T-296-14
Sentencia T-296/14
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
ARMADO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
Se ha
consolidado amplia y reiterada jurisprudencia, tanto en análisis abstracto como
concreto de constitucionalidad, en torno al contenido, alcance y desarrollo de
los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, a partir de una
interpretación armónica de los artículos 1o, 2o, 5o,
7o, 11 a 13, 15 a 18, 22, 24 a 28, 42 a 47, 51, 58, 64, 65, 93, 229
y 250 de la carta política, así como de los lineamientos trazados por el
derecho internacional humanitario y los estándares internacionales del derecho
humanitario y de los derechos humanos respecto a las víctimas.
VICTIMAS
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional/ACCION
DE TUTELA DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Mecanismo
judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales
Se ha
determinado la procedencia de la acción de tutela para la protección de los
derechos fundamentales de los desarraigados, como sujetos de protección
constitucional reforzada que son y por la vileza del desplazamiento
constreñido, al igual que su carácter estructural, la naturaleza masiva,
sistemática y continua de este delito y la enormidad del daño antijurídico que causa.
Las víctimas de este flagelo se encuentran en ostensible
estado   de   indefensión,
debilidad   manifiesta   y extrema vulnerabilidad,
debiéndose aplicar el artículo 13 superior, para otorgarles especial protección
y realizar acciones afirmativas en su favor.
AYUDA
HUMANITARIA-Naturaleza,
características y modalidades
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que esta expresión de la ayuda humanitaria se
caracteriza por tratarse de acciones (i) de autoridades públicas, (ii) cuya
finalidad es socorrer, asistir y apoyar a la población desplazada; (iii) como
una ayuda de carácter temporal; (iv) de naturaleza urgente, inmediata y
temporal; y (v) cuyos componentes se refieren a mínimos para el cubrimiento de
necesidades básicas, tales como, entre otros, el alojamiento transitorio, la
asistencia alimentaria, los elementos de aseo personal, los utensilios de
cocina, el vestido básico y los servicios médicos.
VICTIMA
DE CONFLICTO ARMADO INTERNO-Término para solicitud de ayuda
humanitaria
Frente al término
o plazo de solicitud de la ayuda humanitaria, esta Corte ha indicado que es
constitucionalmente válido que el legislador, de conformidad con la necesidad
de planificar y ejecutar anualmente el presupuesto del Estado, fije términos
para que las víctimas del conflicto armado soliciten la entrega de la ayuda,
que se otorgará de manera razonable y no discriminatoria, atendidas las
especiales circunstancias de las víctimas. Los términos no pueden ser fijos e
inexorables, sino acoplables a la realidad, bajo parámetros flexibles, para
propiciar objetivamente el autosostenimiento; la ayuda humanitaria debe
otorgarse hasta que se supere la especial vulnerabilidad y se logre la
estabilidad socio-económica, con garantía de generación de ingresos.
VICTIMAS
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y AYUDA HUMANITARIA-Componentes,
etapas y fases, entrega efectiva, términos y prórrogas y garantía del tránsito
hacia soluciones duraderas de estabilización socioeconómica
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno
que puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
La
carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando "entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el que se profiere el
fallo se satisface la pretensión contenida en la demanda de amparo, en cuanto
cesa la violación o la situación de peligro de vulneración de los derechos
fundamentales invocados. La carencia actual de objeto por daño consumado se
presenta cuando "no se reparó la vulneración del derecho, sino por el
contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se
buscaba evitar con la orden del juez de tutela" de modo tal que ya no
es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo
único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del
derecho fundamental. También existe
carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra situación que haga
inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. En efecto, es posible
que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño
consumado o de un hecho superado sino de otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto, como cuando las circunstancias existentes al
momento de interponer la tutela se modificaron e hicieron que la parte
accionante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o
ésta fuera imposible de llevar a cabo.
INCLUSION
EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Orden al DPS y a la UARIV reconocer ayuda
humanitaria
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento de uno de los accionantes, quien
solicitó al DAP y la UARIV, efectuar inscripción en el registro único de
desplazados y reconocer ayuda humanitaria
Referencia:
expedientes acumulados T-2.468.056, T-2.496.301,
T-2.497.107, T-2.498.223, T-2.501.788, T-2.508.677, T-2.508.679, T-2.525.675, T-2.525.676,
T-2.525.678, T-2.525.679, T-2.525.681,
T-2.525.683, T-2.527.245, T-2.527.246, T-2.527.248,
T-2.527.252, T-2.535.020, T-2.538.328,
T-2.539.196, T-2.540.175 y T-2.542.937
Peticionarios:
Aureliano Sereno García y otros
Entidad
accionada: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C, veintiséis
(26) de mayo dos mil catorce (2014).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto
Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Acerca
de 22 asuntos seleccionados para
revisión, acumulados al referirse todos a personas desplazadas por la
violencia, que demandaron a la entonces Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, en adelante Acción Social, con funciones
hoy a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, con el fin de que se les proteja sus derechos fundamentales,
asociados a la ayuda humanitaria de emergencia como parte de la atención cabal
a la población víctima de desplazamiento forzado, con inclusión en el registro
único respectivo. Los expedientes llegaron a esta Corte por remisión efectuada
en virtud de lo ordenado por los artículos 31 y 32 del
Decreto 2591 de 1991.
La
Sala de Selección Doce de la Corte, mediante auto de diciembre 9 de 2009,
ordenó la revisión del expediente T-2.468.056
y luego la Sala Primera de Selección, en enero 25 de 2010,
acumuló los expedientes T-2.496.301, T-2.497.107,
T-2.498.223, T-2.501.788, T-2.508.677 y T-2.508.679,
que correspondieron también a la Sala Sexta de Revisión; así
mismo, la Sala Segunda de Selección, en febrero 19 siguiente, decidió acumular
a los anteriores los expedientes T-2.525.675, T-2.525.676, T-2.525.678,
T-2.525.679, T-2.525.681, T-2.525.683, T-2.527.245, T-2.527.246, T-2.527.248,
T-2.527.252, T-2.535.020, T-2.538.328, T-2.539.196, T-2.540.175 y T-2.542.937,
acumulación refrendada mediante auto de marzo 23 de 2010.
En abril
28 de 2010 se dispuso la suspensión de los términos respectivos, para efectuar
el ingente allegamiento adicional de elementos de demostración requeridos y la
subsiguiente apreciación probatoria, dentro del gigantesco recargo de trabajo
que padece esta corporación, labor que hasta ahora puede concluirse al
recibirse las últimas respuestas trascendentes en octubre 25 de 2013 y abril 8
de 2014.
I. ANTECEDENTES.
A. Revisión metodológica del presente pronunciamiento.
Previamente,
debe acotarse que si bien los asuntos bajo estudio fueron planteados en
demandas separadas, coinciden en aspectos esenciales, como el supuesto fáctico
generador de la trasgresión, los derechos fundamentales reclamados por los
actores y varios medios de comprobación, razón por la cual, con fines de
claridad expositiva y coherencia argumentativa, se realizará un recuento en
bloque sobre los hechos, diferenciando algunos elementos propios de cada caso.
1º.  Identificación de los asuntos objeto de revisión.
A
continuación, son relacionados los expedientes acumulados a la acción de tutela
T-2.468.056, con el nombre de los actores
y su identificación:
EXPEDIENTE
ACCIONANTE
IDENTIFICACION
1
2468056
Aureliano Sereno García
CC
3.966.567 de San Martin de loba
2
2496301
Maryleidis Gonzales Quiroz
CC 1.003.038.587 de becerril
3
2497107
Marleni López Franco
CC 60.279.814 de Cúcuta
4
2498223
Hernán de Jesús Correa Galeano
CC 15.677.275 de Planeta Rica
5
2501788
Sandra Marina García Gómez
CC 60.387.662 de Cúcuta
6
2508677
Rosa Llerena Chaverra
CC 41.567.037 de Bogotá
7
2508679
Carlos Enrique Giraldo Gartner
CC 8.319.280 de Medellín
8
2525675
Melida del Carmen Pertuz Lara
CC 26.854.214 de Palmar
9
2525676
Julia Esther España Navarro
CC 33.308.739 de Magangué
10
2525678
Elvia Rosa David Arias
CC 22.158.426 de Apartado
11
2525679
Ismenia Mercedes Pertuz Sarmiento
CC 26.859.008 de Remolino, Magdalena
12
2525681
Edith Yojana Pabuena Hernández
CC 32.837.006 de Baranoa
13
2525683
Angélica María Fuentes de Molina
CC 26.858.829 de Santa Rita Remolino
14
2527245
Fermín Antonio Arrieta Bohórquez
CC 73.549.078 del Carmen de Bolívar
15
2527246
Pedro Vásquez Sánchez
CC 12.623.296 de Ciénaga, Magdalena
16
2527248
Leidys María Álvarez Rodriguez
CC 1.080.011.528 de Sitionuevo,
Magdalena
17
2527252
Judhid Maria Pertuz Coronado
CC 1.129.537.444 de B/quilla
18
2535020
Genis Judith Gonzales Sandoval
CC 57.456.275 de Sitionuevo, Magdalena
19
2538328
Diana Patricia Cabrera Pascuas
CC 36.065.435 de Neiva
20
2539196
Karina Montes Cisneros
CC 33.219.992 de Mompos
21
2540175
Luis Eduardo Montoya Múnera
CC 75.038.187 de Anserma
22
2542937
Delio Oviedo Hernández
CC 1.117.492.720 de Florencia
Así
mismo se procederá más adelante, frente a la información relacionada con las
autoridades judiciales que dictaron los fallos de instancia y el resumen del
sentido de cada decisión.
A. Hechos y relatos
contenidos en las demandas
Los
actores interpusieron sendas demandas de tutela a nombre propio, contra Acción
Social, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y los de sus
núcleos familiares, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vivienda digna,
a la ayuda humanitaria de emergencia y las prórrogas correspondientes, con
reseña fáctica que puede sintetizarse de la siguiente manera:
1.
Expedientes T-2.468.056,
T-2.508.677,
T-2.508.679, T-2.525.675, T-2.525.676, T-2.525.678,
2.525.679, T-2.525.681, T-2.525.683, T-2.527.245, T-2.527.246,
T-2.527.248, T-2.527.252, T-2.535.020, T-2.538.328, T-2.539.196, T-2.542.937
Hechos
Indicaron
los actores que fueron desplazados forzadamente a causa del conflicto armado
que se padece en Colombia, habiendo sido incluidos, con sus familias, en el
Registro Único de Población Desplazada, RUPD.
Expresaron
también los demandantes que, en razón de lo dispuesto por la Ley 387 de 1997,
que adoptó medidas para la prevención del desplazamiento forzado, al igual que
para la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de
los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, en
varias ocasiones solicitaron el suministro de asistencia humanitaria de
emergencia que, según exponen, se ha cumplido en mínima forma y no se les ha
otorgado las prórrogas legalmente establecidas.
Solicitudes
de tutela
Los
accionantes solicitan que cesen las omisiones que ponen en peligro y vulneran
sus derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital, la dignidad humana
y la vivienda digna, al igual que a la ayuda humanitaria de emergencia y a las
prórrogas correspondientes, y que, en consecuencia, se disponga que Acción
Social, cuyas funciones fueron posteriormente asumidas por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, les proporcione a
cabalidad las ayudas humanitarias a que, en cada caso, tienen derecho.
2.
Expedientes T-2.496.301, T-2.497.107, T-2.498.223
y T-2.501.788
Hechos
También
señalaron los accionantes en estos casos, que por razón del conflicto armado se
vieron obligados a desplazarse de su lugar de origen, pero a diferencia de los
anteriores, no han logrado que los inscriban en el registro único de población
desplazada y por ello no han recibido las ayudas correspondientes por parte de
la entidad demandada, a pesar de haberlas solicitado en varias ocasiones.
Agregaron
que se encuentran en situación de extrema urgencia y no poseen los medios necesarios
para lograr su auto sostenimiento, por lo cual impetran la inscripción en el
registro y que les sean entregadas las ayudas a que por ley tienen derecho.
Solicitudes
de tutela
Estos
demandantes solicitan amparo a sus derechos de petición, mínimo vital y
estabilidad económica, como en oportunidades similares ha decidido la Corte
Constitucional, de manera que Acción Social, ahora Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, y la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, efectúen las respectivas
inscripciones en el registro único de desplazados y dispongan la entrega de las
ayudas humanitarias correspondientes.
B.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
1. Cuestión previa.
Tal
como se anunció en el acápite correspondiente a la identificación de los
asuntos sujetos a revisión, en el cuadro siguiente aparecen, con algunas
especificaciones (en 16 casos se denegó o rechazó
la pretensión por presunta inexistencia de vulneración a derechos fundamentales
o falta de pruebas, y en 6 se
concedió), las decisiones adoptadas por los diferentes despachos judiciales que
conocieron las acciones de tutela acumuladas, objeto del presente
pronunciamiento.
EXPEDIENTE Y ACTOR
SOLICITUD
ASPECTOS DIFERENTES
CONTESTO LA DEMANDA
DESPACHO JUDICIAL
DECISÓN
T-2468056 Aureliano Sereno
García
Entrega de ayuda
No
Tribunal Administ. Atlantico
Negó por falta de pruebas
T-2496301 Maryleidis González
Reconsiderar negativa inclusión en RUPD.
Entrega de ayudas
En enero 9 de 2009 depuso sobre
asesinato del suegro. Derecho de petición a Acción Social en agosto 3 de 2009
No
Juzgado 1o penal circuito adolesc.
Vall/upar
Negó por falta de pruebas
T-2497107 Marleny López Franco
Se le responda petición de ayuda socioeconómica
No hay copia de petición. Certif.
Personera de Tame nov. 24 de 2008 declaró ante Juzg. 1ª.  instancia
Si. Tildó declaración de contraria a la
verdad por fecha del desplazamiento
Juzgado 3 penal circuito B/ventura.
Sala Penal Tribunal Sup. Buga
Negó, porque Acción Social rebatió fecha
del desplazamiento, por estar en nov. 2008 afiliada en régimen contrib. Salud
B/ventura 2 inst. confirmó
T-2498223 Hernán de Jesús Correa Galeano
Reconsiderar negativa inclusión en RUPD
Declaró ante Personero de Medellín (feb.
4 de 2009). Resolución negando registro (feb. 27 de 2009) Recurso contra
dicha resolución.
Si. Está inscrito en Sisbén y en censo
electoral en lugar diferente al del presunto desplazamiento
Juzgado 12 Civil Circuito Medellín
Sala Civil Tribunal Superior de Medellín
Negó, exigiendo que se agote la vía
gubernativa.
2 instancia confirmó
T-2501788 Sandra Marina García Gómez
Inclusión en el RUPD
Resoluc. negando registro Certificación
estudiantil hija en La Gabarra.
Certif. Asociac. Desplazados de La
Gabarra.
Si, extemporáneamente
Juzgado 6 Civil Circuito Cúcuta
Negó, porque tiene otra vía
T-2508677
Rosa Llerena Chaverra
Ayuda humanitaria y estabilización
socioeconómica
Certif. de registro e inclusión en RUPD
desde feb. 8 de 2002
No
Juzgado Laboral Cto. Apartadó
Negó, por falta de inmediatez
T-2508679
Carlos Enrique
Giraldo Gartner
Ayuda humanitaria de emergencia
Certif. Personero de Acandí (Chocó)
No
Juzgado Laboral Cto. Apartadó
Negó, por falta de inmediatez
T-2525675
Melida del Carmen Pertuz Lara
Ayuda humanitaria de emergencia
Certf. Personero de Palmar de Valera
(Atlánt.). Copia derecho de petición, recibido
Sí, extempo-ráneamente
Juzgado 12 Civil Circuito B/quilla.
Negó petición
T-2525676
Julia Esther España Navarro
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido
No
Juzgado 8º Penal Circuito B/quilla.
Concedió petición
T-2525678
Elvia Rosa
David Arias
Prórroga, aunque expresa no haber
recibido nunca ayuda
Copia derecho petición, recibido
No
Juzgado 8º Penal Circuito B/quilla.
Concedió petición
T-2525679
Ismenia
Mercedes
Pertuz
Sarmiento
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido
No
Juzgado 8º Penal circuito B/quilla.
Concedió petición
T-2525681
Edith
Yojana
Pabuena
Hernández
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido. Copia
demuestra número inscripción
No
Juzgado 8º Penal Circuito B/quilla.
Concedió petición
T-2525683
Angelica
María
Fuentes de
Molina
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido. Certf.
Personero Candelaria (Atlán.): está inscrita en RUPD desde Noviemb. 2005
No
Juzgado 8º Penal Circuito B/quilla.
Concedió petición
T-2527245
Fermín Antonio Arrieta
Bohórquez
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido
No
Juzgado 5º Admin. Circuito B/quilla.
Negó, al estimar que no hay prueba
suficiente
T-2527246
Pedro
Vásquez
Sánchez
Ayuda humanitaria de emergencia
Copia derecho petición, recibido.
Declara ante Juzgado. Certif. De registro e inclusión en RUPD desde abril 20
de 2002
Si, extemporáneamente
Juzgado 5º Admin. Circuito B/quilla.
Negó,
al estimar que no hay prueba suficiente
T-2527248
Leidys María Álvarez
Rodriguez
Ayuda humanitaria de emergencia
Declara ante personero pueblo viejo
(Magd.)
No
Juzgado 5º Admin. Circuito B/quilla.
Negó, al estimar que no hay prueba
suficiente
T-2527252
Judith
María
Pertuz
Coronado
Ayuda humanitaria de emergencia
Código 851819
No
Juzgado 5º Admin. Circuito B/quilla.
Negó, al estimar que no hay prueba
suficiente
T-2535020
Gennis
Judith
Gonzalez
Sandoval
Ayuda humanitaria de emergencia
Declara ante Juzgado. Certif. Personería
Sitio Nuevo (Magd).
No
Juzgado 5º Admin. Circuito B/quilla.
Negó, al estimar que no hay prueba
suficiente
T-2538328
Diana
Patricia
Cabrera
Pascua
Ayuda humanitaria de emergencia
Declara ante Juzgado. Certif. sobre hijo
con parálisis cerebral y luxación congénita cadera y atrofia pierna izq.
No
Juzgado 1º Penal Circuito Neiva
Negó, porque se encuentra afiliada a
Sisbén y está trabajando en restaurante donde gana $8.000 diarios y le
suministran vivienda y alimentación
T-2539196
Karina
Montes
Cisneros
Ayuda humanitaria de emergencia
No
Juzgado 8º Flia.
B/quilla.
Negó, al estimar que no hay prueba
suficiente
T-2540175
Luis
Eduardo
Montoya
Múnera
Proyecto productivo
Código 784363. Declara ante Personero
Medellín. Queja contra UAO
No
Juzgado 14 Civil Circuito Medellín
Negó, porque puede presentar otro
proyecto productivo
T-2542937
Delio
Oviedo
Hernández
Prórroga de ayuda humanitaria y proyecto
productivo
No hay copia derecho petición. Copia
documentos identidad de miembros de su núcleo familiar
Si. Tiene dos propiedades en distinto
lugar al desplazamiento, por lo cual le fue negada ayuda de vivienda. Se
encuentra incluido y se le ha dado otra ayuda
Juzgado 1º Civil Circuito Florencia
Sala Única Tribunal Superior Florencia
Negó, pues ha sido favorecido con
diferentes programas, desvirtuándose  afirmación actor.
2ª inst. confirmó
2. Planteamientos generales contenidos en los fallos
de instancia.
En
los casos en que las pretensiones fueron negadas, las decisiones de los jueces
se soportaron básicamente en los siguientes argumentos:
2.1. El
amparo era improcedente para resolver las situaciones, por no mediar perjuicios
irremediables, pues los actores han sido atendidos y recibieron ayudas a raíz
de la intervención y gestión de la entidad accionada[1].
2.1.2.
No aparecía demostrado que se haya acudido a la entidad accionada para que se
pronuncie sobre las entregas y, de tal manera, no procede la acción de tutela
al no haber agotado la actuación administrativa que ha sido establecida con el
objeto de obtener la ayuda de manera oportuna y eficaz; otros advirtieron que contra
las resoluciones que negaron la inscripción en el RUPD procedían medios de
defensa suficientes e idóneos para controvertir sus motivaciones y la parte
resolutiva. Esta acción es improcedente para desconocer actos administrativos
amparados por la presunción de legalidad[2].
Además,
en algunos fallos se advirtió que los demandantes podían solicitar ante la
entidad accionada la revocatoria directa de los actos administrativos que les
negaron la inclusión en el RUPD, existiendo de tal forma acción judicial
diferente para obtener lo pretendido.
2.1.3.
El amparo constitucional busca la protección inmediata de los derechos
vulnerados, por lo que la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y la
inclusión en programas de generación de ingresos debe proporcionarse de forma
inmediata al desplazamiento, resultando improcedente la acción de tutela cuando
no sea propuesta en un tiempo razonable y oportuno[3].
2.2.   No
son suficientes las afirmaciones de los demandantes en el sentido de ser
desplazados, sin aportar los mínimos elementos probatorios para que el juzgador
pueda tenerlas por ciertas y ordenar la tutela de sus derechos fundamentales,
para hacer efectivas las prestaciones asistenciales pedidas.
2.3.   En
los fallos proferidos accediendo a las pretensiones invocadas, se consideró que
la acción de tutela era el mecanismo expedito para solucionar las vulneraciones
presentadas, particularmente frente al derecho de petición al no ser atendidas
las solicitudes, siendo tal derecho fundamental en sí mismo y, por tanto,
merecedor del amparo constitucional[4].
II.
PRUEBAS ACOPIADAS EN EL CURSO DE ESTA REVISIÓN
Mediante
auto del 28 de abril de 2010, la Corte Constitucional decretó el allegamiento
de pruebas dentro de los procesos acumulados de la referencia, ordenando a la
entonces Acción Social reportar información detallada y actualizada de la
situación en cada caso y, de igual manera, solicitando a los actores (as) datos
de relevancia en este proceso acumulado.
En consecuencia, fueron siendo incorporadas las siguientes
probanzas:
1. La
entonces Acción Social presentó, en junio 22 de 2010 y mayo 5 de 2011, informes
detallados de cada uno de los casos acumulados que ocupan la atención de esta
Sala, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, en
octubre 25 de 2013 aportó el informe según lo solicitado en octubre 28 de 2013[5], indicando
que:
EXPEDIENTE Y
ACTOR
ESTADO
RUPD
PROGRAMAS
MAYO
5 DE 2011
OCTUBRE 25 DE
2013
T-2468056
Aureliano Sereno García
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL Asist. Humanitaria:
Dos entregas por $975.000; último
pago Dic. 15 de 2009.
FLIAS EN ACCION. Ult. Pago
$960.000, abril 21 de 2010
RUAF
Seguridad Social (salud),
programas sociales (activo en Familias en Acción)
ACCIÓN SOCIAL Kit de cocina y
vajilla; mercados; kit de habitad interno; kit higiene y aseo, todo en
febrero 25 de 2003
Le fue asignado el turno
3C-106604
para prórroga.
Se encuentra activo en el régimen
subsidiado de salud
UARIV Asist. Alimentaria: Dos
entregas, por $622.500 y $645.000
Apoyo Alojamiento: Dos
por $892.500 y $975.000
Giros Bancarios:
Dos, por $892.500 y 975.000 en
Atlántico.
T-2496301 Maryleidis Gonzalez
No incluida
Esposa o compañera permanente
INFOJUNTOS:
(educación, salud, vivienda con
serv. públicos, capacitación, ayudas). No cuenta con acompañamiento para goce
efectivo de derechos a causa del desplazamiento.
Indígena
Obs: a su suegro lo asesinaron en
Becerril (Cesar)
Familias en Acción (papá e hija)
ACCION SOCIAL
No incluida
desde febrero 13 de 2009, como causal que su declaración es contraria a la
verdad.
T-2497107
Marleny López Franco
No incluida
Jefe de hogar
RUAF
(Red de eguridad alimentaria
RESA)
Seguridad social (salud, régimen
contributivo)
ACCION SOCIAL
No incluida
desde abril 27 de 2009, aduciéndose como causal que la declaración es
contraría la verdad.
T-2498223
Hernán de Jesús Correa Galeano
No incluido
Jefe de hogar
RUAF
Seguridad social (salud),
programas sociales (Red de seguridad alimentaria RESA)
ACCION SOCIAL
No incluida
desde abril 27 de 2009, aduciéndose como causal que la declaración contraría
la verdad.
T-2501788
Sandra Marina Garcia Gomez
No incluida
Jefe de hogar
RUAF
Seguridad social (salud)
ACCION SOCIAL
No incluida
desde octubre 25 de 2007, aduciéndose como causal que la declaración
contraría la verdad.
T-2508677
Rosa Llerena Chavera
No aparece
RUAF
Seguridad social (salud) y
programas sociales.
Familias en Acción, activa,
último pago marzo 12 de 2008 por $180.000, realizado en el lugar de donde
afirma haber sido desplazada
ACCION SOCIAL
No reporta entrega ayuda
humanitaria, asignándosele el turno 3C-238073 para ese efecto.
Activa en el régimen subsidiado
de salud
UARIV
Asist. alimentaria:
Dos entregas de 555.000 cada una.
Apoyo alojamiento:
Dos, por $765.000 y $885.000
Giros bancarios:
Uno por $765.000 en Chocó y otro
por $885.000 en Bogotá.
T-2508679
Carlos Enrique
Giraldo Gartner
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria, una entrega
por $510.000 dic. 10 de 2009
Familias en Acción (último pago
$600.000, en abril 21 de 2010). Víctimas de la violencia (pago $472.000, no
registra fecha)
RUAF
Seguridad social (salud)
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria por $510.000 en dic, 10 de 2009.
Le fue asignado el turno
3D-101928
para prórroga
Se encuentra activo en régimen
subsidiado de salud
UARIV
Asist. alimentaria:
Tres entregas por $450.000,
$495.000 y $270.000, respectivamente
Apoyo Alojamiento
3 por $660.000, $825.000 y
$510.000
Giros bancarios:
3 Tres en total, por $660.000 en
Chocó , $825.000 en Bogotá y $510.000 en Antioquia
T-2525675
Mélida del Carmen Pertuz Lara
Incluida
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria 4 entregas por
$3.165.000; último pago Oct. 5 de 2009.
Auxilio de alojam. (4) pagos
$300.000, ult. entrega Nov. 20 de 2006. Generación ingresos impredim. negocio
$1.172.000,  últ. entrega Dic. 15 de 2006
Familias en Acción (último pago
$30.000 mayo 24 de 2010)
RUAF
Seguridad social (salud),
programas sociales (formación para población desplazada). Familias en Acción,
Servicio Público de Empleo (SENA), vivienda de interés social, matrícula
sector oficial.
ACCION SOCIAL
Asist. humanitaria por $300.000 en nov. 20 de 2006, $855.000 en nov. 26 de
2008, $1.035.000 en junio 16 de 2009, $975.000 en oct. 5 de 2009.
Le fue asignado el turno
3C-99662 para prórroga
Se encuentra activa en el régimen
de subsidio de salud.
UARIV
Asist. Alimentaria:
seis entregas, las primeras tres por $375.000, $510.000, $600.000
respectivamente y las últimas tres de $645.000 cada una
Apoyo alojamiento:
seis por $645.000, $720.000,
$810.000 , $975.000, $1.035.000 y $855.000.
Giros bancarios:
Seis en total, por por
$645.000, $720.000, $810.000, $975.000, $1.035.000 y $850.000. en Atlántico
T-2525676
Julia Esther España Navarro
Incluida
Esposa o compañ. permanente
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria $1,470.000 dic 18 de 2009; asist. psicosocial (10), últ.
Jun. 12 de 2008; vestuario, $182.000 en abril 8 de 2008;
Transporte (3) $30.000 Ult mayo
19 de 2008: alim. $1.050.000 ult. entrega mayo 19 de 2008: kit no alim.
$76.000 Marzo 19 de 2008; kit bebe $12.000, abirl 8 de 2008; kit hábitat.
$180.000, marzo 19 de 2008; generación de ingresos (10) por $1.978.000, ult.
entrega Oct. 2 de 2008.
Familias en Accion último pago
$130.000 en 21 abril de 2010.
RUAF
Seguridad social (salud)
ACCIÓN SOCIAL
Capacitación (3) ult. en oct. 2
de 2008; talleres (5), ult. en jun. 12 de 2008; apoyo económico (8), último
en jun. 12 de 2008; un kit de bebé en abril 8 de 2008; actividades lúdicas
(2) ult. en mayo 29 de 2008; sesiones de seguim. y acompa. (2) ult. en julio
11 de 2008; orientación en oferta institucional en marzo 18 de 2008; kit de
hábitat interno en marzo 19 de 2008; auxilio de arriendo (3), ult. en mayo 19
de 2008; kit de cocina y vajilla en marzo 19 de 2008; acompañamiento
psicosocial en marzo 28 de 2008.
Le fue asignado el turno
3D-75358 para prórroga.
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud.
UARIV
Asist. Alimentaria:
Dos por $765.000 y $915.000
respect. y tres por $1.050.000 cada una.
Apoyo alojamiento:
6 por $330.000
$1.095.000, $1.245.000, 2 pagos
de $1,380.000 cada uno y $1.470.000
Giros bancarios: 6
en total, por
$330.000, $1.095.000,$1,245.000,
dos de $1.380.000 cada uno y $1.470.000
T-2525678
Elvia Rosa
David Arias
Incluida
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria: Alimentos,
ult. entrega oct. 11 de 2007; asistencia psicosocial (4) pagos bancarios
$3.060.000, ult. entrega enero 19 de 2010; alojamiento $300.000 ult. marzo 23
de 2006; kit hábitat. Ult. entrega oct. 11 de 2007.
Familias en Acción solo 2
miembros núcleo familiar, $1.190.000 y otro $515.000 ult. pago abril 21 de
2010.
RUAF
Seguridad social (salud);
programas sociales (Flia. Eb acción), servicio publico de empleo (SENA)
JUNTOS :
Sisben, educación, vivienda
habitable, agua potable y otros servicios públicos domiciliarios, pero
menores no tienen vacunas requeridas
ACCIÓN SOCIAL
Mercados (dos), última entrega en
oct. 11 de 2007; terapia y taller de acompañamiento. psicosocial; entrega de
kit de hábitat, cocina y vajilla en octubre 11 de 2007; auxilio de arriendo
mensual en marzo 23 de 2006
Le fue asignado el turno
3C-119877 para prórroga
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud.
UARIV
Asist. Alimentaria
Cinco, por $1.050.000 cada una.
Apoyo alojamiento:
Seis, el primero por $330.000 y
los cinco restantes por $1.380.000 cada uno.
Giros bancarios:
Seis, el primero por $330.000 y
los cinco restantes por $1.380.000 cada uno.
T-2525679
Ismenia
Mercedes
Pertuz
Sarmiento
Incluida
Jefe de hogar con hija e hijastra
ACCIÓN SOCIAL
Asist. Humanitaria ult. entrega abril 28 de 2009, por banco $1.726.000; tipo
de afiliación, Mpio.. o Dpto. sin definir
RUAF: Caja de
Compensación Familiar Atlántico.
Régimen contributivo en estado
activo desde 30 de enero 2007, salud total EPS
ACCIÓN SOCIAL
Componente Programa Flias. en Acción $1.726.000 julio 1 de 2007
Le fue asignado el turno
3C-136494 para prórroga.
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud
UARIV
Asist. alimentaria:
Cinco entregas ($1.050.000, dos por $825.000 , $735.000 y $1.050.000)
Apoyo Alojamiento
Cinco ($1.320.000 dos por
$1.095.000, $1.726.000 y $1.005.000)
Giros bancarios :
Cinco ($1.320.000 y $1.095.000,
en Magd.; ;  $1.726.000 y $1.005.000 en Atlántico
T-2525681
Edith
Yojana
Pabuena
Hernández
Incluida
Jefe de hogar con hija e hijastra
Familias en Acción
Le pago $115.000
ACCION SOCIAL
Informa que otorgó prórroga de
ayuda humanitaria dentro de los últimos 90 dias – sin indicar el tipo.
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud.
T-2525683
Angelica
Maria
Fuentes de
Molina
Incluida
Jefe de hogar
ACCIÓN
SOCIAL
Asist.
humanitaria
última entrega Dic. 21 de 2009,
por Banco $2.940.000; tipo de afiliación y Mpio. y Dpto. sin definir.
Familias en acción (los dos
padres y dos hijos).
Activa
RUAF
Vivienda de interés social
(otorgada y activa).
Red de Seguridad Alimentaria RESA
ACCIÓN SOCIAL
Dos entregas de $1.470.000 la
última en diciembre 21 de 2009.
Le fue asignado el turno
3C-153680 para prórroga.
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud.
UARIV
Asist. Alimentaria:
Seis entregas por $1.050.000 cada
una
Apoyo Alojamiento
Primero cuatro aportes de
$1.320.000 y luego dos por $1.470.000 cada uno
Giros bancarios:
Seis desembolsos, los primeros
cuatro de $1.320.000 y los últimos dos de $1.470.000 cada uno
T-2527245
Fermín Antonio Arrieta
Bohórquez
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. Humanitaria
Alojam. $100.000; pago por banco
$2.575,000.
Generación de ingresos: GI
emprendimiento ult. Entrega feb. 27 de 2008, por $1.590.602; GI incentivo
$300.000;
Kits no alimentarios (3)
RUAF
Salud caprecom, reg. Subsid.
Activo, cabeza  de familia. Pensiones: ISS activo, cotizante, dependiente.
Caja de compens. Familiar contributivo, inactivo, dependiente. Servicio
publico de empleo (SENA).
Cuenta con estudio de medición de
derechos.
ACCIÓN SOCIAL
Auxilio de arriendo
Dos entregas , la ult. En dic. 15
de 2005; capacitación en emprendimiento en feb. 15 de 2008;
Dos apoyos económicos, el ult. En
feb. 27 de 2008; mercado en enero 25 de 2005;  kit de higiene y aseo en enero
25 de 2005.
Revisión a programa de vivienda
en dic.31 de 2001
Le fue asignado el turno
3D-101934 para prorroga.
Se encuentra activo en el régimen
subsidiado de salud.
AURIV
ASIST. ALIMENTARIA:
Seis entregas , las primeras 5
por $654.000 cada una y la ultima por $215.000
APOYO ALOJAMIENTO:
Seis, los primeros 2 por $915.000
y tre por $975.000
Y el ultimo por $325.000
Giros bancarios:
dos por $915.000 y dos por
$975.000
Y el ultimo por $325.000 en
Atlántico y uno de $975.000 en Bogotá .
T-2527246
Pedro
Vásquez
Sánchez
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Alimento : 5 veces por $100.000
sin definir dpto.
SIFA (Familias en acción): de 11
miembros del nucleo 4 aparecen retirados; ultimo pago $1.400.000, no aparecen
retirados; ultimo pago $1,400.000, no aparece fecha
Alojamiento: 1 vez, sin especif.
Valor. Pago por banco $2,100.00
Kits: 5 por $100.000 cada una ,
sin especificar
Subsidio vivienda entregado , por
valor de $10.842.500
RUAF
Seguridad social:
Caprecom, subsid. Activo,
cotizante
Servicio público empleo (SENA);
vivienda de interés social; formación pobla. desplazada
ACCIÓN SOCIAL
Remisión a programa de
capacitación laboral en enero 1 de 2000;
Asesoría psicosocial en enero 1
de 2002; Kit de higiene y aseo tres entregas ult. En julio 4 de 2002.
Le fue asignado el turno
3C-131867
Ara prorroga
Se encuentra activo en el régimen
subsidiado de salud.
UARIV
ASIST. ALIMENTARIA: seis
, las primeras 2 de $870.000, una por $$915.000 y las ult. Tres por
$1.050.000 cada una
APOYO ALOJAMIENTO:
Seis, primeras 2 de $870.000, una
por $915.000 y las ult. Tres por $1.050.000
Giros Bancarios:
primeras 2 de $870.000, una or
$$915.000 y las ult. Tres por $1.050.000 cada una pagados en
Atlántico
T-2527248
Leidys María Álvarez
Rodriguez
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Alimento: cinco entregas no
especif. Valor ni dpto. alojamiento: un auxilio sin especif, valor.
Pago por banco $1.155.000
Kit no alimentario: 5 veces, no
especif.
Kit hábitat:4 veces sin especif.
SIFA (familias en acción ): cinco
miembros de unidad fliar. En estado elegible inscrito.
RUAF
Pensiones: ISS, activo no
cotizante dependiente, Salud Caprecom, subsidiado, activo, cabeza de familia.
Riesgos: seguro de vida Colpatria
Servicio público de empleo
(SENA). Vivienda de interés social; formación para pobl. Desplazada.
ACCIÓN SOCIAL
Dos entregas: $1,155,000 en dic.
29 de 2009, $915.000 en abril 30 de 2010
Le fue asignado el turno
3C-159058 para prorroga
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud
UARIV
Asist. alimentación
7 entregas :
Dos de $645.000 , una de
$450.000, una de $495.000 y tres de $645.000
Apoyo alojamiento:
8 entregas :
$330.000, $915.000, dos de $720.000,
$765,000, $915.000   $1,155.000  (dos)
Giros bancarios: 8 en
$330.000, dos de $915.000,
$720.000, $765,000, $915.000 y dos de  $1,115.000
En Atlantico.
T-2527252
Judith
María
Pertuz
Coronado
Incluida
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Pagos banco:
$915.000
Red de seguridad alimentaria RESA
Seguridad social empresa
solidaria de salud y desarrollo integral (activo, cabeza de familia,
subsidiado)
ACCIÓN SOCIAL
Una entrega de $915.000 en marzo
3 de 2010
Fue asignado el turno
3C-168284 para prorroga
Se encuentra activa en el régimen
subsidiado de salud
UARIV
Asist. alimentaria
4 entregas : $1,050.000
3 y la última por $645.000
Apoyo de alojam.: 5
entregas $420.000 (dos), $1,470.000, $1.380.000 y $915,000
Giros Bancarios:5 en
Atlánt.
$420.000 (dos), $1,470.000,
$1.380.000 y $915,000.
T-2535020
Gennis
Judith
Gonzalez
Sandoval
Incluido
Jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Flias en acción: 4 personas,
grupo distinto al declarado en RUPD, $1,350.000 pagado , beneficiaria,
activa.
RUAF
Seguridad social: humana EPS,
contributivo, activo, cotizante.
ACCIÓN SOCIAL
No se accedió a la solicitud de
ayuda humanitaria , al estar afiliada a régimen contributivo, entendiéndose
que ella y su núcleo familiar se hallan en estado de autosostenibilidad
T-2538328
Diana
Patricia
Cabrera
Pascua
Incluida
Esposa o acompañanta permanente
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria: transporte 4
entregas cada una por $45.000
Asist. alimentaria: 3 entregas
cada una por $654.000 y alojamiento
Kit no alimentario:1 por $39.130,
sin definir dpto.
Kit hábitat: 1 por $126.000 sin
definir dpto.
Generación de ingresos:
emprendimiento 1 por $1.500.000
Familias en acción formación para
pobl. Desplazada (activos).
RUAF: cooperativa de
salud comunitaria, comparta: subsid. Activo, cabeza de familia, Huila.
Pensiones: ISS, inactivo
dependiente
10
UARIV
Asist. alimentaria: 6
seis entregas, las rimeras 2 de 600.000 las ultimas 4 de 645.000
Apoyo alojam.:
7 ,de $270.000, $870.000,
$810.000, $915.000 (tres)y $975.000’
Giros Bancarios :
7 en total,  $270.000, $870.000,
$810.000, $915.000 (tres)y $975.000 en Bogotá.
T-2539196
Karina
Montes
Cisneros
Incluida esposa o acompañanta
permanente
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria:
Dos entregas, por Banco
$2.940.000
Flias. En acción:
Ult. Pago $1,430.000
RUAF:
Saludvida EPS, subsidiado, activo
B/quilla, cabeza de familia.
Servicio público de empleo (SENA)
ACCIÓN SOCIAL
Taller de acompa. Psicosocial en dic.
22 de 2009; apoyo econom. dos entregas, última en diciembre 22 de 2009:
Orientación en oferta
institucional realizada en octubre 23 de 2009.
Le fue asignado el turno
3D-64226 para prorroga.
Activa en el régimen subsidiado
de salud
UARIV
Asist. alimentaria: Cinco
entregas: $630.000,
$810.000 (dos)y $1.050.000 (dos).
Apoyo de Alojamiento :
Seis, $420.000 cada uno.
Giros bancarios:
Seis todos en atlántico :
$420.000, $1.05.000, $1,230.000 (dos), y $1.470.000 (dos últ.)
T-2540175
Luis
Eduardo
Montoya
Munera
Incluido
jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria: alimentación
: 5 oportunidades, por $645.000 sin definir dpto.
Alojamiento: una , oport. por
$330.000, sin definir dpto.
Pagos banco: tres, por $2.130.000
Kit no alimentario. : nueve, sin
definir monto.
Kit hábitat: por $180.000, sin
definir dpto.
RUAF activo en :
salud, Caprecom, subsidiado, Medellín, cabeza de familia.
Servicio público de empleo (SENA)
Familias en acción formación para
desplazados; vivienda de interés social. Pensiones: ISS, Inactivo,
dependiente.
T-2542937
Delio
Oviedo
Hernández
Incluido
jefe de hogar
ACCIÓN SOCIAL
Asist. humanitaria
Pago banco: uno por $510.000.  G.eneración
de ingresos: 3 por $1.500.000
Familia guarda bosques:
$3.600.000.
Familias en acción: salud, ISS,
inactivo, servicio público de empleo (SENA).
Formación para desplazados;
hábitat y vivienda.
2.En
virtud de lo requerido en los ordinales 2o, 5o y 8o
de la parte resolutiva del auto de abril 28 de 2010, antes citado, los
siguientes accionantes allegaron la respuesta pertinente, como se sintetiza a
continuación:
2.1.   Para
el expediente acumulado T-2497107, demandante Marleny López Franco, se
allegó un escrito en mayo 11 de 2010, donde se relata que fue desplazada de
Tame, Arauca, como consecuencia de amenazas de grupos armados al margen de la
ley, según consta en certificado de la Personería de dicho municipio, de
noviembre 24 de 2008 (f. 33 cd. Corte).
Se
encuentra radicada en Buenaventura y dice no haber obtenido ningún tipo de
ayuda, ni alguna medida especial de protección, continuando en deterioro su
situación económica y de salud.
2.2.     Diana
Patricia Cabrera Pascua (expediente acumulado T-2538328)
respondió en mayo 19 de 2010 que es madre cabeza de hogar y tuvo
dos hijas y un hijo, una de las cuales falleció, la otra padece discapacidad
severa y el tercero estudia.
Expuso
no haber recibido ayuda humanitaria, porque es su ex esposo quien aparece como
jefe del hogar, pero él los abandonó y ella estaba tramitando el cambio, para
acceder a los recursos de sostenibilidad. No ha sido beneficiada por programas
de restablecimiento económico y se encuentra desempleada.
Adjunta
dos certificados de nacimiento, otro de discapacidad, otro de escolaridad de su
hijo y otro de defunción.
2.3.     Rosa
Llerena Chaverra (expediente acumulado T-2508677), mediante
escrito de septiembre 8 de 2010 indicó que está incluida en la base de datos de
población desplazada, código 90492; no ha recibido ayuda humanitaria, por lo
cual la pide, anotando que su situación económica es crítica.
3.En
representación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Victimas, en abril 8 de 2014 fue
actualizada y complementada la información requerida, así (fs. 115 y ss. cd.
Corte):
3.1.   La
razón tenida en cuenta para que los demandantes de estas acciones acumuladas no
fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV), emana de
lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 y se da cuando la
declaración es contraria a la verdad.
3.2.
Sin embargo, de los 22 actores solo dos a
la fecha no han sido inscritos, a saber: i) Hernán de Jesús Correa Galeano
(exp. T-2498223), "por
cuanto al realizar la verificación correspondiente en las bases de datos de la
consulta del Sisben y en la Registraduría- Censo Nacional, se tiene que el
señor presenta contradicciones en las inscripciones que realizó en el sistema
en relación con el tiempo de residencia en el lugar de ocurrencia de los hechos
generadores del desplazamiento”; ii). Sandra
Marina García Gómez  (exp.  T-2501788), “por cuanto al realizar la
verificación correspondiente en las bases de datos de la consulta del Sisbén y
en la Registraduría – Censo Nacional y Fosyga, se tiene que la señora presenta
contradicciones en las inscripciones que realizó en el sistema en relación con
el tiempo de residencia en el lugar de ocurrencia de los hechos generadores del
desplazamiento”.
Agregó
que al analizar las razones por las cuales se negó la inclusión de las
anteriores solicitudes, se determinó "falta a la verdad y
causas diferentes ", aclarando
que fueron estudiadas a la luz de la normatividad vigente para el momento, Ley
387 de 1997.
3.3.Frente a los demandantes que sí se
hallan incluidos en el RUV, informó:
i)Aureliano Sereno García (T-2468056)
falleció en septiembre 2 de 2011.
ii)
Maryleidis González Quiroz (T-2496301);
Marleny López Franco (T- 2497107); Rosa Llerena Chaverra (T-2508677); Carlos
Enrique Giraldo Gartner (T-2508679); Mélida del Carmen Pertuz Lara
(T-2525675); Elvia Rosa David Arias (T-2525678); Ismenia Mercedes Pertuz
Sarmiento (T- 2525679); Fermín Antonio Arrieta Bohórquez (T-2527245); Pedro
Vásquez Sánchez (T-2527246); Leidys María Álvarez Rodríguez (T-2527248), Judith
María Pertuz Coronado (T-2527252); Genis Judith González Sandoval (T- 2535020);
y Luis Eduardo Montoya Múnera (T-2540175), tienen "giro
disponible desde marzo 25 de 2014 en el Banco Agrario, por ayuda humanitaria ".
iii)     Han
cobrado el último giro Angélica María Fuentes de Molina (T-2525683), en
diciembre 23 de 2013; Delio Oviedo Hernández (T-2542937), en diciembre 30 de
2013; Diana Patricia Cabrera Pascua (T-2538328) y Karina Montes Cisneros
(T-2539196), ambas en enero 16 de 2014; y Julia Esther España Navarro
(T-2525676), en enero 17 de 2014.
iv)     En
cuanto a Edith Yojana Pabuena Hernández (T-2525681), la ayuda humanitaria se
encuentra a favor de Emilse María Hernández Ruíz (C. C. 64928752), quien es la
jefe de hogar.
3.4.Advirtió
también el representante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas que la "Corte Constitucional en cada uno de
los asuntos que acumuló resaltó que los accionantes se encuentran en situación
de extrema vulnerabilidad, razón por la cual la Unidad para las Víctimas... dio
desarrollo a la ruta de atención, asistencia y reparación integral para
promover el goce efectivo de los derechos de las víctimas y en esa medida
transformar su realidad social, favoreciendo el desarrollo y reconocimiento
como sujeto de derechos", a partir de lo cual "aplicó
a los intervinientes el plan de atención, asistencia y reparación integral
(PAARI) vía telefónica, el cual se establece como instrumento que busca
identificar las necesidades y capacidades actuales de las víctimas
(individualmente) y de los grupos familiares para garantizar de manera
ordenada, gradual, progresiva y coherente el acceso a las medidas de
asistencia, atención y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011" (f.
121 ib.).
En
tal virtud, informó que remitió las planillas de inclusión de los accionantes
Rosa Llerena Chaverra, Carlos Enrique Giraldo Garnert, Mélida del Carmen Pertuz
Lara, Julia Esther España Navarro, Elvia Rosa David Arias, Ismenia Mercedes
Pertuz Sarmiento, Edith Yohana Pabuena Hernández, Angélica María Fuentes
Molina, Fermín Antonio Arrieta Bohórquez, Pedro Vásquez Sánchez, Leidys María
Alvarez Rodríguez, Judith María Pertuz Coronado, Genis Judith González
Sandoval, Diana Patricia Cabrera Pascuas, Karina Montes Cisneros, Luis Eduardo
Montoya Múnera y Delio Oviedo Hernández, junto con sus grupos familiares, para
su atención efectiva, solicitando a las entidades competentes un "trámite
urgente y prioritario", dando cumplimiento a las
acciones interpuestas por las víctimas y a la reiterada solicitud de la Corte
Constitucional, para que se las incluya en los programas de generación de
ingresos, atención prioritaria en salud y psicosocial, y capacitación y
formación para el trabajo.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
Problema jurídico y esquema de resolución
1.1.   La
Corte debe resolver en esta oportunidad, si a los demandantes de tutela como
víctimas de desplazamiento forzado, en los 22 procesos seleccionados para
revisión que fueron acumulados, les han sido vulnerados sus derechos
fundamentales asociados al acceso a la ayuda humanitaria, en sus diferentes
componentes, etapas y fases, entrega efectiva, términos y prórrogas, y la
garantía del tránsito hacia soluciones duraderas de estabilización
socio-económica, por parte de la otrora Acción Social, hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011, y Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según los
artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011 y el
artículo 146 del Decreto 4800 de 2011, que ahora son las entidades
responsables, en el marco institucional de la atención humanitaria a las
víctimas de desplazamiento forzado.
1.2.   Para
resolver el problema jurídico planteado, la Corte tomará como base la sentencia
T-702 de septiembre 4 de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas
Silva, que desarrolló: (i) la protección constitucional especial a la población
desplazada por la violencia; (ii) la protección constitucional específica
respecto de la atención humanitaria en sus diferentes componentes y fases;
(iii) el nuevo marco legislativo que regula los derechos de las víctimas a la
reparación integral, en la Ley 1448 de 2011 (Ley
de Víctimas") y sus decretos reglamentarios; para
finalmente (iv) resolver los casos en concreto.
Segunda.
Sentencia T-702 de septiembre 4 de 2012[6],
sobre protección constitucional a
las víctimas de desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia.
2.1.
En relación con el desplazamiento forzado, esta corporación ha insistido en
deplorar su magnitud criminal y de grave violación estructural de los derechos
humanos, y la ingente afectación a las víctimas, de manera masiva, sistemática
y continua[7]. Es por ello que la
jurisprudencia constitucional lo ha calificado como "un
problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las
personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado"[8];
'''un verdadero estado de emergencia social", "una tragedia nacional,
que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas " y "un serio peligro para la
sociedad política colombiana"[9].
Es un
gravísimo y complejo cúmulo de problemas, maldades y tropelías, que por sus
dimensiones y atroz impacto social demanda y demandará del Estado y de la
sociedad, el diseño y ejecución de un conjunto de acciones efectivas, que no
están realizando oportunas, para solucionarlo y prevenir la perpetuación y
expansión de los quebrantamientos a los derechos humanos, lo cual dimana
directamente de los mandatos de la Constitución  Política  colombiana (cfr.
Preámbulo y art. 2º, entre otros), en consonancia con lo dispuesto en tratados
internacionales que reconocen derechos humanos e integran el bloque de
constitucionalidad (cfr. Art. 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que impone el deber de garantía del Estado)[10]
Teniendo
en cuenta ese carácter estructural y el desenfreno del desplazamiento forzado,
conculcador de múltiples derechos fundamentales de la gran inmensa cantidad de
seres humanos, esta Corte declaró el estado de cosas inconstitucional[11], que
"contraría la racionalidad implícita en el
constitucionalismo", al causar una "evidente
tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración
de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la
diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de
colombianos”[12]
La
Corte ha evidenciado igualmente la falta de capacidad institucional del Estado
para evitar adecuadamente las consecuencias de este propagado delito y le ha
exigido al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones como garante de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, para la superación de tal estado de
cosas inconstitucional[13], a partir de un mayor
compromiso político, institucional y presupuestal, mediante el diseño e
implementación de una verdadera política pública de prevención del
desplazamiento y de atención integral a la población desarraigada[14].
Así
la Corte ha reafirmado una serie de derechos mínimos de las víctimas del
desplazamiento forzado, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados
argumentando falta de asignación presupuestal o incapacidad institucional de
las entidades encargadas de atenderles. Entre estos derechos se encuentra en
primera línea la atención humanitaria de emergencia, que coadyuve a la
subsistencia digna de las personas en esta situación, que el Estado se
encuentra en la obligación de garantizar y posibilitar.
Al
respecto, se ha consolidado amplia y reiterada jurisprudencia, tanto en
análisis abstracto como concreto de constitucionalidad, en torno al contenido,
alcance y desarrollo de los derechos de las víctimas del desplazamiento
forzado, a partir de una interpretación armónica de los artículos 1o,
2o, 5o, 7o, 11 a 13, 15 a 18, 22, 24 a 28, 42
a 47, 51, 58, 64, 65, 93, 229 y 250 de la carta política, así como de los
lineamientos trazados por el derecho internacional humanitario y los estándares
internacionales del derecho humanitario y de los derechos humanos respecto a
las víctimas.
2.2.
También se ha determinado la procedencia de la acción de tutela para la protección
de los derechos fundamentales de los desarraigados, como sujetos de protección
constitucional reforzada que son y por la vileza del desplazamiento
constreñido, al igual que su carácter estructural, la naturaleza masiva,
sistemática y continua de este delito y la enormidad del daño antijurídico que
causa. Las víctimas de este flagelo se encuentran en ostensible   estado   de
indefensión,   debilidad   manifiesta   y extrema vulnerabilidad, debiéndose
aplicar el artículo 13 superior, para otorgarles especial protección y realizar
acciones afirmativas en su favor[15].
2.3.      En
relación con el daño causado por el desplazamiento forzado, la jurisprudencia
de esta Corte ha identificado los derechos constitucionales fundamentales que
usualmente resultan vulnerados o amenazados por esa conducta criminal, que
aparecen reseñados en la precitada sentencia T-025 de 2004: (i) vida en
condiciones dignas; (ii) derechos de los niños, de las mujeres cabeza de
familia, personas en situación de discapacidad y de avanzada edad, y otros
grupos especialmente protegidos; (iii) escoger domicilio; (iv) libre desarrollo
de la personalidad, libertad de expresión y de asociación; (v) unidad familiar;
(vi) salud; (vii) integridad personal; (viii) libertad de circulación por el
territorio nacional y permanencia; (ix) trabajo y libertad de escoger profesión
u oficio; (x) alimentación congrua; (xi) educación; (xii) vivienda digna;
(xiii) a la paz; (xiv) a la personalidad jurídica; y (xv) a la igualdad.
En
razón de esta diversidad de derechos conculcados a las víctimas de
desplazamiento, la Corte ha resaltado la obligación del Estado de otorgarles un
trato preferente[16], el cual debe traducirse
en la adopción de acciones afirmativas a su favor, de acuerdo con lo dispuesto
en los incisos 2o y 3o del artículo 13 de la Constitución
Política[17].
2.4.      Frente
al reconocimiento por parte del Estado de la condición de desplazamiento
forzado por la violencia, la Corte ha expresado en múltiples pronunciamientos,
que es "una situación de hecho o fáctica, y
que el registro único de población desplazada" no es
"un
requisito constitutivo de la condición de desplazamiento, sino un requisito
administrativo de carácter declarativo, que provee prueba de la calidad de
desplazado"[18][19]
Al
respecto, la Corte ha expresado que "la condición de víctima
es una situación fáctica soportada en el padecimiento, no en la certificación
que lo indique, tampoco en el censo que revela la magnitud del problema. Sin
perjuicio de la utilidad que las certificaciones y censos pudieren prestar en
función de la agilidad y eficacia de los procedimientos"[20].
Por
tanto, la condición de desplazado emana de la realidad y no depende de la
certificación que respecto de esta condición efectúe la autoridad competente,[21]
ya que se encuentra determinada por elementos fácticos y objetivos, tales como
la coacción o violencia como causa del desplazamiento, y que la migración sea
interna, entre otros.
Es
claro que siempre que una persona se encuentre en condición material de
desplazado forzado, tiene el derecho constitucional y legal de recibir una
protección especial por parte del Estado y de ser beneficiaría de las políticas
públicas diseñadas para estas víctimas[22].
2.5.
Para lograr la protección constitucional a la ayuda humanitaria para la
población desplazada, por medio de la ayuda humanitaria de emergencia, la Corte
Constitucional acudió a los principios rectores suscritos en el sistema general
de las Naciones Unidas[23], para hacer referencia a
las actividades internacionales e internas de los Estados, dirigidas a prestar
asistencia básica en pro de la subsistencia de las víctimas de desastres o
catástrofes naturales, o de conflictos internos, o incluso de intervenciones
armadas para reinstaurar la democracia, teniendo por objeto la protección de
los derechos humanos y la atención a los más necesitados.
Así
mismo, ha señalado esta Corte que el concepto de asistencia humanitaria hace
parte de los derechos de solidaridad o de "tercera
generación", constituyendo un principio y derecho
fundamental radicado en cabeza de toda persona de cualquier país del mundo, y
que a través de la asistencia o ayuda humanitaria se coadyuva a hacer efectivos
los derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación, la educación y
la vivienda, entre otros. De tal forma, los Estados no solo están obligados a
prestar la asistencia humanitaria, sino también a colaborar y no obstruir el
ingreso o entrega de las ayudas provenientes de organizaciones y de la
comunidad internacional[24], que también puede
desplegarse indirectamente, a través de convenios nacionales e internacionales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Decreto 4800 de 201 1[25].
De
otra parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que esta expresión de
la ayuda humanitaria se caracteriza por tratarse de acciones (i) de autoridades
públicas, (ii) cuya finalidad es socorrer, asistir y apoyar a la población
desplazada; (iii) como una ayuda de carácter temporal; (iv) de naturaleza
urgente, inmediata y temporal; y (v) cuyos componentes se refieren a mínimos
para el cubrimiento de necesidades básicas, tales como, entre otros, el
alojamiento transitorio, la asistencia alimentaria, los elementos de aseo
personal, los utensilios de cocina, el vestido básico y los servicios médicos[26].
2.5.1.  En la
referida sentencia T-712 de 2012, fueron analizados los elementos que
caracterizan la ayuda humanitaria, así:
(i)
Protege el mínimo vital de la población
desplazada, al hacer parte del "derecho a una
subsistencia mínima", teniendo como fin
constitucional brindarle asistencia a quienes han sido forzosamente
desarraigados, para satisfacer sus necesidades básicas de "alimentación,
salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de
hábitat interno y salubridad pública"; en
consecuencia, abarca "tanto la ayuda humanitaria de
emergencia que se presta desde el momento en que ocurre el desplazamiento, como
los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico
y de retorno"[27]
(ii)   Se
cataloga como derecho fundamental, ya que a pesar de las restricciones
presupuéstales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como
expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el
Estado, para que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación[28].
(iii)    La
finalidad es el cumplimiento de la obligación por parte del Estado de
garantizar el mínimo vital a las víctimas de desplazamiento forzado, es decir,
brindar aquellos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas e
imprescindibles de la población desplazada[29].
(iv)    Debe
ser inmediata, urgente, oportuna y temporal, por contener bienes y servicios
que son apremiantes y esenciales para la supervivencia de la población
desplazada en el corto plazo; esta Corte ha entendido que el Estado tiene la
obligación constitucional y legal de reservar el presupuesto necesario para
proveer oportunamente la ayuda humanitaria, de suerte que la ausencia de
recursos no puede convertirse de ninguna manera en una excusa para someterlos a
una espera desproporcionada de la asistencia[30].
Igualmente,
es de la naturaleza de la atención humanitaria su carácter temporal, lo cual
significa que no constituye una prestación a la que se tenga derecho de manera
indefinida, pues su otorgamiento está limitado a un plazo flexible, dentro del
cual se constate que la persona en condición de desplazamiento ha podido suplir
sus necesidades más urgentes[31], superar las condiciones
de vulnerabilidad y reasumir su proyecto de vida. Así, la política pública en
materia de desplazamiento tiene como propósito que las personas avancen hacia
la estabilización socioeconómica y el auto sostenimiento.
2.5.2.  La
jurisprudencia ha definido los eventos en que se vulnera el derecho a la
subsistencia mínima de la población desplazada, determinado cuando: i) sin razón,
se deja de reconocer la ayuda humanitaria de emergencia a quien haya hecho
declaración del desplazamiento ante la autoridad competente con el objeto de
obtener inclusión en el RUPD[32]; ii) se condiciona la
entrega de la ayuda humanitaria a requisitos de difícil o imposible
cumplimiento; a la presentación de solicitud escrita de la ayuda humanitaria; y
la exigencia de que sea el jefe del hogar quien solicite la ayuda, entre otras[33];
iii) se niega la entrega de la ayuda humanitaria por falta de presupuesto de la
entidad encargada de pagarla; iv) se reconoce el derecho al pago de la ayuda
humanitaria de emergencia, pero no se hace entrega efectiva de la misma, por
cuanto el reconocimiento formal no solventa materialmente la urgencia
manifiesta de las personas en situación de desplazamiento; y iv) la asistencia
humanitaria se brinda de una manera tan incompleta o parcial, que queda
desprovista de toda posibilidad de contribuir efectivamente a que la persona
que ha sido desplazada pueda solventar sus mínimas necesidades[34].
2.5.3.    La
ayuda humanitaria ha de estar conformada por prestaciones de servicios básicos,
que garanticen el mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas para las
víctimas de desarraigo forzado, tales como salud, alimentación, alojamiento,
atención psicológica y salubridad, entre otros.
La
Corte ha afirmado que la atención humanitaria debe proveer a la persona en
situación de desplazamiento, mínimo de alimentos indispensables, agua potable,
alojamiento básico, vestido adecuado y servicios médicos y de saneamiento[35].
El alojamiento se garantiza por medio de subsidios para la fase de
consolidación y reasentamiento en los lugares de origen o de reubicación, esto
es, vivienda digna, derecho fundamental que puede ser protegido por medio de la
acción de tutela[36].
Así,
el subsidio de vivienda hace parte del mínimo prestacional dirigido a
garantizar el alojamiento básico, provisional y transitorio, con previo
albergue en instalaciones públicas o privadas, mediante convenios para entrega
de recursos o pago de arrendamiento, en la etapa de emergencia o transición. De
otro lado, el subsidio de vivienda, es un mecanismo para acceder a morada
digna, con carácter de asistencia integral a cargo del Estado, siendo en
consecuencia una obligación progresiva.
2.5.4. Frente
al término o plazo de solicitud de la ayuda humanitaria, esta Corte ha indicado
que es constitucionalmente válido que el legislador, de conformidad con la
necesidad de planificar y ejecutar anualmente el presupuesto del Estado, fije
términos para que las víctimas del conflicto armado soliciten la entrega de la
ayuda, que se otorgará de manera razonable y no discriminatoria, atendidas las
especiales circunstancias de las víctimas. Así se estudió en la sentencia C-047
de enero 24 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynnett, que declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 16 de la Ley 418 de 1997, en el
entendido de que el término de un año para la reclamación de la ayuda debe
contarse desde el momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito, que
haya impedido presentar oportunamente la solicitud de asistencia, atendiendo
además que los desplazados en muchos casos desconocen sus derechos o enfrentan
especiales dificultades para reivindicarlos y acceder a las autoridades, lo que
en nada desdibuja, sin embargo, su condición de merecedores de especial
protección constitucional[37].
2.5.5.
Respecto a la temporalidad de la ayuda humanitaria de emergencia,
frente a la entrega, los términos y las prórrogas contempladas en el artículo
15 de la Ley 387 de 1997, que disponía en su parágrafo único que a "la
atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más", en la
sentencia C-278 de abril 18 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, se determinó
la inexequibilidad de las expresiones ahora escritas en negrilla, al considerar
que i) el término de tres meses resulta demasiado rígido para atender de manera
efectiva a la población desplazada y no responde a la realidad de permanente
vulneración de sus derechos, y ii) la situación de la población desplazada
puede agravarse con el paso del tiempo, por lo que no es razonable que el
alivio de las necesidades dependa del factor temporal, debiendo entenderse,
frente a lo hallado exequible (el resto del parágrafo), "que
el término de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa disposición
será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento
".
2.5.5.
Posteriormente, siguiendo la línea
indicada, se anotó que "la entrega de una ayuda
y una prórroga resulta insuficiente en la gran mayoría de situaciones, y por lo
mismo, no alcanza para que puedan paliarse y finalmente, superarse los grandes
quebrantamientos, por lo que el término para brindar ayuda debe operar a favor
y no en contra de los desplazados "[38].
2.5.6.    En
conclusión, los términos no pueden ser fijos e inexorables, sino acoplables a
la realidad, bajo parámetros flexibles, para propiciar objetivamente el
autosostenimiento; la ayuda humanitaria debe otorgarse hasta que se supere la
especial vulnerabilidad y se logre la estabilidad socio-económica, con garantía
de generación de ingresos[39].
2.5.5.1.
De tal manera, para la prórroga de la atención humanitaria de emergencia han de
observarse los siguientes lineamientos: i) Mitigar la situación apremiante,
debiendo superarse las restricciones presupuéstales, tomando siempre en cuenta
que detrás de cada situación de real desplazamiento forzado subyace un
incumplimiento de los deberes del Estado (art. 2o Const); ii) para
la entrega se debe respetar el orden cronológico de causación y solo puede
efectuarse una entrega prioritaria ante una urgencia verdaderamente imperiosa y
manifiesta; iii) cada prórroga debe ser analizada en concreto; iv) debe
procederse hasta que el afectado haya recuperado sus condiciones de
autosostenimiento[40].
De
conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional reitera que existe un
plazo mínimo, pero no uno máximo para la entrega de la ayuda humanitaria, que
se prorrogará para aquellas víctimas que a) sigan en la situación de especial
vulnerabilidad o urgencia extraordinaria, que les haya provocado el desplazamiento;
b) no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un
proyecto de estabilización o restablecimiento socio económico; c) merezcan
especial protección constitucional, con enfoque diferencial que brinde
prórrogas espontáneas, constatada la persistencia del daño, en compensación
para niños, niñas, adolescentes, mujeres cabeza de familia y personas de la
tercera edad y en situación de discapacidad, subsistiendo la obligación hasta
tanto se logre la consolidación de soluciones duraderas.
Es
así inadmisible que la entidad competente niegue la entrega de la ayuda
humanitaria a desplazados, simplemente porque ya se ha otorgado, pues es claro
que la atención humanitaria durante un lapso corto y fijo no es suficiente para
superar la urgencia extraordinaria, ni regresar a la estabilización socio­económica
de las víctimas.
-.
.5.2. También se han determinado unas regias jurisprudenciales sobre las etapas
de la ayuda humanitaria de emergencia y su relación con las prórrogas, con
diferentes momentos o etapas:
ETAPAS
Inmediata o de urgencia
Emergencia
Transición
Debe    otorgarse    en el momento en
que se verifica el desplazamiento forzado
Se
entrega una vez superada la etapa inicial de urgencia y la víctima haya
ingresado al sistema integral de atención a la población desplazada
Se
debe entregar pasadas las etapas anteriores
PRORROGA
Se
debe otorgar de manera oportuna, aunque aún esté pendiente el ingreso de las
La
aprobación se supedita a evaluar las condiciones y grados de vulnerabilidad
de
víctimas
al   sistema de atención   integral   y su enrutamiento, condicionada la
prórroga a que se valore y se establezca la continuidad de    las
condiciones de vulnerabilidad
los
desplazados forzados. La prórroga automática[41]
lleva a la no suspensión a sujetos de protección constitucional reforzada,   sin
que sea necesario adelantar nuevas valoraciones (enfoque diferencial)
CLASES
DE PRORROGA
General
Automática
Se
trata del orden normal del proceso, interrumpido, en el que las autoridades
primero evalúan la solicitud y después entregan la ayuda
La administración puede esperar a recibir solicitud por parte de
los desplazados, para poner en marcha el sistema de atención y realizar
evaluaciones,   para   aprobar la prórroga y desembolsar los recursos
Parte
de una verificación objetiva o de hecho     sobre     la     capacidad de
autosostenimiento del núcleo familiar
Su
entrega debe ser ininterrumpida, de acuerdo con los autos de la Sala Especial
de Seguimiento de esta corporación sobre derechos de los desplazados, lo que
implica gran diferencia en términos operacionales, ya que conlleva una
inversión del orden normal del proceso de evaluación y aprobación de las
prórrogas
Primero
se debe entregar y no suspender la entrega de la ayuda humanitaria, y
posteriormente se hace la evaluación de la condición de vulnerabilidad, para
estudiar si es o no necesario seguir otorgándola
La
administración se encuentra en la obligación de idear un mecanismo para
garantizar la entrega de manera ininterrumpida, sin que la población
desplazada eleve la solicitud respectiva.
Se procede de manera subjetiva
Es de
concluir que la entrega de la ayuda humanitaria a la población desarraigada no
puede suspenderse por parte de la entidad competente, hasta tanto (i) las
condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales de
la víctima del desplazamiento forzado desaparezcan; (ii) se haya superado la
urgencia extraordinaria y la situación de vulnerabilidad; (iii) se haya logrado
la transición, al consolidarse la estabilización socioeconómica, de tal manera
que esté garantizado su autosostenimiento.
2.6.
Respecto de los turnos, orden de entrega de la ayuda humanitaria y derecho a la
igualdad, la Corte Constitucional ha determinado unas reglas, organizadas en la
sentencia T-702 de 2012, ya citada, así:
i) Se
debe ajustar a un estricto orden cronológico establecido por la entidad
responsable, salvo en casos excepcionales en los que se justifique la entrega
prioritaria debido a la urgencia manifiesta del actor. Así fue dispuesto en la
sentencia T-1161 de diciembre 4 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra: "La
población desplazada atendida por la Red de Solidaridad, en principio, tiene
derecho a un trato igualitario del cual se deriva el respeto estricto de los
turnos.'"
i i)
La acción de tutela no es un mecanismo para alterar los turnos para recibir el
apoyo de la entidad responsable de los programas de atención al desplazamiento,
pues eso atenta contra el derecho de igualdad de los demás desplazados. Sin
embargo, se ha establecido que tienen derecho a conocer la fecha cierta y
concreta en la que se proporcionará la ayuda, por cuanto la entrega tardía
contribuye a perpetuar las etapas de emergencia y transición.[42]
Con
todo, la asignación de turnos no puede afectar el carácter inmediato con el que
se debe proporcionar la ayuda.
iii)  La
garantía al derecho de igualdad se entiende como atención humanitaria brindada
de manera universal a toda la población desplazada, respetando el carácter
inmediato y urgente de la misma, de manera que se señale un término razonable y
oportuno. La asignación de turnos es un sistema administrativo, que no puede
convertirse en impedimento para no informar a la víctima sobre el momento de
entrega de la asistencia, ya que es un requisito procedimental supeditado a la
garantía material de un derecho de rango fundamental[43].
De conformidad con lo expuesto, ha enfatizado la Corte que la regla general de
respeto por el orden cronológico no constituye una excusa para que la entidad
competente no pueda informar a las personas el término en el cual la ayuda
humanitaria será entregada.
iv)  La
ayuda humanitaria no tiene carácter retroactivo, de manera que la falta "en
el suministro de la atención humanitaria de emergencia no constituye un crédito
a favor de la persona desplazada por la violencia que le genere un saldo
dinerario a ser cobrado retroactivamente, toda vez que ello desnaturaliza esta
medida que busca suplir las necesidades inmediatas a fin de otorgar un nivel de
vida digno y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales''[44]
v)     La
ayuda humanitaria tiene vocación transitoria, en principio, como medida
provisional previa a las soluciones duraderas, de manera que constituye un
puente entre el hecho del desplazamiento, la atención de urgencia, de
emergencia y la garantía de superación de la situación de desplazamiento y de
las condiciones de vulnerabilidad.
Esta
corporación ha sostenido que es deber mínimo del Estado identificar, con plena
participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación
individual y familiar, su procedencia, sus necesidades particulares, sus
habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna
y autónoma a las que puede acceder en corto y mediano plazo, con miras a
definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de
estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así cómo emplear la
información que provee la población desplazada para identificar alternativas de
generación de ingresos para los desplazados[45].
Esta
Corte señaló unas falencias respecto de la implementación de la política
pública en materia de garantía del derecho fundamental a la ayuda humanitaria,
resaltando que[46]: i) frente a la entrega
efectiva, continua, completa y su prórroga, los obstáculos hacen referencia a
tener acceso oportuno a la oferta estatal; ii) las dificultades presentadas por
parte de las autoridades nacionales para la verificación de la ayuda
humanitaria y la prórroga, si es necesaria; iii) la falta de notificación
oportuna para la ayuda y prórroga de la misma, sumado al exceso de
centralización, terminan manifestándose en la entrega inoportuna y baja
cobertura de la ayuda humanitaria y de su prórroga.
En
atención de las falencias detectadas, esta corporación ha señalado tres casos
de quebrantamiento, en relación con las referidas dificultades, así: i)
vulneración de derechos a causa de las falencias en cabeza de las entidades
territoriales del nivel municipal y las imputadas a la falta de protección por
parte de las entidades del orden departamental y nacional, acorde con el
principio de subsidiariedad; ii) violación como consecuencia de las falencias
en cabeza de las autoridades del nivel nacional, que imponen a las entidades
territoriales cargas excesivas en relación con la población desplazada; iii)
por las falencias en materia de ayuda humanitaria inmediata o de urgencia.
2.8.   Por
ende, con el fin de reiterar los parámetros o criterios constitucionales relativos
a la garantía del derecho a la ayuda humanitaria y con ello orientar la
política pública y la implementación de la Ley 1448 de 2011 y su
reglamentación, para subsanar las falencias halladas, esta Corte ha indicado
los tres contextos y las sub-reglas, cuando se pone en riesgo y/o se vulnera el
derecho fundamental al mínimo vital relacionado con el reconocimiento y la
entrega efectiva, completa y oportuna de la ayuda humanitaria[47]:
2.8.1.
El primer contexto es si la entidad competente no reconoce, a pesar de tener el
deber de hacerlo, la ayuda humanitaria o la prórroga a las personas que cumplen
los requisitos para recibir esta ayuda, por ser desplazadas. Frente a este
contexto la Corte ha formulado las siguientes sub-reglas[48]:
"Primera
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho fundamental al mínimo
vital de la población desplazada cuando las autoridades no reconocen la ayuda
humanitaria o su prórroga aduciendo únicamente requisitos, formalidades y
apreciaciones que no se corresponden con la situación en la que se encuentra
esa población.
Segunda
sub-regla: Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada, cuando las autoridades no reconocen la ayuda humanitaria
aduciendo requisitos, formalidades y apreciaciones que no se encuentran
establecidos en la ley. "
2.8.2.  Segundo,
cuando no se le notifica al interesado sobre la decisión o, pese a haberlo
notificado, no se hace efectiva la entrega real de la ayuda humanitaria de
emergencia o la prórroga de ésta, por razones que no tienen soporte en la ley
vigente y la Constitución. Frente a esta situación este Tribunal ha formulado
las siguientes sub-reglas:
"Primera
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada cuando las autoridades responsables se limitan a responder
formalmente a una solicitud de ayuda humanitaria y no se hace su entrega
efectiva.
Segunda
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada cuando las autoridades responsables se limitan al
reconocimiento de la ayuda humanitaria por medio del acto administrativo
correspondiente y no se hace su entrega efectiva.
Tercera
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital cuando
no se hace entrega efectiva de la ayuda humanitaria por razones injustificadas
como la falta de notificación de la decisión al interesado; cuando la entidad
competente se resiste a su desembolso injustificadamente; o incluso, bajo el
pretexto de que la entidad competente se encuentra limitada en materia
presupuestal por hacer parte de una política nacional de reestructuración de
competencias y racionalización de gastos."
2.8.3.  Finalmente,
la Corte encontró que el tercer contexto se desarrolla al brindarse esta ayuda
humanitaria de manera incompleta o parcial, de modo que no puede el desplazado
solventar sus mínimas necesidades, sin permitirle una vida digna. Frente a esta
situación determinó las siguientes sub-reglas:
"Primera
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada cuando la ayuda humanitaria no se entrega de manera
inmediata y urgente.
Segunda
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada cuando la asistencia humanitaria se entrega de manera
dispersa a lo largo del tiempo y de manera incompleta.
Tercera
sub-regla. Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al mínimo vital de la
población desplazada cuando la entrega de la ayuda humanitaria no se acompaña
del acceso a salidas efectivas frente a la situación de emergencia fruto del
desplazamiento sino que perpetúa la condición de vulnerabilidad en la que se
encuentra la población desplazada. La efectividad de la ayuda humanitaria
depende de la existencia del acceso a tales salidas. "[49]
2.9. Hay
que recordar el nuevo marco legislativo que regula los derechos de las víctimas
a la ayuda humanitaria, Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas, y su
Decreto Reglamentario 4800 de 2011.
2.9.1.
Tal preceptiva, con algunas variantes, regula el marco jurídico actual,
encaminado a lograr la garantía y protección del derecho fundamental de las
víctimas a la atención y a la reparación integral. Así se precisa en el numeral
4o del artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, sobre los derechos de las
víctimas a solicitar y recibir atención humanitaria.
El
objeto de la ayuda se encuentra señalado en el artículo 47 subsiguiente, en el
cual se determina que abarca atención médica y sicológica de emergencia,
alojamiento transitorio en condiciones dignas y la satisfacción de las
necesidades de alimentación y aseo, entre otras; en el inciso 3o se
establece que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
deberá adelantar las acciones necesarias ante las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, para garantizar la ayuda
humanitaria, y que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y
sus prórrogas correspondientes, dicha Unidad prestará la ayuda humanitaria por
una sola vez, asegurando gratuidad en el trámite.
Por
su parte el artículo 60, parágrafo 2o, define a la víctima de
desplazamiento forzado como cualquier persona que migre abandonando su
residencia en cualquier parte del territorio nacional, cuando su vida,
integridad física, seguridad o libertad han sido vulneradas o amenazadas
directamente con ocasión de las violaciones señaladas en el artículo 3o
de esa Ley.
La
atención humanitaria se encuentra regulada en detalle en sus tres etapas de
urgencia, emergencia y transición, en sus elementos y trámites procesales en
los artículos 47 a 68 de la Ley 1448 de 2011, especialmente lo dispuesto en los
artículos 63 a 65 de la referida Ley.
2.9.2.
Por su parte, el Decreto 4800 de 2011 reglamenta la ayuda humanitaria a
víctimas de desplazamiento forzado, reconociendo en el artículo 16 que el
desplazamiento forzado es una situación de hecho, en la cual el registro de la
víctima es una herramienta para la identificación de esa población, pero no es
lo que constituye la calidad de víctima del desplazado, que emana de la
realidad del desarraigo.
Es de
resaltar que el capítulo V de este Decreto regula lo concerniente a la ayuda
humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado (arts. 106 a 120),
siguiendo los lineamientos consagrados en los artículos 47 a 68 de la Ley 1448
de 2011.
Tercera.
Sentencia T-021 de
enero 27 de 2014[50],
sobre carencia actual de objeto por hecho superado.
Reiteración de jurisprudencia.
La
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental amenazado o vulnerado de quien invoca el amparo. Por ello, cuándo
la situación de violación o amenaza ha cesado o el daño que se pretendía evitar
se ha consumado, pierde sentido cualquier orden que la Corte pueda proferir
para amparar los derechos de la persona a favor de la cual se interpone la
acción de tutela. La Corte ha señalado que:[51].
(i)
La carencia actual de objeto por hecho
superado se configura cuando "entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el que se profiere el fallo se satisface
la pretensión contenida en la demanda de amparo, en cuanto cesa la violación o
la situación de peligro de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez
de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna[52] "[53].
(ii)    La
carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando "no
se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta
de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del
juez de tutela"[54]
de modo tal que ya no es posible hacer
cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede
es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho
fundamental[55].
iii)
También existe carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra
situación que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. En
efecto, es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la
presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto, como
cuando las circunstancias existentes al momento de interponer la tutela se
modificaron e hicieron que la parte accionante perdiera el interés en la
satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a
cabo.[56]
Cuarta. Casos concretos.
4.1.
De los casos bajo estudio, donde se demanda la protección del derecho de
petición y la prórroga de la ayuda humanitaria, la Corte extrae, en primer
lugar, las siguientes observaciones generales:
i)En
todas las demandas de tutela, los actores afirman que la entidad accionada no
dio respuesta oportuna a sus respectivos derechos de petición, en los cuales se
solicitaba la prórroga de la ayuda humanitaria, con lo cual fue vulnerando tal
derecho de petición y la ayuda humanitaria, al igual que el mínimo vital.
En
solo 5 de los 22 asuntos, los jueces de tutela protegieron el derecho de
petición de los demandantes, manteniéndose la conculcación en los casos
restantes, a pesar de que evidentemente la entidad accionada no contestó de
manera oportuna, idónea, clara, precisa y congruente, frustrándose el
subsiguiente acceso a las prórrogas de las ayudas humanitarias a que tienen
derecho las víctimas de desplazamiento forzado, lo que consecuencialmente
repercute contra el derecho al mínimo vital de personas que merecen una
protección constitucional reforzada.
ii)No
concedérseles prórroga para continuar percibiendo las ayudas propias de la
atención humanitaria, dificulta lograr la estabilización socioeconómica y
recuperar el auto sostenimiento, como capacidad de cada ser humano para valerse
por sí mismo.
Ello
implica que el Estado, en cumplimiento de sus deberes y a través de la entidad
accionada, determine la necesidad y ordene la provisión de la ayuda humanitaria
en sus distintos componentes, etapas y fases, en los casos que sean
justificados y apremiantes, recordando que esta manifestación de la ayuda
humanitaria no es un programa para superar la pobreza, sino para contrarrestar
las necesidades generadas por el desarraigo forzado, también mediante el
asesoramiento y, en casos determinados, la inclusión en los diferentes
programas y tipos de ayuda, con los que cuentan los programas de gobierno.
iii)A
pesar de la insistencia que la Corte Constitucional ha desplegado ante las
entidades encargadas de auxiliar a la población víctima del desplazamiento
forzado y la reiterada solicitud de información sobre lo realizado en los casos
acá reunidos, que no han sido resueltos pues al desacumularlos se dispersaría
la atención, al regresar cada asunto al respectivo despacho judicial de primera
instancia, habiéndose recibido el último reporte de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas en abril 8 de 2014, se
puede determinar que no se ha consolidado el tránsito hacia restauraciones
duraderas.
De
esta manera, se confirma que la entrega de la ayuda humanitaria no ha sido
oportuna, eficiente ni eficaz en sus diferentes etapas y componentes, tampoco
en la fase de transición orientada a la entrega de los componentes y elementos
tendientes a procurar la estabilización socioeconómica de las víctimas,
confirmándose la vulneración de los derechos cuyo amparo se ha reclamado por
cada uno de los demandantes, en búsqueda de soluciones estables.
iv)Adicionalmente,
en ninguno de los casos ahora bajo estudio se ha confutado[57]
que el respectivo demandante y su núcleo familiar sean personas en situación de
desarraigo forzado, algunos merecedores de adicional protección constitucional,
más reforzada a partir de enfoques diferenciales, por minoridad, senectud, ser
cabeza de familia, o miembros de grupos étnicos minoritarios, requiriendo
condigna atención prioritaria prorrogada hasta que consigan afianzar soluciones
socioeconómicas duraderas y se constate el cese de su vulnerabilidad.
4.2.
En relación con cada uno de los casos en concreto, la Sala deduce las
siguientes conclusiones:
i)     En
todas las acciones de tutela, los denunciantes aseveran que no se les reconoció
o no se les prorrogó la ayuda humanitaria, pese a haberla solicitado a la
entidad accionada, en su condición de desplazados, situación que vulnera su
derecho fundamental de petición y, consecuentemente, su derecho a la atención
humanitaria. Sin embargo, en 17 casos los despachos judiciales de instancia
concluyeron que no era procedente conceder la entrega o prórroga de la ayuda
humanitaria, en sus diferentes componentes y fases.
ii)    En
tales casos, los administradores de justicia omitieron actuar más allá de lo
rutinario, desdeñando algunos su calidad de oficiosos directores del proceso y
aplicar el principio de primacía de lo sustancial, para realizar el derecho
material, acopiando pruebas y la información que permitiera constatar la
violación del derecho fundamental de petición, como base para reafirmar la
procedencia del reconocimiento o la prórroga del auxilio humanitario.
iii)  Ello
llevó al subsiguiente quebrantamiento del derecho al mínimo vital, que la
entrega de la asistencia humanitaria está llamada a paliar.
Lo
anterior conlleva que el Estado, en ejercicio de sus deberes y a través de la
entidad accionada, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
y Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, ordene la provisión de la ayuda humanitaria en sus distintos
componentes, etapas y fases, siempre y cuando la víctima del desplazamiento
forzado continúe en estado de vulnerabilidad y amerite la protección reforzada,
para avanzar hacia la estabilización socioeconómica en forma definitiva e
integral, con orientación, capacitación y, si fuere del caso, inclusión en los
programas que el gobierno tiene para tal fin.
iv) Por
otra parte, existían cuatro casos en los que los demandantes no habían sido
inscritos en el RUPD (Registro Único de Población Desplazada), ahora RUV
(Registro Único de Víctimas); dos de ellos ya se encuentran inscritos, y frente
a los otros dos la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas
refirió que el estudio se hizo bajo la Ley 387 de 1997, lo cual impone la
actualización a la luz de las disposiciones vigentes, dando fundamento a que
esta Corte revoque los fallos proferidos dentro de los respectivos expedientes
y, en su lugar, conceda el amparo y ordene a la entidad competente evaluar de
nuevo la inclusión de los demandantes en el ahora Registro Único de Víctimas,
RUV, acorde con la preceptiva actual, respetando el debido proceso, de manera
que sean ubicados y notificados oportunamente, dándoles ocasión de ejercer el
derecho de contradicción y aportar las pruebas que estimen conducentes.
v)    En la
mayoría de los demás casos la protección para obtener la atención o ayuda
humanitaria fue negada por los jueces de instancia, la Corte Constitucional los
revocará, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas y, en su
lugar, concederá la protección constitucional requerida, y, por tanto, ordenará
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, la entrega de
la misma, en sus diferentes componentes y fases, según lo establecido en los
artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los reglamentarios del Decreto 4800
de 2011, hasta que los accionantes se encuentren en condiciones de asumir su
autosostenibilidad, ya sea directamente o a través de una entidad del Estado.
De
otra parte, en buena parte de los asuntos se demanda la vulneración del derecho
fundamental de petición[58], al no recibir los interesados
respuesta de la entidad accionada, que desconoció el deber de contestar en
forma clara, precisa, congruente y oportuna, afectando colateralmente otros
derechos fundamentales.
En
consecuencia, la Corte Constitucional debe revocar los fallos que negaron las
tutelas instadas, confirmando parcialmente los que solo ampararon el derecho de
petición, sin avanzar en la concesión o prórroga de la ayuda humanitaria, que
en consecuencia se debe otorgar, ordenando al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la entrega de la ayuda humanitaria en sus
diferentes componentes y etapas, según lo que en cada caso y a cada dependencia
corresponda, en acatamiento de lo establecido en los artículos 47 a 68
(especialmente 63 a 65) de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 106 a 120 del
Decreto Reglamentario 4800 de 2011 y demás concordantes, hasta que se les
garantice a los actores la transición a soluciones socioeconómicas duraderas y
alcancen condiciones de autosostenibilidad.
vi)Adicionalmente,
debe recordársele al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, que a los solicitantes que son beneficiarios de protección
constitucional reforzada, preferente y prioritaria, se les ha de aplicar la
prórroga automática de la ayuda humanitaria y adoptar ante ellos las demás
medidas afirmativas, bajo el enfoque diferencial que les corresponde, hasta que
se les garantice el tránsito y la consolidación de soluciones duraderas
de estabilización socio-económica, atendiendo la caracterización realizada.
vii)También,
la Sala de Revisión debe declarar la carencia actual de objeto frente al señor
Aureliano Sereno García, identificado con cédula de ciudadanía 396656 de San
Martín de Loba, expediente T-2468056, de
acuerdo con la información recibida en abril 8 de 2014 de la Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que reportó "estado
en el R.U.V. Incluido/Fallecido" (f. 118 cd. Corte).
viii)Finalmente,
es necesario resaltar que el presente caso era para resolverse con prontitud,
lo cual no se había podido cumplir en razón a varias circunstancias, entre
ellas, la complejidad de la acción y la ingente cantidad de asuntos que
congestionan este tribunal, pese a lo cual, la Sala Sexta de Revisión se
permite presentar a los actores una disculpa por la tardanza registrada en la
elaboración y aprobación de esta sentencia de tutela.
II- DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Expedientes 2.468.056 y otros.
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR
la suspensión de términos que se había dispuesto en el presente
proceso acumulado.
Segundo.- REVOCAR
los fallos proferidos por los despachos judiciales relacionados en
el siguiente cuadro, en cuanto no se otorgó la tutela pedida, la cual se CONCEDE
en los dos casos indicados, en amparo de los derechos a la
dignidad humana y al mínimo vital de los actores y sus respectivos núcleos familiares,
según lo connotado en la parte motiva de esta providencia, incluyendo el
enfoque diferencial señalado.
En
consecuencia, se dispone ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que en el ámbito de las correspondientes competencias y por conducto de sus
respectivos representantes legales o quienes hagan sus veces, si aún no lo han
realizado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta sentencia incluyan a cada uno de los demandantes referidos a continuación
en el Registro Único de Víctimas -RUV-, de acuerdo con la normatividad vigente,
lo cual solo puede ser denegado frente a quienes comprobadamente hayan restablecido
su autosostenibilidad, que se determinará respetando el debido proceso, de
manera que sean ubicados y notificados oportunamente, dándoles ocasión de
ejercer el derecho de contradicción y aportar las pruebas que estimen
conducentes.
Expediente
Accionante
Juzgado
T-2498223
Hernán
de Jesús Correa Galeano
Juzgado 12 Civil del Circuito de
Medellín (1a instancia) - Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, Sala Civil (2ª inst.)
T-2501788
Sandra
Marina García Gómez
Juzgado 6o Civil del Circuito
de Cúcuta (fallo único de inst.)
Tercero.-
REVOCAR los fallos proferidos por los despachos
judiciales relacionados en el siguiente cuadro, en cuanto no se otorgó la
tutela pedida, la cual se CONCEDE en
los catorce casos indicados, en amparo de los derechos a la dignidad humana y
al mínimo vital de los actores y sus respectivos núcleos familiares, según lo
connotado en la parte motiva de esta providencia, incluyendo el enfoque
diferencial señalado.
En
consecuencia, se dispone ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que en el ámbito de las correspondientes competencias y por conducto de sus
respectivos representantes legales o quienes hagan sus veces, si aún no lo han
realizado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta sentencia, les reconozcan a todos los actores relacionados en el cuadro
subsiguiente y a sus respectivos núcleos familiares, el derecho a la ayuda
humanitaria que corresponda, que harán efectiva de acuerdo con la  normatividad
vigente, con prórroga si fuere necesario, lo cual solo puede ser denegado
frente a quienes comprobadamente hayan restablecido su autosostenibilidad, que
se determinará respetando el debido proceso, de manera que sean ubicados y
notificados oportunamente, dándoles ocasión de ejercer el derecho de
contradicción y aportar las pruebas que estimen conducentes.
Expediente
Accionante
Juzgado
T-2496301
Maryleidis
González
Juzgado
1° Penal Circuito Adolesc. V/upar.
T-2497107
Marleny
López Franco
Juzgado
3o Penal Circuito Buenaventura
T-2508677
Rosa
Llerena Chaverra
Juzgado
Laboral del Circuito de Apartado
T-2508679
Carlos
Enrique Ciraldo Gartner
Juzgado
Laboral del Circuito de Apartado
T-2525675
Mélida
del Carmen Pertuz Lara
Juzgado
12 Civil del Circuito de Barranquilla
T-2527245
Fermín
A. Arrieta Bohórquez
Juzgado
5o Administ. del Circuito de B/quilla
T-2527246
Pedro
Vásquez Sánchez
Juzgado
5o Administ. del Circuito de B/quilla
T-2527248
Leidys
María Alvarez Rodríguez
Juzgado
5o Administ. del Circuito de B/quilla
T-2527252
Judthid
María Pertuz Coronado
Juzgado
5o Administ. del Circuito de B/quilla
T-2535020
Genis
Judithd González Sandoval
Juzgado
5o Administ. del Circuito de B/quilla
T-2538328
Diana
Patricia Cabrera Pascuas
Juzgado
1° Penal del Circuito de Neiva
T-2539196
Karina
Montes Cisneros
Juzgado
8o de Familia de Barranquilla
T-2540175
Luis
Eduardo Montova Múnera
Juzgado
14 Civil del Circuito de Medellín
T-2542937
Delio
Oviedo Hernández
Juzgado
1° Civil Circuito – Sala Única del Trib. Sup. de Florencia, Caquetá (2a
inst.)
Cuarta.-
CONFIRMAR PARCIALMENTE los fallos proferidos por
los despachos judiciales relacionados en el siguiente cuadro, en cuanto
ampararon el derecho de petición, adicionándolos en el sentido de TUTELAR
también los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital, según lo connotado
en la parte motiva de esta providencia, incluyendo el enfoque diferencial
señalado.
En
consecuencia, se dispone ORDENAR al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, que en el ámbito de las correspondientes
competencias y por conducto de sus respectivos representantes legales o quienes
hagan sus veces, si aún no lo han realizado, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, les reconozcan a los
cinco actores relacionados en el cuadro subsiguiente y a sus respectivos,
núcleos familiares, el derecho a la ayuda humanitaria que corresponda, que
harán efectiva de acuerdo con la normatividad vigente, con prórroga si fuere necesario,
lo cual solo puede ser denegado frente a quienes comprobadamente hayan
restablecido su autosostenibilidad, que se determinará respetando el debido
proceso, de manera que sean ubicados y notificados oportunamente, dándoles
ocasión de ejercer el derecho de contradicción y aportar las pruebas que
estimen conducentes.
Expediente
Accionante
Juzgado
T-2525676
Julia
Esther España Navarro
Juzgado
8o Penal del Circuito de B/quilla.
T-2525678
Elvia
Rosa David Arias
Juzgado
8o Penal del Circuito de B/quilla.
T-2525679
Ismenia
Mercedes Pertuz Sarmiento
Juzgado
8° Penal del Circuito de B/quilla.
T-2525681
Edith
Yojana Pabuena Hernández
Juzgado
8° Penal del Circuito de B/quilla.
T-2525683
Angélica
María Fuentes de Molina
Juzgado
8o Penal del Circuito de B/quilla.
Quinta.-
DECLARAR la carencia actual de objeto frente al señor
Aureliano Sereno García, identificado con cédula de ciudadanía 396656 de San
Martín de Loba, expediente T-2468056, debido a la información recibida en abril
8 de 2014, de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
donde consta su fallecimiento.
Por
Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS ROJAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. T-2468056,
T-2527252, T-2535020, T-2539196, T-2538328, T-2542937 y T-2540175.
[2] Cfr. T-2498223,
T-2525675 y T-2501788.
[3] Cfr.T-2508677 y
T-2508679.
[4] Cff.T-2525676;
T-2525678; T-2525679; T-2525681; T-2525683 y T-2527248.
[5]
Se solicitó
el estado actual e individualizado de cada accionante. La entidad aportó la
relación de todas las ayudas, programas y estado actual de cada accionante,
información que se consolidó en el cuadro.
[6] En esa oportunidad la Sala analizó el
ordenamiento institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y advirtió que "le
corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien
asumió las funciones de la otrora Acción Social, las funciones programáticas en
materia de atención o asistencia humanitaria como fijar las políticas, planes
generales, programas y proyectos... ' (art. 170 de la Ley 1448); mientras que a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, adscrita al DAPS le corresponde de manera concreta ejecutar las
acciones relativas al componente de ayuda humanitaria, tales como operar el
registro, coordinar con las demás entidades las salidas a los mecanismos que
faciliten la estabilización socioeconómica, y adicionalmente también es la encargada
de lo relativo a las indemnizaciones.
Así, acerca de la ayuda humanitaria, el
artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 establece las funciones de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
en materia de ayuda humanitaria, estableciendo que le corresponde "... 16.
Entregar la asistencia humanitaria de que trata el artículo 64... [y] realizar
la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención
humanitaria de transición a la población desplazada'. En este orden de ideas,
evidencia la Sala que ambas entidades se encuentran vinculadas de conformidad
con la ley en este proceso de revisión de tutela y por tanto, las órdenes que
se impartan mediante esta sentencia estarán dirigidas a ambas entidades, en el
marco de sus respectivas competencias y obligaciones legales. "
[7] Cfr. T-419 de mayo 22 de 2003, M. P.
Alfredo Beltrán Sierra y SU-1150 de agosto 30 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, entre muchas otras.
[8]
T-227 de
mayo, 5 de 1997 M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[9] SU-1150 de 2000.
[10] Cfr.
T-702 de 2012, en cita
[11] T-025
de enero 22 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[12] T-215
de marzo 21 de 2002 y T-136 de febrero 27 de 2007, en ambas M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[13] Que pasados diez años desde su
declaratoria, está todavía lejos de lograrse.
[14] Cfr. T-364 de abril 17 de 2008, M. P.
Rodrigo Escobar Gil y T-476 de mayo 15 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández, entre otras.
[15] Este criterio jurisprudencial ha sido
reiterado en sentencias T-025 de 2004 y SU-1150 de 2000, ya citadas.
[16] T-025 de 2004, ya citada.
[17] T-025 de 2004 y SU-1150 de 2000, ya
citadas.
[18] t-397 de junio 4 de 2009 y T-541 de agosto 6 de 2009, en ambas m. P. Jorge Ignacio
Pretelt. "
[19] T-702 de 2012, ya citada.
[20] T-188 de marzo 15
de 2007, M. P. Alvaro Tafur Galvis.
[21] T-227 de mayo 5
de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero, T-327 de marzo 26 de 2001, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra y T- 1346 de diciembre 12 de 2001, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[22] Cfr. T-702 de
2012, ya citada.
[23] Estos principios
fueron formulados en 1998 por el representante del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, Francis Deng, a solicitud de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos.
[24] C-255 de marzo 25
de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[25] Cfr. T-712 de
2012, ya citada.
[26] Ibídem.
[27]
T-025 de 2004, ya citada
[28] Cfr. T-497 de
junio 27 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] T-025 de 2004, ya
citada ; T-510 de julio 30 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre
otras.
[30] T-025 de 2004
antes citada.
[31] C-278 de abril 18
de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[32] T-559 de mayo 29
de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería ; T-585 de agosto 27 de 2009, M. P. José
Ignacio Pretelt Chaljub ; T-630 de septiembre 15 de 2009, M. P. Mauricio
González Cuervo y T-739 de octubre 16 de 2009, M. P. María Victoria Calle
Correa, entre otras.
[33] T-510 de julio 30
de 2009, M. P. José Ignacio Pretelt Chaljub y T-476 de mayo 15 de 2008, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández entre otros. __/
[34]T-690A de octubre
Io de 2009, M. P.Auis Ernesto Vargas Silva.
[35] T-510 de julio 30
de 2009, M. P. José Ignacio Pretelt Chaljub y T-476 de mayo 15 de 2008, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández entre otros. __/
[36] T-057 de enero 29
de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Cfr. T-895 de
octubre 25 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[38] T-600 de agosto 9
de 2009, M. P. Juan Carlos Henao.
[39] Cfr. T-885 de
diciembre Io de 2009, M.
P. Juan Carlos Henao Pérez, reiterada en T-702 de 2012, precitada.
[40] C-278 de 2007, ya
citada. Ver también T-391 de abril 24 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[41] La prórroga
automática, hace referencia a grupos que presentan mayores niveles de
vulnerabilidad, por lo que la entrega se hace de manera automática, sin
trámites adicionales, como sostiene el Auto 092 de 2009 para mujeres, el 006 de
2009 para personas discapacitadas, y la Sentencia T-856 de 2011 para personas
desplazadas de la tercera edad.
[42] Ver T-817 de agosto 21 de 2008, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández.
43
Ver
T-496 de junio 29 de 2007, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[44] T-600 de 2009, ya citada
[45] Cfr. T-l 134 de noviembre 14 de 2008, M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa, reiterado en T-169 de marzo 8 de 2010, M. P.
Mauricio González Cuervo y T-702 de 2012 ya citada.
[46]Cfr. auto 099 de
mayo 21 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[47]Cfr. auto 099 de
2013, precitado.
[48]Auto 099 de 2013,
precitado.
[49]Auto 099 de 2013,
precitado.
[50] En esa oportunidad, la Sala Octava de
Revisión estudió un caso en el que la representante legal de una asociación que
protege y alberga niños víctimas de violencia sexual, fue notificada de la
restitución del inmueble donde habitaban los niños. Lo anterior, en
cumplimiento de una orden judicial, que surgió de un contrato de comodato.
Después del estudio detallado del caso, la Sala encontró que en el trámite del
proceso de revisión la asociación que reclamaba la protección de los derechos,
adquirió una nueva sede en el municipio de Sopó. Lo que deja claro que
cualquier determinación que se adopte resulta inocua.
[51] T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-021 de
2014.
[52] Sentencia T-021 de 2014
[53] Sentencia T-083 de 2010.
[54] En
cuanto a las diferencias entre configuración de la declaración de carencia
actual de objeto por hecho superado y hecho consumado, pueden confrontarse las
sentencias T-758 de 2005, T-272 de 2006, T-573 de 2006, T-060 de 2007, T-429 de
2007, T-449 de 2008, T-792 de 2008, T-699 de 208, T-1004 de 2008,  T-612 de
2009, T-124 de 2009, T-170 de 2009, T-533 de 2009, T-634 de 2009, entre otras.
[55] Sentencia T-083 de 2010.
[56]
Sentencia T-585 de 2010
[57] Circunstancia probada no solo por los
respectivos relatos, sino mediante la certificación de haber sido incluidos en
el RUPD y el último reporte entregado por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
[58] La Corte logró establecer, que se
incumplieron las reglas que debe tener en cuenta la entidad en el momento de
dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, en especial cuando se trata
de población desplazada. Para el caso en estudio, pese a que dentro del texto de
la sentencia no se hace un análisis detallado del derecho de petición -al ser
reiteración de jurisprudencia-, la Sala advierte, que para el asunto se aplicó
lo establecido en la T-025 de 2004, en relación con la población desplazada.