C-137-19
Sentencia C-137/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inexistencia
de cosa juzgada material
COSA
JUZGADA-Definición
COSA
JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL-Diferencias
LEGALIZACION
DE CAPTURA-Contenido y alcance
DERECHO A
LA LIBERTAD PERSONAL-Garantías
constitucionales/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance
Como
corolario del recuento normativo y jurisprudencial realizado, es dado concluir
que toda restricción a la libertad personal debe tener un control
judicial por parte del funcionario competente. Pero, además, un contenido
constitucional trascendental de este derecho está en que la persona capturada,
de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, debe ser puesta dentro de las 36 horas
siguientes desde la privación de la libertad a disposición del juez competente.
En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que
se encuentra proscrita toda restricción indefinida de la libertad y que, por el
contrario, el referido término tiene un carácter perentorio, sin perjuicio de
las circunstancias insuperables que podrían llevar a que ella se extienda por
motivos ajenos a la administración judicial.
DERECHO A
LA LIBERTAD PERSONAL-Jurisprudencia
constitucional
LIBERTAD
PERSONAL-Protección privilegiada
respecto de vinculación al proceso de quien fue acusado
HABEAS
CORPUS-Alcance
DERECHO A
LA LIBERTAD PERSONAL-Tipos de
protección según el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos
Expediente
D-12861
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
21 de la Ley 1908 de 2018, “[p]or
medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y
se dictan otras disposiciones”.
Demandante: José
Fernando Eraso Sarasty
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de
dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial la prevista en el artículo 241.4 de la Constitución, una
vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 241 de la
Constitución Política, José Fernando Eraso Sarasty
solicitó a la Corte la inexequibilidad del artículo 21
de la Ley 1908 de 2018, por considerar que esta disposición desconoce los
derechos a la igualdad (art. 13), la libertad personal (artículo 28), el debido
proceso (art. 29) y al habeas corpus (art. 30).
Mediante auto del cinco (5) de septiembre
de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado Sustanciador, Luis Guillermo
Guerrero Pérez, consideró que las cargas argumentativas
de la demanda satisfacían, en principio, las exigencias del Decreto 2067 de
1991 para estos asuntos. En consecuencia, admitió la demanda de la referencia[1], y dispuso su fijación
en lista, efectúo las comunicaciones previstas en los artículos 11 y 13 del
Decreto 2067 de 1991 y en el artículo 2 (b) del Decreto 1365 de 2013, y dio
traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiese el concepto a su
cargo. Este auto fue notificado por el estado número 151 del siete (7) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018)[2].
En la Secretaría General de este tribunal
se recibieron, en orden cronológico, las siguientes intervenciones: 1) la del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal[3],
2) la de los ciudadanos Kevin Mora Rendón e Ingrid Michelle Romero[4], 3) la de las
ciudadanas Diana María Valbuena Benincore y Lady Tatiana Cudris Ramos[5], 4) la de la Fiscalía
General de la Nación[6],
5) la del Ministerio de Justicia y del Derecho[7],
6) la de la Universidad Libre[8]
y 7) la de la Universidad Nacional de Colombia[9].
También se recibió el Concepto 6477 del 29 de octubre de 2018, rendido por el
Procurador General de la Nación[10].
La ponencia de esta
sentencia había correspondido, en principio, al magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez[11]. No obstante, al
presentar el proyecto ante la Sala Plena, éste no obtuvo la mayoría de los
votos requeridos para que fuera aprobado. En consecuencia, el expediente fue rotado
al funcionario que seguía en orden alfabético, para que elaborara la sentencia,
a saber, el Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la presente demanda.
A.
NORMA DEMANDADA
El texto que contiene el precepto legal
demandado, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 44.708
del 13 de febrero de 2002, es el siguiente:
“LEY 1908 DE 2018
(julio 9)
Diario Oficial No. 50.649 de 9 de julio de 2018
RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO
Por medio de la cual se fortalecen la investigación y
judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su
sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
[…]
TÍTULO II
MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA
JUDICIALIZACIÓN DE LOS GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y DE LOS GRUPOS ARMADOS
ORGANIZADOS
[…]
CAPÍTULO II
HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
[…]
“ARTÍCULO
21. Adiciónense dos nuevos parágrafos al
artículo 297 de la Ley 906 de 2004, relativo a los requisitos generales para la
legalización de captura, los cuales quedarán así:
PARÁGRAFO
2. La persona que sea capturada será puesta
a disposición del juez de control de garantías dentro de un término de 36
horas, el cual será interrumpido con la instalación de la audiencia por parte
del juez competente en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la
Constitución Política.
En todo caso
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se tendrá en
cuenta el criterio de plazo razonable, de conformidad con la Convención
Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana.
PARÁGRAFO
3. En la audiencia de legalización de
captura el fiscal podrá solicitar la legalización de todos los actos de
investigación concomitantes con aquella que requieran control de legalidad
posterior. Cuando se trate de tres o más capturados o actividades
investigativas a legalizar, el inicio de la audiencia interrumpe los términos
previstos en la ley para la legalización”.
B.
LA DEMANDA
El
actor consideró que la disposición controvertida es incompatible con los
artículos 13, 28, 29 y 30 de la Constitución Política[12]. En efecto
precisó que, si bien la Ley 1908 de 2018 tiene el propósito de fortalecer la investigación
y la judicialización de organizaciones criminales, lo cierto es que la norma
demandada es aplicable a cualquier persona, sea o no miembro de dichas
organizaciones. Sobre esta base presenta cuatro cargos, relacionados con los
derechos a la igualdad, la libertad, el debido proceso y el habeas corpus.
Los
cuatro cargos se fundan en una interpretación razonable de la norma demandada.
En efecto, la demanda reconoce que existe un término para poner a la persona
capturada a disposición del juez de control de garantías, esto es dentro de las
36 horas siguientes a la captura. Sin embargo, ello no es controvertido, sino la
previsión legal al disponer que la simple instalación de la audiencia
interrumpe este término, así no se haya llegado a definir la legalidad de dicha
captura[13].
Según
explicó la demanda, la sentencia C-1154 de 2005 se refirió a la importancia de
la definición de los plazos en el proceso penal. En esta oportunidad, se indicó
lo siguiente:
“Los plazos que rigen el procedimiento penal se han
establecido como un mecanismo procesal encaminado a satisfacer los presupuestos
del derecho sustancial. Dichos plazos tienen un sentido específico que en todo
caso han de satisfacer los criterios derivados de los principios de igualdad,
debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad asociados al principio de
neutralidad procesal, protegido no solamente en la Constitución colombiana sino también en los tratados de Derechos
Humanos de los cuales hace parte Colombia”.
No obstante, en
opinión del demandante, la alusión que realiza la disposición acusada a “plazo
razonable” para definir la legalidad de la captura,
en la práctica, ello terminaría por prolongarla más allá de las 36 horas. En
tanto el asunto se deja en manos del juez, quien es el llamado a determinar el
plazo razonable, se vulnera la igualdad, pues el tiempo de privación de la
libertad de las personas será diferente en cada caso. Por lo cual, la
definición acabará por obedecer al número de jueces, a su carga laboral, a la
congestión judicial y a lo que cada juez entienda por razonable. Esto, de
acuerdo a lo precisado en la demanda, termina por generar “una detención
indeterminada”[14].
Si bien el Estado debe investigar y judicializar a los presuntos responsables
de infringir los tipos penales, tal finalidad no puede cumplirse en detrimento
de las garantías del procesado.
De
igual manera, el demandante precisó que la disposición impugnada podía vulnerar
la libertad del procesado. En tal dirección, cuestionó la falta de definición y
de términos precisos, pues ante cualquier suspensión de la audiencia o su
dilación, se podría extender, de manera injustificada, la captura[15]. En tal
sentido, el demandante indicó que “(…) el derecho a la libertad queda
mermado por el legislador, quien en vez de establecer un lapso de tiempo
exacto, para no tener que recurrir a la jurisprudencia, vuelve y deja un vacío
respecto de los términos para que se legalice la captura, creando leyes ya no
en un derecho penal de acto sino un derecho penal de grupo, afectando los derechos
fundamentales de todas las personas que enfrentan un proceso penal”[16].
Adicionalmente,
señaló el demandante que las circunstancias descritas, además, podrían impactar
el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. La sentencia
C-163 de 2008 se pronunció al respecto y reprochó toda restricción indefinida
de la libertad, en los siguientes términos:
“4.4. En el sistema jurídico colombiano se acogió con
mucha mayor claridad y precisión, el mandato que proscribe toda prolongación
indefinida de una restricción de la libertad despojada de control judicial,
estableciendo un parámetro temporal cierto para que se lleve a cabo dicha
supervisión. En efecto, un examen sistemático de los preceptos constitucionales
relacionados con la libertad individual y los límites a sus restricciones,
permite afirmar que toda privación efectiva de la libertad personal debe ser
sometida a control judicial de inmediato, y a más tardar dentro de las treinta
y seis (36) horas siguientes a su producción”.
Finalmente,
indicó que el derecho al habeas corpus[17] implica el efectivo control de
legalidad de la captura y, por tanto, la disposición acusada puede desconocer
el condicionamiento efectuado en la sentencia C-163 de 2008, al declarar
exequible el artículo 1 de la Ley 1142 de 2007, “en el entendido que dentro
del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en
la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad
por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente”.
C.
INTERVENCIONES
Las
intervenciones en este proceso pueden agruparse en tres posturas diferentes.
Las del primer grupo: (i) el Fiscal General de la Nación, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Universidad Libre, cuestionan la aptitud sustancial
de la demanda y, de manera subsidiaria, defienden la constitucionalidad de la
norma demandada. El Fiscal General de la Nación también argumenta que no existe
cosa juzgada constitucional. La del segundo grupo: (ii) el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal defiende la constitucionalidad condicionada de la misma.
Las del tercer grupo: (iii) los ciudadanos Kevin Mora Rendón e Ingrid Michelle
Romero, Diana María Valbuena Benincore, Lady Tatiana Cudris Ramos y la
Universidad Nacional de Colombia, quienes solicitan que se declare su
inexequibilidad.
1.
Las intervenciones
que cuestionan la aptitud sustancial de la demanda y, de manera complementaria
o subsidiaria, defienden la exequibilidad de la norma demandada
El
Fiscal General de la Nación comienza por advertir que en este caso no se
configuró el fenómeno de la cosa juzgada material, pues lo resuelto en las sentencias
C-163 de 2008 y C-042 de 2018 constituyen asuntos diferentes al tema que ahora
se estudia. La norma que se enjuicia no corresponde a ninguna similar que haya
sido revisada por el Tribunal Constitucional, pues lo que dispone es la
interrupción o suspensión del término, siempre que se hubiere instalado la
audiencia y atendiendo los criterios fijados por la jurisprudencia
interamericana sobre el “plazo razonable”.
Respecto
a los cargos relativos a la igualdad y al habeas corpus, consideró que no se
satisfacen los mínimos argumentativos y que, por tanto, no es posible adoptar
una decisión de fondo. En cuanto a la igualdad destaca que no se identificaron los
grupos a comparar, ni se precisó la diferencia de trato, ni -mucho menos- se
advirtió su falta de justificación. En cuanto al habeas corpus sostuvo que los
dos escenarios hipotéticos que plantea el actor: (i) el no poderse saber desde
cuándo se puede ejercer la acción; y (ii) el no poder otorgar la libertad,
porque la suspensión de la audiencia, a pesar de prolongar la captura en el
tiempo, lo impide, a su juicio, no son posibles. Considera que estas razones
llevan a la falta de certeza del cargo.
Incluso
si las anteriores hipótesis fueran posibles en opinión del interviniente no
habría vulneración de la Carta, pues la norma demandada no modificó, en modo
alguno, el régimen del habeas corpus:
“El demandante se equivoca al asumir que el artículo 21
de la Ley 1908 de 2018 impide al ciudadano saber cuándo puede interponer
recurso de habeas corpus. La norma demandada ofrece los criterios necesarios y
suficientes para determinar cuándo la interrupción del término de 36 horas es
justificada o no. Pero ello no es vinculante para el capturado, quien puede
interponer su habeas corpus cuando considere, en cualquier tiempo, que su
detención es arbitraria. No obstante, los criterios jurídicos y
jurisprudenciales a los que remite la norma [demandada] sí son vinculantes para
el juez constitucional de habeas corpus, el cual debe determinar con base en
ellos, si la captura ha cumplido con los estándares interamericanos en un plazo
razonable para que el juez decida sobre la legalidad de la captura, la procedencia
de la medida de aseguramiento y tome las medidas pertinentes al bienestar del
detenido”[18].
Respecto
a los cargos relativos a la libertad y al debido proceso, se solicita que se
declare la exequibilidad de la disposición demandada. La argumentación que
soporta esta solicitud es la misma: si bien reconoce que la norma demandada
flexibiliza el término para legalizar la captura, considera que de ello no se
sigue “(…) una prolongación indefinida e injustificada de la captura”[19],
pues en todo caso el asunto debe definirse en un plazo razonable[20], lo que
significa que:
“En conclusión, la regla general será: dentro de las 36
horas siguientes a la captura, el juez de control de garantías debe
pronunciarse sobre la legalidad de la misma. Sin embargo, en caso de que este
término no se cumpla, no será posible asumir de forma automática que la captura
fue ilegal, sino que en cada caso concreto deberán revisarse los criterios
fijados en la jurisprudencia interamericana sobre plazo razonable”[21].
Finalmente,
explicó la Fiscalía que la Corte Constitucional ha reconocido algunas
excepciones al término de las 36 horas para la legalización de la captura, las
cuales son compatibles con la interrupción del tal audiencia a partir de su
inicio o instalación, como así se estipuló en la disposición controvertida. Al
respecto, es posible consultar lo indicado en las sentencias C-251 de 2002 y
C-239 de 2012.
El
Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a este tribunal que se
declare la exequibilidad del parágrafo 2 y que se inhiba de pronunciarse sobre
el parágrafo 3, contenidos en el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018. Lo
primero, porque la norma legal cumple el mandato del artículo 28 de la Carta,
pues garantiza que la persona será puesta a disposición de la autoridad judicial
en el término de 36 horas, es decir, sin demora, y porque el plazo razonable,
que no se predica de esta actuación sino de la definición de la legalidad de la
captura, se armoniza con lo previsto en el bloque de constitucionalidad[22]. Lo
segundo, porque no encuentra que existan cargos respecto de él.
En
su concepto técnico, la Universidad Libre de Colombia solicitó a este Tribunal
que se inhiba de pronunciarse de fondo sobre la disposición demandada y, de
manera subsidiaria, que declare su exequibilidad. En primera medida, porque
consideró que la demanda no tiene aptitud sustancial, ya que se fundó en
especulaciones y comentarios, que se acompañan de citas de sentencias. De otra
parte, porque de estimarse como apta la demanda, la norma cuestionada se ajustaría
a lo previsto en el artículo 28, respecto del término para poner a disposición
de las autoridades a la persona capturada y, además, lo dicho sobre el plazo
razonable obedece a lo previsto en la CADH[23].
2.
La intervención
que defiende la exequibilidad condicionada de la norma demandada
En
su concepto técnico el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitó
declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada. En tal sentido,
indicó que esta Corte en la sentencia C-163 de 2008 se pronunció al estudiar la
constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1142 de 2007, que reformó el
artículo 2° de la Ley 906 de 2004 y declaró la exequibilidad condicionada del
inciso tercero de tal disposición, bajo el entendido de que dentro de las 36
horas posteriores a la captura se debe realizar el control efectivo a la
restricción de la libertad por parte del juez. En esta oportunidad, precisó
esta Corporación lo siguiente:
“(…) tal como se demostró en el aparte 5 de esta sentencia una visión
sistemática de la configuración legal de la institución del control judicial de
la captura, como acto material de aprehensión de la persona, en cualquiera de
sus modalidades (como consecuencia de una autorización judicial previa, en
virtud de la flagrancia, o en ejercicio de facultades excepcionalísimas de la
Fiscalía) permite afirmar que el término de treinta y seis (36) horas
establecido en las diversas disposiciones que regulan la materia tiene como
propósito suministrar un límite temporal para que se lleve a cabo el control de
legalidad y evitar las privaciones arbitrarias de la libertad.
Esta interpretación
es congruente no solamente con una visión sistemática de las normas procesales
que regulan el control de legalidad de la captura, sino también con el carácter
restrictivo en la interpretación de las disposiciones que prevén afectaciones a
la libertad. Es además, la única que resulta compatible con los postulados
constitucionales pro libertati, y reserva legal y judicial de las
restricciones a la libertad, en cuyo marco es inadmisible una privación de la
libertad que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control
de su legalidad, que conforme a los mandatos constitucionales tiene un límite
máximo de treinta y seis (36) horas. De manera que la interpretación del
precepto en el sentido aquí señalado resulta acorde con la Constitución”.
En
tal sentido, indicó el interviniente que la disposición demandada determina la
suspensión del término de 36 horas con el acto de instalación de la audiencia
por parte del juez competente, lo cual podría afectar la libertad y, en
particular, los límites temporales en los que se encuentra inscrito el debido
proceso. Pese a cuestionar la aptitud sustantiva de la demanda en relación en
este cargo, precisó que el tema estudiado comporta un problema de indudable
relevancia constitucional, el cual consiste en determinar si la disposición
examinada comporta una interrupción al término de 36 horas previsto en el
inciso segundo del artículo 28 de la Constitución.
En
ese orden de ideas, una de las interpretaciones que de forma razonable se puede
derivar de la norma y que es propuesta por el interviniente es que el juez
podría interrumpir el término de 36 horas para –simple y llanamente- instaurar
la audiencia de control de legalidad de la captura y, a renglón seguido,
ordenar su suspensión para ocuparse de otras audiencias concurrentes. Ello,
según se indicó, resulta inadmisible y, por tanto, se debe condicionar la
disposición, en el entendido que:
“(…) la decisión de control de legalidad por el juez de
control de garantías no necesariamente debe producirse dentro de ese estricto
límite temporal (36 horas), única y exclusivamente bajo el entendido que se
aplique de manera estricta el principio de concentración y que, por
consiguiente, la audiencia de control de legalidad se lleve a cabo con la
máxima celeridad posible, dentro de un plazo razonable, esto es, sin
interrupciones ni dilaciones injustificadas (por ejemplo, la suspensión de la
audiencia para atender otros asuntos), tomando en cuenta la complejidad del
asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta de las autoridades
judiciales y, por ende, empleando el tiempo estrictamente necesario para
adelantar y culminar la audiencia; constelación que exigirá ponderar el número de
capturados, el número de delitos que motivaron la captura y la cantidad de
actos de investigación que sean sometidos al control del juez de garantías”.
Sin
esta condición interpretativa, es decir, si se sostiene que la simple
instalación de la audiencia interrumpe el término, sin importar lo que ocurra
después, como puede suceder por ejemplo al suspender la diligencia para atender
otras, “comportaría una clara lesión de varias garantías constitucionales, a
saber: el derecho a la libertad, el derecho a un proceso sin dilaciones
injustificadas (debido proceso) y un recorte ostensible al ejercicio de la
acción de habeas corpus, dado que entonces, como se plantea en el líbelo, el
ciudadano no tendría posibilidad de conocer a partir de qué momento se produce
una privación ilegal de la libertad”[24].
3.
Las intervenciones
que sostienen la inexequibilidad de la norma demandada
Los
ciudadanos Kevin Mora Rendón e Ingrid Michelle Romero, como integrantes de la Clínica
Jurídica de la Corporación Universitaria de Sabaneta, solicitaron que se
declare la inexequibilidad de la norma demandada. Consideraron que ésta permite
prolongar la privación de la libertad de las personas, sin que se haya
legalizado su captura, siempre que ello se realice dentro de “un plazo
razonable”.
No
obstante, señalaron que “una restricción indefinida la libertad de los
capturados, como la que introduce el artículo demandando, viola la
razonabilidad y la proporcionalidad propios de los procesos penales e introduce
la arbitrariedad frente a un principio y derecho fundamental del Estado
constitucional como lo es el de la libertad”[25]. En esta dirección y de no
existir la disposición demandada, exceder el término de las 36 horas siguientes
a la captura tendría como consecuencia el vencimiento de términos. Es decir
que, frente a la incapacidad del Estado de resolver, en tiempo, la legalidad de
la restricción a la libertad de los individuos, la consecuencia necesaria sería
la materialización de tal derecho en aras de proteger las garantías
individuales.
La
inconstitucionalidad de la norma se debe a que a partir de un parámetro
temporal incierto, como el fijado en ella, existe un claro riesgo de privación
arbitraria de la libertad, pues la definición de la legalidad de dicha
privación podría superar las 36 horas. Entonces, no existe un límite preciso
para que el juez se pronuncie sobre la legalidad de la captura, lo cual
constituye una vulneración al debido proceso, pues el procesado no tiene por
qué soportar la carga impuesta por el Estado de esperar indefinidamente que se
profiera una decisión sobre la captura.
Asimismo,
en relación con el habeas corpus, podría suceder que al momento en el que el
detenido invoque la acción de este mecanismo para solicitar su libertad, por
haber excedido las 36 horas, el juzgador aduzca que tal dilación se sustentó en
la interrupción de dicho término por la simple instalación de la audiencia de
legalización de captura.
Finalmente,
agregan que no existe una relación entre el fin de fortalecer la investigación
y judicialización, con el medio de prolongar en el tiempo la captura, sin haber
procedido a su legalización.
Las
ciudadanas Diana María Valbuena Benincore y Lady Tatiana Cudris Ramos
también solicitaron que se declarara la inexequibilidad de la norma demandada. Destacaron
que la presunción de inocencia es uno de los pilares de un ordenamiento
democrático y que, en consecuencia, el habeas corpus (art. 30) ocupa una
posición trascendental en el sistema jurídico.
Así,
en opinión de las intervinientes, la norma acusada es violatoria del derecho a
la igualdad ante la ley, toda vez que establece plazos indefinidos, los cuales
deben ser fijados al arbitrio de cada juez. En tal sentido, consideraron los
intervinientes que el legislador desconoció el derecho a la libertad personal
(art. 20) pues, no obstante la posibilidad que dio esta misma disposición para
regular tal lapso, lo cierto es que la referencia a un “plazo razonable” da
lugar a una indeterminación de la situación penal del procesado.
En
relación con lo anterior, cuestionaron la situación de indefensión en la que se
encontraría el capturado frente al poder del Estado, quien antes de ser
condenado se presume inocente y, no obstante esto, su captura podría extenderse
sin  que se hubiere efectuado la legalización de este procedimiento. A su
juicio, esto priva de sentido al habeas corpus, ya que según esta garantía el
tiempo máximo para definir la legalidad de una privación de la libertad es de
36 horas, mientras que la norma demandada permite exceder, sin consecuencias,
dicho término.
En
el mismo sentido, en su concepto técnico, la Universidad Nacional de
Colombia consideró que la norma demandada debía ser declarada inexequible. La
intervención comenzó por advertir que se trata de una medida improvisada, fruto
de una errática política criminal, que permite prolongar una captura no
legalizada más allá de las 36 horas, a veces a partir de la alusión a un plazo
razonable, como en el parágrafo 2, y a veces sin ninguna alusión, como en el
parágrafo 3.
Según
se indicó, la norma demuestra “(…) la incapacidad e impotencia del Estado
colombiano para combatir la criminalidad en todas sus facetas, (que)
recurre al viejo expediente utilizado en los Estados de Excepción de restringir
derechos y libertades, ante la deficiencia de los cuerpos investigativos para
allegar la evidencia para que el juez pueda restringir, privar o limitar la
libertad de las personas”[26].
Con esto, señaló el interviniente que se pasa por alto el carácter excepcional
de la captura en un Estado Social y Democrático de Derecho, el cual está inspirado
en los principios filosóficos liberales de la revolución francesa y debe
garantiza la libertad. Contrario a ello, con la norma demandada se extiende la
privación de la libertad más allá de lo previsto en el artículo 28 de la Carta.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
Por
medio del concepto 6477, el Procurador General de la Nación solicitó a este
Tribunal que se inhibiera de un pronunciamiento de fondo, por ineptitud
sustancial de la demanda, dado que los cargos no satisfacían los mínimos
argumentativos exigibles.
En
primer lugar, cuestionó el fundamento de la demanda, ya que a su juicio no se
puede sostener que la norma demandada tenga efectos para todas las personas
privadas de la libertad. A partir de una interpretación sistemática del
artículo 1 de la ley, que define su ámbito de aplicación, afirmó que ella sólo
cobijaría la investigación y judicialización de grupos delictivos organizados y
de grupos armados organizados. Agregó que la Ley 1908 de 2018 se enmarca dentro
de uno de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera[27].
En
segundo lugar, destacó que el cargo relativo a la igualdad no indica cuáles son
los grupos objeto de comparación, cuál es el trato diferente dado por la ley y
por qué este trato carece de justificación. En esta dirección, precisó que el
cargo relativo al habeas corpus se limita a citar en extenso sentencias, pero
que no tiene un desarrollo suficiente. En conclusión, estos cargos carecen de
especificidad y suficiencia.
En
tercer lugar, sostiene que las acusaciones relativas a la libertad y al debido
proceso carecen de especificidad pues, además de construirse sobre una base
controvertible, se fundan en consideraciones prácticas y no muestran una
verdadera incompatibilidad entre la norma demandada y la Constitución.
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241.4 de la Constitución Política, este tribunal es competente para conocer de
la presente demanda, por dirigirse contra preceptos contenidos en una norma con
fuerza y rango de ley: la Ley 1908 de 2018.
B.
CUESTIONES PREVIAS
Inexistencia de cosa juzgada material
2.
La repetida alusión a las sentencias
C-163 de 2008 y C-042 de 2018, por parte del demandante y el Fiscal General de
la Nación, ponen de presente su relevancia para este caso. En efecto, en ambas
providencias se estudia la constitucionalidad del término legal previsto para
legalizar la captura y, además, se interpreta una de las normas
constitucionales relevantes: el artículo 28 Superior. En consecuencia, pasa la
Corte a determinar si se configuró la cosa juzgada material que inhibiría un
pronunciamiento de fondo ante la imposibilidad de iniciar un nuevo juicio de
control abstracto y el deber de sujetarse a lo decidido
en la primera oportunidad.
3.
El artículo 243 indica sobre la cosa juzgada lo
siguiente:
“Los fallos
que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
4.
Así, entre los tipos de cosa juzgada que ha
caracterizado esta Corporación en sus providencias, se ha establecido una
diferencia entre la cosa juzgada formal y material, la cual “se
determina en función del objeto de control y, de manera particular, a partir de
la distinción entre enunciado normativo y norma”[28]. De manera que “se tratará de cosa
juzgada formal cuando la decisión previa ha recaído sobre el mismo enunciado
normativo acusado nuevamente y (…) será cosa juzgada material cuando el
pronunciamiento previo de la Corte, juzgó una norma equivalente a la demandada
pero reconocida en un texto o enunciado normativo diverso”[29].
5.
Sobre la base de lo anterior, es necesario considerar que las sentencias
C-163 de 2008 y C-042 de 2018 estudiaron, como así se profundizará en detalle
más adelante, el término para poner a disposición el capturado ante el juez
competente. En el primer caso, se analizó el último inciso de la Ley 1142 de
2007 que, al pretender modificar el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, indicaba
que “[e]n todos los casos se solicitará el control de legalidad de la
captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las
treinta y seis (36) horas siguientes”. Por su parte, la reciente
providencia conoció una demanda contra el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011 –modificatoria
del artículo 298 de la Ley 906 de 2004- que disponía que el término de 36 horas
para la legalización de captura, “no se aplicará en los casos en que el
capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual
será dispuesto (sic) a disposición del juez de conocimiento que profirió
la sentencia”.
6.
En ambas providencias la Corte estudió el artículo 28 de la Constitución
y, en específico, la constitucionalidad de una posible indeterminación en la
definición de tal término. Sin embargo, el enunciado normativo que ahora se
estudia, pese a la similitud de los cargos estudiados, es diferente. En efecto, la norma demandada tiene una finalidad diferente, en la
medida en que regula la interrupción del término para legalizar la captura,
evento para el cual deberá tenerse en cuenta el criterio de plazo razonable,
según lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la
“jurisprudencia interamericana”. No obstante, del hecho de que no se configure
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material, no se sigue que las
antedichas sentencias sean irrelevantes para este caso. Por el contrario, ellas
contienen un precedente relevante, esto es la interpretación integral y
sistemática de los artículos 28, 30 y 29 de la Carta, que constituyen el
parámetro de juzgamiento en este caso. Por tanto, este Tribunal, a menos que
hubiesen ocurrido cambios en tales normas o razones poderosas para modificar su
interpretación, debe respetar dicho precedente.
Aptitud sustancial de la demanda
7.
Dado que algunos
intervinientes cuestionan la aptitud sustantiva de la demanda, al menos
respecto de algunos cargos, le corresponde a esta providencia ocuparse de esta
materia. Para este propósito es necesario estudiar, en primer lugar, el sentido
y alcance de la disposición demandada, en el contexto de la norma a la cual se
adiciona. Sobre esta base, establecer si los cargos propuestos satisfacen o no
los mínimos argumentativos que les son exigibles, conforme a los cuestionamientos
puntuales de cada interviniente.
8.
La Ley 1908 de 2018, “Por
medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y
se dictan otras disposiciones”, tiene un preciso ámbito de aplicación: la
investigación y judicialización de grupos delictivos organizados[30]. La calificación
de ambos grupos la efectúa la propia ley, conforme a unas definiciones y unos
criterios para identificarlos[31].
Dentro de las medidas para fortalecer la investigación y judicialización de
tales[32],
se prevé de manera específica unas herramientas[33], entre las
cuales se encuentra la de adicionar dos parágrafos al artículo 297 de la Ley
906 de 2004, cuyo texto -con las adiciones efectuadas- es el siguiente:
“ARTÍCULO 297. REQUISITOS GENERALES. <Artículo
modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez
de control de garantías con las formalidades legales y por motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel
contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga,
según petición hecha por el respectivo fiscal.
Capturada la persona será puesta a disposición
de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36)
horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la
cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al
aprehendido.
PARÁGRAFO. Salvo los casos de captura en
flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la
Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o
acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa
orden emanada del juez de control de garantías.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el
artículo 21 de la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La
persona que sea capturada será puesta a disposición del juez de control de
garantías dentro de un término de 36 horas, el cual será interrumpido con la
instalación de la audiencia por parte del juez competente en cumplimiento de lo
señalado en el artículo 28 de la Constitución Política.
En todo caso para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo se tendrá en cuenta el criterio de plazo
razonable, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la
jurisprudencia interamericana.
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el
artículo 21 de la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En la
audiencia de legalización de captura el fiscal podrá solicitar la legalización
de todos los actos de investigación concomitantes con aquella que requieran
control de legalidad posterior. Cuando se trate de tres o más capturados o
actividades investigativas a legalizar, el inicio de la audiencia interrumpe
los términos previstos en la ley para la legalización”.
9.
Como puede verse en este
artículo, pese a su preciso ámbito de aplicación, la Ley 1908 de 2018 modifica
los requisitos generales para la captura y, por ello, al menos prima facie podría
entenderse que esta modificación afectaría a cualquier persona respecto de la
cual se realice la captura, sea que se efectúe en cumplimiento de una orden
escrita proferida por un juez (inciso primero), o en casos de flagrancia o por
disposición de la Fiscalía General de la Nación (parágrafo).
10.
En este contexto, la intervención del Procurador General de la Nación parte
de la base de considerar, a partir del ámbito aplicación de la Ley 1908 de
2018, de sus definiciones, de sus finalidades y de sus estrategias, que ésta
sólo se aplica a la investigación y judicialización de los grupos delictivos
organizados y los grupos armados organizados. Por ello discrepa de la interpretación
de la demanda, en el sentido de que la disposición impugnada aplica a todas las
personas. Con este fundamento, destaca que los cargos relativos a la vulneración
del principio de igualdad y la garantía del habeas corpus carecen de
especificidad y suficiencia; y que los cargos relativos a la libertad y al
debido proceso carecen de especificidad. La Universidad Libre comparte la
postura del Ministerio Público, en el sentido de que la demanda carece de
aptitud sustancial, aunque no la centra en la insatisfacción de determinados
mínimos argumentativos, sino en la circunstancia de que -a su juicio- se funda
en especulaciones y comentarios, acompañados de citas de sentencias.
11.
La agrupación de cargos que
efectúa el Ministerio Público es seguida por el Fiscal General de la Nación,
quien considera que los del primer grupo: igualdad y habeas corpus, carecen de
aptitud sustancial, mientras que los del segundo grupo: libertad y debido
proceso sí la tienen. El Ministerio de Justicia y del Derecho parte de una
clasificación diferente: la de los cargos contra el parágrafo 2, que considera
aptos, y la de los cargos contra el parágrafo 3, que califica como
inexistentes.
12.
En cuanto a la aplicación de
la norma demandada, si bien la Ley 1908 de 2018, tanto por su contenido
explícito como por su finalidad, alude de manera precisa e inequívoca a la
investigación y judicialización de los grupos delictivos organizados y los
grupos armados organizados, lo cierto es que, en lo que atañe a la norma sub
examine, adiciona dos parágrafos al artículo 297 de la Ley 906 de 2004[34], que
regula los requisitos generales de la captura. Tampoco se efectúan distinciones
entre los destinatarios de esta ley que, al tenor de lo previsto en el artículo
29 de la misma, son las personas responsables de los “delitos cometidos en
el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en los casos que
determinen los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia y
la legislación interna”, cuya investigación y juzgamiento corresponde a la
jurisdicción ordinaria[35].
13.
Por tanto, observa la Sala
que prima facie es razonable interpretar que la norma demandada sólo se
aplica a los grupos delictivos organizados y armados organizados (esto es lo
que se sigue del ámbito de aplicación de la ley, de su finalidad y de sus
estrategias) y, del mismo modo, que también es razonable interpretar que esta
norma, al modificar los requisitos generales de la captura, puede ser aplicada
también a los demás destinatarios de la Ley 906 de 2004. Al existir dos interpretaciones
razonables en discusión, conforme al principio pro actione, este
tribunal no puede descalificar el fundamento de la demanda. Esto se reafirma al
considerar que otros intervinientes calificados por su experticia en la
materia, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, asumen que la norma
demandada es aplicable a todas las personas, con excepción de aquellas que
tienen fuero constitucional (art. 235.3 CP).
14.
Además, de acuerdo a lo
estudiado en algunas providencias como las sentencias C-163 de 2008 y C-042 de
2018, la posibilidad de interrumpir el término de 36 horas, podría resultar
incompatible con los artículos 28, 30 y 250.1 de la Constitución. Prolongar el
lapso de la legalización de la captura, siempre que se trate de un “plazo
razonable” puede afectar, al menos prima facie, el derecho a la
libertad personal y las garantías del debido proceso y del habeas corpus. En
efecto, el hecho de que una persona pueda ser capturada y permanecer privada de
la libertad durante más de 36 horas, sin que se haya ejercido el control judicial
sobre su captura debido a la interrupción de este término[36], puede
afectar tal derecho y, además, desconocer el término previsto en el artículo
250.1 de la Constitución.
15.
La hipótesis de que la
privación de la libertad pueda prolongarse más allá de 36 horas, sin que se
haya legalizado la captura, no puede negarse a la luz de lo previsto en la
disposición demandada y, es por ello, que resulta justificable un
pronunciamiento de fondo de esta Corporación. Con mayor razón, si como ya
indicó, la demanda se funda en que la prolongación de la captura puede ser
incompatible con la Carta Política y, en especial, con la regla constitucional
fijada en el artículo 28 de la Carta Política. En tal sentido, en términos
generales, para la Sala la demanda cumple con el mínimo argumentativo de
especificidad y, en consecuencia, tiene aptitud sustancial.
16.
Sin embargo, no sucede lo
mismo respecto al cargo de igualdad, pues su argumentación es insuficiente,
dado que no identifica los grupos a comparar y el demandante no justifica la
razón por la que serían comparables, es decir que no configuraron los extremos necesarios para establecer el juicio de igualdad[37]. Por lo tanto, en lo relativo a este cuestionamiento, la
demanda carece de aptitud sustancial y, en consecuencia, este tribunal limitará
su análisis a los cargos anteriores.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO,
MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
17.
A partir de los antecedentes expuestos,
corresponde a este tribunal establecer si el apartado normativo del artículo 21
de la Ley 1908 de 2018, que adiciona los parágrafos 2 y 3 al artículo 297 de la
Ley 906 de 2004, en tanto prevé que la instalación de la audiencia por el juez
competente interrumpe el término de 36 horas previsto en el artículo 28 de la
Constitución, es compatible con las normas superiores previstas en los
artículos 28, 29 y 30 de la Constitución, referentes al derecho a la libertad
personal y a sus garantías constitucionales.
18.
Con la finalidad de resolver el referido
problema jurídico, la Sala Plena se referirá (i) al derecho a la libertad
personal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la legalización
de la captura. A continuación, (ii) hará referencia a la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la necesidad
de definir términos perentorios como garantía de los derechos de los ciudadanos
que enfrentan un proceso penal. Luego de ello, (iii) la Corte procederá a
estudiar los cargos formulados contra el artículo 21 de
la Ley 1908 de 2018.
D.
LA LIBERTAD PERSONAL Y LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE CAPTURA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
19.
Fundamento
constitucional de la libertad personal. El
artículo 28 de la Constitución reconoció el derecho de toda persona a la
libertad personal y, en específico, en su inciso segundo se refirió a que la
persona detenida preventivamente “(…) será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”. Asimismo,
precisó que nadie podría ser molestado, ni reducido a prisión o arresto, “sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. En
similar sentido, el numeral primero del artículo 250 de la Carta Política
estableció que la ley podría facultar, excepcionalmente, a la Fiscalía para
realizar capturas, pero “[e]n estos
casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”.
20.
Adicionalmente, el
artículo 30 constitucional se refirió al habeas corpus y dispuso que
“[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente,
tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por
si o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas”. En este contexto, se ha afirmado
que, “el habeas corpus tiene una doble connotación pues es
derecho fundamental y acción tutelar de la libertad personal”[38].
21.
El derecho a la libertad personal también fue
desarrollado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[39] que en su artículo 7
indica que toda persona detenida debe ser informada de las razones que dieron
origen a esa decisión y notificada, sin demora, del cargo o los cargos
formulados contra ella. Asimismo, que “5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia
en el juicio”.
22.
Adicionalmente, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[40],
por su parte, en su artículo 9 preceptúa que “[t]oda
persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones
de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella”. Del
mismo modo, tendrá derecho a ser “llevada sin demora ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad (…)”. En
este contexto, se pasan a analizar algunos pronunciamientos de este Tribunal
sobre el derecho a la libertad personal y su contenido.
23.
Jurisprudencia sobre el derecho a la libertad
personal y la legalización de captura. La
jurisprudencia de la Corte ha puesto de relieve algunas garantías propias
introducidas por la Constitución de 1991 en relación con las restricciones a la
libertad. Una de ellas, se sugirió en la sentencia C-024 de 1994 en el
sentido de fijar una estricta reserva judicial, en virtud de la cual únicamente las
autoridades judiciales tienen la competencia para privar de la libertad a una
persona. Asimismo, la Constitución estableció una condición adicional, que
consiste en la existencia de una reserva legal, por lo cual, en materia de
libertad personal, esta sólo puede ser limitada por la ley[41].
En este mismo sentido, mediante sentencia T-490 de 2002, la Sala de Revisión
definió que es “(…)  indispensable el mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducido
a prisión, arresto o detención (CP art. 28)”[42].
24.
En el mismo sentido, señaló la Corte, que “(…) quien no goza de la libertad personal, por estar detenido o
retenido contra la propia voluntad no puede gozar de los otros derechos y
libertades”. Esto explica la existencia de estrictos presupuestos
constitucionales para restringirla. Con fundamento en el artículo 28 de la
Constitución, “(…) son tres los requisitos exigidos a las autoridades para
reducir a prisión o arresto a una persona o para registrar su domicilio: a) La
existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; b) El
respeto a las formalidades legales; y c) La existencia de un motivo previamente
definido en la ley”[43]. No obstante, la misma
Constitución en el artículo 32 estipula una excepción, de acuerdo con la cual
quien fuere sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el
juez competente por cualquier persona. Pero, además, existe una reserva de
análisis de legalidad de la captura, la que es acorde con lo dispuesto en
distintos tratados de derechos humanos suscritos por Colombia y dispone que “la
legitimidad de toda privación de la libertad debe ser controlada por una
autoridad judicial independiente”[44].
25.
Posteriormente, la sentencia C-251 de 2002 al conocer dos demandas
de inconstitucionalidad acumuladas por la Sala Plena contra algunas
disposiciones de la Ley 684 de 2001, por la cual se expidieron una serie de “normas
sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se
dictaron otras disposiciones”, declaró inexequible la totalidad de esta
normatividad. La Corte en dicha oportunidad indicó que, mediante esta ley, se
buscó crear un sistema de seguridad y defensa nacional sustentado en el deber
constitucional de las autoridades de proteger el orden público, la convivencia
pacífica y el principio democrático[45]. No obstante, señaló el tribunal que
no cualquier intervención del legislador en la materia se puede entender como
legítima en términos constitucionales y, en consecuencia, se definieron
estrictos límites a la política de seguridad, en los términos establecidos en
la Carta Política.
26.
En tal contexto, dicha
providencia específicamente estudió el artículo 58 de la Ley 684 de 2001 que se
refería a la captura en flagrancia y disponía que el capturado debía ser puesto
a disposición de la autoridad judicial “en el
término de la distancia, debidamente justificada”. Cuestionaron
en esta oportunidad los demandantes que ello podría ser contrario al artículo
28 de la Constitución, pues autorizaba retenciones físicas más allá de las 36
horas siguientes a la captura. La Corte Constitucional, ante este debate,
consideró que la puesta a disposición de la persona capturada a la autoridad
judicial cumple varios propósitos que no se limitan al ejercicio de funciones
judiciales, sino también y en desarrollo de los distintos tratados sobre
derechos humanos suscritos por Colombia, a garantizar la libertad, el respeto
de la seguridad personal y la integridad de la persona para evitar graves
violaciones a sus derechos. Asimismo, en relación con el término para que la
persona sea presentada ante un juez, indicó que la Constitución dispone una
regla, según la cual tal debe extenderse hasta por 36 horas.
27.
No obstante, manifestó la Corte en dicha
oportunidad que sólo (i) cuando las condiciones de seguridad lo desaconsejen,
existan riesgos para la integridad o la vida de la persona capturada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949, es posible alguna dilación, pero ello no implica que la regla
no permanezca y que su acatamiento no se tenga que intentar por todos los
medios. También, (ii) se precisó que esta demora puede ocurrir por razones de
extensión de territorio, su desigual poblamiento o porque las autoridades
judiciales se encuentren a una distancia temporal mayor a la dispuesta en la
Constitución, sin embargo la legalidad de la captura en este último caso
dependerá de que “(…)
las autoridades captoras realicen todas las diligencias y actos que
efectivamente se dirijan a garantizar que en el término más breve posible la
persona sea entregada a una autoridad judicial”[46].
28.
En efecto, concluyó este tribunal que la expresión relativa al término de
la distancia tiene un carácter restrictivo y que ella será únicamente aplicable
“(…) en las situaciones en las cuales sin lugar de dudas y de manera
absolutamente necesaria, debe postergarse la entrega. Así, la legalidad de la
captura dependerá, por entero de la diligencia con que las autoridades captoras
enfrenten las dificultades que explican el retraso. Únicamente bajo estas
circunstancias, puede hablarse de una debida justificación, la cual no puede
ser autorizada por vía general en la ley, sino apreciada caso por caso por la
autoridad judicial”[47]. Incluso, la Corte precisó que no
puede acudirse libremente a lo dispuesto en los tratados sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, que no señalan términos perentorios, pues “(…) tales
instrumentos condicionan su aplicación a la no suspensión de medidas más
favorables o que ofrecen más garantías de protección de los derechos contenidos
en ellos”. En esta dirección, se concluyó que “en tanto que ofrece una
mayor seguridad a la persona, la regla contenida en el artículo 28 de la
Constitución prevalece sobre los tratados internacionales”.
29.
Posteriormente, la Corte en la sentencia C-591 de 2005 en la cual
se pronunció sobre la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 906
de 2004[48], consideró que el artículo 302
referido al procedimiento en caso de flagrancia, debía entenderse
constitucional “(…) bajo el
entendido de que el fiscal únicamente puede examinar las condiciones objetivas para
la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva”[49].
La demanda cuestionó la expresión, según la cual la Fiscalía puede liberar al
detenido o capturado cuando el supuesto delito no comporte detención preventiva
o en aquellos casos en los que la captura fuere ilegal, bajo el compromiso de
comparecencia cuando fuere necesario. Por lo cual, indicó que estas conductas
podían ser contrarias a lo previsto en el numeral primero del artículo 250 de
la Constitución[50],
pues la determinación de si la captura se ha realizado legalmente corresponde
al juez de control de garantías o al juez competente y no al fiscal. Asimismo,
para determinar si procede o no la detención preventiva se deben hacer juicios
de valor sobre la necesidad de la medida que no le corresponden a este último.
30.
En consecuencia, en
dicha oportunidad este tribunal concluyó que el procedimiento de flagrancia
regulado en la disposición cuestionada se articulaba con el artículo 28 de la
Constitución pues “la decisión sobre la legalidad de la aprehensión realizada en
flagrancia queda exclusivamente a cargo del juez de control de garantías, en
tanto que la Fiscalía adopta tan sólo una determinación sobre la concesión de
libertad en casos en que no se cumplan los requisitos objetivos para decretar
la detención preventiva o la captura en flagrancia sea ilegal”[51].
31.
Asimismo, la sentencia C-720 de 2007, la
Corte estudió la constitucionalidad del artículo 192 del Decreto 1355 de 1970[52]. Esta disposición, que
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, precisaba que la
retención transitoria consistía en mantener al infractor en una estación o
subestación de policía hasta por 24 horas. En dicha oportunidad, este Tribunal
consideró que este tipo de retención se daba como consecuencia de una privación
de la libertad, ordenada por una autoridad de policía y que consistía en el
encierro de una persona ebria o exaltada. Por ende, se indicó que se trataba de
una intensa modalidad de restricción a la libertad, pues (i) la decisión de
retener a una persona no se encontraba acompañada de garantías que permitieran
controlar la arbitrariedad; (ii) la orden de retención no era motivada; y (iii)
no existía ningún recurso contra ella, ni tampoco intervención de funcionario judicial
o administrativo distintos a los miembros de la fuerza pública, entre otras
garantías propias de esta restricción, como conocer los motivos por los cuales
se es retenido o poder establecer comunicación con un familiar. En tal sentido,
se indicó que también se comprometía el derecho a disponer de un recurso
judicial efectivo[53]. Con fundamento en
lo anterior, advirtió la Corte que “(…) la retención transitoria
representa una afectación grave de la libertad personal y demás derechos
fundamentales comprometidos en su ejecución y, pese a que tiene algún grado de
eficacia, lo cierto es que no parece reportar equivalentes niveles de
satisfacción de los bienes jurídicos que con su implementación se busca
proteger”[54].
32.
Más adelante, en la sentencia C-163 de 2008
la Corte Constitucional conoció una demanda interpuesta en contra del tercer
inciso de la Ley 1142 de 2007. Esta disposición reformaba la Ley 906 de 2004 y,
en específico, el apartado cuestionado disponía que “[e]n
todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de
garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36)
horas siguientes”. En este marco normativo, el demandante impugnó este
inciso tras aducir que desconocía lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 28 y el inciso tercero del artículo 250.1 de la Constitución.
33.
En su momento, el demandante consideró que las
disposiciones constitucionales establecían un plazo máximo de 36 horas para
poner a disposición de la autoridad competente a la persona privada de la
libertad. Por lo cual, sostuvo que “dicho plazo se constituye en un verdadero derecho para la persona
capturada, retenida o detenida”. Asimismo, adujo que violaba lo dispuesto en los artículos 9.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indican que la persona privada
de la libertad debería ser llevada sin demora ante un juez competente y que
tales garantías no se satisfacían con el simple conocimiento que tuviera dicho
juez acerca de dicha detención, pues es necesario la comparecencia personal ante
éste. En efecto, se dijo que el término perentorio de las 36 horas está
contemplado para efectuar el control de legalidad sobre la detención y, por
ello, lo estipulado en el inciso abriría la posibilidad para capturas
arbitrarias e ilegales, en las cuales las personas privadas podrían verse
enfrentadas a estar detenidas por este lapso, pero apenas, mientras se solicita
el control al juez competente.
34.
Este Tribunal, ante los anteriores cargos, decidió declarar exequible la
disposición cuestionada, “(…) en el entendido que dentro del término de
treinta y seis (36) horas posterior a la captura, se debe realizar el control
efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o en
su caso, del juez de conocimiento”[55]. Como
sustento se expuso que la Constitución Política de 1991, desde el preámbulo, reconoció
que toda persona es libre. Por ende, la libertad es un principio sobre el cual
reposa la construcción política y jurídica del Estado colombiano, lo que pone
de presente el carácter excepcional de las restricciones a la libertad personal
y la existencia de controles estrictos por parte de una autoridad judicial en
un tiempo preestablecido:
“4.4. En el
sistema jurídico colombiano se acogió con mucha mayor claridad y precisión, el
mandato que proscribe toda prolongación indefinida de una restricción de la
libertad despojada de control judicial, estableciendo un parámetro temporal
cierto para que se lleve a cabo dicha supervisión. En efecto, un examen
sistemático de los preceptos constitucionales relacionados con la libertad
individual y los límites a sus restricciones, permite afirmar que toda
privación efectiva de la libertad personal debe ser sometida a control
judicial de inmediato, y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a su producción”[56].
35.
Con base en lo anterior, consideró este Tribunal que esta interpretación
era congruente con “el carácter restrictivo en la interpretación de las disposiciones que
prevén afectaciones a la libertad. Es además, la única que resulta compatible
con los postulados constitucionales pro libertati, y reserva legal y
judicial de las restricciones a la libertad, en cuyo marco es inadmisible una
privación de la libertad que no cuente con la definición de un plazo para el
respectivo control de su legalidad, que conforme a los mandatos
constitucionales tiene un límite máximo de treinta y seis (36) horas. De manera
que la interpretación del precepto en el sentido aquí señalado resulta acorde
con la Constitución”[57]..
36.
En la sentencia C-425 de 2008 se estudió una demanda contra
varias disposiciones de la 1142 de 2007 que, entre otras, modificaron la Ley
906 de 2004. Uno de los cargos se dirigió a cuestionar el cambio introducido en
relación con el parágrafo tercero del artículo 289 de la Ley 906 de 2004, según
el cual en aquellos eventos en los que por la distancia, la dificultad de
acceder a vías, el desplazamiento y el orden público, no sea posible trasladar
a la persona capturada dentro de las 36 horas siguientes a la captura ante el
juez de control de garantías, “dentro del mismo término, deberá legalizarse su captura con la
constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los motivos
por los cuales se imposibilitó el traslado y el compromiso de presentarlo tan
pronto sean superadas las dificultades (…)”. Los demandantes
precisaron que ello podría interpretarse en el sentido de que el control de
legalidad de la captura podría realizarse después de las 36 horas siguientes a
la aprehensión, lo cual –a su juicio- resultaba contrario al artículo 28 de la
Carta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no admite
excepciones porque se trata de una regla, de obligatoria observancia. A su vez,
la Corte se refirió a este cargo a la luz del artículo 250 de la Carta
Política.
37.
La Corte Constitucional en esta providencia decidió declarar
inexequible el parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007. En
efecto, cuestionó que la disposición podría dar a entender que la legalización
de captura pudiese efectuarse sin la presencia del indiciado y ello afectaría
su derecho a la defensa material, así como pondría en riesgo su vida e
integridad, al permitir que el juez solamente realizara el control de legalidad de la aprehensión de
manera formal y no material, como quiera que no tendría a su alcance todos los
elementos de juicio suficientes para llegar a una decisión contundente. Pero,
además, se insistió en el carácter perentorio del plazo al que hace alusión el artículo
28 de la Constitución[58].
38.
Adionalmente,
en la sentencia C-239 de 2012 esta Corporación se pronunció sobre la
constitucionalidad de un aparte del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011 que
permitía que en los casos en los que existan razones para sospechar que una
nave está siendo utilizada para el tráfico de estupefacientes, el término de las 36 horas siguientes para poner a
disposición de la autoridad judicial a la persona capturada, “se contará a partir
del momento en el cual se verifique que las sustancias transportadas son
ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento de
interdicción marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los
involucrados”. La demanda consideró que esta disposición violaba el inciso
primero del artículo 13 y el 28 de la Constitución, así como el artículo 7 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre sus argumentos, indicó que
ello permitiría retener o detener a una persona por un tiempo indeterminado,
mientras se comprueba el carácter ilícito de las sustancias transportadas.
39.
En este caso, concluyó la Corte que debía inhibirse en relación con el
cargo de igualdad, pero que la disposición acusada sí presentaba tensiones
respecto al artículo 28 de la Constitución. Sin embargo, consideró que no
parecería razonable declarar la “inconstitucionalidad del precepto, en particular del aparte
acusado en la demanda, por cuanto dicha decisión podría paradójicamente dejar
en una situación peor a las personas capturadas durante la operación naval
mencionada, pues la falta de una indicación precisa sobre la forma en que se
aplica la garantía del artículo 28 constitucional, generaría un vacío normativo
que causaría mayor incertidumbre  y permitiría toda suerte de
interpretaciones en cabeza de los operadores jurídicos”[59].
40.
Por lo cual, la sentencia indicó que de acuerdo al principio del derecho
en el que nadie está obligado a lo imposible, así el Estado dispusiera de todos
los recursos y de su capacidad, en el procedimiento de interdicción marítima
podría resultar que “desde el momento en que opera el desvío y por consiguiente
la captura en flagrancia inferida de los ocupantes de la nave, hasta el momento
en que es verificado por las autoridades competentes el carácter ilícito de la
sustancia se dispongan estos últimos ante el juez de control de garantías,
hayan transcurrido más de las 36 horas de que trata el art. 28 inc. 2º de la
Constitución”[60]. Por ende, declaró exequible
la disposición por el cargo analizado, el entendido de que la puesta a
disposición de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el
juez de control de garantías y la definición de su situación jurídica, deberá
desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36
horas siguientes a la llegada a puerto colombiano.
41.
Finalmente, este tribunal en la reciente sentencia C-042 de 2018 se
pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011,
que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004. El parágrafo disponía que
el término de 36 horas para efectuar la audiencia de control de legalidad de la
captura no se aplicaría en los casos en los que la persona capturada fuera
aprehendida para el cumplimiento de la sentencia, en donde sería llevada ante
el juez de conocimiento que profirió la sentencia. La demanda cuestionó que
ello podría oponerse a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, al
artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 9° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que el aparte
controvertido podía abrir la posibilidad de que se pusiera a la persona
capturada para cumplir la condena a disposición del juez de conocimiento en
cualquier momento, ya que no se estableció un tiempo específico en el que se
debe adelantar el control judicial de la aprehensión.
42.
En este caso, la Corte concluyó que no era posible que en el marco
constitucional existente relativo a la libertad personal, se toleraran indefiniciones
en las disposiciones que regulan el término para presentar al capturado ante el
juez:
“(…) para la Corte
una interpretación sistemática e integral del artículo 28 Superior, en la que
se integran contextos normativos y desarrollos jurisprudenciales a nivel
constitucional y convencional, permite identificar su contenido esencial en un
sentido amplio y garantista, que se materializa en el mandato que proscribe
cualquier prolongación indefinida para el control judicial de la restricción de
la libertad sin distinción en atención a su modalidad o su finalidad, sin
control judicial, pues dicha comprensión estableció un parámetro temporal
cierto y concreto para que se realice dicha diligencia”[61].
43.
Sin embargo, después de reconocer que la actuación de los jueces de
conocimiento está condicionada a que se adelante en horario hábil y que ello
podría llevar a que el lapso de las 36 horas siguientes se extendiera a la hora
del día hábil siguiente, lo que sería desproporcionado ante un escenario de restricción
a la libertad personal, se condicionó la disposición acusada “en el sentido
de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento
o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad”[62]. En este último
caso, este funcionario “(…) resolverá sobre la situación de la captura del
condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya
lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias
adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día
hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el
principio de juez natural”[63].
44.
Como corolario del recuento normativo y jurisprudencial realizado, es dado
concluir que toda restricción a la libertad personal debe tener un control
judicial por parte del funcionario competente. Pero, además, un contenido
constitucional trascendental de este derecho está en que la persona capturada,
de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, debe ser puesta dentro de las 36
horas siguientes desde la privación de la libertad a disposición del juez
competente. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que se encuentra proscrita toda restricción indefinida de la
libertad y que, por el contrario, el referido término tiene un carácter
perentorio, sin perjuicio de las circunstancias insuperables que podrían llevar
a que ella se extienda por motivos ajenos a la administración judicial.
E.
LA GARANTÍA DE
TÉRMINOS PERENTORIOS COMO MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y EL
DERECHO AL HABEAS CORPUS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA
45.
Mediante auto del primero (1º) de octubre de dos
mil nueve (2009), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidió inhibirse en un proceso de definición de competencia, que recibió el
radicado No. 32634 y fue aprobado a través de Acta No. 318[64]. Sin embargo, en ella
cuestionó el vacío que existía en el término del que dispone el fiscal para
que, una vez legalizada la captura, pueda formular imputación, así como para
–cuando ello se ha surtido- poder solicitar la imposición de una medida de
aseguramiento. En esta oportunidad, se advirtió lo siguiente:
“Del mismo modo considera la Corte que la racionalización de los
términos respecto de actuaciones tan sensibles permite a las partes y a los
intervinientes contar con la seguridad de que en un plazo preciso y perentorio
-dada la garantía fundamental que está en juego- se adelantarán las actuaciones
y se tomarán las decisiones que permitan no sólo delinear el rumbo de la
defensa (al conocer prontamente la imputación) sino la seguridad respecto de la
afectación de la libertad, bien para que se ordene ésta, ora para que se afecte
con una medida de aseguramiento, y en este caso para expresar la inconformidad
a través del ejercicio de los recursos”.
46.
En tal sentido, la providencia cuestiona que
algunas etapas reguladas en la Ley 906 de 2004 no tuvieran plazo definido en
ella, vacío que se ha suplido jurisprudencialmente pues, bajo ningún punto de
vista, puede colegirse que en estas actuaciones procesales “(…) se cuente
con un término indefinido”. Así se indicó que, como contrapartida, el
ejercicio de la acción de habeas corpus exige la fijación de
términos perentorios para culminar las actuaciones que, en materia penal,
implican una restricción al derecho a la libertad personal. Es por ello que, en
todos los casos, se deben “establecer unos parámetros temporales serios,
concretos, claros y rigurosos con miras a proteger la libertad individual de
manera categórica y específica (…)”. Lo anterior, con mayor razón, si el
artículo 295 de la Ley 906 de 2004 contempla una afirmación de la libertad, en
tanto exige que “[l]as disposiciones de este código que autorizan
preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen
carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su
aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los
contenidos constitucionales”.
47.
En similar sentido, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia se pronunció, en sentencia del catorce (14) de
noviembre de dos mil doce (2012), que recibió el radicado No. 40.128 y fue
aprobado a través del Acta No. 417[65].
Dicha Corporación conoció la apelación de una decisión de un proceso penal
iniciado contra varios funcionares judiciales, por el presunto desconocimiento
de los términos perentorios para realizar la audiencia de legalización de
captura. En este contexto, se determinó que debía darse estricto rigor a lo
dispuesto en la sentencia C-163 de 2008 y que, en especial, el tercer inciso
del artículo 2º de la Ley 906 de 2004, el cual fue modificado por la Ley 1142
de 2007, no podía interpretarse como si la simple solicitud de la Fiscalía al
juez de control de garantías para efectuar el análisis de legalidad de la
captura fuera suficiente. Por el contrario, en el Sistema Penal Colombiano debe
prevalecer la libertad y, por ello, es inadmisible cualquier prolongación de
términos que impacte en los derechos del capturado:
“En sí misma, esa interpretación llama a su rechazo, en tanto
permitiría una perversión legal en contra del derecho fundamental de la
libertad, que, no debe olvidarse, es privilegiado en el sistema procesal de la
Ley 906 del 2004, instituyéndose como regla que ella debe prevalecer en el
curso del proceso y que, por ende, su restricción debe estar dada para cuando
una sentencia ejecutoriada así lo disponga, y solamente, pero de manera
excepcional, hay lugar a afectarla en el desarrollo del trámite.
En efecto, bastaría con que la Fiscalía elevase la petición respectiva
antes de la expiración del plazo máximo, para que desde ese momento los
términos pudiesen prolongarse hasta el infinito, pues la audiencia podría
señalarse para cualquier época, o comenzarla para seguidamente suspenderla y
reiniciarla cuando a bien se tuviera, en el mal entendido de no incurrirse en
irregularidad alguna, como que lo importante, lo formalmente válido apuntaría
exclusivamente a que el ente acusador hiciese una solicitud en término”.
En consecuencia, se descartaron jurídicamente los argumentos que
pretendían justificar la legalidad de haber mantenido privada de la libertad a
una persona, pues la audiencia de legalización de su captura se había realizado
después de las 36 horas siguientes a la restricción efectiva de la libertad.
48.
En esta dirección, aquel Tribunal también se ha
pronunciado en relación con el derecho al habeas corpus. En
particular, en la sentencia del diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete
(2017), que recibió el radicado No. 49529[66],
la Sala reiteró sus cuestionamientos respecto a la indefinición de términos en
materia penal. Así, precisó que “[s]egún lo preceptuado en el artículo 1° de
la Ley en cita, el hábeas corpus consagrado en los artículos 30 de la
constitución Nacional y 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
tiene la doble condición de derecho fundamental y acción constitucional, como
mecanismo de protección a la libertad personal, cuando en su privación se
transgreden las garantías constitucionales o legales, o en el evento de
prolongarse ilícitamente (CSJ AP, 13 nov. 2015, Rad. 47128).
49.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia
estudió un recurso interpuesto contra una decisión de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué que había declarado improcedente la acción de habeas
corpus, en el caso de un sujeto capturado, por considerar que la privación
de la libertad del capturado no se prolongó ilegalmente. Como fundamento, se
indicó por el juez de primera instancia que una vez se había legalizado la
captura, el plazo para resolver la situación jurídica del indiciado no puede
ser indefinido. Sin embargo, en el caso estudiado tal audiencia tuvo que
llevarse a cabo en un lugar del país diferente en el que fue capturado y, por
ello, su realización se prolongó. Pese a ello, para tal momento ya se había “decidido
la legalidad del procedimiento de retención”.
50.
En consecuencia, la Sala de Casación de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la providencia de primera instancia. Indicó que el
plazo no regulado por la ley es el que tiene la Fiscalía para efectuar la
imputación a la persona privada de la libertad y para sustentar la solicitud de
la medida de aseguramiento. Es decir, es la actuación que tiene lugar, una vez
legalizada la captura, pues “(…) el término para que el juez adopte esa
decisión tiene, incluso, su fuente expresa en la Constitución”, como así
lo dispone el artículo 28. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en la
sentencia C-163 de 2008, en la cual, se indicó que, dentro de las 36 horas
siguientes, al menos, se debe garantizar el control efectivo a la libertad, lo
cual se cumplió en el caso estudiado, así como también se promovieron sin
tardanza las demás actuaciones judiciales.
51.
De lo anterior, es posible concluir que la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el derecho a
la libertad del procesado en materia penal es, de acuerdo a la Ley 906 de 2004,
un derecho privilegiado y, por tanto, las limitaciones a éste deben ser
excepcionales e interpretarse de forma restrictiva a la luz de la Constitución.
Por ello, es necesario la racionalización de términos respecto a actuaciones
sensibles, que permitan a las partes y a los intervinientes tener a su
disposición plazos precisos y perentorios, dados los derechos a la seguridad
personal y al habeas corpus que están de por medio.
F.
SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO
52.
Con fundamento en lo anterior, le corresponde a
la Corte Constitucional pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por José Fernando Eraso Sarasty contra el
artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, “[p]or
medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y
se dictan otras disposiciones”. Así, la controversia constitucional se
limita a determinar si la introducción de los parágrafos 2 y 3 al artículo 297
de la Ley 906 de 2004, en la medida en que regula la interrupción del término
para legalizar la captura, evento en el cual deberá tenerse en cuenta el
criterio de plazo razonable, se ajusta a los postulados superiores.
53.
En este sentido, considera la Sala que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha determinado de forma clara que la libertad
personal es uno de los derechos que se erige como un límite para la libertad de
configuración legislativa y que debe ser valorado al momento de definir la
política criminal. Así, lo reafirma el artículo 28 de la Carta Política. El
inciso segundo de esta disposición ordena que “[l]a persona detenida
preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley”. De manera que, en
relación con este aspecto, es pertinente definir si el parágrafo segundo -introducido
por la disposición demandada-, podía válidamente disponer que este término se
interrumpa con la instalación de la audiencia.
54.
Como se adujo previamente, las condiciones de aplicación del
artículo 28 superior, en lo que se refiere al término de 36 horas, no admite la
posibilidad de un cumplimiento gradual. En esta medida, no es posible que el
legislador disponga de una excepción general a un plazo determinado en la
Constitución. El artículo 4° de la Constitución reafirma la supremacía de la
Carta Política y dispone, en específico, que “[e]n todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. En este contexto, no es
admisible la inclusión de una salvedad genérica a una regla de la Constitución.
Con mayor razón, si la jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme en
sostener que el sistema jurídico colombiano proscribe toda prolongación
indefinida a la libertad, despojada de un control judicial. En efecto, en esta
decisión la Sala reiterará las sentencias C-163 de 2008, C-425 de 2008 y C-042
de 2018 que refieren el término de las 36 horas siguientes a la restricción de
la libertad como un plazo de carácter perentorio, que no permite la
indefinición en detrimento de derechos constitucionales como la libertad
personal (artículo 28), el debido proceso (artículo 29) y el habeas corpus
(artículo 30).
55.
De otro lado, observa la Sala que la parte final del
segundo inciso, introducido por el artículo 21 de la
Ley 1908 de 2018, complementa la anterior disposición en el sentido de afirmar
que “[e]n
todo caso para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se
tendrá en cuenta el criterio de plazo razonable, de conformidad con la
Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana”.
Pero como este enunciado normativo no lo precisa, una de las interpretaciones
posibles es que el juez competente debe tener en consideración el “plazo
razonable” con el fin de verificar la restricción efectiva de la captura. Sin
embargo, como se indicó, esta indefinición procesal iría en detrimento de los
derechos de los procesados en materia penal, por lo cual dicha interpretación resulta
inadmisible para esta Corporación.
56.
La otra posibilidad interpretativa permitiría concluir
que la expresión “plazo razonable” se refiere al lapso en el que debe el juez
definir la legalización de la captura, después de la privación efectiva de la
libertad. De esta manera, es necesario considerar que el artículo 28 de la
Constitución establece que el juez competente deberá adoptar la “(…) decisión
correspondiente en el término que establezca la ley”. En consecuencia,
existe una facultad del legislador para fijar el término o plazo cierto dentro
del cual el juez debe pronunciarse, término que, por definición, debe
corresponder a un lapso perentorio. Sin embargo, la norma cuestionada, al referirse
a dicha expresión abierta, y por tanto indeterminada, dejó a discreción del
juez la valoración del tiempo por el cual podría extenderse la decisión sobre
la legalidad de la captura. En ese sentido, la disposición acusada vulnera el
texto constitucional y desconoce la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación sobre la necesidad de fijar restricciones claras cuando se trata de
limitar el derecho fundamental a la libertad personal, según lo ha dispuesto la
Corte –entre otras- en las sentencias C-163 de 2008, C-239 de 2012 y C-042 de
2018.
57.
Aunado a lo anterior, el concepto del “plazo razonable”
no es pertinente, en los términos del artículo 7º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 9º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo al texto de tales
disposiciones, toda persona detenida debe ser llevada “sin demora”
ante un juez y tendrá derecho a ser juzgado “dentro de un plazo razonable”.
En esa dirección, es necesario considerar que esta última expresión se utilizó
para hacer referencia a la duración de la totalidad del proceso penal y no al
control de la legalidad de la captura, que debe efectuarse sin demora. En
realidad, la expresión “sin demora” sugiere la existencia de un lapso cualificado
que, en atención a cada legislación nacional, debe ser en esencia corto. Pese a
que la disposición cuestionada precisa que para el cumplimiento de lo dispuesto
en ella se tendrá en consideración el “criterio de plazo razonable” de acuerdo
a la “jurisprudencia interamericana”, lo cierto es que lo dicho por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos discrepa y cuestiona la congruencia de extrapolar este
concepto para definir la razonabilidad de la parte inicial del proceso penal.
58.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso García Ibarra y otros vs. Ecuador[67] indicó que “[e]ste
Tribunal ha señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1
de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del
procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva”[68]. Del mismo modo, en el
caso López Álvarez vs. Honduras ya había indicado que tal expresión de la
Convención debe estudiarse respecto al término para llevar a cabo la totalidad
del proceso penal y, de forma puntual, que “(…) este plazo comienza cuando
se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada
persona como probable responsable de cierto delito”[69].
59.
Con todo, no debe perderse de vista que la
posible amplitud conceptual de los marcos de tiempos y la alusión a referencias
como “plazo razonable” o “sin demora”, contempladas en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encuentran su
razón en ser parámetros para una multiplicidad de legislaciones internas, en
donde los Estados partes establecen regulaciones especiales de acuerdo a las
particularidades propias. En tal sentido, el artículo 5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[n]o podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en
virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. Mientras
que, el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus normas
de interpretación, precisa que ninguna disposición de ella puede ser
interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho
o libertad que esté reconocido de acuerdo con las leyes de los Estados partes.
60.
En consecuencia, ante la claridad de las disposiciones de
la Constitución, no resulta admisible que, con el pretexto de aplicar
estándares internacionales, el término y las demás garantías fijadas en el
artículo 28 de la Constitución puedan desconocerse por el artículo 21 de la Ley
1908 de 2018. En similar sentido concluyó la Corte en la sentencia C-251 de
2001, al indicar que:
“No sobra señalar que
no puede acudirse libremente a lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, quienes no señalan términos
perentorios, pues tales instrumentos condicionan su aplicación a la no
suspensión de medidas más favorables o que ofrecen más garantías de protección
de los derechos contenidos en ellos. Es decir, en tanto que ofrece una mayor
seguridad a la persona, la regla contenida en el artículo 28 de la Constitución
prevalece sobre los tratados internacionales”.
61.
De forma que, por las razones expuestas, debe la
Corte proceder a declarar –en su integridad- inexequible el parágrafo 2 al
artículo 297 de la Ley 906 de 2004, el cual fue adicionado por el artículo 21
de la Ley 1908 de 2018, “[p]or
medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y
se dictan otras disposiciones”.
62.
Ahora bien, no obstante que la mayoría de
cuestionamientos de la demanda parecen haberse formulado contra el parágrafo 2,
la Corte también declarará inexequible el parágrafo 3 del artículo 297 de la
Ley 906 de 2004, que fue adicionado por el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018,
en virtud de la necesidad de integración normativa. En este sentido, conforme
a lo dispuesto en el tercer inciso artículo 6 del Decreto 2067 de 1991[70], en el trámite de la
acción pública de inconstitucionalidad, “[l]a Corte se pronunciará de fondo
sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara
inconstitucionales”. Así, se ha establecido que este Tribunal Constitucional
está facultado para analizar en conjunto con la norma acusada, aquellas
proposiciones jurídicas que tengan directa relación con el asunto estudiado[71].
63.
Los supuestos de integración normativa han sido descritos por la
jurisprudencia, en los siguientes términos:
“(…) es posible apelar a la unidad normativa (i) cuando el
artículo que se impugna carece “(…) de un
contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del
contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su alcance
incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos”[72]. En segundo
lugar, es procedente (ii) cuando la disposición demandada o la norma que de
ella se desprende, está mencionada o referida en otros artículos del
ordenamiento jurídico de manera que para asegurar la efectividad de la decisión
que se tome, es necesario también examinarlos. Ha explicado la Corte que en
este caso las normas tienen “un sentido
regulador propio y autónomo (…) pero el
estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen (…) de algunos elementos normativos a los
cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no
demandadas”[73]. En tercer
lugar, resulta posible acudir a ella (iii) cuando la norma que se juzga tiene
una relación íntima o intrínseca con otra que, prima facie, plantea serias
dudas de constitucionalidad”[74].
64.
Por ello, al estudiar el parágrafo 3 del artículo
297 de la Ley 906 de 2004 –adicionado por el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018-,
se debe determinar que se requiere del parágrafo 2 para asignarle un sentido.
En consecuencia, ante la declaratoria de inexequibilidad de esta última
disposición, es indispensable integrarla normativamente, en tanto que
constituye una aplicación concreta del anterior enunciado normativo y reproduce,
con otras palabras, la posibilidad de interrumpir los términos con el inicio de
la audiencia de legalización de la captura. En caso de no proceder de esta
manera, la disposición expulsada del ordenamiento jurídico, materialmente no
perdería vigencia, dado que se encontraría reproducida al indicar que “[c]uando se trate de tres o más capturados o actividades
investigativas a legalizar, el inicio de la audiencia interrumpe los términos
previstos en la ley para la legalización”. Por ello, con el fin de evitar
una decisión inocua, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará
–en su integridad- inexequible el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018.
G.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
65.
Le correspondió a la Corte pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 21 de le Ley 1908 de 2018, “[p]or medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización
de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia
y se dictan otras disposiciones”. Como
fundamento de la demanda, el accionante explicó que, pese a la existencia del
término de 36 horas para poner a la persona capturada a disposición del juez de
control de garantías (artículo 28 de la Constitución), la norma parece permitir
que la simple instalación de la audiencia interrumpa este término, así no se
hubiere llegado a definir la legalidad de dicha captura. Asimismo, según el
actor, la alusión que se efectúa en la disposición acusada al “plazo razonable”
para definir la legalidad de la captura, en la práctica, conduce a prolongar el
término más allá de las 36 horas. Así, la definición de dicho plazo se deja en
manos del juez, quien sería el llamado a determinarlo en cada caso.
66.
De esta forma, la Corte debía resolver si la
norma contenida en el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, que adiciona los
parágrafos 2 y 3 al artículo 297 de la Ley 906 de 2004, en tanto prevé que la
instalación de la audiencia por el juez competente interrumpe el término de 36
horas previsto en el artículo 28 de la Constitución, es compatible con las
normas superiores contenidas en los artículos 28, 29 y 30 de la Carta,
referentes al derecho a la libertad personal y a sus garantías
constitucionales.
67.
En primer lugar, la Sala Plena determinó que no existe
cosa juzgada formal o material respecto de la disposición acusada. Acto seguido
al analizar la aptitud sustancial de la demanda, precisó que los cargos
formulados por la supuesta violación de los artículos 28 (libertad personal),
29 (debido proceso) y 30 (habeas corpus) de la Constitución cumplieron
con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional[75]. Sin embargo, concluyó que el cargo de
igualdad (artículo 13) era inepto, dado que el demandante no identificó los grupos a comparar y no justificó la razón
por la que serían comparables, es decir que no configuraron los extremos necesarios para establecer el juicio de igualdad.
68.
A partir de los precedentes
constitucionales estudiados se concluyó que toda restricción a la
libertad personal debe tener un control judicial por parte del funcionario
competente. Pero, además, un contenido constitucional trascendental de este
derecho está en que la persona capturada, de acuerdo al artículo 28 de la
Constitución, debe ser puesta dentro de las 36 horas siguientes desde la
privación de la libertad a disposición del juez competente. En tal sentido, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que se encuentra
proscrita toda restricción indefinida de la libertad y que, por el contrario,
el referido término tiene un carácter perentorio, sin perjuicio de las
circunstancias insuperables que podrían llevar a que ella se extienda por
motivos ajenos a la administración judicial.
69.
Al estudiar el asunto, la Corte advirtió que el
inciso segundo del artículo 28 de la Constitución establece que “[l]a
persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley”. En
consecuencia, existe una facultad del legislador para fijar el término o plazo
cierto dentro del cual el juez debe pronunciarse, término que, por definición,
debe corresponder a un lapso perentorio. Sin embargo, la norma cuestionada, al
referirse a “un plazo razonable”, y por tanto indeterminado, dejó a discreción
del juez la valoración del tiempo por el cual podría extenderse la decisión
sobre la legalidad de la captura.
70.
Para la Sala Plena, la norma acusada vulnera el
texto constitucional y desconoce la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación sobre la necesidad de fijar restricciones claras cuando se trata de
limitar el derecho fundamental a la libertad personal, según lo ha dispuesto la
Corte en las sentencias C-163 de 2008, C-239 de 2012 y C-048 de 2018. En consecuencia, se procederá a declarar la inconstitucionalidad del
parágrafo 2 del artículo 291 de la Ley 906 de 2004, el cual había sido introducido
por el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018. Finalmente, la Corte declarará
inexequible el parágrafo 3 del artículo 297 de la Ley 906 de 2004, que fue
adicionado por el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, en virtud de la necesidad
de integrar normativamente esta disposición, en aras de evitar una decisión
inocua.
III. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones expuestas,
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 21
de la Ley 1908 de 2018, “[p]or medio de la cual se fortalecen la
investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan
medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 29 a 30 del cuaderno principal.
[2] Folio 31 del cuaderno principal.
[3] El concepto técnico fue elaborado por el ciudadano
Alexander Andrade Castro, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
conforme a la designación hecha por el ciudadano Jairo Parra Quijano,
presidente de dicho instituto. Folios 54 a 60 del cuaderno principal.
[4] Los ciudadanos son estudiantes de la Facultad de Derecho e
integrantes de la clínica jurídica de la Corporación Universitaria de Sabaneta
– Unisabaneta. Folios 61 a 77 del cuaderno principal.
[5] Folios 79 a 84 del cuaderno principal.
[6] Interviene el ciudadano Néstor Humberto Martínez Neira, en
su condición de Fiscal General de la Nación. Folios 85 a 100 del cuaderno
principal.
[7] Interviene el ciudadano Néstor Santiago Arévalo Barrero, en
su condición de Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico,
delegado para este efecto por el Ministro de Justicia y del Derecho. Folios 101
a 104 del cuaderno principal.
[8] El concepto técnico fue rendido por el ciudadano Jorge
Ricardo Palomares García, profesor asociado del área de Derecho Público, y por
la ciudadana Claudia Patricia Orduz Barreto, profesora del área de Derecho
Penal. Folios 110 a 114 del cuaderno principal.
[9] El concepto técnico está suscrito por el ciudadano Humberto
Vergara Portela, profesor asociado de la Facultad de Derecho. Folios 116 a 118
del cuaderno principal.
[10] Folios 120 a 123 del cuaderno principal.
[11] Folio 28 del cuaderno principal.
Constancia sobre el sorteo realizado en sesión ordinaria de la Sala Plena.
[12] Folios 1 a 13 del cuaderno principal.
[13] La legalización puede hacerse, conforme al parágrafo 2 en
un “plazo razonable, de conformidad con
la convención Americana de (sic.) Derechos Humanos y la jurisprudencia
interamericana” y, conforme al parágrafo 3, ni
siquiera se dice de manera explícita cómo.
[14] Folio 5 del cuaderno principal.
[15] Para ilustrar su argumento, hace referencia a las
sentencias del 1 de octubre de 2009 (Radicado 32.634) y de 14 de noviembre de
2012 (Radicado 40.128), ambas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, las cuales sostienen que la definición de la
legalidad de la captura no puede darse por fuera del término de 36 horas, ya
que de lo contrario, como lo advierte la misma segunda sentencia citada, la captura, pese a no haberse legalizado, podría prolongarse
“hasta el infinito”, pues la audiencia podría comenzar “para seguidamente
suspenderla y reiniciarla cuando a bien se tuviera”.
[16] Folio 9 del cuaderno principal.
[17] Este cargo el demandante lo desarrollo con lo precisado
sentencias C-163 de 2008 y la sentencia del 1 de septiembre de 2017 de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Radicado 51.061).
[18] Folio 90 del cuaderno principal.
[19] Folio 92 del cuaderno principal.
[20] Para dar cuenta del sentido y alcance del plazo razonable y
de su compatibilidad con la Constitución, el interviniente elabora dos
argumentaciones. En la primera describe el plazo razonable a partir de varias
sentencias de la CorteIDH: Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, López
Álvarez v. Honduras, Tibi v. Ecuador, Valle Jaramillo y otros v. Colombia. En
la segunda trae a cuento las Sentencias C-300 de 1994, C-251 de 2002 y C-239 de
2012 y dos providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:
AHP6640-2016, Rad. 48.947, Sentencia del 1 de octubre de 2009, Rad. 32.634).
[21] Folio 95 del cuaderno principal.
[22] Argumenta esta circunstancia con sustento en una cita de la
sentencia C-163 de 2008.
[23] Este aserto lo funda en la sentencia de la CIDH en el caso
Suárez Rosero v. Ecuador, en el cual se acoge la doctrina que sobre el
particular tiene la Corte Europea de Derechos Humanos, conforme a la cual, para
determinar la razonabilidad de un plazo, es necesario evaluar tres factores: 1)
la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado y 3) la
conducta de las autoridades judiciales.
[24] Folio 10 del cuaderno principal.
[25] Folio 63 del cuaderno principal.
[26] Folio 117 del cuaderno principal.
[27] Alude al punto 3.4.13., en tanto se refiere a “promover el
sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas
[organizaciones criminales de que trata este punto], mediante el procedimiento
legislativo especial para la paz”.
[28] Corte Constitucional. Sentencia C-287 de 2017.
[29] Ibídem.
[30] Conforme a la definición contenida en el
artículo 1 de la ley, su ámbito de aplicación es el siguiente: “Las
disposiciones previstas en la presente ley se aplicarán en la investigación y
judicialización de los Grupos Delictivos Organizados (GDO), y los Grupos
Armados Organizados (GAO). // Las disposiciones establecidas en el Título III
se aplicarán exclusivamente para los Grupos Armados Organizados (GAO).”
[31] Según la definición del artículo 2 de la
ley:
Se entiende por Grupos delictivos
organizados: “Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable,
ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas. // Para identificar si se está
frente a un Grupo Armado Organizado se tendrán en cuenta los siguientes
elementos concurrentes: // - Que use la violencia armada contra la Fuerza
Pública u otras instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o
contra otros grupos armados. // - Que tenga la capacidad de generar un nivel de
violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas. // - Que
tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus
miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes
civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional.” A estas
reglas debe agregarse la prevista en el parágrafo del artículo en comento,
conforme a la cual: “En todo caso, para establecer si se trata de un Grupo
Armado Organizado, será necesaria la calificación previa del Consejo de
Seguridad Nacional.”
Se entiende por Grupos armados
organizados: “El grupo estructurado de tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de
Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico
u otro beneficio de orden material. // Los delitos cometidos por estos grupos
no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional sino que abarcarán
también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal
Colombiano.”
[32] Este es el objeto del Título II de la Ley.
[33] Este es el objeto del Capítulo II del
antedicho título.
[34] “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
[35] Según lo previsto en el artículo 533 de la
Ley 906 de 2004, ésta se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad
al 1 de enero del año 2005, salvo en lo concerniente a los casos previstos en
el artículo 235.3 de la Constitución, cuyo trámite continuará con arreglo a lo
previsto en la Ley 600 de 2000.
[36] Esta hipótesis es la que se prevé, en
términos amplios y generales en el inciso primero del parágrafo 2 del artículo
21 de la Ley 1908 de 2018, y es, también, la que se contempla, en términos más
específicos: “cuando se trate de tres o más capturados o actividades
investigativas a realizar”, en el parágrafo 3 ibidem.
[37] La Corte Constitucional ha exigido para la
configuración del cargo de igualdad, unos presupuestos adicionales como así se
puso de presente en la sentencia C-841 de 2010: “Esta
Corporación ha sido consistente en destacar, que para estructurar un verdadero
cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no es
suficiente con sostener que la disposición objeto de controversia establece un
trato diferente entre dos o más personas, grupos o sectores y que ello es
contrario al artículo 13, como en esta oportunidad lo pretenden los
demandantes. Se requiere también, que se identifique claramente el término de
comparación y, a su vez, que se señalen los motivos o razones por los cuales se
considera que la supuesta diferencia es inconstitucional, respaldando tal
afirmación con verdaderos cargos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar
directamente el fundamento de la medida. El cumplimiento de esta exigencia es
particularmente relevante, pues, siguiendo la hermenéutica constitucional sobre
la materia, la realización de la igualdad no le impone al legislador la
obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que
no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las
mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales”.
// “En ese sentido, quien promueve el juicio de
igualdad, tiene la carga argumentativa de demostrar, siquiera sumariamente, no
solo que los sujetos respecto de los cuales se pretende aplicar el juicio son
en realidad comparables fáctica o jurídicamente, sino también, que la
diferencia de trato que se genera es discriminatoria en perjuicio de uno de los
sujetos. Como ya se mencionó, estas premisas no aparecen cumplidas en el caso
bajo examen, pues los actores no definen con precisión cuál es el término de
comparación en este caso, y tampoco presentan argumentos que respalden la
discriminación alegada”.
[38] Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2001. En dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró algunas disposiciones de la Ley
600 de 2000 inexequibles, las cuales se referían al derecho al habeas
corpus, por considerar que tales debían tramitarse mediante una Ley
Estatutaria. Del mismo modo, la sentencia C-669 de 2001 decidió estarse
a lo resuelto en dicha
providencia.
[39] Según dicha Convención fue aprobada por el
Congreso de la República de Colombia, mediante Ley 16 de 1972.
[40] Según dicho pacto fue aprobado por el
Congreso de la República, mediante Ley 74 de 1968.
[41] Corte Constitucional, sentencia C-024 de
1994.
[42] En este sentido, se determinó en la sentencia T-490 de 2002, en la cual se estudió
una acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra la decisión de un
Alcalde de un municipio, que lo había sancionado con una multa o una medida de
correctiva de arresto por irrespeto a la autoridad.
[43] Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994.
[44] Ibídem.
[45] Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2002. Se consideró, entre otras cuestiones, que la dignidad humana debe
guiar la actuación del Estado y, por ello, la preservación del orden público no
es una finalidad en sí misma, sino que debe dirigirse y ponerse al “al servicio
de la comunidad y de las personas, entonces corresponde obviamente a las
autoridades del Estado proteger y ser garantes de la seguridad de las personas,
y no a las personas proteger y ser garantes de la seguridad del Estado”. En
efecto, el dilema entre el respeto de derechos fundamentales, de una parte y el
interés general, por el otro, se resuelve a partir de considerar que “(…) los
derechos de la persona representan límites que deben ser respetados por el
Estado cuando busca alcanzar objetivos de interés general, como la paz, la
seguridad y la defensa nacional”.
[46] Corte Constitucional, sentencia C-251 de
2002.
[47] Ibídem.
[48] Por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal.
[49] Corte Constitucional, sentencia C-591 de 2005.
[50] Es preciso considerar que el artículo
250.1 de la Constitución dispone, entre otras cuestiones, que en los casos de
captura en flagrancia el juez que cumpla la función de control de garantías lo
realizará a más tardar dentro de las treinta seis (36) horas siguientes. El texto
de esta normativa es el siguiente: “(…) En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: / 1. Solicitar al juez que ejerza
las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. // El juez
que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso,
el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
// La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar
excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en
que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control
de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes”.
[51] Ibídem.
[52]  “[p]or el cual se dictan normas
sobre policía”.
[53] La
sentencia C-720 de 2007 precisó que “[e]n las circunstancias anotadas, la
restricción de la libertad personal lleva aparejada la afectación de otros
derechos fundamentales, como el derecho a disponer de un recurso efectivo para
evitar la arbitrariedad; a conocer las razones de la privación de la libertad y
que estas reposen en documento escrito que pueda ser susceptible de control
judicial; a no ser encerrado en lugar común con personas condenadas o
sindicadas; a comunicarse con el exterior y recibir asistencia de familiares o
amigos y defensa técnica de un abogado de confianza; en fin, al derecho de todo
ciudadano a confiar, tranquila y seguramente, en que no será objeto de
actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Esto aparte de los
riesgos adicionales a los cuales puede estar sometida una persona que en grave
estado de excitación o ebria es encerrada con otras personas en un
establecimiento de retención transitoria”.
[54] Corte Constitucional, sentencia C-720 de 2007.
[55] Corte Constitucional, sentencia C-163 de 2008.
[56] Ibídem.
[57] Ibìdem.
[58] En esta vía, la referida providencia reiteró lo afirmado
en la sentencia C-185 de 2008. En esta ocasión, este Tribunal estudió la
constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, que disponía que El
fiscal General de la Nación o su delegado podría proferir orden de captura en
los eventos de detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza
mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla (…)”. No obstante,
La Corte declaró inexequible las expresiones “por motivos serios y de fuerza
mayor” y “disponible” y exequible la expresión cuando “(…) no se
encuentre (…) un juez que pueda ordenarla”, en el entendido que el fiscal
debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente
competentes, incluido el juez de garantías ambulante.
[59] Corte Constitucional, sentencia C-239 de 2012.
[60] Ibídem.
[61] Corte Constitucional, sentencia C-042 de 2018.
[62] Ibídem.
[63] Ibídem.
[64] M.P. Alfredo Gómez Quintero.
[65] M.P. José Luis Barceló Camacho.
[66] M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
[67] La referencia a casos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se incluye para fines ilustrativos, sin que
deba entenderse que la Corte asimila dicho caso como parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto.
[68] Párrafo 158. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sentencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015). Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador
[69] Párrafo 129. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sentencia del primero (1º) de febrero de dos mil seis (2006). Caso López Álvarez vs. Honduras
[70] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[71] Corte Constitucional, sentencia C-568 de
2016.
[72] Corte Constitucional, sentencia C-536 de 2006.
[73] Corte Constitucional, sentencia C-349 de 2004. En otras oportunidades ha
caracterizado esta hipótesis indicando que ello procede cuando “la disposición cuestionada se
encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas”.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-500 de
2014, reiterada de en la sentencia C-568 de 2016.
[75] Corte Constitucional, sentencia C-1052 de
2001.