C-029-18
Sentencia C-029/18
ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DE
EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Exequibilidad
de las disposiciones que no habían sido declaradas inexequibles en las
sentencias C-285 y C-373 de 2016
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA ACTO LEGISLATIVO-Caducidad
En los términos del artículo 379 Superior, las acciones públicas de
inconstitucionalidad que se dirijan contra actos reformatorios de la
Constitución, deberán formularse dentro del año siguiente a su promulgación.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Concepto y alcance
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Aparente, formal y material, absoluta y relativa
COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA
RELATIVA-Conceptos
COSA JUZGADA APARENTE-Concepto
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL Y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto
ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DE
EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Jurisprudencia
constitucional
INFORME DE CONCILIACION EN PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Trámite
PRINCIPIOS DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS
FORMAS Y EL IN DUBIO PRO LEGISLATORIS-Jurisprudencia
constitucional
IMPEDIMENTO
DE CONGRESISTA-Efectos en el quorum decisorio/IMPEDIMENTO DE
CONGRESISTA-Efectos en el voto
El voto que realiza un congresista impedido tiene por lo menos dos
efectos: El primero, frente a la decisión que se toma, implica que no sólo el
voto es inexistente y no debe ser computado, sino que para efectos de
determinar el quórum decisorio debe asumirse que el congresista impedido no se
encontraba presente en la sesión. (…) El segundo efecto del voto de un congresista impedido es
para sí mismo. Al haber participado de una decisión en la que previamente se le
ha aceptado un impedimento, el Congresista obra con desconocimiento de sus
deberes de representación, pues suplanta la voluntad del pueblo a quien
representa por la suya propia. Por esa razón, la Constitución y la ley han
establecido unos efectos disciplinarios muy severos que incluyen la
responsabilidad disciplinaria y la pérdida de investidura.
ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DE
EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Votación del
Informe de Conciliación
CONGRESISTA-Desconocer la
obligación de votar no vicia la voluntad legislativa
Referencia:
expediente D-11532
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 02 de 2015 “Por medio
del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones”, con excepción
de aquellas declaradas inexequibles en la Sentencia C–285 de 2016.
Demandantes: Eduardo
Montealegre Lynett y Rafael José Lafont Rodríguez.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, DC., dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, José
Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger[1] y Alberto Rojas Ríos, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Eduardo
Montealegre Lynett y Rafael José Lafont Rodríguez demandaron las disposiciones
contenidas en el Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se
adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se
dictan otras disposiciones”, con excepción de aquellas
declaradas inexequibles en la Sentencia C-285 de 2016.
II.
NORMA OBJETO DE REVISIÓN
A continuación se transcribe el texto del Acto
Legislativo cuestionado, conforme su publicación en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015:
“ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2015
(julio 1o)
por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio
de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. Adiciónense los incisos cuarto,
quinto y sexto al artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán
así:
El
candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido
en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal
a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante
el período de la correspondiente corporación.
Las
curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176.
Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.
En
caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las
entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general
de asignación de curules prevista en el artículo 263.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. La asignación de las
curules mencionadas en este artículo no será aplicable para las elecciones
celebradas en el año 2015.
ARTÍCULO
2o. El artículo 126 de la
Constitución Política quedará así:
Los
servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular,
ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén
ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco
podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos
estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni
con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso
anterior.
Se
exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en
aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos
de carrera.
Salvo
los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que
garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Quien
haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá
ser reelegido para el mismo.[2]
Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo
de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus
funciones:
<Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados,[3]
Miembro del Consejo Nacional Electoral, [4]
Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del
Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado
Civil.
ARTÍCULO
3o. Deróguense los incisos 5o y 6o
del artículo 127 de la Constitución Política.
ARTÍCULO
4o. El artículo 134 de la
Constitución Política quedará así:
Artículo
134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán
suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o
temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el
orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y
descendente en la misma lista electoral.
En
ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes
relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados
ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración
pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de
Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente
en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas
temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de
los respectivos procesos.
Para
efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la
totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas
curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los
eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.
Si por
faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos
colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a
la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para
llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro (24) meses
para la terminación del periodo.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Mientras el legislador
regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i)
Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la
incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de
nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva
corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida
de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la
licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad
por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.
La
prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que
se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009,
con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la
administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien
a partir de la vigencia del presente acto legislativo.
ARTÍCULO
5o. <Artículo INEXEQUIBLE>[5]
ARTÍCULO
6o. Modifíquense los incisos segundo
y cuarto del artículo 176 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
Inciso
segundo
Cada
departamento y el Distrito Capital de Bogotá, conformará una circunscripción
territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y
uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en
exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada
por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá
adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho
departamento, de conformidad con la ley.
Inciso
cuarto
Las
circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de
Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el
exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4)
Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las
comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las
comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta
última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio
nacional por ciudadanos residentes en el exterior.
ARTÍCULO
7o. <Artículo INEXEQUIBLE>[6]
ARTÍCULO
8o. <Artículo INEXEQUIBLE>[7]
ARTÍCULO
9o. El artículo 197 de la
Constitución Política quedará así:
Artículo
197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a
cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al
Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua
o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo
podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o
asamblea constituyente.[8]
No
podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere
incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales
1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya
tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes
cargos:
<Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Ministro, Director de Departamento Administrativo,
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del
Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la
Comisión de Aforados[9]
o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del
Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares,
Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de
departamento o Alcalde.
ARTÍCULO
10. Elimínense los incisos segundo y
tercero del artículo 204 de la Constitución Política.
ARTÍCULO
11. El artículo 231 de la
Constitución Política quedará así:
Artículo
231. <Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte en letra cursiva corresponde
a la corrección introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285-16> Los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán
elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista
de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo
Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de
conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial. [10] [11]
En el
conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre
quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la
academia.
La
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de
votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen
la respectiva corporación.
ARTÍCULO
12. Modifíquese el numeral cuarto del
artículo 232 de la Constitución Política, el cual quedará así:
4.
Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria
deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de
la magistratura a ejercer.
ARTÍCULO
13. El numeral cuarto del artículo
235 de la Constitución Política quedará así:
4.
Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General
de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema
de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho,
al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio
Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los
Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la
República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los
Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de
la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
ARTÍCULO
14. Agréguese un numeral 12 y
modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales
quedarán así:
11.
Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas
jurisdicciones.
12.
Darse su propio reglamento. [12]
ARTÍCULO
15. <Artículo INEXEQUIBLE>[13]
ARTÍCULO
16. <Artículo INEXEQUIBLE>[14]
ARTÍCULO
17. <Artículo INEXEQUIBLE, salvo
en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión "o a los
Consejos seccionales, según el caso", como de los numerales 3º y 6º del
artículo 256 de la Constitución> Deróguese el artículo 256 de la
Constitución Política.[15]
ARTÍCULO
18. TRANSITORIO. <Artículo
INEXEQUIBLE, salvo los siguientes apartes>
f)
Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán
ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria.
g) Se
garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los
Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o
vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual
o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan
los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura.
6. La
autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial
será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.[16]
ARTÍCULO
19. El artículo 257 <257A> de
la Constitución Política quedará así:
Artículo
257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función
jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.
<Apartes
tachados INEXEQUIBLES, el aparte subrayado corresponde a la corrección
introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285-16> Estará conformada por
siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno
de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo
Superior de la Judicatura previa convocatoria pública reglada adelantada
por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos
por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República,
previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años,
y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia.[17]
Los
Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser
reelegidos.
Podrá
haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale
la ley.
La
Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la
conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión,
en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la
ley a un Colegio de Abogados.
PARÁGRAFO.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto
legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán
sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados
y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la
Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin
solución de continuidad.[18]
ARTÍCULO
20. El artículo 263 de la
Constitución Política pasará a ser 262 y quedará así:
Artículo
262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos
que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos
y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o
cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen
hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3)
candidatos.
La
selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de
conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se
observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad,
alternancia y universalidad, según lo determine la ley.
Cada
partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente.
En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los
nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se
reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los
candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista
se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el
mayor número de votos preferentes.
En el
caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo
del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido
atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a
favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las normas sobre
el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la reordenación de
la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento
político y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el
voto será válido y se computará a favor del candidato.
La ley
regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos
y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones
públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los
aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15 %) de los
votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas.
ARTÍCULO
21. El artículo 263A de la
Constitución Política pasará a ser el 263 y quedará así:
Para
garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos
y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones
Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las
listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior
al tres por ciento (3 %) de los votos válidos para Senado de la República o al
cincuenta por ciento (50 %) del cuociente electoral en el caso de las demás
Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.
La
cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el
número de votos por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente
hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a
proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá
tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de
sus votos.
En las
circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de
cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30 % de dicho
cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se
adjudicará a la lista mayoritaria.
Cuando
ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas
las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.
ARTÍCULO
22. Modifíquense los incisos quinto y
sexto del artículo 267 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
Inciso
quinto
El
Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el
primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la
República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base
en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido
ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo.
Inciso
sexto
Solo
el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las
faltas absolutas y temporales del cargo.
ARTÍCULO
23. Modifíquense los incisos cuarto y
octavo del artículo 272 de la Constitución Política.
Inciso
Cuarto:
Los
Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante
convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de
género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso.
Inciso
Octavo:
No
podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea
o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el
nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.
ARTÍCULO
24. El artículo 281 de la
Constitución Política quedará así:
Artículo
281. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será
elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro
años de terna elaborada por el Presidente de la República.
ARTÍCULO 25. El artículo 283 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo
283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la
Defensoría del Pueblo como ente autónomo administrativa y presupuestalmente.
ARTÍCULO
26. CONCORDANCIAS, VIGENCIAS Y
DEROGATORIAS.
Sustitúyase
la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional
de Disciplina Judicial” en el artículo 116 de la Constitución Política.[19]
<Inciso
INEXEQUIBLE>[20]
Elimínese
la expresión “y podrán ser reelegidos por una sola vez” en el artículo 264 de
la Constitución Política.[21]
Elimínese
la expresión “Podrá ser reelegido por una sola vez y” en el artículo 266 de la
Constitución Política.
La
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mencionada
en el artículo 178 de la Constitución Política, no será una de las comisiones
permanentes previstas en el artículo 142 de la misma.
<Inciso
INEXEQUIBLE>[22]
Sustitúyase
el encabezado del Capítulo 7o del Título VIII con el de “Gobierno y
Administración de la Rama Judicial”.
Deróguese
el artículo 261 de la Constitución Política y reenumérese el artículo 262 que
pasará a ser el 261.
El
presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
FABIO RAÚL AMÍN SALEME.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.”
III.
LA DEMANDA
Los
accionantes señalan que en el trámite del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por
medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones”, se desconocieron los
artículos 6º, 133, 146, 149, 151, 182, 183 y 375 de la Constitución y los
artículos 117, 118, 123, 126 y 225 de la Ley 5ª de 1992. En criterio de los
demandantes tales violaciones dan lugar a tres cargos que son expuestos así:
“CARGO
PRIMERO. Violación de las normas constitucionales referidas a la aprobación
de proyectos de acto legislativo, debido a que en la votación del Informe de
Conciliación de la primera vuelta en el Senado de la República, participaron
congresistas que estaban impedidos para ello.
CARGO
SEGUNDO. Desconocimiento de las
reglas de votación nominal y pública, generado por la imposibilidad de
determinar el quórum en la sesión plenaria del Senado que aprobó el Informe de
Conciliación en primera vuelta de la reforma al equilibrio de poderes.
CARGO
TERCERO. Incumplimiento de la
obligación de votar por parte de congresistas presentes en el recinto al
momento de la votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta.”[23]
Adicionalmente, de
acuerdo con los actores los vicios a los que hacen referencia son insubsanables
y no se configura cosa juzgada constitucional frente a las normas sobre las que
no existe un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional. Teniendo en
cuenta lo anterior, a continuación se resume cada uno de los puntos de la
demanda.
3.1. Primer
cargo
Los
demandantes afirman que en la sesión de la Plenaria del Senado de la República
llevada a cabo el 11 de diciembre de 2014, en la cual se aprobó la conciliación
de los textos aprobados en primera vuelta en el Senado de la República, se
desconoció el régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses consagrado
en los artículos 182 y 183 de la Constitución y en la Ley 5ª de 1992.
Manifiestan
que en esa sesión se aprobó el Informe de Conciliación del Proyecto, con el
voto de los Senadores Juan Manuel Corzo Román, Juan Samy Merheg Marún y Nadya
Georgette Blel Escaf, cuyos impedimentos ya habían sido aceptados en la sesión
plenaria del 8 de octubre de 2014, según consta en la Gaceta 806 de dicho año.
Expresan
que pese a que inicialmente se había negado el impedimento del Senador Corzo
Román, la Senadora Claudia López Díaz solicitó a la Mesa Directiva, claridad
sobre la forma como se estaban votando los impedimentos, luego de lo cual se
volvió a votar el impedimento del Senador Corzo, obteniéndose un resultado de
55 votos por el sí y 5 por el no. Agregan que en la página 70 de la Gaceta 806
se señala textualmente que “[H]a sido aprobado el impedimento
presentado por el honorable Senador Juan Manuel Corzo Román al proyecto de Acto
Legislativo número 18 de 2014 Senado (acumulado con los Proyectos de Acto
Legislativo números 02 de 2014 Senado y 12 de 2014 Senado)”.
Explican
que en la página 75 de la Gaceta 806 de 2014 se encuentra la constancia de que
el impedimento del Senador Juan Samy Merheg Marún fue aprobado con 46 votos
afirmativos y 8 negativos. Al respecto manifiestan que en la página 76 de la
Gaceta 806 de 2014 se señala: “[H]a sido aprobado el impedimento
presentado por el honorable Senador Juan Samy Merheg Marún, al Proyecto de Acto
Legislativo número 18 de 214 Senado (acumulado con los proyectos de Acto
Legislativo números 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06
de 2014 Senado y 12 de 2014 Senado)”.
Exponen
que según consta en la página 67 de la Gaceta No. 806 de 2014, el impedimento
de la Senadora Nadya Georgette Blel Escaf fue aprobado con 38 votos afirmativos
contra 16 negativos. Al respecto afirman que en la página 68 de la citada
Gaceta 806 de 2014 se expresa “aceptado el impedimento presentado por la
honorable Senadora Nadya Gergette Blel Scaff, al Proyecto de Acto Legislativo
número 18 de 2014 Senado (acumulado con los proyectos de Acto Legislativo
números 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de 2014
Senado y 12 de 2014 Senado)”.
Indican
que, de conformidad con lo señalado en los artículos 149 de la Constitución[24] y 5º de la Ley 5ª de
1992[25],
la participación de estos congresistas estando impedidos vicia la aprobación
del Informe de Conciliación que se llevó a cabo en la Plenaria del Senado el 11
de diciembre de 2014.
Aseveran
que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades garantiza la trasparencia
y la moralidad en la actividad legislativa por el papel que desempeña el
Congreso en el modelo de Estado Social de Derecho. Asimismo, afirman que al permitir
la participación de personas que se encontraban impedidas también se ha desconocido
el principio democrático.
3.2. Segundo
cargo
Los
actores consideran que en la sesión de la Plenaria del Senado de la República
llevada a cabo el 11 de diciembre de 2014 en la cual se aprobó la conciliación
de los textos aprobados en primera vuelta en el Senado de la República se
vulneraron los artículos 133 y 375 de la Constitución, que establecen la
obligación de que el voto en las sesiones de la Corporación se adelante de
forma nominal y pública y la regla de aprobación con mayoría simple en primera
vuelta del trámite legislativo:
Señalan
que es imposible determinar la cantidad de Senadores que estuvieron presentes
en el momento de la votación del Informe de Conciliación, pues el número de
asistentes varió de manera sustancial, tal como se evidencia en la Gaceta 474
de 2015 y en el video del Canal Institucional del Congreso de la República.
Afirman
que en esa sesión 99 Senadores respondieron al llamado a lista, pero no existe
registro del resultado de la votación y aprobación del orden del día propuesto
por la Secretaria del Senado, quedando constancia solamente del retiro de 5 Senadores.
Advierten
que posteriormente se encontraban presentes congresistas que estaban impedidos
y no se dejó constancia de quienes se retiraron y quienes se abstuvieron de
votar, lo cual, en su opinión, desconoce lo señalado en el artículo 293 de la
Ley 5ª de 1992[26].
Expresan
que, según la Gaceta 474 de 2015, en la votación participaron 57 Senadores pero
en el video se observan 58 presentes, lo cual implica que hay serias
inconsistencias en la determinación de los asistentes a la sesión, lo que
afecta la configuración de las mayorías.
Explican que, ante la imposibilidad de
establecer el número de presentes, tampoco es posible determinar la mayoría
requerida. En este sentido, los demandantes señalan:
“Al respecto, en este caso tenemos que, si el número de
presentes era noventa y nueve (99), como se extrae del llamado a lista, para la aprobación del Informe
de Conciliación, se requerían 51 votos por el sí. Si el número de
presentes es noventa y cuatro (94) como se presume después del registro de los
retiros del recinto -que es la única reconfiguración del número de presentes
que consta en el acta-, se requieren 48 votos por el sí. Por el
contrario, si el número de presentes era cincuenta y ocho (58) como se observa
en el video del Canal Institucional, o cincuenta y siete (57), como se registró
en el resultado de la votación que aparece en la gaceta, la mayoría equivale a
30 en el mismo sentido. La variación entre los números requeridos para la
aprobación del Informe de Conciliación en cada uno de los supuestos de hecho es
sustancial.”[27]
Sobre este aspecto agregan que la Corte
Constitucional en la Sentencia      C-106 de 2016 declaró inexequible una ley
ante la imposibilidad de establecer la existencia de quórum decisorio.[28]
Aducen que esta variación representa una
afectación clara y directa de los principios de las mayorías, de transparencia
y de moralidad pública, así como del voto nominal y público.
3.3. Tercer cargo
Los accionantes consideran que durante la
votación del Informe de Conciliación en la Cámara de Representantes y en el
Senado de la República se violó la regla contemplada en el numeral 4º del
artículo 123 de la Constitución en virtud de la cual el número de votos, en toda votación, debe ser igual al
número de Congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de
votar, lo cual vulnera a su vez los artículos 6º y 133 de la Constitución, el
principio democrático y el pluralismo político.
3.3.1. Votación del Informe de
Conciliación en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes
Los
demandantes indican que en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes
llevada a cabo el 15 de diciembre de 2014, 90 Representantes a la Cámara
votaron el Informe de Conciliación del Proyecto pese a lo cual de acuerdo con
la hora de ingreso al recinto 111 representantes se encontraban en la sesión.
Por lo tanto, concluyen que 21 no cumplieron con su obligación de votar, aun
cuando estaban obligados a hacerlo.
Aseveran
que existe dificultad en la determinación del quórum de esta sesión, pues según
el registro hubo congresistas que votaron el Informe de Conciliación (lo cual
tuvo lugar entre las 12:32.09 y las 12.37.59 pm), pero que llegaron al recinto
con posterioridad, tal como sucede con: (i) el Representante Óscar Hernán
Sánchez León, que votó por el sí, pero su hora de ingreso está registrada a las
22:38:40; (ii) el Representante Pierre Eugenio García Jacquier, que votó por el
no, pero su hora de ingreso fue a las 23:05:41 y (iii) el Representante Rubén Darío
Molano Piñeros, quien votó por el no pero su hora de ingreso fue a las
16:30:41.
Señalan
que es posible identificar a 3 congresistas que estaban presentes en la
Plenaria de la Cámara de Representantes y que omitieron deliberadamente su
deber de votar el Informe de Conciliación, tal como lo prueba la Gaceta 323 de
2015 y el video de la sesión del 15 de diciembre de 2014:
(i)
La Representante Tatiana Cabello Flórez estaba
presente en la sesión pero se abstuvo de votar, pese al llamado que le hizo la
Subsecretaria, tal como puede apreciarse en el video de la plenaria y en el
acta de la sesión.
(ii)
El Representante Alejandro Carlos Chacón se
encontraba presente en el momento de la votación, pese a que su entrada al
recinto fue a las 11:30.51 a.m., tal como lo demuestra el video del 15 de
diciembre de 2014 de la Cámara de Representantes.
Expresan
que en virtud de lo anterior se presenta una violación de las reglas de
procedimiento previstas para la aprobación de proyectos de ley y de acto
legislativo contempladas en el numeral 4º del artículo 123 y en el artículo 127
de la Ley 5ª de 1992, que establecen:
“Artículo
123. Reglas. En las votaciones cada
Congresista debe tener en cuenta que: […]
4. El
número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas
presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a
votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el Presidente y se
ordena su repetición”[29].
“Artículo
127. Decisión en la votación. Entre votar afirmativa o negativamente no hay
medio alguno. Todo Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en
uno u otro sentido.
Para
abstenerse de hacerlo sólo se autoriza en los términos del presente
Reglamento.”[30]
Los
demandantes explican que la Corte Constitucional ha estudiado el alcance del
numeral 4º del artículo 123 de la Ley 5ª de 1992 en diversas decisiones:
(i)
En Sentencia C-332 de 2012 se analizó el vicio de
procedimiento que se presenta cuando no corresponden el número de votos con el
de congresistas presentes y pese a que no se aceptó porque no estaba
completamente probado, si se hubiera demostrado hubiera sido necesario declarar
la inexequibilidad.[31]
(ii)
En Sentencia C-337 de 2015 la Corte habría
reconocido que la votación debió ser anulada porque no correspondían el número
de votos con el de congresistas presentes pero al presentarse otro vicio
insubsanable no se profundizó en ese aspecto.[32]
(iii)
En la Sentencia C-106 de 2016 se declaró
inexequible el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la
Alianza del Pacífico en decisión en la que se concluyó la imposibilidad de
constatar el quórum decisorio y la mayoría constitucional.[33]
3.3.2. Votación del Informe de
Conciliación en la Sesión Plenaria del Senado
Los
demandantes aseveran que en la Plenaria del Senado llevada a cabo el 11 de
diciembre de 2014, la votación del Informe de Conciliación también desconoció
las reglas contempladas en los artículos 123 y 127 de la Ley 5ª de 1992, pues
se encontraban en el recinto Senadores que no votaron el Informe de
Conciliación.
Señalan
que en el momento del registro se encontraban presentes 99 Senadores,
posteriormente se retiraron 5, pero la votación arroja solo 57 y además en el
video del Canal Institucional del Congreso aparecen 58, por lo cual al menos 37
estaban presentes al momento de la votación pero no existe registro de su
retiro. Agregan que algunos de estos 37 Senadores que estaban presentes pero no
votaron estaban impedidos pero no existe constancia de su abstención. Además
señala que se dieron varias circunstancias especiales:
(i)
Afirman que en el minuto 00:51:34 se hizo un llamado al Senador Daniel Cabrales
Castillo, lo cual indica que estaba presente pero no votó.
(ii)
Manifiestan que en la pantalla que registra la votación se observa de manera
constante que se encontraban 58 Senadores presentes pero solamente se obtuvo el
registro de 55 votos, por lo cual hubo 3 Senadores que no manifestaron su
intención de voto.
(iii)
Expresan que la Secretaría del Senado registró 2 votos manuales al mismo tiempo
pero no hacían parte del registro electrónico.
Explican
que la vulneración de esta regla de la votación desconoce el artículo 6º de la
Constitución, pues parte de la responsabilidad que debe asumirse en este caso
implica la anulación de la actuación que continuó sin subsanarse el vicio en el
momento oportuno. Al respecto agregan que entre los deberes de los congresistas
está el de votar todas las proposiciones efectuadas cuando se encuentren en ejercicio
de su cargo, lo cual omitieron varios parlamentarios en detrimento de lo
señalado por la Constitución.
Exponen
que se vulneró el artículo 133 de la Constitución, pues cuando el número de
presentes y de votantes no coincide existe una clara vulneración de la
obligación de emitir un voto nominal y público contemplado en esa disposición
constitucional “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien
común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que
determine la ley”.
Aducen
que también se violó el principio democrático, pues cuando los Senadores que se
encuentran presentes no votan se afecta la voluntad parlamentaria que a su vez
refleja la voluntad del pueblo y el pluralismo político.
3.4. Los
actores indican igualmente que no existe cosa juzgada frente a las normas sobre
las que no existe un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional
Aseveran
que esta demanda se dirige contra las normas del acto legislativo que
permanecen vigentes “En ese entendido, esta demanda se dirige contra las
disposiciones del Acto legislativo 02 de 2015 que continúan vigentes, es decir,
contra las normas que no han sido declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional”.
Señalan
que “debido a que la sentencia C–285 de 2016 declaró inexequibles una serie
de disposiciones normativas contenidas en el Acto Legislativo 02 de 2015, sobre
estas no puede abrirse ninguna discusión referida a su constitucionalidad”.
Afirman
que no se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con los
cargos por los cuales la Corte Constitucional se ha declarado inhibida en las
sentencias C–053 de 2016, C–230 de 2016 y C–285 de 2016. Al respecto afirman
que “no se puede predicar la existencia de cosa juzgada respecto de la
constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2015 con fundamento en las
decisiones inhibitorias, pues aún no ha habido un pronunciamiento definitivo
sobre la constitucionalidad de estas normas”.
3.5. Los
actores manifiestan que las irregularidades ocurridas en el trámite del Informe
de Conciliación a la primera vuelta, tanto en la Plenaria de la Cámara como en
la Plenaria del Senado constituyen vicios de forma insubsanables
Expresan
que atendiendo a los criterios jurisprudenciales de existencia y temporalidad,
gravedad y razonabilidad debe concluirse que no pueden subsanarse los vicios de
forma señalados en la demanda.
En
relación con los criterios de existencia y temporalidad indican que los vicios
alegados no se pueden subsanar porque es necesario que la oportunidad para
enmendar el vicio no haya vencido, lo cual ya ha ocurrido porque según el
artículo 375 de la Constitución el trámite de los actos legislativos se debe
agotar en 2 periodos ordinarios consecutivos, los cuales ya se presentaron: (i)
el primero entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2014 y (ii) el segundo
entre el 16 de marzo y el 20 de junio de 2015.
Exponen
que el vicio en el que se incurrió es grave pues tiene la suficiente entidad
para afectar la validez del acto legislativo teniendo que cuenta que las
irregularidades en el trámite no solo desconocen la Ley 5ª de 1992, sino
también varios artículos constitucionales.
Aducen
que no se convalidó el vicio por el Congreso de la República durante el trámite
legislativo y que no es posible que la Corte lo subsane, pues “las
irregularidades encontradas hacen referencia a una obligación específica en
cabeza de los congresistas”, por lo cual “no se puede entrar a
reemplazar una función enteramente parlamentaria”.
IV.
INTERVENCIONES
4.1. Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República
La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Corte
declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2015, planteando para el
efecto las siguientes consideraciones:
En lo
que se refiere al primer cargo, manifiesta que los demandantes no logran demostrar
con argumentos precisos por qué el hecho de que congresistas inhabilitados
hayan votado derive necesariamente en la inconstitucionalidad de todo el
trámite legislativo, pues no se puede imprimir a todo el trámite la
consecuencia negativa de actuaciones individuales. No se puede afirmar que el
voto nulo de un congresista anule el de los demás, pues se desconocería la legitimidad
intrínseca de cada voto, sin contar que la reducción de los congresistas
inhabilitados no afecta las mayorías con las que se votó el Acto Legislativo.
Sobre
el segundo cargo, es decir, sobre la supuesta imposibilidad de calcular la
asistencia y, por ende, la mayoría con que se aprobó el Informe de Conciliación
en la Plenaria del Senado del 11 de diciembre de 2014, la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República señala que “[…] las cifras de que se tiene
constancia sí permiten establecer que el proyecto de Acto Legislativo fue
aprobado con la mayoría de la asistencia más alta de la que se tenga
constancia, lo cual asegura el cumplimiento de la mayoría respecto de posibles
menores asistencias.”
Por
último, frente al tercer cargo, señala que los demandantes hacen una
interpretación errada del artículo 123-4 del Reglamento del Congreso. Para la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el espíritu de esta
norma es luchar contra el fraude, en específico, que un congresista vote más de
una vez. De acuerdo con la Secretaría Jurídica, si el resultado de las
votaciones arroja un número superior de votos al de los asistentes a la
votación, el Presidente tiene la obligación de anular la votación. Sin embargo,
si el número de votos es inferior al de votantes no se presenta un caso de
fraude, sino de incumplimiento del deber de votar por parte de los congresistas
que asistieron a la votación y no votaron.
4.2. Ministerio
de Justicia y del Derecho
El Ministerio
de Justicia y del Derecho solicita a la Corte Constitucional declarar exequible
el texto demandado. En relación con el primer cargo, señala que la votación de
congresistas impedidos no afecta la mayoría requerida para la aprobación del
Informe de Conciliación en la Sesión Plenaria del Senado. Frente al segundo
cargo, señala que los demandantes no logran demostrar que la aprobación del
acto legislativo no hubiera cumplido con las mayorías exigidas para el efecto.
Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, si bien en la demanda se hace una
relación detallada de lo consignado en la Plenaria del Senado durante la cual
se aprobó el Informe de Conciliación, no hay claridad suficiente para afirmar
que no se configuró el quórum decisorio, puesto que, de 99 Senadores
registrados como asistentes, solo hay constancia del retiro de 5. Por último,
señalan que ante la ausencia de las pruebas e información pertinente, no es
posible predicar que se presentaron defectos de la entidad necesaria para
afectar las votaciones.
4.3. Facultad
de Derecho de la Universidad Santiago de Cali
La
Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali solicitó a la Corte
Constitucional declarar exequible el Acto Legislativo 02 de 2015. Frente al
primer cargo, esta Facultad de Derecho señala que la votación de congresistas
impedidos constituye una falta a los deberes de los congresistas pero no debe
viciar la votación del Informe de Conciliación en la Sesión Plenaria del Senado
de la República. Igualmente, rechaza el segundo cargo planteado en la demanda,
ya que considera que no parece haberse violado la mayoría prevista para la votación
y que no se evidencia alteración en los resultados por errores aritméticos o
por alteración de las votaciones. Por último, la Facultad de Derecho de la
Universidad Santiago de Cali también rechaza el tercer cargo. Señala que la
Corte Constitucional no debe caer en el excesivo formalismo e indica que las
reglas sobre formación de las normas no tienen un valor en sí mismas y deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo. Por lo tanto,
concluye que no toda vulneración de una regla, contenida en la Constitución o
en el Reglamento del Congreso, debe acarrear la invalidez de la norma y su
consecuente declaración de inexequibilidad. Adicionalmente, agrega:
“De
otra parte, resultaría muy peligroso para la institucionalidad, legitimar desde
la doctrina constitucional, la posibilidad de hacer oposición de manera
irresponsable e irracional, de tal manera que cuando se quiera por parte de un Congresista,
un grupo, partido o movimiento hundir una iniciativa, bastará hacerse presente
y abstenerse de votar. Está claro que la posible invalidez que se genere debe
ser señalada en el acto y el control sobre estas situaciones debe darse al
interior del mismo Congreso y en el desarrollo de las sesiones, hacerlo de otra
manera implicaría la posibilidad de originar una artimaña para inconstitucionalizar
reformas; el incumplimiento con los deberes constitucionales por parte de
los legisladores los hace responsables, para el caso, disciplinaria y
políticamente, pero no es una situación a resolver en el juicio de
constitucionalidad, donde no se determina la responsabilidad de personas sino
que se está haciendo un estudio abstracto de la norma; mal se haría en
deslegitimar normas por el incumplimiento y si se quiere capricho de uno o
algunos.”
4.4.
Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño – ASPOA
La
Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño – ASPOA considera que las
reformas constitucionales que impliquen una reforma estructural del Estado
carecen de validez si no surgen de una Asamblea Nacional Constituyente. En ese
sentido, afirma que, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, el Congreso se
extralimitó en sus funciones. Por lo tanto, solicitó “[r]echazar cualquier
reforma estructural estatal, que implique modificación de la Constitución
Política, mientras dicha iniciativa no tenga origen en una Asamblea nacional
constituyente”.
V.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN
La Procuradora
General de la Nación, allegó el concepto número 5904, del 12 de enero del 2017,
en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acto
Legislativo 02 de 2015.
Comienza su
intervención con un recuento de la demanda, resaltando la importancia que
tienen las formas para concretar las nociones en que se fundamenta el Estado
Constitucional y con una breve mención sobre la inoperancia del fenómeno de
caducidad en el caso, al final de la cual plantea que el problema jurídico del
asunto es determinar si en el trámite impartido para la aprobación del Acto
Legislativo 02 de 2015 se violentaron los artículos 133, 146, 149, 151, 182 y
375 de la Constitución Política, así como los artículos 117, 118, 123, 126 y
225 de la Ley 5ª de 1992.
Con respecto al
cargo de violación del régimen de inhabilidades y de conflicto de interés por
parte de algunos congresistas que -habiéndose aceptado sus impedimentos-
votaron  el trámite de formación del Acto, señala que la votación afirmativa de
los Senadores impedidos únicamente compromete la responsabilidad de quienes
participaron en ella con el impedimento. Adicionalmente, señala que la votación
fue aprobada por 48 Senadores que no estaban impedidos, lo que significa que
independientemente de las “eventuales consecuencias de quienes votaron sin
poder hacerlo, la validez de la conciliación no comprometió la formación de la
voluntad de la corporación legislativa”, ajustándose así al artículo 375 de
la Norma Superior, según el cual los proyectos de acto legislativo deben ser
aprobados en primer debate por la mayoría de los asistentes.
Con respeto al
cargo de desconocimiento del artículo 133 de la Constitución Política que
sostiene que la votación no fue nominal y pública, la Procuraduría analiza el
Acta de Plenaria 36 del 11 de diciembre de 2014 Senado y concluye que no existe
tal violación, pues se anunció el nombre de cada Senador, quienes contestaron
individualmente Si o No.
Finalmente, sobre
el cargo de vicio del procedimiento legislativo por el incumplimiento del deber
de votar de algunos congresistas en el trámite de conciliación en la sesión
Plenaria de Cámara de Representantes, considera este ente que el hecho de que
sólo 90 de los miembros de la Cámara de Representantes  votaran el Informe de
Conciliación, estando 111 presentes no tiene consecuencias en la validez del
texto normativo acusado, pues no se afecta la voluntad de la Cámara ni la
legitimad de dicho proceso, ya que 79 votaron por el sí y 11 por el no, situación
que además demuestra que sí hubo quórum deliberatorio y decisorio. Indica que
las mismas consideraciones son aplicables al cargo de violación del artículo
123 numeral 4 de la Constitución y 127 de la Ley 5ª de 1992.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo
dispuesto en los artículos 241, Núm. 1, y 379 de la Constitución, por estar dirigida
contra un Acto Legislativo.
2.     Caducidad
En los términos del
artículo 379 Superior, las acciones públicas de inconstitucionalidad que se
dirijan contra actos reformatorios de la Constitución, deberán formularse
dentro del año siguiente a su promulgación.
En el caso
concreto, el
Acto Legislativo 02 de 2015 fue promulgado el 1 de julio de 2015, y aparece
publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de esa misma fecha. La demanda de
inconstitucionalidad fue radicada ante la Corte el 30 de junio de 2016, es
decir, dentro del término señalado en el artículo 379 Superior.
3.     Precisión de los
cargos de inconstitucionalidad
Los
ciudadanos Eduardo Montealegre Lynett y Rafael José Lafont
Rodríguez demandaron la totalidad del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por
medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones”, con excepción
de aquellas disposiciones declaradas inexequibles en la Sentencia C-285 de 2016.
La demanda tiene por objeto demostrar que el Congreso de la
República incurrió en tres (3) vicios de procedimiento al momento de realizar
la votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta del Acto Legislativo
02 de 2015. Los cargos de inconstitucionalidad son los siguientes:
·
Primer cargo: Durante el debate del Informe de Conciliación en
la primera vuelta en el Senado de la República, participaron y votaron tres (3)
congresistas a quienes se les había aceptado sus respectivos impedimentos: Juan
Manuel Corzo Román, Juan Samy Merheg Marún y Nadya Georgette Blel Escaf (Gaceta
del Congreso número 806 de 2014). El resultado de la votación certificado por
la Secretaría General del Senado de la República evidenció que cincuenta y un
(51) Senadores dieron su voto por el sí, de modo que se incumplió con la
mayoría requerida por la ley y la Constitución.
Dado
que tres (3) Senadores que se encontraban impedidos participaron en la
discusión y votación del Informe de Conciliación en el Senado de la República
durante la primera vuelta, la sesión carece de validez jurídica, conforme a lo
establecido en los artículos 149 Superior y 5º del Reglamento Interno del
Congreso.
·
Segundo cargo: Desconocimiento de las reglas que indican que el
voto debe ser nominal y público, y la imposibilidad de determinar la mayoría
requerida en la Plenaria del Senado. Durante la sesión Plenaria del Senado de
la República del 11 de diciembre de 2014, se vulneró el artículo 133 Superior,
el cual establece la obligación de que el voto en las sesiones de la
Corporación se adelante de forma nominal y pública, con el fin de garantizar la
transparencia en el proceso legislativo. Sostienen que resulta imposible
determinar cuántos Senadores se encontraban presentes en el recinto al momento
de la votación, dificultad que afecta el principio de las mayorías “toda vez
que se desconoce el número de votos requeridos para aprobar o improbar el
Informe de Conciliación”.
Señalan
que al llamado a lista respondieron noventa y nueve (99) Senadores. Más
adelante quedó constancia del retiro del recinto de cinco (5) Senadores. La
Secretaría solicitó el retiro de los congresistas que se encontraban impedidos,
sin que ello hubiera sucedido, siendo imposible determinar el número de
presentes al momento de la votación.
En
pocas palabras: no existe certeza sobre el número de congresistas presentes al
momento de la votación del Informe de Conciliación en la Plenaria del Senado de
la República.
·
Tercer cargo: Desconocimiento del deber de votar. Alegan los
demandantes que el 11 de diciembre de 2014 se encontraban presentes noventa y
nueve (99) Senadores al momento de ser llamados a lista. Posteriormente se
retiraron cinco (5) Senadores, es decir, quedaron 94. No obstante lo anterior,
el resultado de la votación arroja un total de cincuenta y ocho (58)
parlamentarios presentes. “Esto significa que por los menos 37 Senadores
estaban presentes al momento de la votación, pues no existe registro de su
retiro. Pues bien, esos 37 senadores no votaron”.
En
relación con la votación en Plenaria de la Cámara de Representantes alegan que
el Informe de Conciliación fue votado por noventa y nueve (99) congresistas.
Sin embargo, de acuerdo con la hora de ingreso al recinto, que consta en el
registro electrónico certificado en la Gaceta del Congreso de la República, el
momento de la votación (entre las 12:32 pm y las 12:37 pm), ciento once (111)
representantes a la Cámara se encontraban sesionando. De este modo se infiere
que 21 legisladores incumplieron con su deber de votar, aun cuando tenían el
deber de hacerlo.
Cabe agregar que ninguno de los intervinientes, ni la Vista
Fiscal, cuestionaron la configuración de los referidos tres cargos de
inconstitucionalidad.
4.     Cuestión previa
4.1.
El fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Reiteración de jurisprudencia
Las sentencias
proferidas por la Corte, en ejercicio de su función de guardiana de la
supremacía e integridad de la Carta Política, hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 243 Superior, 46 y
48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de
1991.
La Corte
Constitucional ha considerado que el principio de la ‘cosa juzgada
constitucional’, “significa no solamente el carácter definitivo e
incontrovertible de las sentencias que aquélla pronuncia, de manera tal que
sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno, sino la
prohibición a todo funcionario y organismo de reproducir las normas que la Corte
haya declarado inexequibles por razones de fondo mientras permanezcan vigentes
los mandatos constitucionales con los cuales se hizo el cotejo.”[34]
Lo anterior por
cuanto “la cosa juzgada constitucional es una
institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la
Constitución Política y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes
y definitivas. De ella surge una restricción negativa consistente en la
imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo
resuelto.”[35]
En líneas generales,
la cosa juzgada constitucional tiene lugar en relación con un conjunto de
hipótesis fácticas o jurídicas que han sido objeto de juzgamiento, por parte de
un tribunal competente, en aplicación de normas sustantivas que reúnan las
condiciones para integrarse al parámetro de control. Todos los fallos
proferidos por la Corte Constitucional, en cuanto satisfagan tales condiciones,
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.[36]
El principal efecto de la operancia de la cosa juzgada
constitucional consiste en la imposibilidad de adelantar un nuevo juicio
respeto de las materias que fueron objeto de un pronunciamiento anterior, con
lo cual se genera un deber de rechazar las demandas que recaigan sobre normas
amparadas por una sentencia que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada[37].
Lo anterior, por cuanto “el efecto general de la cosa juzgada constitucional
se traduce en la imposibilidad jurídica de reabrir el juicio de
constitucionalidad sobre la norma que ya ha sido objeto de examen por la Corte”.[38]
El principio de la cosa juzgada, les
confiere a las providencias un carácter definitivo e inmutable, en virtud del
principio de seguridad jurídica. En palabras de la Corte, “La cosa juzgada
confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito
individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la
seguridad jurídica, la cual, para estos efectos, reside en la certeza por parte
de la colectividad y sus asociados, en relación con la definición de los
conflictos que se llevan a conocimiento de los jueces”[39].
La Corte ha diferenciado entre la cosa
juzgada absoluta y la cosa juzgada relativa. Existe cosa juzgada
absoluta cuando “el pronunciamiento de constitucionalidad de una
disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la
propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible
en su totalidad y frente a todo el texto constitucional”[40].
La cosa juzgada
relativa se presenta cuando “el juez constitucional limita en forma expresa
los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un
futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha
sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”.  Esta
última se subdivide, a su vez, en explícita cuando los efectos de la
decisión se limitan en la parte resolutiva; e implícita cuando tal hecho
ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la
providencia, sin hacer mención alguna en la parte resolutiva. Así mismo, en algunos eventos se
presenta aquello que la jurisprudencia constitucional ha denominado cosa juzgada aparente, la
cual tiene lugar “si pese al
silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su
parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte
limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la
demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos
determinados preceptos constitucionales”[41]
De igual manera, la
Corte Constitucional ha diferenciado entre la cosa juzgada formal y la
cosa juzgada material. La primera recae sobre “disposiciones o enunciados
normativos”, mientras que la segunda “se estructura en relación
con las normas, o los contenidos normativos de cada disposición. En
consecuencia, la cosa juzgada formal se configura cuando se presenta una
demanda contra una disposición sobre cuya constitucionalidad la Corte se había
pronunciado previamente, mientras que la cosa juzgada material se produce
cuando, a pesar de demandarse una disposición distinta, el Tribunal
constitucional constata que su contenido normativo coincide con el que ya había
analizado.”[42]
La jurisprudencia constitucional ha
indicado, que hay cosa juzgada material en estricto sentido cuando se reúnen
las siguientes condiciones:
“De
conformidad con la disposición constitucional citada [art. 243, C. P], para
determinar si se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es
preciso examinar cuatro elementos: (1) Que un acto jurídico haya sido
previamente declarado inexequible.  || (2) Que la disposición demandada se
refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es,
que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a
aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en
cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se
ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa
pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que
ha habido una reproducción.[43]
|| (3) Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se
compara la “reproducción” haya sido declarado inconstitucional por “razones de
fondo”, lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe
haber reposado en un vicio de forma.  || (4)   Que subsistan las
disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de
fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad.[44]
Cuando
estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida,
también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto
en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia
del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta
Fundamental.  || […] la concurrencia de estos cuatro elementos es analizada por
la Corte caso por caso puesto que cada uno de ellos exige de un proceso de
interpretación encaminado a precisar si se cumplen los supuestos establecidos
en la Constitución.” [45]
Por último, es
preciso recordar que al momento de examinar la operancia del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, la Corte debe tomar en consideración los cambios
económicos, ideológicos, sociales y culturales que han tenido lugar en la sociedad
(Teoría de la Constitución vigente)[46],
así como la evolución de los estándares internacionales en la materia objeto de
juzgamiento (Cambio de parámetro para realizar el control de
constitucionalidad). Se trata, en consecuencia, de hallar un justo medio entre
la seguridad jurídica y la evolución del sistema jurídico nacional.
4.2.
Sentencias que han resuelto demandas de constitucionalidad formuladas
contra el Acto Legislativo 02 de 2015
En
Sentencia C-053 de 2016, la Corte se inhibió de resolver de fondo sobre
los cargos formulados respecto de los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015. Esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada constitucional
para el presente caso.
En
fallo C-230 de 2016 la Corte se inhibió de resolver de fondo la demanda
presentada contra la expresión “La prohibición de la reelección solo podrá
ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea
constituyente”, contenida en el artículo 9º del Acto Legislativo 2 de 2015.
Al igual que en el caso de la sentencia C-053 de 2016, esa decisión no tiene
efectos de cosa juzgada para el presente asunto.
En
providencia C-285 de 2016 la Corte resolvió declarar inexequibles
algunos artículos del Acto Legislativo 02 de 2015, se inhibió de pronunciarse
sobre otros y declaró exequibles otros más:
“PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de
2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º
del artículo 254 de la Constitución, en relación con la cual la Corte se INHIBE
de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. En
consecuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, el artículo 254 de la Carta Política quedará así: “Artículo 254.
El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados
elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de
Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.”
SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 16, así como los incisos 2º y
6º del artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015.
TERCERO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 17 del Acto Legislativo 02 de
2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión
“o a los Consejos seccionales, según el caso”, como de los numerales 3º y 6º
del artículo 256 de la Constitución, en relación con lo cual la Corte se INHIBE
de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
CUARTO.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 18 transitorio del Acto
Legislativo 02 de 2015, con excepción de los siguientes pronunciamientos:
- Se declara EXEQUIBLE el literal f), del numeral 1º, salvo en lo
referente a la expresión “También ejercerán la función prevista en el artículo
85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996”, que se declara INEXEQUIBLE.
- Se declara EXEQUIBLE el
literal g), del numeral 1º, en su totalidad.
- En relación con la expresión “La autoridad nominadora para las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial”, prevista en el numeral 6, por las razones expuestas en
esta providencia, la Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo por
ineptitud sustantiva de la demanda.
QUINTO.- Declarar INEXEQUIBLES las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial
y a la Gerencia de la Rama Judicial contenidas en los artículos 8, 11 y 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015. En consecuencia, DECLARAR que en las
disposiciones constitucionales a las que tales artículos aluden, la expresión
“Consejo de Gobierno Judicial” se sustituye por “Consejo Superior de la
Judicatura”, y se suprime la expresión “y adelantada por la Gerencia de la Rama
Judicial”.
SEXTO.-
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de los cargos presentados contra el artículo 19 y el inciso 1º del
artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015, por ineptitud sustantiva de la
demanda, salvo en la derogatoria tácita del artículo 257 de la Constitución
Política, la cual se declara INEXEQUIBLE”.
En
Sentencia C-373 de 2016, la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 2
(parcial) 5, 7, 8 (parcial) y 9 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 al
encontrar que con su aprobación el Congreso había desconocido los límites
competenciales para reformar la Constitución. En este sentido, consideró que el
régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas
cortes y del Fiscal General de la Nación contenido en esas disposiciones
sustituyó el eje definitorio de separación de poderes y autonomía e
independencia judicial.
Así mismo,
la Corte se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo
por violación de los principios de consecutividad e identidad flexible,
formulado en contra del artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015
que establece el régimen de transición aplicable al sistema de gobierno y
administración de la rama judicial. Además, declaró la exequibilidad respecto
del cargo por violación de los principios de consecutividad e identidad
flexible, formulado en contra del parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015, conforme al cual los Magistrados actuales de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
ocuparán sus cargos hasta tanto tomen posesión los miembros de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Por último, decidió estarse a lo
resuelto en la sentencia C-285 de 2016 en los apartes declarados inexequibles
de los artículos 11, 15, 17, 18, 19 y 26 del Acto Legislativo 02 de 2015 y, en
lo demás, exequibilidad respecto del cargo por violación del principio de
unidad de materia.
Por
último, mediante sentencia C-094 de 2017 la Corte se ocupó de un cargo
de sustitución de la Constitución y un cargo por vicios de forma consistente en
una supuesta violación del principio de consecutividad en razón de la inclusión
de la expresión “Miembros del Consejo Nacional Electoral” del artículo 2
del Acto Legislativo. En ese orden de ideas, tampoco analizó ninguno de los
problemas jurídicos que son objeto de esta decisión.
Por
lo anterior, es claro que no existe cosa juzgada relativa ni absoluta respecto
a los problemas jurídicos que se presentan por los demandantes, y por ende la
Corte puede proceder a su estudio de fondo de todo el Acto Legislativo 01 de
2015, con la excepción de aquellas normas que ya fueron declaradas inexequibles
por decisiones anteriores, sobre las cuales se predica la cosa juzgada absoluta.
5. Metodología de la decisión y problema jurídico a resolver
Los tres cargos de inconstitucionalidad formulados por los demandantes
se refieren a la supuesta existencia de unos vicios de procedimiento que
tuvieron lugar durante la aprobación del Informe de Conciliación en las
Plenarias de Senado y Cámara de Representantes, en primera vuelta, del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una
reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones”, con excepción de aquellas disposiciones
declaradas inexequibles en Sentencia C-285 y C-373 de 2016.
Los problemas jurídicos que debe resolver la Corte son los
siguientes:
·
¿Existieron
realmente los vicios de procedimiento alegados por los demandantes durante la
aprobación del Informe de Conciliación en las Plenarias de Senado y Cámara de
Representantes, en primera vuelta, del Acto Legislativo 02
de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de
poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”?
·
De
llegar a constatarse la existencia de los referidos vicios de procedimiento,
¿tienen éstos la entidad para afectar la validez del Acto Legislativo 02 de
2015?
Para tales efectos, la Corte: (i) Describirá en detalle lo
sucedido durante las sesiones Plenarias de Senado y Cámara de Representantes;
(ii) Analizará el principio de instrumentalidad de las formas; (iii) Examinará
el contenido y alcance del principio in dubio pro legislatoris; y (iv) Resolverá los
cargos de inconstitucionalidad.
5.1. Descripción de la sesión Plenaria del Senado durante la cual
se aprobó el Informe de Conciliación, en primera vuelta, del Acto Legislativo
02 de 2012
A lo largo del trámite de aprobación del Acto Legislativo 02 de
2012, “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y
reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, en primera vuelta,
se presentaron discrepancias entre los textos aprobados en la respectivas
Plenarias de Cámara y Senado.
Finalizadas las labores de la respectiva Comisión de Conciliación,
el texto fue sometido a la Plenaria del Senado el día 11 de diciembre de 2014,
tal y como consta en la Gaceta del Congreso número 474 de 2015.
a.    Inicio de la sesión
Plenaria
De conformidad con el texto del Acta de Plenaria número 36 del 11
de diciembre de 2014, el Presidente del Senado de la República inició llamando
a lista. Contestaron los siguientes parlamentarios:
“Acuña Díaz Laureano
Augusto
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Álvarez Montenegro Javier Tato
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Marco Aníbal
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Besaile Fayad Musa
Benedetti Villaneda Armando
Blel Escaf Nadya Georgette
Bustamante García Everth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús Alberto
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Char
Chaljub Arturo
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz Edinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal Bernardo Miguel
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Martínez Ana Mercedes
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Morales Diz Martín Emilio
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Prieto Soto Eugenio Enrique
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Suárez Mira Olga Lucía
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Varón Cotrino Germán
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Deja de asistir con excusa
los honorables Senadores
Gómez Jiménez Juan Diego
Pestana Rojas Yamina del Carmen
Valencia Laserna Paloma Susana”
Por Secretaría se informa que se
ha registrado quórum deliberatorio.
Siendo las 12:29 p. m., la
Presidencia manifiesta: Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a
dar lectura al Orden del día, para la presente reunión.
Por Secretaría se da lectura al
Orden del día para la presente sesión”.
Así las cosas, al inicio de la sesión contestaron a lista noventa
y nueve (99) Senadores. Una vez verificado el quórum deliberativo, siendo las
12:29 pm, se dio apertura a la sesión programada para la votación del Informe
de Conciliación del proyecto de acto legislativo.
b. Votación
Después de la lectura del orden del día, en la sesión Plenaria del
Senado del 11 de diciembre de 2014, se procedió a referir los anuncios, dando
lugar al primer punto: la aprobación del Informe de Conciliación del proyecto
que dio origen al Acto Legislativo 02 de 2012.
Al momento de la votación, cuatro (4) Senadores dejaron constancia
de su retiro: dos de ellos lo justificaron en un impedimento parcial aceptado
en sesión previa[47]; los otros dos, consideraron que no
podían participar en las discusiones y votaciones del proyecto de acto
legislativo, a pesar de que no fueron aceptadas sus propuestas de impedimento[48].
El ponente del Informe de Conciliación presentó ante la Plenaria
los cambios relevantes introducidos en la Comisión de Conciliación y los
motivos de las modificaciones a los textos definitivos. Entretanto, la
Secretaría General informó:
“El Secretario informa lo
siguiente:
Señor Presidente.
Presidente, como en el debate del proyecto, estamos hoy es en una conciliación,
se aceptaron unos y se negaron otros muchos impedimentos. A quienes se les
negó, no tienen ninguna causal para no participar y podrían entrar y votar, y a
quienes se les aceptó, como el caso de la Senadora Viviane Morales,
no deberían estar, ella se ha retirado del recinto y no va participar ni de la
discusión ni de la votación.
De manera que, quienes fueron decididos con
aceptación por favor no participen. No hay obligación de volverlo a presentar.
Negado en primer debate, no hay que volverlo a presentar. Lo que estamos
aprobando o negando hoy es un informe global, entonces, se refiere a todos los
artículos, por lo tanto, por prudencia, hay que, aquellos que se les aceptó el
impedimento, volver a retirarse mientras se vota.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al Informe de
conciliación al Proyecto de Acto Legislativo número 153 de 2014, 18 de 2014
Senado, Acumulado con los proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014, 04
de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014”.
A continuación, la
Presidencia del Senado sometió a consideración el Informe de Conciliación,
cerró la discusión y abrió la votación nominal por medio electrónico:
“La Presidencia cierra la votación, e indica
a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se
informa el siguiente resultado:
Por el
Sí: 51
Por el No: 06
TOTAL: 57
votos
Votación nominal al informe de conciliación
leído al Proyecto de Acto Legislativo número 153 de 2014, 018 de 2014 Senado,
acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014, 04 de 2014,
05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “por medio de la cual se adopta una reforma de
Equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones”
Honorables
Senadores
Por el sí
Apellidos y
nombres del Senador
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández
Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barreras Montealegre Roy
Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Escaf Nadya Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz Edinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Martínez Ana Mercedes
Hoyos Giraldo Germán Darío
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Serpa Uribe Horacio
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Suárez Mira Olga Lucía
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Varón Cotrino Germán
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Votación
nominal al informe de conciliación leído al proyecto de Acto Legislativo número
153 de 2014, 018 de 2014 Senado, acumulado con los Proyectos de Acto
Legislativo número 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de
2014, “por
medio de la cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones”
Honorables Senadores
Por el no
Apellidos y nombres del Senador
Cepeda Castro Iván
Galvis Méndez Daira de Jesús
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gerléin Echeverría Roberto
López Hernández Claudia Nayibe
Niño Avendaño Segundo Senén
En consecuencia ha sido aprobado
el Informe de conciliación al Proyecto de Acto Legislativo número 153 de 2014,
18 de 2014 Senado, Acumulado con los proyectos de Acto Legislativo número 02 de
2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014”.
Tres (3) Senadores, cuyos impedimentos habían sido aprobados en
los términos del Acta de Plenaria número 16 del 8 de octubre de 2014 (Gaceta
del Congreso número 805 de 2014), votaron favorablemente el Informe de
Conciliación:
·     Juan Manuel Corzo
Román. La votación fue: por el sí 08; por el no 49. Total de votos: 57.
·
Juan
Samy Merheg Marún. La votación registrada fue: por el sí 46 votos; por el no
08. Total de votos: 54 votos.
·
Nadya
Georgette Blef Escaf. La votación fue: por el sí 38 votos; por el no 16. Total
de votos: 54.
5.2. Descripción de la sesión Plenaria de la Cámara de
Representantes durante la cual se aprobó el Informe de Conciliación, en primera
vuelta, del Acto Legislativo 02 de 2012
Durante el trámite de aprobación del Acto Legislativo 02 de 2012,
“Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y
reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, en primera vuelta,
se presentaron discrepancias entre los textos aprobados en la respectivas
Plenarias de Cámara y Senado.
Con posterioridad a que la Comisión de Conciliación aprobara el
correspondiente texto, éste fue sometido a votación en sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes del día 11 de diciembre de 2014, tal y como consta en
la Gaceta del Congreso número 323 de 2015.
a.    Inicio de la sesión
Plenaria
Según consta en el Acta de Plenaria número 44 del 15 de Diciembre
de 2014, el registro electrónico de asistentes fue abierto a las 10:31 am, para
iniciar la sesión a las 11:35 am.
El Presidente de la Corporación dispuso
que los Representantes se registraran por el sistema electrónico y manual, con
el fin de establecer el quórum reglamentario, “petición que fue cumplida,
con el siguiente resultado…”[49].
Un examen de referida Gaceta del Congreso evidencia que, al inicio
de la sesión Plenaria, se encontraban presentes en el recinto un total de
ciento cincuenta y nueve (159) Representantes a la Cámara.
b. Quórum para la votación del orden del día
Efectuado el registro
de los asistentes, la Secretaría General de la Cámara de Representantes
certificó la existencia de quórum decisorio, por lo que procedió a dar lectura
al orden del día, donde el proyecto de acto legislativo analizado se encontraba
de primero. El Secretario General informó a la Presidencia que “existe
quorum decisorio”.
c. Discusión del Informe de Conciliación
Una vez verificado el quórum, se dio inicio a la
explicación del Informe de Conciliación:
“Proyecto de Acto Legislativo número
153 de 2014 Cámara, 018 de 2014 Senado, acumulados con los Proyectos de Acto Legislativo números
002 de 2014 Senado, 004 de 2014 Senado, 005 de 2014 Senado, 006 de 2014 Senado
y 012 de 2014 Senado, por medio del cual se adopta una reforma de
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones,
primera vuelta.
El informe de objeciones dice
así:
De acuerdo con la designación efectuada por
las Presidencias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes y de conformidad con los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos
Senadores y Representantes integrantes de la Comisión de Conciliación
nos permitimos someter por su conducto a consideración de las plenarias de
Senado y de la Cámara de Representantes para continuar el trámite correspondiente
del texto conciliado del proyecto de acto legislativo, dirimiendo de esta
manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por las
respectivas plenarias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos
a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas
Cámaras, y una vez analizado su contenido decidimos acoger el siguiente texto,
conforme a las consideraciones que a consideración se detallaran, se anexa el
informe.
Señor Presidente, se anexa el texto, lo firman
y hay que agregar que hay unas salvedades.
Lo firman los Senadores: Armando
Benedetti, Hernán Andrade, Jaime Amín Hernández;
y la Representante a la Cámara, Angélica Lozano, con
salvedades, eso se lee más adelante. Julián Bedoya, con salvedades;
y Hernán Penagos, ese si no tiene salvedades”.
Finalizadas varias intervenciones, el Presidente de la Cámara de
Representantes anunció el cierre de la discusión y ordenó abrir el registro:
“Anuncio que se va a cerrar la discusión, queda cerrada la
discusión. Señores de cabina se ordena abrir registro, votando SÍ se aprueba el
informe de conciliación como fue leído, como fue publicado en la respectiva
gaceta y como acaba de ser considerado por la plenaria. Votando NO se negaría
el mismo”
De conformidad con la Gaceta del Congreso
número 323 de 2015, el resultado de la votación fue el siguiente:
Yes
Iván
Darío Agudelo Zapata
Partido
Liber
Fabio
Raúl Amín Saleme
Partido
Liber
Lina
María Barrera Rueda
Partido
Cons
Diela
Liliana Benavides Solarte
Partido
Cons
Bayardo
Betancourt Pérez
Partido
Opci
Carlos
Julio Bonilla Soto
Partido
Liber
Óscar
Fernando Bravo Realpe
Partido
Cons
Dídier
Burgos Ramírez
Partido
de la
John
Jairo Cárdenas Morán
Partido
de la
Nancy
Denise Castillo García
Partido
Liber
Orlando Alfonso
Clavijo Clavijo
Partido
Cons
Eduardo
Alfonso Crissien Borrero
Partido
de la
Fernando
de la Peña Márquez
Partido
Opci
Eduardo
Diazgranados Abadía
Partido
de la
Atilano
Alonso Giraldo Arboleda
Partido
Cam
José
Ignacio Mesa Betancour
Partido
Cam
Diego
Patiño Amariles
Partido
Liber
Telésforo
Pedraza Ortega
Partido
Cons
Pedrito
Tomás Pereira Caballero
Partido
Cons
Miguel
Ángel Pinto Hernández
Partido
Liber
Crisanto
Pizo Mazabuel
Partido
Liber
León
Darío Ramírez Valencia
Partido
de la
Ángela
María Robledo Gómez
Partido
Verde
Ciro
Antonio Rodríguez Pinzón
Partido
Cons
John
Jairo Roldán Avendaño
Partido
Liber
Jorge
Enrique Rozo Rodríguez
Partido
Cam
Heriberto
Sanabria Astudillo
Partido
Cons
Efraín
Antonio Torres Monsalvo
Partido
de la
Albeiro
Vanegas Osorio
Partido
de la
Fabio
Alonso Arroyave Botero
Partido
Liber
Miguel
Ángel Barreto Castillo
Partido
Cons
Julián
Bedoya Pulgarín
Partido
Liber
Éduar
Luis Benjumea Moreno
Partido
Liber
Guillermina
Bravo Montaño
Partido
MIR
Germán
B. Carlosama López
Partido
Moví
Neftalí
Correa Díaz
Partido
Liber
Alfredo
Ape Cuello Baute
Partido
Cons
Karen
Violette Cure Corcione
Partido
Cam
Marta
Cecilia Curi Osorio
Partido
de la
Élbert
Díaz Lozano
Partido
de la
Antenor
Durán Carrillo
Partido
Movi
Nicolás
A. Echeverry Alvarán
Partido
Cons
Rafael
Elizalde Gómez
Partido
Opci
Ciro
Fernández Núñez
Partido
Cam
Ricardo
Flores Rueda
Partido
Opci
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido
Liber
Édgar
Alfonso Gómez Román
Partido
Liber
Kelyn
Johana González Duarte
Partido
Liber
Luciano
Grisales Londoño
Partido
Liber
Orlando
A. Guerra De la Rosa
Partido
Cons
Carlos
Eduardo Guevara Villabón
Partido
MIR
José
Élver Hernández Casas
Partido
Cons
Óscar
de Jesús Hurtado Pérez
Partido
Liber
Inés
Cecilia López Flórez
Partido
Cons
Jaime
Felipe Lozada Polanco
Partido
Cons
Juan
Carlos Lozada Vargas
Partido
Liber
Norbey
Marulanda Muñoz
Partido
Liber
Luz
Adriana Moreno Marmolejo
Partido
de la
Sandra
Liliana Ortiz Nova
Partido
Verde
Óscar
Ospina Quintero
Partido
Verde
Flora
Perdomo Andrade
Partido
Por u
José
Luis Pérez Oyuela
Partido
Cam
Gloria
Betty Zorro Africano
Partido
Cam
Juan
Carlos Rivera Peña
Partido
Cons
Candelaria Patricia
Rojas Vergara
Partido
100
Mauricio
Salazar Peláez
Partido
Cons
Óscar
Hernán Sánchez León
Partido
Liber
Jorge
Eliécer Tamayo Marulanda
Partido
de la
María
Eugenia Triana Vargas
Partido
Opci
Olga
Lucía Velásquez Nieto
Partido
Liber
Argenis
Velásquez Ramírez
Partido
Liber
Martha
Patricia Villalba Hodwalker
Partido
de la
Arturo
Yepes Alzate
Partido
Cons
No
María
Fernanda Cabal Molina
Partido
Cent
Wilson
Córdoba Mena
Partido
Cent
Pierre
Eugenio García Jacquier
Partido
Cent
Federico
E. Hoyos Salazar
Partido
Cent
Rubén
Darío Molano Piñeros
Partido
Cent
Óscar
Darío Pérez Pineda
Partido
Cent
Ciro
Alejandro Ramírez Cortés
Partido
Cent
Margarita
María Restrepo Arango
Partido
Cent
Hernán
Sinisterra Valencia
Partido
Liber
Alirio
Uribe Muñoz
Partido
Polo
Santiago
Valencia González
Partido
Cent
N. votado
Tatiana
Cabello Flórez
Partido
Cent
Registro Manual para Votaciones
Proyecto de Acto Legislativo número 153 de
2014
Tema a Votar: Conciliación Proyecto de Acto Legislativo número 153
de 2014
Sesión Plenaria: lunes 15 de diciembre de 2014.
Nombre
Circunscripción
Partido
VOTO
SÍ
NO
Hernán
Penagos Giraldo
Caldas
Parido
de la U
X
Rafael
Romero Piñeros
Boyacá
Parido
Liberal
X
Juan
Felipe Lemos Uribe
Antioquia
Partido
de la U
X
Humphrey
Roa Sarmiento
Boyacá
Partido
Conservador
X
Jack
Jaller Housni
San
Andrés
Partido
Liberal
X
Figura además la siguiente nota aclaratoria y los resultados
oficiales de la votación:
“NOTA ACLARATORIA DE VOTACIÓN
ACTA NÚMERO 44 DE 2014
(diciembre 15)
Sesión Plenaria
Votación
Proyecto de Acto Legislativo número 153 de 2014 Cámara,
INFORME DE CONCILIACIÓN
La suscrita Subsecretaria General de la
honorable Cámara Representantes se permite aclarar que revisado el Audio
de la Sesión Ordinaria del lunes 15 de diciembre de 2014, se anunció
el voto manual de la honorable Representante Ana Paola Agudelo García, pero por
error involuntario no se registró manualmente.
El
resultado es:
Por
el Sí 79 votos y por el No 11.
YOLANDA DUQUE NARANJO
Subsecretaria
General
Dirección
de la Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias”.
6. El principio de la instrumentalidad
de las formas
La Constitución regula el
proceso de formación de las leyes y de los actos legislativos. En relación con
los segundos, el artículo 375 de la Carta establece quiénes pueden presentarlos,
su trámite y las mayorías requeridas para su aprobación.
La Corte Constitucional ha
sostenido que estos requisitos persiguen finalidades de gran importancia y no
son meras formalidades. Estas exigencias buscan potenciar el principio
democrático y preservar el contenido esencial del régimen institucional
diseñado por el Constituyente. Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia C-737 de
2001.[50]
Teniendo presentes las
finalidades de las reglas y las formas para el trámite de aprobación de leyes y
actos legislativos, esta Corporación ha construido varias reglas judiciales con
respecto a la evaluación de los vicios que pueden ocurrir durante dicho trámite
y su potencialidad de derivar en la inconstitucionalidad una norma aprobada con
la ocurrencia de esos vicios.[51] Al respecto, consideró la Corte:
“El
principio de instrumentalidad de las formas, según el cual, las formas
procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse
teleológicamente al servicio de un fin sustantivo, tiene entonces plena
aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la
aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos consecuencias,
en apariencia contradictorias, pero en realidad plenamente
complementarias.
De un
lado, la Constitución consagra un Estado social de derecho, que busca realizar
ciertos principios y valores materiales (CP arts 1º y 2º), y señala
explícitamente que en los trámites procesales prevalece el derecho sustancial
(CP art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha interpretado el alcance de las
normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores
materiales que esas reglas pretenden realizar. Esto explica, por ejemplo, que
esta Corporación haya señalado, en forma constante, que al estudiar si una ley
viola o no el principio de unidad de materia, la noción de materia debe ser
entendida en forma amplia, puesto que un entendimiento demasiado riguroso de su
alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de las leyes, con lo cual
esa regla terminaría afectando el principio democrático que ella misma pretende
realizar.
Y de
manera más general, esta Corte ha dicho que “las normas constitucionales
relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que
su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar
la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas,
pues ello equivaldría a desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo
procedimental”.[52]
[…]
[E]s
claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes,
contenida en la Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso,
acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de
inconstitucionalidad. En efecto, en determinados casos, puede tratarse de una
irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni
valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación
de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico
institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en
sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley,
tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia nacionales y
extranjeras.
En
segundo término, en otros eventos, puede ocurrir que el vicio exista, pero sea
convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la medida en que se
haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o
la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía
competencia para efectuar ese saneamiento. Por ejemplo, en derecho comparado,
la doctrina y la jurisprudencia han considerado que un vicio esencial en la
votación, puede entenderse convalidado, si de todos modos queda claro que la
ley contó con la mayoría necesaria requerida, pues la finalidad de la votación
(determinar si existe o no una mayoría) se habría cumplido.” [53]
Por lo anterior, es evidente que una declaratoria de
inexequibilidad de una norma, con fundamento en el desconocimiento de los
trámites reglamentarios para su formación, tiene que demostrar no solamente que
el procedimiento se pasó por alto o se hizo de manera distinta a la que
establece el Reglamento del Congreso. La jurisprudencia constitucional ha determinado
con claridad que es necesario demostrar que el vicio de procedimiento ocurrido
tiene la implicación de desviar, deformar, pretermitir o impedir dilucidar con
claridad que la voluntad democrática se ha expresado adecuadamente.
7. El principio in dubio
pro legislatoris
En línea con el
principio de instrumentalidad de las formas y la protección del principio
democrático, la jurisprudencia constitucional ha aplicado de manera reiterada
el principio in dubio pro legislatoris.[54]
De acuerdo con este principio, en caso de duda razonable acerca de la
ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquella será resuelta a favor de la
decisión mayoritaria adoptada por el Congreso de la República. Por
lo tanto, la Corte reitera que cuando quiera que no exista certeza
acerca de la existencia de un vicio de procedimiento, tal duda debe ser
resuelta a favor del legislador, en tanto que salvaguarda la decisión
mayoritaria.
8. Análisis de los cargos
presentados por los demandantes
8.1. El voto de congresistas impedidos en la Plenaria del Senado es
inexistente y no debe ser tenido en cuenta para el cálculo del quórum decisorio
El primer cargo que presentan los demandantes versa sobre la
participación de tres Senadores que en su momento se declararon impedidos, y
cuyos impedimentos fueron aceptados, en la votación del Informe de Conciliación
en primera vuelta del trámite del Acto Legislativo 02 de 2015.
El impedimento frente a un proyecto de ley o de acto legislativo
en particular es un hecho que priva al congresista impedido de participar en
todo el trámite legislativo, limitándole para ese caso específico tanto la voz
como el voto y previniéndolo incluso de estar presente en el recinto en el que
se desarrolla la discusión.
La razón para contar con un régimen que excluya a los congresistas
de participar en ciertas decisiones que toman las Cámaras radica en la necesidad
de asegurar la vigencia del principio democrático.
El voto que realiza un congresista impedido tiene por lo menos dos
efectos:
El primero, frente a la decisión que se toma, implica que no sólo
el voto es inexistente y no debe ser computado, sino que para efectos de
determinar el quórum decisorio debe asumirse que el congresista impedido
no se encontraba presente en la sesión. Así por ejemplo, si para decidir, una
Cámara requiere la presencia de 51 congresistas y en el recinto se encuentran
53, incluyendo 3 congresistas impedidos para participar en el debate, deberá
entonces entenderse que no hay quórum decisorio.
El segundo efecto del voto de un congresista impedido es para sí
mismo. Al haber participado de una decisión en la que previamente se le ha
aceptado un impedimento, el Congresista obra con desconocimiento de sus deberes
de representación, pues suplanta la voluntad del pueblo a quien representa por
la suya propia. Por esa razón, la Constitución y la ley han establecido unos
efectos disciplinarios muy severos que incluyen la responsabilidad
disciplinaria y la pérdida de investidura.
Al analizar los vicios de procedimiento en la formación de un acto
del Congreso, el deber de la Corte Constitucional es verificar el sentido en el
que se haya expresado la voluntad del legislador. Para hacerlo, la Corte debe
no solamente revisar el vicio y determinar si la voluntad legislativa contenida
en la decisión viciada es claramente identificable; también deberá verificar
si, por el contrario, el vicio es en sí mismo una forma de falsear la voluntad
popular forzando un desconocimiento del Reglamento.
Para la aprobación de Actos Legislativos, la Constitución previó
un procedimiento extenso, reglado y con un número importante de condiciones de
formación. Ese procedimiento incluye la realización de ocho debates (dos en
cada Comisión Permanente y dos en cada Plenaria de cada una de las Cámaras
legislativas) en dos períodos de sesiones consecutivos. Además exige que en la segunda
vuelta, las decisiones sean aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros
de cada Corporación, a diferencia de la primera vuelta, donde la mayoría
requerida es de la mayoría de los presentes en el debate.
La evaluación que debe realizar la Corte en cuanto a la
constitucionalidad de un texto normativo cuya aprobación derive de una votación
en la cual participaron congresistas con impedimentos aceptados, debe apuntar a
verificar el cumplimiento de la mayoría necesaria eliminando los votos de los
congresistas impedidos.
Si la Corte concluye que el voto de los congresistas impedidos fue
instrumental para tal aprobación, de tal manera que si estos hubieren cumplido
con su deber de ausentarse del debate, se hubiere llegado a una decisión
diferente, entonces forzosamente debe entender que la voluntad del Congreso
estuvo viciada al no haberse conformado en la forma que ordena la Constitución,
causando con ello la inconstitucionalidad de la disposición acusada.
Frente al primer cargo, la Corte Constitucional ha encontrado
probados los siguientes hechos:
·
La
votación del Informe de Conciliación en primera vuelta en la Plenaria del
Senado de la República se realizó en la sesión plenaria del 11 de diciembre de
2014.[55]
·
Antes
de votar el Informe de Conciliación, la Secretaría del Senado de la República
requirió a los Senadores a los que les habían sido aceptados impedimentos para
que se retiraran del recinto. Al respecto se afirma en la Gaceta del Congreso respectiva:
“El Secretario informa lo siguiente:
Señor Presidente. Presidente, como en
el debate del proyecto, estamos hoy es en una conciliación, se aceptaron unos y
se negaron otros muchos impedimentos. A quienes se les negó, no tienen ninguna
causal para no participar y podrían entrar y votar, y a quienes se les aceptó,
como el caso de la Senadora Viviane Morales, no deberían estar, ella se ha
retirado del recinto y no va participar ni de la discusión ni de la votación.
De manera que, quienes fueron
decididos con aceptación por favor no participen. No hay obligación de volverlo
a presentar. Negado en primer debate, no hay que volverlo a presentar. Lo que
estamos aprobando o negando hoy es un informe global, entonces se refiere a todos los artículos, por lo tanto, por prudencia,
hay que, aquellos que se les aceptó el impedimento, volver a retirarse mientras
se vota.”[56]
El Informe de Conciliación fue aprobado con 51 votos a favor y 6
votos en contra. De los 51 Senadores que votaron a favor del Informe de
Conciliación, 3 Senadores que habían declarado sus impedimentos, habiéndoles
sido aceptado, votaron a favor de la aprobación del Informe de Conciliación.
Fueron los Senadores Juan Manuel Corzo Román, Nadya Georgette Blel Escaff y
Juan Sammy Merheg Marún.[57]
·
Aunque
no se cuenta con el dato exacto de cuál era el quórum al momento de la
votación del Informe de Conciliación, la Sala  encuentra probado que, para el
día de la votación, registraron su asistencia noventa y nueve (99) Senadores de
la República, mientras que 3 Senadores (Paloma Valencia Laserna, Yamina Pestana
y Juan Diego Gómez) se excusaron válidamente de asistir. De esos 99 Senadores,
quedó constancia del retiro del recinto de 5 al momento de la votación, por lo
que, en todo caso, el número potencial más alto de Senadores presentes en el
recinto era de 94.[58] En primer término, la Sala pone de
presente que ese número de Senadores implica que había quórum
deliberatorio y decisorio al momento de la votación.
·
Si
en gracia de discusión se asume que había al momento de la votación 94 Senadores
presentes en la Plenaria, la mayoría necesaria para la aprobación del Informe
de Conciliación habría sido de 48 votos, correspondientes a la mitad (47 votos)
más un voto.
·
Al
sustraerse los votos de los 3 Senadores que los emitieron a pesar de tener
impedimentos aceptados anteriormente, se encuentra que el número total de votos
válidos emitidos en favor del Informe de Conciliación es de 48, es decir, el
número exacto de votos requeridos como mínimo para lograr esa aprobación.
La Corte debe analizar si incluso con la anulación de los 3 votos
emitidos por Senadores con impedimentos declarados y aceptados, se mantiene,
más allá de toda duda, el quórum decisorio. Al respecto, esta
Corporación verifica que los cuarenta y ocho (48) votos emitidos válidamente
por la aprobación del Informe de Conciliación, y los 6 votos emitidos en contra
de la misma, implican que necesariamente había por lo menos 54 Senadores
presentes en el recinto de la Plenaria del Senado de la República. Teniendo en
cuenta que el número total de miembros activos del Senado de la República al
momento de la sesión era de 102, es claro que, independientemente del número
entre 94 y 54 Senadores que efectivamente estaban presentes en el momento de la
votación del Informe de Conciliación, en ambos casos (y cualquier número intermedio)
es superior al número mínimo necesario para contar con quórum decisorio
en una sesión plenaria del Senado de la República.
Para la Sala es evidente que si bien ocurrió un vicio, consistente
en el voto emitido por tres Senadores que estaban en su momento inhabilitados
para ejercer esa facultad por habérseles aceptado un impedimento, ese vicio no
tiene la entidad para imponer una declaratoria de inexequibilidad de la norma
acusada, por cuanto independientemente de la ocurrencia del hecho, las pruebas
que obran en el expediente demuestran que: (i) Se emitió un voto afirmativo por
la mayoría simple de los presentes, y; (ii) Se contaba con un quórum
decisorio al momento de la votación del Informe de Conciliación.
En conclusión: la Corte encuentra que el vicio detectado no tuvo
la entidad de invalidar la voluntad de la Plenaria del Senado de la República,
que votó afirmativamente el texto del Informe de Conciliación del Acto
Legislativo 02 de 2015. Lo anterior por cuanto, en cualquier escenario, la invalidación
de los tres (3) votos afirmativos emitidos por los Senadores cuyos impedimentos
habían sido aceptados, no afectaba el resultado final de la votación.
7.2. La votación del Informe de Conciliación en la Plenaria del
Senado se
emitió cumpliendo con la presencia del número mínimo de senadores exigido
El segundo cargo de inconstitucionalidad apunta a la imposibilidad
de determinar el quórum decisorio para la votación del Informe de
Conciliación del texto del proyecto de Acto Legislativo 02 de 2015, en primera
vuelta.
La Corte constata que la asistencia a la sesión de la Plenaria del
Senado de la República, donde se votó el Informe de Conciliación del Acto
Legislativo 02 de 2015, varió sustancialmente. Al inicio de la sesión se
contaba con noventa y nueve (99) Senadores. Al momento de la votación, cuatro
(4) Senadores dejaron constancia de su retiro: dos de ellos lo justificaron en
un impedimento parcial aceptado en sesión previa[59];
los otros dos, consideraron que no podían participar en las discusiones y
votaciones del proyecto de acto legislativo, a pesar de que no fueron aceptadas
sus propuestas de impedimento[60].
Según consta en la Gaceta del Congreso número 475 de 2015, la Presidencia del Senado
sometió a consideración el Informe de Conciliación, cerró la discusión y abrió
la votación nominal por medio electrónico:
“La Presidencia cierra la votación, e
indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se
informa el siguiente resultado:
Por el
Sí: 51
Por el No: 06
TOTAL: 57
votos
Si se descuentan los tres (3) votos nulos, emitidos por los
Senadores cuyos impedimentos habían sido aceptados, es claro que al menos
votaron cincuenta y cuatro (54) congresistas.
Para la Corte es claro que a los demandantes les asiste la razón
cuando afirman la imposibilidad de determinar cuál fue el número exacto de
asistentes en cada momento de la sesión. Dicha cantidad resulta fundamental
para evaluar el trámite legislativo, pues a partir de él se determina la
validez de la sesión que se está llevando a cabo. Al respecto, es fundamental
distinguir entre los conceptos de quórum decisorio y quórum deliberatorio.
El quórum deliberatorio se obtiene del número mínimo de
miembros de una Corporación que deben estar presentes en el recinto para que
aquélla pueda sesionar válidamente. Su existencia debe ser verificada
permanentemente, sin solución de continuidad a lo largo de toda la sesión:
desde que inicia la deliberación hasta que se levanta. Por eso mismo, el Reglamento
del Congreso autoriza expresamente a cualquier parlamentario para pedir una
verificación del quórum en todo momento y establece la necesidad de levantar la
sesión si se verifica que no hay quórum para deliberar.
El quórum decisorio corresponde al número mínimo de
miembros de una Cámara que deben estar presentes para que una decisión sea
válidamente adoptada. A diferencia del quórum deliberatorio, la
inexistencia de quórum decisorio no impide la continuidad de la sesión,
pero si causa que no se puedan aprobar proyectos de ley o de acto legislativo,
o los correspondientes Informes de Conciliación. En caso contrario, el
correspondiente texto normativo adolecerá de un vicio de inconstitucionalidad.
Los demandantes sostienen que ante la imposibilidad de determinar
el quórum al momento de la votación, no se puede dilucidar cuál era la
mayoría necesaria para la aprobación del Informe de Conciliación.
La Corte encuentra que, si bien es cierto que el número exacto de Senadores
presentes en cada momento de la sesión Plenaria no puede ser determinado; que
además resulta claro que hubo una variación importante entre 94 Senadores y 57 Senadores,
también lo es que el número de votos válidos emitidos (54) implica que había en
el recinto más de 52 Senadores.
Teniendo en cuenta que el número de Senadores activos es de ciento
dos (102), el quórum decisorio para la plenaria del Senado de la
República se encontraba conformado.
Si bien los demandantes aciertan en advertir un problema logístico
del que adolece el sistema de registro del Congreso de la República (y que
radica en la imposibilidad de saber en tiempo real cuál es el número exacto de
miembros presentes en una Cámara en una sesión particular), la Corte encuentra
que: (i) no existe cuestionamiento alguno respecto a la presencia de por lo
menos 26 Senadores durante toda la sesión, esto es, de la existencia de quórum
deliberatorio en todo momento, y (ii) el número de votos válidamente emitidos,
al ser superior al quórum decisorio mínimo, implica que, independientemente
de si el número exacto de Senadores presentes era 57 o cualquier número entre
esta cifra y 94, en todo caso la decisión se emitió cumpliendo con la presencia
del número mínimo de Senadores que exige la ley para que una Cámara pueda
decidir válidamente.
Por último, contrario a lo sostenido por los demandantes, la
votación del Informe de Conciliación en la Plenaria del Senado de la República
fue nominal y pública (Gaceta del Congreso número 474 del 14 de julio de 2015).
De la misma forma se procedió en la Plenaria de la Cámara de Representantes
(Gaceta del Congreso número 323 del 22 de mayo de 2015).
7.3. El desconocimiento de la obligación de un Congresista de
votar no vicia la voluntad legislativa
El tercer cargo de inconstitucionalidad apunta a la supuesta
renuencia a votar de algunos representantes a la cámara y senadores quienes,
estando presentes en las sesiones correspondientes, violaron la orden
reglamentaria que les obliga a votar a favor o en contra de la iniciativa, sin
que resulte aceptable abstenerse de emitir su voto.
Verificadas las pruebas que obran en el expediente, la Corte
encuentra que se comprobó el ingreso a la sesión de 111 Representantes a la
Cámara a la sesión Plenaria antes de que se llevara a cabo la votación.
Igualmente, revisadas las actas allegadas, se encuentra que efectivamente el
número de votos emitido en la sesión fue de noventa (90), siendo el resultado
final setenta y nueve (79) a favor de la aprobación del Informe de Conciliación
y once (11) en contra.
La Corte encuentra que se verificó el ingreso de noventa y nueve (99)
Senadores a la Sesión Plenaria del 11 de diciembre de 2014, y quedó constancia
del retiro de cinco (5) Senadores al momento de la votación. Sin embargo, no es
posible conocer con exactitud cuántos senadores se encontraban presentes al
momento de votar el Informe de Conciliación, el cual fue aprobado con cincuenta
y un (51) votos a favor y seis (6) en contra.
Esta Corporación vuelve a llamar la atención sobre la diferencia
existente entre ciertos desconocimientos del Reglamento del Congreso, que
afectan a un parlamentario en particular, y aquellos que por alguna situación
específica, tienen la entidad de viciar de inconstitucionalidad todo el debate
y con ello la norma aprobada. También resulta claro de la explicación sobre el
funcionamiento del sistema de registro de congresistas que el mismo monitorea
el momento de la puesta en funcionamiento del computador del congresista, pero
no tiene capacidad de reportar en tiempo real que éste ha dejado de estar
presente en el recinto.
En esas condiciones, solamente es posible tener certeza sobre el quórum
exacto al momento en que éste se verifica por solicitud de uno de los
congresistas, en los términos del artículo 109 de la Ley 5ª de 1992.
Teniendo en cuenta que la ley no exige verificar el quórum
al momento de iniciar la votación, que las puertas de los recintos del Congreso
permanecen abiertas, que los congresistas entran y salen constantemente, no
puede asumirse la existencia de una correspondencia exacta entre el número de
congresistas que respondieron a la última verificación del quórum, con
aquel de presentes durante la votación.
Los demandantes afirman que el texto normativo demandado debe ser
declarada inexequible por cuanto la Secretaría de la Cámara de Representantes
no procedió a anular la votación del acto legislativo, a pesar de que por lo
menos una de las representantes a la cámara presentes en el recinto no emitió
su voto en sentido alguno. Igualmente, solicitan la declaratoria de inexequibilidad
por el aparente desconocimiento de la obligación de algunos senadores de votar
el Informe de Conciliación en la Sesión Plenaria del 11 de diciembre de 2014,
con base en la diferencia entre Senadores que ingresaron a la sesión (99) y el
número total de votos del Informe de Conciliación (57).
La obligación de un congresista de votar en uno u otro sentido
responde a la necesidad de tener plena claridad sobre el sentido en el que se
pronuncia la voluntad del Congreso. El concepto de quórum solamente
tiene razón de ser si la deliberación y la decisión se encausan en votar
afirmativa o negativamente una proposición, pero no cuando se abstengan de
hacerlo, pues al no participar de la decisión, no hay una manifestación de la
voluntad que sea discernible. Esa necesidad democrática de poder establecer
cuál es la voluntad de un legislador también explica la razón por la cual el
Reglamento del Congreso establece el deber de repetir una votación en la que un
congresista presente se ha abstenido de participar.
La voluntad legislativa es un concepto complejo que se compone de
la unión de un número específico de votos que varía según los requerimientos de
mayoría y quórum para cada decisión particular. Por lo tanto, en su
formación, hay varios elementos que deben estar presentes con el fin de poder
identificar que esa voluntad se ha expresado de forma libre, clara, inequívoca
e informada. En tanto concepto complejo, la voluntad legislativa parte de la
base de ser una construcción plural. Por eso mismo, cualquier proceso para
desvirtuarla debe serlo también. En ese orden de ideas, la renuencia de un solo
congresista para participar en una votación de un acto legislativo, no tiene la
entidad de viciar la voluntad del Congreso de la República, pues hacerlo sería
tanto como cargar una decisión válidamente tomada por la mayoría, a la voluntad
de un solo miembro de la corporación.
En el caso concreto, esa realidad es más evidente, pues la Representante
a la Cámara, cuya presencia acreditan los demandantes, hace parte de una
bancada que votó negativamente el proyecto de Acto Legislativo. Por esa razón,
darle a su omisión del deber de votar en uno u otro sentido la entidad de vicio
de constitucionalidad insubsanable, sería tanto como permitirle a una
agrupación política minoritaria obstaculizar definitivamente el funcionamiento
del Congreso.
Cuando la Corte evalúa vicios en los procesos de votación de leyes
o de actos legislativos, debe ser particularmente cuidadosa en la ponderación
que realiza pues se pone en juego por un lado el respeto del procedimiento
democrático, y por otro, la deferencia indispensable con la voluntad
legislativa inequívocamente emitida.
Una aproximación extremadamente formalista que imponga la
anulación de una votación en la que no intervino un congresista presente en el
recinto, es una interpretación que desconoce el principio mayoritario,
convirtiendo a las minorías en una fuerza de bloque de toda decisión.
En el pasado la Corte se ha ocupado de la carga de diligencia que
les asiste a los congresistas interesados en la corrección de una ritualidad
que se deja de lado y que, a su juicio, tiene la vocación de viciar de
inconstitucionalidad una norma aprobada.[61]  El Reglamento
del Congreso no es una hoja de ruta pensada para el uso estratégico, ni es una
herramienta de oposición política. La evaluación que debe hacer la Corte de la
ocurrencia de un vicio debe consultar el efecto real de una omisión o la inobservancia
de una ritualidad. Un verdadero examen de la actuación del Congreso debe
consultar si, al momento de ser expresada la voluntad de las mayorías, se
respetaron los derechos de las minorías.
Al analizar las pruebas obrantes en el expediente, la Corte
encuentra que se encuentra acreditada la presencia de una Representante a la
Cámara, (Tatiana Cabello Flórez), quien se abstuvo de
emitir un voto a favor o en contra de la aprobación del Informe de Conciliación
del texto aprobado en primera vuelta.
La congresista ignoró el llamado para realizar la votación. No
obra en el expediente prueba alguna de que en el expediente, al momento de la
votación, se hubiere requerido, que se anulara la votación y se procediera a una
nueva.
Más allá de la discrepancia entre el número de Senadores que ingresaron
a la Sesión Plenaria y aquel que finalmente votó el Informe de Conciliación, no
existe certeza sobre si algunos senadores, que estuvieron presentes al momento
de la votación, omitieron su deber de votar. Tampoco existe prueba de que algún
senador hubiere requerido que se anulara la votación por la aparente diferencia
entre el número de congresistas presentes con derecho a voto y el número de
votos.
La Corte tendrá en cuenta los siguientes criterios de
constitucionalidad para evaluar un eventual desconocimiento del procedimiento
contenido en el artículo 127 de la Ley 5ª de 1992:
·
Siempre
que al comprobarse la presencia de uno o varios congresistas que no han votado,
la mesa directiva del cuerpo legislativo respectivo sea requerida por otro
parlamentario para anular la votación y repetirla, aquélla estará en la
obligación de repetir esa votación, so pena de viciar la votación inicial de
inconstitucionalidad.
·
Sin
perjuicio de lo anterior, habrá una obligación de anular la votación y
repetirla, incluso si ningún congresista llama la atención respecto de la
presencia de un congresista que no ha votado en uno u otro sentido, cuando el
número de votos con los que se apruebe una iniciativa sea inferior a la mitad
más un voto del número de congresistas presentes en la última comprobación de
asistencia.
·
Abstenerse
de votar estando presente en el recinto es una actitud censurable para un
congresista que además desconoce un deber que expresamente le impone el
Reglamento del Congreso. Por esa actuación, podría colegirse una
responsabilidad de índole disciplinaria cuando esa abstención ocurra
conscientemente. Sin embargo, esa omisión, por sí misma, y cuando no ha sido
objeto de reparo por los demás congresistas, y siempre que la aprobación cuente
con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los congresistas presentes
según el último registro de asistencia disponible, es insuficiente para
determinar la existencia de un vicio de procedimiento insubsanable.
Analizadas las pruebas que obran en el expediente, esta
Corporación no encuentra probado un vicio de constitucionalidad que implique la
declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada. Adicionalmente, según lo
ha establecido la Corte en el pasado, existe una presunción de corrección de
los reportes oficiales y las actas en virtud de las cuales se determina qué fue
lo que realmente ocurrió en el transcurso de una sesión parlamentaria.[62]
La Corte llama la atención sobre una dificultad logística que ha encontrado
probada, en especial por la certificación suscrita por el señor Juan Pablo
Álvarez Mosquera, Administrador del Sistema de Gestión de Plenarias del Salón
Elíptico del Congreso de la República, quien hace referencia al funcionamiento
del sistema tecnológico de esa Corporación. De acuerdo con la certificación:
“El sistema se encuentra habilitado
desde el inicio de la plenaria y reconoce la asistencia del Representante, una
vez ingrese su huella en el biométrico de su curul.
Al
lanzarse la votación electrónica, el sistema hace un bloqueo de la terminal
para evitar que alguien diferente al dueño de la curul pueda emitir un voto
(por ejemplo, otro Representante que esté sentado en un curul diferente al
momento de la votación).
Una
vez el sistema verifica la autenticidad de la huella, desbloquea el equipo y
habilita la opción de votar.
Suele
ocurrir que el Representante desbloquee la terminal pero no emita el voto
inmediatamente o simplemente no lo emita. Esto puede ocurrir por:
·
Habilitó la opción y se levantó de
la curul.
·
Habilitó la opción y esperó la
directiva de su partido o movimiento sobre el sentido del voto.
·
Habilitó la opción y la votación
fue cerrada antes de emitir el voto.
·
Habilitó la opción y simplemente
pensó que ya había emitido el voto.”[63]
La Corte encuentra que no hay una manera de contar con un
monitoreo en tiempo real de la identidad exacta de los congresistas presentes
en una sesión. En tanto no se verifique la asistencia al momento de hacer una
votación, existe la posibilidad de que un congresista se registre como presente
en el debate en un momento particular y luego salga del recinto, sin hacerse de
nuevo presente al momento de la votación. En esas circunstancias, el
congresista es registrado como presente a pesar de no encontrarse para votar en
uno u otro sentido. Por esa razón, hasta tanto no se implemente por el Congreso
de la República un sistema que permita hacer el monitoreo de asistencia en
tiempo real, el criterio del vicio de constitucionalidad por no anulación de la
votación debe hacerse tomando como base del cálculo el registro de asistencia
correspondiente a la última verificación de presencia en el recinto.
En sentencia C-332 de 2012, la
Corte analizó un posible vicio de procedimiento similar al que se examina en el
presente caso y concluyó, con base en los principios de instrumentalidad de las
formas y de in dubio pro legislatoris, que ante la falta de certeza del
desconocimiento de la obligación de votar de un senador, se debía resolver la
duda a favor de la decisión adoptada por el Senado.
En el caso concreto, del examen del acervo probatorio no quedaba claro si en
efecto el Senador Rizzetto Luces se encontraba o no presente en el recinto
de la Comisión Primera del Senado al momento de ser votado el
proyecto de acto legislativo. Ante la duda, se imponía resolver a favor de la
decisión adoptada por el Congreso. Así mismo ningún congresista solicitó
verificar el quórum y por ello, lo expresado por el Secretario
de la Comisión además de lo consignado en la respectiva Acta de
Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso, se tiene por verdadero.
En este aspecto, no se puede olvidar que el Secretario de la
Comisión es quien da fe de lo sucedido en el curso de los debates
parlamentarios y las votaciones.
La Corte concluye que en este caso es necesario atender a
la presunción a favor del legislador y al principio de instrumentalidad de las
formas, por cuanto: (i) las pruebas que obran en el expediente no permiten
llegar a una conclusión inequívoca frente a lo que ocurrió en las Sesiones
Plenarias de la Cámara de Representantes del 15 de diciembre de 2014 y del
Senado del 11 de diciembre de 2014; (ii) Ninguno de los congresistas solicitó
la verificación del quórum al momento de la votación, ante las
diferencias que los demandantes alegan entre los congresistas presentes y los
votantes, y; (iii) Las pruebas no son suficientes para controvertir la presunción de
corrección de las Gacetas del Congreso de cada una de las sesiones en virtud de
las cuales se determina qué fue lo que realmente ocurrió en el transcurso de
las mismas.
8. Síntesis
a. La demanda de
inconstitucionalidad. Los ciudadanos Eduardo
Montealegre Lynett y Rafael José Lafont Rodríguez demandaron la totalidad del
Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma
de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones”, con excepción de aquellas disposiciones
declaradas inexequibles en las Sentencia C-285 y C-373 de 2016.
b. Los cargos de inconstitucionalidad. Los demandantes formularon tres (3) cargos de
inconstitucionalidad:
·
Violación de las normas
constitucionales referidas a la aprobación de proyectos de acto legislativo,
debido a que en la votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta en
el Senado de la República, participaron congresistas que estaban impedidos para
ello.
·
Desconocimiento de las reglas de
votación nominal y pública, generado por la imposibilidad de determinar el
quórum en la sesión plenaria del Senado que aprobó el Informe de Conciliación
en primera vuelta de la reforma al equilibrio de poderes.
·
Incumplimiento de la obligación de
votar por parte de congresistas presentes en el recinto al momento de la
votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta.
c.
Problemas jurídicos. La Corte resolvió los siguientes
problemas jurídicos:
·       ¿Existieron realmente
los vicios de procedimiento alegados por los demandantes durante la aprobación
del Informe de Conciliación en las Plenarias de Senado y Cámara de
Representantes, en primera vuelta, del Acto Legislativo 02
de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de
poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”?
·       De llegar a
constatarse la existencia de los referidos vicios de procedimiento, ¿tienen
éstos la entidad para afectar la validez del Acto Legislativo 02 de 2015?
d. Descripción de lo sucedido durante la sesión Plenaria del
Senado de la República del 11 de diciembre de 2014. (Gaceta del Congreso número
474 de 2015). Al inicio de la sesión contestaron a lista un total de noventa y
nueve (99) Senadores. Una vez verificado el quórum deliberativo,
siendo las 12:29 pm, se dio apertura a la sesión programada para la votación
del Informe de Conciliación del proyecto de acto legislativo.
Después de la lectura del orden del día, en la sesión Plenaria del
Senado del 11 de diciembre de 2014, se procedió a referir los anuncios, dando
lugar al primer punto: la aprobación del Informe de Conciliación del proyecto
que dio origen al Acto Legislativo 02 de 2015.
Al momento de la votación, cuatro (4) Senadores dejaron constancia
de su retiro: dos de ellos lo justificaron en un impedimento parcial aceptado
en sesión previa[64]; los otros dos, consideraron que no
podían participar en las discusiones y votaciones del proyecto de acto
legislativo, a pesar de que no fueron aceptadas sus propuestas de impedimento[65].
El resultado de la votación fue el siguiente:
Por el
Sí: 51
Por el No: 06
TOTAL: 57 votos
Tres (3) Senadores, cuyos impedimentos habían sido aprobados en
los términos del Acta de Plenaria número 16 del 8 de octubre de 2014 (Gaceta
del Congreso número 805 de 2014), votaron favorablemente el Informe de
Conciliación: (i) Juan Manuel Corzo Román; (ii) Juan Samy Merheg Marún; y (iii)
Nadya Georgette Blef Escaf.
e. Reseña de la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del
15 de diciembre de 2014. (Gaceta del Congreso número 323 de 2015). Al inicio de la sesión
Plenaria se encontraban presentes en el recinto un total de ciento cincuenta y
nueve (159) Representantes a la Cámara (10:31 am). El Secretario General
informó a la Presidencia que “existe quorum decisorio”.
Discutido el texto del Informe de Conciliación, éste fue sometido
a votación, obteniendo los siguientes resultados: Por el sí, 79 votos; por el
no, 11 votos.
Al analizar las pruebas obrantes en el expediente, la Corte
encontró que se acreditaba la presencia de una Representante a la Cámara, (Tatiana Cabello Flórez), quien se abstuvo de
emitir un voto a favor o en contra de la aprobación del Informe de Conciliación
del texto aprobado en primera vuelta.
La congresista ignoró el llamado para realizar la votación. No
obra en el expediente prueba que demuestre que, al momento de la votación, se
hubiere requerido, por parte de algún congresista, que se anulara la votación y
se procediera a realizar una nueva.
f. Resolución del primer cargo
de inconstitucionalidad: Violación de las normas constitucionales
referidas a la aprobación de proyectos de acto legislativo, debido a que en la
votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta en el Senado de la
República, participaron congresistas que estaban impedidos para ello. La Corte
consideró que el cargo no estaba llamado a prosperar, por las siguientes
razones:
·
La irregularidad alegada por los demandantes
efectivamente existió: los
Senadores Juan Manuel Corzo Román, Juan Samy Merheg Marún y Nadya Georgette
Blef Escaf, a pesar de encontrarse impedidos, votaron afirmativamente el texto
del Informe de Conciliación.
·
Aunque
no se cuenta con el dato exacto de cuál era el quórum al momento de la
votación del Informe de Conciliación, la Sala encontró probado que, para el día
de la votación, registraron su asistencia noventa y nueve (99) Senadores de la
República, mientras que tres (3) Senadores (Paloma Valencia Laserna, Yamina
Pestana y Juan Diego Gómez) se excusaron válidamente de asistir. De esos 99
Senadores, quedó constancia del retiro del recinto de cinco (5) al momento de
la votación, por lo que, en todo caso, el número potencial más alto de
Senadores presentes en el recinto era de noventa y cuatro (94).
·
Si
en gracia de discusión se asume que al momento de la votación noventa y cuatro
(94) Senadores se hallaban presentes en la Plenaria, la mayoría necesaria para
la aprobación del Informe de Conciliación habría sido de cuarenta y ocho (48)
votos, correspondientes a la mitad (47 votos) más un voto.
·
Al
sustraerse los votos de los tres (3) Senadores que los emitieron a pesar de
tener impedimentos aceptados anteriormente, se encontró que el número total de
votos válidos emitidos en favor del Informe de Conciliación era de cuarenta y
ocho (48), es decir, el número exacto de votos requeridos como mínimo para
lograr esa aprobación.
g. Resolución del segundo
cargo de inconstitucionalidad: Desconocimiento de las
reglas de votación nominal y pública, generado por la imposibilidad de
determinar el quórum en la sesión plenaria del Senado que aprobó el
Informe de Conciliación en primera vuelta de la reforma al equilibrio de
poderes. La Corte concluyó que el cargo no estaba llamado a prosperar, por las
siguientes razones:
La Corte encontró que, si bien era cierto que el número exacto de
Senadores presentes en cada momento de la sesión Plenaria no pudo ser
determinado; que además resultó claro que tuvo lugar una variación importante
en el número de aquéllos (de 94 a 57 Senadores), también lo fue que el número
de votos válidos emitidos (54) implicó que había en el recinto más de cincuenta
y dos (52) Senadores. Teniendo en cuenta que el número de Senadores activos es
de ciento dos (102), el quórum decisorio para la Plenaria del Senado de
la República se encontraba conformado.
Además, contrario a lo
sostenido por los demandantes, la votación del Informe de Conciliación fue
nominal y pública.
h. Resolución del tercer cargo
de inconstitucionalidad: Incumplimiento de la
obligación de votar por parte de congresistas presentes en el recinto al
momento de la votación del Informe de Conciliación de la primera vuelta. La
Corte consideró que cargo no estaba llamado a prosperar, por las siguientes
razones:
Al analizar las pruebas obrantes en el expediente, la Corte
encontró acreditada la presencia de una Representante a la Cámara, (Tatiana Cabello Flórez), quien se abstuvo de
emitir un voto a favor o en contra de la aprobación del Informe de Conciliación
del texto aprobado en primera vuelta.
La congresista ignoró el llamado para votar. Pese a tal
irregularidad, ningún congresista solicitó la anulación y la repetición de la
votación.
La Corte tuvo en cuenta los siguientes criterios de
constitucionalidad para evaluar un eventual desconocimiento del procedimiento
contenido en el artículo 127 de la Ley 5ª de 1992:
·
De
llegar a comprobarse la presencia en la Plenaria de uno o varios congresistas
que no han votado, y la mesa directiva del cuerpo legislativo respectivo sea
requerida por un parlamentario para anular la votación y repetirla, aquélla
estará en la obligación de hacerlo.
·
Sin
perjuicio de lo anterior, habrá una obligación de anular la votación y
repetirla, incluso si ningún congresista llama la atención respecto de la presencia
de un congresista que no ha votado, cuando el número de sufragios con los que
se apruebe una iniciativa sea inferior a la mitad más uno del número de
congresistas presentes en la última comprobación de asistencia.
·
Abstenerse
de votar estando presente en el recinto es una actitud censurable para un
congresista que desconoce un deber que expresamente le impone el Reglamento del
Congreso. Esa actuación podría comportar una responsabilidad de índole
disciplinaria cuando esa abstención ocurra conscientemente. Sin embargo, esa
omisión, por sí misma, y cuando no ha sido objeto de reparo por los demás
congresistas, y siempre que la aprobación cuente con el voto afirmativo de la
mayoría absoluta de los congresistas presentes según el último registro de asistencia
disponible, es insuficiente para determinar la existencia de un vicio de
procedimiento insubsanable.
5.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Decisión
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada
en el Auto 305 de junio 21 de 2017.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLES las disposiciones del Acto
Legislativo 02 de 2015 que no habían sido declaradas INEXEQUIBLES en las
sentencias C-285 y C-373 de 2016, por los cargos analizados.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
(Con aclaración de voto)
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
(Con impedimento)
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
(En comisión)
CRISTINA PARDO SCHELESINGER
Magistrada
(Con impedimento)
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Con impedimento
aceptado en Sala Plena del 24 de mayo de 2017.
[2] La Corte Constitucional, en Sentencia C-094 de 2017
declaró exequible la expresión “no podrá ser reelegido para el mismo del
artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2015, por el cargo estudiado en esta
sentencia. Asimismo, se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre esa
expresión, por el cargo de sustitución de la Constitución, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
[3] La Corte Constitucional, en Sentencia C-373 de 2016
declaró inexequible la expresión "Miembro de la Comisión Nacional de
Aforados" contenida en los artículos 2 (inciso 6º) y 9 (inciso 3º) del
Acto Legislativo 02 de 2015.
[4] La Corte Constitucional, en Sentencia C-094
de 2017 declaró exequible la expresión “Miembro del Consejo Nacional Electoral”
del artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2015, por el cargo estudiado en esta
sentencia. Asimismo, se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre esa
expresión, por el cargo de sustitución de la Constitución, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
[5] La Corte Constitucional, en Sentencia C-373
de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV
Alejandro Linares Cantillo, AV María Victoria Calle Correa) declaró inexequible
el artículo 5 del Acto Legislativo 02 de 2015.
[6] La Corte Constitucional, en Sentencia C-373 de 2016
declaró inexequible el artículo 7 del Acto Legislativo 02 de 2015.
[7] La Corte Constitucional, en Sentencia C-373 de 2016
declaró inexequible el nuevo artículo 178A de la Constitución adicionado por el
artículo 8 del Acto Legislativo 02 de 2015.
[8] La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar
sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia
C-230 de 2016
[9] La Corte Constitucional, en Sentencia C-373 de 2016
declaró inexequible la expresión "Miembro de la Comisión Nacional de
Aforados" contenida en los artículos 2 (inciso 6º) y 9 (inciso 3º) del
Acto Legislativo 02 de 2015.
[10] La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 2016 declaró inexequibles las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial
y a la Gerencia de la Rama Judicial contenidas en los artículos 8, 11 y 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015. En consecuencia, declaró que en las disposiciones
constitucionales a las que tales artículos aludían, la expresión “Consejo de
Gobierno Judicial” se sustituyera por “Consejo Superior de la
Judicatura”, y se suprimiera la expresión “y adelantada por la Gerencia
de la Rama Judicial”.
[11] La Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-373 de 2016 declaró exequible el aparte
subrayado, por los cargos analizados en dicha sentencia. Adicionalmente,
decidió estarse a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-285
de 2016.
[12] La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar
sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-053 de
2016 (MP Alejandro Linares Cantillo con AV).
[13] La Corte Constitucional, en Sentencia Sentencia C-285 de 2016, declaró inexequible el
artículo 15 del Acto Legislativo
02 de 2015. Adicionalmente, en Sentencia C-373 de 2016 decidió estarse a lo resuelto por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-285 de 2016.
[14] La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 2016, declaró inexequible el
artículo 16 del Acto Legislativo
02 de 2015. Adicionalmente, en Sentencia C-373 de 2016 decidió estarse a lo resuelto por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-285 de 2016.
[15] La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 2016, declaró inexequible el
artículo 17 del Acto Legislativo
02 de 2015, 'salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la
expresión 'o a los Consejos seccionales, según el caso', como de los numerales
3º y 6º del artículo 256 de la Constitución’, en relación con lo cual la Corte
se inhibió de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Posteriormente, en Sentencia C-373 de 2016 declaró exequible el artículo 17,
por los cargos analizados, en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de
la expresión “o a los Consejos seccionales, según el caso”, como de los
numerales 3º y 6º.
[16] Mediante la Sentencia C-285 de 2016 la Corte
Constitucional declaró inexequible el artículo 18 del Acto Legislativo 02 de
2015, salvo los apartes que continúan vigentes de los literales f) y g) y el
aparte del numeral 6, sobre el cual se inhibió de pronunciarse de fondo por
ineptitud sustantiva de la demanda. Posteriormente, en Sentencia C-373 de 2016
la Corte Constitucional declaró estos apartes exequibles.
[17] La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 2016 declaró inexequibles las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial
y a la Gerencia de la Rama Judicial contenidas en los artículos 8, 11 y 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015. En consecuencia, declaró que en las disposiciones
constitucionales a las que tales artículos aludían, la expresión “Consejo de
Gobierno Judicial” se sustituyera por “Consejo Superior de la
Judicatura”, y se suprimiera la expresión “y adelantada por la Gerencia
de la Rama Judicial”.
[18] Mediante Sentencia C-053 de 2016, la Corte
Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre el artículo 19 del Acto
Legislativo 02 de 2015 por ineptitud de la demanda. Seguidamente, en Sentencia
C-285 de 2016, nuevamente, la Corte se
declaró inhibida de fallar sobre este artículo, salvo sobre la derogatoria
tácita del artículo 257 de la Constitución Política, la cual declaró
inexequible. Finalmente, en Sentencia C-373 de 2016 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo
19 del Acto Legislativo 02 de 2015, por los cargos analizados. En dicha
sentencia, la Corte decidió, igualmente, estarse a lo resuelto en la Sentencia
C-285/16 y se inhibió de fallar en relación con el parágrafo transitorio.
[19] En Sentencia C-285 de 2016 la Corte se declaró inhibida de fallar sobre este
inciso por ineptitud de la demanda. Posteriormente, en Sentencia C-373 de 2016 la Corte Constitucional declaró exequible el
inciso, por los cargos analizados.
[20] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-285 de
2016 declaró inexequible este inciso.
Adicionalmente, en Sentencia C-373 de 2016 la Corte declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia
C-285-16.
[21] La Corte Constitucional, en la Sentencia C-094 de
2017 se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la expresión
“Elimínese la expresión ‘y podrán ser reelegidos por una sola vez’ en el
artículo 264 de la Constitución Política” del artículo 26 del Acto Legislativo
2 de 2015, por ineptitud sustantiva de la demanda.
[22] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-285 de
2016declaró inexequible este inciso.
Adicionalmente, en Sentencia C-373 de 2016, la Corte declaró estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-285-16.
[23] Expediente D-11532. Cuaderno 1. Folio 74.
[24] Artículo 149 de la
Constitución. “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el
propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder
público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de
validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes
participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.
[25] Artículo 5 de la Ley 5ª de 1992. “Jerarquía del
Reglamento. En desarrollo y aplicación de este Reglamento se entenderán como
vicios de procedimiento insubsanables de la Constitución Política: || 1. Toda
reunión de Congresistas que, con el propósito de ejercer funciones propias de
la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones
constitucionales. En este evento sus decisiones carecerán de validez, y a los
actos que realice no podrá dárseles efecto alguno. || 2. El vulnerarse las
garantías constitucionales fundamentales.”
[26] Ley 5 de 1992, Artículo 293. “Efecto del impedimento.
Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo ponente, si
fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y
aceptado así mismo el impedimento, el respectivo Presidente excusará de votar
al Congresista”.
[27] Expediente D-11532, Cuaderno 1, Folio 130.
[28] Corte Constitucional, Sentencia C-106 de 2016 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Alejandro
Linares Cantillo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[29] Artículo 123 de la Ley 5ª
de 1992.
[30] Artículo
127 de la Ley 5ª de 1992.
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-332 de 2012
[32] Corte Constitucional, Sentencia C-337 de 2015
[33] Corte
Constitucional, Sentencia C-106 de 2016
[34] Corte Constitucional, sentencia C-397 de 1995
[35] Corte Constitucional, sentencia C-774 de
2001.
[36] Corte Constitucional, sentencia C-462 de 2013
[37] Decreto 2067 de 1991, art. 6.
[38]Corte Constitucional, sentencia C-500 de 2014.
[39] Corte Constitucional, sentencias C-153 de
2002, C-337 de 2007 y C-774 de 2001, entre otras.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-774 de
2001.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-931 de 2008. En el mismo
sentido pueden verse las Sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de
2000 y C-415 de 2002, entre otras.
[42] Corte Constitucional, sentencia C-871 de
2014, reiterada en sentencia C-583 de 2016.
[43] Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996,
donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando
se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir,
formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
[44] En la sentencia C-447 de 1997, donde la Corte
sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una
petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el
respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial
la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus
decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de
seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no
es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
(…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los
criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de
sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de
jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada
constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra
consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico, sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias.”
[45] Corte Constitucional, sentencia C-311 de
2002. En este caso la Corte resolvió “estarse a lo resuelto en la sentencia
C-739 de 2000 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE la expresión ‘o uso de
líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga
distancia no autorizadas’, contenida en el inciso primero del artículo 257
de la Ley 599 de 2000, en relación con los cargos de la […] demanda
[analizada].” En este caso se retomó la jurisprudencia sobre la materia,
haciendo énfasis en decisiones como la sentencia C-774 de 2001. Estos
requisitos fijados en la sentencia C-311 de 2002 han sido recogidos en varias
ocasiones por la jurisprudencia. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en
las sentencias C-532 de 2013, C-228 de 2015 y C-621 de 2015.
[46] Corte Constitucional, sentencia C-029 de
2009.
[47] Los Senadores
Andrés García Zuccardiy Alfredo Ramos Maya.
[48] Los Senadores
Juan Carlos Restrepo Escobar y Antonio Guerra de La Espriella.
[49] Gaceta del Congreso número 323 de 2015.
[50] Al respecto se indicó: “Las
reglas constitucionales sobre formación de las leyes [y actos legislativos]
adquieren entonces pleno sentido si se tienen en cuenta esos objetivos, pues
ellos muestran que esas disposiciones superiores no son formas vacías de
cualquier propósito. Ellas pretenden proteger el diseño de la forma de gobierno
establecido por el Constituyente, al mismo tiempo que buscan potenciar el principio
democrático, a fin de que el debate en el Congreso sea no sólo amplio y
vigoroso sino también lo más transparente y racional posible, y con pleno
respeto de los derechos de las minorías.”
[51] Corte Constitucional, Sentencia C-737 de 2001). En
esta Sentencia, la Corte analizó una acción de inconstitucionalidad contra la
Ley 619 de 2000 por vicios de procedimiento y por razones de contenido. Este precedente ha sido recogido, entre otras, por las
sentencias C-872 de 2002; C-551 de 2003); C-1152 de 2003; C-473 de 2004; C-1040
de 2005; C-168 de 2012; y C-786 de 2012.
[52] Citando la Sentencia C-055 de 1996.
[53] Corte
Constitucional, Sentencia C-737 de 2011 citando la Sentencia C-055 de 1996.
Este precedente ha sido recogido, entre otras, por las Sentencias C-872 de
2002, C-551 de 2003; C-1152 de 2003; C-473 de 2004, C-1040 de 2005, C-168 de
2012  y C-786 de 2012.
[54] Corte Constitucional, Sentencias C-665 de 2007 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-031 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
C-608 de 2010 (Humberto Antonio Sierra Porto), C-076 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), C-332 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-371
de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), C-419 de 2012 (MP Mauricio González
Cuervo), C-786 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV María Victoria Calle
Correa, AV Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla), C-947 de 2014
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[55] Según consta en la Gaceta del Congreso de la
República número 474 de 2015.
[56] Gaceta del Congreso de la República número 474 de
2015.
[57] Según consta en
la página 13 de la certificación remitida al despacho del magistrado
sustanciador por el Dr. Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado
de la República, fechada el 21 de octubre de 2016 y que consta a folio 289 del
cuaderno principal del proceso.
[58] Según consta en la
Gaceta del Congreso de la República número 474 de 2015 en la que consta el acta
de la Sesión Plenaria del Senado de la República del 11 de diciembre de 2016
“Los honorables Senadores Juan Carlos Restrepo Escobar, Andrés García Zuccardi,
Alfredo Ramos Maya y Antonio del Cristo Guerra de la Espriella” dejaron
constancia de su retiro del recinto, mientras que la Secretaría General del
Senado de la República dejó constancia del retiro de la Senadora Vivianne
Morales Hoyos.
[59] Los Senadores
Andrés García Zuccardiy Alfredo Ramos Maya.
[60] Los Senadores
Juan Carlos Restrepo Escobar y Antonio Guerra de La Espriella.
[61] Ejemplo reciente de este caso es la decisión de no
declarar la inexequibilidad del artículo 95 de la Ley 1753 de 2015 aun cuando
no se votó una proposición presentada por el Senador Senén Niño. Al respecto,
la Corte afirmó en esa providencia que “En ese orden de ideas, es claro, de
acuerdo con las subreglas sentadas por la jurisprudencia constitucional, que el
Congresista no desplegó un mínimo de diligencia, y no intervino, ni presentó
una moción específicamente destinada a exigir la discusión de la Proposición
148, situación en la que, de acuerdo con las subreglas establecidas por la
jurisprudencia constitucional y reiteradas en los fundamentos normativos de
esta providencia, debe concluirse que la irregularidad no tiene la fuerza
necesaria para provocar la invalidación de la norma.”. Sentencia C-044 de
2017 MP María Victoria Calle Correa.
[62] Así, por ejemplo, en la sentencia C-816 de 2004, en
la cual se estudió una reforma constitucional para dar sustento jurídico a un
‘estatuto antiterrorista’, la presunción de corrección que se seguía de las
declaraciones oficiales de la Mesa Directiva fueron desvirtuadas con base en
las grabaciones mismas del proceso legislativo, aportadas por los accionantes e
intervinientes al proceso. Se demostró mediante tales registros auditivos, que
la Mesa Directiva no incluyó en el Acta todo lo ocurrido en la sesión. Se probó
que existió una votación que implicaba el archivo del proyecto. Esta posición
fue reiterada por la Corte en Sentencia C-371 de 2012.
[63] Detalle funcionamiento sistema de gestión de
plenarias. Certificación suscrita por Juan Pablo Álvarez Mosquera, Administrador del Sistema de Gestión
de Plenarias del Salón Elíptico del Congreso de la República. Expediente
D-11532, Folio 269.
[64] Los Senadores
Andrés García Zuccardiy Alfredo Ramos Maya.
[65] Los Senadores
Juan Carlos Restrepo Escobar y Antonio Guerra de La Espriella.