C-328-99
Sentencia C-328/99
Sentencia
C-328/99
NORMA TRIBUTARIA
PARA LA RECUPERACION ECONOMICA DEL EJE CAFETERO
Es indudable e
indiscutible que se hacía necesario e imprescindible adoptar medidas urgentes e
inmediatas con el propósito de estimular la recuperación económica de la zona,
por lo que la adopción de medidas tributarias para ampliar el alcance de las
exenciones otorgadas a las personas que se establezcan en la zona afectada y
para quienes reactiven a la mayor brevedad su actividad económica, así como
incorporar a las personas naturales como destinatarias de los beneficios
consagrados en el impuesto de renta, y establecer beneficios tributarios y
arancelarios para quienes adquieran nuevos bienes de capital, maquinaria y
equipo para desarrollar actividades productoras de renta en la zona, razones
por las cuales, las disposiciones de este Capítulo no sólo guardan estrecha
relación de conexidad con las motivaciones que llevaron al Gobierno Nacional a
declarar la emergencia por calamidad pública, sino que además, constituyen un
medio idóneo que puede válidamente adoptar el Ejecutivo en desarrollo de las
atribuciones constitucionales de carácter excepcional. Los beneficios, exenciones
y privilegios tributarios consagrados en las normas del Capítulo I no lesionan
los principios constitucionales aplicables, como quiera que no desconocen los
principios de equidad, la progresividad y la irretroactividad que la
Constitución exige del sistema tribuario, además de que responden a un criterio
de justicia material que obedece a las situaciones originadas por la tragedia y
que colocan a un determinado grupo de población en circunstancias de debilidad
manifiesta, que requiere del Estado la adopción de medidas especiales que los
equilibre frente  al resto de la población.
EXENCION DE
IMPUESTO DE RENTA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EJE CAFETERO
La modificación
del artículo 1, a juicio de la Corporación, en nada contraría la Constitución,
por cuanto el legislador de excepción está habilitado para expedir normas
destinadas a conjurar la crisis o calamidad generada como consecuencia de un
hecho grave como un terremoto. Dichas disposiciones, en todo caso, deben
ajustarse al ordenamiento superior, en orden a garantizar su efectividad, y en
consecuencia, los derechos de todas las personas. Por ende, al producirse la
modificación incorporada en el precepto sub examine, se busca garantizar el
principio de igualdad, ya que el parágrafo del artículo 7º del Decreto 258/99,
excluía de manera injustificada e irrazonable de la exención del impuesto de
renta a las actividades comerciales referidas a bienes corporales muebles
producidos en otros municipios no contemplados en los Decretos 195 y 223 de
1999. Ahora, a partir de la vigencia del decreto 350, corregida la desigualdad
existente, se establece que sin importar el origen de los bienes corporales
muebles, la exención en las actividades comerciales tendrá lugar siempre y
cuando se expendan al detal y su entrega física se produzca en la jurisdicción
de los municipios afectados por el terremoto. Obsérvese que el propósito de la
exención creada por el Decreto 258 de 1999 era incentivar entre otras, las
actividades comerciales de pequeñas y medianas industrias que expendan
productos en la zona del desastre, para que así promover el desarrollo social y
garantizar el acceso de la población afectada a productos de especial
importancia y de primera necesidad. Por lo tanto, el artículo 1o. no tiene ningún
reparto de orden constitucional.
EXENCION
TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN EJE CAFETERO
El legislador
extraordinario subsanó una clara y manifiesta violación al derecho a la
igualdad, ya que el artículo 8o. del Decreto 258 de 1999 consagraba una
discriminación frente a las personas naturales, por cuanto la norma establecía
originalmente, que lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. ibídem sólo era
aplicable a "aquellas empresas que sean personas jurídicas",
excluyendo sin justificación objetiva y razonable a las personas naturales
igualmente afectadas. Por lo tanto, esta modificación del artículo 2 en cuanto
garantiza la vigencia del ordenamiento constitucional en materia del derecho a
la igualdad (artículo 13 de la Carta Política), al establecer exenciones
tributarias tanto para las personas jurídicas como las naturales que se vieron
afectadas por la tragedia en la misma medida en su actividad comercial,  será
declarada exequible.
EXENCION DE
IMPUESTO DE RENTA PARA ACTIVIDADES COMERCIALES EN EJE CAFETERO
Era necesario,
como así lo estimó el Ejecutivo al expedir la disposición que se revisa,
incentivar, promover y estimular a las personas que venían desarrollando
actividades comerciales, referidas a bienes corporales muebles antes de que
ocurriera el desastre natural, y que se vieron afectadas por éste, a través de
instrumentos como la exención del pago de impuesto de renta y complementarios,
durante un período de tiempo limitado. Medida esta que se encuentra en completa
concordancia con el artículo 13 de la Carta Política, que dispone que el Estado
debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como lo son en este
caso las personas naturales y jurídicas que venían desarrollando dichas
actividades en la zona del eje cafetero cuando se produjo el sismo y que
requieren entonces del Estado, medidas propicias, adecuadas, prontas y urgentes
para lograr su recuperación económica, la cual no sólo incide directamente en
ella, sino que indirectamente compromete el bienestar y el interés general de
la población cafetera.
VALOR COMERCIAL
PARA TRANSACCIONES EN EJE CAFETERO
El artículo 4 se
limita a hacer una precisión en cuanto se refiere a los beneficios tributarios
establecidos en los artículos 6o. 7o. y 8o. del Decreto 258 de 1999. El
asegurar un valor oficial para las transacciones que realicen las personas
favorecidas con tales exenciones, se garantiza el cumplimiento de las
finalidades sociales y esenciales del Estado, y en desarrollo de ellas, el pago
de los tributos de conformidad con la actividad que efectúan, que en el caso de
los artículos citados, tiene naturaleza comercial. Con ello igualmente, se le
brinda claridad a los contribuyentes - en este caso, quienes desarrollan la
actividad comercial -, sobre el valor que debe tenerse en cuenta
tributariamente, al momento  de llevar a cabo sus transacciones.
DEVOLUCION DE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-Bienes
de capital en municipios afectados por el sismo
Resulta acorde
con los preceptos constitucionales modificar los impuestos vigentes a través de
mecanismos como la devolución de lo pagado en situación de excepción, a
personas que se encuentran en circunstancias de mayor fragilidad generada por
el impacto económico desfavorable del terremoto; además el término de vigencia
del beneficio tributario se ajusta al mandato constitucional, en cuanto
establece que las medidas de ese género dejarán de regir al término de la siguiente
vigencia fiscal del año siguiente a la declaración del estado de emergencia.
Por consiguiente, este beneficio tributario consagrado en el artículo 5º del
Decreto 350/99 responde a causas objetivas que sustentan desde el punto de
vista constitucional, su existencia y aplicación.
FRANQUICIA
ARANCELARIA-Bienes de
capital no producidos en Colombia
Atendiendo a las
condiciones de los municipios afectados, por ser uno de los sectores
agroindustriales más representativos de la región y del mismo país, el
legislador de excepción puede válidamente permitir la libre importación - con
franquicia arancelaria -, de bienes de capital no producidos en Colombia,
destinados a lograr la reactivación de las actividades productoras de renta en
los municipios del eje cafetero. Por lo tanto, en cuanto esta medida responde a
las necesidades de reactivación y desarrollo económico de la zona, y encuadra
dentro de las condiciones excepcionales de la región, no desconoce el
ordenamiento constitucional.
BENEFICIOS
TRIBUTARIOS-Requisitos
Es de anotar que
todo derecho y beneficio conlleva para acceder a él un deber, por lo que el
requisito fijado en la norma de constituir la póliza se constituye en un deber
legítimo para acceder al beneficio reconocido en las disposiciones aludidas,
así como, el incumplimiento de los deberes tributarios cuando no se puede
acceder los indicados beneficios de excepción justifica de manera plena la
imposición de sanciones y la existencia de las consiguientes responsabilidades.
Se trata entonces, de una norma de carácter procedimental o formal, que
desarrolla los preceptos mencionados, y cuya finalidad es fijar las condiciones
para acceder a los beneficios tributarios, y las sanciones que se desprenden de
su desconocimiento.
DONACIONES DEL
EXTERIOR-Exclusión del
impuesto del dos por mil
El legislador
extraordinario habilitado constitucionalmente para ello, dada la situación en
que se encuentran los habitantes de las poblaciones afectadas por el desastre
natural, y la necesidad de establecer políticas crediticias, fiscales y
tributarias, entre otras, para lograr la recuperación y el desarrollo económico
y social de la región, ha determinado excluir del pago de la contribución del
denominado impuesto del dos por mil, las donaciones del exterior, en dinero o
en especie, siempre y cuando estén destinadas de manera exclusiva a los fines
previstos en el artículo 4º del decreto 258 de 1999. Se trata en ambos casos,
de normas de carácter legal dictadas por el Gobierno en su condición de
legislador extraordinario, con su mismo rango y jerarquía, por lo que pueden
ser reformadas o modificadas, como sucede en este caso, para lograr la
finalidad perseguida.
COMPENSACION A
LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL EJE CAFETERO
El mayor apoyo
que para los fiscos departamentales implica la ampliación de la base del
computo para efectos de la compensación con las rentas derivadas de ese
monopolio, favorece a los fiscos de los departamentos afectados con la
tragedia, lo que los permitirá contar con ingresos adicionales para atender el
funcionamiento la administración en medio de la reconstrucción y recuperación
de la región, lo que permite concluir que no  contradice la Carta Política. De
otra parte, señala el inciso segundo del artículo 10 del Decreto 350 de 1999,
que los municipios que reciban compensaciones en desarrollo del artículo 21 del
Decreto 258 de 1999, deberán transferir las sumas a su cargo por impuesto
predial a las corporaciones autónomas regionales. Es evidente que el legislador
extraordinario está habilitado por la Constitución para disponer temporalmente,
la transferencia de las sumas a su cargo de los municipios afectados por
concepto de impuesto predial a las corporaciones autónomas regionales,
entidades que tienen a su cargo entre sus principales funciones el manejo y
conservación del ambiente y de los recursos naturales y que en el caso del
terremoto acaecido en la zona cafetera, son las indicadas para atender los
daños ecológicos causados por ese fenómeno. Es obvio que tal transferencia debe
hacerse en los porcentajes establecidos por la ley y de acuerdo con los planes
de desarrollo de los respectivos municipios.
FONDO PARA LA
RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO-Instrumentos financieros
En relación con
la constitucionalidad de los preceptos, que establecen una serie de
instrumentos financieros de los cuales puede disponer el Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, estima la Corte que
encuadran perfectamente en el ordenamiento superior, en la medida en que no
sólo guardan la conexidad directa y específica con las motivaciones que dieron
lugar a la declaratoria de emergencia, exigida por la Carta Política para las
medidas que adopte el Gobierno, sino que además se constituyen en mecanismos
adecuados e idóneos para superar y conjurar la crisis causada por la calamidad
pública, así como para lograr la rehabilitación y reconstrucción de la zona. Se
ajusta al ordenamiento constitucional la normatividad de este Capítulo en los
preceptos que ahora se analizan, que en desarrollo de los principios
constitucionales de la solidaridad y de la prevalencia del interés general, y
de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital, están dirigidos
a poner en funcionamiento instrumentos como el otorgamiento de subsidios,
créditos y apertura de líneas de redescuento para la financiación de capital de
trabajo, así como para ejecutar obras de construcción, reconstrucción o
rehabilitación de los inmuebles afectados por el terremoto, y la financiación
de proyectos de interés social, para buscar y lograr así la reconstrucción
económica y social de la población y de sus bienes ubicados en los municipios
señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999, afectados por la tragedia.
CONSEJO DE
ADMINISTRACION-Patrimonio
autónomo
Es claro que el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero es una
entidad estatal, así como el Consejo de Administración del patrimonio autónomo
autorizado por el artículo 14, no sólo por su conformación (Ministro de
Hacienda, Director de Planeación y Presidente del Consejo Directivo del Fondo),
sino por la naturaleza de los recursos y finalidad para la que fue creado. Por
lo tanto, bien puede el legislador de excepción asignar a ese Consejo, la labor
de disponer a través del patrimonio autónomo de una línea de crédito destinado
a la construcción o reparación de los inmuebles ubicados en los municipios de
la zona del desastre y consecuentemente, fijar los términos y condiciones de
crédito, tales como montos, plazos, tasas de interés y garantías, pero
únicamente para el objeto exclusivo y específicos de la línea de crédito en
mención.
CONSEJO DE
ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO-Finalidad
El Gobierno está
autorizado por el ordenamiento superior para señalar las funciones de los
órganos creados con el objeto de conjurar la situación de crisis generada por
la calamidad pública, en este caso el Consejo de Administración del Fondo
Fiduciario creado por el artículo 11 ibídem, máxime cuando el mismo tiene como finalidad
principal el otorgamiento de subsidios a la demanda de inmuebles, propósito que
guarda a cabalidad la conexidad exigida por la Constitución, con los hechos que
motivaron la declaratoria de la emergencia, cual es la reconstrucción y el
desarrollo económico y social del eje cafetero.
LEGISLADOR
EXTRAORDINARIO-Facultad
para establecer nuevos tributos o modificar los existentes
El artículo 18
que se revisa introdujo modificaciones y adiciones: Esta modificación a juicio
de la Corte en nada contraría la Constitución, pues el legislador
extraordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta
Política, tiene la facultad transitoria, de establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. En este último caso, las medidas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal. Por consiguiente, de una parte, el
legislador excepcional está habilitado constitucionalmente, durante la vigencia
del estado de excepción, para modificar, derogar o adicionar los decretos
expedidos en desarrollo de ella. Por lo tanto, cuando el Decreto 350 modifica
parcialmente el Decreto 258, no quebranta el ordenamiento superior. De otra
parte, cuando el Gobierno en la norma que se revisa, modifica el tributo sobre
las ventas estableciendo una exención para dichos contratos, lo hace en
desarrollo del artículo 215 constitucional.  Se adiciona el artículo 30 del
Decreto 258 de 1999, estima la Corte que no quebranta el ordenamiento superior,
por cuanto se trata de hacer efectivo el mandato constitucional en materia
presupuestal, que exige incluir dentro del proyecto de presupuesto los recursos
correspondientes al impuesto sobre el valor agregado, en este caso el que está
a cargo del Fondo para la Reconstrucción.
DERECHOS
ADQUIRIDOS DEL ASEGURADOR-Protección
No observa la
Corte en el caso del artículo 19 que se examina vulneración alguna del
ordenamiento constitucional, por cuanto de una parte, los derechos adquiridos
del asegurador quedan protegidos, en la medida en que los beneficios que allí
se otorgan a los bienes inmuebles afectados por el terremoto, debían estar
asegurados al momento de ocurrir el siniestro, y de la otra parte, la opción en
cuanto al reclamo o exigencia del valor indemnizable corresponderá ejercerla al
deudor, decisión que al ser obligatoria para el acreedor, no modifica ni altera
los principios rectores del contrato de seguros. La finalidad de esta
disposición es garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y los fines
del Estado, en una relación surgida en virtud del contrato de seguros, en la
que una de las partes, el asegurado, ha sido colocado con ocasión de
presentarse el siniestro, en circunstancias de debilidad manifiesta, que exige
del Estado adoptar medidas para lograr su protección efectiva.
CONTRATOS PARA
RECONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA ZONA CAFETERA-Agilización de trámites
No se encuentra
que esta regla de excepción del artículo 21 contradiga el ordenamiento
superior, pues es evidente que la celebración de los contratos indispensables
para la reconstrucción del Aeropuerto El Edén de Armenia, parcialmente
destruido como consecuencia del terremoto y de cuyo funcionamiento normal
dependen muchas de las actividades de esta zona del país, requería de la
agilización en los trámites para restablecer cuanto antes la normalidad de esta
vía de comunicación tan importante. En el caso concreto, es indudable que la
reconstrucción del Aeropuerto de Armenia parcialmente destruido como
consecuencia del terremoto ocurrido el 25 de enero, amerita que el legislador
extraordinario, adopte las medidas que le permitan cumplir de manera pronta con
la puesta en funcionamiento de dicho aeropuerto, indispensable para impulsar la
recuperación económica de uno de los principales polos de desarrollo del país,
alterada por la catástrofe.
SERVICIOS
PUBLICOS EN LA ZONA CAFETERA-Subsidios
Los subsidios
consagrados en el artículo 22 no riñen con preceptos ni con principios
constitucionales; por el contrario, los desarrolla, en particular, en cuanto
hace al mandato contenido en el artículo 368, según el cual la Nación, los
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos, para que las
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios que cubran sus necesidades. E igualmente, dicho precepto
constituye desarrollo de los principios constitucionales del estado social de
derecho y de la solidaridad entre los miembros de la sociedad, respecto de los
usuarios que sufrieron los graves efectos del terremoto y que por la misma
razón, se encuentran en una situación que les impide asumir los costos que
demandan servicios, por demás indispensables. Para acceder al subsidio, el
legislador extraordinario señala unos requisitos indispensables, como lo son
que el inmueble del usuario del servicio público haya sido destruido o
gravemente afectado por el terremoto por lo que haya tenido que desocuparlos, y
que igualmente, se trate de personas de los estratos 1 a 4 y cuyos inmuebles
figuren en el censo por haber sido afectados pero que no hayan tenido que
desocuparlos. En todo caso, el subsidio está  limitado al lapso de 8 meses y
por el porcentaje que señala la norma, de manera que durante ese tiempo se le
permita al usuario recuperarse económicamente y volver a asumir el pago del
servicio.
SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS EN LA ZONA CAFETERA-Beneficio para usuarios
Respecto a lo
establecido en el artículo 23, aunque no se trata de un subsidio, si consagra
un beneficio o favorecimiento para los usuarios de servicios públicos
domiciliarios y operadores de telecomunicaciones afectados por el terremoto,
que como lo señala de manera expresa la norma, no constituirá una violación al
principio de insuficiencia financiera establecido en la ley 142 de 1994, ni
podrá ser considerado como práctica restrictiva de la competencia o competencia
desleal, toda vez que se trata de una norma de excepción para mitigar los
efectos producidos por la catástrofe que tiene por lo mismo, una relación
directa con las causas de la declaratoria de emergencia económica, social y
ecológica decretada en esa zona del país.
SUBSIDIO DE
VIVIENDA PARA LA ZONA DEL EJE CAFETERO
Todos los
colombianos, pero especialmente aquellos en situaciones de debilidad y
desprotección, tienen derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado
fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.
Todo lo cual tiene plena realización en las normas contenidas en el presente
capítulo. Los recursos del subsidio familiar que se destinen a atender las
necesidades de vivienda de los pobladores de la zona de desastre, tanto para
afiliados como no afiliados a las Cajas de Compensación Familiar de la región -
posibilidad ésta última, también avalada por la Corte en cuanto su
constitucionalidad - cumplen una finalidad social y se dirigen a garantizar la
dignidad de las personas, el mínimo vital, su libre desarrollo, y en
particular, el derecho a vivir en condiciones dignas. No cabe duda que la labor
de las Cajas y los subsidios que se otorgarán, está llamados a contribuir
eficazmente en la labor de reconstruir los inmuebles afectados por el desastre
natural, y en consecuencia, a procurar la garantía y efectividad de los
derechos de sus moradores.
SERVICIO DE
EDUCACION EN EL EJE CAFETERO-Reducción
del calendario académico
Las disposiciones
contenidas en el presente capítulo están dirigidas a conjurar, en una de sus
manifestaciones, la calamidad producida por el terremoto, que afectó el curso
normal de la prestación del servicio de educación, tanto por las lesiones y
afecciones que sufrió la población estudiantil del eje cafetero como
consecuencia del sismo, como por la destrucción y ruina en que quedaron algunos
establecimientos educativos, actividad que se vio interrumpida, con grave
amenaza para la prestación del servicio público esencial de la educación
(motivación segunda al decreto 195 de 1999). Razón por la cual, se hacía
indispensable adoptar medidas para garantizar la prestación efectiva del
derecho fundamental a la educación. Es así como, el legislador extraordinario
autorizó en el artículo 32 del decreto en revisión, que los
establecimientos educativos de los municipios afectados por el sismo podrán
reducir el calendario académico para el año lectivo de 1999, siempre y cuando
se garantice que el educando alcance los logros establecidos en el plan de
estudios del proyecto educativo institucional. Dichas normas de los artículos
33 y 34 están encaminadas, como lo señaló el Gobierno al justificar la
expedición de estas disposiciones, a garantizar la eficacia en la prestación
del servicio público de la educación reconocido como una de las finalidades
sociales del Estado  por el artículo 366 de la Carta Política y la continuidad
y el acceso mismo al derecho fundamental, al tenor del artículo 67 superior,
evitando de esa manera, tanto la paralización de una actividad considerada como
esencial por la misma Constitución, como posiblemente la deserción estudiantil.
Según este precepto, la educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social, por lo que cuando se vea amenazado, como
lo está en la zona del eje cafetero como consecuencia del terremoto, el Estado
debe adoptar todas las medidas a su alcance, aún las de excepción que lo
autorizan a ello, en orden a garantizar su prestación eficiente y efectiva.
PLAN DE ACCION
AMBIENTAL EN EL EJE CAFETERO
El precepto sub
examine se ajusta a la Constitución en la medida que a través de la elaboración
de un plan de acción ambiental, se logrará mitigar los efectos del deterioro
ambiental derivados del sismo, prevenir y controlar los impactos ambientales
generados por el proceso de reconstrucción, el manejo integral de residuos y
escombros, objetivos que encuadran perfectamente dentro de los postulados
constitucionales de proteger las riquezas naturales de la Nación (artículo 8º);
garantizar la efectividad de los derechos: a la salud y al saneamiento
ambiental, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
(artículo 49); a gozar de un ambiente sano, siendo deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente (artículo 79); a que el Estado planifique
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (artículo 80).
LICENCIA
AMBIENTAL-Reemplazo
transitorio en el eje cafetero
El legislador de
excepción no suprimió un requisito importante del control ambiental previo de
los proyectos que se emprendan en la zona, sino que reemplazó de manera
transitoria (por espacio de dos años) la licencia ambiental ordinaria de
proceso más lento y complicado, con otros requerimientos especiales más ágiles
que, dentro del Plan de Acción Ambiental, permitirán la protección y
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, por parte de las
autoridades ambientales, así como la garantía de un desarrollo sostenible al
tenor de los consagrado por el artículo 80 del ordenamiento superior. El
objetivo de estas normas de excepción de imprimirle celeridad a la realización
de las obras y proyectos destinados a la reconstrucción y el desarrollo de la
zona afectada por el terremoto, tiene relación directa con la situación de
emergencia que se busca conjurar, sin que con ello se sacrifiquen las
finalidades perseguidas por los artículos 78 a 80 de la Constitución, de
garantizar la protección y efectividad del derecho a un ambiente sano y el
adecuado manejo de los recursos naturales en la región afectada por el sismo.
SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO-Solicitud
de licencia ambiental
El mecanismo del
silencio administrativo positivo diseñado por el legislador para asegurar la
continuidad del progreso y el acceso de todos a los beneficios del desarrollo,
debilita en este caso particular el carácter imperativo de los deberes del
Estado de proteger el ambiente sano y los recursos naturales. Pero además,
resulta paradójico para la Corte, que la ineficacia del Estado, consistente en
la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una licencia ambiental,
termine sancionada con mayor ineficacia, relevando a las autoridades de su
deber constitucional de prevenir y controlar el deterioro ambiental, por lo que
la aplicación del silencio administrativo positivo en estas condiciones, es
inexequible.
EXENCION DE TASAS
RETRIBUTIVAS AMBIENTALES EN EL EJE CAFETERO
Los beneficios,
compensaciones y exenciones guardan una relación de conexidad directa con las
motivaciones alegadas por el Gobierno en el decreto declaratorio de la
emergencia económica, en cuanto están dirigidas a crear estímulos o
prerrogativas tanto particulares, como para entidades públicas - corporaciones
autónomas regionales, entre ellas - en materia ambiental, de manera que se
pueda favorecer la reconstrucción de la zona del eje cafetero afectada por la
calamidad pública que produjo el desastre natural, de manera más grave en esos
departamentos. Beneficios estos que no vulneran el ordenamiento superior y que
constituyen cabal desarrollo de la atribución del Gobierno para dictar normas
de excepción frente a aquellas circunstancias que generan una emergencia
económica, ecológica o social como la ocurrida el pasado 25 de enero de 1999 y
que justifican la adopción de disposiciones dirigidas a enfrentar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos.
ARRENDATARIOS DE
INMUEBLES EN LA ZONA CAFETERA-Protección
Resulta
indispensable adoptar medidas, que como las contenidas en las normas que se
examinan, están dirigidas a favorecer a los arrendatarios de bienes inmuebles
urbanos ubicados en los municipios afectados por el sismo, mediante la
congelación de los precios de arrendamiento hasta el año 2000 inclusive, de
manera que se evite el abuso y especulación tanto en los precios como en las
condiciones pactadas en los contratos, teniendo en cuenta el aumento desbordado
que se presentará desde el momento mismo de la tragedia, de vivienda. De esa
manera, la fijación de un tope y el derecho de preferencia de quien venía
siendo arrendatario a que una vez se repare el inmueble, tenga prelación y se
les prefiera en las mismas condiciones ofrecidas por otras personas, se
convierte en instrumentos idóneos para proteger los derechos de las personas y
para que el Estado logre cumplir su finalidad constitucional de garantizar un
orden justo y la prosperidad general.
VEHICULOS DE
SERVICIO PUBLICO Y PARTICULAR EN LA ZONA CAFETERA-Permiso especial
De los requisitos
que establece esta disposición para la obtención del permiso especial
transitorio a los propietarios de vehículos taxi y de vehículos particulares que
venían prestando el servicio escolar, se exige la presentación de fotocopia
autenticada de la tarjeta de operación, del seguro obligatorio y de la licencia
de tránsito y en el caso del transporte escolar, además, del permiso otorgado
por la autoridad de transporte y tránsito vigente para 1997 o 1998. Resulta
desproporcionado y violatorio del principio de buena fe, que en las
circunstancias existentes en la zona desastre, de suyo críticas para la mayor
parte de la población y oficinas públicas, se exija la presentación de un
documento autenticado que dificulta la consecución del permiso especial para la
operación de esos vehículos, en momentos en que se requiere restablecer de
manera lo más pronta posible, la prestación de ese servicio y el apoyo a la actividad
de esos propietarios. Es evidente, que la destrucción ocasionada por el sismo,
hace probable que estas personas no tengan en su poder el original del
documento requerido para la diligencia de autenticación. Más aún, mientras en
la legislación ordinaria (Decreto 2150 de 1995, art. 1o.) está prohibida la
exigencia de autenticación de documentos por parte de las entidades que
integran la administración pública, no se entiende como en situaciones como las
que se viven en la región cafetera como consecuencia del terremoto, sea más
gravoso el trámite de un permiso transitorio, cuando de lo que se trata es de
facilitar con normas de excepción, la reactivación de las actividades en las
poblaciones afectadas.
PROYECTOS VIALES
EN EL EJE CAFETERO-Generación
de empleos
La adopción de
medidas dirigidas a desarrollar y ejecutar proyectos de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y operación de proyectos viales en la zona
afectada por el sismo, como las contenidas en el artículo 52, y que se
financiarán con recursos del Fondo creado para el desarrollo social y la
reconstrucción del eje cafetero, guardan relación directa  con los fundamentos
de la declaratoria de la emergencia, por lo que por este aspecto no son
inconstitucionales. El desarrollo y puesta en marcha de estos proyectos viales
va a permitir enfrentar eficazmente la emergencia generada por el terremoto,
tanto en cuanto se trata de habilitar de nuevo las vías de comunicación
afectadas, las cuales son esenciales para el desarrollo de la actividad económica
y social en la zona, sino también en el hecho de   la construcción,
rehabilitación y operación de los proyectos viales mencionados en el artículo
52 va a generar un buen número de empleos, todo lo cual sin duda alguna
contribuirá a la reconstrucción y el desarrollo social de la región del eje
cafetero y a permitirle a los habitantes de esta zona la satisfacción de sus
necesidades básicas y las de sus familias, que o perdieron todo o gran parte de
su patrimonio y bienes por el desastre, como finalidad esencial del Estado
(artículo 2º CP.).
FONDO PARA LA
RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO-Recursos de crédito
El precepto del
artículo 54 no vulnera el ordenamiento constitucional, por cuanto dada la
situación de emergencia presentada con ocasión del terremoto que produjo la
destrucción de vidas humanas y de bienes corporales y materiales, se hace
indispensable dotar de recursos de crédito al Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero creado para tal fin. Como se ha dejado
expuesto, el Gobierno está facultado durante el estado de emergencia económica,
en su calidad de legislador extraordinario, para adoptar todas aquellas medidas
necesarias destinadas a conjurar la situación de crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. La puesta en marcha de los proyectos de
reconstrucción y construcción de viviendas, locales y servicios públicos, entre
otros, indispensables para garantizar la vida de la población que sufrió las
graves consecuencias del sismo, en condiciones dignas y justas,  como se indicó
en los considerandos del decreto declaratorio de la emergencia - No. 195 de
1999 -, exige necesariamente la adopción de disposiciones especiales en materia
presupuestal, crediticia, fiscal, transferencia de bienes, endeudamiento para
lograr el apoyo financiero a esos proyectos, recursos sin los cuales no sería
posible impulsar la recuperación de la actividad productiva y el
fortalecimiento institucional y financiero de los entes territoriales
indispensables para conjurar la crisis y la posible ampliación de sus efectos.
REGIMEN
SUBSIDIADO DE SALUD EN EL EJE CAFETERO
Se garantiza a
toda la población afectada por el terremoto, su derecho a la salud, reconocido
constitucionalmente como tal por el artículo 49, así como servicio público a
cargo del Estado, con lo cual se garantiza a todas personas que, como
consecuencia de ese fenómeno, no cuentan con recursos para aportar al régimen
contributivo y así poder acceder a ese servicio. El gobierno justificó la
expedición de esta norma en la necesidad de adoptar instrumentos adicionales
que permitan asegurar que se mantenga el normal funcionamiento del sistema de
salud en las condiciones previstas en la ley 100 de 1993, no obstante los
hechos acaecidos. Así mismo, y con el propósito de lograr cubrir la población
desprotegida en esa región, prever mecanismos que permitan aplicar a la mayor
brevedad el régimen subsidiado de la ley 100 de 1993, que en muchas regiones
del país no funciona a cabalidad.
REGIMEN
CONTRIBUTIVO EN SALUD EN LA ZONA CAFETERA-Requisitos
El artículo 57 no
vulnera el ordenamiento constitucional, por cuanto el legislador
extraordinario, en desarrollo de las atribuciones de que está investido durante
la emergencia, tiene plena competencia para adoptar medidas encaminadas a
proteger a aquel sector de población, que perteneciendo al régimen contributivo
en salud, se vieron seriamente afectados por el terremoto, perdiendo su
capacidad económica y laboral, lo que los coloca en una situación que de no
adoptarse medidas urgentes e inmediatas como las contenidas en este precepto,
pueden verse expuestos a una situación irremediable que atente contra sus
derechos fundamentales. En consecuencia, el beneficio de que trata la norma,
impone una serie de requisitos razonables, que de manera temporal supeditan a
que la persona recupere, por celebrar contrato de trabajo o posesionarse en un
cargo público, su capacidad económica, lo cual tiene pleno asidero
constitucional, y encuadra dentro de los principios que rigen el sistema
integral en salud. Por lo anterior, la norma será declarada exequible.
ADMINISTRADORAS
DE REGIMEN SUBSIDIADO EN LA ZONA CAFETERA-Giro de recursos
El artículo 58,
que constituye desarrollo de los anteriores, no desconoce precepto alguno de la
Constitución; por el contrario, y en aras de garantizar la efectividad del
derecho a la salud de la población afectada por el sismo, mediante el adecuado
y cabal funcionamiento de las administradoras del régimen subsidiado que
desarrollen sus actividades en los municipios de la zona cafetera afectada por
el terremoto, establece un giro directo de los recursos a cargo del Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud, con lo cual se da cabal cumplimiento al
principio constitucional de la eficiencia en materia de salud, pues se evitan
trámites y procedimientos engorrosos que puedan comprometer la estabilidad del
sistema, pero en particular, pone en marcha el plan obligatorio en salud para
las personas más necesitadas.
MONOPOLIO DE
SUERTE Y AZAR EN LA ZONA CAFETERA-Destinación a servicios de salud
Con el fin de
preservar la prestación del servicio de salud en la zona afectada, estimó
necesario el legislador extraordinario establecer nuevas fuentes de recursos,
para lo cual consideró procedente autorizar la realización de sorteos
extraordinarios en los años 1999 y 2000, con destino a los servicios de salud
pública de la zona afectada, lo cual no quebranta el ordenamiento superior.
Considera la Corporación, que dicha autorización cumplirá sin lugar a dudas la
finalidad propuesta en el decreto, cual es la de fortalecer los recursos para
atender las necesidades de salud en los departamentos afectados por el sismo.
Pero además, dicho precepto se ajusta a la Constitución, en cuyo artículo 336
se dispone que las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte
y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Por lo
tanto, se declarará la exequibilidad de la norma.
SUBSIDIOS EN
SALUD EN EL EJE CAFETERO
El legislador
extraordinario, en uso de sus competencias y de los recursos y mecanismos
fiscales a su alcance durante el estado de emergencia, puede otorgar apoyos o
subsidios como los que regula el artículo 60 del Decreto 350 de 1999, con el
objeto que el sector de la salud afectado por el terremoto, pueda recuperarse
mediante la construcción o reconstrucción de la infraestructura necesaria para
asegurar su prestación. De esta manera, se busca que mediante la recuperación
de estos bienes, toda la población tenga acceso efectivo a los servicios
públicos de salud y pueda cubrir sus necesidades básicas, en aplicación del
principio de solidaridad que consagra el numeral 9º del artículo 95 de la
Constitución. Por lo tanto, el otorgamiento de subsidios a través de esta
norma, a juicio de la Corporación, es un recurso idóneo con que cuenta el
Estado para cumplir sus fines sociales en materia del servicio público de
salud, en las circunstancias en que se encuentra la región del eje cafetero. En
consecuencia, no se desconoce el ordenamiento constitucional por el hecho de
otorgar subsidios como los establecidos en la norma sub examine, que estarán
dirigidos a reestablecer en su integridad la prestación universal y eficiente
del servicio público de salud.
LEGISLADOR
EXTRAORDINARIO-Excepciones
transitorias en materia de contratos
Estando
habilitado legalmente para ello, el legislador extraordinario mediante la
autorización en la aplicación del régimen de derecho privado a los contratos
que se celebren para ejecutar los citados fondos, le imprime a los mismos una
dinámica en la gestión de los recursos, lo que hace posible el cumplimiento de
los objetivos definidos en el Decreto 350 de 1999 que permitan asegurar el
adecuado funcionamiento del sistema de salud. Por consiguiente, bien puede el
legislador extraordinario, autorizado constitucionalmente para ello, y por
razones de grave calamidad pública que alteraron el orden público económico,
ecológico y social para solucionar con prontitud, eficacia y agilidad los
problemas generados por la catástrofe, disponer las excepciones transitorias
que permitan cumplir con los objetivos perseguidos con la declaratoria de la
emergencia económica.
SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS EN EL EJE CAFETERO
En cuanto a la
constitucionalidad del artículo 62, no duda en ella la Corte, por cuanto su
finalidad es evitar el despilfarro, uso indebido o la pérdida de medicamentos y
otros bienes con destino a la atención de la emergencia, que por su carácter
perecedero puede perderse cuando existe otro sector de población que requiere
de él, y que puede asumir su pago, o a falta de fondos, puede serle entregado
con el objeto de garantizar el derecho a la salud, a la dignidad y a la vida de
la población que requiera de dicho medicamentos. Esta norma desarrolla el
principio constitucional de la solidaridad, puesto que en la medida en que en
la zona afectada por el terremoto se hayan recibido en abundancia medicamentos
y otros bienes, en lugar de perderlos, se habrán de destinar a otro sector de
población que pueda requerir de ellos, logrando adicionalmente, evitar amenazas
contra los derechos a la salud y a la vida por conexidad.
NORMA EN MATERIA
DE JUSTICIA Y POLICIA EN EL EJE CAFETERO
Si bien, a raíz
de la ocurrencia del terremoto el pasado 25 de enero, se presentaron hechos de
vandalismo y violencia en la zona del desastre, se trató de hechos aislados
para los cuales las autoridades nacionales y locales contaban con las
atribuciones que en tiempo ordinario les permiten adoptar las medidas para
conservar el orden público y la convivencia ciudadana  en las poblaciones en
que tuvieron ocurrencia. Es evidente que un Programa como el que se concibe en
la preceptiva que se analiza, es más propio de políticas generales cuya
formulación ordinariamente está en cabeza de los correspondientes organismos
estatales, a saber: las propuestas para el desarrollo de la jurisdicción de
paz, las acciones para el establecimiento de casas de justicia, la
implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, medidas
para la recuperación y modernización de la infraestructura carcelaria,
coordinación para la organización de la policía comunitaria, recomendaciones
para la actualización de los códigos locales de policía. Todos estos son de
asuntos de orden general que por su complejidad no se pueden restringir a la
zona del eje cafetero, pues tocan con problemáticas que están presentes en la
mayoría de las regiones y poblaciones del país, que no obedecen exclusivamente
a la ocurrencia de un desastre como el acaecido en esa región.
Referencia:
Expediente RE-113
Revisión
constitucional del Decreto Legislativo 350 de 1999, “Por el cual se dictan
disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica
causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999”.
Magistrada Ponente
(E):
Dra. MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Santafé de Bogotá,
D.C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I.      ANTECEDENTES
El Presidente de la
República, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 215 de la
Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, expidió el
Decreto 195 del 29 de enero de 1999, por medio del cual se declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el sector de la zona cafetera
afectada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, desde su vigencia
hasta las veinticuatro horas del día 27 de febrero de 1999. En virtud de esa
declaratoria, se expidieron, entre otros, los Decretos Legislativos 198 y 223
de 1999, así como el Decreto Legislativo 350 del 25 de febrero del mismo año.
El Presidente de la
República envió a esta Corporación al día siguiente de su expedición y dentro
del término fijado en el numeral 6) del artículo 214 de la Carta Política,
copia del Decreto Legislativo No. 350 del 25 de febrero del mismo año, “por el
cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica,
social y ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999”.
La Magistrada
ponente, al asumir el conocimiento del mismo, mediante providencia proferida el
12 de marzo de 1999, ordenó comunicar la iniciación del proceso a distintas
autoridades públicas del orden nacional, departamental y local, con el objeto
de expusieran su concepto acerca de la constitucionalidad del decreto materia
de revisión. Así mismo, se ordenó la fijación en lista del decreto en mención,
para efectos de la intervención ciudadana y se dispuso dar traslado del
expediente al Procurador General de la Nación, con el fin de que emitiera  el
concepto de rigor.
Agotados los
trámites constitucionales y legales respectivos, procede la Corte a examinar la
exequibilidad del decreto sometido a revisión.
II.     TEXTO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 350 de 1999
El texto del Decreto
Legislativo 350 del 25 de febrero de 1999 que se revisa, es el siguiente:
“DECRETO NUMERO 350 DE 1999
(febrero 25)
por el cual se dictan disposiciones para
hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica causada por el
terremoto
ocurrido el 25 de enero de 1999.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las
facultades que le confiere el artículo 215
de la Constitución Política,
en concordancia con la Ley 137 de 1994 y
en desarrollo de lo
dispuesto por los Decretos 195 y 223 de
1999, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto
195 de enero 29 de 1999 modificado por el Decreto 223 del mismo año, se declaró
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de los
departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca que se indicaron
en los referidos decretos, con el fin de conjurar la situación de calamidad
pública ocurrida por razón del terremoto del día 25 de enero del presente año;
Que en el decreto
195 de 1999 se señaló que es indispensable establecer disposiciones especiales
en materia crediticia, fiscal y de endeudamiento para lograr la recuperación de
la actividad productiva y el fortalecimiento institucional y financiero de las
entidades territoriales mencionadas en los Decretos 195 y 223, ambos de 1999,
con el fin de atender las necesidades básicas de las personas afectadas y
lograr la reconstrucción y rehabilitación de la zona;
Que con el
propósito de estimular la recuperación económica de la zona es necesario dictar
disposiciones tributarias para ampliar el alcance de la exención otorgada a las
personas que se establezcan en la zona afectada, así como para aquellas que
reactiven a la mayor brevedad su actividad económica en la misma.
Igualmente se
requiere incorporar a las personas naturales como destinatarias de los
beneficios consagrados en el impuesto sobre la renta. De igual manera es
necesario adoptar disposiciones para evitar que se empleen inadecuadamente los
beneficios que se otorguen;
Que con la misma
finalidad deben establecerse beneficios tributarios y arancelarios para
aquellas personas que adquieran nuevos bienes de capital, maquinaria y equipo,
para desarrollar actividades productoras de renta en la zona;
Que es necesario
adoptar disposiciones para evitar que se empleen inadecuadamente los beneficios
que se otorguen;
Que con el fin de
lograr que se inicien a la mayor brevedad los procesos de construcción,
reconstrucción y reparación de los inmuebles de la zona afectada es necesario
adoptar mecanismos fiduciarios que permitan dar subsidios a la demanda de
inmuebles, créditos para reconstrucción y reparación, líneas de redescuento e
instrumentos para apoyar los fondos de garantías;
Que igualmente,
es necesario precisar el tratamiento tributario del Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero con el fin de facilitar el
desarrollo de sus operaciones;
Que así mismo es
preciso aclarar que corresponde al deudor decidir si se debe aplicar el valor
pagado por razón del seguro de terremoto a la reconstrucción del bien o al pago
del crédito;
Que igualmente se
requiere adoptar mecanismos para facilitar la reconstrucción de la
infraestructura hospitalaria, educativa y aeronáutica de la zona;
Que los usuarios
de los servicios públicos domiciliarios y de otros servicios de
telecomunicaciones que fueron afectados por el terremoto, han sufrido tal
deterioro en su patrimonio que muchos de ellos no pueden cumplir con las
obligaciones derivadas de los consumos realizados en los meses inmediatamente
anteriores a la ocurrencia del desastre y tampoco podrán cancelar el consumo
durante los meses inmediatamente siguientes al terremoto, por lo cual deben
adoptarse medidas en materia de subsidios;
Que el terremoto
afectó gravemente muchas viviendas de la zona, razón por la cual se hace
necesario expedir normas encaminadas a facilitar el otorgamiento de subsidios
familiares de vivienda de interés social, que permita a los beneficiarios de
los mismos la reconstrucción y rehabilitación de sus inmuebles, para lo cual es
necesario establecer disposiciones que permitan a las Cajas de Compensación
Familiar destinar recursos a la aplicación del subsidio de vivienda de interés
social, con el fin de lograr una mejor y más eficiente atención a los
trabajadores beneficiarios y a las personas a su cargo, así como a la población
no afiliada afectada por el terremoto;
Que igualmente es
indispensable efectuar modificaciones al calendario académico establecido para
la educación básica y media, debido a la destrucción de los inmuebles en la
región del eje cafetero que ocasionó la interrupción del servicio educativo;
Que así mismo se
requiere adoptar mecanismos que permitan a las instituciones de educación
formal evaluar el cumplimiento de los educandos que provengan de la zona de
desastre, con el fin de facilitar la continuación de los estudios;
Que con el fin de
lograr en el menor plazo el restablecimiento integral del servicio educativo y
la reconstrucción de las comunidades educativas, teniendo en cuenta las
condiciones de la zona, es necesario permitir la adopción de un plan especial
con la participación de los diversos integrantes del sistema educativo;
Que el terremoto
desencadenó factores de deterioro ambiental que afectan gravemente la salud humana,
la calidad de vida y el desarrollo de actividades productivas en la región,
razón por la cual resulta necesario articular esfuerzos para mitigar los
efectos ambientales adversos y evitar su extensión o intensificación;
Que las
estrategias, programas y acciones que se implementen para hacer frente a la
situación de emergencia que aqueja a los municipios afectados por el desastre,
deben responder de manera armónica a las necesidades y requerimientos sociales,
económicos y ambientales;
Que el proceso de
recuperación, reconstrucción y reactivación del sector productivo de la región,
debe realizarse teniendo en cuenta consideraciones ambientales que garanticen
la sostenibilidad del desarrollo en el Eje Cafetero;
Que de igual
manera se requiere adoptar mecanismos de excepción para responder de manera
oportuna a la realización de proyectos que demanda la atención del desastre y
el desarrollo de la zona;
Que se hace
necesaria una respuesta coordinada de las entidades que hacen parte del sistema
nacional ambiental para garantizar la incorporación del componente ambiental en
las actividades de recuperación, reconstrucción y reactivación del sector
productivo;
Que es necesario
compensar la pérdida que sufrirán en sus ingresos las autoridades ambientales
con jurisdicción en los municipios afectados por el terremoto para que puedan
cumplir sus funciones y atender las necesidades de los habitantes de la región;
Que como
consecuencia del terremoto ocurrido el valor económico y comercial de los
inmuebles destinados a vivienda urbana no pudo haberse incrementado, por tanto
es necesario expedir disposiciones encaminadas a evitar abusos al pactar los
cánones de arrendamiento así como el precio de compra o venta de los inmuebles
destinados a vivienda urbana;
Que para promover
la reconstrucción de la zona afectada, incentivar el desarrollo, estimular la
recuperación del sistema económico de la zona y la generación de empleo, es
necesario destinar recursos para las actividades de concesión, construcción,
rehabilitación, conservación y mantenimiento de los corredores viales en la
mencionada zona;
Que igualmente es
necesario precisar las condiciones en que la Nación puede otorgar garantías a
las operaciones de crédito, con el fin de asegurar que las mismas estén destinadas
a apoyar la reconstrucción de la zona;
Que así mismo se
deben adoptar instrumentos adicionales que permitan asegurar que se mantenga el
funcionamiento del sistema de salud en las condiciones previstas en la ley 100
de 1993. Así mismo, y con el propósito de lograr cubrir la población
desprotegida del departamento del Quindío que ha sido la más afectada por el
terremoto, es necesario prever mecanismos que permitan aplicar a la mayor
brevedad el régimen subsidiado de la ley 100 de 1993;
Que con el fin de
preservar la prestación del servicio de salud en la zona afectada, es necesario
establecer nuevas fuentes de recursos, para lo cual es procedente autorizar la
realización de sorteos extraordinarios con destino a los servicios de salud
pública de la zona afectada;
Que como
consecuencia del terremoto varias personas que venían prestando el servicio
público de taxi en vehículos de su propiedad y el servicio escolar en vehículos
particulares en los municipios afectados se han visto obligados a trasladarse a
otras ciudades del país, razón por cual se hace necesario facultar a las
autoridades metropolitanas, distritales y/o municipales para otorgar permisos
especiales y transitorios que permitan a las mencionadas personas prestar dicho
servicio público con los vehículos provenientes de la zona del terremoto;
Que así mismo es
necesario adoptar mecanismos que permitan lograr el restablecimiento eficaz de
la administración de justicia y la recuperación de la convivencia social;
DECRETA:
CAPITULO I
Disposiciones en materia tributaria y de
ingresos de
las entidades territoriales
Artículo 1°. El parágrafo 1° del artículo 7° del
Decreto 258 de 1999, quedará así:
Parágrafo 1°. En el caso de las actividades comerciales,
estarán exentas, siempre y cuando se refieran a bienes corporales muebles que
se expendan al detal y su entrega física se produzca en la jurisdicción de los
municipios contemplados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Artículo 2°. El primer inciso del artículo 8° del
Decreto 258 de 1999, quedará así:
"Lo
dispuesto en los dos artículos anteriores será igualmente aplicable
exclusivamente para el año fiscal de 1999, a aquellas personas jurídicas o
naturales que para el 25 de enero de 1999 se encontraban domiciliadas o
localizadas físicamente en la jurisdicción de los municipios señalados en los
Decretos 195 y 223 de 1999, siempre y cuando en el caso de las personas
jurídicas éstas se encuentren constituidas jurídicamente en dicha zona, y
adicionalmente ellas y las personas naturales demuestren, en la forma que
señale el reglamento, que reanudaron las actividades económicas que venían
desarrollando a la fecha del desastre, a más tardar el 31 de diciembre de 1999,
en la jurisdicción de los municipios a los que se ha hecho referencia. Para
efectos de lo aquí previsto, el contribuyente deberá informar a la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de su jurisdicción, la fecha
de reiniciación de actividades".
Artículo 3°. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo
8° del Decreto 258 de 1999:
Parágrafo 2°. El beneficio a que se refiere el presente
artículo se otorgará igualmente a todas las personas naturales o jurídicas que
desarrollaban actividades comerciales previamente al terremoto en los términos
de este artículo, siempre y cuando éstas se refieran a bienes corporales
muebles que se expendan al detal y su entrega física se produzca en la
jurisdicción de los municipios contemplados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Para determinar la cuantía del beneficio se tendrá en cuenta si se trata de
pequeñas y medianas empresas o no.
Artículo 4°. Las transacciones que realicen las
personas que gocen de los beneficios a que se refieren los artículos 6°, 7° y
8° del Decreto 258 de 1999 con personas que le estén vinculadas económicamente
deberán realizarse por lo menos a valores comerciales. Por consiguiente, si se
realizan por un valor menor, para efectos tributarios se entenderá que se
realizó por los valores comerciales mencionados.
Artículo 5°. Por los años 1999 y 2000, las personas
ubicadas en los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999 que
adquieran bienes de capital, consistentes en maquinaria y equipo, tendrán
derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas que hubieren cancelado
por dichos bienes, siempre y cuando los mismos se destinen a ser utilizados en
su actividad productora de renta como activo fijo, dentro de la jurisdicción
territorial de dichos municipios, durante el período de depreciación del bien,
en la forma que señale el reglamento.
Artículo 6°. Previo el cumplimiento de lo señalado en
los Tratados Internacionales, por los años 1999 y 2000, se aplicará una
franquicia arancelaria a los bienes de capital no producidos en Colombia,
importados por las personas ubicadas en los municipios señalados en los
Decretos 195 y 223 de 1999, siempre y cuando los bienes importados se destinen
exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta dentro de
la jurisdicción territorial de dichos municipios, durante el período de depreciación
del bien, en la forma que señale el reglamento.
Parágrafo. El Instituto Colombiano de Comercio
Exterior elaborará un listado de bienes de capital no producidos en Colombia,
en la forma que señale el reglamento.
Artículo 7°. Para ser acreedor a los beneficios a que
se refieren los dos artículos anteriores las personas naturales o jurídicas
deberán constituir una póliza por el treinta por ciento (30%) de los
respectivos tributos, en la forma que señale el reglamento, con el fin de
asegurar el pago de los mismos en el evento en que no se cumplan las
condiciones previstas para obtener el beneficio. Lo anterior, sin perjuicio de
que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales cobre la totalidad de
los tributos y las sanciones correspondientes.
En el evento en
que se reclamen los beneficios previstos en los dos artículos anteriores sin
los requisitos establecidos en estos artículos, se aplicará la sanción prevista
por el inciso 5° del artículo 670 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra el representante legal, los socios,
contadores o revisores fiscales de la empresa, por alterar la información
contable o los estados financieros para hacer uso del beneficio fiscal
solicitado.
Adicionalmente,
cuando se trate de bienes importados y no se cumplan las condiciones señaladas
en el artículo anterior, los bienes serán considerados mercancía de
contrabando, para efectos de las sanciones administrativas y penales que
señalan las normas legales sobre la materia.
Artículo 8°. Los contratos de arrendamiento financiero
o leasing que se celebren en los municipios señalados en los Decretos 195 y 223
de 1999, que tengan por objeto maquinaria o equipo que se ubique físicamente en
dichos municipios durante la vigencia del contrato de leasing, se regirán, para
efectos contables y tributarios, por las reglas aplicables al arrendamiento
operativo, cualquiera sea el patrimonio del locatario o el tipo de bien objeto
del contrato. En consecuencia, el locatario registrará como un gasto deducible
la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar en su
activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien tomado en leasing.
Esta disposición
estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2000.
Artículo 9°. Lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto
258 de 1999 no se aplicará a la contribución prevista en el Decreto 2331 de
1998, la cual se causará en los términos previstos en este último.
Artículo 10. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 22 del Decreto 258 de 1999, para determinar el monto de la
compensación a que se refiere dicho artículo se incluirán dentro de los
ingresos que se toman como base del cálculo aquellos provenientes de los
monopolios de licores.
Así mismo, los
municipios que reciban compensaciones en desarrollo del artículo 21 del Decreto
258 de 1999 deberán transferir las sumas a su cargo por concepto de impuesto
predial a las corporaciones autónomas regionales.
CAPITULO II
Disposiciones para promover la construcción
y reconstrucción
Artículo 11. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero destinará parte de sus recursos a la
constitución de un fondo fiduciario administrado a través de uno o varios
contratos fiduciarios, para estimular el otorgamiento de subsidios a la demanda
de inmuebles, para lo cual podrá realizar las siguientes actividades:
a) Otorgar
créditos con el fin de suministrar los recursos necesarios para el inicio de
proyectos masivos de construcción, reconstrucción y rehabilitación en los
municipios en los cuales se decretó la emergencia económica, social y
ecológica, en la parte que dichos recursos no sean financiados por los
establecimientos de crédito;
b) Adquirir
terrenos y adelantar sobre los mismos, directamente o a través de terceros, las
obras de urbanismo y adecuación y de división en lotes individuales con el fin
de que éstos sean entregados a los propietarios o poseedores de inmuebles
afectados, a cambio de la entrega de sus inmuebles al fondo fiduciario;
c)
Excepcionalmente, otorgar cualquier clase de subsidios que faciliten a los
propietarios o poseedores de los inmuebles afectados, urbanos o rurales, el
pago de la cuota inicial que puedan requerir para la adquisición de un nuevo
inmueble;
d) Otorgar
garantías o subsidios adicionales a los que deba entregar el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras en desarrollo de los programas que le fueron
asignados mediante el Decreto 196 de 1999 con el fin de facilitar a los
propietarios o poseedores de los inmuebles afectados el acceso a la
financiación que otorguen los establecimientos de crédito.
Parágrafo. El fondo fiduciario contará con un
Consejo de Administración que estará integrado por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado, el Director del Departamento Nacional de
Planeación o su delegado, y el Presidente del Consejo Directivo del Fondo para
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero o su delegado.
Artículo 12. Serán funciones del Consejo de
Administración a que se refiere el artículo anterior, las siguientes:
a) Fijar las
condiciones de elegibilidad de las operaciones que pueden realizarse con cargo
a los recursos del Fondo Fiduciario para lo cual tendrá en cuenta el interés
expresado por los damnificados o por la comunidad afectada en la adquisición de
los inmuebles a los cuales se destinen los apoyos de dicho fondo;
b) Establecer las
condiciones de los créditos, de las garantías y de los subsidios adicionales
que se otorguen con cargo al fondo fiduciario;
c) Adoptar los
procedimientos conducentes a la adquisición de los terrenos y a la realización
de las obras de urbanismo, adecuación y división previstos en el literal b) del
artículo anterior del presente decreto;
d) Definir los
mecanismos mediante los cuales los beneficiarios de los apoyos que otorga el
fondo fiduciario acrediten su calidad de tales ante terceros;
e) Determinar los
demás aspectos necesarios para el desarrollo del fondo fiduciario.
Artículo 13. Autorízase al Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras para establecer, con cargo a los recursos del Fondo
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, una línea de
redescuento de créditos otorgados por los establecimientos de crédito a
constructores para financiar proyectos de vivienda de interés social que se
desarrollen en los municipios a los cuales se refieren los Decretos 195 y 223
de 1999.
Artículo 14. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá constituir un patrimonio autónomo que
tendrá como propósito otorgar créditos destinados a la reconstrucción o
reparación de los inmuebles ubicados en los municipios a los cuales se refieren
los Decretos 195 y 223 de 1999.
El patrimonio
autónomo contará con un Consejo de Administración integrado por el Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Director del Departamento Nacional
de Planeación o su delegado, y el Presidente del Consejo Directivo del Fondo
para Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero o su delegado.
A dicho Fondo
corresponderá, además de la determinación de los aspectos necesarios para el
cumplimiento del objeto de dicho patrimonio autónomo, la definición de los
términos y condiciones de los créditos a los cuales se refiere el presente
artículo, tales como montos plazos, tasas de interés y garantías.
En todo caso, el
plazo para ejecutar las obras de reconstrucción o de reparación sobre los
inmuebles afectados no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha en
la cual el patrimonio autónomo desembolse los correspondientes recursos.
Artículo 15. Concluidas las obras de reconstrucción o
reparación de los inmuebles de que trata el artículo anterior, el patrimonio
autónomo podrá enajenar a título oneroso o entregar en administración a los
establecimientos de crédito, total o parcialmente, la cartera constituida por
los préstamos otorgados para tal propósito. Para el efecto, utilizará
mecanismos que brinden publicidad, transparencia y permitan amplia
participación de los establecimientos de crédito.
Cuando los
establecimientos de crédito reciban la cartera indicada en el presente
artículo, los deudores de los préstamos individuales cedidos o recibidos en
administración tendrán derecho a que el Fondo de Garantías de Instituciones
financieras cancele a las entidades adquirentes la diferencia de tasa de
interés de que tratan el numeral 2° del literal a) y el literal b) del artículo
1° del Decreto 196 de 1999.
Sin perjuicio de
la facultad de la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
para establecer la forma y procedimientos en que deberán acreditarse los
requisitos para tener derecho al beneficio de la tasa de interés aquí previsto,
será necesario que se cumplan las condiciones contenidas en los literales b),
c), y d) del artículo 2° del Decreto 196 de 1999.
Artículo 16. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá celebrar contratos de crédito con los
fondos de garantías de la región afectada, con el fin de facilitar que los
mismos puedan otorgar garantías a los créditos para capital de trabajo que se
otorguen a los afectados por el terremoto del 25 de enero de 1999 que figuren
en el censo respectivo.
Artículo 17. Los fondos de garantía que atienden las
necesidades de la pequeña y mediana empresa darán especial prioridad a las
solicitudes de los pequeños comerciantes damnificados en los municipios a los
que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999, en la ejecución de sus
presupuestos de actividades y recursos.
Artículo 18. El artículo 30 del Decreto 258 de 1999,
quedará así:
El Fondo para la
Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero creado por el Decreto 197 de 1999
se denominará en adelante Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero y tendrá por objeto la financiación y realización de todas las
actividades necesarias para la reconstrucción y la rehabilitación económica,
social y ecológica que permita el desarrollo social de la región del eje
cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999. Los contratos de
asesoría técnica y consultoría que celebre el Fondo, directamente o a través de
entidades fiduciarias, no estarán sujetos al impuesto sobre las ventas. En las
fechas que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Fondo
comunicará a dicho Ministerio el valor correspondiente al impuesto sobre el
valor agregado a cargo del Fondo, con el fin de que se incluyan recursos
correspondientes al monto de dicho impuesto en el proyecto de presupuesto.
Artículo 19. La opción prevista en el literal a) del parágrafo
4° del artículo 1° del Decreto 196 de 1999, modificado por el artículo 27 del
Decreto 258 de 1999 corresponderá ejercerla al deudor y su decisión será
obligatoria para el acreedor.
Artículo 20. Por el término de un año contado a partir
de la publicación de este Decreto, los recursos que el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, debería invertir en "Títulos de Desarrollo
Agropecuario", serán destinados por dicho Instituto para abrir una línea
de redescuento o crédito para la financiación de capital de trabajo en los
municipios a que se refieren los decretos 195 y 223 de 1999, en las condiciones
que fije su Junta Directiva.
Artículo 21. Los contratos que celebre la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para la reconstrucción y puesta
en funcionamiento del Aeropuerto El Edén de la ciudad de Armenia, se regirán
por el derecho privado, sin perjuicio de que se puedan incluir las cláusulas
excepcionales previstas por la Ley 80 de 1993, evento en el cual las mismas se
regirán por lo dispuesto en dicha ley. Lo anterior incluirá el proceso de
formación del contrato.
CAPITULO III
Disposiciones en materia de servicios
públicos
Artículo 22. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero, en coordinación con la comisión de
regulación respectiva, podrá otorgar subsidios para el pago de servicios
públicos domiciliarios a los usuarios cuyo inmueble haya sido destruido o
gravemente afectado por el terremoto del 25 de enero pasado y que por ello hayan
tenido que desocuparlos, así como a las personas de los estratos 1 a 4 y cuyos
inmuebles figuren en el censo por haber sido afectados, pero que no hayan
tenido que desocuparlos.
Dichos subsidios
podrán otorgarse por un período máximo de ocho meses y hasta por un monto
equivalente al valor del cargo fijo o el consumo mínimo más un veinticinco por
ciento (25%) e incluir los cargos de reconexión o traslado.
El subsidio será
pagado directamente a la respectiva empresa de servicios públicos por el Fondo
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero.
Artículo 23. Las empresas de servicios públicos
domiciliarios y todos los operadores de telecomunicaciones podrán castigar las
obligaciones correspondientes al último período de facturación inmediatamente
anterior del 25 de enero de 1999, a cargo de los usuarios afectados por el
terremoto, en los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999. Lo
anterior no constituirá una violación al principio de insuficiencia financiera
establecido en la Ley 142 de 1994, ni podrá ser considerado por las autoridades
competentes como práctica restrictiva de la competencia o conducta de
competencia desleal.
CAPITULO IV
Disposiciones sobre subsidio de vivienda
Artículo 24. Sin perjuicio de la atención a los
trabajadores afiliados, las Cajas de Compensación Familiar destinarán el diez
por ciento (10%) de las apropiaciones mensuales correspondientes a programas de
vivienda durante los años 1999 y 2000 para atender las necesidades de vivienda
de los pobladores de la zona de desastre, prioritariamente para quienes en el
momento de la ocurrencia del mismo, tenían la calidad de afiliados a las Cajas
de Compensación Familiar de la región, y en segundo término para la población
no afiliada.
Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar
destinarán adicionalmente para la población no afiliada, los dineros del FOVIS
que a la fecha de la expedición del presente decreto se encuentren destinados a
atender la segunda y tercera prioridad y que no estén comprometidos.
Entiéndese por
recursos no comprometidos aquellos que no han cumplido el trámite de
adjudicación y los que hayan sido adjudicados a hogares que desistieron del
mismo, o que no los utilizaron dentro del plazo que les fue conferido para tal
efecto.
Con base en el
censo de afectados realizado por la autoridad competente, las Cajas de
Compensación Familiar de la región identificarán los afiliados afectados.
Artículo 25. De acuerdo con las condiciones socioeconómicas
de los beneficiarios, el tipo y valor de la solución de vivienda de interés
social y las necesidades de mejoramiento, la cuantía del subsidio familiar de
vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a los
recursos indicados en el artículo anterior de este decreto será hasta de
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 26. Las Cajas de Compensación Familiar,
podrán con los recursos a que se refiere el artículo 24 de este decreto y los
que obtengan de otras fuentes, desarrollar proyectos integrales de vivienda de
interés social directamente, o mediante convenios con entidades públicas,
privadas u otras Cajas de Compensación Familiar; adquirir de terceros, total o
parcialmente, programas de vivienda de interés social con el fin de aplicar
estos subsidios.
Artículo 27. Para efectos de la asignación de subsidios
de mejoramiento a los beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en
este decreto, las Cajas de Compensación Familiar prestarán directamente la
asistencia técnica, establecerán los controles y harán el seguimiento para la
aplicación del citado subsidio. Sin perjuicio de lo anterior, las Cajas de
Compensación Familiar deberán participar en la ejecución del respectivo
programa de mejoramiento.
Parágrafo. Para la aplicación del presente artículo
se atenderá a la definición de mejoramiento contemplada en las normas que
regulan el subsidio de vivienda familiar y se tendrán en cuenta las actividades
encaminadas a restablecer las condiciones normales de la vivienda, superando
los daños graves causados por el terremoto.
Artículo 28. Los proyectos presentados por las Cajas de
Compensación Familiar, en cumplimiento de este decreto, deberán ajustarse a las
políticas señaladas por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero. La aprobación de tales proyectos corresponderá a la
Superintendencia de Subsidio Familiar de conformidad con las normas vigentes,
la cual deberá pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
Artículo 29. Las Cajas de Compensación Familiar
administrarán los recursos de que trata el artículo 24 de este decreto. El
seguimiento y control de la administración de los citados recursos, lo
efectuará la Superintendencia del Subsidio Familiar de conformidad con las
normas vigentes.
Parágrafo. Para los efectos del régimen de excepción
establecido en el presente decreto, el Gobierno Nacional señalará el
procedimiento para la postulación, calificación, adjudicación y entrega del
subsidio.
Artículo 30. Para acceder al subsidio familiar de
vivienda se deberá cumplir con las siguientes condiciones:
1. Conformar un
hogar en los términos establecidos en las normas de subsidio de vivienda
familiar.
2. Ninguno de los
miembros del hogar podrá ser propietario de una solución de vivienda, excepto
de la vivienda afectada por el desastre.
3. Los ingresos
totales del hogar no podrán ser superiores a cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en la fecha de asignación.
4. En el evento
de adquisición de vivienda deberá acreditarse la fuente de financiación del
resto del valor de la solución de vivienda.
Parágrafo 1°. En el caso de que el solicitante afectado
por el terremoto haya recibido subsidio por parte de las Cajas de Compensación
Familiar antes del 25 de enero de 1999, el mismo podrá obtener un nuevo
subsidio en la forma que señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. En todo caso, los auxilios, subsidios o
beneficios que se otorguen para financiar vivienda no podrán exceder del cien
por ciento del valor de compra del inmueble.
Artículo 31. Las soluciones de vivienda a las cuales
se podrá aplicar el subsidio de vivienda de que tratan los artículos anteriores
de este decreto, no podrán superar el valor equivalente a ciento treinta y
cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes, debiendo aplicarse
preferiblemente a vivienda cuyo valor no supere el valor equivalente a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPITULO V
Disposiciones en materia educativa
Artículo 32. Los establecimientos educativos de los
municipios señalados en los decretos 195 y 223 de 1999, podrán reducir el
calendario académico para el año lectivo de 1999 a que se refiere el artículo
86 de la Ley 115 de 1994, siempre y cuando se garantice que el educando alcance
los logros establecidos en el plan de estudios del proyecto educativo
institucional.
Dicha
modificación se registrará en la secretaría de educación respectiva, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994.
Artículo 33. Sin perjuicio de la autonomía escolar, las
instituciones de educación formal deberán evaluar el cumplimiento de los logros
de los educandos provenientes de la zona de desastre, que aspiren a continuar
en ellos sus estudios y que carezcan del certificado de estudios respectivo,
quienes, sin exigencia de documento distinto al resultante de dicha evaluación,
serán incorporados al grado que corresponda según el plan de estudios.
Artículo 34. Los municipios relacionados en los
Decretos 195 y 223 de 1999, integrarán un área educativa especial para el
desarrollo de un subsistema educativo que garantice que la prestación del
servicio educativo responda a las necesidades de dicha zona.
Dentro del mes
siguiente a la publicación del presente decreto, el Ministerio de Educación
Nacional y el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero,
conjuntamente con los gobernadores y alcaldes con jurisdicción en el área,
diseñarán un Plan de Acción con identificación de alternativas, programas y
proyectos, incluyendo útiles y textos, que garanticen el restablecimiento
integral del servicio educativo y la reconstrucción de las comunidades
educativas e incorporen mecanismos especiales de coordinación y gobierno y de
participación ciudadana.
Además de las
fuentes ordinarias de financiación del sector educativo, el plan de acción
incluirá los recursos que podrán aportar el Fondo de Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero y el sector privado.
El Gobierno Nacional
reglamentará la administración y operación del Subsistema a que se refiere el
presente artículo.
CAPITULO VI
Disposiciones en materia ambiental
Artículo 35. El Ministerio del Medio Ambiente y las
Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda -Carder-, Quindío -CRQ-, Tolima
-Cortolima-, y Valle -CVC-, formularán conjuntamente, un Plan de Acción
Ambiental para hacer frente a los factores de deterioro y riesgo ambiental
originados por el evento sísmico en la región, y garantizar la incorporación de
la dimensión ambiental en las actividades de reconstrucción, recuperación y
reactivación de los sectores productivos de los municipios afectados por el
desastre, a fin de impulsar su desarrollo sostenible.
Dichas autoridades
deberán elaborar el Plan de Acción Ambiental en un término máximo de dos meses
contados a partir de la publicación del presente decreto.
Parágrafo 1°. El Ideam, el Ingeominas, el IGAC y demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, prestarán asesoría y asistencia
técnica en la elaboración y puesta en marcha de dicho Plan.
Parágrafo 2°. El Plan de Acción Ambiental tendrá en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
- Mitigación de
los efectos del deterioro ambiental derivados del sismo y prevención de la
extensión de sus efectos.
- Prevención,
mitigación y control de los impactos ambientales generados por el proceso de
reconstrucción.
- Incorporación
de criterios de identificación de amenazas naturales, mitigación de riesgos y
prevención de desastres en los planes de ordenamiento territorial.
- Manejo integral
de residuos y escombros.
- Prevención de
la contaminación y mejoramiento de la competitividad de los sectores
productivos mediante estrategias para una producción más limpia.
- Recuperación de
cuencas hidrográficas y de áreas amenazadas o en proceso de degradación.
- Incremento de
la oferta de bienes y servicios ambientales competitivos que genere empleo y
fortalezcan la economía regional.
- Promoción de
modelos de desarrollo urbano sostenible.
- Capacitación
comunitaria para el manejo del riesgo y la participación en el proceso de
reconstrucción.
- Diseño y puesta
en marcha del sistema de información ambiental como soporte de las acciones del
plan.
Parágrafo 3°. Los Planes de Acción y los Planes de
Gestión Ambiental Regional de las Corporaciones anteriormente enunciadas,
deberán ser revisados y ajustados atendiendo las necesidades de la emergencia y
las previsiones contenidas en el Plan de Acción Ambiental al que se refiere el
presente artículo.
Conjuntamente con
Ingeominas el Sistema Nacional Ambiental apoyará los proyectos de
microzonificación e instrumentación sísmica.
Artículo 36. Quedarán eximidos del requisito de
licencia ambiental los proyectos, obras o actividades de rehabilitación,
reconstrucción y reposición en los sectores de transporte, infraestructura,
eléctrico, servicios y productivo, en los municipios a los que se refiere los
Decretos 195 y 223 de 1999, así como las obras geotécnicas encaminadas a la
prevención y mitigación de desastres en los mismos municipios.
Para su ejecución
se requerirá de la obtención previa de los permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales expedidos por
la Corporación Autónoma Regional competente.
Artículo 37. Los proyectos, obras o actividades de que
trata el artículo anterior, deberán incorporar la variable ambiental en las
fases de factibilidad, diseño y ejecución de acuerdo con los lineamientos y
parámetros establecidos en las Guías de Manejo Ambiental que para tal propósito
expidan las autoridades ambientales.
Artículo 38. En los casos de licencias ambientales de
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, éstas deberán
pronunciarse en un término máximo de tres (3) meses, sin detrimento del
ejercicio de los derechos y mecanismos de participación ciudadana en materia
ambiental. Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva.
Artículo 39. Las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 38 del presente decreto sólo tendrán aplicación por un término
de dos años contados a partir de la expedición de este decreto.
No se aplicarán
los artículos 36 y 38 de este decreto a las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, resguardos indígenas, reservas forestales, páramos y
demás áreas naturales protegidas, así como en las áreas estratégicas que sean
determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales.
Artículo 40. Las Corporaciones Autónomas Regionales,
en conjunto con las autoridades municipales, deberán identificar los sitios
para la disposición temporal y definitiva de escombros, así como prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental generados por dicha actividad.
Artículo 41. El Ministerio del Medio Ambiente, las
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en los municipios afectados
por el sismo, el Ideam, el IGAC e Ingeominas, prestarán la asistencia técnica
que sea requerida por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero, que permita garantizar la incorporación de la dimensión
ambiental, la mitigación de riesgos y la prevención de desastres, en el diseño
y ejecución de los proyectos que se financian con cargo a los recursos de dicho
Fondo.
Artículo 42. Las Corporaciones Autónomas Regionales con
jurisdicción en la zona de desastre, apoyarán y asistirán técnicamente a los
municipios afectados en el área de su jurisdicción, en la incorporación de los
determinantes y criterios ambientales en sus planes de ordenamiento
territorial.
Artículo 43. Durante el término de un año se eximirá
del pago de tasas retributivas ambientales en los municipios afectados por el
terremoto mencionados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Artículo 44. Dentro del Plan de Acción Ambiental se
formularán programas para el fomento, establecimiento y mantenimiento de las
plantaciones del bambú, guadua y desarrollo de núcleos forestales en los
municipios afectados por el desastre.
Para lo anterior,
los beneficios consagrados en los artículos 6°, 7° y 8° del Decreto 258 de 1999
se aplicarán también a las personas que desarrollan actividades de
reforestación, incluyendo el bambú, guadua, en las condiciones y términos que
dichas disposiciones establecen.
Artículo 45. Las Corporaciones Autónomas Regionales de
Risaralda y Quindío quedan exentas del pago de los aportes al Fondo de
Compensación Ambiental, creado por la Ley 344 de 1997, por el término de tres
años contados a partir de la expedición del presente decreto.
Las Corporaciones
Autónomas Regionales del Quindío y Risaralda recibirán una compensación
equivalente al ochenta por ciento y al cincuenta por ciento respectivamente de
la reducción de sus ingresos por concepto de su participación en el impuesto
predial causado en los municipios a los cuales se refieren los Decretos 195 y
223 de 1999.
La compensación a
que se refiere el presente artículo será cubierta por el Fondo de Compensación
Ambiental y por el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero
por partes iguales, en virtud de un contrato que celebrarán con las
Corporaciones para el efecto.
El Fondo de
Compensación Ambiental deberá entrar en operación a más tardar en el segundo
trimestre de 1999.
Artículo 46. Con el objeto de facilitar la coordinación
y articulación del Sistema Nacional Ambiental y del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, a partir de la expedición del presente
decreto, el Ministerio del Medio Ambiente formará parte del Comité Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, la Junta Consultora del Fondo
Nacional de Calamidades y del Comité Técnico Nacional; así mismo, los
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales serán miembros de los
Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres.
Parágrafo. La
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio
del Interior e Ingeominas, serán miembros del Consejo Nacional Ambiental.
CAPITULO VII
Disposiciones en materia de arrendamiento
Artículo 47. Durante los años 1999 y 2000, el precio de
los arrendamientos de los inmuebles urbanos ubicados en los municipios a los
que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999 y a los cuales no se aplique el
artículo 518 del Código de Comercio, no podrá exceder del uno por ciento del
valor comercial, el cual a su turno no podrá ser superior a dos veces el avalúo
catastral.
Los inmuebles
destinados a vivienda urbana continuarán sujetos a la Ley 56 de 1985.
Artículo 48. Las personas naturales o jurídicas que el
25 de enero de 1999 tuvieran la calidad de arrendatarios de inmuebles ubicados
en la jurisdicción de los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de
1999 que hayan sido afectados en su estructura por el terremoto impidiendo su
ocupación, tendrán derecho a que una vez reconstruidos o reparados se les
prefiera como arrendatarios en las mismas condiciones ofrecidas por cualquier
otra persona. En el caso de establecimientos de comercio dicha preferencia se
dará independientemente del tiempo de ocupación. En todo caso no podrá
exigírseles el pago de primas o valores adicionales al canon de arrendamiento.
Este derecho existirá durante los años 1999 y 2000, siempre y cuando el
propietario o poseedor no lo requiera para su propia habitación o en el caso de
locales comerciales, para un establecimiento suyo destinado a una empresa
sustancialmente distinta a la que tuviere el arrendatario.
CAPITULO VIII
Disposiciones para promover el empleo y la
reactivación
Artículo 49. Los alcaldes municipales, distritales y/o
metropolitanos podrán otorgar permisos especiales y transitorios a los
propietarios de vehículos clase taxi y escolares de servicio particular, que
fueron afectados con el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, para prestar
el servicio en su jurisdicción hasta por el término de 6 meses.
Artículo 50. El permiso a que se refiere el artículo
anterior sólo podrá ser concedido a los taxis que se encontraban vinculados a
empresas o a las vehículos escolares hayan obtenido permiso por la autoridad
competente de los municipios previstos en los Decretos 196 y 223 de 1999.
Artículo 51. Para la obtención del permiso especial y
transitorio los propietarios de los vehículos taxi y de los vehículos
particulares que venían prestando el servicio escolar deberán acreditar los
siguientes requisitos:
Taxis:
a) Solicitud
escrita dirigida a la autoridad de transporte y tránsito competente;
b) Anexar
fotocopia autenticada de la tarjeta de operación, del seguro obligatorio y de
la licencia de tránsito.
Escolares
(Particulares):
a) Solicitud
escrita dirigida a la autoridad de transporte y tránsito competente;
b) Anexar
fotocopia autenticada del seguro obligatorio, de la licencia de tránsito y del
permiso otorgado por la autoridad de transporte y tránsito vigente para 1997 o
1998 de los municipios afectados por el desastre;
c) Acreditar la
celebración de un contrato individual directamente con el padre de familia o
con un establecimiento educativo para la prestación del servicio.
Parágrafo. Sin
perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores el propietario del
automotor deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que rigen
en cada ciudad para la prestación del servicio.
Artículo 52. Los proyectos viales para la
construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de los proyectos viales
de Ibagué-Armenia, Calarcá-La Paila, Pereira-La Paila, serán considerados
prioritarios dentro del plan de inversiones del Instituto Nacional de Vías.
Artículo 53. Para el desarrollo y ejecución de los
proyectos a que se refiere el artículo anterior debidamente estructurados, el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social de la Región del Eje Cafetero
destinará cincuenta mil (50.000) millones de pesos durante la vigencia fiscal
de 1999 y cien mil (100.000) millones de pesos durante la vigencia fiscal del
año 2000.
Los recursos
previstos en la presente disposición serán ejecutados a través de la
celebración de un contrato entre el citado Fondo y el Instituto Nacional de Vías
de acuerdo con lo establecido en el art. 6° del Decreto 197 de 1999.
CAPITULO IX
Disposiciones en materia de crédito público
Artículo 54. Para programas de reconstrucción,
rehabilitación y desarrollo de los municipios señalados en los Decretos 195 y
223, ambos de 1999, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero podrá realizar operaciones de crédito público, asimiladas a crédito
público, de manejo de deuda y conexas y de tesorería, las cuales se sujetarán
al régimen previsto para este tipo de operaciones.
Artículo 55. Las garantías que se otorguen en
desarrollo de lo dispuesto por los artículos 9° del Decreto 196 de 1999 y 29
del Decreto 258 de 1999 sólo podrán otorgarse para operaciones de crédito
público que se contraten a partir de la vigencia del presente decreto y no para
las que resulten de operaciones asimiladas o de manejo de deuda o de aquellas
que inicialmente fueron contraídas sin su garantía.
En todo caso para
el otorgamiento de la garantía de la Nación, las entidades deberán constituir
contragarantías adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Para que la
Nación otorgue su garantía de pago a operaciones de crédito público interno y
externo en los términos del presente artículo, será necesario que el Fondo para
la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero imparta su aprobación a
la obra o proyecto que se ejecutará con los recursos provenientes de la
operación de crédito público que se garantice.
CAPITULO X
Disposiciones en materia de salud
Artículo 56. En razón a la afectación que sufrieron
todos los municipios del departamento del Quindío y con el fin de recuperar a
la mayor brevedad la operación eficiente del sistema de salud y la cobertura de
la población que quedó desprotegida, el Gobernador de dicho departamento podrá
aplicar en su integridad la Ley 100 de 1993, en lo que se refiere al régimen
subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, sin que haya lugar a la
aplicación de la transición prevista en dicha ley ni en la 344 de 1996.
El Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en las condiciones que
convenga con el departamento, podrá apoyar financieramente dicho proceso,
cofinanciando con los recursos de que disponga el departamento que se
transformen de subsidio de oferta a subsidio a la demanda, la población
subsidiada que no esté cubierta con los recursos que debe proveer el Fondo de
Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas aplicables en el resto del país.
Como parte de dicho proceso, el Fondo podrá apoyar la reestructuración de los
hospitales y centros de salud de la región afectada. Una vez reestructurados
dichos hospitales y centros de salud, los mismos sólo se financiarán con la
venta de sus servicios como lo establece la Ley 100 de 1993.
Para efectos de
lo dispuesto en el inciso anterior, dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigencia del presente decreto y con el fin de determinar y adelantar
la labor de reestructuración de los hospitales y centros de salud de la red
pública, se deberá hacer un estudio de la oferta pública de servicios requerida
en el departamento mencionado en materia de salud. Dicho estudio será
adelantado por el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social y evaluado conjuntamente
con el Departamento del Quindio y el Ministerio de Salud.
Artículo 57. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero proporcionará los recursos necesarios para
mantener afiliados al régimen contributivo del sistema de seguridad social en
salud durante un término de seis meses a las personas que acrediten: a) haber
estado afiliados al régimen de seguridad social el 25 de enero de 1999 y haber
compensado efectivamente; b) ser residente en los municipios a los cuales se refieren
los decretos 195 y 223 de 1999 en la misma fecha, y c) haber perdido la
posibilidad de desempeñar su trabajo habitual e el empleo que realizaba con
contrato de trabajo. El beneficio se perderá en el momento en que la persona
celebre un contrato de trabajo o tome posesión de un cargo público. El valor de
la cotización para estas personas se calculará sobre el valor del salario
mínimo.
Artículo 58. El Fondo de Solidaridad y Garantía en
Salud, podrá girar directamente a las administradoras del régimen subsidiado
que desarrollen su actividad en municipios a los que se refieren los Decretos
195 y 223 de 1999 los recursos de la subcuenta de solidaridad, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Para estos efectos, las
entidades territoriales efectuarán las operaciones presupuestales en los
términos establecidos en el Estatuto orgánico del Presupuesto y efectuarán su
ejecución sin situación de fondos. De igual manera se podrá proceder con los
recursos de cofinanciación para salud.
Artículo 59. Con el fin de obtener recursos para atender
las necesidades de salud en los departamentos afectados, autorízase la
realización de un sorteo extraordinario de lotería durante cada uno de los años
1999 a 2003 inclusive. La empresa “Lotería del Quindío” administrará y
realizará los sorteos respectivos, directamente o por contrato realizado con
sujeción a la Ley 80 de 1993. El producto del sorteo se repartirá entre los
departamentos afectados por el terremoto en proporción al número de afectados
que haya en cada uno, según el censo del Departamento Nacional de Estadística.
Estos sorteos estarán sujetos a la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional.
Artículo 60. El Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá igualmente otorgar apoyos o subsidios
a la tasa de interés de los créditos que se otorguen para financiar la
construcción o reconstrucción de hospitales, centros de salud y escuelas en la
zona a la que se refieren los  decretos 195 y 223 de 1999.
El Fondo de
reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero deberá contemplar en sus
planes y proyectos el manejo integral del saneamiento básico.
Artículo 61. Los contratos que se celebren para ejecutar
los recursos que el Fondo de Solidaridad y Garantía- Subcuenta Eventos
Catastróficos y Accidentes de Tránsito destine para atender los proyectos para
hacer frente a la situación de emergencia en los municipios a los que se
refieren los decretos 195 y 223 de 1999 se celebrarán conforme al derecho
privado, sin perjuicio de que en los mismos puedan incluirse cláusulas
excepcionales, las cuales se regirán por lo dispuesto por la Ley 80 de 1993.
Artículo 62. El Fondo de reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero así como las entidades públicas que hayan recibido medicamentos
y otros bienes perecederos con destino a la atención de la emergencia, podrán
enajenarlos o destinarlos a otros fines cuando tales bienes no se requieran
para la atención de la misma y estén a punto de llegar a su fecha de
vencimiento.
CAPITULO XI
Disposiciones en materia de justicia y
policía
Artículo 63. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del
Interior, elaborará en un plazo no mayor de 90 días, un programa para contribuir
a restablecer el eficaz funcionamiento del aparato estatal de justicia y para
facilitar el acceso real a la administración de justicia en los municipios a
los que se refieren los decretos 195 y 223 de 1999.
Dicho programa
contendrá, entres otros, los siguientes elementos:
1. Propuestas
para el desarrollo de la jurisdicción de la paz.
2. Acciones para
el establecimiento de casas de justicia y la implementación de mecanismos
alternativos de solución de conflictos.
3. Medidas para
la recuperación y modernización de la infraestructura carcelaria.
El Ministerio del
Interior, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento Nacional de Planeación, presentará dentro del mismo plazo previsto
en el primer inciso de este artículo, un programa para el desarrollo de la
actividad policiva que permita el restablecimiento de las condiciones de
convivencia en la zona y que incluya:
1. Desarrollo de
programas en coordinación con el Ministerio de defensa Nacional y las
autoridades territoriales, para la organización de la policía comunitaria.
2.
Recomendaciones para la actualización de los códigos locales de policía.
Artículo 64. El presente decreto rige a partir de la
fecha de publicación, y deroga los artículos 16 y 17 del decreto 258 de 1999.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 25
días de febrero de 1999.
(siguen firmas)”.
III.    INTERVENCIONES
Dentro del término
legal de fijación en lista, intervinieron por escrito, las siguientes
autoridades y ciudadanos :
3.1    Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministro de
Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado especial, presentó
escrito con el objeto de defender la constitucionalidad de las normas
contenidas en el decreto materia de examen.
Manifiesta, que las
normas en estudio constituyen un compromiso fiscal nacional significativo que
responde adecuadamente a la magnitud de la catástrofe, por cuanto cubre todo el
proceso productivo e incluye dentro de los mismos, los costos relativos al
recurso humano. De la misma manera, incentiva el proceso de inversión por dos
vías principales: la donación para apuntalar los diversos programas de
reconstrucción y rehabilitación y el asentamiento y permanencia de recursos y
esfuerzos en la zona afectada.
De otra parte,
expresa que el decreto extiende los beneficios a los socios e inversionistas en
esa zona del país, a quienes se concede un incentivo importante, por cuanto las
utilidades que perciban en el ejercicio de su actividad tienen el tratamiento
privilegiado que determinan los artículos 6o., 7o. y 8o. del Decreto 258 de
1999, con las precisiones incorporadas en el Decreto 350. Así también, permite
el ingreso de insumos con franquicia arancelaria, siempre y cuando se trate de
bienes de capital no producidos en el país y que se destinen a la actividad
productora, así como la devolución del impuesto a las ventas por la importación
de esa clase de bienes, con lo cual se propicia la generación de empleo en la
región.
Considera
igualmente, que las disposiciones en materia tributaria del decreto en estudio,
responden a los principios de equidad, eficiencia y progresividad sobre los
cuales se fundamenta el sistema tributario, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 363 de la Carta Política. En relación a la aplicación del principio
de equidad tributaria, afirma que trae como consecuencia que el tratamiento
tributario sea diferente según el sujeto pasivo de que se trate.
Ahora bien, la
implementación de un régimen tributario diferencial para algunas zonas del país
por causas de equidad y justicia como las que justifican las medidas adoptadas,
se fundamenta en el preámbulo de la Carta Política en cuanto proclama que la
protección de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento y la paz, constituyen elementos estructurales del orden
constitucional que tienen una misión propia de la función gubernamental en el
estado social de derecho.
Por lo anterior,
expresa el interviniente, que dada la condición económica y física en que se
encuentran las personas naturales y jurídicas de la zona afectada, el Estado,
en cumplimiento de lo señalado en el artículo 13 de la Constitución Política,
adoptó medidas en favor de aquellos grupos en situación de disminución o
debilidad manifiesta, buscando de esta manera atenuar o reparar los males que
sufrieron en lo económico, familiar y social, lo cual resulta ser una clara
aplicación del principio de solidaridad y del derecho a la igualdad.
De igual forma,
indica que este decreto desarrolla el artículo 334 de la Carta Política, según
el cual la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, debiendo
intervenir en ella para promover la productividad y la competitividad en una
zona afectada gravemente por una catástrofe natural, pretendiendo lograr el
restablecimiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Manifiesta que
dentro de este marco de legalidad, se crean los procedimientos y mecanismos
encaminados a conjurar la crisis surgida como consecuencia del desastre,
diseñando a su vez, los instrumentos de control para que los recursos
destinados a superarla no sean desviados para otros fines diferentes a los allí
establecidos. Para tal efecto, se procedió a delimitar la zona afectada por el
desastre y a evaluar la magnitud del problema y los daños causados, tanto
humanos como materiales, así como la posibilidad de ayudar económicamente a los
damnificados, teniendo en cuenta que un porcentaje de ellos perdieron desde sus
parientes más cercanos hasta sus casas y empleo, por cuanto las empresas donde
laboraban quedaron materialmente destruidas.
Teniendo en cuenta
lo anterior, considera el representante del Ministerio de Hacienda, que las
nuevas exenciones y beneficios creados solamente son aplicables a los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que ayuden
directamente a la recuperación o reactivación de la economía de la zona
afectada por el desastre y a los damnificados del mismo. Como también la
exención de impuestos, tasas y contribuciones de bienes importados solamente
procederá sobre aquellos que estén destinados a conjurar la crisis y que sean
efectivamente ubicados en la zona como activos fijos generadores de renta, lo
cual permite que haya equilibrio entre el mencionado compromiso y la obligación
hacia todo el territorio nacional y un conjunto normativo que consolide una
situación empresarial en la zona.
En relación al
criterio diferencial de los beneficios, sostiene el apoderado del citado
Ministerio, que éste corresponde a los departamentos afectados por el sismo,
especialmente Quindío, por haber sido el epicentro del terremoto del 25 de
enero del presente año. Lo anterior determinó que se crearan exenciones
diferenciales del impuesto de renta y complementarios para las empresas que se
ubiquen en esta zona; así, quienes se instalen en uno de los municipios de este
departamento, estarán exentos del impuesto de renta y complementarios por los años
gravables de 1999 y 2000 en el setenta por ciento (70%) de las utilidades
obtenidas en cualquiera de las actividades destinadas al desarrollo de
programas de recuperación de la actividad productiva, al fortalecimiento
institucional y financiero, a la atención de las necesidades básicas y a la
reconstrucción de los municipios afectados por la catástrofe. Si la instalación
se realiza en cualquiera de los otros municipios afectados por la catástrofe,
la exención será del treinta por ciento (30%), tal y como lo preceptúa el
artículo 6o. del Decreto 258 de 1999, tratamiento necesario y esencial para
cumplir con la progresividad del sistema tributario plasmada en el artículo 363
de la Carta Política.
Este mismo beneficio
se confiere a las pequeñas y medianas empresas, como también a las personas
jurídicas, pero teniendo en cuenta la diferenciación territorial planteada, en
este caso, el beneficio será del ochenta por ciento (80%) si se instalan en el
Departamento del Quindío y del cincuenta por ciento (50%) si se localizan en
otros municipios afectados por el terremoto (art. 7o., Decreto Legislativo 258
de 1999).
En el caso de las
empresas preexistentes, señala que se crea el beneficio de renta presuntiva,
además de que no requieren un período ampliado de prospectación que sí
se produce con la fundación de una empresa. Al resultar diferente esta
situación, la constitucionalidad de la disposición no se encuentra afectada.
En cuanto a la
importación de bienes, afirma que su propósito es apalancar aún más el proceso
productivo y facilitar la creación de nuevas empresas o la reactivación de
otras ubicadas en la zona de desastre. Por ello, estima que la situación de
emergencia no es un capricho o una arbitrariedad cíclica de los diversos
gobiernos, sino que obedece a la existencia de unos presupuestos objetivos que
en todo caso son materia de revisión por parte de la Corte Constitucional.
Igualmente, señala
el representante del Ministerio, que el artículo 334 de la Carta Política
establece que la intervención del Estado en la economía está gobernada por
propósitos como el mejoramiento de la calidad de vida y la distribución
equitativa de las oportunidades, entre los tantos motivos que justifican su
presencia interventora. Además, es plenamente consistente con un Estado Social
de Derecho como el nuestro, según lo consagra el artículo 1o. de la Carta
Política, en donde la problemática social tiene una gran importancia y está
inscrito en una misión dirigida a promover las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva frente a quienes se encuentran en debilidad manifiesta
(artículo 13), en el ámbito de la protección de la propiedad (artículo 58).
En cuanto al
subsidio de los servicios públicos, señala que estas normas tienen su
justificación en la igualdad promocional y protectora de la que hizo
destinatario el constituyente al Estado. Por tal razón, el Gobierno Nacional
investido de las facultades excepcionales, cuenta con la posibilidad de
subsidiar el pago de servicios públicos domiciliarios, el cual será destinado a
quien efectivamente lo requiera, siempre y cuando la persona haya perdido el
empleo, situación que genera también  la desprotección en salud.
De igual manera,
manifiesta que en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica,
se consideró necesario establecer disposiciones de carácter crediticio. Al
respecto, señala que el artículo 150 numeral 9) de la Carta Política, dispone
que corresponde al Congreso de la República autorizar al Gobierno Nacional para
celebrar y negociar empréstitos, de lo cual presentará los respectivos
informes.
Señala a su vez, que
la emergencia define una temporalidad diferente: no basta la celeridad, la
eficiencia y la eficacia pregonadas en el procedimiento administrativo y en la
Ley 489 de 1998, sino que es necesario entrar en la dinámica de la urgencia que
acrecienta la responsabilidad, la diligencia y el cuidado del servidor estatal.
Allí es donde reside la justificación de normas como las previstas en materia
de salud, cuando autoriza el giro directo de recursos para la contratación
directa. De otro lado, permite la continuación de los estudios sin la necesidad
de presentar certificados, garantizando así el derecho a la educación que tiene
una dimensión fundamental. De igual forma, establece una exención a la licencia
ambiental transfiriendo tal atribución a las Corporaciones Autónomas
Regionales.
El apoderado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público resalta igualmente,  que el Decreto
350 de 1999 introduce una modificación al artículo 22 del Decreto 258 del
presente año, en el sentido que en la compensación que reconoce la Nación a los
departamentos, se incluyan los ingresos provenientes de la explotación del
monopolio de licores para aumentar el apoyo en un rubro que tiene una
importancia trascendental dentro de los ingresos de esas entidades
territoriales. En su sentir, su exclusión inhibiría de tenerlos en cuenta a
pesar del dinamismo que le es inherente y la recurrencia de la cual son
depositarios.
Finalmente, estima
el interviniente que este decreto se encuentra encaminado a la conjugación de
esfuerzos entre entidades estatales para desarrollar planes cuyos objetivos
están delimitados por la propia declaratoria de emergencia, como así acontece
con la educación, la justicia y la policía en desarrollo de lo previsto en el
artículo 113 de la Carta Política, las normas estudiadas ponen en evidencia la
especial protección que debe brindar el Estado, como lo es promocionar la
generación de empleo e inversión y toda clase de actividades empresariales en la
zona, como también, garantizar los servicios públicos en una readecuación del
bienestar de las familias que resultaron afectadas.
3.2    Red de Veeduría Ciudadana
Los ciudadanos
Myriam Bustos Sánchez y Pablo Bustos Sánchez, obrando en su calidad de Subdirectora
y Director Ejecutivo de la RED VER, persona jurídica de derecho privado creada
para la defensa de derechos e intereses colectivos, presentaron escrito con el
objeto de impugnar la constitucionalidad de los artículos 21, 52 y 53 del
Decreto 350 de 1999, por medio de los cuales se dispuso la reconstrucción y
puesta en funcionamiento del aeropuerto El Edén, sin sujeción a las normas de
la Ley 80 de 1993, esto es, conforme a los cánones del derecho privado; se
incluyen proyectos viales de Ibagué-Armenia, incluido el Túnel de La Línea y
otras vías como Calarcá-La Paila, Pereira-La Paila, considerados necesarios y
prioritarios para la reconstrucción de la zona y se le asignan además de otros
multimillonarios recursos de las vigencias fiscales de 1999 y 2000, $150.000
millones de pesos.
A su juicio, las
medidas adoptadas en los artículos 52 y 53 del Decreto 350 no están destinadas
exclusivamente a conjurar la crisis ni a impedir que se extiendan sus efectos,
ni guardan relación directa y específica con el estado de emergencia económica;
su relación es claramente indirecta  y no específica, razón por la cual en su
concepto, existe una extralimitación en el uso de las facultades de emergencia,
tras haberse violado principios insoslayables de finalidad y necesidad -
artículos 9 a 11 de la Ley 137 de 1994 -. En cuanto a su finalidad, señalan los
intervinientes  que el propio decreto legislativo 350 no explica el  por qué de
las medidas mencionadas en los citados preceptos, ni tampoco acerca de las que
se adopten en desarrollo del artículo 21. En síntesis, consideran que los
motivos que se invocan en el decreto en mención, se limitan a una serie de
enunciados que en manera alguna permiten derivar la mencionada conclusión
legislativa.
Estiman así mismo,
que se vulnera el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 13 de
la ley 137 de 1994, por cuanto la emergencia no fue vial; más aún, los puntos
donde se planean las citadas obras de infraestructura terrestre cuentan con
accesos carreteables en buen estado por los cuales se ha venido realizando el
transporte hacia toda la región afectada.
Agregan los
intervinientes, que las obras a las que se ha hecho referencia en las normas
impugnadas, tienen como características comunes, entre otras, que se trata de
obras de gran envergadura, por lo que se precisa de un proceso de evaluación,
estudio y ejecución significativamente grande. Así, consideran que el pretender
someter a la única regulación del derecho privado, obras que por su naturaleza y
alcances no se habrán de realizar de un día para otro, ni amenacen la ruina
inminente de la ciudad y región, como el aeropuerto y el mencionado túnel,
hacen especialmente vulnerables las garantías que tienen protección
constitucional y legal, puesto que el derecho ciudadano a la transparencia, a
la libre oferta de propuestas, a una selección objetiva de proponentes, tiene
asidero en el derecho a la igualdad, que para obras de tal magnitud se ve
también vulnerado golpeando la libre empresa y la iniciativa privada.
3.3    Asociación Nacional de Industriales
A juicio del
Presidente del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero, y Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas
Echeverri, las disposiciones contenidas en el Decreto 350 de 1999 son
constitucionales, por cuanto guardan relación directa con las causas invocadas
en el Decreto 195 del mismo año para decretar el estado de emergencia :
pretenden el fortalecimiento y recuperación económica de la región afectada por
el terremoto ocurrido el 25 de enero; es decir, buscan restablecer una
situación que fue alterada dramáticamente por un hecho calamitoso de la
naturaleza y presentan restricciones temporales y sustanciales para evitar que
deriven en legislación permanente o que sean utilizadas por personas ajenas a
la tragedia.
3.4    Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Respecto a la constitucionalidad
del Decreto 350 de 1999, los Miembros del Instituto señalan que su intervención
se limita al examen de los preceptos que se ocupan de la cuestión tributaria,
en este caso, los artículos 1o. a 10 y el 18. Tales disposiciones, señalan, se
refieren a asuntos de los cuales previamente y en su integridad se ocupó el
Decreto 258 de 1999 y en torno a los cuales el Instituto ya rindió concepto
para la Corte Constitucional, en sentido y con alcance que sin restricción
alguna, cobija la materia propia del Decreto 350. Por lo tanto, se remiten a
tales argumentos.
3.5. Impugnación
El ciudadano Hernán
Gallego Arbeláez, en escrito presentado ante el Tribunal Superior de
Armenia y remitido a esta Corporación el 13 de abril de 1999, impugna la
constitucionalidad de los artículos 21 y 61 del Decreto Legislativo 350 de
1999, por considerar que estas normas al remitir al sistema de contratación
privada de manera indefinida, los contratos del Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero, eliminan la vigilancia constitucional sobre
los fondos o bienes de la Nación, la cual debe ejercer la Contraloría General
de la República. Transcurrido un tiempo de la ocurrencia del desastre,
considera que las operaciones y contratos no serán tan apremiantes y si lo
fueren pueden ser acometidas a través del procedimiento de urgencia manifiesta
que prevé el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
3.2 En forma extemporánea, presentaron
escritos, los representantes de los Ministerios del Interior, Desarrollo Económico
y Salud, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, el Gobernador del Tolima, la Secretaria
General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y el representante de
la Fundación Espiral.
No obstante la
extemporaneidad, hay que observar que todos estos intervinientes presentaron
escritos para justificar la constitucionalidad del Decreto 350 de 1999, por
encontrar que sus normas guardan relación de conexidad con las motivaciones que
llevaron al Gobierno a declarar la emergencia. Sin embargo, hay que destacar
que el representante de la Fundación Espiral manifiesta que el artículo 36 del
Decreto 350 de 1999 riñe no sólo con los mandatos constitucionales en materia
ambiental, sino con la Ley 99 de 1993 y uno de los principios del Fondo de
Reconstrucción que subraya la necesidad de trabajar en dirección al desarrollo
sostenible y a la producción limpia. A su juicio, ese precepto es
inconstitucional pues coloca en peligro el derecho colectivo a disfrutar de un
medio ambiente sano, al permitir que en la práctica se puedan realizar sin
licencia ambiental todo tipo de obras, desde el túnel de la línea, asumido como
una reposición de una obra de infraestructura del sector transporte, hasta
cualquier otra obra de infraestructura, de servicios o vivienda, con un grave
riesgo para el equilibrio ecológico de la región. Afirmó se manera contundente
que la gestión ambiental que habrá de desarrollar el Fondo de Reconstrucción se
realice por fuera de la aplicación de licencias ambientales.
En el mismo sentido
se pronunció la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, CARDER, quien solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del
artículo 38 del decreto materia de revisión, por cuanto dicha disposición que
consagra el silencio administrativo positivo en materia de licencias
ambientales, viola en su concpeto, los artículos 2o., 79 y 80 de la
Constitución, así como el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica,
con base en las razones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia
C-328 de 1995.
IV.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante oficio
fechado 13 de abril de 1998 (sic), el señor Procurador General de la Nación
envió el concepto de rigor, solicitando a esta Corporación declarar
constitucional el Decreto Legislativo No. 350 de 1999, con excepción de los
artículos 36 y 38 que considera son inconstitucionales.
Se procede a
continuación, a resumir los principales aspectos de la vista fiscal, la cual
está divida por capítulos que agrupan las distintas materias reguladas por el
aludido decreto.
Disposiciones
Tributarias
Señala que las
disposiciones que hacen parte de este primer acápite, artículos del 1 al 10,
modifican y aclaran las normas consagradas por el Legislador de Excepción en el
Decreto 258 de 1999, el cual regula un tratamiento tributario más favorable
para quienes colaboren con la reactivación de la economía de la zona del eje
cafetero, afectada en forma considerable por el terremoto del pasado 25 de
enero.
Estas disposiciones,
agrega, se enmarcan dentro de las finalidades perseguidas por el Gobierno
cuando declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los
municipios contemplados en los Decretos 195 y 223 de 1999, en tanto que ellas
están encaminadas a lograr la recuperación y fortalecimiento de la actividad
productiva de la zona del eje cafetero y, en consecuencia, puede afirmarse que
ellas guardan el vínculo de conexidad exigido por la Constitución Política, en
la medida que están destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos.
Así mismo, observa
que el Gobierno al dictar estas medidas tributarias, hizo uso de las
competencias impositivas a él atribuidas en los estados de excepción, en
particular en el estado de emergencia económica establecido en el artículo 215
de la Carta, norma que lo habilita para crear en forma transitoria nuevos
tributos o para modificar los existentes.
En relación con los
artículos analizados en este acápite, indica que el Legislador de Excepción
respetó los límites señalados en la Constitución Política en esta materia,
puesto que las medidas adoptadas son de carácter excepcional y restrictivo,
desde el punto de vista del término de su vigencia, de la delimitación de la
zona que resulta favorecida con los beneficios y de los requisitos exigidos
para su procedencia. En efecto, todos los beneficios apuntan a favorecer a la
zona afectada por el terremoto y dejarán de regir al finalizar la siguiente
vigencia fiscal, a menos que el Congreso de la República dentro del año
siguiente les otorgue carácter permanente.
En consecuencia,
afirma que como no encuentra reparo alguno de índole constitucional en las
disposiciones que se examinan, solicita a la Corte que las declare ajustadas a
la Carta Política.
Disposiciones
para promover la construcción y reconstrucción
Según el Jefe del
Ministerio Público, mediante las disposiciones del Capítulo II del presente
Decreto, el Legislador de Excepción adiciona los instrumentos creados en los
Decretos Legislativos números 196 y 197 de 1999, adoptados al amparo de la
emergencia económica, declarada mediante el Decreto 195 de ese mismo año, con
el fin de lograr una pronta y eficaz recuperación de la zona afectada con el
desastre natural.
Los principales
objetivos que se buscan alcanzar con las medidas adoptadas, son los consagrados
dentro de los considerandos del Decreto objeto de revisión, los cuales están
orientados a la consolidación del proceso de construcción, reconstrucción y
reparación de los bienes inmuebles de la zona afectada, a través del
otorgamiento de subsidios a la demanda de inmuebles por medio de mecanismos
fiduciarios, de créditos para reconstrucción y reparación de viviendas, el
establecimiento de líneas de redescuento en favor de los constructores de
vivienda de interés social y de la creación de instrumentos para apoyar los
fondos de garantías.
En términos
generales, afirma que dado que todas las disposiciones están encaminadas a la
reconstrucción de la zona, ellas cumplen con el requisito contemplado en el
artículo 215 de la Constitución Política, sobre la existencia de una relación
de conexidad entre las medidas adoptadas y el fin último que se pretende
conseguir en el estado de emergencia económica, cual es el de conjurar la
crisis del eje cafetero e impedir la extensión de sus efectos.
En relación con la
validez del otorgamiento, dentro de un estado excepcional como lo es la
emergencia económica, de subsidios y beneficios directos a las personas
afectadas por la calamidad pública acaecida en el eje cafetero, expresa que
tales beneficios no pueden ser analizados desde la perspectiva de la norma
constitucional que prohibe los auxilios o donaciones en favor de personas
naturales o jurídicas de derecho privado (C.P. art. 355), sino que por el
contrario, que debe verse desde la perspectiva de la situación que enfrentan
las autoridades públicas para atender los efectos devastadores del terremoto a
nivel de vidas humanas, de su salud y de sus bienes, están en el deber de darle
aplicación a los principios del Estado Social de Derecho definidos en nuestra
Carta Política, uno de los cuales, es la protección estatal de aquellas personas
que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Ahora bien, observa
el Procurador que las medidas consagradas en los artículos 11 y 14, a
diferencia de las contenidas en el Decreto Legislativo 196 de 1999, no
establecieron criterios de adjudicación de los beneficios en ella provistos, lo
cual puede dar lugar a una desordenada y arbitraria canalización de los
recursos, en detrimento de los derechos de amplios sectores de la población
afectada por la catástrofe. Por ello, estima que es necesario que los Consejos
de Administración del Fondo Fiduciario y del Patrimonio Autónomo, regulados en
estas disposiciones, al reglamentar el otorgamiento de los beneficios, señalen
criterios claros, prioridades y límites a la adjudicación, a fin de garantizar
un tratamiento igual para todos los destinatarios de los beneficios y una
acción coordinada entre todas las entidades comprometidas en el proceso de
reconstrucción de la zona del eje cafetero. De tal manera que coexistiendo esta
serie de entidades, las cuales ostentan competencias análogas, se impone una
coordinación entre todas ellas a fin de superar la crisis de una manera
efectiva.
De otra parte, en
relación con el artículo 21, considera que su contenido se aviene a los
mandatos superiores, por cuanto es una obra necesaria para reactivar la
economía de la zona afectada, desde el punto de vista de la mano de obra
requerida para su reconstrucción y de los beneficios que ella reporta a nivel
de la circulación de pasajeros y de mercancías, lo que redunda indudablemente
en el sector productivo de esta región.
Señala que no puede
perderse de vista que, a pesar de ser el régimen privado el aplicado para las
relaciones entre particulares, no por esta circunstancia se sustrae de la
aplicación de los principios que informan la contratación estatal y en
consecuencia resulta de ineludible observancia aún en la contratación directa,
el principio de selección objetiva. Así, el legislador ordinario previó dentro
de la Ley 80 de 1993 el mecanismo de la contratación directa en caso de
urgencia manifiesta, precisamente para brindar la posibilidad de una respuesta
institucional eficaz e inmediata frente a situaciones de excepcional
ocurrencia, como lo es el caso de una calamidad pública.
Disposiciones en
materia de servicios públicos
Según el Jefe del
Ministerio Público, las disposiciones relativas a la concesión de beneficios en
servicios públicos domiciliarios, son un desarrollo de los principios del
Estado Social de Derecho, el cual de conformidad con el artículo 1o. de la
Carta Política está organizado en forma de una República fundada en la
solidaridad de las personas. Este principio además fue consagrado en forma
expresa dentro de la Carta Política, en el capítulo correspondiente a la
regulación de los servicios públicos domiciliarios, junto con el de
redistribución de ingresos (art. 365 CP.), los cuales, si bien tienen
aplicación en tiempo de normalidad, con mayor razón cuando se presenta una
situación de calamidad pública, en la que resulte imposible cumplir con las
obligaciones derivadas de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.
En consecuencia,
considera que mediante las normas que se examinan, se da cabal aplicación al
principio de igualdad material previsto en la Constitución Política (art. 13,
CP.), toda vez que al darle un tratamiento preferencial a los usuarios de los
estratos 1 a 4, se cumple con el deber estatal de brindarle una protección
especial a un grupo de la sociedad, que por sus condiciones económicas, se
encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta.
Disposiciones sobre subsidio de vivienda
Según el señor
Procurador, las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la Ley 3a.
de 1991, hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y están
llamadas a cumplir una labor de trascendental importancia en la reconstrucción
de los inmuebles afectados con el terremoto y en esa medida,  las
disposiciones  adoptadas  dentro
del Capítulo III del
Decreto son congruentes con las razones invocadas por el Gobierno para su
declaratoria.
Estas normas, a su
juicio, además de cumplir con el requisito de conexidad, prevén una serie de
mecanismos para garantizar la coordinación entre las diferentes entidades que
cumplen funciones similares a las que les corresponde ejercer a las Cajas de
Compensación Familiar. Esa coordinación se logra especialmente a partir de lo
dispuesto en la norma que las obliga a observar las políticas trazadas por el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en relación
con los proyectos que presenten con fundamento en las normas del Decreto que se
examina.
Disposiciones en materia
educativa
Según expresa el
concepto fiscal, en las consideraciones efectuadas en el Decreto mediante el
cual se declaró la emergencia económica, el Gobierno puso de presente la
afectación de todos los servicios públicos y la interrupción de la actividad
pública y privada como consecuencia del terremoto.
En relación con el
servicio público de la educación, señala que el Gobierno, mediante el Decreto
que se revisa, reiteró las principales medidas que deben adoptarse con el fin
de restablecer ese servicio en la zona afectada por el sismo, teniendo en
cuenta los principales problemas que han tenido que afrontar los miembros de la
comunidad educativa, tales como la destrucción o grave deterioro de las
instalaciones de los establecimientos educativos y de las viviendas de los
profesores y alumnos, la afectación de su salud, la pérdida de los bienes
necesarios para llevar una vida digna y el traslado de muchas familias a otras
regiones del país, entre otros.
Las medidas
contenidas en este capítulo son, a juicio del Procurador, necesarias y
razonables, puesto que buscan resolver los problemas suscitados con la
calamidad pública, evitando de esta manera, la deserción estudiantil y la
paralización de la actividad escolar durante el presente año lectivo. Señala
que es importante resaltar que los anteriores objetivos pueden llevarse a cabo
sin afectar la calidad de la educación impartida por las instituciones
encargadas de la prestación de este servicio público.
Disposiciones en materia ambiental
Afirma el Jefe del
Ministerio Público que en la primera consideración hecha por el Presidente de
la República en el Decreto 195 de 1999, se indica como consecuencia del
movimiento sísmico causante de la calamidad pública que dio lugar a la
declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la grave
afectación de la zona que comprende los municipios en la cual tuvo lugar el
siniestro. Esto significa que el primer elemento de juicio tenido en cuenta por
el Gobierno Nacional para la adopción del estado de excepción, fue la notable
alteración del entorno físico de las poblaciones localizadas en el eje
cafetero.
Siendo parte
integral de ese entorno los recursos naturales renovables, considera que es
apenas obvio que la grave afectación invocada como motivo de la declaratoria
los implique, de tal manera que las medidas destinadas a conjurar la crisis
suscitado, deben contemplar soluciones destinadas a superar la crisis ambiental
producida y a prevenir la ocurrencia de nuevos factores de deterioro.
Es por ello que en
las consideraciones ambientales contenidas en el decreto bajo examen, como
marco justificatorio de las medidas adoptadas en ese campo, se plantea la
necesidad de articular esfuerzos para mitigar los efectos ambientales adversos
generados por la catástrofe y evitar su extensión e intensificación.
De allí que, en
términos generales, las medidas adoptadas en el Capítulo VI del decreto 350 de
1999, guardan, en nuestro entender, una relación de conexidad directa y
específica con las causas invocadas para la declaratoria de la actual
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Sin embargo, dentro
de ese conjunto normativo se encuentran dos artículos que a juicio del
Ministerio Público no guardan esa relación de conexidad exigida por la Carta
Política, en tanto que, a la postre, las medidas en ellos contenidas no sólo no
resultarían idóneas para conjurar la crisis ecológica originada por el mismo,
sino que por el contrario la agravarían.
Se trata del
artículo 36 en el cual se establece la exención del requisito de la licencia
ambiental respecto de los proyectos obras y actividades allí mencionados y del
artículo 38 en el que se dispone que se entenderá ocurrido el silencio
administrativo positivo, cuando las Corporaciones Autónomas Regionales, en los
casos que sean competentes para tramitar ese requisito, no lo hagan en el
término de tres meses.
La incongruencia
entre las medidas contenidas en los artículos mencionados y las razones que se
tuvieron en cuenta para la declaratoria de la emergencia, puede determinarse a
partir del señalamiento del carácter imprescindible de la exigencia, por parte
de las autoridades ambientales de ese requisito, respecto de todas aquellas
obras que produzcan un impacto sobre el medio ambiente, a fin de mitigar los
efectos contaminantes de las obras públicas allí indicadas y evitar así la
relación del deterioro ecológico ya existente.
La importancia
trascendental que tiene el cumplimiento de los requerimientos propios de una
licencia ambiental, para efectos de la conservación del ambiente, conduce a la
conclusión de la imperiosa necesidad de defensa de la calidad de vida y de la
salud humana en situaciones de normalidad ecológica y con mayor razón, en
situaciones de crisis ecológica, como la que se pretende conjurar con las
medidas de excepción que aquí se analizan. Eximir del requisito de la licencia
ambiental a los proyectos, obras y actividades de rehabilitación, reconstrucción
y reposición en los sectores indicados en el artículo 38 del decreto 350 de
1999, afirma el señor Procurador, significa entonces permitir su realización
sin que exista la autorización estatal correspondiente.
Así, señala que las
medidas destinadas a exonerar de la licencia ambiental a los responsables de
proyectos de impacto considerable en la ecología como lo son, sin lugar a
dudas, los que se relacionan con obras o actividades vinculadas al transporte,
a la infraestructura aeronáutica y al sector eléctrico, antes que mitigar los
efectos ambientales adversos y evitar su extensión e intensificación podrían
convertirse en fuente de nuevas catástrofes.
A propósito del
articulo 37 del Decreto en estudio, en el cual se prescribe, como sustituto de
la licencia ambiental de la cual quedan exoneradas las obras y actividades
contempladas en el artículo 36 del mismo decreto, la obligación de incorporar
en éstas la variable ambiental conforme a los lineamientos y parámetros
establecidos en las Guías de Manejo Ambiental allí previstas, advierte el
Ministerio Público que este requisito no es suficiente para suplir el
insoslayable deber estatal de planificar y controlar las obras que produzcan
impacto ambiental sobre los diferentes ecosistemas de todo el país. El rigor
técnico que demanda un estudio de impacto ambiental, así como los estrictos
lineamientos a que debe someterse la autoridad ambiental para expedir la
licencia correspondiente no puede ser suplido por simples orientaciones, las
cuales constituyen el contenido normal de una guía. Sobre todo, cuando con la
implantación de esa guía se evita el requisito de la autorización previa, el
cual es un mecanismo institucional que permite controlar después de aprobados
los proyectos, los efectos negativos que las obras públicas en contra de un
ambiente sano, hasta el punto de ser la licencia un acto revocable, en la
medida en que tales efectos sean irreparables.
La ausencia de
conexidad entre las normas aquí cuestionadas y las razones invocadas para la
declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, conduce a este
Despacho a solicitar a esa Corporación, la declaratoria de su inexequibilidad.
Disposiciones en materia de arrendamiento
Considera el señor
Procurador que como quiera que las medidas contenidas en este capítulo tienen
una relación directa y específica con los motivos que dieron origen a la
emergencia económica, son razonables, necesarias, proporcionales y no vulneran
el ordenamiento jurídico superior.
Disposiciones
para promover el empleo y la reactivación
A juicio del Jefe
del Ministerio Público, las disposiciones reguladas en el Capítulo VIII del
decreto se encuentran ajustadas a la Constitución Política, por cuanto ellas,
además de tener conexidad con una de las finalidades previstas en el Decreto
mediante el cual se declaró la emergencia económica, consistente en lograr la
rehabilitación de la zona del eje cafetero a partir de la generación de empleo,
son necesarias, proporcionales y materialmente acordes con los mandatos de ese
Estatuto Superior.
En relación con las
razones esgrimidas  los ciudadanos Myriam Bustos Sánchez y Pablo Bustos
Sánchez, para impugnar la constitucionalidad de los artículos 52 y 53 de
Decreto, en cuanto consideran que respecto de ellos no se presenta dicha
relación de conexidad directa y específica con las razones de la declaración de
emergencia, señala el Procurador que en forma ex presa el Gobierno puso de
presente en el Decreto 195, la grave afectación de las vías de comunicación y
de la actividad económica y social en la zona. Por lo tanto la conexidad en
este caso, debe estudiarse desde dos perspectivas : desde el punto de
vista de la reconstrucción vial y la segunda, desde el punto de vista de la reactivación
de la economía, a través de generación de empleo.  Basta darle una lectura al
título del Capítulo VIII para establecer que efectivamente las obras
proyectadas dentro del mismo están destinadas a promover el empleo y la
reactivación, finalidades que fueron tenidas en cuenta igualmente dentro de los
considerandos del Decreto que se revisa.
En efecto, estima el
Jefe del Ministerio Público, que además de reactivar la economía, la generación
de empleo garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de las familias
que lo perdieron todo en la tragedia del eje cafetero, incluso la fuente de
ingresos que tenían antes de que ésta sucediera y en consecuencia, el Estado
puede brindar al gran número de personas afectadas, una posibilidad real y efectiva
de reconstruir sus vida en el aspecto económico, simultáneamente  con la de los
lugares que habitan.
Disposiciones en
materia de crédito público
Según el Procurador,
los artículos 54 y 55 consagran mecanismos de endeudamiento para facilitarle
recursos al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero,
destinados a brindarle la posibilidad de ejecutar los programas atribuidos a
esta entidad de reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de los municipios
afectados por la calamidad pública.
Por lo tanto, siendo
necesarios los recursos para enfrentar la crisis y teniendo en cuenta que el
Fondo es una entidad dotada de capacidad jurídica y de autonomía presupuestal
para el cumplimiento de la misión que le fue asignada, esta medida permite
cumplir las finalidades propuestas dentro del Decreto declaratorio de la
emergencia.
Disposiciones en
materia de salud
De otro lado, señala
el Procurador que las normas que se revisan contemplan una serie de aspectos
destinados a garantizar la prestación del servicio de salud a todas las
personas afectadas con la calamidad pública, al reconocer y dar solución a los
problemas de infraestructura de los hospitales y Centros de Salud y a la
cobertura en la prestación de este servicio, independientemente del régimen en
que se encuentren ubicados sus usuarios.
Como se desprende de
las consideraciones efectuadas por el Gobierno para declarar la emergencia, el
terremoto originó, de una parte, la grave afectación de la infraestructura
hospitalaria y de otra, un aumento súbito de la demanda de servicios
hospitalarios y de medicamentos, lo cual desbordó la capacidad de respuesta de
las instituciones de salud.
Por lo tanto, es
razonable que el Estado apoye financieramente la reconstrucción del sistema
hospitalario de la zona afectada, el restablecimiento del servicio de salud y
la atención de todas las personas afectadas, aunque muchas de ellas no
estuvieran dentro de la cobertura del Fondo de Solidaridad y Garantía o, a
pesar de pertenecer al régimen contributivo, no cuenten con los recursos para
pagar las cuotas de afiliación por pérdida del empleo.
En cuanto al régimen
de derecho privado previsto para los contratos que se celebren a fin de
ejecutar los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, ese Despacho también
lo encuentra acorde con la Carta Política, puesto que mediante su aplicación se
genera una dinámica en la gestión de los recursos de este Fondo, lo cual hace
posible el cumplimiento en forma ágil de los objetivos definidos dentro del
Decreto que se revisa.
En este mismo
sentido, afirma el concepto fiscal que resulta necesario y conexo con las
finalidades descritas para restablecer el servicio público de la salud de la
zona afectada, el establecimiento de otras fuentes de recursos para su
financiación, como lo es la prevista en el artículo 59 que permite la
realización, con ese fin, de sorteos extraordinarios.
Igual consideración
a la realizada para las anteriores disposiciones merece el articulo 63 del
Decreto, respecto a la conexidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas
en él adoptadas, toda vez que su contenido es una respuesta adecuada a las
causas que originaron el estado de emergencia en la zona del eje cafetero, como
lo es el restablecimiento del servicio público de la administración de Justicia
y la recuperación de la convivencia social.
Sin embargo, en
cuanto se refiere a la competencia para la expedición de normas en materia de Administración
de Justicia, el Procurador aclara  que por ser del resorte del Congreso de la
República, la regulación de esta materia puede realizarla el Legislador de
excepción sólo de conformidad con la habilitación consagrada en su favor por el
articulo 215 de la Carta, lo que supone que las medidas que dicte deben ser
conexas con el estado de emergencia declarado.
V.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
5.1   Competencia
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 241 numeral 7o. y 215 de la Constitución
Política, esta Corte es competente para pronunciarse definitivamente,
sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 350 del 25 de febrero de
1999.
5.2   Revisión
Formal del Decreto Legislativo  350 de 1999
En primer lugar, el
Decreto Legislativo 350 de 1999 fue expedido por el Presidente de la República,
con la firma de todos sus Ministros (o en algunos casos, de los Viceministros
con funciones encargadas del despacho del Ministro), en desarrollo del Decreto
195 del 29 de enero de 1999, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el sector de la zona cafetera
afectada por el terremoto, desde su vigencia hasta las veinticuatro horas del
día 27 de febrero de 1999.
Igualmente, dicho
decreto fue expedido dentro del límite temporal establecido en el Decreto 195
del 29 de enero de 1999, por cuanto fue dictado por el Presidente de la
República el día 25 de febrero del mismo año y remitido a la Corte
Constitucional para su revisión oficiosa dentro del término señalado en el
artículo 214 numeral 6) de la Carta Política.
En razón de lo
anterior, encuentra la Corporación que el decreto objeto de revisión cumple con
todos los requisitos formales exigidos por la Constitución Política, motivo por
el cual se procede en seguida a efectuar el examen material del mismo.
Cabe anotar que en
el artículo 64 del decreto materia de revisión, se derogan los artículos 16 y
17del Decreto Legislativo 258 de 1999 (beneficios para la importación de
maquinaria y equipo y de reducción de los aportes al Sena), expedido igualmente
en desarrollo del decreto 195 declaratorio del estado de emergencia económico,
ecológico y social, lo cual le es permitido al Presidente de la República, en
virtud de lo dispuesto en el ordenamiento constitucional (art. 215 CP.), en la
medida que está habilitado como legislador extraordinario para tomar las
medidas que considere conducentes a conjurar la crisis y a impedir la extensión
de sus efectos.
5.3    Examen material del Decreto Legislativo 350 de 1999
5.3.1          De la conexidad
En cuanto hace a la
conexidad como elemento fundamental para justificar la constitucionalidad de
los decretos que se expiden al amparo del estado de emergencia económica, ecológica
y social, debe señalar la Corte que en su conjunto  se aprecia  prima facie que
la serie de medidas que se adoptan por el Gobierno por medio del Decreto
Legislativo 350 de 1999, tiene una relación directa con la atención de la
emergencia económica, social y ecológica causada por el terremoto ocurrido el
25 de enero de 1999 y la situación de grave calamidad pública declarada
mediante el Decreto 195 de 1999, como puede leerse en la extensa  motivación
expuesta por el Gobierno, la cual a su vez se funda en las causas invocadas
para la declaratoria del estado de excepción.
Conexidad que se
configura efectivamente en este caso, por cuanto el conjunto de instrumentos
contenidos en el presente decreto, tanto de carácter tributario, para estimular
la recuperación económica de la zona mediante beneficios tributarios y
arancelarios, como para adoptar mecanismos que faciliten la reconstrucción de
la infraestructura hospitalaria, educativa y aeronáutica en la región, al igual
que el otorgamiento de subsidios para el pago de servicios públicos
domiciliarios y para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de la
vivienda de interés social, así como las medidas educativas, productivas,
ambientales, etc., están destinadas de manera directa  a conjurar la situación
de emergencia económica, ecológica y social generada con ocasión del sismo que
produjo la destrucción de una gran parte de los municipios del eje cafetero y
la muerte de un gran número de personas.
En general, para la
Corporación, las medidas adoptadas por el decreto legislativo que se examina,
se orientan esencialmente a atender de manera rápida y eficiente la situación
de crisis producida por el terremoto que afectó la integridad física y material
de los habitantes del denominado Eje Cafetero, que es precisamente el motivo
por el cual el Presidente de la República con la firma de sus ministros, hizo
uso del estado excepcional de la emergencia económica, ecológica y social en
determinados municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima
y Valle del Cauca.
Ahora bien, el
análisis material que procederá a efectuar esta Corporación, de conformidad con
la reiterada jurisprudencia constitucional y al tenor del mandato
constitucional contenido en el artículo 215 superior, se sujetará a determinar
si ya de manera específica, los distintos preceptos que integran el Decreto
Legislativos 350 de 1999, están destinados exclusivamente a conjurar la crisis
y a impedir la extensión de sus efectos y por lo mismo, se ajustan al
ordenamiento constitucional.
5.3.2 El contenido material de las normas sujetas a revisión
constitucional
Para un mejor orden
y claridad en el análisis de las materias reguladas por el Decreto en revisión,
la Sala ha dividido dicho estudio por capítulos,  dada la identidad de los
temas regulados en éstos, así como su especificidad.
a)    Disposiciones
en materia tributaria y de ingresos de las entidades territoriales
En primer lugar, hay
que precisar que las normas que hacen parte del Capítulo I del Decreto 350 de
1999, artículos 1o. al 10, se ocupan del tema tributario, en particular, de la
concesión de un tratamiento impositivo más favorable para quienes desarrollen
actividades y colaboren con la reactivación de la economía de la región de la
zona cafetera, afectada por el terremoto. En esta medida, algunas de ellas
modifican y otras aclaran las disposiciones que sobre la misma materia había
expedido el legislador de excepción en el Decreto 258 de 1999.
Debe destacar la
Corte que si la razón fundamental para declarar el Estado de Emergencia
Económica, Ecológica y Social por razón de grave calamidad pública, fue la
catástrofe natural ocurrida en la zona del eje cafetero el día 25 de enero de
1999, que causó un gran número de muertos y heridos, y que produjo igualmente
una considerable destrucción de inmuebles, viviendas, locales comerciales y
edificios públicos, así como afectó el suministro de agua potable y los
alimentos de la zona (cuya motivación fue considerada y declarada  conforme al
ordenamiento superior  por la Corte Constitucional mediante sentencia C-216 de
abril 14 de 1999, MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell)-, es indudable e
indiscutible que se hacía necesario e imprescindible adoptar medidas urgentes e
inmediatas con el propósito de estimular la recuperación económica de la zona,
por lo que la adopción de medidas tributarias para ampliar el alcance de las
exenciones otorgadas a las personas que se establezcan en la zona afectada y
para quienes reactiven a la mayor brevedad su actividad económica, así como
incorporar a las personas naturales como destinatarias de los beneficios
consagrados en el impuesto de renta, y establecer beneficios tributarios y
arancelarios para quienes adquieran nuevos bienes de capital, maquinaria y
equipo para desarrollar actividades productoras de renta en la zona, razones
por las cuales, las disposiciones de este Capítulo no sólo guardan estrecha
relación de conexidad con las motivaciones que llevaron al Gobierno Nacional a
declarar la emergencia por calamidad pública, sino que además, constituyen un
medio idóneo que puede válidamente adoptar el Ejecutivo en desarrollo de las
atribuciones constitucionales de carácter excepcional.
En consecuencia,
estima la Corporación que la adopción de disposiciones tributarias, como las
contenidas en el Capítulo I del Decreto 350 de 1999, tienen y guardan una
relación directa y específica con la motivación del Decreto 195 del 29 de enero
de 1999, en la medida en que se constituyen en mecanismos idóneos para
enfrentar la calamidad pública y el impacto económico ocasionados por el sismo
del 25 de enero del mismo año.
Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta Política, durante
el Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social, el Gobierno está
facultado de manera expresa para  dictar decretos con fuerza de ley destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos,
mediante los cuales puede en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. Razón por la cual, el Ejecutivo al dictar las medidas
contenidas en los preceptos que se examinan, hizo uso de las competencias
impositivas a él atribuidas como legislador extraordinario durante el estado de
excepción aludido. En concordancia con este precepto, el artículo 345 del estatuto
superior preceptúa que en “tiempo de paz” no se podrá percibir contribución o
impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, lo que quiere decir que en
épocas de anormalidad, de alteración grave del orden público social, económico
y ecológico, dicha prohibición no se aplica, como así lo ha reconocido en
diversas ocasiones esta Corporación. A continuación, se cita una aparte del
último fallo sobre el tema :
“Debe reiterarse
que, a diferencia de lo que ocurría durante la vigencia del artículo 122 de la
Constitución de 1886, modificada por el Acto Legislativo número 1 de 1968 -que
dio lugar a posiciones encontradas en los fallos proferidos por la Corte
Suprema de Justicia en 1974 y en 1983 acerca de las atribuciones presidenciales
en el Estado de Emergencia Económica para establecer o reformar impuestos-, en
la Constitución de 1991 tal competencia extraordinaria del Jefe del Estado ha
sido cabalmente otorgada y definida, como temporal y estrictamente ligada a las
causas de la perturbación, pero sin que el texto vigente arroje dudas en el
sentido de reconocer que existe esa posibilidad cuando en efecto la captación,
también extraordinaria y urgente, de recursos se revele como indispensable con
miras al cometido básico de sofocar o atemperar la crisis o impedir que sus
negativas consecuencias se extiendan. En el estado de excepción del que
hablamos es posible al Presidente de la República establecer o modificar
contribuciones y reformar, con miras al efectivo control de la situación de la
emergencia, y únicamente en la medida de su necesidad y apremio, las partidas
del presupuesto, y también imponer tributos enderezados específica y
directamente a atacar las causas de perturbación y a impedir que sus
consecuencias proliferen”[1].
(negrillas no son del texto original)
Así mismo, los
beneficios, exenciones y privilegios tributarios consagrados en las normas del
Capítulo I no lesionan los principios constitucionales aplicables, como quiera
que no desconocen los principios de equidad, la progresividad y la
irretroactividad que la Constitución exige del sistema tribuario (artículo 363
CP.), además de que responden a un criterio de justicia material que obedece a
las situaciones originadas por la tragedia y que colocan a un determinado grupo
de población en circunstancias de debilidad manifiesta, que requiere del Estado
la adopción de medidas especiales que los equilibre frente  al resto de la población.
E igualmente, cabe
agregar que las medidas que se examinan, contenidas en el Capítulo Primero del
decreto en revisión, son de carácter excepcional y restrictivo, por cuanto su
vigencia está limitada en los términos del artículo 215 constitucional a la
zona que resultó afectada por el sismo, la cual resulta favorecida con los
beneficios concedidos por estos preceptos.
Observaciones
preliminares en relación con los artículos 1o., 2o. y 3o. del Decreto 350 de
1999
Antes de proceder al
examen de los artículos 1o., 2o., y 3o. del decreto objeto de revisión, debe
señalar la Corporación que teniendo en cuenta que estos preceptos se refieren a
una exención parcial que en materia tributaria - impuesto de renta y
complementarios - reconoce el Estado a ciertas personas naturales y jurídicas,
no estima la Corte que en principio vulneren el ordenamiento superior, por
cuanto como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, las exenciones
deben responder a criterios objetivos de equidad y justicia, por lo que la
decisión del legislador ordinario o extraordinario de establecerlas debe estar
motivada en la idea de equilibrar las cargas tributarias entre los distintos
sujetos pasivos, permitiendo que los principios de equidad y justicia
tributaria se conjuguen de manera eficaz. Esa motivación la expuso el
legislador de excepción tanto en el decreto 195/99 declaratorio de la
emergencia, como en el 258/99 por el cual se crearon tales exenciones, teniendo
como fundamento para ello la situación de debilidad manifiesta en que fueron
colocadas las personas naturales y jurídicas afectadas por el terremoto que
justifica de manera suficiente tales exenciones.
Adicionalmente, cabe
agregar que el legislador de excepción estimó que una de las maneras de
enfrentar los problemas económicos y sociales generados como consecuencia del
desastre natural ocurrido en la zona de la región cafetera, la constituía el
establecimiento de exenciones que promovieran la inversión en los municipios
afectados, con la finalidad de restablecer la normalidad que existía antes de
presentarse el sismo. En consecuencia, los distintos beneficios tributarios
consagrados en estas disposiciones, responden a causas objetivas que sustentan
su existencia y aplicación, por lo que encuadran debidamente dentro del
ordenamiento superior.
Análisis del
Artículo 1o. Extensión exención para las PYMES
El artículo 1º del
Decreto 350 de 1999 modifica el parágrafo 1o. del artículo 7o. del Decreto 258
de 1999, el cual establecía que :
(...)
“Parágrafo 1o. En
el caso de las actividades comerciales, estarán exentas, siempre y cuando se
refieran a bienes corporales muebles producidos en los municipios contemplados
en los Decretos 195 y 223 de 1999, que se expendan al detal y su entrega física
se produzca en la jurisdicción de esos municipios”. (se resalta el término
modificado)
Encuentra la Corte
que la disposición que se examina fue eliminado de la disposición transcrita el
término “producidos”, de manera que a partir de la expedición del Decreto 350
de 1999, estarán exentas del impuesto a la renta, las personas jurídicas que se
califiquen como pequeñas y medianas empresas, PYMES, que a partir de la
vigencia del Decreto 258 de 1999 y a más tardar el 30 de junio del año 2000 se
constituyan en la jurisdicción de los municipios señalados en los Decretos 195
y 223 de 1999, cuyo objeto social sea desarrollar actividades comerciales,
siempre y cuando se refieran a bienes corporales muebles que se expendan al
detal y su entrega física se produzca en dichos entes territoriales.
Esta modificación a
juicio de la Corporación, en nada contraría la Constitución, por cuanto el
legislador de excepción está habilitado para expedir normas destinadas a
conjurar la crisis o calamidad generada como consecuencia de un hecho grave
como un terremoto. Dichas disposiciones, en todo caso, deben ajustarse al
ordenamiento superior, en orden a garantizar su efectividad, y en consecuencia,
los derechos de todas las personas. Por ende, al producirse la modificación
incorporada en el precepto sub examine, se busca garantizar el principio de
igualdad, ya que el parágrafo del artículo 7º del Decreto 258/99, excluía de
manera injustificada e irrazonable de la exención del impuesto de renta a las
actividades comerciales referidas a bienes corporales muebles producidos en
otros municipios no contemplados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Ahora, a partir de
la vigencia del decreto 350, corregida la desigualdad existente, se establece
que sin importar el origen de los bienes corporales muebles, la exención en las
actividades comerciales tendrá lugar siempre y cuando se expendan al detal y su
entrega física se produzca en la jurisdicción de los municipios afectados por
el terremoto. Obsérvese que el propósito de la exención creada por el Decreto
258 de 1999 era incentivar entre otras, las actividades comerciales de pequeñas
y medianas industrias que expendan productos en la zona del desastre, para que
así promover el desarrollo social y garantizar el acceso de la población
afectada a productos de especial importancia y de primera necesidad. Por lo
tanto, el artículo 1o. no tiene ningún reparto de orden constitucional.
Análisis del
artículo 2o. Ampliación de las exenciones a empresas preexistentes
El artículo 2º del
Decreto 350 de 1999 modifica el primer inciso del artículo 8º del decreto 258
de 1999, y dispone que:
“Lo dispuesto en los
dos artículos anteriores será igualmente aplicable exclusivamente para el año
fiscal de 1999, a aquellas personas jurídicas o naturales que para el 25
de enero de 1999 se encontraban domiciliadas o localizadas físicamente en la
jurisdicción de los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999,
siempre y cuando, en el caso de las personas jurídicas, éstas se encuentren constituidas
jurídicamente en dicha zona, y adicionalmente ellas y las personas naturales
demuestren, en la forma que señale el reglamento, que reanudaron las
actividades económicas que venían desarrollando a la fecha del desastre, a más
tardar el 31 de diciembre de 1999, en la jurisdicción de los municipios a los
que se ha hecho referencia. Para efectos de los aquí previsto, el contribuyente
deberá informar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de su
jurisdicción, la fecha de reiniciación de actividades”. (se resaltan las
expresiones adicionada y modificada)
El  inciso primero
del artículo 8º del Decreto 258 de 1999, disponía lo siguiente:
“Exención para
empresas preexistentes en la zona afectada por el terremoto del 25 de enero de
1999. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será igualmente aplicable
exclusivamente para el año fiscal de 1999, a aquellas empresas que sean personas
jurídicas, que para el 25 de enero de 1999 se encontraban constituidas
jurídicamente y localizadas físicamente en la jurisdicción de los
municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999, siempre y cuando tales
empresas demuestren, en la forma que señale el reglamento, que reanudaron las
actividades económicas que venían desarrollando a la fecha del desastre, a más
tardar el 31 de diciembre de 1999, en la jurisdicción de los municipios a los
que se ha hecho referencia. Para efectos de lo aquí previsto, el contribuyente
deberá informar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de su
jurisdicción, la fecha de reiniciación de actividades.” (se resalta la
expresión adicionada y la eliminada en el Decreto 350/99)
La norma sub
examine introdujo entonces, las siguientes modificaciones: se incluyeron
como beneficiarias de las exenciones establecidas en los artículos 6º y 7º del
Decreto 258 de 1999 además de las personas jurídicas, a las personas
naturales ; así mismo, en el caso de las personas jurídicas, se suprimió
la exigencia de que éstas tengan que estar “localizadas físicamente” en los
municipios afectados, de manera que solo se requiere su “constitución” jurídica
en esa zona y la reanudación de sus actividades a más tardar el 31 de diciembre
de 1999.
En tal virtud,
estima la Corte que el legislador extraordinario subsanó una clara y manifiesta
violación al derecho a la igualdad, ya que el artículo 8o. del Decreto 258 de
1999 consagraba una discriminación frente a las personas naturales, por cuanto,
como ya se anotó, la norma establecía originalmente, que lo dispuesto en los
artículos 6o. y 7o. ibídem sólo era aplicable a “aquellas empresas que sean
personas jurídicas”, excluyendo sin justificación objetiva y razonable a
las personas naturales igualmente afectadas.
Por lo tanto, esta
modificación en cuanto garantiza la vigencia del ordenamiento constitucional en
materia del derecho a la igualdad (artículo 13 de la Carta Política), al
establecer exenciones tributarias tanto para las personas jurídicas como las
naturales que se vieron afectadas por la tragedia en la misma medida en su
actividad comercial,  será declarada exequible.
Análisis del
artículo 3o.  Exención para actividades comerciales
El artículo 3o. del
Decreto 350 de 1999 adiciona al artículo 8º del Decreto 258 de 1999, un
parágrafo en virtud del cual el beneficio a que se refiere este precepto, cuya
cuantía dependerá de si se trata de pequeñas o medianas empresas, se otorgará
igualmente a las personas que desarrollaban actividades comerciales de manera
previa al terremoto, siempre y cuando se refieran éstas a bienes corporales
muebles que se expendan al detal y su entrega física se produzca en la
jurisdicción de los municipios afectados por el terremoto.
En orden a
determinar la constitucionalidad de este artículo, es necesario hacer las
siguientes precisiones.
En primer lugar, el
artículo 8º del Decreto 258 de 1999, al cual se adiciona al parágrafo que se
revisa, amplía la exención consagrada en los artículos 6o. y 7o. ibídem del
impuesto a la renta y complementarios por los períodos gravables de 1999 y
2000, en la parte de las utilidades obtenidas por el desarrollo de las
actividades mencionadas en dichos preceptos, no sólo a las personas jurídicas y
naturales que se califiquen como pequeñas y medianas industrias, que se
constituyan y localicen a partir de la fecha de la vigencia de dicho decreto en
la jurisdicción de los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999,
sino ahora, a partir de la vigencia del Decreto 350 de 1999, a aquellas
personas jurídicas y naturales que para el 25 de enero de 1999 desarrollaban
actividades comerciales referidas a bienes corporales muebles que se expendan
al detal y su entrega física se produzca en la jurisdicción de los municipios
afectados por el sismo.
Es preciso advertir,
que el parágrafo guarda concordancia con el artículo 1o. de este decreto que
modificó el parágrafo 1o. del artículo 7o. del Decreto 258 de 1999. Pero
además, dentro de las atribuciones de que está investido el Gobierno Nacional
durante el desarrollo del estado de emergencia, puede expedir normas destinadas
a conjurar la situación que generó la crisis o a prevenir la extensión de sus
efectos. Pues bien, en aras de garantizar el desarrollo social y la
reconstrucción del eje cafetero, era necesario, como así lo estimó el Ejecutivo
al expedir la disposición que se revisa, incentivar, promover y estimular a las
personas que venían desarrollando actividades comerciales, referidas a bienes
corporales muebles antes de que ocurriera el desastre natural, y que se vieron
afectadas por éste, a través de instrumentos como la exención del pago de
impuesto de renta y complementarios, durante un período de tiempo limitado en
los términos del artículo 215 de la Carta Fundamental.
Medida esta que se
encuentra en completa concordancia con el artículo 13 de la Carta Política, que
dispone que el Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por
su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta,
como lo son en este caso las personas naturales y jurídicas que venían
desarrollando dichas actividades en la zona del eje cafetero cuando se produjo
el sismo y que requieren entonces del Estado, medidas propicias, adecuadas,
prontas y urgentes para lograr su recuperación económica, la cual no sólo
incide directamente en ella, sino que indirectamente compromete el bienestar y
el interés general de la población cafetera.
Además, el objetivo
de la norma es, de una u otra forma, promover la productividad en la zona
devastada por el terremoto, y lograr así el mejoramiento, o por lo menos, el
restablecimiento de la calidad de vida de sus habitantes. Por consiguiente, se
declarará exequible el artículo 3o. del Decreto 350 de 1999.
Análisis del
artículo 4o. Valor comercial transacciones
Este precepto
dispone que las transacciones que realicen las personas que gocen de los
beneficios a que aluden los artículos 6o., 7o. y 8o.  del Decreto 258 de 1999,
con personas que le estén vinculadas económicamente, deberán realizarse a
valores comerciales, por lo que si se realizan por un valor menor, para efectos
tributarios, se entenderá que se efectuó por los valores comerciales
mencionados.
Para la Corte, este
artículo se limita a hacer una precisión en cuanto se refiere a los beneficios
tributarios establecidos en los artículos 6o. 7o. y 8o. del Decreto 258 de
1999. El asegurar un valor oficial para las transacciones que realicen las
personas favorecidas con tales exenciones, se garantiza el cumplimiento de las
finalidades sociales y esenciales del Estado, y en desarrollo de ellas, el pago
de los tributos de conformidad con la actividad que efectúan, que en el caso de
los artículos citados, tiene naturaleza comercial. Con ello igualmente, se le
brinda claridad a los contribuyentes - en este caso, quienes desarrollan la actividad
comercial -, sobre el valor que debe tenerse en cuenta tributariamente, al
momento  de llevar a cabo sus transacciones.
En tal virtud, no
desconociendo el artículo materia de examen precepto alguno de la Constitución
Política, será declarado exequible.
Examen de los
artículos 5o. a 10 del Decreto 350 de 1999
Estas disposiciones,
a juicio de la Corte, tienen una clara finalidad  de apoyo y asistencia a las
personas naturales y jurídicas afectadas por la calamidad que motivó la
declaratoria de emergencia, de manera que contribuyan a la reactivación
económica y social de  los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de
1999, los cuales sufrieron con mayor rigor los efectos del fenómeno natural,
así como constituyen un instrumento para restablecer la normalidad y atacar la
calamidad, mediante las exenciones y los beneficios tributarios contenidos en
sus disposiciones, que indiscutiblemente, como ya se anotó, guardan conexidad
con los requerimientos que plantean los habitantes de estas poblaciones.
Ha reiterado la
jurisprudencia constitucional la competencia del Gobierno, durante la vigencia
de la emergencia económica, para crear o modificar tributos, y en consecuencia,
para reconocer exenciones y otros beneficios. Por consiguiente, en relación con
el derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas cancelado por la
adquisición de bienes de capital (artículo 5º sub examine), con los
presupuestos allí enunciados, no encuentra la Corporación tacha de
inconstitucionalidad, especialmente, en cuanto es evidente la finalidad de la
medida en aras de la reactivación económica y social de la zona afectada, por
lo cual la devolución del impuesto sobre las ventas se constituye en una medida
de apoyo financiero importante para las personas afectadas con el sismo.
En efecto, el
artículo 5º del decreto en revisión dispone que por los años de 1999 y 2000,
las personas ubicadas en los municipios afectados por el terremoto que
adquieran bienes de capital, consistentes en maquinaria y equipo, tendrán
derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas que hubieren cancelado
por dichos bienes, siempre y cuando los mismos se destinen a su actividad
productora de renta como activo fijo durante el período de depreciación del
bien, y dentro de la citada jurisdicción.
En consecuencia,
resulta acorde con los preceptos constitucionales modificar los impuestos
vigentes a través de mecanismos como la devolución de lo pagado en situación de
excepción, a personas que se encuentran en circunstancias de mayor fragilidad
generada por el impacto económico desfavorable del terremoto; además el término
de vigencia del beneficio tributario se ajusta al mandato constitucional, en
cuanto establece que las medidas de ese género dejarán de regir al término de
la siguiente vigencia fiscal del año siguiente a la declaración del estado de
emergencia.
Por consiguiente,
este beneficio tributario consagrado en el artículo 5º del Decreto 350/99
responde a causas objetivas que sustentan desde el punto de vista
constitucional, su existencia y aplicación. En tal virtud, será declarado
exequible.
Iguales
consideraciones deben predicarse del artículo 6o., según el cual, previo el
cumplimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales, por los años 1999
y 2000 se aplicará una franquicia arancelaria a los bienes de capital no
producidos en Colombia, importados por personas ubicadas en los municipios
afectados por el sismo, siempre y cuando dichos bienes se destinen
exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta durante el
período de la depreciación del bien.
Dichos beneficios
están dirigidos no sólo a satisfacer algunas de las finalidades que el Estado
tiene al intervenir en la economía, pues con ella busca de una u otra forma
promover la productividad y la competitividad en la zona afectada por el
desastre natural y lograr el restablecimiento y mejoría de la calidad de vida
de los habitantes de esa zona, sino en especial, a crear las condiciones
propicias para el desarrollo económico y social de esta región y la reconstrucción
de la misma, mediante unos alivios y beneficios de carácter arancelarios
respecto de bienes cuya importación es necesaria para alcanzar esas
finalidades.
En consecuencia,
atendiendo a las condiciones de los municipios afectados, por ser uno de los
sectores agroindustriales más representativos de la región y del mismo país, el
legislador de excepción puede válidamente permitir la libre importación - con
franquicia arancelaria -, de bienes de capital no producidos en Colombia,
destinados a lograr la reactivación de las actividades productoras de renta en
los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Por lo tanto, en
cuanto esta medida responde a las necesidades de reactivación y desarrollo
económico de la zona, y encuadra dentro de las condiciones excepcionales de la
región, no desconoce el ordenamiento constitucional. Será entonces, declarado
exequible.
Tampoco el precepto
contenido en el artículo 7o. del Decreto 350 de 1999 desconoce el ordenamiento
constitucional, en cuanto fija los requisitos previos para la viabilidad de los
beneficios consagrados en los artículos 5o. y 6o. ya examinados, como lo es la
constitución de una póliza que asegure el pago de los tributos en el caso de no
cumplirse con las condiciones previstas para acceder al beneficio. Además, de
prever como efecto del no cumplimiento a acreditación de dichos requisitos, la
pérdida de los beneficios, se establece que la persona será sujeto de las
sanciones legales (las previstas en el artículo 670 del E.T.) y de responsabilidad
penal por alterar información o los estados financieros. En el caso de  bienes
importados, los bienes o la mercancía será considerada de contrabando. A este
respecto, es de anotar que todo derecho y beneficio conlleva para acceder a él
un deber, por lo que el requisito fijado en la norma de constituir la póliza se
constituye en un deber legítimo para acceder al beneficio reconocido en las
disposiciones aludidas, así como, el incumplimiento de los deberes tributarios
cuando no se puede acceder los indicados beneficios de excepción  justifica de
manera plena la imposición de sanciones y la existencia de las consiguientes
responsabilidades.
Se trata entonces,
de una norma de carácter procedimental o formal, que desarrolla los preceptos
mencionados, y cuya finalidad es fijar las condiciones para acceder a los
beneficios tributarios, y las sanciones que se desprenden de su
desconocimiento. En tal virtud, siendo desarrollo de las facultades del
Gobierno para conjurar la situación que produjo la crisis, y no contrariando
disposición alguna de la Constitución, será declarado exequible.
Por su parte, el
artículo 8o. dispone que hasta el 31 de diciembre del año 2000, los contratos
de arrendamiento financiero o leasing que se celebren en los municipios afectados
por el terremoto, que tengan por objeto maquinaria o equipo que se ubique
físicamente en ellos durante la vigencia del contrato, se regirán para efectos
contables y tributarios por las reglas aplicables al arrendamiento operativo
(art. 127-1 del Estatuto Tributario), en consecuencia, el locatario
registrará como un gasto deducible, la totalidad del canon de arrendamiento
causado, sin que deba registrar en su activo o pasivo suma alguna por el bien
tomado en leasing.
Al igual que ocurre
con las normas hasta ahora analizadas, se encuentra que esta disposición  no
contraría el ordenamiento constitucional. Como se expresó con anterioridad, se
trata de normas cuya finalidad y justificación es la recuperación y el
desarrollo social y económico de los entes territoriales afectados por el
desastre natural, por lo que para garantizar su efectividad, demanda de
disposiciones que como la presente, con vigencia definida y temporal en el
tiempo (artículo 215 CP.) - hasta el 31 de diciembre de la siguiente vigencia fiscal
-, están orientadas a apoyar con un tratamiento preferencial para ciertas
actividades que de suyo contribuyen a alcanzar el mencionado objetivo y por
ende, al no desconocer el ordenamiento constitucional, el artículo 8o. del
Decreto 350 de 199 será declarado exequible.
Ahora bien, el
artículo 9º del decreto en revisión señala que lo dispuesto en el artículo 4º
del Decreto 258 de 1999 no se aplicará a la contribución prevista en el Decreto
2331 de 1998, la cual se causará en los términos previstos en éste.
El artículo 4º del
Decreto 258 de 1999 consagra una exención de toda clase de impuestos, tasas o
contribuciones de carácter nacional, para las donaciones provenientes del
exterior, en dinero o en especie con destino exclusivo a la recuperación de la
actividad productiva, al fortalecimiento institucional y financiero, a la
atención de las necesidades básicas de las personas afectadas y a lograr la
reconstrucción, desarrollo y rehabilitación de los municipios afectados por el
terremoto, finalidades que están previstas en el inciso primero del artículo
1o. del mismo Decreto.  Dicha exención, determina la norma en estudio, no se
aplicará a la contribución prevista en el Decreto 2331 de 1998. Cabe observar,
que esta exención se refiere únicamente a las donaciones que se efectúen
durante el año de 1999.
Quiere decir lo
anterior, que el legislador extraordinario habilitado constitucionalmente para
ello, dada la situación en que se encuentran los habitantes de las poblaciones
afectadas por el desastre natural, y la necesidad de establecer políticas
crediticias, fiscales y tributarias, entre otras, para lograr la recuperación y
el desarrollo económico y social de la región, ha determinado excluir del pago
de la contribución del denominado impuesto del dos por mil creado por el
Decreto 2331 de 1999, las donaciones del exterior, en dinero o en especie,
siempre y cuando estén destinadas de manera exclusiva a los fines previstos en
el artículo 4º del decreto 258 de 1999. Se trata en ambos casos, de normas de
carácter legal dictadas por el Gobierno en su condición de legislador
extraordinario, con su mismo rango y jerarquía, por lo que pueden ser
reformadas o modificadas, como sucede en este caso, para lograr la finalidad
perseguida. Por consiguiente, el artículo 9º se declarará exequible.
Finalmente, el
artículo 10 del Decreto 350 de 1999 dispone que para efectos de lo
preceptuado en el artículo 22 del Decreto 258 de 1999, en orden a determinar el
monto de la compensación que la Nación reconocerá a los departamentos en
los cuales se encuentren los municipios a los que se refieren los decretos 195
y 223 de 1999 - que corresponderá a la diferencia entre los ingresos
tributarios en términos constantes recaudados en 1998 y los que se recauden en
los años 1999 y 2000 -, se incluirán dentro de los ingresos que se toman como
base del cálculo, aquellos provenientes de los monopolios de licores. Así
mismo, el artículo 23 del decreto en mención establece unas condiciones que
deben cumplir los departamentos para ser beneficiarios de esa compensación.
Como se ha señalado
repetidamente, el legislador extraordinario está facultado para expedir medidas
destinadas a conjurar la situación que motivó la declaratoria del estado de
excepción, aún de carácter tributario, que en este caso, están dirigidas a
lograr la reactivación y la recuperación económica y social de los municipios
del eje cafetero afectados por la calamidad pública.
Es indudable que el
mayor apoyo que para los fiscos departamentales implica la ampliación de la
base del computo para efectos de la compensación con las rentas derivadas de
ese monopolio, favorece a los fiscos de los departamentos afectados con la
tragedia, lo que los permitirá contar con ingresos adicionales para atender el
funcionamiento la administración en medio de la reconstrucción y recuperación
de la región, lo que permite concluir que no  contradice la Carta Política.
De otra parte,
señala el inciso segundo del artículo 10 del Decreto 350 de 1999, que los municipios
que reciban compensaciones en desarrollo del artículo 21 del Decreto 258 de
1999, deberán transferir las sumas a su cargo por impuesto predial a las
corporaciones autónomas regionales.
El artículo 1º de la
Constitución reconoce el principio de la autonomía de las entidades
territoriales, el cual es reiterado por el artículo 287 de la Constitución,
según el cual las entidades territoriales gozan de una amplia libertad para la
gestión de sus intereses, y en consecuencia, tienen derecho a administrar los
recursos y a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Por su parte, de conformidad con el artículo 317 de la Carta
Política, sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble y agrega, que
la ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del
promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo
con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.
Ahora bien, el
artículo 21 del Decreto 258 de 1999 establece que durante los años 1999 y 2000,
la Nación compensará a los municipios referidos en los decretos 195 y 223 de
1999, la diferencia entre los ingresos tributarios en términos constantes
recaudados en el año de 1998 y los ingresos tributarios que recauden
efectivamente en los años 1999 y 2000. A lo anterior se adiciona con lo
preceptuado en el aparte final del artículo 10 del Decreto en revisión, al
disponer que los municipios que reciban la compensación de que trata el citado
artículo 21, deberán transferir las sumas a su cargo por impuesto predial a las
corporaciones autónomas regionales.
Sin embargo, podría
pensarse que el legislador extraordinario al ordenar esa transferencia, está
desconociendo el  principio constitucional que reconoce a los municipios como
entidades territoriales, autonomía para establecer sus tributos, así como la
competencia exclusiva para gravar la propiedad inmueble. Sin embargo, esto no
es así en la medida en que la disposición se limita a reiterar la obligación
constitucional consagrada por el artículo 317 de la Carta, a cargo de los
municipios y no toca para nada los aspectos que le competen a estos entes
territoriales.
Es evidente que  el
legislador extraordinario está habilitado por la Constitución para disponer
temporalmente, la transferencia de las sumas a su cargo de los municipios
afectados por concepto de impuesto predial a las corporaciones autónomas
regionales, entidades que tienen a su cargo entre sus principales funciones el
manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales y que en el caso
del terremoto acaecido en la zona cafetera, son las indicadas para atender los
daños ecológicos causados por ese fenómeno. Es obvio que tal transferencia debe
hacerse en los porcentajes establecidos por la ley y de acuerdo con los planes
de desarrollo de los respectivos municipios, tal y como lo ordena el estatuto
superior. En consecuencia, el artículo 21 será declarado exequible.
b)
Disposiciones para promover la construcción y la reconstrucción
El Capítulo II del
Decreto 350 de 1999 establece una serie de disposiciones encaminadas a promover
la construcción, reconstrucción y reparación de bienes inmuebles, e
infraestructura hospitalaria, educativa y aeronáutica de la zona del eje
cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999.
A juicio de la
Corte, es indudable que en su conjunto estas disposiciones guardan una relación
directa de conexidad con las motivaciones que dieron lugar a la declaratoria
del estado de emergencia, por cuanto están destinadas a conjurar la crisis que
en materia de vivienda y de infraestructura de esos sectores generó la
destrucción repentina o el deterioro grave de esas edificaciones, mediante su
reconstrucción y recuperación de esos servicios. Para ello, se otorgan
subsidios, créditos, líneas de redescuento y otros instrumentos de apoyo
financiero a través de  un fondo fiduciario creado para tales fines.
Las normas del
Capítulo II viene a  complementar los instrumentos creados por los Decretos
Legislativos 196 y 197 de 1999, adoptados al amparo de la emergencia económica
declarada mediante el Decreto 195 de 1999, con el fin de lograr una pronta y
eficaz recuperación de la zona afectada por el desastre natural.
En  principio, la
Corte no encuentra reparo desde el punto de vista constitucional  respecto de
esas disposiciones, ya que además de tener una indudable relación con las
causas que originaron la declaración de emergencia,  también resultan
conducentes y convenientes para lograr el cumplimiento de dos de los fines
esenciales del Estado, cual es de promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios y derechos constitucionales, muchos de ellos
afectados con la tragedia, propósito que se concreta en reparar hasta donde sea
ello posible los efectos nocivos del terremoto ocurrido en el eje cafetero,
mediante instrumentos como los previstos en este Capítulo que sin lugar a
dudas, facilitarán y promoverán la reconstrucción de la región. Todo ello
precedido de la solidaridad, principio fundante del estado social de derecho
consagrado en nuestra Constitución.
Análisis en
concreto de los artículos 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del Decreto 350 de 1999
Debe anotarse de
manera previa, que los artículos 12, 18 y 19  ameritan un análisis separado
dentro del conjunto de disposiciones contenidas en el capítulo II del Decreto
350 de 1999, razón por la cual, en este aparte se analizarán las demás
disposiciones para luego ocuparse de manera específica a esas norma.
El artículo 11 del
Decreto 350 de 1999 estimula el otorgamiento de subsidios a la demanda de
inmuebles a través de la creación de un fondo fiduciario constituído con
recursos del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero,
para lo cual podrá realizar entre otras actividades, el otorgamiento de
créditos, garantías o subsidios adicionales que faciliten a los propietarios o
poseedores de bienes inmuebles afectados, urbanos o rurales, el acceso a la
financiación para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de estos.
En igual sentido, el
artículo 13 ibídem autoriza al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras,
para establecer una línea de redescuento de créditos otorgados por los
establecimientos de crédito a constructores, para financiar proyectos de
vivienda de interés social que se desarrollen en la zona afectada por el
desastre natural.
En el mismo orden,
el artículo 14 del decreto en revisión, determina que el Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá constituir un patrimonio
autónomo que tendrá como propósito otorgar créditos destinados a la
reconstrucción o reparación de los inmuebles ubicados en los municipios
afectados por el terremoto. Este precepto asigna así mismo a ese Fondo, la
definición de los términos y condiciones de taless créditos.
Por su parte, y en
relación con el mencionado patrimonios autónomo, el artículo 15 preceptúa que
concluidas las obras de reconstrucción o reparación de los inmuebles de que
trata el artículo 14, dicho  patrimonio autónomo podrá enajenar a título
oneroso o entregar en administración a los establecimientos de crédito, la
cartera constituida por los préstamos otorgados para tal propósito. Cuando
estos reciban la cartera, los deudores de los préstamos individuales cedidos o
recibidos en administración tendrán derecho a que el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras cancele a las entidades adquirentes, la diferencia de
tasa de interés de que tratan el numeral 2 del literal a) y el literal b) del
artículo 1º del Decreto 196 de 1999.
De igual manera, el
artículo 16 del Decreto 350 de 1999 autoriza al Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero,  para celebrar contratos de crédito con los
Fondos de Garantías de la región afectada, con el fin de facilitar que éstos
puedan otorgar garantías a los créditos para capital de trabajo que se otorguen
a los afectados por el terremoto. El artículo 17 ibídem, ordena a esos fondos,
cuando les corresponda atender las necesidades de la pequeña y mediana
industria, dar especial prioridad a las solicitudes de los pequeños
comerciantes damnificados por el terremoto, en la ejecución de sus
presupuestos.
Finalmente, el
artículo 20 del mismo decreto en revisión determina que por el término de un
año, los recursos del Instituto de Fomento Industrial debería invertir en
“Títulos de Desarrollo Agropecuario”, serán destinados para abrir una línea de
redescuento o crédito para la financiación de capital de trabajo en los
municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999.
En relación con la
constitucionalidad de estos preceptos, que establecen una serie de instrumentos
financieros de los cuales puede disponer el Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero, estima la Corte que, como se anotó en
precedencia, encuadran perfectamente en el ordenamiento superior, en la medida
en que no sólo guardan la conexidad directa y específica con las motivaciones
que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, exigida por la Carta Política
para las medidas que adopte el Gobierno, sino que además se constituyen en
mecanismos adecuados e idóneos para superar y conjurar la crisis causada por la
calamidad pública, así como para lograr la rehabilitación y reconstrucción de
la zona.
No cabe duda para la
Corte, que la población de los municipios afectados por el sismo que sufrieron
la pérdida, destrucción o deterioro de sus bienes inmuebles, así como de la
infraestructura de los servicios públicos, se encuentra dentro de las
condiciones previstas en el inciso final del artículo 13 constitucional, de
debilidad manifiesta, que requiere de una protección y apoyo especial por parte
del Estado, dada la difícil situación económica y social en que se encuentran
como consecuencia de la tragedia en la que, o perdieron sus bienes por su
destrucción, o estos se encuentran gravemente afectados.
De otra parte, con
ocasión del examen del Decreto Legislativo 196 de 1999, mediante el cual el
Gobierno creó una serie de beneficios y crédito subsidiados para los
propietarios y poseedores de bienes afectados por el sismo, esta Corporación
hizo una precisión en relación con un punto específico que es pertinente
recordar :
“La Corte
Constitucional reiteradamente ha señalado que la prohibición de conceder
auxilios o donaciones a particulares con cargo al erario, tiene, entre otras
excepciones, las ayudas que bajo la forma de subsidios económicos se conceden
alas personas que resultan víctimas de hechos naturales o de otra naturaleza
que sirven de fundamento a la declaración de un estado de excepción. En estos
eventos, el principio de solidaridad se ipone sobre cualquiera otra
consideración y éste se articula a través de los subsisdios que el Estado
entrega a las personas que sufren una tragedia o a circunstancias externas que,
de una u otra manera, los someten a cargas y afectaciones severas que no son de
la generalidad de los ciudadanos.” [2]
En consecuencia,
concluye la Corte que se ajusta al ordenamiento constitucional la normatividad
de este Capítulo en los preceptos que ahora se analizan, que en desarrollo de
los principios constitucionales de la solidaridad y de la prevalencia del
interés general, y de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo
vital, están dirigidos a poner en funcionamiento instrumentos como el
otorgamiento de subsidios, créditos y apertura de líneas de redescuento para la
financiación de capital de trabajo, así como para ejecutar obras de construcción,
reconstrucción o rehabilitación de los inmuebles afectados por el terremoto, y
la financiación de proyectos de interés social, para buscar y lograr así la
reconstrucción económica y social de la población y de sus bienes ubicados en
los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999, afectados por la
tragedia.
Adicionalmente, es
preciso manifestar, que desaparecidos o disminuidos en gran parte los medios de
subsistencia de los damnificados por el desastre natural, estos carecen del
sustento material con el cual atender sus obligaciones crediticias, así como
obtener nuevos créditos para financiar la reparación de los inmuebles
afectados, por lo cual es indispensable expedir disposiciones como las que se
analizan, dirigidas a facilitar el acceso, otorgamiento y concesión a las
personas colocadas en circunstancias de evidente fragilidad generada por el
sismo, de créditos y subsidios en condiciones favorables que permitan a los
beneficiarios de estos, reconstruir o rehabilitar sus inmuebles.
Todas estas medidas,
a juicio de la Corporación, permitirán y estimularán la iniciación y el
desarrollo de manera ágil y oportuna de la reconstrucción y construcción masiva
de vivienda de interés social, así como de bienes inmuebles en general e
infraestructura, a través de los mecanismos contenidos en las disposiciones que
se examinan, los cuales permitirán canalizar la liquidez que requieran los
establecimientos de crédito para el otorgamiento de los préstamos y créditos
que tengan tal finalidad y así aliviar algunos de los efectos nocivos que tuvo
para esa comunidad la ocurrencia del sismo.
Por su parte, el
estímulo mediante el otorgamiento de subsidios a la demanda de inmuebles, con
el propósito de incentivar a la mayor brevedad la realización de proyectos necesarios
para atender la reconstrucción y el desarrollo económico y social de la zona
afectada, cumple las finalidades esenciales del Estado, y en consecuencia, se
ajustan a los mandatos superiores.
No cabe duda que
estas finalidades se lograrán cumplir eficazmente y a cabalidad a través de un
esfuerzo y un trabajo coordinado entre diversas entidades como el Fondo de
Garantías, el Fondo Fiduciario (de que trata el artículo 11) y el Fondo para la
Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero, ya que una acción
conjunta de estas facilitará a los damnificados por el terremoto el acceso a
los créditos y a los subsidios, ya que mejorará sus condiciones de elegibilidad
como deudores.
Igualmente, mediante
la constitución de un patrimonio autónomo, a través del Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, que tendrá por objeto
otorgar créditos destinados a la reconstrucción o reparación de inmuebles, se
cumplirán las finalidades a cargo del Estado, de proteger y promover condiciones
en favor de aquel sector de población colocada en situación de inferioridad o
debilidad económica, como resultado del fenómeno natural.
En efecto, estos
preceptos garantizan la efectividad de los postulados del preámbulo, de los
principios constitucionales y de los fines del Estado, en particular en cuanto
se adoptan por el legislador extraordinario en aras de darle efectividad al
derecho a la igualdad, medidas especiales para aquellas personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por la grave condición
económica y social producida por la calamidad pública. Así mismo, constituyen
garantía y desarrollo del principio constitucional de solidaridad al establecer
mecanismos cuya finalidad es atenuar o reparar las consecuencias sufridas por
la población del eje cafetero afectada por el terremoto. De esta manera, las
normas bajo examen guardan una estrecha relación con las causas del desastre,
en la medida que se circunscriben a la zona de desastre y a dar solución a
necesidades vitales de las personas afectadas por el terremoto.
De igual forma,
estas disposiciones están acordes con el mandato constitucional contenido en el
artículo 334, que preceptúa que el Estado intervendrá en los servicios públicos,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las
oportunidades ; como también, su intervención para asegurar que todas las
personas tengan acceso efectivo a los bienes y servicios, y para promover la
productividad y el desarrollo armónico de las regiones.
A lo anterior se
agrega la disposición del artículo 335 superior que asigna al Estado la
obligación de promover la democratización del crédito y por consiguiente, de
hacer efectivo su acceso a todas las personas, en especial, de conformidad con
el artículo 13 superior, a aquellas que por la condición económica en que se
encuentran a raíz del terremoto, pueden quedar excluidas definitivamente de él
por no tener los medios para garantizar su capacidad de pago, así como la
promoción de mecanismos adecuados de financiación para la adquisición de
vivienda, la cual redundará en garantizar una vida digna para estas personas.
Ahora bien, en
relación con el artículo 14, deben hacerse algunas consideraciones especiales.
De conformidad con el parágrafo 2o. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 -
Estatuto de contratación estatal - se autoriza a las entidades estatales para
constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, para el desarrollo de procesos de titularización de
activos e inversiones o cuando se trate de recursos destinados al pago de
pasivos laborales. En el primer caso, se refieren a operaciones de capitalización
con ventas de activos, titularización y operaciones de similar naturaleza
relacionadas con crédito público externo o interno.
En el caso concreto
del patrimonio autónomo que se permite crear al Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero, la norma de excepción asigna su manejo a un
Consejo de Administración integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado y el Presidente del Consejo Directivo de ese Fondo o su delegado.
De un lado, surge la
inquietud acerca de si ese Consejo no estará invadiendo la órbita de
competencia que en materia crediticia le confiere la Constitución al Banco de
la República, cuando el inciso tercero de la norma en revisión le asigna además
de la determinación de los aspectos necesarios para el cumplimiento del objeto
de dicho patrimonio autónomo, la definición de los términos y condiciones de
los créditos destinados a la reconstrucción y reparación de los inmuebles ubicados
en los municipios afectados.
Al respecto, basta
recordar que ya esta Corporación en reciente fallo, se pronunció acerca de la
constitucionalidad de idénticas facultades que en el Decreto Legislativo 2331
de 1998 se otorgaron al Fondo de Garantías Financieras para definir  los
términos y condiciones de los créditos que se otorgaran para enfrentar la
emergencia económica y social declarada el pasado mes de noviembre. Sobre el
particular, afirmó :
“La Corte considera
que el legislador, en particular el extraordinario, dadas las causas de la
crisis, tiene facultades para asignar a una determinada entidad estatal -en
este caso el Fondo de Garantías- la responsabilidad de disponer una línea de
crédito con fines determinados en las mismas normas extraordinarias. También le
es posible al legislador dejar en cabeza de la Junta Directiva del Fondo la
determinación de las condiciones en que habrán de concretarse los préstamos
-monto, plazos y tasa de interés-, ya que ellas no se fijan por vía general,
para toda la economía -lo que correspondería a la Junta Directiva del Banco de
la República- sino para los efectos exclusivos y específicos de la línea de
crédito en cuestión.[3]
(negrillas fuera de texto).
Es claro que el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero es una
entidad estatal (art. 1o., Decreto Legislativo 197/99), así como el Consejo de
Administración del patrimonio autónomo autorizado por el artículo 14, no sólo
por su conformación (Ministro de Hacienda, Director de Planeación y Presidente
del Consejo Directivo del Fondo), sino por la naturaleza de los recursos y
finalidad para la que fue creado. Por lo tanto, bien puede el legislador de
excepción asignar a ese Consejo, la labor de disponer a través del patrimonio
autónomo de una línea de crédito destinado a la construcción o reparación de
los inmuebles ubicados en los municipios de la zona del desastre y
consecuentemente, fijar los términos y condiciones de crédito, tales como
montos, plazos, tasas de interés y garantías, pero únicamente para el objeto
exclusivo y específicos de la línea de crédito en mención.
De otra parte, cabe
precisar que tratándose de recursos públicos, el hecho de que en la legislación
de emergencia se haya previsto para las operaciones que realice el Fondo un
régimen de contratación privada, no significa que se haya prescindido del
control fiscal en cabeza de la Contraloría General de la República del manejo
del patrimonio autónomo por parte del  Consejo de Administración , en los
términos de la Constitución y de la ley.  En esos términos, no encuentra la
Corte que  el artículo 14 del Decreto 350 de 1999 contradiga la Constitución.
En consecuencia,
serán declarados exequibles los artículos 11, 13, 15, 16, 17 y 20 del Decreto
Legislativo 350 de 1999 y el artículo 14, en los términos anteriormente
expuestos.  esta sentencia.
Análisis en
concreto del artículo 12
Este precepto
establece las funciones del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de
que trata el artículo 11 del Decreto 350 de 1999; dentro de ellas, consagra la
de fijar condiciones de elegibilidad de las operaciones que pueden realizarse
con cargo al Fondo, teniendo en cuenta el interés expresado por los damnificados;
establecer las condiciones de los créditos, las garantías y los subsidios
adicionales; adoptar los procedimientos para la adquisición de terrenos y
realización de obras de urbanismo, adecuación y división; definir los
mecanismos para acreditar la calidad de beneficiarios de los apoyos, y
determinar los demás aspectos necesarios para el desarrollo del Fondo.
La Corte encuentra
que la constitucionalidad de esta disposición es incuestionable, dado su objeto
y la manera como la facultad del legislador de excepción resulta en ella
desarrollada.
En efecto, el
Gobierno está autorizado por el ordenamiento superior para señalar las
funciones de los órganos creados con el objeto de conjurar la situación de
crisis generada por la calamidad pública, en este caso el Consejo de
Administración del Fondo Fiduciario creado por el artículo 11 ibídem, máxime
cuando el mismo tiene como finalidad principal el otorgamiento de subsidios a
la demanda de inmuebles, propósito que guarda a cabalidad la conexidad exigida
por la Constitución, con los hechos que motivaron la declaratoria de la
emergencia, cual es la reconstrucción y el desarrollo económico y social del
eje cafetero.
De otro lado, hay
que observar que las facultades de reglamentación conferidas al Consejo de Administración
ese Fondo en los literales a) y b) del artículo deben estar en consonancia con
las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 196 de 1999 - ya
revisado por la Corporación en sentencia C-217/99 -.
Por lo expuesto, la
Corte declarará exequible el artículo 12 del Decreto 350 de 1999.
Análisis del
artículo 18 del Decreto 350 de 1999
El texto del
artículo 18 del Decreto 350 de 1999, es el siguiente:
“Artículo 18.
El artículo 30 del Decreto 258 de 1999, quedará así:
El Fondo para la
Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero creado por el Decreto 197 de 1999,
se denominará en adelante Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero y tendrá por objeto la financiación y realización de todas las
actividades necesarias para la reconstrucción y la rehabilitación económica,
social y ecológica que permita el desarrollo social de la región del eje
cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999. Los contratos de
asesoría técnica y consultoría que celebre el Fondo, directamente o a través de
entidades fiduciarias, no estarán sujetos a impuesto sobre las ventas. En las
fechas que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Fondo
comunicará a dicho Ministerio el valor correspondiente al impuesto sobre el
valor agregado a cargo del Fondo, con el fin de que se incluyan recursos
correspondientes al monto de dicho impuesto en el proyecto de presupuesto”.
El artículo 30 del
Decreto 258 de 1999, establecía lo siguiente:
“El Fondo para la
Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero creado por el Decreto 197 de 1999,
se denominará en adelante Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero y tendrá por objeto la financiación y realización de las
actividades necesarias para la reconstrucción y la rehabilitación económica,
social y ecológica que permita el desarrollo social de la región del eje
cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999 y no causarán
impuesto sobre las ventas las donaciones que dicho Fondo reciba”.
Como puede
observarse, la norma que se revisa introdujo las siguientes modificaciones y
adiciones:
Primera.- Suprimió la exención del impuesto sobre las
ventas, las donaciones que el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social
del Eje Cafetero reciba y la establece para los contratos de asesoría técnica y
consultoría que celebra el Fondo, directamente o través de  entidades
fiduciarias.
Esta modificación a
juicio de la Corte en nada contraría la Constitución, pues el legislador
extraordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta
Política, tiene la facultad transitoria, de establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. En este último caso, las medidas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal.
Por consiguiente, de
una parte, el legislador excepcional está habilitado constitucionalmente,
durante la vigencia del estado de excepción, para modificar, derogar o
adicionar los decretos expedidos en desarrollo de ella. Por lo tanto, cuando el
Decreto 350 modifica parcialmente  el Decreto 258, no quebranta el ordenamiento
superior.  De otra parte, cuando el Gobierno en la norma que se revisa,
modifica el tributo sobre las ventas estableciendo una exención para dichos
contratos, lo hace en desarrollo del artículo 215 constitucional. Cabe
reiterar, que dicha atribución se ajusta al ordenamiento superior con la
limitación señalada en cuanto a la vigencia temporal de la medida
Segunda.- Se adiciona el artículo 30 del Decreto 258
de 1999, en cuanto  dispone que en las fechas que señale el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público el Fondo comunicará a dicho Ministerio, el valor
correspondiente al impuesto sobre el valor agregado a cargo del Fondo, con el
fin de que se incluyan recursos correspondientes al monto de dicho impuesto en
el proyecto de presupuesto.
Respecto a esta
adición al artículo 30 del Decreto 258 de 1999, estima la Corte que no
quebranta el ordenamiento superior, por cuanto se trata de hacer efectivo el
mandato constitucional en materia presupuestal, que exige incluir dentro del
proyecto de presupuesto los recursos correspondientes al impuesto sobre el
valor agregado, en este caso el que está a cargo del Fondo para la
Reconstrucción.
Dicha adición tiene
como finalidad dar estricto cumplimiento al mandato consignado en el artículo
347 de la Constitución, según el cual el proyecto de ley de apropiaciones
deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar
durante la vigencia fiscal respectiva. Y uno de tales gastos corresponderá a
aquel relacionado con los recursos que deberá apropiar el Gobierno para atender
el impuesto sobre el valor agregado, a cargo del Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero. Por lo tanto, el artículo 18 del Decreto
350 de 199, será declarado exequible.
Análisis del
artículo 19 del Decreto 350 de 1999
El artículo 19 del
decreto preceptúa que la opción prevista en el literal a) del parágrafo 4 del
artículo 1º del Decreto 196 de 1999, modificado por el artículo 27 del Decreto
258 del mismo año, corresponderá ejercerla al deudor y su decisión será
obligatoria para el acreedor.
El parágrafo 4º del
artículo 1º del Decreto 196 de 1999 fue modificado por el artículo 27 del
Decreto 258 de 1999, con el siguiente texto:
“En todo caso,
cuando los inmuebles se encontraban asegurados contra terremoto en el momento
del siniestro se procederá así:
“El titular de un
bien asegurado que no se encontraba gravado con hipoteca, sólo tendrá derecho a
los créditos de que trata el Decreto 196 de 1999 por un valor equivalente al
monto del daño financiable, deducido el valor indemnizable de acuerdo con la
ley y el contrato.
En el evento en el
cual el bien asegurado en la fecha del terremoto se encontraba gravado con
hipoteca se aplicarán las siguientes reglas:
a) El deudor podrá
exigir que el valor indemnizable se impute al pago del crédito garantizado
hasta el monto del crédito en dicha fecha. En lugar de lo anterior, el deudor
podrá convenir con la entidad financiera que el valor indemnizable se destine a
la reconstrucción del inmueble y por ende a la reconstitución de la garantía
hipotecaria; (…)”.
La adición que
introduce el artículo 19 del Decreto 350 de 1999 bajo examen, determina el
sujeto habilitado para ejercer la opción relativa a bienes asegurados gravados
con hipoteca (el deudor),  que en caso de que así lo decida , obliga al
acreedor
En efecto, de una
lectura atenta de las normas, es claro que estas disponen que para que el
titular de un bien asegurado que no se encontraba gravado con hipoteca al
momento de suceder el sismo, tenga derecho a los créditos de que trata el
Decreto 196/99, el inmueble afectado debía encontrarse asegurado contra
terremoto en el momento del siniestro. Por el contrario, en el evento que el
bien asegurado en la fecha del terremoto se encontrara gravado con hipoteca, la
norma señala unas reglas en virtud de las cuales el deudor podrá, o bien exigir
que el valor indemnizable se impute al pago del crédito garantizado hasta el
monto del crédito en dicha fecha, o en el supuesto en que se otorgue un crédito
en desarrollo de este precepto, corresponderá a la entidad financiera que
otorga el crédito nuevo cobrar el valor indemnizable de acuerdo con la ley y el
contrato.
No observa la Corte
en el caso de la norma que se examina vulneración alguna del ordenamiento
constitucional, por cuanto de una parte, los derechos adquiridos del asegurador
quedan protegidos, en la medida en que los beneficios que allí se otorgan a los
bienes inmuebles afectados por el terremoto, debían estar asegurados al momento
de ocurrir el siniestro, y de la otra parte, la opción en cuanto al reclamo o
exigencia del valor indemnizable corresponderá ejercerla al deudor, decisión
que al ser obligatoria para el acreedor, no modifica ni altera los principios
rectores del contrato de seguros. La finalidad de esta disposición es
garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y los fines del Estado, en
una relación surgida en virtud del contrato de seguros, en la que una de las
partes, el asegurado, ha sido colocado con ocasión de presentarse el siniestro,
en circunstancias de debilidad manifiesta, que exige del Estado adoptar medidas
para lograr su protección efectiva. En consecuencia, la norma será declarada
exequible.
Análisis del
artículo 21 del Decreto 350 de 1999
Esta disposición
señala que los contratos que celebre la Unidad Administrativa de la Aeronáutica
Civil para la reconstrucción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto El Edén
de la ciudad de Armenia, se regirán por el derecho privado, sin perjuicio de
que pueda incluir las cláusulas excepcionales previstas por la Ley 80 de 1993,
evento en el cual las mismas se regirán por lo dispuesto en dicha ley.
A juicio de la
Corte, no se encuentra que esta regla de excepción contradiga el ordenamiento
superior, pues es evidente que la celebración de los  contratos indispensables
para la reconstrucción del Aeropuerto El Edén de Armenia, parcialmente
destruido como consecuencia del terremoto y de cuyo funcionamiento normal
dependen muchas de las actividades de esta zona del país, requería de la
agilización en los trámites para restablecer cuanto antes la normalidad de esta
vía de comunicación tan importante.
En efecto, como lo
ha reconocido esta Corporación en situaciones similares[4],  el régimen de la
contratación administrativa regulado por la ley (art. 150, último inciso, CP.),
bien puede ser modificado por el legislador extraordinario, autorizado
constitucionalmente para ello, por razones de grave calamidad pública que
alteren el orden público económico, con el fin de  solucionar con prontitud,
eficacia y agilidad los problemas generados por la catástrofe. Eso sí, como se
exige para todas las medidas  de excepción que se adopten por el Gobierno para
hacer frente a la crisis, debe tener relación directa y específica con la
situación que se busca conjurar.
En el caso concreto,
es indudable que la reconstrucción del  Aeropuerto de Armenia parcialmente
destruido  como consecuencia del terremoto ocurrido el 25 de enero, amerita que
el legislador extraordinario,  adopte las medidas que le permitan cumplir de
manera pronta con la puesta en funcionamiento de dicho aeropuerto,
indispensable para impulsar la recuperación económica de uno de los principales
polos de desarrollo del país, alterada por la catástrofe. Demostrada la
conexidad de la norma de excepción con los motivos que dieron lugar a la
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en esa región, será
declarada la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 350 de 1999.
Disposiciones
en materia de servicios públicos
El Capítulo III del
Decreto 350 de 1999, establece dos disposiciones destinadas a beneficiar a los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios en la zona afectada por la
calamidad causada por el terremoto ocurrido el pasado 25 de enero, en la medida
que se establecen algunas facilidades para el pago de los servicios atrasados o
futuros cuando el bien inmueble haya sido destruido total o parcialmente, así
como la condonación de obligaciones correspondientes a facturaciones anteriores
al sismo.
En efecto, el
artículo 22 del decreto en revisión, dispone que el Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, podrá otorgar, en
coordinación con la comisión de regulación respectiva, subsidios por un período
máximo de 8 meses y hasta por un monto equivalente al valor del cargo fijo o el
consumo mínimo mas un 25% e incluir los cargos de reconexión o traslado, para
el pago de servicios públicos domiciliarios a los usuarios cuyo inmueble haya
sido destruido o gravemente afectado por el terremoto, y que por ello hayan
tenido que desocuparlos, así como a las personas de los estratos 1 al 4 y cuyos
inmuebles figuren en el censo por haber sido afectados, pero que no hayan
tenido que desocuparlos.
Cabe señalar, que
dentro de los considerandos del Decreto 350 de 1999, el Gobierno Nacional
justificó la expedición de esta disposición, en que los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios y de otros servicios de telecomunicaciones que
fueron afectados por el terremoto, han sufrido tal deterioro en su patrimonio que
muchos de ellos no pueden cumplir con las obligaciones derivadas de los
consumos realizados en los meses inmediatamente anteriores a la ocurrencia del
desastre y tampoco podrán cancelar el consumo durante los meses inmediatamente
siguientes al terremoto, por lo cual deben adoptarse medidas en materia de
subsidios.
A juicio de la
Corte, los subsidios consagrados en este artículo no riñen con preceptos ni con
principios constitucionales; por el contrario, los desarrolla, en particular,
en cuanto hace al mandato contenido en el artículo 368, según el cual la
Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos,
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los
servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades. E igualmente,
dicho precepto constituye desarrollo de los principios constitucionales del
estado social de derecho y de la solidaridad entre los miembros de la sociedad,
respecto de los usuarios que sufrieron los graves efectos del terremoto y que
por la misma razón, se encuentran en una situación que les impide asumir los
costos que demandan servicios, por demás indispensables.
Ahora bien, con
mayor razón el legislador extraordinario, durante la vigencia del estado de
emergencia declarado como consecuencia de una grave calamidad pública, como la
ocurrida el pasado 25 de enero de 1999, y con el objeto de conjurar la crisis
generada por el terremoto y de impedir la extensión de sus efectos, puede
adoptar disposiciones como la que se examina, cuya finalidad es tratar de
aliviar, mediante el otorgamiento de subsidios, la crisis que por el deterioro
de su patrimonio han sufrido los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de los municipios afectados por el sismo, que les impide por la
falta de recursos, cumplir con las obligaciones y pagos derivados de los
consumos realizados antes del desastre, así como los correspondientes al
consumo generado durante los meses inmediatamente siguientes al terremoto. En
consecuencia, se ajusta a los principios constitucionales y a los fines del
Estado, que el Gobierno haya adoptado estas medidas en materia de subsidios.
En cuanto al
establecimiento en época de normalidad, de subsidios en materia de servicios
públicos, señaló la Corte Constitucional en sentencia No. C-566 de 1995 (MP.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), lo siguiente:
“El artículo 368 de
la C.P., debe analizarse en el contexto del Estado social de derecho, del cual
es pieza fundamental. En esta forma de Estado, es deber del Estado asegurar la
prestación de los servicios públicos a "todos" los habitantes del
territorio, para lo cual la anotada política de subsidios prevista en la Constitución,
es uno de los principales instrumentos dirigidos a buscar que la igualdad sea
real y efectiva y se evite que, con ocasión de su organización y puesta en
marcha, se genere discriminación y marginalidad. Es evidente que el Legislador
dio cumplimiento al mandato de igualdad en los servicios públicos domiciliarios
al autorizar la concesión de subsidios para las personas de menores ingresos.
La limitación de su monto, empero, requiere de un análisis más detenido, pues
este extremo tiene que ver con el grado de cumplimiento de dicho principio.
(...)
Si bien el
Legislador autorizó la concesión de un subsidio sólo parcial en favor de las
personas de menores ingresos destinado a pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas, ello no comporta
violación alguna de la Constitución Política ni vulnera los principios de
igualdad ni de la cláusula del Estado social de derecho, los que han sido
observados por la ley dentro de las posibilidades materiales y legales
existentes y en el marco de los principios de eficiencia en la prestación de
los servicios públicos y redistribución del ingreso. Desde el punto de vista
jurídico, el subsidio parcial es fruto de un legítimo juicio de ponderación
realizado por el Legislador entre principios concurrentes. Ante la
imposibilidad de elevar a un grado absoluto la vigencia efectiva de un solo
principio prescindiendo de los demás, se optó por una aproximación de
equilibrio que lleva sólo hasta cierto grado su aplicación simultánea”.
Finalmente, es
preciso advertir que para acceder al subsidio, el legislador extraordinario
señala unos requisitos indispensables, como lo son que el inmueble del usuario
del servicio público haya sido destruido o gravemente afectado por el terremoto
por lo que haya tenido que desocuparlos, y que igualmente, se trate de personas
de los estratos 1 a 4 y cuyos inmuebles figuren en el censo por haber sido
afectados pero que no hayan tenido que desocuparlos. En todo caso, el subsidio
está  limitado al lapso de 8 meses y por el porcentaje que señala la norma, de
manera que durante ese tiempo se le permita al usuario recuperarse
económicamente y volver a asumir el pago del servicio.
Sobre el particular,
la Corte siguiendo su jurisprudencia contenida en la sentencia C-086 de 1998
(MP, Dr. Jorge Arango Mejía), estima que no se vulnera la Constitución cuando
el Estado, en desarrollo de lo previsto por el artículo 13 superior, busca
realizar la igualdad real y efectiva, promoviendo las condiciones de equilibrio
requeridas por grupos discriminados o marginados, y protegiendo especialmente a
las personas que por su condición económica, física o mental, como lo son los
usuarios de servicios públicos domiciliarios afectados como consecuencia del
terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en la región del eje cafetero, se
encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. Por ello, el artículo 22
confiere un tratamiento diferencial, objetiva y razonablemente justificado,
para aquel sector de población usuaria de servicios públicos que habitan el eje
cafetero en la zona afectada por el sismo, perteneciente a los estratos 1 a 4.
Con fundamento en lo
expuesto, el artículo 22 del Decreto Legislativo 350 de 1990 será declarado
exequible.
Por su parte, el
artículo 23 del Decreto bajo examen, señala que las empresas de servicios
públicos domiciliarios y los operadores de telecomunicaciones, podrán castigar
las obligaciones correspondientes al último período de facturación anterior del
25 de enero de 1999, a cargo de los usuarios afectados por el terremoto, en los
municipios donde este causó devastación. Adicionalmente, precisa que ello no
constituirá violación al principio de insuficiencia financiera establecido en
la Ley 142 de 1994, ni podrá ser considerado por las autoridades competentes como
práctica restrictiva de la competencia o conducta de competencia desleal.
Similares argumentos
de carácter constitucional a los expuestos respecto del artículo anterior deben
efectuarse en esta oportunidad, pues aunque no se trata de un subsidio, si consagra
un beneficio o favorecimiento para los usuarios de servicios públicos
domiciliarios y operadores de telecomunicaciones afectados por el terremoto,
que como lo señala de manera expresa la norma,  no constituirá una violación al
principio de insuficiencia financiera establecido en la ley 142 de 1994, ni
podrá ser considerado como práctica restrictiva de la competencia o competencia
desleal, toda vez que se trata de una norma de excepción para mitigar los
efectos producidos por la catástrofe que tiene por lo mismo, una relación
directa con las causas de la declaratoria de emergencia económica, social y
ecológica decretada en esa zona del país.  Por consiguiente, la norma será
declarada exequible.
Disposiciones
sobre subsidio de Vivienda
El Capítulo IV del
Decreto 350 de 1999, consagra una serie de disposiciones sobre subsidios de
vivienda, cuya finalidad es el alivio a la carga a la que se vieron sometidas
las personas y familias afectadas por el sismo del pasado 25 de enero del
presente año. Para justificar las normas contenidas en este capítulo, expresó
el Gobierno Nacional que el terremoto afectó en forma grave numerosas viviendas
de la zona, por lo que se hacía necesario expedir normas encaminadas a
facilitar el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés
social, que permita a los beneficiarios de los mismos la reconstrucción y
rehabilitación de sus inmuebles, siendo entonces necesario, igualmente,
establecer disposiciones que permitan a las Cajas de Compensación Familiar destinar
recursos a la aplicación del subsidio de vivienda de interés social, con el fin
de lograr una mejor y más eficiente atención a los trabajadores beneficiarios y
a las personas a su cargo, así como a la población no afiliada afectada por el
terremoto. El contenido normativo de estas disposiciones, se examinará a
continuación.
El artículo 24 determina
que las Cajas de Compensación Familiar destinarán el diez por ciento (10%) de
las apropiaciones mensuales correspondientes a programas de vivienda durante los
años 1999 y 2000 para atender las necesidades de vivienda de los pobladores de
la zona del desastre, prioritariamente, para quienes en el momento de la
ocurrencia del mismo, tenían la calidad de afiliados a estas Cajas, y en
segundo término, para la población no afiliada.
Agrega el parágrafo,
que las Cajas de Compensación Familiar destinarán adicionalmente para la
población no afiliada, los dineros del FOVIS que a la fecha de la expedición
del presente decreto, se encuentren destinados a atender la segunda y tercera
prioridad y que no estén comprometidos; es decir, aquellos que no han cumplido
el trámite de adjudicación y los que hayan sido adjudicados a hogares que
desistieron del mismo, o que no los utilizaron dentro del plazo que les fue
conferido para tal efecto.
Por su parte, el
artículo 25 señala que de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de
los beneficiarios, el tipo y valor de la solución de vivienda de interés social
y las necesidades de mejoramiento, la cuantía del subsidio familiar de vivienda
otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a los recursos
indicados en el artículo anterior de este decreto será hasta de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El artículo 26 determina
que las Cajas de Compensación Familiar, podrán con los recursos a que se
refiere el artículo 24 de este decreto y los que obtengan de otras fuentes,
desarrollar proyectos integrales de vivienda de interés social directamente, o
mediante convenios con entidades públicas, privadas u otras Cajas.
A su vez, el
artículo 27 preceptúa que para efectos de la asignación de subsidios de
mejoramiento a los beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en
este decreto, las Cajas de Compensación Familiar prestarán directamente la
asistencia técnica, establecerán los controles y harán el seguimiento para la
aplicación del citado subsidio. Añade el parágrafo, que para la aplicación del
presente artículo se tendrán en cuenta las actividades encaminadas a restablecer
las condiciones normales de la vivienda, superando los daños graves causados
por el terremoto.
De otro lado, el
artículo 28  establece que los proyectos presentados por las Cajas de
Compensación Familiar deberán ajustarse a las políticas señaladas por el Fondo
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, cuya aprobación
corresponderá a la Superintendencia de Subsidio Familiar, la cual deberá
pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
Ahora bien, el
artículo 29 determina que las Cajas de Compensación Familiar
administrarán los recursos de que trata el artículo 24 de este decreto y su
seguimiento y control lo efectuará la Superintendencia del Subsidio Familiar de
conformidad con las normas vigentes.
El artículo 30
señala que para acceder al subsidio familiar de vivienda, se deberá cumplir con
las siguientes condiciones: conformar un hogar en los términos establecidos en
las normas de subsidio de vivienda familiar; ninguno de los miembros del hogar
podrá ser propietario de una solución de vivienda, excepto de la vivienda
afectada por el desastre; los ingresos totales del hogar no podrán ser
superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha
de asignación, y en el evento de adquisición de vivienda, deberá acreditarse la
fuente de financiación del resto del valor de la solución de vivienda. En todo
caso, señala la norma, los auxilios, subsidios o beneficios que se otorguen
para financiar vivienda no podrán exceder del cien por ciento del valor de
compra del inmueble.
Finalmente, el
artículo 31 determina que las soluciones de vivienda a las cuales se podrá
aplicar el subsidio de vivienda de que tratan los artículos anteriores de este
decreto, no podrán superar el valor equivalente a ciento treinta y cinco (135)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, debiendo aplicarse preferiblemente
a vivienda cuyo valor no supere el valor equivalente a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En cuanto a la
constitucionalidad de estos preceptos, debe reiterar la Corporación, en primer
lugar, los argumentos esgrimidos, respecto a los subsidios en materia de
servicios públicos domiciliarios. Como ya se anotó, el legislador
extraordinario está habilitado por el ordenamiento superior, artículo 368, dada
la situación de emergencia que produjo una grave calamidad pública, para
otorgar subsidios a aquel sector de la población que por sus condiciones
económicas o sociales se hayan en inferioridad, lo cual se encuentra en
consonancia con lo dispuesto en los artículos 1o. y 13 de la Constitución.
Sobre la viabilidad
constitucional del otorgamiento de subsidios, la jurisprudencia constitucional[5] ha aceptado que con
fundamento en los principios de solidaridad y redistribución del ingreso, así
como la promoción a cargo del Estado para que la igualdad sea real y efectiva,
en particular, en materia de vivienda de interés social (art. 51, CP), se
justifica de manera suficiente que el legislador establezca apoyos económicos
que permitan a las personas de escasos recursos acceder a esa vivienda.
Ahora bien, no cabe
duda para la Corte, la relación de conexidad entre estas disposiciones y el
decreto por el cual se declaró la emergencia económica, ecológica y social por
grave calamidad pública, por cuanto guardan estrecha y específica relación de
causalidad con la motivación del mismo. Como se expresó en uno de los
considerandos del decreto 195 de 1999, “millares de viviendas, oficinas,
locales (….) se encuentran completamente destruidos y así mismo muchos otros no
son habitables por cuanto amenazan ruina, razón por la cual la población de la
zona se ha visto obligada a vivir a la interperie, con grave riesgo,
particularmente para las personas en situación de debilidad, como los ancianos
y los niños”.
En cuanto a la
destinación de un porcentaje de las apropiaciones mensuales de las Cajas de
Compensación Familiar, a programas de vivienda durante los años 1999 y 2000
para atender las necesidades de vivienda de los pobladores de la zona del
desastre, e igualmente el señalamiento de la cuantía del subsidio familiar de
vivienda, encuadran perfectamente dentro del ordenamiento constitucional, pues
hace efectivos los postulados constitucionales de la dignidad humana, del
Estado social de derecho, de la solidaridad, de la vivienda digna, e igualmente
garantiza el fin del Estado de promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales.
Sobre el particular,
esta Corporación ha señalado :
“Los recursos que
administran las cajas de compensación familiar no pertenecen a ellas sino que
corresponden a un interés legítimo de los trabajadores, lo cual implica que es
éste último sector -el del trabajo- el sujeto pasivo de la contribución y, a la
vez, el sector beneficiario del producto de la misma, en cuanto son los
trabajadores los favorecidos por el régimen de subsidios
No es una
característica de la parafiscalidad la de que los sujetos pasivos de la
contribución sean exactamente y de manera individual quienes reciban los
beneficios derivados de la reinversión de los recursos captados. La
correspondencia que exige la parafiscalidad se establece entre sectores, no
entre personas, de lo cual resulta que lo esencial no es que el contribuyente
individualmente considerado reciba una retribución directa y proporcional al
monto de su contribución, sino que el sector que contribuye sea simultáneamente
aquél que se favorece con la destinación posterior de lo recaudado. La contribución
parafiscal que establece el precepto demandado no se queda en el reducido
ámbito de los trabajadores que cotizan a las cajas de compensación familiar
sino que se proyecta hacia los beneficiarios del régimen subsidiado de salud,
incluídos trabajadores independientes y no cotizantes en dichas entidades, pero
ello no vicia de inconstitucionalidad el precepto. Por el contrario, se realiza
por esa vía el principio general de solidaridad”.[6]
En efecto, de
conformidad con el artículo 51 de la Constitución, todos los colombianos, pero
especialmente aquellos en situaciones de debilidad y desprotección, tienen
derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Todo lo cual tiene
plena realización en las normas contenidas en el presente capítulo.
Y es que la dignidad
comprende varias dimensiones de la vida del hombre: implica un conjunto de
condiciones materiales y espirituales de existencia que permita vivir con
cierta calidad, con el fin de permitir un espacio familiar digno e idóneo para
favorecer su libre desarrollo de la personalidad y las condiciones de intimidad
y comodidad que requiere el entorno hogareño.  Entre las condiciones materiales
de existencia digna se encuentra, sin duda gozar de una vivienda digna que permita
garantizar en condiciones adecuadas y normales, el ejercicio entre otros
derechos fundamentales como la vida y la salud.
A este respecto,
tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte en su Sala Plena mediante la
sentencia C-575 de 1992 (MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), cuando señaló:
“... así lo entendió
también el legislador cuando creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social. En efecto, dispone el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 3ª de 1991:
"Créase el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las entidades
públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos
de viviendas de esta naturaleza."
En el artículo 2° literal
"c" de esta misma Ley se ubica a las Cajas de Compensación Familiar
como haciendo parte del subsistema de financiación del Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social.
Se advierte en
consecuencia que la satisfacción de las necesidades de vivienda en Colombia es
una prioridad constitucional y legal, para lo cual se ha diseñado un sistema
racional que vincula a las Cajas de Compensación Familiar”.
Ahora bien, respecto
a la naturaleza y al papel de las Cajas de Compensación Familiar en materia del
otorgamiento de subsidios familiares de vivienda, tema sobre el cual se
desarrollan los preceptos contenidos en las normas de excepción en estudio,
expresó la Corporación en la misma sentencia:
“La Ley 21 de 1982
definió el subsidio familiar como una prestación social de obligatorio pago a
través de las Cajas de Compensación Familiar, por parte de todos los
empleadores del sector público o privado que tuvieran uno o más trabajadores de
carácter permanente.
El fundamento del
subsidio familiar no es otro que el de la democracia participativa que informa
el Estado social de derecho. En este sentido se destaca la estrecha vinculación
de doble vía entre el Estado y la sociedad, materializada en este caso en el
inciso segundo del artículo 103 de la Constitución, que dice:
"El Estado
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de
utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto
de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan".
(…)
De esta evolución
normativa se concluye sin dificultad que ha habido cuatro transformaciones
significativas en la historia de las Cajas:
Primero, el subsidio
familiar pasó de ser una ayuda voluntaria a una obligación institucional.
Segundo, las Cajas
pasaron de ser simples intermediarios entre los empleadores y los trabajadores
a ser un redistribuidor regular de los recursos.
Tercero, de un
simple subsidio en dinero se pasó a un sistema integral de distribución de
subsidios en dinero, en especie y en servicios.
Y cuarto, de una
cobertura limitada a los trabajadores de los empleadores que cotizaban a las
Cajas se pasó a una universalización de los servicios para toda la sociedad”.
En consecuencia,
cuando los artículos 24 a 31 del Decreto 350 de 1999 entran a regular la
destinación de un porcentaje de los fondos de subsidio familiar de vivienda de
las Cajas de Compensación Familiar, está desarrollando el mandato contenido en
el artículo 333 de la Carta, que permite limitar la iniciativa privada con base
en la prevalencia del interés general, así como los principios
constitucionales, y el mismo derecho a la igualdad de que trata el artículo 13
superior.
Además, el
legislador extraordinario durante la vigencia de los estados de excepción, goza
de la facultad para proveer sobre estas materias, siempre y cuando como lo está
en el presente caso, estén dirigidas a conjurar la situación de crisis
ocasionada por el terremoto, y en este sentido se encuentran plenamente
conforme con las disposiciones constitucionales, según se anotó.
Así mismo, la Corte
observa que los recursos del subsidio familiar que se destinen a atender las
necesidades de vivienda de los pobladores de la zona de desastre, tanto para
afiliados como no afiliados a las Cajas de Compensación Familiar de la región -
posibilidad ésta última, también avalada por la Corte en cuanto su
constitucionalidad - cumplen una finalidad social y se dirigen a garantizar la
dignidad de las personas, el mínimo vital, su libre desarrollo, y en
particular, el derecho a vivir en condiciones dignas. No cabe duda que la labor
de las Cajas y los subsidios que se otorgarán, está llamados a contribuir
eficazmente en la labor de reconstruir los inmuebles afectados por el desastre
natural, y en consecuencia, a procurar la garantía y efectividad de los
derechos de sus moradores.
Finalmente, es
necesario advertir que las normas sub examine prevén una serie de instrumentos
y mecanismos para garantizar la coordinación entre las diferentes entidades
públicas y privadas que cumplen funciones similares a las que le corresponden a
las Cajas de Compensación Familiar, siempre bajo la órbita, dirección y
coordinación del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero en relación con los proyectos que presenten con base en las
disposiciones del decreto 350. Con ello, se logra dar efectividad y vigencia a
la norma constitucional -artículo 210-, según la cual las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.
Por todo lo
expuesto, la Corte  declarará exequibles los artículos 24 a 31 del Decreto
Legislativo  350 de 1999.
Disposiciones
en materia Educativa
En el Capítulo V del
Decreto 350 de 1999, se expiden una serie de disposiciones destinadas a superar
la crisis que en el sector educativo produjo el terremoto del 25 de enero de
1999, cuya justificación fue expuesta por el Gobierno, en la medida que se
presentó como necesario, efectuar modificaciones al calendario académico
establecido para la educación básica y media, debido a la destrucción de los
inmuebles en la región del eje cafetero que ocasionó la interrupción del
servicio educativo, así como por la necesidad de adoptar mecanismos que
permitieran a las instituciones de educación formal, evaluar el cumplimiento de
los educandos que provengan de la zona de desastre y de esta forma, facilitar
la continuación de los estudios. Pero además, dichas medidas pretenden que, con
el fin de lograr en el menor plazo el restablecimiento integral del servicio
educativo y la reconstrucción de las comunidades educativas, teniendo en cuenta
las condiciones de la zona, se permita la adopción de un plan especial con la
participación de los diversos integrantes de la comunidad educativa, que
beneficien a los estudiantes en general.
Las disposiciones
contenidas en el presente capítulo guardan conexidad con las motivaciones que
llevaron a la declaratoria de la emergencia económica, al igual que con las
consideraciones del decreto 350, por cuanto están dirigidas a conjurar, en una
de sus manifestaciones, la calamidad producida por el terremoto, que afectó el
curso normal de la prestación del servicio de educación, tanto por las lesiones
y afecciones que sufrió la población estudiantil del eje cafetero como
consecuencia del sismo, como por la destrucción y ruina en que quedaron algunos
establecimientos educativos, actividad que se vio interrumpida, con grave
amenaza para la prestación del servicio público esencial de la educación
(motivación segunda al decreto 195 de 1999). Razón por la cual, se hacía
indispensable adoptar medidas para garantizar la prestación efectiva del
derecho fundamental a la educación reconocido por el artículo 67 de la
Constitución.
Es así como, el
legislador extraordinario autorizó en el artículo 32 del decreto en
revisión, que los establecimientos educativos de los municipios afectados por
el sismo podrán reducir el calendario académico para el año lectivo de 1999,
siempre y cuando se garantice que el educando alcance los logros establecidos
en el plan de estudios del proyecto educativo institucional.
Por su parte, el
artículo 33 del decreto en revisión dispone que sin perjuicio de la
autonomía escolar, las instituciones de educación formal deberán evaluar el
cumplimiento de los logros de los educandos provenientes de la zona de desastre
que aspiren a continuar en ellos sus estudios y que carezcan del certificado de
estudios respectivo, quienes, sin exigencia de documento distinto al resultante
de dicha evaluación, serán incorporados al grado que corresponda según el plan
de estudios.
Ahora bien, el
artículo 34 determina que los municipios afectados por el sismo,
integrarán un área educativa especial para el desarrollo de un subsistema
educativo que garantice que la prestación del servicio educativo responda a las
necesidades de dicha zona, todo sobre la base del diseño de un Plan de Acción
con identificación de alternativas, programas y proyectos, incluyendo útiles y
textos que garanticen el restablecimiento integral del servicio educativo y la
reconstrucción de las comunidades educativas, e incorporen mecanismos
especiales de coordinación, gobierno y participación ciudadana.
Del contenido
material de los preceptos que se examinan, observa la Corte que no se deduce
inconstitucionalidad alguna. En efecto, dichas normas están encaminadas, como
lo señaló el Gobierno al justificar la expedición de estas disposiciones, a
garantizar la eficacia en la prestación del servicio público de la educación
reconocido como una de las finalidades sociales del Estado  por el artículo 366
de la Carta Política y la continuidad y el acceso mismo al derecho fundamental,
al tenor del artículo 67 superior, evitando de esa manera, tanto la paralización
de una actividad considerada como esencial por la misma Constitución, como
posiblemente la deserción estudiantil. Según este precepto, la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, por
lo que cuando se vea amenazado, como lo está en la zona del eje cafetero como
consecuencia del terremoto, el Estado debe adoptar todas las medidas a su
alcance, aún las de excepción que lo autorizan a ello, en orden a garantizar su
prestación eficiente y efectiva.
En consecuencia,
disposiciones como la posibilidad de reducción del calendario educativo para
que los estudiantes puedan culminar cabalmente su actividad académica y
formativa, siempre y cuando alcancen los logros establecidos en el plan de
estudios del proyecto educativo institucional; la incorporación de los
educandos provenientes de la zona de desastre al grado que corresponda según el
plan de estudios en instituciones de educación formal, sin desconocimiento de
la autonomía escolar, y la integración de un área educativa especial para el
desarrollo de un subsistema educativo, se constituyen en medidas razonables,
necesarias y efectivas para garantizar el derecho a la educación de la
población estudiantil de la zona del eje cafetero, colocada en situación de dificultad
notoria para acceder a ese servicio.
Por consiguiente,
estima la Corte que de manera evidente los artículos 32 a 34 del Decreto 350 de
1999, expedidos por el legislador excepcional, habilitado constitucionalmente
para ello, desarrollan los mandatos superiores, según los cuales corresponde al
Estado regular la educación, con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos,
garantizando además, el adecuado cubrimiento del servicio y las condiciones
necesarias para el acceso y permanencia de los menores al sistema educativo,
más aún, cuando se trata de una situación de excepción como la generada por el
sismo.
Por lo tanto, los
artículos 32, 33 y 34 examinados serán declarados exequibles.
Disposiciones
en materia Ambiental
El Capítulo VI del
Decreto 350 de 1999, artículos 35 a 46, contiene un conjunto de normas
relacionadas con el ambiente y las medidas y planes a adoptar en orden a
garantizar su protección y defensa frente a los factores de deterioro y riesgo
ambiental originados por el terremoto del 25 de enero de 1999.
Estos preceptos
fueron justificados por el Gobierno Nacional con fundamento en los siguientes
hechos y objetivos: i) Factores de deterioro ambiental, que afectan de manera
grave la salud, calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas
de la zona y que por lo tanto requieren esfuerzos para mitigar los efectos
ambientales adversos y evitar su extensión o intensificación; ii) Coordinación
en las estrategias, programas y acciones a cargo de las entidades ambientales
para hacer frente a la situación de emergencia; iii) Preservación del ambiente
y del desarrollo sostenible en las obras de reconstrucción y reactivación en la
zona ; iv) Mecanismos de excepción que permitan la realización oportuna de
los proyectos que demanda la recuperación de la región ; v) Compensación
de la pérdida de ingresos de las autoridades ambientales, para que puedan
cumplir sus funciones y atender las necesidades de los habitantes de la región.
En forma preliminar
al examen de constitucionalidad de los artículos que hacen parte de este
capítulo, es pertinente manifestar que está demostrado que la calamidad pública
causada como consecuencia del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en la
zona del eje cafetero, alteró en forma grave e inminente el medio ambiente y
los recursos naturales de esa región, por lo que sin lugar a dudas era
indispensable adoptar a la mayor brevedad, como lo hizo el Gobierno Nacional en
el decreto sometido a revisión, medidas y soluciones destinadas a superar de
manera oportuna la crisis ambiental producida, a impedir la extensión de los
efectos generados por el sismo y a prevenir la ocurrencia de nuevos factores de
deterioro.
De esa manera, es
evidente que estas disposiciones ambientales se explican a cabalidad en el
contexto de la emergencia y guardan relación directa, específica y conexa con
el decreto declaratorio del estado de excepción, y en particular, con las
causas de la crisis, pues como ya se anotó, ocurrido el sismo se produjo una
notable alteración del entorno físico de los municipios localizados en la zona
del eje cafetero, y una gran destrucción y afectación a los recursos naturales
renovables que condujeron al Gobierno a declarar, además de la emergencia
económica y social, la emergencia ecológica.
Por ello, el
legislador de excepción partió en  el artículo 35 que se revisa, de la
elaboración de un Plan de Acción Ambiental por parte de entidades del
orden nacional, regional y local dentro de los dos meses siguientes a la
publicación del decreto, para hacer frente a los factores de deterioro y riesgo
ambiental originados por el terremoto y garantizar así, la incorporación de la
dimensión ambiental en las actividades de reconstrucción, recuperación y
reactivación de los sectores productivos de los municipios afectados por el
desastre, para impulsar su desarrollo sostenible. Para una mayor efectividad,
se dispuso igualmente, que las entidades del Sistema Nacional Ambiental,
prestarán asesoría y asistencia técnica en la elaboración y puesta en marcha de
dicho Plan. Cabe agregar que en el parágrafo 2 de este precepto, se establecen
los criterios que entre otros, deberán ser tenidos en cuenta para la
formulación del citado plan.
Con estas medidas es
claro que se pretende reparar los efectos nocivos del desastre natural ocurrido
en la región cafetera, que tienen relación con el servicio público esencial de
saneamiento ambiental, reconocido expresamente por el artículo 366 como
objetivo fundamental de la actividad del Estado, por lo cual  está obligado a
preservar y restaurar los recursos naturales y el ambiente y a proveer lo
indispensable para reparar los daños que las eventualidades de la naturaleza
pudieren ocasionar.
A juicio de la
Corte, el precepto sub examine se ajusta a la Constitución en la medida
que a través de la elaboración de un plan de acción ambiental, se logrará
mitigar los efectos del deterioro ambiental derivados del sismo, prevenir y
controlar los impactos ambientales generados por el proceso de reconstrucción,
el manejo integral de residuos y escombros, objetivos que encuadran
perfectamente dentro de los postulados constitucionales de proteger las
riquezas naturales de la Nación (artículo 8º); garantizar la efectividad de los
derechos: a la salud y al saneamiento ambiental, conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad (artículo 49); a gozar de un ambiente
sano, siendo deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente
(artículo 79); a que el Estado planifique el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental (artículo 80).
Y es que el derecho
al ambiente sano se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean
a la persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual
garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio
social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho indispensable para la
supervivencia de la especie humana. Por consiguiente, el Estado debe garantizar
el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a
obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el
aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen daños
irreparables a la persona y a la comunidad presente y futura, más aún en
situaciones críticas como la que existe en la región del eje cafetero como
consecuencia del sismo. En tal virtud, se declarará exequible el artículo 35.
Ahora bien, el
artículo 36 del Decreto 350 de 1999 exime del requisito de licencia
ambiental, los proyectos, obras o actividades de rehabilitación,
reconstrucción y reposición en los sectores de transporte, infraestructura,
eléctrico, servicios y productivo, así como las obras geotécnicas encaminadas a
la prevención y mitigación de desastres en los municipios afectados por el
sismo.
No obstante lo
anterior,  la disposición señala que para la ejecución de tales proyectos,
obras y actividades se requerirá de la obtención previa de los permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales expedidos por la Corporación Autónoma Regional competente.
A primera vista,
puede parecer contradictorio, que para enfrentar una situación de deterioro
ambiental y afectación de los recursos naturales, como la que se produjo en la
zona cafetera con la ocurrencia del sismo del pasado 25 de enero, se decida
eliminar precisamente, un requisito tan importante para toda obra de
reconstrucción o construcción, en cuanto permite analizar si dichas obras no
ponen en un peligro mayor una zona ya de por sí gravemente afectada, como
también el acatamiento de las directrices que toda actividad debe cumplir para
asegurar el desarrollo sostenible.
Sin embargo, ello no
es así, en la medida en que al examinar de manera sistemática las normas de
este capítulo, es fácil concluir que el legislador de excepción no suprimió un
requisito importante del control ambiental previo de los proyectos que se
emprendan en la zona, sino que reemplazó de manera transitoria (por espacio de
dos años) la licencia ambiental ordinaria de proceso más lento y complicado,
con otros requerimientos especiales más ágiles que, dentro del Plan de Acción
Ambiental, permitirán la protección y conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales, por parte de las autoridades ambientales, así como la
garantía de un desarrollo sostenible al tenor de los consagrado por el artículo
80 del ordenamiento superior.
Como lo reconoció
esta Corte en la sentencia C-328 de 1995, (MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), la
protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado
y de los particulares. En virtud de expreso mandato constitucional y de
compromisos internacionales contraidos por Colombia (Convención sobre
Diversidad Biológica, artículo 14), al Estado corresponde cumplir una serie de
deberes específicos en materia ambiental, que el legislador no puede desconocer
aún en épocas de excepción. El deber de prevención y control del deterioro
ambiental se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación
o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. De esa forma,
solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente
viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos potenciales
sobre el ecosistema.
Uno de los
mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el
establecimiento de estudios ambientales previos que  permitan a la autoridad  a
conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará
en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido
en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus
resultados.
En efecto, de acuerdo
con el inciso segundo del artículo 36 que se examina, subsiste la exigencia de
la obtención previa a la ejecución de esas obras y proyectos, de los
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales a cargo de la corporación autónoma regional competente. Así
mismo, el artículo 37 del decreto en revisión, ordena que esos proyectos, obras
o actividades tienen que incorporar la variable ambiental en las fases
de factibilidad, diseño y ejecución de acuerdo con los lineamientos y
parámetros establecidos en las Guías de Manejo Ambiental, que para tal
propósito expidan las autoridades ambientales.
Se observa además
que, los planes de acción y de gestión ambiental regional de tales
corporaciones, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 35 ya analizado,
deben ser revisados y ajustados a las necesidades de la emergencia, en
especial, a las previsiones contenidas en el Plan de Acción Ambiental ya
mencionado. Entre los criterios que obligatoriamente debe tener en cuenta este
Plan, se destacan : i) Prevención, mitigación y control de los impactos
ambientales generados por el proceso de reconstrucción ; ii) Mitigación
delos efectos del deterioro ambiental derivados del sismo y prevención de su
extensión ; iii) Manejo integral de residuos y escombros ; iv)
Prevención de la contaminación y mejoramiento de la competividad de los
sectores productivos mediante estrategias para una producción más limpia ;
v) Recuperación de cuencas hidrográficas y de áreas amenazadas o en proceso de
degradación ; vi) Promoción de modelos de desarrollo urbano sostenible.
A lo anterior, se
agrega la agilidad que el artículo 38 le imprime a las licencias ambientales de
competencia de las corporaciones autónomas regionales, las cuales deben pronunciarse
acerca de aquellas en un término máximo de tres meses, con lo cual se reduce en
más de seis meses el trámite ordinario previsto por el artículo 58 de la Ley 99
de 1993, sin detrimento del ejercicio de los derechos y mecanismos de
participación ciudadana en materia ambiental.
De otra parte, el
artículo 39 aclara que esos permisos y licencias  especiales no rigen para las
áreas del Sistema de Parques nacionales Naturales, resguardos indígenas,
reservas forestales, páramos y demás áreas naturales protegidas, así como las
áreas estratégicas determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente y las
corporaciones autónomas regionales, las cuales deben someterse a la regulación
ordinaria de la Ley 99 de 1993. De igual manera, es evidente la razonabilidad
del término de dos años fijado por esta norma para las licencias y permisos
especiales, en la medida que el ámbito de reconstrucción implica numerosas
obras que deben proyectarse y ejecutarse, por demás acorde con una de las
finalidades señaladas por el Gobierno al declarar la emergencia económica,
social y ecológica en la zona cafetera.
Nótese,
adicionalmente, que está prevista (arts. 40, 41 y 42) la asistencia técnica de
las autoridades ambientales y especializadas como el IDEAM e INGEOMINAS,
requerida por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero, que permita “garantizar la incorporación de la dimensión ambiental,
la mitigación de riesgos y la prevención de desastres, en el diseño y ejecución
de los proyectos” en esa región, así como la “incorporación de los
determinantes y criterios ambientales” en los planes de ordenamiento
territorial.
En ese orden,
concluye la Corte,  que el objetivo de estas normas de excepción de imprimirle
celeridad a la realización de las obras y proyectos destinados a la
reconstrucción y el desarrollo de la zona afectada por el terremoto, tiene
relación directa con la situación de emergencia que se busca conjurar, sin que
con ello se sacrifiquen las finalidades perseguidas por los artículos 78 a 80
de la Constitución, de garantizar la protección y efectividad del derecho a un
ambiente sano y el adecuado manejo de los recursos naturales en la región
afectada por el sismo, las cuales se aseguran con la adopción de instrumentos
como los que se prevén en los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto
350 de 1999, normas que así entendidas, no riñen con los postulados
constitucionales, razones por las cuales, serán declaradas exequibles. No
obstante, respecto del artículo 38, la exequibilidad debe ser parcial, por las
razones que se exponen a continuación.
La jurisprudencia
constitucional, ha dicho de un lado, que las peticiones deben ser resueltas
positiva o negativamente, pero con un contenido material que permita satisfacer
la pretensión del solicitante, y del otro, que el núcleo esencial de este
derecho es la pronta resolución, la cual se ha entendido, por regla general,
debe darse dentro de los términos fijados en el artículo 6o. del Código
Contencioso Administrativo (15 días hábiles a partir de la presentación del
escrito o de la manifestación verbal), a menos que el legislador fije un
término mayor o diferente. Obviamente, siempre y cuando dicho término no
vulnere ese núcleo esencial. En el caso de la norma que se examina, dada la complejidad
y la importancia que demanda la decisión de si debe o no expedirse la licencia
ambiental, se ha considerado como término razonable el de tres meses, el que
para la Corte no quebranta los derechos fundamentales ni los principios
constitucionales.
Sin embargo, la
última parte de esta norma que establece un silencio administrativo positivo,
en favor de quienes presentan la solicitud de licencia ambiental ante las
corporaciones autónomas regionales, presenta problemas de inconstitucionalidad.
En principio, pudiera pensarse que esta institución estaría acorde con la
finalidad de agilizar la actividad administrativa bajo criterios de celeridad y
eficiencia, más claro aún, tratándose de una situación de emergencia. El
silencio administrativo positivo constituye sin duda, además de una garantía
para los particulares para una pronta resolución de sus peticiones y reclamos
ante las autoridades, una verdadera sanción para la administración morosa. No
obstante, la norma autoriza  emprender una obra sin que se haya pronunciado de
fondo la correspondiente autoridad ambiental, con lo cual estarían en conflicto
la eficacia y celeridad de la administración y la prontitud que exige la
ejecución de los proyectos de reconstrucción en la zona cafetera, con la protección
del ambiente y de los recursos naturales de la misma.
A juicio de la
Corte, la frase “Vencido este término se entenderá que la decisión es
positiva” consignada en el artículo 38 debe ser declarada inexequible, con
fundamento en las mismas consideraciones expuestas por la Corte en la sentencia
C-328 de 1995 (MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), al declarar la
inconstitucionalidad parcial del artículo 4º de la Ley 105 de 1993, que en esta
oportunidad se prohijan.
Dijo la Corporación
en esa ocasión:
“El artículo
impugnado al establecer un procedimiento específico para la obtención
automática de la licencia ambiental ante la omisión de las autoridades
competentes, introduce una indebida alteridad dentro de Estado, que desvirtúa
la filosofía de los deberes estatales y subvierte la lógica y el funcionamiento
del control previo sobre los proyectos de construcción de obras públicas.
La protección del
ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado y de los
particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de expreso mandato
constitucional (C.P. arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales
contraidos por Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, artículo 14),
al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia
ambiental, que ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer.
(...)
Cabe preguntarse si
la Ley puede relevar al Estado de su deber constitucional de prevenir y
controlar el deterioro ambiental, como sanción a la actuación omisiva de la autoridad
pública. La respuesta es a todas luces negativa.
A juicio de la
Corte, no se compadece con el deber de protección ambiental que, por el
deficiente funcionamiento de la administración, el mismo Estado, por vía de la
ley, pueda obviar o prescindir del cumplimiento de expresos mandatos
constitucionales y de compromisos internacionales. La aplicación del
silencio administrativo positivo a la hipótesis establecida en la norma, le
resta todo sentido a las observaciones e indicaciones de la autoridad ambiental
previas a la elaboración del estudio de impacto ambiental, ya que de no
producirse un pronunciamiento oficial dentro de los sesenta días calendario
fijados en la ley, se entiende otorgada la respectiva licencia ambiental, sin
necesidad de una evaluación de los factores de riesgo ambiental derivados del
proyecto, o de los planes diseñados para contrarrestarlos.
…
El silencio
administrativo positivo en materia de la construcción de obras públicas,
acarrea como consecuencia que la norma que impone al Estado el deber de
prevenir y controlar el deterioro ambiental, pierda efectividad. La entidad
promotora o constructora podría desatender las directrices trazadas por la
autoridad ambiental, potenciar los riesgos de impacto negativo sobre el
ecosistema o presentar planes de manejo ambiental inadecuados o insuficientes,
sin que el Estado, debido a la sanción por su ineficacia (silencio
administrativo positivo), pueda ejercer sus deberes constitucionales” (negrillas fuera de texto).
En conclusión, el
mecanismo del silencio administrativo positivo diseñado por el legislador para
asegurar la continuidad del progreso y el acceso de todos a los beneficios del
desarrollo, debilita en este caso particular el carácter imperativo de los
deberes del Estado de proteger el ambiente sano y los recursos naturales (C.P.
arts. 78, 79 y 80). Pero además, resulta paradójico para la Corte, que la
ineficacia del Estado, consistente en la omisión en pronunciarse sobre la
solicitud de una licencia ambiental, termine sancionada con mayor ineficacia,
relevando a las autoridades de su deber constitucional de prevenir y controlar
el deterioro ambiental, por lo que la aplicación del silencio administrativo
positivo en estas condiciones, es inexequible, al desconocer los mandatos de
los artículos 2, 8o.,  79 y 80 de la Carta Política.
Por lo anterior, se
declarará exequible el artículo 38 del Decreto 350 de 19993, salvo la expresión
"Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva",
la cual se declarara inexequible.
Análisis de los
artículos 43, 44 y 45 del Decreto 350 de 1999
El artículo 43 establece
que durante el término de un año se eximirá del pago de tasas
retributivas ambientales, en los municipios afectados por el terremoto.
El artículo 44 dispone
que dentro del Plan de Acción Ambiental, se formularán programas para el
fomento, establecimiento y mantenimiento de las plantaciones del bambú, guadua
y desarrollo de núcleos forestales en los municipios afectados por el desastre.
Para ello, los beneficios tributarios consagrados en los artículos 6o, 7o. y
8o. del Decreto 258 de 1999 se aplicarán también a las personas que desarrollan
actividades de reforestación, incluyendo el bambú, guadua, en las condiciones y
términos que dichas disposiciones establecen.
El artículo 45 dispone
que las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda y Quindío quedan
exentas del pago de los aportes al Fondo de Compensación Ambiental, creado por
la Ley 344 de 1997, por el término de tres años contados a partir de la
expedición del presente decreto. Se agrega que estas Corporaciones recibirán
una compensación equivalente al 80% y al 50% respectivamente de la reducción de
sus ingresos por concepto de su participación en el impuesto predial causado en
los municipios a los cuales se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999, la cual
será cubierta por el Fondo de Compensación Ambiental creado por la Ley 344 de
1996 (el Decreto por error la señala como ley de 1997) y por el Fondo de
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero.
En relación con
estos preceptos, existe identidad  en la medida en que conceden beneficios de
diversa índole, como la exención del pago de tasas retributivas ambientales en
los municipios afectados por el sismo, los consagrados en los artículos 6o. a
8o. del Decreto 258/99 a quienes desarrollen actividades de reforestación en la
zona, y la exención a las Corporaciones Autónomas Regionales de Quindío y
Risaralda del pago de los aportes al Fondo de Compensación Ambiental por tres
años, además de la compensación que a estas se reconoce por concepto de
participación en el impuesto predial en los términos del artículo 45 ibídem.
A juicio de la
Corte, estos beneficios, compensaciones y exenciones guardan una relación de
conexidad directa con las motivaciones alegadas por el Gobierno en el decreto
declaratorio de la emergencia económica, en cuanto están dirigidas a crear
estímulos o prerrogativas tanto particulares, como para entidades públicas -
corporaciones autónomas regionales, entre ellas - en materia ambiental, de
manera que se pueda favorecer la reconstrucción de la zona del eje cafetero
afectada por la calamidad pública que produjo el desastre natural, de manera
más grave en esos departamentos. Beneficios estos que no vulneran el
ordenamiento superior y que constituyen cabal desarrollo de la atribución del
Gobierno para dictar normas de excepción frente a aquellas circunstancias que
generan una emergencia económica, ecológica o social como la ocurrida el pasado
25 de enero de 1999 y que justifican la adopción de disposiciones dirigidas a
enfrentar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Cabe agregar, que
los recursos del Fondo de Compensación Ambiental, según lo regula el artículo
24 de la Ley 344 de 1996, están destinados a la financiación del presupuesto de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible.
De otro lado, es
preciso advertir que la referencia que hace el artículo 44 a los beneficios
consagrados en los artículos 6o., 7o. y 8o. del Decreto 258 de 1999, deberán
extenderse en los términos y de conformidad con las modificaciones que a estos
preceptos le fueron efectuadas por el Decreto 350 de 1999.
Por lo expuesto, al
no encontrar que ninguna de estas disposiciones contraría el ordenamiento
constitucional, se declarará la exequibilidad de los artículos 43, 44 y 45 del
Decreto 350 de 1999
Finalmente, el
artículo 46 establece que, con el objeto de facilitar la coordinación y
articulación del Sistema Nacional Ambiental y del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, a partir de la expedición del presente
decreto, el Ministerio del Medio Ambiente formará parte del Comité Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, de la Junta Consultora del Fondo
Nacional de Calamidades y del Comité Técnico Nacional; así mismo, los
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales serán miembros de los
Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres.
Estima la Sala, que
si bien el legislador extraordinario en desarrollo de las facultades que le
confiere el artículo 215 de la Constitución, está habilitado para introducir
cambios a la estructura de la administración nacional, en la medida en que esta
modificación sea necesaria para conjurar la crisis e impedir la extensión de
sus efectos y tenga relación directa y específica con el estado de emergencia,
no se encuentra que en el caso del artículo 46 se cumplan tales condiciones.
En efecto, esta
regulación se refiere a una norma de coordinación y articulación del Sistema
Nacional Ambiental en general, pues si bien se observa, la determinación acerca
de la participación del Ministerio del Medio Ambiente en el Comité Nacional
para la Prevención de Desastres, en la Junta Consultora del Fondo Nacional de
Calamidades y del Comité Técnico Nacional además de su generalidad, es de
carácter permanente, así como la de los Directores de las corporaciones
autónomas regionales como miembros de los comités regionales para la prevención
de atención y desastres.
Aunque puede parecer
conveniente y adecuado que ese Ministerio y autoridades ambientales regionales
hagan parte de tales organismos, esta es una decisión que compete al legislador
ordinario y sólo sería viable para el legislador de excepción, en el evento de
que tal medida tuviera la conexidad que exige la Carta Política con el estado
de emergencia declarado por el Gobierno. No puede el legislador extraordinario,
so pretexto de la adopción de medidas para enfrentar la crisis, adoptar normas generales
que modifiquen con vocación de permanencia las normatividad ordinaria, sin que
tengan  relación con las causas que dieron lugar a la declaración de un estado
de excepción.
Para la Corte, la
innovación introducida a la conformación de esos organismos por el artículo 46
del Decreto 350 de 1999, no tiene relación directa y específica con la
calamidad ocurrida en la zona del eje cafetero, pues es evidente que el Sistema
Nacional Ambiental se refiere a todo el territorio nacional y no únicamente a la
zona del desastre, como también, que  las funciones que desarrollan esos
comités y juntas tienen un radio de acción nacional y se refieren a políticas
generales ambientales y de prevención de desastres en todo el país, por lo que
la participación del Ministerio y de las corporaciones iría más allá de la
simple toma de medidas para atender la emergencia ecológica en la región
cafetera delimitada por los Decretos 195 y 223 de 1999. Por consiguiente, la
norma en mención será declarada inexequible.
Disposiciones en
materia de arrendamiento
El Capítulo VII del
Decreto en revisión consagra dos normas destinadas a proteger los derechos de
los arrendatarios, ya que es lógico que como consecuencia del terremoto, el
valor económico y comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana no
pudo haberse incrementado, por lo que es necesario expedir disposiciones
encaminadas a evitar abusos al pactar los cánones de arrendamiento, así como el
precio de compra o venta de los inmuebles destinados a vivienda urbana.
De una parte, el
artículo 47 dispone que durante los años 1999 y 2000, el precio de los
arrendamientos de los inmuebles urbanos ubicados en los municipios afectados
por el sismo, y a los cuales no se aplique el artículo 518 del Código de
Comercio, no podrá exceder del uno por ciento del valor comercial, el cual a su
turno no podrá ser superior a dos veces el avalúo catastral. Los inmuebles
destinados a vivienda urbana continuarán sujetos a la Ley 56 de 1985.
Por su parte, de
conformidad con el artículo 48, las personas naturales o jurídicas que el 25 de
enero de 1999 tuvieran la calidad de arrendatarios de inmuebles ubicados en la
jurisdicción de los municipios a que aluden los decretos 195 y 223 de 1999, que
hayan sido afectados en su estructura por el terremoto impidiendo su ocupación,
tendrán derecho a que una vez reconstruidos o reparados, se les prefiera como
arrendatarios en las mismas condiciones ofrecidas por cualquier otra persona.
En el caso de establecimientos de comercio, dicha preferencia se dará
independientemente del tiempo de ocupación.
Este derecho,
dispone el legislador extraordinario, existirá durante los años 1999 y 2000,
siempre y cuando el propietario o poseedor no lo requiera para su propia
habitación o en el caso de locales comerciales, para un establecimiento suyo
destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviere el
arrendatario.
En primer lugar, es
del caso señalar, que estas normas son constitucionales por cuanto durante el
estado de emergencia el Gobierno Nacional puede expedir normas con fuerza de
ley, con el objeto de ofrecer soluciones inmediatas a la situación de
anormalidad producida como consecuencia del terremoto del 25 de enero de 1999,
siempre y cuando guarden relación directa, exclusiva y específica con los
motivos de perturbación que se precisa remover.
Ello ocurre en el
presente caso, pues a juicio de la Corte resulta indispensable adoptar medidas,
que como las contenidas en las normas que se examinan, están dirigidas a
favorecer a los arrendatarios de bienes inmuebles urbanos ubicados en los
municipios afectados por el sismo, mediante la congelación de los precios de
arrendamiento hasta el año 2000 inclusive, de manera que se evite el abuso y
especulación tanto en los precios como en las condiciones pactadas en los
contratos, teniendo en cuenta el aumento desbordado que se presentará desde el
momento mismo de la tragedia, de vivienda. De esa manera, la fijación de un
tope y el derecho de preferencia de quien venía siendo arrendatario a que una
vez se repare el inmueble, tenga prelación y se les prefiera en las mismas
condiciones ofrecidas por otras personas, se convierte en instrumentos idóneos
para proteger los derechos de las personas y para que el Estado logre cumplir
su finalidad constitucional de garantizar un orden justo y la prosperidad
general.
Además de lo
anterior y como se expresó al momento de examinar la constitucionalidad de las
disposiciones relativas a la vivienda, todos los colombianos tienen derecho a
una vivienda digna y a que el Estado garantice la efectividad de este derecho.
Lo cual se logra, en situaciones excepcionales como las ocurridas en la región
del eje cafetero, mediante la adopción de medidas encaminadas a proteger el
derecho a una vivienda digna de aquellas personas que al momento de ocurrir la
catástrofe natural, gozaban en su calidad de arrendatarios de aquélla, pero que
por las circunstancias presentadas, pueden verse expuestas por la escasez de
inmuebles en los municipios que sufrieron las consecuencias del sismo, a que se
abuse en el valor de los cánones y se pueda incurrir en prácticas fraudulentas
y especulativas, en desmedro de los derechos de las personas y de sus familias
que se encuentren en situación de mayor fragilidad y desprotección manifiesta.
Razón por la cual, el Estado está habilitado constitucionalmente para hacer
efectiva y promover una igualdad material, que reconozca un tratamiento
diferencial para quienes por su condición de inferioridad o debilidad,
requieren un apoyo especial, como la que se consagra en las normas que se
examinan, por lo que concluye esta Corporación, los artículos 47 y 48 no
transgreden el ordenamiento superior.
Disposiciones
para promover el Empleo y la Reactivación
En el Capítulo VIII
del Decreto 350 de 1999 - artículos 49 a 53 -, se establecieron normas
encaminadas a promover y a reactivar el empleo en la zona afectada por el
terremoto del pasado 25 de enero de 1999, a través de mecanismos como el
otorgamiento de permisos especiales a los propietarios de vehículos de servicio
escolar y público de transporte, así como la autorización para adelantar
proyectos viales de especial trascendencia.
En este sentido,
expresó el Gobierno al motivar el presente decreto en lo relacionado con la
reactivación del empleo, que era necesario para promover la reconstrucción de
la zona afectada, incentivar el desarrollo, estimular la recuperación del
sistema económico de la zona y la generación de empleo, destinar recursos para
las actividades de concesión, construcción, rehabilitación, conservación y
mantenimiento de los corredores viales en la mencionada zona.
Igualmente, se tuvo
en cuenta que como consecuencia del terremoto varias personas que venían
prestando el servicio público de taxi en vehículos de su propiedad y el
servicio escolar en vehículos particulares en los municipios afectados se han
visto obligadas a trasladarse a otras ciudades del país, se hace indispensable
facultar a las autoridades metropolitanas, distritales y/o municipales para
otorgar permisos especiales y transitorios que permitan a las mencionadas
personas prestar dicho servicio público con los vehículos provenientes de la
zona del terremoto.
A juicio de la
Corporación, las normas allí contenidas tienen conexidad con la finalidad y
motivación expresada por el Gobierno en el decreto por el cual se declaró la
emergencia económica, ecológica y social en la zona del Eje Cafetero,
consistente en alcanzar la rehabilitación de los municipios afectados por el
terremoto, tanto en cuanto hace a la reconstrucción y construcción de viviendas,
edificaciones, y otros, como en la generación de nuevos empleos. Pero además,
indudablemente, dicha normatividad es necesaria, proporcional y materialmente
acorde con el ordenamiento constitucional.
Es incuestionable
que con la destrucción de inmuebles, viviendas, oficinas, locales comerciales y
edificios públicos, se interrumpió la prestación de servicios públicos
esenciales, se afectaron vías de comunicación y se perjudicó gravemente el
desarrollo de la actividad económica y social en dicha zona del territorio
nacional, todo lo cual implica como efecto directo, la desaparición no sólo de
mano de obra, sino en particular, de las fuentes generadoras de empleo,
elemento fundamental para lograr el tan anhelado desarrollo, y la recuperación
de la región cafetera alterada por el sismo.
Por ende, la
expedición de normas que reactiven el empleo, como las que se examinan, se
constituye en una medida sin duda esencial y necesaria para empezar el proceso
de reconstrucción de estas poblaciones, por lo que en principio no desconocen,
sino que por el contrario garantizan,  la efectividad de los mandatos
constitucionales.
En efecto, según lo
dispuesto por los artículos 49 y 50 del decreto en revisión, los
alcaldes municipales, distritales y/o metropolitanos podrán otorgar permisos
especiales y transitorios a los propietarios de vehículos clase taxi que se
encontraban vinculados a empresas, y escolares que hayan obtenido permiso por
la autoridad competente de servicio particular, que fueron afectados con el terremoto
para prestar el servicio en su jurisdicción hasta por el término de 6 meses.
Ello, según el artículo 51, siempre y cuando acrediten los requisitos
allí exigidos.
En relación con
estos preceptos y siguiendo las consideraciones que se dejaron consignadas con
anterioridad, estima la Corte que no quebrantan el ordenamiento superior,
puesto que constituyen medidas que el Gobierno está habilitado a expedir
durante el estado de emergencia con el objeto de enfrentar la crisis surgida
con ocasión del desastre natural, dada su relación directa con los hechos que
motivaron la declaratoria de emergencia. Pero además, son disposiciones que
permiten crear fuentes de empleo, con lo cual se colabora de manera importante
en  lograr la recuperación y el desarrollo de la región. En este sentido, le
dan efectividad a los fines del Estado (CP. art. 2º) y al derecho al trabajo de
los propietarios de taxis y vehículos escolares afectados en el ejercicio de su
derecho como consecuencia del terremoto.  Por lo tanto, los artículos 49 a 51
del Decreto 350 de 1999 serán declarados exequibles. Sin embargo, sobre el
artículo 51 debe hacerse una consideración aparte.
Dentro de los
requisitos que establece esta disposición para la obtención del permiso
especial transitorio a los propietarios de vehículos taxi y de vehículos
particulares que venían prestando el servicio escolar, se exige la presentación
de fotocopia autenticada de la tarjeta de operación, del seguro
obligatorio y de la licencia de tránsito y en el caso del transporte escolar,
además, del permiso otorgado por la autoridad de transporte y tránsito vigente
para 1997 o 1998.
Resulta
desproporcionado y violatorio del principio de buena fe, que en las
circunstancias existentes en la zona desastre, de suyo críticas para la mayor
parte de la población y oficinas públicas, se exija la presentación de un
documento autenticado que dificulta la consecución del permiso especial para la
operación de esos vehículos, en momentos en que se requiere restablecer de
manera lo más pronta posible, la prestación de ese servicio y el apoyo a la
actividad de esos propietarios. Es evidente, que la destrucción ocasionada por
el sismo, hace probable que estas personas no tengan en su poder el original
del documento requerido para la diligencia de autenticación.
Más aún, mientras en
la legislación ordinaria (Decreto 2150 de 1995, art. 1o.) está prohibida la
exigencia de autenticación de documentos por parte de las entidades que
integran la administración pública, no se entiende como en situaciones como las
que se viven en la región cafetera como consecuencia del terremoto, sea más
gravoso el trámite de un permiso transitorio, cuando de lo que se trata es de
facilitar con normas de excepción, la reactivación de las actividades en las
poblaciones afectadas. En época de normalidad, resulta excesivo y violatorio
del principio de buena fe, exigir la autenticación de documentos originales y
así lo entendió el Gobierno cuando en desarrollo de facultades extraordinarias,
suprimió ese requisito ; en tiempo de crisis como el que existe en los
municipios de la región cafetera, el requerimiento de esa autenticación para
las fotocopias es igualmente desproporcionado, pues coloca a las personas que
necesitan operar esos vehículos y que sólo poseen la fotocopia de tales
documentos, en la imposibilidad de obtener el permiso especial de circulación
para prestar dicho servicio.
Con ocasión del
examen de constitucionalidad de la citada disposición, dijo la Corte :
“La supresión de los
trámites y requisitos aludidos en los preceptos objeto de demanda, en vez de
violar disposición alguna de la Carta, dan desarrollo cabal a uno de sus
postulados básicos. Atentan contra la Constitución y lesionan los derechos de
los gobernados las conductas renuentes de los servidores públicos que,
desconociendo las prohibiciones en vigor, siguen exigiendo documentos
originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente, o declaraciones
extrajuicio, para lo relativo al trámite de los asuntos a su cargo. La primera
y más grave falta disciplinaria de cualquier funcionario consiste en violar la
Constitución y, por ello, tanto los superiores jerárquicos como el Ministerio
Público están obligados a aplicar con drasticidad y prontitud las sanciones de
esa índole que merecen los infractores, sin perjuicio de las penales que tengan
origen en la posible comisión del delito de prevaricato.”[7]
Nótese además, que
se trata de un permiso transitorio que se establece como medida de excepción
para enfrentar una de las consecuencias producidas por el fenómeno sísmico, por
demás acorde con los motivos de la declaración de emergencia, que no se puede
hacer nugatoria con la exigencia adicional de una autenticación.
Ahora bien, en caso
de que las autoridades duden de la autenticidad de la fotocopia que se
presenta, corresponderá a ellas ejercer las respectivas acciones, sin que so
pretexto de una posible adulteración, pueda rechazarse el documento.
Por tal motivo, el
artículo 51 del Decreto 350 de 199 será declarado exequible, salvo la expresión
“autenticada” contenida en los dos literales b) de esta disposición, las cuales
se declararán inexequibles.
De otro lado, en
desarrollo de la misma finalidad de reactivar el empleo, los artículos 52 y 53
del decreto que se revisa,  le otorgan prioridad dentro del plan de
inversiones del Instituto Nacional de Vías, a los proyectos de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y operación de las vías Ibagué-Armenia, Calarcá-La
Paila, Pereira-La Paila. Para el desarrollo y ejecución de tales proyectos
debidamente estructurados, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social
de la Región del Eje Cafetero destinará cincuenta mil (50.000) millones de
pesos durante la vigencia fiscal de 1999 y cien mil (100.000) millones de pesos
durante la vigencia fiscal del año 2000.
En primer lugar, se
debe reiterar la relación de conexidad que existe entre estas disposiciones y
las motivaciones expuestas por el Gobierno al declarar el estado de emergencia,
según las cuales “el 25 de enero de 1999 se produjo un terremoto”, que “produjo
una considerable destrucción de inmuebles, se interrumpió la prestación de
servicios públicos esenciales, se afectaron las vías de comunicación y
se perjudicó gravemente el desarrollo de la actividad económica y social en
dicha zona del territorio nacional”. Razón por la cual, la adopción de medidas
dirigidas a desarrollar y ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y operación de proyectos viales en la zona afectada por el sismo,
como las contenidas en el artículo 52, y que se financiarán con recursos del
Fondo creado para el desarrollo social y la reconstrucción del eje cafetero,
guardan relación directa  con los fundamentos de la declaratoria de la
emergencia, por lo que por este aspecto no son inconstitucionales.
Además, los
proyectos viales enunciados en las normas que se examinan, corresponden a
territorios de la geografía nacional ubicados en la zona del eje cafetero
afectados seriamente por el desastre natural, por lo que guardan, no obstante
el valor de su inversión, una relación de proporcionalidad y necesidad, que no
los hace ni ajenos a las motivaciones que llevaron a la declaratoria de la
emergencia, ni vulneratorios de la Constitución.
Además de lo
anterior, el desarrollo y puesta en marcha de estos proyectos viales va a
permitir enfrentar eficazmente la emergencia generada por el terremoto, tanto
en cuanto se trata de habilitar de nuevo las vías de comunicación afectadas, las
cuales son esenciales para el desarrollo de la actividad económica y social en
la zona, sino también en el hecho de   la construcción, rehabilitación y
operación de los proyectos viales mencionados en el artículo 52 va a generar un
buen número de empleos, todo lo cual sin duda alguna contribuirá a la
reconstrucción y el desarrollo social de la región del eje cafetero y a
permitirle a los habitantes de esta zona la satisfacción de sus necesidades
básicas y las de sus familias, que o perdieron todo o gran parte de su
patrimonio y bienes por el desastre, como finalidad esencial del Estado
(artículo 2º CP.).
Finalmente, cabe
observar que si bien los proyectos viales aludidos en el artículo 52 del
decreto en revisión, ya habían sido objeto de estudio y examen de viabilidad
desde antes de la expedición del decreto declaratorio de la emergencia
económica, su ejecución, pero ante todo, la asignación como proyecto
prioritario dentro del plan de inversiones del Instituto Nacional de Vías, no
lo hace inconstitucional, ya que por el contrario, el desarrollo de esos
proyectos contribuirá eficazmente a garantizar los fines del Estado y los
derechos fundamentales de habitantes de la región amenazados por los hechos
generadores del desastre.
Por lo tanto, no
encontrándose reparo alguno de constitucionalidad en relación con estos
preceptos, serán declarados exequibles.
Disposiciones
en materia de crédito público
En cuanto se refiere
a las normas sobre crédito público contenidas en el Capítulo IX del decreto
materia de revisión, el Gobierno justifica su expedición en que es necesario
precisar las condiciones en que la Nación puede otorgar garantías a las
operaciones de crédito, con el fin de asegurar que las mismas estén destinadas
a apoyar la reconstrucción de la zona.
Para tal efecto,
dispone el artículo 54 del Decreto 350 de 1999 que, con destino a
los programas de reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de los municipios
afectados por el terremoto, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social
del Eje Cafetero podrá realizar operaciones de crédito público, de manejo de
deuda y conexas y de tesorería, las cuales se sujetarán al régimen previsto
para este tipo de operaciones.
Estima la
Corporación que este precepto no vulnera el ordenamiento constitucional, por
cuanto dada la situación de emergencia presentada con ocasión del terremoto que
produjo la destrucción de vidas humanas y de bienes corporales y materiales, se
hace indispensable dotar de recursos de crédito al Fondo para la Reconstrucción
y Desarrollo Social del Eje Cafetero creado para tal fin. Como se ha dejado
expuesto, el Gobierno está facultado durante el estado de emergencia económica,
en su calidad de legislador extraordinario, para adoptar todas aquellas medidas
necesarias destinadas a conjurar la situación de crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. La puesta en marcha de los proyectos de
reconstrucción y construcción de viviendas, locales y servicios públicos, entre
otros, indispensables para garantizar la vida de la población que sufrió las
graves consecuencias del sismo, en condiciones dignas y justas,  como se indicó
en los considerandos del decreto declaratorio de la emergencia - No. 195 de
1999 -, exige necesariamente la adopción de disposiciones especiales en materia
presupuestal, crediticia, fiscal, transferencia de bienes, endeudamiento para
lograr el apoyo financiero a esos proyectos, recursos sin los cuales no sería
posible impulsar la recuperación de la actividad productiva y el
fortalecimiento institucional y financiero de los entes territoriales
indispensables para conjurar la crisis y la posible ampliación de sus efectos.
Como lo ha
reconocido la jurisprudencia constitucional, el objeto de las medidas que el
Presidente de la República adopte durante dicho estado excepcional, está
rigurosamente circunscrito por la Constitución y la ley estatutaria a la
remoción de las causas generadoras de aquél, en cuanto no puedan ser superadas
mediante el uso de los procedimientos ordinarios. Entonces deben guardar una
relación directa, exclusiva y específica con la motivación del acto mediante el
cual el Jefe del Estado asumió poderes de excepción.
En el caso
particular, no sólo la norma materia de examen no vulnera precepto alguno de la
Constitución, sino que guarda conexidad directa con la situación que produjo la
declaratoria de la emergencia, tal como se indicó en precedencia. Por lo tanto,
el artículo 54 será declarado exequible.
Por su parte, el
artículo 55 establece que las garantías que se otorguen en desarrollo de
lo dispuesto por los artículos 9o. del Decreto 196 de 1999 y 29 del Decreto 258
de 1999, sólo podrán otorgarse para operaciones de crédito público que se
contraten a partir de la vigencia del presente decreto y no para las que
resulten de operaciones asimiladas o de manejo de deuda, o de aquellas que
inicialmente fueron contraídas sin su garantía.
Agrega el precepto
que para el otorgamiento de la garantía de la Nación, las entidades deberán
constituir contragarantías adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Por su parte, para que la Nación otorgue su garantía de pago a
operaciones de crédito público interno y externo en los términos del presente
artículo, será necesario que el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero imparta su aprobación a la obra o proyecto que se
ejecutará con los recursos provenientes de la operación de crédito público que
se garantice.
Estimó el Gobierno
al expedir esta norma, que era necesario modificar las disposiciones anteriores
dictadas en los decretos 196 y 258 de 1999, en aras de exigir para el
otorgamiento de operaciones asimiladas a crédito público de manejo de deuda y
de tesorería, el aval del Fondo en mención, respecto a la obra o proyecto a ejecutar.
Inicialmente, el decreto 196/99 (art. 9o.) había autorizado a la
Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar y garantizar
operaciones de crédito público interno y externo, como también para renegociar
y reorientar los créditos vigentes, en la cuantía requerida para conjurar la
crisis, sin más requisitos que el perfeccionamiento de la firma de las partes y
la publicación del respectivo contrato. Posteriormente, el decreto 258/99 (art.
29), eximió a estas operaciones de la constitución de contragarantías.  Sin
embargo, con el fin de garantizar la operación, sino también, que la obra o
proyecto esté destinada a la construcción o reconstrucción de la zona del eje
cafetero afectada por el terremoto, se modificaron y derogaron esas normas, en
desarrollo de la facultad que le compete al legislador extraordinario,  todo lo
cual hace que exista la conexidad necesaria entre la norma legal y la
motivación del decreto por el cual se declaró la emergencia. En consecuencia,
esta disposición es constitucional.
Disposiciones en
materia de Salud
El Capítulo X del
Decreto 350 de 1999 establece una serie de disposiciones cuyo objeto es adoptar
medidas prontas, efectivas y urgentes para garantizar la salud de la población
del eje cafetero afectada por el desastre.
Según el artículo 56
del decreto en revisión, en razón a la afectación que sufrieron todos los
municipios del Quindío y con el fin de recuperar a la mayor brevedad la
operación eficiente del sistema de salud y la cobertura de la población que quedó
desprotegida, el Gobernador podrá aplicar en su integridad la Ley 100 de 1993
en lo que se refiere al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad
Social en Salud, sin que haya lugar a la aplicación de la transición prevista
en dicha ley ni en la Ley 344 de 1996.
Agrega la norma, que
el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en las
condiciones que convenga con ese departamento, podrá apoyar financieramente
dicho proceso, cofinanciando con los recursos de que disponga la entidad
territorial,  que se transformen de subsidio de oferta a subsidio a la demanda,
la población subsidiada que no esté cubierta con los recursos que debe proveer
el Fondo de Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas aplicables en el
resto del país. Como parte de dicho proceso, el Fondo podrá apoyar la
reestructuración de los hospitales y centros de salud de la región afectada.
Una vez reestructurados dichos hospitales y centros de salud, los mismos sólo
se financiarán con la venta de sus servicios como lo establece la Ley 100 de
1993.
En primer lugar,
debe señalar la Corte que esta norma está inspirada en la necesidad de
garantizar a toda la población afectada por el terremoto, su derecho a la
salud, reconocido constitucionalmente como tal por el artículo 49, así como
servicio público a cargo del Estado, con lo cual se garantiza a todas personas
que, como consecuencia de ese fenómeno, no cuentan con recursos para aportar al
régimen contributivo y así poder acceder a ese servicio.
Es pertinente manifestar,
que el gobierno justificó la expedición de esta norma en la necesidad de
adoptar instrumentos adicionales que permitan asegurar que se mantenga el
normal funcionamiento del sistema de salud en las condiciones previstas en la
ley 100 de 1993, no obstante los hechos acaecidos. Así mismo, y con el
propósito de lograr cubrir la población desprotegida en esa región, prever
mecanismos que permitan aplicar a la mayor brevedad el régimen subsidiado de la
ley 100 de 1993, que en muchas regiones del país no funciona a cabalidad.
Esto, en razón a que
por el amplio número de muertos y heridos y por la gran cantidad de población
que perdió la totalidad de sus bienes, pertenencias y medios de subsistencia,
se hace necesario darle efectividad al régimen subsidiado en salud, en orden a
garantizar tanto el derecho a la salud de los habitantes de los municipios
afectados por el terremoto, como la prestación eficiente y universal del
servicio público de salud. Esto, obviamente, siempre y cuando se trate de
población que no tenga recursos con los cuales atender sus necesidades en
salud, evento en el cual podrán obtener la protección a través del régimen
contributivo.
Adicionalmente,
conviene señalara que la cofinanciación prevista en el  inciso segundo del
artículo 56 permitirá disponer de recursos para apoyar financieramente el
proceso de recuperación de la región, en cuanto se refiere a la población no
cubierta con recursos que debe proveer el Fondo de Solidaridad y Garantía,
Fosyga. Pero además, el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero
podrá apoyar la reconstrucción de hospitales y centros de salud de la zona, lo
cual coadyuva la garantiza al derecho a la salud de toda la población, en
especial aquella que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, como
lo son los habitantes de la zona del eje cafetero, con ocasión del terremoto
del 25 de enero de 1999. Razón por la cual estima la Corte que este precepto es
cabal desarrollo de las normas superiores, en situaciones de anormalidad y
excepción, como lo es en la que se encuentra la región cafetera.
Cabe destacar que la
disposición sub examine le otorga un carácter provisional o transitorio
al apoyo para la reestructuración de los hospitales y centros de salud, en
orden a no desbordar las facultades constitucionales de que está investido el
gobierno durante la emergencia, en la medida en que una vez reestructuradas las
entidades de salud se financien con la venta de sus servicios, tal como lo
exige la Ley 100 de 1993 y no se cree una situación de excepción permanente que
los excluiría de esa normatividad. Por lo anterior, la norma será declarada
exequible
Ahora bien, según el
artículo 57, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero proporcionará los recursos necesarios para mantener afiliados al
régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud durante un
término de seis meses a las personas que acrediten: a) haber estado afiliados
al régimen de seguridad social el 25 de enero de 1999 y haber compensado
efectivamente; b) ser residente en los municipios a los cuales se refieren los
decretos 195 y 223 de 1999 en la misma fecha, y c) haber perdido la posibilidad
de desempeñar su trabajo habitual e el empleo que realizaba con contrato de trabajo.
El beneficio se perderá en el momento en que la persona celebre un contrato de
trabajo o tome posesión de un cargo público. El valor de la cotización para
estas personas se calculará sobre el valor del salario mínimo.
Estima la Corte que
esta norma no vulnera el ordenamiento constitucional, por cuanto el legislador
extraordinario, en desarrollo de las atribuciones de que está investido durante
la emergencia, tiene plena competencia para adoptar medidas encaminadas a
proteger a aquel sector de población, que perteneciendo al régimen contributivo
en salud, se vieron seriamente afectados por el terremoto, perdiendo su
capacidad económica y laboral, lo que los coloca en una situación que de no
adoptarse medidas urgentes e inmediatas como las contenidas en este precepto,
pueden verse expuestos a una situación irremediable que atente contra sus
derechos fundamentales. En consecuencia, el beneficio de que trata la norma,
impone una serie de requisitos razonables, que de manera temporal supeditan a
que la persona recupere, por celebrar contrato de trabajo o posesionarse en un
cargo público, su capacidad económica, lo cual tiene pleno asidero
constitucional, y encuadra dentro de los principios que rigen el sistema
integral en salud. Por lo anterior, la norma será declarada exequible.
Ahora bien, el
artículo 58 establece que el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud,
podrá girar directamente a las administradoras del régimen subsidiado que
desarrollen su actividad en municipios afectados por el sismo, los recursos de
la subcuenta de solidaridad, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley. Para estos efectos, las entidades territoriales
efectuarán las operaciones presupuestales en los términos establecidos en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto y efectuarán su ejecución sin situación de
fondos. De igual manera, se podrá proceder con los recursos de cofinanciación
para salud.
Este artículo, que
constituye desarrollo de los anteriores, no desconoce precepto alguno de la
Constitución; por el contrario, y en aras de garantizar la efectividad del
derecho a la salud de la población afectada por el sismo, mediante el adecuado
y cabal funcionamiento de las administradoras del régimen subsidiado que
desarrollen sus actividades en los municipios de la zona cafetera afectada por
el terremoto, establece un giro directo de los recursos a cargo del Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud, con lo cual se da cabal cumplimiento al
principio constitucional de la eficiencia en materia de salud, pues se evitan
trámites y procedimientos engorrosos que puedan comprometer la estabilidad del
sistema, pero en particular, pone en marcha el plan obligatorio en salud para
las personas más necesitadas.
A lo anterior cabe
agregar que tampoco se quebranta el ordenamiento constitucional al exigirle a
las entidades territoriales efectuar las operaciones presupuestales en los
términos establecidos en el estatuto orgánico de presupuesto, y efectuar su
ejecución sin situación de fondos, por cuanto lo que el precepto hace es asegurar
los recursos para el normal funcionamiento del sistema en salud, especialmente
del mencionado fondo, en procura de garantizar el derecho a la salud, y en
conexidad la vida de la población de esta región afectada por la tragedia. Todo
ello, en desarrollo de lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto y con
fundamento en el principio constitucional de la solidaridad. En consecuencia,
el precepto será declarado exequible.
De otro lado, el
artículo 59 dispone que, con el fin de obtener recursos para atender las
necesidades de salud en los departamentos afectados, se autoriza la realización
de un sorteo extraordinario de lotería durante cada uno de los años 1999 a 2003
inclusive. La empresa “Lotería del Quindio” administrará y realizará los
sorteos respectivos, directamente o por contrato realizado con sujeción a la
Ley 80 de 1993. El producto del sorteo se repartirá entre los departamentos
afectados por el terremoto en proporción al número de afectados que haya en
cada uno, según el censo del Departamento Nacional de Estadística. Estos
sorteos estarán sujetos a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Debe destacarse, que
el financiamiento de los proyectos a los que se hace referencia en los
artículos 56 a 58, no sólo se lograrán garantizar mediante los recursos del
Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, sino que es
indispensable para consolidar el sistema de seguridad social en salud en los
departamentos afectados por el terremoto, el fortalecimiento de las rentas departamentales
cedidas, dentro de las cuales se cuentan los ingresos provenientes de loterías
para financiar los servicios de salud.
En efecto, con el
fin de preservar la prestación del servicio de salud en la zona afectada,
estimó necesario el legislador extraordinario establecer nuevas fuentes de
recursos, para lo cual consideró procedente autorizar la realización de sorteos
extraordinarios en los años 1999 y 2000, con destino a los servicios de salud
pública de la zona afectada, lo cual no quebranta el ordenamiento superior.
Considera la
Corporación, que dicha autorización cumplirá sin lugar a dudas la finalidad
propuesta en el decreto, cual es la de fortalecer los recursos para atender las
necesidades de salud en los departamentos afectados por el sismo. Pero además,
dicho precepto se ajusta a la Constitución, en cuyo artículo 336 se dispone que
las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán
destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Por lo tanto, se declarará
la exequibilidad de la norma.
Por su parte, el
artículo 60 establece que el Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá igualmente otorgar apoyos o subsidios
a la tasa de interés de los créditos que se otorguen para financiar la construcción
o reconstrucción de hospitales, centros de salud y escuelas en la zona afectada
por el terremoto, lo cual para la Corte no es violatorio de la Constitución,
por cuanto su finalidad es, mediante los subsidios para las tasas de interés de
créditos destinados a la recuperación de la zona afectada, garantizar la
prestación efectiva y universal de la salud como derecho y servicio público.
Además, si el
artículo 368 autoriza a las distintas entidades territoriales a conceder
subsidios en sus presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus
necesidades básicas, con mayor razón durante la vigencia de un estado de
excepción el legislador extraordinario está habilitado para conceder subsidios
en las tasas de interés a créditos destinados exclusivamente a recuperar las
zonas que fueron afectadas por el terremoto del 25 de enero de 1999, mediante
la financiación de obras como la construcción o reconstrucción de hospitales, centros
de salud y escuelas, que en últimas están para el servicio de la comunidad.
En lo que toca
directamente con la seguridad social en salud, no se olvide que, de conformidad
con el artículo 2° de la Constitución, entre los fines esenciales del Estado se
encuentran los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, además de que, según la misma norma, las autoridades - entre
ellas el legislador - están obligadas a asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
En cuanto a los
servicios públicos, uno de ellos de carácter constitucional y esencial como lo
es la salud, son inherentes a la finalidad social del Estado (art. 365 C.P.) y
buscan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población (art. 366 C.P.).
La Corte entiende
que el legislador extraordinario, en uso de sus competencias y de los recursos
y mecanismos fiscales a su alcance durante el estado de emergencia, puede
otorgar apoyos o subsidios como los que regula el artículo 60 del Decreto 350
de 1999, con el objeto que el sector de la salud afectado por el terremoto,
pueda recuperarse mediante la construcción o reconstrucción de la
infraestructura necesaria para asegurar su prestación. De esta manera, se busca
que mediante la recuperación de estos bienes, toda la población tenga acceso
efectivo a los servicios públicos de salud y pueda cubrir sus necesidades
básicas, en aplicación del principio de solidaridad que consagra el numeral 9º
del artículo 95 de la Constitución. Por lo tanto, el otorgamiento de subsidios
a través de esta norma, a juicio de la Corporación, es un recurso idóneo con
que cuenta el Estado para cumplir sus fines sociales en materia del servicio
público de salud, en las circunstancias en que se encuentra la región del eje
cafetero.
En consecuencia, no
se desconoce el ordenamiento constitucional por el hecho de otorgar subsidios
como los establecidos en la norma sub examine, que estarán dirigidos a
reestablecer en su integridad la prestación universal y eficiente del servicio
público de salud. Por consiguiente, la norma será declarada exequible.
De otra parte, según
el artículo 61 del decreto 350 de 1999, los contratos que se celebren
para ejecutar los recursos que el Fondo de Solidaridad y Garantía- Subcuenta
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito destine para atender los
proyectos para hacer frente a la situación de emergencia en los municipios
afectados por el terremoto, se celebrarán conforme al derecho privado, sin
perjuicio de que en los mismos puedan incluirse cláusulas excepcionales, las
cuales se regirán por lo dispuesto por la Ley 80 de 1993.
A juicio de la Corte
este precepto no desconoce el ordenamiento constitucional, por cuanto, de una
parte, no todos los contratos que celebren entidades públicas, o mediante los
cuales se ejecuten recursos públicos, como los del Fondo de Solidaridad y
Garantía, están regulados en la ley 80 de contratación administrativa, sino que
esta misma ley remite al derecho privado para la celebración de ciertos
contratos, sin perjuicio de que en los mismos se incluyan cláusulas
excepcionales, las cuales sí se regirán por lo dispuesto en la ley 80 de 1993.
Adicionalmente, y estando habilitado legalmente para ello, el legislador
extraordinario mediante la autorización en la aplicación del régimen de derecho
privado a los contratos que se celebren para ejecutar los citados fondos, le
imprime a los mismos una dinámica en la gestión de los recursos, lo que hace
posible el cumplimiento de los objetivos definidos en el Decreto 350 de 1999
que permitan asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de salud.
Por consiguiente,
bien puede el legislador extraordinario, autorizado constitucionalmente para
ello, y por razones de grave calamidad pública que alteraron el orden público
económico, ecológico y social para solucionar con prontitud, eficacia y
agilidad los problemas generados por la catástrofe, disponer las excepciones
transitorias que permitan cumplir con los objetivos perseguidos con la
declaratoria de la emergencia económica. En consecuencia, se declarará la
exequibilidad del artículo 61.
Finalmente, el
artículo 62 establece que el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social
del Eje Cafetero, así como las entidades públicas que hayan recibido
medicamentos y otros bienes perecederos con destino a la atención de la
emergencia, podrán enajenarlos o destinarlos a otros fines cuando tales bienes
no se requieran para la atención de la misma y estén a punto de llegar a su
fecha de vencimiento.
En cuanto a la
constitucionalidad de esta norma, no duda en ella la Corte, por cuanto su
finalidad es evitar el despilfarro, uso indebido o la pérdida de medicamentos y
otros bienes con destino a la atención de la emergencia, que por su carácter
perecedero puede perderse cuando existe otro sector de población que requiere
de él, y que puede asumir su pago, o a falta de fondos, puede serle entregado
con el objeto de garantizar el derecho a la salud, a la dignidad y a la vida de
la población que requiera de dicho medicamentos. Esta norma desarrolla el
principio constitucional de la solidaridad, puesto que en la medida en que en
la zona afectada por el terremoto se hayan recibido en abundancia medicamentos
y otros bienes, en lugar de perderlos, se habrán de destinar a otro sector de
población que pueda requerir de ellos, logrando adicionalmente, evitar amenazas
contra los derechos a la salud y a la vida por conexidad. El artículo 62 se
declarará, entonces, exequible.
Disposiciones en
materia de Justicia y Policía
Según el artículo 63
del decreto en revisión, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del
Interior, elaborará en un plazo no mayor de 90 días, un programa para
contribuir a restablecer el eficaz funcionamiento del aparato estatal de
justicia y para facilitar el acceso real a la administración de justicia en los
municipios afectados por el sismo del 25 de enero de 1999.
Dicho programa
contendrá, entres otros, propuestas para el desarrollo de la jurisdicción de la
paz; acciones para el establecimiento de casas de justicia y la implementación
de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y medidas para la recuperación
y modernización de la infraestructura carcelaria.
Dispone igualmente
este precepto, que el Ministerio del Interior, en coordinación con el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Nacional de Planeación,
presentará dentro del mismo plazo previsto en el primer inciso de este
artículo, un programa para el desarrollo de la actividad policiva que permita
el restablecimiento de las condiciones de convivencia en la zona y que incluya
desarrollo de programas en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y
las autoridades territoriales para la organización de la policía comunitaria,
así como recomendaciones para la actualización de los códigos locales de
policía.
A primera vista, se
advierte la falta de conexidad de las disposiciones adoptadas por el Gobierno
en desarrollo de las facultades de excepción. Si bien, a raíz de la ocurrencia
del terremoto el pasado 25 de enero, se presentaron hechos de vandalismo y
violencia en la zona del desastre, se trató de hechos aislados para los cuales
las autoridades nacionales y locales contaban con las atribuciones que en
tiempo ordinario les permiten adoptar las medidas para conservar el orden
público y la convivencia ciudadana  en las poblaciones en que tuvieron
ocurrencia.
Es evidente que un
Programa como el que se concibe en la preceptiva que se analiza, es más propio
de políticas generales cuya formulación ordinariamente está en cabeza de los
correspondientes organismos estatales, a saber :  las propuestas para el
desarrollo de la jurisdicción de paz, las acciones para el establecimiento de
casas de justicia, la implementación de mecanismos alternativos de solución de
conflictos, medidas para la recuperación y modernización de la infraestructura
carcelaria, coordinación para la organización de la policía comunitaria,
recomendaciones para la actualización de los códigos locales de policía. Todos
estos son de asuntos de orden general que por su complejidad no se pueden
restringir a la zona del eje cafetero, pues tocan con problemáticas que están
presentes en la mayoría de las regiones y poblaciones del país, que no obedecen
exclusivamente a la ocurrencia de un desastre como el acaecido en esa región.
Por lo anterior, la
falta de relación directa y específica con el estado de emergencia declarado a
raíz del sismo del 25 de enero, de la regulación contenida en el artículo 63
del Decreto 350 de 1999, contradice el artículo 215 de la Constitución
Política  y en consecuencia, esta disposición debe ser declarada inexequible.
Vigencia
y derogatorias
El artículo 64
dispone que el presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y
deroga los artículos 16 y 17 del Decreto 258 de 1999.
Las normas derogadas
establecían dos clases de beneficios tributarios : a) Exención de toda
clase de impuesto, tasa o contribución, la importación de maquinaria y equipo
para la zona cafetera por los años de 1999 y 2000, con las condiciones
establecidas en el artículo 16 derogado ; y b) Asimilación de  ciertos
contratos de arrendamiento financiero o  leasing como arrendamiento
operativo, para efectos tributarios.
Al respecto, es
preciso manifestar que tratándose del Estado de Emergencia Económica, Ecológica
y Social por grave calamidad pública, las normas que en desarrollo de él se
expidan tienen vocación de permanencia en el tiempo (artículo 215 de la CP.).
En este caso concreto de la norma en estudio, se trata de la derogatoria de dos
artículos del Decreto 258 de 1999, que son del mismo rango normativo y que son
incompatibles con algunas de  las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en
el presente decreto, cuya finalidad es conjurar los graves efectos, e impedir
su extensión, como consecuencia del terremoto del pasado 25 de enero de 1999.
Finalmente, en
cuanto hace a la vigencia, estos decretos producen plenos efectos a partir de
su inclusión o publicación en el diario oficial, por lo que estima la Corte que
el artículo en examen no desconoce norma alguna del ordenamiento
constitucional, por lo que deberá ser declarada exequible.
VI.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE el Decreto Legislativo No. 350 del 25 de febrero de 1999
"por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia
económica, social y ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero
de 1999", con excepción de las normas a que se refieren los siguientes
numerales, respecto de las cuales se declara su inexequibilidad o exequibilidad
en los términos señalados  en cada uno de ellos.
Segundo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 14 del Decreto Legislativo 350 de 1999, en los términos
expuestos de la parte motiva de la presente sentencia.
Tercero.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 36 del Decreto Legislativo 350 de 1999, en los
términos de esta sentencia.
Cuarto.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 38 del Decreto Legislativo 350 de 1999, salvo la
expresión "Vencido este término se entenderá que la decisión es
positiva", la cual se declara INEXEQUIBLE.
Quinto.- Declarar
INEXEQUIBLE el artículo 46 del Decreto Legislativo 350 de 1999.
Sexto.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 51 del Decreto Legislativo 350 de 1999, salvo la
expresión “autenticada”  contenida en los dos literales b) de esta
disposición, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Séptimo.- Declarar
INEXEQUIBLE el artículo 63 del Decreto Legislativo 350 de 1999.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] Sentencia de la Corte
Constitucional No. C-136/99, M.P. : Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] Sentencia de la Corte
Constitucional No. C-217/99, M.P. : Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
[3] Sentencia C-136/99,
M.P. : Dr. José Gregorio Hernández Galindo
[4] Cfr. Ver sentencia de
la Corte Constitucional en relación con la revisión constitucional del Decreto
197 de 1999. M.P. : Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo.
[5] Sentencia C-086/97,
M.P. :Dr. Jorge Arango Mejía
[6] Sentencia C-183/97,
M.P. : Alejandro Martínez Caballero
[7] Sentencia C-340/96,
M.P. : Dr. José Gregorio Hernández Galindo