T-454-14
Sentencia T-454/14
AGENTE
OFICIOSO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y COMPORTAMIENTOS POR
FARMACODEPENDENCIA
AGENCIA
OFICIOSA-Reiteración
de jurisprudencia
La acción de
tutela puede interponerse a través de un tercero, siempre que este cumpla una
serie de requisitos, estos son: indicar expresamente que actúa como agente
oficioso, identificar a la persona por quien intercede y probar que el
representado está en imposibilidad de promover por sí mismo la acción de
tutela. Lo anterior porque el llamado a pretender el amparo de sus derechos es
el directamente afectado, no reconocerlo así desconocería el derecho a la
autonomía de los individuos.
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Prevalencia sustancial sobre las formas
La Corte
Constitucional ha entendido i) que los derechos de las personas que padecen
enfermedades mentales, cuando no están en capacidad de defenderlos por su
cuenta,  pueden ser agenciados por un tercero; ii) que de los hechos narrados y
las pruebas aportadas al expediente es posible establecer la imposibilidad de
interponer la acción de tutela; y que incluso, iii) cuando el agente oficioso
no afirme que actúa como tal, si del expediente se sigue que el titular del
derecho no puede actuar por su cuenta, el juez debe interpretarlo así, en
desarrollo del mandato constitucional de primacía de lo sustancial sobre lo
formal.
DERECHO
A LA SALUD-Como servicio público y como derecho fundamental
constitucional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Garantizado por tres vías
La primera ha sido
estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a
la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha
permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es
afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta
a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios
de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna
DERECHO
A LA ATENCION INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD MENTAL-Salud mental como
componente del derecho a la salud/SALUD MENTAL-Control y prevención
Por su parte, la
salud mental, como componente del derecho a la salud, “no es sólo la ausencia
de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”, razón por la cual el
Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud desde una perspectiva
integral, debe brindar a todas las personas atención en materia de salud mental
cuando así lo requieran.
DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES
En conclusión, en
desarrollo de los mandatos constitucionales y de los principios y directrices
supranacionales, el legislador dispuso que el Estado debe prestar atención
integral en salud para los casos de trastornos mentales en todas sus fases.
Dicha atención pasa por la promoción, prevención, diagnóstico precoz,
tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social y debe ser garantizada
por el sistema general de seguridad social en salud conforme a los mandatos
contenidos en la Ley 1616 de 2013, de modo que la principal responsabilidad en
la materia corresponde a las EPS tanto del régimen contributivo como subsidiado
y a las secretarias de salud. Lo anterior no obsta para que en los programas de
rehabilitación participen otras entidades del Estado.
DERECHO
A LA SALUD EN CASOS DE TRASTORNOS MENTALES Y FARMACODEPENDENCIA
DERECHOS
DE LAS PERSONAS FARMACODEPENDIENTES Y SENTENCIA T-057/12-Reglas
a tener en cuenta al momento de decidir sobre estos casos/FARMACODEPENDIENTES-Sujetos
de especial protección
DERECHO
AL DIAGNOSTICO-Elementos y órdenes emitidas por la Corte
Constitucional en casos de reiteración jurisprudencial
DERECHO
AL DIAGNOSTICO Y DEBER DE SOLIDARIDAD
En
conclusión, las personas que padecen afecciones mentales derivadas de la
farmacodependencia, tienen derecho al diagnóstico médico especializado y al
tratamiento ordenado. Como este derecho no siempre se hace efectivo, el juez de
tutela ha debido garantizarlo en repetidas oportunidades y para ello ha
adoptado distintos tipos de órdenes, dentro de las cuales, las que mejor
garantizan el criterio de especialidad y respetan el ejercicio de la profesión
médica, son las referidas a la elaboración del diagnóstico y al suministro de
información al paciente y a su familia. Las demás exceden las posibilidades del
juez de tutela y no deberían ser decretadas, salvo que se acredite que la
familia de los pacientes no está en posibilidad de atender las obligaciones que
en virtud del deber de solidaridad le corresponden
Referencia:
expedientes T-4.234.646 y T- 4.247.556
Acciones de
tutela instauradas por Julio Cesar Albornoz Enríquez, actuando como agente
oficioso de su hijo David Alexander Albornoz González, contra la EPS-S Capital
Salud (T-4.234.646) y Jorge Luis Moreno Cabeza, actuando en representación de
su hermano Cristian Moreno Cabeza, contra la Secretaría de Planeación, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Social y el administrador del Sisbén
de Soledad (Atlántico), (T-4.247.556).
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA.
Bogotá, DC., siete (7) de julio
de dos mil catorce (2014).
La Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle
Correa y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva,
quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo proferido en única instancia por el Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá,
el 20 de diciembre de 2013, dentro del expediente T-4.234.646, en el que se
resuelve la acción de tutela instaurada por Julio Cesar Albornoz Enríquez,
actuando como agente oficioso de su hijo David Alexander Albornoz González; y
del fallo proferido en única instancia por el Juzgado Primero Penal Municipal
de Soledad (Atlántico), el 22 de noviembre de 2013, dentro del expediente
T-4.247.556, en el que se resuelve la acción de tutela instaurada por el señor
Jorge Luis Moreno Cabeza, en representación de su hermano Cristian Moreno
Cabeza.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-4.234.646
El ciudadano Julio Cesar
Albornoz Enríquez, actuando como agente oficioso de su hijo David Alexander
Albornoz González, interpuso acción de tutela contra la EPS del régimen
subsidiado Capital Salud, por los hechos que se relacionan a continuación:
1.1
El señor David Alexander Albornoz González de 25 años de edad, padece
trastornos del comportamiento, ha intentado suicidarse en repetidas
oportunidades y es farmacodependiente. Está afiliado en calidad de beneficiario
a Capital Salud EPS-S.
1.2
El 2 de diciembre de 2013 fue internado en el Hospital de Engativá,
debido a que intentó suicidarse y a que había consumido sustancias psicoactivas.
A los dos días fue remitido al hospital Simón Bolívar, donde estuvo internado
por dos días más. De allí fue remitido a la clínica Fray Bartolomé de las Casas
(sede del hospital Simón Bolívar III Nivel-ESE), donde le diagnosticaron “psicosis
orgánica, paranoia, esquizofrenia, depresión bipolar, discapacidad mental
(…)”, de acuerdo con el relato contenido en la acción de tutela.
1.3
El 11 de diciembre de 2013, David Alexander Albornoz fue dado de alta de
la Clínica Fray Bartolomé de las Casas. El padre del joven manifestó a los
médicos que no podía recibirlo pues, por su avanzada edad y su estado de salud,
no podía proveerle los cuidados necesarios; además, porque su hijo es una
persona que cuando no está en una institución de salud intenta suicidarse y agrede
a sus padres y vecinos. Por lo anterior solicitó, mediante derecho de petición
y a través de la acción de tutela de la referencia, que Capital Salud EPS-S permitiera
la institucionalización de su hijo en un lugar adecuado y especializado para su
tratamiento; se ordenara a Capital Salud y a la Clínica Fray Bartolomé de las
Casas proporcionar a su hijo tratamiento integral para su afección, incluyendo
medicamentos, exámenes y procedimientos; y que la Clínica Fray Bartolomé de las
Casas allegara al proceso la historia clínica del joven.
1.4
El trámite de la acción de tutela correspondió al Juzgado 37 Penal Municipal
de Bogotá, que corrió traslado a la Secretaría Distrital de Salud y a los
representantes legales de Capital Salud EPS-S y de la Clínica Fray Bartolomé de
las Casas, para que ejercieran su derecho de contradicción y defensa.
Respuesta de las entidades vinculadas
al proceso
Secretaría
Distrital de Salud
1.5
Luz Elena Rodríguez Quimbayo, en su calidad de subdirectora de gestión
judicial de la Secretaría Distrital de Salud, respondió a la acción de tutela
confirmando que el señor David Alexander Albornoz González se encuentra
afiliado a la EPS-S Capital Salud. Indicó además que de acuerdo con el concepto
médico sobre la situación del accionante, padece “trastorno del
comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas” y ha intentado suicidarse.
1.6
Respecto de la solicitud hecha en la acción de tutela, la Secretaría de
Salud indicó que corresponde al médico tratante determinar el tipo de manejo
que el usuario debe recibir y la modalidad de institucionalización, “ya que
autorizar servicios sin que medie la orden del médico tratante es contrario a
los protocolos médicos y a la literatura científica actualizada”[1]. No obstante
reconoció que si bien el concepto científico del médico tratante es el
principal criterio para establecer si se requiere un servicio de salud, no es
el único.
1.7
Destacó que conforme a la Ley 1566 de 2012, las personas que padecen
algún trastorno mental o patología derivada del consumo, abuso y adicción a
sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tienen derecho a una atención
integral en salud y que la comisión de regulación en salud debe incorporar en
los planes de beneficios, servicios que garanticen la atención de estas personas.
1.8
Indicó además que, en caso de que el accionante requiera servicios
excluidos del POS, la EPS-S Capital Salud debe someter la solicitud al aval del
comité técnico científico, el cual se debe pronunciar dentro de los dos días
siguientes. Si el concepto del profesional de la salud es que el proceso de
rehabilitación se considera un servicio de salud debe ser autorizado por la EPS
dentro de la red contratada. En cambio, si determina que no es un servicio en
salud, sino un proceso de carácter educativo, institucional o de capacitación, este
tipo de programas corresponden a autoridades como la Secretaría de Educación.
1.9
Concluyó que es responsabilidad de Capital Salud autorizar los servicios
que requiera el usuario, cuando hayan sido prescritos por el médico tratante y dentro
de la red contratada. Así las cosas, la Secretaría de Salud estimó que no hay
negación de servicios de su parte, por lo que no ha incurrido en la violación
de los derechos del paciente.
Hospital
Simón Bolívar III nivel - ESE
1.10
Javier Pardo Pérez, en su calidad de jefe de la oficina jurídica del
Hospital Simón Bolívar III Nivel-ESE, respondió a la acción de tutela indicando
que el accionante ha sido atendido en esa institución cuando lo ha requerido,
incluyendo una hospitalización del 4 al 12 de diciembre de  2013.
Respecto de la solicitud hecha
en la acción de tutela, de entregar la historia clínica del señor Albornoz
González, indicó que esta nunca ha sido solicitada por las personas autorizadas
para ello.
Finalmente, teniendo en cuenta
que la acción de tutela se interpone por la falta de autorización de servicios
de rehabilitación e internación, destacó que las empresas sociales del Estado
no son las encargadas de este tipo de asuntos. Por lo anterior, solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela.
Capital
salud EPS-S
1.11
Gustavo Adolfo Forero, en su calidad de apoderado de Capital Salud EPS-S,
dio respuesta a la acción de tutela de la referencia. En ella señaló que el
señor Albornoz González padece “esquizofrenia paranoide”, diagnóstico
sobre el cual se pronuncia en los siguientes términos:
“La
esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de
trastornos mentales crónicos, caracterizados por alteraciones en la percepción
o expresión de la realidad. La esquizofrenia causa además una mutación
sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente
de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o
menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una
dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una
significativa disfunción social. Por lo que se requiere mucha paciencia de los
familiares y además no es curable solo se puede controlar con medicamentos
antipsicótico tal como lo vienen formulando hasta ahora, por lo
tanto es imposible curar la enfermedad, solo se puede calmar la enfermedad con
el tratamiento que se debe seguir al pie de la letra indefinidamente los
paciente oscilan en periodos de recaídas constantemente, de allí el control médico
especializado para ajuste del medicamento (sic).
“Pero
dado al deterioro mental la mayoría de los casos terminan en discapacidad
mental debido al daño neurológico provocado por la misma enfermedad (sic).
“Dado a
que el paciente no puede valerse por si mismo necesita de la atención
asistida permanentemente para realizar sus actividades diarias, como son
vestirse, necesidades fisiológicas y supervisión de toma de medicación.  Además
representa un acompañante como es el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol
del cual más que un tratamiento médico debe darse un tratamiento educativo y
social para su restauración social”[2]
(negrilla fuera de texto).
1.12
Partiendo del diagnóstico del señor Albornoz González y de la
caracterización de la enfermedad, Capital Salud EPS-S concluyó que los
servicios requeridos deben ser provistos por la Secretaría de Integración Social,
pues no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud. Además, destacó que
“es de responsabilidad de la familia propender por el cuidado de la salud de
este paciente (…) debido a que el paciente presenta discapacidad mental
relacionada con la enfermedad que presenta”[3] (negrilla fuera de
texto).
1.13
Finaliza la respuesta afirmando que Capital Salud no ha desconocido los
derechos del accionante. Respecto de la solicitud de tratamiento integral, señaló
que hace referencia a un hecho futuro e incierto, por lo que solicitó que fuera
declarada improcedente. Pidió además que fuera vinculada la Secretaría de Integración
Social de Bogotá.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
1.14
El 20 de diciembre de 2013, el Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá en
decisión de única instancia, concluyó que las accionadas de manera diligente
han autorizado todos los procedimientos médicos ordenados por el médico
tratante y que “a pesar de entenderse el profundo drama por el que pasa el
tutelante y con él su familia, no puede por ello [el juez] erigirse en
perito médico, y entender que la acreditada atención especializada brindada por
las accionadas, no sea eficaz e idónea para el manejo de las dolencias del
representado, máxime cuando no obra en el plenario concepto médico alguno que
sirva de fundamento para sostener una opinión de esa naturaleza”[4]. Por lo
anterior, resolvió no conceder el amparo solicitado.
Tramite adelantado en sede
de revisión
1.15
Mediante comunicación remitida 9 de junio de 2014, el magistrado
sustanciador ofició a i) Capital Salud EPS-S, para que informara a esta
Corporación qué servicios médicos, tratamientos y/o medicamentos han sido
prescritos, autorizados y negados al señor David Alexander Albornoz, desde el
pasado 11 de diciembre de 2013 hasta la fecha, así como información sobre  su
diagnóstico actual; y ii) al señor Julio Cesar Albornoz Enríquez, solicitando información
sobre el diagnóstico y la situación actual de salud del señor David Alexander
Albornoz. Dispuso, además, que el expediente de se pusiera en conocimiento de
la Secretaría de Integración Social de Bogotá, para que pudiera exponer su
criterio en relación con los hechos y pretensiones de la acción de tutela y para
que informara sobre los programas y/o servicios sociales para personas con
enfermedades mentales que presta el Distrito Capital.
1.16
El apoderado especial de la EPS-S Capital Salud respondió a la solicitud
hecha por la Corte Constitucional afirmando que dicha entidad ha autorizado la
prestación de todos los servicios médicos ordenados, entre los que se destacan
consultas médicas especializadas por psiquiatría, consultas de psicología,
atención médica de urgencias y hospitalización. Además, esta EPS-S ha
autorizado el suministro de los medicamentos requeridos por el accionante, pero
este no ha reclamado las autorizaciones para la entrega de medicamentos.
1.17
Por su parte, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de
Integración Social de Bogotá indicó que de los servicios que ofrece dicha
entidad, ninguno es idóneo para tratar el diagnóstico del señor David Alexander
Albornoz y que dichos servicios deben ser prestados por el sistema de seguridad
social en salud.  De acuerdo con esta Secretaría, ninguno de los programas
dirigidos a las personas en situación de discapacidad, contempla la
rehabilitación en consumo de sustancias psicoactivas.
2.
Expediente T- 4.247.556
El señor Jorge Luis Moreno Cabeza,
actuando a través de apoderada y en representación de su hermano Cristian
Moreno Cabeza, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Planeación,
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Social y el administrador del Sisbén
de Soledad (Atlántico),  por los hechos que se describen a continuación:
2.1
El señor Cristian Moreno es adicto a sustancias psicoactivas y a juegos
mecánicos. En consecuencia, padece una serie de enfermedades físicas y mentales.
Además, se convirtió en habitante de la calle después de la muerte de su madre,
de la cual no se especifica fecha.
2.2
Jorge Luis Moreno Cabeza y su esposa han manifestado su voluntad de
hacerse cargo de Cristian, sin embargo, este último requiere tratamiento
integral para su condición (desintoxicación, rehabilitación y reducación) y
ellos no están en capacidad de costear los servicios requeridos.
2.3
El 28 de agosto de 2013, la familia de Cristian Moreno lo encontró y lo
vinculó al Sisbén. Debido a su estado de salud, el 9 de septiembre lo trasladaron
al CARI de Barranquilla (Atlántico), donde se negaron a atenderlo pues no contaban
con servicio de urgencias. La cuñada del señor Moreno lo trasladó a la EPS Coosalud
y solicitó su afiliación, sin embargo, se negaron por no tener cobertura en Soledad
(Atlántico). Luego en la EPS Cajacopi ubicada en Barranquilla, también se
negaron, pues debían acudir a la sede de Soledad. Al llegar allí tampoco lo
afiliaron porque “no había sistema”. En la EPS Salud Vida le indicaron que el
accionante no estaba en el Fosyga y en Mutual Ser tampoco permitieron su
afiliación, pues ya estaban cerradas por ese día.
2.4
Por lo anterior, la cuñada del señor Moreno lo llevó al Hospital Juan
Domínguez Romero de Soledad- ESE, donde lo remitieron a psiquiatría. No obstante,
para la fecha de presentación de la acción de tutela, no había recibido la
atención requerida.
2.5
Debido a la situación descrita, el hermano del señor Cristian Moreno interpuso
la acción de tutela de la referencia, solicitando que su hermano fuera afiliado
a Coosalud E.P.S e internado en un establecimiento especializado en la atención
de enfermedades mentales, donde pudiera ser sometido al tratamiento psiquiátrico
que requiere.
En cuanto a la legitimación de
la agencia oficiosa, se observa que el accionante no explicita por qué su
hermano no está en capacidad de promover la acción de tutela. Sin embargo, en
el expediente consta una consulta en el Hospital Juan Domínguez Romero de
Soledad-ESE del 9 de septiembre (dos días antes de radicada la acción de
tutela), en la que se indica que el señor Cristian Moreno presenta
comportamiento agresivo, no duerme y está inapetente[5]. Además la acción de tutela
señala que se ha tramitado ante el juez competente una solicitud de
interdicción temporal[6].
2.6
El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Municipal
de Soledad (Atlántico), que no accedió a decretar las medidas provisionales
solicitadas, admitió la acción de tutela y corrió traslado a las accionadas
para que se pronunciaran sobre la solicitud de amparo. Además preguntó a las
EPS Coosalud y Capvida si prestan servicios de psiquiatría en el régimen
subsidiado y si tienen contrato con alguna IPS ubicada en Soledad (Atlántico). Pidió
también declaración jurada al accionante y ordenó vincular a la Secretaría
Departamental de Salud del Atlántico.
Respuesta de las personas y
autoridades vinculadas al proceso
Declaración
jurada del señor Jorge Luis Moreno Cabeza
2.7
El 18 de septiembre de 2013, el señor Jorge Luis Moreno Cabeza rindió
declaración jurada ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Soledad
(Atlántico). Afirmó que presentó la acción de tutela porque no tiene como pagar
un centro de rehabilitación para su hermano, pues devenga el salario mínimo y
además de responder por los gastos del afectado, tiene a su cargo a su esposa y
a tres hijos. Indicó que había afiliado a su hermano al Sisbén en el mes
anterior y que por medio de apoderada solicitó al Sisbén que lo internaran en
un centro médico para tratar su farmacodependencia.
Oficina
Jurídica de la Alcaldía Municipal de Soledad (Atlántico)
2.8
La señora Glenda Ordoñez Rodríguez, en su calidad de jefe encargada de
la oficina jurídica de la Alcaldía Municipal de Soledad (Atlántico), respondió
a la acción de tutela de la referencia. Señaló que una vez tuvo conocimiento de
la solicitud de amparo, procedió a requerir a las oficinas vinculadas a fin de
allegar al Juzgado las consideraciones hechas por cada una. Las dependencias involucradas
respondieron lo siguiente:
2.9
La Secretaría de Planeación, en ejercicio del deber de vigilancia de la
oficina del Sisbén, encontró que esta ha cumplido con sus obligaciones y no se
ha negado a vincular al usuario, quien, tras solicitud del  26 de agosto de
2013, fue inscrito en la base de datos del Sisbén con un puntaje de 18.1. No
obstante, aclara que no aparece en el Fosyga porque las bases de datos se
actualizan cada cierto periodo de tiempo, por ser necesario que se valide la
información por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
2.10
La Secretaría de Gestión Social respondió que no le corresponde acceder
a las pretensiones del accionante y que ello es competencia de la oficina del Sisbén
y de la Secretaría de Salud.
2.11
La oficina del Sisbén de Soledad (Atlántico) respondió que este es un
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los diferentes
programas sociales que brinda el Estado a la comunidad (como el régimen
subsidiado de salud, administrado por el Ministerio de Protección Social y las
entidades de salud de cada municipio). En ese sentido, la función de esa
oficina es realizar la vinculación de cada persona a la base de datos y
reportarla al DNP para su validación. Sobre el caso del señor Cristian Moreno
indicó que si bien fue vinculado al Sisbén el 23 de agosto de 2013, según
Resolución 2979 del 1º de noviembre de 2012 del DNP, el último corte para envío
de información de base de datos fue el 20 de agosto de 2013, de modo que las
personas que solicitaron su ingreso después de esa fecha debían esperar hasta
el 22 de octubre de 2013, cuando fueron enviadas a validación.
Finalmente resaltó que la
prestación de servicios de salud no es responsabilidad de esa entidad.
2.12
La Secretaría de Salud informó que el señor Cristian Moreno Cabeza se
encuentra cubierto en materia de salud como “población pobre en lo no cubierto
por subsidio a la demanda”, término empleado por el  sistema de seguridad
social en salud para referirse a todo ciudadano colombiano pobre que se
encuentre en condiciones de vulnerabilidad y no pueda cubrir sus necesidades
vitales.
Indicó que el accionante requiere
servicios de alto nivel de complejidad, que corresponde prestar a entes
departamentales, pues la competencia de los municipales se limita al primer
nivel. Señaló además que el municipio no se encuentra certificado para cubrir
las necesidades de salud del caso expuesto. Por lo anterior solicitó la
vinculación de la Secretaría Departamental de Salud.
Destacó que para acceder a una
EPS del régimen subsidiado, el accionante debe surtir el procedimiento previsto
en la Resolución N. 2979 de 2012 del DNP e indicó cuales son las EPS
habilitadas en Soledad (Atlántico). También señaló que no tiene como función
autorizar la prestación de servicios de salud bajo ningún régimen. Finalmente pidió
considerar que el señor Jorge Luis Moreno no aportó documento que acredite su
vínculo familiar con el señor Cristian Moreno.
2.13
Con base en las anteriores respuestas, la oficina jurídica de la
Alcaldía Municipal de Soledad (Atlántico), solicitó que la acción de tutela
fuera declarada improcedente.
Coosalud
EPS
2.14
Respondió a la acción de tutela informando que Cristian Moreno Cabeza no
está afiliado a la EPS-S Coosalud y que esta EPS-S no opera en el municipio de
Soledad (Atlántico).
Secretaría
de Salud departamental del Atlántico
2.15
El señor David Alfonso Peláez, Secretario de Salud del Departamento del
Atlántico, respondió a la acción de tutela indicando que verificada la base de
datos del Fosyga, se constató que el señor Cristian Moreno Cabeza no está afiliado
dentro del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado ni
contributivo.
Indicó que el señor Cristian
Moreno Cabeza se encuentra “vinculado en la ficha 117199-metodología Sisbén
III”[7],
pero para que proceda la afiliación a una EPS-S debe tener no solo aplicada la
encuesta del Sisbén, sino que esta debe estar debidamente certificada por el
DNP y encontrarse en los niveles I y II. Una vez esté certificada la
información por el DNP, le corresponde al municipio de Soledad velar porque el
accionante se afilie a una EPS del régimen subsidiado, por ser el municipio la
entidad territorial responsable del aseguramiento en ese régimen.
2.16
En relación con la solicitud relacionada con la prestación de servicios
de psiquiatría, indicó que el accionante nunca ha requerido ante esa entidad la
prestación de servicios de salud, razón por la cual no se ha producido una
negación del servicio.
2.17
Finalmente señaló que hasta que el accionante no se encuentre afiliado
al régimen subsidiado, debe acudir al punto de atención de esa Secretaría,
ubicado en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad y radicar la orden del
médico tratante acompañada de la historia clínica y fotocopia del documento de
identidad.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
2.18
El 27 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal de
Soledad (Atlántico), resolvió negar por improcedente la acción de tutela, debido
a que el señor Jorge Luis Moreno Cabeza actuó sin legitimidad para representar
los intereses de su hermano. En ese sentido indicó el Juzgado:
“En el
presente caso, la titularidad de derechos cuya protección pide la apoderada
judicial del accionante no pertenece a la persona natural que representa, por
lo tanto, no se configura uno de los requisitos necesarios para la procedencia
de la acción de tutela, según el cual es el titular de los derechos quien debe
solicitar el amparo, a menos que se compruebe el no poder hacerlo en forma
personal y lo manifieste en debida forma, cumpliéndose así la figura de la
agencia oficiosa. Ahora bien, situación distinta sería si el accionante hubiese
manifestado actuar como agente oficioso de su hermano, caso en el cual tendría
que haber comprobado que al agenciar derechos ajenos sus titulares no podían
actuar por si mismos”[8].
La apoderada del señor Jorge
Luis Moreno Cabeza impugnó la decisión de primera instancia adjuntando un poder
sin autenticar conferido por el señor Cristian Moreno. Acompañó la impugnación
de una autorización de servicios de psiquiatría emitida por la EPS Cajacopi; una
orden de tratamiento en centro de adicción y atención en modalidad residencial
por un periodo de 90 días del 12 de septiembre de 2013, en papelería del Centro
de Atención en Drogadicción Cad Vida IPS; y una solicitud de medicamentos,
insumos y procedimientos NO POS en formato de la EPS Cajacopi, las dos últimas firmadas
por el médico psiquiatra Alfredo Pugliese[9].
2.19
El conocimiento de la impugnación correspondió al Juzgado Penal del
Circuito de Soledad (Atlántico), que en decisión del 6 de noviembre de 2013  determinó
que era necesaria la vinculación de la EPS Cajacopi. Por lo anterior, para
garantizar el derecho al debido proceso, defensa y contradicción, resolvió
ordenar la nulidad de todo lo actuado.
2.20
El Juzgado Primero Penal Municipal de Atlántico, acogió lo dispuesto por
el Juzgado Penal del Circuito y dispuso vincular  a la EPS Cajacopi y a la IPS
CAD Vida, advirtiendo nuevamente que la apoderada carecía de legitimación para
representar al señor Cristian Moreno.
Lilibeth
Llinás, coordinadora de la Seccional Atlántico de Cajacopi, respondió afirmando
que el señor Cristian Moreno no está afiliado a su EPS y que ha manifestado su
intención de afiliarse a Coosalud EPS.
2.21
El 22 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal de
Soledad (Atlántico), resolvió la acción de tutela de la referencia y decidió nuevamente
negarla por improcedente, debido a que la apoderada del accionante actuó sin
legitimidad para representar los intereses del señor Cristian Moreno Cabeza.
Trámite adelantado en sede
de revisión
2.22
Mediante comunicación remitida 9 de junio de 2014, el magistrado
sustanciador ofició a las EPS del régimen subsidiado que ofrecen sus servicios
en Soledad (Atlántico)[10],
preguntando si el señor Cristian Moreno Cabeza está o ha estado afiliado a
alguna de ellas, solicitó además informar las fechas de afiliación.
Esta Sala recibió sendos oficios
de Coosalud EPS-S, Cajacopi EPS-S, Salud Vida EPS y Caprecom en los que informan
que el joven Moreno Cabeza no está afiliado a esas entidades.
Adicionalmente, el pasado 2 de
julio de 2014 recibió una comunicación remitida por Comfacor – Caja de
Compensación Familiar de Córdoba, en la que informa que el señor Cristian
Moreno Cabeza está afiliado a dicha entidad desde el 12 de septiembre de 2013.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Esta Sala de Revisión es competente para revisar las sentencias
proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema
jurídico y esquema de resolución
2.
En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión conoce los casos de David
Alexander Albornoz González (T-4.234.646) y Cristian Moreno Cabeza
(T-4.247.556), quienes padecen una serie de afecciones físicas y mentales
relacionadas con el abuso de sustancias psicoactivas y solicitan, actuando a
través de agentes oficiosos, ser internados en centros especializados para su
tratamiento y rehabilitación. En el caso del señor Albornoz González, las
autoridades vinculadas se negaron a acceder a las pretensiones, porque no
existe orden del médico tratante, además la EPS a la que se encuentra afiliado
no accedió a su solicitud, porque afirma que ese tipo de servicios deben ser
prestados por entidades como la Secretaría de Integración Social del Distrito. En
el caso del señor Moreno Cabeza, la negativa se sustenta en el hecho de que,
pese a estar inscrito en el Sisbén, no está afiliado a ninguna EPS y tanto la
Secretaría Municipal de Salud de Soledad (Atlántico), como la Secretaría
Departamental, se remiten entre ellas las responsabilidades en materia de
prestación del servicio de salud del accionante.
3.
Teniendo en cuenta los hechos descritos, la Sala debe establecer si la
negativa de la EPS-Capital Salud en el primer caso y de las secretarías de
salud municipal de Soledad y departamental del Atlántico, en el segundo, de disponer
la internación de los accionantes en un centro especializado para el
tratamiento de sus afecciones mentales, desconoce su derecho a la salud.
4.
Teniendo en cuenta que las dos acciones de tutela fueron interpuestas
por personas que actuaban como agentes oficiosos, para resolver esta acción de
tutela la Sala se referirá en primer lugar a esa figura (i). Posteriormente, para
dar solución al problema jurídico, se plantearán algunas consideraciones sobre (ii)
el derecho a la salud de las personas con enfermedades mentales; (iii) los
trastornos mentales y de comportamiento por farmacodependencia; y (iv) el
derecho al diagnóstico y al tratamiento en casos de enfermedades mentales.
Agencia
Oficiosa
5.
La Constitución Política de Colombia dispone en su artículo 86 que “toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
En el mismo sentido, el
Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 10º que “la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante”. Además, contempla la figura de la agencia
oficiosa al establecer que “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”, caso
en el cual debe manifestarse que se actúa como agente oficioso en la solicitud
de tutela.
Ello quiere decir que la
acción de tutela puede interponerse a través de un tercero, siempre que este
cumpla una serie de requisitos, estos son: indicar expresamente que actúa como agente
oficioso, identificar a la persona por quien intercede y probar que el
representado está en imposibilidad de promover por sí mismo la acción de tutela[11]. Lo anterior
porque el llamado a pretender el amparo de sus derechos es el directamente
afectado, no reconocerlo así desconocería el derecho a la autonomía de los
individuos.
6.
Tratándose de personas con enfermedades mentales, la Corte
Constitucional ha reconocido específicamente que sus derechos pueden ser
agenciados cuando no están en capacidad de defenderlos por su cuenta. Así, la
sentencia T-568 de 2008 concluyó que los derechos de una persona que padecía
esquizofrenia paranoide, podían ser agenciados por su padre, atendiendo a la
incapacidad mental producida por la enfermedad.
En el mismo sentido, recientemente,
una serie de decisiones han llegado a la misma conclusión. Así, en la sentencia
T-314 de 2013, la Corte encontró que el titular de los derechos que pretendían
ser amparados no estaba en posibilidad de ejercer su defensa por padecer “esquizofrenia, no especificada”. En
la sentencia T-578 de 2013, la Corte Constitucional estableció que las
conductas agresivas y hostiles de un joven con su familia y terceros en el
contexto de intentos de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas,
constituían “elementos
probatorios suficientes para acreditar su grave estado de salud y su
consecuente imposibilidad para acudir personalmente a promover la acción de
tutela”, razón por la cual la
agencia oficiosa era procedente.
Finalmente, en la sentencia T-949 de 2013, la Corte conoció
los casos de dos personas que padecían trastornos mentales y cuyos derechos eran
agenciados por terceros. En esa oportunidad indicó, sobre los requisitos
definidos para la agencia oficiosa, que “si del escrito de la tutela se desprende la imposibilidad
del titular del derecho, de acudir en su propio nombre para su defensa, en el
ejercicio de sus funciones el Juez puede hacer la interpretación de que se
acude como agente oficioso, haciendo prevalecer el derecho sustancial sobre las
formas jurídicas[12]”.
7.
En conclusión, la Corte
Constitucional ha entendido i) que los derechos de las personas que padecen
enfermedades mentales, cuando no están en capacidad de defenderlos por su
cuenta,  pueden ser agenciados por un tercero; ii) que de los hechos narrados y
las pruebas aportadas al expediente es posible establecer la imposibilidad de
interponer la acción de tutela; y que incluso, iii) cuando el agente oficioso
no afirme que actúa como tal, si del expediente se sigue que el titular del
derecho no puede actuar por su cuenta, el juez debe interpretarlo así, en desarrollo
del mandato constitucional de primacía de lo sustancial sobre lo formal.
El
derecho a la atención integral en materia de salud mental
8.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que la
salud es un servicio público a cargo del Estado y que se debe garantizar “a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud”. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico la
salud tiene dos facetas, una como servicio público y otra como derecho
constitucional fundamental, a esta última se hará
referencia a continuación.
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional no reconoció desde sus inicios la fundamentabilidad autónoma
del derecho a la salud. Indicaba que por su contenido prestacional no era
exigible mediante la acción de tutela, salvo que se acreditara que su
desconocimiento implicaba la violación de un derecho fundamental. Hoy en día esa
tesis fue superada y hay consenso sobre el carácter fundamental del derecho, entendiéndose
además que ha sido garantizado por tres vías[13]:
“La
primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la
vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo
cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del
derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo
su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de
especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto
ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la
tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en
lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios
contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los
planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una
vida digna”[14]
(negrilla fuera de texto).
De tal suerte que el derecho a
la salud es un derecho fundamental autónomo, que “tiene una serie de
conexidades con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la
integridad física, lo cual pone de relieve aún más su importancia dado el
vínculo inseparable entre estos derechos”[15].
9.
Ahora bien, ¿en qué consiste el derecho a la salud? De acuerdo con el
preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, “es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”[16],
de modo que no es algo que se tenga o no, sino un asunto de grado[17] y debe
entenderse de manera integral pues “comprende,
necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico,
mental y psicosomático de la persona”[18]. En ese sentido, el derecho a
la salud implica la posibilidad de alcanzar su nivel más alto en los tres
ámbitos identificados, con el objeto de vivir dignamente[19].
Por
su parte, la salud mental, como componente del derecho a la salud, “no es sólo
la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”[20], razón por la
cual el Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud desde una
perspectiva integral, debe brindar a todas las personas atención en materia de
salud mental cuando así lo requieran.
Así, de acuerdo con los “Principios para la protección de los
enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental”,
adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 46/119
del 17 de diciembre de 1991, “todas las personas tienen derecho a la mejor
atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de
asistencia sanitaria y social”. Por su parte, los Diez Principios Básicos
de las Normas para la Atención de la Salud Mental, de la División de Salud
Mental y Prevención del Abuso de Sustancias de la OMS, indican que “todo el
que esté necesitado debe tener acceso a una atención básica de salud mental”, para
lo cual debe existir “un sistema de atención de la salud mental de calidad
adecuada”.
10.
En desarrollo de los mandatos
constitucionales sobre garantía del derecho a la salud desde una perspectiva
integral y de los conceptos desarrollados a nivel supranacional sobre la salud
mental, en el orden interno se aprobó la Ley 1616 de 2013 “por medio de la
cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”.
Esta
norma define la salud mental “como un estado dinámico que se expresa en la
vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para
trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad”[21].
Además,
dispone en su artículo 4º que  el Estado debe garantizar “la promoción de la
salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral e
integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para
todos los trastornos mentales” (negrilla fuera de texto).
Así,
la asistencia en materia de salud mental hace referencia a la prevención y
control en etapas tempranas y al manejo de casos crónicos e invalidantes, de
modo que, en consonancia con la jurisprudencia sobre la materia, “no es
indispensable, para tener derecho a la atención médica, que el paciente se
encuentre en la fase crítica de una enfermedad sicológica o mental. Aceptarlo
así equivaldría a excluir, en todos los campos de la medicina, los cuidados
preventivos y la profilaxis. Habría que esperar la presencia del padecimiento
en su estado más avanzado y tal vez incurable e irreversible para que tuviera
lugar la prestación del servicio”[22].
11.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las afecciones mentales pueden tener
diferentes estadios y que incluso pueden implicar tener una discapacidad[23], caso en el
cual quien la padece es un sujeto de especial protección constitucional, debido
a “las condiciones singulares de vulnerabilidad y eventualmente de
desprotección, que hace que tal población requiera de atención especial por
parte del Estado y de la sociedad en general”[24].
Ahora bien, cuando las
afecciones mentales producen algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la OMS
son componentes esenciales de asistencia, la (i) medicación o farmacoterapia,
(ii) la psicoterapia y, (iii) la rehabilitación psicosocial[25], siendo el objetivo de esta
última es “brindar a las personas con alguna discapacidad mental la
posibilidad de desarrollarse al máximo desde el punto de vista funcional y con
independencia en la comunidad, pero sobre todo de potenciar sus capacidades
individuales e introducir cambios en el entorno. Dentro de las estrategias que
incluye este tipo de rehabilitación, además de la rehabilitación desde el área
de la salud, se encuentran el ambiente cultural y socioeconómico del país, así
como la posibilidad de acceder a un empleo, adquirir vivienda, tener una red de
apoyo fuerte como la familia”[26].
12.
En conclusión, en desarrollo de los mandatos constitucionales y de los
principios y directrices supranacionales, el legislador dispuso que el Estado
debe prestar atención integral en salud para los casos de trastornos mentales
en todas sus fases. Dicha atención pasa por la promoción, prevención,
diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social y
debe ser garantizada por el sistema general de seguridad social en salud
conforme a los mandatos contenidos en la Ley 1616 de 2013[27], de modo que la principal
responsabilidad en la materia corresponde a las EPS tanto del régimen
contributivo como subsidiado y a las secretarias de salud. Lo anterior no obsta
para que en los programas de rehabilitación participen otras entidades del Estado.
Derecho
a la salud de las personas con trastornos mentales y de comportamiento producidos
por farmacodependencia
13.
En Colombia, de acuerdo con el artículo 49 de la Carta Política,
modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009, “el porte y el consumo de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción
médica”. No obstante, el consumo de este tipo de sustancias es un problema
de salud pública. De acuerdo con el “Estudio Nacional de Consumo
de Sustancias Psicoactivas” realizado en 2008, el 9,1% de las personas
encuestadas había usado alguna droga ilícita[28]
y “al considerar el uso en el último año como indicador, se puede observar (…)
que aproximadamente 540 mil personas en el país al menos una vez usaron en
dicho periodo una o más de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína,
basuco, éxtasis, heroína, o inhalables”[29].
Además, “se estima en aproximadamente 235 mil el número de personas que
cumplirían los criterios de dependencia de alguna sustancia ilícita (…). En
cuanto a abuso unas 63 mil personas entrarían en esa clasificación (…). Sumando
ambos resultados, se tienen que en el país habría aproximadamente 300 mil
personas que pueden ser consideradas en las categorías de abuso o dependencia a
alguna droga ilícita”[30].
Por lo
anterior, el mismo artículo 49 constitucional indica que el Estado debe dedicar
“especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para
fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos
que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por
consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de
prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor
de la recuperación de los adictos”.
De
acuerdo con el proyecto de acto legislativo No. 285 de 2009, que dio lugar al
Acto Legislativo 02 de 2009, por medio del cual se reformó el artículo 49 constitucional
y se incluyeron los apartados transcritos, era “necesaria una reforma
constitucional que permit[iera] al legislador, con fines preventivos y
rehabilitadores, adoptar medidas para enfrentar la problemática actual en
materia de consumo y porte de sustancias ilícitas que generan adicción y
atentan contra la salud de la persona y la comunidad”. Lo anterior,
teniendo en cuenta que la farmacodependencia, además de problemas de orden
social, puede producir trastornos físicos, mentales y de comportamiento[31],
tal como fue entendido en el informe “El problema de las drogas en las
Américas” elaborado por la Organización de los Estados Americanos:
“Se ha señalado antes que las consecuencias del consumo de
drogas sobre la salud de los seres humanos son una parte principal del
‘Problema de las Drogas’. Son estas consecuencias las que han llevado a la
sociedad a controlar tal consumo, una decisión que, como también se ha
señalado, ha generado una economía ilegal con enormes secuelas en materia de
violencia y delito. El esfuerzo que la sociedad hace por evitar los daños que
el consumo de drogas provoca sobre la salud de los seres humanos se encuentra,
en consecuencia, en la base del ‘Problema de las Drogas’ (…).
“Las diferentes drogas impactan y modifican múltiples sistemas y
órganos, específicamente el cerebro, con consecuencias aún más severas sobre
los jóvenes. La investigación desarrollada en las últimas décadas en el campo
de las neurociencias ha aportado evidencia que permite sustentar la relación
íntima entre las estructuras cerebrales y las conductas asociadas con el
consumo de drogas (…)”[32]
(negrilla fuera de texto).
14.
Así, la obligación de tratar al enfermo dependiente o adicto, contenida
en el artículo 49 de la Constitución, se traduce en la obligación del Estado, a
través del  Sistema General de Seguridad Social en Salud, de adoptar las
medidas necesarias. No obstante, las entidades encargadas no siempre garantizan
la prestación de los servicios requeridos por los farmacodependientes, por esta
razón, la Corte Constitucional ha conocido a lo largo de su jurisprudencia
diferentes casos en los que se alega la violación a los derechos de las
personas que se encuentran en esta situación y ha identificado una serie de
reglas que deben tenerse en cuenta al momento de decidir sobre estos asuntos,
las cuales fueron recogidas en la sentencia T-057 de 2012[33], del modo siguiente:
(i)
las personas farmacodependientes son sujetos de especial
protección estatal;
(ii)
la drogadicción
crónica es una enfermedad psiquiátrica que afecta la salud mental y requiere
tratamiento médico;
(iii)
la drogadicción afecta la autodeterminación y autonomía de quien
la padece;
(iv)
el estado de debilidad e indefensión en el que se encuentra quien
padece de farmacodependencia hace necesaria la intervención del Estado en aras
de garantizar los derechos fundamentales del afectado;
(v)
el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para tratar la
drogadicción crónica debe ser brindado por el sistema integral de seguridad
social en salud; y,
(vi)
en
la provisión e implementación de medidas de protección para los farmacodependientes, el
Estado deberá preservar el consentimiento de las personas y exigir la
aceptación expresa e informada del paciente cuando se pretenda adelantar un
procedimiento médico de carácter invasivo[34].
15.
En desarrollo de las citadas reglas y del artículo 49 constitucional,
el Congreso de la República promulgó la Ley 1566 de 2012, “por la cual se
dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen
sustancias psicoactivas (…)”. Esta norma establece en su artículo 2º
que “toda persona que sufra trastornos mentales
o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias
psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma
integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento
de dichos trastornos”.
De modo que las personas que padecen trastornos mentales o de
comportamiento como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, son
sujetos de especial protección y el Estado, en cumplimiento de lo preceptuado
en la Ley 1566 de 2012, debe garantizar su tratamiento[35],
teniendo en cuenta que “la drogadicción tiene
como consecuencia el sometimiento del individuo a un estado de debilidad e
indefensión, que hace necesaria la intervención del Estado, en procura de
mantener la garantía de protección a los derechos constitucionales del afectado”[36].
Derecho
al diagnóstico y al tratamiento adecuado en materia de salud mental
16.
El derecho al diagnóstico es de suma importancia para la garantía del
derecho a la salud, pues permite a los pacientes saber con certeza cuál es el
tratamiento médico más adecuado para lograr su recuperación, ya sea que los
afecten dolencias físicas o mentales. En particular, en lo que se refiere a la
salud mental, el suministro de un diagnóstico fundamentado es importante, “pues especialmente en las enfermedades que
afectan la capacidad mental, los tratamientos son múltiples, diversos y deben
atender de manera integral las necesidades tanto físicas como psíquicas y
mentales que surgen del padecimiento”[37].
17.
De acuerdo con el Decreto 1938 de 1994, mediante el cual se reglamenta
el plan de beneficios del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, el
derecho al diagnóstico se refiere a “todas
aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a demostrar la
presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus complicaciones y
consecuencias presentes y futuras para el paciente y la comunidad”. En
desarrollo de esa definición, la jurisprudencia constitucional ha entendido que
está conformado por los siguientes elementos:
(i)
la práctica de las
pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados en razón a los síntomas del
paciente;
(ii)
la calificación
oportuna y completa de los exámenes, pruebas y estudios por parte de la
autoridad médica; y
(iii)
la prescripción de los
procedimientos, medicamentos o implementos pertinentes y adecuados, a la luz de
las condiciones del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos
disponibles[38].
18.
No obstante, las diferentes entidades que hacen parte del sistema de
seguridad social en salud, constantemente evaden sus responsabilidades
constitucionales y legales al momento de diagnosticar la farmacodependencia y
las afecciones mentales derivadas, remitiendo el asunto a los servicios
sociales a cargo del Estado. Por lo anterior ha sido el juez constitucional el
encargado de establecer qué debe hacerse, pese a que esa función corresponde a los médicos tratantes, quienes
tienen la potestad y el criterio requeridos para diagnosticar y determinar
cuándo un tratamiento es idóneo para atender la patología de un
paciente[39].
19.
Así, en aras de garantizar efectivamente el derecho a la salud de las
personas que padecen estas afecciones, la Corte Constitucional ha debido adoptar
diferentes tipos de órdenes en casos de personas han visto desconocido su derecho a la salud “y para hacerlo ha atendido a diversos factores
personales, económicos y sociales que rodean los asuntos que examina”[40]. En este
sentido, en la sentencia T-057 de 2012, la Corte identificó los siguientes
tipos de órdenes:
i)
Internación u hospitalización permanente en
centro de salud especializado: Este
tipo de ordenes fueron dadas en las sentencias T-398 de 2000, T-1237 de 2001 y T-1090 de 2004, entre otras, atendiendo a los
conceptos médicos, a los riesgos para la integridad y vida de terceros; y a la
situación económica del núcleo familiar y su imposibilidad de asumir el cuidado
de los pacientes.
ii)
Internación transitoria en centros de cuidados
intermedios: Esta orden se dio, por
ejemplo, en la sentencia T-193 de 2008, al conocer el caso de una mujer de la
tercera edad con trastorno afectivo bipolar, con el objeto de que, mediante la
internación transitoria se pudiera establecer el
estado de salud mental de la paciente y determinar si era necesaria la
internación definitiva.
iii)
Tratamiento domiciliario o ambulatorio del
paciente con la asistencia de las EPS y del Estado: Esta orden se dio  en las sentencias T-209 de 1999 y T-124 de 2002, en las que la Corte
destacó el deber de solidaridad de la familia en el cuidado de este tipo de
pacientes, y tuvo en cuenta que, conforme al diagnóstico, los pacientes
necesitaban el acompañamiento de sus familiares.
iv)
Elaboración de un diagnóstico médico para
determinar el tratamiento idóneo: Este tipo de orden se dio, por ejemplo, en la sentencia
T-507 de 2007, en la que la Corte ordenó la valoración psiquiátrica de una paciente
para que, dependiendo de esta, se le suministraran los procedimientos,
medicamentos y exámenes que requiriera.
v)
Suministro de información detallada al paciente y
a sus familiares sobre las características de la enfermedad y el tratamiento. Esta orden se dio en la sentencia T-398 de 2004,
donde se indicó que, conforme al deber de solidaridad que impone a la familia el
cuidado de su pariente enfermo, tanto el  paciente
y como sus familiares debían tener la mayor información posible para el cuidado
de la enfermedad.
20.
A juicio de esta Sala, los anteriores tipos de órdenes no son
excluyentes. De modo que, siempre que se trate de pacientes con enfermedades
mentales a quienes se niegue el acceso a servicios de salud mental, debe
garantizarse el derecho al diagnóstico para determinar el tratamiento idóneo
para la patología (iv), e informarse de manera detallada -al paciente y a su
familia- sobre las características de la enfermedad y del tratamiento (v).
Cuando las entidades del SGSSS correspondientes no garanticen estos derechos,
corresponde al juez de tutela hacerlo.
Ahora bien, las órdenes
referidas al tipo de tratamiento (i, ii y iii),  por su especialidad, en
principio, no deberían ser adoptadas por la Corte Constitucional, salvo en los
casos en los que haya sido ordenado por el médico tratante y no autorizado por
la EPS, en respeto del criterio médico. Ello debido a que el juez de tutela
carece del juicio necesario para escoger de entre varios tipos de atención, la
más adecuada para un paciente.
No obstante, tratándose del
primer y segundo tipo de órdenes, la Corte Constitucional ha establecido que corresponde al juez de tutela valorar en contexto la
posibilidad de decretar tratamientos consistentes en la internación en centros
especializados, en particular cuando las familias de los pacientes no tienen
la posibilidad de hacerse cargo de las obligaciones que, en virtud del deber de
solidaridad, les corresponden[41].
Lo anterior porque la obligación de la familia de
asistir las necesidades de la persona que padece una enfermedad mental, no es
absoluta, depende de la naturaleza de la enfermedad y de las posibilidades y
recursos del núcleo familiar[42].
De
modo que, cuando la familia de un paciente alega su incapacidad de participar activamente
en el proceso de recuperación del paciente, en sede de tutela el juez debe
valorar la situación, teniendo en cuenta una serie de factores que han sido
identificados por la jurisprudencia constitucional y que en todo caso no son
taxativos, entre ellos[43]:
1.
El peligro de afectación de la
integridad física y la vida de terceros;
2.
La ausencia total de compromiso
familiar con el paciente;
3.
Las condiciones infrahumanas de pobreza
en las que vive el/la peticionario/a;
4.
La disponibilidad de recursos
económicos para cubrir los costos del tratamiento;
5.
La naturaleza de la enfermedad que
enfrenta el paciente, y
6.
El concepto del médico tratante.
En
conclusión, las personas que padecen afecciones mentales derivadas de la
farmacodependencia, tienen derecho al diagnóstico médico especializado y al
tratamiento ordenado. Como este derecho no siempre se hace efectivo, el juez de
tutela ha debido garantizarlo en repetidas oportunidades y para ello ha
adoptado distintos tipos de órdenes, dentro de las cuales, las que mejor
garantizan el criterio de especialidad y respetan el ejercicio de la profesión
médica, son las referidas a la elaboración del diagnóstico y al suministro de
información al paciente y a su familia. Las demás exceden las posibilidades del
juez de tutela y no deberían ser decretadas, salvo que se acredite que la
familia de los pacientes no está en posibilidad de atender las obligaciones que
en virtud del deber de solidaridad le corresponden.
Con base en las anteriores consideraciones, a continuación se
procederá a dar solución a los casos remitidos para estudio de esta
Corporación.
Solución
de los casos concretos
Expediente
T-4.234.646
21.
Como se indicó de manera detallada en la narración de los hechos, el
señor Julio Cesar Albornoz Enríquez, actuando como agente oficioso de su hijo
David Alexander Albornoz González, interpuso acción de tutela contra la EPS del
régimen subsidiado Capital Salud, ante la negativa de esa institución de internar
a su hijo en un centro especializado para tratar sus trastornos mentales
acompañados de farmacodependencia.
22.
El primer asunto que debe resolver la Sala es si el señor Julio Cesar
Albornoz Enríquez está legitimado para interponer la acción de tutela actuando
como agente oficioso de su hijo.
De acuerdo con la narración
contenida en la acción de tutela el señor Albornoz Enríquez, en efecto indicó
que actuaba como agente oficioso, identificó a su hijo David Alexander como la
persona por quien intercedía y probó que el representado está en imposibilidad
mental de promover por sí mismo la acción de tutela, en este sentido, en el
escrito de tutela identificó el trastorno de comportamiento padecido por su
hijo, quien fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y quien además es
adicto a sustancias psicoactivas, situación que afecta su autonomía y
autodeterminación y prueba de manera suficiente la imposibilidad de asumir su
propia representación judicial.  Por lo anterior, la Sala estima que el señor
Julio Cesar Albornoz Enríquez, estaba legitimado para interponer la acción de
tutela como agente de su hijo.
23.
Corresponde ahora definir si la EPS- S Capital Salud desconoció el
derecho a la salud del señor Albornoz González, al no autorizar su tratamiento integral
y su internación en un lugar especializado.
El juez que decidió este caso
en única instancia, concluyó que las accionadas han autorizado diligentemente
todos los procedimientos médicos ordenados por el médico tratante, razón por la
cual no tuteló sus derechos. En ese mismo sentido se pronunció Capital Salud en
sede de Revisión. Sin embargo, de los hechos y pruebas aportadas al expediente,
no se sigue que la accionada haya garantizado el derecho a la salud del señor Albornoz
González, en particular si se tiene en cuenta que la EPS-S respondió a la
acción de tutela indicando que el tratamiento de sus afecciones corresponde a los
servicios sociales del Estado, aunque reconoce que i) “la esquizofrenia es
un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de trastornos
mentales crónicos [que] no es curable solo se puede controlar con
medicamentos antipsicótico”; ii) que la mayoría de los casos de
personas afectadas con este tipo de enfermedades terminan en discapacidad
mental; y iii) que el paciente necesita atención asistida permanente.
Es decir, aunque la EPS-S ha
autorizado una serie de servicios para el señor Albornoz, ha indicado que no le
corresponde asumir su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, lo que desconoce
su derecho a la salud, pues conforme a la propia EPS-S padece una enfermedad
mental y de acuerdo con la Ley 1616 de 2013, esta debe ser tratada por el sistema
general de seguridad social en salud y no por los servicios de asistencia
social.
24.
Además, por ser el accionante farmacodependiente, es un sujeto de
especial protección; su estado de debilidad e
indefensión hace necesaria la intervención del Estado; y el tratamiento de
desintoxicación y rehabilitación para tratar la drogadicción crónica debe
ser brindado por el sistema general de seguridad social en salud, conforme
a lo definido por la jurisprudencia constitucional y en consonancia con lo
establecido en la Ley 1566 de 2012, que dispone que quienes sufran trastornos mentales
o patologías derivadas del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas,
tienen derecho a ser atendidos por el sistema general de seguridad social en
salud, en instituciones públicas y privadas especializadas. Razón de más para
concluir que la remisión del accionante, por parte de Capital Salud a los
servicios sociales del Estado, es injustificada.
25.
Por lo anterior, esta Sala tutelará el derecho
a la salud del señor Albornoz González, el cual ha sido desconocido por la
EPS-S Capital Salud. Sin embargo, no corresponde a la Corte Constitucional
definir cuál debe ser el tratamiento a seguir, pues ello depende del criterio
del médico tratante. En consecuencia, ordenará a Capital Salud EPS-S i) la realización de un nuevo diagnóstico médico que
permita determinar el tratamiento idóneo para la patología del paciente en
función de su estado de salud actual; ii) el suministro de información
detallada al paciente y a sus parientes sobre las características de la
enfermedad y el tratamiento que requiere; y iii) la garantía del tratamiento
integral, según sea ordenado por el médico tratante.
26.
Además, la EPS Capital Salud, al momento de
determinar el tratamiento de la enfermedad del accionante, deberá considerar la
incapacidad de su núcleo familiar para hacerse cargo del señor Albornoz
González mientras dure el proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta la
avanzada edad y el estado de salud de su padre, principal encargado de su
cuidado y el peligro de afectación de la integridad física y la vida de
terceros por cuenta de las conductas violentas del accionante.
Expediente
T- 4.247.556
27.
En el segundo caso, el señor Jorge Luis Moreno Cabeza, actuando en
representación de su hermano Cristian Moreno Cabeza, interpuso acción de tutela
contra la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Gestión Social y el administrador del Sisbén de Soledad (Atlántico),  por la
negativa de esas instituciones a brindar tratamiento integral e internar a su hermano
en un centro especializado en trastornos mentales.
28.
Lo primero que debe  hacer la Sala es establecer si el señor Jorge Luis
Moreno Cabeza está legitimado para interponer la acción de tutela actuando como
agente oficioso de su hermano Cristian, teniendo en cuenta que la solicitud de
amparo fue negada por improcedente por esa razón.
De acuerdo con la narración
contenida en la acción de tutela, el señor Jorge Luis Moreno Cabeza no indicó
expresamente que actuaba como agente oficioso de su hermano. No obstante, demostró
que este se encontraba en imposibilidad física y mental de promover por sí
mismo la acción de tutela, por tratarse de una persona adicta a sustancias
psicoactivas y porque conforme a los diagnósticos aportados al proceso, en los
días previos a la presentación de la acción de tutela, presentaba
comportamientos agresivos y no dormía. Elementos probatorios que permiten acreditar
que no podía defenderse por su cuenta.
Por lo anterior, se entenderá
que el señor Jorge Luis Moreno Cabeza actuó como  agente oficioso de su
hermano, Cristian Moreno Cabeza, pese a que no indicó que actuaba como tal, por
desprenderse del escrito la imposibilidad del afectado de acudir en nombre
propio y en aras de hacer prevalecer lo sustancial sobre lo formal. Es decir, el
señor Jorge Luis Moreno Cabeza, estaba legitimado para interponer la acción de
tutela, contrario a lo estimado por el juez de instancia.
29.
Habiendo establecido lo anterior, corresponde determinar si las
entidades accionadas desconocieron el derecho a la salud del señor Cristian
Moreno Cabeza, al no autorizar su tratamiento integral ni su institucionalización
en un establecimiento especializado.
De acuerdo con los hechos
narrados en la acción de tutela, para la fecha de su presentación el señor
Cristian Moreno Cabeza no se había afiliado a ninguna EPS del régimen
subsidiado, debido a que su inscripción en el Sisbén no había sido validada por
el Departamento Nacional de Planeación. No obstante, fue  atendido en el
Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad, de donde fue remitido
a psiquiatría, servicio que de acuerdo con el agente oficioso, no se le había
prestado.
Sin embargo, en el escrito de
impugnación de la primera decisión adoptada dentro de este proceso –y que fue
declarada nula-, se aportó formato de autorización de servicios de psiquiatría
de la EPS Cajacopi y una orden médica para tratamiento por adicción en
modalidad residencial por un periodo de 90 días. Posteriormente, la EPS
Cajacopi, al ser vinculada al proceso, afirmó que no presta sus servicios en el
municipio de Soledad (Atlántico) y que el accionante no se encuentra dentro de
sus afiliados. Es decir, al señor Moreno Cabeza se le remitió a psiquiatría, la
EPS Cajacopi le atendió y uno de sus psiquiatras ordenó su institucionalización
en una entidad especializada, pero dicho servicio no ha sido prestado, en parte
por su falta de afiliación a una EPS del régimen subsidiado y en otra por la
negativa de la Secretaría Municipal de Salud de Soledad (Atlántico) de asumir
sus competencias en lo referido a la garantía del derecho a la salud del
paciente. Esta situación a todas luces, desconoce el derecho a la salud del
accionante.
Por lo anterior, teniendo en
cuenta que la Secretaría Municipal de Salud de Soledad (Atlántico) justificó la
falta de prestación de los servicios requeridos en que el municipio no está
certificado para ello y, que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1122 de
2007 “cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el
municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá
contratar con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente
habilitadas”, se le ordenará, luego de tramitar la autorización
respectiva y mediante las contrataciones que sean del caso, garantizar para el
accionante el tratamiento por adicción en modalidad residencial por un periodo
de 90 días, conforme a la orden médica.
Ahora bien, durante el trámite
de la acción de tutela, el accionante se afilió a la EPS del régimen subsidiado
Comfacor – Caja de Compensación Familiar de Córdoba, razón por la cual la
Secretaría Municipal de Salud de Soledad (Atlántico), deberá coordinar con esta
lo necesario para garantizar la continuidad e integralidad en la prestación de
los servicios de salud del accionante. Además, la Secretaría Municipal de Salud
deberá informar a la EPS-S Comfacor que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1566 de 2012 y la Ley 1616 de 2013, el SGSSS
debe garantizarle al señor Moreno Cabeza, atención integral e integrada en
materia de salud mental, incluyendo las fases de diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, teniendo en cuenta que es farmacodependiente, y por tanto
sujeto de especial protección.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.  REVOCAR la sentencia proferida en única
instancia por el juzgado 37 penal municipal de Bogotá, el 20 de diciembre de
2013, en la que decidió no tutelar los derechos del señor David Alexander
Albornoz González.
Segundo.
TUTELAR el derecho a la salud del señor David
Alexander Albornoz González y en consecuencia ORDENAR a Capital Salud EPS-S que:
i)
Realice de un nuevo
diagnóstico médico que permita determinar el tratamiento idóneo para la
patología del paciente, considerando la incapacidad del núcleo familiar para
hacerse cargo del señor Albornoz González mientras se adelanta el tratamiento;
ii)
Suministre información
detallada al paciente y a sus familiares sobre las características de la
enfermedad y el tratamiento que requiere el señor David
Alexander Albornoz González;
iii)
Garantice el
tratamiento del señor David Alexander Albornoz González
que sea ordenado por el médico
tratante.
Tercero.  REVOCAR la sentencia proferida en única
instancia por el juzgado primero penal municipal de Soledad (Atlántico), el 22
de noviembre de 2013, en la que negó por improcedente la acción de tutela
interpuesta en favor del señor Cristian Moreno Cabeza.
Cuarto.
TUTELAR los derechos a la salud del señor Cristian
Moreno Cabeza y en consecuencia ORDENAR a la Secretaría Municipal de Salud de Soledad (Atlántico) que:
i)
Garantice la prestación de los servicios de salud requeridos por el
señor Cristian Moreno Cabeza, en particular el
tratamiento por adicción en modalidad residencial por un periodo de 90 días.
ii)
Advierta a la EPS-S Comfacor sobre su obligación de garantizar al señor
Moreno Cabeza atención integral e integrada en materia de salud mental,
incluyendo diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en los términos definidos
en esta sentencia.
Sexto. Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente
en comisión
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 64 del cuaderno principal. En adelante se
entenderá que se hace referencia al cuaderno principal, a menos que se indique
lo contrario
[2] Folio
75.
[3] Folio 76.
[4] Folio 92.
[5] Folio
10.
[6] Folio
2.
[7] Folio
61.
[8] Folio 73.
[9] Folios 84 al 93.
[10] Cajacopi, Coosalud, Mutual SER, Barrios Unidos de
Quibdó, Salud Vida, Caprecom y Comfacor.
[11] Ver entre otras: Sentencias T-569 de 2005, M.P. Clara
Inés Vargas; T-693 de 2004, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-061 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-863 de 2003, M.P.
Jaime Araujo Rentería; T-1135 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-452
de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-236 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-949 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[12] Consultar sentencias T-1012 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
reiterada entre otras en la T-573 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[13] Ver: T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[14] T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[15] C-036 de 2014, M.P. Luis  Ernesto Vargas Silva.
[16] Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los
representantes de 61 Estados. Entró en vigor el 7 de abril de 1948. En:
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
[17] T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[18] T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández.
[19] Al respecto ver: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y Observación General No. 14 del Comité del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[20] Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la salud
mental? En: http://www.who.int/features/qa/62/es/
[21] Ley 1616 de 2013, “por medio de la cual se expide
la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”. Artículo 3º.
[22] T 248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández.
[23] De acuerdo con el artículo 1º de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, “las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás” (negrilla fuera de texto).
[24] Sentencia C-606 de 2012, M.P. Adriana María Guillén
Arango.
[25] Ver: Sentencia T-933 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[26] Ibídem.
[27] De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1616 de 2013, “por
medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras
disposiciones”, esa norma “es aplicable al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, específicamente al Ministerio de Salud y Protección Social,
Superintendencia Nacional de Salud, Comisión de Regulación en Salud o la
entidad que haga sus veces, las empresas administradores de planes de
Beneficios las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Empresas
Sociales del Estado. Las Autoridades Nacionales, Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud, los cuales se adecuarán en lo pertinente para dar
cumplimiento a lo ordenado en la ley”.
[28] Ministerio de la Protección Social y Dirección
Nacional de Estupefacientes. “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias
Psicoactivas en Colombia” (2008). Página 18. En:
http://www.onsm.gov.co/uploads/files/1214949estudionacionaldeconsumodedrogas.pdf
[29] Ibídem. Página 67.
[30] Ibídem. Página 72.
[31]  Así, por ejemplo, conforme a la jurisprudencia sobre la
materia, “la drogadicción crónica es una enfermedad psiquiátrica que
requiere tratamiento médico en tanto afecta la autodeterminación y autonomía de
quien la padece, dejándola en un estado de debilidad e indefensión que hace
necesaria la intervención del Estado en aras de mantener incólumes los derechos
fundamentales del afectado”T-814 de 2008
[32] Organización de Estados Americanos. “El problema de
las drogas en las Américas” (2013). Página 21. En: http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf
[33] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[34] T 057
de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[35] De acuerdo con el parágrafo primero del artículo 2º de
la Ley 1566 de 2012, “la Comisión de Regulación en Salud incorporará, en los
planes de beneficios tanto de régimen contributivo como subsidiado,
todas aquellas intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y
terapéuticos, medicamentos y actividades que garanticen una atención integral e
integrada de las personas con trastornos mentales o cualquier otra patología
derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas e
ilícitas, que permitan la plena rehabilitación psicosocial y recuperación de la
salud.// La primera actualización del Plan de Beneficios en relación con lo
establecido en esta ley, deberá efectuarse en un término de doce (12) meses a
partir de la promulgación de la presente ley” (negrilla fuera de texto).
[36] T-780 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[37] Sentencia T-949 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Ver sentencias: T-725 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino T-050 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-717 de
2009, T-047 de 2010 y T-050 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-020 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] De acuerdo con la sentencia T-057 de 2012, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, la reserva médica para prescripción de
tratamientos médicos se sustenta, según la jurisprudencia en cuatro criterios:
i) necesidad: Porque el único con los conocimientos necesarios para establecer
cuando un tratamiento es necesario, es el médico tratante; ii) responsabilidad:
Pues los médicos responden por los tratamientos y medicamentos que prescriben a
sus pacientes; y iii) especialidad: Porque el conocimiento médico-científico es
el que debe primar y no puede ser sustituido por el criterio del juez. Esta
sentencia identifica también el criterio de iv) proporcionalidad, de acuerdo
con el cual el juez constitucional debe, sin perjuicio de lo anterior, proteger
los derechos fundamentales de los pacientes.
[40] Sentencia T-057 de 2012, M.P. Huberto Antonio Sierra Porto.
[41] En cumplimiento del deber de
solidaridad, todas las personas deben apoyar a quienes se encuentran en una
circunstancia de debilidad manifiesta, de modo que la garantía del derecho a la
salud de las personas que padecen afecciones mentales, si bien debe ser asumida
principalmente por las EPS, también debe serlo por la familia, que cumple un
rol de apoyo fundamental para la recuperación de los pacientes. Por ello, la
familia de una persona que padece una enfermedad mental debe contar con la
asesoría e información necesarias para contribuir eficazmente a la mejoría y
estabilidad del paciente. Ver entre otras: Sentencia T-248 de 1998, M.P José
Gregorio Hernández Galindo.
[42] Sentencia T-209 de 1999,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[43] Ver:Sentencia T-057 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.