C-663-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-663/13
PROYECTO DE
LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE ETICA DE LA PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA-Trámite
legislativo
ADSCRIPCION
DEL CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA AL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA
CREACION DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA DE ESTA PROFESION-Requieren de la
iniciativa legislativa o del aval del gobierno nacional
Para esta
Sala la adscripción del Ministerio sí implica una evidente modificación a la
estructura de la administración nacional, toda vez que este Consejo entra a
formar parte de la misma con todas las consecuencias que se derivan de ello.
En este caso, del acervo que reposa en el expediente legislativo y de las
mismas manifestaciones hechas por el Gobierno, se desprende que el proyecto, especialmente
esta adscripción, no contó con la iniciativa o aquiescencia del Ejecutivo. De
manera que, al no contar dichas modificaciones con el aval del Gobierno, ha de
concluirse que la expresión “adscrito al ministerio de Educación Nacional”
contenida en el artículo 9 acusado está afectada de inconstitucionalidad y por
ello deben declararse fundadas las objeciones del Ejecutivo. Finalmente, para
esta Sala, las últimas consideraciones se aplican a los artículos 17, 18 y 19,
que regulan la creación y el funcionamiento del Tribunal Nacional de Ética de
la Bibliotecología. De la redacción de dichos artículos, se crea a instancias
del Consejo Nacional de Bibliotecología, el Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología para cumplir funciones de investigación y sanción de las
conductas desplegadas por los bibliotecólogos, facultad que, requería del aval
del Ejecutivo, toda vez que conllevan una modificación de la estructura de la
administración, al crear un nuevo organismo que tiene la naturaleza de entidad
del orden nacional con funciones públicas y se adscribe al Ministerio de
Educación por su vinculación al mencionado Consejo. En consecuencia, estos
artículos resultan igualmente contrarios al régimen constitucional.
PROFESION DE
BIBLIOTECOLOGIA-Requisitos para su ejercicio
OBJECIONES
GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE ETICA DE LA
PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA-Contenido
CONSEJO
NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA-Composición de sus miembros
OBJECIONES
GUBERNAMENTALES-Oportunidad
OBJECIONES
GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE ETICA DE LA
PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA-Trámite
INFORMES
SOBRE OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Votación/INFORME DE OBJECIONES-Aprobación
por mayoría absoluta en votación ordinaria
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION DE PROYECTO DE LEY-Requisitos
La Corte ha señalado que del
contenido artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 se desprende que los
requisitos del anuncio son los siguientes: 1. El anuncio debe estar presente en
la votación de todo proyecto de ley. 2. El anuncio debe darlo la presidencia de
la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que
debe realizarse la votación del proyecto. 3. La fecha de la votación debe ser
cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable. Un proyecto de ley
no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido
anunciado.
INSISTENCIA
DEL CONGRESO RESPECTO DE LAS OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Exigencia de un
mínimo de sustentación argumentativa
La jurisprudencia
constitucional ha estimado que “la insistencia del Congreso respecto de las
objeciones presidenciales debe cumplir un mínimo de sustentación argumentativa.
Sin que sea necesario agotar una labor de convencimiento exhaustiva acerca de
las razones que llevan al Congreso a discrepar del Gobierno, la Corte ha dicho
que no puede adelantar un estudio de constitucionalidad adecuado si las Cámaras
no aportan elementos de juicio mínimos que permitan evidenciar una oposición
jurídica entre el Congreso y el Presidente”.
COMPETENCIA
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL-Jurisprudencia constitucional
PROYECTOS DE
LEY O DE ACTO LEGISLATIVO-Capacidad constitucional de determinados
funcionarios o grupos de ciudadanos para presentarlos
INICIATIVA
LEGISLATIVA-Definición
La iniciativa legislativa es
la facultad atribuida a diferentes actores políticos y sociales para que
concurran a la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República
con el fin de que éste les imparta el trámite constitucional y reglamentario
correspondiente.
INICIATIVA
LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Regulación exclusiva de ciertas materias
INICIATIVA
LEGISLATIVA EXCLUSIVA DEL GOBIERNO-Criterios jurisprudenciales
PROYECTO DE
LEY-Iniciativa privativa
INICIATIVA
LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Condiciones para entender otorgado aval del
Gobierno
PROYECTO DE
LEY-Al otorgar el aval, éste sólo puede ser concedido por los ministros o
por quien haga sus veces, siempre y cuando sus funciones tengan alguna relación
temática o conexión con dicho proyecto/INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA AL
GOBIERNO-Coadyuvancia
Respecto de quién debe otorgar
el aval, la Corte ha sostenido que éste sólo puede ser concedido por los
ministros o por quien haga sus veces, y siempre y cuando sus funciones tengan
alguna relación temática o conexión con el proyecto de ley. Adicionalmente,
este Tribunal ha dicho que la coadyuvancia debe presentarse ante la cámara
donde se esté tramitando y manifestarse antes de la aprobación del proyecto en
las plenarias.
INICIATIVA
LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Vulneración constituye vicio formal/INICIATIVA LEGISLATIVA-Vicio formal
En los casos en los que se
apruebe un proyecto cuya materia haga parte de aquellas descritas en el
artículo 154 de la Constitución, sin que el mismo haya sido presentado por el
Gobierno o no haya contado con su aval, aquel se encontrará viciado de
inconstitucionalidad y puede, en consecuencia, ser retirado del ordenamiento
jurídico por la Corte a través del control rogado, o bien en ejercicio de
control previo de constitucionalidad, en virtud de las objeciones
presidenciales, si se determina el incumplimiento de la exigencia contenida en
el artículo 154 Superior.
MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION-Jurisprudencia constitucional/ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Reserva de iniciativa a favor del Gobierno
CREACION DE ENTIDAD POR EL LEGISLADOR-Elementos que permiten determinar si
hace parte de la estructura de la administración nacional/DISPOSICIONES QUE
MODIFICAN LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Casos en que su
constitucionalidad depende de la participación o aval del Gobierno
La Corte ha señalado que la
combinación de algunos elementos en la creación de una entidad por el
legislador permiten determinar si ella hace parte de la estructura de la
administración nacional, a saber: “(i) la voluntad expresa del legislador, (ii)
la naturaleza jurídica asignada, (iii) la autonomía de que goce, (iv) el que
reciba recursos públicos o privados; (v) el que se le asignen funciones
públicas, así como la trascendencia de dichas funciones sobre la misión básica
de la entidad; y (vi) la participación de autoridades nacionales en los órganos
de dirección.” En aplicación de estos criterios, la Corte ha declarado la
inexequibilidad de disposiciones que, en su trámite legislativo, no contaron
con la iniciativa del gobierno o su aval y a través de ellas el legislador “(i)
ha creado entidades del orden nacional, (ii) ha modificado la naturaleza de una
entidad previamente creada; (iii) ha atribuido a un ministerio nuevas funciones
públicas ajenas al ámbito normal de sus funciones; (iv) ha trasladado una
entidad del sector central al descentralizado o viceversa; (v) ha dotado de
autonomía a una entidad vinculada o adscrita a algún ministerio o ha modificado
su adscripción o vinculación; o (vi) ha ordenado la desaparición de una entidad
de la administración central.” En esas ocasiones, este Tribunal ha considerado
que tales disposiciones modifican la estructura de la administración central y
su constitucionalidad depende de la participación o el aval del Gobierno.
MINISTRO-Asignación
de funciones por ley/MINISTERIO-Asignación de funciones que no
exige iniciativa del Gobierno
MINISTERIO-Asignación
de funciones que no alteran estructura de administración
MINISTERIO DE EDUCACION-Funciones que no son completamente ajenas a las de la bibliotecología
BIBLIOTECOLOGIA-Importancia
La
bibliotecología tiene un papel importante en la garantía del acceso, uso y
difusión de la información, y, en el fomento de la investigación y la
innovación. Por ello guarda una estrecha relación con la educación,
contribuyendo además al ejercicio de otros derechos como la cultura y la
participación política. Como señala la doctrina, la “bibliotecología es
responsable de asegurar un variado ofrecimiento de materiales informativos y de
lectura que permitan a los sujetos la inclusión social y global, pero que al
mismo tiempo le den elementos críticos para acontecer en el mundo y construir
su proyecto de vida personal inserto en la globalidad y complejidad del mundo
contemporáneo. Igualmente, estos materiales, en conjunto con el trabajo
colaborativo de maestros y bibliotecólogos, deben propender por la formación de
lectores, que asuman la lectura no como un hábito, sino como una práctica
social matizada por la historia y la cultura, la cual permite el acceso a
formas de comprensión complejas del mundo, de la vida, del otro y de sí mismo.
En esencia, la lectura como una práctica eminentemente comunicativa en la cual
la significación de un mundo textual reconstruye, con sentido humano, la brecha
que se acrecienta entre información y formación”.
Referencia: expediente OG-144
Objeciones
gubernamentales presentadas al proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047
de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., veinticuatro (24)
de septiembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente sentencia, con base en los siguientes
1.
ANTECEDENTES
El 12 de julio de 2012, el
entonces Presidente del Senado de la
República, hizo llegar a esta Corporación copia del proyecto de ley número 091
de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, con el fin
de que este Tribunal resolviera las objeciones de inconstitucionalidad que el
Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional formularon
respecto de algunos artículos del referido proyecto, las cuales fueron
declaradas infundadas por las plenarias de Senado y Cámara.
El texto
íntegro del proyecto de ley es el siguiente:
por
la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta  el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología  y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO
I
DE
LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECOLOGÍA  Y REQUISITOS PARA SU EJERCICIO
Artículo
1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar la
Ley 11 de 1979, por la cual se reconoce la profesión de bibliotecólogo y se
reglamenta su ejercicio, regular la práctica profesional de la Bibliotecología, adoptar su código de ética y se dictan otras disposiciones de acuerdo al
ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente en el territorio de la
República de Colombia.
Artículo
2°. Del ejercicio de la
Bibliotecología. El desempeño de la
Bibliotecología se realizará de acuerdo con las competencias propias del campo
de formación que a nivel de pregrado de la educación superior corresponda,
según se trate de formación Técnica Profesional, Tecnológica o Profesional
Universitario, en las áreas relacionadas con la administración, la
organización, dirección y proyección social de sistemas, redes y servicios de
bibliotecas y centros de documentación en las que el dominio de los procesos de
planeación, dirección, control, generación, recolección, procesamiento,
almacenamiento, búsqueda y recuperación, conservación, diseminación y uso de
los recursos de información bibliográfica son necesarios para el desempeño y
desarrollo efectivo de la sociedad; estudia el sistema formado por la
interacción de la información, el registro de dicha información en el documento
bibliográfico, el usuario y la institución informativa documental. Concibe la
información como resultado de la configuración del pensamiento y los sentidos,
el registro de dicha información en el documento bibliográfico en cualquier
tipo de soporte físico análogo o digital, el usuario y la
Institución informativa documental. Concibe la información como resultado de
la configuración del pensamiento, las ideas, los conceptos, los significados y
los sentidos; considera al documento como la objetivación de la información
bibliográfica y documental en algún medio físico o simbólico; comprende al
usuario como ser humano que tiene una necesidad de información que puede
satisfacerse; y finalmente entiende a la institución informativa documental
como un ente social materializado en sistemas, redes, servicios y unidades de
información relacionados con bibliotecas y centros de documentación que
proporcionan las condiciones para satisfacer las necesidades de información de
los usuarios.
Artículo
3°. El artículo 2° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
2°. Del campo de desempeño. El ejercicio de la Bibliotecología se podrá realizar en los diferentes campos de desempeño por parte de las
personas que hayan recibido de una Institución de Educación Superior el título
académico correspondiente a la formación Técnica Profesional, Tecnológica, o
Profesional Universitario, y cumpla con los requisitos que regula la presente
ley¿.
Artículo
4°. Adicionar al artículo 3° de la Ley 11 de 1979 un numeral con el siguiente
texto:
¿5. Las
Bibliotecas Públicas de los municipios de Colombia, de acuerdo con la
categorización territorial de los mismos, vincularán profesionales en
Bibliotecología, así:
a) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías especial,
primera, segunda y tercera serán dirigidas por Profesionales Universitarios en
Bibliotecología;
b) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías cuarta, quinta
y sexta serán dirigidas por Profesionales Universitarios, Profesionales
Tecnólogos o Profesionales Técnicos;
c) Las
Redes de Bibliotecas Públicas serán dirigidas por Profesionales Universitarios
en Bibliotecología¿.
Artículo
5°. El artículo 4° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
4°. Requisitos para ejercer la profesión de Bibliotecólogo. Para ejercer
legalmente la profesión de Bibliotecología en el territorio nacional, se
requiere acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel
de formación, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, mediante la
presentación del título respectivo, y haber obtenido la
Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Nacional de Bibliotecología¿.
Artículo
6°. De la tarjeta profesional de Bibliotecólogo. Solo podrán obtener la
Tarjeta Profesional de Bibliotecólogo, ejercer la profesión y usar el
respectivo título dentro del territorio colombiano, quienes:
a) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por universidades
o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas, conforme a lo
establecido en la presente ley.
b) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por
universidades e Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con
los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
títulos.
c) Hayan
obtenido el título académico de Bibliotecólogo o su equivalente, otorgado por
Instituciones de Educación Superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por las autoridades competentes en el respectivo país y con cuales
no existan tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos celebrados por
Colombia siempre y cuando se hayan convalidado ante las autoridades
competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia¿.
Parágrafo.
Las tarjetas profesionales, inscripciones o registros expedidos a
Bibliotecólogos por el Consejo Nacional de Bibliotecología, con anterioridad a
la vigencia de la presente ley y antes de su entrada en vigencia, conservarán
plena validez y se presumirán auténticos.
TÍTULO
II
DEL
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
7°. Ejercicio ilegal de la profesión de Bibliotecología. Toda actividad
realizada dentro del campo de competencia señalado en la
Ley 11 de 1979 y la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de
bibliotecólogos o se les haya cancelado o suspendido su tarjeta profesional y
no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales, según lo
previsto en las disposiciones legales vigentes, será considerada ejercicio
ilegal de la profesión.
El ejercicio
ilegal de la profesión tendrá las consecuencias que la ley laboral, penal y/o
disciplinaria establezcan.
Parágrafo.
El servidor público que en ejercicio de su cargo, autorice, facilite,
patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la Bibliotecología, incurrirá en falta disciplinaria castigada de conformidad con lo dispuesto
en el Código Único Disciplinario.
TÍTULO
III
DEL
CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
8°. El artículo 6° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
6°. El Consejo Nacional de Bibliotecología estará constituido así:
a) Un
Representante del Ministerio de Educación.
b) Un
Representante del Departamento Administrativo de Colciencias.
c) Un
Representante del Ministerio de Cultura.
d) Dos
Profesionales en ejercicio de la profesión de Bibliotecología, postulados por
las organizaciones gremiales legalmente reconocidos por la ley colombiana que
asocien profesionales de la Bibliotecología. El Colegio Colombiano de
Bibliotecología podrá presentar sus candidatos y organizará el proceso de
elección.
e) Los
Representantes de las Escuelas o Facultades de Bibliotecología.
Parágrafo
1°. Los miembros del Consejo Nacional de Bibliotecología a que se refieren los
literales d) y e) serán elegidos de manera democrática por un periodo de dos
(2) años prorrogables, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida
el Consejo Nacional de Bibliotecología.
Parágrafo
2°. Todas las Asociaciones de carácter nacional debidamente reconocidas por la
legislación colombiana, podrán sus representantes legales ser invitados a las
sesiones del Consejo Nacional de Bibliotecología con voz pero sin voto¿.
TÍTULO
IV
DE
LAS FUNCIONES PÚBLICAS  DEL CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
9°. El artículo 7° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
7°. Se ratifica el carácter de órgano público del Consejo Nacional de
Bibliotecología adscrito al Ministerio de Educación Nacional y tendrá las
siguientes funciones:
a) Expedir
su propio reglamento.
b) Expedir
la tarjeta profesional de Bibliotecólogo, previo cumplimiento de los requisitos
legales vigentes sobre la materia y de conformidad con la Ley 11 de 1979 y la
presente ley.
c) Llevar un
libro de registro con su respectivo número consecutivo donde se consigne la
información de las tarjetas profesionales expedidas.
d) Vigilar
y controlar el ejercicio de la profesión.
e) Conocer
de las infracciones de la presente ley y al Código de Ética Profesional e
imponer las sanciones a que haya lugar.
f) Formular
recomendaciones a instituciones oficiales o privadas, relativas a la
Bibliotecología para lograr la promoción académica y social de la profesión.
g)
Suspender o cancelar la tarjeta profesional a través del Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología a los profesionales que infrinjan el Código de
Ética y los reglamentos que expida el Consejo Nacional de Bibliotecología.
h)
Organizar y conformar a través de medios democráticos el Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología para dar cumplimiento al Código de Ética
Profesional, de que trata la presente ley y las disposiciones que lo
complementen.
i) Las
demás que le asigne la ley.
TÍTULO
V
DEL
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Disposiciones
generales
Artículo
10. Los Bibliotecólogos, para todos los efectos del Código de Ética Profesional
y del régimen disciplinario, contemplado en esta ley, se denominarán, en
adelante, el profesional o los profesionales.
Artículo
11. El presente Código de Ética Profesional está destinado a servir como regla
de conducta profesional para el ejercicio de la Bibliotecología, proporcionando
principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en situaciones
con las que se enfrenten los profesionales.
Artículo
12. El ejercicio de la profesión de Bibliotecología debe ser guiada por
criterios, conceptos y elevados fines que busquen enaltecerla; por lo tanto,
los profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes
disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.
CAPÍTULO
II
De
los derechos, deberes y prohibiciones
Artículo
13. Derechos. Los profesionales podrán:
a) Ejercer
su profesión, de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus
reglamentos, asumiendo responsabilidades acordes con su formación.
b) Contar,
cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia, pública o privada,
con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de sus funciones.
Artículo
14. Deberes generales. Son deberes de los profesionales:
a)
Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que en
razón al ejercicio profesional, le hayan sido encomendados o, a los cuales
tenga acceso, impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento,
alteración o utilización indebida, de conformidad con los fines para los cuales
estos hayan sido destinados.
b)
Comportarse con lealtad, probidad y buena fe, en el desempeño profesional,
respetando, en todas sus acciones, la dignidad del ser humano, sin distinción
de ninguna naturaleza, promoviendo y asegurando el libre acceso de la comunidad
a la información.
c) Respetar
los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el
ejercicio de su profesión y el respeto por los Derechos Humanos.
d) Tratar
con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga
relación con motivo del ejercicio de la profesión.
e) Permitir
a los representantes del Consejo Nacional de Bibliotecología, a los
representantes de los órganos de control y vigilancia del Estado y demás
autoridades competentes, el acceso a los lugares donde deban adelantar sus
investigaciones, examen de los libros, documentos y demás diligencias, así como
prestarles la necesaria colaboración para el cabal desempeño de sus funciones.
f) Ejercer
la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a
intereses particulares, en detrimento del bien común.
g) Promover
el respeto por la persona del Bibliotecólogo dentro y fuera de la comunidad
científica y profesional.
h) Guardar
secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o
confidencial que le sean confiadas.
i) Oponerse
a todo intento de censura, asegurando la libertad de información y la libre
circulación de la información.
j) Tener
plena conciencia de la responsabilidad por la búsqueda continua de la
excelencia profesional, por mantener y mejorar la idoneidad profesional a
través de la actualización permanente, por el fomento del desarrollo
profesional de los colegas, así como de las aspiraciones de los posibles
miembros de la profesión.
k) Conocer
las leyes, las normas técnicas, los reglamentos y los manuales de
procedimientos, para ajustar a ellos, la prestación adecuada de sus servicios.
1)
Notificar a la autoridad competente, cuando tuviere conocimiento, sobre
trasgresiones al ejercicio profesional.
m)
Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta
de estar debidamente informado al respecto.
n) Velar
por la preservación de la memoria colectiva, el patrimonio bibliográfico y
proteger la herencia cultural del país.
o)
Facilitar el acceso de los recursos de información a personas discapacitadas y
a minorías étnicas.
p) Ofrecer
altos niveles de servicio a los usuarios a través de apropiados y útiles
recursos de información organizados, políticas equitativas de servicios, acceso
equitativo a los recursos de información, y respuestas exactas, imparciales y
cordiales a todas las solicitudes.
Artículo
15. Deberes para con los demás profesionales de la disciplina. Son deberes de
los profesionales de que trata el Código de Ética Profesional, contenido en
esta ley:
a) Ser
solidario con sus colegas evitando comentarios que afecten su imagen y crédito
personal.
b) No usar
métodos de competencia desleal con los colegas.
c)
Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de
colegas, señalando errores profesionales en que estos incurrieren a no ser que
medien algunas de las siguientes circunstancias:
a) Que ello
sea indispensable por razones ineludibles de interés general.
b) Que se
les haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas
actuaciones y errores, haciendo dichos profesionales caso omiso de ello.
d)
Reconocer y respetar sus valores humanos y profesionales.
e)
Denunciar, a la instancia competente, toda práctica que conlleve el ejercicio
ilegal e inadecuado de la profesión.
f)
Compartir con los colegas nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y
administrativos, de modo que contribuya a su progreso profesional.
g) No
proponer servicios con reducción de precios luego de haber conocido propuestas
de otros profesionales.
h) Respetar
y reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre su
desarrollo y aportes profesionales a la Bibliotecología.
i)
Abstenerse de cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de
injusticia, en perjuicio de otro profesional, tales como la aplicación de penas
disciplinarias, sin causa demostrada y justa.
j) No
prestar su firma a título gratuito u oneroso, para autorizar contratos,
dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional, que no haya
sido estudiada, controlada o ejecutada personalmente.
Artículo
16. Prohibiciones. Son prohibiciones, aplicables al profesional, las
siguientes:
a) Realizar
actividades que contravengan la buena práctica profesional.
b) Nombrar,
elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo
privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales en
Bibliotecología, en forma permanente o transitoria, personas que ejerzan
ilegalmente la profesión.
c)
Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.
d) Causar,
intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, o
documentos, que hayan llegado a su poder en razón al ejercicio profesional.
e)
Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga u obstaculizar su
ejecución.
f)
Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones,
dádivas o recompensas, en razón al ejercicio de su profesión, salvo
autorización contractual o legal.
g)
Utilizar, sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en
trabajos profesionales propios, los escritos, publicaciones o la documentación
perteneciente a aquellos.
h) Las
demás previstas en la Ley.
TÍTULO
VI
DEL
TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo 17.
Créase el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología. El Consejo Nacional
de Bibliotecología conformará e integrará el Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología, para que cumpla las funciones de investigar y sancionar, las
faltas a la ética profesional. Su integración deberá hacerse de conformidad a
la democracia participativa.
Artículo
18. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por
dos salas a saber:
La Sala
Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, que actuará como
órgano de segunda instancia en los procesos disciplinarios que se adelanten
contra los profesionales, en tanto que la Sala Disciplinaria del Tribunal
Nacional de Ética de la Bibliotecología, conocerá, en primera instancia, de los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los profesionales de la
Bibliotecología.
Parágrafo.
Los miembros que conformen el Tribunal, así como el secretario del mismo
tendrán funciones de carácter público.
TÍTULO
VII
ORGANIZACIÓN
DEL TRIBUNAL DE ÉTICA  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
19. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por
cinco (5) miembros, profesionales en Bibliotecología de reconocida idoneidad
profesional, ética y moral, con no menos de diez (10) años de ejercicio
profesional, elegidos para un período de cuatro (4) años. El Tribunal contará
con los servicios de un abogado de reconocida idoneidad, ética y moral con no
menos de cinco (5) años de experiencia profesional y conocimientos en derecho
disciplinario, administrativo, áreas de especialidad afines, quien cumplirá las
funciones de Secretario del Tribunal. Su designación será efectuada por el
Tribunal para el mismo período de sus miembros.
La Sala
Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrada por
sus cinco (5) miembros, en tanto que la Sala Disciplinaria del Tribunal de
Ética de la Bibliotecología estará integrada por tres (3) miembros.
Parágrafo.
Los miembros que conformen el Tribunal así como el secretario del mismo tendrán
funciones de carácter público.
TÍTULO
VIII
RÉGIMEN
DISCIPLINARIO  PARA LOS PROFESIONALES  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Definición
de principios y sanciones
Artículo
20. El profesional que sea investigado por presuntas faltas a la ética
profesional, tendrá derecho a que la investigación se realice respetando su
derecho al debido proceso y al ejercicio de su derecho de defensa, de
conformidad con las leyes preexistentes al acto que se le impute y con
observancia del proceso disciplinario, previsto en la presente ley, en los
reglamentos y en las siguientes normas rectoras:
a)
Legalidad: Solo será sancionado el profesional cuando por acción u omisión, en
la práctica de la Bibliotecología, incurra en faltas a la ética contempladas en
la presente ley y en otras disposiciones vigentes sobre la materia.
b) Respeto
y dignidad humana: El profesional, en todo caso, tiene derecho a ser tratado
con el respeto debido a su dignidad.
c)
Presunción de inocencia: El profesional tiene derecho a ser asistido por un
abogado durante todo el proceso y a que se le presuma inocente, mientras no se
le declare responsable en fallo ejecutoriado.
d) La duda
se resuelve a favor del disciplinado: La duda razonada se resolverá a favor del
profesional inculpado.
e) Doble
instancia: Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley. El superior no podrá
agravar la sanción impuesta cuando el sancionado sea apelante único.
f) Igualdad
frente a la ley: El profesional tiene derecho a ser tratado con igualdad frente
a la ley.
g)
Publicidad: En la investigación se respetará y aplicará el principio de
publicidad: Las partes tienen derecho a conocer integralmente el desarrollo de
la investigación.
h)
Imparcialidad: En la investigación se evaluarán los hechos y circunstancias
favorables y desfavorables a los intereses del disciplinado.
i)
Criterios auxiliares: La jurisprudencia, la doctrina y la equidad son criterios
auxiliares en el juzgamiento.
Artículo
21. Definición de falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo
tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
Código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaciones en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y conflicto de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en el artículo 29 del presente ordenamiento.
Artículo
22. Sanciones aplicables. A juicio del Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología como resultado de las faltas éticas en que incurran los
profesionales, procederán las siguientes sanciones:
a)
Amonestación escrita.
b)
Suspensión en el ejercicio de la profesión de seis (6) meses a cinco (5) años.
c)
Cancelación de la tarjeta profesional.
Artículo
23. Escala de sanciones. Las sanciones disciplinarias se clasifican en: leves,
graves y gravísimas de conformidad con lo establecido en el Código Único
Disciplinario.
Los
profesionales a quienes se les compruebe la violación de normas del Código de
Ética Profesional, adoptado en virtud de la presente ley, estarán sometidos a
las siguientes sanciones:
a) Las
faltas calificadas como leves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a amonestación escrita.
b) Las
faltas calificadas como leves, cuando el profesional registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la suspensión de la Tarjeta Profesional, hasta por el término de
(6) seis meses.
c) Las
faltas calificadas como graves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta
profesional, por un término de seis (6) meses a dos (2) años.
d) Las
faltas calificadas como graves, cuando el profesional registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta profesional, por un
término de (2) dos a (5) cinco años.
e) Las
faltas calificadas como gravísimas siempre darán lugar a la cancelación de la
tarjeta profesional.
Artículo
24. Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta
disciplinaria debe enmarcarse dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a) La
conducta o el hecho debe haber sido cometido por el profesional en cualquiera
de los niveles de formación contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.
b) La
conducta o el hecho debe ser intencional o culposo.
c) El hecho
debe haber sido cometido en ejercicio de la profesión o de actividades conexas
o relacionadas con esta.
d) La
conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones o inhabilidades
inherentes a la profesión.
e) La
conducta debe ser apreciable objetivamente y debe ser procesalmente probada.
f) La
sanción disciplinaria debe ser la consecuencia de un proceso que garantice el
pleno ejercicio del derecho a la defensa al profesional investigado y la
aplicación de un debido proceso, en los términos previstos en la Constitución
Política.
Artículo
25. Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación
del presente régimen disciplinario, prevalecerán, en su orden, los principios
rectores que determina la Constitución Política, el presente Código de Ética
Profesional y el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo.
Las sanciones aquí señaladas, no tendrán incompatibilidad con la aplicación de
sanciones de otra naturaleza que pudieren ser impuestas por otras autoridades
competentes.
Artículo
26. Criterios para determinar la levedad o gravedad de la falta disciplinaria.
El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología en Sala Plena o en Sala
Disciplinaria, según corresponda, determinará si la falta imputada es leve,
grave o gravísima, de conformidad con los siguientes criterios:
a) El grado
de culpabilidad.
b) El grado
de perturbación a terceros o a la sociedad.
c) La falta
de consideración con usuarios, patronos, subalternos y en general, con todas
las personas a las que pudiera afectar la conducta del profesional.
d) La
reiteración de la conducta.
e) La
jerarquía y mando que el profesional tenga dentro de la persona jurídica a la
que pertenece o representa.
f) La
naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia de la misma, la
complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado.
g) Las
modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta, el grado de
preparación y de participación en la misma y el aprovechamiento de la confianza
depositada en el profesional.
h) Los
motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o
por nobles y altruistas.
i) El haber
sido inducido a cometerla por un superior.
j) El
confesar la falta antes de la formulación de cargos, asumiendo la responsabilidad
de los perjuicios causados.
k)
Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado, antes de que la sanción le sea impuesta.
Artículo
27. Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran gravísimas y constituyen
causal de cancelación de la tarjeta profesional, las siguientes faltas:
a) Derivar,
en ejercicio de la profesión, de manera directa o por interpuesta persona,
indebido o fraudulento provecho patrimonial, con consecuencias graves para la
parte afectada.
b)
Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice el Tribunal
Nacional de Ética de la Bibliotecología.
c) El
abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales cuando tal
conducta cause grave detrimento al patrimonio económico del usuario o se
afecte, de la misma forma, el patrimonio público.
d) La
utilización fraudulenta de hojas de vida de sus colegas, para participar en
concursos o licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
e) Incurrir
en algún delito que atente contra los usuarios, la persona, natural o jurídica
para la cual trabaje, sea esta, pública, privada, colegas o autoridades,
siempre y cuando la conducta sancionable comprenda el ejercicio de la
Bibliotecología.
Artículo
28. Concurso de faltas disciplinarias. El profesional que con una o varias
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética
Profesional o varias veces la misma disposición, quedará sujeto a la sanción
más grave.
Artículo 29.
Circunstancias que justifican la falta disciplinaria. La conducta se justifica
cuando se comete:
a) Por
fuerza mayor o caso fortuito.
b) En
estricto cumplimiento de un deber legal.
c) En
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las
formalidades legales, siempre y cuando no contraríe las disposiciones
constitucionales y legales.
CAPÍTULO
II
De
las circunstancias de atenuación  y agravación
Artículo
30. Circunstancias de atenuación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias de atenuación:
1. Ausencia
de antecedentes disciplinarios, en el campo ético y profesional, durante los
cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2.
Demostración previa de buena conducta y debida diligencia en el ejercicio de la
profesión.
Artículo
31. Circunstancias de agravación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias de agravación:
1.
Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo ético y profesional
durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2.
Reincidencia en la comisión de la falta investigada dentro de los cuatro (4)
años siguientes a su sanción.
3.
Aprovechamiento, por parte del profesional, de la posición de autoridad que
llegare a ocupar.
Artículo
32. Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás
partes del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que sea
escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos,
según el caso.
Artículo
33. Principio de imparcialidad. En la investigación se deberá investigar y
evaluar, tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como las favorables a
los intereses del profesional.
CAPÍTULO
III
Procedimiento
disciplinario
Artículo
34. Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario profesional
se iniciará:
a) De
oficio.
b) Por
queja escrita, interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica; esta
deberá formularse, por cualquier medio, ante el Tribunal de Ética de la
Bibliotecología.
Parágrafo.
En los casos de público conocimiento o cuando se tratare de un hecho notorio,
cuya gravedad lo amerite, a juicio del Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología, podrá iniciarse, de oficio, la investigación disciplinaria.
Artículo
35. Ratificación de la queja. Recibida la queja, se ordenará su ratificación
bajo juramento y mediante auto se dará apertura a la investigación preliminar,
con el fin de establecer, si existe mérito para abrir una investigación formal
disciplinaria contra el presunto o presuntos profesional(es) infractor(es).
Parágrafo.
Las quejas anónimas o no ratificadas solo serán indicio y de acuerdo a la
gravedad del mismo se podrá iniciar averiguación de oficio.
Artículo
36. Investigación preliminar. La investigación preliminar no podrá exceder el
término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena
la apertura de la investigación preliminar. Durante este período, se decretarán
y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que
conduzcan a la comprobación de los hechos.
Artículo
37. Propósito de la investigación preliminar. La investigación preliminar tiene
como propósito verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es
constitutiva de falta disciplinaria e identificar al profesional que
presuntamente intervino en ella.
Parágrafo.
Para cumplir con la finalidad que persigue la investigación preliminar, el
investigador hará uso de los medios de prueba legalmente disponibles.
Artículo
38. Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada
la etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se
determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal
disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le
formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se
encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma
providencia el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada
al quejoso y a los profesionales investigados.
Artículo
39. Notificación del pliego de cargos. La Secretaría del Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología notificará personalmente el pliego de cargos al
profesional inculpado. En el evento de no ser posible la notificación personal,
esta se hará, mediante correo certificado, o por edicto, en los términos
establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si transcurrido el
término de la notificación por correo certificado o por edicto, el inculpado no
compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de oficio, de la
lista de abogados inscritos ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, con quien se continuará la actuación. El apoderado de oficio que
resulte designado, asumirá plenamente las funciones y responsabilidades que le
son propias, según lo previsto en la ley para tal efecto.
Artículo
40. Traslado del pliego de cargos. Surtida la notificación, se dará traslado al
profesional inculpado, por un término improrrogable de diez (10) días hábiles,
para que, en dicho término, presente sus descargos, solicite y aporte pruebas.
Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría
del Tribunal.
Artículo
41. Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la Secretaría decretará
práctica de las pruebas solicitadas por el investigador y por el profesional
inculpado. El término dentro del cual se surtirá la etapa de pruebas será de
sesenta (60) días.
Artículo
42. Solo se podrá adoptar una decisión sancionatoria cuando exista certeza,
fundamentada en plena prueba, sobre la existencia del hecho violatorio del
Código de Ética Profesional y sobre la responsabilidad del profesional.
Artículo
43. Fallo de primera instancia. Vencido el término probatorio previsto, el
investigador, elaborará un proyecto de decisión, que será sometida a
consideración del resto de la Sala Disciplinaria del Tribunal quien solicitará
su aclaración, modificación o revocatoria. En el evento que la mayoría de la
Sala Disciplinaria apruebe el proyecto de decisión, esta se adoptará mediante
resolución motivada.
Parágrafo.
En el evento de existir salvamentos de voto a la decisión final adoptada, estos
deberán quedar consignados en el texto de la respectiva acta de la reunión.
Artículo
44. Notificación del fallo. La decisión se notificará personalmente al
profesional investigado, por intermedio de la Secretaría del Tribunal, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión en la cual esta
hubiere sido adoptada y, si ello no fuere posible, se notificará mediante
edicto, en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo
45. Recurso de apelación. Contra dicha providencia solo procederá el recurso de
apelación, que deberá interponerse ante la Sala Plena del Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de notificación personal o de desfijación del edicto a través del cual se
notificó la decisión. El recurso de apelación deberá presentarse por escrito y
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo
46. Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas por violación al presente
régimen disciplinario, empezarán a contarse a partir del día siguiente a la
fecha en que notifique personalmente al investigado o se haga la entrega a este
del respectivo correo certificado, a través del cual se le informe de la
decisión adoptada por el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología.
Artículo
47. Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional,
se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades
relacionadas con el ejercicio profesional, a la entidad que tenga a su cargo
llevar el registro de proponentes y contratistas, así como a las demás
agremiaciones de profesionales. Lo anterior, con el fin de que estas entidades
efectúen, en sus registros, las anotaciones pertinentes y adopten las medidas
que permitan hacer efectiva la sanción y se impida el ejercicio de la profesión
al sancionado. La anotación respectiva tendrá vigencia y solo surtirá efectos
por el término de la sanción.
Artículo
48. Caducidad de la acción. La acción disciplinaria a que se refiere el
presente título caduca en el término de cinco (5) años, contados a partir de la
fecha en que se cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto que
ordena la apertura de la investigación preliminar, interrumpe el término de
caducidad.
TÍTULO
IX
DISPOSICIONES
GENERALES, VIGENCIA  Y DEROGATORIAS
Artículo
49. Establézcase la fecha del veintitrés (23) de abril de cada año, como día
nacional del Bibliotecólogo.
Artículo
50. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
sanción y modifica a la Ley 11 de 1979 y Decreto 865 de 1988 y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias.
3. EL TRÁMITE LEGISLATIVO Y ACTUACIÓN DE LA CORTE
El trámite legislativo del proyecto de ley objetado
fue el siguiente:
3.1.
El proyecto fue presentado el 4 de agosto de
2010, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, por los congresistas
Buenaventura León León y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón. Fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 507 del 11 de agosto 2010[1].
3.2.
El informe de ponencia y el texto propuesto para primer debate en la
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
presentado por los congresistas Iván Darío Agudelo Zapata y Ciro Antonio
Rodríguez Pinzón, fueron publicados en la Gaceta del
Congreso No. 1028 del 3 de diciembre de 2010[2].
3.3.
El proyecto fue discutido y aprobado por la
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes durante la sesión del día 3 de mayo de 2011, tal como consta en el
Acta No. 019 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 633 del
26 de agosto de 2011, en la que se observa que la aprobación se dio por
unanimidad[3].
3.4.
Para rendir ponencia en segundo debate en la
Cámara de Representantes se nombraron los mismos ponentes y se adicionó al
representante Jairo Ortega Samboní. La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 320 del
27 de mayo de 2011[4].
3.5.
El proyecto fue discutido y aprobado en
segundo debate cumpliendo los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios, en la sesión que tuvo lugar el 3 de agosto de 2011,
según consta en el Acta No. 78 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 739 del 3 de octubre de 2011[5].
El mismo informe certifica que dicha aprobación se surtió previo su
anuncio, realizado en la Sesión Plenaria del 2 de agosto de 2011, según
consta en el acta número 77 correspondiente a esa reunión, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 737 del 3 de octubre de 2011[6], en
la que se lee:
“Si usted lo autoriza, podemos anunciar los proyectos para la
próxima sesión. Para mañana miércoles 3 de agosto, a las dos de la tarde o para
la próxima sesión en la que se debatan proyectos de ley o de actos
legislativos, señor Presidente.
Se anuncian de conformidad con el acto legislativo reformatorio de
la Constitución número 1 del 2003 los siguientes proyectos de ley: (…) Proyecto
de ley número 047 del 2010 Cámara, por la cual se modifica la Ley 11 del 79 se
adopta el Código de Ética de la profesión de Bibliotecología y se dictan otras
disposiciones.”
3.6.
El proyecto fue remitido a la Comisión Sexta
Constitucional Permanente del Senado de la República, cuya mesa directiva
designó como ponente al senador Jorge Eliécer Guevara.[7]
3.7.
El informe de ponencia y el texto propuesto para primer
debate en la Comisión Sexta del Senado, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso No. 842 del 9 de noviembre de 2011[8].
3.9
El proyecto fue discutido y aprobado sin
modificaciones por dicha Comisión durante la sesión del 16 de noviembre de
2011, según consta en el Acta No. 13 de esa fecha, que aparece
publicada en la Gaceta del Congreso No. 129 del 29 de marzo de 2012.[9]
Fue anunciado previamente, conforme al artículo 8° del Acto Legislativo 01 de
2003, en la sesión de la Comisión Sexta del Senado que tuvo lugar el 13 de
diciembre de 2011, según consta en el Acta número 28 correspondiente a
dicha sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 45 del 2 de marzo de
2012[10].
El anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Sí, señor Presidente, los proyectos para votar, discutir y votar en
la próxima sesión plenaria son los siguientes: (…) Proyecto de ley número 91 de
2011 Senado, 047 de 2010 Cámara.”
3.10
Para rendir ponencia en segundo debate se
designó nuevamente al senador Jorge Eliécer Guevara. La ponencia fue publicada
en la Gaceta del Congreso No. 963 del 13 de diciembre de 2011[11].
3.11.
El proyecto fue discutido y aprobado en
segundo debate en Senado cumpliendo los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios, en la sesión plenaria que tuvo lugar el 15 de
diciembre de 2011, según consta en el Acta No. 30 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 53 del 8 de marzo de 2012[12].
3.12. El informe de
conciliación del proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso 031
del 14 de febrero de 2012[13]
y aprobado en su alcance y contenido el 21 de marzo de 2012 en la Plenaria de
la Cámara de Representantes.[14]
Posteriormente, fue publicado en la Gaceta del Congreso 140 del 11 de abril
de 2012[15]
y aprobado en su alcance y contenido el 24 de abril en la Plenaria del Senado.[16]
A través de oficio del 30 de abril de 2012, recibido por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 2 de mayo del
mismo año, el Secretario General de la Cámara de Representantes remitió el
proyecto de ley al Presidente de la República para su sanción ejecutiva.[17]
3.15. Mediante oficio
del 16 de mayo de 2012, el proyecto de ley fue devuelto por el Gobierno
Nacional al entonces Presidente de la Cámara de Representantes, sin la
correspondiente sanción ejecutiva, por objeciones de inconstitucionalidad.[18]
El Presidente publicó el proyecto objetado en el Diario Oficial No.
48.432 del 16 de mayo de 2012. El escrito de objeciones
fue recibido en dicha Corporación el 16 de mayo de 2012[19].
3.16. Mediante
escritos del 19 y 20 de junio de 2012, el senador Jorge Eliécer Guevara y los
representantes Buenaventura León León e Iván Darío
Agudelo Zapata presentaron informe sobre las objeciones
gubernamentales al proyecto de ley, en el que solicitaron su rechazo[20].
Estos informes aparecen publicados en las Gacetas del Congreso No. 372 del
14 de junio de 2012 y 381 del 19 de junio de 2012.[21]
3.17.
Según informe de sustanciación suscrito por
el Secretario General de la Cámara de Representantes[22], esa
corporación legislativa consideró y aprobó el informe de objeciones en su
sesión plenaria realizada el 19 de junio de 2012 (Acta 133,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 542 del 23 de agosto de 2012[23]),
previo su anuncio en la sesión plenaria realizada el 14 de junio del
mismo año, según Acta 132 publicada en la Gaceta del Congreso No. 641
del 25 de septiembre de 2012[24].
3.18. Según informe de
sustanciación suscrito por el Secretario General del Senado de la República[25],
el anterior informe fue considerado y aprobado por la Plenaria de dicha Cámara
el 20 de junio de 2012 (Acta No. 58, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 417 del 10 de julio de 2012[26]), previo su
anuncio en la sesión plenaria del 19 de junio del mismo año, según acta
57, publicada en la Gaceta del Congreso No. 416 del 10 de julio de 2012[27].
3.19.
El Magistrado Sustanciador profirió auto del
26 de julio de 2012, mediante el cual avocó conocimiento de las
objeciones gubernamentales y solicitó a las Secretarías Generales del Senado de
la República y de la Cámara de Representantes “a) Las Gacetas del Congreso
y las Actas respectivas en las que conste: (i) la publicación del informe sobre
las objeciones presidenciales en ambas Cámaras al proyecto de ley No. 047/10 Cámara- No. 091/11 Senado “Por la cual se modifica la Ley
11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecólogo y se
dictan otras disposiciones”; (ii) la publicación del anuncio previo para
votación del informe de objeciones presidenciales mencionado, en ambas
Cámaras; (iii) el registro de la aprobación del informe de objeciones
presidenciales al proyecto de ley citado en las dos Cámaras. b) La totalidad de
los antecedentes legislativos del proyecto de ley No. 047/10 Cámara- No. 091/11
Senado “Por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética
de la Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”. c)
Certificación del quórum deliberatorio y decisorio, como también de la mayoría
con la que fue aprobado el informe de objeciones al proyecto en el Senado de la
República y la Cámara de Representantes. d) Enviar en medio magnético el texto
finalmente aprobado.”
3.20.
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
mediante auto No. 180 de del 2 de agosto de 2012, al no encontrar la
totalidad de las pruebas necesarias para estudiar el trámite de las objeciones
gubernamentales de la referencia, resolvió abstenerse de decidir hasta tanto no
se cumplieran los presupuestos constitucionales y legales requeridos para
hacerlo, por lo que solicitó que se remitieran las Gacetas del Congreso necesarias
para poder determinar, con base en las pruebas pertinentes, si para la
aprobación del informe de objeciones gubernamentales se cumplió con el
procedimiento establecido; se apremió a los Secretarios Generales del Senado de
la República y de la Cámara de Representantes, que acopiaran y enviaran todos
los documentos requeridos.
4.
CONTENIDO DE LAS
OBJECIONES GUBERNAMENTALES
Mediante
comunicación del 16 de mayo de 2012, el Presidente de
la República, con la firma de la Ministra de Educación Nacional, presentó
formalmente memorial de objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 8, 9, 17, 18 y 19 del proyecto de ley No. 047 de 2010
–Cámara-, 091 de 2011 –Senado-, “por el cual se modifica la Ley 11 de
1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecología y se
dictan otras disposiciones”[28],
objeciones que fueron declaradas infundadas por
las plenarias de Senado y Cámara. Debe advertirse que, no obstante señalar los
artículos que se objetan, en el escrito se aclara que “dada la trascendencia
de sus implicaciones, los reparos de constitucionalidad podrían afectar la
totalidad del proyecto de ley”. Las objeciones fueron formuladas de la
siguiente manera:
4.1.
Con relación al artículo 8 del proyecto, estima el Gobierno Nacional
que modifica el artículo 6 de la Ley 11 de 1979 que establecía la composición
del Consejo Nacional de Bibliotecología, al vincular al Ministerio de Educación
como miembro del mismo. Adicionalmente, considera que el artículo 9 del
proyecto ratifica la naturaleza de órgano público de dicho consejo y fija sus
funciones, modificando el artículo 7º de la Ley 11 de 1979.
4.2.
Señala el ejecutivo que el Consejo
Nacional de Bibliotecología se creó como un “organismo del Gobierno adscrito
al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de vigilancia y control para
el ejercicio de la profesión de bibliotecólogo”.[29]
Posteriormente, en virtud del artículo 64 de la Ley 962 de 2005, el Ministerio
de Educación dejó de ser parte del referido consejo y, como consecuencia de
ello, este órgano dejó de pertenecer al sector administrativo de la educación,
situación que se evidencia en el artículo 4 del Decreto 5012 de 2009.
4.3.
En consecuencia, sostiene que con el
artículo 8 del proyecto de ley se pretende que el Ministerio vuelva a ser parte
del Consejo Nacional de Bibliotecología, mientras que con el artículo 9 se
ratifica su condición de órgano público. Lo anterior, implica una modificación
en la estructura de la administración pública, lo cual sólo es posible mediante
una ley de iniciativa gubernamental, de conformidad con el artículo 150 de la
Carta Política.
4.4.
Al respecto, cita jurisprudencia[30]
de este Tribunal Constitucional para concluir, de conformidad con ella, que “la
iniciativa gubernamental también cobija la modificación de la estructura
interna de las entidades de la administración central, así como el señalamiento
de sus objetivos y funciones generales”. En ese entendido, “la
modificación de la composición de los miembros del Consejo Nacional de
Bibliotecología, con la inclusión del Ministerio de Educación Nacional, y la
modificación de sus funciones también son materia de reserva de iniciativa
gubernamental, por lo que las normas del proyecto que las contienen son
inconstitucionales”.
4.5.
De otra parte, señala que aunque la
aquiescencia o aval del gobierno pueden legitimar el trámite legislativo, la
participación del Ministerio de Educación durante el trámite del presente
proyecto de ley no puede tomarse como una aprobación del mismo, ya que en ese
momento no se sometió a estudio del gobierno dicha modificación porque no
existía en el texto del proyecto.
4.6.
Respecto del artículo 17 del proyecto,
manifiesta que el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología se crea a
instancias del Consejo Nacional de Bibliotecología, con el fin de cumplir las
funciones de investigar y sancionar las conductas de los bibliotecólogos. Por
su parte, los artículos 18 y 19, dice, prescriben que los miembros de dicho
tribunal tendrán funciones de carácter público.
Bajo ese entendido, señala que el “proyecto
de ley no define la naturaleza jurídica del tribunal, pero se entiende que se
trata de un organismo de la administración nacional adscrito al Ministerio de
Educación Nacional. Es claro que no se trata de un organismo de la rama
judicial, tanto porque la creación de los últimos es competencia exclusiva del
legislador estatutario, como porque las funciones que ejerce el Tribunal de
Ética son de naturaleza administrativa sancionatoria. Así las cosas, debe
entenderse que el Tribunal de Ética de la Bibliotecología sería una entidad del
orden nacional, de naturaleza administrativa, adscrita al mismo Ministerio de
Educación por su vinculación con el Consejo Nacional de Bibliotecología”.
4.7.
Por lo anterior, considera que a este
órgano también le son aplicables las objeciones que se plantearon con relación
al Consejo Nacional de Bibliotecología, las cuales se reducen a que “el
legislador dispuso la creación de aquella entidad sin atender al hecho de que
este es un asunto de iniciativa privada del Gobierno, el cual tampoco le dio su
aval durante el trámite de aprobación de la ley. Por esta vía, las normas de
creación y, en consecuencia, las de funcionamiento del citado tribunal serían
inconstitucionales por violación del artículo 154 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 150-7 del mismo estatuto”.
4.8.
Finalmente, señala el Gobierno Nacional
que la objeción presentada afecta la estructura general del proyecto, en la
medida que las normas que no fueron expresamente cuestionadas operan en función
de las que sí lo fueron.
5.
INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
5.1.  Las mesas directivas del Senado
de la República y la Cámara de Representantes designaron como ponentes del
informe sobre las objeciones gubernamentales al senador Jorge Eliécer Guevara y
a los representantes Buenaventura León León e Iván Darío Agudelo Zapata,
quienes presentaron los respectivos informes los días 19 y 20 de junio de 2012.
Al respecto, se resalta que aunque se realizaron de manera separada, contienen
argumentos idénticos orientados a no acoger las objeciones por
inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno. Los motivos en los que se
apoyaron son los siguientes:
5.2.
Los congresistas sostienen en su informe de objeciones que el
artículo 8 del proyecto de ley no agrega un ente nuevo al Ministerio de
Educación sino que modifica los miembros que integran el Consejo Nacional de
Bibliotecología.  Señalan que “el representante del ICFES es eliminado y el
representante de COLCIENCIAS, ahora denominado representante del Departamento
Administrativo de Conciencias, el representante de COLCULTURA en adelante se
denominará representante del Ministerio de Cultura, los dos representantes de
la Profesión de Bibliotecología, que en la Ley 11 de 1979 son de carácter
general, el Proyecto de Ley los hace de carácter específico, por cuanto dice
‘dos profesionales en ejercicio de la profesión Bibliotecología, postulado por
las asociaciones gremiales legalmente reconocidas por la ley colombiana que
asocien profesionales de la bibliotecología’. Así mismo se remplaza el
representante de las escuelas o facultades de bibliotecología que funcionen en
Colombia debidamente aprobadas por el Estado por dos representantes de este
tipo”.
5.3.
Además, expresan que el artículo 5 de la Ley 11 de 1979 creó el
Consejo Nacional de Bibliotecología como un organismo adscrito al Ministerio de
Educación Nacional. Posteriormente, la Ley 962 de 2005 excluyó al citado
ministerio de todos los consejos. Resaltan que ambas leyes son de carácter
ordinario, razón por la cual, mediante otra norma ordinaria se puede retrotraer
la última actuación, como es el caso del proyecto estudiado, toda vez que el
Consejo “no es ajeno a los fines del ministerio de Educación, y es que es
obligación el control y la vigilancia de las profesiones que se deben
certificar por competencias y capacitación académica en entes universitarios”.
5.4.
Con relación al artículo 9 del proyecto, manifiestan que lo que
pretende la norma es ratificar la condición de órgano público del Consejo
Nacional de Bibliotecología, ya que de conformidad con la sentencia C-482 de
2002, “en punto a la determinación de la autoridad competente para la
inspección y vigilancia de las profesiones, debe señalarse que una
interpretación de la regla del artículo 26, en armonía con las disposiciones
que se refieren entre otros temas a funciones de inspección y vigilancia, de
manera particular las incluidas en el artículo 189 de la Constitución, llevan a
la conclusión de que las funciones de inspección y vigilancia sobre las
profesiones legalmente establecidas no competen con exclusividad al Presidente
de la República y POR ELLO BIEN PUEDE LA LEY DETERMINAR CUÁL SEA LA AUTORIDAD
COMPETENTE AL EFECTO. ASÍ LAS COSAS, LA LEY PUEDE IGUALMENTE DETERMINAR LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIDAD QUE CREE PARA TAL FUNCIÓN – ÓRGANO UNIPERSONAL
O PLURIPERSONAL”.
5.5.
Finalmente, en cuanto al artículo 17 y los parágrafos de los
artículos 18 y 19 del proyecto de ley en estudio, sostiene el informe que lo
que pretende el legislador es crear un Tribunal de Ética adscrito al Ministerio
de Educación por su vinculación al Consejo Nacional de Bibliotecología, sin
usurpar las funciones y las iniciativas legislativas, tal como lo ha entendido
el Gobierno, el cual no reconoce que el proyecto desarrolla fines que
constitucionalmente se le asignan al mencionado ministerio y que han sido
examinados en diversas oportunidades por la Corte Constitucional.[31]
6.
INTERVENCIÓN CIUDADANA
6.1.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
La Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio realizó las siguientes consideraciones
frente al proyecto de ley estudiado:
Expresa que el
artículo 8 del proyecto es contrario a lo previsto en el inciso 2 del artículo
154 de la Carta Política, según el cual las leyes que expida el Congreso de la
República que determinen o modifiquen la estructura administrativa del Estado
en el orden nacional, sólo podrán ser expedidas a iniciativa del gobierno.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que el proyecto pretende retomar lo dispuesto inicialmente
en la Ley 11 de 1979 al adscribir el Consejo Nacional de Bibliotecología al
Ministerio de Educación, de manera que determinar la interrelación que tendrá
el Consejo con otras entidades del orden nacional implica una modificación de
la estructura del sector central de la administración pública.
Finalmente,
considera que, aunque se reconoce esta atribución constitucional que tiene el
Congreso de la República para modificar la estructura de la administración,
señala que el ejercicio de la misma sólo puede concretarse mediante una ley que
sea de iniciativa del Gobierno Nacional.
6.2.
BANCO DE LA REPÚBLICA
La directora del
Departamento de Red de Bibiliotecas del Banco de la República, conformada por
la Biblioteca Luis Ángel Arango, las áreas culturales y las bibliotecas
regionales ubicadas en distintas ciudades del país, manifestó que una vez
revisado el texto del proyecto de ley, no encontraron aspectos relevantes que
en el campo de sus funciones culturales conlleven la intervención en el trámite
de revisión de constitucionalidad de las normas contenidas en el mismo.
6.3.
ICFES
La Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad expresó que “A partir de la
entrada en vigencia del decreto 2230 de 2003, todas las funciones y los temas
relacionados con el control y la suprema inspección y vigilancia de las
Instituciones de Educación Superior, fueron asumidas directamente por el
Ministerio de Educación Nacional, por lo cual, con base en la competencia
prevista en el decreto No. 5212 del 28 de diciembre de 2009, estamos remitiendo
el oficio en referencia y sus anexos al Ministerio de Educación a través de la
Dirección de Calidad para la Educación Superior, a efectos de que por ese
despacho se dispongan por competencia, las medidas que se consideren
pertinentes”.
7.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En la
oportunidad legal prevista, intervino el señor Procurador General de la Nación,
doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien estimó fundadas las objeciones
gubernamentales presentadas al proyecto de ley No. 091 de 2011 –Senado-, 047 de
2010 –Cámara-, ““por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta
el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras
disposiciones”. Como fundamento de esta solicitud expuso los
siguientes argumentos:
7.1.
En primer lugar, considera importante establecer si los artículos
objetados existían o no en el texto del proyecto ya que el Presidente en su
escrito afirma que los mismos no fueron avalados por el Gobierno. En efecto,
señala que las normas objetadas no aparecen en el texto suscrito por los
representantes Agudelo Zapata y Rodríguez Pinzón para primer debate, el cual es
distinto al publicado en la Gaceta 1028 de 2010, en el que sí aparecen los
artículos.
7.2.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que existen dos hipótesis
contrapuestas, el Ministerio Público solicita a la Corte que tome las medidas
necesarias para esclarecer el asunto, pues es necesario determinar si el
Gobierno conoció de los artículos o no. Lo anterior, en virtud de la
modificación a la estructura de la administración pública que dichas normas
implican.
7.3.
En segundo lugar, y sin perjuicio de la incertidumbre del aval
otorgado por el gobierno a las normas acusadas, el Ministerio Público advierte
que en el concepto rendido por la Ministra de Educación al Presidente de la
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes[32]
no se dice nada acerca de los artículos objetados, ni existe manifestación
alguna que permita asumir que éstos estuvieran dentro del texto del proyecto.
7.4.
De otra parte, resalta que la comisión correspondiente del Congreso
de la República, al insistir en la exequibilidad del proyecto, nada dice sobre
el aval del gobierno a los artículos objetados, sino que se limita a indicar
que el proyecto no modifica la estructura de la administración pública.
En virtud de
lo anterior, concluye que por “tratarse de normas que modifican la
estructura de la administración pública que no fueron de iniciativa del
Gobierno Nacional y no existe evidencia de que el mismo las hubiese avalado en
su proceso de formación, se concluye que los artículos 8, 9, 17, 18 y 19 del
proyecto sub examine efectivamente vulneran los artículos 150.7 y 154
Superiores”.
8. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
8.1.
COMPETENCIA
Esta
Corporación es competente para conocer de las  objeciones gubernamentales por
inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República contra el
proyecto de ley No. 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual
se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de
Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con
lo previsto en los artículos 167 y 241-8 de la Constitución Política.
Tal como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, “el examen de forma en el marco de unas
objeciones presidenciales debe limitarse al trámite de las objeciones mismas y
no al trámite de la ley objetada[33]. El procedimiento de aprobación de la
ley queda abierto, por tanto, a las acciones de inconstitucionalidad por vicios
de forma que puedan presentarse dentro del año siguiente a su promulgación[34].”[35]
8.2.
EL TRÁMITE DE LAS
OBJECIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
8.2.1.
Oportunidad de las
objeciones
8.2.1.1.
Como se reseñó anteriormente, el proyecto de ley de la
referencia fue discutido y aprobado en primer debate en la
sesión de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, realizada el día 3 de mayo de 2011.[36]
Posteriormente, el proyecto fue discutido y aprobado en la sesión plenaria de
la Cámara de Representantes que tuvo lugar el 3 de agosto de 2011, según consta
en el Acta No. 78 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 739 del 3 de octubre de 2011. Por su parte, la Comisión Sexta del
Senado discutió y aprobó el proyecto en primer debate durante la sesión del 16
de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 13 de esa fecha,
que aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 129 del 29 de marzo de
2012, y luego fue aprobado en la sesión plenaria de esa cámara realizada el
15 de diciembre de 2011, según consta en el Acta No. 30 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 53 del 8 de marzo de 2012.
8.2.1.2.
Como también se dijo previamente, a través
de oficio datado el 30 de abril de 2012, recibido en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República el 2 de mayo de ese
mismo año, el Secretario General de la Cámara de Representantes remitió el
proyecto de ley al Presidente de la República para su sanción ejecutiva.
8.2.1.3.
Mediante oficio recibido el 16 de mayo de
2012, el proyecto de ley fue devuelto por el Gobierno Nacional al
Presidente de la Cámara de Representantes, sin la correspondiente sanción
ejecutiva, por objeciones de inconstitucionalidad.
8.2.1.4.
De conformidad con el artículo 166 de la Constitución
Política, el Gobierno tiene diez (10) días hábiles y completos[37] para devolver con
objeciones cualquier proyecto que tengan entre veintiún y cincuenta artículos.
El proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-
tiene cincuenta (50) artículos, por lo que en aplicación del precepto
constitucional, el Gobierno tenía hasta diez (10) días hábiles para presentar
objeciones.
8.2.1.5.
El proyecto de ley fue recibido en la Presidencia de la
República el 2 de mayo de 2012. Como se trata de días
completos, el término de 10 días debía comenzar a contarse a partir del 3 de
mayo. El lapso para la presentación de las objeciones vencía el 16 de mayo,
cumpliéndose de esa manera con lo establecido en el artículo 166 Superior, pues
precisamente las mismas fueron recibidas en la Presidencia de la Cámara de
Representantes el 16 de mayo de 2012.
8.2.1.6.
Igualmente, en
cumplimiento de lo anterior y estando dentro del término constitucional, en esa
fecha la Presidencia de la República publicó el
proyecto objetado en el Diario Oficial No. 48.432 del 16 de mayo de 2012.
8.2.1.7.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte
concluye que las objeciones gubernamentales al proyecto de ley de la referencia
fueron oportunamente presentadas y publicadas.
8.2.2.  Trámite de discusión
y aprobación de las objeciones.
8.2.2.1.   Tal
como ya se mencionaba, el texto de las objeciones fue recibido en la
Presidencia de la Cámara de Representantes el 16 de mayo de
2012.
8.2.2.2.
Por designación de las mesas directivas de Senado y Cámara,
la comisión accidental encargada de hacer el estudio y emitir concepto sobre
las objeciones gubernamentales estuvo conformada por el senador Jorge Eliécer Guevara y los representantes Buenaventura León León e
Iván Darío Agudelo Zapata.
8.2.2.3.
La publicación del informe de objeciones gubernamentales al
proyecto de ley de la referencia en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes, se hizo en las Gacetas del Congreso números 381
del 19 de junio de 2012 y 372 del 14 de junio de 2012,
respectivamente.
8.2.2.4.   El
anuncio de la votación del informe de las objeciones presidenciales en la
Cámara de Representantes se hizo en la sesión plenaria del día 14 de junio de 2012. Así
consta en el acta 132 de esa
misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 641 del 25 de septiembre
de 2012. El texto del anuncio es el siguiente[38]:
“Señor Presidente se anuncian los siguientes proyectos con la Sesión
Plenaria del día 19 de junio del 2012 o para la siguiente Sesión
Plenaria para lo cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos
(…)Proyecto de ley número 047 de 2010 Cámara, 091 de 2011 Senado”
Y al finalizar la sesión se lee:
“Muy bien, por consiguiente se levanta la Plenaria y se convoca para
el próximo martes 19 de junio a las 2 de la tarde.”
8.2.2.5.   El
informe de objeciones presentado ante la Cámara de Representantes fue aprobado
en la siguiente sesión, martes 19 de junio de 2012, tal como consta en
el acta No. 133 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 542 del 23 de agosto de 2012[39].
Según certificación expedida por la Secretaria General de la Cámara de
Representantes, el informe fue “aprobado por las mayorías que exige la
Constitución y la ley, (…) en votación nominal (…), de la siguiente manera: Por
el Sí: 97 Por el No: 1”[40].
Dicha aprobación se dio en los siguientes términos:
“La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Informe de objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 047
de 2010 Cámara, 091 de 2011 Senado, por la cual se modifica la Ley 11 de 1979,
se adopta el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecólogo y se dictan
otras disposiciones.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria
Muñoz:
¿Este proyecto requiere mayorías calificadas, señor Secretario?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Votación nominal, señor Presidente.
Por todo lo anterior, rechazamos las objeciones al Proyecto de ley
número 047 de 2010 Cámara y 091 de 2011 Senado, presentadas por la Presidencia
de la República.
Firman: Buenaventura León, Iván Darío Agudelo Zapata.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria
Muñoz:
Al ser rechazadas, ¿está el doctor Iván Agudelo para sustentarlas
o algún miembro de la Comisión Sexta de Bibliotecólogos?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
El doctor Buenaventura León.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria
Muñoz:
Tiene el uso de la palabra Buenaventura León.
Palabras del honorable Representante Buenaventura León León:
Gracias señor Presidente. El Gobierno Nacional ha objetado el
presente proyecto de ley, no en su totalidad sino en 4 artículos, y considera
el Gobierno que el Congreso excedió su potestad o su facultad legislativa, en
razón a que en esos 4 artículos tocó el tema de la estructura del Estado y que
esta es una facultad que de conformidad con el artículo 152 de la Constitución
Política, corresponde solamente adelantar estos trámites a iniciativa del
Ejecutivo.
Sin embargo, como lo hemos planteado en el rechazo de las
objeciones, lo que ha hecho el Congreso a través de la ley, es modificar
algunos elementos de esa estructura sin que la esté afectando. Esto ya estaba
aprobado por una ley de la República, la Ley 11 de 1979, y lo que ha hecho el
Congreso es recomponer sin afectar y sin inmiscuirse en la estructura, que si
sería un tema que solamente se podría ocupar el Congreso a iniciativa del
Ejecutivo.
Por lo tanto, solicito a la Plenaria que rechacemos las objeciones
porque de ninguna manera estamos afectando la estructura, y esta es una
objeción parcial solamente sobre 4 artículos, donde se están tocando los temas
de composición del Consejo Nacional de Bibliotecología. Gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria
Muñoz:
Señor Secretario, sírvase abrir el registro.
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Se abre el registro.
Votando Sí, se aprueba el informe y el proyecto iría a la Corte
Constitucional, si se vota No, queda archivado.
La Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Se retira el voto manual del Representante Jairo Hinestroza,
porque lo hizo electrónicamente.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria
Muñoz:
Secretario cierre votación e informe el resultado
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Se cierra el registro electrónico y el resultado de la votación es
el siguiente.
Por el Sí 97.
Por el No 1.
Ha sido votado nominalmente este informe de objeciones con el
resultado anunciado por la Secretaría.”[41]
8.2.2.6.   El
anuncio de la votación del informe de las objeciones gubernamentales en el
Senado de la República se hizo en la sesión plenaria del día 19 de junio de
2012. Así consta en el acta No. 57 de esa misma fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 416 del 10 de julio de 2012. El texto del
anuncio es el siguiente:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el
Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí, señor. Señor Presidente, por su instrucción para anunciar los
proyectos de ley para debatir y votar en la siguiente sesión plenaria.
Con Informe de Objeciones:
Proyecto de ley número 91 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara, por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones.”
8.2.2.7.   El
informe de objeciones presentado ante el Senado de la República fue aprobado
debidamente[42]
en sesión del 20 de junio de 2012, tal como consta en el acta No. 58
de la misma fecha, publicada en Gaceta No. 417 del 10 de julio de 2012.
La aprobación del informe se realizó en los siguientes términos:
“Proyecto de ley número 91 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara, por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión De Bibliotecología y se dictan otras
disposiciones.
Por Secretaría se da lectura al Informe para Segundo Debate,
presentado por la Comisión Accidental designada por la Presidencia, para
estudiar las objeciones formuladas por el Ejecutivo al Proyecto de ley
número 91 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara, por la cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el código de ética de la profesión de bibliotecología
y se dictan otras disposiciones.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el informe en
el cual se declaran infundadas las objeciones formuladas por el Ejecutivo al Proyecto
de ley número 91 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara y, cerrada su
discusión, indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a
su votación en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar
el registro electrónico e informar el resultado.
Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí:          72
Por el No:        01
Total:               73 Votos
(…)
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de Objeciones
presentado por la Comisión Accidental al proyecto de ley número 91 de 2011
Senado, 047 de 2010 Cámara.
Aprobado 20 de junio de 2012”
8.2.2.8.   La
Corte Constitucional encuentra que los informes sobre las objeciones
gubernamentales fueron votados de conformidad con las mayorías absolutas
exigidas, dado que tanto en Senado como en Cámara contaron con el voto
favorable de la mayoría de sus integrantes. Lo anterior de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte, conforme a la cual para la aprobación de los
informes sobre las objeciones presidenciales en las plenarias de las cámaras
legislativas es necesario contar con mayoría absoluta. “Dicha tesis fue
adoptada en Sentencia C-069 de 2004, cuando la Corte sostuvo que la mayoría
absoluta se imponía en vista de que el proyecto objetado era devuelto a las
Plenarias para “segundo debate”, lo cual imponía los requisitos propios de
dicho trámite (art. 167 C.P.)[43].”
[44] La posición
anterior fue reiterada en las sentencias C-985 de 2006[45] y C-1040 de 2004[46]
8.2.2.9.   Así
mismo, la Corte encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos para el anuncio de la votación. Ciertamente, al respecto, el artículo
8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.”
De acuerdo con
la anterior disposición, y con la interpretación que de ella ha hecho la
jurisprudencia, el anuncio a que ella se refiere persigue evitar la votación
sorpresiva de los proyectos de ley, en aras de garantizar que el Congreso sepa
de antemano el contenido de los asuntos que serán objeto de decisión en las
sesiones subsiguientes[47].
Según la Corte, la finalidad del anuncio es  “permitir a los Congresistas
saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones
presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de
los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones
intempestivas”[48].
Así mismo, la Corte ha explicado que el anuncio “facilita a los ciudadanos y
organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la formación de la
ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política
(Artículo 40 C. P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo
cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 C.P.)”[49]
La Corte ha
señalado que del contenido artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003  se
desprende que los requisitos del anuncio son los siguientes:
1.
El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
2.
El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en
una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del
proyecto.
3.
La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo
menos, determinable.
4.
Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella
para la cual ha sido anunciado. [50]
En el caso que ocupa su atención, la Corte encuentra que los anuncios
hechos para la votación de las objeciones gubernamentales cumplieron con los
requisitos señalados.
8.2.2.10.
Como se dijo, el informe sobre las objeciones presidenciales fue
aprobado en Cámara el 19 de junio de 2012 y en Senado el 20 de junio de 2012.
Dado que el texto del informe es idéntico, la Corte encuentra cumplido el
requisito de la coincidencia bicameral, impuesto por el artículo 167
constitucional.
“Art. 167
(…) Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional.
En tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a
la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes
decida sobre su exequibilidad”.
La norma
superior exige coincidencia en la posición congresual respecto de las
objeciones presidenciales, por lo que este requisito también se entiende
cumplido.
8.2.2.11.
La jurisprudencia constitucional también ha indicado que el Congreso
debe tramitar las objeciones gubernamentales en un lapso inferior a dos
legislaturas, en concordancia con la exigencia prevista en el artículo 162
constitucional, que confiere el mismo término para la tramitación del proyecto
de ley. Sobre el particular, la Corte ha sostenido:
“La
doctrina constitucional establecida por esta Corporación en relación con el
límite temporal que tienen las Cámaras para la presentación de las insistencias
a las objeciones que presente el Presidente de la República a un proyecto de
ley, ha precisado que el término con el que cuenta el Congreso de la República
para pronunciarse sobre las objeciones presidenciales no puede ser en ningún
caso superior al término con el que cuenta para la formación de la ley. En ese
sentido, expresó la Corte en reciente sentencia que ‘[d]e conformidad con el
artículo 162 superior las objeciones presidenciales a un proyecto de ley deben
estimarse o desestimarse por el Congreso dentro de dos legislaturas. Término
que debe computarse en forma adicional al de las dos primeras legislaturas que
tuvo el Congreso para expedir el texto que fue objetado por el Presidente. En
síntesis, una interpretación extensiva del artículo 162 de la Constitución
permite afirmar que el Congreso tiene como máximo dos legislaturas para hacer
una ley, y máximo dos legislaturas adicionales para pronunciarse sobre las
objeciones que formule el Gobierno Nacional’[51].”[52]
Las objeciones
presidenciales al proyecto de la referencia fueron publicadas en el Diario
Oficial número 48.432 del 16 de mayo de 2012.
Los informes sobre las objeciones presidenciales fueron aprobados por Cámara y
Senado los días 19 y 20 de junio de 2012, respectivamente. Los informes
fueron recibidos en la Corte Constitucional el 12 de julio de 2012. Todo
lo anterior indica que la insistencia del Congreso se produjo en menos de dos
legislaturas, por lo que dicho requisito se encuentra cumplido.
8.2.2.12.
Como último punto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha estimado que “la insistencia del Congreso respecto de las
objeciones presidenciales debe cumplir un mínimo de sustentación argumentativa.
Sin que sea necesario agotar una labor de convencimiento exhaustiva acerca de
las razones que llevan al Congreso a discrepar del Gobierno, la Corte ha dicho
que no puede adelantar un estudio de constitucionalidad adecuado si las Cámaras
no aportan elementos de juicio mínimos que permitan evidenciar una oposición
jurídica entre el Congreso y el Presidente”[53]. Así pues, pasa la Sala
a verificar si este requisito de procedibilidad, relativo a que la insistencia
del Congreso se soporte en un mínimo de sustentación, se encuentra cumplido en
esta oportunidad.
En este caso,
la Corte estima que respecto de las objeciones aducidas por el Gobierno en
contra del proyecto de ley N° 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el código de
ética de la profesión de bibliotecología y se dictan otras disposiciones”,
la insistencia del Congreso se fundamenta en una argumentación clara y
suficiente sobre las razones por las que considera infundadas las objeciones
del Gobierno contra el proyecto de ley en estudio.
Ciertamente,
en lo que se refiere a la insistencia del Congreso respecto de la objeción, la
Corte cuenta con elementos de juicio para verificar que existe una verdadera
oposición entre el Congreso y el Gobierno, jurídicamente sustentada, en lo
relativo a la constitucionalidad de estas disposiciones. En efecto, el
Gobierno considera que (i) la iniciativa vulnera el artículo 154 de
la Carta Política, por cuanto el artículo 8 del proyecto implica una
modificación de la estructura de la administración al incluir al Ministerio de
Educación Nacional en el Consejo Nacional de Bibliotecología, competencia
exclusiva del Gobierno, y (ii) que el mismo reproche se debe hacer al
artículo 17 del proyecto, en la medida que la creación del Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología, adscrito al Ministerio de Educación, constituye un
desconocimiento de la competencia privativa del Gobierno para estos asuntos.
Por su parte, el
Congreso sostiene que tanto la ley[54]
que creó el Consejo Nacional de Bibliotecología como un organismo adscrito al
Ministerio de Educación, como la que excluyó a esta última entidad del mismo[55], son leyes
ordinarias, situación que les permite concluir “que mediante otra ley de
carácter ordinario, que es el caso del proyecto 047 de 2010 Cámara y 091 de
2011 Senado, agregando a lo anterior y como ya dijimos la creación de este
Consejo no es ajeno a los mismos fines del Ministerio de Educación, y es que es
obligación el control y la vigilancia de las profesiones que se deben
certificar por competencias y capacitación académica en entes universitarios”.
Igualmente,
sostiene que la creación de un Tribunal de Ética adscrito al Ministerio de
Educación por su vinculación al Consejo Nacional de Bibliotecología, no
pretende usurpar las competencias del Gobierno sino que la misma, se ajusta a
los fines que constitucionalmente se le han asignado al citado ministerio.
Así las cosas,
la Corte encuentra acreditado el requisito de que la insistencia del Congreso
se soporte en un mínimo de sustentación argumentativa. En tal virtud, pasa a
hacer el examen material de las objeciones.
8.3.
ANÁLISIS MATERIAL DE LAS OBJECIONES GUBERNAMENTALES PRESENTADAS
AL PROYECTO DE LEY No. 091 DE 2011 –SENADO-, 047 DE 2010 –CÁMARA-, “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 11 DE 1979, SE ADOPTA EL CÓDIGO DE
ÉTICA DE LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECOLOGÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
8.3.1.
El problema jurídico que debe estudiar la Corte
Como ya se
exponía, el Gobierno Nacional objetó los artículos 8, 9, 17, 18 y 19 del
proyecto de ley de la referencia por considerarlos violatorios del artículo 154
Superior, fundando su objeción en que la vinculación del
Ministerio de Educación al Consejo Nacional de Bibliotecología y al Tribunal de
Ética, implica una modificación de la estructura de la administración, lo cual
requería, al menos, del aval del Gobierno, pues de conformidad con la Carta
Política, la iniciativa en esta materia es privativa del éste.
El Congreso
responde a estas objeciones afirmando que la vinculación del Ministerio de
Educación al Consejo Nacional de Bibliotecología es posible mediante ley
ordinaria, teniendo en cuenta que con ello se está dando cumplimiento a los
fines del Ministerio de Educación, tales como el control y la vigilancia de las
profesiones, sin que ello implique una usurpación de competencias legislativas.
Por su parte, la vista fiscal respalda las
objeciones del Gobierno y advierte que en el concepto rendido por la
Ministra de Educación al Presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes, no se dice nada acerca de los artículos objetados, ni existe
manifestación alguna que permita asumir que éstos estuvieron dentro del texto
del proyecto presentado por el Gobierno. Por lo tanto, al implicar una modificación
en la estructura de la administración y no ser iniciativa del Gobierno ni tener
su aval, asegura que los artículos objetados son inconstitucionales.
Se observa
entonces que la objeción presentada por el Gobierno se sustenta en la supuesta
vulneración del artículo 154 de la Constitución Política.
Así las cosas,
la Sala Plena deberá examinar si la inclusión de funcionarios
del Estado en el Consejo previsto en el artículo 8 en
estudio, implica una modificación de la estructura de la administración.
En caso afirmativo, deberá determinar si podía el legislador
ejercer esa facultad de manera autónoma, es decir, sin contar con la iniciativa
o aval del Gobierno, o por el contrario, si ello vulnera el mandato del
artículo 154 de la Constitución
8.3.2.
Análisis de la competencia del Congreso de la República en
materia de estructura de la administración nacional. Reiteración de
jurisprudencia
8.3.2.1.
De conformidad con el artículo 114 de la
Carta Política, al Congreso de la República, como representante de la rama
legislativa del poder público, le corresponde, dentro de sus funciones, hacer
las leyes.  En esta medida y en ejercicio de dicha facultad, el legislador es
el titular de la llamada “potestad organizatoria cuya manifestación
primordial es la formulación del modo de ser y de actuar de una determinada
organización administrativa, en sus elementos configurativos y en el conjunto
de éstos[56]”.[57]
8.3.2.2.
En particular, el artículo 150 de la
Constitución, en su numeral 7, dispone que le corresponde al Congreso “determinar
la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y
estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así
mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales
del estado y sociedades de economía mixta”.
En relación
con esta atribución del Congreso, la Corte ha
precisado que al legislador le corresponde tanto la
determinación de la estructura de la administración nacional, como la de sus
elementos definiendo así las tipologías de las entidades y organismos que la
conforman y sus interrelaciones respectivas.[58] Aunado a lo anterior, se ha dicho que
“también corresponde al Congreso de la República la creación de los
distintos organismos y entidades y la definición, respecto de cada uno de
ellos, de sus objetivos generales y de la correspondiente estructura orgánica y
dentro de ella la previsión de las relaciones entre órganos y elementos
internos. Así mismo, asisten al Congreso las consecuentes potestades de
fusión, transformación y supresión de los organismos que él mismo crea[59]”[60].
Ahora bien, este Tribunal ha considerado que la función de
determinar la estructura de la administración nacional, no comprende únicamente
la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, “‘sino
que comprende proyecciones mucho más comprensivas que tienen que ver con el
señalamiento de la estructura orgánica de cada uno de ellos, la precisión de
sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos
para fines del control’[61], así como también ‘regular los asuntos
relacionados con el régimen jurídico de los trabajadores, con la contratación y
con las materias de índole presupuestal y tributario, entre otras’.[62]”[63]
En igual forma, en desarrollo de esta misma función, el Congreso también se
encuentra habilitado para fijar las características de los órganos creados,
esto es, para establecer “la independencia administrativa, técnica y patrimonial
de ciertas agencias estatales, con o sin personería jurídica, para modificar
sus características y aun para suprimirlas”.[64]
8.3.2.3.   Sin
perjuicio de lo anterior, la facultad conferida por el citado numeral 7° del
artículo 150 Superior al Congreso de la República, no se ejerce de manera
autónoma en la medida que es necesario que el Gobierno, en virtud de lo
preceptuado en el artículo 154 de la Carta Política, participe en la expedición
o reforma de leyes relacionadas con la estructura de la administración
nacional, por cuanto la iniciativa legislativa en esta materia es exclusiva de
aquél.[65].
Para
desarrollar este punto, es imperioso precisar que tanto a nivel doctrinal como
jurisprudencial se ha entendido por iniciativa legislativa, la capacidad
constitucional de determinados funcionarios o grupos de ciudadanos de presentar
proyectos de ley o de acto legislativo para activar la función legislativa.[66] En la
sentencia C-840 de 2003, se indicó que “la iniciativa legislativa es la facultad
atribuida a diferentes actores políticos y sociales para que concurran a la
presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República con el fin de
que éste les imparta el trámite constitucional y reglamentario correspondiente”.
De manera que,
aunque las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta
de sus integrantes, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el
artículo 156 o por iniciativa popular, el inciso segundo del artículo 154
Superior[67]
prevé las materias en las que la iniciativa está reservada exclusivamente al
Gobierno, como es el caso del artículo 150-7.
En ese
sentido, el Gobierno Nacional cuenta con iniciativa legislativa en todas las
materias y exclusiva en las materias que aparecen relacionadas en el
segundo inciso del artículo 154 constitucional, es decir, para las leyes que:
aprueben el Plan Nacional de Desarrollo e inversiones públicas; las que
determinan la estructura de la administración nacional y crean, suprimen o
fusionan ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional; las que
reglamenten la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales;
las que crean o autorizan la constitución de empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta; las que concedan
autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y
enajenar bienes nacionales; las que establezcan rentas nacionales y fijen los
gastos de la administración; las que organicen el crédito público; las que
regulen el comercio exterior y el régimen de cambios internacionales; las que
fijen el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública; las relacionadas con el Banco de
la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva;
las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las
mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas
industriales y comerciales y, finalmente, las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales.
8.3.2.4.   Ahora
bien, en relación con el ejercicio de esta potestad exclusiva del Gobierno, la
Corte ha establecido que no es indispensable que se manifieste en la
presentación inicial del proyecto ante el Congreso “sino que también puede
ser expresada mediante el consentimiento o aquiescencia que el Ejecutivo
imparte a los proyectos que, en relación con esas mismas materias, se estén
tramitando en el órgano legislativo aún cuando no hayan sido presentados por el
Ejecutivo”.[68]
Es decir, el
Gobierno tiene la facultad para apoyar los proyectos de ley de iniciativa
reservada que no hayan sido presentados por él.[69] Sobre este punto ha
sostenido esta Corporación:
“...la
iniciativa legislativa gubernamental no se circunscribe al acto de la mera presentación
del proyecto de ley como en principio pareciera indicarlo el artículo 154
Superior. En realidad, teniendo en cuenta el fundamento de su consagración
constitucional, cual es el de evitar que se legisle sin el conocimiento y
consentimiento del Ejecutivo sobre materias que comprometen aspectos propios de
su competencia, dicha atribución debe entenderse como aquella función pública
que busca impulsar el proceso de formación de las leyes, no sólo a partir de su
iniciación sino también en instancias posteriores del trámite parlamentario.
Entonces, podría sostenerse, sin lugar a equívocos, que la intervención y
coadyuvancia del Gobierno Nacional durante la discusión, trámite y aprobación
de un proyecto de ley de iniciativa reservada, constituye una manifestación
tácita de la voluntad legislativa gubernamental y, desde esa perspectiva, tal
proceder se entiende inscrito en la exigencia consagrada en el inciso 2° del
artículo 154 de la Constitución Política. A este respecto, y entendido como un
desarrollo del mandato previsto en la norma antes citada, el parágrafo único
del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el reglamento del
Congreso, es claro en señalar que: ‘el Gobierno Nacional podrá coadyuvar
cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Congreso cuando la
circunstancia lo justifique’, y que ‘La coadyuvancia podrá efectuarse antes de
la aprobación en las plenarias’.”[70]
8.3.2.5.   Bajo
esas consideraciones, puede entenderse que tanto el consentimiento otorgado por
el Gobierno a un proyecto de ley cuya iniciativa sea privativa, como la
participación activa de éste en el proceso formativo del mismo, subsanan la
vulneración de la iniciativa legislativa reservada de conformidad con el
artículo 154 superior. Dicho consentimiento, en estos casos, se expresa
mediante la figura que jurisprudencialmente se ha denominado “aval del
Gobierno”.
De conformidad
con la jurisprudencia, el aval puede otorgarse:
(i)
Expresamente. Aunque no existe una fórmula sacramental para
manifestarlo, el consentimiento debe encontrarse probado dentro del trámite
legislativo[71].
(ii)
Tácitamente, cuando no existe una prueba escrita del aval dado por el
Gobierno a una determinada disposición durante el trámite legislativo, evento
en el cual, se tendrá en cuenta la mención que al respecto se haya hecho en las
ponencias respectivas. Por ejemplo, se ha entendido que se ha otorgado el aval
cuando en el expediente legislativo consta la presencia del Ministro en la
sesión correspondiente y no existen en dicho trámite elementos que contradigan
el otorgamiento del aval[72].
8.3.2.6.   Por
otro lado, respecto de quién debe otorgar el aval, la Corte ha sostenido que
éste sólo puede ser concedido por los ministros o por quien haga sus veces,[73] y siempre y
cuando sus funciones tengan alguna relación temática o conexión con el proyecto
de ley. Adicionalmente, este Tribunal ha dicho que la coadyuvancia debe
presentarse ante la cámara donde se esté tramitando y manifestarse antes de la
aprobación del proyecto en las plenarias.[74]
8.3.2.7.
Ahora bien, respecto de la iniciativa legislativa reservada al
Gobierno, en la sentencia C-177 de 2007 se distinguieron cuatro posibles
situaciones controversiales:
(i)
“que un proyecto de ley que haga referencia a dichas materias sea
presentado por el ministro o por quien haga sus veces ante el Congreso, caso en
el cual se daría estricto cumplimiento a lo previsto en el mencionado precepto,
(ii)
que un proyecto de ley referido en su totalidad a asuntos sujetos
a la reserva en materia de iniciativa legislativa haya sido presentado por un
congresista o por cualquiera de los actores sociales o políticos
constitucionalmente facultado para ello, distinto al Gobierno;
(iii)
que a un proyecto de ley, el cual originalmente no versa sobre
las materias sujetas a iniciativa reservada y que por lo tanto no ha sido
presentado por el Gobierno, durante el trámite legislativo se le incluyen
preceptos sobre materias contempladas en el inciso segundo del artículo 154
constitucional y, finalmente,
(iv)
que a un proyecto con iniciativa reservada, presentado por el
Gobierno, en el curso del debate legislativo se le incluyan modificaciones que
tengan origen en propuestas presentadas por congresistas”.
El primer
evento, a simple vista no generaría controversia, ya que se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 154 Superior. En los restantes, se generarían dudas
sobre la constitucionalidad del proyecto y la posible existencia de un en un
vicio de forma que acarrearía su declaratoria de inexequibilidad.
De conformidad
con la jurisprudencia constitucional, “en los eventos segundo y tercero se
requiere el aval del Gobierno, el cual debe ser otorgado de conformidad con lo
señalado anteriormente[75];
en la cuarta situación, es decir, cuando en un proyecto que trata de una
materia de iniciativa reservada, presentado originalmente por el Gobierno ante
el Congreso, se introducen modificaciones que tengan origen en las propuestas
de los congresistas, el aval no siempre es indispensable. En efecto, en esta
última situación se ha distinguido entre aquellas modificaciones que alteran
sustancialmente la iniciativa gubernamental, caso en el cual deben contar con
el aval del Gobierno[76],
de las adiciones, supresiones o modificaciones que no tienen tal alcance, las
cuales no requieren aval[77]”.[78]
8.3.2.8.
Finalmente, ha concluido esta Corporación que en los casos en los
que se apruebe un proyecto cuya materia haga parte de aquellas descritas en el
artículo 154 de la Constitución, sin que el mismo haya sido presentado por el
Gobierno o no haya contado con su aval, aquel se encontrará viciado de
inconstitucionalidad y puede, en consecuencia, ser retirado del ordenamiento
jurídico por la Corte a través del control rogado,[79] o bien en ejercicio de
control previo de constitucionalidad, en virtud de las objeciones
presidenciales, si se determina el incumplimiento de la exigencia contenida en
el artículo 154 Superior[80].
8.3.3.
Modificación de la estructura de la
Administración. Reiteración de jurisprudencia
8.3.3.1.
En el punto anterior quedó establecido que el Congreso de la
República tiene la facultad de determinar la estructura de la administración,
de conformidad con el artículo 150-7 de la Carta Política, potestad que, para
ser ejercida, debe contar con la iniciativa gubernamental de acuerdo con el
artículo 154 Superior.
Igualmente, se
expresó que, para esta Corporación, la función de determinar la estructura de
la administración nacional no se agota con la creación de los organismos que la
integran, toda vez que comprende también el señalamiento de la estructura de
cada uno de ellos, sus objetivos, funciones y vinculación con otros órganos.
8.3.3.2.   Ahora
bien, la Corte ha señalado que la combinación de algunos elementos en la
creación de una entidad por el legislador permiten determinar si ella hace
parte de la estructura de la administración nacional, a saber:
“(i) la
voluntad expresa del legislador, (ii) la naturaleza jurídica asignada, (iii) la
autonomía de que goce, (iv) el que reciba recursos públicos o privados; (v) el
que se le asignen funciones públicas, así como la trascendencia de dichas
funciones sobre la misión básica de la entidad; y (vi) la participación de
autoridades nacionales en los órganos de dirección.”[81]
8.3.3.3.   En
aplicación de estos criterios, la Corte ha declarado la inexequibilidad de
disposiciones que, en su trámite legislativo, no contaron con la iniciativa del
gobierno o su aval y a través de ellas el legislador “(i) ha creado
entidades del orden nacional,[82]
(ii) ha modificado la naturaleza de una entidad previamente creada;[83]
(iii) ha atribuido a un ministerio nuevas funciones públicas ajenas al
ámbito normal de sus funciones;[84]
(iv) ha trasladado una entidad del sector central al descentralizado o
viceversa;[85]
(v) ha dotado de autonomía a una entidad vinculada o adscrita a algún
ministerio o ha modificado su adscripción o vinculación;[86] o (vi)
ha ordenado la desaparición de una entidad de la administración central.[87]”[88]
(Subraya fuera de texto).
En esas
ocasiones, este Tribunal ha considerado que tales disposiciones modifican la
estructura de la administración central y su constitucionalidad depende de la
participación o el aval del Gobierno.
8.3.3.4.   Con
relación a la asignación de funciones a los ministerios, aspecto de particular
importancia en esta oportunidad, en la Sentencia C-063 de 2002[89] esta Corte dijo:
“El
problema jurídico consiste en establecer si la asignación de funciones a los
ministerios y ministros pertenece o no al ámbito de la determinación de la
estructura administrativa del nivel nacional a que hace referencia el artículo
150 numeral 7 de la Constitución o si, por el contrario, hace parte de
decisiones del legislador, no vinculadas con este precepto constitucional.
En este
aspecto es preciso distinguir las funciones de las entidades y organismos
administrativos de las atribuciones de sus autoridades, lo cual se traduce,
entre otros aspectos, en la determinación de la autoridad competente para
asignarlas. Así, mientras la asignación de funciones a las entidades y
organismos públicos le compete a la ley, la asignación de funciones a las
autoridades de las entidades y organismos públicos se lleva a cabo por la ley y
por la autoridad ejecutiva.[90]
Cuando es el legislador el que efectúa la asignación de funciones a unos y
otros, atiende reglas diferentes en relación con la iniciativa para la
presentación del correspondiente proyecto de ley. De un lado, existe reserva de
iniciativa exclusiva a favor del Gobierno Nacional en los eventos en que se
presente modificación de la estructura de la administración nacional,
circunstancia que, de otro lado, no se exige cuando se trata de la asignación
legislativa de funciones a las autoridades de las entidades y organismos del
orden nacional.
De
acuerdo con lo expuesto, las leyes que asignen funciones a los ministros no
pertenecen al campo de la “determinación de la estructura de la administración
nacional” (C.P., art. 150-7), aunque naturalmente están relacionadas
estrechamente con ella; por lo tanto, la presentación de este tipo de proyectos
de ley no exige la iniciativa exclusiva a cargo del Gobierno Nacional. Por ello
se declarará infundada la objeción presidencial frente a los artículos que
asignan funciones a ministros del despacho.”
De manera que, de
conformidad con esta providencia, las leyes que asignen funciones a los
ministerios no requieren de la iniciativa gubernamental, por no modificar la
estructura de la administración nacional.
8.3.3.5.   En igual sentido,
se pronunció en la Sentencia C-889 de 2006[91]:
“Si bien el
artículo 4 precisa que el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud es un
organismo asesor, y que el parágrafo 3 del artículo 6 del proyecto reitera que
sus decisiones son de “carácter consultivo y asesor,” el ejecutivo señala que
varias de las funciones asignadas en el artículo 6 del proyecto van más allá de
la simple asesoría para adquirir un carácter obligatorio, o alterar las
funciones del Ministerio de la Protección Social, por lo cual constituyen una
modificación de la estructura de la administración nacional.
Examinado
el lenguaje empleado en el artículo 6 del proyecto, encuentra la Corte que para
la definición de las funciones señaladas en los literales a),[92] b),[93]
c),[94]
g),[95]
i),[96]
k)[97]
y l)[98]
el legislador usó los verbos y expresiones “dictar”, “recomendar”, “proponer”,
“dar concepto técnico”, y “promover” que claramente son compatibles con la
función asesora y consultora que cumple el Consejo Nacional de Talento Humano
en Salud, según lo que establece el parágrafo 3 del artículo 6 del proyecto.
Por lo que las objeciones presidenciales a estos literales y al parágrafo 3 del
artículo 6 del proyecto resultan infundadas.
Por el
contrario, el lenguaje empleado en los literales d), e), f), g), h), y j), en
los cuales el legislador utilizó las expresiones “definir”, “escoger”, “establecer”,
“participar”, y “concertar”, no son compatibles con la función meramente
asesora y consultiva del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Estos
literales dicen lo siguiente:
(…)
Estas
funciones, así enunciadas y configuradas, implican la adopción de una decisión,
la definición de un elemento de la política o, la designación de un
funcionario, lo que corresponde al ámbito de funciones propias del Ministerio
de la Protección Social. Por lo cual, la asignación de estas funciones al
Consejo Nacional de Talento Humano en Salud sí constituye una modificación de
la estructura de la administración nacional para la cual se requería de la
iniciativa o el aval del gobierno.
Dado que
tales modificaciones son de iniciativa parlamentaria y no contaron con el aval
del gobierno, tal como consta en el expediente legislativo, se desconoció lo
previsto en los artículos 154, inciso 2 y 150, numeral 7 de la Carta, por lo
cual las objeciones presidenciales a las funciones definidas en los  literales
d), e), f), g), h), y j) del artículo 6 del Proyecto de Ley No. 024 de 2004
Senado, 404 de 2005 Cámara resultan fundadas.
En este entendido,
si las funciones asignadas al nuevo organismo son compatibles con las del
ministerio al que se adscribe, no se modifica la estructura de la
administración nacional y por tanto, no requieren iniciativa o aval del
gobierno.
8.3.3.6.   Así las cosas,
recordada la doctrina aplicable al asunto bajo estudio, relacionada con los
criterios fijados por esta Corporación para determinar si hay modificación de
la estructura de la administración, por ejemplo, cuando el legislador crea una
entidad del orden nacional o atribuye funciones a un ministerio ajenas al
ámbito normal de sus actividades, pasa la Corte a examinar el contenido de las
objeciones al Proyecto de Ley No. 091 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara.
8.3.4.
El contenido de las disposiciones materia
de objeción dentro del presente proceso.
Antes de indicar el contenido de las disposiciones objetadas por el
Gobierno Nacional, la Sala considera pertinente realizar un recuento histórico
de cómo surgieron estos artículos en el trámite legislativo.
8.3.4.1.   El
ejercicio de la profesión de bibliotecólogo fue reconocido mediante la Ley 11
de 1979. En aquella oportunidad, el legislador creó el Consejo Nacional de
Bibliotecología como un “Organismo del Gobierno adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, con funciones de vigilancia y control para el ejercicio
de la profesión de bibliotecólogo”. La composición y las funciones de este
consejo se establecieron en los artículos 6 y 7[99] respectivamente.
8.3.4.2.   Posteriormente,
en virtud del artículo 64 de la Ley 962 de 2005,[100] se suprimió la
participación del Ministerio de Educación de su representante o delegado, entre
otros, del Consejo Nacional de Bibliotecología. Al respecto, en Sentencia C-230
de 2008[101],
esta Corporación indicó:
“(…) aunque en los antecedentes legislativos de la Ley 962 de 2005 no
existe una justificación expresa de la supresión de la participación del
Ministerio de Educación Nacional en los Consejos Profesionales enunciados en su
artículo 64, las explicaciones dadas por las entidades gubernamentales
intervinientes en este proceso y la consideración general en torno a la
estructura y las funciones de los Consejos Profesionales, permiten concluir que
el propósito buscado por el legislador al suprimir esa participación fue el de
desvincular al Ministerio de Educación de unos entes cuyas funciones no
encuadran de manera clara en los cometidos propios del Ministerio, relacionados
de manera específica con la etapa formativa de las distintas profesiones para
cuyo ejercicio se requiera un título de idoneidad y no con la fase del
ejercicio profesional, cuya vigilancia y control constituye el objeto principal
de la función pública que se ha confiado a los Consejos Profesionales”.
8.3.4.3.   Finalmente, el proyecto de ley No. 047 de 2010 –Cámara-, 091
de 2011 –Senado-, tiene por objeto modificar tanto la Ley 11 de 1979 por la
cual se reconoció la profesión de Bibliotecología, como el Decreto
Reglamentario 865 de 1988 que reglamentó su ejercicio. Igualmente, persigue
ajustar los requisitos que deben cumplirse para ejercer la profesión, los
derechos, deberes, inhabilidades y prohibiciones que deben observar los
profesionales.
8.3.4.4.
La versión inicial del proyecto[102]
suprimía, en el artículo 7, el Consejo Nacional de Bibliotecología y trasladaba
sus funciones al Colegio Nacional de Bibliotecología “Ascolbi”, ya que, de
acuerdo con la exposición de motivos,[103]
el citado consejo “manifiesta una palmaria inoperancia al entrar en vigencia
la Ley 962 de 2005, que suprimió la participación del Ministerio de Educación
en el mismo, no cuenta con el quórum necesario en sus reuniones ni con el
presupuesto del Estado para su funcionamiento de acuerdo al alcance, contenido
y atribuciones que la Ley 11 de 1979 le otorgara, lo que impide que se cumplan
una serie de mandatos legales que aún se encuentran vigentes”.
8.3.4.5.
En concepto del 16 de noviembre de 2010[104],
el Ministerio de Educación encontró viable el proyecto salvo “el aparte de
elegir exclusivamente al Colegio Nacional de Bibliotecología ASCOLBI, como
entidad privada depositaria de las funciones públicas”. Sobre este punto,
manifestó:
“El anterior reparo, se hace frente a lo previsto en los artículos 7
y 8 del proyecto de Ley, pues se considera que al privilegiar a la Asociación
Colombiana de Bibliotecarios ASCOLBI, entidad que se transforma en Colegio
Nacional de Bibliotecología ASCOLBI, y se le asignan funciones públicas
relacionadas con la expedición de la tarjeta profesional de los
Bibliotecólogos, la conformación del Tribunal Nacional de Ética, llevar el
Registro Único Profesional, entre otras, puede ser violatorio del artículo 13
Superior, ya que bajo el argumento de que cuenta con el mayor número de
afiliados activos de la profesión, podría desconocer la esencia misma que en
reiterada jurisprudencia ha sostenido la Corte Constitucional, frente a que la
constitución de los Colegios de Profesionales conlleva ante todo, la
voluntariedad de los asociados para participar en esa organización, y de darse
como está planteado en el proyecto de ley sería tácitamente obligatorio
asociarse para poder obtener la Tarjeta y estar registrado como Bibliotecólogo,
requisitos sin los cuales, no se podría ejercer válidamente.
8.3.4.6.   En virtud de las anteriores observaciones, los representantes
ponentes del proyecto, luego de citar un pronunciamiento de la Sala de Consulta
del Consejo de Estado del 14 de octubre de 2004, propusieron la redacción que
hoy se estudia en los artículos 8, 9, 17, 18 y 19 del proyecto de ley
No. 047 de 2010 –Cámara-, 091 de 2011 –Senado-, objetados por el Ministerio de
Educación y la Presidencia de la República.
El artículo 8 modifica la composición del Consejo
Nacional de Bibliotecología, incluyendo, entre otros, a un representante del Ministerio de Educación.
El artículo 9 ratifica el carácter de órgano público del
Consejo Nacional de Bibliotecología y determina sus funciones. Al respecto,
cabe destacar entre ellas, las siguientes: Expedir su propio reglamento;
registrar y expedir la tarjeta profesional a quienes llenen los requisitos de
ley; vigilar y controlar el ejercicio de la profesión; organizar y conformar el
Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología y resolver sobre la suspensión
o cancelación de la tarjeta profesional a través del Tribunal Nacional de
Ética.
En el artículo 17, el proyecto de ley prevé la creación de un
Tribunal Nacional de Ética, conformado e integrado por el Consejo Nacional de
Bibliotecología, para investigar y sancionar las faltas a la ética profesional.
El artículo 18 hace referencia a las salas que integran el
Tribunal, a saber: (i) una Sala Plena que actuará como órgano de segunda
instancia en los procesos disciplinarios y (ii) una Sala Disciplinaria que
conocerá de dichos procesos en primera instancia.
Por su parte, el artículo 19 se refiere a la organización del
Tribunal de Ética y prescribe que sus miembros tendrán funciones de carácter
público.
Así las cosas, el contenido de las normas en cita se puede resumir
de la siguiente manera:
(i)
Modifican la conformación del Consejo Nacional
de Bibliotecología y lo adscribe al Ministerio de Educación, al incluir a este
último como miembro.
(ii)
Crean un Tribunal de Ética, adscrito al
Ministerio de Educación, para investigar y sancionar faltas cometidas por los
profesionales.
8.3.5.
No existe violación del artículo 154 de
la Constitución Política
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Corte debe
resolver el problema planteado en el numeral 8.3.1 en el sentido de si la
inclusión en el Consejo previsto en el artículo 8 en estudio,
del Ministerio de Educación implica una modificación de la estructura de
la administración.
8.3.5.1.
Para ello, la Corte recuerda que por
voluntad expresa del legislador, el Consejo Nacional de Bibliotecología se creó
mediante el artículo 5 de la Ley 11 de 1979 “como órgano del orden nacional”
adscrito, en ese entonces, al Ministerio de Educación.[105] Con el
proyecto objetado, el Congreso reitera tal naturaleza, la cual acorde se
expresa en los escritos de insistencia, debe analizarse dentro del marco del
artículo 26 de la Constitución, es decir, teniendo en cuenta que la finalidad
de este Consejo está dirigida a la organización, dirección, fomento, inspección
y vigilancia de una profesión legalmente constituida.
Sobre este punto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado, dentro del contenido del citado artículo 26, los siguientes
aspectos:
“i) La proclamación del derecho de toda persona a escoger, de
manera libre, profesión u oficio; ii) La potestad legal para determinar la
exigencia de títulos de idoneidad; iii) la reserva de ley respecto de las
normas básicas conforme a las cuales se ejerza la inspección y vigilancia sobre
las profesiones  iv) La previsión de que “las autoridades competentes” inspeccionarán
y vigilarán el ejercicio de las profesiones con la precisión de que las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; v) Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en Colegios cuya estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos ; vi) la previsión de que la ley podrá
asignarle a las profesiones que se organicen en Colegios funciones públicas y
establecer los debidos controles.”[106]
(Negrilla fuera de texto).
De igual forma, al analizar un caso similar en el que el Gobierno
alegaba un desconocimiento por parte del Legislativo del artículo 154 Superior
en un proyecto de ley, esta Corporación, en sentencia C-482 de 2002, estableció
las siguientes precisiones en relación con el contenido del citado artículo 26
de la Constitución:
“6.3.1. En punto a la determinación de la autoridad competente para
la inspección y vigilancia de las profesiones, debe señalarse que una
interpretación de la regla del artículo 26, en armonía con las disposiciones
que se refieren, entre otros temas a funciones de inspección y vigilancia -de
manera particular las incluidas en el artículo 189 de la Constitución-, llevan
a la conclusión de que las funciones de inspección y vigilancia sobre las
profesiones legalmente establecidas no competen con exclusividad al Presidente
de la República, y por ello bien puede la ley determinar cuál sea la autoridad
competente al efecto. Así las cosas, la ley puede igualmente determinar las
características de la autoridad que cree para tal función- órgano unipersonal o
pluripersonal-, fijar su integración (con servidores públicos o con
intervención de particulares, etc.), objetivos y funciones.
6.3.2. Ahora bien, para la Corte, el Congreso ostenta una amplia
potestad en cuanto a la conformación del órgano o entidad encargado de las
funciones respecto de las profesiones legalmente establecidas, la determinación
de las funciones y la decisión de si crea un órgano o entidad del orden
nacional, o si más bien, en desarrollo del mismo artículo 26, en concordancia
con el artículo 103 de la Constitución, atribuye la función a la asociación
profesional que se organice como Colegio Profesional en los términos que señale
la ley.
Empero, si el legislador opta por la creación de un órgano o entidad
del orden nacional, debe, en concordancia con el artículo 154 de la
Constitución, contar con la iniciativa gubernamental.” (Negrillas fuera de texto).
8.3.5.2.
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, observa la Sala lo siguiente:
8.3.5.2.1.
El proyecto no crea un órgano del
orden nacional, se recuerda que éste fue creado por la Ley 11 de 1979, sino que
ratifica que esa es la naturaleza del Consejo Nacional de Bibliotecología y
adicionalmente, incluye al Ministerio de Educación y a otros funcionarios del
Estado en el mismo.
Bajo esta consideración, a juicio de la Corte este último cambio no
implica una modificación a la estructura de la administración nacional,
toda vez que tal participación no le asigna al Ministerio funciones ajenas a su
misión.
En efecto, el legislador, con la inclusión del Ministerio de
Educación en el mencionado consejo, buscó contrarrestar la inoperancia que
generó la supresión ya mencionada, en la medida que el Consejo dejó de contar
con el quórum y el presupuesto necesario para cumplir los mandatos legales.
Igualmente, pretendió que “el ejercicio profesional de los bibliotecólogos
se ajuste a las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales
vigentes, con una Ley que permita dotar a la Bibliotecología, como profesión
legalmente reconocida en Colombia, de un ordenamiento legal unificado,
coherente y actualizado donde se funja el ejercicio de la profesión acorde a
los retos que enfrenta la comunidad profesional y la academia ante los avances
en las ciencias de la información, regulando el ejercicio eficiente y eficaz a
la altura de los tiempos”[107].
En esa medida, lo que hizo el legislador fue interpretar, acorde con
los cambios y avances informáticos y tecnológicos, el papel del Ministerio de
Educación en la prestación de dicho derecho y servicio público.
8.3.5.2.2.
En ese contexto, la Sala estima necesario
recordar que la Constitución Política, en su
artículo 67, reconoció la educación como un derecho fundamental y, además, como
un servicio público, cuya finalidad es “lograr el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Igualmente, busca formar a los colombianos en el respeto de los derechos
humanos, la paz y la democracia, entre otros.
De manera que la educación no sólo es un derecho sino un servicio de
vital importancia para la sociedad, por su estrecha relación con la
erradicación de la pobreza, el desarrollo, la formación del ser humano y la
construcción de sociedades democráticas. Al respecto, esta Corporación ha
indicado que la educación es:
“(i) una
herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo
13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades[108]; (ii)
es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la
realización de sus demás derechos fundamentales[109]; (iii)
es un elemento dignificador de las personas[110];
(iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico[111];
(v) es un instrumento para la construcción de equidad social[112], y (vi)
es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras
características[113]”.[114]
8.3.5.2.3.
La bibliotecología tiene un papel importante
en la garantía del acceso, uso y difusión de la información, y, en el fomento
de la investigación y la innovación. Por ello guarda una estrecha relación con
la educación, contribuyendo además al ejercicio de otros derechos como la
cultura y la participación política.
Como señala la doctrina, la “bibliotecología es responsable de
asegurar un variado ofrecimiento de materiales informativos y de lectura que
permitan a los sujetos la inclusión social y global, pero que al mismo tiempo
le den elementos críticos para acontecer en el mundo y construir su proyecto de
vida personal inserto en la globalidad y complejidad del mundo contemporáneo.
Igualmente, estos materiales, en conjunto con el trabajo colaborativo de
maestros y bibliotecólogos, deben propender por la formación de lectores, que
asuman la lectura no como un hábito, sino como una práctica social matizada por
la historia y la cultura, la cual permite el acceso a formas de comprensión
complejas del mundo, de la vida, del otro y de sí mismo. En esencia, la lectura
como una práctica eminentemente comunicativa en la cual la significación de un
mundo textual reconstruye, con sentido humano, la brecha que se acrecienta
entre información y formación”.[115]
8.3.5.2.4.
Así las cosas, teniendo en cuenta que (i)
las funciones del Ministerio de Educación[116],
entidad encargada de “la política nacional de educación, regular y
establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al
mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la atención
integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades” no son
completamente ajenas a las de la bibliotecología, y (ii) el
artículo 8 del proyecto de ley, se repite, no implica una modificación a
la estructura de la administración nacional, su aprobación en el Congreso no
requería de la iniciativa o del aval gubernamental.
Adicionalmente, se advierte que la integración del Consejo estaba
prevista en el artículo 6 de la Ley 11 de 1979 con la misma presencia de
funcionarios públicos en su composición, de manera que los ajustes que se
introdujeron al excluir a un representante del ICFES y precisar la
representación del gremio profesional de bibliotecólogos, no lleva consigo
ninguna modificación de la estructura de la administración nacional. En
consecuencia, para adoptar tales regulaciones el Legislador no requería de la
iniciativa o el aval del Gobierno Nacional exigido por el inciso final del
artículo 154 de la Carta para las leyes relativas a la determinación de esa
estructura.
8.3.5.2.5.Sin embargo,
para esta Sala la adscripción del Ministerio sí implica una evidente
modificación a la estructura de la administración nacional, toda vez que
este Consejo entra a formar parte de la misma con todas las consecuencias que
se derivan de ello.
Al respecto se advierte que mediante el artículo 64 de la Ley 962 de
2005, el legislador suprimió la participación del Ministerio de Educación de
los consejos profesionales, por cuanto las funciones de éstos “desbordan el ámbito puramente formativo en el que se
concentra la actividad del Ministerio de Educación”[117].
Al respecto, este Tribunal manifestó:
“En este caso se tiene que, para racionalizar, tanto la
función que debe cumplir el Ministerio de Educación, que en cuanto hace a las
profesiones y oficios se quiere circunscribir al aspecto formativo, como la
operación de los consejos profesionales -cuya actividad no se quiere dejar
supeditada a la presencia de un ente que les es funcionalmente ajeno, -criterio
de conexidad- se decide suprimir la participación del Ministerio en esos
consejos, (…)”
Bajo ese entendido, se presenta una modificación a la estructura de
la administración nacional la cual, por virtud el artículo 150-7 de la Carta,
no puede ser ejercida autónomamente sino contando con la iniciativa
gubernamental según lo dispuesto en el artículo 154 ibidem.
En este caso, del acervo que reposa en el expediente legislativo y
de las mismas manifestaciones hechas por el Gobierno, se desprende que el
proyecto, especialmente esta adscripción, no contó con la iniciativa o
aquiescencia del Ejecutivo. De manera que, al no contar dichas modificaciones
con el aval del Gobierno, ha de concluirse que la expresión “adscrito al
ministerio de Educación Nacional” contenida en el artículo 9 acusado está
afectada de inconstitucionalidad y por ello deben declararse fundadas las
objeciones del Ejecutivo
8.3.5.2.6.Finalmente,
para esta Sala, las últimas consideraciones se aplican a los artículos 17, 18 y
19, que regulan la creación y el funcionamiento del Tribunal Nacional de Ética
de la Bibliotecología.
De la redacción de dichos artículos, se crea a instancias del
Consejo Nacional de Bibliotecología, el Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología para cumplir funciones de investigación y sanción de las
conductas desplegadas por los bibliotecólogos, facultad que, como se dijo
previamente, requería del aval del Ejecutivo, toda vez que conllevan una
modificación de la estructura de la administración, al crear un nuevo organismo
que tiene la naturaleza de entidad del orden nacional con funciones públicas y
se adscribe al Ministerio de Educación por su vinculación al mencionado
Consejo. En consecuencia, estos artículos resultan igualmente contrarios al
régimen constitucional.
Con sustento en las consideraciones que anteceden, concluye la
Corte, que el artículo 8 y y a los literales a), b), c), d), e), f) e i)
del artículo 9 del proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”.
En consecuencia, declarar EXEQUIBLES las citadas normas, en relación con
los cargos de la objeción analizada en esta providencia.
Igualmente,
que la expresión “adscrito al Ministerio de Educación Nacional”, contenida en
el artículo 9 del proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”;
así como en relación con los literales g) y h) del mismo artículo 9 y los
artículos 17, 18 y 19 del proyecto objetado.  En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES
la expresión, literales y artículos mencionados, por los cargos planteados en
la objeción analizada en la presente providencia.
8.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR los términos suspendidos en la presente objeción gubernamental.
SEGUNDO.-
Declarar INFUNDADAS las objeciones gubernamentales presentadas al
artículo 8 y a los literales a), b), c), d), e), f) e i) del artículo 9 del
proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el
cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”. En
consecuencia, declarar EXEQUIBLES las citadas normas, en relación con
los cargos de la objeción analizada en esta providencia.
TERCERO.- Declarar
FUNDADAS las objeciones gubernamentales presentadas respecto de la
expresión “adscrito al Ministerio de Educación Nacional”, contenida en el
artículo 9 del proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”;
así como en relación con los literales g) y h) del mismo artículo 9 y los
artículos 17, 18 y 19 del proyecto objetado.  En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES
la expresión, literales y artículos mencionados, por los cargos planteados en
la objeción analizada en la presente providencia.
CUARTO.-
REMITIR al Congreso de la República para lo de su competencia, el
expediente respectivo incluido en esta providencia.
Notifíquese,
cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso
y cúmplase.
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-663/13
Referencia: expediente OG-144
Objeciones
gubernamentales presentadas al proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-,
047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el
Código de Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Mi
respetuosa discrepancia con la decisión de mayoría sucintamente la explico
señalando que, en mi opinión, las mismas razones que llevaron al a Corte a
acoger algunas de las objeciones gubernamentales examinadas debieron hacerse
extensivas a todas las que fueron formuladas contra los artículos 8, 9, 17, 18
y 19 del proyecto de la Ley 047/2010 Cámara y 091/2011 Senado por cuanto, a no
dudarlo, concurrían las mismas circunstancias de hecho y de derecho para
hacerlo,  dado que, como también, el ministerio público lo advirtió, resulta
evidente el desconocimiento de la regla constitucional contenida en el artículo
150 de la Carta en vista de que las enmiendas propuestas en dichas normas, en
mayor o menor medida, entrañan la modificación de la estructura de la
administración pública nacional y el proyecto no contó ni con la iniciativa ni
con el aval del gobierno nacional que en tal caso era presupuesto indispensable
para la validez del trámite legislativo.
Fecha ut
supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
[1]
Folios 533 a 548 del cuaderno principal.
[2]
Folios 3 y 4 del cuaderno de pruebas No. 2
[3]
Folio 36 reverso del cuaderno de pruebas No. 2.
[4] Folios
22 a 26 del cuaderno de pruebas No. 2
[5] Folio 108 del cuaderno principal.
[6]
Folios 112 a 131 del cuaderno principal.
[7]
Folio 294 del cuaderno principal.
[8] Folios
7 a 15 del cuaderno de pruebas No. 4.
[9]
Folios 207 a 208 del cuaderno principal.
[10] Folio 37 del cuaderno de
pruebas No. 4.
[11] Folios 17 a 34 del
cuaderno de pruebas No. 4.
[12] Cfr.
Folio 43 del cuaderno de pruebas No. 4.
[13]
Folio 218 del cuaderno principal.
[14]
Gaceta 227 del 11 de mayo de 2012 a folio 40 del cuaderno de
pruebas No. 1.
[15]
Folio 56 del cuaderno de pruebas No. 4.
[16]
Gaceta 276 del 25 de mayo de 2012 a folio 70 del cuaderno de
pruebas No. 4.
[17] Folio 74 del cuaderno principal del expediente.
[18]
Folio 11 del cuaderno de pruebas No. 1.
[19] Folios 11 a 15 del
cuaderno de pruebas No. 1.
[20] Folios 57 a 66 del
cuaderno principal
[21] Ver disco compacto
obrante a folio 48 del cuaderno de pruebas No. 1 y folios 81ª
83 del cuaderno de pruebas No. 4.
[22] Folio
67 del cuaderno principal.
[23] Folios
56 a 95 del cuaderno de pruebas No. 3
[24] Folios
2 a 55 del cuaderno de pruebas No. 3
[25]
Folio 56 del cuaderno principal
[26] http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3
[27] http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3
[28] Las
objeciones fueron publicadas por la Presidencia de la República en el Diario
Oficial No. 48.432 del 16 de mayo de 2012.
[29]
Art. 5 de la Ley 11 de 1979.
[30]
Sentencias C-078 y C-869 de 2003.
[31]
Cita como ejemplo, las sentencias C-149 de 2009, C-377 de 1994
y C-964 de 1999.
[32]
Folios 292 a 296 del expediente.
[33] “En primer lugar debe la Corte advertir que la Corte se limitará a
examinar el trámite dado en el Congreso de la República a las objeciones
presidenciales y a la insistencia del Congreso de la República.  Por
tanto, omitirá el análisis del todo el proceso legislativo anterior, teniendo
en cuenta que el mismo es susceptible de nuevas demandas ciudadanas. “ (Sentencia
C-985 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[34] Constitución Política,
artículo 242-5
[35] Sentencia
C.1040 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[36]
Acta No. 26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 95 de 2009.
[37] Sentencia
C-433 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño): “El Constituyente previó
expresamente que el Gobierno tuviera un término preciso para devolver al
Congreso, con objeciones, los proyectos de ley. En esa medida si el proyecto
contiene no más de 20 artículos, tendrá 6 días; si contiene de 21 a 50
artículos, dispondrá de 10 días, y si consta de más de 50 artículos, gozará de
hasta 20 días para tal fin[37]. Esos
días, ya lo ha manifestado la jurisprudencia[37],
son hábiles y completos, de forma que el conteo debe realizarse a partir del
día siguiente a aquel en que el proyecto fue recibido para la correspondiente
sanción presidencial.” Asimismo, recuérdese lo establecido en sentencia
C-579 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentaría): “De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 166 de la Constitución, el Gobierno Nacional dispone del término
de seis (6) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no
conste de más de veinte (20) artículos. Dicho término debe computarse en
días hábiles, con base en la regla general contenida en el Art. 62 de la Ley 4ª
de 1913, que subrogó el Art. 70 del Código Civil, según la cual “en
los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario
(...)”, y de acuerdo con  la jurisprudencia de esta corporación.” Negrilla
fuera de texto original.
[38]
Ver Folio 177 del cuaderno de pruebas No. 4
[39]Copia de esta Gaceta obra en el expediente a folios 56 al 95 del
cuaderno de pruebas No. 3.
[40]
Ver Folio 46 del cuaderno de pruebas No. 1.
[41]
Folio 68 del cuaderno de pruebas No. 3.
[42]
Ver folio 56 del cuaderno principal.
[43] “Al
prescribir que se realizará nuevamente el segundo debate, la Constitución
establece claramente que la insistencia de las cámaras hace parte del
procedimiento legislativo, puesto que equivale a un segundo debate, por lo que
se entiende que al trámite de las objeciones se aplican las normas
constitucionales generales sobre el trámite de las leyes, salvo en aquellos
puntos específicos en que las disposiciones especiales prevean reglas distintas
a la normatividad general que rige el procedimiento de aprobación de las leyes.
Por ejemplo, mientras que en general la aprobación de un proyecto requiere
mayoría simple (CP art. 146), la insistencia exige ser aprobada por la mayoría
absoluta de los miembros de ambas cámaras CP art. 167)”. Sentencia C-069 de
2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[44] Sentencia
C-1040 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[45] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[46] Ibidem.
[47] Cfr. Sentencia C-644 de
2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[48] Cfr. Auto 038 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur
Galvis
[49] Auto A-089 de M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo, Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Clara
Inés Vargas.
[50]
Cfr. Sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SV Jaime Araújo
Rentería
[51] “Esta
tesis de la Corte en relación con el término del Congreso para el
pronunciamiento sobre las objeciones presidenciales, fue expuesto en la
sentencia C-068 de 2004, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, en la cual
salvó su voto el Magistrado Rodrigo Escobar Gil, pues en su concepto no puede
deducirse de la Constitución Política un término para que el Congreso se
pronuncie sobre las objeciones presidenciales. Los argumentos que sustentan
dicha posición se encuentran en el salvamento de voto de la sentencia citada”.
[52] Sentencia C-885 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[53] Sentencia C-1146 de
2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Reiterad en la Sentencia C-1040 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[54]
Ley 11 de 1979.
[55]
Ley 962 de 2005.
[56] “S.V. M. Álvaro Tafur
Galvis y M. Cristina Pardo Shlesinger a la Sentencia  C-1437/00 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo”.
[57]
Ver sentencia C-784 de 2004.
[58] Sentencia C-1190 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[59] Sentencia C-299 de 1994.
M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver igualmente la Sentencia C-465 de 1992 M.P.
Ciro Angarita Barón.
[60]
Sentencia C-784 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[61]
Sentencia C-299 de 1994.
[62]
Sentencia C-209 de 1997
[63]
Sentencias C-121 de 2003, C-784 de 2004, C-452 de 2006, C-177 de 2007, entre
otras.
[64]
Sentencia C-1162 de 2000
[65] Sentencia C-012/03, C-177 de 2007.
[66] Cfr.
Ardila Ballesteros C. “Introducción al Derecho Parlamentario Colombiano”. Grupo
Editorial Ibáñez. 2008, p.165.
[67]
Desarrollado por el artículo 142 de la Ley 5 de 1992.
[68]
Sentencia C-177 de 2007.
[69]
Ver parágrafo del artículo 142 de la Ley 5 de 1992.
[70] Sentencia C-1707 de 2000 . En el mismo sentido, ver
la Sentencia C-807 de 2001.
[71] Al respecto se ha sostenido lo siguiente:
“Sobre
el particular, debe afirmarse, que cuando la iniciativa, como en este caso,
radica en forma exclusiva en cabeza del Gobierno, pero este no la ejerce -sino
que, como en el asunto sub-examine lo hacen los ciudadanos en virtud de la
iniciativa popular-, dicho formalismo queda convalidado con la circunstancia
anotada, mediante la cual se encuentra acreditada la coadyuvancia y aquiesencia
del Gobierno Nacional en lo que se refiere al trámite, discusión y aprobación
del proyecto de ley.
En
este sentido, es necesario hacer referencia a lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 142 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), según el cual, “el
Gobierno Nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse
en el Congreso cuando la circunstancia lo justifique”, obviamente, siempre y
cuando dicha situación de suyo excepcional, sea y esté debidamente comprobada,
como sucede en el presente asunto, mediante la coadyuvancia posterior”
Sentencia C-266 de 1995.
[72] Sobre este aspecto resulta ilustrativa la sentencia
C-370 de 2004, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación:
“Ahora
bien, en el presente caso la Corte constata que en el expediente figura copia
de las proposiciones aditivas del articulado contenido en las proposiciones con
que culminaron los informes de ponencia para segundo debate tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado de la República presentadas por algunos
parlamentarios  en las sesiones plenarias de una y otra Cámara referentes a los
artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, y 8º de la Ley 818 de 2003, en las que aparece la
firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público, así como en la mayoría de
ellas la del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
En
este sentido, el requisito señalado en el artículo 154 superior ha de
entenderse cumplido respecto de los artículos referidos.
En
relación con el artículo 2º de la Ley 818 de 2003 la Corte constata que en las
gacetas del Congreso números 289 y 295 del 13 y 18 de junio de 2003
respectivamente -a que alude el Procurador General de la Nación -, en las que
se publicaron las ponencias para segundo debate dentro del trámite sub examine,
se hizo mención a que en el transcurso del debate llevado a cabo conjuntamente
por las Comisiones Económicas del Senado de la República y de la Cámara de
representantes fue presentada por los ponentes y avalado por el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, una proposición que buscó subsanar un error
en el que se incurrió en el trámite del proyecto de Ley 788 de 2002 en el que
se adicionó el Estatuto Tributario en su artículo 468-2 en lo concerniente a
los peces vivos y en consecuencia se decidió adicionar el artículo 468-2 con un
código de nomenclatura Nandina, adición que correspondió al artículo 2º del
texto del proyecto finalmente aprobado por dichas comisiones en primer debate y
que corresponde al texto del artículo 2º de la Ley 818 de 2003.
Así
mismo la Corte constata que en el Acta 01 de junio 11 de 2003  de las “sesiones
conjuntas de las Comisiones terceras de la Cámara de representantes y el Senado
de la República” publicada en la Gaceta del Congreso 542 del 21 de octubre de
2003, consta que antes de procederse a la votación del artículo 2º del
articulado contenido en  la proposición con la que terminó el informe de
ponencia para primer debate (referente a los cultivos de tardío rendimiento),
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  manifestó lo siguiente: “Este
proyecto tiene el aval del Gobierno entero, por el señor Presidente de la
República, el señor Ministro de Hacienda y yo, que representamos al Gobierno,
tiene el aval, quiero resolver ese malentendido, es del mas alto interés
nacional y hay unas imprecisiones si ustedes me permiten y conceden cinco
minutos”.
Igualmente
que en relación con la votación por dichas comisiones permanentes del texto del
artículo nuevo propuesto en esa misma sesión referente a la adición del
artículo 468-2 del estatuto tributario con el “Código de nomenclatura nandina
03.01 peces vivos excepto los peces ornamentales de la posición 03011000” que
corresponde precisamente al artículo 2º de la Ley 818 de 2003, en el Acta 01 de
junio 11 de 2003 a que se ha hecho referencia constan al respecto los
siguientes apartes:
“Artículo
nuevo Adiciónese el artículo 468-2 del estatuto tributario con el Siguiente
Código de nomenclatura andina 03.01 peces vivos excepto los peces ornamentales
de la posición 03011000.
Presentada
por Oscar Wilches, Gabriel Zapata, Aurelio Iragorri, Luis Helmer Arenas,
Salomón Nader, Omar Baquero y Juan Manuel Corzo.
Tiene aval del Ministro de Hacienda, señor Presidente.” (subrayas fuera de texto)
Para
la Corte, si bien en este caso no consta en el expediente una prueba escrita
que como en el caso de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley 818 de
2003 contenga la firma de los ministros de Hacienda y Crédito Público y de
Agricultura y Desarrollo Rural, es claro que según el Acta 01 de junio 11 de
2003 específicamente durante la votación del artículo aludido en primer debate
en las sesiones conjuntas de las Comisiones  terceras constitucionales se
encontraba presente el señor Ministro de Agricultura quien a nombre del
Gobierno había manifestado su aval al proyecto que en esa sesión se aprobaba.
Al
respecto ha de tenerse en cuenta  así mismo que  si bien no existe prueba escrita
de dicho aval, tampoco existe prueba de la misma naturaleza que contradiga el
sentido de las menciones hechas  al respecto en  las ponencias para segundo
debate que constan en las gacetas  del Congreso  números 289 y 295  del 13 y 18
de junio  de 2003, así como en el acta 01 del 11 de junio de 2003 publicada en
la gaceta del Congreso 542 del 21 de octubre de  2003 a que se ha hecho
reiterada referencia. Circunstancia que lleva a la Corte a considerar que el
requisito señalado  en el artículo 154 superior  ha de entenderse cumplido
igualmente  respecto de dicho  artículo.”
[73] La Corte en sentencias C-266 de 1995 y C-032 de 1996
se refirió expresamente al aval ministerial a los proyectos de ley. Reiterado
en la C-177 de 2007.
[74] Ver sentencia C-121 de
2003. A. V. Eduardo Montealegre Lynett.
[75] Ver sentencias C- 266 de
1995, C-032 de 1996, C-498 de 1998, C-992 de 1999, C-1707 de 2000, C-807 de
2001, C-121 de 2003, C-473 de 2004, C-354 de 2006 entre muchas otras.
[76] Por ejemplo, en la
sentencia C-005 de 2003 la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 106 de
la Ley 715 de 2001, que establecía recursos complementarios al Sistema General
de Participaciones del Sector Salud, por desconocer la iniciativa privativa del
gobierno en la regulación de los monopolios rentísticos. El artículo había sido
demandado por varios vicios de trámite, pero la Corte se limitó a examinar uno
de ellos, el de la vulneración del inciso segundo del artículo 154
constitucional. Según el demandante la norma debía ser de iniciativa
gubernamental –regulación de monopolios rentísticos‑, pero fue
introducida por los parlamentarios durante los segundos debates en las
Plenarias de las Cámaras, sin el debido aval del gobierno. El proyecto inicial,
dirigido a la distribución de competencias y participaciones (normas orgánicas
de ordenamiento territorial), había sido presentado por los ministros del ramo
pero no incluía ninguna norma similar al artículo 106 cuestionado. Ni en el
informe de ponencia para primer debate en comisiones (que sesionaron de manera
conjunta), ni en el texto aprobado en primer debate, ni en la ponencia para
segundo debate en el Senado, ni en el texto aprobado por esta plenaria existía
una norma similar a la cuestionada. El texto fue introducido en la ponencia
para segundo debate ante la Cámara de Representantes sin que existiera
evidencia de coadyuvancia ni de aval del gobierno. Para la Corte, si bien el
Congreso podía introducir modificaciones a proyectos de iniciativa
gubernamental, cuando se trata de iniciativa privativa deben ser convalidados o
coadyuvados por Gobierno.
[77] En la sentencia C-475 de
1994 se examinó la constitucionalidad del artículo 128 de la Ley 100 de 1993 el
cual consagra el arbitrio rentístico de la nación sobre los juegos de azar a
favor del sector salud, el proyecto del ley había sido de iniciativa
gubernamental pero fue objeto de modificaciones durante el trámite legislativo.
Para la Corte, las modificaciones introducidas por el Congreso no cambiaron el
sentido de la propuesta gubernamental, pues fueron principalmente
modificaciones de redacción para efectos de mayor claridad y adiciones para
complementar su sentido. Por esa razón la disposición fue declarada exequible.
En esa decisión la Corte sostiene que las Cámaras pueden introducir
modificaciones a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, siempre que
tales modificaciones no cambien la materia de iniciativa gubernamental.
[78]
C-177 de 2007.
[79] Siempre que se ejerza dentro del año siguiente a la
publicación del acto, ya que se trata de un vicio de forma. Ver en este sentido
entre otras las sentencias C-498 de 1998, C-065 de 2002  y C-1177 de 2004 (S.
V. Humberto Antonio Sierra Porto). En la sentencia C-498 de 1998 uno de los
cargos formulados por el demandante en contra de la Ley 344 de 1996 tenía que
ver con la violación del artículo 154 C. P., pues se reprochaba la falta de
presentación del respectivo proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional.
La Corte, a pesar de que comprobó que la iniciativa legislativa en dicha
oportunidad fue presentada por el Ministro de Minas, afirmó que lo que se
alegaba era un vicio formal en la expedición de la ley respecto del cual ya
había caducado el término legal para demandarlo. Se dijo entonces: “por lo
anterior, teniendo en cuenta que el proyecto que culminó convirtiéndose en la
Ley 344 de 1996 fue presentado ante las cámaras por los Ministros de Hacienda y
Minas, entre otros, como aparece acreditado en la respectiva Gaceta del
Congreso, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas superiores, el cargo no
es procedente. Adicionalmente, tratándose de un presunto vicio de forma, la
Corte carecería de competencia para pronunciarse por caducidad de la acción, ya
que ha transcurrido más de un año desde la publicación oficial de la ley”. En
la sentencia C-065 de 2002 sostuvo la Corte se examinaba la constitucionalidad
de la Ley 510 de 1999 por vulneración de la reserva de iniciativa legislativa,
y la Corte se declaró inhibida para examinar este cargo por caducidad de la
acción, se sostuvo al respecto   “El reparo formulado por el demandante se dirige a reprochar una
presunta irregularidad ocurrida durante el proceso de formación de la Ley 510
de 1999. La jurisprudencia ya se ha referido a este evento señalando que los
cargos dirigidos contra disposiciones legales que vulneran las reglas
existentes en materia de iniciativa legislativa, atacan vicios formales dentro
del trámite legislativo que, de acuerdo con la Constitución Política (artículo
242 C.P.), sólo puede ser alegado en el término de un año contado desde la
publicación del respectivo acto. La Ley 510 de 1999 fue publicada en el Diario
Oficial N° 43.654 del 4 de agosto de 1999, por lo tanto, la oportunidad para
presentar demandas en contra de sus disposiciones por vicios de forma ya
expiró”.
Finalmente en la sentencia C-1177 de 2004, nuevamente
la Corte reitera la jurisprudencia anterior y se declara inhibida para
pronunciarse sobre un cargo sobre presunta vulneración del artículo 154
constitucional por caducidad de la acción. Sobre tal extremo sostuvo:
“(…)
como ha quedado explicado, las dos acusaciones que el actor atribuye a la
expresión impugnada del artículo 52 de la Ley 789 de 2002, por presuntos vicios
en su proceso de aprobación y expedición, se relacionan, la primera, con el
desconocimiento de las reglas existentes en materia de iniciativa legislativa,
al no haberse introducido la norma acusada en el texto de la ley por iniciativa
del Gobierno o con su respaldo, pese a regular un tema tributario que por
mandato del artículo 154 Superior sólo puede discutirse y aprobarse por el
Congreso a iniciativa gubernamental; y la segunda, con la usurpación de
competencias por parte de la Comisión de Conciliación, al incluir en el informe
de mediación un tema nuevo no debatido en comisiones conjuntas ni en plenarias
de ambas cámaras.
Teniendo
en cuenta las consideraciones vertidas en el punto anterior, los cargos que
atacan normas legales por violación de las reglas que gobiernan el tema de la
iniciativa legislativa, como ocurre en este caso, constituyen vicios de forma
sometidos al término de caducidad previsto en el numeral 3° del artículo 242 de
la Carta Política (…)
En
ese entendido, frente al primero de los cargos la Corte debe declararse
inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, ya que la demanda contra el
artículo 52 de la Ley 789 de 2002 fue formulada en forma extemporánea o fuera
de término. En efecto, mientras la mencionada ley se publicó en el Diario
Oficial N° 45046 del
27 de diciembre de 2002, la demanda que se estudia se presentó el día 4 de
junio de 2004, es decir, casi seis meses después de que hubiere vencido el
término de caducidad de un año previsto en el numeral 3° del artículo 242 de la
Constitución Política para promover acciones públicas de inconstitucionalidad
por vicios de forma”.
[80] Ver entre otras las sentencias C-078 y  C-869 de
2003.
[81]
Sentencia C-889 de 2006. M.P Manuel José Cepeda.
[82] “Ver, por ejemplo, la
sentencia C-947 de 1999, MP: José Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte
encontró fundadas las objeciones presidenciales a un proyecto de ley en el que
el legislador expresamente creó una entidad pública descentralizada del orden
nacional de naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Salud y que funcionaría en
las instalaciones del Hospital Francisco de Paula del Distrito de Barranquilla,
sin que mediara la iniciativa gubernamental o su aval.”
[83] “Ver, por ejemplo, la sentencia C-121 de 2003, MP:
Clara Inés Vargas Hernández, en donde la Corte encontró fundadas las objeciones
a un proyecto de ley que transformaba la naturaleza jurídica de la Universidad
Militar Nueva Granada que funcionaba como unidad administrativa especial
adscrita al Ministerio de Defensa, para convertirlo en ente universitario
autónomo del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y organización interna propia, de acuerdo con sus necesidades y
determinación.”
[84] “Ver, por ejemplo, las sentencias C-987 de 2004 y
C-650 de 2003 Mp: Manuel José
Cepeda Espinosa, en las que la Corte encontró fundadas las objeciones a un
proyecto de ley que no tuvo ni la iniciativa ni el aval gubernamental y en el
que se asignaba nuevas funciones al Ministerio de Protección Social (la
administración de un fondo-cuenta) que no estaban dentro del ámbito regular de
funciones de dicha entidad, y posteriormente declaró inexequible el texto
aprobado por el Congreso por no haber incorporado las modificaciones ordenadas
en la sentencia C-650 de 2003. Ver también la sentencia C-570 de 2004, MP:
Manuel José Cepeda, SV parcial: Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte declaró
la inexequibilidad de la sustitución de varios consejos profesionales creados
antes de Ley 842 de 2003, por el COPNIA, como consejo profesional único
encargado de expedir las matrículas profesionales, de llevar el registro de profesionales
y de velar por el cumplimiento de las leyes correspondientes sin que mediara
iniciativa gubernamental. Ver también la sentencia C-063 de 2002, MP: Jaime
Córdoba Triviño, donde la Corte declaró infundadas las objeciones a un proyecto
de ley que asignaba funciones a un Ministerio porque tales funciones estaban
directamente relacionadas con los objetivos misionales de los ministerios, en
virtud de lo cual la aprobación de la ley tampoco requerirá de la iniciativa
del Gobierno Nacional. En la Sentencia C-482 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis,
la Corte señaló que resultaba inconstitucional, por violación de la reserva de
iniciativa gubernamental una norma que asignaba como función a los Ministros de
Salud y de Educación la de hacer parte de un Colegio Nacional de Bacteriología
creado por la misma ley.”
[85] “Ver, por ejemplo, la
sentencia C-078 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV: Eduardo
Montealegre Lynett, en donde la Corte encuentra fundadas las objeciones a un
proyecto que trasladaba una entidad del sector central al descentralizado.”
[86] “Ver, por ejemplo, la
sentencia C-121 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández, precitada.”
[87] “Ver, por ejemplo, la
sentencia C-570 de 2004, MP: Manuel José Cepeda, precitada.”
[88]
Sentencia C-889 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda.
[89]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[90] “Ver sentencias C-089A
de 1994, MP. Vladimiro Naranjo Mesa y C-447 de 1996, MP. Carlos Gaviria Díaz.”
[91]
M.P. Manuel José Cepeda.
[92] Artículo 6, a) Dictar su propio reglamento y
organización
[93] Artículo 6, b) Recomendar sobre la composición y el
funcionamiento de los comités y el observatorio de Talento Humano en salud de
que trata la presente ley, y crear los comités ad-hoc y grupos necesarios para
abordar aspectos específicos del desarrollo del Talento Humano en salud cuando
lo considere pertinente;
[94]
Artículo 6, c) Recomendar al Ministerio de Educación, con base en los análisis
y estudios realizados en las comisiones correspondientes, acerca de las
políticas y planes de los diferentes niveles de formación, para el mejoramiento
de la competencia, pertinencia, calidad, cantidad, contenidos e intensidad, de
los programas educativos del área de la salud, sin perjuicio de la autonomía
universitaria;
[95] Artículo 6, g) Promover y proponer las políticas que
orienten los estudios, análisis e investigaciones relacionadas con el
desarrollo del Talento Humano en Salud;
[96] Artículo 6, i) Dar concepto técnico al Ministerio de
la Protección Social sobre la definición del manual de tarifas;
[97] Artículo 6, k) Promover la actualización de las
normas de ética de las diferentes disciplinas, apoyando los tribunales de ética
y los comités bioéticos clínicos, asistenciales y de investigación;
[98]
Artículo 6, l) Las demás funciones que se generen con ocasión de la
reglamentación de la presente ley.
[99] “ARTICULO 6° El Consejo
Nacional de Bibliotecología estará constituido así:
a.
Un representante del
Ministerio de Educación nacional
b.
Un representante de ICFES
c.
Un representante de
COLCIENCIAS
d.
Un representante de
COLCULTURA
e.
Dos consejeros nacionales
principales y dos suplentes, escogidos entre ciudadanos colombianos legalmente
facultados para el ejercicio de la profesión de Bibliotecología, en Asamblea
convocada para tal efecto por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios.
f.
f. Un representante por las
escuelas o facultades de Bibliotecología que funcionen en Colombia y que estén
debidamente aprobadas por el Estado. Todos los miembros del Consejo Nacional de
Bibliotecología serán elegidos o designados para períodos de dos (2) años,
prorrogables, En las deliberaciones del Consejo los decanos de las facultades
de Bibliotecología tendrán voz pero no voto y por lo tanto podrán asistir a
ellas.”
“ARTICULO 7° Son atribuciones del Consejo Nacional de
Bibliotecología:
a.
Expedir su propio
reglamento y un Código de Ética Profesional, que deberá ser aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional.
b.
Expedir la matrícula de los
profesionales de bibliotecología y llevar el registro correspondiente, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2° y 4° de esta Ley.
c.
Vigilar y controlar el
ejercicio de la profesión, conocer de las infracciones a la presente ley y al
Código de Ética Profesional e imponer las sanciones a que haya lugar.
d.
Formular recomendaciones a
instituciones oficiales o privadas, relativas a la bibliotecología para lograr
la promoción académica y social de la profesión.
e.
Suspender o cancelar la
licencia para ejercer la profesión de bibliotecología a quienes falten a sus
deberes éticos o profesionales, de conformidad con el respectivo Código de
Ética y los reglamentos que expida el Consejo Nacional de Bibliotecología. Las
resoluciones que se dicten en estos casos serán apelables ante el Ministerio de
Educación de Educación Nacional de Bibliotecología. Las resoluciones que se
dicten en estos casos serán apelables ante el Ministerio de Educación Nacional
de acuerdo con la reglamentación que al efecto expida el Gobierno.
f.       Practicar, con previo señalamiento de fecha y por una
sola vez, dentro de los años siguientes a la vigencia de esta ley, los exámenes
de que trata el artículo 2° Incisos 4 y 5.”
[100] Por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
[101]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[102]
Ver anexo 1.
[103]
Folio 547 del cuaderno principal. Gaceta del Congreso No. 507 del 11 de agosto
de 2010.
[104]
Folios 485 a 489 del cuaderno principal.
[105] Se
recuerda que con la Ley 962 de 2005, se suprimió la participación del
Ministerio de Educación en este consejo.
[106]
Sentencia C-482 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[107] Ver el
informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes a folios
493 a 500 del cuaderno principal.
[108] Sentencia T-002 de
1992.
[109] Sentencia T-534 de
1997. En este sentido, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su Observación General No. 11, manifestó que la educación es el
“(…) epítome de la indivisibilidad y la interdependencia  de los derechos
humanos”.
[110] Sentencia T-672 de
1998.
[111] Sentencia C-170 de
2004.
[112] Sentencia C-170 de
2004.
[113] Al
respecto, ver también sentencias T-550 de 2007,  T-787 de 2006 y T-1030
de 2006, entre otras.
[114]
Sentencia T-1091 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
[115] Giraldo Giraldo, Yicel
Nayrobis; Otálvaro González, Doris Elena; Moncada Patiño, José Daniel. (2006).
LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE BIBLIOTECOLOGÍA Y EDUCACIÓN: Una
dialéctica de la alteridad. Revista Interamericana de Bibliotecología,
Enero-Junio, 63-83.
[116]
Decreto 5012 de 2009.
[117]
Sentencia C-230 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.