T-775-14
{PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA}
Sentencia T-775/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Sentido orgánico y sentido funcional
De acuerdo con las disposiciones legales y
constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional
en sentido orgánico y en sentido funcional. Desde el primer punto de vista, el
único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte
Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los
jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la
jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando
ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de
la Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º
Superior.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto fáctico es tal vez la causal más
restringida de procedencia de la tutela contra providencia judicial. La
independencia y autonomía de los jueces cobran especial intensidad en el ámbito
de la valoración de las pruebas; el principio de inmediación sugiere que el
juez natural está en mejores condiciones que el constitucional para apreciar
adecuadamente el material probatorio por su interacción directa con el mismo;
el amplio alcance de los derechos de defensa y contradicción dentro de los
procesos ordinarios, en fin, imponen al juez de tutela una actitud de respeto y
deferencia por las opciones valorativas que asumen los jueces en ejercicio de
sus competencias funcionales regulares.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
PRECEDENTE JUDICIAL-Elementos conceptuales
VALOR VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE
LOS ORGANOS DE CIERRE JURISDICCIONAL Y POSIBILIDAD DE APARTAMIENTO-Jurisprudencia constitucional
El valor de los precedentes judiciales en
tanto fuente de derecho es un asunto que se define de forma distinta en cada
ordenamiento jurídico. Sin embargo, suele considerarse que el respeto por el
precedente, representado en el principio stare decisis (o de estarse a lo
resuelto) es una característica intrínseca a los sistemas de derecho
anglosajón, mientras que en los de corte romano suele privilegiarse la ley como
fuente principal de derecho. La Corporación ha señalado de forma consistente
que la jurisprudencia es fuente de derecho, y ha explicado ampliamente las
cargas que representa para los jueces y demás operadores judiciales la
aplicación de los precedentes.
FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL
COMO FUENTE DE DERECHO-Jurisprudencia
constitucional
RESPETO POR LOS PRECEDENTES-Obligaciones asociadas
PRECEDENTE JUDICIAL EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA
En relación con los destinatarios del deber de respeto
al precedente, la jurisprudencia inicialmente dirigió su mirada a los jueces,
pues resulta natural que en el escenario de la adjudicación sea donde surgen
las principales inquietudes en la materia. Posteriormente, la Corte explicó que
la administración está  sujeta de manera más estricta porque no goza de la
autonomía que la Constitución reconoce a los jueces. En el mismo sentido, en la
reciente sentencia C-539 de 2011, la Corte resaltó que “todos los funcionarios
públicos […] deben acatar el precedente judicial, esto es, están en la
obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la
autoridad judicial, para todas las situaciones fácticas análogas o similares”.
PRECEDENTE JUDICIAL DICTADO POR LAS ALTAS
CORTES-Obligación de las
autoridades públicas/CARACTER VINCULANTE DE LOS PRECEDENTES DE LAS ALTAS
CORTES-Se explica a partir de la aplicación de los principios básicos del
Estado Constitucional, como la igualdad y seguridad jurídica
La sujeción de todas las autoridades
públicas, administrativas o judiciales y de cualquier orden territorial
(nacional, regional o local) a la Constitución y a la ley comporta el
acatamiento de los precedentes judiciales dictados por las altas cortes, como
órganos encargados de interpretar y fijar el contenido y alcance de las normas
constitucionales y legales. En virtud de la concepción amplia del principio de
legalidad, el sometimiento de las autoridades públicas al imperio de la ley
implica que “los funcionarios están igualmente vinculados por las reglas de
derecho positivo, como por las prescripciones que se originan de la
armonización concreta que se obtiene en sede judicial”. En desarrollo del
artículo 230 constitucional, la obligación de las autoridades públicas,
administrativas y judiciales de sujetarse a la Constitución y la ley las
vincula al precedente judicial o a los fundamentos jurídicos mediante los
cuales se han resuelto situaciones análogas.
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
PRECEDENTE HORIZONTAL-Definición/PRECEDENTE VERTICAL-Aplicación
SEPARACION DEL PRECEDENTE-El funcionario judicial puede apartarse de
su propio precedente o del precedente resuelto por el superior jerárquico,
siempre y cuando explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones
por las que modifica su posición
Por su vinculación con el principio de igualdad, la
adecuada aplicación e interpretación de los precedentes va ligada también al
principio de razonabilidad. En esa dirección, el abandono de los precedentes
puede concebirse como un trato diferenciado legítimo si cuenta con fundamentos
suficientes, o como una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Carta
Política, si ocurre sin motivación adecuada y suficiente. Así pues, el manejo
de los precedentes depende de la satisfacción de distintas cargas argumentativas.
De las razones para actuar conforme las decisiones previas (su existencia es en
sí misma una razón) y de las razones para alejarse de ellas, o adecuarlas a
nuevos contextos sociales y normativos.
SEPARACION DEL PRECEDENTE-Motivos válidos para apartarse del
precedente
Cuatro motivos válidos para apartarse del precedente.
Tres de ellos hacen referencia a serias modificaciones en el derecho positivo,
en el orden axiológico subyacente a los principios constitucionales o en las
circunstancias sociales, de tal entidad que justifican una modificación de la
regla jurisprudencial de decisión. El cuarto motivo se refiere exclusivamente a
las diferencias fácticas entre el caso previo y el que debe resolver el
operador jurídico.
PRECEDENTE JUDICIAL-Cargas argumentativas que debe asumir el
juez en relación con los precedentes judiciales/PRECEDENTE JUDICIAL-Control
de la disciplina frente a los precedentes
ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO DE CONTROL
DEL PRECEDENTE
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
cuanto Tribunal omitió pronunciarse frente a elementos probatorios relevantes
para definir si existía o no la prestación de servicios en condición de
subordinación
PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL Y
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Aplicación/JUEZ-Uso de poderes para llegar a la
verdad real
La Corte Constitucional ha construido una
línea jurisprudencial sólida y uniforme sobre el deber del juez de decretar
pruebas de oficio, aclarando que no constituye una obligación absoluta, que
traslade las obligaciones de las partes al juez, sino un deber que se activa
cuando la persecución de la verdad lo exige, pues la verdad es un presupuesto
de la justicia en las decisiones judiciales. La búsqueda de la verdad y la
justicia no es en este marco (solamente) un compromiso ético del juez, sino un
mandato contenido en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y las
normas procedimentales que confieren al juez al papel de director del proceso,
así como una manifestación del principio de igualdad material (artículo 13,
incisos 2º y 3º de la Constitución Política). En efecto, la Constitución exige
la primacía del derecho sustancial sobre las formas jurídicas, y el derecho
sustancial solo se materializa si el juez tiene suficiente conocimiento de los
hechos del caso, bien sea como condición para esclarecer si se configura el supuesto
de hecho de una regla, bien sea para iniciar un ejercicio de ponderación que
incorpore todos los elementos relevantes al momento de definir la relación de
precedencia entre los distintos principios en colisión.
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD DEL JUEZ LABORAL-Obligación de decretar y practicar pruebas
de oficio, cuando existen elementos que indican que no asumir esa tarea puede
llevar a que el fallo se aparte de la verdad de los hechos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia y
se ordena a Tribunal dictar sentencia de reemplazo que determine si se cumplen
requisitos del contrato realidad
Referencia: expediente T-4017904
Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra
el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª)
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce
(2014).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio
González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del fallo proferido sobre el asunto de la
referencia en primera instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el quince (15) de mayo de dos
mil trece (2013), y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el dos (2) de julio de dos mil trece (2013).
I. ANTECEDENTES
El señor Waldir Edgardo Llanos
Escalante, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra la Alcaldía de Galapa (Atlántico), el colegio María Auxiliadora del
mismo municipio, el Juzgado Sexto (6º) Laboral del Circuito de Barranquilla (Adjunto)
y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, con el propósito de obtener protección
constitucional a sus derechos fundamentales al trabajo, el mínimo vital y el
debido proceso.
Para mantener un orden
expositivo adecuado, a continuación se presentan, en primer término, las circunstancias
del proceso judicial que dio origen a la acción de tutela; posteriormente, los
argumentos del demandante en sede constitucional; y, finalmente, las sentencias
dictadas por los jueces constitucionales de primera y segunda instancia.
Del proceso ordinario laboral
iniciado por Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Colegio María
Auxiliadora y el Municipio de Galapa[1].
1. Waldir Edgardo Llanos Escalante
inició proceso ordinario laboral contra el Instituto Educativo María
Auxiliadora de Galapa (en adelante, Instituto María Auxiliadora o Colegio María
Auxiliadora) y el Municipio de Galapa, Atlántico (en adelante, el Municipio de
Galapa o el Municipio) el 22 de noviembre de 2007. Solicitó (i) declarar la
existencia de un contrato laboral entre él y las demandadas y (ii) condenar a
las demandadas al pago de salarios, prestaciones, y cotizaciones a seguridad
social dejadas de pagar, tomando como base el salario mínimo mensual legal
vigente.
Al contestar la demanda, el
Instituto María Auxiliadora y el Municipio de Galapa propusieron como excepción
la “inexistencia del vínculo laboral”.
2. El Juzgado Sexto (6º)
Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla declaró probada la excepción de
inexistencia del vínculo y absolvió al Instituto María Auxiliadora del pago de
las sumas requeridas, decisión apelada por el apoderado del peticionario. Por
auto de 30 de septiembre de 2011 la Sala Tercera de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla devolvió el proceso al
Juez Laboral de primera instancia para que resolviera las pretensiones en
relación con el Municipio de Galapa.
Por sentencia complementaria de
trece (13) de agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado Sexto (6º) Laboral
Adjunto del Circuito de Barranquilla decidió absolver al ente territorial de
todas las pretensiones, decisión que también fue recurrida por el peticionario.
Sentencia laboral de primera
instancia (Juzgado Sexto (6º) Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla).
3. El Juzgado 6º Adjunto
Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla declaró probada la excepción de
inexistencia de la relación laboral y, en consecuencia, absolvió a las
demandadas, con base en los siguientes argumentos:
3.1. La pretensión del actor
requiere demostrar la existencia de una relación laboral entre las partes que,
de acuerdo con los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, implica
(i) la existencia de una actividad personal ejecutada por el trabajador, (ii)
la dependencia o subordinación frente a su empleador, y (iii) el pago de
salario como retribución del servicio, todo ello, tomando en cuenta que el
principio de realidad sobre las formas opera cuando se suscribe un
contrato por prestación de servicios, pero el supuesto contratista ejecuta
funciones propias de una relación laboral.
3.2. Es un deber procesal “demostrar en
juicio el hecho o acto jurídico de donde procede el derecho o donde nace la
excepción invocada”. El incumplimiento (total o parcial) de este deber
tiene como consecuencia un resultado adverso al interesado. Así lo tiene
establecido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en
sentencia de 30 de agosto de 1946, reiterada en pronunciamiento de  31 de mayo
de 1955:
“Igualmente ha dicho [la Sala
de Casación Laboral] que no se crea que quién (sic) se presente a alegar
judicialmente el contrato laboral como fuente de derecho o causa de
obligaciones a su favor nada tiene que probar y le basta afirmar la prestación
de un servicio para que se le considere amparado por la presunción de que trata
el artículo 24 del CST” (Casación Laboral, 31 de mayo de 1955. De acuerdo con
el Juez laboral de primera instancia, en esta decisión se reiteró la sentencia
de 30 de agosto de 1946, de la Sala de Casación Laboral).
3.3. Al expediente se allegaron
“comprobantes de egreso a favor del demandante, acta suscrita por la rectora
y el actor (fl. 11 – ver), derechos de petición presentados ante la institución
demandada, la administración municipal de Galapa y el Departamento del Atlántico,
así como las respuestas de los primeros entes, […] las declaraciones de
testigos [y el] interrogatorio de parte del demandante”. Sin embargo, los
testimonios resultan inexactos, por lo que no se comprobó la existencia de los
elementos materiales del contrato de trabajo:
“[Esos
testimonios] no constituyen una prueba contundente y suficiente para desatar la
litis, debido a que no son exactos, es así como encontramos en la
declaración rendida por el señor Santiago González, esposo de una aseadora de
la Institución, que el conocimiento de la situación objeto de estudio deviene
de lo que el demandante le comentaba, lo cual resta credibilidad al testimonio,
obsérvese que al preguntársele sobre el tiempo que el demandante estuvo como
celador en el citado colegio, respondió: ‘él me dijo que había durado 8
meses’, así mismo en cuanto al horario del demandante, contestó: ‘a mi
me consta porque el salía en la tardecita y decía que iba para el colegio y
pedía las llaves porque iba para allá’.|| Respecto de las
actividades realizadas, unos testigos señalan que se desempeñaba como celador,
y otro de ellos, que se iba al colegio para estar pendiente de lo que
necesitaban allí.|| Obran también testimonios de docentes de la institución,
quienes manifiestan que al demandante se le brindó alojo en la institución dada
la precaria situación que atravesaba, como no tenía donde dormir, se le
permitió hacerlo en el colegio, igualmente indicaron que el actor no tenía
ningún cargo en la institución, no devengaba salarios ni la rectora le asignó
funciones y tampoco le exigió cumplimiento de horario”. [Se conserva la
redacción original].
3.4. En ese marco, las pruebas
aportadas son insuficientes para demostrar la existencia de una relación
laboral, con base en el principio realidad:
“De las pruebas
recavadas (sic), encuentra esta juzgadora que no se probaron los extremos de la
relación laboral, igualmente no se demostró que el demandante estaba
subordinado a la institución, que cumpliera órdenes o instrucciones por parte
de la rectora de la institución, requisito este sinequanon (sic) para la
declaratoria del contrato de trabajo”
En conclusión, el actor
desconoció el “principio universal” que obliga a las partes a demostrar
los hechos sobre los que fundan sus pretensiones, previsto en los artículos 177
y 174 del Código de Procedimiento Laboral y la decisión proferida por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero de 1979,
según la cual (i) es imprescindible la existencia de pruebas allegadas
regularmente al proceso como fundamento de toda decisión judicial, (ii) es
reprochable “la incuria de las partes en materia probatoria”, y (iii) las
fallas probatorias de las partes no pueden ser suplidas por el Juez “bajo el
pretexto de conocer la verdad real, pues ello limitaría su imparcialidad”.
3.5. La Institución María
Auxiliadora es un ente educativo oficial, de manera que su planta de personal
debe ser nombrada por el Departamento del Atlántico, con recursos de la Nación.
Ni la rectora ni los maestros tienen la facultad de contratar personal. Ante la
inexistencia de un acto administrativo que dé cuenta de esa vinculación, debe
concluirse que no existió la relación laboral alegada:
“(…) no se avizora
ningún tipo de contratación del actor para con el Municipio de Galapa –
Atlántico, si se tiene en cuenta que no existe en el plenario siquiera un
documento que haya sido suscrito por parte del Municipio de Galapa, y pueda dar
una iniciativa de la existencia de un contrato de trabajo; aunado a lo
precedido respecto al elemento de subordinación o dependencia, en el debate
probatorio no demostró el actor la obediencia a que debía sujetarse (…) para el
desarrollo de sus alegadas funciones, para con el demandado, sin probar haber
realizado actividad personal a favor de ésta, no demostrando el elemento de
subordinación; y, por ende, sin mostrar haber recibido en forma alguna
remuneración salarial por parte de la aludida demandada. || Corolario a lo
precedido, el Despacho concluye que no se demuestra ninguno de los elementos
esenciales para que exista un contrato de trabajo. || Cabe anotar que, es bien
sabido que no puede el Juzgador desplazar la iniciativa de los litigantes, ni
reemplazar sus tareas procesales, pues es al demandante a quien le corresponde
demostrar los hechos en que fundamenta su acción”.
3.6. Esas consideraciones
llevaron al Juez Laboral de primera instancia a negar las pretensiones de la
demanda.
Apelación al fallo de primera instancia[2].
4. Estos fueron los motivos de
inconformidad presentados en la apelación: (i) el precedente vertical es de
obligatorio cumplimiento, y el Juez se apartó de las decisiones que en tal
sentido había proferido la Corte Constitucional en situaciones idénticas; (ii)
no realizó un análisis concienzudo de las pruebas allegadas al proceso, a
partir de la noción de contrato realidad, pues el demandante prestaba
servicios de manera personal a la Institución; y (iii) de la respuesta del
Municipio se observa que efectuó pagos al demandante. Siendo así, ¿a título de
qué lo hizo? (En otros términos, si no existía relación entre la Institución y
el actor, ¿cuál era la causa de esos pagos?)
Sentencia de segunda instancia
del proceso ordinario laboral (de la sala Tercera de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico).
5. La Sala Tercera de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla[3]
decidió confirmar la sentencia de primera instancia, en audiencia de
juzgamiento realizada el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013),
absolver a las partes demandadas, y condenar en costas al demandante.
5.1. Señaló que la demandada es
una entidad territorial, de manera que sus empleados deben considerarse en
principio empleados públicos, de acuerdo con la regla general del artículo 123
de la Constitución Política. Posteriormente, desarrolló algunas consideraciones
sobre los criterios que permiten distinguir entre un empleado público y un
trabajador oficial.
5.2. En esa dirección, explicó
que los empleados públicos (i) se vinculan mediante nombramiento, de manera
legal y reglamentaria, y previa posesión en el cargo; (ii) “pueden ser de
carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción o provisionales”;
(iii) se rigen por normas de derecho público, y (iv) no les está permitido
someter sus conflictos a arbitramento ni declararse en huelga. Los trabajadores
oficiales, en cambio, (i’) se vinculan por contrato de trabajo, (ii’) “de
conformidad con la naturaleza del órgano vinculante de construcción y
mantenimiento de obras públicas, de empresa industrial y comercial del Estado o
de empresa de economía mixta en la que tenga parte mayoritariamente el Estado”;
(iii’) su vínculo puede darse a término indefinido, fijo o por duración de
obra; y (iv’) se rigen por la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2127 de 1945, el
Decreto 797 de 1949 y el Código Sustantivo del Trabajo (Citó, como
fundamento de esas consideraciones, la sentencia de la Sala de Casación Civil
de 19 de marzo de 2004 radicada al No. 21.403). Con base en esas premisas,
puntualizó:
“Teniendo en
cuenta lo anterior, se concluye que por regla general el servidor público debe
ser considerado empleado público, y excepcionalmente trabajador oficial, si
demuestra en el proceso que las actividades que desarrolla tienen relación con
las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas”.
5.3. Acto seguido hizo
referencia al artículo 177 del CPL, sobre la obligación de las partes de probar
los hechos que sustentan sus pretensiones, indicando que el problema central
del caso consistía en determinar si el actor era un empleado público, un
trabajador oficial o un contratista independiente, aspecto sobre el que halló
que los testimonios no presentaban una versión uniforme de los hechos:
“la quid (sic) de este caso, se
centra en determinar la calidad de servidor público del demandante, que podría
ser empleado público, trabajador oficial o contratista independiente”, y
sostuvo que “de la prueba testimonial arrimada al proceso (…) se desprende que
no existe concordancia en la vinculación del demandante con la Institución
Educativa demandada, ya que existen declaraciones que indican prestó sus
servicios como celador y otros hablan simplemente de que se le brindó alojo
(sic) en atención a que así lo había solicitado por carecer de lugar para
dormir.|| De lo que sí queda claro es que de haber prestado los servicios el
demandante, lo hizo en calidad de celador y en ocasiones como jardinero”.
5.4. Acto seguido, señaló que
es obligación de las partes probar los hechos sobre los que fundamentan sus
pretensiones y excepciones, y sentenció que como el actor no demostró que
prestó servicios a la Institución María Auxiliadora, debía negar sus
pretensiones. En una consideración algo confusa (se trascribe literalmente) indicó
que el señor Llanos Escalante sí ejerció funciones de celaduría, y no de
construcción y sostenimiento de obras públicas:
“[El demandante] no demostró
haber prestado algún servicio sus funciones consistían en la celaduría, sin que
se demuestre que realizaba labores relacionadas con la construcción o
sostenimiento de obras públicas, que son las que se han considerado como
funciones de un trabajador oficial, [por lo que no puede considerarse
trabajador oficial]. Muy a  pesar de que en el libelo señala que su relación
con la accionada es propia de un contrato de trabajo, no logra probar que el
vínculo a que hace referencia corresponda a esa categoría”.
5.5. Concluyó el juez laboral
de segunda instancia que el actor no cumplió el mandato del artículo 177 del
CPC, y confirmó la sentencia de primera instancia.
Improcedencia del recurso de
casación.
6. El veintiocho (28) de
febrero de dos mil trece (2013), el actor presentó recurso de casación, el cual
fue inadmitido por la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, considerando que no acreditó la cuantía
requerida, de acuerdo con el Código de Procedimiento Laboral.
De la acción de tutela.
7. El actor presentó acción de
tutela contra las sentencias dictadas en el proceso ordinario laboral,
considerando que los jueces laborales de primera y segunda instancia
incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del precedente; y que esos
errores produjeron una lesión en sus derechos fundamentales al trabajo, el
mínimo vital, la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral y
el acceso a la administración de justicia.
7.1. En relación con el
cumplimiento de los requisitos (formales) de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial, explicó que (i) se cumple el requisito de inmediatez,
pues transcurrieron dos meses entre la fecha en que fue aprobada la sentencia
de segunda instancia que se cuestiona y la interposición de la solicitud de
amparo constitucional; (ii) es padre cabeza de familia, no tiene empleo y sus
pretensiones no afectan intereses de terceros; (iii) lleva más de seis (6) años
intentando obtener el reconocimiento de un contrato realidad y el pago de los
salarios y prestaciones sociales a las que tiene derecho, agotando los recursos
administrativos y el proceso judicial correspondiente.
7.2. En cuanto a las causales
materiales de procedencia de la acción, afirmó que las autoridades judiciales
mencionadas desconocieron el precedente vertical contenido en la sentencia
T-556 de 2011 de la Corte Constitucional en un caso idéntico (Carlos Alberto
Altahona Noguera contra el Municipio de Galapa), y el precedente horizontal
establecido en una decisión adoptada por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Superior de Barranquilla[4]. En cuanto
al defecto factico, aseguró que los jueces del proceso laboral no tuvieron en
cuenta los documentos que aportó como prueba, y valoró erróneamente el conjunto
de testimonios que demostraban la prestación de servicios al Colegio María
Auxiliadora.
7.3. Reiteró que sostuvo un
vínculo laboral con el Municipio de Galapa y el Colegio María Auxiliadora, y
que este debe ser reconocido en virtud del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, y específicamente, bajo el concepto de contrato realidad. Como
consecuencia de la existencia del contrato, solicitó al juez de tutela ordenar
su reintegro al cargo de celador o a otro de igual o superior jerarquía, y el
pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir junto con la “diferencia
salarial entre el salario de celador y el de jornalero pagado”.
Intervención de las autoridades judiciales
accionadas.
8. El Juzgado  Sexto Adjunto
Laboral del Circuito de y la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal
Superior de Barranquilla, vinculados por el juez constitucional de primera
instancia, decidieron guardar silencio frente a los hechos y argumentos de la
demanda.
De las sentencias objeto de
revisión
Sentencia de primera instancia
9. La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional de primera
instancia, decidió negar el amparo,  mediante sentencia proferida el quince
(15) de mayo de dos mil trece (2013), radicada bajo el número 32292.
Explicó que la decisión del
juez de primera instancia se basó en el artículo 177  del CPC que establece el
deber de las partes de probar los hechos que fundamentan sus pretensiones,
aplicable en el procedimiento laboral por remisión del artículo 145 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST). Consecuentemente, indicó: “no resulta
pertinente al Juez de tutela irrumpir en la actividad que despliega el natural,
máxime cuando no se trasluce arbitrariedad o capricho, sino la mera divergencia
de un criterio que no conduce a declarar procedente el amparo”.
Impugnación.
10. El apoderado judicial del
peticionario interpuso impugnación dentro del término legal. Afirmó que los
jueces que decidieron el proceso ordinario laboral no tuvieron en cuenta la
sentencia T-556 de 2011, precedente vinculante para el caso objeto de estudio, “ya
que mi poderdante posee igual o mejor derecho – así mismo sentencia del Juzgado
Tercero laboral del circuito de Barranquilla que mediante providencia del 14 de
noviembre de 2006 reconoció la existencia del vínculo laboral (contrato
realidad) del señor Carlos Alberto Altahona Noguera con el municipio de Galapa
(atlántico) y condena al Municipio de Galapa al pago de salarios, cesantías,
primas de navidad, vacaciones, etc. Este fallo fue confirmado por la Sala
Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla”.
Sentencia de segunda instancia
11. La Sala de Casación Penal,
mediante providencia de dos (2) de julio de dos mil trece (2013), decidió
confirmar el fallo. Señaló que para controvertir una sentencia judicial
mediante la acción de tutela, no basta con un cuestionamiento general de su
validez, sino que el actor debe demostrar irrefutablemente que las decisiones
cuestionadas “están envueltas en un manto de legalidad, mas en el fondo no
son otra cosa que la expresión grosera o ilegal de la judicatura, disfrazada de
declaración de justicia”.
12. A juicio del juez
constitucional de segunda instancia, en el caso objeto de estudio no se
presenta una situación como la descrita, pues “si bien en ella se absolvió de
las pretensiones de la demanda considerando que la jurisdicción competente para
dirimir el conflicto propuesto era la Contencioso Administrativa, tal
declaración resulta coherente con la “sistemática” propia de la
normatividad laboral, pues en ese ámbito, la manifestación de existencia de una
relación de trabajo habilita a la justicia para conocer del asunto y definirlo,
al punto que la calificación de la relación –pública o individual del
trabajador oficial- puede ser establecida con la sentencia, como en efecto
sucedió.
Lo anterior, atendiendo las
reglas generales de competencia de la jurisdicción laboral que la facultan para
decidir, entre otros asuntos, de los conflictos jurídicos originados en el
contrato de trabajo. “[E]n este caso lo cierto es que para resolver el
debate propuesto se tenía que dilucidar procesalmente qué clase de vínculo (…)
existía entre la demandante con (sic) la empresa demandada”.
13. El accionante invoca la
aplicación del precedente establecido en la sentencia T-556 de 2011, caso
similar al que debe decidir la Sala, en el cual se consideró que la actuación
de la jurisdicción laboral desconocía los principios de primacía de la realidad
y acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, el juez
constitucional de segunda instancia (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia) indicó que “no comparte ese criterio porque la existencia de esa
providencia es manifestación de[l] principio [de acceso a la
administración de justicia], como también el derecho a que sea declarado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) Desconocer el sistema
de competencias (…) implicaría un grave atentado contra el sistema democrático
y el modelo de separación de poderes, que se concretan en los límites que, por
competencia, se imponen a los jueces”.
14. Tampoco puede alegarse una
situación de debilidad manifiesta o posición de inferioridad procesal por parte
del peticionario, pues estuvo representado por un profesional del derecho. Por
lo tanto, “contrario a negar el acceso a la justicia, la Sala Laboral
accionada lo garantizó, pues su decisión se dio luego de agotar el debate
probatorio”.
La Sala de Casación Penal,
actuando como juez constitucional de segunda instancia, cerró su argumentación
indicando que obligar a la justicia laboral a asumir controversias propias de
la jurisdicción contencioso administrativa implicaría que con solo acreditar la
existencia de un vínculo laboral entre una entidad estatal y un particular, el
juez tiene que condenar al Estado, “dejando sin ningún sustento el modelo de
distribución de competencias establecido constitucional y legalmente”.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
1. Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintinueve (29) de agosto de dos mil trece
(2013), expedido por la Sala de Selección Número ocho (8) de esta
Corporación, que seleccionó este asunto para revisión.
a. Problema jurídico planteado.
2. Corresponde a la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional determinar si el Juzgado 6º Adjunto Laboral de
Barranquilla y la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, al no acceder a las pretensiones elevadas
por el señor Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Municipio de Galapa y la
Institución Educativa María Auxiliadora del mismo municipio, en el sentido de
declarar la existencia de un contrato laboral entre las partes y ordenar el
pago de las sumas dejadas de percibir, violó sus derechos fundamentales al
debido proceso, el trabajo (primacía de la realidad de las formas), el mínimo
vital, y al acceso a la administración de justicia, por incurrir en (i)
desconocimiento del precedente vertical sentado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-556 de 2011, y el precedente horizontal
establecido por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del mismo Tribunal; y (ii)
fáctico, por ausencia de valoración de pruebas determinantes y valoración
contra evidente de otros elementos de prueba.
3. Para abordar el estudio del problema descrito, la Sala
(i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra sentencia;
(ii) explicará la causal genérica denominada “desconocimiento del
precedente”; (iii) recordará las subreglas jurisprudenciales sobre
el defecto fáctico.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales. Reiteración de Jurisprudencia
4. La Corte Constitucional, intérprete autorizada de
la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior
(artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada
en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de
derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón
de ser primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este
equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro
de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[5].
5. Para esta Corporación, la acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo para garantizar la
primacía y efectividad de los derechos constitucionales, cuyo fundamento
normativo-constitucional se encuentra en los artículos 86 de la Carta, que
prescribe que la acción se orienta a proteger los derechos frente a cualquier
autoridad pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
-parte del Bloque de Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la
obligación de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos
humanos[6].
6. La tutela contra sentencias cumple, además, una
función indispensable dentro de un estado constitucional, como es la de
unificar la jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[7]. Como se sabe, las
cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[8], así que la precisión
de su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de
las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de
seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de
propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos
inalienables del hombre, cuando puedan verse afectados en el proceso de aplicación
de la ley[9].
7. Por otra parte, la excepcionalidad de la acción
garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el
principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces
conserven sus competencias, autonomía e independencia al decidir los casos de
los que conocen.
8. En la preservación de estos principios adquieren un
papel protagónico los requisitos generales de procedencia formal de la acción,
subsidiariedad e inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía
judicial pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya
agotado los mecanismos previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su
parte,  evita que se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la
cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas,
toda vez que, transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean
cuestionadas por un supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por
ello, se afirma que la cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las
sentencias se protegen en la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica,
sino un mínimo de justicia material.
9. En cuanto a la autonomía e independencia judicial y
los eventuales problemas ocasionados por la intervención del juez
constitucional en pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla
consideración sobre la composición de la jurisdicción constitucional permite
demostrar que se trata de temores infundados.
De acuerdo con las disposiciones legales y
constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional
en sentido orgánico y en sentido funcional[10].
Desde el primer punto de vista, el único órgano que hace parte de la
jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el
punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y
colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de
acciones de tutela, o cuando ejercen el control de constitucionalidad mediante
la aplicación preferente de la Carta (excepción de inconstitucionalidad) en
virtud del artículo 4º Superior.
La objeción según la cual la tutela contra sentencias
afecta el orden jurídico por desconocer la posición de los tribunales de cierre
de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, y la independencia y
autonomía del juez natural de cada proceso, se desvanece una vez se repara en
el sentido funcional de la jurisdicción constitucional. La intervención de la
Corte ante la eventual afectación de derechos constitucionales en los procesos
judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende
que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos mencionados y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal.
Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier
intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de
interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las
amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio,
mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos
constitucionales.
10. Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de
2005, la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos formales y
materiales de procedencia de la acción.
10.1 Requisitos formales (o de procedibilidad)[11]: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[12]; (ii) que el actor
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de
acudir al juez de tutela[13];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[14].
10.2 Requisitos sustanciales o de procedencia material
del amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad,
ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto
orgánico[15]
sustantivo[16],
procedimental[17]
o fáctico[18];
error inducido[19];
decisión sin motivación[20];
desconocimiento del precedente constitucional[21];
y violación directa a la constitución[22].
En relación con las causales genéricas de procedencia,
ha manifestado la Corte que no existe un límite indivisible entre estas, pues
resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el
desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto
por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba,
puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[23].
11. No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la
preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un
entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e
independencia judicial[24].
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para
determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia
judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los
requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas
de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente
el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la
necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental.[25]
El defecto fáctico[26]. Reiteración de jurisprudencia.
12. El defecto fáctico se produce cuando el juez toma
una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que
legalmente la determinar[27],
como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de  las pruebas[28]; la valoración
irrazonable o contra evidente de los medios probatorios; o la suposición de
pruebas.
Este defecto puede darse tanto en una
dimensión positiva[29],
que comprende los supuestos de valoración contra evidente o irrazonable de
las pruebas, así como la fundamentación de una decisión en pruebas
ineptas para ello, como en una dimensión negativa[30], relacionada con la omisión
en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas
de carácter esencial[31].
13. La intervención del juez constitucional
en el escenario de la valoración de las pruebas es excepcional. En ese sentido,
la Corte Constitucional ha explicado que en la valoración de las pruebas la
autonomía judicial alcanza su máxima expresión, en respeto por los principios
de autonomía judicial, juez natural e inmediación, que impiden al juez
constitucional realizar un examen exhaustivo del material probatorio (Al
respecto, ver la sentencia T-055 de 1997[32]).
14. A pesar de esas premisas, y de la
amplitud que caracteriza el ejercicio de las funciones judiciales al esclarecer
los hechos y determinar las premisas fácticas de su decisión, la incorporación,
estudio, y motivación de las conclusiones probatorias no es discrecional, ni se
encuentra reservada a la íntima convicción del juez.
Como ocurre con todo ejercicio de poder en
el Estado Constitucional, el operador judicial se encuentra vinculado a los
derechos constitucionales, en este caso, los derechos de las partes, cuyo
respeto debe evaluarse en el marco de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Las herramientas centrales que el orden jurídico otorga para
encauzar el poder del juez en el ámbito probatorio son las reglas de la sana
crítica, generalmente identificadas con la lógica, las reglas de la ciencia y
la experiencia. De igual manera, la vinculación del juez al derecho sustancial
le exige perseguir al máximo la verificación de la verdad, aspecto relacionado
íntimamente con la obligación de decretar pruebas de oficio[33]
En ese orden de ideas, preservando un
equilibrio entre autonomía e independencia judicial, sana crítica y búsqueda de
a verdad, la Corte señaló desde la sentencia T-442 de 1994:
“(…) si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser
arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se
adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”[34]
15. Ahora bien, el respeto por las decisiones del juez
natural se asegura mediante las reglas especiales de análisis que la Corte ha
desarrollado cuando se trata de constatar la existencia de un defecto fáctico,
como causal de procedencia de la acción.
En primer lugar, y como ocurre con cualquiera de las
causales de procedencia de la acción, debe indagar si el defecto alegado tiene
incidencia en el respeto, vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. De
no ser así, la posibilidad de controlar errores fácticos debe mantenerse en el
marco de los recursos de la legalidad, y no en el ámbito de la acción de
tutela, cuyo sentido y razón de ser es la defensa de los derechos superiores de
la Constitución Política.
En segundo término, las diferencias de valoración en
la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un
evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios. En esa labor, el juez
natural no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[35], al igual que se
presume la corrección de sus conclusiones sobre los hechos:
“(…) [A]l paso que el juez ordinario debe
partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo
de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de
poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada
de plenas garantías”[36].
En tercer término, para que la tutela resulte
procedente por la configuración de un defecto fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto”[37]
(Resaltado fuera del original).
16. En síntesis, el defecto fáctico es tal vez la
causal más restringida de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
La independencia y autonomía de los jueces cobran especial intensidad en el
ámbito de la valoración de las pruebas; el principio de inmediación sugiere que
el juez natural está en mejores condiciones que el constitucional para apreciar
adecuadamente el material probatorio por su interacción directa con el mismo;
el amplio alcance de los derechos de defensa y contradicción dentro de los
procesos ordinarios, en fin, imponen al juez de tutela una actitud de respeto y
deferencia por las opciones valorativas que asumen los jueces en ejercicio de
sus competencias funcionales regulares.
Caracterización del defecto denominado
‘desconocimiento del precedente judicial’.
A continuación, la Sala reiterará su
jurisprudencia en relación con la forma en que el orden jurídico colombiano ha
desarrollado una doctrina sobre la jurisprudencia como fuente derecho, el
respeto por los precedentes judiciales, y la posibilidad de acceder a la acción
de tutela como vía de control frente a la violación de la “disciplina” del
precedente. Si bien existe un conjunto verdaderamente amplio de fallos que
desarrollan el tema, la Sala tomará como eje de la exposición las sentencias
C-836 de 2001, T-292 de 2006, C-539 y C-634 de 2011.
Elementos conceptuales sobre el precedente judicial.
17. El precedente judicial es concebido como una
sentencia previa que resulta relevante para la solución de un nuevo caso bajo
examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema
jurídico basado en hechos similares desde un punto de vista jurídicamente
relevante. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un trato
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior[38].
18. Sin embargo, no todo el contenido de una sentencia
posee fuerza normativa de precedente. En las providencias judiciales es
posible distinguir tres componentes: (i) la parte resolutiva o decisum, en
la que se dictan las normas particulares que vinculan a las partes del proceso,
y constituyen la solución al problema analizado[39]; (ii) la ratio
decidendi, compuesta por las consideraciones (razones) necesarias para sostener
la decisión adoptada, y (iii) los obiter dicta, argumentos de contexto
y complementarios que no son lógicamente imprescindibles para soportar la
conclusión normativa de la sentencia. Solo el segundo componente, la ratio
decidendi posee fuerza de precedente.
“Para comprender el alcance de la obligatoriedad de un precedente,
resulta indispensable distinguir entre los diversos aspectos de una decisión
judicial. Así, siguiendo en parte la terminología de los sistemas del Common
Law, que es en donde más fuerza tiene la regla del "stare decisis",
y en donde por ende  más se ha desarrollado la reflexión doctrinal en este
campo, es posible diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva,
llamada a veces "decisum", la "ratio decidendi"
(razón de la decisión) y los "obiter dicta" (dichos al pasar).
Estos conceptos son formulados de distinta manera y con lenguajes
diversos por los autores, lo cual ha generado a veces agudas discusiones
conceptuales. Sin embargo, su sentido esencial es relativamente claro: Así,
el decisum es la resolución concreta del caso, esto es, la
determinación específica de si el acusado es o no culpable en materia penal, si
el demandado debe o no responder en materia civil, si al peticionario el juez
le tutela o no su derecho, si la disposición acusada es o no retirada del ordenamiento,
etc. Por su parte, la ratio dedicendi es la formulación
general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio,
regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva. En cambio constituye un mero dictum, toda aquella
reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria
a la decisión, por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la
argumentación del funcionario[40]”.
El valor de los precedentes judiciales en
tanto fuente de derecho es un asunto que se define de forma distinta en cada
ordenamiento jurídico. Sin embargo, suele considerarse que el respeto por el
precedente, representado en el principio stare decisis (o de estarse a
lo resuelto) es una característica intrínseca a los sistemas de derecho
anglosajón, mientras que en los de corte romano suele privilegiarse la ley como
fuente principal de derecho. Esa concepción de los sistemas y tradiciones
jurídicas ha variado intensamente durante el último siglo, pues es posible
constatar la importancia creciente que el derecho jurisprudencial ha adquirido
los sistemas derivados de la tradición romano-germánica, así como la fuerza
creciente de los estatutos (leyes) en países anglosajones.
La discusión en Colombia ha girado en torno
a la interpretación del artículo 230 de la Constitución Política. Actualmente,
sin embargo, la Corporación ha señalado de forma consistente que la
jurisprudencia es fuente de derecho, y ha explicado ampliamente las cargas que
representa para los jueces y demás operadores judiciales la aplicación de los
precedentes.
Los precedentes constituyen fuente de
derecho.
19. En el sistema jurídico colombiano los precedentes
constituyen fuente de derecho. En virtud de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguir los precedentes, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos[41].
20. El artículo 230 de la Constitución Política
prescribe que los jueces solo se encuentran sometidos al imperio de la ley. Si
bien en un sentido literal ello conduciría a negar el valor normativo de los
precedentes, la Corte ha concluido que una interpretación como esa lleva a un
absurdo, pues tampoco estaría el juez sometido a la Constitución, los tratados
internacionales aprobados por Colombia o incorporados al bloque de
constitucionalidad, o las normas generales de jerarquía inferior a la Ley (como
las ordenanzas o los acuerdos). Por eso, la palabra ley contenida en el
artículo 228 debe ser interpretada de manera amplia, como el conjunto de normas
que conforman el ordenamiento jurídico, incluidos los precedentes judiciales[42].
21. En consecuencia, la vinculación a los precedentes
no solo constituye una concreción del principio de igualdad, sino del principio
de legalidad que ordena a los jueces fallar con base en normas previamente
establecidas. Y, desde un punto de vista más amplio, es también una exigencia
del principio argumentativo de universalidad y de la racionalidad ética
que ordena dar el mismo trato a situaciones idénticas. Además, representa un
mecanismo para cumplir fines de relevancia constitucional como la confianza
legítima, la seguridad jurídica y la unificación de jurisprudencia[43].
Sin embargo, afirmar que los precedentes son fuentes
de derecho no es suficiente para esclarecer la forma en que deben ser aplicados
por los operadores jurídicos. La jurisprudencia constitucional también ha
asumido la tarea de explicar el alcance de esas obligaciones, como se explica a
continuación:
Obligaciones asociadas al respeto por los precedentes.
22. El principio de igualdad ordena –entre otros
aspectos- dar un trato igual a situaciones o sujetos ubicados en idéntica
situación; un trato semejante a quienes se hallan en condiciones semejantes, y
un trato diverso a quienes se encuentran en distintas circunstancias fácticas.
La igualdad, las semejanzas y las diferencias deben evaluarse desde un punto de
vista jurídicamente relevante y, generalmente, el juez se ve obligado a
ponderar el peso de las igualdades y las diferencias antes de concluir si está
determinado un trato igual, semejante o diverso. La aplicación del precedente,
ligada al principio de igualdad, plantea similares exigencias al operador
jurídico.
23. En ese sentido, dado que solo constituye un
precedente la sentencia previa que decidió hechos análogos a los que configuran
un nuevo proceso, el juez debe seguir el mismo principio de decisión
previamente establecido; aplicar la misma regla de conducta a situaciones de
hecho similares en lo relevante. Pero, si a pesar de existir elementos comunes
entre el caso previamente decidido y el actual, también se evidencian aspectos
que los diferencian de forma evidente (siempre desde un punto de vista
jurídicamente relevante); o existen razones de especial fuerza constitucional
que modificar el rumbo normativo trazado, es válido apartarse del principio o
regla de decisión contenida en la sentencia previa.
24. En el primer supuesto, el pronunciamiento previo
puede dejarse de lado porque las diferencias finalmente desvirtúan su carácter
de precedente. En el segundo, porque resulta irrazonable y ajeno a la
pretensión de corrección de las sentencias que los jueces permanezcan atados a
decisiones que, con el tiempo, se muestran injustas o inadecuadas al orden
normativo considerado en su conjunto. En otras palabras, es razonable seguir el
precedente si no existen motivos para abandonarlo; ignorar razones
constitucionales de especial importancia que sugieren abandonarlo, no lo es.
Por eso la doctrina autorizada explica que el respeto por el precedente
comprende tanto su seguimiento, como su abandono justificado[44].
25. En el ejercicio de evaluar el caso previo, sus
semejanzas con el caso actual y su adecuación al orden jurídico (siguiendo
doctrina especializada), el Juez debe en ocasiones resolver la tensión que se
presenta entre seguir el precedente, logrando consistencia o ausencia de
contradicciones en la adjudicación o abandonarlo, sacrificando la consistencia
para obtener mayor coherencia o conformidad con los principios
constitucionales en su conjunto, y así lograr su adecuación a la integridad del
ordenamiento[45].
Como la consistencia es un valor importante, que se
encuentra atado a la racionalidad del juez y justifica por lo tanto el
seguimiento del precedente, solo un incremento notable en la coherencia,
tal como ha sido definida, justifica una renuncia a la seguir la regla o
principio de decisión previamente definido.
Ahora bien, el sistema jurídico está organizado
mediante un sistema de jueces, tribunales y cortes, y esa estructura se
proyecta en los precedentes, haciendo posible distinguir teórica y
normativamente entre el valor de los precedentes, según el órgano judicial que
los ha creado. A su vez, los valores de independencia y autonomía asociados a
la administración de justicia les proveen de un margen de interpretación y
manejo de los precedentes, con el que no cuentan los órganos administrativos.
El precedente de las altas cortes vincula a todos los
jueces de su jurisdicción, así como a los órganos de la administración pública.
26. En las primeras sentencias en las que
la Corte abordó asuntos relacionados con el respeto por los precedentes
judiciales hizo referencia especialmente al deber de los jueces de
seguir la doctrina (subreglas) definida en los pronunciamientos
judiciales previos, especialmente en los precedentes dictados por esta
Corporación. Ello, sin embargo, no excluye el poder normativo de las decisiones
dictadas por otros órganos, ni debe llevar a inferir que solo los jueces se
hallan vinculados a los precedentes.
27. En la sentencia C-836 de 2001[46], la Corte precisó que
también la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia[47] posee fuerza de
precedente y constituye un instrumento indispensable para que las decisiones
judiciales estén sustentadas en una interpretación uniforme y consistente del
ordenamiento jurídico. En fallos posteriores ha destacado las razones
complementarias que validan el carácter vinculante de la jurisprudencia de las
altas cortes, destacando:
“(i) El reconocimiento del carácter
ordenador y unificador de las subreglas creadas por los altos tribunales de justicia,
como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional; y (ii) la exigencia que las decisiones judiciales cumplan con
las condiciones propias de todo discurso racional, esto es, que (a) incorporen
todas las premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto es, las
diversas fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de
superior jerarquía, como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas de
argumentación, que eviten las falacias y las contradicciones; (c) sean
consistentes con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, de
modo que cumplan con el requisito de predecibilidad”.[48]
La administración pública y el precedente judicial.
28. En relación con los destinatarios del deber de
respeto al precedente, la jurisprudencia inicialmente dirigió su mirada a los
jueces, pues resulta natural que en el escenario de la adjudicación sea donde
surgen las principales inquietudes en la materia[49]. Posteriormente, la
Corte explicó que la administración está  sujeta de manera más estricta porque
no goza de la autonomía que la Constitución reconoce a los jueces[50]. En el mismo sentido,
en la reciente sentencia C-539 de 2011, la Corte resaltó que “todos los
funcionarios públicos […] deben acatar el precedente judicial, esto es, están
en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por
la autoridad judicial, para todas las situaciones fácticas análogas o
similares”.[51]
29. En síntesis, la sujeción de todas las
autoridades públicas, administrativas o judiciales y de cualquier orden
territorial (nacional, regional o local) a la Constitución y a la ley comporta
el acatamiento de los precedentes judiciales dictados por las altas cortes,
como órganos encargados de interpretar y fijar el contenido y alcance de las
normas constitucionales y legales.
En virtud de la concepción amplia del
principio de legalidad, el sometimiento de las autoridades públicas al imperio
de la ley implica que “los funcionarios están igualmente vinculados por las
reglas de derecho positivo, como por las prescripciones que se originan de la
armonización concreta que se obtiene en sede judicial”[52]. En
desarrollo del artículo 230 constitucional, la obligación de las autoridades
públicas, administrativas y judiciales de sujetarse a la Constitución y la ley
las vincula al precedente judicial o a los fundamentos jurídicos mediante los
cuales se han resuelto situaciones análogas[53]:
“Todas las autoridades públicas, de
carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o
local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y como parte de
esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar
el precedente judicial dictado por las altas cortes de la jurisdicción
ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación
se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la
Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del
precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y
Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales
del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la
Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los
artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.
29 CP-; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la
buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la
función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente
judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza
vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la
Carta Política.”[54]
La jurisprudencia constitucional, al igual
que la doctrina, han distinguido entre distintos tipos de precedente, según la
autoridad judicial que los dicta, y el nivel de vinculación de los jueces
posteriores, en atención al diseño jerárquico que caracteriza los órganos de la
administración de justicia. Ello da lugar a la diferenciación entre precedente
horizontal y precedente vertical.
El precedente horizontal y el precedente
vertical.
30. El precedente vertical es “aquel que
debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro (a) de
igual jerarquía funcional”, mientras que el segundo, “proviene de un
funcionario o corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas
que en cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como
órganos límite”[55],
de manera que hace referencia a la obligación de los jueces de menor
jerarquía de acoger el precedente de los de una jerarquía superior.
31. Los funcionarios judiciales se
encuentran vinculados por la norma jurisprudencial que para el caso concreto ha
dictado el órgano competente de unificar la jurisprudencia en cada
jurisdicción. Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben
seguir los operadores judiciales es determinado por la Corte Suprema de
Justicia o por el Consejo de Estado, órganos de cierre dentro de sus
respectivas jurisdicciones.[56]
En los casos que no son susceptibles de ser revisados por las cortes de cierre,
son los tribunales superiores de distrito los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[57] Además, en todos los
casos, la jurisprudencia constitucional relativa a la interpretación de las
cláusulas superiores del ordenamiento debe ser observada al momento de
interpretar y aplicar la Ley.
32. La jurisprudencia constitucional viene
indicando, hasta la fecha, que el precedente horizontal comprende tanto las
decisiones que adoptan funcionarios judiciales de igual jerarquía, como
aquellas que provienen del mismo operador jurídico, es decir, el precedente
propio. Sin embargo, desde el punto de vista de la argumentación jurídica y
también de la práctica judicial, no es idéntica la situación del juez que se
aparta de sus propias decisiones a la de aquel que ignora las de un funcionario
de su misma jerarquía.
32.1. Primero, porque en el estado actual
de funcionamiento de la Rama Judicial es fácticamente no se divulgan todas las
decisiones de los jueces, y por lo tanto, no todos los precedentes podrían ser
conocidos por los jueces de instancia. Segundo, porque –contrario sensu- un
juez debe conocer sus propias decisiones, así que no solo es irrazonable sino
abiertamente irracional apartarse de ellas caprichosamente, pues esa conducta
se opone al principio lógico de no contradicción.
32.2. Por eso, aunque no existe una referencia
explícita al auto precedente en la jurisprudencia constitucional, es
necesario concluir que el juez que considere necesario apartarse de su propia
jurisprudencia deberá asumir cargas argumentativas de similar naturaleza a las
que debe soportar quien se aparta del precedente vertical.
Ahora bien, el respeto por el precedente no implica su
seguimiento absoluto. El operador jurídico está obligado, sin excusa, a
identificar los precedentes relevantes como está obligado, en términos generales,
a identificar las fuentes de derecho relevantes para la solución de los casos
sometidos a su consideración. Pero, en segundo lugar, está obligado a seguir la
vía de decisión previamente trazada, o a no hacerlo asumiendo determinadas
cargas argumentativas. Toda elaboración doctrinaria o dogmática sobre el
precedente incluye una descripción de las cargas y técnicas que debe asumir el
operador jurídico frente a las decisiones previas relevantes.
Motivos válidos para apartarse del precedente.
33. Por su vinculación con el principio de igualdad,
la adecuada aplicación e interpretación de los precedentes va ligada también al
principio de razonabilidad. En esa dirección, el abandono de los precedentes
puede concebirse como un trato diferenciado legítimo si cuenta con fundamentos
suficientes, o como una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Carta
Política, si ocurre sin motivación adecuada y suficiente. Así pues, el manejo
de los precedentes depende de la satisfacción de distintas cargas argumentativas.
De las razones para actuar conforme las decisiones previas (su existencia es en
sí misma una razón) y de las razones para alejarse de ellas, o adecuarlas a
nuevos contextos sociales y normativos. A continuación se hará referencia a los
motivos que justifican apartarse de un precedente y a la naturaleza
de las cargas que corresponde asumir al juez[58].
“21.  [Es legítimo apartarse del
precedente] en primer lugar, cuando la doctrina, habiendo sido adecuada en una
situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social
posterior.  Como se analizó de manera general en el numeral 18 supra,
este tipo de error sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia
jurisprudencia.  En segundo lugar, la Corte puede considerar que la
jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En estos casos también está justificado que la Corte Suprema cambie su
jurisprudencia para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado,
haciendo explícita tal decisión.  En tercer lugar, como resulta apenas
obvio, por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un
tránsito constitucional o legal relevante.
(…)
24.    Adicionalmente, el
juez puede observar que a pesar de las similitudes entre el caso que debe
resolver y uno resuelto anteriormente existen diferencias relevantes no
consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y en consecuencia,
estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicial que en
apariencia resulta aplicable.  A contrario sensu, puede haber dos
casos que en principio parezcan diferentes, pero que, observados
detalladamente, tengan un término de comparación –tertium comparationis-
que permita asimilarlos en algún aspecto.  En esa medida, resulta adecuado
que el juez emplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la
equiparación se restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y
solamente en la medida en que lo sean.  En este caso, el juez debe hacer
explícitas las razones por las cuales, a pesar de las similitudes aparentes,
los casos no merezcan un tratamiento igualitario o, a la inversa, debe
argumentar porqué, a pesar de las diferencias aparentes, los casos deben
recibir un trato idéntico o similar.  Tanto en una como en otra hipótesis,
los criterios de igualación o de diferenciación deben ser jurídicamente
relevantes, y el trato debe ser proporcional a la diferencia en la situación de
hecho.”[59]
34. Las consideraciones expuestas comprenden entonces
cuatro motivos válidos para apartarse del precedente. Tres de ellos hacen
referencia a serias modificaciones en el derecho positivo, en el orden axiológico
subyacente a los principios constitucionales o en las circunstancias sociales,
de tal entidad que justifican una modificación de la regla jurisprudencial de
decisión. El cuarto motivo se refiere exclusivamente a las diferencias fácticas
entre el caso previo y el que debe resolver el operador jurídico.
A partir de las consideraciones previamente expuestas,
pueden concebirse dos formas de apartarse del precedente. Una de ellas  consiste
en la modificación de la regla de decisión, derivada de la existencia de
elementos de distinción entre al caso actual y el que, prima facie, se
consideró precedente; la segunda, el surgimiento de motivos (normativos,
valorativos o sociales) que cambian de tal forma el contexto de la decisión,
que obligan al juez a replantear la regla jurisprudencial.
Debe recordarse, sin embargo, que la regla general es
la de seguir el precedente y que, por esa razón, los motivos que justifican
apartarse de la decisión previa deben ser de especial relevancia
constitucional. Para demostrar que se cumplen esos presupuestos, el operador
jurídico debe asumir exigentes cargas argumentativas, como se pasa a explicar.
De las cargas argumentativas que debe asumir el juez
en relación con los precedentes judiciales.
En relación con las cargas que debe asumir el juez al
momento de aplicar el derecho jurisprudencial, la Corte ha distinguido entre
las que se relacionan con la identificación de los precedentes y las que deben
ser asumidas en caso de apartarse de la decisión previa. En esta oportunidad,
la Sala las ha calificado como cargas de “transparencia”, “suficiencia - i”, y
“suficiencia – ii”. Si bien esa subdivisión de la carga de suficiencia no ha
sido utilizada previamente, la idea que con ella se expresa sí se encuentra plenamente
desarrollada, y su importancia es innegable para una adecuada comprensión de la
tarea del juez “posterior” frente a las sentencias precedentes.
35. Primero, el juez tiene la carga de identificar de
las decisiones previas que podrían ser relevantes para la definición del caso
objeto de estudio (transparencia); segundo, si pretende establecer una
distinción entre el caso previo y el actual, debe identificar las diferencias y
similitudes jurídicamente relevantes entre ambos casos, y explicar por
qué unas pesan más que otras, tal como lo exige el principio de igualdad
siempre que se pretenda dar un trato diferente a dos situaciones, en principio,
semejantes (suficiencia – i). Finalmente, el juez debe exponer las
razones por las cuales la nueva orientación no solo es “mejor” que la
decisión anterior, desde algún punto de vista interpretativo, sino explicar de
qué manera esa propuesta normativa justifica una intervención negativa en los
principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, de la parte
que esperaba una decisión ajustada a las decisiones previas (suficiencia –
ii) [60].
Las obligaciones y cargas citadas resultarían inocuos
en caso de no existir medios de control frente a decisiones que los ignoran o
desconocen arbitrariamente. El siguiente apartado de la exposición se ocupa de
este punto.
El control de la disciplina frente a los precedentes.
36. Como se explicó al inicio de la exposición, el
seguimiento de los precedentes es una obligación que varía en su intensidad si
se comparan tradiciones y sistemas jurídicos distintos. Sin embargo, la
práctica judicial y la importancia del principio de igualdad en el derecho
constitucional actual han aumentado constantemente fuerza de los precedentes.
37. Y a medida que crece la fuerza del precedente en
un ordenamiento jurídico determinado, su respeto no solo depende del actuar
razonable de los jueces sino que surgen mecanismos procedimentales de control,
en los que se toma en cuenta también el esquema jerarquizado de la
administración de justicia.
38. Actualmente, en Colombia, esos mecanismos incluyen
los recursos de control de legalidad ante el superior jerárquico, en los que
podría discutirse una eventual violación al precedente, la unificación de
jurisprudencia por parte de las altas cortes, las cuales sientan reglas vinculantes
y dan unidad a los diversos pronunciamientos de jueces y tribunales del país, y
la tutela contra providencia judicial, en tanto el desconocimiento
injustificado del precedente comporta violación al derecho a la igualdad.
39. Recientemente, el Legislador se ha encaminado a
dotar de mayor fuerza al precedente, acudiendo a mecanismos como la solicitud
de extensión de jurisprudencia a las autoridades administrativas y el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia[61].
40. De igual manera, las normas reglamentarias que
imponen condiciones a las altas cortes para modificar su jurisprudencia y, en
la jurisdicción constitucional la declaratoria excepcional de nulidad de las
sentencia de revisión de tutela por desconocimiento de la jurisprudencia de la
Sala Plena, así como el método de adjudicación basado en la reiteración de subreglas
definidas por vía jurisprudencial constituyen medios de control y consolidación
de los precedentes.
Con el propósito de resolver el caso concreto, es
oportuno referirse a la acción de tutela como vía de control del respeto por
los precedentes.
La acción de tutela como mecanismo de control del
precedente.
41. Desde el punto de vista de la doctrina de la
tutela contra providencia judicial, el desconocimiento del precedente surgió
como una hipótesis contenida en el concepto de defecto sustantivo[62]. En la medida en que
apartarse de un precedente implica desconocer normas del ordenamiento jurídico
(el imperio de la Ley en sentido amplio), resulta comprensible esa forma de
abordar el asunto. También la proyección de las sentencias de
constitucionalidad sobre la validez de las leyes, y la necesidad del juez de
acudir a la jurisprudencia para esclarecer la interpretación de las normas
legales (especialmente aquella proveniente de las cortes de cierre) justifican
esa concepción, plasmada -entre otras- en la sentencia C-462 de 2003. Sin
embargo, al sistematizar la jurisprudencia sobre las causales genéricas de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la sentencia C-590 de
2005, el defecto adquirió entidad autónoma.
42. El origen y desarrollo jurisprudencial del defecto
explican que, actualmente, en ocasiones se presente como supuesto del defecto
sustantivo, mientras que en otras se conciba de manera independiente. Aunque
esto no representa un desacuerdo de especial trascendencia, pues todas las
salas de revisión lo conciben como causal de procedencia de la acción y
potencial violación del derecho a la igualdad, el manejo independiente de este
defecto presenta algunas ventajas hermenéuticas.
42.1. La primera consiste en que la naturaleza de la
violación iusfundamental es clara cuando se incurre en este defecto, en
tanto su relación con el principio de igualdad explica perfectamente cuándo el
juez ha efectuado una distinción legítima, y cuándo ha violado las normas
jurisprudenciales que lo vinculan.
42.2. La segunda se concreta en que si bien la ley y
el precedente son objetos de interpretación judicial, las herramientas
apropiadas para ese ejercicio son diversas en cada caso, así que desde un punto
de vista técnico sea adecuada su concepción autónoma. Esto se evidencia
especialmente en los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, esenciales
en la interpretación del precedente, pero innecesarios en la interpretación y
aplicación de las normas legales[63].
42.3. La tercera, relacionada con las dos anteriores,
radica en que las cargas de argumentación que debe asumir un juez al momento de
aplicar, interpretar o apartarse de un precedente se encuentran
descritas con relativa amplitud por la jurisprudencia constitucional, de manera
que mezclar su estudio con el del defecto sustantivo puede generar más
confusión que beneficios entre los operadores jurídicos.
42.4. Finalmente, la independencia del defecto
contribuye en la definición del remedio judicial, el cual debe dirigirse a la
protección del derecho a la igualdad, o al cumplimiento de las cargas
argumentativas necesarias para un abandono legítimo del precedente, cuando ello
resulte procedente.
La sentencia T-556 de 2011; precedente invocado por el
peticionario: Un Tribunal Laboral que encuentra comprobada la prestación de
un servicio personal en situación de subordinación frente a una institución
educativa pública, no puede negarse a declarar la existencia de un contrato
realidad, argumentando que el demandante no acreditó ser trabajador oficial ni
funcionario público.
43. En la sentencia T-556 de 2011 la Sala Primera de
Revisión se ocupó de un caso que ha sido invocado como precedente por el
peticionario. De acuerdo con la síntesis de los hechos presentada en esa sentencia,
el señor Carlos Alberto Altahona Noguera trabajó como vigilante en el Colegio
María Auxiliadora del Municipio de Galapa y vivió durante un amplio periodo en
sus instalaciones.
44. El señor Altahona Noguera inició un proceso
laboral, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato
laboral entre él y la Institución Educativa mencionada o el Municipio de
Galapa. El juez de primera instancia decidió acceder a sus pretensiones; declaró
la existencia de un contrato laboral, considerando que las funciones que
ejercía el señor Altahona eran asimilables a la construcción y mantenimiento de
obras públicas, y ordenó el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir.
Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Cuarta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
revocó la decisión, y en su lugar negó las pretensiones del actor. En concepto
del Tribunal, si bien se hallaba comprobada la prestación de servicios por
parte del actor y a favor de la Institución María Auxiliadora, no se comprobó
que este hubiera sido vinculado por contrato de trabajo para la prestación de
servicios relacionados con obras públicas, condición necesaria para otorgarle
la calidad de trabajador oficial, ni la existencia de un vínculo legal o
reglamentario, para asumir su condición de funcionario público.
45. Posteriormente, el actor solicitó protección
constitucional a su derecho fundamental a la vivienda digna, pues una vez la
justicia laboral negó sus pretensiones, el municipio de Galapa decidió iniciar
las gestiones tendientes a desalojarlo de las instalaciones de la Institución
María Auxiliadora.  En ese momento, el actor contaba con 67 años de edad, y afirmaba
que había trabajado y vivido en las instalaciones del colegio por más de 30.
46. La Sala Primera abordó los dos problemas jurídicos.
Es decir, (i) la posible existencia de un defecto en la sentencia del Tribunal
Laboral de Segunda Instancia, susceptible de violar sus derechos al trabajo (en
relación con la primacía de la realidad sobre las formas y la prohibición de
explotación) y el mínimo vital; y (ii) la eventual violación de su derecho a la
vivienda digna por parte del Municipio de Galapa, al intentar desalojarlo una
vez terminó el proceso ordinario laboral.
47. El señor Waldir Edgardo Llanos Escalante
(peticionario de este trámite) no afirma que haya vivido en la Institución María
Auxiliadora, sino que esta institución, el municipio de Galapa y las
autoridades judiciales accionadas violaron sus derechos, al no reconocer el
“contrato realidad” cuya declaración persiguió en el proceso laboral. En
consecuencia, la Sala solo recordará las consideraciones centrales de esa
decisión (T-556 de 2011) en lo referente al primer problema jurídico resuelto
en esa sentencia.
48. La Sala Primera de Revisión concedió el amparo,
con base en los siguientes fundamentos:
El Tribunal demandado incidió negativamente en
diversos derechos del actor: (i) en el derecho al trabajo en condiciones dignas
y justas, porque permitió su explotación laboral, y en relación con el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los contratantes; (ii) en el derecho al mínimo vital, al privarlo del salario;
y (iii) en el derecho al acceso a la administración de justicia, al no asegurar
que las normas constitucionales y legales que regulaban su caso alcanzaran
plena eficacia en el proceso judicial.
Las decisiones judiciales eventualmente pueden incidir
válidamente en los derechos fundamentales, porque a los jueces les corresponde
determinar la existencia de un derecho en un caso concreto o, eventualmente,
ponderar entre distintos intereses iusfundamentales. Sin embargo, cuando
una decisión genere una afectación intensa en los derechos constitucionales debe
ser fundamentada adecuadamente, bajo los parámetros sentados por los principios
de razonabilidad y proporcionalidad:
“(L)a Sala de Revisión estima que la
autoridad judicial demandada interfirió (…) en diversos derechos fundamentales
del señor Carlos Alberto Altahona Noguera. Primero incidió en su derecho a la
primacía de la realidad sobre las formas (art. 53, C.P.); segundo, en su
derecho al salario mínimo, vital y móvil (art. 53, C.P.); tercero, en su
derecho a un trabajo digno y justo (art. 25, C.P.); cuarto, en su derecho a
acceder a una administración de justicia efectiva (art. 229, C.P.) y; quinto,
en su derecho a la seguridad jurídica (art. 2, C.P) (…)
(…) La Constitución no prohíbe entonces
que, con sus decisiones, la Sala Cuarta del Tribunal de Barranquilla interfiera
en derechos fundamentales como los citados. Lo que prohíbe es que la
intervención no esté debidamente justificada. Pues no sobra recordar que
la administración de justicia “es función pública” (art. 228, C.P.), y
por eso los jueces deben hacer públicas las razones en las cuales
soportan sus decisiones (…)
La Sala de Revisión admite que (…) los jueces
laborales ordinarios deben absolver al Estado de todas las pretensiones
intentadas por una persona que alega tener una calidad, cuando en el curso del
proceso no se demuestra cabalmente que tiene, ha tenido o tenía esa investidura
(…)[64]
al menos por dos razones. Primero, porque así lo ha estatuido la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral (…)[65].
Segundo, porque idealmente todo servidor municipal debe ser empleado público o
trabajador oficial.[66]
Por tanto, cuando el juez advierte que un demandante que alega tener un vínculo
con el Estado, le presta sus servicios personalmente y bajo subordinación, lo
razonable es que concluya que lo tiene en alguna de esas dos calidades. Pero
si, se supone, es empleado público,  en ese caso la justicia laboral no podría
proceder a reconocer la existencia de la relación, y a efectuar las
subsiguientes condenas, esencialmente porque la competencia para emitir esa
clase de declaraciones la tiene la justicia contencioso administrativa[67] (…)
Pero esa decisión (…) no siempre es aceptable. Porque
la distinción de los servidores municipales en empleados públicos y trabajadores
oficiales es una distinción formal, establecida legítimamente en el
ámbito del derecho positivo. Sin embargo, no es una distinción que describa
exhaustivamente la realidad […]
Aceptar que sólo por la inobservancia de las formas
jurídicas de vinculación en regla, puede ser desvirtuado por completo el
carácter laboral de una relación de prestación de servicios personales y
subordinados, es concederle primacía a la forma sobre la realidad. Y eso es
tanto como desconocer la Constitución (…) Por tanto, cuando la justicia laboral
advierte que una persona le ha prestado sus servicios personal y
subordinadamente a un municipio, pero no tiene la investidura de trabajador
oficial, no puede simplemente absolver al municipio. Podría hacerlo si con
seguridad el demandante es empleado público, pues en ese caso este tendría la
oportunidad de ventilar sus pretensiones en la jurisdicción competente: la
justicia contencioso administrativa. Pero si hay buenas razones para concluir
que el peticionario no es ni trabajador oficial ni empleado público, la
justicia laboral debe decidir el fondo de la cuestión de manera congruente:
establecer si hubo relación de trabajo personal y subordinado, y en caso
afirmativo condenar al municipio al pago de los emolumentos laborales dejados
de cancelar. [Cita, C-555 de 1994[68]]
(…) 18. En suma, (…) hay otras formas de vinculación
irregular, que merecen de cualquier modo la misma protección que los derechos
fundamentales les dispensan a todas las relaciones laborales. Y en este caso,
de hecho, hay una muestra clara de ello. Primero, porque  el señor
Carlos Alberto Altahona no es trabajador oficial. Segundo, porque hay
razones palmarias para concluir que tampoco es empleado público (…)
Sin embargo, está claro que le ha prestado sus
servicios personalmente y bajo subordinación al municipio de Galapa (…) Esa
realidad debe tener algún efecto, aunque no se ajuste a las formas apropiadas
de vinculación, porque así lo demanda la Constitución. La pregunta es si la
justicia laboral debe ser quien proteja esa realidad y le confiera los efectos
sustanciales debidos.
19. Y la respuesta es que sí, al menos por dos
razones. Primero, porque en la realidad hay un contrato laboral (contrato
realidad), y el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo contempla como
competencia de la “Jurisdicción
Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social” la de conocer de “1.  Los conflictos
jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.
Pero, segundo, porque así lo ha interpretado también la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en ejercicio de la competencia que le atribuyó
expresamente la Constitución en el artículo 256, numeral 6, de “[d]irimir
los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”,
en una decisión reciente, al resolver un conflicto de competencia suscitado
entre la jurisdicción laboral y la contenciosa, a propósito de un caso en el
cual una persona reclamaba, como en este, el reconocimiento de un contrato realidad
a su favor”.
64. Con base en esas consideraciones, la
Sala citada concedió el amparo,  dejó sin efectos la providencia cuestionada y
ordenó al Tribunal accionado adoptar una nueva sentencia, acorde con los
principios y reglas constitucionales.
Del caso concreto.
Análisis de procedibilidad de la acción.
A continuación procede la sala a verificar el
cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias judiciales en el presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el
fundamento 3.1 de esta decisión.
Relevancia Constitucional
65. Este proceso reviste relevancia constitucional.
Están en juego los  derechos de una persona vulnerable por razones económicas,
y existe un problema constitucional de absoluto interés para la jurisdicción
constitucional, pues involucra la eficacia de los principios de acceso a la
administración de justicia y mínimos esenciales del derecho al trabajo, que es
uno de los fundamentos de la democracia colombiana. Desde la otra orilla, el
juez constitucional de segunda instancia afirmó apartarse del precedente
constitucional, pues considera que afecta el reparto de competencias definido
constitucional y legalmente, argumentación que refuerza la importancia de
someter el expediente de referencia a la revisión de este Tribunal.
Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios
66. El actor agotó el recurso de apelación contra la
decisión judicial que negó sus pretensiones, en el ámbito del proceso ordinario
laboral. Intentó, además, el recurso de casación pero el Tribunal lo inadmitió
por razones de cuantía. En consecuencia, el requisito está satisfecho.
Inmediatez
67. La tutela fue radicada en la Secretaría de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo de 2013.
La decisión cuestionada se adoptó en Audiencia de Juzgamiento de 31 de enero de
2013, en tanto que la inadmisión del recurso de casación tuvo lugar el 10 de
abril de 2013. En ese sentido, es evidente que la presentación de la tutela fue
diligente y la acción se ajusta al principio de inmediatez.
En caso de tratarse de una irregularidad procesal, que
tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los
derechos fundamentales.
68. El requisito no es aplicable al caso objeto de
estudio, en atención a las causales invocadas en la acción de tutela.
Haber identificado de forma razonable, los hechos que
generan la violación dentro del proceso judicial ordinario, en caso de haber
sido posible.
69. El actor ha identificado los hechos que generan la
violación de sus derechos adecuadamente. En el proceso judicial ordinario indicó
que el motivo de la acción era la violación de sus derechos laborales por parte
de la Institución Educativa María Auxiliadora y el Municipio de Galapa. En sede
de tutela argumenta que a esa violación se suma el desconocimiento del
precedente judicial y la no valoración de pruebas determinantes. Por lo tanto,
se respeta esta exigencia.
Que la tutela no se dirige contra un fallo de tutela.
70. La sentencia judicial controvertida se adoptó en
un proceso ordinario laboral. El requisito se encuentra cumplido.
Acreditados todos los requisitos formales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala aborda el
estudio de fondo, o de la procedencia material del amparo.
De la procedencia material del amparo.
Síntesis de los cargos
71. El actor afirma que los órganos
judiciales accionados incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente, al dictar sentencia en el proceso ordinario laboral iniciado por él
contra el municipio de Gálapa y el Instituto María Auxiliadora.
71.1. Defecto fáctico, porque (i)
omitieron la valoración de pruebas determinantes para la solución del caso,
tales como comprobantes de pagos realizados al actor por el Colegio María
Auxiliadora y un acta de conciliación suscrita entre el peticionario y la
Directora de la Institución demandada; y (ii), dieron una valoración absurda o
contraevidente a otras pruebas, como los testimonios recogidos durante el
Juicio, que acreditaban la prestación de servicios personales del actor al
Colegio.  Tales errores u omisiones determinaron el sentido del fallo, pues
llevaron a las autoridades accionadas a concluir que no existía prueba de que
prestó servicios personales en condiciones de subordinación a la Institución
María Auxiliadora y, por lo tanto, a negar sus pretensiones.
71.2. Desconocimiento del precedente
vertical de esta Corporación (sentencia T-556 de 2011), y horizontal
de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla.
Sobre este cargo, la Sala observa que los
precedentes que el actor considera desconocidos hacen parte de una controversia
surgida entre Carlos Alberto Altahona García y la Institución Educativa María
Auxiliadora de Galapa (es decir, la misma accionada en esta oportunidad), el
cual fue llevado inicialmente ante la justicia ordinaria especialidad laboral,
y posteriormente a la vía constitucional. En ese trámite, la Corte
Constitucional emitió la sentencia T-556 de 2011, y posteriormente, se
produjeron las sentencias laborales en las que se dio cumplimiento a las
órdenes proferidas por esta Corporación. En ese orden de ideas, la
inconformidad del peticionario se cifra en la inobservancia del precedente
vertical sentado en la providencia T-556 de 2011.
A continuación la Sala analizará los
cargos, comenzando por el segundo de ellos, para finalmente, verificar la
existencia de un defecto fáctico y determinar el alcance de la decisión.
a. Presunto desconocimiento del precedente
establecido en la sentencia T-556 de 2011.
73. La interpretación de un precedente
plantea especiales exigencias al operador judicial, pues las sentencias
resuelven problemas complejos, en lugar de supuestos genéricos simples como los
que caracterizan el derecho legislado. Ello supone para el operador jurídico
encargado de interpretar y aplicar un precedente, la necesidad de brindar especial
atención a las semejanzas y diferencias fácticas de uno y otro caso; hallar la
regla de decisión contenida en la sentencia previa, manteniendo presentes los
hechos del caso y el sentido de la decisión que sirve de precedente; tomar en
cuenta la manera en que su propia decisión contribuirá a consolidar una vía de
solución a problemas jurídicos basados en determinados patrones fácticos en el
futuro, y determinar si es necesario modificar el camino de decisión
previamente trazado, asumiendo en ese caso exigentes cargas argumentativas.
74. En la sentencia T-556 de 2011, la Sala
Primera de Revisión sostuvo que un tribunal laboral incurrió en el defecto de ausencia
de motivación o motivación insuficiente de la decisión, por negarse
a declarar la existencia de un contrato laboral en el caso de una persona que
prestó servicios personales a la Institución Educativa María Auxiliadora en
condiciones de subordinación, argumentando que si bien se hallaba comprobada la
prestación del servicio, el demandante no logró demostrar si cumplía funciones
de trabajador oficial o empleado público.
La autoridad judicial accionada sostuvo, en
aquella oportunidad, que al no poder enmarcar la situación del actor en alguna
de esas alternativas, no podía acceder a sus pretensiones. El afectado presentó
entonces acción de tutela y de ese trámite surgió la sentencia T-556 de 2011,
en la que se ampararon los derechos del peticionario.
75. La sentencia T-556 de 2011 contiene
entonces, en términos esquemáticos, una regla de decisión que puede resumirse
así: si un tribunal laboral encuentra acreditados los elementos esenciales del
contrato laboral entre una persona y una institución pública debe fallar de
fondo declarando la existencia del contrato realidad, y no negar las
pretensiones del demandante basándose en la supuesta imposibilidad de definir
si se trata de un trabajador oficial o un empleado público, puesto que (i) el contrato
realidad escapa, en ocasiones, a la clasificación bipartita de los
servidores públicos; y (ii) la Administración de Justicia no puede avalar la
explotación de una persona por los límites inherentes a las calificaciones del
derecho positivo.
76. En el trámite que corresponde estudiar
a la Sala en esta ocasión se presentan similitudes evidentes entre los hechos
de la sentencia T-556 de 2011 y la situación descrita por el señor Waldir
Edgardo Llanos Escalante. Sin embargo, es importante aclarar que como en ambas
oportunidades los problemas jurídicos se ubican en la doctrina de la tutela
contra providencia judicial, y en la sentencia T-556 de 2011 el defecto que
encontró la Corte fue de ausencia de motivación, las semejanzas
relevantes son únicamente aquellas que se hallan en la motivación de las
decisiones cuestionadas.
77. El defecto en la motivación de la
sentencia analizada en la decisión T-556 de 2011 consistió en que el tribunal
laboral demandado dio por probada la prestación de un servicio y la subordinación
entre el actor y las accionadas y, a pesar de ello, consideró imprescindible
determinar si la labor que desarrollaba se relacionaba con el sostenimiento y
construcción de obras públicas, para determinar si podía declarar la existencia
del contrato realidad. Por ese motivo, al concluir que sus labores eran
distintas, negó las pretensiones del actor.
78. La aplicación del precedente establecido en la
T-556 de 2011 depende entonces de una verificación acerca de la coincidencia en
la argumentación presentada por los jueces laborales en ambas ocasiones y, más
específicamente, de la motivación de la premisa fáctica de la sentencia, pues
es en ella donde, según el actor, el tribunal incurrió en yerros constitutivos
de defecto fáctico.
Así las cosas, antes de concluir acerca de la
existencia de un defecto por desconocimiento del precedente, la Sala deberá
determinar si el cargo por presunto defecto fáctico encuentra respaldo
constitucional.
b. Del presunto defecto fáctico.
78. A continuación la Sala entra a resolver
el cargo por el presunto defecto fáctico. Para ello ofrecerá un esquema de las cuatro
conclusiones a las que llegó el Tribunal accionado en el análisis probatorio y
que, en su conjunto, componen la premisa fáctica de la sentencia.
78.1. En un primer aparte, el tribunal accionado
señaló que el actor no cumplió la obligación y “principio universal” de
probar los supuestos de hecho que fundaban sus pretensiones. (Conclusión
probatoria i)
78.2. Posteriormente, sostuvo que la
prestación de servicios personales del peticionario a la Institución María
Auxiliadora no se comprobó, pero no porque el actor no haya aportado elementos
de prueba, sino porque los testimonios recogidos en el proceso resultaban
contradictorios: unos testigos afirmaron que ejercía funciones de vigilancia;
otros, que trabajaba como aseador, o que acudía a la Institución para estar
pendiente de lo que se ofreciera; y, un grupo adicional, que únicamente iba al
colegio porque ahí le brindaban alojamiento. (Conclusión probatoria ii).
78.3. En tercer término, afirmó que si
el actor prestó servicios a la Institución educativa demandada, lo hizo como
jardinero o vigilante (Conclusión probatoria iii):
“[L]a quid (sic) de este caso,
se centra en determinar la calidad de servidor público del demandante, que
podría ser empleado público, trabajador oficial o contratista independiente”, y
sostuvo que “de la prueba testimonial arrimada al proceso (…) se desprende que
no existe concordancia en la vinculación del demandante con la Institución
Educativa demandada, ya que existen declaraciones que indican prestó sus
servicios como celador y otros hablan simplemente de que se le brindó alojo en
atención a que así lo había solicitado por carecer de lugar para dormir.|| De
lo que sí queda claro es que de haber prestado los servicios el demandante, lo
hizo en calidad de celador y en ocasiones como jardinero”.  [Citado supra, antecedentes]
72.4. Y finalmente, planteó que el señor
Waldir Llanos Escalante sí prestó funciones, pero lo hizo como celador (conclusión
probatoria iv): “sus funciones [se refiere al peticionario] consistían
en la celaduría, sin que se demuestre que realizaba labores relacionadas con la
construcción o sostenimiento de obras públicas, que son las que se han
considerado como funciones de un trabajador oficial”[69].
79. Ahora bien, el defecto fáctico solo se
configura si el supuesto error en el manejo probatorio tiene incidencia en la
decisión. Como el razonamiento que conduce a la construcción de la premisa
fáctica de la sentencia cuestionada comprende cuatro conclusiones independientes,
podría discutirse si el presunto defecto tendría incidencia en el sentido de la
decisión. Y es posible observar que ello solo ocurriría con las conclusiones
probatorias (iii) y (iv), según las cuales la relación sí existió, pero las
funciones del empleado no podrían asociarse a la construcción o reparación de
obras públicas. No sucedería lo mismo, en cambio, con las conclusiones
probatorias (i) y (ii), en las que se niega la existencia de relación alguna
entre las partes.
80. Sin embargo, esta solución resulta insatisfactoria,
si se repara en que las cuatro conclusiones probatorias no son consistentes
entre sí (las dos primeras son inconsistentes con las dos últimas, pues no
puede afirmarse razonablemente que el actor no prestó el servicio y, a la vez,
que sí lo hizo), ya que ello implicaría que la mejor manera de preservar un
razonamiento fáctico del control constitucional es hacerlo contradictorio, de
manera que no pueda determinarse cuál es en realidad la premisa fáctica de la
sentencia.
Además de ello, la contradicción en que
incurrió el tribunal se desprende directamente de la forma en que planteó el tema
a probar, asociándolo a la necesidad de demostrar no solo la prestación del
servicio, sino de que este tenía que ver con la construcción y mantenimiento de
obras públicas.
En este punto resulta claro que el tribunal
accionado sí se apartó del precedente constitucional que le exigía limitarse a
determinar la prestación personal del servicio, como presupuesto del
reconocimiento del contrato realidad y, a la vez, le prohibía condicionar esa
declaración a la naturaleza de las funciones ejercidas por el señor Llanos
Escalante.
81. En ese orden de ideas, el problema
constitucional que se evidencia en la sentencia cuestionada obedece a diversos
motivos, relacionados entre sí. En primer término, el órgano judicial consideró
necesario comprobar que, además de prestar servicios personales, el actor lo
hacía en labores de construcción y mantenimiento de obras públicas. Esa
orientación lo llevó a presentar cuatro conclusiones fácticas independientes
pero inconsistentes entre sí, lo que se explica porque para el tribunal no era
determinante la prestación del servicio, sino la naturaleza de las funciones,
posición que es incompatible con la que sentó esta Corporación en la sentencia
T-556 de 2011.
81. En consecuencia, es para la Sala
evidente que el Tribunal deberá rehacer el análisis fáctico inicialmente
presentado en la sentencia que se cuestiona, con el propósito de sentar, con
absoluta claridad, si existió o no la prestación del servicio. Si existen dudas
sobre ese punto (que es lo que se infiere de la argumentación de la sentencia
cuestionada, en tanto las dos primeras conclusiones fácticas niegan que haya
prestado servicios personales, pero las dos últimas afirman que sí lo hizo), el
Tribunal deberá comenzar por indicar el valor probatorio de los medios que dejó
de analizar previamente, y deberá también ejercer su facultad de decretar
pruebas de oficio para llegar a la verdad de los hechos.
Finalmente, si a partir del análisis recién
indicado encuentra que el actor prestó servicios personales al Colegio Galapa,
sin importar el tipo de funciones que haya realizado, deberá aplicar la regla
de decisión establecida en la sentencia T-556 de 2011 y, en consecuencia, declarar
la existencia del contrato realidad, y otorgar las prestaciones que de ello se
derivan.
82. Para superar los yerros
observados en la sentencia cuestionada, violatorios del debido proceso
constitucional, el tribunal accionado deberá observar los siguientes
parámetros:
82.1. Al evaluar los
testimonios, el Tribunal deberá orientarse a determinar si existió prestación
personal del servicio bajo condiciones de subordinación. De ser así, el actor
tiene derecho a que se reconozcan las consecuencias jurídicas del contrato
realidad y a la aplicación del precedente establecido en la sentencia T-556 de
2011.
82.2. Al proceso laboral se
aportaron comprobantes de pago a favor del actor, así como un acta de
conciliación entre él y la rectora de la Institución, sobre los cuales no
existe ninguna referencia en la decisión de la Sala Tercera de Descongestión
del TSDJ de Barranquilla. No analizarlos afecta la motivación de la sentencia
cuestionada. La insuficiencia radica en que, el órgano judicial omitió
pronunciarse frente a elementos probatorios relevantes para definir si existía
o no la prestación de servicios en condición de subordinación.
La ausencia de ese análisis
hace que resulte inexplicable la existencia de esos documentos, especialmente
si se toma en cuenta que la Institución demandada afirma que solo le brindó
alojamiento al actor en algunas ocasiones. El Tribunal deberá, entonces, al
cumplir lo dispuesto en esta providencia, explicar por qué estima irrelevantes
esas pruebas; o bien, evaluar si se trata de documentos que pueden dar cuenta
de la relación laboral.
82.3. Finalmente, si en el análisis
probatorio se concluye que existen dudas (por ejemplo porque los testimonios
reunidos no son coincidentes), y existen otros elementos que pueden llevar a esa
convicción, el Tribunal deberá decretarlos y practicarlos de oficio.
82.3.1. En esa dirección, la Corte
Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sólida y uniforme sobre
el deber del juez de decretar pruebas de oficio, aclarando que no constituye
una obligación absoluta, que traslade las obligaciones de las partes al juez,
sino un deber que se activa cuando la persecución de la verdad lo exige, pues la
verdad es un presupuesto de la justicia en las decisiones
judiciales.
La búsqueda de la verdad y la justicia
no es en este marco (solamente) un compromiso ético del juez, sino un
mandato contenido en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y las
normas procedimentales que confieren al juez al papel de director del proceso,
así como una manifestación del principio de igualdad material (artículo 13,
incisos 2º y 3º de la Constitución Política).
En efecto, la Constitución exige la
primacía del derecho sustancial sobre las formas jurídicas, y el derecho
sustancial solo se materializa si el juez tiene suficiente conocimiento de los
hechos del caso, bien sea como condición para esclarecer si se configura el
supuesto de hecho de una regla, bien sea para iniciar un ejercicio de
ponderación que incorpore todos los elementos relevantes al momento de definir
la relación de precedencia entre los distintos principios en colisión (T-264 de
2009).
Las normas procesales, interpretadas bajo
el influjo normativo de la Carta, imponen al juez un papel activo en los
procesos, sin que ello afecte su imparcialidad, y la mayoría de los
ordenamientos procesales le confieren expresamente la potestad de decretar
pruebas de oficio[70].
Eventualmente, antes de la expedición de la Constitución de 1991 el alcance de
esa potestad podría ser objeto de intensas discusiones, pero actualmente –y así
lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional- no cabe duda de la
vinculación del juez al deber de indagar la verdad.
83. En cada ámbito del derecho ese deber
alcanza distintas dimensiones, en atención a la naturaleza, objetivo y fines de
cada procedimiento. Pero en materia laboral no es acertado señalar que, en aras
de la imparcialidad, el operador judicial no tiene un compromiso jurídico con
el esclarecimiento de la verdad. Como lo señaló la Sala Novena en reciente
decisión:
“(…) la Corte ha afirmado que el decreto
oficioso de pruebas  no es una atribución o facultad potestativa del juez sino
un verdadero deber legal. Así, el funcionario deberá decretar la pruebas de
manera oficiosa siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y
de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del
sendero de la justicia material.[71]
Por lo anterior, la Corte ha señalado que
conforme al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene
la facultad (y el deber) de decretar pruebas de oficio (…)
5.2 De esta manera, en materia laboral y de
la seguridad social, en virtud de sus especiales connotaciones constitucionales
y legales, el juez debe utilizar sus facultades oficiosas para garantizar los
derechos sustantivos de las partes, lo que constituye no una simple potestad,
sino un deber constitucional y legal, y que se manifiesta entre otras cosas en
la posibilidad de ordenar pruebas para determinar aspectos que deban ser
aclarados.
En este sentido, tales mandatos son de
imprescindible observancia para todos los funcionarios judiciales, pero
adquieren particular relevancia en los procesos laborales y de la seguridad,
por las especiales condiciones con las que el ordenamiento jurídico los ha
investido (…) En la práctica de pruebas, el juez laboral y de la seguridad
social debe tener en cuenta la desigualdad objetiva de las partes y tomar todas
las medidas para lograr el equilibrio necesario. Esta situación no constituye
una parcialización del juez, pues tal postura se deriva de los principios
constitucionales y los mandatos legales que regulan los ámbitos laboral y de la
seguridad social[72].”[73]
Como se explicó previamente, en la
sentencia cuestionada se concluyó que existía una duda acerca de si se
dio la prestación del servicio subordinado. Sin embargo, basándose en el
principio de imparcialidad judicial, el tribunal accionado consideró improcedente
–incluso prohibido– el decreto de pruebas de manera oficiosa.
Esa conclusión solo puede construirse desde
una comprensión de la imparcialidad incompatible con la que viene defendiendo
esta Corte en relación con el decreto de pruebas de oficio y con el principio
de igualdad material en el derecho laboral, norma que ordena propiciar la
eficacia de los derechos de la parte vulnerable de la relación. La
imparcialidad que defendieron los operadores judiciales accionados, entendida
como inactividad del juez, solo perpetúa las diferencias sociales y económicas
entre las partes, así que –paradójicamente- no resultar acorde con el principio
de igualdad.
84. La Sala recuerda entonces que los
jueces laborales tienen la obligación de decretar y practicar pruebas de
oficio, cuando existen elementos que indican que no asumir esa tarea puede
llevar a que el fallo se aparte de la verdad de los hechos.
85. De conformidad con lo expuesto, la Sala
concederá el amparo al actor, por los graves defectos de motivación, de
carácter fáctico y de desconocimiento del precedente hallados en el juicio
laboral iniciado por él contra el Instituto María Auxiliadora de Galapa y el
Municipio de Galapa, y ordenará a la Sala Tercera de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de  Distrito Judicial de Barranquilla que dicte sentencia de
remplazo, en los términos descritos en los párrafos precedentes.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Levantar la suspensión de términos decretada en este
trámite.
Segundo.- Revocar las sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral, en primera
instancia, el quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), y la Sala de
Casación Penal, del dos (2) de julio de dos mil trece (2013), en segunda
instancia. En su lugar, CONCEDER
la tutela del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano Waldir
Edgardo Llanos Escalante.
Segundo.- Dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala Tercera de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en la segunda instancia del proceso ordinario laboral iniciado
por Waldir Edgardo Llanos Escalante contra la Institución Educativa de Galapa,
y el Municipio de Galapa (Atlántico), dictada el treinta y uno (31) de enero de
dos mil trece (2013).
El órgano judicial mencionado deberá dictar sentencia
de reemplazo, siguiendo los lineamientos trazados en la parte motiva de esta
providencia, en el término de dos (2) meses contados a partir de la
notificación de esta decisión.
Tercero.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cuarto.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente con excusa
En uso de incapacidad médica
MAURICIO GONZÀLEZ CUERVO
Magistrado
ANDRÈS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1]
Aclara la Sala que, en primera instancia del proceso ordinario laboral,  el Juzgado Sexto decidió, mediante sentencia de trece
(13) de agosto de dos mil diez (2010) negar las pretensiones del actor y
absolver a la Institución María Auxiliadora del pago de las sumas requeridas en
la demanda. Sin embargo, mediante auto de 30 de septiembre de 2011, Sala Dual
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla decidió devolver el trámite al juez de primera instancia para que
se pronunciara en relación con la otra parte demandada, es decir, el Municipio
de Galapa. El Juez Sexto (6º) Laboral Adjunto del Distrito Judicial de
Barranquilla dictó entonces fallo complementario, por el cual decidió absolver
al Municipio citado. Por ello, en los apartes subsiguientes de esta
providencia,  la sentencia inicialmente dictada por el Juzgado Sexto Municipal
de Barranquilla y su auto complementario, serán tratados como “la sentencia
laboral de primera instancia”.
[2] Los argumentos de la apelación
se toman de la sentencia de segunda instancia, dado que los órganos judiciales
demandados no remitieron el expediente a la Corte Constitucional, pese al
requerimiento efectuado por auto de
tres (3) de diciembre de dos mi trece (2013).
[3] En
adelante, se hará referencia a este Tribunal, como el TSDJ de Barranquilla.
[4] El actor explicó que se trataba de la “sentencia del
juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla que mediante providencia
del 14 de noviembre de 2006, reconoció la existencia del vínculo laboral
(contrato realidad) del señor Carlos Alberto Altahona Noguera con el municipio
de Galapa (atlántico) y condena al Municipio (…); confirmada por la Sala Cuarta
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla”.
[5]
Ver sentencias T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de 1993 T-231 de 1994
relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las
sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido) y
T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la
posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y
caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la
doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004,
doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005,
que en esta ocasión se reitera.
[6] Cfr.
C-590 de 2005.
[7]
Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de
tutela, ver la sentencia C-018 de 1993. y los autos A-034 de 1996 y A-220 de
2001.
[8]
Sobre la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente
ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 y T-760 de 2008, relativas al
carácter fundamental del derecho a la salud.
[9]
Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su
relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de
2001 y  T-556 de 1998.
[10]
Ver, sentencias C-560 de 1999 y C-1290 de 2001.
[11]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.
[12]
Ver sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[13]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[14]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[15]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[16]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[17] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[18]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[19]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[20] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[21]
“(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[22]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[23] Ver
Sentencia T-701 de 2004.
[24] Es
decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia
material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[25]
Sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004.
[26]
Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, T-442 de 1994, T-567 de 1998,
T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639  de 2006,
T-737 de 2007   y T-458 de 2007.
[27]
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico
como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[28]
Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar
una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto
procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[29]
Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994   y T-061 de 2007.
[30]
Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002,
T-244 de 1997.
[31]
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
[32]
Ver también la sentencia T-008 de 1998.
[33]
T-264 de 2009 y T-363 de 2013.
[34]
Sentencia T-442 de 1994.
[35]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia
T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.
[36]
Sentencia T-008 de 1998 y T-636 de 2006.
[37]
Ibídem.
[38]
T-292 de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Se
utiliza la expresión partes para caracterizar lo que frecuentemente
ocurre en los fallos judiciales. No debe pasarse por alto, sin embargo, que
decisiones como las que se adoptan en sede de control de constitucionalidad, o
nulidad simple, tienen efectos erga omnes, y que esta Corporación, en
sus fallos ha acudido a dispositivos de extensión de efectos inter pares e
inter comunis.
[40] Ahora bien, estos diversos componentes de una
sentencia tienen distinta obligatoriedad en el Common Law.
Así, el decisum, una vez que la providencia está en firme, hace tránsito
a cosa juzgada y obliga a los partícipes en el proceso. Sin embargo, y
contrariamente a lo que a veces se piensa, esta parte resolutiva no constituye
en sí misma el precedente, ni vincula a los otros jueces, por la sencilla razón
de que a éstos no corresponde decidir ese problema específico sino otros casos,
que pueden ser similares, pero jamás idénticos. Por ello, en el sistema del Common Law es
claro que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso,
ya que ese principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el
que debe ser aplicado por los jueces en otras situaciones similares. Así lo
señaló con claridad en Inglaterra Lord Jessel, en el caso Osborne v Rwlet de
1880, en donde precisó que "la
única cosa que es vinculante en una decisión judicial es el principio que
sirvió de base a la decisión”.
Finalmente, los obiter dicta tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o
menor según el prestigio y jerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un dictum constituye
entonces, en principio, un  criterio auxiliar pero no obligatorio para los
otros jueces. (Ver, sentencia SU-049 de 1999).
[41]
Actualmente la Corte Constitucional cuenta con una sólida doctrina sobre la
obligatoriedad del precedente judicial.  El respeto por el principio de igualdad
y el mandato ético de universalidad como fundamentos de esta obligación fueron
por primera vez expuestos en las sentencias T-123 de 1995 y C-447 de 1997;
posteriormente, en la sentencia SU-047 de 1998, la Corporación incorporó al
lenguaje constitucional colombiano los conceptos propios del análisis del
precedente del derecho anglosajón, tales como ratio decidendi, obiter dicta
y decisum. La sentencia C-036 de 1997 constituye un hito en la materia, el
prever que la ratio decidendi de las decisiones de revisión de tutela también
es vinculante para los jueces y que, en caso de pretender apartarse de ella
deben cumplir con una carga argumentativa suficiente. La consolidación de la
jurisprudencia se produjo, sin embargo, con la decisión C-836 de 2001, en la cual,
al estudiar la constitucionalidad del artículo 4o de la Ley 169 de 1890, la
Corporación planteó que esa obligación es acorde con el deber general de seguir
el precedente judicial, como una concreción del principio de igualdad. De esa
manera se precisó que también los órganos de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y de lo contencioso administrativo crean precedentes vinculantes,
pues también ante esas decisiones esperan los ciudadanos se aplique el derecho
de igualdad de trato. La sentencia T-292 de 2006 supuso una presentación
sistemática de la doctrina constitucional sobre el precedente, y las sentencias
C-539 y C-634 de 2011 constituyen los pronunciamientos recientes más relevantes
sobre el tema. En estos se analizó la vinculación de los órganos de la
administración al precedente judicial, y la constitucionalidad del mecanismo de
extensión de jurisprudencia creado por el nuevo código administrativo y de lo
contencioso administrativo. La Sala seguirá en esta exposición, principalmente,
las sentencias C-836 de 2001 y C-634 de 2011, sin dejar de lado observaciones
puntuales de otros pronunciamientos, especialmente, en lo concerniente al
precedente horizontal.
[42] Sentencias C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), C-539 de 2011 y C-634 de 2011 (ambas con ponencia del Magistrado
Luis Ernesto Vargas Silva). La consideración sobre el carácter amplio del
concepto “imperio de la Ley”, como referente único de las decisiones
judiciales, fue sostenida por la Corte desde la sentencia T-448 de 1998, y
desde entonces, ha sido un elemento fundamental en la interpretación del
artículo 230 de la Carta Política, sobre las fuentes formales del derecho en
Colombia: “10. De acuerdo con la tesis de los
actores, la costumbre nunca podría ser aplicada como fuente formal de derecho,
pues "los jueces - así reza el artículo 230 de la C.P. - sólo están
sometidos al imperio de la ley". El precepto, a juicio de los demandantes,
indica que los jueces sólo están autorizados a aplicar las leyes dictadas por
el Congreso.
Limitar el universo de las
fuentes del derecho, como se propone, a la ley entendida en su acepción formal,
conlleva una serie de consecuencias absurdas que le restan al planteamiento
toda plausibilidad. En efecto, la Constitución, norma de normas (CP art. 4),
por no ser equiparable formalmente a la ley, no podría ser aplicada ni
observada por la jurisdicción (1); las leyes, no obstante que pudieran vulnerar
la Carta, en todo caso deberían acatarse y ejecutarse, y no podrían ser
inaplicadas por los jueces (CP art. 4) (2); los derechos fundamentales de
aplicación inmediata requerirían de una ley previa para poder ser aplicados por
los jueces en los diferentes procesos (CP art. 85) (3); los valores y
principios constitucionales, no estando incorporados en leyes ni necesitándolo,
podrían  ser dejados de lado por los jueces (4); los decretos del
Presidente, las ordenanzas de las Asambleas, los acuerdos de los Concejos y, en
general, todas las normas jurídicas, diferentes de las leyes, cuyo proceso de
creación y cuya existencia se regula y reconoce en la Constitución, pese a su
pertinencia para solucionar el asunto o controversia, no podrían aplicarse por
los jueces (5); los contratos y demás actos con valor normativo, fruto de las
relaciones intersubjetivas del orden privado, quedarían por fuera de la función
jurídica (6); los derechos y garantías no consagrados expresamente en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, pese a ser inherentes
a la persona humana, no podrían ser reconocidos judicialmente (CP art.
94).
Podría
continuarse la enumeración de consecuencias irrazonables que se derivarían de
dar curso favorable a la tesis formulada. Sin embargo, las esbozadas son
suficientes para concluir que el cometido propio de los jueces está referido a
la aplicación del ordenamiento jurídico, el cual no se compone de una norma
aislada - la "ley" captada en su acepción puramente formal - sino que
se integra por poderes organizados que ejercen un tipo específico de control
social a través de un conjunto integrado y armónico de normas jurídicas. El ordenamiento
jurídico, desde el punto de vista normativo, no puede reducirse a la ley. De
ahí que la palabra "ley" que emplea el primer inciso del artículo 230
de la C.P. necesariamente designe "ordenamiento jurídico". En este
mismo sentido se utilizan en la Constitución las expresiones "Marco
Jurídico"  (Preámbulo) y "orden jurídico (art. 16)”
[43]
Sobre la importancia del precedente para alcanzar fines constitucionales
relevantes como los recién expuestos, puede verse la sentencia C-252 de 2001.
[44]
Así, por ejemplo, Robert Alexy, en su Teoría de la Argumentación Jurídica, y
Neil Maccormick en Legal Reasoning and Legal Theory, entre otros.
[45] Se
sigue en este aparte la forma en que Maccormick (citado) ha entendido los
conceptos de “consistencia” y “coherencia”, precisamente refiriéndose al
respeto por el precedente judicial. Para el citado autor, la consistencia está
representada en el principio de no contradicción y significa, por lo tanto, el
seguimiento estricto del precedente. La coherencia, en cambio, consiste en el
respeto por el conjunto de principios que informan el orden jurídico. Desde
esta perspectiva, la consistencia es uno de los elementos que
contribuyen a dotar de coherencia al orden jurídico.
[46]
M.P. Rodrigo Escobar Gil. La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del
artículo 4 de la Ley 169 de 1896, según el cual  “Tres decisiones uniformes
dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho,
constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos,
lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue
erróneas las decisiones anteriores.”
[47]
Esta consideración es extensible al Consejo de Estado, en tanto Tribunal de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, pueden
consultarse también las sentencias C-539/11 y C-631 de 2011, ambas con ponencia
del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
[48]
Sentencia C-634 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[49]
Una de las principales controversias de la jurisprudencia temprana de la
Corporación aludía a la correcta interpretación del artículo 230 de la Carta
que, en principio, parecía sugerir su de fuente secundaria o auxiliar.
[50]
Ver, sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[51]
Sentencia C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[52]
Sentencia C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En relación con el
principio de legalidad y la obligación de respetar el precedente judicial, está
decisión señaló: “En punto a este tema, ha resaltado que el debido proceso y
el principio de legalidad que debe regir la administración pública, apareja la
obligación de las autoridades administrativas de motivar sus propios actos,
obligación que incluye el considerar explícita y razonadamente la doctrina
judicial que sirve de fundamento para cada actuación y decisión. Lo anterior,
en cuanto esto (i) garantiza la certeza por parte de los sujetos, partes y
ciudadanos en relación con la ley y la jurisprudencia, (ii) asegura una
interpretación y aplicación consistente y uniforme de las mismas, (iii) lo cual
a su vez promueve la estabilidad social, la certeza, la seguridad jurídica, y
la igualdad, evitando la arbitrariedad por parte de las autoridades
administrativas”.
[53]
C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[54]
Sentencia C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[55]
Ver al respecto la Sentencia T-762 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
También en el mismo sentido, ver la Sentencia T-014 de 2009 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla).
[56]
Ver entre otras, T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-794 de 2011
(M.P. Jorge Iván Palacio).
[57]
Ver, entre otras, las sentencias T-161 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-441 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub Pretelt).
[58]
Sentencia C-836 de 2001.
[59]
C-836 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[60]
Sentencia T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-464 de 2011 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[61] El artículo
11 de la Ley 1285 de 2009 prevé el mecanismos de extensión de
jurisprudencia es ante las autoridades administrativas; el artículo 256 y
subsiguientes del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo regulan el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. El artículo 11 de la Ley 1285 de
2009 prevé el mecanismos de extensión de jurisprudencia es ante las
autoridades administrativas; el artículo 256 y subsiguientes del Código
Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regulan el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
[62]
Ver la sentencia T-462 de 2003, entre otras.
[63]
Otras expresiones utilizadas ampliamente en el uso del precedente, y de las que
la Corte hace uso, en ocasiones sin profundizar en su significado, son overruling
(cambio) distinguish (distinción entre el caso previo y el actual), narrowing/expansión
(restricción o extensión del precedente), o holding (sinónimo de ratio
decidendi), entre otras. Ver SU-047/ de 1999.
[64] “Así
lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, por ejemplo,
en sentencia del once (11) de agosto de dos mil cuatro (2004), Radicado
21494, (MP. Isaura Vargas Díaz). En esa ocasión la Sala de Casación
Laboral se abstuvo de casar un fallo en el cual el Tribunal había decidido
absolver a la parte demandada en vista de que no se había probado la alegada
calidad de trabajador oficial del demandante. Dijo, en ese punto, entonces que
quien había emitido el fallo recurrido, al absolver a la parte demandada, “no
incurrió en violación de los  artículos 42 de la Ley 11 de 1986 y 292 del
Decreto Legislativo 1333 de 1986, al considerar que no se demostró la condición
de trabajadora oficial de la demandante, habida cuenta que lo que pretende la
censura es establecer tal calidad por el hecho de que  desarrolló labores de
aseo y trabajó en una obra pública”.  También lo
hizo en sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
Radicado 25504, (MP. Gustavo José Gnecco Mendoza), esta vez al casar un fallo
en el cual se había condenado a la parte demandada a pagar determinadas
prestaciones derivadas del contrato laboral, porque la Corte Suprema consideró
que la calidad de trabajador oficial del demandante no estaba acreditada”.
[65] En
la sentencia T-698 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), la Corte Constitucional
ratificó que los jueces laborales ordinarios tienen la obligación prima facie
de estarse a lo resuelto por el máximo tribunal de la justicia ordinaria que es
la Corte Suprema de Justicia. Esto lo dijo al conceder la acción de tutela
contra una providencia judicial, porque encontró la Corte que había desconocido
la jurisprudencia sentada por la Sala Laboral de la Corte Suprema en punto a
los criterios para establecer si un trabajador del Estado podía ser clasificado
como empleado público o trabajador oficial.
[66] El
artículo 292 de ese Estatuto es claro en este aspecto, pues dice: “[a]rtículo 292º.- Los servidores municipales son empleados públicos;
sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas
son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos
se precisará qué actividades pueden ser desempañadas por personas vinculadas
mediante contrato de trabajo”.
[67]
Ver, por ejemplo, la sentencia C-154 de 1997 (MP. Hernando
Herrera Vergara. Unánime), antes citada.
[68] (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime)
[69] Se
conserva la redacción original.
[70]
Eventualmente, se exceptúa el procedimiento penal de carácter acusatorio, por
razones asociadas a las garantías penales del procesado, aspecto sobre el que
no gira esta controversia.
[71]
Sentencia T-264
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Regla igualmente seguida en las
sentencias T-893
de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[72] En un sentido similar en la sentencia
T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se advirtió respecto a la
objeción de la posible parcialización del juez al usar las facultades oficiosas
en el decreto de pruebas, que “desde el punto de vista de la Constitución
Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del
juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del
proceso’ (…) 5.5 Ahora bien, específicamente respecto a las facultades del
juez laboral como director del proceso, el artículo 7º de la ley 1149 que
reformó el artículo 48 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social,
estableció que “el juez asumirá la dirección del proceso adoptando las
medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y
el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.”
[73] Sentencia T-363 de 2013.