T-081-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-081/15
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA DE MIEMBROS DE
COMUNIDAD INDIGENA-Madre
en representación de hijo indígena, privado de la libertad
En los casos en los que se encuentren involucrados los
derechos de indígenas individualmente considerados o de las comunidades a las
que ellos pertenecen, la valoración de las reglas para la procedencia de la
agencia oficiosa debe responder a una visión más flexible del asunto, de manera
que ellas no se constituyan en un obstáculo para que sea posible acceder al
amparo de los derechos fundamentales que estén siendo amenazados o conculcados.
Ello, sin perjuicio de que, en todo caso, sea menester que se cumplan los
requisitos de la legitimación para proponer la acción de tutela.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
JURISDICCION INDIGENA-Criterios para determinar la competencia
ELEMENTOS DE LA JURISDICCION INDIGENA-Territorial, personal, institucional y
objetivo
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
violación directa de la Constitución, por cuanto se asignó competencia para
conocer denuncia penal en contra de indígena, a la jurisdicción ordinaria
cuando correspondía a la jurisdicción indígena
La Sala considera que la sentencia que se
acusa adolece de un defecto por violación directa de la Constitución, al haber
asignado la competencia para conocer de la denuncia penal formulada en contra
del indígena a la jurisdicción ordinaria, a pesar de que se cumplen todas las
condiciones para que ella sea llevada al conocimiento de las autoridades
indígenas del Cabildo Menor de Achiote. Específicamente, si bien la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reconoció la
existencia de la jurisdicción indígena, le dio a la norma constitucional de la
cual ella se deriva un alcance limitado e insuficiente, lo cual da lugar a la
configuración del defecto señalado.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA DE MIEMBROS DE
COMUNIDAD INDIGENA-Improcedencia
por cuanto no está acreditada la representación legal del accionante
Referencia: Expedientes T-4.549.923 y
T-4.561.012
Acciones de tutela instauradas por MSBR, actuando como agente oficioso de su hijo OMMB, y por RJPM.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos
mil quince (2015)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de
tutela dictados dentro de los expedientes de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Aclaración preliminar
Teniendo en cuenta que los procesos que
aquí se analizan se relacionan con la posible configuración de conductas
punibles en contra de la integridad de menores de edad, la Sala, como medida de
protección de la intimidad de las afectadas, ordenará la supresión en esta
providencia y en toda futura publicación de ella de los datos que permitan su
identificación[1].
Por tal razón, los nombres de los sujetos
aquí involucrados serán reemplazados por las letras iniciales de los mismos.
2.
Expediente
T-4.549.923
El 25 de marzo de 2014, la señora MSBR, actuando como agente oficiosa de su hijo OMMB, formuló acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez
natural, a la diversidad cultural, a la autonomía jurisdiccional y a la
integridad étnica y cultural, con base en los siguientes,
2.1.     Hechos
2.1.1. OMMB,
de 26 años, es miembro de la etnia indígena Zenú e integrante y residente del
Cabildo Menor Achiote, el cual hace parte del Resguardo Indígena de San Andrés
de Sotavento, Córdoba - Sucre.
2.1.2. Según indica la señora MSBR en el escrito de
tutela, su hijo inició una relación de noviazgo con una joven indígena, que
para ese momento tenía 12 años de edad, la cual contaba con la aprobación y
consentimiento de sus padres, salvo por “una pequeña oposición por parte de
la madre de [la menor], debido a la diferencia de edad que existe entre su hija
y mi hijo […]”[2].
2.1.3. El 16 de noviembre de 2012, OMMB y la joven suscribieron un Acta de Convivencia ante
el Cabildo Mayor Regional del Resguardo, en la cual manifestaron “su
decisión espontánea, libre y voluntaria de comprometerse en convivencia
marital, como pareja”. Allí, el representante del Resguardo indicó que “[…]
de acuerdo a nuestros usos y costumbres y el derecho de propio, damos fe, y
validamos la decisión libre y espontánea de los interesados indígenas zenues de
convivir como pareja, y observar buen comportamiento, ayuda mutua, y
solidaridad en la formación de su hogar”[3].
2.1.4. Sin embargo, el 23 de febrero de 2013, la madre de la
menor interpuso una denuncia penal en contra del señor OMMB, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de
14 años, originada en el hecho de que, según el relato de su hija, ella habría
sostenido relaciones sexuales con el joven.
2.1.5. De la denuncia conoció la Fiscalía Quinta Seccional
Caivas, quien encontró mérito para presentar acusación en contra del imputado y
ordenar su captura.
2.1.6. El 28 de junio de 2013, el señor OMMB fue aprehendido mientras se encontraba trabajando en
territorio del Resguardo. Al día siguiente, se realizó la audiencia de
legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Sincelejo
con función de control de garantías.
2.1.7. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sincelejo. El 18 de septiembre de 2013 se realizó la
audiencia de acusación, en la cual el defensor del procesado cuestionó la
competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de este caso, ya que tanto
la víctima como el acusado son indígenas, y los hechos ocurrieron dentro del
territorio donde ejerce jurisdicción el Resguardo. Adicionalmente, el defensor
adujo que, conforme a sus usos y costumbres, la comunidad celebró una reunión
el 9 de julio de 2013, en la que “se pudo aclarar todos los hechos que
motivaron la denuncia de la madre de la menor víctima y se llegó a un acuerdo,
a efectos de obtener la libertad del joven imputado”. En consecuencia, el
defensor solicitó que las diligencias fueran remitidas a las autoridades
indígenas para que fueran ellas las que conocieran de este asunto.
2.1.8. El juzgado de conocimiento, decidió no aceptar los
argumentos del defensor del imputado, bajo la consideración de que “existe
un derecho preferente en la Constitución para los menores el cual prevalece
sobre el derecho del pueblo indígena para asumir el conocimiento del asunto,
por la entidad del delito”; además, a su juicio, “no está probado que
existe una autoridad judicial dentro del Cabildo que pueda conocer del asunto
puesto en conocimiento de la Jurisdicción Penal Ordinaria, ya que sus funciones
son eminentemente administrativas más no judiciales; y a pesar del acta de
convivencia marital de la pareja no está probado que conforme a los usos y
costumbres de la comunidad indígena las mujeres mayores de 12 años pueden
contraer matrimonio”[4].
Adoptada esa decisión, el juez procedió a remitir el expediente a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que
definiera el conflicto de competencia positivo planteado.
2.1.9. Recibido el expediente, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del
18 de diciembre de 2013, decidió asignar la competencia para conocer de este
proceso a la jurisdicción ordinaria penal, bajo la consideración de que, si
bien los sujetos involucrados son indígenas y la conducta delictiva habría sido
cometida en su territorio, el hecho de que el sujeto pasivo sea una menor de
edad y el tipo de delito de que se trata, hacen que el conocimiento de la misma
deba ser de la justicia ordinaria. Adicionalmente, para la Sala, el imputado “comprendió
la ilicitud de su comportamiento conforme al ordenamiento nacional, conducta
punible que, por su misma naturaleza, no puede tener ninguna protección fundada
en la condición de indígena […]”. Por último, sostuvo que aun cuando en
algunas comunidades indígenas las niñas mayores de 12 años son hábiles para
vivir en pareja y constituir familias, en este caso no se probó que esa sea la
tradición del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento.
2.2.
Fundamentos de la acción y
solicitud
La señora MSBR,
actuando como agente oficiosa de su hijo OMMB, interpone
la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez natural, a la diversidad
cultural, a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural, los
cuales estima vulnerados por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
autoridad judicial que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2013, decidió asignar
la competencia para conocer del proceso penal que se adelanta en contra de su
hijo, a la jurisdicción ordinaria.
De acuerdo con la agente oficiosa, con esta decisión
el Consejo Superior desconoció que las autoridades del Resguardo son las
competentes para resolver la situación del joven OMMB, ya que:
(i) tanto él como la supuesta víctima del delito son indígenas; (ii) la
conducta tuvo lugar en territorio de la comunidad sin que ésta produjera efectos
fuera del Resguardo, y (iii) los hechos en los que se funda la denuncia no constituyen,
en realidad, una vulneración de sus usos y costumbres.
Además, considera irregular el hecho de que no se hubiere
consultado previamente con el Resguardo la pertinencia de proferir una orden de
captura y la circunstancia de que, al ordenarse la reclusión del implicado en
un establecimiento carcelario, tampoco se hubiere tenido en cuenta su condición
de indígena. A su juicio, tampoco fue escuchado “el clamor de la comunidad
del cabildo achiote que da testimonio de la conducta de [OMMB]”.
Sobre las acusaciones que se han
efectuado en contra de su hijo, indica que la relación que él sostenía con la
menor era fruto de la libre voluntad de ambos jóvenes, para quienes la
diferencia de edad no constituía un impedimento para “continuar su relación
sentimental y vivir juntos libres y espontáneamente como pareja y ayudarse mutuamente
de acuerdo con los usos y costumbres de nuestra etnia”[5]. Según aduce,
es la madre de la joven la que, si bien estuvo de acuerdo con el noviazgo
inicialmente, luego pareció no consentir en él, por lo que “con engaños y
artimañas” se llevó a la menor de la casa en la que convivía con OMMB
y la entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por lo demás, aduce que es su hijo quien
vela por su manutención y la de su esposo, ya que ninguno de los dos está en condiciones
de trabajar por razones de edad y enfermedad.
En consecuencia, la actora pretende que “se asigne
la competencia para conocer y ser juzgado conforme a las leyes indígenas y si
fuere el caso de cumplir una pena privativa de la libertad que sea en el
resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, jurisdicción del
municipio de Sampués – Sucre […]”[6].
2.3.
Intervención de los demandados
Mediante auto de 26 de marzo de 2014, la Sala Segunda
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, Sincelejo, decidió
admitir la acción de tutela formulada por la señora MSBR. Además, dispuso notificar de esta decisión a la autoridad judicial accionada
y vincular a este trámite al Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, a
la Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional de Fiscalías de
Sincelejo, y al Capitán del Cabildo Menor Indígena de Achiote.
2.3.1. Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo
En respuesta a la acción de tutela, el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sincelejo hizo un breve recuento de las actuaciones
procesales que han tenido lugar en este caso, para luego afirmar que todas
ellas se han adelantado conforme a las normas aplicables, de manera que no
puede considerarse que se ha presentado una vulneración de los derechos
fundamentales del procesado. Además, a su juicio, el hecho de que la denuncia haya
sido formulada ante la jurisdicción ordinaria implica que se está frente a una “exclusión
de la aplicación del derecho propio reclamado por la actora”, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente.
2.3.2.
Fiscalía Quinta Seccional
Caivas, Sincelejo
La Fiscalía Quinta Seccional Caivas, sostiene que su
actuación en este asunto obedeció a la denuncia formulada por la madre de la
menor afectada, quien, a pesar de lo que se indica en la acción de tutela, no
estaba de acuerdo con la relación que sostenía su hija con el implicado.
Además, manifiesta que a lo largo del proceso la Fiscalía ha sido respetuosa de
los derechos y garantías fundamentales del implicado.
De otra parte, indica que si bien será el juez quien
deba determinar si hay lugar o no a aplicar la jurisprudencia constitucional
relacionada con la posibilidad de aplicar la autoridad indígena a casos como el
presente, en el que se debate un delito de naturaleza sexual contra una menor
de edad, debe tenerse en cuenta que “dentro de esa comunidad indígena no
gozan de esa protección los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
sexuales” y que no se demostró que en ella exista una tradición que permita
o avale este tipo de uniones.
2.3.3.
Cabildo Menor Indígena Zenú
Achiote
El Capitán del Cabildo Menor Indígena Zenú Achiote, perteneciente
al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, indica
que, de acuerdo con el artículo 246 de la Constitución Política y el Convenio
169 de la OIT, las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y de conformidad con
sus propias normas y procedimientos.
Sostiene que el caso del joven OMMB ya está siendo debatido por la comunidad, quien decidió iniciar una
investigación exhaustiva de los hechos que dieron origen a la denuncia, de
manera que de llegarse a encontrar que él incurrió en una conducta delictiva,
ésta sería censurada, reprochada y castigada, según sus leyes, usos y costumbres.
En este sentido, solicita que se amparen los derechos alegados
en el presente caso, de manera que se le asigne competencia a la jurisdicción indígena
para conocer de este asunto.
2.3.4.
Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
La Presidenta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, sostiene que la decisión acusada fue
adoptada con fundamento en las normas aplicables y en la jurisprudencia
existente sobre la materia. Adicionalmente afirma que, por regla general, las
providencias judiciales son inmodificables salvo que se configure una vía de
hecho, lo cual no tuvo lugar en este caso.
En consecuencia, solicita que sea denegado el amparo
tutelar deprecado.
2.4.
Pruebas relevantes
aportadas al proceso
a.
Copia del Acta de
Convivencia del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba,
Sucre, suscrita el 16 de noviembre de 2012[7],
así como del Acta de Convocatoria de ese mismo Resguardo, de fecha 8 de febrero
de 2014[8].
b.
Copia de la Certificación
suscrita por el Capitán del Cabildo Menor de Achiote, sobre la condición de
indígena de OMMB[9] y de su pareja menor de edad[10].
c.
Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora MSBR [11].
d.
Copia de una carta de
referencia personal suscrita por el Capitán del Cabildo Menor de Achiote, en la
que se refiere al buen comportamiento del señor OMMB dentro de la
comunidad[12].
e.
Copia del Registro
Civil de Nacimiento de OMMB [13].
f.
Copia de la sentencia
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el 18 de diciembre de 2013[14].
3.
Expediente
T-4.561.012
El 12 de junio de 2014, el señor RJPM, quien se identificó como Capitán del Cabildo de
Sabana Nueva -perteneciente al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba-,
formuló acción de tutela contra
el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, Regional Sincelejo, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con
base en los siguientes,
3.1.     Hechos
3.1.1. Ante el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún,
Córdoba, se venía adelantando un proceso penal en contra del señor AJPA,
indígena miembro del Cabildo de Sabana Nueva, por el delito de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años, al haber abusado sexualmente y de manera violenta
de una niña de 8 años de edad[15].
3.1.2. Por solicitud de la Fiscalía Seccional de Chinú,
Córdoba, el juzgado decretó la detención preventiva del imputado en la Cárcel
Nacional “La Vega” de Sincelejo.
3.1.3. El Defensor Público del señor AJPA, adscrito a
la Defensoría del Pueblo, solicitó al juzgado la remisión del proceso a la
jurisdicción indígena, teniendo en cuenta que tanto el implicado como la
víctima son indígenas y que la conducta a investigar tuvo lugar en el
territorio de esa comunidad[16].
3.1.4. Mediante providencia de 29 de abril de 2014, el
Juzgado Penal del Circuito de Sahagún acogió las razones aducidas por la
defensa del procesado y decidió que este asunto debía ser de conocimiento de
las autoridades indígenas. En consecuencia, dispuso:
“Primero.- Aceptar la competencia positiva
propuesta por el Dr. Rafael Ángel Mercado Hoyos, y en consecuencia, declarar
que este Juzgado no es competente para seguir conociendo de este proceso penal.
Segundo.- Ordenar que, una vez se comunique
el contenido de esta providencia, la carpeta contentiva de este proceso penal
junto con el acusado [AJPA], se pongan a disposición de la autoridad indígena
encargada de estos menesteres para lo de su cargo y ley. […]”[17].
3.1.5. El 30 de abril de 2014, el Juzgado Penal del Circuito
de Sahagún le dirigió un oficio al Director de la Cárcel Nacional “La Vega”,
mediante el cual le informó del contenido de la providencia señalada en el
numeral anterior y le solicitó proceder de conformidad.
3.1.6. A la fecha de interposición de la acción de tutela, el
INPEC no había dado cumplimiento a la decisión judicial.
3.2.
Fundamentos y solicitud
El señor RJPM, quien
dice actuar en su calidad de Capitán Menor del Cabildo de Sabana Nueva, perteneciente al Resguardo Indígena de
San Andrés de Sotavento, interpone la
presente acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa, los cuales estima vulnerados por el INPEC, entidad que no ha dado
cumplimiento a la providencia judicial que le ordenó poner a disposición de las
autoridades del Resguardo al indígena AJPA, a fin de que ellas adelanten el juicio que corresponda.
Por lo anterior, el actor pretende que se le ordene al
Instituto el cumplimiento inmediato de la providencia proferida el 29 de abril
de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, y que se sancione
disciplinariamente a la entidad por la violación de los derechos fundamentales
que se alegan vulnerados.
3.3.
Intervención de los
demandados
3.3.1. Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Sincelejo
La Directora (E) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Sincelejo, indicó que una vez se recibió el oficio remitido por el Juzgado
Penal del Circuito de Sahagún, donde se ordenaba poner al interno AJPA a disposición de las autoridades indígenas, se
realizó la consulta con la oficina de Asuntos Penitenciarios para “el
trámite respectivo relacionado con el traslado del interno para el Centro de
Reclusión y Resocialización Indígena Cacique Mexión”[18].
Sin embargo, esa oficina advirtió que el
centro de reclusión del Resguardo “no se adecua a los estándares fijados por
el INPEC”, por lo que no fue posible el traslado, aun cuando se aclara que
el interno podría solicitarlo nuevamente “para un pabellón del Orden
Nacional que cuente con un lugar para albergar internos con las condiciones
citadas (indígena) acompañando la petición de la respectiva certificación donde
conste que efectivamente es miembro de alguna comunidad indígena”[19].
Finalmente, indica que esta situación fue
puesta en conocimiento tanto del interno como del Juez Penal del Circuito de
Sahagún, del Cacique Mayor Regional y de la Procuradora Delegada para la
Prevención de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos- Grupo de Política Criminal y
Carcelaria.
En consecuencia, solicita que sea negada
la acción de tutela debido a que esa entidad ha dado respuesta oportuna a la “solicitud
de traslado del interno”.
3.3.2.
Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC
La Dirección General del INPEC- Grupo Tutelas,
sostiene que no es responsabilidad de esa entidad dar respuesta a la solicitud
relacionada con que se ponga a disposición de la autoridad indígena al imputado
AJPA, por lo que existe una falta de legitimación en la
causa por pasiva en el presente caso.
3.4.
Pruebas relevantes
aportadas al proceso
a.
Copia de la providencia
de 29 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún,
Córdoba[20].
b.
Copia del Oficio No.
260 de 30 de abril de 2014, expedida por el Juzgado Penal del Circuito de
Sahagún, Córdoba[21].
c.
CD que contiene la
audiencia de control de garantías, legalización de captura, formulación de
imputación y medida de aseguramiento en el caso del señor AJPA [22].
d.
Copia del Acta de
elección de los Cabildos Menores del municipio de San Antonio de Palmito,
Departamento de Sucre y San Andrés de Sotavento y Tuchín[23].
II.      SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
1.
Expediente T-4.549.923
1.1.
Sentencia de primera
instancia
El 3 de abril de 2014, la Sala Segunda de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Sucre decidió declarar improcedente la
acción de tutela formulada.
Para la Sala, el señor OMMB no se
encuentra en imposibilidad de ejercer personalmente la defensa de sus
intereses, de manera que no están dadas las condiciones para considerar
procedente la figura de la agencia oficiosa que pretende ejercer su madre. Así,
a pesar de que en distintos pronunciamientos jurisprudenciales se ha admitido
que terceros agencien derechos de los miembros de comunidades indígenas, es
necesario que, en todo caso, se demuestre que esto obedece a que el afectado no
puede hacerlo personalmente, lo cual no ocurre en el presente caso.
1.2.
Trámite surtido con
posterioridad al fallo de primera instancia
El 21 de abril de 2014, la señora MSBR impugnó el fallo proferido en primera instancia, sin efectuar
consideraciones adicionales.
Mediante Auto de 24 de abril de 2014, el a quo
rechazó el recurso formulado por considerarlo extemporáneo, ya que la
notificación a la parte actora se produjo el 8 de abril de 2014, de manera que
el término para presentar la impugnación habría vencido el día 11 de ese mismo
mes y año.
2.
Expediente T-4.561.012
2.1.
Sentencia de primera
instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de Tuchín, Córdoba,
mediante sentencia de 14 de agosto de 2014, decidió negar el amparo por estimar
improcedente la acción de tutela, ya que, para el a quo, el Capitán del
Cabildo de Sabana Nueva no está legitimado para actuar como agente oficioso del
joven AJPA, en tanto no se demostró que el afectado esté
imposibilitado para ejercer directamente la defensa de sus derechos[24].
Esta decisión no fue objeto de impugnación.
III.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitidos los expedientes en cuestión a esta
Corporación, la Sala de Selección número Diez, mediante auto de 20 de octubre de 2014, dispuso su revisión por la
Sala Tercera de la Corte Constitucional, y su acumulación para ser fallados en
una sola sentencia.
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer de la revisión
de los fallos proferidos en el trámite de las presentes acciones de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes.
2.
Problema jurídico
De acuerdo con lo descrito en el acápite de
antecedentes, corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales alegados por los tutelantes, al haber
adoptado decisiones que habrían comportado un desconocimiento de la competencia
de la jurisdicción indígena para la resolución de sus propios conflictos.
En el caso del expediente T-4.549.923, esa
vulneración se derivaría de la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de asignar competencia a
la jurisdicción penal ordinaria para conocer de un asunto que involucra a dos
miembros del Cabildo Menor de Achiote –Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de
Sotavento, Córdoba y Sucre–, y que tuvo lugar en territorio de la comunidad.
Por su parte, en el expediente T-4.561.012,
la violación de los derechos vendría dada por la falta de cumplimiento del
INPEC a una providencia judicial que le ordenó poner a disposición de las
autoridades indígenas del Cabildo Menor de Sabana Nueva –perteneciente al mismo
Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento–, a un recluso miembro de esa
comunidad, acusado de haber incurrido en un ilícito penal.
Teniendo en cuenta las particularidades de
cada uno de estos casos, y para efectos de dar solución a los mismos, la Sala reiterará
la jurisprudencia constitucional en relación con: (i) la agencia oficiosa en el
trámite de la acción de tutela, específicamente para el caso en el que los
afectados son indígenas; (ii) la procedencia excepcional del mecanismo de
amparo constitucional para controvertir sentencias
judiciales; y (iii) los criterios para la definición de competencia de la
jurisdicción indígena.
Finalmente, la Sala abordará el análisis de
los casos concretos.
3.
La agencia oficiosa en el
trámite de la acción de tutela; el caso de los miembros de las comunidades
indígenas
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos previstos en la ley. De acuerdo con
esta norma, ella puede ser ejercida por el propio afectado o por quien actúe en
su nombre.
En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, señala que la acción de tutela puede ser interpuesta directamente por
el afectado, a través de su representante legal o de su apoderado judicial, o,
en caso de que el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa,
por un tercero que agencie sus derechos. Esto último es lo que se conoce como
agencia oficiosa.
3.2. La figura de la agencia oficiosa, según lo ha
establecido la Corte Constitucional, encuentra fundamento “en la
imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa […]”[25].
Su propósito, es “evitar que, por la sola falta de legitimación para
actuar, en cuanto no se pueda acreditar un interés directo, se sigan
perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la
omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante que pesa sobre
ellos. Se trata una vez más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
por encima de formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia del
derecho sustancial, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la
Carta”[26].
Cuando la acción de tutela es interpuesta mediante
esta figura, la jurisprudencia constitucional ha exigido el cumplimiento de dos
requisitos para entender que, en efecto, están dadas las condiciones para
considerarla procedente. Estos son, de un lado “i) la necesidad de que el
agente oficioso manifieste explícitamente que está actuando como tal”, y,
del otro, “(ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en
condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio”[27].
Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que
la determinación de si, en un caso particular, se cumple con estos requisitos, no
puede quedarse en el plano de lo meramente formal, de manera que aun cuando en
el escrito de tutela no se haya hecho explícito el análisis sobre estas
exigencias, el juez constitucional tiene la obligación de valorar y sopesar las
circunstancias fácticas que rodean el asunto puesto a su consideración.
En este sentido, “[…] la Corte ha flexibilizado su
posición en torno a la necesidad de manifestar expresamente que se actúa como
agente oficioso y de enunciar las razones por las cuales el titular del derecho
no puede ejercer la acción por sí mismo y, ha dispuesto que en aquellos casos
en los que por razones físicas, mentales y síquicas, éste no pueda actuar por
sí mismo y no se ponga de presente ese hecho así como, el de actuar como agente
oficioso, el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los
motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro”[28].
Y sobre este mismo asunto, en la Sentencia T-1012 de
1999[29],
esta Corporación indicó:
“[…] son dos los requisitos exigidos para la
prosperidad de la agencia oficiosa: la manifestación de que se actúa como
agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover
directamente la acción constitucional. ¿Pero qué sucede si en el escrito de
tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de
personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta
sus derechos, circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el
caso sub examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se
concluye que se actúa en nombre de otro? Considera la Corte que al juez
constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una
interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección
efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente,
uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en
hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin de evitar que los
derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados
abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228.”.
De ahí que, a pesar de que en el escrito de tutela no
se hagan explícitos los motivos por los cuales se encuentra justificada la
figura de la agencia oficiosa, el juez constitucional debe analizar si se han
cumplido o no los requisitos previstos para el efecto, a la luz de las
circunstancias fácticas particulares de cada caso.
3.3. Ahora bien, cuando la acción de tutela involucra
derechos cuyo titular es un indígena o la comunidad indígena como tal, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que “los requisitos establecidos
para la representación de sus derechos se hacen menos exigentes, por cuanto al
pertenecer a un grupo de especial protección constitucional se justifica la
primacía del derecho sustancial sobre el formal y la aplicación del principio
de solidaridad y la eficacia de los derechos, circunstancia que le impone al
juez constitucional realizar una interpretación del escrito de tutela, en aras
de brindar una protección efectiva de los derechos fundamentales que se estiman
vulnerados y si lo considera pertinente vincular de manera oficiosa a los
directamente afectados en sus derechos fundamentales”[30].
Bajo ese entendido, la Corte ha avalado en reiteradas
oportunidades la agencia oficiosa a favor tanto de indígenas como de sus propias
comunidades.
En relación con lo primero, ese fue el caso de la
Sentencia T-669 de 2011[31],
en la cual la Sala Octava de Revisión se pronunció frente a la solicitud
elevada por una joven que, actuando como agente oficiosa de su padre indígena
Kankuamo que se encontraba privado de la libertad, interpuso acción de tutela
solicitando que se ordenara su traslado a otro centro de reclusión más cercano
a su familia y a su comunidad.
En esa oportunidad, aunque los jueces de instancia
consideraron que la hija del afectado no estaba legitimada para agenciar sus
derechos, la Sala estimó que sí lo estaba. De un lado, por su condición de
indígena y, del otro, por el estado de debilidad manifiesta en el que se
encontraba el padre, entre otras circunstancias, por el hecho de que estaba privado
de la libertad en un lugar de reclusión extraño a su condición indígena.
Y en cuanto a la posibilidad de agenciar los derechos
de la comunidad indígena como tal, cabe citar, a título de ejemplo, la Sentencia
T-979 de 2006[32],
en la cual algunos miembros del Resguardo Indígena de Muellamués de Guachucal,
Nariño, interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía de Guachucal por
considerar vulnerados los derechos del grupo étnico al que pertenecen.
En este caso, la Sala Segunda de Revisión consideró que
si bien ellos no ocupaban ningún cargo de representación dentro del Resguardo,
sí tenían legitimación para obrar en su nombre en atención a que los hechos del
caso daban cuenta de que, de alguna manera, la acción de tutela se dirigía a
cuestionar las actuaciones del Gobernador del Resguardo, de manera que
resultaba un contrasentido exigir que fuera él quien formulara el recurso de
amparo.
Así las cosas, en los casos en los que se encuentren
involucrados los derechos de indígenas individualmente considerados o de las
comunidades a las que ellos pertenecen, la valoración de las reglas para la
procedencia de la agencia oficiosa debe responder a una visión más flexible del
asunto, de manera que ellas no se constituyan en un obstáculo para que sea
posible acceder al amparo de los derechos fundamentales que estén siendo
amenazados o conculcados. Ello, sin perjuicio de que, en todo caso, sea
menester que se cumplan los requisitos de la legitimación para proponer la
acción de tutela.
4.     La procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; reiteración de jurisprudencia
Tal y como se
indicó en el numeral 3.1. de esta providencia, de acuerdo con el artículo 86 de
la Carta Política la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario cuyo
objeto es la protección de los derechos fundamentales de las personas, “cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública […]”.
A partir de
esta disposición, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente
que la acción de tutela procede también frente a actuaciones u omisiones de los jueces en las que terminen siendo vulnerados derechos
fundamentales[33].
Sin embargo,
dicha procedencia, como también lo ha indicado la propia Corte, es excepcional,
de manera que no en todos los casos podrá acudirse al mecanismo de amparo
constitucional, lo cual encuentra fundamento, en primer lugar, en el propio
texto de la
Constitución Política, en cuyo artículo 86 –atrás señalado– se establece que
a la acción de tutela solo podrá acudirse “cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que […] se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”. En este sentido, en
tanto todos los procesos judiciales son, en sí mismos, medios de defensa de los
derechos de las personas y, por esa misma circunstancia, cuentan con mecanismos
para controvertir las actuaciones de la autoridad judicial, el afectado deberá
acudir a ellos a efectos de hacer valer sus intereses. Y, en segundo término, también
se funda en la necesidad de garantizar el respeto por los principios de la cosa
juzgada de las decisiones judiciales, la seguridad jurídica y la autonomía e
independencia de la que gozan las autoridades jurisdiccionales.
A
este específico asunto se refirió la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005:
“[…]
el panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no procede
contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre ellos, en
primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público inherente a un régimen democrático.”[34]
En este
escenario, es claro que el juez constitucional no puede terminar suplantando o
desplazando al juez ordinario en el estudio de los asuntos que, por su
naturaleza, le competen, ni tampoco anulando decisiones que no comparte o
imponiendo su personal interpretación de las normas aplicables conforme al
material probatorio del caso. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que “se
trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando
todos los recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un
proceso judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No
se trata entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas
que integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”.[35]
Con
fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
que la acción de tutela contra providencias judiciales procede si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos; unos de carácter general, que habilitan la
viabilidad procesal del amparo, y otros de carácter específico, que determinan
su prosperidad.
Así, en
la Sentencia C-590 atrás citada se determinaron como requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en estos casos los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[36]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[37]. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[38].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[39]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[40].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[41]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
sala respectiva, se tornan definitivas.”
Ahora bien, si
en el caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos
genéricos, será necesario entonces acreditar, además, que se ha configurado alguna
de las denominadas causales especiales de procedibilidad, que constituyen
defectos o vicios en los que puede incurrir la autoridad judicial al momento de
proferir sus decisiones. Ellos también fueron sintetizados en la sentencia de
constitucionalidad en cuestión así:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[42] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[43].
i.
Violación directa de la Constitución. […]”
En suma, la
acción de tutela contra providencias judiciales es procedente de manera
excepcional, cuando se cumplen los requisitos generales para su procedibilidad
y se configura alguna de las causales específicas definidas por esta
Corporación.
5.     Criterios para la definición de competencia de
la jurisdicción indígena
El artículo 246 de la Constitución Política
prevé la existencia de la jurisdicción especial indígena en los siguiente
términos: “[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
Al analizar el alcance de la citada
disposición, la Corte Constitucional ha determinado que su contenido normativo
comprende los siguientes elementos: [i] la posibilidad de que existan
autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, [ii] la
potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, [iii] la
sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, [iv] y
la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional”[44]. Los dos
primeros, conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas,
mientras que los dos segundos, constituyen los mecanismos de integración de los
ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento
nacional.
De esta manera, por expreso mandato
constitucional, las comunidades indígenas que cuenten con autoridades
judiciales y procedimientos propios, tienen autonomía para ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial.
Tal y como lo ha sostenido esta
Corporación, aun cuando el constituyente previó la necesidad de que el
legislador expidiera una ley en la que se establecieran las formas de
coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial
nacional, en la práctica esta tarea ha resultado particularmente difícil, ya
que ella supone “un acuerdo sobre cómo decidir las controversias acerca de si se
presentan o no los elementos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción
especial indígena; y esos mecanismos deben ser apropiados para todas esas
comunidades, y aceptables desde su forma de ver el derecho”[45]. Ello podría explicar por qué, para este
momento, dicha norma no ha sido aún expedida.
No obstante, la Corte Constitucional ha
señalado que la existencia de esa ley no puede ser una condición necesaria para
el ejercicio de la jurisdicción por parte de las autoridades tradicionales,
sobre todo al existir un reconocimiento constitucional de su autonomía en esta
materia.
Por tal razón, esta Corporación ha fijado
una serie de criterios para efectos de dar aplicación al artículo 246 de la
Carta Política. Se trata, en particular, de unos elementos que permiten
resolver los conflictos de competencia que pueden presentarse entre la
jurisdicción especial indígena y el sistema jurídico nacional, los cuales, de
manera general, pueden sintetizarse de la siguiente manera[46]:
a.
El elemento personal:
implica que el acusado de un hecho punible o socialmente nocivo, pertenezca a
una comunidad indígena.
Alrededor de este asunto, se han
establecido dos supuestos de hecho:
“(i) si el indígena incurre en una conducta
sancionada solamente por el ordenamiento nacional ‘en principio, los jueces de
la República son competentes para conocer del caso. Sin embargo, por
encontrarse frente a un individuo culturalmente distinto, el reconocimiento de
su derecho al fuero depende en gran medida de determinar si el sujeto entendía
la ilicitud de su conducta’;
(ii) si el indígena incurre en una
conducta sancionada tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción
indígena, el intérprete deberá tomar en cuenta ‘(i) la conciencia étnica del sujeto
y (ii) el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece. Ello en aras
de determinar la conveniencia de que el indígena sea procesado y sancionado por
el sistema jurídico nacional, o si corresponde a su comunidad juzgarlo y
sancionarlo según sus normas y procedimientos’.”[47]
b.
El
elemento territorial: surge del propio artículo 246 de la Constitución
Política, el cual establece que la comunidad podrá aplicar sus usos y
costumbres dentro de su propio ámbito territorial.
Aquí también se han
previsto dos criterios de interpretación:
“(i) La noción de territorio no se agota
en la acepción geográfica del término, sino que debe entenderse también como el
ámbito donde la comunidad indígena despliega su cultura;
(ii) El territorio abarca incluso el
aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo: ‘Esto quiere decir que
el espacio vital de las comunidades no coincide necesariamente con los límites
geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos
límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales’.”[48]
c.
El elemento
institucional u orgánico: implica verificar si al interior de la comunidad
indígena existe un sistema de derecho propio conformado por usos y costumbres
tradicionales, y una serie de procedimientos conocidos y aceptados por la
comunidad.
Se ha entendido que este elemento está
compuesto, a su vez, por tres criterios de interpretación relevantes: “La Institucionalidad es presupuesto esencial para la
eficacia del debido proceso en beneficio del acusado; la
conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales en materia de resolución
de conflictos[49] y la satisfacción de los derechos de las víctimas.”[50]
d.
El elemento objetivo: se refiere a
la naturaleza del bien jurídico presuntamente afectado. Concretamente, impone
analizar si éste es de interés de la comunidad indígena o de la sociedad
mayoritaria.
Los criterios anteriormente señalados se
encuentran íntimamente relacionados, de manera que, en cada caso, el juez debe
efectuar una evaluación que los involucre a todos y que, de esta manera,
permita responder de garantizar los derechos de todos los involucrados en el
asunto.
En todo caso, importa resaltar el hecho de
que, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la
procedencia del fuero también está sujeta a la voluntad de la autoridad
indígena de conocer del respectivo asunto, lo cual encuentra justificación en
la necesidad de garantizar el respeto por la autonomía de la comunidad
respectiva. Así, en relación con este asunto, esta Corporación ha indicado que “[t]ratándose
de la jurisdicción indígena, el fuero especial no opera por el solo ministerio
de la ley, porque a las condiciones objetivas para que proceda el mismo debe
agregarse la manifestación de voluntad de una autoridad tradicional competente
por el factor personal y territorial, para asumir el conocimiento del caso. En
ausencia de tal manifestación, el juez ordinario no pierde la competencia para
conocer del asunto”[51].
Finalmente, debe indicarse que, en los
términos del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, le corresponde a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, “dirimir
los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y
entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya
atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo
114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos
salas de un mismo Consejo Seccional”. No obstante, de manera excepcional la
Corte Constitucional ha intervenido también en esta materia, como intérprete
autorizado de la Constitución Política y órgano de cierre en relación con los
derechos constitucionales[52].
Con
fundamento en estas consideraciones, pasa la
Sala a efectuar entonces el análisis de los casos concretos.
6.     Casos concretos
6.1.
Expediente
T-4.549.923
La señora MSBR,
actuando como agente oficiosa de su hijo OMMB,
interpone la presente acción
de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, por considerar que esa autoridad vulneró los
derechos fundamentales de su hijo a la dignidad humana, al buen nombre, al
debido proceso, al juez natural, a la diversidad cultural, a la autonomía
jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural.
Dicha vulneración deviene, según aduce, del hecho de que se hubiere asignado la competencia
para conocer del proceso penal que se adelanta en contra de su hijo a la
jurisdicción ordinaria, a pesar de que las condiciones particulares de este
asunto exigen que sea llevado al conocimiento de las autoridades indígenas.
Las entidades que fueron vinculadas a este trámite indicaron,
de manera general, que el hecho de que estén involucrados los derechos de una
menor de edad y circunstancias como que, a su juicio, la comunidad no cuenta
con las condiciones necesarias para adelantar el juicio respectivo, hacen que
el asunto deba ser dirimido por la jurisdicción ordinaria penal.
Por su parte, la autoridad judicial que conoció de
esta acción de tutela consideró que la señora MSBR no está legitimada para agenciar
los derechos de su hijo, ya que no se demostró que él estuviera imposibilitado
para defender sus intereses de manera personal.
6.1.1. De esta manera, el primer asunto que debe
resolver la Sala es si en este caso la accionante está o no facultada para
actuar como agente oficiosa de su hijo OMMB, quien
se encuentra privado de la libertad.
Lo primero que debe indicarse es que, de acuerdo con
la información que obra en el expediente, la señora MSBR interpone esta
acción de tutela en procura de obtener el amparo de los derechos de su hijo y
no de los de la comunidad indígena a la cual pertenece. De esta manera, la
agencia oficiosa que pretende ejercer está relacionada con la situación
personal de OMMB.
Ahora bien, tal y como se indicó en el acápite de
consideraciones generales de esta providencia, la procedencia de esta figura
exige del cumplimiento de dos requisitos; de un lado, que la persona que
interponga la acción de tutela manifieste expresamente que está actuando en su
calidad de agente oficioso, y, del otro, que el titular de los derechos no se
encuentre en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses a nombre
propio.
Pues bien, sobre la primera exigencia, la señora MSBR, en efecto, adujo de manera explícita que actúa como agente oficiosa
de su hijo, de manera que ella se encuentra cumplida.
Sobre la segunda, que el a quo consideró
fallida, debe anotarse que en este caso están involucrados los derechos de una
persona que hace parte de un grupo que, por mandato de la Carta Política, es
sujeto de especial protección constitucional, lo cual implica que el Estado
tiene el deber de propender por el aseguramiento de sus garantías fundamentales
de manera privilegiada y principal.
En efecto, el señor OMMB es indígena,
miembro del Cabildo Menor de Achiote, parcialidad adscrita al Resguardo
Indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, condición que se
encuentra debidamente acreditada en el expediente por Certificación que
expidiera el Capitán del Cabildo al cual pertenece[53].
Debe tenerse en cuenta, también, que se trata de una
persona que está privada de la libertad, situación que si bien no implica per
se que el afectado esté imposibilitado para actuar en defensa de sus
derechos, constituye una limitación para el acceso y ejercicio de los mecanismos
previstos en el ordenamiento para tal fin, máxime cuando, como en este caso,
esa reclusión tiene lugar en un establecimiento que resulta extraño a su
condición indígena.
Por último, es importante señalar que su condición de
indígena si bien, por supuesto, no puede ser considerada como una restricción
de tipo físico o psíquico para asumir directamente la defensa de sus derechos,
sí lo hace partícipe de una cosmovisión distinta que se proyecta sobre todos
los ámbitos de la vida en sociedad y que le otorga un particular entendimiento
de las situaciones que se presentan, lo cual implica que, en el marco de los
procesos judiciales, es posible que se presenten dificultades adicionales para
el ejercicio adecuado de los instrumentos previstos en defensa de sus garantías
individuales, dificultades relacionadas, fundamentalmente, con la comprensión
de los trámites y diligencias previstas en las leyes nacionales para tales
efectos.
Por todo lo anterior, la Sala estima que en este caso
la señora MSBR sí
se encuentra legitimada para actuar como agente oficiosa de su hijo, quien se
encuentra privado de la libertad y tiene la condición de indígena, activo
miembro de su comunidad.
6.1.2. Establecido lo anterior, pasa la Sala a
analizar el cumplimiento de los requisitos previstos para la procedencia de la
acción de tutela en contra de sentencias judiciales.
6.1.2.1. Análisis de cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad
i) Con
respecto al primer requisito, esto es, el relacionado con la necesidad de que
el caso plantee un asunto de relevancia
constitucional, la Sala encuentra que esta exigencia se cumple en la presente
tutela.
En efecto, se
trata de verificar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez
natural, a la diversidad cultural, a la autonomía jurisdiccional y a la
integridad étnica y cultural del señor OMMB, al desconocer
que es la jurisdicción indígena la competente para juzgar si él ha cometido el
delito que se le imputa.
En este
escenario, el caso plantea un debate de rango constitucional, que justifica que
el juez de tutela proceda con su estudio.
ii) En cuanto
al segundo requisito, esto es, que se hayan agotado todos los medios ordinarios
de defensa judicial con los que contaba el afectado para la promoción de sus
intereses, la Sala encuentra que la accionante no tiene otro mecanismo de
defensa que le permita solicitar la protección del derecho que estima
conculcado, ya que la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no es susceptible de
recurso alguno. Así las cosas, este requisito también se encuentra cumplido.
iii) En relación con el requisito de inmediatez, se
tiene que la providencia judicial que se acusa fue proferida el 18 de diciembre
de 2013, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 25 de marzo de
2014, es decir, pasados apenas tres meses. En consecuencia, se cumple con el
requisito de inmediatez en la interposición de la demanda de amparo.
iv) En cuarto lugar, y en cuanto a la necesidad de
que, de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga efecto decisivo en
la sentencia que se impugna, debe decirse que en este caso la acusación no se
relaciona directamente con una falla de procedimiento, sino con el hecho de que
la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció la autonomía de la comunidad indígena,
específicamente, en el ámbito relacionado con la posibilidad de ejercer
jurisdicción en los asuntos que le conciernen.
En ese sentido, lo que se debate es tanto el sentido
como el sustento de una providencia judicial y no un error de procedimiento que
vicie el proceso respectivo.
v) En relación con el quinto requisito, este es, que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se estiman vulnerados, la Sala encuentra que la accionante sí cumplió con esa
exigencia, al señalar la situación fáctica que tuvo lugar en este caso y el
derecho que considera conculcado.
vi) Finalmente, las sentencias que aquí se acusan no
son sentencias de tutela.
En consecuencia, fueron acreditados todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que han sido determinados por la jurisprudencia constitucional.
6.1.2.2. Análisis
de cumplimiento de las causales especiales de procedibilidad
Establecido el cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedibilidad de la acción de tutela, se impone entonces la
verificación de que haya tenido lugar alguna de las causales especiales para la
procedencia de este mecanismo de amparo.
Sobre este asunto, si bien la parte actora no efectuó
una caracterización concreta de cuál es el defecto específico que se le endilga
a la providencia acusada, a partir de las alegaciones plantadas es posible
concluir que el desconocimiento de la norma constitucional que establece la
jurisdicción indígena y el consiguiente desconocimiento de los derechos de
quienes se ven afectados por esa situación, comporta un defecto por violación
directa de la Constitución.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
este defecto se funda en la obligación que les asiste a todas las autoridades
judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo
4° de la Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de normas”,
por lo que, “[e]n todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
La procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, fue
concebida, inicialmente, como un defecto sustantivo. Así se indicó en la Sentencia
SU- 1722 de 2000, en la cual la Sala Plena analizó las acciones de tutela
formuladas en contra de providencias proferidas por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se les había agravado la
pena impuesta a unos apelantes únicos, argumentando que todos ellos concurrían al
recurso de apelación. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que “se aprecia
un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan
en la sumisión de la no reforma en peor frente al principio de legalidad, lo
cual resulta evidente inaplicable. En este sentido, el error superlativo en que
incurrieron las autoridades demandadas consistió en el desconocimiento del
principio constitucional consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la
Constitución”.
Con posterioridad, algunas decisiones adoptadas por
Salas de Revisión[54]
se refirieron, de manera independiente y autónoma, al defecto derivado del
desconocimiento de una norma constitucional aplicable al caso concreto, hasta
que, finalmente, en la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corte
Constitucional se refirió expresamente al defecto por violación directa de la
Constitución, como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.
Esta Corporación se ha referido a algunos eventos en
los cuales puede entenderse que ha tenido lugar el defecto señalado. Así, ha
indicado que “el desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al
menos, en dos clases de casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben
ser extraídos de su texto son por completo desobedecidos y no son tomados en
cuenta, en el razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii)
cuando las reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al
menos implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance
insuficiente.”[55]
En el presente asunto, el defecto por
violación directa de la Constitución vendría dado por el desconocimiento del
contenido del artículo 246 de la Carta Política, el cual establece que las
autoridades indígenas tienen autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su propio territorio. El defecto se enmarcaría entonces en el segundo
supuesto indicado en el párrafo anterior, ya que, si bien la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reconoció la
existencia de la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, le
habría dado un alcance insuficiente a la prescripción constitucional para el
caso concreto.
En ese sentido, a fin de determinar si en
el presente asunto se configuró el defecto en cuestión, se hace necesario
verificar si están dados los presupuestos necesarios para resolver a favor de
las autoridades indígenas el conflicto de competencia que se presentó en relación
con el conocimiento de la denuncia formulada en contra del señor OMMB. En consecuencia, pasa la Sala a establecer si están
presentes los elementos previstos en la jurisprudencia constitucional para
tales efectos:
a.
El elemento personal:
Como se indicó en el aparte de
consideraciones generales de esta providencia, este elemento exige que el
acusado del hecho punible o socialmente nocivo pertenezca a una comunidad
indígena.
En este caso, esto se encuentra plenamente
acreditado a través de tres certificaciones que obran en el expediente, en las
que el Capitán del Cabildo Menor de Achiote hace constar que el señor OMMB, “es indígena, miembro del Cabildo Menor de
Achiote, vive, hace parte y se encuentra inscrito en el censo de esta
parcialidad adscrito al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y
Sucre”[56].
Y así también lo pudo constatar la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, a cuya consideración se le presentó un censo
del Cabildo Menor de Achiote en el que figura el accionante.
Sobre este particular en la providencia que aquí se
analiza, la autoridad accionada manifestó encontrar probado que el señor OMMB es indígena.
Sin embargo, también sostuvo que en este caso “es indudable que el sindicado
ha tenido contacto permanente con la cultura mayoritaria”, y que, por
tanto, “es una persona que puede diferenciar y comparar la particular
cosmovisión de los indígenas”. A partir de esas consideraciones, concluyó
que, en tanto el implicado comprendió la ilicitud de su comportamiento conforme
al ordenamiento nacional, su conducta “no puede tener ninguna protección
fundada en la condición de indígena, habida cuenta que la jurisdicción especial
fue erigida para mantener la identidad, costumbres y tradiciones de pueblos
debidamente asentados […]”.
Con estas afirmaciones, parecería que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dio aplicación
a la regla prevista por la jurisprudencia constitucional, según la cual es
posible desvirtuar el elemento personal cuando “las circunstancias del caso concreto permiten
determinar que la persona ha sufrido un proceso de pérdida de identidad
cultural o ‘aculturación’, siempre que esa situación tenga incidencia en el
hecho punible (o nocivo) investigado”[57].
Sin embargo, la Sala encuentra que en la sentencia
acusada la autoridad no señaló cuáles son las razones que la llevan a afirmar
que el investigado ha sufrido, en efecto, un proceso de pérdida de su identidad
indígena, ni cuáles los elementos a partir de los cuáles llega a tal conclusión,
sino que se limitó a afirmar, de manera general, que OMMB ha tenido
contacto con la cultura mayoritaria.
A este respecto, debe indicarse que la
Corte Constitucional, con apoyo en diversos instrumentos internacionales y, en
particular, en el Convenio 169 de la OIT, ha señalado que en la definición de
la identidad indígena confluyen dos factores esenciales; de un lado, la
consideración del individuo como indígena, y, del otro, el reconocimiento de su
comunidad como un miembro de ella[58].
En este caso, como atrás se indicó, estos
dos elementos se encuentran probados mediante las certificaciones a las que
atrás se hizo referencia, de manera que su condición étnica solo podría ser
desvirtuada por medio de pruebas que demostrarán que él efectivamente no tiene
correspondencia con la comunidad a la que pertenece, y no, simplemente, a
partir de la afirmación de una interacción accidental que puede haber tenido
con la cultura mayoritaria.
En consecuencia, las razones aducidas por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para desvirtuar el cumplimiento del
elemento personal en el presente caso, no resultan de recibo.
Finalmente, cabe señalar que la menor que
supuestamente fue víctima del delito que se le imputa al señor OMMB, también hace parte de esa misma comunidad, tal y
como lo certificó el Capitán del Cabildo.
b.
El elemento
territorial:
Este elemento implica que la comunidad
podrá aplicar sus usos y costumbres dentro de su ámbito territorial, concepto
que, como lo ha definido la jurisprudencia, no solamente se agota en una
acepción geográfica, sino que puede extenderse a otros lugares en donde el
grupo desarrolla su cultura.
En este caso, la relación sentimental o de
noviazgo que mantuvieron el implicado y la menor se presentó al interior de la
comunidad y en territorio. Por su parte, los hechos que dieron lugar a la
investigación penal que se sigue en contra del señor OMMB habrían
tenido lugar en cercanías de la Finca Santa Teresa del municipio de Sampués,
Sucre, el cual se encuentra reconocido como parte integrante del territorio de
la comunidad, según lo constató la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, este requisito también se
encuentra cumplido.
c.
El elemento
institucional u orgánico:
Se refiere a que exista una
institucionalidad al interior de la comunidad indígena, que se encuentre
estructurada a partir de un sistema de derecho propio conformado por los usos y
costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados por la
comunidad.
El elemento institucional, según lo ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, implica (i) la existencia de
usos y costumbres, autoridades tradicionales y procedimientos propios para
adelantar un juicio en la comunidad indígena; (ii) que permita acreditar que
las autoridades tradicionales poseen cierto poder de coerción para aplicar la
justicia propia. Además, este elemento se relaciona con la protección del
derecho fundamental al debido proceso del investigado y con la necesidad de
garantizar la eficacia de los derechos de las víctimas.
En la providencia acusada, el Consejo
Superior de la Judicatura no efectuó un análisis de cumplimiento de este
elemento. De hecho, al momento de establecer las reglas de decisión para la
definición de competencia en materia de conflictos de la jurisdicción indígena,
la autoridad solo hizo referencia a los elementos personal, territorial y
objetivo, lo cual comporta un desconocimiento de la jurisprudencia
constitucional en esta materia.
No obstante lo anterior, y a pesar de
haberse omitido el análisis en concreto del elemento mencionado, en la
sentencia se indicó que en este caso no se había probado que el Resguardo tenga establecidas disposiciones que
le permitan investigar, juzgar y tomar decisiones en relación con los hechos que
dieron lugar a la investigación penal.
Sin embargo, la Sala encuentra que en el expediente
existen diversos elementos que dan cuenta de que el Cabildo Menor de Achiote,
como parte integrante del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento,
Córdoba y Sucre, sí cuenta con una organización jurídica que incluye la
existencia de unas autoridades propias y de un sistema de justicia particular.
En efecto, el Capitán del Cabildo Menor de Achiote manifestó
que la comunidad ya se ha reunido en distintas oportunidades para analizar el
caso del indígena OMMB y
que, teniendo en cuenta que “los pueblos indígenas tenemos un sistema
jurídico propio”, las autoridades decidieron que se daría inicio a una
investigación exhaustiva de los hechos que dieron lugar a la denuncia penal, de
manera que, de llegarse a encontrar que el investigado incurrió en alguna
conducta típica y antijurídica, ésta será censurada, “reprochada y
castigada, según nuestras leyes, usos y costumbres, sin que exista impunidad
frente al caso”[59].
Adicionalmente, en el Acta de Convocatoria de la
reunión que realizó la comunidad el día 8 de febrero de 2014, consta que el
Capitán del Cabido “lee las formas de investigación y las formas de castigo
de acuerdo con lo estipulado en la jurisdicción especial indígena”, y que en
este caso las pesquisas continuarán hasta culminar con “una absolución o
condena según la ley mayor o ley de origen, jurisdicción indígena […] el
cabildo cuenta con lo estipulado por la norma para pagar condenas dentro de
este”[60].
Por último, se encuentra también un Acta de
Jurisprudencia, en la cual el Capitán del Cabildo Menor de Achiote señala lo
siguiente:
“El Cabildo de Achiote tiene una parcialidad de 116
hectáreas registrada bajo el decreto 2164 de 1994 denominado Santa Teresa, para
la jurisprudencia se llama Derecho Mayor, tenemos la Ley de Origen y Derecho
Propio, lo cual nos da autonomía a través de la ley 89 de 1890 y los artículos
229, 246 y 330 de la Constitución Política de Colombia y la ley 48 donde los
indígenas no pueden pagar el servicio militar y el artículo 30 un indígena no
puede ser condenado fuera de su territorio, el artículo 10 de la ley 21 el
indígena debe pagar en su territorio inajenable, indescriptible (sic) e
inembargable por eso el cabildo puede castigar a su mismo indígena.
Tiene varias modalidades de castigo según el uso y
costumbre y el artículo 5 de la ley 89, castigo en el cepo cuando los delitos
no son de helesa (sic) humanidad, también se castiga en la parte de la
colectividad, el cabildo determina el tiempo y la forma de pago según y el uso
y la costumbre de la etnia zenú, las mujeres se dotan y no hay discriminación
por somos (sic) las minorías y tenemos un enfoque diferencial ante las leyes
blancas.
Con esto estamos manifestándoles que tenemos donde
tener un compañero por tiempo indefinido donde pueda cumplir los pagamentos el
cual el cabildo considere, al compañero detenido se le hará un estudio a los
acuerdos, acta de conciliación, acta de convivencia y carta de buena conducta
con su firma.”[61]
De esta manera, en este caso no solo se ha afirmado la
existencia de unos procedimientos y de unas reglas propias, sino que la
comunidad, tanto a través de su representante legal como de manera directa, ha
reclamado el conocimiento de este asunto para que sea juzgado conforme a las
normas y reglas que los rigen, aspecto que resulta de particular importancia en
este caso, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información que obra en el
expediente, en esa comunidad no resulta extraño que menores de edad
establezcan  relaciones afectivas estables, a partir de las cuales se conformen
núcleos familiares que resultan aceptables para el grupo.
Sin que sea posible afirmar que eso fue lo que ocurrió
en este caso, lo cierto es que este aspecto, que obedece a una cosmovisión
distinta a la mayoritaria acerca de cuándo se tiene la madurez para dar el
consentimiento y actuar conforme a él, hace que el juzgamiento de la conducta
deba adelantarse teniendo en cuenta el contexto en el que ella se desarrolló,
lo que se garantiza de mejor manera si esa labor se le asigna a las autoridades
indígenas.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, la manifestación de la comunidad de su intención de impartir
justicia haciendo uso de sus procedimientos, normas y costumbres tradicionales
en un caso concreto constituye, per se, una primera muestra de la
institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de las víctimas[62].
En efecto, la jurisprudencia ha indicado
que “para establecer las condiciones de procedencia de la jurisdicción
indígena es determinante la consideración, en cada caso concreto, de la
vocación de reafirmación de la comunidad, que permita descubrir su decisión de
asumir el manejo de su destino, a partir de una identidad determinable, y de la
posibilidad de rastrear usos y prácticas ancestrales […] prima la vocación
comunitaria, expresada, fundamentalmente por sus autoridades, y en ocasiones
refrendada por la comunidad, para asumir el manejo de sus asuntos, extender y
reafirmar sus prácticas de control social y avanzar en la definición de su
propio sistema jurídico”[63].
Por todo lo anterior, debe concluirse que al interior
del Cabildo existen normas y procedimientos establecidos para realizar la
investigación y el juzgamiento de casos como el que ocupa la atención de la
Sala, y que, incluso, éstos ya han empezado a funcionar a partir de la denuncia
que formuló la mamá de la menor afectada.
De ahí que este requisito también se encuentre
cumplido.
d.
Elemento objetivo:
El elemento objetivo “hace referencia a la naturaleza del sujeto o del
bien jurídico afectado por una conducta punible, de manera que pueda determinarse
si el interés del proceso es de la comunidad indígena o de la cultura
mayoritaria”[64].
Para su determinación, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas
premisas que deben ser tenidas en cuenta por el fallador:
“(i) el fin de la jurisdicción especial
indígena es resolver conflictos internos de las comunidades aborígenes para
que, en su ámbito territorial interno, se preserve su cosmovisión o forma de
vida; (ii) el campo de aplicación de un fuero especial se centra en los fines
que persigue su consagración. (iii) Haciendo una analogía con la jurisdicción
penal militar, si en ese ámbito el fuero debe aplicarse exclusivamente a las
conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio, en la jurisdicción
especial indígena, el fuero debe limitarse a los asuntos que conciernen
únicamente a la comunidad. Por lo tanto [iv - concluye la Sala el argumento],
el fuero no procede para delitos de especial gravedad que deben ser reprimidos
más allá de consideraciones culturales, especialmente tomando en cuenta que la
interpretación de las normas que habilitan la procedencia de las jurisdicciones
debe efectuarse de manera restrictiva”[65].
Esta Corte ha indicado también que las reglas
señaladas deben ser interpretadas a la luz del principio de maximización de la
autonomía, a través del cual se busca garantizar al máximo la vigencia de los
derechos colectivos de la comunidad.
En el presente caso, el bien jurídico presuntamente
afectado se refiere a la libertad, formación e identidad sexuales de una menor
de edad, bien que no solamente pertenece al interés de la comunidad, sino que
trasciende al conjunto de la sociedad. Y, precisamente, bajo tal consideración,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó
que este asunto escapaba del alcance de la jurisdicción indígena y debía ser
entonces puesto en conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que resultan inadmisibles aquellas interpretaciones que afirman que la
jurisdicción indígena solo puede conocer de aquellos asuntos que únicamente le
interesan a ella misma, ya que “una concepción de la jurisdicción especial indígena
dirigida de forma absoluta y exclusiva a la solución de asuntos internos de las
comunidades originarias, ignora la importancia que la Constitución Política ha
dado, en el marco del derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente
de aprendizaje de distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un
estado pluralista y participativo. (C.P. preámbulo, artículos 1º y 2º)”.[66]
De esta manera, el hecho de que el bien
jurídico involucrado tenga una importancia especial para la comunidad en
general, y que, en consecuencia, la conducta investigada revista una especial
gravedad, no puede llevar al establecimiento de una regla de competencia
conforme a la cual en estos eventos siempre deba primar la competencia de la
jurisdicción ordinaria, lo cual acarrearía la imposición de los valores de la
cultura mayoritaria, sin consideración de aquellos que hacen parte de la
diversidad étnica.
Y, adicionalmente, la circunstancia de que
en este asunto estén involucrados derechos de una menor de edad, tampoco lleva
indefectiblemente a la conclusión de que éste deba ser conocido por la
jurisdicción ordinaria. Como lo ha establecido la Corte Constitucional, tampoco
resulta “constitucionalmente legítima una regla jurisprudencial que
determine la exclusión absoluta de la jurisdicción especial indígena del
conocimiento de casos que involucren menores de edad, si bien el juez encargado
de dirimir el conflicto debe adoptar su decisión tomando en cuenta los intereses
del menor, y asegurándose de que el derecho propio prevea medidas de protección
para él o ella”.
En ese sentido, no le bastaba a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con señalar
que la supuesta víctima del delito es una menor de edad, para que, bajo tal
premisa, fuera dable concluir que el conocimiento del asunto corresponde a la
jurisdicción ordinaria. En realidad, si la Corporación consideraba que dejar el
caso en manos de las autoridades indígenas implicaba una desprotección de los
intereses de la menor, era necesario que expusiera clara y concretamente cuáles
son las razones en las que sustenta esa consideración y por qué, a su juicio,
la jurisdicción que ejerce el Cabildo no puede garantizar el respeto de sus derechos.
Sin embargo, en la providencia acusada nada
se dijo sobre este asunto. Y en el expediente tampoco obran elementos que
permitan concluir que ordenar la remisión del proceso a la jurisdicción
indígena afecte el interés de la menor involucrada. Por el contrario, lo que de
allí se desprende es que el hecho de dejar en manos de las autoridades del
Cabildo Menor de Achiote, integrante del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés
de Sotavento, Córdoba y Sucre, la resolución de este caso, puede salvaguardar de
mejor manera los derechos de la menor, teniendo en cuenta los parámetros de
diversidad que resultan acordes con sus usos y costumbres.
Así las cosas, vistas las circunstancias del presente asunto,
la Sala considera que, en efecto, la sentencia que se acusa adolece de un
defecto por violación directa de la Constitución, al haber asignado la
competencia para conocer de la denuncia penal formulada en contra del indígena OMMB a la jurisdicción ordinaria, a pesar de que se cumplen todas las
condiciones para que ella sea llevada al conocimiento de las autoridades
indígenas del Cabildo Menor de Achiote. Específicamente, si bien la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reconoció la
existencia de la jurisdicción indígena, le dio a la norma constitucional de la
cual ella se deriva un alcance limitado e insuficiente, lo cual da lugar a la
configuración del defecto atrás señalado.
En consecuencia, se dispondrá dejar sin efectos la
decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura y se ordenará la remisión del expediente a las autoridades del
Cabildo Menor de Achiote, para que sean ellas quienes adelanten el proceso en
contra del señor OMMB. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el implicado
se encuentra actualmente privado de su libertad, se le ordenará al Juzgado
Primero Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, quien está conociendo de este
asunto, que disponga lo necesario para que sea puesto a disposición de las
autoridades indígenas competentes.
6.2.
Expediente T-4.561.012
El señor RJPM, quien
se identifica como Capitán del Cabildo de Sabana Nueva, perteneciente al
Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba, interpone la presente acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, “para que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y
derecho a la defensa”. A su juicio, dicha vulneración se deriva del hecho
de que el INPEC no ha dado cumplimiento a la providencia judicial proferida por
el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, mediante la cual se le ordenó poner a
disposición de las autoridades indígenas a AJPA, indígena que se encuentra recluido en la Cárcel Nacional La Vega,
acusado del delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años.
Los hechos que dieron lugar a la
denuncia, se relacionan con la violación de una menor de ocho años, familiar
del indiciado, que habría sido raptada de su lugar de residencia y abusada de
manera violenta en un paraje cercano a su vivienda. La captura del señor AJPA, por orden del Juzgado Penal del Circuito de Sahagún,
se produjo luego de que la
menor y sus familiares lo identificaran como el autor del hecho punible.
El Defensor Público del señor AJPA,
adscrito a la Defensoría del Pueblo, solicitó al juzgado la remisión del
proceso a la jurisdicción indígena, teniendo en cuenta que tanto el implicado
como la víctima son indígenas y que la conducta a investigar tuvo lugar en el
territorio de esa comunidad.
Mediante providencia de 29 de abril de
2014, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún acogió las razones aducidas por
la defensa del procesado y decidió que este asunto debía ser de conocimiento de
las autoridades indígenas, por lo que dispuso “[o]rdenar que, una vez se
comunique el contenido de esta providencia, la carpeta contentiva de este
proceso penal junto con el acusado [AJPA], se pongan a disposición de la
autoridad indígena encargada de estos menesteres para lo de su cargo y ley.
[…]”[67].
En respuesta a la acción de tutela, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Sincelejo y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, manifestaron que no han incurrido en violación de ningún derecho
fundamental. El primero, porque a pesar de las gestiones que se adelantaron no
fue posible el traslado del interno al centro de reclusión del Resguardo debido
a que éste no se adecúa a los estándares fijados por el INPEC; y el segundo, porque
no es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario dar respuesta a la
solicitud de poner a disposición de la autoridad indígena al imputado AJPA.
Por su parte, la autoridad judicial que conoció de
esta acción consideró que el señor RJPM no está legitimado para agenciar
los derechos del señor AJPA, ya que “si bien [el accionante] adjuntó Acta de
Cabildo Menor, Acta de Convocatoria y Acta de Elección, esto no acredita para
actuar a nombre del afectado, salvo que se realice como agente oficioso evento
en el cual el afectado debe encontrarse en estado de indefensión o en
condiciones que le imposibilitan ejercer directamente la defensa de sus
derechos constitucionales fundamentales, hechos que deben estar demostrados y
alegados en el caso”[68].
Pues bien, vistas las circunstancias del presente
caso, la Sala debe empezar por determinar a qué título actúa realmente el
accionante, a fin de establecer si, como lo concluyó el juzgado que conoció de
este proceso en primera instancia, existe un problema en la legitimación en la
causa por activa.
Del escrito de tutela se desprende que el señor RJPM, dice actuar “en calidad de Capitán del Cabildo de Sabana Nueva
perteneciente al reguardo (sic) indígena de San Andrés de Sotavento”.
También manifiesta interponer la acción “para que se protejan los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA, consagrados en los
artículos 29, de la Constitución Política de Colombia de 1991 […]”. Y, al
momento de plantear las pretensiones, solicita que se conceda el amparo de “mis
derechos fundamentales DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA”.
Si bien las afirmaciones contenidas en el escrito de
tutela no son claras en relación con cuál es la calidad en la que pretende
actuar el señor RJPM, el hecho de que el accionante se identifique como
Capitán del Cabildo de Sabana Nueva y la circunstancia de que en ningún momento
manifieste estar agenciando los derechos del imputado, llevan a concluir que el
demandante ejerce la acción de amparo como autoridad del Cabildo indígena y
representante legal del mismo, y en procura de la protección de la autonomía de
la comunidad para ejercer la jurisdicción dentro de su territorio.
No obstante lo anterior, revisados los documentos con
los cuales pretende demostrar su condición de Capitán del Cabildo de Sabana
Nueva, la Sala encuentra que ellos no permiten tener certeza sobre la
representación que dice ostentar el accionante.
En efecto, el actor aportó al proceso copia del Acta
de Convocatoria en la que se fija fecha para realizar el nombramiento de los
miembros de la Junta Directiva del Cabildo Menor Sabana Nueva y del Acta de
elección, en la que consta que el señor RJPM fue efectivamente
elegido Capitán Menor del mismo. Sin embargo, estos documentos dan cuenta de la
conformación de las autoridades del Cabildo para el periodo comprendido “entre
el 05 de Marzo del año 2012 hasta el 31 de Diciembre del año 2013”[69],
y no permiten concluir que el actor realmente ostentaba esa calidad para el
momento en que interpuso la acción de tutela, esto es, el 12 de junio de 2014.
De esta manera, el accionante no demostró tener la representación del Cabildo
al que dice representar.
Este asunto reviste una trascendencia especial, toda
vez que se trata de avalar la actuación judicial de quien, aduciendo actuar como
representante de los intereses de la comunidad indígena en general, está solicitando
la entrega del presunto autor del delito de acceso carnal abusivo y violento,
cometido sobre una menor de ocho años. Y siendo este el contexto de la
representación que se pretende ejercer, resultaba aún más importante la
acreditación de su condición de Capitán del Cabildo.
Por otro lado, debe indicarse que los elementos que
obran en el expediente plantean dudas sobre si la reclamación que plantea el
accionante coincide con los intereses del grupo étnico que se ve afectado por
la conducta del imputado. En particular, porque a lo largo del proceso penal
que se ha seguido en contra del señor AJPA, el
Cabildo de Sabana Nueva no ha reclamado para sí el conocimiento de este asunto[70],
ni tampoco lo hizo en el ámbito de la acción de tutela.
Así las cosas, para la Sala, el hecho de que no se
encuentre acreditada la representación legal del accionante y la circunstancia
de que, en ese escenario, no existen elementos que permitan concluir que, en
efecto, las pretensiones formuladas en la acción coinciden con los intereses
del Cabildo Indígena, hacen que no sea posible considerar acreditada la legitimación
en la causa por activa para actuar en el presente caso.
En todo caso, la Sala no puede pasar por alto el
contenido de la respuesta dada por el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Sincelejo a la acción de tutela, en particular, porque se plantean
unos argumentos descontextualizados y referidos a un tema por completo diferente
a aquél que plantea la solicitud de amparo.
En efecto, mientras que el Establecimiento centra sus
manifestaciones en una supuesta solicitud de traslado del procesado a un centro
de reclusión indígena, el problema planteado en la presente acción es la falta
de cumplimiento a una orden judicial que ordena poner al indígena imputado a
disposición de las autoridades del Resguardo al cual pertenece, a fin de que
sean ellas quienes adelanten el juicio que corresponda.
La Sala encuentra necesario llamar la atención del
Establecimiento Carcelario para que, a la luz de los supuestos fácticos del
presente asunto y en cumplimiento de las funciones a él asignadas, dirija sus
actuaciones a atender la problemática real del caso.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión
adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tuchín, Córdoba, pero por las
razones señaladas en esta providencia.
IV.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el tres de abril de 2014 por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Sucre, que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por MSBR contra
la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para, en su lugar, CONCEDER
el amparo solicitado (Expediente T-4.549.923).
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2013 por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante la cual resolvió el conflicto de competencia planteado para conocer de
la denuncia formulada en contra del señor OMMB.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, que
en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,
remita a las autoridades tradicionales del Cabildo Menor Indígena de Achiote,
perteneciente al Resguardo
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, el expediente del proceso penal adelantado
en contra del señor OMMB por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años, para que sean ellas quienes adelanten la investigación y el juzgamiento
del implicado.
Cuarto.- ORDENAR al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, que
en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, disponga
lo necesario para que se ponga al señor OMMB a disposición de las
autoridades del Cabildo Menor Indígena de Achiote, perteneciente al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de
Sotavento, Córdoba y Sucre, a
fin de que ellas definan su situación jurídica.
Quinto.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente providencia,  la sentencia
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tuchín, Córdoba el 14 de agosto
de 2014, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela
formulada por RJPM contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC (Expediente T-4.561.012).
Sexto.- LÍBRESE
por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-081/15
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO INDIGENA Y
PRINCIPIO PRO INFANS-Se
debió mantener la competencia en la jurisdicción penal ordinaria para
conocer y tramitar un asunto relacionado con la comisión del delito de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente T-4.549.923 y T-4.561.042.
Acción de tutela instaurada por MSBR,
actuando como agente oficioso de su hijo OMMB y por RJPM
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.
Con el acostumbrado respeto,
me permito expresar mi discrepancia con el criterio mayoritario esbozado por la
Sala en el expediente T-4.549.923 en cuanto dejó sin efectos la sentencia
proferida el 18 de diciembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual  resolvió el conflicto
de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena,
planteado para conocer de la denuncia en contra del señor OMMB.  Advierto que
la decisión proferida en la cual se define que la autoridad competente lo es la
jurisdicción ordinaria, tiene como fundamento la prevalencia del interés superior
del menor, principio que debe proveer por la garantía del desarrollo integral
del niño, niña o adolescente, las condiciones para el desarrollo de sus
derechos fundamentales, su protección frente a riesgos prohibidos, la guarda del equilibrio con sus parientes y evitar
al menor los cambios desfavorables en su desarrollo. Lo anterior, tiene
sustento en el criterio objetivo,[71]
el cual constituye uno de los elementos definidos por el precedente de la
Corporación a efectos de dirimir la competencia de la jurisdicción indígena, y
que para este caso, fue definitivo al momento de decidir el conflicto de
competencia entre las jurisdicciones.
Cuando la
jurisdicción indígena o la misma comunidad viola los contenidos esenciales que
forman parte de las restricciones de la jurisdicción indígena, y, en los casos
en que involucren el bienestar de niños pertenecientes a comunidades indígenas,
resulta conveniente puntualizar que, al determinar el alcance de los derechos
de los niños indígenas, la labor del juez no se limita a evaluar desde la
perspectiva occidental, la situación del menor indígena, sino que debe tener
presente “el indeclinable interés por asegurar su integridad, su salud, su
supervivencia, bajo el entendido de que el menor indígena es guardián de
saberes ancestrales y de valores culturales cuya protección persiguió con
ahínco el constituyente de 1991, pues constituyen el patrimonio de diversidad
que nos permite conocernos como una nación con una identidad compleja,
respetuosa de la igualdad en la diferencia”[72]
De lo dicho emerge con
nitidez, que no puede la Sala de Revisión llegar a la conclusión de que al no
existir elementos de prueba que permitan deducir que la remisión del proceso a
la jurisdicción indígena afecte el interés del menor involucrado el realizar
dicho envío procura salvaguardar de mejor manera la situación del menor,
atendiendo a los parámetros de diversidad cultural. Considero, que debió la
Sala de Revisión controvertir el análisis que hace el juez especializado, al
manifestar que dejar el caso en manos de la jurisdicción indígena implica una
desprotección, como quiera que el juez debe velar por la integridad de la salud
y supervivencia del menor en este caso indígena, lo que supone, a mi juicio,
que en el caso sub examine,  solo ante la existencia de pruebas que
permitan llegar a la conclusión de que se asegura la integridad del menor de
edad, es cuando podrá excluirse dicho elemento. Considero que ninguno de los
procedimientos referenciados por la autoridad indígena señalan una efectiva
protección en dicho sentido y se refieren al castigo o investigación, de los
hechos, sin establecer la toma de medidas que permitan  una efectiva protección,
asistencia o ayuda conforme su cultura.  Considero entonces que debió negarse
el amparo, al observar que no existió una causal específica de procedibilidad,
puesto que, la decisión consultó las reglas que hasta ahora ha fijado la
jurisprudencia constitucional, atendiendo principalmente a la prevalencia del
principio proinfans.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
[1] Decisiones similares han sido adoptadas por la Corte Constitucional
en casos en los que se advierte que un menor puede resultar afectado por la
publicación de la información contenida en el expediente de tutela. Ver, entre otras, las sentencias T-523 de 1992, (M.P. Ciro Angarita
Barón); T-1390 de 2000, (M.P. Alejandro Martinez Caballero); y T-912 de 2008, (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[2] Folios 1 y 2 del cuaderno No. 1.
[3] Folio 11 del cuaderno No. 1.
[4] De esta manera se sintetizó el contenido de la decisión adoptada
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, en la sentencia
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura en el presente asunto (folio 55 del cuaderno No.1.)
[5] Folio 2 del cuaderno No. 1.
[6] Folio 6 del cuaderno No. 1.
[7] Folio 9 del cuaderno No. 1.
[8] Folio 77 del cuaderno No. 1.
[9] Folio 11 del cuaderno No. 1.
[10] Folio 12 del cuaderno No. 1.
[11] Folio 13 del cuaderno No. 1.
[12] Folio 15 del cuaderno No. 1.
[13] Folio 16 del cuaderno No. 1.
[14] Folio 72 del cuaderno No. 1.
[15] De acuerdo con el relato de los hechos que se hizo en la audiencia
de legalización de captura, el sindicado sacó a la menor de su casa y la llevó
a un paraje oscuro donde abusó de ella. La menor presentaba graves heridas en
sus genitales y tuvo que ser hospitalizada de urgencias.
[16] En la acción de tutela, el señor RJPM afirma que esta
solicitud fue formulada por el defensor del imputado “con la anuencia del
Resguardo Indígena Zenú y/o el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú con
asiento en San Andrés de Sotavento” (folio 1 del cuaderno No. 1). Sin
embargo, más allá de esa manifestación, en el expediente no obra copia del
escrito mediante el cual el defensor planteó el conflicto de competencia y
reclamó el conocimiento del caso para la jurisdicción indígena, ni tampoco de
ningún acta o documento en el que conste que la comunidad realmente acompañó dicha
solicitud.
[17] Folio 6 del cuaderno No. 1.
[18] Folio 38 del cuaderno No. 1.
[19] Ibidem.
[20] Folio 6 del cuaderno No. 1.
[21] Folio 5 del cuaderno No. 1.
[22] En sobre obrante a folio 20 del cuaderno No. 1.
[23] Folio 10 del cuaderno No. 1.
[24] Mediante auto de 16 de junio de 2014, la titular del Juzgado
Promiscuo Municipal de Tuchin, Córdoba, se había declarado impedida para
conocer del presente asunto, toda vez que ella había participado, en su
condición de juez de control de garantías, en la audiencia de legalización de
captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que
se llevó a cabo en el caso del señor AJPA. Sin embargo, mediante
providencia de 18 de junio de 2014, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería, lo declaró infundado y devolvió el
expediente al despacho para que emitiera el fallo correspondiente.
[25] Sentencia T-044 de 1996, Magistrado Ponente: José Gregorio
Hernández Galindo.
[26] Íbidem.
[27] Sentencia T-294 de 2004, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[28] Sentencia T-573 de 2008, Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
[29] Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
[30] Sentencia T-091 de 2013, Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[31] Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[32] Magistrado Ponente: Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[33] Sobre este particular puede consultarse la sentencia
T-933 de 2012, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[34] Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[35] Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[36] Sentencia 173 de 1993.
[37] Sentencia T-504/00.
[38] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[39] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[40] Sentencia T-658-98
[41] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[42] Sentencia T-522/01
[43] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.
[44] Sentencia C-139 de 1996, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
[45] Sentencia C-463 de 2014, Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.
[46] Sobre este asunto puede consultarse la Sentencia T-617 de 2010,
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
[47] Sentencia T-002 de 2012, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao
Pérez.
[48] Íbidem.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional T-002 de 2012,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez: “2. La
conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales en materia de
resolución de conflictos: 2.1. El
derecho propio constituye un verdadero sistema jurídico particular e
independiente. 2.2. La tensión que surge entre la
necesidad de conservar usos y costumbres ancestrales en materia de resolución
de conflictos y la realización del principio de legalidad en el marco de
la jurisdicción especial indígena debe solucionarse en atención a la exigencia de predecibilidad o
previsibilidad de las actuaciones de
las autoridades indígenas dentro de las costumbres de la comunidad, y a la
existencia de un concepto genérico de nocividad social[49]”
[50] Sentencia T-921 de 2013, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[51] Sentencia T-1238 de 2004, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[52] Así ocurrió en el asunto analizado en el Auto 318 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), en el cual la Corte resolvió el conflicto de
competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa y
el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa, Putumayo.
[53] Así, en el expediente se encuentran tres certificaciones sobre este
asunto, en las que, de manera general, se indica que el señor OMMB
es un miembro activo del Resguardo y que desarrolla su vida en territorio de la
comunidad.
[54] Sobre este asunto puede consultarse, entre otras, la Sentencia T-949
de 2003, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
[55] Sentencia T-888 de 2010, Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.
[56] Folios 11, 15 y 87 del cuaderno No. 1.
[57] Sentencia T-617 de 2010, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Al respecto puede consultarse la Sentencia T-703 de 2008,
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] Folio 73 del cuaderno No. 1.
[60] Folio 77 del cuaderno No. 1.
[61] Folio 85 del cuaderno No. 1.
[62] Sobre este particular, puede consultarse la Sentencia T-002 de
2012, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao.
[63] Sentencia T-552 de 2003, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[64] Sentencia T-617 de 2010, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva.
[65] Ibidem.
[66] Ibidem.
[67] Folio 6 del cuaderno No. 1.
[68] Folio 57 del cuaderno No. 1.
[69] Folio 11 del cuaderno No. 1.
[70] Así, el debate sobre la competencia para conocer de la denuncia
formulada en contra del señor AJPA fue planteado por su abogado defensor
de oficio y no por algún miembro de la comunidad.
[71] Hace referencia a la naturaleza del sujeto o del bien jurídico
afectado.
[72] T- 001-2012 y T- 617 de 2010