T-626-14
Sentencia T-626/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
DEFECTO
FACTICO-Dimensiones
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Servicio público de
carácter obligatorio y derecho irrenunciable
La
seguridad social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta
Política establecen la seguridad social, por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público. Además por la
estructura de este derecho, a la luz de lo establecido en la Constitución y en
el bloque de constitucionalidad, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar
y controlar su efectiva ejecución, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Principios/SOLIDARIDAD-Se
encuentra ligada a la realización del principio de igualdad en su dimensión
material dentro del sistema de seguridad social
PENSION
DE VEJEZ-Requisitos
Precisó
la Corte Suprema que la causación de la pensión de vejez se “refiere
a que el derecho nace cuando la persona reúne las exigencias de edad y semanas
cotizadas”, mientras que para el disfrute de la misma “se requiere la
desafiliación del régimen, sin ningún otro requerimiento”.
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL DEBIDO PROCESO-Vulneración
al incurrirse en un defecto fáctico por omisión y por acción al no tenerse en
cuenta las pruebas presentadas por el demandante al proceso ordinario laboral
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden
a Tribunal Superior proferir nueva decisión en la que interprete las pruebas
aportadas por el demandante al proceso
Referencia:
expediente T- 4.338.117
Acción
de tutela instaurada por José Prudencio Arévalo Martínez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Derechos
fundamentales invocados: debido proceso, igualdad y seguridad social.
Temas:
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, configuración
del defecto fáctico, momento a partir del cual se debe
reconocer y comenzar a pagar la pensión de jubilación.
Problema
jurídico:¿Vulnera la  autoridad judicial accionada los derechos fundamentales
del peticionario, al no reconocer su derecho pensional y comenzar a pagar la respectiva
mesada desde la fecha en que cumplió con los requisitos exigidos para el
efecto, argumentando para ello no haber sido retirado o desafiliado del Sistema
de Seguridad Social en Pensiones?
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., dos (02) de septiembre de dos mil catorce (2014)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-
Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado
la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la Sentencia proferida el primero (1°) de abril de
dos mil catorce (2014), por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la cual confirmó el fallo del veintiocho (28) de enero de dos mil
catorce (2014), de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en cuanto denegó la tutela incoada por el señor José Prudencio Arévalo Martínez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte
Constitucional, mediante Auto del quince (15) de mayo de dos mil catorce
(2014), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
En
consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
El señor José
Prudencio Arévalo Martínez presenta acción de tutela el 14 de enero de 2014,
solicitando
al juez constitucional proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social y a la igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, al no reconocer el retroactivo pensional
desde la fecha en que cumplió los requisitos exigidos para acceder a la pensión
de vejez, argumentando que no demostró haberse retirado del Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, tal como lo exige el Decreto 758 de 1990, sin
tener en cuenta las pruebas aportadas al proceso que prueban que solicitó a su
empleador realizar la desafiliación.
Sustenta su solicitud en los siguientes hechos
y argumentos de derecho:
1.2.
HECHOS
Y ARGUMENTOS DE DERECHO
1.2.1.
Afirma
que cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993, para el reconocimiento de su pensión de vejez, por lo que presentó
solicitud pensional al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, el 22 de
junio de 2010.
1.2.2.
Indica
que a través de la Resolución No. 031602 del 18 de octubre de 2011, el
Instituto de Seguros Sociales reconoció su derecho pensional a partir del 1º de
septiembre de 2011, por cumplir con los requisitos de edad y semanas cotizadas
de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993.
1.2.3.
Contra
la anterior decisión, interpuso recurso de reposición en el que solicitó: (i)
se le reconociera la pensión a partir del 22 de junio de 2010, fecha en que
presentó la solicitud pensional; (ii) se le cancelara la mesada adicional del
mes de diciembre del año 2010; (iii) se le cancelara la retroactividad
correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2010, así como la correspondiente a los meses
comprendidos entre enero y agosto de 2011; (iv) se le reconociera el aumento
legal correspondiente al año 2011 y; (v) se le devolviera el valor
correspondiente a 221 semanas cotizadas por encima de lo legalmente exigido.
1.2.4.
Refiere
que mediante Resolución No. 15141 del 27 de abril de 2012, el Instituto de
Seguros Sociales resolvió el recurso presentado, negando lo pretendido bajo los
siguientes argumentos: (i) de conformidad con el artículo 13 del Decreto 758 de
1990, debió desafiliarse del régimen para poder disfrutar del derecho
pensional; (ii) en atención al artículo 35 de la misma normativa, “el
Instituto pagará las pensiones por mensualidades vencidas, previo retiro
del asegurado, del servicio o del régimen según el caso” y; (iv) la
Circular 521 del 2 de diciembre de 2002, proferida por la Vicepresidencia de
Pensiones y la Dirección Jurídica Nacional del ISS, establece que “si el
afiliado dependiente se retira del Sistema General de Pensiones después de
haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, esta (sic) se debe
reconocer a partir del día siguiente a la fecha del retiro”.
Precisó
que revisada la historia laboral del asegurado, se estableció que presenta
cotizaciones en calidad de trabajador dependiente con el empleador AERO COOP,
sin que se encuentre reporte de la novedad de retiro para el ciclo del 30 de
junio de 2010.
Le
indicó al peticionario que su empleador puede efectuar la desafiliación
retroactiva, presentando la novedad de su retiro a la cual debe anexar las
pruebas documentales que demuestren que se trata de una corrección, junto con
otros requerimientos establecidos en la Circular No. 623 de 2005 de la
Presidencia del ISS.
1.2.5.
Al
respecto, relata que en su condición de trabajador asociado a la Cooperativa de
Trabajo Asociado Clave Integral C.T.A., el día 14 de julio de 2010, presentó
solicitud de no realizar más descuentos para cotización en el sistema de
pensiones, adjuntando para ello copia de la tirilla No. 483649 del ISS, con el
fin de demostrar que su pretensión pensional se encontraba en trámite.
1.2.6.
Manifiesta
que tuvo conocimiento de haber sido efectivamente retirado del régimen
pensional, puesto que dicha circunstancia se veía reflejada en sus
desprendibles de pago.
1.2.7.
Destaca
que las normas que sirvieron de fundamento al Instituto de Seguros Sociales
para negar la solitud realizada, consagran obligaciones en cabeza del
empleador, las cuales son de orden administrativo y no imputables a su
actuación.
1.2.8.
Por
lo anterior, inició proceso laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, en
el que el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia
del 16 de septiembre de 2013, condenó al demandado a cancelar las mesadas
reclamadas, así como al aumento legal correspondiente al año 2011, siendo solo
negada la pretensión relacionada con el pago de las semanas cotizadas en exceso.
Recordó
el a quo que las reglas aplicables al caso estudiado son los artículos
13 y 35 del Decreto 758 de 1990, en virtud de los cuales “en el
evento que se acredite por el solicitante el retiro del servicio procede al
disfrute de la pensión, al igual que en el caso que medie solicitud del
trabajador e inclusive del empleador en punto a la desafiliación del sistema”.
Precisó
que estas disposiciones deben estudiarse en concordancia con lo establecido en
el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 4º de la Ley 797 de 2003, que dispone que “la obligación de cotizar
al sistema general de pensiones cesa en el momento en que el afiliado reúne los
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez y por ello no se impide
que se reclame el reconocimiento de la prestación pensional desde la fecha de
la última cotización”. En este orden, aseveró que “no es dable según la
interpretación que se ha dado a las normas que si no se manifiesta la novedad
del retiro del sistema pierda el derecho a obtener el disfrute de las mesadas
exigibles desde el momento en que se acreditan los requisitos, siendo
obligación de la entidad de seguridad social reconocer y pagar de manera
retroactiva las mesadas causadas desde la fecha en que acreditó los requisitos
de ley”.
De
esta manera, determinó que el demandante acreditó el cumplimiento de los
requisitos para acceder al derecho pensional el día 24 de abril de 2010, fecha
en la que cumplió 60 años de edad, y para la cual ya tenía el número de semanas
cotizadas exigidas, por lo que coligió que a partir de esa fecha se causó el
derecho pensional reclamado, debiéndosele reconocer las mesadas pensionales desde
la misma, “pues revisada la posición esgrimida por la entidad aseguradora se
advierte que los argumentos para su negativa no tienen fundamento fáctico ni
jurídico”.
1.2.9.
Recurrida
la decisión por el representante judicial del Instituto de Seguros Sociales, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 14 de noviembre de 2013, revocó en su totalidad el fallo de
primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente,
afirmó que teniendo en cuenta el material probatorio, el demandante no logró
demostrar el retiro del régimen pensional, lo cual “conduce ineluctablemente
a concluir que la pasiva no tenía en su haber la información pertinente para
realizar, (…) con anticipación al momento histórico en que lo hizo, la mesada
pensional al accionante”.
Aseveró
que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, referentes al
momento en el que debe reconocerse y pagar las mesadas pensionales, tienen que
analizarse en concordancia con el literal e) del artículo 9º de la Ley 797 de
2003, en cuanto “exige al interesado adosar la documentación pertinente en
punto de recibir de manera pronta la mesada pensional”. En este sentido,
indicó que el demandante, para el mes de abril de 2010, no cumplía con los
requisitos establecidos en los referidos preceptos normativos.
Al
respecto, advirtió que el señor José Prudencio Arévalo Martínez emigró
del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual, realizando cotizaciones al Fondo de Pensiones Horizonte, y luego,
con fundamento en lo establecido en la Sentencia C-1024 de 2004, por tener más
de 15 años de cotizaciones antes del 1º de abril de 1994, se reintegró al
régimen de prima media con prestación definida. Precisó que la anterior
circunstancia condujo a que el Instituto de Seguros Sociales tuviera
información respecto del número de semanas que había cotizado en Horizonte
hasta el 2 de agosto de 2011, lo cual es indicativo de que el demandado “no
tenía la información idónea pertinente en punto de inferir el retiro del
régimen del promotor del juicio”.
Así,
consideró que las actuaciones que el demandante adelantó ante el Instituto de
Seguros Sociales tampoco le permitían al fondo de pensiones otorgarle la mesada
pensional en fecha anterior a la que lo hizo, puesto que apenas para el 2 de
agosto de año 2011, adquirió el conocimiento pleno del número de semanas que
había cotizado al Fondo de Pensiones Horizonte, por lo que revocó el fallo
impugnado y, en su lugar, absolvió a la demandada de todos los cargos.
1.2.10.
Alega
que el Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al
proceso, las cuales comprueban que, tal como lo exige el Instituto de Seguros
Sociales, solicitó ser retirado del régimen pensional, quedando a cargo del
empleador realizar efectivamente el retiro.
1.2.11.
Asevera
que el monto de sus pretensiones no alcanza lo exigido para presentar el
recurso extraordinario de casación, por lo que, al no contar con otro mecanismo
de defensa judicial, impetra la acción de tutela para lograr el amparo de sus
derechos fundamentales.
1.2.12.
En
consecuencia, solicita al juez de tutela proteger sus derechos fundamentales y
ordenar al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de su derecho
pensional, desde la fecha en que reunió los requisitos para acceder a la pretensión.
1.3.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Recibida
la solicitud de tutela, mediante Auto del dieciséis (16) de enero de dos mil
catorce (2014), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la
admitió y requirió a la autoridad judicial accionada y al Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, para que se pronunciaran sobre los hechos materia
de la petición de amparo. Igualmente, ordenó vincular al trámite de la acción
al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, quien fungió como juez de
primera instancia dentro del proceso ordinario laboral cuestionado.
1.3.1.
Las
entidades vinculadas al trámite de la acción de tutela no se pronunciaron
dentro del término otorgado.
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.4.1.
Copia
de la cédula de ciudanía del señor José Prudencio Arévalo Martínez, que indica
que nació el 24 de abril de 1950, es decir, que cuenta con 64 años de edad.
1.4.2.
Copia
de escrito presentado por el señor José Prudencio Arévalo Martínez a la empresa
Clave Integral CTA – AEROCOOP-, con sello de recibido el 14 de julio de 2010,
en el que informa que ha radicado ante el Instituto de Seguros Sociales la
documentación pertinente para el reconocimiento de su derecho pensional, por lo
que solicita ordenar “a quien corresponda no pagar de aquí en adelante la
cotización por pensión que se venía abonando al Seguro Social.” Adjunta a
la petición la tirilla No. 483649, que indica que radicó documentos ante el ISS
el 22 de junio de 2010.
1.4.3.
Copia
de la Resolución No. 031602 de 2011, proferida por el Instituto de Seguros
Sociales, mediante la cual se reconoce a favor del señor José Prudencio Arévalo
Martínez la pensión de vejez a partir del 1° de septiembre de 2011.
1.4.4.
Copia
del recurso de reposición presentado por el señor José Prudencio Arévalo
Martínez contra la Resolución No. 031602 del 2011.
1.4.5.
Copia
de la Resolución No. 15141 del 27 de abril de 2012, proferida por el Instituto
de Seguros Sociales, en la que confirma la Resolución No. 031602 de 2011.
1.4.6.
CD
contentivo de la audiencia pública del 16 de septiembre de 2013, mediante la
cual el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá profirió sentencia en
primera instancia, dentro del proceso laboral interpuesto por el señor José
Prudencio Arévalo Martínez en contra del Instituto de Seguros Sociales.
1.4.7.
CD
contentivo de la audiencia pública del 14 de noviembre de 2013, mediante la
cual la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de
primera instancia y absolvió al Instituto de Seguros Sociales de lo pretendido
por el señor José Prudencio Arévalo Martínez.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia
proferida el veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), decidió denegar
la acción ejercida por el señor José Prudencio Arévalo Martínez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Sostuvo
que la decisión cuestionada en sede de tutela responde a un ejercicio racional
de valoración de las pruebas aportadas al proceso, así como a una labor interpretativa
que no puede ser tachada de arbitraria o caprichosa.
Al
respecto, señaló que en la providencia atacada para determinar si el demandante
tenía derecho a percibir el retroactivo pensional desde el mes de abril de
2010, se entró a establecer si se había reportado o no la novedad de su retiro,
concluyendo, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, que no se
probó que efectivamente se hubiese realizado la desafiliación o retiro del
sistema de seguridad social desde la fecha reclamada.
De
esta manera, afirmó que la decisión adoptada en el proceso laboral se encuentra
sustentada en la razonable interpretación y aplicación de las normas
pertinentes, por lo que el juez de tutela, al no encontrar vulneración a
derecho fundamental alguno, no puede interferir en asuntos que son del
exclusivo resorte de los jueces ordinarios.
2.2.
IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El
señor José Prudencio Arévalo Martínez impugnó la decisión con fundamento en lo
siguiente:
Consideró que el
juez constitucional sólo se limitó a valorar lo establecido en la sentencia
cuestionada, sin tener en consideración las pruebas aportadas al proceso, las
cuales son: (i) copia de la tirilla en la que consta que radicó documentación
para efectos del reconocimiento pensional el día 22 de junio de 2010, y; (ii)
solicitud efectuada a su empleador para dejar de realizar los descuentos
correspondientes a la seguridad social de fecha 14 de julio de 2010.
Alegó
que la ley pensional sólo contempla 2 requisitos para el reconocimiento de la
pensión de vejez, la edad y el número de semanas cotizadas, motivo por el cual,
al exigírsele el cumplimiento de requisitos no contemplados en la ley, se le
están vulnerando sus derechos fundamentales.
Por
otra parte, refutó el argumento del Tribunal Superior de Bogotá respecto a no
haberse probado el retiro o desafiliación del sistema de seguridad social,
puesto que, a pesar de haber demostrado que efectivamente había informado la
novedad a su empleador, no se tuvo en cuenta que dicha obligación recaía en
cabeza de éste, sin que se pueda trasladar dicha responsabilidad en su contra.
2.3.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA- SALA DE CASACIÓN
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del
primero (1°) de abril de dos mil catorce (2014), confirmó la decisión
del a quo, reiterando los mismos argumentos esgrimidos en la decisión de
primera instancia.
3.
ACTUACIÓN
EN SEDE DE REVISIÓN
3.1.
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto
del trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), considerando que era
necesario conocer el expediente ordinario laboral, con el fin de determinar los
elementos probatorios aportados por las partes del litigo, y al observarse que
la decisión que se adoptara en el presente caso podría conculcar derechos
fundamentales y garantías constitucionales de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Clave Integral C.T.A. (AEROCOOP), resolvió:
“PRIMERO. ORDENAR
que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Juzgado
Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá para que, en el término de tres (03)
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, remita a
esta Corporación, en calidad de préstamo, el expediente del proceso ordinario
laboral, en el que actuaron como partes el señor José Prudencio Arévalo
Martínez contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, radicado
con el No. 2012-00576.
SEGUNDO. ORDENAR que por
Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Clave Integral C.T.A. (AEROCOOP) la solicitud
de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que en el término de
tres (03) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, exprese
lo que estime conveniente. Igualmente, suministre a
esta Sala de Revisión la siguiente información:
1)
Indicar
a partir de qué fecha dejó de realizar los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones del señor José Prudencio Arévalo Martínez.
2)
Indicar
que actuaciones surtió ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES,
para reportar la novedad de retiro o desafiliación al sistema por parte del
señor José Prudencio Arévalo Martínez.
TERCERO.
ORDENAR que
por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento del
Ministerio del Trabajo la solicitud de tutela de la referencia y los fallos de
instancia, para que en el término de tres (03) días hábiles contados a partir
del recibo de la comunicación, exprese lo que estime conveniente.
CUARTO.
COMUNICAR
esta decisión a las partes dentro del proceso de la referencia.”
3.2.
Mediante
escrito radicado en la Secretaría de esta Corporación el día veintisiete (27)
de agosto de dos mil catorce (2014), la Representante Legal de la Cooperativa
de Trabajo Asociado CLAVE INTEGRAL, manifestó que atendiendo la solicitud
radicada por el señor José Prudencio Arévalo Martínez el día 14 de
julio de 2010, dejó de realizar los aportes de pensión ante el ISS a partir del
mes de agosto de ese año, como se evidencia en la planilla No.9967423 pagada el
2 de agosto de 2010, de la cual adjunta copia.
Igualmente,
indicó que el Seguro Social nunca reportó estado de cuenta con algún tipo de
mora por el pago de seguridad social del señor José Prudencio Arévalo Martínez,
por lo que asumieron que efectivamente se había tomado la novedad reportada en
la planilla antes mencionada.
3.3.
El
Ministerio del Trabajo, mediante la Oficina Jurídica, contestó la
acción de la referencia, advirtiendo la falta de legitimación por pasiva, en
tanto carece de competencia para resolver de fondo solicitudes de reconocimiento
laboral ni pensional ni el trámite de las reclamaciones efectuadas ante el ISS.
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia.
4.2.    PROBLEMA
JURÍDICO
En
el asunto de la referencia, corresponde a la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas establecer si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
mediante Sentencia del 14 de noviembre de 2013, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la
igualdad
del señor José Prudencio Arévalo Martínez, al
negarle el reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha en que
cumplió con los requisitos para acceder al derecho prestacional, argumentado
para ello no haber probado su retiro efectivo del Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, sin valorar las pruebas aportadas al proceso ordinario, que dan
cuenta que solicitó al empleador, en su debido momento, retirarlo del sistema.
Para
resolver este problema jurídico, la Sala analizará: primero, la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; segundo,
los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo énfasis en el defecto fáctico; tercero, la afiliación y
cotización de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y; cuarto,
el caso concreto.
4.3.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones,
por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad,
y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso
concreto.
La
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos
a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias
judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran
valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de
justicia y la seguridad jurídica.
No
obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias
pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única
excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese
incurrido en lo que denominó una vía de hecho.
A
partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre
el tema, y determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de
hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si
este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la
norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o
en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[1].
En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho.
A lo
largo de esta línea jurisprudencial, se ha subrayado que todo el ordenamiento
jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que
uno de los efectos del principio de Estado Social de Derecho en el orden
normativo está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente
están obligados a respetar los derechos fundamentales.
Por
un amplio periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de la anterior
manera el concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de la evolución
de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacían
viable  la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a
concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria
y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales
específicas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
Con
el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros
uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005[2] y SU-913 de
2009[3],
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[4].
De
esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de
orden procesal de carácter general[5]
orientados a asegurar, entre otros, el principio de subsidiariedad de la tutela
-requisitos de procedencia- y, en segundo lugar, unos de carácter
específico[6],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas que desconocen derechos fundamentales -requisitos de
procedibilidad-.
4.4.
REQUISITOS
GENERALES Y CAUSALES ESPECIALES DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
De
esta manera, la Corte, en la Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, hizo
alusión a los requisitos generales y unas causales especiales para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sobre los requisitos generales de procedencia estableció:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[7].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[8].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[9].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[10].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[11].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[12].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[13]
De
igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los
requisitos generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o
materiales del amparo tutelar contra las decisiones judiciales. Estas son:
“…Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[14] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g..
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[15].
h.
Violación
directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”[16]
Siempre
que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente
ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de
derechos fundamentales.
4.5.
DEFECTO FÁCTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 2° de nuestra Carta Política, uno de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho es garantizar real y efectivamente los principios y derechos
fundamentales. Postulado fundamental cuya garantía compete a todos los jueces
de la República dentro de las etapas de cada uno de los procesos judiciales a
su cargo.
Ahora bien, la etapa probatoria,
desarrollada de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales, es un componente
fundamental para que el juez adquiera certeza y convicción sobre la realidad de
los hechos que originan una determinada controversia, con el fin de llegar a
una solución jurídica con base en unos elementos de juicio sólidos, enmarcada,
como se dijo, dentro de la Constitución y la ley. La Sentencia C-1270 de 2000 [17]
acotó al respecto:
“Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye todo lo
relativo a la estructura probatoria del proceso, conformada por los medios de
prueba admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos procesales para
pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, la
facultad oficiosa para producir pruebas, y las reglas atinentes a su
valoración.
(…) Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al
legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente,
la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma
impone a aquel la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en
materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa,
debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las
partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas;
ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra;
iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el
derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto
es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la
obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las
pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen
por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
(…) Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de
actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo,
restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y
garantizar los derechos fundamentales de las personas, resulta razonable que el
legislador haya determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las
partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobre su
admisibilidad y procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además,
valorarlas.”
De conformidad con lo anterior, debe
entenderse que el desarrollo del despliegue probatorio debe atender a los
parámetros relativos al debido proceso, puesto que de contravenirse este
derecho se incurriría en un defecto fáctico, que ha sido entendido por esta
Corte como una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en
cualquier proceso judicial y se configura cuando el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado.”[18]
El análisis del concepto de defecto fáctico fue
ampliamente desarrollado, entre otras, en la sentencia T-902 de 2005[19],
en la que se estudió el caso de una accionante que solicitaba que se dejara sin
efecto una providencia judicial de la justicia administrativa, porque dentro
del análisis probatorio se omitió el estudio de dos pruebas fundamentales que
de haber sido examinadas, habrían dado otro sentido al fallo. En dicha
oportunidad, y acudiendo a la Sentencia de Unificación SU-159 de 2002[20],
esta Corporación manifestó que a pesar de que los jueces tienen un amplio
margen para valorar el material probatorio, en el cual se debe fundar su
decisión y formar libremente su convicción inspirándose en los principios de la
sana crítica[21],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria.
Igualmente,
la jurisprudencia constitucional recalca que la afectación
a este derecho constitucional fundamental al debido proceso debe ser ostensible,
probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones
sustanciales y directas en la decisión, porque la valoración probatoria
implica para el juez: “la adopción de criterios objetivos[22], no simplemente
supuestos por el juez, racionales[23], es decir, que
ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[24], esto es, que
materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a
los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[25]
Ahora, en cuanto a las dimensiones que
puede revestir el defecto fáctico, esta Corporación ha precisado que se pueden
identificar dos:
La
primera corresponde a una dimensión negativa que se presenta cuando el
juez niega el decreto o la práctica de una prueba u omite su valoración[26] y
sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la
circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente[27]. En
esta dimensión se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.
La
segunda corresponde a una dimensión positiva que se presenta cuando el
juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la
Constitución.
Con
fundamento en las situaciones anteriores, la Sentencia T-902 de 2005[28]
realizó el análisis jurisprudencial de los casos que antecedieron al mismo y
estableció algunos eventos que darían lugar a la interposición de acciones de
tutela contra providencias judiciales por configurarse un defecto fáctico.
Dichos eventos son[29]:
“El primero, por omisión: sucede cuando sin razón justificada el
juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente en el proceso.
Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el
funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora arbitrariamente las
pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes, sino también cuando,
ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de decretar la
prueba, él no lo hace por razones que no resultan justificadas. De hecho, no
debe olvidarse que aún en los procesos con tendencia dispositiva, la ley ha
autorizado al juez a decretar pruebas de oficio[30]
cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una
decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le
impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento válido
para percibir la real ocurrencia de un hecho.
A título de ejemplo, “en la sentencia T-949 de 2003, en la cual se
encontró que el juez de la causa decidió un asunto penal sin identificar
correctamente a la persona sometida al proceso penal, y que además había sido
suplantada. La Sala Séptima de Revisión concluyó que correspondía al juez
decretar las pruebas pertinentes para identificar al sujeto activo del delito
investigado y la falta de ellas constituía un claro defecto fáctico que
autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de la decisión
judicial. En el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003, dejó sin efectos la
decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación penal sin
la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para determinar si
una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba al sindicado.
Igualmente, en sentencia T-713 de 2005, la Sala Quinta de Revisión declaró la
nulidad de una sentencia de segunda instancia porque el juez no se pronunció
respecto de la solicitud de práctica de pruebas que el actor había formulado en
ese momento procesal.”
Ahora
bien, en el mismo pronunciamiento también se explicó que “el defecto fáctico
por acción se presenta cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso
hay: i) una errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por probado un
hecho que no aparece en el proceso, o porque se examinan de manera incompleta,
o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o iii) fueron
indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido
proceso y el derecho de defensa de la contraparte.”[31]
A este tipo de
defectos se refieren sentencias como la T-808 de 2006, por medio de la cual la
Sala Tercera de Revisión dejó sin efectos un fallo proferido por un juzgado de
familia que otorgó permiso de salida del país a una menor de 18 años, porque
valoró de manera incompleta y parcial pruebas determinantes para adoptar la
decisión. De igual forma, la sentencia T-1103 de 2004 dejó sin valor jurídico
el proceso de interdicción judicial por demencia sin el certificado médico que
la acreditara la cual prueba insustituible para el efecto, pero con la
valoración de otras pruebas (testimonios y un historial de tratamientos de
hospitalización de varios años atrás) que no son relevantes en ese momento
procesal.[32]
En
consecuencia, corresponderá a los jueces constitucionales examinar, en cada
caso concreto, si el error en el juicio de valoración de la prueba es
ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia.[33]
4.6.
MOMENTO
A PARTIR DEL CUAL SE DEBE RECONOCER Y COMENZAR A PAGAR LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN.
La
seguridad social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta
Política establecen la seguridad social, por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público[34].
Además por la estructura de este derecho, a la luz de lo establecido en la
Constitución y en el bloque de constitucionalidad, es el Estado el obligado a
dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución, con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Así,
en ejercicio de su potestad regulatoria y con fundamento en los referidos
principios, el Legislador, a través de la Ley 100 de 1993, diseñó el Sistema de
Seguridad Social Integral, siendo uno de sus componentes el Sistema General de
Pensiones, cuyo objetivo, tal como fue definido por el artículo 10º de la Ley
100 de 1993[35],
es “garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que determine la ley”.
En
cuanto al contenido del derecho a la seguridad social en pensiones, es de
recibo traer a colación la Sentencia C-258 de 2013[36], en la
que esta Corporación hizo un análisis cuidadoso de la composición y alcance de
esta garantía constitucional. En dicho fallo se expresó que:
“El
artículo 48 Superior dispone que la seguridad social (i) es un servicio
público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, y (ii) es a su vez un derecho
constitucional fundamental, a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según
se infiere del siguiente texto “Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la seguridad social” en concordancia con varios instrumentos
del bloque de constitucionalidad.
Del
texto constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se
desprende que el derecho a la seguridad social en pensiones protege a las
personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de
subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del
desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, entre otras contingencias.
La
pensión de vejez es entonces uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se
produce una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta
o impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna.
Para
poder brindar efectivamente protección frente a las contingencias señaladas, el
derecho a la seguridad social demanda el diseño de un sistema que cuente con
reglas, como mínimo, sobre (i) instituciones encargadas de la prestación
del servicio, (ii) procedimientos bajo los cuales el sistema debe
discurrir, y (iii) provisión de fondos que garanticen su buen
funcionamiento. En este punto cobra especial importancia la labor del Estado,
el cual, por medio de asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la
obligación constitucional de brindar las condiciones necesarias para asegurar
el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social.
Además,
el artículo 48 de la Carta indica que el sistema debe orientarse por los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Según el principio de universalidad,
el Estado –como sujeto pasivo principal del derecho a la seguridad social-
debe garantizar las prestaciones de la seguridad social a todas las personas,
sin ninguna discriminación, y en todas las etapas de la vida. Por tanto, el
principio de universalidad se encuentra ligado al mandato de ampliación
progresiva de la cobertura de la seguridad social señalado en el inciso tercero
del mismo artículo 48 constitucional, el cual a su vez se refiere tanto a la
ampliación de afiliación a los subsistemas de la seguridad social –con énfasis
en los grupos más vulnerables-, como a la extensión del tipo de riesgos
cubiertos.
Por
su parte, el principio de eficiencia requiere la mejor utilización
social y económica de los recursos humanos, administrativos, técnicos y
financieros disponibles, para que los beneficios a que da derecho la seguridad
social, sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. La
jurisprudencia de esta Corporación ha definido la eficiencia como la elección
de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos y la
maximización del bienestar de las personas.
Finalmente,
la solidaridad, hace referencia a la práctica de la mutua ayuda entre
las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades. Este principio tiene dos dimensiones: de un lado, como bien lo
expresa el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, hace referencia a que el Estado
tiene la obligación de garantizar que los recursos de la seguridad social se
dirijan con prelación hacia los grupos de población más pobres y vulnerables;
de otro, exige que cada cual contribuya a la financiación del sistema de
conformidad con sus capacidades económicas, de modo que quienes más tienen
deben hacer un esfuerzo mayor”.
Como
características esenciales del Sistema General de Pensiones, la Ley 100 de 1993
señala en su artículo 13, la obligatoriedad de que todos los trabajadores,
dependientes e independientes[37],
estén afiliados al sistema en cualquiera de los regímenes contemplados por la
ley, lo cual a su vez implica la obligación de efectuar los respectivos aportes
o cotizaciones al sistema.
Por
su parte, esta misma normativa ha establecido que la obligación de efectuar los
aportes o cotizaciones cesa cuando el sujeto cumpla con los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de vejez, acceda a la pensión de invalidez o
adquiera la prestación anticipadamente. En efecto, el artículo 17 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, señala:
“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo
modificado por el artículo 4 de la Ley
797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la
relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de
pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base
en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos
devenguen.
La
obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos
para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por
invalidez o anticipadamente.
Lo
anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar
efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes”.
De otro lado, el artículo 13 del Acuerdo
049 de 1990[38], aprobado mediante el Decreto 758 del
mismo año, dispone que “La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de
parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda
entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta
la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”
A su turno, el artículo 35 de la misma
normativa preceptúa que “Las pensiones del seguro social se pagarán por
mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del servicio o del
régimen, según el caso, para que pueda entrar a disfrutar de la pensión”.
En
este orden, encuentra la Sala que frente al contenido de las disposiciones
normativas citadas, se hace necesario realizar varias precisiones a la luz de
lo establecido por los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones.
En
primer lugar, deben diferenciarse 2 circunstancias temporales
planteadas en las normas, a saber: (i) la causación del derecho pensional y
(ii) el disfrute de las mesadas pensionales. Sobre el particular, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “no es
dable confundir la causación de la pensión de vejez con su disfrute. La primera
ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos
de edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; en cambio, el
disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión,
están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y
cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez”[39].
En el mismo sentido, la Corte Suprema, en
decisión del 1º de febrero de 2011[40], reiteró que “tanto la causación
como el disfrute de la pensión de vejez son dos figuras jurídicas que no se
confunden, porque tienen identidad y efectos propios. En el primer caso, la
causación se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la
ley para acceder a ella, y en el segundo, que supone el cumplimiento del
primero, se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad
de seguridad social, previa desafiliación del régimen”.
Esta regla ha sido utilizada de manera
reiterada por el Alto Tribunal Ordinario, quien siempre ha distinguido el
concepto de causación de la pensión de vejez del disfrute de la misma. En este
orden, al conocer del recurso de casación interpuesto por el Instituto de
Seguros Sociales contra la decisión proferida en segunda instancia en el curso
de un proceso laboral interpuesto en su contra, en el que se discutía el
momento en el que debía reconocerse el retroactivo pensional, precisó la Corte
Suprema[41] que la causación de la pensión de
vejez se “refiere a que el derecho nace cuando la persona reúne las
exigencias de edad y semanas cotizadas”, mientras que para el disfrute de
la misma “se
requiere la desafiliación del régimen, sin ningún otro requerimiento”.
En hilo de lo expuesto, se tiene que el
momento en el que se causa el derecho pensional, por haberse cumplido con los
requisitos mínimos para el efecto, y el momento en el que se empieza a
disfrutar del reconocimiento pensional, son dos eventos claramente
diferenciables, que acarrean consecuencias jurídicas diferentes.
Así, las normas establecen que una vez
causado el derecho pensional cesa la obligación de realizar cotizaciones, lo
cual es facultativo del beneficiario, pues puede optar, pese a haber reunido
los requisitos legales de edad y semanas cotizadas, por continuar realizando
aportes al Sistema General de Pensiones, caso en el cual queda diferido el
derecho a disfrutar de las mesadas pensionales, puesto que para el efecto se
requiere del retiro del servicio o la desafiliación del sistema, lo que
necesariamente implica la no realización de aportes o cotizaciones.
En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que pese a que la
obligación de cotizar desaparece cuando se causa el derecho, esto es, cuando se
cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, el disfrute de la pensión
está condicionado “al retiro efectivo del empleo”, lo cual no implica
que el beneficiario no pueda seguir efectuando aportes voluntarios que le
permitan aumentar el monto de la pensión u obtener una reliquidación con base
en los últimos aportes realizados. Al respecto, indicó esta Corporación que “la
obligación de realizar aportes cesa en el momento en que se cumplen los
requisitos para acceder a una pensión mínima. No obstante, el disfrute de la
pensión que sea reconocida queda supeditado al retiro del empleo y, en todo
caso, se brinda a la trabajadora o el trabajador la posibilidad de continuar
realizando aportes voluntarios que le permitirán aumentar el monto de su
pensión bien si se trata del régimen de ahorro individual con solidaridad u
obtener una reliquidación de su pensión con base en los últimos aportes, si la
persona se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación
definida”.[42]
En
este orden, ha concluido la Corte Constitucional que “la afiliación al
Sistema General de Pensiones es obligación de todas las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o que laboren como trabajadores independientes y
la misma prevalece aun cuando la persona afiliada haya cumplido requisitos
(sic) obtener una pensión mínima pues en este caso, la persona afiliada de
manera voluntaria puede decidir continuar efectuando cotizaciones al Sistema
–SGP-”[43].
En el mismo sentido, la jurisprudencia laboral ha sostenido que “una
vez causada la pensión al cumplimiento de los requisitos mínimos de edad y
densidad de cotizaciones exigidas normativamente, nada impide al afiliado
contribuir al financiamiento del Sistema, y en especial, ejercer el derecho de
mejorar el monto de la mesada pensional, cuya liquidación guarda parcialmente
proporcionalidad con el número de cotizaciones que supere el mínimo legal”.
Motivo por el cual, “el I.S.S., no está autorizado para desafiliar a un
beneficiario del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte invocando la causación del
derecho; las normas le han reservado al afiliado, la facultad de continuar
cotizando. La desvinculación del Sistema es una potestad reservada al
trabajador y en algunos casos, extendida también al empleador.”[44]
Frente a la finalidad de exigir la
desafiliación del sistema como requisito para el pago y disfrute de la pensión,
la Sala de Casación Laboral ha manifestado que “con él se pone límite al
ejercicio del derecho de cotizar, esto es, congelar la última cotización para
poder así saber cuál es el último aporte, presupuesto necesario para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el Decreto 758 del mismo, en cuanto señala que para liquidar la pensión de
vejez “se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por
este riesgo””.[45]
En
segundo lugar, en relación con la interpretación dada a las
citadas normas del Acuerdo 049 de 1990, que exigen, por un lado, la
desafiliación del régimen[46]
y, por otro lado, el retiro del asegurado del servicio[47],
el Consejo de Estado, al estudiar una demanda de simple nulidad interpuesta en
contra de estas dos disposiciones, mediante Sentencia del 1º de agosto de 2013[48],
aclaró que las mismas se aplican “cuando se trata de un trabajador
particular o de un servidor público, así en el primer caso se exige la
desafiliación y en el segundo el retiro del servicio.”
Al
respecto, precisó el Tribunal Contencioso que de conformidad con artículo 19 de
Ley 344 de 1996[49],
norma aplicable a los servidores públicos, el disfrute de la pensión de vejez y
la permanencia en el servicio son incompatibles. Así las cosas, tratándose de
servidores públicos, se exige para el correspondiente disfrute de la pensión,
el retiro del servicio, es decir, la terminación de la relación laboral, legal
o reglamentaria del trabajador.
Por
su parte, la desafiliación del régimen hace referencia al retiro del Sistema
General de Pensiones, que implica la no realización de aportes o cotizaciones,
independientemente de que el trabajador continúe vinculado a una relación
laboral o se encuentre en un contrato de prestación de servicios.
Sobre
este punto se pronunció la Corte Constitucional, al declarar la
exequibilidad del inciso 2° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, en la Sentencia
C-529 de 2010[50],
al considerar lo siguiente:
“Es
importante señalar que la cesación de la obligación de cotizar al ocurrir el
supuesto establecido en la norma acusada –que el afiliado reúna los requisitos
para acceder a la pensión mínima de vejez-, no se extiende a las obligaciones
derivadas del sistema de seguridad social en salud o del sistema general de
riesgos profesionales. Las causales de extinción de la obligación de cotizar a
estos sistemas se rigen por reglas distintas, y la cesación de la obligación de
cotizar de que trata la norma demandada, sólo se circunscribe al sistema
pensional. En consecuencia, la declaratoria de exequibilidad de ella no implica
que quienes sigan vinculados laboralmente, o por contrato de prestación de
servicios, queden eximidos de sus obligaciones para con el sistema de salud o
de riesgos profesionales. Por el contrario, deben seguir aportando a dichos
sistemas, en la medida en que así lo impone la continuada existencia de su
relación  laboral, legal, reglamentaria o contractual.”
De
conformidad con lo anterior, si el trabajador decide dejar de cotizar al
sistema pensional, debe desafiliarse del mismo para tener derecho a reclamar el
pago de las mesadas retroactivas cuando solicite el reconocimiento pensional,
salvo que se trate de un servidor público, evento en el cual debe efectivamente
retirarse del servicio.
Finalmente,
para
el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, resulta importante traer a
colación las normas que regulan en cabeza de quién recae la obligación de
informar a la entidad administradora de pensiones la desafiliación del régimen
del trabajador, para efectos de determinar a partir de qué momento se hace
acreedor del disfrute de las mesadas pensionales.
De
esta manera, encuentra la Sala que el Decreto 1406 de 1999[51], en su
artículo 19[52],
establece la obligación de los empleadores, en calidad de aportantes, de
presentar la autoliquidación de aportes, donde se detalla la totalidad de
trabajadores y afiliados a las respectivas entidades administradoras, debiendo
incorporar las novedades ocurridas en el periodo declarado.
Asimismo,
el artículo 39 ibídem[53]
consagra la responsabilidad exclusiva del empleador como consecuencia de
presentar la autoliquidación de aportes sin incluir la información correcta de
la afiliación de los trabajadores, que afecte la prestación efectiva a éstos de
los servicios del sistema.
En
suma, las disposiciones estudiadas prescriben la obligación del
empleador aportante de efectuar el pago de los aportes que le corresponde y
reportar las novedades, dentro de las cuales se encuentra la afiliación o
desafiliación de sus trabajadores, recayendo en cabeza suya la responsabilidad
de las consecuencias que la ausencia de la información correcta acarree para
los beneficiarios del Sistema General de Pensiones.
En
consideración al caso que ahora ocupa la atención de la Sala, es importante señalar
que las disposiciones en cita se aplican de igual forma a las Cooperativas de
Trabajo Asociado que tengan a su cargo realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integrado de sus afiliados, sin que con ello, como se pasará a
explicar, se transforme la naturaleza de estas asociaciones o se encuentre
implícita una relación laboral entre los socios trabajadores y la cooperativa.
Respecto
a las Cooperativas de Trabajado Asociado, la Corte Constitucional ha señalado en
concordancia con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 79 de 1998[54],
son una forma de organización solidaria, que ofrece la posibilidad de agrupar a
varias personas con el fin de emprender una actividad sin ánimo de lucro
mediante el aporte de la capacidad laboral de sus integrantes.[55]
También
ha señalado esta Corporación que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 79 de
1998, en las Cooperativas de Trabajo Asociado, el régimen de trabajo, de
previsión, seguridad social y compensación[56], será establecido en los
estatutos y reglamentos, como quiera que tales materias tienen origen en el
acuerdo cooperativo y escapan del ámbito de regulación de la legislación
laboral.
No
obstante lo anterior, la Corte ha puntualizado que la facultad que tienen los
asociados de tales organizaciones para autorregularse no significa que el
legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas, puesto
que el Estado, con la salvedad indicada, no puede interferir en su ámbito
estrictamente interno, en aspectos que, por ejemplo, tengan que ver con su
organización y su funcionamiento, pues ello depende de la libre y autónoma
decisión de los miembros que las conforman.
De
manera particular, señaló la Corte que entre las restricciones que el
legislador puede imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado, están las que
apuntan a la protección de los derechos de las personas en general y de los
trabajadores en forma especial, y que, en todo caso, la autonomía regulatoria
de esas entidades está limitada por los principios y valores constitucionales.
Dijo esta Corporación que es claro que si bien, en desarrollo de la libertad de
asociación las cooperativas están regidas “en principio por una amplia
autonomía configurativa de los asociados, no están excluidas de una adecuada
razonabilidad constitucional, en los distintos aspectos que las mismas
involucran, como ocurre frente a la posible afectación de los derechos
fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de empresa, como
consecuencia del alcance de sus estipulaciones.”[57]
En este orden, el
legislador expidió la Ley 1233 de 2008[58], con el objeto, entre
otros, de proteger las garantías constitucionales de los trabajadores y obligar
a que las cooperativas protejan los derechos de los asociados y, en este orden,
los vinculen a la seguridad social. Al respecto, los artículos 3º y 6º de esta
normativa señalan:
“Artículo 3º. Derechos mínimos
irrenunciables. Las Cooperativas y Pre-cooperativas de Trabajo Asociado
establecerán en su respectivo régimen la compensación ordinaria mensual de
acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad de
trabajo aportado por el trabajador asociado, que no será inferior en ningún
caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, salvo que la actividad se
realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor
desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el correspondiente
régimen interno. (…)
Artículo 6º. Afiliación
al Sistema de Seguridad Social. Para tales efectos, les
serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para
trabajadores dependientes.
Para cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso
base de cotización será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria
mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su pago será la
establecida en la ley para el régimen de trabajo dependiente.”
En
hilo de lo expuesto, a las cooperativas asociativas de trabajo se les aplican
las reglas de aportantes al Sistema de Seguridad Social anteriormente
referenciadas.
5.
CASO
CONCRETO
5.1.
OBSERVACIONES
GENERALES.
El
señor José Prudencio Arévalo Martínez, de 64 años de edad, formuló acción de
tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar
que la decisión proferida el 14 de noviembre de 2013, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad, al
absolver al Instituto de Seguros Sociales del reconocimiento y pago del
retroactivo pensional desde la fecha en que cumplió los requisitos para acceder
a la pensión de vejez, bajo el argumento de no haberse probado el retiro del
sistema, tal como lo exige el Decreto 758 de 1990.
Considera
el accionante que el Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta las pruebas
aportadas al proceso laboral, que demuestran que efectivamente solicitó a su
empleador realizar el retiro del sistema y, en consecuencia, no continuar
aportando a pensiones, por cuanto el reconocimiento de su derecho pensional se
encontraba en trámite.
El
Tribunal Superior de Bogotá, en la providencia cuestionada, sostuvo que el
demandante no logró demostrar el retiro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones
desde la fecha en que cumplió con los requisitos para pensionarse. Por otra
parte, advirtió que el peticionario había cambiado de régimen pensional,
circunstancia que hizo que el demandado sólo hasta el 2 de agosto de 2011,
tuviera información sobre las semanas cotizadas en el régimen de ahorro
individual para el Fondo de Pensiones Horizonte, información necesaria para
reconocer al solicitante la prestación pensional con fundamento en la totalidad
de semanas cotizadas.
De
acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá vulneró
los derechos fundamentales del señor José Prudencio Arévalo Martínez, al
incurrir en un defecto fáctico por no valorar adecuadamente las pruebas
aportadas al proceso.
Para
dicho efecto, inicialmente la Sala entrará a examinar si en este caso se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales señalados en la parte motiva de esta providencia, para
luego entrar a analizar el problema de fondo.
5.2.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
DECISIONES JUDICIALES EN EL PRESENTE CASO.
5.2.1.
El
asunto debatido reviste relevancia constitucional.
El
problema jurídico puesto a consideración por el señor José Prudencio Arévalo
Martínez, es de relevancia constitucional, puesto que se refiere a la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, por parte de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al no tener en cuenta las pruebas
aportadas al proceso ordinario laboral interpuesto en contra del Instituto de
Seguros Sociales, lo cual a su vez involucra su derecho fundamental a la
seguridad social, en la medida en que no ha podido disfrutar de su derecho
pensional desde la fecha en la que alega cumplió requisitos para acceder a la
prestación.
5.2.2.
El
tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a
su alcance.
Frente al
requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha determinado,
como regla general, que el juez constitucional deberá declarar improcedente la
tutela cuando encuentre que existe otro medio o recurso judicial a través del
cual pueda el ciudadano obtener la protección de sus derechos.
No
obstante, existiendo otro medio de defensa judicial, la Corte, con fundamento
en lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, ha establecido dos situaciones
excepcionales en las cuales es procedente la acción de tutela. Una de ellas,
consiste en que el medio o recurso existente no sea eficaz e idóneo y, la otra,
radica en la invocación de la tutela como un mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En el sub
examine, encuentra la Sala que la decisión atacada en sede de tutela
resolvió en segunda instancia el proceso ordinario laboral adelantado
por el señor José Prudencio Arévalo Martínez en contra del Instituto del Seguro
Social.
En
relación con los mecanismos existentes para atacar esta decisión, encuentra la
Sala que eventualmente podría proceder el recurso extraordinario de casación;
no obstante, tal como lo advierte el accionante, la cuantía de las pretensiones
no cumple las exigencias de este recurso extraordinario. En efecto, el recurso
de casación requiere para su procedencia que las pretensiones contenidas en la
demanda tengan un tope mínimo, el cual, de conformidad con lo establecido en el
artículo 43 de la Ley 712 de 2001, es de ciento veinte (120) veces el Salario
Mínimo Legal Mensual Vigente. De esta manera, observado el libelo de la demanda
ordinaria se encuentra que el peticionario estimó sus pretensiones en treinta y
cinco (35) millones de pesos, que para el año 2013[59],
fecha en que interpuso la demanda ordinaria, equivalía a 59 Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes.
Por
otra parte, tampoco es viable el recurso de casación, teniendo en consideración
las causales específicas de procedencia en materia laboral. En este orden, se
tiene que el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social
establece las causales o motivos para interponer el recurso, a saber:
“1. Ser la sentencia violatoria de la ley
sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación
errónea.
2.
Contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación de la
parte que apeló de la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se
surtió la consulta.”
Observando
las decisiones adoptadas por los jueces ordinarios, está claro que en ninguna
instancia se discuten las normas laborales aplicables al accionante, sino que la
controversia se centra en la valoración de las pruebas aportadas al proceso,
para efectos de comprobar el retiro o desafiliación del accionante del sistema
de pensiones; tampoco se trata de una situación que haga gravosa la situación
del apelante, puesto que en el presente asunto, quien recurrió la decisión de
primera instancia fue el ISS, resultando la providencia de segunda instancia
favorable a sus pretensiones. Así las cosas, la situación fáctica del
peticionario no encuadra en ninguna de las causales descritas para interponer
el recurso extraordinario de casación.
5.2.3.
Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
En el asunto
bajo estudio, encuentra la Sala que la decisión atacada en sede de tutela data
del 14 de noviembre de 2013, siendo interpuesta la acción de tutela el 14 de
enero de 2014, esto es, 2 meses después, por lo que se considera que lo hizo en
un término razonable y que no afecta el principio de la seguridad jurídica de
las partes intervinientes en el proceso en el cual recayó dicha sentencia. De
esta manera, queda satisfecho el requisito de la inmediatez para la
interposición del amparo tutelar.
5.2.4.  La
parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados
El
accionante ha identificado razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración,
como los derechos que considera lesionados.
5.2.5.  La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
La presente
acción de tutela se dirige contra la decisión judicial adoptada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 14 de
noviembre de 2013, y
no contra un fallo de tutela.
En conclusión,
encontramos que el caso que aquí se estudia, cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
por tal motivo pasará la Sala a revisar si se presenta al menos una de las
causales especiales de procedibilidad.
5.3.
ANÁLISIS
DE LAS CAUSALES ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
A continuación,
procede la Sala a examinar los cargos formulados por el demandante, a la luz de
las precisas reglas que ha establecido la jurisprudencia para el efecto.
Tal
como se expuso precedentemente, el defecto fáctico por omisión se presenta cuando sin razón
justificada el juez niega, ignora o no valora las pruebas debidamente aportadas
o solicitadas por las partes, así como cuando, no decreta las pruebas
necesarias, a pesar de que la ley le confiere dicha facultad. Igualmente, el
defecto fáctico por acción se presenta, entre otras
circunstancias, cuando
a pesar de que las pruebas reposan en el proceso hay una errada interpretación
de ellas, ya sea porque se da por probado un hecho que no aparece en el
proceso, o porque se examinan de manera incompleta.
En el
sub examine, el demandante considera que el despacho judicial accionado
incurrió en un defecto fáctico en su decisión, al no valorar adecuadamente el
material probatorio del expediente, lo que condujo a que adoptara una decisión desfavorable
a sus pretensiones. Al respecto, expuso que luego de radicar los documentos
para su reconocimiento pensional ante el ISS, presentó a la empresa AEROCOOP,
cooperativa a la que se encuentra asociado y que se encarga de realizar los
aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, solicitud encaminada a
no continuar realizando las cotizaciones a pensión al ISS, prueba que no fue
tenida en cuenta por el tribunal para efectos de determinar que ciertamente se
había retirado del régimen, siendo responsabilidad de AEROCOOP realizar
efectivamente la desafiliación.
Sobre
este punto, se
observa que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá efectuó el
siguiente análisis para concluir que el actor no logró probar el retiro del
régimen de pensiones, tal como lo exige el Decreto 758 de 1990:
Inicialmente,
puntualizó que “no es aplicable en este particular caso el precedente
jurisprudencial contenido en las sentencias 35605 y 38776 emanadas de la Corte
Constitucional según las cuales es admisible la desafiliación tácita, en cuanto
el caudal probatorio que obra en el plenario conduce ineluctablemente a
concluir que la pasiva no tenía en su haber la información pertinente para
realizar, o en mejores términos, para acribir (sic) con anticipación al momento
histórico en que lo hizo la mesada pensional al accionante.”
Continuó
destacando que el señor José Prudencio Arévalo Martínez “emigró del régimen
de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual.
También, que con fundamento en la Sentencia C-1024 de 2004 por tener más de 15
años de cotizaciones antes del 1 de abril de 1994, se reintegró ulteriormente
al régimen de prima media con prestación definida. También aparece claro que el
demandante realizó cotizaciones para el fondo de pensiones Horizonte, acta
diciembre de 2009, las disposiciones que apuntan al retiro del régimen como
requisito sine qua non para comenzar a disfrutar de la pensión de vejez,
referidas en precedencia, esto es, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de
1990, en concordancia con el literal e) del artículo 9º de la Ley 797 de 2003,
en cuanto exigen al interesado adosar la documentación pertinente en punto de
recibir de manera pronta la mesada pensional.”
De
conformidad con lo expuesto, decidió absolver al Instituto de Seguros Sociales
de todos los cargos “porque refulge en las documentales que reposan en el
infolio, especialmente las que cursan a folios 82 a 84 que el Seguro Social,
hoy Colpensiones, no tenía la información idónea pertinente en punto de inferir
el retiro del régimen del promotor del juicio, tanto que la información
respecto del número de semanas que había cotizado en Horizontes (sic) apenas
podía consolidarla el 2 de agosto de 2011, según fluye de las documentales en
referencia.”
Finalmente,
reiteró que las actuaciones adelantadas por el accionante ante el ISS, no le
permitía a la entidad, en fecha anterior a la que lo hizo, determinar la
desafiliación del régimen del señor José Prudencio Arévalo Martínez, puesto que
insistió “apenas para el 2 de agosto de año 2011, adquirió el conocimiento
pleno del número de semanas que el accionante había cotizado al fondo de pensiones
horizonte.”
Para
la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, las consideraciones expuestas por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, constituyen un defecto fáctico
por omisión y por acción que hace procedente la acción de tutela en el presente
caso, toda vez que, como pasará a explicarse, están fundamentadas, por una
parte, en una omisión de la valoración de los elementos probatorios aportados
por el demandante, y por otra parte, en una interpretación manifiestamente
irrazonable de las pruebas obrantes en el plenario.
Advierte la Sala
que dentro de los argumentos esgrimidos por el tribunal accionado, nada se dice
sobre las pruebas aportadas por el demandante al proceso laboral, esto es, el
escrito dirigido a la Cooperativa AEROCOOP en el que solicita no realizar más
cotizaciones a pensiones al ISS, el cual tiene sello de recibido el día 14 de
julio de 2010, y la tirilla No. 483649 del ISS que da cuenta que radicó documentos
para efectos del reconocimiento de su derecho pensional el 22 de junio de 2010.
Para la Sala, el
análisis de las mencionadas pruebas era fundamental para determinar, contrario
a lo manifestado por el Tribunal Superior de Bogotá, que el accionante sí probó
haber solicitado a la entidad encargada para el efecto su desafiliación o
retiro del régimen de pensiones.
Sobre el
particular, es necesario traer a colación las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, de conformidad con lo cual está claro que los
trabajadores, mientras subsista la relación laboral o se encuentren vinculados
como independientes mediante un contrato de prestación de servicios, están en
la obligación de realizar aportes o cotizaciones al Sistema General de
Pensiones.
Esta obligación
de realizar aportes al Sistema General de Pensiones cesa cuando se cumplen los
requisitos de edad y semanas cotizadas exigidas para acceder a la pensión de
vejez, evento en el cual el trabajador puede optar por varias opciones: (i) continuar
en el trabajo o retirarse de él, pero en todo caso seguir realizando aportes al
sistema, para efectos de incrementar o reliquidar su mesada pensional, caso en
el cual el disfrute pensional se encuentra sujeto al momento en que no se
realicen más cotizaciones y, en consecuencia, el afiliado se retire del
régimen; o (ii) retirarse del trabajo o continuar vinculado laboralmente, pero
solicitar la desafiliación del régimen, para efectos de comenzar a disfrutar de
la prestación pensional desde el momento en que por cumplir requisitos se
retira del sistema.
Ahora
bien, en virtud de lo establecido por el Decreto 1406 de 1999, el empleador, o en
este caso, la Cooperativa de Trabajo Asociado que tenga a su cargo, de
conformidad con lo dicho precedentemente, los pagos de las cotizaciones de la
seguridad social de sus afiliados, debe elaborar
periódicamente una autoliquidación de aportes, mediante la cual suministra la
información de afiliación de sus trabajadores y sus respectivas novedades. Asimismo,
la norma establece en cabeza del aportante la responsabilidad por la inadecuada
o errada información que se suministre y afecte los beneficios que ofrece el
sistema de pensiones.
Así
las cosas, encuentra la Sala que la prueba aportada por el accionante era
fundamental para determinar que había efectivamente solicitado su desafiliación
del régimen a la entidad que realizaba sus aportes a la seguridad social.
Por
otra parte, destaca la Sala que advertida la obligación que recae sobre la
empresa aportante de informar periódicamente al fondo de pensiones sobre las
novedades en la afiliación de sus asociados, y al no contar en el proceso
ordinario con la información respecto a cuándo se reportó la novedad del señor
José Prudencio Arévalo Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá debió, en
cumplimiento del principio de oficiosidad que rige sus actuaciones, decretar
las pruebas necesarias para determinar en qué momento la Cooperativa de Trabajo
Asociado AEROCCOP informó al ISS sobre el retiro del régimen del accionante y,
en esta medida, contar con los elementos necesarios para determinar a partir de
qué momento debía reconocérsele el retroactivo pensional reclamado.
A
propósito del principio de oficiosidad, resulta importante señalar que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que el “el juez ha de guiar el
proceso a la luz del principio de oficiosidad.” De tal manera que “está
obligado a asumir un papel activo, de impulso del proceso, con el fin de
dilucidar si realmente existe la violación o la amenaza de los derechos que el
peticionario invocó, o de otros, y además debe considerar si las pruebas
pedidas son suficientes para resolver, y si los hechos expuestos constituyen un
conjunto completo, o si, por el contrario, son tan inconexos y aislados que
exijan complemento informativo suficiente para que el fallador pueda formarse
cabal concepto acerca del asunto objeto de su examen”.[60]
Por
otra parte, observa la Sala de Revisión que el Tribunal Superior de Bogotá
igualmente incurrió en un defecto fáctico por acción, en la medida en que a las
pruebas que valoró les dio una contraevidente interpretación y les atribuyó
efectos que las mismas no comportaban.
Así,
afirmó el accionado que “refulge en las documentales que reposan en el
infolio, especialmente las que cursan a folios 82 a 84 que el Seguro Social,
hoy Colpensiones, no tenía la información idónea pertinente en punto de inferir
el retiro del régimen del promotor del juicio, tanto que la información
respecto del número de semanas que había cotizado en Horizontes (sic) apenas
podía consolidarla el 2 de agosto de 2011, según fluye de las documentales en
referencia.”
Al
respecto, advierte la Sala que de un estudio cuidadoso del expediente ordinario
solicitado en sede de revisión[61],
los folios 82 a 84 hacen referencia al “REPORTE SIAFP”, donde se encuentra
el extracto de las semanas cotizadas por el señor José Prudencio Arévalo,
suministrado por ASOFONDOS, en el que se observa como “pendiente de
procesar” los aportes a Horizonte. No obstante, en el reverso del folio 83,
se aprecia un oficio suscrito por el Asesor de Devolución de Aportes del
Instituto del Seguro Social, dirigido a la Seccional Cundinamarca de esta
entidad, de fecha 28 de febrero de 2011, en la que manifiesta que respecto al
accionante se encuentra la “HISTORIA LABORAL ACTUALIZADA CON LOS APORTES
DEVUELTOS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL AL ISS.”
En
este orden, en vista de la claridad de la prueba referenciada, encuentra la
Sala que la conclusión a la que arribó el Tribunal Superior de Bogotá se torna
contraevidente, al afirmar que solo hasta el 2 de agosto de 2011, el ISS pudo
consolidar la información de las semanas cotizadas por el actor, pues, tal como
se observa en el plenario, desde el 28 de febrero de 2011, ya se tenía
conocimiento sobre la totalidad de los aportes realizados por el señor José
Prudencio Arévalo Martínez.
En este orden de
ideas, observa la Sala de Revisión de Tutelas que el Tribunal Superior de
Bogotá, en la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2013, incurrió en un
defecto fáctico, pues no valoró las pruebas aportadas al proceso ordinario,
ni desplegó su facultad de decretarlas, las cuales demostraban sin lugar
a dudas que el señor José Prudencio Arévalo Martínez requirió a la entidad
encargada de realizar los aportes a la seguridad social para realizar la
respectiva desafiliación, quien en atención a las normas reglamentarias del
sistema de aportes a la Seguridad Social, informó al fondo de pensiones dentro
de la autoliquidación mensualmente presentada.
De esta manera,
según se afirma en el escrito allegado en sede de revisión, la Cooperativa
AEROCOOP informó al Instituto de Seguros Sociales la novedad de retiro del
señor José Prudencio Arévalo Martínez para el periodo de cotización 2010-08,
mediante planilla del 11 de enero de 2011[62], información que no tuvo
en cuenta el despacho judicial accionado, pues, de una parte, nunca vinculó al
trámite ordinario a dicha cooperativa, ni, se reitera, decretó la práctica de
pruebas tendientes a obtener todo la información necesaria para emitir un
pronunciamiento de fondo.
5.4.
CONCLUSIÓN
Como recapitulación
de lo esgrimido en precedencia se tiene que:
5.4.1.  La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por omisión y
por acción, debido a que no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por el
demandante al proceso ordinario laboral, que demostraban que, una vez cumplió
con los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, presentó los
documentos requeridos para el reconocimiento ante el Instituto de Seguros
Sociales, lo que se demuestra con la tirilla No. 483649, del
22 de junio de 2010, que indica que radicó documentos ante el ISS; así como el
escrito presentado ante le Cooperativa AEROCOOP con sello de recibido del 14 de
julio de 2010, en el que solicitaba no efectuar más cotizaciones al Instituto
de Seguros Sociales, por cuanto su solicitud pensional se encontraba en trámite,
encontrándose en cabeza del empleador cotizante el deber de presentar la
respectiva novedad al fondo de pensiones.
Asimismo,
interpretó erradamente las pruebas aportadas al proceso, otorgándoles efectos
que no contenían, al señalar que hasta el 2 de agosto de 2011 el ISS tuvo
conocimiento de la totalidad de semanas cotizadas al régimen de ahorro
individual por el accionante, cuando claramente de las mismas se extrae que
dicha información se obtuvo desde el 28 de febrero de 2011.
Por lo anterior, en
el caso concreto, acreditada la solicitud de desafiliación ante el fondo de
pensiones, la Cooperativa de Trabajo Asociado AEROCOOP, encargada de realizar
los aportes a seguridad social del actor, reportó las novedades en el estado de
afiliación de sus asociados ante el ISS, quien no debe anteponer ningún trámite
administrativo o exigir requisito adicional a los establecidos en el normativa
vigente, Acuerdo 049 de 1990, para proceder al reconocimiento de la prestación
solicitada, desde el retiro del Sistema General de Pensiones.
Con fundamento
en las anteriores consideraciones, la Sala  revocará la providencia
proferida el primero (1°) de abril de dos mil catorce (2014),
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia
proferida en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia el veintiocho (28) de enero de dos mil catorce
(2014), mediante la cual denegó la tutela incoada por el señor José Prudencio
Arévalo Martínez contra el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral  y, en su
lugar, concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a
la seguridad social del señor José Prudencio Arévalo Martínez.
En consecuencia,
la Sala ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión, con fundamento en las consideraciones
expuestas en esta providencia, dentro del trámite de segunda instancia surtido
dentro del proceso laboral ordinario interpuesto por el señor José Prudencio
Arévalo Martínez en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la
Sentencia proferida el primero (1°) de abril de dos mil catorce
(2014),
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
cual confirmó el fallo del veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social del señor José Prudencio Arévalo Martínez.
SEGUNDO.- En consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones esgrimidas en esta
providencia, la Sentencia del catorce (14) de noviembre de dos mil trece
(2013), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el proceso ordinario laboral interpuesto por el señor
José Prudencio Arévalo Martínez en contra del Instituto de Seguros Sociales,
hoy Colpensiones.
TERCERO.- En su lugar, DEJAR
EN FIRME el
fallo proferido en primera instancia por el Juzgado
Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el dieciséis (16)
de septiembre de dos mil trece (2013), dentro del proceso ordinario laboral
iniciado por
el señor José Prudencio Arévalo Martínez en contra del Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones. En consecuencia, ORDENAR al Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones E.I.C.E., que en el término de quince (15)
días siguientes
a la notificación de esta providencia, cumpla las órdenes contenidas en dicha
providencia.
CUARTO.- LÍBRESE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1] Corte Constitucional, sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Sentencia del 8 de
junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencia del 11 de
diciembre de 2.009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[4]Sentencia T-774 de
2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Sentencia SU-813 de
2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de
carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el
ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían
mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A
juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en
estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de
un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe
entenderse ajustada a la Constitución.”
[6] Sentencia T-1240 de
2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández: los criterios específicos o
defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial
cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los
derechos fundamentales del reclamante.
“[7]
Sentencia 173/93.”
“[8]
Sentencia T-504/00.”
[9] Ver entre otras la
reciente Sentencia T-315/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[10] Sentencias T-008/98
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[11] Sentencia T-658-98
M.P. Carlos Gaviria Díaz
[12] Sentencias T-088-99
M.P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-1219-01 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[13] Sentencia C-590 de
2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] Sentencia T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
“[15]
Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.”
[16] Sentencia C-590 de
2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] Sentencia C-1270 de
2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[18] Se pueden consultar
las siguientes sentencias: T-231 de 1994, T-567 de 1998, T-260 de 1999,
M. P., T-488 de 1999, T-814 de 1999, SU-159 de 2002, T-408 de 2002, T-550 y
T-901 de 2002, T-054 de 2003, T-359 de 2003, T-382 de 2003, T-509 de 2003,
T-554 de 2003, T-589 de 2003, T-923 de 2004, T-902 de 2005, T-1285 de 2005,
T-171 de 2006, T-458 de 2007, T-916 de 2008, entre otras.
[19] Sentencia T-902 de
2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] Sentencia SU-159 de
2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21]Sentencia T-949 de 2003.
M. P. Eduardo Montealegre Lynett
[22]Cfr. sentencia SU-1300 de 2001,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23]Cfr. sentencia T-442
de 1994. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[24] Cfr.
sentencia T-538 de 1994. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Cfr.
Sentencia SU-159-2002, M. P. Manuel José Cepeda.
[26]Cfr.
sentencia T-239 de 1996. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[27] Sentencia T-576 de 1993.
M. P. Jorge Arango Mejía.
[28] Sentencia T-902 de
2005 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
[29] Sentencia T-417 de 2008,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[30]Los artículos 180 del
Código de Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del Trabajo y 169 del
Código Contencioso Administrativo autorizan la práctica de pruebas de oficio.
Obviamente esta facultad dependerá de la autorización legal para el efecto,
pues en el caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 361 de la
Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal de conocimiento no puede decretar
pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento, no es posible exigirle al juez
algo distinto a lo expresamente permitido. En este aspecto, puede verse la
sentencia C-396 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[31]Ibídem.
[32]Ibídem
[33]Sentencia T-442 de
1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[34] Sentencias T-414 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-642 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[35] “Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
[36]M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[37] En la Sentencia C-760
de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, la Corte realizó una
interpretación teleológica del Sistema de Seguridad Social Integral y con
fundamento en el principio de solidaridad declaró la constitucionalidad de
algunos apartes de los artículos 4 y 5 de la Ley 197 de 2003, que establecieron
la obligatoriedad de las cotizaciones de los trabajadores independientes.
[38] “Por el cual se expide el
Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”.
[39] Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 24 de marzo de 2000. Radicación No. 13425, M.P. José Roberto
Herrera Vergara.
[40] Sentencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 1º de febrero de 2011.
Radicación No. 38776, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
[41]Sentencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 7 de febrero de 2012.
Radicado No. 39206, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
[42]Sentencia T-705 de 2006,
reiterada en la Sentencia T-280 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] Sentencia T-280 de
2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[44]Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 21 de febrero de 2005. Radicación 24370. M.P.  Eduardo López
Villegas.
[45]Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 7 de septiembre de 2006. Radicación 27140. M.P. Francisco Javier
Ricaurte Gómez.
[46] Artículo 13 del
Acuerdo 049 de 1990
[47] Artículo 35 del
Acuerdo 049 de 1990
[48]Sentencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicación: 11001-03-25-000-2009-00090-00(1211-09).
M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
[49] Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-584 de 1997,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y establece: “el servidor público que
adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar
por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad
de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez
años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.”
[50]M. P.
Mauricio González Cuervo.
[51] “Por el cual se adoptan unas
disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente
el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan
disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al
Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de
aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones”.
[52]“AUTOLIQUIDACIÓN
Y PAGO DE APORTES.
Los aportantes que se clasifiquen como grandes, deberán presentar mensualmente
una declaración de autoliquidación de los aportes correspondientes a los
diferentes riesgos que cubre el Sistema de Seguridad Social Integral.
La declaración
de autoliquidación de aportes al Sistema correspondiente a los grandes
aportantes, deberá presentarse en medios computacionales de archivo de datos,
con las especificaciones técnicas del Formulario Magnético Unico que adopten
conjuntamente las Superintendencias Bancaria y de Salud.
Cuando por razón
de su ubicación geográfica, de las características particulares de su objeto
social o actividad económica, o de la imposibilidad de disponer o acceder a un
computador, el aportante clasificado como grande no pueda cumplir con la
presentación de la declaración de autoliquidación de aportes en medios
computacionales, podrá hacerlo en el formulario físico a que alude el artículo 22 siguiente. En
este evento, el aportante deberá informar a la administradora la forma como
habrá de efectuar su autoliquidación de aportes con una antelación no inferior
a un (1) mes.
Los grandes
aportantes cancelarán sus aportes al Sistema mediante el comprobante de pago
que generen para el efecto, de conformidad con las especificaciones que
establezcan, en forma conjunta, las Superintendencias Bancaria y de Salud. El
plazo para la entrega del formulario magnético será igual al establecido para
el pago de los respectivos aportes.”
[53] “DEBERES ESPECIALES DEL EMPLEADOR. Las consecuencias derivadas de
la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de
errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del
Sistema de Seguridad Integral o la prestación de los servicios que él contempla
con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del
aportante.
En todo caso el empleador que
tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que
así lo solicite la copia de la declaración de autoliquidación de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en que conste el respectivo pago, o el
comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en
forma separada a la declaración respectiva.
Igualmente, y de conformidad con
las normas establecidas en el Código de Comercio sobre conservación de
documentos, el aportante deberá conservar copia del archivo magnético
contentivo de las autoliquidaciones de aportes presentadas.”
[54] Artículo 70: Las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios.
[55] Sentencia T-004 de
2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[56] Sentencia C-645 de
2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
[57] Sentencia
T-394 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[58]“Por medio de la cual
se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad
social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las
Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan
otras disposiciones”
[59] En Decreto 2738 de
2012, se fijó el Salario Mínimo Legal Mensual para el año 2013, en quinientos
ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500.00 m/cte) moneda corriente.
[60] T-535 de 1998, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo
[61] La
Sala Séptima de Revisión mediante Auto del trece (13) de agosto de dos mil
catorce (2014) ordenó al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá
remitir en calidad de préstamo el expediente del proceso ordinario laboral, en
el que actuaron como partes el señor José Prudencio Arévalo Martínez contra el
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, radicado con el No.
2012-00576.
[62] Folio 28 Cuaderno
Principal de Tutela.