T-023-97
Sentencia T-023/97
Sentencia
T-023/97
DERECHO A LA
SALUD-Traslado de docente
con limitaciones físicas
En relación con
el tema del trabajador enfermo que no se ve afectado en su capacidad laboral,
pero que requiere determinadas condiciones para el cumplimiento de sus
obligaciones y la protección de su salud, entre ellas, el traslado a un lugar
de trabajo diferente de la sede actual, exige por parte del Estado un tratamiento
especial, que permita garantizarle dichas condiciones en procura de la
protección de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, al trabajo y a la
igualdad. El trato diferente siempre y cuando sea proporcional y razonable, no
constituye una discriminación dado que los supuestos de hecho varían en
relación con la situación de los demás trabajadores.
Referencia:
Expediente T-106.485
Santafé de Bogotá,
D.C., enero veintisiete (27) de mil novecientos noventa y siete (1997).
La peticionaria Flor
Hesminda Orjuela Avila se  desempeña como docente en la Concentración
Casablanca del Municipio de Cogua. Afirma que padece de una enfermedad
denominada “lesión meniscal  y artrosis en la rodilla izquierda”, que  le
impide desplazamientos de largo trayecto, y siempre con la ayuda de muletas.
De acuerdo con el
concepto del Instituto de Medicina del Trabajo y Médicos Asociados S.A, se
recomienda su traslado a una escuela con servicio de transporte, ubicada en
terreno plano y donde no esté sometida a permanentes  desplazamientos.
La señora Flor
Hesminda Orjuela Avila, atendiendo la recomendación médica, viene solicitando
al Alcalde de Cogua su traslado a un establecimiento educativo dentro del
Municipio, que le brinde las condiciones médicas exigidas.  El Alcalde por su
parte, ordenó algunos traslados pero no en forma definitiva, manifestando no
existir plazas vacantes, y la necesidad de que la docente permanezca en la sede
de trabajo de origen.   En consecuencia, mediante  oficio 036 de 1996 se
comunicó por parte de la Alcaldía, nuevamente  su traslado a la Concentración
de Casablanca.
Con fundamento en
los hechos señalados, la peticionaria solicita la tutela de los derechos
fundamentales a la vida e integridad física, la  igualdad, de petición y
trabajo, mediante orden al Alcalde de Cogua, para que proceda a ubicarla en
forma inmediata y definitiva  en una concentración escolar que se ajusten a las
exigencias de Medicina Laboral.
Antes de entrar a
resolver sobre la tutela, la Sala advierte que estudiado el expediente, se
observa que la peticionaria presentó con anterioridad dos acciones de tutela
contra la Alcaldía del Municipio de Cogua.  Sin embargo, los supuestos de hecho
son diferentes, y, en consecuencia,  no se presenta la figura de la temeridad.
En esta oportunidad se dirige contra la decisión de la Alcaldía  contenida en
el oficio 036 de febrero 7 de 1996, la cual no ha sido objeto de tutela.
Para resolver, se
considera:
En principio las
solicitudes que presenten los docentes o personal administrativo del servicio
público educativo estatal, dirigidas a obtener el traslado de la sede actual de
trabajo, deberán ser atendidas por la autoridad competente, dentro de un
trámite que se ajuste a  las disposiciones legales sobre la materia y garantice
a cada uno las mismas posibilidades de aprobación.
Sin embargo, en
relación con el tema del trabajador enfermo que no se ve afectado en su
capacidad laboral, pero que requiere determinadas condiciones para el
cumplimiento de sus obligaciones y la protección de su salud, entre ellas, el
traslado a un lugar de trabajo diferente de la sede actual, exige por parte del
Estado un tratamiento especial, que permita garantizarle dichas condiciones en
procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, al
trabajo y a la igualdad.   La Corte ha señalado, que el trato diferente siempre
y cuando sea proporcional y razonable, no constituye una discriminación dado
que los supuestos de hecho varían en relación con la situación de los demás
trabajadores.  Sobre el tema la sentencia T330 de 1993, aclaró:
"Con el trato
diferencial positivo se aplica la  filosofía esencial del Estado Social de
Derecho que se traduce en el deber del Estado de proteger a las personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta,  para hacer que la igualdad sea real y efectiva (incisos
2º y 3º del art. 13 de la Constitución Política).
“El principio de
igualdad y la posibilidad de realizar el Estado una diferenciación positiva
tienen como fundamento el Preámbulo de la Constitución, cuando éste se refiere
al propósito de asegurar la igualdad dentro de un marco social justo. También
en el artículo 2° al consagrar los deberes sociales del Estado, propugna el
cumplimiento de uno de los fines esenciales, cual es garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.(Sentencia T330 de
1993)
De acuerdo con los documentos
que obran en el expediente, entre ellos la certificación expedida por la firma
Castillo y Asociados, los conceptos emitidos por Médicos Asociados S.A. y el
Instituto de Medicina del Trabajo, se logra establecer la existencia de la
enfermedad que padece la señora Flor Hesminda Orjuela y la necesidad  de
brindarle  una sede de trabajo que le ofrezca las  condiciones para la
protección de su salud, evitando los desplazamientos de acuerdo con las
recomendaciones médicas. En consecuencia, se concederá la tutela del derecho a
la salud, y a un trato preferencial por parte del Estado en relación con la
solicitud de traslado, mediante orden al Alcalde del Municipio de Cogua, para
que una vez se presente vacante en el casco urbano del municipio, sea llenada por
la profesora Flor Hesminda Orjuela Avila.
Se reitera así la
jurisprudencia contenida en las sentencias: T 330/93, T484/93, T114/95,
T181/96, entre otras.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional - Sala Tercera de Revisión - administrando justicia
en nombre del pueblo y, por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR
la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección A -, el día veinticinco (25) de
julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Segundo:
CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca  - Sección Segunda -, el día veintiuno (21) de
junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Tercero: CONCEDER
la tutela solicitada.  En consecuencia se ordena al Alcalde del Municipio de
Cogua, ordenar el traslado de la docente Flor Hesminda Orjuela Avila, tan
pronto se presente la primera vacante en zona urbana  de dicha localidad.
Cuarto:  Se advierte
al señor Alcalde del Municipio de Cogua, que el incumplimiento de lo ordenado
en esta sentencia se sancionará en la forma prevista por los artículos 52 y 53
del decreto 2591 de 1991.
Quinto: LIBRENSE,
por Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General