T-471-17
Sentencia
T-471/17
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones
para aceptar que se presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración
y presentación
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez
debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es
eficaz e idóneo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia de la
acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable pese a existir otro
medio de defensa judicial
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
ACCION DE TUTELA-Carga de la prueba corresponde a quien instaure la acción/JUEZ
DE TUTELA-Práctica de pruebas de oficio
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
La
procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones
pensionales se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo
transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa
para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii)
procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto
para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales
circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la acción de
tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el examen
de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONO PENSIONAL-Subreglas jurisprudenciales
de procedencia
Este Tribunal ha
establecido que en materia de reconocimiento y pago de un bono pensional, la
procedencia de la acción de tutela está condicionada a la verificación de las
siguientes subreglas jurisprudenciales: i) el acceso a la pensión de vejez está
supeditada a la expedición del bono pensional; o ii) el trámite para su
expedición se ha prolongado excesivamente; o iii) la vía constitucional es
utilizada para evitar un menoscabo en los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la dignidad humana.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Instrumentos
internacionales que reconocen su importancia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO AL MINIMO
VITAL-Relación
REGIMENES PENSIONALES ANTERIORES A LA LEY 100 DE 1993
PENSION DE VEJEZ-Naturaleza y finalidad
La
pensión de vejez constituye una prestación económica que se configura después
de largos años de trabajo y aportes de cotizaciones al sistema general de
seguridad social, su finalidad es la de proteger a las personas cuando en razón
de su edad, presentan una disminución de su capacidad laboral, que se traduce
en dificultades para obtener los recursos necesarios para tener una vida digna.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA
PENSION DE VEJEZ-Concepto
El
reconocimiento de la pensión de vejez está condicionado al cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley. Sin embargo, en ocasiones, las personas no
logran acreditar las exigencias dispuestas por el Legislador para acceder al
mencionado derecho. En estos eventos, opera una prestación compensatoria
denominada indemnización sustitutiva de la pensión.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Finalidad
Esta
prestación tiene como objetivo garantizar los derechos a la vida, a la
integridad física, al trabajo y a la igualdad, para evitar que una persona esté
en la obligación de continuar con su actividad laboral más allá de su capacidad
física y laboral, hasta cumplir el tiempo mínimo de cotización y acceder a la
pensión.
DERECHO A LA INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Se deben tener en cuenta las semanas cotizadas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993
La
Corte ha sostenido que, para realizar la liquidación de la indemnización
sustitutiva, los fondos administradores encargados de su reconocimiento deben
tener en cuenta todos los aportes efectuados al sistema, inclusive aquellos
realizados antes de que la Ley 100 de 1993 entrara en vigencia.
MOVILIDAD DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Trascendencia ius
fundamental del bono pensional
El
bono pensional constituye un valioso instrumento para el financiamiento de las
pensiones o de la indemnización sustitutiva mediante la movilidad de recursos
económicos comprometidos con el reconocimiento de los derechos pensionales de
los usuarios. Tienen una innegable trascendencia ius fundamental, pues su
emisión resulta determinante para el reconocimiento del derecho a la pensión y
en consecuencia permite garantizar el derecho fundamental al mínimo vital. En
su trámite intervienen tanto las entidades emisoras como la administradora del
fondo de pensiones, mediante el ejercicio de actuaciones administrativas
conjuntas y coordinadas.
BONOS PENSIONALES-Concepto
Esta
Corporación ha considerado que los bonos pensionales constituyen aportes
destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para el
financiamiento de las pensiones de los usuarios del sistema. Conforme a lo
expuesto, para la Corte los bonos pensionales son documentos crediticios que
representan en dinero el tiempo de afiliación o de servicios de una persona, el
cual se materializa cuando el individuo ha cumplido con los requisitos exigidos
por la legislación para obtener su pensión de vejez.
BONOS PENSIONALES-Clases
Conforme
al artículo 1º del Decreto 1748 de 1995, los bonos pensionales pueden ser de
tipo A o de tipo B. Los bonos de tipo A son aquellos que se expiden a personas
que se trasladan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Por su parte,
los bonos tipo B son los regulados por el Decreto 1314 de 1994 y se expiden a
servidores públicos que se trasladen al ISS después de la fecha de entrada en
vigencia del sistema general de pensiones.
BONOS
PENSIONALES TIPO B-Etapas del trámite
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA-Puede
ser solicitada en cualquier tiempo
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Vulneración por
negar injustificada e irrazonablemente reconocimiento y remisión de bono
pensional del accionante a Colpensiones
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Vulneración por cuanto Colpensiones eludió
obligación de gestionar a nombre del afiliado la expedición del bono pensional
y además por resolver solicitudes presentadas por el usuario sin haber
reconstruido su historia laboral
Referencia: Expediente T-
6.033.374
Acción de tutela promovida por Faustino
Romero Quintero contra las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y COLPENSIONES
Procedencia: Sala de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Asunto: Protección constitucional
de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona
que hace parte de un grupo de especial protección constitucional por pertenecer
a la tercera edad.
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Iván
Humberto Escrucería Mayolo (e.) y por las Magistradas Cristina Pardo
Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
providencias dictadas el veinte (20) de septiembre de 2016, por el Juzgado
Quince (15) Civil del Circuito de Oralidad de Cali; y del veintiséis (26) de
octubre de 2016, por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali, dentro del expediente de tutela T-6.033.374,
promovida por Faustino Romero Quintero contra las Empresas Públicas de Armenia
E.S.P.,-en adelante EPA- y la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-.
El expediente fue remitido a esta
Corporación mediante oficio número 24265 del once (11) de noviembre de 2016,
por la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cali, en
cumplimiento de los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto
2591 de 1991. La Sala de Selección Número Tres de la Corte, mediante auto del dieciséis
(16) de marzo de 2017, resolvió seleccionar para su revisión el asunto de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
El actor formuló acción de tutela
contra las entidades accionadas por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la
protección especial a las personas de la tercera edad, generada por
la negativa de reliquidar la indemnización sustitutiva de la pensión, con base
en el tiempo laborado para las EPA en el periodo comprendido del catorce (14) de
enero de 1954 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 1966.
El ciudadano solicitó que se
ordene a las EPA la expedición del bono pensional por el tiempo efectivamente
laborado para esa entidad y lo remita a COLPENSIONES para que reliquide la
indemnización sustitutiva con fundamento en los periodos trabajados para las
Empresas Públicas de Armenia.
Hechos relevantes
1. El
señor Faustino Romero Quintero manifestó que nació el trece (13) de febrero de
1926 y tiene 91 años de edad.
2. Expresó
que estuvo vinculado por 17 años a las Empresas Públicas de Armenia en calidad
de empleado público, desde el catorce (14) de enero de 1954 hasta el veinte
(20) de septiembre de 1970.
Afirmó que desde
el primero (1°) de enero de 1954 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
1966, las Empresas Públicas de Armenia se encargaron de recaudar sus aportes a
pensión. De otra parte, en el periodo comprendido del primero (1°) de enero de
1967 y hasta el dieciséis (16) de junio de 1976, cotizó para pensión al
Instituto de Seguros Sociales – en adelante ISS- mientras estuvo vinculado
laboralmente a las EPA y posteriormente con otras empresas.
3. Señaló
que presentó solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante el Instituto
de Seguros Sociales, la cual fue negada mediante Resolución No. 13054 del
veintiséis (26) de agosto de 2005[1].
Sin embargo, en el mencionado acto, la entidad le reconoció la indemnización
sustitutiva de la prestación pensional, con fundamento en 194 semanas cotizadas
y un ingreso base de liquidación –IBL- de $553.018.
4. Expuso
que el quince (15) de enero de 2006, allegó al Instituto de Seguros Sociales,
una certificación de salarios para bono pensional y una constancia laboral de
los periodos comprendidos entre el catorce (14) de enero de 1954 y el veinte
(20) de septiembre de 1970, con la finalidad de aportar más elementos de prueba
que sustentaran su solicitud de reconocimiento pensional.
5.
Manifestó que el Instituto de Seguros Sociales mediante las Resoluciones
Números 11582 de 2006 y 900064 de 2007[2],
confirmó de una parte la negación del reconocimiento y pago de la pensión de
vejez; y, de otra, la concesión de la indemnización sustitutiva con fundamento
en 194 semanas cotizadas.
Adujo que en la
mencionada Resolución 900064 del 2007, el ISS le reconoció un total de 5414
días equivalentes a 773 semanas cotizadas durante el periodo laborado como
servidor público y con otros empleados. No obstante, al revisar el mencionado
acto administrativo, se observa que esa información se refiere al señor Ángel
María Medina Lasso[3].
6.
Indicó que presentó demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de
Seguros Sociales y de las Empresas Públicas de Armenia para el reconocimiento y
pago de su pensión de vejez, la cual fue conocida por el Juzgado Noveno Laboral
Adjunto de Cali. La acción judicial solo continuó contra el ISS, puesto que el
actor no agotó el requisito de reclamación administrativa contra las EPA.
Ese despacho,
mediante sentencia No. 217 del treinta (30) de noviembre de 2010, resolvió
absolver al Instituto de Seguros Sociales de reconocer y pagar a favor del
accionante la pensión de vejez, con fundamento en que no cumplía con el número
de semanas cotizadas. No obstante, expuso que el actor en su demanda manifestó que
tenía un total de 773 semanas por todo el tiempo laborado a lo largo de su vida[4].
La mencionada providencia fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cali mediante sentencia No. 88 del 31 de mayo de 2011[5].
7.
Precisó que el dos (2) de diciembre de 2015, solicitó ante COLPENSIONES la
respectiva reliquidación y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, la cual fue negada por parte de la entidad mediante Resolución No.
GNR 75386 del nueve (9) de marzo de 2016[6].
Ese acto administrativo indicó que la sustitución fue reconocida mediante la
Resolución No. 13054 del 2005 y girada en la nómina de ese mismo año. Además,
expresó que el pago de esa acreencia se encontraba prescrita en razón a que fue
reconocida con anterioridad al veintitrés (23) de noviembre de 2006, fecha en
que supuestamente se produjo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, sin
que especificara con precisión la naturaleza y el número de la providencia a la
que hace mención.
En efecto, esa
entidad enfatizó que: “Así las cosas, como quiera que la primera sentencia
que se profirió en relación la imprescriptibilidad de la indemnización
sustitutiva fue proferida por la Corte Constitucional el día 23 de noviembre de
2006, por el Magistrado Ponente Rodrigo Escobar gil, será esta la fecha que se
tome como punto de partida para declarar la imprescriptibilidad en el cobro,
esto es, todas las indemnizaciones sustitutivas (vejez, invalidez o sobrevivientes)
reconocidas hasta el 22 de noviembre de 2006, que no haya (sic) sido cobradas
transcurridos 1 año después de su reconocimiento, se encuentran prescritas.”[7]
Adicionalmente,
le manifestó que el pago de la indemnización requerida le corresponde a las
Empresas Públicas de Armenia por el tiempo que laboró para esa entidad, de
conformidad con el artículo 2° del Decreto 1730 de 2001.
8.
Con fundamento en lo anterior, el ciudadano sostuvo que presentó el treinta
(30) de junio de 2016 ante las EPA, solicitud para el reconocimiento de la
respectiva indemnización, la cual fue resuelta negativamente mediante documento
No. GG 2058 del ocho (8) de agosto de 2016, con base en la prescripción de la
prestación solicitada y en que no le corresponde el pago de la misma.
9. Declaró
que su estado civil es casado, su esposa tiene 69 años de edad, son personas de
la tercera edad y tienen diferentes padecimientos de salud que les impiden
trabajar. Específicamente el actor anexa parte de su historia clínica en la que
se observa que sufre de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, riesgo
de EPOC y obesidad grado 1, entre otros[8].
Mencionó que ambos dependen de su hija y de los vecinos que esporádicamente les
prestan ayuda económica.
10.
Por esta razón, el demandante instauró acción de tutela contra COLPENSIONES y
las Empresas Públicas de Armenia, para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la vida en condiciones
dignas y a la protección especial a las personas de la tercera edad, y en
consecuencia se ordene a las EPA la expedición del correspondiente bono
pensional con base en el tiempo laborado para aquellas y sea remitido a la
administradora de pensiones para que reliquide la indemnización sustitutiva,
con fundamento en la totalidad de los periodos trabajados para la entidad
pública.
Actuación procesal y
contestaciones de las entidades accionadas
Primera
instancia
El Juzgado
Quince Civil del Circuito de Oralidad de Cali conoció de la acción de tutela en
primera instancia, ese despacho avocó conocimiento mediante auto del siete (7)
de septiembre de 2016, en el que ordenó requerir a las entidades accionadas
para que se pronunciaran sobre la solicitud de amparo.
Respuestas de
las entidades accionadas
La
Administradora Colombiana de Pensiones–COLPENSIONES presentó
escrito de contestación de la tutela el catorce (14) de septiembre de 2016,
ante el juez de primera instancia, en el que manifestó que el despacho judicial
de conocimiento no tenía competencia para realizar un análisis de fondo frente
al pago de una indemnización sustitutiva, más en este caso en el que el actor
pretende desnaturalizar la acción de tutela y eludir el proceso ante la
jurisdicción ordinaria[9].
Por su parte,
las Empresas Públicas de Armenia–EPA[10]
radicaron escrito el dieciséis (16) de septiembre de 2016, ante el juez de
primera instancia, en el que se opusieron a las pretensiones de la solicitud de
amparo, con fundamento en las siguientes razones:
- Prescripción
de la sustitución pretendida por el actor: consideraron
que el derecho a la indemnización sustitutiva prescribió, puesto que mediante
Resolución No. 13054 del 2005, el ISS le reconoció la mencionada prestación con
base en 194 semanas de cotización por valor de un millón ciento veintiocho mil
ciento cincuenta y siete pesos ($1.128.157.oo), dineros que fueron consignados
en el Banco Popular y que nunca fueron cobrados[11].
Con fundamento
en lo expuesto, expusieron que la fecha a partir de la cual comenzó a aplicarse
el criterio de imprescriptibilidad es el veintitrés (23) de noviembre de 2006,
según la sentencia proferida por la Corte Constitucional[12]
de esa misma fecha[13].
-
Las Empresas Públicas de Armenia, no tienen como naturaleza jurídica el
reconocimiento de indemnización sustitutiva, pues lo que se llegaría a
generar en este caso es un bono pensional, que no puede ser pagado directamente
al actor sino que debe ser transferido al fondo de pensiones correspondiente[14].
Decisiones
objeto de revisión
Primera
instancia
El despacho de
conocimiento, mediante fallo del veinte (20) de septiembre de 2016, resolvió
negar por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados,
puesto que no se acreditaron los requisitos de procedibilidad y tampoco se
demostró la afectación al mínimo vital del accionante[15].
Segunda instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conoció la
impugnación y, mediante sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2016,
resolvió: i) confirmar el fallo recurrido en cuanto negó el reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva reclamada por el accionante; y ii) tutelar
el derecho fundamental a la seguridad social del señor Faustino Romero
Quintero, y en consecuencia:
“ORDENAR a
las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y a la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES, que de manera concertada y en un plazo de quince (15)
días, contabilizados a partir de la notificación de este fallo, de manera
precisa y con los fundamentos jurídicos y contables pertinentes, le indiquen al
señor Faustino Romero Quintero si tiene o no el derecho al desembolso del bono
pensional y, en caso afirmativo, lo que el gestor debe hacer para
materializarlo lo más pronto posible sin establecerle al solicitante cargas que
por su condición está en imposibilidad de asumir.”[16]
Actuaciones en
sede de revisión
Este despacho,
mediante auto del treinta (30) de mayo de 2017, resolvió: i) ordenar la
vinculación procesal al presente trámite de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP; ii) oficiar a COLPENSIONES y a las Empresas Públicas de Armenia – EPA,
para que remitieran información relacionada con el cumplimiento de la orden de
amparo proferida por el juez de segunda instancia, la historia laboral del
accionante, la entidad encargada de recaudar y administrar los aportes a la
seguridad social del demandante durante el periodo trabajado a las EPA y la
institución responsable de reconocer y pagar la indemnización sustitutiva
pretendida por el actor; iii) oficiar al Juzgado Quince
Civil del Circuito de Oralidad de Cali, para que remitiera con destino a este
expediente información sobre el cumplimiento de la sentencia del veintiséis
(26) de octubre de 2016, proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cali; y, iv) oficiar a la UGPP para que
informara si actualmente administra los recursos económicos de las EPA para
cubrir aportes a pensión de sus empleados en el periodo comprendido entre el
primero (1°) de enero de 1954 y el treinta y uno (31) de diciembre de 1966,
además, si es la encargada de administrar los aportes a pensión del accionante,
y que manifestara qué entidad es la responsable de resolver la indemnización
sustitutiva de la pensión del tutelante.
Adicionalmente,
se ordenó oficiar al señor Faustino Romero Quintero para que, de una parte, expusiera
si las entidades accionadas dieron cumplimiento a la orden proferida por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali,
contenida en el numeral 2° de la parte resolutiva de la sentencia del
veintiséis (26) de octubre de 2016, en el sentido de informarle al accionante:
a) si tiene o no derecho al desembolso del bono pensional; b) las gestiones que
debe realizar para hacerlo efectivo; y, c) si actualmente es beneficiario de la
indemnización sustitutiva de la pensión pretendida en esta solicitud de amparo.
Y de otra, precisara si la pretensión contenida en la acción de tutela se
refiere al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva o de su
derecho a la pensión de vejez.
De acuerdo con
el informe secretarial del dieciséis (16) de junio de 2017, durante el término
otorgado en la mencionada providencia, se recibieron los siguientes documentos:
i)
Oficio No. 1100-04-014 del ocho (8) de junio de 2017[17],
radicado en la Secretaría General de esta Corte en la misma fecha, suscrito por
el Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, en el
que expresó que esa entidad no ha asumido competencia alguna para administrar
los recursos económicos de las EPA, por lo que no es la encargada de
administrar los aportes a pensión del señor Faustino, durante el periodo
laborado para la mencionada empresa pública.
ii)
Escrito remitido por el señor Faustino Romero Quintero, recibido
en la Secretaría General de este Tribunal el doce (12) de junio del presente
año[18],
en el que manifestó que recibió el veintinueve (29) de noviembre de 2016, el
oficio No. GTHP-101 del once (11) de ese mismo mes y año suscrito por las EPA,
en el que esa entidad le expresó acatar lo ordenado por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali, en el sentido de indicarle que no era viable reconocerle
el bono pensional para financiar la indemnización sustitutiva pretendida,
además que no es competente para reconocer la mencionada pretensión o realizar
la devolución de saldos[19].
Adujo que el
nueve (9) de junio de 2017, recibió el oficio DJSG-135 del cinco (5) de junio
de 2017, remitido por las EPA, en el que esa entidad le informó su disposición
para reconocer el Bono Pensional Tipo “B”, por el tiempo que el actor laboró
para esa empresa[20].
Finalmente,
añadió que la acción de tutela la interpuso para obtener el reconocimiento de
su derecho pensional de vejez, o en su defecto el pago de la indemnización
sustitutiva[21].
iii)
Comunicación de las Empresas Públicas de Armenia – EPA, radicada
en la Secretaría General de esta Corporación el trece (13) de junio de 2017[22],
en la que manifestaron que no habían acatado la orden del juez de segunda
instancia, contenida en la sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2016,
proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito de
Cali, por falta de notificación de dicha providencia, por tal razón procedían a
dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto por ese despacho judicial, en el
sentido de que se le reconociera al accionante un bono pensional “Tipo B”, el
cual será redimido a la entidad que le reconozca la pensión de vejez[23].
Adicionalmente,
la Secretaría General de esta Corporación, certificó que durante el término
otorgado por el auto del treinta (30) de mayo de 2017, no se recibió respuesta
alguna por parte de COLPENSIONES y del Juzgado Quince Civil del Circuito de
Oralidad de Cali.
No obstante, COLPENSIONES radicó
ante la Secretaría General de esta Corporación, el veinte (20) de junio de 2017[24],
escrito mediante el cual reiteró los argumentos consignados en la Resolución
GNR 73586 del nueve (9) de marzo de 2016.
En atención a lo
expuesto, la Sala consideró necesario proferir el auto de fecha veintidós (22)
de junio de 2017, el que ordenó se requiriera a las Empresas Públicas de
Armenia, para que informaran lo siguiente:
a) Cuál
era la asignación mensual percibida por el accionante durante su vinculación a
esa entidad. De igual manera, debían indicar de forma discriminada los periodos
laborados, las semanas de cotización y el valor aportado por la entidad en cada
lapso de tiempo.
b)
Cuál es el valor del bono pensional “Tipo B” que reconocerán al señor Faustino
Romero Quintero.
c)
Cuáles son los factores salariales tenidos en cuenta para liquidar el bono
pensional “Tipo B”, cuyo beneficiario es el demandante.
d) Al
haber manifestado que darían cumplimiento inmediato a la orden proferida por el
juez de segunda instancia, contenida en la sentencia del veintiséis (26) de
octubre de 2016, dictada por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali, debían remitir copia del acto administrativo
mediante el cual reconocían el bono pensional a favor del actor y además,
ordenaban su remisión a COLPENSIONES.
e)
Adicionalmente, debían expresar las razones por las cuales no se había
reconocido el bono pensional al actor, si, según la entidad, tenía derecho al
mismo.
Adicionalmente
se ordenó que se requiriera a COLPENSIONES y al Juzgado Quince Civil del
Circuito de Oralidad de Cali, para que en el improrrogable término de un (1)
día, contado a partir de la notificación de la presente providencia, procediera
a dar cumplimiento al auto del treinta (30) de mayo de 2017.
En ese sentido,
la Sala decretó la suspensión de los términos en la tutela de la referencia
hasta por quince (15) días, con la finalidad de garantizar el cumplimento de
las órdenes proferidas en el auto del treinta (30) de mayo de 2017, las cuales
están relacionadas con la práctica de pruebas determinantes para resolver el
presente asunto, así como, el derecho de defensa y contradicción de las partes
y de otorgarle al juez constitucional un término razonable para valorar las
pruebas solicitadas, antes de proferir la correspondiente sentencia de fondo.
La UGPP radicó
ante la Secretaría General de la Corte y vía correo electrónico el veintisiete
(27) de junio de 2017, escrito mediante el cual reiteró que el accionante no
tiene ninguna relación con la entidad, por lo cual solicitó su desvinculación
al presente trámite[25].
Esta Sala de Revisión, con la
finalidad de conocer la situación personal, económica y social del actor y su
núcleo familiar, con fundamento en los principios de informalidad y celeridad
que orientan el trámite procesal de la acción de tutela, accedió el doce (12)
de julio de 2017, a las bases de datos que contienen información pública y
oficial sobre los usuarios del Sistema General de Seguridad Social,
específicamente la Base de Datos Única de Afiliación al Sistema de Seguridad
Social[26],
administrada por el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (FOSYGA) y pudo
establecer que el accionante se encuentra actualmente afiliado a CAFESALUD EPS,
en el régimen subsidiado, como cabeza de familia.
La Secretaría
General de esta Corporación, mediante informe del doce (12) de julio de 2017,
en cumplimiento del auto del veintidós (22) de junio de 2017, indicó lo
siguiente:
i) Las
Empresas Públicas de Armenia radicaron el seis (6) de julio
del presente año vía fax[27]
y diez (10) del mismo mes y año[28],
escrito mediante el cual daban cumplimiento a la providencia mencionada
previamente, en el sentido de manifestar que: a) los factores salariales
devengados por el actor se evidencian en las tarjetas kardex que se adjuntan a
su escrito físico, las cuales en la versión remitida vía fax resultaron
ilegibles[29];
b) las semanas de cotización se realizaron desde el primero (1°) de enero de
1967, cuando el ISS asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte; c) los
bonos pensionales tipo B “(…) se liquidan única y exclusivamente cuando el
fondo de pensiones al que esté afiliado el accionante, reconozca pensión (sic)
de vejez, una vez reconocida la pensión (sic), este fondo solicitara (sic) a
(sic) Empresas Públicas de Armenia, su redención y solo hasta ese momento se
podrá hacer efectivo”[30].
Para sustentar esta afirmación presentó información contenida en la página web
de COLPENSIONES y en el documento denominado “ABC de Bonos” del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público del dos (2) de noviembre de 2009.
De igual manera,
expresó d) que en cuanto a los factores salariales para liquidar el bono
pensional “(…) se informa que, de acuerdo a los aportes que se realizaron en
salud, por parte de Empresas Públicas de Armenia, en su momento; COLPENSIONES,
tendrá en cuenta ello para realizar la liquidación”[31],
y finalmente e) la orden del juez de segunda instancia no gravitó en torno al
reconocimiento u otorgamiento del bono pensional al actor, por tal razón no se
puede expedir dicho documento hasta que COLPENSIONES le reconozca la pensión de
vejez, momento en el que deberá solicitar a las EPA su redención.
ii) La
Administradora Colombiana de Pensiones–COLPENSIONES,
presentó el treinta (30) de junio de 2017[32],
escrito en el que precisó lo siguiente:
a)
Esa entidad dio cumplimiento a la providencia del veintiséis (26) de octubre de
2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
mediante Resolución GNR 328618 del tres (3) de noviembre de 2016, la cual
reiteró la negativa de reconocer la indemnización sustitutiva de pensión de
vejez. De esta situación se informó al despacho de primera instancia el quince
(15) de noviembre de ese año, mediante comunicación No. BZG
2016_12810135-4369653 del doce (12) del mismo mes y año, en la que además
solicitó declarar el cumplimiento de la orden de tutela[33].
b) El
antiguo ISS inició en enero de 1967 la cobertura en el departamento de
Risaralda (sic) de los riesgos de invalidez, vejez y muerte cubiertos por el
seguro de pensión, por lo que no existen cotizaciones al accionante registradas
en sus bases de datos durante el periodo comprendido entre enero de 1954 y
diciembre de 1966.
c) Al
actor se le reconoció una indemnización sustitutiva de pensión de vejez
mediante Resolución No. 13054 de 2005, proferida por el ISS, por un valor de un
millón ciento veintiocho mil ciento cincuenta y siete ($1.128.157.oo), dineros
que fueron girados en la nómina de septiembre de 2005 en el Banco Popular.
d) La
indemnización sustitutiva fue reconocida con anterioridad al veintitrés (23) de
noviembre de 2006, por lo que se encuentra prescrita para su cobro.
e) A
las EPA les corresponde el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por
el periodo comprendido entre enero de 1954 y septiembre de 1970.
iii) El
Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Cali,
radicó el cuatro (4) de julio de 2017, vía correo electrónico, el oficio No.
2193 de esa misma fecha[34],
en el que certificó que ese despacho no ha recibido respuesta por parte de las
entidades accionadas que permitan acreditar el cumplimento de la orden de
tutela emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. De igual
forma, adujo que la parte actora no ha presentado ninguna solicitud para
iniciar el incidente de desacato.
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cuestión
previa a la formulación del problema jurídico
2. Antes de la formulación del
problema jurídico relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales
a la seguridad social, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la
protección especial a las personas de la tercera edad, la Sala debe
ocuparse del estudio de los requisitos generales de procedibilidad y su
demostración en la solicitud de amparo de la referencia como cuestión previa. A
tal efecto, analizará en conjunto si en el presente asunto se demuestran los
presupuestos necesarios de procedencia para solicitar el reconocimiento y pago
de una acreencia pensional, como son: i) legitimación por activa; ii)
legitimación por pasiva; iii) inmediatez; y, iv) subsidiariedad, para que, una
vez se verifique su acreditación, si es del caso, formule el respectivo
problema jurídico que permita realizar el examen de las presuntas vulneraciones
a los derechos fundamentales invocadas en el escrito de tutela.
Examen de
procedencia de la acción de tutela
Legitimación
por activa
3. Conforme al artículo 86 de la
Carta, toda  persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para
procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.
4. Por su parte, el artículo 10º
del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción
de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser
presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por
medio de apoderado judicial; o iv) mediante agente oficioso.
En
consecuencia, se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de
tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona
actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado
judicial o mediante agente oficioso; y ii) procure la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales.
5. En el caso objeto de estudio, se
acredita que el señor Faustino Romero Quintero se encuentra legitimado en la
causa por activa para formular la acción de tutela de la referencia, pues es
mayor de edad, actúa en nombre propio y manifiesta la actual violación de sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a
la vida en condiciones dignas y a la protección especial a las personas de la
tercera edad.
Legitimación por
pasiva
6. La legitimación en la causa por
pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de
quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está
llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una
vez se acredite la misma en el proceso[35]. Conforme a
los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela procede contra cualquier autoridad pública y frente a particulares.
7. En el presente asunto la acción
de tutela se dirige de una parte, contra la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES la cual, según el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007,
es una empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, cuyo
objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con
prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos
periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.
De
otra parte, también se formuló en contra de las Empresas Públicas de Armenia -EPA,
entidad pública que tiene la naturaleza de empresa industrial y comercial del
Estado, creada mediante Acuerdo 011 de 1996, proferido por el Concejo Municipal
de Armenia[36].
Conforme
a lo expuesto, se trata de entidades públicas que tiene capacidad para ser
parte, por lo que se encuentran legitimadas en la causa por pasiva para actuar
en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591 de
1991[37].
Inmediatez
8. Esta Corporación ha reiterado
que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la
inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse
en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[38],
su interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[39],
bajo el entendido que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
No
obstante, existen eventos en los que prima facie puede considerarse que
la acción de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente,
pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneración de los derechos
fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo.
En estos
casos, el análisis de procedibilidad excepcional de la petición de protección
constitucional se torna mucho más estricto y está condicionado a la
verificación de los siguientes presupuestos[40]: i) la
existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como
podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en
un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo[41],
entre otros; ii) cuando la vulneración de los derechos fundamentales es
continua y actual; iii) la carga de la interposición de la solicitud de amparo
en un determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de
otra, contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13
Superior.
En
sentencia T-383 de 2009[42],
esta Corporación consideró que la demora en la formulación de la acción de
tutela se debió a motivos válidos que le impidieron al actor solicitar la
protección constitucional en determinado plazo, pues se acreditó en el
expediente que se trataba de una persona de escasos recursos económicos, con
graves problemas de salud que le generaron la declaratoria de invalidez,
situaciones que justifican el paso del tiempo entre la vulneración acusada y la
presentación del amparo y hacen menos estricto el requisito de procedibilidad
atinente a la inmediatez.
Estas
reglas jurisprudenciales, han sido observadas por la Corte en diferentes
pronunciamientos. En efecto, en sentencia T-485 de 2011[43],
este Tribunal expresó que la carga de imposición de la acción de tutela en un
determinado tiempo resulta desproporcionada cuando los accionantes son de la
tercera edad[44] y se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta originada por la precaria
situación económica que viven, debido a la falta de reconocimiento de la
pensión que reclamaban y su delicado estado médico. En aquella oportunidad se
reiteró que la inmediatez no puede alegarse como excusa para eludir la
protección constitucional requerida por una persona que sufre serios deterioros
en su salud[45].
Posteriormente
en sentencia T-805 de 2012[46],
la Corte manifestó que el periodo de tiempo transcurrido para interponer el
amparo fue razonable, en atención a las especiales condiciones del actor, pues
se trató de una persona de la tercera edad (77 años), sin la posibilidad
económica para sufragar sus gastos de subsistencia y su precaria situación de
salud. Lo que además demostró que la amenaza de sus derechos fue continua y
actual.
9. Ahora
bien, la Sala considera que este requisito se cumple en el presente asunto,
puesto que la negativa de las EPA de reconocer y pagar la acreencia pensional
solicitada por el actor, se materializó con la comunicación del ocho (8) de
agosto de 2016 y la acción de tutela fue interpuesta el siete (7) de septiembre
de 2016, es decir, un (1) mes después de la respuesta ofrecida por la entidad,
término que se estima prudente y razonable. Además en este caso se evidencia
que las presuntas vulneraciones acusadas tienen vocación de actualidad porque
se han perpetuado en el tiempo, debido a la negativa de las entidades
accionadas de reliquidar oportunamente la indemnización sustitutiva con base en
el tiempo laborado en las EPA, que no ha sido reconocido por esa empresa pública,
lo que presuntamente afecta su derecho a la seguridad social, situación que
termina de agravarse en razón a su avanzada edad, pues actualmente tiene 91
años.
Subsidiariedad
10. El inciso 4º del artículo 86 Superior
consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del
mismo modo, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que
el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de
defensa judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se
encuentre el solicitante.
En
la sentencia T-1008 de 2012[47],
esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede
de manera subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un medio alternativo o
facultativo que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios
establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede
abusar del amparo constitucional ni vaciar de competencia a la jurisdicción
ordinaria, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito,
toda vez que éste no ha sido consagrado para reemplazar los medios judiciales
dispuestos por el Legislador para tales fines.
Posteriormente,
en las sentencias T-373 de 2015[48] y T-630
de 2015[49],
estableció que si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, el afectado debe agotarlos de forma principal y no utilizar
directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la
administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de
la administración de justicia.
Ahora
bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto
2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de
los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas excepciones al
principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela. La
primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario
diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que “siendo apto para
conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable,
pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de
la tutela”[50].
En
el primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser
analizada en cada caso concreto, en consideración a las características
procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un
medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado[51].
En
relación con la idoneidad del recurso ordinario, esta Corporación en la sentencia
SU-961 de 1999[52]
indicó que en cada caso, el juez de tutela debe evaluar y determinar si el
mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar una protección
completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos, el
operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma definitiva o
transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen.
En el
mismo sentido, la sentencia T-230 de 2013[53],
indicó que una de las formas para determinar que el mecanismo no es idóneo, se
presenta cuando éste no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto
en toda su dimensión. En consecuencia, la aptitud del medio debe analizarse en
cada caso concreto y en su estudio se considerarán: (i) las características del
procedimiento; (ii) las circunstancias del peticionario y (iii) el derecho
fundamental involucrado.
De
otra parte, en cuanto a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este
Tribunal, en la sentencia T-225 de 1993[54],
señaló que de acuerdo con el inciso 3º del artículo 86 Superior, aquel se
presenta cuando existe un menoscabo moral o material injustificado que es
irreparable, debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el
punto que ya no puede ser recuperado en su integridad.
Adicionalmente,
en la sentencia T-808 de 2010[55],
reiterada en la T-956 de 2014[56], la
Corte estableció que se debe tener en cuenta la presencia de varios elementos
para determinar el carácter irremediable del perjuicio.
En
primer lugar, estableció que el daño debe ser inminente, es
decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera
expectativa ante un posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación
probatoria  de la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que justifique la
intervención del juez constitucional. Es importante resaltar que la inminencia
no implica necesariamente que el detrimento en los derechos este consumado.
Asimismo, indicó que las medidas que se debían tomar para conjurar el perjuicio
irremediable deben ser urgentes y precisas ante la
posibilidad de un daño grave evaluado por la intensidad
del menoscabo material a los derechos fundamentales de una persona. En esa
oportunidad, la Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia
que el orden jurídico le concede a determinados bienes bajo su protección.
Finalmente
estableció que la acción de tutela debe ser impostergable para
que la actuación de las autoridades y de los particulares sea eficaz y pueda
asegurar la debida protección de los derechos comprometidos.
Es
importante resaltar que si bien una de las características de la acción de
tutela es su carácter informal, esta Corporación ha hecho especial énfasis en
la necesidad de que los jueces de tutela corroboren los hechos que dan cuenta
de la vulneración del derecho fundamental[57]. En este
sentido, la sentencia T-702 de 2000[58] determinó
que los jueces no pueden conceder una tutela si no existe prueba de la
transgresión o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo
constitucional en un proceso preferente y sumario.
En la
sentencia T-131 de 2007[59],
la Corte estableció que en sede de tutela el accionante tiene la carga de
probar las vulneraciones invocadas. Quien pretenda el amparo de un derecho
fundamental debe acreditar probatoriamente los hechos que fundamentan sus
pretensiones con la finalidad de que el juez adopte una decisión con plena certeza
y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado. No obstante,
también reconoció que existen situaciones en las que la carga de la prueba se
debe invertir por las condiciones de indefensión en las que se encuentra el
peticionario.
No obstante,
esta Corporación se ha pronunciado sobre las facultades que tiene el juez
constitucional de solicitar las pruebas de oficio en los casos en los que el
actor no aporte las pruebas que sustentan sus pretensiones. En particular, en
la sentencia T-864 de 1999[60],
este Tribunal afirmó que la práctica de pruebas resulta un deber inherente para
la función de los jueces constitucionales, en la medida que decisiones exigen
una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto analizado.
Igualmente, en la sentencia T-498 de 2000[61],
señaló que en casos de tutela el funcionario judicial debe adelantar
actuaciones mínimas y razonables para verificar los hechos sometidos a su
decisión, lo que exige una mayor participación por parte de los jueces para
lograr la máxima efectividad de la norma Superior.
En el
mismo sentido, en la sentencia T-699 de 2002[62],
este Tribunal expresó que los jueces tienen el deber de decretar y practicar
pruebas con el fin de tener los suficientes elementos de juicio para fallar un
asunto sometido a su consideración con el fin de lograr una protección efectiva
de los derechos fundamentales.
Finalmente,
en la sentencia T-571 de 2015[63],
esta Corporación reiteró las sentencias anteriormente citadas e indicó que la
informalidad que caracteriza el amparo constitucional no significa que el juez
pueda sustraerse de verificar la veracidad de las afirmaciones que presentan
las partes en el proceso. Asimismo, resaltó que la decisión del juez:
“no
puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo,
sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o
está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el
caso particular es improcedente la tutela”.
Con
fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que, en
principio, la acción de tutela procede cuando se han agotado los mecanismos de
defensa judicial ordinarios. No obstante, existen situaciones de hecho en las
que puede demostrarse la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable,
razón por la que resulta urgente la protección inmediata e impostergable por
parte de las autoridades correspondientes para evitar la afectación de un bien
jurídicamente protegido.
De
acuerdo a lo anterior, la persona que alega la ocurrencia de un perjuicio
irremediable debe acreditar probatoriamente los hechos en los que funda la
configuración de dicha situación. Sin embargo, el análisis de los mencionados
elementos demostrativos debe consultar los principios de informalidad y
celeridad que orientan la solicitud de amparo.
Reiteración
del principio de subsidiariedad de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento y pago de acreencias pensionales
11. Esta
Corporación ha señalado que, con fundamento en el principio de subsidiariedad,
la acción de tutela resulta improcedente para resolver controversias de tipo
laboral o pensional, bajo el entendido de que los mencionados asuntos deben ser
conocidos por la jurisdicción ordinaria laboral, mediante el ejercicio del
medio judicial respectivo, pues se trata de hechos originados en un contrato de
trabajo[64].
Sin
embargo, como se advirtió previamente, este Tribunal ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela cuando se trata de la protección de derechos
de contenido prestacional, como son las acreencias pensionales, bien sea como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o como medio
principal cuando las vías de defensa judicial ordinarias no resultan idóneas ni
eficaces para la protección de los derechos fundamentales trasgredidos[65].
Es
decir, el
principio de subsidiariedad en el ámbito de la seguridad social implica que,
por regla general, la acción de tutela no puede utilizarse para el
reconocimiento y pago de acreencias pensionales, ya que existen mecanismos
judiciales ordinarios con los que pueden debatirse dichos asuntos y que pueden
presentarse ante la jurisdicción laboral, pues se trata de hechos originados en
un contrato de trabajo.
Sin
embargo, de acuerdo con las consideraciones generales referidas previamente, la
procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales
se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo transitorio,
cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa para el
reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[66]; (ii)
procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz,
conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[67].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la
tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de
tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero
no menos rigurosos[68].
En
ese sentido, las personas de la tercera edad se encuentran en una situación de
debilidad e indefensión, por lo que requieren de una protección constitucional
reforzada. Sin embargo, esta Corporación ha expresado que esa sola y única
circunstancia no es suficiente para acreditar la procedencia de la acción de
tutela para resolver asuntos sobre acreencias pensionales, por lo que se
requiere la demostración probatoria del daño causado al actor, materializado en
la vulneración de sus derechos fundamentales[69].
12. Ahora bien, este
Tribunal ha establecido que en materia de reconocimiento y pago de un bono
pensional, la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la
verificación de las siguientes subreglas jurisprudenciales: i) el acceso a la pensión
de vejez está supeditado a la expedición del bono pensional; o ii) el trámite
para su expedición se ha prolongado excesivamente; o iii) la vía constitucional
es utilizada para evitar un menoscabo en los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la dignidad humana[70].
13. En el
presente asunto, la Sala encuentra que se acreditó el requisito de
subsidiariedad, con fundamento en las razones que se exponen a continuación:
- La Sala advierte que el actor
presentó demanda ordinaria laboral en contra de las entidades demandadas, la
cual solo fue resuelta de fondo contra el Instituto de Seguros Sociales, puesto
que no agotó el requisito de procedibilidad de reclamación administrativa ante
las Empresas Públicas de Armenia.
No
obstante, en aquella oportunidad, el ciudadano pretendía el reconocimiento de
la pensión de vejez por haber cumplido los requisitos consagrados en los artículos
12 del Decreto 758 de 1990 y 36 de la Ley 100 de 1993[71].
Para
la Sala es claro que la solicitud de amparo en el presente asunto no ha sido
utilizada por el accionante como un mecanismo alternativo, supletorio mediante
el cual busque subsanar los yerros procesales en los que pudo haber incurrido
en su momento, porque se trata de pretensiones diferentes, pues lo pretendido
en la acción de tutela es lo siguiente:
a) El amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la vida en condiciones
dignas, al mínimo vital y a la protección de las personas de la tercera edad[72].
b) Ordenar a las EPA que realicen
las gestiones administrativas necesarias para que expidan y remitan a
COLPENSIONES, el bono pensional correspondiente a los periodos laborados para
esa empresa[73].
c) Ordenar a COLPENSIONES que
reliquide y pague la indemnización sustitutiva reconocida al actor, con base en
la totalidad del tiempo efectivamente laborado para las EPA[74].
De
esta manera, se trata de un nuevo escenario fáctico que no desnaturaliza la
esencia subsidiaria de la acción de tutela.
- El accionante
no cuenta con un mecanismo judicial ordinario idóneo y eficaz para el
reconocimiento y pago de la acreencia pensional pretendida: pues
cuenta con 91 años, condición etaria con la que superó la expectativa de vida
de 76 años certificada por el DANE, lo que ubica al actor en una condición de
especial protección constitucional por pertenecer al grupo de la tercera edad.
En
efecto, en la sentencia T- 339 de 2017[75], esta
Corporación abordó el estudio de la definición del concepto de tercera edad. En
aquella oportunidad estableció que aunque se trata de un asunto sociocultural[76],
esta sede judicial, deliberadamente, ha distinguido este concepto del de “vejez”,
por lo que el conjunto de adultos mayores no es homogéneo. De esta manera, en
su seno y por razón de la edad, mínima en unos casos y avanzada en otros, se
pueden encontrar situaciones disímiles que ameritan un trato diferencial, para
hacer efectivos los derechos fundamentales en el marco del orden constitucional
vigente. Sin hacer esta distinción, el principio a la igualdad queda afectado,
al otorgar un trato semejante a personas que presentan condiciones divergentes[77];
está claro que no es lo mismo ser un adulto mayor de 60 años, en edad de
jubilación, que ser una persona de 80, cuyas limitaciones funcionales empiezan
a hacerse cada vez más notorias.
El
concepto de adulto mayor fue definido en la Ley 1276 de 2009. En aquella
oportunidad el Legislador[78]
apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en
pensiones. Dicho concepto tiene un alcance limitado y circunscrito a la materia
que regula esa norma; únicamente responde y afecta la “atención integral del
adulto mayor en los centros vida”, según lo ha precisado esta Corporación,
por lo que solo es aplicable en ese ámbito y no de forma genérica[79].
Entre
los adultos mayores, solo algunos son considerados personas de la tercera edad,
lo que le ha permitido a la jurisprudencia constitucional con fundamento en el
principio de igualdad, prever distintos efectos jurídicos relacionados con una
u otra categoría. Por ejemplo, ante las solicitudes de prestaciones pensionales
mediante acción de tutela, en principio, el adulto mayor cuenta con un medio
ordinario idóneo, cual es el proceso ante la jurisdicción laboral. Sin embargo,
a la tercera edad no puede exigírsele el agotamiento de este mecanismo judicial
ordinario.
La
Corte ha advertido que respecto del tema pensional, esa distinción obedece al
ánimo de brindar una protección especial a quienes requieren un mayor apoyo
estatal para la realización de sus derechos en atención a su avanzada edad. Al
mismo tiempo, impide vaciar de competencia y operatividad institucional las
vías ordinarias de defensa judicial laboral en materia pensional, pues
considerar que todas las personas en edad de jubilación son de la tercera edad,
genera implícitamente la equivocada concepción de que la acción de tutela es el
único mecanismo idóneo para reclamar esas acreencias prestacionales, lo cual
desnaturaliza el amparo constitucional y afecta la estructura orgánica diseñada
por la norma Superior y el Legislador para garantizar el acceso a la
administración de justicia.
En
términos prácticos, existen distintos criterios (cronológico, fisiológico y social[80])
que sirven para establecer cuándo una persona puede calificarse dentro de la
tercera edad, esta Corporación en ocasiones ha utilizado el criterio
hermenéutico de una edad concreta con fundamento en la esperanza de vida
certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-[81],
la cual puede variar de acuerdo a las mediciones técnicas que esa entidad
utiliza para el cumplimiento de sus funciones y se encuentra estimada en
aproximadamente los 76 años.
Como
consecuencia de los presupuestos que engloba el principio de igualdad, las
personas de la tercera edad que, sumado a su condición etaria, tengan otra
suerte de limitación o debilidad, bien sea por factores culturales, sociales,
físicos o psicológicos, que reduzcan aún más la posibilidad de interactuar en
las mismas condiciones que el resto de sujetos que hacen parte de ese grupo, requieren
de un trato si se quiere, doblemente especial[82].
En el
presente asunto, el actor tiene actualmente 91 años de edad, se trata de un
adulto mayor que hace parte de las personas de la tercera edad, por lo que requiere
de una protección constitucional especial con base en su situación etaria, de
tal suerte que, como se advirtió previamente, el proceso judicial dispuesto
ante la jurisdicción ordinaria laboral no resulta idóneo y eficaz para resolver
su pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de una acreencia
pensional.
La Sala
estableció que el nivel de vulnerabilidad del accionante reviste un nivel
crítico en términos ius fundamentales, en atención a que se
encuentra activo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
específicamente en el régimen subsidiado, afiliado a la entidad CAFESALUD
E.P.S. S.A. como cabeza de familia[83]
y calificado en SISBEN 1, lo que acredita su precaria situación económica al
pertenecer al sistema subvencionado de salud.
Adicionalmente,
el presente asunto superó los especiales requisitos de procedibilidad
para el reconocimiento y pago de un bono pensional: porque existe
prueba en el expediente de que la concesión de la pensión de vejez o de la
indemnización sustitutiva de la cual eventualmente puede ser titular el actor
resulta afectada por la ausencia de reconocimiento del bono pensional por parte
de las EPA, ya que ese documento, en este caso, resulta determinante para el establecimiento
y eventual disfrute del derecho pensional pretendido.
Su
trámite se ha prolongado excesiva e injustificadamente en el tiempo, pues desde
el año 2005 solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales – hoy COLPENSIONES-
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual fue negada por
ausencia del tiempo requerido para acceder a dicha prestación y en su lugar se
ordenó el pago de la indemnización sustitutiva. Por tal razón, solicitó a las
EPA que le fuera reconocido el bono pensional por el periodo comprendido entre
el primero
(1°) de enero de 1954 y el treinta y uno (31) de diciembre de 1966, petición
que fue negada mediante escrito del ocho (8) de agosto de 2016.
En ese
sentido, la afectación al derecho a la seguridad social del accionante, se
materializa en la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez o a la
indemnización sustitutiva debido a la falta de unificación de la información
requerida para determinar el derecho que le corresponde.
14. En
conclusión, el demandante acreditó el cumplimiento de los presupuestos que
habilitan la procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento y
pago de la acreencia pensional pretendida. En efecto, la Sala logró establecer
que el accionante se encuentra en un nivel de vulnerabilidad crítico debido a
su condición etaria, médica y socioeconómica que justifica la inmediata
intervención del juez constitucional, en consideración a que demostró que sus
derechos fundamentales se encuentran en riesgo de ser vulnerados.
La Sala
advirtió sobre el uso previo de los medios judiciales ordinarios por parte del
actor y consideró que la demanda laboral resuelta por esa jurisdicción contenía
pretensiones especificas encaminadas al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez del actor con fundamento en las reglas de transición contenidas en el Decreto
758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, las cuales difieren de las que sustentan la
presente solicitud de amparo, que pretende la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital entre otros, y que en
consecuencia se ordene a las EPA la expedición de un bono pensional por la
totalidad del tiempo laborado para esa empresa para que sea remitido a
COLPENSIONES y que con fundamento en la información del actor allí consignada,
proceda a reliquidar la indemnización sustitutiva que ya había sido concedida
al ciudadano. Por tal razón, la actuación del ciudadano no desnaturaliza la
acción de tutela presentada en esta oportunidad.
Esta
situación hace que el presente asunto tenga relevancia ius fundamental,
por lo que su conocimiento no puede ser asumido por la jurisdicción ordinaria
laboral, a través del ejercicio de las acciones judiciales dispuestas por el
Legislador para tal fin, puesto que esa exigencia resulta desproporcionada en
atención a las especiales condiciones del actor, específicamente por su
avanzada edad, su estado clínico, su afiliación subvencionada al Régimen
General de Seguridad Social en Salud y su condición de cabeza de familia.
Todo lo
expuesto muestra que en el presente asunto se cumplen los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela para reclamar acreencias pensionales. De
esta manera, en el presente caso procede formalmente la solicitud de amparo
como un mecanismo definitivo, pues se acreditó que los medios ordinarios ante
la jurisdicción laboral no resultan idóneos ni eficaces para la protección de
los derechos fundamentales invocados por el actor, como presuntamente
desconocidos.
Asunto
bajo revisión y formulación del problema jurídico
15. El
ciudadano formuló acción de tutela en contra de las entidades demandadas por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la protección
especial a las personas de la tercera edad, generada por
la negativa de reliquidar la indemnización sustitutiva de la pensión, con base
en las semanas que laboró para las EPA en el periodo comprendido entre el catorce
(14) de enero de 1954 y el treinta y uno (31) de diciembre de 1966.
El ciudadano solicitó que se
ordene a las EPA la expedición del bono pensional por el tiempo efectivamente
laborado y lo remita a COLPENSIONES para que esa entidad reliquide la
indemnización sustitutiva con fundamento en los periodos trabajados para las
Empresas Públicas de Armenia.
Por
su parte, COLPENSIONES manifestó que en sus archivos no reposan las semanas
cotizadas en los periodos reclamados por el actor, porque para ese momento el
ISS no había asumido sus funciones relacionadas con los riesgos pensionales por
invalidez, vejez o muerte. Adicionalmente, expresó que la obligación de
reconocer y pagar el bono pensional por esos periodos era de las EPA.
De igual manera,
las Empresas Públicas de Armenia–EPA[84]
se opusieron a las pretensiones de la solicitud de amparo, con fundamento
en las siguientes razones: i) Prescripción de la indemnización
sustitutiva pretendida por el actor: consideró que el derecho a la
indemnización sustitutiva prescribió, puesto que mediante Resolución No. 13054
del 2005, el ISS, le fue reconocida la mencionada prestación con base en 194
semanas de cotización por valor de un millón ciento veintiocho mil ciento
cincuenta y siete pesos ($1.128.157.oo), dineros que fueron consignados en el
Banco Popular y que nunca fueron cobrados[85].
Con fundamento
en lo expuesto, afirmaron que la fecha a partir de la cual comenzó a aplicarse
el criterio de imprescriptibilidad es el veintitrés (23) de noviembre de 2006,
según la sentencia proferida por la Corte Constitucional[86]
de esa misma fecha, sin especificar su naturaleza, número y ratio decidendi[87].
Y ii) esa
entidad, no tiene como naturaleza jurídica el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, puesto que lo que podría generarse es un
bono pensional que no puede pagarse directamente al actor, sino que debe ser
transferido al fondo de pensiones correspondiente[88].
Con
posterioridad, manifestaron que no habían acatado la orden del juez de segunda
instancia, contenida en la sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2016,
proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito de
Cali, por falta de notificación de dicha providencia, por tal razón procedían a
dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto por ese despacho judicial, en el
sentido de que se le reconocerá al accionante un bono pensional “Tipo B”,
el cual será redimido a la entidad que le reconozca la pensión de vejez[89].
Sin embargo, en
un pronunciamiento ulterior expresaron que al accionante no se le ha reconocido
el bono pensional, porque dicha actuación le corresponde a COLPENSIONES, quien
es la entidad encargada de solicitar la redención de dicho título cuando le
reconozca la pensión de vejez al accionante, debido a que se trata de un bono
tipo “B”, que solo puede hacerse efectivo al fondo de pensiones que reconoce el
derecho prestacional.
16. Conforme
a la demanda y las pruebas que obran en el expediente, la Sala considera que el
problema jurídico que debe resolver se circunscribe a establecer si ¿las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a
la seguridad social, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la
protección especial a las personas de la tercera edad del actor particularmente
porque: i) las Empresas Públicas de Armenia se han negado a emitir el bono
pensional por la totalidad del tiempo laborado por el actor para las mismas, lo
que genera que; ii) COLPENSIONES no haya adoptado una decisión sobre la
prestación pensional del accionante con fundamento en el bono pensional que le
remitan las EPA?
Para dar
respuesta al problema jurídico planteado, la Sala de Revisión abordará
previamente el estudio de los siguientes asuntos: i) la protección
constitucional del derecho a la seguridad social y su relación con el mínimo
vital; ii) la pensión de los trabajadores del sector público antes y después de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; iii) la pensión de vejez y la
indemnización sustitutiva; iv) la movilidad de los recursos financieros en el
sistema de pensiones y las obligaciones de las entidades que concurren en su
gestión; v) la imprescriptibilidad de los derechos pensionales, específicamente
de la indemnización sustitutiva, y; vi) finalmente se analizará el caso
concreto.
El
derecho constitucional a la seguridad social y su relación con el derecho
fundamental al mínimo vital. Reiteración de jurisprudencia
17. Esta
Corporación ha definido la naturaleza constitucional del derecho a la seguridad
social, con fundamento en el artículo 48 Superior, al establecer que debe
garantizarse a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social[90]
y en especial los derechos pensionales. El amparo de los derechos sociales fue
admitido por esta Corporación desde el año 1992[91],
bajo la tesis de la “conexidad”, cuando se demuestra un nexo inescindible entre
el derecho social y un derecho fundamental[92]. Sin
embargo, actualmente la Corte abandonó el análisis del carácter ius
fundamental de los derechos sociales a partir de argumentaciones ajenas a
la naturaleza propia del derecho como lo proponía la tesis de la conexidad[93],
para permitir su protección por vía de tutela, una vez se han definido, por el
Legislador o la administración en los distintos niveles territoriales, las
prestaciones debidas de forma clara y precisa, de manera que constituyan
derechos subjetivos de aplicación directa lo que hace procedente su
exigibilidad por vía de tutela[94].
18. En el
sistema universal de protección de derechos humanos, el artículo 9º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), dispone la
garantía del derecho a la seguridad social, entendido de vital importancia para:
“(…) garantizar a todas las
personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan
de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto”[95]. [Además], “(…) el
derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con
el fin de obtener protección, en particular contra:  a) la falta de ingresos
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad,
accidente laboral, vejez o muerte de un familiar;  b) gastos excesivos de
atención de salud;  c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los
hijos y los familiares a cargo.”[96] (Negrillas fuera de texto)
19. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre[97], en el artículo XVI
establece el derecho a la seguridad social como la protección “(…) contra
las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”
En el numeral 1º del artículo 9º del Protocolo Adicional
a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que el
derecho a la seguridad social tiene como finalidad proteger a las personas
contra las consecuencias de la invalidez, que obstaculiza la obtención de
medios para llevar una vida digna y decorosa.
20. En conclusión,
es innegable la relación que existe entre el derecho a la seguridad social, en
especial los derechos pensionales y el derecho fundamental al mínimo vital, más
aun, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión, y
son destinatarias de una especial protección constitucional, como aquellas en
condición de discapacidad e invalidez, pues su único sustento económico lo
derivan de la prestación social enunciada, ya que, debido a la situación de
invalidez, no pueden acceder al mercado laboral.
Los
riesgos por invalidez, vejez y muerte de los empleados del sector público antes
y después de la Ley 100 de 1993
21. El primer Estatuto Orgánico del Trabajo
en Colombia fue la Ley 6ª de 1945, que reglamentó las relaciones que surgían
entre empleadores y trabajadores, las convenciones laborales y los conflictos colectivos
del trabajo[98].
El artículo 17 de ese cuerpo normativo establecía las prestaciones de los
trabajadores y obreros nacionales de carácter permanente[99].
De la misma manera, los artículos 22 y 23, consagraban tanto las obligaciones
del Gobierno para fijar las prestaciones de los trabajadores de los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios, así como las obligaciones
de esas entidades territoriales de crear las instituciones de previsión social.
Por
su parte, la Ley 90 de 1946[100],
constituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y
extranjeros, que prestaran sus servicios con ocasión de un contrato expreso o
presunto de trabajo[101].
El artículo 3º de esa normativa, asimiló para sus efectos jurídicos a los trabajadores
particulares con los empleados y obreros que presten sus servicios a la Nación,
los Departamentos y los Municipios en la construcción y conservación de las
obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales,
agrícolas, ganaderos y forestales que aquellas entidades exploten directa o
indirectamente o de las cuales sean accionistas o copartícipes.
De
otro lado, el artículo 72 consagraba que las prestaciones reglamentadas en esa
ley, que se causaban en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos,
continuaban rigiéndose por esas regulaciones hasta el momento en que el seguro
social las asumiera.
Posteriormente,
el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo adoptó la gradualidad de la
subrogación de las prestaciones por el Instituto de Seguros Sociales[102].
En ese sentido, conforme a la Resolución 0831 del 19 de diciembre de 1966,
comenzó en Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Valle, siempre y cuando los
trabajadores ejercieran sus actividades en las jurisdicciones actualmente
cubiertas por las cajas seccionales de los municipios mencionados y por las
Oficinas Locales de los Seguros Sociales de Boyacá, Huila, Manizales y Santa
Marta[103].
El
Acuerdo 224 de 1966[104],
expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año[105],
contenía en su artículo 1º, literal c, la obligación de afiliar a los
trabajadores que prestaban sus servicios a entidades de derecho público
semioficiales o descentralizadas, al seguro social obligatorio contra los
riesgos de invalidez y muerte de origen no profesional y de vejez.
22. Finalmente, en el año de 1993, fue
expedida la Ley 100, por la cual se creó el sistema de seguridad social
integral, como expresión del derecho a la seguridad social consagrado en la
Constitución[106].
Con fundamento en el principio de universalidad, el artículo 15 estableció la
obligación de todos los empleadores de afiliar a sus trabajadores, inclusive
los servidores públicos, al sistema general de pensiones[107].
La
pensión de vejez
23. La seguridad social, como se advirtió
con antelación tiene como finalidad la protección de su titular frente a los
riesgos o contingencias que afecten su vida y bienestar, mediante la concesión
de prestaciones, en la mayoría de veces de naturaleza económica.
En
ese sentido, la pensión de vejez constituye una prestación económica que se configura
después de largos años de trabajo y aportes de cotizaciones al sistema general
de seguridad social, su finalidad es la de proteger a las personas cuando en
razón de su edad, presentan una disminución de su capacidad laboral, que se
traduce en dificultades para obtener los recursos necesarios para tener una
vida digna[108].
Esta
Corporación, en la sentencia C-107 de 2002[109],
realizó un juicioso estudio de la evolución normativa del concepto de pensión
de vejez. De esta manera, la pensión era concebida como una gracia o recompensa
gratuita que otorgaba el Estado a sus trabajadores[110].
Esta postura fue variada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en
el sentido de indicar que:
"Desde
que un agente público ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha
producido por los medios legales el reconocimiento de una pensión en su favor,
tiene el status que corresponde a una pensión adquirida. El derecho del agente
público es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases
de la liquidación, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor
en tal momento, no podrían ser modificados en detrimento suyo".[111]
La
Corte ha advertido que las pensiones constituyen un reconocimiento del Estado
como retribución a los servicios prestados por sus empleados, que se
materializa en el derecho a percibir una prestación económica, debido a la
actividad desarrollada durante un considerable tiempo que trae como
consecuencia la disminución de la fuerza laboral[112].
Es decir, se trata de un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo[113].
Esta
prestación tiene como finalidad garantizar al trabajador su retiro del mercado
laboral sin que pierda la posibilidad de obtener ingresos regulares que le
permitan su digna subsistencia y la de su familia. De esta manera, la pensión
configura una compensación por sus esfuerzos durante su actividad como empleado
y la razonable y justificada diferencia de trato con ocasión de la vejez[114].
24. En suma, la pensión de vejez configura
una expresión del derecho a la seguridad social y una compensación por la
actividad desplegada por el trabajador durante su vida como empleado. Tiene
como finalidad garantizarle ingresos regulares para atender las contingencias
propias de la vejez y las necesidades de su familia, lo cual les asegura una
digna subsistencia.
La
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
25. El reconocimiento de la pensión de
vejez está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley. Sin embargo, en ocasiones, las personas no logran acreditar las exigencias
dispuestas por el Legislador para acceder al mencionado derecho. En estos
eventos, opera una prestación compensatoria denominada indemnización
sustitutiva de la pensión.
En
efecto, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, establece:
“ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad
para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas;
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el afiliado.”
Conforme
a lo expuesto, las personas que no acrediten los requisitos para adquirir la pensión
de vejez pueden obtener la devolución de dineros aportados al sistema por razón
de los servicios prestados[115].
26. Esta prestación
tiene como objetivo garantizar los derechos a la vida, a la integridad física,
al trabajo y a la igualdad[116], para
evitar que una persona esté en la obligación de continuar con su actividad
laboral más allá de su capacidad física y laboral, hasta cumplir el tiempo
mínimo de cotización y acceder a la pensión[117]. De tal
suerte que constituye un derecho para quien cumple la edad prevista en la ley,
pero no acredita los demás requisitos para ser beneficiario de la prestación
pensional[118], por lo
que cualquier interpretación que establezca exigencias adicionales, desconoce
la Carta y genera un enriquecimiento sin causa de la entidad encargada de su
reconocimiento y pago[119].
27. De otra parte,
la Corte ha sostenido que, para realizar la liquidación de la indemnización
sustitutiva, los fondos administradores encargados de su reconocimiento deben
tener en cuenta todos los aportes efectuados al sistema, inclusive aquellos
realizados antes de que la Ley 100 de 1993 entrara en vigencia[120].
En
efecto, esta Corte en sentencia T- 750 de 2012[121]
precisó la necesidad de tener en cuenta las cotizaciones realizadas en
cualquier tiempo, con fundamento en los siguientes argumentos:
i) El artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
establece que para otorgar las prestaciones consagradas en el sistema general
de seguridad social “se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas
con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros
Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado,
cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.”[122]
De
igual manera, el artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, prescribe que la determinación
del monto de la indemnización sustitutiva debe comprender la totalidad de las
semanas cotizadas, aun las anteriores a la Ley 100 de 1993.
ii) El reconocimiento de la indemnización
sustitutiva no está condicionado a límites temporales de acuerdo al artículo 37
de la Ley 100 de 1993, por lo que los administradores encargados de su concesión
no pueden exigir a los usuarios la realización de cotizaciones al sistema con
posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley.
iii) La prohibición del enriquecimiento sin
causa, por lo que si un afiliado no cumplió con los requisitos para ser
beneficiario de la pensión de vejez, debe garantizarse el retorno de los
aportes efectuados al sistema. Por tal razón, la ausencia de reconocimiento de
la prestación solicitada, implica la retención de las contribuciones realizados
por aquel, por lo que la entidad competente tiene a su favor un activo sin
causa que lo justifique.
28. En definitiva, las administradoras
encargadas del reconocimiento de la indemnización sustitutiva deben tener en
cuenta todas las semanas cotizadas o el tiempo de servicio del usuario, sin
consideración al momento en que las mismas fueron realizadas, es decir, si se
efectuaron antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Movilidad
de recursos financieros en el sistema general de seguridad social en pensiones.
La trascendencia ius fundamental del bono pensional
29. La definición de las prestaciones en
materia pensional puede implicar el cómputo de semanas y recursos aportados con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Por tal razón, la
consolidación de las fuentes de financiamiento para las prestaciones reclamadas
por los usuarios exige el traslado de recursos financieros hacia las entidades
encargadas de su reconocimiento y pago.
30. Una de las formas de movilidad de
recursos para el financiamiento de los beneficios pensionales pretendidos por
los afiliados es el bono pensional. Esta Corporación ha considerado que los
bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación
del capital necesario para el financiamiento de las pensiones de los usuarios
del sistema[123].
Conforme
a lo expuesto, para la Corte los bonos pensionales son documentos crediticios
que representan en dinero el tiempo de afiliación o de servicios de una
persona, el cual se materializa cuando el individuo ha cumplido con los
requisitos exigidos por la legislación para obtener su pensión de vejez[124].
31. Conforme al artículo 1º del Decreto
1748 de 1995[125],
los bonos pensionales pueden ser de tipo A o de tipo B[126].
Los bonos de tipo A son aquellos que se expiden a personas que se trasladan al
régimen de ahorro individual con solidaridad. Por su parte, los bonos tipo B
son los regulados por el Decreto 1314 de 1994 y se expiden a servidores públicos
que se trasladen al ISS después de la fecha de entrada en vigencia del sistema
general de pensiones.
De
esta manera, el artículo 2º del Decreto 1314 de 1994[127]
establece los requisitos para la emisión del bono pensional
cuando el traslado que lo origina corresponde a quienes presten o hubiesen
prestado servicios al Estado o a alguna de sus entidades descentralizadas como
servidores públicos de cualquier orden con vinculación contractual, legal o
reglamentaria. Adicionalmente, prescribe que los bonos pensionales deberán ser
emitidos dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de traslado del
afiliado al régimen de prima media.
El artículo 4º
del decreto en cita, consagra que estos bonos pensionales deben ser emitidos
por la última entidad pagadora a la cual haya pertenecido el afiliado o por la
Nación o la entidad territorial. El artículo 7º regula lo relacionado con su redención
cuando el usuario se pensione en el Instituto de Seguros Sociales por
vejez, invalidez o cuando se cause la pensión de supervivencia y cuando haya
lugar a la indemnización sustitutiva.
El
artículo 5º del Decreto 1748 de 1.995, adicionado por el artículo 2º del Decreto
1513 de 1998, que regula la emisión de bonos pensionales, define la  expedición
como: "(…) el momento de suscripción del título físico o el ingreso
de la información al depósito central de valores"; de otra parte la emisión
implica: "(…) el momento en que se confirma o certifica la
información contenida en la liquidación provisional, en el caso de emisores
privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo que
reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos.”[128]
De
acuerdo a lo anterior, para el reconocimiento de una pensión basta con la
emisión del respectivo bono, porque aquel es un “título valor” endosable
al fondo de pensiones del ISS.[129]
32. Ahora bien, la
Corte en la sentencia T-1044 de 2001[130] expresó que el trámite
del bono pensional es el paso previo al reconocimiento de la pensión, por lo
que su emisión debe ser pronta y oportuna y además, exige a las entidades que
concurren a la satisfacción de la prestación (administradora y emisora) que actúen
de manera conjunta y concertada dentro de los principios de eficacia y
celeridad, puesto que la demora injustificada en su gestión afecta de manera
directa el derecho pensional del afiliado y repercute en garantías ius
fundamentales como el mínimo vital.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha identificado las diferentes etapas del
trámite de un bono pensional tipo B, como pasa a verse a continuación[131]:
i) Le corresponde a las entidades
administradoras (ISS, hoy COLPENSIONES) adelantar en nombre del afiliado, las
acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales ante las entidades
emisoras del mismo, cuando se cumplan los requisitos establecidos para su
redención. De igual manera, el afiliado también podrá solicitar directamente
las certificaciones, las cuales deberán ser previamente verificadas por la
administradora[132].
ii) Previo a la solicitud del bono, el ISS-hoy
COLPENSIONES establecerá la historia laboral del peticionario con base en los
archivos que posea y en la información que le haya sido suministrada por el
afiliado o beneficiario de la pensión. Pedirá a quienes hayan sido empleadores
del usuario o a las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que
hubiere cotizado, que confirmen, modifiquen o nieguen la información laboral
porque ello puede incidir en el valor del bono (artículos 20 y 22 del Decreto
1513 de 1998)[133].
iii) De la anterior información se dará traslado
al emisor del bono para que dé inicio al proceso de la liquidación provisional
del bono pensional (inciso 3º, 4º y 5º del artículo 52 del Decreto 1748 de
1995). Como se trata simplemente del traslado de información, el emisor puede
solicitarla nuevamente para verificar si es correcta (Parágrafo del artículo 20
del decreto 1513 de 1998).
iv) El emisor del bono producirá una
liquidación provisional y la hará conocer al ISS, hoy COLPENSIONES a más tardar
treinta (30) días después de la fecha en que reciba la solicitud (Inciso 8º del
artículo 52 del Decreto 1748 de 1995). Y a su vez, el ISS – hoy COLPENSIONES la
hará conocer al beneficiario a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha en que la entidad administradora reciba dicha liquidación (parágrafo
del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995).
v) Si se trata de los bonos tipo B,
corresponderá al ISS al ISS hoy COLPENSIONES aceptar u objetar la liquidación
provisional sin que sea necesario que se comunique al afiliado. (inciso 9º y
parágrafo 3º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995).
vi) El valor provisional puede ser revisado
mientras no se haya expedido el bono (artículo 52 del Decreto 1748 de 1995).
vii) Una vez aprobada la liquidación
provisional, el emisor expedirá dentro del mes siguiente a la confirmación, el
bono pensional con las garantías que exijan las normas correspondientes, de
acuerdo con las condiciones que establezca el Gobierno Nacional; pero cuando se
cause la pensión, procede su pago sin necesidad de la expedición física del
título valor (parágrafo del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995 y
parágrafo 3º del artículo 17 del Decreto 1748 de 1995).
viii) Expedido el bono pensional, ha reiterado
la jurisprudencia que el ISS hoy COLPENSIONES, procederá a reconocer la
prestación y efectuar el respectivo ingreso a nómina de pensionados (inciso 1º
del artículo 44 del Decreto 1748 de 1995).
ix) La sumatoria de todos los trámites
desde la solicitud hasta la resolución de otorgamiento no puede sobrepasar los
seis (6) meses[134].
33. En conclusión, el bono pensional
constituye un valioso instrumento para el financiamiento de las pensiones o de
la indemnización sustitutiva mediante la movilidad de recursos económicos
comprometidos con el reconocimiento de los derechos pensionales de los usuarios.
Tienen una innegable trascendencia ius fundamental, pues su emisión resulta
determinante para el reconocimiento del derecho a la pensión y en consecuencia
permite garantizar el derecho fundamental al mínimo vital. En su trámite
intervienen tanto las entidades emisoras como la administradora del fondo de
pensiones, mediante el ejercicio de actuaciones administrativas conjuntas y
coordinadas.
La
imprescriptibilidad de los derechos pensionales, específicamente de la
indemnización sustitutiva
34. Este Tribunal ha considerado que debido
a la trascendencia ius fundamental de la seguridad social y de sus
expresiones como la pensión de vejez o la indemnización sustitutiva, revisten
el carácter de imprescriptibles, por lo que pueden ser reclamadas en cualquier
tiempo[135].
En
efecto, en la sentencia T-001 de 2009[136]
la Corte expresó que, a partir de los mandatos constitucionales, los
derechos pensionales constituyen garantías irrenunciables que a su vez obligan
a su pago oportuno y a su reajuste periódico. Esta característica consulta el
principio de solidaridad que orienta la sociedad y al sistema pensional y,
además, asegura una asistencia especial a la tercera edad, en el sentido de
proveer la posibilidad de mantener unas condiciones de vida digna.
35. No obstante, esta Corporación en la sentencia
T-972 de 2006[137]
reiteró las reglas jurisprudenciales en materia de imprescriptibilidad de
los derechos pensionales, para declarar su aplicación a la indemnización
sustitutiva, lo que no configuró efectos constitutivos de dicha característica
jurídica.
En
ese sentido, la indemnización sustitutiva está sujeta a las normas de
prescripción desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad
responsable, previa solicitud del interesado, pues aquel puede escoger
libremente si cotiza hasta acceder a la pensión de vejez, o si solicita el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva.
36. En suma, la indemnización sustitutiva tiene
naturaleza de derecho pensional, por lo cual es imprescriptible y puede ser
solicitada en cualquier tiempo. Sin embargo, las normas de prescripción le son
aplicables una vez ha sido reconocida por la entidad responsable.
Caso
concreto
37. El solicitante formuló la acción de
tutela contra las entidades demandadas por el presunto desconocimiento de sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la vida en
condiciones dignas y a la protección especial de la tercera edad, ocasionado
por la negativa de expedir el bono pensional y de reliquidar la indemnización
sustitutiva de la pensión con fundamento en el tiempo efectivamente laborado
para las EPA en el periodo comprendido entre el catorce (14) de enero de 1954 y
el treinta y uno de diciembre de 1966.
Las
empresas accionadas ejercieron su derecho de defensa con base en los siguientes
argumentos: i) la inexistencia de aportes en sus archivos en los periodos
reclamados por el actor y la ausencia de obligación para reconocer y pagar el
bono pensional (COLPENSIONES); y ii) la prescripción de la indemnización
sustitutiva pretendida, la ausencia de obligación para expedir el bono
pensional a favor del actor y la condición de haberse reconocido la pensión de
vejez por parte de la administradora de pensiones para proceder a la emisión y
redención del respectivo título a favor de la entidad responsable de la
prestación (EPA).
38. De esta manera,
la Sala presentará los hechos probados en el expediente y posteriormente
verificará de manera separada e independiente si tanto las Empresas Públicas de
Armenia como COLPENSIONES, dentro del ámbito de sus competencias legales,
desconocieron los derechos fundamentales del actor.
Hechos
probados
39. En el presente caso
la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
i) El
accionante nació el trece (13) de febrero de 1926 y actualmente tiene 91 años
de edad[138].
ii) El
actor prestó sus servicios a las Empresas Públicas de Armenia en los siguientes
periodos: a) del catorce (14) de enero de 1954 hasta el ocho (8) de febrero de
1955; b) del treinta y uno (31) de marzo de 1955 hasta el veintiséis (26) de
junio de 1959; y c) del veintiocho (28) de febrero de 1961 hasta el veintiuno
(21) de septiembre de 1970[139].
No existe certeza de las semanas efectivamente trabajadas, los sueldos
devengados por el actor durante dicho tiempo y demás factores que deben ser
tenidos en cuenta para la liquidación del bono pensional, específicamente
aquellos que denominaron “aportes a salud”[140]
puesto que las EPA, fueron renuentes a detallar y clasificar dicha información
en cada uno de los periodos trabajados por el accionante, no obstante que esos
datos fueron solicitados en varias oportunidades por esta Sala de Revisión,
pues esa entidad se limitó a remitir algunos de los kardex ilegibles, sin cumplir
con las reiteradas órdenes proferidas por la Sala.
iii) El
actor es beneficiario de un bono pensional Tipo “B” según fue expresado por la
EPA.
iv) El
Instituto de Seguros Sociales negó la pensión de vejez solicitada mediante
Resoluciones No. 013054 de 2005 y 90064 del 2007, porque solo acreditó 194
semanas cotizadas al ISS, por tal razón le fue reconocida la indemnización
sustitutiva por un valor de un millón ciento veintiocho mil ciento cincuenta y
siete mil pesos ($1.128.157.oo), la cual fue incluida en nómina del mes de
septiembre de 2005, en la cuenta No. 00000004369653 del Banco Popular, esos
dineros no han sido cobrados por el peticionario. En aquella oportunidad el
actor expresó al ISS haber prestado sus servicios a las EPA, en los periodos
expuestos previamente y aportó documentos para demostrarlo[141].
v)
COLPENSIONES negó una nueva solicitud de indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez mediante la Resolución No. GNR 73586 del nueve (9) de marzo de
2016, en la que el actor pedía la inclusión de los servicios prestados en las
Empresas Públicas de Armenia desde enero de 1954 hasta septiembre de 1970. Esa
decisión fue sustentada en la concesión previa de la prestación reclamada y en
la operancia de la prescripción de la misma[142].
vi) Las
Empresas Públicas de Armenia negaron la solicitud presentada por el actor para
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva mediante comunicación
GG2058 del ocho (8) de agosto de 2016, con fundamento en la prescripción de la
misma, su declaración previa en el año 2005 y en la inexistencia de obligación
para decidir la concesión de dichos beneficios directamente al accionante, pues
solo se podría generar un bono pensional Tipo B que únicamente sería
transferido al fondo de pensiones[143].
vii) La UGPP
no es la encargada de administrar los aportes a pensión que el accionante
hubiese realizado durante el periodo laborado para las EPA[144].
viii) Las
Empresas Públicas de Armenia conocieron de manera oportuna la decisión de
segunda instancia en sede de tutela del veintiséis (26) de octubre de 2016,
contrario a lo afirmado por esa misma institución en sede de revisión. A esta
conclusión se llega porque le remitieron al actor el oficio GTHP-101 del once
(11) de noviembre 2016, en el que le manifestaron dar alcance la mencionada
providencia sin que aquello implicara el reconocimiento y pago de la prestación
solicitada[145].
ix) Las
entidades accionadas no cumplieron la orden proferida por el juez de segunda
instancia, porque no realizaron un trabajo concertado para solucionar la situación
del actor. Sin embargo, no se presentó el incidente de desacato.
x) El
actor y su esposa se encuentran afiliados a la E.P.S CAFESALUD en el régimen
subsidiado con nivel de SISBEN I[146].
40. Para
esta Sala de Revisión las Empresas Públicas de Armenia y COLPENSIONES vulneraron
el derecho a la seguridad social del accionante y afectaron de manera grave su
derecho fundamental al mínimo vital, por las razones que se exponen a
continuación:
Acreditación
de las vulneraciones a los derechos fundamentales del actor por parte de las
Empresas Públicas de Armenia
41. Las Empresas
Públicas de Armenia conforme al inciso 2º del artículo 2º del Decreto
1314 del veintitrés (23) de junio 1994, tenían la obligación de emitir el bono
pensional dentro de los tres (3) años siguientes al traslado del actor al
régimen de prima media. En este asunto, la entidad accionada omitió el
cumplimiento de este deber legal, tal y como pasa a verse a continuación:
42. La Sala
advierte que dicha normativa no estaba vigente al momento en que el ISS asumió
los riesgos por vejez, invalidez y muerte en el departamento del Quindío, sin
embargo una interpretación de esta obligación legal que consulte el principio
constitucional de la favorabilidad del trabajador y sea razonable con el
empleador, es aquella en la que esa entidad pública contaba con tres (3) años a
partir del veintitrés (23) de junio de 1994, fecha de expedición del mencionado
decreto, es decir hasta el 23 de junio de 1997, para emitir el bono pensional
respectivo cuyo contenido dinerario reflejara el tiempo laborado para esa
entidad por parte del actor.
Bajo
esa óptica, han pasado más de veinte (20) años de inactividad administrativa
injustificada por parte de las EPA, relacionada con la emisión del bono
pensional con destino a la administradora de pensiones competente, en este caso
al ISS, hoy COLPENSIONES.
La
prolongada omisión demostrada en el expediente genera un escenario de
vulneración de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del accionante,
el cual se ha extendido de manera excesiva e injustificada en el tiempo y
mantiene una evidente vocación de actualidad.
43. La
anterior situación se agrava en atención a la solicitud presentada directamente
por el accionante a las EPA y al incumplimiento de la orden de tutela proferida
por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial,
contenida en la sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2016, en el sentido
de que no obstante conocer la especial condición del actor y la necesidad vital
de la expedición del bono pensional, esa entidad ha realizado actuaciones
desleales que le imponen barreras administrativas desproporcionadas e
injustificadas que desconocen sus derechos fundamentales, como pasa a verse:
i) Alegar
que el fallo de segunda instancia nunca les fue notificado, cuando se demostró
en el expediente que lo conocían, puesto que le enviaron al accionante un
documento en el que manifestaron dar alcance al cumplimiento del mismo[147].
ii) Negarle
al actor la expedición del bono pensional cuando existen normas que le facultan
a hacer dicha solicitud de manera directa.
iii) Expresarle
al actor, a los jueces de tutela y a la Corte que la emisión del bono está
condicionada al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de
COLPENSIONES. Para la Sala se trata de un argumento que carece de toda lógica jurídica
y fáctica puesto que la emisión de dicho documento es anterior y necesaria para
la declaración del derecho prestacional pretendido por el accionante y
constituye una obligación legal de las EPA, que ha sido desconocida por más de
veinte (20) años.
iv) La
información que deliberadamente las EPA se han negado a suministrar tanto al
actor, a las autoridades judiciales de instancia y a esta Corporación,
relacionada con el tiempo laborado y los factores salariales que sustentan la
emisión del bono pensional, es determinante para el análisis del derecho
prestacional que el actor pretende. En efecto, para esta Sala dicha actuación ha
tenido como única finalidad dilatar injustificadamente el trámite pensional del
actor, en detrimento de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital.
44. En suma,
las actuaciones administrativas desplegadas en su momento por las Empresas
Públicas de Armenia en el trámite pensional promovido por el actor, se muestran
como una afrenta al derecho fundamental a su mínimo vital, además de actuar con
abierto desprecio por las reglas que esta Corporación ha construido a partir de
su pacífica y consistente jurisprudencia, en materia de reconocimiento de
derechos pensionales de personas de la tercera edad, puesto que como se ha
advertido reiteradamente, el actor tiene 91 años.
45. Conforme
a lo expuesto, nunca ha existido controversia sobre el tiempo que el actor
laboró en las EPA, por lo que está acreditada la prestación de servicios en los
siguientes periodos: a) del catorce (14) de enero de 1954 hasta el ocho
(8) de febrero de 1955; b) del treinta y uno (31) de marzo de 1955 hasta el
veintiséis (26) de junio de 1959; y c) del veintiocho (28) de febrero de 1961
hasta el veintiuno (21) de septiembre de 1970[148]. Por
tal razón, la entidad accionada ha eludido sus obligaciones legales desde el
año 1994, pues no solo tenía el deber de expedir el bono pensional, sino que
además, ha desinformado al actor sobre las gestiones y trámites que deben
surtirse, y le generó incertidumbre sobre la resolución de su derecho
pensional, pues tal fue el grado de confusión que sus responsabilidades
administrativas fueron eludidas mediante argumentaciones irracionales e
injustificadas, lo que desconoce los derechos fundamentales del peticionario.
46. En
efecto, la negativa de la entidad accionada de emitir el bono pensional, con
fundamento en la necesidad de que al afiliado le haya sido reconocida
previamente la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES, es contraria a las
disposiciones legales que regulan el trámite administrativo para la expedición
del mencionado documento, a los postulados mínimos de la razón, y desconoce
criterios básicos y elementales de la lógica argumentativa y probatoria, pues
le impuso al usuario la irracional labor de acreditar un hecho de imposible
realización, puesto que tal exigencia demostrativa solo es fácticamente posible
una vez sea emitido y enviado el bono pensional a la administradora de
pensiones. Esta práctica esta proscrita por la Constitución y la ley, y no
puede ser fomentada por entidades públicas encargadas del reconocimiento de
estos derechos, a través de un completo desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales construidas pacíficamente por esta Corporación, y además, de
la elusión consciente de una aplicación humanizante de las normas que regulan
el trámite de expedición de los bonos pensionales.
Así
las cosas, las EPA debían emitir desde el año 1997 el correspondiente bono
pensional y remitirlo inmediatamente al ISS hoy COLPENSIONES. Dicha omisión
implicó que la administradora de pensiones de aquella oportunidad negara la
petición de derecho pensional y otorgara la indemnización sustitutiva sin
contar con el tiempo laborado por el actor para las EPA, pues no conocía la
historia laboral completa del usuario.
De
esta manera, la administradora de pensiones fue inducida en error por parte de
la entidad emisora, pues no tuvo en cuenta toda la historia laboral del
accionante. Por tal razón, las Resoluciones No. 013054 de 2005 emitida por el
ISS y la GNR 75386 de 2016, dictada por COLPENSIONES, fueron proferidas con
ausencia de los elementos fácticos necesarios para proferir la decisión allí
contenida y en detrimento de los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital del actor, por lo que esta Corporación las dejará sin efectos.
47. De otra
parte, esta Sala considera que la omisión injustificada de las EPA implicó la
retención de recursos de naturaleza pública que no solo afectaron los derechos fundamentales
del actor, sino que trascienden al sostenimiento del Sistema General de
Pensiones, puesto que se afectó una fuente de financiamiento del régimen
pensional lo que en últimas repercute en el carácter solidario sobre el que
descansa[149].
En efecto, la emisión del bono pensional por parte de la entidad accionada le
hubiera representado al ISS-hoy COLPENSIONES- un activo pendiente de ser
redimido, que podría haber sido utilizado por esa entidad en términos de
planeación estratégica para el fondeo del sistema general de pensiones.
Acreditación
de las vulneraciones a los derechos fundamentales del actor por parte de
COLPENSIONES
48. Ahora
bien, la Administradora Colombiana de Pensiones–COLPENSIONES, también
desconoció los derechos fundamentales invocados por el actor, como pasa a verse
a continuación:
- COLPENSIONES
es la entidad encargada de resolver la petición sobre las acreencias
pensionales presentada por el accionante, específicamente aquella
relacionada con el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, porque no le
es aplicable el artículo 2° del Decreto 1730 de 2001, tal como esa entidad lo
manifestó en la Resolución GNR 73586 de 2016. En efecto, esa norma consagra:
“ARTICULO 2º-Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada administradora del régimen de prima
media con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá
efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo
cotizado.
En
caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones
haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva
corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación
de reconocer las obligaciones pensionales.
En
el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep,
será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará
a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para
determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”
Como se observa,
la norma transcrita establece las siguientes reglas: i) cada administradora del
régimen de prima media con prestación definida a la que haya cotizado el
trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva;
ii) en caso de que la administradora a la que se hubieran efectuado las
cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocimiento del derecho
prestacional recae en la entidad que la sustituya en sus obligaciones
pensionales; iii) En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en
la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional, FOPEP, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su
reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo; y iv) para determinar el
monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de las
semanas cotizadas, aun las anteriores a la Ley 100 de 1993.
El FOPEP fue
creado por el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, como una cuenta de la Nación
adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad social y sus recursos se
administran mediante encargo fiduciario. Tiene como función sustituir a la Caja
Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago de las pensiones de
vejez o de jubilación y de sustitución o sobreviviente, y a las demás cajas de
previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional, que el
Gobierno determine y para los mismos efectos. Estas funciones fueron
desarrolladas por el artículo 2° Decreto 1132 de 1994[150].
Frente al caso
concreto y consultado el portal web, el FOPEP no ha sustituido en sus
obligaciones pensionales a las Empresas Públicas de Armenia[151], por
lo que dicha normativa no le es aplicable al caso concreto.
Esta Corte en la
sentencia T-529 de 2009[152],
expuso que: “(…) el derecho a reclamar
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez está en cabeza de todos los
habitantes del territorio nacional que, habiendo cumplido con la edad de
pensión, no cuentan con el número de semanas de cotización exigidas para
acceder a esa prestación, independientemente de haber estado afiliadas o no al
Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en que entró en vigencia la
Ley 100 de 1993.”[153]
Ahora bien, esta
Corporación en sentencia T-681 de 2013[154],
expresó que en el marco del régimen de prima media con prestación definida,
pueden observarse las diferentes instituciones obligadas a reconocer la
indemnización sustitutiva en consideración a: i) la condición del empleador;
ii) la naturaleza jurídica de las entidades que asumieron los riesgos que
surgen como consecuencia de la vejez; y iii) el momento en que cesó la relación
laboral.
De esta manera,
en la providencia citada se consignó que, por regla general, su reconocimiento
le corresponde a la administradora del régimen de prima media a la que se
encuentra vinculado el trabajador, incluso por el tiempo laborado o cotizado
con anterioridad a la Ley 100 de 1993[155].
De igual forma,
para la Sala es claro que en su momento el ISS, hoy COLPENSIONES reafirmó su
competencia para conocer las peticiones prestacionales del actor, puesto que
mediante Resolución No. 013057 del 2005 resolvió negar la petición de
reconocimiento de pensión de vejez y en su lugar concedió la indemnización
sustitutiva, sin que esa entidad cuestionara esa facultad, o se negara a
decidir sobre las pretensiones del accionante.
De igual manera,
el asunto fue conocido por la jurisdicción ordinaria laboral[156],
escenario procesal en el que no se debatió la competencia del ISS para conocer
el reconocimiento de la pensión de vejez del accionante, sino que la
improsperidad de las pretensiones tuvo como fundamento la ausencia de las
semanas de cotización requeridas para acceder al derecho pensional reclamado.
En suma, esta
Sala considera que COLPENSIONES es la entidad encargada de resolver la
solicitud de reconocimiento de acreencias laborales pretendida por el actor,
con fundamento en la inaplicación del artículo 2° del Decreto 1730 de 2001 al
presente caso y la pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Corporación.
- Esa
entidad incumplió su deber de gestionar de manera integral la historia laboral del
actor. En efecto, el ciudadano le manifestó en el año 2006, al momento
de formular los recursos de reposición y apelación contra la Resolución No.
013057 del 2005, que había laborado para las Empresas Públicas de Armenia en
los periodos que han sido expuestos previamente y que, por las razones
manifestadas con antelación, esa entidad no tenía en sus archivos dicha
información, pues asumió los riesgos en esa zona del país en el año de 1967.
En
relación con lo expuesto, esta Sala previamente describió el trámite
administrativo para la expedición y redención de los bonos pensionales, en el
que el ISS hoy COLPENSIONES tiene un papel protagónico, pues de manera conjunta
y concertada era el encargado de solicitar el mencionado título ante las EPA, y
analizar en su conjunto la totalidad de la historia laboral del afiliado, las
semanas cotizadas y el tiempo efectivamente trabajado, para adoptar una
decisión sobre los derechos pensionales reclamados con base en la plenitud de
las circunstancias fácticas que sustentaban la petición del actor.
Conforme
a lo anterior, COLPENSIONES omitió su deber legal de gestionar
administrativamente la reconstrucción de la historia laboral del accionante con
fundamento en lo que oportunamente le expresó en el año 2006 y que le ha reiterado
en las recientes peticiones presentadas ante esa entidad. De nuevo, la Sala
observa un desprecio por la atención y la gestión eficiente y eficaz de la
solicitud pensional del actor, quien, en atención a sus especiales condiciones,
resulta gravemente afectado en sus derechos fundamentales.
49. Por lo
expuesto, las Resoluciones No. 013054 de 2005 proferida por el ISS y la GNR
75386 de 2016, emitida por COLPENSIONES, se reitera, fueron dictadas sin los
elementos fácticos necesarios para emitir la decisión allí contenida, y con
pleno desconocimiento de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital del actor, por lo que se declararán sin efectos.
Ausencia
de prescripción de las acreencias laborales solicitadas por el accionante
50. La Sala
considera que no le asiste razón a las entidades demandadas en relación con la
supuesta operancia de la prescripción en el presente asunto, por las siguientes
razones:
i) La
jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica y reiterada en afirmar que
los derechos pensionales son imprescriptibles, bien se trate de la pensión de
jubilación o de la indemnización sustitutiva.
ii) No
identificaron con claridad y precisión la naturaleza de la providencia que
constituye precedente obligatorio o cosa juzgada en el presente asunto y que
proyecte con efectos constitutivos, la imprescriptibilidad del derecho
pensional a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
iii) En el
presente caso, las entidades accionadas no han presentado los argumentos
suficientes para que la Sala se aparte del precedente consolidado en la
materia.
43. En
consecuencia, es claro que al accionante se le desconocieron sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital por dos (2) eventos
plenamente identificables: i) la negativa de la emisión del bono pensional
fundamentado en la omisión administrativa de las EPA y a la falta de gestión
del Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES para la expedición del
mencionado documento por parte de las Empresas Públicas de Armenia; y, ii) la
negativa de reconocimiento de la pensión de vejez o de la indemnización sustitutiva
de la misma a favor del actor, con base en análisis parciales y limitados de la
historia laboral del afiliado, en especial, por omitir considerar el tiempo efectivamente
trabajado en las EPA durante el periodo comprendido entre el año 1954 y 1966.
La
ausencia de reconocimiento de esta prestación social por parte de la entidad accionada
tiene un grave impacto en el mínimo vital del accionante, razón por la cual
está acreditada la vulneración a los derechos fundamentales invocados y procede
la protección constitucional solicitada.
Las
órdenes de protección constitucional
51. La Sala,
en atención a la especial condición de vulnerabilidad del actor derivada de su
avanzada edad (91 años) y de la injustificada prolongación en el tiempo de las
vulneraciones a sus derechos fundamentales, proferirá las siguientes órdenes de
protección constitucional:
i) Dejará
sin efectos las Resoluciones números 13054 de 2005, proferida por el ISS, así
como la GNR75386 de 2016, emitida por COLPENSIONES.
ii) Las
Empresas Públicas de Armenia deberán emitir y enviar a COLPENSIONES en un
término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente providencia, la liquidación provisional del bono pensional del
señor Faustino Romero Quintero relacionado con el tiempo efectivamente laborado
en esa entidad entre enero de 1954 y diciembre de 1966, específicamente en los
siguientes periodos: a) del catorce (14) de enero de 1954 hasta el ocho
(8) de febrero de 1955; b) del treinta y uno (31) de marzo de 1955 hasta el
veintiséis (26) de junio de 1959; y c) del veintiocho (28) de febrero de 1961
hasta el veintiuno (21) de septiembre de 1970.
La
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, una vez sea radicada la
liquidación provisional el bono pensional emitida por las EPA, dentro de los
dos (2) días siguientes a su recibo, deberá dar traslado de la misma al
beneficiario para que aquel se pronuncie sobre dicha actuación dentro de los
tres (3) días siguientes. Vencido el anterior plazo sin que se hayan presentado
objeciones por parte del beneficiario, en el plazo de un (1) día COLPENSIONES
comunicará la aceptación de la liquidación provisional a las EPA, las cuales
contarán con un plazo de cinco (5) días contados a partir del recibo de dicha
comunicación para emitir el correspondiente bono pensional.
Si
existieren objeciones por parte del beneficiario, deberá resolverlas en un
término de dos (2) días, contados a partir del vencimiento anterior. Contra
esta decisión procederán los recursos de vía administrativa. De ser fundadas
las objeciones COLPENSIONES le comunicará a las EPA la objeción de la
liquidación provisional, para que esas empresas públicas procedan a realizar
una nueva liquidación conforme a lo informado por COLPENSIONES, actuación que
no podrá superar el improrrogable término de cinco (5) días. En este evento
deberá surtirse nuevamente el procedimiento descrito en el inciso anterior, el
cual en todo caso no podrá superar el término de diez (10) días.
Emitido
el bono pensional por las EPA, deberá remitirse a COLPENSIONES en el
improrrogable plazo de un (1) día. Esa entidad deberá resolver la situación
pensional del accionante en un término improrrogable de diez (10) días. En ese
sentido, tienen la obligación de considerar toda la historia laboral del accionante,
las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, el tiempo efectivamente
trabajado en las EPA y los factores salariales para determinar si le asiste el
derecho a la pensión de vejez o si es beneficiario de la indemnización
sustitutiva de esa prestación.
Para
tales efectos, deberá realizar todas las gestiones administrativas tendientes a
resolver la petición del actor, específicamente las relacionadas con los
efectos derivados de la Resolución No. 013054 de 2005, puesto que aquellos no
podrán ser utilizados como barrera para negar cualquier clase de derecho
pensional que pueda ser beneficiario el actor, pues como ya se dijo, quedan sin
efectos.
Frente
a este punto, la Sala considera necesario precisar lo siguiente:
a) Si los
dineros reconocidos en la Resolución No. 013054 de 2005 a favor del actor no
han sido retirados de la cuenta en la que fueron consignados, esa entidad
adelantará todos los trámites administrativos necesarios para recuperar esos recursos
y destinarlos al financiamiento de la prestación pensional a la que tenga
derecho el accionante.
b) Si el
capital descrito previamente fue retirado por el actor, COLPENSIONES no podrá
alegar dicha situación como obstáculo para el reconocimiento del derecho
pensional al que tenga derecho, por lo que debe procederse a su concesión en
todo caso. En tal evento, una vez sea declarado el derecho pensional a que haya
lugar, deberá adelantar de manera concertada con el accionante las medidas
compensatorias requeridas sin que se afecten los derechos fundamentales del
ciudadano.
En ningún caso,
este trámite podrá superar el término de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de la presente providencia.
52. Adicionalmente,
la Sala ordenara que a través de la Secretaría General de esta Corporación, se compulsen
copias del expediente y de este fallo a la Procuraduría General de la Nación,
para que dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, de
una parte intervenga en el presente asunto y acompañe el cumplimiento de esta
sentencia; y de otra, adelante las investigaciones disciplinarias de las
conductas de los funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y de
la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, que han participado en
la resolución de la solicitud de reconocimiento pensional adelantado por el
señor Faustino Romero Quintero, si a ello hubiera lugar.
53. De igual manera, la Sala ordenará que
por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen copias del
expediente y de este fallo a la Contraloría General de la Nación, para que
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, investigue la
gestión pública y sus efectos en materia de daño al erario, posiblemente
causado por la retención irregular de los recursos públicos correspondientes al
bono pensional Tipo B cuyo beneficiario es el señor Faustino Romero Quintero,
realizado por los funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia y
adicionalmente, por la falta de diligencia de los empleados de COLPENSIONES
para la consecución del mencionado capital con destino al financiamiento del
sistema general de pensiones.
Conclusiones
54. La Sala dió
respuesta al problema jurídico planteado de la siguiente manera:
a. Se verificó la
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de
acreencias pensionales.
b. Tanto las EPA
como COLPENSIONES tienen competencias concurrentes y complementarias para la
expedición del bono pensional tipo B del cual es beneficiario el accionante. En
efecto, la administradora de pensiones al recibir la solicitud de
reconocimiento pensional, tiene el deber legal de gestionar ante el empleador, en
este caso las Empresas Públicas de Armenia, toda la historia laboral y en
especial la expedición de los correspondientes bonos pensionales que
contribuyen a financiar la prestación pensional. Por su parte, las EPA, tienen
la obligación de emitir el bono pensional al trabajador que les prestó sus
servicios. Conforme al artículo 2° del Decreto 1314 de 1994, la mencionada
obligación debía materializarse dentro de los tres (3) años siguientes a la
fecha de traslado del afiliado al régimen de prima media, lo que en el caso
concreto implicaba hasta el año 1997, lo que configuró un escenario continuo de
vulneración de los derechos fundamentales por más de veinte (20) años.
De igual manera, se acreditó que contrario a lo
afirmado por las EPA, la obligación de emisión del bono pensional no depende
del reconocimiento de la pensión de vejez o de la indemnización sustitutiva,
pues se trata de un documento que contiene información necesaria para resolver
sobre la concesión de las mencionadas prestaciones, por lo que su expedición es
anterior a la misma.
c. Se acreditó que
las entidades accionadas desconocieron los derechos fundamentales del actor de
la siguiente forma: i) las EPA al negarse injustificada e irrazonablemente al
reconocimiento y remisión del bono pensional a COLPENSIONES para que esa
entidad resolviera las peticiones presentadas por el afiliado relacionadas con
sus acreencias pensionales; y ii) COLPENSIONES al eludir su  obligación legal
de gestionar a nombre del afiliado la expedición del bono pensional y además,
resolver las solicitudes presentadas por el usuario sin haber reconstruido su
historia laboral, el tiempo trabajado para las EPA, y en general sin contar con
todos los elementos fácticos que sustentaban las pretensiones del accionante.
d. La falta de
certeza sobre los requisitos legales para resolver las solicitudes pensionales
del ciudadano, debido a la falta de cumplimiento de las órdenes proferidas por
el juez de segunda instancia y las emitidas en sede de revisión, generó la
necesidad de adoptar medidas de protección a los derechos fundamentales
vulnerados, encaminadas a obtener que las entidades gestionen de manera
concertada y coordinada tanto la expedición del bono pensional, como la
resolución de la petición presentada por el actor.
Adicionalmente, se ordenará la compulsa de copias
del expediente y de la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación
y a la Contraloría General de la República, para que dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones
disciplinarias y fiscales a que hubiere lugar, por las irregulares actuaciones
en la resolución de las peticiones del actor, adelantadas por las EPA y
COLPENSIONES.
Decisión
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- Levantar
los términos de suspensión para fallar el presente asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2016, proferida por la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y en su
lugar CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del señor Faustino Romero Quintero.
TERCERO.- DEJAR sin
efectos las Resoluciones números 13054 de 2005, proferida por el ISS, así como
la GNR-75386 de 2016, emitida por COLPENSIONES.
CUARTO.- ORDENAR
a las Empresas Públicas de Armenia que emitan y envíen a COLPENSIONES en un
término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente providencia, la liquidación provisional del bono pensional del
señor Faustino Romero Quintero relacionado con el tiempo efectivamente laborado
en esa entidad entre enero de 1954 y diciembre de 1966, específicamente en los
siguientes periodos: a) del catorce (14) de enero de 1954 hasta el ocho
(8) de febrero de 1955; b) del treinta y uno (31) de marzo de 1955 hasta el
veintiséis (26) de junio de 1959; y c) del veintiocho (28) de febrero de 1961
hasta el veintiuno (21) de septiembre de 1970.
ORDENAR a COLPENSIONES,
que una vez sea radicada la liquidación provisional el bono pensional emitida
por las EPA, dentro de los dos (2) días siguientes a su recibo, DE TRASLADO
de la misma al beneficiario para que aquel se pronuncie sobre dicha actuación
dentro de los tres (3) días siguientes. Vencido el anterior plazo sin que se
hayan presentado objeciones por parte del beneficiario, en el plazo de un (1)
día COLPENSIONES COMUNICARÁ la aceptación de la liquidación provisional
a las EPA, las cuales contarán con un plazo de cinco (5) días contados a partir
del recibo de dicha comunicación para emitir el correspondiente bono pensional.
Si
existieren objeciones por parte del beneficiario, las RESOLVERÁ en un término
de dos (2) días, contados a partir del vencimiento anterior, contra esta
decisión procederán los recursos de vía administrativa. De ser fundadas las objeciones
COLPENSIONES COMUNICARÁ a las EPA la objeción de la liquidación
provisional, para que esas empresas públicas REALICEN una nueva
liquidación conforme a lo informado por COLPENSIONES, actuación que no podrá
superar el improrrogable término de cinco (5) días. En este evento deberá
surtirse nuevamente el procedimiento descrito en el inciso anterior, el cual en
todo caso no podrá superar el término de diez (10) días.
Emitido
el bono pensional por las EPA lo REMITIRÁN a COLPENSIONES en el
improrrogable plazo de un (1) día.
QUINTO.- ORDENAR
a COLPENSIONES, que una vez reciba el bono pensional emitido por las EPA, RESUELVA
la situación pensional del accionante en un término improrrogable de diez (10)
días. En ese sentido, CONSIDERARÁ toda la historia laboral del
accionante, las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, el tiempo
efectivamente trabajado en las EPA y los factores salariales para determinar si
le asiste el derecho a la pensión de vejez o si es beneficiario de la
indemnización sustitutiva de esa prestación.
Para
tales efectos, REALIZARÁ todas las gestiones administrativas tendientes
a resolver la petición del actor, específicamente las relacionadas con los
efectos derivados de la Resolución No. 013054 de 2005, en los precisos términos
del fundamento jurídico 51 de esta providencia.
SEXTO.- ORDENAR
a
las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y a COLPENSIONES que el cumplimiento de
las medidas de protección contenidas en los numerales 4° y 5° de esta
providencia, en ningún caso podrá exceder del término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de la presente providencia.
SÉPTIMO.-
ORDENAR que
a través de la Secretaría General de esta Corporación, se compulsen copias del
expediente y de este fallo a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro
del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, de una parte
intervenga en el presente asunto y acompañe el cumplimiento de esta sentencia;
y de otra, adelante las investigaciones disciplinarias de las conductas de los
funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y de la Administradora
Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, que han participado en la resolución de
la solicitud de reconocimiento pensional adelantado por el señor Faustino
Romero Quintero, si a ello hubiere lugar.
OCTAVO.-
ORDENAR que,
por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen copias del
expediente y de este fallo a la Contraloría General de la Nación, para que
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, investigue la
gestión pública y sus efectos en materia de daño al erario, posiblemente
causado por la retención irregular de los recursos públicos correspondientes al
bono pensional Tipo B cuyo beneficiario es el señor Faustino Romero Quintero,
realizado por los funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia y
adicionalmente, por la falta de diligencia de los empleados de COLPENSIONES para
la consecución del mencionado capital con destino al financiamiento del sistema
general de pensiones.
NOVENO.- Por
Secretaría General de esta Corporación, INFORMAR al señor Faustino
Romero Quintero, que en caso de incumplimiento de las medidas de protección
contenidas en la presente providencia, puede solicitar ante el Juzgado Quince
Civil del Circuito de Oralidad de Cali como juez de primera instancia, de
manera simultánea o sucesiva: (i) su cumplimiento, por medio del denominado trámite
de cumplimiento, y/o (ii) la imposición de sanciones a la autoridad
renuente, con el incidente de desacato, conforme a los artículos 23, 27
y 52 del Decreto 2591 de 1991.
DÉCIMO.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
[1] Folio 19 cuaderno principal.
[2] Folios 23-24 cuaderno principal.
[3] Al verificar el acto administrativo en mención se observa una
inconsistencia en relación con el beneficiario de esas semanas cotizadas, pues
el citado documento hace referencia al señor Ángel María Medina Lasso (folio 23
cuaderno principal).
[4] Al revisar la providencia se trata de una exposición del juez
con base en los hechos de la demanda y en la Resolución 900064 de 2007
proferida por el ISS, que como se advirtió presenta una inconsistencia en
relación con el titular de las semanas cotizadas pues hace referencia al señor
Ángel María Medina Lasso (folio 30 cuaderno principal).
[5] Folio 33-40 cuaderno principal.
[6] Folio 42-44 cuaderno principal.
[7] Folio 43v cuaderno principal.
[8] Folios 50-55 cuaderno principal.
[9] Folio 67 cuaderno principal. Con el presente documento esa
entidad aportó copia simple de la Resolución número GNR 73586 del nueve (9) de
marzo de 2016, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional solicitada por el accionante (ver folios 69-71 cuaderno principal).
[10] Folios 73-79 cuaderno principal.
[11] Folio 77 cuaderno principal.
[12] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[13] Folio 77 cuaderno principal.
[14] Ibídem.
[15] Folio 82-83 cuaderno principal.
[16] Folio 25 cuadernos de segunda instancia.
[17] Folios 26-42 cuaderno de revisión.
[18] Folios 52-55 cuaderno de revisión.
[19] Folios 54-55 cuaderno de revisión.
[20] Folio 53 cuaderno de revisión.
[21] Folio 52 cuaderno principal.
[22] Folios 43-49 cuaderno principal.
[23] Folio 43 cuaderno de revisión.
[24] Folio 59 cuaderno de revisión.
[25] Folios 115 al 128 cuaderno de revisión.
[26] Disponible en
http://www.fosyga.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA.
[27] Folios 130-136 cuaderno de revisión.
[28] Folios 137-143 cuaderno de revisión.
[29] Folios 134-136 cuaderno de revisión.
[30] Folio 137 cuaderno de revisión.
[31] Folio 138 cuaderno principal.
[32] Folios 144-151 cuaderno de revisión.
[33] Folio 151 cuaderno de revisión.
[34] Folio 152-153 cuaderno de revisión.
[35] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas
con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[36] Al respecto ver la información consignada en el portal web de
la entidad http://www.epa.gov.co/institucional/historia, consultada el doce
(12) de julio de 2017.
[37] “Procedencia de la acción de tutela.
La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2º de esta ley.”
[38] Sentencia T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre
otras.
[39] Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-887
de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[40] Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[41] Sentencias T-1009 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de
2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[42] M.P. María Victoria Calle Correa
[43] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Sentencias T-526 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño. y T-692 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[45] Sentencia T-654 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[47] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[48] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[49] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[50] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[51] Ver
sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-594 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52]M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[53] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[54]M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[55]M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[56]M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] T-760 de 2008, MP. Mauricio González Cuervo;  T-819 de 2003 MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra y T-846 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño. Citadas en la
sentencia T-571 de 2015.
[58] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[59] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[60] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[61] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[62] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[63] M.P. María Victoria Calle Correa.
[64] Sentencia T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[65] Al respecto ver sentencias T-052 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar
Gil y T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[66] Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–859 de
2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[67] Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T–436 de
2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T–108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre
otras.
[68] Sentencias T–328 de 2011 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del
11 de septiembre de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[69] Al respecto ver sentencias T-001, T-304 y T-637 todas de 1997 y T-472
de 2008, reiteradas en sentencia T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[70] Sentencia T-480 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa,
reiterada en sentencia T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[71] Así está consignado en la sentencia No. 217 del treinta de noviembre
de 2010, que obra a folio 25 del cuaderno principal.
[72] Folio 4 cuaderno principal.
[73] Folios 4 y 5 cuaderno principal.
[74] Folio 5 cuaderno principal.
[75] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Este capítulo
se desarrollara con fundamento en las consideraciones allí señaladas.
[76] CEPAL et al. Los derechos de las personas mayores. En:
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/43682/Modulo_1.pdf
(Mayo 3 de 2017)
[77] Sentencia C-177 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Es
necesario otorgar niveles superiores de protección a quienes “supera[n] el
estándar de los criterios de adulto mayor”.
[78] Ley 1276 de 2009. Artículo 7°. “Definiciones. Para fines de la
presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: // (…) b). Adulto Mayor.
Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio
de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada
dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen”.
[79] Sentencia T-138 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo. “Trasladar
la definición de la Ley 1276 de 2009 para los propósitos que se vienen
analizando –precisar el concepto de ‘tercera edad’ para admitir que el
reconocimiento del derecho a la pensión de vejez pueda hacerse excepcionalmente
vía tutela-, implicaría aceptar una definición que está incluso por debajo del
parámetro básico del sistema general de pensiones. Esto no tendría sentido
porque llevaría al absurdo de permitir que por la vía excepcional de la tutela
se estudien reconocimientos de pensiones de quienes, según la regla general,
aún no tendrían derecho a ella.”
[80] CEPAL et al. Los derechos de las personas mayores. En: http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/43682/Modulo_1.pdf
(Mayo 3 de 2017)
[81] Sentencia T-047 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[82] Sentencia T-833 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[83] Información disponible en http:
http://190.7.110.162:8089/Aplicaciones/Internet_BDUA_GELL/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=51uhUZ4YaRY=,
consultado el doce (12) de julio de 2017.
[84] Folios 73-79 cuaderno principal.
[85] Folio 77 cuaderno principal.
[86] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[87] Folio 77 cuaderno principal.
[88] Ibídem.
[89] Folio 43 cuaderno de revisión.
[90] Sentencia T–021 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[91] Sentencia T–406 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón.
[92] Sentencia T–021 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[93] Sentencia T-859 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[94] Sentencia T–1318 de 2005M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. reiterado
en sentencia T–468 de 2007 con ponencia del mismo Magistrado. Ver también
sentencia T–760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-713 de 2014 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95] Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 19 El derecho a la
seguridad social (Artículo 9), 39ª período de sesiones 5 – 23 de noviembre de
2007. Ginebra. Párrafo 1.
[96] Ibídem párrafo 2.
[97] Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, 1948.
[98] Sentencia T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[99] El artículo 17 mencionado era del siguiente
tenor: “Artículo 17º.- Los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
a)
Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el
tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
b).
Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de
doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o
préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira deduciendo
de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
c)
Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de
trabajo para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente
a la totalidad del último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta
pesos ($50) ni exceder de doscientos pesos ($200).
La
pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.
d)
Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le
hubiere correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.
e)
Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero en
desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de incapacidad
comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo o jornal
durante los primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.
f)
Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que
haya lugar, sin pasar de seis (6) meses.
g)
Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.
Parágrafo.- Los empleados que hayan prestado sus servicios
al Congreso durante veinte legislaturas continuas o discontínuas, tendrán
derecho a todas las prestaciones sociales contenidas en este artículo.”
[100] Por la
cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales.
[101] Sentencia T- 205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[102] Artículo 259. Regla General Los empleadores o empresas que se determinan en el presente
Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las
especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de
ellas en su respectivo capítulo.
2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el
seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los
empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de
los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto.
[103] Ver Concepto 16777 de octubre 13 de 2005 del Instituto de Seguros
Sociales. Las demás normas existentes entre el Acuerdo 24 de 1966 y la Ley 100
de 1993, no presentan relevancia para el problema jurídico que estudia la Sala,
razón por la cual no son mencionadas. Citado en la sentencia T-665 de 2015 M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[104] Por el cual se expide el reglamento general del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
[105] Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
[106] Sentencia T-205 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[107] Ibídem.
[108] Sentencia T-045 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[109] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[110] Sentencia de 25 de octubre de 1918, Ponente: Gnecco Laborde, ver
G.J.T. XXVI, #1380, pág. 378 y la de 10 de diciembre de 1915 (g.j. #1225,
p.165) ambas de la Corte Suprema, Sala Plena. Citado en la sentencia C-107 de
2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[111] Sentencia del 28 de febrero  de 1946 M.P. Aníbal Cardozo Gaitán.
Gaceta Judicial Nº 2029, pág. 1. Citada en la sentencia C-107 de 2002 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[112] Cfr. Sentencia C-230 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
[113] Cfr. Sentencia C-546 de 1992 MM.PP. Ciro Angarita Barón y Alejandro
Martínez Caballero
[114]  Cfr. Sentencia T-183 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[115] Sentencia T-655 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[116] Sentencia T-972 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[117] Sentencia T-655 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[118] Ibídem.
[119] Cfr. T-850 de agosto 28 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
T-238 de abril 1° de 2009, M. P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-650 de
septiembre 5 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Citados en la
sentencia T-665 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[120] Véanse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional
T-972 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar
Gil), T-099 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-180 de 2009 (MP. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-080 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-478 de
2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-799 de 2010 (MP. Mauricio González
Cuervo), T-083 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-062 de 2012 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-338 de 2012 (Humberto Antonio Sierra
Porto). Estas sentencias fueron citadas por la sentencia T-750 de 2012 M.P.
María Victoria Calle Correa, en la que afirmó “En todas esas providencias
(se refiere a las previamente expuestas) se ampararon los derechos
fundamentales de personas que, con el argumento de haber efectuado sus aportes
al sistema antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, les negaron el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. La Corte
sostuvo que tales negativas contrariaban los presupuestos legales que
expresamente disponían la computación de todos los aportes efectuados al
sistema para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez (artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y artículo 2 del Decreto 1730 de
2001), y los principios constitucionales de igualdad y legalidad.”
[121] M.P. María Victoria Calle Correa.
[122] Literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. “[P]ara el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, cualquiera
que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.”
[123] Sentencia T-056 de 2017 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Al
respecto ver sentencia T-445A de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[124] Sentencia T-921 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[125] Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo,
redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los
Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de 1993.
[126] Sin perjuicio de la existencia de otras clases de bonos pensionales.
[127] por el cual se dictan las normas para la emisión y redención
de los bonos pensionales por traslado de servidores públicos al régimen de
prima media con prestación definida.
[128] Sentencia T-1044 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[129] Ibídem.
[130] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[131] La exposición del trámite del bono pensional se fundamenta en el
análisis contenido en la sentencia T-1044 de 2001.
[132] Artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20
del Decreto 1513 de 1998.
[133] Sentencia T-1044 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[134] Sentencia T-160 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[135] Sentencia T-912 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa oportunidad
también fueron citadas las Sentencias C-230 de 1998, M.P. Hernando
Herrera Vergara y C-624 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[136] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[137] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[138] Folio 16 del cuaderno principal que contiene la cedula de
ciudadanía número 4.369.653 que pertenece al demandante.
[139] Folios 45 y 140 cuaderno de revisión certificaciones expedidas
por la Gestora de la Unidad de Talento Humano de las EPA, del siete (7) de
junio y el siete (7) de julio ambas de 2017.
[140]
[141] Folios 19, 23 y 24 del cuaderno principal.
[142] Folios 42-45 cuaderno principal.
[143] Folios 45-47 cuaderno principal.
[144] Folio 30v cuaderno principal.
[145] Folios 54-55 cuaderno principal.
[146] Folios 17-18 cuaderno principal.
[147] Folios 54-55 cuaderno de revisión.
[148] Folios 45 y 140 cuaderno de revisión certificaciones expedidas
por la Gestora de la Unidad de Talento Humano de las EPA, del siete (7) de
junio y el siete (7) de julio ambas de 2017.
[149] Literal C del artículo 2° de la Ley 100 de 1993.
[150] “ARTICULO 2o. FUNCIONES. El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional tendrá las siguientes funciones: 1.- Sustituir a la Caja de Previsión
Social, Cajanal, en lo relacionado con el pago de las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, reconocidas por
Cajanal al momento de asumir el Fondo su pago. 2.- Sustituir a la Caja nacional
de Previsión Social, en lo relacionado con el pago de pensiones por reconocer,
es decir, aquellas en las cuales se han reunido los requisitos para obtener el
derecho, se ha presentado la solicitud de reconocimiento pero aún no se ha
decidido sobre la misma. 3.- Sustituir a la Caja Nacional de Previsión Social
en lo relacionado con el pago de pensiones de aquellas personas que han
cumplido con el tiempo de servicio pero no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, siempre y cuando no se encuentren afiliados a
ninguna administradora del régimen de pensiones de cualquier orden. 4.-
Sustituir a los demás fondos, cajas y entidades de previsión insolventes del
orden nacional, que el Gobierno nacional determine y para los mismos efectos
señalados en los numerales 1, 2, y 3 del presente artículo. 5.- Sustituir a los
ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos que
tengan a su cargo el pago directo de pensiones legales, con aportes de la
Nación. 6.- tomar las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a
los siguientes compromisos: i). El reajuste anual contenido en el Decreto 2108
de 1992, y ii). La mesada pensional adicional de que trata el artículo 142 de
la Ley 100 de 1993. 7.- Llevar los registros contables y estadísticos
necesarios, garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir
una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las
obligaciones que en materia pensional deba atender el Fondo. 8.- Velar para que
la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le correspondan. 9.-
Velar para que las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan
oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes a cada
entidad por concepto de los pasivos pensionales. 10.- Velar porque se
actualicen periódicamente las cuantías de los pasivos del Fondo de Pensiones
Públicas.”
[151] Ver http://www.fopep.gov.co/seccion/entidades-sustituidas-en-el-pago.html,
consultado el dieciocho (18) de julio de 2017.
[152] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[153] Esta postura ha sido sostenida en pronunciamiento posteriores
Cfr. Sentencias T-849A de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. , T-681 de
2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[154] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[155] Esta subregla es reiteración de la sentencia T-750 de 2003 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[156] Al respecto ver las sentencias No. 217 del treinta (3) de
noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Noveno (9) Laboral Adjunto del
Circuito de Cali; y del treinta y uno (31) de mayo de 2011, dictada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en grado de
consulta, obrantes a folios 25-40 del cuaderno principal.