T-308-98
Sentencia T-308/98
Sentencia T-308/98
ACCION DE TUTELA
CONTRA JUNTA ADMINISTRADORA DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Procedencia/SUBORDINACION-Habitantes respecto
de junta administradora de edificio
ACCION DE TUTELA-Amenaza o daño actual de un derecho
fundamental
Referencia:
Expediente T-157379
Peticionaria:
Luz Maritza Tovar
Jaramillo
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés
(23) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1.998)
La Sala Octava de Revisión de tutelas,
integrada por los Magistrados, VLADIMIRO NARANJO MESA, ALFREDO BELTRÁN
SIERRA y FABIO MORÓN DÍAZ, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre el proceso de tutela instaurado por Luz Maritza Tovar Jaramillo contra
Aurelio Losada, presidente de la Junta Administradora de Copropietarios de la
urbanización Andalucía.
I.  ANTECEDENTES
A. Hechos y
pretensiones.
Los hechos que sirvieron de base para que
la demandante iniciara la presente tutela, se pueden condensar en los
siguientes puntos :
1.
Manifiesta la demandante, en representación de su hija
Ana María Losada Tovar, propietaria del inmueble ubicado en la urbanización
Andalucía de la ciudad de Neiva, que debido al mal servicio de la
administración de dicha urbanización, resolvió dejar de cancelar algunas
mensualidades.
2.
Ante tal situación, el señor presidente de la Junta
Administradora de copropietarios de la urbanización, dió la orden a los
celadores, de mantener cerrados con llave los portones del conjunto prohibiendo
a la demandante el ingreso a su propiedad. A su vez señala que los mismos
celadores los han difamado tratándolos de malas pagas, de tramposas, así como
negando el acceso de los mensajeros que hacen entrega de los recibos de los
servicios públicos.
Ante tal situación, la demandante considera
violados sus derechos fundamentales al buen nombre, libre locomoción e
intimidad. Para lo anterior, solicita se ordene al demandado o a quien haga sus
veces, el libre acceso a su propiedad, así como a los visitantes y se ordene a
los celadores el cese de los malos comentarios.
B. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN.
Mediante decisión del 21 de octubre de 1997
el Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva, tuteló los derechos a la libre
locomoción y a la honra de la demandante. Consideró el a quo que la mencionada
Junta Administradora de Copropietarios de la urbanización en cuestión tienen a
su alcance otras vías para hacer efectivo el cobro de las mensualidades
pendientes por pagar por parte de la demandante. Por lo tanto, las actuaciones
ofensivas violan el derecho fundamental a la honra. En cuanto al derecho a la
libre locomoción, los estatutos del conjunto residencial, en ninguna de sus
normas establecen la posibilidad que tienen la Junta Administradora para
coartar o restringir la libre circulación de los copropietarios al interior del
conjunto, Por tal motivo dicho actuar del demandado desborda los límites del
reglamento. Se ordenó por lo tanto, que en las siguientes 48 horas a la
notificación de esa providencia, se abstengan los demandados de hacer malos
comentarios respecto de la actora y se ordene a los celadores dar acceso a los
parqueaderos del conjunto.
Impugnada esta decisión, conoció en segunda
instancia el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, el cual mediante
sentencia del 16 de enero de 1997 resolvió revocar el fallo del a quo.
Consideró el ad quem que de las pruebas y documentos contenidos en el
expediente se comprueba que la demandante sabe claramente que el conjunto
residencial en que vive, sí se encuentra sometido a las normas de propiedad
horizontal, máxime cuando ella pertenece a un comité pro-desarrollo de
Andalucía Primera Etapa, conjunto residencial en el cual vive. Por otra parte,
a la demandante sólo se le restringió el ingreso vehicular al conjunto, pero
esta puede circular libremente dentro del mismo, así como también puede acceder
al conjunto por la vía peatonal. Además se hizo evidente la morosidad de la
demandante en pagar más de un año del servicio de administración, lo cual le ha
acarreado las sanciones que al respecto señalan los estatutos de dicho conjunto
residencial. Respecto de la presunta violación del derecho fundamental al buen
nombre, el ad quem considera que no existe tal violación, pues las afirmaciones
o conceptos emitidos por los celadores y demás miembros de la comunidad son la simple
afirmación de hechos ciertos, los cuales son consecuencia de la propia conducta
de la demandante. Por lo anterior, se procedió a revocar la decisión del a quo
y en su lugar negar la tutela.
II. COMPETENCIA
DE LA SALA.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar el
fallo de la referencia.  Su examen se hace en virtud de la selección que de la
sentencia de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se
efectuó de conformidad con el reglamento interno de esta Corporación.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
A. Tutela
contra particulares.
El artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia, consagra los casos en que excepcionalmente procede la tutela
contra particulares, esto es, cuando el particular este encargado de la
prestación de un servicio público, cuando su conducta afecte grave y
directamente el interés público, o cuando respecto de él, el peticionario se
halle en estado de subordinación o indefensión.
En el presente caso, el demandado es el
presidente de la Junta Administradora de Copropietarios de la urbanización
Andalucía. Si bien durante el trámite de la presente acción de tutela, fue
elegida una nueva Junta Administradora, la tutela se dirige contra quien
ostente la calidad de presidente, indistintamente de quien ocupe dicho cargo,
lo que nos permite determinar la procedencia de la tutela contra particulares en
la modalidad de subordinación, pues los habitantes de los conjuntos
residenciales o edificios, se encuentran en ese estado, respecto de las juntas
directivas, en tanto deben acatar las decisiones por aquellas tomadas. Además,
del análisis de la Ley 16 de 1985 y del Decreto Reglamentario 1365 de 1986, se
desprende que las disposiciones contendidas en los reglamentos de propiedad
horizontal son obligatorias para todos los habitantes de edificios o conjuntos
de vivienda, y por lo tanto deben cumplir y someterse a las ordenes dadas por
quienes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal deben
administrarlo.
B. Daño actual
o amenaza de un derecho fundamental.
En el caso bajo estudio, observamos que la
peticionaria manifiesta que los demandados dieron orden de no permitirle
ingresar su vehículo al conjunto residencial, además de ser objeto de
agresiones verbales que desdicen de su buen nombre, lo que en su criterio
atenta contra el derecho fundamental a la honra, libre locomoción e intimidad;
por su parte, el demando y otros copropietarios señalan que la demandante puede
ingresar libremente a su vivienda por la vía peatonal y circular en igual
sentido dentro del conjunto, sin que por ello se le límite o restrinja su libre
circulación : La única restricción o limitación que se le impuso fue la de
ingresar su vehículo a los parqueaderos, pudiendo dejarlo en la parte externa
del conjunto residencial. Por otra parte, la demandante señalaba que ella
desconocía de la existencia o no de un reglamento de propiedad horizontal,
afirmación que se desmiente fácilmente pues la actora es miembro de la
organización comunitaria denominada Comité Pro-desarrollo ANDALUCÍA Primera
Etapa, la cual tiene personería jurídica y estatutos aprobados legalmente.
Por lo expuesto, y de acuerdo con los
documentos que obran dentro del expediente de tutela, observamos que del
estudio del mismo no se puede desprender que en la actualidad se le estén
vulnerando los derechos fundamentales a la peticionaria, pues no obra prueba
alguna que nos permita corroborar las afirmaciones hechas por la demandante.
Por lo tanto, si no se logra determinar la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental, que haga procedente la tutela como mecanismo de aplicación
inmediata, no es posible conceder el amparo solicitado.
Sobre este mismo tema la sentencia T-403 de
1994, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, advirtió:
“Ha de insistirse
en que las amenazas únicamente pueden dar lugar a la tutela si son graves y
actuales, es decir, si en el caso concreto resulta inminente un daño al derecho
fundamental en juego sin que su titular esté en capacidad de hacer nada para
evitarlo y si, además, el peligro gravita sobre el derecho en el momento en que
se ejerce la acción, pues de no ser así, ésta podría ser inútil o extemporánea.
De allí que no tengan tal carácter los hechos susceptibles de ser controlados
por la propia actividad de la persona ni tampoco los que ya tuvieron
ocurrencia, ni los que representan apenas una posibilidad remota o distante.”
Por lo anterior, y ante la ausencia de
comprobación de los hechos narrados por la peticionaria, esta Sala de Revisión
procederá a confirmar la decisión proferida en segunda instancia, de acuerdo
con las consideraciones aquí expuestas.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo0 y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva,
proferida el día 16 de enero del presente año.
Segundo. LÍBRENSE las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General