T-691-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-691/12
DERECHO A LA IGUALDAD Y
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Caso en que universidad desconoció derecho a
la igualdad, a no ser discriminado y al debido proceso al no adelantar trámite
de una solicitud presentada por estudiante
CRITERIO DE DISCRIMINACION
HISTORICA-Parámetro para la protección especial por parte del Estado de
determinadas categorías de personas y comunidades
Las reglas y principios que inspiran el estado social y
democrático de derecho que es Colombia, excluyen los actos de discriminación en
contra de cualquier persona. Son actuaciones contrarias al principio de
dignidad humana y, por tanto, proscritas del orden constitucional vigente.
Cuando tales actos conllevan una puesta en escena, ante un grupo de personas
que hacen las veces de público, la discriminación implica afectaciones
inmateriales a la dignidad que han de ser especialmente valoradas por el juez
constitucional, de acuerdo con las reglas aplicables.
ACTO DISCRIMINATORIO-Alcance
Son muchos y variados los actos de discriminación a los
que puede verse enfrentada una persona. Estos, pueden provenir de distinta
clase de individuos o instituciones, tener diferentes grados de impacto, a la
vez que pueden ocurrir en contextos y situaciones distintas. Los actos de
discriminación pueden ser de carácter consciente o inconsciente. Es decir, la
persona que comete el acto puede tener intención o no de discriminar, incluso
puede no darse cuenta que se trata de tal tipo de acto, ni antes ni después de
cometido. Lo relevante del acto, desde la perspectiva de la protección del
derecho a la igualdad y la no discriminación, por lo tanto, no es la existencia
de un propósito de dañar o discriminar, es la existencia o no de un acto que
afecte la dignidad humana, con base en razones fundadas en prejuicios,
preconceptos, usualmente asociados a criterios sospechosos de discriminación
como raza, sexo, origen familiar o nacional o religión, por ejemplo.
DERECHO
A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Prohíbe cualquier diferenciación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica,
entre otras
La Corte Constitucional se preocupó desde un inicio por
mostrar cómo discriminaciones estructurales siguen inmersas en las culturas
dominantes de los distintos pueblos, comunidades y grupos sociales que habitan
Colombia. Patrones clasistas, sexistas o racistas, persisten en las estructuras
jurídicas, sociales e institucionales, en ocasiones tan íntimamente vinculadas
a las prácticas cotidianas, que simplemente se vuelven invisibles. Son
discriminaciones estructurales que simplemente no se ven. En un estado social y
democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, el uso de expresiones
racistas por parte de los docentes está proscrito de los espacios educativos,
salvo que ello sea razonable y proporcionado constitucionalmente, en
circunstancias específicas. Ningún ser humano ha de ser sometido a un trato
cruel y degradante como el que supone ser puesto en un escenario de
discriminación, en el cual se reproduzcan estereotipos claramente racistas,
humillantes y ofensivos
ACTO DISCRIMINATORIO-Prueba
Uno de los retos más complejos que plantea la protección
frente a actos de discriminación, es su prueba. La jurisprudencia ha resaltado,
que una de las principales garantías en los casos en los que se produce un acto
de discriminación, consiste precisamente en que se invierta la carga de la
prueba, en especial cuando se trata de personas que alegan haber sido sometidas
a tal trato, con base en una categoría sospechosa de discriminación o cuando se
trata de personas en situación de sujeción o indefensión.
ACTOS DISCRIMINATORIOS-Pueden
ser de diversos tipos y clases
La Corte Constitucional ha señalado multiplicidad de
actos que ha considerado discriminatorios a lo largo de  su jurisprudencia. Corresponde
al juez de tutela, por tanto, considerar las condiciones específicas del acto
acusado de ser contrario al principio de igualdad y establecer si el trato
diferente (o igual) que se cuestiona es en efecto una discriminación.
TRATO DIFERENCIADO-Legitimidad,
razonabilidad y proporcionalidad
La jurisprudencia constitucional de manera reiterada,
desde su inicio, ha considerado que los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad son los parámetros para evaluar la constitucionalidad de un
trato diferente, o igual cuando ha de ser diferente. Los tratos irrazonables o
desproporcionados constitucionalmente en tales términos, son pues, actos
discriminatorios.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Valoración
de razones objetivas que justifican el trato diferente
Es preciso hacer una distinción entre un trato diferente
que se encuentra justificado de forma objetiva y razonable en la Constitución,
y un trato diferente que tan sólo puede ser ‘explicado’. La jurisprudencia
constitucional ha indicado que el hecho de que un acto discriminatorio se pueda
explicar no implica que se pueda justificar. Poder dar razones acerca de por
qué se realizó un acto, no implica, necesariamente, que tales razones sean
válidas a la luz del marco axiológico que impone la Constitución.
COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE-Protección
constitucional especial
DISCRIMINACION-Naturaleza
No todos los actos de discriminación son iguales. Existen
sensibles diferencias entre unos y otros. Pueden variar en función del tipo de
persona que es discriminada, o de la persona que ejerce el acto
discriminatorio. Pueden variar en el grado de afectación de los derechos
vulnerados, así como en función del tipo de derechos.
ACTO DISCRIMINATORIO-Concepto
Un acto discriminatorio conlleva una ‘puesta en escena’
cuando los hechos se desarrollan en un escenario frente a un público. Es decir,
cuando la persona que comete el acto discriminatorio en contra de otra u otras
personas, lo hace en un lugar concreto, en el cual se encuentra otra u otras
personas que son espectadores de lo ocurrido. Un escenario de discriminación
supone una interacción con otras personas, aquellas que hacen las veces de
público. Supone una situación en la cual la persona que está siendo
discriminada está expuesta a las miradas de los demás. Se siente observada,
juzgada, analizada.
LIBERTAD DE CATEDRA-Contenido
y alcance
El derecho a la libertad de cátedra es un derecho que
ejerce una persona dedicada a la docencia, pero es también necesario para
asegurar el derecho a la educación de toda persona, niños y niñas, así como adultos;
asegurar que accedan al mejor, más completo y más adecuado conocimiento
posible.
LIBERTAD DE CATEDRA-Límites
La interrelación e interdependencia de los derechos
fundamentales implica que éstos no son absolutos. Sus límites se justifican,
como ocurre con la libertad de cátedra, en la necesaria o adecuada protección
de otros derechos constitucionales fundamentales. Un derecho complejo y del
cual depende el goce efectivo de otras garantías constitucionales como la
libertad de cátedra, supone en su ejercicio un sinnúmero de tensiones.
DERECHO A LA AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Límites
La autonomía universitaria es un derecho constitucional
que está estrechamente vinculado con la libertad de cátedra, con su propio
ámbito de aplicación. Puede estar en tensión con la libertad que reclama un
docente para organizar su clase. Pero puede también ocurrir lo contrario. Puede
ser que un docente encuentre en la autonomía universitaria un respaldo al
ejercicio de su libertad de cátedra.
DERECHO A LA IGUALDAD Y
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Caso en que universidad desconoció derecho a
la igualdad y a no ser discriminado
DERECHO A LA IGUALDAD Y
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Orden a universidad realizar acto simbólico
de carácter público para celebrar los aportes de la comunidad afrocolombiana a
la comunidad universitaria
Referencia:
expediente T-2868287
Acción de tutela presentada por
Heiler Yesid Ledezma Leudo contra la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas – Facultad Tecnológica.
Magistrada Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Adriana María Guillén Arango en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia por el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá y en segunda
instancia por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de
la acción de tutela instaurada por Heiler Yesid Ledezma Leudo en contra de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.[1]
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Heiler Yesid Ledezma Leudo interpuso acción de tutela contra
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por considerar que la
entidad educativa no le había protegido adecuadamente ante el trato
discriminatorio en razón a su etnia, por parte de unos de sus docentes (en
especial, uno de ellos, tanto en el salón de clase como en el manejo de las
notas). Para el accionante, la actuación de sus docentes y la institución comporta
una violación de sus derechos a la igualdad (art. 13, CP) y a la educación, en
especial de grupos étnicos protegidos (art. 68, CP) y, en general, un
desconocimiento del carácter pluralista del Estado (arts. 1 y 5, CP). El
accionante funda su solicitud de tutela con base en los siguientes hechos.
1.1. Heiler Yesid Ledezma Leudo, oriundo de Quibdó interpuso
la presente acción de tutela a sus 27 años, en calidad de estudiante de
Ingeniería de Telecomunicaciones. Considera que es un buen estudiante,[2] que ha tenido
que enfrentar comportamientos discriminatorios y claramente racistas, los
cuales han violado su derecho a la igualdad, a la dignidad y a su proceso
educativo.
1.2. El accionante sostuvo que en la asignatura de Conmutación
Digital, el Profesor Yaroslav José Chavarrio ­–con quien cursaba también la
clase de medios de transmisión–, para explicar en clase una serie de conceptos
técnicos, presentó un ejemplo lleno de estereotipos racistas. Relata lo
ocurrido en la acción de tutela así,
“El día 24 de abril de 2010, me
tocó ver clases de la asignatura Conmutación Digital, dictada esta por el
Profesor Chavarrio; en el transcurrir de la clase el Docente en mención empezó
a tocar el tema de cuantificación de la ocupación de un canal de comunicaciones
(en este tema existe un coeficiente cuyo valor adimensional debe estar entre 0
y 1 como límite inferior y superior respectivamente, de tal modo que 0
significa que el canal nunca está ocupado y de igual forma 1 indica que éste
siempre está ocupado).
El profesor tomó como ejemplo a un
cuidador de carros de un parqueadero, exponiéndolo de la siguiente manera:  ‘… un
valor de 1 seria como el cuidador de un parqueadero que debe atender 25 carros
en 25 minutos, lo que indicaría que este siempre permanecería ocupado’.
||  El profesor aparte de lo expuesto anteriormente añade: ‘lo cual sería un
trato negrero, lo tendrían trabajando como negro!’, mientras miraba con
risa de burla al único estudiante Negro que tiene en su clase (Heiler Ledezma),
y reitera ‘… eso es, un trato negrero, como un esclavo al que su amo debe
darle latigazos para que trabaje’, mientras tanto escenificaba (emulaba),
con su mano derecho los latigazos que recibiría un esclavo en tales condiciones
mientras decía: ‘¡Trabaje, trabaje, trabaje!’, sin quitar la expresión
de burla de mi, y no conforme resalta: ‘eso es un trato negrero’.  ||  En
ese momento yo intervine y le dije al profesor que por favor eliminara el matiz
étnico racial de tal ejemplo, pues no está bien que usted como profesor asuma
esta actitud excluyente, respondiendo el profesor con risa de burla de su cara:
‘!Ah es que se siente aludido, ja, ja, ja’, a lo cual señale que sí;
como el único estudiante negro de esta clase de decenas de estudiantes, si me
siento aludido, y persistió con el tono de burla en la situación que elaboró.”
1.3. El accionante, Heiler Yesid, considera especialmente
cuestionable la actitud del profesor de la clase, por cuanto el asunto debatido
era técnico; no era necesario tener que hacer referencia a las cuestiones
sociales e históricas a las que hizo referencia. Dice al respecto la acción de
tutela,
“No es necesario ser ingeniero o
estudiante de telecomunicaciones o áreas afines para saber que si se quisiera
establecer una analogía o ejemplo con un canal de comunicaciones, el ejemplo
terminaría en el momento en que el cuidador del parqueadero estaría muy
ocupado, pues nada tiene que ver la esclavitud, la negritud, la afrodescendencia,
los látigos, el amo, etc., con el canal de comunicaciones, el cual no es más
que el medio que se utiliza para transmitir señales eléctricas. Así: ¿en qué se
relacionan las variables eléctricas con la Esclavitud, la negritud y los demás
aspectos que caracterizan las condiciones de explotación de la fuerza laboral a
la cual fueron sometidos mis antepasados al ser traídos a América?”
1.4. Indica el accionante que el profesor abandonó el tema
de conmutación de sistemas digitales, para crear una situación meramente racial
y discriminatoria. Señala:
“Es evidente para toda persona que
ha pasado por un aula de clases en calidad de estudiante que la palabra de un
profesor en el salón de clases recala en la mente de sus estudiantes como la de
un sacerdote en su iglesia, la de la madre o el padre en una cena familiar, la
de un juez o jueza en una sala o la de cualquier figura de autoridad y
sabiduría en un escenario que preside. Por eso mi opinión coincide con la de la
comunidad universitaria que ha sido enterada de los hechos y actitudes que ha
mostrado este docente hacia mi (perteneciente a la Población Negra de
Colombia): el docente pretendió plasmar en el imaginario colectivo la imagen de
los afrodescendientes (representados en mí en el salón de clase) como ‘esclavos
negros’ que sólo trabajan bajo tratos forzosos e inhumanos, condiciones que en
estos tiempos o en este siglo han sido rechazadas por la comunidad
internacional.”
Para Heider Yesid Ledezma Leudo fue especialmente triste que
el profesor nunca se hubiese disculpado por lo ocurrido, especialmente,
teniendo en cuenta su trayectoria como alumno, la cual incluye reconocimientos
materializados en premios e invitaciones a participar en proyectos de
investigación destacados.[3]
Heiler Yesid junto con su hermano gemelo Heicer Enrique, han sido invitados a
trabajar en la Universidad de Austin, Texas, en proyectos que se desarrollan en
conjunto con la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) en el ámbito de la
investigación espacial y los satélites orbitales.[4]
1.5. A los cuatro días de ocurrido el suceso (el 28 de abril
de 2010), el accionante intentó cambiar de docente y así no tener que ver
clases con el Profesor Yaroslav José Chavarrio, adicionalmente solicitó que se
abriera un proceso disciplinario en su contra por la manera como había actuado.[5] Sostiene que
la solicitud de cambio de profesor fue negada, a la vez que se advirtió que se
abriría eventualmente un proceso de investigación. En efecto, en una carta sin fecha,
el Presidente del Consejo Curricular de Tecnología en Electrónica, Ingeniero
Frank Giraldo Ramos, respondió la solicitud en los siguientes términos,
“Por medio de la presente me
permito informar que el Consejo curricular en su sesión N° 7 del 5 de mayo de
2010 decidió NEGAR la solicitud de tomar las asignaturas medios de transmisión
y conmutación digital con el grupo del docente Rafael Fino.  ||  Adicionalmente
me permito aclarar que el Consejo curricular le sugirió al Coordinador de
carrera la apertura de un proceso de investigación, conforme al capítulo 2,
artículo 86 donde se explica el procedimiento para realzar una investigación
disciplinaria, con respecto al caso mencionado por usted para esclarecer dichos
acontecimientos.”[6]
1.6. El 11 de mayo de 2010, luego de la respuesta del
Consejo curricular, los hermanos Heiler Yesid Ledezma Leudo y su hermano Heicer
Enrique remitieron una carta al representante estudiantil, Wilton Angulo
Castañeda, para que tomará cartas en el asunto y evitar que hechos similares
siguieran ocurriendo en la Universidad. La solicitud fue acompañada por la
firma de seis estudiantes más que “consideran que se [debía]
esclarecer los hechos mencionados para así tener un ambiente académico de
armonía y paz en donde puedan converger todas las culturas en sana convivencia.”[7]  A pesar de
la negativa de cambio de docente, el accionante sostuvo que dejó de asistir a
las dos clases que por entonces cursaba con el Profesor Yaroslav José Chavarrio
[medios de transmisión y conmutación digital] esperando que su solicitud fuera
finalmente atendida. Por ello insistió en presentar la solicitud, nuevamente,
en varias ocasiones y ante varias instancias.[8]
Al final del semestre, sólo contaba con el 40% de las notas en la primera
asignatura y el 20% de las notas de la segunda asignatura. El resto de
calificaciones habían sido asignadas con la nota de cero (0) por el profesor.[9]
1.7. El proceso disciplinario dio lugar a una investigación
en la que se corroboró las actuaciones racistas del profesor pero, sin embargo,
no se adoptó ninguna sanción o medida en contra de éste.[10]  El informe presentado
por el docente se fundó, en primer lugar, en las siguientes consideraciones de
orden general y de principios constitucionales e institucionales,
“Que el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen una
negación de los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en al
cotidianidad de la Facultad Tecnológica.
Dado que la tarea de formación,
investigación y proyección social de nuestro proyectos curriculares, se
desarrollan en una época en que la globalización y la tecnología deben
contribuir a llevar a la práctica el concepto de una comunidad académica basada
en la igualdad, la dignidad y la solidaridad y la realización de una auténtica
igualdad de oportunidades y de trato para todos los integrantes de la misma.
Que la diversidad cultural es un
valioso elemento para el adelanto y el bienestar de nuestra comunidad
académica, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y
adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras acciones
universitarias.
Que los afrodescendientes han sido
durante siglos víctimas del racismo, y que por ello debe afirmarse que deben
ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir
discriminación de ningún tipo en esta Universidad.
Que los aportes de la comunidad
afrodescendiente a la identidad distrital y nacional, a la educación, la
ciencia y la tecnología, son significativos y que enhorabuena esta facultad
tiene el privilegio de acoger algunos docentes y estudiantes que pertenecen a
ella.
Que la comunidad académica de la
Facultad Tecnológica ha tradicionalmente levantado las mejores y dignas ideas
libertarias y de rechazo ante cualquier brote de intolerancia de cualquier
nivel y sentido, pero que no se debe dejar de ahondar en estos ideales porque
el hecho de que así sea, no indica que se dejen de presentar incidentes
desafortunados.”
Posteriormente, el docente investigador sostuvo en su escrito
sobre los hechos ocurridos y su valoración de los mismos lo siguiente,
“[…] tomando los testimonios del
Docente Yaroslav Chavarrio, del estudiante Heiler Ledezma, de una muestra de
algunos los estudiantes del grupo donde ocurrió el evento en cuestión, de
docentes afrodescendientes que laboran en la Facultad Tecnológica, así como de
pares y estudiantes del proyecto curricular, y además de información documental
anexa considero:
·
Que el docente actuó sin dolo ni
premeditación, aunque de manera incauta, como él mismo lo reconoció, ante la
utilización de una analogía que suele ser, infortunadamente racista a la manera
de un lugar común para ilustrar una temática del curso en cuestión.
·
Que esta analogía no fue
concluyente y bien pudo obviarse, pero no determina el concepto como persona
del docente Yaroslav Chavarrio como quiera que, según testimonios
generalizados, se ha caracterizado por su calidad e intachable desempeño
personal, profesional y académico, así lo indican su evaluación general por
algunos de los pares del proyecto circular y por algunos de los estudiantes;
los cuales indicaron una disculpa suya por el instantáneo pero bochornoso
suceso.
·
Que el estudiante que se siente
vulnerado con alguna razón, es un reconocido activista de la comunidad
afrodescendiente y realizador ejemplar en el campo de la electrónica, como
quiera que ha sido objeto de reconocimientos por la comunidad bogotana, hechos
por los cuales debemos sentirnos orgullosos en esta facultad pues significa que
lo estamos haciendo bien.
·
Que los procesos académicos del
estudiante que se siente vulnerado son de cumplimiento y responsabilidad
durante los años que lleva de estudiante, aunque, como suele ocurrir en los
procesos académicos, haya tenido, tenga y posiblemente tendrá baches que son,
en todos caso, susceptibles de superar y que deben seguramente salvarse por
efecto de las calidades académicas que le han sido reconocidas.
·
Que el normal desarrollo de la
actividad académica, en el sentido evaluativo y de desempeño no puede estar
sujeta a ninguna presión ni pretexto diferente al alcance de la calidad como
parámetro de excelencia, puesto que por efecto de la reivindicación de la
equidad para con los estudiantes debe mirarse como una forma más de tolerancia
en los procesos educativos.”
Finalmente, con base en las valoraciones de los hechos
investigados, el docente presentó las siguientes recomendaciones,
“Por tanto, esta investigación
resuelve:
·
No ameritar apertura ni proceso
disciplinario alguno, en ningún sentido, como una manera de conciliar y
reivindicar la solvencia ética y moral de los individuos en cuestión.
·
Recomendar al consejo curricular,
el cambio de grupo, por lo excepcional del caso; pero por efectos de terminación
de clases, este deba hacerse el próximo semestre. Me parece que la figura debe
ser la cancelación extemporánea de la asignatura.
·
Considerar en el proyecto
curricular un escenario académico donde divulgue la política distrital frente a
la población afro-descendiente, de manera que los procesos pedagógicos no sean
presa de lugares comunes que pueden configurarse, sin serlo, como actividades
de segregación o racismo. Sea esta la oportunidad para que desde docentes,
estudiantes y funcionarios afrodescendientes que con sus realizaciones
ejemplares  contribuyan al fortalecimiento del proyecto Facultad tecnológica.
Atte.  Harold
Vacca González
Miembro
del Consejo Curricular Electrónica”
No obstante, el accionante indica que pese a las consideraciones
del docente que investigó lo ocurrido, sus valoraciones y sus sugerencias, la
Facultad decidió no hacer nada. El informe había sido presentado a la Facultad
el 28 de mayo de 2010.
1.8. El 31 de mayo del mismo año, la Decana de la Facultad
Tecnológica, Dora Marcela Martínez Camargo, respondió negativamente la
solicitud de cambio  de grupo y advirtió que esperaban el informe escrito del
docente investigador para tomar una decisión definitiva, en los siguientes
términos,
“En atención a la comunicación de
la referencia (solicitud de fecha 26 de mayo/10), y dado lo avanzado del
semestre, me permito informarle que no es factible realizar el cambio de grupo.
||  Por otro lado el Proyecto Curricular de Electrónica, ha adelantado lo
pertinente al tema mencionado en su comunicación y una vez se entregue un
informe escrito será analizado por esta Decanatura.”
A juicio, del accionante tal respuesta es inadmisible, por
cuanto las demoras señaladas por el plantel educativo son adjudicables al
profesor investigador, no a él como estudiante.[11]
1.9. Dos días después (junio 2), el Presidente del Consejo
Curricular, Tecnología en Electrónica, respondió que se había resuelto no hacer
nada con relación a lo ocurrido y que no se tomarían decisiones adicionales, en
los siguientes términos,
“Luego de realizar la respectiva
investigación de su caso, el consejo curricular decidió que no se amerita la
apertura, ni proceso disciplinario alguno, en ningún sentido, como un manera de
conciliar y reivindicar la solvencia ética y moral de los individuos en
cuestión, tal cual fue reportado por el docente asignado a dicha
investigación.”
El docente investigador había sugerido cancelar la
asignatura dónde había ocurrido el incidente, pero el Consejo decidió no
aceptar la solicitud.[12]
1.9.1. Al día siguiente (junio 3), el estudiante presentó
una nueva solicitud, para que, por lo menos, se le permitiera presentar los
exámenes que se habían realizado en el curso al cual había dejado de asistir
(Medios de Transmisión y Conmutación Digital), mientras se le daba respuesta a
su solicitud. La petición se presentó en los siguientes términos,
“Teniendo en cuenta los
inconvenientes con el docente Yaroslav Chavarrio, por medio del presente
escrito les manifiesto mi insatisfacción con esta persona y la manera en que
imparte las asignaturas que se le asignan, por eso yo, Heiler Yesid Ledezma
Leudo, estudiante de ingeniería en Telecomunicaciones, le solicito permitirme
tomar los dos exámenes restantes en lo que va del semestre Medios de
Transmisión y Conmutación Digital con otro docente con miras de resolver esta
situación de la manera más inteligente y cordial posible para las partes.”
1.9.2. En comunicación de 25 de junio de 2010, el Presidente
del Consejo Curricular, Frank Giraldo Ramos, comunicó la decisión de negar la
nueva solicitud del accionante, señalando,
“Por medio de la presente me
permito informar que el Consejo Curricular en su sesión N°10 de 16 de junio de
2010 decidió negar su solicitud de tomar los dos exámenes restantes en los que
va del semestre de las asignaturas Medios de Transmisión y Conmutación Digital
con otro docente, por ordenamiento administrativo y por vencimiento de
términos.”
1.10. El accionante insistió en la solicitud de cancelación
extemporánea de las materias en cuestión, pero, nuevamente, el Consejo insistió
en la decisión tomada de negarla. Se aclaró que la sugerencia del docente
investigador era sólo eso, una sugerencia. Se le respondió así,
“Por medio de la presente me
permito informar que su caso fue estudiado en Consejo Curricular y quedó
determinado según acta N°11 de 25 de junio del presente año que el concepto
emitido por el docente investigador era a manera de sugerencia, es de anotar
que la decisión sobre la cancelación extemporánea la toma el consejo curricular
y no el docente investigador, y en vista de las conclusiones a las que llegó el
docente en la investigación preliminar respecto al caso, el consejo decidió
NEGAR de realizar extemporáneamente la cancelación de las materias en
cuestión.”
1.11. El accionante considera que debido a las solidaridades
que existen entre los profesores, empezaron a presentarse situaciones que, a su
juicio, representaban ataques a él por su posición de defensa y respeto de sus
derechos y los de la comunidad afrodescendientes.[13] Alega que no se le
calificó un examen que remitió tarde, a pesar de que a otras personas sí se les
perdonó tal falla en la entrega. Alega también que se le cambió extrañamente la
nota de un examen parcial y se le dio un trato discriminatorio, pues
injustificadamente se le puso una nota diferente a la de un compañero con el
que presento conjuntamente un quiz.
1.11.1. En cuanto a la nota que se cambió, el accionante
adjuntó al proceso copia de dos entradas a la página en red (la página web)
de la Vicerrectoría Académica (CÓNDOR).[14]
La primera muestra las notas que finalmente se pusieron al estudiante (2.7 y
1.0) como parciales uno y dos respectivamente, en la clase de Comunicaciones
Digitales con el profesor Ricardo Alirio González Bustamante. La segunda,
muestra las notas que inicialmente había visto el estudiante que se le habían
puesto en tales parciales. En este caso, la copia del ingreso a la página
muestra la nota de (2.7) para el primero y para el segundo parcial y no la de
(1.0), que finalmente aparecería el boletín final.[15]
1.11.2. Con relación al trabajo entregado tarde, el
accionante reconoce su responsabilidad. Él es consciente de que la entrega era
a las doce del día y de que sólo mandó el taller hasta la una de la tarde. La
razón por la cual insiste en que se le está discriminando, es que el taller sí
se le recibió y calificó a personas que lo remitieron mucho más tarde de lo que
él lo había hecho (entre las siete y ocho de la noche).[16] El accionante adjuntó al
expediente, copia de varias conversaciones electrónicas que darían cuenta del
trato discriminatorio. Por una parte, una conversación con el profesor Giovani
Mancilla en la que éste le explica que no le calificó su examen por haber
llegado una hora más tarde de lo acordado.[17]
Por otra, una conversación con su compañero de clase, Mauricio Niño Avella, que
indica que a él sí le recibieron y sí le calificaron el trabajo a pesar de
haberlo entregado más de 7 horas del límite establecido.[18] Las notas de la clase
con el profesor Giovani Mancilla fueron dadas a la facultad el 5 de junio, y
entregadas a los estudiantes el 9 de junio de 2010.[19]
1.11.3. Por último, alega el accionante que con ocasión de
un quiz que presentó con su compañero de clase (Mauricio Niño Avella),
también a cargo del profesor Giovani Mancil, fue sometido a un trato
discriminatorio. Mientras que a su compañero se le puso definitivamente la nota
de 2.5, a él se le puso una nota de cero (0). Aportó como prueba, copia de una
conversación electrónica con su condiscípulo. El texto de los mensajes
transcritos muestra que la nota del quiz que habían presentado conjuntamente,[20] se había
modificado para uno de los dos de cero (0) a (2.5).[21]
1.12. Finalmente, indica que los sucesos que le ha tocado
enfrentar lo han puesto en una situación de precariedad académica que su
permanencia misma en la Universidad se ha visto en riesgo. Dice al respecto lo
siguiente,
“[…] a todo lo expuesto y al
problema de exclusión racial que me toco vivir en las aulas de clases, llevo a
desencadenar que mi actual estado académico en la Universidad sea el de prueba
académica.  Así, ha sido tal la idea de materializar mi expulsión de la
Universidad, que aprovechando esta figura de prueba académica es como se
pretende entorpecer mi normal desarrollo y evolución universitaria.  La figura
de prueba académica consiste en que la Universidad deja en periodo de prueba
(semestre de prueba) a los estudiantes que bajan el promedio a menos de 3.0,
cursan una asignatura 3 veces, o pierden 3 o más asignaturas. Al no recuperar
alguno de los criterios en que consiste la prueba, la consecuencia directa es
la expulsión de la Universidad por periodos que van de 1 a 3 años según lo que determine el Consejo curricular, y luego de estos años, bloquean el acceso
del estudiante a la carrera que este cursaba.
Todo esto lo expongo con el
propósito de argumentar y sustentar la situación de desprotección del cual he
venido siendo víctima por parte de la Universidad, la dejar al libre albedrío a
sus docentes permitiéndoles la vulneración de los derechos de nosotros los
estudiantes de la población negra.”
Agrega que como miembro del Proyecto Espacial Colombia en
Órbita ha mantenido una relación epistolar con el profesor César Ocampo, Ph.D.,
profesor asociado de la Universidad de Texas, con miras a proseguir sus
estudios en esa institución educativa.[22]
2. Argumentos y solicitud
2.1. Heiler Yesid Ledezma Leudo considera que los actos a
los cuales lo han sometido algunos docentes de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y la poca protección que le han dado las autoridades
de la institución conllevan una violación de sus derechos a la igualdad (art.
13, CP) y a la educación, en especial de grupos étnicos protegidos (art. 68,
CP) y, en general, un desconocimiento del carácter pluralista del Estado (arts.
1 y 5, CP), con base en las siguientes razones.
“[…] nuestra Constitución del 91
protege la violación de los derechos fundamentales y dentro de estos la
discriminación por raza.  ||  El artículo 1° de la Constitución Política
nacional establece que Colombia es un estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
El artículo 5 de la Constitución
Política nacional reza que el estado reconoce, sin discriminación alguna, la
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como
institución básica de la sociedad.
Los artículos 67 y 68 de la
Constitución Política nacional, hacen referencia a que la educación es un
derecho fundamental, por lo que es inherente e inalienable, esencial a la
persona humana que realiza el valor y principio material de la igualdad
consagrado en el preámbulo de la Constitución nacional y que los integrantes de
los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su
identidad cultural.
El principio de no discriminación
racial; la Constitución Política dispone a la igualdad como patrón fundamental
del estado y la sociedad. Al contrario, la carta rechaza cualquier trato
excluyente o diferenciador que no tenga estricta justificación en sus
postulados. Pues bien, tales mandatos han sido inspirados por obligaciones y
pautas normativas definidas internacionalmente que sirven de referencia para
comprender su definición y alcance. […].[23]
Por lo anteriormente descrito
puedo concluir que se deben respetar mis derecho a ser tratado de manera
igualitaria a todas las demás personas, sin ninguna clase de discriminación.”
Hace referencia, concretamente, a las sentencias C-257 de
1999 y T-1090 de 2002 de la Corte Constitucional.
2.2. El accionante presentó cuatro peticiones concretas a la
Corte Constitucional, a saber:  (i) “exigir a la Universidad que en lo
sucesivo no permita la violación de los derechos de sus alumnos afrocolombianos”;
(ii) “que se me permita la realización de mis dos exámenes restantes en cada
asignatura dictada por el docente Chavarrio, con el fin de evitar el retrazo en
la terminación de la carrera como consecuencia de estos hechos racistas, o en
su defecto, acogerme al sistema de créditos, mediante el cual podría cursar
materias en otra Universidad. Esto con el objetivo de culminar a tiempo mi
formación universitaria”;  (iii) “que se me restablezcan las notas
correspondientes a la asignatura de comunicaciones digitales”;  (iv) “la
calificación de talleres y trabajos presentados en la materia regulación de
telecomunicaciones”;  (v) “igualdad con respecto a mis compañeros en la
calificación de quices y talleres”; y  (vi) “calificación del primer
parcial de la asignatura regulación de telecomunicaciones”.
3. Participación de la Facultad Tecnológica, de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
La Decana de la Facultad, Dora Marcela Martínez Camargo
participó en el proceso de la referencia para ejercer su derecho de
contradicción, fundándose en la información y documentos anexados.[24]
3.1. En primer lugar, la intervención alega que el profesor
acusado de un acto discriminatorio en una de las clases, en razón a un ejemplo
presentado a sus alumnos, es una buena persona, de buena conducta. Y se
considera que lo ocurrido es tan sólo un hecho marginal, no intencional.[25]
Es necesario precisar que Comunicaciones Digitales, donde
alega el accionante que tuvo lugar el no sustentado cambio de la nota del
segundo examen parcial [de dos siete a uno cero (27 a 10)], fue dictado por el profesor Ricardo Alirio González Bustamante y no por el profesor
Yaroslav José Chavarrio Alvarado, como también lo afirma la Decana. Finalmente,
los hechos que se acusan de discriminatorios no ocurrieron en la clase de Medios
de transmisión, que sí fue dictada por el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado,
sino en la clase de Conmutación Digital, también dictada por éste
docente.
3.2. La Decana sostiene que la Facultad y la Universidad no
se le han violado los derechos al debido proceso del accionante, por cuanto los
procedimientos y los parámetros establecidos en las normas aplicables han sido
cumplidos debidamente.[26]
3.3. Además señala que el accionante no es uno de los
mejores estudiantes de la carrera. A su juicio eso lo demuestra su promedio
acumulado de notas de la carrera, así como el hecho de que varias asignaturas
las ha tenido que repetir, luego de haberlas perdido.[27] Advierte que su
desempeño es tan precario que se encuentra en prueba académica.
3.4. La Decana advierte que el estudiante ha tenido
problemas académicos con otros profesores, como lo es el caso del docente
Giovani Mancilla Gaona, respecto del cual se dice que fue presionado por el
estudiante accionante.[28]
3.4.1. La Universidad aportó, entre otros documentos, una
carta de julio 27 de 2010, en la que el profesor de la clase de Regulación en
Telecomunicaciones, Giovani Mancilla Gaona se refiere al caso de Heiler
Ledezma. En ella considera que el estudiante ha estado sometido a gran número
de presiones en razón a su situación académica; por lo que propone que se le
realice un examen de habilitación, así sea de carácter extraordinario. Con la
carta en cuestión (de julio 27), el profesor Mancilla adjuntó una serie de
acusaciones por el comportamiento del accionante Heiler Yesid Ledezma Leudo,
haciendo referencia a pruebas y testimonios que daba a conocer al Consejo
Curricular, pero no al estudiante.[29]
3.4.2. Se aportó al expediente el Acuerdo N° 027 de
diciembre 23 de 1993, por el cual se expidió el estatuto estudiantil de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.[30] También se adjuntó el
Acuerdo N° 07 de la Universidad Distrital, por el cual se modificó y reglamentó
la prueba académica de los estudiantes de la Institución.
3.4.3. La Universidad remitió las notas finales de las
clases Conmutación Digital,[31]
y Medios de Transmisión, dictadas por el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado.[32] Del curso Comunicaciones
Digitales, dictado por el profesor Ricardo Alirio González Bustamante;[33] el curso Regulación
de Telecomunicaciones, dictada por el profesor Giovani Mancilla Gaona.[34] También se
adjuntaron las calificaciones de la clase Integración de Redes y Servicios,
dictada por el profesor Danny Javier Tapiero.[35]
3.5. La Decana solicita rechazar la acción de tutela por ser
falsa e irrespetuosa, en los siguientes términos,
“Solicito a Usted, señor juez constitucional
de primera instancia, tenga a bien negar el amparo de tutela solicitad por el
señor Heiler Yezid Ledesma Leudo [sic], por ser improcedente, e
irrespetuoso en contra del cuerpo de profesores que laboran en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, como también, nuestra Institución ha
garantizado y garantizará el debido proceso, los derechos constitucionales y
fundamentales, pro ser nuestra institución respetuosa de la normatividad
vigente institucional.”
4. Decisión judicial de primera instancia
La Juez Treinta y Uno Civil Municipal de Bogotá, D.C., resolvió
negar la tutela invocada por Heiler Yesid Ledezma Leudo, por considerar que la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas no había incurrido en las
violaciones de los derechos fundamentales del accionante, de las cuales era
acusada dentro del proceso. Luego de plantear el problema jurídico a analizar,[36] y hacer
referencia a dos decisiones judiciales constitucionales (T-974 de 1999 y T-310
de 1999), la juez de primera instancia considera que no le es dado evaluar el
trato entre los estudiantes y los profesores a la luz del derecho a la
igualdad, porque se trata de una competencia privativa de las Universidad, en
virtud de su derecho constitucional de autonomía universitaria. Así, el trato
diferente entre los estudiantes, profesores o trabajadores de una institución,
no puede ser evaluado por el juez de tutela. Dice textualmente la sentencia,
“Así las cosas, del examen de los
documentos arrimados al proceso y del contenido tanto de la acción de tutela,
como de su contestación, se encuentra que la parte accionada no logró demostrar
la violación al derecho constitucional conculcado, éste es, el de igualdad,
frente a los señalamientos del docente según los hechos expuestos y respecto de
la posición y decisión del ente universitario frente a sus solicitudes; además,
las solicitudes del accionante fueron resueltas dentro de la oportunidad legal,
no significando esto que la respuesta de las mismas debería ser positiva a las
pretensiones del estudiante, como quiera que es la institución educadora, quien
con fundamento en su autonomía dado el carácter constitucional que la reviste,
decide o no como maneja los conflictos suscitados entre sus docentes y sus
alumnos.
Por ello, si bien la Universidad
obró de conformidad con su reglamento interno, y su actuar fue diligente en la
medida en que, disponiendo de los mecanismos para proceder de conformidad a las
quejas del estudiante, fueran éstas de carácter académico administrativo, se
encuentra que el amparo solicitado no encuentra recibo por parte del despacho.”
5. Impugnación
Heiler Yesid Ledezma Leudo impugnó el fallo de primera
instancia, por considerar que la autonomía universitaria no tiene la amplitud
que pretende darle la juez de primera instancia. A su juicio, se desconoce que
tal garantía sí encuentra un límite efectivo en el derecho a la igualdad. Dice
textualmente,
“De acuerdo a la Acción de Tutela
que yo interpuse en contra de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, me permito informar que no estoy de acuerdo con lo expuesto por la
señora Jueza Luz Helena Montes Sinning, ya que si bien es cierto que el
artículo 69 de nuestra Constitución Política le otorga a las Universidades la
potestad de tener autonomía universitaria, también es cierto que esta autonomía
nunca puede ir en contra de la ley y menos de la misma Constitución, y más
cuando se trata de proteger derechos fundamentales consagrados en esta.
[…] en el fallo de la acción de
tutela se prioriza en la autonomía universitaria por encima de lo que yo
solicito en las peticiones de tal acción, las cuales buscan que se me trate con
respeto a mi dignidad humana al igual que a mis compañeros independientemente
de su identidad étnica, ya que la universidad nunca protegió mi dignidad humana
ni mi derecho a tener una educación en condiciones de igualdad y respeto, y por
ende el profesor Yaroslav Chavarrio continuó hasta el final del semestre con
las burlas directas hacia mí, a pesar de que el profesor es un ingeniero que
conoce perfectamente el artículo 12 de la Constitución de Colombia, el cual
prohíbe los tratos inhumanos o degradantes hacia las personas.”
5.1. Para el señor Ledezma Leudo no es aceptable que la
Universidad, a pesar de haber constatado el trato racista al cual había sido
sometido, no hubiese hecho nada para protegerlo. El principio de dignidad
humana, a su parecer,
“[…] me es vulnerada
constantemente en la Universidad Distrital con la permanente creación
premeditada de escenarios racistas hacia mi persona como si fuesen propios de
un lugar común, como lo describe el informe de investigación del docente
investigador Harold Vacca, quien describe la manera degradante en que soy
tratado por parte del cuerpo docente.  ||  […]
Con respecto a las afirmaciones de
la señora Decana de la Facultad Tecnológica, Dora Marcela Martínez Camargo,
debo aclarar que este docente no me dictaba la asignatura Comunicaciones
Digitales, las materias que dictaba eran Medios de Transmisión y Conmutación
Digital. La asignatura Comunicaciones Digitales la dictaba el profesor Ricardo
Alirio González, quien me cambió la nota del segundo parcial de 2.7 a 1.0 como lo muestra el reporte de notas de la base de datos de la universidad, la cual anexé
dentro de los elementos probatorios allegados a su respetado despacho.
Siendo evidentes los trato
inhumanos y degradantes a los que fui expuesto por parte del profesor
Chavarrio, situación que informe inmediatamente a la señora Decana, de la cual
esta hizo caso omiso y no insto por brindarme algún tipo de garantías o
protección ante tal problemática, al contrario prefirió no tomar cartas en el
asunto y hacer como si esta situación nunca se hubiese presentado, generando
esto una situación bochornosa como la califica el docente encargado de realizar
la investigación.
Sin embargo la universidad en su
respuesta a la acción de tutela interpuesta, nunca se pronunció de manera
objetiva referente a la discriminación a que me sometía el profesor Chavarrio,
aun cuando fueron en su momento los primeros en pronunciarse en contra de la
discriminación racial por escrito a través del informe de investigación que se
conoce. La Universidad describe que el racismo, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia constituyen una negación de los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación, reconocidos en la cotidianidad
de la Facultad Tecnológica, por la discriminación, reconocidos en la
cotidianidad de la Facultad Tecnológica, por la discriminación que se vive, y
que ya que se presentaron los hechos discriminatorios con el profesor
Chavarrio, es la oportunidad para que se organice un evento de reconocimiento
para los estudiantes, docentes y funcionarios afrodescendientes que con sus
realizaciones ejemplares contribuyan al fortalecimiento del proyecto Facultad
Tecnológica.”
5.2. El accionante reclama a la decisión judicial de primera
instancia, suponer que las diferencias de trato entre los estudiantes no pueden
ser cuestionadas, pues están amparadas por la autonomía universitaria, y encubrir
así el trato discriminatorio. Dice al respecto,
“A pesar de que relacioné todos
los elementos probatorios en donde demuestro la mala conducta asumida por los
docentes y la Universidad (porque esta debía actuar como garante de mis
derechos fundamentales), la señora jueza hizo caso omiso a todo lo relatado en
la acción de tutela, escudando a la Universidad con el tema de autonomía
universitaria y pasando por alto la protección a mis derechos fundamentales,
tales como la Dignidad Humana, el derecho a una educación en condiciones de
equidad e igualdad.”
5.3. El accionante reclama sus logros académicos, los cuales
han sido conocidos y apoyados por su comunidad. Insiste en que ello es así, y
puede demostrarse. Dice al respecto,
“Adicionalmente, la comunidad
universitaria, directivas y profesores han sido testigos de nuestros logros en
materia académica y de investigaciones científicas y tecnológicas, de lo cual
da testimonio el señor rector de la Universidad Distrital, Doctor Carlos Ossa
Escobar, que me invitó junto a mi hermano Heicer Ledezma a participar en el
programa radial de la UD Stereo ‘protagonistas’, en el cual fuimos escogidos
como candidatos para ser nombrados personajes del año gracias a nuestros
resultados en materia de investigación aeroespacial. Así, nuestra trayectoria
fue destacada en el programa radial en mención y paralelamente en la sección
‘el Rector informa’ de la página oficial de la UD, en donde queda en claro la
brillante trayectoria de la que con humildad gozamos, y ante todo colocando en
alto el nombre de nuestra institución la cual llevamos en el corazón.  ||  […]
Es gracias a nuestra humilde
trayectoria que fuimos invitados (Heicer Ledezma y yo) a trabajar en el centro
de Investigaciones Especiales (Center for Space Research) de la Universidad de
Texas en Austin.”
5.4. Heiler Ledezma afirma: “Sueño con una Universidad en
donde el objetivo común sea la ciencia y el conocimiento en un entorno
multiétnico y pluricultural como manda nuestra Carta Magna. Tal como se
evidencia en la fotografía que adjuntaré el día de mañana acerca de nuestra
participación con el Grupo de Energías Alternativas de la Universidad Distrital
GIEA-UD en el IV Congreso Mundial de Juventudes Científicas organizado por la
Federación Internacional de Sociedades (Científicas FISS), en donde se refleja
esta diversidad étnica y cultural, en donde prima el amor por la Ciencia y el
Conocimiento como punto de unidad para tal diversidad.”[37]
5.5. El accionante adjunta la carta de invitación del CSR
(Center for Space Research) de la Universidad de Texas para trabajar como
investigadores de tal institución. Las notas que muestran el buen desempeño
académico en el proyecto curricular de electrónica, como lo describe el
Investigador Harold Vacca en su informe de investigación, y por lo cual nos
felicitan el rector y las directivas. Adjuntan también cartas de felicitaciones
recibidas y artículos de prensa, en los que se hace mención a algunos de sus
logros.[38]
“Por todo lo anteriormente
expuesto solicito respetuosamente a la señora jueza, jueces y entes jurídicos
competentes, ayudarme a abolir los rezagos de esclavitud y discriminación
racial que redundan en la memoria colectiva de gran parte del cuerpo docente de
ésta, nuestra alma mater Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como
lo contemplan los acuerdos internacionales que ha suscrito la Presidencia de la
República con las Naciones Unidas y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para eliminar toda forma de discriminación racial en los pueblos que las
integran.”
5.6. La Alianza Colectiva Multi-Étnica Estudiantil de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, participó en el proceso para
apoyar la solicitud del accionante.[39]
Se reiteran varios de los dichos ya presentados por el accionante y, además, se
cuestiona la grabación y el uso que se le ha dado al video. Se acusa, de oídas,
al estudiante Jorge Augusto Herrera de haber ocultado parte del video que se
adjuntó al proceso y en el cual se ve a Heiler Yesid Ledezma Leudo, en compañía
de su hermano, presentando varios reclamos al profesor Giovani Mancilla.[40]
6. Decisión judicial de segunda instancia
La Juez Veintiuna Civil del Circuito de Bogotá, DC, resolvió
en segunda instancia confirmar la decisión de negar la tutela presentada por
Heiler Yesid Ledezma Leudo en contra de la Universidad Distrital. Consideró que
tal como lo había señalado la propia Universidad, el acto del profesor Yaroslav
José Chavarrio no constituye un acto de discriminación, por cuanto no se trató
de una conducta constante y repetitiva,
“[…] el actuar desplegado por la
Universidad demandada no trasgrede derecho fundamental alguno al accionante,
para ello ha de tenerse en cuenta que al reclamo que hiciera el estudiante
Heiler Ledesma (sic) Leudo sobre la discriminación de la cual aduce fue
víctima se le dio el trámite contemplado en el estatuto estudiantil y el ente
educativo consideró que no había mérito para iniciar investigación, dado que el
comentario expresado por el docente no lo hizo de forma directa y despectiva,
sino que fue parte de un ejemplo inapropiado que se dio en clase, sin que ello
implique discriminación, pues no se acreditó conductas constantes y sucesivas
del profesor que atenten contra los afrodescendientes o que los margine por su
condición racial.
En otras palabras, de los
supuestos fácticos narrados por el petente y de la actuación adelantada por el
ente universitario no se vislumbra conexión alguna que afecte injustamente el
rendimiento académico del estudiante, pues aunque son sobresalientes los
reconocimientos internacionales y nacionales que se le han hecho al estudiante,
tal situación no quiere decir que por ese hecho la universidad deba calificar
al estudiante de forma satisfactoria.
Por otro lado frente a la
calificación de los exámenes del señor Heiler Ledesma (sic) Leudo, ha de
señalarse que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Estudiantil, el
alumno puede solicitar la revisión del examen dentro de los cinco (5) días
siguientes a la publicación de la calificación […]”.
Finalmente, la Juez sostiene que el accionante no aportó
suficiente material como para determinar si realmente los profesores en
cuestión le dieron un trato diferente al estudiante o no, como se alega en la
acción de tutela.
7. Solicitud de la Defensoría del Pueblo
Considerando los hechos del caso y las decisiones judiciales
de primera y segunda instancia, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte
Constitucional que revisara el caso. A su juicio, a diferencia de lo
considerado por los jueces de instancia, en el expediente sí hay evidencia de
que el estudiante fue sometido a un trato discriminatorio. Adicionalmente, en
ningún momento la Universidad desmintió o desvirtuó los tratos diferentes
injustificados entre estudiantes.[41]
8. Participaciones por solicitud de la Sala de Revisión
8.1. La Sala de Revisión vinculó y dio espacio para
participar dentro del presente proceso a diferentes personas, naturales y
jurídicas.  Al profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado y a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. A la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN,
a la Universidad del Valle y a la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia. Finalmente, al Observatorio de Discriminación Racial de la
Universidad de Los Andes, al Centro de Estudios de Justicia, DeJusticia, a la
Corporación Redafro, a la Conferencia de Organizaciones Afrocolombianas, al
Centro de Justicia y Acción contra el Racismo y al Colectivo Cimarrón. Todas
las intervenciones y participaciones que tuvieron lugar ante la Sala de
Revisión son incluidas a título de anexo a la presente sentencia. Sin embargo, se
hace referencia a la última comunicación remitida a la Sala de Revisión por el
accionante dentro del proceso.
8.2. Heiler Yesid Ledezma Leudo presentó con orgullo a la
Sala de Revisión un certificado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, con el resultado del 100% de las materias
cursadas. Además, el resultado de la evaluación de su trabajo de grado. Se
adjuntan a continuación el resultado oficial de los tres últimos semestres”.[42]
Además, se transcribe el documento mediante el cual el Tutor
del Proyecto, Gerardo Castang Montiel y Dulio A. Buelvas, Jurado del Proyecto,
solicitaron al Consejo de la Facultad de la Universidad, dar a la tesis de los
hermanos Ledezma Leudo el reconocimiento de meritoria.[43]
8.3. Teniendo en cuenta que la anterior información presentada
por Heiler Yesid Ledezma Leudo ponía de presente que los obstáculos que
existían para continuar el proceso educativo habían sido sorteados por el
propio accionante, la Sala de Revisión se abstuvo de tomar medidas cautelares
adicionales a la solicitud de la información ya recibida. Considerando
suficiente el acervo probatorio pasa a resolver los problemas jurídicos
planteados en el caso, la Sala pasa a resolverlos.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos
A continuación se hará un breve recuento del caso que se
somete a revisión de la Sala, para presentar, posteriormente, los problemas
jurídicos que éste plantea.
2.1. En términos generales, puede resumirse la cuestión que
se debate en los siguientes términos: el estudiante Heiler Yesid Ledezma Leudo
presentó acción de tutela por considerar que en una clase de su carrera
universitaria se le sometió a un trato discriminatorio, en la medida que un
docente empleó un ejemplo de carácter racista durante una sesión, en frente de
él y de todos sus otros compañeros. Considera a su vez que la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, su alma mater, le falló en el
momento en que le solicitó que protegiera sus derechos ante la situación de
discriminación a la cual se le había sometido. Sostiene, además, que por
cuestiones de ‘solidaridad de cuerpo’, algunos otros docentes le han sometido a
presiones posteriores. La Universidad, por su parte, considera que sí llevó a
cabo la investigación ante los hechos solicitados y se tomó una decisión al
respecto, por lo que, a su parecer, no le fueron violados los derechos al
debido proceso. Que no fuera del gusto y agrado del estudiante, es asunto
diferente; a su parecer, sostienen la institución, el accionante está buscando
beneficios académicos con el proceso, a costa del buen nombre de sus
profesores. Pero la Universidad reitera que adoptó una decisión a su juicio
adecuada, en el legítimo uso de su autonomía universitaria. El profesor
acusado, por su parte, reitera ante la Sala de Revisión que fue un ejemplo
desafortunado, por el cual, de forma inmediata pidió disculpas al estudiante.
No obstante, insiste en que se trata de una expresión ‘castiza’, usual y
corriente en la lengua española, cuyo uso no necesariamente implica un ataque
de carácter racial.
Por último, el accionante ha indicado a la Sala que con
posterioridad a la interposición de la acción de tutela y de otros medios de
defensa de sus derechos fundamentales, su hermano y él, han sido sometidos a
nuevas persecuciones y presiones, a propósito de la presentación de su tesis. Además,
ha allegado documentos al proceso de tutela, en los cuales (1) prueba el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el programa cursado y  (2) informa
que la Personería de Bogotá ha tomado decisiones de protección frente a sus
derechos fundamentales, encontrando responsables disciplinariamente a algunos
funcionarios, por no haber seguido un debido proceso al momento de tramitar la
queja del estudiante.
2.2. Teniendo en cuenta que la función de Revisión que
ejerce la Corte Constitucional, la Sala advierte que los problemas jurídicos a resolver
en el presente proceso son fundamentalmente dos. Uno referido a eventual
irrespeto a los derechos del accionante por el profesor Chavarrio Alvarado, y
el otro referido a la presunta desprotección por parte de las instancias
académicas que se han ocupado de conocer el caso posteriormente.
2.2.1.  El primer problema jurídico es el siguiente: ¿una
persona, en el rol de profesor universitario, viola los derechos a la educación
y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser discriminado), cuando, en
ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de cátedra, usa en clase una
expresión que se acusa discriminatoria (en este caso ‘racista’) para
ejemplificar una categoría teórica técnica (de ingeniería), pese a que, ante el
reclamo de un estudiante que se sintió discriminado, el docente  (i) retiró lo
dicho,  (ii) pidió disculpas, y (iii) aclaró que sólo usó la palabra como se hace
cotidianamente, ordinariamente, no para atacar a nadie?
2.2.2. El segundo problema jurídico es el siguiente:
¿desconoce una universidad los derechos a la igualdad (en especial el derecho a
no ser discriminado) y al debido proceso de una persona que, en su calidad de
estudiante, solicitó a las directivas de la entidad que se tomaran medidas de
protección ante un acto que consideró discriminatorio, cuando en ejercicio de
su autonomía universitaria resolvió no tomar medidas de protección, a pesar de
que la investigación adelantada internamente por la Institución educativa concluyó
que sí habían ocurrido los hechos reportados por el estudiante, al menos
parcialmente?
2.3. Para resolver estas dos cuestiones la Sala de Revisión
se ocupará de varios asuntos. En primer término, se presentará el derecho
constitucional de toda persona a no ser sometido a un escenario de
discriminación, precisando las reglas constitucionales relevantes y la
jurisprudencia aplicable al presente caso (capítulo 3). En segundo lugar, la
Sala se referirá al derecho constitucional a la libertad de cátedra; su
importancia en democracia, y su complejidad, en virtud de la amplia
interrelación, interdependencia e indivisibilidad con otros derechos
fundamentales, que el ejercicio de esta libertad puede conllevar (capítulo 4).
En tercer lugar, se abordará la especial relación que existe entre el derecho a
la educación, la libertad de cátedra y la garantía de no discriminación, en
especial, por razones de raza (capítulo 5). A continuación, la Sala procederá a
estudiar cada uno de los problemas jurídicos planteados, y a dar su solución a
la luz de las reglas y principios aplicables (capítulos 6 y 7,
respectivamente). Teniendo en cuenta lo decidido, se indicará cuáles son las
medidas que se adoptarán con relación al reclamo constitucional presentado por
el accionante (capítulo 8), se harán unos comentarios generales, a propósito
del caso (capítulo 9) y, finalmente, se concluirá, presentado de manera puntual
las decisiones adoptadas (capítulo 10).
2.4. Es posible conocer el contenido esencial de la presente
sentencia, mediante la lectura de las partes estructurales de la misma. En el
presente capítulo (el segundo), se indican cuáles son los problemas jurídicos
que supone el caso sometido a resolución judicial por las partes y se presenta
la estructura general del resto de las consideraciones de la sentencia. Las
decisiones adoptadas por la Sala de Revisión se presentan de manera precisa y
resumida al final de la sentencia (capítulo 10). La respuesta al primero de los
problemas jurídicos planteados, y las reglas constitucionales que llevan a la
misma, se encuentran al final del sexto capítulo (sección 6.3.). La respuesta
al segundo de los problemas, y las reglas constitucionales aplicadas, se
encuentran al final del séptimo capítulo (sección 7.4.). El capítulo octavo plantea
las principales órdenes y medidas que adoptará la Sala de Revisión (al respecto
ver, en especial, los apartados [8.1.4], [8.2.5.], [8.3.] y [8.4.]). Al final
de cada uno de los tres capítulos que recopilan las reglas y principios
constitucionales relevantes y la jurisprudencia aplicable al caso, se resumen
las principales conclusiones a las que llega la Sala (ver, respectivamente, las
siguientes secciones: [3.5.], [4.5], y [5.4]). En todo caso, es posible
consultar el índice que acompaña la sentencia a manera de anexo.
Pasa entonces la Sala a analizar, solucionar y resolver los
problemas jurídicos planteados.
3. En un estado social y democrático de derecho están
proscritos los escenarios de discriminación
Las reglas y principios que inspiran el estado social y
democrático de derecho que es Colombia, excluyen los actos de discriminación en
contra de cualquier persona. Son actuaciones contrarias al principio de dignidad
humana y, por tanto, proscritas del orden constitucional vigente. Cuando tales
actos conllevan una puesta en escena, ante un grupo de personas que hacen las
veces de público, la discriminación implica afectaciones inmateriales a la
dignidad que han de ser especialmente valoradas por el juez constitucional, de
acuerdo con las reglas aplicables.
Para exponer estas reglas constitucionales básicas, se
dividirá el presente capítulo en cuatro partes. En primer lugar, la Sala hará referencia
al derecho fundamental a no ser discriminado, del cual es titular toda persona,
prestando especial atención a los actos que constituyen una discriminación
estructural y a las consideraciones especiales que en materia probatoria supone
la protección del goce efectivo de este derecho (sección 3.1.). En segundo
lugar se evidenciará que si bien se trata de una jurisprudencia constitucional
ampliamente reiterada, debe ser considerada teniendo en cuenta las condiciones
especiales de cada caso; los actos discriminatorios son múltiples, diversos y
de distinto tipo y con diferente impacto en los derechos. No obstante, como se
indicará, existen casos en los que el trato que se acusa de discriminatorio
encuentra sustento en criterios objetivos y razonables, no contrarios al orden
constitucional En tales eventos, por supuesto, no se trata de discriminaciones
ni de actos contrarios a la Carta Fundamental, sino tratos diferentes,
legítimos en una sociedad abierta y democrática (sección 3.2.). En la tercera
parte se hará relación a la protección que ha dado la jurisprudencia
constitucional concretamente ante actos de discriminación racial, con base en
las reglas y principios aplicables en el orden constitucional vigente (sección
3.3.). Finalmente, la Sala se referirá en cuarto lugar a un tipo de acto
discriminatorio específico: los ‘escenarios de discriminación’. Caracterizará
de forma general sus elementos centrales, para analizarlos en el caso de la
referencia, de forma similar a como lo ha hecho la jurisprudencia
constitucional en el pasado (sección 3.4.).
3.1. Protección efectiva de los derechos de las personas
frente a actos de discriminación; aspectos jurisprudenciales
Con ocasión del presente caso, es importante para la Sala
resaltar cuatro cuestiones sobre el derecho fundamental a no ser discriminado,
a saber:  (i) hacer alusión a la manera como se usa la expresión actos
discriminatorios en el ámbito constitucional;  (ii) el tipo de discriminaciones
estructurales, y por lo mismo naturalizadas en la vida diaria y casi invisibles
para la mayoría de la sociedad, y  (iii) las reglas básicas de prueba de actos
discriminatorios que se funden en criterios sospechosos de ser usados
tradicionalmente para excluir, marginar y denegar grupos de personas en la
sociedad.
3.1.1. Actos discriminatorios
La jurisprudencia constitucional ha protegido amplía y
generosamente a las personas frente a los distintos actos discriminatorios que
son cometidos en la sociedad diariamente. Son muchos y variados los actos de
discriminación a los que puede verse enfrentada una persona. Estos, pueden
provenir de distinta clase de individuos o instituciones, tener diferentes
grados de impacto, a la vez que pueden ocurrir en contextos y situaciones
distintas. El juez constitucional debe ser sensible a cada una de esas
dimensiones de análisis al momento de estudiar un caso, decidirlo (responder el
problema jurídico) y resolverlo (tomar medidas para proteger y garantizar los
derechos fundamentales, cuando sea del caso).
Aunque no es deber ni función del juez constitucional
establecer definiciones a los conceptos jurídicos, si lo es hacer explícita la
manera como los usa en los razonamientos que resuelven los casos que son
sometidos a su consideración. En tal sentido, cabe señalar que la
jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha indicado que un acto
discriminatorio “[…] es la conducta, actitud o trato que pretende -
consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o
grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios
sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos
fundamentales.”[44]
Es de resaltar, a propósito del presente caso, que los actos
de discriminación pueden ser de carácter consciente o inconsciente. Es decir,
la persona que comete el acto puede tener intención o no de discriminar,
incluso puede no darse cuenta que se trata de tal tipo de acto, ni antes ni
después de cometido. Lo relevante del acto, desde la perspectiva de la
protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, por lo tanto, no
es la existencia de un propósito de dañar o discriminar, es la existencia o no
de un acto que afecte la dignidad humana, con base en razones fundadas en
prejuicios, preconceptos, usualmente asociados a criterios sospechosos de
discriminación como raza, sexo, origen familiar o nacional o religión, por
ejemplo.
En el contexto de la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación racial (1965) se ha de entender que
la expresión ‘discriminación racial’ “[…] denotara toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social o cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública.” (artículo primero, numeral
1).[45]
Teniendo en cuenta que esta disposición hace parte del bloque de
constitucionalidad, en tanto hace parte de un tratado internacional de derechos
humanos ratificado por Colombia, se constituye en un parámetro de análisis
conceptual de lo que se ha de entender por acto discriminatorio bajo el orden
constitucional vigente.[46]
3.1.2. Discriminaciones estructurales
La Corte Constitucional se preocupó desde un inicio por
mostrar cómo discriminaciones estructurales –basadas en el género o la raza,
por ejemplo– siguen inmersas en las culturas dominantes de los distintos
pueblos, comunidades y grupos sociales que habitan Colombia. Patrones
clasistas, sexistas o racistas, persisten en las estructuras jurídicas,
sociales e institucionales, en ocasiones tan íntimamente vinculadas a las
prácticas cotidianas, que simplemente se vuelven invisibles. Son
discriminaciones estructurales que simplemente no se ven. En palabras de la
Corte Constitucional, es “[…] un acto discriminatorio, el trato desigual e
injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en
las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta
confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la
comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana
y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la
persona.”[47]
Para la jurisprudencia constitucional, la ‘normalización’ o
la ‘naturalización’ de un acto que es discriminatorio a la luz del orden
jurídico establecido a partir de la Constitución Política de 1991, no justifica
actos discriminatorios. Una autoridad ni siquiera puede ampararse de cometer un
acto discriminatorio en el cumplimiento literal de una ley formal –expedida por
el Congreso de la República–. Ha dicho al respecto la jurisprudencia:
“El acto de discriminación no sólo
se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas
situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de
la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad
de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la
violación del derecho a la igualdad.”[48]
Por supuesto, si un poder social no puede fundarse en una
norma legal, formal, para justificar un acto discriminatorio, menos aún, puede
justificarse este tipo de acto en la mera aplicación de una regla o convención
social, así sea de carácter lingüístico. La dignidad de las personas no está en
discusión en un estado social y democrático de derecho. Las tradiciones de
discriminación no son un bien cultural a preservar, son reglas de dominación y
opresión que se han de superar.
3.1.3. Pruebas de actos discriminatorios
Uno de los retos más complejos que plantea la protección
frente a actos de discriminación, es su prueba. La jurisprudencia ha resaltado,
también desde su inicio, que una de las principales garantías en los casos en
los que se produce un acto de discriminación, consiste precisamente en que se
invierta la carga de la prueba, en especial cuando se trata de personas que
alegan haber sido sometidas a tal trato, con base en una categoría sospechosa
de discriminación o cuando se trata de personas en situación de sujeción o
indefensión. Al respecto, ha señalado la Corte,
“Los actos discriminatorios suelen
ser de difícil prueba. De ahí que sea apropiado que la carga de probar la
inexistencia de discriminación recaiga en cabeza de la autoridad que expide o
aplica una disposición jurídica, no así en quien alega la violación de su
derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación que se hace de una
persona es sospechosa por tener relación con los elementos expresamente
señalados como discriminatorios a la luz del derecho constitucional.”[49]
Hechos los anteriores comentarios acerca del uso de la
noción de actos discriminatorios en el ámbito constitucional, y en especial
cuando tales actos son estructurales, o versan sobre criterios sospechosos y la
carga de su prueba se invierte como manera de protección, pasa la Sala a
caracterizar en términos generales la jurisprudencia al respecto.
3.2. La jurisprudencia constitucional en materia de actos
discriminatorios es reiterada, amplia, constante y pacífica
Los jueces de tutela de Colombia, desde 1991, e incluso
antes, han protegido a las personas de los actos discriminatorios a los cuales
son sometidas día a día, en la cotidianidad. La jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional desde su inicio (en sentencias como la T-098 de 1994), ha
sido reiterada en múltiples ocasiones.[50]
Es una jurisprudencia que se ha tenido que ocupar de variedad de casos,
acaecidos en diversidad de contextos fácticos. Ha sido constante, se ha
mantenido en un mismo sentido y dirección. Y ha sido unánime en la mayoría de
los casos, han sido pocas las disidencias al interior de las diferentes Salas
de Revisión, y usualmente, cuando han tenido lugar, han versado sobre aspectos
puntuales y concretos del caso, y no respecto a los postulados y presupuestos básicos
de la jurisprudencia constitucional en materia de actos discriminatorios.
3.2.1. Los actos discriminatorios pueden ser de diversos
tipos y clases
La
Corte Constitucional ha señalado multiplicidad de actos que ha considerado
discriminatorios a lo largo de  su jurisprudencia. Por ejemplo:  (1) no pagar
las mesadas pensionales a algunos trabajadores, mientras que a otros, en igual
o en mejores condiciones, si se les pagan;[51]
(2) no permitir la sustitución pensional a algunas familias, en razón a no
haber sido conformadas mediante matrimonio;[52]
cambiar las condiciones de accesibilidad con que se permitía a personas con
discapacidad, acceder a un escenario deportivo;[53] (3) dejar de contratar a
la mejor candidata a un cargo de ingeniera, según un concurso realizado, por
considerar que debería ser un hombre el que ocupara el puesto;[54]  (4) no dar beneficios
en materia de protección al derecho a la salud, a las parejas de las mujeres,
mientras que a las de los hombres sí;[55]
(5) despedir a un trabajador y establecer que las labores realizadas, de
limpieza, sólo pueden ser realizadas por una mujer;[56]  (6) dejar de
suministrar medicamentos a una persona con VIH, cuando tales medicamentos sí se
suministran a otros pacientes en iguales condiciones;[57]  (7) despedir del
trabajo a un mujer en estado de embarazo, desconociendo la protección reforzada
de su derecho a la estabilidad laboral;[58]
(8) el que las instituciones de salud no contemplen tratamientos diferenciales
y específicos para ciertas discapacidades;[59]
(9) impedir el ingreso de alguien a la Policía Nacional porque su padre tuvo
antecedentes penales;[60]
(10) impedir el uso del ascensor a las personas en razón a ser empleados o
trabajadores del servicio doméstico en una copropiedad;[61]  (11) no conceder
permiso especial a ciertos discapacitados, durante las horas de restricción
vehicular en una ciudad;[62]
(12) impedir que personas con tatuajes puedan acceder a cargos de vigilancia al
interior de un instituto penitenciario o carcelario;[63] (13) excluir a las
personas enfermas de VIH privadas de la libertad de algunas actividades, como
las de estudio y trabajo, en razón a creer erróneamente que se evita el
contagio con tales restricciones;[64]
(14) impedir a una mujer trans, a pesar de sus capacidades y buenas
habilidades, trabajar en una obra de construcción;[65]  (15) no dar adecuada
protección a los derechos de acceso a la justicia sin cargas irrazonables y
desproporcionadas a las personas de talla baja;[66] (16) obligar a una
persona que es adventista del séptimo día, a estudiar y presentar exámenes
durante el sabath;[67]
(17) no dar las mismas garantías a todas las personas privadas de la libertad
para practicar su religión o su culto, con independencia a cuáles sean sus
creencias;[68]
(18) impedir a una mujer desempeñarse en un cargo tradicionalmente ocupado por
hombres (vigilante), sin que existan criterios objetivos y razonables que
justifiquen tal decisión;[69]
(19) conceder estímulos estatales a los deportistas campeones en juego olímpicos,
pero no para los deportistas campeones en juegos paralímpicos;[70]  (20) impedir el ingreso
de una persona trans a un establecimiento abierto al público.[71]
Corresponde al juez de tutela, por tanto, considerar las
condiciones específicas del acto acusado de ser contrario al principio de
igualdad y establecer si el trato diferente (o igual) que se cuestiona es en
efecto una discriminación.
3.2.2. Los actos razonables y proporcionados
constitucionalmente no son actos discriminatorios; no sólo se explican sino que
se justifican
3.2.2.1. La jurisprudencia constitucional de manera
reiterada, desde su inicio, ha considerado que los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad son los parámetros para evaluar la constitucionalidad de un
trato diferente, o igual cuando ha de ser diferente. Los tratos irrazonables o
desproporcionados constitucionalmente en tales términos, son pues, actos
discriminatorios.[72]
Con base en tales criterios, la jurisprudencia ha encontrado razonables
constitucionalmente, tratos diferentes entre estudiantes de instituciones
educativas. Por ejemplo, ha sostenido que no se discrimina a un estudiante
cuando se modifica, justificadamente, la manera como se elegían los
beneficiados de un programa de acceso a la Universidad.[73] No se discrimina a un
grupo de mujeres al no haber elegido a ninguna para trabajar, y sólo haber elegido
hombres, cuando no hay evidencia alguna de discriminación y la decisión se tomó
con base en criterios objetivos relacionados con el cargo.[74]
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se
ha pronunciado en el mismo sentido indicando que los tratos diferentes (o
iguales, cuando se reclama un trato diferente) no son un acto discriminatorio
cuando son medios que buscan objetivos y propósitos legítimos a la luz de la
propia Convención y la carta internacional de derechos humanos.[75]
3.2.2.2. Es preciso hacer una distinción entre un trato
diferente que se encuentra justificado de forma objetiva y razonable en la
Constitución, y un trato diferente que tan sólo puede ser ‘explicado’.
Retomando la clásica distinción entre ‘explicar’ y ‘justificar’,[76] la
jurisprudencia constitucional ha indicado que el hecho de que un acto
discriminatorio se pueda explicar no implica que se pueda justificar.
Concretamente, a propósito de la discriminación en contra de la mujer ha
indicado que “[…] a la luz de la histórica discriminación a la que ha sido
sometida la mujer, en multiplicidad de campos y actividades de la vida social, el
acto discriminatorio en contra de la accionante y de su esposo, era “explicable,
más no justificable”.[77]
Poder dar razones acerca de por qué se realizó un acto, no implica,
necesariamente, que tales razones sean válidas a la luz del marco axiológico
que impone la Constitución.
En otras palabras, no toda razón que se pueda ofrecer para
dar sustento a un trato diferente entre iguales, es válida constitucionalmente.
Poder explicar el uso de una expresión racista (por ejemplo, porque se trata de
una expresión de uso generalizado y frecuente en la sociedad), no implica que
se esté justificando su uso. Para ello se requeriría dar argumentos
constitucionales que indicarán porqué no es irrazonable o desproporcionado usarla
en un contexto pedagógico. Por qué el uso de una expresión de ese estilo, en
las circunstancias específicas de que se trate, no desconoce la dignidad
humana, el principio de igualdad o el derecho a no ser discriminado.
A continuación, pasa la Sala a hacer referencia a la
jurisprudencia constitucional que ha protegido a las personas de actos discriminatorios
por razones de ‘raza’, bien porque se impone un trato diferente a personas
igualmente dignas en la misma situación, o bien porque se impone el mismo trato
a personas afro descendientes, de comunidades colombianas o negras o raizales,
a pesar de tener derecho a recibir un trato deferente, como acto de justicia y
reparación a sus derechos, por su situación de exclusión y marginación.
3.3. Jurisprudencia constitucional sobre protección actos
discriminatorios basados en raza y estereotipos racistas
La jurisprudencia constitucional, considerando la especial
protección que tienen las personas afrodescendientes en Colombia a la luz del
orden constitucional vigente, ha condenado y protegido a las personas frente a
actos de discriminación, fundados en prejuicios y estereotipos de raza. En este
sentido puede entenderse el racismo como un tipo de acto de discriminación.[78]
3.3.1. Protección de la población afro colombiana, negra
o raizal
3.3.1.1. Recientemente, a propósito de la población
afrodescendiente que se encuentra en situación de desplazamiento (Auto 005 de
2009), la Corte se refirió a los fundamentos constitucionales de la especial
protección de sus derechos, en los siguientes términos,
“[…] distintos artículos
constitucionales enfatizan en el amparo reforzado del que deben gozar no sólo
las personas afrodescendientes como individuos, sino las comunidades a las que
pertenecen. Es decir, que de acuerdo con la Constitución, hay una protección
especial tanto individual, como colectiva, en relación con los
afrodescendientes.  ||  Por un lado, del artículo 1° y 7° se deriva el
reconocimiento y protección de la identidad e integridad cultural y social de
estas comunidades. En el artículo 1° se hace énfasis en el carácter pluralista
del Estado colombiano, y en el artículo 7° se dice expresamente que ‘el Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.’
Por el otro, en virtud de los artículos 13 y 70 Superiores se  reconoce el
derecho a la igualdad y a la no discriminación de la que deben gozar las
comunidades afrodescendientes y sus miembros. Puntualmente, el artículo 13
establece que: ‘Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica’, y obliga al Estado a promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar  ‘medidas en favor de
grupos discriminados o marginados’.  El artículo 70, por su parte, reconoce que
‘la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad’,
y obliga al Estado colombiano a ‘reconocer la igualdad y dignidad de todas las
que conviven en el país’.
Ahora bien, la Constitución hace
referencia explícita a las comunidades afrodescendientes, en el artículo 55
transitorio. En dicha disposición se ordena al Congreso, expedir ‘una ley que
les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley (…)’ y
que establezca ‘mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y
social.’  Precisa este artículo, en el parágrafo 1°, que lo dispuesto ‘podrá
aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el
mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión
especial aquí prevista’.”[79]
3.3.1.2. En esa misma providencia, la Corte Constitucional
hizo referencia a las obligaciones internacionales de protección para la
población afrodescendiente en los siguientes términos,
“En relación con las obligaciones
internacionales aplicables, se encuentran tratados generales, como  (i) la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que enfatiza en que ‘toda
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color (…) origen nacional o social’ (Art. 2), y
‘todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación’ (Art.
7); (ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
que entre otras disposiciones, establece que ‘en los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.’ (Art. 26)
[80] y   (iii)
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reitera la obligación de
los Estados Partes de comprometerse ‘a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color (…), origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social’ (Ar. 1.) y el derecho de toda persona, ‘sin
discriminación, a igual protección de la ley’ (Art. 24).
De igual forma, dentro
instrumentos internacionales aplicables, merece ser resaltado el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que hace parte del bloque de
constitucionalidad. Dicho Convenio establece una serie de garantías y derechos
de los pueblos indígenas y tribales, al igual que distintas obligaciones de los
Estados para asegurarlos. Entre otras, consagra que ‘la conciencia de su
identidad tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio;
(Art.1)’; instituye la obligación de los gobiernos de ‘asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la  participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad’, tomando medidas que: ‘a)
que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas (…)’ (Art. 2).
De conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, las obligaciones internacionales adquiridas
por Colombia en virtud del Convenio 169 de la OIT deben interpretarse en
consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del mismo, los cuales ‘enfatizan en la necesidad de que, para la aplicación
de las disposiciones del Convenio, se asegure la participación de las
comunidades, se establezcan mecanismos adecuados de consulta, se adelanten
procesos de cooperación y se respete, en todo caso, el derecho de estos pueblos
a […] decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de
lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural’.[81]
[…].[82]
En síntesis, conforme a los
instrumentos internacionales reseñados es claro que el Estado tiene unos
compromisos y deberes especiales frente a las comunidades afro colombianas, que
lo obligan no sólo a evitar eventuales discriminaciones, sino también a
desarrollar acciones tendientes a garantizar que éstas comunidades y los
individuos que las componen puedan gozar de todos los derechos
constitucionales, individuales y colectivos, en igualdad de condiciones.”[83]
Como resaltó la Corte Constitucional en aquella oportunidad,
los actos de discriminación por razones de raza se incrementan y se tornan más
perjudiciales aún si, además, se mezclan con discriminaciones por razones de
género. En tal sentido se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial.[84]
3.3.1.3. La jurisprudencia constitucional, ha aplicado los
parámetros constitucionales señalados. Por ejemplo:
(i) Ha considerado que es un
acto discriminatorio impedir el ingreso de personas a establecimientos públicos
como bares, discotecas o restaurantes, con base en el color de la piel,
llegando incluso a establecer condenas en abstracto. En la sentencia T-1090 de
2005 la Corte decidió que “[…] la conducta desplegada por los
establecimientos comerciales ‘La Carbonera LTDA’ y ‘QKA-YITO’ es contraria al
principio de no discriminación.  En consecuencia, la Corte coincide con la
decisión tomada por la segunda instancia, en donde se encontró vulnerado el
derecho a la igualdad, y por tanto, procederá a confirmarla parcialmente
teniendo en cuenta que los actos de las discotecas mencionadas también vulneran
los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la
honra de Johana Luz Acosta Romero.”[85]
La Corte valoró especialmente el sufrimiento producido, en especial, por
tratarse de la celebración de navidad. Dijo al respecto,
“Tanto en la tutela como en las
pruebas se demostró que, agregado a la imposibilidad de celebrar la navidad, el
rechazo intransigente del que fue objeto Jhoana Luz, le produjeron tristeza,
dolor y vergüenza frente a las personas que estaban presentes en ese momento.
Al respecto, se consigna en la solicitud de tutela: ‘Estas palabras nos
ofendieron e hirieron, haciéndonos llorar porque consideramos que como personas
tenemos iguales derechos a los demás y no debemos ser discriminadas por nuestro
color de piel’.”[86]
Esta decisión fue reiterada posteriormente por la Corte
Constitucional, con ocasión de hechos similares en el mismo establecimiento
comercial.[87]
(ii) La jurisprudencia
constitucional ha resaltado el hecho de que la población afrocolombiana no
tiene un solo color de piel. Si bien se habla de ‘comunidades negras’ o de
personas de ‘raza negra’ –aunque, para algunas personas, quizá es una manera
impropia de hablar en términos científicos y académicos–, la Constitución es
pluriétnica y multicultural.[88]
En sentido literal, la Constitución no es ‘multirracial’ o ‘plurirracial’;
por el contrario, considera sospechoso de discriminación usar el criterio ‘raza’
para clasificar a las personas o para derivar de éste, consecuencias jurídicas.[89] La
Constitución de 1991 estableció un estado social y democrático de derecho,
conformado por una pluralidad de etnias y una multiplicidad de culturas.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que es un
acto discriminatorio dejar de nombrar un representante de las comunidades
negras en la junta territorial de educación de un determinado lugar, de acuerdo
con las reglas aplicables para su conformación, cuando la presencia de la
comunidad es notoria y evidente, y ha solicitado que tal persona, representante
de sus intereses, sea nombrada.[90]
En el mismo sentido, en la sentencia T-375 de 2006, se sostuvo que una persona
no es afrodescendiente por el color de su piel o por tener un carné o un
documento que la identifique como tal. Una persona es afrodescendiente, porque
esa es su tradición y su cultura; porque pertenece a la etnia. Por eso, en
aquella oportunidad se tuteló el derecho a acceder a la universidad a una
mujer, en calidad de afrodescendiente, luego de que una institución de
educación superior la hubiese rechazado porque, a su parecer, su fisonomía no
era la típica de una persona considerada afrodescendiente y porque tampoco
contaba con una certificación de su comunidad. Dijo la Corte en aquella
oportunidad,
“[…] se comprueba que la actora
obtuvo el puntaje más alto entre todos los presentados; en cuanto al puntaje,
siendo el tope máximo 220, como se deduce de la respuesta dada al derecho de
petición presentado por la Organización, 98, puntaje obtenido por Nellys
Marina, es más del 30% exigido (66); en efecto, sobrepasó el puntaje en 32
puntos.
A pesar de reunirse todos los
requisitos, so pretexto de su fisonomía, a la actora no se le asignó ningún
cupo en la facultad de medicina. La razón empleada es discriminatoria y, por
tanto, contraria al artículo 13 constitucional.
[…] Si bien para el segundo
semestre de 2005 la actora no se presentó formalmente a la Universidad en la
calidad de miembro de la comunidad afro, de esto no se puede deducir su no
pertenencia a la comunidad ni que el deseo de presentarse en calidad de tal
haya desaparecido.
En primer lugar, la Sala considera
que si bien el certificado puede ser un requisito para concursar, tal
certificación no es constitutiva sino declarativa de la calidad de
afrocolombiana de la actora. Así las cosas, la calidad con la cual inicialmente
se presentó ni se adquiere por la presentación del certificado ni se pierde por
no haber tramitado en la segunda oportunidad la admisión a la universidad como
afrocolombiana.”[91]
Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en ocasiones
posteriores, indicando, por ejemplo, que no se puede presuponer que las
personas afrocolombianas sólo residen en ciertas partes de la República, cuando
esta población “[…] históricamente ha padecido [una] diáspora, como
consecuencia de la marginación, expoliación y persecución de que ha sido
víctima.”[92]
Para la Corte, una institución no puede desconocer la “[…] autoconciencia manifestada
por [una persona] accionante respecto de su pertenencia a la comunidad
afrocolombiana.”[93]
Por ello, la jurisprudencia ha precisado que:
“[…] la definición de los miembros
de las comunidades afrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en
criterios tales como el ‘color’ de la piel, o la ubicación de los miembros en
un lugar específico del territorio, sino en  ‘(i) un elemento ‘objetivo’,
a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los
miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y  (ii)
un elemento ‘subjetivo’, esto es, la existencia de una identidad grupal
que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en
cuestión.’[94]
”[95]
Como lo dijo el profesor Juan de Dios Mosquera Mosquera en
un reciente encuentro de justicia constitucional, la comunidad afrodescendiente
tiene múltiples colores; “variados, hermosos y diferentes colores”.[96]
(iii) Finalmente, valga señalar que la
jurisprudencia constitucional también ha protegido especialmente a las
comunidades afrocolombianas de los impactos que ha generado el conflicto
armado.[97]
Incluso ha hecho valer medidas de protección para estas comunidades adoptadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido desconocidas y
omitidas por el Estado Colombiano.[98]
También ha intervenido para asegurar el cumplimiento de obligaciones de
garantía y protección especial para estas comunidades, como lo que se refiere a
la titulación colectiva de sus tierras.[99]
3.3.2. Estereotipos racistas
Los estereotipos y prejuicios que afectan derechos
fundamentales han sido una de las principales preocupaciones de la justicia
constitucional. La conciencia de que se trata de formas de exclusión y
marginación casi invisibles para la mayoría de los miembros de la sociedad, que
suelen pasar inadvertidas para la mirada ‘común’, ‘normal’ o ‘estandarizada’,
ha llevado al juez constitucional a mostrar y evidenciar tales prejuicios y
estereotipos.
3.3.2.1. La expresión estereotipo suele usarse para hacer
referencia a ‘una idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable’,[100] una forma de ser las cosas que se toma por supuesta, como algo dado.
Suele hablarse en este sentido, que estereotipar es fijar un
gesto, una frase, una fórmula artística o una forma de ver y entender las
cosas, por ejemplo, mediante su repetición frecuente.[101]En
consecuencia, asignar estereotipos es algo típicamente humano. Es propio de
seres de la especie humana. El asunto adquiere relevancia constitucional,
cuando los estereotipos sirven para excluir y marginar a ciertas personas, para
invisibilizarlas. Como dicen dos académicas que se han ocupado de la
discriminación de la mujer, y en especial, de los ataques a la igualdad por
medido de estereotipos, al respecto,
“Asignar
estereotipos hace parte de la naturaleza humana. Es la forma en que
categorizamos a las personas, con frecuencia inconscientemente, en grupo o
tipos particulares, en parte para simplificar el mundo que nos rodea. Es el
proceso de atribuirle a un individuo, características o roles únicamente en
razón de su aparente membrecía a un grupo particular. La asignación de
estereotipos produce generalizaciones o preconcepciones concernientes a los
atributos, características o roles de quienes son miembros de un grupo social
particular, lo que significa que se hace innecesario considerar las
habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales de cada
miembro.”[102]
De forma similar a como ocurre con el género, la idea de
‘raza’ es fuente de estereotipos perjudiciales que marginan y excluyen. Ideas
de cómo son las cosas, que imponen cargas injustas y desproporcionadas a
ciertas personas.[103]
3.3.2.2. El derecho a no ser discriminado por razones de
raza mediante estereotipos y prejuicios, especialmente en ámbitos como la
educación, está garantizado en instrumentos internacionales aplicables en
Colombia. En tal sentido, el artículo 7° de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación  racial (1965)
establece que “[los] Estados partes se comprometen a tomar medidas
inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la
educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que
conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o
étnicos […].”
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha
insistido en el derecho a que se tomen medidas orientadas a erradicar los
prejuicios y los estereotipos raciales que afectan los derechos fundamentales
de las personas en una sociedad democrática. A propósito de la protección de
personas para que no sean discriminadas en razón a su ascendencia o a su
linaje, el Comité resaltó los derechos concretos y específicos que la
eliminación de toda discriminación racial implica en el ámbito de la educación.
Se refiere, entre otros, al derecho a un acceso efectivo al sistema educativo,
(ii) a que junto a la sociedad se logre una educación para la no discriminación
y  (iii) a superar los prejuicios y los estereotipos de los textos educativos.
Respecto a este último derecho dijo el Comité,
“Estudiar todos los casos en que
en el idioma utilizado en los libros de texto se dé cabida a imágenes,
referencias, nombres u opiniones estereotipadas u ofensivas respecto de las
comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia y
reemplazarlos por imágenes, referencias, nombres y opiniones que transmitan el
mensaje de la dignidad inherente a todos los seres humanos y de su igualdad en
el disfrute de los derechos humanos.”[104]
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha
resaltado que la lucha contra los estereotipos y prejuicios sociales fundados
en la raza no puede ser descuidada o dejada de lado, ni siquiera por proteger
la seguridad ciudadana o para luchar contra el terrorismo.[105] A propósito de la
protección de las personas no ciudadanas, el Comité destacó la importancia de
combatir la discriminación en el ámbito del lenguaje; ‘combatir toda
tendencia a atacar, estigmatizar, estereotipar o caracterizar sobre la base de
la raza’.[106]
3.3.2.3. La jurisprudencia constitucional, por ejemplo, ha
controvertido los prejuicios y estereotipos al proteger la igualdad de la mujer
en materia del régimen de pensiones. No sólo se protegió a la mujer frente al
estereotipo de ser necesariamente dependiente, también se protegió al hombre
frente al prejuicio de considerarlo menos o inferior por ser dependiente de una
mujer.[107]
Concretamente, ha estimado que los prejuicios y estereotipos raciales se
preservan y mantienen cuando, por ejemplo, se impide el ingreso de personas
consideradas de ‘raza negra’ a un establecimiento público, como ocurrió en la
sentencia T-1090 de 2005.[108]
En aquella oportunidad, la Corte Constitucional retomó las consideraciones que
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial había hecho a
Colombia en 1999, en los siguientes términos,
“Dentro del mismo derrotero, de
las observaciones finales que para Colombia efectuó el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial en el año 1999[109], es necesario
transcribir lo siguiente:
“3. El Comité acoge con
satisfacción, en particular, la sinceridad con que el Estado parte reconoce que
las comunidades afrocolombiana e indígena siguen siendo víctimas de
discriminación racial sistemática, lo cual ha dado lugar a que esas comunidades
sean objeto de marginación, pobreza y vulnerabilidad a la violencia.
(...)
17. Se expresa también
preocupación por la información que los medios de difusión proporcionan sobre
las comunidades minoritarias, incluida la constante popularidad de los
programas de televisión en que se promueven estereotipos basados en la raza o
el origen étnico. El Comité señala que esos estereotipos contribuyen a reforzar
el ciclo de violencia y marginación que ya ha tenido graves repercusiones en
los derechos de las comunidades históricamente desfavorecidas de Colombia”.
Agregado a lo anterior, es importante
tener en cuenta el documento “Tercer informe sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia”[110]
en el que se consignan los espacios que abarcan las formas o estrategias de
segregación en Colombia, de la siguiente manera:
“En el curso de su visita
a Colombia, en diciembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (la "Comisión", la "CIDH" o la "Comisión
Interamericana") recibió numerosos testimonios que revelan la
discriminación activa y pasiva del Estado y de los particulares. Es importante
señalar que las denuncias formuladas por ciudadanos colombianos negros y
corroboradas por varios estudios sociológicos realizados en los últimos años
hacen referencia a una discriminación sistemática, oficial y no oficial. Con
respecto a esta última, los estereotipos ofensivos que utilizan los medios, las
artes y la cultura popular tienden a perpetuar una actitud negativa hacia los
negros y estas opiniones, con frecuencia inconscientes, se reflejan comúnmente
en la política pública, cuando el Gobierno, a los distintos niveles, distribuye
los limitados recursos del Estado” (subrayado fuera de texto original).
6.3.3.  Pues bien, tal y como lo
anota el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, las
autoridades del país, en diferentes escenarios, han aceptado la situación
marginalidad y segregación que afrontan los afrocolombianos, lo que ha dado pie
a que tímidamente se efectúen programas especiales destinados a satisfacer
parte de sus necesidades[111].
”[112]
3.3.2.4. El 28 de agosto de 2009, se presentaron las Observaciones
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación racial, con ocasión
de los informes periódicos 10° a 14° de Colombia, presentados en un solo
documento. Luego de celebrar que el Estado reanudara el diálogo con el Comité
(aunque lamentando la tardanza del Estado en la presentación de los informes[113]) y
de celebrar el nuevo orden constitucional vigente que impera y se desarrolla en
la República,[114]
resaltó que Colombia “[…] reconoce la persistencia de la discriminación
racial y sus causas históricas que han provocado la marginación, pobreza y
vulnerabilidad de los afrocolombianos […].”[115] Además, añade lo
siguiente,
“18. El Comité expresa su
preocupación por el hecho de que, a pesar de las políticas públicas nacionales
relativas a las medidas especiales, en la práctica los afrocolombianos y los
pueblos indígenas siguen teniendo grandes dificultades para disfrutar de sus
derechos y siendo víctimas de una discriminación racial de facto y de
marginación, y particularmente vulnerables a la violaciones de los derechos
humanos. También preocupan al Comité las causas estructurales que perpetúan la
discriminación y la exclusión del acceso a los derechos socioeconómicos y al
desarrollo, incluso en las esferas del empleo, la vivienda y la educación. En
particular, preocupa al Comité que las políticas relativas a las medidas
especiales no vayan acompañadas de asignaciones de recursos suficientes,
incluso en los ámbitos departamental y municipal, y que su aplicación no se
supervise eficazmente.”
Cabe resaltar que el Comité expresó “[26. …] su
preocupación por las denuncias de casos de discriminación en el acceso de los
miembros de los grupos étnicos a los lugares abiertos al público en general.”[116]
3.3.2.5. Uno de los efectos más nefastos de los estereotipos
racistas consiste en la posibilidad de mantener ‘grilletes simbólicos’
preservar lo que se ha llamado ‘esclavitud mental’. Es la posibilidad de que
una persona dirija el ataque racista contra sí mismo o contra su propio grupo.
Este fenómeno, denominado ‘endoracismo’ en la academia, ha sido referido en los
siguientes términos por el antropólogo afrochocoano Rafael Pereachalá así,
“A fuerza de escucharlos, de
borrarnos la historia, de impedir nuestro acceso a la educación, de escuchar
dichas ideas en la educación formal informal, en la cotidianidad, terminamos
por internalizar dichos preconceptos que nos degradan como personas humanas.
Nos han conducido al autodesprecio, a no reconocer nuestros valores en tanto
que colectivos humanos […] Quedamos homogenizados, representando el mal, la
fealdad, todo lo no deseable […] La colonización de nosotros hizo un
Frankenstein, donde finalmente hemos quedado como una caricatura de los ‘amos’.
Subsisten en nosotros dos personalidades, la ancestral en lucha con el reflejo
deformado del ‘otro’. Este es nuestro principal enemigo, no ser nosotros
mismos, sino querer ser el ‘otro’.”[117]
Vistos los elementos centrales de la noción de actos de
discriminación y presentada de forma general la jurisprudencia constitucional
relevante para analizar el caso bajo estudio, pasa la Sala a la tercera parte
del presente capítulo, en la cual considerará una forma específica y concreta
de acto discriminatorio, a saber: aquel que implica un escenario de
discriminación.
3.4. Escenario de discriminación
No todos los actos de discriminación son iguales. Existen
sensibles diferencias entre unos y otros. Pueden variar en función del tipo de
persona que es discriminada (por ejemplo, que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional o no), o de la persona que ejerce el acto
discriminatorio (por ejemplo, que sea una autoridad pública o privada). Pueden
variar en el grado de afectación de los derechos vulnerados (por ejemplo, que
sea grande, mediana o insignificante), así como en función del tipo de derechos
vulnerados (por ejemplo, que sean de libertad, sociales, colectivos). Muchas de
estas clasificaciones pueden tener una importancia especialmente teórica y
dogmática, y, de hecho, son objeto de desarrollo por parte de los académicos
del derecho. Sin embargo, tener en cuenta muchas de estas características es
imprescindible para que el juez de tutela pueda dimensionar cuál es el impacto
real que un determinado acto, acusado de discriminatorio, pudo haber tenido
sobre los derechos fundamentales de una persona.
En el presente caso, es importante resaltar uno de los
aspectos centrales del acto de discriminación del cual Heiler Yesid Ledezma
Leudo, sostiene, fue objeto: a saber, que fue puesto en un escenario de
discriminación. Ya en el pasado la jurisprudencia ha tenido que enfrentar
casos concretos en los que el análisis judicial no se puede limitar a un acto
concreto y específico, sino que debe incluir el contexto en el cual se produce.
[118] Los
actos de discriminación, por supuesto, no son el único caso en el que la
jurisprudencia ha tenido que considerar y ponderar el contexto en que una
violación a los derechos se puede presentar.[119]
3.4.1. Un escenario de discriminación es un acto
discriminatorio que supone una puesta en escena, una escenificación. Por
escena, suele entenderse el sitio o la parte, usualmente de un teatro, en el
que se lleva a cabo un espectáculo teatral; el lugar de la acción teatral que está
a la vista de un público, de un conjunto de personas que son espectadores.[120] Con
la expresión ‘puesta en escena’ se suele resaltar el hecho de que lo que ocurre
en el acto teatral, cinematográfico o artístico, por ejemplo, es decisión del
director. Es decir, de la persona encargada de llevar a ‘escena’ un determinado
acto (el director, el realizador o la persona designada para ello), es quien
tiene la voz cantante. Esto no descarta, por supuesto, la posibilidad de que
otras personas, incluso los espectadores, participen espontáneamente en la
puesta en escena y la alteren y modifiquen. No obstante, todos esos actos
subsiguientes, incluso ajenos al director o realizador, no serían posibles si
éste no hubiese decidido, en primer lugar, haber hecho una puesta en escena.
La Sala no entra en esta ocasión a analizar aquellos
contextos de discriminación en los que no existe un grupo de personas que hagan
las veces de espectadores, que pueden ser igual o más graves que ciertos
escenarios de discriminación.
3.4.2. Para esta Sala, un acto discriminatorio conlleva una
‘puesta en escena’ cuando los hechos se desarrollan en un escenario frente a un
público. Es decir, cuando la persona que comete el acto discriminatorio en
contra de otra u otras personas, lo hace en un lugar concreto, en el cual se
encuentra otra u otras personas que son espectadores de lo ocurrido. El acto,
por supuesto, puede ocurrir en un escenario abierto al público en general, de
forma amplia, o puede tratarse de un público limitado, en un ámbito privado,
que puede ser más o menos restringido. Este tipo de discriminaciones tiene
características propias y especiales a la cuales se hará mención.  No obstante,
antes de hacer mención a algunas de ellas, debe la Sala precisar que este caso
no se ocupa de establecer definiciones con autoridad. Esa no es su función en
un estado social y democrático de derecho. Por ello, no entra a precisar todos
y cada uno de los aspectos propios del concepto ‘escenario de discriminación’
como, por ejemplo, lo que se refiere a escenarios de discriminación virtuales,
como puede ocurrir en el contexto de redes sociales en red, con videos,
mensajes u otro tipo formas de comunicación. Eso no es asunto de la presente
decisión judicial.
3.4.3. Un escenario de discriminación supone una interacción
con otras personas, aquellas que hacen las veces de público. Supone una
situación en la cual la persona que está siendo discriminada está expuesta a
las miradas de los demás. Se siente observada, juzgada, analizada. Esto puede
implicar, por una parte, afectación en la persona, la cual se puede sentir
intimidada, reducida o sometida a sensaciones similares por esta exposición
social. Pero por otra parte, puede implicar un reto un ataque de tal dimensión
que lleve a la persona discriminada a reaccionar de una forma tal que la ira o
la ceguera emocional, lo empujen a cometer actos que en otras circunstancias no
habría realizado, como insultar o golpear físicamente a alguien. Esto contrasta
con otros actos de discriminación en los cuales no existe una puesta en escena.
En tales situaciones, por ejemplo, el dilema de una persona puede ser si revela
o no un determinado acto de discriminación del cual fue víctima, precisamente
porque no fue cometido ante público alguno. Qué tipo de interacción se da entre
las personas protagonistas del acto discriminatorio y el público que lo
presencia es una cuestión que el juez también ha de considerar y valorar. En
especial, el juez deberá tener en cuenta de qué manera acentúan los
sentimientos de humillación, de vergüenza o deshonra en una persona, las condiciones
específica en que se ponga en escena el acto discriminatorio.
3.4.4. Existen algunos aspectos mínimos que debe tener en
cuenta el juez constitucional para analizar y valorar el impacto en los
derechos fundamentales y en la dignidad de una persona, que pueda tener un
determinado escenario de discriminación.
(i) En primer lugar, se ha de tener en cuenta cuál
es la relación de poder que existe entre la persona discriminada y la
persona discriminadora. En caso de que exista una relación de sujeción y
dependencia, el victimario podrá coaccionar y someter a la persona a una
presión y una afectación mayor. Esta situación de coacción podrá existir,
independientemente de cuál sea la intención de la persona que discrimina. El
hecho de que quien comete el acto de discriminación no tenga la intención de
afectar los derechos fundamentales de una persona, no implica que la coacción
que conlleva el poder que se tiene, no amplifique y magnifique la situación de
afectación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de quien es
afectado. Personas como un juez, un policía, un profesor o un superior
jerárquico, ejercen poderes y formas de control sobre otras personas, que deben
estar sometidos a las reglas, los principios y los valores del orden constitucional
vigente.
(ii) También se ha de tener en cuenta la relación
entre la persona discriminada, la que discrimina y aquellas que hacen las veces
de público. En ciertos escenarios de discriminación, las relaciones pueden ser
ocasionales y esporádicas. Esto ocurre cuando el encuentro con ese público que
presencia la discriminación ocurre tan sólo en una ocasión, cuando aquellas
personas están allí casi por coincidencia. Una situación de tal tipo se da, por
ejemplo, cuando una persona insulta a otra usando expresiones racistas con el
objeto de humillarla en una fila de cine o para tomar un avión en un
aeropuerto.  Pero la relación también puede ser continua y permanente, como
ocurre por ejemplo en un equipo de fútbol que está entrenando o en un salón de
clase, de un grupo que está atendiendo un curso de seis meses, un año, o tiempo
similar. La interacción con un grupo que se mantiene y continúa en el tiempo
puede ser un factor que impacte en mayor grado los derechos de una persona que
ha sido discriminada. En tales situaciones, por ejemplo, puede ser irrazonable
constitucionalmente obligar a una persona a permanecer asistiendo a eventos
ante el público que estuvo presente en el escenario de discriminación. Son
pues, determinantes los criterios de continuidad y permanencia de la persona
discriminada dentro del grupo que asistió al escenario de discriminación para
poder valorar el grado y la dimensión de afectación a los derechos.
(iii) Se ha de tener en cuenta cuál es el espacio
en el cuál sucede el escenario de discriminación. El juez de tutela ha de
valorar, por ejemplo, si se trata de un escenario que es institucionalizado o
no, que está reglado o no. Hay espacios cerrados, privados, restringidos a un
grupo de espectadores específicos, a la vez que existen espacios públicos más o
menos limitados o espacios públicos totalmente abiertos a cualquier persona.
Hay espacios que se encuentran altamente reglados, en los cuales las personas
están sometidas a cierto tipo de restricciones o controles legítimos, el salón
de clase, por ejemplo, es un típico espacio reglado en el cual los estudiantes
están sometidos a reglas de disciplina. No pueden decidir libremente cómo y
cuándo recorrerlo. Existen amplias restricciones en tal sentido, y, por tanto,
un movimiento que desconozca reglas como las de ‘esperar la señal de salida’ o
la de tener autorización verbal expresa del profesor previa para poder
abandonar el salón, pueden ser interpretadas como irrespeto a la autoridad.
Como se dijo, un escenario de discriminación puede llevar
aparejados sentimientos de vergüenza, humillación o deshonra. En las
condiciones de espacios reglados y sometidos a control, la posibilidad de
ejercer el derecho a no permanecer en un escenario de discriminación puede ser
más costosa, y llevar a la persona a someterse a un trato indigno.
(iv) El juez de tutela debe valorar la duración de
la puesta en escena. Cuánto tiempo se expuso a la persona discriminada al
irrespeto en público de su dignidad. En tal sentido, una mayor duración del
evento que supuso la puesta en escena de un acto discriminatorio conlleva en
principio, una mayor afectación de los derechos de la persona. El tiempo de
duración del acto tendrá impacto importante en el dilema de salida al que se le
somete a quien se discrimina, como se resaltará posteriormente.
3.4.5. Los escenarios de discriminación suelen someter a las
víctimas a varios dilemas y complejas decisiones.
3.4.5.1. El primero es el dilema de la salida. ¿Debe la
persona quedarse o salirse del escenario de discriminación? Las personas son
sometidas a una situación en la cual pueden quedarse en el escenario de
discriminación y tomar una determinada actitud. Pero también pueden salirse.
Abandonar el escenario de discriminación y no someterse más a la afectación de
sus derechos a la igualdad, a no ser discriminados y, ante todo, a la
dignidad.  Dependiendo de qué tipo de escenario de discriminación se trate,
según los criterios anteriormente señalados, el impacto sobre los derechos
fundamentales será diferente. Nada más, a manera de ejemplo, se puede pensar en
un insulto en contra de una persona en medio de una competencia deportiva.
Casos de ese estilo, habrán de ser valorados y analizados cuando sean sometidos
a conocimiento de los jueces.
3.4.5.2. En caso de que la persona decida salir, enfrenta un
segundo dilema ¿cómo salir del escenario de discriminación? La víctima de un
escenario de discriminación se sentirá irremediablemente juzgada y valorada por
las personas que hacen las veces de público. Su manera de salir podrá
determinar, por ejemplo, si el estereotipo al que se le enfrentó, si ese fue el
caso, realmente se confirma o no. El temor al rechazo, porque se apoye el acto
discriminatorio, o enfrentar un acto de matoneo adicional, puede implicar una
exposición mayor o sentimientos de humillación, deshorna o vergüenza más
intensos a los que ya se hayan sufrido.
3.4.5.3. En caso de que la persona decida no salir del
escenario de discriminación, enfrenta también un segundo dilema. En este caso
la cuestión es: ¿cómo reaccionar, cómo actuar dentro del escenario de
discriminación? En este caso, nuevamente la persona será juzgada y valorada por
las personas que hacen las veces de público por aquello que haga o deje de
hacer.  La víctima se sentiría enfrentada a demostrar si su manera de actuar
frente a la discriminación confirma el estereotipo al que se le enfrentó, si
ese fue el caso.
3.4.5.4. Cabe indicar que los dilemas a los que se somete a
las personas que son víctimas de un escenario de discriminación, se pueden extender
a aquellas personas que hacen las veces de público. Salirse o no. En caso de
decidir que sí, cómo hacerlo, y en el caso de decidir que no, ¿qué hacer, como
actuar, o dejar de hacerlo, dentro del escenario? Por supuesto, el público que
atiende a la discriminación también puede dejar de ser expectante y
convertirse, o bien en defensor de quien fue afectado o bien en cómplice del
acto discriminatorio.
3.4.5.5. Como se indicó anteriormente, un acto de
discriminación no tiene que ser voluntario. Esto es, no es necesario que una
persona tenga la intención o el deseo de marginar o de excluir a una persona
para que, en efecto, esté discriminando a alguien. Como se anotó, la intención
de un funcionario público puede ser la de cumplir literalmente un mandato legal
y no la de discriminar a una persona, sin embargo, el efecto puede ser, en la
práctica, el de excluir y marginar a una persona en razón a su raza, al sexo, a
la religión, o a algún otro criterio que no se funde en motivos objetivos y
razonables. La intención de discriminar o no, es especialmente relevante para
la adscripción de responsabilidades jurídicas a la persona que haya
discriminado, pero no para determinar si existió o no un escenario de
discriminación. Si la persona tuvo que enfrentar sentimientos de humillación,
deshorna o vergüenza intensos.
3.4.5.6. Por último, cabría indicar que el juez de tutela
también deberá considerar qué ocurrió después del escenario de discriminación.
¿Se hizo algo al respecto, para reparar los perjuicios cometidos? ¿El escenario
de rectificación o de reconciliación tuvo características similares a las que
tuvo el escenario de discriminación (en cuanto a espacio, duración, presencia
de espectadores, tiempo en que ocurre, entre otros)? La manera de reparar el
escenario de discriminación puede suponer, al menos, un escenario de
rectificación o de reconciliación. Como todo acto de discriminación, la
ausencia de reparación o de corrección puede implicar nuevas discriminaciones o
violaciones a los derechos como la dignidad, la intimidad o el buen nombre. Los
sentimientos de deshonra, vergüenza o humillación que inicialmente se hayan
podido vivir, se pueden incrementar de manera significativa ante la falta de
justicia.
3.5. Conclusión
Como se dijo previamente, las reglas y principios que
inspiran un estado social y democrático de derecho como Colombia, excluyen los
actos de discriminación en contra de cualquier persona. Son actuaciones
contrarias al principio de dignidad humana y, por tanto, proscritas del orden
constitucional vigente. Cuando tales actos conllevan una puesta en escena, ante
un grupo de personas que hacen las veces de público, la discriminación implica
afectaciones inmateriales a la dignidad que han de ser especialmente valoradas
por el juez constitucional, de acuerdo con las reglas aplicables.
4. La libertad de cátedra es un derecho fundamental en un
estado democrático, social y de derecho
La actuación que el accionante acusa de discriminatoria
ocurrió en un salón de clase y la llevó a cabo un profesor universitario. En
tal medida, el análisis que haga el juez constitucional de lo ocurrido debe ser
cuidadoso y respetuoso de la autonomía, libertad e independencia de las
personas que atienden a la clase, las que la imparten, así como las
instituciones en que tengan lugar. La libertad, autonomía e independencia de
los docentes y las instituciones educativas son uno de los valores más
preciados en una democracia respetuosa de la libertad y de la dignidad humana.
Esto es especialmente cierto cuando se habla de clases universitarias, que
suelen desarrollarse entre personas adultas, libres, autónomas e igualmente
dignas. De tal suerte que cualquier intervención judicial o administrativa en
un aula de clase, en especial la de una institución de educación superior, debe
ser cuidadosa y respetuosa de las libertades y autonomías protegidas
constitucionalmente como derechos, presentes en los escenarios educativos.
4.1. La libertad de cátedra, un derecho complejo
El derecho a la libertad de cátedra, al igual que la
libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de fundar partidos
políticos o la libertad de empresa, es un derecho complejo que no sólo sirve al
individuo que la ejerce. Las libertades de información y de prensa sirven
también a los espectadores. Las personas que son receptoras de la información
se benefician de hacer parte de una sociedad democrática en la que los
comunicadores se expresan con plena libertad. La libertad de fundar partidos
políticos es funcional también para las personas que, en calidad de electores,
deciden ejercer sus derechos políticos y votar por dicha colectividad. La
libertad de empresa cumple la función de materializar a los consumidores el
acceso a bienes y servicios de calidad, indispensables para asegurar un mínimo vital
en dignidad. De manera similar, la libertad de cátedra es un derecho complejo
que en una democracia no sólo sirve a su titular, la persona docente. La
libertad de cátedra es un derecho que en democracia sirve al conocimiento. Una
sociedad democrática tiene la certeza de que los estudiantes, en especial, y el
público en general, tendrán un acceso al conocimiento más adecuado, correcto,
amplio y útil, entre otras características, si el mismo es transmitido en
condiciones de libertad.
En otras palabras, el derecho a la libertad de cátedra es un
derecho que ejerce una persona dedicada a la docencia, pero es también
necesario para asegurar el derecho a la educación de toda persona, niños y
niñas, así como adultos; asegurar que accedan al mejor, más completo y más
adecuado conocimiento posible.  El desarrollo armónico e integral de todo
menor, por ejemplo, depende de la posibilidad de que los docentes puedan llevar
adelante sus clases en libertad. Un profesor tiene la libertad de enseñar a sus
estudiantes cómo leer. Puede elegir las metodologías y las estrategias que a
bien tenga para lograr tales fines. No obstante, no le es dado dejar de lado
totalmente el propósito de enseñar a leer a sus estudiantes. Un profesor no
puede invocar su libertad de cátedra para defender una metodología de estudio
que considera que no es útil para que los estudiantes alcancen los objetivos
que él mismo definió para su clase. Tal actitud sería completamente irrazonable
constitucionalmente, en especial, por ejemplo, si de tal clase depende la
capacidad de alfabetización de un grupo de niñas y niños en situación de
marginalidad, con limitado acceso al sistema educativo.
4.2. Los límites a la libertad de cátedra se justifican
en la necesaria o adecuada protección de otros derechos constitucionales
fundamentales
La interrelación e interdependencia de los derechos
fundamentales implica que éstos no son absolutos. Sus límites se justifican,
como ocurre con la libertad de cátedra, en la necesaria o adecuada protección
de otros derechos constitucionales fundamentales. Un derecho complejo y del
cual depende el goce efectivo de otras garantías constitucionales como la
libertad de cátedra, supone en su ejercicio un sinnúmero de tensiones.
4.2.1. La jurisprudencia ha indicado, por ejemplo, que un
profesor no puede alterar completamente la estructura horaria de una
asignatura, dentro de un determinado programa, de acuerdo con sus estudiantes.[121] La
Sala ha indicado desde 1992 que “[…] en todo establecimiento debe existir
una autoridad y que, en cuanto ésta se ejerza dentro de los límites impuestos
por la Constitución, la ley y sus reglamentos, la necesidad de acatar sus
dictados por quienes de ella dependen es previa al desarrollo mismo de la
actividad propiamente académica que le atañe.  Así, la institución […]
no podía permitir que, a sus espaldas, un acuerdo entre alumnos y profesores
desvertebrara el programa general de clases, so pretexto de la libertad de
cátedra.”[122]
La Sala resaltó en aquella oportunidad que el derecho de libertad de cátedra no
se ocupa de manera nuclear y prioritaria, de proteger el derecho del docente a
determinar algunos aspectos formales menores de ciertas sesiones de clase. Para
la Sala el derecho a la libertad de cátedra afectan a cuestiones de contenido y
forma definitivas para la transmisión del conocimiento. El carácter
instrumental de esta libertad fue resaltada en los siguientes términos,
“El ejercicio de la libertad de
cátedra no puede ser recortado en sus alcances restringiéndola a la simple
adopción de decisiones sobre aspectos puramente formales, tal como sucede en el
presente caso, cuando el peticionario la invoca como argumento para pactar con
sus compañeros y con el docente el cambio de las condiciones normales de calendario
y horario establecidas por la institución para desarrollar el curso.
Semejante visión de la libertad de
cátedra la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado
a tan preciosa garantía, de la cual hace parte además  del elemento
instrumental o procedimental (evaluación, metodología, disciplina,
organización), entre otros, el aspecto material, relativo a la libre
transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos.  Ello implica la
facultad que tienen tanto el docente como el alumno para referirse a los temas
sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o
condicionamientos de ideología o de doctrina.”
4.2.2. La libertad de cátedra no es un derecho que pretenda
minar la organización institucional o la coordinación entre los profesores, los
docentes y el cuerpo administrativo. Tales condiciones mínimas razonables de
interacción pueden ser límites razonables a tal libertad, así como el deber de
calidad en la fundamentación de los contenidos y actividades presentadas a los
estudiantes. Dijo la Corte al respecto,
“[…] la libertad de cátedra, que tampoco es absoluta, requiere al mismo
tiempo responsabilidad en cuanto a los conceptos que se transmiten y se
debaten, por lo cual exige del docente constante fundamentación de sus
afirmaciones y la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido
de los temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al
nivel cultural y académico en el cual se halla el estudiante.”[123]
4.3. La libertad de cátedra y su relación con la libertad
de expresión
La libertad de cátedra y la libertad de expresión son
derechos fundamentales diferentes y distinguibles entre sí. Por ejemplo,
mientras que la libertad de cátedra supone relaciones entre personas en
condiciones de jerarquía y autoridad, la libertad de expresión no supone
relaciones interpersonales necesariamente. Sin embargo, pese a su diferencia,
se trata de dos libertades que, por su puesto, sí son comparables en algunos
aspectos. De alguna forma, podría considerarse incluso que la libertad de
cátedra es una forma específica de libertad de expresión.
4.3.1. En tal medida, es importante resaltar que para la
jurisprudencia constitucional que la libertad de expresión es un derecho que ha
de ser comprendido de la forma más amplia posible. En principio, toda
restricción a la libertad de expresión debe presumirse inconstitucional y ser
sometida a un estricto control de constitucionalidad. En la sentencia T-391 de
2007 la Corte Constitucional se refirió ampliamente sobre la cuestión.[124]
“La importancia trascendental de
la libertad de expresión dentro del orden constitucional colombiano tiene
cuatro consecuencias principales: (a) una presunción de cobertura de toda
expresión por el ámbito de protección de esta libertad fundamental, (b) una
sospecha de inconstitucionalidad respecto de cualquier limitación o regulación
estatal de su ejercicio, (c) una presunción de primacía de la libertad de
expresión respecto de los demás derechos fundamentales con los que pueda entrar
en conflicto, y (d) una presunción de violación del artículo 20 Superior por todo
acto que constituya censura. Ello, sin perjuicio de la protección de los
derechos de los niños, que están sujetos a un nivel reforzado de amparo
constitucional y deben, a la luz del interés superior de los menores,
armonizarse con el ejercicio de la libertad de expresión.
De la trascendencia de la libertad
de expresión en el orden jurídico colombiano también se derivan ciertos
requisitos especiales que han de cumplir las autoridades que pretenden
establecer limitaciones o regulaciones sobre su ejercicio, a saber: tres cargas
constitucionales que se deben satisfacer en forma estricta –la carga
definitoria, la carga argumentativa y la carga probatoria-, respecto del
cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones constitucionales de la
limitación o regulación a adoptar: (1) estar prevista de manera precisa y
taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas
definidas de manera concreta y específica en atención a las circunstancias del
caso, (3) ser necesaria para el logro de dichas finalidades, (4) ser
posterior y no previa a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de
sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al
contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en
el ejercicio de este derecho fundamental, es decir, ser proporcionada. El
cumplimiento celoso de estos requisitos, que está sujeto a un escrutinio
estricto por parte del juez constitucional, es condición indispensable de la
legitimidad constitucional de cualquier limitación a la libertad de expresión,
la cual, en su ausencia, habrá de tenerse como una violación del artículo 20
Superior.”[125]
4.3.2. Sin embargo, tal noción amplia y generosa de la
libertad de expresión no riñe necesariamente ni es incompatible con la
protección, por ejemplo, a la igualdad y a no ser discriminado. La Corte
advirtió que existen ciertos casos en los cuales la ‘derrotabilidad del
discurso’, esto es, demostrar su inconstitucionalidad, no es tan difícil. Por
el contrario, son casos en que se presume la discriminación. En otras palabras,
la obligación de protección de otros derechos fundamentales implica que, en
ciertas ocasiones, la presunción de inconstitucionalidad se invierte y queda en
cabeza de quien lo expresó en ejercicio de su libertad. Dijo al respecto la
Corte,
“Existen ciertos modos de
expresión respecto de los cuales la presunción de cobertura por la libertad
constitucional ha sido derrotada, en virtud de un consenso internacional
plasmado en tratados internacionales vinculantes para Colombia – a saber, la
propaganda de la guerra, la apología del odio, la violencia y el delito, la
pornografía infantil, y la instigación pública y directa al genocidio. Todas
las demás formas de expresión humana que no han sido objeto de tal consenso
internacional quedan amparadas, en principio, por las cuatro presunciones
derivadas del artículo 20 de la Constitución. En consecuencia, la libertad de
expresión protege tanto los mensajes socialmente convencionales, como los que
son inocuos o merecedores de indiferencia, y también los que son diversos,
inusuales o alternativos – lo cual incluye expresiones chocantes, impactantes,
que perturban, se consideran indecentes, inapropiadas, escandalosas,
inconvenientes, incómodas, excéntricas, vergonzosas o contrarias a las
creencias y posturas mayoritarias.”[126]
4.3.3. En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial en el ámbito internacional. Ha dicho al
respecto,
“En opinión del Comité, la
prohibición de la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad o el
odio racial es compatible con el derecho a la libertad de opinión y de
expresión. Este derecho está reconocido en el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y aparece evocado en el inciso viii) del apartado
d) del artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial. En el propio artículo se hace observar su
pertinencia respecto del artículo 4. El ejercicio por los ciudadanos de este
derecho lleva consigo especiales deberes y responsabilidades, especificados en
el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal, entre los que reviste
especial importancia la obligación de no difundir ideas racistas. El Comité
desea, además, señalar a la atención de los Estados Partes el artículo 20 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual estará
prohibida por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.”[127]
4.4. La libertad de cátedra y la autonomía universitaria
La autonomía universitaria es un derecho constitucional que
está estrechamente vinculado con la libertad de cátedra, con su propio ámbito
de aplicación. Puede estar en tensión con la libertad que reclama un docente
para organizar su clase. Pero puede también ocurrir lo contrario. Puede ser que
un docente encuentre en la autonomía universitaria un respaldo al ejercicio de
su libertad de cátedra.
4.4.1. Han sido varias las ocasiones en las que en el pasado
la jurisprudencia de tutela se ha ocupado de trazar los límites a los derechos
que entran en tensión con la autonomía universitaria en el contexto de casos
concretos y específicos.  De hecho, ya en 1999 la jurisprudencia constitucional
había podido acuñar una serie de sub reglas constitucionales, construidas poco
a poco, caso a caso. En un caso en el cual se valoró la autonomía universitaria
para establecer tratos distintos entre estudiantes, a propósito de la
inscripción de matrículas extraordinarias, la Corte retomó la jurisprudencia
que hasta el momento se había construido a lo largo de varias decisiones
estudiadas por distintas Salas de Revisión, en diferentes momentos.[128] En
tal ocasión se refirió a ese derecho así,
“Naturaleza, contenido y
límites de la autonomía universitaria
El artículo 69 de la Constitución
de 1991 reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación
superior, como una garantía institucional que busca preservar la libertad
académica y el pluralismo ideológico, en los cuales se fundamenta nuestro
Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º). Por consiguiente, esta facultad o
atributo colectivo de la institución es independiente pero inescindible de
derechos subjetivos, que en ocasiones la complementan y en otras la limitan.
Así pues, la autonomía universitaria se relaciona íntimamente con las
libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje e investigación (C.P. art. 27),
con los derechos a la educación (C.P. art. 67), al libre desarrollo de la
personalidad (C.P. 16) y a escoger libremente profesión u oficio (C.P. art.
26); lo cual explica porque en algunas circunstancias puede ser vista como una
garantía y en otras como un ‘derecho limitado y complejo’.[129]
En este contexto, puede definirse
la autonomía universitaria como la capacidad de autoregulación filosófica y de
autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio
público de educación superior. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que ‘la autonomía universitaria es un principio pedagógico universal
que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija
conforme a ella, de manera que proclame su singularidad en el entorno’.[130]  Por
consiguiente, podemos deducir dos grandes vertientes que definen el contenido
de la autonomía de las instituciones educativas superiores. De un lado, la
dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad
y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa.
Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de
estudio y los métodos y sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad
para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las
normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de
elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la
selección y formación de sus docentes.
De lo expuesto, se colige
claramente que el contenido de la autonomía universitaria se concreta
especialmente en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos,
los cuales deben ser respetados por toda la comunidad educativa, lo que incluye
a los alumnos y a las directivas de la institución.”[131]
4.4.2. En aquella oportunidad, se retomaron las reglas
jurisprudenciales en los siguientes términos,
“A manera de sumario se resumirán
las subreglas principales que la Corte Constitucional ha esbozado en el tema de
la autonomía universitaria, a saber:
a)  La discrecionalidad
universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se
encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común.[132]
b) La autonomía universitaria
también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el
Estado.[133]
c) El ejercicio de la autonomía
universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los
centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a
través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la
Constitución.[134]
d) Los estatutos se acogen
voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior,
pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El
reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las
instituciones de educación superior.[135]
e) El Legislador está
constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre
y cuando no invada ni anule su núcleo.[136]
f) La autonomía universitaria es
un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una garantía para el
funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que
involucra otros derechos de las personas.[137]
g) Los criterios para selección de
los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y
cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos
fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión
debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual.[138]
h) Los criterios para determinar
las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden
a la autonomía universitaria.[139]
i) Las sanciones académicas hacen
parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada,
como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente
determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está
sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa.[140]” [141]
Vistas algunas de las características centrales de la
libertad de cátedra y sus relaciones con otros derechos como la libertad de
expresión o la autonomía universitaria, dados los hechos del caso concreto bajo
análisis, pasa a resaltar la complejidad de los problemas jurídicos que suele
suscitar el ejercicio de la libertad de cátedra.
4.5. Derechos fundamentales complejos, tensiones
constitucionales complejas
La Sala de Revisión es consciente que en muchos casos, como
el presente proceso, las tensiones entre la libertad de cátedra y otras
libertades o derechos constitucionales fundamentales en el contexto de las
instituciones educativas, pueden dar lugar a complejos dilemas de variada
índole, que plantean retos a la justicia constitucional.
4.5.1. Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha
tutelado el derecho constitucional de toda persona a no ser obligado a revelar
sus creencias. En tal medida, ha impedido que en virtud de la libertad de
cátedra o de la autonomía universitaria, se obligara a un estudiante a revelar sus
creencias en el contexto de una clase de religión Universitaria. Se reconoció
el derecho a imponer la carga académica equivalente que se considerara
adecuada, sin que ello implicara desconocer el derecho constitucional de toda
persona a no ser obligado a revelar sus creencias.[142] En aquella oportunidad la
Corte resaltó que “[en] Colombia el derecho a no creer y a no revelar las
convicciones más íntimas y profundas es tan sagrado como el derecho a creer, a
profesar las creencias y a divulgar las convicciones.”[143] Para la jurisprudencia,
una universidad no puede mediante sus clases  “(i) conducir a que una
persona, contra su voluntad, cambie sus convicciones religiosas; (ii) calificar
las creencias religiosas de los estudiantes; ni (iii) presio­nar a los
estudiantes a revelar “sus convicciones o creencias” (art. 18, C.P.)”.[144]
4.5.2. En el ámbito de la educación, por ejemplo, se ha
considerado que es un acto discriminatorio, exigir que se demuestre que una
niña es ‘normal’ como condición de que pueda seguir estudiando en el colegio en
el que se encontraba matriculada;[145]
o impedir que una niña continúe sus estudios, por pintarse los ojos en tiempo
escolar.[146]
También se ha considerado un acto discriminatorio, e incluso, un trato cruel y
degradante, obligar a una joven usar un uniforme escolar diferente al de las
demás estudiantes, en razón a que decidió convivir en unión libre.[147]
4.5.3. En el caso bajo revisión no es la libertad de
conciencia o de religión la que está presente en el caso y entra en tensión con
las libertas de cátedra y autonomía universitaria. Es el derecho a no ser
discriminado, en especial por razones de raza, es el que entra en tensión con
el ejercicio de la libertad del docente para impartir su clase. Concretamente,
su libertad para elegir y decidir qué ejemplos son los mejores para explicar
una cuestión, así como la manera para presentarlos ante las personas que
asisten a la clase. Posteriormente, la Sala se referirá a la interacción de
esta libertad con el derecho a la igualdad, concretamente, el derecho a no ser
discriminado.
4.5.4. Los actos discriminatorios en el ámbito educativo
puede alcanzar dimensiones de impacto considerable sobre los derechos
fundamentales, hasta el extremo de poder llegar a constituir tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
4.5.4.1. El Comité de Derechos Humanos ha destacado en
varias ocasiones que la protección frente a tratos crueles, inhumanos y
degradantes, no es sólo una protección frente a la tortura y en general, para
las personas privadas de la libertad. Expresamente, se han reconocido ámbitos
de protección como la salud o la educación. En 1982 dijo el Comité,
“Según se desprende de los
términos [del artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos], el alcance de la protección exigida es mucho más amplio que la
simple protección contra la tortura, tal como se la entiende normalmente. […]
Además, el artículo claramente protege no sólo a las personas presas o detenidas,
sino también a los alumnos de los establecimientos de enseñanza y a los
pacientes de las instituciones médicas. Por último, es también obligación de
las autoridades públicas garantizar la protección de la ley contra esa clase de
tratos, aun cuando sean infligidos por personas que actúan fuera de los límites
de su función pública o que no ejercen función pública alguna. […]”[148]
4.5.4.2. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha
tutelado el derecho a no ser sometido a tratos, crueles e inhumanos en el
ámbito del acceso a los servicios de salud, además de los ámbitos tradicionales
de protección.[149]
Para la Corte Constitucional, someter a una persona a fuertes e intensos
dolores, en razón a que no se le garantiza el acceso a un servicio de salud que
requiere y debe ser concedido de acuerdo con el criterio médico autorizado, es
un acto similar a la tortura, en cuanto implica someter a una persona a un
trato cruel, inhumano y degradante.[150]
Desde su inicio ha condenado el uso de castigos que puedan
afectar la autoestima y el derecho fundamental de todo niño y toda niña a tener
un desarrollo armónico e integral. Por ejemplo, se considera lesivo de la dignidad
humana, castigar a un estudiante que decidió responder preguntas que no se le
había hecho, poniéndole un esparadrapo en la boca.[151] De forma similar, ha
considerado violatorio de los derechos fundamentales de un menor y, en especial
de su dignidad, el castigarlo poniéndole un cartel que en clase frente a sus
compañeros que diga que ‘soy un tonto’.[152]
También ha considerado que se violan los derechos al buen
nombre y a la honra de una persona, cuando se le discrimina por parte de un
docente en un centro educativo, con base en la condición étnica, y las
dificultades económicas o de aprendizaje que esta pueda enfrentar.[153] En
el caso concreto, el docente se había referido peyorativamente de las
capacidades y la condición de un estudiante indígena, debido a los aprietos
económicos que afrontaba su familia, en situación de desplazamiento (lo cual se
reflejaba en la calidad del uniforme con el que asistía a clase, por ejemplo),
así como en las dificultades para aprender el idioma ‘inglés’.[154]
Los anteriores casos de discriminación en clase, que suponen
violaciones a la dignidad humana, implican también una puesta en escena. Es
decir, son casos en los cuales una persona que hace las veces de docente,
somete a otra persona, en calidad de estudiante, a enfrentar un escenario de
discriminación en clase, frente al resto de sus compañeros. Por supuesto, si se
trata de niños o niñas, el impacto sobre sus derechos es significativamente
mayor que si ocurre con una persona adulta. Pero en cualquier caso, se trata de
atentados en contra de la dignidad humana, que afecta el derecho a la educación
de forma considerable.
4.6. Conclusión
En resumen, la libertad de cátedra es un derecho complejo,
que no sólo protege la libertad de expresión y del ejercicio de su profesión y
oficio a la persona que se desempeña como docente, sino que cumple importantes
funciones en una sociedad abierta, democrática y respetuosa de la dignidad
humana. Como todo derecho fundamental de un estado social de derecho, la
libertad de cátedra no es absoluto, y encuentra límite en el ejercicio y
protección del goce efectivo de otros derechos fundamentales. De forma
frecuente, puede generar tensiones con algunos derechos usualmente emparentados
(como la autonomía universitaria), pero en ocasiones puede suponer tensiones
con otros derechos con los que no necesariamente esté siempre emparentado (como
las libertades de conciencia y de religión o el derecho a no ser discriminado).
Los actos discriminatorios, claro límite a la libertad de cátedra, pueden ser
de una gravedad tal, que constituyan violaciones directas al derecho a no
recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. El juez constitucional
siempre, por tanto, ha de tener en cuenta la complejidad que suelen suponer los
conflictos jurídicos en torno al ejercicio de la libertad de cátedra, debido a
su necesaria y constante interacción con otros derechos fundamentales. Debe
identificar cuáles son las garantías constitucionales que están directamente
relacionadas en el caso concreto, y tenerlas en cuenta para justificar allí los
límites necesarios y específicos que se podrían imponer al ejercicio de la
libertad de cátedra.
A continuación la Sala se pronunciará acerca de la relación
que existe entre la educación, la libertad de cátedra y el derecho a no ser
discriminado, en particular, por razones de raza, dados los supuestos fácticos
del caso que se analiza en esta sentencia.
5. Toda persona tiene el derecho constitucional a que
quien tenga la autoridad docente no reproduzca estereotipos racistas en clase,
en especial si es un sujeto de especial protección constitucional frente a
discriminaciones por razones de raza
En el presente caso existe una tensión entre el derecho a la
libertad de cátedra (la libertad de poder elegir qué ejemplo se usa para
explicar un determinado concepto, y con qué palabras y de que manera específica
se presenta a los estudiantes) y el derecho a no ser discriminado (la
consideración de que la expresión empleada, en el contexto del ejemplo dado, es
discriminatoria porque reproduce un estereotipo racista). Por ello, debe la
Sala tener en cuenta la especial relación que existe entre el derecho a no ser
discriminado por razones de raza en una sociedad abierta y democrática, el
derecho a la educación, la libertad de cátedra y la autonomía de las
instituciones educativas.
En primer término, se mostrará como desde el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente se consideró que la participación y el diálogo
en la educación es uno de los medios para crear escenarios de protección
constitucional frente a los estereotipos y a los vacíos en el conocimiento,
fundados en motivos de raza. En segundo lugar, se mostrará como la protección
judicial frente a actos de discriminación, concretamente por razones de raza,
ha sido una de las fuentes de desarrollo más importante del derecho a la
igualdad y, en general, de mecanismos y herramientas de protección frente a los
actos de discriminación en general. En tercer lugar se precisará que la
protección constitucional se da frente a actos u omisiones en los que se usen
cierto tipo de expresiones de cierta manera, y no frente a la expresiones
lingüísticas consideradas en sí mismas, por fuera de un contexto de uso
concreto. Finalmente, en cuarto lugar, se concluirá lo dicho.
5.1. Participación y diálogo en la educación y las
tecnologías de comunicación; como estrategia de creación de un escenario de
protección constitucional frente a los estereotipos y a los vacíos en el
conocimiento, fundados en raza
5.1.1. Desde los debates de la Asamblea Nacional
Constituyente en el primer semestre de 1991, la interacción entre la educación
y las libertades de cátedra y de autonomía universitaria, por una parte, y la
eliminación toda forma de discriminación, exclusión y marginación de etnias y
culturas, era evidente. En las justificaciones de la exposición de motivos del
Proyecto de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presentado por
el Constituyente Francisco Rojas Birry, y que contaba con el respaldo de
importantes organizaciones de comunidades negras, afrodescendientes y raizales,
se indicó en los siguientes términos:[155]
“[…] la prohibición  de
discriminación es una de las garantías más importantes.  ||  Para nosotros, los
Grupos Étnicos, esta disposición tiene un especial significado. Nosotros hemos
sido hasta ahora víctimas de la política de discriminación y exclusión de parte
de la cultura dominante de la sociedad nacional. Pensamos que la larga cadena
de violencia y venganzas que arrastran los colombianos  es, en buena parte, el
resultado de este marginamiento. […]
En la sociedad dos instituciones
tienen un lugar privilegiado en lo que se refiere al reconocimiento y respeto
del derecho a ser diverso, de tener una piel, una religión, una cultura
diferentes, a pensar distinto y a no ser discriminado por ello. Esas
instituciones son la educación y los medios de comunicación social.”[156]
[acento fuera del texto original].
Pero, ¿qué tipo de educación proponían los grupos étnicos,
como se definían ante la propia Asamblea Constitucional, que podía acabar con
la discriminación endémica y estructural? La propia exposición de motivos aboga
por una educación crítica; una formación que permita construir personas
autónomas y con capacidad de juicio; capaces, por ejemplo, de tomar complejas
decisiones éticas en una sociedad democrática, en libertad y con independencia
de injerencias e intervenciones irrazonables. En tal medida, los grupos étnicos
consideraban que para resolver los dilemas que plantea una sociedad
multicultural y pluriétnica, se debe contar con dos herramientas básicas, la
participación y la deliberación. Dijo al respecto el proyecto:
“La posibilidad de construir un
auténtico Estado Democrático de Derecho en Colombia depende de que éste pueda
apoyarse en una cultura democrática: una opinión pública razonable y una
ciudadanía activa y participante en el proceso de formación de las decisiones
colectivas. Este requerimiento encuentra su punto de apoyo en las instituciones
de los pensadores de la ilustración: sólo [seres humanos] capacitados para
pensar por sí mismos y para actuar autónomamente podrán realizar el exigente
programa de la democracia. Estas afirmaciones son las que nos muestran la
estrecha conexión entre el tema de la construcción del nuevo orden y la
educación. Esta debe adecuarse a las exigencias de una sociedad en
transformación. […].
[…] la educación colombiana no
corresponde a las necesidades de la sociedad. Estructurada en un principio
humanista de formación, la educación siguió siendo conservando un esquema
básico académico pero perdiendo todo el acervo ético y formativo que este ideal
proporcionaba. Ahora la educación ha quedado reducida a la acumulación de una
serie de conocimientos que están lejos de orientar su actividad práctica de los
estudiantes. ¿Cómo superar esta situación en un país tan diverso y tan
heterogéneo como Colombia?
Muchos analistas coinciden en que
la actual crisis no afecta solamente al Estado sino también a la sociedad. Sin
embargo, en medio de la crisis se está abriendo paso la idea de que los
problemas se resuelven fundamentalmente mediante el diálogo y la participación
y no recurriendo al decisionismo ciego. Esto es totalmente válido para la
educación. […]”[157]
La multiplicidad de etnias y culturas colombianas fueron
reivindicadas frente a la Asamblea Nacional Constituyente así,
“La Nación colombiana tiene
derecho a que se le defina como ella es y no como una mera abstracción
jurídica. En este sentido el mayor interés que no ha traído a este histórico
escenario de diálogo es el proponerle a los colombianos dejar siglos enteros de
negar lo que somos y que avancemos juntos en el autodescubrimiento de nuestra
identidad.
Consideramos que el primer paso
para esta búsqueda de identidad nacional es hacer consciente de la historia
oculta de los grupos étnicos, indígenas, negros, isleños raizales de San
Andrés, que en común podemos contar la misma historia de desconocimiento,
violencia y resistencia.
Por eso nos parece fundamental que
en el artículo primer de la Nueva Constitución se consagre el reconocimiento
del carácter multiétnico y pluricultural del pueblo colombiano.
[…]
Muchos se preguntarán el porqué de
nuestra obstinación de continuar siendo como somos y seguir desarrollándonos
como deseamos. Por nuestra parte, estamos convencidos que entre mayor
diversidad de pensamiento haya en un país, mucho más abundantes, complejas y
ricas son sus posibilidades de creación cultural. Y es esa presencia de
diversidad cultural, reconocida y no desconocida, promovida y no avasallada, la
que puede llegar a constituirse en la mejor barrera para la intolerancia en que
enraízan los comportamientos violentos.”[158]
5.1.2. Algunos de los trabajos más valiosos acerca de las
comunidades negras y afrocolombianas sin duda, lo constituye buena parte de la
obra intelectual y comunitaria de la profesora Nina S. de Friedemann. Con base
en sus investigaciones, denunció las dos estrategias por las cuales se afecta
el derecho a la igualdad de las personas: (i) la invisibilización de su
presencia o (ii) estereotiparla. Según la académica, ‘la invisibilidad’
se “[…] apoya en una negación de la actualidad y de la historia de los
africanos negros y sus descendientes en América y se complementa en el manejo
de la estereotipia que, desde épocas greco-romanas Europa ha practicado en sus
relaciones con la población negra.”[159]
Edward Long, administrador colonial, analista y célebre historiador en su
tiempo de Jamaica, es señalado por la académica Friedemann, como una de las
voces autorizadas que impulsó buena parte de los estereotipos que durante
tantos años se adjudicaron a las personas afrodescendientes, a las comunidades
negras.[160]
El uso de la expresión raza, como tantas otras ideas, no surgieron de la nada.
Son maneras de ver y de pensar la realidad, que pretenden unos determinados
fines, más o menos explícitos. De hecho, ni siquiera el propio Edward Long la
empleó. Él se refería a las personas de piel negra, como, ‘quizá’, ‘especies de
un mismo género’; no habla de diferentes razas. De hecho, la famosa
clasificación de Carlos Linneo, habla de variedades de ‘homo’.[161] El
concepto de raza, que originalmente se refería a un linaje, a una descendencia,
a una cultura, comenzó a adquirir otro sentido, una connotación de carácter
‘naturalista’, ‘biológico’, aceptado plenamente a finales del siglo XVIII e
inicios del XIX.[162]
Las concepciones racistas contemporáneas surgen de manera prioritaria en
aquellos años, no han estado siempre. [163]
En un momento fueron atendidas, se esparcieron, y ahora permanecen ocultas en
las estructuras sociales.
El concepto de ‘raza’ actualmente no cumple la función de
aquellas épocas y su uso como categoría biológica fundada está totalmente
desacreditado.[164]
No obstante, desafortunadamente los estereotipos raciales que se gestaron en el
pasado, aún se mantienen en el aire, siguen siendo parte de nuestra sociedad y
afectando los derechos fundamentales de muchas personas.
5.1.3. Los estudios empíricos sobre los textos escolares
tradicionalmente usados en Colombia, han demostrado que estos libros, al igual
que en otras latitudes, han servido para expandir las visiones racistas, o
simplemente han ocultado los hechos y acontecimientos relativos a la criminal
empresa de esclavizar personas del áfrica subsahariana.[165] Por ejemplo, hablaban
de ‘esclavitud’ para referirse a la condición de los criollos frente a
la corona española, no para referirse a la situación de las personas sometidas
a esclavitud.[166]
De hecho, es una situación que se verifica aún hoy bajo la Constitución de
1991. Ni los textos de primaria ni de secundaria abordan con amplitud la
herencia y presencia de las culturas afro en Colombia; se oculta e
invisibiliza.[167]
Cuando muchos de los textos escolares hablan de otras etnias o culturas lo hace
ante todo en pasado “[…] lo cual naturaliza la percepción de que forman parte
de nuestro ayer, pero no de nuestra actualidad.”[168] En ocasiones, la
denuncia de los procesos racistas del pasado suele ser, desafortunadamente,
fuente de nuevas discriminaciones. Por ejemplo, cuando se oculta la lucha por
la libertad, sin la cual no se hubiesen gestado las independencias de américa,
y se presenta el comercio de esclavitud como un mal que, supuestamente, habría
sido asumido de forma pasiva como algo inevitable, por la debilidad de las
comunidades negras y la superioridad de las llamadas ‘blancas’.[169] Son
distorsiones del pasado, que dejan de lado buena parte de la historia negra del
País, dejando así inconclusa toda la historia de Colombia.[170] La pérdida de historia e identidad del origen africano de Colombia, si
bien afecta mayoritariamente a las comunidades afro colombianas, implica una
pérdida de identidad para todos los colombianos, sin excepción alguna. Algunos
ejemplos son obvios, como desconocer las conexiones originales de la cumbia, el
currulao o tantos otros ritmos nacionales con el África. Y algunos otros casos
no tan obvios, como es el de una palabra de gran importancia en el imaginario
colombiano: ‘macondo’; al parecer tendría su origen en la expresión ‘makondo’,
(un fitónimo) el nombre de un vegetal en lengua bantú: plátano.[171]
5.1.4. Como algunos líderes de las comunidades afros lo han
resaltado, el trabajo de volver a contar el pasado que se ha ocultado y
redescubrir saberes y discursos dejados a un lado, es ya una manera de lograr
transformaciones en el presente. [172]
(i) Por ejemplo, existen autores
que consideran que existen evidencias suficientes para afirmar que quizá,
pueblos africanos llegaron a América antes de la llegada de Colón en 1492. Se
trata de registros escritos y hallazgos arqueológicos que parecerían confirmar
tal hipótesis.[173]
(ii) La presencia de afrodescendientes llega a
Europa, y concretamente a España, antes de llegar a América. Las invasiones
árabes a España serán el primer origen de esta presencia.[174]  De hecho algunas
personas afro llegaron de España al nuevo mundo, y no de África. Durante el
siglo XV, antes del descubrimiento de América, el negocio del comercio de
personas esclavizadas existió en Europa, en especial entre los portugueses,
quienes controlaban buena parte de las el comercio con África.[175] Desde entonces se
acentuó la presencia de población negra en la península ibérica, en especial al
sur. Cómo dice el profesor Triana y Antorveza al respecto: “no había nacido
Colón cuando ya algunos aspectos culturales negro africanos eran reconocibles
en suelo hispánico.”[176]
(iii) En cualquier caso, la
presencia de personas afro en América existe desde el descubrimiento mismo de
América. Los grumetes eran africanos que participaron activamente en el
descubrimiento de América en los barcos españoles y de otras naciones europeas,
para los cuales prestaban sus servicios.[177]
(iv) Existen pruebas suficientes
para certificar la presencia de personas afrodescendientes en América desde la
Colonia. Muchas habían sido sometidas al crimen de la esclavitud y habían
llegado al continente privadas de su libertad. Pero otras personas negras
siempre fueron libres en América, bien sea porque no habían perdido su
libertad, o porque la recuperaron al llegar al continente.
(v) Son múltiples las historias
de luchas y combates por la libertad que las personas africanas sometidas a la
esclavitud adelantaron, desde el mismo momento de su llegada. Las historias de
algunos de los primeros revolucionarios y libertadores de américa, como los
cimarrones Antón en Ecuador, Benkos Biohó en Colombia o Gaspar Yanga (Nyanga)
en México. Los tres, descendientes de nobles familias africanas, lucharon
siempre para que sus pueblos no vivieran en esclavitud y sometimiento. Yanga
actuó a finales del siglo XVI (hacia 1570) en el Estado de Veracruz.[178] En
Ecuador, país en el que se daría siglos después el primer grito de
independencia republicana, también varios cimarrones protagonizaron actos
fundadores de libertad e independencia, como por ejemplo, los cimarrones Antón,
Alonso de Illescas o los Mangasches, Andrés Mangache y sus hijos Francisco y
Juan.[179]
Benkos Biohó combatió desde el inicio
del siglo XVII. Fundó el palenque de la Matuna cerca a Cartagena de Indias, el
cual sería el origen del actual pueblo de Palenque de San Basilio.[180] Se
conoce como el primer pueblo libre de América, en gran medida, por las
investigaciones que realizara en el Archivo de Indias el historiador Roberto
Arrázola Caicedo.[181]
Arrázola demostró que Palenque es el primer pueblo libre de América, por haber
sido de los primeros en buscar la libertad (de hecho, ya había ocurrido en el
continente desde mucho antes), y prácticamente haberlo logrado, como lo
reconoció el propio rey de España.[182]
Los cimarrones no sólo vivieron en libertad, jugaron un papel en el contexto
político y social de la época. Por ejemplo, serán las alianzas entre los
corsarios ingleses y los cimarrones panameños las que les permitirán a aquellos
conocer el océano pacífico, ruta hasta entonces segura para que el imperio
español transportara materiales valiosos como el oro, a través de sus colonias.[183]
La defensa de la independencia y
la libertad supuso a las comunidades cimarronas y palenqueras negras, desde la
etapa de la colonia, implementar estrategias lingüísticas como, por ejemplo,
crear un nuevo idioma. Tal es el caso del palenquero, lengua post-criolla
empleada aún en San Basilio de Palenque, por ejemplo.[184] Su estudio, en sí mismo
constituye una manera de enfrentar la discriminación en contra de esta
comunidad, como en general, siempre lo ha implicado los procesos de
invisibilización ya denunciados.
(vi) Se ha ocultado su presencia
en diversas zonas de América, por lo que es común que en la actualidad se crea
erradamente que lugares al sur del continente no tuvieron presencia de personas
africanas. Tal es el caso de lugares como Buenos Aires; pero los documentos
históricos demuestran lo contrario, allí también existió el comercio de
personas sometidas a la esclavitud.[185]
(vii) La lucha por la libertad
en América, durante los años del colonialismo español, fue constante. No
solamente se trataba de las poblaciones afro; los indígenas también combatieron
por su independencia y por la autonomía de su pueblo. Tal fue el caso, por
ejemplo, de levantamiento indígena del Chocó en 1684[186] o la presencia del
importante abolicionista africano del movimiento inglés, Gustavus Vassa (Olaudah
Equiano, 1745 - 1797) en territorio nacional a finales del siglo XVIII, que
hacia parte del caribe colombiano en aquel entonces (costa de mosquitos).[187]
En especial, es deber de toda Colombia rescatar el origen
negro de las libertades constitucionales que, desde la Constitución de la
República, hace ya más de 200 años, se han venido forjando en todo el
territorio. Es preciso resaltar el ejemplo y decisión que supuso para todo el
continente la revolución de independencia de la población afro en Haití.[188]  La
importancia espiritual e ideológica que representó aquella revolución, pero, a
la vez, la importancia material, real y efectiva. Un ayuda indispensable, sin
la cual otro hubiese sido el curso de la historia.[189] El pueblo afro
colombiano, lejos de ser beneficiario de la lucha de independencia de los
criollos, fue inspirador, promotor y artífice de la gesta. Además del coraje y
la fuerza física en el campo de batalla, ayudaron a consolidar el concepto
mismo de ‘independencia’, absolutamente consustancial al republicanismo
y constitucionalismo colombiano.[190]
Figuras como José Prudencio Padilla deben ser cabalmente rescatadas, así como
dimensionar adecuadamente sus aportes.
(viii) Buena parte de la exclusión histórica de las
personas negras ha implicado, a su vez, una exclusión espacial, una exclusión
territorial. El espacio físico de las comunidades negras ha sido siempre objeto
de lucha. Desde la conquista y la colonia, las personas fugadas tuvieron que
buscar terrenos en los cuales poder asentarse y vivir. Pero estas luchas no
sólo han sido individuales o de pequeñas comunidades. El departamento del
Chocó, por ejemplo, ha debido enfrentar tensiones a lo largo de la historia de
Colombia para poder defender sus límites.[191]
5.1.5. No obstante los cambios culturales, sociales y jurídicos
del siglo XX, políticos importantes de diferentes espectros y banderas
jurídicas, adoptaron y aceptaron las conclusiones de teorías que explicaban el
éxito o fracaso de una nación por su ‘pureza racial’.[192] Todavía en 1983 Nina S.
de Friedemann resaltaba la invisibilización, en especial en el ámbito educativo
básico y general. Decía al respecto,
“Con todo, el ámbito académico de
la educación universitaria y el de secundaria mantienen su actitud de barricada
frente a la posibilidad de integrar este conocimiento en sus cátedras o en sus
textos.  La dimensión de la participación del negro en la formación del país,
sigue siendo un tema negado. Mucho más si se trata de aludir a una historia de
guerreros negros que lucharon por su libertad social y cultural. En el caso
particular de la cultura de Palenque, perfiles como los ritos de la muerte, así
como los juegos de guerra de los niños, han sufrido constantemente los embates
de la censura social y gubernamental. Durante varios años, hace pocos decenios,
las órdenes de policía provenientes del departamento de Bolívar prohibían con
multas la cultura negra del tambor de los puños, del velorio y de la casimba.”[193]
El desconocimiento e invisibilización de las personas
afrodescendientes, de las comunidades negras de Colombia, es un problema que
aún persiste. La precariedad de la información acerca de la presencia de la
población afro en la República ha sido denunciada no sólo por la academia
especializada, sino también por los medios masivos de comunicación.[194] No
obstante, son estos mismos medios de comunicación social los que persisten en
preservar los estereotipos y prejuicios que se tienen sobre las comunidades
negras en general, e incluso con relación al África subsahariana.[195]
En la actualidad, muchas instituciones académicas han
decidido desempolvar el pasado y volver a redescubrir discursos y voces que
habían sido ocultadas. Voces de personas sin poder que habían sido excluidas
por razones de raza, al igual que las voces de las personas que sí tenían poder
y que promovían las visiones racistas de la sociedad. La Corte Constitucional
celebra estas acciones, encaminadas a lograr el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas afrodescendientes.[196]
5.2. La defensa de las personas frente actos
discriminatorios fundados en el criterio de ‘raza’, en el ámbito de la
educación; una lucha emblemática en la historia constitucional reciente
5.2.1. Brown v. Consejo de Educación de Topeka[197]
Una de las decisiones judiciales más importantes para la
defensa de la igualdad frente a discriminaciones por raza en la historia del
constitucionalismo es, sin lugar a dudas el caso conocido como Brown v.
Consejo de Educación de Topeka [198]
(1954), en el cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de
América decidió que “[…] en la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina
‘separados pero iguales’. Un sistema con escuelas separadas es intrínsecamente
desigualitario. […].”[199]
A esta conclusión arribó el alto tribunal, aplicando la Constitución, luego de
una larga y ardua batalla judicial, librada por los defensores de los derechos
de las comunidades afrodescendientes estadounidenses, en especial, a través de la
Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, conocida como
NAACP por sus siglas en inglés.[200]
El caso en el que se reclamó el derecho a la igualdad y la educación de Linda
Brown y otros niños, era la última etapa de una serie de decisiones judiciales
que, poco a poco, habían erosionado la tesis discriminatoria y racista de
separados pero iguales, con la cual se pudo mantener una suerte de apartheid
durante muchos años en los estados sureños estadounidenses.
La estrategia final fue controvertir la idea según la cual,
si se garantiza el acceso a bienes y servicios de igual calidad, así sea de
manera separada de acuerdo con su color de piel, no se desconoce el derecho a
la igualdad. Inicialmente, se había erosionado el principio, obligando a los
Estados a que respetaran el derecho de igualdad, así fuera de esa manera
restringida y que, por tanto, construyeran instituciones que fueran separadas,
pero realmente iguales. Las implicaciones de ese tipo de debate judicial se
hizo patente en dos casos que fueron importantes para que se llegar a la decisión
definitiva de Brown v. Consejo de Educación de Topeka. Los casos de
Heman Marion Sweatt y George McLaurin.
En el primero de ellos, Sweatt v. Painter (1950) [339
U.S. 629], la Corte Suprema estadounidense protegió el derecho a la igualdad de
una persona afro a la que se le había negado el ingreso a la Facultad de
Derecho de una Universidad para personas blancas. Se resolvió revocar la
decisión de instancia según la cual el Estado sí violaba el derecho a la
igualdad del peticionario, pero la orden debía ser darle tiempo al Estado para
construir una Facultad de Derecho para personas negras. Se tuvo en cuenta que
las diferencias tangibles, así como las intangibles, eran insalvables y que,
por lo tanto, la nueva Facultad no aseguraba el derecho a la igualdad de la
persona. En el segundo caso, McLaurin v. Regentes de la Educación Superior
del Estado de Oklahoma, y otros.[201]
(1950) [339 US 637], la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió proteger el
derecho de un persona afro a acceder en igualdad de condiciones a los demás
estudiantes, a un programa de doctorado. George McLaurin, quien contaba con un
grado de maestría, había sido admitido en virtud de una orden judicial, al
programa de doctorado de la Universidad de Oklahoma. No obstante, se le había sometido
a un tratamiento diferente constante [lugar aparte en la clases y la
biblioteca, restricciones especiales de horario, entre otros].  La Corte
Suprema estadounidense revocó la decisión judicial de instancia que había
considerado que no existía violación al derecho a la igualdad, por cuanto tenía
acceso al programa de doctorado. Se consideró que las diferencias
‘intangibles’, como las simbólicas, a las cuales era sometido un estudiante de
doctorado, eran inconstitucionales. Se ordenó remover las limitaciones y
diferenciaciones impuestas.
Ambas decisiones controvirtieron fuertemente la posibilidad
de respetar la igualdad de las personas dando un trato separado y diferencial,
especialmente en el ámbito de la educación. Por ello, las diferencias
intangibles de trato, como las simbólicas, se convirtieron en una evidente
causa de violación al derecho a la igualdad. La sentencia de Brown
retoma las decisiones judiciales así,
“En la sentencia Sweatt v.
Painter (1950), que ya hemos citado, constatamos que una Facultad de
Derecho segregada para negros podía no proporcionar iguales oportunidades
educacionales, basándonos en ‘esas cualidades que no pueden ser medidas de
forma objetiva, per que determinan el valor de una Facultad de Derecho’. En McLaurin
v. Oklahoma State Regents (1950) el Tribunal, exigiendo que un negro
admitido en un centro de enseñanza superior para blancos tenía que ser tratado
de la misma forma que aquellos, se basó de nuevo en factores intangibles, entre
otros, en su ‘capacidad para el estudio, para entablar discusiones e
intercambios de puntos de vista con otros estudiantes y, en general, para
aprender su profesión’. Tales consideraciones se aplican, con mayor motivo, a
los alumnos de enseñanza primaria y secundaria. Separarles de otros estudiantes
de similar edad y cualidades por razón de la raza genera un sentimiento de
inferioridad sobre su lugar en la sociedad, lo que puede afectar a su corazón y
a sus sentimientos de forma tal vez irremediable. […]”[202]
Pero la defensa de la igualdad sigue suponiendo retos en
materia de discriminación racial. Como lo han denunciado dentro del presente
proceso varios intervinientes, así como movimientos y organizaciones sociales y
académicas, las discriminaciones y prácticas racistas, de forma consciente o
inconsciente, persisten de manera endémica en nuestra sociedad, causando las
lesiones que ello conlleva a la dignidad y los derechos fundamentales de una
persona. Eso es cierto, a pesar de la claridad de las reglas constitucionales y
legales de protección, tanto en Colombia como en el caso de otras naciones como
lo es, por ejemplo, los Estados Unidos de América.[203]
5.2.2. Declaración y Plan de acción de Santiago
En el ámbito del sistema de protección de los derechos
humanos del continente americano se ha reconocido recientemente, tanto el
impacto que los prejuicios y estereotipos racistas causan a las comunidades
afrodescendientes a lo largo y ancho del continente, como la importancia de la
educación, junto a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, para
superarlos y erradicarlos definitivamente. Dice al respecto la Declaración y
Plan de Acción de Santiago (2000),[204]
“27. Reconocemos que los
afrodescendientes han sido víctimas de racismo, discriminación racial y
esclavitud durante siglos, y de la negación histórica de muchos de sus
derechos. […]
28. Reconocemos también que el
legado de la esclavitud ha contribuido a la permanencia del racismo, a la
discriminación racial, a la xenofobia y a las formas conexas de intolerancia
contra los afrodescendientes a través de la región. Igualmente, constatamos las
consecuencias nefastas de la esclavitud que se encuentran en la raíz de las
situaciones de profunda desigualdad social y económica de que son generalmente
víctimas los afrodescendientes en las américas.
[…]
60. Reconocemos que la educación y
el aprendizaje a lo largo de la vida son fundamentales para el respeto de la
diversidad racial, étnica, cultural, lingüística y religiosa de nuestras
sociedades, lo que es esencial para prevenir la propagación del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y es
de suma importancia para proteger y promover los valores de la democracia.”[205]
Se consideró esencial que todos los países de la región
reconozcan, entre otras cosas, (i) “la existencia de su población
afrodescendiente”; (ii) “la contribución cultural, económica, política y
científica que ella ha hecho”, y (iii) “la persistencia del racismo,
discriminación racial y otras formas de intolerancia que les afectan de manera
específica.” No obstante, se reconoce que la discriminación racial son
actos que se realizan no sólo en contra de la población afrodescendiente[206] y
que pueden sumarse a otras discriminaciones agravadas o múltiples.[207]
5.3. Protección frente a los usos de las expresiones y
palabras
Algunos de los intervinientes en el proceso sugieren que es
inadecuado que un Rector de una Universidad Pública use la expresión ‘raza’. Al
respecto, es preciso advertir que para esta Corporación, una palabra no es
constitucional o inconstitucional en sí misma considerada. Las palabras son
herramientas que tienen múltiples y variados usos. Algunos de los cuales pueden
implicar una discriminación, una exclusión o un ataque a ciertas personas o
grupos de personas, pero otros usos pueden no tener tales consecuencias.
5.3.1. Los jueces constitucionales no deben ocuparse de la
existencia de una palabra. Deben ocuparse de cuál sea el uso que se le dé, la
manera de emplearla. Existen palabras vulgares y ofensivas que, por ejemplo,
pueden expresar cariño, amistad o compañerismo, si se usan en ciertas
circunstancias y de cierta manera (con una determinada entonación, o acompañada
de ciertos gestos corporales). De igual forma, expresiones absolutamente
inofensivas y sin un aparente significado insultante, pueden convertirse en la
peor de todas las ofensas, si se usan con tal propósito. Nuestro hablar obtiene
sentido a partir del resto de nuestras actuaciones. Es la manera cómo se usen
las herramientas lingüísticas lo que definirá que se quiere decir o hacer con
ellas.[208]
5.3.2. De hecho, los pueblos afro de toda América, han usado
el lenguaje como un arma de libertad; como un medio para construir su realidad
frente a políticas de opresión y de exclusión. Una de las estrategias ha
consistido, precisamente, en usar de forma diversa palabras frecuentemente
empleadas de forma racista.
Esto se constata en expresiones como ‘negro’ o ‘negrito’,
que pueden ser empleadas de la manera en que solían usarse en contextos
racistas y esclavistas [por ejemplo, usar ‘negrito’ como diminutivo de ‘negro’
aplicado a las personas negras a manera de eufemismo’], pero también puede ser
usada con un sentido positivo [forma cariñosa empleada entre sí y
familiarmente, también por mestizos y blancos].[209]  El mejor remedio
frente a expresiones que suelen usarse de manera discriminatoria y excluyente
puede ser apropiarse de la palabra y re-significarla. Acentuar ciertos aspectos
para los que se usa y dejar de lado otros. Expresiones como ‘cimarrón’ tuvieron
un origen racista y esclavista (se comparaba el ganado fugado con las personas
sometidas a la esclavitud que se había escapado), hoy representan la libertad,
la lucha contra la opresión, la injusticia y la discriminación.
5.3.3. Los cambios lingüísticos son complejos procesos
sociales que, obviamente, no ocurren por decisión o mandato judicial. No
corresponde a los jueces de tutela (ni a los jueces en general) establecer en
la sociedad cuál es el lenguaje y cómo debe ser usado. No le corresponde
decidir con autoridad qué palabras deben ser usadas y cómo. Lo que le
corresponde al juez de tutela es proteger los derechos fundamentales de las
personas que puedan ser afectados mediante un acto lingüístico que conlleve un
ataque a los derechos fundamentales, como un acto de discriminación.
El profesor Eduardo Restrepo resalta el punto cuando
advierte que los grafismos en sí mismos no son el problema, sino los conceptos
que se usan a través de ellos. Dice al respecto,
“Cuando se define ‘raza’ de esta
manera [la asociación de necesaria entre ciertos rasgos corporales que son
concebidos como heredados biológicamente y unas características intelectuales y
de comportamiento que se consideran irremediablemente derivadas] no se piensa
simplemente en la palabra, sino en el concepto. A veces se cuenta con una
palabra distinta de la de ‘raza’ como puede ser la de ‘cultura’, ‘etnia’ o
‘grupo étnico’, pero el concepto que hay detrás es el de ‘raza’ tal y como se
ha definido. Así que es muy importante tener presente que el concepto de raza
puede estar asociado a otras palabras, incluso aquellas que se han acuñado para
evitar la omnipresencia de dicho concepto y cuestionar sus implicaciones. De
ahí que en algunos casos cuando se utiliza la palabra ‘cultura’, de lo que se
está hablando realmente es de ‘raza’; y esto aunque no aparezca el término y a
pesar de que a quien esté hablando le incomode y sea muy crítico frente a la
utilización de la palabra de ‘raza’. Cuando esto sucede se puede decir que la
palabra ‘cultura’ (o cualquier otra en su lugar) se encuentra operando como un
eufemismo del concepto de ‘raza’.
En Colombia, al igual que en otros
países de lo que se suele englobar con el término de América Latina, se puede
registrar una actitud ambivalente cuando se menciona la raza. Para un sector
compuesto predominantemente por intelectuales, activistas y funcionarios
gubernamentales, se observa un escozor e incomodidad frente a la utilización de
la palabra ‘raza’. Afirman que como se ha demostrado científicamente que la
raza no existe [en términos biológicos], mantener la palabra en el vocabulario
académico, administrativo y político contribuye a apuntalar el racismo. […].
Ahora bien, esta incomodidad se
contrasta con la amplia circulación de la ‘raza’ entre amplios sectores de la
población en diferentes regiones del país. Es fácil que la gente hable en
términos de raza para referirse a otros o a sí mismos en los más disímiles
contextos. Por supuesto, esta amplia circulación de la raza se asocia también a
las concepciones y prácticas de discriminación racial. Aunque, cabe anotarlo,
los sentidos locales enlazados al término de raza son mucho más complejos,
varían grandemente de una región a otra y pueden incluso subvertir el concepto
mismo. Esta multiplicidad y polifonía local de la utilización de la palabra
raza requiere un estudio detallado y comparado.
Ahora bien, es un hecho que el
problema no se resuelve con una purga generalizada de la palabra raza,
emplazando en su lugar otros términos que en últimas pueden operar como
eufemismos manteniendo intacto el andamiaje ideacional y comporamental sobre el
que se ha edificado el pensamiento racial y el racismo. El problema es más
profundo que uno de vocabulario […]”.[210]
Si un grupo musical de poesía urbana contemporánea emplea la
expresión ‘raza negra’ para hacer referencia al orgullo que sienten de
pertenecer a un determinado grupo humano, seguramente no hay razón alguna de
reproche al uso de tales expresiones. De forma similar, el uso de las
expresiones como ‘etnia’ o ‘cultura’ seguirían siendo reprochables si se usan
para hacer referencia a los conceptos de clasificación fundado en estereotipos
y prejuicios biológicos a los que antes se hacía alusión con ‘raza’. La apuesta
del estado social de derecho colombiano, a través de la educación y los medios
de comunicación, así como de las producciones culturales en general, es
construir una sociedad democrática, abierta, respetuosa e incluyente. Una
sociedad consciente de su condición pluriétnica y multicultural.
5.4. Conclusión
Cuando se usa en clase, por parte de un docente, una
expresión que mantiene y preserva estereotipos racistas y esclavistas en las
estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente, que margina a las
personas consideradas como parte de una determinada ‘raza’. Promover,
justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la
educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los
derechos a la igualdad y la no discriminación. Por tanto una persona, en
calidad de profesor viola los derechos a la educación y a la igualdad (en
especial, el derecho a no ser discriminado), cuando emplea durante una sesión
de clase una expresión claramente racista para presentar un ejemplo. Tal acto
discriminatorio ocurre así la palabra ‘haya sido retirada’ y lamentada por el
propio profesor. Tales aspectos, son relevantes, por ejemplo, para establecer
(i) el impacto de la afectación del derecho y  (ii) el grado de responsabilidad
del docente por lo ocurrido; mas no son aspectos determinantes para establecer
si se produjo o no una afectación a los derechos fundamentales a la igualdad y
a la no discriminación.
En un estado social y democrático de derecho, fundado en la
dignidad humana, el uso de expresiones racistas por parte de los docentes está
proscrito de los espacios educativos, salvo que ello sea razonable y
proporcionado constitucionalmente, en circunstancias específicas.[211]
Ningún ser humano ha de ser sometido a un trato cruel y degradante como el que
supone ser puesto en un escenario de discriminación, en el cual se reproduzcan
estereotipos claramente racistas, humillantes y ofensivos.  Cuando otra
persona, bien sea profesora o alumna, emplea expresiones de carácter racista,
viola el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a la
dignidad; pero si se trata de quien es docente, el asunto es aún más grave dado
su rol y sus funciones de educador, así como por el poder y la autoridad que
tiene.  El carácter intencional que haya tenido la acción, como se dijo, es un
aspecto relevante para determinar el grado de la violación al derecho y su
responsabilidad, no si la misma se produjo, y menos aún, si la misma debe ser
protegida por el juez de tutela.
A continuación, pasa entonces la Sala a analizar la
situación concreta que enfrentó el accionante.
6. Heiler Yesid Ledezma Leudo fue sometido a un escenario
de discriminación en la clase del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado
La Sala de Revisión considera que de acuerdo con las
consideraciones previas, es posible concluir que a Heiler Yesid Ledezma Leudo
se le sometió a un escenario de discriminación, al tener que oír un ejemplo en
el cual se usó una expresión de carácter discriminatorio y racista, que se
asociaba únicamente con sus condiciones físicas. A continuación la Sala de
Revisión hará referencia  (i) a lo qué ocurrió en clase,  (ii) al significado
de lo ocurrido, para  (iii) llegar a la conclusión indicada.
6.1. Lo que ocurrió en clase
6.1.1. En ciertas ocasiones, algunos actos de discriminación
pueden contener una realidad de ofensa y afectación de los derechos
fundamentales con un grado de objetividad y materialidad suficiente, para que
el juez pueda verificar su existencia, como ocurre en un caso en el que una
persona se le niega el ingreso a una institución educativa por su condición
racial, de manera abierta y explícita que así lo certifica. Pero en un asunto
en el cual el uso de un ejemplo en clase puede conllevar un acto
discriminatorio, la percepción y vivencias de quienes actúan en el salón –el
escenario–, juegan un papel determinante.
Las versiones diferentes acerca de qué fue lo ocurrido en un
caso de discriminación como el presente, se explican, por lo menos
parcialmente, en los diferentes puntos de vista que asume cada una de las
personas que están en el escenario de discriminación, así como también en las
diferentes percepciones que se tienen de lo ocurrido o de las sensaciones y
emociones que se puedan tener o asociar con tales hechos, entre muchos otros
aspectos a considerar. El propio profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado se
considera víctima de intimidación, en razón a la pregunta que algún alumno le
hizo acerca de lo ocurrido en clase con el accionante. Aunque los hechos
narrados por el profesor a la Sala no permiten inferir que se le estuviera
amenazando por parte del estudiante que le formuló la pregunta, ni se inscriben
en un contexto de persecución o amenaza, la Sala de Revisión no cuestiona que,
legítimamente, el profesor Chavarrio Alvarado se haya sentido efectivamente
presionado.[212]
En otras palabras, las percepciones que las personas pueden
tener acerca de un determinado hecho, no necesariamente coinciden de forma
escueta con lo realmente ocurrido. Tal diferencia entre lo ocurrido y lo
percibido, conlleva muchos aspectos específicos de cada persona, como por
ejemplo sus capacidades sensitivas o sus valoraciones éticas y morales. Las
diferentes versiones que una víctima y un victimario pueden tener de un acto de
discriminación no implican, necesariamente, que alguien esté mintiendo. Cada uno
de ellos puede estar actuando con plena veracidad: el relato individual se
fundó en una convicción profunda y veraz, que su narración de lo ocurrido es lo
realmente ocurrió. Las capacidades visuales o auditivas, el pasado personal,
las historias de vida concretas que se hayan conocido, son algunos de los
factores que pueden llevar a una personas a tener una percepción diferente de
qué fue lo que en realidad ocurrió, frene a un mismo conjunto de hechos.
6.1.2. Para la Sala de Revisión, las diferentes versiones de
lo ocurrido que se presentan en el presente proceso, provenientes de quien
acusa de discriminación, quien es acusado y quienes presenciaron el acto, se
explican por los puntos de vista asumidos, y no porque exista alguna de las
partes que esté manipulando los hechos de forma deliberada. Aunque la versión
de Heiler Yesid Ledezma Leudo es presentada como excesivamente sensible, una
lectura detallada de la misma muestra que los hechos que se narran son,
básicamente, los mismos que describen el resto de sus estudiantes de clase y su
profesor.
“El profesor tomó como ejemplo a
un cuidador de carros de un parqueadero, exponiéndolo de la siguiente manera:
‘… un valor de 1 seria como el cuidador de un parqueadero que debe atender
25 carros en 25 minutos, lo que indicaría que este siempre permanecería ocupado’.
El profesor aparte de lo expuesto
anteriormente añade: ‘lo cual sería un trato negrero, lo tendrían trabajando
como negro!’, mientras miraba con risa de burla al único estudiante Negro
que tiene en su clase (Heiler Ledezma), y reitera ‘… eso es, un trato
negrero, como un esclavo al que su amo debe darle latigazos para que trabaje’,
mientras tanto escenificaba (emulaba), con su mano derecho los latigazos que
recibiría un esclavo en tales condiciones mientras decía: ‘¡Trabaje,
trabaje, trabaje!’, sin quitar la expresión de burla de mi, y no conforme
resalta: ‘eso es un trato negrero’.
En ese momento yo intervine y le
dije al profesor que por favor eliminara el matiz étnico racial de tal ejemplo,
pues no está bien que usted como profesor asuma esta actitud excluyente,
respondiente el profesor la risa de burla de su cara: ‘!Ah es que se siente
aludido, ja, ja, ja’, a lo cual señale que sí; como el único estudiante
negro de esta clase de decenas de estudiantes, si me siento aludido, y
persistió con el tono de burla en la situación que elaboró.”[213]
Aunque Ledezma Leudo sugiere cierta ironía y burla en el
profesor, no lo presenta como algo claro y contundente. El relato del
accionante, acepta que el acto discriminatorio no fue un ataque explícito y
directo. Al contrastar la versión anterior con la que presenta el profesor,
meses después ante la Corte Constitucional, se advierte que si bien los acentos
y la presentación difieren, los hechos narrados son básicamente los mismos.[214]
6.1.3. En la intervención del ingeniero y profesor Yaroslav
José Chavarrio Alvarado se incluyó copia de las declaraciones de algunos de los
alumnos de la clase en la que ocurrieron los hechos que dan lugar a la presente
acción de tutela, rendidas dentro de la investigación que adelantó el profesor
Harold Vacca González.  De acuerdo con este reporte parcial de investigación,
el docente investigador de la queja presentada por el accionante, indicó lo
siguiente,
“Con los anteriores testimonios,
la declaración del profesor Yaroslav, conversación que no dista de lo expresado
por los estudiantes; y la carta donde el estudiante Ledezma hace denuncia ante
el Consejo Curricular (y que reafirma textualmente en conversación personal),
este investigador, tomará las decisiones pertinentes.”[215]
Los testimonios considerados no fue el de la totalidad de
los alumnos de la clase, sólo de una parte de ellos. Además, como lo resalta el
accionante Heiler Yesid Ledezma Leudo, no se entrega copia de la impresión de
los mensajes originales, sino de parte de ellos,[216] lo que impide que se
puedan ver ciertos aspectos de los mismos como, por ejemplo, la fecha en la
cual tales mensajes de correo electrónico fueron remitidos.[217] La Sala de Revisión
debe resaltar, además, que los referidos mensajes de algunos de los estudiantes
de la clase del Profesor Yaroslav Chavarrio sólo aparecieron ante la Corte
Constitucional, no durante el proceso en las instancias. La acción de tutela
fue interpuesta inicialmente el 27 de julio de 2010. Se notificó del proceso a la
Universidad el 30 de julio de 2010.[218]
La primera vez que participó la Universidad en el proceso, fue por medio de la Decana
de la Facultad Tecnológica, el 5 de agosto de 2010. En tal ocasión no se
remitió copia de los mensajes. Los documentos tampoco fueron aportados durante
el trámite de la segunda instancia que se dio a partir del 3 de septiembre de
2010.[219]
La copia de los mensajes de las personas compañeras de clase del accionante en
los cuales se fundó la conclusión y la recomendación del profesor investigador,
en primer lugar, y la respuesta del Consejo Curricular a la solicitud del
Heiler Yesid Ledezma Leudo, sólo fueron aportados, como anexo de la
intervención del profesor Yaroslav Chavarrio el 29 de marzo de 2011. El mismo
día se aportó una copia adicional de tales mensajes con la intervención del
Rector de la Universidad. Es decir, en sentido estricto, los mensajes
electrónicos remitidos a la Corte Constitucional por la Universidad Distrital
acusada, son documentos que sólo se allegaron al expediente cuando las etapas
procesales ordinarias (primera y segunda instancia) ya habían sido cursadas y
habían concluido. En todo caso, teniendo en cuenta que las mismas han sido
conocidas por todas las partes y, en especial, que el accionante Heiler Yesid
Ledezma Leudo ha tenido la oportunidad de controvertirlas, la Sala las tendrá
en cuenta.
6.1.4. En varios casos, los mensajes de las personas que
presenciaron el acto, afirmaron que el profesor Yaroslav no había irrespetado a
persona alguna. A su juicio, el estudiante que presentó la queja estaba
exagerando lo ocurrido. Los correos transcritos dicen al respecto;[220]
“[…]  ||  La situación no tuvo
mayor importancia y fue exajerada (sic) por parte del estudiante H
Ledezma, en ninguna de las clases en las que estuve presente el profesor
Yaroslav mostró algún acto de irrespeto hacia ninguna persona.”;
*               *                 *
“El profesor Yaroslav es una
persona muy seria y él simplemente hizo un comentario de una palabra que es
utilizada mucho en un entorno de trabajo como es negrear […]”.[221]
Los mensajes aportados por el docente investigador, afirmaron
con relación al acto discriminatorio ocurrido en el salón de clase, lo
siguiente,
“El profesor Yaroslav […]
simplemente hizo un comentario de una palabra que es utilizada mucho en un
entorno de trabajo como es ‘negrear’, nuestro compañero la malinterpretó y manifestó
su disgusto por esta palabra, el profesor se disculpó e indicó que no lo hizo
con el ánimo de ofender a nadie. La clase transcurrió normalmente y después de
un tiempo el estudiante se retiró del salón.  ||  […]”;
*               *                 *
“[…] || Durante el desarrollo de
la clase de conmutación, el profesor Yaroslav empezó a hablar del trato que
tienen las empresas del sector de Telecomunicaciones hacia los ingenieros de
éste campo, mencionando que algunas de las empresas son muy ‘negreras’. Al
escuchar esto, el compañero H Ledezma le sugirió diligentemente al profesor que
no utilizara el término (‘negreras’). En respuesta a este comentario hecho por
H Ledezma, el profesor Yaroslav manifestó sus disculpas, aclarando que su
intención no era la de indisponer a nadie. Luego de esto la clase continuó
normalmente.  ||  […]”;
*               *                 *
“[…], hago mi declaración escrita
de cómo, a mi percepción sucedieron las cosas ………
estábamos en clase de conmutación
y el tema eran los servidores, los tiempos de respuesta, los canales necesarios
para atender a un servicio, en fin temas de conmutación y manejo de tiempos y
circuitos; el profesor Yaroslav […] estaba dando el tema y así como era una
clase de segunda hora los viernes, varios estaban poniendo cara como de que no
estaban claras las cosas y el ingeniero citó un ejemplo ……..
Más o menos era así:  si en un
lavadero de carros un empleado atiende 3 carros en una hora, la taza de
servicios es de 3 por hora, y si llegan a 2 por hora, la tasa de arrivo es de 2
por hora, es decir que hay una taza de ocupación del 66% ………… no recuerdo si
son los datos exactos pero más o menos así era la explicación; seguido esto
quiso dar el ejemplo de si hay más arrivos de los que se pueden atender,
entonces dijo que por ejemplo llegaban 6 (repito, no recuerdo las cifras
exactas pero para el tema son irrelevantes), entonces dijo que era imposible
atender una cifra mayor a la capacidad de atención del lavadero y ahí fue el
comentario, ‘claro que hay jefes negreros que hacen trabajar a los empleados
más de los posible’; más o menos así fue la redacción [sic] y la
situación.  ||  […]”;
*               *                 *
“[…]  ||  A mi parecer el profesor
Yaroslav es uno de los mejores docentes de la carrera”.[222]
[…].
6.2. El significado de lo ocurrido
El profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado la Decana de la
Facultad, el Rector de la Universidad y algunos de sus estudiantes y los jueces
de instancia consideran que no se desconocieron los derechos de Heiler Yesid Ledezma
Leudo, al haberse usado una metáfora de carácter racista, es que se trata de
una palabra que se emplea frecuente y cotidianamente, de manera amplia y
extendida en Colombia.
La Sala de Revisión comparte parcialmente tal afirmación. Es
cierto que la expresión usada por el profesor [‘negrear’] es de uso común y
amplio en Colombia, como lo demuestran los diccionarios e investigaciones
lingüísticas al respecto. Pero no es cierto que ello justifique que un profesor
la emplee en clase en una universidad, en especial si en el salón está presente
una persona que se ve afectada por el estereotipo que se está promoviendo y
preservando al seguir usándolo como una palabra común y usual del español.
6.2.1.  La expresión usada ‘negrear’
La expresión que fue usada por el profesor es ‘negrear’. Se
trata de una expresión que convierte en verbo –en acción– la calificación de un
tipo de trabajo o de persona que tiene características de explotación. Se
trataría de las expresiones trabajo ‘negro’, persona trabajando en ‘negro’, o
similares. Obviamente se trata, por tanto, de una alusión metafórica a los
tiempos de la esclavitud.
6.2.1.1. La expresión ‘negro’ ha tenido muchos y diversos
usos, tanto en el pasado como el presente. Se ha usado para hacer referencia a
cosas diferentes, las cuales, a su vez, se han dotado de cargas emotivas
diferentes; a veces positiva, a veces negativa. Pero sin duda, son muchas las
herencias lingüísticas que los años de discriminación racial, con o sin
esclavitud legalizada, han dejado en el lenguaje y, concretamente, en
expresiones o palabras como ‘negro’ o ‘negrear’.
En los usos contemporáneos reconocidos para la palabra
‘negrear’ no se encuentra incluida de manera general para el español los usos
racistas. Por ejemplo, los sinónimos de negrear reconocidos por un programa de
edición de texto popular como Microsoft Word son ‘ennegrecer’, ‘tiznar’,
‘renegrear’; es decir, se usa la palabra para hacer referencia, concretamente,
al llevar un color hacia el negro. Ni WordReference, [223] ni Wikipedia,
ni que-significa.com, populares sitios en la red virtual para buscar
significados, registran entradas para la expresión ‘negrear’. Simplemente se le
trata como si fuera una palabra que no existiese.
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
presenta siete usos para la expresión ‘negrear’. Los primeros dos usos, son
formas verbales generales del español que se refieren al color negro, a saber “1.
Mostrar color negro o negruzco.  ||  2. Ennegrecerse, tirar a negro.”[224] Los
otros cinco usos de la expresión que contempla el Diccionario de la RAE, se
refieren a usos tradicionales y locales, especialmente de América Latina. Tres
de ellos se registran como usos propios de Bolivia,[225] y dos de ellos de
Uruguay, Panamá, Venezuela, Perú y Colombia. Estos dos usos finales, propios de
las repúblicas andinas, ecuatoriales y caribeñas del continente son,
precisamente, el empleado por quien fuera el profesor del accionante, Heiler
Yesid Ledezma Leudo. A saber,
“negrear
[…]
6. tr. Col., Pan., Perú y Ven. menospreciar
(tener en menos). Te negrearon; no te invitaron a la fiesta.
7. tr. Ur. Explotar, utilizar abusivamente a un
trabajador.”[226]
Pero esto no quiere decir que el concepto que se usa con la
palabra ‘negrear’ por ciertos hispano-parlantes no se encuentre presente en el
español en general. En el Diccionario de la Real Academia Española se
encuentran contemplados algunos usos que encapsulan el concepto racista así,
“negro, gra.
(Del
lat. niger, nigri)
[…]
17. m. Persona que trabaja anónimamente para lucimiento y
provecho de otro, especialmente en trabajos literarios.
[…]
trabajar más que un [negro]~, o
como un [negro]~.
1. locs. verbs. coloqs. Trabajar mucho.”
6.2.1.2. El origen de la expresión ‘negro’ para hacer
referencia a las personas provenientes del África es muy antiguo. Además del
uso de la expresión para referirse al color, el Léxico Documentado para la
historia del negro en América, presenta la siguiente manera de empleo,[227]
“Negro:
[1]: 1. Voz derivada del sustantivo latino niger, nigri (Corominas,
1987, 413). Individuo originario de África.  – Los griegos, desde muy antiguo
conocieron a hombres y mujeres naturales de África, cuyo color denominaron
melas, mélanos (), al observar la piel diferente que tenían los habitantes de
Etiopía, quizás los primeros africanos conocidos por el mundo clásico. También
desde muy antiguo se empleó la expresión ‘etíope’ para referirse a los
africanos, uso que entró al lenguaje literario europeo y al latín empleado por la
Iglesia Católica. También el antiguo testamento empleó con cierta frecuencia
dicho término. […]”
Uno de los usos que el racismo dejó en la sociedad, es usar
la expresión ‘negro’ para referirse a una rama del género humano, clasificada
como ‘raza’ en los siguientes términos,
“[…] rama del género humano,
originalmente africana, cuyos caracteres morfológicos describen a individuos
que se reconocen ‘por el color negroide de la pie, el cabello crespo, los
labios gruesos y la nariz platirrina.’ […]”[228]
Pero sin duda, el uso de la expresión ‘negro’ más
característico de los tiempos en que el crimen esclavista se ensañó con algunas
de las personas secuestradas en el África, era emplearla para referirse,
precisamente, a una persona esclavizada, proveniente de África.  Una de las
consecuencias que generó este uso, es la de oscurecer el hecho de que la
esclavitud nunca había sido asociado con un determinado color de piel, ni
siquiera en el continente americano. Dice al respecto el Léxico Documentado
para la historia del negro en América,
“Negro
[3]: Esclavo traído a América desde África en un periodo doloroso de la
historia del mundo con el objeto de apoyar el descubrimiento, conquista y
colonización de América. Pero esta definición, que se usó en los siglos XVI y
XVII como sinónimo de esclavo, históricamente no puede aceptarse hoy en día. Si
bien la esclavitud es tan antigua como la humanidad, los esclavos se extrajeron
tradicionalmente de diferentes sociedades, culturas y grupos étnicos, en
diferentes períodos históricos y en circunstancias todavía no superadas hoy (a
pesar de los acuerdos internacionales). Debe recordarse que la expresión
‘esclavo’ es relativamente moderna, pues se adoptó pocos años antes del
Descubrimiento de América, cuando el tráfico se hacía por el Mediterráneo,
fundamentalmente.  El término se derivó de la palabra eslava ‘slovĕninŭ’,
gentilicio o etnónimo que se daban a sí mismos los pueblos eslavos, víctimas
del tráfico en el Oriente medieval. En el siglo XV el tráfico de mercancías y
esclavos disminuyó notoriamente por el Mediterráneo al abrirse las rutas del
océano Atlántico, lo que dio lugar a un gigantesco comercio de todo tipo,
particularmente humano, entre Europa, África y América. Los esclavos negros
eran obtenidos en las costas occidentales de África mediante trueque por
productos europeos, a menudo insignificantes. Los comerciantes recibían
entonces el nombre de ‘negreros’, lo mismo que sus embarcaciones. La trata de
‘negros’ dio lugar a uno de los desplazamientos humanos más importantes de la
historia. No debe olvidarse que no todos los pueblos de África dieron esclavos
a América. Poco a poco el tráfico se fue refinando. Debe recordarse que
inicialmente llegaron al nuevo continente pocos negros, pues vinieron esclavos
moros, judíos, berberiscos y aún blancos recién convertidos a la fe cristiana.
En un momento dado, la Corona española prohibió el paso de esclavos de origen
moro, berberisco o judío y estableció además que el negro, para ser traído a
América, debía haber sido criado en España pro cristianos, pero, con el correr
del tiempo, se exigió que fuera únicamente ‘bozal’, es decir, recién sacado del
África, sin saber castellano ni conocer los usos y costumbres de los europeos. La
Corona también prohibió el paso de personas negras provenientes de ciertos
grupos étnicos islamizados. El tráfico, además, prefirió a individuos de
ciertas agrupaciones étnicas y condiciones físicas específicas y de mayor
capacidad de adaptación al régimen de trabajo esclavo. Al correr del tiempo,
los ‘negros libres’ no quisieron equiparse con sus congéneres esclavos y se
adoptó entonces la expresión ‘moreno’ para señalar la diferencia. Eso mismo
ocurrió con los ‘mulatos libres’, que pasaron a llamarse preferentemente
‘pardos’.”[229]
A pesar de que las leyes españolas medievales heredaron la
esclavitud de las prácticas propias de los pueblos que habitaban la península
ibérica y del derecho romano, no dejó de encontrar reproches y críticas
significativas, como por ejemplo Alfonso X, el sabio. Aunque este rey incorporó
en su legislación, las Siete Partidas, la figura de la servidumbre [expresión
empleada entonces para hacer referencia a la esclavitud], incluyó también una
dura crítica.[230]
Aunque en varias ocasiones se reconocieron derechos a los
siervos, posteriormente llamados ‘esclavos’,[231]
estos no eran observados y cumplidos cabalmente. De hecho, en 1789, cuando se
aprobó una legislación unificada en la materia luego de largos debates, la
misma no se pudo aplicar, en razón a las demandas y las quejas de los
hacendados americanos, quienes defendían y respaldaban el régimen esclavista.[232]
Luego, con la aparición de la República, el término ‘esclavo’ daría lugar
nuevamente al uso de una expresión relacionada con el siervo, a saber, el
‘sirviente’.
La esclavitud no es un drama superado.[233] Con personas de todas
las edades, géneros, creencias, etnias y culturas, lamentablemente, se sigue
cometiendo este crimen. Usando figuras que trataban de legalizar la institución
de la esclavitud dentro del nuevo contexto normativo republicano (como la
‘esclavitud voluntaria’[234])
o simplemente de manera ilegal, el comercio de seres humanos sigue siendo una
realidad.[235]
6.2.1.3.  El concepto de negrada es bastante
demostrativo del grado de racismo estructural que vive Colombia. En el Léxico
documentado par la historia del negro en América, se establecen cinco usos para
la expresión negrada. El primer significado es ‘conjunto de negros’; el
segundo, dotación de un ingenio o una hacienda. El tercero, autodeterminación
colectiva de los negros en los estados de Oxaca y Guerrero (México). El cuarto
uso es ‘acto propio de negros’. El quinto y último uso de negrada que se usa es
propio y exclusivo de Colombia; consiste en usar la palabra [negrada]
para hacer referencia a ‘un acto indigno o canallada’.[236]
Según el Léxico Documentado para la historia del negro en
América, la expresión ‘negrear’ se usaba entre otras, de las siguientes
maneras,
“Negrear:
Pordebajear o denigrar a una persona por sus orígenes negros.  ||  Abusar, como
superior, de una persona subalterna.  ||  Cortejar un blanco a mujeres negras o
de condición inferior.  ||  Adquirir el color negro.”[237]
Algunos usos de la palabra se refirieron, por ejemplo, a
personas blancas. Así, un ‘negrero de blancos’, era “[…] una expresión
marinera del siglo XIX para designar a las personas encargadas de reclutar la
marinería de los barcos empleados para transportar esclavos desde el África.
–Cuando no había candidatos voluntarios, los negreros de blancos hacían redadas
entre los desocupados y frecuentadores de tabernas y garitos. Su presencia está
documentada en Cuba durante el siglo XIX–.”[238]
Negrear es un acto que se le atribuye, en los usos como los
que el profesor le dio a la expresión, a quien se considera ‘negrero’ (ciertas
compañías de ingenieros, según la metáfora usada). Esta expresión se ha usado,
por ejemplo, de la siguiente manera,
“Negrero:
Apelativo dado durante muchos años a todo lo referente al comercio de negros.
||  Persona dedicada a las nacionalidades condiciones sociales e intelectuales,
de negros entre África y América.  ||  Blanco aficionado a las negras.  ||
Persona que maltrata a otras personas, como si todos los hombres no fueran
iguales.”
‘Negrera’, valga la pena anotar, tenía otros usos como por
ejemplo, referirse a ‘un conjunto de personas negras’.[239]
6.2.1.4. No obstante, como todas las palabras, la expresión
puede ser usada de diferentes maneras. ‘Negreada’ puede emplearse, para
referirse al acto de ‘negrear’ a alguien’, de ‘trabajar en negro’, pero también
puede usarse para otras cosas.[240]
En el caso de ‘negro’ y ‘negra’, son expresiones a las que se les registra en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el siguiente uso,
“negro, gra.
16. m. y f.
And. y Am. U. como voz de cariño entre casados, novios o personas
que se quieren bien.”
Recientemente, se ha dado otro uso positivo a la expresión
‘negro’; se ha usado para hacer referencia a la ‘tercera raíz de América’.
Dice el Léxico Documentado para la historia del negro en América al
respecto:
“Negro
[4]:  Tercera raíz de América. La expresión ‘nuestra tercera raíz’ fue adoptada
en México al aproximarse el Quinto Centenario de América, como un
reconocimiento al aporte biológico, sicológico, social, cultural y económico de
la población negra al desarrollo histórico de América y cuya presencia se ha
mantenido en algunos países y regiones en el desván de la historia. En otros
aspectos, la amnesia histórica ha pretendido negar, y hasta rechazar o
minimizar, la contribución del negro en la formación americana y sobre todo su
impacto económico y cultural […]”[241]
6.2.2. Se preservó y promovió el uso de un estereotipo
racista en una clase universitaria con la investidura de docente
6.2.2.1. Teniendo en cuenta las narraciones de los hechos, la
Sala concluye que uno de los primeros impactos que verifica es que se preservó
y promovió el uso de un estereotipo racista en una clase universitaria con la
investidura de docente. Como lo sostuvo uno de los estudiantes de la clase en uno
de sus mensajes, el profesor “sólo quiso cotidianizar el aprendizaje de
sistemas de colas eficientes con una frase que es de uso común” (acento
fuera del texto original). El problema fue, precisamente que el profesor, al
mismo tiempo, ayudó a mantener en un espacio institucional educativo, investido
con la autoridad de fuente de saber y conocimiento, un estereotipo racista, que
discrimina y lacera la dignidad humana. Se trata de una expresión que se emplea
de tal manera que se revive los usos racistas del lenguaje, que surgieron hace
poco tiempo en la historia, que igualan el color negro de la piel con el hecho
de ser una persona que desciende de personas que fueron sometidas al crimen de
la esclavitud y fueron privadas de su libertad.
6.2.2.2. La invisibilidad de la promoción y preservación del
estereotipo racista que hizo el profesor refleja la posibilidad de que el acto
discriminatorio se repita, En las descripciones de lo que pasó por parte de las
personas estudiantes de la clase, se incluyen las expresiones racistas y
discriminatorias que, precisamente, se reprocha al profesor haber
‘influenciado’ a usar a sus estudiantes, o por lo menos, haber influenciado a
seguir usando. Además, existe una disposición a justificar y defender el uso de
la expresión de la manera en que lo hizo el profesor Yaroslav José Chavarrio
Alvarado en clase, como un uso ‘común’ de nuestra sociedad. De hecho, como se
anotó, en su participación ante la Sala, el profesor considera que simplemente
usó un término estrictamente castizo para ofrecer un ejemplo a su clase.
En tal medida, la actitud del accionante tendía a ser
valorada como exagerada, con una firmeza de carácter injustificada.
6.2.2.3. En las participaciones del profesor Yaroslav José
Chavarrio y del Rector de la Universidad persiste la visión según la cual,
prácticamente no ocurrió nada. Intentando excusar y justificar la actuación del
docente, se olvida la afectación que sufrió Heiler Yesid Ledezma Leudo al ser
sometido a un escenario de discriminación en una clase.
Según el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado, en lo
ocurrido no existió discriminación, pues considera que el concepto “[…] no
encaja en el presente caso, como quiera que está probado que el lenguaje
utilizado en mi clase tenía connotaciones meramente explicativas dirigidas a
forjar conocimientos y obtener claridad de un determinado tema en desarrollo de
una clase dirigida a varios alumnos todo lo cual está lejos de constituirse en
un acto arbitrario dirigido a irrogar perjuicio alguno, diferente sí, es el
hecho de que en el auditorio se encuentren personas prevenidas que crean que a
la comunidad blanca le está prohibido utilizar la palabra negro o cualquiera de
sus equivalentes.”[242]
Para el Rector de la Universidad, por su parte, “[…] acorde que no ha habido
discurso racial discriminatorio en el aula de clase o fuera de ella, por parte
del docente Yaroslav José Chavarrio Alvarado, hacia el estudiante en Ingeniería
en Telecomunicaciones Heiler Ledezma, como se evidencia en los testimonios de
estudiantes presentes en el aula de clase y, como los mismos evidencian la
disculpa ofrecida por el docente José Chavarrio al estudiante Ledezma, cuando
se dieron los hechos, en el momento en que el docente empleó la expresión
‘Negrero’ […]”.[243]
6.2.2.4. En su participación, el Profesor Juan de Dios
Mosquera Mosquera, presentó gráficamente el escenario en el cual se situó al
estudiante resaltando dos aspectos; que el espacio tradicional de clase (i)
constituye un espacio de dominación  (ii) en el cual el docente genera
influencia sobre las personas estudiantes. En el presente caso, señaló, se
generaron analogías racistas direccionadas desde un punto privilegiado de
poder, sobre las personas respecto de las cuales se ejerce influencia, los
estudiantes”.[244]
Para el profesor Juan de Dios Mosquera Mosquera no es
disculpable la actitud del docente, debido a su posición de poder y de
influencia en la clase”.[245]
6.2.2.5. La defensa del profesor Yaroslav José Chavarrio
Alvarado revela justamente la queja de Heiler Yesid Ledezma Leudo. Los
estereotipos de discriminación racial están tan enraizados en la cultura que
una expresión como ‘negrear’ propia de la América racista y esclavista, es
considerada una expresión castiza y propia del español. Es presentada como una
palabra usual del idioma castellano y que no representa mayor inconveniente si
no se dice como un ataque dirigido a una persona concreta.
La invisibilidad de las estructuras de discriminación
lingüística es tal que no se percibe ningún problema. Ahora bien, si la
conducta que se realizó (usar una expresión que se emplea de forma frecuente en
el país) no tiene mayor reproche, la pregunta que surge es ¿qué justifica el reclamo?
Ante su incapacidad de ver el impacto que tuvo en Heiler Yesid Ledezma Leudo la
promoción en clase del uso de una expresión racista y discriminatoria, el
profesor considera que la única respuesta posible es que sea tan sólo una
estrategia propia de un estudiante. Dice el profesor en su intervención ante la
Corte,
“El término jefe negrero o negrero
es un término castizo o de uso común en el argot laboral consignado en el real
diccionario de la lengua española y el sentido dado en la clase era general no
especial o dirigido a algún alumno en particular”.[246]
6.2.2.6. La invisibilidad de la afectación que produce el
estereotipo ‘negrear’ o ‘negrero’ puede generar rechazos o reclamos de otras
personas, ante los actos de ciertas autoridades que busque proteger a las
personas afectadas. Si no se ve el carácter racista y humillante de una
expresión, menos aún se podrá entender el sufrimiento que éste produce y la
necesidad de adoptar e implementar medidas de protección.
El desconocimiento de las razones por las cuales es
necesario tomar medidas de acción afirmativa con relación a comunidades cuyos
ancestros fueron sometidos al atroz crimen de la esclavitud, puede ser fuente
de resentimientos y sentimientos de molestia ante las medidas que se tomen en
favor de estos grupos. ¿Por qué un premio que se otorga a un afrodescendiente
debe tener un especial reconocimiento? ¿Por qué la existencia de mujeres y hombres
afrodescendientes en altos cargos de dirección política, económica, cultural y
social deben ser celebrados con ahínco? Invisibilizar la historia negra de
Colombia, ocultar el coraje y la valentía, o el sufrimiento y la injusticia
vividas; invisibilizar la raíz y el real aporte del mundo afro a la
construcción de la identidad colombiana, en especial y americana en general,
puede llevar a una persona desprevenida a juzgar apresuradamente las medidas de
acción afirmativa, a no comprenderlas y, más grave aún, a generar animadversión
en su contra. Por eso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial ha indicado que es obligación de los Estados,
“Educar al público en general
respecto de la importancia de los programas de acción afirmativa para poner
remedio a la situación de las víctimas de la discriminación basada en la
ascendencia”[247]
6.2.3.  El escenario de discriminación.
El accionante tuvo que recibir en clase, junto a sus
compañeros, un contenido académico que suponía el uso de una expresión en un
sentido claramente racista. Si bien la expresión no se utilizó intencionalmente
para afectar o dañar directamente al actor, según parece deducirse de los
relatos, el profesor sí empleo una expresión que se funda en una metáfora
racista; de hecho, esclavista. Cuando se dijo que ‘algunas compañías negrean
a su ingenieros’, lo que se dijo fue ‘algunas compañías retribuyen a su
ingenieros tanto como a un esclavo’.
Este acto discriminatorio supuso una puesta en escena, es
decir, fue un escenario de discriminación. Los protagonistas son el profesor y
el estudiante. El profesor decide emplear el espacio de clase para presentar
frente a un grupo de estudiantes, entre los cuales se encuentra un
afrodescendiente, un estereotipo racista, fundado en el color negro de la piel.
El estudiante, Heiler Yesid Ledezma Leudo, como afrodescendiente se siente
ofendido de que un profesor universitario trate un estereotipo racista como una
palabra normal. Que promueva y preserve las estructuras discriminadoras que él,
los miembros de su comunidad y sus ancestros han tenido que enfrentar. Por otra
parte, el público lo constituyen los demás estudiantes de la clase. Ellos
hicieron las veces de espectadores del acto, presenciando y mirando lo que
acontecía: lo que decía el profesor, la reacción de Heiler Yesid Ledezma Leudo,
la respuesta del aquel y la contra respuesta de éste.
6.2.3.1. La jurisprudencia constitucional ya había analizado
en el pasado, casos de actos de discriminación que suponían una puesta en
escena. Como se indicó, la Corte ha considerado que se violan los derechos al
buen nombre y a la honra de una persona, cuando se le discrimina por parte de
un docente en un centro educativo, con base en la condición étnica.[248] Al
igual que en aquellas ocasiones, pasa la Sala de Revisión a analizar las
condiciones concretas y específicas en que sucedió el escenario de
discriminación objeto de estudio.
6.2.3.2. La relación de poder entre quien discrimina y es
discriminado existe en este escenario y es significativa. El accionante no se
encontraba en el grado de sujeción en que se encuentra una persona privada de
la libertad frente a un guardia de la cárcel, pero tampoco en el grado de
libertad en que se encuentra una persona que transita libremente por una plaza
pública, frente a otra persona que hace lo mismo. El profesor tiene un control
sobre las notas que obtiene el estudiante, así como también es la persona que
conduce las sesiones de clase. Tiene poder para controlar los momentos en que
se puede hablar e impedir que alguien lo haga si, a su juicio, ello no es
adecuado para el correcto funcionamiento de la clase. Tiene incluso la facultad
para tomar medidas de carácter disciplinario como ordenar a un estudiante que
abandone el salón y se presente frente al encargado de la disciplina o el
responsable correspondiente.
6.2.3.3. La relación de poder del profesor sobre el alumno
accionante se extendía sobre sus demás compañeros. Así, en este escenario de
discriminación, el control significativo del profesor no sólo se tenía sobre la
persona discriminada sino sobre los espectadores del escenario de
discriminación. En tal medida, por ejemplo, las posibles respuestas de apoyo al
estudiante Ledezma Leudo por parte de sus compañeros era más remota. Muchos de
ellos quizá esperarían al final de la clase para manifestar su rechazo al
docente y su respaldo al estudiante, pero difícilmente lo harían en el salón de
clase, exponiéndose a las consecuencias que tal acto eventualmente podría
acarrear. En tal media, la situación del accionante era de mayor aislamiento.
Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un curso de un semestre, se
trata de un grupo que se seguirá reuniendo varias veces. No es un grupo
ocasional, donde las personas no se volverán a encontrar necesariamente. La
clase continúa. Las interacciones entre el accionante y los demás alumnos
presentes en el escenario de discriminación serán constantes y reiteradas.
6.2.3.4. El espacio en que ocurrió el escenario de
discriminación es institucionalizado y reglado, lo cual refuerza y amplifica el
poder el docente. El acto no tuvo por escena el patio, fuera del horario de las
clases. Tampoco ocurrió en una finca durante un paseo o en un centro comercial
durante una visita pedagógica. Los hechos ocurrieron en un salón de clase. Un
espacio de transmisión de saber, en el cual la voz del docente prevalece sobre
la de las demás personas. Tiene incluso restricciones razonables de modo,
tiempo y lugar al uso de la palabra que puedan hacer sus estudiantes. El
espacio no limitaba la salida de las personas del escenario discriminatorio por
sus características físicas, sino por el poder del profesor sobre sus
estudiantes.
6.2.3.5. La duración del escenario de discriminación fue un
instante, si se tiene en cuenta el tiempo de duración del comentario, y corta,
si se tiene en cuenta el tiempo de duración de la clase luego de dado el
ejemplo. No se trató, de un hecho repetitivo y constante, como ocurriría si un
docente, todas las sesiones de clase, al inicio, siempre hace un comentario
indirecto y discriminador en contra de una persona. En esta dimensión, el
escenario de discriminación, no fue tan grave como sí lo fue en otras
dimensiones que ya fueron mencionadas antes.
6.2.3.6. Heiler Yesid Ledezma Leudo resolvió los dilemas que
le impuso enfrentar el escenario de discriminación en dos etapas. En la primera
decidió permanecer en el escenario y reaccionar, en la segunda, resolvió
abandonarlo.
En un primer momento, el accionante resolvió permanecer y
confrontar al docente. Decirle, frente a las mismas personas que habían oído la
expresión, que no le parecía adecuado que el como docente usara una palabra
para hacer referencia a un concepto racista. Hacer patentes sus sentimientos de
indignación por el hecho de haber usado tales expresiones en clase. El profesor
aceptó el reclamo, explicó que no fue su intención atacarlo a él o a alguna
persona en concreto, que sólo se trató del uso de una expresión frecuente y
corriente. Luego, reanudó su clase. Heiler Yesid Ledezma Leudo, por supuesto, terminó
desconcertado. Aunque quedó con la duda de si había sido una manera velada de
atacarlo directamente a él, lo que había reclamado, no fue atendido. Cuestionó
el uso de una expresión racista por considerar que no es adecuada para explicar
contenidos de ingeniería, y el profesor respondió que como no lo hizo para
atacarlo a él o a otra persona, la situación no tenía problema alguno. En otras
palabras, para el profesor pareciera que la promoción o preservación de
estereotipos racistas en clase no es reprochable, siempre y cuando no se haga
para afectar directamente a personas en particular.
Ante esta situación, el accionante pasa a la segunda etapa y
decide abandonar el salón. El tipo de espacio reglado que sirvió de escenario,
además de la presencia del docente que, en principio ha debido autorizar la
salida, llevan a que el acto del estudiante fuera valorado como una exageración.
Ninguno de los relatos indica que el estudiante haya abandonado el salón
haciendo movimientos desagradables o agresivos. Que haya hecho gestos ofensivos
o dicho o murmurado algo. Sin embargo, parase en un momento que no corresponde,
sin la autorización previa del docente, fue leído como un acto de irrespeto por
varios de los estudiantes que, a manera de público, fueron obligados a estar en
el escenario de discriminación.
Como se dijo en los antecedentes, a los cuatro días de
ocurrido el suceso, el accionante intentó cambiar de profesor para no tener que
ver clases con el Profesor Yaroslav José Chavarrio, y solicitó que se abriera
un proceso disciplinario por la manera como había actuado.[249] Sin duda, esta es una
prueba objetiva del impacto que la situación generó en el estudiante. Haber
suspendido su asistencia a clases, haber puesto la situación en conocimiento de
las autoridades de la institución para que  (i) se investigara lo ocurrido y se
tomaran las acciones que fueran del caso, a la vez que se pedía  (ii) remover
los obstáculos a su proceso educativo, teniendo clases con otro profesor
diferente.
Para la Sala de Revisión, Heiler Yesid Ledezma Leudo tenía
el derecho constitucional, en defensa de su dignidad, a no soportar en silencio
y resignación el acto discriminatorio que estaba siendo puesto en escena. De la
misma forma tenía el derecho constitucional a no permanecer en el escenario de
discriminación. Tenía derecho a no seguir sometido a la situación de sujeción
que suponía estar en el salón de clase, mientras esta se llevaba a cabo, bajo
el control del docente que no había reconocido adecuadamente el carácter
racista de la expresión tal como fue usada, por cuanto promueve y preserva un
estereotipo racista.
6.2.4. El escenario de discriminación al que fue sometido
Heiler Yesid Ledezma Leudo no es razonable
Como se ha dicho, aunque en principio el uso de expresiones
que promuevan, preserven o justifiquen estereotipos basados en la categoría ‘raza’
es injustificado, existen casos en los que es posible justificar, de manera
excepcional, que el uso de tales expresiones, en tal sentido, pueda ser
razonable o proporcionado constitucionalmente.[250]
En el presente asunto no debe hacer la Sala de Revisión
mayor análisis al respecto, para concluir que el escenario de discriminación al
que se sometió al estudiante fue irrazonable.  Tanto el profesor Yaroslav José
Chavarrio Alvarado y de la Universidad Distrital, por medio de su Rector.  Coinciden
en señalar que el ejemplo fue inconveniente, desafortunado e innecesario.
Concretamente, si bien la finalidad de los actos realizados por el profesor
Chavarrio Alvarado era imperiosa (emplear un ejemplo que lograr el máximo de
comprensión de sus estudiantes, como garantía del goce efectivo de su derecho a
la educación), el medio utilizado está prohibido (usar expresiones
discriminatorias que promuevan, preserven o difundan estereotipos racistas).
Especialmente en este caso en que se trata de un ejemplo que podría haber sido planteado,
igualmente, con cualquier otra expresión que no reprodujera el estereotipo
racista. Es decir, el medio empleado era innecesario. La idea según la cual
algunas empresas exigen más de la cuenta a sus empleados no requería el uso de
la expresión racista. De hecho, el concepto de ingeniería que se estaba
enseñando en clase por el profesor podía ser transmitido con otros muchos
ejemplos y comparaciones.
En otras palabras, emplear un medio prohibido
constitucionalmente, como lo es usar expresiones discriminatorias que
promuevan, preserven o difundan estereotipos racistas, para alcanzar un fin
imperioso, viola los derechos a la igualdad y a no ser discriminado, en
especial cuando este puede ser obtenido empleando infinidad de medios
alternativos que no implican una carga adicional y que son evidentemente menos
lesivos para los derechos a la igualdad y a no ser discriminado.
6.3. Conclusión y cuestión final
6.3.1. Heiler Yesid Ledezma Leudo fue sometido a un
escenario de discriminación, por parte del profesor Yaroslav José Chavarrio
Alvarado, al haber empleado en clase, investido de su autoridad y poder como
docente, una expresión que promueve, preserva y difunde un estereotipo racista.
Por tanto, la controversia y el reclamo en clase planteado por el estudiante,
así como su salida del salón, fueron el ejercicio de sus derechos
constitucionales: los derechos a no ser sometido a soportar ni a permanecer en
un escenario de discriminación. En consecuencia, se revocarán las decisiones de
instancia que resolvieron el caso en sentido contrario y, en su lugar, se
tutelaran los derechos a la igualdad, a no ser discriminado, a la educación y a
la dignidad del accionante.
6.3.2. Antes de pasar a resolver el segundo de los problemas
jurídicos planteados, es necesario resolver una cuestión. ¿Cuál ha debido ser
el comportamiento adecuado del profesor bajo el orden constitucional vigente,
si se trata de una expresión que además de no tener la intención de dañar a
nadie de manera específica, puede ser totalmente accidental? Es decir, ¿qué
puede hacer un profesor cuando de manera, casi accidental, usa una expresión en
un sentido que promueve y preserva un estereotipo racista?
La Sala de Revisión no cuestiona con severidad al profesor, ya
que se trata de una situación que si bien no puede ser justificada, si es
explicable. El usar estereotipos racistas por personas que sean docentes o
comunicadores, puede ser algo que ocurra de forma completamente accidental y
frecuente. Esto, en la medida que se trata de usos lingüísticos ampliamente
difundidos y de común uso. Es una de las cargas que Colombia soporta aún, como
consecuencia de siglos de prácticas esclavistas legales e ilegales.
La Sala de Revisión resalta el error en que incurrió el
docente. Es un error en el que la propia jurisprudencia constitucional, en algunas
de sus sentencias, ha cometido yerros similares. Las personas e instituciones
que han surgido en sociedades que fueron esclavistas, mantienen, así sea
inconscientemente, prejuicios y estereotipos capaces de marginar y de excluir.
El compromiso con los derechos fundamentales, no consiste en asegurar que no se
pronunciará o se usará una expresión en sentido racista, así sea
accidentalmente. Es lo ideal, pero debido a lo interiorizados que pueden estar
muchos de estos usos lingüísticos, puede ser en muchos casos la exigencia del
cumplimiento de una obligación imposible. El compromiso con los derechos
fundamentales supone entonces, que si ese error ocurre, la persona que lo
cometió retire la expresión adecuadamente, según sean las condiciones del
escenario de discriminación en el que se esté. Esto es, que genere un escenario
de rectificación o de reconciliación similar.
6.3.3. La solución que se ha de tener en tales casos, por
tanto, ha de ser la propuesta por algunos intervinientes en el proceso y por la
ONIC y las organizaciones de afrodescendientes, comunidades negras y raizales a
la Asamblea Nacional Constituyente para enfrentar en el ámbito educativo los
estereotipos racistas que están, por ejemplo, en el lenguaje. A saber: diálogo
y participación.
Por tanto, al igual que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, esta Sala considera que el derecho a no ser discriminado
que asegura a toda persona el orden constitucional vigente, implica a Colombia
la obligación de ‘anular cualquier ley o práctica que tenga por efecto crear
o perpetuar la discriminación racial’.[251]
Promover el uso de expresiones metafóricas en clase, fundadas en imágenes
racistas, así sea en una Universidad, constituye un escenario de
discriminación. En tales casos, por tanto, la persona que sea docente ha de
utilizar el mismo espacio de clase, en el momento y del modo en que considere
adecuado, para poner en evidencia la expresión con contenido discriminatorio y
evidenciar su génesis racista. Es deber del docente utilizar el diálogo y la
participación para poner en evidencia los elementos racistas que,
lamentablemente, todavía se esconden en nuestras prácticas lingüísticas.
Cuando el docente no abre ese espacio de deliberación en
libertad, la persona afectada es obligada a continuar en una clase que se
constituyó en un escenario de discriminación que no fue superado.
Una vez resuelto el primero de los problemas
constitucionales planteados por el accionante en el presente caso, pasa la Sala
a responder la segunda cuestión.
7. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas
desconoció los derechos de protección a la no discriminación y al debido
proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo
Para la Sala de Revisión, la respuesta al segundo de los
problemas jurídicos también es afirmativa. Es decir, una universidad sí
desconoce los derechos a la igualdad, a no ser discriminado y al debido proceso
de una persona que, en su calidad de estudiante, solicite que se adopten
medidas de protección ante un acto de discriminación, incluso si, en ejercicio
de su autonomía universitaria, considera que la mejor manera de tratar el
asunto es, simplemente, omitiendo que ocurrió, actuar como si nada hubiese
pasado. Esto es especialmente grave si la institución adelantó una investigación
que  (i) comprobó que en efecto si se había sometido al estudiante a un
escenario de discriminación, y  (ii) que se requería tomar medidas amplias de
protección.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas desatendió
las obligaciones de protección derivadas de los derechos a la igualdad y a la
no discriminación que tenía para con Heiler Yesid Ledezma Leudo, a la no
discriminación y a la dignidad, por haberlo sometido a un escenario de
discriminación en el que se preservó un estereotipo racista en un escenario
académico, por parte de un profesor en su rol de tal.
A continuación la Sala hará referencia  (i) a la regulación
aplicable en el para casos como el presente en el contexto de la Universidad,
(ii) se analizará el hecho de que la Universidad no hubiera decidido no tomar
medidas de protección,  (iii) el cumplimiento del debido proceso, para,
finalmente, (iv) concluir que la Institución acusada si violó los derechos
fundamentales del accionante.
7.1. El orden constitucional vigente hace parte de la
regulación de la Universidad Distrital; uno y otro se retroalimentan y
potencian, no se oponen
7.1.1. Como se indicó, la Universidad Distrital aportó al
expediente el Acuerdo N° 027 de diciembre 23 de 1993, por el cual se expidió el
estatuto estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.[252] De
este cabe resaltar algunos aspectos relevantes, normativamente, para el
análisis del presente caso. El Estatuto es un reglamento que rige las
relaciones de la Universidad con sus estudiantes (art. 1). Busca dotar a la
Institución de un ‘cuerpo reglamentario orgánico y sistemático que permita’
lo siguiente,
“a. Generar los espacios
académicos para garantizar una gestión estudiantil fundamentada en los
principios generales de las libertades de cátedra, de investigación y de
aprendizaje;
b. Formar egresados sobre la base
de la permanencia, responsabilidad e igualdad de oportunidades en la
Universidad Francisco José de Caldas;
c. Contribuir a elevar el nivel de
calidad de los estudiantes en búsqueda permanente de la excelencia;
d. Definir las condiciones para el
desempeño de las actividades académicas del estudiante y los criterios para su
evaluación;
e. Establecer derechos y, deberes
de los estudiantes de la Universidad;
f. Garantizar la permanencia de
los estudiantes de la Universidad Distrital sobre la base de los méritos y la
productividad académicos;
[…]”
(art. 2)
El Estatuto Estudiantil reconoce a toda persona, de manera
generosa, un conjunto de derechos. En primer lugar, reconoce los derechos ‘que
se derivan de la Constitución Política, de las leyes, el estatuto general, el
presente estatuto (estudiantil) y demás normas de la Universidad
Distrital.’ [art. 2, (a)]  Expresamente, el Estatuto Estudiantil reconoce
el derecho a la libertad de crítica; ‘Exponer, discutir y examinar con toda
libertad, las doctrinas, las ideas y los conocimientos dentro de los principios
éticos y morales, con respeto a la opinión ajena y a la libertad de cátedra’
[art. 2,(b)].
7.1.2. La Corte Constitucional celebra que la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas incorpore el orden constitucional vigente en
el seno de la institución. El Rector, la Decana de la Facultad del accionante,
sus profesores, sus estudiantes, en fin, todas las personas que constituyen la
Universidad, han manifestado de manera clara y fehaciente el compromiso con los
derechos fundamentales. Concretamente, con los derechos a la igualdad y a la no
discriminación.[253]
La Sala de Revisión resalta las consideraciones del docente investigador Harold
Vacca González, quien sin duda, introdujo en el proceso disciplinario y
pedagógico muchos de los presupuestos básicos que constitucionalmente ha debido
tener en cuenta la Universidad.[254]
7.2. Pese a las reglas aplicables, y las conclusiones y recomendaciones
del profesor investigador, no se tomó medidas de protección
7.2.1. Tal como se indicó previamente, a los cuatro días de
ocurrido el escenario de discriminación, Heiler Yesid Ledezma Leudo intentó
cambiar de docente para no tener que ver clases con el Profesor Yaroslav José
Chavarrio, y solicitó que se abriera un proceso disciplinario en su contra por
la manera como había actuado.[255]
El estudiante suspendió su proceso educativo y acudió ante las autoridades de
la institución para dos cosas.  (i) Buscar la reparación del daño moral que la
ofensa le había causado, investigando lo ocurrido y tomando las medidas
correspondientes.  (ii) Proteger su derecho a la educación, removiendo los
obstáculos a su proceso educativo, teniendo clases con otro profesor diferente
al que había irrespetado su derecho a no ser discriminado.
7.2.2. El Presidente del Consejo Curricular de Tecnología en
Electrónica, Ingeniero Frank Giraldo Ramos, comunicó al estudiante la decisión
de negar su solicitud de cambio de docente y la decisión de recomendarle “[…] al
Coordinador de carrera la apertura de un proceso de investigación, conforme al
capítulo 2, artículo 86 donde se explica el procedimiento para realzar una
investigación disciplinaria, con respecto al caso mencionado por usted para
esclarecer dichos acontecimientos”.[256]
7.2.3. El docente investigador del caso llegó a establecer
varias valoraciones y juicios importantes, con base en las cuales llegaría a
concluir tres recomendaciones concretas para solucionar el caso que había sido
a su conocimiento.[257]
En primer lugar, calificó la responsabilidad disciplinaria del docente. Afirmó
que “actuó sin dolo ni premeditación”, no obstante, indicó que sí lo
hizo “de manera incauta, como él mismo lo reconoció”; esta manera
‘incauta’ de actuar fue haber utilizado “una analogía que suele ser,
infortunadamente racista a la manera de un lugar común para ilustrar una
temática del curso en cuestión”.[258]
En segundo término, se resalta el buen nombre del docente investigado. Luego de
exonerar la conducta del profesor investigado, pese al incauto acto (la “analogía
[que] no fue concluyente y bien pudo obviarse”), se resalta “el
concepto como persona del docente Yaroslav Chavarrio como quiera que, según
testimonios generalizados, se ha caracterizado por su calidad e intachable
desempeño personal, profesional y académico, así lo indican su evaluación
general por algunos de los pares del proyecto circular y por algunos de los
estudiantes; los cuales indicaron una disculpa suya por el instantáneo pero
bochornoso suceso.”[259]
En tercer lugar, el docente investigador reconoce la
afectación del estudiante, ahora accionante. Reconoce que Heiler Yesid Ledezma
Leudo “se siente vulnerado con alguna razón”. Valora que él “es un
reconocido activista de la comunidad afrodescendiente y realizador ejemplar en
el campo de la electrónica, como quiera que ha sido objeto de reconocimientos
por la comunidad bogotana”. En este caso, nuevamente, el profesor
reivindica el buen nombre del alumno pues afirma que tale condiciones del
Heiler Yesid Ledezma Leudo, son también un logro institucional, son “hechos
por los cuales debemos sentirnos orgullosos en esta facultad pues significa que
lo estamos haciendo bien.”[260]
El cuarto aspecto que valoró el docente investigador, fue el proceso académico
del estudiante. Aunque reconoció que el estudiante ha tenido, “y
posiblemente tendrá  baches”, también reconoció que por “las calidades
académicas que le han sido reconocidas”, esos baches serán “susceptibles
de superar y […] salvarse”. El quinto y último aspecto que tuvo en
cuenta el docente investigador es referente a no someter a una persona dentro
de un proceso educativo a presiones indebidas. A su parecer, “el normal
desarrollo de la actividad académica, en el sentido evaluativo y de desempeño
no puede estar sujeta a ninguna presión ni pretexto diferente al alcance de la
calidad como parámetro de excelencia”. Afirma que la “reivindicación de
la equidad para con los estudiantes debe mirarse como una forma más de
tolerancia en los procesos educativos”.[261]
Luego de las anteriores valoraciones, el docente
investigador hizo tres recomendaciones. Una referente a la responsabilidad del
profesor, una alusiva a la solicitud de cambio de curso del estudiante y una
referente a la comunidad en general.  (1) Con relación al Profesor se resuelve
“no ameritar apertura ni proceso disciplinario alguno, en ningún sentido,
como una manera de conciliar y reivindicar la solvencia ética y moral de los
individuos en cuestión.” (2) Con relación a la solicitud del estudiante se
recomendó “el cambio de grupo, por lo excepcional del caso”; aunque, “por
efectos de terminación de clases” indicó que el cambió debería “hacerse
el próximo semestre”; sugirió para ello “la figura [de] la
cancelación extemporánea de la asignatura”.  (3) Por último, con relación a
la comunidad, el docente investigador recomendó crear “en el proyecto
curricular un escenario académico” cuyo propósito fuera el de divulgar “la
política distrital frente a la población afro-descendiente, de manera que los
procesos pedagógicos no sean presa de lugares comunes que pueden configurarse,
sin serlo, como actividades de segregación o racismo.” El docente considera
que ese escenario sería una oportunidad “para que desde docentes,
estudiantes y funcionarios afrodescendientes” contribuyan “con sus
realizaciones ejemplares al fortalecimiento del proyecto Facultad
tecnológica”.[262]
7.2.4. La Decana de la Facultad Tecnológica, el 31 de mayo
de 2010, resolvió que no era factible el cambio de clase, dado lo avanzado del
semestre, asumiendo que se respondía una solicitud de 26 de mayo y no, como
realmente fue, una solicitud del 28 de abril de 2010, cuatro días después de
ocurrido el suceso. Además, indicó que se estaba esperando el informe escrito
acerca de la investigación disciplinaria, el cual había sido remitido al
Consejo Curricular tres días antes.
7.2.5. Finalmente, el Consejo Curricular de la Facultad dio
una respuesta definitiva al estudiante Heiler Yesid Ledezma Leudo el 2 de junio
de 2010, dos días después de la comunicación de la Decana, y cinco días después
de la presentación del informe de investigación acerca de lo ocurrido. De las
tres sugerencias del docente investigador, se decidió adoptar exclusivamente la
referente a la responsabilidad disciplinaria del docente, en los términos en que
fue fundamentado por éste, esto es, como manera de reconciliación. El Consejo
dejó de lado las demás consideraciones acerca de la protección a los derechos a
la educación y la igualdad del estudiante y de la protección de los miembros de
la comunidad educativa en general, dadas las condiciones en que el acto había
ocurrido y el impacto que había tenido.
7.2.6. Para la Sala de Revisión no es razonable
constitucionalmente que si una Universidad constata que ocurrió un acto discriminatorio
racista que supuso una puesta en escena en clase, haya decidido no hacer nada.
En especial cuando en el proceso disciplinario que se inició a solicitud del
estudiante se concluyó  (i) que sí se había dado el escenario de discriminación
y  (ii) que, teniendo en cuenta los presupuesto del orden constitucional
vigente, se debían tomar medidas de protección al derecho fundamental de no
discriminación.
7.2.6.1. La universidad concluyó (1) que no se había
discriminado al estudiante –a pesar de los hechos probados– y (2) que lo mejor
para el buen nombre y la honra de los involucrados, era no adelantar ningún
proceso en contra del profesor. La propuesta del docente investigador
contemplaba, además, adelantar un proceso de concientización de la comunidad
universitaria para que no volvieran a ocurrir lamentables y desafortunados
hechos como el acaecido. Esta fue la forma de referirse al escenario de
discriminación que se había constado.
7.2.6.2. Ahora bien, las excusas presentadas por la institución
no justifican razonablemente que la petición haya sido negada de manera rotunda
al estudiante.
Según la Facultad no se podía acceder a la petición de
cambio de docente, porque la solicitud se había presentado en un momento muy
avanzado del semestre. Aunque es cierta esa afirmación, ello se debe a que los
hechos ocurrieron al final del penúltimo mes del semestre, en la recta final
del curso. En tal medida, la petición de Heiler Yesid Ledezma Leudo no se
habría podido plantear previamente. Él presentó la solicitud prácticamente al
momento de haber ocurrido los hechos (sólo cuatro días después).
Adicionalmente, el hecho de que la decisión se tomara al final del último mes
del semestre se debió al tiempo que demoró el trámite interno de la petición
del estudiante. Las decisiones de la Universidad fueron tomadas a pesar de que
el accionante, insistió una y otra vez que se resolviera de fondo la cuestión.
Adicionalmente, se alegó que el hecho de que el semestre se
estuviera terminando, implicaba que fuera totalmente imposible que se cambiara
a otra clase. Pudieron ofrecerse soluciones al alumno, como la que planteó el
docente investigador en su informe.
7.2.7. Como se dijo, una persona tiene derecho
constitucional a no permanecer en un escenario de discriminación, como lo es
una clase. Pero esto no implica necesariamente que el estudiante deba seguir
faltando a la clase de manera indefinida. El hecho de que una persona tenga que
presenciar en clase el uso de una expresión que promueve, preserva y difunde un
estereotipo racial, y se retire de esa clase, no implica que esta deba
necesariamente permanecer fuera.
Empleando mecanismos de participación, estrategias
pedagógicas o medidas inspiradas en justicia restaurativa, la Universidad y la
Facultad hubieran podido explorar aproximaciones entre el docente, alumno y
compañeros. Quizá hubiese sido posible que frente al reclamo del estudiante, en
lugar de confrontación, la Universidad hubiera considerado una respuesta que
recompusiera las relaciones. Una solución que permitiera, mediante un diálogo
libre y participativo, evidenciar las estructuras lingüísticas que se perpetúan
en nuestra sociedad y que siguen sometiendo a las personas, a generar
escenarios de discriminación, sin tener tal intención de ello, a padecerlos o a
presenciarlos.
En otras palabras, el mismo error que tuvo el profesor en el
contexto de la clase, lo repitió la Facultad y la Universidad a nivel
institucional, al haberse negado a tomar medidas de carácter pedagógico, con
deliberación en libertad, que permitieran enfrentar lo ocurrido y protegieran a
Heiler Yesid Ledezma Leudo de la violación que había representado la situación
vivida. La expresión que promovió el estereotipo no fue realmente cuestionada
por el profesor. La Universidad y la Facultad tampoco lo hicieron.
En la solicitud de la Defensoría del Pueblo, se alegó la
falta de protección de parte de la Universidad. Al igual que esta Sala de
Revisión, la Defensoría indicó que no era admisible que ante la evidencia de
los hechos ocurridos no se hubieran tomado medidas para que el estudiante
pudiera presentar sus pruebas académicas en condiciones de igualdad frente a
otros estudiantes. Sin tener que ser evaluado por un profesor que él cuestionó
por su comportamiento en clase. Independientemente de la capacidad del profesor
para ser equilibrado y justo incluso en tal situación, lo cual no sería extraño
ni ajeno a una persona como el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado, con
experiencia y trayectoria en el ejercicio de la docencia, un estudiante tiene
derecho a que mientras se prepara y presenta una evaluación, tenga la certeza
de la imparcialidad del calificador.
7.3. Desconocimiento del debido proceso en el trámite de
la queja por haber sido sometido a un acto discriminatorio fundado en razones
de ‘raza’
7.3.1. Como se mencionó previamente, el derecho de autonomía
universitaria, como cualquier otro, no tiene un carácter absoluto. Encuentra
limitaciones en el ejercicio y protección de otros derechos fundamentales
claramente interconectados. Esto ocurre precisamente, con el derecho al debido
proceso en el contexto de trámites universitarios.
En otros términos, la mínima acción posible que hubiera
podido adelantar la Universidad para proteger los derechos del accionante, era
haber tramitado la queja que se le había presentado, respetando los mínimos
parámetros de un debido proceso. Pero ni siquiera esto ocurrió. La Universidad
en ejercicio de su autonomía, pareciera reclamar el derecho a tramitar una
solicitud de protección invocada por un estudiante, a raíz de un escenario de
discriminación durante una clase, sin observar el debido proceso. Por supuesto,
esto es inadmisible en un estado social de derecho. La autonomía de la
Universidad Distrital encuentra un límite en el derecho al debido proceso de
Heiler Yesid Ledezma Leudo.
7.3.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido entre
otros, a los siguientes contenidos mínimos del derecho al debido proceso en
trámites, que una Universidad debe respetar. Ha dicho,
“La consagración de un
procedimiento que permita investigar y sancionar las faltas disciplinarias con
plena garantía de protección de los derechos fundamentales, entre ellos, el
debido proceso.  Para llegar a tal objetivo, el trámite debe, por lo menos: (i)
Determinar en cabeza de qué autoridades se encuentran las facultades de
investigación de la falta e imposición de la sanción; (ii) Conceder al
integrante de la comunidad educativa instancias adecuadas y suficientes para
que ejerza su derecho de defensa ante los cargos que se le imputen y de
contradicción respecto a las pruebas que sustenten la comisión de la falta
disciplinaria; (iii) Aplicar el principio de presunción de inocencia a
favor del sujeto disciplinado, razón por lo cual el ejercicio de la actividad
probatoria es una tarea propia de quien ejerce la potestad disciplinaria, sin
perjuicio que al afectado se le permita hacer valer las que considere
necesarias para su defensa;  (iv) Garantizar el principio de publicidad,
a fin que el disciplinado tenga la oportunidad de conocer y controvertir las
faltas que se le imputen, lo que lleva a inferir que toda modificación a la
formulación de cargos debe estar precedida de una instancia de defensa
adecuada.[263]”
[264]
La deliberación que garantiza las reglas del debido proceso
constitucional, y que apuesta por la controversia de razones, argumentos,
pruebas y evidencias, abre el camino para lograr determinar cuáles es la mejor
solución a un determinado caso o problema que se someta a juicio de una autoridad
educativa. En tal medida, omitir las instancias y pasos procesales de
deliberación, participación y controversia, por considerarlas innecesarias ante
la supuesta evidencia palmaria de la conclusión a la que se pretende llegar,
olvida, precisamente, el valor de tales procesos tienen para la construcción de
las respuestas que se buscan en democracia. Por ello, la jurisprudencia ha
tutelado el derecho de una persona a que se le respete su derecho al debido
proceso, así las instancias disciplinarias de una institución educativa,
autónomamente, consideren que el objeto de la investigación y procedimiento que
se adelantaría llevaría a una conclusión que es, supuestamente, ‘evidente’.
Así, reiterando y aplicando las reglas jurisprudenciales citadas (en la sentencia
T-622 de 2003), dijo la Corte al respecto,
“[…] el proceso seguido por el
ente accionado al menor Zapata López, no siguió los parámetros establecidos en
el Manual de Convivencia para imponer sanciones, por cuanto el menor no fue
escuchado durante el proceso, no se le dio oportunidad para presentar descargos
ni controvertir las pruebas en su contra.
[…] desechar el cargo de violación
del debido proceso, reduce el alcance de este derecho fundamental a la mera
comprobación de la ocurrencia en el plano de lo natural de los hechos y a la
aceptación de tal ocurrencia por parte del estudiante, previamente al
procedimiento sancionatorio. Tal estimación representa  un desconocimiento  del
principio de contradicción y presunción de inocencia, dada la imposición de la
suspensión definitiva  a partir de una simple comprobación objetiva de una
conducta prohibida por el manual de convivencia.
En efecto, como se evidencia en el
expediente, la imposición de la sanción no estuvo precedida de la necesaria
realización de un procedimiento donde se permitiera al peticionario el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. En esta medida se
desconoció la garantía del debido proceso al deducirse en contra del estudiante
consecuencias negativas sin que se le oyera y se examinaran y evaluaran las
pruebas que obraban en su contra y también las que él menor quería hacer
constar en su favor.”[265]
El cumplimiento de las reglas del debido proceso para
resolver cuestiones disciplinarias en el contexto académico, específicamente
universitario, es por tanto un conjunto de garantías que aseguran que mediante
la participación y la deliberación se podrá construir la mejor decisión a un
caso concreto.
7.3.3. La Decana sostuvo que la Facultad ni la Universidad
le violaron el derecho al debido proceso del accionante, por cuanto los
procedimientos y los parámetros establecidos en las normas aplicables habían
sido cumplidos debidamente.
No obstante, se han adelantado procesos que han concluido
exactamente lo contrario. Han considerado que, en efecto, sí se desconocieron
las reglas propias del debido proceso. La personería de Bogotá resolvió favorablemente
peticiones en contra de los funcionarios a los que les correspondió adelantar
la investigación por los supuestos actos de discriminación en contra del
accionante y les correspondió tomar la decisión de qué medidas de protección
adoptar en el caso sometido a estudio. Cuestionaron que la Universidad hubiera omitido
seguir el procedimiento correspondiente. Para el órgano de control se trató de
una decisión inconsistente. Heiler Yesid Ledezma Leudo había solicitado,
formalmente, que se adelantara una investigación disciplinaria formal en contra
del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado que, a su juicio, le había
sometido a un acto de discriminación. Sin embargo, de la mano del investigador
docente, se concluyó que no era necesario adelantar tal investigación, de
acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto reglamentariamente,
porque en una actuación preliminar, se había podido concluir que, efectivamente
el acto discriminatorio no había ocurrido. La personería impuso sanciones al
docente investigador y al docente que presidía el Consejo Curricular de la
Facultad, que resolvió la petición de Heiler Yesid Ledezma Leudo.[266]
Consideró violatorio del derecho al debido proceso que se dejara de adelantar
el trámite reglamentario para averiguar una aparente discriminación por parte
de un profesor, El derecho al debido del proceso le garantizaba al estudiante
que la investigación misma se adelantara según las reglas mínimas del debido
proceso en el contexto universitario y, concretamente, según las reglas establecidas
por la propia Universidad en ejercicio de su autonomía. No obstante, en
criterio de la Personería, la Institución renunció al cumplimiento de sus
obligaciones y resolvió dejar las reglas aplicables de lado. Prefirió seguir un
camino propio desconociendo el procedimiento de debate para llegar a construir
una verdad luego de un proceso argumentativo.
Como se dijo previamente, el debido proceso contempla un
conjunto de reglas de actuación en materia de procedimientos que aseguran
precisamente, que solicitudes como la de Heiler Yesid Ledezma Leudo se
resuelvan correctamente. El debido proceso es el camino para darles a las
peticiones una respuesta en una sociedad democrática, no un camino que se ha de
seguir si ya se encontró, previamente, una solución al caso mediante otro
procedimiento, no establecido normativamente. Precisamente, el debido proceso
es la herramienta construida socialmente para lograr responder si el acto que
se acusa de reprochable se cometió o no y ha de ser sancionado o no.
7.3.4. Para la Sala de Revisión es reprochable la conducta
de la Universidad. En el proceso de acción de tutela se alegó que no se había
violado el derecho al debido proceso, porque en efecto, sí se había tramitado
la solicitud del accionante y se habían observado las reglas aplicables para
tales efectos, llevando a cabo una investigación preliminar que probó que no
hubo discriminación. Pero, por otra parte, ante la personería de Bogotá la
Universidad alegó que no se había violado el derecho al debido proceso del
accionante, a pesar de no haberse cumplido estrictamente los pasos para
adelantar una investigación y un proceso disciplinario acerca de lo ocurrido,
puesto que en una investigación previa se había concluido que no era necesario
adelantar tal procedimiento.
7.3.5. Por último, advierte la Sala de Revisión que los
procesos al interior de una institución educativa tienen además, una función
pedagógica. Son un medio para formar y preparar a los estudiantes, para
resolver los conflictos y los litigios en democracia y pacíficamente. En tal
medida, no haber atendido las reglas procesales respectivas, para haber
tramitado la solicitud presentada por el estudiante, afectó su derecho de
educación. La formación integral que supone este tipo de experiencias durante
el proceso educativo, fue afectada.
Adicionalmente, desde la primera instancia la universidad no
sólo pedía a la justicia que negara la tutela invocada sino que la declarara
improcedente, por ser un ‘irrespeto’ en contra del cuerpo de profesores que
laboran en la Universidad Distrital. Al respecto, cabe anotar que el ejercicio
del derecho político de interponer acciones en defensa de la Constitución, como
lo es una acción de tutela, no puede ser tomado por una Universidad como una
afrenta, sobre todo, si el accionante intentó antes por las vías
institucionales ser oído, pero acudió a la justicia, luego de ver la
ineficiencia para resolver la cuestión.
7.4. Conclusión
Para la Sala, la universidad desconoció los derechos a la
igualdad, a no ser discriminado y al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma
Leudo, una persona que, en su calidad de estudiante, solicitó que se adoptaran
medidas de protección ante un acto de discriminación. Es irrazonable pretender
que el ejercicio del derecho de autonomía universitaria, se pueda usar para querer
justificar un acto prohibido constitucionalmente: no adelantar el trámite de
una solicitud presentada, observando las reglas mínimas de un debido proceso constitucional.
Esto es especialmente grave si la institución adelantó una investigación
informal que  (i) comprobó que en efecto si se había sometido al estudiante a
un escenario de discriminación, y  (ii) que se requería tomar medidas de
protección. Por tanto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dejó
de proteger los derechos a la igualdad y a la no discriminación de Heiler Yesid
Ledezma Leudo.
Una vez resueltos los dos problemas jurídicos sometidos a
consideración de los jueces de tutela de primera y segunda instancia en sus
fallos, pasa la Sala de Revisión a establecer cuáles son las órdenes y las
medidas concretas a las que habrá lugar.
8. Órdenes
En el presente caso, al inicio existían dos peticiones
centrales en la acción de tutela. Por una parte, que se reconociera el carácter
de acto discriminatorio que había cometido el profesor y, por otra, que se
removieran los obstáculos que impedían al accionante continuar con sus estudios
e, incluso, llegaban a poner en riesgo la posibilidad misma de continuar
haciéndolos y concluirlos. Con el paso del tiempo, y ante las negativas de los
jueces de instancia en tutelar sus derechos, Heiler Yesid Ledezma Leudo decidió
sortear los obstáculos y cumplir con los requisitos que le eran exigidos para
graduarse. Al llegar el caso a la Corte Constitucional e iniciarse su estudio
por parte de esta Sala de Revisión, el accionante ya había logrado reunirlos. Para
este momento, insistía decididamente en que se decidiera justamente el caso y
se tomaran medidas de fondo para proteger sus derechos a la igualdad, a la no
discriminación y a la dignidad. Las otras cuestiones, para el momento, se
entendían superadas.
En tal medida, la Sala de Revisión pasa a indicar en qué
solicitudes se ha dado el fenómeno de la carencia de objeto superado y respecto
de cuáles no y, en consecuencia, requieren que se adopten medidas de
protección.
8.1. Carencia de objeto
8.1.1. Como se dijo, son varias las peticiones que formuló
el accionante en primera instancia que hoy en día son un asunto superado,
puesto que los obstáculos que solicitó que fueran removidos, ya los superó. No
requiere por tanto, que juez de tutela alguno imparta órdenes en tal sentido.
8.1.2. La carencia de objeto en un caso de tutela, esto es,
la ausencia de violación o amenaza real y presente en contra de un derecho
constitucional fundamental, no es razón para que no exista una decisión por
parte del juez de tutela. Es una situación que, sin duda, deberá ser valorada
por el juez al momento de establecer cuáles son las órdenes y las medidas que,
en virtud de sus facultades constitucionales y legales se deben impartir. En
ocasiones puede ser inocua toda clase de orden, porque, por ejemplo, el asunto
fue adecuadamente resuelto y no compete nada más al juez de tutela. Más pueden
existir otros casos, como el obstaculizar irrazonablemente el acceso a un
servicio de salud del cual dependía la vida de una niña o un niño que se
hubiera podido salvar, si se le hubiera atendido. En tales eventos la carencia
de objeto es evidente, no se pueden tutelar los derechos de la persona menor si
falleció. Sin embargo, en tales circunstancias el juez de tutela puede proteger
los derechos constitucionales de personas involucradas, que fueron violados o
son amenazados, por ser familiares o por pertenecer a la misma categoría de la
que fue objeto de vulneración (por ejemplo, pueden ser otros en la misma
situación de desprotección en la misma institución encargada de asegurar el
acceso a los servicios de salud que se requieran con necesidad[267]). En tales eventos,
como ocurrió en la sentencia T-576 de 2008, el juez de tutela puede tener
razones para adoptar medidas, incluso simbólicas, que protegen los derechos a
la verdad, a la memoria y a la no repetición.[268]
8.1.3. Por supuesto, la carencia de objeto no es una
cuestión relevante para establecer si el caso se debe decidirse o no, y mucho
menos para determinar si los derechos fundamentales fueron violados o no. En
otras palabras, el problema jurídico que es presentado ante un juez de la
República debe ser resuelto mediante la decisión judicial que sea del caso. Si
la situación que dio lugar al reclamo desapareció en la realidad, bien porque
la amenaza se consumó definitivamente o porque cesó, por ejemplo, son
cuestiones que se deben valorar al momento de resolver que órdenes se deben
impartir para restablecer y proteger los derechos que se decidió, fueron
violados. De hecho, como se resaltó, la carencia de objeto, la imposibilidad de
tutelar un derecho, porque su titular, por ejemplo, ya no existe, lejos de ser
un argumento para concluir que no hubo una violación a un derecho fundamental,
es la prueba que demuestra que, en efecto, se ha debido conceder la tutela que
había sido invocada, pues el derecho sí fue violado. Por tal motivo, en múltiples
ocasiones, la Corte Constitucional ha resuelto tutelar los derechos de una
persona, a la vez que, por ejemplo, se ha abstenido de dar ciertas órdenes, en
razón a que se declaró la carencia de objeto. Concretamente, así ha ocurrido en
casos que se han resuelto acciones de tutela con relación a hechos acaecidos en
ámbitos académicos, que al llegar a la Corte Constitucional en sede de
Revisión, son un hecho superado.[269]
El caso bajo análisis presenta una situación que ha sido resuelta, pero sólo
parcialmente.
8.1.4. Las situaciones que se resolvieron para Heiler Yesid
Ledezma Leudo en materia de educación y que hoy constituyen un hecho superado,
se refieren a los obstáculos que debió superar en relación con su derecho a la
educación. Las afectaciones que se produjeron a su dignidad, al haber sido
sometido a un escenario de discriminación en el que se promovió y preservó un
estereotipo racista, persisten y no han acabado. Como lo ha señalado el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, las
violaciones al derecho a la igualdad y a no ser discriminado en razón a insultos,
suelen ser minimizados. Para el Comité, “[…] a menudo se subestima el grado
en que los actos de discriminación racial e insultos por motivos raciales dañan
la percepción de la parte ofendida de su propio valor y reputación.”[270]
8.2. Medias a tomar para proteger los derechos a la
igualdad, a la no discriminación y a la dignidad del accionante
8.2.1. La jurisprudencia constitucional, frente a la
exclusión de personas de lugares abiertos al público en general, en razón a su
color de piel, , por ejemplo, ha ordenado  (i) a los respectivos locales, no
continuar con las mismas prácticas y  (ii) a las autoridades nacionales y
territoriales correspondientes, para que, dentro del respeto de las
competencias y funciones establecidas por el orden jurídico vigente, tomaran las
medidas que aseguraran el cabal cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
Constitucional. También se ha exhortado al Congreso de la República a tomar
medidas al respecto.[271]
Ahora bien, teniendo en cuenta que “la indemnización in
genere se encuentra prevista como una de las facultades excepcionales del
juez constitucional cuando quiera que se defina la existencia de [los]
requisitos”[272]
para ello, ya identificados en la jurisprudencia, la Corte ha llegado incluso a
proferir condenas en abstracto (in genere).[273] No obstante, en el pasado
la jurisprudencia constitucional ha reiterado lo dispuesto en la sentencia
T-1090 de 2005, sin necesidad de tener que establecer una indemnización in
genere.[274]
8.2.2. Recientemente, el Comité ha insistido en que la obligación
de tomar ‘medidas’ contra la discriminación es un concepto jurídico amplio e
indeterminado, que contempla todo tipo de herramientas orientadas a asegurar el
goce efectivo de los derechos fundamentales en cuestión. Dijo el Comité,
“Por ‘medidas’ se entiende toda la
gama de instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos y reglamentarios
a todos los niveles de la administración del Estado, así como los planes,
políticas, programas y sistemas de cuotas en sectores tales como la educación,
el empleo, la vivienda, la cultura y la participación en la vida pública para
los grupos desfavorecidos, ideados y aplicados sobre la base de esos
instrumentos. Para cumplir las obligaciones que les impone la Convención, los
Estados partes deben incluir disposiciones sobre las medidas especiales en sus
ordenamientos jurídicos, bien en la legislación general o bien en las leyes
destinadas a sectores concretos, teniendo en cuenta el conjunto de los derechos
humanos enumerados en el artículo 5 de la Convención, así como los planes,
programas y otras iniciativas de política antes mencionados, a los niveles
nacional, regional y local.”[275]
8.2.3. En su intervención, el profesor Juan de Dios Mosquera
Mosquera en representación del Movimiento Cimarrón, solicitó a la Sala
de Revisión ordenar a la Universidad Distrital: (i) buscar convenios y
acompañamiento de organizaciones de la comunidad afrocolombiana que trabajen la
temática; (ii) exigir, incluso contractualmente, a los docentes de la
institución, el conocimiento de los derechos de la población afrodescendiente.
(iii) Establecer la Cátedra de Estudios Afrodescendientes,  (iv) solicitar a
los docentes que presenten excusas públicas, (vi) responsabilizar
disciplinariamente a los funcionarios que fueron permisivos, por acción u
omisión, con los prejuicios y prácticas racistas.  (vii) Condenar al docente y
a la universidad al pago del daño emergente y el lucro cesante y  (viii)
ordenar dar cumplimiento y aplicación a lo que contempla el Estatuto Docente,
al prohibir los actos de discriminación racial en sus artículos 20 literal o,
85, 107, 109 literal a, 12 literal a.[276]
Por su parte, la RedAfro, por medio de su Presidente,
solicitó a la Sala tres medidas,  (i) una de reparación simbólica,  (ii) una de
protección al derecho a la educación y  (iii) una de reparación jurídica.[277]
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional de Colombia propuso varias medidas. Ordenar a la
Universidad Distrital la creación de una instancia para la resolución de casos
similares, advertir que la aplicación de las normas estatutarias de la
Universidad deber preferir el derecho sustantivo al formal, advertir que en
tales casos se debe aminorar la carga de la prueba, que se deben tomar las
medidas efectivas de protección y, además, reconociendo una indemnización in
genere en para el caso del accionante.[278]
Finalmente, el Centro de Estudios DeJuSticia presentó
varias medidas de solución posibles a consideración de la Corte Constitucional.
En primer lugar, se propuso la creación de un espacio similar a aquel en el que
ocurrieron los hechos, en el que el accionante pueda contradecir y
contrarrestar los argumentos que fueron sugeridos a través de los ejemplos
dados en la clase del profesor Yaroslav Chavarrio. En segundo término, se
solicita a la Corte tomar medidas para asegurar que en el futuro quejas
similares sean tramitadas adecuadamente. En tercer término se reclama una
disculpa pública del docente. Por último, en cuarto lugar, se propende por la
adopción de medidas que aseguren la no repetición de los actos acaecidos en la
Universidad, incluyendo para ello, a la comunidad.[279]
8.2.4. La queja de Heiler Yesid Ledezma Leudo en su acción
de tutela es, básicamente, la falta de protección de la Universidad. A su
juicio, el acto de discriminación al que se le había sometido se trató de
minimizar, y no se atendió su petición. No se tomó ninguna medida para remover
los obstáculos que se le interpusieron en su proceso de finalizar la carrera que,
con esfuerzo, había adelantado. En sede de Revisión, consciente de que su caso,
gracias a su propio esfuerzo, es ahora un hecho superado, Heiler Yesid Ledezma
Leudo sostuvo que su propósito no es evadir cargas o compromisos académicos. Su
intención es buscar justicia.
8.2.5. La Sala de Revisión considera que la protección de
los derechos del accionante supone la adopción de por lo menos dos medidas. Una
orden de protección simbólica de los derechos fundamentales afectados, que
reparen el escenario de discriminación enfrentado, y una orden de protección a
la comunidad académica general y en especial a los estudiantes, como garantía
de no repetición de lo ocurrido.
Por supuesto, lo establecido en la presente sentencia no
impide de forma alguna que se adopten mayores y mejores medidas, adicionales,
para lograr los objetivos de protección constitucional.
8.3. Evento público y simbólico
Para proteger el derecho a la igualdad, a la no
discriminación y a la dignidad del accionante, la Sala de Revisión ordenará a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que realice en la facultad de
tecnología un acto simbólico de carácter público para celebrar los aportes de
la comunidad afrocolombiana a la comunidad universitaria y a la sociedad en
general.
En principio, el escenario de reconciliación y reparación
que se genere debería ser equivalente y similar al escenario de discriminación
en el cual ocurrieron los hechos. No obstante, ello no es posible, debido a que
el curso ya no existe más. El escenario que representaba la clase concluyó
antes de que el accionante interpusiera la acción de tutela. En tal sentido,
deberá construirse un nuevo escenario en el cual se lleve a cabo un acto de
reconciliación y reparación.
El tiempo, modo y lugar del evento que se realice, dependerá
de la propia Universidad que, en ejercicio de su autonomía los definirá. Sin
embargo, tanto en el proceso de diseño, de planeación y de ejecución del
evento, dos principios básicos se han de tener en cuenta. El respeto al
diálogo, el uso de la deliberación como herramienta para llegar a tomar
decisiones.  El respeto a la participación, garantizar que la deliberación sea
abierta y todas las personas tengan acceso a ella. El evento debe permitir el
acceso real y efectivo de la comunidad universitaria en general (estudiantes,
docentes, personal administrativo) a presenciar y participar del mismo, tanto
por el lugar, por el tiempo o por el modo en que se lleve a cabo.
Se ordenará a la Universidad remitir un informe escrito a la
Sala de Revisión dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
realización del evento, adjuntándose imágenes de video que dejen registro de
cómo fue llevado a cabo el mismo. De tal informe, se habrá de remitir copia al
Alcalde Mayor de Bogotá, así como a la Personería Distrital y a la Defensoría
del Pueblo.
Las discriminaciones, sobre todo si son estructurales,
pueden generar incomprensiones y rechazos de ambas partes, de los agresores y
de las víctimas. En un estricto sentido, las discriminaciones estructurales
afectan a todas las personas involucradas; especialmente a las que forman parte
del grupo excluido, marginado o estereotipado, pero también a los que lo
presencian e incluso a quien cometió el acto. Las discriminaciones
estructurales se normalizan, naturalizan e invisibilizan. Desmantelarlas debe
ser compromiso de todos. Por eso, en cualquier caso, el sentido del acto que se
realice debe concretar un escenario de rectificación y de reconciliación.
8.4. Medias de prevención
Finalmente, la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que entre
sus estudiantes, sus docentes y su personal administrativo de cualquier nivel
jerárquico, vuelvan a suscitarse escenarios de discriminación en general, y a
causa del racismo en particular. La Universidad Distrital deberá presentar un
informe con relación a esta orden dentro de 60 días calendario, en el que
establezca qué resolvió hacer la comunidad universitaria. Aunque, la
Universidad tendrá una prelación importante en el diseño e implementación de
tales políticas educativas, la participación y la deliberación en libertad,
deben ser herramientas que acompañen constantemente el cumplimiento de la
orden. El informe del que trata esta orden, también deberá ser remitido a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, y a la Secretaria de Educación de la misma
ciudad.
8.5. Peticiones adicionales
8.5.1. Algunos de las peticiones solicitadas a la Corte
Constitucional en las intervenciones exceden, o bien las competencias del juez
constitucional en una democracia (como lo es establecer qué conductas deben ser
o no delito), o bien las competencias mismas del derecho (decidir usos privados
e individuales del lenguaje[280]).[281] También
se solicitó a la Sala que se pronunciara acerca de los Manuales de Convivencia
de las instituciones públicas o privadas y, su obligación de prohibir toda
forma de discriminación racial. Que se ordenara al Ministerio de Educación
Nacional, el diseño de un sistema integral y funcional para dar cumplimiento a
la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la no
discriminación racial en todas las instituciones educativas del país, desde
preescolar hasta los más altos estudios universitarios; así como procesos de
sensibilización dentro de la sociedad colombiana por la eliminación de todas
las formas de discriminación. Se pidió exhortar al Gobierno Nacional, y en
especial a la rama judicial para tutelar la protección de los derechos de la
población afrocolombiana e indígena, y así eliminar las brechas de racismo y
exclusión racial que se imparten desde estas instancias hacia los grupos
étnicos víctimas históricas del racismo y la discriminación racial.[282] Se
trata de peticiones generales que, por mucho, exceden las competencias
judiciales de esta Sala de Revisión, como juez encargado de resolver, en democracia,
los problemas jurídicos que plantea el caso de la referencia.
8.5.2. Incluso, se solicitó que se ordene al Gobierno
colombiano a levantar la reserva sobre el artículo 14 de la Ley 22 de 1981, que
permita el reconocimiento por el Estado Colombiano de la existencia de la
discriminación racial como violación de los Derechos Humanos y denunciarlos
ante el Comité Internacional para la eliminación de todas las formas de la
Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–.[283] Al
respecto, por supuesto, a esta Sala de Revisión sólo le corresponde reconocer
la competencia que tienen las autoridades democráticamente instituidas para
resolver tales cuestiones, en especial, el Presidente de la República y el
Gobierno Nacional.
8.5.3. Finalmente, con relación a la indemnización in
genere, la Sala de Revisión considera que esta no es viable por dos razones
principales. En primer lugar, para respetar la posición del accionante, que en
su comunicación a la Sala de Revisión, indicó categóricamente que lo único que
buscaba era la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la
dignidad. En segundo lugar, como se dijo, el acto discriminatorio no pretendió,
deliberadamente, afectar los derechos del accionante. Ocurrió, pero más por
falta de cuidado y atención que por un deseo o decisión de afectar los derechos
fundamentales de otra persona.
9. Comentarios finales
9.1. La Sala de Revisión lamenta que la primera instancia no
haya considerado decisiones de constitucionalidad recientes, así como tampoco
referentes del bloque de constitucionalidad. La sentencia más reciente que se
cita en tales fallos, es de hace más de una década, antes de los desarrollos en
materia de protección por discriminación racial que se han suscitado al
interior de la jurisprudencia constitucional. Los precedentes judiciales, como
se sabe, son una colección de respuestas a problemas jurídicos, que sirven como
modelos para resolución de casos futuros. En tal sentido, no se compadece con
el deber de protección de los derechos fundamentales de las personas
afrodescendientes como el accionante, ni con los deberes propios de la función
judicial, que no se consultaran la solución que se ha dado a los casos
referentes a la discriminación de personas con base en el criterio de ‘raza’.
En todo caso, la jurisprudencia constitucional que sí fue citada, reclamaba una
mayor atención a la posibilidad de que se hubiese dado un acto de
discriminación.
En la segunda instancia se elaboró un juicio con mayor
atención y detenimiento que en la primera instancia, pero también echa de menos
esta Sala de Revisión, una mayor sensibilidad de parte de la juez con los
derechos fundamentales para analizar debidamente la cuestión que había sido
sometida a su consideración por Heiler Yesid Ledezma Leudo. Consideró que tal
como lo había señalado la propia Universidad, el acto del profesor Yaroslav
José Chavarrio no constituye un acto de discriminación, por cuanto no se trató
de una conducta constante y repetitiva. A su parecer, para que un acto de
discriminación sea tal, era preciso acreditar “conductas constantes y
sucesivas del profesor que atenten contra los afrodescendientes o que los
margine por su condición racial”.
No comparte la Sala de Revisión el criterio expresado por la
juez de segunda instancia, pues un acto de discriminación no requiere ser
repetitivo o sucesivo para conllevar efectos excluyentes. La repetición puede
ser determinante para establecer el grado de afectación de los derechos fundamentales
o el grado de responsabilidad de la persona que sea victimaria. No obstante,
existen infinidad de actos de discriminación que ocurren en un único momento y
no puede ser sucesivos ni repetirse. Por ejemplo, gritar algo ofensivo y humillante
a una persona por su condición racial, en una sola ocasión muy especial –como
lo puede ser el día de graduación– es un ataque al derecho a la igualdad y,
concretamente, al derecho a no ser discriminado. Un acto de discriminación
existe con que tan sólo una vez se discrimine.
La exigencia de una conducta sucesiva y reiterada es propia
para establecer, por ejemplo, un patrón de discriminación, un contexto
discriminatorio. En tal sentido, la Sala consideró que en el presente caso no
se constató un contexto de persecución o de discriminación racial generalizado
en la Universidad o en la Facultad.
9.2. El tiempo y los hechos le dieron la razón a Heiler
Yesid Ledezma Leudo. Debido a la falta de protección de las decisiones
judiciales de instancia, él, con su propio esfuerzo, superó las barreras y
obstáculos impuestos. Por eso, el reclamo de justicia ante la Corte
Constitucional se presenta acompañado de los resultados finales del programa
académico que cursaba. Incluso aportó un certificado de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el
resultado del 100% de las materias cursadas.[284]
Además, el resultado de la evaluación de su trabajo de grado; el Tutor y el
Jurado del Proyecto solicitaron al Consejo de la Facultad de la Universidad dar
a la tesis de los hermanos Ledezma Leudo el reconocimiento de meritoria.[285]
9.3. No puede la Sala de Revisión terminar esta sentencia
sin hacer un Público reconocimiento a la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas a muchos de los actos que en favor de las comunidades afro y negras
colombianas ha hecho. Los acontecimientos que ocurrieron en el presente caso no
borran los aportes que la Universidad ha realizado en este sentido en diversos
ámbitos, como lo es, por mencionar tan sólo uno de ellos, una parte
significativa de la programación de la emisora institucional, LAUD estéreo. Los
actos analizados en el presente caso no son constitutivos ni representativos de
la comunidad académica en general.
10. Conclusión
Para la Sala,  (i) cuando se usa en clase, por parte de un
docente, una expresión que mantiene y preserva estereotipos racistas y
esclavistas en las estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente,
que margina a las personas consideradas como parte de una determinada ‘raza’.
Promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de
la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce
los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vez que supone un trato
cruel y degradante. Por tanto  (ii) una persona, en calidad de profesor viola
los derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser
discriminado), cuando emplea durante una sesión de clase una expresión
claramente racista para presentar un ejemplo, en especial si fácilmente se ha
podido remplazar por otro. Tal acto discriminatorio ocurre así la palabra ‘haya
sido retirada’ y lamentada por el propio profesor.
Para la Sala,  (iii)  emplear un medio prohibido
constitucionalmente, como lo es usar expresiones discriminatorias que promuevan,
preserven o difundan estereotipos racistas, para alcanzar un fin imperioso,
viola los derechos a la igualdad y a no ser discriminado, en especial cuando
este puede ser obtenido empleando infinidad de medios alternativos que no
implican una carga adicional y que son evidentemente menos lesivos para los
derechos a la igualdad y a no ser discriminado.  En consecuencia, (iv) toda
persona tiene el derecho constitucional, en defensa de su dignidad, a no
soportar en silencio un escenario de discriminación; al igual que toda persona
tiene el derecho constitucional a no permanecer en ese escenario, tiene derecho
a abandonarlo.
(v) Si un docente, accidentalmente, utiliza expresiones de
uso común y corriente, que generan un escenario de discriminación en el que se
preserva, se promueve o se difunde estereotipos racistas, discrimina cuando no
emplea el mismo espacio de clase, en el momento y del modo en que considere
adecuado, para poner en evidencia la expresión con contenido discriminatorio y
resaltar su carácter racista. Es deber del docente utilizar el diálogo y la
participación para visibilizar los elementos racistas que, lamentablemente,
todavía se esconden en nuestras prácticas lingüísticas.
(vi) Finalmente, para la Sala, una institución educativa
desconoce los derechos a la igualdad, a no ser discriminado, a la educación y
al debido proceso de una persona que, en su calidad de estudiante, solicite que
se adopten medidas de protección ante un acto de discriminación y se decida no aplicar
la reglas procesales correspondientes, así como no hacer nada al respecto, a
pesar de tener evidencia de que ello es así.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de los términos de
este proceso.
Segundo.- Revocar la sentencia de tutela dictada por
el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogotá que negó los derechos de
Heiler Yesid Ledezma Leudo dentro del proceso de tutela de la referencia, así
como la sentencia de tutela del Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de la
misma ciudad, que la confirmó. En su lugar, se resuelve tutelar los
derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, al debido
proceso y a la dignidad de Heiler Yesid Ledezma Leudo.
Tercero.- Ordenar a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas que realice un acto simbólico de carácter público para
celebrar los aportes de la comunidad afrocolombiana a la comunidad
universitaria, y a la sociedad en general. En especial, se deberá celebrar el
aporte a la construcción de una comunidad académica incluyente y respetuosa del
orden constitucional vigente.
En el proceso de diseño, de planeación y de ejecución del
evento, dos principios básicos se han de tener en cuenta: (i) el respeto al
diálogo, el uso de la deliberación como herramienta para llegar a tomar
decisiones;  (ii) el respeto a la participación, garantizar que la deliberación
sea abierta y todas las personas tengan acceso a ella. El evento debe permitir
el acceso real y efectivo de la comunidad universitaria en general
(estudiantes, docentes, personal administrativo) a presenciar y participar del
mismo, tanto por el lugar, por el tiempo o por el modo en que se lleve a cabo.
El evento, en cualquier caso, deberá realizarse antes de finalizar el año 2013.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas deberá
remitir un informe escrito a la Sala de Revisión, a propósito de la realización
del evento en cuestión, adjuntando un video que deje registro de cómo fue
llevado a cabo el mismo, la Universidad deberá remitir copia al Alcalde Mayor
de Bogotá, así como a la Personería Distrital y a la Defensoría del Pueblo.
Cuarto.- Ordenar a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas que adopte las medidas adecuadas y necesarias para evitar que
entre sus estudiantes, sus docentes y su personal administrativo de cualquier
nivel jerárquico, vuelvan a suscitarse escenarios de discriminación, en
general, y a causa del racismo en particular. La Universidad Distrital deberá
presentar un informe con relación a esta orden dentro de 60 días calendario,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, en el que
establezca qué resolvió hacer la comunidad universitaria, señalando las fechas
en que se adelantaran las acciones establecidas. La Universidad deberá remitir
copia del informe a que hace referencia esta orden al Alcalde Mayor de Bogotá,
D.C, y a la Secretaría de Educación del Distrito de la misma ciudad.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA MARIA GUILLÉN
ARANGO
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXOS
Primer anexo
Intervenciones y
participaciones ante la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional
1. Profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado
1.1. Luego de presentarse,[286] narró el profesor
Chavarrio Alvarado lo ocurrido en los siguientes términos,
“En desarrollo de mi actividad
académica, el sábado 24 de abril de 2010, como era habitual, dicte la clase
correspondiente a conmutación digital y en particular, el tema sistemas de
colas y específicamente el concepto de intensidad de tráfico. Es mi costumbre
dentro de los cursos soportar la clase con material audiovisual en el cual se
dan ejemplos relacionados con los tópicos de clase a fin de reforzar los
conceptos vistos en la materia, en este caso en particular el material de ese
día incluye ejemplos de variedad y sistema de colas encontrados en la vida
diaria, tocando tangencialmente las colas efectuadas en bancos, restaurantes de
comidas rápidas, matriculas en las universidades, en los lavaderos de carros y
servicios en estaciones de gasolina. En esta clase se manejó el concepto de
rata de arribo y rata de servicio y se presentaron varios ejemplos; entre
ellos, utilicé como analogía el hecho de que un tráfico de 1 erlang equivalía a
que llegaran 25 carros en una hora y que en esas circunstancias el empleado,
cajero o lavador de carros al estar en condiciones de atender un número de 25
carros en el mismo tiempo estaría muy ocupado y utilicé el término o expresión
de que esta situación era como tener un jefe negrero. Este ejemplo fue tomado
por el accionante como comentario racista y sintiéndose aludido, me manifestó
que no debía utilizar ese tipo de ejemplos y le contesté que no le veía ningún
inconveniente pero que si por ello se sentía ofendido me disculpara y proseguí
la clase y ese fue todo el incidente.
El término jefe negrero o negrero
es un término castizo o de uso común en el argot laboral consignado en el real
diccionario de la lengua española y el sentido dado en la clase era general no
especial o dirigido a algún alumno en particular. Sin embargo, el alumno
hábilmente tomó tal expresión como argumento para quejarse, aumentando un
léxico jamás utilizado de mi parte y menos aún la situación burlona o escénica
a la cual se refiere en su tutela. La expresión utilizada sin el ánimo de
ofender a alumno alguno, fue aprovechada hábilmente por el alumno, tomándola
como argumento para tildarme de racista ante las directivas de la universidad y
en consecuencia pedir el cambio de profesor con el objeto de solucionar su ya
cuestionada situación académica en la universidad por encontrarse en período de
prueba académica.”[287]
1.2. El profesor considerar que el estudiante, ahora
accionante, no ha sido fiel a la verdad, y que en tal medida, ha afectado su
derecho a la honra y al buen nombre. Dijo al respecto,
“Considero grave la actitud del
estudiante al efectuar afirmaciones que no corresponden a la realidad y que
afectan mi buen nombre y honra, tomando además en consideración la experiencia
y profesionalismo con el que me he desempeñado como docente de la universidad,
puesto en ningún momento durante la clase se sostuvo una conversación entre el
profesor y el estudiante en los términos en que este último la describe en la
tutela, ni se utilizaron las palabras esclavo, amo, latigazos o frases como
‘trabaje, trabaje, trabaje’ y otras que están fuera de contexto con respecto al
tema tratado en clase. Tampoco existió la supuesta actitud de burla del docente
descrita por el estudiante.”[288]
1.3. El profesor, que asegura haberse sentido incluso
presionado por una persona extraña a sus clases, y que él describe como ‘de
color’,[289]
acusa al accionante de injuriarlo.[290]
A su juicio, las declaraciones de varias de las personas que son estudiantes de
su clase, dadas en el contexto de la investigación interna acerca de lo
ocurrido, prueban su versión de los hechos.[291]
Por ello, reitera que el suceso que dio lugar a la presente acción de tutela,
no pasó en los precisos términos que declara el accionante.
1.4. El profesor resalta que es el propio estudiante Ledezma
quien reconoce que se encuentra en periodo de prueba académica. Al respecto
indica que se trata de una situación que surge,
“[…] no sólo con las asignaturas
mías, sino con casi todas y desde mucho tiempo antes del incidente en mi clase,
de manera tal que sus problemas académicos no tienen origen en el supuesto
racismo, ni en la amistad existente entre los docentes como él lo afirma o en
la igualdad por parte de la Universidad; el problema radica en el mismo
estudiante que ha descuidado sus deberes académicos y en su creencia que debe
ser sujeto de preferencias por el hecho de pertenecer a las comunidades afro
descendientes o por haber obtenido distinciones en alguna oportunidad por
logros pasados, en los que no nos podemos quedar eternamente.”[292]
1.5. Además, el profesor advierte que los apoyos recibidos
por los estudiantes que firman una declaración en tal sentido, y cuya copia
reposa en el segundo cuaderno del expediente, no prueban en modo alguno los
hechos ocurridos. Sólo una de las personas firmantes, corresponde al programa
de Ingeniería de Telecomunicaciones. Al respeto de personas, afirma, “[…] en
momento alguno les puede constar acto alguno de discriminación en este programa
[…]”.[293]
1.6. Con relación a las solicitudes presentadas por el
accionante ante los jueces de tutela, considera que las mismas demuestra que el
único propósito del accionante es lograr por vía judicial lo que no ha
conseguido por vía académica. Dijo al respecto,
“Basta con detenernos tan sólo un
instante y observamos cómo las pretensiones elevadas en la tutela que nos ocupa
tienen un único y exclusivo objetivo; el pretender que mediante la utilización
de la figura de la tutela, se obvien las falencias académicas en las que ha
incurrido el estudiante, se le promueva sin el lleno de los requisitos
estatutarios consagrados en la universidad, sin el cumplimiento del pensum
académico fijado por ley para obtener el título profesional que acredita la
correspondiente idoneidad y se le otorguen beneficios en sus evaluaciones,
aprovechando simplemente su origen étnico.
[…] No basta con afirmar que se
nos está discriminando por cualquiera de nuestras condiciones personales, es
necesario probar la ocurrencia de dichas afirmaciones y tal situación en este
plenario hasta la fecha no ha sucedido ni podrá ocurrir jamás puesto que
realmente el supuesto hecho nunca tuvo ocurrencia.”
1.7. Para el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado el estudiante
nunca fue sometido a un trato discriminatorio, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional colombiana. Entendiendo
“[…] la discriminación como un
acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo tales, con base
principalmente en estereotipos o prejuicios sociales casi siempre ajenos a la
voluntad de las mismas, como raza, sexo, nacionalidad, etc.  Este es el
concepto que básicamente nos da la pauta para dirimir el conflicto aquí
planteado, bajo el entendimiento de que dicha definición no encaja en el
presente caso, como quiera que está probado que el lenguaje utilizado en mi
clase tenía connotaciones meramente explicativas dirigidas a forjar
conocimientos y obtener claridad de un determinado tema en desarrollo de una
clase dirigida a varios alumnos todo lo cual está lejos de constituirse en un
acto arbitrario dirigido a irrogar perjuicio alguno, diferente sí, es el hecho
de que en el auditorio se encuentren personas prevenidas que crean que a la
comunidad blanca le está prohibido utilizar la palabra negro o cualquiera de
sus equivalentes.”[294]
1.8. El profesor solicita que se desestimen todas y cada una
de las pretensiones presentadas por el accionante y que, si la Sala lo
considera pertinente, compulse copias para que el estudiante sea investigado
por injuriarlo a él como docente.
2. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
El Rector de la Universidad, Inocencio Bahamón Calderón,
participó en el presente proceso para solicitar a la Corte que desestime las
pretensiones del accionante, pues, a su juicio, la institución no ha violado en
ningún sentido sus derechos constitucionales. Dijo al respecto,
“De acuerdo con lo solicitado por
ustedes, tomamos en primer término que nuestra Institución tiene como
principios rectores la no discriminación a personas, por carácter y razones de
sexo, origen nacional, lengua, religión, opinión política o religiosa, ni
étnica y con el único propósito que se acogen nuestros estatutos y que la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nos rige, de acuerdo con la Ley
30 de 1992, art 69 del Estatuto Superior.
Antes por el contrario, hay un
conglomerado muy amplio en los diferentes programas ofrecidos por Bienestar
Institucional a la Comunidad Universitaria y que hacen reconocimiento a la
sociedad afro descendiente, que buscan plantear acusaciones concretas, como son
los principios Rectores de Dignidad Humana, Igualdad, Imparcialidad y Lealtad y
que [en] toda la comunidad universitaria, han sido tratados con respeto para
todos los efectos institucionales, que como Universidad Pública que somos, y
seremos respetuosos de ésos derechos que la Constitución de 1991 otorga.
Por lo anteriormente expuesto, y
acorde que no ha habido discurso racial discriminatorio en el aula de clase o
fuera de ella, por parte del docente Yaroslav José Chavarrio Alvarado, hacia el
estudiante en Ingeniería en Telecomunicaciones Heiler Ledezma, como se
evidencia en los testimonios de estudiantes presentes en el aula de clase y,
como los mismos evidencian la disculpa ofrecida por el docente José Chavarrio
al estudiante Ledezma, cuando se dieron los hechos, en el momento en que el
docente empleó la expresión ‘Negrero’ y que como manifiestan los estudiantes,
no tuvo la connotación racial que el estudiante Ledezma expone es su queja o
esto sirva de justificación de su bajo rendimiento académico (ver anexos
versiones de los estudiantes del curso y de los representantes estudiantiles).
Y por cuanto no se han violado los derechos constitucionales ni fundamentales
de acuerdo con la Carta Política de 1991, y, que el docente institucionalmente
desde que está vinculado a la Universidad Distrital y hasta la fecha, goza de
buena conducta, buena moral y sanas costumbres.”
2.1. Los representantes estudiantiles Eduardo Salazar Prado
y Wilton Angulo Castañeda participaron dentro del proceso para acompañar la
posición de la universidad. Reiteran el apoyo al profesor Yaroslav José
Chavarrio Alvarado por considerarlo un gran docente, de buenas calidades
humanas. Dicen entre otras cosas,
“[…]; ratificamos la posición y
las palabras de sus compañeros de clase de Conmutación Digital, los cuales
argumentan en sus documentos y en las reuniones a las que han asistido que
durante clase en referencia los hechos no acontecieron de la forma en que dice
el estudiante Ledezma Leudo, que sí existió por parte del docente el uso del
término negrero pero que en ningún momento [haciendo] alusión a algún tipo de
discriminación sino que lo utilizó como referencia a un ejercicio que estaba
explicando en clase, que el estudiante en cuestión trascurrido algún tiempo
solicito al docente realizar una disculpa pues se sentía discriminado por este
término y que el docente respectivamente explicó que el término lo usó
netamente como un término cotidiano de ejemplo de trabajo y que en ningún
momento quiso referirse al estudiante Ledezma Leudo ni a su tipo de raza”.[295]
3. Heiler Yesid Ledezma Leudo
Durante el tiempo que el proceso ha sido conocido por la
Sala de Revisión, el accionante Heiler Yesid Ledezma Leudo ha participado en
varias ocasiones.
3.1. El 17 de marzo de 2011, remitió una comunicación en la
que presentó su promedio académico REAL (3,6375). Adjuntó copia de las
calificaciones de las asignaturas cursadas por él en el ciclo de Ingeniería en
Telecomunicaciones en la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas.[296]
3.2. El accionante aclaró (9 de marzo de 2011) que activar
el Convenio entre la Universidad Distrital y la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia ha sido la única manera de que su derecho a la educación no se vea
obstaculizado.[297]
3.3. Posteriormente (12 de abril de 2011), Heiler Yesid
Ledezma Leudo le informó a la Sala de Revisión que cumplió con los requisitos
académicos y sólo le hace falta sustentar su tesis de grado.[298]
Después (20 de mayo de 2011), el accionante demostró que el
promedio de su carrera suministrado por la Universidad Distrital a la Juez de
primera instancia, supuestamente de dos punto ochenta y uno (2.81), era errado.
El promedio que se ha debido reportar al proceso judicial era de tres punto
veintiocho (3.28).[299]
3.4. El actor también informó a la Sala de actuaciones
sesgadas y parcializadas en contra de su hermano gemelo, Heicer Enrique Ledezma
Leudo, al sustentar la tesis que presentaron conjuntamente.[300]  Remitió copia de la
comunicación en la que éste (Heicer Ledezma) le explicó al Consejo Curricular
respectivo de la Facultad Tecnológica lo ocurrido con el profesor Henry Montaña
Quintero.[301]
3.5. El 14 de julio de 2011, el accionante puso en
conocimiento de la Sala de Revisión un documento suscrito por Bienestar
Institucional con ocasión a la reunión del Grupo Étnico de Gestión de la
Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’, “[…] en donde se
evidencian algunas anomalías consistentes en escenarios de discriminación de
tipo racial fomentados por parte de personal docente y administrativo, generadores
de gran impacto en el plano personal (psicológico, afectivo y emocional).”[302] En
tal contexto se analizó el nuevo caso de Heicer Ledezma. El Acta de la reunión
dice, entre otras cosas, lo siguiente,
“Heicer Ledezma expone
detalladamente y con documentos que sirven de soporte de sus afirmaciones, el
caso de racismo del que tanto él como su hermano han sido víctimas.
Seguidamente, el profesor Rosendo
de la Universidad Distrital señala que existe la necesidad de que los
estudiantes afrocolombianos de la UDFJC se gradúen y en ese sentido, añadió que
una institución de educación superior como la Distrital no soportaría que se
discriminara a cualquier estudiante puesto que ese tipo de conductas son
inadmisibles en cualquier docente. Más adelante el profesor Rosendo señaló que
conoció de primera mano la situación relacionada con los hermanos Ledezma ya
que es docente de la Facultad Tecnológica donde se dieron los hechos y por ello
cree que efectivamente Heicer Ledezma fue víctima de discriminación  más no de
racismo por parte de un docente de la Universidad Distrital, puesto que la
conducta del docente de romperle en la cara el documento entregado por el
estudiante contraría la ética docente e incluso sus argumentos violan una parte
fundamental del estatuto estudiantil en relación con los trabajos de grados.
Posteriormente, el profesor
Rosendo señaló que desafortunadamente en la sociedad colombiana existe un
problema cultural de fondo relacionado con la forma soterrada como se
manifiestan las conductas racistas y esa misma situación se reproduce dentro de
las instituciones educativas, las cuales en la mayoría de los casos son
aceptadas por los docentes o directivos de las instituciones. Respecto a lo
anterior el profesor Rosendo preguntó ¿de qué forma se podría tipificar y
exponer las tendencias o conductas racistas dentro de la Universidad Distrital
FJC? Finaliza señalando que es claro que en la Universidad Distrital se deben
alfabetizar a todos los docentes, puesto que no se deben admitir este tipo de
conductas.”[303]
Al final, el Acta indica que se llegaron a las siguientes
conclusiones,
“Dentro de las conclusiones más
importantes de la reunión se estuvo de acuerdo en que efectivamente los
hermanos Ledezma son víctimas claras de racismo y discriminación por parte de
algunos docentes de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital FJC. En
tal sentido, se acuerda realizar un proceso de acompañamiento a los hermanos
Ledezma como mecanismo para que logren graduarse sin más contratiempos y de
manera más justa. Al respecto, los hermanos Ledezma señalan que ellos están
realizando las correcciones y ajustes necesarios sugeridos por el profesor que
tiene asignado el documento.”[304]
A parte de tener que acompañar el proceso de graduación y de
calificador externo de los hermanos Ledezma Leudo, se presentaron otras
propuestas generales para la Universidad así,
“1) Crear un plan de acción contra
el racismo y la discriminación racial que incluya denuncias, reconocimiento
público y solicitud de perdón en espacios públicos por parte de los directivos
y profesores de la universidad que estén vinculados con este tipo de prácticas.
2) Formar y capacitar a los
directivos y demás funcionarios de la Universidad en temas de racismo y
discriminación racial que incluya todas las autoridades académicas y
administrativas, independientemente de su nivel jerárquico.
3) Formular y llenar de contenido
la propuesta de creación de un Comité de arbitramento en los temas de racismo y
discriminación racial.
4) Discutir y trabajar la
propuesta de creación de una comisión académica, protocolo contra el racismo o
instancia académico-administrativa para dirimir los casos de calificación a
estudiantes afros.”[305]
3.6. El 19 de diciembre de 2011 el accionante Heiler Yesid
Ledezma Leudo presentó copia de la decisión mediante la cual se había decidido
sancionar a Frank Nixon Giraldo Ramos (Coordinador de ingeniería en
telecomunicaciones) y a Harold Vacca González (profesor que había investigado
el caso de racismo) con dos meses de suspensión en el ejercicio de su cargos.[306] La
Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Personería de Bogotá sancionó
el 15 de diciembre de 2011 a los profesores en cuestión por considerar que
habían violado el derecho al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo.
En el caso del profesor Harold Vacca González se indicó lo
siguiente,
“[…] se le cuestiona dentro de
este plenario, no adelantar la investigación disciplinaria referente al caso de
posible racismo del profesor Yaroslav Chavarrio, respecto al estudiante Heiler
Yesid Ledezma para la cual fue asignado […]
[…] las diligencias realizadas por
el profesor Vacca González, concluyeron con un informe en el que se determina
que no hubo actos de racismo, ni irrespeto por parte del profesor y por tanto
no amerita apertura, ni proceso disciplinario alguno; es decir que no se
realizó investigación, pero culmina con una decisión de fondo, porque se llega
a la conclusión que no hubo actos de racismo, lo que equivale a una decisión de
fondo, porque decidió el asunto de la queja y frente a la cual guardando el
respeto al debido proceso debía tener la oportunidad el quejoso de recurrir
ante una instancia superior, para que se revisara la actuación y la decisión en
caso de inconformismo frente a esa decisión, pero no se le brindó esa
oportunidad, menoscabando abiertamente el debido proceso, especialmente el
principio de la doble instancia que se encuentra instituido en Colombia para
actuaciones judiciales y administrativas.
Al respecto se pregunta el
despacho ¿si no hubo proceso disciplinario, entonces como se concluye que no
hay conducta racista?  Llegar a esa afirmación implica la recopilación de un
material probatorio y el análisis del mismo, pero por supuesto que respetando
las formas propias del juicio y con mayor veras en tratándose de un proceso con
características de derecho sancionatorio, el cual requiere de algunas
ritualidades.
Tanto es que se dio por concluida
la investigación con el informe del docente Vacca González que la misma
Rectoría de la Universidad en la respuesta que da a los Despachos Judiciales
referentes a la tutela impuesta y en las comunicaciones que se libran, como se
observa a folios 158, 161 y 243, afirma que no existió hecho de racismo alguno
por parte del profesor Yaroslav Chavarrio, cuando ya en la presente
investigación vemos cómo fue que se realizó la investigación al citado
profesor.
[…] a lo expuesto, no son de
recibo las exculpaciones del disciplinado y su defensa concluyendo el Despacho
que el cargo endilgado al profesor Harold Vacca González, no fue desvirtuado y
por el contrario está llamado a prosperar.”
Con relación al profesor Frank Nixon Giraldo Ramos, el
pronunciamiento de la Personería de Bogotá indicó que en su calidad de Director
del Consejo Curricular, había aceptado la investigación presentada por el
profesor, a pesar de su incongruencia. Al respecto dice lo siguiente,
“[…] se le cuestiona dentro de
este plenario, que en su condición de Coordinador del Proyecto curricular, al
ordenar la investigación disciplinaria contra el profesor Yaroslav Chavarrio,
por el posible caso de racismo respecto al estudiante Heiler Yesid Ledezma, no
dio aplicación al procedimiento establecido en el capítulo 2 del Acuerdo N° 011
de 2002, toda vez que no profirió el auto formal de apertura que indica la
citada norma para iniciar el proceso, al cual debía proceder por cuanto se
había puesto en conocimiento los hechos por parte del alumno Ledezma, mediante
queja escrita.
Además, porque siendo quien
preside el Consejo Curricular de Electrónica, acogió el informe presentado por
el investigador, con todas las inconsistencias presentadas en la investigación.
[…]
[…] se le reprocha [como primer]
cargo específicamente, el no haber proferido el auto formal de apertura que
indica la citada norma para iniciar el proceso.
Al respecto, considera el Despacho
que si bien el acuerdo habla de un auto formal de apertura, el escrito con el
cual se ordenó la investigación, contiene los elementos señalados en dicho
reglamento, como es, que se trata de uno de los funcionarios que dicha norma
faculta para ordenar la investigación, que se tenía conocimiento del hecho a
través de un aqueja de un estudiante y que ofrecía serios motivos de
credibilidad; además que el auto formal de apertura, es un auto contra el que
no proceden recursos, por tanto tal con dicho escrito, a la luz del artículo 116
del estatuto del profesor, no se vulneran derechos de ninguna de las partes,
por ende concluye el Despacho que se trata de un formalismo que no transgrede
de manera ostensible el debido proceso, por lo que se considera que este cargo
no está llamado a prosperar.
No ocurre lo mismo, con el segundo
cargo endilgado al señor Giraldo Ramos, consistente en que siendo quien preside
el Consejo Curricular de Electrónica, acogió el informe presentado por el
investigador, con todas las inconsistencias presentadas en la investigación. Al
respecto como ya vimos en el análisis efectuado respecto al cargo atribuido al
profesor Harold Vacca González, análisis que será tenido en cuenta en su
totalidad también para este cargo; está evidenciado que el docente investigador
adelantó una investigación disciplinaria contra el profesor Yaroslav Chavarrio,
desconociendo los preceptos establecidos en el estatuto del profesor, los
preceptos legales referentes a las ritualidades de la prueba testimonial y
tampoco se respetó el debido proceso en cuenta a los recursos de ley.
[…] no son de recibo las
exculpaciones del disciplinado y su defensa, concluyendo el Despacho que el
segundo cargo endilgado al profesor Frank Nixon Giraldo Ramos, no fue
desvirtuado y por el contrario está llamado a prosperar.”
La Personería Delegada consideró que le “preocupaba
[…] la usanza de lo que se hace en la Universidad Distrital en materia de
procedimientos para disciplinar a sus docentes, conforme a lo expuesto por los
investigados y probado en el presente investigativo, desconoce el imperio de la
Constitución Política, la ley disciplinaria y los mismos reglamentos expedidos
por el ente Universitario para tal fin y que se mire el tema como meramente
académico, desconociendo y despreciando el aspecto jurídico al que deben
ceñirse estas actuaciones, máxime que tienen carácter sancionatorio; no es
aceptable para este Despacho que se creen prácticas impuestas por la usanza
académica, en total contravía con el sistema jurídico imperante, toda vez que
en nuestro ordenamiento legal no opera el derecho consuetudinario, sino la
aplicación de procedimientos previamente establecidos, todo ello regido por los
principios Constitucionales de legalidad y debido proceso.”[307]
La Personería Delegada respectiva, además de imponer las
sanciones indicadas, remitió copia de la totalidad del expediente a la
Procuraduría General de la Nación, para que se investigue al profesor Yaroslav
José Chavarrio Alvarado.
3.7. Finalmente, Heiler Yesid Ledezma Leudo, presentó a la
Sala de Revisión un certificado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, con el resultado del 100% de las materias
cursadas. Además, el resultado de la evaluación de su trabajo de grado.
4. Alianza Colectiva Multi-Étnica Estudiantil de la
Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, ACME-UD
El primero de junio de 2011, la Alianza Colectiva
Multi-Étnica Estudiantil de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas
(sociedad multipresidida) participó dentro del proceso ante la Sala de
Revisión, para acompañar los argumentos del accionante. Además de reiterar lo
dicho por éste, se cuestiona detalladamente, frase a frase, la participación
del Rector de la Universidad Distrital ante la Corte Constitucional.[308]
4.1. En especial aclaran que el accionante, si bien tiene
carácter, no es una persona que irrespete a los demás y, mucho menos, que
llegue hasta agresiones físicas. A su parecer se trata de afirmaciones que se
presentan sin sustento alguno”.[309]
4.2. Rechazan que el Rector de la Universidad reconozca que
haya ocurrido un hecho de discriminación en la clase del profesor Yaroslav
Chavarrio, pero que lo denomine tan sólo como un ‘hecho bochornoso’ y,
más grave aún, que oculte la gravedad de lo ocurrido, al sostener que fue una
analogía no concluyente que ‘bien pudo obviarse’. De la misma manera
como consideran reprochable que la Decana haya remitido información errada al
juzgado de primera instancia.[310]
4.3. Cuestionan el supuesto servicio especial que afirma el
Rector de la Universidad, que se brinda a la población afrodescendiente. “[…] Nunca
se aplica en la realidad. Es ampliamente sabido en la comunidad universitaria
que el trato que han recibido los Afrodescendientes no es diferente del trato
inhumano que ha recibido el estudiante Heiler Yesid en el caso de racismo que
motiva la acción de tutela.”[311]
4.4. Los estudiantes rechazan que el Rector de la
Universidad Distrital considere, aún, que el concepto de ‘raza’ tiene validez
como criterio de clasificación en ciencias naturales. Dicen al respecto,
“Primero debemos aclarar que no
existen las razas humanas, de manera que esta afirmación en sí demuestra la
falta de claridad y conocimiento que tienen estos dos representantes
estudiantiles con respecto a la discriminación racial y conceptos de etnia. Si
bien aún se usa la palabra racismo cotidianamente, esta deriva de un error de
concepto históricamente reproducido respecto a la falsa creencia de que el
color de la piel de los seres humanos clasifica a estos en ‘razas’, error que la
Ciencia genética demostró hace décadas con respecto a las anteriormente
llamadas razas humanas. Así, aunque aún se use bibliográfica y coloquialmente
la palabra ‘racismo’ para enunciar la discriminación que sufre un individuo en
virtud de su etnia, es claro que la palabra racismo no demuestra la existencia
de razas humanas.
Habiendo hecho esta aclaración nos
permitimos argumentar que es impensable siquiera suponer que Heiler Ledezma
opte por este tipo de comportamiento en escenarios en los que evidentemente es
minoría. Era el único estudiante Afrodescendiente de la clase. Pero más allá de
razones numéricas que evidencian que efectivamente [era] minoría, [… el
estudiante] siempre se ha enorgullecido de llevar en lo más alto las insignias
de la Universidad Distrital independientemente de la conformación
étnica-poblacional de la institución.”
4.5. La intervención fue suscrita por trescientas veintiséis
(326) personas que escriben su nombre, código como estudiantes de la
universidad, documento de identificación y firma.
4.6. Finalmente, se adjuntó copia de la carta de abril 7 de
2011 del representante estudiantil Paterson Steven Rodríguez Chaparro, dirigida
a la Alianza Colectiva Multi-Étnica Estudiantil.[312]
5. Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN
El Director Ejecutivo de la Asociación, Bernardo Rivera Sánchez,
intervino en el proceso para defender la posición de la Universidad acusada, en
los siguientes términos,
“Resulta incuestionable que en un
Estado de Derecho como el nuestro, el trato discriminatorio por circunstancias
como la señalada por el accionante, no puede tolerarse, y debe ser respondido
por la autoridad respectiva con acciones de verificación e investigación,
dentro del marco normativo que le otorga la autonomía universitaria.
Esas acciones se llevaron a cabo
por la Universidad, con lo cual se destaca la importancia que la institución le
otorgó a la queja. Por esta razón no se puede aceptar tampoco se puede admitir
que se haya producido violación del artículo 13 de la Constitución, así como
tampoco se puede admitir que exista violación de los artículos 67 y 68 ibídem,
pues en manera alguna se le ha negado al accionante el acceso a la educación o
se ha negado a los grupos étnicos ‘derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural.’
Respecto a la libertad de cátedra,
tal y como lo consignó la Corte Constitucional (T-588 de 1998), no podemos
desconocer que la ‘independencia y autonomía de cátedra otorgada al docente
está sujeta a límites que surgen del respeto a otros derechos constitucionales
y de la conformación  misma del proceso de aprendizaje.’  Pero en el caso
presente, la queja del estudiante no está dirigida al contenido de la cátedra,
sino a un comentario marginal, cuya interpretación y alcance solamente puede
definirse al interior de la institución y con la participación de los
involucrados. […]
Por lo anterior, se considera
entonces que la presencia misma del accionante en la universidad es expresión
de respeto a las normas constitucionales y el trámite de ésta para verificar
las quejas del estudiante, demuestran que el ente educativo ha tenido interés
en investigar los hechos con prontitud.”[313]
6. RedAfro
El Presidente de RedAfro, Donaldo Barrios Gelez, participó
en el proceso para defender la posición de Heiler Yesid Ledezma Leudo. Luego de
hacer varias anotaciones conceptuales, la intervención dijo lo siguiente, [314]
“Siendo el respeto hacia las
minorías étnicas una obligación del estatuto universitario, el docente Yaroslav
Chavarrio, debió ir más allá del cuidado que el general de las personas deben
tener por el derecho de los afrodescendientes a no recibir tratos
discriminatorios, esto es, no permitir que en el desarrollo de su cátedra se
menoscabe la moral de un estudiante en razón de su pertenencia a un grupo
étnico. De las pruebas se infiere que el docente no sólo permitió que en sus
clases se mostrara la ‘raza negra’ como aquella que puede ser sometida a
trabajo sin descanso bajo los latigazos del amo, sino que también actuó en
forma discriminatoria.
La norma violada no es sólo una
disposición inspirada en conservar el orden de la universidad, ésta constituye
el reconocimiento y vigencia del principio universal y constitucional de la no
discriminación por razón de la raza, por lo que no vemos en el acto una simple
violación (si hay violaciones simples), se trata de un acto que vulnera
derechos fundamentales de un estudiante aún en contra del estatuto docente de la
institución, conducta que merecía un control por parte del estamento
universitario competente. En el mismo sentido atribuimos un reproche social a
la conducta omisiva del Consejo Curricular al considerar que no era necesario
repara el daño.
Dora Marcela Martínez, Decana de
la facultad tecnológica en su contestación a la tutela, al referirse a los
hechos de discriminación racional plantea breve y lapidariamente, ‘no fue de
manera intencional o despectiva’ aparte de esa breve justificación a los actos
despectivos protagonizados por el docente Yaroslav Chavarrio, contra los
negros, no volvió a tratar el tema.
La defensa de la Universidad
Distrital […] frente a la acción instaurada por Heiler Yesid Ledezma, se
fundamentó en tratar de demostrar que el accionante no tiene un rendimiento
académico sobresaliente como éste lo predica en la demanda, no teniendo esto
ninguna relevancia jurídica para el caso y la identificación del demandante
como víctima. También se esmera la accionada en demostrar que en el ejercicio
de la autonomía universitaria, el Consejo Curricular, podía negar o aprobar las
solicitudes del estudiante en el sentido de ser instruido y evaluado por otro
docente que no lo discriminara.
El concepto de la Corporación
RedAfro, es que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, trata de
invisibilizar una conducta claramente discriminatoria que se da al interior de
su plantel educativo que viola desde los tratados internacionales en contra de
la discriminación por razón de la raza, trasgrediendo los principios de nuestra
constitución política.”
7. Movimiento Cimarrón
Juan de Dios Mosquera Mosquera, en su calidad de Presidente
del Movimiento, participó dentro del proceso, para apoyar el reclamo de
justicia de Heiler Yesid Ledezma Leudo.
7.1. A juicio del profesor Mosquera, el racismo en Colombia
tiene origen en la ideología de la sociedad esclavista, la cual,
desafortunadamente, persiste a través de los prejuicios y de los estereotipos.
“El Racismo en Colombia tuvo su
origen en la ideología de la sociedad esclavista, imperial, colonial, impuesta
por los españoles y europeos, en el continente americano para adueñarse de los
territorios, oro y tantas riquezas, destruyendo a las sociedades indígenas y
cometiendo el crimen de lesa humanidad, de secuestrar desde África
violentamente a millones de personas de los pueblos como blanco, impuso en la
sociedad colonial por la fuerza la creencia de que era un ser superior,
civilizado y cristiano a quien Dios había dotado de alma e inteligencia, y el
papa les había dado el poder de conquistar, dominar y cristianizar a los
pueblos indígenas y africanos.
El colonizador español, después de
crear el NEGRO, impuso la creencia de que las personas africadas esclavizadas
eran inferiores, salvajes y paganas, que su Dios había creado sin alma y como
animales, con una fuerza salvaje para el trabajo y sin inteligencia, y
destinados a servir y ser esclavos eternos de los blancos; estas creencias
racista fueron integradas a la conciencia colectiva como principal ideología de
la sociedad junto al cristianismo, durante toda la sociedad colonial y
republicana esclavista, de esta ideología surgieron los estereotipos que siguen
afectando la sicología colectiva de la población colombiana en la actualidad,
cuando se abolió la esclavitud en Colombia en 1851 esta visión se siguió
transmitiendo de generación en generación, sin ningún cuestionamiento y
sirviendo de justificación de la Discriminación Racial.”
7.2. El profesor Mosquera resalta que la reproducción de los
prejuicios y estereotipos racistas están en el aire. Las personas las
reproducen en diversos ámbitos y contextos, casi de manera inconsciente.
“Medios de reproducción del
racismo:  la ideología del racismo, es como el aire, siempre está en el
ambiente colectivo e individual y lo respiramos todas las personas sin
distingos de color de piel o clase social, está presente en los aparatos
ideológicos y el sistema de comunicación, formal e informal, que forma o
deforman la opinión pública y la identidad cultural dentro de la sociedad
colombiana. El racismo se reproduce y difunde a través de:
-
El lenguaje
-
Los medios de comunicación
-
La publicidad
-
La educación
-
La religión
-
La visión de la filosofía y el
arte
-
Los chistes
-
La lúdica
-
Los gestos
La presencia del adjetivo negro
como sustantivo para referirse o dirigirse a las personas afro o personas
negras, es una herencia directa del esclavismo, en el trato de los españoles
con las personas africanas esclavizadas.
Hoy no podemos seguir utilizando
estos términos racistas, no podemos seguir hablando como los esclavistas y
reproduciendo el sentido de su lenguaje denigrante de las personas negras, es
necesario construir una nueva visión de nuestra africanidad y
afrocolombianidad, una visión crítica de la historia de las ciencias sociales y
el compromiso con el discurso ético, político de los derechos humanos, que nos
convocan asumir la tarea de criticar y contextualizar el lenguaje que hemos
heredado y enaltecer nuestra afrocolombianidad, restableciéndoles a las
personas afros la dignidad humana ignorada y ultrajada,”
8. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
La intervención de la Facultad fue remitida por el Profesor
Asociado Gregorio Mesa Cuadros. Luego de hacer referencia al problema jurídico
del caso, al principio de no discriminación racial, a la libertad de cátedra y
a la autonomía universitaria, la intervención presenta la posición de la
intervención así,
“Para la Facultad […] en el caso
en discusión sí existe discriminación racial en la Universidad Constitucional y
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en atención a que las
conductas son coincidentes con las definiciones elaboradas por la misma Corte
que indican la conducta discriminatoria a partir de ‘toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza’ que menoscaba
los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier esfera de la
vida pública, vulnerando el derecho a la igualdad y se constituyen en una
ofensa profunda contra varios de los principios que sustentan nuestra comunidad
política y la sociedad internacional.  ||  […] la práctica de discriminación
realizada por los profesores afecta no sólo derechos fundamentales sino que
también desconoce la existencia de afrocolombianos como individuos y como
colectivos que conforman la sociedad multicultural colombiana.
[…]
De las pruebas aportadas en la
tutela, resulta palmaria la existencia de un sistema de discriminación racial
en la Universidad Distrital de Colombia: algunos profesores (dos en concreto)
evidencian ante sus estudiantes actitudes racistas (el uno pone un ejemplo en
donde ridiculiza a los negros en general, y aun estudiante en particular, y se
niega a corregir o aclarar la situación oportunamente; el otro evalúa
injustificadamente un trabajo igual con notas diferenciales, en donde la menor
resulta en detrimento de un estudiante afrodescendiente), la investigación
posterior no sólo deriva en impunidad de sus actitudes sino en re-victimización
de los agredidos, las autoridades universitarias aducen razones procedimentales
para no enfrentar de fondo el problema y la conclusión general que queda en el
aire es que un docente puede recaer en esas conductas sin que suceda nada,
amparado en la libertad de cátedra y en la dificultad que entraña probar sin
dejar duda actitudes racistas.”[315]
9. Centro de Estudios en Derecho Justicia y Sociedad,
DeJuSticia, y el Observatorio de Discriminación Racial
El Centro de Estudios DeJuSticia actuando en nombre propio y
como miembro del Observatorio de Discriminación Racial,[316] participó en el
presente proceso de acción de tutela, para indicar que a su parecer los
derechos del accionante sí fueron vulnerados.[317]
9.1. Luego de analizar los alcances de los derechos
involucrados en el caso (la libertad de cátedra y de expresión, por una parte,
y los derechos a la igualdad y a la prohibición de discriminación por otra), en
especial a propósito de los discursos de odio, se proponen cuatro criterios de
ponderación en casos de conflicto entre los derechos a la libertad de cátedra y
la prohibición de discriminación. Dice la intervención al respecto,
“A nuestro juicio, deben tenerse
en cuenta los siguientes aspectos: (i) que el discurso sea difundido en
ejercicio de la relación de poder derivada de las actividades docentes, (ii)
que no tenga pertinencia en la explicación del tema, (iii) que profundice una
segregación racial, y (iv) que las afirmaciones estén movidas por el odio o
prejuicios sociales.”[318]
9.2. Para DeJuSticia, los cuatro criterios son aplicables al
presente caso, así,
“El primer requisito se cumple con
claridad pues el discurso se presentó en desarrollo de las actividades docentes
como profesor de la asignatura de Comunicación Digital y en horario de clase.
Por lo tanto el discurso se desarrolló en desarrollo de la relación de poder derivada
de su condición de profesor y actuó en el escenario de enseñanza y aprendizaje
en el que sus alumnos están receptivos a las ideas que de él vengan.
Frente a la pertinencia del
comentario, el ejemplo hacía referencia al alto grado de ocupación del trabajador,
pero esto no requería extenderse en la condición de la población negra, ni
relacionarla con la esclavitud, con la violencia física a la que fue sometida,
pues no son pertinentes para la explicación del caso. Además de que no venía al
tema, no tenía necesidad de enfatizar, de la forma en que lo hizo, en la
condición racial y la esclavitud, ni mucho menos recalcar la cuestión en uno de
sus alumnos.
El comentario además tiene un
contenido que profundiza una diferencia racial innecesariamente, lo cual no
responde a los criterios de igualdad. En caso de un auditorio universitario,
para explicar el tema al que hacía referencia el profesor, no se necesitaba
llamar la atención sobre una diferencia racial, ni hacer énfasis en ella de la
forma en que lo hizo el docente. De este modo, el docente refuerza una división
desafortunada en la historia que ha generado y genera aún, las distinciones más
graves en cuanto al goce de derechos.
Ante el elemento de odio o
prejuicios sociales, la pantomima que acompaña al discurso evidencia un
elemento burlesco que denota un trato irrespetuoso y denigrante de la población
afrodescendiente. El énfasis en la idea de ‘trato negrero’, lejos de tener un
matiz crítico frente al pasado de esclavitud que padeció esta población, revela
más bien una intención de ubicar a los afrodescendientes en el lugar de los
subalternos. El elemento de violencia está presente en la forma de expresión
del docente: la burla constante, los gestos que hacía con las manos y la
inferencia que se hace cuando señala que es motivo de risa que uno de sus
estudiantes pueda verse reflejado en tal situación de esclavitud.
Por todo lo anterior, consideramos
que las expresiones del docente Yaroslav Chavarro corresponden a un discurso
discriminatorio. En este sentido, consideramos que hubo una vulneración del
derecho a no ser discriminado del peticionario y que resulta válido limitar la
libertad de cátedra y la libertad de expresión en aras de proteger el derecho a
la igualdad y de preservar la prohibición de discriminación.”
9.3. Finalmente, la intervención contextualiza el caso en el
entorno de discriminación existente en Colombia y hace algunas propuestas
concretas con relación a qué medias adoptar en razón a la violación a los
derechos del accionante que se constata en el proceso.[319]
A la intervención le interesa, en especial, resaltar que el
racismo y la discriminación por raza, siguen siendo elementos presentes en la
vida cotidiana del País. Dice al respecto,
“La segregación persiste y no
encuentra una posibilidad viable para eliminarla en las políticas públicas del
país. Se ha avanzado en algunos aspectos como el reconocimiento de la
etnoeducación, pero la puesta en marcha de las ideas y proyectos no ha sido lo
más favorable. Precisamente muchos actos de discriminación no son reconocidos
como tales y menos aún existen acciones que los combatan.
Concretamente en materia de
educación, los resultados siguen reproduciendo una exclusión social. El
escenario de aprendizaje tiene la capacidad de dotar a las personas de
herramientas para tomar un papel activo y participativo en la gestión de lo
público y la exigibilidad de derechos, pero cuando esto se acompaña de una
calidad y un acceso precario, el producto será la constancia de la segregación
y la ausencia de derechos.
La Ley General de Educación tiene
dos avances puntuales para las comunidades afrodescendientes: reconoce la
necesidad de tomar medidas para eliminar los estereotipos que fomentan la
discriminación racial y de implementar la etnoeducación. La búsqueda del primer
objetivo se ha enfocado en la creación de una cátedra obligatoria de Estudios
Afrocolombianos, y la del segundo, en el nombramiento de docentes con un perfil
de etnoeducadores. Aunque esto representa un avance, debe trabajarse también en
otros campos, como el programa de estudios, los temas y la metodología. Y en
relación con el primer propósito, en otras formas de eliminar la
estigmatización y tomar medidas que la sancionen.
Lo cierto es que si existe un
espacio en el que se pueda generar un cambio e impulsar una sociedad más
incluyente y democrática, ese espacio es la educación, desde los contenidos que
allí se imparten, hasta la forma de funcionamiento de las instituciones y el
perfil y papel de los docentes. Por lo tanto, siempre debe haber una
coordinación de los actores claves en este proceso para orientar las acciones
que conlleven a la eliminación de las diferentes formas de discriminación
racial en Colombia.”[320]
Segundo anexo
Índice
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
2. Argumentos y solicitud
3.
Participación de la Facultad Tecnológica, de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
4. Decisión judicial de primera instancia
5. Impugnación
6. Decisión judicial de segunda instancia
7. Solicitud de la Defensoría del Pueblo
8. Participaciones por solicitud de la Sala de
Revisión
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
2. Problemas jurídicos
3. En un
estado social y democrático de derecho están proscritos los escenarios de
discriminación
3.1. Protección efectiva de los
derechos de las personas frente a actos de discriminación; aspectos jurisprudenciales
3.1.1. Actos
discriminatorios
3.1.2.
Discriminaciones estructurales
3.1.3.
Pruebas de actos discriminatorios
3.2. La jurisprudencia
constitucional en materia de actos discriminatorios es reiterada, amplia,
constante y pacífica
3.2.1. Los actos
discriminatorios pueden ser de diversos tipos y clases
3.2.2. Los
actos razonables y proporcionados constitucionalmente no son actos
discriminatorios; no sólo se explican sino que se justifican
3.3. Jurisprudencia
constitucional sobre protección actos discriminatorios basados en raza y
estereotipos racistas
3.3.1.
Protección de la población afro colombiana, negra o raizal
3.3.2.
Estereotipos racistas
3.4.
Escenario de discriminación
3.5.
Conclusión
4. La
libertad de cátedra es un derecho fundamental en un estado democrático, social
y de derecho
4.1. La
libertad de cátedra, un derecho complejo
4.2. Los
límites a la libertad de cátedra se justifican en la necesaria o adecuada
protección de otros derechos constitucionales fundamentales
4.3. La
libertad de cátedra y su relación con la libertad de expresión
4.4. La
libertad de cátedra y la autonomía universitaria
4.5. Derechos fundamentales
complejos, tensiones constitucionales complejas
4.6.
Conclusión
5. Toda persona tiene el derecho
constitucional a que quien tenga la autoridad docente no reproduzca
estereotipos racistas en clase, en especial si es un sujeto de especial
protección constitucional frente a discriminaciones por razones de raza
5.1.
Participación y diálogo en la educación y las tecnologías de comunicación; como
estrategia de creación de un escenario de protección constitucional frente a
los estereotipos y a los vacíos en el conocimiento, fundados en raza
5.2. La
defensa de las personas frente actos discriminatorios fundados en el criterio
de ‘raza’, en el ámbito de la educación; una lucha emblemática en la historia
constitucional reciente
5.2.1. Brown
v. Consejo de Educación de Topeka[321]
5.2.2.
Declaración y Plan de acción de Santiago
5.3. Protección frente a los usos
de las expresiones y palabras
5.4.
Conclusión
6. Heiler Yesid Ledezma Leudo
fue sometido a un escenario de discriminación en la clase del profesor Yaroslav
José Chavarrio Alvarado
6.1. Lo que
ocurrió en clase
6.2. El
significado de lo ocurrido
6.2.1.  La
expresión usada ‘negrear’
6.2.2. Se
preservó y promovió el uso de un estereotipo racista en una clase universitaria
con la investidura de docente
6.2.3.  El
escenario de discriminación.
6.2.4. El
escenario de discriminación al que fue sometido Heiler Yesid Ledezma Leudo no
es razonable
6.3. Conclusión y cuestión final
7. La Universidad Distrital
Francisco José de Caldas desconoció los derechos de protección a la no
discriminación y al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo
7.1. El orden
constitucional vigente hace parte de la regulación de la Universidad Distrital;
uno y otro se retroalimentan y potencian, no se oponen
7.2. Pese a
las reglas aplicables, y las conclusiones y recomendaciones del profesor
investigador, no se tomó medidas de protección
7.3.
Desconocimiento del debido proceso en el trámite de la queja por haber sido
sometido a un acto discriminatorio fundado en razones de ‘raza’
7.4.
Conclusión
8. Órdenes
8.1.
Carencia de objeto
8.2. Medias
a tomar para proteger los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la
dignidad del accionante
8.3. Evento
público y simbólico
8.4. Medias
de prevención
8.5.
Peticiones adicionales
9. Comentarios finales
10. Conclusión
III. DECISIÓN
Primer
anexo - Intervenciones y participaciones ante la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional
1. Profesor Yaroslav José
Chavarrio Alvarado
2. Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
3. Heiler Yesid Ledezma Leudo
4. Alianza
Colectiva Multi-Étnica Estudiantil de la Universidad Distrital, Francisco José
de Caldas, ACME-UD
5. Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUN
6. RedAfro
7. Movimiento Cimarrón
8. Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
9. Centro de Estudios en
Derecho Justicia y Sociedad, DeJuSticia, y el Observatorio de Discriminación
Racial
Segundo
anexo    -  Índice
[1]
El expediente fue seleccionado por la Sala de Selección Número Uno de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Humberto
Antonio Sierra Porto. La Defensoría del Pueblo participó dentro del proceso
para solicitar a la Corte Constitucional la selección de la acción de tutela de
la referencia.
[2]
Dice en su demanda: “(…) siempre me he caracterizado y destacado por ser uno de
los mejores alumnos que tiene la facultad de tecnología de la Universidad Distrital.” [La acción de tutela está en el expediente, cuaderno principal, folio
1]. (En adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace
parte del cuaderno principal a menos que se diga expresamente otra cosa).
[3]
Dice en su demanda: “El docente nunca se disculpó en mi presencia, lo cual
causó mucha tristeza en mí, ya que este docente es conocedor de mi trayectoria
en la universidad, donde he sobresalido y he dejado en alto a la Universidad gracias a mis aportes al país y a la visión y misión científica de la universidad
(junto a mi hermano gemelo Heicer Enrique Ledezma, estudiante de Ingeniería en
Control Electrónico de la misma Universidad) en materia de Ciencia y
Tecnología. Esto evidenciado en el impacto social que han generado nuestra
investigaciones a lo largo de más de 3 años de investigación en actividades
científicas como:   - participación como investigador en el desarrollo del
primer satélite artificial colombiano, Libertad 1, puesto en órbita en Abril de
2007 por la Universidad Sergio Arboleda.  ||  - Participación en congresos
internacionales de ciencia organizados por la Federación Internacional de Sociedades Científicas, en donde hemos dejando en los más alto el
nombre de la institución.  ||  - Condecoración Premio ‘Benkos Biohó’, que no
fue otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como 2 de los 10
afrodescendientes más destacados de los últimos tiempos, en ceremonia solemne
realizada el 13 de mayo en el teatro Jorge Eliecer Gaitán junto a más
personajes afro destacados.  ||   Sin embargo, el docente prefería representar
en la comunidad estudiantil mi imagen de afrodescendiente como la de un simple
‘esclavo negro’, en lugar de procurar exaltar las cosas positivas como las que
acabo de mencionar (sin el ánimo de sonar alabancioso), como lo haría cualquier
profesor o profesora normal que se enorgullece de los logros de sus estudiantes
independientemente de su identidad étnica.”
[4]
Publicación Siglo 21, Edición 282, Septiembre 2 al 8 de 2010.
[5]
Copia de la comunicación remitida al Consejo curricular, el 28 de abril de
2010. (folio 28).
[6]
Copia de la comunicación remitida por el Consejo curricular después del 7 de
mayo de 2010. (folio 30).
[7]
Copia de la comunicación remitida al representante estudiantil, el 11 de mayo
de 2010. (folio 32).
[8]
Así lo hizo, por ejemplo, en comunicación del 26 de mayo de 2010 dirigida a la Decana de la Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Dora Marcela Martínez. En la misma fecha, igual comunicación dirigió al Consejo de
Facultad (folios 34 y ss.).
[9]
Dice la acción de tutela al respecto: “Siendo que el racismo constituye una de
las más graves faltas contempladas en todos los reglamentos estatutarios y
normativos de la Universidad, el País y el mundo, me opuse a ser evaluado por
este docente, pues es imposible que ese sea imparcial en la evaluación, siendo
un docente racista explícito de hecho y verbal, por eso continué enviando
solicitudes a las instancias pertinentes de la Universidad con el fin de lograr que un docente que no fuera racista por fin me evaluara y
lograr continuar mi proceso de formación académica sin interrupciones, pero
esto no fue posible, porque todas las respuestas que obtuve a mis solicitudes
eran negativas, lo cual me obligaba tácitamente a continuar con este docente
quien siempre se dirigía en tono burlesco y discriminatorio hacia mí identidad
afrodescendiente relejándolo verbalmente y con sus actitudes excluyentes.  Al
final del semestre nunca pude lograr que la Universidad me evaluara el restante 60% (en medios de transmisión) y 80% (en conmutación
digital), y mientras tanto el profesor aprovechaba y me reportaba las notas en
0, lo cual claramente desencadenó en la pérdida de ambas asignaturas. De esta
manera, agoté todas las instancias internas posibles en la Universidad sin obtener resultado alguno.”
[10]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (folios 37 y ss). Dice la acción de tutela al
respecto: “Sin descanso solicite al Consejo curricular permitirme tomar las
asignaturas con el profesor Rafael Fino, quien dictaba las mismas en otro grupo
de Ingeniería en Telecomunicaciones y también tomar las medidas disciplinarias
del caso. Pues es deber de la Universidad y todas sus dependencias garantizar
la armonía de todas las etnias y culturas, y el cumplimiento de los estatutos, la Constitución y la Ley.  ||  Posteriormente, el Consejo curricular en sesión #7 realizada el
día 5 de Mayo, decidió negar mi solicitud de tomar las asignaturas Medios de
Transmisión y Conmutación Digital con el grupo del docente Rafael Fino.
Adicionalmente se abrió un proceso de investigación conforme al artículo 86 del
estatuto estudiantil. Siendo que el día 28 de abril de 2010 puse en
conocimiento del Consejo curricular el caso de exclusión racial del cual estaba
siendo víctima, tan solo el 1ro de junio (un mes y cuatro días después) se me
dio a conocer el informe de investigación. Informe que a su vez arrojó como
resultado que el docente es racista explícito verbal y de hecho. Sin embargo,
el Consejo curricular prefirió no sancionar de ninguna manera, ni realizar
seguimiento disciplinario al docente, según se menciona textualmente en la
carta del 2 de junio enviada a mí por parte del Consejo curricular: ‘(…) el
Consejo curricular decidió que no se amerita apertura, ni proceso disciplinario
alguno, en ningún sentido, como una manera de conciliar y reivindicar la
solvencia ética y moral de los individuos en cuestión, tal cual fue reportado
por el docente asignado a dicha investigación. […]”.
[11]
Dice la acción de tutela al respecto: “Luego de que el informe de investigación
fue radicado por el docente investigador el día 1 de junio de 2010, pasando 1
mes y 4 días entre el reporte de mi queja por exclusión racial y el informe de
investigación, el Consejo curricular me notificó por escrito (Ref: Respuesta
solicitud de estudiante Heiler Yesid Ledezma) textualmente:  ‘(…) el Consejo
curricular en su sesión #10 del 16 de junio de 2010 decidió negar su solicitud
de tomar los dos exámenes restantes en lo que va del semestre de las
asignaturas medios de transmisión y conmutación digital con otro docente por
ordenamiento administrativo y por vencimiento de términos’. Para mí, es claro
que el tiempo transcurrido en el cual se apoya el Consejo curricular para
argumentar vencimiento de términos lo dejó transcurrir dicho Consejo curricular,
del cual es miembro el docente designado como investigador: Harold Vacca
González. El tiempo transcurrido (1 mes y 4 días) argumentado como vencimiento
de términos no se debió a mí, pues realicé todas las solicitudes pertinentes,
sino a la falta de diligencia del Consejo curricular para dar solución pronta a
los problemas del proyecto curricular, pues es función de este Consejo y la
coordinación de Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones darle solución
eficiente a los diferentes problemas que le competen y más aún en casos en que
se pisotea la dignidad humana en un entrono académico.  ||  Nunca solicité la
cancelación de las asignaturas, por el contrario, lo que yo solicitaba era
poder ser evaluado por otro docente que no fuera racista. En carta del 18 de
junio solicité que me informaran sobre la solución tomada por la coordinación
de Tecnología electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones sobre el caso,
buscando que no se interrumpiera mi evolución académica e intelectual en la Universidad.”
[12]
Dice la acción de tutela al respecto: “A pesar de que siempre me opuse a la
cancelación de las asignaturas, y aunque lo sugirió el docente investigador, el
Consejo curricular hace caso omiso y prefiere que yo pierda las asignaturas
sabiendo que se me evaluó mucho menos del 50% de cada asignatura, oponiéndose
tajantemente a que yo presentara el resto de las pruebas. Luego el Consejo
curricular contradice al investigador argumentando que sólo era una sugerencia
y que esa decisión la toma el Consejo (…)  ||   […] a la hora de tomar la
sugerencia del investigador de cancelar las asignaturas, la cual causa
técnicamente el mismo daño que perderlas, prefiere negarme la posibilidad de
continuar mi proceso académico en tales asignaturas y que la consecuencia
directa sea la pérdida de las mismas.”
[13]
Dice la acción de tutela al respecto: “En vista del derecho de petición que
interpuse ante los organismos competentes de la Universidad, narrándole los hechos ocurridos y gracias a las amistades entre profesores que
ha desarrollado el docente Yaroslav Chavarrio, otros docentes asumieron actitudes
antagónicas hacia mi persona, lo cual reflejaban en actitudes personales hacia
mí y en manejos perjudiciales y sutiles en las calificaciones que me
reportaban, de lo cual he tratado de reunir la mayor cantidad de pruebas
posibles para dejar este caso en evidencia y no permitir bajo ninguna
circunstancia que se siga pisoteando a la población estudiantil afrocolombiana
dentro de la Universidad.”
[14]
Dice la acción de tutela al respecto: “Con el profesor Ricardo Alirio González
me sucedió un caso muy particular en el reporte que hace la Universidad en el mes de mayo sobre mi segundo parcial, me aparece una nota de 2,7 y
casualmente después de conocerse el caso de racismo al que yo fui sometido la
misma nota me cambia a 1,0.”
[15]
(folios 54 y 55).
[16]
Dice la acción de tutela: “En la clase de regulación de telecomunicaciones el
examen final se dividió en dos partes: una prueba escrita presencial con un
valor del 30% del examen final, cuya presentación y puntualidad en la llegada
(6:00 am) era necesaria para presentar el siguiente 70% (virtual), cuyo 100%
(30% + 70%) corresponde al 30% asignado por la Universidad para exámenes finales. Todo esto para referirme a que el docente me retuvo la
nota del 30% que fue el examen escrito, negándose a entregarme dicho documento,
anotando que al resto del grupo de estudio les entregó su examen. Tal caso me
permitió sospechar del docente porque el insiste en afirmar que el otro 70% de
mi nota, que fue la realización de un taller de preguntas el cual debíamos
mandar por correo electrónico, el docente dice que yo no entregue tal ejercicio
a la hora indicada (12:00 m), en este caso yo asumiría mi responsabilidad
porque lo envié a la 1:00 am, pero tengo pruebas de algunos compañeros que lo
enviaron a las 9:00 y 10:00 pm y a ellos sí les aparece la nota del 70% y del
30% también;  generándome esto un desagrado, porque yo tengo los mismos
derechos que el resto de mis compañeros y si ellos enviaron el trabajo en otra
hora y le fue calificado, lo mismo debió suceder con mi persona. Aparte el
docente estableció que se debía llegar temprano (6:00 am) a la realización del
examen final y muchos de mis compañeros llegaron a las 7:15 am.  ||  También
tuve inconvenientes con este mismo docente ya que no reporto calificación
alguna de mi primer parcial, y en consecuencia en la base de datos on-line de la Universidad esta nota me registra en cero (0), sin embargo yo tengo pruebas de que sí lo
envié a tiempo, este se realizó de la misma forma que el examen final (30% +
70%), otra situación se presentó en la desigualdad en la calificación de un
trabajo realizado en grupo, en donde mi compañero de trabajo (Mauricio Niño)
obtiene un calificación más alta que la mía, caso que es de mucha extrañeza
para mí porque debimos mantener la misma calificación.  ||  Además, el docente
en mención nunca reportó las calificaciones de los talleres que yo realizaba y
los de mis compañeros sí.”
[17]
A folio 62, se adjunta copia de la conversación electrónica entre Heiler
Ledezma y su profesor, Giovani Mancilla. Consta de tres mensajes, todos ellos
del ocho de junio. En el primero de ellos, Heiler Ledezma le remite en archivo
adjunto, copia del examen que le correspondía mandar como actividad académica.
El mensaje no tiene texto y se remite a la 1 y 37 de la tarde. El segundo
mensaje lo remite Giovani Mancilla y dice lo siguiente: “Hola Heiler  ||  Su
examen llegó fuera de tiempo.  ||  Giovani.” En el tercer mensaje el
estudiante presenta una explicación de su retraso en los siguientes términos: “Buenos
días.  ||  Profe, tuve problemas de conexión a internet debido a la empresa a
la cual estoy suscrito, por eso se retrasó un poco el envío.”
[18]
A folio 61 del primer cuaderno del expediente, se ve copia de la conversación
electrónica entre Heiler Ledezma y su compañero Mauricio Niño. Consta de dos
mensajes. En el primero, del 11 de junio, Ledezma pregunta a Niño “¡¿Qui’hubo
Mauricio?!  ||  ¿A qué hora alcanzaste a enviar tu 70% del examen final el
lunes?  ||  Hasta luego. ¡Éxitos!” En el segundo mensaje, de la misma
fecha, Niño responde a Ledezma en los siguientes términos: “viejo creo que a
las 7 o 8 no recuerdo ||  [el 11 de junio de 2010 17:02]”.
[19]
(Folio 67).
[20]
A folio 56, se ve una copia del mensaje de correo electrónico enviado por el
estudiante Heiler Ledezma al profesor Gionvani Mancil, adjuntando un archivo
pdf. El texto del mensaje indica lo siguiente: “Buenas noches profe, en
archivo adjunto enviamos el quizz.” En folios 57 a 59 del primer cuaderno del expediente, se adjunta copia del quiz presentado por los dos
estudiantes; Heiler Ledezma y Mauricio Niño.
[21]
A folio 60 del primer cuaderno del expediente, se ve una copia de una
conversación electrónica entre Heiler Yesid Ledezma Leudo y Mauricio Niño
Avella. El primero se comunica con el segundo en los siguientes términos: “¡¿Qui’hubo
Mauricio?  ||  Espero que estés disfrutando mucho las vacaciones.  ||  Mauricio
¿cuanto fue que sacamos en el quiz que presentamos el 4 de junio? Qué pena
molestarte.  ||  Thanks. ¡Éxitos!  ||  HEILER Ledezma.”  El segundo mensaje
es la respuesta del compañero de clase, Mauricio Niño Avella, que se da en los
siguientes términos: “la verdá nosé, nunca me dio esa nota pero creo que l
me remplazo por un 2.5 (sic)  ||  por que yo tenía 0, sí esto fue  ||
saludos.”
[22]
Folios 70 a 72.
[23]
Dice además: “La Corte Constitucional ha definido la discriminación como ‘un
acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con
base principalmente en estereotipos o prejuicios sociales, por lo general
ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen
familiar o por razones irrelevantes para hacerse de un perjuicio o un beneficio
[…]  ||  […] constituye un acto discriminatorio el trato desigual e
injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en
las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta
confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la
comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad
humana y la igualdad, por imponer una carga no exigible jurídica, ni moralmente
a la persona’.”
[24]
Dice la participación: “Contrario censo, a los hechos u omisiones que motivan
la acción y que aduce el accionante en Su escrito, de la Tutela, la cual anexamos documentación del accionante, entregada por el Director del Proyecto
Curricular en Ingeniería en Telecomunicaciones, como también soportes de notas
y de hechos acaecidos dentro del transcurso del semestre I del 2010, como también
por los diferentes profesores que en su momento le dictaron materias, dentro
del plan de estudios que cursa el accionante.” Ver folios 99 a 101 del primer cuaderno del expediente.
[25]
Dijo la Decana lo siguiente:  “Es de resaltar que en ningún
momento, señor Juez, el docente Yaroslav José Chavarrio Alvarado, quien obra a
través del accionante Heiler [Yesid Ledezma] Leudo como estudiante en la
materia Medios de Transmisión y Comunicaciones Digitales, que ha venido
trabajando en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, desde el segundo
semestre de 2007 y hasta l a fecha goza dentro de nuestra Institución, de buena
conducta, sanas costumbres y buena moral, conllevando con esto a que sí por
algún caso hubo algún signo y/o alocución que en el momento de estar dictando
sus materias, no fue de manera intencional o despectiva en contra del
accionante o en contra de algún otro miembro de la comunidad estudiantil que se
encontraba presente en el momento de los hechos. Adicionalmente se anexa (en 1
un folio) el resultado de la evaluación docente donde los 62 estudiantes que lo
evaluaron sobre una calificación máxima de cinco le otorgan la de 3.807.”
[26]
Dice el texto de la intervención al respecto: “Me permito hacer claridad señor
Juez, que en ningún momento se le han vulnerado los derechos fundamentales de la Carta Magna de 1991, toda vez que siempre se le han ofrecido las garantías institucionales,
académicas y procesales, dentro del entorno a que el accionante hace referencia
a su petición. [sic]”
[27]
Dice el texto de la intervención al respecto: “[…] no es el estudiante más
brillante ni sobresaliente dentro del programa en mención, lo que demuestra que
en la actualidad cuenta con un promedio acumulado de 2.81.  En el reporte de
notas se puede observar el número de veces que el alumno mencionado ha repetido
por más de dos (2) las asignaturas prestablecidas en el Programa de Ingeniería
en Telecomunicaciones. Esto quiere decir, señor juez, que en su momento el
estudiante ha tenido discrepancias de carácter académico no sólo con el docente
Chavarrio Alvarado sino también con otros docentes.”
[28]
La participación de la Decana dice al respecto: “Se anexan señor juez, para dar
una mejor ilustración de la situación que acompaña al estudiante, oficios
remitidos por el Ingeniero Giovani Mancilla Gaona, docente de la Facultad Tecnológica, adscrito al Proyecto de Ingeniería en Telecomunicaciones, y docente el
accionante [sic] (Anexo cinco (3) folios y un CD) [sic], donde el
ingeniero Mancilla manifiesta, mediante escrito calendado el 27 de julio de
2010, su inconformidad frente al accionante por los resultados académicos en la
asignatura impartida por este, de igual manera  en el video suministrado que
tiene una duración de 17 minutos realizado por el alumno Jorge Augusto Herrera
Cortés […], a las claras que el accionante increpó al ingeniero Mancilla para presionar
una nota satisfactoria. Cada uno de los alumnos inscritos en la Facultad Tecnológica, da su rendimiento académico de acuerdo a sus capacidades intelectuales,
demostrando que son personas que en su momento dan respuesta a investigaciones
de carácter profundo, ingenioso e ilustrativo, […].”
[29]
La carta del profesor Mancilla al Consejo Curricular fue la
siguiente:  “Por medio de la presente pongo en conocimiento el caso del
estudiante Heiler Ledezma que estuvo matriculado en la asignatura Regulación en
Comunicaciones en el periodo académico 2010-I.  ||  El estudiante mencionado ha
presentado diversas reclamaciones por la nota del examen final de la asignatura
mencionada de manera posterior a la habilitación de la asignatura
específicamente el día sábado 5 de junio de 2010 lo atendí personalmente y
describo los sucesos en el anexo, cuya respuesta por escrito fue mostrada al
estudiante en sus dos primeras páginas.  ||  Posterior a estos sucesos he
recibido de manera reiterativa varios e-mail de parte del estudiante Ledezma y
por mi parte preocupado ante esta situación fue a Bienestar Institucional y
hablé del tema con el ingeniero Jorge Ramírez director de Bienestar, quien me
comentó que él también ha sido tratado en no muy buenos términos por Heiler.
||  Analizando más profundamente la situación, entiendo que el estudiante ha
estado sometido a grandes momentos de presión por estar en prueba académica,
razón por la cual considero muy importante que se pida ayuda de bienestar
institucional para que analice a profundidad su caso y se le preste toda la
asistencia requerida.  ||  De otra parte dado que nuestro objetivo es lograr
profesionales de alta calidad que cuenten con los conocimientos suficientes
para triunfar en un entorno altamente competitivo como es el sector de las TIC
propongo que se estudie la posibilidad de realizar un examen de habilitación
extemporáneo con temas definidos propuestos como so le Handbook de regulación,
la resolución 087 y la nueva ley de TIC de Colombia y si cumple con los
requisitos académicos necesarios su nota sea cambiada y su asignatura sea
aprobada.  ||  De su consideración.  ||  Giovani Mancilla Gaona  Docente
Planta Ingeniería en Telecomunicaciones” Expediente, primer cuaderno,
folios 112 y 113; 149 y 150. Dice el mismo profesor en otro
texto, entre otras cosas: “En la reunión sostenida este día sábado 5 de junio
de 2010, ante los incidentes antes descritos pedí la colaboración de algunos
alumnos del grupo de gestión (Rafael Antonio Niño, Jesús Enrique Rojas Niño,
Jorge Augusto Herrera Cortés e Ivonne Lizeth Castañeda Díaz) y un alumno del
grupo de regulación (Oscar Armando Contreras Balcarcel) quienes estuvieron en
la segunda revisión después del mediodía, en este momento vimos la calificación
del examen que fue de manera extemporánea razón por la cual había sido
calificada sobre el 50% allí accedí a calificarlo de manera completa es decir
sobre el 100% de lo realizado pasando esta nota de 15,75 a 26,25 sobre 50. En este instante persistió el trato poco amable por parte del estudiante, el
estudiante Jorge Arturo Herrera Cortés grabó apartes de estos momentos que
pueden ser solicitados a él.  ||  Con lo anterior la nota definitiva obtenida
por el estudiando quedó en 2,6875.  ||  Posterior a estos sucesos he recibido
de manera reiterativa varios e-mail de parte del estudiante Ledezma reclamando
por cada nota y tratándome de mentiroso, y por mi parte preocupado realmente
por la situación del estudiante fui a Bienestar Institucional y hablé del tema
con el Ingeniero Jorge Ramírez director de Bienestar, quien me comentó que él
también ha sido tratado en no muy buenos términos por Heiler, adicionalmente
hablé con docentes allegados a él como el profesor de Sistemas Darin Mosquera
para que le ayude.  ||  Analizando más profundamente la situación, entiendo que
el estudiante está en prueba académica situación que le causa gran presión,
pero considero que todas las controversias son excelentes para mejorar
integralmente pero que estas deben darse en condiciones de respeto y dentro del
marco institucional como comunidad académica debemos procurar entre todos
generar caminos de entendimiento y ayuda mutua permanente sin que sucedan
irrespetos procurando el mejoramiento de nuestra academia.” Expediente,
primer cuaderno, folio 115. Se puede suponer que existía una hoja anterior a la
transcrita  (i) por la redacción del texto, y (ii) la existencia de un gancho
al cual se encontraba unida. A esto se suman que la numeración original de los
folios era 92, 93 y salta a 95, y en su última numeración, 112, 113 y 115. No
obstante, la copia de los documentos remitidos por la Universidad Distrital al Juez de primera instancia, incluida en el primer cuaderno del
expediente, antes de que se incorporara incluso la sentencia de primera
instancia, evidencia que la eventual hoja adicional de la respuesta del
profesor Mancilla, nunca fue incluida en el expediente. En efecto, en este caso
la numeración de los folios es 149, 150 y 151 en su versión actual y
definitiva, o 129, 130 y 131, en su numeración original. La
hoja lleva la firma del profesor, en uno de los costados del texto, como
manifestación de su autoría.
[30]
Folios 116 a 128.
[31]
Folio 106.
[32]
Folio 107.
[33]
Folio 105.
[34]
Folio 108.
[35]
Folio 109.
[36]
La sentencia define el problema en los siguientes términos: “Se tiene como
referente de la vulneración, de acuerdo a los hechos manifestados con la
demanda de la tutela, la conducta asumida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consistente en no acceder a las solicitudes
elevadas por el aquí accionante en lo relacionado al cambio docente,
conculcando su derecho a la igualdad.”
[37]
Continúa el accionante: “De igual manera, gracias a un proyecto preparado
dentro de la asignatura Regulación de Telecomunicaciones, el cual es de mi
autoría titulado: Web territorial domains ‘.xx’:  powerful tolos of ICTs to
offset GHG’s emissions, asignatura orientada por el profesor Giovani
Mancilla, mi proyecto fue uno de los 10 seleccionados por la International Telecommunication Union (ITU) entre decenas de miles de
ingenieros, estudiantes docentes, etc., e investigadores de telecomunicaciones
a nivel mundial para participar en Shangai – China con proyectos que ayudan a
contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero.”
[38]
La documentación se puede ver en los folios 189 a 217.
[39]
Los documentos de la Alianza reposan en el segundo cuaderno del expediente,
folios 3 a 27.
[40]
El video se encuentra adjunto al primer folio del segundo cuaderno del
expediente.
[41]
Dijo la Defensoría: “Llama también la atención el hecho de
que a pesar de insistir el accionante en el cambio de grupo con el fin de poder
ser evaluado imparcialmente por otro docente, el Consejo Curricular de la Universidad no haya facilitado y accedido a dicha solicitud, a pesar de tener conocimiento
del trato discriminatorio del que era objeto el accionante.  ||  Los anteriores
hechos, según las pruebas que obran en el expediente, nunca fueron desvirtuados
por la Universidad lo que demuestra que el trato dado al accionante fue
desigual respecto de sus compañeros de clase en relación con hechos similares.
En consecuencia, hay una clara vulneración al derecho fundamental a la igualdad
y por ende, a la honra, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la
personalidad.  ||  Otra prueba que confirma lo anterior, se encuentra […] con
el informe de investigación solicitado por el accionante;”
[42]
Expediente, tercer cuaderno, folio 293.
[43]
Dice la misiva: “Por medio de la presente realizamos la solicitud para dar el
carácter meritorio al proyecto de grado titulado ‘diseño e implementación de un
modelo rotacional para análisis de las etapas adquisición, monitoreo y
telemetría de temperatura en cubetas basado en sistemas para optimización de
trayectorias del centro para investigaciones espaciales de la Universidad de Texas – Austin’,  realizado por los estudiantes Heicer Enrique Ledezma Leudo
(código 20082283001) y Heiler Yesid Ledezma Leudo (código 20082273001) […]”. La
solicitud es de octubre de 2011. El otro jurado del proyecto, Frank Nixon
Giraldo Ramos, cuyo nombre aparece en el documento impreso, no firmo la
solicitud.
[44]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), se
tuteló el derecho de una mujer para afiliar con beneficiario suyo a su esposo,
frente a las normas aplicables que sólo contemplaban el derecho del hombre a
afiliar a su esposa o compañera permanente.  La jurisprudencia también se ha
referido a la definición de ‘discriminación’ del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  [“seleccionar excluyendo; dar trato de inferioridad a
una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”];
al respecto ver por ejemplo la sentencia T-131 de 2006 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[45]
El numeral 4° del artículo primero destaca que las medidas de acción afirmativa
no son consideradas ‘actos discriminación’ en el contexto de la Convención. La Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación racial (1965) fue aprobada por el
Congreso de la República mediante la Ley 22 de 1981.
[46]
Ahora bien, esta definición ha sido objeto de análisis por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual ha indicado lo siguiente: “La no
discriminación, junto con la igualdad ante la ley la igual protección de la ley
sin discriminación alguna, constituye un principio básico de la protección de
los derechos humanos. El Comité desea señalar a la atención de los Estados
Partes algunas características de la definición de la discriminación racial
dada en el párrafo 1 del artículo 1° de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El
Comité opina que la palabra ‘basada’ no tiene un sentido diferente del de las
palabras ‘por motivos de’, que figuran en el párrafo 7 del preámbulo. Cualquier
distinción es contraria a la Convención si tiene el propósito o el efecto de menoscabar determinados derechos y libertades. Esto viene confirmado por la
obligación que impone a los Estados […] de anular cualquier ley o práctica que
tenga por efecto crear o perpetuar la discriminación racial.” Recomendación
General N° 14 (1993); ‘La definición de discriminación’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[47]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[48]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). La
sentencia dice además lo siguiente: “En el contexto de una
actuación administrativa, la comunicación entre un servidor público y la
persona que solicita la intervención estatal en un asunto particular tiene,
como permanente instancia mediadora, el lenguaje de las normas. El funcionario,
en estas circunstancias, es un instrumento mediante el cual se traducen en
actos de habla las disposiciones jurídicas aplicables a su caso. La conducta
que adopte el servidor público y los motivos que dirijan su acción son hechos
materiales no indiferentes al derecho, ya que pueden afectar los derechos fundamentales.
||  Los estatutos o régimen interno de una entidad pública, en las materias que
regulan, constituyen parte del lenguaje inmanente del Estado. Los servidores
públicos que desempeñan sus funciones en dependencias de la administración, son
expresión material del Estado. En este orden de ideas, el acto de habla - que
actualiza en la situación concreta una proposición normativa del régimen
interno de la institución -  por el que se omite dar trámite a una solicitud
puede constituir un acto de discriminación material contra la persona que eleva
la petición, particularmente cuando su resolución se funda en razones de sexo,
salvo la existencia de una justificación objetiva y razonable.”
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[50]
Ver por ejemplo las sentencias T-326 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-516 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-1042 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-610 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-1090 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-131 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-526 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). La Sala resolvió, entre otras cosas, ordenar “[…] al director del Hospital
Regional San Juan de Dios la cancelación inmediata de toda suma de dinero
debida a la peticionaria por concepto de las mesadas de su pensión de
jubilación causadas hasta la fecha, así como el pago oportuno de las mismas en
el futuro.”
[52]
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en
este caso se consideró, entre otras cosas, que: “Los
conflictos jurídicos surgidos con ocasión del reconocimiento del derecho a la
sustitución pensional tienen relevancia constitucional en la medida que su
resolución puede afectar derechos constitucionales diversos, entre ellos el
derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la familia o su protección
especial  y los derechos fundamentales de los niños. En particular, el
bienestar y la estabilidad de la familia, núcleo esencial de la sociedad, se
verían lesionados por un acto discriminatorio que denegara el derecho a la
sustitución pensional con fundamento en la inexistencia de un vínculo
matrimonial específico.  ||  La Constitución de 1991 vino a recoger la ya larga tendencia legislativa que reconoce derechos a la compañera permanente por la
muerte del trabajador, en la medida que otorga protección integral a todas las
familias, bien sea que estén constituidas por vínculos naturales o jurídicos.”
En el mismo sentido ver, por ejemplo, T-266 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[53]
Corte Constitucional, sentencia T-288 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[54]
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero). Se dijo al respecto: “Si bien en el evento sub
examine no es posible afirmar que en atención al sexo de los participantes se
hayan utilizado distintos criterios o recurrido a procedimientos encaminados a
privilegiar la situación de los hombres frente a las mujeres aspirantes, se
logran advertir ciertos aspectos que menguan la necesaria transparencia del
concurso. […]  ||  En todo caso, el derecho a la igualdad excluye requisitos o
condiciones ajenos a la calidad y al mérito de los participantes en un concurso
cuando se trate de proveer la vacante para la que se concursó. […].”
[55]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
sentido similar, ver las sentencias T-500 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett) y T-610 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[56]
Corte Constitucional, sentencia T-026 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[57]Corte
Constitucional, sentencia T-518 de 1997 (Hernando Herrera Vergara), en este
caso se tuteló el derecho a la salud de un paciente del Instituto de Seguros
Sociales.
[58]
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada unánimemente a lo largo de los
años, por diferentes Salas de Revisión; ver entre otras las sentencias T-362 de
1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-778 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero); T-1201 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); T-961 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett); T-1177 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería), T-900
de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño); T-1210 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández); T-1099 de 2007 (MP Mauricio González Cuervo); T-833 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa); T-990 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-707
de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-886 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[59]
Corte Constitucional, sentencia T-762 de 1998 (Alejandro Martínez
Caballero), en este caso se tuteló el derecho a la pensión de invalidez y a los
servicios de salud de un soldado de la República, afectado con discapacidad durante su permanencia en las fuerzas armadas.  Al respecto ver también la sentencia
T-378 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[60]
Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
Teniendo en cuenta que la única razón para negar su ingreso, luego de indicar
que las demás pruebas de admisión a la Institución sí se habían superado, se ordenó admitir al aspirante que había interpuesto la acción de tutela.
[61]
Corte Constitucional, sentencia T-1042 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa); en este caso se decidió que “[…] la
diferenciación basada exclusivamente en la condición de empleados o
trabajadores del servicio doméstico para efectos de prohibir el uso de ciertos
ascensores de una copropiedad, constituye un acto discriminatorio en razón del
estatus social de una persona, lo cual vulnera los derechos fundamentales a la
dignidad humana y a la igualdad de dichos empleados o trabajadores […].”
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
La Corte decidió que “[…] la medida adoptada por la Alcaldía Mayor de Bogotá tiende a restringir, de manera desproporcionada, los derechos de los
jóvenes […], que por sufrir una discapacidad mental grave, se encuentran en imposibilidad
de acudir al transporte público de pasajeros.  Ello supone una restricción
mucho mayor que la que opera respecto de los derechos del resto de la
población, lo que, en lugar de favorecer la igualdad real y efectiva de las
personas impedidas, aumenta la carga que deben soportar.”
[63]
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
En este caso se resolvió, entre otras cosas, “En otras palabras,
la presencia de un tatuaje no guarda relación alguna con las necesarias
condiciones físicas y psicológicas que debe cumplir una persona que aspire a
ser guardián de prisiones.  ||  […] la medida termina siendo inidónea e
innecesaria para la consecución del fin de preservar el orden en los centros de
reclusión del país, por cuanto tal objetivo se puede alcanzar recurriendo a
otros medios menos lesivos para el disfrute de los derechos fundamentales; tanto
más en casos como el presente cuando el propio accionante estaba dispuesto a
retirarse su tatuaje con el propósito de ser admitido al curso para ser
dragoneante del INPEC.”
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-152 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil). La Sala decidió tutelar el derecho de la mujer accionante, quien había sido despedida por cuanto
era una persona trans, que había nacido como hombre.
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-1258 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo); la Sala resolvió ordenar, entre otras cosas: “[…] a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que para el caso del Palacio de
Justicia y ante la propuesta de modificación de la infraestructura física
enunciada para el año 2009, si no lo ha hecho ya, que tenga en cuenta las
necesidades de accesibilidad de las personas de talla baja. Para el
efecto, se deberá contar con la participación activa de los colectivos de
personas de talla pequeña en  la formulación y puesta en marcha de este plan,
en concreto, respecto a la infraestructura del Palacio de Justicia.”
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-839 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa,
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); la Sala decidió “[…] [1] la libertad de
religión de una persona se viola cuando se le obliga a realizar actividades
durante el día consagrado al descanso, como requisito para participar en
un curso-concurso para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, por
ser un medio prohibido, salvo que éste sea estrictamente necesario. Si
ni siquiera se considera la posibilidad de llegar a un acuerdo con la persona
que debe realizar dichas actividades es claro que se presenta la vulneración.
También concluye la Sala de Revisión que [2] se viola el derecho a la igualdad
de una persona cuando se le obliga, dentro de un curso-concurso para acceder a
un cargo público, a realizar actividades en contra de una creencia religiosa,
que el Estado y las instituciones que lo conforman están obligadas expresamente
a respetar (v.gr. guardar el sabath); especialmente prohibido se
encuentra este medio, cuando, además, es inadecuado y contraproducente para
alcanzar el fin buscado por la medida. La Sala de revisión toma esta decisión teniendo en cuenta que mediante ella se protege la libertad religiosa de una
persona que pertenece a una Iglesia, reconocida por el Estado, que tiene un
carácter minoritario dentro de la sociedad colombiana, y teniendo en cuenta que
la creencia protegida es una de aquellas que son consideradas como
fundamentales y estructurales en el culto y práctica de su religión.” Al
respecto ver también, entre otras, las sentencias T-982 de 2001 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa); T-026 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto; AV
Álvaro Tafur Galvis) y T-448 de 2007 (MP. Nilson Elías Pinilla Pinilla).
[68]
Corte Constitucional, sentencia T-023 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La Sala resolvió, entre otras cosas, ordenar “[…] al Director Penitenciaría de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada que […] inicie las labores necesarias para modificar, en
el término de un (1) mes, el correspondiente Reglamento Interno del centro de
reclusión, de forma tal que se les garantice a todos los internos, los
siguientes derechos: (i) a contar con el tiempo adecuado para realizar su
respectivo culto; y (iii) acordar un ingreso igualitario de sacerdotes y
pastores de todas las iglesias y cultos reconocidos. Las anteriores medidas serán
adoptadas teniendo como orientación el mayor ejercicio posible de los derechos
fundamentales, dentro de las restricciones lógicas de seguridad y las
limitaciones logísticas del penal.”
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto). La Sala ordenó a la empresa acusada (ECOPETROL) evaluar las capacidades
de la candidata al trabajo, sin descartarla únicamente por tratarse de una
mujer y no de un hombre.
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-340 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez). La Sala resolvió, entre otras cosas, ordenar a “[…] la Secretaría de Deporte, Cultura y Recreación del Departamento del Cesar […] emitir y ejecutar un acto administrativo en el cual
defina un sistema de estímulos para los deportistas que
participaron y obtuvieron reconocimientos de medallería en los Juegos
Paralímpicos Nacionales de 2008, que garantice el derecho a la igualdad y
el principio de no discriminación, en relación con los estímulos contemplados
para aquellos deportistas que participaron y obtuvieron reconocimientos de
medallería en los Juegos Deportivos Nacionales de 2008. El
acto administrativo deberá contemplar para la entrega del sistema de estímulos para los deportistas que participaron y obtuvieron reconocimientos de
medallería en los Juegos Paralímpicos Nacionales de 2008, la realización
de una acto público, como medida de reparación.”
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-314 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio,
AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); la Sala resolvió, entre otras cosas, “[…] INSTAR a la Superintendencia de Vigilancia, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Policía Nacional a que frente a la comunidad LGBTI, en establecimientos abiertos al público, se articule de forma coordinada la
protección de los grupos respectivos, dentro del recíproco respeto entre ellos,
al igual que hacía y desde el resto de la población.”
[72]
Al respecto ver, entre otras, las sentencias, T-098 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-1042 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), SU-1167 de
2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett, SPV Eduardo Montealegre Lynett), T-030 de
2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-393 de 2004 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).  En la sentencia T-288 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) por
ejemplo, la Corte consideró “[…]
que la medida adoptada es desproporcionada, ya que no parece apropiada,
necesaria ni equilibrada para la satisfacción del interés general.  ||  En
efecto, el traslado de los discapacitados a la tribuna sur se presenta como una
medida inútil e inapropiada para brindar seguridad a todos los
participantes. […]  ||  Además de la ineptitud de la medida empleada para
garantizar seguridad, tampoco se encuentra demostrado que ésta sea necesaria
o indispensable por no existir otro medio menos restrictivo de los
derechos de los discapacitados. […]  ||  Por último, la decisión de traslado de
los petentes es notoriamente desproporcionada respecto del fin
buscado.”.
[73]
Corte Constitucional, sentencia T-787 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2002 (MP Alvaro Tafur Galvis).
[75]
Recomendación General N° 14 (1993); ‘La definición de discriminación’,
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se dice al respecto: “El Comité observa que una diferencia de trato no
constituirá discriminación si los criterios para tal diferencia, juzgados en
comparación con los objetivos y propósitos de la Convención, son legítimos o quedan incluidos en el ámbito del párrafo 4 del artículo 1 de la Convención. Al examinar los criterios que puedan haberse empleado, el Comité reconocerá que
una medida concreta puede obedecer a varios fines. Al tratar de determinar si
una medida surte un efecto contrario a la Convención, examinará si tal medida tiene consecuencias injustificables distintas sobre un grupo caracterizado por la raza, el
color, el linaje o el origen nacional o étnico.”
[76]
Un famoso ejemplo de la filosofía analítica del derecho es el caso del
cleptómano; su conducta es explicable, más no justificable.
Existen razones para entender por qué esa persona actúa como actúa, pero no
existen razones que legitimen su comportamiento y que obliguen a los demás a
aceptarlo.
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[78]
Al respecto dice el profesor Eduardo Restrepo, “[…] el racismo constituye un
tipo de discriminación que se articula a partir de los rasgos o características
raciales. En otras palabras, el racismo constituye una discriminación efectuada
por las adscripciones raciales atribuidas a un individuo o colectividad.” Restrepo, Eduardo (2012) Racismo y
discriminación en Intervenciones en teoría cultural. Universidad del
Cauca. Colombia, Popayán, 2012.
[79]
Corte Constitucional, Auto 005 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
Continúa la providencia en los siguientes términos: “En desarrollo de este
mandato constitucional se expidió la Ley 70 de 1993, que contempla diferentes
disposiciones en favor de las comunidades negras, las cuales se definen como
aquellas conformadas por ‘el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos’
(art. 2, numeral 5).  ||  Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce
la propiedad colectiva de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se contemplan mecanismos para asegurar los usos sobre la tierra y la protección de los
recursos naturales sobre las áreas a las que se refiere la Ley (arts. 19 a 25), así como la protección y participación de las comunidades negras frente
a la explotación y expropiación de recursos naturales no renovables (art. 26 a 31).  ||  De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para el desarrollo de la
identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el derecho a un proceso
educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales (art. 32);
la obligación del Estado de sancionar y evitar ‘todo acto de intimidación,
segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras (…)’ (art.
33); la exigencia de que se adopten ‘medidas que permitan a las comunidades
negras conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al
trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los
servicios sociales y a los derechos que surjan de la Constitución y las Leyes’ (art. 37); el derecho de disponer de ‘medios de formación técnica,
tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los
demás ciudadanos’, los cuales ‘deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las
comunidades negras’ (art. 38); el deber del Estado de apoyar ‘mediante la
destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos de las
comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su
identidad cultural’ (art. 41).”
[80] Así mismo dispone el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos que “ la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”,  los
cuales  “se derivan de la dignidad inherente a la persona humana” (Preámbulo);
que los Estados Partes “se compromete a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Art.
2) y que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
(Art. 25).
[81]
Convenio 169, artículo 7.
[82]
Al respecto añadió la Corte: “Sumado a esto, el Convenio establece otros
deberes de los Gobiernos frente a las comunidades tribales, entre otros los de:
(i) ‘consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente (…)’; (ii) asegurar ‘los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos (…)’; (iii) brindar ‘protección
contra la violación de sus derechos (…)’ (Ar.12); (iv)’respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios’ (…)
(Art. 13) y que exige, entre otras acciones, que los Gobiernos ‘tomen las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión.’ (Art. 14); (v) adoptar ‘medidas
especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una
protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo’ (Art.
20); (vi) poner a disposición de los mismos medios de formación profesional que
consulte a sus intereses (Art. 21 y 22); (vii) garantizar el acceso a servicios
de salud adecuados (Art. 24 y 25); y (viii) asegurar el derecho a la educación
(Art.. 26), en condiciones que permitan responder a ‘sus necesidades
particulares (…) abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus
sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales’ (Art. 27).  ||  Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT consagra una serie de disposiciones para garantizar el respeto de los territorios de los
pueblos indígenas y tribales, y establece que en caso de que estos
excepcionalmente sean trasladados se deberán, siempre que sea posible, adoptar
las medidas para que estos pueblos puedan regresar a sus tierras tradicionales
‘en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y
reubicación’ y si el retorno no es factible, ‘dichos pueblos
deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo
estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro (…)’ (Art. 16).  ||  En todo caso, las autoridades están
en la obligación de desplegar las acciones necesarias para impedir ‘que
personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a
ellos’ (Art. 17) y deberán prever ‘sanciones apropiadas contra toda
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos’ (Art. 18).  ||  De
otra parte, el Derecho Internacional Humanitario, cobija directamente a los
miembros de las comunidades afrodescendientes. De manera general, impone una
obligación internacional al Estado colombiano de atender las necesidades especiales
de las víctimas del conflicto. […]”
[83]
Corte Constitucional, Auto 005 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[84]
Recomendación General N° 25 (2000); ‘Las dimensiones de la discriminación
racial relacionadas con el género’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[86]
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[87]
Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra). La Sala decidió que “[…] la conducta desplegada por los establecimientos comerciales La Carbonera Ltda y Qka- Yito, es contraria al principio de no discriminación. En consecuencia, la Corte coincide con la decisión tomada por la segunda instancia, en donde se encontró
vulnerado el derecho a la igualdad, y por tanto, procederá a confirmarla
teniendo en cuenta que los actos de las discotecas mencionadas también vulneran
los derechos a la dignidad humana de Liliana Cuéllar Sinisterra.” La sentencia
indica que uno de los guardias de los locales había informado a la accionante,
luego de no dejarla entrar con su grupo de amigos así: “ante
su insistencia, el portero les ‘confesó’: ‘Aquí los dueños del
establecimiento nos tienen prohibido dejar ingresar a personas de tu color a
menos que sean personas que tengan mucho reconocimiento o con mucho dinero’.
La vergüenza frente a sus colegas, y sentirse discriminada en su propio país
por el hecho de ser de ‘raza’ negra, vulnera abiertamente los principios
propios de la Constitución Política y  los derechos fundamentales allí consagrados.”
[88]
La Corte Constitucional es respetuosa de todas las formas en que las distintas
comunidades y personas afro de Colombia se nombran a sí mismas: comunidades
negras, afrodescendiente, afrocolombianas, raizales o cualquier otra expresión
que sirva para una persona o un grupo de personas construyan y desarrollen su
identidad, autónoma y libremente.
[89]
Más adelante, la Sala hará referencia al concepto de raza de nuevamente.
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-422 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); la Sala garantizó el derecho a la igualdad de una persona afrocolombiana que la comunidad negra
residente en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, había
solicitado al Alcalde de la ciudad y al Director del Servicio Educativo
Distrital de la ciudad, que designara como su representante ante la Junta Distrital de Educación del Distrito de Santa Marta, de conformidad con el orden
jurídico vigente. La Administración pública había manifestado que sólo había
nombrado al representante de las comunidades indígenas, pues “[…] que se sepa, en la ciudad de Santa Marta no existen grupos
raciales de características negras […]”. El
personero delegado de derechos humanos, por su parte, había señalado que “[…] en
visitas realizadas por esta Personería Delegada a los diferentes sectores de
este Distrito hemos podido observar la existencia de comunidades compuesta en
su gran mayoría por personas de la raza negra, especialmente en los barrios de
Cristo Rey y la Paz, comunidades estas que se dedican a las actividades de
ventas ambulantes especialmente la venta de alegría y dulces por las calles del
sector turístico, elaboración de trencitas a los turistas que visitan nuestras
playas y al empleo domésticos en muchos hogares samarios. Dichas comunidades
están formadas por inmigrantes de los departamentos de Bolívar y Chocó. También
es de reseñar la existencia de pequeños grupos de esta raza en el barrio San
Martín y sector aledaños.”
[91]
Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
Teniendo en cuenta la decisión de la Universidad del Magdalena de adoptar medidas de acción afirmativa para la promoción de estudiantes afrodescendiente, se
resolvió ordenar, entre otras cosas: “[…]  a la Universidad del Magdalena que otorgue un cupo para el II
semestre de 2006 en la carrera de Medicina a Nellys Marina Mejía Moreno como
miembro de la comunidad afrocolombiana, con los derechos derivados del Acuerdo
No 0024-01. Lo anterior sin perjuicio de la vinculación de quien, presentándose
por primera vez a la carrera de medicina como miembro de la comunidad
afrocolombiana, obtenga el mejor puntaje para el semestre venidero.”
[92]
Ver por ejemplo, la sentencia T-586 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla). La Sala tuteló el derecho de una mujer afrodescendiente a ingresar a la Universidad del Tolima como miembro de su etnia, luego de que la Institución educativa la hubiese rechazado bajo el argumento de que en Ibagué, lugar de
residencia de la accionante, no hay comunidades afrodescendientes.
[93]
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[94]
Ver, entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-586
de 2007. MP Nilson Pinilla Pinilla  y T-375 de 2006. MP Marco Gerardo Monroy
Cabra.  [En la sentencia C-169 de 2001 se estudió la constitucionalidad del
proyecto de ley estatutaria mediante el cual se desarrolló el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia. En esta oportunidad se resolvió, entre otras cosas, que
las normas legales estudiadas eran constitucionales, en “[…] el
entendido de que las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés y
Providencia se entenderán incluidas, para todos los efectos de la presente ley,
dentro de las comunidades negras.”]
[95]
Corte Constitucional, Auto 005 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[96]
VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, una mirada a las regiones. Barranquilla, agosto de 2012. Intervención de Juan de Dios Mosquera Mosquera,
Presidente Nacional del Movimiento Cimarrón.
[97]
Con ocasión de la sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte Constitucional profirió el Auto 005 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), mediante
el cual estableció la necesidad de que la política pública sobre desplazamiento
forzado adopte un enfoque diferenciado para la población afrodescendiente que
se encuentre en dicha situación. Ver también, por ejemplo, la sentencia T-234
de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[98]
Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-558 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), en ese caso se resolvió, entre otras cosas, impartir las siguientes
órdenes: “[…] ORDENAR  al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en adelante,
haga un seguimiento más estricto y material al cumplimiento de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH el 19 de Febrero de 2002 en el caso de la
desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y las amenazas y
torturas que se le causaron a algunos miembros de su familia.  ||  […] ORDENAR
al Ministerio de Interior y de Justicia, que en el término de 48 horas brinden
protección inmediata a [las personas accionantes], para lo cual se comunicará
inmediatamente con los peticionarios e informará al Ministerio de Relaciones
Exteriores, con el propósito de que éste, a su vez, en nombre del Estado
colombiano, le rinda un informe sobre el particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”
[99]
Al respecto ver, entre otras, la sentencia T-909 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo). La Sala decidió, entre otras cosas, que “[…] las difíciles
circunstancias que suelen enfrentan las Comunidades Afrodescendientes y, en
especial, aquella ubicada en la Cuenca del Río Naya –a favor de la cual la Comisión Interamericana dictó Medidas Cautelares desde el año de 2002, exigen que el Estado
colombiano actúe con diligencia y de manera eficaz, a fin de amparar su derecho
al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural así como los
derechos constitucionales fundamentales en cabeza de los integrantes de dicha
Comunidad. Como bien lo señaló el Consejo de Estado al decidir en segunda
instancia la tutela de la referencia, la morosidad injustificada en adoptar una
decisión de fondo es, en el caso bajo examen, todavía más gravosa si se tiene
en cuenta que la población afrodescendiente que reside en esa zona ha sido ‘víctima
de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones, torturas y tratos crueles
e inhumanos, violencia sexual, actos de hostigamiento y amenazas por parte de
los actores del conflicto armado que buscan expandir el control sobre el
territorio mediante el desplazamiento forzado, aterrorizar a la población
civil, obtener información sobre grupos adversarios, y perpetrar actos de
‘limpieza social’, hechos que motivaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgar el día 2 de enero de 2002, la
protección cautelar de las personas que habitan la Cuenca del Río Naya’.”
[100]
Diccionario Real Academia Española de la Lengua.
[101]
Cfr. Diccionario Real Academia Española de la Lengua.
[102]
Cook, Rebecca J. & Cusack, Simone (2009) Estereotipos de
género. Perspectivas legales transnacionales. Profamilia, 2010. Las autoras
consideran que “[…] un estereotipo es una visión generalizada o una
preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo
particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir […] los
estereotipos presumen que todas las personas miembros de un cierto grupo social
poseen atributos o características particulares […] o tienen roles específicos
[…] El elemento calve es que en tanto se presume que el grupo específico posee
tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una
persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la
visión generalizada o preconcepción existente acerca del mismo.” El concepto de
estereotipo, que surge en 1798 para referirse a un tipo de imprenta, se usa
desde 1922 en ciencias sociales para explicar, metafóricamente, las
preconcepción que tienen las personas respecto de otras.
[103]
Cook, Rebecca J. & Cusack, Simone (2009) Estereotipos de
género. Perspectivas legales transnacionales. Profamilia, 2010.   Las
autoras consideran que “[…] para eliminar todas las formas de discriminación
contra la mujer, y de hecho eliminar otras violaciones de los derechos de las
mujeres, sean estos constitutivos o no de una forma de discriminación, debe
dársele mayor prioridad y reflexión a la eliminación de la estereotipación
perjudicial de género. Nombrar los estereotipos de género e identificar el daño
que ocasionan es un ejercicio crítico para su erradicación.  […]  ||  Los
perjuicios derivados de la estereotipación de género pueden pensarse en
términos de la manera en que estos degradan a las mujeres y menoscaban su
dignidad y, en muchos casos, les niegan beneficios que se encuentran
justificados o les imponen cargas injustas. […]”
[104]
Recomendación General N° 29 (2002); ‘Relativa a la discriminación basada en
la ascendencia’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se dijo también: “Velar por que en los sistemas públicos y privados de enseñanza tengan
cabida niños de todas las comunidades y no se excluya a niño alguno por
consideraciones de ascendencia;  […]  ||  Tomar las medidas necesarias, en
colaboración con la sociedad civil, para educar a toda la población con arreglo
a un espíritu de no discriminación y de respeto de las comunidades que son
objeto de discriminación basada en la ascendencia”.
[105]
Recomendación General N° 30 (2005); ‘Sobre la discriminación contra los no
ciudadanos’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[106]
Dijo el Comité: “Tomar medidas decididas para combatir toda tendencia a atacar,
estigmatizar, estereotipar o caracterizar sobre la base de la raza, el color,
la ascendencia y el origen nacional o étnico a los miembros de grupos de la
población ‘no ciudadanos’, especialmente por parte de los políticos, los
funcionarios, los educadores y los medios de comunicación, en Internet y otras
redes de comunicaciones electrónicas y en la sociedad en general;”
Recomendación General N° 30 (2005); ‘Sobre la discriminación contra los no
ciudadanos’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[107]
Al respecto dijo la Corte: “Diversas razones podrían
esgrimirse para justificar la exclusión de las mujeres pensionadas de los
beneficios patrimoniales que se desprenden de la afiliación de sus esposos o
compañeros permanentes a la Caja de seguridad social. […] ||  a. La razón que
históricamente señala al hombre como proveedor de bienes para la familia y
asigna a la mujer la función reproductiva, no es admisible en la actualidad
como fundamento de una regulación diferencial en materia laboral. La mujer no
sólo soporta el mayor peso en la reproducción biológica de la especie, sino
que, además, ha ingresado al mercado de trabajo, contribuyendo al aumento de la
riqueza nacional y al sostenimiento de la familia. La peticionaria es un
ejemplo de esta realidad: luego de prestar sus servicios como educadora en el
magisterio de Risaralda durante largos años, percibe su pensión con la que
apoya el sostenimiento de su hogar. La visión histórica del rol de la mujer no
debe afectar, por tanto, el reconocimiento de beneficios que significan el
mejoramiento de sus ingresos en su condición de pensionada, como es la
extensión de los servicios médico-asistenciales a determinados miembros de su
familia.  ||  b. Las razones de tipo económico que podrían aducirse para
justificar el trato diferenciado que las normas establecen para hombres y
mujeres en materia de goce de sus derechos de seguridad social, tampoco
resultan valederas en el presente caso. Los aportes de los hombres y mujeres
pensionados y las deducciones de que son objeto, y que se toman en cuenta para
asegurar la viabilidad funcional del sistema de seguridad social, son iguales.
Las mujeres no son, por lo tanto, las llamadas a soportar las estrecheces
económicas, insuficiencias financieras o los atrasos en el sistema de
cotizaciones que exhibe la entidad encargada de la prestación de un servicio
público.  ||  c. Una razón de menor peso para sustentar la facultad exclusiva
de los hombres pensionados de afiliar a su cónyuge o compañera permanente se
expresa en el estereotipo de que es menos ‘hombre’ aquel que es ‘sostenido’ por
su mujer. Este prejuicio social, no obstante, es contrario al dato de un creciente
número de mujeres ‘cabeza de familia’ que, por diversas circunstancias, se
hacen cargo de  los gastos del hogar. Por lo tanto, no es ajeno a nuestra
realidad empírica el hecho de que el ingreso femenino sirva para la
satisfacción de las necesidades del hombre que se encuentra en una situación
laboral menos favorecida que la de su esposa o compañera permanente. La simple
concepción cultural de los roles de hombre y mujer no pueden dar lugar a privar
a las mujeres del beneficio de extender la seguridad social a su esposo o
compañero permanente, como las normas jurídicas lo prevén para el hombre.”
Corte Constitucional, sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
las consideraciones de la sentencia se retoma la cuestión posteriormente.
[108]
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). Se dijo al respecto: “[…] es necesario comprender que
los hechos bajo examen no constituyen un hecho consumado sino que, por el
contrario, hacen parte de un conjunto de maniobras históricas y generales,
sustentadas en la exclusión social, económica y política del grupo racial.  La
‘simple’ negativa de acceso a un establecimiento abierto al público es sólo una
de las estrategias y prácticas de rechazo sustentadas en el prejuicio que
materializan el estereotipo racial, tal y como lo denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.”
[109]
Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.  Observaciones finales del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial: Colombia. 20/08/99. CERD/C/304/Add.76. (Concluding Observations/Comments).  Examen de los informes presentados por
los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la convención. Vid.
supra 6.2.3..
[110]
Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos.
26 de febrero de 1999.
[111]
Consúltese el documento CONPES 3310 DE 2004 (Departamento Nacional de
Planeación) y el texto: “Cátedra de Estudios Afrocolombianos”, proferido por el
Ministerio de Educación Nacional, Serie: “Lineamientos Curriculares”, en:
http://www.mineducacion.gov.co/lineamientos/afrocolomb/
[112]
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[113]
Dijo el Comité al respecto: “Observando que el informe se presentó con ocho
años de retraso, el Comité invita al Estado parte a respetar en el futuro los
plazos establecidos para la presentación de sus informes.” CERD/COL/CO/14.
[114]
Dijo al respecto el Comité: “[…] 7. El Comité celebra las disposiciones de
derechos humanos que figuran en la Constitución, que consagran el principio de no discriminación, reconocen la diversidad étnica y cultural y disponen que el
Estado debe aplicar medidas para favorecer a los grupos discriminados o
marginados a fin de lograr la igualdad en la práctica. El Comité toma nota
asimismo del amplio marco legal aprobado para promover los derechos de los
afrocolombianos y los pueblos indígenas.  ||  8. El Comité celebra la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y las extensas referencias de ésta a
las normas internacionales de derechos humanos.”
[115] CERD/COL/CO/14.
[116] CERD/COL/CO/14.
[117]
Pereachalá, Rafael (2007) De la
ideología racista. Comisión de Equidad Racial. Documento soporte argumental
ponente de ley contra discriminación racial en Colombia. Bogotá, septiembre 25.
[118]
Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-856 de 2003 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), a la cual se hace referencia posteriormente, en el capítulo
cuarto de las consideraciones de la presente sentencia.
[119]
Al respecto ver, por ejemplo, los casos en los que la Corte Constitucional ha identificado estados de cosas inconstitucionales; en el ámbito de las
cárceles o de la protección a la población en situación de desplazamiento.
[120]
Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
[121]
Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[122]
Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo); la Sala decidió que una institución educativa no había violado las
libertades de cátedra y enseñanza al desconocer un acuerdo entre docente y
estudiantes que no respetaba reglas básicas de organización interna de las
clases ofrecidas.
[123]
Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[124]
Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa,
SV Rodrigo Escobar Gil); la Sala decidió entre otras cosas: “El Consejo de
Estado incurrió en una vía de hecho de carácter sustantivo, en la providencia
proferida para resolver en forma definitiva sobre el proceso de acción popular,
consistente en que el medio escogido para proteger los derechos de los menores
potencialmente usuarios de la radio vulnera de manera directa el artículo 20 de
la Constitución al ordenar a RCN que adecue el contenido del programa ‘El
Mañanero de La Mega’ para efectos de que los usuarios reciban un servicio de
radiodifusión de calidad a nivel de temas y de lenguaje, confirmando al mismo
tiempo la orden impartida en primera instancia al Ministerio de Comunicaciones
en el sentido de que cumpliera con sus funciones de vigilancia y control,
invocando la protección del derecho a una eficiente prestación del servicio
público de radiodifusión y de los derechos de los consumidores y usuarios de la
radio. El cumplimiento que eventualmente se dio a esa orden, a través del
comité de verificación que se implementó, desconoce la libertad de expresión.
Tanto el Consejo de Estado, como el Ministerio de Comunicaciones, con los
medios aplicados han violado de manera directa las libertades de expresión stricto
sensu, información y prensa protegidas en el artículo 20 de la Constitución, en la medida en que desconoció abiertamente la regla de neutralidad de las
actuaciones estatales frente al contenido de las expresiones al ordenar
directamente la adecuación de los contenidos del programa radial, en contravía
de la jurisprudencia, e incumplió los requisitos constitucionales que han de
satisfacer las limitaciones de la libertad de expresión señalados en
precedentes constitucionales vinculantes. Adicionalmente, al haber dejado
surtiendo efectos la decisión del Tribunal Administrativo de ordenar la
constitución de un comité de verificación de la adecuación del contenido del
programa ‘El Mañanero de La Mega’ a los criterios indicados en forma vaga en
sus providencias, el Consejo de Estado confirmó una decisión judicial
manifiestamente violatoria de la prohibición constitucional de la censura.” La Sala, no obstante, resolvió, entre otras cosas, ordenar “[…] a RCN que ponga en
marcha un proceso de autorregulación, en ejercicio de su autonomía, que haga
manifiesta su responsabilidad social al ejercer su libertad de expresión en
tanto medio de comunicación de alto impacto y cobertura, en particular en
relación con los menores de edad que puedan formar parte de su audiencia en las
horas en que se transmite el programa ‘El Mañanero de la Mega’. Sean cuales fueren las decisiones adoptadas como consecuencia de dicho proceso de
autorregulación, éstas habrán de hacerse públicas por el medio que RCN
considere apropiado, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
notificación de la presente sentencia. En caso de que RCN considere
insuficiente este término, podrá solicitar una extensión del mismo a la Sala Segunda de Revisión.”
[125]
Recomendación General N° 29 (2002); ‘Relativa a la discriminación basada en
la ascendencia’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[126]
Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa,
SV Rodrigo Escobar Gil). Concretamente, con relación a los discursos de
contenido sexual explícito, la sentencia dijo: “5.4. El discurso de contenido
sexual explícito, aunque está protegido por la libertad de expresión, está sujeto
a un margen de regulación mayor por el hecho de que su ejercicio puede entrar
en conflicto con otros derechos, valores e intereses constitucionalmente
tutelados, especialmente los de los menores de edad – aunque con cumplimiento
estricto de todas y cada una de las condiciones que hacen legítimas las
limitaciones en cuestión, y buscando la armonización concreta de los derechos,
valores e intereses enfrentados.  ||  5.5. Mientras no existan
fundamentos legales previos, claros, precisos y taxativos en los cuales se
definan las limitaciones al lenguaje empleado por la radio, la sola emisión de
expresiones sexualmente explícitas en programas matutinos es manifiestamente
insuficiente para justificar limitaciones al contenido de los mensajes y al
formato esencial de los programas.  ||  5.6. No basta para limitar la
transmisión radial de expresiones sexualmente explícitas con la mera invocación
de la ‘moralidad pública’ –concepto muy indeterminado-, sin precisar la forma
en que ésta se materializa en el caso concreto en un interés específico objeto
de protección constitucional, ni con la mención de los ‘derechos de los niños’
en abstracto, sin cumplir celosa y estrictamente con la carga probatoria de
demostrar tanto la presencia predominante de niños en la audiencia de una
determinada expresión como el daño que éstos han sufrido o podrían claramente
sufrir en virtud de dicha expresión.  ||  […]  ||  5.8. La adopción de
restricciones a las expresiones encaminadas a imponer una adecuación de los
contenidos de lo que se puede expresar constituye una forma de censura, la cual
está constitucionalmente prohibida. El hecho de que dicho control de contenidos
se derive de una providencia judicial no le quita el carácter de censura. […]”
[127]
Recomendación General N° 15 (1993); ‘relativa al artículo 4° de la Convención’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[128]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero); la Sala decidió, entre otras cosas, “[…] que si
el estudiante aseguró la cancelación de la totalidad de la matrícula (ya que el
pagaré es una forma de pago), la universidad debía tratarlo igual que a los
demás alumnos, pues el mecanismo idóneo para el cobro de la deuda adquirida a
favor de la universidad, es un proceso judicial, ajeno y diferente a la sanción
académica que la universidad decidió imponer. Por las razones expuestas, se
concederá la tutela del derecho a la educación del actor […].”
[129] Al respecto pueden
consultarse las sentencias T-574 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-237 y T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
[130]
Sentencia T-123 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[131]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[132]
Sentencias T-492 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-649 de 1998 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[133]
Sentencia C-194 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-547 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-420 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[134]
Sentencias T-123 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-172 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-506 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía, T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[135]
Sentencia C-547 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[136]
Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que
limita la autonomía universitaria. Sentencias T-02 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-299 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-06 de 1996
y C-053 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
[137]
Sentencias T-574 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-513 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía.
[138]
Sentencias T-187 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-02 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-286 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía, T-774 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-798 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-019 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[139]
Sentencia T-061 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-515 de 1995 y T-196 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[140]
Sentencia T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-184 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[141]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero). Esta decisión ha sido reiterada, entre otros casos, en las
sentencias T-974 de 1999 (MP Alvaro Tafur Galvis) y la sentencia T-1317 de 2001
(MP Rodrigo Uprimny Yepes [e]).
[142]
Corte Constitucional, sentencia T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
la Sala decidió que la Universidad Católica Popular del Risaralda le había violado a Ricardo Echeverri Ossa su libertad de con­cien­­cia
en tanto se le obligó a tomar un curso que, en razón a la metodo­logía con la
que era tratado su contenido, eminentemente religioso, implicaba una amenaza grave
y real a la garantía constitucional, clara y expresa, de no ser
obligado a revelar sus convicciones y creencias.
[143]
Corte Constitucional, sentencia T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[144]
Corte Constitucional, sentencia T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[145]
Corte Constitucional, sentencia T-429 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José
Gregorio Hernández Galindo). La Sala resolvió, entre otras cosas, advertir que
“[…] la permanencia de la niña  […] en el Colegio
Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial de Sopó, Departamento de
Cundinamarca, no estará condicionada en modo alguno a la aportación que hagan
sus progenitores de la prueba científica de que no requiere educación
especial.”
[146]
Corte Constitucional, sentencia T-524 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). La Sala consideró, entre otras cosas, que “[…] en la relación educativa que
se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de
prácticas discriminatorias, los  tratos humillantes, las sanciones que no
consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la
arbitrariedad.”
[147]
Corte Constitucional, sentencia T-516 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell). La Sala decidió que a la accionante “[…] se le violaron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad personal y familiar a conformar una familia, y a no ser objeto de
tratos inhumanos, crueles o degradantes.”
[148]
Observación General N° 7 (1982); ‘Las torturas y las penas o tratos crueles
inhumanos o degradantes’, Comité de Derechos Humanos.
[149]
Ver una recopilación reciente de varias de las posiciones jurisprudenciales en
la materia en la sentencia T-412 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En
esta sentencia se resolvió, entre otras cosas, “[…] de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional […]:    (i) las medidas restrictivas de
los derechos de las personas privadas de la libertad deben ser, además de
legales y reglamentarias, constitucionalmente razonables y
proporcionadas;  cuando se trate de medidas potencialmente lesivas de los
derechos, como lo es el aislamiento o confinamiento, el juicio de
constitucionalidad de la medida deberá ser estricto;  ||  (ii)
concretamente, no es razonable que un establecimiento carcelario someta a una
persona a una medida de aislamiento ­–que como tal, es potencialmente lesiva de
los derechos fundamentales– cuando no es necesaria, por ejemplo, si se adopta
con el fin de proteger a la persona aislada; las autoridades carcelarias deben
emplear medios alternativos menos restrictivos al aislamiento, si cuentan con
ellos, o adoptar las medidas adecuadas y necesarias para contar con tales
medios alternativos, si no los tienen; dentro de las medidas alternativas que
se pueden contemplar, entre otras, está el traslado de la persona a otro centro
de reclusión.  […]”
[150]
En la sentencia T-344 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se reiteró esta
posición jurisprudencial en los siguientes términos: “esta
Corporación ha indicado que cuando una E.P.S. se niega a prestar un servicio
que requiere una persona para detener, o al menos mitigar, los dolores y
sufrimientos que le produce una enfermedad, la E.P.S. está sometiendo a la persona a tratos crueles e inhumanos. Al respecto se ha dicho,  ‘Una lesión que
ocasiona dolor a la persona y que puede ser conjurada mediante una
intervención quirúrgica, se constituye en una forma de trato cruel (CP art. 12)
cuando, verificada su existencia, se omite el tratamiento para su curación. El
dolor intenso reduce las capacidades de la persona, impide su libre desarrollo
y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad competente que se niega,
sin justificación suficiente, a tomar las medidas necesarias para evitarlo,
omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los
derechos a la salud y la integridad física, psíquica y moral de la persona.
||  (…)  ||  El dolor envilece a la persona que lo sufre. Si quien está en el deber
de impedirlo no lo hace, incurre con su omisión en la vulneración del derecho a
la integridad personal del afectado, quedándole a éste último la posibilidad de
ejercer las acciones judiciales para la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.’ [Sentencia T-499/92]  ||  La Corte Constitucional ha reiterado este precedente en varias ocasiones […]” Entre otras, ver
por ejemplo las sentencias T-322 de 1997 (MP Antonio Barrera Carbonell); T-796
de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara); T-119 de 2000 (MP José Gregorio
Hernández Galindo); T-1253 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-711 de
2008 (MP Jaime Araujo Rentería), T-388 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto, AV Juan Carlos Henao Pérez), T-756 de 2010 (Jorge Iván Palacio Palacio).
[151]
Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Se
dijo al respecto, entre otras cosas, lo siguiente: “La conducta de castigar a
un niño impidiéndole ejercer su libertad de expresión y someterlo a la burla de
sus compañeros es contraria a la dignidad humana y constituye un trato
degradante en los términos del artículo 12 de la Constitución. Prueba de la humillación sufrida por el menor CORREA CUBILLOS es que cuando
llegó a su casa se puso a llorar como lo atestigua su padre en Carta del 4 de
octubre de 1991, dirigida a la directora encargada del centro docente MERY
MENDEZ, al afirmar que el castigo ‘sirvió de burla a sus demás compañeros lo
cual ha originado llanto (no delante de ellos, por ser berraco) pero sí aquí en
la casa al comentarme lo sucedido’.”
[152]
Corte Constitucional, sentencia T-782 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería); la Sala sostuvo: “[…] apelando al noble propósito pedagógico y bajo el manto de intenciones
disciplinarias y correctivas, no pueden los directivos y docentes de un plantel
educativo recurrir a llamados de atención humillantes que someten a burla a los
estudiantes, con la subsiguiente lesión o amenaza de sus derechos
fundamentales.  De allí que, cuando la disciplina no cumple el cometido de
coadyuvar a la educación, se torna en un claro mecanismo de distorsión de la
personalidad del menor, que a la postre contraría los presupuestos mínimos
que la Constitución instaura y exige a favor de los niños.”
[153]
Corte Constitucional, sentencia T-856 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); la Sala decidió revocar la decisión de instancia de negar la protección y, en su lugar, tutelar
el derecho invocado. Como se trataba de un hecho superado por carencia de
objeto, la Sala se abstuvo de dar órdenes concretas, diferentes a una medida de
protección solicitada a la Defensoría del Pueblo.
[154]
Decía el joven de 14 años indígena: Reiteró lo que ya había expresado al juez
de tutela de primera instancia y en algunos de los apartes de su versión
precisó lo siguiente: “Me sentía presionado por el profesor de
inglés, me sentía discriminado, varias veces me humilló delante de los
compañeros, me dijo que no trabajaba con un estudiante indígena mediocre y que
no iba a cambiar su estructura por un simple estudiante. Me gritó que él había
trabajado con putas, ladrones y delincuentes y que no iba a cambiar su
estructura; que lo mejor era que me cambiara de colegio y de salón. Pedí
asesoría a un consultorio jurídico de la Universidad Nacional; fui a la Facultad de Derecho; allí pregunté cuales eran los puntos para
presentar la tutela. El Rector me ha apoyado en el estudio pero no en el
sentido de presentar la tutela. Él me ha apoyado porque por él entré a estudiar
en el colegio, me dio el cupo, es un colegio oficial.” Corte
Constitucional, sentencia T-856 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[155]
El proyecto fue presentado así: “Hemos venido los indígenas a la Constituyente para que los derechos de los grupos étnicos queden reconocidos, asegurados y
escritos en la Constitución Nacional.  ||  […]  ||  La propuesta que hoy
presentamos recoge los resultados de las mesas de trabajo de nuestra
Organización, de la subcomisión preparatoria de la igualdad y carácter
multiétnico, y de los consensos que obtuvimos con grupos ambientalistas,
organizaciones de mujeres, campesinos, barrios populares, organizaciones negras
de la Costa Pacífica y el Movimiento Sons of the Soil del archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  ||  El proyecto que hoy ponemos a
consideración de la Asamblea Nacional Constituyente no son sólo nuestras
aspiraciones. Somos en esta ocasión la voz de muchos que, como nosotros,
también han sido excluidos.” Gaceta Constitucional N° 029.
[156]
Gaceta Constitucional N° 029, pág. 6.
[157]
Gaceta Constitucional N° 029, pág. 7.
[158]
Gaceta Constitucional N° 029, pág. 5.
[159]
Friedemann,
Nina S. de. (1984) “Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia
e invisibilidad”; en: Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds), Un siglo
de investigación social: antropología en Colombia. Etno. Bogotá, 1984.
[160]
Edward Long publicó en Londres en 1774 su historia de Jamaica, reimpresa en
1788 en los Estados Unidos, en la que promovió la noción de ‘raza’ y los
estereotipos en torno a la supuesta superioridad de la ‘blanca’ y la
inferioridad de la ‘negra’.
[161]
Uno de los autores importantes en esta tarea será el naturalista sueco Carlos
Linneo (1707 a 1778) que en su sistema natural (sistema naturae)
establece que el género humano se divide en cuatro grandes grupos los europeos
(albus, blancos); los americanos, los asiáticos y los africanos,
empleando la palabra (niger). Versión virtual:
[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN371257700&DMDID=DMDLOG_0006&LOGID=LOG_0006&PHYSID=PHYS_0007]
[162]
Johann Friedrich Blumenbach (1752 – 1840), naturalista alemán, entre otras
cosas, postuló la idea de la existencia de cinco razas humanas con base en sus
estudios en cráneos humanos y las asoció con ciertos colores de piel: caucásica
(blanca), mongola (amarilla), malaya (café), etíope (negra) y americana
(roja).
[163]
Nombres como Samuel George Morton (1799 – 1851), Josiah Clark Nott (1804 -
1873), George Robins Gliddon (1809 - 1857),  Joseph Arthur Comte de Gobineau
(1816 - 1882), Georges Vacher de Lapouge (1854 - 1936), Nicolás
Palacios Navarro (1858 – 1911) pueden ser consultados al respecto.
[164]
El reconocido sociólogo Anthony Giddens dice al respecto: “El concepto de raza
es uno de lo más complejos de la sociología, no sólo por la contradicción entre
su uso cotidiano y su base científica (o la falta de esta). Hoy en día, hay
mucha gente que cree, por error, que los humanos pueden separarse perfectamente
en razas diferentes desde el punto de vista biológico. […]  ||  Entonces ¿qué
es la raza si no alude a categorías biológicas? Hay claras diferencias físicas
entre los seres humanos, y algunas son hereditarias. Pero el hecho de que
algunas, y no otras, sirvan como base para la discriminación y el prejuicio
sociales no tiene nada que ver con la biología. En consecuencia, las
diferencias raciales deben entenderse como variantes físicas cuya importancia
social destacan los miembros de una comunidad o sociedad. […].” Giddens, Anthony (2009) Sociología.
6ª Ed. Alianza Editorial. España, 2010. Pag. 664 y 665.  En sentido similar, el
profesor Eduardo Restrepo señala: “[…] se puede afirmar que la noción de raza
supone la asociación necesaria entre ciertos rasgos corporales (como el
color de la piel) que son concebidos como heredados biológicamente y unas
características intelectuales y de comportamiento que se consideran
irremediablemente derivadas. Así hay un concepto de raza cuando se afirma que
alguien piensa o se comporta de esta u otra forma porque es negro (o
indio o blanco). Un ejemplo de este tipo de planteamientos, tomado de un
sacerdote que escribía sobre el Pacífico sur a principios del siglo [XX], es el
siguiente: ‘Los negros son de carácter alegre, muy dados a las fiestas, las
borracheras, robustos, habladores, pendencieros y, en general, perezosos para
el trabajo’ (Bernardo de Merizalde, 1921).  ||  […]  Biológicamente
hablando, no existen las razas en lo que a los seres humanos respecta. Sobre
ello no cabe la menor duda en la comunidad científica. Los desarrollos de la
nano-tecnología contemporánea, como los de la genómica del siglo [XX],
evidencian que no existen fundamentos de orden genético para desagregar
significativamente esos tipos humanos. Las variaciones genéticas no corroboran
la existencia de entidades biológicas discretas en términos de razas. La
biología refuta la existencia  de las razas.  ||  […] unos consideran la
existencia de tres, otros hablan de cinco y algunos se refieren hasta veinte
razas. Las variaciones en las tipologías indican que son más construcciones
históricas, al igual que evidencian la arbitrariedad de la selección de unos
rasgos corporales pero no de otros sobre los que se fundamentan. Resaltar el
color de la piel o la forma de la nariz, del cabello o de los labios, son
arbitrarios históricos para clasificar poblaciones. Además, ninguna de las
‘razas’ así desagregadas es homogénea en cualquiera de los rasgos
seleccionados. El color de la piel, por ejemplo, varía grandemente entre las
poblaciones clasificadas como negras o blancas.” Restrepo, Eduardo (2012) Racismo y discriminación en Intervenciones
en teoría cultural. Universidad del Cauca. Colombia, Popayán, 2012. Ver
también Triana y Antorveza,
Humberto (2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América,
(Siglos XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Pag. 92.
[165]
Ver al respecto, por ejemplo, Soler
Castillo, Sandra (2009) Racismo y discurso en los textos escolares,
en Nina S. de Friedemann: cronista de disidencias y resistencias. Jaime
Arocha (Ed.). Colección CES, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009.
Dice al respecto: “Durante décadas, la escuela fue una de las primeras
generadoras y transmisoras del discurso racista, como lo muestran Herrera,
Pinilla y Suaza, quienes examinan la identidad nacional en los textos y
manuales escolares entre 1900 y 1950 y destacan su carácter racista. […]”
[166]
La práctica del ocultamiento de los hechos relacionados con la esclavitud no es
nueva. Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX aparecieron
junto a las independencias en hispanoamérica, manuales republicanos para la
formación masiva de ‘gente nueva’. Medios didácticos masivos para la enseñanza
de los principios del gobierno republicano y la ciudadanía adoptaron sobre todo
la forma de catecismos dialogados, como por ejemplo el Catecismo arreglado a
la Constitución de la República de Colombia de 1824 de Grau. Los manuales
excluían a las mujeres y a los hijos de los ciudadanos (hombres mayores de edad
y con cierta riqueza) del mundo político, al sirviente, en tanto que sirve, ni
al peón. De los indígenas no se hablaba así como tampoco de la esclavitud. Se
identificaba la “[…] condición de los americanos súbditos del rey de España con
la de los ‘esclavos’ y es en este sentido como se habla de esclavitud en los
manuales revisados […].” Ruiz,
Nydia (2011) Ahora tenemos un país; aproximación a la significación
sociocultural de los manuales del siglo XIX en hispanoamérica en Revista
Anthropos N° 232. Barcelona, España.
[167]
Soler Castillo, Sandra (2009) Racismo
y discurso en los textos escolares, en Nina S. de Friedemann: cronista
de disidencias y resistencias. Jaime Arocha (Ed.). Colección CES,
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009.  Luego de revisar varios
textos, se concluye que “En general, se privilegian a los blancos y a los
mestizos como representantes de la identidad nacional. […]  ||  El tratamiento
de los dos grupos mayoritariamente discriminados es distinto. Respecto a los
indígenas, los autores propenden a tenerlos más presentes en la historia
colombiana; los afrocolombianos sufren un proceso de invisibilidad. […]  ”
[168]
Soler Castillo, Sandra (2009) Racismo
y discurso en los textos escolares, en Nina S. de Friedemann: cronista
de disidencias y resistencias. Jaime Arocha (Ed.). Colección CES,
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009.
[169]
Concluye en su estudio Sandra Soler que los textos escolares revisados, “[…]
justifican la discriminación a partir de procesos históricos, heredados de
otras culturas en las que unas sociedades más poderosas y civilizadas se
impusieron a otras supuestamente más débiles, inferiores y menos
desarrolladas.  ||  También justifican la discriminación como proceso o
fenómeno natural y lógico, producto de la diversidad y las mezclas entre grupos
desiguales.  ||  Hay una tendencia a tergiversar y suavizar la historia que
fundamentó el racismo y la dominación social al ocultar o atenuar las
responsabilidades […]” Soler Castillo,
Sandra (2009) Racismo y discurso en los textos escolares, en Nina S.
de Friedemann: cronista de disidencias y resistencias. Jaime Arocha (Ed.).
Colección CES, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009.
[170]
Además de la bibliografía citada, puede consultarse, entre mucha otra, la
siguiente: Conde Calderón, Jorge (2009). Buscando la nación. Ciudadanía,
clase y tensión social en el Caribe colombiano, 1821 – 1855. Editorial, la Carreta Histórica. Medellín, 2009.  Curtin, Philip De Armind (1969). The Atlantic salve trade ascensus. The University of Winsconsin Press. 1969.  Díaz Díaz, Rafael Antonio (2001) Esclavitud,
Región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de Bogotá.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2001.  De Friedemann, Nina S. &
Patiño Roselli, Carlos (1983). Lengua y sociedad en el palenque de San
Basilio. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1983.  Escalante
Polo, Aquiles (1954). El Palenque de San Basilio. Instituto Etnográfico
del Atlántico. Barranquilla, 1954.  Fals Borda, Orlando (1979): La
historia doble de la Costa. Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República y el Áncora Editores. Bogotá, 2002.  Fanon, Frantz (1952). Piel negra,
máscaras blancas. Editorial Akal. Madrid, 2009.  Gutiérrez Azopardo,
Idelfonso (1980) Historia del negro en Colombia ¿sumisión o rebeldía?
Editorial Nueva América. Bogotá, 1994  & (2000). La población negra en
América. Editorial El Búho. Bogotá, 2000.  Gutiérrez Sanín, Francisco
(1995). Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849/1854. El Áncora
editores. Bogotá, 1995. Hoyos Körbel, Pedro Felipe (2007). Bolívar y las
negritudes. Momentos históricos de una minoría étnica en la Gran Colombia. Hoyos editores. Manizales, 2007.  Inikori, Joseph (2002) Africans
and the industrial revolution. A study in international trade and economic
development. Cambridge University Press. UK, 2002.  Lamothe, Louis
(1973). Alejandró Petión ayuda al Libertador Simón Bolívar. Imprenta
Márquez. Cali, 1973.  Llinás, Juan Pablo (1983). José Hilario López.
Editorial Intermedio. Bogotá, 2007.  Mosquera Mosquera, Sergio Antonio (2004). La
gente negra en la legislación colonial. Editorial Lealón. Medellín, 2004.
Navarrete P., María Cristina (2008) San Basilio de Palenque: memoria y
tradición. Editorial Universidad del Valle. Cali, 2008.  O’Leary, Daniel
Florencio (1879 - 1888). Memorias. Biblioteca de autores colombianos.
Bogotá, 1952. Tomo IV, p.60.  Restrepo Piedrahita, Carlos (1979). Constituciones
de la Primera República Liberal. Universidad Externado de Colombia. Bogotá,
1979. 5 Tms.  – (1995). Constituciones Políticas Nacionales de Colombia.
Universidad Externado de Colombia. Tercera Edición. Bogotá, 2004.  Splendiani,
Anna María (1997) Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena
de Indias 1610-1660. Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de
Cultura Hispánica. Bogotá, 1997.  Tisnés Jiménez, Pbro. Roberto M. (1980). Don
Juan del Corral, libertador de esclavos. Banco Popular. Cali, 1980.  Tovar
Mora, Jorge Andrés & Tovar Pinzón Hermes (2009). El oscuro camino de la
libertad. Los esclavos en Colombia. Universidad de Los Andes. Bogotá, 2009.  Trouillot, Michel-Rolph (1995). Silencing the past. Beacon
Press. USA, 1995.  UNESCO (1981). La Trata negrera del siglo XV al
XIX: documentos de trabajo e informe de la Reunión de expertos organizada por la UNESCO en Puerto Príncipe, Haití, del 31 de enero al 4 de febrero de 1978.
Ediciones del Serbal. Barcelona, 1981.  Valencia Villa, Carlos Eduardo (2003). Alma
en boca y huesos en costal. Una aproximación a los contrastes socio-económicos
de la esclavitud. Santafé, Mariquita y Mompox 1610-1660. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Bogotá 2003.  Zapata Olivella,
Manuel (1989). Las claves mágicas de América. Editorial Plaza &
Janes. Bogotá, 2005. p. 59 y ss.  Zinn, Howard (1980): La otra historia de
los Estados Unidos. Editorial Siglo XXI. México, 2006.  Zuleta, Estanislao
(1977). Conferencias sobre historia económica de Colombia. Hombre Nuevo
Editores. Medellín, 2008.
[171]
De Granada, Germán (1971). Un
afortunado fitónimo bantú: macondo en Thesavrvs,
Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Septiembre – Diciembre 1971, N° 3.
[172]
Cuenta el profesor Jaime Arocha Rodríguez en breve biografía de la profesora
Friedemann que “[…] El 27 de agosto de 1993, al medio día y ante centenares de
personas congregadas en la plaza Mosquera Garcés de Quibdó, el presidente César
Gaviria Trujillo sancionó la ley 70. Mediante ella, la nueva nación que originó
la Constitución de 1991, le reconoció a los descendientes de los africanos
esclavizados en la Nueva Granada, que la identidad forjada a lo largo de su
historia genera derechos territoriales y políticos. Terminado el acto, hubo
celebraciones en los barrios, allí fue recurrente oírle decir a los adalides
comunitarios que sin los trabajos de Nina S. de Friedemann, la lucha en favor
de la ley habría carecido de muchos de los argumentos etnohistóricos que ellos
lograron esgrimir. […]”
[173]
Triana y Antorveza, Humberto
(1997) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo I: Estudio preliminar. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá,
2006. Dice al respecto: “¿También los
negros descubrieron América?  No han faltado quienes aseguran que
también algunos africanos llegaron a América antes que Colón. En algún lugar de
su Diario, el Almirante hablaba de comerciantes negros que vendían a los
aborígenes de La Española una mezcla de oro, cobre y plata que los habitantes
de Haití llamaban guanin. En 1966, durante el Festival de las Artes
Negras de Dakar, algunas estatuillas americanas allí expuestas y fechadas en el
año 2000 antes de Cristo mostraban aparentemente todos los tipos negroides de
África, tomados del natural, en sus actividades cotidianas. Sobre estos asuntos
han escrito Leo Wiener (Africa and the Discovery of America, 1920) y M.
Balin (Les africaines en Amérique avant et après Cristophe Colomb,
1966). Asimismo, hay que señalar que varios autores árabes afirmaron años atrás
que el rey maliense Abubákar envió algunas flotas con el fin de explorar el
Atlántico, cuestión que obsesionaba a los negros desde los más antiguos
tiempos. ‘Pero –se pregunta el profesor Ki-Zerbo–: ¿los negros de la América precolombina era africanos o melanesios?’ (Ki-Zerbo, 1980). En todo caso, hasta el
momento no hay pruebas contundentes sino simples hipótesis y verdades a
medias.” [Pag. 65]  También se puede ver al respecto la opinión del historiador
Gustavo Pérez Ramírez, quien afirma al respecto: “Hay evidencias arqueológicas
de la cultura Tolita (500 AC – 500 DC) sobre que la presencia africana en lo
que hoy es Ecuador se remonta a la era precolombina, como las hay en México,
donde se han encontrado enormes cabezas monolíticas con caracteres
indudablemente negroides, esculpidas por artistas de la cultura Olmeca.” Pérez Ramírez, Gustavo (2011) Todos
somos afrodescendientes. Academia Nacional de Historia. Quito, 2011. Pag.
200.
[174]
Para el siglo VIII, los árabes llegaron a España con esclavos negros de Sudán y
de varios pueblos limítrofes con el desierto y situados en su costado
meridional. Sus descendientes, más los que luego se añadieron, se quedaron
principalmente en Andalucía, tanto en el sector rural como urbano. De acuerdo
con las normas islámicas imperantes entonces, el estado de servidumbre no era
duradero ni penoso, en especial se reconocía a Alá como Dios y Mahoma como
profeta. Triana y Antorveza,
Humberto (1997) Léxico Documentado para la historia del negro en América,
(Siglos XV-XIX). Tomo I: Estudio preliminar. Instituto Caro y Cuervo.
Bogotá, 2006. Pág., 34.
[175]
Triana y Antorveza, Humberto
(1997) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo I: Estudio preliminar. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá,
2006. Dice al respecto: “Entre los años 1420 y 1480, los portugueses se
especializaron en el descubrimiento y aprovechamiento de la costa occidental de
África. […] Aunque inicialmente las pretensiones lusitanas no giraban en torno
a la búsqueda de esclavos, sin embargo ocurrió que, hacia 1441, al regresar a
Portugal, los expedicionarios Antam Gonҫalves
y Nuño Tristán llevaron varios cautivos en las sentinas de sus embarcaciones.
Dos de éstos, tomados sobre el Cabo Bojador, prometieron a sus captores que si
los devolvían sanos y salvos a sus lares nativos, les pagarían óptimamente con
esclavos negros –hombres y mujeres– y también les darían otros regalos,
incluyendo polvo de oro. Acodiciados los lusitanos por la propuesta, los
entregaron a los suyos y fueron espléndidamente recompensados. Varios de los
esclavos negros recibidos como rescate fueron enviados al papa Eugenio IV, y
los demás se vendieron en los mercados de Lisboa con inesperado beneficio.”
(Pág., 24).
[176]
Triana y Antorveza, Humberto
(1997) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo I: Estudio preliminar. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá,
2006. Dice al respecto: “La presencia del negro se acentuó con particular notoriedad
en el sur de Europa, y especialmente en algunas ciudades: Huelva, Cádiz,
Sevilla, Málaga, Almería, Granada y Córdoba. A finales del siglo XVI, cerca
100.000 negros moraban en tierras españolas, aunque comenzaron a disminuir
durante los siglos XVII y XVIII.  ||  Con el tiempo, Sevilla creció el número
de negros a tal punto, que, por ejemplo, de casi medio millón de habitantes que
tenía el arzobispado, 14.670 eran esclavos y abundaban mucho los horros. […]”
[177]
Se ha de señalar que: “La forma léxica grumete, muy extendida en las
costas africanas, designaba en aquellos tiempos una de las realidades sociales
afroportuguesas: grupos negros de Guinea cristianizados que llegaron a adoptar
nombres lusitanos y a ser considerados, en razón de su color, como brancos por
su coterráneos no asimilados […]  ||  Tales grumetes eran hombres libres y
nativos de Gambia, Pongo, Sierra Leona, etc., y cuyos últimos representantes
han llegado hasta nuestros días en la Guinea portuguesa. Resultaron ellos en su
época auxiliares definitivos para las exploraciones y conquistas realizadas
dentro de África por los portugueses, y luego, cuando éstos últimos fueron
expulsados de cierto lugares por aventureros de otros países, conservaron su
carácter típico. Una relación del padre Labat, escrita hacia 1728, fue más
explícita en la caracterización de los grumetes. Éstos requerían ser listados
como portugueses, quienes, a pesar del color negro de los mismos, los miraban
como a hermanos, los reconocían por fidalgos o gentilhombres, y a varios hasta
les concedieron la Orden de Cristo. Además los aceptaron en las órdenes
sagradas y aún llegaron a confiarles el gobierno de ciertos lugares en los ríos
de algunos sitios costeros donde tenían establecimientos.” Triana y Antorveza, Humberto (1997) Léxico
Documentado para la historia del negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo I:
Estudio preliminar. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2006.
[178]
Además de las investigaciones al respecto, puede verse, por ejemplo: Artel, Jorge (1940) Yanga en Tambores
en la noche. Ministerio de Cultura. Colombia, 2010.
[179]
El cimarrón Antón se fugó, luego de que el barco en que venía naufragara en
1533, frente a lo que es hoy la provincia de Esmeraldas en Ecuador también
vivió en libertad y confrontación con españoles e indígenas, por territorio,
con quienes también negoció políticamente. Junto con Antón, se fugó otro
persona que había sido esclavizada, Alonso de Illescas, un africano que llevado
educado en Sevilla desde los 8 años por quien se tenía por su amo y que,
además, le dio su nombre. Alonso de Illescas había sido enviado al nuevo mundo
con mercancías y personas esclavizadas. Hacia 1538, un barco procedente de
Nicaragua naufragó en las costas de San Mateo. Huyeron un afro llamado Mangache
y una india nicaragüense, quienes tuvieron dos hijos Francisco Arobe y Juan
Mnagache, quienes lograron construir su propio dominio. Al respecto ver: Pérez Ramírez, Gustavo (2011) Todos
somos afrodescendientes. Academia Nacional de Historia. Quito, 2011.  ||  -
(2011) Los afroecuatorianos. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales
y Participación Ciudadana. Quito, 2011.
[180]
Son múltiples las investigaciones que la actualidad recuperan la historia de
Benkos Bioho. Hace unos años, resumió parte de sus actos el historiador Germán
Arciniegas con gran maestría: “No pasaron veinte años de la derrota cuando ya
el negro Domingo Bico [Benkos Biohó] – ‘tan belicoso y valiente que con sus
embustes y encantos se llevaba tras de sí a todas la naciones de Guinea’ –
produjo tantas muertes y alborotos que gastó la gobernación doscientos mil
ducados en reducirlo, y no lo redujo. Si nada se podía con la fuerza, algo se
haría con el engaño. Se le dejo que fundara un pueblo –Matuna–, que se hizo
fuerte entre ciénagas y caños y defendido por muchos palenques. Los negros
llamaron a Domingo Rey de Matuna, y Domingo no permitió a ningún español entrar
a Matuna armado. Ad os alcaldes de la hermandad que llegaron a Matuna los
desarmó. Cartagena le tenía tal respeto al rey de Matuna, que le dejaba entrar
con gente armada. ‘Todos los negros de esta provincia y ciudad, que pasan de
veinte mil, le tenían tanto miedo y respeto y él era tan belicoso y atrevido
que cada día se temía algún alzamiento’.” Arciniegas,
Germán (1973-1989) La libertad: el destino de América. Planeta. Bogotá,
2009. Pág. 16.
[181]
Arrázola Caicedo, Roberto (1970) Palenque,
primer pueblo libre de América. Casa Editorial, Impresión Digital.
Colombia, 2003.
[182]
Dice al respecto el trabajo de Arrázola: “Hemos intitulado esta obra Palenque,
primer pueblo libre de América, porque ya fueren solamente los ‘quatro
palenques que en forma de lugares’ hubo en ‘la Sierra de María’, conforme lo reconoció el propio Rey de España, Carlos II, el Hechizado, por
la Real Cédula expedida en Aranjuez el 3 de mayo de 1688, y el principal de
los cuales estaba bajo la advocación de San Miguel; ya fueren los diversos
palenques que hubo más próximos de la ciudad, a que se refieren los documentos
de su deliberación […] es un hecho incuestionable que los negros esclavos que
se fugaron de Cartagena desde los tiempos mismos de Pedro de Heredia, fundaron,
establecieron y poblaron muchos ‘lugares’ en el dilatado y selvático territorio
de la antigua provincia de Cartagena de Indias; pueblos que permanecieron
segregados, exentos de tributos reales y apartados del resto de la colonia
española de Cartagena por centenares de años y cuyos habitantes, habiendo de
darse sus propios jefes para su gobierno, constituyeron una comunidad libre y,
desde luego, soberana de sus propios destinos todo el tiempo que se confrontó
esta situación de insularidad.  || El hecho mismo de que estos conglomerados de
negros esclavos hubieran de defender su libertad contra las periódicas
‘entradas’ que hacían a dichos ‘lugares’ los españoles con el propósito de
someterlos a su antigua esclavitud, sin conseguirlo totalmente; y lo que es
más, el haber podido pasar andando el tiempo de la huida al ataque en las
verdaderas guerras que sostuvieron contra todos los gobernadores de Cartagena,
hasta llegar al extermino que pretendió hacerles el gobernador interino de la Provincia, Don Sancho Ximeno, en 1694, está demostrado la existencia de una situación de
rebeldía permanente contra la soberanía del Rey de España y la autoridad de sus
gobernadores; rebeldía que, desde luego, era una a modo de independencia o,
cuando menos, un vivir peligroso pero voluntario por amor de la libertad.” Arrázola Caicedo, Roberto (1970) Palenque,
primer pueblo libre de América. Casa Editorial, Impresión Digital.
Colombia, 2003.
[183]
Sobre las relaciones entre los cimarrones panameños y corsarios como Sir
Francis Drake, ver: Morgan, Edmund (1975) Esclavitud y libertad en los
Estados Unidos. Siglo XXI. Argentina, 2009.
[184]
Según Friedemann:  “El estudio lingüístico ofrecía, en primer término, la
posibilidad de demostrar que el habla de la comunidad no era un simple dialecto
español o un castellano mal hablado. En la escuela de Palenque [Ver Derek
Bickerton y Aquiles Escalante]. En la escuela de Palenque, los maestro no
sabían que la manera como los niños hablaban en sus juegos y retozos no era un
‘mal castellano’ sino su idioma materno, una lengua criolla que, a medida que
el estudio avanzó, fue consagrándose como una reliquia lingüística en  las
Américas.  ||  Aclarar este hecho en la escuela y en la comunidad de adultos,
permitiría contribuir a reforzar la identidad étnica del palenquero, que tenido
en el lenguaje un flanco para la ofensa cultural, utilizado por las clases
dominantes en la región. Efectivamente, siempre se ha hecho mofa del palenquero
por hablar español con un dejo en la entonación, que es el acento de la lengua
criolla. Como la existencia de ésta ha sido ignorada, ello ha permitido el
ejercicio de una discriminación lingüístico-racial en el ámbito de las
relaciones sociales diarias del palenquero en las ciudades y poblados vecinos.
Erosionar de alguna manera esa ignorancia también dentro de las clases sociales
‘cultas’ en el litoral atlántico y hacer una contribución al área del
conocimiento lingüístico en Colombia, fue otra de las posibilidades que el
citado proyecto visualizó.” De Friedemann,
Nina S. & Patiño Rosselli,
Carlos (1983) Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Instituto
Caro y Cuervo, Pub. LXVI. Bogotá, 1983. Pag 17 y 18.  Ver también: Megenny, William W. (1986) El
palenquero, un lenguaje post-criollo de Colombia. Instituto Caro y Cuervo,
Pub. LXXIV. Bogotá, 1986.
[185]
En el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, se
conserva documentación sobre compra y venta de esclavos. Al respecto ver: Triana y Antorveza, Humberto (2002) Léxico
Documentado para la historia del negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo
III: D-G. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2002. También se dice al respecto:
“En diferentes ocasiones y lugares de la América Española, las autoridades ejercieron control sobre los cabildos. A veces ocurrió ello
por causa de los ‘bayles indecentes que al toque de su tambor acostumbraban los
negros’, como lo expresión el virrey de Buenos Aires Juan José de Vértiz por el
año de 1770. […] ||  Tales bailes y fiestas tomaron diversos nombre en el Río
de la Plata, siguiendo tres direcciones:  a) Por onomatopeya de los cánticos:
candombé, camambú, mamá, cumandá, yongó, caxambún, zambá.  ||  b) Por
onomatopeya del sonido de los instrumentos: tangó, tantán, maracatú.  ||  c)
Por imitación de las instituciones de los blancos: cabildos, reinados.  ||  En
dicha región del Plata, tales nombres tenían inicialmente acentuación aguda (candombé,
tangó). Con el transcurrir del tiempo se dijo candombe y tango a fin de
aproximarse más al estilo del uso castellano. ||  En Montevideo, el candombe se
celebra todavía en las llamadas ‘salas de reunión’ durante gran parte del siglo
XIX. Eran famosas la sala de los Congos Africanos, la de los Mina Magi, la de
los Nimas Nagó, la de los Banguela, la de los Lubolos, la de los Murema, la de
los Angunga y la de los Minas Carabari. […] ” Triana
y Antorveza, Humberto (1997) Léxico Documentado para la historia del
negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo I: Estudio preliminar.
Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2006. Pág., 83.
[186]
Luego de concentrar en ‘ciudades’ a pueblos indígenas que tenían estrategias de
poblamiento disperso y móvil, 1.300 indígenas participaron en la revuelta de
aquel año; sólo 300 indígenas quedaron en control español. Años después de
conflictos, 1688, se llegaría a una serie de acuerdos. Al respecto ver, por
ejemplo, Werner Cantor, Erik
(2000) Ni aniquilados, ni vencidos. Los Emberá y la gente negra del Atrato
bajo el dominio español. Siglo XVIII. Instituto Colombiano de Antropología.
Bogotá, 2000.
[187]
Son varios los nombres de célebres abolicionistas, entre otro pueden nombrarse
los siguientes: el padre Jesuita Alonso de Sandoval (1576 -1652) autor en 1627
de un completo tratado sobre el tema de la restauración de los etíopes con la
salvación religiosa [De Instauranda Aethiopum Salute], los capuchinos
fray Francisco José de Jaca de Aragón (1645 - 1689) y fray Epifanio de Moirans
(1644 – 1689), John Henry Newton (1725 – 1807), James Ramsay (1733 -1789),
Ottobah Cugoano (conocido como John Stuart, 1757 – después de 1791), James
Stephen (1758 - 1832), William Wilberforce (1759 - 1833) o Thomas Clarkson
(1760 – 1846).
[188]
Entre muchas fuentes y textos al respecto ver, por ejemplo el texto clásico:
James C. L. R. (1938) Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la
revolución de Haití. Fondo de Cultura Económica. España, 2003.
[189]
Como se dijo en una aclaración de voto previa: “[…] la historia negra muestra que si bien las ideas de libertad y de igualdad
llegaron a América escondidas en medio de los galeones realistas europeos, gran
parte del coraje y la determinación que permitieron llevarlas a la práctica,
llegó al continente escondida en los galeones esclavistas provenientes del
África” Aclaración de voto a la sentencia C-931 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Juan Carlos Henao Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva).
En esta oportunidad la Sala resolvió una demanda contra la Ley de mayo 21 de 1851, mediante la cual se puso fin a la institución de la esclavitud en
Colombia, como un fenómeno legal, aparado por el ordenamiento legal.
[190]
Recientemente, el profesor William Mina Aragón ha recordado las palabras con
las cuales el historiador Germán Arciniegas se refería a este hecho:  “Cuando
en ninguno de los diccionarios de lenguas europeas ni en la propia enciclopedia
de Diderot se registraba la palabra INDEPENDENCIA con el sentido político que
hoy le damos, ya era de uso corriente en los papeles de alzamiento de los
negros en Colombia.” Mina Aragón,
W. (2011) Las gestas del afro por la libertad. Universidad del Cauca.
Cali, 2011. Al respecto ver también los trabajos del historiador Alfonso
Múnera.
[191]
Ver por ejemplo:  Mosquera, José
E. (2006) Historia de los litigios de límites entre Antioquia y Chocó,
siglos XVI-XXI. 2006.
[192]
Al respecto pueden verse, por ejemplo, las posiciones de Rafael Núñez,
expresidente de Colombia, José María Samper, político, escritor y
constitucionalista, o Luis López de Mesa, médico psiquiatra y psicólogo que
ocupó diversos cargos públicos, como el de Ministro de Educación del Presidente
Alfonso López Pumarejo en 1934, al inicio de las repúblicas liberales. En
sentido similar, el Senador Laureano Gómez consideraba que la mezcla de razas
civilizadas (europeas) y salvajes (indígenas y africanos) explicaban la
situación nacional; decía al respecto:  “Os invito a pasar lo ojos sobre el
segundo de los elementos de la definición de Vattel: la raza. Nadie puede
explicarse el alma de las razas, pues todo es misterioso e incierto en la
psicología de las colectividades. A pesar de ser esto así, puede percibirse que
en cada pueblo hay un rasgo característico enigmático, es persistente, arranca
del pasado y subsistirá en el futuro a través de las peregrinaciones de la
sangre y del espíritu. […]  ||  En el pueblo inglés el rasgo característico es
la energía, que de individual se vuelve colectiva; […]  ||  El rasgo
característico de la civilización francesa es la inteligencia, que determina la
razón, el orden, la claridad y el gusto. […]  ||  En Italia sería el
sensualismo, que determina la exaltación artística de la más alta prosapia,
como la de Leonardo […]  ||  Alemania está poseída por un genio metafísico que
se manifiesta en el pensamiento, en la abstracción y también en la disciplina
[…]  ||  El alma española es extática. Santa Teresa y Don Quijote son expresiones
de esa fe transfigurada y rectilínea que menosprecia la realidad y prescinde
del raciocinio y la experimentación. […]  ||  Otros primitivos pobladores de
nuestro territorio fueron los africanos, que los españoles trajeron para
dominar ellos la naturaleza áspera y huraña. El espíritu del negro,
rudimentario e informe, como que permanece en una perpetúa infantilidad. La
bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentir es la
manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación  que le
produce el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado y
disminuido en el concierto de lo humano.  ||  La otra raza salvaje, la raza
indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra
civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento. En
el rencor de la derrota, parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la
cazurrería insincera y maliciosa […]  ||  […] Bástenos con saber que ni por el
origen español, ni por las influencias africana y americana, es la nuestra una
raza privilegiada para el establecimiento de una cultura fundamental, ni la
conquista de una civilización independiente y autóctona.  ||  La cultura
colombiana es y será siempre un producto artificial, una frágil planta de
invernadero, que requiere cuidado y atención inteligente, minuto tras minuto,
para que no sucumba a las condiciones adversas. […]” Gómez, Laureano (1928) Interrogantes sobre el progreso de
Colombia. Editorial Revista Colombiana. Bogotá, 1970. Pags. 41 y ss.  En
sentido similar pueden verse posiciones fundadas en las diferencias raciales en
próceres como Francisco José de Caldas; al respecto ver por ejemplo: Nieto Olarte, Mauricio (2008) Historia
Natural y Política: conocimientos y representaciones de la naturaleza americana.
Banco de la República. Bogotá, 2008.
[193]
De Friedemann, Nina S. & Patiño Rosselli, Carlos (1983) Lengua
y sociedad en el Palenque de San Basilio. Instituto Caro y Cuervo, Pub.
LXVI. Bogotá, 1983. Pag 20.
[194]
El 5 de febrero de 2011, César Rodríguez Garavito escribió para El Espectador:
“[…] ni el Estado ni el sector privado tienen datos confiables sobre los
afrocolombianos. […]  ||  Así que cualquier esfuerzo por discutir seriamente la
situación de los afrocolombianos y la discriminación racial debe comenzar por
los interrogantes sobre los datos. […].”
[195]
Ver, por ejemplo: Ndongo-Bidyogo,
Donato (2009) Acerca de los estereotipos sobre África en Imaginar
África, los estereotipos occidentales sobre áfrica y los africanos.  A.
Castel y J. C. Sendín (ed). Catarata & Casa África. Madrid, 2009.
[196]
Recientemente, bajo el sello memoria viva, colección bicentenario, la Universidad del Rosario acaba de reimprimir un texto del 12 de octubre de 1920, titulado: Los
problemas de la raza en Colombia. El libro está formado por varios artículos de
diferentes autores, entre los cuales se destaca Luis López de Mesa. Ver: Muñoz Rojas, Catalina (2011) Más allá
del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’.
Universidad del Rosario. Bogotá, 2011.
[197] Brown v. Board of Education.
[198] Brown v. Board of Education
[199]
Brown v. Board of Education of Topeka (1954) 347 US 483. Ver: Beltrán
de Felipe, Miguel (2005) Las sentencias básicas del tribunal supremo
de los Estados Unidos de América. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, 2006.  El caso de Brown v. Board of Education ha sido
citado en varias ocasiones por la Corte Constitucional de Colombia, retomando la fuerza jurídica de los argumentos de la
sentencia en defensa de la igualdad y la dignidad humana. Así, pueden verse
entre otras, las sentencias:  T-429 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, AV José
Gregorio Hernández Galindo), C-481 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero; AV
Vladimiro Naranjo Mesa; SV Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández
Galindo y Hernando Herrera Vergara),  T-1030 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-443 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-178 de 2005 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa; AV Manuel José Cepeda Espinosa), T-340 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), C-252 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto
Vargas Silva, Humberto Antonio Sierra Porto; SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), C-605 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[200] (National Associaton for the Advancement of Colored People).
[201]
McLaurin v. Oklahoma State Regents for Higher Education, et
al.
[202]
Brown v. Board of Education of Topeka (1954) 347 US 483. Ver: Beltrán
de Felipe, Miguel (2005) Las sentencias básicas del tribunal supremo
de los Estados Unidos de América. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, 2006. Sobre esta decisión judicial y su génesis y
desarrollo ver, entre otros muchos textos: Cottrol,
R.J.; Diamond, R. T. & Ware, L. B. (2003) Brown v. Board of
Education; caste, culture and the Constitution. University Press of Kansas.
USA, 2003.
[203] Ver al respecto por ejemplo: Whitman,
Mark (1998) The irony of Desegregation Law (La ironía de la ley de desegregación)
1955-1995. Markus Wiener Publishers. USA, 1998.  Alexander, Michelle (2010) The
new Jim Crow. Mass incarceration in the age of colorblindness. (El Nuevo Jim
Crow. Encarcelación masiva en la era del desprecio
racista). The New Press. USA, 2012.
[204] Declaración de 2000, de los gobiernos de la Conferencia Regional de las Américas, en vísperas
del año internacional de la movilización contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
[205]
Declaración y Plan de Acción de Santiago (2000).
[206]
Se dice al respecto: “41. Reconocemos la existencia de una población mestiza con
distintos orígenes étnicos y raciales, resultante en gran medida de la historia
de colonización y esclavitud en el continente americano, en las que confluyeron
relaciones desiguales de raza y género;  […]  43. Condenamos la discriminación
de la que en muchos casos son víctimas de la discriminación de la que en muchos
casos son víctimas de los mestizos en razón de sus distintos orígenes étnicos y
raciales o de diversas variaciones en el color de su piel.” Declaración y
Plan de Acción de Santiago (2000).
[207]
Se dice al respecto: “Reconocemos que ciertas personas y grupos pueden
experimentar otras formas de discriminación basada en su género, edad,
incapacidad, condición genética, idioma, religión, orientación sexual,
situación económica u origen social, y que además pueden sufrir actos de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
[…]” Declaración y Plan de Acción de Santiago (2000).
[208]
Ha dicho la Corte: “El lenguaje puede ser visto como una caja de herramientas,
llena de diferentes tipos de utensilios e instrumentos con múltiples usos, que
pueden ser empleados de diferentes formas y maneras, en ciertos contextos y
prácticas.[208]
Cuando una persona aprende un lenguaje, básicamente aprende una práctica
reglada, una actividad humana sometida a una serie de reglas. Es decir, aprende
a usar ciertas herramientas en ciertos contextos de interacción humana. Esto
lleva a una segunda metáfora, la de los juegos del lenguaje. La idea de que los
lenguajes son actividades sometidas a reglas como los juegos, que también
dependen de las reglas que se hayan establecido. No existe una única manera de
jugar, ni existe un único juego. De forma similar, no existe un único lenguaje
ni una única forma de emplearlo.” Corte Constitucional, sentencia C-605 de 2012
(MP María Victoria Calle Correa). Al respecto ver: Wittgenstein, Ludwig. (1953) Investigaciones filosóficas.
UNAM. México, 1986. Al respecto ver también, (1976) Sobre la certeza.
Gedisa. Barcelona, 1987.
[209]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Otros usos
registrados son: “Bebé o niño de [personas esclavizadas] (pues casi nunca se
habló de ‘niño’ para referirse a sus hijos pequeños).  ||  Negro joven.  […]”
[210]
Restrepo, Eduardo (2012) Racismo
y discriminación en Intervenciones en teoría cultural. Universidad
del Cauca. Colombia, Popayán, 2012. Pag., 178.
[211]
Por ejemplo, en el contexto de un experimento sociológico o antropológico en el
cual, sin someter a una situación que afecte desproporcionadamente a una
persona, se le insulte para saber cuál es la reacción de los demás miembros de
la comunidad frente a tal ataque. Al respecto ver, entre otros, el programa que
sobre discriminación racial hizo el espacio informativo Séptimo Día.
[212]
Dice la intervención del profesor al respecto: “Es importante manifestar que me
sentí intimidado por cuanto que con posterioridad a la clase referida, antes de
un parcial de la materia Medios de Transmisión me abordó un estudiante de color
y me dijo que había tomado un curso conmigo y me preguntó que si ‘había
tenido un problema con un estudiante el sábado anterior’ y como le
manifesté que no, me expresó que conocía al estudiante Heiler Ledezma y a su
hermano, que según él, estudiaba ingeniería de control en la Universidad, y preguntó en tono jocoso ‘profe ¿usted no es racista verdad?’, no le
contesté y acto seguido me dijo que sabía que este caso había sido llevado a la Coordinación y que ‘sería bueno que arreglara este problema’ y le manifesté que consideraba
que no había nada que arreglar no dejando de causarme sorpresa y preocupación
que alguien que en ese momento no estaba inscrito en ninguna de mis materias se
acercara a preguntar por un asunto que en principio no era de su interés. Una
vez terminó esta conversación y realicé el parcial tal como estaba previsto me
quedó la sensación de presión y de ambiente de amedrentamiento, toda vez que la
persona que se me acercó se puede considerar un agente externo al entorno de la
clase; por lo que consideré pertinente poner en conocimiento del ingeniero
Coordinador Frank Giraldo lo acontecido en dicho parcial de la materia Medios
de Transmisión.”  Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado.
Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86. Para la Sala de Revisión, el hecho de que una persona que se acercó al profesor pueda ser considerada ‘un
agente externo al entorno de la clase’ no es razón suficiente para
considerar que él se encuentra bajo una situación de presión o amenaza, y menos
aún que la misma, de existir, pudiera tener relación alguna con el accionante.
No obstantes, la Sala no cuestiona la sinceridad de las impresiones y
sensaciones manifestadas por el profesor Chavarrio Alvarado.
[213]
Ver los antecedentes de la presente sentencia, el primer capítulo, sobre los
hechos narrados en la acción de tutela.
[214]
Dice el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado: “En
desarrollo de mi actividad académica, el sábado 24 de abril de 2010, como era
habitual, dicte la clase correspondiente a conmutación digital y en particular,
el tema sistemas de colas y específicamente el concepto de intensidad de
tráfico. Es mi costumbre dentro de los cursos soportar la clase con material
audiovisual en el cual se dan ejemplos relacionados con los tópicos de clase a
fin de reforzar los conceptos vistos en la materia, en este caso en particular
el material de ese día incluye ejemplos de variedad y sistema de colas
encontrados en la vida diaria, tocando tangencialmente las colas efectuadas en
bancos, restaurantes de comidas rápidas, matriculas en las universidades, en
los lavaderos de carros y servicios en estaciones de gasolina. En esta clase se
manejó el concepto de rata de arribo y rata de servicio y se presentaron varios
ejemplos; entre ellos, utilicé como analogía el hecho de que un tráfico de 1
erlang equivalía a que llegaran 25 carros en una hora y que en esas circunstancias
el empleado, cajero o lavador de carros al estar en condiciones de atender un
número de 25 carros en el mismo tiempo estaría muy ocupado y utilicé el término
o expresión de que esta situación era como tener un jefe negrero. Este ejemplo
fue tomado por el accionante como comentario racista y sintiéndose aludido, me
manifestó que no debía utilizar ese tipo de ejemplos y le contesté que no le
veía ningún inconveniente pero que si por ello se sentía ofendido me disculpara
y proseguí la clase y ese fue todo el incidente.”  Intervención del
profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86.
[215]
Copia del reporte de investigación del profesor Vacca González, aportada por la
intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[216]
No se entrega copia de los mensajes de correo enviados por los estudiantes,
sino un archivo de texto en el cual fueron puestos juntos y editados todos los
mensajes.
[217]
Ni en las copias de los mensajes remitidas por el profesor Yaroslav José
Chavarrio Alvarado [Expediente, tercer cuaderno, folios 79 a 86] ni en las copias remitidas por el Rector de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Inocencio Bahamón Calderón [Expediente,
tercer cuaderno folios 93 a 102].
[218]
Ver Auto de admisión de la demanda, oficio de comunicación y comunicación
postal a folios 96 a 98 del tercer cuaderno del expediente.
[219]
Expediente, segundo cuaderno.
[220]
La Sala de Revisión omite los nombres de los estudiantes declarantes. La
investigación estudiantil debe ser transparente y abierta a los miembros de la
comunidad, y las pruebas aportadas al presente proceso están a disposición de
las partes y personas con interés dentro de la causa. Pero ello como medida de
protección a los procesos educativos de formación, no se incluirá dentro de la
presente sentencia el nombre de las personas, estudiantes de la clase, que
escribieron los mensajes.
[221]
Aportados junto con la intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio
Alvarado. Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86.
[222]
Aportados junto con la intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio
Alvarado. Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86.
[223]
WordReference, ni Wikipedia, ni que-significa.com.
[224]
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Versión en
línea, 2012: [http://lema.rae.es/drae/?val=negrear].
[225]
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. “[…] 3. intr.
Bol. Cortejar a varias mujeres al mismo tiempo.  ||  4.
intr. Bol. Ir de farra, buscando aventuras amorosas.  ||  5.
intr. Bol. Dicho de un taxista: Trabajar ilegalmente por las noches sin
tener licencia.” Versión en línea, 2012: [http://lema.rae.es/drae/?val=negrear].
[226]
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Versión en
línea, 2012: [http://lema.rae.es/drae/?val=negrear].
[227]
“Negro [2]: Voz procedente del término latino niger, nigra, nigrum
que emplearon desde muy antiguo los romanos para designar lo que, en su
concepto de época, no tenía color ni luz, como el carbón y la boca de un túnel.
– Posteriormente se creyó que el negro era un color más. […]”Triana y Antorveza, Humberto (2005) Léxico
Documentado para la historia del negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo
VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Pag. 105.
[228]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. En el mismo
sentido, en el mismo texto: “[Negro]
[…] Persona cuyo color de la piel es oscuro por razón de la proporción de
melanina en sus pigmentos, con un arco de matices variantes desde el color
achocolatado oscuro hasta uno próximo al del carbón de leña, pero con
tonalidades azules o rojizas desviadas de los reflejos sanguíneos. […].”
[229]
Continúa el texto: “El negro africano tenía un precio especial, como mercancía
importada, en el cual se incluían así mismo los gastos de captura o compra y su
traslado a América. Además, se les atribuía notoria superioridad física y mayor
destreza frente al criollo y al indio. Según los traficantes de la época, cada
grupo étnico presentaba algunas cualidades y características somáticas
específicas, lo cual influía muchísimo en el mercado esclavista: así, por
ejemplo, los de Angola era muy apreciados por su complexión y notoria
habilidad, los Arará valían mucho por su notable educación y se decía que los
de Mozambique era amables e inteligentes, aunque muy débiles […]. A medida que
pasaron los años, el número de esclavos criollos resultó superior al de los
traídos de África, que cada vez valían más.” Triana
y Antorveza, Humberto (2005) Léxico Documentado para la historia del
negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo.
Bogotá, 2005.
[230]
Ver Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Pag., 117. Según
las Siete Partidas “Servidumbre es postura e establecimiento, que fizieron
antiguamente las gentes, por la qual los omes que eran naturalmente libres se
fazen siervos: e se meten a señorio de otro, contra razón de natura.” Ley I,
Título XXI, Partida IV.
[231]
“Esclavo: Nombre que sustituyó al
antiguo de siervo o persona que estaba bajo el dominio y voluntad de otra. –
Los esclavos se obtenían, en la antigüedad, principalmente entre los
prisioneros de guerra y así lo reconocía el derecho de gentes de la época. Al
organizarse el tráfico en América, los esclavos se conseguían por compra,
suponiendo erróneamente que en África eran ‘rescatados’ de la esclavitud en que
se encontraban, a causa de las guerras tribales, pero ello no fue sino la
excepción. Existía una verdadera organización y acuerdo, entre europeos y jefes
tribales, para secuestrar a los negros en forma permanente e injusta. En
América el esclavo fue, de preferencia, el negro traído del África. Algunos de
sus derechos humanos fueron reconocidos, al menos legalmente, por la tradición
jurídica española. Sin embargo, en la práctica fue considerado como un
semoviente o, las más de las veces, como cosa.  ||  […]  ||  El nombre de los esclavos
[eslavos] (pueblo de la cepa indoeuropea al este de Europa), se ha generalizado
con la más lastimosa significación: esclavo, pg. escravo, fr. escalve,
it. schiavo, ingl. slave, holand. slaaf, alt.al. sklave,
etc. En diversas guerras fueron hechos prisioneros en gran número, de modo que
al latín el nombre saclavus entró ya como sinónimo de cautivo.
(Restrepo, 1974, 110).”
[232]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Di Triana y Antorveza, Humberto (2005) Léxico
Documentado para la historia del negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo
VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005.  Se dice al respecto: “Bajo el
Título de Carolino Código Negro se preparó un borrador en 1784, que luego fue
presentado al supremo Gobierno en 1785. Luego de larga demora y numerosas y
grandes alteraciones en la Corte, se preparó la Real Cédula de 1789, que no pudo ser puesta en la práctica por oposición en América de los
grandes hacendados, al afirmar que la metrópoli no conocía las verdaderas
necesidades de sus colonias y por lo tanto no podía legislar con acierto acerca
del estado civil y político del a que, en algunas posesiones, era población
preponderante. […]” Pag., 118.
[233]
“Esclavitud: Condición de una
persona privada de la libertad y de su capacidad de obrar a su antojo y
voluntad. – Jurídicamente el esclavo era propiedad privada del amo y estaba
sujeto a su voluntad. La esclavitud se heredaba por las madres esclava, aun
siendo el padre libre y daba estigma de infamia. Como institución, la
esclavitud nació desde muy antiguo. La de los africanos negros fue
particularmente incentivada por los europeos y los árabes. La esclavitud como
comercio se desarrolló a raíz del Descubrimiento, llegando a ser una de las
actividades más rentables, explotada por los portugueses, holandeses, ingleses
y franceses particularmente. […]” Triana
y Antorveza, Humberto (2002) Léxico Documentado para la historia del
negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo III: D-G. Instituto Caro y Cuervo.
Bogotá, 2002.
[234]
“Esclavitud Voluntaria: Figura que
intentó restablecer la esclavitud en México en 1865, consistente en la renuncia
a la libertad de un negro, blanco o mestizo en favor de un patrón, durante un
plazo determinado, en el cual aquél tenía obligación de alimentar, vestir y
pagarle cierta cantidad de dinero al esclavo voluntario. En las Antillas y
otros lugares de la América hispana también se discutió ampliamente sobre el
asunto. En México se intentó durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo (Gálvez Jiménez, 1995). La tríada de
‘chinos’ a algunos países resultó ser el exponente concreto de dicha
modalidad.” Triana y Antorveza,
Humberto (2002) Léxico Documentado para la historia del negro en América,
(Siglos XV-XIX). Tomo III: D-G. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2002.
[235]
Existen países como Mauritania en los cuales aún existen prácticas esclavistas.
La esclavitud se penalizó hace tan sólo unos años (2007). Sobre como el fin de
la legalización de la esclavitud no ha sido el fin de la esclavitud en la
práctica puede verse, por ejemplo,  Bales,
Kevi (2007) Ending Slavery. University of California Press. 2007
[236]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. El concepto de negranza
es dado así: “Conjunto o muchedumbre de negros.  ||  Referente al espíritu
negro. – Expresión del interior de Colombia. Sinónimo de negrería, negrerío,
negredumbre.”
[237]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005.
[238]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005.
[239]
‘Negrera: Expresión que se usaba
en Veracruz (México) para referirse a un conjunto o grupo de negros.’ Triana y Antorveza, Humberto (2005) Léxico
Documentado para la historia del negro en América, (Siglos XV-XIX). Tomo
VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005.
[240]
Por ejemplo, ‘negreada’ se usaba para denominar la comparsa del carnaval del
pueblo mexicano de El Coyolillo en el estado de Veracruz, que duró hasta
mediados del siglo XX. Consistía en un grupo de personas disfrazadas con
máscaras zoomórficas que marchaban y bailaban bajo la conducción de un capitán
(personaje tiznado y sin careta) que portaba una espada o un ‘charrión’ como
símbolo de autoridad. Triana y Antorveza,
Humberto (2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América,
(Siglos XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005.
[241]
Triana y Antorveza, Humberto
(2005) Léxico Documentado para la historia del negro en América, (Siglos
XV-XIX). Tomo VI: N-O. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 2005. Pag., 123.
[242]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86. Según el profesor se debía entender lo siguiente por
discriminación: “[…] la discriminación como un acto
arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo tales, con base
principalmente en estereotipos o prejuicios sociales casi siempre ajenos a la
voluntad de las mismas, como raza, sexo, nacionalidad, etc.  Este es el
concepto que básicamente nos da la pauta para dirimir el conflicto aquí
planteado […]”
[243]
Intervención de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
[244]
Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del proceso de la referencia.
Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[245]
Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del proceso de la
referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[246]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[247]
Recomendación General N° 29 (2002); ‘Relativa a la discriminación basada en
la ascendencia’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[248]
Corte Constitucional, sentencia T-856 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[249]
Copia de la comunicación remitida al Consejo curricular, el 28 de abril de
2010. Expediente, cuaderno principal, folio 28.
[250]
Como se dijo previamente, por ejemplo, en el contexto de un experimento
sociológico o antropológico en el cual, sin someter a una situación que afecte
desproporcionadamente a una persona, se le insulte para saber cuál es la
reacción de los demás miembros de la comunidad frente a tal ataque. Al respecto
ver, entre otros, el programa que sobre discriminación racial hizo el espacio
informativo Séptimo Día.
[251]
Recomendación General N° 14 (1993); ‘La definición de discriminación’,
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[252]
Expediente, primer cuaderno, folios 116 a 128.
[253]
El Rector de la Universidad indicó en su participación ante la Sala de Revisión: “[…] nuestra Institución tiene como principios rectores
la no discriminación a personas, por carácter y razones de sexo, origen
nacional, lengua, religión, opinión política o religiosa, ni étnica y con el
único propósito que se acogen nuestros estatutos y que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nos rige, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, art 69 del Estatuto Superior.”
[254]
Reconoce, entre otras cosas, que  (i) “[…] el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen una
negación de los principios de igualdad y no discriminación […]”;  (ii) “[…] la
tarea de formación, investigación y proyección social de nuestro proyectos
curriculares, se desarrollan en una época en que la globalización y la
tecnología deben contribuir a llevar a la práctica el concepto de una comunidad
académica basada en la igualdad, la dignidad y la solidaridad y la realización
de una auténtica igualdad de oportunidades y de trato para todos los
integrantes de la misma”;  (iii) “la diversidad cultural es un valioso elemento
para el adelanto y el bienestar de nuestra comunidad académica, y debe
valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como
característica permanente que enriquece nuestras acciones universitarias.”;
(iv) “los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, y que
por ello debe afirmarse que deben ser tratados con equidad y respeto de su
dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo en esta
Universidad.”;  (v) “los aportes de la comunidad afrodescendiente a la
identidad distrital y nacional, a la educación, la ciencia y la tecnología, son
significativos y que enhorabuena esta facultad tiene el privilegio de acoger
algunos docentes y estudiantes que pertenecen a ella.”;  (vi) “la comunidad
académica de la Facultad Tecnológica ha tradicionalmente levantado las mejores
y dignas ideas libertarias y de rechazo ante cualquier brote de intolerancia de
cualquier nivel y sentido, pero que no se debe dejar de ahondar en estos ideales
porque el hecho de que así sea, no indica que se dejen de presentar incidentes
desafortunados.” Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo
curricular por Harold Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno
principal, folios 37 y ss).
[255]
Copia de la comunicación remitida al Consejo curricular, el 28 de abril de
2010. Expediente, cuaderno principal, folio 28.
[256]
Copia de la comunicación remitida por el Consejo curricular después del 7 de
mayo de 2010. Expediente, cuaderno principal, folio 30.
[257]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[258]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[259]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[260]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[261]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[262]
Comunicación de mayo 28 de 2010, dirigida al Consejo curricular por Harold
Vacca González, miembro del mismo (Expediente, cuaderno principal, folios 37 y
ss).
[263] Sobre la ejercicio del derecho de defensa y la
modificación del pliego de cargos en un caso en que la Corte concedió el amparo del debido proceso a un alumno de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, se señaló que “aunque parezca obvio, es importante señalar
que el proceso disciplinario se sustenta en el principio de publicidad, porque
“sólo de esta manera el acusado puede conocer oportunamente los cargos que
se le imputan y los hechos en que éstos se basan” (Sentencia T-301/96).  Sobre
el particular es necesario definir si la modificación del pliego de cargos en
un proceso disciplinario, cuando esa figura existe, supone la violación del
principio de publicidad y con ello el derecho de defensa.  ||  “Al respecto, la Sala observa que la controversia fue resuelta en la sentencia C-1076 de 2001, MP. Clara Inés
Vargas, al analizar la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 734 de 2002, donde la Corte concluyó que una modificación de esa naturaleza resulta
compatible con el ordenamiento constitucional, siempre y cuando se respete
plenamente el ejercicio del derecho de contradicción, en especial mediante la
solicitud y práctica de nuevas pruebas.  ||  “De esta manera, en materia
disciplinaria es posible hacer una variación a los cargos durante el trámite
del proceso, pero ello no excluye el deber de garantizar en su integridad el
derecho de defensa.  Lo que no es de recibo es que el implicado sea sorprendido
con la inclusión de nuevas acusaciones a última hora, pues el diseño de su
defensa podría verse ostensiblemente afectado.”.  Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-391/03.
[264]
Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). En
este caso se decidió, entre otras cosas, que la entidad accionada
no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor al adelantar el
proceso mediante el cual se le había impuesto una sanción.
[265]
Corte Constitucional, sentencia T-1099 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra);
las Sala tuteló los derechos de un estudiante de secundaria al debido proceso y
ordenó que se rehiciera la actuación procesal adelantada en su contra, entre
otras decisiones.
[266]
Las decisiones de la Personería de Bogotá fueron sancionar al docente que
investigó los hechos, sin seguir el debido proceso que se establece en los
reglamentos para el efecto, y al docente y administrativo que avaló la
conclusión del informe de concluir que no se dio el acto discriminatorio
denunciado, pero a la vez, que no era necesario hacer la investigación
solicitada para llegar a tal conclusión.
[267]
Ver por ejemplo, la sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[268] En tal
ocasión la Corte Constitucional decidió, entre otras cosas, lo siguiente: “En
el asunto bajo examen de la Sala es necesario garantizar el derecho a la verdad
e impedir que en el futuro niños y niñas como Daniel Felipe tengan que morir
cuando existen medios para prevenir que ello suceda. Cierto es que ninguna
medida de protección podrá volver a la vida al niño Daniel Felipe Rivera. Ahora
bien, ni la madre, ni la sociedad colombiana, han de verse forzadas a convivir
con “el silencio, la indiferencia y el olvido.[268]
”Si no queremos que esta lamentable situación se repita, resulta imprescindible
conocer lo que ha acontecido y de esta manera poder acordar las medidas
orientadas a impedir que una circunstancia denigrante de la dignidad humana que
repercute de manera clara en el orden social, considerado en su conjunto,
vuelva a suceder.”
La Sala ordenó varias medidas, entre ellas algunas de
carácter simbólico a la entidad encargada de asegurar el acceso a los servicios
de salud del accionante, Ordenó que se colgara una placa en “la entrada de
todas las Clínicas de SaludCoop EPS en Colombia en las que destaque de manera
clara y expresa la obligación […] de proteger en todo momento los derechos
constitucionales de las niñas y de los niños y, especialmente, sus derechos
constitucionales a la salud y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad”.
Ordenó crear un sistema para financiar una beca anual, por diez años, con el
nombre de Daniel Felipe Rivera, destinada a beneficiar estudios en temas
relacionados con urgencias infantiles  y, finalmente, establecer un protocolo
para atender urgencias médicas infantiles (MP. Humberto Sierra Porto).
[269]
Por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández Galindo). Se revocó la decisión de instancia de tutelar el derecho a
la libertad de cátedra, aunque se reconocía la imposibilidad de tomar una
medida de protección de fondo. La sala dijo al respecto: “Entiende
la Corte que la revocatoria del fallo ahora revisado no podrá hacerse efectiva
en su integridad, debido a que cuando se notifique la presente sentencia, los
estudiantes ya habrán cursado las materias canceladas, en virtud de la decisión
del juez de tutela; sin embargo, se hace necesario el pronunciamiento de ésta
Corporación, no solo en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, sobre la revisión eventual de los fallos relativos
a acciones de tutela, sino además con el objeto de precisar algunos conceptos
en desarrollo del magisterio moral y la pedagogía constitucional que están a
cargo de esta Corte.”  ||  Ver también: Corte Constitucional, sentencia
T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el Rector
de la Universidad acusada había informado que, el accionante, luego de conocer
el fallo de primera instancia en el que se le negaron sus pretensiones, acató
la orden del juez, por lo que cumplió los requerimientos de la Universidad y obtuvo su grado en administración de empresas. Por lo tanto la Sala, pese a que revocó el fallo de instancia y tuteló el derecho del accionante, no impartió
ninguna orden en el caso concre­to y declaró la carencia de objeto. No
obstante, previno a las autoridades universitarias para que, en el futuro,
otros estudiantes no sean colocados en una situación contraria al goce efectivo
del derecho fundamental a la libertad de conciencia.
[270]
Recomendación General N° 26 (2000), relativa al artículo 6. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[271]
En la sentencia T-1090 de 2005 se resolvió, entre otras cosas: “PREVENIR a los representantes legales de las discotecas “La Carbonera LTDA” y “QKA-YITO” que en el futuro se abstengan de impedir el ingreso de cualquier
persona a esos establecimientos en razón a su raza.  ||  ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que en el término máximo de un mes, contado a partir de la fecha en que
se comunique el presente fallo, tome las medidas necesarias para instruir, por
el término que considere conveniente, a los representantes legales, socios y
trabajadores de los establecimientos comerciales “La Carbonera LTDA” y “QKA-YITO” en un curso sobre promoción de los derechos humanos, sobre los
orígenes de las comunidades afrocolombianas y la importancia de los derechos de
las comunidades étnicas y la diversidad cultural en nuestro país.  ||  ORDENAR
a la Defensoría del Pueblo que de manera inmediata, en compañía y con el
respaldo material y logístico de las autoridades Distritales de Cartagena de
Indias, verifique que en los establecimientos demandados no se incurra, en
adelante, en prácticas de discriminación racial.  El juez de primera instancia
dispondrá de especial atención en el cumplimiento de esta orden.  ||  EXHORTAR
al Congreso de la República para que, a la mayor brevedad posible, tramite un
proyecto de ley orientado a sancionar las prácticas o conductas de segregación
racial conforme a la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial […]”.  Por su parte, en la
sentencia T-131 de 2006 la Corte resolvió entre otras cosas: “PREVENIR a los representantes legales de
las discotecas “La Carbonera LTDA” y “QKA-YITO” que en el futuro se abstengan
de impedir el ingreso de cualquier persona a esos establecimientos en razón a
su raza.  ||  […] Envíese copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural del Cartagena de Indias, para que cada una de
estas autoridades, dentro de la órbita de su competencia adopte las decisiones
necesarias para evitar que en los establecimientos demandados se incurra, en
adelante, en prácticas de discriminación racial, por ser contrarias a los derechos
humanos.”
[272]
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). La Corte se refirió a los criterios establecidos por la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) así: “Ningún motivo de
inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a
indicar la natural consecuencia atribuída por el Derecho, en aplicación de
criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u
omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo
de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución.  Se trata de reparar, por orden judicial, el daño emergente causado si ello
fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el afectado
no disponga de otro medio judicial, la violación sea manifiesta y provenga de
una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que justifican y aún
exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso,
disponga lo concerniente.  ||  Desde luego, no se trata  de sustituir a la
jurisdicción especializada ya que el juez de tutela tan sólo tiene autorización
para ordenar la condena en abstracto y su liquidación corresponde a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o al juez competente, lo cual en
nada se opone a las previsiones constitucionales.” En esta oportunidad
se estudió la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de
sentencia judiciales, en los términos que establecía el Decreto 2591 de 1991.
[273]
En la sentencia T-1090 de 2005 la Corte Constitucional resolvió “CONDENAR EN ABSTRACTO,
conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, a los establecimientos de comercio “La Carbonera LTDA” y “QKA-YITO” al pago del daño emergente
representado en el daño moral ocasionado a Johana Luz Acosta Romero, en los
términos del argumento jurídico número 8 de esta providencia.”
[274]
En la sentencia T-131 de 2006 se resolvió “En esta
oportunidad se reitera lo afirmado por esta Corporación en reciente
pronunciamiento (T-1090 de 2005), cuando decidió: “anota la Sala, dicho instrumento precisa que se debe proteger “El derecho de acceso a todos los
lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de
transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques’. Dentro
de tal listado enunciativo de los sitios que comprenden el concepto ‘lugares y
servicios destinados al servicio público’, se encuadran sin duda las
discotecas, tabernas, bares u otros sitios de diversión nocturna.” En
esa ocasión no se resolvió una condena in genere.
[275]
Recomendación General N° 32 (2009); ‘Significado y alcance de las medidas
especiales en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial’, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
[276]
Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del proceso de la
referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[277]
Dice la intervención: “Como medida de reparación simbólica: (i) Reconocimiento
público por parte del profesor aceptando que incurrió en actos discriminatorios
y disculparse igualmente en público ante el estudiante afectado. La universidad
también debe hacer un reconocimiento público en el que destaque que no protegió
adecuadamente los derechos de los afrodescendientes en el caso concreto.  (ii)
Como muestra de voluntad real de la universidad en erradicar tendencias
racistas, es crear una cátedra de estudios afrodescendientes con el nombre de
un líder representativo para la cultura afrodescendiente, el cuál sería cursado
por estudiantes y docentes.  ||  La universidad deber brindar al estudiante la
oportunidad de presentar todas las actividades académicas que dejó de hacer por
motivos de los hechos discriminatorios, de tal manera que Heiler Ledezma, sea
evaluado en igualdad de condiciones con los demás estudiantes en todas las
áreas faltantes, sin costo alguno para el estudiante.  ||  Siempre que las
pruebas permitan establecer la responsabilidad patrimonial por concepto de
perjuicios morales, proponemos que se indemnice in genere, tal como se
procedió en la sentencia T-1090 de 2005, de tal manera que se permita el
resarcimiento económico por perjuicios inmateriales por vía de jurisdicción
ordinaria.” Expediente, tercer cuaderno, folios 139 a 144.
[278]
Expediente, tercer cuaderno, folios 156 a 158. La Universidad propone que la Universidad Distrital conforme una instancia triestamental permanente, “[…]
que pueda recepcionar casos de discriminación y darles trámite sin
re-victimizar a quienes son objeto de dichas prácticas. Para ello, pueden
promoverse mecanismos como los de mantener el anonimato de los afectados,
establecer casos-tipo o asumir institucionalmente la visibilidad de prácticas
de currículo oculto que promuevan o naturalicen el racismo (es decir, aquellas
que son aplicadas en la realidad por docentes y autoridades universitarias sin
que sean explícitas en los programas de las asignaturas).”
[279]
Dice al respecto la intervención: “Los casos en que los discursos constituyen
en sí mismos actos de discriminación, la acción correcta no debe ser omitirlos,
sino poner en evidencia sus tintes inconstitucionales que sobrepasan la
agresión tolerada por la libertad de expresión, para enmarcarse en la
vulneración del derecho a la igualdad.  ||  El silenciamiento o anulación que
se genera con un discurso discriminatorio demuestra que este se sale de la
esfera de la libertad de expresión, para convertirse en una imposición de
criterios de segregación racial frente al cual no cabe oposición con dignidad.
||  Así pues, una medida resarcitoria del trato desigual que crea el discurso
de un docente debe consistir en volver al terreno del debate, en eliminar del
escenario de aprendizaje la violencia y el silenciamiento que se transmite en
el discurso, y generar un espacio propicio para la contradicción de ideas en
condiciones de igualdad y de dignidad.  ||  […] El derecho, como herramienta de
transformación social, puede ayudar a crear una sociedad más democrática
garantizando el derecho a la libertad de expresión sin silenciamiento ni
anulación del otro y abriendo el debate para que se cuestione la pertinencia de
los comentarios con tintes racistas y sus consecuencias en la sociedad.  […]
||  En ese orden de ideas, una primera medida resarcitoria del derecho a la
igualdad idónea para enfrentar el silenciamiento que causa el discurso
discriminatorio y la profundización de la discriminación racial debe ser
garantizar la posibilidad de contradecir los argumentos de forma respetuosa y
en condiciones de igualdad, en el mismo espacio en que se presentaron.  ||
[…]  ||  Por su parte, la Universidad debe garantizar la disponibilidad del
espacio para el debate, en donde existan comentarios pertinentes, libres de
sentimientos de odio o violencia y respetuosos de los derechos fundamentales.  ||
Sumado a esto, cobra gran relevancia que la Universidad como escenario de debate por excelencia promueva los valores democráticos en los
educandos, para que ellos los repliquen y ayuden en su materialización. La Universidad debe ser receptiva entonces a las quejas por casos de discriminación para
proteger los derechos de quien o quienes resulten afectados, para que no tengan
que recurrir hasta la acción de tutela. Es responsabilidad de la institución
hacer un análisis detallado del caso que le otorgue la importancia que merece a
la denuncia de discriminación y no se ponga por encima de cualquier
circunstancia el prestigio del docente, aun existiendo prueba en su contra.
||  Otra medida resarcitoria debe consistir en efectiva recepción de quejas de
discriminación racial, puesto que no pueden resolverse los casos bajo
presunciones de buena fe de los docentes y omitir las pruebas que se allegan. La Universidad debe tener instancias encargadas de verificar que no exista discriminación racial
y que, en caso de presentarse, se tomen medidas tendientes a proteger los
derechos en el momento oportuno.  ||  Consideramos también fundamental que
exista una disculpa pública del docente, en el mismo lugar en el que ocurrieron
los hechos de forma que se avance en la discusión del perjuicio que causan los
discursos discriminatorios en la sociedad, en el ambiente de enseñanza y en los
derechos de las minorías étnicas.  ||  Para finalizar, la reparación de los
actos de discriminación debe considerar las afectaciones que se le causan al
grupo excluido, debe propender por la no repetición y por garantizar el derecho
colectivo a desarrollar su cultura y a ejercer sus actos de autonomía y ascenso
social.  […]” Expediente, tercer cuaderno, folios 175 a 193.
[280]
No obstante, la Sala puso de presente  (i) las obligaciones constitucionales en
materia de protección a la no discriminación por razones de raza y  (ii) se
refirió al asunto de las posibles intervenciones judiciales en el lenguaje.
[281]
Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del proceso de la
referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71. Dice al respecto la intervención: “Las medidas resarcitorias que como Movimiento Nacional
Cimarrón y Centro de Justicia contra el Racismo proponemos en casos de
prácticas de discriminación racial contra minorías étnicas por docentes en el
ámbito educativo son las siguientes,  1. Que la Corte Constitucional ordene al Gobierno Nacional y al Congreso de la República incluir dentro de nuestro ordenamiento penal colombiano la tipificación de la
discriminación racial como delito.  ||  2. Que se apruebe por el
Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que tenga por objeto
reconocer los derechos fundamentales a la identidad étnica y a la no
discriminación, adoptar políticas para la eliminación de las prácticas del
racismo y la discriminación racial, que afectan la convivencia en la sociedad
colombiana.  ||  3. Que se prohíba la utilización del término negro en los
discursos, documentos públicos y medios de comunicación para referirse a las
personas afrodescendientes, afrocolombianas o personas de piel negra, ya que
afecta o limita el derecho a la identidad y al buen nombre, entendiéndose que
un buen lenguaje contribuye a disminuir los índices de racismo y exclusión racial
que se presentan día a día en nuestra sociedad.  ||  Afrocolombiano:  concepto
de carácter eminentemente político utilizado desde hace algunas décadas por
líderes de la comunidad negra, con el fin de reivindicar y destacar su
ancestría africana y colombiana.  ||  Afrodescendiente:  Agrupa la comunidad
humana en su conjunto, en tanto científicamente se reconoce que ésta desciende
de África, no obstante en la II Conferencia Mundial contra el racismo, la
discriminación racial y la xenofobia, adoptó este término para referirse a los
descendiente en América de las personas y culturas africanas víctimas de la
esclavización.”
[282]
Al respecto, ver la intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del
proceso de la referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[283]
Al respecto, ver la intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del
proceso de la referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[284]
Expediente, tercer cuaderno, folio 293.
[285]
Dice la misiva: “Por medio de la presente realizamos la solicitud para dar el
carácter meritorio al proyecto de grado titulado ‘diseño e implementación de un
modelo rotacional para análisis de las etapas adquisición , monitoreo y
telemetría de temperatura en cubesats basado en sistemas para optimización de
trayectorias del centro para investigaciones espaciales de la Universidad de Texas – Austin’,  realizado por los estudiantes Heicer Enrique Ledezma Leudo
(código 20082283001) y Heiler Yesid Ledezma Leudo (código 20082273001) […]”. La
solicitud es de octubre de 2011.  El otro jurado del proyecto, Frank Nixon
Giraldo Ramos, cuyo nombre aparece en el documento impreso, no firmo la
solicitud.
[286]
Dice: “[…]  Soy ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Francisco José de Caldas, institución en la cual, igualmente efectué estudios de
pregrado en ingeniería electrónica y posgrado en Comunicaciones Móviles. He ejercido
mi profesión durante más de quince años en el área de Telecomunicaciones tanto
en el sector público como el privado y desde agosto de 2007 me encuentro
vinculado a la Universidad Distrital como docente hora cátedra de la facultad
tecnológica en el programa Ingeniería de Telecomunicaciones en los cursos de
Medios de Transmisión y Conmutación Digital.” Intervención del profesor
Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86.
[287]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[288]
Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera dentro del proceso de la
referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[289]
Dice: “[…] me abordó un estudiante de color y me dijo que había tomado un curso
conmigo […] le manifesté que no había nada que arreglar no dejando de causarme
sorpresa y preocupación que alguien que en ese momento no estaba inscrito en
ninguna de mis materias se acercara a preguntar por un asunto que en principio
no era de su interés. […]”. Intervención del profesor Juan de Dios Mosquera
dentro del proceso de la referencia. Expediente, tercer cuaderno, folios 56 a 71.
[290]
Dice al respecto: “Considero que con su actuar, el tutelante ha incurrido en
conducta indebida que encuadra en lo dispuesto en el artículo 84 literal f del
Estatuto Estudiantil vigente en la Universidad Distrital, puesto que se me está injuriando al hacérseme imputaciones que atentan
contra mi buen nombre y mis calidades profesionales e igualmente contra las
directivas y profesores de la Universidad y ésta misma, la cual goza a Nivel
Nacional de gran prestigio en el campo de los profesionales ingenieros que de
ella egresan y ha instituido organismos internos que justamente tienen por
objeto impulsar el desarrollo y respecto de las comunidades negras.”
[291]
Dice el profesor: “La Universidad adelantó el procedimiento correspondiente
para verificar los supuesto hecho de racismo anotados en la tutela y en esas
averiguaciones entrevistó a varios estudiantes que estuvieron en la clase aquí
aludida y ninguno de ellos ratificó en los términos referidos en la tutela por
el estudiante Ledezma, motivo por el cual la Universidad en uso de sus leal y discrecional derecho resolvió no acoger las peticiones del
estudiante.” Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado.
Expediente, tercer cuaderno, folios 72 a 86.
[292]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[293]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[294]
Intervención del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado. Expediente, tercer
cuaderno, folios 72 a 86.
[295]
Los representantes estudiantiles afirman de manera genérica que el estudiante
en cuestión ha sido agresivo verbal y físicamente con otros estudiantes. No
obstante, no dicen o hacen referencia a ninguna ocasión concreta, no
manifiestan en qué contexto se dieron las señaladas agresiones, ni de qué tipo
fueron. Las declaraciones de los representantes estudiantiles se encuentran a
folios 91 y 92 del tercer cuaderno del expediente.
[296]
Las notas transcritas son las siguientes: “Expresión oral y escrita ………… 30
||  Cálculo vectorial ………… 30  ||  materiales semiconductores ………… 40  ||
campos electromagnéticos ………… 40  ||  electrónica en comunicaciones ………… 30 ||
Teoría de la información ………… 30  ||  Probabilidades y estadística ………… 30  ||
Seminario de investigación ………… 35  ||  Redes de datos ………… 30  ||
Comunicaciones digitales ………… 30  ||  Instrumentación en telecomunicaciones
………… 45.  ||  Importante: El total de asignaturas que deben ser cursadas y
aprobadas en Ingeniería en Telecomunicaciones es de 64, de las cuales 40
corresponden al ciclo de Tecnología Electrónica y 24 al ciclo de Ingeniería en
Telecomunicaciones”. Aunque en este caso no se trata de una nota certificada de
la universidad, coincide con la información oficial. En las materias de
tecnología electrónica el promedio de las calificaciones es de 34.88.
[297]
Dijo al respecto el accionante: “[…] me acogí a un convenio existente […] Sólo
de este modo logré mitigar un poco las consecuencias académicas del ambiente
antagónico generado al interior de gran parte del cuerpo docente de ingeniería
en Telecomunicaciones hacia mi persona por haber puesto en conocimiento de
organismos judiciales la discriminación racial que muchos profesores procuran.
Es ese orden de ideas los comportamientos racistas evidenciados en las
asignaturas: Regulación de Telecomunicaciones, Medios de Transmisión, Conmutación
Digital y comunicaciones digitales, dieron lugar consecuentemente a actitudes
negativas generadas por profesores de otras asignaturas dado el profundo afecto
que se profesan entre la mayoría, caracterizado en el muto compartir y
acompañamiento en sus labores docentes.” Expediente, tercer cuaderno, folio
161.
[298]
Dijo al respecto: “[…] sin el ánimo de desviar la atención en lo que concierne
al tema de fondo (racismo), y aunque ya finalicé satisfactoriamente mi proceso
académico en la Universidad Distrital (al día de hoy sólo resta sustentar mi
tesis), respetuosamente me permito aclarar que contrario a lo que afirma la Señora Jueza de primera instancia, sí solicite un segundo evaluador para el examen final de
la asignatura regulación de Telecomunicaciones (en archivo adjunto) dentro de
la oportunidad legal tal como lo contempla el estatuto estudiantil, y este
nunca me fue asignado. De lo cual tuvo conocimiento la Universidad Distrital en todo momento y de primera mano”. Expediente, tercer cuaderno, folio
196.
[299]
De acuerdo con la información suministrada por el Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, Gustavo E Castro Ortiz, “[…] el promedio acumulado  obtenido por
usted […] teniendo en cuenta únicamente las asignaturas cursadas durante el
período comprendido entre el segundo semestre del año 2003 y el primer semestre
del año 2010 inclusive, fue de 3.28.” Expediente, tercer cuaderno, folio 219.
[300]
Comunicación de 17 de mayo de 2011. Expediente, tercer cuaderno, folios 210 a 212.
[301]
Dijo el hermano del accionante al Consejo Curricular lo siguiente: “Al final de
la tarde del 26 de abril del presente año sostuve una reunión en la
coordinación del proyecto curricular con el tutor del trabajo, Henry Montaña
Quintero, a fin de revisar la monografía del trabajo. Mientras revisábamos se
mostraba complacido con mi trabajo, luego me hizo algunas reclamaciones sobre
la tutela por racismo instaurada por mi hermano Heiler Yesid (estudiante de
Ingeniería de Telecomunicaciones) preguntándome por qué había sido mencionado
en una de las cartas de dicha tutela, inmediatamente me presionó para darle
respuestas apresuradas a lo cual respondí diciendo que si le parecía podíamos
hablar del caso en otro momento y que debido a la importancia en la entrega de
mi monografía deberíamos concentrarnos solamente en revisar y ajustar los
detalles de la misma.  ||  Por lo anterior, observé que el profesor revisaba la
monografía de forma descortés argumentando que tenía demasiados errores, estaba
mal escrita y faltaban ecuaciones y gráficas desarrolladas por nosotros durante
el trabajo […]  ||  Luego, le expliqué las razones por las cuales no colocamos
dichas ecuaciones y gráficas, le propuse que podríamos reunimos en un par de
días para mostrarle todo el trabajo a lo cual el profesor respondió
positivamente. Seguidamente firma las dos cartas de aprobación mientras critica
y ataca el trabajo diciéndome ‘lo más probable es que le devuelvan la
monografía porque a esto le falta mucho’, le dije: ‘considero que una
revisión de sólo 10 minutos, no es suficiente para juzgar mi trabajo de esa
forma’, luego me dice: ‘he revisado mucho proyectos y fácilmente me doy
cuenta cuando algo está mal hecho, usted no puede decirme que en sólo 10
minutos no soy capaz de revisar el trabajo…’, aclaré que no hablaba de su
capacidad, solamente trataba de explicarle que esa manera de revisar mi trabajo
no estaba bien. No es suficiente 10 minutos debido al nivel de complejidad de
las temáticas aeroespaciales.  ||  El profesor continúa con sus duras críticas
y dice: ‘¿sabe qué?’, renuncio a ser su tutor y esto no se lo voy a firmar’
mientras toma las cartas firmadas, las rompe y de manera desafiante las pasa
por mi cara y con fuerza las tira al bote de basura en la coordinación.  ||  A
lo cual respondo: ‘es muy injusto lo que acaba usted de hacer, usted no
puede hacerme esto’, el profesor agrega: ‘ustedes saben que si no les
firmo no se pueden graduar’, mientras tanto recojo los trozos de papel y
trato de explicarle la importancia de ello para mi trabajo […]”.
[302]
Expediente, tercer cuaderno, folios 252 a 261. Comunicación del Director del Centro de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas.  A la reunión asistieron 14 personas, entre
ellas, profesores, estudiantes, trabajadores del cuerpo administrativo e
incluso una egresada de la Universidad.
[303]
Expediente, tercer cuaderno, folios 252 a 261.
[304]
Expediente, tercer cuaderno, folios 252 a 261.
[305]
Expediente, tercer cuaderno, folios 252 a 261.
[306]
Expediente, tercer cuaderno, folios 267 a 289.
[307]
El profesor Alfonso Murillo Leal fue exonerado por considerar “[…] los
disciplinados […] informaron que no solicitaron asesoría jurídica alguna
al profesional Murillo Leal.”  Expediente, tercer cuaderno, folio 284.
[308]
Expediente, tercer cuaderno, folios 221 a 250.
[309]
Expediente, tercer cuaderno, folio 228.
[310]
Dice al respecto: “[…] Es claro que la Decana suministró información irreal del promedio acumulado de Heiler Ledezma diciendo que el estudiante contaba en
ese momento con un promedio acumulado de 2,81 siendo que en la realidad la Oficina Asesora de Sistemas reportó que el estudiante contaba en ese momento con un promedio
acumulado de 3,28 número que aunque tampoco describe finalmente el desempeño
real del estudiante, está muy lejos del 2,81 afirmado por la Decana bajo la gravedad de juramento a los Juzgados Civiles.  ||  […] es evidente […] que la
idea del rector en lo argumentado, es desdibujar ante ustedes la gran imagen
con que cuenta el estudiante en la Universidad, al igual que lo hizo la Decana ante las juezas de primera y segunda instancia.” Expediente, tercer
cuaderno, folios 224 y 225.
[311]
Expediente, tercer cuaderno, folio 223.
[312]
Dice la comunicación: “Yo, Paterson Steven Rodríguez Chaparro […] actuando en
nombre propio, por medio del presente escrito, pongo en su conocimiento que en
las aulas de Ingeniería en Telecomunicaciones ha habido hechos racistas
ocurridos a lo largo del año 2010.  ||  Los hechos están relacionados con el
uso descontextualizado de sarcasmos, burlas y remedos en clase de la mencionada
ingeniería, con el uso de frases racistas como: negro, negrero, esclavo, amo,
latigazos, etc.” Expediente, tercer cuaderno, folio 245.
[313]
Expediente, tercer cuaderno, folios 136 a 138.
[314]
Al respecto dijo la intervención: “Inicialmente, consideramos importante hacer
precisiones conceptuales frente al tema del racismo y sus diferentes forma de
manifestación. Partimos contrarrestando una de las críticas más comunes que se
hace al abordar el tema del racismo y que es la inexistencia de la raza como
categoría biológica. Si bien es cierto, la existencia de la raza está
totalmente desvirtuada en el mundo de las ciencias naturales, en las ciencias
sociales la idea de raza constituye una categoría de análisis, pues, muy a
pesar de que la inexistencia de ésta está probada, existen conductas sociales
plenamente identificables al interior de las sociedades consistentes en la racialización
de determinados colectivos. En este sentido el racismo debe entenderse como
un fenómeno social, que perpetúa imaginarios de subalternidad de ciertos
grupos humanos y que se materializa en conductas humanas que por lo general
vulneran los derechos fundamentales de las víctimas.  ||  Otro punto que nos
parece importante para la discusión, es que exista un consenso al identificar
en la conducta racista la producción de un daño antijurídico. Para entender
este punto expondremos una tipología del racismo, enumerando formas en que éste
se manifiesta en una sociedad que a través de la historia ha venido
sofisticando sus formas y en consecuencia, hace más difícil su identificación.
El profesor Agustin Lao-Montes en sus estudios hace una diferenciación de los
tipos de racismo, identificando los siguientes: (i) el estructural, que se
traduce en la marginalización económica y desvalorización de las memorias y
saberes de los hombres y mujeres descendientes de africanos, lo que se conoce
también como racismo epistémico;  (ii) el institucional, que se evidencia en la
subrepresentación en las instancias de poder político y la mayor dificultad de
acceso al sistema educativo, servicios públicos y mercados de trabajo y (iii)
el racismo como experiencia cotidiana, que son las barreras sociales a las que
se debe enfrentar una persona racializada, las cuales son de muy fácil control
ya que estas injusticias suelen interpretarse como conductas normales, y no
intencionales dejándolas pasar comúnmente por alto.”
[315]
Expediente, tercer cuaderno, folios 145 a 159.
[316]
Este Observatorio  está conformado, además, por el Proceso de Comunidades
Negras (PCN), el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. La intervención fue presentada por Rodrigo Uprimny Yepes, Paula
Alejandra Rangel Garzón, Luz María Sánchez Duque y Eliana Fernanda Antonio
Rosero.
[317]
Expediente, tercer cuaderno, folios 175 a 193. La organización DeJuSticia tiene a disposición pública, en línea, copia de la versión completa de su
intervención en el presente proceso. [ http://www.dejusticia.org/index.php?x=0&modo=interna&tema=antidiscriminacion&litigio=48&lang=es ]
[318]
La intervención precisa los criterios en los siguientes términos: “i. Difusión
en ejercicio de la relación de poder derivada de la actividad docente  ||
Si bien es cierto que el discurso de un docente en el ámbito de su actividad
goza de una protección reforzada en tanto involucra el ejercicio de los
derechos fundamentales de libertad de cátedra y de expresión, también es cierto
que el docente expone su discurso desde una posición de poder, lo cual impone
un mayor grado de responsabilidad frente a lo dicho. Esta posición de poder
está definida por un reconocimiento cultural en virtud del cual el docente es
visto como el legítimo portador de un conocimiento que debe ser impartido en
los escenarios académicos, de tal modo que el alumnado está receptivo a sus
mensajes y a apropiar lo que de él venga.  ||  Ahora bien, dado que el mayor
grado de influencia del discurso se deriva de esta posición de poder, es
indispensable que la transmisión del mensaje discriminatorio se haga en
ejercicio de la relación de poder derivada de las actividades docentes y no
como un comentario entre
particulares, fuera de la relación profesor-
estudiante.  ||  ii. Impertinencia en la explicación del tema  Para que
el comentario que haga el docente se considere discriminatorio debe ser
innecesario e impertinente para la explicación del tema de clase. Es decir, si
el docente debe hacer referencia a una diferencia racial para claridad del
auditorio, esta debe guardar una estrecha relación con el asunto a tratar y
debe ser indispensable para enriquecer la explicación; en caso de no tener
coherencia argumentativa, puede considerarse un discurso discriminatorio. ||
iii. Profundización de la segregación racial  ||  El comentario debe
tener un contenido que de por sí cree un trato desigual, es decir, que tenga la
capacidad de crear una diferencia por la condición racial, que resulte
injustificada. El fondo de la afirmación debe entonces conducir a acentuar una
segregación racial.  ||  iv. Motivación por el odio o prejuicios sociales  ||
Es discriminatorio un discurso docente cuando está cargado de sentimientos
de odio hacia las personas de un determinado origen racial. Igualmente, cuando
refleja prejuicios sociales que no hacen parte de una estructura argumentativa,
sino de simples juicios personales que ante cualquier circunstancia imponen un
mensaje violento. La violencia y el odio son elementos subjetivos que se le
imprimen a un discurso, pero que son reconocibles según el lenguaje y el
mensaje que se transmita.  ||  Las anteriores características pueden determinar
la existencia de un discurso discriminatorio en el contexto de una afirmación
que hace un docente en el marco de su actividad. Por otro lado, vale la pena
resaltar que basta con una sola ocasión para determinar la existencia de la
discriminación, pero la reiteración de los pronunciamientos del docente debe
ser un factor de mayor alerta.”
[319]
En las consideraciones de la presente sentencia se hará referencia a las
medidas propuestas en ésta y en las demás intervenciones.
[320]
Con relación al diagnóstico general la intervención había indicado lo
siguiente: “[…] Las personas
afrodescendientes han sido tradicionalmente vulneradas
en sus derechos. A través del tiempo han cambiado las formas de la segregación
racial, pero después de tan fuertes y constantes exclusiones, siguen existiendo
rasgos de discriminación de diversas maneras. Antes, las mismas normas negaban
los derechos en razón de la condición racial o étnica; ahora, el derecho ha
dejado de reproducir, en alguna medida, esos modelos de discriminación, pero no
por ello puede afirmarse que existe una inclusión total de las comunidades pues
persisten otros factores que mantienen la discriminación racial.  || Colombia
ha incorporado a su normatividad diferentes instrumentos internacionales que
protegen a las minorías étnicas e impulsan la protección de sus derechos a
través de la imposición de obligaciones al Estado. […]   ||  Sin embargo, lo
cierto es que no se ha cumplido cabalmente con lo que dispone la Convención. […]  ||  […]  ||  El mito de la igualdad racial impone la dificultad más grande
en la construcción de un Estado democrático, participativo e incluyente, en
tanto no hace frente a las barreras invisibles que existen en la sociedad y que
dificultan una igualdad real y efectiva para las minorías étnicas. No en vano,
los informes demuestran las condiciones diferenciales que existen entre
afrocolombianos y mestizos en términos de educación,
vivienda, acceso a la justicia, representación política.”
[321] Brown v. Board of Education.