T-988-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-988/07
LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SENTENCIA
C-355 DE 2006 QUE DESPENALIZA EL ABORTO
ABORTO-Procedencia cuando embarazo es resultado de acceso
carnal violento, no consentido o abusivo
ABORTO-Se requiere como condición que el hecho del acceso
carnal violento, no consentido o abusivo fuere denunciado ante las autoridades
DECRETO REGLAMENTARIO 444 DE 2006-Regulación en materia de servicios de salud
sexual y reproductiva
DISCAPACITADO-Protección reforzada tanto en el ordenamiento
constitucional como en el ámbito internacional
Las personas discapacitadas reciben una protección
reforzada que se deriva tanto del ordenamiento jurídico interno como del
derecho internacional de los derechos humanos. A partir de estas garantías de
protección, se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades
públicas y de los particulares quienes en sus actuaciones han de proceder de
modo que se considere de manera especial a estas personas y se les respeten sus
derechos constitucionales fundamentales. Es factible constatar los logros que,
al menos a nivel normativo, se han efectuado en el plano del derecho
internacional de los derechos humanos. Algo similar sucede dentro del ordenamiento
jurídico colombiano en donde se manifiesta una especial preocupación por las
personas discapacitadas en general, y, en particular, cuando ellas puedan verse
colocadas en circunstancias de indefensión. En tal sentido, el Estado tiene la
obligación de amparar a las personas que por circunstancias relacionadas con su
condición económica, física o mental puedan encontrarse en situación de
debilidad manifiesta. Debe asimismo sancionar los abusos y maltratos que se
cometan en contra de estas personas
ACCION DE TUTELA-Configuración de la carencia actual de
objeto
ACCION DE TUTELA-EPS se negó practicar aborto a joven con
discapacidad física, psíquica y sensorial víctima de acceso carnal no
consentido
ABORTO-No se pueden imponer prácticas desproporcionadas a la
mujer que es víctima de acceso carnal violento, no consentido o abusivo
La sentencia C-355 de 2006 por medio de la cual se
despenalizó la práctica del aborto inducido bajo ciertas circunstancias fue muy
clara al especificar que en caso de conducta “constitutiva de acceso carnal o
acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto”
únicamente se requería como condición para la práctica del aborto inducido que
el hecho punible hubiese sido “debidamente denunciado ante las autoridades
competentes.” La Corporación puso énfasis en la necesidad de no imponer a las
mujeres que se hallen ante tal situación cargas desproporcionadas – por vía de
regulación legislativa -.
ABORTO-EPS exigió cargas desproporcionadas que dejaron sin
protección a la joven discapacitada víctima de acceso carnal que se encontraba
en situación de indefensión
Exigir del modo en que lo hizo la E. P. S. SaludCoop
en el asunto bajo examen, requisitos adicionales al denuncio - esto es, de una
parte, sentencia judicial de interdicción y guarda y, de otra, prueba
psicológica por medio de la cual se comprobara que el aborto no fue consentido
– constituyeron requerimientos desproporcionados y, en tal medida, dicha
actitud de la entidad demandada significó un desconocimiento de la ratio
decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006 por cuanto esas exigencias
representaron cargas desproporcionadas que terminaron por dejar sin protección
a la joven gestante tanto más si se piensa que sus limitaciones físicas,
psíquicas y sensoriales la colocaban en especial situación de indefensión.
ACCION DE TUTELA-EPS dilató injustificadamente la práctica
del aborto y desconoció la ratio decidendi de la sentencia C-355 de 2006
La Entidad Promotora de Salud dilató de manera
injustificada la práctica del aborto. La Entidad Promotora de Salud SaludCoop
hizo depender la interrupción del embarazo en una mujer limitada física,
psíquica y sensorialmente - quien fue víctima de acceso carnal sin
consentimiento y abusivo -, de formalidades imposibles de cumplir, como lo son,
de una parte, la existencia de sentencia de interdicción judicial y, de otra,
el examen psicológico para constatar que el acceso carnal no fue consentido. Al
hacerlo, incurrió la entidad demandada en una practica que a la luz de las
circunstancias del caso concreto resulta arbitraria y desproporcionada y
desconoció, además, la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006.
En el caso analizado, la joven no solo fue víctima de violación sino que
resultaba a todas luces evidente que la circunstancia del embarazo con las
limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que caracterizan su discapacidad,
contribuían a empeorar su situación y a desmejorar de modo considerable su
calidad de vida. Tanto a la luz del derecho constitucional como desde la óptica
de la protección que se le confiere a las personas discapacitadas en el ámbito
del derecho internacional de los derechos humanos, los requerimientos alegados
por la E. P. S. para practicar el aborto inducido supusieron dejar a la joven
sin protección e implicaron, en tal sentido, ponerla en una situación de
absoluta indefensión. La efectiva garantía de los derechos de BB exigía que el
aborto inducido fuera practicado de manera inmediata dadas las condiciones
particulares de su discapacidad.
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL-Vulneración por la actuación de la EPS de
dilatar y obstaculizar la interrupción del embarazo a la jovencita discapacitada
víctima de acceso carnal violento, no consentido o abusivo
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto por cuanto la
joven ya no se encuentra en estado de gestación
La actuación de la E. P. S. SALUDCOOP encaminada a
dilatar y a obstaculizar la interrupción del embarazo apoyándose en excusas
inadmisibles para el caso concreto, significó desconocer también el derecho de
la joven a preservar su integridad física y moral e implicó someterla a los
sufrimientos adicionales que le produjo el estado de embarazo. Al omitir la E.
P. S. efectuar de modo inmediato la interrupción del embarazo, sometió a la
joven a una situación bajo la cual le era imposible vivir libre de dolores y
humillaciones e implicó, en ese orden, un claro desconocimiento de su derecho a
la garantía de la dignidad humana.
Referencia: expediente T-1508837
Acción de tutela instaurada por AA a nombre
propio y de su hija BB contra SALUDCOOP E. P. S.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá
D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil siete (2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Mauricio González
Cuervo y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA.
I. ANTECEDENTES.
Aclaración preliminar.
En primer lugar, la Sala debe indicar que por tratarse
de un proceso relacionado con un problema que compromete de modo profundo el
derecho a la dignidad humana de una joven con discapacidad que fue víctima de
acceso carnal no consentido y con la finalidad de proteger las garantías
constitucionales de que son titulares ella, su madre y el resto de su familia,
se protegerá su derecho fundamental a la intimidad y por ello, durante el
presente trámite de revisión se tomarán medidas orientadas a impedir su
identificación. En razón de ello, la Sala suprimirá toda referencia que pueda
conducir a dicha identificación y en la parte resolutiva de esta Sentencia
ordenará que la Secretaría de esta Corporación y de los jueces de instancia
guarden estricta reserva en este proceso.
En consecuencia, para todos los efectos de la presente
providencia el nombre de la peticionaria será reemplazado por las letras AA y
el de su hija por las letras BB.
La ciudadana AA instauró acción de tutela – actuando
en nombre propio y en nombre de su hija BB - contra SALUDCOOP E. P. S. como
mecanismo transitorio para solicitar la protección del derecho al respeto por
la dignidad humana (artículo 1º constitucional); a la vida (artículo 11
superior); a la intimidad (artículo 15 de la Constitución Nacional); de
petición (artículo 23 constitucional); a la protección que le otorga el
ordenamiento constitucional a las personas con diversidad funcional
(discapacitadas) (artículo 47 superior); a la salud (artículo 49 de la
Constitución Nacional) que considera fueron vulnerados por SALUDCOOP E. P. S.
Hechos.
1.- Relata la actora que es madre biológica de BB, de
24 años de edad, y afirma que interviene en nombre propio y en nombre de su
hija. Sostiene que cuando la joven contaba con veinte meses de edad, se le
diagnosticó Retardo Psicomotor Severo e Hipotiroidismo. Afirma que,
posteriormente, cuando la joven llegó a los 14 años de edad, se le diagnosticó
Cuadriparesia Espastica, Encefalopatía Hipoxico Isquemica, Hipotonía Trocular,
Epilepsia Parcial Versiva a la izquierda, Mioclonia, entre otras patologías,
según consta en la historia clínica elaborada por el Instituto Franklin D.
Roosevelt. (Expediente a folio 1).
2.-Asevera la peticionaria que, dadas las condiciones
de salud de la joven, se le deben suministrar, diariamente y de por vida, medicamentos
que contrarrestan sus dolencias y, en especial, el Síndrome Convulsivo derivado
de la Epilepsia. (Expediente a folio 2).
3.-Dice, que cotiza servicios de salud en la Empresa
Prestadora de Salud SALUDCOOP y que su hija figura como beneficiaria.
(Expediente a folio 2).
4.- Asegura que en vista de presentarse en la salud de
la joven diversas alteraciones y comoquiera que esta situación en la
circunstancia en que ella se encuentra amerita atención inmediata, le fueron
practicados un conjunto de exámenes con el objeto de verificar la posible causa
de tales sintomatologías. Agrega, que el médico WW ordenó la práctica de una
ecografía pélvica cuyo resultado confirmó el estado de embarazo de la joven de
aproximadamente nueve semanas, motivo por el cual se ordenó su remisión a
ginecología. (Expediente a folio 2).
5.- Recalca la demandante que al darse cuenta de la
noticia y de los motivos que causaron los problemas de salud en la joven, se
dirigió a indagar “sobre la procedencia del mismo, información que el médico
tratante suministro al CAIMA, de manera directa.” Agrega, que presentó
denuncia de modo directo y simultáneo con el propósito que “se iniciara la
investigación dirigida a establecer la presunta responsabilidad, que hasta la
fecha y por las condiciones de la joven [era] fácilmente deducible, se
trata[ba] de un acceso carnal violento contra persona incapaz de resistir,
cometido al parecer por un hijo de crianza.” (Expediente a folio 2).
6.- Expresa que mediante oficios fechados,
respectivamente, el día 6 y 11 de septiembre de 2006, elevó petición ante la
accionada SALUDCOOP E. P. S. con el fin de que esta institución prestadora de
salud le brindara atención integral a la joven y le practicara en forma
inmediata “el procedimiento quirúrgico necesario para la interrupción del
embarazo, con el conocimiento que ellos tienen de las  especialísimas
condiciones físicas y mentales de [su] hija, de la forma aberrante como se produjo
el embarazo y de las disposiciones reiteradas por medios masivos de
comunicación de carácter legal y jurisprudencial que en esta materia ha
proferido el Congreso (sic) y la honorable Corte Constitucional.” (Expediente,
a folio 2).
Solicitud de Tutela.
7.- Con fundamento en los hechos narrados, la
ciudadana AA solicitó la protección de los derechos fundamentales al respeto
por la dignidad humana (artículo 1º C. N.); a la vida (artículo 11 C. N.); a la
intimidad (artículo 15 de la C. N.); de petición (artículo 23 C. N.); a la
protección que le otorga el ordenamiento constitucional a las personas con
diversidad funcional (discapacitadas) (artículo 47 C. N.); a la salud (artículo
49 C. N.) que considera fueron desconocidos por SALUDCOOP E. P. S. por haberse
negado esta entidad prestadora de salud a practicar de inmediato la cirugía
para interrumpir el embarazo que dadas las condiciones de la joven revestía una
urgencia inminente.
En vista de lo anterior, la peticionaria exigió en
nombre de su joven hija adoptar medidas provisionales tendientes a realizar
cuanto antes la cirugía para interrumpir el embarazo y a que se le prestaran
las atenciones “pre y post de las especialidades que se requi[rieran] según las
condiciones físicas y mentales de [su] hija BB.”
Exige asimismo que se ordene a SALUDCOOP E. P. S. “la
absoluta reserva de la información con fundamento en el artículo 15 de la
Constitución [Nacional].”
Pruebas relevantes que obran en el expediente.
8.- En el
expediente constan las siguientes pruebas:
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AA.
(Expediente a folio 5).
- Copia de del Registro Civil de Nacimiento de la
joven BB (Expediente a folio 6).
- Copia del documento de identificación de la joven BB
(Expediente a folio 7).
- Copia del carné de afiliación de la joven BB a
SALUDCOOP. (Expediente a folio 7).
-Copia del escrito de petición elevado por la señora
AA a SALUDCOOP E P S y fechado el día 6 de septiembre de 2006 (Expediente a
folio 9)[1].
- Copia del escrito de petición elevado por la
ciudadana AA a SALUDCOOP E. P. S. y fechado el día 11 de septiembre de 2006
(Expediente a folio 8)[2].
-Copia de la Historia Clínica de la joven BB remitida
por el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt el día 19 de febrero de 1998.
(Expediente a folios 10-23).
-Copia de fórmula médica en la que la E. P. S.
SALUDCOOP le prescribe a la joven BB tomar cada 8 horas una tableta de
METOCLOPRAMIDA x 10 mg fechada el día 9 de mayo de de 2006. (Expediente a folio
24).
-Copia del resultado del examen ginecológico
practicado a la joven BB por el médico Jhon Edgar Sánchez Valenzuela, fechado
el día 9 de mayo de 2006 en la que consta lo siguiente: (Expediente a folio
26).
“PACIENTE CON EMBARAZO DE 9 SEM X ECO,
PARALISIS CEREBRAL POR LO QUE SE SOSPECHA ABUSO SEXUAL, HIPEREMESIS GRAVIDICA,
DOLOR ABDOMINAL, EN TTO CON METOCLOPRAMIDA, SE REPORTÓ A CAIMA.”
- Copia de fórmula médica expedida por SALUDCOOP E. P.
S. fechada el 26 de agosto de 2006 en la que se le prescribe a la joven BB
tomar cada 8 horas una tableta de BUTILBROMURO TABREC x 10 MG; tomar cada 8
horas una tableta de METOCLOPRAMIDA x 10 MG; tomar cada 8 horas una tableta de
NAPROXENO x 250 MG. (Expediente a folio 30).
- Copia del denuncio puesto el día 6 de septiembre de
2006 por la señora AA en contra de su hijo de crianza, XX, por acceso carnal en
personas incapaz de resistir en la que consta (Expediente a folios 35-39)
- Copia del Informe Técnico Médico Legal Sexológico
fechado el día 7 de septiembre de 2006 realizado a la joven BB por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Regional Oriente
Seccional Meta, Sede Villavicencio (Expediente a folios 67-68)[3].
- Copia del escrito dirigido por la señora AA al CAIMA
de Villavicencio (Centro de Atención Integral al Menor Maltratado y Abusado
Sexualmente) fechado el día 11 de septiembre de 2006 (Expediente a folio 42)[4].
- Copia del informe técnico relación médico legal
remitido al Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio y fechado el día 15 de
septiembre de 2006 (expediente a folio 72)[5].
- Copia del Informe Ecográfico fechado el cinco de
septiembre de 2006 en el que se constata “embarazo intrauterino embrión único
vivo de 9 semanas y cinco días.” (Expediente a folio 75).
- Copia de Diligencia de Declaración rendida por la
señora AA ante el Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio, Meta.
(Expediente a folios 76-78)[6].
- Copia del escrito remitido por la señora AA al
Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio, Meta, fechado el día 15 de
septiembre de 2006 en el que la señora expresa lo siguiente: (Expediente a
folio 79).
“Como es de su conocimiento, la situación
de salud de mi hija cada vez se va deteriorando más, a medida que avanza su
estado de embarazo, observo con preocupación que transcurren los días y no se
toman las medidas necesarias en SALUDCOOP para que el estado físico y mental de
mi hija no se complique, por tal motivo apelo a su sabio criterio profesional y
acceda a decretar de manera inmediata la practica de las medidas provisionales
solicitadas (…)”
- Copia del escrito remitido por la señora AA a la
juez Séptima Civil Municipal de Villavicencio Meta y allegado al Juzgado el día
22 de septiembre de 2006 mediante el cual le solicita: (Expediente a folio 96).
“ordenar una inspección judicial a la
víctima BB acompañado de médicos peritos para que conceptúen la invalidez
(cuadriplégica) (sic) y la incapacidad mental y demás circunstancias
indispensables para que tome una determinación ajustada a las peticiones y a
derecho. (…) Agrega que está “dispuesta a costear los gastos necesarios para la
práctica de esta diligencia.”
- Copia del escrito remitido por SALUDCOOP E. P. S. al
Juzgado Séptimo Civil Municipal por medio del cual la entidad solicita tener
“una especial consideración en el tiempo para tomar la decisión de fondo  en la
referenciada, en razón de los posibles riesgos al desembarazar a una mujer que
supere 15 semanas de gestación.” (Expediente a folio 100).
- Copia del escrito allegado al Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Villavicencio el día 25 de septiembre de 2006 mediante el cual los
médicos del Hospital Departamental de Villavicencio, doctores LUIS FERNANDO
BOCAREJO; RODRIGO REYES Y JUAN CARLOS GUTIÉRREZ emiten informe médico[7].
Respuesta de la entidad demandada.
9.- Mediante escrito allegado al Juzgado Segundo de
Menores de Villavicencio, Meta, el día 18 de septiembre de 2006, la entidad
accionada SALUDCOOP E. P. S. se pronunció de la manera como se transcribe y
sintetiza a continuación. Dijo la apoderada judicial, que una vez radicada la
primera solicitud de practicar el aborto por parte de la madre de BB se había
realizado el respectivo estudio del caso y se había determinado lo siguiente:
“a. A ninguna de las solicitudes
formalmente presentadas por la accionante se anexa copia o certificación de la
existencia de denuncia ante las autoridades del presunto acceso carnal
violento.
b. En ningún momento se anexa certificación
o constancia de proceso de interdicción por incapacidad, en el que se le
otorgue a la madre la representación legal de BB, quien actualmente cuenta con
24 años de edad.”
Para la Sala de Casación Civil, de
conformidad con el artículo 546 del Código Civil, los padres de menores
incapacitados mentalmente están obligados a iniciar el proceso de interdicción
un año antes de que el menor cumpla la mayoría de edad.
Por no darse cumplimiento o prueba de lo
anterior no es posible que se tenga legalmente como representante a la señora
AA, imposibilitando aún más a SaludCoop EPS, para  producir una respuesta
respecto de lo solicitado por la accionante.
Así las cosas actualmente en SaludCoop EPS
1. NO SE TIENE CERTEZA DE LA INCAPACIDAD DE
LA PACIENTE (NO HA SIDO DECLARADA EN INTERDICCIÓN).
2. NO SE APORTÓ DIRECTAMENTE PRUEBA DE LA
DENUNCIA PENAL (REQUISITO SI NE QUA NON SEGÚN LA SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL).
3. NO EXISTE VALORACIÓN SICOLÓGICA QUE
DETERMINE DE MANERA CERTERA LA AUSENCIA DE VOLUNTAD EN LA PACIENTE.”
A renglón seguido, recordó la apoderada de la entidad
demandada que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000 el
conocimiento de la acción de tutela instaurada contra particulares debe ser
conocida en primera instancia por Jueces Municipales o con categoría de tales.
Añadió, que la tutela debía ser negada por improcedente por cuanto a juicio de
la entidad demandada no existía ninguna omisión que pudiera ser considerada como
vulneración de derecho fundamental alguno. Aseveró, finalmente, que en caso de
ser concedida la tutela y se ordenara
“la prestación de servicios NO POS,
[solicitaba que se dispusiera] expresamente en la parte resolutiva de la
sentencia INAPLICAR el artículo segundo de la Resolución 2949 de 2003 del
Ministerio de Protección Social y ORDENAR al Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA)-Ministerio de la Protección Social. Subcuenta de compensación  del
régimen contributivo pagar el 200% a SaludCoop EPS. Los costos generados en los
servicios prestados al accionante, sin tener derecho a ellos, dentro de un
término máximo de diez (10) días luego de presentado el respectivo recobro, a
fin de salvaguardar el equilibrio financiero no solo del SISTEMA sino de las
misma EPS (…)”
Pruebas decretadas por la Corte Constitucional.
10.- Por auto fechado el día 5 de febrero de 2007, el
Magistrado Sustanciador consideró necesario oficiar a SALUDCOOP E. P. S. a fin
de que esta entidad ordenara la valoración de BB por parte de un especialista
en ginecología y, con fundamento en los exámenes practicados, diera respuesta a
las siguientes cuestiones:
“(1) el estado actual de salud de BB; (2)
el tiempo de gestación de BB; (3) si el estado actual de salud de BB permite
proseguir con el embarazo sin riesgos para su salud y su vida; (4) si el estado
actual de salud de la gestante permite llevar a término el embarazo o es
necesario practicar una cesárea de manera anticipada; (5) si la criatura en
gestación presenta un normal desarrollo.”
Mediante oficio enviado por Fax a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 12 de febrero de 2007, la Abogada
Regional Llanos Orientales de SALUDCOOP E. P. S. respondió de la siguiente
manera al auto emitido por la Corte Constitucional:
“Es de indicar que con el fin de dar
cumplimiento a lo ordenado por el despacho, esta entidad procedió a establecer
contacto telefónico con la familia de la paciente, para programar la cita
médica de valoración, por lo que en el número telefónico 6682234 sostuvimos
conversación con la señora AA, quien afirmó ser la madre de la representada y
quien indicó que no sería permitida ninguna valoración por parte del personal
médico de SaludCoop EPS.
A pesar de lo manifestado por la madre de
la paciente a la Entidad, procedió a remitir comunicación por correo al
domicilio de la paciente, el día cinco (5) de Febrero de los corrientes,
solicitando que se presentara a las instalaciones de la Entidad con el fin de
realizar valoración médica. A la fecha no hemos tenido respuesta alguna ni se
han presentado a la EPS.”
Por medio de comunicación telefónica que tuvo lugar
con la peticionaria y madre de la joven BB el día 12 de febrero de 2006, el
Despacho del Magistrado Sustanciador pudo constatar que la joven ya no se
encontraba en estado de gestación y que tampoco había dado a luz. La actora
solicitó que, en vista de las circunstancias del caso concreto y de lo
perturbadora que había resultado la situación para la joven, no se continuara
con los trámites de tutela por cuanto éstos carecían ya de objeto.
11. Mediante auto fechado el día dos de mayo de 2007
el Magistrado Sustanciador consideró que para mejor proveer en el asunto de la
referencia se requería información sobre las regulaciones que se han efectuado
con fundamento en lo dispuesto por la sentencia C-355 de 2006 por medio de la
cual se despenaliza el aborto inducido bajo ciertas circunstancias. Para tales
efectos, ordenó que por Secretaría General de la Corte Constitucional se
oficiara al Ministerio de la Protección Social para que informara sobre las
regulaciones realizadas con fundamento en la referida sentencia C-355 de 2006 y
acerca de si se han presentado proyectos de ley tendientes a regular esta
materia.
En comunicación allegada a la Secretaría General de la
Corte Constitucional el día 8 de mayo de 2007 la Jefe de la Oficina Jurídica y
de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social anexó copia del
Decreto 4444 de 2006 por intermedio del cual se efectuaron regulaciones
realizadas con fundamento en la sentencia C-355 de 2006 en materia “de la
prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva.” Informó, de
otra parte, que revisado el archivo de proyectos de ley “de interés del sector
de la Protección Social que cursan actualmente en el Congreso de la República,
no se encontraron proyectos de ley tendientes a regular la materia ‘práctica
del aborto inducido.’”
12.- A continuación, se transcribe el Decreto 4444 de
2006.
“MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
DECRETO NÚMERO 4444 DE 2006
(Diciembre 13)
Por el cual se reglamenta la prestación de unos
servicios de salud sexual y reproductiva
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y los
artículos 1 de la
Ley 10 de 1990, 154 y 227 de la Ley 100 de 1993, y 42 de la Ley 715 de 2001
CONSIDERANDO
Que la Honorable Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, declaró exequible el artículo
122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en delito de
aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se
produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un
médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su
vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia
de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Que la Honorable Corte Constitucional
consideró que, aunque para la inmediata aplicación de la Sentencia C-355/06 no
era necesaria una reglamentación, tal circunstancia no impide que el regulador
en el ámbito de la seguridad social en salud, en cumplimiento de sus deberes y
dentro de la órbitas de su competencia, adopte decisiones respetuosas de los
derechos constitucionales de las mujeres, como por ejemplo, aquellas
encaminadas a regular su goce efectivo en condiciones de igualdad y de
seguridad dentro del sistema de seguridad social en salud y, si lo considera
conveniente, expida normas que fijen políticas públicas que permitan el goce de
los derechos protegidos por la Sentencia.
Que es deber del Estado garantizar la
provisión de servicios de salud seguros y definir los estándares de calidad que
garanticen el acceso oportuno, en todo el territorio nacional y en todos los
grados de complejidad, a los procedimientos de interrupción voluntaria del
embarazo, en los eventos no constitutivos de delito de aborto, al tenor de lo
dispuesto en la Sentencia C-355/06.
Que conforme al Acuerdo de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (1999) en el que se consideró que “en
circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los sistemas de salud
deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y
tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles…”,
la Organización Mundial de la Salud en su rol de asesoría a los Estados
Miembros ha venido desarrollando normas y estándares con el objeto de
fortalecer la capacidad de los sistemas de salud.
Que corresponde a la órbita de competencia
del Gobierno Nacional regular el servicio público esencial de salud y de
seguridad social en salud y en tal sentido, se hace necesario adoptar medidas
tendientes al respeto, protección y satisfacción de los derechos a la atención
en salud de las mujeres, eliminando barreras que impidan el acceso a servicios
de salud de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y condiciones
establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, la educación e información en el
área de la salud sexual y reproductiva, en condiciones de seguridad,
oportunidad y calidad, fijando los requisitos necesarios para su prestación.
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente decreto
aplican, en lo pertinente, a las Entidades Promotoras de Salud, las
Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas
de Medicina Prepagada, a las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción
de que tratan el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, y a
los Prestadores de Servicios de Salud.
Los servicios de interrupción voluntaria
del embarazo en los casos y condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de
2006, estarán disponibles en el territorio nacional para todas las mujeres,
independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud-SGSSS.
Los servicios de salud requeridos por las
afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de las
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado y las
Entidades Adaptadas se prestarán en las instituciones prestadoras de servicios
de salud con las que cada administradora tenga convenio o contrato, o sin
convenio cuando se trate de la atención de urgencias. Los servicios de salud
requeridos por la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda,
se efectuarán a través de los Prestadores de Servicios de Salud públicos o
aquellos privados con los cuales las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud tengan contrato.
Los servicios de salud requeridos por las
afiliadas a los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, serán prestados a través de los
Prestadores de Servicios de Salud de las entidades responsables de dichos
regímenes.
ARTÍCULO 2º. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. La provisión de servicios seguros de
Interrupción Voluntaria del Embarazo no constitutiva del delito de aborto,
estará disponible en todos los grados de complejidad que requiera la gestante,
en las instituciones prestadoras habilitadas para ello, de acuerdo con las
reglas de referencia y contrarreferencia, y demás previsiones contenidas en el
presente Decreto.
Las Entidades Departamentales, Distritales
y Municipales de Salud, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar
que en la red pública de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción,
exista disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la atención
oportuna de las gestantes que requieran servicios de IVE en todos los grados de
complejidad.
Las Entidades Promotoras de Salud, las
Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, y las
entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo
279 de la ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, deberán garantizar un número
adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de que trata el
presente Decreto y de acuerdo con sus disposiciones, de conformidad con lo
previsto en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las normas técnicas
que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
Las entidades a quienes aplica el presente
Decreto y los prestadores de servicios de salud deberán garantizar el
funcionamiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia, de manera que
se asegure en forma oportuna la remisión de las gestantes a servicios de
mediano y alto grado de complejidad, cuando se presenten complicaciones, o
cuando la edad gestacional o el estado de salud de la mujer así lo amerite.
Estos deben garantizar igualmente la contrarreferencia a los niveles de baja
complejidad para los servicios de promoción de la salud sexual y reproductiva y
planificación familiar.
PARÁGRAFO. En ningún caso las entidades de que trata el artículo
1º del presente Decreto podrán imponer barreras administrativas que posterguen
innecesariamente la prestación de los servicios de que trata el presente
Decreto, tales como, autorización de varios médicos, revisión o autorización
por auditores, periodos y listas de espera, y demás trámites que puedan
representar una carga excesiva para la gestante.
El incumplimiento de lo previsto en el
presente artículo dará lugar a la imposición de sanciones establecidas en las
normas legales por las autoridades competentes.
ARTÍCULO 3º. NORMAS TÉCNICAS. La atención integral de las gestantes que
demanden servicios de que trata el presente Decreto se hará con sujeción a las
normas técnico- administrativas que expida el Ministerio de la Protección
Social. Estas normas serán de obligatorio cumplimiento para la atención de la
interrupción voluntaria del embarazo, para garantizar una atención integral y
con calidad, y deberán definir los procedimientos médicos o quirúrgicos que se
aplicarán según las semanas de gestación. El Ministerio de la Protección Social
deberá expedir esta norma dentro de los treinta (30) días siguientes a la
vigencia del presente Decreto.
PARÁGRAFO. Hasta tanto el Ministerio de la Protección Social
adopte las normas técnicas, los prestadores obligados al cumplimento del
presente Decreto tendrán como referente la guía “Aborto sin riesgo: Guía técnica
y de políticas para sistemas de salud” de la Organización Mundial de
la Salud (2003).
ARTÍCULO 4º. FINANCIAMIENTO. Los servicios de salud de que trata el
presente Decreto que se encuentren contenidos en los Planes Obligatorios de
Salud de los regímenes contributivo y subsidiado para las afiliadas al Sistema
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, se cubrirán con cargo a la Unidad
de Pago por Capitación del respectivo régimen.
Para la población pobre no cubierta con
subsidios a la demanda, la atención integral de dichos servicios se cubrirá con
cargo a los recursos que financian la prestación de los servicios de salud en
la respectiva entidad territorial.
En ningún caso habrá lugar al cobro de
cuotas de recuperación por la prestación de servicios de que trata el presente
Decreto para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
Los servicios de salud para las afiliadas a
los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y la Ley 647 de 2001, se cubrirán con cargo a los recursos que financian
los citados regímenes.
ARTÍCULO 5º. DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Con el fin de garantizar la prestación
del servicio público esencial de salud, evitar barreras de acceso y no vulnerar
los derechos fundamentales protegidos por la Sentencia C-355/06, la objeción de
conciencia es una decisión individual y no institucional, que aplica
exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo.
ARTÍCULO 6º. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS
DISCRIMINATORIAS. En ningún
caso la objeción de conciencia, la no objeción de conciencia o el antecedente
de haber practicado o realizado una interrupción voluntaria del embarazo en los
términos del presente Decreto, podrá constituir una circunstancia de
discriminación para la gestante, los profesionales de la salud y los
prestadores de servicios de salud. No podrá exigirse esta información como
requisito para:
a) Admisión o permanencia en centros
educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación.
b) Acceso a cualquier actividad laboral o
permanencia en la misma, excepto cuando se requiera vincular personal para la
prestación directa de los servicios regulados por el presente Decreto.
c) Afiliación a una Entidad Promotora de
Salud o a una Administradora del Régimen Subsidiado y acceso a los servicios de
salud.
d) Ingreso, permanencia o realización de
cualquier tipo de actividad cultural, social, política o económica.
e) Contratación de los servicios de salud
no relacionados con la prestación de los servicios de que trata el presente
Decreto.
ARTÍCULO 7º. RÉGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de las disposiciones del
presente decreto dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, y a las establecidas en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y
la Ley 100 de 1993, según el caso, las cuales serán impuestas por las
autoridades competentes en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia
y control.
El proceso sancionatorio se iniciará de
oficio, a solicitud de parte interesada, por información del funcionario
público, por denuncia, o queja presentada por cualquier persona, o como
consecuencia de haberse tomado con antelación una medida de seguridad o
preventiva.
Si los hechos materia del proceso
sancionatorio fueren constitutivos de delito o faltas disciplinarias, se
pondrán en conocimiento de la autoridad competente, acompañados de las pruebas
pertinentes.
ARTÍCULO 8º. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a 13 de diciembre de
2006
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Social”
Decisiones judiciales objeto de revisión.
Primera instancia
13.- Puesto que de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1382 de 2000 el conocimiento de la
acción de tutela instaurada contra particulares debe ser conocida en primera
instancia por Jueces Municipales o con categoría de tales, el Juzgado Segundo
de Menores de Villavicencio, Meta, se declaró incompetente mediante auto
fechado el día 21 de septiembre de 2006 para conocer de la tutela impetrada.
Asumió competencia para conocer del caso el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Villavicencio, Meta. Este Juzgado resolvió mediante sentencia fechada el día 26
de septiembre de 2006 no conceder la protección solicitada por la señora AA a
nombre propio y en el de su hija.
La Juez Séptima Civil Municipal hizo un análisis del
acervo probatorio, así como de las pruebas solicitadas por su despacho. En su
opinión, resultaba claro que al negarse SALUDCOOP “a dar el trámite oportuno a
la solicitud hecha por la accionante, dilató de manera innecesaria la toma
de una decisión que posiblemente hubiere evitado los riesgos que se presentan
ahora.” (Énfasis fuera del texto original). De conformidad con lo
expresado por la Juez Séptima, ya para ese momento era preciso reparar en el
informe médico presentado por el Hospital Departamental de Villavicencio de
acuerdo con el cual “superadas las 15 semanas de embarazo se aumentan las
posibilidades de complicación para la vida y la salud de la paciente, al
realizarse una aborto son mayores al punto de presentar riesgo de muerte.”
Puso énfasis la funcionaria judicial en que a partir
del referido informe médico – que fue emitido por una entidad diferente a la E.
P. S. accionada - podía deducirse la existencia de un peligro inminente para la
vida de la paciente en caso de practicarse el aborto. Por esta razón, consideró
la juez que debía garantizar la vida de la paciente. Estimó, que no podía
“ordenar el procedimiento quirúrgico apoyado en la sentencia C-355 de 2006
porque esta hace énfasis en la despenalización del aborto en casos
excepcionales, pero no cuando la vida de la materna (sic) se encuentra en
riesgo si éste se practica, debiendo propender por salvaguardar la vida, más
aún que en el caso presente no está de por medio la voluntad de la paciente,
sino de su señora madre.”
Según la juez, si se observan “los casos excepcionales
de despenalización si la vida de la gestante no se pone en riesgo, se lo debe
realizar para amparar su dignidad humana, porque en un Estado Social de Derecho
existe una obligación de asistencia humanitaria de todas las personas, dirigida
a proteger a los más débiles y a quienes se encuentran en condiciones difíciles
y extremas por su situación y dimensión inviolable, como una proyección más del
derecho a la seguridad social.” En este caso consideró la juez que la vida de
la joven se ponía en riesgo, por cuanto el embarazo se encontraba ya demasiado
avanzado y el concepto médico había subrayado los riesgos que para la vida de
la paciente podía traer como consecuencia su interrupción. Por ese motivo,
resolvió no conceder la tutela.
Segunda Instancia.
14.- Impugnada la sentencia por la señora AA, le
correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio conocer de
la apelación. El Juzgado resolvió confirmar en todas sus partes el fallo del a
quo. Expuso las razones que se resumen a renglón seguido.
Luego de plantear los hechos del caso bajo examen, la
juez de segunda instancia se refirió a la sentencia C-1300 de 2005 por medio de
la cual la Corte Constitucional se inhibió de conocer sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 “Por la
cual se expide el Código Penal” y citó algunos de los argumentos utilizados
por los demandantes, para sostener a continuación que
“el artículo 122 del Código Penal,
desarrolla el Artículo 11 de la Constitución Política, que consagra la
obligación de respetar el Derecho natural a la Vida que tiene todo ser humano
desde el momento de la concepción hasta la muerte. Derecho natural inviolable
que ‘surge por el simple hecho de ser inherente a la condición humana’, y que
es anterior a todas las organizaciones políticas y sociales. En consecuencia,
el Artículo 122 acusado es incontrovertiblemente Constitucional, por sancionar
las más violatoria de las conductas contra el Derecho natural a la Vida Humana,
cual es la de provocar la muerte.”
Más adelante, citó sin establecer referencia alguna,
fallos proferidos por la Corte Constitucional emitidos con antelación a la
sentencia C-355 de 2006 mediante la cual la Corte Constitucional condiciona la
constitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 – que a partir de ese
momento en adelante ha de ser interpretado de conformidad con la ratio
decidendi de la mencionada sentencia encaminada a despenalizar la práctica
del aborto inducido bajo ciertas circunstancias -. A renglón seguido, arribó la
juez de apelación a la siguiente conclusión que se citará de manera textual:
“En el caso a estudio (sic), observa el
Despacho que la Funcionaria de conocimiento hizo bien en acoger el concepto
Técnico y Científico dado por Los Especialistas en Gineco Obstetricia Doctores
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ H:, RODRIGO REYES MÉNDEZ, LUIS FERNANDO BOCAREJO y
LUCRECIA MEJÍA DE SÁNCHEZ, ya que superadas las 15 semanas de embarazo las
complicaciones del ABORTO acarrearán graves complicaciones que ponían en
peligro inminente la vida de la madre quien se encuentra en grave estado de
salud, lo que conllevaría a ponerle fin a su vida. /b En esas condiciones, este
Despacho confirma en todas sus partes el Fallo de tutela impugnado al
encontrarlo ajustado a derecho.”
Con fundamento en las consideraciones que anteceden,
resolvió la juez Cuarta Civil de Circuito de Villavicencio, Meta, confirmar en
todos sus extremos la sentencia proferida por la juez de conocimiento.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta Corte es competente para revisar el presente
fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
Planteamiento del caso concreto y presentación de los
problemas jurídicos.
2.- La peticionaria actúa en nombre propio y en nombre
de su hija de 24 años de edad, quien tiene Parálisis Cerebral y Retardo Sicomotor
Severo e Hipotiroidismo; Cuadriparesia Espástica, Encefalopatía Hipoxico
Isquemica, Hipotonía Trocular, Epilepsia Parcial Versiva a la izquierda;
Mioclonia –. Estas limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales mantienen a la
joven inmovilizada en silla de ruedas. Exige la actora el amparo de sus
derechos y de los derechos de su hija al respeto por la dignidad humana
(artículo 1º C. N.); a la vida (artículo 11 C. N.); a la intimidad (artículo 15
de la C. N.); de petición (artículo 23 C. N.); a la protección que le otorga el
ordenamiento constitucional a las personas con diversidad funcional
(discapacidad) (artículo 47 C. N.); a la salud (artículo 49 de la C. N.).
Considera que estos derechos fueron vulnerados por SALUDCOOP E. P. S. por
cuanto esta entidad prestadora de salud se negó a practicar de manera pronta y
urgente – como lo exigían las circunstancias del caso concreto - una cirugía
orientada a interrumpir el embarazo de su joven hija acaecido como resultado de
abuso carnal con persona sin posibilidad de resistir. La demandante solicitó a
la juez de conocimiento dictar una medida provisional para que se ordenara practicar
el aborto en el menor tiempo posible.
La entidad demandada alegó que en ninguna de las
solicitudes presentadas por la accionante fue anexada o constaba copia de la
existencia de denuncio ante las autoridades “por acceso carnal violento.”
Esgrimió asimismo que no se había anexado copia o certificación del proceso de
interdicción por incapacidad en la que se le otorgara a la madre representación
legal de la joven. Agregó, además, que no existía tampoco prueba de “VALORACIÓN
SICOLÓGICA QUE DETERMINE DE MANERA CERTERA LA AUSENCIA DE VOLUNTAD EN LA
PACIENTE.” (Mayúsculas utilizadas por la entidad demandada). Con fundamento
en los motivos anteriores concluyó, finalmente, que la tutela debía ser
declarada improcedente toda vez que no existía ninguna omisión por parte de la
entidad prestadora de salud que pudiera ser considerada como desconocedora de
derechos constitucionales fundamentales.
La Juez Séptima Civil Municipal de Villavicencio,
Meta, quien actuó en primera instancia, admitió que la E. P. S. SALUDCOOP no
había dado un trámite oportuno a la solicitud elevada por la peticionaria y
había dilatado, en consecuencia, “de manera innecesaria” la adopción de
una medida que habría posiblemente evitado los riesgos que para la vida de la
joven se presentaban en el momento de elevarse la solicitud de tutela.
Con base en las pruebas que obraban en el expediente,
así como en el informe médico legal solicitado por su despacho, la juez de
primera instancia resolvió negar la acción de tutela. Consideró que a esas
alturas de desarrollo del embarazo, su interrupción podría acarrear grave
riesgo para la vida de la joven.
Impugnada la sentencia de primera instancia, le
correspondió pronunciarse en apelación a la juez Cuarta Civil del Circuito de
Villavicencio, Meta, quien resolvió “confirmar en todas sus partes” la
sentencia emitida por la juez a quo. La juez de segunda instancia hizo
caso omiso de lo establecido por la Corte Constitucional en la parte motiva y
resolutiva de la sentencia C-355 de 2006 - mediante la cual se despenalizó la
práctica del aborto inducido bajo ciertas circunstancias, dentro de las que se
encuentran, haber sido el embarazo fruto de acceso carnal violento o no
consentido -, y citó, en extenso, fallos anteriores de la Corte Constitucional
sin dar cuenta del origen de los apartes citados. No obstante, basada en tales
consideraciones, resolvió confirmar, en todos sus extremos, lo resuelto por la
juez de primera instancia.
Problemas Jurídicos.
3.- Con fundamento en lo expuesto, le corresponde a esta
Sala de Revisión establecer si desconoce una Entidad Promotora de Salud los
derechos al amparo especial que le confiere el ordenamiento constitucional a
las personas discapacitadas (artículos 47, 13 C. N.) así como la protección de
la dignidad humana (artículo 1º de la C. N.), cuando se niega a practicar de
manera pronta y urgente una cirugía tendiente a interrumpir el embarazo de una
joven cuya discapacidad es un hecho notorio – en este caso, limitaciones
físicas, psíquicas y sensoriales que le impiden manifestar su consentimiento de
manera libre y directa - quien fue víctima de abuso carnal sin consentimiento y
abusivo.
Para resolver los anteriores aspectos
constitucionalmente relevantes, esta Sala de Revisión debe pronunciarse, (i) en
primer lugar, sobre los lineamientos generales de la sentencia C-355 de 2006 y,
particularmente, acerca de los requisitos establecidos en esa sentencia para
efectos de que se practique el aborto inducido en caso de acceso carnal
violento, no consentido o abusivo; (ii) respecto de los desarrollos que en
relación con dicha temática efectuó el decreto reglamentario 4444 de 2006
emitido por el Ministerio de la Protección Social. (iii) Considera pertinente la
Sala pronunciarse asimismo en relación con la protección que se le confiere a
las personas discapacitadas, tanto en el ordenamiento constitucional como en el
ámbito internacional. (iv) De otro lado, estima la Sala oportuno pronunciarse
sobre la improcedencia de la tutela por la carencia actual de objeto y, en esa
misma línea, explicar porqué si bien es cierto en el caso concreto se verificó
carencia actual de objeto, la Corte puede pronunciarse así no emita orden
alguna.(v) Por último, le corresponde a la Sala verificar (a) si en el caso
concreto se cumplían o no los requisitos para que procediera la práctica del
aborto inducido por acceso carnal no consentido y abusivo; (b) si al omitir la
practica del aborto inducido en el caso concreto la entidad demandada
desconoció los derechos constitucionales fundamentales de la joven BB y, en
particular, su derecho a la garantía de la dignidad humana y la protección que
por ser persona discapacitada le otorga tanto el ordenamiento jurídico interno
como el derecho internacional de los derechos humanos.
Lineamientos de la parte resolutiva y ratio
decidendi de la sentencia C-355 de 2006 por medio de la cual la Corte
Constitucional despenaliza el aborto inducido bajo ciertas circunstancias.
4.- Mediante la sentencia C-355 de 2006 le
correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 122[8], 123 (parcial)[9],
124[10], modificados por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y 32, numeral 7[11]
de la Ley 599 de 2000 Código Penal. En la parte resolutiva de la sentencia
mencionada, la Corte decide, con efectos que vinculan a todas las personas y a
todas las autoridades públicas sin excepción,
(i)
“Negar las
solicitudes de nulidad de conformidad con lo expuesto en el punto 2.3. de la
parte considerativa de esta sentencia.”
(ii)
“Declarar EXEQUIBLE
el artículo 32, numeral 7 de la Ley 599 de 2000, por los cargos examinados
en la presente sentencia.”
(iii)
“Declarar EXEQUIBLE
el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en
delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del
embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del
embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada
por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable
su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el
resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto.”
(iv)
“Declarar INEXEQUIBLE
la expresión ‘…o en mujer menor de catorce años …’  contenida en el
artículo 123 de la Ley 599 de 2000.”
(v)
“Declarar INEXEQUIBLE
el artículo 124 de la Ley 599 de 2000.”
5.- A partir de la lectura de la sentencia, es
factible distinguir la ratio dicidendi, esto es, aquellos argumentos
utilizados por la Corte Constitucional para fundamentar la sentencia que se
relacionan de manera inescindible con la parte resolutiva de la misma y que
configuran, precisamente, el decisum de la providencia. A continuación,
se hará alusión a algunos de los elementos más relevantes del decisum:
(i)
Ninguno de los valores,
principios o derechos constitucionales fundamentales se garantiza en el
ordenamiento jurídico constitucional colombiano de manera absoluta, pues estos
deben poder dar lugar a la ponderación frente a otros valores, principios y
derechos cuya protección también resulta relevante desde el punto de vista
constitucional.
(ii)
El ordenamiento
constitucional colombiano le confiere protección al valor de la vida y al
derecho a la vida, pero esta protección no tiene igual extensión. Existe una
protección general de la vida que engloba el valor de la vida del nasciturus.
De ahí que la ley pueda diseñar los mecanismos para protegerla de la manera más
óptima posible. Puede, incluso, el legislador acudir al derecho penal para esos
efectos.
(iii)
La anterior
posibilidad, no obstante, debe surtirse bajo las fronteras que traza la
Constitución misma – reforzados estos límites con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 93 superior, esto es, por las garantías consignadas en un conjunto
de convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia -.
En ese orden, cualquier medida orientada a proteger el valor de la vida del nasciturus
no puede significar atentar contra los derechos de la mujer gestante entre los
cuales se encuentran el derecho a estar la mujer libre de toda suerte de
discriminación injustificada y de violencia así como a gozar de modo pleno de
sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.
(iv)
No puede esa protección
infringir el derecho de la mujer gestante al respeto por su dignidad; debe
garantizar su derecho a la libertad, en general, y a la posibilidad de la mujer
para autodeterminarse y para configurar su propia identidad, según el derecho
al libre desarrollo de su personalidad; tampoco puede implicar una afectación
grave del derecho de la mujer gestante a preservar su salud integral – física y
mental – y ha de enfocarse a proteger su vida.
(v)
Conferir un amparo absoluto
al valor de la vida del nasciturus hasta el punto de penalizar el aborto
en caso de conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de
óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto, o cuando está en peligro
la vida y la salud integral de la mujer gestante, equivale a permitir una
intromisión estatal de magnitud desmesurada que se aparta por entero del
mandato de proporcionalidad y razonabilidad, como han sido desarrollados estos
principios por la jurisprudencia constitucional y desconoce las garantías que
se desprenden a partir de la protección que se le confiere a los derechos de la
mujer en el ámbito internacional de los derechos humanos.
6.- Ahora bien, dada la importancia que para el caso
que ocupa la atención de la Sala en la presente ocasión tiene la situación de
la mujer que ha sido víctima de acceso carnal violento, no consentido o
abusivo, estima la Sala pertinente extenderse un poco más sobre las
consideraciones realizadas por la Sentencia C-355 de 2006 en punto a este
asunto, las cuales también se relacionan de modo inescindible con la parte
resolutiva de la referida providencia.
En relación con este tópico, manifestó la Corte con
toda nitidez, que en aquellos eventos en los cuales el embarazo surgía a partir
de una conducta “constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de
óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto,” se exigía como único
requisito para practicar el aborto inducido que el hecho punible “haya
sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes.” De
inmediato, subrayó la Corporación cómo cualquier regulación legal en tal
sentido no debía significar la imposición de cargas desproporcionadas para la
mujer gestante y brindó algunos ejemplos. Dijo la Corporación en relación con
lo anterior, que en caso de violación no se podía exigir ni “evidencia
forense de penetración sexual” ni tampoco  “pruebas que avalen
que la relación sexual fue involuntaria o abusiva.”
Acentúo, de otra parte, que resultaba inadmisible “requerir
que la violación se confir[mara] a satisfacción del juez” o que se exigiera
como requisito para practicar el aborto inducido que el oficial de policía ante
quien se instaura la denuncia estuviese “convencido de que la mujer fue
victima de una violación.” Enfatizó, del mismo modo, que no se podía “
exigir que la mujer deb[a] previamente obtener permiso, autorización, o
notificación, bien del marido o de los padres.” Subrayó, por demás, que los
anteriores supuestos los presentaba a manera de ilustración y por tanto no
constituían las únicas hipótesis “en la cuales resulta[ba] claramente
desproporcionada la sanción penal del aborto”.
Insistió la Corte en que penalizar la interrupción del
embarazo bajo los supuestos descritos de acceso carnal violento, no consentido
o abusivo significaba a todas luces una grave vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales de la mujer víctima de ese delito, motivo por el
cual no podía bajo tales circunstancias dársele primacía a la vida del nasciturus.
Acentuó la Corte lo siguiente en relación con la protección de la vida en el
ordenamiento constitucional colombiano:
“En efecto, la importancia de la vida como
bien constitucionalmente protegido y el correlativo deber de protección a cargo
del Estado imponen al Legislador la adopción de medidas de protección de índole
normativa. Así, en la sentencia C-309 de 1997 sostuvo esta Corporación:
‘La Carta no es neutra entonces frente a
valores como la vida y la salud sino que es un ordenamiento que claramente
favorece estos bienes. El Estado tiene entonces un interés autónomo en que
estos valores se realicen en la vida social, por lo cual las autoridades no
pueden ser indiferentes frente a una decisión en la cual una persona pone en
riesgo su vida o su salud. Por ello el Estado puede actuar en este campo, por
medio de medidas de protección, a veces incluso en contra de la propia voluntad
ocasional de las personas, con el fin de impedir que una persona se ocasione un
grave daño a sí mismo. Las medidas de protección no son entonces incompatibles
con la Carta. Sin embargo, ello no significa que cualquier medida de esta
naturaleza sea admisible, puesto que, en ocasiones, el Estado o la sociedad,
con el argumento de proteger a la persona de sí misma, terminan por desconocer
su autonomía. Por ello la Corte, al reconocer la posibilidad de estas medidas,
había sido muy cuidadosa en señalar que éstas perdían toda legitimidad
constitucional cuando se convertían en políticas "perfeccionistas",
esto es, "en la imposición coactiva a los individuos de modelos de vida y
de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual obviamente contradice la
autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la persona, fundamentos
esenciales de nuestro ordenamiento jurídico’.”
7.- Como se desprende de lo expuesto, la Corte
Constitucional fue muy clara en establecer que la protección del valor de la
vida del nasciturus en el ordenamiento constitucional debe efectuarse
sin detrimento de los derechos constitucionales de la mujer gestante. Cualquier
medida de protección debe ser proporcionada y, en tal sentido, no puede
traducirse en una carga excesiva y arbitraria para los derechos de la mujer
gestante o en una medida perfeccionista que atente contra su dignidad, su
autonomía o contra el libre desarrollo de su personalidad. Por ese motivo, en
caso de configurarse acceso carnal violento, sin consentimiento o abusivo el único
requisito exigible para efectuar el aborto inducido es que tal hecho
punible “haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes.”
Justo en esa misma línea de argumentación, resaltó la Corte que debía
considerarse inadmisible cualquier regulación legal tendiente a exigir cargas
desproporcionadas que dejaran sin protección a la mujer gestante.
Regulaciones efectuadas por el decreto reglamentario
4444 de 2006.
8.- En este lugar estima la Sala
pertinente recordar algunos pasajes del Decreto 4444 de 2006 “Por el cual se
reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva.” Aquí
no entra la Sala a cuestionar la validez del referido decreto. Le interesa, más
bien, resaltar cómo las regulaciones contenidas en el decreto resultan
aplicables en la medida en que armonizan con lo establecido por la Constitución
Nacional y con lo consignado en la ratio decidendi contenida en la
sentencia C-355 de 2006.
En el decreto subrayó el
Gobierno – Ministerio de la Protección Social -, el deber por parte del Estado
de garantizar “la provisión de
servicios de salud seguros y de definir los estándares de calidad que
garanticen el acceso oportuno, en todo el territorio nacional y en todos los
grados de complejidad, a los procedimientos de interrupción voluntaria del
embarazo, en los eventos no constitutivos de delito de aborto, al tenor de lo
dispuesto en la Sentencia C-355/06.”
Acentuó el Decreto 4444 cómo de conformidad con el
Acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1999) en situaciones en
las cuales el aborto no es ilegal, “los sistemas de salud deben
entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y
tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles…”
(Énfasis añadido). Insistió en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a
eliminar “barreras que impidan el acceso a servicios de salud de interrupción
voluntaria del embarazo en los casos y condiciones establecidas en la Sentencia
C-355 de 2006, la educación e información en el área de la salud sexual y
reproductiva, en condiciones de seguridad, oportunidad y calidad, fijando los
requisitos necesarios para su prestación.” (Énfasis añadido).
9.- De lo expresado en líneas precedentes se sigue
que, en relación con la práctica del aborto inducido en los casos que fueron
despenalizados por la sentencia C-355 de 2006, el deber de las autoridades
públicas – y de los particulares que actúan en esa calidad, como ocurre con las
Empresas Promotoras de Salud -, consiste en remover los obstáculos que impidan
a la mujer gestante acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad
y seguridad de modo que se protejan en debida forma sus derechos sexuales y
reproductivos. Las autoridades públicas y los particulares que obran en esa
calidad no sólo están obligados a evitar actuaciones discriminatorias sino a
promover las condiciones para que sea factible respetar los derechos
constitucionales fundamentales de la mujer gestante.
Protección que se le confiere a las personas
discapacitadas, tanto en el ordenamiento constitucional como en el ámbito
internacional.
10.- Las personas discapacitadas reciben una
protección reforzada que se deriva tanto del ordenamiento jurídico interno como
del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de estas garantías
de protección, se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las
autoridades públicas y de los particulares quienes en sus actuaciones han de
proceder de modo que se considere de manera especial a estas personas y se les
respeten sus derechos constitucionales fundamentales.
En este contexto resultan pertinentes tanto la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas Discapacitadas[12]
así como la Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de Personas con
Discapacidad. Así, por ejemplo, la Convención Interamericana ha definido de la
siguiente manera el término discapacidad:
“Artículo I. 1. Discapacidad. El término
“discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social”.
Una definición semejante se consigna en las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad[13]:
“...una deficiencia física, intelectual o
sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente
o transitorio.”
La Observación General No. 5[14]
sobre los derechos de las personas con discapacidad[15]
emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece,
a su turno, que estas personas han de ser protegidas y promovidas mediante
programas y leyes generales, así como por medio de programas y normatividades
de finalidad específica. De esta manera, surge un claro deber para los Estados
partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
-PIDESC[16], consistente en la búsqueda
de la realización progresiva de los derechos consagrados en favor de la
población discapacitada, así como la eliminación de las desventajas
estructurales, mediante la adopción de acciones afirmativas tendentes a lograr
el acceso, en igualdad de condiciones que el resto de la población, a los
derechos económicos, sociales y culturales[17].
11.- A partir de lo expuesto es factible constatar los
logros que, al menos a nivel normativo, se han efectuado en el plano del derecho
internacional de los derechos humanos. Algo similar sucede dentro del
ordenamiento jurídico colombiano en donde se manifiesta una especial
preocupación por las personas discapacitadas en general, y, en particular,
cuando ellas puedan verse colocadas en circunstancias de indefensión. Como
consecuencia, se ordena adoptar un conjunto de medidas para protegerlas. Lo
anterior se confirma cuando se realiza una lectura de los incisos 2º y 3º del
artículo 13 superior.
“El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.”
En tal sentido, el Estado tiene la obligación de
amparar a las personas que por circunstancias relacionadas con su condición
económica, física o mental puedan encontrarse en situación de debilidad
manifiesta. Debe asimismo sancionar los abusos y maltratos que se cometan en
contra de estas personas El artículo 47 de la Constitución Nacional establece,
a su turno, que:
“el Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
El artículo 54 superior preceptúa de manera expresa el
deber del Estado de “...garantizar a los  minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”, y el artículo 68, determina
en su último inciso que “la erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado”.
La sentencia T-884 de 2006 resume el alcance de la
protección consignada a favor de las personas discapacitadas en tanto grupo de
especial protección constitucional. Así las cosas, la Constitución Nacional en
sus artículos 13, 47, 54 y 68:
“impone a las autoridades públicas (i) la
obligación de abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en
discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y (ii), el deber de adoptar
medidas de discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad
para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos y
libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la
igualdad real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas, la Constitución
contempla aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de
salud de esta población y “la formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran”, así como la educación para las personas con limitaciones
físicas o mentales[18].”
12.- Lo expuesto lleva a resaltar el interés del
Estado colombiano - acogido de manera expresa en el texto constitucional y
reforzado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos -, de
ofrecer una protección especial a las personas discapacitadas colocadas, muchas
de ellas, por razón de sus limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales en
situación manifiesta de debilidad. Así, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha insistido también de manera reiterada en esa protección. Ha
dicho al respecto, que la omisión de proporcionar especial amparo a las
personas colocadas en circunstancia de indefensión bien sea por razones físicas
mentales o sensoriales puede incluso equipararse a una medida discriminatoria[19].
Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide
integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y
responder por sus obligaciones, así que el Estado no puede negarse a adoptar un
conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar - en la medida de lo
factible - esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se
ven avocadas y propender por su efectiva integración a la sociedad.
También ha subrayado la Corte la necesidad de que -
dentro de términos razonables - se interprete las normas legales de manera que
más favorezca a las personas discapacitadas cuando ellas puedan verse colocadas
en situación de debilidad manifiesta. Así lo recordó, por ejemplo, en la
sentencia T-307 de 1993:
“La interpretación de la ley, a partir
de los presupuestos de la normalidad, en consecuencia, no es apropiada cuando
se propone aplicarla a los disminuidos psíquicos, pues, en su caso se torna
imperativo con miras a su integración social extraer los elementos de la misma
que tiendan a su mayor beneficio y excluir los que a la luz de su particular
situación puedan resultar irrazonables[20].”
De conformidad con la referida línea de argumentación,
el Estado ni las autoridades públicas pueden negarse a brindar las condiciones
normativas y materiales que permitan a personas discapacitadas compensar sus
limitaciones par obtener una real integración a la sociedad. Este deber de
protección no solo radica en cabeza de las y de los legisladores sino también
le corresponde ejercerlo a todas las autoridades públicas sin excepción,
incluso a los particulares que – como las Empresas Promotoras de Salud –
prestan el servicio público de salud[21].
Improcedencia de la acción de tutela por la carencia
actual de objeto
13.- En este lugar, estima la Sala pertinente
referirse a la improcedencia de la tutela por la carencia actual de objeto y,
en esa misma línea, explicar porqué si bien es cierto en el caso concreto se
verificó carencia actual de objeto, la Corte puede pronunciarse, así no emita
orden alguna.
En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional
que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de hecho que daban
lugar a la eventual amenaza de violación o violación de derechos
constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de
existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional pueda
adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste
justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo
esas circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo
constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente
vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y
justificación[22].”
14.- La Corte ha dicho, asimismo, que para declarar la
carencia actual de objeto es preciso constatar que ésta haya tenido lugar
dentro del proceso respectivo y haya podido ser verificada por la autoridad
judicial. Se requiere de igual modo establecer el momento procesal en el que se
presentó por cuanto de estos aspectos dependerá que
“no obstante se haya producido tal
cesación, se exija a los  jueces constitucionales de instancia pronunciamiento
de fondo que deberá estar conforme al ordenamiento jurídico y el sentido dado
por el intérprete constitucional frente a la situación en consideración. Por
ello, tanto el juez de segunda instancia en el trámite de la tutela como la
Corte Constitucional en el trámite de revisión, no obstante encontrar que el
hecho haya sido superado, si al verificar el trámite precedente se establece que con base en el acervo
probatorio existente a ese momento y los fundamentos jurídicos y
jurisprudenciales aplicables al caso,  el juez ha debido conceder o negar el
amparo solicitado y no lo hizo, debe procederse a revocar la providencia
materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no
es jurídicamente viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior[23].”
15.- En ese orden, ha distinguido la Corte al menos
dos hipótesis. Cuando el supuesto de hecho que da origen al proceso de tutela
cesa, desaparece o se supera (i) antes de iniciarse el proceso ante los jueces
de instancia o en el transcurso del mismo (ii) estando en curso el proceso de Revisión
ante la Corte Constitucional. En el primer evento, la Sala de Revisión no puede
exigir de los jueces de instancia un proceder diferente y ha de orientarse, en
consecuencia, a confirmar el fallo revisado “quedando a salvo la posibilidad
de que en ejercicio de su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una
declaración adicional relacionada con la materia[24].”
En el segundo, cuando la respectiva Sala de Revisión de la Corte
Constitucional advierte que los jueces de instancia han debido conceder el
amparo solicitado y no lo hubieren hecho, entonces aquella revocará los fallos
objeto de examen y concederá la tutela sin importar que no se proceda a
impartir orden alguna[25].
En este último sentido ha dicho la Corporación que
cuando a partir de las pruebas y situaciones que obran en el expediente puede
deducirse que los derechos han debido ser protegidos y no lo fueron por
parte de los jueces de instancia debe entonces procederse a revocar el fallo de
segunda instancia. No se imparte orden alguna tendiente a proteger los
derechos por cuanto se infiere que la vulneración ha cesado, desaparecido o se
ha superado.
16.- De conformidad con lo expuesto, resulta claro que
en caso de presentarse hecho superado en el proceso de Revisión que se adelanta
ante la respectiva Sala de Revisión de la Corte Constitucional y el o la juez
constitucional se hubiere pronunciado con antelación, no es suficiente
únicamente “el advenimiento de la sustracción de materia para avalar la
decisión, sino que se debe confrontar la juridicidad de la decisión frente
al ordenamiento y su interpretación constitucional[26].”
De esta manera, la Corte Constitucional se reserva la posibilidad de ejercer su
competencia para efectos de cumplir con los fines primordiales de la unidad
interpretativa que le asiste. Puede analizar la Corporación si existió o no una
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales cuya protección se
solicitó y, de considerarlo preciso, es factible incluso proferir declaraciones
adicionales relacionadas con la materia. Resulta asimismo posible para la
Corte, modificar o revocar las decisiones bajo examen sin “importar que no
se imparta orden concreta alguna[27].”
El caso concreto.
17.- En el asunto objeto de estudio, la peticionaria obra en nombre
propio y en nombre de su hija, de 24 años, quien desde los 20 meses de edad
padece graves limitaciones de orden físico, psíquico y sensorial que la
mantienen en silla de ruedas y la obligan a tomar medicamentos de modo
permanente para contrarrestar las convulsiones que sufre a diario. La actora
alegó que la joven fue violada supuestamente por un hijo de crianza y que en
vista de las consecuencias negativas que la situación de embarazo produjo desde
un comienzo sobre la calidad de vida de la joven, ya de por sí suficientemente
deteriorada en razón de sus limitaciones, acudió a la E. P. S. SaludCoop para
efectos de solicitar la práctica inmediata de una cirugía por medio de la cual
se interrumpiera el embarazo.
La entidad prestadora de salud se negó a practicar el aborto. Alegó, de
un lado, la falta de representación legal de la madre – que no existía proceso
de interdicción - y adujo que no constaba en ninguna parte el estado de
discapacidad de la joven. Esgrimió asimismo la necesidad de presentar el
documento en que constara la denuncia por acceso carnal violento. Afirmó, de
otro lado, que era preciso realizar un examen psicológico a la joven para
constatar que el embarazo no fue consentido. En vista de lo anterior, la madre
de la joven resolvió acudir a las autoridades judiciales para solicitar que se
dictara una medida provisional capaz de proteger el derecho de la joven al
respeto por su dignidad humana; su derecho a la salud, a la vida, a la
intimidad; al amparo especial del que son merecedoras las personas con
diversidad funcional (discapacitadas) que, a su juicio, fueron vulnerados por la
E. P. S. SaludCoop al negarse esta entidad a practicar el aborto de manera
inmediata, tanto más cuanto en el momento de la solicitud la joven se
encontraba en las primeras 9 semanas de gestación.
La Juez de primera instancia admitió que la entidad
demandada había dilatado de modo innecesario la práctica del aborto inducido,
pero se abstuvo de conceder el amparo solicitado por cuanto estimó que la
interrupción del embarazo a esa altura de su desarrollo podría poner en riesgo
la vida de la joven. La juez ad quem resolvió confirmar en todos sus
extremos el fallo de la a quo pero en las consideraciones de su
sentencia hizo caso omiso de la ratio contenida en la sentencia C-355 de
2006.
18.- A continuación, examinará la Sala si en el caso
bajo examen se cumplieron los requisitos exigidos por la sentencia C-355 de
2006 para que procediera la practica del aborto inducido por haberse
configurado acceso carnal no consentido y abusivo.
Como se indicó con antelación, la sentencia C-355 de
2006 por medio de la cual se despenalizó la práctica del aborto inducido bajo
ciertas circunstancias fue muy clara al especificar que en caso de conducta “constitutiva
de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de
inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas,
así como de incesto” únicamente se requería como condición para la
práctica del aborto inducido que el hecho punible hubiese sido “debidamente
denunciado ante las autoridades competentes.” La Corporación puso
énfasis en la necesidad de no imponer a las mujeres que se hallen ante tal
situación cargas desproporcionadas – por vía de regulación legislativa -.
19.- La Corte enumeró algunas de las conductas que
consideraba inaceptables en relación con este tópico. Así, cuando se presente
acceso carnal violento, no consentido o abusivo no se puede exigir como
condición previa para efectuar la interrupción del embarazo: (i) evidencia
forense de penetración sexual; (ii) pruebas que avalen que la relación sexual
fue involuntaria o abusiva; (iii) que la violación se haya confirmado a
satisfacción del juez; (iv) que el funcionario ante quien se eleva la denuncia
esté convencido de que la mujer fue víctima de violación; (v) permiso,
autorización o notificación, bien del marido o de los padres. La Corte puso
énfasis en que los anteriores supuestos debían ser entendidos a manera de
ilustración y, por consiguiente, únicamente constituían hipótesis enumeradas a
manera de ejemplo pero no significaban los únicos supuestos en los cuales
añadir condiciones adicionales al denuncio resultaba claramente
desproporcionado.
20.- Cuando se examina el expediente del caso
concreto, puede constatarse que existe prueba de que la madre puso el denuncio
de la violación ante la Fiscalía el mismo día en que solicitó la interrupción
del embarazo. Lo anterior se deriva de la copia del denuncio instaurado el día
6 de septiembre de 2006 por la señora AA en contra de su hijo de crianza, XX,
por acceso carnal sin consentimiento y abusivo en persona con imposibilidad de
resistir que consta a folios 35-38 del expediente.
21.- Ahora bien, a continuación destacará la Sala
cómo, exigir del modo en que lo hizo la E. P. S. SaludCoop en el asunto bajo
examen, requisitos adicionales al denuncio - esto es, de una parte, sentencia
judicial de interdicción y guarda y, de otra, prueba psicológica por medio de
la cual se comprobara que el aborto no fue consentido – constituyeron
requerimientos desproporcionados y, en tal medida, dicha actitud de la entidad
demandada significó un desconocimiento de la ratio decidendi contenida
en la sentencia C-355 de 2006 por cuanto esas exigencias representaron cargas
desproporcionadas que terminaron por dejar sin protección a la joven gestante
tanto más si se piensa que sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales la
colocaban en especial situación de indefensión.
22.- En materia de legitimación de los padres para
solicitar la práctica de tratamientos médicos en sus hijas o hijos
discapacitadas (os) la Corte ha recalcado la necesidad de mirar las
características de cada asunto en particular. En esa dirección, ha destacado
que no es factible trasladar la solución que se ofrece en un caso concreto a
otras eventualidades con características singulares y específicas. Así lo ha
subrayado la Corte en diversas ocasiones. Por ejemplo, mediante sentencia T-850
de 2002 decidió la Corte la acción de tutela instaurada por una madre quien
solicitó el amparo de los derechos a la igualdad, a la protección especial para
las personas discapacitadas, a la seguridad social y específicamente a la salud
en conexidad con el derecho a una vida digna de su hija mayor de edad, quien
sufría epilepsia y tenía un retraso mental leve. A juicio de la madre, los
derechos de su hija estaban siendo objeto de amenaza por parte del Seguro
Social al negarse esta entidad a practicarle un procedimiento quirúrgico
definitivo de esterilización. Consideró la madre que ni su hija ni la familia
se hallaban en condiciones de afrontar las implicaciones de un eventual
embarazo.
En el expediente aparecía prueba de que el tratamiento
anticonvulsivo que recibía la hija para la epilepsia disminuía la eficacia de
cualquier régimen con anticonceptivos hormonales. La EPS demandada adujo como
motivo para negarse a practicar la tubectomía[28] en mujer
incapaz que, conforme a las reglas de ética médica aplicables a la especialidad
de la ginecología, este procedimiento estaba prohibido en personas que no
tuvieran al menos un hijo y/o fueran menores de 35 años. De otro lado, aseguró
la entidad demandada que la mujer era mayor de edad, y que su madre no podía
sustituir su consentimiento para realizarle una tubectomía sin obtener la
representación de su hija por medio de un proceso judicial de interdicción.
Con fundamento en las pruebas allegadas al
expediente, la Corte arribó a la conclusión según la cual en el asunto bajo
examen no era factible anticipar la capacidad futura de la mujer para decidir
autónomamente sobre el tratamiento. Estimó la Corporación, que existían dudas
acerca de que la condición actual de la
mujer diversa funcionalmente (discapacitada) le impidiera desarrollar más
adelante las capacidades necesarias para ejercer autónomamente la sexualidad y
la maternidad, por cuanto el aumento de tales capacidades parecía ser posible,
siempre y cuando tuviera acceso a una educación adecuada y recibiera el apoyo
necesario.
Por los motivos
expresados, la Corte resolvió que un método de esterilización definitiva como
lo es la tubectomía podría atentar de manera grave contra la autonomía que en
relación con el manejo de su sexualidad pudiera llegar a adquirir en el futuro
la mujer diversa funcionalmente (discapacitada). En vista de lo anterior,
decidió que era preciso otorgar una protección especial al consentimiento libre
e informado que pudiera exteriorizar la mujer en el futuro y ordenó al
Instituto de Seguros Sociales incorporarla en un programa de educación especial
integral de conformidad con sus condiciones mentales específicas, orientada a
dotarla de las herramientas indispensables para poder ejercer sus sexualidad y
la maternidad de modo autónomo y responsable.
En aquella ocasión,
admitió la Corporación que si bien era cierto algunas decisiones de la vida
civil de las personas podían ser asumidas por sus representantes legales
mediante un proceso de interdicción, esta figura era propia del derecho civil y
no siempre resultaba trasladable por entero al ámbito del derecho
constitucional, en particular, en relación con las decisiones que han de ser
adoptadas frente a tratamientos médicos a los cuales, en ocasiones, deben
someterse las personas con discapacidad. Subrayó, a propósito de la anterior,
cómo desde la perspectiva del derecho constitucional no sería, por ejemplo,
concebible someter a las mujeres discapacitadas a una esterilización forzada
por cuanto con esa conducta no sólo se desconocían derechos constitucionales
fundamentales sino también las normas del Código Penal y aquellas consignadas en
tratados internacionales sobre derechos humanos[29].
23.- En la sentencia T-248 de 2003 le correspondió a la
Corte Constitucional resolver un caso muy similar al anterior. Esta vez se
trataba de una menor de edad discapacitada. La menor padecía epilepsia, retardo
mental y déficit de atención. El médico tratante también le ordenó la práctica
de una tubectomía. El Seguro Social se negó a prestar el servicio aduciendo que
el médico había solicitado concepto previo del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y que todavía no se había presentado tal concepto. La Corte
resolvió no conceder la tutela instaurada por la madre, pues consideró que las
normas sobre personas discapacitadas contenidas en el Código Civil debían ser
interpretadas a la luz de las disposiciones contenidas en la Constitución de
1991. En tal sentido, si la existencia de autorización judicial era
imprescindible para proceder a la restricción de la libertad de las personas
discapacitadas, con mayor razón lo era cuando se pretendía la restricción de
otros derechos. Lo anterior en virtud de lo dispuesto por los artículos 26 y 13
superiores.
En esa oportunidad la Corte llegó a la conclusión de
conformidad con la cual la madre de la niña debía obtener una autorización
judicial par poder acceder a la intervención quirúrgica ordenada por el médico
tratante. En ese orden, expresó la Corte:
“[m]ientras no se [logre] dicha autorización, no podía
la acudiente (en este caso la madre de la menor) solicitar al juez
constitucional la protección de los derechos de la paciente. ... En dicho
proceso judicial, no sobra indicarlo, debe quedar plenamente demostrado que el
menor tiene problemas mentales que impiden dar su consentimiento para este tipo
de intervenciones. Si se trata de un mayor de edad, tampoco debe olvidarse, la
ley exige declaración previa de su estado, por medio de una interdicción de sus
derechos.”
24.- En la sentencia T-492 de 2006 abordó la Corte el
estudio de un caso muy semejante a los referidos en líneas anteriores. Le
correspondió a la Corte responder la pregunta sobre la legitimidad en la causa
de una madre para autorizar la cirugía de ligadura de trompas de su hija, una
mujer de veintiséis años de edad con Síndrome de Down. La joven se encontraba
en el octavo mes de embarazo y el médico tratante había recomendado cesárea y
Pomeroy para evitar futuras gestaciones. En aquella ocasión, el embarazo había
sido consentido por la pareja – ambos con Síndrome de Down - y ellos mismos
habían firmado un documento en el que autorizaban al médico tratante la
práctica del procedimiento. La madre de la joven también se unió a dicha
solicitud. Adujo que la pareja estaba muy enamorada pero que en vista de las
circunstancias de enfermedad de los jóvenes, no sólo existía riesgo de que en
futuros embarazos se reprodujera el Síndrome de Down sino que ella - la madre
de la joven - tenía ya una edad avanzada y carecía de recursos económicos
suficientes para asumir los costos que otro niño o niña podrían traer consigo.
En aquella ocasión, el médico tratante se negó a practicar la cirugía hasta
tanto no se otorgara autorización judicial pues, por motivo de la discapacidad
sufrida por la pareja, el documento que autorizaba la intervención carecía de
validez. En vista de lo anterior, la madre solicitó al juez de tutela que
ordenara de manera conjunta la práctica de la cesárea y de la cirugía de
Pomeroy.
La Sala de Revisión realizó un recuento de la
jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en asuntos similares y llegó
a la conclusión que en el caso concreto era preciso adelantar previamente el
proceso de interdicción judicial y discernimiento de guarda, y el proceso de
autorización judicial del procedimiento quirúrgico de esterilización
definitiva, para que quien interpusiera la acción en representación de la mujer
incapaz pudiera considerarse legitimado en la causa. Estimó la Corte que se
trataba de una intervención profunda en los derechos sexuales y reproductivos
de la joven, razón por la cual se justificaba acudir a estos trámites para que
la madre pudiese solicitar la cirugía de ligadura de trompas a nombre de su
hija.
25.- En los tres casos expuestos – muy similares entre
sí – la Corte ha establecido la necesidad de una sentencia de interdicción y
guarda a fin de que se reconozca la legitimidad de los padres para solicitar la
práctica de una cirugía de ligamiento de trompas. Ahora bien, como se afirmó
más arriba, la Corte ha admitido asimismo que frente a las personas
discapacitadas cada caso se caracteriza por su peculiaridad y su singularidad
de modo que no es factible medirlos todos bajo el mismo rasero – con un
criterio homogeneizador – o trasladar categorías aplicables en ciertos casos, a
otros que denotan características específicas pues, de obrarse así, en lugar de
brindar un trato equitativo e igualitario, podría ofrecerse, más bien, un
tratamiento desigual, arbitrario e injusto.
En ese orden, resulta imprescindible distinguir el
tipo de discapacidad de que se trata en cada caso en concreto y reparar, por
tanto, en la necesidad de diferenciar entre las múltiples formas de
discapacidad: física, psíquica o sensorial. Si se desea garantizar ciertamente
el respeto por los derechos constitucionales fundamentales de las personas
discapacitadas no puede tratarse a estas personas “como si se tratara de un “grupo
homogéneo” y ha de atenderse a su edad, a su nivel educacional y
socioeconómico. No puede, en suma, dejarse de lado la severidad de la discapacidad
en cada caso particular tanto como el momento de aparición de la misma.
26.- A partir de los antecedentes del asunto que se examina, la Sala
encuentra lo siguiente: de un lado, la hija a nombre de la cual la madre
solicita la práctica del aborto inducido a la E. P. S. padece parálisis
cerebral y está inmovilizada en silla de ruedas. La situación de la joven no es
reciente pues comenzó a manifestarse cuando apenas tenía 20 meses de edad y se
agudizó al cumplir los 14 años de edad - tal como consta en la historia clínica
elaborada por el Instituto Roosevelt el día 19 de febrero de 1998. (Expediente
a folios 10-23) -. La discapacidad de la joven era, en suma, un hecho notorio.
De otro lado, la joven fue víctima de abuso carnal no consentido y abusivo y no
se encontraba en posibilidad de resistir en virtud de las circunstancias de
limitación física, psíquica y sensorial que caracterizan su discapacidad.
Con fundamento en la información que consta como medio de prueba en el
expediente, es factible confirmar que la Entidad Promotora de Salud dilató de
manera injustificada la práctica del aborto. De conformidad con estas pruebas,
se tiene que la solicitud presentada por primera vez a SaludCoop por la madre
de la joven fue recibida por la entidad el día 6 de septiembre de 2006
(Expediente a folio 9)[30]. El Informe Técnico
Médico Legal Sexológico emitido el día 7 de septiembre de 2006 arrojó el
siguiente resultado:“Mujer adulta con parálisis cerebral, cuadrapléjica quien
se moviliza en silla de ruedas, presenta himen desflorado antiguo y útero
aumentado de tamaño compatible con embarazo de 9 semanas aproximadamente.”
(Expediente a folio 72).
27.- La Entidad Promotora de Salud SaludCoop hizo
depender la interrupción del embarazo en una mujer limitada física, psíquica y
sensorialmente - quien fue víctima de acceso carnal sin consentimiento y
abusivo -, de formalidades imposibles de cumplir, como lo son, de una parte, la
existencia de sentencia de interdicción judicial y, de otra, el examen
psicológico para constatar que el acceso carnal no fue consentido. Al hacerlo,
incurrió la entidad demandada en una practica que a la luz de las
circunstancias del caso concreto resulta arbitraria y desproporcionada y
desconoció, además, la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355
de 2006.
En el caso analizado, la joven no solo fue víctima de
violación sino que resultaba a todas luces evidente que la circunstancia del
embarazo con las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que caracterizan
su discapacidad, contribuían a empeorar su situación y a desmejorar de modo
considerable su calidad de vida. Como lo recordó la juez de primera instancia, la
E. P. S. SaludCoop al negarse a practicar el aborto en el momento en que lo
solicitó la madre de la joven,
“dilató de manera innecesaria la toma de una decisión que posiblemente hubiere
evitado los riesgos que se [presentaron posteriormente].” Del material allegado como medio de prueba al expediente puede
extraerse, que la E. P. S. SALUDCOOP en lugar de remover los obstáculos para
lograr la efectividad de los derechos de la joven – lo que, como se mostró, es
deber de las autoridades públicas y también de las E. P. S. quienes obran en
esa calidad al ser prestadoras del servicio público de salud -, se orientó a
multiplicarlos.
28.- De todo lo anterior cabe derivar, que tanto a la
luz del derecho constitucional como desde la óptica de la protección que se le
confiere a las personas discapacitadas en el ámbito del derecho internacional
de los derechos humanos, los requerimientos alegados por la E. P. S. para
practicar el aborto inducido supusieron dejar a la joven sin protección e
implicaron, en tal sentido, ponerla en una situación de absoluta indefensión.
La efectiva garantía de los derechos de BB exigía que el aborto inducido fuera
practicado de manera inmediata dadas las condiciones particulares de su
discapacidad.
29.- No cosa distinta se desprende del respeto por la
dignidad humana contenido en el artículo 1º de la Constitución Nacional. La
garantía de la dignidad humana cumple un papel muy importante en el contexto de
la Constitución de 1991 y se convierte en uno de los hilos conductores para la
interpretación de los preceptos constitucionales. En la sentencia T-881 de 2002
se refirió la Corte en extenso a esta temática y fijó la naturaleza jurídica
del derecho a la garantía de la dignidad humana en el marco de la Constitución
Nacional así como las consecuencias normativas de su determinación[31].
En la sentencia C-355 de 2006 hizo eco la Corte Constitucional de lo
establecido en la providencia referida y se pronunció sobre la dignidad humana
en las distintas facetas en que ésta aparece en el ordenamiento jurídico
colombiano: como valor fundacional de todo el sistema jurídico, como principio
y como derecho fundamental. En tal sentido subrayó la Corte que:
“[a] pesar de su distinta naturaleza
funcional, las normas deducidas del enunciado normativo dignidad humana -el
principio constitucional de dignidad humana y el derecho fundamental a la
dignidad humana- coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. En
efecto, ha sostenido esta Corporación que en aquellos casos en los cuales se
emplea argumentativamente la dignidad humana como un criterio relevante para
decidir, se entiende que ésta protege: (i) la autonomía o posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir
bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad
física e integridad moral (vivir sin humillaciones)[32].”
(…)
“La dignidad humana asegura de esta manera
una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los
poderes públicos y por los particulares.
30.- Como se deduce de lo expuesto en las
consideraciones de la presente sentencia, la actuación de la E. P. S. SALUDCOOP
encaminada a dilatar y a obstaculizar la interrupción del embarazo apoyándose
en excusas inadmisibles para el caso concreto, significó desconocer también el
derecho de la joven a preservar su integridad física y moral e implicó
someterla a los sufrimientos adicionales que le produjo el estado de embarazo.
Al omitir la E. P. S. efectuar de modo inmediato la interrupción del embarazo,
sometió a la joven a una situación bajo la cual  le era imposible vivir libre
de dolores y humillaciones e implicó, en ese orden, un claro desconocimiento de
su derecho a la garantía de la dignidad humana.
31.- En este lugar acentúa la Sala lo ya afirmado en
líneas precedentes: las entidades prestadoras de salud que exijan el
cumplimiento de requisitos formales adicionales al denuncio para practicar el
aborto inducido en una mujer notoriamente discapacitada – con limitaciones
físicas, psíquicas y sensoriales que imposibilitan la exteriorización libre y
directa de su consentimiento – la cual ha sido víctima de abuso carnal
violento, sin consentimiento o abusivo, incurren en un grave desconocimiento de
la protección que se deriva para las personas con discapacidad de la
Constitución Nacional así como de lo consignado en el ámbito internacional.
Bajo esas circunstancias, las autoridades públicas y los particulares que obren
en calidad de tales, han de interpretar las normas de modo que más favorezca a
estas personas pues, de lo contrario, al dilatar en el tiempo la práctica del
aborto inducido las pondrán en un absoluto estado de indefensión en contravía
de lo dispuesto por el artículo 13 superior[33] así como de
la jurisprudencia sentada en la sentencia C-355 de 2006.
32.- Adicionalmente estima la Sala que las
consideraciones realizadas por la juez de conocimiento respetaron el precedente
constitucional y estuvieron acordes con la ratio contenida en la
sentencia C-355 de 2006. Por esa razón, procederá a confirmar parcialmente el
fallo emitido por la juez a quo. Lo que sí no resulta de recibo, y debe la
Sala manifestarlo con toda contundencia, es la argumentación utilizada por la
juez de segunda instancia quien por medio de su providencia desconoció por
entero el precedente constitucional. Argumentó la juez ad quem con
fundamento en una jurisprudencia que fue corregida precisamente por la
sentencia cuya ratio se abstuvo de aplicar y que era determinante y
necesaria para solucionar el caso debatido.
Es preciso insistir en que a partir de lo establecido
en la ratio decidendi de la sentencia C-355 de 2006, la protección del
valor de la vida del nasciturus no puede hacerse equivalente al amparo
que confiere el ordenamiento constitucional a los derechos de la mujer
gestante. Cualquier medida que se adopte para amparar el valor de la vida del
que está por nacer, debe evitar poner en entredicho el derecho de la mujer
gestante a su vida y a su salud integral; ha de impedir el desconocimiento del
derecho de la mujer gestante a vivir libre de violencia, de humillaciones y de
discriminación injustificada. Debe orientarse, en suma, a garantizar la
protección de la dignidad humana de la mujer gestante, su libertad e integridad
física y psíquica.
Tal como lo manifestó la Corte en la sentencia C-355
de 2006: en una hipótesis como la que se debate en el caso bajo examen“no
hay ni siquiera equivalencia entre el derecho no sólo a la vida, sino también a
la salud propio de la madre respecto de la salvaguarda del embrión.” La
Corporación fue muy clara en recordar que a partir de lo dispuesto en el
ordenamiento constitucional colombiano no es factible derivar una obligación en
cabeza de la mujer gestante a “asumir sacrificios heroicos y a ofrendar sus
propios derechos en beneficio de terceros o del interés general.”
33.- Por otra parte, más arriba se indicó, que dentro
del trámite de Revisión el Despacho del Magistrado Sustanciador se puso en
contacto con la peticionaria AA por medio de comunicación telefónica. La señora
AA informó que la joven BB ya no se encontraba en estado de gestación y no
había dado a luz. Solicitó, por demás, que en vista de las circunstancias del
caso concreto y de lo perturbadora que había resultado la situación para la
joven, no se continuara con los trámites de tutela por cuanto estos carecían ya
de objeto.
En atención a lo anterior, esta Sala de Revisión
encuentra evidente que lo solicitado en la tutela – la interrupción del
embarazo - ya no es relevante. Se presenta en el caso bajo estudio, el fenómeno
de la carencia actual de objeto, según el cual, como quiera que la finalidad de
la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de
quien acude al amparo constitucional, entonces dicha finalidad se extingue al
momento en que la vulneración o amenaza cesa, por cualquier causa[34].
34.- Sin embargo, la carencia actual de objeto no es
óbice para que la Corte constate que los derechos constitucionales cuya
protección se solicitó fueron efectivamente vulnerados. Así sucedió en el caso
bajo examen, al negarse la E. P. S a practicar de inmediato la interrupción del
embarazo en mujer discapacitada – con limitaciones físicas y sensoriales sin
posibilidad de exteriorizar de modo libre directo su consentimiento - víctima
de acceso carnal violento, sin consentimiento y abusivo, esgrimiendo excusas de
orden formal inadmisibles bajo las circunstancias del asunto en concreto. Por
ello, revocará la Sala parcialmente el fallo de tutela de primera instancia, en
el sentido de confirmar la negativa de lo solicitado en la demanda de tutela, pero
no por haber cesado la amenaza de los derechos fundamentales pues, como se vio,
dicha amenaza terminó por carencia actual de objeto.
35.- De otro lado, estima la Sala que la
sentencia emitida por la Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio debe
ser revocada por cuanto desconoció el precedente constitucional y, más
exactamente, la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006
mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó la práctica del aborto
inducido bajo ciertas circunstancias. En razón de lo expuesto, la Sala revocará
la sentencia emitida por la Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio y,
en su lugar, confirmará parcialmente el fallo emitido por la juez Séptima Civil
Municipal de Villavicencio.
36.- También, advertirá la Sala a la E. P.
S. SALUDCOOP que no puede poner obstáculos de orden formal ni hacer exigencias
irrelevantes o imposibles de cumplir cuando se solicite la interrupción de
embarazo en mujer discapacitada – limitada física, psíquica y sensorialmente e
imposibilitada para manifestar libre y directamente su consentimiento – que ha
sido víctima de acceso carnal sin consentimiento, violento o abusivo. En ese
mismo orden, le recordará que, bajo este supuesto, la solicitud de interrupción
del embarazo deben poder efectuarla los padres de la mujer discapacitada u otra
persona que actúe en su nombre sin requisitos formales adicionales al denuncio.
III. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión del
término decretada para decidir el presente asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil de
Circuito de Villavicencio el día 4 de octubre de 2006. En su lugar, confirmar
parcialmente – con base en los motivos manifestados en la presente providencia
- la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio
el día 26 de septiembre de 2006.
TERCERO.- ADVERTIR a la E. P. S. SALUDCOOP que debe abstenerse de elevar
obstáculos de orden formal cuando se solicite la interrupción de embarazo en
mujer discapacitada – con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que le
imposibilitan la manifestación libre y directa del consentimiento –cuando ha
sido víctima de acceso carnal violento, no consentido o abusivo. ADVERTIR asimismo
que en esa eventualidad la solicitud de interrupción del embarazo puede
efectuarla cualquiera de los padres de la mujer que se halle en esta situación
u otra persona que actúe en su nombre sin requisitos formales adicionales al
denuncio penal por acceso carnal violento o no consentido o abusivo.
CUARTO.- TUTELAR igualmente el derecho a la intimidad de la peticionaria
y de su hija, razón por la cual sus nombres no
podrán ser divulgados, y el presente expediente queda bajo estricta reserva,
pudiendo ser consultado únicamente por los directamente interesados, conforme a
lo señalado en esta sentencia.
De esta manera, SE ORDENARÁ a la Secretaría de esta Corporación así como a los
jueces de instancia que conocieron de este proceso para que tomen las medidas
adecuadas con el fin de que guarden estricta reserva y confidencialidad en
relación con el mismo y en especial con la identidad e intimidad de la
peticionaria y de su hija.
LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
AUSENTE CON EXCUSA
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
ORIGINAL FIRMADO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “Yo, AA, mayor de edad, residente y domiciliada en
esta Ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de
Progenitora y Representante Legal de la joven BB identificada con la C. C. No.
1.121.821.923 de Villavicencio, quien en estos días fue valorada por varios Médicos
Generales de esa institución, entre otros, el Dr. WW  y como quiera que mi hija
es una persona con retardo psico-motor severo, se encuentra en estado de
embarazo, según se observó en la ecografía practicada y este embarazo fue
producto de un acceso carnal violento el cual ya fue puesto en conocimiento de
la autoridad competente, solicito de manera respetuosa realice los trámites
pertinentes para que a mi hija se le practique a la mayor breve dada posible la
interrupción de su embarazo, tal como lo ha establecido la H. Corte
Constitucional en pronunciamientos recientes. Es claro, que en las condiciones
en que se produjo el embarazo y el estado físico y mental de mi hija, tal
situación es imposible que siga su curso, reitero a Usted mi petición, para que
finalmente las consecuencias no sean más funestas y gravosas para la salud de
mi hija, además del riesgo y eventuales secuelas que puede provocarse en el
bebé. (…)”
[2] “En mi calidad de Progenitora y Representante
Legal de la joven BB, le solicito de manera respetuosa, en nombre propio, de mi
hija y de toda mi familia, no solo se le de trámite de manera asertiva y pronta
a la petición de practicarle a mi hija el procedimiento quirúrgico que
interrumpa su embarazo, dadas las circunstancias que Ustedes ampliamente
conocen y como se los manifesté en escrito anterior, sino que les solicito que
la decisión tomada no trascienda de la esfera exclusivamente privada de la
familia y los profesionales médicos que se encarguen de su práctica, no es
nuestro deseo y soy enfática en esto, que además del daño moral que ya sufre la
familia, tengamos que soportar otro de carácter social, aún más nocivo./Por tal
motivo , le reiteramos no solo la reserva y prudencia en el manejo del caso,
sino el tramite a lo solicitado de manera prioritaria e inmediata, además que
la atención brindada a mi hija sea integral y multidisciplinaria, dadas sus
especiales condiciones de salud”
[3] “Mujer adulta con parálisis cerebral,
cuadrapléjica quien se moviliza en silla de ruedas, presenta himen desflorado
antiguo y útero aumentado de tamaño compatible con embarazo de 9 semanas
aproximadamente.”
[4] “En mi calidad de Progenitora, Representante Legal
de la joven BB y denunciante dentro del proceso que por ACCESO CARNAL VIOLENTO
instauré contra el señor XX, como presunto responsable de la agresión física
sufrida por mi hija, produciéndose como resultado su embarazo.-/Teniendo en
cuenta que mi hija es una persona con retardo psico motor severo, además de
padecer otras complicaciones físicas y neurológicas, le solicito
respetuosamente se proceda a la pronta detención del agresor, y a la practica
de todas las pruebas necesarias que conduzcan a determinar la responsabilidad
en el hecho./Entre aquellas, solicito se me escuche en ampliación de denuncia,
en declaración a mi hija HH, identificada con CC. No. 51.871.341 de Bogotá,
como quiera que ella conoció directamente de BB (víctima), lo ocurrido; así
como la práctica de la prueba genética a mi hija, al embrión y al agresor para
determinar fehacientemente su responsabilidad.”
[5] “En respuesta al oficio indicado en la Referencia,
me permito informarle que en Relación Médico Legal realizada hoy, 15 de
septiembre de 2006 a las 12:04 horas, con base en: el reconocimiento médico
legal No. 4422 del 7 de septiembre de 2006, el cual se adjunta, y que anota en
sus partes pertinentes: mujer adulta con parálisis cerebral, cuadrapléjica,
quien se moviliza en silla de ruedas, presenta himen desflorado antiguo y útero
aumentado de tamaño compatible con embarazo de 9 semanas, se pudo establecer lo
siguiente: que para determinar si el estado de salud de BB, le permiten tener
un embarazo sin riesgos para su vida y la del gestante, se requiere valoración
por el especialista en ginecología de la E. P. S. a la que la paciente está
adscrita o en su defecto otro designado por la autoridad competente, ya que en
medicina legal Villavicencio no se cuenta con este recurso; igualmente dicho
especialista debe resolver los otros interrogantes planteados respecto a las
consecuencias médicas en caso de proseguir con el embarazo. Para resolver el
otro interrogante se requiere de la práctica de una ecografía obstétrica que
pueda ser tomada durante la valoración por el especialista en ginecología que
la realice.”
[6] “PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho cuál
es el estado de la peticiones elevadas por usted a SaludCoop E. P. S. para que
se practique el aborto a la joven BB. CONTESTO. – Pues como hija es la que ha
ido a SALUDCOOP estos días porque ha estado muy enferma y porque estoy lidiando
a la niña BB, el hecho fue que se paso una carta haciendo la petición de que le
practicaran el aborto a la niña porque sinceramente ella es una criatura
totalmente inútil, ella tiene parálisis cerebral, no habla, no camina, el lado
derecho es totalmente inútil, hay que la mano (sic) mantenerla con férula
porque de lo contrario es descolgada, ella avisa de la orina, pero cuando yo
salgo me toca dejarla acompañada. Como se paso tanto tiempo sacándole citas y
cada médico le mandaba tomar unos exámenes, yo le he cambiado de médico como
fue de la Cruz Roja (sic), primero la llevé por urgencias a la clínica
SaludCoop allí le dieron unas pastas y nada más, se le tomaron unos exámenes a
la niña y el dijo que todo estaba normal. En vista que la niña seguía tan
enferma, le pagué una cita particular en la Cruz Roja, ahí le tomaron exámenes
y a los ocho días le dieron el resultado y se lo llevé al médico y dijo que
estaba normal (sic) que era muy raro, luego la llevé a SaludCoop porque el
médico de ahí me dijo que tocaba hospitalizarla y la llevé entonces y le dije
al Doctor y me preguntó de qué es la hospitalización yo le dije que tenía mucho
dolor de estómago y mucho vómito, me dijo que tocaba tomarle una ecografía y se
la practicó y se la practicó ese mismo día la ecografía y ahí en la ecografía
dijo que era un embarazo (sic), pero que estaba eso muy mal y entonces yo le pasé
la ecografía al medico y entonces fue cuando supimos que la niña estaba
embarazada porque ningún médico daba una versión en ese momento. Nos dijeron
que tenía nueve semanas y seis días. PREGUNTADO.- SALUDCOOP les ha informado
que realizará el procedimiento médico para interrumpir este embarazo. CONTESTO.
– Si, ayer dijeron que ya habían mandado eso para Bogotá, pero no se ha
realizado ese procedimiento que ahí estamos a ver qué le dicen. PREGUNTADO.- El
personal médico les ha manifestado que hay riesgo para la vida de BB en caso de
continuar ese embarazo. CONTESTO.- Si claro los médicos todos dijeron que por
la vía que fuera tocaba practicarle el aborto porque esa niña no podía tener
ese bebe. PREGUNTADO. Cuáles son las fuentes de sus recursos económicos.
CONTESTO.- Mis hijos que me ayudan y por ahí me gano el diario de mi trabajo en
la casa como modista y para el arriendo y servicios los hijos los pagan. Mi
esposo no tiene trabajo, no hace nada porque supuestamente yo me lo he
aguantado porque (sic) cuidara la niña, porque la niña es muy pesada y como
toca lidiarla a puro pulso. PREGUNTADO.- Cuántos hijos tiene y que lugar ocupa
BB. CONTESTO.- Tengo cuatro hijos y ella es la cuarta, la menor. Después de
once años del tercero. PREGUNTADO.- Cuántos años tenía usted cuando nació  su
hija BB. CONTESTO.- Tenía 38 años, algo así. PREGUNTADO.- Por qué razón
considera usted que la niña debe abortar. CONTESTO.- Como le dije ya que es una
criatura totalmente inútil, inhábil, toca acostarla y ayudarla a parar, el lado
derecho es totalmente paralizado, es pequeñitica (sic), se le da una droga
carbamazepina que es seis (6) pastas diarias, dos(2) en la mañana, dos (2) al
medio día y dos (2) en la noche, que es para las convulsiones, cuando no le
hace esa droga hay que aumentarle la dosis porque hay veces que ni tomando la
droga no le calman las convulsiones, entonces por eso toca llevarla al médico y
le formulan dosis más altas o le doblan la dosis. PREGUNTADO.- Cuantos años
tiene la persona que presuntamente accedió sexualmente a BB. CONTESTO.- EL
tiene 31 años, el se fue de la casa de por ahí de 18 años, anduvo por allá en
el Vichada y de ahí no supe más, él siempre iba y venía porque él dice que es
su única familia, a mis hijas les dice que son las hermanas, incluso a mis
hijas no les gusta eso, es un muchacho que fue abandonado de papá y mamá, él
papá sí todavía lo tiene pero no se dan cuenta el uno del otro (sic), el
incluso ahorita (sic) tiene mujer e hijo y cuando pasó eso estaba en dieta la
mujer. PREGUNTADO.- Cuéntenos si el señor XX ha vuelto a su casa. CONTESTO.- Si
el ha vuelto a preguntar como sigue la niña porque supuestamente ella tenía
mucho vómito y dolor de estomago, ellos llegaron a preguntar que cómo seguía y
yo le dije  que bien porque no queríamos darle ninguna pista que se enterara de
ese problema tan grave que tenía esa niña y así nos dijeron en el Caima que no
le diéramos pistas de que el se enterara (sic), cuando el fue la niña estaba
acostada en el sofá y se tapó la cara con una toallita porque ella siembre
balbucea (sic) mucho y carga una toallita. PREGUNTADO.- Desea agregar, corregir
o modificar algo a la presente diligencia. CONTESTO.- Si que mi hija se
encuentra en mal estado de salud, ya no tiene alientos de estar sentada, ni
nada, lleva tres meses sin comer ni pararle nada en el estómago, no duerme, le
duele mucho el estómago, hay ratos que queda sin conocimiento, ya no se
sostiene ni sentada, solo acostada, yo les pido el favor que me colaboren, yo
creo que la niña está para morirse porque no tiene color ni alientos de nada,
ella era gordísima y ahora está flaca, solo se le ven los ojos (…)”
[7] “1.El aborto es un procedimiento quirúrgico que
independientemente de la paciente no está exento de riesgos por tratarse en si
de un acto quirúrgico así sea catalogado como menor./Pueden presentarse en
cualquier legrado obstétrico complicaciones de tipo infeccioso, sangrados,
hemorragias, lesiones uterinas tipo perforación con lesiones de otros órganos y
en la anestesia complicaciones inherentes al mismo acto anestésico./La
patología de base de la paciente puede incrementar los riesgos pero
independientemente de esto el legrado obstétrico no es un procedimiento exento
de riesgos pudiendo en algunos casos poner en peligro la vida del paciente./2.
La paciente en el momento se encuentra en embarazo con edad gestacional
promedio de catorce semanas por ecografía practicada en el día de hoy,
bienestar fetal basado en el concepto emitido en la anterior respuesta, la
practica de un aborto no está exenta de riesgo para la vida del paciente./3. En
el momento y según la ecografía realizada en el día de hoy se encuentra
embarazo de más o menos catorce semanas con feto único vivo, con movimientos
activos, bienestar fetal, placenta y líquido amniótico normales, peso fetal
estimado de 74 gramos./No es posible con esta información actual del embarazo
poder determinar si de seguir el curso actual del embarazo el grado de calidad
de vida que pueda tener el recién nacido, ya que en el momento no se ha
detectado ni hablado de ningún hallazgo o patología del embrión. Se presume
normal hasta el momento./4.El embarazo per se (sic) no es una enfermedad pero
tampoco está exento de riesgos los cuales pueden hasta comprometer la vida de
la paciente. Con respecto a la enfermedad de la paciente como es su parálisis
cerebral y cuadriplejia no tiene porque afectarse o deteriorarse aún más./5.Ya
se explicó en el primer punto que el aborto es un procedimiento quirúrgico que
no está exento de riesgos que pueden incluso poner en peligro la vida de la
paciente. Pero para efectos prácticos y con la patología de base de la paciente
es difícil determinar las secuelas psicológicas y las físicas de no haber
complicaciones no son perceptibles./6. En las condiciones de la paciente, no
sería posible un parto normal, vía vaginal. Sería candidata para un parto por
vía abdominal (cesárea)/ 7. El embarazo no está exento de ningún riesgo durante
los tres trimestres presentándose diversas patologías que comprometen el estado
del mismo tanto desde el punto de vista materno como fetal. La interrupción del
embarazo ya sea temprana (aborto) o a término (parto vaginal o cesárea tampoco
se encuentran exentas de riesgo tanto para la vida de la madre como para el
producto de la concepción.”
[8] “ART. 122.—Aborto. La mujer que causare su aborto
o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)
años. / A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la
mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior.”
[9] “ART. 123.—Aborto sin consentimiento. El que
causare el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce
años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.”
[10] “ART. 124.—Circunstancias de atenuación punitiva.
La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas. / PAR.—En los eventos del
inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales
de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella
no resulte necesaria en el caso concreto.”
[11] “ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá
lugar a responsabilidad penal cuando:1. /( … ) /7. Se obre por la necesidad de
proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable
de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia
y que no tenga el deber jurídico de afrontar (…)”
[12] Adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de
junio de 1999 e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por la Ley 762
de 2002. Dicha ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-401 de 2003.
[13] Anexo de la Resolución 48/96 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993.
[14] En las sentencias C-406 de 1996, C-251 de 1997, T-568
de 1999, C-010 de 2000, T-1319 de 2001, C-671 de 2002, T-558 de 2003 y T-786 de
2003, entre otras, la Corte Constitucional ha destacado que la jurisprudencia
de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta
relevante para interpretar el alcance de los tratados sobre derechos humanos y,
por ende, de los propios derechos constitucionales.
[15] Naciones Unidas. Documento E/1995/22, párrafo 34.
[16] Adoptado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[17] Se aplica, entonces, el concepto de equiparación de
oportunidades para la población con discapacidad. Según el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos (Resolución 37/52 del 3 de diciembre de 1982), se
trata “[d]el proceso mediante el cual el sistema general de la
sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los
servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la
vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreación,
se hacen accesibles para todos.”
[18] El Tribunal Constitucional colombiano ha sido muy
garantista en relación con los derechos de las personas con discapacidad y el
deber del Estado de brindar una protección especial a esta colectividad.
Algunas de las sentencias que se ocupan del tema son: T-1639 de 2000, C-410 de
2001, T-595 de 2002 y C-076 de 2006, entre otras.
[19] Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia
T-378 de 1997.
[20] En este mismo sentido consultar Corte Constitucional.
Sentencia T-1221 de 2004.
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2006.
[22] Corte Constitucional. Sentencia T-519 de 1992,
reiterada entre otras en las sentencias T-100 de 1995; T-201 de 2004; T-325
de 2004; T-523 de 2006.
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-523 de 2006.
Mediante esta sentencia le correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse
sobre el caso de un señor de 79 años de edad quien en nombre propio y en el de
su hija menor de edad solicitó la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales a la vida digna y a la igualdad que consideró habían sido
desconocidos por la Secretaría Local del Municipio de Villavicencio al negarle
el subsidio que le brinda el Ministerio de la Protección Social a los adultos
mayores de 65 años que pertenecen al nivel 1 y 2 del SISBÉN. En el caso objeto
de estudio, el accionante de 79 años de edad, quien pertenece al nivel 1 del
SISBEN y manifiesta encontrarse en una apremiante situación económica junto con
su hija - estudiante de 12 años de edad - y además incapacitado para trabajar
debido a una lesión de su puño izquierdo, solicita ser incluido en el “Programa
de Subsidios que otorga el Ministerio de la Protección Social a los adultos
mayores de 65 años”, en el que lleva dos años inscrito sin que hasta el momento
en que se interpuso la acción de tutela se le haya otorgado tal beneficio. En
las consideraciones generales de la sentencia se pronunció la Corte sobre el
deber de solidaridad a partir de la Constitución Nacional y más concretamente
con fundamento en lo dispuesto por el último inciso del artículo 13 superior le
corresponde a ejercer al Estado frente a las personas colocadas en especiales
condiciones de indefensión como son aquellas que se encuentran en estado de
indigencia. Con base en las pruebas solicitadas por la Corporación y allegadas
al expediente, llegó a la conclusión la Corte que los hechos sobre los cuales
se sustentaba la solicitud de tutela habían sido superados dentro del término
que la Sala de Revisión disponía para la decisión.
[24] Corte Constitucional. Sentencia T-722 de 2003.
[25] Ibíd.
[26] Corte
Constitucional. Sentencia T-523 de 2006.
[27] Ibíd.
[28] La tubectomía es un procedimiento que consiste en una
incisión en el ombligo. Por allí se introduce un laparoscopio, que es un cable
de fibra óptica con una cámara, que permite identificar las trompas de Falopio
y proceder a cortarlas.
[29] Ver entre otras, el Estatuto de la Corte Penal
Internacional art. 7º, adoptado internamente mediante Ley 742 de 2002, que
considera esta conducta como un delito de lesa humanidad.
[30]
En el documento consta lo siguiente:
“Yo, AA, mayor de edad, residente y domiciliada en esta Ciudad, identificada
como aparece al pie de mi firma, en calidad de Progenitora y Representante
Legal de la joven BB identificada con la C. C. No. 1.121.821.923 de
Villavicencio, quien en estos días fue valorada por varios Médicos Generales de
esa institución, entre otros, el Dr. WW  y como quiera que mi hija es una
persona con retardo psico-motor severo, se encuentra en estado de embarazo,
según se observó en la ecografía practicada y este embarazo fue producto de un
acceso carnal violento el cual ya fue puesto en conocimiento de la autoridad
competente, solicito de manera respetuosa realice los trámites pertinentes para
que a mi hija se le practique a la mayor breve dada posible la interrupción de
su embarazo, tal como lo ha establecido la H. Corte Constitucional en
pronunciamientos recientes./ Es claro, que en las condiciones en que se produjo
el embarazo y el estado físico y mental de mi hija, tal situación es imposible
que siga su curso, reitero a Usted mi petición, para que finalmente las
consecuencias no sean más funestas y gravosas para la salud de mi hija, además
del riesgo y eventuales secuelas que puede provocarse en el bebé. (…)”
[31] En aquella ocasión la Corte examinó varios
expedientes (acumulados). En uno de los casos estudiados por la Corporación, la
empresa ELECTROCOSTA S. A. E. S. P. – entidad de servicios públicos
domiciliarios de carácter privado – con fundamento en una norma de autorización
con rango de ley (artículo 140 de la Ley 142 de 1994 modificada por el artículo
19 de la Ley 689 de 2001) motivada por el incumplimiento contractual en el pago
de las facturas por parte del municipio  del Arenal, Bolívar, resolvió
suspender el servicio de energía para la totalidad del municipio. Dentro de las
comunidades afectadas se encontraba el de los reclusos de la Cárcel de la
Ternera ubicada en ese municipio. Los peticionarios de la tutela se quejaron de
las condiciones que habían de soportar por falta de energía eléctrica –debido a
los continuos razonamientos de luz llevados a cabo por ELECTROCOSTA - necesaria
para movilizar motobombas que, a su turno, eran indispensables con el fin de
suministrar agua para el uso de los sanitarios así como para la cocción de los
alimentos – pues tratándose de una cárcel está proscrito utilizar estufas de
gas. Los demandantes llamaron la atención acerca de las circunstancias
ambientales que debían padecer al encontrarse en una zona geográfica donde las
temperaturas son muy altas. La falta de energía eléctrica impide el uso de
abanicos por lo que los reclusos debían experimentar un calor excesivo. De otra
parte, dado el estilo y la época de construcción de la cárcel, existen zonas
muy oscuras y resultaba preciso la iluminación artificial. En vista de estas
circunstancias en las que se encontraban cerca de mil doscientos reclusos, los
peticionarios solicitan la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales, tales como el derecho a la vida (artículo 11); el derecho a ser
protegido por el Estado por indefensión física (artículo 13); el derecho a la
salud (artículo 49), entre otros.
[32] Cfr. sentencia T-881 de 2002.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-307 de 1993:
[34] Al
respecto consultar Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2007.