T-120-16
Sentencia T-120/16
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
La subsidiariedad como nota característica de la acción de tutela, no
apunta a otra finalidad que la de imponer al interesado, la obligación de
desplegar todo su actuar empleando los medios ordinarios de defensa dispuestos
en el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales.
Sobre esa base, se pone de relieve, entonces, que para impetrar el amparo de un
derecho de rango fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia
en los procesos y procedimientos ordinarios; entendiendo, por demás, que la
falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la
improcedencia del mecanismo de amparo constitucional.
ACCION
DE TUTELA PARA SOLICITAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR-Improcedencia por cuanto la
accionante cuenta con mecanismos idóneos
dentro del proceso ordinario
Al
contar la actora, dentro del proceso ordinario, con mecanismos idóneos a través
de los cuales puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar
pretendida, no le es dable al juez constitucional intervenir, pues ello
resultaría contrario al carácter eminentemente subsidiario de la tutela.
Referencia: Expediente
T-5.201.803
Demandante:
Carmen
Aliria Plaza de Castañeda
Demandado:
Fiscalía
31 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el
Lavado de Activos y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C.,
ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo proferido el veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015)
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de
Tutelas No. 1, mediante el cual se confirmó la providencia dictada el
diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015) por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, dentro de la acción de tutela
promovida por la señora Carmen Aliria Plaza de Castañeda, en contra de la
Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y
contra el Lavado de Activos y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE.
El presente
expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Diez, por
medio de Auto de veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), y
repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1.  La solicitud
Carmen Aliria Plaza de Castañeda impetró
la presente acción de tutela contra la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad
Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos y la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S. - SAE, en procura de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la propiedad privada, a la vivienda y al mínimo vital,
los cuales considera conculcados por las entidades accionadas, al negar el
levantamiento de la medida cautelar de secuestro impuesta sobre el inmueble de
su propiedad, destinado a su habitación.
2.  Hechos
Se describen en
la demanda así:
2.1.   La señora Carmen
Aliria Plaza de Castañeda manifiesta que, el 3 de septiembre de 2009, mediante
escritura pública No. 4.098, suscrita ante el Notario Veintinueve del Círculo
de Bogotá D.C., celebró contrato de compraventa, en calidad de compradora, del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1611476, ubicado en la
Carrera 68 C No. 22B-71 de la ciudad de Bogotá D.C., Torre 7, Apartamento 203,
el cual no presentaba limitación alguna a la propiedad. Dentro de dicho acto,
actuó como vendedora la señora Alba Marina Yusti Llano.
2.2.   Mediante informe
de Policía Judicial de fecha 16 de septiembre de 2012, emitido por un teniente
adscrito al Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y contra el Lavado de
Activos, se relacionaron bienes que se encontraban en cabeza de personas investigadas
dentro del proceso radicado 11511 E.D. En dicho informe se incluyó el inmueble
sobre el cual la accionante ejercía como señora y dueña desde 2009, por
considerarlo de propiedad de Alba Marina Yusti Llano, hija de uno de los
investigados dentro del referido proceso.
2.3.   El 21 de enero de
2013, la Fiscal 31 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio
y contra el Lavado de Activos decretó las medidas cautelares de embargo,
secuestro y la consecuente suspensión del poder dispositivo de varios
inmuebles, entre ellos, el de la actora, fundamentado su actuar en que la
adquisición del bien provenía de una actividad ilícita, concretamente, del
narcotráfico.
2.4.   La anterior
decisión fue materializada el 30 de enero de 2013, en presencia de un fiscal de
apoyo adscrito al despacho 20 de la Unidad Nacional para la Extinción de
Dominio y contra el Lavado de Activos, situación que consta en el acta de
secuestro del inmueble.
2.5.   Sostiene que el
registro de la medida cautelar de embargo fue
protocolizado, por parte de la Fiscalía General de la Nación, el 13 de febrero
de 2013, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, y que la
correspondiente anotación en el certificado de tradición quedó asentada el 25
de febrero de 2013.
2.6.  El 27 de mayo de
2015, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE emitió orden de desalojo
en la que se informó que debía efectuarse la entrega inmediata, real y material
del inmueble dentro de los diez días siguientes a partir de la fecha de recibo
de la comunicación.
2.7.  El 10 de junio de
2015, mediante apoderado judicial, presentó ante la Secretaría de Extinción de
Dominio un oficio dirigido a la fiscalía accionada, encaminado a solicitar la
revocatoria de la medida cautelar de secuestro, dadas sus condiciones de salud
y estado de indefensión. Asimismo, pidió dejar incólumes las medidas de embargo
y suspensión del derecho dispositivo. Dicho pedimento fue resuelto de manera
desfavorable, bajo el argumento de que el derecho de petición no era la
herramienta idónea para el efecto.
2.8.  El 9 de julio de
2015, su apoderado judicial reiteró la solicitud de levantamiento de medida
cautelar de secuestro, con fundamento en el derecho a la propiedad, pues el
inmueble afectado constituye su único patrimonio y lugar de habitación, razón
por la cual, le resulta imprescindible, máxime si se tiene en cuenta su estado
de salud actual y avanzada edad, pues cuenta con setenta y siete años.
2.9.  Mediante Auto de
17 de julio de 2015, el despacho fiscal accionado indicó que no era viable
resolver, en el momento procesal en curso, la solicitud de levantamiento de las
medidas cautelares, toda vez que se debía agotar la ritualidad que el
procedimiento ordinario exige para el efecto.
2.10.  Su apoderado,
mediante escrito radicado el 21 de julio de 2015 ante la fiscalía enjuiciada,
expresó su oposición respecto de la resolución de inicio de la acción de
extinción de dominio. Dicha petición se encuentra pendiente de decisión.
2.11.  Por otra parte,
manifiesta que ejerce legítima propiedad sobre el inmueble de marras, toda vez
que lo adquirió de manera lícita y que para la época en que se celebró la
escritura pública no tenía afectación alguna a la propiedad. Además, asegura
que el dinero destinado a la compraventa provino de lo ahorrado durante la
sociedad conyugal que constituyó con el señor Guillermo Castañeda Patiño.
2.12.  En lo que atañe a
sus condiciones particulares, aduce que i) no cuenta con personas que velen por su
cuidado, ya que su único hijo falleció en el año 2009 y su esposo en el 2013; ii) recientemente
sufrió fractura de peroné como consecuencia de un accidente de tránsito,
situación que informó a la delegada de la fiscalía con el fin de que fuera
considerada al momento de decidir respecto del levantamiento de la medida
cautelar de secuestro y; iii) el único bien que
posee es el apartamento en comento, lugar destinado a su vivienda.
3.  Pretensiones
La demandante
pretende que por medio de la acción de tutela le sean protegidos sus derechos
fundamentales a la propiedad privada, a la vivienda y al mínimo vital y, en
consecuencia, se suspenda la medida cautelar de secuestro impuesta sobre el
inmueble de su propiedad, hasta tanto exista una decisión de fondo que
determine si la acción de extinción de dominio prospera.
4.  Pruebas
A continuación se relacionan las pruebas
relevantes que reposan en el expediente:
-   Copia de la
cédula de ciudadanía de la accionante, en la que consta que nació el 3 de diciembre
de 1938 (folio 26 del cuaderno 1).
-   Copia de la
escritura pública No. 4098 de 3 de septiembre de 2009, suscrita ante la Notaría
29 de Bogotá D.C., la cual contiene la siguiente información: "Acto: compraventa. Afectación a
vivienda familiar: No. Precio: $76.000.000. Inmueble: Apartamento No.
203 Torre 7 de la etapa 7 (7-7-203) y el uso exclusivo del garaje No. 316 que
forman parte del Conjunto Residencial Alameira, ubicado en la carrera 68C No.
22B —. 71 de Bogotá. Matrícula inmobiliaria: 50C-1611476. Cédula catastral:
00631100600102003.
Personas que intervienen en el acto. La parte vendedora: Alba Marina Yusti
Llano. La parte compradora: Carmen Aliria
Plaza de Castañeda" (folios 27 a 34 del cuaderno 1).
-   Copia del
certificado de tradición de matrícula inmobiliaria expedido el 19 de junio de
2015, correspondiente a la matrícula inmobiliaria No. 50C-161147. Valga
resaltar que la anotación número 9, correspondiente a la compraventa celebrada
entre la actora y la señora Alba Marina Yusti Llano es de fecha 8 de febrero de
2013, en tanto que la anotación número 10, atinente al "embargo en
proceso de fiscalía (medida cautelar)" es de 25 de
febrero de 2013 (folios 40 y 41 del cuaderno 1).
-Copia del
certificado de defunción del señor Guillermo Castañeda Patiño, en el que se
evidencia que falleció el 30 de noviembre de 2013 (folio 42 del cuaderno 1).
-Copia del
registro civil de defunción de Fernando Castañeda Plaza, hijo de la accionante,
en el que consta que su deceso acaeció el 19 de abril de 2009 (folio 43 del
cuaderno 1).
-Copia de la
incapacidad médica, de fecha 2 de junio de 2015, emitida por un médico
ortopedista adscrito a la Clínica Nueva de Bogotá D.C., en el que se acredita
que la actora fue incapacitada por treinta días, a partir del 25 de junio de
2015, debido al diagnóstico "fractura en el peroné" (folio 44 del
cuaderno 1).
- Copia de la
historia clínica de la demandante, emitida por la Clínica Nueva de Bogotá D.C.,
de fecha 25 de junio de 2015, en la que consta que fue víctima de un accidente de
tránsito (folio 45 del cuaderno 1).
-   Copia de la
solicitud de entrega inmediata, real y material del inmueble ubicado en la
carrera 68C número 22B -71, Torre 7, Apartamento 203, signada por el Gerente
Regional Centro Oriente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE,
dirigida a la accionante. En dicha comunicación se requiere la entrega del bien
dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a la fecha
de recibo, pues, de lo contrario, se procedería al desalojo (folios 48 y 49 del
cuaderno 1).
-   Copia de la
petición presentada por el apoderado de la actora, en la que solicita revocar
la medida cautelar de secuestro y dejar incólumes las medidas de embargo y
suspensión de derecho dispositivo (folios 50 a 53 del cuaderno 1).
-   Copia del escrito
remitido por la accionante a la Fiscal Treinta y Uno Especializada de la Unidad
Nacional Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante el cual i) prueba su interés
jurídico dentro del proceso Radicado 11511 E.D., manifestando su condición de
tercera de buena fe exenta de culpa y, ii) solicita se
revoque la orden de desalojo, toda vez que, de efectuarse, le generaría un
perjuicio irremediable (folios 54 y 55 del cuaderno 1).
-   Copia de la
respuesta emitida por la fiscal del despacho accionado, el Io de julio de 2015, informando
que no es viable resolver la declaratoria de improcedencia extraordinaria, pues
el bien inmueble afectado deberá sujetarse a la ritualidad y actuación procesal
a efectos de que la señora Plaza de Castañeda demuestre, con suficiencia, su
calidad de tercera de buena fe exenta de culpa (Folios 56 y 57 del cuaderno 1).
-Copia de la
solicitud de copias del proceso radicado 11511 E.D. y reiteración del
levantamiento de la medida cautelar presentada por el apoderado de la
accionante el 8 de julio de 2015, dirigida a la Fiscal Treinta y Uno
Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado
de Activos (folios 58 y 59 del cuaderno 1). -Copia del documento en el que la
fiscalía demandada resuelve negativamente la solicitud de levantamiento de las
medidas cautelares. En dicha respuesta se le informa a la accionante que debe
agotar la totalidad de la ritualidad procesal y que la entidad encargada de la
administración del inmueble afectado es la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. - SAE. Igualmente, se le indica que el expediente sería puesto a su
disposición en la Secretaría Administrativa de la Dirección, en aras de que
tome las copias que considere necesarias (folio 60 del cuaderno 1).
5. Respuesta de las entidades accionadas
5.1. Fiscalía Treinta y Uno Especializada de la Unidad Nacional de
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos
Dentro la
oportunidad procesal correspondiente, la Fiscal Treinta y Uno Especializada de
la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos
manifestó que su despacho jamás ha vulnerado derecho fundamental alguno a la
accionante.
Sostuvo que después de proferida la
resolución de inicio se han hecho parte dentro del proceso que adelantan otras
personas que, siendo titulares del dominio de bienes, se encuentran vinculadas
o afectadas y que deben de sujetarse al procedimiento estipulado para el
trámite de extinción, pues, de hacerse de manera individual desconocería el
principio de igualdad y el debido proceso.
Aunado a ello,
manifestó que está pendiente la notificación personal de varios titulares de
derechos que se encuentran privados de la libertad en España.
Por otra parte, expresó que, mediante
resolución proferida el 1o
de julio de 2015, su despacho atendió la solicitud de levantamiento de las
medidas cautelares que recaen sobre el inmueble que habita la demandante y que
en dicha decisión indicó que la declaratoria de improcedencia extraordinaria no
era viable resolverla en la etapa procesal en curso, por cuanto no se cumplían
los lineamientos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 5o
de la Ley 793 de 2002, modificada por la Ley 1453 de 2011[1]
En ese orden de ideas, reiteró que el
apartamento afectado debe sujetarse a la totalidad de la ritualidad y actuación
procesal, a efectos de que la señora Plaza de Castañeda demuestre con
suficiencia su calidad de tercera de buena fe exenta de culpa.
Respecto de la situación fáctica que
originó la afectación de varios bienes inmuebles, vehículos y sociedades, entre
esos, el destinado a la habitación de la accionante, dijo, textualmente, lo
siguiente:
"En informe
de fecha 10 de enero de 2012, el Director de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, informó que la Embajada de España, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, allegó a esa dependencia,
copia del expediente judicial mediante el cual se solicita la extradición del
señor Oscar Yusti Solazar, identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxx (ya
capturado), por el delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
En resolución No.
0059 del 24 de enero de 2012, la Coordinación de la Unidad asignó las presentes
diligencias a este despacho bajo el radicado 11511.
El 27 de enero de
2012 se avocó el conocimiento de las diligencias y se dispuso la apertura de
fase inicial; se ordenó la práctica de unas pruebas entre ellas establecer el
núcleo familiar, allegar copia de la documentación que repose en la Oficina de
Asuntos Internacionales, oficiar a las diferentes Oficinas de Instrumentos
Públicos del país los folios inmobiliarios que aparezcan en cabeza de Oscar
Yusti Solazar al igual que en las diferentes cámaras de comercio y antecedentes
penales.
La Policía Judicial presentó las pruebas
requeridas por el despacho para resolver sobre la concurrencia de las causales
para dar inicio al trámite extintivo, que se traducen en los informes de fechas
16 de septiembre, 26 de noviembre y 7 de diciembre del 2012, correspondiéndonos
ahora realizar el análisis de las mismas, con el objeto de establecer si se
consolidan las causales que dan lugar a dar inicio a la acción extintiva (...)
".
"(...) 8. Con fecha 24 de junio de
2011 se dictó auto decretando la busca y captura nacional con ingreso en
prisión y decretando orden internacional de detención contra Oscar Yusti
Salazar, siendo los hechos que se le imputan los siguientes:
En este procedimiento se están analizando
las maniobras de asentamiento en España (constituyendo sociedades pantalla a
nombre de las cuales se aperturan cuentas bancarias en las que se realizan
ingresos económicos en dinero en efectivo mediante transferencia por diversos
testaferros procedentes de países situados en América) y posterior traspaso del
numerario a terceras sociedades principalmente NIT Internacional Trading &
Finance S.L., Arbul Invest S.L., Greixer Line S.L. y Grupo Granline 2010 S.L.,
inicialmente o con pérdidas o sin actividad económica y vinculadas generalmente
a operaciones de tránsito internacional, que después se va a utilizar para
realizar operaciones inmobiliarias en España en las que están involucradas un
grupo de personas sudamericanas (panameños, colombianos...) y españolas que les
auxilian y que no tienen otro objetivo que aflorar como lícitas en el mercado
económico bancario e inmobiliario lo que están resultando ser altísimas
cantidades de dinero ilícito procedente del narcotráfico internacional
sudamericano, en concreto, el mejicano (del "Cartel del Golfo" de los
hermanos Beltrán Leyva) y del colombiano (del "Cartel de los Carteles de
Don Lucho y Barrera ") por otro, en el que aparecen como principales
responsables de este grupo blanqueador de capitales en España los investigados
Lorenzo Lenin Galván Niño, a quien la DEA ocupó en Atlanta (USA) documentos que
evidenciaban su responsabilidad en el blanqueo en España de parte de los
capitales del narcotráfico así como Jorge Luis Cummings Alvarez (detenido en
Méjico como responsable del blanqueo del dinero del cartel del Golfo de los
Hermanos Beltrán Leyva) y Antonio Adolfo Bechilly Carreño que aparece como el
cabecilla principal de los tres que encabezan la parte responsable del blanqueo
del narcotráfico en España y a cuyo nombre final aparecen las empresas en las
que se ha ido metiendo el dinero y que pretenden hacer las inversiones
inmobiliarias en Cataluña, Baleares, (...).
Para este grupo trabajan en España
diversas personas que prestan además de asesoramiento ayuda sin la cual el
entramado organizativo sudamericano no podría blanquear sus ilícitas ganancias
del narcotráfico, origen delictivo que tienen que conocer o sospechar por la
importancia de las cantidades en efectivo que ayudan a blanquear, por la
facilidad con que reciben el pago de su ayuda y por el origen geográfico de los
sudamericanos que no demuestran tener actividad económica ninguna y que
precisamente solicitan sociedades pantallas sin actividad económica que no
tienen otro fin que ayudar a ingresar enormes cantidades de numerario en
efectivo, tal como alguno de ellos personalmente saben por los viajes que por ese
motivo han realizado a países como Panamá y Colombia.
En relación con el imputado Oscar Yusti
Solazar, el mismo está integrado en una organización que se encarga de
blanquear en España el dinero obtenido por la poderosa organización dedicada al
tráfico organizacional de drogas encabezada por Luis Agustín Caicedo Velandia
alias Don Lucho, el cual actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos
junto con José Aldemar Yusti Llano, hijo del reclamado, precisamente por los
delitos de tráfico y drogas y de blanqueo de dinero procedente de éste.
La función
ejercida dentro de dicha organización dedicada al tráfico de drogas por Oscar
Yusti Solazar, ha sido la de colaboración para ocultación o encubrimiento de
los bienes adquiridos por dicha organización, con fondos procedentes del
narcotráfico, en este caso un inmueble ubicado en la localidad de El Casar
(Guadalajara, España), habiendo quedado demostrado que Oscar Yusti Solazar ha
cedido su titularidad, así como sus cuentas corrientes en las que se han introducido
cantidades en efectivo para el pago de los gastos habidos en la precipitada
vivienda y de la que queda demostrado que es propiedad de la imputada Alba
Marina Yusti Llano, ejerciendo por tanto funciones de lo que se conoce como
testaferro. Igualmente, se ha observado que Oscar Yusti Solazar ha incrementado
su patrimonio de forma injustificada por un total de 67.932.91 euros en un
periodo de seis años.
En lo que respecta al inmueble
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1611476, hoy de
propiedad de la señora Plaza de Castañeda Carmen Aliria, aquí accionante, la
misma resultó afectada con la imposición de las medidas cautelares, por cuanto
para la fecha en que se dispuso la inscripción de la medida cautelar, que es en
el momento en que se profiere la resolución de inicio, esto es, para el 18 de
enero de 2013, el bien inmueble aún se encontraba en cabeza de la señora Alba
Marina Yusti Llano (hija del señor Osear Yusti Solazar), a pesar que con fecha
8 de febrero de 2013, la aquí accionante Plaza de Castañeda Carmen Aliria
realizó el respectivo registro de la escritura pública de compra venta No. 4098
de fecha 3 de septiembre de 2009, de la Notaría Veintinueve de Bogotá. Luego
este despacho estima que al momento en que la aquí accionante se hizo parte y
ejerció su derecho de defensa a través de apoderado judicial, presentando la
oposición correspondiente y allegando los documentos idóneos que prueben su
calidad de tercero de buena fe, situación que será debatida en el momento procesal
que corresponde.
Ahora, frente a la situación descrita por
la accionante respecto a las peticiones que ha presentado a este despacho, en
relación a la administración del inmueble objeto de la presente acción, se le
ha informado dentro del trámite extintivo que lo que respecta a la
administración del mismo, se encuentra en cabeza de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.E., pues es en dicha entidad en quien por mandato legal
contemplado en la Ley 793 de 2002 modificada por la Ley 1453 de 2011, recae la
administración de los bienes que son objeto de acción de extinción de
dominio(...) ".
Finalmente, precisó que la administración
y custodia de bienes que se encuentran inmersos en procesos de extinción de
dominio, es del resorte exclusivo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -
SAE.
5.2. Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. - SAE
El apoderado especial de la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S. - SAE, manifestó su oposición frente a la pretensión
de la tutela.
En primer lugar, expresó que el predio de
marras fue puesto a disposición de la extinta Dirección Nacional de
Estupefacientes, por parte de la fiscalía demandada, dentro del proceso No.
11511 E.D., razón por la cual, se trata de un predio incautado, afecto a acción
de extinción de dominio, sobre el que la entidad que representa actúa como
único secuestre.
Seguidamente, sostuvo que la presente
tutela resulta improcedente por falta de subsidiariedad, toda vez que la actora
cuenta con la oportunidad procesal para ejercer el derecho de contradicción y
de defensa dentro del trámite de extinción de dominio.
De otra parte,
puso de presente que las resoluciones judiciales de inicio de los procesos de
extinción de dominio cobran firmeza inmediata a partir de su expedición, lo
cual significa que, en el caso sub examine, la jurisdicción
especialísima de extinción de dominio adquirió competencia para resolver acerca
de la extinción del bien inmueble en mención y sobre las situaciones
particulares de cada sujeto afectado desde el 21 de enero de 2013.
Adujo además que
la determinación adoptada dentro del proceso de extinción con base en la
licitud de la adquisición de la propiedad o la destinación que se le dé a los
bienes, diverge completamente de la función ejercida por su representada, la cual
se circunscribe netamente a la administración de bienes dejados a su
disposición.
Finalmente,
planteó que la actora no logró demostrar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
II. Decisiones judiciales que se revisan
1.  Decisión de
primera instancia
Mediante sentencia proferida el 19 de
agosto de 2015, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala
Penal, negó el amparo pretendido, al considerar que la acción constitucional
resulta improcedente en el presente caso, por cuanto la actora cuenta con
mecanismos ordinarios de defensa judicial dentro del proceso de extinción de
dominio.
Indicó que al estudiar el caso encontró
que en lo que atiende al asunto identificado con radicado No. 11511 E.D.,
seguido contra Oscar Yusti Salazar y su núcleo familiar, se ha dado aplicación
a las formas propias del juicio dispuestas por el legislador.
Asimismo, consideró que las respuestas a
las solicitudes elevadas por la accionante, el 1o y 7 de julio de 2015, se encuentran ajustadas al
procedimiento legal y reglamentario, pues la fiscalía accionada ha sido clara
en informarle que debe agotar la totalidad de la ritualidad procesal, ya que no
es viable brindar a la accionante un trato diferente o desigual frente a las
restantes personas que también pretenden demostrar con suficiencia su calidad
de perjudicados de buena fe.
En cuanto a la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la propiedad privada y al mínimo vital, estimó que
la actora no logró demostrar la vulneración de dichas garantías, pues la
información que reposa en la historia clínica allegada, solo denota las
consecuencias surgidas de un accidente de tránsito y el seguimiento que se le
realiza a la patología general de hipertensión, la cual no puede considerarse
como una enfermedad catastrófica.
2.  Impugnación
La demandante impugnó dicho fallo
argumentando que exigirle agotar los medios de defensa judicial ordinarios
resulta desproporcionado, pues tendría que enfrentar varios años de espera.
Por otra parte, argumentó que el dinero
que permitió la adquisición del inmueble en mención tuvo un origen lícito,
habida cuenta que provino de los ahorros que logró constituir durante la
sociedad conyugal que mantuvo con el señor Guillermo Castañeda Patiño desde el
2 de abril de 1956 hasta el 30 de noviembre de 2013, los cuales, básicamente,
se derivaron de la actividad que aquél desempeñó como profesional de la policía
y, posteriormente, de la pensión de que se hizo beneficiario a partir del 7 de
octubre de 1975.
Por último, reiteró lo manifestado en los
narración fáctica de la tutela, atinente a su condición económica y a su estado
de salud actual.
3. Decisión de segunda instancia
Mediante sentencia proferida el 23 de
septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala
de Decisión de Tutelas No. 1, desestimó las razones de la alzada y confirmó el
fallo de primera instancia, al considerar que la acción constitucional resulta
improcedente en el presente caso, por cuanto la actora cuenta con la
posibilidad de reclamar, dentro del proceso en curso, el respeto de las
garantías que depreca.
Ello, como quiera que está demostrado que
el trámite de extinción de dominio ni siquiera ha concluido su etapa inicial
ante el fiscal competente, lo cual significa que no le es dable al juez de
tutela intervenir, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no logró
acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Seguidamente,
puso de presente que entre los medios de defensa ordinarios que tiene a su
alcance se encuentra la posibilidad de oponerse a la resolución de inicio de la
acción de extinción de dominio, como en efecto lo hizo el 21 de julio de 2015,
a través de apoderado judicial, actuación de la cual no existe constancia de
que se haya resuelto y frente a la cual, en el evento de resultar contraria a
sus intereses, puede incoar el recurso de apelación.
Por último, sostuvo que la demandante
puede solicitar, dentro del término procesal correspondiente, ser designada
como depositaría y/o administradora del inmueble objeto de las medidas
cautelares censuradas.
IV.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA
DECISIÓN
1.   Competencia
La Corte Constitucional es competente, a
través de esta Sala, para revisar la sentencia proferida por el juez de segunda
instancia, dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9o, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en
cumplimiento de lo ordenado por el Auto de veintiocho (28) de octubre de dos
mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección número Diez.
2.   Procedibilidad de
la acción de tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86 de
la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el caso bajo estudio, la
accionante, mayor de edad, actúa en defensa de sus derechos fundamentales,
razón por la cual se encuentra legitimada para presentar la acción.
2.2. Legitimación por pasiva
En consonancia con lo dispuesto por el artículo 5o
del Decreto 2591 de 1991, la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional de
Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos y la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. - SAE se encuentran legitimadas como parte pasiva en el
presente asunto, dada su calidad de autoridad pública, y en la medida en que se
les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.
3.  Problema jurídico
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a
la propiedad privada, a la vivienda y al mínimo vital, al negar el
levantamiento de la medida cautelar de secuestro decretada sobre el inmueble de
propiedad de la actora, destinado a su habitación.
4.  Delimitación del
asunto bajo estudio
La inconformidad de la parte demandante
radica en que la fiscalía accionada, en la actuación penal de extinción del
derecho de dominio que se adelanta en contra del señor Oscar Yusti Salazar y su
núcleo familiar, ha dispuesto el secuestro del inmueble destinado a su
habitación.
La demandante, Carmen Aliria Plaza de
Castañeda, de setenta y siete años de edad, manifiesta que gracias al dinero
ahorrado durante la sociedad conyugal que constituyó con el señor Guillermo
Castañeda Patiño, desde el 2 de abril de 1956 hasta el 30 de noviembre de 2013,
adquirió el apartamento en el que actualmente habita[2].
En aras de acreditar la compraventa del
bien, allegó la escritura pública No. 4098 celebrada en la Notaría Veintinueve
del Círculo de Bogotá D.C., el 3 de septiembre de 2009. Dicho documento permite
constatar que quien fungió como vendedor dentro del acto fue la señora Alba
Marina Yusti Llano.
No obstante lo anterior, el registro de
la escritura pública en el certificado de tradición se asentó el 8 de febrero
de 2013, es decir, más de tres años después de celebrado el acto[3].
Mediante resolución de inicio de acción
de extinción dominio, de fecha 21 de enero de 2013, la Fiscalía 31
Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado
de Activos, decretó el embargo, el secuestro y la consecuente suspensión del
poder dispositivo del inmueble de marras, toda vez que este aparecía
relacionado dentro de los bienes pertenecientes al núcleo familiar de Oscar
Yusti Salazar, investigado por el delito de lavado de activos y narcotráfico.
Ello, por cuanto para el momento en que
se dispuso la inscripción de la medida cautelar, 18 de enero de 2013, el bien
se encontraba en cabeza de la señora Alba Marina Yusti Llano, hija del
investigado.
Una vez materializada la medida de
secuestro y realizada la respectiva anotación en el certificado de tradición,
el 25 de febrero de 2013, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE emitió
orden de desalojo.
Por consiguiente,
la actora, a nombre propio y mediante apoderado judicial, solicitó, en
reiteradas ocasiones, -10 de junio de 2015 y 9 de julio de 2015-, el
levantamiento de la medida cautelar de secuestro, alegando para ello i) que el inmueble
afectado constituye su único patrimonio y lugar de residencia; ii) que no cuenta con
personas que velen por su cuidado, pues su único hijo falleció en el año 2009 y
su esposo en el 2013 y; iii) que su estado de
salud es grave ya que padece hipertensión y, como consecuencia de un accidente
de tránsito, sufrió fractura de peroné, lo cual le generó una incapacidad por
treinta días.
Frente a dichas peticiones,
la fiscalía demandada le indicó que no era viable resolver, en el momento
procesal en curso, la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, toda
vez que debía agotar la ritualidad que el procedimiento exige para el efecto.
Inconforme con lo
decidido e invocando su condición de tercera de buena fe exenta de culpa, su
estado de salud y su avanzada edad, promovió acción de tutela el 4 de agosto de
2015, con el propósito de que se ordenara el levantamiento de la medida cautelar
de secuestro hasta tanto culmine el proceso de extinción de dominio.
Por su parte, los
jueces de instancia estimaron que el mecanismo constitucional resultaba
improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
En sede de revisión, esta Corte, mediante
conversación telefónica sostenida con la accionante el 14 de febrero de 2016,
pudo constatar que aún reside en el inmueble objeto de discusión; que es
beneficiaría de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su
esposo, la cual asciende a un millón doscientos mil pesos ($1.200.000); y que
pertenece al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en calidad de afiliada
de su cónyuge fallecido.
5. El proceso de extinción de dominio se
encuentra en curso
Una vez analizada
la situación fáctica de la presente acción, las pruebas allegadas al expediente
y lo manifestado por las partes, se encuentra que el proceso de extinción de
dominio radicado 11511 E.D., a cargo de la Fiscalía 31 Especializada de la
Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, se
encuentra en la etapa propia de la notificación, resultando necesaria la
vinculación de todos los terceros determinados o indeterminados a la parte
instructiva de la actuación.
De otro lado,
interesa destacar que esta Sala constató dos aspectos relevantes respecto del
proceder de la fiscalía accionada frente a la pretensión de la actora.
Por una parte, se evidencia que atendió
las solicitudes de levantamiento de la medida cautelar de secuestro, presentadas
por el apoderado judicial, los días 22 de junio de 2015 y 8 de julio de 2015.
En cuanto a la primera, y mediante
contestación emitida el 1o
de julio de 2015, la entidad enjuiciada manifestó lo siguiente:
"(…)
En relación con
la declaratoria de improcedencia extraordinaria, la misma no es viable de
resolver en esta etapa procesal, por cuanto no se reúnen los requisitos o
lineamientos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 793
de 2002, modificado por la Ley 1453 de 2011.
El inmueble
afectado deberá sujetarse a la totalidad de la ritualidad y actuación procesal
a efectos de que su titular, esto es, la señora Plaza de Castañeda Carmen
Aliria demuestre con suficiencia su calidad de tercera de buena fe exenta de
culpa, lo anterior se sujetara a la evacuación, como ya se dijo, de la
totalidad de la ritualidad procesal y una vez finalice la misma se adoptará la
decisión que en derecho corresponda.
(...)".
Respecto de la segunda petición, y a
través de resolución emitida el 17 de julio de 2015, la fiscalía sostuvo:
"Procede el
Despacho a resolver lo que corresponde en relación a lo peticionado por el Dr.
Jhon Henry Montiel Bonilla, sea lo primero informar al apoderado que respecto a
la solicitud que realiza frente al levantamiento de las medidas cautelares
impuestas sobre el inmueble   afectado,   no   es   viable   resolver   dicha
petición positivamente en este momento procesal, pues como se le informó en
pretérita oportunidad, se debe agotar la totalidad de la ritualidad procesal
(...) ".
De lo anterior es viable colegir que el
ente acusador no ha sido indiferente frente a los pedimentos de la demandante y
que, por el contrario, ha fundamentado la negativa del levantamiento de las
medidas cautelares en razones de índole netamente jurídico.
Así, para esta Sala de Revisión, las
respuestas brindadas se encuentran ajustadas al procedimiento legal y
reglamentario aplicable a la situación en estudio, pues lo manifestado ha sido
claro e inequívoco en el sentido de que la actora debe agotar la ritualidad
procesal, ya que no es viable otorgarle un trato desigual frente a las demás
personas que también pretenden demostrar con suficiencia su calidad de
perjudicadas de buena fe.
Aunado a ello, merece la pena destacar lo
manifestado por la entidad accionada a través del escrito de contestación de
tutela, respecto de la etapa en que actualmente se encuentra el proceso:
"Es de
anotar que luego de proferida la resolución de inicio se han hecho parte dentro
del presente trámite otras personas que se encuentran vinculadas o afectadas
dentro del presente proceso siendo titulares de dominio de bienes que de la
misma forma se encuentran afectados y deben de sujetarse al agotamiento
procesal estipulado para el proceso de extinción, pues de hacerse de forma
individual violaría el principio de igualdad y del debido proceso, aunado a lo
anterior, se tiene que a la presente data se encuentra pendientes por notificar
de forma personal a varios titulares de derechos que se encuentran afectados y
que se encuentran privados de la libertad en España".
En ese orden de ideas, la negativa de
levantamiento de la medida cautelar de secuestro por parte de la fiscalía, bajo
ningún entendido, puede considerarse caprichosa o arbitraria, pues el actuar de
la entidad ha estado encaminado a garantizar el principio de igualdad y el
debido proceso de quienes se encuentran en las mismas condiciones que la
accionante.
Ahora bien, teniendo certeza de que el
proceso de extinción de dominio actualmente está en curso, se revela necesario
que esta Sala defina la procedencia del recurso de amparo constitucional, a
propósito de su carácter residual y subsidiario, frente a la existencia de
otros medios de defensa judicial.
6. De la subsidiariedad como parámetro de procedibilidad de la acción
de tutela
En términos generales, la acción de
tutela, consagrada en el artículo 86 Superior, fue diseñada por el
Constituyente como un mecanismo de defensa judicial encaminado a la efectiva
protección de las garantías fundamentales, al que la propia Carta Política le
ha reconocido un carácter residual y subsidiario.
En tal virtud, no puede concebirse la
tutela como una herramienta alternativa, adicional o complementaria de las
establecidas por la ley para la defensa de los derechos, en tanto con ella no
se pretende sustituir los procesos ordinarios o especiales y, menos aún,
desconocer las acciones y recursos judiciales dispuestos dentro de los mismos
para controvertir las decisiones que se profieran[4].
Justamente, esa condición supletiva que
el ordenamiento superior le ha atribuido al recurso de amparo constitucional ha
llevado a entender que tal herramienta de defensa judicial solo es procedente
de manera excepcional y restrictiva, cuando no existan otros medios de defensa
a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver
la ocurrencia de un perjuicio irremediable[5].
Al respecto, esta
Corporación ha precisado que:
"en tanto el
ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección de los
derechos constitucionales que, desde luego, incluyen aquellos que tienen la
connotación de fundamentales, la procedencia excepcional de la tutela se
explica, en razón a la necesidad de salvaguardar el orden regular de las
competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales,
buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación sino también
garantizar el principio de seguridad jurídica[6].
"[7]
De acuerdo con el anterior panorama, se
tiene que los conflictos jurídicos relativos a derechos fundamentales deben
ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y
administrativas- y solo, ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es
admisible acudir a la acción de amparo constitucional[8].
Ello, por cuanto la mencionada
subsidiariedad, como nota característica de la acción de tutela, no apunta a
otra finalidad que la de imponer al interesado, la obligación de desplegar todo
su actuar empleando los medios ordinarios de defensa dispuestos en el
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Sobre
esa base, se pone de relieve, entonces, que para impetrar el amparo de un
derecho de rango fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia
en los procesos y procedimientos ordinarios; entendiendo, por demás, que la
falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la
improcedencia del mecanismo de amparo constitucional.
De hecho, sobre el particular, ha
señalado la jurisprudencia constitucional, que si existiendo el medio judicial
de defensa, el interesado deja de acudir a el y, además, pudiendo evitarlo,
permite que este caduque, no podrá ulteriormente incoar la acción de tutela en
procura de obtener la justiciabilidad de una garantía fundamental. De suerte
que la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como
mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra
sujeta a que se haya puesto en marcha un medio judicial ordinario en cuyo
trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia
del actor para hacer uso oportuno del mismo[9].
Con todo, no
escapa a la consideración de esta Corte, en la línea de las consideraciones
esbozadas, que la existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser
apreciada "en concreto" por el juez
constitucional, teniendo en cuenta para ello el grado de eficiencia y
efectividad del mecanismo judicial frente a las específicas circunstancias en
que se encuentre el solicitante al momento de invocar la protección del derecho
presuntamente conculcado[10].
7. Improcedencia de la acción de tutela en
el presente caso
7.1. La existencia de otro mecanismo de defensa judicial para reclamar
la defensa de los derechos presuntamente vulnerados
Como es sabido, uno de los presupuestos
de procedibilidad de la acción de tutela consiste justamente en que se hayan
agotado todas las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa
judicial, pues son estas las que le permiten al peticionario plantear su
inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las decisiones
adoptadas, y recurrirías.
Ahora bien, antes de determinar si la
accionante, dentro del proceso de extinción de dominio, cuenta con mecanismos
de defensa judicial idóneos para reclamar el amparo de las garantías
presuntamente vulneradas, resulta pertinente realizar algunas precisiones
respecto de dicho proceso.
En primer lugar, cabe resaltar que la
acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, es decir, que
la especialidad que estudia asuntos de tal envergadura atiende a un ramo
específico que se deberá regir por las formas propias que el proceso de
limitación dispone, recayendo su peso "sobre cualquier derecho real,
principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los
haya adquirido y sobre los bienes comprometidos"[11].
Es así, que la Fiscalía General de la
Nación podrá abrir la investigación, oficiosamente o por información
suministrada, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podrá
iniciarse la acción, teniendo la potestad de decretar medidas cautelares sobre
los mismos, siendo la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE, el secuestre
o depositario de los bienes embargados o intervenidos[12].
Una vez iniciado el trámite, la fiscalía
dictará resolución inicial, la cual deberá ser comunicada al agente del
Ministerio Público y notificada a las personas afectadas con las medidas
dispuestas, para garantizarles el derecho de defensa y contradicción.
Posteriormente, se deberá emplazar a
aquellas personas que figuren como titulares de derechos reales principales o
accesorios y demás eventuales interesados en el proceso para que hagan valer
sus intereses -tal emplazamiento deberá efectuarse en un periódico de amplia
circulación, así como por radiodifusión en la localidad donde se encuentren los
bienes-. De no comparecer, transcurrido el emplazamiento, se procederá a
nombrar curador ad litem, quien velará por el cumplimiento de las
reglas del debido proceso a favor de los afectados[13].
Así, después de las solicitudes
probatorias que los intervinientes realicen y su posterior decreto o no, el
fiscal del caso dictará resolución en la cual se pronunciará frente a la
procedencia o improcedencia de la extinción de dominio, decisión contra la cual
proceden los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, reflejándose
la plena garantía del debido proceso.
Dado que en el
asunto sub examine está demostrado que el proceso de
extinción de dominio aún no ha concluido, pues ni siquiera ha culminado la
etapa inicial ante el fiscal competente, esta Sala destaca que la Ley 793 de
2002[14],
modificada por la Ley 1453 de 2011[15]
consagra la facultad de los terceros de buena fe de ejercer su derecho de
contradicción y de defensa en procura de sus intereses, con el propósito de
solicitar el reconocimiento de derechos y acreencias frente al afectado en el
proceso de extinción.
A continuación se hará una breve alusión
al trámite de la acción de extinción de dominio, establecido en el artículo 13
de la ley en mención, el cual consagra un procedimiento y un término razonable
para allegar las pruebas que se pretenden hacer valer dentro del
contradictorio.
<Artículo
modificado por el artículo 82 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> Artículo 13. El trámite de la acción de extinción de
dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:
1. El fiscal a
quien le corresponda el trámite del proceso, ordenará notificar la resolución
de inicio de la acción de extinción de dominio a los titulares de derechos
reales principales y accesorios de los bienes objeto de la misma. La
notificación se surtirá de manera personal y en subsidio por aviso, de
conformidad con los artículos 315 y 320 del Código de
Procedimiento Civil. En los eventos previstos en el artículo 318 del
Código de Procedimiento Civil, se procederá al emplazamiento allí consagrado.
El fiscal directamente o a través de cualquier funcionario público podrá asumir
las funciones que le son asignadas a las empresas de servicio postal
autorizado, para efectos de llevar a cabo cualquier procedimiento de
notificación, en aquellos lugares en donde estas empresas no presten sus
servicios o cuando las condiciones de cualquier proceso así lo ameriten.
La notificación de quien debe ser
notificado personalmente podrá realizarse en cualquiera de los siguientes
sitios:
a)  En el lugar de
habitación;
b)  En el lugar de
trabajo;
c)
En el lugar de ubicación de los bienes.
En el evento de que en la fase inicial el
fiscal hubiese efectuado una notificación personal en virtud de la
materialización de una medida cautelar, o cuando el afectado hubiese actuado en
la fase inicial, se entenderá que se encuentra vinculado a la actuación y por
ende la resolución de inicio se le notificará por estado. Si aún no se ha hecho
en la fase inicial, el fiscal decretará y practicará las medidas cautelares en
cualquier tiempo, incluso antes de notificada la resolución de inicio a los
afectados. Contra esta resolución procederán los recursos de ley y en caso de
revocarse la resolución de inicio, se someterá al grado jurisdiccional de
consulta. Ningún recurso suspenderá la ejecución o cumplimiento de la medida
cautelar.
Los titulares de derechos reales
principales y accesorios tendrán un término de diez (10) días contados a partir
del día siguiente al de su notificación, para presentar su oposición y aportar
o pedir las pruebas.
1.     La resolución de
inicio se informará al agente del Ministerio Público por cualquier medio
expedito de comunicación.
2.     En la resolución
de inicio se ordenará emplazar a los terceros indeterminados de conformidad con
lo establecido en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. A
los terceros indeterminados que no concurran, se les designará curador ad lítem
en los términos establecidas en el artículo 9o y 318 del Código de
Procedimiento Civil. Los terceros indeterminados que se presenten a notificarse
personalmente dentro del término del emplazamiento, tendrán diez (10) días para
presentar sus oposiciones. El curador de los terceros indeterminados que no
concurran, contará con el término de diez (10) días contados a partir del día
siguiente al de su notificación, personal para presentar oposiciones y aportar
o pedir pruebas.
3.     Transcurrido el
término anterior, el fiscal abrirá el proceso a pruebas por el término de
treinta (30) días, donde ordenará la incorporación de las pruebas aportadas que
obren en el expediente y decretará las que hayan sido oportunamente solicitadas
y las que de oficio considere. La resolución que niegue pruebas es susceptible
de recurso de reposición.
4.
Concluido el término probatorio, se correrá traslado
para alegar de conclusión por el término común de cinco (5) días.
5.    Transcurrido el
término anterior, durante los treinta (30) días siguientes el fiscal dictará
resolución declarando la procedencia o improcedencia de la acción de extinción
de dominio, la cual se regirá por las siguientes reglas:
a)
La procedencia se declarará mediante resolución
apelable;
b)   La improcedencia
respecto de terceros de buena fe exentos de culpa, se declarará mediante
resolución apelable. En caso de que no sea apelada, deberá surtirse el grado
jurisdiccional de consulta;
c)    Los demás casos
de improcedencia, se declararán mediante resolución apelable. En el evento de
que la improcedencia no sea apelada o en caso que la apelación hubiera
confirmado la improcedencia, la actuación deberá remitirse al juez competente
para que este adopte la decisión definitiva en la sentencia, previo agotamiento
de todas las etapas que deben surtirse. En todo caso la improcedencia no
surtirá efecto alguno hasta tanto sea ratificado en la sentencia.
6.    Ejecutoriada la
resolución de que trata el numeral anterior, el fiscal remitirá el expediente
completo al juez competente. El juez correrá traslado a los intervinientes por
el término de cinco (5) días, para que soliciten o aporten pruebas. Decretadas
las pruebas, el juez tendrá veinte (20) días para practicadas. Cumplido lo
anterior, correrá traslado por el término común de cinco (5) días para alegar
de conclusión.
Vencido el
término del traslado dentro de los treinta (30) días siguientes, el juez
dictará sentencia declarando o negando la extinción de dominio. La sentencia
que se profiera tendrá efectos erga omnes.
En contra de la
sentencia sólo procederá en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto
por los intervinientes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el
superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el
expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue
la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a grado
jurisdiccional de consulta. Los términos establecidos en el presente artículo
son improrrogables y de obligatorio cumplimiento y su desconocimiento se
constituirá en falta disciplinaria gravísima.
Así las cosas, al contar la actora,
dentro del proceso ordinario, con mecanismos idóneos a través de los cuales
puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar pretendida, no le es
dable al juez constitucional intervenir, pues ello resultaría contrario al
carácter eminentemente subsidiario de la tutela.
7.2. Inexistencia de un perjuicio
irremediable
Al margen de lo establecido
anteriormente, y teniendo en cuenta las precisas características que informan
la presente acción tuitiva, queda por precisar si, aun cuando para resolver el
presente asunto se advierte la existencia de otros medios de defensa judicial
para lograr la protección de los derechos fundamentales que la actora considera
vulnerados, debe la Corte pronunciarse sobre la solicitud de protección
transitoria para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Sea lo primero resaltar, que esta
Corporación ha aceptado la posibilidad de dar trámite a una petición de tutela
como mecanismo transitorio, siempre que, por una parte, se acredite que es
inminente un perjuicio irremediable para el derecho fundamental; y, por otra,
que existe otro mecanismo de defensa judicial al que puede acudirse para
decidir, con carácter definitivo, la controversia planteada en sede de tutela.
En cuanto tiene que ver con el concepto
de perjuicio irremediable, adoptado por esta Corporación, se ha dicho que este
consiste en el riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental, que de ocurrir, no otorga forma alguna de reparar
el daño.
Partiendo de tal definición, la
jurisprudencia constitucional ha delineado una serie de criterios a partir de
los cuales debe evaluarse si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante
la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia
transitoria del mecanismo de amparo constitucional.
Tales
presupuestos aluden a que el perjuicio es aquel i) que se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; ii) que el daño es
inminente; iii) que de ocurrir no existiría forma de
reparar el daño producido; iv) que resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y v) que la gravedad de los hechos es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
Desde sus
inicios, este Tribunal Constitucional ha sostenido que:
"A). El
perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder
prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real
en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar
algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica,
aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación
natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que
oportunamente se contenga  el proceso  iniciado.     Hay  inminencias  que son incontenibles:
cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que
está produciendo la inminencia.
B) . Las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es
decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de
la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero
además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de
ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de
la urgencia.
C) . No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a
uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad,
sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la
persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe
ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D). La urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya
haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y
exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social''[16]
En lo que respecta a los mecanismos de
defensa judicial principales u ordinarios, esta Corporación ha indicado que
debe evaluarse el hecho de "que no todos tienen similares
características, pues algunos son procesalmente más rápidos y eficaces que los
demás "[17].
En este particular escenario, considera
la Sala de Revisión que, en cuanto hace al caso concreto, tampoco por la vía
del perjuicio irremediable es posible la procedencia, siquiera transitoria, de
la presente tutela, pues la actora no logró demostrar la existencia de un
perjuicio de tales características, y tampoco del análisis de los hechos es
posible arribar a esa conclusión.
Si bien la
situación de la accionante es especial, pues i) cuenta con
setenta y siete años de edad; ii) es viuda y su
único hijo falleció en el 2009; iii) el inmueble
objeto de la medida cautelar de secuestro está destinado a su habitación; iv) padece
hipertensión y sufrió fractura de peroné que le generó una incapacidad por
treinta días, esta Sala considera que aun cuando la decisión de la entidad
demandada genera un perjuicio en su contra, el mismo no tiene la entidad de
irremediable, pues la señora Plaza de Castañeda es beneficiaría de la pensión
de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su cónyuge, cuyo monto
asciende a un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) y se encuentra afiliada
al Subsistema de Seguridad Social en Salud de la Policía Nacional. Además, si bien
padece de hipertensión, dicha patología no es catastrófica, sino que, por el
contrario, puede considerarse como propia de la edad en que se encuentra.
Así las cosas, lo
que se vislumbra en esta causa, a juicio de la Sala Cuarta de Revisión, son
circunstancias fácticas que descartan la presencia de una situación de grave
amenaza de derechos fundamentales de la actora, que exija la adopción de
medidas de protección transitorias e impostergables, que a su vez deban ser
tomadas de forma inmediata por parte del juez constitucional. Por ello, es
inadmisible omitir el agotamiento del procedimiento ordinario de administración
de bienes incautados dentro de procesos de extinción
Corolario de lo anterior, no resulta
factible conferir la protección tutelar impetrada y, en consecuencia, se
confirmará el fallo proferido por el juez de segunda instancia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia,
proferida el veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015), por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 1 que, a su vez, confirmó la dictada el diecinueve (19) de agosto de dos
mil quince (2015), por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala Penal, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Líbrese la comunicación
de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Dicha
disposición consagra: "En cualquier momento del proceso en que
aparezca plenamente comprobado que no se estructura alguna de las causales
invocadas, o que se incurrió en un error en la descripción del bien, o que la
acción no puede iniciarse o proseguirse, el operador judicial que lo advierta,
decretará de manera extraordinaria la improcedencia de la acción. Esta decisión
deberá ser consultada "
[2] Según lo
expresado por la accionante, dicho dinero provino, principalmente, de la
asignación mensual que percibía su cónyuge como agente de la Policía Nacional
y, posteriormente, de la pensión que le fue reconocida a éste desde el 7 de
octubre de 1975.
[3] Dicha afirmación
encuentra su asidero en las anotaciones No. 9 y 10 que reposan en el
certificado de tradición de matrícula inmobiliaria allegado al expediente
(folio 41 del cuaderno).
[4]Al respecto,
véase, entre otras, las Sentencias SU-037 de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-280 de 20 de abril de 2009; T-565 de 6 de agosto de 2009 y;
T-136 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[5] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-608 del 27 de octubre de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[6] Ver, entre otras,
la Sentencia T-1452 del 26 de octubre de 2000, M.P. (E) Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[7] Sentencia T-715
del 10 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo
sentido, ver la Sentencia SU-037 del 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[8] Consultar, entre
otras, la Sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] Consultar, entre
otras, la Sentencia SU-037 de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Consultar el
artículo 6o del Decreto 2591 de 1991 "Por la cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
[11]
Artículo 4o
de la Ley 793 de 2002
[12] Artículo 88 y 90
de la Ley 1708 de 2014.
[13] Numeral 4° del
artículo 13 de la Ley 1708 de 2014.
[14] "Por la cual
se deroga la Ley 333 de 1996y se establecen las reglas que gobiernan la
extinción de dominio ".
[15] "Por medio
de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el
Código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se
dictan otras disposiciones en materia de seguridad".
[16]
Corte
Constitucional, Sentencia T-956 de 19 de diciembre de 2013, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[17]Corte
Constitucional, Sentencia T-451 de 15 de junio de 2010, M.P. Humberto Sierra
Porto.