
El ad quem confirmó la decisión de primera
instancia. Refiriéndose al procedimiento disciplinario que se siguió
contra el actor, observó que (i) se le comunicó formalmente el inicio del
proceso disciplinario; (ii) la conducta y la sanción se encontraban
establecidas previamente en el reglamento interno de trabajo; (iii) se le dio a
conocer la prueba en la que se fundamentó la acusación; (iv) le indicaron los
términos para rendir descargos, controvertir y presentar pruebas; (v) la
decisión definitiva fue motivada y congruente; (vi) la sanción resulta
proporcional a la conducta; y (vii) fue controvertida la decisión.
En cuanto al derecho a la intimidad personal y familiar, aseguró que
la información que circuló en el grupo “Distribuciones Cúcuta” de WhatsApp,
no es personal, familiar y tampoco afecta la intimidad del actor. Respecto al
derecho a la libertad sindical, los artículos 405 y 406 del CST, establecen
garantías para los trabajadores sindicalizados consistentes en que no pueden
ser despedidos, trasladados o desmejorados, circunstancias que no se dan en el
caso concreto. En el evento en el que el tutelante no esté de acuerdo con la
sanción impuesta puede acudir a la jurisdicción ordinaria, pues no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.
E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS
RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
21.
Mediante Auto del 24 de julio de 2017, el
Magistrado Sustanciador ordenó que, por Secretaría General y con el propósito
de contar con elementos de juicio adicionales, se oficiara a Nutresa[21], al administrador del
grupo de WhatsApp denominado “Distribuciones Cúcuta”[22], a la Organización
Sindical Sinaltrainal[23],
a la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de
Industria y Comercio[24],
al Ministerio del Trabajo[25],
a WhatsApp[26]
y al Observatorio Ciro Angarita Barón de la Universidad de los Andes[27].
Respuesta a la solicitud de pruebas
22.
El 27 de agosto de 2017, la
Secretaria General informó que vencido el término probatorio, fueron recibidos
los oficios de Jhon Jairo Toloza Díaz, de Nutresa, de SINALTRAINAL, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y del Ministerios del Trabajo. También
fue recibido el informe del citador en el que manifestó que no fue posible
comunicarle el auto a WhatsApp[28].
22.1. Jhon Jairo Toloza Díaz, coordinador de
operaciones logísticas y administrador del grupo de WhatsApp denominado
“Distribuciones Cúcuta”, informó que el objetivo del grupo es disponer
de un medio ágil y eficaz para informar al equipo de trabajo sobre asuntos
relevantes que puedan suceder durante la semana y relacionados con la labor
desarrollada por las personas de distribución, dar instrucciones, presentar los
indicadores de resultados y de gestión y enviar mensajes motivacionales y de
alineación. Explicó que la principal labor de los ayudantes de ventas se
desarrolla en la calle, por un equipo de 15 personas que se transportan en
vehículos y en parejas. En la actualidad, el grupo está integrado por 9
ayudantes de ventas, el auxiliar de operaciones logísticas y el coordinador de
operaciones logísticas, quien es el jefe inmediato de los ayudantes. Aclaró que
al momento de los hechos la gran mayoría de los ayudantes hacían parte del
grupo[29].
22.2. Nutresa informó que el 15 de septiembre de 2015,
el actor asistió a la capacitación “despliegue RTI” en la que se socializó el
reglamento interno de trabajo de la compañía, no obstante quien llevó el
registro de asistencia dejó constancia acerca de que el señor Jauregui López
asistió, negándose a firmar la lista de ingreso. Pese a lo anterior, el actor
ha podido conocer el reglamento interno de trabajo a través de la cartelera que
se encuentra al ingresar a las instalaciones de la empresa, donde reposa una
copia y de la intranet de la compañía “intra.gruponutresa.com”, en el
link “Nuestra Empresa”, opción “políticas de Compañía”. El
ordenamiento jurídico no obliga al empleador a entregarle copia del reglamento
interno de trabajo a cada trabajador; pues la única norma al respecto es el
artículo 120 del CST, modificado por el artículo 22 de la Ley 1429 de 2010, que
dispone:
“Artículo 120. Publicación. Una vez cumplida la
obligación del artículo 12, el empleador debe publicar el reglamento del
trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en caracteres legibles, en dos
(2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la
fijación debe hacerse en cada uno de ellos”.
Destacó que Nutresa cuenta con el documento “Lineamientos
y políticas de uso y gestión de la informática” el cual establece tres
tipos de políticas que están dirigidas a la población que interactúa con
tecnologías informáticas a saber: (i) usuarios internos o externos que usan un
producto o servicio informático (de este grupo hace parte Marco Antonio), (ii) los
directivos y (iii) áreas de gestión de la información. En dicho documento se
señalan las responsabilidades y atribuciones, así como las prohibiciones de los
usuarios. En cuanto al uso de las redes sociales, señaló que no existe norma
específica pero están comprendidas dentro de las políticas de tratamiento de
tecnologías informáticas, de acuerdo con el perfil que tenga el usuario al
interior de la compañía.
Explicó que el 10 de agosto de 2016 tuvo conocimiento
sobre la existencia del grupo de WhatsApp a través de la queja que dio
inicio al proceso disciplinario. Dicho grupo fue creado por un extrabajador que
ocupaba el cargo de Coordinador de Operaciones Logísticas y la persona que lo reemplazó
también hace parte del grupo y es el administrador. Señaló que dicho cargo es de
dirección, confianza y manejo, pues tiene una posición especial en la compañía
y es representante según lo dispuesto en el artículo 32 del C.S.T.
De otra parte, la accionada se refirió al principio de
buena fe, indicando que el artículo 83 de la Constitución establece que “[l]as
actuaciones de los particulares (…) deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe (…)”. De igual manera el artículo 55 del CST señaló que el
contrato de trabajo debe ejecutarse con sujeción  a ese principio lo que supone
adoptar comportamientos y adquirir obligaciones que no necesariamente están
previstas en un documento. El entonces Jefe de Logística, de buena fe creó un
grupo en WhatsApp para tener un canal de comunicación con los
trabajadores del área de distribución, quienes de manera voluntaria aceptaron
la invitación al permanecer en este. La creación de dicho canal de comunicación
no debía entenderse como un medio para enviar mensajes constitutivos de faltas
y de conductas prohibidas por la ley, pues las intervenciones voluntarias de
los trabajadores e integrantes del grupo, deben estar acordes con las
obligaciones naturales del contrato de trabajo.
En el evento que los trabajadores creen un medio de
comunicación, es decir que no sea creado por Nutresa, esto no los autoriza a “(i)
promover que los demás trabajadores no se comuniquen con los clientes, buscando
atentar directamente con el servicio lo cual conllevaría a la disminución de
ventas, (ii) anular facturas, con lo que podría conllevar eventualmente al
detrimento patrimonial de la empresa, (iii) no cobrar pedidos, lo que
igualmente podría conllevar al detrimento patrimonial de la empresa y (iv) no
entregar pedidos solicitados por los clientes, lo que podría generar
incumplimiento de contratos de índole comercial por parte de la Empresa. Que
fue lo que ocurrió en el presente caso”[30].
Finalmente, aseguró que lo relevante en este asunto es
el contenido del mensaje y no el medio a través del que se difundió, si era
conocido, autorizado o creado por la empresa, ni la forma en que esta se enteró,
pues pudo haber sido transmitido por medios escritos, audiovisuales o a viva
voz y la esencia del mensaje sería la misma, que es la promoción de conductas
contrarias a la buena fe y a las obligaciones contractuales[31].
22.3. Sinaltrainal, a través de Marco Antonio, informó
que el grupo de WhatsApp “Distribuciones Cúcuta” fue creado por
Jaime Gelvez, Coordinador de Logística del distrito de Cúcuta, con autorización
de todos los trabajadores del área de logística y de algunos jefes “de
manejo y confianza de la empresa Nutresa” quien también hacen parte del
mismo.
El objeto de dicho grupo era “tocar temas
pertinentes sobre las rutas de entrega, información que llegase de la empresa,
información de interés nacional, social como se tocó en muchas ocasiones, temas
hasta personales, era para poder interactuar como equipo de trabajo y amigos,
en ese grupo existían trabajadores de la organización sindical y no
sindicalizados, además de jefes de manejo y confianza”[32].
Aseguró que su comportamiento en el grupo de WhatsApp fue a título de
dirigente sindical, lo que manifestó en audios previos al cuestionado y al
rendir descargos. Su intención consistía en orientar a sus compañeros sobre la
situación, dado que –a su juicio- los trabajadores no debían tomar dinero de su
salario para recargas telefónicas, mucho menos cuando la empresa desde hace
varios años venía reconociendo dicho gasto, lo que a su modo de ver era un
derecho adquirido[33].
22.4. La Coordinadora del Grupo de Gestión Judicial de
la Superintendencia de Industria y Comercio informó que WhatsApp es “un
servicio de red social (SRS) que permite enviar y recibir mensajes a través de
un teléfono móvil y que posibilita el intercambio de textos, audios e imágenes”[34].
Manifestó que la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el
artículo 1°, apartado 2°, dijo que las redes sociales comparten características,
como la creación de un perfil por parte del usuario con datos personales, la
posibilidad de publicar contenidos en línea y tener una lista de contactos para
interactuar. A su vez, indicó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1°
y 2° de la Ley 1581 de 2012, cuando una red consolida o crea bases de datos
personales se encuentra cobijada por su régimen de protección.
En cuanto al tratamiento de la información personal, precisa
que debe existir autorización expresa, informada y previa del titular del dato.
Además, de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.25.2.4 del Decreto
1074 de 2015 que establece que “[p]ara efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del
Tratamiento de datos personales establecerán mecanismos para obtener la
autorización de los titulares o de quien se encuentre legitimado de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que
garanticen su consulta (…)”. Igualmente, prevé que  “[e]stos
mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten
al Titular su manifestación automatizada”.
A su vez, indicó que la Ley 1581 de 2012, en el
artículo 3°, literales d y e, define quien es el encargado y responsable del
dato. De lo allí dispuesto se desprende que cuando una persona, -natural,
jurídica, pública o privada- crea un grupo de usuarios a través de la
aplicación WhatsApp con el fin de recolectar datos personales para
generar y consolidar bases de datos, les aplica el régimen de protección de los
mismos. Aseguró que quien utiliza la plataforma de WhatsApp y crea un
grupo, asume la responsabilidad del dato “[c]uando se use el SRS como
plataforma de colaboración para una asociación o una empresa para conseguir
fines comerciales, políticos o beneficios” y “[c]uando los usuarios
tienen un gran número de contactos de terceros y no conoce a alguno de ellos”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
A.   COMPETENCIA
23.
La Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución
Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991
-artículos 31 a 36-, así como en virtud del Auto del 30 de mayo de 2017,
expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Cinco de esta Corte, que
sometió a revisión los fallos adoptados por los jueces de instancia.
B. CUESTIONES PREVIAS –PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
24.
Previo al análisis del objeto de la acción de
tutela interpuesta, es necesario estudiar los requisitos de procedencia de la
demanda relativos a (i) la alegación de la violación de un derecho fundamental,
(ii) la legitimación por activa y por pasiva, (iii) la subsidiariedad y (iv) la
observancia del requisito de inmediatez.
25.
Alegación de la violación de un derecho
fundamental: El actor aduce la presunta trasgresión
de los derechos al debido proceso, libertad de conciencia, intimidad personal,
libertad sindical y libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones.
Se trata, en general, de derechos reconocidos como fundamentales.
26.
Legitimación por activa: Marco Antonio, quien se encuentra vinculado laboralmente con Nutresa, interpuso acción de tutela solicitando la protección de sus
derechos fundamentales. Acorde con el artículo 86 de la Carta Política, toda
persona que considere que tales derechos han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, podrá interponer la solicitud de amparo constitucional en nombre
propio o a través de un representante que actúe en su nombre[35].
27.
Legitimación por pasiva: La acción de tutela fue interpuesta contra Nutresa, quien es el
empleador del actor. Por lo tanto, existe una relación de subordinación, según
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y en el numeral 4° del artículo
42 del Decreto 2591 de 1991[36].
28.
Inmediatez: El
24 de septiembre de 2016, Nutresa respondió el recurso de apelación
confirmando la sanción impuesta y la acción de tutela fue interpuesta el 27 de
octubre de 2016. Dicho lapso de tiempo resulta razonable y, por consiguiente,
la Sala considera que se cumple el requisito de inmediatez. En esa medida no
puede aceptarse el argumento del juez de primera instancia –infra No. 14-
al señalar que no se encontraba satisfecho este requisito y, en esa medida se
habría configurado un daño consumado. Dicho planteamiento además de suponer una
especie de vínculo necesario entre falta de inmediatez y daño consumado -lo que
resulta impreciso en tanto el análisis sobre la afectación definitiva de un
derecho fundamental es diferente del juicio sobre la oportunidad en la
interposición de la acción-  desconoce (i) que entre el momento en que el
proceso disciplinario concluyó y la acción de tutela se presentó, transcurrió
un tiempo poco mayor a un mes y (ii) que en este caso, de estimarse vulnerado
alguno de los derechos invocados, es posible considerar diferentes medidas de
protección.
29.
Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de
la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin
perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
30.
El actor afirmó que Nutresa al iniciar el
proceso disciplinario por las notas de audio que circularon en el grupo de WhatsApp
denominado “Distribuciones Cúcuta”, desconoció que es miembro del
sindicato y que estaba ejerciendo dicha actividad. A su vez, alega la violación
del derecho al debido proceso, al negar acceso a las pruebas solicitadas,
abstenerse de entregarle el reglamento interno de trabajo y no cumplir con el
trámite establecido en la ley laboral, ni en el reglamento interno de trabajo. Finalmente,
destaca que el referido grupo de WhatsApp es privado y que la empresa no
podía tener acceso a dichos contenidos lo que supone una vulneración a su
libertad de expresión e intimidad.
Le corresponde a la Sala determinar, si tenía a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales.
31.
El artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social reconoció a la jurisdicción ordinaria en la especialidad
laboral amplias competencias para resolver las controversias relacionadas con
el ejercicio del fuero sindical y los conflictos jurídicos que se den entre el
trabajador y los empleados. La mencionada disposición establece que los jueces
laborales son competentes para conocer:
“1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o
indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza
de la relación laboral.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y
del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”.
De dicha norma se desprende que el proceso laboral es el mecanismo
idóneo y eficaz para debatir las cuestiones que se desprendan del trámite
disciplinario que adelantó Nutresa contra el actor (art. 2°, num. 1 y 5). Es
decir, que es el juez laboral a quien le corresponde revisar que dicho trámite
se haya desarrollado en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno
de trabajo y en el Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera, se evidencia
que la jurisdicción ordinaria es la competente para dirimir los conflictos
relacionados con el derecho de asociación (art. 2°, num. 2). En cumplimiento de
esa competencia puede además establecer si los procesos disciplinarios se desarrollaron
conforme a las garantías constitucionales relativas al debido proceso o al
derecho de defensa.
32.
En esa dirección y solo para referir un supuesto
que permite fundamentar lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia SL 4860-2015[37]
estudió el caso de un trabajador a quien se le acusó de haber sido encontrado “orinando
en la rejilla de la zona de recolección de etiqueta” y, como consecuencia
de ello, le inició un proceso disciplinario, el cual culminó con la terminación
del vínculo laboral. El empleado demandó laboralmente a la empresa –Bavaria
S.A.- al considerar que su despido fue injusto y no cumplió con el debido
proceso disciplinario. Al ocuparse del recurso de casación determinó que la
inconformidad se refería (i) a las reales circunstancias que llevaron a la
demandada a optar por el despido del demandante; (ii) al hecho de que la
conducta no era grave; y (iii) a que la terminación del contrato de trabajo fue
ilegal al no seguirse el procedimiento señalado.
La Corte Suprema analizó la sentencia cuestionada y examinó el
trámite disciplinario que se siguió en contra del trabajador y, para ello, estudió
las diligencias de descargos, la justa causa para dar por terminado el vínculo
laboral, el contenido de la carta de terminación del contrato, las pruebas del
proceso (informes, declaraciones, interrogatorio de parte y testimonio) y la
gravedad de la conducta. Para el efecto, valoró las normas establecidas en el
Código Sustantivo del Trabajo, la Convención Colectiva y el Reglamento Interno[38].
33.
Conforme a lo anterior y atendiendo el texto que
define el alcance de las competencias de la jurisdicción laboral, la Sala concluyó
que los asuntos relativos a la validez del proceso disciplinario así como la
tipificación del comportamiento del accionante en los tipos disciplinarios o si
el comportamiento juzgado por Nutresa está comprendido por la libertad sindical,
son materias que pueden discutirse al amparo de las reglas del Código Procesal
del Trabajo. En adición a ello, los problemas relativos a la regularidad del
proceso disciplinario propuestos por el accionante, plantean la necesidad de
abordar disputas que envuelven valoraciones fácticas complejas que requieren,
en principio, el desarrollo de una actividad probatoria especial, propia de la
jurisdicción ordinaria[39].
34.
No obstante lo anterior, la Corte estima que el
problema relativo a la obtención o divulgación de mensajes relacionados con el
desarrollo de actividades  laborales en una plataforma de mensajería
instantánea, como lo es WhatsApp, justifica su pronunciamiento en esta
oportunidad. En efecto, de una parte, (i) tal cuestión remite a una disputa
constitucional novedosa que plantea difíciles asuntos de interpretación de la
Carta y que apoyan la procedencia de la acción de tutela, en particular para precisar
la relevancia y el alcance del derecho a la intimidad en esa materia.
Igualmente, de otra, (ii) no resulta claro que el proceso laboral constituya un
medio judicial idóneo para debatir este particular problema, de manera que
pueda desplazar a la jurisdicción constitucional en orden a pronunciarse sobre
un asunto que, se insiste, tiene una relevancia significativa desde la
perspectiva del derecho a la intimidad.
35.
De conformidad con lo expuesto, la Sala se
ocupará únicamente del problema identificado en el fundamento anterior, de
manera que no se afecten las competencias de la jurisdicción laboral. En ese
sentido, las consideraciones de esta providencia no afectan ni tampoco determinan
la posición que pueda asumir el juez laboral respecto de los asuntos que, según
el fundamento jurídico 33, habrán de ser objeto de su pronunciamiento en caso
de que se inicien las acciones pertinentes.  En suma, para el análisis de la
eventual vulneración a los derechos relacionados con el ejercicio de la
actividad sindical, el cumplimiento de las garantías procesales en el proceso
disciplinario y el debido proceso, el accionante debe acudir a la jurisdicción
ordinaria. En consecuencia, el pronunciamiento de la Corte se circunscribe a establecer
la posible infracción del derecho a la intimidad.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
36.
Le corresponde a la Sala Tercera de Revisión
determinar si Nutresa vulneró el derecho a la intimidad del accionante al obtener
los mensajes de voz enviados por el actor al grupo de WhatsApp denominado
“Distribuciones Cúcuta” y, con fundamento en ellos, iniciar una
indagación de naturaleza disciplinaria por el posible incumplimiento de las
obligaciones derivadas del reglamento interno de trabajo.
37.
Para responder el problema planteado, esta
Corporación (i) analizará el alcance general del derecho fundamental a la
intimidad. A continuación, (ii) se ocupará de precisar la relevancia de dicho
derecho en el uso y administración de la plataforma de mensajería instantánea
denominada WhatsApp. Finalmente, (iii) determinará si el comportamiento
de Nutresa vulneró el derecho a la intimidad.
D.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD: Alcance general, criterios de
interpretación y su relevancia en el “lugar de trabajo”
Fundamento
y alcance general del derecho
38.
El derecho a la intimidad encuentra fundamento en
el artículo 15 de la Carta Política que establece:
“ARTICULO  15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. // En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución. // La correspondencia y demás formas de comunicación privada
son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. // Para
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.
39.
La Corte ha señalado que otras disposiciones de la Carta amparan la intimidad en ámbitos
específicos. En ese sentido ha indicado que “(…) el artículo 18 prescribe
que nadie estará obligado a revelar sus convicciones, el artículo 33 reconoce
el derecho a no autoincriminarse y a no declarar en contra de sus parientes, el
artículo 42 prevé que la intimidad de la familia es inviolable y el artículo 74
dispone que el secreto profesional es también inviolable” así como “el
artículo 250 de la Carta, al regular la competencia de la Fiscalía para llevar
a cabo registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones prevé, en plena concordancia con el tercer inciso del artículo
15, el control judicial posterior a efectos de determinar la validez de las
actuaciones”[40].
40.
A su vez, este derecho se encuentra consagrado
en distintos instrumentos internacionales que se integran al bloque de
constitucionalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
artículo 12 señala que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación” prescribiendo, a su vez, que “[t]oda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”;
el artículo 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica establece que “[n]adie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques”[41]; y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe en el artículo 17.1 que
“[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques”[42].
41.
Este tribunal ha señalado que el derecho a la
intimidad comprende la protección de la esfera personal y supone la facultad de
oponerse a injerencias de terceros y del Estado en ese ámbito de privacidad. A
su vez, implica “la protección frente a la
divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito (…).”[43].
Con fundamento en ello, la jurisprudencia constitucional reconoce que este
derecho garantiza la libertad de las personas para desarrollar su plan de vida
de manera autónoma sin la intromisión arbitraria de otros. En otras palabras,
la intimidad comprende “el espacio exclusivo de cada
uno, (…) aquella órbita reservada para cada
persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad
del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la
sociabilidad natural del ser humano”[44].
Se trata del “área restringida inherente a toda persona o familia, que
solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular
o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus
funciones y de conformidad con la Constitución y la ley”[45].
42.
Precisando el alcance del derecho, la Corte ha
identificado el tipo de posiciones y relaciones vinculadas al derecho a la
intimidad. En la sentencia C-602 de 2016 sostuvo, primero, que confiere a su titular la facultad (permisión) de oponerse -cuando no existe
justificación suficiente- (i) a la
intromisión en la órbita que se ha reservado para sí o su familia; (ii) a la
divulgación de los hechos privados; o (iii) a las restricciones a su libertad
de tomar las decisiones acerca de asuntos que solo le conciernen a la persona.
Señaló, segundo, que el referido derecho le impone a las autoridades y particulares el deber de abstenerse (prohibición)
de ejecutar actos que impliquen (iv)
la intromisión injustificada en dicha órbita, (v) la divulgación de los hechos
privados o (vi) la restricción injustificada de la libertad de elegir en
asuntos que solo le conciernen a la persona o a su familia. Finalmente,
advirtió este Tribunal, impone a las autoridades el deber (mandato) (vii) de adoptar las medidas normativas,
judiciales y administrativas a efectos de asegurar el respeto de las
dimensiones del derecho.
El derecho a la intimidad y sus límites
43.
Su reconocimiento como derecho implica que puede
ser objeto de limitaciones cuando ellas se encuentren debidamente justificadas.
En esa dirección, otros sujetos -cuando exista autorización del titular o medie
una orden dictada por autoridad competente y en ejercicio de sus funciones- puedan
conocer asuntos que, prima facie, se encuentran comprendidos por su
ámbito de protección[46].
En otras palabras, el derecho a la intimidad puede
ser “susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente
justificadas constitucionalmente”[47].
En ese sentido, este Tribunal ha señalado “que uno de
los aspectos centrales en la definición del alcance del derecho a la intimidad,
consiste en determinar cuándo (i) una intromisión en la órbita que la persona o
la familia se ha reservado para sí, (ii) una divulgación de hechos o datos
privados o (iii) una restricción a la libertad de decidir, se encuentra
justificada constitucionalmente”[48].
44.
La jurisprudencia ha señalado que la validez constitucional
de las restricciones al derecho a la intimidad exige tener en cuenta, entre
otras cosas, la naturaleza de la información que se encuentre en juego. Sobre el particular
la sentencia C-602 de 2016 señaló:
“15.1.
La primera ha consistido en establecer una clasificación de la información con
el propósito de “determinar la intensidad con que dicha información se encuentra
ligada la esfera íntima del individuo y a los casos en que la misma puede o
debe ceder a favor del interés público” (…). En esa
dirección, la Corte estableció que la información puede ser pública,
semiprivada, privada o reservada. Dicha tipología se apoya en tres ideas
generales que muestran su utilidad: (i) es posible clasificar la información a
partir del tipo de contenidos a los que se refiere; (ii) en función de esos
contenidos, es posible definir los sujeto habilitados para permitir su
divulgación cuando el titular de la información no lo ha autorizado; y (iii) el
tipo de razones que pueden justificar su conocimiento por parte de terceros
varía en función de su cercanía con la esfera más íntima de la persona.
La información
pública, ha dicho este Tribunal, “en
tanto no está relacionada con el ámbito de protección del derecho a la
intimidad, recae dentro del ejercicio amplio del derecho a recibir información
(Art. 20 C.P.)” (…) y en consecuencia, es
de libre acceso. Comprende la relativa a “los actos normativos
de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de
la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas”
(…) así como a “los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la
conformación de la familia” (…) y el dato
sobre la pertenencia a un partido o movimiento político de quienes
ejercen cargos de elección popular (integrantes) (…). Ella “puede ser
obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea
información general, privada o personal.” (…) Cuando se trata de esta
información no se requiere la intervención de ninguna autoridad a efectos de autorizarla,
ni se exige presentar una justificación particular para su conocimiento. En
estos casos lo que ocurre, en realidad, es que el derecho a la intimidad se
torna irrelevante.
La
información semi-privada corresponde a aquella información que no es
pública, pero que se encuentra sometida a “algún grado de limitación para su acceso” (…) de manera que “se trata de información que sólo puede accederse por
orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus
funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de
datos personales” (…). En esa dirección esos datos son “aquellos que no tienen naturaleza íntima,
reservada, ni pública y que, por ende, su conocimiento puede interesar no solo
a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en
general” (…). Entre la información
que encuadra en esta clasificación se encuentra, por ejemplo, la relativa al
sistema de seguridad social –con exclusión de la historia clínica-, la
administrada por las bases de datos de información financiera (…), la recaudada y almacenada por los Centros de
Reconocimiento en el RUNT de conformidad con las normas de tránsito
(…), los datos contenidos en el Registro Único de Seguros (…), los datos
incluidos en el Registro de la propiedad de
perros altamente peligrosos (…), la
información sobre aportes, contribuciones y créditos, que reciben las campañas
políticas (…) y la información sobre la pertenencia a un partido o
movimiento político de los miembros (…).
Respecto de esta
información, la resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a
materias que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara
y significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras
personas. En estos eventos, las razones constitucionalmente admisibles para
acceder a la información, están vinculadas al cumplimiento de las tareas o
funciones ejercidas por quien tiene interés en conocerla. Se trata entonces de
información que tiene una vocación de circulación restringida. El
desconocimiento de los fines previstos para su circulación así como de las
condiciones para su divulgación, constituye una infracción no solo del derecho
a la intimidad, sino también de otras garantías como el habeas data.
A su vez, (iii)
la información privada es aquella “que por versar sobre información
personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser
obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones” (…). Comprende la relativa a “los libros de los comerciantes, (…) los
documentos privados, (…) las historias clínicas o (…) la
información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales
sujetas a reserva” (…). Igualmente
reviste la naturaleza de información privada la información
genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios
médicos u odontológicos o similares (…). En estos casos, el tipo de
información revela dimensiones particularmente importantes de la vida personal,
social y económica de las personas y que, debido a expresa disposición
constitucional (arts. 15 y 250) o a su naturaleza, solo puede ser divulgada por
autorización de la persona a la que se refiere o por la existencia de una
decisión judicial. En estos casos, la justificación que explica la posibilidad
de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se
refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre,
por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal.
Finalmente (iv) si
se trata de información reservada, tal y como ocurre por ejemplo con la
relativa a datos sensibles, a la inclinación sexual, a los hábitos personales o
los datos relativos a la pertenencia a un
partido o movimiento político de los ciudadanos votantes (…), ella
“no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones” (…).  En este último caso, la relación
entre el derecho a la información y la protección de la intimidad cambia de
manera significativa. En efecto, el tipo de información de la que se trata hace
que su conocimiento, en cuanto alude a datos de especial impacto, significado y
trascendencia para las personas, se encuentra sometido a especiales cautelas,
exigiendo la voluntad del sujeto concernido. En estos supuestos nadie puede
pretender auscultarla.
(…)[49].
45.
En síntesis, el derecho a la intimidad admite
diferentes grados de realización y, precisamente por ello, puede ser objeto de
restricciones de  naturaleza diversa. A efectos de caracterizar y juzgar las
restricciones del derecho a la intimidad, es necesario considerar la naturaleza
de la información de cuya divulgación se trata, los límites que a la
administración de datos personales se desprenden del derecho al habeas data y,
adicionalmente, la prohibición de injerencias desproporcionadas en el ejercicio
del derecho a la intimidad. Estos criterios se articulan con la clasificación
que este Tribunal ha hecho de los diferentes espacios y contextos en los que se
desenvuelve la vida de las personas. A continuación la Corte se refiere a
ello.
El grado de protección del derecho a la intimidad según el espacio y
el contexto
46.
La jurisprudencia de esta Corte ha determinado
que “dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad
hacia el conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad”[50] que
incluyen la intimidad personal, familiar y social (C.P. art. 15). Respecto de
esta última sostuvo que “involucra las relaciones del individuo en un
entorno social determinado, tales como, las sujeciones atinentes a los vínculos
laborales o públicos derivados de la interrelación de las personas con sus
congéneres en ese preciso núcleo social”[51].
Así mismo, puntualizó que a pesar de que el alcance de este derecho se
restringe en estos casos, “su esfera de protección se mantiene vigente en
aras de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el
derecho a la dignidad humana”[52].
47.
Con el propósito de definir la protección que el derecho
a la intimidad ofrece frente a las intervenciones externas, la jurisprudencia
ha indicado que resulta relevante, de una manera similar a como lo ha hecho con
la clasificación de la información, establecer una tipología de los espacios
con ese propósito. Fue en la sentencia T-407 de 2012 en
la que esta Corporación avanzó con mayor claridad en la precisión entre espacios
privados, públicos, semiprivados y semipúblicos.
48.
El espacio privado se caracteriza por ser el
lugar en el que las personas desarrollan su personalidad y ejercen su intimidad
de manera libre en un ámbito inalienable, inviolable y reservado. Por
excelencia, la residencia es el lugar de mayor privacidad.
49.
El espacio público,
según la sentencia T-407 de 2012, es el “lugar de
uso común en el que los ciudadanos ejercen numerosos derechos y libertades”. Indicó, seguidamente que “´la más evidente es sin duda
la libertad de movimiento, pero en los espacios públicos, las personas también
pueden ejercer otros derechos como el de expresión, el derecho al trabajo, el
derecho de reunirse y manifestarse públicamente, o también el derecho a la
recreación, el acceso a la cultura y el derecho a realizar expresiones
artísticas, entre otros”. Según la Corte  “este tipo de
espacios se caracterizan por ser lugares de socialización, interacción,
intercambio, integración y de encuentro para los ciudadanos (…)”.
50.
Como lo ha señalado la Corte, entre el espacio
privado por excelencia, la residencia, y el público, la calle, existen lugares
“intermedios” que tienen características tanto públicas como privadas, tal y como
ocurre con  centros educativos, colegios, universidades e institutos, parques,
cines, teatros, estadios, restaurantes, bibliotecas, entidades públicas y
privadas con acceso al público, bancos, almacenes, centros comerciales,
empresas, oficinas, entre otros. En función del lugar en el que se encuentre el
individuo podrá ejercer diferentes derechos y deberá tolerarse una mayor o
menor intromisión de terceros. Sobre el particular la sentencia T-407 de 2012 señaló:
“El nivel de protección de la intimidad y de otras libertades
individuales en estos espacios, varía en cada caso. Por ejemplo, en un
establecimiento educativo o en una oficina, la posibilidad de restringir la
intimidad, será menor que en un centro comercial. Evidentemente, en dichos
lugares, hay una comunidad con códigos de convivencia y reglas preestablecidas,
que también comparte cierta intimidad circunscrita a la vida común en el
contexto cerrado del trabajo y del establecimiento educativo al cual solo
acceden los trabajadores, o los estudiantes y profesores. Estos
espacios cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y
en los que el acceso al público es restringido, son espacios semi-privados y,
por ende, las injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen en
tales contextos, son limitados. Sin embargo, no son espacios privados, porque
las acciones de cada uno de los individuos en una oficina, o en un establecimiento
educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del individuo en su propio
ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad
De otro lado, los espacios
semi-públicos, son lugares de acceso relativamente abierto en los que
diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta
actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro
comercial, un estadio. A diferencia de los espacios públicos, en estos
lugares puede exigirse determinada conducta a las personas y eventualmente
requerirse condiciones para la entrada: por ejemplo la compra de una boleta
para ingresar a un teatro, la necesidad de apagar los celulares en un cine y de
guardar silencio, etc. Sin embargo, algunos requisitos no son tan estrictos
como en los lugares semi-privados: para entrar a un centro comercial no es
necesario que las personas tengan uniforme, como sí puede suceder en un colegio
o en una oficina, ni tampoco se exige que las personas permanezcan en dicho
espacio, a diferencia de los colegios u oficinas donde se debe cumplir con una
jornada laboral. Aunque son sitios cerrados, hay gran flujo de personas y mayor
libertad de acceso y movimiento, por lo cual las restricciones a la intimidad
son tolerables por cuestiones de seguridad y por la mayor repercusión social de
las conductas de las personas en dichos espacios”[53]
(Subrayas y negrillas no hacen parte del texto).
35.4. En suma, la clasificación del tipo de
espacio es un factor relevante para definir el alcance del derecho a la intimidad
así como el grado de protección que del mismo se desprende frente a las
intervenciones de terceros. Su importancia radica, al menos prima facie,
en la aptitud para identificar las diversas dimensiones físicas o virtuales en
las que las personas se expresan o manifiestan y, a partir de allí, para
precisar el grado de confidencialidad que pueden esperar respecto de su
comportamiento.
El
derecho a la intimidad y el lugar de trabajo: las sentencias T-405 de 2007 y
768 de 2008
51.
El lugar de trabajo, de acuerdo con la
jurisprudencia de este Tribunal, puede calificarse como un espacio semiprivado.
Si bien para algunos efectos, en particular el relativo a la intervención de
las autoridades públicas, puede calificarse como domicilio[54], los comportamientos y
las relaciones que allí tienen lugar son de naturaleza muy diferente a las que
se desarrollan en la residencia. Como se ha dejado dicho se trata de ámbitos en
las que la interacción de quienes actúan o participan tiene repercusiones
sociales y, en esa medida, el grado de protección del derecho a la intimidad es
diferente.
52.
La sentencia T-405 de 2007 estudió un caso en el
que el representante legal de una compañía tomó un grupo de fotografías íntimas
del computador asignado a una trabajadora para el desempeño de sus labores.
Algunas de las imágenes en las que aparecía desnuda o semidesnuda fueron
impresas y exhibidas ante los padres de la trabajadora y los miembros de la
junta directiva de la empresa. Al respecto, la Corte manifestó:
“La
sustracción y divulgación de la información personal hallada en el computador,
se produjo sin autorización de su titular, y en consecuencia se erige en un
proceder trasgresor del derecho fundamental a la intimidad
personal. No puede considerarse que el hecho de que hubiese
sido transitoriamente depositada, como refiere la actora, en el computador
institucional comporte un consentimiento implícito para el acceso y divulgación
de la misma. La información se encontraba guardada en una carpeta personal, no
expuesta a la vista pública por voluntad de la actora, quienes ingresaron a
ella debieron superar los controles técnicos usuales para el acceso a un
archivo de computador. De tal manera que sí hubo una indebida intromisión en
una información que sólo concernía a su titular, y que estaba amparada por la
reserva que impone el derecho a la  intimidad personal. La relación laboral
existente entre actora y demandada no autorizaba esta invasión a aspectos de la
vida privada de la primera, por antiestético, desagradable o “escabroso” como
lo define la demandada, que le pareciera el contenido de las imágenes que halló
en el archivo auscultado. Se trataba de una información que revelaba escenas de
la vida personal de la actora, sin incidencia alguna en su desempeño laboral”.
Concluyó la Corte en dicha sentencia, que se había violado el
derecho fundamental a la intimidad debido a que el acceso a la información
personal se produjo sin autorización de su titular. Además, la divulgación de
las fotografías vulneró su derecho a la honra y al buen nombre. También
consideró que se había producido una violación del derecho a la
autodeterminación sobre la propia imagen con la manipulación y exposición no
autorizada de las fotografías personales.
53.
Esta Corporación, en la sentencia T-768 de 2008,
se ocupó de establecer si una entidad bancaria había vulnerado el derecho a la
intimidad de un trabajador que fue objeto de un registro fílmico obtenido
sin su autorización, a través de una cámara que el empleador había ubicado en
el sitio de trabajo -por fuera del sistema de monitoreo de la entidad- y en la
que quedó un registro de que se había besado con una trabajadora durante el
tiempo de descanso.
Al referirse al alcance del derecho a la
intimidad en el ámbito de las relaciones laborales, aseguró que si bien en
alguna medida tales relaciones pueden encontrarse comprendidas por el objeto de
protección de dicho derecho, ello no implica que dicha protección sea
equivalente a la que se ofrece en la residencia dado que en la esfera laboral
las relaciones se proyectan más allá del individuo. En adición a ello, indicó
que en los vínculos “entre empleador y
empleado, o entre compañeros de trabajo, debe distinguirse entre las
intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad por ocurrir en espacios
que interesan exclusivamente al titular del derecho, con aquellas donde las
actividades interesan a la relación laboral o empresarial”[55].
Con apoyo en esta consideración, estableció
que no se había vulnerado el derecho a la intimidad puesto que la instalación de
las cámaras así como la captación de las imágenes que a través de ellas se hizo
(i) obedecía al tipo de actividad desarrollada; (ii) tenía como propósito
proteger los intereses de la entidad así como valorar el desempeño de sus
trabajadores; y (iii) “era de pleno
conocimiento por cada uno de sus empleados”. Adicionalmente, la
Corte señaló, refiriéndose a una de las cámaras que había sido instalada de
manera subrepticia -debido a que el demandante obstruía una de las integradas
al sistema de monitoreo-, que no se había violado el derecho a la intimidad “teniendo en
cuenta los argumentos presentados por el banco acerca de la obstrucción del
actor de las medidas que si eran conocidas, toda vez que se trataba de
verificar su conducta y, por tanto, la Sala estima que, en este sentido,
no resultaba desproporcionado que el banco instalara otras medidas para
verificar y tener como prueba el cumplimiento de las obligaciones laborales del
actor, aunado a que la utilización y uso de las imágenes recaudadas fueron adecuadas,
puesto que no excedieron su finalidad, ya que giraron en torno al cumplimiento
de medidas de seguridad o la verificación del cumplimiento de las obligaciones
laborales”.
54.
En resumen, el derecho a la intimidad es una
garantía constitucional que busca evitar la intervención de terceros en
espacios que el individuo pretende resguardar de cualquier injerencia. No
obstante, este derecho no es absoluto dado que, como lo ha indicado la jurisprudencia
“dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad
hacia el conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad”[56].
El
lugar de trabajo, en principio espacio semiprivado, no goza del mismo nivel de
protección que el domicilio, debido a que el grado de privacidad es menor en atención
a que allí tienen lugar actuaciones con repercusiones sociales significativas. Según
las decisiones citadas, para establecer la violación del derecho a la intimidad
es necesario considerar la expectativa que tiene el trabajador acerca de la
confidencialidad de sus manifestaciones y, en ese sentido es necesario valorar,
entre otras cosas, (i) si se trata de información íntima, sensible o que sólo
le interesa a una persona en particular en atención al tipo de actividad que se
desarrolle y (ii) si los empleados tienen o no conocimiento acerca del
seguimiento de sus actividades.
E. WHATSAPP Y LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD
55.
El avance tecnológico, la circulación de la
información y el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación, exigen del juez
constitucional una particular prudencia a efectos de considerar todos los
intereses que se encuentren en juego, de manera tal que al mismo tiempo que se
protege el derecho a la intimidad, se tomen en consideración los propósitos,
dinámicas y la importancia de los nuevos espacios virtuales y de los diferentes
tipos de información que allí circulan. En particular, el presente caso le
plantea a la Corte la necesidad de establecer el alcance del derecho a la intimidad
frente a la circulación o divulgación de la información o las expresiones
contenidas en mecanismos de mensajería instantánea como WhatsApp.
WhatsApp[57]
56.
WhatsApp es una
aplicación para teléfonos inteligentes, a través de la cual se pueden enviar
mensajes escritos, notas de voz, imágenes, videos, links de sitios web y
realizar llamadas a quienes cuenten con la misma aplicación. Cuando una persona
accede a la aplicación, esta recopila información específica sobre el
dispositivo, el sistema operativo, la dirección IP, el hardware, el navegador, y
la información de la red móvil.
57.
Se trata entonces de una plataforma de
mensajería instantánea que permite crear grupos en los que participan las
personas que el usuario elija -familia, compañeros de trabajo, universidades,
entre muchos otros-. A tales grupos, cuya administración se encuentra a cargo
de uno o varios de sus integrantes, les puede ser asignado un nombre y
comprender hasta 256 integrantes. Cada miembro o participante del grupo tiene
la posibilidad -luego de que ingresa al grupo por decisión del administrador-
de retirarse del grupo, de silenciarlo, de personalizar las notificaciones o de
decidir qué contenidos baja a su teléfono móvil.
58.
Con el objeto de impedir injerencias en las
conversaciones que desarrollan los usuarios, la aplicación ha previsto, en sus
últimas versiones, el cifrado de extremo a extremo, consistente en que las
llamadas, mensajes y demás información enviada a través de esta aplicación sólo
puede ser vista, leída y escuchada por las personas participantes en ellas.
Todos los mensajes cuentan con una especie de “candado” que habilita únicamente
a los involucrados en la conversación para ver el contenido de los mensajes o
la información remitida. En la prestación normal del servicio, no guarda en sus
servidores un registro de los mensajes, pues una vez son entregados al
destinatario se eliminan de los mismos. A su vez, si un mensaje no consigue ser
entregado de manera inmediata, puede guardarse en los referidos servidores
hasta por 30 días.
59.
En suma, WhatsApp es una aplicación de
mensajería instantánea que funciona a través de teléfonos inteligentes, que
permite enviar y recibir mensajes a través de internet. Los usuarios pueden
crear listas de distribución y grupos, lo que facilita el intercambio de
videos, imágenes, grabaciones, mensajes escritos, notas de voz y contactos. Dichas
conversaciones cuentan con un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que
garantiza que solo las personas participantes pueden tener acceso a dicha
información.
La expectativa de privacidad
El alcance y protección del derecho a la intimidad respecto de la
información y las expresiones que circulan en sistemas de mensajería
instantánea como WhatsApp no puede definirse ex ante con absoluta
exactitud. Tal circunstancia, a juicio de la Corte, exige tomar en consideración
la expectativa de privacidad que, atendiendo las circunstancias de cada
caso pueda ser identificada y la cual puede variar según los diferentes
contextos fácticos. Esta categoría, cuyo origen parece encontrarse en el
derecho norteamericano según lo ha referido la propia Corte[58], ha tenido
un desarrollo particular en relación con el proceso penal. Sin embargo, su
pertinencia no se agota en ese contexto. De hecho, ha sido empleada por la
jurisprudencia extranjera[59]
y la jurisprudencia internacional[60]
para juzgar la validez de la violación del derecho a la intimidad en el contexto
de relaciones laborales.
60.
La expectativa de privacidad es, entre otros,
un criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o
manifestaciones de la vida de las personas se encuentran comprendidas por el
ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden ser
conocidas o interferidas por otros. Tal categoría impone definir, atendiendo
diferentes factores contextuales, si quien alega la violación puede considerar
válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de
otros, por un lado, y si es o no posible concluir que dicha valoración es
oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla,
por otro. Este doble análisis exige considerar criterios subjetivos y objetivos
a efectos de valorar, en cada caso, si quien solicita la protección en realidad
podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos no podrían circular[61].
61.
Para la Sala, la categoría referida puede
emplearse para juzgar si la divulgación o revelación de mensajes contenidos en una
conversación virtual, vulnera o no el derecho a la intimidad. En particular, la
existencia de una expectativa de privacidad así como su alcance, debe definirse
tomando en consideración, entre otros factores, (i) el carácter más o menos
abierto del sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación; (ii)
los integrantes y fines del grupo virtual; (iii) la clase de información de la
que se trate[62]
y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales como aquel previsto,
por ejemplo, en la Ley 1581 de 2012; (iv) la existencia de reglas o pautas que
hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o informaciones contenidas
en el espacio virtual; y (v) la vigencia de obligaciones legales o
contractuales de confidencialidad como las que pueden establecerse en contratos
de trabajo o en los reglamentos internos de trabajo. De acuerdo con ello, para
determinar si es posible amparar el derecho a la intimidad frente a la
divulgación de mensajes contenidos en una conversación virtual desarrollada en un
grupo conformado en WhatsApp, deberán valorarse y ponderarse, en cada
caso, los factores que han quedado referidos.
Así por ejemplo, la posibilidad de oponerse a la circulación de
las informaciones o mensajes será mayor cuando (i) se produce en un espacio
virtual con medidas especiales de protección frente a la injerencia o
conocimiento de terceros; (ii) se remiten a un grupo conformado por un número
reducido de personas vinculadas por un propósito relevante solo para ellas; y
(iii) pueden calificarse como privadas o reservadas. La expectativa de
privacidad se incrementaría además, si (iv) los participantes han previsto una
advertencia específica para impedir la divulgación de los contenidos de la
conversación virtual.
A su vez la facultad de controlar la divulgación de la información
podría debilitarse cuando (i) el espacio virtual en el que circula la
información no tiene especiales medidas para evitar que la información sea
conocida por parte de terceros; (ii) se trata de un grupo conformado por un número
significativo de personas; (iii) la información tiene carácter semiprivado o
tiene relevancia pública; y (iv) los participantes han autorizado expresa o
tácitamente -a través, por ejemplo, de un contrato laboral o del reglamento
interno de trabajo- la posibilidad de que la información circule.
Con apoyo en las consideraciones presentadas, procede la Corte a
analizar el presente caso.
F. CASO
CONCRETO
62.
De acuerdo con lo
expuesto en los antecedentes de esta providencia y con la evidencia probatoria
que obra en el expediente, es posible resumir los hechos relevantes así: (i)
Marco Antonio está vinculado laboralmente con la empresa Nutresa a través de un
contrato a término fijo; (iii) el 20 de agosto de 2016, le fue iniciado un
proceso disciplinario por el envío de unas notas de voz a un grupo de WhatsApp
denominado “Distribuciones Cúcuta” en las cuales, presuntamente incitaba
a los ayudantes de distribuciones a incumplir con las obligaciones propias del
cargo; (iv) culminado el proceso disciplinario, el 15 de septiembre de 2016,
Nutresa le entregó una comunicación mediante la cual le imponía una sanción
consistente en la suspensión de actividades laborales durante 5 días; (v) Marco
Antonio interpuso recurso contra dicha decisión, quedando en firme el 24 de
septiembre de 2016; (vi) el grupo “Distribuciones Cúcuta” fue creado por
el Coordinador de Logística, reemplazado luego por otro trabajador que ocupa el
mismo cargo y quien es el actual administrador del grupo[63]; (vii) dicho grupo ha
tenido por objeto principal ser un canal de comunicación ágil y eficaz para
informar al equipo de trabajo sobre asuntos relevantes que puedan suceder
durante la semana y que se relacionen con la labor desarrollada por las
personas de distribución[64];
y (viii) el grupo “Distribuciones Cúcuta” está conformado actualmente
por un número plural de personas -quince (15)- entre los que se encuentran el auxiliar
de operaciones logísticas y el coordinador de operaciones logísticas[65], como representantes
de los empleados.
63.
El asunto del que se ocupa la Corte según la
delimitación que del problema jurídico se hizo anteriormente, impone establecer
si Nutresa violó el derecho a la intimidad de Marco Antonio por haber accedido
a la circulación de las notas de audio que circularon en el grupo de WhatsApp
denominado “Distribuciones Cúcuta”.
64.
Como se ha dejado dicho, el derecho a la
intimidad ampara el derecho a evitar la intromisión de terceros en diferentes
ámbitos de actuación del individuo. Este derecho no es absoluto y, en esa
medida, no impide que el propio sujeto en desarrollo del principio de libertad
permita el acceso a información o esferas que en principio solo a él
conciernen, ni neutraliza la posibilidad de restricciones fijadas por orden de
autoridad competente. Es en ese sentido que la
jurisprudencia ha precisado que “dependiendo del
nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el conocimiento
público, se presentan distintos grados de intimidad”[66].
Para determinar el grado de protección la jurisprudencia ha considerado
pertinente considerar la naturaleza de la información así como el tipo de
espacios en los que actúan las personas (ver supra, numeral 44).
65.
En los grupos creados en WhatsApp, no
obstante que desde el principio y debido a la encriptación de los mensajes se
activa en una medida significativa cierta expectativa de privacidad, ella puede
reducir o aumentar dependiendo del tipo de vínculo que exista entre sus
integrantes así como los fines del grupo. En esa dirección, si por ejemplo los
miembros del chat son familiares cercanos, el grado de protección de la
intimidad tiende a incrementarse (por ejemplo, un chat compuesto exclusivamente
por  padres e hijos o por la pareja) al paso que si los vínculos no son tan
estrechos, la intensidad de la expectativa de privacidad podría atenuarse. A su
vez, cuando se trata de chats con numerosos participantes sin vínculos de
amistad, el control a la divulgación se limita.
66.
En el caso particular, la Sala encuentra que las
notas de voz fueron enviadas por el actor (i) a un grupo de WhatsApp;
(ii) conformado por un número plural de personas, todos compañeros de trabajo;
y (iii) creado por un representante del empleador para tratar asuntos
laborales. Estos hechos cuya ocurrencia no fue puesta en duda por ninguna de
las partes, permiten a la Corte concluir que en el caso bajo examen no se vulneró
el derecho a la intimidad, por las razones que se expresan a continuación.
67.
El espacio virtual denominado “Distribuciones Cúcuta”
fue creado a través del sistema de mensajería instantáneo de WhatsApp.
El diseño de esta plataforma tecnológica restringe significativamente el
conocimiento de las informaciones y expresiones que en él circulan por parte de
personas no integradas al grupo virtual, tal y como ello quedó explicado
anteriormente. Puede decirse que, comparativamente, este mecanismo resulta
mucho más resistente a la intervención de terceros que otras formas virtuales
de comunicación. Esto sugeriría, en principio, que los participantes del grupo
“Distribuciones Cúcuta”, tenían una expectativa de privacidad, que exige juzgar
la divulgación de la información con particular cautela.
68.
No obstante lo anterior, la conformación del
grupo así como el creador y administrador del mismo, indican que el espacio
virtual creado en uso de la tecnología era un chat relativamente cerrado
y puede considerarse –sin desconocer las diferencias– análogo a lo que la
jurisprudencia constitucional ha considerado un espacio semiprivado. En efecto,
se trataba de un grupo conformado por un número plural de compañeros de
trabajo, entre los que se encuentran representantes del empleador en los
términos del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo[67]. En adición a ello, su
propósito, conforme se desprende de su nombre –Distribuciones Cúcuta- y
de los elementos aportados al proceso, consistía en enviar y recibir mensajes
relacionados con el desarrollo de las diferentes actividades laborales y
empresariales.
69.
La naturaleza de este espacio permite afirmar,
al menos prima facie, que la información que allí circulaba era
semiprivada, de manera que de ella no se predican los límites que se adscriben
a la privada o reservada. Ello no quiere decir, sin embargo, que pueda tratarse
como información pública. Siendo ello así, la Corte encuentra que en este caso
resulta posible aplicar una exigencia de circulación restringida que impone que
la información solo pueda ser conocida por aquellos para quienes resulta
relevante considerando la finalidad del grupo. Puede decirse en estos casos, en
palabras de la Corte que “[l]a resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a
materias que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara
y significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras
personas”[68].
70.
Puede concluirse que la información producida en
el grupo “Distribuciones Cúcuta” tenía la vocación de circular entre los
participantes del mismo y, en atención a que entre ellos se encontraban también
representantes de los empleadores, no existe objeción a que sobre esa base
dichos representantes la transfirieran a sus representados. Planteado de otra
forma, es claro que respecto de la información que circulaba -en atención a los
integrantes, administradores y propósitos del chat- el accionante no
podía esperar que se mantuviera al margen del conocimiento de los órganos de
administración de la sociedad accionada. Puede decirse que cuando en su
condición de trabajador e integrante del grupo “Distribuciones Cúcuta” (a)
aceptó hacer parte del grupo creado, (b) interactuó en el mismo, (c) envió
notas de voz alusivas a su trabajo -en las que expresaba desacuerdos con el
empleador e insinuaba la manera en la que sus compañeros debían proceder en
dicha situación- y (d) no manifestó en momento alguno su decisión de
abandonarlo, reconoció la posibilidad de que la información circulara entre
todos aquellos para los que resultaba relevante. A juicio de la Corte, cuando
la información que circula en el medio virtual se encuentra directamente
relacionada con las actividades laborales, la expectativa de privacidad en ese
contexto específico tiende a reducirse.
71.
No encuentra la Corte que el accionante pudiera
confiar en que la información no circularía entre los órganos de administración
y dirección de Nutresa. Ello supone que en este caso específico la existencia
de una expectativa de privacidad en los términos que han quedado expuestos,
resultaba reducida. Ni de la conformación del grupo, ni de su finalidad, ni de
pauta o regla alguna para su funcionamiento, puede desprenderse dicha
expectativa. Destaca la Corte que en este caso, de una parte, no se trataba de
información íntima o sensible, ni que interesara –considerando la naturaleza de
las actividades a las que se refería - solo al accionante y, de otra, era claro
que Marco Antonio conocía que en el grupo participaban representantes del
empleador.
72.
Ahora bien, no puede afirmarse que toda la
información producida en un espacio virtual como el señalado pueda ser objeto
de circulación. En efecto, es posible -por ejemplo- que una parte de ella pueda
ser calificada como sensible, absolutamente irrelevante para los fines del
grupo correspondiente, lo que podría sugerir la existencia de límites a su
divulgación. Sin embargo, no es ello lo que ocurre en este caso si se tiene en
cuenta que los mensajes enviados por el accionante se encontraban directamente
relacionados con la actividad de Nutresa y, en esa dirección, no era
irrelevante su conocimiento por parte de los empleadores o las instancias de
control de la sociedad accionada. Al margen de la validez del trámite del
proceso disciplinario o de la sanción impuesta –asunto que podrá plantear el
accionante ante la jurisdicción ordinaria- lo cierto es que la divulgación del
mensaje -entre sujetos para los cuales era evidentemente relevante- no implicó
la infracción del derecho a la intimidad.
73.
Teniendo en cuenta las características del
grupo, el actor debía ser consciente que al enviar dichos audios, de una parte,
limitaba la capacidad de controlar su divulgación y, como consecuencia de ello
debía asumir, de otra, que dicha información fuera conocida por su empleador
-como en efecto sucedió- puesto que el grupo tenía entre sus creadores e
integrantes a personas que lo representaban.
74.
En suma, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función
de Conocimiento de Cúcuta, que a su vez, confirmó la
providencia del 10 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescencia con Funciones de
Control de Garantías, en el sentido de declarar improcedente la acción de
tutela respecto de los derechos relacionados con el
ejercicio de la actividad sindical, el cumplimiento de las garantías procesales
en el proceso disciplinario y el debido proceso, por existir mecanismos
judiciales ordinarios. Y se revocará y negará el amparo del derecho fundamental
por las razones expuestas en esta providencia.
G.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
75.
Marco Antonio Jauregui López está vinculado
laboralmente con Nutresa S.A.S. a través de un contrato a término fijo; además
es el secretario de la organización sindical SINALTRAINAL. El 20 de agosto de
2016, Nutresa le inició un proceso disciplinario por el envió de unas notas de
voz a un grupo de WhatsApp denominado “Distribuciones Cúcuta”, relacionadas
con el desarrollo de las actividades de los ayudantes. Culminado el proceso
disciplinario, el 15 de septiembre de 2016, Nutresa le entregó una comunicación
mediante la cual le impuso al actor una sanción consistente en la suspensión de
actividades laborales durante 5 días. El accionante interpuso recursos contra
dicha decisión, la que finalmente quedó en firme el 24 de septiembre de 2016.
Inconforme con la decisión, el 27 de octubre
de 2016, el actor interpuso acción de tutela solicitando la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, intimidad personal, libertad
sindical, libertad de expresión, entre otros. Como consecuencia de ello pidió
al juez de tutela que le ordene a Nutresa, retirar la sanción impuesta y pagar
las acreencias laborales dejadas de percibir por el actor, los intereses
moratorios e indexar dichas sumas.
76.
La Corte estimó que atendiendo el texto que
define el alcance de las competencias de la jurisdicción laboral, que los
asuntos relativos a la validez del proceso disciplinario así como la
tipificación del comportamiento del accionante en los tipos disciplinarios o si
el comportamiento juzgado por Nutresa está comprendido por la libertad
sindical, son materias que pueden discutirse al amparo de las reglas del Código
Procesal del Trabajo. En adición a ello, las cuestiones relacionadas con la
regularidad del proceso disciplinario propuesto por el accionante, planteaba la
necesidad de abordar disputas que envuelven valoraciones fácticas complejas que
requieren, en principio, el desarrollo de una actividad probatoria especial
propia de la jurisdicción ordinaria.
77.
La Sala consideró que el problema relativo a la
obtención o divulgación de mensajes relacionados con el desarrollo de
actividades laborales en una plataforma de mensajería instantánea, como lo es WhatsApp,
justificaba su pronunciamiento en esta oportunidad. En efecto, de una parte,
(i) tal cuestión remite a una disputa constitucional novedosa que plantea
difíciles asuntos de interpretación de la Carta y que apoyan la procedencia de
la acción de tutela, en particular para precisar la relevancia y el alcance del
derecho a la intimidad en esa materia. Igualmente, de otra, (ii) no resulta
claro que el proceso laboral constituya un medio judicial idóneo para debatir
este particular problema, de manera que pueda desplazar a la jurisdicción
constitucional en orden a pronunciarse sobre un asunto que, se insiste, tiene
una relevancia significativa desde la perspectiva del derecho a la
intimidad.
78.
El presente caso imponía definir si Nutresa
vulneró el derecho a la intimidad del accionante al obtener los mensajes de voz
enviados por el actor al grupo de WhatsApp denominado “Distribuciones
Cúcuta” y, con fundamento en ellos, iniciar una indagación de naturaleza
disciplinaria por el posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del
reglamento interno de trabajo.
79.
La Corte afirmó que no existió violación al
derecho a la intimidad. Su decisión se fundamentó en las siguientes razones:
(a)   La Corte ha identificado el tipo de posiciones y relaciones
vinculadas al derecho a la intimidad. Primero, confiere
a su titular la facultad
(permisión) de oponerse -cuando no existe justificación suficiente- (i) a la intromisión en la órbita que se ha reservado
para sí o su familia; (ii) a la divulgación de los hechos privados; o (iii) a
las restricciones a su libertad de tomar las decisiones acerca de asuntos que
solo le conciernen a la persona. Segundo, que el referido derecho le impone a
las autoridades y particulares el deber de abstenerse (prohibición) de ejecutar actos que impliquen (iv) la intromisión injustificada
en dicha órbita, (v) la divulgación de los hechos privados o (vi) la
restricción injustificada de la libertad de elegir en asuntos que solo le
conciernen a la persona o a su familia. Finalmente, tercero, impone a las
autoridades el
deber (mandato) (vii) de adoptar las
medidas normativas, judiciales y administrativas a efectos de asegurar el
respeto de las dimensiones del derecho.
(b)  El
derecho a la intimidad admite diferentes grados de realización y, precisamente
por ello, puede ser objeto de restricciones de  naturaleza diversa. A efectos
de caracterizar y juzgar las restricciones del derecho a la intimidad, es
necesario considerar la naturaleza de la información de cuya divulgación se
trata, los límites que a la administración de datos personales se desprenden
del derecho al habeas data y, adicionalmente, la prohibición de injerencias
desproporcionadas en el ejercicio del derecho a la intimidad. Estos criterios
se articulan con la clasificación que este Tribunal ha hecho de los diferentes
espacios y contextos en los que se desenvuelve la vida de las personas.
(c)   La clasificación de los espacios (públicos,
semipúblicos, privados y reservados) constituye un factor relevante para
definir el alcance del derecho a la intimidad así como el grado de protección
que del mismo se desprende frente a las intervenciones de terceros. Su
importancia radica en la aptitud para identificar las diversas dimensiones
físicas o virtuales en las que las personas se expresan o manifiestan y, a
partir de allí, para precisar el grado de confidencialidad que pueden esperar
respecto de su comportamiento.
(d)  El
lugar de trabajo, es en principio un espacio semiprivado, y no goza del mismo
nivel de protección que el domicilio, debido a que el grado de privacidad es
menor en atención a que allí tienen lugar actuaciones con repercusiones
sociales significativas. Según la jurisprudencia de la Corte, para establecer
la violación del derecho a la intimidad es necesario considerar la expectativa
que tiene el trabajador acerca de la confidencialidad de sus manifestaciones y,
en ese sentido es necesario valorar, entre otras cosas, (i) si se trata de
información íntima, sensible o que sólo le interesa a una persona en particular
en atención al tipo de actividad que se desarrolle y (iii) si los empleados
tienen o no conocimiento acerca del seguimiento de sus actividades.
(e)   La expectativa de privacidad es, entre otros, un criterio
relevante para establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la
vida de las personas se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del
derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden ser conocidas o
interferidas por otros. Tal categoría impone definir, atendiendo diferentes
factores contextuales, si quien alega la violación puede considerar válidamente
que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de otros, por un
lado, y si es o no posible concluir que dicha valoración es oponible a los
terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla, por otro. Este
doble análisis exige considerar criterios subjetivos y objetivos a efectos de
valorar, en cada caso, si quien solicita la protección en realidad podía
suponer o confiar que las informaciones o contenidos no podrían circular.
(f)    La categoría referida puede emplearse para juzgar si la
divulgación o revelación de mensajes contenidos en una conversación virtual,
vulnera o no el derecho a la intimidad. En particular, la existencia de una
expectativa de privacidad así como su alcance debe definirse tomando en
consideración, entre otros factores, (i) el carácter más o menos abierto del
sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación; (ii) los
integrantes y fines del grupo virtual; (iii) la clase de información de la que
se trate[69] y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales como
aquel previsto, por ejemplo, en la Ley 1581 de 2012; (iv) la existencia de
reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o
informaciones contenidas en el espacio virtual; y (v) la vigencia de
obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las que pueden
establecerse en contratos de trabajo. De acuerdo con ello, para determinar si
es posible amparar el derecho a la intimidad frente a la divulgación de
mensajes contenidos en una conversación virtual desarrollada en un grupo
conformado en WhatsApp, deberán valorarse y ponderarse, en cada caso,
los factores que han quedado referidos.
80.
En especial la Sala constató que no se había
violado el derecho a la intimidad dado que (i) la conformación del chat
así como el creador y administrador del mismo, indican que el espacio virtual
creado en uso de la tecnología puede considerarse análogo a lo que la
jurisprudencia constitucional ha considerado un espacio semiprivado; (ii) la
información que allí circulaba era, al menos prima facie, semiprivada,
de manera que de ella no se predican los límites que se adscriben a la privada
o reservada; (iii) la información producida en el grupo “Distribuciones
Cúcuta” tenía la vocación de circular entre los participantes del mismo y,
en atención a que entre ellos se encontraban también representantes de los
empleadores, no existe objeción a que sobre esa base dichos representantes la
transfirieran a sus representados, (iv) cuando en su condición de trabajador e
integrante del grupo “Distribuciones Cúcuta” el accionante (a) aceptó
hacer parte del grupo creado, (b) interactuó en el mismo, (c) envió notas de
voz alusivas a su trabajo -en las que expresaba desacuerdos con el empleador e
insinuaba la manera en la que sus compañeros debían proceder en dicha
situación- y (d) no manifestó en momento alguno su decisión de abandonarlo,
reconoció la posibilidad de que la información circulara entre todos aquellos
para los que resultaba relevante; (v) el accionante no podía esperar que la
información no circulara entre los órganos de administración y dirección de
Nutresa, de manera que en este caso específico la existencia de una expectativa
de privacidad en los términos que han quedado expuestos, no podía afirmarse. En
síntesis ni de la conformación del grupo, ni de su finalidad, ni de pauta o
regla alguna para su funcionamiento, puede desprenderse dicha expectativa: no
se trataba de información íntima o sensible, ni que interesara –considerando la
naturaleza de las actividades a las que se refería - solo al accionante y era
claro que el accionante conocía que en el grupo participaban representantes del
empleador.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función
de Conocimiento de Cúcuta, que a su vez, confirmó la
providencia del 10 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescencia con Funciones de
Control de Garantías, de Cúcuta, que declaró
improcedente el amparo solicitado, respecto de los derechos relacionados con el ejercicio de la actividad sindical, el
cumplimiento de las garantías procesales en el proceso disciplinario y el
debido proceso, por existir mecanismos judiciales alternativos; y NEGAR el
amparo solicitado respecto del derecho a la intimidad.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCIO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (E)
[1] En la demanda de tutela manifestó que nació el 30 de agosto de
1972. Fl. 2 del cuaderno No. 1.
[2] Demanda de tutela. Fl. 2 del cuaderno No. 1.
[3] Nutresa en su respuesta a la acción de tutela aportó un CD con los
respectivos audios. Fl. 129 A del cuaderno No. 1.
[4] Demanda de tutela. Fl 2. Citación a reunión de aclaración de
hechos. Fl. 26 y 27 del cuaderno No. 1.
[5] Demanda de tutela. Fl 2 y respuesta de Nutresa Fl. 60 del cuaderno
No. 1.
[6] Petición de suscrita el 21 de agosto de 2016. Fl 28 a 30, del
cuaderno No.1.
[7] Demanda de tutela. Fl 4 y 5 y solicitud aplazamiento a descargos,
Fl. 31, del cuaderno No.1.
[8] Demanda de tutela. Fl 4 y 5 y respuesta a solicitud aplazamiento a
descargos, Fl. 32, del cuaderno No.1.
[9] Demanda de tutela. Fl 5 del cuaderno No. 1. Respuesta a derecho de
petición Fl. 33 y 34 del cuaderno No. 1.
[10] Demanda de tutela. Fl 5 y 6 del cuaderno No. 1.
[11] Solicitud de acompañamiento a los descargos. Fl 35 del cuaderno No.
1
[12] Segunda citación a reunión de aclaración de hechos. Fl. 36 del
cuaderno No. 1.
[13] En la Acta No. 118 de Asamblea General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Alimentos Sinlatrainal, se observa que el señor
Marco Antonio Jauregui fue nombrado Secretario General de la nueva Junta
Directiva.
[14] Demanda de tutela. Fl 8, 9 y 10 del cuaderno No. 1.
[15] Demanda de tutela. Fl 10 y 11.Imposición de sanción disciplinaria
Fl. 75 del cuaderno No. 1.
[16] Demanda de tutela. Fl 11 a 13, Recurso de apelación Fl.46, del
cuaderno No.1.
[17] Demanda de tutela. Fl 13 del cuaderno No. 1.
[18] “Artículo 63. Son obligaciones especiales de los trabajadores. //
1.Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos
de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera
general o particular le imparta la Empresa o sus representantes, según el orden
jerárquico establecido”. Fl. 61 del cuaderno No. 1.
[19] “Artículo 66. Se prohíbe a los trabajadores: // 1. Faltar contra la
Visión, Misión, Principios, Valores Corporativos, Reglamento Interno de Trabajo
y el Código de Bueno Gobierno de la empresa. // 7. Disminuir intencionalmente
el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones
intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que
se participe o no en ellas. // 56. Inducir a otros trabajadores a cometer actos
negligentes, o difundir noticias o comentarios desfavorables sobre la empresa,
compañeros o superiores. // 74. Interponer o hacer interponer medios de
cualquier naturaleza para que el trabajo propio o el de otros trabajadores, o
el de las maquinas o equipos situados en el lugar de trabajo, no salga en
cantidad, calidad y tiempos fijados por la Empresa”. Fl. 61 del cuaderno No. 1.
[20] Impugnación. (Cuaderno No. 1 fl. 141)
[21] Se solicitó que informara (a) ¿Cuándo le
fue entregado el reglamento interno de trabajo al señor Marco Antonio Jauregui
López?; (b) ¿Cuáles son las políticas acerca de las herramientas tecnológicas y
las redes sociales de la sociedad?; (c) ¿Cuáles son las políticas de
tratamiento de la información de la sociedad y en particular en materia de
administración de redes sociales? Deberá aportar los documentos
correspondientes; (d) ¿Cuándo y a través de que medio se enteró de la
existencia del grupo “Distribuciones Cúcuta”?; (e) ¿En el grupo “Distribuciones
Cúcuta” habían jefes o empleados de confianza y manejo de Nutresa
S.A.S?; y (f) La creación y administración de dicho grupo es autorizado,
reconocido o avalado por Nutresa S.A.S?
[22] Se requirió a fin de que señalara (a)
¿Cuáles son las finalidades y el objeto del grupo “Distribuciones Cúcuta”?; (b)
¿Cuáles son los integrantes del mencionado grupo de WhatsApp?; (c)
¿Cuáles de esos integrantes son jefes o empleados de confianza y manejo de la
empresa y que cargo ocupan?; y (d) ¿Qué tipo de información circula en dicho
grupo?
[23] Se dispuso que (a) aportara el acta de
constitución del sindicato ante el Ministerio de Trabajo; (b) adjuntara el acta
de nombramiento del señor Marco Antonio Jauregui López como secretario de
Sinaltrainal; y c) informara si el señor Marco Antonio Jauregui López al enviar
los audios al grupo de WhatsApp denominado “Distribuciones Cúcuta”, lo
hizo a nombre propio o como representante del sindicato.
[24]A esta entidad se le solicitó que señalara (a) ¿Cuáles son las
reglas aplicables al tratamiento de datos personales en WhatsApp?; (b) ¿Cómo se
otorga la autorización para el tratamiento de datos personales en WhatsApp?; y
(c) ¿Quiénes son los responsables y encargados del tratamiento de datos
personales de un grupo de WhatsApp?
[25]Se le solicitó que indicara (a) ¿Cuándo se considera que un grupo de
WhatsApp es una herramienta de trabajo? Y (b) ¿Cuál es el manejo institucional
que las empresas le deben dar a los grupos de WhatsApp?
[26] Se formularon las siguientes preguntas: (a) ¿Qué regulación existe
sobre la confidencialidad de los mensajes que circulan por WhatsApp?; (b)
¿Cuáles son las políticas de privacidad y las medidas de protección en favor de
los titulares de la información personal que circula por este medio?; (c)
¿Cuáles son las funciones del administrador de un grupo de WhatsApp?; (d)
¿Cuáles son los deberes o responsabilidades de los diferentes participantes en
un grupo de WhatsApp?; (e) ¿Cuándo el administrador de un grupo de WhatsApp
sale de éste, qué sucede y a quién se le traslada dicha función?; y (f) ¿Puede
WhatsApp considerarse como una red social y, de no ser así, en que se
diferencia de este tipo de redes o de otros medios tecnológicos y aplicaciones
por las que circula información personal?
[27] Fue consultado a efectos de que contestara
las siguientes preguntas: (a) ¿La información que circula en un grupo de WhatsApp,
que fue creado por el empleador o por uno de sus representantes, puede ser
usada como prueba en un proceso disciplinario?; (b) ¿Es posible considerar
público a un grupo de WhatsApp, que está conformado por un número plural
de personas?; (c) ¿Mostrar, reproducir o reenviar un audio que inicialmente fue
enviado por una persona a un grupo de WhatsApp, viola el derecho a la
intimidad del creador?
[28] Oficio del 25 de agosto de 2017 de la Secretaría General de la
Corte Constitucional. (Cuaderno principal, fl. 11)
[29] El 4 de agosto de 2017, fue recibida la respuesta de Jhon Jairo
Toloza Díaz, Coordinador de Operaciones Logísticas de Nutresa. (Cuaderno
principal, fl. 24).
[30] Respuesta de Nutresa. (Cuaderno principal, fl. 31).
[31] El 4 de agosto de 2017, fue recibida la respuesta de Nutresa.
(Cuaderno principal, fl. 25 al 34).
[32] Afirmación realizada por el accionante a través de la respuesta
otorgada por SINALTRAINAL (Cuaderno principal, fl. 92).
[33] Respuesta de la SINALTRAINAL, suscrita por  Marco Antonio Jauregui
López. (Cuaderno principal, fl. 92).
[34] Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio. (Cuaderno
principal, fl. 100).
[35] La acción de tutela se presentó de forma directa por el interesado,
como así consta en el folio 80 del cuaderno principal.
[36] Desde sus primeros pronunciamientos la
Corte se refirió al concepto de subordinación. Así por ejemplo, en la sentencia
T-290 de 1993 señaló: “Está bien definido por la
Constitución y por la jurisprudencia que este mecanismo protector de los
derechos fundamentales puede ser usado en relación con particulares en los
casos que la ley lo indique, "...respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión". // Entiende esta Corte que la subordinación alude a
la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes
frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que
pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace
referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona
respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un
orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica
en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida
ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que
se trate”.
[37] Sentencia del 22 de abril de dos mil quince
2015.
[38] En esa misma oportunidad, la Corte Suprema
al ocuparse de la afirmación del actor según la cual existía una persecución
sindical en su contra, consideró que no estaba demostrada en el proceso
laboral. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la jurisdicción ordinaria
concluyó que “examinado en su conjunto y en forma sistemática el acopio
probatorio que fue relacionado con precedencia, resulta razonable concluir que
el trabajador incurrió en la falta endilgada como motivante del fenecimiento
del vínculo contractual laboral, lo cual descarta por completo la
estructuración de ese yerro con las características que se exigen en casación
para obtener el quebrantamiento de la sentencia fustigada, esto es, ostensible
y protuberante”. Sobre la posibilidad de examinar la validez del proceso
disciplinario en el contexto laboral puede consultarse, además, la sentencia de
la Sala de Casación Laboral No. 13701 de fecha 19 de enero de 2001.
[39] Esto guarda correspondencia con el
precedente que se desprende de la sentencia T-768 en el que la Corte abordó un
asunto con algún grado de afinidad temática al que ahora se estudia. En esa
ocasión sostuvo: “La
conducta repetida de tapar la cámara de video, con la advertencia previa de no
seguir incurriendo en la misma, se encuentra regulada en los numerales 1 y 74
del artículo 94 del reglamento interno del banco demandado, Resolución No. 000140
de 1968 del Ministerio de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo del Banco
Popular (folios 76 al 32 y 166 al 178), donde se señala como prohibición a sus
trabajadores “No acatar las órdenes e instrucciones que sobre seguridad
y vigilancia de las instalaciones den los celadores del Banco”. // En lo análisis relativo (sic)
a que no se le siguió el proceso contemplado en las normas contenidas en
la convención colectiva de trabajo y en el reglamento interno, puesto que no
fue escuchado para rendir descargos, le corresponde a los jueces
laborales ordinarios al analizar la justa causa de la terminación unilateral
del contrato de trabajo establecer si en el trámite del despido se cumplieron a
cabalidad del deberes constitucionales enunciados y que buscan garantizar el
respeto de un debido proceso mínimo, especialmente en caso de terminación
unilateral del contrato con justa causa. En efecto, es el juez
ordinario laboral el que debe analizar si se cumplieron las normas que
gobiernan la relación de trabajo correspondiente”.
[40] Sentencia C-602 de 2016. En esta ocasión
la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 55 del Decreto 1355 de
1970, relacionado con la posibilidad de realizar indagaciones privadas con
fines laborales y comerciales.
[41] Aprobado por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972.
[42] Aprobado por el Congreso mediante la Ley 74 de 1968.
[43] Sentencia T-787 de 2004.
[44] Sentencia T-696 de 1996.
[45] Ibid. La Corte ha señalado también que el
derecho a la intimidad se extiende a las relaciones
familiares, prácticas sexuales, creencias religiosas, la proyección de la
propia imagen, las condiciones de salud, las comunicaciones confidenciales, el
domicilio, los secretos profesionales y en general, todo ámbito que contenga
datos relevantes y personales de las personas (T-634 de
2013).
[46] Sentencia T-634 de 2013.
[47] Sentencia T-517 de 1998.
[48] Sentencia C-602 de 2016.
[49] Sentencia C-602 de 2016. Sobre el alcance
de la proporcionalidad en esta materia, sostuvo en esta oportunidad la Corte: “Las exigencias de razonabilidad y proporcionalidad cumplen
una función central para controlar el exceso en la actuación de los
particulares. La eficacia del derecho a la intimidad en las relaciones entre
particulares exige que cualquier restricción que se desprenda de su actuación sea
sometida a un juicio que evalúe las finalidades perseguidas y los medios
empleados. Solo serán compatibles con la Constitución aquellas limitaciones que
encuentren apoyo en una finalidad admisible y superen el escrutinio del medio
empleado. Como ha dicho la Corte al referirse a las relaciones laborales “en
eventos en los cuales se encuentren en pugna el derecho a la intimidad del
trabajador y el derecho del empleador a dirigir su actividad laboral, se deberá
determinar las circunstancias específicas del caso en concreto para ponderar
los mismos en razón de la finalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de
la medida, y por tanto determinar su razonabilidad (…)”
(…). // El principio
de proporcionalidad o razonabilidad no exige lo mismo en todos los casos puesto
que, como lo ha advertido este Tribunal “[l]a intensidad del juicio de razonabilidad depende de la relevancia
constitucional de los valores en juego” (…). Tal y como lo demuestra la graduación que
del juicio ha efectuado la Corte, dicho principio impone, en atención a la
circunstancias específicas analizadas, cargas argumentativas más o menos
complejas respecto (a) de la finalidad que puede invocarse para fundamentar una
restricción del derecho a la intimidad, así como (b) de la relación entre dicho
propósito y la medida mediante la cual dicha restricción se instrumenta (…). La
intensidad del control de una restricción y, en consecuencia, la complejidad
para justificarla, se encuentra en una estrecha relación con las esferas en las
que actúa el individuo”
[50] Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2004, reiterada en la
sentencia T-634 de 2013.
[51] Ibídem.
[52] Ibídem.
[53] Con apoyo en las distinciones efectuadas
la Corte concluyó: “1) Tanto en los espacios semi-públicos como los
semi-privados la mayoría de las actividades que llevan a cabo las personas
tienen repercusiones sociales, aun así, pueden existir algunas acciones o
actividades que solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna
manera pueden ser objeto de restricciones (en lugares de servicios personales,
de vestuario o descanso[53], por ejemplo);
2) Los espacios semi-privados y semi-públicos son cerrados y exigen cierto
comportamiento a las personas, pero se diferencian por el mayor o menor grado
de acceso público a los mismos, o por la permanencia de determinado grupo de
personas en dicho lugar, o por el mayor o menor efecto social de las conductas
de los individuos; 3) Existe una relación inversamente proporcional entre la
mayor o menor libertad en los espacios y el nivel de control de la conducta
para fines preventivos que justifica la intromisión en la intimidad de las
personas, siempre que no afecte la dignidad humana o que resulte
desproporcionadamente lesiva para los derechos fundamentales: los espacios
semi-públicos, cuentan con menores limitaciones a las libertades individuales,
pero, por lo mismo, hay mayor tolerancia al control y vigilancia sobre las
conductas de las personas con el fin de evitar y prevenir situaciones de riesgo
ya que las repercusiones sociales son mayores; por el contrario, a pesar de las
reglas y restricciones en los espacios semi-privados, el hecho de que se trate
de lugares en los que las personas realizan actividades cotidianas, como el
estudio o el trabajo, o que sean espacios en los que son menores los efectos
sociales de las conductas desplegadas por los sujetos, limita las intromisiones
a la intimidad”[53].
[54] En esa dirección, por ejemplo, el artículo
14 de la ley 906 de 2004 indica: “Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser
molestado en su vida privada. No podrán hacerse registros, allanamientos ni
incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de
orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las
formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden
excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley”.
[55] Citando la sentencia T-061 de 1996 la Corte recordó que “si bien esta Corporación
reitera que, para determinados efectos constitucionales, los lugares de trabajo
cerrados, gozan de una cierta inviolabilidad domiciliaria a fin de proteger
determinados ámbitos de privacidad y reserva, esto no significa que esos
espacios reciben exactamente la misma protección constitucional que el lugar de
habitación de las personas naturales, por la sencilla razón de que el grado de
intimidad de los hogares es mucho más intenso que el de la esfera laboral, en
donde no sólo las relaciones son más públicas sino que las actividades tienen
mayores repercusiones sociales”. En esa medida” [d]ebe entonces distinguirse entre
aquellos espacios que interesan exclusivamente al titular del derecho y,
aquellos en donde las actividades pueden tener repercusiones sociales, tal y
como sucede precisamente con las relaciones laborales o empresariales”.
[56] Sentencia T-768 de 2008.
[57] La información de este capítulo fue tomada
de la página web: www.WhatsApp.com.
[58] Sentencia C-881 de 2014. En esa
oportunidad, refiriéndose a dicha categoría –mencionada expresamente en el
inciso tercero del artículo 54 de la ley 1453 de 2011- señaló la Corte: “Por otro lado, tampoco puede
considerarse que el concepto de expectativa razonable de intimidad sea una
invención ambigua del legislador colombiano, pues este criterio ha sido
utilizado en los últimos cuarenta (40) años en los sistemas penales acusatorios
que permite verificar en cada evento concreto la razonabilidad de la medida y
que en todo caso se debe excluir en eventos en los cuales el individuo no puede
tener una expectativa de no ser observado como en campos abiertos o espacios
públicos. // La
variedad de eventos que pueden presentarse en virtud de este seguimiento, tal
como lo demuestra la jurisprudencia de otros países hace que sea imposible
fijar una lista taxativa de casos en los cuales sea prohibida la vigilancia,
especialmente teniendo en cuenta el avance de la tecnología en este aspecto,
por lo cual será cada juez en cada caso concreto quien al realizar el control
señalado en la norma demandada deberá determinar si una técnica es o no
razonable frente a la limitación del derecho a la intimidad”.
[59] En la Sentencia 170/2013 del 7 de octubre,
el Tribunal Constitucional de España resolvió el recurso de amparo por un
empleado que fue despedido por haber proporcionado información confidencial a
otra compañía, de lo cual tuvo conocimiento el empleador porque accedió al
contenido de las comunicaciones efectuadas por el empleado a través del correo
electrónico empresarial. Por dicha intromisión, el empleado solicitó la
declaración de improcedencia del despido. El Tribunal Constitucional consideró
que para verificar si hay una manifestación de la vida privada protegible
frente a las intromisiones ilegítimas, debe tenerse en cuenta las expectativas
razonables que la persona tenga de no estar expuesta a la observación o
escrutinio ajeno. En ese caso, no se puede sostener que existía tal expectativa
razonable de privacidad, ya que, como lo expresó el Tribunal, “la
habilitación por la empresa de esta herramienta informática como medio para
llevar a cabo el adecuado cumplimiento de la prestación de trabajo y el hecho
de que su uso para fines distintos de los relacionados con el contenido de la
prestación laboral estuviera tipificado en el Convenio colectivo aplicable como
infracción sancionable impiden considerar que su utilización quedara al margen
del control empresarial”. La literatura académica cita como casos
relevantes en el derecho norteamericano Smyth v. Pillsbury Co y Garrity v. John
Hancock Mutual Life Ins. Co.
[60] En la Sentencia del 5 de septiembre
de 2017 (Bărbulescu v. Romania), el Grand
Chamber de la Corte Europea de Derechos Humanos estudió si la decisión
del empleador de terminar el contrato estuvo fundamentada en una violación al
derecho a la privacidad del empleado en concordancia con lo establecido en el
artículo 8 del Convenio Europea de Derechos Humanos, según el cual
toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. De acuerdo con los
hechos del caso, el empleador accedió a la cuenta del empleado de mensajería
instantánea de Yahoo, la cual había sido creada por solicitud del
primero. Las regulaciones internas laborales no contenían referencia alguna a
la posibilidad del empleado de monitorear las comunicaciones de sus empleados.
Por lo anterior, la Corte consideró que la mensajería instantánea es una de las
formas de comunicación que habilitan a los individuos a tener una vida social
privada. Aunque el empleador había prohibido el uso personal de las
herramientas tecnológicas, pero no había sido informado de la posibilidad de
que se monitoreara el contenido de sus mensajes, la Corte determinó que se
configuró una violación a la privacidad del empleado, ya que “las instrucciones
del empleador no pueden reducir la vida social privada del empleado en el
espacio laboral a cero. El respeto a la vida privada y a la privacidad de la
correspondencia sigue existiendo, incluso si ésta puede ser restringida en lo
que sea necesario”. Al no haber informado ni obtenido la autorización del
empleado de la posibilidad de monitorear el contenido transmitido en la
mensajería instantánea de Yahoo, el empleador no tenía la facultad
de restringir la intimidad del empleado accediendo a su correspondencia y menos
fundamentar su despido en dicho monitoreo. (Corte Europea de Derechos Humanos.
Sentencia del 5 de septiembre de 2017. (Aplicación no. 61496/08).
[61] Así por ejemplo en la sentencia ya referida del Tribunal
Constitucional Español -sentencia de fecha 7 de octubre de 2013- dicho Tribunal
sostuvo: “Nuestra doctrina ha establecido también ciertas matizaciones en
cuanto al alcance de la protección del derecho a la intimidad reconocido en el
art. 18.1 CE. Hemos tenido ocasión de precisar que el ámbito de cobertura de
este derecho fundamental viene determinado por la existencia en el caso de una expectativa
razonable de privacidad o confidencialidad. En concreto, hemos afirmado que
un «criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante
manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas
es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en
su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la
observación o del escrutinio ajeno. Así por ejemplo cuando se encuentra en un
paraje inaccesible o en un lugar solitario debido a la hora del día, puede
conducirse con plena espontaneidad en la confianza fundada de la ausencia de
observadores. Por el contrario, no pueden abrigarse expectativas razonables
al respecto cuando de forma intencional, o al menos de forma consciente, se
participa en actividades que por las circunstancias que las rodean, claramente
pueden ser objeto de registro o de información pública (SSTEDH de 25 de
septiembre de 2001, P.G. y J.H. c. Reino Unido, § 57, y de 28 de enero de 2003,
Peck c. Reino Unido, § 58)» (STC 12/2012, de 30 de enero, FJ 5). Asimismo hemos
de tener en cuenta que, conforme a nuestra reiterada doctrina, «el derecho a la
intimidad no es absoluto –como no lo es ningún derecho fundamental–, pudiendo
ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que
aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin
constitucionalmente legítimo y sea proporcionado» (STC 115/2013, de 9 de mayo,
FJ 5; o SSTC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10)”
(negrillas no hacen parte del texto original).
[62] En esa dirección resulta relevante la clasificación de la
información explicada por la Corte, entre muchas otras, en la sentencia C-602
de 2016.
[63] Sobre la persona que creó el grupo “Distribuciones Cúcuta” hay consenso
entre las partes, pues el actor lo reconoce en los hechos de la demanda,
Nutresa lo informa en su respuesta y SINALTRAINAL, a través de Marco Antonio
Jauregui López informó que el grupo de WhatsApp “Distribuciones Cúcuta”
fue creado por Jaime Gelvez, Coordinador de Logística del distrito de Cúcuta,
con autorización de todos los trabajadores del área de logística y de algunos
jefes “de manejo y confianza de la empresa Nutresa” quien también hacen parte
del mismo.
[64] Respecto al objeto del grupo SINALTRAINAL, a través de Marco
Antonio Jauregui López informó que era para “tocar temas pertinentes sobre
las rutas de entrega, información que llegase de la empresa, información de
interés nacional, social como se tocó en muchas ocasiones, temas hasta
personales, era para poder interactuar como equipo de trabajo y amigos, en ese
grupo existían trabajadores de la organización sindical y no sindicalizados,
además de jefes de manejo y confianza” (Cuaderno principal, fl. 92).
[65]Jhon Jairo
Toloza Díaz, coordinador de operaciones logísticas y administrador del grupo de
WhatsApp denominado “Distribuciones Cúcuta” aclaró que en la actualidad,
el grupo está integrado por 9 ayudantes de ventas, el auxiliar de operaciones
logísticas y el coordinador de operaciones logísticas, quien es el jefe
inmediato de los ayudantes. Aseguró que al momento de los hechos la gran
mayoría de los ayudantes hacían parte del grupo. (Cuaderno principal, fl. 24).
[66] Sentencia T-787 de 2004, reiterada en T-634 de 2013.
[67] Prescribe dicha disposición: “Son
representantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus trabajadores
además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el
reglamento de trabajo, las siguientes personas: a) Las que ejerzan funciones de
dirección o administración, tales como directores, gerentes, administradores,
síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan
actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono; b)
Los intermediarios”.
[68] C-602 de 2016.
[69] En esa dirección resulta relevante la clasificación de la
información explicada por la Corte, entre muchas otras, en la sentencia C-602
de 2016.