T-395-16
Sentencia
T-395/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Concepto/PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Importancia
La Corte
Constitucional ha precisado que el precedente es la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
La Corte ha establecido unos requisitos para que el
desconocimiento del precedente constitucional, como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, prospere.
Primero, debe existir una o varias sentencias previas al caso, cuya razón
jurídica se encuentre vigente; y, segundo, que dichas providencias, respecto del caso concreto
que se esté estudiando, tengan(a) un problema jurídico semejante, y (b) unos supuestos fácticos y aspectos normativos
análogos.
INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL
CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO
DE LA PENSION-No existen pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas
uniformes dentro de la Corte en torno al incremento pensional del 14%
Las diferentes Salas de Revisión de esta Corporación han
venido pronunciándose, en dos sentidos, respecto del tema de la prescripción
del incremento pensional del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo.
Por un lado, se encuentran las sentencias en las que se sostiene que los incrementos pensionales son objeto de prescripción, y por
otro, aquellas que defienden el carácter imprescriptible del mismo.
PRESCRIPTIBILIDAD DE
LOS INCREMENTOS PENSIONALES-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no existe un precedente
constitucional sobre la prescripción del incremento pensional 14% por cónyuge o
compañero(a) permanente
La sentencia T-217
de 2013, invocada como precedente desconocido, no caracteriza un antecedente
relevante para consolidar la causal específica de vulneración del debido
proceso por desconocimiento del precedente constitucional, por cuanto la providencia citada como precedente no ha sido acogida
unánimemente por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. En síntesis, no existe una jurisprudencia constitucional uniforme,
unívoca o consolidada respecto del tema de la imprescriptibilidad del
incremento pensional del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo.
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Mandato constitucional
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Aplicación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
violación directa de la Constitución por cuanto Tribunal no aplicó principio de
favorabilidad laboral para el reconocimiento y pago del incremento del 14% por
cónyuge a cargo
La sentencia incurrió en un defecto por violación directa de
la Constitución, puesto que, ante la existencia de dos interpretaciones
razonables de la Corte Constitucional sobre una misma norma de seguridad
social, el tribunal tenía la obligación de considerar lo dispuesto en el
artículo 53 de la Constitución Política, en lo relacionado con el principio de
favorabilidad laboral y, por consiguiente, motivar la postura adoptada en el
caso concreto.
Referencia:
expediente T-5.365.340
Acción de tutela
interpuesta por el ciudadano José Dustano Romero Peña contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá
D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA
DEMANDA DE TUTELA
1. El
señor José Dustano Romero Peña, a través de apoderado judicial[1],
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral. Considera el accionante que el tribunal accionado vulneró
su derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de la sentencia proferida
el 26 de mayo de 2015, por medio de la cual se declaró probada la excepción de
prescripción del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo,
desconociendo con ello el precedente constitucional que reconoce el carácter
imprescriptible de dicho incremento y el principio constitucional de
favorabilidad laboral.
Por
lo anterior, solicita que se revoque el fallo emitido por la Sala
Laboral
del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenando la aplicación de la
interpretación más favorable respecto del incremento pensional del 14% sobre su
pensión de vejez, por tener cónyuge a cargo.
B.   HECHOS
RELEVANTES
2. El 25 de junio de 1976, el señor
José Dustano Romero Peña contrajo matrimonio con la señora Marleny Bejarano
Flórez[2],
conviviendo de manera constante e ininterrumpida.
3. Mediante Resolución No.023422 del
27 de mayo de 2008, el Instituto de Seguros Sociales (ahora Colpensiones) le
reconoció la pensión de vejez al señor José Dustano Romero Peña -por valor de
$1.071.165-, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, al ser beneficiario del régimen de transición[3].
4. El 18 de noviembre de 2013, el
accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento de
su mesada pensional en un porcentaje del 14% por cónyuge a cargo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21  del Acuerdo 049 de 1990; argumentando que
su cónyuge al no recibir renta alguna ni pensión, depende exclusivamente de él[4].
En respuesta, mediante comunicado del mismo día, Colpensiones negó el
incremento solicitado[5].
5. En el mes de enero de 2014, el
señor José Dustano Romero Peña inició proceso laboral ordinario contra
Colpensiones para obtener el reconocimiento y pago del incremento del 14% por cónyuge
a cargo[6].
6. Dicho proceso le correspondió por
reparto al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, mediante sentencia
del 27 de marzo de 2015, resolvió condenar a Colpensiones al reconocimiento y
pago del incremento del 14% sobre la mesada pensional reconocida al señor
Romero Peña.
Los fundamentos jurídicos tenidos en
cuenta por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá fueron,
principalmente, la sentencia T-217 de 2013 y el principio de favorabilidad
laboral contemplado en el artículo 53 de la Constitución. Respecto de los
hechos, el juez encontró probados los requisitos dispuestos en los artículos 21
y 22 del Acuerdo 049 de 1990 para conceder el incremento[7].
7. Colpensiones apeló la decisión.
8. El 26 de mayo de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, revocó la decisión de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
A juicio del tribunal, si bien el actor
tuvo el derecho a acceder al incremento referido, el mismo prescribió por el
trascurso del tiempo. La decisión la adoptó con base en las sentencias del 12
de diciembre de 2007 y del 18 de septiembre de 2012 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en la sentencia T-791 de 2013 de la
Corte Constitucional, según las cuales el demandante contaba con tres años a
partir del reconocimiento de la pensión de vejez -27 de mayo de 2008- para
reclamar dicho incremento y, como no lo hizo, la prestación prescribió. Esto,
teniendo en cuenta que el incremento pensional del 14% por cónyuge o compañero
permanente a cargo, no forma parte integral de la pensión de vejez y, por lo
tanto, puede ser objeto de prescripción[8].
9. El 03 de junio de 2015, el señor
José Dustano Romero Peña presentó recurso de casación contra la decisión de
segunda instancia, el cual fue negado el 18 de septiembre de 2015 por no
cumplir con el requisito procesal relacionado con la cuantía.
10. Considera el
actor que la providencia dictada por el tribunal accionado, incurrió en un
defecto por desconocimiento del precedente constitucional. Alegó que si bien la
sentencia T-791 de 2013 sirvió como fundamento para negar el derecho, el ente
accionado no se apartó razonablemente del precedente fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-217 de 2013[9], T-831 de 2014[10]
y T-369 de 2015[11],
según las cuales son imprescriptibles los derechos pensionales y los
incrementos que por ley se desprenden del mismo. De tal forma que, la
prescripción sólo aplica a las mesadas pensionales no reclamadas con
anterioridad a los tres (3) años de solicitadas.
11. Adicionalmente,
señala que existe una violación directa de la Constitución por aplicación “desfavorable
del principio de favorabilidad”, en la medida en que, habiendo dos
interpretaciones respecto de la imprescriptibilidad del incremento pensional,
el accionado resolvió escoger la menos favorable para el pensionado.
C.  RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA Y DE LOS VINCULADOS
Accionado:
Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
12. Pese a ser notificado[12] de la
acción de tutela interpuesta en su contra, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, no se pronunció sobre los hechos puestos a su
consideración.
Vinculado:
Juzgado
Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.
13. De manera extemporánea, el 13 de
noviembre de 2015, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá solicitó
al juez de tutela desestimar las pretensiones de la acción de tutela,
considerando que la decisión cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada.
Adicionalmente, porque con ella no se vulneraron de modo alguno derechos fundamentales[13].
Vinculado:
Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
14. De manera
extemporánea, el 18 de noviembre de 2015, Colpensiones solicitó declarar
improcedente el amparo considerando que lo pretendido por el accionante era
desnaturalizar la acción de tutela, al adjudicarle al juez constitucional una
categoría de juez de instancia judicial dentro del proceso laboral[14].
D.  DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Única
instancia: sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 11 de noviembre
de 2015 (sin
impugnación)[15].
15. La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, negó la acción de tutela teniendo
en cuenta que para adoptar la decisión que se ataca por vía de tutela, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, analizó los
antecedentes fácticos puestos en su conocimiento, la normatividad aplicable al
caso -Acuerdo 049 de 1990-, la figura de la prescripción –artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código
Sustantivo del Trabajo- y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral –SL9638-2014-.
Por lo anterior, la Corte Suprema de
Justicia consideró que la decisión del Tribunal no configuró defecto alguno,
pues está respaldada en razones plausibles y justificadas.
E.   INSISTENCIA
16. La Procuraduría General de la Nación y
la Defensoría del Pueblo  insistieron en la selección del asunto de la
referencia, considerando que la interpretación que hizo el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, al aplicar la prescripción a la
solicitud de incremento pensional por cónyuge a cargo, desconoce la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la imprescriptibilidad del
mencionado incremento (sentencias T-369 de 2015 y T-217 de 2013)[16].
II.
FUNDAMENTOS
A.  COMPENTENCIA
17. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en virtud del Auto del 14 de abril de 2016, expedido por la
Sala de Selección de tutela Número Cuatro de esta Corporación, que decidió
someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia.
B.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
Acorde
con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta
providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar:
18. ¿Vulneró el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el derecho
fundamental al debido proceso del accionante por el desconocimiento del
precedente de esta Corporación, al declarar probada la excepción de
prescripción propuesta por Colpensiones, respecto del incremento pensional del
14% por cónyuge a cargo?
19. ¿Vulneró El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el derecho
fundamental al debido proceso del accionante por “vulneración directa de la
Constitución”, al no considerar dentro de su providencia la aplicación del
principio de favorabilidad laboral dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución?
Con
el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala procederá a: (i)
verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción; (ii) exponer la causal de desconocimiento del precedente constitucional
como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iii) presentar la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional respecto de la prescripción del incremento pensional del 14% por
cónyuge a cargo; (iv) con ello, se podrá determinar si existe un precedente
vinculante para la jueces y si éste fue desconocido.
De
concluir que no existe un precedente vinculante, pero sí dos interpretaciones
sobre una misma norma laboral, la Sala Tercera de Revisión pasará a (v) estudiar
la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución, y de esta manera (vi)
determinar si el tribunal accionado dejó de considerar el principio
constitucional de favorabilidad laboral.
C.  PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
20. La Corte Constitucional
ha trazado una línea jurisprudencial uniforme en materia de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias dictadas por autoridades judiciales.
Dicha labor se ha venido desarrollando, entre otras razones, con el ánimo de
lograr un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial y la prevalencia y efectividad de los derechos
fundamentales[17].
De
esta forma, en la sentencia C-590 de 2005[18], la
Corte realizó una tarea de sistematización y unificación de los criterios que
venía aplicando la jurisprudencia constitucional para efectos de definir si
procedía o no la acción de tutela contra una decisión judicial. Para ello,
estableció un listado taxativo de exigencias de procedencia, a saber: i)
requisitos generales de procedencia, de naturaleza procesal; y ii) causales
específicas de procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
D.  REQUISITOS GENERALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
De
manera reiterada, la jurisprudencia constitucional[19] ha señalado
la necesidad de cumplir con seis requisitos generales para establecer la
procedencia de la acción constitucional cuando la conducta presuntamente
vulneradora de derechos se origina en una providencia judicial, los cuales
serán evaluados a continuación:
20.1.    Legitimación por activa: El
ciudadano José Dustano Romero Peña titular del derecho que fue presuntamente
lesionado con la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, interpuso acción de tutela a través de apoderado judicial
(C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°)[20].
20.2.    Legitimación por pasiva. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, es una autoridad pública y como tal, resulta demandable en proceso de tutela (CP, art. 86; Decreto 2591/91,
art. 1º y art. 5°, sentencia C-590/05[21]).
20.3.
Relevancia
constitucional[22]. El asunto
tiene relevancia constitucional, toda vez que, además de involucrar el derecho
fundamental al debido proceso, conlleva de fondo una discusión relativa al
desconocimiento del precedente constitucional y sobre la aplicación del
principio de favorabilidad laboral contemplado en el artículo 53 de la
Constitución.
20.4.
Agotamiento
de los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa[23]. La Sala observa
que se satisface el requisito de subsidiariedad por cuanto la providencia
judicial atacada fue dictada en el trámite de segunda instancia dentro del
proceso laboral ordinario. Interpuesto el recurso de casación, éste fue
inadmitido por no alcanzar la cuantía requerida por la norma que regula dicho
trámite[24], y tampoco
procedía el recurso extraordinario de revisión por no encuadrarse dentro de las
causales previstas en la ley[25]. En estos términos,
todos los recursos ordinarios y extraordinarios, que eran procedentes, fueron
agotados por el accionante.
20.5.    Inmediatez[26]. La acción de tutela fue interpuesta
el 28 de octubre de 2015[27] y la sentencia atacada se profirió el 26 de mayo del mismo año[28]; término de aproximadamente seis (6) meses que esta Sala
considera prudente y razonable para el ejercicio de la acción[29].
20.6.    Que de tratarse de irregularidades procesales, las mismas hayan
tenido incidencia en la decisión[30]. En el presente asunto no se
alegan irregularidades procesales.
20.7.    Que el actor identifique los hechos que originan la violación y
que, de haber sido posible, los haya mencionado oportunamente en las instancias
del proceso laboral. El accionante indicó que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, por una parte, como consecuencia del desconocimiento del precedente
constitucional, citando para ello las providencias que a su juicio fueron
desconocidas. Por otra parte, por violación directa de la Constitución, al no
tener en consideración el principio de favorabilidad laboral contemplado en el
artículo 53 de la Constitución.
20.8.
Que la sentencia impugnada no sea de
tutela[31]. La sentencia cuestionada fue
proferida en desarrollo de un proceso laboral ordinario.
E.   CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
21. Una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia, debe la
Corte establecer si existe un defecto o irregularidad procesal de tal magnitud
que vulnere de forma evidente el debido proceso y que resulte determinante
para el sentido del fallo o la decisión plasmada en la providencia judicial.
En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que los presupuestos materiales que configuran
una vulneración al debido proceso, son: (i) defecto orgánico[32]; (ii) defecto
sustantivo[33];
(iii) defecto procedimental[34];
(iv) defecto fáctico[35]; (v) error
inducido[36];
(vi) decisión sin motivación[37];
(vii) desconocimiento del precedente constitucional[38]; y (viii)
violación directa de la Constitución[39].
Así, esta Corte ha señalado que cuando
se comprueba la existencia de una de las causales anteriormente enunciadas, se
atenta contra uno o varios de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso y, por lo tanto, no sólo se justifica, sino que
se exige la intervención del juez constitucional.
22.
En
atención a que uno de los cargos presentados en el caso sub examine expone
que la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, desconoció el precedente fijado por esta Corporación, a
continuación, la Sala efectuará una caracterización más detallada de esta
modalidad de defecto y luego, analizará la jurisprudencia constitucional sobre
el carácter imprescriptible del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo.
F.    DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL POR LA NO APLICACIÓN DE SENTENCIAS PROFERIDAS POR
LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE DETERMINAN LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% POR CÓNYUGE A CARGO
23. La Corte
Constitucional[40]
ha precisado que el precedente es “la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo”[41].
24. También
ha considerado que en el Estado Social de Derecho respetar el precedente
implica: “(i) asegurar la igual aplicación de las normas jurídicas; (ii) una
exigencia del principio de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender
a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas-; (iii) garantizar el
carácter normativo de la Constitución y de la efectividad de los derechos fundamentales;
y (iv) promover la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico”[42].
Así
entonces, la Corte ha establecido unos requisitos para que el desconocimiento
del precedente constitucional, como causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, prospere. En este sentido ha
sostenido que, primero, debe existir una o varias sentencias previas al caso,
cuya razón jurídica se encuentre vigente; y,
segundo, que dichas providencias, respecto del caso concreto que se esté
estudiando, tengan (a) un problema jurídico semejante, y (b) unos
supuestos fácticos y aspectos normativos análogos[43].
Por todo lo anterior, cuando los
operadores judiciales se apartan injustificadamente de los precedentes
constitucionales (sentencias de unificación, jurisprudencia en vigor y/o
sentencias de constitucionalidad), la acción de tutela resulta procedente como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales cuya desprotección se
produce en consecuencia de tal conducta judicial.
25. En este punto, es
menester precisar que si bien es cierto el precedente constitucional tiene un
carácter preponderante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto, “tiene
la fuerza de instituir interpretaciones que ciñan la aplicación del
ordenamiento legal a lo consagrado por la Carta Política”[44];
también lo es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene
fuerza de precedente y se encarga no sólo de trazar unas directrices dentro de
la respectiva jurisdicción (civil, familia, penal, laboral), sino también de
ofrecer una garantía de que las decisiones judiciales se basen en una
interpretación razonable del marco legal establecido[45].
Ahora bien, este tribunal ha considerado los casos en los
cuales existe ambigüedad en el precedente, es decir dos precedentes diferentes
sobre un mismo asunto, en la sentencia C-836 de 2001[46]
la Corte señaló:
“Es
posible, de otro lado, que no exista claridad en cuanto al precedente
aplicable, debido a que la jurisprudencia sobre un determinado aspecto de
derecho sea contradictoria o imprecisa.  Puede ocurrir que haya sentencias
en las cuales frente a unos mismo supuestos de hecho relevantes, la Corte haya
adoptado decisiones contradictorias o que el fundamento de una decisión no
pueda extractarse con precisión.  En estos casos, por supuesto, compete a
la Corte Suprema unificar y precisar su propia jurisprudencia.  Ante
falta de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la
diversidad de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor
manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los
hechos materialmente relevantes en el caso.  De la misma forma, ante
la imprecisión de los fundamentos, pueden los jueces interpretar el sentido que
se le debe dar a la doctrina judicial de la Corte Suprema”.
En desarrollo de lo anterior, en la sentencia C-539 de 2011,
la Corte Constitucional se pronunció respecto de la obligación de las
autoridades públicas de acatar el precedente judicial dictado por las Altas
Cortes resaltando que:
“(i)
la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las
normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la aplicación judicial
directa de sus contenidos;
(ii)
que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma en
sentido formal, es decir dictada por el Legislador, la cual debe ser
interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos
consagrados en la Constitución;
(iii)
que por tanto es la Carta Política la que cumple por excelencia la función
integradora del ordenamiento;
(iv)
que esta responsabilidad recae en todos las autoridades públicas, especialmente
en los jueces de la república, y de manera especial en los más altos
tribunales;
(v)
que son por tanto la Constitución y la ley los puntos de partida de la
interpretación judicial;
(vi)
que precisamente por esta sujeción que las autoridades públicas administrativas
y judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos
mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores;
(vii)
que esta sujeción impone la obligación de respetar el principio y derecho de
igualdad tratando igual los casos iguales;
(viii)
que mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las
autoridades públicas de respetar el precedente judicial de los máximos
tribunales, en todos los casos en que siga teniendo aplicación el principio o
regla jurisprudencial;
(ix)
que no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el cambio de
jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente relevante de
los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente
argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos
protegidos en cada caso;
(x)
que en caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial
aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal precisar, aclarar y
unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y
(xi)
que en estos casos corresponde igualmente a las autoridades públicas
administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes criterios
jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los
mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, “y optar por las decisiones que
interpreten de mejor manera el imperio de la ley” para el caso en concreto”.
26. En estos términos, la
supremacía del precedente constitucional, derivada de la Constitución y
reconocida por la jurisprudencia de esta Corte, impone a los operadores
jurídicos, al momento de resolver un caso, el deber de acatar la ratio
decidendi de una sentencia de proferida por la Corte Constitucional, que
tenga un problema jurídico semejante a tratar[47], y unos supuestos fácticos y aspectos
normativos análogos.
26.1.
En todo caso, el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante, mediante una argumentación explícita y
razonada de su apartamiento, en
reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la administración de
justicia y al ejercicio de la función judicial[48]. Para
la Corte, una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la
autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso
de contra-argumentación donde explique las razones del apartamiento, bien por: (i) desacuerdo con las
interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; o (ii)
discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial[49].
G.  Respecto del
carácter imprescriptible del incremento pensional del 14%, por cónyuge a cargo,
no existe una sentencia de unificación, ni una línea jurisprudencial pacífica, concordante
y/o uniforme en la Corte Constitucional y, por ende, vinculante para los jueces
de tutela.
Reiteración sentencia T-038 de 2016[50]
27. Por lo menos, desde el año 2013[51], las diferentes Salas de
Revisión de esta Corporación han venido pronunciándose, en dos sentidos,
respecto del tema de la prescripción del incremento pensional del 14% por
cónyuge o compañero permanente a cargo. Por un lado, se encuentran las sentencias
en las que se sostiene que los incrementos
pensionales son objeto de prescripción, y por otro, aquellas que defienden el
carácter imprescriptible del mismo.
A continuación, se expondrán los fundamentos de las dos tesis
que han defendido las respectivas Salas de Revisión.
El derecho al incremento del 14% de
la mesada pensional es imprescriptible y acorde con el principio constitucional
de favorabilidad las decisiones que así lo determinan deben ser las aplicables
28. En esta tesis encontramos las sentencias T-217 de 2013[52],
T-831 de 2014[53],
T-319 de 2015[54]
y T-369 del 2015[55].
Las decisiones adoptadas por la Sala Cuarta, Octava y Séptima de Revisión resolvieron
conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por los actores
considerando que:
28.1.
Acorde con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, sólo
las mesadas pensionales no reclamadas, con anterioridad a los tres (3) años de
solicitadas, están sometidas a la prescripción contenida en los artículos 488
del CST y 151 del CPT SS; razón por la cual, el derecho a la pensión y a los
incrementos que por ley se desprendan de la misma no son objeto de la
prescripción.
28.2.
Acoger la tesis de la prescripción del incremento pensional
del 14%,  “equivale a perder una fracción de recursos de este derecho o
parte del mismo”[56],
no del derecho en sí mismo.
28.3.
La prescripción de las pretensiones dirigidas a obtener
la reliquidación de pensiones, en el contexto el incremento pensional del 14%,
es una interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la Constitución
Política.
28.4.
Si bien no existe una línea de decisión unívoca en cuanto a
la imprescriptibilidad del incremento del 14%, en razón a que existen dos
interpretaciones posibles de la norma que lo regula (artículo 21 Acuerdo 049 de
1990), lo que corresponde es acoger el criterio establecido en la sentencia
T-217 de 2013, por considerar que esta posición es la más favorable para los
accionantes[57].
El derecho al incremento del 14% de
la mesada pensional es prescriptible y las decisiones que determinan lo
contrario no constituyen precedente constitucional
29. En
esta tesis se ubican las sentencias T-791 de 2013[58],
T-748 de 2014[59],
T-123 de 2015[60],
T-541 del 2015[61] y T-038 de 2016[62].
En ellas, las Salas Segunda y Tercera de Revisión se apartaron de lo
establecido en la sentencia T-217 de 2013 y, en consecuencia, negaron la
protección de los derechos fundamentales solicitada por los accionantes, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
29.1.
Acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, el incremento pensional del 14%, no goza de la
imprescriptibilidad establecida para el derecho a la pensión, pues se trata de
una pretensión económica, sometida a requisitos legales, cuyo incumplimiento genera
su extinción inmediata y que no hace parte integral del derecho a la pensión,
por no estar destinada a asegurar de forma vitalicia y sucesiva el mínimo vital
de la persona.
29.2.
No es acertada la aplicación que se le dio al precedente
constitucional en la sentencia T-217 de 2013, “toda vez que a la luz de lo trazado por la jurisprudencia dada
al interior de la Jurisdicción Ordinaria, encargada de definir los conflictos,
y el alcance de los derechos de la seguridad social y de tipo laboral, el
incremento pensional objeto de estudio no reviste las características que hacen
aplicable el precedente de la imprescriptibilidad a una acreencia económica
relacionada con la seguridad social”.
29.3.
No se configura un defecto por desconocimiento del
precedente, por cuanto los pronunciamientos de esta Corporación sobre la
imprescriptibilidad de la pensión de vejez no son aplicables al incremento que
pretenden los demandantes.
29.4.    La
sentencia T-217 de 2013, invocada como precedente desconocido, no caracteriza
un antecedente relevante para consolidar la causal específica de vulneración
del debido proceso por desconocimiento del precedente constitucional, por
cuanto la providencia
citada como precedente no ha sido acogida unánimemente por las Salas de
Revisión de la Corte Constitucional.
30. En
síntesis, no existe una jurisprudencia constitucional uniforme, unívoca o
consolidada respecto del tema de la imprescriptibilidad del incremento
pensional del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo. En efecto,
mientras que en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 y T-369 del
2015, la Salas Octava, Séptima y Cuarta de Revisión de esta Corte han defendido
la tesis de que el incremento pensional mencionado es imprescriptible; la misma
Corporación, a través de sus Salas Segunda y Tercera de Revisión, en las sentencias
T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 de 2015, T-541 del 2015 y T-038 de 2016, ha
adoptado una posición contraria, consistente en que dicha prestación sí es
objeto de prescripción, en concordancia con el criterio jurisprudencial
reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
31. Por
lo anterior, y en atención a las consideraciones expuestas, corresponde a la
Sala analizar si, ante la falta de unidad en la jurisprudencia constitucional, el
juez accionado hizo explícita la diversidad de criterios, para optar por la posición
que materialice de mejor manera el imperio de la ley, ante la diversidad de
interpretaciones.
H.  ANÁLISIS
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
32. El señor José Dustano Romero Peña
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, por considerar que la sentencia del
26 de mayo de 2015, mediante la cual se declaró probada la excepción de
prescripción respecto del incremento del 14% sobre la mesada pensional por
cónyuge a cargo, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, en tanto,
desconoció el precedente constitucional fijado en las sentencias T-217 de 2013,
T-831 de 2014 y T-369 de 2015, según las cuales este incremento tiene
un carácter imprescriptible.
La Sala de Revisión considera que, en el
caso concreto, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, teniendo en cuenta que no existe, en materia
de imprescriptibilidad del incremento pensional del 14%, una decisión adoptada
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, o varias sentencias de las Salas
de Revisión que constituyan un precedente de obligatorio acatamiento[63]
o, en otros términos, una jurisprudencia en vigor, cuyo desconocimiento
conlleve a una violación del debido proceso.
Por lo tanto, ante la divergencia de
pronunciamientos sobre la prescripción del incremento del 14% de la mesada
pensional por cónyuge a cargo, el operador jurídico vinculado
por la jurisprudencia dictada en sede de tutela por la Corte Constitucional, y
respaldado por el principio de la independencia judicial, puede optar por
seguir una u otra de las posiciones que defienden las Salas de Revisión.
33. Conforme a lo anterior,
no es posible aseverar que el tribunal accionado haya desconocido el precedente
constitucional fijado en la sentencia T-217 de 2013, por haber declarado
probada la excepción de prescripción del incremento pensional del 14%, toda vez
que, ante la ausencia de una línea jurisprudencial clara y expresa,
y de una postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional, -jurisprudencia en vigor-, adoptó una decisión
en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, exponiendo los
precedentes constitucionales aplicables al caso y acogiendo aquel que, a su
juicio, interpreta de mejor manera el derecho, el cual se acopla a la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
la cual sostiene una tesis que ha sido compartida, en términos generales, por
algunas de las Salas de Revisión de este tribunal (sentencias T-791 de 2013,
T-748 de 2014, T-123, T-541 del 2015 y T-038 de 2016).
Ahora bien, en atención al argumento planteado por el
accionante respecto de la posible vulneración directa de la Constitución por
inaplicación del principio de favorabilidad laboral, pasa la Sala a resolver el
segundo problema jurídico planteado en esta providencia.
I.      VULNERACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POR AUSENCIA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD
34. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional estableció como causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales la violación directa de la Constitución[64], la cual, en
términos generales se estructura “cuando el
juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica,
postulados de la Carta Política”[65]. En este
sentido, en la sentencia T-1143 de 2003[66],
la Corte Constitucional estableció que:
“La exigencia
de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los
resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del
papel que le corresponde  a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso,
reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y
también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión
quebrantaría preceptos constitucionales…´[67]”.
(Negrillas no originales).
Más
recientemente, en la sentencia T-369 de 2015[68], la Corte se refirió al
fundamento de esta causal en los siguientes términos:
“el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de tal forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. En consecuencia, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[69]”.
35. De esta manera, acorde con la sentencia
de unificación SU-198 de 2013, la mencionada causal tiene lugar cuando el juez
adopta una decisión que desconoce la Constitución, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto[70];
o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[71].
35.1.
En
el primer supuesto, la Corte ha considerado[72] que procede la tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución cuando (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y/o
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional;
(b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata[73];
y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[74].
35.2.
En
el segundo supuesto, la Corte ha establecido que el juez debe tener en cuenta
en sus providencias que, con base en el artículo 4º superior, la Constitución
es norma de normas y que por tal razón, en todo caso en que encuentre, deduzca
o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad[75].
El principio de favorabilidad laboral como mandato
constitucional
36. El artículo 53 de la Constitución
Política consagró el principio de favorabilidad en materia laboral en los
siguientes términos: “principios mínimos fundamentales: (…) situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho”. A partir de esta norma, esta Corporación[76]
ha analizado diversos casos en los que se presentan controversias de tipo
laboral que tienen un elemento en común, la diversidad de interpretación de una
misma norma respecto a un asunto determinado o diversas normas aplicables a un
mismo caso.
Así, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que“(…) los principios
generales del derecho al trabajo que la doctrina ha establecido y que en
Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 53  de la C.P.,
conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad,
la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y
la  intangibilidad de la remuneración”[77]. (Negrilla
no original).
37. Por su parte, el artículo 21 del Código Sustantivo
del Trabajo reconoce la favorabilidad como un principio general, y lo define en
los siguientes términos:
“NORMAS MÁS
FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes
de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad”.[78]
38. Sobre el alcance del principio de favorabilidad, la Corte ha establecido que, en principio, se aplica en aquellos casos en los cuales existe
duda respecto de cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de
resolver un asunto, al encontrar que dos o más textos legislativos
vigentes al momento de causarse el derecho, regulan la solución del caso
concreto. En estos eventos los cánones protectores de los derechos del
trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica
que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o beneficiario del
sistema de seguridad social.
Adicionalmente,
ha dicho que la favorabilidad opera, no sólo cuando se presenta un conflicto
entre normas, sino también cuando existe una norma que admite varias
interpretaciones[79],
en estos casos “el juez puede interpretar la
ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica”[80].
39. En
este punto es necesario aclarar que dicha favorabilidad tiene aplicación en
normas vigentes; y pese a que este asunto no fue objeto de debate en el proceso
laboral que declaró la prescripción del incremento pensional del 14% por cónyuge
a cargo; considera la Sala pertinente pronunciarse sobre la vigencia de los
artículos 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990.
Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, ofrece una interpretación jurisprudencial sosteniendo la vigencia
de los artículos 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990, posición que, por lo menos, a
partir del año 2005 ha sido pacífica y unificada.
39.1.
Así, en la sentencia del 27 de julio de 2005, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[81],
conoció un asunto en el cual el ISS le planteó a la Sala la imposibilidad de
dar aplicación del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 por considerar que éste
estaba derogado. La decisión de la Corte Suprema fue declarar la vigencia de la
norma motivando su decisión en las siguientes consideraciones:
-
“Cuando
a los beneficiarios de un régimen de transición se les reconoce que las normas
propias para su caso son las contenidas en el régimen anterior, quiere decir
ello que todos sus derechos pensionales se derivan de la regulación vigente
antes de entrar en aplicación las nuevas disposiciones. El axioma es
sencillo: Si a los beneficiarios de pensiones de vejez se les aplica un régimen
anterior vigente, es todo en su conjunto y no solamente, como se pretende, una
parte de la normatividad que venía rigiendo. Y está premisa es válida para
todos los trabajadores que se hallan cobijados por las disposiciones del
acuerdo 049 de 1990 y su decreto reglamentario”. (Negrillas no
originales).
-
“Para
resolver la dubitativa interpretación, acudiremos al Art. 21 del Código
Sustantivo del Trabajo que consagra los principios de favorabilidad y de
inescindibilidad de las normas. Esto nos conduce a que en caso de conflicto
o duda sobre la aplicación de una norma, prevalece la más favorable al
trabajador y que la que se adopte debe aplicarse en su integridad” (negrillas no
originales).
-
“El
Art. 36 de la ley 100 de 1993 indicó que para los efectos de otorgar la pensión
de vejez a quienes tuvieran edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas,
debería aplicárseles el régimen anterior. Este régimen anterior no es otro
que el consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del
mismo año. Y su aplicabilidad debe ser total. En dicho régimen se
contempla lo siguiente: Es para los afiliados al Seguro Social por invalidez,
vejez y muerte (Art. 1º); señala los requisitos para acceder a la pensión de
vejez (Arts. 12 y 13); establece en que forma se integran las pensiones, la
manera de liquidarlas y el salario que debe tenerse en cuenta (Art. 20) y
finalmente mantiene el derecho a los incrementos de las pensiones (Art. 21)
para cada uno de los hijos o hijas menores de 16 o de 18 años, o inválidos no
pensionados de cualquier edad y para el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de él” (negrillas no
originales).
-
“El
Art. 22 de dicho acuerdo expresamente menciona que los incrementos de las
pensiones no hacen parte de la pensión de vejez (monto). Por ello es que la Ley
100 de 1993 en sus Arts. 31, 34 y 36 al hablar del monto de las pensiones se
abstuvo de mencionar los incrementos de las pensiones por no hacer parte de él.
Pero ante la duda o conflicto de su vigencia nos auxilian los principios de
favorabilidad e inescindibilidad que comporta el derecho del trabajo” (negrillas no
originales).
-
“Es
verdad que los incrementos de las pensiones no están involucrados en la
mencionada Ley 100, pero ello no significa que pierdan su vigencia; por el
contrario, si tal normatividad no los reguló, no quiere decir que los
hubiera derogado, entonces en ese orden conservan su pleno vigor” (negrillas no
originales).
-
“Finalmente,
el recurrente aduce una indebida aplicación del Art. 289 de la Ley 100 de 1993,
pues dicha norma según su entender derogó todas las disposiciones que le fueran
contrarias. Sin embargo, los incrementos a las pensiones  para los
beneficiarios del régimen del acuerdo I.S.S. 049 de 1990, ya por derecho propio
o por el de transición no pueden ser contrarias, por reconocimiento expreso de
la misma norma al decir que esta “salvaguarda los derechos adquiridos”
(subrayas y negrillas de la ponencia)”.
Adicionalmente, la
Corte Suprema acogió los argumentos expuestos por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería[82], la
cual consideró:
“Ahora bien, los
artículos 34 y 40 de la ley 100 de 1993 regularon lo atinente a los montos de
las pensiones de vejez e invalidez respectivamente, pero nada dispusieron
respecto a los incrementos que consagraba la legislación anterior, por lo cual
es razonable inferir que estos aún perduran en la actualidad, ya que no son
contrarios a la nueva legislación y simplemente la adicionan o la complementan,
tal como lo hacían en el régimen anterior
“Y es que la
transición consagrada en el artículo 36 opera para la pensión de vejez y los
incrementos aquí reclamados, al no formar parte de ella, mal podrían ser objeto
del dicho régimen, lo que corrobora el concepto de que no fueron derogados sino
que se encuentran vigentes, porque su existencia es independiente de la pensión
misma”.
39.2.
Más
adelante, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificó su
posición respecto de la vigencia de los artículos que regulan los incrementos
pensionales establecidos por el Acuerdo 049 de 1990. De esta manera, en las
sentencias del 05 de diciembre de 2007[83], y del 10 de agosto de
2010[84],
la Corte Suprema reiteró su interpretación sobre la vigencia de los artículos
21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, acogiendo las consideraciones expuestas en la
sentencia del 27 de julio de 2005 y agregando que:
“En efecto, en
los términos en que el recurrente propone se modifique el criterio doctrinal de
la Corte que se acaba de transcribir y se acojan los salvamentos de voto que se
le hicieron a la mencionada sentencia, es pertinente agregar, que si bien es
cierto en los artículos 34 y 40 de la Ley 100 de 1993 se reguló el tema
concerniente al monto de la pensión de vejez y la de invalidez de origen común,
y que el artículo 36 de ese ordenamiento se refirió al IBL para aquellas
personas que son beneficiarias del régimen de transición, ello no significa que
al dejar de contemplar la nueva ley de seguridad social los incrementos por
personas a cargo, éstos hubieren desaparecido, como bien se explicó en el
citado antecedente jurisprudencial; máxime que su artículo 289 efectivamente
no los derogó expresamente pero tampoco lo hizo de manera tácita, sobre todo
para los casos en que sea pertinente la aplicación del Acuerdo del ISS 049 de
1990, pues contrario a lo que sostiene el censor tal beneficio no resulta
contrario ni riñe con la nueva legislación que salvaguardia los derechos
adquiridos, a lo que se suma que el inciso 2° del artículo 31 de la
mencionada Ley 100, señala que serán aplicables al régimen de prima media con
prestación definida “las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez,
vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones,
modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, variaciones éstas que no
se dieron respecto a la temática que se trata en el asunto sometido a esta
jurisdicción.
Lo expuesto trae
consigo para el caso en particular, que el derecho a los incrementos por
personas a cargo y concretamente el equivalente al 14% sobre la pensión mínima
legal por su cónyuge, ingresaron al patrimonio del demandante, a quien se le
definió su prestación por vejez con base a la normatividad anterior al ser
beneficiario del régimen de transición, y por tanto aunque éste hubiere
completado requisitos para acceder a la pensión en vigencia de la nueva ley de
seguridad social, el 16 de octubre de 1999, no es dable desconocer tal
prerrogativa prevista en el citado Acuerdo del ISS 049 de 1990, cuando frente a
dichos incrementos según se dijo, no operó la supresión o derogatoria
expresa o tácita de la ley (artículos 71 y 72 del Código Civil), por virtud a
que sus efectos en verdad jurídicamente no fueron abolidos, conservándose así
su aplicación inobjetable en los términos del aludido artículo 31 de la Ley 100
de 1993, lo que de igual manera encuentra respaldo en la protección a la
seguridad social que pregonan los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política” (negrillas
no originales).
39.3.
Finalmente, en providencia del 23 de julio de 2014, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral[85], se
pronunció sobre un asunto relacionado con el incremento del 14% de la mesada
pensional, en aplicación de las normas dispuestas en el Acuerdo 049 de 1990; en
esa oportunidad, la Corte Suprema ni siquiera se detuvo a analizar la vigencia
de la norma, igual a lo acontecido en el caso analizado en la presente acción
de tutela donde, ni en el proceso laboral ni en las instancia de tutela, fue
objeto de debate la vigencia de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990.
Situación que ratifica la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre la
vigencia de las normas tantas veces citadas.
Adicionalmente, acorde con el recuento jurisprudencial
expuesto en el literal G de esta providencia, la Corte Constitucional no se ha
ocupado de determinar la vigencia de dichas normas, ni siquiera en las
providencias en las que se ha apartado de la imprescriptibilidad del incremento
del 14% de la mesada pensional ha utilizado este argumento. De esta manera, la
Corte Constitucional se ha pronunciado exclusivamente sobre si el incremento
pensional es objeto de prescripción o no, lo cual permite considerar que esta
Corte acoge la tesis de la Corte Suprema de Justicia respecto de la vigencia de
las normas, pues mal haría en pronunciarse sobre la prescripción de un
incremento derogado.
Entonces, concluye la Sala que los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 están vigentes y son aplicables para
aquellas pensiones reconocidas en virtud de la reglamentación contemplada en el
Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que: (i) existe en la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia una interpretación unánime sobre la
vigencia de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, interpretación
sustentada, entre otras cosas, en la disposición constitucional que contempla
la favorabilidad laboral, y la inescindibilidad que comportan las reglas
laborales; (ii) la vigencia de las normas no fue objeto de debate en las
instancias del proceso laboral ni en el proceso de tutela; y (iii) en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la prescripción del
incremento pensional no se ha contemplado la derogatoria de las normas
pertinentes para el asunto, acogiendo implícitamente la tesis de la Corte
Suprema de Justicia.
40.
Ahora bien, para dar aplicación al principio de
favorabilidad, ha dicho la Corte[86]
que es necesario analizar los elementos de dicho principio teniendo en cuenta
que (i)
la duda debe ser seria y objetiva, pues ante la necesidad de elegir entre dos o
más interpretaciones, se debe considerar la razonabilidad argumentativa y
solidez jurídica de una u otra interpretación; además, (ii) la efectiva
concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir,
que las mismas puedan ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de las
disposiciones normativas en conflicto.
40.1.
En
lo que tiene que ver con la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica, en la sentencia T-545 de 2004[87] la
Corte Constitucional estableció algunos criterios que permiten identificar una
interpretación como razonable y objetiva; a saber: (i) la corrección de la
fundamentación jurídica, (ii) la aplicación judicial o administrativa
reiterada, y (iii) la corrección y suficiencia de la argumentación.
En cuanto a la corrección de la fundamentación
jurídica, la Corte señaló que sólo se consideran razonables, aquellas
interpretaciones de las fuentes formales, que (i) estén en el marco de las
disposiciones normativas respectivas, y (ii) se correspondan con la
interpretación autorizada de las normas constitucionales. Así lo refirió la
Corte:
“El criterio de razonabilidad de la interpretación como producto
de una correcta fundamentación jurídica, es un desarrollo del artículo 53 de la
Constitución, en la medida en que la duda debe surgir a partir de una
divergencia interpretativa sobre las fuentes formales del derecho. Esto implica
que las opciones hermenéuticas, por un lado deben encuadrar en el marco semántico
de las disposiciones de las fuentes formales, y de otro, deben estar en
consonancia con las disposiciones de la Constitución”[88].
Respecto de la aplicación judicial o administrativa reiterada consideró
que este  criterio de razonabilidad de la interpretación, garantiza
uniformidad en la forma en que el derecho objetivo se concreta en las prácticas
sociales y ofrece un elemento de objetividad “que permite a su vez
cualificar, en los casos problemáticos, cuando se está en presencia de una duda
objetiva y no se trata en cambio de un eventual capricho del operador jurídico”[89].
Finalmente, en lo que tiene que ver con el criterio de
razonabilidad de la interpretación como resultado de un proceso de
argumentación suficiente, éste busca desprender de cualquier tipo de
arbitrariedad al operador jurídico y por ello exige que su actuación esté
debidamente motivada. Sobre este punto dijo la Corte:
“El control racional del discurso jurídico está determinado
entonces por la posibilidad real de escrutinio sobre las razones para la
decisión de los operadores jurídicos: que sea posible un juicio sobre la
suficiencia de los argumentos, su idoneidad, su corrección, y su pertinencia”[90].
40.2.
En cuanto al elemento que requiere
que las interpretaciones sean efectivamente concurrentes al caso bajo estudio,
en la misma providencia citada anteriormente, dijo la Corte que “las
opciones hermenéuticas deben  aplicar a los supuestos de hecho de las
disposiciones en juego y a las situaciones que delimiten fácticamente cada caso
bajo examen”. En estos términos, no sería admisible hablar de dos
interpretaciones divergentes cuando se pueda establecer que las mismas no son
aplicables a un mismo supuesto de hecho o que no consulten los límites fácticos
de los casos por resolver.
41. Como regla jurisprudencial, en la sentencia T-350 de
2012[91]
la Corte Constitucional determinó que las autoridades judiciales se encuentran
sujetas a la aplicación del principio constitucional de favorabilidad en
materia laboral, en los siguientes términos:
“En este orden, si bien los jueces,
incluyendo las Altas Cortes, cuentan con un amplio margen de interpretación en
las normas laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, es
decir, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que
ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Una conducta contraria configura un
defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional”.
J.    ANÁLISIS
DE LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DENOMINADA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN
42. En
las sentencias T-831 de 2014 y T-319 de 2015, la Corte conoció los casos de ciudadanos
que solicitaban la protección de su derecho fundamental al debido proceso con
ocasión de las sentencias judiciales que les negaron el reconocimiento del
incremento del 14% de su pensión por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo
y por hijo (a) en situación de discapacidad, por considerar, las entidades
accionadas, que dichos emolumentos habían prescrito.
En esas providencias,
la Corte arribó a la misma conclusión ofrecida en esta providencia en el
numeral 33, es decir, que frente a este tema la posición de la Corte no ha sido
unánime ni pacífica, por lo tanto, no podría declararse estructurada la causal
por desconocimiento del precedente; sin embargo, encontró necesario acudir al
principio de favorabilidad en materia laboral ante la existencia de dos o más
interpretaciones de la norma.
En esa ocasión, la Corte consideró que el
juez laboral accionado debió analizar frente a la situación objeto de estudio,
caracterizada por no existir una sola interpretación de los artículos 21 y 22
del Acuerdo 049 de 1990, cuál de las dos posiciones jurisprudenciales
establecidas por la Corte Constitucional, era la más favorable para el
pensionado y aplicarla en el caso concreto, obedeciendo precisamente al
principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.
43. En virtud de los
antecedentes expuestos y de las consideraciones realizadas, le corresponde a la
Sala de Revisión determinar si, en efecto, el tribunal accionado vulneró el
derecho fundamental al debido proceso del señor José Dustano Romero Peña por
violación directa de la Constitución, pues contando con dos interpretaciones sobre
una norma laboral se abstuvo de hacer el análisis correspondiente respecto del
principio de favorabilidad.
Para ello, se deberán tener en
cuenta
si en el presente asunto se configuran los dos elementos dispuestos por la
Corte para dar aplicación al principio de favorabilidad, a saber: (i) que la
duda sea seria y objetiva, puesto que ante la necesidad de elegir entre dos o
más interpretaciones, se debe tener en cuenta la razonabilidad argumentativa y
solidez jurídica de una u otra interpretación; y, (ii) la efectiva concurrencia
de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, que las
mismas puedan ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de las
disposiciones normativas en conflicto.
43.1.    Lo primero que
recuerda la Sala es que en este asunto sí existe concurrencia de
interpretaciones acorde con lo expuesto en el literal G de las consideraciones
de esta providencia. De esta manera, por una parte se encuentran los
pronunciamientos constitucionales los cuales consideran que el incremento del
14% por cónyuge a cargo no prescribe y por otra parte las sentencias
constitucionales que argumentan que dichos incrementos sí prescriben.
43.2.    En segundo
lugar, a juicio de la Sala, dichas interpretaciones resultan serias y
objetivas, pues cada una de ellas ofrece argumentos legales y constitucionales
que motivan su decisión.
En este punto es pertinente
aclarar que si bien el juez ordinario laboral y el mismo juez constitucional
podrían no compartir los argumentos expuestos en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 y T-369 del 2015
en las cuales, la Corte Constitucional estableció que el incremento pensional
del 14% por cónyuge a cargo no prescribe. No por ello podría decirse que dicha
interpretación no tiene la solidez jurídica suficiente para considerarse como
una interpretación seria y objetiva que el juez debe tener en cuenta al momento
de fallar.
En efecto, es evidente que una de los
dos tesis vigentes en la Corte Constitucional es más favorable para las
personas pensionadas en virtud del Acuerdo 049 de 1990, esta es la iniciada con
la sentencia T-217 de 2013, la cual, cumple con los criterios de corrección de la
fundamentación jurídica, reiteración judicial en su aplicación y suficiencia de
la argumentación, acorde con lo expuesto en el numeral 38 de esta providencia.
Respecto de la corrección de la
fundamentación jurídica y la suficiente argumentación, considera la Sala que lo
pretendido por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional al
proferir la sentencia T-217 de 2013, fue precisamente modificar las decisiones
judiciales adoptadas por jueces laborales que consideraron prescriptible el
incremento pensional del 14%, decisiones que si bien estaban fundamentadas en
una interpretación legalmente aceptable, la Corte consideró que no se ajustaba
al precedente constitucional relacionado con la imprescriptibilidad de los
derechos a la seguridad social, ofreciendo entonces una interpretación
constitucional lejos de ser considerada arbitraria. La sentencia T-217 de 2013
sustentó:
“En el caso en cuestión, la Sala observa que las sentencias
recurridas incurren un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial establecido está por la Corte Constitucional, el cual estipula
que el término de prescripción es predicable únicamente de las mesadas
pensionales no reclamadas y deducido del contenido de las prestaciones, razón
por la cual estima la Sala que en los casos analizados, dar aplicación a los
artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, constituye una decisión que vulnera
directamente los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad con
sujeción a los cuales el Estado tiene la obligación de prestar el servicio
público de la seguridad social.
Lo
anterior en atención al principio de la imprescriptibilidad de los derechos a
la seguridad social, por cuanto el derecho a la pensión o los incrementos que
por ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa medida la
prescripción sólo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con
anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo tanto de acoger la tesis que
al reajuste
a la pensión de vejez del 14%, en relación con el cónyuge o compañero o
compañera permanente del beneficiario de dicha pensión, que dependiese
económicamente de éste y que no esté disfrutando de una pensión, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, se le puede aplicar
prescripción, equivale a perder una fracción de recursos de este derecho o
parte del mismo”.
En cuanto a la reiteración de la
interpretación más favorable, en virtud de lo expuesto en el literal G, es irrefutable
la existencia de las diferentes decisiones de la misma Corte Constitucional,
acogiendo lo dispuesto en la sentencia T-217 de 2013. De hecho, en el caso
puesto a consideración de la Sala, el juez de primera instancia en el proceso
laboral ordinario -Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá-, condenó a
Colpensiones al reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre la mesada
pensional reconocida al señor Romero Peña, fundamentando su decisión en lo
dispuesto en la sentencia T-217 de 2013 y en el principio de favorabilidad
laboral contemplado en el artículo 53 de la Constitución[92].
Es decir, no sólo los jueces que conocen
acciones de tutela están reiterando la interpretación más favorable para el
pensionado, sino que también, los jueces de la jurisdicción laboral y de la
seguridad social han acogido la interpretación constitucional más beneficiosa.
44. Entonces, le
correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
en aplicación del principio de favorabilidad laboral, motivar por qué
existiendo dos interpretaciones sobre los artículos 21 y  22 del Acuerdo 049 de
1990, de las cuales conocía, no optó por la interpretación más favorable al
trabajador, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia. Circunstancia  que también fue desatendida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de actuar como juez de tutela.
En este sentido, la motivación de los
fallos judiciales ha sido entendida por la Corte Constitucional como un deber
de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos. Así, la ausencia de
dicha motivación impidió que se plasmara en la providencia el ejercicio
argumentativo por medio del cual el tribunal debía establecer la interpretación
de las disposiciones normativas a la luz de los preceptos constitucionales;
desconociendo con ello la obligación de los jueces de ofrecer a las partes un
ejercicio interpretativo calificado que dé cuenta del ajuste entre su
interpretación y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el
despliegue de una argumentación que tome en cuenta todos los factores
relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales[93].
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del
11 de noviembre de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, que negó los derechos fundamentales invocados por el señor José
Dustano Romero Peña como
violados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el trámite del proceso ordinario laboral en
contra de COLPENSIONES, y en la cual se había declarado probada la
excepción de prescripción con respecto a la reclamación de reajuste pensional
por no haberse incluido un incremento contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
En consecuencia, se
dejará sin efecto la sentencia proferida el 26 de mayo de 2015 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que revocó la
sentencia dictada el 27 de marzo de 2015, por el Juzgado Dieciocho Laboral del
Circuito de Bogotá; ordenando a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, proferir una nueva sentencia dentro del proceso
ordinario laboral iniciado por el señor José Dustano Romero Peña, en la que se
tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
K.  SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
45. El señor José
Dustano Romero Peña interpuso acción de tutela considerando
que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado con ocasión de la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en la cual declaró la prescripción del incremento pensional del 14% por
cónyuge a cargo. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala planteó dos problemas
jurídicos, uno tendiente a verificar la configuración denominada
desconocimiento del precedente, y otra dirigida a establecer si la providencia
incurrió en una violación directa de la Constitución por ausencia de análisis
sobre el principio de favorabilidad laboral.
La
Sala determinó que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del
reconocimiento y pago del incremento del 14% a la pensión mínima por cónyuge a
cargo, de dos maneras. Por una parte, ha considerado que dicho reconocimiento
no hace parte integrante de la pensión; por lo tanto, no sigue la misma suerte
de ella, siendo susceptible de prescripción cuando no se solicita dentro de los
tres (3) años siguientes al reconocimiento de la pensión, posición que coincide
con la interpretación que, de manera reiterada, ha realizado la Corte Suprema
de Justicia. Por otra parte, ha considerado que el incremento por persona a
cargo es un elemento de la pensión, que sigue la suerte de las causas que le
dieron origen; por lo tanto, al ser la pensión imprescriptible, dicha
prestación también lo es, siendo afectadas por ese fenómeno sólo las mesadas
que no se reclamaron antes de los tres años previos al reconocimiento de dicho
incremento.
46. Como resultado
de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia,
observa
la Sala lo siguiente:
(a) El
defecto por desconocimiento del precedente constitucional se configura cuando, ante la
existencia de un conjunto de sentencias de
tutela con posiciones pacíficas, proferidas por la Corte Constitucional,
previas al caso que se debe resolver, con identidad de problemas jurídicos,
supuestos fácticos y aspectos normativos análogos, la autoridad judicial se aparta
de dicha línea jurisprudencial sin expresar las razones que motivaron su
apartamiento.
(b) Tratándose
de procesos que resuelven asuntos concernientes a la seguridad social, y ante
la existencia de dos interpretaciones razonables sobre una misma norma, la
autoridad judicial debe analizar cuál de las dos tesis es la más favorable al
trabajador o pensionado, y de esta manera dar aplicación directa al artículo 53
de la Constitución Política.
47. Sobre
la base de lo anterior, la Sala concluye que:
(a) No
se configuró la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional, ante la
ausencia de una línea
jurisprudencial clara y expresa, y de una postura reiterada y uniforme de esta
Corporación sobre la prescripción del incremento pensional. De esta manera, la autoridad judicial resolvió el caso siguiendo una
de las posiciones adoptadas por las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, que además coincide con la jurisprudencia dictada por el
tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral,
considerando que esta posición era la que interpretaba de mejor manera el
imperio de la ley.
(b) Pese
a lo anterior, la sentencia proferida por el tribunal sí incurrió en un defecto
por violación directa de la Constitución, puesto que, ante la existencia de dos
interpretaciones razonables de la Corte Constitucional sobre una misma norma de
seguridad social, el tribunal tenía la obligación de considerar lo dispuesto en
el  artículo 53 de la Constitución Política, en lo relacionado con el principio
de favorabilidad laboral y, por consiguiente, motivar la postura adoptada en el
caso concreto.
48. En consecuencia, la
Corte accederá a la pretensión del accionante, consistente en dejar sin efectos
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, ordenándole que profiera un nuevo fallo aplicando el
principio de favorabilidad laboral; y, por consiguiente, la Sala revocará el
fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia
proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el once (11) de noviembre
de dos mil quince (2015) en única instancia, en el trámite de la acción de
tutela incoada por José Dustano Romero Peña contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor José Dustano Romero
Peña.
Segundo.-
DEJAR
SIN EFECTO
la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá el veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), dentro
del proceso ordinario laboral iniciado por el señor José Dustano Romero Peña contra
Colpensiones.
Tercero.-
ORDENAR
a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferir una
nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor José
Dustano Romero Peña, en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas
en la presente providencia.
Cuarto.- Por Secretaría
General librar las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-395/16
INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL
CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO
DE LA PENSION-No hace parte de la
pensión y no constituyen un factor salarial (Salvamento de voto)
Conforme la naturaleza y finalidad del incremento, este no hace
parte de la pensión, pues se trata de un valor agregado a la mesada, en
proporción a la pensión mínima legal y que se encuentra condicionado al
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, se deriva del carácter de
pensionado, más no es una acreencia que nace de manera automática con la
pensión de vejez, razón por la cual se enmarca en los casos en que se aplica la
prescripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Los incrementos pensiónales
constituyen una prerrogativa que aumenta la mesada pensional, sin embargo, no
pueden asimilarse a un reajuste legal, pues la norma legal que los consagra, señala que no constituyen un
factor salarial. La
posibilidad de reclamarlos nace una vez se reconoce el derecho.
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD LABORAL E IN DUBIO PRO OPERARIO-Hace
referencia al deber de los operadores jurídicos de aplicar, en caso de duda, la
fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador, o la
interpretación de esas fuentes que le sea más favorable (Salvamento de voto)
Referencia: expediente
T-5.365.340 Acción de tutela interpuesta por José Dustano Romero Peña contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral
Magistrado Ponente:
ALEJANDO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, me permito exponer los argumentos que me condujeron a disentir
de la decisión adoptada por la Sala Tercera de Revisión:
1.   A mi juicio, los
incrementos por personas a cargo, mantienen su vigencia respecto de quienes
tienen una pensión reconocida en los términos del Decreto 758 de 1990. Prevén
una ayuda al pensionado quien todavía tiene personas a su cargo, cuyo aumento
solo se calcula con base en la pensión mínima, en consideración a los
requisitos previstos para acceder a la prestación y el monto de la pensión[94]. Conforme la
naturaleza y finalidad del incremento, este no hace parte de la pensión, pues
se trata de un valor agregado a la mesada, en proporción a la pensión mínima
legal y que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley, se deriva del carácter de pensionado, más no es una
acreencia que nace de manera automática con la pensión de vejez, razón por la
cual se enmarca en los casos en que se aplica la prescripción de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Los incrementos pensiónales constituyen una prerrogativa que
aumenta la mesada pensional, sin embargo, no pueden asimilarse a un reajuste
legal, pues la norma legal que los consagra, señala que no
constituyen un factor salarial. La posibilidad de reclamarlos nace una
vez se reconoce el derecho.
2.   Finalmente, en lo
que tiene que ver con el principio de favorabilidad como mandato constitucional
y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social, debe incluirse en su análisis el principio de
inescindibilidad, o conglobamiento, que implica que al momento de
elegir la norma más favorable, esta debe aplicarse en su totalidad, sin
escindir su contenido, argumento que aún más reafirma la postura de
prescriptibilidad de los incrementos pensiónales, como quiera que el mismo
Acuerdo 049 de 1990, señala expresamente que no hacen parte del monto de la
pensión. De otra parte, vale la pena hacer claridad que en materia favorabilidad,
el principio de in dubio pro operario señala que toda
duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan solo
existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como
admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más
favorable al trabajador.[95] "La Corte
explicó entonces que el principio de favorabilidad en materia laboral previsto
por el artículo 53 superior no impide la modificación de la normatividad
existente, incluso si la nueva regulación resulta menos favorable al
trabajador, ya que este principio tiene otro sentido, pues hace referencia al
deber de los operadores jurídicos de aplicar, en caso de duda, la fuente formal
de derecho vigente más favorable al trabajador, o la interpretación de esas
fuentes que le sea más favorable (in dubio pro operario)"[96](Énfasis
añadido). Al respecto, estimo que al momento de existir duda frente a las
distintas interpretaciones que pudiera tener una norma, esta debe tener "el carácter
de seria y objetiva, desde el punto de vista de la fundamentación de las
interpretaciones y su firmeza, pues de modo alguno el principio de
favorabilidad puede servir de patente de corso para que las posiciones
jurídicas sólidas, cedan ante las más débiles. "
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Folio 9 del cuaderno de
tutela.
[2] Según consta en la copia de la
partida de matrimonio, folios 33 y 34 del cuaderno de tutela.
[3] Según consta en la copia de la
Resolución No.023422 del 27 de mayo de 2008, expedida por el Instituto de
Seguro Sociales -seccional Bogotá-, folio 28 del cuaderno de tutela.
[4] En ese sentido, el actor aportó
copia de una certificación emitida por la UGPP en la cual hace constar que la
señora Marleny Bejarano de Romero identificada con cc 41697898 de Bogotá D.C.
no se encuentra pensionada, folio 30 del cuaderno de tutela. Adicionalmente,
adjuntó declaración juramentada ante Notaría en la cual manifiesta que su
cónyuge “depende de mí para todos sus gastos ya que no trabaja, ni recibe
pensión o renta alguna por parte de alguna entidad privada o por parte del
Estado”, folio 35 del cuaderno de tutela.
[5] Folio 29 del cuaderno de tutela.
[6] Folios 20 al 35 del cuaderno de
tutela.
[7] En el folio 12 del cuaderno de
tutela reposa cd de la audiencia donde se adoptó la decisión en primera
instancia.
[8] En el folio 13 del cuaderno de
tutela reposa cd de la audiencia donde se adoptó la decisión en segunda
instancia.
[9] M.P. Alexei Julio Estrada.
[10] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[11] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[12] Folios 12 al 14 del cuaderno de
primera instancia.
[13] Folios 20 al 22 del cuaderno de
primera instancia.
[14] Folios 28 y 29 del cuaderno de
primera instancia.
[15] Folios 16 al 19 del cuaderno de
primera instancia.
[16] Folios 3 al 13 del cuaderno
principal.
[17]  Cabe recordar que, desde
el año 1992 la Corte admitió la procedencia de la acción de tutela para atacar
una providencia judicial, en aplicación de la denominada doctrina de las vías
de hecho. Si bien, esta Corporación mediante sentencia C-543/92 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12
y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial
de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban
principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la
desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica; en
tal declaración de inexequibilidad, la Corte también estableció la doctrina de
las vías de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de
tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es
producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de
los jueces, que implica la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
Posteriormente, en la sentencia C-590/05 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), la Corte replanteó la doctrina de las vías de hecho en
términos de requisitos generales de procedencia y causales específicas de
procedibilidad. Esto, al considerar que “las sentencias judiciales pueden
ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos
adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia
sea necesariamente una decisión arbitraria y caprichosa del juez, era más
adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de
la acción que el de vía de hecho”.
[18] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] Sentencia C-590/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[20] Poder judicial
conferido por el accionante al abogado Juan Fernando Granados Toro, folio 9 del
cuaderno de tutela.
[21] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
[23] Es deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos antes de acudir a la acción de tutela.
[24] Ley 712 de 2001, “Por la cual
se reforma el Código Procesal del Trabajo”, artículo 86 “Objeto del
recurso de casación, sentencias susceptibles del recurso. A partir de la
vigencia del presente decreto y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos
en ese momento, en materia laboral sólo serán susceptibles del recurso de
casación los negocios cuya cuantía exceda de cien (100) veces el salario mínimo
mensual más alto vigente”.
[25] Ver Ley 712 de 2001, artículo 31
sobre causales de revisión.
[26] La tutela se debe interponer en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. Respecto del cumplimiento del
requisito de inmediatez cuando se interpone la acción de tutela contra una
providencia judicial, se pueden consultar las sentencias T-033/10 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-583/11 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-116/14
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[27] Folio 1 del cuaderno de primera
instancia.
[28] Folios 25 al 27 del cuaderno de
primera instancia.
[29] Respecto del cumplimiento del
requisito de inmediatez cuando se interpone la acción de tutela contra una
providencia judicial, se pueden consultar las sentencias T-033/10 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-583/11 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-116/14
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[30] Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
[31] En la sentencia SU-627/15 (M.P.
Mauricio González Cuervo) la Sala Plena unificó jurisprudencia sobre la
procedencia de la acción de tutela contra sentencia de tutela, estableciendo en
cuales casos sí sería procedente la demanda constitucional.
[32] Sobre la carencia absoluta de
competencia del funcionario que dicta la sentencia, ver la sentencia T-267/13
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[33] Cuando la decisión se fundamenta
en normas inexistentes o inconstitucionales o en fallos que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, ver la
sentencia C-590/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[34] Cuando
el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido. Ver
sentencias T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937/01 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa) y SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-196/06 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-996/03 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[35] Surge
cuando el juez carece del suficiente apoyo probatorio que le permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Ver
sentencias T-1068/06 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-266/09 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), las cuales se
refieren a la producción, validez o apreciación del material probatorio.
[36] Cuando el juez o tribunal es víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo conduce a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales. Ver sentencias T-1180/01 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), y SU-846/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), más recientemente
sentencia T-145/14 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[37] Implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Ver sentencia
T-114/02 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[38] Se presenta por ejemplo cuando
habiendo la Corte Constitucional establecido el alcance de un derecho
fundamental, el juez ordinario aplica una ley limitando dicho alcance. Ver
sentencias SU-640/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168/99 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[39] Cuando el juez da un alcance a
una disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución o, cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna
de las partes en el proceso, ver sentencia T-701/04 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), T-831 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) y T-369 del 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] En la sentencia T-830/12 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) dijo la Corte que el antecedente como concepto
jurídico se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se
estudia, que si bien puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, el aspecto relevante es que los conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, aplicados por el juez en ese caso, sirven como guía a otro
juez para resolver un caso similar. Así, el antecedente tienen un carácter orientador,
lo que no significa (a) que el juez no deba tenerlo en cuenta a la hora de
fallar, y (b) que éste exima a dicho juez  del deber de argumentar o exponer
las razones para apartarse de éste, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad.
[41] Ver las Sentencias T-292/06
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) y C-104/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y SU-053/15 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[42] Sentencia T-748/14 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[43] Sentencia C-335/08 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[44] Cfr. Sentencia T-791/13 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[45] Respecto a la importancia que
tiene el precedente de la Corte Suprema de Justicia en el sistema de fuentes de
derecho, se puede consultar la sentencia C-836/01 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[46] (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[47] Respecto del carácter vinculante
de los fallos proferidos por la Corte Constitucional en sede de amparo, se puede
consultar la sentencia C-335/08, numeral 8.1.
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[48] Sentencia C-816/11 (M.P. Mauricio
González Cuervo).
[49] Sentencia C-816/11 (M.P. Mauricio
González Cuervo).
[50] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[51] Cabe aclarar que, si bien es
cierto en las Sentencias T-066/09 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-091/12 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-527/12 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y T-363/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), se abordó de manera
tangencial el tema del incremento del 14% por cónyuge o compañera permanente a
cargo, también lo es que la asunto de constitucionalidad y problema jurídico en
esos casos, no versaba, específicamente, sobre el carácter imprescriptible de
esta prestación.
[52] Sala Octava de
Revisión, M.P. Alexei Julio Estrada. En esta oportunidad se estudiaron dos (2) acciones de tutela acumuladas, presentadas por dos personas que solicitaban
el incremento pensional del 14% con base en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. En estos casos, el incremento
solicitado fue negado al interior de la jurisdicción ordinaria, por cuanto, a
juicio de las autoridades judiciales, se configuraba el fenómeno de la
prescripción, razón por la cual se declaró probada dicha excepción.
[53] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, mediante la cual la Sala Séptima de
Revisión analizó varios casos, cuyos supuestos fácticos coinciden con los que
ahora se estudian.
[54] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. La
Sala Cuarta de Revisión, con el salvamento de voto de uno de sus magistrados
(Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), tuteló los derechos de accionantes dentro de
tres (3) procesos de tutela acumulados, en los que los accionantes pretendían
el reconocimiento del incremento pensional del 14%, el cual les fue negado por
diferentes jueces laborales, alegando, entre otras razones, que se encontraba
probada la excepción de prescripción frente a la prestación reclamada.
[55] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. La Sala Séptima de Revisión analizó una
acción de tutela presentada contra una sentencia proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se revocó la decisión del juez de
primera instancia en el proceso ordinario laboral y, se declaró que los incrementos
habían prescrito.
[56] Sentencia T-217/13 (M.P. Alexei
Julio Estrada).
[57] Específicamente, en la sentencia
T-831/14, la Sala Séptima de Revisión señaló: “Así, esta Sala considera que
la interpretación que mejor realiza los derechos fundamentales de los actores
es aquella que se aplicó en la sentencia T-217 de 2013, la cual es aquella que
resulta más favorable para los accionantes, por cuanto en esa oportunidad la
Corte consideró que el derecho en mención no se encuentra sometido a la regla
de prescripción de las acreencias laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de
las normas citadas, en las cuales regula el incremento bajo estudio, se
establece que dicha regla deba ser la aplicada al incremento en mención, pues
al definirse la naturaleza del mismo, sólo se señala que tal derecho subsiste
mientras perduren las causas que le dieron origen al mismo. De tal forma, lo
considerado en dicho fallo respecto de la imprescriptibilidad del derecho en
comento se encuentra en consonancia con el principio de favorabilidad, razón
por la cual concluir que tal derecho se encuentra afectado por el fenómeno de
la prescripción, en perjuicio de los peticionarios, contraría el principio de
favorabilidad, y por lo tanto, implica una violación directa de la Constitución”.
[58] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. En esta oportunidad, la
Sala Tercera de Revisión estudió el caso de un ciudadano a quien se le
reconoció la pensión de vejez en el año 1996 y en el 2011 solicitó ante el ISS
el incremento del 14%. En este asunto, debido a que dicha entidad se negó a
reconocer el incremento, el pensionado decidió iniciar un proceso ordinario
laboral, en el cual, el juez de primera instancia accedió a las pretensiones
pero, en la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la
decisión del a quo, por considerar que se encontraba probada la
excepción de prescripción. Por esta razón, el actor presentó acción de tutela,
alegando el desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
imprescriptibilidad del derecho a la pensión.
[59] M.P. Mauricio González Cuervo
[60] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. La Sala Tercera de Revisión de este tribunal volvió a
estudiar la materia, al revisar las decisiones adoptadas a raíz de una acción
de tutela que interpuso una persona contra un juzgado laboral municipal, porque
este último supuestamente había desconocido el precedente constitucional, al
haber declarado probada la excepción de prescripción respecto del incremento
pensional del 14% por cónyuge o compañera permanente a cargo.
[61] M.P. Mauricio González Cuervo. La Sala Segunda
de Revisión, en un caso de idénticas circunstancias a las del asunto que ahora
revisa esta Sala, resolvió negar el amparo deprecado, por considerar que no se
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional,
especialmente de la sentencia T-217 de 2013.
[62] M.P. Alejandro Linares Cantillo,
con salvamento de voto de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Díaz.
[63] Ver la sentencia T-292/06 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), autos 208/06 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y
019/11 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[64] En la sentencia T-949/03 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett) la Corte determinó que la violación directa a la
Constitución constituía una causal autónoma de procedibilidad de la acción de
tutela y que la misma gozaba de un carácter independiente, a pesar de tener
relación directa con el defecto sustantivo. En el mismo sentido, en la
sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte
Constitucional consideró como independiente la causal atinente a la violación
directa de la Constitución. En dicha oportunidad se indicó que: “… En quinto
lugar, se encuentran las situaciones en las cuales el juez incurre en una violación
directa de la Constitución y desconoce el contenido de los derechos
fundamentales de alguna de las partes. Se trata de los casos en los cuales la
decisión del juez se apoya en la interpretación de una disposición en contra de
la Constitución (Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001)…”
Al respecto, también se puede consultar la sentencia T-551/10 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[65] Sentencia T-555/09 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[66] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[67] Ver sentencia T-1143/03 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[68] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[69] Ver las sentencias SU-198/13
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-310/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y
T-555/09 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[70] Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[71] Sentencia T-490/05 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[72] Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[73] Ver sentencias
T-765/98 (M.P. José Gregorio Hernández) y T-001/99 (M.P. José Gregorio
Hernández).
[74] Ver entre otras, las sentencia
T-199/05 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590/09 (M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva), SU-198/13 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y T-809/10 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez).
[75] Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[76] Sentencia T-792/10 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[77] Sentencia T-631/02 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[78] Sentencia T-350/12 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[79]  En la sentencia C-168/95
(M.P. Carlos Gaviria Díaz) la Corte dijo: “La favorabilidad opera, entonces,
no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma
que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador”. Posición reiterada, entre muchas otras, en la sentencia
T-290/05 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[80] Sentencias
T-001/99 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-800/99 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz).
[81] Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrados
ponentes: Isaura Vargas Díaz y Jaime Moreno García, Número de Radicación No.
21517, Acta No. 65 del veintisiete (27) de julio de dos mil cinco (2005).
[82] Sentencia proferida el 30 de
octubre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería
dentro del proceso laboral iniciado por el señor Luis Hernando Herrera Silva
contra el Instituto de Seguros Sociales.
[83] Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado
ponente: Luis Javier Osorio López, Número de Radicación No. 29751, Acta
No. 98 del cinco (05) de diciembre de dos mil siete (2007).
[84] Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado
ponente: Francisco Javier Ricaurte Gómez, Número de Radicación No. 36345, Acta
No. 28 del diez (10) de agosto de dos mil diez (2010).
[85] Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado
ponente: Carlos Ernesto Molina Monsalve, Número de Radicación No. 57367, Acta No. 26
del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014).
[86] Sentencia
T-599/11 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[87] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[88] Sentencia T-545/04 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[89] Sentencia T-545/04 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[90] Sentencia T-545/04 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[91] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[92] En el folio 12 del cuaderno de
tutela reposa cd de la audiencia donde se adoptó la decisión en primera
instancia.
[93] Ver sentencia T-214/12 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[94] De conformidad con el
artículo 20 del Decreto 758 de 1990 se consagra un monto de la pensión de vejez
a partir del 45% del IBL con el tiempo de 500 semanas cotizadas.  El límite de
la pensión es hasta el 90% con 1250 semanas.
[95]
C-168-1995 y C-177-2005
[96]
C-551-1993