T-438-10
Sentencia T-438/10
Sentencia T-438/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Subordinación e indefensión
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL
AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Lineamientos constitucionales para establecer si una
persona se encuentra en estado de indefensión
COMUNICACION DE LA SUBROGACION PARCIAL O DEFINITIVA DE
LA PENSION DE JUBILACION-Requisitos
mínimos que debe cumplir
ACCION DE TUTELA EN MATERIA PENSIONAL-Procedencia excepcional para reconocimiento de acreencias
laborales
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Noción y finalidad
DEBER DE INFORMAR NUEVO RECONOCIMIENTO PENSIONAL-El ex trabajador o el empleador pueden informar del
nuevo reconocimiento sin que ninguno de ellos esté obligado a hacerlo
SUBROGACION PARCIAL O DEFINITIVA DE LA PENSION DE
JUBILACION-El solo hecho del
reconocimiento de pensión de vejez por parte del ISS no exonera a la empresa de
pagar el mayor valor entre las dos mesadas
Referencia: expediente T-2.540.976 y
acumulados.
Acciones de Tutela instauradas por Filemón
Castillo Delgado, Eliécer Castillo Delgado y Maria Celina Villar de Velásquez
Contra Cementos Andinos S.A en liquidación.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., ocho (8) de junio de dos mil diez (2010)
La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Que
pone fin al proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de San Gil, el 29 de octubre de 2009, y por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de esta misma ciudad, el 7 de diciembre de 2009
(Expediente T-2.540.976), así como de los fallos proferidos por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de San Gil, el 29 de octubre de 2009, y por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, el 10 de diciembre de
2009 (Expedientes T-2.541.052 y T-2.541.053) dentro de las acciones de tutela
promovidas por Filemón Delgado Castillo, Eliécer Delgado Castillo y Maria
Celina Villar de Velásquez contra la Empresa Cementos Andinos S.A. en
liquidación.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del
Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Dos de la Corte
Constitucional escogió los expedientes T-2.540.976, T-2.541.052 y T-2.541.053
seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia relacionada con el
tema de la compartibilidad pensional, para ser fallados en una sola Sentencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Providencia correspondiente.
1.1
SOLICITUD
Los señores Filemón Delgado Castillo y Eliécer
Delgado Castillo (T-2.540.976 y T-2.541.052) y la señora María Celina
Villar de Velásquez (T-2.541.053) demandan ante el juez de tutela la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido
proceso y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por Cementos Andino S.A. en
liquidación, al suspender de forma unilateral el pago de la pensión de
jubilación a los peticionarios, mediante comunicación escrita, oponiendo como
razón que el Instituto de Seguros Sociales les había reconocido la pensión de
vejez y en consecuencia, como dicha prestación tenía el carácter de compartida,
había sido subrogado en la obligación de seguir cancelando la pensión
reconocida, al no haber un mayor valor que cancelar.
1.1.1
HECHOS
1.1.1.1.
Los señores Filemón Delgado
Castillo, 75 años (Expediente T-2.540.976), Eliécer Delgado Castillo, 73 años,
(Expediente T-2.541.052) y la señora María Celina Villar de Velásquez, 68 años,
(Expediente T-2.541.053) señalan que la compañía de Cementos Hércules hoy
Cementos Andino S.A. en liquidación, les venía cancelando la pensión de
jubilación desde hacia varios años en virtud de una conciliación celebrada
entre las partes ante la Inspección de Trabajo de San Gil.
1.1.1.2.
Cuentan que dicho acuerdo fue
celebrado con aquellos trabajadores que en su época reunían los requisitos
mínimos de semanas de cotización y/o tiempo de servicio, pero no cumplían con
la edad exigida para que les fuera reconocida la pensión de vejez por el ISS.
En virtud de lo anterior, mediante la figura de la pensión compartida, la
Empresa se comprometió a cancelar la pensión de jubilación hasta que el
Instituto de Seguros Sociales, una vez hubiesen cumplido con el requisito de la
edad, les reconociera la pensión de vejez.
1.1.1.3.
Narran que el Instituto de
Seguros Sociales les reconoció la pensión de vejez por cumplir con el requisito
de la edad. No obstante, consideran que ello no es óbice para que la Empresa
pretenda sustraerse de la obligación de cancelar la cuota parte de la pensión
reconocida, pues sostienen que el pago que reciben del ISS corresponde sólo a
un porcentaje de la pensión de vejez y que lo que reciben de la Empresa es la
cuota parte que le corresponde cancelar para cubrir el 100% de la prestación
económica recibida.
1.1.1.4.
En el caso particular de la
señora María Celina Villar, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la
pensión de sobrevivientes al acaecer el fallecimiento de su esposo Benito
Velásquez León. Cabe anotar que el cónyuge de la peticionaria también percibía
la pensión de jubilación por parte de la empresa, con quien había celebrado el
acuerdo conciliatorio respecto al pago de la mesada pensional compartida.
1.1.1.5.
En el sentir de los
peticionarios, el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales les haya reconocido
la pensión de vejez y/o de sobrevivientes, no exonera a la Empresa del
cumplimiento de sus obligaciones económicas, respecto a la parte que le
corresponde asumir en la cancelación de dicha prestación, por ser compartida.
1.1.1.6.
Sostienen que recibieron una
comunicación escrita de Cementos Andino S.A. en liquidación, en donde les
informaban que dicha entidad no seguiría cancelando la pensión compartida que
asumió desde el año de 1998 al responsabilizarse del pasivo pensional de la
entonces denominada Cementos Hércules S.A., aduciendo que había quedado relevada
de tal obligación, desde que el Instituto de Seguros Sociales había reconocido
el pago de la pensión de vejez.
1.1.1.7.
Expresan que la accionada ha
obrado arbitrariamente al pretender de manera unilateral suspender el pago de
la parte que le correspondía cancelar de la pensión compartida, ya que los
derechos pensionales sólo pueden ser revocados mediante sentencia judicial y no
mediante una simple comunicación escrita.
1.1.1.8.
Por lo anterior, consideran
que los derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la dignidad
humana, al mínimo vital y al pago oportuno de la pensión están siendo
vulnerados.
2        TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1    EXPEDIENTE T-2.540.976
Radicada la acción de tutela el 16 de octubre de 2009,
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil ordenó recibir la declaración
del señor Edgar Alfonso Fandiño Prieto, antiguo jefe de relaciones industriales
de Cementos Hércules S.A., sobre los hechos referidos por el accionante,
solicitó al Instituto de Seguros Sociales, Pensiones, se sirviera certificar acerca
del tipo de pensión otorgada y además que informara en qué consistía la pensión
compartida y quienes tenían la obligación de cancelarla, ofició a la
Superintendencia de Sociedades para que enviara copia del estudio sobre el
pasivo pensional de Cementos Andino S.A., vinculó al Instituto de Seguros
Sociales, Pensiones y corrió traslado a Cementos Andinos S.A. en liquidación,
para que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones de la acción de
tutela instaurada.
2.1.1          Respuesta
de la Superintendencia de Sociedades
El Coordinador del Grupo de Protección Pensional de la
Superintendencia de Sociedades señaló que de acuerdo a la información entregada
por la Sociedad Cementos Andino S.A. en liquidación, el tipo de pensión
otorgada correspondía a Jubilado con pensión compartida, Empresa e Instituto de
Seguros Sociales.
2.1.2          Respuesta
de la empresa Cementos Andino S.A. en liquidación.
El Representante legal de la
empresa accionada, a través de apoderado judicial, señaló que Cementos S.A en
liquidación había asumido el pasivo pensional de Cementos Hércules S.A., bajo
la figura denominada compartibilidad pensional, así:
“1. Que esta pensión correría
por cuenta de la Compañía CEMENTOS HERCULES S.A., hasta el momento en que esta
fuera asumida y subrogada por parte del Instituto de los Seguros Sociales
(ISS), o sea a partir del momento en que el señor FILEMÓN DELGADO CASTILLO,
reuniera los requisitos exigidos por el ISS, para tal efecto. ´Subrayado Fuera
del Texto´” (folio 42 Cuaderno principal)
Después de realizar algunas precisiones sobre la
diferencia entre la compartibilidad y la conmutación pensional, se centró en la
figura de la pensión compartida. Señaló al respecto que el artículo 18 del
decreto 758 de 1990 estableció que las pensiones reconocidas con posterioridad
al 17 de octubre de 1985 se considerarían compartibles, salvo que en el acto
que las consagrara se hubiera previsto una situación diferente.
Explicó que el Decreto 3041
de 1966 dio origen a la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte
por parte del Instituto de Seguros Sociales, el cual previó un régimen de
transición para aquellos trabajadores que tuvieren 10 o más años de servicios,
los cuales debían afiliarse obligatoriamente al ISS. En virtud de lo anterior,
el empleador continuaba realizando los aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensiones y asumía el reconocimiento de la pensión de jubilación
hasta tanto dichos trabajadores reunieran el requisito de la edad. Una vez
cumplieran con el lleno de todos los requisitos legales, el Instituto de
Seguros Sociales asumía el reconocimiento de la respectiva prestación
económica.
Lo anterior originaba la
subrogación en todo o en parte de la obligación adquirida por parte del
empleador frente al ex – trabajador. Esto es, si no había un mayor valor que
cancelar, la Empresa quedaba relevada de seguir cancelando la mesada pensional
por ella reconocida; en caso contrario, sólo estaría obligada a cancelar la
diferencia existente entre el valor otorgado por el ISS y el de la Empresa.
Sostuvo la accionada que si
bien es cierto que Cementos Andino S.A. en liquidación, al realizar la compra
del patrimonio a Cementos Hércules, asumió el pasivo pensional de la Empresa,
también lo es que en algunos casos, al seguir cancelando las pensiones de
jubilación se ocasionó un detrimento patrimonial a la misma durante varios
años.
Ello por cuanto el pasivo
pensional que en algunos casos se venía cancelando obedecía a obligaciones que
ya habían expirado en virtud de lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del
Decreto 758 de 1990 y otra normatividad, al hallarse acreditado el reconocimiento
de la pensión de vejez por el ISS.
Contó que en el caso
particular del señor Filemón Delgado Castillo la Empresa verificó que devengaba
dos pensiones simultáneamente, una de vejez, otorgada por el Instituto de Seguros
Sociales y, otra de jubilación, pagada por Cementos Andino S.A., en
liquidación, hasta la fecha.
Refirió que el actor  en la
actualidad sigue disfrutando de la pensión de vejez reconocida por el ISS,
razón por la cual se han respetado los derechos adquiridos en materia
pensional.
Por último, sostuvo que no
existe prueba que permita determinar la vulneración del mínimo vital, ya que
tiene la pensión de vejez de acuerdo a los ingresos percibidos durante su
desempeño laboral.
2.1.3          Respuesta
del Instituto de Seguros Sociales
Informó que reconoció al señor Filemón Delgado
Castillo la pensión de vejez mediante resolución número 1459 del 17 de
diciembre de 1994 al cumplir los requisitos establecidos en el acuerdo 49 de
1990. Por lo cual, se configuró un hecho superado teniendo en cuenta que el ISS
resolvió de fondo la solicitud elevada por el peticionario de manera pronta y
oportuna.
2.1.4 PRUEBAS Y DOCUMENTOS
En el expediente obran como
pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
2.1.4.1
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía del peticionario.
2.1.4.2
Comunicación escrita de
Cementos Andino S.A. en liquidación, en la cual le informaban al actor que la
pensión de jubilación otorgada por la Empresa no sería cancelada en lo sucesivo,
por cuanto la pensión de vejez ya había sido reconocida por el Instituto de
Seguros Sociales.
2.1.4.3
Fotocopia de la Resolución
número 1459 de 1994 por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales
reconoció la pensión de vejez al actor.
2.1.4.4
Fotocopia del sistema de
inspección y supervisión de sociedades.
2.1.4.5
Prueba trasladada de la
declaración rendida por el señor Edgar Alfonso Fandiño Prieto en una acción de
tutela con pretensiones similares.
2.1.4.6
Fotocopia de la certificación
de nómina de los pensionados expedida por el Instituto de Seguros Sociales.
2.1.5                           DECISIONES
JUDICIALES
2.1.5.1        DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA – JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL.
En primera instancia, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de San Gil, mediante sentencia proferida el veintinueve (29) de
octubre de dos mil nueve (2009), decidió tutelar los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y
al pago oportuno de la pensión del señor Filemón Delgado Castillo.
Expuso que la acción de tutela era el medio idóneo
para invocar la protección de los derechos fundamentales, en razón a que la
persona afectada pertenecía a un grupo de especial protección como lo es el de
la tercera edad. Tomando en consideración esta calidad, adujo que la pensión
era un ingreso muy importante, sino el único, para proveer sus necesidades más
básicas y las de su núcleo familiar.
Arguyó que el no pago de la mesada pensional estaba
lesionando los derechos fundamentales del actor, al mínimo vital y
consecuentemente a la vida en condiciones dignas.
De otro lado sostuvo que la empresa Cementos Andino
S.A. en liquidación, al suspender el pago de la pensión sin que mediara un
trámite administrativo que ordenara la sustracción del pago que venía
realizando, vulneró el debido proceso del actor, pues, el señor Delgado
Castillo no tuvo la oportunidad de controvertir la decisión adoptada  por la
accionada.
2.1.5.2
IMPUGNACIÓN
La entidad accionada impugnó el fallo proferido por el
Juez Constitucional de primera instancia, el 4 de noviembre de 2009. La Empresa
Cementos Andino S.A. en liquidación, consideró que tratándose de las pensiones
compartidas, el régimen legal es claro en cuanto a que opera una subrogación;
en prueba de ello citó lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990,
el cual señala que:
“Los patronos registrados
como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de
octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y
muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el
mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que
venía cancelando al pensionado.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo
arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de
Seguros Sociales.”
Señaló que la Empresa desconocía el hecho de que al
señor Filemón Delgado Castillo, desde el 17 de diciembre de 1994, le había sido
reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales y
por ello siguió cancelando la pensión de jubilación haciendo los descuentos
legales para cotizar a salud. En este orden de ideas, el accionante recibía dos
pensiones y se efectuaba un doble pago al sistema de seguridad social en salud.
Considera que el error de la accionada al no advertir
que el ISS ya le había reconocido la pensión de vejez no puede ser la base para
mejorar el mínimo vital del actor, en el sentido de que reciba doble pensión
por vejez, una reconocida por el ISS y otra por parte de su antiguo empleador o
de quien hubiese asumido dicha obligación en su momento.
2.1.5.3
DECISIÓN DE SEGUNDA
INSTANCIA – JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SAN GIL
El Juzgado Primero Penal del Circuito confirmó el
fallo de primera instancia. Fijó la controversia en el hecho de que el
empleador consideraba que había sido subrogado de su obligación de cancelar la
pensión de jubilación con base en que el ISS había reconocido la respectiva
mesada pensional. En consecuencia, el actor había estado disfrutando de dos
mesadas pensionales, una otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y, otra,
reconocida por Cementos Andino S.A en liquidación.
Señaló que el actor, según las pruebas obrantes en el
expediente, recibía una pensión del ISS por un valor de $575.000.oo y de otro
lado, Cementos Andino S.A en liquidación le pagaba una mesada pensional por
valor de $496.000.oo, lo que evidencia que al dejar de percibir esta última
suma de dinero por una decisión unilateral de la accionada, se afectó el
derecho al mínimo vital del accionante y su familia.
Para el ad-quem, en muchos casos, al ser la pensión la
única fuente de ingresos para una persona adulta mayor, su pago extemporáneo o
su no pago vulnera el derecho al mínimo vital y con mayor impacto tratándose de
las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por su edad.
En definitiva, la empresa al decidir unilateralmente
no pagar la mesada pensional puso en condiciones de indignidad al peticionario.
Además consideró reprochable la conducta de la accionada a la luz de los
postulados constitucionales, pues al reconocer durante más de diez años la
pensión de jubilación, le creó al actor un convencimiento de que era titular de
un derecho adquirido, el cual no puede ahora ser desconocido unilateralmente.
Pues con ello se quebrantó el debido proceso y el derecho a la defensa del
accionante, quien no pudo controvertir ni alegar aspectos legales para evitar que
la medida surtiera efectos.
2.2    EXPEDIENTES
T-2.541.052 y T-2.541.053
Radicadas las acciones de tutela el 15 y 16 de octubre
de 2009, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Gil ordenó, en cada
caso, citar de forma inmediata al actor y a la actora para recibir la
respectiva declaración, vincular al Instituto de Seguros Sociales, Pensiones,
seccional Santander y, además le solicitó que certificara acerca de las
pensiones reconocidas y que explicara todo lo atinente a la pensión compartida,
oficiar a la empresa de Cementos Andino S.A. en liquidación para que se pronunciara
respecto a los hechos narrados por los accionantes, citar al abogado Edgar
Alfonso Fandiño Prieto para que rindiera declaración conforme a lo solicitado
por los peticionarios y oficiar a la Superintendencia de Sociedades para que
allegara copia del “estudio actuarial” del pasivo pensional de la accionada.
2.2.1    Respuesta de la empresa Cementos Andino S.A. en
liquidación.
El Representante legal de
la empresa accionada, a través de apoderado judicial, señaló que Cementos S.A en
liquidación había asumido el pasivo pensional de Cementos Hércules bajo la
figura jurídica de la pensión compartida. En virtud de lo anterior, Cementos
Hércules se comprometió a cancelar la mesada pensional de jubilación a los ex
trabajadores Eliécer Delgado Castillo y Benito Velásquez León, hasta tanto el
Instituto de Seguros Sociales les reconociera la pensión de vejez.
Después de realizar algunas precisiones sobre la
diferencia entre la compartibilidad y la conmutación pensional, se centró en la
figura de la pensión compartida. Señaló al respecto que el artículo 18 del
decreto 758 de 1990 estableció que las pensiones reconocidas con posterioridad
al 17 de octubre de 1985 se considerarían compartibles, salvo que en el acto
que las consagrara se hubiera previsto una situación diferente.
Explicó que el Decreto
3041 de 1966 dio origen a la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y
muerte por parte del Instituto de
Seguros Sociales, el cual
previó un régimen de transición para aquellos trabajadores que tuvieren 10 o
más años de servicios, los cuales serían afiliados obligatorios al ISS.
En virtud de lo anterior, el
empleador continuaba realizando los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pensiones y, asumía el reconocimiento de la pensión de jubilación hasta
tanto dichos trabajadores reunieran el requisito de la edad. Una vez cumplieran
con el lleno de todos los requisitos legales, el Instituto de Seguros Sociales
asumía el reconocimiento de la respectiva prestación económica.
Refirió que Cementos
Andino S.A. en liquidación, al realizar la compra del patrimonio a Cementos
Hércules, asumió el pasivo pensional de la Empresa, pero que en algunos casos
al seguir cancelando las pensiones de jubilación se ocasionó un detrimento
patrimonial a la empresa durante varios años.
Ello por cuanto el pasivo
pensional que en algunos casos se venía cancelando obedecía a obligaciones que
ya habían expirado en virtud de lo establecido en los artículos 16,17 y 18 del
Decreto 758 de 1990 y otra normatividad, al hallarse acreditado el
reconocimiento de la pensión de vejez por el ISS.
En el caso particular
del señor Eliécer Delgado Castillo la Empresa    verificó que devengaba dos
pensiones simultáneamente, una por parte del Instituto de Seguros Sociales al
cumplir todos los requisitos exigidos en el decreto 758 de 1990 y, de otro lado
por Cementos Andino S.A., en liquidación, hasta la fecha.
También verificó que al
señor Benito Velásquez León le fue reconocida la pensión de vejez y que
mientras se encontraba disfrutando de ésta falleció. Por lo anterior, su
cónyuge se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes, la cual le fue reconocida
el 30 de abril de 2007 mediante resolución 3812 y la cual sigue siendo
cancelada en la actualidad.
Por último, no existe
prueba que permita determinar la vulneración   al mínimo vital, ya que se
encuentran disfrutando de sus respectivas pensiones de vejez y de
sobrevivientes de acuerdo a los ingresos percibidos durante su vida laboral.
2.2.2    Respuesta del Representante Legal del Instituto de
Seguros Sociales.
2.2.2.1   Respecto
al señor Eliécer Delgado Castillo
Señaló que la pensión compartida consistió en que la
empresa o entidad para la cual laboró el trabajador, señor Eliécer Delgado
Castillo, reconoció la pensión de jubilación pero siguió cotizando al sistema
de seguridad social en salud y pensiones, mientras el empleado cumpliera con
los requisitos legales exigidos por el ISS para reconocer la pensión de vejez e
ingresarlo a la nómina de pensionados.
Cuenta que, como el señor Delgado Castillo acreditó el
cumplimiento de las exigencias legales establecidas para el reconocimiento de
la pensión de vejez, el ISS asumió el reconocimiento y pago de dicha prestación
económica mediante resolución número 877 del 18 de abril de 1997 a partir del 7
de noviembre de 1996.
De otro lado, recordó lo dispuesto en el artículo 18
del decreto 758 de 1990, así: el patrono debe cancelar el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y la
que venía cancelando el patrono al pensionado”.
Por lo anterior, consideró que en el evento en que
haya existido un valor mayor de diferencia entre la pensión reconocida entre el
ISS y la que venía cancelando el empleador, quien debía cancelar dicha
diferencia económica, era Cementos Andino S.A  En liquidación.
Sostiene que actualmente el actor se encuentra
percibiendo una mesada pensional por valor de $885.563.oo de la cual se
descuenta $106.300.oo por valor de salud.
En consecuencia, solicitó requerir directamente a
Cementos Andino S.A En liquidación para que explicara el motivo por el cual
había suspendido el pago de la pensión de jubilación y de otro lado,
desvincular al Instituto de Seguros Sociales de la presente acción de tutela
dado que no ha vulnerado derecho fundamental alguno pues, ha cumplido con el
pago de la mesada pensional del señor Eliécer Delgado Castillo.
2.2.2.2
Frente a la señora María
Celina Villar de Velásquez
El ISS manifestó que mediante acto administrativo
número 2040 del 19 de septiembre de 1997, le reconoció la pensión de vejez al
señor Benito Velásquez León.
Igualmente con ocasión del fallecimiento del asegurado
la jefatura de pensiones-ISS resolvió la solicitud de pensión de sobrevivientes
de la señora Maria Celina Villar de Velásquez, reconociéndole dicha prestación
económica mediante resolución 3812 del 30 de abril de 2007.
Concluye que en el presente caso se presenta un hecho
superado por cuanto el ISS ha resuelto de fondo lo que es de su competencia en
debida forma y a tiempo.
2.2.3      Respuesta de la Superintendencia de
Sociedades
Informa           que el 5 de octubre de 2009 aprobó
el cálculo actuarial 2008 de la sociedad Cementos Andino S.A. en liquidación y,
respecto a la señora María Celina Villar de Velásquez, aduce que conforme a la
información registrada en el sistema el tipo de pensión otorgada corresponde a
beneficiaria con pensión compartida, empresa e Instituto de Seguros Sociales.
Frente al actor Eliécer Delgado Castillo reitera lo
informado anteriormente y especifica que la prestación otorgada corresponde a
la de jubilado con pensión compartida, Empresa e Instituto de Seguros Sociales.
2.2.4     PRUEBAS Y DOCUMENTOS
En el expediente obran como pruebas, entre otros, los
siguientes documentos:
2.2.4.1
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de los peticionarios.
2.2.4.2
Comunicación escrita de
Cementos Andino S.A. en liquidación, en la cual le informaban a los actores que
la pensión de jubilación otorgada por la Empresa no sería cancelada en lo
sucesivo por cuanto sus respectivas pensiones ya habían sido reconocidas por el
Instituto de Seguros Sociales.
2.2.4.3
Fotocopia de la Resolución
número 877 del 3 de junio de 1997 por medio de la cual el Instituto de Seguros
Sociales reconoció la pensión de vejez a Eliécer Delgado Castillo.
2.2.4.4
Fotocopia de la Resolución
número 3812 del 30 de abril de 2007 por medio de la cual el Instituto de
Seguros Sociales reconoció la pensión de sobrevivientes a María Celina Villar
de Velásquez.
2.2.4.5
Fotocopia del sistema de
inspección y supervisión de sociedades.
2.2.4.6
Prueba trasladada de la
declaración rendida por el señor Edgar Alfonso Fandiño Prieto en una acción de
tutela con pretensiones similares.
2.2.4.7
Fotocopia de la certificación
de nómina de los pensionados expedida por el Instituto de Seguros Sociales.
2.2.4.8
Acta de conciliación suscrita
por la Inspectora Nacional de Trabajo y Seguridad Social, el jefe de relaciones
industriales de la época de Cementos Hércules S.A., y el ex trabajador Benito
Velásquez León, fallecido, cónyuge de María Celina Villar de Velásquez.
2.2.5
DECISIONES JUDICIALES
2.2.5.1
DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA – JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL.
En primera instancia, las acciones de tutela
presentadas por los actores fueron resueltas por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de San Gil, mediante sentencias proferidas el veintinueve (29) de
octubre de dos mil nueve (2009), en las cuales decidió tutelar transitoriamente
los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la vida digna
de los peticionarios Eliécer Delgado Castillo y María Celina Villar de
Velásquez.
Para fundamentar dichas decisiones tuvo en cuenta (i)
la avanzada edad de los accionantes, (ii) que las mesadas pensionales eran el
único medio económico que tenían los actores para proveerse una vida en
condiciones dignas y (iii) que la decisión de interrumpir el pago de las
pensiones de jubilación habían sido tomadas unilateralmente por la empresa
Cementos Andino S.A. sin que hubiese mediado la respectiva orden judicial.
Consideró que pese a que los actores recibían una
mesada pensional por el valor de un salario mínimo legal mensual, ello no
quería decir que su derecho al mínimo vital se encontrara resguardado. Pues,
debido a que la Empresa no siguió cancelando la pensión de jubilación sus
ingresos disminuyeron ostensiblemente, razón por la cual se encontraban
atravesando por una difícil situación económica que les impedía suplir todas
sus necesidades básicas.
Señaló que el derecho a la seguridad social en estos
casos se tornaba fundamental ya que se presumía la afectación al mínimo vital
por el no pago de la pensión de jubilación.
A la vez, encontró en los dos casos que se vulneró el
debido proceso porque no se le dió la posibilidad a los actores de controvertir
la decisión adoptada por la empresa y, sobre todo porque con dicha  decisión,
la accionada se arrogó competencias que sólo le correspondían a los jueces
ordinarios.
Adujo que la empresa Cementos Andino S.A. en
liquidación había puesto en riesgo la subsistencia de la señora María Celina
Villar de Velásquez, cónyuge sobreviviente del ex trabajador Benito Velásquez
León y al señor Eliécer Delgado Castillo.
Lo anterior le permitió al juez de tutela estudiar el
conflicto planteado para evitar la configuración de un perjuicio irremediable y
proteger los derechos fundamentales de manera transitoria de los actores hasta
tanto el juez ordinario decidiera la controversia acerca de si la empresa
estaba autorizada o no para suspender unilateralmente el pago de la mesada
pensional.
2.2.5.2
IMPUGNACIÓN
La entidad accionada impugnó el fallo proferido por el
Juez Constitucional de primera instancia, el 10 de noviembre de 2009. La
Empresa Cementos Andino S.A. en liquidación consideró que tratándose de las
pensiones compartidas, el régimen legal era claro en cuanto a que operaba la
subrogación; en prueba de ello, citó lo establecido en el artículo 18 del
Acuerdo 49 de 1990, el cual señalaba que:
“Los patronos registrados
como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de
octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y
muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor
valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
cancelando al pensionado.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo
arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de
Seguros Sociales.”
Indicó que la Empresa desconocía el hecho de que al
señor Eliécer Delgado Castillo y a la señora María Celina Villar de Velásquez,
en calidad de cónyuge sobreviviente del ex trabajador Benito Velásquez León,
les había sido reconocida la pensión de vejez y/o sobrevivientes, por parte del
Instituto de Seguros Sociales.
Por ello, siguió cancelando la pensión de jubilación
haciendo los descuentos legales para cotizar a salud. Es decir, que los
accionantes recibían dos pensiones y además se estaba efectuando un doble pago
al ISS por concepto de salud.
Considera que el error de la accionada al no advertir
que el ISS ya les había reconocido la pensión de vejez y/o sobrevivientes no
puede ser la base para mejorar el mínimo vital de los actores, en el sentido de
que reciban doble mesada pensional, una reconocida por el ISS y otra por parte
de su antiguo empleador o de quien hubiera asumido dicha obligación en su
momento.
2.2.5.3
DECISIÓN DE SEGUNDA
INSTANCIA – JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil
revocó los fallos de primera instancia y adujo que el amparo tutelar se tornaba
improcedente. Consideró que las mesadas pensionales reconocidas a los actores
por el ISS son superiores en cuantía a las pagadas por Cementos Hércules S.A., y
posteriormente por Cementos Andino S.A. en liquidación. Luego no existe diferencia
que deba reconocer la Empresa, pues los propios accionantes reconocieron en su
declaración que las pensiones asumidas por el empleador tenían carácter
temporal hasta tanto las asumiera el ISS, momento en el cual la empresa quedaba
liberada de seguir cancelando la respectiva pensión.
Para el ad-quem no era necesario agotar ningún trámite
administrativo, ya que la pensión tenía carácter temporal y su pago se
condicionaba a que los ex trabajadores cumplieran los requisitos exigidos por
el ISS para que esta entidad les reconociera y pagara la pensión de vejez. Una
vez la prestación económica fuera reconocida, se cumplía la condición para que la
Empresa procediera a la suspensión del pago de la pensión de jubilación, porque
no había un mayor valor que cancelar.
En conclusión, resultaba arbitraria y desmedida la
pretensión de los actores al querer exigir la totalidad del pago de ambas
pensiones, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional no es posible
exigir o reclamar duplicidad de beneficios cuando los mismos se han originado
en una misma causa, en este caso, la edad.
3                    CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
3.1       COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en ejercicio de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución,
33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, es
competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia.
3.2
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala
examinar si la entidad accionada vulneró los    derechos fundamentales a la
seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital de los actores, al
suspender unilateralmente el pago de la pensión de jubilación, aduciendo que el
Instituto de Seguros Sociales desde hacia varios años les había reconocido la
pensión de vejez por cumplir con los requisitos legales exigidos y, que en esa
medida había sido subrogada por el Instituto en la obligación de seguir
cancelando dicha mesada pensional por tratarse de una pensión compartida.
Para resolver la controversia la Sala
Séptima examinará: (i) la acción  de tutela contra particulares (ii) la
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de
acreencias laborales (iii) la figura de la compartibilidad pensional (iv) el deber
de información entre particulares en materia pensional y, (v) el caso concreto.
3.2.1
EFICACIA HORIZONTAL DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES.
La acción de tutela es el mecanismo constitucional
establecido para la protección y defensa de los derechos fundamentales. Esta
acción se caracteriza por ser expedita y subsidiaria, es decir, que sólo
procede ante la ausencia de otro mecanismo judicial idóneo que efectivamente
proteja las garantías fundamentales ante la real amenaza o transgresión de las
mismas, so pena de configurarse un perjuicio irremediable.[1]
Es importante subrayar que la vulneración de los
derechos fundamentales no sólo deviene de la acción u omisión de las
autoridades públicas sino que también pueden ser desconocidos, a veces en mayor
grado, por los particulares, atendiendo a las relaciones heterogéneas que se
presentan en la sociedad.
En el plano de las relaciones privadas, los efectos de
la protección a los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal y son
una manifestación del principio de la igualdad.[2] Pues, precisamente en
virtud de las relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, la
parte débil quedaría sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad
o tiene ventaja sobre ella, sin que la persona que se encuentre en estado de
indefensión o subordinación tenga la posibilidad de asumir una verdadera
defensa de sus intereses. Al respecto esta Corporación ha dicho:
“El criterio
por excelencia que ha primado en la doctrina y la jurisprudencia
constitucionales para admitir el examen constitucional de actuaciones
particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es la
existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares,
que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y
justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la
instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en
relaciones contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía
individual la Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la
protección constitucional de los derechos fundamentales. En cambio,
tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de
subordinación o de indefensión – como es el caso en materia laboral[3],
pensional[4], médica[5],
de ejercicio de poder informático[6], de copropiedad[7],
de asociación gremial deportiva[8] o de transporte[9]
o religiosa[10], de violencia
familiar[11] o supremacía social[12]
–, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia
Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los
derechos fundamentales en dichas situaciones.[13]
(Subraya fuera de texto)[14]
Sobre el estado de indefensión y subordinación en que
puede encontrarse un particular al que se refiere el inciso final del artículo
86 de la Constitución, la sentencia C-134
del 17 de marzo de 1994 dijo:
“
(…)
Por otra parte, la acción de
tutela contra particulares procede en las situaciones en que el solicitante se
encuentre en estado de indefensión o de subordinación. Al igual que en el caso
del servicio público, esta facultad tiene su fundamento jurídico en el derecho
de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas
no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Por
ello, el Estado debe acudir a su protección -en caso de haberse violado un
derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una
compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del derecho. Con
todo, también debe advertirse que las situaciones de indefensión o de
subordinación deben apreciarse en cada caso en concreto”[15]
(Subraya fuera de texto)
De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el
estado de indefensión se presume en asuntos de naturaleza pensional. No
obstante, el juez constitucional debe conferirle valor y peso al término indefensión
en cada caso concreto para determinar la procedencia de la acción de tutela
contra un particular. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado
algunos lineamientos que pueden servir de referencia:
“(…) la Corte sin el ánimo de ser exhaustiva, ha
establecido algunos supuestos en los que existe estado de indefensión, como por
ejemplo, (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales
eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración iusfundamental
por parte de un particular; (ii) personas que se hallan en situación de
marginación social y económica[16], (iii) personas de la
tercera edad[17], (iv) discapacitados[18]
(v) menores de edad[19].”[20]
De lo anteriormente expuesto puede colegirse que la
acción de tutela procede contra particulares en virtud de la eficacia
horizontal de los derechos fundamentales como manifestación del principio de
igualdad, siempre que el juez constitucional al analizar el caso concreto vislumbre
que la persona se halla en estado de subordinación o indefensión, como por
ejemplo en el tema pensional.
3.2.2    PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que no es
el órgano competente para conceder el amparo constitucional referente al
reconocimiento de acreencias laborales. Pues existen otros medios judiciales para
controvertir los conflictos jurídicos derivados del pago de las prestaciones
económicas. No obstante lo anterior, ha determinado excepciones a dicha regla
general señalando los casos en los cuales puede proceder la protección
constitucional con el fin de evitar la amenaza o transgresión de un derecho
fundamental.
Ante la negativa del reconocimiento pensional se debe
determinar si el asunto cobra relevancia constitucional, caso en el cual
corresponderá realizar un análisis amplio del juicio de procedibilidad.
Como quedó expuesto en el acápite anterior, uno de los
supuestos que indican el estado de indefensión de un particular frente a otro
es el atinente a la edad y, si a ello agregamos la presunción establecida en materia
de pensiones, en el sentido de asumir que con la suspensión, disminución o
incumplimiento en el pago de la mesada pensional se afecta el derecho al mínimo
vital, se refuerza la hipótesis de que en estos eventos es procedente la acción
de tutela.
Ciertamente, debe acreditarse que dentro del litigio
legal existe un problema de derechos fundamentales, lo cual habilitaría al juez
constitucional para decidir la controversia. Todavía mejor, en aras de
acreditar que con la negativa de la pensión está involucrado un asunto de
raigambre fundamental y no meramente de carácter litigioso, se precisa
demostrar, tratándose de personas de la tercera edad, que su mínimo vital se
encuentra afectado y también su derecho a la vida en condiciones dignas u otros
derechos fundamentales. Esta situación hace que la acción de tutela y no otros
medios de defensa de derechos fundamentales sea la procedente e idónea.
Es decir que en aquellos casos en los cuales se
vislumbra afectación de derechos fundamentales de una persona en debilidad
manifiesta, no puede exigírsele el agotamiento de las vías ordinarias, pues el
asunto cobra relevancia constitucional, en razón a la insuficiencia de
los mecanismos ordinarios para atender la pronta custodia de las garantías
superiores de todas las personas, máxime tratándose de las más vulnerables por
la edad.
3.2.3
LA FIGURA JURÍDICA DE LA
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL
La jurisprudencia constitucional respecto a la noción
y finalidad de la pensión compartida ha dicho lo siguiente:
“La compartibilidad pensional consiste en la
protección que se otorga al monto del ingreso pensional del jubilado, cuando el
mismo cumple con todos los requisitos para acceder al pago de la pensión
vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora de tales recursos.
Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se encuentra
laborando el trabajador prevé condiciones más favorables para acceder a la
pensión que la prescritas para la generalidad de los trabajadores. En tales
circunstancias, la empresa empleadora asume el pago de las mesadas hasta tanto
el empleado cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para
todas las personas[21].”[22]
Ahora bien, una vez el Instituto de Seguros Sociales
reconoce la pensión de vejez al trabajador por hallar acreditados los
requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador quedará relevado de
seguir cancelando la pensión de jubilación si no hay un mayor valor que
cancelar entre la mesada pensional reconocida por el ISS y la que venía pagando
la Empresa o Entidad.
Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en
el artículo 18 del decreto 758 de 1990:
“Los patronos registrados como tales en el
Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados
pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo,
laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985,
continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a
cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor,
si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
cancelando al pensionado.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo
arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de
Seguros Sociales.”[23] (Subraya
fuera de texto).
En aras de la claridad, es pertinente diferenciar
entre la no compartibilidad y la compartibilidad pensional, pues estos dos
conceptos están referidos a preceptivas legales que rigieron en épocas
diferentes:
“La no compartibilidad (o compatibilidad) de una
pensión, implica que el pensionado tiene derecho a recibir integralmente
dos - o más - pensiones: la pensión extralegal y la pensión posteriormente
reconocida por el I.S.S. En esta situación el empleador reconoce una pensión de
jubilación convencional o extralegal por un monto determinado e inicia su pago.
Sin embargo, el pensionado sigue cotizando ante el Instituto de Seguros
Sociales y una vez cumple con los requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la
pensión de vejez. Dicha entidad reconoce y ordena el pago de la pensión de
vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación
reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el pensionado
tiene derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de
pensiones compatibles.
En la segunda hipótesis, referente a la
compartibilidad, los efectos son
diferentes. Al igual que la anterior, el empleador le reconoce a su ex
trabajador una pensión de jubilación convencional o extra legal por un monto
determinado, en todo caso, estipulando que dicha pensión será compartida con la
que otorgue el I.S.S. por vejez.
Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago
de la pensión de jubilación con carácter compartido a favor de su ex
trabajador, el empleador sigue realizando los aportes de seguridad social en
pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que el trabajador a favor
de quien hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para acceder a la
pensión de vejez. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el I.S.S. procederá
a otorgar la pensión de vejez a la que tiene derecho el pensionado. No
obstante, debido a que la pensión de jubilación fue reconocida con carácter
compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir integralmente ambas
mesadas pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el I.S.S. por
pensión de vejez libera al empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin
embargo, si el valor de la pensión que otorgó I.S.S. es menor al valor que el
empleador reconoció como pensión extralegal, estará a cargo del empleador el
mayor valor que reconoció” [24] (Subraya fuera de texto)
Del régimen jurídico de la compartibilidad pensional
puede concluirse que (i) las pensiones extralegales otorgadas después del 17 de
octubre de 1985 tienen vocación subrogatoria, esto es, que la pensión de
jubilación otorgada por el empleador se entiende que es compartida con el
Instituto hasta que el trabajador cumpla con los requisitos de ley para acceder
a la pensión de vejez, excepto en aquellos casos en que las partes hayan
pactado lo contrario; (ii) que una vez el ex trabajador reúna los requisitos
legales y obtenga el reconocimiento de la pensión de vejez el empleador se
libera de su obligación si la prestación reconocida es igual o mayor a la que
él venía cancelando y (iii) que antes del 15 de octubre de 1985, la pensión de
jubilación se entendía como una prestación extralegal, que no se subrogaba al
reconocimiento que hiciera de la pensión de vejez el Instituto de Seguros
Sociales, pues subsistía junto a ésta, a no ser que se estableciera pacto en
contrario. [25]
Desde otro punto de vista, la imposibilidad de que un
trabajador reciba el pago doble de una mesada pensional, se explica en razón a
que el reconocimiento de la misma se origina en una misma causa, como la edad.
Al respecto, esta Corporación ha dicho
que:
“Según la interpretación jurisprudencial del artículo
259 del Código Sustantivo del Trabajo, en el evento en que la pensión de vejez
reconocida por la entidad de seguridad social –en este caso el Instituto de
Seguros Sociales ‑ sea igual o superior en su monto a la pensión
reconocida por el empleador, el ISS se subroga en la totalidad de dicha
obligación y el ex empleador se libera de la misma. En esa circunstancia, no
existe un doble pago por un mismo derecho reconocido, pues lo que efectivamente
opera es un relevo en la entidad encargada de asumir la obligación de pagar la
prestación laboral. Cuando ello sucede, el pensionado no puede pretender la
acumulación de beneficios, y exigir tanto de su antiguo empleador como del ISS
el pago de la totalidad de las pensiones reconocidas por cada uno de ellos,
cuando el origen de las mismas está sustentado en un único y mismo derecho.[26]”[27]
Pero la Empresa o Entidad que hubiese reconocido un
monto mayor por pensión de jubilación seguirá obligada, parcialmente, a
cancelar la diferencia entre la mesada reconocida por el ISS y la pagada por
ésta, en virtud de la compartibilidad pensional.
No obstante es necesario examinar si, en aquellos
casos en los cuales el empleador de forma unilateral suspende el pago de la
pensión de jubilación, por considerar que ha sido subrogado en su obligación
por el ISS, contraviene preceptivas de rango constitucional, sobre todo, cuando
dicha medida afecta a personas consideradas de especial protección
constitucional.
Para el efecto, es necesario analizar cómo queda
asegurado el debido proceso entre particulares, en circunstancias específicas,
cuando se adopta una decisión unilateral que coloca en estado de indefensión a
quien va dirigida dicha medida.
3.2.4
DEBER DE INFORMAR ACERCA
DEL NUEVO RECONOCIMIENTO PENSIONAL
En el sistema de pensiones, específicamente,
tratándose de la pensión compartida surge el interrogante acerca de quién debe
informar sobre el nuevo hecho de reconocimiento de la pensión de vejez, cuando
ésta venía siendo cancelada por el antiguo empleador bajo la denominación de
pensión de jubilación. Al respecto esta Corporación ha dicho que pueden
presentarse varios eventos:
“1.       Que la obligación de informar sobre el nuevo
reconocimiento pensional al antiguo empleador corresponda al beneficiario mismo
de la pensión, dado que es quien puede decir con certeza si tanto su ex
empleador como la entidad de seguridad social están cumpliendo con sus
obligaciones en cuanto al pago de las mesadas pensionales.
2.        Que la obligación de informar sobre el nuevo
reconocimiento pensional a su antiguo empleador corresponda a la entidad de
seguridad social que hace el reconocimiento, pues conociendo que un empleador
ha venido haciendo aportes respecto de uno de sus ex trabajadores, estaría
obligada a informarle a éste sobre el nuevo reconocimiento, con el único fin de
que dicho empleador tome las previsiones, de acuerdo con la ley, para ajustar
su obligación a las nuevas circunstancias.
3.        Que sea el antiguo empleador que hizo el
primer reconocimiento, quien deba informarse acerca de cuáles de sus ex
trabajadores están próximos a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez
por parte de la entidad de seguridad social, a la cual sigue cotizando, para
así adelantar las gestiones que le permitan reducir, modificar o extinguir por
completo su obligación pensional.
(…)
No existiendo norma legal que expresamente determine
la obligación del particular de informar a su antiguo empleador acerca de su
nueva condición de pensionado de la entidad de seguridad social, debe darse
aplicación directa a los principios constitucionales y a las normas básicas de
comportamiento que exige una sociedad respetuosa de los derechos ajenos y de no
abuso de los propios (Artículo 95, CP) y la presunción de buena fe en sus
actuaciones (Artículo 83, CP). En ese sentido, la presunción de buena fe se
erige como principio constitucional que debe acompañar las actuaciones
desarrolladas por los particulares y por las mismas entidades públicas, en
todos los actos y particularmente en las gestiones que los administrados
adelanten ante la administración.[28]”[29]
Si bien existe la posibilidad de que la información
sobre el nuevo reconocimiento de la pensión de vejez se encuentre a cargo del
ex-trabajador, del Instituto de Seguros Sociales o del ex-empleador, no hay una
norma legal que obligue a ello.
Por esta razón, entendiendo que las relaciones
estatales y privadas se enmarcan dentro de los principios constitucionales de
la buena fe y del no abuso del derecho, el Instituto, el ex trabajador o el
empleador pueden informar acerca del nuevo reconocimiento sin que ninguno de
ellos esté obligado a hacerlo, salvo que se exista pacto que establezca dicha
obligación en cabeza de una de las partes interesadas.
De lo contrario, a modo de ejemplo, el empleador una
vez advierta que la pensión de vejez ha sido reconocida por el Instituto de
Seguros Sociales puede ajustar dicha prestación económica a la nueva realidad.
Esto es, reajustando la mesada que ha venido cancelando si hay un mayor valor
que reconocer o subrogándose de dicha obligación en su totalidad si la nueva
pensión reconocida es superior o igual a la que estaba cancelando. No obstante
deberá comunicar al ex - trabajador esta nueva situación por escrito.
En la sentencia precedentemente citada también se
menciona sobre el punto:
“Definida esta situación, el ex
empleador podrá expedir el acto administrativo que modifique el acto de
reconocimiento, en el que indique el nuevo valor de la pensión a su cargo,
identifique el acto de reconocimiento de la pensión expedido por la entidad
de seguridad social, el monto de la pensión reconocida por ésta, el
valor de la obligación que subsiste a su cargo, y los recursos que caben
contra dicha decisión.
En este evento no será
necesario obtener previamente el consentimiento del titular del derecho para
proferir el acto administrativo, como ocurre en los casos de suspensión o
revocatoria unilateral de actos administrativos que reconocen situaciones de
carácter particular o concreto, que afectan los intereses del titular de los
derechos emanados dicho acto, y según la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación requieren del consentimiento expreso del titular, o la decisión de
la justicia ordinaria.[30]” [31]
Si bien, la anterior jurisprudencia está referida a la
comunicación en el ámbito de las relaciones estatales que se concreta mediante
un acto administrativo con el lleno de ciertas exigencias, esto no es óbice
para que este mismo criterio sea aplicado a la comunicación que debe surtirse
entre particulares, ya que el fin perseguido es el mismo: notificar en debida
forma los ajustes que se van a realizar en el pago de la pensión de jubilación
en virtud del nuevo reconocimiento pensional por parte del Instituto.
Bajo este criterio se podría concluir que la
comunicación que el empleador debe realizar al ex – trabajador respecto a la
suspensión del pago de la pensión de jubilación no requiere de su previo
consentimiento, pues no está revocando un acto propio ya que no desconoce el
derecho a la pensión sino que simplemente está ajustando su monto a la nueva
realidad[32], esto es, el empleador
ajusta el pago de la pensión al porcentaje que le corresponde o se libera
totalmente del pago de la misma al no haber un mayor valor que cancelar.
Lo anterior se fundamenta en los principios
constitucionales de la buena fe y del no abuso del derecho propio. Pues el ex –
trabajador no podría exigir el doble pago de una pensión por una misma causa.
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que la exigencia del reconocimiento y pago tanto de la pensión de
jubilación como la pensión de vejez, constituye un abuso del derecho propio por
tener su origen en una misma causa. Sobre el punto la sentencia T-624 de 2006
se pronunció así:
“En ese orden de ideas, resultaría arbitraria y
desmedida la posición del actor al pretender que se le cancele la totalidad del
pago de ambas pensiones, tanto la de jubilación reconocida por la Empresa
accionada como la de vejez reconocida por el ISS, porque dicha prestación tiene
la condición de una pensión compartida y porque el origen de las dos parte de
un único y mismo derecho.[33]” [34]
3.2.4.1 ¿Qué información debe contener la comunicación
escrita que da aviso acerca de la subrogación parcial o definitiva de la
pensión de jubilación por parte del Instituto de Seguros Sociales al ex
trabajador?
Cabe reiterar que la pensión de jubilación compartida
está llamada a extinguirse una vez se produzca el reconocimiento de la pensión
de vejez por el ISS, quedando a cargo del empleador solamente el mayor valor
que exista entre las dos. Si la pensión es igual o mayor a la que éste
cancelaba quedara liberado totalmente de su obligación. No obstante, es preciso
referir que si de un lado, la Empresa no verificó que un trabajador ya había
alcanzado el requisito legal de la edad para que operara el reconocimiento por
parte del Instituto y, por ello siguió cancelando la pensión de jubilación y,
de otro lado, si el ex trabajador tampoco hubiere dado aviso de este hecho,
recibiendo doble mesada pensional por una misma causa, debe darse aplicación al
principio de la buena fe.
La anterior situación puede predicarse respecto de la
Empresa por ausencia de verificación de los requisitos legales que se exigían a
cada trabajador para determinar si ya había operado el reconocimiento pensional
por parte del Instituto y así proceder al reajuste de la mesada pensional por
jubilación. De otro lado, también se vislumbra, en no pocos eventos, la falta
de conocimiento del ex trabajador acerca de los efectos jurídicos de la pensión
compartida, que generalmente es entendida como la obligación de que se realice
el pago de la mesada pensional por parte del empleador y del ISS, con un
porcentaje asignado a cada uno de éstos.
Luego, pese a que jurídicamente el derecho a la
pensión de jubilación se extingue con el reconocimiento de la pensión de vejez,
en aplicación de los principios constitucionales de la buena fe y de la
confianza legítima y, atendiendo el estado de indefensión al que puede quedar
sometido el particular por no contar con los medios jurídicos idóneos para
responder con la misma eficacia ante quien se encuentra en condiciones de
superioridad frente a él, debe asegurarse la observancia de un debido proceso
entre particulares, cuando se trate de notificar la suspensión de la pensión
que el empleador venía reconociendo al ex trabajador.
En efecto, la comunicación que debe dirigir el ex –
empleador al ex – trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.    Informar el nuevo valor de la pensión que está en la
obligación de seguir cancelando o si fue subrogado de su obligación al no haber
un mayor valor que cancelar.
2.    Señalar el acto a través del cual el Instituto de
Seguros Sociales reconoció la prestación económica de vejez y el valor de la
pensión.
3.    Que en la comunicación por escrito enviada por el
empleador al ex trabajador, informando el pago del porcentaje que le
corresponde asumir o la suspensión del pago de la pensión de jubilación por no
haber un mayor valor que cancelar, se indique la fecha a partir de la cual la
suspensión o el reajuste pensional empezará a surtir efectos. El tiempo que deberá
entenderse como prudencial para que el ex trabajador ajuste sus finanzas a la
nueva realidad económica, no podrá ser inferior a un (1) mes.
Este último requisito garantiza que la persona que
venía percibiendo de buena fe y sin el ánimo de abusar del derecho propio del
pago de dos mesadas pensionales, pueda tomar medidas ante la nueva situación
que deberá asumir ante la extinción de un derecho que desde hacía mucho tiempo
había dejado de tener sustento jurídico, con la salvedad de que en aquellos
eventos en que exista un mayor valor que cancelar por parte del empleador éste
deberá seguir cancelando dicha diferencia y no podrá oponer en ningún caso la
liberación total de su obligación frente al ex – trabajador.
4                 ESTUDIO DE LOS CASOS CONCRETOS
4.1       PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
4.1.1
Como es sabido, la acción de
tutela por regla general no procede para  solicitar el reconocimiento y pago de
acreencias laborales y, si existe una controversia legal, como en el presente caso,
respecto al derecho que se tiene frente a la pensión de jubilación, debe
acudirse a la vía laboral ordinaria para que resuelva el conflicto en cuestión.
4.1.2
Sin embargo, la jurisprudencia
ha establecido criterios amplios frente  a la procedibilidad de la acción de
tutela cuando su estudio se realiza frente a sujetos de especial protección,
como es el caso de los adultos mayores y las personas que se encuentran en
estado de indefensión en razón a la edad y por la suspensión de un derecho
pensional.
Por lo anterior, constituye una conducta legítima
ejercitar la acción de tutela para invocar la protección de los derechos
vulnerados.
4.1.3
Analizados los antecedentes y
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, puede verificarse que los
señores Filemón Delgado Castillo, Eliécer Delgado Castillo y Maria Celina
Villar de Velásquez se encuentran en una situación de indefensión por (i) ser
personas adultas mayores y (ii) por estar involucrado un derecho pensional. En
consecuencia, les asiste un interés legítimo para solicitar el amparo
constitucional implorado.
4.2
ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TUTELANTES
Teniendo en cuenta que la Empresa Cementos Andino S.A.
en liquidación, suspendió unilateralmente el pago de la pensión de jubilación a
los accionantes, al advertir que el Instituto de Seguros Sociales desde hacia
varios años les había reconocido la pensión de vejez, la Corte estudiará si de
conformidad con las preceptivas constitucionales que regulan el tema, se han
vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al
debido proceso y al mínimo vital.
4.2.1
CASOS CONCRETOS
4.2.1.1 Antes
de abocar el estudio de cada uno de los casos, es pertinente referirse a los
hechos que se encuentran debidamente probados y que a continuación se resumen:
Los accionantes, Filemón Delgado Castillo y Eliécer
Delgado Castillo, laboraban para la Empresa de Cementos Hércules S.A. y,
obtuvieron el derecho a la pensión de jubilación por haber reunido el requisito
señalado en el numeral 2 del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo
referido al tiempo de servicio.[35]
De igual manera sucedió frente al señor Benito
Velásquez León, esposo de la accionante María Celina Villar de Velásquez, quien
al momento de su fallecimiento se encontraba disfrutando de la pensión de
jubilación otorgada por Cementos Hércules S.A., y de la pensión de vejez
reconocida por el ISS al cumplir con las exigencias legales para tal fin.
Que en su momento, la Empresa y los señores Filemón
Delgado Castillo, Eliécer Castillo Delgado y Benito Velásquez León, fallecido,
suscribieron un acta de conciliación ante el Inspector de Trabajo de San Gil en
donde les reconocían la pensión compartida. No obstante, la única acta de
conciliación en físico que se allegó al plenario fue la del señor Velásquez
León.
Las pensiones de jubilación fueron canceladas por
Cementos Hércules S.A., hasta el año de 1998, pues a partir de allí el pasivo
pensional fue asumido por la Empresa Cementos Andino S.A., en liquidación al
realizar la compra de sus instalaciones, activos y pasivos.
Puede colegirse que la Empresa, hoy accionada, había
venido cancelando la respectiva pensión de jubilación a sus ex – trabajadores,
conforme se había pactado en el acta de conciliación suscrita en el año de 1986
y que también seguía cotizando al sistema general de seguridad social según lo
dispuesto en la ley para que operara la compartibilidad pensional.
Se halla acreditado que el Instituto de Seguros
Sociales había reconocido la respectiva pensión de vejez a los actores por
haber alcanzado la edad exigida para tal fin.
En virtud de lo anterior, la Empresa les informó por
escrito que ya no seguiría cancelando la pensión de jubilación, teniendo en
cuenta que había sido subrogada de su obligación por parte del Instituto de
Seguros Sociales al ser dicha pensión compartida.
A la peticionaria María Celina Villar de Velásquez, el
Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de sobrevivientes, a
quien también la accionada le envío comunicación informándole que ya no
seguiría cancelando la pensión de jubilación reconocida a Benito Velásquez León.
4.2.2
EXPEDIENTES T-2.540.976,
T-2.541.052 y T-2.541.053
Los accionantes acudieron al juez constitucional para
invocar el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso y al mínimo vital porque en su sentir la empresa Cementos Andino
S.A. en liquidación, no podía suspender unilateralmente el pago de la pensión
de jubilación aduciendo como razón el reconocimiento de la pensión de vejez por
parte del Instituto de Seguros Sociales porque (i) el pago de la mesada
pensional que realizaba la empresa accionada correspondía a la cuota parte que
le correspondía reconocer sobre el pago total de la pensión, por su carácter de
compartida con el ISS, (ii) el derecho a la pensión sólo puede ser revocado
mediante sentencia judicial y no mediante una decisión unilateral de la empresa
y finalmente (iii) la suspensión del pago de la mesada pensional les afecta su
derecho al mínimo vital ya que con este ingreso cubrían sus necesidades
básicas.
Por su parte el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
San Gil que resolvió la acción de tutela del señor Filemón Delgado Castillo (Expediente
T-2.540.976), consideró que en el caso particular se habían vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la dignidad humana y al pago oportuno de la pensión, en atención a
que el actor pertenecía a un grupo de especial protección por la edad y,
generalmente para los adultos mayores, la mesada pensional constituye el único
ingreso  económico que les puede garantizar el derecho a la vida en condiciones
dignas.
Por otro lado, expresó que la suspensión unilateral
del pago de la pensión de jubilación, sin que hubiese mediado actuación
administrativa alguna, vulneraba el derecho fundamental al debido proceso del
señor Filemón Delgado Castillo, ya que al no informarle quien asumiría el pago
de la obligación suspendida no permitió que la decisión  fuera controvertida.
Además, encontró vulneración del derecho fundamental
al mínimo vital del señor Delgado Castillo señalando que el cubrimiento de
las necesidades básicas de una persona dependen de sus ingresos y en el caso
que nos ocupa las necesidades del accionante están supeditadas desde hace más
de diez años al único ingreso económico que él recibe para el sostenimiento de
su familia, que no es otra que la pensión; ahora, si este ingreso se disminuye
en una suma considerable perfectamente puede afectar los gastos más elementales
atentando en forma grave y directa contra la dignidad humana de él y su
familia. (sic)
Los anteriores argumentos fueron compartidos por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil, en sede de impugnación, a los
cuales agregó que la empresa accionada al cancelar la pensión de jubilación al
ex trabajador durante más de diez años, creó el convencimiento de buena fe en
éste de que tenía un derecho adquirido sobre la pensión reconocida y la Empresa
no podía desconocerla ahora de forma unilateral porque con esta conducta
vulneraba el debido proceso del actor.
En los casos del señor Eliécer Delgado Castillo (Expediente
T-2.541.052) y de la señora María Celina Villar de Velásquez (Expediente
T-2.541.053) el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Gil, concedió el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la
vida digna de los accionantes como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta la
avanzada edad de los peticionarios, 73 y 68 años respectivamente y, a las
enfermedades que padecen, concluyendo que el pago de la mesada pensional se
convertía en el único medio que garantizaba el cubrimiento de sus necesidades
básicas y el derecho a la vida en condiciones dignas.
De otra parte consideró que la accionada vulneró el
debido proceso al suspender unilateralmente el pago de la pensión de jubilación
por no mediar orden judicial que así lo dispusiera.
En sede de impugnación el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de San Gil revocó las sentencias que concedieron el amparo solicitado
aduciendo que se evidenciaba que el Instituto de Seguros Sociales les había
reconocido una mesada por un valor superior a la que venía pagando Cementos
Hércules S.A. hoy Cementos Andino S.A., en liquidación, luego no existía un
mayor valor que debiera asumir la empresa.
Por otra parte encontró que no había actuación
administrativa que agotar, ya que el pago de dicha pensión era temporal hasta
tanto el ISS reconociera y pagara la pensión de vejez, condición que en los dos
casos se cumplió para que procediera la suspensión.
Para esta Sala, es necesario hacer unas precisiones
generales que aplican para cada uno de los casos concretos, así:
4.2.2.1     Los accionantes se encuentran en estado de
indefensión frente a la empresa accionada
De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia, los señores Filemón Delgado Castillo (Expediente
T-2.540.976), 75 años, Eliécer Delgado Castillo (T-2.541.052), 73
años y María Celina Villar de Velásquez (T-2.541.053), 68 años, se
encuentran en estado de indefensión frente a la empresa Cementos Andino S.A., en
liquidación, en razón a la edad, pero sobre todo porque el ex empleador se
halla en un estado de superioridad frente los peticionarios.
Pues al decidir sobre el derecho pensional de
jubilación de los actores, procediendo a la notificación de su suspensión sin
que explicara con suficiencia el marco jurídico y sus consecuencias, sometió a
su determinación a los ex trabajadores sin que éstos pudieran controvertir
dichos argumentos, al carecer de un mecanismo idóneo y eficaz para el efecto.
Adviértase que las acciones ordinarias en los casos concretos no son eficaces
dada la edad de los actores y la sujeción económica que tienen frente a la
mesada pensional.
En este orden de ideas, con la decisión asumida por el
empleador se anuló la autonomía de los accionantes, pues éstos se encuentran en
una posición dispar frente al particular que decidió acerca de la suspensión de
un derecho pensional que venían percibiendo desde hacía varios años. En razón a
lo anterior, quedaron sometidos sin mayor explicación a lo decidido por
Cementos Andino S.A., en liquidación.
4.2.2.2
Efectos de la
compartibilidad pensional.
4.2.2.2.1       Expedientes
T-2.540.976 y T-2.541.052
En los casos de los señores Filemón Delgado (T-2.540.976)
y Eliécer Delgado (T-2.541.052), como lo afirman cada uno de los jueces
que conocieron de las acciones de tutela impetradas, ninguna de las partes
allegó el acta de conciliación en la cual acordaron que la pensión de
jubilación sería compartida.
No obstante lo anterior, de las pruebas obrantes
dentro del expediente, sí puede determinarse los términos en los cuales se
llevó a cabo el reconocimiento de la pensión de jubilación. Nótese que en los
hechos esbozados en las dos acciones de tutela instauradas, los actores aducen
haber recibido la pensión de jubilación con carácter de compartida, para lo
cual celebraron un acuerdo conciliatorio con la empresa Cementos Hércules S.A.
hoy Cementos Andino S.A., en liquidación.
En el caso del señor Filemón Delgado, a folio 44 del
cuaderno principal, el actor afirma: la pensión compartida la vengo
recibiendo desde el 1 de enero de 1990. La compañía de Cementos me pagaba la
pensión plena hasta que yo cumplí los 60 años de edad, los cumplí en mayo de
1994. En después, a partir del 25 de mayo de 1994 entonces ya el Seguro Social
empezó a pagar la parte que le correspondía…(sic)
Por su parte, el señor Eliécer Delgado, a folio 25 del
cuaderno principal, sostiene yo entré a la empresa desde 1960 a principios
del año y salí pensionado en el año 1991, trabajé mas (sic)de treinta
años,,(sic) el doctor Fandiño cuando eso nos dijo que saliamos con una pensión
compartida, porque una parte la pagaba la empresa y la otra el Seguro Social,
la empresa Cemento solamente me estaba pagando doscientos cincuenta y seis mil
pesos y el Seguro Social me esta llegando setecientos setenta y nueve mil y ya
me han hecho los descuentos… (sic)
De otro lado, en los dos casos, obra prueba trasladada
del señor Edgar Alfonso Fandiño Prieto quien rindió su declaración en otros
casos similares a los que ahora se discuten. En esta oportunidad sostuvo que se
desempeñó como director de relaciones industriales de la Compañía de Cementos
Hércules S.A., refiriendo que la pensión compartida se otorgó a aquellos
trabajadores … que tenían los años de servicio mínimo y las semanas de
cotización mínimas exigidas, para anticiparles la pensión, dado que esta
pensión solamente la íbamos a tener de manera transitoria porque después la
mayor parte de esa pensión iba a ser asumida por el Seguro Social. Con esas
personas se realizaron conciliaciones ante la entidad que tenía el fuero para
ello que era la Inspección del Trabajo… ( Folio 64 del cuaderno principal.
Exp. T-2.540.976)
No obstante, refiere el señor Fandiño Prieto que la
pensión de jubilación compartida consiste en que una parte la asume el
empleador y la otra parte el Instituto de Seguros Sociales. Agrega que tiene el
convencimiento de que las pensiones no pueden ser revocadas sin una orden
judicial, lo que no ocurrió en estos eventos, pues no probaron que los actores
no tenían el derecho a devengar la pensión de jubilación.
4.2.2.2.2
Expediente T-2.541.053
La señora María Celina Villar de Velásquez, en el
hecho segundo de la acción de tutela, sostiene que a su esposo, ya fallecido,
Benito Velásquez León, le fue reconocida la pensión compartida de manera
anticipada por la vía de conciliación ante la Inspección de Trabajo de San Gil.
En este evento, a folio 123 del cuaderno principal,
obra el acta de conciliación suscrita entre las partes el 4 de agosto de 1986
ante la Inspectora Nacional de Trabajo y de seguridad social de San Gil
(Santander), en la cual se otorgaba la pensión de jubilación a partir del 1 de
agosto de 1986 con la salvedad de que correría a cargo de la empresa hasta que
ésta fuera asumida y subrogada por parte del Instituto de Seguros Sociales.
4.2.2.2.3
En los casos bajo estudio
la pensión de jubilación tiene el carácter de compartida
En los casos que estudia la Sala, los peticionarios
están plenamente convencidos de que el carácter de pensión compartida está
referido a la obligación que tienen tanto el empleador como el ISS de cancelar
la totalidad de la pensión, cada una, en el porcentaje que le corresponde.
Pero los accionantes parten de un supuesto falso, esto
es, que la pensión de jubilación por ser compartida jamás se extingue, lo cual
no es cierto.
El artículo 18 del decreto 758 de 1990 presenta
claridad sobre el tema; allí se establece que el empleador que hubiera
reconocido la pensión de jubilación compartida al trabajador, debía seguir
cotizando para el Instituto los seguros de vejez, invalidez y muerte hasta
tanto el trabajador reuniera los requisitos legales para que le fuera
reconocida la pensión de vejez y que sólo estaría obligado el empleador a pagar
el mayor valor, si lo hubiere, entre la mesada reconocida y la que él venía
cancelando.
Es decir, que si el Instituto reconocía una pensión de
vejez por el mismo valor o superior a la cancelada por el empleador, éste se
liberaba de su obligación de seguir cancelando la pensión de jubilación.
Contrario sensu ocurría bajo el régimen jurídico
anterior al 17 de octubre de 1985, en donde si el empleador reconocía una
pensión extralegal se entendía que está subsistía junto a la reconocida
posteriormente como pensión de vejez, a no ser que se pactara que era
compartida con el ISS. Lo cual no se aviene al presente caso.
En el caso particular del señor Filemón Delgado
Castillo se halla acreditado que (i) desde el 1 de enero de 1990 Cementos
Hércules S.A., le reconoció la pensión de jubilación compartida hasta tanto el
Instituto de Seguros Sociales le reconociera la pensión de vejez, (ii) que
mediante resolución número 1459 de 1994 el ISS le reconoció la pensión de vejez
por reunir los requisitos exigidos en el artículo 12 del acuerdo 49 de 1990
(decreto 758 de 1990), en virtud de la figura de la compartibilidad pensional,
(iii) que según el actor, a 30 de abril de 2009, Cementos Andino S.A. en
liquidación, le giraba una mesada pensional por valor de $496.000.oo con los
descuentos de seguridad social y finalmente que (iv) el ISS para la nómina de
2009 giraba por valor de la pensión de vejez $653.871.oo con deducidos en salud
de $78.500.oo para un total girado de $575.371.oo.
En el caso del señor Eliécer Delgado Castillo
se encuentra probado que (i) desde el año de 1991 Cementos Hércules S.A., venía
cancelando ininterrumpidamente la pensión de jubilación, la cual fue asumida
desde 1998 por Cementos Andino S.A. en liquidación, en virtud de la compra que
hiciere de la misma, (ii) que mediante resolución número 877 de 1997 le fue
reconocida la pensión de vejez a partir del 7 de noviembre de 1996, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, (iii) que el valor girado por la
empresa según el actor ascendía a $256.000.oo descontado lo pertinente al
sistema de seguridad social y, por último, (iv) que el valor reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales como mesada pensional por vejez asciende a la
suma neta de 779.263.oo una vez realizado el descuento por salud.
Frente a la señora María Celina Villar de Velásquez,
se halla acreditado (i) que actúa dentro de la presente acción de tutela como
cónyuge sobreviviente del señor Benito Velásquez León, fallecido, a quien la
empresa Cementos Hércules S.A., hoy Cementos Andino S.A. en liquidación, le
había reconocido la pensión de jubilación desde el 1 de agosto de 1986, (ii)
que mediante resolución número 2040 de 1997 el Instituto de Seguros Sociales
reconoció la pensión de vejez al señor Benito Velásquez León desde el 11 de
diciembre de 1996, (iii) que el 24 de diciembre de 2006 el señor Benito
Velásquez León falleció, y su cónyuge se presentó al ISS para reclamar la
pensión de sobrevivientes, la cual fue reconocida mediante resolución 3812 de
2007, (iv) que según informa la accionante Cementos Andino S.A., en liquidación
le cancela por concepto de pensión de jubilación, alrededor de $265.000.oo con
los respectivos descuentos al sistema de seguridad social y para finalizar, que
(v) el ISS viene cancelando un valor neto de $607.627.oo descontando lo
atinente a salud.
De lo anterior se puede concluir que, en efecto, los
actores se encuentran percibiendo dos mesadas pensionales, una por parte del
empleador y otra por parte del Instituto; sin embargo, no existe claridad
acerca de la obligación que tiene la Empresa Cementos Andino S.A. En
liquidación, frente a los actores. Esto es, si la pensión cancelada a los ex
trabajadores corresponde a la totalidad del valor de la pensión de jubilación
reconocida a los accionantes mientras éstos alcanzaban los requisitos legales
para obtener la pensión de vejez (caso en el cual el monto pagado resultaría
ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente) o si ésta corresponde al
mayor valor que está en la obligación de cancelar, entre las dos mesadas
pensionales, hecho que debe aclarar la empresa accionada.
4.2.2.3 El derecho fundamental al debido proceso entre
particulares
Ahora bien, se observa que la empresa Cementos Andino
S.A. en liquidación, una vez se percató de que a los actores les había sido
reconocida la pensión de vejez por el Instituto, procedió a comunicarles por
escrito que suspendería el pago de la mesada pensional a su cargo a partir del
mes de agosto, lo cual hizo en efecto.
Dicha comunicación refería en términos generales que
el señor Edgar A. Fandiño Prieto, en calidad de Jefe de Relaciones Industriales
de la Compañía Cementos Hércules, había celebrado con los ex trabajadores, un
acuerdo de conciliación ante la autoridad competente en la cual se otorgaba la
pensión de jubilación hasta el momento en que fuera asumida y subrogada por
parte del Instituto y, que una vez consultada la historia laboral de cada uno
de los accionantes, pudieron verificar que les había sido reconocida la
respectiva pensión por el Instituto de Seguros Sociales.
En virtud de lo anterior, la entidad accionada
manifestó que los peticionarios se encontraban devengando simultáneamente dos
pensiones: una reconocida por el ISS y otra, por Cementos Andino S.A.en
liquidación.
Concluyó que como los trabajadores percibían la mesada
pensional por parte del Instituto, el empleador no estaba en la obligación de
seguir cancelando la pensión de jubilación.
Finalmente, mencionó que debía suspender el pago de la
respectiva mesada pensional de conformidad con los dispuesto en el decreto 758
de 1990.
Esta Sala encuentra que a la luz de los requisitos
señalados en la parte considerativa de esta providencia, la empresa tan solo
cumplió con uno de los requisitos requeridos para que la comunicación se
entendiera surtida correctamente y así garantizar el debido proceso de los
actores; este fue señalar el acto a través del cual el Instituto de Seguros
Sociales había reconocido la pensión de vejez y/o de sobrevivientes.
La empresa Cementos Andino S.A. en liquidación, al
oponer la subrogación por parte del Instituto de Seguros Sociales como razón
para suspender la pensión de jubilación, no discriminó el valor reconocido por
el ISS como mesada pensional para establecer un parámetro de comparación   frente
a la suma que él venía reconociendo; y por lo tanto, no aclaró si la mesada
pensional reconocida por el ISS era superior a la que él venía cancelando y en
consecuencia, no había un mayor valor que pagar por parte de la Empresa.
Pues, si la situación fuera distinta, debía la Empresa
en este misma comunicación, proceder a aclarar el nuevo valor que estaba
obligada a cancelar, ya que el sólo hecho del reconocimiento de la pensión de
vejez no la exoneraba de pagar el mayor valor entre las dos mesadas.
Ratificando lo anterior, Cementos Andino S.A., en
liquidación omitió:
(i)    informar el nuevo valor de la pensión que estaba en la
obligación de seguir cancelando o si había sido subrogado de su obligación al
no haber un mayor valor que cancelar y,
(ii)  en la comunicación enviada al ex trabajador, informando el pago del
porcentaje que le correspondía asumir o la suspensión del pago de la pensión de
jubilación por no haber un mayor valor que cancelar, indicar la fecha a partir
de la cual la suspensión o el reajuste pensional empezaría a surtir efectos,
tiempo que no podía ser inferior a un (1) mes.
Como en los casos concretos dicha comunicación no
cumplió con todas las exigencias mínimas requeridas para garantizarle el
derecho al debido proceso a los señores Filemón Delgado Castillo, Eliécer
Castillo Delgado y Maria Celina Villar de Velásquez, el amparo tutelar deberá
concederse.
5   CONCLUSIONES
5.1      En el caso del señor Filemón Delgado Castillo
(T-2.540.976) se concederá el amparo tutelar para proteger su derecho
fundamental al debido proceso y, se ordenará a la empresa Cementos Andino S.A.
en liquidación que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia proceda a enviar comunicación al actor
informándole el nuevo valor de la pensión que está en la obligación de seguir
cancelando o si ha sido subrogada de su obligación al no haber un mayor valor
que cancelar y en cualquiera de los dos casos se le indique la fecha a partir
de la cual el reajuste pensional o la suspensión empezaría a surtir efectos,
tiempo que no podrá ser inferior a un (1) mes.
5.2
En el caso del señor Eliécer
Delgado Castillo (T-2.541.052) se concederá el amparo tutelar para
proteger su derecho fundamental al debido proceso y, se ordenará a la empresa
Cementos Andino S.A. en liquidación que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia  proceda a enviar
comunicación al actor informándole el nuevo valor de la pensión que está en la
obligación de seguir cancelando o si ha sido subrogada de su obligación al no
haber un mayor valor que cancelar y en cualquiera de los dos casos se le
indique la fecha a partir de la cual el reajuste pensional o la suspensión
empezaría a surtir efectos, tiempo que no podrá ser inferior a un (1) mes.
5.3
En el caso de la señora María
Celina Villar de Velásquez (T-2.541.053) se concederá el amparo tutelar
para proteger su derecho fundamental al debido proceso y, se ordenará a la
empresa Cementos Andino S.A. en liquidación que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia proceda a
enviar comunicación al actor informándole el nuevo valor de la pensión que está
en la obligación de seguir cancelando o si ha sido subrogada de su obligación
al no haber un mayor valor que cancelar y en cualquiera de los dos casos se le
indique la fecha a partir de la cual el reajuste pensional o la suspensión
empezaría a surtir efectos, tiempo que no podrá ser inferior a un (1) mes.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias
proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil el 29 de
octubre de 2009, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil el 7 de
diciembre de 2009 (Expediente T-2.540.976). En su lugar CONCEDER la
acción de tutela al señor FILEMÓN DELGADO CASTILLO, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, únicamente por la violación a
su derecho fundamental al debido proceso.
Segundo.
En consecuencia, ORDENAR a la
Empresa CEMENTOS ANDINO S.A. EN LIQUIDACIÓN, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, envíe
una comunicación escrita al señor FILEMÓN DELGADO CASTILLO, indicándole:
a)    el nuevo valor de la pensión que está en la obligación
de seguir cancelando o si fue liberada de su obligación al no haber un mayor
valor que cancelar.
b)    Señalar el acto a través del cual el Instituto de
Seguros Sociales reconoció la prestación económica de vejez y el valor de la
pensión.
c)     En la comunicación por escrito que será enviada por el
empleador al ex trabajador, informando el pago del porcentaje que le
corresponde asumir o la suspensión del pago de la pensión de jubilación por no
haber un mayor valor que cancelar, debe indicarse la fecha a partir de la cual
la suspensión o el reajuste pensional empezará a surtir efectos. Tiempo que
deberá entenderse como prudencial para que el ex trabajador ajuste sus finanzas
a la nueva realidad económica, el cual no podrá ser inferior a un (1) mes.
Tercero. CONFIRMAR
parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de San Gil, el 29 de octubre de 2009 y, por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de San Gil, el 10 de diciembre de 2009 (Expediente
T-2.541.052) en cuanto negó la pretensión de seguir percibiendo la pensión
pagada por CEMENTOS ANDINO S.A. en liquidación y, CONCEDER la acción de
tutela al señor ELIÉCER DELGADO CASTILLO, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia, únicamente por la violación a su derecho
fundamental al debido proceso.
Cuarto. En consecuencia, ORDENAR a la Empresa
CEMENTOS ANDINO S.A. EN LIQUIDACIÓN, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, envíe una
comunicación escrita al señor ELIÉCER DELGADO CASTILLO, indicándole:
a)
el nuevo valor de la pensión
que está en la obligación de seguir cancelando o si fue liberada de su
obligación al no haber un mayor valor que cancelar.
b)
Señalar el acto a través del
cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación económica de
vejez y el valor de la pensión.
c)
En la comunicación por escrito
que será enviada por el empleador al ex trabajador, informando el pago del
porcentaje que le corresponde asumir o la suspensión del pago de la pensión de
jubilación por no haber un mayor valor que cancelar, debe indicarse la fecha a
partir de la cual la suspensión o el reajuste pensional empezará a surtir
efectos. Tiempo que deberá entenderse como prudencial para que el ex trabajador
ajuste sus finanzas a la nueva realidad económica, el cual no podrá ser
inferior a un (1) mes.
Quinto. CONFIRMAR
parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de San Gil, el 29 de octubre de 2009 y, por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de San Gil, el 10 de diciembre de 2009 (Expediente
T-2.541.053) en cuanto negó la pretensión de seguir percibiendo la pensión
pagada por CEMENTOS ANDINO S.A. en liquidación y, CONCEDER la acción de
tutela a la señora MARIA CELINA VILLAR DE VELÁSQUEZ, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, únicamente por la violación a
su derecho fundamental al debido proceso.
Sexto. En consecuencia, ORDENAR a la Empresa
CEMENTOS ANDINO S.A. EN LIQUIDACIÓN, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, envíe una
comunicación escrita a la señora MARIA CELINA VILLAR DE VELÁSQUEZ,
indicándole:
a)
el nuevo valor de la pensión
que está en la obligación de seguir cancelando o si fue liberada de su
obligación al no haber un mayor valor que cancelar.
b)
Señalar el acto a través del
cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación económica de
vejez y el valor de la pensión.
c)
En la comunicación por escrito
que será enviada por el empleador al ex trabajador, informando el pago del
porcentaje que le corresponde asumir o la suspensión del pago de la pensión de
jubilación por no haber un mayor valor que cancelar, debe indicarse la fecha a
partir de la cual la suspensión o el reajuste pensional empezará a surtir
efectos. Tiempo que deberá entenderse como prudencial para que el ex trabajador
ajuste sus finanzas a la nueva realidad económica, el cual no podrá ser
inferior a un (1) mes.
Séptimo.
EXHORTAR a la Empresa Cementos Andino
S.A. En liquidación para que en lo sucesivo no vuelva a suspender
unilateralmente el pago de la pensión de jubilación a sus ex trabajadores.
Octavo. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el
juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para
el cumplimiento de esta sentencia.
Noveno.
El desacato a lo aquí dispuesto se
sancionará en la forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.
[2] Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-112 del 9
de febrero de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“[3] Corte Constitucional, Sentencias S. T-335 de
1995, T-172 de 1997, T-202 de 1997, SU-519 de
1997, S. T-584 de 1998, T-651 de 1998, T-639 de 1999,
T-732 de 1999, T-203
de 2000. ´´
´´[4] Corte Constitucional,
Sentencias T-339 de 1997, T-650 de 1998, T-295 de 1999,  T-576/99, T-833 de 1999. ´´
´´[5] Corte Constitucional,
Sentencia  T-697/96, T-433
de 1998.´´
´´[6] Corte Constitucional,
Sentencia T-1682 de 2000, SU-1721 de 2000.´´
´´[7] Corte Constitucional,
Sentencias T-630 de 1997, T-308 de 1998, T-418 de 1999.´´
´´[8] Corte Constitucional,
Sentencia T-796/99.´´
´´[9] Corte Constitucional,
Sentencia T-640 de 1999.´´
´´[10] Corte Constitucional,
Sentencia T-474 de 1996.´´
´´[11] Corte Constitucional,
Sentencia T-557/95, T-420/96.´´
´´[12] Corte Constitucional,
Sentencia T-263/98.´´
[13] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-1042 del 28 de
septiembre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“[16] T-605 de 1992, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.”
´´[17] T-1087 de 2007, M. P. Jaime
Córdoba Triviño, T-046 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-302 de 2005,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-561 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-1330
de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-125 de 1994, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-036 de 1995, M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-351 de 1997, M. P.
Fabio Morón Díaz, T-1008 de 1999, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.´´
´´[18] T-1118 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-174 de 1994, M.
P. Alejandro Martínez Caballero y T-288 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.´´
´´[19] Según lo previsto en el
numeral 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, “se presume la
indefensión del menor que solicite la tutela.” Al respecto, pueden
consultarse las sentencias T-356 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-900 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.´´
[20] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-819 del 21 de agosto
de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
“[21]
La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de
compartibilidad pensional solamente aquellos "trabajadores que a la fecha
en que el Instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los
siguientes requisitos: 1) Diez o mas años de labranza, 2) Tiempo y edad
requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando a los seguros
hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para
otorgar la pensión de vejez." y por lo tanto solamente serían estos
trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo
del empleador "hasta tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a
su reglamentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez."  Sentencia
T-462 de 2003.”
[22] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero
de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[23] Decreto 758 de 1990 “Por el cual se aprueba el acuerdo numero 049
de febrero 1 de 1990 emanado del consejo nacional de seguros sociales
obligatorios.”
[24] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-921 del 10 de
noviembre de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[25] La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sección Segunda.
Expediente No. 7.481 del 26 de mayo de 1995, acta No. 34, Magistrado José Roberto
Herrera Vergara, referente al tema de la pensión compartida señaló:
“…De otra parte, aunque no tiene incidencia en el
resultado del cargo, pues por lo anteriormente expuesto no es proce­dente, la
Sala aclara que con arreglo a los artículos 72 y 76 de la ley 90 de 1946 y 259
del C.S.T., las prestaciones especiales a cargo del empleador consagra­das en
el título IX del Código son susceptibles de ser asumidas por el Seguro Social,
de acuerdo con los reglamen­tos expedidos por el mismo. En cambio, las
pensiones extralegales otorgadas por el patrono a sus servidores antes del 17
de octubre de 1985, son adiciona­les a las relacionadas en dicho capítulo, y
por lo tanto, en princi­pio, carecen de dicha vocación subrogatoria por el Institu­to
de Seguros Sociales, ya que corresponden a obligaciones que el empleador
contrae voluntariamente y si no se ha dispuesto nada en contrario no pueden
gravar la institución de seguridad social.
Solución diferente es aplicable a las pensiones
extralegales reconocidas despues del 17 de octubre de 1985, dado que con
arreglo a lo dispuesto por los artículos 5 del acuerdo 029 del I.S.S. -aprobado
por decreto 2879 de 1985- y 18 del acuerdo 049 de 1990 -aprobado por el decreto
758 de 1990-, las reconocidas por el empleador en “convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o voluntariamente”, que se causen a partir de esa
fecha, solamente son compartibles con las de vejez a cargo del I.S.S., siempre
que el empleador siga cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte
hasta cuando el asegurado reuna los requisitos exigidos para acceder a la
pensión de vejez de dicho instituto…”
“[26] En
sentencia T-940 de 2001, MP. Jaime Araujo Rentería, sobre el particular se dijo
lo siguiente: “...debe la Sala recordar que en aplicación de los
criterios de unidad y universalidad (...) de las prestaciones, el pensionado no
puede aspirar a una duplicidad o acumulación de beneficios, cuando el origen
del derecho pensional en cuestión es uno solo. La ley ha indicado que la
seguridad social representada en nuestro caso por el Instituto de Seguros
Sociales, es el ente encargado de asumir este riesgo en tanto la obligación del
empleador se extingue, pues éste último estará obligado a asumir dicho pago hasta
tanto el ISS, reconozca tal prestación. Sólo a partir de ese momento, el
empleador estará obligado a pagar la diferencia que surgiere entre las dos
pensiones, y si no hubiere diferencia alguna, no deberá nada. (...) “Sobre el particular la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1° de septiembre de
1981 señaló: ‘La unidad y la universalidad de las
prestaciones, principios lógicos consagrados por la ley que exigen la debida
integración o coordinación de los beneficios, rigen tanto para el sistema
prestacional directo a cargo del patrono como para el régimen del seguro
social, y deben aplicarse también lógicamente, cuando en la etapa de transición
de un sistema al otro las prestaciones se dividen o distribuyen entre ellos, o
en algunos casos se comparten transitoriamente. Resulta entonces que esas
distintas prestaciones no son compatibles, pero tampoco son acumulables.
‘Las normas vigentes, como se ha explicado al estudiar el cargo, impiden tanto
la acumulación o duplicidad de beneficios, con su reducción al nivel mínimo
imponible que puede dejar al trabajador parcialmente desprotegido frente a las
garantías mínimas a que tienen derecho.” (Subraya y negrilla fuera del texto
original).”
[27] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-1117 del 26 de
noviembre de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[28] En
sentencia T-827 de 1999, MP. Alejandro Martínez de manera breve se relata la
evolución del concepto de la presunción de buena fe, señalando para ello lo
siguiente: “Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido
reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose
la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código
Civil Colombiano: ‘Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la
ley pertenecen a ella’.  Norma que tiene su correspondencia en numerosos
artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en
Colombia importante tratamiento doctrinal: ‘De ahí que se hable de la buena fe
como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones,
gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del
formalismo.’ “El principio de la buena fe  es también principio del derecho
laboral,  ha sido incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 y
aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del
Trabajo: ‘El principio de la buena fe, que no es nuevo sino que data de las
mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos,
incluido el de trabajo’. Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949  y que
llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes
términos:  ‘La mala fe –ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la
deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de
naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose
de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja
pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un
aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una
de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un
estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable
en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de
la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los
negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de
cada caso. (Lo resaltado es fuera del texto).’   La Corte Constitucional,
también habla sobre la buena fe, en la sentencia  C-068 de 1999 MP. Alfredo
Beltrán Sierra, en la que hace un pormenorizado recuento de jurisprudencias
anteriores para concluir: “‘Con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, la buena fe tuvo en el derecho colombiano el carácter de
principio jurídico que informa la normatividad, y al que se le dio aplicación
como “regla general de derecho”, por la jurisprudencia nacional, con fundamento
en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.  ‘Esa situación varió con la
Constitución de 1991, cuyo artículo 83, de manera expresa elevó la buena fe a
norma constitucional, como deber jurídico al cual habrán de “ceñirse” las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y que, además, se
presume en las gestiones que aquellos adelanten ante éstas’.”
[29] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-1117 del 26 de
noviembre de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[30] Cfr. entre otras, las
sentencias T-557 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-701 de 1996, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-748 de 1998, MP: Alfredo Beltrán Sierra; T-450 de
2002, MP: Jaime Araujo Rentería.”
[31] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-1117 del 26 de
noviembre de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-624 del 3 de agosto
de 2006. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
“[33]
Cfr. Sentencia T-1223 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.”
[34] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-624 del 3 de agosto de 2006. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[35] ARTICULO 260. DERECHO A LA PENSION.
<Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
El texto derogado continúa vigente para los trabajadores sometidos al régimen
de transición creado por el artículo 36 de la Ley 100. El texto
original es el es el siguiente:>
1. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya
llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio.
2. <Numeral CONDICIONALMENTE
exequible> El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber
cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad,
siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.