T-349-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-349/08
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS-Procedencia
DERECHO A LA INTEGRIDAD Y DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL DE COMUNIDAD INDIGENA-Consideraciones generales
de la sentencia SU.510/98
Referencia: expediente
T-1605298
Peticionarios: Francisco Izquierdo y otros
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito
Judicial de Valledupar
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., diecisiete
(17) de abril de dos mil ocho (2008)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Marco
Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia proferida
por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Judicial de Valledupar, el trece (13) de febrero de
dos mil siete (2007).
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela
de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta
Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
Solicitud
El señor Francisco Izquierdo y 164 personas más, todos mayores de
edad e indígenas arhuacos de la zona oriental y occidental de la Sierra Nevada
de Santa Marta, presentan acción de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales a la libertad de cultos, libertad de conciencia, libre desarrollo
de la personalidad, derecho al trabajo, derecho a la igualdad y derecho a no
ser desterrados, presuntamente vulnerados por los señores Leonor Zalabata,
Jeremías Torres, Gelver Zalabata, Hermes Torres Torres, Julio Alberto Torres,
Antonio Torres Izquierdo, Casimiro Corso y en general las autoridades indígenas
arhuacas. Fundamentan su solicitud en la exposición de los siguientes hechos y
argumentos de derecho:
Hechos:
a. Los demandantes son miembros de la comunidad indígena arhuaca y
como tales, dicen, hablan su lengua materna, cultivan la tierra a través de “la
mano vuelta”, viven dentro de su territorio de origen, sus mujeres son
reconocidas tejedoras de “tuto” y respetan y cuidan a la “madre tierra”, entre
otras prácticas propias de ese pueblo.
b. Pese a lo anterior, abandonaron algunas prácticas tradicionales
de la comunidad arhuaca, toda vez que optaron por profesar la fe cristiana;
algunos nacieron dentro de hogares en los cuales tal fe les fue enseñada por
sus padres, “en razón a que el evangelio tiene más de cincuenta años en la
región”; otros decidieron libremente que querían ser cristianos.
c. En razón de su fe cristiana han sido objeto de persecución, malos
tratos y discriminación por parte de las autoridades indígenas arhuacas, hasta
el punto de que se ha generado un conflicto interno dentro de la comunidad.
d. En una oportunidad pasada la Corte Constitucional, mediante
Sentencia SU-510 de 1998, intentó dirimir el mencionado conflicto, “dejando establecido
que no era posible el ejercicio colectivo del culto dentro del Resguardo
Indígena ni el proselitismo religioso, en pro del respeto a la diversidad
étnica y cultural, pero que los indígenas tenían el derecho de profesar otras
creencias religiosas, de manera individual, advirtiendo que las autoridades
religiosas no podían sancionar al miembro que decidía abrigar un credo
distinto, pues ello no amenazaba gravemente la supervivencia de la cultura, y,
en cambio, sí violaba el núcleo esencial de la libertad de cultos.”
e. Frente a tal Sentencia, dicen los demandantes, “las autoridades
indígenas tradicionales decidieron acoger lo que a ellos favorecía y que tenía
que ver con la diversidad étnica y cultural, e ignorar y pasar por alto lo que
beneficiaba a los indígenas cristianos en relación con la libertad de cultos”.
En este sentido denuncian lo siguiente: “algunos de nosotros que habíamos
salido favorecidos con subsidios de vivienda nos lo negaron por cuanto, según
ellos, sólo tenían derecho a dichos subsidios los tradicionales; se nos ha
prohibido y/o restringido el derecho de poner a producir la tierra o a
cultivar, por cuanto ellos dicen que es un derecho de los tradicionales; se nos
ha negado el acceso a la salud, bajo el mismo pretexto que es un derecho de los
tradicionales; se nos apresa bajo cualquier pretexto; se nos niegan los
beneficios de las partidas que el Estado entrega a la comunidad, porque según
ellos no pertenecemos a ella; se nos ha prohibido sacar arena, gravilla y
madera, porque según ellos, no podemos hacer trabajos tradicionales; y
adicionalmente se nos advirtió que para el año 2007 nuestros hijos no tendrían
derecho a recibir educación en las escuelas, por ser hijos de cristianos. Esto,
entre otras muchas discriminaciones.”
f. Agregan que en marzo de 2006, las autoridades indígenas
advirtieron a los demandantes que debían abandonar el Resguardo Indígena, lo
que produjo un desplazamiento forzado de muchos de ellos, por miedo a ser
apresados o torturados por el solo hecho de ser cristianos.
g. Finalmente, los demandantes afirman que muchos de ellos fueron
forzados a firmar un documento en el que se comprometían a no seguir el
evangelio ni colectiva ni individualmente, pese a que la Corte Constitucional
había determinado, mediante la sentencia antes mencionada, que podían orar,
leer la Biblia y enseñar a sus hijos conforme a su creencia cristiana. Quienes
se negaron a firmar ese documento fueron expulsados del Resguardo Indígena, lo
que provocó un desplazamiento masivo a la ciudad de Pueblo Bello.
Derechos fundamentales vulnerados:
Al parecer de los demandantes, los anteriores hechos conllevan la
violación de los siguientes derechos fundamentales en cabeza suya:
1. La libertad de cultos, pues a pesar de formar parte de una
colectividad indígena, cada uno de ellos individualmente considerado abriga
otra creencia religiosa. Si bien las autoridades tradicionales tienen su
autonomía, la sanción a una persona por el mero hecho de profesar el culto
evangélico es arbitraria.
2. La libertad de conciencia. Pues la pretensión de las autoridades
tradicionales indígenas de que ejecuten prácticas contrarias a su convicción
cristiana resulta inadmisible.
3. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pues, pese a
ser cristianos, también continúan siendo indígenas arhuacos y no encuentran
justificable tener que abandonar sus familias, su gente y su modo de vida, y
tener que adaptarse a otras costumbres y a otro lugar ajeno a sus propias
raíces.
4. El derecho al trabajo, pues el cultivo de la tierra es su trabajo
tradicional, del que depende su subsistencia y la de sus familias; no obstante,
se ha restringido su derecho a cultivarla.
5. El derecho a la igualdad, pues por el hecho de ser cristianos se
les discrimina en todos los aspectos que benefician a la comunidad, como los
subsidios, las partidas para adquisición de tierras y el acceso a la salud y
educación, no obstante que hacen parte de la comunidad.
6. El derecho a no ser desterrados “pena que no puede ser impuesta
por el Estado y, menos aún, por una comunidad indígena que, como lo expresa la
Constitución, se gobierna por sus usos y costumbres siempre que ellos no pugnen
con la Constitución y la ley imperativa.”
En la parte final del escrito de la demanda, los actores solicitan
que ciertas personas sean escuchadas en declaración, e indican el lugar donde
esos testigos pueden ser ubicados.
2. Traslado y contestación de la demanda.
Admitida la demanda por el Juzgado Tercero Penal
Municipal de Valledupar, éste ordenó notificarla, corriendo traslado de la
misma a las autoridades indígenas arhuacas.
En respuesta, los señores Julio Alberto Torres Torres, Gobernador
del Cabildo, y Leonor Zalabata Torres, Comisionada de Derechos Humanos,
adujeron lo siguiente:
1. Afirman que los demandantes “pertenecieron” a la comunidad
arhuaca, pero que esta calidad la han perdido o la han puesto en duda en la medida
en que han adoptado o están adoptando creencias y comportamientos diferentes y
contrarios a su ideología y cosmovisión. No obstante, aclaran que lo que buscan
las autoridades arhuacas no es su expulsión del territorio y cultura, sino el
regreso integral de esos hermanos separados al seno de la comunidad. Lo
anterior por cuanto estiman que los demandantes han sido víctimas de fuerzas
externas que, so pretexto de civilizarlos y cristianizarlos, sólo buscaban
arrebatarle a la comunidad sus tierras, situación ante la cual tienen el
derecho de defenderse como cultura perseguida. En sustento de esta posición
citan algunos extractos de la Sentencia SU-510 de 1998.
2. Sostienen que no es cierto que la comunidad arhuaca haga
persecución religiosa en contra de los demandantes; lo que sucede, dicen, es
que “el diferendo existente es un caso más de los que hemos tenido que
enfrentar en las últimas décadas en defensa de nuestra existencia cultural
amenazada. Ejemplo de ello son las acciones que tuvimos que emprender contra
miembros de la Iglesia Católica como eran los capuchinos, o los miembros del
Instituto Lingüístico de Verano ILV, contra los cuales tuvimos que actuar y
expulsar en los años 70-80 por las mismas actividades y conductas que hoy
desarrollan los denunciantes. Conductas y acciones que han sido plenamente
aceptadas por el Estado y la Jurisprudencia colombiana como una forma idónea y
justa de defensa de nuestra existencia cultural”.
3. Afirman que las acusaciones que se les hacen en la demanda de
tutela son falsas. Al respecto indican lo siguiente:
3.1. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la salud,
sostienen que es necesario que se precisen las circunstancias y momentos
específicos en que dicha vulneración se ha producido.
3.2. En cuanto a la presunta negación de los auxilios del Estado,
recuerdan que éstos, especialmente los que provienen de las transferencias,
“son partidas globales destinadas al pueblo arhuaco y no auxilios para grupos,
personas, o iglesias particulares, por lo cual se ejecutan en forma comunitaria
en beneficio de todos…”
3.3 Respecto de las limitaciones en el uso de la tierra,
concretamente de la explotación de arena, gravilla y madera, afirman que se
trata de una prohibición general en la región denominada “Yewrwa”, establecida
por razones ambientales.
3.4 En relación con la presunta vulneración del derecho a la
educación, sostienen que las autoridades tradicionales no han negado a los
indígenas cristianos el derecho de enviar sus hijos a la escuela. Lo que
sucede, afirman, es que ellos “han querido establecer un tipo de escuela
evangélica diferente de las autorizadas por el gobierno nacional y el sistema
educativo indígena.”
3.5. En lo concerniente a la acusación de haber encarcelado a
ciertos miembros evangélicos de la comunidad arhuaca, afirma que la misma es
falsa, y que si eventualmente se ha producido tal encarcelación, ello ha
obedecido siempre a una justa causa por conductas contrarias a la comunidad,
“violación de acuerdos o compromisos acordados, o la reincidencia de
actividades que agreden la armonía de nuestras comunidades, nuestra cultura y
formas de vida.”
3. Pruebas obrantes en el expediente.
3.1. Obra dentro del expediente la declaración jurada rendida el
quince (15) de diciembre de 2006 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Valledupar por uno de los aquí demandantes, señor Rogelio Torres Izquierdo,
dentro del trámite de la primera instancia de la presente acción de tutela.
En dicha declaración, el señor Torres Izquierdo se ratifica en todas
y cada una de las partes de la tutela interpuesta por él y otras personas en
contra de las autoridades indígenas arhuacas. De manera especial, señala que
dentro de dichas autoridades, los señores Julio Alberto Torres y Leonor
Zalabata son las personas que están atropellando a los indígenas cristianos.
Agrega el declarante que él es el líder de un grupo de trescientas
(300) personas aproximadamente; ante la pregunta formulada por el Juzgado en el
sentido de si tenía pruebas documentales en las que constara la múltiple
violación de derechos fundamentales alegada en la demanda, afirma no tenerlas
pero indica que existen testigos que acreditan que el 19 de marzo de 2006 los
indígenas cristianos estaban reunidos en el lugar donde desde hace más de
treinta años practican sus servicios religiosos, cuando un grupo de trescientas
o cuatrocientas personas llegaron y entraron en la casa sin pedir permiso;
inicialmente dijeron que venían a visitarlos y a hablar con ellos, pero
enseguida empezaron “a reclamar la parte tradicional” y a expresar que si no
desistían de las prácticas cristianas y volvían a unirse a ellos, tenían que
salirse del resguardo. Ante esta situación, afirma que algunos tomaron la
decisión de abandonar las prácticas cristianas, pero otros que se mantuvieron
en esa fe fueron obligados a salir del territorio, pues les fue informado por
los tradicionales que tenían autoridad incluso para tumbar la casa si fuera
necesario.
Describiendo cómo se sucedieron los hechos, el declarante relata lo
siguiente:
“… y así comenzó la lucha, pasaron el primer día con esa lucha,
todos los que firman (la tutela) estuvieron en esa casa encerrados, pasando
hambre, tristeza amarguras y todos no dormíamos, en la noche, como a la media
noche volvieron y les preguntaron que qué iban a hacer y les respondieron que
no se iban a quedar, sino que preferían salirse, entonces de allí ellos
pidieron las firmas a la fuerza, pero los hermanos que no les quisieron dar,
entonces ellos tomaron la decisión de hacerle un inventario a la casa de todo
lo que había ahí, y así dijeron que nosotros teníamos que salir de la casa sin
reclamar ningún derecho, y ahí la señora MARTHA LUCÍA IZQUIERDO, quien vivía
ahí 5 años como una que también representaba de parte de las mujeres de los
creyentes, hasta que ellos concluyeron y dijeron que les ponían un lapso de
quince días para salirse de ese local, cogieron las llaves a la fuerza, ellos
las autoridades indígenas la señora LEONOR ZALABATA tenían la autoridad de
tumbar la casa sobre ella si era el caso y tan de pronto una de las autoridades
ordenó arrancar las puertas de la casa, entraron donde estaba MARTHA LUCÍA
IZQUIERDO, entraron y la sacaron a la fuerza.”
(Sic) (Paréntesis fuera del original)
Ante la pregunta formulada por el juzgado relativa al lugar en donde
estaban actualmente asentados los demandantes, el declarante respondió que la
mayoría estaban en Pueblo Bello “como desplazados de las autoridades
indígenas”.
II. ACTUACIÓN
JUDICIAL
1. Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Valledupar
Mediante Sentencia proferida el diecinueve de diciembre de 2006, el Juzgado
Tercero Penal Municipal del Distrito Judicial de Valledupar resolvió denegar la
tutela solicitada por los demandantes.
En fundamento de esta decisión, el referido Juzgado recordó algunos
apartes de la Sentencia SU-510 de 1998, en los cuales se afirma que algunas
prácticas ancestrales arhuacas que los indígenas cristianos rechazan “forman parte del nódulo esencial de la filosofía y práctica
religiosa de los Ika y su incumplimiento está catalogado por el sistema
jurídico arahuaco como una falta que puede generar, incluso, la expulsión del
resguardo”. También trae a colación otras consideraciones vertidas en ese mismo
fallo en las cuales se pone de presente que el principio de diversidad étnica
“constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático,
participativo y pluralista de la república colombiana[1]
y obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes
de los de la cultura occidental."[2]” Además, se citan apartes
de la mencionada Sentencia de esta Corporación en los que se explica que dicho
principio de diversidad étnica confiere a las comunidades un status
constitucional especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades
normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con
sus valores culturales propios, y les confiere el derecho de gobernarse por
autoridades suyas según sus usos y costumbres, además de que conlleva el pleno
ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios. Por último,
el a quo pone de relieve que las comunidades indígenas como tales son
sujetos de derechos fundamentales, básicamente el derecho a la subsistencia y a
la integridad étnica y cultural, que no deben ser confundidos con los derechos
colectivos de otros grupos.
Para terminar, el fallo de primera instancia afirma que en el caso
concreto no está demostrada la vulneración de derechos fundamentales de los
demandantes, por lo cual se niega la tutela deprecada.
2.
Impugnación de la anterior Sentencia
La anterior Sentencia fue oportunamente impugnada por los demandantes,
quienes en el escrito correspondiente recordaron que la misma Sentencia SU-510
de 1998 reconoce no sólo la diversidad étnica y cultural, sino también los derechos
fundamentales individuales de las personas a la libertad de cultos, a la
libertad de conciencia, y en general todos los demás. En este sentido, dice la
impugnación, dicha Sentencia protegió el derecho de los indígenas a profesar
otras creencias, “liberándose del señorío de los mamos”, y ordenó a las
autoridades tradicionales no sancionar a los miembros de la comunidad que
decidan adoptar un credo distinto. Por tal razón, dichas autoridades no pueden
oponerse a que los indígenas cristianos lean la Biblia, eduquen en la fe
cristiana a sus hijos y oren entre ellos. Agrega la impugnación que aunque
ciertamente el fallo en comento habilitó a la autoridades indígenas a prohibir
el ejercicio colectivo del culto dentro del Resguardo, advirtió no se podía
impedir que quien profesara otra religión se desplazara a otro lugar con el fin
de de profundizar la vivencia colectiva de la misma junto a otros
correligionarios, como tampoco prohibir que fueran guiados por un pastor
foráneo.
En cuanto a la supuesta falta de prueba de la violación de derechos
denunciada en la demanda, los impugnantes afirman que el juez de primera
instancia prefirió “dar crédito a lo manifestado por las autoridades indígenas
accionadas, omitiendo siquiera llevar a cabo alguna gestión propia de su cargo
como ente judicial para recaudar pruebas, en aplicación del debido proceso.”
Agrega que aunque solicitaron escuchar en declaración a algunos testigos, con
lo que pretendían demostrar sus argumentos, el despacho no practicó las pruebas
solicitadas, pues aunque envió a un funcionario para que entregara una citación
dirigida a los testigos, no hizo entrega de la misma alegando que debía darse
personalmente a las personas citadas.
Con todo lo anterior, dicen, fácilmente se percibe “el poco ánimo
del Juzgado por esclarecer los hechos”, a fin de establecer la alegada
vulneración de derechos.
3. Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Valledupar.
Mediante sentencia proferida el trece de febrero de dos mil siete,
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar decidió confirmar en su
integridad el fallo de primera instancia. Para fundamentar esta decisión expuso
los siguientes argumentos:
A juicio del ad quem, la acción de tutela no puede ser
entendida como una manera de obviar los procesos que la legislación establece
para dirimir ante los jueces competentes los conflictos con las autoridades
públicas o con los particulares en los casos señalados en el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con lo anterior, “no puede considerarse como
perjuicio irremediable, lo que han sufrido los accionantes, toda vez que tienen
los medios para lograr que esa situación sea superada, como es acudir a su
jurisdicción especial que los cobija quienes dentro del ámbito de su
competencia pueden entrar a dirimir ese conflicto.” Además, no podría
utilizarse la acción como mecanismo transitorio para proteger el derecho que
alegan los accionantes, pues los hechos que originaron la demanda “no encajan
en ninguno de los presupuestos sustanciales para que se dé este evento…”.
Por todo lo anterior el Juez de segunda instancia concluye que la
acción de tutela es improcedente. No obstante lo anterior, al igual que el a
quo afirma que encuentra que no existe prueba alguna de que se haya violado
algún derecho fundamental a los accionantes.
4. Actuación ante la Corte
Constitucional
4.1 Pruebas recaudadas por la Corte Constitucional
4.1.1 Mediante auto de dieciséis (16) de
julio de dos mil siete (2007), los magistrados que conforman la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional[3] resolvieron decretar las
siguientes pruebas:
a. Declaración de parte de los señores Francisco Izquierdo y Rogelio
Torres Izquierdo, actores en el presente proceso, sobre los hechos que dieron
origen a la interposición de la demanda.
b. Testimonio de los señores Asunción Niño, Huberney Mestre, María
Nelci Niño, Enemías Mejía, Fermín Torres, Aquilino Izquierdo, Eugenio Torres,
Juan Aurelio Izquierdo, Moisés Arrollo y Elena García, sobre los hechos que
dieron origen a la interposición de la demanda.
c. Testimonio del alcalde del Municipio de Pueblo Bello, señor
Javier Landazabal, sobre el hecho del desplazamiento de indígenas arhuacos
hacia ese municipio, motivado por razones religiosas.
d. Declaración de parte de los señores Julio Alberto Torres Torres,
Leonor Zalabata, Jeremías Torres, Gelver Zalabata, Hermes Torres Torres,
Antonio Torres Izquierdo y Casimiro Corso, demandados dentro del presente
proceso judicial, para que rindieran declaración ante el Despacho del suscrito
magistrado sustanciador, sobre los hechos que dieron lugar a la interposición
de la demanda que motivó el proceso.
4.1.2 Para la práctica de las anteriores pruebas fueron comisionados
los doctores Julio Andrés Ossa Santamaría y Cristina Pardo Schlesinger,
magistrados auxiliares del Despacho del magistrado sustanciador, quienes
durante los días seis (6) y siete (7) de septiembre recibieron las
declaraciones, en la sede del Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar
(Cesar).
4.1.3 Las declaraciones rendidas durante esos días fueron recogidas
en las actas que obran dentro del expediente y su evaluación probatoria se
llevará a cabo en la parte de Consideraciones de la presente providencia.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política y el Decreto 2591 de 1991, esta Corte es competente para revisar el
presente fallo de tutela.
2. Presentación del caso y problema jurídico
2.1 Los demandantes, indígenas arhuacos que abrazaron la fe de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, alegan que por haber adoptado esa
decisión han sido objeto de persecución, malos tratos y discriminación por
parte de las autoridades tradicionales del pueblo al que pertenecen; esta
actitud, dicen, ha generado un conflicto interno dentro de la comunidad.
Sostienen que culturalmente se sienten identificados con el pueblo
arhuaco. No obstante, relatan que optaron por la fe de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, bien porque nacieron dentro de hogares en los cuales les fue
trasmitida, o bien porque así lo decidieron. Afirman que ese credo tiene
presencia entre el pueblo arhuaco desde hace más de cincuenta años.
Interponen la presente acción judicial, pretendiendo obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la libertad de cultos, libertad de
conciencia, libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la igualdad y “a
no ser desterrados”, derechos estos presuntamente vulnerados por las
autoridades tradicionales del pueblo arhuaco. Denuncian hechos de
discriminación por razones religiosas, concretamente negación de subsidios de
vivienda, restricción del derecho de explotar o trabajar la tierra, restricción
del derecho de acceso a los servicios de salud y educación, negación del
derecho a beneficiarse de partidas que el Estado entrega para el desarrollo la
comunidad, y privación de la libertad por cualquier causa.
Indican que últimamente fueron advertidos por las autoridades
tradicionales de que, si no renunciaban a su fe, debían abandonar el resguardo
indígena; lo que produjo un desplazamiento forzado de muchos de ellos hacia el
municipio de Pueblo Bello, por miedo a ser apresados o torturados por el solo
hecho de ser miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Finalmente, sostienen que mediante la Sentencia SU-510 de 1998,
proferida por esta Corporación judicial, se pretendió resolver el conflicto
existente entre los miembros arhuacos de la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia y las autoridades tradicionales del mismo pueblo, pero que estas
últimas “decidieron acoger lo que a ellos favorecía y que tenía que ver con la
diversidad étnica y cultural, e ignorar y pasar por alto lo que beneficiaba a
los indígenas cristianos en relación con la libertad de cultos”.
2.2. Por su parte, los demandados ponen en duda la real pertenencia
de los demandantes a la comunidad arhuaca debido a las creencias que han
adoptado, pero indican que su deseo es que ellos retornen a tal comunidad.
Niegan que se haya producido la alegada violación de derechos fundamentales,
pero afirman que tienen derecho a defender su cultura, que se ha visto
amenazada por fuerzas externas que han pretendido “civilizarlos
y cristianizarlos”, cuando en realidad sólo han querido arrebatarles sus
tierras.
Así las cosas, corresponde a la Sala verificar si los derechos
fundamentales de los demandantes a la libertad de cultos, libertad de
conciencia, libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la igualdad y a
no ser desterrados han sido vulnerados por las autoridades tradicionales del
pueblo arhuaco, o si las actitudes de estas últimas, que son tenidas por los
actores como desconocimiento de tales derechos, en realidad corresponden a
mecanismos legítimos de defensa de su identidad cultural. No obstante, como
cuestión previa, debe la Corte abordar el asunto de la
procedencia de la presente acción, es decir, debe
estudiar si en este caso se dan aquellas circunstancias que tienen que estar
presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una
acción de tutela interpuesta en contra de autoridades tradicionales de
comunidades indígenas.[4]
3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones
de las autoridades de los pueblos indígenas. Reiteración de jurisprudencia.
En diversos pronunciamientos esta Corporación ha
admitido la procedencia de la acción de tutela cuando se interpone en contra de
decisiones adoptadas por autoridades de los pueblos indígenas, acusadas de
desconocer derechos fundamentales en cabeza de individuos particulares. Como
fundamento de esta admisibilidad, la jurisprudencia ha considerado que las
personas afectadas con estas decisiones carecen de otro mecanismo de defensa
judicial y se encuentran frente a quienes las adoptan en situación de
subordinación y especial sujeción. No obstante, la Corte ha enfatizado que el
juez de tutela sólo adquiere competencia para la protección de los derechos
fundamentales de los individuos involucrados en el caso, sin que le sea posible
invadir la órbita de los competencias exclusivas de las autoridades indígenas,
señalando también que la autonomía de las mismas autoridades es directamente
proporcional al grado de conservación cultural de la comunidad respectiva. En
este sentido esta Corporación ha vertido los siguientes conceptos:
“La Corte ha sostenido, de manera
reiterada, que la acción de tutela procede contra las decisiones que en
ejercicio de su autonomía y poder jurisdiccional profieren las comunidades
indígenas. La anterior consideración se ha cimentado, fundamentalmente, en que
los integrantes de dichas comunidades no tienen mecanismos efectivos de
protección contra las decisiones de sus autoridades, y la subordinación a que
sus miembros, de ordinario, se encuentran sometidos[5].
También esta Corte ha dicho que el juez
constitucional y los jueces ordinarios, en cada caso concreto, con el fin de
preservar los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas y de los
terceros vinculados a las mismas, pueden intervenir en asuntos relacionados con
dichas comunidades, pero sopesando los límites de su intervención, de manera
que se logre restablecer el orden jurídico quebrantado sin resquebrajar el
derecho de los pueblos indígenas a su autonomía e independencia[6].
“...
“De ahí que la Corte hubiese sentado reglas
de interpretación que recuerdan a los jueces la necesidad de detenerse, en cada
caso concreto en los rasgos característicos de la comunidad indígena a la que
pertenece el individuo que demanda protección, para marcar la diferencia que es
dable establecer entre la comunidad y sus integrantes, porque a mayor grado de
conservación cultural mayor es el vínculo de los individuos con las decisiones
colectivas, y mayor es la autonomía que requieren sus autoridades para tomar
decisiones, las que, a su vez, no pueden quebrantar los derechos individuales
fundamentales, en cuanto éstos conforman “(..) el mínimo obligatorio de
convivencia para todos los particulares (..)”[7]”[8]
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que la presente
acción de tutela, interpuesta en contra de las autoridades tradicionales del
pueblo arhuaco para la defensa de los derechos fundamentales a la libertad de
cultos, libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, al
trabajo, a la igualdad y “a no ser desterrados”, resulta procedente.
4. La sentencia SU-510 de 1998[9] como
precedente judicial del conflicto entre la libertad religiosa y de cultos de
algunos miembros de la comunidad arhuaca que han optado por el cristianismo y
el derecho a la identidad étnica y cultural de ese pueblo indígena.
Por considerar que reviste especial importancia para efectos de la
decisión que haya de tomarse dentro del presente proceso, la Sala estima que es
necesario recordar la situación fáctica que dio origen a la interposición de la
acción de tutela resuelta mediante la Sentencia SU-510 de 1998[10],
las pruebas que en esa ocasión fueron recaudadas por la Corte Constitucional,
las consideraciones jurídicas expuestas por esta Corporación en esa providencia
y las decisiones judiciales allí adoptadas.
4.1 Sujetos activos y pasivos de la demanda resuelta mediante la
Sentencia SU-510 de 1998. Derechos fundamentales que se estimaban violados.
La demanda que dio lugar a la Sentencia SU-510 de 1998 fue
interpuesta por el representante legal de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia -IPUC- y 31 indígenas arhuacos y dirigida contra
varias autoridades tradicionales de la comunidad indígena arhuaca por
considerar que éstas habían vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a
la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad
de conciencia, a la libertad religiosa y de culto, a la libertad de expresión,
a la honra y a la libertad personal.
4.2 La situación fáctica que
dio origen a la demanda resuelta mediante la Sentencia SU-510 de 1998.
Los hechos que motivaron la demanda resuelta mediante la Sentencia
SU-510 de 1998 fueron resumidos en esa misma providencia de la siguiente
manera:
1. Los hechos que originaron la acción de tutela
plantean un conflicto entre los derechos de los miembros, denominados
“tradicionales”, de la comunidad indígena Arhuaca, Ika o Ijka[11]
(compuesta aproximadamente por 15.000 personas[12]) de un lado,
frente a los derechos de los miembros de la misma colectividad que pertenecen a
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o IPUC (alrededor de 300 personas[13]),
y, de los integrantes de la mencionada congregación religiosa que no hacen
parte del pueblo Arhuaco.
“Según se afirma en el escrito de tutela,
las autoridades tradicionales han decidido impedir, dentro del resguardo, la
práctica colectiva del culto evangélico; el proselitismo dirigido a obtener la
adhesiones de nuevos miembros a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia; el
ingreso del pastor foráneo o “civil”[14] a territorio
indígena; y, la construcción de templos evangélicos. Adicionalmente, los
integrantes de la citada iglesia que hacen parte del pueblo arhuaco, alegan que
les ha prohibido la salida colectiva del resguardo cuando ella ha tenido la
finalidad de practicar el culto evangélico; que los discriminan a la hora de
efectuar la distribución de bienes escasos (como la tierra) y servicios (como
la salud o la educación), pese a que “ellos también son indígenas”; y, que son
objeto de severos castigos (encerrados en lugares oscuros sin comida y sin
alimento; colgados de los brazos durante horas; obligados a arrodillarse sobre
piedras; etc.) por el sólo hecho de pertenecer a la mencionada congregación
religiosa. En este sentido, sostienen que la actitud de las autoridades
tradicionales vulnera sus derechos fundamentales a la vida (C.P., artículo 11),
a la integridad personal (C.P., artículo 12), al libre desarrollo de la
personalidad (C.P., artículo 16), a la libertad de conciencia (C.P., artículo
18), a la libertad religiosa y de culto (C.P., artículo 19), a la libertad de
expresión (C.P., artículo 20), a la honra (C.P., artículo 21) y a la libertad
personal (C.P., artículo 28).
“A su turno, los miembros de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia que no pertenecen a la comunidad indígena, alegan
que la actitud de las autoridades tradicionales vulnera su derecho individual y
el derecho de la organización a ejercer plenamente la libertad de cultos, pues
esta última ampara el derecho a predicar la propia religión sobre todo el
territorio nacional. Advierten que, de entrar al resguardo, el pastor se vería
sometido a conductas que amenazarían o vulnerarían su libertad y su integridad
personal.
“En consecuencia, los actores solicitan que
se permita a los indígenas evangélicos llevar a cabo la práctica de su culto
religioso en condiciones de libertad y que el pastor de la IPUC pueda entrar al
resguardo indígena y predicar el Evangelio a los miembros de la comunidad
indígena Arhuaca que así lo deseen.
“Por su parte, las autoridades
tradicionales y algunos líderes indígenas consultados, sostienen que las
prácticas religiosas adelantadas por los miembros de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia dentro del resguardo, amenazan la existencia misma del pueblo
Arhuaco y, en consecuencia, su derecho fundamental a la integridad, identidad y
diversidad cultural. Alegan que las restricciones a las que han sometido a sus
“compañeros evangélicos” se encuentran plenamente legitimadas por la “Ley de
Origen”, y que, adicionalmente, están amparadas en las normas constitucionales
que protegen la cultura indígena y que les confieren un alto grado de autonomía
para definir sus propias reglas conforme a sus creencias y valores. Sin embargo
indican que no rechazan a los miembros de la comunidad que han “caído” en el
evangelio, y que no los castigan por el mero hecho de predicar otra religión,
sino por incumplir las normas de convivencia de la colectividad. En este
sentido, dicen aceptar que los indígenas lean la Biblia y eduquen a sus hijos
“dentro del evangelio”, pero no admiten la entrada al resguardo de “pastores
foráneos”, el proselitismo religioso, las oraciones y ritos colectivos o
la construcción de templos evangélicos. Adicionalmente, sostienen que quienes
vivan en territorio arhuaco, deben obedecer las normas propias de convivencia y
respetar a las autoridades tradicionales.
4.3 El material probatorio que sirvió de base para la adopción de la
decisión contenida en la Sentencia SU-510 de 1998.
En una primera parte de la Sentencia SU-510 de 1998, denominada “Análisis
probatorio”, la Corte realizó un estudio de los elementos fácticos
indispensables para decidir el caso. Tal examen probatorio se centró en la
comprobación de la veracidad de la premisa de la cual partía el alegato de las
autoridades tradicionales indígenas, esto es, que las prácticas de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia -IPUC- comprometían el derecho fundamental a la
diversidad e integridad cultural de la comunidad arhuaca.
Para estos efectos, la Corte abordó los siguientes temas: “(1)
consideraciones etnográficas y sociológicas previas tendentes a establecer el
grado de afectación real que las prácticas de la IPUC generan sobre la cultura
Ika o Arhuaca. (1.1) Características generales de la población Ika.
Organización política de la comunidad Ika. El mundo espiritual y religioso de
los Ika: la “Ley de origen” o “Ley madre”. La búsqueda constante de un
equilibrio entre opuestos. El significado de las ofrendas o pagamentos en el
contexto de la “ley de origen”. El significado del telar a la luz de la
cosmovisión Ika. La primacía de lo colectivo sobre lo individual: las
responsabilidades del indígena con el mundo. Algunas especificidades del
sistema jurídico Ika. El rol político y religioso de los mamos. La inserción de
la comunidad Ika dentro del concierto social regional y nacional. Breve
recuento de los conflictos religiosos en la Sierra Nevada. (1.2) Origen,
doctrina fundamental y práctica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en
el resguardo Ika. (1.3) Incidencia de la doctrina evangélica en el mundo
religioso y espiritual de los Ika.”[15]
Las conclusiones extraídas por la Corte a partir del estudio de los
anteriores asuntos fueron presentadas en la Sentencia de la siguiente manera:
“(1) En la cultura Ika - a diferencia de
otras culturas - existe una estrecha relación entre el ámbito de lo sacro - la
religión - y el de lo profano - lo político y lo jurídico -. En esa medida, un
cambio de paradigmas religiosos produciría un efecto notable en términos de la
legitimidad (1) de la organización política existente, (2) de las normas que
regulan la vida individual y comunitaria del sujeto, y, (3) de las autoridades
encargadas de diseñar y aplicar tales normas.
“(2) El carácter individualista de los
dogmas y credos evangélicos choca frontalmente con la concepción del sujeto
contemplada por la cosmovisión Ika y con las responsabilidades que esa misma
cosmovisión ha asignado a los indígenas serranos, de las que se derivan roles y
tareas sociales bien definidas.
“(3) Las prácticas rechazadas por la IPUC,
(como el uso del poporo, la seguranza, la ofrenda y el pagamento, la confesión
con los mamos, la realización de “trabajos tradicionales”, la
participación en ritos colectivos, etc.) forman parte del nódulo esencial de la
filosofía práctica y religiosa de los Ika y su incumplimiento está catalogado
por el sistema jurídico arhuaco como una falta que puede generar, incluso, la
expulsión del resguardo.
“De las tres consideraciones anteriores
puede concluirse que un indígena que suplanta la “ley de origen” por la Biblia
y al mamo por el pastor evangélico, ha dejado de compartir la
cosmovisión - y por lo tanto la cultura - arhuaca. En este sentido, poco
importa que el evangélico y el tradicional hablen la misma lengua, se vistan
igual o tengan viviendas similares. La apariencia externa puede ser idéntica
pero el significado de cada una de las formas es radicalmente distinto. Valga esta
ilustración: como pudo constatarlo la Corte en la diligencia judicial
practicada en Sabana Crespo, el tutusoma (sombrero ritual) para los
varones educados en “la tradición Ika” representa el pico nevado de la Sierra
y, al recibirlo, se colocan simbólicamente en el lugar del macizo montañoso y
se comprometen a velar por su permanente equilibrio y armonía. Sin embargo,
para los indígenas evangélicos que también lo usan, significa, simplemente, un
sombrero blanco de lana o hilo. Nada indican, por lo tanto, las apariencias
externas.
“En suma, las particularidades de la
cultura Arhuaca, permiten a la Corte afirmar que el cambio de mentalidad
religiosa implica, necesariamente, un proceso profundo y radical de sustitución
cultural, con independencia de que ciertas apariencias formales - como el
vestido, el largo del cabello, la utilización de collares, o la vivienda - se
mantengan intacta.”[16]
4.4 Resumen de las principales consideraciones generales vertidas
por la Corte en la Sentencia SU- 510 de 1998 en
relación con el asunto del respeto de la
integridad y diversidad étnica y cultural.
Para resolver el problema jurídico que planteaba la demanda, en la
Sentencia SU- 510 de 1998 la Corte inicialmente se refirió a la autonomía de las autoridades tradicionales indígenas y a la
protección de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad, desde
la perspectiva de la jurisprudencia de la Corporación. Sobre este asunto
recordó que la pertenencia a una comunidad indígena,
como la arhuaca, asentada en un territorio ancestral y dotada de una fisonomía
cultural propia, representaba para sus miembros el derecho de ser beneficiarios
de un estatuto especial que se concretaba en ser titulares de un conjunto de
facultades y situaciones que no se predicaban de los demás nacionales. Agregó
que la Constitución reconocía que dentro de la población colombiana y dentro de
su territorio coexistía junto a la generalidad de los ciudadanos un conjunto de
nacionales cuya diversidad étnica y cultural debía protegerse y garantizarse
mediante instituciones que se informaban en el principio de autodeterminación.
Así, desde la perspectiva constitucional no era incompatible radicar en cabeza
de los indígenas derechos y deberes comunes a todos y, al mismo tiempo,
extender a éstos derechos especiales por causa de su pertenencia a su comunidad
de origen. De esta manera, sólo en el caso del indígena confluían dos títulos
de pertenencia: uno nacional, que lo hacía sujeto activo de todos los derechos
constitucionales y otro comunitario que le brindaba la oportunidad de
desarrollarse en su comunidad de origen. Ahora bien, en cualquier caso la
Constitución no imponía a ninguna persona el deber de vivir dentro de una
cierta comunidad indígena; simplemente garantizaba dicha opción a quienes
desearan desarrollarse dentro de una determinada práctica cultural, y lo hacía
porque tal cultura correspondía a una realidad histórica y sociológica que,
sólo a riesgo de comprometer la paz social, podía ser ignorada por el
constituyente.
Ahora bien, esta doble condición de los indígenas derivada de su
vínculo nacional por un lado, y comunitario por el otro, equivalía a una doble
garantía del ámbito personal. No obstante, no estaba exenta de suscitar
conflictos, para cuya resolución la Corte había tenido en cuenta los siguientes
principios relativos al respeto de la integridad y diversidad étnica y
cultural:
“En general, la Corporación ha entendido
que los artículos 1° y 7° de la Carta Política consagran el principio de
respeto a la integridad y diversidad étnica y cultural, del cual se derivan los
artículos 8° (protección de la riqueza cultural de la nación), 9° (derecho a la
autodeterminación de los pueblos), 10 (oficialidad de lenguas y dialectos de
los grupos étnicos), 68 (respeto a la identidad en materia educativa), 70
(cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y reconocimiento de la
igualdad y dignidad de todas las culturas) y 72 (protección del patrimonio
arqueológico de la nación) constitucionales.[17] A este
respecto, no sobra advertir que las normas constitucionales citadas, sobre las
cuales se funda la especial protección que se dispensa a las comunidades
indígenas, resultan fortalecidas y complementadas por lo dispuesto en el
Convenio N° 169 de la O.I.T., sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.
“De lo anterior se infiere con claridad
que, para la Corte, el principio de diversidad e integridad personal no es
simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el
plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la
república colombiana[18] y obedece a "la
aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas
de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura
occidental."[19]
“…
“44. El anotado principio otorga a las
comunidades indígenas, entendidas éstas como los conjuntos de familias de
ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su
pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional,
formas de gobierno y control social que las diferencian de otras comunidades
rurales (Decreto 2001 de 1988, artículo 2°), un status especial que
se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios
(C.P., artículo 246). Igualmente, la Carta les confiere el derecho de
gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres (C.P., artículo
330); consagra una circunscripción electoral especial para la elección de
senadores y representantes (C.P., artículos 171 y 176); y, les garantiza el
pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios (C.P.,
artículos 63 y 329).[20]
“45. Adicionalmente, la Corte ha
considerado que las comunidades indígenas, como tales, son sujetos de
derechos fundamentales. En este sentido, la Corporación ha manifestado que
"[e]l reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con
prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una
perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios
constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y
cultural y protección de la riqueza cultural."[21]
“A este respecto, la jurisprudencia ha
precisado que los derechos de las comunidades indígenas no deben ser
confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. Ciertamente,
cada comunidad indígena es un verdadero sujeto colectivo y no una
sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de derechos o
intereses difusos (C.P., artículo 88).[22]
“46. Con base en la anterior doctrina, la
Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares
las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la
subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P.,
artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual
se desprende no sólo de la protección a la diversidad y del carácter pluralista
de la nación (C.P., artículos 1° y 7°) sino, también, de la prohibición de
toda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la
propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63 y 329); y, el derecho a participar
en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus
territorios.[23] (Negrillas
y subrayas fuera del original)
Ahora bien, en cuanto a la forma de resolver la tensión que puede
presentarse entre los derechos de las comunidades indígenas y el sistema
general de derechos fundamentales consagrado en la Constitución, el fallo en
cita explicó lo siguiente:
“48. La Corte ha entendido que la
consagración del principio de diversidad étnica y cultural, del cual se derivan
los derechos fundamentales antes mencionados, se encuentra en una relación de
tensión con el sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución,
toda vez que, mientras el primero persigue la protección y aceptación de
cosmovisiones y parámetros valorativos diversos e, incluso, contrarios a los
postulados de una ética universal de mínimos, el segundo se funda en normas
transculturales y universales que permitirían la convivencia pacífica entre las
naciones.[24] Sin embargo, esta
tensión valorativa no exime al Estado de su deber de preservar la convivencia
pacífica (C.P., artículo 2°), motivo por el cual está obligado, a un mismo
tiempo, a garantizar los derechos de todos las personas en su calidad de
ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen
de la pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos. En esta
labor de equilibrio, el Estado debe cuidarse de imponer alguna particular
concepción del mundo pues, de lo contrario, atentaría contra el principio
pluralista (C.P., artículos 1° y 2°) y contra la igualdad que debe existir
entre todas las culturas (C.P., artículos 13 y 70).[25]
“En consecuencia, la Corporación ha
considerado que, frente a la disyuntiva antes anotada, la Carta Política
colombiana ha preferido una posición intermedia, toda vez que no opta por un
universalismo extremo, pero tampoco se inclina por un relativismo cultural
incondicional. Según la Corte, "sólo con un alto grado de autonomía es
posible la supervivencia cultural",[26]
afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural (C.P.,
artículo 7°), como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su
ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de mayor entidad que el
principio que se pretende restringir (C.P., artículos 246 y 330).
“En efecto, el respeto por el carácter
normativo de la Constitución (C.P., artículo 4°) y la naturaleza principial de
la diversidad étnica y cultural, implican que no cualquier norma
constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última,[27]
como quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de
valor superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a éste.[28]
En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto superior
se refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la
jurisdicción indígena, "resulta claro que no puede tratarse de todas las normas
constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la
diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La
determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el
principio de maximización de la autonomía."[29]
“49. Según la jurisprudencia de la Corte,
en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas,
determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa
y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren
referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra
los bienes más preciados del hombre."[30] (Negrillas
y subrayas fuera del original)
Finalmente, tratando de precisar cuáles eran los límites
susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de las
comunidades indígenas, la Corte sostuvo lo siguiente: (a) Que ciertos bienes
constituidos por el derecho a la vida, por las prohibiciones de tortura y la
esclavitud y por legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas
limitaban dicha autonomía.[31] (b) Recordó que la
Corporación había aceptado que se produjeran limitaciones a la autonomía de las
autoridades indígenas siempre que estas estuvieran dirigidas a evitar la
realización o consumación de actos arbitrarios que lesionaran gravemente la
dignidad humana. (c) Por último recordó que pese a que la Corte había
considerado aventurado establecer reglas generales para dirimir el conflicto
entre diversidad y unidad, lo cual significaba que la resolución de tal
conflicto debía hacerse a la luz de las particularidades de cada caso concreto,
según la cultura involucrada, su grado de aislamiento o integración respecto de
la sociedad mayoritaria, etc., sí había establecido una serie de principios
generales de interpretación, fundados en axioma según el cual la diversidad
étnica y cultural sólo podía ser limitada por normas fundadas en principios de
mayor monta. Dichas reglas interpretativas eran las siguientes: (1) a mayor
conservación de usos y costumbres, mayor autonomía y (2) el núcleo esencial de
los derechos fundamentales constitucionales constituía el mínimo obligatorio de
convivencia para todos los particulares.[32]
4.5 Estudio del caso concreto sujeto a decisión en la Sentencia
SU-510 de 1998.
Para resolver el caso concreto, en la Sentencia
SU- 510 de 1998 la Corte partió de la consideración
según la cual dentro del proceso de tutela se había demostrado que los dogmas y
prácticas religiosas de los indígenas arhuacos que habían abrazado la fe de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contradecían elementos centrales de la
cosmovisión arhuaca o ika. Adicionalmente, encontró que estaba probado que tal
contradicción comprometía seriamente la organización político - religiosa de la
comunidad, la obediencia y respeto a las autoridades tradicionales y el
acatamiento de normas tradicionales de la cultura arhuaca. En este sentido,
sostuvo que el ejercicio de la libertad religiosa por parte de los indígenas
que habían adoptado la fe cristiana evangélica amenazaba gravemente el derecho
fundamental a la integridad cultural de la población arhuaca o ika.
Se preguntó entonces la Corte si las autoridades tradicionales del
pueblo arhuaco estaban habilitadas para limitar la libertad religiosa de un
grupo minoritario de sus miembros, en aras de mantener la integridad y
diversidad de su cultura. Para responder este interrogante recordó que la
comunidad arhuaca se integraba en torno de sus creencias religiosas y que ellas
le conferían unidad al grupo. Que las autoridades religiosas tenían un campo de
acción y de responsabilidades en el que resultaba imposible distinguir la
esfera religiosa de la política. Frente a esta realidad, expuso que la
aspiración de los demandantes de ejercer y practicar la religión evangélica
introducía una tensión intensa difícil de aplacar, pues dado que el mandato que
habían recibido las autoridades tradicionales consistía en organizar la
convivencia de acuerdo con los mandamientos inscritos en el credo colectivo, no
era posible considerar que dichas autoridades tuvieran que garantizar dentro
del territorio bajo su jurisdicción las prácticas evangélicas. En este sentido,
el fallo indicó que “la correcta interpretación del principio de protección
de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, impide asignar a
las autoridades de un grupo indígena portador de arraigadas creencias
religiosas, la tarea de obrar como órgano garante de la apertura religiosa de
la respectiva comunidad.”
Ahora bien, en cuanto a la valoración de aquellas conductas
concretas que los demandantes denunciaban como violatorias de sus derechos
fundamentales, el fallo en cita consideró lo siguiente.
“Desde el punto de vista externo, las
conductas examinadas, podrían catalogarse como violatorias de la libertad
religiosa. En cambio, desde el punto de vista interno de la comunidad, tienen
un significado cultural plenamente comprensible como acciones dirigidas a
compensar un desequilibrio causado en el mundo y que debe subsanarse de una
determinada manera.”
Y para legitimar desde la perspectiva constitucional las denunciadas
conductas de las autoridades indígenas, el fallo agregó lo siguiente:
“Particularmente, en el caso de las
comunidades indígenas, la conservación de su cultura legitima con más fuerza el
empleo por parte de sus miembros de mecanismos para determinar la presencia de
“extraños” o “no-extraños” y poder comportarse en consecuencia. Si se insiste
en recortarles a estos grupos estos elementales mecanismos de defensa y
preservación, no será posible que ellos mantengan su identidad cultural.”
No obstante lo anterior, el fallo recordó que el respeto a la
persona humana impedía a las autoridades indígenas “incurrir en actos
arbitrarios y apelar a procedimientos inhumanos y degradantes para sujetar a
los miembros de la comunidad que se desvíen de los cánones tradicionales.”
Por ello, “si más allá de sancionar las conductas objetivas que violan los
usos y costumbres del pueblo indígena, de modo que ante la ley indígena todos
sean iguales, lo que se proponen sus autoridades es punir al no creyente por el
mero hecho de serlo, así este se someta a las reglas existentes, sin duda se está
frente a una manifestación de poder que la Constitución rechaza.”
Con fundamento en las anteriores consideraciones generales, la Corte
entró a analizar en detalle cada una de las acciones realizadas por las
autoridades indígenas, acusadas de ser vulneratorias de derechos fundamentales,
para comprobar si con ocasión del ejercicio de sus funciones se había
verificado un acto arbitrario lesivo de la dignidad humana de alguno de los
miembros de la comunidad. Al respecto, prosiguió el fallo estableciendo que la
creencia en el evangelio podía implicar que se incumplieran las normas
tradicionales de la comunidad por ser incompatibles con los mandatos bíblicos.
Y sostuvo que en este caso las autoridades estaban en su derecho de sancionar a
quien no obedecía en los términos en los que debían obedecer los restantes
miembros de la comunidad, pues “la interdicción de perseguir al disidente
por el mero hecho de serlo, no implica que éste adquiera un título válido para
dejar de cumplir las reglas de la vida comunitaria que todos deben acatar en
razón de su condición de miembros de la comunidad.” [33]
Respecto de la denuncia de los indígenas evangélicos, quienes
alegaban que las sanciones que se les imponen por la comisión de faltas comunes
eran más drásticas de las que se aplicaban a miembros no evangélicos de la
comunidad que cometen las mismas faltas, la Corte sostuvo que si bien las
autoridades tradicionales podían definir las faltas y las sanciones, debían
hacerlo con sujeción a los principios del debido proceso y respetando el
contenido mínimo del principio de igualdad; en tal virtud, no podían aplicar
sanciones más gravosas simplemente porque la persona en ejercicio de su
libertad religiosa optara por un credo distinto. Esto era desproporcionado y
violaba el núcleo esencial de la libertad religiosa y de la igualdad.[34]
En cuanto a la conducta de las autoridades indígenas de impedir la
práctica colectiva y pública de la religión evangélica, a través de medidas
tales como el cierre del templo y la prohibición del culto colectivo en lugares
públicos, la prohibición del proselitismo religioso, pero la aceptación de que
las personas pertenecientes a la iglesia evangélica practicaran su religión en
privado y de forma individual o en grupos familiares más o menos reducidos, la
Corte estimó que la viabilidad de la construcción y apertura de un templo
evangélico en territorio arhuaco correspondía ser decidida de manera libre y
autónoma a las autoridades indígenas.
En lo relativo a la conducta de las autoridades tradicionales de
discriminar a los miembros de la comunidad que profesaban el credo evangélico a
la hora de efectuar el reparto de las tierras y los recursos transferidos por
el Estado a la comunidad, al Corte aseveró que las cuestiones relativas al
reparto de bienes y recursos estaban, en principio, sometidas a la autonomía de
las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. No obstante, agregó que
existían unas limitaciones legales y constitucionales que restringían dicha
autonomía.
Tras estudiar las normas legales y reglamentarias relativas a los
resguardos indígenas y a las tierras destinadas a ser adjudicadas a las
comunidades ancestrales, la Corte concluyó que tales normas eran claras en
indicar que la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas se
diferenciaba de la que se realiza respecto de las comunidades campesinas “en
la medida en que la primera se funda en el vínculo indisoluble que une al
pueblo indígena con su tierra de origen. En otras palabras es la relación que,
en virtud de las especificidades culturales, tienen estos pueblos con la
tierra, la que orienta las políticas de constitución de los resguardos. Si la
cultura se desdibuja y se desmitifica la relación sacra con la tierra, estás
comunidades pasarán al estatus de una comunidad campesina. Igualmente, la
constitución de resguardos se justifica en la medida en que el usufructo por la
explotación de la tierra revierta en las comunidades indígenas que son sus
propietarias. Si, por cualquier vía, se priva a la comunidad de tales
beneficios y se permite que otros agentes sociales los obtengan, puede
afirmarse que se está perdiendo una de las razones para mantener la presunta
propiedad colectiva del resguardo.” Y con fundamento en las consideraciones
anteriores, concluyó sobre el punto lo siguiente.
“En el caso que se estudia, los indígenas
evangélicos se han apartado de la cultura tradicional que les vincula de modo
inescindible a la “madre tierra” y, adicionalmente, entregan a los
representantes de la IPUC el 10% de todo lo que producen, más la primera cría
de cada animal, el primer huevo de cada ave, y los otros bienes que, a criterio
de cada uno, sea adecuado transferir.
“En estas condiciones, no parece
desproporcionado que las autoridades tradicionales tomen en cuenta la
“identidad cultural” de las personas que habitan en el resguardo, a efectos de
hacer una distribución de la tierra con miras a mantener la propiedad colectiva
de la misma y de sus frutos, siempre y cuando no confisquen los bienes que han
sido entregados a las familias evangélicas y distribuyan el resto de la tierra
entre las familias indígenas de manera equitativa, con arreglo a las normas
tradicionales que se ocupen de la materia.”
Por último, la Corte estudió si las autoridades tradicionales
estaban facultadas para impedir que miembros no indígenas de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia entraran a territorio arhuaco con el fin de
predicar el Evangelio. Al respecto estimó que el asunto suscitaba un conflicto
entre la libertad de cultos de los miembros de dicha Iglesia pertenecientes a
la sociedad mayoritaria y los derechos fundamentales a la integridad cultural y
a la propiedad colectiva del pueblo arhuaco sobre su resguardo, conflicto que
debía ser resuelto a favor de esta última categoría de derechos, pues el pueblo
arhuaco tenía la posibilidad de ejercer todas las prerrogativas que dimanaban
de su derecho fundamental a la propiedad colectiva, las cuales sólo podrían
resultar limitadas en el caso de enfrentarse a intereses o bienes
constitucionales de mayor importancia. En el caso concreto no existía un
interés constitucional de mayor jerarquía que los derechos fundamentales del
pueblo arhuaco a la integridad étnica y cultural y a la propiedad colectiva
sobre su resguardo. Sobre el particular explicó concretamente lo siguiente:
“…aún cuando la prohibición impuesta por
las autoridades tradicionales a los pastores y miembros no indígenas de la IPUC
de no entrar al resguardo, de construir templos y de llevar a cabo actividades
de proselitismo religioso dentro del mismo, significa una limitación al derecho
fundamental a la libertad religiosa de esas personas, tal limitación no es
irrazonable. Ciertamente, la limitación estudiada no obedece a motivos
arbitrarios, pues su único fundamento consiste en proteger la integridad
cultural del grupo indígena y precaverlo de influencias de la sociedad
mayoritaria que le podrían resultar perjudiciales, motivación que, como fue
estudiado, encuentra pleno asidero constitucional en las disposiciones del
artículo 7° de la Carta Política.”
4.6 Decisiones adoptadas mediante la Sentencia SU-510 de 1998.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte confirmó
las decisiones de instancia proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y por la Corte
Suprema de Justicia, que habían denegado la tutela interpuesta por la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia, pero que habían tutelado el derecho fundamental
a la libertad de cultos de los indígenas, ordenando a las autoridades
tradicionales demandadas respetar y tolerar a los demandantes y advirtiendo a
estos últimos que, en el ejercicio de su libertad de cultos, debían respetar el
orden tradicional y la propiedad colectiva del resguardo.
4.7 Conclusiones relevantes
De todo el recuento anterior, la Sala destaca ahora las siguientes
conclusiones, extraídas directamente de la Sentencia SU-510
de 1998, relevantes para el estudio de esta nueva acción de tutela y para la adopción de
la decisión judicial en el presente caso:
a. Los dogmas y prácticas religiosas de los
indígenas arhuacos que han abrazado el la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia contradicen elementos centrales de la cosmovisión arhuaca o ika. En
este sentido, el ejercicio de la libertad religiosa por parte de los indígenas
que han adoptado la fe cristiana evangélica amenaza gravemente el derecho
fundamental a la integridad cultural de la población arhuaca o ika.
b. La Constitución Política autoriza a las
autoridades tradicionales del pueblo arhuaco o ika el derecho de organizar la
convivencia de acuerdo con los mandamientos de su credo colectivo, por lo cual
dichas autoridades no tienen la obligación de garantizar dentro del territorio
bajo su jurisdicción las prácticas evangélicas o cualquier forma de ejercicio
de la libertad religiosa que contradiga dicho credo colectivo.
c. La conducta de las autoridades indígenas de impedir la práctica
colectiva y pública de la religión evangélica, a través de medidas tales como
el cierre del templo y la prohibición del culto colectivo en lugares públicos y
la prohibición del proselitismo religioso, desde la perspectiva constitucional
resulta legítima como medio para garantizar la identidad cultural del pueblo
arhuaco. La viabilidad de la construcción y apertura de un templo evangélico en
territorio arhuaco corresponde ser decidida de manera libre y autónoma a las
autoridades indígenas.
d. Debe aceptarse que las personas pertenecientes a la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia practiquen su religión en privado y de forma
individual o en grupos familiares más o menos reducidos.
e. Las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco están en su
derecho de sancionar a quien no obedece las normas tradicionales de la
comunidad en los términos en los que deben obedecer los restantes miembros. No
obstante, el respeto a la persona humana impide a las autoridades indígenas “incurrir
en actos arbitrarios y apelar a procedimientos inhumanos y degradantes para
sujetar a los miembros de la comunidad que se desvíen de los cánones
tradicionales.” En cualquier caso, no es posible “punir al no creyente
por el mero hecho de serlo”. Tampoco pueden aplicarse sanciones más
gravosas simplemente porque la persona en ejercicio de su libertad religiosa
haya optado por un credo distinto.
f. En lo relativo al reparto de la tierras colectivas, la Sentencia
concluyó que en cuanto la cultura tradicional de los arhuacos les vincula de
modo inescindible a la “madre tierra”, no parecía desproporcionado que las
autoridades tradicionales tomaran en cuenta la “identidad cultural” de las
personas que habitan en el resguardo, a efectos de hacer una distribución de la
tierra con miras a mantener la propiedad colectiva de la misma y de sus frutos.
5. La situación fáctica que motivó esta nueva acción de tutela.
Estudio de las pruebas recaudadas por la Corte Constitucional.
Con el objeto de establecer si la situación fáctica es igual o
similar a la que fue analizada por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-510 de 1998, o si ahora representan hechos nuevos
que impliquen la adopción de una decisión distinta o parcialmente distinta a la
tomada en esa oportunidad, pasa la Sala a estudiar las pruebas recogidas por el
Despacho del magistrado sustanciador dentro del presente proceso. Para ese
propósito, inicialmente se transcribirán los apartes más relevantes de las
declaraciones de los interesados y del señor alcalde del municipio de Pueblo
Bello, y luego se hará una valoración probatoria de dichas declaraciones.[35]
5.1. Declaraciones de arhuacos miembros de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia.
5.1.1 Declaración del señor Rogelio Torres, demandante dentro de
este proceso.[36]
Dentro de la audiencia para declaración de parte ordenada por los
magistrados que conforman la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
y llevada a cabo el día 6 de septiembre de 2007, el señor Rogelio Torres,
demandante dentro de este proceso, entre otras cosas declaró ante los
magistrados auxiliares de Despacho del magistrado sustanciador lo siguiente:
- A la pregunta relativa al lugar de su residencia, respondió: “Vivo
en Pueblo Bello por causas del desplazamiento. … Pueblo Bello es zona de
ampliación. Quiere decir que eso se compraría y que sería zona del resguardo. …
Esa tierra no sería para nosotros como cristianos sino para las autoridades
tradicionales….”.
- A la pregunta relativa a la iglesia a la que pertenece, respondió:
“A la Pentecostal Unida de Colombia. Soy un líder, un pastor, cuido al
grupo. El grupo esta compuesto… por más de 300 personas, pero hay más líderes.
… Hay aproximadamente 2000 arhuacos cristianos. En general la comunidad
general de arhuacos es de 27 a 24 mil.” (Negrillas y subrayas fuera del
original)
- A la pregunta relativa al tiempo que
llevaba profesando la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
respondió: “Aproximadamente desde hace 50 años, por lo que yo nací en el
evangelio. Ahora es algo natural. Todos somos arhuacos, pero algunos
se fueron vinculando a este grupo religioso. De ahí se ha ido multiplicando. No
es que nosotros vamos conquistando a otros de la comunidad, sino que ellos
vienen cuando ven nuestra transformación. Eso porque a nosotros no nos
gustan las prácticas rituales o la adoración a ciertas cosas, al cerdo y
como los demás ven nuestro cambio de pensamiento, por el evangelio, no hay
necesidad de ir a evangelizar, sino que los demás vienen a buscarnos.”
(Negrillas y subrayas fuera del original)
- A la pregunta relativa al lugar donde su grupo practica el culto
respondió: “… ahora veníamos haciendo el culto en paz, con un acuerdo con la
comunidad. Hacíamos obras, colaborábamos, veníamos durante 10 años colaborando
y conviviendo. Pero de pronto nos atacaron de la noche a la mañana, en
el año 2006…” (Negrillas y subrayas fuera del original)
- A la pregunta relativa a los hechos que motivaron la acción de
tutela, acaecidos en marzo y septiembre de 2006, respondió: “El cabildo[37]
citó a los demás cabildos de la comunidad, hizo carta en la que citó como a 500
personas de todas las zonas. En la carta decía que era para la toma de nuestra
casa. No tengo copia de esa carta. Así la amenaza fue fuerte. Como antes lo
había hecho tumbándonos la casa. Antes en El Playón fuimos expulsados por gente
armada. Como teníamos conocimiento, saqué el cuerpo, es decir, me escondí,
porque me amenazaron por no ser parte del territorio. Como ellos cuando se
reúnen no hay perdón ni misericordia, lo que ellos digan es. En esas ellos
comenzaron a perseguirme, mandándome un semaneo -policía- con varias personas,
pero me vine a Valledupar. En una noche me llegaron varias personas, a veces
embriagados. Al ver la amenaza saqué el cuerpo y nos fuimos. Ellos querían que
entregáramos la casa. Ese terreno es propio de nuestros antepasados. Ese
terreno es un patrimonio de antepasados, no es de las autoridades. Ellos
querían que firmara, entregando la casa. Todo para que quedara como entrega
voluntaria de la casa. Nos decían que podíamos quedarnos con la casa si
abandonábamos la fe cristiana. Pero les dijimos que preferíamos salir del
territorio antes que dejar nuestras creencias. Eso provoco el desplazamiento.
Prácticamente salimos más de 100 personas. Eso ha generado una pérdida en
economía. Llegamos a Pueblo Bello, ante el alcalde, Javier Landazábal,
quien nos prometió un pequeño resguardo, pero que posteriormente, por
seguridad, y por presiones, no pudo darnos el terreno. Después conseguimos
una tierra en un corregimiento llamado Palmarito, un terreno que tenemos
compromiso de pagar. En Palmarito vive la gente, yo vivo en Pueblo Bello,
pero el resto de nosotros vive en Palmarito. Allá no hay nada, llevamos
recursos para allá.- No hay servicios públicos, trabajamos la tierra con maíz y
pancoger, tenemos niños y mujeres. Las autoridades tradicionales dicen que
tampoco allá nos podemos quedar, porque esa también es zona de ampliación.
Dicen que esa zona esta llamada a ser también del resguardo, por lo que también
tendríamos que irnos del Palmarito. Nuestra visión es de paz y de
convivencia, pero ellos nos han acosado, lo que queda es matarme, no me quedó
recurso más que presentar la demanda.”
“…En septiembre, en Peñimaque o Sabana del Jordán, la persecución
también toco a otro grupo de la zona oriental. Ellos sí están aguantando la
persecución. Si hubiera un resguardo aparte
nos iríamos todos. Mi propuesta es que el Estado mirara esta situación que no
soportamos más. Hemos soportado pero sigue la persecución, todos los cristianos
arhuacos preferimos un resguardo menor con propia gobernabilidad. El terreno
del Palmarito vale 200 millones, que no hemos pagado nada, pero que en
diciembre debemos pagar 50 millones. Se lo compramos a un particular (entrega
fotocopia de la promesa de compraventa)[38]. Nos ha
tocado enterrar a la gente. Nosotros no hemos perdido la cultura. Todos somos
los mismos y nos vestimos igual. Pero cuando van a pedir cosas al estado, se
ponen vestido tradicional. Yo me visto igual allá que acá.” (Negrillas y
subrayas fuera del original)
- En relación con otras vulneraciones de derechos denunciadas en la
demanda, el declarante dijo lo siguiente: “Toda la ayuda de Gobierno
dicen ellos que es para los tradicionales. Cuando vamos a centro de salud nos
atienden pero sin ganas…. Porque no hacemos pagamentos u ofrendas rituales a
las cosas. Para nosotros eso es perder tiempo. Yo respeto la
naturaleza. Nos dicen saqueadores de oro, pero nosotros no conocemos el oro…
hace cuarenta años no lo he visto. Pero ellos se quedan con el terreno.
Tampoco tumbamos bosques ni tomamos decisiones de esas…. La gran mayoría de
los hijos de los cristianos no estudian. La gran mayoría están
sisbenizados. Nos da pena a veces ir a los sitios de salud y hasta
desconfianza.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
5.1.2 Declaración del señor José Asunción Niño, miembro de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.[39]
Dentro de la misma audiencia para declaración de parte ordenada por
los magistrados que conforman la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional y llevada a cabo el día 6 de septiembre de 2007, el señor José
Asunción Niño declaró ante los magistrados auxiliares de Despacho del
magistrado sustanciador lo siguiente:
- Preguntado acerca de sus generales de Ley, respondió: Vivo en
Palmarito. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida. Soy miembro de la Iglesia
desde 1981, mis padres no conocieron esta religión, ellos son arhuacos. Sin
mezcla, son 100%0 arhuacos… Como unas 80 personas que hemos salido. … Como
nos cerraron la predicación del evangelio, salimos a Pueblo Bello porque nos
persiguieron y luego a Palmarito. Otros se quedaron en el Resguardo, son muy
pocos, pero se quedaron por falta de recurso.” (Negrillas y subrayas fuera
del original)
- Preguntado por las razones por las cuales había salido del
Resguardo y ahora residía en Palmarito, respondió: “Por el evangelio. Nos
quitaron los trabajos. De la iglesia salimos tres personas favorecidas con
subsidio de vivienda, pero las autoridades nos llamaron y nos dijeron que nos
dejaban la casa si practicábamos la tradición. Como no aceptamos, nos quitaron
la casa. Los mamos realizan sus ritos antiguos, que adoran las piedras y las
materas, pero como dejamos esos ritos, nos quitaron la casa. Nos han venido
quitando el derecho a la salud. Nos atienen sin ganas, de últimos, pero el
servicio es muy malo, muchos hijos fallecieron por falta de alimentos. A mi se
me murieron dos hijos por esa causa. … Nos dijeron que si queríamos
estar en el territorio, debíamos convertirnos nuevamente, pero que si no, nos
teníamos que ir. Ya estamos desplazados hace casi 18 meses. … Los hijos de los
cristianos son maltratados. Así que decidí no llevar más mis hijos al
colegio.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
- Preguntado acerca de cómo sobrevivían en Palmarito, contestó:
“Cultivamos maíz. Pero en la sierra tampoco teníamos ayuda del Estado porque
nos lo han negado. En Palmarito la tierra es de un señor Gonzalo Jiménez.
Nosotros vamos a pagar esa tierra, pero el dinero es escaso. Lo poquito que
hemos sembrado nos alcanza apenas para pagar. La Iglesia Pentecostal no tiene
fondos para eso.”
- Preguntado acerca de cómo se atendía la salud de los cristianos en
Palmarito, respondió: “Una brigada pero es muy pobre y no tiene plata.”
- Preguntado acerca de si había sido presionado a abandonar sus
creencias, dijo: “Si, llegaron unos 500 indígenas que venían contra
nosotros. EL pastor Rogelio se fue. Ellos llegaron y nos pidieron la firma,
pero decidimos que no la íbamos a dar. Dijimos que no firmábamos. Por eso nos
dijeron que esa casa –Leonor Zalabata dijo- que esa casa iba a ser migajaba
(Sic), que nadie podía contra esa decisión. Nos amedrentaron y nos
rodearon durante 24 horas. No pudimos salir de la casa ni para comer, había
niños. Ellos pedían la firma, pero nos negábamos…. Ellos quieren arreglar con
nosotros, pero hace 30 años que venimos sufriendo esto. Lo que viene del
Estado nos lo quitan, ellos se valen del censo y no nos tienen en cuenta.
Queremos que se nos cree un resguardo aparte para vivir.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
5.1.3. Declaración del señor Huberney Mestre, miembro de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia.[40]
Dentro de la misma audiencia para declaración de parte ordenada por
los magistrados que conforman la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional y llevada a cabo el día 6 de septiembre de 2007, el señor
Huberney Mestre declaró ante los magistrados auxiliares de Despacho del
magistrado sustanciador lo siguiente:
-Preguntado sobre sus generales de ley, dijo: “Vivo en Pueblo
Bello, solo. Mi familia queda en Caja Yewrea, territorio de resguardo.
Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida. Soy miembro de la iglesia desde
1996. Mis compañeros se vincularon antes.”
-Preguntado sobre el lugar donde se realiza el culto de su Iglesia,
dijo: “Actualmente allá arriba no se hace ninguna reunión de culto,
porque no nos lo permiten. Se está haciendo en el Barrio Ariguaní, municipio de
Pueblo Bello. Los que viven en el resguardo no pueden ir. Mis hijos y esposa no
pueden ir al culto. Mi familia se quedó sin refugio porque los despojaron.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Preguntado acerca de si era fácil para quienes viven en el
resguardo asistir al culto afuera del mismo, respondió: “Es difícil porque
se demora uno de cuatro a cinco horas. Siempre ha sido esa la distancia.”
-Preguntado acerca de si había sido perseguido en razón de su fe
cristiana, respondió, entre otras cosas, lo siguiente: “En 2001 se presentó
un proyecto de mejora y vivienda… Cuando sale el proyecto en el mismo año en
curso se nos obliga a hacer el trabajo tradicional a cambio de la casa, pero
no quisimos hacer el trabajo tradicional, por lo que nos quitaron la casa.
Nos dijeron que la casa era solo para los tradicionales ¿Por qué nos
discriminan a pesar de ser arhuacos nativos, de la Sierra, y estar en un país
democrático? Yo quiero que ellos nos cedan el derecho a expresarse, a la
igualdad, a tener una buena vivienda, una finca, un buen desarrollo social en
salud, educación etc. Igual que ellos. Sería bueno que fuera en el resguardo,
pero como ellos creen que es mejor que estemos afuera, entonces sería bueno que
fuera afuera.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Al ser interrogado acerca de otra cosa que quisiera agregar,
manifestó: “Al quitarnos el trabajo, lo que viene de transferencias,
no nos tienen en cuenta. Nos lo quitan. Nos obligan a hacer los
rituales que ellos nos obligan a hacer. Que el gobierno nos colabore y nos
escuche. Estamos pasando una tragedia que no se la imagina.” (Sic) (Negrillas y
subrayas fuera del original)
5.1.4 Declaración del señor Aquilino Izquierdo, miembro de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.[41]
-Preguntado sobre sus generales de ley, contestó todo esto: “Vivo
en Sabana Crespo, zona oriental. Dentro del resguardo. Soy líder de la Iglesia
Pentecostal Unida. En donde vivo hay 180 miembros con todo y niños. Practicamos
el culto a una hora de Sabana de Crespo. Queda dentro del resguardo. Para
hacerlo por fuera es muy lejos, casi cinco horas.”
-Interrogado acerca de desde cuándo profesaba la fe de la Iglesia
Pentecostal, dijo: “Yo hace 23 años, pero la iglesia está hace 50.
-Preguntado respecto de si había sido perseguido por razón de su fe,
dijo: “He estado preso por tres días por la fe. Ante autoridad no tengo
ningún delito. Pero por ser líder, me han metido a la cárcel. No me han
pegado. Otra vez estuve en la cárcel... Me han obligado a firmar a la fuerza,
para luego decir que fue voluntario. Y para renunciar a la Iglesia Pentecostal.
En septiembre del 2006 la señora Leonor dice que dentro del territorio no podía
practicarse la religión evangélica, pero nosotros hemos creído eso siempre,
algunos somos nacidos en el evangelio. Materialmente, trabajamos con ellos,
pero tenemos la fe. Nos dijo que para quedarnos en el territorio teníamos
que practicar la tradición y abandonar el evangelio. Ellos tienen autoridad,
pero deben respetarnos. Nosotros no vamos adonde ellos hacen sus pagamentos.
Pregunto: ¿Cómo es posible que seamos del mismo territorio y debamos
abandonarlo para irnos a otro lado? ¿Para donde nos vamos a ir? Ellos no nos
reparten los subsidios, no nos incluyen en el censo para la plata. Queremos
saber: si no podemos vivir en el territorio, entonces que nos busquen una
tierra fuera del resguardo y nos compren la parcela que tenemos.” (Negrillas y
subrayas fuera del original)
-Interrogado respecto de dónde era atendida su salud, dijo: “En
el resguardo pero no nos atienden de buena gana. Nos insultan. Pero no nos
niegan las medicinas.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado respecto de qué ritos se negaban a cumplir los
cristianos, respondió: “Los pagamentos, los ritos a la tierra, a las aguas,
a los árboles. Pero nosotros creemos en un solo Dios.”
-Interrogado acerca de qué quería agregar, dijo: “Queremos un
acuerdo con ellos. Si no hay acuerdo, queremos un propio territorio, para no abandonar
la fe. Si yo no siento que quiera cambiar mi fe, no estoy obligado a hacerlo.
Queremos respeto de ellos. Donde hacemos el culto teníamos una enramada que
ellos quitaron y destruyeron. La casa la hicimos con esfuerzo y no nos
beneficiamos con la plata el gobierno. Nos duele que nuestra propia etnia nos
haga esto.”
5.1.5 Declaración del señor Aurelio Izquierdo, miembro de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia.[42]
Respecto de la declaración de parte rendida por el señor Aurelio
Izquierdo, en el acta de la diligencia correspondiente se lee literalmente lo
siguiente:
“PREGUNTADO. Donde vive actualmente?- RESPONDE Vivo en Agua Dulce,
Sabana Crespo. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal desde hace 10 años.
PREGUNTADO. Dónde practica el culto? CONTESTA: En Aguadulce, donde nos
arrebataron la casa. PREGUNTADO. Se ha sentido perseguido por ser de la Iglesia
Pentecostal? CONTESTADO. Fui preso porque mis hijos habían aceptado el
evangelio. Después fui perseguido. Yo iba al culto a un sitio que quedaba a
dos horas. Me enviaron diez semaneros –policías- a seguirme. Yo iba con mi
esposa y la maltrataron, y a mi hijo lo amarraron pero a mi no me hicieron
nada. Fue hace como diez años. Me bajaron al pueblo y me arrestaron tres días
sin alimentos. La persona que autorizó se llama Urbano Izquierdo. Ya iba a
cumplir los 3 días sin comida cuando vinieron dos evangélicas ancianas que
pidieron el favor de que me dieran comida. Después que me alimentaron, había
unos jóvenes que al ver que me tenían preso, vinieron a sacarme, pero por
respeto a la autoridad me quedé ahí. Después yo me fui y me metí más arriba de
Pueblo Bello, donde viví cinco meses. Mi esposa todavía sufre de un golpe que
sufrió en ese tiempo. PREGUNTADO.- ¿Le han negado derechos por ser de la
Iglesia Pentecostal? CONTESTADO. No he recibido beneficios. PREGUNTADO.
Estaba presente en la reunión de septiembre, cuando dijeron que iban a tumbar
la casa? CONTESTADO. Antes de de esos hechos, hemos sido perseguidos siempre. Por
causa de resistir fue que ellos tomaron la medida de desentechar la casa.
Eso ha pasado por muchos años. PREGUNTADO. Le han dicho que debe irse del
resguardo? CONTESTA.- Al grupo todo le han dicho que debe salir, pero no
hay justicia para nosotros, no nos escuchan. PREGUNTADO- Desea agregar algo?
CONTESTA. En la asamblea, la señora Leonor Zalabata dijo que esa ley que ella
tenía en la mano ni siquiera la conocía Uribe, y que esa ley era obligatoria
así ellos fueran adonde fueran. Nosotros queremos la pronta solución a este problema.”
(Sic) (Negrillas y subrayas fuera del original)
5.1.6 Declaración del señor Eugenio Torres, miembro de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia.[43]
Respecto de la declaración de parte rendida por el señor Eugenio
Torres, dentro del acta de la diligencia correspondiente se lee literalmente lo
siguiente:
“PREGUNTADO.- Dónde vive actualmente? RESPONDE: Vivo en Sabana
Crespo. Soy MIEMBRO de la Iglesia Pentecostal desde hace 45 años. Mis papás
eran creyentes y me educaron en la fe. PREGUNTADO. ¿Ha sido perseguido?
CONTESTADO. Desde niño nací con padres creyentes, mis padres fueron presos y
siendo yo hombre también fui preso varias veces. Tenía mi hogar y mis hijos
y aun así me llevaron preso. Sólo por ser evangélico. PREGUNTADO. Se ha sentido
discriminado por ser de la Iglesia Pentecostal? CONTESTADO. Nosotros no hemos
recibido ningún subsidio del gobierno, pero si he recibido atención a los niños
en colegios. En salud siempre nos dicen que no hay beneficios para los no
evangélicos. Nos atienden pero sin el gusto. No nos dan medicinas.
PREGUNTADO.- ¿Lo han obligado a firmar un documento para renunciar a su
religión? CONTESTADO. Sí le ha tocado firmar pero no le informan del acta que
le hacen, lo ponen a firmar pero sin saber el contenido. (Sic) PREGUNTADO.
¿Estaba presente en la reunión de septiembre? ¿Qué paso en ella? CONTESTADO.
Ellos hicieron una asamblea en septiembre, citaron a las comunidades, pero en
la reunión les avisaron que se iban a tomar el sitio donde se hacía el culto,
porque ellos habían prohibido seguir haciendo culto. PREGUNTADO
PREGUNTA. ¿Algo que quiera agregar? CONTESTA.- Estamos dentro del resguardo y
obedecemos el trabajo material, comunitario, aun donde ellos hacen los ritos
hemos ido a construir las casas. Ellos no nos hacen el reconocimiento y nos
dice que somos malhechores. Nunca nos han reconocido que les hemos ayudado a
construir su casa, y no nos dan ese reconocimiento.” (Negrillas y subrayas
fuera del original)
5.2 Declaración del señor Javier Landazábal Gómez, alcalde del
Municipio de Pueblo Bello.[44]
Dentro del testimonio rendido por el señor alcalde de Pueblo Bello
ante los magistrados auxiliares del Despacho del magistrado sustanciador, se
interrogó a dicho funcionario sobre algunos asuntos revelantes para la decisión
de este proceso judicial, obteniendo las siguientes respuestas:
-Preguntado acerca de la presencia de la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia en el Municipio a su cargo, respondió todo lo siguiente: “Yo me
enteré de la llegada de un grupo de indígenas al Municipio. Los que llegaron
inicialmente fueron 60 o 70 familias. Esas familias son grandes. Llegaron a
la alcaldía y pidieron ayuda. El municipio inicialmente les dio lo que pudo,
porque de las otras entidades no han recibido ayuda. No recuerdo cuánto
tiempo permanecieron, pero algunos todavía están allá. De Pueblo Bello salieron
a refugiarse a Palmarito, algunos, otros no hemos podido ubicarlos.
Nosotros tenemos un inconveniente y es que los recursos del Municipio… el
Municipio fue creado en 1987 y no había censo para decirle al Ministerio los
recursos que necesitábamos. El censo del año pasado nos lo dieron en
Marzo, luego los recursos nos los asignarán para el año que viene. Esos
recursos se entregan a los cabildos gobernadores y por ser indígenas cristianos
no reciben recursos. Además no puedo intervenir en el manejo de esos recursos.”
(Negrillas y subrayas fuera del original)
-Preguntado respecto de la manera en que las familias de la Iglesia
Pentecostal atendían sus necesidades básicas de salud, informó: “Ellos
tienen su carné pero se abstienen de ir a la IPS por la diferencia que tienen.
En el resguardo los niños atendían al colegio, pero creo que no están
asistiendo ahora por la situación que están viviendo. Yo creo que es una
comunidad que se debe catalogar como desplazada, porque somos testigos de que
ya no están en su tierra, que están pasando necesidades. Yo me
desplace a esa zona para tratar de intervenir en la solución pero se
disgustaron conmigo.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado acerca de si el Municipio administraba recursos
fiscales destinados a los indígenas, explicó: “No, no los administra el
municipio.”
-Preguntado acerca de si en el Municipio de Pueblo Bello había más
grupos indígenas, distintos de los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
respondió todo lo siguiente: “Hay otro resguardo menor que decidió
organizarse aparte por el manejo de los recursos. A ellos sí
les llega el dinero, les llega del Ministerio, a través de una cuenta de la
Alcaldía. La Alcaldía maneja ese dinero y se los entrega. Ellos se
independizaron y lograron que el Ministerio les diera esa asignación.”
-Preguntado respecto de la razón por la cual se decía que Palmarito
era “zona de ampliación”, explicó: “El resguardo recibe plata para comprar
más tierras. Ellos (se refiere a los arhuacos tradicionales) pretenden ampliar
su territorio con esa plata. Ellos pretenden ampliar el resguardo con el dinero
recibido por el Ministerio del Interior”. (Paréntesis fuera del original).
-Interrogado acerca de qué más quería agregar, dijo: “Que esa
comunidad reciba las ayudas mientras vemos como les colaboramos. Ellos
no reciben otra ayuda, son muy pobres. Sería bueno que otras entidades les
ayudaran.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
5.3. Declaraciones de parte rendidas por autoridades de la comunidad
arhuaca.
5.3.1 Declaración del señor Antonio Izquierdo, autoridad tradicional
de la comunidad arhuaca.[45]
-Interrogado sobre sus generales de ley, el declarante manifestó que
vivía en Sabana Crespo y era “cabildo”[46] en esa
localidad. De estado civil casado, “según la tradición”, dijo dedicarse “a
la familia y soy autoridad en los procesos de la comunidad, sigo siendo una
autoridad.”
-Preguntado acerca de si conocía los hechos que habían motivado la
interposición de la presente acción de tutela, dijo:
“Los Evangélicos, por tratarse de nuestra misma gente, son hermanos,
hemos querido que regresen a la vida indígena, porque eso fue los que
nos fue dejado como indígenas, tener el conocimiento propio, y en eso siempre
se ha insistido, cada vez que nos hemos acercado con ellos, deben
retornar a la vida indígena, seguir la tradición, pero la diferencia
reside en ese mensaje que siempre queremos darles. Esa diferencia la hace la
intromisión de una ideología que no es nuestra, que nació para otras sociedades
distintas a la nuestra. Hemos tratado de rescatarlos para acabar con esa
diferencia y recuperen el camino que hemos mantenido. Recuperar los valores
que nos identifican como indígenas, el uso del poporo, el intercambio de hayo,
y todo lo que nos define como indígenas. Ellos miran esto como algo diabólico.
Cuando quieren tomarse correctivos, se escudan en esa religión, porque tampoco
llevan esa religión como debe ser, las nuevas generaciones no lo hacen,
entonces se vuelven personas que desconocen los valores propios y tampoco
cumplen con los mandatos de la religión. En ningún momento se ha querido que
se vayan del territorio pero esto no es cierto… Cuando se trata de que retomen
el camino indígena, ellos siempre lo miran como un rechazo. La pregunta de
ellos es entonces, ¿adonde nos mandan? El cabildo dice que no se trata de eso,
sino de ser consciente de lo que somos, de nuestros compromisos indígenas, que
es lo que garantiza la vida indígena y el bienestar de las nuevas generaciones,
eso garantiza el bienestar de ellos. Como ese pensamiento no es nuestro, no sabemos
llevarlo, no nos corresponde. Esa religión es reciente mientras que nuestra
cultura existe hace miles de años.”(Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado acerca de si el presente asunto era simplemente un
conflicto religioso, o si implicaba otros aspectos, como el económico, explicó:
“En principio es porque nuestro territorio no admite pensamiento
distinto al nuestro, sin embargo, eso propicia
otras situaciones, que ellos mismos se van cerrando el camino. La
recuperación del territorio es de acuerdo al camino, a nuestra tradición.
Una persona no puede posesionarse de una tierra sin hacer el debido tratamiento
tradicional para que todo esté normal para no profanarla, hay que sanear la
tierra que se toma. Así como en la vida civil, en la ciudad, por tener agua,
hay que pagar impuesto, en fin, muchos impuestos, nosotros no pagamos impuestos
monetarios por los beneficios que recibimos de la naturaleza, pero sí ejercemos
la parte espiritual y tradicional que es lo que garantiza la existencia de la
vida, para mantener los elementos naturales, para que todos los fenómenos
tradicionales se mantengan. Ellos profanan los elementos culturales los
lugares sagrados, como en el caso de Palmarito, que hay una roca tradicional
que tiene un significado, cortan la mata de hayo. Aunque hay también
evangélicos que han retornado a la vida indígena, porque se dieron cuenta de la
equivocación. Las nuevas generaciones no pueden seguir en ese camino
equivocado.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Preguntado acerca de si la naturaleza había rechazado a las
personas que habían profanado los sitios sagrados, dijo: “Como no hay un
respeto a la naturaleza, y se trata de destruir, eso conduce a problemas, y no
va a haber lugar para estar bien, no hay mejor lugar que su propia tierra, y en
eso se ha enfatizado, no sólo con los evangélicos, porque también rechazamos a
los capuchinos, o al ILV –Instituto Lingüístico de Verano- una institución
religiosa norteamericana que retiramos de la Sierra.”
-Interrogado acerca de si deseaba agregar algo a su declaración,
expresó: “Los indígenas somos hijos de una sola madre, de un solo
territorio, y el compromiso es conservar ese pensamiento, que nos ha
garantizado vivir como indígenas y garantiza la existencia de nuevas
generaciones. A eso están llamados los hermanos evangélicos para retomar el
camino indígena.”
5.3.2. Declaración del señor Gelver Enrique Zapata Izquierdo,
indígena arhuaco coordinador de gestión del territorio del Resguardo.[47]
-Preguntado acerca de sus generales de ley, dijo: “… estado civil
casado, tengo 6 hijos. Residente en Yewrua. Soy el coordinador de gestión del
territorio del Resguardo. Se coordinan las actividades de infraestructuras,
accesión de tierras, coordinación de proyectos, etc.”
-Preguntado acerca de si la comunidad arhuaca tenía un proyecto de
expandir el resguardo, manifestó: “Si. El trabajo
que se está haciendo es con recursos del sistema general de participaciones. EL
75% de ese recurso está destinado a expandir el territorio hasta la línea
negra, a recuperar el territorio ancestral. Necesitamos el
territorio no sólo por una necesidad social, sino porque el territorio tiene
una función cultural en el pueblo arhuaco; recuperar el territorio es recuperar
los espacios en los que la comunidad se recrea culturalmente, porque ese
espacio está lleno de lugares sagrados que son espacios que cumplen una función
pública para el habitante arhuaco.”(Negrillas y subrayas fuera del
original)
-Interrogado respecto de si la salida del resguardo de los indígenas
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia podría ser una solución al
conflicto que se presenta con ellos, respondió: “Yo pienso que en parte
es más fácil que ellos vivan una vida de arhuaco a que se vayan del territorio….”
-Interrogado en torno del conocimiento que tuviera acerca de la
recuperación del territorio del resguardo, contestó: “En el desarrollo de la
recuperación territorial ha habido un esfuerzo amplio que dice que deben
cumplirse los preceptos internos de la ley de origen, que sirven de sostén para
recuperar el territorio. Pero para acceder a las tierras hay que hacer el
ejercicio cultural. Toda persona tiene acceso a la tierra pero si cumple
con los requisitos culturales.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado acerca de si existían problemas para atender la salud o
la educación de los arhuacos que optaron por la fe de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, respondió todo lo siguiente: “En Valledupar ellos reciben
la salud y educación sin problema. En Pueblo Bello, porque está anclado en
territorio indígena, hay muchos concejales evangélicos, hay incidencia
evangélica en la alcaldía, lo que significa que la relación se vuelve
conflictiva. La intención de nombrar un alcalde evangélico, hace que los
arhuacos se condicionen por ese hecho. Nosotros culpamos al municipio de Pueblo
Bello porque es la misma clase política del pueblo la que incide en la
comunidad. El municipio ha tratado de enmendar situaciones concretas de la
comunidad evangélica para arremeter contra la comunidad indígena. Les hacen ver
que el municipio sí soluciona problemas de la comunidad evangélica, pero existe
un internes detrás de los votos de esta comunidad, y en contra de nuestros
intereses. Hay un conflicto político entre el municipio y el resguardo, pues la
totalidad del municipio está inserta en el resguardo. En muchas comunidades
nuevas, el municipio ha intervenido y las acomodó en otros lugares. El
municipio insita a la gente a reubicarse en otros lugares, para aprovecharse
políticamente del hecho. Es el caso de Nuevo Colón o Palmarito, que nosotros
compramos. Allá dañaron unos sitios de pagamentos.”
5.3.3 Declaración del señor Geremías Torres, secretario del Cabildo
Gobernador[48].[49]
-Preguntado sobre sus datos generales, el señor Geremías Torres
declaró: “… estado civil casado, vivo en Simonolwa. Tengo ocho hijos. Soy el
secretario del Cabildo Gobernador.”
-Interrogado acerca del conocimiento que tenía de los hechos que
habían motivado el presente proceso de tutela, expuso todo lo que sigue: “Tenemos
un territorio que no sólo es un espacio de aprovechamiento físico sino que
tiene un componente sagrado. Todos los que profesan otra idea repercuten en
nuestro territorio porque todo, la luna, los manantiales, los humedales, tienen
un significado. Nuestra misión es salvaguardar el territorio, por lo que la
gente que no respeta eso, ya no puede cumplir con esas normas. Nosotros creemos
que nuestros antepasados nos dieron eso para conservarlo y conservar nuestro
pensamiento. Ellos han tomado la decisión porque incumplen los reglamentos
internos, por lo que siempre ha habido choques, porque dicen que no pueden ir
al territorio ni pensar libremente. Ellos no cumplen con los ritos de nuestra
cultura. A nivel de sociedad, la prestación del servicio de celaduría interna,
como un policía, pero ellos se niegan a prestar esos servicios. (Sic) Lo hacen
casi de manera obligatoria y creen que es persecución. Ellos dañan y tumban los
montes sin trabajo anticipado, que es lo que nosotros hacemos en los espacios
sagrados. Ellos se consideran como cualquier guaquero con los lugares sagrados
y no se sancionan sólo por su religión, sino por actuar en contra de nuestros
valores. No es sólo por ser pentecostales, sino porque no están actuando como
miembros de nuestra comunidad. Su misión es salvar su alma y su espíritu y no
salvar nuestro territorio. Ellos ya no hablan del territorio, sino de su alma.
Ya no respetan a las autoridades, sino verdugos que los persiguen cada vez
(sic), porque a ellos los dirigen los pastores. Ellos tienen el derecho a vivir
en nuestro territorio. Pero cuando se habla de deberes, y tengo el
reconocimiento de miembro de la tradición, ya no hacen los rituales propios de
la tradición, no están compartiendo con nosotros, pues no convergen. Cuando se
les llama la atención ellos se niegan a la educación, quieren crear su propio
núcleo de manejo, han puesto sus escuelas y capillas, y hemos dicho que no,
porque eso es contrario a la tradición. Las leyes protegen la diversidad
cultural y ellos tienen la libertad de estar en nuestro territorio pero no
vamos a estar bien si ellos deciden seguir practicando su rito. Ellos son
los que han entrado en nuestra casa y dicen que los estamos molestando.”
(Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado acerca de si los pentecostales habían salido
voluntariamente del resguardo, dijo: “Puede considerarse así, pero porque
hemos tenido asambleas en los que les hemos dicho, pero no ha habido violencia
para sacarlos. Creo que si ellos libremente fueran a ejercer su culto,
deberían buscarse otro espacio por fuera de la línea negra, que ya no es
espacio nuestro. Y que no hubiera pastores ahí. La gente a veces es débil y
van a cantar y no porque están convencidos de su realidad histórica. Ellos
sufren el lavado de cerebro. Para nosotros es mejor que abandonen eso.
Nosotros representamos a la asamblea de los arhuacos. Tenemos que defender los
intereses de nuestro pueblo. Uno es nuestro pensamiento, unidos los cuatro
pueblos, debemos defender el territorio, ellos son miembros que se han salido
de su corral, si en este momento recibimos más quejas, ellos no tienen competencia
para hacerlo y si dicen que los estamos destruyendo, eso es calumnia. Pido la
intervención del alto gobierno pero no es cierto que los estemos maltratando.
No podemos permitir que sigan demandando a sus propias autoridades.”
5.3.4. Declaración del señor Hermes Enrique Torres Solis.[50]
-Interrogado sobre sus generales de ley, el declarante manifestó lo
siguiente: “Mi nombre es Hermes Enrique Torres Solís,… estado civil casado,
con tres hijos. Antropólogo. Hago acompañamiento en distintos temas de la
comunidad indígena.”
-Interrogado acerca de si conocía los hechos que motivaban la acción
de tutela, respondió: “Es una reacción que se viene dando por parte de un
grupo evangélico, que son nuestros hermanos y familiares, por las medidas que
se han tomado en lugares donde ellos se han fortalecido, en la Yewrwa,
Simonorwa y Piñímaque. Ellos iban avanzando y empezaron los choques con la
comunidad, entre los evangélicos y la comunidad en general. Ellos siempre han
desconocido las autoridades propias han querido constituirse en un grupo aparte
y reconocen como autoridades a sus pastores, a los que lideran esa religión.
Pero así como hay derechos de los indígenas, hay deberes. Pero en últimas,
se trata de poder rescatarlos, de que retornen a la vida indígena,
paulatinamente, que puedan volver a la vida indígena, porque somos conscientes
de que son nuestros hermanos y familiares. Quien propicia ese choque es un
pensamiento que no es nuestro.”
-Interrogado acerca de los hechos ocurridos en marzo y septiembre de
2006, contestó: “Creo que entre el 16 y 21 de marzo en la Yewrwa y en Sabana Crespo
en septiembre, a finales. En esos eventos tienen antecedentes. Hago un pequeño
antecedente. Los pueblos indígenas siempre hemos estado conscientes que tenemos
que relacionarnos con nuestro entorno, pero hay acciones que atentan contra la
permanencia de la cultura e identidad. Los valores que nos hacen ser diferentes.
Es el caso de la intromisión del misionero capuchino, que por muchos años
estuvo, pero en la medida en que la comunidad empezó a tomar su propio destino,
empezó a depurar muchas cosas. El desalojo de los capuchinos de Nabusímaque. La
presencia de los capuchinos propició el ingreso de otros actores, entre ellos
los evangélicos, pero la comunidad estuvo dispersa y ahí entraron los
evangélicos, pero por tratarse de gente nuestra, no se habían tomado medida.
Sin embargo, en algunos lugares donde hubo presencia evangélica, se tomó una
decisión de que no profesaran la religión dentro del resguardo. No obstante,
ello siguió, y el conflicto volvió a surgir. Fue allí donde la Corte
Constitucional dictó la sentencia y nos conformamos con la sentencia, pues
confiamos que ellos la iban a acatar. En vista de que eso se violaba, las
autoridades pusieron en ejercicio las medidas de la sentencia y eso produjo la
actuación de las autoridades tradicionales. Creo que esta situación
debe tratarse internamente, sin intervenciones de otras personas. Las
autoridades evangélicas son las que propician estas acciones, promoviendo por
ejemplo la presentación de la demanda. Incluso la alcaldía de Pueblo Bello
promueve estas reclamaciones, y eso ahonda más nuestras diferencias. Esperamos
que las autoridades tradicionales sean las que resuelvan estos conflictos.
Nuestro principio cultural es regenerar a quienes se han salido de la ley y de
lo que debe ser. Estas situaciones se prestan para que otros actores, incluso
armados, intervengan.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
-Interrogado acerca de si había habido actos para presionar a los
pentecostales a salir del territorio, expresó: “No propiamente, hubo
actos para impedir que ellos celebraran su culto dentro del territorio. Ellos
se reconocen, los reconocemos como indígenas, pero con la condición de que no
se pongan en contra de las autoridades y reglas internas. Además, ellos van
abandonando aquellos elementos que son centrales de la cultura, como que la
mujer ya no recoge la mata de hayo (coca), pues lo tienen prohibido, ya no
pueden intercambiar hayo, que es nuestra forma de saludarnos y de manifestarnos
la amistad. Lo relacionado con la cultura lo ven como algo diabólico, como despectivo.
Palmarito también está en nuestro territorio de recuperación, por lo que
allá tampoco podrían celebrar su culto.” (Negrillas y subrayas fuera
del original)
-Interrogado acerca de si pensaba que los indígenas pentecostales
tenían un deber de seguir perteneciendo a la cultura indígena, respondió: “El
indígena es indígena adonde quiera que vaya, por lo que lo correcto es que
vuelvan a esa vida. Incluso los evangélicos que nacieron en el evangelio
deberían volver a la vida indígena, porque ellos son indígenas, y deberían
recuperar su identidad.”.(Negrillas fuera del original)
-Preguntado acerca de cómo se distribuían los recursos entre los
miembros de la comunidad, dijo: “Por igual. Los recursos son mínimos pero se
reparten por igual a todos, como una comunidad. De hecho hay muchos arhuacos
que no se han beneficiado de los recursos sin ser evangélicos. Ellos también
tienen derecho a la educación, pero ellos quieren tener una educación
independiente. Se ha hablado de una educación propia, en la que se imparte el
conocimiento tradicional, pero también se recibe el conocimiento exterior. De
ahí a que se haya negado la educación a los evangélicos, no. Hay niños
católicos en colegios arhuacos, practican las dos religiones. Con los católicos
no hay un choque directo. … En el caso de las tierras, según lo manda mi
tradición, si yo voy a disponer algo de la naturaleza, debo hacer saneamiento,
igual las tierras de campesinos deben ser saneadas espiritualmente, porque son
lugares vulnerados, profanados, por eso hay que sanearlos, pero como los evangélicos
no pueden llenar esos requisitos, indirectamente se excluyen, pero no porque se
lo han negado, sino porque los recursos no son suficientes.” (Negrillas
fuera del original)
5.3.5. Declaración del señor Cabildo Gobernador del Resguardo
Indígena Arhuaco, señor Julio Alberto Torres[51].[52]
-Interrogado sobre sus generales de ley, el declarante manifestó lo
siguiente: “Mi nombre es JULIO ALBERTO TORRES,… estado civil casado, con
once hijos, oficio cabildo gobernador, manejo 27.000 arhuacos.” (Negrillas
y subrayas fuera del original)
-Durante la audiencia, el señor Cabildo gobernador respondió así a
las preguntas que le fueron formuladas por los magistrados auxiliares del
Despacho del magistrado sustanciador:
“PREGUNTADO. ¿Desde cuándo funciona la Iglesia Pentecostal en el
resguardo? CONTESTADO. Como 30 años. Anteriormente no había evangelización. Eso
hace poco tiempo que ha venido inyectándose por el proceso de la civilización.
Cuando era joven no conocía a los evangélicos. PREGUNTA. ¿Qué costumbres de
ellos chocan con las de ustedes? CONTESTA.- Nuestros dioses nos dejaron unas
costumbres y creencias propias, las practicamos y somos tradicionales, tenemos
que ver con eso. Si entra la parte de los evangélicos, que no son nuestros,
chocan ideológicamente con nosotros. No es fácil que convivamos porque ya no
hay igualdad, hay una individualización. Ellos desobedecen las órdenes. Si
nosotros vivimos nuestra tradición con seres de nuestro principio, ellos no
respetan esa tradición de la naturaleza. Nosotros como autoridad tratamos de
tener un orden. Ellos tienen derecho de vivir, pero ellos se las dan de que los
hemos echado el territorio, pero ello no es así. PREGUNTA.- ¿Hay algunas
medidas que se dan en educación o salud que tengan que ver con si la persona es
tradicional o evangélica?
CONTESTADO. No, es norma, es igual para todos
y no tiene que ver con la religión. Solamente allá choca cuando un civil se
matrimonia con el indígena. (Sic) Un civil es una persona que no es arhuaca.
Los arhuacos evangélicos no son civiles. PREGUNTADO. ¿Qué sabe del grupo que
tuvo que salir hacia Pueblo Bello? CONTESTADO.- Nosotros tenemos que tener un
régimen y cuando vemos que la cosa no está normal, ellos salen y se las dan que
son de desplazados. PREGUNTADO. Los pentecostales dicen que hubo unos hechos en
marzo de 2006. ¿Qué paso? CONTESTADO. Ese culto no debe hacerse dentro del
resguardo, porque eso choca ideológicamente. Y les dijimos que no podían hacer
ese culto. PREGUNTADO. ¿Por qué se fueron del resguardo, si usted dice que
no los presionaron? CONTESTADO.- Porque su mentalidad ya no se acostumbra a
obedecer el gobierno interno. PREGUNTADO. ¿Qué tiene que decir sobre la
destrucción del culto?. CONTESTADO.- Nosotros tenemos sitios ancestrales en que
no se pueden celebrar esos cultos. PREGUNTADO-.- ¿Ustedes les dan subsidio a
los pentecostales? CONTESTADO.- Les damos lo que necesitan, no les negamos
eso porque se los damos por igual. La tierra que tenemos no es suficiente y por
eso no alcanza para todos. Esta tierra se asigna a las familias y debe haber
condiciones. PREGUNTA. ¿Por qué los pentecostales se fueron hace un año si
habían vivido pacíficamente hace 40 años? CONTESTADO- No sé, hay que ver, pero
no es por presión ni a la fuerza. PREGUNTA. ¿Han sido ellos presos por ser de
otra religión? CONTESTA.- Muchas veces se arresta pero eso es normal, no tiene
nada que ver con el hecho de que sean pentecostales. PREGUNTADO-. ¿Cómo influye
el hecho de que algunos arhuacos no hagan pagamentos?- CONTESTADO. Todas las
sociedades del mundo tienen una ley de origen, desde su visión. Y eso se resume
como la ley de origen. Es el desarrollo de su comportamiento y de su identidad
y eso está ligado con la madre naturaleza. Tenemos el compromiso de cumplir con
esa ley, porque eso mantiene el equilibrio y el orden. Dentro de nuestros
territorios debemos seguir esa orientación. Cuando eso se pierde, atenta contra
la cultura y la identidad, que es lo que nos mantiene como indígenas hasta el
día de hoy. No se pueden tomar acciones como es el caso de las construcciones,
porque hay muchos lugares que son sagrados y que debemos ceñirnos a unas normas
y reglas culturales. No podemos talar, debemos hacer y rendir un tributo
simbólico para sanear los lugares y no alterar el orden. Así se contribuye a la
armonía de la naturaleza. PREGUNTADO. ¿Hay arhuacos que no profesan la religión
tradicional? CONTESTADO- Digamos que la religión católica sí hay, pero ellos
obedecen la tradición y hacen los pagamentos. Si hay otras religiones, pero
ellos respetan la tradición. Pero los monjes capuchinos, que los evangelizaron,
salieron de la Sierra. PREGUNTADO-. ¿Hay una Iglesia Católica en la Sierra?
CONTESTADO.- Si, sí hay una Iglesia Católica. PREGTUNTADO.- ¿Qué pasaría si los
miembros de la Iglesia Pentecostal vivieran en el resguardo pero no practicaran
el culto allí? CONTESTADO. Ellos pueden vivir ahí, pero mientras no haya
choque ideológico. PREGUNTADO-. Ustedes creen que deben recuperar a los
arhuacos que acogieron la Iglesia Pentecostal? CONTESTADO.- Si, eso es lo que
cuando nosotros hacemos las reuniones, hacemos. Que ellos vuelvan a lo
tradicional. Pero si ellos no están dispuestos, no llegaríamos hasta que se
vayan, lo que preferiríamos es que volvieran a la tradición. PREGUNTADO-.
¿Tiene algo más que decirnos? CONTESTADO.- El problema que vivimos es que como
territorio indígena debe haber gobierno indígena. Pero muchas veces vemos que
ellos ponen la demanda en la parte externa, porque hay una ley que ampara a los
humanos, pero a veces nos chocamos porque ellos vienen para afuera. Eso es lo
que no queremos. PREGUNTADO. ¿Tienen intenciones de ampliar el resguardo?
CONTESTADO. Si, hasta la línea negra.”
5.3.6. Declaración de la señora Leonor Zalabata, comisionada de
derechos humanos.[53]
Interrogada sobre sus generales de ley, la declarante manifestó: “mi
nombre es Leonor Zalabata,… estado civil casada, con cinco hijos, comisionada
de derechos humanos.”
En la declaración, la señora Zalabata dijo, entre otras cosas, lo
siguiente:
“PREGUNTADO.- ¿Qué conocimiento tiene de esta situación?
CONTESTADO. Creo que ha habido una permanente contradicción entre la tradición
y las personas que van aceptando otras religiones, entre los que se cuentan los
pentecostales. Esta ha sido más crítica con ellos, porque ellos prohíben
cosas esenciales a la cultura arhuaca, como el hecho de hacer pagamentos, la
integración del niño que nace a la tierra, la entrega de poporo, que marca la
adultez del varón, de los cuidados que hay que tener con las niñas en la
menarquia, etc. Estas prácticas son prohibidas por los evangélicos, lo que no
pasa con los católicos, pero sí con los evangélicos. La tolerancia de la
parte tradicional ha sido durante muchos años. Sin embargo, el problema se
agudiza cuando quienes adquieren otra mentalidad van alejándose de la autoridad
del territorio tradicional. Cuando ya no se quieren someter a las decisiones
tradicionales, que no es solo una cuestión de fe, sino que está vinculada a las
decisiones sociales, a la responsabilidad frente a la naturaleza, esta gente se
va haciendo distinta y alejándose de la forma de pensar de nosotros. Nunca
las autoridades arhuacas han demandado la disidencia, sino que ellos han
actuado en contra de las autoridades arhuacas, con la decisión de
demandarlas...
.. En el 2006 cuando hubo nuevas presiones sobre las cuestiones
tradicionales, iban aumentando la infraestructura de las capillas, cada vez más
complejas, el proselitismo, etc., las autoridades dijeron que iban a poner
freno, para evitar que se expandiera la evangelización. Llaman a las personas que lideran ese proselitismo y se generó una
nueva época… Esta situación se llevó ante la asamblea del pueblo arhuaco y se
decidió ir al terreno donde ellos estaban ubicados, en la región Yewrua. Hubo
una convocatoria de 400 personas aprox. Las autoridades indígenas, para entrar
a tratar el asunto, fueron llamados los evangélicos. Permanecimos como 4 días
en espera. El pastor no quiso acudir, acudieron otros. La desobediencia
a la autoridad indígena era clarísima. Luego hubo una decisión de la comunidad,
se fue al templo, se habló con ellos, se les dijo de la prohibición que tenían,
que no estaban de acuerdo. Ellos acusaban a las autoridades de maltratarlos
y negarles los servicios públicos, de persecución, en esa localidad. En el
sitio había autoridades de otras regiones y quiso resolverse el problema por
fuera del templo. El templo fue cerrado por las autoridades indígenas. Dijeron
que estaban dispuestos a no seguir haciendo el culto, y pidieron que si la
construcción iba para la comunidad, les gustaría que les reconocieran el
trabajo. Ese acuerdo no ocurrió con los que se fueron, pero sí con los que se
quedaron. Los que decidieron no hacer culto en el resguardo se quedaron y allá
están. Los demás, creo que se fueron. El pastor arhuaco no ha querido realizar
el dialogo con las autoridades indígenas. Esa fue una de las acciones que
realizaron las autoridades indígenas en el lugar. Hubo otras acciones similares
en otras regiones, en septiembre. Nosotros tuvimos la precaución y consideramos
entre todos que se les aportara a ustedes las actas de esas reuniones donde se
desarrollaron estos procesos de autoridades tradicionales. Vamos a entregares
un dossier de cómo las autoridades indígenas actuaron en Yewra y en Simonarwa,
Mamarwa y Sabana Crespo o Gun Aruwuy.[54] Estamos
ahora muy preocupados porque pudimos constatar en una reunión que se acaba de
hacer en Sabana Crespo, se analizó el tema de los evangélicos, respondiendo a
algunas cuestiones de la colectividad. Estuvimos hablando con las autoridades
arhuacas y pudimos analizar la situación grave de los evangélicos. Pues algunos
lugares han sido incendiados por ellos mismos.
… Palmarito es del territorio tradicional y es zona de ampliación,
ahí viven comunidades arhuacas tradicionales. La jurisdicción de las
autoridades tradicionales llega hasta donde llega el ámbito tradicional, que es
mucho más amplio del resguardo. La línea negra son los puntos límites del
ámbito tradicional de la cosmovisión de los cuatro pueblos de la sierra nevada
Arhuacos, Koguis, Wibas y Cancuamos.
PREGUNTADO. ¿Cómo cree que este conflicto debe solucionarse?.
CONTESTADO. Yo creo que si los arhuacos no tuvieran la presión, el apoyo de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros podríamos llegar a acuerdos.
Porque somos las mismas personas. Somos hermanos. Es que llegamos a tal punto
que muchas autoridades tradicionales son parientes de los pentecostales. En lo
de Pueblo Bello, ellos decidieron salirse, pero no por violencia, sino como
decisión que no tomaron a largo plazo. Si la iglesia no estuviera detrás de
ellos, convenciéndolos, sería mejor, lo mejor sería que esa Iglesia no
interviniera. PREGUNTA. ¿No sería mejor que ellos no vivieran en el resguardo?
CONTESTADO.- No sería una solución definitiva, porque en esos lugares también
hay comunidades tradicionales. Creo que debe haber un desmonte gradual de su
religión y que como indígenas arhuacos… y por eso en la educación, ésta
debe ser bilingüe intercultural. Pero ellos no aceptan ir a esas escuelas,
porque consideran que es lesivo de su manera de profesar el evangelio. Nosotros
no creemos que ellos puedan vivir humanamente fuera de su pueblo. Deben estar
protegidos por los derechos indígenas. Por ello creo que lo mejor es que
vuelvan a la tradición, a la tradición arhuaca, protegidos por los derechos que
tenemos en este país. Por eso nos ha tomado 45 años… intentando
recuperarlos. Nos preocupa que estén siendo manipulados. Vamos a reunirnos en
Palmarito para conocer el problema que está ocurriendo, contra bienes
culturales y porque allá se están instalando nuevamente grupos armados.”
5.4 Examen probatorio.
Al examinar tanto la demanda como las anteriores pruebas recaudadas
por el Despacho del magistrado sustanciador, la Sala encuentra lo siguiente:
5.4.1. Aunque la situación fáctica que motiva esta acción de tutela
es similar a la que dio origen a la interposición de la demanda que concluyó
con la Sentencia SU-510 de 1998, en la presente
oportunidad aparece un hecho nuevo que no se presentaba en la ocasión anterior,
cual es la salida del territorio del Resguardo de un amplio grupo de indígenas
que han abrazado la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia; esta salida
ha sido motivada por la decisión de las autoridades tradicionales del pueblo
ika o arhuaco de oponerse enérgicamente a la celebración del culto colectivo de
dicha Iglesia dentro del territorio del Resguardo. El grupo ha emigrado hacia
la vereda Palmarito, perteneciente al municipio de Pueblo Bello, Departamento
de Cesar, aunque dentro del territorio del Resguardo permanecen todavía
miembros indígenas de la citada iglesia cristiana.
En efecto, de la demanda y de las declaraciones de indígenas
arhuacos pertenecientes a la Iglesia Pentecostal recogidas como pruebas dentro
del presente proceso, se puede establecer que la acción judicial ahora
interpuesta denuncia violaciones a los derechos humanos similares a las
descritas en la anterior oportunidad, supuestamente cometidas por las
autoridades tradicionales del pueblo arhuaco en contra de indígenas
pentecostales; tanto ahora como antes se acusa a dichas autoridades de
perseguir a los demandantes por razón de su fe cristiana, haciéndolos objeto de
malos tratos y discriminación, desconociendo con ello los derechos a la
libertad de cultos, libertad de conciencia, libertad religiosa, libre
desarrollo de la personalidad, derecho al trabajo y derecho a la igualdad. En la primera demanda, decidida por esta Corporación judicial
mediante la Sentencia SU-510 de 1998, se afirmaba que, entre otras acciones,
las autoridades tradicionales habían decidido impedir, dentro del resguardo, la
práctica colectiva del culto evangélico; en esta oportunidad se denuncia
nuevamente esta restricción. En la primera ocasión se decía que las
discriminaciones de que eran objeto los evangélicos se hacían patentes a la
hora del reparto de bienes escasos como la tierra, o de servicios como el de
salud o educación, acusación que nuevamente se repite en esta oportunidad.
Respecto de los malos tratos, en la anterior demanda se decía que los indígenas
cristianos era castigados simplemente en razón de su fe, denuncia que
nuevamente se presenta en esa oportunidad.
No obstante, en esta segunda demanda los accionantes estiman que
adicionalmente se les ha desconocido su derecho “a no ser desterrados”,
ya que, en razón de sus creencias han sido forzados a emigrar con sus familias
por fuera del territorio del Resguardo arhuaco, lo cual les ha originado una
situación de vulneración de su vida en condiciones dignas.
Ciertamente, dentro de las afirmaciones vertidas en la actual
demanda y de las recogidas en las declaraciones rendidas por los indígenas
pentecostales, se encuentran expresiones como las siguientes, que permiten
arribar a las conclusiones que se acaban de exponer:
- “Vivo en Pueblo Bello por causas del desplazamiento…”[55]
- “Nos decían que podíamos quedarnos con la casa si abandonábamos la
fe cristiana. Pero les dijimos que preferíamos salir del territorio antes que
dejar nuestras creencias. Eso provoco el desplazamiento. Prácticamente salimos
más de 100 personas. Eso ha generado una pérdida en economía. Llegamos a Pueblo
Bello... Después conseguimos una tierra en un corregimiento llamado Palmarito….
Allá no hay nada, llevamos recursos para allá.- No hay servicios públicos…”[56]
- “Toda la ayuda de Gobierno dicen ellos que es para los
tradicionales. Cuando vamos a centro de salud nos atienden pero sin ganas…. Porque
no hacemos pagamentos u ofrendas rituales a las cosas. Para nosotros eso es
perder tiempo…. La gran mayoría de los hijos de los cristianos no estudian.”[57]
- “Como unas 80 personas que hemos salido. … Como nos cerraron la
predicación del evangelio, salimos a Pueblo Bello porque nos persiguieron y
luego a Palmarito. Otros se quedaron en el Resguardo, son muy pocos, pero se
quedaron por falta de recursos.”[58]
- “Los mamos realizan sus ritos antiguos, que adoran las piedras
y las materas, pero como dejamos esos ritos, nos quitaron la casa. Nos han venido
quitando el derecho a la salud. Nos atienen sin ganas, de últimos, pero el
servicio es muy malo, muchos hijos fallecieron por falta de alimentos. A mi se
me murieron dos hijos por esa causa. … Nos dijeron que si queríamos
estar en el territorio, debíamos convertirnos nuevamente, pero que si no, nos
teníamos que ir. Ya estamos desplazados hace casi 18 meses. …”[59]
- “…lo que viene de transferencias, no nos tienen en cuenta. Nos
lo quitan.”[60]
- “He estado preso por tres días por la fe. Ante autoridad no
tengo ningún delito. Pero por ser líder, me han metido a la cárcel. No me han
pegado. Otra vez estuve en la cárcel... Me han obligado a firmar a la fuerza,
para luego decir que fue voluntario. Y para renunciar a la Iglesia
Pentecostal.”[61]
5.4.2. Por su parte las autoridades tradicionales del pueblo
arhuaco, en la contestación de la demanda y en las declaraciones rendidas
dentro del presente proceso, respondieron a las acusaciones con similares
explicaciones a las que ofrecieron dentro del proceso que culminó con la
Sentencia SU-510 de 1998, pero adicionalmente admitieron que habían decidido
oponerse a la continuación del culto pentecostal dentro de su territorio,
emprendiendo acciones en ese sentido, y que recientemente se había producido un
éxodo de indígenas cristianos motivado por esa decisión. Ciertamente, dichas
autoridades sostuvieron, como en la oportunidad anterior, que las prácticas
religiosas de los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dentro
del Resguardo constituían una amenazan para la existencia del pueblo arhuaco y,
en consecuencia, para la vigencia de su derecho fundamental a la integridad,
identidad y diversidad cultural. Por ello, dijeron que las restricciones de
derechos que habían impuesto a los miembros de esa Iglesia cristiana estaban
justificadas por su “Ley de Origen” y por las normas de la Constitución
Política. Así, insistieron en que quienes vivían en territorio arhuaco debían
obedecer las normas de convivencia de esa cultura y respetar a las autoridades
tradicionales. Nuevamente explicaron que no rechazan a los arhuacos que han
abrazado la fe de la Iglesia Pentecostal, pero que estiman que deben
retractarse de ese “error” en el que han “caído” y volver a la forma de vida
tradicional. Ahora bien, dichas autoridades también admitieron que durante el
año 2006 habían decidido oponerse a la continuidad del culto pentecostal dentro
del Resguardo.
En efecto, dentro de las afirmaciones hechas en la contestación de
la demanda y en las declaraciones rendidas dentro del presente proceso, se
encuentran las siguientes que corroboran las anteriores conclusiones:
- “Los Evangélicos, por tratarse de nuestra misma gente, son
hermanos, hemos querido que regresen a la vida indígena… deben retornar a la
vida indígena, seguir la tradición… Hemos tratado de rescatarlos para acabar
con esa diferencia y recuperen el camino que hemos mantenido. ”[62]
- “… para acceder a las tierras hay
que hacer el ejercicio cultural. Toda persona tiene acceso a la tierra pero si
cumple con los requisitos culturales.”[63]
- “Pero en últimas, se trata de poder rescatarlos, de que
retornen a la vida indígena, paulatinamente, que puedan volver a la vida
indígena, porque somos conscientes de que son nuestros hermanos y familiares.”[64]
- “Los pueblos indígenas siempre hemos estado conscientes que
tenemos que relacionarnos con nuestro entorno, pero hay acciones que atentan
contra la permanencia de la cultura e identidad.”[65]
- “En el caso de las tierras, según lo manda mi tradición, si yo voy
a disponer algo de la naturaleza, debo hacer saneamiento, igual las tierras de
campesinos deben ser saneadas espiritualmente, porque son lugares vulnerados,
profanados, por eso hay que sanearlos, pero como los evangélicos no pueden
llenar esos requisitos, indirectamente se excluyen, pero no porque se lo han
negado, sino porque los recursos no son suficientes.”[66]
- “Ese culto no debe hacerse dentro del resguardo, porque eso
choca ideológicamente. Y les dijimos que no podían hacer ese culto.”[67]
- “…el problema se agudiza cuando quienes adquieren otra
mentalidad van alejándose de la autoridad del territorio tradicional. Cuando ya
no se quieren someter a las decisiones tradicionales, que no es solo una
cuestión de fe, sino que está vinculada a las decisiones sociales, a la
responsabilidad frente a la naturaleza, esta gente se va haciendo distinta y
alejándose de la forma de pensar de nosotros.”[68]
- “En el 2006 cuando hubo nuevas presiones sobre las cuestiones
tradicionales, iban aumentando la infraestructura de las capillas, cada vez más
complejas, el proselitismo, etc., las autoridades dijeron que iban a poner
freno, para evitar que se expandiera la evangelización. …Esta situación se
llevó ante la asamblea del pueblo arhuaco y se decidió ir al terreno donde
ellos estaban ubicados, en la región Yewrua. Hubo una convocatoria de 400
personas aprox. Las autoridades indígenas, para entrar a tratar el asunto,
fueron llamados los evangélicos. Permanecimos como 4 días en espera. El pastor
no quiso acudir, acudieron otros. La desobediencia a la autoridad indígena era
clarísima. Luego hubo una decisión de la comunidad, se fue al templo, se habló
con ellos, se les dijo de la prohibición que tenían, que no estaban de acuerdo.
Ellos acusaban a las autoridades de maltratarlos y negarles los servicios
públicos, de persecución, en esa localidad. En el sitio había autoridades de
otras regiones y quiso resolverse el problema por fuera del templo. El templo
fue cerrado por las autoridades indígenas.”
5.4.3. Finalmente, el hecho nuevo consistente en la salida masiva de
un gran número de indígenas arhuacos pertenecientes a la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, y su radicación en la vereda de Palmarito, municipio de
Pueblo Bello, aparece probado en la declaración del señor alcalde de esa
localidad, quien además corroboró la crisis humanitaria que dicho grupo padece,
al carecer de servicios básicos para atender a una diga subsistencia.
Recuérdese que en este sentido dicha autoridad política declaró lo siguiente:
- “Yo me enteré de la llegada de un grupo de indígenas al Municipio.
Los que llegaron inicialmente fueron 60 o 70 familias. Esas familias son
grandes. Llegaron a la alcaldía y pidieron ayuda. El municipio inicialmente les
dio lo que pudo, porque de las otras entidades no han recibido ayuda. No
recuerdo cuánto tiempo permanecieron, pero algunos todavía están allá. De
Pueblo Bello salieron a refugiarse a Palmarito, algunos, otros no hemos podido
ubicarlos.”
- “Ellos tienen su carné pero se abstienen de ir a la IPS por la
diferencia que tienen. En el resguardo los niños atendían al colegio, pero creo
que no están asistiendo ahora por la situación que están viviendo. Yo creo que
es una comunidad que se debe catalogar como desplazada, porque somos testigos
de que ya no están en su tierra, que están pasando necesidades. Yo me desplace
a esa zona para tratar de intervenir en la solución pero se disgustaron
conmigo.”
5.4.4. Por último, otra circunstancia que aparece probada a partir
de las declaraciones recibidas dentro del proceso, es el hecho de que
Palmarito, localidad a donde llegaron los indígenas pentecostales que salieron
del Resguardo, es una zona que tiene una connotación especial dentro de la
cultura arhuaca. En efecto, según puede establecerse a partir de dichas
declaraciones, Palmarito pertenece a la denominada “zona de ampliación”, es
decir a un territorio ubicado fuera de la delimitación oficial del Resguardo
Arhuaco, pero dentro de la “línea negra”. Esta línea se conforma a partir de
unos puntos que según cultura tradicional del pueblo ika o arhuaco constituyen
lugares importantes de su territorio sagrado.[69] En tal
virtud, existe un plan conducido por las autoridades tradicionales dirigido a
adquirir los terrenos ubicados por fuera del Resguardo pero dentro de la “línea
negra”. A ese destino se dedican parte de los recursos que el Resguardo recibe
a título de transferencias.
En este sentido son elocuentes las declaraciones provenientes de
cada una de las partes dentro del presente proceso:
- “En Palmarito vive la gente, yo vivo en Pueblo Bello, pero el
resto de nosotros vive en Palmarito. … Las autoridades tradicionales dicen que
tampoco allá nos podemos quedar, porque esa también es zona de ampliación.
Dicen que esa zona esta llamada a ser también del resguardo, por lo que también
tendríamos que irnos del Palmarito.”[70]
- “El resguardo recibe plata para comprar más tierras. Ellos (se
refiere a los arhuacos tradicionales) pretenden ampliar su territorio con esa
plata. Ellos pretenden ampliar el resguardo con el dinero recibido por el
Ministerio del Interior”.[71]
- “Ellos profanan los elementos culturales los lugares sagrados,
como en el caso de Palmarito, que hay una roca tradicional que tiene un
significado, cortan la mata de hayo.”[72]
- “El trabajo que se está haciendo es con recursos del sistema
general de participaciones. EL 75% de ese recurso está destinado a expandir el
territorio hasta la línea negra, a recuperar el territorio ancestral. Necesitamos
el territorio no sólo por una necesidad social, sino porque el territorio tiene
una función cultural en el pueblo arhuaco; recuperar el territorio es recuperar
los espacios en los que la comunidad se recrea culturalmente, porque ese
espacio está lleno de lugares sagrados que son espacios que cumplen una función
pública para el habitante arhuaco.”[73]
- “Palmarito también está en nuestro territorio de recuperación,
por lo que allá tampoco podrían celebrar su culto.”[74]
Al respecto, es pertinente recordar ahora lo explicado por esta
misma Corporación en la Sentencia SU-510 de 1998, en lo relativo al concepto de
“línea negra”:
“El territorio tradicionalmente ocupado por
la comunidad Ika se localiza en la vertiente meridional de la Sierra y,
mayoritariamente, en la parte alta de los valles de los ríos Guatapurí, San
Sebastián, Ariguaní, Piedras y Caracol.[75] Este
territorio fue constituido en resguardo en el año de 1983, por medio de la
Resolución N° 78 de 1983, expedida por el INCORA (complementada, luego, por la
Resoluciones N° 29 de 1995 y N° 32 de 1996). A este respecto, vale la pena
anotar que, desde el año de 1973 (Resolución N° 02 de 1973 del Ministerio de
Gobierno, reformada por la N° 837 de 1995), el Estado colombiano reconoció la
existencia de la denominada "Línea Negra", es decir, la frontera que
demarca el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta de aquellos territorios poblados, particularmente, por campesinos o
terratenientes.[76]”
5.4.5. A manera de conclusión del ejercicio de análisis probatorio
que acaba de hacerse, puede decirse que esta acción tutela presenta una
situación fáctica similar mas no idéntica a aquella que dio origen a la demanda
que fue resuelta por esta Corporación en la pluricitada Sentencia SU- 510 de
1998, siendo el principal hecho diferenciador el éxodo del Resguardo arhuaco
por parte de un grupo amplio de familias de esta etnia -60 o 70 familias
numerosas- que han abrazado la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o
nacieron en la misma, familias que están viviendo una situación de
insatisfacción de sus necesidades básicas, y que se han ubicado en la verdea de
Palmarito, municipio de Pueblo Bello, espacio geográfico que la tradición
arhuaca considera que es “zona de ampliación”, por tener un significado sagrado
dentro de su cultura, pero que en estricto sentido no forma parte del Resguardo
propiamente dicho.
Esta salida grupal de arhuacos pentecostales fue motivada por la
decisión de las autoridades tradicionales de impedir la continuación del culto
público de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y por las acciones
adoptadas por ellas en ese sentido durante el año 2006 en aquellos lugares del
Resguardo en donde se erigían casas o capillas de esa Iglesia destinadas a ese
propósito.
5.4.6. Establecido lo anterior, pasa la Sala a examinar si los
hechos de esta nueva demanda implican una decisión igual o similar a la
adoptada con anterioridad, o si se hace necesario que el juez de tutela emita
una orden para proteger en cabeza de los demandantes derechos fundamentales
desconocidos o vulnerados.
Para esos efectos, la Sala examinará de la siguiente manera la
situación fáctica que ha sido establecida probatoriamente en las
consideraciones anteriores de la presente Sentencia: (i) inicialmente se
referirá a los hechos motivantes de esta demanda que ocurrieron dentro del
Resguardo indígena y a las acusaciones a que dieron lugar; (ii) en segundo
lugar examinará la situación de hecho que se presenta ahora por fuera del
territorio del Resguardo, situación en la que se encuentra el grupo de arhuacos
pentecostales que decidió emigrar por causas de su fe religiosa.
6. Situación fáctica que se presentó dentro del Resguardo Arhuaco y
que motivó la interposición de la presente demanda.
Reiteración del precedente judicial sentado en la Sentencia SU-510 de 1998[77],
en lo relativo al conflicto entre la libertad religiosa y de cultos de los
indígenas pentecostales y el derecho a la identidad étnica y cultural del
pueblo arhuaco, dentro del territorio del Resguardo.
6.1 La Sala estima que, en relación con la situación fáctica que se
presentó dentro del Resguardo, debe reiterar íntegramente el precedente sentado
en la Sentencia SU-510 de 1998. Lo anterior, por cuanto ha evidenciado que
todas las decisiones tomadas por las autoridades tradicionales de la comunidad
arhuaca y todas las acciones desplegadas para hacerlas respetar, adoptadas a
partir del año 2006 y motivantes de esta acción judicial, se encontraban plenamente
legitimadas por la interpretación jurisprudencial recogida en esa Sentencia, en
torno al alcance del derecho a la existencia e identidad de esa cultura
ancestral.
Ciertamente, como se hizo ver arriba, en la mencionada Sentencia se
dejó establecido que las autoridades tradicionales de la nación arhuaca tenían
ciertas prerrogativas, constitucionalmente reconocidas con el propósito de preservar la especial cosmovisión e identidad de ese pueblo
amerindio; dentro de esas prerrogativas estaba la de organizar
la convivencia de acuerdo con los mandamientos de su credo colectivo, lo cual
implicaba que, entre otras acciones, podían: (i) impedir la práctica colectiva
y pública de la religión evangélica, a través de medidas tales como el cierre
del templo y la prohibición del culto colectivo en lugares públicos y la
prohibición del proselitismo religioso; no obstante, debía tolerarse la
práctica privada e individual de dicho culto, incluso en grupos familiares más
o menos reducidos (ii) sancionar a quien no obedeciera las normas tradicionales
de la comunidad en los términos en los que debían obedecer los restantes
miembros, siempre y cuando no se tratara de “punir al no creyente por el
mero hecho de serlo”, ni se utilizaran medios de sanción inhumanos o
degradantes; (iii) tomar en cuenta la “identidad cultural” de las personas que
habitaban en el resguardo, a efectos de hacer una distribución de la tierras
con miras a mantener la propiedad colectiva de la misma y de sus frutos.
6.2 Ahora bien, el examen probatorio llevado a cabo anteriormente
permite a la Sala establecer que el principal motivo determinante de la
interposición de la presente acción de tutela tuvo que ver con el incremento en
las actividades relacionadas con el culto público de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia en el territorio arhuaco, ocurrido con posterioridad a la
Sentencia SU-510 de 1998; dicho incremento motivó que las autoridades tradicionales
decidieron solicitar a los pastores de esa Iglesia suspender esas prácticas;
para esos propósitos, en marzo de 2006 reunieron un grupo grande de personas
–entre cuatrocientas y quinientas- y con ellas se dirigieron al lugar
denominado por los evangélicos “El Playón”, y por los arhuacos tradicionales
“La Yewrwa”; allí exigieron que el culto público fuera terminado e
informaron que la casa donde se llevaba a cabo iba a ser cerrada. Ante esta
situación, un grupo considerable de quienes profesan la fe de la Iglesia
Pentecostal optó por salir del territorio del resguardo; similar situación se
presentó en el mes de septiembre siguiente en el sitio conocido como
“Peñimaque” o Sabana del Jordán.
Al juicio de la Sala, el anterior comportamiento de las autoridades
tradicionales, visto desde una perspectiva constitucional, estaba plenamente
justificado en cuanto correspondía a una acción legítima tendiente a impedir el
culto público de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dentro del Resguardo,
cuya práctica y permanencia en dicho territorio tales autoridades no estaban
obligadas a garantizar. En efecto, la justificación de esta restricción al
derecho a la libertad religiosa de los miembros de esa Iglesia cristiana había
sido explicada así en el precedente judicial tantas veces mencionado:
“Sobre las prácticas religiosas limitadas
por las autoridades tradicionales
“58. De los hechos que originaron la
presente acción, puede deducirse que las autoridades tradicionales del pueblo
Ika han intentado impedir la práctica colectiva y pública de la religión
evangélica, a través de medidas tales como el cierre del templo y la prohibición
del culto colectivo en lugares públicos. Adicionalmente, las autoridades
tradicionales han prohibido el proselitismo religioso para evitar que miembros
de la comunidad se vinculen a la IPUC. Sin embargo, aceptan que las personas
pertenecientes a la iglesia evangélica puedan practicar su religión en privado
y de forma individual o en grupos familiares más o menos reducidos. Incluso,
han llegado a acordar que los miembros de la IPUC puedan educar a sus hijos en
el culto evangélico.
“Se pregunta la Corte si viola el núcleo
esencial de la libertad de cultos la medida consistente en cerrar el templo
evangélico y prohibir el proselitismo religioso y, en particular, la práctica
colectiva del mencionado credo en lugares públicos dentro del resguardo.
“59. Si bien el culto individual, aparece
como inextirpable, su exteriorización como manifestación colectiva, puede
entrar en colisión con el igualmente colectivo ejercicio de la religiosidad
grupal. La identidad colectiva en parte es producto de la proyección externa de
las creencias religiosas de la comunidad. En el caso de los arhuacos su
territorio es el espacio de su práctica religiosa y sirve de evocación
espiritual constante a sus miembros. La identificación tan estrecha de la
tierra con la religión, le resta neutralidad y le niega toda virtualidad como
foro público religioso. El ingreso de otros dioses, definitivamente notifica a
los arhuacos el inicio de la profanación de sus símbolos sagrados. La identidad
cultural no puede dejar de manifestarse en una lucha por la defensa de su
territorio abierto únicamente a su culto. La pretensión de exclusividad -
opuesta a las prácticas religiosas extrañas en su territorio -, por las razones
expuestas encuentra asidero en el derecho de la comunidad y de sus miembros a
preservar su propia religión.
“La militancia o el proselitismo de otras
religiones, dentro de territorio arhuaco, independientemente de que se realice
por miembros de la comunidad o por terceros, pertenece a un género de conductas
que por atentar contra el núcleo de las creencias de la comunidad, pueden ser
objeto de serias limitaciones por parte de las autoridades internas. La
comunidad indígena, resguardada bajo el principio de la diversidad cultural,
puede autónomamente controlar su grado de apertura externa. Si le fuera dado a
los jueces de tutela, haciendo caso omiso de la legítima pretensión de defender
la propia identidad cultural, garantizar a terceros las acciones de
proselitismo en territorio arhuaco, se habría patentado la forma más eficaz y
rápida para poner término a esta cultura milenaria. De otro lado, reconocida la
diferencia cultural por la Constitución, la decisión sobre la oportunidad y la
extensión de los contactos culturales - cuyos efectos pueden tener un impacto
notable dentro de la comunidad -, no se libra al azar o se asigna a las
autoridades del Estado nacional, sino que ella se integra al haz de funciones
autónomas que sólo cabe tomar al pueblo indígena concernido.
“El severo recorte que puede sufrir la
libertad religiosa del indígena disidente, tanto en lo que se refiere a la
exteriorización de su nueva fe como a su práctica militante, es simplemente
incidental a su pertenencia a una comunidad que se cohesiona alrededor del
factor religioso, sobre el cual, además, edifica el rasgo cultural que
constitucionalmente la dota de intangibilidad. No obstante ninguna comunidad indígena
está autorizada para dispensar a su miembro disidente un tratamiento que no sea
respetuoso de la dignidad de la persona humana. De ahí que el no creyente o el
que profesa una religión distinta a la oficial, por ese solo hecho, no puede
ser objeto de sanción o de persecución de ningún tipo. Dado que en función de
la mayor o menor flexibilidad o apertura del grupo - resultado de la
autodeterminación del pueblo indígena respectivo -, el ejercicio colectivo del
culto puede prohibirse dentro del territorio, se estima definitivamente
arbitrario que se impida a quien profesa otra religión desplazarse a otro lugar
con el objeto de profundizar la vivencia colectiva del mismo junto a otros
correligionarios.
“Por lo expuesto, la viabilidad de la
construcción y apertura de un templo evangélico en territorio arhuaco,
corresponde ser decidida de manera libre y autónoma a las autoridades
indígenas. No cabe
formular reproche alguno si la consideración para definir el destino “del
suelo” (C.P. art. 330-1), en últimas, resulta determinada por motivos
religiosos. El respeto a la identidad indígena, que surge de un inequívoco
mandato de la Constitución Política, no podría en realidad ser mayormente
desconocido que obligando a los arhuacos, contra su voluntad y creencias, a
tolerar que en su territorio consagrado a su deidad, un Dios foráneo se instale
y pretenda reconocimiento.”
Así pues, resulta claro para la Sala que la Corte ya había definido
la legitimidad de la atribución de las autoridades tradicionales arhuacas de
decidir libre y autónomamente sobre la existencia de templos y la práctica de
cultos foráneos dentro de su territorio ancestral. En tal virtud, el ejercicio
de dicha atribución no puede ser considerado como una conducta ilegítima, que
se erija en la violación de los derechos fundamentales de quienes se oponen a
ella. Por tal razón, no es posible conceder a los demandantes una protección
constitucional mediante una orden de tutela, tendiente a impedir el legítimo
derecho de dichas autoridades a prohibir dentro de su territorio la
construcción de templos o lugares destinados al culto de la Iglesia Pentecostal
y la realización del mismo dentro de tales construcciones.
6.3 Ahora bien, en relación con las otras denuncias de violación de
derechos fundamentales contenidas en la demanda, sucede algo parecido. En
efecto, tales denuncias de los indígenas pentecostales se concretan en las
acusaciones de haber sido discriminados en el reparto de tierras y en la
recepción de ayudas provenientes de los recursos enviados por el gobierno
nacional, y de haber sido sancionados simplemente por haber abrazado la fe de la
Iglesia Pentecostal. Adicionalmente, dicen que no se les ofrecen los servicios
de salud en condiciones de igualdad frente a los indígenas “tradicionales”, es
decir, aquellos que respetan plenamente las tradiciones del pueblo arhuaco, y
que se les ha amenazado diciéndoles       que sus hijos no podrán seguir
recibiendo la educación en las escuelas del Resguardo,
por ser hijos de cristianos. Al respecto la Sala encuentra lo siguiente:
6.3.1. En lo concerniente a la preferencia en el reparto de las
tierras que las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco conceden a los
miembros de comunidad que respetan plenamente su cultura, en la sentencia SU-510 de 1998 esta Corporación dejó claro que tal forma reparto, en
principio, caía bajo la autonomía de dichas autoridades. En efecto, en ese
fallo se explicó que la constitución de resguardos, como forma jurídica de
propiedad colectiva de las comunidades indígenas, se justificaba si se tenían
en cuenta los elementos de vinculación a la tierra que sus particulares
cosmovisiones implicaban; además, se justificaba también en la medida en la que
el usufructo por la explotación de la tierra revirtiera en beneficio de la
misma comunidad propietaria; es decir, la erección de resguardos estaba
constitucionalmente legitimada como medio indispensable para lograr la
subsistencia cultural de los pueblos indígenas. En ese sentido se dijo:
“… la adjudicación de tierras a las
comunidades indígenas se diferencia de la que se realiza respecto de las
comunidades campesinas en la medida en que la primera se funda en el vínculo
indisoluble que une al pueblo indígena con su tierra de origen. En otras
palabras es la relación que, en virtud de las especificidades culturales,
tienen estos pueblos con la tierra, la que orienta las políticas de
constitución de los resguardos. Si la cultura se desdibuja y se desmitifica la
relación sacra con la tierra, estás comunidades pasarán al estatus de
una comunidad campesina. Igualmente, la constitución de resguardos se justifica
en la medida en que el usufructo por la explotación de la tierra revierta en
las comunidades indígenas que son sus propietarias. Si, por cualquier vía, se
priva a la comunidad de tales beneficios y se permite que otros agentes sociales
los obtengan, puede afirmarse que se está perdiendo una de las razones para
mantener la presunta propiedad colectiva del resguardo.”
Ahora bien, el fallo en comento, examinando si en el caso concreto
de los indígenas arhuacos podía entenderse justificado el trato preferencial
que en materia de tierras las autoridades otorgaban a los miembros de la
comunidad “tradicionales”, frente a aquellos otros que había abrazado la fe de la
Iglesia Pentecostal, se dijo:
“En el caso que se estudia, los indígenas
evangélicos se han apartado de la cultura tradicional que les vincula de modo
inescindible a la “madre tierra” y, adicionalmente, entregan a los
representantes de la IPUC el 10% de todo lo que producen, más la primera cría
de cada animal, el primer huevo de cada ave, y los otros bienes que, a criterio
de cada uno, sea adecuado transferir.
“En estas condiciones, no parece
desproporcionado que las autoridades tradicionales tomen en cuenta la
“identidad cultural” de las personas que habitan en el resguardo, a efectos de
hacer una distribución de la tierra con miras a mantener la propiedad colectiva
de la misma y de sus frutos,
siempre y cuando no confisquen los bienes que han sido entregados a las
familias evangélicas y distribuyan el resto de la tierra entre las familias
indígenas de manera equitativa, con arreglo a las normas tradicionales que se
ocupen de la materia.” (Negrillas fuera del original)
Así pues, el único límite que la Corte impuso a este sistema de
preferencias por razones culturales fue el concerniente a la proscripción de la
confiscación.
En tal virtud, reiterando la jurisprudencia comentada, la Sala
entiende que es justificado el trato preferencial que las autoridades arhuacas
conceden a los indígenas “tradicionales” en materia de reparto de tierras o de
ayudas, que nuevamente es cuestionado dentro de este proceso.
6.3.2. En lo concerniente a las denuncias de los indígenas
pentecostales relativas a haber sido víctimas de sanciones por el solo hecho de
haber abrazado ese credo, debe recordarse que en la Sentencia SU-510 de 1998 se
explicó que los castigos impuestos por la mera circunstancia de haber ingresado
a la Iglesia Pentecostal carecían de justificación; empero, en ese mismo fallo
judicial se hizo ver que el cambio de cosmovisión que implicaba la adopción de
esa nueva creencia religiosa implicaba el abandono o incumplimiento de algunas
prácticas de la tradición arhuaca, que dentro esta cultura son miradas como
obligatorias; por lo cual, desde esta perspectiva, tal incumplimiento podía
legítimamente ser objeto de sanción. En este sentido, en la Sentencia que ahora
se reitera se dijo lo siguiente:
“… la creencia en el evangelio puede
implicar que se incumplan las normas tradicionales de la comunidad por ser
incompatibles con los mandatos bíblicos. En este caso, las autoridades
están en su derecho de sancionar a quien no obedece en los términos en los que
deben obedecer los restantes miembros de la comunidad. La interdicción de
perseguir al disidente por el mero hecho de serlo, no implica que éste adquiera
un título válido para dejar de cumplir las reglas de la vida comunitaria que
todos deben acatar en razón de su condición de miembros de la comunidad. El
poder de las autoridades indígenas no se extingue frente a las acciones
violatorias de las costumbres y usos perpetradas por el no creyente. Es
posible que el nuevo sentimiento religioso exponga al disidente a inobservar
reglas de la vida social que se inspiran en los valores espirituales
vernáculos. La autoridad encargada de sancionar las violaciones a las pautas
que ordenan la vida social, mientras se limite con objetividad a aplicar lo que
en la comunidad es el derecho válido, no incurre ciertamente en arbitrariedad.”
Así pues, conforme a la Sentencia citada, las sanciones aplicadas a
los indígenas por el solo hecho de ser evangélicos no serían de recibo, pero sí
aquellas otras que obedecieran al incumplimiento de normas tradicionales de la
cultura arhuaca. Así por ejemplo, el cumplimiento de “pagamentos”[78]
es una práctica rechazada por los pentecostales en virtud de su fe cristiana,
cuya inobservancia es mirada como una falta desde el punto de vista de la
cultura tradicional; este incumplimiento, según la Sentencia en cita, sería
legítimamente sancionable por las autoridades tradicionales.
Ahora bien, dentro de las declaraciones de los indígenas evangélicos
recogidas en el presente proceso, se encuentran frases que hacen ver que las
sanciones de que son objeto dichas personas, o la discriminación en el trato
que se les aplica, en realidad obedecen al incumplimiento de obligaciones
exigidas por la cultura tradicional y no al solo hecho de haber abrazado una
creencia religiosa cristiana; tal cosa se deduce de las siguientes
afirmaciones:
“Cuando vamos a centro de salud nos atienden pero sin ganas…. Porque
no hacemos pagamentos u ofrendas rituales a las cosas. Para nosotros eso es
perder tiempo. Yo respeto la naturaleza.”(Negrillas y subrayas fuera del
original)
“Los mamos realizan sus ritos antiguos, que adoran las piedras y
las materas, pero como dejamos esos ritos, nos quitaron la casa…” .”(Negrillas y subrayas fuera del original)
“... Los pagamentos, los ritos a la tierra, a las aguas, a
los árboles. Pero nosotros creemos en un solo Dios.”
En todo caso, del material probatorio recogido en el expediente no
es posible establecer la aplicación de sanciones a los evangélicos,
determinadas únicamente por la pertenencia a esa Iglesia. Pues aunque así lo
afirma uno de los declarantes, las autoridades indígenas descartan tal
acusación afirmando lo contrario, es decir, explicando que la imposición de
sanciones obedece al incumplimiento de las normas ancestrales; véase:
“Ellos no cumplen con los ritos de nuestra cultura. A nivel de sociedad, la prestación del servicio de celaduría
interna, como un policía, pero ellos se niegan a prestar esos servicios. (Sic)
Lo hacen casi de manera obligatoria y creen que es persecución. Ellos dañan y
tumban los montes sin trabajo anticipado, que es lo que nosotros hacemos en los
espacios sagrados. Ellos se consideran como cualquier guaquero con los lugares
sagrados y no se sancionan sólo por su religión, sino por actuar en contra
de nuestros valores.”[79] (Negrillas fuera del original)
Así pues, a pesar de haber llevado a cabo una intensa labor de
recolección de pruebas directamente recaudadas a partir de declaraciones de los
interesados, la Sala no encuentra que esté probado que las sanciones impuestas
a los indígenas pentecostales denunciadas en la demanda obedezcan a la sola
circunstancia de haber adoptado ese credo religioso. En tal virtud, desestima
la solicitud de tutela que en este sentido se formula.
6.3.3. En cuanto a las supuestas discriminaciones en la prestación
de los servicios de salud o educación, la Sala tampoco las encuentra probadas,
pues las declaraciones rendidas por los indígenas pentecostales no son claras
en este sentido. Ciertamente, tales declaraciones indican que dichos servicios
sí se les prestan o se les venía prestando dentro del resguardo, y que lo que
los indígenas evangélicos denuncian es más bien una actitud o trato poco amable
por parte de los encargados de otorgar la prestación. Ciertamente,
las quejas en este sentido contienen expresiones como las siguientes:
- “Cuando vamos a centro de salud nos atienden pero sin ganas….[80]
- “Nos da pena a veces ir a los sitios de salud y hasta
desconfianza.[81]
- “Nos han venido quitando el derecho a la salud. Nos atienen sin
ganas, de últimos, pero el servicio es muy malo…”[82]
- “La gran mayoría de los hijos de los cristianos no estudian.” [83]
- “Nosotros no hemos recibido ningún subsidio del gobierno, pero si
he recibido atención a los niños en colegios. En salud siempre nos
dicen que no hay beneficios para los no evangélicos. Nos atienden pero sin
el gusto. No nos dan medicinas.”[84]
.”(Negrillas y subrayas fuera del original)
Por su parte, las autoridades tradicionales expresan que son los
evangélicos quienes por propia decisión no utilizan los servicios de salud o
educación:
-“Cuando se les llama la atención ellos se niegan a la educación,
quieren crear su propio núcleo de manejo, han puesto sus escuelas”.[85]
- “Ellos también tienen derecho a la educación, pero ellos
quieren tener una educación independiente. Se ha hablado de una educación
propia, en la que se imparte el conocimiento tradicional, pero también se
recibe el conocimiento exterior. De ahí a que se haya negado la educación a
los evangélicos, no. Hay niños católicos en colegios arhuacos, practican
las dos religiones. Con los católicos no hay un choque directo. …”[86].”(Negrillas
y subrayas fuera del original)
Así pues, no resulta claro que dentro del resguardo se les nieguen a
los indígenas pentecostales los derechos a la salud o a la educación, y las
quejas en este sentido se refieren más bien a la calidad, a la naturaleza del
servicio o a la manera en la que les es prestado. Por lo cual, como sucede con
la denuncia relativa a las supuestas sanciones por el solo hecho de ser
cristianos, la Sala no encuentra probada una vulneración seria de derechos
fundamentales que deba ser objeto de protección mediante una orden emitida por
el juez de tutela.
6.3.4. Por todo lo anterior, después de haber analizado la situación
fáctica ocurrida dentro del Resguardo arhuaco que motivó la interposición de la
presente acción de tutela, la Sala descarta que las autoridades tradicionales
de ese pueblo ancestral hayan incurrido en las violaciones de derechos que se
les imputan en la demanda. Su proceder, en todos los casos, se acomoda a las
facultades que les han sido reconocidas por la Constitución Política, con miras
a la preservación de su cultura y tradiciones, sin sobrepasar los límites que
fueron señalados en la Sentencia SU-510 de 1998.
En tal virtud, en la parte resolutiva de la presente decisión no se
emitirá ninguna orden que deba ser cumplida por dichas autoridades.
7. Situación
fáctica que se presenta actualmente fuera del Resguardo Arhuaco. La identidad
cultural como un derecho mas no como un deber subjetivo. Condiciones que
determinan la posibilidad real de ejercer la libertad religiosa y de
conciencia.
7.1. Del material probatorio recaudado durante el proceso, la Sala
colige que en el año 2006 las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco
decidieron impedir que la construcción de templos de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia y la práctica de dicho culto dentro del resguardo continuaran
creciendo. Para esos efectos, adoptaron medidas tales como dirigirse junto con
un grupo grande de indígenas a los lugares donde dichos templos y culto funcionaban
y exigir la suspensión de dichas actividades. Ante esta situación, los
indígenas pentecostales decidieron salir del Resguardo. Ahora bien, es preciso
aclarar que las autoridades arhuacas afirman que no pretendían expulsar a los
indígenas pentecostales del Resguardo, sino propiciar que abandonaran tal credo
cristiano y volvieran a sus creencias y prácticas tradicionales. En este
sentido, el mismo demandante afirma lo siguiente:
“Nos decían que podíamos quedarnos con la casa si abandonábamos la
fe cristiana. Pero les dijimos que preferíamos salir del territorio antes que
dejar nuestras creencias. Eso provoco el desplazamiento.”[87]
7.2. Visto lo anterior, la Sala estima que tanto las autoridades
tradicionales, como los miembros pentecostales de la comunidad arhuaca,
actuaron en legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales. En efecto, las
autoridades tradicionales, como se explicó en las líneas anteriores, ejercieron
su derecho de decidir libre y autónomamente sobre la existencia de templos y la
práctica de cultos foráneos dentro de su territorio ancestral. Y los indígenas
pentecostales que prefirieron salir del Resguardo ejercieron su libertad religiosa
y su derecho de elegir libremente su no permanencia dentro de las exigencias de
la cultura ancestral en la que nacieron.
Ciertamente, esta Corporación ha explicado que la identidad cultural
de los pueblos indígenas y tribales es un derecho fundamental de dichos grupos
considerados como sujetos colectivos, mas no una obligación subjetiva de cada
uno de sus integrantes. Para los individuos particularmente considerados, vivir
dentro de la comunidad ancestral en la que se ha nacido, respetando su particular
cosmovisión, cultura, normas y tradiciones, constituye una opción o facultad y
no una obligación. Véase:
“41. La Constitución no impone a ninguna
persona el deber de vivir dentro de una cierta comunidad indígena. Por el contrario, asume que garantizar
dicha opción a quienes deseen desarrollarse dentro de una
determinada práctica cultural, enriquece sus posibilidades vitales y
espirituales. Aparte de aumentar el abanico de elecciones, los pueblos indígenas
corresponden a una realidad histórica y sociológica que, sólo a riesgo de
comprometer la paz social, podían ser ignorados en el momento constituyente.
Por consiguiente, sólo en el caso del indígena confluyen, en términos
originarios, dos títulos de pertenencia: uno nacional, que lo hace sujeto
activo de todos los derechos constitucionales y, otro comunitario, que le
brinda la oportunidad de desarrollarse en su comunidad de origen.”[88]
(Negrillas y subrayas fuera del original)
En similar sentido, en la misma ocasión la Corte se expresó así:
“A diferencia de otros vínculos
asociativos, más o menos contingentes, que la persona traba en su decurso
existencial, el vínculo comunitario indígena, se establece desde el
nacimiento y, salvo que se abandone o libremente se renuncie a él,
termina sólo con su muerte.”[89] (Negrillas y subrayas
fuera del original)
Así pues, los individuos que han nacido dentro de una cultura
indígena tradicional no tienen el deber de permanecer dentro de ella durante
toda su vida. El núcleo esencial de ciertas libertades y derechos
fundamentales, “respecto a los cuales existe un consenso intercultural y que
tienen naturaleza intangible a la luz de los tratados internacionales de
derechos humanos”[90], exige que se
reconozca en cabeza de los miembros de estas comunidades la posibilidad de
elegir entre la permanencia en sus pueblos de origen o el éxodo de los mismos a
fin de inculturarse en la sociedad mayoritaria. Pues en ciertas circunstancias,
las limitaciones de derechos que legítimamente son impuestas a tales miembros
de dichas comunidades, en aras de la preservación cultural, pueden significar
una restricción fuerte de facultades individuales que, desde la perspectiva del
sujeto que las soporta, resulte intolerable frente a la personal decisión de
adoptar otra cosmovisión y organizar su vida de conformidad con ella. De manera
específica, el pleno ejercicio de las libertades de conciencia, de expresión,
de opinión, la libertad religiosa y de cultos y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, entre otras, pueden exigir el abandono de espacio
geográfico y del ámbito cultural en donde las autoridades tradicionales,
legítimamente facultadas para ello, imponen las aludidas restricciones de
derechos en aras de la preservación de la identidad cultural de los pueblos
amerindios.
De esta manera, si desde la perspectiva comunitaria la identidad
cultural y las facultades constitucionales otorgadas para mantenerla
constituyen un derecho del sujeto colectivo reconocido como pueblo indígena,
desde la perspectiva individual de cada persona la identidad cultural es ante
todo un derecho o facultad. De manera tal que cuando las exigencias de la cultura
se interpongan con la legítima decisión de optar por otra cosmovisión y
organizar la propia vida conforme a ella, la comunidad no puede válidamente
oponerse a la decisión personal de quien toma esa determinación. Esta oposición
desconocería la dignidad humana, entendida como facultad de autodeterminación.
7.3. En la presente oportunidad, varios miembros del pueblo arhuaco
han optado por salir del territorio de su comunidad ancestral, movidos por la
decisión de vivir plenamente las exigencias del credo de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia y de organizar su vida de conformidad con dicha fe, que en
ciertos aspectos, particularmente la posibilidad de desarrollar un culto
público, han resultado incompatibles con las exigencias de la cultura
tradicional arhuaca. Así se pone de presente en la siguiente expresión del
mismo demandante, antes citada: “les dijimos
que preferíamos salir del territorio antes que dejar nuestras creencias.” La Sala estima que se trata de una decisión plenamente válida, que
no puede ser impedida por las autoridades tradicionales ni por ninguna otra
autoridad pública.
Ciertamente, esta Corporación ha explicado que el núcleo esencial de
la libertad religiosa radica en la posibilidad de
profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia de cada
sujeto.[91] Ha dicho también que
esta libertad cobija la posibilidad de difusión de la propia religión y la
realización de actos públicos y colectivos asociados con las convicciones
espirituales. Este último aspecto constituye propiamente la libertad de cultos,
entendida como en el conjunto de demostraciones colectivas y exteriores de las
propias creencias religiosas. [92] De otro lado, la Corte
ha hecho énfasis en la relación existente entre la libertad religiosa, de un
lado, y la libertad de conciencia y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, de otro, pues “para el creyente la coherencia de su vida
personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia
medular, en tanto muchas veces ella determina los proyectos de vida personal...
Si esto es así, sería incongruente que el ordenamiento, de una parte
garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger las
manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa a
la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y
lo que practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de
la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la
libertad de conciencia”.[93]
Ahora bien, la Corte también ha puesto de relieve la diferencia
entre la libertad religiosa y la de conciencia, pero la dependencia entre una y
otra, explicando que esta última es “la facultad de formular juicios
prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una
situación concreta que se presenta de facto.” [94]
En otras palabras, es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien
o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada
situación, debemos hacer o no hacer. Ahora bien, “en cuanto prerrogativa
personal, la conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente
protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de
moralidad”.[95] En similar sentido la
jurisprudencia ha indicado que “(el) derecho
a la libertad de conciencia consagrado constitucionalmente como un derecho
fundamental de aplicación inmediata, es el que tiene toda persona para actuar
en consideración a sus propios parámetros de conducta sin que pueda imponérsele
actuaciones que estén en contra de su razón.” [96]
Visto lo anterior, la Corte estima que si las legítimas
restricciones a algunos aspectos de la libertad religiosa dentro del territorio
del Resguardo, particularmente la posibilidad de adelantar un culto público
permanente, impuestas por las autoridades tradicionales arhuacas en aras de la
preservación de la identidad cultural de este pueblo indígena, resultan
insoportables para los arhuacos evangélicos, entonces ellos están en todo su
derecho de optar por apartarse del Resguardo y organizar su vida
independientemente de dichas autoridades. Así mismo, si como una consecuencia
de su fe, encuentran que algunas normas sociales, políticas o religiosas de la
cultura arhuaca chocan contra su conciencia subjetiva -como por ejemplo la exigencia
de cumplir con los “pagamentos”, o la de masticar la hoja de coca-, están en
libertad de salir del Resguardo para desarrollar un proyecto de vida que
responda a sus convicciones morales. Sólo admitiendo que esta es una opción
real, puede afirmarse que en cabeza de los miembros de las comunidades
indígenas existen la libertad religiosa, de cultos, de conciencia y el derecho
al libre desarrollo de la personalidad.
7.4. Ahora bien, la Sala estima que esta posibilidad de apartarse de
las exigencias de la cultura tradicional en la que se ha nacido para
desarrollar otra opción de vida es una facultad o derecho constitucionalmente
protegido que, en ciertas circunstancias como las que se presentan en la
situación fáctica que se analiza en esta Sentencia, exige la intervención del
juez de tutela, pues su ejercicio está implicando la afectación del mínimo
vital de subsistencia de sus titulares.
En efecto, una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir
el Estado es la de asegurar estándares mínimos de satisfacción de las
necesidades ciudadanas, que permitan hacer efectiva la dignidad humana. Justamente
en esto se distingue el Estado llamado simplemente “de Derecho”, de aquel otro
organizado según la cláusula “social de Derecho”. En el caso que se examina en
esta Sentencia, la Sala estima que el mínimo vital de subsistencia de un grupo
amplio de personas está en entredicho, como consecuencia del legítimo ejercicio
del derecho que tienen a desarrollar otra opción de vida distinta de la que
propone la cosmovisión arhuaca.
En efecto, como se extrae del análisis probatorio adelantado por la
Sala en las consideraciones precedentes de esta Sentencia, un grupo numeroso de
indígenas arhuacos, conformado por aproximadamente 60 o
70 familias numerosas, emigró del Resguardo y se asentó
en la vereda de Palmarito, municipio de Pueblo Bello, Departamento de Cesar, en
donde esa comunidad que es muy pobre tiene actualmente
insatisfechas sus necesidades vitales, pues los niños
no acuden al colegio, no hay servicios públicos suficientes, el Sistema de
Seguridad Social en Salud no cobija a toda la población, etc. Al punto que, en
palabras del señor alcalde de esa localidad, “es una comunidad que se debe catalogar como desplazada, porque somos
testigos de que ya no están en su tierra, que están pasando necesidades”.
Así pues, la Sala concluye que la comunidad evangélica que emigró
del Resguardo indígena arhuaco en la actualidad vive en condiciones de pobreza
extrema como consecuencia de la falta de tierra y de las dificultades para el
acceso a la prestación de los servicios públicos esenciales, producida por los
hechos de este proceso y por el ejercicio de su libre opción a separarse de su
pueblo de origen. De esta manera, concluye que está en presencia de una
situación de afectación grave del mínimo vital de subsistencia de un grupo
humano grande, que incluye personas de todas las edades, entre ellas menores de
edad.
7.5 Esta situación no puede ser indiferente al juez constitucional.
Por lo cual, acudiendo a los mecanismos constitucionalmente previstos en los
artículos 156 y 157 superiores y legalmente desarrollados para que las
autoridades municipales atiendan las necesidades básicas insatisfechas de la
población radicada en los municipios a su cargo, en la parte resolutiva de la
presente decisión ordenará a las autoridades competentes adoptar las medidas
necesarias para que, a la mayor brevedad posible, los recursos ordinarios
provenientes del sistema nacional de transferencias dedicados a ese cometido
lleguen efectivamente a ese destino, y beneficien también a la población
arhuaca evangélica recientemente radicada en Pueblo Bello.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, los recursos que los municipios reciben por concepto de
transferencias nacionales se determinan tomando en cuenta, entre otros
factores, el censo poblacional y el índice de necedades básicas insatisfechas,
certificado por el DANE.[97] De esta manera, si un
grupo poblacional considerable se radica masivamente en un municipio receptor,
que carece de capacidad económica para atender a las necesidades básicas de los
que llegan, como sucede en el presente caso, esa situación debe verse reflejada
en la manera de asignar y de invertir los recursos correspondientes a las
transferencias ordinarias que la entidad territorial reciba.
Así las cosas, en el presente caso se ordenará al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que, en el término de tres meses contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, actualice los montos de las
transferencias para propósitos generales, salud y educación que de conformidad
con la Ley le correspondan al municipio de Pueblo Bello, Cesar, previa revisión
del censo poblacional y del índice de necesidades básicas insatisfechas de ese
municipio, llevada a cabo por las autoridades competentes.
De igual manera, se ordenará al alcalde Pueblo Bello cooperar con
las autoridades nacionales para la actualización de la anterior información, y
se le exhortará para que, dentro del plan de desarrollo
y los presupuestos del municipio, se establezcan los
mecanismos de financiación pertinentes que permitan atender las necesidades básicas
insatisfechas de toda la población local, incluyendo a los indígenas
evangélicos.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Levantar la suspensión de
términos decretada por el magistrado sustanciador mediante auto de 16 de julio
de 2007.
SEGUNDO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el trece (13) de febrero de dos mil siete (2007) por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, que decidió NEGAR la
presente acción de tutela, en cuanto ella se dirige en contra de las autoridades
indígenas del Pueblo Arhuaco.
TERCERO. CONCEDER la tutela para la
protección del mínimo vital de subsistencia de los demandantes, en conexión con
el ejercicio, fuera del Resguardo Arhuaco, de sus libertades religiosa, de
cultos y de conciencia y del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Para esos efectos: a) ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que, en el término de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, actualice los montos de las transferencias para
propósitos generales, salud y educación que de conformidad con la Ley le
correspondan al municipio de Pueblo Bello, Cesar, previa revisión del censo
poblacional y del índice de necesidades básicas insatisfechas de ese municipio,
llevada a cabo por las autoridades competentes. b) ORDENAR al alcalde
Pueblo Bello, Cesar, cooperar con las autoridades nacionales para la
actualización del censo poblacional y de la información relativa al índice de
necesidades básicas insatisfechas de ese municipio. c) EXHORTAR al
alcalde de Pueblo Bello, Cesar, para que, dentro del
plan de desarrollo y los presupuestos del municipio, se establezcan los mecanismos de financiación pertinentes que permitan
atender las necesidades básicas insatisfechas de toda la población local,
incluyendo a los indígenas evangélicos.
CUARTO. Por Secretaría General líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] ST-188/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
ST-342/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SU-039/97
(MP. Antonio Barrera Carbonell).
[2] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-104/95 (MP. Hernando
Herrera Vergara).
[3] En ese momento Sala Quinta.
[4] Distintos de los requisitos de
procedencia o presupuestos procesales de la acción de tutela son los motivos de
procedibilidad, es decir las razones que ameritarían conceder la acción de
tutela.
[5] Al respecto se pueden consultar entre otras las sentencias T-253
de 1993, T-250 y 254 de 1994, T349 y 496 de 1996, T-253 de 1997, SU-510 de
1998, T-266 de 1999 y T-606 de 2001.
[6]
En sentencia C-139 de 1996 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, esta Corporación extrajo del artículo 246 constitucional cuatro elementos
que conforman la Jurisdicción Indígena, así: La potestad de sus autoridades de
dictar sus propias normas, el derecho de las mismas a aplicarlas de acuerdo con
sus propios procedimientos, el sometimiento de dichas autoridades, normas y
jurisdicción a la Constitución Política, y la competencia del legislador para
determinar la forma de coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema
judicial ordinario. Y en sentencia SU 510 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
dichos elementos fueron clasificados en dos grupos, en cuanto los dos primeros
conforman el “núcleo de la autonomía otorgado a las comunidades” y los
restantes hacen efectivo el principio de la diversidad étnica y cultural,
dentro del contexto de unidad nacional establecido en la Constitución Política.
[7] Sentencia T-250 de 1994. M. P. Carlos Gaviria Díaz. Según la
sentencia en cita son también reglas de interpretación, que deben ser tenidas
en cuenta por los jueces ordinarios cuando les corresponda aplicar la ley
ordinaria a las decisiones de las comunidades indígenas –artículos 7 y 246
C.P.-, que las normas imperativas priman sobre los usos y costumbres de las
autoridades indígenas, siempre que protejan valores constitucionales
superiores, y que dichos usos y costumbres prevalecen sobre las normas legales
dispositivas.
[8] Sentencia T-048 de 2002, M.P Álvaro Tafur Galvis
[9] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] La bibliografía especializada prefiere la utilización de los
términos Ika o Ijka - que significa "gente"- para
referirse al grupo indígena que, en el lenguaje común, es designado como Arhuaco.
En efecto, este último gentilicio puede prestarse a confusiones con el término Arawak,
que corresponde al nombre de una familia lingüística indígena amerindia que no
tiene ninguna relación con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Así mismo, el término Arhuaco o Aruaco fue utilizado por
los cronistas españoles, a partir del siglo XVII, para referirse, en forma
indiscriminada, a todos los grupos indígenas serranos que sobrevivieron a la
conquista. Esta costumbre se prolongó hasta mediados del siglo XIX cuando,
gracias a los métodos de la antropología moderna, el gentilicio Arhuaco fue
descompuesto para dar paso a la diferenciación entre las distintas comunidades
indígenas que hoy pueblan la Sierra (Uribe, 1993a: 19). También se considera
inapropiado el uso de los términos Bíntukua o Víntukua, como
quiera que éstos sólo designan el nombre de un prestigioso linaje Ika (v. infra)
mas no de todo el grupo indígena en general. (Reichel-Dolmatoff, 1991: 8;
Uribe, 1993a: 16-22). En consecuencia, la Corte en adelante utilizará
preferentemente los términos Ika o Ikja para referirse a la comunidad objeto de
la presente acción, la que a su turno, se refiere a sí misma con los
mencionados términos.
[12] La Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior (DGAI, 1997: 2) y la Comisión de Asuntos Indígenas del Cesar (CAIC,
1997: 2) indican que, actualmente, la población Arhuaca o Ika, distribuida en
los tres departamentos que conforman la Sierra, está constituida por un total
de 13.883 individuos, 10.063 de los cuales habitan en el departamento del
Cesar. Por su parte, la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 1997: 7)
y el ICAN (ICAN, 1997: 1) coinciden con las autoridades tradicionales Ika al
señalar que el pueblo Ika cuenta con una población actual de, aproximadamente,
15.000 indígenas. Según la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta,
actualmente el macizo se encuentra habitado por 13.383 ikas, 1.857 wiwas y
8.590 kogis, para un total de 23.830 indígenas (Fundación Pro-Sierra, 1997:
19).
[13] Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior (DGAI, 1997: 2) y Comisión de Asuntos Indígenas del Cesar (CAIC, 1997:
2)
[14] Los Ikas o Arhuacos utilizan, entre otros, el término “civil”
para referirse a las personas que no pertenecen a su comunidad. En otras
ocasiones, se refieren, por ejemplo, a los “hermanitos menores” a quienes
tienen que proteger de su propia auto destrucción.
[15] Cf. Sentencia SU-510 de 1998, Fundamento
jurídico N° 3.
[16] Cf. Sentencia SU-510 de 1998, Fundamento
jurídico N° 39.
[17] ST-428/92 (MP. Ciro Angarita Barón); ST-342/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-104/95 (MP. Hernando Herrera
Vergara); ST-496/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera
Carbonell).
[18] ST-188/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-342/94 (MP. Antonio
Barrera Carbonell); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[19] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-104/95 (MP. Hernando
Herrera Vergara).
[20] ST-188/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-007/95 (MP. Antonio
Barrera Carbonell); SC-104/95 (MP. Hernando Herrera Vergara); ST-349/96 (MP.
Carlos Gaviria Díaz); ST-496/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP.
Antonio Barrera Carbonell).
[21] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[22] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-001/94 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[23] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
SC-058/94 (MP. Alejandro Martínez Caballero); ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria
Díaz); ST-496/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera
Carbonell).
[24] ST-254/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-139/96 (MP. Carlos
Gaviria Díaz); ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-496/96 (MP. Carlos
Gaviria Díaz)..
[25] ST-523/97 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[26] ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-523/97 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[27] ST-428/92 (MP. Ciro Angarita Barón); SC-139/96 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[28] Según la ST-254/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), las
disposiciones constitucionales que permiten derivar la anterior conclusión
resultan complementadas por los artículos 8° y 9° del Convenio N° 169 de la
O.I.T. (Ley 21 de 1991), conforme a los cuales los pueblos indígenas tienen
derecho a aplicar y a conservar sus usos y costumbres, "siempre que éstos
no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos."
[29] ST-349/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[30] ST-349/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[31] La Corte al respecto explicó que “(1) sobre estos derechos
existe verdadero consenso intercultural; (2) los anotados derechos pertenecen
al grupo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados
internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera
en situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley
74 de 1968], artículo 4-1 y 2; Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 16
de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], artículo 2-2; Convenios de
Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°; Convención Europea de Derechos Humanos,
artículo 15-1 y 2); y, (3) con relación al derecho a la legalidad del
procedimiento y de los delitos y de las penas, el artículo 246 de la
Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se hará conforme a
las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena, lo cual
supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de las
conductas.”
[32] ST-254/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33] Cf. Fundamento jurídico N° 55.
[34] Tanto en la acción de tutela como en la diligencia judicial
practicada por la Corte al lugar de los hechos, los indígenas evangélicos habían
dado cuenta de una serie de castigos a los cuales habían sido sometidos, los
que, a su juicio, violan sus derechos a la integridad personal. Sin embargo, en
el curso de las indagaciones realizadas por la Corte no resultó posible
demostrar lo dicho por los evangélicos, ni se solicitó a la Corporación que se
pronunciara específicamente sobre el particular. Por tal razón, en la sentencia
s estimó que resultaba imposible evaluar si los castigos impuestos a los
miembros de la IPUC se encontraban ajustados a la Constitución.
[35]
Durante las diligencias llevadas a
cabo por los magistrados auxiliares del Despacho del magistrado sustanciador,
se hicieron presentes todas las personas citadas mediante Auto de seis de
agosto de 2007, salvo los señores Francisco Izquierdo, María Nelci Niño, Enemías Mejía, Fermín Torres, Moisés
Arrollo, Elena García, Antonio Torres Izquierdo y Casimiro Corso. Las actas
correspondientes a las diligencias respectivas obran en el expediente a folios 85
a 148 del segundo cuaderno del expediente.
[36] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 85 y siguientes.
[37] El “cabildo” es la persona que ejerce el
cargo de jefe de las autoridades tradicionales arhuacas. (Nota del despacho del
magistrado sustanciador)
[38] Esta fotocopia obra en el expediente al
folio 149 del segundo cuaderno.
[39] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 93 y siguientes.
[40] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 99 y siguientes.
[41] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 105 y siguientes.
[42] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 109 y siguientes.
[43] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 111 y siguientes.
[44] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 115 y siguientes.
[45] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 119 y siguientes.
[46] “Cabildo” es un jefe o autoridad
tradicional arhuaco.
[47] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 125 y siguientes.
[48] El cabildo gobernador es un cargo
unipersonal, que corresponde a la persona de mayor rango que ejerce la
autoridad tradicional sobre el pueblo arhuaco. Nota del Despacho del Magistrado
sustanciador.
[49] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 129 y siguientes.
[50] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 133 y siguientes.
[51] El cabildo gobernador es un cargo
unipersonal, que corresponde a la persona de mayor rango que ejerce la
autoridad tradicional sobre el pueblo arhuaco. Nota del Despacho del Magistrado
sustanciador
[52] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 137 y siguientes.
[53] Ver segundo cuaderno del expediente,
folios 137 y siguientes.
[54] Este dossier obra en el expediente a
folios 152 y siguientes del segundo cuaderno. Nota del Despacho del magistrado
sustanciador.
[55] Declaración del señor Rogelio Torres,
demandante dentro de este proceso.
[56] Ibidem
[57] Ibidem.
[58] Declaración del señor
José Asunción Niño, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
[59] Ibidem
[60] Declaración del señor Huberney Mestre,
miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
[61] Declaración del señor Aquilino
Izquierdo, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
[62] Declaración del señor Antonio
Izquierdo, autoridad tradicional de la comunidad arhuaca
[63] Declaración del señor Gelver Enrique
Zapata Izquierdo, indígena arhuaco coordinador de gestión del territorio del
Resguardo
[64] Declaración del señor Hermes Enrique
Torres Solis
[65] Ibidem
[66] Ibidem
[67] Declaración del señor Cabildo
Gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco, señor Julio Alberto Torres
[68] Declaración de la señora Leonor
Zalabata, indígena arhuaca comisionada de derechos humanos
[69] De conformidad con lo explicado por
Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en
el documento fechado el 18 de abril de 2007, publicado en la página web de la
Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, “La “Línea Negra” recibe su propia denominación en cada una de
nuestras lenguas, así como los puntos que la componen, y en esa denominación se
encuentra el significado y el sentido que cada uno de los “sitios” representa,
como función espacial relativa a todo el resto del territorio y como “puntos”
de conexión energética con el resto del Universo. En este sentido no debe
entenderse la demarcación de la línea Negra como frontera sino que es un
concepto universal y que se ha utilizado para señalar físicamente ni más allá,
ni más acá, el territorio ancestral.” (Tomado el
1 de abril de 2008 de la siguiente dirección electrónica: http://www.onic.org.co/actualidad”
[70] Declaración del señor Rogelio Torres,
demandante dentro de este proceso.
[71] Declaración del señor Javier Landazábal
Gómez, alcalde del Municipio de Pueblo Bello
[72] Declaración del señor Antonio
Izquierdo, autoridad tradicional de la comunidad arhuaca
[73] Declaración del señor Gelver Enrique
Zapata Izquierdo, indígena arhuaco coordinador de gestión del territorio del
Resguardo
[74] Declaración del señor Hermes Enrique
Torres Solis
[75] ICAN, 1997: 1.
[76] DGAI, 1997: 11-13.
[77] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[78] En la Senentencia SU-510 de 1998 se
explico de la siguiente manera en qué consisten los “pagamentos”: “Los Ika (al igual que todos los indígenas de la Sierra Nevada)
utilizan dispositivos materiales con el fin de lograr el anhelado equilibrio
del universo, de lo cual surge el concepto de la "ofrenda", el
"don", el "pagamento" o la "seguranza",
denominado makruma o marunsáma por los Ika y sewá por los Kogi.[78] Entre los
Ika, el otorgamiento de ofrendas - que pueden consistir en alimentos, cuentas
arqueológicas, cabellos humanos, semen, sangre, hilos de algodón, conchas
marinas, trabajo comunal, etc.- precede prácticamente a todos los actos del
hombre, desde los más cotidianos hasta los más complicados rituales”.
[79] Declaración del señor Geremías Torres,
secretario del Cabildo Gobernador
[80] Declaración del señor Rogelio Torres,
demandante dentro de este proceso.
[81] Ibidem
[82] Declaración del señor José Asunción
Niño, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
[83] Declaración del señor Rogelio Torres,
demandante dentro de este proceso.
[84] Declaración del señor Eugenio Torres,
miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
[85] Declaración del señor Geremías Torres,
secretario del Cabildo Gobernador
[86] Declaración del señor Hermes Enrique
Torres Solis
[87]
Declaración del señor Rogelio Torres, demandante
dentro de este proceso.
[88] Sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[89] Ibidem. Este mismo criterio fue reiterado
en la Sentencia T-1130 de 2003. M.P. Jaime córdoba Triviño.
[90] Sentencia SU-510 de 1998
[91] Ver, Sentencia T-026 de 2005, M.P Humberto Antonio Sierra
Porto. En el mismo sentido peude consultarse la Sentencia T-376 de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[92] Ibidem
[93] Sentencia T-026 de 2005, M.P Humberto Antonio Sierra Porto
[94] Ibidem
[95] Ibidem
[96] Sentencia T-332 de 2004, M.P Jaime Córdoba Triviño.
[97] “Ley
715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.
“…
ARTÍCULO 79. CRITERIOS
DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL. Modificado por el artículo 23 de la Ley 1176 de 2007. Los recursos
de la Participación de Propósito General serán distribuidos de la siguiente
manera:
1. El 17% distribuido entre los municipios menores de 25.000
habitantes, así:
a) El 60% según la pobreza relativa. Para ello se tomará el
grado de pobreza de cada municipio medido con el Indice de Necesidades Básicas
Insatisfechas, NBI, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE, en
relación con el nivel de pobreza relativa nacional;
b) El 40% en proporción a la población urbana y rural. Para
lo cual se tomará la población urbana y rural del municipio en la respectiva
vigencia y su proporción sobre la población urbana y rural total del país,
según los datos de población certificados por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE, que deben tener en cuenta la información sobre la
población desplazada.
2. El 83% distribuido entre los distritos y municipios,
incluidos los menores de 25.000 habitantes, así:
a) El 40% según la pobreza relativa. Para ello se tomará el
grado de pobreza de cada distrito o municipio medido con el Indice de
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, o el indicador que lo sustituya
determinado por el DANE, en relación con el nivel de pobreza relativa nacional.
En consecuencia de lo anterior, el indicador de distribución
para cada municipio y distrito será el resultado de dividir su NBI entre la
sumatoria de los NBI de todos los municipios y distritos del país. Este
indicador para cada municipio se multiplicará por el monto total de recursos a
distribuir por el criterio de pobreza relativa;
b) El 40% en proporción a la población urbana y rural. Para
lo cual se tomará la población urbana y rural del distrito o municipio en la
respectiva vigencia y su proporción sobre la población urbana y rural total del
país, según los datos de población certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que deben tener en cuenta la
información sobre la población desplazada;
c) El 10% por eficiencia fiscal. Entendida como el
crecimiento promedio de los ingresos tributarios per cápita de las tres últimas
vigencias fiscales. La información sobre la ejecución de ingresos tributarios
será la informada por las entidades territoriales y refrendada por la
Contaduría General de la Nación antes del 30 de junio de cada año.
En todo caso, los recursos asignados por este criterio no
pueden superar el 50% de lo asignado por los criterios de población y pobreza
relativa de que trata el numeral 2
de este artículo;
d)
El 10% por eficiencia administrativa en la racionalización del gasto. Entendida
como el incentivo a los distritos y municipios que cumplan con los límites
establecidos para los gastos de funcionamiento de la administración central de
que trata la Ley 617 de 2000 o las normas
que la modifiquen, sustituyan o adicionen. El indicador de distribución será la
diferencia entre el límite establecido por la Ley 617 de 2000 y el porcentaje
de gastos de funcionamiento certificado para cada municipio y distrito, por la
Contraloría General de la República. La Contaduría General de la Nación será la
entidad encargada de certificar al DNP, antes del 30 de septiembre de cada año,
la diferencia entre el valor certificado a cada municipio y distrito por la
Contraloría General de la República y el límite correspondiente establecido por
la Ley 617 de 2000.
Un
porcentaje de los recursos correspondientes a este criterio se podrá distribuir
entre las entidades territoriales beneficiarias que mantengan actualizado,
conforme a los criterios señalados por el DNP, el Sistema de Información de
Beneficiarios, Sisbén, o el que haga sus veces, y/o que cumplan con las metas y
lineamientos de las políticas priorizadas por el Gobierno Nacional. Para el
efecto el Conpes Social definirá la metodología correspondiente e informará
previamente a las entidades territoriales beneficiarias, las metas y
lineamientos priorizadas a evaluar.
En
todo caso, los recursos asignados por el criterio de eficiencia administrativa
no pueden superar el 50% de lo asignado por los criterios de población y
pobreza relativa de que trata el numeral 2 de este artículo.
PARÁGRAFO.
Para efectos del cálculo de los indicadores para la distribución de los recursos
de la Participación de Propósito General del Sistema General de
Participaciones, relacionados con eficiencia, se entenderá que las entidades
territoriales cumplen, como mínimo, con el promedio nacional del respectivo
indicador, siempre y cuando haya concepto favorable del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público sobre el cumplimiento del respectivo Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos y/o Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. El Conpes Social podrá determinar la transición para la aplicación
plena de las fórmulas de distribución de los recursos correspondientes a la
eficiencia fiscal y administrativa de la participación de Propósito General
establecidas en este artículo.
“ …
“Artículo 103: Censo válido. Para efectos de esta Ley, se tendrá en cuenta la
información certificada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, con base en el último censo realizado.”