T-230-14
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-230/14
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PAGO DE DERECHOS PRESTACIONALES-Procedencia excepcional
En
principio, la acción de tutela no puede ejercerse con el fin de reclamar
derechos prestacionales. En efecto, la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para reclamar la pensión ni la indemnización sustitutiva de la misma,
pues esta corresponde a la justicia ordinaria laboral o la jurisdicción
contenciosa administrativa, según sea el caso, quienes tienen la competencia
para resolver este tipo de controversias, en la medida en que su valoración
implica un análisis litigioso de carácter legal que excede el ámbito de estudio
del juez constitucional. No obstante, existen algunas excepciones a la regla
general a la que se ha hecho referencia en el evento en que se niegue el
reconocimiento, restablecimiento y pago del derecho a la pensión o a la
indemnización sustitutiva, así: (i) cuando se trata de un sujeto de especial
protección constitucional, como lo son: los niños y las niñas, quienes padecen
alguna discapacidad, las mujeres en estado de gravidez y los adultos mayores,
ya que su situación de debilidad manifiesta lleva a que la Constitución les
brinde un amparo mayor. En tales casos, el juicio de procedibilidad de la
acción de tutela es menos riguroso o menos restrictivo; (ii) cuando
como consecuencia de la vulneración al derecho a la seguridad social se atenta
contra derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital y/o el debido
proceso; y, (iii) cuando los medios de defensa con los que cuenta el
accionante no puedan brindar una protección inmediata de los derechos
fundamentales afectados y en consecuencia no sean eficaces o se
busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
SEGURIDAD
SOCIAL-Carácter de servicio público y derecho constitucional
La seguridad social como bien jurídico objeto de
protección del Estado es irrenunciable y  puede ser reclamada en cualquier
tiempo, siempre que el interesado haya cumplido la edad para pensionarse pero
no haya cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por un tiempo
igual o superior al mínimo requerido para la obtención de la pensión de vejez.
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA Y DEVOLUCION DE SALDOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Reiteración
de jurisprudencia
Tanto la indemnización
sustitutiva como la devolución de saldos son prestaciones que actúan
como sucedáneas de la pensión de vejez en aquellos eventos en los cuales, a
pesar de alcanzar un determinado requisito de edad, la persona no satisface a
plenitud las exigencias establecidas por la ley de seguridad social para
obtener el reconocimiento y pago de la mesada pensional, bien porque el número
de semanas cotizadas no alcanza el total requerido por el artículo 9° de la Ley
797 de 2003 en el régimen de prima media, o debido a que el capital ahorrado no
resulta suficiente en el caso del régimen de ahorro individual.
PRINCIPIO DE
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS PENSIONES E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA O DEVOLUCION
DE SALDOS
El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no establece
límites temporales ni condicionamiento alguno en su aplicación, pues se trata
de una norma laboral de orden público y de aplicación obligatoria e inmediata,
y en esa medida, aquellas personas que cotizaron en vigencia de la normatividad
anterior y cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, cuya situación
jurídica no se consolidó con respecto a las normas precedentes podrán solicitar
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, independientemente de
haber estado o no afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el
momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Así, es posible que en un
solo pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron en el transcurso de su vida
laboral, para que con él atiendan sus necesidades básicas en procura de una
subsistencia digna.
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ Y SEGURIDAD SOCIAL-Orden a la
UGPP realizar el trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho la accionante
DERECHO AL
MINIMO VITAL, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO-Orden a Ecopetrol realizar el trámite para
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que
tiene derecho el actor
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL Y VIDA DIGNA-Orden a
Gobernador realizar el trámite pertinente para el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho la accionante
Referencia: expedientes T-4.080.451; T-4.080.869 y T-4.145.583 AC.
Acción de tutela presentada
por los señores Nicolasita
Franco de Balza, contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP -;
Pastor de Jesús Turizo García, contra Ecopetrol S.A. e Hilda Rebeca Sandoval Niebles contra el
Departamento del Atlántico.
Derechos fundamentales invocados: igualdad, seguridad
social, mínimo vital, información, y vida digna.
Temas: procedibilidad de la
acción de tutela para solicitar la indemnización sustitutiva de vejez de las personas de la tercera edad, que cotizaron a pensión antes de la
Ley 100 de 1993.
Problema jurídico: ¿se vulneran los
derechos fundamentales invocados ante la negativa de las demandadas en el
reconocimiento y pago de las indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez
por haber cotizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley
100 de 1993?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril
de dos mil catorce (2014)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la preside
-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos proferidos por (i) el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el 24 de junio de 2013, (ii) el
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, el 19 de junio de 2013 en
primera instancia y, el Tribunal Administrativo de Santander, el 26 de julio de
2013 en segunda instancia, y, (iii) el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Barranquilla, el 5 de agosto de 2013 en primera instancia y, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de septiembre de 2013.
Los procesos T-4.080.451 y T-4.080.869
fueron escogidos y acumulados por la Sala de Selección Número Diez de la
Corte Constitucional, mediante auto del 17 de octubre de 2013. El proceso
T-4.145.583 fue escogido por la Sala de Selección Número Once mediante Auto del
28 de noviembre de 2013, los cuales fueron asignados a la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas,
quien las acumuló mediante Auto del 7 de febrero de 2014,
a fin de que fueran resueltos en una sola sentencia, en razón a la unidad de
materia existente en ellos.
1.
ANTECEDENTES
1.1        EXPEDIENTE T-4.080.451
La señora Nicolasita
Franco de Balza, a
través de apoderado formuló acción de tutela contra la
Unidad  de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP o quien haga sus veces, invocando la
protección de su derecho fundamental a la
Seguridad Social, el cual considera vulnerado por la entidad demandada al negarle
la indemnización sustitutiva de vejez. Basa su solicitud en los siguientes:
1.1.1     Hechos y razones de la
acción de tutela
1.1.1.1 El apoderado manifiesta que la accionante
de 77 años de edad, laboró en la
Administración de Hacienda en la ciudad de Barranquilla desde el día 8 de
abril de 1959 hasta el 14 de octubre de 1968.
1.1.1.2 Que a raíz de su imposibilidad para seguir
cotizando debido a su avanzada edad, solicitó el día 26 de junio y el 20 de
diciembre de 2011, a la
Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales UGPP, el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez,
a la que considera que tiene derecho por haber laborado y cotizado para pensión
por casi 10 años a CAJANAL.
1.1.1.3 La Caja de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en
Liquidación, mediante Resolución UGM 024913 del 11 de enero de 2012, respondió
las dos solicitudes de forma negativa manifestando que la interesada acreditó
un total de 3.427 días laborados correspondientes a 489 semanas antes de entrar
en vigencia la Ley 100 de 1993, no era viable el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de vejez por cuanto no cotizó con posterioridad a la
Ley 100 de 1993.
1.1.1.4  Asegura el apoderado, que la decisión de la
Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP no es congruente con pronunciamientos que
sobre el tema ha desarrollado la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
1.1.2    Fundamentos y
pretensiones
El apoderado de la
accionante solicitó que se ampare
su derecho fundamental a la
Seguridad Social, y se ordene a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de vejez, a la señora Nicolasita Franco de Balza.
1.1.3    Actuación procesal
1.1.3.1 El Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla, mediante Auto del 11 de junio de
2013, admitió la acción de tutela y ofició a las partes para que se
pronunciaran sobre los hechos demandados.
1.1.3.2 Mediante escrito sin fecha[1], la
Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda,
toda vez que la tutela no era el escenario judicial para dirimir la protección
de un derecho prestacional como es la indemnización sustitutiva de vejez, para
lo cual la accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria o contencioso
administrativa.
De igual forma manifestó que
la tutela contra esa entidad se hacía improcedente, toda vez que la accionante
no manifestó en su escrito ni en los documentos , que se encontraba ante un
peligro inminente con ocasión del actuar de la
Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, al negarle la indemnización sustitutiva
de vejez.
1.1.4    Decisión judicial
Mediante fallo único de
instancia del 24 de junio de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla, negó el amparo deprecado por
improcedente, al considerar que:
1.1.4.1 La indemnización es un derecho legal y prestacional,
toda vez que se trata de los aportes a pensión durante el tiempo laborado, y
que aunque“… su no reconocimiento puede afectar el mínimo vital del
trabajador, en el caso concreto de la accionante FRANCO DE BALZA, no se
advierte que el no reconocimiento de estos dineros, le hayan impedido
satisfacer el mínimo vital que hoy se alega …”
1.1.4.2 Dijo además, que la tutela era un
mecanismo constitucional instituido para la protección inmediata de los
derechos fundamentales “… inmediatez que no se predica en su caso cuando se
observa el término transcurrido (más de i año)desde que la prementada actora,
tenía derecho al pago que demanda ahora por vía de tutela.”
1.1.5    Pruebas documentales aportadas al proceso
En el trámite de la acción de
tutela se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas documentales:
1.1.5.1 Copia de los escritos presentados por la
señora Nicolasita Franco de Balza a la
Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, de fechas 27 de junio y 14 de
diciembre de 2011, donde solicita el  reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de vejez (folios 12 – 14 y 15).
1.1.5.2 Copia de la
Resolución UGM 024913 del 11 de enero de 2012, expedida por la
Caja de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación, por la cual se niega
la solicitud de indemnización sustitutiva de vejez de la señora Nicolasita
Franco de Balza (folios 7 al 11).
1.1.5.3 Copia del formulario de actualización de
datos de la señora Nicolasita Franco de Balza expedido por la
Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales UGPP (folio 13).
1.1.5.4 Copia de los formularios de certificación
e información laboral de la señora Nicolasita Franco de Balza en Formato 1, 2 y
3 expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (folios 14 al 27).
1.1.5.5 Copia de la certificación expedida por la
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Seguro
Social, de fecha 14 de diciembre de 2010, donde consta que la señora Nicolasita
Franco de Balza no percibe pensión por parte del ISS (folio 28).
1.1.5.6 Copia de la declaración extraproceso del
14 de diciembre de 2011 donde la señora Nicolasita Franco de Balza deja
constancia que laboró y realizó aportes a pensión hasta el año 1968 y que
actualmente se encuentra imposibilitada para seguir cotizando (folio 29).
1.1.5.7 Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Nicolasita Franco de Balza (folio 30).
1.2        EXPEDIENTE T-4.080.869
El señor Pastor de Jesús Turizo García a través de apoderado, presentó solicitud
de amparo constitucional contra la empresa ECOPETROL S.A., invocando la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, y al
debido proceso, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada al
negarle la indemnización sustitutiva de vejez. Basa su solicitud en los
siguientes:
1.2.1    Hechos y razones de la tutela
1.2.1.1 El apoderado manifestó que el señor Pastor de Jesús Turizo García cuenta actualmente con 75
años de edad, y que por tanto es titular de una protección constitucional
reforzada y, por tanto beneficiario de la protección especial que el Estado
prodiga a las personas adultas mayores.
1.2.1.2 Asegura que el accionante trabajó en la
empresa demandada a través de contratos a término fijo por un tiempo de cuatro
años y un mes.
1.2.1.3 Sostuvo que solicitó a ECOPETROL S.A.
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
para lo cual, la entidad accionada respondió negativamente el día 5 de junio de
2012, manifestando que el trabajador tenía derecho por ley a un bono pensional
por el tiempo que laboró en la empresa, siempre y cuando los recursos sean
destinados específicamente para la financiación de su pensión o el pago de la
indemnización sustitutiva, y por lo tanto, los valores deben ser girados a la
Administradora del Sistema General de Pensiones a la cual se encuentre
afiliado.
1.2.1.4 Manifiesta el apoderado del señor Pastor de Jesús Turizo García, que éste vive en la extrema
pobreza por lo que no cuenta con los recursos para seguir cotizando a pensión,
y debido a su avanzada edad y su deteriorado estado de salud, se encuentra
imposibilitado para trabajar.
1.2.2    Fundamentos y
pretensiones
Con base en lo
descrito, el apoderado del tutelante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, y se ordene a
ECOPETROL S.A. el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de
vejez al señor Pastor
de Jesús Turizo García.
1.2.3    Actuación procesal
1.2.3.1 El Juzgado Catorce  Administrativo Oral de
Bucaramanga, admitió la tutela el 5 de junio de 2013, y requirió a la empresa ECOPETROL
S.A. y a la Unidad de Atención de Servicios Compartidos de Ecopetrol, para que
respondieran lo que consideraran pertinente ante los hechos narrados.
1.2.3.2 Mediante Auto del 12 de junio de 2013, el
Juzgado Catorce  Administrativo Oral de Bucaramanga, decidió vincular al
Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Trabajo, y al Fondo
de Solidaridad y Garantía – FOSYGA.
1.2.3.3 Mediante oficio del 14 de junio de 2013,
el accionado remitió la siguiente información:
·  Certificación expedida el 27 de junio de
1969 por Colombian Petroleum Co., donde consta que el señor Pastor de Jesús
Turizo García prestó sus servicios en esa compañía desde el 12 de mayo de 1961
hasta el 15 de junio de 1969, en el Campamento de Cicuto realizando labores
como obrero en la Sección de Producción (folio 52).
·  Certificación del 30 de enero de 1974
expedida por AN-SON DRILLING COMPANY OF COLOMBIA S.A., donde consta que esa
empresa le canceló al señor Pastor de Jesús Turizo García por concepto de
trabajos realizados, el valor de $33.746.89 (folio 53).
·  Oficio expedido por la
Empresa Colombiana de Petróleos el 23 de junio de 1979, donde se le informó al
señor Pastor de Jesús Turizo García que su contrato firmado el 23 de abril de
1979 con una duración de 90 días calendario, ha sido terminado (folio 57).
·  Oficio expedido por la
Empresa Colombiana de Petróleos el 9 de noviembre de 1977, donde la citada
compañía le informó al señor Pastor de Jesús Turizo García, sobre su
agradecimiento por su eficaz y oportuna colaboración durante el cese ilegal de
actividades y, por su “…ejemplar actitud en favor de Ecopetrol y el aporte
de su experiencia y conocimientos, permitió sortear con buen éxito la difícil
situación creada por el absurdo movimiento, no obstante la intimidación la
violencia y destrucción que lo acompañaron” (folio 58).
·  Copia del contrato transitorio de trabajo
por 90 días suscrito por el señor Pastor de Jesús Turizo García con la
Empresa Colombiana de Petróleos el 4 de octubre de 1977 (folio 65).
·  Copia de constancias de pagos al señor
Pastor de Jesús Turizo García por parte de la
Empresa Colombiana de Petróleos (folios 66 al 70).
·  Copia del contrato de trabajo a término
fijo de duración inferior a un año, suscrito por el señor Pastor de Jesús
Turizo García con la Empresa Colombiana de Petróleos el 4 de octubre de 1977
(folios 71y 72).
·  Copia de la prórroga del contrato de
trabajo el 3 de enero de 1978  por 90 días, suscrito por el señor Pastor de
Jesús Turizo García con la
Empresa Colombiana de Petróleos (folio 64).
·  Copia del contrato de trabajo a término
fijo de duración inferior a un año, suscrito por el señor Pastor de Jesús
Turizo García con la Empresa Colombiana de Petróleos el 24 de febrero de 1979
(folios 59 y 60).
·  Copia del contrato de trabajo de
ejecución de obra suscrito por el señor Pastor de Jesús Turizo García con la
Empresa Colombiana de Petróleos el 2 de abril de 1980 (folio 61).
·  Copia del contrato de trabajo de ejecución
de obra suscrito por el señor Pastor de Jesús Turizo García con la
Empresa Colombiana de Petróleos el 12 de enero de 1982 (folios 62 y 63).
1.2.3.4 A través de oficio fechado el 14 de junio
de 2013, la Empresa Colombiana de Petróleos, por medio de su representante
legal manifestó que efectivamente el señor Pastor de Jesús Turizo García,  trabajó
con esa empresa durante un año y un día, tal y como consta en la certificación
del 5 de junio de 2012 (folio 101), donde se informa también que el trabajador
tiene derecho a un bono pensional siempre y cuando sea destinado para su
pensión o el pago de la indemnización sustitutiva, los cuales deberán ser
girados exclusivamente a la administradora del sistema general de pensiones a
la cual se encuentre afiliado el accionante (folios 87 al 100).
1.2.4    Decisiones judiciales
1.2.4.1 El Juzgado Catorce Administrativo Oral de
Bucaramanga, mediante fallo del 19 de junio de 2013, declaró improcedente la
acción de tutela al considerar que las acreencia laborales deben dirimirse
dentro de un proceso ordinario – laboral o contencioso administrativo según el
caso, en los que pueda determinarse si hay o no lugar a su reconocimiento.
1.2.4.2 Para llegar a esa decisión el juez
constitucional se basó en que el accionante no probó la existencia de un
perjuicio irremediable y no acreditó que la negativa del pago de la
indemnización sustitutiva de vejez afectara su mínimo vital.
1.2.4.3 El Tribunal Administrativo de Santander,
mediante fallo del 26 de julio de 2013, rechazó la tutela por improcedente
confirmando la primera instancia.
1.2.5    Pruebas documentales aportadas al proceso
1.2.5.1 En el trámite de la acción de tutela el
accionante allegó las siguientes pruebas documentales:
1.2.5.1.1   Copia del derecho de petición
presentado por el señor Pastor de Jesús Turizo García, a la
Empresa Colombiana de Petróleos de fecha 5 de julio de 2012, donde informó
que el peticionario trabajó con esa empresa durante un año y un día, tal y como
consta en la certificación del 5 de junio de 2012. Igualmente le informa que
las empresas ECOPETROL S.A., y las empresas Colombian Petroleum Company
(Colopet) y AN-SON DRILLING COMPANY OF COLOMBIA S.A., son dos entes jurídicos
diferentes, razón por la cual no es posible contabilizar el tiempo laborado en
esas compañías para efectos de jubilación. Igualmente, le informa que tiene
derecho a un bono pensional siempre y cuando sea destinado para su pensión o el
pago de la indemnización sustitutiva, los cuales deberán ser girados
exclusivamente a la administradora del sistema general de pensiones a la cual
se encuentre afiliado el accionante (folios 5 y 6).
1.2.5.1.2   Copia del registro civil de
nacimiento del señor Pastor de Jesús Turizo García (folio 7).
1.2.5.1.3   Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Pastor de Jesús Turizo García donde consta que nació el 20
de marzo de 1938 (folio 7).
1.2.5.1.4   Copia de la certificación
expedida por el ISS de fecha 20 de septiembre de 2012, donde consta que el
señor Pastor de Jesús Turizo García no se encuentra afiliado a esa
administradora de pensiones (folio 9).
1.3        EXPEDIENTE T-4.145.583
La señora Hilda Rebeca
Sandoval Niebles formuló
acción de tutela contra el Departamento del Atlántico, invocando la
protección de sus derechos fundamentales a la
Seguridad Social, a la igualdad, al derecho a la información y a la vida
digna, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada al negarle la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Basa su solicitud en los
siguientes:
1.3.1     Hechos y razones de la
acción de tutela
1.3.1.1 La accionante manifiesta fue nombrada en
la sección de Servicios de Salud del Departamento del Atlántico desde el 5 de
enero de 1973 hasta el 30 de agosto de 1975, y desde el primero de enero de
1977 hasta el 28 de abril de 1983, en calidad de cocinera. El término de la
relación laboral fue de 8, 11 meses y 22 días.
1.3.1.2 Afirma, que durante ese tiempo cotizó por
concepto de pensiones a la extinta Caja de Previsión Departamental.
1.3.1.3 Por lo anterior, solicitó el 30 de mayo de
2013 a la Gobernación del Atlántico lo correspondiente a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez ante la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema.
1.3.1.4 Mediante Resolución No. 00123 del 13 de
junio de 2013, la Gobernación del Atlántico a través de la
Secretaría General, respondió negativamente teniendo en cuenta que fue la
Ley 100 de 1993 la que consagró el pago de las indemnizaciones sustitutivas
cuando no se reúne el tiempo de servicio requerido para tener derecho al
otorgamiento de la pensión de jubilación, toda vez que la norma no es de
aplicación retroactiva, dado que el vínculo laboral de la accionante con esa
entidad fue con anterioridad a su expedición.
1.3.1.5 Asegura, que tiene 81 años de edad y no
cuenta con una fuente de ingresos ni devenga sueldo producto de su trabajo o de
cualquier otro concepto, y que por su avanzada edad, le es imposible trabajar y
por ende seguir cotizando para pensión. Indica que sus hijos le ayudan para
cubrir todos sus gastos de sostenimiento.
1.3.2    Fundamentos y
pretensiones
La accionante
solicita que se ordene a la accionada, adelantar todos los trámites tendientes
al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, y se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social,
a la igualdad, al derecho a la información y a la vida digna.
1.3.3    Actuación procesal
El Juzgado Primero Civil del
Circuito de Barranquilla, mediante Auto del 23 de julio de 2013 admitió la
acción de tutela, y ofició a las partes para que se pronunciaran sobre los
hechos que originaron su presentación.
1.3.3.1 Mediante escrito del 2 de agosto de 2013, la
Gobernación del Atlántico a través de la
Secretaría Jurídica se
opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que el derecho de petición
presentado por la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles fue resuelto de fondo mediante la
Resolución No. 000123 del 13 de junio de 2013, por lo tanto, solicitó al juez
constitucional declarar improcedente la acción de tutela por tratarse de un
hecho superado.
Como sustento de la anterior
petición, aportó copia de la Resolución No. 000123 del 13 de junio de 2013, en la cual se
determinó que “no obstante haber laborado para el Departamento del
Atlántico en Servicios de Salud, se puede evidenciar que el tiempo laborado por
la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles
(…) fue con anterioridad a la expedición de la ley 100 de 1993 (…) Que por lo
anterior, no es procedente el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva, pues fue la ley 100 de 1993 la que consagró el pago de las
indemnizaciones sustitutivas cuando no se reúne  el tiempo de servicio
requerido para tener derecho al otorgamiento de la pensión de jubilación, toda
vez que la ley no es de aplicación retroactiva”.
1.3.4    Decisión judicial
1.3.4.1 Mediante fallo del 5 de agosto de 2013, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, negó el amparo deprecado
por improcedente, al considerar que:
Al analizar las pruebas
aportadas por el accionado se observó que la petición presentada por la señora
Hilda Rebeca Sandoval Niebles, fue respondida el 2 de agosto de 2013 por parte
de la  Gobernación del Atlántico y, por tanto “pone de manifiesto que en el
presente caso se resolvió de fondo la petición de la accionante, por tanto
carece actualmente de objeto una orden tutelar en ese sentido por cuanto operó
la cesación de la actuación impugnada y no tendría razón de ser por sustracción
de materia.”
Dijo además que resulta
improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados en conexidad con
el derecho de petición, toda vez que de los hechos narrados “sus hijos son
los encargados de su manutención, así mismo observamos que su última
vinculación laboral data del año 1983, es decir que hace más de 30 años que
dejó de laborar o por lo menos con la
Gobernación del Atlántico y desde que llegó a la edad para adquirir una
pensión o indemnización sustituta, no lo hizo, por lo que el requisito de la
inmediatez para promover la acción constitucional a fin de obtener una
protección de derechos fundamentales que se consideran vulnerados. En este
sentido la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su
“inmediatez”, es decir por su aplicación urgente que se hace preciso
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza. Por tal razón no se entró hacer ningún estudio respecto a
estos derechos…”
1.3.4.2 El Tribunal Superior de Barranquilla,
mediante fallo de segunda instancia del 16 de septiembre de 2013, confirmó la
decisión anterior al considerar que “el espacio temporal que la propia
accionante alude, resulta inexplicable para esta Sala, porque la accionante
dejó de transcurrir tiempo en demasía para solicitar la protección de sus
derechos, bajo ese razonar cobra validez el argumento desplegado por el A quo,
para concluir que la tutela no atiende el presupuesto de la inmediatez el cual
está estrechamente relacionado con el instituto del perjuicio irreparable…”
1.3.5    Pruebas documentales aportadas al proceso
En el trámite de la acción de
tutela se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas documentales:
1.3.5.1 Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles (folio 7).
1.3.5.2 Declaración juramentada realizada por la
señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles el día 5 de agosto de 2011 en la
Notaría Primera de Soledad, Atlántico, donde consta que “no tengo ninguna
clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada la cual presto
bajo mi entera responsabilidad” “Que en la actualidad no recibo pensión de
jubilación de ninguna entidad pública ni privada, ni Municipal, Departamental o
Nacional. Declaro que no recibo pensión del Seguro Social.” (folio 6).
1.3.5.3  Derecho de petición presentado por la
señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles el día 30 de mayo de 2013,
a la Gobernación del Atlántico, donde solicitó se le reconozca y pague la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez por haber cumplido la edad de jubilación y ante la
imposibilidad de seguir cotizando a pensión (folios 8 al 11).
1.3.5.4      Certificado de información laboral
en formato No. 1 expedido por la Gobernación del Atlántico el día 18 de
noviembre de 2010 donde consta que cotizó para pensión a la
Caja de Previsión Nacional (folio 12).
1.3.5.5      Certificación de salario base
en formato No. 2 expedido por la Gobernación del Atlántico el día 18 de
noviembre de 2010 donde consta que cotizó para pensión a la
Caja de Previsión Nacional (folio 13).
2.     ACTUACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
2.1
De
las solicitudes antes referidas y de las pruebas aportadas, la
Sala observó que en el expediente T-4.080.869, que el accionante se encuentra afiliado desde el 11 de noviembre de 2003
a la EPS Coomeva dentro del régimen contributivo; y según información del ISS,
el señor Pastor de Jesús Turizo García no se encuentra afiliado a esa
administradora de pensiones.
2.2
Que en aras de
buscar la protección de las
personas adultas mayores que se encuentren en estas circunstancias para que les
sea devuelto el ahorro que
efectuaron en el transcurso de su vida laboral, con el fin de que con él
atiendan sus necesidades básicas en procura de una subsistencia digna, la
Sala debe tener la certeza de las cotizaciones realizadas por el accionante a
los distintos fondos de pensiones, para determinar con claridad la entidad o
entidades a las cuales deben dirigirse las respectivas órdenes en su caso.
2.3
Por las
anteriores razones, mediante Auto del 13 de marzo de 2014, se solicitó al Ministerio de Trabajo, para que informara sobre las eventuales cotizaciones
que pudo efectuar el señor Pastor
de Jesús Turizo García en el Sistema General de Pensiones durante su época laboral
activa, tanto en el Régimen de Prima Media como en el Régimen de Ahorro
Individual Solidario, y las entidades que recibieron esos aportes.
2.4
Mediante escrito
del 25 de marzo de 2014, la
Secretaría General de esta Corporación remitió el oficio No. 201411300369711
del 21 de marzo de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social, en el
cual, el Director Jurídico de esa entidad informó que “consultado la base de
datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA – en la cual no
se encontró información como cotizante al sistema de Seguridad Social en
Pensiones del señor PASTOR DE JESÚS TURIZO GARCÍA identificado con
cédula de ciudadanía número 2.056.126”.
3.     CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
3.1
COMPETENCIA
Esta Corte es competente, de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente
fallo de tutela.
3.2
PROBLEMAS
JURÍDICOS
Visto lo anterior, la
Sala Séptima de Revisión procederá al análisis de los hechos planteados, en los cuales le corresponde establecer si las entidades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales a la seguridad
social, a la igualdad, al mínimo vital, a la información, a la vida digna y los derechos de las personas adultos
mayores, al negarse a
reconocer y pagar a los accionantes la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez por haber cotizado
con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley
100 de 1993.
La Sala estima que para resolver la cuestión planteada deben analizarse
los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de
tutela para el reconocimiento de derechos prestacionales; (ii) reiteración de la jurisprudencia sobre la protección
constitucional a la seguridad social como servicio público y derecho
fundamental irrenunciable; (iii) la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez para las
personas que cotizaron de manera previa a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y la devolución de saldos; y (iv) se analizarán los casos
en concretos.
3.2.1    Procedencia excepcional de la acción de
tutela para el reconocimiento de derechos prestacionales.
La acción de tutela se
encuentra consagrada en el artículo 86 de la
Constitución, y se caracteriza por ser preferente, sumaria y subsidiaria. Lo
anterior, por cuanto tal y como lo ha reiterado la
Corte Constitucional, ésta puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del
cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un
derecho fundamental, ii) existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces
o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, iii) existiendo
acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para
evitar que ocurra un perjuicio irremediable.[2]
En efecto, la subsidiariedad y
la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer la validez y
viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como
mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Por tal
razón, se debe acudir a los mecanismos ordinarios judiciales preferentemente,
siempre y cuando sean los conducentes para conferir una eficaz protección de
los derechos fundamentales de los individuos. La razón de esta exigencia consiste
en asegurar que la acción de tutela no sea considerada una instancia adicional dentro
del trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace aquellos
diseñados por el legislador[3].
Al respecto, la
Corte Constitucional en Sentencia T-262 de 1998[4],
señaló:
“…la acción de tutela no ha sido
concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa
judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones,
en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen
deficientemente. Aceptar
lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomará el lugar de las
otras jurisdicciones, resultado que iría en
contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la
guarda e integridad de la
Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de
las otras jurisdicciones. (...)”. (Subrayado fuera del
texto).
En ese sentido, el agotamiento de los mecanismos ordinarios
de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo extraordinario, salvo que por razones
extraordinarias, el Juez Constitucional compruebe que los otros medios
judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en
principio, la acción de tutela no puede ejercerse con el fin de reclamar
derechos prestacionales. En efecto, la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para reclamar la pensión ni la indemnización sustitutiva de la misma,
pues esta corresponde a la justicia ordinaria laboral o la jurisdicción
contenciosa administrativa, según sea el caso, quienes tienen la competencia
para resolver este tipo de controversias, en la medida en que su valoración
implica un análisis litigioso de carácter legal que excede el ámbito de estudio
del juez constitucional[5].
No obstante, existen algunas excepciones
a la regla general a la que se ha hecho referencia en el evento en que se
niegue el reconocimiento, restablecimiento y pago del derecho a la pensión o a
la indemnización sustitutiva, así[6]:
(i) cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional[7],
como lo son: los niños y las niñas, quienes padecen alguna discapacidad, las
mujeres en estado de gravidez y los adultos mayores, ya que su situación de
debilidad manifiesta lleva a que la
Constitución les brinde un amparo mayor. En tales casos, el juicio de
procedibilidad de la acción de tutela es menos riguroso[8] o menos restrictivo[9]; (ii) cuando
como consecuencia de la vulneración al derecho a la seguridad social se atenta
contra derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital y/o el debido
proceso[10];
y, (iii) cuando los medios de defensa con los que cuenta el
accionante no puedan brindar una protección inmediata de los derechos fundamentales afectados[11] y en
consecuencia no sean eficaces o
se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[12].
Por lo tanto, se concluye que de acuerdo
con las circunstancias referidas, le corresponderá al juez constitucional
valorar la realidad fáctica y los elementos de importancia del asunto bajo
estudio, para determinar si es o no necesario proteger urgente e inmediatamente
los derechos afectados.
3.2.2    Reiteración de la jurisprudencia sobre la
protección constitucional a la seguridad social como servicio público y derecho
fundamental irrenunciable.
La Constitución Política establece
que la seguridad social tiene una doble connotación: de un lado, según lo
establece el inciso 1° del artículo 48 superior, constituye un “servicio
público de carácter obligatorio”, en el cual le corresponde al Estado una
importante labor en su realización dado que el texto superior le confía las
labores de dirección, coordinación y control; actividades que deben ser
realizadas con estricta observancia de los principios de universalidad,
solidaridad y eficiencia[13].
Y del otro, el inciso 2° de la norma constitucional determina que “se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”,
donde le compete al Estado, dentro de sus obligaciones de dirección,
coordinación y control, lograr la protección de todas las personas y contribuir
a su desarrollo y bienestar[14].
Esta Corporación, en aras de realizar el contenido del derecho a la seguridad
social, ha destacado su naturaleza asistencial y prestacional, cuya garantía
debe materializarse de manera progresiva[15].
Ahora bien, el sistema de seguridad
social creado a partir de la Ley 100 de 1993  “Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”,
normativa a través de la cual se propende por la cobertura de las contingencias
a las que se encuentran expuestos todos los ciudadanos y, que a la vez es el
instrumento mediante el cual el Estado ha pretendido dar cumplimiento a los
fines constitucionales que se encuentran plasmados en el artículo 48 superior.
Así las cosas, dentro de la regulación ofrecida por la ley de seguridad social
se encuentran establecidas las estructuras a partir de las cuales es ejercido
el “derecho irrenunciable a la seguridad social”.
Esta Corporación en reiteradas
jurisprudencias se ha ocupado de establecer el alcance de la seguridad social
como bien jurídico objeto de protección en nuestro ordenamiento[16]. En efecto, sobre este asunto ha
establecido:
“En materia de reconocimiento de derechos
pensionales, la Corte ha precisado que “es un derecho imprescriptible,
en atención a los mandatos constitucionales que expresamente disponen que dicho
derecho es irrenunciable (art. 48 C.P) y que, a su vez, obligan a su pago
oportuno (art. 53 C.P). (…) Para la Corte la naturaleza no extintiva de dicho
derecho, constituye un pleno desarrollo de los principios y valores constitucionales
que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad y, además, propende
por la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, con
la finalidad de asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas
(arts. 1°, 46 y 48 C.P).”[17]
En consecuencia de lo anterior, se
concluye que la seguridad social como bien jurídico objeto de protección del
Estado es irrenunciable y  puede ser reclamada en cualquier tiempo, siempre que
el interesado haya cumplido la edad para pensionarse pero no haya cotizado al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones por un tiempo igual o superior al
mínimo requerido para la obtención de la pensión de vejez.
Por lo tanto, la acción de tutela es
procedente para solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados
por las accionantes, y por ello se procederá a efectuar un pronunciamiento de
fondo.
3.2.3    La indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez para las personas que cotizaron de manera previa a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. La devolución de saldos. Reiteración de jurisprudencia.
Como se citó en el acápite anterior, la Corte Constitucional[18]
se ha ocupado de establecer los elementos y los fundamentos sobre los que
descansan las prestaciones que, mediante su establecimiento en el sistema
general de seguridad social, pretenden aliviar la situación en la que se
encuentran las personas que no logran cotizar la totalidad de las semanas
exigidas por la Ley o el capital requerido para el reconocimiento de las
pensiones de vejez, invalidez o de sobrevivientes, según sea el caso.
La Ley 100 de 1993 tiene en su régimen de pensiones el propósito de
garantizarles a las personas su protección frente a las contingencias que
devienen por vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que determina la misma ley[19].
Este sistema presenta dos modalidades
excluyentes entre si, el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. La afiliación a uno
u otro régimen es libre y voluntaria[20]
y para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones siempre se tendrá en
cuenta la sumatoria de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, que se haya
efectuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, o el tiempo de servicio si se trata de servidores públicos,
más allá de cual sea el número de semanas cotizadas[21].
Ahora bien, según el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, para adquirir el derecho a la pensión de vejez en el Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida, es necesario que los
afiliados  satisfagan los siguientes requisitos: primero) Haber cumplido 55 años de edad si es
mujer y 60 años de edad si es hombre[22];
y, segundo) Haber cotizado un mínimo de 1000
semanas en cualquier tiempo[23]. Si hay
concurrencia en el cumplimiento de estos requisitos, se adquiere el derecho a
la pensión de vejez.
Sin embargo, puede ocurrir que el
afiliado cumpla con la edad mínima para adquirir el derecho, pero no cotice el
número mínimo de semanas, esto es, no acredite la totalidad de los requisitos
legales exigidos para acceder al reconocimiento de la prestación económica de
vejez, escenario frente al cual el legislador estableció una solución alternativa
en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 definida bajo el nombre de indemnización
sustitutiva. En ese sentido, el  artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 señala que:
“Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
En efecto, la
indemnización sustitutiva en el régimen de prima media con prestación definida[24],
implica un derecho suplementario[25],
imprescriptible[26] e irrenunciable[27], que al
tenor de la Sentencia C-624 de 2003[28]
sido definida como:
“(…) el derecho que le asiste a las
personas que no logran acreditar los requisitos para obtener el reconocimiento
de una pensión de invalidez, de vejez y de sobreviviente, para reclamar -en
sustitución de dicha pensión- una indemnización equivalente a las sumas
cotizadas debidamente actualizadas.”[29]
Por su parte, en lo atinente al régimen de ahorro individual con
solidaridad, en el artículo 66 de la misma ley se encuentra la siguiente
previsión para aquellos eventos en los que el cotizante no reúna los requisitos
establecidos para el reconocimiento del derecho pensional:
“Quienes a las edades previstas en el artículo anterior[30]
no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el
capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario
mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de
ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono
pensional, si a este hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el
derecho.”
Como se sigue de las disposiciones trascritas, se observa que
tanto la indemnización sustitutiva como la devolución de saldos
son prestaciones que actúan como sucedáneas de la pensión de vejez en aquellos
eventos en los cuales, a pesar de alcanzar un determinado requisito de edad, la
persona no satisface a plenitud las exigencias establecidas por la ley de
seguridad social para obtener el reconocimiento y pago de la mesada pensional[31],
bien porque el número de semanas cotizadas no alcanza el total requerido por el
artículo 9° de la Ley 797 de 2003 en el régimen de prima media, o debido a que
el capital ahorrado no resulta suficiente en el caso del régimen de ahorro
individual[32].
Según fue indicado en sentencia T-981 de 2003[33], estas
prestaciones se encuentran orientadas a ofrecer a las personas que están
cotizando al sistema de seguridad social una suerte de “compensación” en
cuya virtud se restituye el capital aportado de acuerdo con las fórmulas
designadas en la ley y en los reglamentos correspondientes[34]. En sentido
análogo, en sentencia T-750 de 2006[35]
la Corte manifestó de manera expresa que por esta vía se reconoce una
auténtica acreencia que le permite al cotizante “recuperar los
aportes efectuados durante el período laboral, ante la imposibilidad de obtener
la pensión”
De otro lado, según fue indicado en sentencia T-746 de 2004[36],
la referida conclusión relativa al carácter imprescriptible de las prestaciones
objeto de análisis encuentra particular significado en la medida en que, como
regla general, las personas que persiguen su reconocimiento son sujetos de
especial protección debido a su edad avanzada, a la considerable pérdida de su
capacidad laboral, o al estado de indefensión en que se hallan debido a la
pérdida de la persona encargada de garantizar su manutención.
Así, en la
Sentencia T-972 de 2006[37],
la Corte estudió el caso de una
persona de la tercera edad, quien laboró en el Incora entre el 25 de septiembre
de 1967  y el 30 de septiembre de 1976, y posteriormente en el Instituto
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), hasta
el 24 de junio de 1981. Posteriormente, y dado que no le fue posible hallar una
nueva ocupación laboral, el actor y su familia entraron en una grave crisis
económica que los llevó a la indigencia, por lo que en el año 2003 solicitó a
Cajanal que se le reconociera y pagara la indemnización sustitutiva; sin
embargo, Cajanal denegó la prestación económica señalando que no cumplía con
los requisitos para acceder a la misma. La
Corte tuteló los derechos del accionante y ordenó adelantar el trámite
pertinente para que la indemnización fuera reconocida y pagada, con base, en
argumentos como el siguiente:
“Las
personas que venían cotizando al sistema de seguridad social en pensiones bajo
el imperio de normas precedentes, se rigen en la actualidad por las
disposiciones de la Ley 100 de 1993, salvo que antes de su entrada en vigencia
estuvieran consolidados derechos subjetivos, respecto de los cuales, por el
principio de respeto a los derechos adquiridos (artículo 58 de la
Constitución Política), no tienen aplicación los preceptos introducidos por la
Ley en referencia. En efecto, el sistema de pensiones
introducido por la Ley 100 de 1993, reconoce para efectos del cumplimiento de
los requisitos para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, los tiempos cotizados con anterioridad a su entrada en
vigencia. En este sentido, el literal f del artículo 13 de la
Ley 100 de 1993 señala que ‘para el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de
las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al
Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera
sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio’. De esta forma, de
acuerdo a las normas referidas, en materia del derecho a la indemnización
sustitutiva, las entidades encargadas de su reconocimiento se encuentran en la
obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993.”[38] (Negrita
fuera de texto).
Posteriormente, en la
Sentencia T-1088 de 2007[39],
esta Corporación ordenó a Cajanal que adelantara
los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de una persona adulta mayor que cotizó para pensiones
hasta 1967, siéndole ésta negada bajo el argumento de que solo tenían derecho
al reconocimiento y pago de la misma, las personas que fueran afiliadas activas
al Sistema General de Pensiones que establece la
Ley 100. Señala la Corte en la sentencia aludida:
“(…) las
normas que regulan lo referente a la indemnización sustitutiva también tienen
aplicación en relación con aquellas personas que cotizaron bajo la vigencia de
la anterior normatividad y cuya situación jurídica no se consolidó en
aplicación de normas precedentes, lo que exige que su definición se efectúe
bajo el imperio de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, las entidades encargadas
de su reconocimiento no pueden oponerse a éste bajo el argumento de que las
cotizaciones de [sic] hayan realizado con anterioridad a la
Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, no son las aplicables las
disposiciones normativas de dicha Ley, ya que, tal como se estableció, las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993 son de orden público, lo que implica
que ellas son de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por tanto, afectan
situaciones no consolidadas que se encuentren en curso.”[40] (Negrita
fuera de texto).
De la misma manera, en la
Sentencia T-850 de 2008[41]
la Corte
estudió el caso de una persona que se desempeñó laboralmente como conductor en la
Universidad del Tolima, entre el 19 de febrero de 1971 y el 7 de marzo de
1982, y que al solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de su pensión, recibió una respuesta negativa bajo el argumento de
que la misma solo procede para aquellas personas que se encontraban cotizando a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La
Corte reiteró la jurisprudencia ya citada y concedió el amparo, ordenando en
consecuencia al Departamento del Tolima que adelantara los trámites necesarios
para el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al actor.
Ahora bien, en sentencia T-546 de 2008[42] la
Corte resolvió el interrogante a propósito de la eventual prescripción de
estos derechos. Sobre el particular, reiterando el precedente consignado en la
sentencia T-230 de 1997[43],
indicó que el punto de partida desde el cual ha de iniciar esta indagación se
encuentra en el principio de la imprescriptibilidad de los derechos pensionales
que se encuentra consagrado en el texto constitucional en el artículo 1°, 46 y
48. De manera puntual, en la providencia en comento la
Sala indicó lo siguiente:
“En efecto y comoquiera que se trata de una garantía establecida
por el legislador que busca sustituir la pensión de vejez, invalidez y
sobrevivientes, cuando no se cumplen los requisitos para que sea reconocida
cualquiera de ellas, es claro mutatis mutandis que puede equipararse a un
derecho pensional, razón por la cual el parámetro de imprescriptibilidad para
este tipo de derechos, fijado por la jurisprudencia constitucional, debe
aplicarse en este ámbito, es decir, que su exigibilidad puede hacerse en
cualquier tiempo, sujetándose únicamente a normas de prescripción, una vez ha
sido efectuado su reconocimiento por parte de la autoridad correspondiente.”
A lo anterior es preciso agregar que la naturaleza imprescriptible
de la indemnización sustitutiva y de la devolución de saldos no sólo se sigue
de la caracterización de estas prestaciones como derechos pensionales. Tal
determinación es, adicionalmente, impuesta por el talante de los bienes
jurídicos cuya protección pretenden garantizar, pues en ambos casos persiguen
la satisfacción de los derechos a la conservación del mínimo vital, a la vida
digna, y muy particularmente del derecho fundamental a la seguridad social[44].
Siguiendo lo anterior, la
Sentencia T-080 de 2010[45],
se refiere a la indemnización sustitutiva como:
“(…) una especie de ahorro que
pertenece a los trabajadores por los aportes efectuados durante un periodo de
su vida laboral, los cuales tendrán derecho de recuperar ante la imposibilidad
de obtener la pensión por no cumplir con todos los requisitos que exige la Ley.”[46]
En la citada sentencia se dice que “tendrán
derecho” porque el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, autoriza a los
afiliados para que decidan entre recibir la restitución dineraria o continuar
cotizando al sistema hasta alcanzar el capital requerido para adquirir la
pensión[47].
En el mismo sentido, en la
Sentencia T-083 de 2011[48],
la Corte concedió el derecho a dos accionantes que superaban los 60 años de
edad, a quienes el Municipio de Santiago de Tolú no les reconoció el pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que tenían derecho, por
cuanto cotizaron a la Caja de
Previsión Municipal, con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, y para la fecha de la solicitud habían cumplido la edad para
pensión y además, se encontraban en imposibilidad de continuar cotizando
dada su edad y sus problemas de salud. En ella sostuvo:
“Puede sostenerse entonces que el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no establece límites temporales ni
condicionamientos algunos en su aplicación, pues se trata de una norma laboral
de orden público y de aplicación obligatoria e inmediata, y en esa medida,
aquellas personas que cotizaron en vigencia de la normatividad anterior y cuya
situación jurídica no se consolidó con respecto a las normas precedentes están
cobijadas por lo establecido en la normatividad de 1993.
En conclusión, podrán solicitar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez aquellas personas que,
independientemente de haber estado o no afiliadas al Sistema Integral de
Seguridad Social en el momento en que entró en vigencia la
Ley 100 de 1993, cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, pero no las
semanas mínimas de cotización al sistema para adquirir la pensión de vejez.
Así, es posible que en un solo pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron
en el transcurso de su vida laboral, para que con él atiendan sus necesidades básicas
en procura de una subsistencia digna[49].”
Por último, la sentencia
T-1075 de 2012[50],
hizo referencia a las decisiones jurisprudenciales sobre el tema, las cuales
sintetizó así:
Del profuso conjunto de
sentencias al respecto es posible extraer las siguientes consideraciones de
orden constitucional y legal que han servido como fundamento de la defensa del
derecho a acceder a la indemnización sustitutiva, independientemente del
momento en que se hayan realizado los aportes[51]:
(i) Las normas laborales y
de seguridad social en tanto disposiciones de orden público deben aplicarse a
las situaciones vigentes o en curso al momento en el que entran a regir[52];
claro está, no tienen efecto retroactivo, es decir, no afectan aquellas
situaciones jurídicamente consolidadas.
(ii) La indemnización
sustitutiva es un derecho irrenunciable puesto que emana de la garantía
constitucional a la seguridad social contemplada en el artículo 48 de la
Constitución Política. En consecuencia, esta prestación es imprescriptible y
puede ser reclamada en cualquier tiempo. Sobre este punto, la sentencia T-972
de 2006 sostuvo:
“El derecho a la indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones
consagradas en el sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el
sentido de que puede ser reclamada en cualquier tiempo. Así, la indemnización
sustitutiva, sólo se sujeta a las normas de prescripción desde el momento en
que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa solicitud del
interesado, quien, como se anotó, puede libremente optar bien por elevar el
requerimiento para el reconocimiento de esta prestación, o bien por continuar
cotizando hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez”.
(iii) El rechazo de la
solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva vulnera el
principio de favorabilidad[53],
según el cual se debe acoger la situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.
(iv) La
Corte también ha expresado que las entidades a las que se realizaron los
aportes incurren en un enriquecimiento sin causa cuando deciden no reconocer la
indemnización sustitutiva de quienes cotizaron antes de la
Ley 100 de 1993[54].
En efecto, el capital que se reclama no es más que el fruto del ahorro del
trabajador[55];
por ende, “no existe vínculo jurídico alguno que permita a la administradora de
fondos retenerlos”[56].
(v) El sistema de
pensiones introducido por la Ley 100 reconoce para efectos del cumplimiento de
los requisitos para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, los tiempos cotizados con anterioridad a su entrada en
vigencia. En efecto, el literal f) del artículo 13 de la
Ley 100 de 1993 señala que:
“para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en
los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio”.
En este mismo sentido, el
artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, “Por medio del cual se reglamentan los
artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización
sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida”,
establece que para determinar el monto de la indemnización sustitutiva a que
haya lugar, deberán tenerse en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas,
“aún las anteriores a la Ley 100 de 1993”.
(vi) El artículo 37 de la
Ley 100, al
consagrar la figura de la indemnización sustitutiva, no dispuso ningún límite
temporal a su aplicación ni condicionó su reconocimiento a solo aquellas circunstancias
en las que que la persona hubiera efectuado las cotizaciones con posterioridad
a la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993[57].
(vii) Así como el
trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir el número mínimo
de semanas o el capital requerido, tampoco existe la obligación de seguir
trabajando hasta completar los requisitos legales para acceder a la pensión,
una vez ha alcanzado la edad mínima para solicitarla.
Por todo lo anterior, es
innegable que el capital en discusión es resultado del esfuerzo del trabajador
y que su reconocimiento es perentorio en cualquier momento como compensación
para aliviar las necesidades del adulto mayor que no alcanzó a cumplir las
exigencias legales para hacerse acreedor a una pensión de vejez[58].
Siendo así, es
perfectamente viable conceder la indemnización sustitutiva reconociendo las
semanas cotizadas aún con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, ya sea en el sector público o privado[59].
En conclusión, puede sostenerse que el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no establece límites temporales ni
condicionamiento alguno en su aplicación, pues se trata de una norma laboral de
orden público y de aplicación obligatoria e inmediata, y en esa medida,
aquellas personas que cotizaron en vigencia de la normatividad anterior y
cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, cuya situación jurídica no se
consolidó con respecto a las normas precedentes podrán solicitar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, independientemente de haber
estado o no afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en
que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Así, es posible que en un solo pago
les sea devuelto el ahorro que efectuaron en el transcurso de su vida laboral,
para que con él atiendan sus necesidades básicas en procura de una subsistencia
digna[60].
4.     LOS CASOS CONCRETOS
De acuerdo con las consideraciones
expuestas, la Sala reiterará la jurisprudencia referente al derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez o la indemnización sustitutiva de aquellas personas que realizaron
aportes antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, las cuales han cumplido con la edad requerida para
pensionarse, y que se encuentran en imposibilidad de seguir cotizando debido a
su avanzada edad o su condición especial de salud.
Así lo que se busca, es proteger a las
personas adultas mayores que se encuentren en estas circunstancias para que les
sea devuelto el ahorro que
efectuaron en el transcurso de su vida laboral, con el fin de que con él
atiendan sus necesidades básicas en procura de una subsistencia digna.
Hecha esta aclaración, pasa la sala en un
primer lugar a (i) realizar un análisis de la procedencia de la acción
de tutela y, (ii) estudiar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por todos los accionantes.
4.1
PROCEDENCIA DE
LAS ACCIONES DE TUTELA
La Corte Constitucional[61]
ha establecido en reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela
para solicitar el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez o la indemnización sustitutiva, toda vez que se consideran derechos
prestacionales sobre los cuales existen otros medios de defensa judicial a los
cuales el actor puede acudir para lograr lo pretendido; no obstante,
excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo, cuando se establece que
aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o se requiere la urgente
intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
Para la Sala de Revisión es evidente que las acciones
de tutela que se analizan se encuentran dentro de las excepciones a la regla
general de improcedencia. Como ya se determinó en las consideraciones expuestas
los casos que se someten a estudio involucran a personas adultas mayores a las
cuales el Estado debe brindarles toda la protección y asistencia que requieran dadas sus
condiciones de vulnerabilidad.
Así lo reiteró esta Corporación en la
Sentencia T-905 de 2008[62]
cuando manifestó, con respecto a la procedencia de la acción de tutela, frente
a la solicitud de reconocimiento de pensiones, lo siguiente:
“La acción de tutela procederá para
solicitar el reconocimiento de una pensión de vejez o de una indemnización sustitutiva
siempre que la negativa implique conexidad con un derecho de naturaleza
fundamental y esté de por medio la protección efectiva de los sujetos de
especial protección. Los efectos de la protección podrán ser transitorios o
definitivos, subordinados a las reglas que rigen el perjuicio irremediable o si
se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente resulta ineficaz para
las condiciones específicas de cada situación.”
Ahora bien, como quiera que en uno de los
casos que se revisan, la accionada negó la devolución de los dineros cotizados
a pensión por no cumplir con el principio de la inmediatez, esto por cuanto el
tiempo transcurrido desde que dejaron de cotizar hasta la fecha de la
presentación de la acción tutela superaron los 10 años, la Corte ha precisado sobre el tema lo siguiente:
“el derecho a la indemnización
sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el sistema general de
pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede ser reclamada en
cualquier tiempo.[63]
Así, la indemnización sustitutiva, sólo se sujeta a las normas de prescripción
desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa
solicitud del interesado, quien puede libremente optar bien por elevar el
requerimiento para el reconocimiento de esta prestación, o bien por continuar
cotizando hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez”.[64]
Al respecto,  la jurisprudencia constitucional ha reiterado que:
“en aras de garantizar la eficacia y
prevalencia de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo será
procedente aun habiendo trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la
situación que dio origen a la transgresión alegada y la presentación de la
acción, siempre que analizadas las condiciones específicas del caso concreto,
el fallador advierta la presencia de una o varias de las siguientes
circunstancias: “(1) La existencia de razones que justifiquen la inactividad
del actor en la interposición de la acción. (2) La permanencia en el tiempo de
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, esto es,
que como consecuencia de la afectación de sus derechos, su situación
desfavorable continúa y es actual. (3) La carga de la interposición de la
acción de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”[65]
Los casos bajo estudio, los accionantes
solicitan el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, la cual está consagrada en el artículo 37 de la ley 100 de
1993[66].
Observa la
Sala, que en las acciones objeto de estudio el perjuicio persiste, toda vez
que la falta de
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez continúa
conculcando los derechos fundamentales de los accionantes quienes superan los
70 años de edad. Esto, con el agravante que ante el paso de los años los actores
se hacen más frágiles y vulnerables, razón por la cual, debe interpretarse que
la intervención del juez constitucional debe ser actual y oportuna para
conjurar la transgresión que sufren los peticionarios quienes son sujetos de
especial protección del Estado.
En conclusión, el reconocimiento de la
pensión de vejez o la indemnización sustitutiva de la pensión es un derecho
fundamental que puede ser reclamada en cualquier tiempo. Razón por la cual, la
Sala considera que en los casos  presentes la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, y por ello se procederá a efectuar un pronunciamiento de fondo.
4.2
ESTUDIO DE LA
PRESUNTA VULNERACIÓN
4.2.1    EXPEDIENTE T-4.080.451
La señora Nicolasita
Franco de Balza cuenta actualmente con 77 años de edad, y busca a través de la acción de tutela que la
Unidad  de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, le reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de vejez, cuya negativa le está vulnerando su derecho
fundamental a la Seguridad Social.
Es preciso señalar, que
la accionante
laboró en la Administración de Hacienda en la ciudad de Barranquilla por más de
9 años, lo cual se encuentra debidamente probado dentro del proceso, dentro de
los cuales realizó aportes a pensión desde el día 8 de abril de 1959 hasta el
14 de octubre de 1968, tal y como consta en los formatos 1, 2 y 3 expedidos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como de la certificación
expedida por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados
del Seguro Social, de fecha 14 de diciembre de 2010, donde certifica además,
que la señora Nicolasita Franco de Balza no percibe pensión por parte de esa
entidad.
Igualmente, se encuentra en
el expediente que la Caja de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación[67],
mediante Resolución UGM 024913 del 11 de enero de 2012, respondió los derechos
de petición presentados por la accionante en los cuales le comunica que
efectivamente acreditó un total de 3.427 días laborados correspondientes a 489
semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y por tanto, no era
viable su reconocimiento en razón a que sus cotizaciones fueron efectuadas con
anterioridad a la citada norma y no registró aportes con posterioridad a esa
fecha.
Por último, se opuso a las pretensiones
de la demanda al considerar que la tutela no era el escenario judicial para
dirimir la protección de un derecho prestacional como es la indemnización
sustitutiva de vejez, para lo cual, debía acudir a la jurisdicción ordinaria o
contencioso administrativa.
El juez constitucional negó
las pretensiones de la accionante señalando que si bien es cierto que la
indemnización es un derecho de amplia configuración legal y que no es gratuito
por tratarse de aportes de cotizaciones durante el tiempo laborado, también era
cierto que no se probó que el no reconocimiento de estos dineros, le hayan
impedido satisfacer el mínimo vital que hoy se alega.
La
Sala encuentra que de conformidad a lo expuesto en esta sentencia, la señora
Nicolasita Franco de Balza sí tiene el derecho a una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, ya que se aplica plenamente el régimen establecido en
el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, en la medida que se trata de una persona
que cumplió la edad para adquirir la pensión de vejez, pero no cuenta con el
número mínimo de semanas cotizadas para acceder a la misma. Además, debe
considerarse que actualmente se encuentran en imposibilidad de continuar
cotizando dada su edad y sus problemas de salud, y que el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 no presenta límites temporales, por lo que quienes hayan
cotizado en vigencia de una normatividad anterior y cuya situación jurídica no
se consolidó con relación a la misma, están cobijados por lo dispuesto en la
norma aludida.
En atención a lo anterior, se encuentra
que la Caja de
Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación[68],
sí vulneró el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante
al no reconocer y conceder el pago de la indemnización sustitutiva de su
pensión de vejez, considerando que no se atendieron las disposiciones
contenidas en los artículos 46 y 48 Superiores.
Con base en las consideraciones
anteriores, la Sala revocará el fallo único de instancia proferido el 24 de
junio de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Barranquilla, que denegó la acción de tutela por
improcedente, y en su lugar, concederá el amparo protegiendo los derechos
fundamentales de la señora Nicolasita Franco de Balza,
y por tanto, ordenará a la Caja de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación o la
entidad que haga sus veces, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, realice el
trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho la accionante, de acuerdo
con las semanas de cotización acreditadas. De igual forma, una vez se cumpla lo
anterior, dentro de los diez (10) días siguientes deberá pagar efectivamente el
monto de la prestación económica.
4.2.2    EXPEDIENTE T-4.080.869
En el presente caso se tiene que el señor Pastor de Jesús Turizo García laboró en la empresa  ECOPETROL S.A. por un tiempo de  cuatro
años aproximadamente, como consta de las copias que se anexan al expediente de
los contratos suscritos entre éste y la
Empresa Colombiana de Petróleos, dentro del transcurso del mes de octubre de
1977 al mes de enero de 1982.
Por lo anterior, solicitó a
la demandada el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez.
El día 5 de junio de 2012 la entidad accionada respondió negativamente al
requerimiento, manifestando que efectivamente el trabajador tenía derecho por
ley a un bono pensional por el tiempo que laboró en la empresa, pero que su valor
debía ser girado a la Administradora del Sistema General de Pensiones a la cual
se encontrara afiliado.
La Sala de Revisión constató que el accionante es una persona de 75 años de edad
y presenta múltiples y graves afecciones a su salud, situación que le impide
continuar laborando y cotizar el número de semanas que le faltan para obtener
el reconocimiento de la pensión de vejez, por lo que la única prestación a la
que podría acceder es a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Dentro de la acción impetrada
por el actor, los jueces constitucionales de instancia negaron las pretensiones
basadas en la inexistencia de un perjuicio irremediable y que no acreditó la
afectación al mínimo vital.
Teniendo en cuenta que el asunto bajo
revisión se refiere al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, la cual no es reconocida por la entidad accionada bajo el
argumento de que la misma debe ser consignada a un fondo de pensiones, es
preciso recordar que esta Corporación ha manifestado en Sentencia T-515 de 2006[69]
que: “Así, en aras de hacer efectiva la especial protección que el
constituyente ha dispuesto para sujetos tales como los niños, las mujeres
cabeza de familia, los ancianos, los miembros de minorías o personas en
condiciones de extrema pobreza, el juez constitucional debe estudiar las
características del perjuicio irremediable con un criterio de razonabilidad más
comprensivo, de tal suerte que, en relación con estas personas, dadas sus
condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad, se permita ampliamente
su acceso al mecanismo de protección de derechos fundamentales”.
Ahora bien, como quiera que la empresa ECOPETROL
S.A. si bien reconoce el tiempo laborado y el reconocimiento de los aportes que
le corresponden al accionante, también es cierto que requiere que estos sean
consignados al fondo de pensiones al que pertenece el solicitante. Por esa
razón, la Sala de Revisión, al no tener la certeza sobre las entidades a las cuales el
accionante pudo cotizar, solicitó un informe al Ministerio de Salud y
Protección Social, quien respondió lo siguiente: “consultado la base de
datos de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA –, la cual  en la cual no
se encontró información como cotizante al sistema de Seguridad Social en
Pensiones del señor PASTOR DE JESÚS TURIZO GARCÍA…”
Razón por la cual, al constatar que el
señor Pastor de Jesús Turizo
García no aparece en la base de datos como aportante a un Fondo de Pensiones,
según el informe referido, le corresponde a la empresa ECOPETROL S.A.
asumir y pagar directamente el pago el monto correspondiente a la indemnización
sustitutiva de vejez que solicita el accionante.
Adicionalmente, se tiene que debido a la
avanzada edad del actor y su precario estado de salud, las acciones ordinarias
no constituyen un mecanismo idóneo para reclamar la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, si se tiene en cuenta el largo trámite de estos
procesos, por lo que la solución de la controversia ya superó la expectativa de
vida del actor. Así las cosas, esta Sala encuentra que en el presente caso, la
acción de tutela es el único mecanismo judicial de defensa idóneo para proteger
los derechos invocados por el actor.
En efecto, se encuentra
debidamente probado que el señor Pastor de Jesús Turizo García, no cuenta con los recursos para seguir
cotizando a pensión, y debido a su avanzada edad y su deteriorada salud, se
encuentra imposibilitado para trabajar, razón por la cual y de conformidad con
lo expuesto en las consideraciones, es viable la  protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a los derechos de los adultos
mayores y al debido proceso, los cuales fueron vulnerados por la entidad
demandada al negarle la indemnización sustitutiva de vejez.
Con base en las consideraciones
anteriores, la Sala revocara los fallos del 19 de junio de 2013 proferido por
el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, y el 26 de julio de
2013, por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de los cuales se denegó
el amparo por improcedente, y en su lugar, concederá la tutela protegiendo los
derechos fundamentales del señor Pastor de Jesús Turizo García, y por tanto, ordenará a la empresa ECOPETROL S.A.,
por conducto de su Director
General o quien haga sus veces, para que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha
hecho, realice el trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el accionante, de
acuerdo con las semanas de cotización acreditadas. De igual forma, una vez se
cumpla lo anterior, dentro de los diez (10) días siguientes deberá pagar
efectivamente el monto de la prestación económica.
4.2.3    EXPEDIENTE T-4.145.583
La señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles fue nombrada en la sección de Servicios de Salud del
Departamento del Atlántico en calidad de cocinera desde el 5 de enero de 1973
hasta el 30 de agosto de 1975, y desde el primero de enero de 1977 hasta el 28
de abril de 1983, es decir, 8 años 11 meses y 22 días, como se observa de las
pruebas aportadas al proceso.
La Sala observa que la accionante a sus 81 años
de edad, no cuenta con una fuente de ingresos ni devenga sueldo producto de su
trabajo o de cualquier otro concepto, y que por su avanzada edad, le es
imposible trabajar y por ende seguir cotizando para pensión, hechos que fueron verificados
de acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso.
La accionante solicitó al
Departamento del Atlántico el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión, mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2013.
Éste fue respondido negativamente mediante Resolución No. 00123 del 13 de junio
de 2013, por parte de la accionada a través de la
Secretaría General, donde informó que fue la
Ley 100 de 1993 la que consagró el pago de las indemnizaciones sustitutivas
cuando no se reuniera el tiempo de servicio requerido para tener derecho al
otorgamiento de la pensión de jubilación, y que por lo mismo, la norma no es de
aplicación retroactiva. Lo anterior teniendo en cuenta que el vínculo laboral
de la señora Sandoval con esa entidad fue con anterioridad a su expedición.
Ante lo anterior
presentó acción de tutela para que se le protegieran sus derechos fundamentales
a la Seguridad Social, a la igualdad, al derecho a la información y a la vida
digna, para lo cual, los jueces de instancia negaron las pretensiones de la actora
aduciendo que su última vinculación laboral data de hace más de 30 años y, que
al cumplir la edad para adquirir la pensión o indemnización sustitutiva, no lo
hizo, por lo que no cumplía con el principio de la inmediatez para promover la
acción constitucional.
Como ya lo determinó la
Sala de Revisión, la pensión sustitutiva de vejez, tiene una clara relación
con los derechos al mínimo vital y a la vida digna, y por ende se encuentra
revestida de un carácter fundamental, por lo que es viable solicitarla por
medio de la acción de tutela.
En el caso objeto de
revisión, puede determinarse que la vulneración al derecho a la seguridad
social de la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles persiste en el tiempo y, la
negación al reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión le impide a la actora contar con un ingreso
para satisfacer sus necesidades.
En definitiva, teniendo en
cuenta los hechos y la jurisprudencia en el presente caso respecto del
requisito de inmediatez, para la Sala de Revisión, la tutela procede por cuanto
el derecho a la pensión sustitutiva de la pensión de vejez de la actora ha sido
vulnerado y su desconocimiento persiste con el paso del tiempo.
Al analizar las pruebas que
reposan en el expediente, se evidencia que la acción es procedente, por cuanto,
primero, la accionante es una mujer adulta mayor de 81 años, lo cual permite
calificarla como sujeto de especial protección constitucional; en segundo
lugar, como bien lo alega la accionante en el escrito de tutela, su derecho al
mínimo vital se ha visto afectado por la negación de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez; y, en tercer lugar, se establece que los medios
ordinarios, en este caso la acción administrativa, no es eficaz o idónea para
lograr la protección inmediata de los derechos de la actora toda vez que es una
mujer adulta mayor, y a partir de la jurisprudencia constitucional se reconoce
que dada su dilación, complejidad y costo, los mecanismos ordinarios no
resultan idóneos como quiera que éstos pueden superar la expectativa de vida de
la actora.
Ahora bien, para establecer la responsabilidad de la entidad
encargada del reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez de la accionante, es preciso recordar que mediante Decreto
000516 de 1993 se suprimió la CAJA DE PREVISIÓN DEPARTAMENTAL, indicando que
sus funciones serían asumidas por la
Administración Central cuyas funciones se asimilen a las de la primera, de
conformidad con su naturaleza y actividad. Posteriormente, mediante Decreto
000499 del 29 de junio de 1995, se creó el Fondo de Pensiones Territorial del
Departamento del Atlántico, adscrito al Departamento del Atlántico, quien entró
a manejar el grupo de pensionados así como los pasivos existentes.
Con base en las consideraciones
anteriores, para la Sala de Revisión es evidente que le corresponde a la
Gobernación del Atlántico a través del Fondo de Pensiones Territorial del
Departamento, asumir el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez de la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles.
Por lo tanto, la
Sala revocará el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Barranquilla el 5 de agosto de 2013, y del tribunal Superior de Barranquilla el
16 de septiembre de 2013, por medio de los cuales se denegó el amparo por
improcedente, y en su lugar, concederá la tutela protegiendo los derechos
fundamentales de la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles, y por tanto, ordenará al Gobernador del Atlántico a través del Fondo
de Pensiones Territorial del Departamento del Atlántico o a la autoridad
competente para hacerlo, para
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, si aún no lo ha hecho, realice el trámite pertinente para
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que
tiene derecho la accionante, de acuerdo con las semanas de cotización
acreditadas. De igual forma, una vez se cumpla lo anterior, dentro de los diez
(10) días siguientes deberá pagar efectivamente el monto de la prestación
económica.
5.     CONCLUSIÓN
En consideración a lo señalado, concluye la
Sala que la acción de tutela procede para solicitar el reconocimiento de una
pensión de vejez o de una indemnización sustitutiva, cuando se trata de: (i)
sujetos de especial protección constitucional, como lo son los adultos mayores,
ya que su situación de debilidad manifiesta lleva a que la
Constitución les brinde un amparo mayor. En estos casos, el juicio de
procedibilidad de la acción de tutela es menos riguroso o menos restrictivo; (ii) cuando como
consecuencia de la vulneración al derecho a la seguridad social se atenta
contra derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital y/o el debido
proceso; y, (iii) cuando los medios de defensa ordinarios no
puedan brindar una protección inmediata de los derechos fundamentales afectados
y, por tanto no resulten eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
De igual forma, se señaló que el derecho
a la indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el
sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede
ser reclamada en cualquier tiempo, es decir, que no establece límites temporales ni condicionamiento
alguno en su aplicación, pues se trata de una norma laboral de orden público y
de aplicación obligatoria e inmediata, y en esa medida, la acción de tutela es
procedente para solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados
por los accionantes.
Ahora bien, teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores, para la Sala resulta procedente las acciones de
tutela impetradas para solicitar la protección de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, por cuanto: (i) debido a la avanzada edad de los
actores y el delicado estado de salud en que se encuentran, el mínimo vital
resulta conculcado dada la ausencia de una fuente de recursos que coadyuve a
atender sus necesidades básicas. En los escritos de tutela afirman que no
trabajan ni devengan sueldo alguno, ni perciben ingresos por otros conceptos y
que sus hijos están a cargo de su sostenimiento; además, dada su edad, son
escasas las posibilidades de ingresar al mercado laboral, y por ello no cuentan
con los ingresos necesarios para su manutención, el tratamiento de sus
enfermedades y por ende, para llevar una vida en condiciones dignas; (ii) los
accionantes hacen parte del grupo de personas de la tercera edad, ya que
actualmente tienen 77, 75 y 81 años de edad respectivamente, y por ello son
sujetos de una protección constitucional reforzada por parte del Estado que debe
brindar al tenor del artículo 46 de la
Constitución Política y de la Ley 1276 de 2009[70].
En consecuencia, la
Sala considera que existe una vulneración  del derecho fundamental al mínimo
vital de los accionantes y, por ello, se deben asumir medidas inmediatas,
definitivas y urgentes para superar tal escenario, ya que someterlos al inicio
de un proceso contencioso laboral para que soliciten el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva de vejez, acarrearía un trámite largo y
dispendioso que le resta idoneidad y eficacia ante sus avanzadas edades. Razón
por la cual, se concluye que dicho medio de defensa se torna ineficaz en la
medida en que los accionantes precisan una solución pronta y requieren recursos
para su subsistencia y el tratamiento de sus enfermedades.
6.     DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR
la
sentencia del veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013) proferida por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla, Atlántico, que
negó la pretensión invocada y,
en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social de la
señora Nicolasita Franco de Balza (Expediente
T-4.080.451), de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte resolutiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, por conducto de su Director General o quien haga sus
veces, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, realice el
trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho la señora Nicolasita Franco de Balza, de acuerdo con las semanas de cotización
acreditadas. De igual forma, una vez se cumpla lo anterior, dentro de los diez
(10) días siguientes deberá pagar efectivamente el monto de la prestación
económica.
TERCERO: REVOCAR
la
sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) proferida por el
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga y, del 26 de julio de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negaron las
pretensiones invocadas y, en su lugar, AMPARAR la
protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, y al debido proceso del
señor Pastor de Jesús Turizo García (Expediente
T-4.080.869), de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte resolutiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la empresa ECOPETROL S.A., por conducto de su Director General o
quien haga sus veces, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, realice
el trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez a que tiene derecho el señor Pastor de Jesús Turizo García, de acuerdo con las semanas de cotización acreditadas.
De igual forma, una vez se cumpla lo anterior, dentro de los diez (10) días
siguientes deberá pagar efectivamente el monto de la prestación económica.
QUINTO: REVOCAR
la
sentencia proferida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla el cinco
(5)  de agosto de dos mil trece (2013),
y del Tribunal Superior de Barranquilla el dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013) que
negaron las pretensiones invocadas y, en su lugar, AMPARAR el derecho
fundamental a la seguridad social, a la igualdad y a la vida digna de la señora
Hilda Rebeca Sandoval Niebles (Expediente
T-4.145.583), de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte resolutiva de esta providencia.
SEXTO: ORDENAR al Gobernador del
Atlántico a través del Fondo de Pensiones Territorial del Departamento del
Atlántico o a la autoridad competente para hacerlo, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, realice
el trámite pertinente para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez a que tiene derecho la señora Hilda Rebeca Sandoval Niebles, de acuerdo con las semanas de cotización
acreditadas. De igual forma, una vez se cumpla lo anterior, dentro de los diez
(10) días siguientes deberá pagar efectivamente el monto de la prestación
económica.
SÉPTIMO: Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese,
insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y Cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Se presume extemporáneo por el juez de instancia al desatar el
fallo de tutela.
[2] Sentencia  T-1015 de 2008 MP. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Ibídem.
[4] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[6] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Sentencias: T-668 de  2007.MP. Clara Inés Vargas
Hernández, T-1088 de 2007. MP. Rodrigo Escobar Gil y  T-850 de 2008. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[8] Al respecto manifestó la
Corte en la citada Sentencia T-1088 de 2007: “El hecho de que se trate de un
sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta, necesariamente implica que no se pueda reclamar de él la
misma diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no podría
evaluarse con la misma rigurosidad el ejercicio oportuno de las acciones
respetivas”.
[9] Sentencias: T-789 de 2003. MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-456 de 2004. MP. Jaime Araujo Rentería y T-850 de
2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10]  Ver
Sentencias: T-038 de 1997. MP. Hernando Herrara Vergara,  T-1083 de 2001. MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra,  T-850 de 2008 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-905 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11] Sentencia T-1268 de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencia T-1083 de
2001. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Según fue establecido en las sentencias C-623 de 2004 y T-1003 de
2008, la seguridad social, no sólo debido a las disposiciones superiores que
así lo precisan sino a su naturaleza conceptual, es un servicio público en la
medida en que se ajusta a los linderos que el derecho administrativo y el
derecho constitucional han trazado para deducir tal característica de
determinadas actividades desarrolladas por el Estado. En tal sentido, la
seguridad social se ciñe a los lineamientos que han servido como parámetro definitivo
de los servicios públicos, tal como se explica a continuación: (i) En
primer término, constituye una actividad dirigida a la satisfacción de
necesidades de carácter general, la cual se realiza de manera continua y
obligatoria; (ii) en segundo lugar, dicha labor se presta de acuerdo a
disposiciones de derecho público; (iii) para terminar, es una actividad que
corre a cargo del Estado, el cual puede prestar el servicio directamente o por
medio de concesionarios, administradores delegados o personas privadas.
[14] Sentencias T-221 de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-125 de 2000,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[15] Sentencias SU-623 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-566 de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[16] Sentencias C-514 de 1992, C-735 de 2000, C-623 de 2004, C-111 de
2006, T-596 de 2006, C-125 de 2000, C-835 de 2003, C-516 de 2004, SU 480 de
1997, entre otras.
[17] Sentencia T-746 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] Sentencias T-286 de 2008, T-513 de 2007,
T-1049 de 2006, C-375 de 2004, T-495 de 2003, T-259 de 2003, T-609 de 2002,
T-972 de 2006, T-746 de 2004, C-262 de 2001, C-624 de 2003, T-099 de 2008,
T-750 de 2006, entre otras.
[19] Ley 100 de 1993. Artículo 10.
[20] Ley
100 de 1993. Artículo 13. Literal b).
[21] Ley 100 de 1993. Artículo 13.
Literal f).
[22]  A partir del 1° de enero de 2014, la
edad se incrementará a 57 años si se es mujer y 62 años si se es hombre.
[23] A partir del 1° de enero de 2005 el
número de semanas se incrementó en 50 y, a partir del 1° de enero de 2006 se
presenta un incremento anual de 25 semanas, hasta llegar a 1300 semanas en el
año 2015.
[24] Es
conveniente aclarar que se hace una distinción teniendo en cuenta que en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el derecho a la pensión de vejez
se adquiere en el momento en que el afiliado, a la edad que determine, tiene en su cuenta de ahorro individual un
capital acumulado que le permita obtener una pensión mensual superior al 110%
del salario mínimo legal mensual vigente para el momento en que la solicite. No
obstante, el legislador estableció una garantía de pensión mínima de vejez, que
se presenta cuando el afiliado tiene 62 años de edad si es hombre o 57 años
de edad si es mujer, y ha cotizado un mínimo de 1150 semanas al sistema. Ahora
bien, si el afiliado alcanza la edad, pero no cumple el número mínimo de
semanas cotizadas, ni cuenta con el capital necesario para financiar una
pensión por lo menos igual al salario mínimo, el artículo 66 de la
Ley 100 de 1993 consagra que tendrá derecho a la devolución del capital o del saldo que repose en su cuenta de ahorro
individual, incluyendo los rendimientos financieros y el bono pensional si
tuviere derecho, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho a la pensión
de vejez. La Corte señaló en la
Sentencia C-262 de 2001, que las figuras de la indemnización sustitutiva y de
la devolución de saldos, no pueden asimilarse dado que cumplen finalidades
distintas.
[25] Sentencia C-624 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Sentencia T-972 de 2006. MP. Rodrigo
Escobar Gil. En esta sentencia la Corte señaló que la indemnización sustitutiva
es imprescriptible en la medida en que se puede reclamar en cualquier momento,
claro está, una vez que quien la solicita haya cumplido la edad para
pensionarse y no se haya cotizado al Sistema de Seguridad Social en pensiones
por un tiempo igual o superior al mínimo requerido para la obtención de la
pensión de vejez.
[27] Sentencia  T-1046 de 2007. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[28] Reiterada en las Sentencias: T-750 de 2006. MP. Clara Inés Vargas
Hernández y T-972 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[29] Sentencia C-624 2003. MP. Rodrigo Escobar
Gil.
[30] La disposición hace alusión al artículo
65 de la ley 100 de 1993, el cual se encuentra dedicado a la regulación de la
pensión mínima y establece, para tal efecto, el requisito de edad consistente
en contar 62 años en el caso de los hombres y 57 años respecto de las mujeres.
[31] Al respecto, en la sentencia T-1088 de
2007 se encuentra la siguiente caracterización de las prestaciones ahora
analizadas: “En esos términos, es claro entonces que la indemnización
sustitutiva o la devolución de saldos, son beneficios pensionales que se
otorgan a las personas que cumplen parcialmente con los requisitos para acceder
de manera definitiva a la pensión de vejez, esto es, que si bien tienen el
requisito de la edad no han cotizado el número de semanas exigidas por la
Ley -en el régimen de prima media- o que no tienen el capital requerido para
acceder al derecho a la pensión -en el régimen de ahorro individual-“.
[32] A lo anterior es preciso agregar que esta
prestación no se encuentra circunscrita de manera exclusiva al caso de la
pensión de vejez, pues resulta igualmente exigible en los casos de invalidez o
supervivencia en los dos regímenes anteriormente referidos. Sobre el
particular, consultar artículos 42 y 49 de la
Ley 100 de 1993.
[33] MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] En el caso de la indemnización sustitutiva es preciso remitirse a
lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001, mientras que en la
hipótesis de la devolución de saldos es menester acudir a lo dispuesto en el
artículo 66 de la ley 100 de 1993.
[35] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[36] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[38] Sentencia T-792 del 23 de noviembre de
2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[39] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[40] Sentencia T-1088 del 14 de diciembre de
2007. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[41] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[43] MP. Antonio Barrera Carbonel.
[44] Sobre este punto específico se pronunció la
Corte en sentencia T-513 de 2007, providencia en la que manifestó que “el
reconocimiento de la pensión de invalidez, o en su defecto de la
indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida,
la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a
través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al
mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los
habitantes "el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
[45] Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Sentencia T-080 del 11 de febrero de
2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[47] Sentencia T-080 del 11 de febrero de
2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[50] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[51] Ver las siguientes sentencias que recogen el desarrollo en
comento: T-385, T-221, T-149 y T-039 de 2012.
[52] Código Sustantivo del Trabajo, art. 14: “Las disposiciones
legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente,
los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los
casos expresamente exceptuados por la ley”. Ver también Ley 100 de 1993, art.
11: “Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones
previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los
habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la
fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general”.
[53] Constitución Política, art. 53: “El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: (…) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”. Código Sustantivo del Trabajo, art. 21: “En caso
de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse
en su integridad”.
[54] Ver, entre otras, sentencias T-850 de 2008, T-849 de 2009 y T-799
de 2010.
[55] En sentencia T-080 de 2010 esta prestación fue definida como“(…)
una especie de ahorro que pertenece a los trabajadores por los aportes
efectuados durante un periodo de su vida laboral, los cuales tendrán derecho de
recuperar ante la imposibilidad de obtener la pensión por no cumplir con todos
los requisitos que exige la Ley” (subrayado por fuera del texto original).
[56] Sentencia T-039 de 2012.
[57] Sentencia 149 de 2012.
[58] Postura que también ha sido defendida por el Consejo de Estado de
la siguiente forma: “en aras de despejar cualquier duda respecto del
reconocimiento de un derecho consagrado en la
Ley 100 de 1993, a una persona que para la fecha en la cual ésta entró en
vigencia no estaba vinculada al servicio público, destaca la
Sala que el legislador no exigió como presupuesto del reconocimiento del
derecho a la indemnización sustitutiva estar vinculado al servicio, ni excluyó
de su aplicación a las personas que estuvieran retiradas del servicio. Si así
lo hubiere hecho, tal disposición sería a todas luces inconstitucional, entre
otras razones, por ser violatoria del derecho a la igualdad contenido en el
artículo 13 de la Carta y desconocer la irrenunciabilidad de los derechos
ciertos e indiscutibles (art. 15 C.S. del T.) y de los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales- art. 53 ibídem-, así como la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia
a las personas de la tercera edad- art. 46-” Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A". Sentencia
del 26 de octubre de 2006, Rad. 4109 -04. Postura reiterada en la providencia
del 14 de agosto de 2008, Rad. 7257 -05.
[59] Sentencia T-180 de 2009.
[60] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[61] Sentencias T-262 de 1998 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-1088 de 2007 MP. Rodrigo Escobar Gil; T-080 de 2010 MP. Luis
Ernesto Vargas Silva, entre otras,
[62] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] Sobre la imprescriptibilidad de los derechos prestacionales de la
seguridad social en pensiones y la posibilidad de reclamarlas en cualquier
tiempo ver, entre otras, las Sentencias C-230 de 1998,
M.P. Hernando Herrera Vergara y C-624 de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[64] Sentencia T-972 de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[65] Sentencia T-037 de
2013 MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[66] Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no
hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal
multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se
le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya
cotizado el afiliado.
[67] La Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales UGPP, sustituyó jurídicamente a CAJANAL y se encarga de la solución
de sus controversias pensionales.
[68] La Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales UGPP, sustituyó jurídicamente a CAJANAL y se encarga de la
solución de sus controversias pensionales.
[69] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[70] “Artículo 7. DEFINICIONES. (…) b)
Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o
más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser
clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando
sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen; (…)”