T-430-08
Sentencia T-710/06
Sentencia T-430/08
ENCUESTA SISBEN-Demandante quedó clasificada en nivel 4 y
ahí no está prevista la prestación de servicio médico con carácter subsidiado
SISBEN-Inconvenientes de la encuesta como instrumento para
focalización del gasto público social/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL
SISBEN-Trámite de selección de beneficiarios de programas sociales
ENCUESTA SISBEN Y CONTROVERSIAS DE CARACTER
CONSTITUCIONAL QUE OCASIONAN INCONVENIENTES PROCEDIMENTALES-Conclusiones a las que se llega después de
analizar precedentes jurisprudenciales
La Corte después de analizar los precedentes
jurisprudenciales que se han proferido sobre las controversias de carácter
constitucional que ocasionan los inconvenientes procedimentales propios de la
encuesta SISBEN, arribó a las siguientes conclusiones: -El Sistema de Selección
de beneficiarios obstaculiza en algunas ocasiones el acceso a programas
sociales, entre ellos el régimen subsidiado de salud, a personas que si bien no
tienen un nivel de priorización alto de conformidad con los parámetros para la
focalización del gasto público, están en circunstancias de debilidad manifiesta
y, por tanto, son merecedoras de la especial protección por parte del Estado.
-En atención a las características especiales de la población objeto de la
encuesta SISBEN, se hace necesario contar con servidores públicos
verdaderamente comprometidos con la protección de sus derechos fundamentales,
en especial la igualdad material y el acceso democrático a los bienes y
servicios públicos. Desde esta perspectiva, este compromiso, es incompatible
con la utilización del Sistema de Selección de beneficiarios para perseguir
fines distintos a seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales
dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población. -Finalmente,
las actuaciones relacionadas con la modificación del nivel para la selección de
beneficiarios a programas sociales y la exclusión de individuos o grupos
familiares del régimen subsidiado de salud, deben ceñirse  a los postulados que
conforman el derecho al debido proceso. En esta medida, tales actuaciones de
las autoridades públicas están sujetas a los principios de motivación y
publicidad propias de los actos administrativos. Para la Sala, los jueces de
instancia no tuvieron en cuenta la jurisprudencia constitucional en esta
materia, en la cual se considera procedente el amparo constitucional cuando es
notoria la distorsión entre la situación socioeconómica actual de la accionante
y los resultados que reporta el instrumento de clasificación del SISBEN
aplicado con una nueva metodología. Nótese cómo la situación de la actora no ha
variado porque a pesar de que es propietaria de un inmueble desde el año 1995
no recibe ningún ingreso diferente al subsidio otorgado por la Alcaldía Mayor
de Bogotá y permanece aún en situación de abandono por la inexistencia de una
familia que le pueda proporcionar la asistencia que requiere.
Referencia: expediente T-1.751.868.
Accionante: Bertha Marina Herrera Benavides.
Accionado: Secretaria Distrital de
Planeación de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil ocho (2008).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco
Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por el Juzgado Treinta Dos Civil Municipal y Veinticuatro Civil del
Circuito, ambos de Bogotá, correspondiente al trámite de la acción de amparo
constitucional impetrada por la ciudadana Bertha Marina Herrera Benavides contra
la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES.
1.1.   Demanda, fundamentos y pretensiones
La señora Bertha Marina Herrera Benavides, interpuso
acción de tutela el 13 de julio de 2007 contra la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá  por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad social y a la dignidad
humana, entre otros.
1.1.1. Al respecto, se resaltan los siguientes hechos:
a.
Afirma la accionante que por más de 30 años trabajó al servicio de la señora
Alicia Castro Osorio, quien en el año 1.995 le asignó mediante testamento una
vivienda ubicada en el barrio de Santa Teresita -Localidad de Teusaquillo- en
la ciudad de Bogotá D.C..
b.
Dice la señora Herrera Benavides que hasta el año 2.006 se encontraba
clasificada en el nivel 2 del SISBEN.
c.
Refiere la petente que con la aplicación de una nueva metodología le fue
aplicada la encuesta SISBEN, el 14 de septiembre de 2006, quedando clasificada
en el nivel 4 donde no está previsto conforme a la normatividad vigente en el
Distrito Capital la prestación del servicio de salud con carácter subsidiado.
c.
Señala la accionante que es una persona de la tercera edad[1], que no cuenta con
ninguna fuente de ingresos, ni recibe asistencia de ningún familiar.
d.
Sostiene la demandante que padece de la enfermedad de hipotiroidismo razón por
la cual deben realizarle constantemente controles médicos e ingerir una serie
de medicamentos para controlar dicha patología.
1.1.2. Dice la señora Herrera Benavides que la entidad
accionada desconoce sus derechos fundamentales al no tener en cuenta que su
situación personal es muy crítica hasta el punto que gracias al programa de los
comedores comunitarios ofrecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá puede satisfacer
una de sus necesidades básicas. Destaca además que no le ha sido posible
acceder al tratamiento medico de la enfermedad que padece ni tiene los recursos
para sufragar los medicamentos que necesita.
1.1.3. Como pretensión de la demanda, la actora le pide al
juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus derechos a la salud en
conexidad con la vida, a la seguridad social y a la dignidad humana; y en
consecuencia, le solicita se ordene a la Secretaría Distrital de Planeación de
Bogotá practicarle una nueva encuesta SISBEN con el fin de ser reclasificada y
poder acceder a los servicios de salud del régimen subsidiado.
1.2. Oposición a la demanda de tutela.
Mediante oficio remitido el 18 de julio de 2007 al
juzgado de primera instancia, la Directora de Defensa Judicial de la
Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá dio
contestación a la acción de tutela de la referencia, en los siguientes
términos:
-El Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN- no es prestador
directo ni indirecto de servicios sociales de ninguna clase, ni está facultado
para la prestación de servicio médico, hospitalario, cubrimiento de
medicamentos o tratamiento integral, de conformidad con el Decreto 583 del 30
de agosto de 1999 por medio del cual fue reglamentado la administración,
organización y funcionamiento del SISBEN en el Distrito Capital.
-El Departamento Administrativo de Planeación
Distrital como Administrador del Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN- no está facultado
para la prestación del servicio médico asistencial, ni el cubrimiento total de
los medicamentos o el tratamiento integral, de conformidad con el Decreto 583
del 30 de agosto de 1999.
-Sostiene que la posibilidad de un cambio en el
puntaje y en el nivel, se puede presentar en el momento en que se practica una
nueva encuesta pasado un año de haberse practicado la anterior, y se verifica
que la situación socioeconómica del encuestado ha tenido variaciones
sustanciales.
-Informa que de conformidad con la normatividad
vigente en el Distrito Capital, la prestación del servicio de salud con
carácter subsidiado, no está prevista para los encuestados categorizados en el
nivel 4, 5 ó 6, por lo tanto no están cubiertos ni se les permite acceder o
utilizar los beneficios del régimen subsidiado, lo cual implica que deben
asumir en su totalidad la atención médica y hospitalaria.
-Advierte que a partir del 1° del febrero de 2003, la
metodología SISBEN, así como los puntos de corte para ordenar la población
encuestada del nivel 1 al 6 de pobreza, fueron modificados para todas las
autoridades territoriales de conformidad con la Ley 715 de 2001.
-Precisa que revisada la base de datos de encuestados
del SISBEN que reposa en la dirección de SISBEN de la Subsecretaría de
Información y Estudios Estratégicos de esta entidad, se encontró que la señora
Bertha Marina Herrera Benavides estaba clasificada con la nueva metodología en
el nivel 4 del SISBEN, según ficha 1761724 del 14 de septiembre de 2006 en la
carrera 19 A  N° 43-13 de esta ciudad con un puntaje de 56.08.
-Posteriormente y con el fin de establecer nuevamente
el nivel del SISBEN, atendiendo a la acción de tutela que se examina y a la
solicitud de encuesta radicada en esta entidad, se practicó ésta a la
accionante, obteniendo un puntaje de 53.07 que la clasificó en el nivel 4 del
SISBEN.
-Respecto de las condiciones socio-económicas de la
señora Herrera Benavides se atiene al resultado de la encuesta SISBEN que se le
practique con la nueva metodología.
-Conforme a lo anterior, solicita se desvincule a la
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de cualquier responsabilidad que
se le pueda imputar en la presente acción de tutela.
II.    TRÁMITE PROCESAL
2.1.  Primera Instancia
Mediante Sentencia del veinticinco (25) de julio de
dos mil siete (2007), el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá denegó
la tutela solicitada, al considerar que “(…) el objeto inicial de la acción
instaurada ha sido a la fecha cumplido, toda vez que se procedió a efectuar una
nueva encuesta SISBEN como lo solicitó la actora, aunque cabe anotar, que si
bien es cierto el resultado de la encuesta mantiene a la accionante en el nivel
4, también lo es que , no le corresponde al juez de tutela, establecer el nivel
o clasificación del SISBEN(…)”.
2.2.
Impugnación
del fallo
Frente a la citada decisión se interpuso recurso de
apelación por la parte demandante, en la que se ratifica todo lo expresado en
el escrito de tutela.
2.3.
Segunda
instancia
El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá,
mediante providencia del veinticinco (25) de septiembre de 2007, confirmó el
fallo de primera instancia, al estimar que: “(…) no se encuentra demostrado
en el expediente que la accionante (…) siquiera haya solicitado a la SECRETARÍA
DISTRITAL DE PLANEACION DE BOGOTA la reclasificación que mediante la presente
acción de tutela solicita se le practique (…) tal circunstancia conlleva a la
improcedencia de la presente acción de tutela, pese a su indudable corte
garantista, este remedio constitucional de protección no está llamado a servir
de soporte para retomar o promover discusiones para las cuales se ha
establecido un escenario procesal concreto y determinado (…)”.
III.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.       Competencia.
A través de esta Sala, la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo proferido en el proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.       Problema jurídico.
Conforme con lo expuesto, el asunto de fondo que en
esta oportunidad le corresponde definir a esta Sala, es si se vulneran los
derechos a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad social y a la
dignidad humana de la señora Bertha Marina Herrera Benavides en su condición de
persona de la tercera edad y en situación de abandono por parte de la
Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá como resultado de su negativa de
brindarle la atención  que requiere por no encontrarse en el Régimen Subsidiado
en Salud al estar clasificada en el nivel 4 del SISBEN.
3.      Sistema de selección de Beneficiarios para
Programas Sociales. Sus deficiencias. Reiteración de Jurisprudencia.
“El SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios
para Programas Sociales y principal instrumento con el que cuentan las
autoridades de las entidades territoriales para focalizar el gasto social
descentralizado. Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas
sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población
colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos provenientes
de las transferencias intergubernamentales, así como está contenido en los
artículos 356 y 357 de la Carta Política y en el artículo 30 de la Ley 60 de
1993”[2]
Tal y como lo ha dicho esta Corporación, se trata de
un instrumento de gran relevancia constitucional, pues contribuye a la
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y se erige como
una herramienta al alcance de las autoridades públicas para, en primer lugar,
lograr el mandato de especial protección a los grupos discriminados o
marginados y en segundo término, materializar las políticas de redistribución
del ingreso.[3]
Así mismo, este Tribunal se ha referido a las
deficiencias que presenta la aplicación del Sistema de Selección de
Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN- y ha sostenido que las falencias
de dicho sistema en ocasiones se traducen en la vulneración de derechos
fundamentales como la vida, la igualdad, la salud y el habeas data
administrativo de los beneficiarios del mismo.[4]
Precisamente, la Corte en la Sentencia T-441 de 2006[5] señaló que las
falencias del sistema de selección se predican respecto de dos asuntos
claramente definidos. El primero de ellos, se traduce en la imposibilidad de la
encuesta SISBEN, en determinados casos, de identificar el nivel de pobreza de
una familia o individuo; situación que trae como consecuencia la exclusión de
los programas sociales de personas, que de forma objetiva, deben ser
beneficiarios de los mismos. El segundo tiene que ver con la vulneración del
derecho al debido proceso administrativo cuando las administraciones
municipales deciden la exclusión de la encuesta sin contar con un procedimiento
previo que permita al beneficiario conocer y ejercer el derecho de defensa ante
tal actuación.
En la sentencia previamente mencionada, esta Corporación
sintetizó como ejemplos  del primer grupo  de  problemas,  las sentencias T-307
de 1999[6]
y T-1330 de 2001[7]
en los siguientes términos.
“8.2. Ejemplos paradigmáticos del primer
grupo de problemas constituyen las sentencias T-307 de 1999, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-1330 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  En la
primera decisión, la Corte se ocupó del caso de una mujer pobre y madre cabeza
de familia, a cargo de tres menores de edad, uno de ellos con graves problemas
de salud, quien no había sido incluida en la encuesta Sisben, a pesar de haber
efectuado varios requerimientos a la administración municipal para el efecto.
Luego de exponer el marco jurídico aplicable a la encuesta Sisben y la
metodología utilizada para identificar a la población pobre, la Corte advirtió
la existencia de dos controversias constitucionales relacionadas con el sistema
de identificación “la primera clase de casos surgen cuando, en razón de
acciones u omisiones de funcionarios encargados de la administración del
SISBEN, los eventuales beneficiarios de subsidios no pueden acceder o se les
dificulta el acceso a ese instrumento de focalización. El segundo tipo de casos
se presenta cuando las personas que no resultaron beneficiadas con la
asignación de un determinado subsidio, estiman que su exclusión se produjo como
consecuencia de una inequidad en el diseño del SISBEN, cuyas variables no
contemplan sus específicas condiciones de vulnerabilidad social”
Ante estos inconvenientes, la sentencia
sostuvo que tanto el diseño de la encuesta Sisben como la actuación de las
autoridades encargadas de la implementación de esa política pública debían
responder a las específicas necesidades de la población que por su pobreza y
marginalidad se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, como
condición inescindible a la eficacia del derecho a la igualdad material.  En
ese sentido, debían ejecutarse medidas tendientes a (i) excluir la
necesidad de acudir a intermediarios para el acceso a la encuesta y la
concomitante obligación de brindar a los potenciales beneficiarios una
información completa y oportuna acerca de los requisitos para dicho acceso; (ii)
la formación de los servidores públicos en una cultura de atención preferencial
a la población pobre y vulnerable, que propicie el diálogo directo y
democrático entre la administración y los excluidos: y (iii) la
eliminación de prácticas clientelistas, en las cuales funcionarios o
particulares con relativo poder en las instancias estatales se ofrecen de
intermediarios para que la población pobre acceda a los beneficios sociales,
sin que exista otra vía distinta para hacer visibles tales comunidades.
En la segunda sentencia, la Sala Tercera de
Revisión se ocupó del caso de un adulto mayor abandonado, en situación de
indigencia y con graves problemas de salud, quien fue clasificado en el nivel 3
del Sisben y, por lo tanto, excluido de la posibilidad de ser afiliado al
régimen subsidiado de salud.   En esta decisión, la Corte enfatizó, como ya lo
había hecho en sentencia anterior,[8]que
la encuesta Sisben se mostraba para casos concretos ineficiente para
identificar la población en circunstancias de debilidad manifiesta, pues no
podía dar cuenta, por ejemplo, del padecimiento de enfermedades catastróficas
que, por sí mismas, hacían del afectado un sujeto de especial protección
constitucional.  Con base en estas consideraciones, la Corte concluyó que “la
adecuada protección del derecho a la salud exige que cuando una persona pueda
pertenecer a una o más categorías del Sisbén, se preferirá, en virtud de la
regla de selección de criterios yuxtapuestos del Sisbén, aquélla cuya
puntuación sea más baja con el propósito de garantizar el efectivo acceso al
régimen subsidiado, siempre y cuando la situación económica de la persona así
lo aconseje, es decir, siempre y cuando se demuestre que se trata de una
persona que requiere del subsidio en razón a su situación de pobreza. ||
Igualmente, esta Corporación entiende que la protección de los derechos
constitucionales fundamentales –y en especial, cuando se trata de los derechos
constitucionales fundamentales de personas que, como el señor Molina, se
encuentran en una circunstancia evidente de debilidad manifiesta– exige de
parte de las autoridades un comportamiento orientado a garantizar su
efectividad real. Ello se manifiesta, entre otras, en la obligación que recae
sobre las instituciones públicas de ofrecer una solución satisfactoria, es
decir adecuada, completa y oportuna, respecto de las pretensiones que formulen
los ciudadanos en aras de procurar para sí la protección de tales derechos. ||
Para tal propósito es necesario que la respuesta que proporcionen las
instituciones públicas frente a las solicitudes de los ciudadanos con miras a propender
la efectividad de sus derechos constitucionales fundamentales, debe ser
proveída bajo un criterio unitario de Estado, destinado a proporcionar tal
protección, y no dentro de una visión limitada y restringida de sus
competencias.”
Ahora bien, en relación con las sentencias que se han
referido a la dificultad para hacer compatible la inscripción del SISBEN y la
Protección del derecho fundamental al debido proceso, en la decisión que se
reitera la Corte se refirió a ellas de la siguiente manera:
“ (…) el primer análisis in extenso sobre
esa problemática fue realizado en la sentencia T-307/99 antes mencionada.  En
ese caso, además de exponer los inconvenientes de la encuesta Sisben para
identificar a la población pobre y vulnerable, beneficiaria de programas
sociales, la Corte también puso de presente los defectos metodológicos del
sistema de selección, que resultaban incompatibles con la protección del
derecho al debido proceso.  Sobre el tema, la providencia indicó lo siguiente:
12. El proceso de encuesta y clasificación
de las personas en el SISBEN se produce en condiciones de franca informalidad
que obedecen, en gran medida, al hecho de que no exista una normatividad que
regule, de manera sistemática y general, la forma en que los municipios colombianos
deben implementar y operar este sistema. Ciertamente, existen normas legales y
reglamentarias (Ley 60 de 1993; Resolución N° 65 de 1994 del CONPES) que hacen
obligatoria la focalización del gasto social por parte de las entidades
territoriales y señalan que la encuesta de clasificación socioeconómica es el
instrumento apropiado para tal fin (v. supra). Empero, ninguna de estas
normas se refiere al SISBEN propiamente dicho, esto es, a los procedimientos
específicos por medio de los cuales la población en situación de pobreza debe
ser encuestada y la información recogida procesada, para luego ser divulgada
entre los interesados y los programas de asistencia social cuyos beneficiarios
son seleccionados con base en estos datos. A este respecto, vale la pena anotar
que la Unidad de Desarrollo Social y la Misión Social del Departamento Nacional
de Planeación entregan a las alcaldías municipales el "software" que
permite procesar la información junto con cinco cartillas en las cuales se hace
una presentación general del SISBEN, se sugieren guías y directrices para los
encuestadores y se imparten instrucciones en torno al manejo del programa y el
procesamiento de la información. Sin embargo, la información, guías y
directrices allí contenidas no constituyen normas de obligatorio cumplimiento
por parte de las alcaldías.
En suma, la inexistencia de normas
generales que ordenen y sujeten la implementación y organización del SISBEN en
los municipios de Colombia a los principios constitucionales de igualdad, moralidad,
publicidad y eficiencia, determina que la ciudadanía carezca de canales claros
de información y de mecanismos de participación y defensa frente a un
instrumento de focalización del gasto social que, como se vio, se encuentra
directamente relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas de
ciertos sectores de la población (v. supra). Así, por ejemplo, no existe
la posibilidad de que las personas dispongan de medios de control social sobre
la organización y funcionamiento del SISBEN. De igual modo, el acceso a la
información no se caracteriza por su simplicidad y fluidez, toda vez que las
personas deben acercarse a las oficinas del SISBEN para conseguir la
información acerca de su clasificación sin que - como ocurrió en el caso sub-lite
- exista certeza de que tal información se encuentre efectivamente disponible.
Finalmente, en caso de no compartir la calificación final o las condiciones en
que se realizó la encuesta, los ciudadanos carecen de recursos o mecanismos de
defensa que deban ser resueltos en forma obligatoria por la Administración
dentro de términos previamente fijados.
Aunque en la decisión en comento recalca la
necesidad de implementar mecanismos dentro de la encuesta Sisben que otorguen
publicidad a los resultados del proceso y, en consecuencia, promovieran la
estipulación de instancia para el ejercicio del derecho de contradicción y
defensa, propia del debido proceso administrativo, esta Corporación ha
estudiado nuevas situaciones que demuestran la persistencia de los
inconvenientes anotados.  Sobre el particular, la sentencia T-219 de 2002, M.P.
Álvaro Tafur Galvis, la Corte estudió el caso de una persona discapacitada a
quien le fue suspendida su afiliación al régimen subsidiado de salud en razón
de “cruce de información” con la encuesta Sisben realizada por el municipio de
Popayán.  Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiteró las
reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia T-307/99 y concluyó que la
conducta adoptada por la administradora del régimen subsidiado vulneraba los
principios de confianza legítima y continuidad del servicio de salud, a la vez
que desconocía la necesidad de preservar la vida en condiciones dignas del
discapacitado.
8.4. En el mismo sentido, esta Sala de
Revisión adoptó recientemente la sentencia T-230 de 2006, la cual asumió un
problema análogo a la controversia constitucional analizada en este apartado.
En ese trámite, la Corte estudió de dos adultos mayores afectados gravemente en
su salud y en situación de pobreza, a quienes les fue retirada su afiliación al
régimen subsidiado de salud de forma unilateral y con base en una presunta
vinculación simultánea al régimen contributivo, en la condición de
“beneficiarios inactivos” de un cotizante a quienes los demandantes
manifestaron desconocer.  A juicio de la Sala, el retiro de una persona del
régimen subsidiado de salud era una decisión que hacía parte de las competencias
de las autoridades públicas, pero que lejos de constituir un asunto meramente
potestativo, estaba sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que lo
hicieran compatible con el derecho al debido proceso (…)”
Respecto de las condiciones que deben cumplirse para
hacer compatible la decisión de las autoridades públicas de retirar una persona
del régimen subsidiado de salud con el derecho al debido proceso, la Corte en
la sentencia tantas veces mencionada indicó que: (i) la suspensión de la
afiliación al régimen subsidiado de seguridad social en salud debe estar
fundado en el cambio del nivel de priorización del SISBEN y que a dicha
conclusión se llega en virtud de la práctica de una nueva encuesta, la cual
demuestre, fehacientemente y conforme a la metodología aplicable, la
modificación de las condiciones socioeconómicas del individuo o grupo familiar;
(ii) la decisión de excluir a una persona o grupo familiar del régimen
subsidiado debe consignarse en un acto administrativo debidamente motivado, el
cual debe ser notificado a los afectados para que puedan ejercer su derecho a
la defensa y (iii) los resultados de la encuesta SISBEN subsisten mientras se
mantengan las condiciones socioeconómicas que les dieron origen. Sin embargo,
pueden modificarse por parte de las autoridades legitimadas para ello, siempre que
se surtan las actuaciones indicadas anteriormente.
Por otra parte, en la misma sentencia, la Corte
después de analizar los precedentes jurisprudenciales que se han proferido
sobre las controversias de carácter constitucional que ocasionan los
inconvenientes procedimentales propios de la encuesta SISBEN, arribó a las
siguientes conclusiones:
-El Sistema de Selección de beneficiarios obstaculiza
en algunas ocasiones el acceso a programas sociales, entre ellos el régimen
subsidiado de salud, a personas que si bien no tienen un nivel de priorización
alto de conformidad con los parámetros para la focalización del gasto público,
están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, son merecedoras
de la especial protección por parte del Estado.
-En atención a las características especiales de la
población objeto de la encuesta SISBEN, se hace necesario contar con servidores
públicos verdaderamente comprometidos con la protección de sus derechos
fundamentales, en especial la igualdad material y el acceso democrático a los
bienes y servicios públicos. Desde esta perspectiva, este compromiso, es
incompatible con la utilización del Sistema de Selección de beneficiarios para
perseguir fines distintos a  seleccionar a los beneficiarios de los programas
sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población.
-Finalmente, las actuaciones relacionadas con la
modificación del nivel para la selección de beneficiarios a programas sociales
y la exclusión de individuos o grupos familiares del régimen subsidiado de
salud, deben ceñirse  a los postulados que conforman el derecho al debido
proceso. En esta medida, tales actuaciones de las autoridades públicas están
sujetas a los principios de motivación y publicidad propias de los actos
administrativos.
4.      Caso concreto.
La señora Bertha Marina Herrera Benavides acudió a la
acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos a la salud en
conexidad con la vida, a la seguridad social y a la dignidad humana, toda vez
que no tiene acceso al servicio de salud por no pertenecer al régimen
contributivo ni estar afiliada a una Administradora del Régimen Subsidiado pues
aparece clasificada en el nivel 4 del SISBEN.
Dentro del  expediente aparece acreditado que la
actora es una persona de avanzada edad (68 años), que además del deterioro
normal de la salud dada su edad, requiere de controles médicos periódicos y del
suministro constante de medicamentos por la enfermedad de hipotiroidismo que
padece. También es evidente que se encuentra en una situación de miseria y de
abandono, lo cual la ha hecho beneficiaria de los programas de la Alcaldía
Mayor de Bogotá encaminadas a mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores, tales como, los comedores comunitarios y el subsidio dirigido a dicha
población. En esas condiciones, para la Corte Constitucional la señora Herrera
Benavides tiene el derecho a obtener la protección necesaria por parte del
Estado, según los requerimientos particulares de su caso.
No obstante lo anterior, el juez de primera instancia negó
la tutela de la referencia al considerar que el objeto inicial de la acción instaurada
fue cumplido, toda vez que la entidad demandada  procedió a efectuar una nueva
encuesta SISBEN dentro del trámite del proceso ratificando el nivel de
clasificación obtenido el año inmediatamente anterior. Por su parte, para el
juez de segunda instancia, el amparo solicitado debía negarse bajo el argumento
de que la accionante no había acudido a la Secretaría Distrital de Planeación
de Bogotá para que le efectuara la reclasificación.
Para la Sala, los jueces de instancia no tuvieron en
cuenta la jurisprudencia constitucional en esta materia, en la cual se
considera procedente el amparo constitucional cuando es notoria la distorsión
entre la situación socioeconómica actual de la accionante y los resultados que
reporta el instrumento de clasificación del SISBEN aplicado con una nueva
metodología. Nótese cómo la situación de la actora no ha variado porque a pesar
de que es propietaria de un inmueble desde el año 1995[9] no recibe ningún
ingreso diferente al subsidio otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y
permanece aún en situación de abandono por la inexistencia de una familia que
le pueda proporcionar la asistencia que requiere.
La Corte no desconoce que las normas del SISBEN
garantizan a los interesados la presentación de reclamaciones cuando no
compartan el nivel de clasificación en que son incorporados y que ello
permitiría alegar la improcedencia de la acción de tutela por disponer la
accionante de un medio de defensa ante la propia Administración. Sin embargo,
en el presente caso, no es de recibo tal argumento de improcedencia de la acción,
dada la urgencia que imprime la situación de la señora Herrera Benavides porque
no solamente se encuentra sin recibir la atención médica que requiere por el
deterioro normal de la salud dada su edad sino por la enfermedad de hipotiroidismo
que padece. Además, como consecuencia del nivel de clasificación que le fue
asignado (4), desde diciembre del año 2007 ya no es beneficiaria del programa
de comedores comunitarios implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá[10], el cual está dirigido
al nivel del SISBEN 2 Y 3, no obstante la precaria situación en la que vive la
petente, la cual le impide incluso satisfacer una de las necesidades básicas
como lo es la alimentación.
Así las cosas, la acción de tutela es el mecanismo
procedente para proteger los derechos fundamentales de la actora, los cuales fueron
vulnerados porque debido a su incorrecta clasificación en el SISBEN no goza de
la atención médica debida, ya que no se le están suministrando los medicamentos
y tratamientos que requiere por no poder asumir el costo de los copagos y
cuotas moderadoras del nivel 4 en el que fue clasificada.
Por todo lo anterior, las sentencias de instancia
habrán de revocarse, en el sentido de conceder a la señora Bertha Marina
Herrera Benavides la protección a los derechos a la salud en conexidad con la
vida, a la seguridad social y a la dignidad humana, ordenando a la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas  contados a partir de la notificación de este fallo, asigne un puntaje a
la señora  Bertha Marina Herrera Benavides que responda a la situación de
pobreza y a la condición de ancianitud en la que se encuentra y que le permita
ser inscrita en el Régimen Subsidiado de Salud.
IV.    DECISION
En consecuencia, la Sala
habrá de revocar el fallo proferido por el Juzgado Veinticuatro Civil del
Circuito de Bogotá, el veinticinco (25) de septiembre de 2007, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-   REVOCAR
la
sentencias proferidas por los Juzgados
Treinta y Dos Civil Municipal y Veinticuatro Civil del Circuito, ambos de
Bogotá, el veinticinco (25) de julio y el veinticinco (25) de septiembre de
2007, respectivamente,  por las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo.- CONCEDER la protección solicitada. En consecuencia, ORDENAR a
la  Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de este fallo, asigne un
puntaje a la señora  Bertha Marina Herrera Benavides que responda a la
situación de pobreza y a la condición de ancianitud en la que se encuentra y
que le permita ser inscrita en el Régimen Subsidiado de Salud.
Tercero.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] La señora Bertha Marina Herrera Benavides nació el 12 de octubre de
1939.
[2] Véase Sentencia T-270 de 2002. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[3] Véase Sentencia T-949 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[4] Véanse Sentencias, T- 258 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, T- 1076 de 2003. M.P. Marco Gerardo     Monroy Cabra y T-506 de 2006. M.P. Alvaro Táfur Galvis
[5] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]
Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-177/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Como fue
reseñado en la providencia T-1330/01, en esta sentencia la
Corte Constitucional analizó las variantes que se tienen en cuenta para asignar
el puntaje correspondiente a la encuesta del Sisbén. Esta Corporación puso de
presente los casos en que este mecanismo de clasificación conduce a resultados
que no se adecuan a la realidad y que por ende conllevan a que personas que en
verdad requieren del apoyo del Estado para poder tener acceso al servicio de
salud –en este caso para un enfermo de sida carente de recursos que le
permitieran costearse por sí mismo el tratamiento que requería–, queden
excluidos de la prestación de dicho servicio
[9] La señora Alicia Castro Osorio le asignó a
la actora mediante testamento en el año 1.995 un inmueble ubicado en el barrio
de Santa Teresita -Localidad de Teusaquillo- en la ciudad de Bogotá D.C..
[10] Esta información fue suministrada vía telefónica por la Secretaría
Distrital de integración Social, Dirección Territorial, -Comedores
Comunitarios- de la Alcaldía Mayor de Bogotá.