T-102-14
Sentencia T-102/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL
El desconocimiento sin debida justificación del precedente
judicial configura un defecto sustantivo,
en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades
judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical,
de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace
referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía
o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos
sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia
dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la
mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los
casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades
mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance
y carácter vinculante
PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces
pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su decisión
SEPARACION DEL PRECEDENTE-El
funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente
resuelto por el superior jerárquico, siempre y cuando explique de manera
expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
El defecto por desconocimiento del precedente constitucional
se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia. Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un
precepto que más se ajusta a la Carta, y luego el juez ordinario resuelve un
caso limitando sustancialmente dicho alcance o apartándose de la interpretación
fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. En tales
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado  u otros mandatos de orden superior.
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta Corporación, en su jurisprudencia, ha precisado que el
defecto de la violación directa de la Constitución es una causal de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial que se origina en la
obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. La
jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando:
(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un
derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones
vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución.
DERECHO
A LA IGUALDAD Y TEST DE PROPORCIONALIDAD-Modelo de
análisis
El derecho a la
igualdad implica la comprobación de situaciones fácticas y de hecho idénticas o
similares entre dos circunstancias que ameritan un trato igual. Con
el fin de verificar si hay una vulneración del derecho a la igualdad, la Corte
Constitucional ha implementado el uso de “un modelo de análisis que integra el juicio
de proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace,
básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de
proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense. Así,
se emplean las etapas metodológicas del test europeo, que comprende las
siguientes fases de análisis: (i) se examina si la medida es o no adecuada, es
decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin
constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no
necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad
en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores
y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados
con la medida diferencial.”
LINEA
JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA DE DAÑO MORAL Y TASACION DE
PERJUICIOS MORALES-Principios de equidad, razonabilidad y
reparación integral en la tasación de perjuicios morales
DERECHO
A LA IGUALDAD Y TEST DE PROPORCIONALIDAD-Se desconoció el principio de igualdad al tasar la indemnización de los
perjuicios morales de los accionantes bajo parámetros diferentes a los
aplicados a otras personas en la misma situación
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL-No se desconoció puesto
que no existe una jurisprudencia uniforme sobre sobre el método utilizado para
la tasación de perjuicios morales dentro de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
Referencia:
expediente T- 4.105.910
Acción
de Tutela instaurada por Nolberta del Toro Rentería, Baltazara del Toro Rentería,
Florencia del Toro Rentería, Luz Maritza del Toro Rentería, Marcelina Palacios
Rentería, Francisco Yimmy Palacios Rentería y Carmen Alicia Palacios Rentería contra
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Derechos
invocados: igualdad y debido proceso.
Temas:
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; defecto por
desconocimiento del precedente constitucional; liquidación de perjuicios
morales por parte del Consejo de Estado; aplicación del test de
proporcionalidad como método para tasar los perjuicios morales.
Problema
jurídico: vulnera la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso de los accionantes, al aplicar, dentro del
curso de un proceso de reparación directa, el test de proporcionalidad para
tasar el monto de la indemnización de los perjuicios morales a que tienen
derecho?
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado
la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la Sentencia proferida el veinticinco (25) de julio
de dos mil trece (2013) por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual
modificó la Sentencia del seis (06) de diciembre de dos mil doce (2012),
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó la tutela
incoada por los accionantes contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, declaró
la improcedencia de la acción de tutela.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la Corte
Constitucional, mediante Auto del treinta y uno (31) de octubre de dos mil
trece (2013), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, por
tratarse de una acción de tutela dirigida contra una providencia judicial
proferida por el Consejo de Estado, el Magistrado Sustanciador rindió el
respectivo informe de la acción de tutela a la Sala Plena de esta Corporación,
quien en sesión del once (11) de diciembre de dos mil trece (2013) determinó
que la presente acción fuera fallada por esta Sala de Revisión.
En
consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
Los
accionantes Nolberta del Toro Rentería, Baltazara del Toro Rentería,
Florencia del Toro Rentería, Luz Maritza del Toro Rentería, Marcelina Palacios
Rentería, Francisco Yimmy Palacios Rentería y Carmen Alicia Palacios Rentería, a
través de apoderado judicial, solicitan al juez de tutela proteger
sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente
vulnerados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, al realizar la
tasación de los perjuicios morales, a que tienen derecho dentro del proceso de
reparación directa instaurado en contra de la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, desconociendo los parámetros y topes señalados
para el efecto por la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sustenta su solicitud en los siguientes hechos
y argumentos de derecho:
1.1.1.  Hechos
y argumentos de derecho
1.1.1.1.
Relata
el apoderado judicial de los accionantes que el 10 de febrero de 1998,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de
los perjuicios ocasionados por la muerte del agente de la policía Robinson
Palacios Rentería, en hechos acaecidos el 21 de diciembre de 1995, mientras se
encontraba en servicio activo.
1.1.1.2.
En
primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia
del 31 de agosto de 2001, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento
en que la responsabilidad del accidente fue exclusivamente del tercero que
había invadido el carril por el que transitaba el camión de la Policía Nacional
en el que se desplazaba el Agente Palacios Rentería.
1.1.1.3.
Recurrida
la anterior decisión, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del
8 de agosto de 2012, la revocó y declaró patrimonialmente responsable a la
Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, condenándola al pago
de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes.
1.1.1.4.
Explica
que por concepto de indemnización se ordenó el pago de las siguientes sumas de
dinero: a Gigliola Patricia Campos Fabra (compañera permanente) 60 SMMLV; a
Wendys Vanessa Palacios Campos (hija) 60 SMMLV; a Salvador Palacios Palacios
(padre) 10 SMMLV y; a Nolberta del Toro Rentería, Baltazara del Toro Rentería,
Florencia del Toro Rentería, Liz Maritza del Toro Rentería, Marcelina Palacios
Rentería, Francico (sic) Yimmi Palacios Rentería y Carmen Alicia Palacios
Rentería (hermanos) 10 SMMLV a cada uno.
1.1.1.5.
La
motivación realizada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en Sentencia del 8 de agosto de 2012, respecto a la
liquidación de los perjuicios morales ordenados, se basó en los siguientes
argumentos:
1.1.1.5.1.
Preliminarmente,
reconoció la existencia de un daño demostrado, derivado del accidente que causó
la muerte al agente de la policía, circunstancia que evidenció la ocurrencia de
los perjuicios morales alegados por los demandantes, representados en la
tristeza y congoja que padecieron el padre y los hermanos de la víctima, por lo
que, partiendo de la aplicación de las reglas de la experiencia, señaló: “se
deduce el dolor y la aflicción que produce en una familia, la muerte de un ser
querido”.
1.1.1.5.2.
Halló
demostrado el parentesco alegado con los registros civiles aportados al
proceso, con lo que se encontró probado el perjuicio moral de los actores, por
cuanto “las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por
un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo
familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto,
entendida la familia como núcleo básico de la sociedad”.
En este sentido,
concluyó que al no haberse desvirtuado, por parte de la entidad demandada, la
presunta aflicción sufrida por los peticionarios, en atención a los
certificados de los registros civiles referenciados, “se da por probado el
daño moral con fundamento en la presunción judicial, que constituye un criterio
de valoración”.
1.1.1.5.3.
Continuó
indicando que para realizar la tasación de los perjuicios morales emplearía un “test
de proporcionalidad”, considerándolo como el medio adecuado para determinar
y dosificar ponderadamente el quantum indemnizatorio del perjuicio. En
este orden, destacó que el test comprende tres sub principios, a saber:
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
1.1.1.5.3.1.  Frente a la idoneidad,
explicó que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a
la obtención de una indemnización que corresponda a criterios como la
aflicción, el pesar, el apego, la ansiedad, el desasosiego, la tristeza, el
respeto y la valoración de las relaciones propias del núcleo familiar de la
víctima.
1.1.1.5.3.2.  Respecto a la
necesidad de la indemnización, refirió que ésta debe ser otorgada teniendo en
cuenta el grado de afectación, de tal manera que la indemnización se determina
atendiendo la estructura de la relación familiar y valorando las relaciones de
convivencia, cercanía sentimental y apego que concurren en el núcleo familiar
inmediato, dentro del que se encuentra, el cónyuge, los hijos, y los padres.
Diferenciando ésta relación de la que puede derivarse de otros ámbitos
familiares, como la existente con los hermanos, los primos y los nietos.
1.1.1.5.3.3.  Finalmente, en
relación con la proporcionalidad en sentido estricto, afirmó que la finalidad
del test se dirige a compensar “razonable y ponderadamente los
sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima la ocurrencia de la
tristeza, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a
la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la
víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, y su desdoblamiento,
sin que se produzca una ruptura de los mandatos de prohibición de exceso y
prohibición de defecto”.
1.1.1.5.4.
Advirtió
que los perjuicios morales, ordinariamente demostrados con base en la prueba
testimonial de la que se deriva la denominada “presunción de aflicción”,
deben aplicarse conjuntamente con los mencionados criterios de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, para efectos de su reconocimiento y respectiva
tasación, sin que ello se constituya una tarifa legal o judicial.
1.1.1.5.5.
En
este orden, aseveró respecto al padre de la víctima y a sus hermanos, y en
relación con el ámbito de la idoneidad, que sólo se demostró el parentesco,
pues con ningún testimonio expuesto en el proceso se evidenció algún hecho que
demostrara la convivencia de la víctima con estos demandantes. Circunstancia
que sí se demostró por parte de la compañera e hija de la víctima.
1.1.1.5.6.
En
atención a lo esgrimido, se determinó una indemnización por concepto de
perjuicios morales a favor de la compañera permanente y la hija de la víctima
en un equivalente a 60 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes; y al padre
y los hermanos, 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,
respectivamente.
1.1.1.6.
Alega
el apoderado de los accionantes que, el Consejo de Estado al efectuar la tasación
de los perjuicios morales aplicó indebidamente el “test de proporcionalidad”,
lesionando su derecho a la reparación integral, por cuanto de conformidad con
lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y de la
vigencia de la jurisprudencia para el momento de instaurar la demanda, sus
mandatarios probaron el daño, tal como se exigía en ese momento, es decir, con
la prueba documental que acredita el parentesco y la prueba testimonial que da
fe de la vigencia de las relaciones, por lo que desconoce su derecho a la
igualdad exigírseles un “sinnúmero de elementos alternativos a efecto de
sumarlos y darle convicción al juzgador”.
1.1.1.7.
Al
respecto, refuta el hecho de que la sentencia atacada cuantificó la
indemnización para la compañera permanente y la hija de la víctima en sesenta
(60) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, mientras que para el padre y
para los hermanos en diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para
cada uno, por debajo de los estándares jurisprudenciales señalados para el
efecto.
1.1.1.8.
Sostiene
que probado el parentesco mediante prueba documental y aportada la prueba
testimonial en relación con el daño ocasionado, no podía el juez de
conocimiento reducir de manera tan significativa la indemnización ordenada, so
pretexto del arbitrio judicial y sin esgrimir, en su concepto, ninguna razón
valedera.
1.1.1.9.
Expone
que de manera reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
el perjuicio moral puede ser acreditado indiciariamente, construyendo la prueba
indirecta mediante la aplicación de las reglas de la experiencia.
1.1.1.10.
Arguye
que habiéndose demostrado el parentesco, deben aplicarse los máximos
jurisprudenciales fijados para la indemnización de los perjuicios morales
ocasionados, los cuales afirma ser de cien (100) SMMLV para los padres, esposa
o compañera e hijos, y de cincuenta (50) SMMLV para los hermanos.
1.1.1.11.
Trae
a colación sentencias del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en
las que se reconoce la indemnización proveniente del parentesco,
particularmente en el caso de los padres y hermanos, citando in extenso
una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 14 de marzo de
2012, en la que se reitera la jurisprudencia vigente en relación con la
cuantificación del daño moral, y señala expresamente “que el principio de
proporcionalidad no constituye la herramienta o instrumento jurídico pertinente
para la valoración y tasación del perjuicio moral”.
1.1.1.12.
Considera
el apoderado judicial de los accionantes que la decisión proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado constituye un desconocimiento del
precedente judicial, en virtud del cual no debe aplicarse para la tasación de
los perjuicios morales el test de proporcionalidad, vulnerándose
en consecuencia su derecho fundamental a la igualdad, al adjudicarle a sus
prohijados una suma diferente a la de aquellos que fueron juzgados bajo otros
parámetros jurisprudenciales.
1.1.1.13.
Resalta
el hecho de que con la decisión cuestionada se le está causando un daño adicional
a sus representados, puesto que luego de esperar más de 10 años para la
resolución del proceso, se les han aplicado conceptos contrarios a los
establecidos por la jurisprudencia.
1.1.1.14.
Por
otro lado, sostiene que la actuación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurre en una causal de procedibilidad de la acción de tutela por
defectos en su motivación.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Mediante
auto del 9 de noviembre de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la autoridad
judicial accionada para que rindiera informe sobre los hechos objetos de la
acción.
De
igual forma, como terceros interesados en las resultas del proceso, ordenó la
vinculación al trámite de la tutela al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y a la Policía Nacional.
1.2.1.
El
Magistrado Ponente de la decisión cuestionada, doctor Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, respondió la acción de la referencia, y
solicitó negar las pretensiones elevadas por el accionante, con fundamento en
los siguientes argumentos:
1.2.1.1.
Afirmó
que en la sentencia se salvaguardaron los derechos fundamentales de los
demandantes dentro de la acción de reparación directa, por cuanto no sólo se
declaró la responsabilidad administrativa de la entidad pública demandada, sino
que se condenó al pago de las indemnizaciones por concepto de los perjuicios morales
y materiales ocasionados, de conformidad con los mandatos constitucionales y
legales establecidos en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución
Política y los artículos 305 y 307 del Código de Procedimiento Civil.
1.2.1.2.
Aseveró
que la demanda de tutela incoada en contra de la sentencia proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2012, no reúne los
requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de amparo
constitucionalidad contra providencias judiciales.
Al
respecto, indicó que la decisión atacada no carece de motivación tal como lo
plantean los accionantes, puesto que la argumentación esgrimida para el efecto
plantea que, existiendo, la misma no atendió el precedente jurisprudencial.
1.2.1.3.
Precisó
que en virtud de la autonomía e independencia judicial, el juez de conocimiento
“está llamado a motivar razonada, razonable, proporcional y ponderadamente
las decisiones judiciales y no puede someterse a la aplicación de criterios
jurisprudenciales parcialmente, ni puede atender a concepciones erradas del
precedente, sino que está llamado a argumentar con base en los elementos que
obren en el proceso”, pues de lo contrario sí se incurriría en una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
De
esta manera, advirtió que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
Sentencia del 6 de septiembre de 2001, estableció que el juez contencioso
administrativo se encuentra llamado a motivar razonadamente la tasación y
liquidación de los perjuicios morales, sin señalar para el efecto un método
específico de valoración, no obstante tenerse en cuenta principios de
proporcionalidad y razonabilidad con base en los cuales deba decidir, agregando
que la motivación razonada de la tasación y liquidación de los perjuicios
morales exige “que se sustente en una mínima carga probatoria en cabeza de
quien reclama tales perjuicios”.
En
relación con lo anterior, resaltó que en reciente jurisprudencia constitucional
(Sentencia T-212 de 2012), se señaló que el juez incurre en una vulneración del
derecho al debido proceso, cuando condena a pagar un monto por concepto de
daños morales que carece evidentemente de sustento en el acervo probatorio del
proceso. Indicó que en esta sentencia se fijó la posición que debe orientar al
juez contencioso administrativo para la tasación y liquidación de los
perjuicios morales, considerando como criterios adicionales que deben ser
tenidos en cuenta para determinar la discrecionalidad judicial en dicha
materia: (i) las condiciones particulares de la víctima; y (ii) la gravedad
objetiva de la lesión.
1.2.1.4.
Por
otra parte, señaló que teniendo en cuenta lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-351 de 2011, la jurisprudencia del Consejo de
Estado tratándose de los perjuicios morales sí establece unos parámetros
vinculantes para los jueces administrativos. Así, los jueces deben seguir su
libertad probatoria y utilizar su prudente arbitrio en el marco de la equidad y
la reparación integral para tasar los perjuicios morales.
1.2.1.5.
Alegó
que el Consejo de Estado al establecer un tope “al menos indicativo” de
100 SMLMV, hizo referencia al principio de igualdad, por lo que, unido el
mencionado tope con el análisis de equidad, el juez no puede fallar de forma
caprichosa sino a partir de criterios de razonabilidad, teniendo en
consideración el análisis realizado en casos anteriores, sus similitudes y
diferencias con el caso en estudio.
En
este sentido, reiteró que el límite o tope mencionado es solamente indicativo,
puesto que si el juez encuentra razones que justifiquen separarse del tope y
las hace explicativas en la sentencia, su decisión no se apartaría de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, ni se alejaría de la obligación
constitucional de motivar sus pronunciamientos.
1.2.1.6.
Indicó
que la motivación empleada en la sentencia atacada, en cuanto a la realización
del test de proporcionalidad, para la tasación de los perjuicios morales, se ha
empleado en reiterada jurisprudencia de la Sub Sección C del Consejo de Estado,
citando como ejemplo las sentencias proferidas dentro de los expedientes 19345,
23135 y 24799, en las cuales se debatieron distintos tipos de derechos
relacionados con falla médica, daños a miembros de la fuerza pública, daños en
centros educativos y accidentes de tránsito, entre otros, precisando que en las
providencias mencionadas el quantum mínimo y máximo varió, sin que por ello
pueda predicarse que existió contradicción o ausencia de motivación.
1.2.1.7.
Finalmente,
arguyó que no puede hablarse de una vulneración al precedente, por cuanto para
configurarse dicho defecto se requiere que las situaciones de hecho de los
fallos anteriores sean las mismas del caso estudiado.
1.2.2.
La
Policía Nacional contestó la acción de tutela y solicitó rechazarla
por improcedente con fundamento en lo siguiente:
1.2.2.1.
Inicialmente,
destacó que la decisión proferida por el Consejo de Estado en el trámite de la
acción de reparación directa interpuesta en contra de la Institución, fue
producto de la aplicación de criterios autónomos, conscientes y libres propios
de la autoridad judicial, quien, para el desenvolvimiento de los casos
estudiados, no puede reducirse a una simple aplicación mecánica de los
postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley, por
cuanto estaría desconociendo la complejidad y singularidad de la realidad
social, motivo por el cual el papel asumido por el juez es de vital
importancia, en tanto debe actuar como “agente racionalizador e integrador
del derecho”.
1.2.2.2.
Recordó
el carácter excepcional de la acción de tutela frente a las actuaciones de las
autoridades judiciales, al no poderse utilizar como una instancia adicional
dentro del proceso ordinario.
1.2.2.3.
Por
otra parte, afirmó que no se vulneró el derecho al debido proceso de los
accionantes, ya que siempre contaron con la oportunidad procesal adecuada para
controvertir las decisiones que consideraron desfavorables. De esta manera,
hicieron uso de los recursos de la vía gubernativa y acudieron a las instancias
judiciales contempladas para el efecto.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.3.1.
Poder
otorgado por los accionantes al apoderado judicial para la interposición de la
presente acción de tutela.
1.3.2.
Copia
de la Sentencia del 8 de agosto de 2012, proferida la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA – SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO.
La Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia proferida el seis (06) de
diciembre de dos mil doce (2012), negó por improcedente la acción
instaurada por los peticionarios.
2.1.1.
Reiteró
el carácter excepcional de la acción de tutela y, en ese orden, resaltó que no
cualquier desatino de la autoridad judicial da lugar a la prosperidad del
amparo constitucional, puesto que únicamente procederá cuando no exista otro
medio de defensa judicial, o existiendo, sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
2.1.2.
Refirió
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia del 31
de julio de 2012, rectificó la tesis de la improcedencia absoluta de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, para en su lugar, admitir que sí
procede cuando se esté en presencia de la vulneración de los derechos
fundamentales de las partes.
2.1.3.
Precisó
que no obstante la posibilidad excepcional de que el juez de tutela pueda
abordar el estudio de providencia judiciales, ello no se extiende a la
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y
la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones.
2.1.4.
De
esta manera, indicó que la acción de tutela objeto de estudio no se encuentra
llamada a prosperar, puesto que está dirigida contra una decisión judicial
adoptada por un órgano de cierre, las cuales son consideradas como últimas,
intangibles e inmodificables, a través del mecanismo residual y subsidiario de
la acción de tutela.
2.1.5.
No
obstante, advirtió que la decisión cuestionada se encontraba debidamente
sustentada y motivada, con una carga argumentativa razonable y de conformidad
con la normativa y la jurisprudencia de la Subsección accionada.
2.1.6.
Concluyó
que se está utilizando la acción de tutela como un recurso o instancia
adicional para controvertir una decisión judicial que ya fue definida por el
juez natural.
2.2.
IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El apoderado judicial de los accionantes, dentro del
término impugnó el fallo de primera instancia reiterando los mismos argumentos
esgrimidos en la demanda de tutela. Agregó no compartir el argumento expuesto
por el juez de primera instancia, en el sentido de que no procede la acción de
tutela contra las providencias proferidas por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones, puesto que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la acción de tutela no se encuentra exceptuada para las
sentencias de las Altas Cortes.
2.3.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA- SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Sentencia
del veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013), “modificó” el
fallo de primera instancia, para en su lugar “declarar la no procedencia”
de la acción de tutela.
2.3.1.
Realizó
un estudio de la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, aseverando que fue un
proceso de apertura progresiva de admisión excepcional del mecanismo de amparo
constitucional contra las providencias judiciales, hasta acatar la tesis de su
procedencia siempre y cuando no exista otro medio de impugnación ordinario y
extraordinario; se ejerza la tutela dentro de un término razonable; no se
dirija contra una decisión de tutela; la trasgresión tenga carácter
constitucional y; el solicitante, siempre que fuera posible, haya alegado el
quebrantamiento del derecho fundamental dentro del proceso judicial.
2.3.2.
Consideró
que lo realmente pretendido por los accionantes es controvertir el criterio
utilizado por la autoridad judicial cuestionada para establecer el quantum
de los perjuicios morales, lo cual evidencia un descontento frente al monto
establecido para el efecto, al no cumplir con sus expectativas. Reiteró en este
sentido, que la naturaleza de la tutela no es ser una instancia adicional en
asuntos ya definidos por los jueces de conocimiento, que no implican una
transgresión de derechos fundamentales de las partes dentro del proceso.
2.3.3.
Puntualizó
que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
manifestado reiteradamente que el juez contencioso administrativo para fijar la
indemnización correspondiente por concepto de los perjuicios morales, goza de
independencia para establecerlos, en cada caso, y con sustento en las pruebas
allegadas al proceso, sin que ello implique un desconocimiento del precedente,
por cuanto los valores varían en cada proceso.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia.
3.2.    PROBLEMA
JURÍDICO
En el asunto de la referencia,
corresponde a esta Sala de Revisión estudiar los siguientes problemas
jurídicos:
3.2.1.
En primer
lugar, debe determinar si la acción de tutela presentada por los
accionantes cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales para cuestionar la sentencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado del ocho (08) de agosto de dos mil doce
(2012), dictada dentro del proceso de
reparación directa instaurado por los accionantes en contra
de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
3.2.2.  En segundo lugar, en caso de reunirse los anteriores requisitos, la Sala examinará si
la providencia censurada adolece de alguna de las causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, específicamente
(i) si desconoció el precedente establecido por el Consejo de Estado
sobre la aplicación del test de proporcionalidad para tasar el monto de la
indemnización de los perjuicios morales, y (ii) de ser así, si tal
desconocimiento conlleva la vulneración del derecho a la igualdad y al debido
proceso de los peticionarios.
3.2.3.  Para resolver
estos interrogantes, la Sala desarrollará las siguientes temáticas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la causales de procedibilidad por defecto
sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial; (iii)
la causal de procedibilidad específica por desconocimiento del precedente
constitucional; (iv) la causal de procedibilidad por violación directa
de la Constitución y, (v) el principio de igualdad y el test de
proporcionalidad. Con fundamento en esas consideraciones se realizará el
análisis del caso concreto.
3.3. PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones,
por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad,
y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso
concreto.
3.3.1.
La
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos
a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias
judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran
valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de
justicia y la seguridad jurídica.
3.3.2.
No
obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias
pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única
excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese
incurrido en lo que denominó una vía de hecho.
3.3.3.
A
partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre
el tema, y determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de
hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si
este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la
norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o
en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[1].
En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho.
3.3.4.
En
virtud de esta línea jurisprudencial, se ha subrayado que todo el ordenamiento
jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que
uno de los efectos del principio de Estado Social de Derecho en el orden
normativo está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente
están obligados a respetar los derechos fundamentales.
3.3.5.  Por un amplio
periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de la anterior manera el
concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de la evolución de la
jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacían viable
la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por
causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no
implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y
caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales
genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
3.3.6.  Con el fin de
orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes
que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
las sentencias C-590 de 2005[2]
y SU-913 de 2009[3],
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[4].
De
esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de
orden procesal de carácter general[5]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, unos de carácter específico[6],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas
que desconocen derechos fundamentales -causales de procedibilidad.
3.4.
Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De
esta manera, la Corte, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, hizo
alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos
generales de procedencia estableció:
“Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a.
Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[7]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[8].  De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[9].  De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[10].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[11].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que
no se trate de sentencias de tutela[12].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[13]
3.5.
Requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De
igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los
requisitos generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o
materiales del amparo tutelar contra las decisiones judiciales. Estas son:
“…Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[14] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[15].
i.   Violación
directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[16]
Siempre
que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente
conceder la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de
derechos fundamentales.
En el
caso bajo estudio, el apoderado judicial de los accionantes asegura que la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del
precedente, al utilizar como criterio para tasar los perjuicios morales
reconocidos en el curso de un proceso de reparación directa, el test de
proporcionalidad, y desconocer con ello los topes establecidos por la
jurisprudencia para dicho efecto.
En
este orden, debido a que el cargo que se presenta en la demanda es el “desconocimiento
del precedente del Consejo de Estado”, se puntualizarán a continuación dos
de las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales: (a)
el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y (b)
el desconocimiento del precedente constitucional en sentido estricto.
3.6.
defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
Para efectos del presente capítulo, se
hará referencia primero al defecto sustantivo como causal de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, y luego se procederá analizar
concretamente el desconocimiento del precedente judicial como modalidad de la
causal mencionada.
3.6.1.
El
defecto sustantivo aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad
judicial desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal aplicables en
un caso determinado. Específicamente, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso
que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por
ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o
vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de
las partes en el proceso[17].
3.6.2.  Así, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el
desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las
autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[18].
A
propósito de esta modalidad en la cual se configura un defecto sustantivo, la
Sala considera necesario examinar la diferencia entre los conceptos de
antecedente y precedente.
3.6.3.  El antecedente
se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que
puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo
más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos,
interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el
caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el
juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones
para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
Esta noción fue esbozada
en la sentencia T-292 de 2006[19],
en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente
cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al
caso en estudio?”, indicó:
“La respuesta a esta
inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que
dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como
se ha visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que
aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia,
resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de
constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la
sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras
palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema
jurídico en estudio o no”.
3.6.4.  Por su parte, el
precedente[20],
por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi
se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.
Esta noción ha sido adoptada en Sentencias
como la T-794 de 2011[21],
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se
evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a
resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante
al que se debe resolver posteriormente”.[22]
3.6.5.  Esta Corporación
ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical[23],
de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que
deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de
Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción[24].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores[25].
3.6.6.  En este orden,
debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino obligatorio, como
se explica a continuación.
3.6.6.1.
La
primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo
230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los
jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese
orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero
deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de
cierre de cada jurisdicción[26].
3.6.6.2.
La
segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y
buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que
rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el
respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que
demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la
comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en
que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”.[27]
3.6.6.3.
La
tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más adecuada
que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa
medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener
unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la
solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina
ha establecido como precedente: “tratar las decisiones previas como
enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren
ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón
vinculante”[28].
3.6.7.  Así pues, por
las razones expuestas, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que
el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura
un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o
vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[29].
No
obstante, esta regla no es absoluta, pues no puede ignorarse que el Derecho es
dinámico y cada caso puede presentar elementos que no fueron concebidos con
anterioridad en otros fallos judiciales; por ende, las autoridades judiciales
pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a
su independencia, pero con una justificación razonable y proporcional. La Corte
Constitucional ha establecido al respecto que:
“(…)
vale aclarar que la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada
de manera absoluta (…) Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa,
amplia y suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una
posición anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
(…)
el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión
contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes
requisitos:
(i)
Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede
omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia).(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía
(principio de razón suficiente)”[30].
Por
ejemplo, la Corte Constitucional ha considerado que jueces de la jurisdicción
contencioso administrativa han desconocido el precedente del Consejo de Estado,
y en consecuencia, ha concedido la tutela contra las providencias atacadas por
existencia de un defecto sustantivo, en sentencias como la T-934 de 2009[31],
T-351
de 2011[32],
T-464 de 2011[33]
y T-212 de 2012[34].
En estos casos, la Corporación observó que existía un precedente consolidado
sobre la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había sido
desconocida sin razones por las autoridades demandadas[35].
Estos ejemplos muestran que es más sencillo constatar la presencia de un
defecto sustantivo cuando existe un precedente consolidado; sin embargo, esto
no significa que la inobservancia de un precedente individual sin la debida
justificación no dé lugar eventualmente a la procedencia de la acción de
tutela.
3.6.8.  En resumen, los
jueces tienen un deber de obligatorio cumplimiento y es el de: (i) acoger
las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando
éstas constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones en casos
idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin
embargo, esta regla no es absoluta, ya que los jueces pueden apartarse de dicho
precedente, pero cumpliendo la carga argumentativa antes descrita y
construyendo una mejor respuesta al problema jurídico. En este orden de ideas,
por ejemplo, cuando un juez de inferior jerarquía se aparta de un precedente
establecido en su jurisdicción por el órgano de cierre o de su propio
precedente, sin exponer un razonamiento proporcional y razonable para el
efecto, incurre en la causal de procedibilidad de la tutela por defecto
sustantivo o material, que tiene como consecuencia, una vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas
partícipes del proceso respectivo, entre otros.
3.7.
DEFECTO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
3.7.1.  El defecto por
desconocimiento del precedente constitucional se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte establece el alcance de un derecho
fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente
dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional. En tales casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado  u otros
mandatos de orden superior.
3.7.2.  La supremacía
del precedente constitucional surge del artículo 241 de la Constitución
Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar
la Carta como norma de normas –principio de supremacía constitucional. En
efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional son obligatorias tanto
en su parte resolutiva, como en su ratio decidendi, es decir, la regla que
sirve para resolver la controversia. Por esta razón, si se desconoce el alcance
de los fallos constitucionales vinculantes, se “(…) genera en el
ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia  y de
conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta,  que  dificultan  la
unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se
perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la
medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales,
más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[36]
En
este sentido, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la Sentencia
T-656 de 2011[37]:
“(…) el deber de acatamiento del precedente judicial
se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la
medida en que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de
jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones
que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la
administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del
principio de supremacía constitucional”.
3.7.3.  La sentencia
T-351 de 2011[38]
explica que el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la
Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete
autorizado de la Carta[39],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por
razones de igualdad.
3.7.4.  En lo referente
a las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad
de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa
juzgada constitucional. De un lado, cualquier norma que sea declarada
inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir
del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De
otro lado, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de
constitucional  –bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser
también atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea
conforme a la Constitución.
3.7.5.  En cuanto a los
fallos de revisión de tutela, el respeto de su ratio decidendi es necesario
para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la
ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos
con decisiones o actuaciones imprevistas- y para garantizar los mandatos
constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su
intérprete autorizado. Es por esto que la interpretación y alcance que se le dé
a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos
de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo
por otras autoridades judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de las demás
jurisdicciones.
En este punto es
importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela
(SU) y de control abstracto de constitucionalidad  proferidas por la Corte
Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que
las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental
para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos,
y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución
Política[40].
3.7.6.  En este orden de
ideas, se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis,
cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente
la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva
de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance
de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la
ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de
revisión de tutela[41]
.
3.7.7.  Al respecto,
vale la pena traer a colación las pautas resaltadas en la sentencia T-351 de
2011, para establecer cuándo hay un desconocimiento del precedente
constitucional:
“(i) Determinar la existencia de un precedente o de
un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes. (ii) Comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad. (iii)
Verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado,
bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para
lograr una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine”.
3.7.8.  En algunas
ocasiones la jurisprudencia ha clasificado el defecto por desconocimiento del
precedente constitucional también como una hipótesis de defecto sustantivo.
Entre las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
fallos judiciales se pueden presentar diversos tipos de relaciones, y en un
caso pueden concurrir varios defectos. Así, tanto la doctrina[42]como
la jurisprudencia[43]
han identificado el “desconocimiento del precedente judicial”, tanto como una
modalidad del defecto sustantivo –como ya se advirtió -, y como una causal
autónoma de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En palabras de la Corte Constitucional:
“(…) el desconocimiento del precedente puede
derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada
constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (entre otros)
cuando el juez se aparta de la doctrina constitucional contenida en la ratio
decidendi de los fallos de  revisión de tutela”  (resaltado
fuera del texto original).
3.7.9.  Lo cierto es que
independientemente del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto
autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del
precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la
igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía
constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la
acción de tutela contra la providencia atacada.
3.8.
VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
Esta
Corporación, en su jurisprudencia, ha precisado que el defecto de la violación
directa de la Constitución es una causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a
todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual “la
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”.
3.8.1.  La procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación directa de
la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo. Así por
ejemplo, en la Sentencia SU- 1722 de 2000, en la que se estudiaron acciones de
tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a unos apelantes únicos
argumentando que concurrían el recurso de apelación, la Corte Constitucional
señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente prohíbe al
superior funcional “agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único”, suponía la materialización del defecto sustantivo. Al
respecto manifestó la Corte que:
“En
los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente
inaplicable. En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las
autoridades demandadas consistió en el desconocimiento del principio
constitucional consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución”.
(Negrilla
fuera del texto).
En
el mismo sentido se pronunció la Sentencia SU- 159 de 2002, en la que, al
estudiar el caso de un proceso penal iniciado por la publicación del artículo
“Conversación entre ministros”, en la cual se dio a conocer una comunicación
telefónica en la que el entonces Ministro de Minas y Energía hablaba con el
Ministro de Comuni­caciones de la época, sobre la adjudicación de una emisora
en la ciudad de Cali, la Corte explicó que existe un defecto sustantivo
cuando se violan derechos iusfundamentalescon la providencia dictada. En
este caso se dijo que la prueba que se había allegado al proceso ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia se había obtenido violando derechos
fundamentales del procesado. En palabras de la Corporación:
“(…) el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley
le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a lo expresamente
señalados por el legislador”. (Negrillas fuera del texto).
3.8.2.  Con
posterioridad a las decisiones antes citadas, la Corte, en la Sentencia T-949
de 2003, al revisar el caso de una providencia proferida en un proceso penal en
el que se había condenado erróneamente a una persona que había sido suplantada,
reiteró lo relativo a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y
orgánico, e incluyó como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de
carácter independiente y autónoma, el defecto derivado del desconocimiento de
una norma constitucional aplicable al caso concreto. En esta oportunidad dijo
la Corte[44]:
“(…)
todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución”.  (Negrilla
fuera del texto).
Finalmente,
la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en la
que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad  contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, incluyó definitivamente la violación directa de la
Constitución como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. Al respecto sostuvo el Alto Tribunal de lo
Constitucional:
“(…)
la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los
dictados de la Constitución”.
3.8.3.
La
jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución
cuando: “(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución.  En el segundo caso, el juez debe
tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o
se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”[45].
3.8.4.  Se colige
entonces que,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo superior a los preceptos constitucionales, y ellos contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares, resulta posible que una decisión
judicial pueda discutirse a través de la acción de tutela cuando desconozca o
aplique indebida e irrazonablemente tales postulados; por tanto, a los jueces no
les es dable en su labor apartarse de las disposiciones consagradas en la
Constitución, y cuando lo hacen, se configura una causal de procedencia de la
acción de tutela contra la decisión adoptada.
3.9.
EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
El artículo 13 de la Constitución Política señala que
en Colombia todas las personas son iguales ante la ley y por lo tanto deben
recibir el mismo trato y las mismas garantías sin ningún tipo de discriminación
por cuestiones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
Igualmente, esta norma Superior consagra el deber
constitucional de proteger a aquellas personas que se encuentran en estado de
debilidad manifiesta o hacen parte de un grupo discriminado, por lo que se
impone la obligación en cabeza
de las autoridades de adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr
una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades a dicho
grupo de personas.
Para precisar el alcance de esta norma, la Corte Constitucional
desde sus inicios ha establecido[46] que a fin de hacer que este derecho
fundamental devenga efectivo para todas las personas, el Estado debe acudir,
incluso, al trato diferencial positivo. Así, la Sentencia T-330 de 1993[47] precisó:
“Con el trato diferencial
positivo se aplica la filosofía esencial del Estado Social de Derecho, que se
traduce en el deber del Estado de proteger a las personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva. El principio de
igualdad y la posibilidad de realizar el Estado una diferenciación positiva
tienen como fundamento el Preámbulo de la Constitución, cuando éste se refiere
al propósito de asegurar la igualdad dentro de un marco social justo.”
En este orden de ideas, cuando se trata de personas
que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta[48] darles
un trato diferencial y positivo[49],
es no solo válido sino una obligación del Estado, quien debe ayudar a este tipo
de personas a superar las barreras que encuentran al desenvolverse en la sociedad,
mediante la implementación de un enfoque diferencial que disminuya sus
dificultades.[50]
De esta manera, la Corte Constitucional
en diversas oportunidades ha analizado y desarrollado el derecho fundamental a
la igualdad establecido en el citado artículo 13 Constitucional, señalando de
manera clara, enfática y reiterada que el principio de igualdad contempla “de un lado, un mandato de trato igual frente a todas aquellas situaciones fáctica o
jurídicamente equiparables siempre que no existan razones suficientes
para proveer un trato diferente, y de otro lado,
un mandamiento de trato desigual frente a circunstancias diferenciables”[51].
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la
igualdad se vulnera cuando sin motivos constitucionalmente legítimos se
otorga un trato preferencial o se consagran discriminaciones a personas que
están en situaciones fácticas y jurídicas semejantes, y por lo tanto, se
encuentran en igualdad de condiciones. En este sentido, la Sentencia T-047 de
2002[52]
precisó:
“Armoniza
este enunciado con el alcance del principio a la igualdad contenido en el
artículo 13 superior que determina que dos o más situaciones fácticas
comparables sean objeto de un mismo trato jurídico.  Esto no impide que
exista un trato diferente entre situaciones fácticas similares, pues la
discriminación se constituye a partir de la diferenciación que no presenta una
justificación objetiva y razonable.  Al respecto la Corte ha
manifestado que para que el juez de tutela pueda determinar sobre la violación
de la igualdad debe verificar no sólo las razones objetivas en que se sustenta
el trato diferente sino también la proporcionalidad existente entre finalidad
perseguida y los medios empleados para dicho trato”.(Negrilla
y subrayado fuera de texto)
Así, se ha establecido que el derecho a la igualdad
implica la comprobación de situaciones fácticas y de hecho idénticas o
similares entre dos circunstancias que ameritan un trato igual.
Con
el fin de verificar si hay una vulneración del derecho a la igualdad, la Corte
Constitucional ha implementado el uso de “un modelo de análisis que integra
el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad[53].
Lo que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar los
elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la
tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del test
europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: (i) se examina si la
medida es o no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar
un fin constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o
no necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de
proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no
sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que
los alcanzados con la medida diferencial.”[54]
En este sentido, la Sentencia T-971 de 2009[55],
señaló los componentes y elementos necesarios en la realización de un test de
igualdad, de la siguiente manera:
“El test de igualdad comprende los siguientes
elementos: (i) La existencia de grupos o personas comparables, esto es que se
encuentren en iguales circunstancias o en situaciones donde las semejanzas son
más relevantes que las diferencias; (ii) la existencia fáctica de un
tratamiento desigual y la materia sobre la cual recae; (iii) la existencia de
un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual; (iv) la
validez del objetivo a la luz de la Constitución y, (v) la proporcionalidad
entre el trato desigual y el fin perseguido”.
Los anteriores criterios han sido utilizados en
reiteradas decisiones de esta Corporación[56], en las que se ha
determinado la vulneración del derecho a la igualdad, tras considerar que
diferentes medidas adoptadas por las autoridades o particulares no satisfacen
los juicios planteados en el test de igualdad.
De
conformidad con lo expuesto, se concluye que, en atención al artículo 13
Constitucional, formalmente todas las personas son iguales ante la ley, no
obstante, para que esta igualdad sea también material, las autoridades pueden
utilizar medidas de acción positivas que beneficien a las personas que se
encuentren en especiales condiciones de vulnerabilidad y de esta manera, lograr
que lleguen al mismo punto de partida del resto de la sociedad.
Por
otro lado, es posible que se admitan algunos tratos desiguales a personas que
inicialmente están en condiciones de igualdad, si los mismos persiguen un fin
constitucionalmente válido y no son arbitrarios. Para verificar esto, la Corte
suele utilizar un test de proporcionalidad, en el que se estudian algunos temas
específicos, tales como la idoneidad de la medida, la validez del objetivo
perseguido y la posible afectación a otros derechos fundamentales, de manera
que al final puede tenerse certeza sobre la afectación o no del principio de
igualdad.
4.
CASO CONCRETO
4.1.
OBSERVACIONES
GENERALES.
A
través de apoderado judicial, los demandantes formularon acción de tutela
contra la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar que la decisión
proferida dentro del proceso de reparación directa, el ocho (08) de agosto de
dos mil doce (2012), vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, al aplicar el test de proporcionalidad para la liquidación de los
perjuicios morales ocasionados, desconociendo el precedente jurisprudencial
señalado para el efecto.
Por
su parte, el Tribunal accionado explicó que dicha decisión fue proferida sin
apartarse ni desconocer el precedente del Consejo de Estado. Por el contrario,
aseveró que en acatamiento al mismo, utilizó su prudente
arbitrio en el marco de la equidad y la reparación integral para tasar los
perjuicios morales.
Arguyó
que el Consejo de Estado ha establecido un tope indicativo de 100 SMLMV
por concepto de indemnización por perjuicios morales, el cual debe ser
examinado junto con el análisis de equidad, por lo que el juez no puede fallar
de forma caprichosa sino a partir de criterios de razonabilidad, teniendo en
consideración el análisis realizado en casos anteriores, sus similitudes y
diferencias con el caso en estudio.
En
ambas instancias de tutela, la Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
respectivamente, declararon la improcedencia de la acción de tutela. En primera
instancia, determinó que el amparo constitucional no procede contra las
sentencias proferidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones y; en
segunda instancia, no obstante reconocer la procedencia de la tutela contra
decisiones de un Alto Tribunal, consideró que la decisión se produjo dentro del
libre arbitrio del fallador, teniendo en consideración que los valores de
indemnización varían en todos los casos, puesto que se asignan de conformidad
con las pruebas obrantes en el proceso y la determinación de la magnitud del
daño sufrido.
De
acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la
providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes.
Para
atender el problema jurídico expuesto, en primer lugar debe la Sala entrar a
examinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales señalados en la parte motiva
de esta providencia.
4.2.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
DECISIONES JUDICIALES EN EL PRESENTE CASO.
4.2.1.
El
asunto debatido reviste relevancia constitucional.
El
problema jurídico puesto a consideración por los demandantes es de relevancia
constitucional, puesto que se refiere a sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la providencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En efecto, el caso versa sobre un posible
desconocimiento del precedente judicial horizontal por una Subsección del
Consejo de Estado, el cual presuntamente conlleva la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
4.2.2.
La
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
La
presente acción de tutela se dirige contra una providencia proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y no contra un fallo de tutela.
4.2.3.
El
tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a
su alcance.
La
jurisprudencia constitucional, en relación con el requisito de subsidiaridad,
ha condicionado la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales a una de las siguientes hipótesis:
“a)
Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa
previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario[57],
que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa
diseñados por el Legislador[58],
y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus
asuntos[59],
pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[60].
b)
Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción[61].
c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.”[62]
En este
contexto, observa la Sala que la decisión atacada en sede de
tutela determinó, dentro de un proceso de reparación directa, la
responsabilidad del Estado en los daños sufridos por los demandantes, y en ese
orden, ordenó el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales
correspondientes. Aplicando como método de tasación de los perjuicios morales,
el test de proporcionalidad.
Igualmente,
se observa que contra la decisión de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 248 del Código
Contencioso Administrativo,[63]
procede el recurso extraordinario de revisión.
De
conformidad con el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo, son
causales de revisión:
“1. Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2.     Haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados.
3.     Haberse dictado la sentencia con
base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4.     Haberse dictado sentencia penal
que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5.     Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6.     Aparecer, después de dictada la
sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7.     No tener la persona en cuyo favor
se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8.     Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
Para
la Sala, ninguno de los supuestos de hecho enunciados que hacen procedente el
recurso de revisión se presentan en el sub examine, puesto que lo
pretendido por los accionantes es la indebida aplicación del test de
proporcionalidad como método para la tasación de los perjuicios morales dentro
del proceso de reparación directa del cual son parte, desconociendo con ello el
precedente del Consejo de Estado. De esta forma, como bien se observa, lo
cuestionado en sede de tutela no se enmarca dentro de ninguna de las causales
del recurso de revisión.
Así
las cosas, la Sala observa que los accionantes no cuentan con otros mecanismos
diferentes a la acción de tutela para hacer valer las referidas circunstancias,
por lo que se colige se encuentra satisfecho el requisito del agotamiento de
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
4.2.4.
Existió inmediatez
entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
Por otra parte,
en relación con el presupuesto de inmediatez consistente en que la acción de
tutela debe presentarse en un término razonable que permita inferir la urgencia
de protección de los derechos fundamentales invocados.
En este orden,
advierte la Sala que la acción de tutela fue ejercida en un plazo razonable,
toda vez que fue presentada el 8 de noviembre de 2012, y la decisión
cuestionada data del 8 de agosto de 2012, es decir, fue interpuesta 3 meses
después de proferida la providencia que consideran vulneratoria de sus derechos
fundamentales.
4.2.5.  El
tutelante identificó de manera razonable los hechos que, en su concepto,
generaron la vulneración de sus derechos fundamentales.
Se observa que
en el presente caso, los interesados identificaron de manera razonable los
hechos que, en su concepto, generaron la vulneración de sus derechos
fundamentales, señalaron las causas del agravio y expresaron en su escrito de
tutela el carácter fundamental de los derechos conculcados.
En conclusión, encontramos que el
caso que aquí se estudia, cumple con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por tal motivo pasará la
Sala a revisar si se presentan las causales especiales de procedibilidad
alegadas por los accionantes.
4.3.
EXAMEN
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
Las
causales específicas hacen referencia a la concurrencia de defectos en el fallo
atacado que lo hacen incompatible con los preceptos constitucionales. Estos
defectos son, entre otros: (a) orgánico, (b) procedimental, (c)
fáctico, (d) material o sustantivo, (e) error inducido, (f)
sentencia sin motivación, (g) desconocimiento del precedente
constitucional y (h) violación directa de la Constitución Política.
4.3.1.  En el presente
caso, los accionantes alegaron como causal de procedibilidad de la acción de
tutela el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, en los siguientes términos:
4.3.1.1.
Inicialmente,
hicieron alusión a la jurisprudencia en virtud de la cual el Consejo de Estado
determinó que el perjuicio moral puede ser acreditado indiciariamente “construyendo
la prueba indirecta, mediante la aplicación de las reglas de la experiencia”[64].
En
este sentido, recordaron que el Alto Tribunal ha establecido que: “demostrada
las relaciones de parentesco muy cercanas entre la víctima directa del daño,
que resulta muerta, y los demandantes, puede inferirse, aplicando las reglas de
la experiencia, que estos tenían un nexo afectivo importante con aquella, que
determina la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos. Por esa
razón, se ha considerado en la mayor parte de los casos, con base en la prueba
de parentesco, puede inferirse la afectación espiritual y el profundo pesar
sufrido por los actores, de modo que dicha prueba puede considerarse suficiente
para acreditar indiciariamente la existencia y la intensidad del perjuicio
moral reclamado”[65].
Continuaron
advirtiendo, que una vez establecida la prueba del parentesco, la posición
jurisprudencial se ha basado en la aplicación de los máximos topes en materia
del reconocimiento de los perjuicios morales ocasionados.  Al respecto,
trajeron a colación una sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado[66],
en la cual se modificó la condena impuesta, por concepto de perjuicios morales,
a favor de los padres de una víctima. En concreto, se resaltó de la sentencia
en cita lo siguiente: “la Sala considera, teniendo en cuenta las reglas de
la experiencia, que la muerte de un hijo produce un dolor muy grande en los
padres que, en algunos casos, puede ser irreparable porque el vínculo que se
mantiene entre unos y otros es muy estrecho. (…) Por lo anterior, la Sala
considera que le asiste razón a los demandantes y, en consecuencia, se modificará
la condena impuesta por el Tribunal y se condenará a la entidad demandada a
pagar por concepto de perjuicios morales 100 SMLMV para cada uno de los padres
de la víctima”.
En
igual sentido, citaron jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo referente al reconocimiento de las indemnizaciones derivadas del
parentesco, específicamente en relación con los hermanos.
Finalmente,
se refirieron a la Sentencia del 14 de marzo de 2012, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado[67], en la cual
se emitió un pronunciamiento en torno a la no aplicación del test de
proporcionalidad, en relación con la cuantificación del daño moral. Sobre este
particular, la providencia en mención señaló:
“la
Subsección aprovecha esta oportunidad para reiterar la jurisprudencia – acogida
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Plena de la
Sección Tercera- sobre la materia, según la cual el daño moral al hacer
referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser tasado a partir de criterios
objetivos o tableas de punto, razón por la que para su liquidación se ha optado
por la aplicación del arbitrio juris, postulado que se integra a la nomoárquica
jurídica, y que, lejos de reflejar parámetros de arbitrariedad, su existencia y
validez normativa encuentra fundamento en la sana crítica y en las reglas de la
experiencia de las que se vale legítimamente el operador judicial para
reconocer vía compensación una afectación a un bien tan personalísimo como las
lesiones a la esfera u órbita interna y afectiva de la persona.
En
esa línea de pensamiento, la Subsección con apoyo en los lineamientos
conceptuales acogidos de manera sistemática por esta Corporación, considera que
el principio de proporcionalidad no constituye la herramienta o
instrumento jurídico pertinente para la valoración y tasación del perjuicio
moral.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).
4.3.1.2.
Por
otra parte, los accionantes endilgaron a la sentencia cuestionada un
desconocimiento del precedente constitucional, en virtud del cual se ha
reconocido el daño moral y su indemnización a favor de los hermanos de la
víctima del hecho generador de la reparación directa.
Así,
se refirieron a la Sentencia T-934 de 2009[68], en la que
la Corte Constitucional realizó un repaso sobre la jurisprudencia de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
acerca del reconocimiento de indemnización por perjuicios morales a los
hermanos de la víctima. En este sentido, la sentencia de tutela reiteró el
criterio adoptado por el Consejo de Estado, en relación con que:
“se
presumía que el daño antijurídico causado a una persona “genera dolor y
aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y
primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales”, presunción
de hombre que puede ser desvirtuada por la administración, cuando demuestra que
“las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han
tornado inamistosas o, incluso se han deteriorado totalmente.”
(…)
“En
este orden de ideas, el parentesco “puede constituir indicio suficiente de la
existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto
profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con
la desaparición o el padecimiento de los otros”[69].
Así, en el caso de los hermanos de la víctima, la presunción elaborada para
efectos de demostrar el perjuicio moral, se funda “en un hecho probado”, cual
es “la relación de parentesco”, pues a partir de ella y “con fundamento en las
reglas de la experiencia, se construye una presunción que permite establecer un
hecho distinto, esto es, la existencia de relaciones afectivas y el sufrimiento
consecuente por el daño causado a un pariente, cuando éste no se encuentra
probado por otros medios dentro del proceso”[70].
(…)
“6.6.
Como consecuencia de la tesis acogida, reiteradamente la Sección Tercera ha
estimado que “bastan, entonces, las pruebas del estado civil aportadas al
proceso, para que esta sala considere demostrado, indiciariamente, el daño
moral reclamado por los demandantes”[71],
de modo que la condición de hermano de la víctima queda “debidamente
acreditada” por los registros civiles[72]
que permiten establecer el parentesco y dar por probado el perjuicio moral[73].”
4.3.2.  En virtud de lo
anterior, la Sala debe señalar en este punto, que la causal específica sobre el
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado alegado por los actores,
debe ser interpretada, de conformidad con las consideraciones realizadas en la
parte motiva de esta providencia, como un cargo de defecto sustantivo. En
efecto, los actores alegan que presuntamente la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio de su fallo, desconoció el precedente
horizontal establecido por la Sección Tercera del Alto Tribunal, con lo que
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Igualmente, en el caso
concreto, los accionantes aseveran que se presenta un desconocimiento del
precedente constitucional, el cual como ya tuvo la Sala la oportunidad de
explicar, constituye una causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales y se refiere a la inobservancia del precedente sentado
por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución.
4.3.3.  Para resolver si
efectivamente se presentó el defecto alegado, lo primero que advierte la Sala
es que la discusión sobre el método a emplear frente a la tasación y
liquidación de los perjuicios morales, se relaciona con un tema de naturaleza
administrativa que le corresponde fijar al Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
y sobre el que la Corte Constitucional no se ha pronunciado directamente, no
obstante, haber tutelado los casos en los cuales se ha incumplido lo
establecido por el precedente del Consejo de Estado, pero en temas no de
carácter técnico, como el aquí planteado, sino frente al reconocimiento de
garantías y derechos.
4.3.4.  Retomando, se
tiene que los accionantes invocan el desconocimiento del precedente
sustentándose en varias sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que se refieren: en primer lugar, a la prueba del parentesco para
determinar el daño sufrido; en segundo lugar, al tope fijado por la
jurisprudencia para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales; en
tercer lugar, al reconocimiento de dichos perjuicios a favor de los
hermanos, como parientes de la víctima a quienes se les ha causado daño, y; en
cuarto lugar, al método aplicado para la tasación de los perjuicios.
4.3.4.1.
Para
establecer si estos pronunciamientos constituyen precedente horizontal, es
primero importante recordar: (i) qué debe entenderse como
“precedente” y (ii) cuándo una
decisión es relevante para resolver un caso posterior.
4.3.4.1.1.
Como
se señaló en la parte considerativa de esta providencia, precedente es
aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia[74]. El
precedente, entonces, puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de
forma reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver
problemas jurídicos similares.
4.3.4.1.2.
Una
vez identificada una sentencia o grupo de sentencias que constituyen
precedente, se debe establecer si son relevantes o no para resolver el nuevo
caso objeto de examen. Para ello deben analizarse los siguientes elementos:
“a)
En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente, b) La ratio debió
haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante, c) Los hechos del caso o las normas juzgadas
en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable
que cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no
concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar
vinculante el precedente”[75].
Estos
tres elementos hacen que una sentencia o grupo de sentencias anteriores se
constituyan en un precedente aplicable a un caso concreto, y, en esa medida,
que sean vinculantes en virtud de los principios de igualdad y debido proceso,
entre otros. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como
aquella sentencia o grupo de sentencias anteriores y pertinentes cuya
ratio representa una regla (prohibición, orden o autorización) determinante
para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión
de constitucionalidad semejantes[76].
4.3.5.
Una
vez establecido lo anterior, procede esta Sala de Revisión a
verificar si en el caso concreto existía un precedente que obligara a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y si dicha
Subsección  se apartó del mismo e inobservó las reglas jurisprudenciales
establecidas para tal fin.
4.3.5.1.
Como
se referenció en precedencia, los actores citan varias sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para señalar que no se dio aplicación al
precedente judicial en relación con: (i) la prueba del daño; (ii) el
reconocimiento de dichos perjuicios a favor de los hermanos; (iii) el
tope señalado para el reconocimiento de indemnización de perjuicios morales y, (iv)
la no aplicación del test de proporcionalidad para efectos de tasar o
cuantificar los perjuicios morales ocasionados.
4.3.5.1.1.
La
prueba del daño.
Frente
al primer punto, esto es, la prueba del daño, los accionantes mencionaron las Sentencias
del 19 de marzo de 2001, expediente: 13.147, y del 29 de enero de 2004,
expediente: 13.831[77],
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que dicha
Corporación estableció que para efectos de demostrar el perjuicio moral, la
prueba se infiere mediante la aplicación de las reglas de la experiencia. En
este sentido, se indicó que la sola prueba del parentesco es suficiente para
inferir la afectación espiritual y profundo pesar sufrido por los familiares de
la víctima directa.
4.3.5.1.2.
El
reconocimiento de perjuicios morales a favor de los hermanos.
En
cuanto al reconocimiento de los perjuicios morales a favor de los hermanos, los
demandantes, sin citar específicamente ninguna providencia en particular,
refieren que “Recientemente, en sentencia del 2010, reiteró el Honorable
Consejo de Estado, que la indemnización proviene del parentesco y precisamente
en relación con los hermanos”[78].
Ahora,
aunque los accionantes no identifican una sentencia en concreto en relación con
este tema, encuentra la Sala de Revisión que sobre el particular se han emitido
varios y reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado[79],
en los cuales se ha concluido que los hermanos, como miembros de la familia
cercana, y entre los que se deduce que existe cariño, fraternidad, vocación de
ayuda y solidaridad, son sujetos de indemnización por los perjuicios morales
que ocasione la lesión o muerte de uno de ellos, por cuanto esto produce una
afectación moral y sentimental.
Conclusión:
Con
fundamento en lo hasta aquí expuesto, considera la Sala que la decisión
cuestionada en sede de tutela no desconoce en absoluto lo establecido en las
sentencias precitadas. Lo anterior, por cuanto expresamente consideró el
fallador que “con el daño demostrado, consistente en la muerte del AGENTE
ROBINSON PALACIOS RENTERIA en el accidente de tránsito de un vehículo adscrito
a la policía, se evidencia el perjuicio moral alegado por los actores, esto es,
la tristeza y congoja que padecieron el padre y los hermanos de la víctima.
Simplemente al aplicar las Reglas de la experiencia, podemos deducir el dolor y
la intensa aflicción que produce a una familia, la muerte de un ser querido.
En relación con la solicitud de indemnización por
perjuicios morales, la jurisprudencia de esta Sala ha insistido en que la
prueba de la relación de consanguinidad permite inferir la existencia de afecto
y unión entre las víctimas y sus familiares. (…)
Establecido el parentesco con los registros civiles,
la Sala da por probado el perjuicio moral de los demandantes, con motivo de la
muerte de sus familiares (…)”.
En
este orden, tal como se desprende de la anterior cita, la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el fallo acusado, no sólo no se apartó del precedente
jurisprudencial señalado sino que reiteró las pautas jurisprudenciales citadas
por los accionantes.
En
efecto, encontró probado el daño con el parentesco, esto es, determinó que se
había configurado un perjuicio moral en razón a la condición de padre y
hermanos de la víctima, circunstancia que se demostró con los registros civiles
de nacimiento aportados al proceso. Lo anterior, también permite colegir que en
nada se negó la indemnización de perjuicios a los accionantes por su condición
de hermanos de la víctima.
4.3.5.1.3.
El
tope señalado para el reconocimiento de indemnización de perjuicios morales.
Por
otra parte, afirman los peticionarios que la decisión proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado desconoce la jurisprudencia de dicho Tribunal, en
cuanto al reconocimiento del máximo tope contemplado para efectos de la
tasación de los perjuicios morales, específicamente lo establecido en la Sentencia
del 19 de junio de 2009, expediente: 5200123310001997841701[80],
mediante la cual el Consejo de Estado ordenó a  favor de los padres de una
víctima el pago de perjuicios morales por 100 SMLMV.
En
este sentido, refutan el hecho de que la autoridad judicial accionada haya
determinado en su caso una indemnización equivalente a 10 SMLMV en el caso del
padre y los hermanos, y de 60 SMLV para la compañera permanente y la hija, es
decir, concedió una indemnización por debajo de los estándares
jurisprudenciales referenciados.
Sobre
este particular, observa la Sala que el Consejo de Estado, desde la Sentencia del 6
de septiembre de 2001[81],
abandonó el criterio que venía utilizando, en virtud del cual se consideraba
procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980,
para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral. En
consecuencia, consideró el Alto Tribunal que la valoración de dicho perjuicio
debía ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y
sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100
salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en
su mayor grado.
Esta
posición ha venido siendo reiterada de manera unánime por la Sección Tercera
del Consejo de Estado[82].
Así, lo expone la sentencia citada por los demandantes para efectos de
demostrar la presunta conculcación de sus derechos fundamentales:
“Acerca de la cuantía de las indemnizaciones
procedentes respecto los perjuicios morales, la Sala ha sostenido que la
valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en salarios
mínimos legales mensuales vigentes y que en cada caso corresponderá a éste, dadas
las condiciones del caso concreto y según su prudente juicio, establecer el
monto de la misma para lo cual se ha sugerido la imposición de
condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales
mensuales en los eventos en los cuales el daño presente su mayor grado de
intensidad, lo cual ocurre respecto de los padres que pierden a un hijo.
(…)
Más aún si como ocurrió en este caso se trata de quien
todavía no alcanzaba la mayoría de edad, que estaba en pleno desarrollo de su
juventud, que no tenía problemas médicos que hicieran probable o previsible su
muerte y que aún convivía con sus padres, circunstancias éstas que revisten
mayor notoriedad en el dolor de un padre que no prevé bajo circunstancia alguna
la posibilidad de perder a un hijo por un hecho irregular que es atribuible a
la Administración Pública.” (Negrillas y subrayado fuera de texto).
De la
lectura anterior, se desprende que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sido clara en establecer que la cuantía de los perjuicios morales debe ser
fijada por el juez de conocimiento, utilizando su prudente juicio y teniendo en
consideración para ello, las circunstancias particulares de cada caso.
Igualmente,
se observa que se ha “sugerido” un valor de 100 SMLMV por concepto de
indemnización de perjuicios morales, cuando el daño se presente en su mayor
grado de intensidad, es decir, no se ha señalado que dicha indemnización
proceda siempre que haya lugar a conceder perjuicios morales.
Al
respecto, observa la Sala que la sentencia referenciada por los accionantes
hace alusión a la pérdida de un hijo menor de edad, que aún convivía con sus
padres, circunstancias éstas tenidas en cuenta por el juzgador para efectos de
determinar que el daño ocasionado revestía una mayor notoriedad o gravedad, lo
cual dio lugar a la imposición del tope máximo contemplado para el efecto.
Sobre
este punto, resalta la Sala que las circunstancias particulares del Agente de
Policía Robinson Palacios Rentería, difieren del caso citado como precedente.
Lo anterior, por cuanto como se evidencia no se trata de un menor de edad, no
convivía con sus padres o hermanos, puesto que tenía constituido su hogar con
su compañera permanente e hija,  y ejercía una profesión que implica un riesgo.
Conclusión: Lo
expuesto da lugar a determinar que la sentencia mencionada no es un precedente
aplicable al caso, toda vez que no tiene elementos fácticos similares a los del
caso bajo estudio.
Aunado
a lo anterior, tal como se precisó, insiste la Sala de Revisión en que la
indemnización equivalente a 100 SMLMV no es una regla fija que deba aplicarse
en todos los casos, sino que, tal como lo advirtió la autoridad accionada, es
un tope indicativo de indemnización para el juzgador, quien debe tener en
cuenta otros factores determinantes de la gravedad del daño.
4.3.5.1.4.
El
test de proporcionalidad para efectos de tasar o cuantificar los perjuicios
morales ocasionados.
Por
otro lado, los peticionarios cuestionan el método utilizado en la sentencia
atacada para tasar los perjuicios morales a que tienen derecho.
En
este sentido, resaltan que la Sentencia del 14 de marzo de 2012, expediente:
0500123250001994207401, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado[83],
expresamente estableció: “que el principio de proporcionalidad no constituye
la herramienta o instrumento jurídico pertinente para la valoración y tasación
del perjuicio moral.”
Acerca
de la aplicación o no del test de proporcionalidad para efectos de cuantificar
la indemnización por perjuicios morales, observa la Sala que efectivamente la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tiene establecida una regla clara para
dicho efecto.
Así,
se encuentra que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en pronunciamientos
anteriores a la fecha de la decisión atacada en sede de tutela, ha señalado entre
otras, en las sentencias del  9 de mayo de 2011, expediente
54001-23-31-000-1994-08654-01(19976); del 19 de agosto de 2011, expediente
20144; y del 31 de agosto de 2011, expediente:
52001-23-31-000-1997-08938-01(19195), que la metodología que debe aplicarse
para la liquidación de los perjuicios morales es el test de proporcionalidad.
En concreto ha sostenido:
“El fundamento de éste test no es otro que el
principio de proporcionalidad, según el precedente jurisprudencial
constitucional, dicho principio comprende tres sub principios que son
aplicables al mencionado test: idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en el
sentido estricto.
En cuanto al primero, esto es, la idoneidad, debe
decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a
la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como
intensidad del dolor, alcance y dosificación de la incapacidad.
En cuanto al segundo, esto es la necesidad, la
indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de
afectación que se logre revelar en el o los individuos y que contribuyan a
alcanzar el objetivo de dejarlos indemnes.
Finalmente, en cuanto al tercero, esto es la
proporcionalidad en estricto sentido, con el test se busca que se compensen
razonable y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la
víctima (víctimas) la ocurrencia del daño y su desdoblamiento.”
Esta
posición fue reiterada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en
Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente: 54001-23-31-000-2003-01301-01
(41142), afirmó que “para la tasación y liquidación el juez se sujeta al
criterio determinante de la intensidad del daño, que usualmente se demuestra
con base en las pruebas testimoniales las cuales arrojan una descripción
subjetiva de quienes, por las relaciones familiares, afectivas, de cercanía,
conocimiento o amistad deponen en la causa, restando objetividad a la
determinación de dicha variable, cuya complejidad en una sociedad articulada,
plural y heterogénea exige la consideración de mínimos objetivos para la
tasación proporcional, ponderada y adecuada de los perjuicios morales, sin que
se constituya en tarifa judicial o, se pretenda el establecimiento de una
tarifa legal”.
Igualmente,
en Sentencia del 22 de octubre de dos mil doce 2012, expediente 52001-23-31-000-2000-00240-01(24070),
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que en
virtud de la Sentencia del 23 de agosto de  2012, la Sala Plena de la Sección “no
limitó, ni negó, ni se opuso a que cada juez en ejercicio de su “arbitirum iudicis”
determinara el “quantum” indemnizatorio, o liquidara los perjuicios morales
empleando un método o metodología como la del “test de proporcionalidad””[84].
En
este orden, precisó la providencia en cita, que la argumentación de la
mencionada providencia de Sala Plena indicó que “ha soportado la procedencia
de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con
fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero
parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios
o referentes objetivos para su cuantificación la (sic) características mismas
del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada
persona, vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que
enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de
conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio
determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de
la mera liberalidad del juez”[85].
En contraposición de lo anterior, existe otra
corriente dentro de la Sección Tercera del Consejo de Estado que no avala, como
herramienta para tasar la indemnización de perjuicios morales, el test de
proporcionalidad. Sobre el particular y tal como se destacó al inicio de este
acápite se ha considerado que “el principio de proporcionalidad no
constituye la herramienta o instrumento jurídico
pertinente para la valoración y tasación del perjuicio moral.”[86]
En
concordancia con esta afirmación, la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante Sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente
05001-23-25-000-1993-01854-01(22163)[87],
agregó que:
“Los perjuicios inmateriales no pueden ser objeto de
ponderación, toda vez que: i) en su liquidación no se trata de solucionar una
tensión o conflicto entre principios, valores o derechos fundamentales que
entran en pugna, ii) tampoco se pretende definir los deberes jurídicos
impuestos al legislador desde la Carta Política en la determinación de la
constitucionalidad de una ley, y iii) el daño a la salud constituye una lesión
a la órbita psicofísica del ser humano, razón por la cual no es susceptible o
pasible de ser fijada a establecida a través de un criterio de
proporcionalidad, puesto que, se insiste, el dolor o la aflicción no son
conmensurables. Así las cosas, el uso del principio de proporcionalidad para
definir el monto de la indemnización del perjuicio fisiológico es inadecuado,
por cuanto el objeto y la finalidad del instrumento mencionado no es útil para
introducir objetividad en la reparación del mismo, máxime si su objeto y
finalidad está encaminada a que se solucionen tensiones entre derechos
fundamentales y la consonancia de una norma en relación con los mismos.”
Dentro
de la misma línea argumentativa, mediante Sentencia del 24 de julio de 2013,
expediente 19001-23-31-000-1998-00242-01(26250),
la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró su posición sobre
la improcedencia de aplicar el test de proporcionalidad en la tasación de los
perjuicios morales, establecida en las sentencias del 5 de julio de 2012, expediente
24260; del 24 de abril de 2013, expediente 26195 y de 8 de mayo de 2013, expediente
26754, entre otras, destacando en esta oportunidad que “el
daño moral al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser
tasado a partir de criterios objetivos o tablas de punto, razón por la que para
su liquidación se ha optado por la aplicación del arbitrio juris, postulado que
se integra a la nomoárquica jurídica, y que, lejos de reflejar parámetros de
arbitrariedad, su existencia y validez normativa encuentra fundamento en la
sana crítica y en la reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente
el operador judicial para reconocer vía compensación una afectación a un bien
tan personalísimo como las lesiones a la esfera u órbita interna y afectiva de
la persona”.
Sobre la no aplicación del test de proporcionalidad
para la cuantificación de los perjuicios morales ha venido insistiendo la
Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en la reciente Sentencia
del 11 de julio de 2013, expediente 19001-23-31-000-2001-00757-01(31252).
En hilo de lo dicho, encuentra la Sala que
asiste razón a los demandantes en señalar que una parte de la Sección Tercera
ha considerado que no es procedente utilizar este método para la valoración de
los perjuicios morales, en tanto no puede determinarse con criterios objetivos
un daño moral que pertenece a la órbita interna del sujeto.
Lo
anterior, da lugar entonces a plantear el siguiente interrogante: ¿si la
aplicación del test de proporcionalidad para la tasación de los perjuicios
morales de los accionantes desconoce el principio de igualdad consagrado en el
artículo 13 Superior, en relación con quienes se les ha cuantificado dichos
perjuicios bajo otros parámetros jurisprudenciales?
Para
resolver este problema jurídico, debe la Sala de Revisión analizar la decisión
aquí cuestionada, mediante la aplicación del test de igualdad, de conformidad
con las consideraciones expuestas en el capítulo 3.9 de la parte motiva de esta
providencia.
4.3.5.1.4.1.
La existencia de
grupos o personas comparables.
En
el sub examine, se presentan personas o grupos claramente comparables,
correspondientes a quienes dentro de proceso contenciosos administrativos,
específicamente de reparación directa, solicitan la indemnización por los
perjuicios morales ocasionados.
4.3.5.1.4.2.
La
existencia fáctica de un tratamiento desigual y la materia sobre la cual recae.
La
Sala observa que evidentemente hay dos grupos de sujetos con las mismas
pretensiones encaminadas a lograr el reconocimiento de perjuicios morales. Por
una parte, se encuentran a quienes la Sección Tercera del Consejo de Estado
aplica para dicho efecto el test de proporcionalidad, y por otra parte, están a
quienes la misma sección del Alto Tribunal no sujeta dicha indemnización a los
parámetros utilizados en el referido test, lo cual da lugar a afirmar que
existe un trato desigual en dicha materia.
4.3.5.1.4.3.
La
existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato
desigual.
De acuerdo con
lo señalado en las citadas sentencias en las que se aplica el test de
proporcionalidad para tasar la indemnización de los perjuicios morales, la Sala
puede concluir que el objetivo de utilizar este método o herramienta radica en
poder realizar dicha cuantificación teniendo en cuenta las
características mismas del daño, su gravedad y extensión, o en palabras del
propio Consejo de Estado, propender por una “tasación
proporcional, ponderada y adecuada de los perjuicios morales, sin que se
constituya en tarifa judicial o, se pretenda el establecimiento de una tarifa
legal”[88].
En
este sentido, la sentencia acusada señaló que la finalidad u objetivo de
utilizar el test de proporcionalidad radica en compensar “razonable y
ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima la
ocurrencia de la tristeza, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego,
tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al
núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego”.
Igualmente,
en la contestación de la demanda de tutela, el Magistrado Ponente de la
decisión aquí atacada manifestó que el juez contencioso administrativo se
encuentra llamado a motivar razonadamente la tasación y liquidación de los
perjuicios morales, sin señalar para el efecto un método específico de
valoración, no obstante tenerse en cuenta principios de proporcionalidad y
razonabilidad con base en los cuales se debe decidir.
En
este orden de ideas, para la Sala de Revisión el fin perseguido en la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 8
de agosto de 2012, es constitucionalmente admisible, puesto que como se observa
lo que se busca es motivar la determinación de los perjuicios morales con
fundamento en unos criterios objetivos contemplados dentro del test de
proporcionalidad, es decir, haciendo uso de lo que a juicio del fallador, es
una atribución amparada en la autonomía judicial o arbitrio iuris.
4.3.5.1.4.4.
Análisis
sobre si la medida es o no adecuada.
No obstante lo
anterior, para la Sala la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado
de aplicar el test de proporcionalidad para efectos de tasar los perjuicios
morales, aun cuando se persigue un fin constitucionalmente admisible, no
resulta adecuada, puesto que analizar o cuantificar dichos perjuicios de
conformidad con unos criterios objetivos y estrictos contemplados en el test de
proporcionalidad, coloca a los accionantes en una situación de desventaja
frente a quienes en la misma situación son juzgados conforme a unos parámetros
menos rigurosos.
De esta manera,
se reitera, que aunque el objetivo de la utilización del test de
proporcionalidad es legítimo a la luz de la Constitución, existen otras medidas
menos gravosas o que restringen en menor proporción los derechos de los
accionantes.
4.3.5.1.4.5.   La
proporcionalidad entre el trato desigual y el fin perseguido.
En
relación con esta cuestión, el concepto de proporcionalidad sirve como punto de
apoyo a la ponderación entre principios constitucionales, cuando en la solución
de un caso particular, dos o más derechos entran en colisión, porque la
aplicación plena de uno de ellos conduce a la reducción significativa del campo
de aplicación del otro u otros, evento en el cual corresponde al juez
constitucional determinar hasta dónde tal reducción se justifica a la luz de la
importancia del principio o derecho afectado.
Debe
la Sala destacar que la reparación del daño moral busca proteger la afectación
a bienes jurídicos de carácter extrapatrimonial, causados por la vulneración de
los sentimientos íntimos de una persona, que surgen producto del dolor físico o
psíquico infligido antijurídicamente.
En
este orden, encuentra la Sala que los accionantes han sido víctimas de un daño
antijurídico que les da el derecho de ser resarcidos patrimonialmente por los
perjuicios de índole moral ocasionados, y adicionalmente, han debido soportar
un largo proceso judicial con el fin de obtener la reparación a sus perjuicios.
De
esta manera, se considera que el cuantificar los daños morales producidos,
utilizando para ello una medida restringida, no es necesario ni proporcional,
puesto que con ella se están transgrediendo otros derechos fundamentales de los
peticionarios, como lo es el derecho a la igualdad, y a la reparación justa, teniendo
en cuenta que otras personas en su misma situación fáctica han sido acreedores
de una indemnización mayor en atención a no haber sido juzgados bajo los
parámetros establecidos en el test de proporcionalidad.
Así
las cosas, si lo pretendido con la indemnización de los perjuicios morales es resarcir
los dolores o padecimientos infligidos a una persona, someterlos a la
evaluación de sus padecimientos de conformidad con unos parámetros de
naturaleza estricta y restringida, resulta desproporcionado para el fin
perseguido.
La
existencia de esta trato diferente en la medida en que se utilice o no el test
de proporcionalidad es abiertamente violatorio del derecho a la igualdad de los
accionantes, quienes, se insiste, se ven sometidos a un tratamiento más
estricto en relación con otras personas que se encuentran en su misma
situación.
En
este orden, considera la Sala de Revisión que la vulneración al derecho a la
igualdad da lugar a que la decisión proferida por la Sección tercera del
Consejo de Estado incurra en una defecto por violación directa de la
Constitución, el cual como ya se dijo, se configura cuando:(i) en
la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (ii) se desconoce un
precepto constitucional de aplicación inmediata,(iii) el juez
aplica una disposición de orden legal o reglamentariaal margen de los
dictados de la Constitución, y (iv) aplica un precepto
abiertamente inconstitucional en el caso concreto, lo que equivale a no hacer
uso de la excepción de inconstitucionalidad.
Conclusión:
En
hilo de lo dicho, encuentra la Sala que la Sentencia del 8
de agosto de 2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, desconoció el
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política,
al tasar la indemnización de los perjuicios morales de los accionantes bajo
parámetros diferentes a los aplicados a otras personas en la misma situación.
Lo anterior, da lugar a concluir que la utilización del test de
proporcionalidad, para el caso concreto, no resulta adecuada ni se justifica
con el fin perseguido.
4.3.5.2.      Finalmente,
afirman los peticionarios que de igual forma se configuró un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-934 de
2004[89].
Al respecto, puntualiza la Sala de Revisión que en
dicha sentencia de tutela, la Corte Constitucional consideró que
una autoridad judicial viola los derechos al debido proceso y a la igualdad,
cuando se niega a reconocer los perjuicios morales sufridos por los hermanos de
una víctima fatal del conflicto armado, con base en una posición
jurisprudencial restrictiva que fue modificada posteriormente en favor de las
víctimas.
En
tal sentido, la Corte resolvió proteger los derechos de una persona cuyo
hermano, soldado regular, había muerto, y la justicia administrativa no le
reconoció su derecho a que se le pagaran los perjuicios morales con base en una
posición jurisprudencial respecto a cómo resolver tal tipo de situaciones, la
cual había sido objeto de cambio jurisprudencial.
El
problema jurídico estudiado en esta sentencia, hace referencia entonces al no
reconocimiento de perjuicios morales en favor de los hermanos de la víctima.
Situación que ya fue analizada en el numeral 4.3.5.3.1. de esta providencia, en
el que se determinó que la sentencia cuestionada no desconoció el precedente
relacionado con los perjuicios morales a que tienen derecho los hermanos de la
víctima.
4.3.6.  Conclusiones
4.3.6.1.
La
Sala de Revisión considera que no es posible afirmar que se configuró un
defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente, puesto
que no existe una jurisprudencia uniforme sobre sobre el método utilizado para
la tasación de perjuicios morales dentro de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
4.3.6.2.
No
obstante, encuentra la Sala que, en el caso concreto, la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en el defecto de violación directa de la
Constitución, por desconocer un precepto de rango Superior, al aplicar, para efectos
de cuantificar los perjuicios morales de los accionantes, el test de
proporcionalidad, método que no está avalado ni es utilizado en otras
decisiones adoptadas por la misma autoridad judicial accionada, lo cual
constituye una vulneración al derecho a la igualdad de los peticionarios.
En
consecuencia, y teniendo en cuenta las razones expuestas, la Sala procederá a
revocar el fallo de segunda instancia que declaró la improcedencia de la acción
de tutela, para en su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso de los accionantes por las razones esgrimidas
en esta providencia, en consecuencia, ordenará a la Sección Tercera del Consejo
de Estado proferir una nueva decisión dentro del término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
5.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR,
por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el
veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, CONCEDER, por las
razones esgrimidas, el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de los accionantes.
SEGUNDO.-
En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones
esgrimidas en esta providencia, la Sentencia del 8 de agosto de 2012,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de
reparación directa iniciado por los accionantes contra la
Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
TERCERO.-
ORDENAR
a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con las consideraciones
esgrimidas en esta sentencia.
CUARTO.-
LÍBRESE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Corte Constitucional,
sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Sentencia del 8 de
junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencia del 11 de
diciembre de 2.009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[4]Sentencia T-774 de
2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Sentencia SU-813 de
2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de
carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el
ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían
mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A
juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en
estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de
un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe
entenderse ajustada a la Constitución.”
[6] Sentencia T-1240 de
2008: los criterios específicos o defectos aluden a los
errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son
de la entidad suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del
reclamante.
[7]  Sentencia 173 de
1993.
[8] Sentencia T-504 de
2000.
[9] Sentencia T-315 de 2005
[10] Sentencias T-008 de
1998 y SU-159 de 2000
[11] Sentencia T-658 de 1998
[12] Sentencias T-088 de
1999 y SU-1219 de 2001
[13] Corte Constitucional,
sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] Sentencia T-522 de 2001
[15]Sentencias
T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[16] Corte Constitucional,
sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] Ver Sentencia T-087
de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo.
[18] Ver entre otras,
sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[20]Según el doctrinante
Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el
precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones; (i)
precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio
autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente
orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidenci por
hipótesis común  a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de
sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen
que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo ,
con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir  ahora,(…)”. Esta
acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el autor.
Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la
Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que
trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende
resolver.
[21] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[22] Cfr. sentencia T-794
de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001.
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] Ver entre otras,
sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[24] Ver entre otras,
T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio
[25] Ver, entre otras, las
sentencias T-211 de 2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26]En
palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia
también ha señalado que la adopción de la
Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y
particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la
Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como
parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de
interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372
de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Cfr. Sentencia T-049
de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28]Ver
J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford
University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos.
“El precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad
Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el mismo sentido,
“American Law In a Global Context. TheBasics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George
P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de
una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema
jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión,
y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como
precedente: staredecisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio
decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir
que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones
posteriores)” (traducción libre). “American Law In a Global
Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[29] Ver entre otras,
sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Cfr. Sentencia T-794
de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza.
[32] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[33]M.P.Jorge Iván Palacio
Palacio.
[34] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[35] Lo mismo puede verse
en sentencias T-156 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[36]Sentencia T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37]M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[38]M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en
contra del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal
Administrativo del Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales
desconocieron los derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un
proceso de reparación directa en las cuales declararon su responsabilidad,
condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del demandante. A juicio
del actor, las providencias controvertidas adolecen de defectos de carácter
fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente del Consejo de Estado
en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. La
Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por considerar que
las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en materia de tasación
de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del
fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades
judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un grave detrimento del
erario público. La Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la
sentencia de segunda instancia en lo referente a la tasación de perjuicios
morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial dictar sentencia de
reemplazo.
[39] Ver además sentencias
T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[40] De la misma forma las
sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden
constituir precedente según el artículo 10 de la
Ley 1437 de 2011 estudiado por la
Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[41]Ver sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42]Ver por ejemplo
Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de Hecho. Acción de tutela contra
providencias judiciales”. Ed. Ibáñez (2012). Véase cómo, incluso, el
doctrinante al explicar el “desconocimiento del precedente”, lo señala tanto en
el defecto sustantivo como en una causal autónoma posteriormente, páginas 224,
138 y 254.
[43]Ver, entre otras, sentencias SU-917 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-351 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[44]Ver la Sentencia T-462
de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[45]Sentencia T-809 de
2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Esta causal de procedibilidad también ha
sido aplicada en la SentenciaT-747 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-555 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[46] T-554 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993,
M. P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz;
entre otras.
[47] M. P. Alejandro Martínez
Caballero
[48] Tal es el caso de las
personas en condición de desplazamiento, aquellas que tienen algún tipo de
discapacidad, las mujeres en estado de embarazo, los adultos mayores, las
minorías étnicas y raciales, entre otros.
[49] Entre muchos otros
ejemplos, encontramos la ley de cuotas o la asignación de cupos especiales para
aspirantes a ingresar a universidades públicas, provenientes de comunidades
indígenas.
[50] Sentencia T-141 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[51] Sentencia C- 445 de
2011.
[52] M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[53] Para una
exposición completa de las dos metodologías puede consultarse César A.
Rodríguez “El test de razonabilidad y el derecho a la igualdad” en Observatorio
de Justicia Constitucional, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, pp. 257
y ss.
[54] Sentencia T-577 de 2005
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] M.P. Mauricio González
Cuervo
[56] Ver entre otras
Sentencia T-971 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo; T- 555 de 2011 M.P.
Nilson Pinilla Pinilla; T-692 de 2012 M.P. Mauricio González Cuervo y T-141 de
2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[57]Cfr. Sentencia T-001/99
MP. José Gregorio Hernández Galindo
[58]Cfr. Sentencia SU-622/01
MP. Jaime Araújo Rentería.
[59] Sentencia T-116/03
MP. Clara Inés Vargas Hernández
[60]Cfr. Sentencias C-543/92,
T-329/96, T-567/98, T-511/01, SU-622/01, T-108/03
[61]Cfr. Sentencia T-440 de 2003
MP. Manuel José Cepeda.  La
Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma,
por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial
había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar
la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados
confiados a una corporación bancaria.  Sobre la procedencia de la tutela la
Corte señaló: “(...) En
segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual
existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social.
Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto,
difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales
que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en
el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.”  En sentido similar
pueden consultarse las Sentencias T-329 de 1996 MP. José Gregorio Hernández
Galindo, T-567 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-654 de 1998 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-289 de 2003 MP. Manuel José Cepeda.
[62] Sentencia T-598 del
23 de julio de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[63]Artículo 248: “El
recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por
los jueces administrativos”.
[64] Consejo de Estado.
Sección Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 2001. Exp: 13.147. Consejero
Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez
[65] Consejo de Estado.
Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2004. Exp: 13.831. Consejero
Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez
[66] Consejo de Estado.
Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2009. Radicado:
5200123310001997841701. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
[67] Radicación:
0500123250001994207401. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero
[68] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[69] Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera. Sentencia de 10
de marzo de 2005. Radicación No. 85001-23-31-000-1995-00121.01 (14808).
[70] Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19
de julio de 2001. Radicación No. 52001-23-31-000-1995-6703-01 (13068). C.P.
Alier Eduardo Hernández Enríquez.
[71] Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14
de agosto de 2008. Radicación No. 47001-23-31-000-1995-03986-01 (16413). Actor
Judith Monterrosa y otros. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
[72] Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 10
de marzo de 2005. Radicación No. 85001-23-31-000-1995-00121-01 (14808). Actor
MariaElina Garzón y otros. C. P. Germán Rodríguez Villamizar.
[73] Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 30
de julio de 2008. Radicación No. 52001-23-31-000-1996-08167 (16483). C. P.
Enrique Gil Botero.
[74] La sentencia T-292 de
2006 se afirma que la ratio decidendi es la “formulación del
principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la
decisión judicial”.
[75] Cfr. Sentencia T-292
de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además sentencia T-110 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[76] Ver Quinche Ramírez,
Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias judiciales”.
Séptima Edición. Ed. Ibáñez (2012).
[77] Consejero Ponente:
Alier Eduardo Hernández Enríquez.
[78] Demanda de tutela,
Folio 39, Cuaderno principal.
[79] Ver entre otras,
Sentencia del 1° de octubre de 2008 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Expediente: 17.392.Consejero
ponente: Enrique Gil Botero.
[80] Consejero Ponente:
Mauricio Fajardo Gómez
[81] Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente
13.232-15.646.
[82] Ver entre otras,
Sentencias del 1 de
octubre de 2008, Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente: 17.392, del
9 de mayo de 2012, expediente 05001-23-24-000-1994-02530-01(22304), Consejero
Ponente: Enrique Gil Botero. Sentencia del 31 de agosto de 2011, expediente: 52001-23-31-000-1997-08938-01(19195),
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[83] M.P. Enrique Gil
Botero
[84] Sección Tercera del
Consejo de Estado, Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.
Consejero Ponente:  Hernán Andrade Rincón
[85] Ibídem
[86] Sección Tercera del
Consejo de Estado, Sentencia del 14 de marzo de 2012, expediente:
0500123250001994207401. M.P. Enrique Gil Botero
[87] M.P. Enrique Gil
Botero
[88] Sección Tercera del
Consejo de Estado, Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente:
54001-23-31-000-2003-01301-01 (41142)
[89] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.