C-063-18
Sentencia C-063/18
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Elementos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud de la demanda/CONCEPTO DE VIOLACION
EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Derecho a la igualdad
INTEGRACION NORMATIVA-Procedencia
REGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LAS FUERZAS MILITARES-El legislador goza de un amplio margen de
configuración para su regulación/REGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LAS FUERZAS
MILITARES-Particularidades del régimen de soldados profesionales
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Soldados profesionales tienen derecho a
escoger su estado civil y a procrear
Dentro del ámbito de protección de la
autonomía personal se insertan decisiones íntimas y personalísimas de los
individuos relacionadas con su estado civil y/o con la posibilidad de tener o
no hijos, opciones protegidas, además, por el artículo 42 de la Constitución
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Deber
del Estado de desarrollar acciones
afirmativas en relación con las personas en situación de discapacidad
La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que cuando se omite
implementar acciones afirmativas en favor de este grupo se incurre en una forma
de discriminación, debido a que tal omisión perpetúa la estructura de exclusión
social e invisibilidad a la que han sido sometidas históricamente las personas
en condición de discapacidad, y obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales
MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-El Estado tiene la obligación de remover
barreras que impidan la plena inclusión social de las personas en situación de
discapacidad
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Integración laboral
El ámbito laboral constituye un espacio trascendental para el
cumplimiento del objetivo de integración social de las personas en situación de
discapacidad. En consecuencia, cuando se analiza la relación laboral de
trabajadores con capacidades diferenciadas, opera el principio de estabilidad
en el empleo, que consiste en la garantía de no ser desvinculado del mismo con
motivo de la condición de discapacidad
DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Reubicación
laboral
Los derechos a la igualdad y a la
estabilidad laboral reforzada son vulnerados cuando se retira del servicio a un
soldado profesional, como consecuencia de la disminución psicofísica y no se
evalúa la posibilidad de reubicarlo de conformidad con sus condiciones de salud
CARRERA MILITAR-Libertad de configuración legislativa
Si bien existen diferencias entre los soldados
profesionales y los oficiales y suboficiales del Ejército, estas categorías son
comparables debido a que son sujetos inmersos dentro de la carrera militar como
tal y es posible evaluarlas desde la perspectiva de protección de derechos
fundamentales
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y TEST DE IGUALDAD-Pasos/JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Complementariedad
entre juicio de proporcionalidad y niveles de escrutinio del test de igualdad/TEST
ESTRICTO DE IGUALDAD-Fundamento
Es evidente
que estar casado, en unión marital de hecho o se padre o madre, es un criterio
que debe ser irrelevante a la hora de diferenciar quien puede o no entrar a la
carrera militar, por ello, para este evento, la evaluación de la medida debe
pasar el escrutinio más estricto
CARRERA MILITAR-Restricción a la libertad de escoger estado civil o
procrear
Sin importar el rango militar para el cual las
personas se formen, la exigencia referida constituye una restricción de
derechos, en especial al libre desarrollo de la personalidad, que como se
indicó es inadecuada e innecesaria
CARRERA MILITAR-Situación de discapacidad
Una
afectación menor de los derechos de las personas en condición de discapacidad,
que les permita seguir trabajando en la institución siempre que posean
capacidades diversas para desempeñar aquellas funciones que no tengan relación
con las operaciones militares o de combate, permitiría que el fin normativo se
cumpla y que la protección constitucional y el modelo social de la discapacidad
no se quebranten. Por ello, si se demuestra que un soldado profesional puede
realizar otro tipo de funciones dentro de la institución, no resulta razonable
que se le retire de la misma.
Referencia: Expediente D-11882
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
4°, 8° y 10° (parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000 “Por el cual se expide
el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares”
Demandante: David Mauricio Uribe Marín
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados, Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos
Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio
José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger,
José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada
en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano David Mauricio Uribe Marín presentó ante esta Corporación demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 4º, 8º, 10 y 21 (parciales) del Decreto Ley 1793 de
2000, por considerar que violan
los artículos 13, 16, 25, 29, 47, 53, 54 y 93 de la Constitución.
Mediante auto del 20 de enero de 2017[1], se admitieron los cargos
contra: (a) el artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, por violación de
los artículos 13 y 16 de la Constitución; y (b) los artículos 8º y 10º
(parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000, por violación del artículo 13 de la
Constitución.
En esa misma providencia se inadmitieron todos
los cargos presentados en contra del
artículo 21 del Decreto Ley 1793
de 2000, y los referidos a la supuesta violación de los derechos al debido
proceso, al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas, a la protección de
los trabajadores y a la estabilidad laboral reforzada para las personas en
situación de discapacidad y al que el demandante denominó “a la
rehabilitación”, contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución y el
bloque de constitucionalidad, propuestos contra los artículos 8 y 10
(parciales) de la normativa mencionada.
El 27 de enero de 2017, el demandante presentó
corrección de la demanda[2].
Mediante auto del 13 de febrero de 2017[3]
se rechazaron los cargos inadmitidos respecto
del artículo 21 del Decreto Ley acusado, y aquellos referidos a la presunta violación de los derechos al
debido proceso, al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y a la rehabilitación
de las personas en situación de discapacidad, propuestos contra los artículos 8º y 10º acusados.
Sin embargo, se admitieron los cargos presentados en contra de los artículos 8º y 10º
(parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000, por violación de los artículos 53, 54
y 93 de la Constitución y 27 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, referentes a la protección de estabilidad laboral reforzada
establecida para las personas en situación de discapacidad.
Así mismo, se ordenó: (i) fijar en lista las normas acusadas para
garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado al Procurador
General de la Nación, para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio de este proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, a los Ministerios de Justicia y del
Derecho, del Interior, de Defensa y del Trabajo, al Ejército Nacional y a la
Armada Nacional de Colombia; e (iv)
invitar a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a las facultades de Derecho de las Universidades del Rosario,
Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de Nariño, Sergio Arboleda, La
Sabana, del Atlántico, Libre de Colombia, ICESI, al Grupo de Acciones Públicas
de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Fundación Saldarriaga Concha y a PAIIS para que, si lo consideraban adecuado, se pronunciaran sobre la
constitucionalidad de las normas demandadas.
La Sala Plena de esta Corporación mediante
Auto 305 de 2017 decidió suspender los términos “de los procesos de
constitucionalidad enumerados en el fundamento jurídico sexto de esta decisión[4], que hayan sido
admitidos para trámite ante la Corte y en la etapa procesal en que actualmente
se encuentren”, a partir del 21 de junio de 2017. En consecuencia, el
presente proceso fue suspendido hasta que la Sala Plena decidió continuar con
el mismo.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de juicios y previo concepto de la Procuraduría
General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la
referencia.
II.   TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación, se trascribe y subraya el
texto de las normas parcialmente acusadas:
“DECRETO 1793 DE
2000
(septiembre 14)
Diario Oficial No.
44.161, de 14 de septiembre de 2000
Por el cual se
expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales
de las Fuerzas Militares.
ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA INCORPORACIÓN. Son requisitos mínimos para ser
incorporado como soldado profesional:
a) Ser colombiano.
b) Inscribirse en el respectivo Distrito
Militar.
c) Ser soltero, sin hijos y no tener unión
marital de hecho.
d) Ser mayor de 18 años y menor de 24 años.
e) Acreditar quinto grado de educación básica
o en su defecto presentar ante el Comando de la Fuerza un examen de
conocimientos básicos.
f) Ser reservista de primera clase de
contingente anterior o último contingente y presentar certificado de buena
conducta expedido por el Comandante de la Unidad a la cual perteneció; o ser
reservista de primera clase de contingentes anteriores a los dos últimos o de segunda
o tercera clase que se encuentre en condiciones de recibir un entrenamiento
especial.
g) Reunir las condiciones psicofísicas de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes para el personal de las Fuerzas
Militares.
ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los
soldados profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:
a. Retiro temporal con pase a la reserva
1. Por solicitud propia.
2. Por disminución de la capacidad psicofísica.
3. <Numeral INEXEQUIBLE>
b. Retiro absoluto
1. Por inasistencia al servicio por más de
diez (10) días consecutivos sin causa justificada.
2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.
3. Por incapacidad absoluta y permanente o
gran invalidez.
4. Por condena judicial.
5. Por tener derecho a pensión.
6. Por llegar a la edad de 45 años.
7. Por presentar documentos falsos, o faltar a
la verdad en los datos suministrados al momento de su ingreso.
8. Por acumulación de sanciones
ARTÍCULO 10. RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA
CAPACIDAD PSICOFÍSICA. El
soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud
psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio”.
III.
LA DEMANDA
David Mauricio Uribe Marín presenta demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1793 de
2000 (parcial), por diversos cargos de los cuales solo fueron admitidos los propuestos
contra los artículos 4º, 8º y 10º (parciales) ibídem, por considerar que violan
los artículos 13, 16, 53, 54 y 93 de la Constitución, así como el artículo 27 de
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Artículo 4º (parcial) del Decreto Ley 1793 de
2000
Para comenzar, el demandante indica que
el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, que establece como
requisito para ser incorporado como soldado profesional “ser soltero, sin
hijos y no tener unión marital de hecho”, viola el derecho a la igualdad
(artículo 13 de la Constitución), por tratarse de un requisito
irracional y desproporcionado.
Así, señala que una norma similar que exigía
la soltería a los candidatos a oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares fue declarada inexequible mediante Sentencia C-1293 de 2001[5], por sacrificar los
intereses personales de los candidatos de manera desproporcionada. En ese
contexto, transcribe acápites de la decisión en los cuales la Corte establece
que la medida no supera el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, al
cercenar los derechos a la igualdad, de acceso a la educación y a cargos
públicos, a la libertad de escoger profesión y oficio, y al libre desarrollo de
la personalidad.
En segundo lugar, refiere la Sentencia
T-813 de 2000 que ordenó a la Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdoba inaplicar la parte del reglamento que establecía como mala conducta
contraer matrimonio. Luego, plantea que quienes deciden conformar una familia
con un militar conocen su misión y los sacrificios que las condiciones del
servicio conllevan.
A su vez, resalta que si la lógica detrás del
requisito es no afectar el proceso formativo que se considera incompatible con
la vida familiar, “los militares colombianos que permanecen en desarrollo de
operaciones militares durante lapsos de al menos tres o cuatro meses, deberían
permanecer solteros sin hijos durante prácticamente toda su vida militar”[6].
Por lo tanto, en su criterio, la exigencia de soltería es desproporcionada y “menos
aceptable cuando la Honorable Corte Constitucional se pronunció a ese mismo
respecto en relación (sic) con los candidatos a Oficiales y Suboficiales
y determinó que esa exigencia era desproporcionada”[7].
Adicionalmente, relata que de su experiencia
personal de 20 años como suboficial puede concluir que los alumnos y militares con
una familia conformada por esposa o compañera permanente “en términos
generales, son personas más centradas y responsables que tienen un mayor nivel
de respeto por la autoridad y por la ley”[8].
Por ello, sostiene que “no sólo debería
prohibirse la exigencia de la soltería y/o de no tener hijos al momento de
ingresar a la ESPRO como candidato a soldado profesional, sino que, aplicando
el principio de igualdad en su sentido material, debería preferirse, entre
un candidato soltero y sin hijos, y uno que tenga formalizado su hogar, al
último, ya que del salario que devengue el futuro soldado profesional no solo
dependerá él mismo, sino su núcleo familiar, y a que –en términos generales–  será
un militar más respetuoso de las normas”[9].
En tercer lugar, afirma
que en este caso existe un trato disímil e injustificado entre los soldados
profesionales y los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares, lo cual es
discriminatorio pues para el segundo grupo el requisito fue retirado, mediante
Sentencia C-1293 de 2001[10],
mientras que para el primero se mantiene.
Así, señala que si bien los suboficiales y oficiales
tienen diferencias respecto de los soldados profesionales, como el grado de
escolaridad, los dos: (i) destinan su trabajo a las operaciones
militares donde arriesgan su vida; (ii) sus carreras militares tienen
una duración mínima de 20 años de servicio antes de adquirir el derecho a una
asignación de retiro; (iii) los unos y los otros son “partes inescindibles entre sí dentro de la estructura organizacional y
jerárquica de las Fuerzas Militares”[11]; y, finalmente, (iv) todos tienen la condición
de personas, por lo cual no deben sufrir tratos discriminatorios. De
conformidad con lo anterior, argumenta que los soldados profesionales se
encuentran en una situación de desigualdad respecto de los oficiales y
suboficiales, por su menor capacidad económica.
Finalmente, sostiene que la disposición también
viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16
de la Constitución), al limitar la posibilidad de escoger la forma de vida
de los potenciales candidatos por impedir que personas casadas, en unión
marital y/o con hijos accedan a la carrera, o que formen estas uniones o tengan
hijos sólo hasta cuando egresen de la escuela de formación. Así, considera que
este requisito constituye una intromisión desproporcionada en la vida de los
potenciales candidatos a soldado profesional.
En consecuencia, solicita que al ser la norma “de idéntico contenido y alcance de otra
declarada como inconstitucional (mediante sentencia C-1293 de 2001) se pide a
la Honorable Corte Constitucional, que el literal c) del artículo 4º del
Decreto Ley 1793 de 2000, sea declarado inexequible y retirado de
nuestro ordenamiento jurídico (…)”[12].
Artículos 8º y 10º (parciales) del Decreto Ley
1793 de 2000
El demandante considera que los artículos 8º y
10º (parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000 violan el derecho a la igualdad
(artículo 13 de la Constitución), ya que establecen el retiro temporal
del servicio de los soldados profesionales por disminución psicofísica,
situación que no sucede respecto de los suboficiales y oficiales. Así, divide
sus argumentos en aspectos jurídicos y fácticos.
Respecto a los primeros, asevera que las
disposiciones parcialmente acusadas violan el derecho a la igualdad, pues los
suboficiales y oficiales que pierden la capacidad psicofísica no siempre son
retirados, ya que “en
determinadas circunstancias
(…) pueden permanecer en
servicio activo”[13]. Explica que para estos existen varias posibilidades
consagradas en el Decreto Ley 1790 de 2000, como por ejemplo ser escalafonados (cuando se determina su ‘cambio de arma o de especialidad’ dentro de las Fuerzas Militares para que se
desempeñen en otras funciones), o ser comisionados para estudiar. Dichas
posibilidades permiten su empleo en actividades militares distintas a las
relacionadas con las operaciones oficiales[14].
Adicionalmente, la misma normativa establece que
se podrán mantener en servicio activo los miembros de las Fuerzas Militares
quienes “por sus
calificaciones lo merezcan y cuando sus capacidades puedan ser aprovechadas en
determinadas actividades militares”[15]. En cambio, afirma que ninguna de esas
opciones está abierta para los soldados profesionales.
En cuanto a los aspectos jurídicos, resalta tres
principios relevantes que se desprenden de los tratados de derechos humanos, a
saber: (i) el de progresividad; (ii) pro homine; (iii) y el de “interpretación teleológica o finalista”[16]. También refiere la Sentencia C-251 de 1997[17], que revisó el protocolo
de San Salvador, todo para indicar que existe una especial protección
constitucional respecto de las personas con pérdida de capacidad laboral. En
cuanto a los aspectos fácticos, el actor relata que en 1998 perdió parte de su capacidad
psicofísica, a pesar de lo cual fue escalafonado porque
ostentaba la calidad de suboficial de las Fuerzas Militares. Sin embargo,
indica que esta situación no hubiera sido posible en el hipotético caso de
haber tenido la calidad de soldado profesional, pues de esta forma habría sido
retirado del servicio, previa indemnización.
En su concepto, los oficiales y suboficiales
tienen un privilegio que con fundamento en el derecho a la igualdad debería
extenderse a los soldados profesionales, pues no sólo se les mantiene en el
servicio, sino además reciben la indemnización sustitutiva. De otra parte,
refiere la Sentencia T-417 de 2011[18],
que establece que los soldados profesionales en situación de discapacidad
psicofísica no pueden ser retirados del servicio sin apoyo para la reincorporación
al mundo laboral y se les debe garantizar la continuidad del servicio de salud
por las lesiones o enfermedades adquiridas en el tiempo de vinculación.
De otro modo, el demandante plantea que las
disposiciones cuestionadas violan el derecho a la estabilidad laboral
reforzada y a la protección especial de las personas en situación de
discapacidad (artículos 53, 54 y 93 de la Constitución y 27 de la
Convención sobre las Personas con Discapacidad, en adelante, CDPD). Para el accionante, las normas acusadas
parcialmente no garantizan la estabilidad laboral reforzada, al permitir el
retiro de personas en situación de debilidad manifiesta, en vez de protegerlas.
Igualmente, asevera que estas normas violan el derecho de los individuos en
situación de discapacidad a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Todo lo cual genera un trato discriminatorio a la luz de las normas superiores
nacionales e internacionales.
Así pues, solicita la declaratoria de
constitucionalidad condicionada del retiro de los soldados profesionales
por pérdida de capacidad psicofísica con efectos retroactivos, y “que se adelanten los esfuerzos necesarios
hasta lograr vincular laboralmente a todos los soldados profesionales retirados
del servicio por pérdida de capacidad psicofísica, los que han sido despedidos
en vigencia del artículo 8º literal a) numeral 2 y artículo 10 del Decreto 1793
de 2000”[19].
En consonancia, presenta una
propuesta para solucionar el problema jurídico generado por el “trato desigual y que vulnera los derechos de
los soldados profesionales que son retirados del servicio activo sin derecho a
pensión de invalidez”[20], para lo cual señala la necesidad de[21]:
-       “Capacitar a los soldados profesionales que hayan perdido parte de su
capacidad psicofísica y, que sean o no aptos para continuar al servicio de las
Fuerzas Militares en entidades externas o no a las Fuerzas Militares para que
puedan desempeñarse competitivamente en otros sectores de la actividad
productiva”, la cual debe ser
similar a la comisión de estudios del Decreto 1790 de 2000, bajo la figura de
los ajustes razonables;
-       Una vez capacitados deberán ser reubicados
laboralmente al servicio de las Fuerzas Militares o en entidades estatales y de
no ser posible, en empresas particulares y “nunca debería autorizarse el retiro de un soldado
profesional por la causal contenida en el artículo 8º literal a) numeral 2 y
artículo 10 del Decreto 1793 de 2000, sin haber sido previamente reubicado
laboralmente en un empleo que le garantice estabilidad laboral, y un nivel
igual o superior de asignación salarial al que tenían antes”; y
-       “Retrotraer los ajustes razonables que se están proponiendo, a todos los
soldados profesionales que han sido retirados en virtud del contenido normativo
del artículo 8º literal a) numeral 2 y artículo 10 del Decreto 1793 de 2000”.
Solicitudes
En suma, de conformidad con los
argumentos expuestos, solicita[22]:
(i)
“Declarar inexequible el literal c) del
artículo 4º del Decreto 1793 de 2000, por resultar en vulneración del derecho a
la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de potenciales candidatos
a ingresar a la carrera de Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales”;
(ii)
“Declarar la exequibilidad condicionada del
artículo 8º literal a) numeral 2 y del artículo 10 del Decreto 1793 de 2000, a
que se apliquen –en cuanto ello sea posible– las condiciones contenidas en el
acápite ‘propuesta de solución al problema jurídico’”; y
(iii)
Que se prevenga a los
Comandantes General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional, de la
Armada Nacional y de la Fuerza Aérea para que los retiros por pérdida de
capacidad psicofísica se den en los términos de la anterior propuesta.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Fundación Saldarriaga Concha[23]
La Fundación solicita que se declare la INEXEQUIBILIDAD del “numeral
segundo del literal a) del artículo 8, así como del artículo 10, ambas
disposiciones consagradas en el Decreto 1793 de 2000 o en su defecto, declarar
la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA
a que se les brinde un trato igual a los soldados profesionales al que se les
garantiza a los suboficiales y oficiales de las fuerzas militares”.
Los intervinientes explican que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico colombiano, las personas en condición de discapacidad
gozan de una especial protección constitucional. Así, sostienen que los “operadores
jurídicos deben tomar en cuenta dos elementos centrales del enfoque social de
la discapacidad: la interacción entre las deficiencias o limitaciones –que
pueden ser físicas, sensoriales, mentales o intelectuales– y las barreras
sociales, lo que impide o restringe una participación efectiva en la sociedad
en condiciones de igualdad”[24].
Plantean que los soldados colombianos
enfrentan riesgos mayores relacionados con la adquisición de limitaciones
físicas y psicosociales por causa del conflicto armado colombiano, lo cual debe
tenerse en cuenta para garantizar su protección constitucional.
Así, por ejemplo, indican que de acuerdo a investigaciones del Centro
Nacional de Memoria Histórica y de la Fundación Prolongar, las minas
antipersonales (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE) generaron un total de
11.440 víctimas entre 1990 y 2016 de las cuales 7.015 eran miembros de la
Fuerza Pública y 4.425 población civil. Del total, 2.288 personas afectadas
murieron, mientras que 9.152 resultaron heridas y viven con las secuelas
físicas y psicosociales que se derivan del daño. Luego, el 60% de las víctimas
hacen parte de la Fuerza Pública. Por lo anterior, llegan a la conclusión de
que existe una obligación estatal de fortalecer la protección para los
soldados, en especial, los que sufren este tipo de lesiones.
Para la Fundación, los artículos 8º y 10º parcialmente acusados violan
el derecho a la igualdad por dos motivos. De una parte, por establecer el
retiro de los soldados profesionales en razón a sus condiciones psicofísicas y,
de otra, por la ausencia de adopción de medidas y/o ajustes razonables para la
protección de sus derechos fundamentales. En el último caso, entienden que el
Estado ha previsto medidas para los suboficiales y oficiales de las Fuerzas
Armadas y debe hacer lo mismo para los soldados profesionales, pues no existe
ninguna justificación para la diferencia. De este modo, consideran que el goce
del derecho a la igualdad incluye la adopción de ajustes razonables para todas las
personas en situación de discapacidad, sin importar su rango o escalafón en la
institución militar.
Añaden que las disposiciones no superan un juicio estricto de
igualdad, pues la medida se basa en un criterio discriminatorio, a
saber, la condición de discapacidad[25].
En efecto, exponen que si bien puede decirse que la medida persigue un fin
legítimo (idoneidad
del personal militar)[26]
y es útil para la realización de ese fin, no es necesaria e indispensable, ya
que hay opciones menos gravosas para el derecho a la igualdad. Lo anterior,
pues la obligación del Estado de adoptar ajustes razonables
supone la existencia de otras posibilidades diferentes al retiro de la
institución, como el desarrollo de funciones que no
involucren su participación en operativos militares.
Explican que existe un precedente aplicable al caso, pues a través de
la Sentencia C-381 de 2005[27],
la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 58 del Decreto Ley 1791
de 2000, que establecía el retiro para los miembros de la Policía Nacional por
la pérdida de capacidad psicofísica, por considerar que la medida era discriminatoria.
La Fundación Saldarriaga Concha no presentó argumentos relacionados con
los cargos formulados en contra del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000.
2.
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. PAIIS[28]
El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social solicita que esta Corte declare la INEXEQUIBILIDAD del
artículo 4º y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 8º y 10º del
Decreto 1793 de 2000.
Artículo 4º
del Decreto Ley 1793 de 2000
Para los intervinientes el requisito demandado, que exige ser soltero y
sin hijos para poder ingresar a la formación militar, no supera un test de igualdad y debe ser declarado inexequible. Al respecto indican que
si bien esta Corte, a través de la Sentencia C-1293 de 2001[29], determinó que la
finalidad de la norma persigue un fin constitucionalmente legítimo dirigido a
garantizar “circunstancias
óptimas para la formación militar”, la medida adoptada no
es necesaria, adecuada, ni proporcional a la consecución de dicha finalidad.
En efecto, explican que la exigencia de permanecer soltero o sin hijos
como requisito para el ingreso a la formación militar, es restrictiva de los
derechos a la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad y la autodeterminación. Afirman que “no existe una
relación necesaria de medio a fin, pues… nada indica que la sola posesión del
estado civil de soltero asegure per se mejores circunstancias para el
desenvolvimiento del proceso educativo militar, ni que en forma alguna
contribuya a ello”[30].
Artículos
8º y 10º (parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000
Los intervinientes reseñan la Sentencia C-531 de 2000[31], sobre la calidad de
sujetos de especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad;
y la Sentencia T-236 de 2011[32],
respecto de los elementos que configuran la estabilidad laboral reforzada, a
fin de establecer que es claro que, en principio, las personas que sufren
disminución psicofísica tienen derecho a: (i) conservar el empleo; (ii) no
ser despedidos en razón a su situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en el trabajo hasta tanto se configure una causal objetiva
que amerite la desvinculación laboral; y (iv)
a que un inspector del trabajo autorice el despido.
Explican que la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre una
norma similar a las aquí acusadas, a través de la Sentencia C-381 de 2005[33], (artículo 55, numeral 3º
del Decreto Ley 1791/2000). En dicho pronunciamiento, la Corte declaró la
exequibilidad condicionada de la norma que autorizaba el retiro de miembros de
la Policía, en el entendido de que dicho retiro por disminución de la capacidad
psicofísica, solo procedía cuando “la Junta Medica Laboral de la
institución radique concepto no favorable para su reubicación y sus capacidades
no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de
instrucción”[34].
Para los intervinientes, este caso debe ser fallado bajo la misma
racionalidad y, por ende, se debe declarar la constitucionalidad condicionada
planteada por el demandante. Además, añaden que la línea jurisprudencial
establecida en las Sentencias T-470 de 2010[35]
y T-585 de 2011[36],
es consistente con tal postura. Así mismo, explican que no es constitucional
que la regulación del retiro para soldados profesionales consagre diferencias
respecto de los oficiales y suboficiales, pues tal distinción es
injustificada.
Finalmente, presentan consideraciones sobre el contenido de los
diferentes modelos de discapacidad, las obligaciones que establece la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el alcance del derecho al
trabajo en igualdad de condiciones, contemplado en el artículo 27 de tal
Convención, así como de los artículos 2° y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
3. Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Bogotá[37]
Los intervinientes solicitan que se declare la INEXEQUIBILIDAD
del artículo 4º, literal c) del Decreto 1793 de 2000, por considerar que viola
el artículo 13 de la Constitución. Para argumentar su posición, refieren los
parámetros del juicio de igualdad establecidos en la Sentencia C-758 de 2013[38] e indican que de
conformidad con los artículos 216 y 217 de la Constitución, las funciones de
los soldados profesionales solo son comparables con las de los integrantes de
las Fuerzas Militares, mas no de la Policía Nacional. Es decir, la comparación
sólo es posible entre los regímenes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y
la Fuerza Aérea.
Hecha la anterior aclaración, explican que la exigencia para los
soldados profesionales de un requisito adicional respecto de los oficiales y
suboficiales es inconstitucional. Adicionalmente, consideran injustificada esa
distinción, pues “si bien es
cierto que los soldados profesionales tienen una especialísima finalidad dentro
de las instituciones castrenses no se debe olvidar que el establecimiento de
una familia, que en últimas es lo que prohíbe la norma, es un derecho humano
protegido internacionalmente por la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, por el pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, y de igual manera tiene protección constitucional, por ser
principio, derecho fundamental y fundante del Estado Social de Derecho”[39].
Los intervinientes no presentaron argumentos relacionados con los
artículos 8º y 10º del Decreto Ley 1793 de 2000.
4. Grupo de Acciones Públicas del Departamento
de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana[40]
El Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad Javeriana solicita la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de las
normas demandadas. La interviniente apoya la posición del demandante respecto
del literal c) del artículo 4° del Decreto 1793 de 2000. Para sustentar tal
afirmación, cita la Sentencia T-813 de 2000 en la cual la Corte “encontró
como inconstitucional la disposición del Reglamento de la Escuela de Cadetes
José María Córdoba que consideraba como mala conducta concebir hijos, contraer
matrimonio o unión marital de hecho durante el estudio” en esa institución,
por violar el derecho a la igualdad.
Añade que estos argumentos también
sirvieron de fundamento para declarar la inconstitucionalidad de la expresión “soltero”,
contenida en el parágrafo 1° del artículo 33 del Decreto 1790 de 2000, en la
Sentencia C-1293 de 2001[41].
Además, considera que la disposición trasgrede la esfera íntima de las
personas, sin justificación, al condicionar decisiones sobre el estado civil,
por tanto, está en contravía con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Así mismo, coadyuva la demanda respecto
de la solicitud de INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 8º y 10º
(parciales) del Decreto 1793 de 2000, por considerar que violan el derecho a la
estabilidad laboral reforzada y los artículos 53 de la Constitución y 27 de la
CDPD. En este sentido, cita las Sentencias T-843 de 2013[42], T-503 de 2013[43],
T-081 de 2012[44]
y T-459 de 2012[45] en las cuales se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas y se ordenó el reintegro de
diferentes soldados profesionales retirados del servicio por situaciones de
discapacidad, lo anterior, para garantizar los derechos a la igualdad y al
trabajo de estos sujetos de especial protección constitucional.
5. Ministerio de Defensa[46]
El Ministerio de Defensa solicita la
declaratoria de INHIBICIÓN por ineptitud sustantiva de la demanda y, en
subsidio, que se declare COSA JUZGADA respecto del Decreto Ley 1793 de
2000, “por cuanto el asunto (…) ya se ha debatido plenamente”, a
través de la Sentencia C-923 de 2001[47].
De manera subsidiaria, afirma que los artículos 8º y 10º son EXEQUIBLES.
El interviniente no se pronuncia sobre los cargos contra el artículo 4 (parcial),
pues considera que no fue admitido.
Señala que el demandante “no
estructuró correctamente el cargo de inconstitucionalidad, por virtud de la
falta de claridad de la acusación, por razón de su falta de suficiencia
argumentativa y por condición de su imprecisión conceptual”[48], por tanto, afirma
que el fallo debe ser inhibitorio.
Como argumento subsidiario, trascribe
apartes de los artículos 217 y 219 de la Constitución y sostiene que las
facultades extraordinarias otorgadas al Presidente mediante la Ley 578 de 2000,
por las cuales se dictó el Decreto Ley acusado en esta ocasión, cumplen los
requisitos constitucionales. Además, refiere las Sentencias C-1713 de 2000[49] y C-923 de
2001[50]
que analizaron el artículo 1° de la mencionada ley y la constitucionalidad de
los Decretos Ley 1790, 1791, 1792, 1793, 1795, 1796, 1798 1799 y 1800 del 2000
por vicios en el procedimiento, para argumentar que esta Corte ya se había
pronunciado sobre las normas acusadas.
De otro modo, expone que no es posible
hacer la comparación que propone el accionante entre oficiales y suboficiales,
de un lado, y soldados profesionales, de otro, en tanto el principio de
igualdad aplicado a regímenes especiales, admite trato diferencial entre
categorías disímiles de vinculación. Por tanto, es determinante establecer el tertium
comparationis. En este sentido, enfatiza que la Corte ha dicho que “no
es procedente un examen de aspectos aislados de una prestación entre dos
regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda
constatar en un tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras
materias del mismo régimen”[51].
Igualmente, destaca que las Fuerzas Militares están sometidas a un régimen
especial, como una excepción expresa a la Ley 100 de 1993.
En esta línea, afirma que las normas
analizadas pertenecen a un régimen especial para los servidores de la Fuerza Pública,
que no puede ser comparado con el régimen general, como lo pretende el
accionante. Sostiene que la diferencia “está justificada por la necesidad de
crear un nuevo régimen prestacional para quienes ingresen al nivel Ejecutivo
que no afecta a quienes desean permanecer en el régimen anterior”[52]. Por último,
después de citar jurisprudencia del Consejo de Estado y los pasos del juicio de
proporcionalidad reitera que los regímenes especiales están justificados
constitucionalmente y su trato diferente responde a que contemplan situaciones
distintas.
6. Ministerio del Trabajo[53]
El Ministerio del Trabajo solicita la
declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de todas las disposiciones demandadas. En
primer lugar, sostiene que el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793
de 2000, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al imponer una
limitación desproporcionada e injustificada para los aspirantes a soldado
profesional, al restringir la autonomía personal para conformar una familia.
En segundo lugar, respecto de los
artículos 8º y 10º (parciales) acusados, recuerda la obligación que se
desprende del artículo 27 de la CDPC de “salvaguardar el derecho al trabajo
de las personas con discapacidad y de aquellas que adquieren la discapacidad
durante el empleo, prohibir la discriminación por motivos de discapacidad a
todas las cuestiones  relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las
condiciones de continuidad en el empleo, así como velar porque se realicen los
ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y
promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, de mantenimiento
del empleo y reincorporación dirigidos a las personas con discapacidad”[54]. En
consecuencia, considera que las normas parcialmente demandadas violan tales
obligaciones y deben ser declaradas inexequibles.
V.
INTERVENCIONES
EXTEMPORÁNEAS
Vencido el término de fijación en lista
se recibieron intervenciones de:
La Academia Colombiana de Jurisprudencia
que solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de las disposiciones
demandadas[55];
La Universidad Nacional de Colombia que
solicita que se declare la INEXEQUIBILIDAD  del literal c) del artículo
4º demandado y la CONSITUCIONALIDAD CONDICIONADA de los artículo 8º y 10º
acusados, para que el retiro temporal de los soldados profesionales, “se
realice teniendo en cuenta los mismos requisitos que se aplican para los
oficiales y suboficiales; es decir que se desarrolle un estudio médico integral
se ofrezcan posibilidades de reubicación laboral (cambio de arma o
especialidad) o sean designados en comisión de estudios para que los soldados
profesionales con discapacidades físicas para la vida militar puedan continuar
en servicios, y en caso que se determine el retiro del soldado profesional, le
sea garantizado su mínimos vital y la protección de la dignidad humana”[56]; y
La Universidad de Nariño que solicita que
se declare la INEXEQUIBILIDAD  del literal c) del artículo 4º y la CONSITUCIONALIDAD
CONDICIONADA del literal a) del numeral 2 del artículo 8º, en el entendido
“de que la disminución en la capacidad psicofísica dispuesta en el artículo
debe ser una que afecte la actividad militar a desarrollar”[57], y de la
expresión “podrá ser retirado del servicio” contenida en el artículo 10º,
en el entendido de que “dicho retiro no puede darse sin antes brindar una
capacitación no necesariamente profesional pero si por lo menos técnica a los
soldados que vieron disminuidas sus capacidades psicofísicas en el ejercicio de
su labor, esta capacitación debe seguir los principios de la figura de los
ajustes razonables, y por lo mimo debe ser proporcional al grado de pérdida de
la capacidad psicofísica”[58].
VI.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación solicita
a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD del literal c) del artículo 4º del Decreto
Ley 1793 de 2000 y la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del literal a) del
numeral 2 del artículo 8º y el artículo 10º de la misma normativa, en el entendido
de que “antes de proceder a la desvinculación del servicio activo por la
pérdida de la capacidad psicofísica de los soldados profesionales, debe
intentarse su reubicación laboral”[59].
A su vez, pide a la Corte EXHORTAR
al Congreso de la República y al Ministerio de Defensa Nacional para que, en
ejercicio de sus competencias, evalúen la posibilidad de presentar un proyecto
de ley que reforme la carrera de los soldados profesionales prevista en el
Decreto Ley 1793 de 2000, en aras de solucionar los problemas estructurales de
ese sistema, relacionados con el retiro del personal por disminución de la
capacidad psicofísica, en los casos en que la pérdida de la capacidad laboral
no dé lugar a la asignación de una pensión por invalidez. Así mismo, para que
presenten un proyecto de ley “y diseñen los mecanismos legislativos y de
política pública, orientados a la promoción de los derechos a la salud, la
educación y al trabajo de los excombatientes de las Fuerzas Armadas que han
quedado en situación de discapacidad con ocasión del conflicto armado interno
en Colombia”[60].
Después de resumir la demanda y los
cargos propuestos, plantea los siguientes problemas jurídicos a resolver:
“(i) ¿Es inconstitucional que el literal c)
del artículo 4 del Decreto 1793 de 2000 establezca que para el ingreso a las
Fuerzas Militares en calidad de Soldado Profesional es requisito ser soltero
sin hijos y no tener unión marital de hecho?
(ii) ¿La Corte Constitucional debe condicionar
el retiro temporal con pase a la reserva por disminución de la capacidad
psicofísica establecido en el ordinal 2° del literal a) del artículo 8°, en
concordancia con el artículo 10 del Decreto 1793 de 200, a que, como ‘ajustes
razonables’, (a) los soldados profesionales sean capacitados en los términos de
los artículos 83, 84 y 88 del decreto 1790 de 2000; (b) después de ello puedan
ser reubicados laboralmente, ya sea al servicio de las Fuerzas Militares, de
otra entidad estatal o de una empresa privada; y (c) todo lo anterior surta
efectos respecto de los soldados profesionales que ya fueron retirados del
servicio activo con base en esta normatividad?”[61].
Para resolver los problemas, la Vista Fiscal,
primero, indica que la Fuerza Pública, según la Constitución de 1991, está
conformada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y su finalidad es la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y el orden constitucional. Añade que en desarrollo de tales objetivos
el Gobierno Nacional reguló los regímenes de los soldados profesionales y de
los oficiales y suboficiales en los Decretos 1793 y 1790 de 2000, y destaca que
la diferencia de los regímenes subyace en sus necesidades, estructura y
funcionamiento.
Segundo, presenta un cuadro comparativo entre
las normas que rigen a los suboficiales y oficiales y los soldados
profesionales en los requisitos para la incorporación y selección, la jerarquía
y reparto funcional, capacitación y profesionalización, modificaciones,
ascensos y prerrogativas, al igual que otras situaciones administrativas, como la
“discapacidad psicofísica” y los aspectos que afectan el servicio, para
concluir que existen diferencias entre estos dos regímenes, que de forma
general están justificadas. Lo que no obsta para que esta Corte las estudie y
verifique su constitucionalidad.
Literal c) del artículo 4º del Decreto 1793 de
2000
La Vista Fiscal coincide con la posición del
demandante acerca de la inexequibilidad del requisito de ser soltero, sin unión
marital de hecho vigente y sin hijos para ingresar a las Fuerzas Militares como
soldado profesional. A juicio del Ministerio Público, las consideraciones
planteadas en la Sentencia C-1293 de 2001[62],
que declaró inexequible un requisito similar para los oficiales y suboficiales,
sirven de fundamento para sostener la inconstitucionalidad de la norma, aun
cuando se trate de regímenes disímiles, lo cual es constitucionalmente
admisible.
En este orden de ideas, indica que la
violación al derecho a la igualdad se fundamenta en que el artículo acusado es
el mismo que tenía la norma declarada inexequible: (i) una supuesta
incompatibilidad entre la vida familiar y la vida militar; y (ii) la
plena disponibilidad para el proceso de formación. Adicionalmente, sostiene que
las consideraciones de la sentencia reseñada son aplicables, pues aun cuando el
objetivo de la medida de lograr un ambiente óptimo para la formación militar
sea constitucionalmente aceptable, viola los derechos a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad, por ser desproporcionada e irrazonable. Lo
anterior, se refuerza con el precedente establecido en la Sentencia T-813 de
2000, en la que se dijo que un requisito similar era inconstitucional.
Finalmente, precisa que “no es
constitucionalmente admisible supeditar este tipo de decisiones a factores
externos y ajenos a la voluntad real de las parejas, a través del
establecimiento de condicionamientos que no acreditan la idoneidad de los
aspirantes, para tener acceso a la educación y al trabajo en el campo de
despliegue personal de su preferencia”[63].
Ordinal 2) del literal a) del artículo 8º y artículo
10º del Decreto Ley 1793 de 2000
La Procuraduría indica que las dos
disposiciones deben estudiarse en conjunto, pues ambas regulan el retiro del
servicio por la disminución de la capacidad psicofísica. Además, solicita que
se haga una integración normativa de todo el artículo 10°, pues “es
necesario estudiar toda la proposición normativa, y no sólo la frase ‘podrá ser
retirado del servicio’, por constituir una unidad prescriptiva sobre la cual ha
de recaer el juicio de constitucionalidad, para lograr que éste sea efectivo,
pues la expresión demandada aislada del contexto en que se encuentra inserta,
no podría ser analizada”[64].
A continuación, resalta que este Tribunal ya
se ha pronunciado sobre el retiro de soldados profesionales por estos motivos
en sede de tutela y ha concluido que en algunas ocasiones se incurre en violación
de los derechos a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada
de las personas en situación de discapacidad como consecuencia de esa práctica,
como sucedió en las Sentencias T-470 de 2010, T-503 de 2010, T-081 de 2011,
T-585 de 2011 y T-928 de 2014.
Señala que en esos casos, se aplicó la
excepción de inconstitucionalidad de los artículos 8° y 10° del Decreto Ley
1793 de 2000, pues aun cuando exista un régimen especial de carrera para los
soldados profesionales, justificado en la necesidad de tener el 100% de las
capacidades de un soldado para ejercer su función de combate, “ello no se
encuentra acorde con la protección que el Estado debe brindar a las personas
que voluntariamente entregan su integridad por la Patria y por ello padecen una
condición de discapacidad, quienes como sujetos de especial protección
constitucional deben ser reubicados, capacitados para su incorporación al mundo
laboral, o en todo caso, debe contrarrestarse el daño ocasionado y velar por la
recuperación de las secuelas físicas y psicológicas dejadas por su labor”[65].
En consecuencia, solicita que se declare la
constitucionalidad condicionada de los artículos 8º y 10º del Decreto Ley 1793
de 2000, en el sentido de que debe buscarse la reubicación de los soldados
voluntarios, en la medida en que ello sea posible.
Al margen de lo anterior, indica que la precitada
solución es insuficiente por las dificultades en la reubicación, por ello
estima que se debe exhortar al Congreso y al Ministerio de Defensa Nacional
para que presenten un proyecto de ley que busque superar los problemas de
carrera en las Fuerzas Militares, específicamente, “los aspectos
estructurales que llevan a que legalmente no existan alternativas distintas al
retiro para quienes hayan perdido parte de su capacidad psicofísica”[66].
Al respecto, resalta que con esto no pretende la
equiparación de los regímenes de soldados profesionales y oficiales y
suboficiales, pues reconoce la situación de disparidad de los grupos. No
obstante, resalta la inexistencia de un régimen claro de los sistemas de
promoción profesional, entre otros, para los soldados profesionales. Así,
subraya que “el bajo nivel de estudio requerido para la incorporación de los
soldados profesionales, la ausencia de jerarquización y reparto funcional, la
imposibilidad de recibir capacitación en temas distintos al combate, junto con
las pocas posibilidades de ascenso, supone para estas personas, que cuando son
heridas en combate, proceda su retiro del servicio activo”[67].
En concepto del Ministerio Público, es
imperativa una reevaluación del régimen de carrera de los soldados
profesionales en aras de salvaguardar los derechos a la estabilidad laboral
reforzada y a la protección de las personas en situación de discapacidad que no
puedan acceder a una pensión de invalidez.
Por último, la Vista Fiscal se refiere a lo
planteado por el demandante acerca de la insuficiencia de la indemnización
sustitutiva en el contexto del conflicto armado interno y la desprotección de
estas personas. Sostiene que la solución a esta problemática social no es darle
efectos retroactivos a la declaratoria de exequibilidad condicionada, sino que
se profiera el exhorto referido para que se “diseñen mecanismos especiales
de atención a las personas que hayan prestado sus servicios en defensa de la
patria, y se encuentren en situación de discapacidad como consecuencia de su
participación en el conflicto armado interno”[68].
VII.
CONSIDERACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
En virtud de lo dispuesto
en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de
inconstitucionalidad contra varios preceptos que forman parte de una ley de la
República y sobre los cuales, como se verá, no ha habido pronunciamiento
anterior por los cargos ahora alegados.
Consideraciones previas
2. Antes de plantear el asunto y formular los
problemas jurídicos a solucionar en este caso, es necesario que la Sala Plena
resuelva algunas cuestiones previas para identificar plenamente el juicio que
llevará a cabo. En efecto, en esta ocasión, uno de los intervinientes advirtió
sobre la eventual configuración de: (i) el fenómeno de cosa
juzgada y/o (ii) la ineptitud sustantiva de la
demanda. De otro modo, como fue puesto de presente por la Procuraduría, es
necesario verificar si en este caso procede o no (iii) una integración
normativa respecto del artículo 10º demandado.
-
Cosa juzgada
3. De conformidad con los artículos 243 de la Constitución, 46 y 48 de la Ley
270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de 1991, las decisiones que dicte la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto son definitivas, de
obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga omnes[69]. En consonancia
con lo anterior, este Tribunal ha determinado que la cosa juzgada implica que
sus providencias tienen un carácter definitivo e incontrovertible y proscriben
los litigios o controversias posteriores sobre el mismo tema.
4. En la sentencia C-744 de 2015[70] se reiteraron las reglas jurisprudenciales de
verificación de la existencia de cosa juzgada, a partir de las cuales se
establece que ésta se configura cuando: “(…) (i) se proponga estudiar el
mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada en una
sentencia anterior; (ii) se presenten las mismas razones o cuestionamientos
(esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), analizados
en ese fallo antecedente; y (iii) no haya variado el patrón normativo de
control[71]”[72].
Es decir, para que se constante el fenómeno se
requieren tres elementos: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa petendi; y (iii) subsistencia del parámetro de
constitucionalidad, esto es, que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas que de manera
excepcional hagan procedente la revisión[73],
lo que la jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración[74].
5. Ahora bien, los efectos de la cosa juzgada
en el control de constitucionalidad están condicionados a la manera en que la
Corte resuelve las demandas que son sometidas a su jurisdicción. En efecto, la
declaratoria de inexequibilidad de una norma implica que no
existe objeto para un nuevo pronunciamiento de esta Corporación, por tal razón
la acción que se presente con posterioridad deberá rechazarse o proferirse un
fallo inhibitorio y estarse a lo resuelto en la decisión anterior[75].
De otro modo, si este Tribunal ha
resuelto la exequibilidad de una norma que con
posterioridad es nuevamente acusada, debe analizarse cuál fue el alcance de la
decisión previa, con la finalidad de “(…) definir si hay lugar a un
pronunciamiento de fondo o si por el contrario la problemática ya ha sido
resuelta, caso en el cual, la demanda deberá rechazarse de plano o, en su
defecto la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto en el
fallo anterior”[76].
6. En el presente asunto, el Ministerio de
Defensa en calidad de interviniente indicó que la Corte Constitucional debía
declarar la cosa juzgada, de conformidad con las Sentencias C-1713 de 2000[77] y C-923 de 2001[78]. Debido a lo
anterior, es necesario establecer si se configura dicho fenómeno.
6.1 A través de la Sentencia C-1713 de 2000,
la Corte estudió una demanda contra la totalidad de la Ley 578 de 2000,
mediante la cual el Congreso facultó al Presidente para expedir, entre otros,
el Decreto Ley 1793 de 2000 (“Estatuto del soldado profesional”). La
demanda planteaba vicios en la formación de la referida ley, como la
deficiencia en los debates y la extralimitación en las facultades otorgadas,
entre otros. En esa ocasión no se cuestionó la facultad que otorgó el Congreso
al Presidente. La Corte declaró la exequibilidad de la normativa al estimar que
la Ley está en armonía con la Constitución. Así, la parte resolutiva de ese
fallo es del siguiente tenor:
“Primero.- INHIBIRSE para
fallar de fondo respecto de los cargos formulados por vicios formales contra la
Ley 578 de 2000, por ineptitud de la demanda.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º
de  la Ley 578 de 2000 salvo la expresión “y se dictan otras
disposiciones” en relación   con la cual  debe ESTARSE
A LO RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su inconstitucionalidad.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 2 de la Ley 578 de 2000 salvo respecto de la  expresión “y
las demás normas relacionadas con la materia” en relación con la cual
debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que
declaró su inconstitucionalidad”
En esa medida, para esta Sala es evidente que no se presenta cosa juzgada en
este caso respecto de la Sentencia C-1713 de 2000, pues la norma acusada es
diferente a la demandada en esta ocasión. Así mismo, porque no existe identidad
en la causa petendi y el alcance de la decisión previa no hizo ninguna
referencia al debate propuesto por el demandante en esta ocasión.
6.2 De otra parte, a través de la Sentencia
C-923 de 2001, la Corte evaluó una demanda contra los Decretos 1790, 1791, 1792, 1793, 1795,
1796, 1797, 1798, 1799, 1800, todos del año 2000, por vicios en su formación.
Según el entonces accionante, a pesar de que se habilitó al Gobierno Nacional
para la expedición de éstas normas por medio de la Ley 578 de 2000, éste no
podía aprobar el texto normativo sin el visto bueno de “una Comisión de concertación
nombrada por las mesas directivas de ambas Cámaras del Congreso”. Al no
llevarse a cabo tal concertación, estimó que los Decretos Ley eran
inconstitucionales. Sin embargo, la Corte precisó que el proceso de formación
de los mismos, se ajustaba a la Constitución, por tanto, decidió:
“Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-757 de 2001,
respecto de la acusación formulada contra el decreto 1792 de 2000.
Segundo: Declarar EXEQUIBLES los decretos Nos. 1790, 1791, 1793, 1795,
1796, 1797, 1798, 1799 y 1800, todos del año 2000, únicamente por el cargo
formulado”.
De acuerdo a lo expuesto, es evidente que no
se presenta cosa juzgada en este caso respecto de la Sentencia C-923 de 2001,
pues si bien la norma acusada es la misma –Decreto 1793 de 2000–, no existe
identidad en la causa petendi y el alcance de la decisión previa no hizo
ninguna referencia al debate propuesto por el demandante. En efecto, la
discusión anterior se circunscribió a determinar si se configuraba o no un
presunto vicio en la formación del Decreto Ley 1793 de 2000, mientras que la
demanda ahora estudiada propuso cargos sustanciales o materiales relacionados sólo
con algunos artículos del referido Decreto.
7. En conclusión, esta Corte desestima los
alegatos presentados por el Ministerio de Defensa, pues comprueba que respecto
de las Sentencias C-1713 de 2000 y C-923 de 2001 no se configuró cosa juzgada
en este caso.
-
La aptitud de la
demanda
8. La Sala Plena advierte que el Ministerio de
Defensa Nacional también solicita a la Corte declarar la inhibición por
ineptitud sustantiva de la demanda, pues respecto de los cargos contra los
artículos 8º y 10º, considera que el accionante “no estructuró correctamente el cargo de
inconstitucionalidad, por virtud de la falta de claridad de la acusación, por
razón de su falta de suficiencia argumentativa y por condición de su
imprecisión conceptual”[79].
9. El artículo 2° del Decreto 2067 de
1991 señala los elementos que deben contener las demandas en los procesos de
control de constitucionalidad[80].
Específicamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe precisar: el objeto
demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto. La concurrencia de los tres
requerimientos mencionados hace posible un pronunciamiento de fondo.
En cuanto al concepto de la violación, la
jurisprudencia ha sido constante[81] en manifestar que los argumentos de
inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros,
esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita
comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos,
pues la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y
existente; específicos, en la medida que el ciudadano precise la manera
cómo la norma acusada vulnera la Constitución y formule al menos un cargo
concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la real
contraposición de una norma superior respecto de una de contenido legal, mas no
en su aplicación práctica o hipotética; y suficientes, por cuanto el
demandante debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar
el estudio y estos deben generar alguna duda sobre la constitucionalidad de la
disposición acusada.
10. En el caso de cargos por violación de la
igualdad, ya sea porque las normas excluyan o incluyan de manera
inconstitucional a grupos o a individuos, o porque la medida se funda en
criterios sospechosos de discriminación, la jurisprudencia ha sistematizado los
presupuestos para generar una mínima duda constitucional. La sentencia C-257 de 2015[82] reiteró que en casos de alegatos en torno a tratos
diferenciados que se consideren inconstitucionales, se deben cumplir, además de
los requisitos generales, los siguientes:
“… Estos elementos son: i) los términos de comparación –personas,
elementos, hechos o situaciones comparables– sobre los que la norma acusada
establece una diferencia y las razones de su similitud[83]; ii) la explicación, con argumentos de naturaleza
constitucional, de cuál es el presunto trato discriminatorio introducido por
las disposiciones acusadas y iii) la exposición de la razón precisa por la que
no se justifica constitucionalmente dicho tratamiento distinto, es decir por
qué es desproporcionado o irrazonable[84].
Esta argumentación debe orientarse a demostrar que ‘a la luz de parámetros
objetivos de razonabilidad, la Constitución ordena incluir a ese subgrupo
dentro del conglomerado de beneficiarios de una medida’[85].”
En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad,
sólo tiene sentido constitucional en la medida en que se determine un patrón de
paridad, se identifiquen a los sujetos a comparar, se diga frente a qué derecho
o interés se debe predicar el trato igual o diferente y se elabore con
suficiencia las razones por las que no hay una justificación para la diferencia
de trato.
11. La adecuada presentación del concepto de
la violación permite a la Corte, junto con otros aspectos que la jurisprudencia
ha delimitado, desarrollar su función en defensa de la Constitución en debida
forma, pues circunscribe el campo sobre el cual hará el respectivo análisis de
constitucionalidad.
Esta carga mínima de argumentación que debe
exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio, a pesar
de la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de
inconstitucionalidad. De no atenderse dicho presupuesto podría generarse la
inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo
inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar
la acción, que es lo que en este asunto pretende el Ministerio de Defensa.
Estas consecuencias no implican una restricción de los derechos políticos del
demandante, pero sí el establecimiento de elementos que informen adecuadamente
al juez constitucional para proferir un pronunciamiento de fondo[86].
12. El alegato del Ministerio de Defensa
sólo se refiere a los cargos contra los artículos 8º y 10º, por tanto esta Sala
evaluará la aptitud de la demanda respecto de los mismos. Así, a través de los
autos del 20 de enero y 13 de febrero de 2017, la Magistrada sustanciadora
evaluó los argumentos de la demanda y estimó, respecto de los cargos admitidos[87], que la misma
cumplía los requisitos señalados por la jurisprudencia, como se pasa a
explicar.
Respecto de los artículos 8º y 10º del Decreto Ley
1793 de 2000, fueron admitidos los cargos por violación del principio de
igualdad (artículo 13)[88]
y por el presunto quebrantamiento del
derecho a la estabilidad laboral reforzada y la protección de los derechos de
las personas en situación de discapacidad (artículos 53, 54 y 93 de la
Constitución y 27 de la CDPD)[89],
ya que se encontraron satisfechos los requisitos señalados.
Al respecto, el
demandante indica que las normas violan el derecho a la igualdad debido a que
en el caso de los suboficiales y oficiales se da un trato equitativo cuando
sufren una disminución de sus capacidades psicofísicas, mientras que los
soldados profesionales no tienen consideraciones semejantes, lo anterior sin
ninguna justificación aparente. A su vez, plantea que las disposiciones
cuestionadas violan el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas en situación de discapacidad, porque permiten el despido de una
persona en situación de debilidad manifiesta, en vez de protegerla y ofrecerle
alternativas laborales acordes a su salud.
13. De lo expuesto, esta Sala encuentra que la demanda
es clara, debido a que presenta un hilo conductor coherente mediante el
cual se comprende fácilmente el contenido de la misma y las justificaciones
para adelantar un juicio de constitucionalidad. Así mismo, se hace evidente que
el juicio recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes, como los
artículos 8º y 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, que establecen la causal de
retiro por disminución de la capacidad psicofísica de los mismos. Por tanto, se
cumple con la certeza necesaria.
Aunado a lo anterior, el accionante establece que los
cargos presentados son por violación de los artículos 13, 53, 54 y 93 de la
Constitución y 27 de la CDPD (igualdad, estabilidad laboral reforzada y
protección especial de las personas en situación de discapacidad), en torno a
los artículos 8º y 10º acusados. Por ello, esta Sala resalta que se trata de
una confrontación entre artículos de rango legal con normas de la Constitución,
que se funda en las disposiciones normativas y no en supuestos hipotéticos o
fácticos desprendidos de ellas. Debido a lo anterior, se puede establecer el
cumplimiento de los requisitos de especificidad y pertinencia.
En cuanto a la suficiencia en los cargos, la
Sala Plena establece que se hicieron los esfuerzos argumentativos necesarios
para sustentar la eventual violación de la Constitución, lo cual permite a esta
Corte iniciar un proceso de constitucionalidad. Se recuerda en este punto que “la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima
facie convencer de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan
una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal
manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte”[90].
Lo cual se logró con la presentación de los argumentos de esta demanda.
Por último, y debido a que el accionante presenta cargos
por violación del principio de igualdad, este despacho verifica que el
demandante cumplió con el mínimo estándar requerido en estos casos, pues; i)
identificó sujetos comparables, como: soldados profesionales y oficiales y
suboficiales del Ejército Nacional; ii) identificó que las diferencias creadas
por las normas, respecto del retiro de la carrera militar, vulnera la igualdad;
y iii) presentó las razones por las cuales él considera que esos tratos
diferentes no son compatibles con la Constitución.
14. Así pues, en contraposición a lo expuesto por el
Ministerio de Defensa, es evidente que los argumentos propuestos por el
demandante gozan de claridad, suficiencia argumentativa
y no incurren en imprecisiones conceptuales que hagan inviable
este juicio. Así mismo, de la exposición de la demanda se pueden extraer con
luminosidad los elementos que comportan los cargos por vulneración de la
igualdad que fueron propuestos, pues se hacen explícitos los sujetos
comparables y se exponen las razones por las cuáles, según el actor, la
diferencia carece de una justificación constitucionalmente aceptable.
Por consiguiente, la Corte considera que los cargos
contra los artículos 8º y 10º demandados cumplen los requisitos mínimos de procedibilidad,
en cuanto sí se plantearon verdaderos asuntos de inconstitucionalidad contra las
normas parcialmente acusadas. En consecuencia, la demanda es apta y la Sala
Plena se encuentra habilitada para adelantar el juicio propuesto.
-
Integración normativa
del artículo 10º del
Decreto Ley 1793 de 2000.
15. Como se advirtió, antes de delimitar el
problema jurídico y la metodología de resolución, es preciso verificar si la expresión
demandada del artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000 goza de un contenido
normativo autónomo o debe ser integrada con toda la norma. Así pues, es
ineludible recordar que el artículo 6º
del Decreto 2067 de 1991 permite a la Corte Constitucional pronunciarse sobre
aquellas normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con el precepto
acusado[91]. Esta facultad conocida, como la integración
normativa, desarrolla importantes mandatos constitucionales como la
economía procesal y la seguridad jurídica, a través de la eficacia del control
abstracto de constitucionalidad, y la efectividad de sus principios, derechos y
deberes, al garantizar la coherencia del ordenamiento[92].
En esa medida, la Corte Constitucional ha determinado
que la integración oficiosa de la unidad normativa sólo procederá cuando: (i)
se demande una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro, unívoco o autónomo;
(ii) la disposición cuestionada se encuentre reproducida en otras
disposiciones que posean el mismo contenido deóntico de aquella[93], y (iii) la norma
se encuentre intrínsecamente relacionada[94]
con otra disposición que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional[95].
16. Ahora bien, para el primer supuesto, en el cual un
contenido normativo no es autónomo, como en el caso de demandas en contra de artículos
parcialmente impugnados, esto es de expresiones contenidas en normas, este
Tribunal ha precisado que no siempre que se acusa un fragmento de una
disposición normativa se está frente a una proposición jurídica incompleta[96]. Igualmente,
debe tenerse en cuenta que, aunque
una expresión resulte clara y unívoca desde el punto de vista semántico y/o
sintáctico, puede ocurrir que tales atributos no resulten predicables desde la
perspectiva jurídica[97].
Por estas razones, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que, para resolver los cargos de inconstitucionalidad formulados
contra fragmentos normativos, deben tenerse en cuenta dos aspectos: (i)
que lo acusado sea un contenido
comprensible como regla de derecho que pueda contrastarse con las normas
constitucionales; y (ii) que los apartes que no fueron demandados no
pierdan la capacidad de producir efectos jurídicos en caso de declararse la
inexequibilidad del fragmento normativo acusado, evento en el cual es
procedente la integración de la unidad normativa[98].
17. En esta oportunidad, sólo fue demandado el
fragmento del artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, que predica: “podrá
ser retirado del servicio”. Al respecto, la Sala Plena está ante la
ineludible necesidad de efectuar la integración normativa de esta frase con
todo el artículo 10º, por varias razones:
17.1 En primer lugar, el fragmento
acusado no tiene un contenido jurídico autónomo. De lo expuesto, se extrae que
si bien desde una perspectiva semántica esta frase puede a llegar a ser clara e
inequívoca, no sucede lo mismo desde el punto de vista jurídico, pues como
premisa normativa está incompleta. En efecto, de su lectura autónoma no se
puede deducir, por ejemplo, (i) qué o quién se retira del servicio, (ii)
qué o quién retira del servicio, (iii) si el verbo podrá constituye
una habilitación abierta para ejercer un acto, o si por el contrario, (iv)
es un verbo que condiciona la ejecución de ese acto a otra circunstancia.
Debido a esa problemática, es evidente que para que la frase adquiera sentido
debe ser leída de forma integral con el resto del artículo acusado. En otras
palabras, la frase aislada no constituye un contenido comprensible como regla
de derecho que pueda ser contrastado con normas constitucionales.
17.2 En segundo lugar, de llegar a
declararse la inexequibilidad del fragmento, el resto del artículo 10º dejaría
de tener sentido y perdería su capacidad de producir efectos jurídicos, pues la
premisa normativa inicial también quedaría incompleta. Para facilitar la
comprensión de esta razón, es necesario recordar el referido artículo:
“ARTÍCULO 10. RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA
CAPACIDAD PSICOFÍSICA. El soldado profesional que no reúna las condiciones de
capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales
vigentes, podrá ser retirado del servicio.”
En efecto, de la lectura completa se deduce
que el verbo podrá es una habilitación para el retiro de un soldado, siempre y
cuando el mismo no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica
determinadas. Lo anterior permite llegar a la conclusión que si se declara la
inexequibilidad de la “habilitación”, el contenido condicionante no
produciría efectos y, peor aún, el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000,
perdería todo sentido.
18. En conclusión, la Sala constata que los
apartes que no fueron demandados del artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000,
se enmarcan dentro de los supuestos en los que procede la integración normativa,
según la jurisprudencia de esta Corporación. Por ende, se integrará la
proposición jurídica completa con lo cual esta sentencia tendrá efectos sobre
todo el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000.
Planteamiento de los problemas jurídicos y metodología
19. El demandante plantea que la expresión
demandada del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, viola los artículos 13
y 16 de la Constitución debido a que establece un requisito en razón del estado
civil de las personas, lo cual es discriminatorio y desproporcionado. A su vez,
plantea que los artículos 8º (parcial) y 10º del mismo Decreto quebrantan los
artículos 13, 53, 54 y 93 de la Constitución y 27 de la CDPD, ya que permiten
el retiro del servicio de personas en situación de discapacidad, en razón a esa
situación.
El programa PAIIS, el Ministerio del Trabajo y
las Universidades Libre y Javeriana consideraron que el artículo 4º debe ser
declarado inconstitucional, en tanto vulnera los derechos a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad. Explicaron que imponer la obligación
de permanecer soltero y sin hijos es una exigencia desproporcionada y
discriminatoria.
A su turno, la Fundación Saldarriaga, la
Universidad Javeriana y el Ministerio del Trabajo consideraron que los
artículos 8º y 10º acusados, debían ser declarados inexequibles por
contrariar las normas y la jurisprudencia constitucionales. Por su parte, la
Fundación Saldarriaga, como pretensión subsidiaria, y el Programa PAIIS, como
solicitud principal, pidieron a la Corte condicionar los efectos de una
declaratoria de constitucionalidad de estos artículos, bajo el entendido de que
se ofrezca un trato igual a los soldados profesionales, respecto de los
oficiales y suboficiales que ven disminuidas sus capacidades psicofísicas, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional.
Por último, el Ministerio de Defensa fue el
único interviniente que defendió la constitucionalidad de los artículos
8º y 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, al considerar que no es posible hacer
una comparación entre los regímenes de los oficiales y suboficiales, y los
soldados profesionales.
Como se indicó, la Procuraduría General solicitó
que el artículo 4º fuera declarado inexequible y que los artículos 8º y 10º se
condicionaran, para que antes del retiro de un soldado profesional con sus
capacidades psicofísicas disminuidas, se intentara la reubicación laboral.
También solicitó a la Corte que exhorte al Congreso para que legisle sobre la
materia del retiro de soldados, de forma tal, que solvente los problemas
estructurales del sistema actual.
20. De acuerdo con todo lo expuesto, en el
presente caso la Corte Constitucional debe determinar si:
-
¿El literal c) del artículo 4º del
Decreto Ley 1793 de 2000 viola los derechos a la igualdad y al libre desarrollo
de la personalidad, al supeditar el ingreso a la carrera como soldado
profesional, a que la persona no se encuentre casada, en unión marital de hecho
o tenga hijos? (primer problema jurídico)
-
¿Los artículos 8º (parcial) y 10º
del Decreto Ley 1793 de 2000 violan los derechos a la igualdad y a la
estabilidad laboral reforzada, al autorizar el retiro de los soldados profesionales
que sufran una disminución en su capacidad y aptitud psicofísica, por esa
condición? (segundo problema jurídico)
Para dar solución a los problemas jurídicos
propuestos, es necesario que esta Sala aborde los siguientes temas: (i)
el régimen de carrera y estatuto personal de los soldados profesionales de las
Fuerzas Militares; (ii) el derecho de toda persona a escoger su estado
civil, la libertad para contraer matrimonio u optar por la unión marital de
hecho y el derecho a decidir sobre la procreación; y (iii) el derecho a
la igualdad, a la protección especial de las personas en condición de
discapacidad y el principio de integración laboral. Con base en estas
consideraciones, (iv) se abordarán los problemas jurídicos planteados y
se tomará una decisión.
El régimen de carrera y estatuto personal de los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares
21. Esta Corporación en diferentes
oportunidades se ha referido a la naturaleza jurídica de las Fuerzas Militares
y ha reiterado su carácter militar, en contraposición, por ejemplo, a otras
instituciones estatales como la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, de
naturaleza civil. Así, según la Constitución en los términos del artículo 217[99], tales fuerzas están
compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y su objetivo
principal es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional.
De igual manera, la Carta Política establece
que, debido a la especialidad de la función constitucional que cumplen y a
todas aquellas especificidades que implica mantener una organización
castrense, es necesario que el Legislador establezca para tales Fuerzas: (i)
un sistema de reemplazos y ascensos; (ii) un sistema de derechos y obligaciones
de sus miembros; y (iii) regímenes especiales propios de carrera,
prestacional y disciplinario.
22. Como en reiteradas ocasiones lo ha
establecido esta Corporación[100], en Colombia la provisión de
empleos públicos se da, por regla general, a través de un sistema de carrera
administrativa que atiende a principios específicos sobre mérito, estabilidad
en el empleo e igualdad en el acceso, entre otros. Sin embargo, existen algunos
sistemas de carrera especiales[101] que por mandato constitucional tienen
una regulación diferente. Es el caso específico de las
Fuerzas Militares, que al desempeñar ciertas actividades
constitucionalmente relevantes merecen un tratamiento diferenciado. Según este
Tribunal, las carreras especiales (como la militar), se justifican por la
naturaleza de las entidades a las que se aplica[102]
y por la función que tiene asignada por disposición de la Constitución y la
ley.
23. Así
mismo, la Corte ha explicado que: “(…) estos regímenes especiales deben responder a un criterio de “razón
suficiente” y que su constitucionalidad se encuentra condicionada a que
respeten los principios y valores constitucionales que informan la carrera de
la función pública, cuyo centro normativo es el concepto de ‘mérito’”[103]. Esto es que a través de los mismos se
establezcan procedimientos de selección y acceso basados en el mérito
personal, las competencias y calificaciones específicas de quienes aspiren
a vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores y determinen,
de conformidad con la Constitución y la ley, las causales de retiro del
servicio[104].
El “principio
de razón suficiente” en el caso de las Fuerzas Militares está establecido
desde el referido artículo 217 de la Constitución, en la medida en que a través
de las entidades que las conforman, el Estado procura el monopolio de la fuerza
y de las armas, la seguridad e independencia nacionales y el orden
institucional. De esta manera, el sistema especial de carrera que adopte el
Legislador para quienes estén vinculados a las Fuerzas Militares, debe contribuir
eficazmente al cumplimiento de tales funciones.
24. Ahora
bien, estos regímenes de carrera especiales también deben respetar los mandatos
constitucionales y propender por la salvaguarda de los derechos fundamentales
de los destinatarios de los mismos. Así, en Sentencia C-753 de 2008[105], la Corte afirmó que “estos
regímenes especiales serán constitucionales siempre que contribuyan a la
realización de los principios y mandatos de la Carta y de los derechos
fundamentales de las personas, al tiempo que hagan de ellos mismos instrumentos
ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para
satisfacer, desde la órbita de su competencia, el interés general”.
25. En
suma, el Legislador goza de un amplio margen de configuración para regular el
régimen de carrera especial de las Fuerzas Militares, dentro del cual está el
de los soldados profesionales. Sin embargo, esa facultad encuentra límites en: (i)
los principios y valores que inspiran el sistema de carrera en general, en relación
con la función constitucional que cumplen tales Fuerzas; y (ii) los
principios y mandatos constitucionales y los derechos fundamentales de las
personas.
Particularidades
del régimen de soldados profesionales
26. En desarrollo del mandato constitucional
de regular la carrera en las Fuerzas Militares y de las facultades
extraordinarias contenidas en el artículo 150 de la Constitución, el Legislador
facultó al Presidente de la República, a través de la Ley 578 de 2000[106], para que regulara
diversos aspectos relacionados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
De tal habilitación surgieron, entre otros, los Decretos Ley 1790, 1793, 1795,
1796 de 2000, que regularon el régimen de carrera y estatuto personal de los
miembros de las Fuerzas Militares, de manera específica, para oficiales y
suboficiales[107],
y para soldados profesionales[108].
Así mismo, establecieron el sistema de salud aplicable a estos[109] y las reglas para
determinar su capacidad psicofísica[110].
Como se indicó ut supra, estos y otros decretos fueron evaluados por
vicios de formación y declarados exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-923 de 2001.
También hace parte de ese sistema normativo la
Ley 923 de 2004[111], modificada por la Ley
1660 de 2013[112], que estableció las reglas
sobre la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública.
27. De manera específica, el Decreto
Ley 1793 de 2000 creó el estatuto personal y de carrera de los soldados
profesionales, que en su artículo 1º, define como soldado profesional a
todo hombre entrenado y capacitado con la finalidad principal de actuar
en las unidades de combate y apoyo en la ejecución de operaciones militares
para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que
le sean asignadas.
28. Ese mismo estatuto, regula la incorporación
de los soldados profesionales (artículo 3º) y establece que la misma se
hará mediante nombramiento por orden de personal de los respectivos Comandos de
las Fuerzas, de conformidad con las necesidades del servicio que determine el
Gobierno Nacional. Para ser considerado en los nombramientos, los aspirantes
deben cumplir determinados requisitos mínimos, también fijados por la
referida normativa (artículo 4º), que consisten en:
a) Ser colombiano;
b) Inscribirse en el respectivo Distrito Militar;
c) Ser soltero, sin hijos y no tener unión marital de hecho;
d) Ser mayor de 18 años y menor de 24 años;
e) Acreditar quinto grado de educación básica o en su defecto
presentar ante el Comando de la Fuerza un examen de conocimientos básicos;
f) Ser reservista de primera clase de contingente anterior o
último contingente y presentar certificado de buena conducta expedido por el
Comandante de la Unidad a la cual perteneció; o ser reservista de primera clase
de contingentes anteriores a los dos últimos o de segunda o tercera clase que
se encuentre en condiciones de recibir un entrenamiento especial; y
g) Reunir las condiciones psicofísicas de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes para el personal de las Fuerzas Militares.
Una vez cumplidos los anteriores
requisitos, los aspirantes se someten a un proceso previo de selección ante un
comité multidisciplinario, nombrado por el Director de Reclutamiento de cada
Fuerza (artículo 5º). Los elegidos son incorporados en un periodo de
prueba en el cual recibirán capacitación e instrucción, que en ningún caso
podrá ser superior a 6 meses (artículo 6º). Finalmente, los soldados
profesionales que superen el periodo de prueba y obtengan concepto favorable
para continuar en las Fuerzas, quedarán nombrados en propiedad y obligados a
prestar sus servicios a la entidad por un tiempo no menor de 2 años (artículo
6º).
29. Ahora bien, en lo atinente al retiro
de los soldados profesionales, el ya referido Decreto Ley 1793 de 2000,
prescribe que el mismo constituye el acto por el cual el Comandante de la
Fuerza respectiva dispone la cesación del servicio de un soldado profesional, de
forma temporal o absoluta (artículo 7º). Dicha cesación puede ocurrir a
partir de la configuración de una o varias de las causales determinadas por el
artículo 8º que, específicamente, precisa:
a.     El retiro
temporal con pase a la reserva se dará por[113]:
-
Solicitud propia, o
-
Diminución de la capacidad psicofísica
b.     El retiro
absoluto se dará por:
-
Inasistencia al servicio que supere 10 días consecutivos, sin
causa justificada.
-
Decisión del Comandante de la Fuerza.
-
Incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
-
Condena judicial.
-
Tener derecho a pensión.
-
Llegar a la edad de 45 años.
-
Presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos
suministrados al momento de su ingreso.
-
Acumular sanciones.
Cada una de las referidas causales
son definidas y reguladas en los artículos 9º a 19 del Decreto Ley 1793 de
2000. Específicamente, la causal de retiro temporal por diminución de la
capacidad psicofísica se define en el artículo 10º (demandado), como la
posibilidad de cesar o retirar a un soldado profesional de la prestación de sus
servicios, cuando el mismo no reúna las condiciones de capacidad y aptitud
psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes.
30. En cuanto a esas disposiciones
legales vigentes que definen la capacidad psicofísica de los
soldados profesionales, el artículo 37 del Decreto Ley 1793 de 2000[114]
precisa que para el efecto, son aplicables a estos las normas del personal de
las Fuerzas Militares y las que regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional. Tal regulación está
condensada en el Decreto 1796 de 2000.
El artículo 2º de ese Decreto, precisa que la capacidad
psicofísica es entendida como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes
y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir los miembros
de la Fuerza Pública para ingresar y permanecer en el servicio, en
consideración a su cargo, empleo y/o funciones. La misma es evaluada con base
en criterios laborales y de salud ocupacional, determinados por las autoridades
médico laborales de las Fuerzas Militares o de la Policía[115]. Así, a
partir de esos criterios el personal militar puede resultar: (i) apto, (ii)
aplazado y (iii) no apto (artículo 3)[116] para el
ejercicio de sus funciones.
La Junta Médico Laboral Militar o de Policía es la encargada de
efectuar los exámenes de la capacidad psicofísica y de determinar la aptitud de
los miembros de la Fuerza Pública, y según el artículo 15 del Decreto 1796 de
2000, una de sus funciones es la de evaluar la posibilidad de recomendar la
reubicación del personal sometido a calificación, cuando así lo amerite[117].
31. Establecido el régimen de carrera y el estatuto personal de
los soldados profesionales de las Fuerzas Militares en Colombia, de forma
general y en lo pertinente a la definición de los cargos propuestos en esta
ocasión, es necesario que la Corte continúe con la metodología propuesta a fin
de definir la constitucionalidad o no de las normas acusadas.
Derecho de
toda persona a escoger su estado civil. Libertad para contraer matrimonio y
para optar por la unión marital de hecho. Derecho a procrear.
32. El artículo
16 de la Constitución reconoce la facultad de los individuos de desarrollar su
personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden
jurídico. De conformidad con este enunciado
constitucional, la Corte ha dicho que este derecho se encuentra
íntimamente ligado con la dignidad humana y se encuadra en la cláusula general
de libertad que le confiere al sujeto la potestad para decidir autónomamente
sobre sus diferentes opciones vitales, dentro de los límites mencionados[118].
Así, se protege la adopción de decisiones durante la
existencia de las personas “que son consustanciales a la determinación
autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad”[119]. La autonomía personal garantiza y
protege la elección libre y espontánea que realice una persona en torno a su
estilo y plan de vida[120].
33. Correlativamente, este derecho implica obligaciones tanto
para el Estado, que no debe interferir en su ejercicio y expresión, como para
la sociedad que debe respetar las decisiones que los individuos adopten dentro
del ámbito de su intimidad[121], siempre que estas no afecten
derechos de terceros, ni valores y principios del Estado. En este sentido, el
ámbito de protección de este derecho es amplio y comprende la libertad general
de acción, esto es, que la persona pueda hacer o no lo que considere
conveniente.
La amplitud de su objeto se explica por el propósito del
Constituyente de reconocer “(…) un derecho completo a la autonomía personal,
de suerte que la protección de este bien no se limite a los derechos especiales
de libertad que se recogen en el texto constitucional, sino que las restantes
manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía ingresen en
el campo del libre desarrollo de la personalidad. El mencionado derecho
representa la cláusula de cierre de la libertad individual”[122]. Dentro de este ámbito de
protección de la autonomía personal se insertan decisiones íntimas y
personalísimas de los individuos relacionadas con su estado civil y/o con la
posibilidad de tener o no hijos, opciones protegidas, además, por el artículo
42 de la Constitución.
34. A la par del derecho al libre desarrollo
de la personalidad, está la protección que la Constitución ha dado a la
igualdad de trato ante la ley y la proscripción del uso de criterios discriminatorios
para diferenciar entre seres humanos. En efecto, el artículo 13 Superior
establece, entre otras premisas, que la diferencia de trato entre personas debe
perseguir un fin constitucionalmente válido y tener un fundamento objetivo,
razonable y proporcionado a ese fin.
Como innumerables veces lo ha establecido este
Tribunal, existen criterios de diferenciación que, a priori, se presumen
sospechosos como la raza, el sexo, el origen familiar, el estatus político,
social o económico, entre otros, pues en principio un trato desigual basado en
estos factores no resulta objetivo, razonable o proporcional.
35. Si bien el estado civil de las personas[123] no es criterio sospechoso de
discriminación per ser, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que en algunas situaciones la consideración de un beneficio, de una
prerrogativa o de una limitación a derechos fundada en el estado civil, puede
resultar discriminatorio porque cuestiona o condiciona decisiones
personalísimas, que afectan derechos como el libre desarrollo de la
personalidad. En efecto, a partir de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la igualdad, esta Corporación ha construido un sistema de salvaguardas
para que los ciudadanos gocen, en ejercicio pleno de su libertad, del derecho a
elegir su estado civil y su condición de padres o madres, sin interferencias o
coacciones estatales bien sea directas o indirectas. Por ser relevante para la
resolución de los problemas jurídicos que se plantean en esta ocasión, la Sala
Plena estima pertinente recordar cómo, en sede de control abstracto, este
Tribunal ha construido tal sistema protector.
35.1. En uno de sus primeros pronunciamientos,
Sentencia C-588 de 1992[124],
la Corte Constitucional analizó una norma que establecía un derecho pensional
ampliado para las hijas célibes de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares[125].
En esa ocasión, la norma fue demandada porque establecía una diferencia entre
beneficiarios en razón del sexo (hombres y mujeres), y en razón del estado civil
(celibato). En lo pertinente, la Corte declaró la inexequibilidad de las
expresiones “célibes” y “que permanezcan en estado de celibato”,
por considerar que las mismas eran discriminatorias y violatorias de la
libertad. La sentencia explicó que la norma “riñe
abiertamente con el principio de igualdad, ya que mediante aquella se está
consagrando un diverso trato (sic) para las hijas de los
militares en cuestión, con base en el único criterio del estado civil”.
Así, determinó que es un
derecho de toda persona decidir entre contraer matrimonio o permanecer en la
soltería, sin coacciones y de manera ajena a estímulos establecidos por el
Legislador. Por ello, se indicó que “para la Corte Constitucional no cabe
duda de que en esta materia el precepto impugnado sí discrimina, pues consagra
un privilegio de la mujer soltera sobre la casada y de la unión de hecho sobre
el matrimonio…” lo que a su vez, “representa una flagrante violación de
lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el desconocimiento del 16
ibídem que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de su personalidad”.
35.2. Luego, con la Sentencia C-182 de 1997[126], la
Corte evaluó la constitucionalidad de varias normas de los estatutos de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional[127], a
partir de las cuales se consagraba la extinción del derecho a la pensión de
sobrevivientes para aquellos cónyuges o compañeros(as), que contrajeran
segundas nupcias o hicieran nueva vida marital. Para los demandantes, la
exigencia de permanecer soltero para conservar el beneficio pensional era
discriminatorio y contrario a los artículos 13 y 16 de la Constitución.
La Corte declaró la inexequibilidad de los apartes acusados,
por considerar que la condición extintiva del derecho pensional carecía de una
razón constitucionalmente válida y/o justificada. Explicó que “todos los beneficiarios de la
pensión tienen el mismo derecho a gozar de la misma, sin que circunstancias de
orden personal y de su fuero interno, como lo es la decisión individual de
contraer nuevas nupcias o hacer vida marital, puedan dar lugar a ese
tratamiento discriminatorio, expresamente prohibido en el artículo 13 de la
Carta Fundamental”. Así mismo, determinó que la exigencia del mantenimiento del
estado civil después del fallecimiento del cónyuge o compañero(a), vulnera el
libre desarrollo de la personalidad, que se traduce en la libertad de opción y
de toma de decisiones de la persona, siempre que no se alteren los derechos de
los demás y el orden jurídico.
35.3. En otra oportunidad, con la Sentencia C-1293
de 2001[128],
la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “y soltero”
del artículo 33 del Decreto 1790 de 2000[129], que regulaba el ingreso de los oficiales
y suboficiales a las Fuerzas Militares. De nuevo, determinó que el
establecimiento de esa condición para lograr un beneficio, en este caso el
ingreso a la formación militar, coartaba de forma desproporcionada e
injustificada la libre elección de las personas sobre su estado civil.
En esta ocasión, la Corte ahondó en el tema para establecer
que no necesariamente la formación militar era incompatible con la vida
familiar. Señaló que si bien, el objetivo perseguido por la norma –ambiente
formativo libre de presiones–, en sí mismo podía considerarse
constitucionalmente aceptable, lo cierto es que “el medio escogido para la
consecución de este objetivo, a juicio de la Corte no supera un juicio de
razonabilidad y proporcionalidad”. En efecto, este Tribunal manifestó que no existe una relación de medio-fin entre
restringir el ingreso de personas casadas, en unión marital o con hijos a la
formación militar (medio) y garantizar un proceso educativo óptimo (fin).
Así, esa ausencia de correlación resultaba violatoria de los derechos a la
igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
35.4. Posteriormente, la Corte
mediante Sentencia C-101 de 2005[130] declaró inconstitucional
otra norma que condicionaba un beneficio al mantenimiento del estado civil. En
ese momento, el artículo 1134 del Código Civil[131]
permitía que el testador condicionara la entrega y/o el goce de una asignación
testamentaria a que la mujer permaneciera soltera o viuda.
Para la Corte, si bien la aceptación de la condición impuesta
por el testador no constituía una obligación o una prohibición para la mujer,
que podía optar por cumplirla o no, la misma sí constituía una injerencia
indirecta en la toma de decisión y, por ello, dejar esta posibilidad abierta
coartaba la toma de una decisión autónoma y libre. Lo anterior, en perjuicio de
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.
36. Por último, es pertinente indicar que en sede de control
concreto, la Corte también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la
relación que existe entre el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y
la elección libre de optar por un determinado estado civil o por tener o no
hijos[132]. La Sala, en esta ocasión, sólo
hará referencia a uno de esos pronunciamientos debido a su estrecha relación con
lo que la Corte debe decidir.
En efecto, la Sentencia T-813 de 2000[133] resolvió
la acción de tutela presentada por un oficial que había ingresado y cursado
varias facetas de la formación militar, a pesar de lo cual fue desvinculado del
proceso, porque durante el curso del mismo contrajo matrimonio y fue padre de
una niña. Este oficial fue sancionado con la cancelación de la matrícula, ya
que incurrió en una de las faltas graves que atentaban contra la disciplina del
Escuela Militar[134].
La Corte aplicó una excepción de institucionalidad al Reglamento
Militar de la Escuela de Cadetes “General José María Córdova”,  debido a
que encontró que “en el caso que nos ocupa y de conformidad con lo
anteriormente expuesto debe concluirse que imposiciones que coarten, a través
del manual de convivencia, opciones plausibles de vida en las personas como
pueden ser la definición de un estado civil o la decisión de vivir con un
compañero permanente, conducen a la violación injustificada del derecho al
libre desarrollo de la personalidad e incluso a la educación, más aun cuando de
conformidad con el acervo probatorio, es claro que en el caso del demandante
tal situación personal no generaba en ella incumplimiento de sus obligaciones
académicas y disciplinarias. En este sentido es claro que, al ser esta una
opción perteneciente estrictamente al fuero íntimo de la persona y no perturbar
las relaciones académicas en sí mismas consideradas, no puede ser por
consiguiente causal de expulsión del centro educativo”.
37. En suma, a partir de este recuento jurisprudencial, es
importante concluir que: (i) la Constitución Política garantiza a todas
las personas el derecho a conformar una familia, por la decisión libre de
contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. (ii) Así
mismo, se protege el derecho a elegir libre y responsablemente si se quiere o
no tener hijos, el número de ellos y la periodicidad entre los mismos. Por
ello, como lo ha sostenido la Corte, (iii) cualquier intromisión de la
ley en una decisión íntima y personalísima que corresponda al fuero interno de
los individuos, como la de casarse, conformar una unión marital de hecho o
tener hijos, constituye una injerencia indebida y arbitraria que carece de
justificación constitucional, por estar relacionada con el plan de vida de cada
persona y con la expresión de su identidad. En esa medida, (iv) las
normas que condicionan beneficios o prerrogativas al mantenimiento de un
determinado estado civil o a la condición de no ser padre o madre han sido
declaradas inexequibles por esta Corte, de forma reiterada, en tanto fundan la
distinción en un criterio que atentan contra los derechos al libre desarrollo
de la personalidad y a la igualdad.
El derecho a la igualdad, a la especial protección de las personas en situación de
discapacidad y el principio de integración laboral[135].
38. De
conformidad con el Preámbulo de la Constitución, la igualdad constituye uno de
los valores fundantes del Estado colombiano. Además, el artículo 13 Superior prevé el derecho a
la igualdad en sus dos facetas: formal y material. Desde el punto de vista formal,
esta prerrogativa comporta la obligación
de tratar a todos los individuos con la misma consideración y reconocimiento.
En ese sentido, el Estado tiene el deber de abstenerse de concebir normas,
políticas, programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación
de exclusión, marginación o discriminación de grupos tradicionalmente
desventajados en la sociedad[136].
Por otra parte, la igualdad en sentido material,
apunta a superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente
discriminados. Para lograr esta finalidad, el Estado tiene la obligación de
adoptar acciones afirmativas dirigidas a favorecer a determinadas personas o
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades que los
afectan, o de lograr que tengan una mayor representación, y así, estén en
condiciones de igualdad en dignidad y derechos.
39. En particular, el Estado tiene el deber de
desarrollar acciones afirmativas en relación con las personas en situación de
discapacidad, con el fin de eliminar las barreras sociales, lograr su
integración y hacer posible su participación en las distintas actividades que
se desarrollan en la sociedad[137].
En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de
esta Corporación ha entendido que cuando se omite implementar acciones afirmativas
en favor de este grupo se incurre en una forma de discriminación, debido a que
tal omisión perpetúa la estructura de exclusión social e invisibilidad a la que
han sido sometidas históricamente las personas en condición de discapacidad, y
obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales[138].
40. Ahora bien, la mayoría de obligaciones que se encuentran en
cabeza del Estado frente a este grupo poblacional, se dirigen a la remoción de
barreras que impidan su plena inclusión social, campo donde cobran especial
relevancia los deberes derivados de la perspectiva desde el cual se entienda el
manejo del tema, que según lo ha indicado la Corte recientemente[139],
es el modelo social de la discapacidad.
Como
lo ha verificado este Tribunal con anterioridad, han existido modelos o
perspectivas desde los cuales, en distintos momentos históricos, se ha abordado
la situación de las personas en situación de disminución psicofísica o en
condiciones de discapacidad[140], tales como el de prescindencia[141],
de marginación[142], rehabilitador o médico[143]
y social.
El enfoque “social” asocia la condición de
discapacidad o disminución psicofísica de una persona a la reacción social o a
las dificultades de interacción con su entorno, derivadas de esa condición. Tal
reacción es el límite a la autodeterminación de la persona en situación de
discapacidad y le impide integrarse adecuadamente a la comunidad. Por tal
razón, este abordaje propende por medidas que:
“(i) permitan al mayor nivel posible el
ejercicio de la autonomía de la persona [en condición de] discapacidad; (ii) aseguren su
participación en todas las decisiones que los afecten; (iii) garanticen la
adaptación del entorno a las necesidades de la persona con discapacidad; y
(iv), aprovechen al máximo las capacidades de la persona, desplazando así el
concepto de “discapacidad” por el de “diversidad funcional”.[144]
Así, el modelo social erige a la dignidad
humana como un presupuesto ineludible para que las personas en situación de
discapacidad puedan aportar a la sociedad, y junto con ello, sentirse parte de
la misma sin ser excluidos por sus condiciones. En este sentido, las
medidas estatales y sociales deben dirigirse a garantizar el mayor nivel de
autonomía posible del individuo, mediante ajustes razonables requeridos
por su condición, que no se concibe como limitación sino como diversidad
funcional. En
este orden de ideas, las personas con algún tipo de disminución psicofísica o
en condición de discapacidad son reconocidas a partir de su diferencia.
41. Teniendo en cuenta esta perspectiva, es importante
establecer que el artículo 54 de la Constitución consagra que es obligación del
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. Así mismo, que el Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a quienes se
encuentren en situación de discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud o, en otras palabras, acorde a su diversidad funcional.
En desarrollo de dicho mandato, el artículo 4º de la
Ley 361 de 1997[145]
impuso al Estado el deber de poner a disposición todos los recursos
necesarios para la protección de las personas en situación de discapacidad,
entre otros, con el fin de conseguir su integración laboral. La Corte ha
desarrollado el concepto de integración, el cual implica una ubicación laboral
acorde a las condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos para la subsistencia y el sostenimiento de la familia[146].
En particular, el ámbito laboral constituye un espacio
trascendental para el cumplimiento del objetivo de integración social de las
personas en situación de discapacidad. En consecuencia, cuando se analiza la
relación laboral de trabajadores con capacidades diferenciadas, opera el principio
de estabilidad en el empleo, que consiste en la garantía de no ser
desvinculado del mismo con motivo de la condición de discapacidad. Así, los
principios de integración laboral y de estabilidad en el empleo han sido
consagrados con el objetivo de lograr “… una igualdad real entre este grupo
poblacional y el resto de las personas”[147].
42. Una medida que posibilita el ejercicio del derecho
a la igualdad de las personas en situación de discapacidad es la reubicación
laboral. En la Sentencia T-1040 de 2001[148], la Corte precisó que esta
se trata de un derecho cuyo ejercicio se encuentra condicionado por 3 aspectos
relacionados entre sí: (i) el tipo de función que desempeña el
trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del cargo y (iii) la
capacidad del empleador. Al respecto, esa providencia dijo:
“Si la reubicación desborda la capacidad del
empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad
o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder
ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación
de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad
de proponer soluciones razonables a la situación.”[149]
En esa medida, la jurisprudencia ha concluido que cuando el empleador conoce el estado de salud de su empleado y tiene la
posibilidad de situarlo en un nuevo puesto de trabajo, deberá reubicarlo en ese
nuevo lugar en el cual se eliminen las barreras sociales de ingreso y
permanencia en el empleo. En caso de que no lo haga, y lo despida, se presume
que el despido se efectuó como consecuencia de su condición y que el empleador
abusó de una facultad legal para legitimar una conducta discriminatoria[150].
43. Ahora bien, las anteriores
consideraciones no han sido ajenas al ámbito militar, particularmente cuando el
empleador es el Ejército Nacional y aquellos que pierden su capacidad psicofísica
son soldados profesionales. Así, en distintas ocasiones se ha protegido el derecho
a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada de los soldados cuando se ordena
su retiro con pase de reserva, en aplicación de los artículos 8º y 10º del
Decreto Ley 1793 de 2000 (demandados).
Es
el caso de las sentencias T-437 de 2009,
T-503 de 2010, T-470 de 2010, T-862 de 2010, T-081 de 2011, T-417 de 2011,
T-585 de 2011, T-910 de 2011, T-459 de 2012, T-1048 de 2012, T-843 de 2013,
T-879 de 2013, T-382 de 2014, T-928 de 2014, T-076 de 2016, T-141 de 2016,
T-218 de 2016, T-487 de 2016, T- 729 de 2016, T-597 de 2017, T-652 de 2017,
entre otras. De tales pronunciamientos, sólo se hará referencia a algunos,
para extraer las reglas jurisprudenciales más relevantes para resolver los
problemas jurídicos que este caso plantea.
43.1 Por ejemplo, a través de la Sentencia T-503 de
2010[151]
la Corte amparó los derechos fundamentales a la igualdad y a la estabilidad
laboral reforzada, entre otros, de un hombre que cuando prestaba su servicio
como soldado profesional sufrió una caída que le generó distintas enfermedades.
Tras haber sido diagnosticado con pérdida de capacidad laboral del 28.25%, el
Ejército Nacional dispuso su retiro con pase de reserva.
La Sala señaló que, si bien para cumplir
la misión constitucional encomendada a los soldados profesionales, se requiere
su plena capacidad psicofísica, no debe perderse de vista que el Estado tiene
la obligación de asegurar una debida protección a las personas que han sufrido
una discapacidad en actos relacionados con el servicio, como es el caso de los
soldados profesionales. En ese orden de ideas, la Corte determinó que el
Ejército debía adoptar las medidas necesarias para reubicar al peticionario,
teniendo en cuenta su grado de escolaridad, habilidades y destrezas.
43.2 Del mismo modo, la Sentencia
T-081 de 2011[152]
estudió el caso de un soldado profesional, víctima de una mina antipersona, que
fue desvinculado del Ejército como consecuencia de la calificación de la Junta
Médica Laboral, que determinó una pérdida de capacidad del 32.57%. La Corte dijo
que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación
de discapacidad implica la prohibición de su expulsión en razón de una
discapacidad o disminución psicofísica.
En aquella ocasión la Sala resolvió inaplicar por inconstitucional la disposición
contenida en el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, por considerar que,
a pesar de que el actuar de la entidad se encontraba ajustado a la ley, el
accionante era un sujeto que merecía especial protección constitucional y
resultaba reprochable cualquier forma de discriminación en su contra. En
consecuencia, concedió el amparo y ordenó al Ejército incluir en sus programas
al accionante, en consideración a su grado de escolaridad, habilidades y
destrezas[153].
43.3 En la Sentencia T-910 de 2011[154],
la Corte estudió el caso de un soldado profesional que fue desvinculado en
razón a la pérdida auditiva sufrida con ocasión del servicio. La decisión
reiteró la jurisprudencia en vigor, por ende, inaplicó el Decreto Ley 1793 de
2000, ordenó el reintegro del tutelante y, además, dispuso que el Ministerio de
Defensa y al Ejército ejecutaran las actuaciones requeridas para que el
Tribunal Médico de Revisión Laboral de las Fuerzas Militares de Colombia
practicara un examen psicofísico al demandante, a efectos de establecer,
objetivamente, la actividad en la que se pudiera desarrollar, de conformidad
con su nivel y tipo de discapacidad.
43.4 La Sentencia T-928 de 2014[155]
concedió el amparo solicitado por un soldado profesional que fue retirado del
servicio por haber sido calificado con el 12.5% de pérdida de capacidad
laboral. En esa ocasión, la Sala decidió seguir el precedente jurisprudencial
sobre la materia, inaplicó por inconstitucional el artículo 10 del Decreto Ley 1793
del 2000 y ordenó el reintegro del accionante al Ejército Nacional. Adicional a
ello, refirió que:
“Para
determinar la procedencia de la reubicación existen dos elementos que deben
tenerse en cuenta: uno subjetivo, que refiere a que la persona física y
mentalmente esté en capacidad de desarrollar labores administrativas, docentes
o de instrucción dentro de la institución; y otro objetivo, que se
relaciona con la definición de la labor que efectivamente pueda ser asignada,
teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de un cargo que corresponda a
los estudios, preparación, y capacitación del sujeto.”
43.5 Por último, la línea jurisprudencial fue
pacíficamente reiterada a través de la Sentencia T-652 de 2017[156], a partir de la cual se
concedió el amparo a los derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada
a un soldado profesional. Lo anterior, pues el actor, a pesar de haber sido
calificado con el 31.98% de la pérdida de capacidad laboral, había demostrado
que tenía aptitudes suficientes para desempeñarse en el cargo de auxiliar de
archivo. Sin embargo, el Ejército lo retiró del servicio.
44. De lo expuesto se puede concluir que la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido, pacífica y reiteradamente,
que los derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada son
vulnerados cuando se retira del servicio a un soldado profesional, como
consecuencia de la disminución psicofísica y no se evalúa la posibilidad de
reubicarlo de conformidad con sus condiciones de salud. Así mismo, que existen
criterios de reubicación que deben ser evaluados por el Ejército Nacional para
evitar incurrir en conductas discriminatorias. Entonces, si bien existen normas que permiten al Ejército
válidamente retirar a sus miembros cuando estos presentan tal disminución,
también lo es que esta Corte ha decidido aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto de los artículos que le atribuyen dicha
competencia, puesto que en algunos casos estas disposiciones puede acarrear la vulneración
de los derechos fundamentales.
45. Para finalizar este acápite, es importante
recordar que con la Sentencia C-381 de 2005[157], la Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 58[158]
del Decreto Ley 1791 de 2000[159]
y la exequibilidad condicionada del numeral 3º del artículo 55[160] y del artículo 59[161] del mismo Decreto, “en
el entendido que el retiro del servicio por disminución de la capacidad
psicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médica Laboral sobre la
reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción”.
En dicha sentencia se abordó el tratamiento
jurídico nacional e internacional de las personas con discapacidad y, después
de haber efectuado el test de igualdad a las normas acusadas concluyó, en lo
pertinente, que: (i) si bien es necesario que los miembros de la Policía
Nacional se encuentren en ciertas condiciones de aptitud física y mental para
desempeñar las funciones propias de la institución, (ii) también lo es
que existen tareas que contribuyen a dar cumplimiento a la misión, a pesar de
no ser estrictamente operativas, como la instrucción, la docencia o las
actividades de tipo administrativo. (iii) Tales funciones pueden ser
desempeñadas por personas que por motivos del servicio han disminuido su
capacidad psicofísica al punto que no pueden ejecutar labores ejecutivas, pero
que gozan de otras capacidades. (iv) Por ello, y teniendo en cuenta que
la disminución de las capacidades del personal puede ser de diverso tipo e
intensidad, la Institución tiene el deber constitucional de evaluar al
individuo y de propiciar, en la medida de los posible, su reubicación laboral.
La Corte indicó que debido a que las normas
acusadas en esa ocasión no apuntaban a cumplir los anteriores supuestos, las
mismas debían ser armonizadas para que su entendido y aplicación fueran
constitucionales.
Análisis de los cargos
46. En el caso sub-judice, el accionante estima que se desconocen
los artículos 13 y 16 de la Constitución, porque el literal c) del artículo 4º
del Decreto Ley 1793 de 2000, establece que para el ingreso al proceso
formativo como soldados profesionales, los aspirantes deben ser solteros, sin
hijos y no tener unión marital de hecho. Sostiene que esa exigencia no se hace
a aspirantes a otras carreras, en general, ni a los oficiales y suboficiales
del Ejército, en particular.
De igual manera, el actor considera vulnerados
los artículos 13, 53, 54 y 93 de la Constitución y el 27 de la CDPD, porque el
ordinal 2 del literal a) del artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793
de 2000 permiten el retiro del servicio de los soldados profesionales que hayan
sufrido disminución de su capacidad psicofísica, con fundamento en esa razón.
Argumenta que al respecto existe un trato diferenciado frente a los oficiales y
suboficiales del Ejército.
47. Existen pronunciamientos que han
establecido que los regímenes de carrera de los miembros de las Fuerzas
Militares no son comparables con el resto de servidores públicos o ciudadanos, sin
embargo, lo cierto es que en este caso la demanda propuso un tertium
comparations que se circunscribe situaciones particulares dentro de la
misma carrera especial, correlacionadas con la eventual vulneración de
otros derechos fundamentales.
En efecto, esas situaciones están relacionadas
con: (i) la exigencia de un requisito para el acceso a la carrera de
soldado profesional que vulnera el libre desarrollo de la personalidad; y (ii)
el tratamiento diferencial respecto del retiro de los soldados profesionales
que vieron disminuidas sus capacidades psicofísicas, en tanto viola la
protección constitucional que gozan las personas en situación de discapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala
Plena estima que si bien existen diferencias entre los soldados profesionales y
los oficiales y suboficiales del Ejército, estas categorías son comparables debido
a que son sujetos inmersos dentro de la carrera militar como tal y es posible
evaluarlas desde la perspectiva de protección de derechos fundamentales.
Aunado a lo anterior y como se explicó en el fundamento
jurídico 22 de esta sentencia, el patrón de igualdad está dado por uno de
los límites que impone la Constitución a la libertad configurativa del
Legislador en materia de regímenes de carreras especiales: Los principios y
mandatos constitucionales y los derechos fundamentales de las personas.
48. Atendiendo a ese patrón de igualdad, la
Corte estima que en efecto hay un trato desigual materializado en:
(i)
La exigencia para el
ingreso de los soldados profesionales a la carrera, a quienes se les pide no
estar casados, no tener unión marital de hecho y/o no tener hijos, que no se
hace para los oficiales y suboficiales del Ejército (cargo contra el
artículo 4º), y
(ii)
En la ausencia de
protección de los soldados que sufren disminución de sus capacidades
psicofísicas y son retirados del servicio por esa razón. Protección de la que
sí gozan oficiales y suboficiales (cargo contra los artículos 8º y 10º).
49. Definido el tercio de comparación y el
trato desigual, es necesario que esta Corte identifique la intensidad del test
de igualdad que debe realizar para evaluar si el trato diferencial que
se propone en cada una de las normas tiene una justificación constitucional o
no. Para lo anterior, cabe recordar
brevemente los contenidos de dicho test, sus principales elementos y la
evolución que ha tenido la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
Breves precisiones conceptuales acerca del
test de igualdad[162]
50. La jurisprudencia de este Tribunal ha analizado extensamente la
forma en que debe realizarse el análisis de constitucionalidad de una norma en
virtud del principio de igualdad. En ese camino, la Corte ha identificado
varios métodos.
51. El primero, denominado test o juicio de proporcionalidad,
que es frecuentemente utilizado por la Corte Europea de Derechos Humanos y
algunos tribunales constitucionales, como los de España y Alemania, fue
explicado de manera particular por esta Corte en la Sentencia C-022 de 1996[163]. En este tipo de test, el juez
debe determinar si las normas acusadas de
violar la cláusula general de igualdad: (i) persiguen un objetivo a
través del establecimiento del trato desigual; (ii) ese objetivo es
válido a la luz de la Constitución; y (iii) el trato desigual es
razonable, es decir, el fin que persigue es o no proporcional a la
medida discriminatoria que implementa la norma estudiada. A
su vez, la última etapa del test está conformada por tres elementos,
así:
“El concepto de
proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de
los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad
de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista
otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los
principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad
en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio
satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
constitucionalmente más importantes”(resaltado fuera del texto)”[164].
52. El segundo
método, denominado test de igualdad, ha sido desarrollado
principalmente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Éste señala la existencia de distintos niveles de intensidad en los
“escrutinios” que hace el juez, e identifica, principalmente, tres niveles:
débil, intermedio y estricto. La mencionada diferenciación es importante, toda
vez que brinda al juez el espectro para el análisis de constitucionalidad. Esta
Corte, en Sentencia C-093 de 2001[165] incorporó la teoría de los niveles de intensidad[166] al
test de igualdad, así:
“(el test de igualdad) se funda en la existencia de distintos
niveles de intensidad en los “escrutinios” o “tests” de igualdad (estrictos,
intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente
debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo
constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera
razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para
alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento”.
53. Finalmente, la jurisprudencia
constitucional colombiana ha integrado las dos posturas anteriores, debido a
que las considera teóricamente compatibles y complementarias, en lo que ha denominado
el juicio integrado de igualdad. En este juicio, básicamente, el
juez constitucional al evaluar una norma acusada de vulnerar el artículo 13
superior, combina el test de proporcionalidad de la primera versión del
juicio, con los niveles de escrutinio de la segunda fase. En
efecto, la precitada sentencia C-093 de 2001 señaló:
“… este juicio o test integrado
intentaría utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad,
por lo cual llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de
examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto senso. Sin
embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica
constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea adelantado
con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la naturaleza de la
regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar en intensidad
cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad, retomando así
las ventajas de los tests estadounidenses.”
Este test integrado de igualdad ha sido reiterado por
la jurisprudencia constitucional como la metodología idónea para decidir
demandas o casos que plantean violación del principio de igualdad. En efecto,
sentencias como las C-673 de 2001[167],
C-624 de 2008[168],
C-313 de 2013[169],
C-601 de 2015[170],
C-220 de 2017[171],
C-389 de 2017[172]
y C-535 de 2017[173],
entre otras han hecho uso de este.
53.1 Debido a lo anterior, esta Corte
debe identificar si se debe usar un juicio leve, estricto o intermedio. El escrutinio
débil o suave (test leve), se usa como regla general[174],
debido a que existe prima facie una presunción de constitucional de las
normas expedidas por el Legislador. El test está dirigido a verificar que la
actividad legislativa se ejerza dentro del marco de razonabilidad y que, por
ende, no se adopten decisiones arbitrarias y/o caprichosas[175]. Así, para que una norma sea declarada constitucional, basta
con que el trato diferente que se examina sea una medida “potencialmente
adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento
jurídico”[176].
Por lo tanto, en términos de la sentencia
C-673 de 2001, en este tipo de test la Corte se limita “por una parte, a determinar
si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos
y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, es idóneo para
alcanzar el fin propuesto”. En otras palabras, es necesario constatar que el trato
diferente: (i) atiende a un fin u objetivo legítimo, (ii) no
es una distinción constitucionalmente prohibida y (iii) la medida es
adecuada para la consecución de la finalidad identificada.
53.2 Por otra parte, el escrutinio
estricto (test estricto) se aplica excepcionalmente cuando una
diferenciación se fundamenta en lo que la doctrina constitucional ha denominado
“criterios sospechosos”, que no son otra cosa que causas de
discriminación prohibidas explícitamente por la Constitución o que: “i) se fundan en rasgos permanentes de las
personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a
riesgo de perder su identidad; ii) son características que han estado
sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos
de bienes, derechos o cargas sociales”[177].
Este test evalúa: (i) si el fin
perseguido por la norma es legítimo, importante e imperioso; (ii) si el
medio escogido es adecuado y necesario, esto es, si no puede ser reemplazado
por otros menos lesivos para los derechos de los sujetos pasivos de la norma; y
por último, (iii) si los beneficios de adoptar la medida exceden o no
las restricciones impuestas sobre otros valores o principios constitucionales;
es decir, si la medida es proporcional.
53.3 Por último, el juicio intermedio (test
intermedio) es una categoría que se sitúa entre los dos niveles de
intensidad anteriormente descritos. Se aplica en los casos en que existen
normas basadas en criterios sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos
históricamente desfavorecidos. Se trata de casos donde se aplica lo que la
doctrina ha denominado acciones afirmativas[178], tales como las medidas que utilizan un criterio de
género o raza para promover el acceso de la mujer a la política o de las
minorías étnicas a la educación superior[179].
54. Hechas estas precisiones
conceptuales, pasa esta Corporación a exponer las razones por las cuales
considera que las normas demandadas, debe ser evaluadas a través de un test
estricto de igualdad.
En efecto, el test debe ser estricto en razón a que los artículos
8º y 10º acusados son normas que establecen un trato diferente basado en un
criterio sospechoso, como las circunstancias psicofísicas de las personas respecto
de su capacidad laboral. Además, la diferencia de trato, tiene la potencialidad
de afectar a un grupo marginado o discriminado como son las personas que han
sufrido alguna pérdida de sus capacidades psicofísicas o mentales. Teniendo en
cuenta que, en principio, tales categorías de diferenciación son
constitucionalmente proscritas, el escrutinio a realizar debe atender a la
evaluación más rigurosa que se ha establecido.
Aunado a lo anterior, respecto del artículo 4º acusado, el test
también debe ser estricto, pues la medida consagra un trato desigual que
restringe derechos y libertades fundado en una condición que ha sido, para
estos casos, determinada como discriminatoria (fundamentos jurídicos 35 a 37).
Al respecto, esta Sala recuerda que si bien, per se, el estado civil no
es considerado un criterio sospechoso, el trato desigual fundado en ese ítem,
si puede llegar a tener esa categoría. En efecto desde antaño esta Corte
precisó en sentencia T-098 de 1994[180] que la categoría de
criterio sospechoso no es taxativa, ni unívoca en la medida en que:
“El trato desigual e injustificado que, por lo común,
se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o
sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma,
o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores
constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no
exigible jurídica ni moralmente, a la persona.
La discriminación, en su doble acepción
de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su
prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o
excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas,
se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a
algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.”
Aunado
a lo anterior, la Sentencia C-371 de 2000[181]
amplió la argumentación sobre la materia, en el sentido de especificar que:
“El principio de no discriminación, por su
parte, asociado con el perfil negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios
que deben ser irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para otorgar
tratamientos distintos. Estos motivos o criterios que en la Constitución se
enuncian, aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas categorías que
se consideran sospechosas, pues su uso ha estado históricamente asociado a
prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a
ciertas personas o grupos”.
En el presente caso, es evidente que estar casado, en unión
marital de hecho o se padre o madre, es un criterio que debe ser irrelevante a
la hora de diferenciar quien puede o no entrar a la carrera militar, por ello,
para este evento, la evaluación de la medida debe pasar el escrutinio más
estricto.
Determinado lo anterior, esta Sala Plena entra en el análisis de
fondo de los cargos propuestos contra los artículos 4º, 8º y 10º de manera
conjunta.
Análisis del literal c) del
artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, por violación de los derechos a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
55. En relación con lo dispuesto por el literal c) del artículo 4º
del Decreto Ley 1793 de 2000, la demanda sostiene que la exigencia de ser
soltero, sin hijos y sin unión marital de hecho, impuesta a los candidatos a
soldado profesional de las Fuerzas Militares se erige en una discriminación por
razón del estado civil y/o las condiciones familiares que limita de forma
desproporcionada su libertad de elección sobre aspectos de su fuero interno.
Como se explicó en los fundamentos jurídicos 32 a 37, en
varias oportunidades esta Corte declaró la inconstitucionalidad de normas que
imponían restricciones a la libre elección del estado civil o del derecho a
procrear, por considerar que las mismas eran injustificadas, desproporcionadas
y discriminatorias.
56. Debido a lo expuesto, esta Sala pasa
a determinar si: (i) ¿la exigencia de ser soltero, sin hijos y sin unión
marital de hecho, como requisito para el ingreso a la carrera militar como
soldado profesional, persigue un objetivo legítimo, importante e imperioso?, (ii)
¿si tal exigencia constituye un medio adecuado y necesario?, y (iii) ¿si
los beneficios de adoptar esa medida exceden o no las restricciones impuestas al
Estado a partir del derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad? En otras palabras, ¿si los beneficios son proporcionales a las
restricción de derechos?
57. Respecto al objetivo legítimo, importante e imperioso,
esta Sala encuentra que en el presente caso, el Legislador estableció una
diferencia de trato que consiste en permitir el ingreso a las Fuerzas
Militares, como soldado profesional, solamente a las personas solteras y sin
hijos, de manera que excluye de esa posibilidad a los casados(as), en unión
marital y/o a los que son padres o madres. Para algunos de los intervinientes,
esta diferencia de trato (que se da respecto de los oficiales y
suboficiales, como de la sociedad en general) se justifica en que la
formación militar conlleva exigencias que son incompatibles con la vida en
familia. Como lo indica el propio demandante, quienes defienden esta norma
sostienen que el régimen militar requiere de un ambiente especial para que los
alumnos puedan desenvolverse sin presiones de ningún tipo, como pueden ser las
psicológicas o emocionales que surgen de los compromisos familiares.
Esta Sala encuentra que a través de la Sentencia C-1293
de 2001, que evaluó una norma similar establecida en el régimen de los
oficiales y suboficiales, la Corte determinó que este tipo de objetivos eran
constitucionalmente legítimos, pues buscar un óptimo proceso formativo
para los miembros de las Fuerzas Militares no puede considerarse prohibido ni
restringido por la Constitución. En esta ocasión, la Sala Plena concuerda con
el precedente citado, y añade que la búsqueda de la excelencia en el proceso
formativo de los soldados profesionales en Colombia, no sólo es un objetivo
aceptable en términos constitucionales (legítimo), sino que además es
imperioso e importante debido a la trascendental función que cumplen las
Fuerzas Militares, circunscrita, en los términos del artículo 217 Superior, a
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional.
En apoyo a lo anterior, también es pertinente citar el artículo 67
de la Constitución que, al hablar de la educación en Colombia, precisa que los
procesos formativos, para este caso el militar, debe propender “por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos…”, lo cual, se repite cobra mayor importancia tratándose
de la educación de quienes estarán llamados a garantizar la seguridad de la
Nación, la paz y el orden constitucionalmente establecido.
En conclusión, el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793
de 2000, en principio, atiende a un objetivo constitucionalmente legítimo,
importante e imperioso (primera respuesta).
58. Ahora bien, en torno al medio
adecuado y necesario para lograr ese fin la referida norma establece una exigencia que
restringe la libertad de la persona de escoger su estado civil o de procrear,
al menos de forma temporal. Al respecto, esta Corte encuentra que la medida no
cumple con las características descritas de adecuación y necesidad.
En efecto, no existe una relación de necesidad ni de adecuación
de medio a fin entre el instrumento escogido (restringir el ingreso de
personas con pareja o con hijos) y el objetivo buscado por el Legislador (garantizar
la excelencia en el proceso educativo militar), pues, como lo indicó esta
Corporación en la ya citada sentencia C-1293 de 2001:
“… nada indica que la sola posesión del estado civil de soltero
asegure per se estas mejores circunstancias para el desenvolvimiento
del proceso educativo del militar, ni que en alguna forma contribuya a ello. La
adecuación del medio no está probada, siendo tan solo una hipótesis o
conjetura, máxime cuando es obvio que las personas solteras también pueden
estar vinculadas por compromisos u obligaciones familiares de diversa índole
que supuestamente pueden interferir el proceso educativo. (Piénsese, por
ejemplo, en el caso de las personas cabeza de familia, que jurídicamente
ostentan el estado civil de solteras). Tampoco la restricción se revela como imprescindible,
en el sentido en que sin ella no fuera posible lograr la meta de formación de
oficiales o suboficiales, caso en el cual la limitación del derecho a la
igualdad pudiera considerarse justificada.”
Las
anteriores consideraciones se extrapolan en su integridad a la evaluación del
presente asunto, pues la única diferencia que se advierte entre la norma estudiada
con anterioridad y la actual, son los sujetos pasivos de las mismas. Así, de un
lado, la restricción se aplicaba a oficiales y suboficiales y, del otro, a
soldados profesionales. Esta Corte aclara que respecto de la restricción de ser
solteros y sin hijos, no existe diferencia entre los regímenes aplicables a
unos y otros sujetos (oficiales, suboficiales y soldados profesionales);
es decir, sin importar el rango militar para el cual las personas se formen, la
exigencia referida constituye una restricción de derechos, en especial al libre
desarrollo de la personalidad, que como se indicó es inadecuada e innecesaria.
Adicional
a ello, con la medida propuesta no se obtiene el fin perseguido por el
Legislador, pues si se trata de “evitar perturbaciones” en el proceso de
formación generadas por terceros (familia) esa medida sería aplicable a
todos los rangos militares, lo cual es un contrasentido en términos
constitucionales.
En
conclusión, el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, si bien
tienen un objetivo válido, no contiene una medida adecuada y necesaria para
lograr que el proceso formativo de los soldados profesionales sea óptimo (segunda
respuesta), ni desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad
ni desde la igualdad.
59. Aunado a lo
anterior, es evidente que los beneficios de exigir soltería y/o de no tener
hijos, hecha a los candidatos a soldados profesionales no se comparan con las
restricciones a los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo
de la personalidad de los mismos. En efecto, el reproche más grave a la restricción de acceso a las Fuerzas Militares
que impone la disposición, radica en su desproporcionalidad, en tanto,
se exige un sacrificio importante de derechos fundamentales, que no es
correlativo al beneficio supuestamente obtenido, ya que las condiciones
impuestas no necesariamente hacen que el ambiente o el escenario del proceso
educativo militar mejore o sean óptimas. Esa excelencia, puede ser obtenida a
través de otros medios.
Como se precisó ut supra, el Legislador no puede establecer
estímulos o beneficios que coarten el derecho de las personas de elegir, libre
y autónomamente, si contraen matrimonio, constituyen unión marital de hecho o
procrean, incluso si la coerción es temporal. Por último, permitir una medida
como la que se examina también afecta desproporcionadamente los derechos de
acceso a la educación y a los cargos públicos y a la libertad de escoger
profesión y oficio de quienes, cumpliendo los demás requisitos para ingresar a
la carrera como soldados profesionales, ya se casaron, tienen una unión marital
vigente o son padres o madres.
En conclusión, el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793
de 2000, establece una medida restrictiva para el ingreso, que es
desproporcionada, pues constituye una intromisión indebida en una decisión
íntima y personalísima de los individuos que afecta los derechos a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad (tercera respuesta).
60. En suma, si bien el literal acusado tiene un fin legítimo,
imperioso e importante, la medida adoptada no es adecuada, necesaria, ni
proporcional, pues quebranta el derecho de las personas a conformar una
familia, por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable
de conformarla, y de elegir libre y responsablemente si se quiere o no tener
hijos, el número de ellos y la periodicidad entre los mismos. En otras palabras,
constituye una intromisión de la ley en una decisión íntima y personalísima que
corresponde al fuero interno de los individuos, que carece de justificación
constitucional, en tanto fundan la distinción que atentan contra los derechos
al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Por consiguiente, el
literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000 es inconstitucional.
Análisis del ordinal 2º del literal a) del artículo
8º y del artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, por violación de los
derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada de las personas en
condiciones de discapacidad.
61. En relación con lo dispuesto en el ordinal 2º del literal a)
del artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, la demanda
sostiene que la posibilidad de que un soldado profesional sea retirado del
servicio por el hecho de la disminución de sus capacidades psicofísicas,
constituye una abierta violación de la Constitución y de los derechos de las
personas con algún tipo de discapacidad. Más aún si se establece que otro tipo
de trabajadores en condición de discapacidad tienen diferentes tipos de
protección, como por ejemplo los oficiales y suboficiales del Ejército.
Como se explicó en los fundamentos jurídicos 38 a 45, en
varias oportunidades esta Corte inaplicó por inconstitucionalidad el artículo
10º del Decreto Ley 1793 de 2000, al considerar que resultaba violatorio de la
Constitución y de los derechos fundamentales de los soldados. Así mismo, la Sentencia
C-381 de 2005, declaró la inconstitucionalidad y/o la constitucionalidad
condicionada de normas que permitían el retiro de miembros de la Policía
Nacional cuando los mismos eran calificados con disminución de su capacidad
psicofísica.
62. Debido a lo expuesto, esta Sala pasa
a determinar si: (i) ¿la posibilidad de que el Ejército Nacional reitere
del servicio a un soldado profesional por disminución de su capacidad
psicofísica, persigue un objetivo legítimo, importante e imperioso?, (ii)
¿si tal habilitación constituye un medio adecuado y necesario?, y (iii)
¿si los beneficios de adoptar esa medida exceden o no las restricciones
impuestas al Estado a partir del derecho a la igualdad y a la estabilidad
laboral reforzada? En otras palabras, ¿si los beneficios de la medida son
proporcionales a las restricción de derechos?
63. Respecto al objetivo legítimo, importante e imperioso,
esta Sala encuentra que en el presente caso, el Legislador estableció a través
del artículo 1º del Decreto Ley 1793 de 2000, que los soldados profesionales
tienen la finalidad principal de actuar en las unidades de combate[182]
y apoyo en la ejecución de las operaciones militares[183],
para la conservación y restablecimiento del orden público (fundamento
jurídico 27). En otras palabras, el soldado profesional es el que presta
servicio en la milicia, que carece de toda graduación militar, pues es el
escalafón por el cual inicia la jerarquía del Ejército.
Por ello, al ser estos los encargados de ejecutar debidamente las
maniobras de combate, es evidente para esta Corte que la finalidad de la norma
(impedir que soldados profesionales con diminución de capacidades
psicofísicas vayan a operaciones militares o a las unidades de combate)
cumple un objetivo legítimo, imperioso e importante. Lo anterior, pues es
claro que para entrar a combate o a una operación militar una persona debe
estar en el pleno uso de sus capacidades (el 100%). De hecho, el Ejército busca
que los soldados potencien al máximo sus aptitudes en el combate, pues de ello
no sólo depende el éxito de la misión militar, sino la propia vida e integridad
del soldado y de su equipo. Así, el retiro pretende que una persona que no esté
en su 100% de aptitud no vaya al combate, de ahí que claramente puede
concluirse que las normas acusadas, en principio, atienden a un fin válido.
En conclusión, desde esta perspectiva, el ordinal 2º del literal
a) del artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, en
principio, atienden a un objetivo constitucionalmente legítimo, importante e
imperioso (primera respuesta).
64. Ahora bien, en torno al medio
adecuado y necesario para lograr ese fin (retiro del soldado profesional con pase a
la reserva) las referidas normas establecen una medida que vulnera de forma
directa la Constitución y el sistema de protección que se ha construido para la
protección de las personas en situación de discapacidad. Al respecto, esta
Corte encuentra que la medida no cumple con las características descritas de adecuación
y necesidad.
En efecto, si bien el Ejército Nacional tiene por finalidad
primordial la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad
del territorio nacional y el orden constitucional, para lo cual, es imperioso
que en algunos eventos ejerza operaciones militares y de combate en donde la aptitud
de los involucrados debe ser el 100% de la capacidad laboral, también lo es que
la misma institución ejecuta actividades de otro tipo, como pueden ser las
administrativas, las docentes o las de mantenimiento, que pueden ser ejecutadas
por personas que si bien tienen algún grado de disminución en su capacidad
física (no superior al 50%[184]) para las operaciones
militares, pueden ser empleadas en otro tipo de labores.
Recuérdese que, de acuerdo a lo expuesto y en desarrollo del
modelo social de la discapacidad, es necesario que para alcanzar la igualdad material, el Estado se quite “el velo que le impide
identificar las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas
a cuyo favor se consagra este derecho [igualdad y no discriminación]”[185]. La medida de retiro
del personal militar por su condición psicofísica consagrada en los artículos
acusados atiende a una visión de marginación de un sector poblacional, que sin
duda alguna, resulta inadecuada e innecesaria.
Aunado a lo
precedente, quedó establecido que las medidas que se exigen del Estado deben
estar encaminadas a diseñar herramientas jurídicas y sociales para superar las
barreras existentes que impiden el pleno goce de derechos a un sector de la
población. En relación con lo
anterior, la Corte ha reiterado la necesidad de que se supere la visión de la
discapacidad como enfermedad para abordarla “desde una perspectiva holística
que considere no sólo la deficiencia funcional sino su interacción con el
entorno”[186].
Lo anterior, implica que el retiro, es la medida que más afecta
los derechos de los soldados con disminuciones psicofísicas y que la
legislación no buscó alternativas que armonizaran o adecuaran el objetivo de la
norma con la obligación de eliminar barreras y de satisfacer los derechos de
las personas que tienen habilidades o potencialidades diversas que pueden ser
aprovechadas. Por tanto, se desvirtúan la adecuación y la necesidad
de la medida de retiro consagrada en los artículos demandados (segunda
respuesta).
65. Finalmente, es
evidente que los beneficios de retirar a los soldados profesionales del
servicio por la pérdida de sus capacidades psicofísicas, no se comparan con las
restricciones a los derechos fundamentales a la igualdad y a la estabilidad
laboral reforzada de las personas en condiciones de discapacidad, pues tal
sacrificio de derechos resulta altamente desproporcionado.
Es claro que si la norma asume a los soldados como personas que
deben ser retiradas cuando se disminuye su capacidad psicofísica, la misma se
funda en un modelo de marginación de la discapacidad, que contribuye a
perpetuar las barreras sociales de discriminación, y que tanto los mandatos
nacionales como los internacionales pretenden derrumbar. Más aún si se tiene en
cuenta que el Legislador, a través de las consagraciones normativas demandadas,
lejos de propiciar por la materialización del derecho a la igualdad, lo que
genera es la habilitación para que los despidos discriminatorios estén avalados
y sea el mismo Estado quien perpetúe estereotipos y contribuya al rechazo y
exclusión de una población que, en términos constitucionales, es sujeto de
especial protección.
En conclusión, el ordinal 2 del literal a) del artículo 8º y el
artículo 10º del Decreto 1793 de 2000, establecen una medida que es desproporcionada
(tercera respuesta).
66. En suma, si bien los artículos 8º y 10º acusados tienen un fin
legítimo, imperioso e importante, la medida adoptada no es adecuada, necesaria,
ni proporcional, pues quebranta los derechos a la igualdad y a la estabilidad
laboral reforzada de las personas en condiciones de discapacidad.
De conformidad con lo anterior, es claro que el medio adoptado por
el Legislador, en cuanto excluye a personas cuyas capacidades son aprovechables
en otras actividades o labores desarrolladas por el Ejército Nacional y
distintas a las operaciones militares y/o de combate, resulta ser
discriminatorio y el más gravoso para lograr el fin propuesto.
67. Ahora bien, debido a que el
accionante propone una comparación de regímenes de carrera entre soldados
profesionales y oficiales y suboficiales, es importante que esta Sala recuerde,
de conformidad con lo establecido en los fundamentos jurídicos 21 a 25,
que la diferencia entre el tratamiento que se le otorga a uno y otros miembros
de las Fuerzas Militares transgrede los límites de la libertad configurativa en
materia de regímenes de carrera especiales. Especialmente cuando se indica que
los mismos serán constitucionales sí establecen procedimientos de selección y acceso basados en el
mérito personal, competencias y calificaciones específicas de quienes aspiren a
vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores y
determinen, de conformidad con la Constitución y la ley, las causales de retiro
del servicio[187].
En este caso particular y
concreto, la causal de retiro por disminución de la capacidad psicofísica de
los oficiales y suboficiales del Ejército establece medios de armonización de
la misma con los postulados constitucionales, y no existe una justificación
válida para que ese ejercicio legislativo sea diferente respecto de los
soldados profesionales.
68. En ese orden de ideas, las normas acusadas resultarían
inconstitucionales, salvo que se las armonice con la acción positiva por parte
del Estado que debe brindar a este grupo poblacional la posibilidad de
potenciar sus otras habilidades en términos de inclusión social, y no de
exclusión, lo anterior de conformidad con el modelo social de la discapacidad. Así,
en los fundamentos jurídicos 38 a 44 se recordó que el Estado también
tiene una obligación de hacer derivada de los artículos 13, 53 y 54, que se
materializa con la consagración de acciones afirmativas en favor de los grupos
marginados, vulnerables o históricamente discriminados. Por ello, es necesario
que el contenido de las normas sea ajustado a la Constitución a través de un
pronunciamiento condicionado.
69. Una afectación menor de los derechos de las personas en
condición de discapacidad, que les permita seguir trabajando en la institución
siempre que posean capacidades diversas para desempeñar aquellas funciones que
no tengan relación con las operaciones militares o de combate, permitiría que
el fin normativo se cumpla y que la protección constitucional y el modelo
social de la discapacidad no se quebranten. Por ello, si se demuestra que un
soldado profesional puede realizar otro tipo de funciones dentro de la
institución, no resulta razonable que se le retire de la misma.
Con fundamento en lo expuesto, una persona con disminución de su
capacidad psicofísica (no superior al 50%) no podrá ser retirada del
Ejército por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de
realizar alguna otra labor administrativa, de mantenimiento o de instrucción,
entre otras. Lo anterior no implica que exista un derecho absoluto para los
soldados profesionales, pues esta Corte también ha indicado que cuando se
desborda la capacidad del empleador la medida de reubicación laboral no puede
ser oponible a este. En efecto, la sentencia T-1040 de 2001[188], precisó que
se trata de un derecho cuyo ejercicio se encuentra condicionado por 3 aspectos
relacionados entre sí: (i) el tipo de función que desempeña
el trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del cargo y (iii) la
capacidad del empleador. Al respecto, esa providencia dijo:
“Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si
impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación
del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés
legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal
hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer
soluciones razonables a la situación.”
70. Por ello es imprescindible que la autoridad técnica especializada
(Junta Médica Militar) que realice una valoración médica e integral al
individuo que tenga alguna disminución en su capacidad psicofísica, revise a
partir de criterios técnicos, objetivos y especializados la posibilidad de que dicha
persona sea reubicada en labores acorde a sus capacidades. Solamente después de
realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que el
Ejército Nacional no tiene una fuente de empleo para que esa persona desarrolle
alguna actividad acorde con sus capacidades dentro de la institución, podrá ser
retirada del Ejército Nacional. Esa autoridad, conforme a lo indicado en los fundamentos
jurídicos 26 a 31, es la Junta Médico Laboral. No puede dejarse tal
atribución a la mera liberalidad del superior o a cuestiones eminentemente
subjetivas.
De acuerdo con lo anterior, el ordinal 2 del literal a) del
artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, son exequibles
siempre y cuando se entienda que el retiro por disminución de la capacidad psicofísica
de los soldados profesionales del Ejército Nacional sólo procede cuando el
concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus
capacidades no puedan ser aprovechadas en otras actividades administrativas, de
mantenimiento o de instrucción, entre otras.
Cuestiones finales
71 El accionante solicitó a la Corte dar efectos
retroactivos al pronunciamiento adoptado, sin embargo, esta Sala Plena
considera que no es posible acceder a esa petición debido a que tales efectos
se predican de manera principal de las sentencias que declaran la
inexequibilidad de las normas[189].
Como es evidente, el presente pronunciamiento no excluye los artículos 8º y 10º
del Decreto Ley 1793 de 2000 del ordenamiento jurídico, sino que armoniza su
contenido a los mandatos y postulados constitucionales, es decir, declara su
exequibilidad condicionada.
72. De otro modo, el Procurador General de la Nación
solicitó que la Corte exhorte al Congreso para que regule de
manera integral el tratamiento que se le ofrece a los miembros de las Fuerzas Militares,
pues según el Ministerio Público es necesaria una “reevaluación del régimen
de carrera de los soldados profesionales” para que se creen “mecanismos
especiales de atención a las personas que hayan prestado sus servicios en
defensa de la patria (…)”[190].
Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que en
relación a la competencia legislativa para aprobar las leyes, el exhorto puede
ser un instrumento con el que cuenta la Corte “ante la concurrencia de
vacíos legislativos absolutos, que ponen en riesgo derechos constitucionales”[191] o
cuando exista un déficit de protección que sea incompatible con la Constitución.
Se ha explicado que esa fórmula es una invitación o una apelación al Congreso
para que ejerza sus competencias en determinado asunto, sobre el cual la Corte
encontró un déficit regulatorio o de protección.
Si bien, en
el presente caso, la Corte vio la necesidad de armonizar derechos y principios
constitucionales con un régimen de carrera especial de origen constitucional,
el análisis no conllevó a la conclusión de la existencia de un vacío normativo
como tal. Así a pesar de que la Sala pueda o no estar de acuerdo con las
preocupaciones del Ministerio Público, los argumentos presentados son de
conveniencia legislativa, en tanto la “reevaluación” del régimen de
carrera militar es competencia exclusiva de Congreso, en ejercicio de la
cláusula general. Por ello, es evidente que no se reúnen las condiciones
mínimas para que la Corte exhorte al Congreso, en consecuencia, esa petición
será desestimada.
VIII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por
la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante el Auto 305 del 21 de junio
de 2017.
Segundo.- Declarar
INEXEQUIBLE el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000.
Tercero.-
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del literal a) del
artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, siempre y cuando se entienda
que el retiro por disminución de la capacidad psicofísica de los soldados
profesionales del Ejército Nacional sólo procede cuando el concepto de la Junta
Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus capacidades no puedan
ser aprovechadas en otras actividades administrativas, de mantenimiento o de
instrucción, entre otras.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
Ausente en comisión
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 44 a 50 cd Corte.
[2] Folios 53 a 109 ib.
[3] Folios 111 a 117 ib.
[4] “6. Que bajo este
entendimiento, los procesos ordinarios de constitucionalidad a los que refiere
el artículo 1º mencionado son los siguientes:
6.1. Las
demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios
de la Constitución.
6.2. La
decisión, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la
constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea
Constituyente para reformar la Constitución.
6.3. La
decisión sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las
consultas populares y plebiscitos del orden nacional.
6.4. Las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes
y contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento
en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución.
6.5. La
decisión sobre el control automático de los proyectos de leyes estatutarias,
así como el ejercido respecto de los tratados internacionales y las leyes que
los aprueben”.
[5] M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[6] Folio 8.
[7] Folio 8.
[8] Folio 8.
[9] Folio 8.
[10] M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] Folio 10. “(…) son iguales en el hecho de que son partes
inescindibles entre sí dentro de la estructura organizacional y jerárquica de
las Fuerzas Militares; no se podría si quiera imaginar un ejército sin mandos
pero menos aun un ejército sin soldados.
[12] Folio 10.
[13] Folio 15.
[14] El accionante presenta un cuadro
comparativo entre las normas que regulan la carrera (i) de los oficiales y
suboficiales y (ii) de los soldados profesionales.
[15] Folio 18. Artículo 107, Decreto Ley
1790 de 2000.
[16] Folio 19. “El principio de interpretación teleológica o
finalista por el que toda interpretación de derechos humanos debe basarse en el
fin último que dichas normas persiguen, el cual consiste en la protección más
efectiva posible de los derechos.”
[17] M.
P. Alejandro Martínez Caballeo
[18] M.
P. María Victoria Calle Correa
[19] Folio 30.
[20] Folio 37.
[21] Folios 37-38.
[22] Folio 38.
[23] Escrito presentado el 3 de marzo de 2017 por Lucas Correa Montoya y
Juan Camilo Rúa Serna, en calidad de Líder de incidencia e investigador
respectivamente. Folios 144 a 152 cd. Inicial.
[24] Folio 146.
[25]Sostienen que las disposiciones violan los mandatos de la CDPD, al
fundar el retiro en la pérdida de la capacidad psicofísica y no ofrecerles
alternativas de inclusión.
[26] Folio 148: “pues en gracia de discusión podría decirse que buscan
garantizar que quienes realicen las tareas militares sean “idóneos” para ello y
que puedan cumplir con los objetivos constitucionales de las instituciones
militares”.
[27] M.
P. Jaime Córdoba Triviño.
[28] Escrito presentado el 8 de marzo de 2017 por Yenny Maritza Guzmán
Monayo, Federico Isaza Piedrahita, Felipe Gärtner Jaramillo y Laura Arboleda
Gutiérrez, en calidad de asesores jurídicos y estudiantes del Programa PAIIS.
Folios 153 a 181 ib.
[29] M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[30]
Folio 153 ib.
[31] M.
P. Álvaro Tafur Galvis
[32] M.
P. Nilson Pinilla Pinilla
[33] M.
P. Jaime Córdoba Triviño.
[34] Folio 162.
[35] M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio
[36] M.
P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[37] Escrito presentado el 8 de marzo de 2017 por Jorge Kenneth Burbano
Villamarín y Hans Alexander Villalobos Díaz, en calidad de Director y miembro
del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre,
respectivamente. Folios 182 a 187 ib.
[38] M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[39] Folio
187.
[40] Escrito presentado el 8 de marzo de 2017 por Vanessa Suelt Cock, en
calidad de Directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Javeriana.
Folios 188 a 193 ib.
[41] M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[42] M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] M.
P. Mauricio González Cuervo.
[44] M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[45] M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] Escrito enviado por correo electrónico el 8 de marzo de 2017 por Sandra
Marcela Parada Aceros, en calidad de apoderada especial del Ministerio. Folios
194 a 208 ib.
[47] M.
P. Jaime Araújo Rentería.
[48] Folio 198.
[49] M.
P. Álvaro Tafur Galvis.
[50] M.
P. Jaime Araújo Rentería.
[51] Folio 204.
[52] Folio 205.
[53] Escrito enviado por correo electrónico el 8 de marzo de 2017 por Yury
Peña Gutiérrez y firmado por Luis Nelson Fontalvo Prieto, en calidad de
abogados de la oficina jurídica del Ministerio. Folios 209 y 220 a 232 ib.
[54] Folio
224.
[55] Escrito radicado el 9 de marzo de 2017, por Germán Valdés Sánchez, en
calidad de miembro de la referida Academia. Folios 211 a 219 ib.
[56] Escrito radicado el 17 de marzo de 2017 por Genaro Alfonso Sánchez
Moncaleano y María Paulina Londoño Velásquez en calidad de Decano y profesora
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Folios 271 a 276 ib.
[57] Folio
284.
[58] Escrito radicado el 21 de marzo de 2017 por Carlos Eduardo Martínez
Noguera, en calidad de Director de Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación “Eduardo Alvarado” de la Universidad de Nariño. Folios 277 a 286
ib.
[59] Folio
303 ib.
[60] Folio
306 ib.
[61] Folio
294 ib.
[62] M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] Folio 300.
[64] Folio
300.
[65] Folio 303.
[66] Folio
305.
[67] Folio
304.
[68] Folio
305.
[69] C-744 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-228 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[70] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[71]
Crf., entre otras, sentencias C-494 de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos y C-228
de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[72] C-228
de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[73] C-257 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-1489 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[74] C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[75] C-228
de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[76] C-228
de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[77] M.
P. Álvaro Tafur Galvis.
[78] M.
P. Jaime Araújo Rentería.
[79] Folio 198.
[80] Dice norma citada: “Artículo 2º. Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.”
[81] Ver,
entre otros, auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004,
todas las providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa,
y C-980 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[82] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] Sobre el carácter relacional de la igualdad, se pueden consultar entre
otras las sentencias: T-530 de 1997, MP Fabio Morón; C-1112 de 2000 y C-090 de
2001 ambas con ponencia de Carlos Gaviria.
[84] Ver las sentencias C-099 de 2013, MP María
Victoria Calle; C-635 de 2012 y C-631 de 2011, ambas con ponencia de Mauricio
González, entre otras.
[85] C-1052 de 2004 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[86] Cfr. C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[87] Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, a partir de los
autos de admisión de la demanda se rechazaron los cargos formulados contra el artículo
21 del Decreto Ley 1793 de 2001, por la presunta violación del debido
proceso. Así mismo, se rechazaron los cargos por la presunta violación de los
derechos al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y
a la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad, propuestos
contra los artículos 8 y 10 acusados.
[88] Auto del 20 de enero de 2017. Folios 44 a 51 ib.
[89] Auto del 13 de febrero de 2017. Folios 111 a 117 ib.
[90] Sentencia
C-856 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[91] El
tercer inciso del artículo 6° del Decreto 2067 de 1991 establece, en lo
pertinente: “El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando
considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que
el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en
el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre
todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara
inconstitucionales”.
[92] C-1017 de 2012 M.P. Luis Guillermo Pérez Guerrero; Sentencia C-500 de
2014, M.P. Mauricio González Cuervo; Sentencia C-516 de 2015, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[93]
Sobre este particular, véase: Sentencia C-410 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos
en la cual la Corte decidió integrar la unidad normativa dado que existe otra
norma que “posee el mismo contenido deóntico que las dos disposiciones demandadas”.
Igualmente, en la Sentencia C-595 de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio la Corte estableció que no resulta
imperiosa la integración de la unidad normativa pese a que algunas de las
expresiones normativas demandadas se encuentren reproducidas en otros
preceptos, siempre que estas partan de un contenido normativo diferente y se
refieran a hipótesis distintas de la norma acusada. Así, la mera similitud no
hace imperiosa la integración, dado que la norma cuestionada constituye un
enunciado completo e independiente cuyo contenido normativo puede determinarse
por sí solo.
[94] Respecto de la existencia de una relación
intrínseca, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que esta causal se
refiere a casos en los cuales las normas tienen un sentido regulador y autónomo
pero resulta imposible, estudiar la constitucionalidad de una norma sin
analizar las otras disposiciones, pues de lo contrario se produciría un fallo
inocuo. Sentencia C-286 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia
C-349 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia C-538 de 2005 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[95] Es indispensable resaltar que, “para que proceda la integración
normativa por esta [ú]ltima causal, se requiere la verificación de dos
requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una
estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad
normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista,
aparentemente inconstitucionales”. Sentencias C-539 de 1999 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y C-041 de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo. En esta
providencia se reitera la regla jurisprudencial enunciada en la sentencia C-619
de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: “(i) Cuando un ciudadano demanda
una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o
unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente
imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que
no fue acusada; (ii) en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada
se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas, con el propósito de evitar que un fallo de inexequibilidad resulte
inocuo; (iii) cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente
relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad”. Al respecto, véase también: Sentencia C-410 de 2015
M.P. Alberto Rojas Ríos. C-881 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[96] C-055 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez: “que lo acusado presente
un contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado
con los postulados y mandatos constitucionales” y  “que los apartes normativos
que... no son objeto de pronunciamiento de la Corte, mantengan la capacidad
para producir efectos jurídicos y conserven un sentido útil para la
interpretación y aplicación normativa”.
[97] C-055 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[98]
C-055 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez: “que lo acusado presente un
contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con
los postulados y mandatos constitucionales” y  “que los apartes
normativos que... no son objeto de pronunciamiento de la Corte, mantengan la
capacidad para producir efectos jurídicos y conserven un sentido útil para la
interpretación y aplicación normativa”. Esta Corporación además ha
resaltado que existe una relación inescindible de conexidad entre la norma
demandada y otros apartes no demandados, cuando, “en caso de que la Corte
decidiera declarar inexequibles los apartes acusados, perdería todo sentido la
permanencia en el orden jurídico,” de las expresiones no demandadas.
[99] Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las
Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía,
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas
Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
[100] Entre otras, C-645 de 2017, M. P. Diana Fajardo Rivera y C-1230 de
2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[101] Así por ejemplo, son sistemas especiales de origen constitucional los
de: las universidades estatales (Art. 69 C.P.), de las Fuerzas Militares (Art.
217 C.P.), de la Policía Nacional (Art. 218 C.P.), de la Fiscalía General de la
Nación (Art. 253 C.P.), de la Rama Judicial (Art. 256-1 C.P.), de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (Art. 266 C.P.), de la Contraloría
General de la República (Art. 268-10 C.P.) y de la Procuraduría General de la
Nación (Art. 279 C.P.).
[102] Sentencias C-746 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-517 de 2002,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[103]
C-753 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[104]
C-563 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz.
[105] M.
P. Jaime Araújo Rentería.
[106] Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas
militares y de policía nacional.
[107] Decreto
1790 del 14 de septiembre de 2000 “por el cual se modifica el decreto que
regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares”
[108] Decreto 1793 del 14 de septiembre de 2000 “Por el cual se expide el
régimen de carrera y el estatuto de personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares”
[109] Decreto 1795 del 14 de septiembre de 2000 “Por el cual se
estructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional”,
[110] Decreto 1796 del 14 de septiembre de 2000 “Por el cual se regula la
evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez
e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública,
alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal, no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993.”
[111] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
[112] Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 3º, de la Ley
923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política, se crean unos estímulos en materia de vivienda y educación y se
dictan otras disposiciones.
[113] Existía una tercera causal de retiro temporal que se refería a la
existencia de una orden de detención preventiva que excediera los 60 días
calendario. Sin embargo la misma fue declarada inexequible a través de la sentencia
C-289 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[114] D. 1793 de 2000. Artículo 37. Regímenes aplicables. Los
soldados profesionales quedan sometidos al Código Penal Militar, al Reglamento
del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares, a las normas relativas a la
capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del
personal de las Fuerzas Militares y a las normas que regulan el Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
[115] D. 1796 de 2000. Artículo 14. Organismos
y Autoridades Medico-Laborales Militares y de Policía. Son
organismos médico-laborales militares y de policía:
1. El
Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta
Médico-Laboral Militar o de Policía
Son
autoridades Medico-Laborales militares y de policía:
1. Los
integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
2. Los
integrantes de las Juntas Médico-Laborales.
3. Los
médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a Medicina
4. Laboral de
las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
[116] D. 1796 de 2000. Artículo 3. Calificación de
la capacidad psicofísica. La capacidad sicofísica
para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente
decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto.
Es apto quien
presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y
eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su
cargo, empleo o funciones.
Es aplazado
quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda
recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar,
policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.
Es no apto
quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar
normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente
a su cargo, empleo o funciones.
Parágrafo. Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección
de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal
efecto.
[117] D. 1796 de 2000. Artículo 15. Junta
Medico-Laboral Militar o de Policía. Sus funciones son en primera
instancia:
1 Valorar y
registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas.
2 Clasificar
el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo
recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.
3 Determinar
la disminución de la capacidad psicofísica.
4 Calificar
la enfermedad según sea profesional o común.
5 Registrar
la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por
Lesiones.
6 Fijar los
correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7 Las demás
que le sean asignadas por Ley o reglamento.
[118] Sentencia T-565 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[119] C-373
de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[120] C-639
de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
[121] C-881 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “El derecho
fundamental a la intimidad se proyecta en dos DIMENSIONES: (i) como secreto que
impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, o (ii) como
libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones
que conciernen a la esfera de su vida privada” Reiterando las sentencias T-517 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero;  C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-872 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-405 de 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-303 de 2008, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-708 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-916
de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo
Martelo Mendoza; T-634 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa y C-850 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[122] C-387 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[123] El estado civil es uno de los atributos de la personalidad, que según
el artículo 1 del Decreto 1260 de 1970 es: Artículo 1º. Definición. El estado
civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad,
determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas
obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible y la asignación
corresponde a la ley.
[124] M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[125] D. 1211 de 1990. Artículo 250.-  Derechos hijas célibes.
A partir de la vigencia del presente Decreto, las hijas célibes del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en actividad o en goce de
asignación de retiro o pensión, por las cuales se tenga derecho a devengar
subsidio familiar y a la prestación de servicio médico-asistenciales,
continuarán disfrutando de tales beneficios mientras permanezcan en estado de
celibato y dependan económicamente del Oficial o Suboficial.  Igualmente, tendrán
derecho a sustitución pensional, siempre y cuando acrediten los requisitos
antes señalados.
[126] M. P. Jorge Arango Mejía.
[127] Acciones públicas de inconstitucionalidad contra los artículos 188
(parcial) del Decreto 1211 de 1990, 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990, 131
(parcial) del Decreto 1213 de 1990 y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990.
[128] M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[129] ARTÍCULO 33.- INGRESO Y ASCENSO. El ingreso y ascenso de los oficiales
de las Fuerzas Militares se dispone por el Gobierno Nacional y el de los
suboficiales por el Ministro de Defensa Nacional o los comandos de las
respectivas fuerzas cuando en ellos se delegue, de acuerdo con las normas del
presente Decreto.
PARAGRAFO
1º.- Para ingresar a las Fuerzas Militares como oficial o suboficial es
condición mínima ser colombiano y soltero.
[130] M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[131] Artículo 1134.-  Los artículos precedentes no se oponen a que se provea
a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole
por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión
periódica.
[132] Entre otras se destacan las sentencias T-543 de 1995, T-015 de 1999,
T-272 de 2001, T-427 de 2003, T-822 de 2008, T-023 de 2016, T-240 de 2017 y
T-421 de 2017.
[133] M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[134] La falta hacía alusión a concebir hijos y/o contraer matrimonio
mientras tuviera la calidad de alumno.
[135] Reiteración de jurisprudencia T-928 de 2014 y C-458 de 2015, en ambas
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[136] T-770 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[137] T-207 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[138] C-401 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[139] C-035 de 2015 M. P. María Victoria Calle Correa, C-458 de 2015 y C-147
de 2017 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[140] La sentencia C-035 de 2015 M. P. María Victoria Calle Correa,
reiterada en la sentencia C-458 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
retomó la jurisprudencia sobre los distintos enfoques adoptados históricamente
para la comprensión de la situación de las personas en condición de
discapacidad: de prescindencia”, “de marginación”, “rehabilitador (o médico)”,
y “social”. En la segunda se indicó:
“Cada
perspectiva responde, sin duda, a un momento histórico y deriva de la
comprensión de los derechos que ha imperado en cada época, de los cuales
algunos ya resultan inaceptables. Estos modelos son marcos de comprensión
útiles e ilustrativos que revelan los debates actuales sobre la materia, en
distintos niveles, y que permiten entender de mejor manera la situación de los sujetos
en condición de discapacidad. Evidentemente no se trata de modelos estáticos o
inmutables, por el contrario, constituyen tendencias en constante
transformación, tal como lo está la sociedad a la que deben ser integrados
estos sujetos de especial protección.”
[141] Entiende la discapacidad desde una perspectiva sobrenatural y propone,
como medida para enfrentarla, la eliminación o aislamiento de la persona que la
padece; lo cual claramente desconoce la dignidad humana.
[142] Considera anormales y dependientes a las personas con discapacidad,
por tanto deben ser tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia
cuyo aislamiento es legítimo.
[143] Concibe la discapacidad como la manifestación de diversas condiciones
físicas, fisiológicas o psicológicas que alteran la normalidad orgánica, por
eso las medidas adoptadas se centran en el tratamiento de la condición médica
que se considera constitutiva de la discapacidad. Esta visión, en principio
respeta la dignidad humana pero ha tenido manifestaciones incompatibles con el
respeto por los derechos humanos, como el internamiento forzado, o la facultad
de los médicos de decidir sobre los aspectos vitales del sujeto en situación de
discapacidad.
[144]T-109 de 2012. M.P. María Victoria Calle.
Dicho argumento fue recogido posteriormente por la sentencia C-765 de 2012.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[145] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
[146] C-531 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[147] T-770 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Esta sentencia
señaló además: “En este orden de ideas, cuando se habla del
deber estatal de dar un trato diferenciado a las personas discapacitadas para
proteger su derecho al trabajo, se tiene como finalidad que, así como las otras
personas en la sociedad, este grupo pueda desarrollarse en el ejercicio de una
labor que le permita ser útil en el conglomerado social”
[148] M. P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte amparó el
derecho de una trabajadora que no sólo solicitaba la reubicación laboral, sino
la capacitación para realizar las nuevas funciones.
[149] T-1040 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[150] T-198 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[151] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[152] M.P. Jorge Iván Palacio.
[153] Esta decisión fue reiterada por la misma Sala de Decisión, en la
sentencia T-459 de 2012.
[154] M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[155] M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[156] M.
P. José Fernando Reyes Cuartas.
[157] M.
P. Jaime Córdoba Triviño.
[158] Artículo 58. El personal que no reúna las condiciones
sicofísicas determinadas en las disposiciones vigentes sobre la materia, será
retirado del servicio activo.
[159] Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.
[160] Artículo
55. Causales de Retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:
(…)
3. Por disminución de la capacidad
sicofísica.
[161] Artículo 59. EXCEPCIONES AL RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD
SICOFÍSICA. Apartes tachados
INEXEQUIBLES. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
se podrá mantener en servicio activo a aquellos policiales que habiendo sufrido
disminución de la capacidad sicofísica y obtenido concepto favorable de la
Junta Médico Laboral sobre reubicación, siempre que por su
trayectoria profesional lo merezcan y sus capacidades puedan ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción.
<Inciso
INEXEQUIBLE> Cuando se trate de oficiales, se requerirá concepto
favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional.
[162] La
siguientes consideraciones relacionadas con el teste de igualdad son tomadas de
las sentencia C-880 de 2014 y C-035 de 2016, en ambas, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
[163] C-022
de 1996 M. P. Carlos Gaviria Díaz.  En esta ocasión, la Corte examinó la
constitucionalidad de una norma que otorgaba a aquellas personas que prestaran
el servicio militar una bonificación del 10% en el puntaje de los exámenes para
acceder a la educación pública universitaria. En dicho fallo, este Tribunal
concluyó que dicho beneficio era inconstitucional.
[164]
C-022 de 1996.
[165]
C-093 de 2001. M. P. Alejandro Martínez Caballero. En esa ocasión, la Corte
examinó una norma del antiguo Código del Menor, que establecía la edad mínima
de 25 años para poder adoptar un niño en Colombia. En ese momento, la Corte
determinó que la medida era exequible.
[166] El
concepto de los niveles de intensidad fue desarrollado por la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos y fue adoptada por la Corte Constitucional en la
segunda versión del test de igualdad. Frente al tema, se pueden ver
sentencias como United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144
(1938); Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); o Craig v. Boren,
429 U.S. 190 (1976).
[167] M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[168] M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[169] M.
P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[170] M.
P. Mauricio González Cuervo.
[171] M.
P. José Antonio Cepeda Amaris.
[172] M.
P. Cristina Pardo Schlesinger.
[173] M.
P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[174]
Sentencias C-673 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-051 de 2014 M.
P. Mauricio González Cuervo.
[175]
Sentencias C-673 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-051 de 2014 M.
P. Mauricio González Cuervo.
[176]C-093
de 2001.
[177]
Corte Constitucional. Sentencia C-112/00. Magistrado Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
[178]
Frente al desarrollo teórico de las acciones afirmativas se puede consultar:
Tushnet, Mark. “The New Constitutional Orden”. Princeton Universtiy
Press. Princeton, 2004.
[179]
Como el criterio sospechoso no promueve una diferenciación, sino que intenta
reducir la brecha entre dos o más comunidades, este Tribunal considera este
trato legítimo pues está ligado de manera sustantiva a la obtención de una
finalidad constitucionalmente importante. Así, el juez debe determinar: “(i)
sí la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental;
(ii) sí existe un indicio de arbitrariedad que puede resultar sumamente gravosa
para la libre competencia; y (iii) que entre dicho trato y el objetivo que
persigue exista una relación de idoneidad sustantiva”. (C-673 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[180] M.
P. Eduardo Cifuentes Caballero.
[181] M.
P. Carlos Gaviria Díaz
[182] Según el glosario militar encontrado en la página web del Ejército
Nacional, combate es: Choque de inferior envergadura que la
batalla, cuyas repercusiones pueden favorecer o perjudicar la ejecución de la
maniobra estratégica. Aunque sus efectos pueden ser importantes, no tienen el
carácter de decisivos. Rara vez producen efectos estratégicos inmediatos, pero
una suma de combates exitosos puede lograr un efecto estratégico. El combate
busca objetivos tácticos materializados normalmente en el terreno, pero no
esencialmente la destrucción de las fuerzas enemigas. Se efectúa normalmente en
una sola dirección y por unidades de Brigada hacia abajo. Normalmente en este
el despliegue total se efectúa después del contacto y se desarrolla por una
combinación de fuego y movimiento, que culmina con el asalto. https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/glosario
[183] Según el glosario militar encontrado en la página web del Ejército
Nacional, operación es: Una serie de movimientos maniobras y
combates, enlazados y dirigidos a conseguir un fin estratégico. Acción militar,
para desarrollar el combate, incluyendo movimiento, abastecimientos, ataque,
defensa y maniobras necesarias para alcanzar los objetivos de cualquier batalla
o campaña.
https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/glosario
[184] Es importante recordar cómo en principio el régimen sobre pensiones de
invalidez para las Fuerzas militares exigía que los mismos fueran calificados
con un 75% de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, esta regulación
tuvo varias modificaciones (algunas de ellas derivadas de sentencias de esta
Corte), y en la actualidad el Decreto reglamentario 1157 de 2014, consagró que
los miembros de las Fuerzas Militares pueden acceder a una pensión de invalidez
con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Para
ampliar sobre las modificaciones ver la sentencia T-165 de 2016, M. P.
Alejandro Linares Cantillo.
[185] C-559 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería
[186] C-804 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa.
[187]
C-563 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz.
[188] M.
P. Rodrigo Escobar Gil.
[189] Para ahondar sobre este aspecto revisar la sentencia C-619 de 2003, M.
P. Clara Inés Vargas Hernández. Allí se indicó: “Esta
controversia, que lejos de ser novedosa ha sido ampliamente estudiada dando
lugar a interesantes debates no sólo en el ordenamiento colombiano sino también
en el derecho comparado, plantea como pregunta si la declaratoria de
inexequibilidad solamente puede tener efectos hacia el futuro, o si por el
contrario los efectos de la decisión pueden retrotraerse hasta el momento de
expedición de la norma.
De un lado, los efectos
hacia el futuro o ex nunc –desde entonces- de la declaratoria de
inexequibilidad encuentran razón de ser ante la necesidad de proteger
principios como la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la
norma gozaba de presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir
que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de
aquella.
Pero de otro lado, los
efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido
respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros
valores o principios contenidos en ella no menos importantes.  Bajo esta
óptica se afirma que por tratarse de un vicio que afectaba la validez de la
norma, sus efectos deben ser ex tunc –desde siempre- cual si se
tratara de una nulidad, para deshacer las consecuencias derivadas de la
aplicación de esa normas espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y
jurídicas así lo permitan.”
[190]
Folio 304.
[191]
Auto 078 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.