T-049-16
Sentencia T-506/12
Sentencia T-049/16
DERECHOS DEL INTERNO-Relación
de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad
Desde
sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional ha desarrollado el
concepto de “relación de especial sujeción
de las personas privadas de la libertad con el Estado”, al sostener que
en virtud de la misma este puede exigirle a aquellos el sometimiento a un
conjunto de condiciones que suponen la suspensión y restricción de ciertos
derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado, al privar de la libertad
a una persona, se constituye en el garante de los derechos que no son
restringidos por el acto de la privación de la libertad, y el recluso, por su
parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias de
imperativa observancia. Dicha suspensión o restricción debe llevarse a cabo
bajo los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE
LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de
personas privadas de la libertad
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos:
derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados
La Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales
de los reclusos en tres grupos: (i) Los
derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de la
pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de
la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los derechos
políticos como el derecho al voto. (ii) Los derechos restringidos o
limitados por la especial sujeción del interno al Estado, con lo cual se
pretende contribuir al proceso de resocialización y garantizar la disciplina,
la seguridad y la salubridad en las cárceles. Entre estos derechos se
encuentran el de la intimidad personal y familiar, unidad familiar, de reunión,
de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión,
trabajo y educación. (iii) Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente
de la dignidad del ser humano y por lo tanto son intocables, como los derechos
a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad
religiosa, a la personalidad jurídica, de petición, al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Pueden ser limitados
razonable y proporcionalmente
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN RELACION
CON LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración
de jurisprudencia
DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Protección nacional e internacional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Condiciones carcelarias y deber de prevención del Estado para
garantizar derechos del interno, según CIDH
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes
Los derechos de las
personas privadas de la libertad son universales. Sin
importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo
hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales
son universales, de toda persona. Es una posición moral que refleja la decisión
social, consagrada por el Constituyente, de respetar el valor intrínseco de
todo ser humano. Su dignidad.  Es precisamente una de las razones por las
que es legítimo sancionar con penas privativas de la libertad a quien comete un
crimen: el no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a
al cual se ofendió y violentó. La sociedad, se diferencia, precisamente, porque
no hace lo mismo; no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor
propio; el ser fin en sí mismo. Toda persona vale, a plenitud, en un estado
social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales de las persona
privadas de la libertad son indivisibles. Todos los derechos, sin importar su tipo,
son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho,
necesariamente, tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden
existir jerarquías entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser
respetados, protegidos y garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las
negaciones a unos derechos básicos de las personas en prisión, implican,
necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la
protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un
todo; diversas facetas de una misma protección al ser humano.  Los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes. Unos dependen de
otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección, los
derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de proteger el derecho
a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana, puede traer otras
violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la vida. La
imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar en
restricciones ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un preso
que por no saber leer y por falta de información y de acceso a la justicia, no
sabe que tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un tiempo)”.
DERECHO A LA VIDA DIGNA DEL
INTERNO-No vulneración en prohibición del ingreso
de televisor y ventilador en cada celda del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario
ACCION DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Caso en que se
niega solicitud de ingreso e instalación de televisor y ventilador a cada una
de las celdas del penal
DERECHO A LA VIDA
DIGNA DEL INTERNO-Orden de iniciar actuaciones tendientes a verificar condiciones de
personas privadas de la libertad, de manera que se acredite que resultan
suficientes para garantizar ventilación adecuada
Referencia:
expediente T-5177320.
Acción
de tutela interpuesta por Edgar Guerrero Sánchez y otros contra la Dirección
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta).
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C.,
diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Sexta de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela emitido por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que confirmó el proferido por el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias
(Meta), en la acción de tutela
instaurada por Edgar Guerrero Sánchez y otros en el
asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Edgar Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y
Edwin Jiménez Gutiérrez presentaron acción de tutela, el
1º de junio de 2015, con el fin de
solicitar la protección de su derecho fundamental a la vida en condiciones
dignas, presuntamente vulnerado por la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta). Para fundamentar la demanda relataron
el siguiente acontecer fáctico:
1.       Hechos
1.1.    El 30 de marzo de 2015 los accionantes presentaron una petición ante
la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, Meta
solicitando el ingreso e instalación de un televisor y un ventilador en cada
una de las celdas y dormitorios de la cárcel, donde se encuentran recluidos[1].
1.2.    La Dirección del establecimiento carcelario contestó de manera
negativa la solicitud. Señaló que dichos electrodomésticos son elementos de
prohibida tenencia en el interior de las celdas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 del reglamento de régimen interno contenido en la
resolución núm. 1060 del 29 de junio de 2011. De igual forma, aclaró que cada
pabellón cuenta con un área común dotada de televisor para el uso del personal “con
el fin de estar enterado sobre las noticias y actualidad del mundo externo”,
con un reloj en la entrada del pabellón para que los internos estén informados
de la hora, y que está autorizado el ingreso de un radio transistor de dos
bandas que no supere  10 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de grosor.
1.3.    Los accionantes consideran que en
virtud de lo dispuesto en los artículos 52[2] y
64[3] de
la ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”,
y 13 del Acuerdo 0011 de 1995[4], directiva general
a la cual se ajustan todos los reglamentos internos de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, les asiste el derecho de ingreso e instalación de
los televisores y ventiladores.
1.4.    Con fundamento en lo anterior,
solicitan que se le ordene a la dirección general del establecimiento accionado
permitir el ingreso de dichos elementos a todas las celdas del penal.
2.  Contestación de la entidad accionada
El director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacías allegó la contestación a la acción de
tutela en escrito radicado el 16 de junio de 2015[5].
Manifestó que según lo establecido en el artículo 53 de la ley 65 de 1993[6],
cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno,
expedido por el respectivo director del establecimiento y previa aprobación del
director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
Aclaró que el reglamento interno de ese
establecimiento, resolución núm. 1060 de 2011, es un acto administrativo donde
se encuentra la prohibición del ingreso de electrodomésticos de cualquier tipo
(art. 46[7]). En esa medida, sostuvo, pretender
que lo dispuesto en dicho reglamento se modifique o anule a través de la acción
de tutela resulta improcedente, en tanto para ello existen otros mecanismos de
defensa.
Puso de
presente que la infraestructura de ese centro penitenciario no tiene conexiones
eléctricas como toma corrientes dentro de las celdas, siendo esa circunstancia
un impedimento para la instalación de los electrodomésticos, razón que conlleva
mantener la prohibición de su ingreso, más aún cuando lo pretendido “se
traduce a un lujo que en nada afecta los derechos fundamentales de los
accionantes”. Agregó que esa administración y en general el INPEC no
cuentan con el presupuesto asignado para asumir los costos que se generarían
con el cobro del consumo de energía.
Adujo igualmente
que el Pabellón 3, donde se encuentran recluidos los accionantes, cuenta con
una ventana en la parte posterior de aproximadamente 80 cm cuadrados, que permite
la ventilación externa y natural. Así mismo, que la puerta está construida en
varillas de grueso calibre de 90 cm de ancho por 1.90 cm de alto, permitiendo
la circulación del aire de manera libre, de día y de noche. Sostuvo que los
internos solamente ingresan a las celdas en las horas nocturnas para descansar,
por lo que no existe justificación para el ingreso de los televisores y
ventiladores, “mucho menos cuando [existe] la prohibición de tener abiertas
las celdas durante el día, de hacerlo [se contribuiría] al ocio de los internos
y los programas de redención de pena no tendrían importancia”.
Informó que
ese pabellón cuenta con un televisor marca LG LCD de 32 pulgadas, ubicado en el
área acondicionada como sala de televisión, que permite la integración de todos
los internos cuando comparten la proyección de un video con fines académicos,
informativos o de interés general, “lo que contribuye a afianzar los
procesos de resocialización, siendo este el verdadero fin terapéutico del
televisor al interior del patio, otro uso sería mero lujo o privilegio”.
Por otro
lado, señaló que el asunto de que trata esta acción constitucional ya fue
objeto de acción de tutela en varias oportunidades, a saber:
(i) Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, radicado 2008-0366, sentencia del 25 de
agosto de 2008. Solicitud de ingreso de ropa civil, televisores en cada celda,
sillas, etc. Negó la protección de los derechos fundamentales.
(ii)
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, radicado 2008-0430,
sentencia del 6 de agosto de 2008. Solicitud de ingreso de ropa civil,
televisores en cada celda, sillas, etc. Negó el amparo solicitado.
(iii)
Juzgado Penal del Circuito de Acacias, Meta, radicado 2009-0025, sentencia del
10 de marzo de 2009. Solicitud de ingreso de ventiladores, ropa civil, comida,
sillas, etc. Negó la acción de tutela.
(iv)
Juzgado Penal del Circuito de Acacias, Meta, sentencia del 16 de septiembre de
2009. Solicitud de ingreso de un ventilador. Negó la protección invocada.
(v) Juzgado
Primero de Ejecución de Penas de Acacias, Meta, radicado 2009-00560. Solicitud
de ingreso de un televisor en la celda. Negó la tutela de los derechos
fundamentales.
(vi) Tribunal
Superior de Villavicencio, sentencia del 29 de septiembre de 2009. Solicitud de
ingreso de un ventilador y un televisor en la celda. Negó el amparo.
(vii)
Juzgado Civil del Circuito de Acacias, Meta, radicado 2014-00453. Solicitud de
ingreso de un televisor, ventilador y apertura de celdas. Negó la protección de
los derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
solicita que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto en este
caso no ha existido amenaza o vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección se invoca.
3.  Decisiones
objeto de revisión
3.1.
Primera instancia
Mediante sentencia del 18 de junio de 2015, el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias denegó la protección
constitucional invocada. Consideró que con la aplicación del reglamento interno
del establecimiento carcelario accionado no se amenazan o vulneran los derechos
fundamentales de los internos, sino que la acción de tutela se sustenta en una
inconformidad de aquellos con las determinaciones adoptadas por las directivas
del penal.
Recordó que en virtud de la relación de especial sujeción
entre el Estado y las personas privadas de la libertad existen ciertas cargas
para ambas partes, entre ellas la restricción de algunos derechos a estos
últimos, bajo los supuestos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. En
esa medida, señaló, ninguna afectación se avizora al no instalar un televisor y
un ventilador en cada celda, porque “a la información que se aporte por el
primero de los electrodomésticos puede accederse en uno de los sitios adecuados
dentro del pabellón para ello; y en relación con la temperatura, no existe
información alguna desde la misma fecha en que fue construido el penal de que
las celdas no cuenten con la ventilación natural apropiada para que los
internos puedan permanecer en ellas, pese a las altas temperaturas que en esta
zona del país existe”.
Finalmente, afirmó que la única vía judicial para atacar
las disposiciones contenidas en el reglamento interno del establecimiento penitenciario
accionado es a través de la jurisdicción contenciosa administrativa.
3.2.
Impugnación
Los accionantes impugnaron la decisión de primera
instancia el mismo día en que fueron notificados de la misma, esto es, el 18 de
junio de 2015. Sin embargo, no expusieron las razones de su disconformidad con
el fallo.
3.3.
Segunda instancia
En sentencia del 28 de julio de 2015 la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó el fallo del
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias.
Sostuvo que lo decidido por el establecimiento penitenciario accionado se
encuentra previsto en el reglamento interno de esa institución, que fue
expedido con fundamento en el artículo 53 de la ley 65 de 1993, y por lo tanto
al tratarse de una actuación ceñida a la legalidad la tutela no es el mecanismo
idóneo para demandar dicho acto administrativo. Así mismo, consideró que la
determinación del establecimiento carcelario no es arbitraria ni injustificada
y que los accionantes pueden acudir a la vía contencioso administrativa para
impugnar su legalidad.
4.    Pruebas.
Entre las
pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las
siguientes:
-
Contestación del
derecho de petición presentado por el interno Edgar Guerrero Sánchez, emitida
el 11 de junio de 2015 por el director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Acacias (Meta). (Cuaderno principal, folios 31 y 32).
-
Solicitudes
presentadas el 30 y 31 de marzo de 2015 por los internos del patio núm. 3 del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta), ante la
Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Acacias, con el fin de
obtener el acompañamiento y la intervención en la entrega de los derechos de
petición dirigidos a la dirección de ese establecimiento penitenciario.
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta Sala es
competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36
del decreto 2591 de 1991.
2.  Trámite surtido en sede de revisión.
2.1.    Mediante el auto
del 20 de enero de 2016, la Sala advirtió que si bien la acción de tutela de la
referencia se dirigía contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Acacias, los hechos que fundamentaban la solicitud de amparo podrían llegar a
involucrar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como
establecimiento responsable de la política en materia de ejecución de penas y
medidas de seguridad. Por esa razón, consideró pertinente vincularlo al proceso
con el fin de que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de
tutela.
De igual forma, estimó necesario obtener
información sobre las condiciones generales de los internos recluidos en el
establecimiento carcelario accionado, la infraestructura del penal, el tiempo y
horario en que permanecen en las celdas, así como de la temperatura promedio en
dichos horarios, que permitiera dilucidar ciertos asuntos que los documentos
que reposaban inicialmente en el expediente de tutela no permitían aclarar. En
virtud de lo anterior ordenó:
(a)
Vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para
que se pronunciara a través de un informe general sobre las
afirmaciones hechas por los accionantes, especificando principalmente qué
opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o
qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar
una subsistencia digna en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Acacias teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar.
(b) Al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Acacias, que informara: (i) cómo se encuentran
distribuidos o están localizados los conductos de ventilación natural en todo
el establecimiento, en las áreas de los baños y en las celdas; (ii) qué
opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o
qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar
una subsistencia digna en el establecimiento teniendo en cuenta las condiciones
climáticas del lugar; (iii) cuántos internos se encuentran ubicados en cada
celda; (iv) cuánto tiempo y en qué horario permanecen los internos en
las celdas, y cuál es la temperatura promedio en dichos
horarios; y (v) si existen problemas de hacinamiento en ese penal.
2.2.
En respuesta al anterior proveído[8],
la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias señaló que
en el año 2000, en cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998 que declaró el
estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, el Gobierno decidió
construir varios penales denominados “de nueva generación”. Indicó que
en desarrollo de lo anterior se licitó la construcción de esa cárcel, que se
encuentra edificada en los terrenos de la Colonia Agrícola Penal de Oriente de
Acacias, la cual fue plenamente acondicionada teniendo en cuenta las
circunstancias climáticas.   Explicó que por ello “la planta física de ese
centro penitenciario cuenta externamente con un sistema perimetral de seguridad
en malla eslabonada, sin construcciones aledañas, permitiendo entonces la
circulación natural del aire”.
Sostuvo que los pabellones de la cárcel son independientes, constan
de dos plantas en las que se encuentran distribuidas 82 celdas, cada una con
una puerta de varilla de 3 metros de alta por 60 cm de ancha y una ventana de
70 cm por 40 de ancha, que permiten visualizar la naturaleza y recibir aire de
manera continua. Refirió que se encuentran designados dos internos por celda en
un área del establecimiento, y en la otra, que hace parte de las nuevas
instalaciones, se pueden albergar hasta cuatro internos por celda. Al respecto,
mencionó que no cuentan con otras o nuevas opciones para otorgar más
ventilación, en tanto “la actual forma en nada afecta la dignidad de los
internos”.
Manifestó que de conformidad con el artículo 31 del reglamento de
régimen interno de ese establecimiento, Resolución núm. 1060 de 2011, el
horario de cotidianidad para los internos es el siguiente:
-  Levantada,
conteo, baño, aseo de patios y cerrada de celdas            06:00
-  Desayuno
06:30
-  Llamado
a lista y contada de internos al relevo de las compañías    07:30
-  Iniciación
de actividades laborales y educativas                               08:00
-  Terminación
actividades educativas                                           11:00
-  Almuerzo
11:00
-  Iniciación
de actividades educativas                                        13:00
-  Terminación
de actividades laborales y educativas                           15:30
-  Comida
15:30
-  Conteo
y encerrada al personal de internos                             16:00
-  Llamado
a lista de internos en las celdas                                    19:00
-
Silencio                                                                                       20:00
En virtud de lo anterior, indicó, durante el día cualquier
electrodoméstico debe quedar encerrado en la celda. Siendo así y no pudiendo hacer
uso del mismo, “se crea un contrasentido en tenerlos y no poder utilizarlos
toda vez que las celdas durante el día son cerradas, circunstancia que coadyuva
a mantener erradicada la posibilidad de tener esos electrodomésticos al
interior de las celdas”.
Por otro lado, señaló que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5º del reglamento general del INPEC, los reglamentos de régimen
interno deben referirse a las materias relacionadas en esa reglamentación
general, pero adecuadas a las particularidades del centro de reclusión. Bajo
ese entendido, “dadas las condiciones de seguridad, planes de defensa, clase
de establecimiento e infraestructura de ese establecimiento, el reglamento
interno prohíbe el ingreso de electrodomésticos al interior de las celdas”.
Finalmente, adujo que Acacias (Meta) cuenta con una temperatura
promedio entre 26 y 30 grados, y que el establecimiento penitenciario cuenta
con un ligero sobre cupo de 192 internos, esto es, un 8.12%, pero que a pesar
de ello la administración del penal es garante de los derechos de los
internos.
2.3.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC- guardó silencio.
3.
Planteamiento
del problema jurídico.
Con base en los hechos
descritos corresponde a esta Sala de Revisión dar solución
al siguiente problema jurídico:
¿Vulnera el derecho fundamental a la vida en
condiciones dignas de una persona privada de la libertad, la decisión de un
establecimiento penitenciario y carcelario de prohibir la entrada de un
televisor y un ventilador a cada una de las celdas de los reclusos, con
fundamento en que dichos electrodomésticos son
elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas de conformidad con
lo dispuesto en el reglamento de régimen interno del establecimiento?
Para resolver el problema
jurídico planteado la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y
relación de especial sujeción con el Estado; (ii) obligación a cargo del
Estado de garantizar que las personas privadas de la libertad cuenten con todas
las condiciones que permitan una subsistencia en condiciones dignas. Con base en ello, (iii) resolverá el caso concreto.
4.
Derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado[9]
4.1.    Desde sus primeros pronunciamientos la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de “relación de especial sujeción
de las personas privadas de la libertad con el Estado”, al sostener que en
virtud de la misma este puede exigirle a aquellos el sometimiento a un conjunto
de condiciones que suponen la suspensión y restricción de ciertos derechos
fundamentales[10]. En otras
palabras, el Estado, al privar de la libertad a una persona, se constituye en
el garante de los derechos que no son restringidos por el acto de la privación
de la libertad, y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas
obligaciones legales y reglamentarias de imperativa observancia[11].
Dicha suspensión o restricción debe llevarse a cabo bajo los criterios de
razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad[12].
La Corte ha consolidado algunos parámetros que
explican esa potestad que radica en cabeza de las autoridades penitenciarias y
carcelarias, manifestando sobre el particular lo siguiente[13]:
“(i) La subordinación de una parte (los internos)
a la otra (el Estado)[14].
(ii) Esta subordinación se concreta en el
sometimiento del recluso a un régimen jurídico especial, controles
disciplinarios y administrativos, y la posibilidad de restringir el ejercicio
de ciertos derechos, inclusive fundamentales.
(iii) Este régimen, en cuanto al ejercicio de la
potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos
fundamentales, debe ser autorizado por la Carta Política y la ley.
(iv) La finalidad del ejercicio de la potestad y
limitación en mención es la de garantizar los medios para el ejercicio de los
otros derechos de las personas privadas de libertad, buscando cumplir con el
objetivo principal de la pena, que es la resocialización.
(v) Como derivación de la subordinación, surgen
algunos derechos especiales[15], en cuanto a las
condiciones materiales de existencia en cabeza de los internos.
(vi) El deber del Estado de respetar y garantizar
el principio de eficacia de los derechos fundamentales, en especial con el
desarrollo de conductas activas”.
Lo
anterior se traduce en que la potestad del Estado de limitar algunos derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad no es absoluta, en tanto siempre debe
estar dirigida a hacer efectivos los fines esenciales de la relación
penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del
orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones[16].
En esa medida, aunque la restricción de los derechos de los internos es de
naturaleza discrecional, esta encuentra su límite en la prohibición de toda
arbitrariedad y, por lo tanto, debe sujetarse a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad[17].
4.2.
Bajo esa línea de
argumentación, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos
fundamentales de los reclusos en tres grupos[18]:
(i)
Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de
la pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines
de la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los
derechos políticos como el derecho al voto.
(ii)
Los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al
Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y
garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad en las cárceles. Entre
estos derechos se encuentran el de la intimidad personal y familiar, unidad
familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad,
libertad de expresión, trabajo y educación.
(iii)
Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente de la dignidad del
ser humano y por lo tanto son intocables, como los derechos a la vida, a la
integridad personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad religiosa, a la
personalidad jurídica, de petición, al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.
Los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad permiten entonces determinar
cuándo se desconocen los derechos fundamentales de los internos o cuándo son
restringidos bajo las condiciones establecidas legal y reglamentariamente; es
decir, sirven como parámetros de la administración y el poder judicial para
determinar si se trata de un acto amparado constitucionalmente o de una medida
arbitraria[19]. Al respecto,
esta Corporación ha manifestado:
“7.5.3.3. Las personas
privadas de la libertad enfrentan una tensión sobre sus derechos, dada la doble
condición que tienen. Son acusados de ser criminales, o han sido condenados por
serlo, y en tal medida, se justifica la limitación de sus derechos
fundamentales, comenzando por la libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta, a
la vez la relación de sujeción en que se encuentran las personas privadas de la
libertad, surgen razones y motivos para que se les protejan especialmente sus
derechos. Esta tensión constitucional que surge entre ser objeto de especiales
restricciones sobre sus derechos fundamentales y, a la vez, ser objeto de
especiales protecciones sobre sus derechos fundamentales, lleva a actitudes y
políticas contradictorias. Una política criminal y carcelaria respetuosa de la
dignidad humana, debe lograr un adecuado balance entre una y otra condición que
se reúnen en las personas privadas de la libertad.[20] Algunos autores resaltan que una
persona, al ser privada de la libertad, se enfrenta a un sistema de control y
sujeción disciplinaria que implica, muchas veces, que las reglas y límites
pierden su carácter escrito y se confunden con la voluntad del guardia
encargado.[21]
En Colombia, muchas de estas reglas provienen, desafortunadamente, de poderes
paralelos como los caciques del patio, o actores ilegales del conflicto, que
imponen, de facto, limitaciones y restricciones irrazonables y
desproporcionadas al goce efectivo de los derechos fundamentales”[22].
4.3.
En consecuencia, corresponde
a las autoridades penitenciarias y carcelarias garantizar a las personas
privadas de la libertad los derechos fundamentales que no les han sido
suspendidos, lo que implica “no solamente que el Estado no deba interferir
en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en
acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”[23].
Siempre, claro está, adoptando las medidas amparadas legal y reglamentariamente
y acudiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
5.
Obligación a cargo del Estado de garantizar que las personas
privadas de la libertad cuenten con todas las condiciones que permitan una
subsistencia en condiciones dignas
5.1.    Consideraciones generales
5.1.1.      La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su
artículo 5º que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de libertad deberá
ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano[24]. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máxima intérprete de este
instrumento internacional vinculante para Colombia[25],
incorporó en su jurisprudencia los principales parámetros sobre las condiciones
que deben ser garantizadas por las autoridades en las cárceles y centros
penitenciarios. En el caso Pachecho Turuel y otros contra Honduras[26] fueron
sintetizados once criterios sobre el particular:
(i) El hacinamiento constituye en sí mismo
una violación a la integridad personal[27]; además, obstaculiza
el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios[28];
(ii) La separación por categorías debe realizarse entre procesados y
condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que
los privados de la libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición[29];
(iii) Todo privado de la libertad
tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal;
la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado
a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[30];
(iv) La alimentación que se
brinde en los centros penitenciarios debe ser de buena calidad y debe aportar
un valor nutritivo suficiente[31];
(v) La atención médica debe ser
proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario[32] y
a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
(vi) La educación, el trabajo y
la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios[33],
las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el
fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
(vii) Las visitas deben ser
garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de
visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en
determinadas circunstancias[34];
(viii) Todas las celdas deben
contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas
condiciones de higiene[35];
(ix) Los servicios sanitarios
deben contar con condiciones de higiene y privacidad[36];
(x) Los Estados no pueden alegar
dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan
con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la
dignidad inherente del ser humano[37]; y
(xi) Las medidas
disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos
los castigos corporales[38], la reclusión en
aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave
peligro la salud física o mental del recluso están
estrictamente prohibidas[39].
5.1.2.      La obligación de las autoridades de garantizar una subsistencia en
condiciones dignas a aquellas personas que se encuentran privadas de la
libertad encuentra su fundamento en el ordenamiento jurídico interno en el
artículo 1º de la Constitución, que consagra a Colombia como un Estado basado en
el respeto de la dignidad humana. Lo anterior, en concordancia con lo señalado
en el artículo 12 Superior, según el cual ninguna persona podrá ser sometida a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
La legislación penal quiso reproducir ese fundamento
constitucional en la normatividad que regula lo concerniente al
cumplimiento de las medidas de aseguramiento y la ejecución de las penas
privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. Así, mediante
el artículo 4º de la ley 65 de 1993, por medio de la
cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, dispuso que en los
establecimientos de reclusión deberá prevalecer el respecto a la dignidad
humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos
universalmente reconocidos, señalando al mismo tiempo que las restricciones
impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un
estricto criterio de necesidad.
De conformidad con lo señalado en el artículo 52 de
dicha normatividad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- debe
expedir el reglamento general al cual se sujetarán los respectivos reglamentos
internos de los diferentes establecimientos de reclusión del país[40].
De igual forma, el artículo 53 establece que cada centro de reclusión tendrá su
propio reglamento, el cual será expedido por el respectivo director,
previa aprobación de la dirección del INPEC[41].
En cuanto a las condiciones de las celdas y
dormitorios, la ley 65 de 1993 dispuso que estas deberán permanecer en estado
de limpieza y de aireación, para lo cual el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
deberán dotarlas de los implementos necesarios que permitan el adecuado
descanso nocturno. Así mismo, señala que las celdas estarán cerradas durante el
día en los términos que establezca el reglamento de cada penal[42].
5.1.3.      La jurisprudencia constitucional, al desarrollar las razones por las
cuales se evidenció el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, sostuvo
que una de las afecciones constatadas en el pasado y que siguen ocurriendo en
la actualidad es la violación a la dignidad humana y a un conjunto básico de
garantías fundamentales, cuando se somete a una persona recluida a la privación
de servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, a sufrir incomodidades
por temperaturas extremas o a tolerar afecciones a su salud por la falta de
higiene[43].
En la sentencia T-388 de 2013 esta Corporación
expuso importantes consideraciones sobre la violación masiva y generalizada de
los derechos de las personas privadas de la libertad. Señaló que los derechos
fundamentales de todo ser humano son universales, inalienables, indivisibles e
interrelacionados en los siguientes términos:
“[1] Los derechos de las personas
privadas de la libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su
crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está
comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales, de
toda persona. Es una posición moral que refleja la decisión social, consagrada
por el Constituyente, de respetar el valor intrínseco de todo ser humano. Su
dignidad.  Es precisamente una de las razones por las que es legítimo sancionar
con penas privativas de la libertad a quien comete un crimen: el no haber
respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a al cual se ofendió
y violentó. La sociedad, se diferencia, precisamente, porque no hace lo mismo;
no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor propio; el ser fin
en sí mismo. Toda persona vale, a plenitud, en un estado social y democrático
de derecho. [2] Los derechos fundamentales de las persona privadas de la
libertad son indivisibles. Todos los derechos, sin importar su tipo, son
inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho, necesariamente,
tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden existir jerarquías
entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser respetados, protegidos y
garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos
básicos de las personas en prisión, implican, necesariamente afectar la
dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la protección de los demás
derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; diversas facetas de
una misma protección al ser humano.  [3] Los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes.
Unos dependen de otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de
protección, los derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de
proteger el derecho a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana,
puede traer otras violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la
vida. La imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar
en restricciones ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un
preso que por no saber leer y por falta de información y de acceso a la
justicia, no sabe que tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un
tiempo)”. (Negrita fuera de texto).
En esa providencia la Corte recordó que el
compromiso de una sociedad con la dignidad humana se reconoce, en gran medida,
por la manera en que se respetan los derechos de las personas privadas de la
libertad; se trata de un compromiso con los menos privilegiados. Puso de
presente que una persona culpable de cometer un acto delictuoso puede ser
deshumanizada por buenos ciudadanos escandalizados por sus acciones, utilizando
incluso expresiones discriminatorias para mostrar el desprecio las cuales,
aparentemente justificadas e inofensivas, se convierten en el promotor y gestor
de la deshumanización. En palabras de este Tribunal:
“7.4.1.2. Las personas que han
sido encontradas culpables de cometer graves actos delictuosos, pueden ser
deshumanizadas por buenos ciudadanos escandalizados ante sus acciones. No es
raro que se empleen fuertes y discriminatorias expresiones para evidenciar el
desprecio sentido hacia tales individuos y la extrañeza a que puedan ser
considerados seres humanos. Expresiones como ‘bestias’, ‘animales’, ‘monstruos’
o ‘desalmados’ a veces son usadas coloquialmente para hacer referencia a
asesinos o violadores. Detrás de estas palabras, aparentemente justificadas e
inofensivas, se encuentra el germen de la deshumanización. Tratar a seres
humanos como si no lo fueran es el primer paso para justificar someterlos a
tratos degradantes e inhumanos. Precisamente esa es la diferencia ética y moral
de una sociedad democrática, fundada en el respeto al principio a la dignidad,
y la persona que ha cometido un acto delictivo grave: aquella se niega a
deshumanizar e irrespetar la dignidad humana, en la forma como quien delinque lo
hace con sus víctimas. Al someter a tratos crueles, inhumanos o degradantes a
las personas, la sociedad viola el principio de dignidad humana y se convierte
en promotor y gestor de la deshumanización: la capacidad de ver a otros seres
humanos como si fueran inferiores o, simplemente, como si no fueran humanos.
(…)
Toda persona, sin importar cuál sea su condición, es
igualmente digna a las demás y requiere una protección amplia de parte del
Estado. Incluso si se trata de una persona que ha actuado erradamente y ha
cometido gravísimos crímenes en contra de otros. De hecho, esa es precisamente
la diferencia entre la posición de quien viola significativamente los derechos
más básicos de los demás y quien los respeta por principio”.
5.1.4.      En
definitiva, los estándares internacionales vinculantes para Colombia y la
legislación interna contienen disposiciones que exigen al Estado, y en
particular a las autoridades penitenciarias, garantizar las condiciones mínimas
que permitan a las personas privadas de la libertad llevar una subsistencia
digna en el lugar en el que se encuentren recluidos.
Aunque se trate de individuos que han cometido crímenes o actos
delictuosos, o que se encuentran investigados como presuntos responsables, no
por ello deben ser sometidos a tratos crueles o inhumados; por el contrario, es
un compromiso de la sociedad respetar el principio de la dignidad humana a cada
persona, en especial a grupos menos favorecidos.
5.2.
Consideraciones específicas sobre las
condiciones de ventilación en los establecimientos penitenciarios y el ingreso
de televisores para los internos.
5.2.1.
De conformidad con el artículo 52 de la ley 65
de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- debe expedir el
reglamento general al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de
los diferentes establecimientos de reclusión del país. Esa disposición
consagra:
“Artículo 52. Reglamento General. El INPEC expedirá el reglamento
general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los
diferentes establecimientos de reclusión.
Este reglamento contendrá los principios contenidos en este Código,
en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por
Colombia.
Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en
materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina,
comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y
celdas, visitas, "la orden del día" y de servicios, locales
destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de
dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud,
disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior,
trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo
menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos
penitenciarios.
Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales
sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a
todos los centros de reclusión.
Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los
establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos”.
Con fundamento en lo anterior el INPEC expidió el Acuerdo
0011 de 1995, “Por el cual se expide el Reglamento General al cual se
sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y
Carcelarios”, posteriormente modificado por el Acuerdo 011 de 2006.
El artículo 13 de ese reglamento hace referencia a
los elementos de uso permitido en los dormitorios, como ropa de cama, libros,
un radio, un televisor de hasta 19 pulgadas y un ventilador cuando las
condiciones climáticas lo hagan necesario. La norma señala lo siguiente:
“Artículo 13. Elementos de
Uso Permitido. En las celdas y dormitorios destinados a los internos se
permite exclusivamente la tenencia de elementos de aseo, ropa de cama, ropa
personal, libros, un radio, un televisor hasta de 19 pulgadas y un
ventilador cuando las condiciones climáticas lo hagan necesario. La
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
fijará el valor de las tarifas a cobrar por el uso de los electrodomésticos. Su
recaudo estará a cargo del respectivo pagador del establecimiento, bajo el
control del subdirector. Donde no exista subdirector o pagador, la labor
quedará a cargo del comandante de vigilancia, bajo la supervisión del director
del establecimiento. En ningún caso se permitirá la elaboración de alimentos
dentro de las celdas”. (Resaltado fuera de texto).
5.2.2.
La jurisprudencia constitucional se ha
pronunciado en diferentes ocasiones sobre el ingreso de esta clase de
electrodomésticos -televisores y ventiladores- a los centros penitenciarios y
carcelarios.
En la sentencia
T-023 de 2003 la Corte estudió una tutela interpuesta por un ciudadano en
contra de la Dirección Penitenciaria de Acacias (Meta) donde se
encontraba recluido, al considerar que el reglamento interno de dicho centro
penitenciario vulneraba su derecho y el de sus compañeros a la igualdad con respecto
a otros establecimientos de mediana seguridad. Lo anterior, porque “en la Penitenciaría Nacional de Girardot, a los reclusos se les
permite tener consigo un radio pequeño de pilas, a fin de poder estar
informados de acontecimientos en Colombia y el mundo; así como también, el
ingreso de un ventilador”, lo que no estaba
permitido en el establecimiento carcelario accionado.
En esa
oportunidad hizo referencia al derecho a la información de las personas
privadas de la libertad y señaló que este podía ser limitado bajo ciertas
circunstancias, de conformidad con lo señalado en el artículo 110 de la ley 65
de 1993, cuyo tenor dispone lo siguiente:
“Los reclusos gozan de libertad de información, salvo grave
amenaza de alteración del orden, caso en el cual la restricción deberá ser
motivada.
En todos los
establecimientos de reclusión se establecerá para los reclusos un sistema
diario de informaciones o noticias que incluya los acontecimientos más
importantes de la vida nacional o internacional, ya sea por boletines emitidos
por la Dirección o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y
que no se preste para alterar la disciplina. En ningún caso estas medidas
podrán ser usadas para impedir que los internos tengan acceso a la información
pública del acontecer político y social del país.
La Dirección
de cada establecimiento penitenciario velará por la publicidad del Reglamento
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del
Reglamento Interno del establecimiento”.
La Corte mencionó sobre el particular que el interno debe ser
considerado como un interlocutor válido que, a pesar de su situación de
privación de la libertad, necesita estar informado. No obstante, aclaró que cualquier
restricción al respecto debe constar en un acto administrativo debidamente
motivado, contra el cual puedan interponerse todos los recursos pertinentes, no
solamente por parte de quienes padecen la restricción directamente, esto es, los
reclusos, sino de aquellos que pretenden llevar sus informaciones hasta estos. Bajo
ese entendido, recordó, las autoridades penitenciarias no pueden imponer
restricciones injustificadas al derecho a la información de los internos.
Para resolver el caso concreto determinó que si bien el reglamento general expedido por el INPEC permite la tenencia de
ciertos elementos, la potestad reglamentaria que tienen los directores de los
centros penitenciarios y carcelarios los faculta para prohibir su ingreso
cuando existen razones que lo justifiquen, o si se considera que con la
tenencia de los mismos se imposibilita el cumplimiento del fin de la actividad
penitenciaria, esto es, la resocialización y disciplina del interno y el
mantenimiento de la convivencia, seguridad y orden dentro de los centros de
reclusión. Al respecto señaló:
“Observa la Sala que el
reglamento general expedido por el INPEC, permite la tenencia de ciertos
elementos, dentro de los cuales se encuentran los reclamados por el accionante,
radio y ventilador.
Sin embargo, teniendo en cuenta
la potestad reglamentaria que tienen los directores de los centros
penitenciarios y carcelarios, podría prohibirse el ingreso de tales elementos,
si existieren razones que lo justifiquen, o como se expresó, si se considera que
el permitir su ingreso, imposibilita el cumplimiento del fin de la actividad
penitenciaria, que consiste en procurar la resocialización y disciplina del
interno y mantener la convivencia, seguridad y orden dentro de los centros de
reclusión.  De no existir tales justificaciones, considera la Corte se
estaría vulnerando no solo el derecho a la igualdad invocado por el señor
Tomillo García, sino que de igual forma se estaría restringiendo sin
fundamento, el derecho a la información que también le asiste”.
La Corte analizó el argumento esbozado por la parte
accionada, según el cual el diseño y la infraestructura de la Penitenciaria Nacional
de Acacias no contaba, en el área de celdas, con tomas ni conexiones eléctricas
que permitieran el uso de los televisores; y constató que a los reclusos se les
permitía acceder a la información externa mediante la instalación de un
televisor en el área común de cada pabellón y el ingreso de periódicos y
publicaciones. Sin embargo, señaló que si bien el tener áreas comunes con
televisor a las cuales pueden acceder los reclusos es una forma de garantizar
el ejercicio del derecho a la información, se trata de una medida sujeta a
varias condiciones, entre ellas los horarios. Por esa razón, consideró
pertinente garantizar ese derecho permitiendo el ingreso de un radio pequeño a
cada uno de los internos. En palabras de esta Corporación:
“La entidad accionada, por
medio de su director, en el informe enviado a esta Corporación, con el fin de
justificar la prohibición contenida en su reglamento, argumentó que el diseño y
la infraestructura de la Penitenciaria Nacional de Acacias no cuenta con el
área de celdas con tomas ni conexiones eléctricas que permitan el uso de dichos
elementos y que la determinación de las especificaciones técnicas y la
infraestructura se realizó por parte del Fondo Infraestructura Carcelaria de
conformidad con las directrices trazadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho. Adujo además que a los reclusos de la Penitenciaria Nacional de Acacias
se les permite acceder a la información externa nacional como internacional, a
través de los sistemas contemplados en el artículo 110 de la Ley 65 de 1993,
estos son: audiovisuales, mediante la instalación de un televisor en el área
común de cada pabellón; y, el sistema escrito, mediante el ingreso de
periódicos y publicaciones, siempre y cuando no atenten contra la legalidad de
las instituciones, la moral o las buenas costumbres.
A juicio de la Sala, en
relación con el ingreso del radio pequeño, los argumentos esbozados por el
director de la penitenciaria demandada no constituyen razones suficientes que
justifiquen la prohibición referida, máxime si se tiene en cuenta que el radio
al que se refiere el accionante y el cual si está permitido tener en la Penitenciaría
Nacional de Girardot, de acuerdo con el artículo 47 de su reglamento interno,
es un radio de 60 vatios de pilas.  Así las cosas, no es
necesario, para que los internos puedan tener bajo su custodia este elemento
permitido por el reglamento general, que las directivas de la Penitenciaria
Nacional de Acacias tengan que adecuar tomas o conexiones eléctricas, ni mucho
menos,  reestructurar la infraestructura interna de la
penitenciaria.
Si bien es cierto que el tener
áreas comunes con televisor a las cuales pueden acceder los reclusos es una
forma de garantizar el ejercicio del derecho a la información, el cual encierra
el hecho de estar enterado de los acontecimientos del mundo exterior, también
es cierto que es una medida sujeta a varias condiciones, entre ellas los
horarios.  Por tal razón no es suficiente argumento para justificar la
restricción al derecho a la información, el cual de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte, debe garantizarse facilitando todos los medios para
su goce, siempre y cuando estén permitidos por la Constitución y la ley y no se
afecten los derechos de los demás.
Adicionalmente, no es válida la
aclaración hecha por el director de la entidad demandada –se reitera el
hecho de que nos encontramos en un establecimiento penitenciario de mediana
seguridad y es por ello que se prohíbe a los internos tener aparatos o medios
de comunicación privados, tales como fax, teléfono, busca personas o
similares-, por cuanto no se observa que el radio guarde  relación
alguna con los equipos de comunicación mencionados por el director, los cuales
si se encuentran expresamente prohibidos en el artículo 111 de la Ley 65 de
1993 (fax, teléfonos, buscapersonas o similares); ni mucho menos se encuentra
dentro de los elementos prohibidos en el artículo 122 de la misma ley (bebidas
embriagantes, armas, explosivos, objetos propios para juegos de azar, etc.).
Así las cosas, la Sala
considera que al no existir una justificación legítima para restringir el
derecho a la igualdad y a la información de los reclusos, procede el amparo de
estos derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que existe una norma
de rango legal y superior al reglamento interno de la Penitenciaria Nacional de
Acacias, que permite el ingreso de un radio”.
En cuanto al ingreso o instalación de los
ventiladores consideró que no puede alegarse un incumplimiento de las obligaciones
por parte de las directivas de las penitenciarías por el solo hecho de
prohibir, mediante reglamento, la tenencia de un  ventilador. Explicó que
si bien podría pensarse en la vulneración del derecho a la vida en condiciones
dignas, debido a las circunstancias climatológicas y los problemas de
hacinamiento que rodean a los reclusos, su restricción para el caso en estudio
tenía fundamento en las pruebas allegadas al proceso, de la cuales se
desprendía que las necesidades básicas de los internos (salud, educación,
recreación, entre otras) estaban siendo satisfechas. A juicio de la Corte:
“Tal prohibición responde a la
necesidad de preservar la seguridad en los recintos carcelarios y a evitar
erogaciones innecesarias.  Respecto a este punto, vale la pena recordar
que de conformidad con el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 65 de 1993,
pueden darse limitaciones razonables y proporcionales en los establecimientos
de reclusión, siempre y cuando existan situaciones que imposibiliten el
cumplimiento de los fines de la función penitenciaria (seguridad, orden,
disciplina, resocialización, etc.), que así lo ameriten”.
Más adelante, en la sentencia T-1030 de 2003,
este Tribunal estudió la acción de tutela interpuesta por varios
internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), quienes alegaban
que habían sido sometidos a un proceso de “rapado” de sus
cabezas, que los sindicados habían obligados a portar el mismo uniforme que los
condenados, que el uniforme era inadecuado para protegerlos del clima y que no
se les permitía el uso de elementos mínimos para su supervivencia como “ropa
de cama adecuada, ropa personal, libros, un radio, un televisor hasta de 19
pulgadas, un sistema de calefacción.
La Corte determinó como problema jurídico establecer
hasta dónde la calificación de un centro carcelario y penitenciario como
de “alta seguridad” implicaba y justificaba, debido a la
clase de delitos que cometieron quienes se encontraban en ellos recluidos, la
imposición de mayores y mucho más severas limitaciones al ejercicio de
determinados derechos fundamentales en relación con el resto de los demás
reclusos del país.
Específicamente sobre el ingreso
de televisores, recordó que según el artículo 13 del Acuerdo
011 de 1995 son elementos de uso permitido en las celdas y dormitorios destinados
a los internos: ropa de cama, ropa personal, libros, un radio, un televisor
hasta de 19 pulgadas y un ventilador cuando las condiciones climáticas lo hagan
necesario. Sin embargo, aclaró que el artículo 3 ibídem establece
que las normas del acuerdo se aplicarán sin perjuicio de las reglamentaciones
especiales que dicte el Director del INPEC para las cárceles y
penitenciarias especiales; es decir, para ese caso las de alta seguridad.
Sobre el particular expuso:
“Ahora bien, la Sala
estima que es una medida proporcional por cuanto busca una finalidad
constitucional, cual es el mantenimiento de la seguridad y el orden público; es
adecuada por cuanto se trata de una cárcel de máxima seguridad, caracterizada
por el establecimiento de elevados estándares en la materia; es necesaria ya
que está comprobado que la tenencia de estos equipos facilita la comisión de
delitos y evasiones del penal y es estrictamente proporcional en cuanto las
directivas del penal han tomado las provisiones necesarias para que los
internos estén informados de los sucesos que ocurren en el mundo externo. En
otros términos, para la Sala resulta proporcional que en una cárcel o
penitenciaría de alta seguridad se prohíba el uso de radios y televisores en
la celdas y dormitorios de los internos; no
obstante, con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la
información, las directivas de estos establecimientos deben garantizar, al
menos, que en las zonas comunes los internos cuenten con un
televisor, puedan asimismo escuchar noticias de radio y se les permita la
tenencia de revistas y periódicos”.
En la sentencia T-266 de 2013 esta
Corporación revisó la acción de tutela presentada por los internos del patio
núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias de Florencia (Caquetá), con el fin de
que se les protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención de pena y al
buen trato.
Sobre el derecho a la
comunicación, recordó que el artículo 110 del Código Penitenciario y Carcelario
consagra el derecho de las personas privadas de libertad a sostener
comunicación con el exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la
vida nacional o internacional, y que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional ese derecho tiene como soporte el reconocimiento que hace el
ordenamiento jurídico a los directores de los establecimientos de reclusión
para instaurar restricciones a su ejercicio, las cuales deben corresponder al
cumplimiento de los objetivos de la actividad carcelaria. Sobre el caso
concreto, específicamente en cuanto al derecho a la información, concluyó:
“Respecto a la comunicación, afirman los accionantes que el servicio
de telefonía fija, celular y a larga distancia no se presta en debida forma,
impidiéndoseles mantenerse en contacto con sus familiares y allegados. En el
mismo sentido aseguraron que el único televisor con que cuentan no funciona.
Por su parte,
los directores del establecimiento sostuvieron que dadas las condiciones de
ubicación del mismo, en un principio se presentaron problemas técnicos, los
cuales fueron paulatinamente superados. Debe tenerse en cuenta que en las
inspecciones practicadas, tanto por el Defensor del Pueblo Regional Caquetá como
por el grupo de asuntos penitenciarios y carcelarios de la Procuraduría General
de la Nación, no fue expuesta inconformidad alguna por parte de los internos
sobre este asunto.
Lo anterior
permite suponer a esta Sala que efectivamente en la actualidad dicho
inconveniente fue subsanado. De todos modos y en lo que se refiere al tema de
las comunicaciones vale la pena recordar que en los casos en los cuales el
Estado acuerda con un tercero la prestación de un servicio (PREPACOL), es su
responsabilidad velar porque el mismo se proporcione en debida forma. Por
tanto, se advierte al establecimiento que debe ejercer una continua vigilancia
que permita el correcto funcionamiento de las comunicaciones al interior del
penal”.
5.2.3.
Ahora bien, aunque se encuentra justificado en determinados casos
restringir el ingreso de ventiladores a las celdas, es preciso hacer mención a la
sentencia T-762 de 2015[44] en la cual esta Corporación realizó
un análisis relevante para el caso que ahora se estudia, referente a las
condiciones que deben cumplir las celdas de las cárceles, los espacios y la
ventilación.
Por un lado, citó los Principios y Buenas Prácticas sobre
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[45], documento en el
cual se precisó que “las personas privadas de libertad deberán disponer
de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y
calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación
de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama
apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno
(…)”. (Resaltado fuera de texto).
Así mismo, precisó que la medición del fenómeno de la
sobrepoblación coincide con el espacio por persona dentro de las instalaciones
del establecimiento penitenciario en dos escenarios distintos: (i) una visión
general, esto es, el espacio al que los internos pueden acceder dentro de la
cárcel; y (ii) una perspectiva individual, es decir, el área disponible que
tiene cada interno para dormir o disponer de sus efectos personales. Al
respecto sostuvo:
“133. Ahora bien, sobre las dimensiones de los
sitios de alojamiento es preciso aclarar que estos, conforme las
recomendaciones de la CICR, debe estructurarse con una ‘distancia mínima entre
las paredes de las celdas (…) de 2,15 m, y el techo debe estar a por lo menos
2,45 m de alto’.[46]
El indicador al respecto será el porcentaje de
población privada de la libertad que habita una celda que conserva los mínimos
espaciales para el alojamiento, frente a la totalidad de la población
carcelaria. El primer número se multiplica por 100, y el resultado se divido
entre la población carcelaria total, bien sea del país o del establecimiento
penitenciario.
Así, por ejemplo si hay en el país 2.000 personas
que están alojadas teniendo en cuenta los mínimos espaciales que debe garantizar
la celda, y la población privada d la libertad asciende a 100.000, el
porcentaje de personas que ve satisfecho este aspecto será del 2%, que se
obtiene al multiplicar 2.000*100, y dividir el resultado entre 100.000.
134. Otro factor que debe tenerse en cuenta en
la consolidación de los espacios de alojamiento es la ventilación. Se propicia
a través de aberturas que deben constituir el 10% de la superficie del área de
la celda, y que deben contar con mecanismos que impidan el paso del frío en la
noche, conforme las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra el
establecimiento penitenciario. Las mismas aberturas deben asegurar la
entrada de luz natural a la celda.
El indicador al respecto será el porcentaje de
personas privadas de la libertad que habitan una celda con ventilación
adecuada, frente a la totalidad de la población carcelaria. El primer número se
multiplica por 100, y el resultado se divide entre la población carcelaria
total, bien sea del país o del establecimiento penitenciario. La operación se
efectúa tal como en el ejemplo del fundamento jurídico 133.
135. Además del metraje del espacio de alojamiento,
la optimización del descanso nocturno al que se orienta principalmente dicho
sector del penal, implica el suministro de los implementos mínimos para dormir,
conforme las condiciones climáticas del entorno en el que se encuentren las
distintas prisiones del país. Al respecto conviene recordar que según las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, ‘cada recluso dispondrá, en
conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa
de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con
regularidad a fin de asegurar su limpieza’.”
De conformidad
con lo anterior, en esa sentencia se fijó como parámetro que los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país deben contar con una
infraestructura que permita a los internos disponer de un espacio suficiente y
una ventilación y calefacción adecuadas, dependiendo de las condiciones
climáticas del lugar donde se encuentren ubicados. La determinación sobre la
suficiencia de ese espacio dependerá del tamaño de las celdas y del número de
personas que habitan en cada una de ellas, de tal forma que, por lo menos,
conste de aberturas que constituyan el 10% de la superficie del área de la
celda. En todo caso, tales circunstancias deberán ser analizadas en cada caso,
y dependiendo de cada tipo de establecimiento y su infraestructura.
Con los
elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes, entrará esta Sala
a evaluar el caso concreto.
6.
Caso concreto.
6.1.    Presentación
del caso.
6.1.1. Edgar
Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y Edwin Jiménez Gutiérrez presentaron una
petición ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Acacias, donde se encuentran recluidos, solicitando el ingreso e instalación de
un televisor y un ventilador en cada una de las celdas de la cárcel. Dicha solicitud
fue negada por las autoridades penitenciarias bajo el argumento de que esos
electrodomésticos son elementos de prohibida tenencia  en el interior de las
celdas, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de ese
penal. Los accionantes instauraron acción de tutela, al considerar que la
decisión del establecimiento carcelario vulneró su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.
6.1.2. En
contestación a la acción de tutela el director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacias indicó que existen otros mecanismos de
defensa judicial para modificar o anular lo dispuesto en el acto administrativo
contentivo del reglamento interno. Manifestó que la infraestructura del penal
no cuenta con las conexiones eléctricas para instalar lo solicitado y que el INPEC
no cuenta con los recursos para asumir los costos por el cobro que se generaría
por el consumo de energía. Aclaró que el pabellón donde se encuentran recluidos
los accionantes cuenta con una ventana y una puerta construida en varillas de
grueso calibre que permiten la ventilación externa y natural; asimismo, que tiene
un televisor en un área acondicionada como sala de televisión que permite la
integración de todos los internos.
6.1.3. En
decisión de primera instancia se denegó el amparo invocado bajo el argumento de
que la vía administrativa es la adecuada para atacar el reglamento interno de
la cárcel. Además, consideró, la acción de tutela se sustenta en una
inconformidad con las determinaciones adoptadas por las directivas del penal,
que no amenazan o vulneran los derechos fundamentales de los internos. Esta
decisión fue confirmada en segunda instancia bajo argumentos similares.
6.1.4. Mediante
auto del 20 de enero de 2016 esta Corporación vinculó al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como establecimiento responsable de
la política en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad, para que
se pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de tutela. De igual
forma, estimó necesario obtener información sobre las condiciones generales de
los internos recluidos en el establecimiento carcelario accionado, de la
infraestructura del penal, del tiempo y horario que permanecen en las celdas,
así como de la temperatura promedio en dichos horarios, para lo cual ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias
que informara: (i) cómo se encuentran distribuidos o
están localizados los conductos de ventilación natural en todo el
establecimiento, en las áreas de los baños y en las celdas; (ii) qué opciones
de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o qué
solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar una
subsistencia digna en el establecimiento teniendo en cuenta las condiciones
climáticas del lugar; (iii) cuántos internos se encuentran ubicados en cada
celda; (iv) cuánto tiempo y en qué horario permanecen los internos en
las celdas y cuál es la temperatura promedio en dichos
horarios; y (v) si existen problemas de hacinamiento en ese penal.
6.1.5. En
respuesta a ese proveído, la Dirección del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Acacias señaló que en el año 2000 el Gobierno construyó varios
penales denominados “de nueva generación”, entre ellos, la cárcel de
Acacias, la cual fue plenamente acondicionada teniendo en cuenta las
circunstancias climáticas.
Sostuvo que los pabellones de la cárcel son independientes, constan
de dos plantas en las que se encuentran distribuidas 82 celdas, cada una con una
puerta de varilla de 3 metros de alta por 60 cm de ancha y una ventana de 70 cm
por 40 de ancha, que permiten visualizar la naturaleza y recibir aire de manera
continua. Refirió que se encuentran designados dos internos por celda en un
área del establecimiento, y en la otra, que hace parte de las nuevas
instalaciones, se pueden albergar hasta cuatro internos por celda. Indicó que
durante el día las celdas deben permanecer cerradas, lo que coadyuva a mantener
erradicada la posibilidad de tener esos electrodomésticos al interior de las
celdas.
Por otro lado, señaló que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5º del reglamento general del INPEC, los reglamentos de régimen
interno deben referirse a las materias relacionadas en esa reglamentación general,
pero adecuadas a las particularidades del centro de reclusión. Bajo ese
entendido, “dadas las condiciones de seguridad, planes de defensa, clase de
establecimiento e infraestructura de ese establecimiento, el reglamento interno
prohíbe el ingreso de electrodomésticos al interior de las celdas”. Finalmente,
adujo que ese establecimiento penitenciario cuenta con un ligero sobre cupo de
192 internos, esto es, un 8.12%, pero que a pesar de ello la administración del
penal es garante de los derechos de los internos.
6.2.    Análisis de la presunta vulneración del derecho fundamental a la
vida en condiciones dignas
6.2.1.      De
acuerdo con lo reseñado en el acápite de antecedentes, los accionantes presentaron
una petición el 30 de marzo de 2015 solicitando la instalación de un televisor
y un ventilador en cada una de las celdas del penal. El 11 de junio de ese año
el Director de la cárcel emitió la respuesta de dicha solicitud indicando las
razones por las cuales no era posible acceder a sus pretensiones. En esta se
indicó lo siguiente:
“Para este
Establecimiento Penitenciario y Carcelario aplica el Reglamento de Régimen
Interno vigente contenido en la Resolución No. 1060 de 29 de junio de 2011,
aprobado por la dirección general del INPEC mediante Resolución No. 002822 del
05/07/2011, el cual contempla lo siguiente:
ARTÍCULO 46.
ELEMENTOS PROHIBIDOS. Además de los descritos en este Reglamento, también
se prohíbe su ingreso y tenencia por parte de los internos los siguientes
elementos: correas, cuerdas o elementos similares, billeteras, material de
proselitismo político, bebidas embriagantes, armas de todo tipo, explosivos,
sustancias narcóticas y sicotrópicas, cables de conducción eléctrica, objetos
propios para juegos de azar, hornos corrientes, hornos microondas, electrodomésticos
de cualquier tipo, televisores, elementos de comunicaciones (…).
Así las
cosas, los electrodomésticos (televisor-ventilador), de acuerdo a lo
establecido en la normatividad anterior, son elementos de prohibida tenencia al
interior de las celdas, razón que nos conlleva a negar su solicitud.
Ahora, este
establecimiento acata la normatividad vigente, respecto al derecho que tiene
todo interno a la información externa, relacionada con noticias sobre
acontecimientos de la vida nacional e internacional; consagrado en el
Reglamento de Régimen Interno a la luz del artículo 37, (…). Ahora, cada
pabellón cuenta con área común dotada de televisor para el uso personal interno
con el fin de estar enterado sobre las noticias y actualidad del mundo externo;
del mismo modo está autorizado el ingreso de un radio transistor de dos bandas
pequeño (…) y habrá un reloj en la entrada al pabellón que permita a los
internos estar informados de la hora”[47].  (Resaltado fuera de texto).
(i) En primer lugar, en lo que tiene que ver con el
ingreso e instalación de un televisor en cada celda, es preciso
mencionar de manera previa que, según lo informado por el director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, las personas allí
recluidas cuentan con un televisor en un área común que les permite no solo
obtener información y conocimiento de las noticias sobre los acontecimientos
más importantes de la vida nacional o internacional, sino la integración de los
internos cuando comparten la proyección de un video con fines académicos,
informativos o de interés general.
De igual forma, las directivas del establecimiento
penitenciario accionado señalaron que no es indispensable contar con un
televisor por cada celda, porque los internos no permanecen en ellas durante el
día y en la noche ingresan únicamente para descansar, momento en el cual el lugar
debe quedar en absoluto silencio. Lo anterior, aunado a lo contenido en el
reglamento interno de este penal -que prohíbe el uso de cualquier tipo de
electrodoméstico-, son las razones expuestas por la parte accionada para negar
la solicitud de ingreso del televisor a las celdas o dormitorios. En el mismo sentido señaló que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5º del reglamento general del INPEC, los reglamentos de régimen
interno deben referirse a las materias relacionadas en esa reglamentación
general, pero adecuadas a las particularidades del centro de reclusión. Bajo
ese entendido, explicó que “dadas las condiciones de seguridad, planes de
defensa, clase de establecimiento e infraestructura de ese establecimiento, el
reglamento interno prohíbe el ingreso de electrodomésticos al interior de las
celdas”.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte estima
que en este caso la prohibición del ingreso de un televisor en cada celda del
establecimiento penitenciario accionado no vulnera el derecho a la vida en
condiciones dignas de las personas que se encuentran privadas de la libertad en
ese lugar:
-       Según se constató, a los reclusos se les permite acceder a la
información externa nacional e internacional a través de la instalación de un
televisor en un área común, con lo cual se garantiza de manera efectiva su
derecho a la información y a la comunicación.
-       Por otro lado, resulta innecesario contar con un televisor en cada
una de las celdas si se tiene en cuenta que durante el día estas deben
permanecer cerradas y en la noche el lugar debe estar el absoluto silencio. Además,
de acuerdo con la información suministrada por el Director del penal accionado,
dadas las condiciones de seguridad, planes de defensa e infraestructura de ese
establecimiento, es necesario prohibir el ingreso de esa clase de
electrodomésticos al interior de las celdas.
-       Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de
la ley 65 de 1993 cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de
régimen interno, que será expedido por el respectivo Director, previa
aprobación del Director General del INPEC. En el caso del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacías, el reglamento interno fue aprobado
mediante la Resolución 1060 de 2011, acto administrativo que goza de presunción
de legalidad. Bajo ese entendido, lo pertinente, en el evento de considerar que
ese reglamento no se ajusta a la reglamentación general impartida por el INPEC,
será desatar la controversia ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no a través de la acción de tutela.
No obstante lo anterior, la Sala debe recordar que si bien se garantiza el derecho a la información al contar con áreas
comunes con televisor a las cuales pueden acceder los reclusos, se trata de una
medida sujeta a varias condiciones, entre ellas los horarios, por lo cual el
penal debe facilitar todos los medios para el goce efectivo de ese derecho a
través de otros medios, como sucede, por ejemplo, con la autorización a cada
uno de los internos del ingreso de un radio pequeño, siempre y cuando estén
permitidos por la Constitución y la ley y no se afecten los derechos de los
demás.
(ii) En segundo lugar, sobre la solicitud de ingreso e
instalación de un ventilador en las celdas, la Corte hace las siguientes
consideraciones.
El artículo 12 del Acuerdo 0011 de 1995 establece
que las celdas y los dormitorios de los internos deben satisfacer las
condiciones de ventilación, alumbrado e instalaciones sanitarias[48].
Para poder determinar si los internos cuentan con la adecuada
ventilación es preciso contar con datos como el espacio de las celdas y el
número de internos que se alojan en cada una de ellas, así como las condiciones
climáticas del lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento
penitenciario
En el caso que ahora se estudia, el director del
establecimiento penitenciario accionado informó que Acacias
(Meta) tiene una temperatura promedio entre 26 y 30 grados[49].
Por otro lado señaló que el
establecimiento penitenciario cuenta con un ligero sobre cupo de 192 internos,
esto es, un 8.12%, pero que a pesar de ello la administración del penal es
garante de los derechos de los internos. Sostuvo igualmente que los pabellones
de la cárcel son independientes, constan de dos plantas en las que se
encuentran distribuidas 82 celdas, cada una con una puerta de varilla de 3
metros de alta por 60 cm de ancha y una ventana de 70 cm por 40 de ancha, que
permiten visualizar la naturaleza y recibir aire de manera continua.
Refirió igualmente que se encuentran
designados dos internos por celda en un área del establecimiento, y en la otra,
que hace parte de las nuevas instalaciones, se pueden albergar hasta cuatro
internos por celda[50]. Al respecto, mencionó que no cuentan
con otras o nuevas opciones para otorgar más ventilación, en tanto “la
actual forma en nada afecta la dignidad de los internos”.
Para mostrar las condiciones en las que
se encuentran recluidos los internos, la dirección del penal remitió material
fotográfico que permite ver su infraestructura y las instalaciones de
ventilación de las celdas:
Imagen 1. Entrada a los pabellones.
Imagen 2. Patios.
Imagen 3. Puertas de las celdas de 3 metros de alto por 60
cm de ancho.
Imagen 4. Interior de las celdas y ventana de 70 cm por 40
cm de ancho.
Con los anteriores elementos de juicio la Corte encuentra
que, en lo que tiene que ver con la solicitud del ingreso de
un ventilador, tal petición no resulta procedente en tanto, de acuerdo con la
información suministrada por el Director del penal accionado, dadas las
condiciones de seguridad, planes de defensa e infraestructura de ese
establecimiento, el reglamento de régimen interno prohíbe el ingreso de esa
clase de electrodomésticos al interior de las celdas.
Ahora bien, en principio,
pareciera que las instalaciones y la infraestructura del establecimiento
penitenciario accionado cumplen con los requisitos que permiten una adecuada
ventilación para las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese
penal, en tanto cada celda cuenta con una entrada y una ventana que facilita la
circulación natural del aire.
Sin embargo, no puede dejarse de lado que las difíciles
condiciones climáticas del lugar debido a las altas temperaturas de la zona y
la situación de sobrecupo del establecimiento penitenciario, se convierten en
circunstancias que ameritan la vigilancia y el acompañamiento de las
autoridades estatales en la verificación de las reales condiciones de
ventilación del penal. Para la Sala no es claro si la ventilación natural y
externa que ingresa por los espacios evidenciados en las fotografías resulta
suficiente de acuerdo con el tamaño de la celda y con el número de internos que
alberga cada una de ellas.
Al respecto, es preciso mencionar que la acción de tutela
está dirigida a la protección no solo de los derechos fundamentales que se
hallen vulnerados, sino cuando existe una amenaza o riesgo de su vulneración.
Por esa razón, es preciso, en este caso, conceder la protección del derecho
fundamental a la vida en condiciones dignas, como medida preventiva, ante la
amenaza de su violación por las razones que fueron expuestas, esto es, dadas
las altas temperaturas, la situación de sobrecupo y la falta de información
sobre la suficiencia de la ventilación natural de acuerdo con el tamaño de la
celda y el número de internos recluidos en ellas.
6.2.2.
En virtud de expuesto, en lo que se refiere al ingreso de un televisor y un ventilador a
cada una de las celdas del penal, la Corte confirmará parcialmente la decisión
adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio que confirmó a su vez la proferida por el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, mediante las cuales se
negó dicha solicitud, por las razones expuestas en los numerales anteriores.
Sin embargo, de manera preventiva ordenará a la Dirección General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y a la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) verificar las
condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en cada
una de las celdas de ese penal, de manera que se acredite que resultan
suficientes para garantizar la ventilación adecuada, de acuerdo con el tamaño
de las celdas y el número de internos que se encuentran recluidos en cada una
de ellas.
Para ello, deberá
presentar un informe al Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), que conoció en primera
instancia, que deberá verificar el
estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte en esta providencia.
Para efecto de garantizar
de manera efectiva el cumplimiento de lo anterior la Sala ordenará comunicar de
esta decisión a la Defensoría del Pueblo Regional Meta y a la Defensoría
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, para que, en el
ejercicio de sus competencias, realicen un acompañamiento y vigilancia al
proceso de verificación que fue ordenado al INPEC y al establecimiento
penitenciario accionado.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio
de dos mil quince (2015) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio que a su vez confirmó la emitida el dieciocho (18) de
junio de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), mediante la
cual se negó la protección invocada dentro de la acción de tutela interpuesta
por Edgar Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y Edwin
Jiménez Gutiérrez contra el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Acacias, en lo que se refiere a la
solicitud de ingreso de un televisor y un ventilador a cada una de las celdas
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta), por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida
el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que a su vez confirmó
la emitida el dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta). En su lugar, CONCEDER
de manera preventiva la protección de la amenaza del
derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de los internos, en lo que
tiene que ver con la verificación de las condiciones de ventilación del
establecimiento penitenciario accionado, por las razones expuestas en el
numeral 6.2 de la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero.- ORDENAR a la Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- y a la Dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie las actuaciones
tendientes a verificar las condiciones en las que se encuentran las personas
privadas de la libertad de ese penal, de manera que se acredite que resultan
suficientes para garantizar la ventilación adecuada, de acuerdo con las altas
temperaturas del lugar donde se encuentra ubicado el penal, el tamaño de las
celdas y el número de internos que se encuentran recluidos en cada una de
ellas.. Para ello, deberá presentar un informe al Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), que
conoció en primera instancia, que
deberá verificar el estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte en
esta providencia.
Cuarto.- COMUNICAR
de esta decisión a la Defensoría del Pueblo
Regional Meta y a la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria, para que, en el ejercicio de sus competencias, realicen
un acompañamiento y vigilancia al proceso de verificación ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias en el
numeral anterior, autoridades que deberán verificar, y en caso de ser
necesario, adoptar las medidas pertinentes para garantizar la adecuada
ventilación en las celdas del penal teniendo en cuenta las altas temperaturas
del lugar donde se encuentra ubicado.
Quinto.- SOLICITAR
al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacias (Meta) que, en cumplimiento de su deber, verifique el
estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte en esta providencia.
Sexto.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]  De
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente los accionantes solicitaron
el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Municipal de
Acacias para la entrega de los derechos de petición presentados por los
internos. Cfr. Cuaderno principal, folios 7 a 10
[2] “Artículo 52.
Reglamento General. El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se
sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes
establecimientos de reclusión. Este reglamento contendrá los principios
contenidos en este Código, en los convenios y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia. Establecerá, así mismo, por lo menos, las
normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías,
consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y
adjudicación de patios y celdas, visitas, ‘la orden del día’ y de servicios,
locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas,
elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de
salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo
exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse
lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los
símbolos penitenciarios. Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones
generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se
aplicará a todos los centros de reclusión. Habrá un régimen interno exclusivo y
distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones
psiquiátricos”.
[3] “Artículo 64. Celdas
y dormitorios. Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 1709 de 2014.
Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de aireación. El
Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa
apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno. Los
demás elementos permitidos serán señalados en el reglamento general. Los
dormitorios comunes y las celdas, están cerrados durante el día en los términos
que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquellos, a la hora de
recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben el
reposo. La limpieza del establecimiento estará a cargo de los internos. En el
reglamento se organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de
manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su
conservación el estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo
ocupa. Las labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional
para la redención de la pena. Deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de
eliminar las barreras físicas de las personas en situación de discapacidad,
mejorando las condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales que se
adapten a sus necesidades particulares”.
[4] “Artículo 13.
Elementos de Uso Permitido. En las celdas y dormitorios destinados a los
internos se permite exclusivamente la tenencia de elementos de aseo, ropa de
cama, ropa personal, libros, un radio, un televisor hasta de 19 pulgadas y un
ventilador cuando las condiciones climáticas lo hagan necesario. La Dirección
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fijará el
valor de las tarifas a cobrar por el uso de los electrodomésticos. Su recaudo
estará a cargo del respectivo pagador del establecimiento, bajo el control del
subdirector. Donde no exista subdirector o pagador, la labor quedará a cargo
del comandante de vigilancia, bajo la supervisión del director del
establecimiento. En ningún caso se permitirá la elaboración de alimentos dentro
de las celdas. El director del establecimiento llevará un estricto control de
los objetos permitidos y con el comandante de vigilancia responderán por el
estricto cumplimiento de esta disposición”.
[5] Cuaderno principal, folios 21 a 30.
[6] “Artículo 53. Reglamento
Interno. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen
interno, expedido por el respectivo Director del centro de reclusión y previa
aprobación del Director del INPEC. Para este efecto el Director deberá tener en
cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones
ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de
defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá
ser aprobada por la Dirección del INPEC”.
[7] “Artículo 46.
Elementos prohibidos. Además de los descritos en este Reglamento, también se
prohíbe su ingreso y tenencia por parte de los internos de los siguientes
elementos: Correas, cuerdas o elementos similares, billeteras, material de
proselitismo político, bebidas embriagantes, armas de todo tipo, explosivos,
sustancias narcóticas y psicotrópicas, cables de conducción eléctrica, objetos
propios para juegos de azar, hornos corrientes, hornos microondas,
electrodomésticos de cualquier tipo, televisores (…)”.
[8] El Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) allegó la respuesta referida
mediante correo electrónico recibido en el Despacho del magistrado sustanciador
el 9 de febrero de 2015.
[9] Sobre los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación de especial
sujeción con el Estado pueden consultarse las sentencias T-596 de 1992, C-318
de 1995, T-705 de 1996, T-706 de 1996, T-714 de 1996, T-153 de 1998, T-136 de
2006, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013, T-815 de 2013, T-857 de
2013, T-588A de 2014 y T-111 de 2015, entre muchas otras.
[10] Sentencia T-153 de
1998. En esa oportunidad la Corte estudió dos acciones de tutela presentadas
por personas recluidas en las cárceles Bellavista de Medellín y La Modelo de
Bogotá, en las cuales dieron a conocer la situación de hacinamiento, problemas
de salubridad y otras condiciones que afectaban de manera grave la dignidad
humana de los internos. Luego de realizar inspecciones judiciales y analizar
las circunstancias en las que se encontraban los reclusos concluyó que,
efectivamente, se estaba presentando una grave vulneración de los derechos
fundamentales y declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles.
Señaló que la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituía
una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas
de vida a los internos y generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo
cual se comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de
los internos. Encontró que los puestos de trabajo y de educación eran escasos
en relación con la demanda sobre ellos, que los procedimientos para las visitas
- con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas
conyugales y familiares, etc. - no facilitaban la unidad e integración
familiar, y que, en muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento
hospitalario, estas no podían ser trasladadas a los centros médicos por
carencia de personal de guardia, entre otros problemas. Del mismo modo sostuvo
que “el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de
ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la agenda política. A pesar de que
desde hace décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada,
que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su
función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país
rebosan de sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos
políticos del Estado con miras a poner remedio a esta situación. La actitud de
los gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles
obedece a la lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes
democráticos. Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo
hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente
accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas
condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír
su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de
necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”.
[11] Cfr. Informe
sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Párrafo 49. Cfr.
Corte I.D.H., Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218,
párr. 98; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte I.D.H.,
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.
205, párr. 243.
[12] Sentencia
T-266 de 2013. En esta ocasión esta Corporación revisó la acción de tutela
presentada por los internos del patio núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias
con el fin de que se les protegieran sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención
de pena y al buen trato, al considerar que dicho establecimiento no contaba con
las condiciones mínimas para su reclusión (como la prestación del servicio
médico, provisión de alimentos, contacto con sus allegados, instalaciones
sanitarias higiénicas y suficientes, implementación de programas laborales y
educativos, y actividades deportivas, entre otras). La Corte concedió
la protección de los derechos fundamentales de los reclusos al encontrar
demostrados, entre otros, los siguientes hechos: (i) los internos no contaban
con un servicio satisfactorio de salud, la atención en medicina especializada
no se brindaba a tiempo, carecían de servicio odontológico, faltaban profesionales
de la salud y áreas sanitarias, el número de guardias para cumplir con las
remisiones a las citas especializadas fuera del penal era insuficiente, había
fallas relacionadas con la no existencia de pabellones psiquiátricos en donde
recluir a los internos que padecían enfermedades mentales, demora en el
suministro de medicamentos; (ii) no se les proporcionaba el gramaje alimenticio
establecido en la ley, persistían las falencias en las dietas especiales, y no contaban
con los utensilios o recipientes adecuados para evitar la mezcla de alimentos
entre sí; (iii) baños insuficientes para el volumen de reclusos; y (iv) no contaba
con un espacio adecuado y aseado que permitiera las visitas íntimas, además, el
tiempo del que disponían para tal efecto era muy corto (una vez al mes y por 25
minutos), lo que impedía el pleno goce de dicha actividad.
[13] Sentencia
T-324 de 2011. La Corte analizó la acción de tutela interpuesta por una
ciudadana como agente oficiosa de su hijo, quien se encontraba recluido
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila) cuando sufrió
una hipoxia cerebral. La accionante manifestó que, además de sufrir ese evento,
padecía de trastorno depresivo, sufría graves secuelas neurológicas, no
controlaba esfínteres y requería de terapias físicas y de lenguaje. Sostuvo que
le fue concedida la sustitución de la pena de prisión intramuros por prisión
domiciliaria, pero que el establecimiento accionado no se le estaba prestando
la atención médica necesaria y ella no contaba con los medios físicos ni
económicos para brindarle el cuidado que requería su hijo. Este Tribunal
concedió la protección de los derechos fundamentales invocada al encontrar que,
teniendo en cuenta el precario estado de salud del agenciado y el hecho de que
la medida de sustitución de pena se debió precisamente a las secuelas graves
por la hipoxia cerebral, dicho establecimiento no cumplió con el mandato de
prestación integral del servicio de salud al solicitar el traslado del interno
sin consultar a la progenitora del mismo sobre su facultad para continuar con
el cuidado de este ni tener en cuenta las posibilidades físicas y económicas
para auxiliar de manera adecuada a su hijo. Reiteró que las instituciones
carcelarias no podían desprenderse de la obligación de atención médica del
agenciado por el hecho de que ya no se encontrara recluido en sus
instalaciones, por cuanto su deber de solidaridad se extendía al mantenimiento
de las condiciones óptimas de vida de quien enfermó bajo su custodia.
[14] La subordinación se
fundamenta “en la obligación especial de la persona recluida consistente en
cumplir una medida de aseguramiento, dado su vinculación a un proceso penal, o
una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Sentencia
T-690 de 2010.
[15] La sentencia T-175
de 2012 señala: “[e]ntre los especiales derechos de los presos y su
correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una
relación especial de sujeción, se encuentra ‘el deber de trato humano y digno,
del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros (Sentencia T-596 de 1992)”.
[16] Sentencia
T-035 de 2013. En esta sentencia la Corte estudió la tutela presentada por un
ciudadano recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad San Isidro de Popayán, en contra de un Juzgado que
decidió suspenderle el beneficio de prisión domiciliaria, a pesar de
encontrarse gravemente enfermo de tuberculosis y VIH positivo, hasta tanto no allegara
un concepto de medicina legal y la historia clínica. Esta Corporación dejó sin
efectos esa providencia y ordenó dar cumplimiento inmediato al beneficio de
prisión domiciliaria. Reiteró que “el derecho a la salud de las personas
recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la misma
connotación de fundamental y genera la misma obligación Estatal de
satisfacción, no solo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con
el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación
especial de sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de
justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo”.
De igual forma, recordó que le corresponde al sistema carcelario, en
representación del Estado, garantizar una atención médica digna y una
prestación integral del servicio de salud, sin dilaciones que hagan más precaria
la situación de los internos.
[17] Sentencia T-750 de 2003. En esa oportunidad la Corte revisó la acción de
tutela interpuesta por un una persona recluida en la Penitenciaría Nacional de
Acacias (Meta), quien manifestó que él y otros reclusos que laboraban como
rancheros en esa cárcel fueron sometidos a un corte de cabello denigrante por
orden de uno de los guardias de turno. Señaló que fue “rapado” y ello dejó a la
vista una gran cicatriz, producto de una quemadura, la cual abarca desde la
parte posterior de su cabeza, pasando por el oído y la mejilla derecha, hasta
llegar a la mandíbula, lo cual generó burlas de los demás reclusos, afectando su
autoestima y vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este
Tribunal sostuvo que el parámetro de cualquier medida de seguridad o de
higiene al interior de un centro penitenciario debe ser el logro de unas
condiciones favorables de convivencia y el  cumplimiento de los fines de la
detención o la condena, así como también la garantía de los derechos
fundamentales de los reclusos, con las limitaciones estrictamente necesarias
por razón de su situación especial. Bajo ese entendido, consideró que la
imposición de un corte de cabello rapado, esto es, cortado al rape o a raíz,
desbordaba la finalidad de las normas disciplinarias del centro penitenciario
accionado.
[18] Sentencia T-511 de
2009, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013, T-815 de 2013, T-857 de
2013, T-588A de 2014 y T-111 de 2015, entre muchas otras.
[19] Sentencia T-388 de 2013.
[20] Las tensiones
derivadas de esta doble condición de condenado y asegurado, por una parte, y de
sujeto de especial protección constitucional, por otra que surgen en una misma
persona, han sido resaltadas por la Procuraduría General de la Nación, al
indicar: “Así las cosas, y dado que en últimas se trata de dos categorías
aparentemente opuestas como lo son, por un lado, los derechos del detenido y,
por otro, la seguridad en general, es necesario decir que uno no representa la
supresión del otro, sino que debe buscarse, y en efecto es posible, la coexistencia
de ambos sin que ninguno de los dos prime sobre el otro, problema que no se
resuelve únicamente con desarrollo e inversión en infraestructura, sino
desarrollando e implementando una verdadera política criminal sólida desde el
punto de vista preventivo. El objetivo central es atender el fenómeno del
encierro de las personas privadas de la libertad, es decir, la resocialización
de las mismas, mejorando así las condiciones de vida.” Procuraduría General
de la Nación, comunicación en respuesta al Auto 041 de 2011 de la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional en que se rechaza la solicitud de abrir
un incidente de desacato, por incumplimiento de la sentencia T-153 de 1998.
[21] Ver por
ejemplo: Livingstone, Stephen
& Owen, Tim (1993) Prison
Law. Text & Materials. Clarendon Press – Oxford. US,
1993.
[22] Sentencia T-388 de 2013.
[23] Sentencia T-588A de
2014. Este Tribunal conoció el caso de una persona recluida en el Complejo
Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta, quien desde el 2008 venía
padeciendo de colon irritable, mareos, úlcera gastrointestinal y hemorroides,
lo que le impedía consumir comidas con grasa, ácidas, carnes rojas, sal y
azúcar, razón por la que requería una dieta especial e hiposódica. El
accionante fue eliminado de la lista de dieta de manera arbitraria, dado que no
se tuvieron en cuenta sus condiciones de salud y no medió orden médica para
ello. Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
en tanto el accionante ya estaba recibiendo la alimentación adecuada para el
cuidado de su salud, reiteró que “en virtud de la especial relación de
sujeción existente entre el Estado y las personas privadas de la libertad, es
deber del primero garantizar el pleno disfrute de los derechos que no le han
sido suspendidos al segundo, y el respeto a la dignidad humana es un derecho
que no permite limitación alguna. En el caso de las personas privadas de la
libertad, el derecho a la salud se encuentra en el grupo de garantías que,
dentro de la relación de especial sujeción, no se ve restringido ni limitado y,
por el contrario, es obligación del Estado  garantizarlos de forma continua y
eficaz a sus internos. Ello implica que todos los servicios médicos deben
prestarse sin interrupciones u obstáculos de carácter administrativo o
financiero”. Puntualmente, sobre la alimentación, señaló que el Estado “tiene
el deber de suministrar a las personas privadas de la libertad una alimentación
suficiente y adecuada, aclarando que cuando no cumple con dicha obligación,
vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de los
reclusos. En este sentido, respecto al suministro de alimentos, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el Estado
contrate con un tercero el abastecimiento de éstos, se encuentra obligado a
supervisar y garantizar las condiciones en las que se suministran, y que las
mismas respondan a criterios mínimos de higiene, cantidad, calidad y valor
nutricional, así como también la dietas especiales por prescripción médica”.
[24] “Artículo 5.
Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4.
Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser
separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la
mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de
los condenados.
[25] La Convención
Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada por Colombia mediante la ley 16
de 1972.
[26] Este caso fue
presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la alegada responsabilidad del Estado
ante la muerte de 107 reclusos en la celda núm. 19 del Centro Penal de San
Pedro Sula, como consecuencia de “una serie de deficiencias estructurales
presentes en dicho centro penitenciario, las cuales eran de conocimiento de las
autoridades competentes”. La Comisión indicó que las personas fallecidas
eran miembros de maras a quienes se mantenían aislados del resto de la
población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. Asimismo, señaló
que los hechos materia del caso eran en “consecuencia de las deficiencias
estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureño, las cuales han sido
ampliamente documentadas”, además, que el caso “se enmarcaba en el
contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas
penitenciarias dirigidas a combatir a las organizaciones criminales denominadas
maras”. La Corte IDH declaró que el Estado Hondureño era responsable de la
violación de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la
integridad personal, a la integridad personal, a la libertad personal y al
principio de legalidad y de retroactividad, así como por la violación del
derecho a la integridad personal en perjuicio de los 83 familiares de los
internos fallecidos identificados. Entre otras cosas, ordenó al Estado: (i)
adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole
necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros
penitenciarios adecuándolas a los estándares internacionales, a fin de prevenir
principalmente incendios y otras situaciones críticas, así como evitar la
sobrepoblación y el hacinamiento; y (ii) implementar medidas de carácter
inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos,
así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros
señalados en el acuerdo.
[27]Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No.
114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[28]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C
No. 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C
No. 218, párr. 204.
[29]Artículo 5.4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61,
párr. 263, y Caso Servellón
García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
Serie C No. 152, párr. 200.
[30]Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
[31]Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[32]Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160, supra párr. 301.
[33]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia), supra nota 62,
párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[34]Caso Loayza Tamayo, supra  nota 14, párr. 58, y Caso del Penal
Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[35]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia), supra nota 62,
párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr.
315.
[36]Caso López Álvarez, supra nota 65  y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 66, párr. 319.
[37]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia), supra nota 62,
párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[38]Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones
y Costas.Sentencia 11 de
marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la
Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y
Adolescentes, Considerando 14.
[39]Caso de los Niños y Adolescentes Privados
de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales
Respecto de Brasil.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de
2005, Considerando 13, y Asunto de la
Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas Provisionales Respecto de
Brasil. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011,
Considerando 21.
[40] “Artículo 52. El
INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos
reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión. Este
reglamento contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios
y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de
clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de
internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas,
‘la orden del día’ y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene
personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación,
ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de
coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de
los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación
ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios. Dicho reglamento
contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá
así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de
reclusión. Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los
establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos”.
[41] “Artículo 53. Cada
centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido
por el respectivo Director del centro de reclusión y previa aprobación del
Director del INPEC. Para este efecto el Director deberá tener en cuenta la
categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así
mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y
emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la
Dirección del INPEC”.
[42] “Artículo
64. Celdas y dormitorios. Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 1709
de 2014. Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de
aireación. El Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios,
dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado
descanso nocturno. Los demás elementos permitidos serán señalados en el
reglamento general. Los dormitorios comunes y las celdas, están cerrados
durante el día en los términos que establezca el reglamento. Los internos
pasarán a aquellos, a la hora de recogerse y no se permitirán conductas y
ruidos o voces que perturben el reposo. La limpieza del establecimiento estará
a cargo de los internos. En el reglamento se organizará la forma de prestarse
este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo
del alojamiento individual y su conservación el estado de servicio, será
responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aquí enunciadas, no
forman parte del régimen ocupacional para la redención de la pena. Deberán
adoptarse las medidas necesarias a fin de eliminar las barreras físicas de las
personas en situación de discapacidad, mejorando las condiciones de
accesibilidad y creando celdas especiales que se adapten a sus necesidades
particulares”.
[43] Sentencia
T-388 de 2013. En esa decisión la Corte estudió nueve casos acumulados
relacionados con diferentes circunstancias de hacinamiento, salubridad,
higiene, calidad de sistemas sanitarios, malos tratos, torturas, aislamiento
injustificado y prolongado, problemas de infraestructura y de administración, limitaciones
a los derechos a la comunicación e información, entre muchos otros, presentes
en distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, que obligaba
a los internos a vivir en condiciones indignas e inhumanas. Este Tribunal
analizó, en primer lugar, por qué el estado de cosas del sistema
carcelario constatado en 1998 no es igual al que atraviesa actualmente. Para
ello estudió la jurisprudencia constitucional sobre el estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, así como
la información recopilada y suministrada en los nueve procesos, con lo cual
advirtió que: (i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la
libertad son violados de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones
de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de
la libertad han sido incumplidas de forma prolongada;  (iii) el Sistema
penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales;
(iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la
vulneración de los derechos;  (v) las soluciones a los problemas constatados en
el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias
entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un
nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y
(vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de
tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe
actualmente. La Corte resaltó además que “la condición de marginalidad y
precariedad de las persona privadas de la libertad dentro de la deliberación y
el debate democrático, supone que el juez constitucional sea especialmente
sensible con la protección de sus derechos. Especialmente, el derecho
constitucional de toda persona privada de la libertad a estar en condiciones
respetuosas de un mínimo vital en dignidad, implica, por lo menos: una
reclusión libre de hacinamiento; una infraestructura adecuada; el derecho a no
estar sometido a temperaturas extremas; el acceso a servicios públicos; a alimentación
adecuada y suficiente; al derecho a la salud, a la integridad física y mental y
a vivir en un ambiente salubre e higiénico; el derecho de toda persona a las
visitas íntimas; el derecho a poder regresar a una sociedad en libertad y
democracia; así como el derecho de acceso a la administración pública y a la
administración de justicia”. Con sustento en esas y otras consideraciones
declaró que el sistema penitenciario y carcelario nuevamente estaba en un
estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991 y emitió
diferentes órdenes de carácter general y particular, entre ellas: (i) al
Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que
convocara al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando
las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas
inconstitucional penitenciario y carcelario; (ii) a la Procuraduría General de
la Nación y a la Defensoría del Pueblo, hacerse partícipes del proceso de cumplimiento
de lo dispuesto en esa providencia; y (iii) en cada caso particular, adoptar
las medidas necesarias para superar las deficiencias y problemáticas
evidenciadas en cada uno de los centros penitenciarios.
[44] En esa oportunidad
la Corte estudió 18 acciones de tutela acumuladas presentadas por personas
privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios y carcelarios del
país que pusieron de presente problemas como: (i) hacinamiento; (ii) estado
deplorable de los baños; (iii) altos niveles de contaminación auditiva debido a
la aglomeración en los pabellones; (iv) falencias en la prestación del servicio
de sanidad y carencia de comedores adecuados para la alimentación; (v)
infestación de roedores e insectos; (vi) falta de acceso a la luz solar; (vii)
verse en
la obligación de dormir en
el suelo a orillas de los baños o junto a la basura, en las escaleras o en los
corredores; (viii) propagación de virus, enfermedades y epidemias; (ix)
agrupación de los reclusos sin diferenciar entre sindicados y condenados; y (x)
ausencia del servicio de agua potable y acueducto. Este Tribunal hizo una
descripción de la política criminal y las causas de violación masiva de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y presentó las
soluciones concretas que contribuirían a la superación del estado de cosas inconstitucional
en el sistema carcelario y penitenciario. Al analizar los informes y las
pruebas recaudadas en cada uno de los casos concretos advirtió, por un lado, la
violación masiva, generalizada y prolongada de los derechos constitucionales a
la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua potable, a la
resocialización de los condenados penalmente; y por el otro, la falta de
adopción de las medidas legislativas, administrativas y presupuestales
necesarias y eficaces para evitar la vulneración de derechos. Decidió reiterar
la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución Política de
1991, en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, declarado mediante la
sentencia T-388 de 2013 y declarar que la Política Criminal colombiana ha sido
reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la
política de seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la Política
Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la
actualidad, lograr el fin resocializador de la pena.
[45] Resolución 1/08 de la Organización de
Estados Americanos. Principio XII.1.
[46] COMITÉ
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las
Cárceles. Guía complementaria. Ginebra, 2011, p.34
[47] Cuaderno principal,
folios 31 y 32.
[48] “Artículo 12. Locales
Destinados a los Reclusos. Las celdas y dormitorios de los internos deberán
satisfacer las condiciones de ventilación, alumbrado e instalaciones sanitarias.
Los internos recibirán las celdas por inventario. En él se detallará el estado
en que se entrega la celda. Los internos devolverán las celdas en el mismo
estado en que les fueron entregadas, teniendo en cuenta su deterioro normal por
uso, y responderán por los daños causados por dolo o culpa. En todo caso, las
celdas se cerrarán después del desayuno, se abrirán después de terminado el
almuerzo, por un espacio de tiempo máximo de una (1) hora, transcurrida la cual
se volverán a cerrar. Durante el tiempo del día en que las celdas se encuentren
cerradas, los internos no permanecerán dentro de ellas, salvo en caso de enfermedad,
previo concepto del médico del establecimiento. Las celdas se abrirán
nuevamente para el ingreso de los internos en la noche y se cerrarán hasta el
día siguiente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 18
del presente reglamento y con el horario que determine el reglamento de régimen
interno de cada establecimiento. Los días de visita, las celdas permanecerán
cerradas hasta la terminación de las mismas, salvo autorización para visitas
íntimas. El comandante de vigilancia responderá por el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo”.
[49] La Sala consultó el clima del departamento del Meta y
encontró que ese lugar puede llegar a presentar una temperatura mínima de 25ºC
y máxima de hasta 34ºC. Al respecto, se puede consultar el siguiente enlace del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
-IDEAM-: http://bart.ideam.gov.co/portal/precipitacion/tempmax/img.jpg.
[50] Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC-, EPMSC Acacias, reporte de cantidad de
internos por celda y patio. Cfr. Cuaderno 2. Folios.