C-034-19
Sentencia
C-034/19
NORMA QUE
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA DE LA PARROQUIA SANTA GERTRUDIS LA
MAGNA DE ENVIGADO, ANTIOQUIA-Exequibilidad frente a la asignación de partidas presupuestales
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto
de violación
CONCEPTO DE VIOLACION EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
CULTURA-Definición
La Corte Constitucional en distintos
pronunciamientos ha establecido que no existe una definición única de
«cultura». Es por ello que se ha acudido a la definición dada por la Unesco,
advirtiendo que en términos generales puede ser entendida como “el conjunto de
rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las
artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias”.
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Reconocimiento
y protección constitucional
CONSTITUCION POLITICA-Fines esenciales del Estado/ESTADO-Protección
de la cultura
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E
INMATERIAL-Concepto
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION-Manifestaciones religiosas
PROTECCION DE
BIENES DE INTERES CULTURAL BIC-Régimen especial
REGIMEN DE
PROTECCION Y SALVAGUARDA DE MANIFESTACIONES CULTURALES-Comprende bienes de interés cultural BIC
y manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial LRPCI
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Manifestaciones
MANIFESTACIONES
CULTURALES INMATERIALES-Protección
del Estado/MANIFESTACIONES
CULTURALES INMATERIALES-Destinación de aportes y recursos
MANIFESTACIONES
INCLUIDAS EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Regulación
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Protección
real y efectiva/PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Categorías
CONGRESO DE
LA REPUBLICA-Competencia
para señalar las actividades culturales que merecen protección del Estado
PRINCIPIOS DE LAICIDAD Y NEUTRALIDAD DEL ESTADO EN
MATERIA RELIGIOSA-Jurisprudencia
constitucional
ESTADO LAICO-Consagración constitucional
ESTADO LAICO-Deber de neutralidad en materia religiosa
CONGRESO DE
LA REPUBLICA-Competencia
para autorizar gasto público
[E]l Congreso cuenta con la facultad de
autorizar, mas no de obligar al Gobierno Nacional o sus entidades
territoriales, a asignar partidas de su respectivo presupuesto anual para el
cumplimiento de lo dispuesto en una ley que declara una manifestación como de
patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Ahora bien, si dicha asignación se
dirige a salvaguardar una manifestación cultural en donde se puede entremezclar
un contenido religioso con uno histórico, musical, turístico, etc., es
indispensable analizar dicha competencia de cara al principio del Estado laico
y del pluralismo religioso consagrado en la Constitución, a fin de establecer
si dicho título presupuestal tiene un fin constitucional admisible.
Referencia: Expediente
D-12080
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, “por
medio de la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado,
Antioquia, y se dictan otras disposiciones”.
Accionante: Juan
Sebastián Montaña Soracá
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos
mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
previstas en el artículo 241.4 de la Constitución Política, y cumplidos todos
los trámites y requisitos contemplados en el Decreto ley 2067 de 1991, profiere
la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1. El ciudadano Juan
Sebastián Montaña Soracá, en ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la
Constitución Política, presentó demanda contra el artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, “por medio de la cual se declara Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación la celebración de la Semana Santa de la
Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, y se dictan otras
disposiciones”.
2. Por medio de Auto del 19 de febrero de
2017 se inadmitió la demanda ante el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 2° del Decreto ley 2067 de 1991 y los desarrollados
por la jurisprudencia en la sentencia           C-1052 de 2001 y se le concedió
al actor el plazo de tres días para corregirla en los términos señalados.
3. Corregida la demanda, el 12 de junio
de 2017 se dispuso su admisión y se ordenó correr traslado al Procurador
General de la Nación, para que rindiera concepto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 278.5 de la Constitución Política y se comunicó del inicio del
proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al
Ministerio de Interior, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Cultura, y
al Ministerio de Justicia y del Derecho.
En la misma decisión se invitó al
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), así como a las
facultades de derecho de las universidades de Los Andes, Externado de Colombia,
Javeriana, Libre de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Santo Tomás, de
La Sabana, Sergio Arboleda, Eafit, de Antioquia, Pontificia Universidad
Bolivariana, de Medellín y Autónoma Latinoamericana, para que ofrecieran su
concepto sobre la demanda estudiada.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la
demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la Ley 1812
de 2016 de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No. 50.039 de 27 de
octubre de 2016. Se subraya el aparte cuestionado:
“LEY
1812 DE 2016
(octubre
27)
Por
medio de la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
Decreta:
Artículo 1º.
Declárese como patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la
Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia.
Artículo 2º.
Facúltese al Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, para que
incluya en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (Lrpci)
del ámbito nacional, la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa
Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia.
Artículo 3º.
Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, incluir en
el Banco de Proyectos del Ministerio de Cultura, la celebración de la Semana
Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia.
Artículo 4º.
Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para que
se declaren bienes de Interés Cultural de la Nación, los elementos con los
cuales se realiza la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa
Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia.
Artículo 5º.
Reconózcase a la Administración Municipal, a la Curia Arzobispal, al Concejo
Municipal y a la Secretaría de Educación para la Cultura como gestores y
garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa de
la Parroquia de Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, siendo el
presente un instrumento de homenaje y exaltación a su invaluable labor.
Artículo 6º. La
Administración Municipal y el Concejo Municipal con el apoyo del Gobierno
Departamental de Antioquia, elaborarán la postulación de la celebración de la Semana
Santa en la Parroquia de Santa Gertrudis La Magna de Envigado, a la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Especial de
Salvaguardia (PES).
Artículo 7º. La
Nación, a través del Ministerio de Cultura, contribuirá al fomento, promoción,
difusión, conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis
La Magna de Envigado en el departamento de Antioquia.
Artículo 8º. A
partir de la vigencia de la presente ley, la Administración Municipal de
Envigado y la Administración Departamental de Antioquia, estarán autorizadas
para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para
el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley.
Artículo 9º. La
presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.”
III. LA DEMANDA
1. El ciudadano sostiene que el artículo
8º de la Ley 1812 de 2016 vulnera los artículos 1º, 2º, 19, 136 y 355 de la
Constitución Política por cuanto desconoce los principios de laicidad y
neutralidad del Estado en materia religiosa.
2. Dice que los artículos 1, 2 y 19
consagran los principios de pluralismo e igualdad en materia religiosa en
procura de “reconocer las diversas confesiones, el derecho a la libertad
religiosa, al igual que el tratamiento de las iglesias ante la Ley” en
procura de alcanzar la protección de las minorías y conservar la pluralidad
cultural. En consecuencia advierte que el pluralismo religioso implica
reconocer y proteger todas las expresiones de culto, al igual que aquellas que
aquellas agnósticas o que defienden el ateísmo, por lo que autorizar partidas
presupuestales para la celebración de la Semana Santa en la parroquia de Santa
Gertrudis en la ciudad de Envigado, promueve de manera evidente un culto de
carácter particular, con lo cual se desincentiva y desfavorece a las personas o
comunidades que no comparten esta confesión religiosa.
3. Agrega que la disposición atacada
desconoce el principio de laicidad del Estado al dar preponderancia a un culto
sobre otros, puesto que permite a la administración municipal de Envigado y la
administración departamental de Antioquia, asignar partidas de su presupuesto
anual para la celebración de la Semana Santa , lo que conlleva a que las
instituciones públicas abandonen la neutralidad frente a cuestiones religiosas
y asignen recursos públicos para promover y divulgar actos de la iglesia católica,
contrario al criterio secular que debe tener este tipo de leyes donde confluye
el elemento cultural histórico o social con el componente religioso, el cual debe
ser meramente anecdótico o accidental.
Destaca que la celebración de la Semana
Santa implica una serie de ritos como las procesiones con imágenes y esculturas
representativas que son manifestaciones directas de la ideología católica,
enfocadas a la difusión y promoción de su credo, que no promueven ni afianzan
la creatividad y la diversidad en la ciudadanía, viéndose el Estado involucrado
y adherido a connotaciones confesionales en un rito que carece de diversidad
cultural y creatividad propia de la Nación.
Indica que en esta gestión participa la
Curia Arzobispal, la cual pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la iglesia católica en Colombia, sin
que se advierta cuál es el valor cultural desde el punto de vista histórico,
artístico o científico de la celebración, ya que no se hace notable o se
especifica qué características tiene de diferente y trascendente esta
celebración en comparación a las realizadas por las demás parroquias, ciudades
y/o credos e iglesias a lo largo del país en esas fechas.
4. Anota  que la norma atacada desconoce
el artículo 355 de la Constitución que impide a las ramas de poder público
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado, así como el artículo 136.4 que prohíbe al Congreso de la
Republica decretar erogaciones de cualquier tipo a entidades privadas, en la
medida que autoriza a las entidades territoriales como el municipio de Envigado
y el departamento de Antioquia a aprobar partidas presupuestales de su
presupuesto anual destinadas a una celebración de una festividad propia de la
fe católica que ejecuta una institución canónica como lo parroquia de santa
Gertrudis de Envigado. Así, se hace gestión de recursos del erario en beneficio
de una persona jurídica de derecho privado como lo es la iglesia católica, para
que esta desarrolle una actividad que es exclusiva de instituciones religiosas,
como la promoción y difusión de su doctrina a través de actos publicitarios, lo
que contraría el fin constitucional admisible que debe tener el gasto público.
Explica que aunque la Ley 1812 de 2016 solo
autoriza a las entidades territoriales de Antioquia y Envigado a hacer
partidas presupuestales, quedando en libertad de realizarlas o no, al declarar
esta celebración como patrimonio cultural e incluirla en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) los entes
territoriales quedan obligados a hacer una incorporación de los Planes
Especiales de Salvaguardia en sus Planes de Desarrollo (art. 16 del Decreto
2941 de 2009), por lo cual el Estado a través del departamento de Antioquia y
el municipio de Envigado queda sujeto a medidas obligatorias de impulso de
actividades religiosas.
5. En orden a lo expuesto solicita declarar
la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, en la medida
que desconoce el principio de neutralidad religiosa, laicidad y prohibición de
asignarle recursos públicos a entidades privadas mediante ley.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
1. Ministerio
del interior. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del
Interior, solicitó a la Corte declararse inhibida para resolver el
asunto, por ineptitud sustantiva de la demanda o, en subsidio, declarar exequible
la norma demandada.
2. Considera que la demanda no satisface
las exigencias establecidas en el artículo 2º del Decreto ley 2067 de 1991,
específicamente en cuanto a los presupuestos de claridad, especificidad y
pertinencia.
Afirma que la demanda parte de la
particular interpretación que el accionante hace de la norma atacada y de su
noción de la participación de la administración municipal de Envigado y
departamental de Antioquia en una celebración que tuvo origen histórico en la
Iglesia Católica.
3. En cuanto al fondo del asunto plantea
que el cargo formulado por el actor, referente a la presunta vulneración del
principio de pluralismo e igualdad se estructura sobre su particular
interpretación, en el sentido que la norma acusada supuestamente promueve y
beneficia una manifestación específica de un culto religioso.
Advierte que (i) la norma demandada no
quebranta el goce de los derechos religiosos y la libertad de culto de los
ciudadanos, simplemente autoriza, de manera facultativa y no imperativa, al departamento
de Antioquia y al municipio de Envigado a asignar una partida presupuestal para
la celebración de la Semana Santa  de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de
Envigado, por lo que no se vulneran los derechos de otras religiones o cultos;
y (ii) la norma no excluye las minorías religiosas ni toma partido para la
protección de la religión católica en particular, pues de una lectura
sistemática se puede concluir que esta tiene un sentido cultural y no religioso.
4. En lo atinente al cargo por presunta
violación al principio de laicidad del Estado, insiste en que la norma es
facultativa y no imperativa, porque simplemente autoriza a las administraciones
departamentales y municipales a asignar partidas presupuestales para el
cumplimiento de la ley que declaró dicha celebración como patrimonio cultural inmaterial
de la Nación, sin que ello implique la obligación de hacerlo.
5. Respecto a la supuesta vulneración a
la prohibición constitucional de decretar auxilios o donaciones (art. 355 C.
Pol.), reitera que el actor no tuvo en cuenta que la disposición normativa solo
es una autorización, y no una obligación de asignar una partida presupuestal
para el fin descrito. Así, al ser declarada la mencionada celebración como
patrimonio cultural inmaterial de la nación, las partidas presupuestares que se
lleguen a asignar son para el reconocimiento cultural de la colectividad y no
para el beneficio de una persona jurídica de derecho privado.
6. Por otra parte, haciendo alusión a la
sentencia C-441 de 2016 (posición reiterada en la C-109 de 2017), destaca que
la Corte Constitucional ha precisado que si el motivo de una disposición
legislativa que protege y promueve una manifestación cultural, aún si esta
tiene una connotación religiosa, debe analizarse si existe un elemento secular
que justifique dicha disposición, como ocurre en este caso, donde la norma
demandada cumple los criterios de (i) obedecer a elementos de
juicio objetivos y razonables que demuestren que en verdad se está en presencia
de un elemento propio del patrimonio cultural de la Nación; (ii)
el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Nación de la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia de Santa Gertrudis La Magna de
Envigado no afecta los derechos de ninguna minoría; y (iii) no
compromete al Estado en la defensa y promoción de un culto en particular que
ponga en riesgo su neutralidad.
7. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia -Icanh. Afirma que la celebración de
la Semana Santa en la Parroquia Santa Gertrudis la Magna constituye una
celebración que hace parte del conjunto de rituales cristianos, llevados a cabo
en todos los templos católicos del territorio nacional y en las parroquias de
esta comunidad religiosa en el mundo.
En tal medida, considera que no existe
información suficiente para establecer el carácter especial o excepcional de
esta celebración, que sustente su concepción estricta como patrimonio cultural
inmaterial (PCI) estipulado por la Unesco. Además, hasta el momento no ha
surtido los procesos establecidos para aclarar el carácter patrimonial de dicha
práctica cultural (Ley 1037 de 2006[1]).
8. Afirma que la celebración de la Semana
Santa en la Parroquia de Santa Gertrudis de Envigado, corresponde a un conjunto
de ritos religiosos y actos públicos que se llevan a cabo anualmente, que logró
imponerse sobre los cultos de grupos indígenas que tuvieron presencia en la
región desde épocas anteriores a la Conquista. Es así como esta festividad se
puede rastrear históricamente, desde la creación del primer templo en 1773
-anterior a la fundación misma del municipio en 1775-, que fue demolido un
siglo después, dado el crecimiento poblacional de Envigado, para construir
entre 1859 y 1897, un edificio con mayor capacidad, el cual constituye la
actual Parroquia de Santa Gertrudis que se encuentra en la zona central de Envigado.
9. En cuanto al desarrollo concreto de la
celebración hizo alusión a las distintas actividades que se desarrollan en la Semana
Santa desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección.
10. Destaca que es posible afirmar la
existencia de un vínculo histórico entre la Parroquia y el municipio de
Envigado, así como el valor arquitectónico, histórico y cultural que tiene la
Parroquia y las manifestaciones religiosas para su población, a pesar de su
carácter sacramental. Sin embargo, encuentra que no es clara la forma como la
autorización de aportes presupuestales para promover esta Semana Santa  en
particular, contemplados en el artículo 8 de la Ley 1812 de 2016, contribuye al
reconocimiento y “respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”,
al tratarse de rituales cristianos llevados a cabo no solamente en dicha
parroquia, sino en todos y cada uno de los templos católicos a lo largo y ancho
del territorio nacional, y en todas y cada una de las parroquias de esta
comunidad religiosa en el mundo.
11. Agrega que hasta la fecha, la
celebración de la Semana Santa en la Parroquia de Santa Gertrudis no cuenta con
un Plan Especial de Salvaguardia y no se encuentra incluida dentro de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 2941 de 2009[2].
Por tal razón, no es posible aclarar el valor excepcional que diferencie a este
ritual de las demás celebraciones de la Semana Santa que se llevan a cabo en
otros templos católicos. En consecuencia, tampoco es claro el aporte que su
reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial hace al reconocimiento de la
diversidad cultural de la Nación.
Intervenciones académicas
12. Academia Antioqueña de Historia. Considera que la norma es exequible, para tal fin se
refiere a algunos elementos que caracterizan la tradicional Semana Santa en la
localidad de Envigado. Explica que esta conmemoración es tan antigua como la
localidad, cuya fecha de fundación data de 1775. Con lo cual se constituye en
un evento de carácter histórico-cultural, que se ha mantenido y trasmitido de
manera ininterrumpida, de generación en generación, con especial lucimiento
desde 1860, cuando múltiples escultores abrieron allí sus talleres para
confeccionar las imágenes que hoy son piezas del patrimonio cultural.
13. Señala que de la trayectoria
histórica de esta conmemoración, se desprende la decisión voluntaria de los
envigadeños por hacerla una expresión que los identifica, como un símbolo cargado
de significados emocionales y afectivos. Enfatiza que no es el dogma católico
el que resulta amparado y protegido con la Ley 1812 de 2016, sino las
manifestaciones espontáneas de un conglomerado social que compromete sus
recursos, tiempo y laboriosidad en pro de una fiesta con alta calidad estética,
artística, que además cuenta con piezas museísticas.
14. Indica que los barrios tienen
conformadas 22 cofradías, que se hacen responsables de la representación de los
distintos pasajes, pues no todas pertenecen a la parroquia, ya que muchos
particulares ostentan título de propiedad sobre ellas y las conservan en sus
casas, lo que da un carácter secular a este evento. Añade que la antigüedad y
calidad de las imágenes, hacen de esta celebración un museo ambulante, bajo la
escuela de arte quiteño y escultores antioqueños, lo que explica por qué muchos
de los santos de parroquias de Colombia y del exterior fueron esculpidos en esta
localidad.
15. Enfatiza que la declaratoria de
patrimonio cultural inmaterial no recae sobre la religión católica, ni sobre la
Parroquia Santa Gertrudis de Envigado, sino sobre la Semana Santa que
planifica, desarrolla y sostiene financieramente la comunidad envigadeña de esa
parroquia. Argumenta que se trata de un evento organizado, desarrollado y sostenido
por los laicos por más de doscientos años, convirtiéndose en un símbolo distintivo
para la región.
16. Concluye que declarar y proteger como
patrimonio cultural casos concretos de celebraciones de colectivos humanos, que
tienen algún sentido de religiosidad: (i) no constituye una declaratoria en pro
de religión alguna; (ii) no afecta la libertad de los no católicos; (iii) es la
mejor garantía de que el Estado respeta la libertad de cultos y de pensamiento;
(iv) es la férrea demostración que la variedad de naciones conforma una
república unitaria; y (v) promueve entre los ciudadanos y las comunidades el
respeto por las culturas, el reconocimiento al pluralismo y el diálogo
intercultural.
17. Agrega que la declaratoria de
patrimonio cultural inmaterial de esta celebración no origina la exclusión o la
discriminación de las demás posturas religiosas, pues nada obsta para que otros
credos, posturas o confesiones tengan igual reconocimiento por el gobierno
colombiano, si logran consolidar manifestaciones de raigambre cultural[3].
18. En orden a lo expuesto refiere que la
protección del patrimonio cultural de la nación necesariamente debe estar
acompañada de una política que disponga la apropiación de cierto presupuesto
estatal, que en este caso no tiene el ánimo de adscribirse a un dogma religioso
ni de proveer sustento económico al clero o a la iglesia católica, sino el de
proteger la manifestación espontánea y esencialmente cultural, artística e
histórica de un grupo humano, pues la simple declaratoria y la inclusión en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial colombiano no
garantizaría la salvaguarda de esta celebración.
19. Universidad Sergio Arboleda. Solicita que se declare exequible el aparte demandado, para
ello argumenta que la celebración de la Semana Santa en la parroquia Santa
Gertrudis es reconocida a nivel mundial, pues data del siglo XVI. De hecho, las
personas que participan activamente han asumido su oficio como una tradición
viva que se ha conservado por generaciones y debe protegerse porque sus
propósitos fortalecen la identidad y cultura del territorio que habitan, de
acuerdo con lo consignado en la exposición de motivos de la Ley 1812 de 2016[4].
20. Estima que la medida de asignar
partidas presupuestales a la celebración de la Semana Santa de la parroquia
Santa Gertrudis no constituye la expresión de una preferencia por alguna
iglesia, en tanto la celebración también incluye actividades del orden
artístico, histórico, entre otros. De la misma manera, aun cuando la norma acusada
produce un impacto real sobre una religión en particular, dicho impacto no es
el primordial, sino en razón de la protección de la cultura y otros aspectos
como el económico, ambos evidenciados en el gran número de habitantes de
Envigado que asisten a la celebración, al igual que el número de turistas que la
acompañan.
21. Universidad Autónoma
Latinoamericana –Unaula. Considera el artículo 8
de la Ley 1812 de 2016 es inexequible. Haciendo alusión al juicio de
proporcionalidad, afirman que si bien la declaratoria de patrimonio inmaterial
es procedente, la preservación y garantía para su celebración autorizando la
destinación de recursos públicos no es una medida urgente, ni la única para
preservar dicha celebración, por cuanto no se trata de una práctica cultural-religiosa
que esté por desaparecer o en peligro de ser atacada por otro grupo mayoritario
que pretenda destruirla.
22. Advierte que la norma demandada,
impone una diferenciación ilegítima respecto a otras prácticas culturales
religiosas minoritarias, al imponer públicamente una adhesión del Estado a
favor de la religión católica, con lo cual se pone en riesgo el principio de
laicidad y neutralidad religiosa.
23. Destaca que a pesar de que en la
exposición de motivos de la ley se indique que la celebración de la Semana
Santa de Envigado es muy concurrida, tanto por antioqueños como turistas de
todo el país y del mundo, no existen elementos de prueba que lleven a constatar
dicha afirmación. Además, cuestiona que la concurrencia de turistas nacionales
o del exterior, sea suficiente para considerar una fiesta religiosa como
manifestación cultural que justifique ser financiada con recursos públicos.
24. Universidad de Antioquia. Plantea que la norma atacada es inexequible, pues al
interpretarla sistemáticamente con los demás artículos que promueven como
patrimonio cultural inmaterial de la Nación esta celebración, se está
propendiendo por una festividad propia de la iglesia católica, que es contraria
al principio de laicidad y neutralidad del Estado, pues actúa bajo una motivación
o fundamentación religiosa, por lo que no es constitucionalmente válido destinar
recursos para este tipo de actividades que terminan por beneficiar a una
determinada confesión.
25. Finalmente, sugiere que bajo el
principio de unidad normativa, la Corte estudie la constitucionalidad de todas
las disposiciones que contiene la Ley 1812 de 2016, pues de la interpretación
se colige que hay un favorecimiento del legislador al catolicismo.
26. Universidad Pontificia
Bolivariana. Solicita a la Corte Constitucional
que declare inexequible el artículo 8° de la Ley 1812 de 2016, en la
medida que se vulnera el artículo 1° de la Constitución por cuanto faculta a un
municipio a disponer partidas presupuestales para favorecer a una determinada
religión, aspecto que atenta contra el carácter laico que se predica del Estado
colombiano.
27. Agrega que en virtud del principio de
laicidad las autoridades públicas deben actuar con neutralidad, la cual se ve
afectada cuando se favorece a través del patrocinio económico algún credo
religioso. En este caso, la autorización de invertir presupuesto público en la
promoción de esta celebración, lleva a fortalecer la fe católica.
28. Universidad Externado de Colombia.
Expone que no solo el artículo 8º de la Ley 1812
de 2016, sino toda ley debe ser declarada inexequible por no existir un
motivo secular fuerte que justifique la inclusión en el patrimonio cultural de
la Nación de las fiestas de Semana Santa que se realizan en la Parroquia de San
Gertrudis del municipio de Envigado.
29. Comienza por señalar que la causa que
justifica la destinación de los recursos públicos es la decisión de declarar
como parte del patrimonio cultural de la Nación la mencionada celebración, por
ende, es indispensable determinar la constitucionalidad de esa medida antes de
poder abordar la constitucionalidad de la norma demandada. En consecuencia
considera que si no se realiza la integración de la unidad normativa, la Corte
no puede examinar de forma integral si la inclusión en el patrimonio cultural
de la Nación de esta manifestación inmaterial religiosa cumple con los
criterios de laicidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
30. Afirma que la referida ley declaró un
hecho religioso particular como patrimonio de la Nación sin tener en cuenta que
esa específica celebración no tiene el alcance ni connotación cultural. Por lo
tanto, el hecho religioso estaría primando sobre la causa secular, dado que la
razón principal por la que se declaró que estos rituales formarían parte del
patrimonio cultural de la Nación es su origen religioso, en particular el de la
Iglesia Católica. Añade que el simple hecho que las fiestas y rituales de la iglesia
católica sean realizadas desde hace mucho tiempo no le permiten ingresar
automáticamente al patrimonio cultural de la Nación, porque de ser así, el
legislador tendría en virtud del derecho a la igualdad, que declarar como parte
del patrimonio cultural de la Nación todas las celebraciones de Semana Santa  que
se llevan a cabo en las parroquias católicas de Colombia, ya que la mayoría de
ellas se celebran desde hace muchos años a causa del pasado colonial español y
por las prerrogativas otorgadas a esa institución en vigencia de la
Constitución Política de 1886.
31. Considera que es una excelente
oportunidad para que la Corte establezca unos criterios adicionales para
garantizar que el patrimonio cultural de la Nación esté al alcance de todos los
colombianos sin tener que renunciar a los imperativos de la conciencia y las
creencias religiosas.
32. Por último, señala que el legislador
al autorizar el destino de recursos públicos a la celebración de una fiesta
católica abrió la posibilidad para que los organismos de control vigilen el
adecuado uso de estos recursos, evento que vulnerar el carácter laico del
Estado, ya que la administración estatal no puede inmiscuirse en asuntos
internos de las religiones.
Intervenciones ciudadanas
33. Conferencia Episcopal de Colombia.
Solicita se declare exequible la norma
demandada, para ello argumenta que el propósito de la Ley 1812 de 2016 es
declarar y proteger como patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación
las celebraciones de la Semana Santa  y todos los bienes como cuadros,
esculturas, etc., que se utilizan como manifestaciones culturales del municipio
de Envigado, de los habitantes del departamento de Antioquia y del resto del
territorio nacional, que tienen un valor y un significado histórico por su
arraigo cultural en la población e inclusive, turistas extranjeros, aun cuando
no se puede negar que su origen histórico es religioso. Concluye que el
elemento preponderante de la Ley es el elemento cultural de la protección y
conservación del monumento por encima del elemento religioso.
34. Los ciudadanos Fabio Enrique
Pulido Ortiz, Lindsay Valentina Guaba Marulanda y José Miguel Rueda Vásquez, solicitan se declare exequible el aparte atacado, pues el
accionante dejó de controvertir mediante pruebas históricas, sociales y
antropológicas conducentes que las procesiones de la Semana Santa  en la
Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, carecen de la importancia
cultural que se señala en la exposición de motivos de la Ley en estudio, con lo
cual no se configura ningún tipo de contradicción entre la Constitución y la
disposición demandada.
35. Manifiestan que en los debates de
formación de la ley en estudio, se explicó que la celebración de la Semana
Santa se remonta al siglo XVIII, por lo que las procesiones de Semana Santa
están estrechamente vinculadas con la vida cultural del municipio.
36. Consideran que la declaratoria como
patrimonio cultural inmaterial de la nación y en específico la posibilidad para
asignar partidas presupuestales municipales o departamentales para el apoyo de
la celebración de la Semana Santa , no genera vulneración alguna frente al
principio de libertad de cultos, ni desconoce la igualdad entre los distintos
credos religiosos, ya que dicha declaratoria se basa en la importancia cultural
e histórica de la celebración y no en la importancia para el culto católico.
37. Aseguran que la norma demandada no
implica que el Estado asuma una confesionalidad específica, por cuanto el marco
constitucional colombiano permite que el Estado tenga una relación de apoyo con
determinados cultos religiosos (laicidad positiva[5]), sin
comprometer su independencia.
38. Finalmente resaltan que la
autorización para partidas presupuestales no impone una obligación por parte de
las autoridades para la financiación de este evento vinculado al catolicismo,
si no que genera una alternativa para apoyar un evento de importancia histórica
y cultural para el municipio de Envigado, el departamento de Antioquia y el
país, con lo cual no se incurriría en la prohibición del artículo 355 superior,
respecto del favorecimiento de una persona jurídica de derecho privado, como lo
es la iglesia católica.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
1. A
través del concepto 6438, radicado el 24 de agosto de 2018, señala que en su
criterio la disposición cuestionada es exequible, por cuanto el Estado
tiene la facultad de destinar partidas presupuestales en razón del deber que
tiene de promover y proteger la cultura, y en este caso, no se trata de una
manifestación cultural que desconozca la neutralidad estatal en materia
religiosa.
2. Establece
que de acuerdo con el criterio unificado de la Corte Constitucional (C-567 de
2016) la relevancia secular de la disposición normativa no puede consistir, ni
requiere la ausencia de contenido religioso principal en la manifestación
cultural, sino que debe fundarse en la existencia motivos seculares
relevantes y concurrentes al hecho religioso.
3. Comienza
por señalar que la medida no establece una identificación con una iglesia o
religión, ni realiza actos oficiales de adhesión a una creencia, puesto que la
norma acusada tiene por objeto financiar una manifestación cultural con
connotaciones religiosas, cuya finalidad es la conservación de una celebración
cultural relevante y de amplio raigambre histórico y artístico.
4. Admite
que esta manifestación no hace parte de los eventos protegidos por el sistema
de la Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72
y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, y por la Ley
1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley
General de Cultura- y se dictan otras disposiciones”, no obstante considera
que dicha condición es irrelevante para juzgar la importancia cultural de esta
tradición religiosa, cuando existe una Ley que en forma autónoma declara su
relevancia.
5. Destaca
que establecer lo contrario implicaría instituir una especie de atadura del
Congreso a la actuación administrativa que desarrolla el referido marco legal
para la estimación de la relevancia cultural y secular de un evento. Con lo
cual dicha potestad no es privativa de los medios previstos en las leyes 397 de
1997 y 1185 de 2008, en especial, si se tiene en cuenta que dicha potestad
administrativa fue recibida justamente por ministerio de la ley.
6. Estima
que si existe una celebración cultural que hace parte del patrimonio inmaterial
de la nación por declaración legislativa autónoma, se está ante una presunción
de relevancia cultural, lo cual en sí mismo ya es una justificación secular que
puede catalogarse como importante, verificable, consistente y suficiente y, por
ende, la carga de la prueba se invierte frente a quienes consideran que el Legislador
se extralimitó en la referida declaración.
7. Recuerda
que la medida es susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones. En suma, en caso de existir otras manifestaciones culturales
relevantes, con connotaciones religiosas diversas o sin dicho componente, debe
tenerse en cuenta que no existe en la Ley evaluada ni en la Constitución una
prohibición para su apoyo.
8.
Finalmente resalta que desacreditar la autorización de erogación patrimonial
para proteger una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la
Nación, solo por tener un contenido religioso, implica otorgar un tratamiento
discriminatorio fundado en un criterio sospechoso.
Pruebas requeridas por el magistrado
ponente
9. Una vez recibidas y analizadas las intervenciones
oficiales, académicas y ciudadanas, así como el concepto del Procurador General
de la Nación, el Magistrado Ponente consideró pertinente, necesario y
conducente recolectar información adicional en la demanda de la referencia. Así
mediante auto del 14 de septiembre de 2018 dispuso:
Primero:
SOLICITAR a la Alcaldía de Envigado y a la
Gobernación de Antioquia que en el término de cinco (5) días, informe y
certifique los siguientes aspectos:
(i)
Los elementos de carácter histórico,
cultural y/o antropológico que reúne la celebración de la Semana Santa de la
Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, que identifican y
crean la identidad de la comunidad o le permite enmarcar las actividades
celebradas durante las fechas de la Semana Santa en patrimonio cultural de la
Nación.
(ii)   ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el Municipio y la
Gobernación para preservar la celebración de la Semana Santa de la Parroquia
Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia?
(iii)Señalar si con ocasión de la Ley
1812 de 2016 se han asignado partidas presupuestales de su respectivo
presupuesto anual (años 2017 y 2018), para la promoción, difusión y realización
de las actividades de la celebración de la Semana Santa  de la Parroquia Santa
Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, donde se especifique: (i) el proceso
de destinación de dichos recursos en el presupuesto; (ii) los montos destinados
a las actividades de Semana Santa  (con los soportes respectivos); y (iii) si
se ejerce vigilancia, control y auditoría de las asignaciones presupuestales
destinadas a este propósito, por alguna autoridad pública o entidad privada.
(iv) El
impacto de la celebración de la Semana Santa en la actividad turística del
municipio de Envigado.
Segundo.
SOLICITAR a la Secretaría de Educación y
Cultural de Envigado que en el término de cinco (5) días informe qué
actividades de orden cultural se han adelantado con ocasión de las partidas
presupuestales asignadas para la celebración de la Semana Santa de la Parroquia
Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, para los años 2017 y 2018.
Tercero.
SOLICITAR a la Curia Arzobispal de
Medellín que en el término de cinco (5) días, en alusión a los años 2017 y
2018, indique:
(i)
Si por la gestión y garantía de la
tradición cultural y religiosa de la celebración de la Semana Santa de la
Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, ha recibido
asignación presupuestal del Municipio de Envigado o de la Gobernación de
Antioquia para este evento.
(ii)   ¿Qué montos ha recibido, la procedencia y la destinación de estos
recursos (anexar los soportes respectivos)?
(iii)¿Cuáles son las actividades
que realizan con ocasión de la celebración de la Semana Santa de la Parroquia
Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, especificando aquellas adelantadas
con posterioridad a la expedición de la Ley 1812 de 2016?
10. El 1 de octubre de 2018, la
Secretaría General de la Corte Constitucional informó al Magistrado Ponente que
dentro del término concedido se recibió respuesta de la Secretaría de Educación
y Cultura del Municipio de Envigado; y de la Secretaría General del
Departamento de Antioquia, a través de la cual remitió concepto del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia. A continuación se resumen las referidas
intervenciones.
11. La
Secretaría de educación y cultura del municipio de
Envigado. Respecto de los elementos de carácter histórico, cultural y/o
antropológico de esta celebración, indicó que este evento posee diversas
características que la identifican como una manifestación del patrimonio
cultural de la nación, al ser una de las más antiguas en celebrarse en el Valle
de Aburrá.
12. Agregó que el municipio toma como año
de creación la construcción de la parroquia, pues aquel hecho aportó un centro
social que permitió dinámicas sociales y urbanas inexistentes en el sector, lo
que llevó a la cohesión de una comunidad naciente y la generación de una
identidad entorno a un territorio. Así mismo, impulsó la llegada al país de
nuevas estéticas artísticas, en el caso de la escultura y fabricación de
imágenes religiosas, lo que ayudó en la evolución de técnicas y conceptos
artísticos de gran importancia para el desarrollo local, regional y nacional en
la materia.
13. Destacó que en el año 2017, se diseñó
“el Plan Especial de Salvaguardia de La Semana Santa  de La Parroquia Santa
Gertrudis La Magna de Envigado”, proyecto financiado a través de recursos
provenientes de “Convocatoria en Patrimonio Cultural Impuesto Nacional al
Consumo 2016”, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 9 del Decreto
2941 de 2009[6],
a saber: pertinencia[7],
representatividad[8],
relevancia[9],
identidad colectiva[10],
vigencia[11],
equidad[12]
y responsabilidad[13].
14. Sobre las actividades que desarrolla
el Municipio de Envigado para preservar la celebración, explicó que el 15 de
marzo de 2009 se creó la “Junta para la organización y preservación
patrimonial de la Semana Santa  de la Parroquia Santa Gertrudis la Magna de
Envigado” (Acuerdo 006 del 2009 de Concejo de Envigado)[14], la cual
funciona sin interrupciones y cuenta con un Plan Especial de Salvaguardia,
proyecto financiado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el
Municipio de Envigado[15],
a partir de los siguientes lineamientos:
Componente 1. Imaginería y Cultura Inmaterial. Este componente contempla dos programas:
(i) gestión cultural[16]
y (ii) investigación para la gestión cultural[17].
Componente 2. Trasmisión del conocimiento, enfocado a la cesión de
conocimientos y prácticas relacionadas con la preparación y realización de la
Semana Santa enfocada hacia los niños y jóvenes del municipio, en los ámbitos
familiar y escolar. Componente 3. Organización y relacionamiento interno
y externo. Está enfocado en el fortalecimiento de la organización, comunicación
y planeación de los Pasos de la Semana Santa y demás actores claves, a partir
de una serie de actividades direccionadas especialmente a incentivar ambientes
de confianza y comunicación constante entre ellos. Componente 4.
Comunicación y divulgación. Este componente cuenta con tres perspectivas, a
saber: (i) comunicación de conocimiento como herramienta de gestión cultural;
(ii) formación para la cualificación de la participación al interior de la
manifestación; y (iii) formación de públicos o comunicación con agentes
externos. Componente 5. Logística Construcción de planes y protocolos
procedimentales para cada uno de los momentos de la Semana Santa, donde se
definan procesos, roles, responsabilidades y recursos requeridos para la
logística de la manifestación. Componente 6. Transversalidad. En este
punto se explica que la formación junto con la comunicación y la divulgación
son los componentes trasversales de la manifestación.
15. Por otra parte, informó que a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico -Oficina de Turismo, ha celebrado dos
contratos con el fin de apoyar en la promoción de la Semana Santa exaltando su
importancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, cuyo objeto fue
la prestación de servicios de apoyo para promocionarla como oferta turística
para la atracción de visitantes y turistas, por 15 millones de pesos cada uno. En
este contexto afirmó que en el municipio de Envigado se programa por parte de
la Contraloría Municipal de Envigado la realización de auditorías
gubernamentales bajo la modalidad especial, con el fin de evaluar la gestión
contractual de las diferentes vigencias.
16. Así mismo indicó que desde la Oficina
de Control Interno del Municipio en desarrollo de sus funciones basadas en la
normatividad vigente, realizan auditorias de cumplimiento a la contratación
enmarcadas en el cumplimiento de los requisitos de planeación y ejecución de la
contratación y donde se evalúa el cumplimiento de los requisitos y políticas
administrativas en materia de las diferentes modalidades de contratación que se
han realizado por parte de cada una de las dependencias que hacen parte de la
Administración.
17. Finalmente, respecto al impacto de la
celebración de la Semana Santa  en la actividad turística del municipio de
Envigado, relacionaron las personas que visitaron el municipio durante la
celebración, así: (i) visitantes a atractivos turísticos en 2018, para el mes
de marzo 9160 personas y para el mes de abril 7730 personas; (ii) visitantes a
hoteles 2018, marzo 590 personas; abril, 812 personas; y (iii) visitantes
puntos de información 2018, marzo 75 personas y abril 143 personas, para este
indicador en años anteriores (2016 y 2017) se registraron 10.320 personas.
18. La
Secretaría General del Departamento de Antioquia. Señaló que una vez
revisado el tema sobre el carácter histórico, cultural y/o antropológico que
reúne la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis la
Magna de Envigado y las actividades que desarrolla la Gobernación para
preservarla, se remitiría a lo consignado en el informe otorgado por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Frente a la asignación de recursos como
lo dispone el artículo 8 de la Ley 1812 de 2016, durante los años 2017 y 2018,
indicó que el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la
Gobernación de Antioquia, expidió certificación donde se consigna que no se han
otorgado partidas presupuestales para dicho evento.
19. Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Respecto a los elementos de carácter
histórico, cultural y antropológico que definen la Semana Santa  como
patrimonio inmaterial del municipio de Envigado, aclaró que responden a los
elementos contemplados en el Decreto 2941 de 2009 y a la Ley 1037 de 2006[18], donde esta
manifestación configura un acto festivo religioso de carácter colectivo, en el
que participa la feligresía católica y está asociada a bienes muebles de alto
valor artístico e histórico.
20. Agregó que el municipio de Envigado
surtió los pasos para que esta celebración fuera incluida en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI del ámbito municipal y
departamental, obteniendo concepto favorable, como obra en acta 1 del 25 de
febrero de 2015 del Consejo Departamental de Patrimonio, con lo cual se
procedió a realizar un Plan Especial de Salvaguardia PES, el cual se encuentra
finalizado y en proceso de entrega al Consejo Departamental para su revisión y
emisión de concepto.
Destacó que en concordancia con el
artículo 8.9 del Decreto 2941 de 2009[19],
este evento congrega a un gran número de personas, se ejecuta en un tiempo y
espacio definido, con ciertas reglas específicas y excepcionales, lo que genera
un sentimiento de cohesión social y pertenencia.
21. Frente a las actividades
desarrolladas por la Gobernación para preservar esta celebración, refirió que
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en calidad de ente
descentralizado de la Gobernación de Antioquia, apoya la salvaguarda y difusión
de las diferentes manifestaciones culturales a través de las convocatorias
públicas alusivas a la cultura. En este caso se financió la formulación del
Plan Especial de Salvaguardia (PES), con recursos provenientes del Impuesto
Nacional al Consumo INC vigencia 2016.
22. Por último especificó que esta es una
manifestación cultural que ha permanecido en el tiempo a través de diversos
mecanismos de transmisión, conservando saberes, experiencias, conocimientos,
prácticas y bienes tradicionales. De igual manera representa una colectividad
compuesta por todos los fieles, los grupos de pasos, los grupos pastorales, los
sacerdotes, acólitos y todos aquellos que se vinculan con la parroquia.
Advirtió que de acuerdo con el PES, existen grupos que tienen una labor directa
y un vínculo más estrecho con el evento, al respecto destaca: 23 grupos de
pasos, cada uno de los cuales vinculan entre 30 y 40 personas; 18 familias
envigadeñas que prestan sus casas para las estaciones del viacrucis, donde se
vinculan aproximadamente de 3 a 10 personas por familia; grupos de logística
que vinculan aproximadamente 50 personas; grupos parroquiales con aproximadamente
300 personas; grupos de sacerdotes, acólitos, la Junta de la Semana Santa que
involucran aproximadamente 25 personas, quienes hacen posible que esta
tradición se mantenga.
23. Traslado al Procurador General de
la Nación y demás interesados. En atención a lo
dispuesto en el numeral cuarto del auto del 14 de septiembre de 2018[20], el 3 de
octubre se libraron los oficios respectivos, sin que en el término de traslado
se hubiere recibido observaciones a las pruebas recaudadas.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es
competente para conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta contra el artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, “por
medio de la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”.
Cuestiones previas
Aptitud sustancial de la demanda
17. El
Ministerio del Interior, considera que la demanda no es apta, puesto que carece
de claridad, especificidad
y pertinencia, a partir de lo que considera la particular
interpretación que el demandante hace de la norma y de su noción de la
participación de las administraciones municipal de Envigado y departamental de
Antioquia en una celebración que tuvo origen histórico en la iglesia católica.
18. El artículo 40.6 de la C. Pol., establece el
derecho a interponer acciones públicas de inconstitucionalidad. Por su parte, el
principio pro actione, implica que por su naturaleza pública, esta
acción no debe estar sometida a condiciones técnicas especialísimas que la
hagan inviable o improcedente. No obstante, la jurisprudencia constitucional
también ha dispuesto que la demanda debe cumplir con unos criterios mínimos de
racionalidad argumentativa, que tenga en cuenta unos presupuestos generales y
otros especiales que hagan viable la acción.
19. Sobre los presupuestos
generales, se ha dispuesto que las demandas de inconstitucionalidad deben
cumplir con los criterios contenidos en el artículo 2º del Decreto ley 2067 de
1991. Además de dichos requisitos generales, la jurisprudencia constitucional
ha establecido unos criterios especiales que se refieren a que las
demandas de inconstitucionalidad, deben ser (i) claras, (ii) ciertas,
(iii) específicas, (iv) pertinentes, y (v) suficientes[21].
Se ha hecho énfasis en que estos requisitos no pueden convertirse en un
escrutinio excesivamente riguroso[22].
20. Contrario
a lo advertido por el Ministerio Público, la Sala Plena encuentra que la
presente demanda cumple los requisitos establecidos en el Decreto ley 2067 de
1991 y desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En efecto,
la demanda (i) identifica el
enunciado normativo demandado y que considera contrario a la Constitución;
(ii) precisa las
disposiciones constitucionales que se estiman violadas; (iii) construye cargos
de naturaleza constitucional; y (iv) con fundamento en
el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, indica que este Tribunal es
competente para conocer el asunto.
21.
El escrito plantea que la norma demandada transgrede el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el carácter
laico del Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa (art. 19 C.
Pol.), en la medida que autoriza partidas presupuestales para la
celebración de la Semana Santa en la parroquia de Santa Gertrudis en la ciudad
de Envigado, con lo cual promueve de manera evidente un culto de carácter particular,
como lo es la religión católica, desfavoreciendo a las personas o comunidades
que no comparten esta confesión. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la
Corte que se identifica adecuadamente el concepto de violación que se pretende alegar, al dar razones que se estiman claras, específicas y pertinentes,
para cuestionar la constitucionalidad del artículo 8º de la ley demandada, con
relación a la posible violación del pluralismo y neutralidad religiosa, pues, -en
criterio del actor- existe un favorecimiento en relación con un culto
específico al permitir que la administración municipal de Envigado y la
administración departamental de Antioquia, asignen partidas de su presupuesto
anual para esta celebración, contrario al criterio secular que debe tener este
tipo de leyes, donde confluye el elemento cultural histórico o social con el
componente religioso, el cual debe ser meramente anecdótico o accidental.
22.
Además, expone que no se advierte cuál es el valor cultural desde el punto de
vista histórico, artístico o científico de la celebración, ya que no se hace
notable o se especifica qué características tiene de diferente y trascendente
esta celebración en comparación a las realizadas por las demás parroquias,
ciudades y/o credos e iglesias a lo largo del país en esas fechas.  Con todo, establece una
acusación concreta de inconstitucionalidad contra la disposición atacada, sin
que se trate de una acusación indeterminada, indirecta, abstracta o global, que
impidiera adelantar un juicio de constitucionalidad. En suma, la demanda cuenta
con fundamentos específicos, determinados, concretos, precisos y particulares
en relación el aparte normativo acusado.
23. Por último,
destaca que la norma atacada desconoce el artículo 355 de la Constitución que
impide a las ramas de poder público decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado, así como el artículo 136.4,
que prohíbe al Congreso de la Republica decretar erogaciones de cualquier tipo
a entidades privadas, lo que contraría el fin constitucional admisible que debe
tener el gasto público. Además, al incluir este evento religioso en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) los entes
territoriales quedan obligados a hacer una incorporación de los Planes
Especiales de Salvaguardia en sus Planes de Desarrollo (art. 16 del Decreto
2941 de 2009), por lo cual el Estado a través del departamento de Antioquia y
el municipio de Envigado queda sujeto a medidas obligatorias de impulso de
actividades religiosas. Es así como plantea cargos de naturaleza constitucional, al
contraponer normas
de inferior categoría a las disposiciones constitucionales.
Así la demanda es clara en la medida que
contiene una coherencia argumentativa que permite a
la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación,
como lo es establecer si el artículo 8º de la Ley
1812 de 2016 desconoce el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el carácter laico del
Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa (art. 19 C. Pol.), y si
el Congreso vulneró el artículo 355 de la Constitución que impide a las
ramas de poder público decretar auxilios o donaciones en favor de personas
naturales o jurídicas de derecho privado, así como el artículo 136.4 superior
que prohíbe al Congreso decretar erogaciones de cualquier tipo en favor de
entidades privadas. También cumple con el requisito
de certeza dado que la demanda se dirige contra la autorización de asignar
partidas presupuestales en relación con la Semana Santa de Envigado (art. 8 Ley
1812). En igual sentido es específica, pues como se muestra planeta una una
oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y la
Constitución. A su vez, el actor expone la confrontación entre las
disposiciones superiores y el precepto atacado, con lo cual se cumple con el
presupuesto de pertinencia. Por último, es suficiente al despertar una duda
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
24. En conclusión la
Sala considera que se cumple con los requisitos básicos para analizar los
cargos expuestos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2
del Decreto ley 2067 de 1991, y
por ende analizará el fondo de la demanda descrita[23].
Ausencia de unidad normativa o
integración oficiosa
25. Las universidades de Antioquia y Externado de Colombia
solicitan que, bajo el principio de unidad normativa, se estudie la
constitucionalidad de todas las disposiciones que contiene la Ley 1812 de 2016.
26. Al respecto se advierte que según el inciso 3 del artículo 6 del Decreto ley 2067 de 1991[24], la Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de todas las
normas demandadas, ampliando el análisis a aquellas que, a su juicio, conforman
unidad normativa con las inicialmente demandadas. En reiterada jurisprudencia,
esta Corporación ha establecido la posibilidad de hacer tal integración en tres
supuestos: (i) cuando la expresión demandada no tenga un
contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla,
sea absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada; (ii) cuando la disposición
cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no
fueron demandadas; y (iii) cuando la norma demandada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta
serias dudas de constitucionalidad[25].
27. En el presente caso si bien es evidente
la relación entre la decisión de declarar
como parte del patrimonio cultural de la Nación la celebración de la Semana
Santa en la Parroquia de San Gertrudis del municipio de Envigado y la norma
demandada, no se configura ninguno de los supuestos que autorizan el recurso
excepcional de la integración de la unidad normativa para ampliar el objeto del
juicio de inconstitucionalidad, ya que: (i) la disposición atacada cuenta con
un contenido claro, con lo cual no es imprescindible o necesaria su integración
con otra disposición que no fue acusada; (ii) no se
trata de una disposición que esté reproducida en otras normas que no fueron
demandadas; y (iii) a pesar de existir una correlación entre los artículos de
toda la Ley 1812 de 2016, no existen, en este momento, razones que hagan dudar
de la constitucionalidad de aquellas disposiciones que no fueron atacadas. En
consecuencia, la declaratoria de inexequibilidad del aparte normativo demandado, no
generaría una repercusión directa en la validez constitucional de otras
disposiciones de la ley, ni perdería efecto porque otras disposiciones
siguieran vigentes.
28. Por lo tanto, el problema jurídico se circunscribirá
únicamente a lo demandado por el actor y respecto de los cargos admitidos, lo
cual no es óbice para que la Corte tenga en cuenta el contexto legal en que se
inserta la disposición acusada y, por tanto, las demás disposiciones que
integran la ley, en orden a adelantar el examen de constitucionalidad.
Problemas jurídicos
29. En el marco descrito, corresponde a la Corte establecer: (i) si el artículo 8º de
la Ley 1812 de 2016 desconoce el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el carácter laico
del Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa (art. 19 C. Pol.); y (ii)
si el Congreso desconoció el artículo 355 de la Constitución que impide
a las ramas de poder público decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado, así como el artículo 136.4
superior que prohíbe al Congreso decretar erogaciones de cualquier tipo en
favor de entidades privadas.
Para dar respuesta al anterior
interrogante, la Sala examinará los siguientes aspectos: (i) el patrimonio
cultural inmaterial de la Nación y las manifestaciones religiosas; (ii) los
principios de laicidad y neutralidad del Estado, respecto de la competencia del
Congreso para autorizar gastos públicos. Con esos elementos de juicio la Corte (iii)
analizará la constitucionalidad de la norma acusada.
El patrimonio cultural de la Nación y
las manifestaciones religiosas
30. La Corte Constitucional en distintos
pronunciamientos ha establecido que no existe una definición única de «cultura»[26]. Es por ello
que se ha acudido a la definición dada por la Unesco, advirtiendo que en
términos generales puede ser entendida como “el conjunto de rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las
artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias”[27].
31. A su vez, dentro de las normas
constitucionales orientadas al fomento y protección de la cultura se destacan
las siguientes: el artículo 2º establece como uno de los fines esenciales del
Estado “facilitar la participación de todos en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”; el artículo 7º “reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; el
artículo 8º eleva a obligación del Estado y de toda persona “proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación”; el artículo 44 define la
cultura como un “derecho fundamental” de los niños; el artículo 67
dispone que el derecho a la educación busca afianzar los valores culturales; el
artículo 70 estipula que “la cultura, en sus diversas manifestaciones, es el
fundamento de la nacionalidad”; el artículo 71 señala el deber de
“fomento a las ciencias y, en general, a la cultura”; el artículo 72
reconoce que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección
del Estado”; y, el artículo 95-8 señala como uno de los deberes de la
persona y el ciudadano “proteger los recursos culturales y naturales”.
32. Por su
parte, el artículo 4 de la Ley 397 de 1997[28],
establece que el patrimonio cultural “(…) está
constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales,
los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
33. Ahora
bien, el referido patrimonio cultural se divide en dos, material e inmaterial. El
primero (material) está constituido por “[l]os bienes, muebles o inmuebles,
que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”[29], mientras el
segundo (inmaterial) reúne “las manifestaciones, prácticas, usos,
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales,
que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su
patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y
establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo
largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”[30].
34. En este punto, en
la sentencia C-244 de 2016[31]
se advirtió que cuando el artículo 4º de la Ley 397 de 1997 se refiere a “las
tradiciones” y “las costumbres y los hábitos” como integrantes del
patrimonio cultural inmaterial de la Nación, se aceptó de forma tácita la protección
cultural de ciertas manifestaciones religiosas.
35. Por su parte, el Decreto
2941 de 2009 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio
Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial” señala en forma expresa que
la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial se podrá integrar con
manifestaciones que correspondan, entre otros, a “eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo”, esto es, “acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos
con fines religiosos”[32].
36. A su vez, el artículo 14 la Ley 133
de 1994, “por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de
Cultos”, establece que las iglesias pueden ser propietarias del patrimonio
artístico y cultural que hayan creado o adquirido, por lo que las confesiones
religiosas pueden no solo ser titulares, sino incluso generar patrimonio
cultural[33].
37.
Así las cosas, la Sala considera pertinente referirse al procedimiento para que
un bien sea declarado de interés cultural -BIC-; y para incluir una
manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI.
Al respecto, la legislación “prevé un
procedimiento para la protección real y efectiva del Patrimonio Cultural de la
Nación. Dicho patrimonio está dividido en dos categorías: (i) los declarados
bienes de interés cultural -BIC- que corresponden a bienes materiales o
inmateriales, a los cual se le aplica el Régimen Especial de Protección, y que
puede implicar o no la adopción de un Plan Especial de Manejo y Protección
-PMP-; y (ii) aquellos incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial que corresponde a las manifestaciones inmateriales, a las
cuales se le aplica el Régimen Especial de Salvaguardia, el cual implica la
inmediata adopción de un Plan Especial de Salvaguardia -PES-. Lo cual no
implica que sólo los bienes y manifestaciones culturales contemplados en dichas
categorías, sea sujetos de protección por parte de las autoridades competentes”[34].
38. En cuanto a los bienes de interés cultural -BIC, en el Decreto 763 de 2009[35] y en la
Resolución 0983 de 2010[36]
del Ministerio de Cultura, se establece que tratándose de BIC nacionales, su
declaratoria corresponde al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultura; mientras que los BIC
departamentales, distritales, municipales, de territorios indígenas y de
comunidades negras, corresponde a las entidades territoriales –gobernaciones,
alcaldías o autoridades respectivas-, previo concepto favorable del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio
Cultural, en el caso de los distritos.
39. Por su parte, los bienes
inmateriales, para alcanzar su protección han de ser incluidos en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI[37]. En cuanto al
procedimiento de reconocimiento de manifestaciones culturales, incluyendo los
eventos religiosos, el Decreto 2491 de 2009 y la Resolución 330 de 2010[38], establecen
que se debe registrar la manifestación cultural en la LRPCI, sujeto al
cumplimiento y verificaciones de ciertos requisitos. Este trámite fue
resumido en la sentencia C-224 de 2016, de la
siguiente manera:
“(i) Para la inclusión en la LRPCI debe presentarse una postulación o
iniciativa para tal fin, la cual puede provenir de entidades estatales o grupos
sociales, colectividades, comunidades, o personas naturales o jurídicas, y/o de
la entidad encargada de la conformación y manejo de la respectiva lista en el
ámbito nacional o territorial –director de Patrimonio del Ministerio de
Cultura, el alcalde municipal o distrital, el gobernador–; con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Decreto 2941 de 2009, artículos 8 y 11.
(ii) Una vez
cumplidos los requisitos, la información recopilada será enviada al Consejo de
Patrimonio Cultural correspondiente[39],
el que debe emitir un concepto favorable o desfavorable de la postulación. De
ser positivo, la autoridad competente solicitará al postulante la elaboración y
presentación de un Plan Especial del Salvaguarda –PES–.
(iii) El Plan
Especial de Salvaguardia debe estar orientado al fortalecimiento,
revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación.
(iv)
Finalmente, el Consejo de Patrimonio Cultural que corresponda, según el caso,
decide definitivamente sobre la inclusión o no de la manifestación cultural en
la LRPCI. Decisión que se concreta en un acto administrativo mediante el cual,
previo análisis de los criterios de valoración y procedimiento reglamentados en
este decreto, la instancia competente determina que dicha manifestación, dada
su especial significación para la comunidad o un determinado grupo social, o en
virtud de su nivel de riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un Plan
Especial de Salvaguardia.”
40. Cabe advertir que para ingresar a la
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, se deben tener en
cuenta los siguientes criterios de evaluación: pertinencia, representatividad,
relevancia, naturaleza e identidad colectiva, vigencia, equidad y
responsabilidad[40].
41.
Por su parte,  la Resolución 0330 de 2010 desarrolla algunos aspectos técnicos
relativos al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en tópicos como la
conformación de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
(LRPCI) – artículo 2 -; la competencia territorial de las autoridades de
comunidades indígenas y afrodescendientes (artículo 3); asuntos relacionados
con el procedimiento para la inclusión de manifestaciones en la LRPCI (artículo
5) en donde se denota  la postulación, la evaluación del PES,  lo referente las
declaratorias anteriores y el Banco y evaluación de proyectos (artículos 9 a
13).
42. En el siguiente
cuadro se explicará brevemente el procedimiento para la Declaratoria e
Patrimonio Cultural Inmaterial.
BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN
(i) Bienes inmateriales y (ii)
Manifestaciones (costumbres- tradiciones)
Normatividad:
1. Ley 397 de 1997 modificada por la Ley
1185 de 2008.
2. Decreto 2941 de 2009.
3. Resolución 0330 de 2010.
Este procedimiento se cumple en 2 niveles:
Nivel Nacional
Ministerio de Cultura y
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Nivel Territorial
Entidades Territoriales desde las respectivas Secretarias
de Cultura y los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio.
Se materializa con la inclusión en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
LRPCI
Procedimiento para la inclusión en la LRPCI
1. Postulación por parte de entidad, autoridad o persona
indeterminada. Dirigida al Min. Cultura o a las entidades territoriales
respectivas.
2. Cumplidos los requisitos establecidos para la
postulación, se envía la información al Consejo Nacional, Departamental o
Distrital de Patrimonio de Cultura para que emita concepto favorable.
3. De resultar positivo el concepto expedido, se solicita
a quien realiza la postulación, la presentación de un Plan Especial de
Salvaguarda
-PES-.
4. Revisado el PES, el Consejo de Patrimonio
correspondiente decide si incluye o no la manifestación a la lista.
Esta inclusión se materializará con la expedición de un
acto administrativo por la autoridad competente.
43. A la fecha existen 23
manifestaciones que han sido declaras como Patrimonio Cultural Inmaterial, como
se expone a continuación:
Declaración de patrimonio cultural
Bien inmaterial
Ley que declara PCI
Res. Para inclusión en LRPCI
Plan especial de
salva guarda
Asignación Presupuestal
Carnaval de Barranquilla
Ley 706 de 2001.
No. 2128 de 2015.
PES establecido en el mes de Julio de 2015.
Debido a la naturaleza, el PES no establece un
presupuesto fijo.
Carnaval de Negros y Blancos en Pasto
Ley 706 de 2001.
No. 2255 de 2010.
Incluido en la LRPCI de la humanidad en 2009
PES establecido en el mes de julio de 2010.
Asignación aproximada incluida en el PES de
$2.500.000.000
Festival de la Leyenda Vallenata
Ley 739 de 2002.
No ha sido incluido en la LRPCI.
No hace parte del régimen especial de protección
Asignación autorizada y establecida por el Gobierno o
entidades territoriales.
Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho en Quibdó
Ley 993 de 2005.
No. 1895 de 2011.
Inscrita en la LRPCI de la humanidad en 2012​
PES establecido en el mes de junio de 2011.
Asignación aproximada incluida en el PES de $300.000.000
Semana Santa  en Tunja
Ley 1767 de 2015.
No ha sido incluida en la LRPCI.
No hace parte del régimen especial de protección
Asignación autorizada y establecida por el Gobierno o
entidades territoriales.
Semana Santa  en Popayán
Ley 891 de 2004.
No. 2433 de 2010.
Incluida en la LRPCI de la humanidad en 2009
PES establecido en el mes de noviembre de 2010.
Asignación
aproximada incluida en el PES de
2.295.000.000
Desfile de Silleteros y Feria de las flores en Medellín.
Ley 838 de 2003.
No. 1843 de 2015.
PES establecido en el mes de junio de 2015.
Asignación aproximada incluida en el PES de 98.200.000
Espacio San Basilio de Palenque
No. 2245 de 2009.
PES establecido en el mes de octubre de 2009.
Asignación del 10% del presupuesto de la Secretaria de
Cultura.
Alcaldía de Mahates.
Sistema normativo Wayuu
No. 2733 de 2009.
Incluida en la LRPCI de la humanidad en 2010.
PES establecido en el mes de noviembre de 2010.
Asignación aproximada incluida en el PES de $410.000.000
Música del Pacífico Sur. Marimba y cantos tradicionales
No. 1645 de 2010.
Incluida en la LRPCI de la humanidad en 2010.
PES establecido en el mes de julio de 2010.
Asignación aproximada incluida en el PES de
$8.984.505.000
HE YAIA KETI OKA
(Sistema de conocimiento indígena)
No. 1690 de 2010.
Incluida en la LRPCI de la humanidad en 2011
PES establecido en el mes de agosto de 2010.
No se ha realizado una asignación específica en el PES.
Cuadrillas de San Martin
No.1133 de 2011
PES establecido en el mes de agosto de 2011.
Asignación aproximada incluida en el PES de
$350.000.000.
Carnaval de Riosucio, Caldas
Ley 1736 de 2014
No. 1658 de 2011.
PES establecido en el mes de agosto de 2011.
No se ha realizado una asignación específica en el PES.
Encuentro Nacional de Bandas de música Paipa.
No. 3047 de 2013.
PES establecido en el mes de octubre de 2013.
No se ha realizado una asignación específica en el PES.
Día Grande de la Tradición Catmensá
No. 3471 de 2013
PES establecido en el mes de noviembre de 2013.
No se ha realizado una asignación específica en el PES.
Cuadros vivos de Galeras
No. 3881 de 2013.
PES establecido en el mes de diciembre de 2013.
Se ha establecido una asignación promedio de $15.000.000
por año para un total de 10 años.
Cantos de trabajo de Llano.
No. 0054 de 2014.
PES establecido en el mes de enero de 2014.
Se ha establecido una asignación aproximada de $40.000.000
por año.
Gualies, alabos y levantamientos de tumbas de la
comunidad afro.
No. 3094 de 2014
PES establecido en el mes de octubre de 2014.
Asignación aproximada incluida en el PES de $450.000.000
El
proceso de formar y vivir como nükak baka
(gente
verdadera)
No. 3470 de 2013
PES establecido en el mes de noviembre de 2012.
No se ha realizado una asignación específica en el PES.
La
tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de
Santiago de Cali
No. 3469 de 2013
PES establecido en el mes de junio de 2013.
Total Presupuesto Implementación PES a 5 años $1.319.400.000
La
música vallenata tradicional del Caribe colombiano
No. 1321 de 2014
Incluido en la
LRPCI de la humanidad en 2015
PES establecido en el mes de noviembre
de 2013
Asignación aproximada incluida en el PES de 2.582
millones de pesos
Partería
afro del Pacífico
No. 1077 de 2017
PES establecido en el mes de octubre de 2016
Asignación aproximada incluida en el PES de 3.200
millones de pesos
Sistema de conocimiento
ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo. Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada
de Santa Marta
No. 3760 del 22 de
diciembre de 2017
No hace parte del régimen especial de protección
Asignación autorizada y establecida por el Gobierno o
entidades territoriales.
44. De acuerdo con lo
expuesto, el Patrimonio Cultural Inmaterial ha sido protegido siguiendo
los derroteros constitucionales de los artículos 70, 71 y 72 así como las
Declaración Internacional de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por Colombia mediante la Ley 1037 de
2006 (modificada por la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el Decreto 2941
de 2001 y la Resolución de 330 de 2010.
45. Por otra parte, en la sentencia C-441 de 2016[41] la Corte
destacó que a pesar de que la regulación sobre el patrimonio cultural de la
Nación no incluya expresamente al Congreso de la República, como autoridad
competente para determinar las manifestaciones que lo integran, de una lectura
sistemática de los artículos 70 y 71 y 150 Superiores, al referirse al “Estado”
como promotor de la cultura y no a un órgano en específico, permiten entender
que el Congreso tiene la competencia para señalar las actividades culturales
que merecen una protección del Estado, máxime al tratarse del órgano democrático
por excelencia. Por tanto se dejó claro que dicha facultad no es exclusiva del
ejecutivo, pues se le estaría asimilando con el término Estado, cuando no son expresiones
sinónimas[42].
Sin embargo, en la sentencia C-224 de 2016 se advirtió que si el Congreso de
la República pretende autorizar a un ente territorial para que destine recursos
de su presupuesto con el fin de promover una manifestación cultural con
contenido religioso, el juicio de constitucionalidad es más estricto, pues al
no estar reglado dicho trámite, la motivación de la norma debe fundarse en un
fin secular, de tal manera que la protección a la religión específica sea
accesoria a un objetivo laico primordial[43].
46. En conclusión, el patrimonio cultural
de la Nación, cuenta con una serie de medidas para su salvaguardia, protección,
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación, para lo cual el
Estado tiene el deber de prever gasto público social dirigido a incentivar y
estimular la cultura, siguiendo los procedimientos predeterminados legalmente o
a través de una decisión adoptada directamente por el legislador en calidad de
órgano democrático, caso en el cual el control de constitucionalidad es más
estricto.
Los principios de laicidad y
neutralidad del Estado, respecto a la competencia del Congreso para autorizar
gasto público
47. Este acápite se abordará desde dos
aspectos, uno relacionado específicamente con los principios de laicidad y
neutralidad estatal, para posteriormente hacer referencia a la facultad del
órgano legislativo de autorizar la asignación de partidas presupuestales
relacionadas con fiestas de contenido religioso.
La laicidad y neutralidad estatal
48. La Constitución
Política establece que “Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley” (art. 19). Esta norma refleja el principio
constitucional de la neutralidad religiosa, lo que implica que Colombia es un
Estado laico con plena libertad religiosa, caracterizado
por el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas y una
estricta separación entre el Estado y las iglesias[44]. A partir de
estas consideraciones, la Corte Constitucional ha construido la jurisprudencia
sobre el principio de neutralidad religiosa teniendo como fundamento la
laicidad del Estado colombiano. Con todo, también parece claro que la
neutralidad religiosa que ha de caracterizar al Estado, ha de tenerse a la vez
como una actitud oficial que fomenta la igualdad de todos los credos, en tanto
de esa manera se expande el principio de la libertad religiosa. Esto lo
ha sostenido por ejemplo la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal
alemán al expresar: “La neutralidad religioso-ideológica ordenada al Estado
no se ha de entender como una postura distanciadora en el sentido de una
estricta separación de la Iglesia y el Estado, sino como una postura abierta y
comunicativa que fomenta por igual la libertad religiosa para todas las
creencias”[45].
Al ser la neutralidad un concepto que se
ha venido acuñando a través de la jurisprudencia, procede la Sala a hacer una
breve referencia a los principales pronunciamientos sobre la materia.
49. En la sentencia C-152 de 2003,
mediante la cual se declaró exequible la expresión “Ley María”, contenida en el
título de la Ley 755 de 2002, la Corte estableció seis límites a partir de los
principios de laicidad y neutralidad religiosa, así: (i) establecer una
religión o iglesia oficial; (ii) que el Estado se identifique formal y
explícitamente con una iglesia o religión; (iii) que se realicen actos
oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia;
(iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, máxime si
ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión;
(v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente
a otras igualmente libres ante la ley; y (vi) cuando la justificación de una
medida es única y necesariamente religiosa, con lo cual se termina por promover
determinada confesión. A partir de estas condiciones
la Corte Constitucional ha venido analizando si las normas proferidas por el
Congreso tienen un contenido exclusivamente religioso, o a pesar de tener un
contenido confesional, cuentan con una justificación secular independiente.
50. En la sentencia C-766 de
2010 la Corte declaró inexequible un proyecto de ley que pretendía conmemorar
los cincuenta años de la Coronación de la Imagen de Nuestra Señora de
Chiquinquirá en el municipio de La Estrella (Antioquia), al establecer que el
elemento religioso era predominante. La Corte en esa
oportunidad no consideró suficiente que la medida tuviera una “razón secular”,
o una “finalidad laica”, sino que exigió que aquella  fuera “predominante”.
51. Luego,
en la sentencia C-817 de 2011, se declaró inexequible la Ley 1402 de 2010, por medio de la cual la Nación se asociaba a
la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal (Tolima) y se
declaraba monumento nacional a la catedral de ese municipio. En esta oportunidad la Corte exigió para las medidas con
connotación religiosa, la existencia de “un factor secular, el cual (i) sea suficientemente
identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no solo simplemente accesorio
o incidental”.
52. Posteriormente, en la sentencia C-224 de 2016 la Corte
declaró inexequible el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013 que autorizaba
al municipio de Pamplona a asignar partidas presupuestales para financiar la celebración
de la Semana Santa, se estableció que “si bien es posible que en una ley
converja una dimensión religiosa con el reconocimiento o exaltación de
elementos culturales, históricos o sociales” a fin de garantizar el
principio de laicidad y neutralidad del Estado, “la jurisprudencia ha sido
categórica en exigir que el fundamento religioso sea ‘meramente anecdótico o
accidental en el telos de la exaltación’. En otras palabras, el fin principal
de este tipo de regulaciones en ningún caso ha de ser la exaltación religiosa”,
lo que llevó a establecer que por ello “no resulta razonable la promoción y
protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo
constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente
con alguna confesión religiosa”.
Específicamente se hizo alusión a la
exposición de motivos de la Ley 1645 de 2013, de donde extrajeron tres
situaciones: “(i) las procesiones de Semana Santa  en
Pamplona son parte de la historia del municipio; (ii) sin embargo, es evidente
que el objetivo principal de la autorización al municipio para asignar partidas
presupuestales, es fortalecer la fe católica y atraer a personas piadosas a
participar de los imponentes actos religiosos; y (iii) en últimas, el fin
secundario es la activación del turismo en la región”[46].
53. Por su parte,
en la sentencia C-441 de 2016 se declaró la constitucionalidad de los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015
por medio de la cual se declara
patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa
en Tunja, Boyacá, alusivos a la asignación
de partidas presupuestales para tal fin. En este caso, la Corte determinó que “la
constitucionalidad de las medidas legislativas que involucre un trato
específico para una institución religiosa, dependerá de que en ella se pueda
identificar un criterio predominantemente secular, que la sustente o
justifique” (énfasis fuera del texto original). A su
vez, se hizo énfasis en la necesidad de analizar el contexto en que se
desarrolla la expresión cultural, a fin de determinar su arraigo y contenido
secular, independientemente del carácter religioso que prima facie se
pueda apreciar en una expresión cultural.
54. En la sentencia C-567 de 2016, la Corte declaró
la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 891 de 2004 que autorizaba a la
Administración a asignar partidas presupuestales para la realización de la Semana
Santa en Popayán. En aquella oportunidad se unificaron los parámetros para examinar
normas con contenido religioso, por lo que se advirtió que debe existir una “justificación
secular importante, verificable, consistente y suficiente”, además de que
la medida debe ser “susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones”.
De cara a cada uno de ellos se especificó: “El que sea ‘importante’ implica que deben poder ofrecerse razones
para justificar esa valoración a la luz de los principios constitucionales. La
plausibilidad de esas razones debe ser además ‘verificable’, y ha de ser
entonces posible controlar razonablemente los hechos y motivos que soportan la
valoración de la medida. La importancia de la justificación secular debe ser
también ‘consistente’, lo cual indica que no puede ser contradictoria,
puramente especulativa o desprovista de fuerza. Finalmente, debe tratarse de
una justificación secular ‘suficiente’ para derrotar los efectos de la
incidencia que tienen estas medidas en el principio de laicidad del Estado. La
suficiencia viene determinada por el principio de proporcionalidad, y así la
medida debe entonces ser idónea para alcanzar el fin secular que persigue, pero
además necesaria y proporcional en sentido estricto”.
(Negrilla fuera del texto original ).
55. Finalmente, en sentencia C-570 de 2016 se declaró
la exequibilidad de la Ley 1754 de 2015 por la cual se reconoce la importancia
religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar,
en el departamento de Caldas, excepto los apartes que reconocieron la “importancia
religiosa” del monumento, los cuales fueron declarados inconstitucionales. La
Corte condicionó la constitucionalidad de aquellas disposiciones normativas
enfocadas a salvaguardar manifestaciones culturales con contenido religioso, a
que “se pueda identificar un criterio secular principal o predominantemente,
el cual debe ser verificable, consistente y suficiente”, y que quedara a
salvo la posibilidad de que medidas de la misma naturaleza se pudieran conferir
a otros credos en igualdad de condiciones.
56. Estos criterios han
sido aplicados en las sentencias: (i) C-111 de 2017, donde se declaró
exequible la Ley 993 de 2005, por
medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación las fiestas
patronales de San Francisco de Asís.  (ii) C-109 de 2017 que resolvió
estarse a lo resuelto en la sentencia C-567 de 2016 en la que se declaró exequible el artículo 4º de la
Ley 891 de 2004, por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las
Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán,
alusivo a la posibilidad de asignar partidas presupuestales del nivel nacional,
departamental y municipal a esta celebración. (iii) C-288 de 2017 a través
de la cual la Corte declaró exequible la expresión “financiación” y el
parágrafo único del artículo 2º de la Ley 1637 de 2013, “por medio de la
cual la Nación se asocia a la celebración de los 130 años del San Pedro en el
municipio de El Espinal y se declaran Patrimonio Cultural y Artístico de la
Nación”, donde además se especificó que “el rigor del examen de los
criterios de importancia y suficiencia debe variar dependiendo de la
importancia del elemento religioso en la actividad objeto de la ley demandada”,
por lo que el análisis de una norma con una dimensión religiosa significativa
debe ser más exhaustivo y profundo que el estudio que se haga de una norma con
un contenido religioso mínimo.
57.
Por último (iv) la sentencia C-054 de 2018, por medio de la cual la
Corte Constitucional declaró exequible la expresión “Reconózcase a (…) la
Curia Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja, como gestores y
garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa  de
la ciudad de Tunja, siendo el presente un instrumento de homenaje y exaltación
a su invaluable labor”, contenidas en el artículo 4º de la Ley 1767 de
2015, “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la
nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá, y se dictan otras
disposiciones”.
58. En suma,
el Estado tiene prohibido (i) establecer una religión
o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o
religión; (iii) llevar a cabo actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos,
a una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o medidas que tengan
una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una
preferencia por alguna iglesia o confesión; y (v) adoptar políticas o
desarrollar acciones cuyo impacto real sea el de promover, beneficiar o
perjudicar a una religión o iglesia frente a otras igualmente libres ante la
ley. Además, la medida que se adopte debe tener una justificación secular importante
(contar con razones para justificar esa valoración a la luz de los
principios constitucionales), verificable (debe ser posible controlar los hechos y motivos que
soportan la valoración de la norma), consistente
(no puede ser contradictoria, puramente especulativa o desprovista de fuerza) y
suficiente (debe contar una justificación secular que permita derrotar
los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el principio de
laicidad del Estado); asimismo,  debe ser susceptible de conferirse a otros credos,
en igualdad de condiciones.
59. Aunado a lo expuesto, encuentra la Sala que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se corresponde con los fallos que se
han dado en otros países. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos para determinar la constitucionalidad de la intervención pública
en asuntos religiosos ha establecido el llamado “Lemon Test”, en donde
se analizan tres criterios para verificar cuándo se puede apoyar una práctica
religiosa en la que confluyan intereses públicos laicos, especialmente frente a
la destinación de recursos públicos a una religión. En ese caso se debe
determinar: (i) que la ley tenga un propósito secular; (ii) que su efecto
primario no sea el de inhibir o promocionar alguna religión en particular; y
(iii) que en su aplicación no se debe dar un excesivo enmarañamiento –excessive
entanglement – entre el Estado y la religión[47].
60. Como explica el citado profesor Víctor Vásquez, cada uno
de estos escalones ha sido analizado por parte de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos. El primer paso referente a que la ley
tenga un propósito secular (the secular purpose) se refiere a que el
propósito del legislador, asegure una total independencia del Estado para la
promoción del bien público, para que se respete de este modo el principio de
tolerancia religiosa en igualdad de condiciones[48].
61. El segundo requisito, referente al principio de
neutralidad el Estado frente al fenómeno religioso (The neutral effect – nor
avancing or inhibing religion), se refiere a la verificación de los efectos
de la legislación, en donde se prohíbe que los poderes públicos lleven a cabo
algún tipo de políticas que tenga como consecuencia la de aventajar o
perjudicar a la religión.
62. Finalmente, el paso relacionado en determinar si existe
un “excesivo enmarañamiento” (excessive entanglement) entre el
Estado y la religión, parte de la base de que la total separación entre el
Estado y la religión es imposible y de que cierta relación entre ambos es inevitable.
Sin embargo, lo que se trata de verificar con este paso del test es que la
relación entre el ámbito estatal y el religioso, cuando se trate de proteger
algún elemento secular se garantice y que dicha vinculación no conduzca a
solapamientos entre lo estatal y lo religioso que dé lugar a que alguna parte
de la sociedad no se sienta miembro pleno de la comunidad política por el apoyo
a determinada creencia o religión[49].
En este último paso de la metodología se utilizan las
siguientes subreglas para verificar si se está dando un excesivo enmarañamiento
entre lo estatal y lo religioso, a saber: (i) medir el carácter y los
propósitos de las instituciones beneficiadas por la norma; (ii) verificar la
naturaleza de la ayuda que el Estado provee; y finalmente (iii) la relación
resultante entre el Estado y la autoridad religiosa[50].
Competencia del Congreso para
autorizar gasto público en materia cultural
63. Es
posible que a través de una ley se respalden manifestaciones relacionadas con
eventos religiosos, siempre que se garanticen los principios de laicidad y
neutralidad del Estado. Ello, dentro del marco de
protección que la Carta Política otorga a favor de los derechos culturales,
como lo establece el artículo 72 superior, que específicamente señala: “[e]l patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado”, mandato que acarrea un compromiso dirigido
a difundir, fomentar y salvaguardar las expresiones que lo integran (art. 70 C.
Pol.). Al respecto, la sentencia C-111 de 2017 específicamente dispuso
que “la Constitución no desarrolla el tipo de
medida o de instrumento que puede ser utilizado para satisfacer el deber
genérico de protección, pues en ello le asiste una amplia libertad de
configuración normativa al Congreso de la República, lo que incluye la
posibilidad de disponer medidas de carácter presupuestal”[51].
64. Así, frente a la posibilidad de financiar
una manifestación cultural con recursos del Presupuesto General de la Nación o
de las partidas presupuestales de los departamentos o municipios, la Corte ha
establecido que no es constitucionalmente válido imponer órdenes que agreguen
determinadas partidas, toda vez que el margen de actuación del Congreso se
limita a autorizar la existencia de un título, a través del cual ese
componente de gasto se pueda incluir en el futuro, a partir del examen de
priorización que se haga en cada ejercicio fiscal[52].
65. Por su parte, en
la sentencia C-441 de 2016 se hizo una síntesis de los distintos
pronunciamientos hechos por este Tribunal de cara a la competencia del Congreso
para autorizar gasto público[53], de donde se
extraen las siguientes conclusiones: (i) cuando una
ley le otorga la facultad al Gobierno o lo autoriza para hacer las
apropiaciones en su presupuesto con un objetivo específico, se debe entender
que el Congreso no le está dando una orden, y por lo tanto no vulnera la regla
constitucional de iniciativa gubernamental en materia de gasto público; y (ii) teniendo
en cuenta que la ley autoriza el gasto, este se constituye en título presupuestal
para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto del
ente territorial al cual esté dirigida la orden, el cual debe tener un fin
constitucionalmente válido.
66. Así las cosas, el
Congreso cuenta con la facultad de autorizar, mas no de obligar al Gobierno
Nacional o sus entidades territoriales, a asignar partidas de su respectivo
presupuesto anual para el cumplimiento de lo dispuesto en una ley que declara
una manifestación como de patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Ahora
bien, si dicha asignación se dirige a salvaguardar una manifestación cultural en
donde se puede entremezclar un contenido religioso con uno histórico, musical,
turístico, etc., es indispensable analizar dicha competencia de cara al
principio del Estado laico y del pluralismo religioso consagrado en la
Constitución, a fin de establecer si dicho título presupuestal tiene un fin
constitucional admisible.
67. Con fundamento lo expuesto, procede
la Corte Constitucional al análisis concreto de la norma demandada.
Constitucionalidad de la norma acusada
68. La
demanda centra su argumento en que el artículo 8° de
la Ley 1812 transgrede la igualdad en materia religiosa, al autorizar
partidas presupuestales para la celebración de la Semana Santa en la
parroquia de Santa Gertrudis en la ciudad de Envigado, con lo cual promueve de
manera evidente un culto de carácter particular, como lo es la religión
católica, desfavoreciendo a las personas o comunidades que no comparten esta
confesión, máxime cuando no se advierte cuál es el valor cultural desde el punto de vista histórico,
artístico o científico de este evento, en comparación a las realizadas por las
demás parroquias, ciudades y/o credos e iglesias a lo largo del país en esas
fechas.
69.
Adicionalmente, considera que la norma atacada desconoce el artículo 355 de la
Constitución que impide a las ramas de poder público decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, así
como el artículo 136.4 que prohíbe al Congreso decretar erogaciones de
cualquier tipo a entidades privadas.
70. De lo
anterior, corresponde a la Corte determinar
(i) si la autorización otorgada a las entidades territoriales por el Congreso, en
orden a autorizar la asignación de partidas presupuestales desconoce el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el
carácter laico del Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa (art.
19 C. Pol.); y (ii) si el Congreso desconoció el
artículo 355 de la Constitución que impide a las ramas de poder público
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado, así como el artículo 136.4 superior que prohíbe al Congreso
decretar erogaciones de cualquier tipo a entidades privadas. En este
orden de desarrollará el análisis de constitucionalidad en este caso.
Primer problema
jurídico.
La autorización otorgada a las entidades territoriales
por el Congreso para asignar partidas presupuestales a la celebración de la
Semana Santa en Envigado no desconoce el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el carácter laico del Estado
y el deber de neutralidad en materia religiosa (art. 19 C. Pol.).
71. Como se explicó, es constitucionalmente admisible que el
Congreso exalte manifestaciones sociales, culturales, históricas o de otro
orden, que tengan una connotación religiosa, siempre que se pueda
identificar un criterio secular principal o predominante, el cual debe ser verificable,
consistente y suficiente; al igual que permita conferir medidas de esa
misma naturaleza a otros credos, en condiciones de igualdad.
72. A efectos de definir en cada caso concreto, si se está en
presencia o no de efectos seculares importantes, el juez constitucional debe
analizar la norma que se acusa desde una perspectiva integral. Así por ejemplo,
se debe evaluar desde una interpretación histórica, que consiste en estudiar
las propuestas y los debates que se dieron en el proceso de formación de la ley
para reconstruir de esa manera la intención aproximada del órgano legislativo
con su expedición. También corresponde observar y buscar la caracterización
de la medida, a partir de su propio contenido, y en el contexto en
el que esta se desarrolla, buscando entender su finalidad y motivaciones, para
lo cual podrá acudir a otros elementos probatorios, tales como la cultura, la
historia, la arquitectura y el turismo, que contribuyan al propósito de
identificar la existencia del criterio secular principal, y si este es
verificable, consistente y suficiente[54].
73. A partir
de estos lineamientos, encuentra la Corte relevante acudir a los antecedentes
legislativos[55] y al propio
contenido de la norma acusada, a efectos de establecer cuál de los elementos,
el secular o el religioso, fue considerado como el más importante por el
legislador para justificar la expedición de la Ley 1812 de 2016. Así, en la
Exposición de Motivos se destacó como objeto del proyecto de ley lo
siguiente:
“El
propósito de la Cámara de Representantes es Declarar Patrimonio Cultural de la
Nación la Celebración de la Semana Santa  en la Parroquia Santa Gertrudis La
Magna de Envigado, Antioquia, que hace 240 años se viene desarrollando y posee
una serie de tradiciones que revelan algunos aspectos de la religiosidad
popular y ciertos elementos del folclor de los cuales se han transmitido
durante años de generación en generación en nuestras familias.”[56]
74. Además se indicó que, “el Concejo Municipal de Envigado mediante Acuerdo Municipal número
006 de 2009 incluyo a la Semana Santa de Santa Gertrudis en la lista
Representativa de Candidatos a Patrimonio del municipio así como el Consejo
Departamental de Patrimonio dio su aval para incluirla en la lista de
Patrimonio de Antioquia, reconociéndole como máxima expresión
Cultural-Religiosa del municipio de Envigado, su especificidad de la cultura
antioqueña y los colombianos en general”. Por otra parte, se hizo alusión a que “la
celebración de la Semana Santa  de la Parroquia
Santa Gertrudis La Magna, es reconocida a nivel mundial[57], pues su
celebración igual que en otras ciudades de América Latina data del siglo XVI”.
75. Así mismo, se destacó que el proyecto
de ley tenía por fin “involucrar al Gobierno nacional en el fomento,
promoción, conservación, divulgación y desarrollo de la Semana Santa en
Envigado como una manifestación cultural inmaterial, siendo una función del
Ministerio de Cultura, ‘promover las manifestaciones culturales de la
Nación a través de la realización de eventos institucionales y apoyar los
que se realicen a nivel municipal o regional’”.
76.
Finalmente, en los antecedentes legislativos se expuso que la orden de incluir
la referida manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial del Orden Nacional, se produjo a partir de los requisitos exigidos
en el artículo 9º del Decreto 2941 de 2009, al cumplir con los presupuestos de pertinencia,
representatividad, relevancia, naturaleza e identidad colectiva, vigencia,
equidad y responsabilidad.
Acerca
de la pertinencia precisó que se trataba de “un evento religioso tradicional de carácter colectivo, que
involucra la participación de la comunidad en diferentes actos culturales,
artísticos, musicales, entre otros, que se dan lugar no solo en las iglesias de
la ciudad, sino en diferentes espacios culturales”. En cuanto a la representatividad, explicó que
esta celebración “agrupa el sentir religioso de los envigadeños y
antioqueños, que desde su fundación han celebrado con fervor”. Respecto a
la relevancia manifestó que “[e]s el evento con más
trascendencia del municipio, y uno de los más importantes del departamento de
Antioquia, pues no solo atrae a turistas en busca de reflexión y esparcimiento,
sino también a historiadores y artistas, que se dan cita para participar de los
diferentes eventos durante la semana. Es de resaltar la importancia que
significa la semana para el comercio” dada la afluencia de turistas. De
cara a la naturaleza e identidad colectiva, puso de presente que
“las ceremonias de Semana Santa son organizadas por la
Junta de Semana Santa y los diferentes grupos organizadores, que
generación tras generación inculcan estos principios para así lograr una
tradición que se remonta al siglo XIX”. Frente a la vigencia,
destacó que este evento “toma fuerza a medida que pasan los
años”. En relación con la equidad especificó que “estas
festividades involucran a toda la comunidad, sin importar su creencia
religiosa, y es así que se disponen espacios de participación cultural desde la
música, el arte, la historia, etc., que se articulan con las diferentes
actividades sacras durante la semana”. Finalmente, en materia de responsabilidad,
expuso que esta manifestación responde a “los principios del
respeto a las tradiciones religiosas, a la integración familiar como fuente de
valores sociales y, sobre todo, a la salvaguarda de la historia y tradiciones
propias de la comunidad”.
77. Encuentra
la Corte que esta postura se mantuvo en el curso de los debates, de donde se
extrae que a pesar de existir un el elemento religioso propio de la Semana
Santa, también se destacaron elementos seculares asociados a la importancia de
la referida celebración como expresión cultural, arquitectónica y turística.
En este
contexto conviene destacar que a través de la sentencia C-224 de 2016, la Corte
declaró inexequible el artículo 8 de la Ley 1645 de 2013 por la cual se
declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones[58], teniendo en cuenta que en su
exposición de motivos se indicó:
“En conclusión, de todo lo expuesto en esta parte motiva con
respecto a la celebración de la Semana Santa en Pamplona, que data desde el
siglo XVI hasta el siglo XXI, dan suficiente peso y respaldo para que la Semana
Mayor de la ciudad de Pamplona Norte de Santander sea reconocida como
Patrimonio Inmaterial de Carácter Nacional, lo cual, traería sumos
beneficios para fortalecer la fe católica, así como se mostraría a
Colombia y al mundo la riqueza religiosa que existe en la ciudad de
Pamplona. Además, atraería muchas personas piadosas a participar de
los imponentes actos religiosos y también a aquellas personas interesadas
en conocer y apreciar joyas de carácter histórico-cultural, promoviéndose así
el turismo en esta región de Colombia”. (Énfasis
fuera del texto original).
De lo
expuesto se extrae que la celebración de la Semana Santa en Envigado hace involucran a toda la comunidad, sin importar su creencia
religiosa, y es así que se disponen espacios de participación cultural desde la
música, el arte, la historia, entre otros, sin que su objetivo sea fortalecer la
fe católica y atraer personas piadosas a participar de los imponentes actos
religiosos, como ocurrió con lo consignado en la exposición de motivos de la Ley 1645 de 2013.
78. Ahora
bien, la norma demandada (artículo 8°) específicamente hace alusión a la autorización
para destinar recursos del patrimonio público, por parte de la
administración municipal de Envigado y la administración departamental de
Antioquia, con el fin de dar cumplimiento de las disposiciones consagradas en
la Ley 1820 de 2016 que en términos generales se refieren a:
(i) declarar
como patrimonio cultural inmaterial de la Nación la celebración de la Semana
Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia (art. 1);
(ii) facultar a Gobierno, para que a través del Ministerio de Cultura, incluya
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito
nacional esta celebración (art. 2); (iii) autorizar al Gobierno para que a
través del Ministerio de Cultura, incluya en el Banco de Proyectos esa
manifestación (art. 3); (iv) autorizar al Gobierno a través del Ministerio de
Cultura, para que se declaren bienes de Interés Cultural de la Nación, los
elementos con los cuales se realiza esta celebración (art. 4); (v) reconocer a
la Administración Municipal, a la Curia Arzobispal, al Concejo Municipal y a la
Secretaría de Educación para la Cultura como gestores y garantes del rescate de
la tradición cultural y religiosa de este evento (art. 5); (vi) disponer que la
Administración Municipal y el Concejo Municipal con el apoyo del Gobierno Departamental
de Antioquia, elaborarán la postulación de la celebración de la Semana Santa  en
la Parroquia de Santa Gertrudis La Magna de Envigado, a la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia (art. 6);
(vii) finalmente se establece que la Nación, a través del Ministerio de
Cultura, contribuirá al fomento, promoción, difusión, conservación, protección
y desarrollo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la celebración (art. 7).
79. Hay que anotar que
el municipio de Envigado surtió
los pasos para que esta celebración fuera incluida en la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI- del ámbito municipal y
departamental, obteniendo concepto favorable, como consta en el acta número
1 del 25 de febrero de 2015 del Consejo Departamental de Patrimonio, con lo
cual se procedió a realizar un Plan Especial de Salvaguardia -PES, el cual se
encuentra finalizado y en proceso de entrega al Consejo Departamental para su
revisión y emisión de concepto. Esto implica que actualmente está a un paso de
finiquitar dicho proceso, lo cual en principio no se contrapone a la
declaratoria hecha por el Congreso a través del artículo 1 de la Ley 1812 de
2016[59],
puesto que atiende a su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial del nivel
nacional.
Ello se acompasa
con lo expuesto por la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado, respecto
de la creación de la “Junta para la organización y preservación patrimonial
de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado”
(Acuerdo 006 del 2009 de Concejo de Envigado)[60],
la cual funciona sin interrupciones y cuenta con un Plan Especial de
Salvaguardia, proyecto financiado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia y el Municipio de Envigado.
80. Teniendo
en cuenta lo anterior y partiendo de la base de lo consignado en la
jurisprudencia constitucional, para adoptar normas que autoricen la financiación pública de bienes o
manifestaciones asociadas al hecho religioso, la medida debe tener una justificación secular
importante, verificable, consistente y suficiente, para lo cual se debe analizar
si existe un excesivo
enmarañamiento entre lo estatal y lo religioso, dando lugar al solapamiento
entre estos dos ámbitos, por lo que corresponde: (a) medir el carácter y los
propósitos de las instituciones beneficiadas por la norma; (b) verificar la
naturaleza de la ayuda que el Estado provee, y finalmente (c) la relación
resultante entre el Estado y la autoridad religiosa, lo que lleva a cumplir con
un juicio de constitucionalidad más estricto[61]. Antes de abordar el análisis correspondiente conviene hacer las
siguientes precisiones.
81. La doctrina ha entendido la
cultura como “el conjunto acumulativo de bienes y de valores del espíritu
creados por el hombre a través de su genuina facultad de simbolización, así
como sobre sus concretas manifestaciones socio-históricas” (noción general)[62].
A su vez las culturas han sido definidas como “un modo de ser determinado de
una comunidad, de un pueblo o de una nación, portadoras de un sistema
cohesionado de contenidos y valores culturales” (noción colectiva)[63].
En este contexto, la doctrina ha insistido en que el acceso
a la cultura es una necesidad para el individuo, dado que le conecta con la
humanidad y con su propia identidad histórica. Respecto del vínculo cultural
religioso se ha indicado que “se considera hoy que el núcleo referencial de
los derechos culturales está con su conexión con el sistema de necesidades
humanas básicas. Y es precisamente aquí, en este fundamento, donde radica la
exigencia de adscripción del bien cultural del interés religioso al fin de
culto para el que fue concebido. Si se le priva de esta vinculación con el
sentimiento o el valor religioso que inspiró a su autor, determinó su creación
y justifica su persistencia, el bien cultural religioso queda desprovisto de
significado y reducido a una mera creación artística que proporciona un efímero
placer estético en quien la contempla, pero cuyo valor cultural, en su más
pleno sentido, resulta claramente menoscabado”[64].
Ahora bien, de cara a la protección de la cultura desde su
faceta religiosa se ha explicado que “no padece la neutralidad del Estado
–que consiste en excluir la profesión de la fe religiosa, cualquiera sea esta,
del conjunto de decisiones políticas básicas  que califican un determinado
Estado como sistema jurídico-político- por el hecho de que se tutelen y
promuevan valores e intereses religiosos como vía para dar un contenido real y
efectivo a la libertad religiosa de los ciudadanos y de los grupos
confesionales”[65].
Por su parte, el profesor Theodosios
Tsivolas, de la Universidad Nacional de Atenas[66],
se refirió al Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, donde
es claro el deber de conservar y salvaguardar el patrimonio cultural europeo,
incluidos los ritos religiosos y las tradiciones culturales. Respecto a la
financiación de estos eventos, afirma que en Europa el carácter de legado
cultural de un lugar de culto o la dimensión cultural o histórica de una
festividad religiosa, los hacen elegibles para la subvención con recursos
públicos sobre la base del principio de “Neutralidad incluyente”. Dice
al respecto:
“[la Neutralidad incluyente]
significa, en esencia, que hay una sutil distinción entre dos formas de
neutralidad religiosa: la Neutralidad ‘distante’ (distanzierende Neutralität)
y la Neutralidad ‘incluyente’ (hereinnehmende Neutralität). Por una parte, en
cuanto el Estado ejecuta tareas no-disponibles como la administración o
jurisdicción que caen dentro del ámbito de su autoridad soberana, la
neutralidad religiosa se manifiesta en su versión ‘distante’: cualquier
identificación con creencias religiosas está prohibida. Por otra parte, dentro
de la esfera cultural, la cual se ubica en la periferia de la soberanía estatal
e incluye entre otras la protección de monumentos y otros elementos culturales,
el Estado puede (y debe) recibir los diversos bienes culturales que han sido
creados por diferentes tradiciones religiosas, y cobijarlos bajo su égida como
elementos protegidos por un legado común. Esta protección puede ser eficiente y
consistente con el axioma de diversidad religiosa y cultural, solo si el Estado
reconoce las diferentes tradiciones religiosas en pie de igualdad (en la medida
en que estas de desarrollen dentro de los límites del pluralismo
razonable), y respete no solo su valor estético e histórico de esos bienes,
sino también su carácter único, religioso, que constituye el rasgo esencial de
su estructura cultural”.
Entonces, partiendo de la base que Colombia es un Estado laico con plena libertad
religiosa, se caracteriza por dar tratamiento
igualitario a todas las confesiones religiosas (pluralismo religioso) a partir
de una posición incluyente, por lo que la protección de los bienes que de una u
otra forma integran la cultura con contenido religioso resulta válido
constitucionalmente. Bajo estos presupuestos se procede a cumplir con el
análisis puntual alusivo a la justificación secular de la norma demandada.
82. Conforme con lo
indicado, de cara a la información
recopilada en las pruebas ordenadas y contrastado con lo consignado en los
antecedentes legislativos, existen razones para establecer que la disposición
objeto de examen cuenta con una justificación secular importante verificable, consistente y suficiente.
83. En efecto en cuanto a la importancia,
la disposición normativa exhibe razones que la justifican a la luz de los
principios constitucionales. Es así como, de acuerdo con lo señalado en
la parte dogmática de esta decisión, el Estado, a través del Congreso y el
Gobierno, se encuentran comprometidos con la salvaguarda de las manifestaciones
culturales, compromiso que acarrean la posibilidad de adoptar medidas de
financiación para su fomento, apoyo y promoción, donde no se prohíbe que se incluyan eventos de tipo
religioso. Dicha salvaguarda adquiere sentido en cuanto, después de un
proceso de formación, transformación y apropiación, una manifestación expresa
la identidad de un grupo social en un momento histórico.
84. Frente al contexto histórico, el ICANH,
la Academia Antioqueña de Historia y la Secretaría de Educación y Cultura de
Envigado, señalaron que esta celebración existe desde 1773, esto es, con
anterioridad a la fundación del municipio (1775), siendo el centro social a
partir del cual se generaron las dinámicas sociales y urbanas en el territorio.
Puede así afirmarse que el desarrollo de la Semana Santa allí, tiene amplio
arraigo social, donde se exaltan ritos religiosos y elementos propios del
folclor local, que se hacen palpables al existir en los barrios 22 cofradías,
responsables de la representación de los distintos pasajes, pues no todas
pertenecen a la parroquia, ya que algunas de ellas son de propiedad de los
ciudadanos quienes las conservan en sus casas. Así mismo, se certifica como un
evento organizado, desarrollado y sostenido por los laicos quienes participan a
través de los grupos de pasos, prestando sus casas para el viacrucis y la
logística en general.
A su vez, la Secretaría de Educación y
Cultura explicó que el municipio toma como año de su creación la construcción
de la parroquia, a partir de lo cual se constituye en un elemento de cohesión
de una comunidad naciente y la generación de una identidad entorno a un
territorio, lo que impulsó la llegada al país de nuevas estéticas artísticas,
en el caso de la escultura y fabricación de imágenes religiosas, lo que ayudó
en la evolución de técnicas y conceptos artísticos de  importancia para el
desarrollo local, regional y nacional en la materia. Sobre este último punto,
la Academia Antioqueña de Historia recalcó que la antigüedad y calidad de las
imágenes, hacen de esta celebración un museo ambulante, bajo la escuela
de arte quiteño y escultores antioqueños, lo que explica por qué muchos de los
santos de parroquias de Colombia y del exterior, fueron esculpidos en esta
localidad. Específicamente señaló:
“La
antigüedad y la calidad de la imaginería, convierte a la Semana Santa de
envigado en un museo ambulante. Muchas de sus imágenes fueron confeccionadas
bajo el esplendor del arte quiteño, y otras fueron elaboradas por escultores
antioqueños, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en el propio municipio
de Envigado (…). A consecuencia de lo anterior, la Semana Santa de Envigado
convirtió a esa población en la escuela escultórica antioqueña de imaginería
religiosa no solo por la permanencia de talleres de reconocidos artistas sino
también por la formación del talento local (…). Eso explica por qué muchos de
los santos de parroquias y del exterior fueron esculpidos en Envigado.”
Por otra parte, el criterio secular de
esta celebración se mantuvo a lo largo de los debates necesarios para proferir
la Ley 1812 de 2016[67],
de donde puede colegirse que su finalidad no es preferir alguna iglesia
o confesión, en la medida que se hizo especial énfasis en el arraigo cultural
que dicho evento tiene en la comunidad del municipio de Envigado, a partir de
la participación de la comunidad en diferentes actos culturales, artísticos,
musicales, la cual además se viene celebrando desde la fundación del municipio,
y  se ha transmitido a través de múltiples generaciones por más de dos siglos,
haciendo notar como  se involucran no solo los practicantes de la fe católica
sino pluralidad de turistas a quienes les atrae esta tradición bicentenaria.
Todo ello hace palpable la obligación
estatal de proteger el patrimonio cultural de la nación, lo que incluye las
manifestaciones de contenido religioso, con lo cual se cumple el presupuesto de
importancia, en la medida que existen razones para justificar la
autorización de asignar partidas presupuestales a nivel departamental y
municipal a partir de los principios constitucionales referidos.  Atendiendo a
que los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de
neutralidad, no impiden que se otorgue una medida a una persona, comunidad o
situación, que tenga connotación religiosa, siempre que resulten válidas desde la
perspectiva constitucional, como en este caso.
84. Respecto de la condición de poder
determinar el contenido secular de manera verificable y consistente,
dentro de los antecedentes legislativos se estableció
que el entonces proyecto de ley era el resultado de
una búsqueda comunitaria por la protección del patrimonio histórico, cultural,
tradicional y de devoción de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado,
Antioquia, basada en las vivencias de hombres y mujeres del municipio de
Envigado, quienes año a año,  han celebrado su fe, creando, manteniendo y
transmitiendo tradiciones, costumbres, prácticas, técnicas, conocimientos y
experiencias.
Además se advirtió que este fin fue
apoyado por la Administración Municipal, el Concejo Municipal y la Secretaría
de Educación para la Cultura, instituciones convencidas de la importancia de
dar a conocer la riqueza de una cultura propia, dando cumplimiento al Acuerdo
número 006 de 2009 (febrero 24 del 2009), “por medio del cual se constituye
la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural para su futura
declaratoria de patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de
Envigado y se incluye en ella la Semana Santa  de la Parroquia Santa Gertrudis
La Magna, sus actividades propias y complementarias y se dictan algunas
disposiciones”.
De acuerdo con estas consideraciones, las
justificaciones principales que se dieron para expedir la Ley 1812 de 2016, tuvieron
su origen en: (i) la necesidad de proteger una tradición que se ha mantenido
durante generaciones, la que cuenta con arraigo y genera la cohesión de la
comunidad envigadeña; (ii) el proceso de declaratoria de patrimonio cultural
inmaterial a nivel municipal; y (iii) la antigüedad de este legado.
Entonces, además de tratarse de una
celebración con arraigo superior a 200 años, de acuerdo con lo expuesto por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se genera una cohesión en la
comunidad la cual se hace palpable en una colectividad compuesta por todos los
fieles, los grupos de pasos, los grupos pastorales, los sacerdotes, acólitos y
todos aquellos que se vinculan con la parroquia. Además como se advirtió en el
acervo probatorio existen grupos que tienen una labor directa y un vínculo más
estrecho con el evento, a saber: 23 grupos de pasos, cada uno de los cuales
vinculan entre 30 y 40 personas; 18 familias envigadeñas que prestan sus casas
para las estaciones del viacrucis, donde se vinculan aproximadamente de 3 a 10
personas por familia; grupos de logística que vinculan aproximadamente 50
personas; grupos parroquiales con aproximadamente 300 personas; grupos de
sacerdotes, acólitos, la Junta de la Semana Santa que involucran
aproximadamente 25 personas, quienes hacen posible que esta tradición se
mantenga.
Finalmente, como indicó la Secretaría de
Educación y Cultura del Municipio de Envigado (fj. 9 Pág. 9) el impacto de la
celebración de la Semana Santa en la actividad turística, ha llevado a
registrar las siguientes cifras: (i) visitantes en atractivos turísticos en
2018, en marzo 9.160 personas, y en abril 7.730 personas; (ii) visitantes a
hoteles 2018, en marzo 590 personas, y en abril 812 personas; y (iii)
visitantes puntos de información 2018, en marzo 75 personas y en abril 143
personas, para este indicador en años anteriores (2016 y 2017) se registraron
10.320 personas que visitaron la ciudad de Envigado[68]. Los
siguientes cuadros muestran los datos referidos.
Atendidos
en puntos de información turística PITS
Indicadores 2016 – Semestre 1
2.238
Los datos reportados hacen referencia a
las personas atendidas en la Oficina de Turismo y el Punto de Información
ubicado en el Parque Principal de Envigado, el cual inició su operación en el
mes de marzo del año 2016.
Indicadores 2016 – Semestre 2
1.505
Los datos reportados hacen referencia a
las personas atendidas en la Oficina de Turismo, Punto de Información ubicado
en el parque principal y el Punto de Información Turístico de Caballo de
Troya, inició operación en el mes de septiembre del año 2016.
Indicadores 2017 – Semestre 1
3.934
Datos pertenecientes a los 3 Puntos de
Información: Punto de Información Turístico de Palmas (Caballo de Troya),
Punto de información del parque principal Marceliano Vélez Barreneche y Oficina
de Turismo ubicada en la Biblioteca Pública y Parque de Cultura Débora
Arango.
Indicadores 2017 – Semestre 2
2.643
En el segundo semestre de 2017, las
visitas disminuyeron en un 33%.
De lo expuesto de aprecia que la
afluencia de visitantes aumente la primera mitad del año cuando se lleva a cabo
la celebración objeto de examen. En relación con el año 2018 se registran los
siguientes datos.
VISITANTES
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 2018
MARZO
ABRIL
Sala Museo Arqueológico
38
58
Parque Ecoturístico El Salado
6.667
4.952
Casa Museo Otra Parte
2.455
2.720
TOTAL
9.160
7.730
VISITANTES
HOTELES 2018
HOTELES
MARZO
ABRIL
Nacionales
Extranjeros
Nacionales
Extranjeros
Hotel Casa Zuñiga
36
2
22
8
38
30
Hotel Sanlucar
6
2
8
3
8
11
Hotel Arame
544
771
TOTAL
590
812
Con todo, de las intervenciones y los
documentos pertinentes obrantes en la actuación es factible determinar la necesidad de proteger una tradición histórica que se ha mantenido
durante generaciones, la que además cuenta con arraigo social y genera la
cohesión de la comunidad. Tal tradición, además, congrega no solo a los locales
sino que tiene implicaciones de orden turístico y envuelve elementos familiares, afectivos, artísticos, sociales y económicos,
que bien puede decirse hacen parte de la historia del municipio de Envigado,
Antioquia.
85. Con relación a la suficiencia
del carácter secular, la Sala encuentra que la
autorización de asignar partidas presupuestales del orden departamental y municipal
para los fines propuestos en la Ley 1812 de 2016, no afecta la neutralidad y
laicidad Estatal.
Aunque
este evento cuenta un contenido religioso, de acuerdo con los antecedentes
legislativos, la intención del parlamento no fue fortalecer
la fe católica, sino reconocer, proteger y salvaguardar diversos elementos
culturales, artísticos y usos sociales que se han desarrollado alrededor de las
celebraciones de Semana Santa en la ciudad de Envigado, donde además se tuvo en
cuenta la promoción del turismo.
Igualmente de las pruebas recaudadas y
resaltadas previamente, se puede destacar que esta manifestación está revestida
de un amplio arraigo histórico y social, lo cual le da un efecto secular que
involucra a los envigadeños, la que por más de dos siglos se ha esmerado por
mantenerla como un símbolo. A su vez, se proyecta la evolución de distintos
actos culturales que si bien se relacionan con esta celebración, propenden por
el reconocimiento, protección y divulgación del patrimonio cultural material –
mueble (imaginería religiosa); el fomento de investigaciones y publicaciones
referidas al patrimonio cultural inmaterial, especialmente lo relacionado con
el arte religioso y las tradiciones asociadas entre diferentes grupos de
interés (estudiantes, universitarios, profesionales, coleccionistas, etc.),
entre otros.
Por otra parte, como lo señaló la
Academia Antioqueña de Historia, la trayectoria histórica de esta
conmemoración se desprende la decisión voluntaria de los envigadeños por
hacerla una expresión que los identifica, como un símbolo cargado de
significados emocionales y afectivos, donde de manera espontánea la comunidad
compromete sus recursos, tiempo y laboriosidad en pro de una celebración con
componentes estéticos y artísticos, signados en  piezas museísticas que
alcanzan trascendencia nacional e internacional. Se trata de un arte
–ciertamente religioso-- que se exporta a otras comarcas.
86. En igual sentido,
de cara a la obligación de adelantar un juicio más estricto debido a la
asignación de recurso hecha por el órgano legislativo, se hará alusión a los
pasos del Lemon Test, esto es, (i) que la ley tenga
un propósito secular; (ii) que su efecto primario no sea el de inhibir o
promocionar alguna religión en particular y (iii) que en su aplicación no se
debe dar un excesivo enmarañamiento –excessive entanglement – entre el
Estado y la religión.
En cuanto al propósito
secular, se ha dejado claro a lo largo de
esta decisión, existen múltiples expresiones
culturales, artísticas, folclóricas, usos sociales y promoción del turismo que
el Estado válidamente puede incentivar. Entonces, a pesar de hacerse un
reconocimiento a favor de una celebración católica, la misma no desdibuja su
elemento cultura intrínseco a partir de la tradición histórica, la transmisión
generacional, al igual que el desarrollo comercial y turístico que la misma
inyecta a la comunidad.
El
efecto primario de la medida no es inhibir o promocionar alguna religión en
particular, pues,  el artículo demandado se limita a autorizar la asignación de
partidas presupuestales con el propósito de cumplir los objetivos de la Ley
1812 de 2006, que están enfocados a darle la categoría de patrimonio cultural
inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa
Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, además sea incluida en: (i) la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural de la Nación -LRPCI-; (ii) en el
banco de proyectos de cultura; y (iii) se declaren como Bienes de Interés Cultural de la
Nación -BIC-, los elementos con los cuales se realiza la celebración. Lo anterior, puede ser leído como el ejercicio de actos
de fomento, reconocimiento, exaltación y salvaguarda de manifestaciones desde
el ámbito cultural, con lo cual no se está estableciendo una religión de manera
oficial por parte del Estado.
Finalmente, la aplicación de la disposición atacada no
atiende a un excesivo enmarañamiento, pues, se está autorizando la asignación de partidas presupuestales con destino
a salvaguardia del patrimonio inmaterial y no de la Iglesia a la se adscribe la
celebración que se pretende proteger. En efecto, como se ha venido explicando, la
celebración de la Semana Santa en el municipio de Envigado, es  un evento de carácter
colectivo, que involucra la participación de la comunidad en diferentes actos
culturales, artísticos, musicales y representa  una organización de
reconocimiento nacional, con arraigo en la comunidad por más de 200 años,
tiempo durante el cual  se ha transmitido de generación en generación, erigiéndose
así en una tradición histórica propia, que merece ser salvaguardada.
Además, encuentra
la Sala que esta medida de salvaguardia es
susceptible de conferirse a otros credos en igualdad de condiciones, al margen
de tener o no un contenido religioso, pues para incluir una manifestación en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, se tiene en cuenta
exclusivamente el valor e interés cultural de la manifestación, por lo que no
depende de su contenido religioso, ni mucho menos de la religión específica a
la cual esté asociada la manifestación, pues se estaría desconociendo el
artículo 13 superior. Así, el Congreso ha reconocido la importancia de otras
muestras culturales, pese a no tener un carácter religioso, como ocurrió por
ejemplo en las cuadrillas de San Martín, en San Martín, Meta (Ley 760 de
2002); el Carnaval del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y los Carnavales de Pasto (Ley 706 de 2001);
el Festival de la Leyenda Vallenata (Ley 739 de 2002); Fiestas de San Pacho
(Ley 993 de 2005); el Desfile de Silleteros y Feria de las Flores en Medellín
(Ley 838 de 2003) y el Carnaval de Riosucio, Caldas (Ley 1736 de 2014). En conclusión, la disposición atacada resulta constitucional.
87. En suma, el Congreso autorizó a las
autoridades departamentales y municipales, a destinar partidas presupuestales
con el fin de proteger una manifestación cultural, donde si bien se entrecruza
lo cultural con lo religioso, alrededor de dicha semana se evidenciaron ciertos
efectos, a saber, expresiones artísticas, culturales, sociales, turísticas,
entre otras. En estos términos, a través de una valoración integral del
contexto, y en línea con el uniforme trato constitucional del tema, se
encuentra un factor secular suficientemente identificable y principal, que permite
afirmar que sus efectos superan la importancia y trascienden el carácter, con lo cual es dable concluir que en la expedición de la norma
analizada, no se vulneraron los principios de neutralidad, pluralismo,
igualdad y libertad religiosa (arts. 2, 13 y 19 C. Pol.).
Segundo problema jurídico.
El Congreso
no desconoció el artículo 355 de la
Constitución que impide a las ramas de poder público decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, así
como tampoco el artículo 136.4 superior que prohíbe al Congreso decretar
erogaciones de cualquier tipo a entidades privadas.
88. El artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, señala que “La
Administración Municipal de Envigado y la Administración Departamental de Antioquia,
estarán autorizadas para asignar partidas presupuestales de su respectivo
presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la
presente ley”, por lo que se limita a autorizar, mas no a obligar,
el realizar una apropiación presupuestal. Tal es una potestad que bien puede
ejercerse o no. Esta interpretación, además de ser respetuosa con la
jurisprudencia constitucional, reconoce que radica en cabeza de los concejos
municipales la expedición del presupuesto municipal de rentas y gastos (art.
313.5 C. Pol.) y la preservación y defensa del patrimonio cultural del
municipio (art. 313.9 C. Pol.), así como corresponde a las asambleas, la
expedición del presupuesto departamental de rentas y gastos (art. 300.5 C. Pol.).
Por lo anterior, tanto los concejos municipales como las asambleas en el
ejercicio de sus competencias y en el debate deliberativo propio de estas
entidades colegiadas, determinarán si es pertinente o no la inclusión de
partidas presupuestales para cumplir con los objetivos de la ley.
89. Cabe señalar que
la Secretaría de educación y cultura del municipio de
Envigado, informó que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico,
Oficina de Turismo, se han celebrado dos contratos con el fin de apoyar la
promoción de la Semana Santa, exaltando su importancia como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación, cuyo objeto fue la prestación de servicios de apoyo
para promocionar la Semana Santa  como oferta turística para la atracción de
visitantes y turistas, por 15 millones de pesos cada uno.
90. Por su
parte, la Secretaría General del Departamento de Antioquia indicó que el
Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de
Antioquia, expidió certificación donde se consigna que no se han otorgado partidas
presupuestales para la celebración de la Semana Santa en Envigado.
91. Entonces, la
autorización para partidas presupuestales no impone una obligación por parte de
las autoridades para la financiación de este evento vinculado al catolicismo, como
muestran las actuaciones surtidas por la administración municipal y
departamental, sino que genera una alternativa para apoyar un evento de
importancia histórica y cultural para el municipio de Envigado, el departamento
de Antioquia y el país, con lo cual no se incurriría en la prohibición de los
artículos 136.4 y 355 superiores, respecto del favorecimiento de una persona
jurídica de derecho privado, como lo es la iglesia católica.
Por tanto, en este
caso el Congreso hizo uso de la facultad de autorizar, mas no de obligar, a las
autoridades departamentales y municipales para asignar partidas de su
respectivo presupuesto anual para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
1812 que declaró como de patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de
Envigado, Antioquia. Manifestación que como se explicó cuenta con un amplio
contenido cultural, con lo cual se garantiza el principio del Estado laico y
del pluralismo religioso consagrado en la Constitución.
Resumen de la decisión
92. La
demanda se centró en advertir que el artículo 8° de
la Ley 1812 de 2016 transgrede el pluralismo y la igualdad en materia
religiosa, al autorizar partidas presupuestales a favor de la celebración de la
Semana Santa en la parroquia de Santa Gertrudis en la ciudad de Envigado,
desfavoreciendo a las personas o comunidades que no comparten esta confesión.
Por otra parte, consideró que la norma atacada desconoce el artículo 355 de la
Constitución que impide a las ramas de poder público decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, así
como el artículo 136.4 que prohíbe al Congreso decretar erogaciones de
cualquier tipo a entidades privadas.
93. Previo al
análisis de fondo, la Corte encontró que la demanda cumplía con con los
requisitos básicos para analizar los cargos expuestos, de acuerdo con los presupuestos
establecidos en el artículo 2 del Decreto ley 2067 de 1991. Además, se
estableció que en este caso se presentó una acusación
concreta de inconstitucionalidad contra la disposición atacada, al contar con
fundamentos específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en
relación el aparte normativo acusado.
94. Por otra parte, se estableció que a
pesar de la relación
entre la disposición atacada y la decisión de declarar como parte del patrimonio cultural de la Nación, la
celebración de la Semana Santa en la Parroquia de San Gertrudis La Magna, del
municipio de Envigado, la disposición demandada cuenta con un contenido claro y
autónomo, por lo cual no es imprescindible o necesaria su integración
con otra disposición que no fue acusada, por lo que  a
pesar de existir una correlación entre los artículos de toda la Ley 1812, no
existen, en este caso, razones que hagan dudar de la constitucionalidad de
aquellas disposiciones que no fueron atacadas.
95. En el análisis
del asunto, le correspondió a la Corte determinar: (i) si la autorización
otorgada a las entidades territoriales por el Congreso, desconoce el pluralismo (art. 2 C. Pol.), el
carácter laico del Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa (art.
19 C. Pol.); y (ii) si el Congreso desconoció el
artículo 355 de la Constitución que impide a las ramas de poder público
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado, así como el artículo 136.4 superior que prohíbe al Congreso
decretar erogaciones de cualquier tipo a entidades privadas.
96. En cuanto al
primer problema jurídico, encontró la Corte que de acuerdo con la información recopilada en las pruebas
ordenadas y contrastado con lo consignado en los antecedentes legislativos, así
como en la disposición atacada, se estableció que el artículo demandado cuenta
con una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente, ante la necesidad de proteger una tradición con un arraigo
social superior a los 200 años, que goza de un amplio contenido cultural que se
ha mantenido durante generaciones e involucra la participación de la comunidad
en diferentes actos artísticos, aspecto que además tiene implicaciones en el
desarrollo comercial y turístico de la región.
97. Respecto a la
obligación de adelantar un juicio más estricto debido a la asignación de
recurso hecha por el Congreso, la Corte verificó el cumplimiento de los pasos
del Lemon Test, esto es, (i) el propósito
secular de la disposición; (ii) no se promociona o inhibe una religión; y (iii)
no se presenta un excesivo enmarañamiento entre el Estado y la religión, con lo
cual se hace viable que se puedan otorgar los recursos para la conservación,
mantenimiento y desarrollo de esta actividad.
98. De cara al segundo problema jurídico
se estableció que el Congreso no desconoció el
artículo 355 de la Constitución que impide a las ramas de poder público
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado, así como tampoco el artículo 136.4 superior que prohíbe al
Congreso decretar erogaciones de cualquier tipo a entidades privadas, en la
medida que se limita a autorizar, mas no a obligar a realizar una
apropiación presupuestal, una potestad que bien puede ejercerse o no, de acuerdo
con las funciones asignadas en la Constitución a los concejos municipales y las
asambleas departamentales.
Todo lo anterior llevó a este Tribunal a
declarar exequible la disposición demandada.
VII.-
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 8º de la Ley 1812 de 2016, “por medio
de la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la
celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Presidente
Con aclaración de voto
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento aceptado
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA C-034/19
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE LA PARROQUIA SANTA GERTRUDIS LA
MAGNA DE ENVIGADO, ANTIOQUIA – No cumple con los criterios previstos en la jurisprudencia
constitucional (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
D-12080
Magistrado Ponente:
José Fernando Reyes Cuartas
En atención a la decisión adoptada por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, el 30 de enero de 2019, en este asunto,
presento Salvamento de Voto con base en los siguientes argumentos:
No comparto la conclusión a la cual se llegó respecto del carácter
eminentemente secular de la celebración de la Semana Santa en la Parroquia
Santa Gertrudis del municipio de Envigado.
Considero que tal conclusión es errada, porque la evidencia empírica no
es suficiente ni concluyente. En tal sentido resultaba especialmente relevante
lo dicho por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia hizo en su
intervención, al señalar que debe adelantarse el procedimiento establecido en
el Decreto 2941 de 2009, que implica un proceso de investigación con amplia
participación de la comunidad, para finalmente determinar si esa celebración es
calificable como una expresión cultural inmaterial representativa.
Precisamente la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de
Envigado, al responder el cuestionario formulado por el Despacho a cargo de
este asunto, justificó la representatividad de la celebración de la Semana
Santa en la Santa Gertrudis en argumentos eminentemente religiosos y que,
incluso, la exposición de motivos que dio lugar a la expedición de esta ley,
tan solo tuvo en consideración que se trata de una celebración con 240 años de
antigüedad, que tiene tradiciones que revelan la religiosidad popular y
“ciertos elementos del folclor”.
Por lo tanto, lo que había lugar a concluir, era que la medida
legislativa examinada no cumplía con los criterios previstos en la
jurisprudencia constitucional, esto es, que tenga una justificación secular
importante, verificable, consistente y suficiente, pues lo cierto es que la
autorización presupuestal prevista en el artículo 8 de la Ley 1812 de 2016, se
otorgó para promover y preservar una actividad predominantemente religiosa, sin
justificación secular alguna.
Fecha ut
supra
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, aprobada por la Conferencia
General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el
diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), elaborada y firmada en París
el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).
[2] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio
Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.
[3] Sobre este punto advierte que en la lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial colombiano (LRPCI), que inscribe por facultad de
ley el Ministerio de Cultura, aparecen con declaratoria patrimonial varias
celebraciones con contenido religioso, pero no todas ellas de carácter
católico, lo que prueba la inexistencia de cualquier sesgo en favor o en contra
de una creencia o iglesia determinada al hacerse una declaratoria. Al respecto
cita las Fiestas de San Pacho, en Quibdó; las cuadrillas de San Martín,
en San Martín, Meta; el Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto; el Carnaval de
Riosucio, con su figura central, el Diablo; o fiestas con contenido religioso
no católico ni cristiano como Bëtscnaté o Día Grande de la tradición Camentsá,
en Sibundoy, Putumayo, en la que la comunidad indígena celebra espacios de
reconciliación con el Creador; Gualíes, alabaos y levantamientos de tumba, en
el medio San Juan, Chocó, que rememora los ritos mortuorios de las comunidades
afro.
[4] En este punto hace alusión a la exposición de motivos del proyecto de
ley 075 de 2015 -Cámara de Representantes.
[5] Explica esta figura como aquella en que si bien debe existir una
separación funcional e institucional entre Estado e iglesia, se reconocen
relaciones de apoyo mutuo entre ellas.
[6] Artículo 9°. Criterios de valoración
para incluir manifestaciones culturales en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial. La inclusión de una manifestación en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquiera de los ámbitos
señalados en el artículo 7° de este decreto con el propósito de asignarle un
Plan Especial de Salvaguardia, requiere que dentro del proceso
institucional-comunitario se verifique el cumplimiento de los siguientes
criterios de valoración: 1. Pertinencia. Que la manifestación corresponda a
cualquiera de los campos descritos en el artículo anterior. 2.
Representatividad. Que la manifestación sea referente de los procesos
culturales y de identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora,
creadora o identificada con la manifestación, en el respectivo ámbito. 3.
Relevancia. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el
grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera
fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada una
condición para el bienestar colectivo. 4. Naturaleza e identidad colectiva. Que
la manifestación sea de naturaleza colectiva, que se transmita de generación en
generación como un legado, valor o tradición histórico cultural y que sea
reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su
identidad, memoria, historia y patrimonio cultural. 5. Vigencia. Que la
manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tradición o
expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar
su vigencia. 6. Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la
manifestación sean justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad
identificada con ella, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y
el derecho consuetudinario de las comunidades locales. 7. Responsabilidad. Que
la manifestación respectiva no atente contra los derechos humanos, ni los
derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas.
[7] Advirtió que es un evento cultural importante en el municipio, que con
el paso del tiempo ha perdido algunas tradiciones, bienes y conocimientos, por
lo que es necesario contar con una instancia para su protección.
[8] Señaló que desde finales del siglo XIX hasta hoy el reconocimiento
social de esta celebración se mantiene.
[9] Expuso que la Semana Santa es valorada por la comunidad, donde
encuentran en ella la oportunidad de compartir una identidad que se ha
construido a través del tiempo.
[10] Refirió que en este evento participan feligreses, laicos colaboradores,
integrantes de los grupos de pasos, etc.
[11] Afirmó que si bien se trata de una manifestación religiosa, permanece
vigente como acontecimiento social, cultural, político y ceremonial periódico
(una semana al año).
[12] Indicó que se fundamenta en el derecho que cada ciudadano tiene a la
libertad de culto.
[13] Explicó que esta celebración no atenta contra los derechos humanos,
contra la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.
[14] Esta Junta está conformada por: Párroco
de la Parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado, Alcalde de Envigado, el
Secretario de Educación y Cultural, un representante de la Dirección de Cultura
del Municipio, un coordinador logístico de la Semana Santa de la Parroquia, el
Presidente de cofradías de Santa Gertrudis y un representante del Consejo de
Cultural Municipal.
[15] Explicó que este documento aún no está vigente en la medida que aún no
cuenta con el concepto favorable de Concejo Departamental de Patrimonio de
Antioquia.
[16] Busca hacer visible la importancia de la imaginería, desde los
símbolos, valores e historias que se tejen a su alrededor, mediante
exposiciones itinerantes, la construcción de un guion museológico; y diseño e
implementación de visitas pedagógicas en los días previos a la Semana Santa.
[17] Busca ampliar la documentación a través de una Monografía, así como
una recopilación y sistematización de documentos gráficos que cuentan la
historia de la Semana Santa, existentes en registros familiares, de fotógrafos
profesionales y aficionados, entre otros, para así montar un archivo histórico
y un inventario de la imaginería con la caracterización estética, simbólica e
histórica de la misma. Todo ello de acuerdo con lo contemplado en el artículo
14, medidas 6, 7, 8 y 9, del Decreto 2149 de 2009.
[18] Por medio de la cual se aprueba la
‘Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial’, aprobada
por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París
y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y
firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).
[19] Artículo 8°. Campos de alcance de la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial. La Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que correspondan a
uno o varios de los siguientes campos: 9. Eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo. Acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con
fines religiosos.
[20] Cuarto. DISPONER que recibida la documentación referida en el
numeral anterior, la Secretaría General de la Corte la deje a disposición de
los interesados y del Procurador General de la Nación por el término de tres
(3) días.
[21] Sentencias C-055 de 2013, C-819 y C-913 de
2011, C-646 de 2010, C-149 de 2009 y C-929 de 2007.
[22] Sentencias C-892 de 2012, C-012 de 2010 y
C-413 de 2003.
[23] En la Sentencia C-048 de 2004 se estableció que, “Los
ciudadanos pueden acudir a la acción pública de inconstitucionalidad para
demandar una norma que consideran contraria al ordenamiento superior, los
requisitos de la demanda establecidos por la ley, deben ser evaluados a la luz
del principio pro actione, de suerte que cuando se presente duda en relación
con el cumplimiento de los mismos se resuelva a favor del accionante y en ese orden
de ideas se admita la demanda y se produzca un fallo de mérito...”.
[24] “La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”: parte
final del inciso 3 del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, "Por el cual
se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban
surtirse ante la Corte Constitucional".
[25] Ver sentencias C-006 y C-001 de 2018, C-225 de 2017, C-619 de
2015, C-250 de 2012, C-574 de 2011, C-595 de 2010, C-061 de 2008, C-707 de
2005, C-569 de 2000, C-221 de 1997, C-356 de 1994, entre otras.
[26] Ver sentencias C-111 de 2017, C-441 y C-224 de 2016 y C-882 de
2011.
[27] Cfr. Preámbulo de la Declaración Universal sobre Diversidad
Cultural, adoptada en la Conferencia General de la Unesco, el 2 de noviembre de
2001. Este documento reconoce que la cultura adquiere formas diversas a través
del tiempo y del espacio, y que esa diversidad cultural es patrimonio común de
la humanidad. También recuerda que los derechos culturales hacen parte de los
derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. Una
definición similar fue acuñada por la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley
1185 de 2008.
[28] “Por la cual se desarrollan los
artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a
la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas
dependencias”. El artículo en cita fue modificado por el artículo 1° de la Ley
1185 de 2008.
[29] Cfr. artículo 1º de la Convención
sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954
-Unesco. Ver a su vez las sentencias C-224 de 2016, C-553 y C-264 de 2014, C-882 de 2011 y C-812 de 2007,
entre otras. Cabe advertir que la Convención sobre la Protección del
patrimonio mundial, cultural y natural, adoptada por la UNESCO en 1972, tomó
como criterio relevante la importancia de los bienes “desde la historia, el arte o la
ciencia”, al igual que su “valor universal excepcional”.
[30] Artículo 11.1 de la Ley 397 de 1997,
adicionado por el artículo 8 de la Ley 1185 de 2008. Ver también artículo 2.1
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, Unesco, 2003.
Según este último instrumento, el patrimonio inmaterial comprende, entre otros
elementos: “a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos
sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con
la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales”. Cfr.
Sentencia C-882 de 2011.
[31] En esta oportunidad correspondió a la Corte estudiar la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la ley 1645 de 2013, “por
la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa
de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”, el cual fue declarado inexequible.
[32] Artículo 8°. Campos de alcance de la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial. La Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que correspondan a uno o
varios de los siguientes campos: (…) 9. Eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo. Acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con
fines religiosos (…)”.
[33] “ARTÍCULO 14. Las Iglesias y confesiones religiosas con personería
tendrán, entre otros derechos, los siguientes: (…) b) De adquirir, enajenar y
administrar libremente los bienes muebles e inmuebles que considere necesarios
para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio artístico y
cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté bajo su posesión
legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el ordenamiento
jurídico (…)”. En similares términos se regula en el artículo 4º de la Ley
397 de 1997. En la sentencia C-088 de 1994 la Corte declaró la exequibilidad
condicionada de dicha norma, “siempre que no se trate de bienes
pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, que está sujeto a la
especial protección del Estado, con la posibilidad de que la ley establezca
mecanismos para readquirirlos”, lo cual reafirma que en algunas ocasiones
el patrimonio cultural de la Nación puede tener origen religioso.
[34] Sentencia C-224 de 2016.
[35] Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de
1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.
[36] Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.
[37] Una de las modificaciones de la Ley 1185
de 2008, consistió en la creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural
de la Nación, y la conformación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
como el máximo órgano asesor del Gobierno para la toma de decisiones respecto
del Patrimonio Cultural de la Nación, así como los Consejos Departamentales y
Distritales de Patrimonio Cultural.
[38] Por la cual se desarrollan algunos aspectos
técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza
inmaterial.
[39] La competencia y manejo de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial corresponde al Ministerio de
Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
y a las entidades territoriales. En todo caso, la inclusión de manifestaciones
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), deberá
contar con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural, o de los respectivos Consejos Departamentales o Distritales de
Patrimonio Cultural.
[40] Decreto 2941 de 2009 Artículo 9.
[41] A través de esta decisión la Corte conoció la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015 “Por
medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la
celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras
disposiciones”, los que fueron declarados exequibles.
[42] Como soporte de su argumento citó la
sentencia C-1192 de 2005, donde se consignó “En atención al reconocimiento
de la citada diversidad y en aras de promover e impulsar el acceso a las
tradiciones culturales y artísticas que identifican a los distintos sectores de
la población, la Constitución Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna
al legislador la atribución de señalar qué actividades son consideradas como
expresión artística y cuáles de ellas -en concreto- merecen un reconocimiento
especial del Estado”.
[43] En concreto, la sentencia en cita dispuso: “47. Todo lo anterior sugiere dos consideraciones: (i) si bien se
acepta que una manifestación religiosa pueda ser incluida en la LRPCI, la entidad
competente debe verificar el cumplimiento de los criterios que las
disposiciones pertinentes establecen para ello, siguiendo los estrictos
procedimientos establecidos en la legislación correspondiente y apoyándose en
un criterio secular para ello so pena de desconocer el principio de neutralidad
del Estado laico colombiano; (ii) si el Congreso de la República pretende
autorizar a un ente territorial para que destine recursos de su presupuesto con
el fin de promover una manifestación cultural con contenido religioso, el
juicio de constitucionalidad es más estricto, pues al no estar reglado dicho
trámite, la motivación de la norma debe fundarse en un fin secular, de tal
manera que la protección a la religión específica sea accesoria a un objetivo
laico primordial”.
[44] Ver sentencia C-054 de 2018, donde la Corte estudió la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 1767 de 2015 “Por
medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la
celebración de la Semana Santa  en Tunja, Boyacá, y se dictan otras
disposiciones” y resolvió declarar exequible, por los cargos analizados en
esta sentencia, la expresión “Reconózcase a (…) la Curia
Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja, como gestores y garantes del
rescate de la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa  de la ciudad
de Tunja, siendo el presente un instrumento de homenaje y exaltación a su
invaluable labor”.
[45] BverfGE 108, 282 de septiembre 24 de 2003, fundamento B, II,
aa), publicado en “Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal
alemán en las encrucijadas del cambio de milenio”, Benito Aláex Corral y
Leonardo Álvarez A.. Madrid, CEC,  2008, p. 1001
[46] Negrilla fuera del texto original.
[47] Lemon vs. Kurtzman de 1971 (Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602
(1971), fue la decisión hito en Estados Unidos para solucionar problemas
relacionados con la laicidad y neutralidad del Estado. En esta ocasión la Corte
Suprema de Justicia determinó que una Ley de Educación Secundaria y Primaria del
Estado de Pennsylvania, que establecía la posibilidad de que se reembolsara a
los profesores de las escuelas católicas un 15% del salario con fondos públicos
era inconstitucional. El fallo de 8 contra 1 estableció los tres principios
antes descritos (i) Que la ley ha de tener un propósito secular, (ii) Su efecto
primero o principal no debe ser ni inhibir ni promocionar la religión y (iii)
Su aplicación no debe propiciar un enmarañamiento (excessive entanglement)
entre el Estado y la religión. (Ver. Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y
Constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012,
pp. 61 y ss).
[48] Por ejemplo en el caso Zelman vs. Simmons-Harris, 536 U.S., 639, 718
(2002)
[49] Víctor Vásquez dice que este punto es que el non entanglement o
evitar el enmarañamiento se garantice una suerte de apariencia o decoro
institucional por parte del Estado (VÁSQUEZ ALONSO, Víctor, pp. 63 y 64).
[50] Este test ha sido utilizado en decisiones, como por ejemplo Walz
vs. Tax Commission of New York en la cual se establece la
constitucionalidad de la norma tributaria que exime en la ciudad de Nueva York
del pago de impuestos a las organizaciones religiosas por los edificios de su
propiedad destinados exclusivamente a fines culturales. Explica Vásquez que, “El
parámetro de juicio empleado por el Tribunal en esta ocasión, fue comprobar en
un primer lugar si el propósito legislativo de la excepción fiscal era el de
establecer o promover la religión. Una vez determinado el propósito
exclusivamente secular de la norma, la Corte se cuestiona su
constitucionalidad, examinando si su aplicación conducía o no de una ‘excesiva
interacción’ o ‘enmarañamiento’ (excessive entanglement) entre el Estado y la
religión, concluyendo la mayoría de los miembros del Tribunal que la excepción
fiscal creaba únicamente una mínima relación de interacción entre el Estado y
las iglesias (…)” (VÁSQUEZ ALONSO, Víctor J. Op. cit., p. 62).
[51] En aquella oportunidad se hizo alusión a la sentencia C-742 de
2006, que sobre la materia indicó: “[A] pesar de que es
cierto que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado, no es menos cierto que la Carta no establece fórmulas, ni mecanismos
precisos, ni unívocos que impongan los mecanismos o la manera cómo deben protegerse,
por lo que es lógico concluir que al legislador corresponde reglamentarlos,
haciendo uso de su libertad de configuración política. De hecho, el artículo 72
de la Carta dejó expresamente al legislador la tarea de establecer instrumentos
para readquirir los bienes que se encuentran en manos de particulares y de
reglamentar los derechos que pudieran tener los grupos étnicos asentados en
territorios de riqueza arqueológica.//De igual manera, si bien los artículos 8
y 70 superiores consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas
culturales de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos
los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de
ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo
a cargo de esa reglamentación.//De esta forma, para la Corte es claro que el
hecho de que el Constituyente hubiere señalado protección del Estado para el
patrimonio cultural de la Nación no significa que el legislador estuviese
impedido para delimitar su concepto o para diseñar diferentes formas de
protección para los bienes y valores que lo integran”.
[52] Este argumento fue expuesto en la sentencia C-111 de 2017, donde se
hizo alusión a las sentencias C-360 de 1996, C-290 de 2009, C-755 de 2014 y
C-244 de 2016.
[53] Se destacaron
las sentencias: (i) C-490 de 1994, en la cual la Corte Constitucional declaró
infundadas las objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de Ley No.
48/93 Cámara, 154/93 Senado, “Por la cual se introducen algunas modificaciones
a la Ley 38 de 1989, orgánica del presupuesto”; (ii) C-360 de 1996,
en la cual, la Corte estudió la constitucionalidad de una norma que disponía: “artículo
segundo: Para que ésta (sic) fecha no pase desapercibida y dando
cumplimiento a los artículos 334. 341 inciso final 345 y 346 de la Constitución
Nacional aprópiese dentro presupuesto la suma de Once Mil Millones de Pesos
($11´000.000.000.oo) para ejecutar las obras que a continuación se describen:
(...)”; C-290 de 2009 donde se declararon infundadas las
objeciones que por motivos de inconstitucionalidad fueron formuladas por el
Presidente de la República al artículo 2º del Proyecto de Ley No. 120 de 2006
Senado – 163 de 2007 Cámara, “por medio de la cual la Nación se asocia a la
celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del Municipio de Tibaná,
Departamento de Boyacá”; (iii) C-373 de 2010, la cual resolvió las objeciones
presidenciales formuladas a un proyecto de ley “por [el] cual la nación rinde honores a la memoria
del Doctor Luís Carlos Galán Sarmiento
con ocasión del
vigésimo aniversario de su fallecimiento”; (iv) C-197 de 2001
en la que la Corte declaró
inexequible el artículo 2º
del proyecto de ley Nº 22/98 Senado, 242/99 Cámara, “mediante la cual la
Nación se asocia a la conmemoración de los 250 años de fundación del municipio
de Chimichagua, Departamento del Cesar y se ordena la realización de obras de
infraestructura e interés social”, en razón de haberse encontrado fundadas
las objeciones presidenciales formuladas en contra de dicha norma, en la medida
que le estaba dando una orden al Gobierno para
asignar los recursos necesarios en la Ley de Presupuesto para realizar una
serie de obras públicas, y no se trataba de una simple autorización del
Congreso hacia el Gobierno, permitiéndole, o facultándolo para hacer las
apropiaciones respectivas; (v) C-755 de 2014 la Corte declarar infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por
el Gobierno Nacional en relación con el artículo 2º del proyecto de ley No. 143
de 2012 Senado, 331 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico
de la Nación al Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones”, dado que una
orden dirigida al Gobierno Nacional para que incluya, año tras año, una partida
en las leyes de apropiaciones para “contribuir al fomento, promoción,
difusión, protección, conservación y financiación del Carnaval de Riosucio”
mientras se lleve a cabo dicho carnaval, no era inconstitucional, pues lo que
hace es autorizar al Gobierno para efectuar las respectivas apropiaciones, las
cuales podrían o no hacerse; (vi) C-948 de 2014, en la que la Corte examinó la
demanda presentada contra la Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”,
a partir de lo cual se evaluó la competencia
del Congreso de la República para autorizar gasto público, con ocasión de la
autorización que esta entidad le dio al Gobierno para destinar las partidas
necesarias para la construcción de una carretera entre los municipios de Pueblo
Rico y Jericó (Antioquia).
[54] Esta postura se hizo palpable en la sentencia C-441 de 2016, donde la
Corte adelantó un ejercicio probatorio a efectos de establecer la laicidad de
los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, alusivos a la asignación de
partidas presupuestales a favor de la celebración de la Semana Santa en Tunja.
[55] Antecedentes legislativos de la Ley 1812
de 2016. Publicación del proyecto de ley Gaceta 609 del 20 de agosto de 2015;
informe de ponencia para primer debate, Cámara, Gaceta del Congreso 721 del 10
de septiembre de 2015; informe de ponencia para segundo debate, Cámara, Gaceta
del Congreso 921 del 12 noviembre de 2015; informe de ponencia para primer
debate, Senado, Gaceta del Congreso 250 del 10 de mayo de 2016; e informe de
ponencia para segundo debate, Senado, Gaceta del Congreso 373 del 8 de junio de
2016.
[56] Gaceta del Congreso 721 del 18 de septiembre de 2015.
[57]Se citó el siguiente enlace: www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/marzo/semana-santa
[58] Esta disposición normativa establecía: “A partir de la vigencia de la presente ley, la administración
municipal de Pamplona estará autorizada para asignar partidas presupuestales de
su respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones
consagradas en la presente ley”.
[59] Artículo 1. Declárese como patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa de la
Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia.
[60] Esta Junta está conformada por: El
Párroco de la Parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado, el Alcalde de
Envigado, el Secretario de Educación y Cultural, un representante de la
Dirección de Cultura del Municipio, un coordinador logístico de la Semana Santa
de la Parroquia, el Presidente de cofradías de Santa Gertrudis y un
representante del Consejo de Cultural Municipal.
[61] Ver fundamento jurídico 48.
[62] Cultura, culturas y constitución. Jesús de Prieto. Centro de estudios
constitucionales, Madrid 1995.
[63] Ibídem.
[64] Estado de cultura, derechos culturales y libertad religiosa. Beatriz
González Moreno. Civitas, Madrid 2003.
[65] Ibídem.
[66] Intervención tomada de la sentencia C-567 de 2016.
[67] Publicación del proyecto de ley Gaceta
609 de 2015; primer debate Gaceta 721 de 2015 (Cámara) y 250 de 2016 (Senado);
y segundo debate 921 de 2015 (Cámara) y 373 de 2016 (Senado).
[68] La fuente de información para el tema de indicadores
se obtuvo de la consolidación de información de usuarios atendidos en los
puntos con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico; la información de
los hoteles es suministrada por los administradores de los establecimientos
hoteleros.