T-820-01
Sentencia T-819/01
Sentencia T-820/01
DERECHO A LA
SALUD-Improcedencia de
mantenimiento de prótesis
La inconformidad del actor radica en
el hecho de que la entidad demandada no accedió a la solicitud de mantenimiento
de la prótesis modular de su pie derecho, la cual le permite indudablemente
desplazarse con mayor facilidad, pero, en el evento de no tenerla, existen
otros instrumentos que, si bien no con la misma comodidad, si le permiten su
desplazamiento y, no por ello, se afecta la vida digna de un ser humano no se
dan los requisitos exigidos para que proceda la inaplicación de las normas a
que se ha hecho referencia, por cuanto, como se señaló, la salud del actor no
se encuentra afectada de tal manera que sus derechos constitucionales
fundamentales a la vida o a la integridad personal se encuentren vulnerados.
Por consiguiente, como se indicó anteriormente, los derechos a la salud y a la
seguridad social no son fundamentales en sí mismos, sino que adquieren dicho
carácter por conexidad con derechos que ostentan esa naturaleza, de tal suerte,
que si dicha conexidad no se encuentra plenamente probada, el derecho a la
salud no puede ser tutelado, pues esta acción pública sólo procede para amparar
derechos fundamentales.
Referencia:
expediente T-472903
Peticionario:
Johanns Lamprea Rincón
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Bogotá, D.C., dos
(2) de agosto de dos mil uno (2001).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente :
SENTENCIA
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que se hizo en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección número siete ordenó
la selección del mencionado expediente por auto de 6 de julio de 2001.
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano Johanns Lamprea Rincón,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la E.P.S.
Famisanar Ltda., en protección de sus derechos constitucionales a la salud y a
la seguridad social.  Solicita se ordene al representante legal de la entidad
demandada que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación
de la sentencia, se autorice el mantenimiento y cambio parcial o total de la
prótesis transtibial que le fue implantada como consecuencia de la amputación
del pie derecho por osteorsarcoma del cuello del mismo pie. Adicionalmente
solicita que se condene a la E.P.S. Famisanar Ltda. en costas.
Como supuestos fácticos de sus
pretensiones, aduce los que a continuación se resumen:
1.  Que se encuentra vinculado
laboralmente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desde el
14 de diciembre de 1992, momento desde el cual fue afiliado para efectos pensionales
y de salud a la Caja Nacional de Previsión -Cajanal-.
Aduce que en vigencia de la Ley 100 de
1993, se trasladó a partir del 1° de enero de 1996 a la E.P.S. Famisanar Ltda.,
con el objeto de acceder al plan obligatorio de salud -POS- previsto para los
afiliados al régimen contributivo.
2.  Manifiesta que a  partir del segundo
semestre de 1998, acudió, en su calidad de cotizante a la E.P.S. demandada en
procura de servicios médicos, debido a dolencias que padecía en su pie derecho,
siendo remitido al Instituto Nacional de Cancerología para la práctica de
exámenes de reconocimiento. El diagnóstico dado por los especialistas fue el de
osteosarcoma osteoblástico de alto grado, razón por la cual el servicio de
ortopedia del mencionado instituto decidió intervenirlo quirúrgicamente, con
amputación de su extremidad inferior derecha, por debajo de la rodilla, cirugía
que se llevó a cabo el día 22 de febrero de 1999.
3.  Con ocasión de la cirugía que se le
practicó, se hizo indispensable el suministro de una prótesis para su pie
derecho, como medio de rehabilitación funcional, siendo solicitada a la empresa
demandada, la cual la negó “categóricamente”, lo que motivó que el
accionante formalizara dicha solicitud a través del derecho de petición en
escrito dirigido a la accionada el 5 de mayo de 1999, negada mediante oficio
No. 1203110 de 12 de mayo de 1999, fundamentando esa negativa en la Resolución
No. 5.261 de 1994 del Ministerio de Salud.
4.  Teniendo en cuenta la necesidad de
la prótesis para poderse movilizar, y ante la negativa de la entidad demandada,
el accionante se vio en la obligación de comprarla a Laboratorios Gilete, el 1
de julio de 1999, por un valor de $5.200.000. No obstante, mediante acción
judicial impetrada en contra de la EPS demandada, que por reparto le
correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, solicitó el
reintegro de lo erogado para la adquisición de la mencionada prótesis,
controversia que fue conciliada el 22 de septiembre de 2000 y, en cuya virtud
la accionada le reintegró la suma erogada.
5.  Agrega el actor, que en octubre de
2000 el médico ortopedista Francisco Linares, del servicio de salud de
Colsubsidio I.P.S. de la E.P.S. Famisanar Ltda. solicitó revisión del socket de
la prótesis que se le había puesto “PORQUE PERDIO EL PRESS FIT”.
Posteriormente, los médicos Francisco Javier Núñez y Alcides Mejía, ortopedista
el primero y coordinador de prótesis el segundo recomendaron “un cambio de
Socket y de una vez el respectivo cambio de funda de silicona con pin”.
En atención a lo ordenado por los
médicos especialistas el actor solicitó cotización del cambio de prótesis a
Laboratorios Gilete el 30 de octubre de 2000, siendo cotizada en $2.650.000.
6.  Aduce el demandante que la E.P.S.
demandada ha negado la autorización para el cambio o adecuación de la prótesis
que tiene, argumentando que ese servicio no se encuentra contemplado en el
P.O.S. Sin embargo, arguye el actor, que el artículo 12 del manual de
actividades, intervenciones y procedimientos para el plan obligatorio de salud,
define como elementos de prótesis, aparatos y aditamentos ortopédicos o para
alguna función biológica, “AQUELLOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR O A
COMPLEMENTAR LA CAPACIDAD FISIOLÓGICA O FÍSICA DEL PACIENTE” y, añade, que
dicho manual fue adoptado por Resolución No. 03165 de 12 de septiembre de 1996,
proferida por el Ministerio de Salud, en la cual se señaló que dicho manual era
de obligatorio cumplimiento para las entidades  promotoras de salud EPS y las
instituciones prestadoras de servicios de salud IPS.
7.  Finalmente, el accionante considera
injusta la negativa de la entidad demandada, pues aduce que no se trata de un
lujo o de un capricho vanidoso, por lo tanto, considera que se le han vulnerado
sus derechos fundamentales.
Réplica
La E.P.S. Famisanar, se opuso a las
pretensiones del demandante, argumentando que no se encuentra probado que el
accionante carezca de recursos económicos para asumir el costo del socket.
Agrega que el cambio de ese elemento no fue autorizado, por cuanto, esos
aditamentos, al igual que la prótesis no se encuentran contemplados dentro de
los beneficios del plan obligatorio de salud.
Considera la entidad accionada que en
ningún momento se le han vulnerado los derechos fundamentales al actor, pues se
le han prestado todos los servicios médicos, y se han cubierto todos los
honorarios médicos y exámenes que ha necesitado, por ello, aduce que la tutela
no puede prosperar porque se está cumpliendo con la obligación legal de brindar
todos los servicios del plan obligatorio de salud.
Como comentario adicional, arguye que el
accionante demandó a esa entidad con el fin de obtener el pago del valor de la
prótesis que en su momento necesitó, controversia que fue conciliada ante el
funcionario judicial respectivo y, en virtud de dicha conciliación esa empresa
pago la suma de $5.200.000 al demandante, por lo tanto, en su concepto ha
operado la figura de la cosa juzgada, y no es viable volver sobre el mismo
asunto así sea por vía de la acción de tutela.
Finalmente, solicita que en el evento de
que se acojan las solicitudes hechas por el demandante, en la parte resolutiva
de la sentencia que así lo disponga, se ordene al Fondo de Solidaridad y
Garantía Fosyga, cancelar a esa entidad el valor de los gastos efectuados en
cumplimiento del fallo.
II.      FALLOS DE INSTANCIA
Fallo de primera instancia
El Juzgado Cincuenta y Uno Civil
Municipal, negó la tutela impetrada aduciendo que el plan obligatorio de salud
que pretende cubrir la totalidad de la población colombiana, excluye ciertos
medicamentos, tratamientos e intervenciones médicas, con el objeto de que con
los aportes recaudados mediante ese sistema, se puedan atender las necesidades
primarias de todos los afiliados, y, en ese sentido, añade el fallador a quo,
que existen servicios que deben incluirse con mayor prioridad y, por ello, no
todos los servicios de salud se pueden considerar iguales, pues, hay que tener
en cuenta la situación concreta que está padeciendo la persona que está
afiliada al sistema.
Aduce el juez de tutela, que en el caso
sub examine la negativa de la entidad demandada se contrae a que el
mantenimiento de la prótesis no se encuentra en el listado de los tratamientos
cubiertos por el plan obligatorio de salud, por una parte, y, por la otra, que
no se encuentra probado que el accionante carezca por completo de recursos
económicos. Así las cosas, luego de citar jurisprudencia de esta Corporación,
concluye que en el presente caso, no se encuentra comprometido el mínimo vital
del accionante, y que además, el ingreso familiar del actor está constituido
por los salarios de él y de su cónyuge, lo que permite pensar en la posibilidad
de adquirir los elementos necesarios para el mantenimiento de la prótesis por
otros medios.
Impugnación
El demandante, inconforme con el fallo
proferido por el juez constitucional de primera instancia, lo impugnó aduciendo
que riñe con la ley y la jurisprudencia constitucional.
Fallo de segunda instancia
El Juzgado Treinta y Cinco Civil del
Circuito, confirmó la sentencia del a quo, aduciendo en primer lugar, que la
impugnación del fallo de primera instancia carece de todo sustento, pero que
aún así, no encuentra en la decisión atacada ningún reparo, imponiéndose en
consecuencia su confirmación.
Manifiesta el ad quem, que aunque se le
haya recomendado el cambio de prótesis al actor, no se dan las condiciones
jurisprudencialmente exigidas para acceder a esa prestación por la vía de la
acción de tutela, pues la falta de capacidad económica del accionante no se encuentra
verificada en el curso del proceso; adicionalmente, considera que a ello se
debe sumar la inexistencia de un vínculo de conexidad “que permita acceder
al amparo del derecho a la vida”.
III.    Consideraciones de la Corte Constitucional
1.  La
competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2.  El caso concreto
El demandante instauró acción de tutela
en contra de la E.P.S. Famisanar Ltda., en procura de que dicha entidad le
suministre el mantenimiento de la prótesis de su pierna derecha, consistente en
el cambio de socket y de la base de silicona. Por su parte, la entidad
accionada se opone a la solicitud del actor, aduciendo que el cambio de socket
que se reclama no fue autorizado por cuanto esos “aditamentos” no se
encuentran dentro de los beneficios del plan obligatorio de salud. Agrega que
esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues le
ha brindado toda los servicios del plan obligatorio de salud a que tiene
derecho, y que siempre ha sido atendido dentro de los parámetros fijados por la
ley.
Los jueces constitucionales tanto en
primera como en segunda instancia consideraron que el accionante no tenía
derecho al mantenimiento de la prótesis, porque el cambio de socket que reclama
no se encuentra dentro del listado de tratamientos del plan obligatorio de
salud, no se encuentra afectado el mínimo vital del accionante, y porque no
esta demostrado que carezca de recursos económicos que le permitan asumir el
costo del mantenimiento de la prótesis.
3.  El problema jurídico
3.1.  Compete a esta Sala de Revisión
determinar en el caso sub examine, si de conformidad con la normatividad
existente y teniendo en cuenta para el efecto la doctrina constitucional, el
señor Johanns Lamprea Rincón, tiene derecho a que la E.P.S. Famisanar, le cubra
los costos del cambio de socket y de la funda de silicona, recomendada por los
médicos de salud de Colsubsidio I.P.S. de la E.P.S. accionada, teniendo en
cuenta que esos instrumentos se encuentran excluidos del plan obligatorio de
salud.
Para el efecto, se reiterará la
jurisprudencia de esta Corporación en torno al derecho a la salud y a la
seguridad social, así como los requisitos que deben cumplir quienes pretendan
exigir el suministro de medicamentos y de procedimientos que no se encuentran
incluidos en el P.O.S., teniendo en cuenta para ello, las pruebas que obran en
el proceso.
3.2.  Es abundante
la jurisprudencia de la Corte en relación con los derechos a la salud y a la
seguridad social, en la cual se ha puesto de presente que : “(e)n general se ha entendido que los derechos a la salud y a la
seguridad social, en razón a que tienen un contenido prestacional y dependen de
ciertas condiciones para su aplicación, las más de las veces condiciones económicas,
pertenecen a una categoría distinta de los derechos constitucionales
fundamentales, cuya aplicación no puede condicionarse en manera alguna y, por
tal razón, el Constituyente los reguló en un capítulo distinto al de éstos,
considerando aquellos como derechos sociales, económicos y culturales. Así, a
los colombianos se les garantiza el acceso a mecanismos que les permitan tener
una salud y una seguridad social adecuadas, pero en manera alguna ellas mismas,
pues la garantía efectiva de conseguir la salud, entendida como normal
funcionamiento corporal, escapa a las posibilidades de un Estado. Por tales
razones, la acción de tutela no procede directamente para el amparo de esos
derechos, pues son derechos constitucionales, pero con un carácter distinto al de
los fundamentales, para los cuales está reservado, en principio, el mecanismo
judicial de protección a que se refiere el artículo 86 de la Carta. No
obstante, esta Corporación ha sostenido que cuando la amenaza o vulneración de
tales derechos implique, a su vez, una amenaza o vulneración de derechos
constitucionales con rango fundamental, el juez constitucional está autorizado
para protegerlos indirectamente a través de la tutela, aplicándola a derechos
que, como aquellos a los cuales se ha hecho referencia , no son fundamentales”[1]
Ahora bien, de la jurisprudencia de la
Corte se observa que el derecho a la salud per se, no es un derecho fundamental
y, en consecuencia, en principio no amparable por vía de la acción de tutela, a
menos que se encuentre en conexidad con un derecho de rango fundamental, como
el derecho a la vida (art. 11 C.P.), o a la integridad personal (art. 12 ib.),
evento en el cual, su vulneración o amenaza puede llevar a su amparo
constitucional.
Cabe entonces preguntarse si en el caso
sub lite se dan los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones del
demandante, por la supuesta vulneración de su derecho a la salud, ante la
negativa de la entidad accionada a la solicitud de mantenimiento de la prótesis
de su pie derecho. La Corte considera que no.
Como el mismo actor manifiesta en su
escrito de tutela, la E.P.S. demandada lo remitió al Instituto de Cancerología
para la práctica de unos exámenes de reconocimiento y diagnóstico, debido a
dolencias que presentaba en su pie derecho y, que finalmente implicaron la
amputación de su extremidad inferior derecha, por debajo de la rodilla. Afirma
también el actor que como medio de rehabilitación funcional requirió de una
prótesis para su pie derecho, que si bien en principio la entidad demandada no
quiso pagar, luego del adelantamiento de un proceso ordinario laboral que
concluyó mediante conciliación el 22 de septiembre de 2000,  Famisanar canceló
al demandante la suma de $5.200.000 por concepto de la prótesis mencionada, que
el demandante había adquirido el 1° de julio de 1999.
Posteriormente, el
27 de octubre de 2000, al señor Lamprea Rincón se le realizó una valoración de
la prótesis, en la cual, los médicos de la I.P.S. Colsubsidio recomiendan el
cambio de socket y de la funda de sicilona con pin, pero también manifiestan
que “las condiciones del muñón son aceptables tiene
buena forma y fuerza muscular”,
es decir, el actor no se encuentra en una situación que ponga en riesgo ni su
salud y, mucho menos su vida, pues, si bien es cierto se le amputó su pie
derecho, como lo señalan los médicos especialistas, el muñón se encuentra en
aceptables condiciones, es decir, no se encuentra el actor en una situación
grave y delicada de la cual se pueda deducir que se encuentra vulnerado o
amenazado su derecho a la vida o a su integridad personal.
Como se puede deducir del material
probatorio que obra en el proceso, y, además de las mismas afirmaciones del
accionante, la entidad demandada cuando el actor solicitó los servicios médicos
por dolencias en su pie derecho, lo remitió al Instituto de Cancerología con el
fin de que obtuviera una oportuna y adecuada atención médica, ello significó el
pago de los gastos económicos que se generaron, no sólo con la intervención
quirúrgica, sino también con los medicamentos necesarios para lograr la
completa recuperación de la salud del actor.
Como ya se dijo, esta Corporación en
abundante jurisprudencia ha señalado que la salud solamente es tutelable cuando
se encuentra en conexidad con el derecho a la vida digna y a la integridad
personal, que en el presente caso, a juicio de la Corte, no se encuentran
afectadas. La inconformidad del actor radica en el hecho de que la entidad
demandada no accedió a la solicitud de mantenimiento de la prótesis modular de
su pie derecho, la cual le permite indudablemente desplazarse con mayor
facilidad, pero, en el evento de no tenerla, existen otros instrumentos que, si
bien no con la misma comodidad, si le permiten su desplazamiento y, no por
ello, se afecta la vida digna de un ser humano.
Ahora bien, la entidad accionada funda su
negativa en que los elementos solicitados por el demandante se encuentran fuera
del plan obligatorio de salud. A este respecto, es importante resaltar que dentro
del P.O.S., existen medicamentos, procedimientos y tratamientos  que se
encuentran excluidos con el objeto de dar atención y cubrimiento prioritario a
un mayor número de personas con necesidades primarias, sacrificando otras de
segundo orden. No obstante, cuando esas exclusiones afecten derechos
fundamentales de las personas, esta Corporación ha inaplicado esa
reglamentación y, ha ordenado el suministro de medicamentos o procedimientos
indispensables para asegurar el efectivo goce de los derechos y las garantías
que la Constitución Política reconoce a todos los colombianos.
Sin embargo, para
la procedencia de la inaplicación de esa reglamentación, la jurisprudencia
constitucional reiteradamente ha sido enfática en exigir el cumplimiento de
ciertas condiciones, como son: i) que la exclusión amenace realmente los
derechos constitucionales fundamentales del afiliado; ii) que el medicamento
excluido no pueda ser sustituido por otro con la misma efectividad y que sea
previsto por el P.O.S.; iii) que el paciente no pueda sufragar el costo del
medicamento; y, iv) que haya sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S.[2].
Se observa entonces, que en el caso sub
examine no se dan los requisitos exigidos para que proceda la inaplicación de
las normas a que se ha hecho referencia, por cuanto, como se señaló, la salud
del actor no se encuentra afectada de tal manera que sus derechos
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal se
encuentren vulnerados. Por consiguiente, como se indicó anteriormente, los
derechos a la salud y a la seguridad social no son fundamentales en sí mismos,
sino que adquieren dicho carácter por conexidad con derechos que ostentan esa
naturaleza, de tal suerte, que si dicha conexidad no se encuentra plenamente
probada, el derecho a la salud no puede ser tutelado, pues esta acción pública
sólo procede para amparar derechos fundamentales.
Finalmente, se observa por la Corte, que
el ciudadano Lamprea Rincón una vez se le práctico la amputación de su
extremidad inferior derecha, canceló con sus propios recursos la prótesis
modular cuyo mantenimiento ahora reclama, que aunque después el costo de la
misma le fue reintegrado por la entidad accionada, es dable pensar que el actor
cuenta con los recursos económicos para sufragar el mantenimiento requerido, en
tanto que su vinculación laboral como funcionario de la División de Impuestos y
Aduanas Nacionales, desde el año 1992, sigue vigente.
Por las razones
expuestas, esta Sala de Revisión confirmará la providencia revisada que negó el
amparo solicitado.
IV.   Decisión
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia proferidas por el Treinta y
Cinco Civil del Circuito de Bogotá, proferida el 2 de mayo de 2001.
Líbrense por
Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sent. T-236/1998 MP. Fabio Morón Díaz
[2] Sent. T-108/1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz