C-858-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-858/07
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
sobre vicios
de procedimiento
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No alteración
por legislador del contenido
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN EL TRAMITE LEGISLATIVO-No exige que la
publicación de la ponencia deba ser anterior al anuncio de votación
La
Corte Constitucional no comparte la conclusión de Procurador de que en el
trámite del proyecto se desconoció lo previsto en el artículo 157, numeral 1 de
la Carta y 157 de la Ley 5 de 1992, cuando en la Comisión Segunda del Senado,
se anunció la votación del proyecto de conformidad con lo que establece el
artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, sin que hubiera sido publicada
la ponencia del mismo. Para el Procurador la expresión “antes de darle curso en
la comisión respectiva,”cobija el anuncio de la votación del proyecto al que se
refiere el Acto Legislativo 01 de 2003 y exige la publicación previa de la ponencia,
pero ni la Constitución ni la Ley 5 de 1992 establecen dicho requisito.
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA-Garantiza
derechos de los trabajadores/CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL-Extensión del
ámbito territorial de protección de los derechos adquiridos/CONVENIO DE
SEGURIDAD SOCIAL-Suma de tiempos cotizados en uno y otro Estado/CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL-Territorialidad en la aplicación de la ley
CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA-No
contraría la normatividad constitucional
Referencia:
expediente LAT-302
Revisión
Constitucional de la Ley 1112 de 2006 por medio de la cual se aprueba el "Convenio
de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España",
hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá,
D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión constitucional de la Ley 1112 de 2006, por medio de la cual
se aprueba el “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y
el Reino de España” hecho en Bogotá el seis (6) de septiembre de 2005.
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado
en la Secretaría General de esta corporación el 17 de enero de 2007,[1]
dentro del término Constitucional, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República remitió copia autentica de la Ley 1112 de 2006, para efectos de su
revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto
del 7 de febrero de 2007,[2] avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas.
Recibidas éstas, mediante auto de 23 de abril de 2007[3] ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en
lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención
ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para
el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente
de la República, al Presidente del Congreso de la República y a la Ministra de
Relaciones Exteriores.
Presentado
a consideración de la Sala el proyecto de sentencia por el Magistrado Jaime
Araujo Rentería, luego de la discusión correspondiente, en virtud de las
decisiones que fueron adoptadas en la sesión del 17 de octubre de 2007, se
designó como nuevo ponente de la sentencia en este proceso al magistrado Manuel
José Cepeda Espinosa.
II.   TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A continuación
se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación
en el Diario Oficial No. 46.494, de 27 de diciembre de 2006:
Ley 1112 de 2006
(Diciembre 27)
Por
medio de la cual se aprueba el "Convenio de Seguridad Social entre la
República de Colombia y el Reino de España", hecho en Bogotá, el 6 de
septiembre de 2005.
El Congreso de Colombia
Visto
el texto del Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el
Reino de España, hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005, que a la letra
dice:
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA
La República de Colombia y el Reino de España,
Decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad
Social,
Considerando la importancia de asegurar a los
trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una
actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,
Reconociendo los lazos de amistad que unen a los dos
Estados,
Han decidido concluir este Convenio acordando lo
siguiente:
T I T U L O I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
1 Definiciones
1.
Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de
aplicación del presente Convenio, el siguiente significado:
a)
Partes Contratantes: Designa al Reino de España y a la República de Colombia;
b)
Legislación: Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a
Seguridad Social vigentes en el territorio de las Partes Contratantes;
c)
Autoridad Competente: Respecto de España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, respecto de Colombia, el Ministerio de la Protección Social;
d)
Institución Competente: Las Instituciones u Organismos responsables en cada
Parte de la administración y aplicación de su legislación;
e)
Organismo de Enlace: Organismo de coordinación e información entre las
Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del
Convenio y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones
derivados del mismo;
f)
Trabajador: Toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado
una actividad por cuenta ajena o propia está, o ha estado sujeta, a las
legislaciones enumeradas en el artículo 2° de este Convenio;
g)
Período de Seguro o Cotización: Todo período cotizado o reconocido como tal por
la legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier período
considerado por dicha legislación como equivalente o computable;
h)
Prestaciones económicas: Prestaciones en efectivo por, pensiones, subsidios,
auxilios o indemnizaciones previstos por las legislaciones mencionadas en el
artículo 2° de este Convenio, incluido todo complemento o revalorización.
2.
Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el
significado que les atribuye la legislación que se aplique.
Artículo
2 Campo de aplicación material
1.
El presente Convenio se aplicará:
a)
En España:
A
la Legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema Español de
la Seguridad Social, en lo que se refiere a incapacidad permanente, muerte y supervivencia
por enfermedad común o accidente no laboral y jubilación.
b)
En Colombia:
A
la legislación relativa a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema
General de Pensiones (Prima Media con Prestación Definida y Ahorro Individual
con Solidaridad), en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen
común.
2.
El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro
complete o modifique la enumerada en el apartado precedente.
3.
El Convenio se aplicará a las disposiciones que en una Parte Contratante
extiendan la legislación vigente prevista en el apartado 1 de este artículo, a
nuevos grupos de personas, siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte
no se oponga a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la
notificación de dichas disposiciones.
Artículo
3 Campo de aplicación personal
El
presente Convenio será de aplicación a los trabajadores nacionales que estén o
hayan estado sujetos a las legislaciones de Seguridad Social de una o ambas
Partes Contratantes, así como a sus familiares beneficiarios y sobrevivientes.
Artículo
4 Principio de igualdad de trato
Los
nacionales de una de las Partes Contratantes que pasen a quedar sometidos a la
legislación de la otra Parte tendrán en esta última los mismos derechos y
obligaciones establecidos en la legislación de esta Parte para sus nacionales.
Artículo
5 Conservación de los derechos adquiridos y pago de prestaciones en el
extranjero
1.
Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones
comprendidas en el artículo 2° no serán objeto de reducción, modificación,
suspensión, extinción, supresión o retención por el hecho de que el
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte, y se le
harán efectivas en el mismo.
2.
Las prestaciones comprendidas en el artículo 2° del presente Convenio,
reconocidas a beneficiarios que residan en un tercer país, se harán efectivas
en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales
que residan en ese tercer país.
T I T U L O II
DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE
Artículo
6 Norma general
Los
trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetos
exclusivamente a la legislación de Seguridad Social de la Parte Contratante en
cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 7°.
Artículo
7 Excepciones
1.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 6° se establecen las siguientes
excepciones:
a)
El trabajador por cuenta ajena al servicio de una Empresa cuya sede se
encuentre en el territorio de una de las Parte Contratantes y sea enviado por
dicha Empresa al territorio de la otra Parte para realizar trabajos de carácter
temporal, quedará sometido a la legislación de la primera Parte, siempre que la
duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado, no exceda de
tres años ni haya sido enviado en sustitución de otra persona cuyo período de
desplazamiento haya concluido;
b)
Con relación al supuesto anterior, si por circunstancias imprevisibles, la
duración del trabajo excediera de los tres años, el trabajador continuará
sometido a la legislación de la primera Parte por un nuevo período, no superior
a otros tres años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda
Parte u Organismo en quien delegue dé su conformidad;
c)
El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el
territorio de una Parte en la que está asegurado y que pase a realizar un
trabajo en el territorio de la otra Parte, continuará sometido a la legislación
de la primera Parte, a condición de que la duración previsible del trabajo no
exceda de tres años;
d)
Con relación al supuesto anterior, si por circunstancias imprevisibles, la
duración del trabajo excediera de los tres años, el trabajador continuará
sometido a la legislación de la primera Parte por un nuevo período, no superior
a otros tres años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda
Parte u Organismo en quien delegue dé su conformidad;
e)
El personal itinerante al servicio de Empresas de Transporte Aéreo que desempeñe
su actividad en el territorio de ambas Partas, estará sujeto a la legislación
de la Parte en cuyo territorio tenga su sede principal la empresa;
f)
El trabajador por cuenta ajena que ejerza su actividad a bordo de un buque estará
sometido a la legislación de la Parte cuya bandera enarbole el buque;
No
obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por
una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra
Parte, deberá quedar sometido a la legislación de esta última Parte, si reside
en su territorio. La empresa o persona que pague la retribución será
considerada como empleador para la aplicación de dicha legislación.
Los
trabajadores nacionales de una Parte y con residencia en la misma que presten
servicios en una empresa pesquera mixta constituida en la otra Parte y en un
buque abanderado en esa Parte, se considerarán pertenecientes a la empresa
participante del país del que son nacionales y en el que residen y, por tanto
quedarán sujetos a la legislación de este país, debiendo, la citada empresa,
asumir sus obligaciones como empleador;
g)
Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques
y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación de la
Parte Contratante a cuyo territorio pertenezca el puerto;
h)
Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas
Consulares y los funcionarios de Organismos Internacionales se regirán por las
normas que les sean aplicables;
i)
Los funcionarios públicos de una Parte, distintos a los que se refiere el
apartado anterior, que se hallen destinados en el territorio de la otra Parte,
quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la
Administración de la que dependen, con excepción de lo dispuesto en la letra
j)inciso 2°;
j)
El personal administrativo y técnico y los miembros del personal al servicio de
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de cada una de las Partes,
podrán optar entre la aplicación de la legislación del Estado acreditante o la
del otro Estado siempre y cuando reúnan las condiciones siguientes:
1.
En el supuesto de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España en
Colombia que sean nacionales españoles y no tengan el carácter de funcionarios
públicos.
2.
En el supuesto de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en
España, bien sean nacionales españoles o colombianos, que tengan el carácter de
local.
La
opción se ejercerá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación
del trabajo en el territorio del Estado en el que desarrollen su actividad o a
la fecha de vigencia del presente Convenio.
En
caso que no se efectúe la opción dentro de dicho plazo, se considerará que opta
por acogerse a la legislación de la Parte en donde desarrolla su actividad.
k)
El personal al servicio privado y exclusivo de los miembros de las Misiones
Diplomáticas u Oficinas Consulares, que sean nacionales del Estado acreditante,
tendrán el mismo derecho de opción regulado en el apartado anterior;
l)
Las personas enviadas, por una de las Parte en misiones de cooperación al
territorio de la otra Parte, quedarán sometidas a la legislación del país que
las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga otra cosa.
2.
Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes podrán, previo
cumplimiento de los requisitos internos, de común acuerdo, en interés de
determinados trabajadores o categorías de trabajadores, modificar las
excepciones previstas en los apartados anteriores.
T I T U L O III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES
CAPITULO I
Prestaciones por
incapacidad permanente o invalidez, jubilación o vejez y muerte y supervivencia
o sobrevivientes
SECCION I
Disposiciones comunes
Artículo
8 Totalización de períodos de seguro o cotización
Cuando
la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación
o recuperación del derecho a las prestaciones previstas en el artículo 2° de
este Convenio, al cumplimiento de determinados períodos de seguro o cotización,
la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario,
los períodos de seguro o cotización cumplidos con arreglo a la legislación de
la otra Parte Contratante según se establece en artículo 9°, siempre que no se
superpongan.
Artículo
9 Determinación del derecho y liquidación de las prestaciones
Con
excepción de lo dispuesto en el artículo 18, el trabajador que haya estado
sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte
Contratante tendrá derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las
condiciones siguientes:
1.
La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la
prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro o cotización
acreditados en esa Parte.
2.
Asimismo la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a
prestaciones totalizando con los propios los períodos de seguro o cotización
cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la
totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la
cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:
a)
Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera
tenido derecho como si todos los períodos de seguro o cotización totalizados
hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica);
b)
El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica,
calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período
de seguro o cotización cumplido en la Parte a que pertenece la Institución que
calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro o cotización
cumplidos en ambas Partes (pensión prorrata).
3.
Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes, la
Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea
más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la
Institución Competente de la otra Parte.
Artículo
10 Cómputo de períodos de cotización en determinadas actividades
Si
la legislación de una de las Partes condiciona el derecho o la concesión de
determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión
sometida a un Régimen Especial o, en una profesión o empleo determinado, los
períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte solo se tendrán en
cuenta, para la concesión de tales beneficios, si hubieran sido acreditados al
amparo de un régimen de igual naturaleza, o a falta de este, en la misma
profesión o, en su caso, en un empleo idéntico.
Si
teniendo en cuenta los períodos así cumplidos el interesado no satisface las
condiciones requeridas para beneficiarse de una prestación de un Régimen
Especial, estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión de
prestaciones del Régimen General o de otro Régimen Especial en el que el
interesado pudiera acreditar derecho.
Artículo
11 Determinación de la incapacidad
Para
determinar el grado de disminución de la capacidad de trabajo del asegurado,
las instituciones competentes de cada una de las Partes Contratantes tendrán en
cuenta los informes médicos y los datos administrativos emitidos por las
Instituciones de la otra Parte.
No
obstante, cada Institución podrá someter al asegurado a reconocimiento por un
médico elegido por la Institución.
SECCION II
Aplicación de la
Legislación Española
Artículo
12 Condiciones específicas para el reconocimiento de1 derecho
1.
Si la legislación española subordina la concesión de las prestaciones reguladas
en este Capítulo a la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su
legislación en el momento de producirse el hecho causante de la prestación,
esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el trabajador está
asegurado o recibe una prestación colombiana, de igual o diferente naturaleza,
causada por el mismo trabajador.
El
mismo principio se aplicará para el reconocimiento de las pensiones de
supervivencia pare que, si fuera necesario, se tenga en cuenta la situación de
alta o de afiliado cotizante, o de pensionista del sujeto causante en Colombia.
2.
Si la legislación española exige para reconocer la prestación que se hayan
cumplido períodos de cotización en un tiempo determinado inmediatamente
anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará
cumplida si el interesado los acredita en el período inmediatamente anterior al
reconocimiento de la prestación en Colombia.
3.
Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la
legislación española en el caso de pensionistas que ejercieran una actividad
laboral, les serán aplicables aunque ejerzan su actividad en el territorio de
Colombia.
Artículo
13 Base reguladora o ingreso base de liquidación de las prestaciones
Para
determinar la base reguladora para el cálculo de las prestaciones, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 9°, apartado 2, la Institución
Competente tendrá en cuenta las bases de cotización reales acreditadas por el
asegurado en España durante los años que precedan inmediatamente al pago de la
última cotización a la Seguridad Social española.
La
cuantía de la prestación obtenida se incrementará con el importe de las mejoras
y revalorizaciones establecidas para cada año posterior y hasta el hecho
causante para las prestaciones de la misma naturaleza.
Artículo
14 Totalización de períodos de seguro para la admisión al seguro voluntario
Para
la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del seguro, los
períodos de cotización cubiertos por el trabajador en virtud de la legislación
colombiana, se totalizarán, si fuera necesario, con los períodos de seguro
cubiertos en virtud de la legislación española, siempre que no se superpongan.
SECCION III
Aplicación de la
Legislación Colombiana
Artículo
15 Base reguladora o ingreso base de la liquidación de las prestaciones
Para
determinar el ingreso base de liquidación para el cálculo de las prestaciones
que se reconozcan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9°, apartado 2
del presente Convenio, la Institución Competente tomará el promedio de los
salarios o rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado en Colombia
durante los diez años anteriores al reconocimiento o el promedio de todo el
tiempo estimado si éste fuere inferior.
Cuando
el período requerido para la determinación de la Base Reguladora de la pensión
corresponda a períodos de seguro cubiertos en España, la Institución Competente
Colombiana fijará el período de los diez años para la base de cálculo
respectiva en relación con la fecha de la última cotización efectuada en
Colombia.
La
cuantía resultante de este cálculo se ajustará hasta a fecha en que debe
devengarse la prestación, de conformidad con su legislación.
Artículo
16 Cumplimiento del tiempo requerido
Teniendo
en cuenta que en el Sistema General de Pensiones, las prestaciones a otorgar
dependen de los aportes que los trabajadores hayan efectuado y el tiempo
servido, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la Parte
colombiana solo podrá aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9° del
presente Convenio, cuando sumando los tiempos acreditados en España se cumplan
los requisitos legales para acceder a dicha prestación.
Certificados
los tiempos servidos o aportados por el trabajador en cada una de las Partes, la
Parte colombiana podrá reconocer y pagar independientemente la prorrata a que
el interesado tiene derecho según el apartado 2 del artículo 9°, cuando este
cumpla con la edad requerida.
Artículo
17 Unidad de la prestación
1.
En Colombia, se considera que la prestación que se otorgue en desarrollo del
presente Convenio corresponde a la suma de las prestaciones que, por aplicación
del artículo 9, reciba de cada una de las Partes Contratantes el trabajador.
Cada prorrata considerada individualmente en sí misma, no es una pensión.
2.
La Garantía de Pensión Mínima operará cuando la sumatoria de las mencionadas
prestaciones sea inferior a un salario mínimo legal colombiano y el trabajador
haya cumplido los períodos cotizados exigidos, una vez sean reconocidos los
tiempos en ambas Partes.
3.
En el evento en que la Parte colombiana deba comenzar a pagar antes que la
Parte española la prorrata que le corresponde según el apartado 2 del artículo
9° del presente Convenio, la Institución Competente española certificará si el
interesado ha cotizado en España y el período cotizado al Sistema Español de
Seguridad Social. Con esta certificación se presumirá que el interesado está
incluido, para la Parte española, en el ámbito de aplicación personal del
Convenio. Para determinar, en este supuesto, el derecho de pensión prorrata y
la garantía de pensión mínima, la Institución colombina deberá aplicar la
proporción existente entre el período de seguro cumplido en Colombia y la
totalidad de los períodos cumplidos en ambas Partes. En ningún caso, la
concesión de una pensión prorrata colombiana, por aplicación del presente
Convenio, podrá obligar a las Instituciones colombianas a reconocer una cuantía
de pensión superior a la prorrata que resulte del cálculo anterior.
La
garantía de pensión mínima podrá ser recalculada cuando la Institución española
reconozca una pensión, aplicándose consecuentemente, el apartado 2 del presente
artículo.
Artículo
18 Régimen de ahorro individual con solidaridad
1.
Los afiliados a una Administradora de Fondo de Pensiones en Colombia,
financiarán sus prestaciones con el saldo de su cuenta de ahorro individual y
la suma adicional a cargo de la aseguradora.
2.
En el caso en que los trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de
Pensiones requieran de la totalización de períodos para la aplicación de la
garantía de pensión mínima se aplicará lo dispuesto en el artículo 9°. Para tal
efecto, se tendrá en cuenta que la sumatoria de las prorratas de ambas partes
contratantes, sea inferior a un salario mínimo legal colombiano y que el
trabajador haya cumplido los períodos cotizados exigidos, una vez sean
totalizados los tiempos en ambas Partes.
CAPITULO 2
Subsidio por defunción o
auxilio funerario
Artículo
19 Reconocimiento del derecho
1.
El subsidio por defunción o auxilio funerario será concedido por la Institución
Competente de la Parte Contratante cuya legislación sea aplicable al trabajador
en el momento del fallecimiento.
El
reconocimiento y cálculo de la prestación se realizará, si fuera necesario,
totalizando los períodos de cotización cumplidos en la otra Parte Contratante.
2.
En el caso del fallecimiento de un pensionista de las dos Partes que causará el
derecho al subsidio en ambas, este será reconocido por la Institución
Competente de la Parte en cuyo territorio residiera el pensionista en el
momento del fallecimiento.
Si
el fallecimiento tiene lugar en el territorio de un tercer país, el
reconocimiento del derecho corresponderá a la Institución Competente de la
Parte en cuyo territorio residió en último lugar.
T I T U L O IV
DISPOSICIONES DIVERSAS,
TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO 1
Disposiciones diversas
Artículo
20 Normas específicas para los supuestos de totalización de períodos de seguro
o cotización
Cuando
deba llevarse a cabo la totalización de períodos de seguro o cotización
cumplidos en ambas Partes para el reconocimiento del derecho a las
prestaciones, se aplicarán las siguientes reglas:
a)
Cuando coincida un período de seguro obligatorio con un período de seguro
voluntario o de afiliación voluntaria, o equivalente, se tendrá en cuenta el
período de seguro obligatorio;
b)
Cuando coincida un período de seguro voluntario o afiliación voluntaria
acreditado en una Parte, con un período de seguro equivalente, acreditado en la
otra Parte, se tendrá en cuenta el período de seguro voluntario o afiliación
voluntaria.
c)
Cuando en una Parte no sea posible precisar la época en que determinados
períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos períodos no se
superponen con los períodos de seguro cumplidos en la otra Parte.
Artículo
21 Revalorización de las pensiones
Las
pensiones reconocidas por aplicación de las normas del Título III de este
Convenio, se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que
las prestaciones reconocidas al amparo de la legislación interna.
Artículo
22 Efectos de la presentación de documentos
1.
Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de
aplicación de la legislación de una Parte, deban ser presentados en un plazo
determinado ante las Autoridades o Instituciones de esa Parte, se considerarán
como presentados ante ella si lo hubiera sido dentro del mismo plazo ante la
Autoridad o Institución de la otra Parte.
2.
Cualquier solicitud de prestación presentada según la legislación de una Parte
será considerada como solicitud de la prestación correspondiente según la
legislación de la otra Parte, siempre que el interesado manifieste,
expresamente o se deduzca de la documentación presentada, que ha ejercido una
actividad laboral en el territorio de dicha Parte.
Artículo
23 Ayuda administrativa entre Instituciones
1.
Las Instituciones Competentes de ambas Partes podrán solicitarse, en cualquier
momento, comprobaciones de hechos y actos de los que pueda derivarse la
adquisición, modificación, suspensión, extinción o mantenimiento del derecho a
prestaciones por ellas reconocidos. Los gastos que en consecuencia se produzcan
serán reintegrados, sin demora por la Institución Competente que solicitó el
reconocimiento o la comprobación, cuando se reciban los justificantes
detallados de tales gastos.
2.
La institución Competente de una de las Partes que, al liquidar o revisar una
pensión, con arreglo a lo establecido en el presente Convenio, compruebe que ha
pagado al beneficiario de prestaciones una cantidad superior a la debida, podrá
solicitar de la Institución Competente de la otra Parte que deba prestaciones
de igual naturaleza al mismo beneficiario la retención sobre el primer pago de
los atrasos o retroactivo correspondientes a los abonos periódicos de la
cantidad pagada en exceso dentro de los límites establecidos por la legislación
de la Parte que realice la retención. Esta última Institución transferirá la
suma retenida a la Institución acreedora.
Artículo
24 Beneficios de exención en actos y documentos administrativos
1.
El beneficio de las exenciones de registro, de escritura de timbre y de tasas
consulares u otros análogos, previstos en la legislación de cada una de las
Partes Contratantes, se extenderá a los certificados 5 documentos que se
expidan por las Administraciones o Instituciones Competentes de la otra Parte
en aplicación del presente Convenio.
2.
Todos los actos administrativos y documentos que se expidan para la aplicación
del presente Convenio serán exonerados de los requisitos de legalización y
legitimación, que se exigen en la legislación de cada Parte, para los
documentos otorgados en el exterior.
Artículo
25 Modalidades y garantía del pago de las prestaciones
1.
Las Instituciones Competentes de cada una de las Partes quedarán liberadas de
los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, cuando estos se
efectúen en moneda de su país.
2.
Si se promulgasen en alguna de las Partes Contratantes disposiciones que
restrinjan la transferencia de divisas, ambas Partes adoptarán de inmediato las
medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados del
presente Convenio.
Artículo
26 Obligaciones de las Autoridades Competentes
Las
Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes deberán:
a)
Establecer los Acuerdos Administrativos necesarios para la aplicación del
presente Convenio;
b)
Designar los respectivos Organismos de Enlace;
c)
Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación de
este Convenio;
d)
Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen
las que se mencionan en el artículo 2°;
e)
Prestarse sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y
administrativa posible para la aplicación de este Convenio.
Artículo
27 Obligaciones de los Organismos de Enlace
Los
Organismos de Enlace de las Partes Contratantes se encargarán del intercambio
de la información necesaria para la aplicación de presente Convenio, realizarán
los actos de control a solicitud de la otra Parte y las demás que le sean
asignadas en el desarrollo del mismo.
Artículo
28 Obligaciones de las Instituciones Competentes
Las
Instituciones Competentes de las Partes Contratantes, se encargarán de
estudiar, tramitar y decidir las solicitudes presentadas para el reconocimiento
de las prestaciones de que trata el presente Convenio, atender el
reconocimiento y pago de las prestaciones a las que hubiere lugar y las demás
funciones que les se han asignadas en desarrollo del Convenio.
Artículo
29 Comisión Mixta
Las
Autoridades Competentes de ambas Partes podrán reunirse en Comisión Mixta
asistidos por representantes de sus respectivas Instituciones, con el objeto de
verificar la aplicación del Convenio, y demás instrumentos adicionales, y de
proponer las modificaciones que se estime oportuno en orden a la permanente
actualización de los mismos.
La
citada Comisión Mixta se reunirá en España o en Colombia, con la periodicidad
que se acuerde.
Artículo
30 Regulación de las controversias
1.
Las Autoridades Competentes deberán resolver mediante negociaciones las
diferencias de interpretación del presente Convenio y de sus Acuerdos
Administrativos.
2.
Si las controversias no pudieran ser resueltas mediante negociación en un plazo
de tres meses a partir del comienzo de la misma, estas deberán ser sometidas a
una comisión arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común
acuerdo entre las Partes Contratantes. La decisión de la comisión arbitral será
considerada como obligatoria y definitiva.
CAPITULO 2
Disposiciones transitorias
Artículo
31 Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio
1.
Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo con la legislación de cada una de
las Partes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán
tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones
que se reconozcan en virtud del mismo.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se haya producido una
superposición de tiempos de cotización permitida por la legislación interna de
cada una de las Partes Contratantes, que correspondan a períodos anteriores a
la entrada en vigor de este Convenio, cada una de las Partes tomará en
consideración los períodos acreditados en su legislación para determinar el
derecho a la prestación y cuantía de la misma.
Artículo
32 Hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio
1.
Los períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de las Partes
antes de la fecha de vigencia de este Convenio serán tomados en consideración
para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en
virtud del mismo.
2.
Por la aplicación de este Convenio se podrán revisar los casos de contingencias
acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, teniendo en
cuenta lo indicado en el apartado 1 precedente, para aplicar a estos eventos la
legislación vigente al momento de ocurrencia del hecho generador de la
prestación, con las excepciones que se indican en el apartado 3 siguiente. Sin
embargo el pago de las mismas no se hará con efectos retroactivos a dicha
fecha. Las pensiones que hayan sido liquidadas o denegadas por una o ambas
Partes antes de la entrada en vigor del Convenio, podrán ser revisadas a
petición de los interesados y siempre que la solicitud de revisión se presente
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Convenio, con el fin
de que las personas puedan ser sujetos del Convenio. El pago de la pensión
revisada se efectuará desde la fecha de la solicitud. En ningún caso se
revisará la pensión denegada, cuando sea de aplicación el apartado 3.
3.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se exceptúan los
supuestos en que la contingencia hubiera dado lugar al pago de una
indemnización o prestación de pago único de cualquier naturaleza y los eventos
en los cuales la definición del derecho hubiere hecho tránsito a cosa juzgada
por decisiones judiciales, o, en el caso de Colombia, por acuerdo con el
interesado.
CAPITULO 3
Disposiciones finales
Artículo
33 Entrada en vigor del Convenio
El
presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la
fecha en que las Partes Contratantes intercambien, por vía diplomática, los
instrumentos de ratificación, informándose sobre cumplimiento de sus requisitos
constitucionales y legales internos de aprobación.
Artículo
34 Duración y Denuncia del Convenio
1.
El Convenio tendrá vigencia indefinida, pudiendo ser denunciado por las Partes
Contratantes en cualquier momento. La denuncia se hará efectiva tres meses
después de la fecha de recibo de la respectiva notificación por vía
diplomática.
2.
En caso de denuncia, y no obstante las disposiciones restrictivas que la otra
Parte pueda prever para los casos de residencia en el extranjero de un
beneficiario, las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a los
derechos adquiridos en desarrollo del mismo.
3.
Las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos
en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro o cotización o
asimilados, cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio.
Artículo
35 Firma y Ratificación
El
presente Convenio será ratificado de acuerdo con la legislación interna de cada
una de las Partes Contratantes.
Hecho
en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005, en dos ejemplares, siendo ambos
auténticos.
POR
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
El
Ministro de la Protección Social,
Diego
Palacio Betancourt.
POR
EL REINO DE ESPAÑA
El
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús
Caldera Sánchez-Capitán.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá,
D. C., 21 de septiembre de 2005
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las funciones del despacho
de la señora Ministra de Relaciones Exteriores
(Fdo.)
Camilo Reyes Rodríguez.
DECRETA:
Artículo
1°. Apruébase el Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y
el Reino de España, hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de
2005.
Artículo
2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, el
Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España, hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005, que por el artículo 1° de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
La
Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian
Francisca Toro Torres.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio
Ramón Otero Dajud.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo
Ape Cuello Baute.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino
Lizcano Rivera.
REPUBLICA
DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2006.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
María
Consuelo Araújo Castro.
El
Ministro de la Protección Social,
Diego
Palacio Betancourt.”
III.   INTERVENCIONES
1.
Intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Por medio de
escrito presentado el 3 de mayo de 2007, la ciudadana Solángel Ortiz Mejía,
actuando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte
que declare la constitucionalidad de la ley aprobatoria y del referido
convenio, por las siguientes razones:
Respecto
al trámite.
Señala,
que el Presidente de la República, el 21 de septiembre de 2005, aprobó y ordenó
someter a la aprobación del Congreso de la República el proyecto de ley
aprobatoria del convenio bajo estudio. A continuación y de manera sucinta,
esboza que el trámite de la ley aprobatoria ha cumplido los requisitos
constitucionales y legales.
Respecto de la
materia.
En relación con
la materia del convenio, afirma que éste desarrolla varios principios y
disposiciones consagradas en la Constitución, entre ellos el de promoción de
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional y de integración económica,
social y política con las demás naciones.
Indica la
interviniente, entre otras razones, que el Estado colombiano a través de la
celebración de instrumentos internacionales como el presente convenio, realiza
esfuerzos para que las personas tengan mejores posibilidades de asegurar su
futuro inmediato, garantizando el derecho a la seguridad social, estableciendo
un marco normativo conjunto en cooperación con España para aplicar a los
trabajadores nacionales de ambos Estados que estén o hayan estado sujetos a las
legislaciones que traten la materia como a sus familiares bien sea
beneficiarios o sobrevivientes.
Señala que el
convenio está de acuerdo con el segundo inciso del artículo 46 de la
Constitución, el cual determina que el Estado les garantizará a las personas de
la tercera edad los servicios de seguridad social integral.  De esta manera el
convenio busca la igualdad en materia de seguridad social para nacionales de
ambos países, teniendo respeto por la legislación interna que cada uno de ellos
tiene.  Igualmente expresa que el convenio está de acuerdo con la Constitución
al establecer que los recursos de estas entidades no podrán destinarse para
fines diferentes que la misma seguridad social.
Se afirma que el
convenio de seguridad social entre Colombia y España hará parte de nuestra
legislación protegiendo a los trabajadores nacionales que residan en ese país y
reconocer de esta manera el derecho que tiene cada uno de ellos de estar
afiliado a un sistema de seguridad social.  Así las cosas, el presente convenio
no solo protege al trabajador cotizante, con algún tipo de pensión, sino que
tiene beneficiarios al faltar el trabajador: su cónyuge supérstite y/ o
posibles sobrevivientes.  De este modo, el Estado creará incentivos para
aquellas personas que trabajan en el exterior y a extranjeros que trabajen en
Colombia, sin desconocer la Ley 860 de 2003, la cual modifica en parte el
sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993.
2.
Intervenciones Extemporáneas.
Las
intervenciones de José Joaquín Castro Rojas, actuando en su condición de
director del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás y de Alex
Movilla Andrade, en representación de Universidad Popular del Cesár, no serán
tenidas en cuenta por cuanto fueron presentadas de manera extemporánea como se
evidencia en informes de la Secretaría General de esta Corporación de fechas 15
de mayo y 4 de junio,  de 2006.
IV.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, mediante Concepto No. 4323
recibido el 6 de junio de 2007, solicita a la Corte se declare inexequible el
convenio de seguridad social entre la República de Colombia y el reino de España,
con base en los siguientes planteamientos:
Respecto del
trámite.
Se señala de
manera específica el trámite dado al proyecto de ley aprobatoria del presente
instrumento internacional en cada una de las cámaras.  Así las cosas, en
relación con el trámite dado en el Senado de la República se afirma de manera
puntual:
“ c).  Según
certificación expedida por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la
República, el proyecto de ley 243 de 2006 fue anunciado, para ser discutido y
aprobado en primer debate, así “Mayo 17 de 2006, según
consta en el Acta No 001 de sesión conjunta de las comisiones segundas
del senado y Cámara de esa fecha, publicada en la Gaceta No 333 del 1 de
septiembre de 2006.”
Agrega el señor
Procurador “Verificada esta certificación directamente del Acta No 001 de 17 de
mayo de 2006, sobre lo ocurrido en esta sesión, se observa que en dos
oportunidades se hicieron anuncios de proyectos de ley a debatir en el Senado,
en los siguientes términos:  “La comisión segunda del senado entonces
anuncia para la sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya
anunciados el proyecto de ley número 171 de 2005, el proyecto de ley número 121
de 2005, el proyecto de ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005
y  219 de 2005 que fueron colocados en el orden del día para discusión del día
de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo…” y más adelante se lee: “La
comisión segunda del senado anuncia también el proyecto de ley número 108 de 2005.”
Finaliza la sesión de la siguiente forma: “Agotado el orden del día para
el senado también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 y
revisaremos los proyectos anunciados. Muchas gracias.”
Se manifiesta
por parte del Ministerio Público: “Analizada en detalle el Acta No 001 de 17
de mayo de 2006 se advierte que el proyecto de ley No 243 de 2006 Senado, no
fue anunciado en esa sesión para ser discutido y aprobado en la sesión del
día 31 de mayo de ese año. Revisada el Acta se ve que, en el orden del
día, el proyecto de ley 243 de 2006 aparece ubicado en el punto III Sesión
conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara de representantes,” allí
se hace referencia, en primer lugar, al proyecto de ley No 254 de 2006 así: “Proyecto
de ley número 254 de 2006 Senado, 271 Cámara, por medio de la cual se regula la
adquisición de bienes y servicios destinados a la Defensa y seguridad
nacional.” Luego, se hace una descripción de ese proyecto, es decir, se
indica el autor, ponentes, gacetas en las que fue publicado, la fecha del
anuncio e inmediatamente se lee: “Para la comisión segunda del senado
terminada esta sesión conjunta habría receso y se continuará con el
siguiente orden del día “(subrayadas fuera de texto).  En seguida se
procedió a señalar una serie de proyectos que estarían en “Consideración y
votación del orden del día,” encontrándose que, el proyecto objeto de este
concepto quedó ubicado en el octavo lugar, de donde se deduce estaba en el
orden del día junto con otros que iban a someterse a discusión, pero debido al
mensaje de urgencia del gobierno nacional, en la sesión solamente se ocuparon
de la discusión y aprobación del proyecto sobre adquisición de bienes y
servicios destinados a la defensa y seguridad nacional.  Aprobado este
proyecto 254, el Secretario General de la Comisión segunda del Senado, anunció
los proyectos para debate y decisión en la sesión del 31 de mayo fuera de los
proyectos ya anunciados, el anuncio lo hizo en los siguientes términos:  “   La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la
Sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados el
Proyecto de ley número 171 de 2005, el Proyecto de ley número 121 de 2005, el
Proyecto de ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005, y 219 de
2005 que fueron colocados en el Orden del Día para discusión del día de hoy,
quedan para el miércoles 31 de mayo”. Se
observa que no se mencionó el No 243 de 2006 Senado, que es el objeto de este
examen.”
Agrega
el señor Procurador General de la Nación que “ … si bien en el anuncio se
expresó: “La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la Sesión del
miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados el Proyecto de
ley número 171 de 2005…” (subrayadas fuera de texto), analizada el Acta No
001 de 17 de mayo de 2006, se tiene que previamente no se había realizado
anuncio alguno.
Posteriormente,
el Secretario General de la Comisión segunda del Senado vuelve a tomar la
palabra y anuncia un último proyecto de ley, “el número 108 de 2005.” Lo
anterior puede verificarse en el Acta 001 de 17 de mayo de 2006.
Por
lo expresado hasta aquí, discrepa del contenido de la certificación de 16 de
marzo de 2007, expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado de la República, que señala al día 17 de mayo de 2006 como la fecha en
la que se realizó el anuncio del proyecto de ley 243 de 2006 para ser discutido
y aprobado en la sesión del 31 de mayo de ese año.  Se reitera que en le (sic)
presente caso se presentó una ausencia de anuncio en la sesión de 17 de mayo
(…).”
Concluye
el Ministerio Público indicando que “(…) así la Corte logre establecer que el
proyecto de ley No 243 de 2006 fue correctamente anunciado para primer debate
en la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado de la República, se
advierte la existencia de otro vicio en el trámite, también en el primer debate
en el Senado.  El vicio se presenta en la publicación de la ponencia pues, ésta
se hizo el 18 de mayo de 2006 y el denominado anuncio “habría
tenido lugar el 17 de mayo de ese año.  Significa lo anterior, que la
ponencia para debate en la comisión en el Senado fue publicada con
posterioridad a la realización del anuncio, en ese orden, no se le dio
cumplimiento a las precisas exigencias que para el trámite de los proyectos de
ley han de cumplirse, según lo preceptuado por el artículo 157 de la
Constitución Política, y por los artículos 156 y 157 de la ley 5 de 1992.”
Finaliza
el Señor Procurador General de la Nación llamando la atención de los
Secretarios de las comisiones de Senado y Cámara para que cumplan cabalmente
con la exigencia establecida en el artículo 8 del Acto legislativo 01 de 2003
debido al incremento en el número de leyes aprobatorias de tratados
internacionales que han sido declarado inexequibles o que han sido devueltas al
Congreso por el incumplimiento de éste requisito.  Por todo lo anterior, el
Ministerio Público solicita se declare inexequible la presente ley aprobatoria
del convenio.[4]
V.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.
Competencia de la Corte Constitucional en
materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados.
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia
C-468 de 1997,[5] dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva[6], pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
En
cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los
tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el
artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de
la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de
aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
Dada la
naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado.[7] Si
el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y,
a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.[8]
En
cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de
la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para
determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política.
Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la
ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.
La revisión formal de la Ley aprobatoria
2.1.
Remisión de la ley aprobatoria y del Convenio
por parte del Gobierno Nacional
El Secretario Jurídico de la Presidencia
de la República remitió a esta Corporación, el 17 de enero de 2007, copia de la
Ley 1112 de 27 de diciembre de 2006 por medio de la cual se aprueba el
"Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España", hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005” para su control
constitucional, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución,
es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del
artículo 241 de la Constitución Política.
2.2.
Negociación y celebración del Tratado
La Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que
los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la
negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de 19 de febrero de
2007 manifestó que el convenio fue suscrito el 6 de septiembre de
2005 por el Ministro de Protección Social, en virtud de plenos poderes que le
confirió el Presidente de la República, el 5 de septiembre de 2005, de
conformidad con lo que establece el artículo 189 numeral 2 de la Constitución
Política.[9]
2.3.
Aprobación presidencial
El 21 de
septiembre de 2005, el Presidente de la República impartió su aprobación
ejecutiva al “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y
el Reino de España.” De igual forma, ordenó someter al Congreso la
aprobación del convenio.  Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores,
de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social, presentaron a
consideración del Congreso el convenio en mención.
2.4.
Trámite realizado en el Congreso de la República
para la formación de la Ley 1112 de 2006
Salvo la exigencia de iniciar el trámite
de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado
de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial
para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde
el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los
artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el Proyecto de Ley 243 de 2006 Senado, 308 de 2006
Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.
El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 243
de 2006 Senado
El
Proyecto de Ley 243 de 2006 Senado fue presentado el 14 de febrero de 2006 ante
la Secretaría del Senado de la República por los Ministros de Relaciones
Exteriores, Carolina Barco Isakson, de Hacienda y Crédito Público, Alberto
Carrasquilla Barrera, y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt. El
texto original junto con la respectiva exposición de motivos fueron publicados
en la Gaceta del Congreso de la República No. 37 de marzo 2 de 2006.[10]
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado, fue presentada por los Senadores Habib Merheg Marún y Manuel Ramiro
Velásquez Arroyabe, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 129 del 18 de Mayo de 2006.[11]
El
proyecto de ley 243 de 2006 Senado fue anunciado por primera vez en la sesión
del 10 de mayo de 2006, para ser discutido y aprobado en primer debate, el día
16 de mayo de 2006.[12] En
la sesión del 16 de mayo de 2006, el orden del día fue modificado por el
mensaje de urgencia del Presidente y el proyecto de ley 243 de 2006 no fue
debatido ni votado.[13] El anuncio
se reiteró el día 17 de mayo de 2006 en la sesión conjunta de las
Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara,[14] en
los siguientes términos:
Hace
uso de la palabra el doctor Felipe Ortiz Marulanda, Secretario General del
Senado de la República: Sí Señor Presidente, voy a leer
el Orden del Día completo de Senado, aclarando que el Orden del Día de la
Comisión Segunda de Cámara es diferente.
Orden del Día
Sesión del día miércoles 17 de mayo de 2006
I
Llamado a lista y verificación del quórum
II
Consideración y votación del Orden del Día.
III
Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas de Senado
y
Cámara
de Representantes:
(….)
Para
la Comisión Segunda del Senado, terminada esta Sesión Conjunta habría un receso
y se continuaría con el siguiente Orden del Día.
(…)
Proyectos
de ley para anunciar su discusión que serán votados en la Sesión de la Comisión
Segunda del Senado el día miércoles 31 de mayo de 2006.
(…)
-
Proyecto de ley número 243 de 2006 Senado, por la cual se aprueba el Convenio
de la Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España.[15]
Al
finalizar la sesión se dijo:
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado,
doctor Felipe Ortiz Marulanda: La Comisión
Segunda del Senado entonces anuncia para la Sesión del miércoles 31 de mayo
fuera de los proyectos ya anunciados el Proyecto de ley número 171 de 2005, el
Proyecto de ley número 121 de 2005, el Proyecto de ley número 126 de 2005, el
195 de 2005, el 198 de 2005, y 219 de 2005 que fueron colocados en el Orden del
Día para discusión del día de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo.
(…)
Hace
uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado,
doctor Felipe Ortiz Marulanda: La Comisión Segunda del Senado
anuncia también el Proyecto de ley número 108 de 2005.
(…)
“Hace
uso de la palabra el honorable Senador, Habib Merheg Marún: Agotado el
Orden del Día para el Senado también, se convoca entonces nuevamente para el
día miércoles 31 y revisaremos los proyectos anunciados. Muchas gracias. Se
levanta la Sesión siendo las 11:20 a. m.[16]
El
Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en
constancia de 16 de marzo de 2007,[17]
certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 31 de
mayo de 2006, con un quórum deliberatorio y decisorio de 12 de los 13 Senadores
que conforman la Comisión,[18] según
consta en el Acta No. 24 de esa fecha, publicada en la Gaceta No 223 del 28 de
junio de 2006. Según consta en el Acta No. 24, en la sesión del día 31 de 2006,
se dio lectura a la ponencia para primer debate y posteriormente, el texto del
proyecto y el título del mismo que se someten a consideración de la célula
legislativa, siendo aprobado en esta sesión.[19]
La ponencia para segundo debate en
el Senado fue presentada por los Senadores Habib Merheg Marún y Manuel Ramiro
Velásquez Arroyabe y publicada en la Gaceta del Congreso No. 173 de 8 de
junio de 2006, páginas 13-20.
De
acuerdo con certificación del Secretario General del Senado de la República, el
proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado, en
sesión del día 13 de junio de 2006, con un quórum deliberatorio y decisorio de
98 Senadores de los 102 que conforman la Plenaria del Senado, según consta en
el Acta No. 54 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 231
de 12 de julio de 2006.
Previo
a su aprobación, fue anunciado en la sesión ordinaria del día 12 de junio de
2006, según consta en el Acta 53 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 227 de 5 julio de 2006, páginas 21-22.[20]
2.4.2.
El trámite en la Cámara de Representantes del
Proyecto de ley 308 de 2006, 243 de 2006 Senado
La ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada
por el Representante James Britto Peláez,  y fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 330 del 31 de agosto de 2006.[21]
El
Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante
constancia del 21 de febrero de 2007,[22] certificó
que en cumplimiento del ordenado por el Acto legislativo 01 de 2003, el
proyecto fue anunciado el día 13 de septiembre de 2006, tal como consta
en el Acta No. 09 de esa fecha, publicada en la  Gaceta del Congreso No. 509 de
3 de noviembre de 2006.[23]   En la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el anuncio ordenado en el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de la siguiente manera:
Hace
el uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Quinto:
Anuncio proyectos de ley para primer debate.
(…)
4. Proyecto
de Ley número 308/06 Cámara, 243/06 Senado, por medio de la cual se aprueba
el Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España, hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro de la
Protección Social, doctor Diego Palacio Betancourt; Ministro de Hacienda,
doctor Alberto Carrasquilla.
Ponente:
honorable Representante James Britto Peláez.
Publicación
Proyecto: Gaceta del Congreso número 37/06.
Publicación
Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta del Congreso número 129/06.
Publicación
Ponencia Segundo Debate Senado: Gaceta del Congreso número 173/06.
Publicación
Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 330/06.
Anunciados
para el martes 19 de septiembre de 2006.
Según
esa misma certificación, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad
con el voto de 18 Representantes, el día 19 de septiembre de 2006, según
consta en el Acta 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
509 de 2006.[24]
La ponencia
para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también
fue presentada por el Representante James Britto Peláez, y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 505 de 2 de noviembre de 2006.[25]
De
conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes del 15 de febrero de 2007,[26] en
el proyecto fue anunciado la sesión Plenaria del día 7 de noviembre
de 2006, Acta número 24 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 635 del 7 de diciembre de 2006.[27]
Según
la certificación precitada, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la
Cámara el día 14 de noviembre de 2006 por mayoría de los  presentes, con
la asistencia de 160 Representantes, según consta en el Acta 25 de 2006,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 648 de 2006.[28]
En la
Gaceta del Congreso No 562 de 23 de noviembre de 2006 se publicó el texto
definitivo del proyecto ley 308 de 2006 Cámara, 243 de 2006 Senado.[29]
2.4.3.
El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1112 de 2006
De
acuerdo con la descripción anterior, el "Convenio de Seguridad Social
entre la República de Colombia y el Reino de España" y la Ley que lo
aprobó surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, en los
siguientes aspectos.
2.4.3.1.    Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad
con lo que señala el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley que
se refieran a relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado
de la República. En el caso bajo estudio, el proyecto de ley efectivamente
inició su trámite en el Senado.
2.4.3.2.    Términos de 8 y 15 días que deben mediar entre debates
Según
el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas
aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y
la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en
una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. En el caso bajo
estudio, estos términos se cumplieron así:
a)     En el
Senado: el primer debate en la Comisión fue el 31 de mayo de 2006 y el segundo
debate en la Plenaria del Senado fue el 13 de junio de 2006.
b)    En la
Cámara: el primer debate en la Comisión de la Cámara se realizó el 17 de
septiembre de 2006 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara, se efectuó el
14 de noviembre de 2006.
Es
decir se respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días del artículo
160 en mención.
2.4.3.3.    Publicaciones oficiales.
El
artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la
publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de
darle curso en la comisión respectiva.[30]
Estas publicaciones se cumplieron así:
a)     Publicación
del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos
en la en la Gaceta del Congreso de la República No. 37 de 2 de marzo de
2006.
b)    En el
Senado, publicación de la ponencia para el primer debate de Comisión de Senado
se hizo en la Gaceta del Congreso No. 129 de 18 de mayo de 2006 y el proyecto
fue debatido y aprobado el 31 de mayo de 2006. Para segundo debate, la ponencia
se publicó el 8 de junio de 2006 en la Gaceta del Congreso No. 173 de 2006, y
fue debatido y aprobado el 13 de junio de 2006.
Sobre este
punto, afirma el Procurador que la ley aprobatoria bajo revisión es
inconstitucional porque en el trámite del proyecto se desconoció lo previsto en
el artículo 157, numeral 1 de la Carta y 157 de la Ley 5 de 1992, cuando en la
Comisión Segunda del Senado, se anunció la votación del proyecto de conformidad
con lo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, sin que
hubiera sido publicada la ponencia del mismo. Para el Procurador la expresión “antes
de darle curso en la comisión respectiva,”cobija el anuncio de la votación
del proyecto al que se refiere el Acto Legislativo 01 de 2003 y exige la
publicación previa de la ponencia.
La Corte
Constitucional no comparte esta conclusión porque ni la Constitución ni la Ley
5 de 1992, establecen dicho requisito. Sobre un cuestionamiento similar, en la
sentencia C-721 de 2007, esta Corporación dijo lo siguiente:
Una lectura sistemática de los artículos
157 y 160 de la Carta y 156 y 157 de la Ley 5 de 1992, y del artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003, señala que de conformidad con el principio de
publicidad, (i) un proyecto de ley no puede ser debatido si no ha sido
publicado previamente (artículo 157, CP); (ii) la iniciación del debate
requiere que la ponencia haya sido publicada en la Gaceta del Congreso, o en su
defecto entregada a los congresistas para que estos conozcan lo que se va a
debatir (artículo 156, Ley 5 de 1992); y (iii) para que el proyecto de ley
pueda ser aprobado por una célula legislativa, previamente debe haber sido
anunciada su votación en una sesión distinta y anterior a aquella en la que
ésta se produce (Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8).
Por lo anterior, considera la Corte
Constitucional que al haber anunciado la votación del proyecto antes de la
publicación de la ponencia, no se incurrió en ningún vicio de trámite, como
quiera que (i) el proyecto junto con su exposición de motivos fue publicado en
el medio de difusión oficial del Congreso; (ii) la ponencia fue publicada
después del anuncio que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003, pero antes de la iniciación del debate y, además (iii) se entregó antes
de la iniciación del debate una copia de la Gaceta del Congreso en donde estaba
publicada la ponencia. Por lo tanto, se respetó plenamente el principio de
publicidad, pues al momento de iniciar el debate del proyecto los congresistas
sabían que iban a discutir, y al haber sido anunciada su votación, también
conocían lo que iban a votar en esa sesión.[31]
c)     En la
Cámara, la ponencia para primer debate se publicó el 31 de agosto de 2006 y se
debatió y aprobó el 3 de noviembre de 2006, y para el segundo debate, se publicó
la ponencia el 2 de noviembre de 2006, y se discutió y aprobó en Plenaria, el
14 de noviembre de 2006.
Por
lo anterior, concluye la Corte Constitucional que se cumplió la exigencia de
publicación del artículo 157, numeral 1, de la Carta.
2.4.3.4.    Quórum y mayorías.
En
cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas
certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se
dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la
exigencia constitucional.
2.4.3.5.    Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de
2003
En
cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,[32] que
adicionó el artículo 160 de la Carta, encuentra la Corte que dicho requisito
también se cumplió.[33]
Aun
cuando en su concepto, el Procurador General de la Nación señala que dicho
anuncio previo no se cumplió al dar curso al proyecto en la Comisión Segunda
del Senado, una vez revisado el trámite legislativo surtido ante la Comisión
Segunda del Senado de la República, es claro que en dicho trámite se cumplió
con la exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003.
En
efecto, en cuanto a lo ocurrido en el Senado de la República se encontró lo
siguiente:
(i)
Anuncio para primer debate: el
proyecto de ley fue anunciado por primera vez el día 10 de mayo de 2006, para
ser discutido y votado el día 16 de mayo 2006.[34] En
la sesión del 16 de mayo de 2006 al finalizar la sesión quedaron pendientes de
discusión y votación, cuatro proyectos, incluido el proyecto de ley 243 de
2006, por lo que el Presidente informa a la Comisión que estos 4 proyectos
tendrían que ser discutidos luego de concluida la sesión conjunta el día 17 de
mayo de 2006.[35] El
17 de mayo de 2006, los secretarios de las Comisiones Segundas de Senado y
Cámara leyeron el orden del día de la sesión conjunta, así como de las sesiones
individuales. El 17 de mayo de 2006, el secretario de la Comisión Segunda del
Senado leyó el orden del día de la sesión conjunta, e informó el orden del día
para la sesión que adelantaría la Comisión Segunda del Senado una vez
concluyera la sesión conjunta, y señaló 6 proyectos que serían debatidos y
votados en esa sesión e, inmediatamente después, hace el anuncio previo del
convenio bajo revisión en los siguientes términos: “Para la Comisión Segunda
del Senado, terminada esta Sesión Conjunta habría un receso y se continuaría
con el siguiente Orden del Día. (…) Proyectos de ley para anunciar su
discusión que serán votados en la Sesión de la Comisión Segunda del Senado el
día miércoles 31 de mayo de 2006. (…) -- Proyecto de ley número 243 de 2006
Senado, por la cual se aprueba el Convenio de la Seguridad Social entre la
República de Colombia y el Reino de España”.[36] En el
orden del día 31 de mayo de 2006, se incluyó en el orden del día el
Proyecto de Ley No. 243 de 2006 Senado como uno de los proyectos anunciados en
la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006. “Lectura, discusión, aprobación y
votación de los proyectos de ley anunciados en la sesión conjunta del miércoles
17 de mayo de 2006”[37] y en
esa sesión, el proyecto fue efectivamente aprobado, según consta en el
Acta No. 24 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 223 de 2006.[38]
En la Comisión
Segunda del Senado el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8
del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes
razones: (a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión por instrucciones
del Presidente; (b) se empleó la expresión “ser votados” para señalar
expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas.
Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la votación de
un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que
se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”.[39] En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló la
fecha en la cual tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 243 de 2006
Senado, por lo cual, para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, era
claro cuándo sería discutido y votado el proyecto. El anuncio respetó entonces
la cadena de anuncios y se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia
constitucional.[40]
(ii)   Anuncio
para segundo debate: el proyecto de ley fue anunciado
para su discusión y aprobación en segundo debate en la Plenaria del Senado
en la sesión del día 12 de junio de 2006, en los siguientes términos:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo
número 001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán en próxima sesión: (…) Proyectos para segundo debate: (…) • Proyecto
de ley número 243 de 2006 Senado, (…) Son los proyectos señora
Presidente para la siguiente sesión Plenaria.” [41] El
proyecto fue aprobado el 13 de junio de 2006, según consta en el Acta No.
54 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 231de 2006.[42]
En la Plenaria
del Senado de la República, el requisito del anuncio previo que establece el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario del Senado,
por instrucciones de la Presidenta de esa Corporación. (b) Si bien ha señalado
esta Corporación que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”,
cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta
exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la
expresión empleada para anunciar el proyecto comprende su votación.[43] En el caso bajo estudio, el anuncio se hizo para “discutir”
y “aprobar” el proyecto, expresiones que se han entendido como sinónimas
de los vocablos “deliberar” y “votar”. Por lo tanto, en el
contexto en que se anunció el Proyecto de ley número 243 de 2006 Senado, los
parlamentarios sabían que el anuncio correspondía al exigido por la
Constitución. (c) El anuncio se hizo de manera clara, empleando la expresión “la
próxima sesión,” es decir, que se trataba de una fecha determinable que
permitía a los congresistas cuándo exactamente tendría lugar la votación y para
qué asunto estaban siendo convocados. (d) La votación se hizo efectivamente en
la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el anuncio,
respetando así la cadena de anuncios exigida por la Carta.
En
cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes se encontró lo siguiente:
(i)
Anuncio para primer debate: el
proyecto fue anunciado el día 13 de septiembre de 2006, tal como
consta en el Acta No. 9 de esa fecha, publicada en la  Gaceta del Congreso No.
509 de 2006, en los siguientes términos: “Hace el uso de la palabra la
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Quinto: Anuncio proyectos de
ley para primer debate. ║ (…) 4. Proyecto de Ley número 308/06 Cámara,
243/06 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Seguridad Social
entre la República de Colombia y el Reino de España, hecho en Bogotá el 6 de
septiembre de 2005. (…)  Anunciados para el martes 19 de septiembre de 2006.”[44] El
proyecto de ley fue aprobado el día 19 de septiembre de 2006,
según consta en el Acta 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 509 de 2006.
En la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes se dio pleno cumplimiento al requisito que establece el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003: (a) El anuncio lo hizo la Secretaria de la
Comisión por instrucciones del Presidente. (b) Si bien esta Corporación ha
señalado que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando
ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta exigencia
constitucional, si del contexto general se puede inferir que la expresión
empleada permite comprender que el asunto para el cual estaban siendo
convocados los congresistas era la votación del proyecto. En este caso, al
hacer el anuncio no se empleó ninguna expresión relativa a “aprobación”
o “votación” de proyectos. No obstante, dado que el anuncio se
hizo para dar paso al punto VI del Orden del día “Anuncio proyectos de ley”,
y que el Secretario distinguió entre los anuncios que se referían
a la aprobación de proyectos de ley y aquellos relativos a otros asuntos,
dentro de este contexto los congresistas podían inferir que estaban siendo
convocados para debatir y votar los proyectos mencionados por el Secretario de la
Comisión. (c) En cuanto al señalamiento de la fecha en que sería votado el
proyecto, la Secretaria indica la fecha exacta en la que sería discutido y
votado el proyecto de ley 243 de 2006. (d) La votación se hizo efectivamente en
la fecha indicada por el secretario al hacer el anuncio, respetando así la
cadena de anuncios exigida por la Carta.
(ii)     Anuncio
para segundo debate: el proyecto fue anunciado
la sesión Plenaria del día 7 de noviembre de 2006, según consta en el
Acta número 24 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 635
de 2006, y se hizo en los siguientes términos: “Sírvase leer los proyectos
para la próxima sesión, señor Secretario. La Secretaría General informa, doctor
Jesús Alfonso Rodríguez: Señor Presidente, los proyectos a debatir en la
próxima sesión de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el artículo 160
de la Constitución Política, serán los siguientes: (…) Proyecto de ley número
308 de 2006 Cámara, 243 de 2006 Senado.”[45] El
proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 14 de
noviembre de 2006, según consta en el Acta 25 de esa misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 648 de 2006.[46]
En la Plenaria de
la Cámara de Representantes, el requisito del anuncio previo que establece el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario de la Cámara,
por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los
términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara utiliza la
expresión “debatir”. Dado que esta expresión se usó en el contexto de la
deliberación y votación de los proyectos de ley, era posible inferir que se
estaba convocando a la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de
ley y actas de conciliación mencionados. (c) El anuncio se hizo de manera
clara, para la “próxima sesión,” una fecha determinable que permitía a
los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué
asunto estaban siendo convocados. (d) La votación se hizo efectivamente en la
sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el anuncio, respetando
así la cadena de anuncios exigida por la Carta.
Resalta la Corte
que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por
el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley
sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii)
especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Convenio
de seguridad social entre la República de Colombia y el Reino de España,” y
(iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el
anuncio previo. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente
célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en
la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación del proyecto era
claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este
requisito constitucional se cumplieron a cabalidad.
En
consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista
formal, la Ley 1112 de 2006 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la
Carta Política y en la Ley 5 de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3.
La revisión del Convenio desde el punto
de vista material
3.1.
Descripción del contenido material del Convenio
El
Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España consta de treinta y cinco artículos, 32 de los cuales se encargan de
regular las obligaciones que adquieren los Estados Parte y los tres restantes
contienen las cláusulas sobre la entrada en vigor del tratado, su duración y
denuncia y el procedimiento para su ratificación. En los considerandos del
convenio se establece que éste tiene por finalidad “asegurar a los
trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una
actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,” en
particular en materia de seguridad social.
Al
presentar el convenio a consideración del Congreso, el gobierno señaló en la
exposición de motivos que el propósito de los gobiernos de Colombia y del Reino
de España al firmar el convenio era “reafirmar el principio de igualdad de
trato entre los nacionales de ambos países y de consolidar aún más los lazos
fraternales de amistad, cooperación y buen entendimiento que históricamente los
unen,” y así lo plasmaron en los considerandos del tratado. Grosso modo, el
gobierno señaló en la mencionada exposición de motivos que a través del
convenio se buscaba “adoptar un mecanismo de cooperación internacional e
intercambio en materia de seguridad social que permita, sin alterar los
sistemas nacionales de seguridad social en pensiones, el reconocimiento, a los
nacionales de cada Parte, del período de cotizaciones a sus sistemas
pensionales y las prestaciones económicas que de ello se derivan.”[47]
En el Título I, “Disposiciones
Generales”, artículos 1 a 5, el convenio define varios conceptos utilizados
en él  para facilitar la compresión y aplicación del instrumento (artículo 1);
establece el ámbito de aplicación material del tratado, a saber, la legislación
sobre prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones para Colombia
y la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema Español
de la Seguridad Social en lo atinente a los regímenes de incapacidad permanente,
muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente (artículo 2);
define el ámbito de aplicación personal, esto es, los trabajadores nacionales
sujetos a las legislaciones de Seguridad Social de una o ambas Partes, sus
familiares beneficiarios y sobrevivientes (artículo 3); y consagra los
principios de igualdad de trato (artículo 4), derechos adquiridos y pago
de prestaciones en el extranjero, cuando el trabajador resida en el territorio
de la otra parte o en un tercer estado. (Artículo 5).
En el Título II, “Disposiciones sobre la
Legislación Aplicable”, artículos 6 y 7, se fijan los parámetros para
determinar el régimen legal aplicable. Por regla general, el convenio establece
que la legislación aplicable a las personas cobijadas por el tratado será la
del territorio donde ejerzan su actividad laboral, según lo indica el artículo
6, a menos que se configure alguna de las excepciones consagradas en el artículo
7, para el evento de trabajadores que estando vinculados a una empresa en
territorio de una Parte sean trasladados, por esa misma empresa, al territorio
de la otra parte, para los trabajadores de las empresas de transporte aéreo,
buques, para el personal de las misiones diplomáticas y consulares o al
servicio de organismos internacionales acreditadas en el territorio de las
Partes contratantes y para el personal contratado localmente y para el servicio
de una misión diplomática o consular, así como para sus familiares o
dependientes.
En el Título III, “Disposiciones
Relativas a las Prestaciones”, artículos 8 a 19, disposiciones relativas a
las prestaciones de incapacidad permanente o invalidez, jubilación o vejez y
muerte, y supervivencia o sobrevivientes. Este título está subdividido en tres
secciones: una de disposiciones comunes y las otras dos relativas a la
aplicación de la legislación de cada una de las Partes.
En el artículo 8 se regula lo
referente a la totalización de períodos de cotización a los sistemas de
seguridad de uno y otro Estado parte. El artículo 9 establece las
condiciones para determinar el derecho a las prestaciones de incapacidad
permanente o invalidez, jubilación o vejez y muerte, y sobrevivientes y la
forma de liquidar tales prestaciones teniendo en cuenta los valores de la
pensión teórica que hubiera podido recibir el trabajador si hubiera cumplido
todos los requisitos bajo su propia legislación, y de la pensión prorrata por
los períodos de cotización cumplidos en una y otra legislación.
El artículo 10 determina las
reglas para computar los períodos de cotización cumplidos por el trabajador en
el territorio de la otra parte. Por su parte, el artículo 11 establece
la obligación de tener en cuente los informes médicos y los datos
administrativos emitidos por las instituciones de la otra parte, para
determinar el grado de la disminución de la capacidad de trabajo del asegurado.
Los artículos 12 a 14, regulan las
condiciones de aplicación de la legislación española para el reconocimiento del
derecho prestacional. El artículo 12 señala que se tendrán por cumplidos
los requisitos específicos exigidos por el derecho español para el
reconocimiento de ciertas prestaciones, cuando el trabajador los cumpla en el
territorio de la otra parte. El artículo 13 establece los parámetros
para la determinación de la base reguladora o ingreso base de liquidación de
las prestaciones. El artículo 14 establece la forma de totalizar los
períodos de seguro para la admisión del seguro voluntario.
Los artículos 15 a 19, definen las reglas
para la aplicación de la ley colombiana para el reconocimiento del derecho
prestacional. Así, el artículo 15 establece la base reguladora o ingreso
base de liquidación de las prestaciones; el artículo 16, la forma de
computar los tiempos cotizados a uno y otro sistema para determinar el
cumplimiento del tiempo requerido para el reconocimiento de una prestación; el
artículo 17, la unidad de la prestación; el artículo 18, establece
que la financiación de las prestaciones se hará con cargo a la cuenta de
ahorro; y el artículo 19 consagra el subsidio por defunción o auxilio
funerario.
El Título IV, “Disposiciones Diversas,
Transitorias y Finales”, artículos 20 a 35, contiene las disposiciones
diversas, transitorias y finales del tratado, agrupadas en tres capítulos. En
el primer capítulo, se consagran disposiciones para la totalización de períodos
de cotización (artículo 20), para la revalorización de las pensiones (artículo
21); se determinan los efectos de la presentación de documentos (artículo
22); se consagra la ayuda administrativa entre las instituciones
competentes de las Partes (artículo 23), los beneficios de exención de
actos y documentos administrativos (artículo 24), las modalidades y
garantía del pago de las prestaciones (artículo 25), las obligaciones de
las Autoridades Competentes (artículo 26), de los organismos de enlace (artículo
27) y de las instituciones competentes (artículo 28). Además, se
establece una comisión mixta para la evaluación de la aplicación del Convenio (artículo
29) y, finalmente, se consagran las reglas para la solución de
controversias surgidas cuando exista diversidad de interpretaciones del
convenio (artículo 30).
Las cláusulas transitorias se refieren al
cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio (artículo 31)
y a los hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio (artículo 32).
Por su parte,
las cláusulas finales prevén lo relativo a la entrada en vigor del Convenio (artículo
33), la duración y denuncia del mismo (artículo 34), y la firma y
ratificación (artículo 35).
3.2.
La constitucionalidad del Convenio
La
Corte procede a analizar si las disposiciones del tratado resultan acordes con la
Constitución.
Este Convenio es
el resultado, según se enuncia en su introducción, del ánimo de ambas partes de
fortalecer sus lazos de amistad y de la necesidad de promover una cooperación
mutuamente provechosa en materia de seguridad social, con el fin de “asegurar
a los trabajadores de cada uno de los dos estados que ejerzan o hayan ejercido
actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos”. Este
propósito resulta congruente con los fines
constitucionales previstos en el artículo 2 Superior relativos a la promoción
de la prosperidad general, la garantía de la efectividad de los derechos
consagrados en la Constitución y el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado.
El Convenio
también armoniza con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía
nacional y de reconocimiento de los principios de derecho internacional
aceptados por Colombia, según lo instituye el artículo 9º Superior. En efecto,
los artículos 1, 2 y 3 del Convenio que establecen las definiciones comunes
básicas, el campo de aplicación material y el campo de aplicación personal,
respectivamente, remiten al ordenamiento interno vigente en la materia, esto
es, a las legislaciones en materia de seguridad social en pensiones de cada uno
de los países, y señala expresamente que el territorio colombiano se aplicarán
las leyes, decretos y reglamentos del Sistema General de Pensiones. De igual
modo, el Convenio resulta acorde con la promoción de la internacionalización de
las relaciones económicas y  sociales, sobre bases de equidad y reciprocidad
(art. 226 CP). Este Convenio además está en consonancia con la garantía a las
personas de la tercera edad a los servicios de seguridad social integral (Art.
46 CP.) y la igualdad en esta materia para nacionales de ambos países, con
respeto de la legislación interna de cada uno.
Igualmente el
Convenio se ajusta a lo que prevé el artículo 93 de  la Carta, como quiera, que
entre los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de
seguridad social, se encuentran la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 146 de
1994,[48] el
Protocolo de San Salvador aprobado mediante Ley 319 de 1996[49] y el
Código Iberoamericano de Seguridad Social incorporado mediante la ley 516 de
1999,[50] para
citar solo algunos ejemplos.
Por otro lado, la Corte encuentra que el
Convenio desarrolla cabalmente el artículo 13 de la Constitución cuando el
artículo 4 del Convenio le reconoce al trabajador nacional un tratamiento
igualitario en materia de seguridad social en pensiones por parte del Estado
receptor y promueve las condiciones para que la igualdad sea real. Las
estipulaciones de este acuerdo también garantizan la dignidad del individuo y
de su familia en materia laboral, al asegurar su protección frente a los
riesgos de vejez, invalidez y muerte, por lo que constituyen un desarrollo
compatible con la protección estatal al trabajo (Art. 25 CP).
El respeto a los
derechos adquiridos que consagra el artículo 5 del Convenio resulta acorde con
el artículo 58 constitucional, en la medida en que extiende el ámbito
territorial de protección de estos derechos al territorio de la otra Parte y
establece la posibilidad de sumar los tiempos cotizados en uno y otro Estado,
con lo cual hace efectivo el derecho a la seguridad social que consagra el
artículo 48 de la Carta.
Por su parte, el artículo 6 del Convenio
al prever como regla general la aplicación de la ley de la Parte donde el
trabajador ejerza su actividad laboral, se ciñe al principio de territorialidad
en la aplicación de la ley, respetando de esta manera la soberanía nacional.
Las excepciones a esta regla general, consagradas en el artículo 7 del
Convenio, encuentran su justificación en la brevedad de la permanencia del
trabajador en el territorio de la otra Parte, su migración constante o la
naturaleza especial de sus funciones diplomáticas o consulares.
Los artículos 8, 9 y 10 del Convenio al
regular que los periodos de cotización cumplidos bajo una de las legislaciones
sean tomados en cuenta al momento de realizar la totalización de éstos períodos
en uno y otro Estado, hacen efectiva la protección del derecho a la seguridad
social consagrado en el artículo 48 de la Carta y de las garantías y principios
del artículo 53 constitucional que protegen el derecho al trabajo. Dentro de
tales principios se destaca el respeto del principio de favorabilidad, en la
medida que el numeral 3 del artículo 9 del Convenio establece que para efecto
del reconocimiento de las pensiones “la institución competente de cada
Parte, reconocerá u abonará la prestación que sea más favorable al interesado.”
Por otro lado,
el artículo 11 del Convenio, al reconocer validez a los documentos e informes
médicos que se expidan en el territorio de una Parte para certificar la pérdida
de capacidad laboral y asegurar el reconocimiento de la pensión de invalidez
por las entidades competentes de la otra Parte, constituye un desarrollo
armónico de los artículos 47 y 53 de la Carta.
Los artículos 12, 14, 16, 17, y 18 del
Convenio que establecen varias presunciones para facilitar la aplicación de
legislación de las Partes cuando se exijan ciertas condiciones para el
reconocimiento de una prestación ‑estar sujeto a la legislación del
Estado Parte que reconocerá la prestación, períodos de cotización en un tiempo
determinado, acreditación de bases de cotización y totalización de periodos ,
etc. ‑, garantizan la efectividad del derecho a la seguridad social
(artículo 48 CP), con plena sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, al permitir que tales condiciones se entiendan
cumplidos si en el momento el trabajador está sujeto a la legislación de la
otra Parte. En el mismo sentido, el artículo 20 del Convenio sienta normas
específicas para la totalización de períodos de cotización simultáneos, que
constituyen un desarrollo armónico con el principio de favorabilidad laboral
consagrado en el artículo 53 de la Carta.
Los artículos 13 y 15 del Convenio
disponen para la determinación del ingreso base de liquidación de las
prestaciones, que en caso de que se deban tomar salarios devengados en el otro
Estado Parte se apliquen “las bases de cotización reales acreditadas (…)
durante los años que precedan inmediatamente al pago de la última cotización,”
en el caso español, y “el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales
haya cotizado el afiliado (…)  durante los diez años anteriores al
reconocimiento o el promedio de todo el tiempo estimado si éste fuere
inferior,” en el caso colombiano. Tal disposición se justifica en la medida
en que permite la existencia de un equilibrio económico en el sistema de
pensiones de cada Parte, pues en tales circunstancias los aportes no son
directamente percibidos por la entidad encargada del pago, por lo cual sería
desproporcionado exigirle que los tuviera en cuenta para el reconocimiento de
la prestación. Esto resulta especialmente relevante en el caso colombiano para el
pago de la pensión mínima que deba financiarse con recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional.
En el artículo 19 del Convenio establece
las reglas para determinar la entidad responsable del pago del auxilio
funerario, teniendo como criterio el lugar donde resida el causante a la fecha
del fallecimiento. Esta disposición también resulta acorde con la protección
del derecho a la seguridad social.
El artículo 21 del Convenio establece la
revalorización de las pensiones, resulta compatible con lo consagrado en los
artículos 48 y 53 constitucionales, puesto que tal disposición busca mantener
el poder adquisitivo de las prestaciones reconocidas como resultado de la
aplicación de este Convenio.
Los artículos 22 y 23 del Convenio
desarrollan la colaboración armónica entre las autoridades o instituciones, al
facilitar la presentación de documentos y el apoyo administrativo cuando sea
necesario hacer comprobaciones de hechos y actos de los que pueda derivarse el
reconocimiento de la prestación, son un desarrollo armónico del artículo 48
constitucional que prescribe un actuar eficiente en la prestación del servicio
de seguridad social. Además, este artículo desarrolla el principio de
simplificación del artículo 16 del Código Iberoamericano de Seguridad Social,
del cual Colombia es Parte.
El artículo 24 del Convenio, consagra la
exención de impuestos y de legalización de los actos, documentos, gestiones y
escritos requeridos para el reconocimiento de las prestaciones a que se refiere
el Convenio, dirigido a exonerar a los trabajadores migratorios de dobles pagos
para acceder a la prestación solicitada. En esa medida no representa un trato
discriminatorio frente a los demás trabajadores afiliados al Sistema General de
Pensiones a quienes no se les exigen estos pagos. Esta medida es distinta del
tratamiento tributario previsto en el artículo 46[51] de la Ley 146 de 1994, por la cual se aprobó la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, y que fue declarada exequible “bajo el
entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas
tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre
trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y
exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de
ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación
por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en
el artículo 34 de la CP”, en la sentencia C-106 de 1995, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
El artículo 25 del Convenio establece
modalidades y garantías para el pago de las prestaciones a las que se refiere
el tratado, medida orientada a hacer efectivo el derecho a la seguridad social
que resulta compatible con el artículo 48 de la Carta que regula la protección
constitucional de este derecho.
En los artículos  26, 27 y 28 del
Convenio se prevén las atribuciones de las autoridades e instituciones
competentes y de los organismos de enlace. La delimitación de labores es
imprescindible a la luz de un Estado de derecho, puesto que es con base en las
competencias definidas en la norma que se desempeñarán los diferentes organismos
con responsabilidades en la implementación del Convenio, así como en la
prestación del servicio público de seguridad social en pensiones, y es con
fundamento en las mismas que se puede controlar el ejercicio de sus funciones;
posibilidad que redunda en beneficio de los trabajadores migrantes.
El artículo 29 crea una Comisión Mixta
para verificar la aplicación del Convenio, y para proponer las modificaciones
que estime oportuno hacer para garantizar la permanente actualización del
convenio y de los instrumentos adicionales que se desarrollen para su
aplicación. Esta disposición resulta congruente con el respeto al principio de
soberanía (art. 9 CP) y con la promoción de la internacionalización de las
relaciones económicas y  sociales, sobre bases de equidad y reciprocidad (art.
226 CP.).
El artículo 30 del Convenio establece el
procedimiento para resolver las controversias que se presenten por diversidad
de interpretaciones del Convenio y de los Acuerdos administrativos que se
desarrollen para su implementación, primero a través de negociación directa y
cuando no sea posible su solución, a través de una comisión arbitral. Encuentra
la Corte que esta disposición es compatible con los artículos 9 y 226 de la
Carta, pero resalta que dado que las controversias pueden versar sobre el
alcance de las prestaciones que se reconozcan al trabajador, en la solución de
estas controversias se debe siempre dar aplicación al principio de
favorabilidad laboral (art. 53, CP). Por lo que la disposición es
constitucional en la medida en que se entienda que al resolver las
controversias interpretativas se aplicará el régimen más favorable al
trabajador.
Los artículos 31
y 32 del Convenio armonizan con la protección constitucional del derecho a la
seguridad social (artículo 48, CP) y al derecho a la igualdad Artículo 13, CP),
al dar solución a dos circunstancias ocurridas antes de la entrada en vigor del
Convenio, y : (i) el cómputo de las cotizaciones anteriores pagadas de acuerdo
con la legislación de cada Parte, que según el artículo 31, serán tenidas en
cuenta al decidir sobre el reconocimiento de las prestaciones previstas en el
Convenio y, en el evento en que haya superposición de tiempos de cotización,
cada Parte solo tendrá en cuenta las cotizaciones hechas directamente a su
sistema pensional; y (ii) los hechos generadores de la prestación anteriores a
la vigencia del tratado, que según el artículo 32, serán considerados para la
determinación del derecho prestacional. Sin embargo, el reconocimiento del
derecho no generará pagos con efectos retroactivos a dicha fecha. El artículo
32 también prevé la posibilidad de examinar las pensiones liquidadas o
denegadas antes de la entrada en vigor del Convenio, siempre y cuando las
solicitudes se presenten dentro del año siguiente a la vigencia del Convenio.
Por último, los
artículos 33, 34 y 35 del Convenio, que consagran las disposiciones del tratado
sobre entrada en vigor, duración, y los procedimientos de denuncia, firma y de
ratificación, resultan compatibles con el artículo 9 de la Carta, como quiera
que reiteran que los compromisos internacionales que consagra el Convenio serán
aceptados cuando Colombia exprese su voluntad de obligarse al ratificar el
Convenio y que la modificación al tratado, así como su denuncia podrán hacerse
siguiendo el procedimiento previsto en estas normas.
Por todo lo
anterior, desde el punto de vista material el Convenio examinado en nada
contraría la normatividad constitucional, por lo que la Corte Constitucional
procede a declararlo exequible.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
Declarar
EXEQUIBLE la ley 1112 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el
"Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España", hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE el "Convenio de Seguridad Social entre la
República de Colombia y el Reino de España", hecho en Bogotá, el 6 de
septiembre de 2005.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR
GIL
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO
DE VOTO
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE EN
COMISION
CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-858 DE 2007 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Omisión constituye vicio insubsanable
(Salvamento de voto)
Referencia:
expediente LAT-302
Revisión
Constitucional de la Ley 1112 de 2006, por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de
España”, hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005.
Magistrado
Ponente:
Dr.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito
manifestar mi discrepancia frente a la decisión adoptada en la presente
sentencia, con fundamento en las siguientes razones:
Considero que la
ley sub examine debió ser declarada inconstitucional, por cuanto en el
procedimiento de formación de esta ley aprobatoria del Convenio de la
referencia, se incurrió en un vicio insubsanable que la hace inconstitucional,
en la medida que al revisar el trámite surtido en la sesión conjunta de la
comisión segunda de las cámaras legislativas, se encuentra que se omitió  el
anuncio previo de la votación en primer debate del respectivo proyecto de ley,
exigido por el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
Para el suscrito
magistrado, de la sola inclusión del proyecto en el orden del día del 17 de
mayo de 2006, no se pude inferir que se haya efectuado el anuncio para votación
del proyecto de ley para el 31 de mayo de 2006, con el lleno de los requisitos
exigidos por la propia Carta Fundamental. Por tanto, en mi concepto no se
cumplió con el requisito constitucional y por lo tanto la ley debe ser
declarada inexequible.
En este orden de
ideas, me permito reiterar mi posición jurídica respecto de que el
procedimiento de formación de las normas jurídicas no es un tema menor, toda
vez que se refiere a la creación del derecho, a la validez de la producción del
mismo, lo cual resulta fundamental en un Estado constitucional de derecho.
En consecuencia,
considero que en el trámite de aprobación del proyecto de la ley aprobatoria
del Convenio de la referencia, el Congreso de la República incurrió en un
defecto procedimental al no dar plena aplicación a la exigencia de los anuncios
de la votación del proyecto, exigida como requisito constitucional por el Acto
Legislativo 01 de 2003.
Por
consiguiente, en el presente caso existe un vicio de procedimiento en el
trámite de la ley sub examine, por cuanto no se cumplió en debida forma
con el requisito de anuncio previo exigido por el artículo 160 de la
Constitución Nacional, requisito que exige el aviso previo y en sesión
diferente de la fecha en la cual se efectuará la discusión y votación de un
proyecto de ley.
Como lo he
sostenido reiteradamente, el vicio procedimental por ausencia del cumplimiento
de este requisito es insubsanable por ser una exigencia de origen
constitucional que se encuentra fundamentada en la garantía de la transparencia
y participación en el procedimiento democrático.
Con fundamento
en la razón expuesta, salvo mi voto a la presente decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr. folio 1
Cuaderno principal.
[2] Cfr. folios.
28 y 29 Cuaderno principal.
[3] Cfr.
Folios  52 y 53  cuaderno principal.
[4] Hasta
aquí la ponencia original presentada por el Magistrado Jaime Araujo Rentería.
[5] Corte
Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero. Esta
doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas
otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682 de
1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[6] Ver Corte
Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, MP: Fabio Morón
Díaz; C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[7] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del
Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se
tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la
ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la
posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª
de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de
1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un
proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios
Internacionales.
[8] El artículo 19
de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata
(...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos
tratados prohíben cualquier tipo de reservas
(como
la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las
convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y
Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones
únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de
1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de
la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[9] Cfr.
Folio 40 cuaderno principal.
[10] Gaceta
del Congreso No. 37 de marzo 2 de 2006, pp-1-9.
[11] Gaceta del
Congreso No. 129 de mayo 18 de 2006, pp.28-35.
[12] Gaceta del
Congreso No. 223 de 28 de junio de 2006, p.16.
[13] Gaceta del
Congreso No. 223 de 28 de junio de 2006, pp. 17-18.
[14] Gaceta
del Congreso No. 198 de 28 de junio de 006, p.6, Gaceta del Congreso No. 333 de
1 de septiembre de 2006, p.2.
[15] Gaceta del
Congreso No. 198  de 2006, p.2, Gaceta del Congreso No. 333 de 2006, p.2.
[16]  Gaceta del
Congreso No. 198 de 2006, pp. 14 y 15; Gaceta del Congreso No. 333 de 2006,
pp.14-15.
[17] Cfr. Folio 1,
cuaderno 4 de pruebas.
[18] Cfr. Folio
1 cuaderno 4.
[19] Gaceta del
Congreso  No 223 de 28 de junio de 2006, pp.34 y 45.
[20] El texto
definitivo aprobado en la Plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta del
Congreso NO. 214 de 23 de junio de 2006.
[21] Gaceta del
Congreso No. 330 de 2006, páginas 10-18.
[22] Cfr. Folio 1,
cuaderno 2 de pruebas.
[23] Gaceta del
Congreso
No. 509
de 2006, página 17.
[24]. Gaceta del
Congreso
No. 509
de 2006, páginas 21-24.
[25] Gaceta del
Congreso No. 505 de 2006, páginas 14-16.
[26] Cfr. Folio 3,
Cuaderno 1.
[27] Cfr. Folio 129,
Cuaderno 1.
[28] Gaceta del
Congreso No. 648 de 2006, páginas 5 y 11.
[29] Cfr. Folio 64
Cuaderno 1.
[30] Constitución
Política, Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
║ 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle
curso en la comisión respectiva. (…)”
[31]
Corte Constitucional, Sentencia C-721 de 2007, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] El artículo 160
de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la
Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║
Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.”
[33] Acerca de este
requisito dijo la Corte Constitucional en el Auto 089 de 3 de mayo de 2005, MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, así como en el Auto 038 de 2004, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa y la Sentencia C-533 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis: “A partir
del 3 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01
de 2003, debe darse cumplimiento al mandato contenido en el artículo 8 de dicho
Acto Legislativo, el cual adicionó con un último inciso el artículo 160
constitucional y según el cual ‘Ningún proyecto de ley será sometido a votación
en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de
que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara
o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación. ║
“La finalidad principal de dicho precepto constitucional es, tal como lo ha
reconocido esta Corporación, ‘permitir a los Congresistas saber con
anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales
serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y
evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas’(…)
Adicionalmente, dicha reforma facilita a los ciudadanos y organizaciones
sociales que  tengan interés en influir en la formación de la ley y en la
suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política (Artículo 40 C.
P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante
para hacer efectivo el principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3
CP.) ║ “La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su
cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán
discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para
su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos,
determinable.[ Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo
Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes] La exigencia constitucional apunta al
efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por
lo que, si por razones
del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene
lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una
vulneración a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever
con claridad cuando se realizará la votación.”
[34] Gaceta
del Congreso No. 223 de 2006, p.16: “Acta No. 21 de 2006 (mayo 10), Lugar:
Salón de Sesiones de la Comisión Segunda. (…) ORDEN DEL DIA (miércoles 10 de
mayo de 2006) ║ I  Llamado a lista y verificación del quórum. ║ II
Consideración y votación del Orden del Día. ║ III  Lectura, discusión y
votación de los proyectos  de ley anunciados en la sesión de la Comisión
Segunda del Senado del día miércoles 03 de mayo de 2006. (…) ║ IV
Proyectos de ley para anunciar su discusión y  votación en la sesión de la
Comisión Segunda del Senado, del día martes 16 de mayo de 2006. (…) 10.
Proyecto de ley número 243 de 2006  Senado, por medio de la cual se aprueba
el convenio  de seguridad social entre la República de  Colombia y el Reino de
España, hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005. ║ Ponentes:
honorables Senadores Habib Merheg Marún y Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave.”
[35] Gaceta del
Congreso No. 223 de 2006, p.31 dice: “El señor Presidente pregunta a la
secretaría  como tenemos la comisión mañana, tenemos es sesión conjunta.
Pregunto si podemos tratar el caso mañana. ║ El señor Secretario informa
a la presidencia que hay sesión conjunta y hay anunciados 4 proyectos más, y
probablemente el proyecto, sí se puede tratar el tema mañana. ║ El señor
Presidente, Senador Jesús Ángel Carrizosa Franco, solicita a la secretaría que
entonces se coloque como primer punto del orden del día luego de la conjunta.
En tal evento se aplaza el proyecto para mañana su aprobación. (…) La conjunta
a qué horas comienza. ║ El señor secretario informa que la sesión
conjunta estaría citada hacia las 10:00 a.m. y este proyecto de acuerdo con
esas instrucciones quedaría anunciado su discusión y votación para el día de
mañana.”
[36] Gaceta del
Congreso No. 198  de 2006, p.2.
[37] Gaceta
del Congreso No. 223 de 2006, p. 34.
[38] Gaceta del
Congreso No. 223 de 2006, p. 45.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV:
Rodrigo Uprimny Yepes.
[40]
Corte Constitucional, Sentencia C-576 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Al
respecto dijo la Corte: “no se incurre inexorablemente en una vulneración a la
Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio, o si del contexto
existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la
votación.”Ver al respecto la sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[41] Gaceta del congreso No. 189 de 2006, 12 de junio
de 2006.
[42] Gaceta del congreso No.231 de 2006, páginas 4,
49-50.
[43] Ver, entre
otras, la sentencia C-473 de 2005, MP: Manuel José Cepeda, SV parcial: Alfredo
Beltrán Sierra., Jaime Araujo Rentería se dijo lo siguiente: “Por ejemplo,
el concepto de primer debate o de segundo debate abarca tanto la discusión como
la votación, como lo dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al definir
“debate”.(…) Del mismo modo, la expresión “considerar” implica no solo
reflexionar sobre un asunto sino hacerlo para cumplir la función propia de cada
célula legislativa, consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este sentido,
someter a consideración implica mucho más que discutir o deliberar, puesto que
cuando las comisiones constitucionales permanentes y las plenarias consideran
un proyecto lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su atribución de
concurrir a la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el contexto de
la actividad legislativa, la expresión “considerar” tiene un alcance diferente
al que se deriva del uso que puede dársele a este vocablo en el medio académico
o en una reunión informal. Por lo tanto, si bien en el ámbito parlamentario
discutir y deliberar, de un lado, son categorías diferentes a las de votar y
decidir, de otro lado, el concepto “considerar” lejos de ser asimilable a
alguna de estas categorías comprende tanto la discusión como la votación, o
sea, la consideración, en sentido parlamentario, de los proyectos de ley.”
[44] Gaceta del
Congreso
No. 509
de 2006, página 17.
[45] Gaceta del
Congreso No. 635 de 2006, p. 26.
[46] Gaceta del
Congreso No. 648 de 2006, páginas 5,11.
[47] Gaceta
del Congreso No. 37 de 2006, pp. 1-9
[48] Ley 146 de
1994, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, hecha en Nueva York, el 18 de diciembre de 1990. Declarada
exequible mediante sentencia C-106 de 1995, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz
[49] Ley 319 de
1996, por medio de la cual se aprobó el “Protocolo adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales - “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de
noviembre de 1988. Declarada exequible mediante sentencia C-251 de 1997, MP:
Alejandro Martínez Caballero
[50] Ley
516 de 1999 “por la cual se aprueba el Código Iberoamericano de Seguridad
Social, acordado por unanimidad en la reunión de ministros, máximos
responsables de seguridad social de los países iberoamericanos, celebrada en
Madrid (España), los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995). Declarada exequible en la sentencia C-125
de 2000, MP
Carlos Gaviria Díaz
[51] Ley 146 de
1994, Artículo 46. Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán
exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate
y a los acuerdos internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos
Estados dimanantes de su participación en uniones aduaneras, del pago de
derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por sus efectos
personales y en seres domésticos, así como por el equipo necesario para el
desempeño de la actividad remunerada para la que hubieran sido admitidos en el
Estado de empleo: ║ a) En el momento de salir del Estado de origen o del
Estado de residencia habitual; ║b) En el momento de su admisión inicial
en el Estado de empleo; ║c) En el momento de su salida definitiva del
Estado de empleo; ║ d) En el momento de su regreso definitivo al Estado
de origen o al Estado de residencia habitual