C-068-16
Sentencia C-068/16
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD-Condiciones
mínimas para pronunciamiento de fondo
La
jurisprudencia ha establecido requerimientos especiales cuando lo que se busca
es la declaración de inconstitucionalidad de una norma por supuesta vulneración
del derecho a la igualdad. En efecto, ha dicho la Corporación que la carga
argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que se
consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la
identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de
personas que se encuentren en idénticas circunstancias”  o al menos muy
similares.
PROGRAMAS
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA-Inhibición por
incumplimiento de requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia
Referencia:
expediente D-10865
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 73 de 1985 “Por
la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina y
Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia” y el artículo 1º de la Ley
576 del 2000 “Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio
profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia”
Actor: Alejandro
Cotes Torres
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María
Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes:
1.
ANTECEDENTES
En
escrito presentado el día once (11) de junio de dos mil quince (2015), y en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los
artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Alejandro Cotes
Torres demandó el artículo 5º de la Ley 73 de 1985 “Por la cual se dictan
normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina y Veterinaria, Medicina
Veterinaria y Zootecnia” y el artículo 1º de la Ley 576 del 2000 “Por la
cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina
veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia”, por considerarlos
vulneradores del Preámbulo de la Constitución Política y de los artículos 4,
13, 25 ibídem.
Mediante
auto del ocho (08) de julio de dos mil quince (2015), el Magistrado
Sustanciador decidió inadmitir la demanda presentada por el señor Cotes Torres al
considerar que no cumplió con los requisitos de especificidad, pertinencia y
suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, y que en este
sentido, no aportó los suficientes elementos de juicio para generar una duda
mínima sobre la inconstitucionalidad de las normas acusadas
De
conformidad con lo anterior, el día catorce (14) de julio del año en curso, se
recibió por parte del demandante el escrito de subsanación de la demanda de
inconstitucionalidad, por lo que en virtud del auto del veintinueve (29) de julio
de dos mil quince (2015), esta Corporación procedió a (i) admitir la
demanda; (ii) disponer su fijación en lista; (iii) comunicar del
proceso al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), al Consejo Profesional de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia de Colombia, a la Academia Colombiana de Ciencias
Veterinarias, a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, a la
Defensoría del Pueblo, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Colombia y a los programas y facultades de medicina
veterinaria y/o zootecnia de las siguientes universidades; Universidad CES  de
la ciudad de Medellín, Antonio Nariño, La Salle, Cooperativa de Colombia sede
Ibagué, Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. sede Cartagena, Fundación
Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria), Tecnológica de Pereira, de
Córdoba, del Sinú sede Montería, Unisur sede Sucre, San Martín sede
Barranquilla, Nacional de Agricultura de Honduras, para que participaran en el
debate jurídico que por este juicio se propicia; y (iv) correr traslado
de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su cargo en los términos que le concede la ley.
Una
vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución
Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca de la demanda de la referencia.
1.1.
EL
TEXTO DEMANDADO
A
continuación se transcriben los textos del artículo 5º de
la Ley 73 de 1985 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las
profesiones de Medicina y Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia” y
del artículo 1º de la Ley 576 del 2000 “Por la cual se expide el Código de
Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina
veterinaria y zootecnia”, según sus publicaciones en los Diarios Oficiales
Nos. 37.186 del 11 de octubre de 1985 y 43.897 del 17 de febrero de 2000
respectivamente:
“Artículo
5: Para  todos los efectos legales se  entiende  por ejercicio
de  la  Medicina Veterinaria y Zootecnia, la
aplicación de una u otra de las actividades
contempladas en los artículos tercero y cuarto de
la presente Ley.”
“Artículo
1: La medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia,
son profesiones basadas en una formación científica, técnica y humanística que
tienen como fin promover una mejor calidad de vida para el hombre, mediante la
conservación de la salud animal, el incremento de las fuentes de alimento de
origen animal, la protección de la salud pública, la protección del medio
ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del país.
PARÁGRAFO:
En el campo de las ciencias animales, existen en Colombia tres profesiones
afines a saber: La medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y
la zootecnia. Para los efectos legales relacionados con esta ley, se hace
referencia a las tres profesiones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 73 de
1985, las cuales se tratarán en conjunto o independientemente según sea el
caso.”
1.2.
LA
DEMANDA
El
demandante considera que las normas objeto de censura constitucional, contenidas
en los artículos 5º de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley 576 del 2000,
contravienen lo dispuesto en Preámbulo de la Constitución Política y en
los artículos 4, 13, 25 ibídem de conformidad con los argumentos que se
exponen a continuación:
1.2.1.
Indica
que las normas demandadas, al unificar las carreras de medicina veterinaria y zootecnia,
vulneran el derecho a la igualdad de aquellos profesionales que
estudiaron por separado cada una de ellas; esto teniendo en cuenta que si bien
ambas gozan de algunas similitudes, son diferentes en sus efectos: (i)
el médico veterinario es aquel profesional que se encarga de cuidar de la salud
de los animales y de prevenir posibles enfermedades que se puedan transmitir al
ser humano; mientras que (ii) los estudios del zootecnista se centran en
identificar la mejor manera de aprovechar a los animales domésticos y
silvestres para el beneficio del hombre, teniendo en cuenta el bienestar del
animal.
1.2.2.
Sostiene
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el principio de
igualdad se compone de cuatro mandatos a saber: (i) de trato idéntico frente
a los destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; (ii) de
trato enteramente diferenciado con respecto de los destinatarios cuyas
situaciones no compartan ningún elemento en común; (iii) de trato paritario
de los destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias,
pero que las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias; (iv)
de trato diferenciado de aquellos destinatarios que se encuentren en una
situación en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las
diferencias sean más relevantes que las similitudes.
1.2.3.
En
este sentido, considera que las normas demandadas generan un trato diferenciado
entre los estudiantes que cursan las carreras de medicina veterinaria y de
zootecnia por separado, y los que las estudian en una sola carrera; pues “están
beneficiándose más como profesionales unos que otros, cuando quienes profundizan
más en dicha profesión se ven relegados por aquellos que la estudian en 5 años”.
1.2.4.
Señala
que la legislación actual, establece un trato diferenciado entre los dos tipos
de profesionales, favoreciendo indirectamente a aquellos que estudian sin
profundización ambas carreras y obtienen su título en 5 años, frente a aquellos
que enfatizan en una sola carrera durante el mismo periodo de tiempo.
1.2.5.
Afirma
que según la jurisprudencia constitucional, para efectos de determinar los
requisitos necesarios para obtener un título profesional, la libertad de
configuración del legislador debe enmarcarse dentro de las siguientes premisas:
“(i) regulación legislativa, pues es un asunto sometido a reserva de ley;
(ii) necesidad de los requisitos para demostrar la idoneidad profesional, por
lo que las exigencias innecesarias son contrarias a la Constitución; (iii)
adecuación de las reglas que se imponen para comprobar la preparación técnica;
y (iv) las condiciones para ejercer la profesión no pueden favorecer
discriminaciones prohibidas por la Carta.”[1].
Igualmente cita lo previsto en la Sentencia C-296 de 2012 en relación con
los límites a la facultad de regular el ejercicio de las profesiones y oficios,
e indica que existen tres límites a saber; materiales, competenciales y
procedimentales[2].
En
estos términos, manifiesta que el legislador, al regular la obtención de
títulos profesionales, debe priorizar aquellas situaciones en donde se
demuestre la idoneidad profesional en cada carrera, más no unificar dos
programas que tienen efectos distintos.
1.2.6.
Precisa
que la igualdad constituye un concepto relacional, en la medida en que su
estudio parte de la determinación de una relación, característica o elemento
común entre dos situaciones o normas; además reitera que la jurisprudencia
constitucional ha acogido un concepto de justicia ampliamente difundido, de
acuerdo con el cual debe darse un “trato igual a lo igual y un trato
desigual a situaciones desiguales”.
1.2.7.
Tras
citar las sentencias C-455 de 2011, T-141 de 2013 y C-015 de 2014 en relación
con el test de igualdad, concluye que se ha vulnerado el derecho a la igualdad
de estos profesionales al unificar las carreras de Medicina Veterinaria y
Zootécnica, sin tener en cuenta los efectos de cada uno.
1.2.8.
Con
relación al desconocimiento del derecho al trabajo, manifiesta que “un
título que combina dos áreas básicas del conocimiento siempre será
comercialmente más atractivo que uno que no lo haga. Solo basta que pensemos en
formar en solo 5 años de estudios a abogados – economistas, o economistas –
contadores, o ingenieros industriales – contadores, y que el Estado colombiano
le reconociera los mismos derechos legales que quienes hayan estudiado en los
mismos 5 años cualquiera de esas carreras por separado.
1.3.
INTERVENCIONES
CIUDADANAS
Vencido
el término de fijación en lista el día veinticinco (25) de agosto de dos mil
quince (2015), y en cumplimiento de lo ordenado en virtud del Auto del veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015), se recibieron por parte de la
Secretaría General de esta Corporación, los escritos de intervención ciudadana
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Departamento de Salud
Animal y del Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de
la Universidad Nacional de Colombia, de la ciudadana Luisa Fernanda Segura, de
la Asociación Nacional de Zootecnistas de Colombia (ANZOO), del Consejo de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño, de la
Universidad de La Salle, del ciudadano Delmis Omar Camargo Rodríguez, de la
Asociación de Zootecnistas del Valle (AZOOVALLE), de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, del
Ministerio de Educación Nacional, del Consejo Profesional de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia de Colombia –COMVEZCOL- y de la Universidad CES de
Medellín, respectivamente.
1.3.1.
Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
El
representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita a la
Corte Constitucional, a través de apoderado judicial, señor Andrés Gómez Roldán,
que se declare la exequibilidad de las normas demandadas por las razones
que se exponen a continuación:
1.3.1.1.
Sostiene
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional[3], las
razones de inconstitucionalidad deben ser ciertas, precisas y pertinentes, y
que además deben señalarse las normas constitucionales consideradas como
infringidas con la correspondiente carga argumentativa, la cual debe gozar del
fundamento empírico del caso; en este entendido y frente a la demanda que por
este juicio se propicia, considera que la carga argumentativa presentada por el
demandante carece de la sustentación necesaria para adelantar un juicio de
constitucionalidad, pues basa sus planteamientos en apreciaciones meramente
subjetivas.
1.3.1.2.
Indica
en relación con la estructura de los cargos, que la demanda adolece de aquellos
elementos que permitan a la Corte Constitucional adelantar un juicio de
constitucionalidad frente a los cargos formulados a la luz del artículo 241.4
superior, conforme a los cuales debe establecerse claramente el concepto de
violación, con una argumentación adecuada, suficiente y razonable, pues no
existe una carga argumentativa consecuente y el fundamento obedece a criterios
meramente intelectivos que se sustraen de carga argumentativa consecuente para
adelantar un juicio de constitucionalidad.
1.3.1.3.
Arguye
que las normas acusadas buscan preservar otros elementos que forman parte del
contenido demandado y que estas no se pueden analizar de forma aislada, ya que
lo que pretenden es proteger la profesión de acuerdo a los parámetros
establecidos por el Congreso de la República dentro de la cláusula general de
competencia que asiste dentro del proceso de configuración normativa.
1.3.1.4.
Frente
a la libertad de escoger profesión u oficio, manifiesta que la Corte
Constitucional ha señalado los alcances de este derecho, el cual no puede ser
analizado de forma aislada, pues sobre él se articulan decisiones que no pueden
ser desconocidas, “pues la misma Corporación le ha dado el alcance al
derecho conjugándolo en la dimensión apropiada, como es el papel del legislador,
el del ejecutivo en su facultad de inspección, vigilancia y control”[4].
1.3.1.5.
Con
respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, indica que las
normas acusadas son fundadas y razonables a la luz de la Constitución Política,
debiendo ser declaradas exequibles en su conjunto por formar parte de un marco
de protección a una población vulnerable; igualmente sostiene que las
distinciones son razonables y no arbitrarias, y que persiguen de suyo unos
fines constitucionales legítimos[5].
1.3.1.6.
De
conformidad con lo anterior, solicita la declaratoria de exequibilidad de las
normas acusadas, por estar ajustadas a la Constitución Política, sin perjuicio
de lo señalado por las entidades rectoras en materia educacional y de fijación
de la política pública en esta materia.
1.3.2.
Departamento
de Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad
Nacional de Colombia
La
Directora del Departamento de Salud Animal de la Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, expone las
siguientes consideraciones con respecto al debate jurídico que por este juicio
se propicia:
1.3.2.1.
Indica
que el programa de medicina veterinaria privilegia un perfil fundamentado en la
clínica y la epidemiología; herramientas que permiten diagnosticar con alto
grado de confiabilidad los problemas de salud en diferentes sistemas de
producción animal y proponer protocolos de tratamiento, prevención y
erradicación que permitan el mantenimiento y salud tanto animal como humana.
1.3.2.2.
En
este sentido, sostiene que la medicina veterinaria es una rama de la medicina
que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos
y lesiones en los animales, y que para estos efectos, requiere del estudio
profundo de la anatomía, fisiología, parasitología, microbiología, inmunología,
virología, patología y mecanismos de enfermedad, farmacología, semiología,
cirugía, imagenología, medicina interna, teriogenología y clínica.
1.3.2.3.
Señala
que debido a la importancia de la medicina veterinaria, la tendencia en los
países de mayor desarrollo a nivel mundial, es que sea un programa de posgrado
que se ofrece a nivel de Doctorado con una duración de 4 años; requiriendo
primero de una formación básica a nivel de pregrado en un pre-veterinario en
una rama afín como la biología, la bioquímica, el “animal science” o el “dairy
science” a nivel de College, para luego iniciar el estudio de los aspectos
puramente médicos como la genética, la biología molecular y otras áreas de tipo
general que son fundamentales para el entendimiento de los aspectos clínicos,
terapéuticos y de diagnóstico.
1.3.2.4.
Considera
que la medicina veterinaria es una ciencia compleja que involucra el
conocimiento de muchas especies y la profundización en las características y
mecanismos patológicos que las afectan, además implica gran responsabilidad con
respecto a la salud de los animales y de las personas; en este entendido,
existen algunos componentes adicionales en la formación de los Médicos
Veterinarios, que implican el entendimiento de los sistemas de producción y sus
aspectos socio-económicos que se abordan en el contexto nacional para el
mantenimiento de su salud integral en beneficio de su eficiencia productiva y
de la salud del hombre a través del control, prevención y erradicación de las
zoonosis y las enfermedades infecciosas que impacten la salud y la calidad de
los alimentos.
1.3.2.5.
No
obstante lo anterior, aclara que la medicina veterinaria no enfatiza en el
conocimiento intensivo de la producción animal, la política agropecuaria, la
economía, el mercadeo, la nutrición y la genética, que si bien requieren un
nivel de comprensión por parte del Médico Veterinario, no son objeto de
profundización de la carrera ya que son abordadas de manera más amplia y
profunda en el programa de zootecnia.
1.3.2.6.
Indica
que el desarrollo del programa de zootecnia, a nivel de países desarrollados,
no tiene un precedente que implique su participación mixta y ambigua en la
carrera de medicina veterinaria; recalca que las diferencias presentadas entre
estas dos áreas de conocimiento, no deberían generar problemas de competencia
profesional y que el otorgamiento del título de médico veterinario zootecnista,
se explica por el rezago en el desarrollo del sector agropecuario de los países
que lo admiten.
1.3.2.7.
Considera
que pretender que un estudiante se forme con suficiencia en ambos campos, de
manera paralela, es poco probable de realizar con calidad académica en un lapso
de 5 años, ya que estos dos programas académicos son muy distintos, tanto en el
perfil como en las competencias profesionales; adicionalmente se debe
considerar la mayor duración del programa de medicina veterinaria y las
exigencias y estándares exigidos a nivel internacional para esta carrera.
1.3.2.8.
Sostiene
que los programas de formación mixta en la materia han desaparecido de la
tendencia mundial de las escuelas de mayor acervo y tradición, ello debido a la
necesidad de desarrollo y crecimiento de las áreas de conocimiento de manera
independiente y también debido a que el nivel de formación que se imparte
resulta superficial al tratar de abordar dos áreas de conocimiento tan extensas
y con énfasis diferentes.
1.3.2.9.
Señala
que el desempeño laboral de los médicos veterinarios se ha visto afectado por
los graduados de medicina veterinaria y zootecnia, quienes ocupan plazas que
requieren una formación clínica más profunda, como es el caso de la medicina de
pequeños animales, de equinos y rumiantes, reproductiva, aviar, de porcinos, de
animales silvestres, de poblaciones y de salud pública; en algunos casos la
insuficiente formación de los profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia
lleva a que la calidad del desempeño profesional sea menor, lo que va en
detrimento de la profesión y del desarrollo del país.
1.3.2.10.
Considera
que si el profesional en medicina veterinaria y zootecnia pretende desempeñarse
bien sea como veterinario o como zootecnista, debería entonces tener una
formación equivalente, es decir, estudiar más de 5 años, como lo puede hacer si
adelanta procesos de doble titulación que le permiten culminar ambas carreras
en 8 años, o presentar las pruebas Saber Pro para ambas carreras y no tener una
prueba especial que constituye un híbrido de los conocimientos de ambas
profesionales a un nivel más superficial.
1.3.2.11.
Finalmente,
solicita a esta Corporación que considere la inequidad que se genera al ofrecer
el título de médico veterinario y zootecnista en el mismo tiempo en que se
forman por su parte un médico veterinario y un zootecnista, entendiendo que la
tendencia mundial es la formación independiente de estas profesiones para
lograr un mayor desarrollo de cada una de ellas; concluye que los médicos
veterinarios ven con preocupación que la calidad de su profesión se vea
amenazada por la formación en programas mixtos, lo cual afecta su derecho al
trabajo y al trato igualitario.
1.3.3.
Consejo
de Facultad de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la
Universidad Nacional de Colombia
El
Secretario del Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, considera que se debe
declarar la inexequibilidad de la norma demandada de conformidad con los
siguientes argumentos:
1.3.3.1.
Sostiene
que en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 73 de 1985, se evidencia
claramente que los objetos de conocimiento y los desempeños profesionales,
tanto para el área de la zootecnia como para el de la veterinaria, son
totalmente distintos el uno del otro.
1.3.3.2.
Indica
que desafortunadamente el artículo 5º ibídem señala que para todos los efectos
legales se entiende por ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia, la
aplicación de una u otra de las actividades contempladas en los artículos 3º y
4º de esa misma ley, lo que a su juicio considera un desacierto conceptual que
no es congruente con el desarrollo de la ciencia en las áreas de zootecnia y de
veterinaria; no sólo por los distintos objetos de conocimiento y métodos
científicos que cada carrera emplea, sino también por el hecho de que la
ciencia y la tecnología en cada una de ellas ha avanzado a niveles tan altos,
que es realmente imposible para un estudiante formarse apropiadamente en las
dos profesiones con sólo 5 años de estudios.
1.3.3.3.
En
estos términos, considera que los artículos acusados están legalizando una
incoherencia científica que vulnera los derechos y esfuerzos tanto de
zootecnistas como de médicos veterinarios, quienes anualmente se gradúan de las
universidades donde desde hace muchos años, apoyados por diferentes estudios,
las dos profesiones se estudian por separado; como lo hace la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Salle,
la Universidad de Nariño, entre otras.
1.3.3.4.
Adicional
a lo anterior, aduce que los artículos demandados violan el derecho al trabajo
y al ejercicio libre de la profesión, en tanto los médicos veterinarios y los
zootecnistas siempre han buscado tener competencias en las dos profesiones, por
una evidente conveniencia de poder tener alternativas profesionales en un
mercado laboral cada vez más incierto; lo que les ha permitido realmente tener
una doble oportunidad para acceder al trabajo en comparación con quienes estudiaron
cada una de las dos áreas de conocimiento por separado, lo cual desde hace
muchos años ha generado desilusión, dilemas y conflictos en el sector agropecuaria,
con el agravante adicional de que realmente continuar manteniendo esta inequidad
no se ajusta a las complejidades y requerimientos actuales ni de la ciencia en
zootecnia, ni de la ciencia en veterinaria.
1.3.3.5.
Sostiene
que la violación al derecho fundamental a la igualdad se hace evidente, ya que
los médicos veterinarios zootecnistas, con sólo 5 años de estudios, pueden de
acuerdo con las normas demandadas, ejercer su profesión en los dos campos de
acción; mientras que los zootecnistas y los médicos veterinarios sólo pueden
desarrollar las actividades propias de una de esas dos áreas, configurándose
entonces un trato discriminatorio y claramente desfavorable para quienes
estudiaron las dos áreas de conocimiento por separado.
1.3.3.6.
Considera
que, en general, el sistema nacional de educación superior colombiano se
caracteriza por una gran dispersión de nomenclaturas de los programas, y en
este sentido requiere de una asimilación de ellos a un grupo reducido y
especializado, conformado por elementos que corresponden a los núcleos básicos
de conocimiento o campos de acción.
1.3.3.7.
Sostiene
que para alcanzar los estándares de acreditación internacional, se requiere
adoptar esfuerzos estratégicos importantes para que cada programa esté asociado
a un núcleo básico del conocimiento, frente a lo cual indica que un núcleo
básico de conocimiento, es la zootecnia y otro es la medicina veterinaria;
disciplinas que el Estado debería proteger y desarrollar mediante una
legislación coherente, lo cual actualmente no se está logrando al proteger
desproporcionalmente a los médicos veterinarios zootecnistas en los artículos
demandados.
1.3.3.8.
Concluye
que solucionar esta situación contribuiría de manera estratégica en el largo
plazo a establecer características específicas de calidad y de registro
calificado de los programas de pregrado que contribuyan al desarrollo del país,
por lo que recomienda que se atienda favorablemente la demanda y se contribuya
de esta forma a la garantía de un trato igualitario, justo y un derecho al
trabajo digno para quienes se esfuerzan por formarse como zootecnistas y/o como
médicos veterinarios en Colombia.
1.3.4.
Ciudadana
Luisa Fernanda Segura
La
ciudadana
Luisa
Fernanda Segura, en calidad de profesional en Zootecnia, solicita que se
declare la inexequibilidad de los artículos demandados de conformidad
con las siguientes consideraciones:
1.3.4.1.
Indica
que para obtener el título de profesional en zootecnia o de médico veterinario,
es necesario cursar 5 años de estudios universitarios, y en este sentido
considera que las normas acusadas atentan contra el principio de igualdad, al
otorgar el título de médicos veterinarios y zootecnistas a los estudiantes que
han cursado los mismos 5 años de carrera profesional, teniendo en cuenta que
son dos áreas de conocimiento diferentes y con campos de acción distintos.
1.3.4.2.
Considera
que es necesario establecer un pensum académico para desarrollar las habilidades
de cada área en el ejercicio profesional, lo que significaría que un médico
veterinario y zootecnista, en los 5 años de formación profesional, no estaría
calificado para ejercer las dos áreas de conocimiento, al ser imposible
desarrollar los dos saberes en tan corto tiempo.
1.3.4.3.
Sostiene
que en el campo laboral existe un trato discriminatorio hacia aquellos que sólo
estudiaron un área de conocimiento, bien sea la medicina veterinaria o la
zootecnia, frente a quienes tienen el título de médico veterinario y
zootecnista; siendo estos últimos los que tienen más oportunidades en el campo
laboral, ya que es más atractivo contratar a alguien que en teoría maneja las
dos áreas del saber.
1.3.4.4.
Señala
que en efecto, en la práctica, ha visto varias ofertas laborales, tanto en el
sector privado como en el público, que solicitan en mayor medida perfiles
profesionales de médicos veterinarios y zootecnistas, lo que a su parecer
representa un trato inequitativo.
1.3.5.
Asociación
Nacional de Zootecnistas de Colombia –ANZOO-
La
Asociación Nacional de Zootecnistas de Colombia –ANZOO-, representada por su
Presidente, considera que se debe declarar la inexequibilidad de las
normas demandadas en atención a los argumentos que se exponen a continuación:
1.3.5.1.
Manifiesta
que en su concepto, el artículo 5º de la Ley 73 de 1985 en virtud del cual se
reconoce el ejercicio de la profesión médico veterinario zootecnista, promueve
la inequidad entre los profesionales que estudian la medicina veterinaria y la zootecnia,
“pues asume esta condición como la consecuencia de las actividades
reconocidas en el artículo 3º que regula la Medicina Veterinaria (MV) y del
artículo 4 que regula la Zootecnia (Z)”.
1.3.5.2.
Indica
que en igual medida, el artículo 1º de la Ley 576 de 2000, favorece la
inequidad al reconocer que en Colombia existan 3 profesiones; la medicina
veterinaria, la zootecnia, y la medicina veterinaria y zootecnia, pues las
universidades colombianas han venido ofertando estos programas académicos con
tiempos de formación de 5 años (170 y 209 créditos).
1.3.5.3.
Aduce
que para los zootecnistas es incomprensible que se requiera para su formación,
un periodo de 5 años (170 y 186 créditos aproximadamente), mientras que para
ser un profesional en medicina veterinaria y zootecnia se requiere una
formación idéntica en créditos por un periodo de tiempo igual.
1.3.5.4.
Expresa
que la inequidad e injusticia de las normas acusadas es evidente, ya que mientras
un zootecnista dedica el 74.5% de su formación a la preparación en el área de
la producción animal, un médico veterinario zootecnista se dedica a ésta en un
10.8%, con el agravante de que estas cátedras son compartidas con la formación
en el área de la salud; de manera que la profundidad con que se abordan los
temas de producción “raya con la superficialidad”. Sin embargo y a pesar
de ello, el profesional médico veterinaria zootecnista puede ejercer en la vida
profesional como médico veterinario y como zootecnista, sin que en su formación
hubiere dedicado el número de créditos a las áreas de salud y producción como
lo hacen las otras dos profesiones.
1.3.5.5.
Sostiene
que las normas acusadas han favorecido a los profesionales en medicina
veterinaria y zootecnia en las convocatorias a cargos públicos y privados, al
permitirles aplicar con uno u otro perfil profesional;  aspecto que reitera es
inequitativo con respecto a los profesionales que estudiaron las carreras por
separado. Ejemplifica esta afirmación con las convocatorias para cargos
públicos recientemente realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario
–ICA- y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
–INVIMA-; Convocatoria Nos. 324 de 2014 y 135 de 2012.
1.3.5.6.
Afirma
que las normas acusadas son irrespetuosas, injustas e inequitativas para con
los profesionales que ejercen la zootecnia y la medicina veterinaria, al
permitir la formación en medicina veterinaria y zootecnia, fusionando dos áreas
de conocimiento que están claramente diferenciadas y delimitadas; la medicina
veterinaria está orientada a la salud animal y a la salud pública, mientras que
la zootecnia se basa en la producción, comercialización y transformación de
productos de origen animal.
1.3.6.
Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño
Los
representantes del Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Antonio Nariño, solicitan a esta Corporación que se declare la inexequibilidad
de las normas acusadas, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1.3.6.1.
Afirma
que los artículos acusados promueven la inequidad entre los profesionales que
estudian la medicina veterinaria y la zootecnia, de forma independiente, al
reconocer el ejercicio de la profesión de medicina veterinaria y zootecnia.
1.3.6.2.
Indica
que favorecidas por la ley, las universidades colombianas han venido ofertando
los programas de medicina veterinaria, zootecnia y medicina veterinaria y
zootecnia con tiempos de formación de 5 años (con excepción del programa que
ofrece la Universidad Nacional de Colombia cuya duración es de 6 años) con un
número de créditos que oscila entre los 170 y 209.
1.3.6.3.
Manifiesta
que, si para formar a un médico veterinario se requiere un número de créditos
que oscila entre 185 y 209 créditos en un tiempo de 5 a 6 años, y para un
zootecnista se exige haber cursado entre 170 y 186 créditos en 5 años, no es
posible la formación de profesionales en medicina veterinaria y zootecnia en un
término de 5 años y con 175 a 186 créditos.
1.3.6.4.
Considera
que la fusión de estas dos áreas básicas de conocimiento (la medicina
veterinaria orientada hacia la salud animal y pública, y la zootecnia relacionada
con la producción, comercialización y transformación de productos de origen
animal) sin limitación en su tiempo de formación, es irrespetuosa, injusta e
inequitativa frente a los profesionales que ejercen estas carreras de forma
separada.
1.3.6.5.
Señala
que los integrantes del Consejo de Facultad revisaron 5 programas de cada una
de las 3 profesiones, encontrando que mientras un profesional en zootecnia
dedica el 74.5% de su formación al área de producción y un médico veterinario
dedica el 83.3% a la de salud, un médico veterinario y zootecnista dedica tan
sólo 10.8% de su formación al área de producción y un 68% a la de salud; a
pesar de que el médico veterinario y zootecnista puede salir al campo profesional
a ejercer como médico veterinario y/o zootecnista, en su formación no dedicó el
número de créditos necesarios a las susodichas áreas de conocimiento.
1.3.6.6.
Finalmente
indica que sería posible la formación de un médico veterinario zootécnico en un
programa que contemple la doble titulación en un tiempo de 8 años, o con
homologaciones que permitan a los médicos veterinarios o a los zootécnicos,
terminar el área de conocimiento que les falte en un tiempo aproximado de 3
años.
1.3.7.
Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle
Los
Directores de los Programas de Medicina Veterinaria y de Zootecnia que ofrece
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle, consideran
que las normas acusadas vulneran los mandatos constitucionales previstos en el
Preámbulo y en los artículos 4, 13 y 15 superiores, de conformidad con los
siguientes argumentos:
1.3.7.1.
Indican
que la medicina veterinaria y la zootecnia son profesiones con objetos y campos
de estudio diferentes, en efecto, la medicina veterinaria estudia la salud
animal y la salud pública, mientras que el objeto de estudio de la zootecnia se
base en la producción anima, enmarcada dentro de la ciencia animal; posición
que es coherente con las competencias y áreas de formación identificadas en la
Resolución 3458 de 2003 del Ministerio de Educación, la cual establece las
características específicas de calidad para los programas de medicina
veterinaria, zootecnia y medicina veterinaria y zootecnia.
1.3.7.2.
Señalan
que como los campos de acción de dichos programas de estudio son diferentes,
las competencias son igualmente diferenciables en concordancia con lo previsto
en los artículos 3 y 4 de la Ley 73 de 1985. En este entendido, sostiene que en
la Universidad de la Salle, los dos programas de formación profesional han
coexistido como carreras independientes, y durante más de 35 años, han formado
en las competencias establecidas por la Ley, con planes de estudio de 5 años
(10 semestres) para la medicina veterinaria y 5 años (10 semestres) para la
zootecnia.
1.3.7.3.
De
conformidad con lo anterior, consideran que no se cumple con el mandato
constitucional de igualdad, cuando se forma un profesional médico veterinario
zootecnista en ambos campos de conocimiento y en planes de estudio basados en
constructos epistemológicos diferentes en los mismos 5 años.
1.3.7.4.
Concluyen
que la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, como profesión de 5 años de
duración, debe identificar un perfil profesional y competencias independientes,
específicas y diferentes a las actuales contempladas en el artículo 5º acusado,
y además debe responder verdaderamente al área y tiempo de formación; de manera
que estas competencias no deben ser la suma de las dos profesiones, sino que tendrían
que ser claramente identificables y no afectar el campo laboral de la medicina
veterinaria ni de la zootecnia.
1.3.8.
Ciudadano
Delmis Omar Camargo Rodríguez
El
ciudadano Delmis Omar Camargo Rodríguez, en calidad de Médico Veterinario
Zootecnista y profesor asociado al Departamento de Producción Animal de la
Universidad Nacional de Colombia, presenta sus argumentos en virtud del debate
jurídico que por este juicio se propicia, en los siguientes términos:
1.3.8.1.
Indica
que en virtud del Acuerdo No. 55 del 15 de marzo de 1946 emitido por el Consejo
Directivo de la Universidad Nacional de Colombia, se modificó el nombre de la
Facultad de Medicina Veterinaria por el de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia; en esa época se había definido la orientación del proceso de
formación profesional hacia el fortalecimiento académico en las áreas
médico-quirúrgica, higiene, policía sanitaria, y zootecnia.
1.3.8.2.
Manifiesta
que el estudio de las ciencias zootécnicas ocupaba un lugar destacado en el
contexto académico de la carrera de medicina veterinaria, en primer lugar, por
el incremento de asignaturas de su área y en segundo, por el tiempo destinado a
dichas disciplinas; en el campo laboral, los egresados disponían de un área
definida para el ejercicio profesional en los asuntos relacionados con el
fomento a la ganadería, el mejoramiento de las razas, la nutrición, la
administración de negocios agropecuarios, la producción y transformación de
alimentos, entre otros.
1.3.8.3.
Sostiene
que en el año 1960, la Fundación Kellog le ofreció al Consejo Académico de la Universidad
Nacional de Colombia un programa de ayuda técnica y financiera orientado al
análisis de la enseñanza superior y la agricultura en Colombia, y es así como
en febrero de 1961, se creó la Comisión de Educación Agrícola Superior,
integrada por representantes de la academia, el gobierno y miembros de las universidades
de Michigan y Kansas, bajo el auspicio de la Fundación en mención.; para abril
de ese mismo año, dicha Comisión presentó un informe denominado “La
educación Agrícola Superior en Colombia”, en virtud del cual se recomendaba,
entre otras acciones, escindir la zootecnia de la veterinaria.
1.3.8.4.
En
este entendido, afirma que se iniciaron transformaciones del orden
institucional en Colombia, asumiendo el Estado un papel activo en la
modernización del sector agrario, para lo cual se crearon instituciones
públicas responsables en la generación y transferencia de tecnología; indica
que en aquellos años surgió el interés por la aplicación de la tecnología a la
explotación animal en Colombia, coincidiendo con varios sucesos destacados a
nivel internacional.
1.3.8.5.
Sostiene
que uno de los miembros de la Comisión de Educación Agrícola Superior, señor
Gonzalo Luque Forero, se opuso a la separación de las profesiones de zootecnia
y medicina veterinaria, no obstante, se terminó aprobando dicha iniciativa en
atención a las siguientes consideraciones:
“Si
Colombia desea entrar en una era de producción pecuaria, no le bastará con
tener hombres entrenados que conozcan las últimas contribuciones de la ciencia
y la tecnología. Las actividades de producción pecuaria tendrán que ser
dirigidas por individuos que no solamente tengan conocimiento de lo que hay que
hacer, sino que también sepan atender los muchos detalles relativos al manejo
de los animales y administración de los productos de origen animal, con el
grado de eficiencia como una industria como este requiere. En otras palabas, es
preciso reemplazar las prácticas antiguas y tradicionales con un concepto
moderno de la Zootecnia”.
1.3.8.6.
En
este sentido, aduce que la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Colombia, seccional Medellín, creó el día 2 de julio de 1962 la carrera de zootecnia,
la cual se inició en el mes de febrero de 1963.
1.3.8.7.
Manifiesta
que la Universidad de Caldas, por su parte, no adoptó el modelo propuesto por
la Comisión y continuó ofreciendo el programa de medicina veterinaria y
zootecnia, como también lo harían posteriormente las universidades de Córdoba,
de los Llanos, y otras.
1.3.8.8.
Señala
que para el año 2014, se ofrecían en Colombia aproximadamente 22 programas de
Zootecnia y 23 programas de medicina veterinaria y zootecnia; algunos de ellos
con acreditación de calidad.
1.3.8.9.
Afirma
que el espíritu y la intencionalidad que animaban las misiones estadounidenses
(Rockefeller, Nebraska, Michigan, Kellog) en la reformulación de las ciencias
agropecuarias colombianas, correspondían con el discurso desarrollista
desplegado por estas alrededor del mundo durante la posguerra, dentro del cual
se destacó su afinidad con la promoción y avance de la “Revolución Verde”.
1.3.8.10.
Considera
que afirmar que existen estudios que confluyeron en la conclusión de que era
realmente imposible en 5 años de formación universitaria que una persona se
capacitara simultáneamente tanto en el área de zootecnia como en el área de
veterinaria, es una falacia.
1.3.8.11.
Indica
que existen realidades que apuntan a señalar que la medicina veterinaria y
zootecnia en 5 años es posible; para el efecto introduce unos ejemplos de
universidades a nivel mundial que ofrecen este programa, igualmente, hace
mención a los programas académicos híbridos, como la ingeniería zootécnica y la
ingeniería agronómica zootecnista, que se ha ofrecido en algunos países.
1.3.8.12.
De
acuerdo con la información presentada, llega a las siguientes conclusiones:
(i)
Con
excepción de Brasil y parcialmente Colombia, en América Latina y el Caribe, el
programa académico de Zootecnia es la excepción, más que la regla general.
(ii)
La
medicina veterinaria y zootecnia es una realidad, ha tenido y tiene una acogida
en la Zona Andina y el Caribe, mayor que la misma Zootecnia.
(iii)
En
el Cono Sur, la carrera de zootecnia no existe, y escasamente existe en la Zona
Andina y en el Caribe, con excepción de Colombia.
(iv)
En
cada país, y en función de las necesidades, demandas y conveniencias sociales,
culturales, políticas y económicas, se practica la “multidisciplinariedad” en
los programas académicos.
(v)
Brasil
y Colombia cuentan con más programas de zootecnia que en todos los países de
América Latina y el Caribe juntos.
(vi)
La
zootecnia hibridada, entremezclada, combinada, entrelazada, juntada con otros
programas, es una realidad en nuestro continente, a pesar de lo sugerido en su
momento por las misiones norteamericanas.
(vii)
La
realidad demuestra que por variadas razones, la sociedad demanda profesionales
que ejerzan en dos y hasta tres áreas de conocimiento combinadas; a nivel
global, y por una necesidad de innovación, el campo industrial y de servicios
ha venido demandando de las instituciones de Educación Superior
interdisciplinaridad y la creación de programas o carreras híbridas, sobre todo
en el campo de las ingenierías, las tecnologías de la información y la
biotecnología, con lo cual se espera que mejoren las expectativas laborales de
esos nuevos profesionales y las expectativas de competitividad de las empresas.
En este sentido, reseña que las carreras híbridas son parte del futuro.
1.3.8.13.
Sostiene
que el espíritu de la demanda es el tema laboral, frente a lo cual indica que
en Colombia y en México, las carreras agropecuarias se encuentran entre las
carreras con salarios y probabilidades de empleo por debajo del promedio,
mientras que la veterinaria y la zootecnia son las carreras con mayor número de
profesionales independientes con un 47.1%, después de la odontología.
1.3.8.14.
Considera
que en virtud de las condiciones actuales del país, podría decirse que hay
exceso de oferta de profesionales agro, aunque comparativamente con otras
profesiones, parezcan pocos, ya que el medio no está en capacidad de
absorberlos. De acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación, entre
los años 2001 y 2010, de 1.473.000 profesionales, sólo 23.305, es decir el
1.4%, son egresados de carreras afines con la agronomía, veterinaria y
zootecnia.
1.3.8.15.
En
resumen, manifiesta que son muchos los profesionales pecuarios que son lanzados
por las universidades al mercado laboral de un país pecuariamente atrasado,
incompetente, empobrecido, abandonado por el gobierno e ignorante que no
diferencia entre un veterinario y un zootecnista. En estos términos considera
que deben desmontarse las políticas anti rurales vigentes que limitan las
oportunidades laborales de los Zootecnistas, así como de otros profesionales
del sector pecuario.
1.3.9.
Asociación
de Zootecnistas del Valle
La
Asociación de Zootecnistas del Valle, se acoge a la solicitud de
inconstitucionalidad de las normas demandadas, de conformidad con las
siguientes consideraciones:
1.3.9.1.
Teniendo
en cuenta que se requieren 5 años de estudios universitarios para obtener el título
de zootecnista, de médico veterinario o de médico veterinario zootecnista,
sostiene que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política no
se cumple al otorgarles a estos últimos la alternativa de ejercer legalmente
las dos áreas de conocimiento, sin considerar que las tres profesiones exigen
el mismo tiempo para su formación; en su concepto, para desarrollar
adecuadamente las funciones de los zootecnistas y los veterinarios, los médico
veterinarios zootecnistas deberían duplicar el tiempo de su formación, de lo
contrario se avalaría una competencia desleal.
1.3.9.2.
Considera
que las normas demandadas generan un trato inequitativo, por cuanto el
atractivo de un título profesional que fusione las dos carreras, genera
preferencia desde la demanda del mercado hacia el profesional que puede ejercer
ambas carreras (médico veterinario zootecnista), frente a dos profesionales que
tienen distintos títulos (médico veterinario y zootecnista).
1.3.9.3.
Resalta
que en la actualidad se están firmando tratados de libre comercio y acuerdo
comerciales que requieren de una mayor diligencia y  cumplimiento del objeto
social particular de cada carrera (zootecnia y medicina veterinaria) y no de su
fusión (medicina veterinaria y zootecnia), por la especificidad de la formación
que se requiere.
1.3.9.4.
Teniendo
en cuenta que los médicos veterinarios zootecnistas pueden participar en
ofertas de empleo en las dos áreas de conocimiento, indica que esta situación
ha afectado el derecho al trabajo de los zootecnistas, lo cual se manifiesta en
la exclusión paulatina y constante de los profesionales de la zootecnia a
través de diferentes decretos, resoluciones y ordenanzas; es el caso de las
normas para la certificación de granjas pecuarias y los concursos para la
vinculación de docentes en el magisterio (Acuerdos Nos. 28, 76, 79, 87, 89, 92,
94 y 96 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Resolución No. 3642
de 2003 del ICA).
1.3.9.5.
Concluye
que la Asociación de Zootecnistas del Valle representa a 250 profesionales
zootecnistas asociados en el Valle del Cauca, y que espera frente a la demanda
que por este juicio se propicia, que prevalezcan los principios constitucionales
relacionados con la equidad, la justicia y el respeto.
1.3.10.
Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira
El
Secretario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira, anexa un escrito de apoyo de los
estudiantes de Zootecnia de la Universidad y respalda oficialmente la demanda
de inconstitucionalidad que por este juicio se propicia, de conformidad con las
siguientes consideraciones:
1.3.10.1.
Señala
que la Ley 73 de 1985 dicta normas para el ejercicio de las profesiones afines
a la medicina veterinaria, zootecnia y medicina veterinaria y zootecnia,
diferenciando el ejercicio profesional de cada una de ellas e identificando sus
campos de acción; los cuales, en el caso de la zootecnia, están asociados a la
producción, industrialización y comercialización de los productos de origen
animal, mientras que los de la medicina veterinaria, se relacionan con la salud
animal y a la salud pública.
1.3.10.2.
Indica
que la acción de inconstitucionalidad es clara en cuanto el artículo 5º de la
Ley 73 de 1985 proclama que, para todos los efectos legales, se entiende por
ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia la aplicación de una u otra de
las actividades contempladas en los artículos tercero (funciones autorizadas
para el ejercicio de los médicos veterinarios) y cuarto (funciones asignadas a
los profesionales zootecnistas).
1.3.10.3.
Considera
que existe un trato inequitativo y discriminatorio para quienes estudian la
carrera de zootecnia o medicina veterinaria, saliendo desfavorecidos frente a
los médicos veterinarios zootecnistas; porque estos últimos pueden acceder a
las convocatorias laborales de una u otra área, mientras que los primeros no.
1.3.10.4.
Aduce
que el legislador excedió y vulneró mandatos de la Constitución Política al
reconocer la medicina veterinaria y zootecnia como una profesión legalmente constituida
que otorga el derecho de ejercer como zootecnista y como médico veterinario.
1.3.10.5.
Reitera
que las normas demandadas no son consecuentes con los principios de justicia e
igualdad, y que continuar con esta desafortunada situación sería equivalente a
reconocerle a alguien el título de ingeniero agrónomo zootecnista, después de
haber cursado tan solo 5 años de estudio, pero que simultáneamente se le
reconociera a otra persona el título de zootecnista y a otra el de ingeniero
agrónomo; aceptando de esta manera, que quien haya obtenido el título combinado
tiene exactamente las mismas capacidades y ha adquirido los mismos
conocimientos de quien haya estudiado exclusivamente ingeniería agronómica, o
exclusivamente zootecnia.
1.3.10.6.
Concluye
que un título que combina dos áreas básicas de conocimiento siempre será
comercialmente más atractivo que uno que no lo haga; basta con pensar en formar
en sólo 5 años de estudios a abogados/economistas o economistas/contadores, y
que el Estado les reconociera los mismos derechos legales de quienes hubieren
estudiado estas carreras durante el mismo periodo de tiempo, por separado; lo
cual no sería la forma más apropiada para desarrollar el conocimiento en cada
uno de esas áreas y dar soluciones profesionales a los retos que la realidad
colombiana nos presenta.
1.3.10.7.
Por
otro lado, los estudiantes de zootecnia de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira, en su escrito anexo a la
intervención presentada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, indican
que:
(i)
No
comprenden cómo los programas de medicina veterinaria puedan formar individuos
capacitados para resolver problemas relacionados con la producción animal; actividad
que es propia de la formación zootecnista.
(ii)
En
las áreas de formación básica profesional de un zootecnista no se contemplan
campos claves para su desempeño profesional tales como la botánica, la biología
molecular, la genética, la fisiología, el bienestar animal y la reproducción: y
en el área de formación profesional específica deberían incluirse el desarrollo
rural, la gestión empresarial, el énfasis en la inocuidad alimentaria y el
mercadeo.
(iii)
Es
inverosímil que se contemple la posibilidad de estudiar medicina veterinaria y
zootecnia, ya que si bien estas profesiones pudieron tener una formación común,
hoy en día cada una tiene un proceso claramente definido y un área particular
para su ejercicio.
(iv)
No
es comprensible cómo la carrera de medicina veterinaria y zootecnia puede ser
estudiada en 5 años, siendo que el estudio independiente de cada una de estas
disciplinas también se estudia en 5 años y con el mismo número de créditos.
1.3.11.
Ministerio
de Educación Nacional
La
representante judicial del Ministerio de Educación Nacional, solicita a esta
Corporación la declaratoria de exequibilidad de los artículos demandados,
en atención a los siguientes argumentos:
1.3.11.1.
Inicia
su intervención con una aclaración preliminar sobre su pronunciamiento,
advirtiendo que aunque la demanda se dirige contra normas legales relacionadas
con el ejercicio profesional, sus argumentos se basarán en consideraciones
relacionadas con la formación que reciben los médicos veterinarios,
zootecnistas y médicos veterinarios zootecnistas, ya que es en este aspecto
donde el actor fundamenta la vulneración de los derechos a la igualdad y al
trabajo.
1.3.11.2.
Seguidamente,
hace un recuento del desarrollo de la Medicina Veterinaria en el país, el cual inició
a finales del siglo XIX. Sostiene que mediante la Ley 44 de 1920, se creó la
Escuela Nacional de Veterinaria en donde comenzó a funcionar el programa de medicina
veterinaria, cuyo plan de estudios fue establecido por el Decreto 373 de 1921 y
que preveía la asignatura zootecnia dentro del pensum académico.
1.3.11.3.
Manifiesta
que la dinámica productiva del país llevó a la urgencia de fusionar los
programas de medicina veterinaria y zootecnia para efectos de atender una
visión integral de la producción animal, donde los principales limitantes eran
los aspectos sanitarios; de esta forma nacieron los programas de medicina
veterinaria y zootecnia.
1.3.11.4.
Señala
que desde la mencionada óptica de la “Revolución Verde”, pudo considerarse
interesante la especialización absoluta de las dos áreas, sin embargo, como las
expectativas del desarrollo de la producción de alimentos en el país no se
cumplieron, lo cual se manifestó en atrasos tecnológicos de innovación y
asistencia técnica integral que impidió realizar una producción animal
sostenible bajo parámetros de competitividad internacional, hoy por hoy, no
resultaría lógico ni procedente que en Colombia se prescindiera de los médicos
veterinarios zootecnistas, teniendo en cuenta que la dinámica productiva del
país requiere de profesionales que cuenten con competencias en una y otra área.
1.3.11.5.
Manifiesta
que la mayoría de las titulaciones otorgadas por las Instituciones de Educación
Superior no tienen el conector “y” como conjunción entre dos profesiones, sino
que más bien, presentan la fusión directa de las áreas; en este sentido, no son
dos profesiones en una, como lo expone el demandante, sino un profesional
integral para unas áreas especiales del desarrollo rural.
1.3.11.6.
Indica
que para estudiar la dinámica de los programas académicos y su expansión por el
territorio nacional, basta conseguir información sobre la creación de programas
según año y región; de esta forma se puede observar que los programas de mayor
crecimiento actualmente, son los de zootecnia, cuyo costo de implementación es
inferior al de los programas de medicina veterinaria. Sin embargo, el
crecimiento de los tres programas es amplio y abarca la geografía nacional, lo
cual evidencia la importancia del PIB pecuario en la economía nacional.
1.3.11.7.
Sostiene
que los programas académicos de medicina veterinaria y zootecnia, y los de
zootecnia y de medicina veterinaria, se conciben a través de ciclos o núcleos
formativos generalmente identificados como componentes de ciencias básicas,
socio-humanísticas, profesionales y electivas.
1.3.11.8.
Afirma
que tradicionalmente el programa de medicina veterinaria se especializa en
áreas de salud, en sus diferentes áreas de conocimiento; diagnóstico,
prevención, tratamiento, control y erradicación. Por otro lado, señala que los
programas de zootecnia responden a una formación profesional orientada a
profundizar en elementos conceptuales asociados a la nutrición animal, el
mejoramiento genético, la administración de los recursos de producción y la
transformación industrial de los productos obtenidos.
1.3.11.9.
Así
bien, aduce que un programa de medicina veterinaria y zootecnia resulta de una
fusión, no siempre equilibrada, en dos componentes, de salud y producción
animal; de hecho sus mallas curriculares profundizan al menos en cada una de
ellas, pero son futuros profesionales que toman cursos de los componentes
formativos en ciencias animales, salud animal, sistemas y dinámica de
producción. Los núcleos electivos de los programas los emplean para avanzar en
el conocimiento de las áreas afines a las líneas de investigación o extensión
que identifique el programa de acuerdo con el proyecto pedagógico institucional
y el proyecto de programa de formación específico.
1.3.11.10.
Sostiene
que la concepción curricular muestra que el objeto del conocimiento es el mismo
cuando se trata del recurso básico de atención, es decir, el animal como
individuo o como sujeto grupal, dado que la mayoría de las especies animales
para producción de proteína se explotan en grandes grupos con decenas o cientos
de individuos como núcleo de trabajo. Adicionalmente, estas explotaciones
tienen amplias interacciones con factores medioambientales, de allí que deba
siempre considerarse el enfoque de producción sostenible y el bienestar animal.
1.3.11.11.
Considera
que la complejidad de los tres programas se da por la amplia diversidad
biológica de las múltiples especies que deben estudiarse, y los entornos de salud
y producción de cada una; los factores limitantes en salud o calidad, obligan a
que los conocimientos básicos en anatomía, fisiología, microbiología,
bioquímica y nutrición, costos y administración, entre otros, obliguen a
desarrollos puntuales y especializados que ningún programa logra para un gran
abanico de especies o actividades puntuales (diagnóstico, calidad final del
producto, prevención, nutrición). Según su concepto, esto es importante porque
los tres programas tienen como sello común la amplia posibilidad de ejercicio
profesional de acuerdo con áreas profesionales y para las especies animales
objeto de estudio.
1.3.11.12.
Por
otra parte, señala que cuando la institución de educación superior plantea y presenta
al Ministerio de Educación Nacional un programa académico para su creación,
debe cumplir una serie de condiciones de calidad contenidas en el Decreto 1075
de 2015, entre las cuales se encuentra la justificación del programa y la
relación con el sector externo; en virtud de la misma, la institución debe
demostrar cómo percibe y vislumbra el entorno futuro para sus egresados. Por lo
tanto es necesario que se analice el contexto socio económico y productivo en
donde se desarrollará la profesión y lo que espera que la sociedad gane para su
avance con los nuevos profesionales y las dinámicas productivas que se generen.
1.3.11.13.
Aduce
que un elevado porcentaje de profesionales de los programas de medicina
veterinaria, zootecnia y medicina veterinaria y zootecnia, desarrollan sus tareas
profesionales en el sector rural colombiano, y que en razón al atraso
productivo y social, adicionado a la pobreza, que presenta dicho sector, se
necesitan profesionales holísticos, integrales, con visión y capaces de
solucionar problemas puntuales y de prever el desarrollo y el aseguramiento de
la calidad.
1.3.11.14.
Sostiene
que las diferencias entre los programas académicos en mención se debe a su
objeto final; salud, producción y actividades asociadas. Sin embargo, estas
diferencias se centran mucho en la especie, que será la impronta que el
programa desea establecer de acuerdo con su localización regional.
1.3.11.15.
Manifiesta
que el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES- indica
que el mayor número de programas que actualmente se desarrollan en el país,
corresponde a los de zootecnia, seguido por los de medicina veterinaria y
zootecnia, y finalmente, por los de medicina veterinaria. Informa que los
programas de medicina veterinaria se localizan principalmente en Bogotá y en
Medellín, mientras que los de zootecnia y medicina veterinaria y zootecnia,
tienen una amplia distribución regional y están más enfocados al desarrollo de
procesos productivos.
1.3.11.16.
Indica
que en razón a las disposiciones legales derivadas del comercio internacional y
la necesidad de asegurar trazabilidad y disminución de riesgos de transmisión
de enfermedades emergentes, reemergentes y transfronterizas, que en el marco de
los tratados de libre comercio exigen control sanitario, se ha generado demanda
del mercado laboral por los médicos veterinarios zootecnistas, lo que a su
juicio indica que el mercado profesional está buscando profesionales integrales
y con competencias amplias. Esto lleva a pensar que la medicina veterinaria
zootecnia es una profesión base, y las otras dos formaciones profesionales
(zootecnia y medicina veterinaria) son profesiones especializadas con amplios y
puntuales espacios para el ejercicio profesional.
1.3.11.17.
Advierte
que desde lo académico, un programa de medicina veterinaria y zootecnia con una
duración aproximada de 5 años, puede desarrollar en los estudiantes la
sumatoria de competencias que por separado desarrollarían en dos programas
académicos; en este sentido, los núcleos básicos son los mismos para los tres
programas, y la gran diferencia para un médico veterinario zootecnista es el
nivel de profundidad de cada componente específico, es decir que en el programa
de medicina veterinaria y zootecnia, la distribución de los créditos académicos
tiene como propósito atender las dos áreas generales de competencias profesionales
que abordan salud animal y gestión de producción. En consecuencia, aunque los
egresados de esta carrera pueden desarrollar tareas en las dos áreas
académicas, el campo de su desempeño lo definirá en últimas la especialización
de su quehacer profesional.
1.3.11.18.
A
su parecer, el egresado de un programa de medicina veterinaria y zootecnia
puede lograr competencias básicas suficientes para un ejercicio no
especializado en cualquiera de las dos áreas, según lo que se haya definido en
el proyecto formativo del respectivo programa académico, mientras que los
egresados de un programa de medicina veterinaria o los de uno de zootecnia,
pueden lograr competencias básicas suficientes para el ejercicio con mayor
nivel de especialidad en una u otra de las áreas según el caso. En estos
términos, considera que lo importante no es el tiempo de duración de los
estudios, sino la pertinencia de los contenidos del programa en cada contexto
en que este se ofrece.
1.3.12. Consejo
Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia –COMVEZCOL-
El
Presidente del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de
Colombia, expone los siguientes argumentos con respecto al asunto que por este
juicio se propicia:
1.3.12.1.
Tras
hacer un recuento histórico sobre el surgimiento de la medicina veterinaria y
la zootecnia en el país, indica que en virtud del estudio titulado “La
Educación Agrícola Superior en Colombia” que fue elaborado por la Comisión de
Educación Agrícola Superior, se puso de manifiesto la necesidad de dividir
estas dos carreras y de crear la nueva carrera de zootecnia; recomendación que
fue acatada por la Universidad Nacional de Colombia, sedes Medellín, Bogotá y
Palmira, y por la Universidad de Nariño.
1.3.12.2.
Sostiene
que no obstante la separación de las carreras de medicina veterinaria y
zootecnia, se evidenció una fuerte tendencia a la creación de nuevos programas
de medicina veterinaria y zootecnia, como una sola carrera conjunta, y con una
duración de 5 años; en efecto, las Universidades de Caldas, del Tolima, de los
Llanos Orientales, de Córdoba, de la Amazonía, la Paz, Pedagógica y tecnológica
de Tunja, entre otras, optaron por dar cabida a este programa académico integrado.
1.3.12.3.
Manifiesta
que la medicina veterinaria y zootecnia está legalmente constituida como un programa
de formación profesional, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Educación
Nacional, que en la Resolución No. 3458 de 2003 dispuso las características específicas
de calidad para la oferta y desarrollo de dicho programa académico, y que además
ha aprobado su acreditación en alta calidad en algunas universidades.
1.3.12.4.
Anota
que en Colombia existen 30.287 profesionales registrados con matrícula profesional,
de los cuales el 44% son médicos veterinarios zootecnistas, el 31% son médicos
veterinarios y el 25% son zootecnistas.
1.3.12.5.
Aduce
de conformidad con lo anterior que, el proceso de surgimiento y reconocimiento
propio de los programas académicos bajo estudio, ha correspondido con aquellos
avances de la organización y sistema político estatal; así, la Constitución
Política dispone en su artículo 26 el derecho de elegir de manera libre la
profesión u oficio de interés, de modo tal que el reconocimiento de la
profesión de la medicina veterinaria y zootecnia por parte del poder ejecutivo
del Estado, no permite tener dicha carrera como contraria al ordenamiento
constitucional.
1.3.12.6.
Concluye
que no existe distanciamiento de los lineamientos constitucionales en el
reconocimiento de la medicina veterinaria y zootecnia como programa unificado
de formación profesional, y que situación diferente sería que desde su
constitución y aprobación se hiciera necesario evaluar los conocimientos,
puntualizando las diferencias, convergencias y pertinencia entre las ciencias;
actividad que no corresponde con el objeto propio de una acción de
inconstitucionalidad.
1.3.13.
Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES de Medellín
El
Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES
de Medellín, anexa la intervención del ciudadano Delmis Omar Camargo y presenta
las siguientes consideraciones en relación con el asunto que por este juicio se
propicia:
1.3.13.1.
Indica
que en virtud de lo previsto en la Ley 576 de 2000, el programa de medicina
veterinaria y zootecnia no significa la implementación de dos profesiones en
una, sino la integración de áreas del conocimiento pecuario con un objetivo de
formación específico que consiste en la preparación de profesionales para el
estudio de la salud animal en el contexto de producción pecuaria; por lo que el
profesional no tiene dos formaciones aisladas o inconexas, sino que por el
contrato, son mutuamente complementarias. Además, la formación en producción de
alimentos provenientes de animales siempre ha sido parte integral de la
formación veterinaria.
1.3.13.2.
Sostiene
que la argumentación sobre la pertinencia de la existencia del programa de medicina
veterinaria y zootecnia, no sólo se sustenta en aspectos legales, sino también
en la demanda de este programa en el medio agropecuario colombiano;
adicionalmente, esta carrera cumple un papel relevante en la formación de
profesionales en Latinoamérica y en el Caribe. En este sentido, considera que
la existencia del programa de medicina veterinaria y zootecnia no es un simple
capricho regional o nacional, sino que ha sido la respuesta a una vocación agropecuaria
del continente.
1.3.13.3.
Sobre
el argumento expuesto por el demandante, relacionado con las mejores
oportunidades laborales que se obtienen con el título de profesional en medicina
veterinaria y zootecnia, señala que se trata de una apreciación personal del
actor, sin evidencia que la soporte.
1.3.13.4.
Finalmente
concluye que en el contexto Latinoamericano se requieren profesionales de todas
las áreas del sector agropecuario que permitan desarrollar y llevar prosperidad
económica, ambiental y social al campo, en el marco de un proceso de posconflicto.
2.
CONCEPTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Según
lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 242 y en el numeral 5º del artículo
278 superiores, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, rindió concepto en relación con la demanda instaurada por el
ciudadano Alejandro
Cotes Torres
y solicitó a la Corte Constitucional declarar la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
de los artículos demandados, de conformidad con los siguientes argumentos:
2.1.
Tras
hacer un recuento sobre los planteamientos expuestos en la demanda, se plantea
el siguiente problema jurídico: “determinar si las normas demandadas vulneran
los derechos a la igualdad y al trabajo de los médicos veterinarios y
zootecnistas, al reconocer como una sola profesión la Medicina Veterinaria y
Zootecnia.”
2.2.
Reseña
que según el artículo 5º de la Ley 73 de 1985, para todos los efectos legales,
debe entenderse como medicina veterinaria y zootecnia la aplicación de una u
otra de las actividades contempladas en los artículos tercero y cuarto de esa
ley, y por otro lado, el artículo 1º de la Ley 576 de 2000 prescribe que en el
campo de las ciencias animales existen en Colombia tres profesiones afines; la
medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia.
Carreras basadas en una formación científica, técnica y humanística que, a su
vez, tienen como fin promover una mejor calidad de vida para el hombre mediante
la conservación de la salud animal, el incremento de las fuentes de alimento de
origen animal, la protección de la salud pública, la protección del medio
ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del país.
2.3.
De
conformidad con lo anterior, considera que si bien los artículos demandados se
refieren a la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la
zootecnia, señalando cuáles son sus fines y destacando que son profesiones
basadas en una formación científica, técnica y humanística, en todo caso no se
regulan los requisitos necesarios para acreditar la preparación académica y
científica en cada una de ellas, lo cual hace imposible una comparación que
permita llevar a cabo un juicio de igualdad.
2.4.
En
este sentido, manifiesta que tampoco puede afirmarse que las disposiciones
acusadas vulneran el derecho al trabajo, por cuanto las mismas no están
restringiendo la posibilidad de trabajar de los médicos veterinarios y de los
zootecnistas, quienes además, en todo caso pueden escoger libremente su
profesión u oficio, y en ejercicio de ese derecho, pueden optar por la
profesión de medicina veterinaria y zootécnica en caso de que consideren que
ésta ofrece mayores oportunidades laborales.
2.5.
Concluye
que las disposiciones acusadas no desconocen los derechos a la igualdad ni al
trabajo de aquellas personas que libremente escogieron ser médicos veterinarios
o zootecnistas, y no estudiar en un mismo programa académico ambas áreas.
3.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
3.1.
COMPETENCIA
Conforme
al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para
conocer de la constitucionalidad del parágrafo del numeral 1º del artículo 29
de la Ley 1123 de 2007.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
3.2.1.
El
demandante considera que los artículos 5 de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley
576 de 2000 desconocen el principio de igualdad y el derecho al trabajo al
unificar las carreras de medicina veterinaria y zootecnia, desconociendo que
aunque ambas gozan de similitudes, sus efectos en el ejercicio profesional son
diferentes.  En ese sentido, la legislación actual beneficia indirectamente a
aquellos que estudian ambas carreras sin profundización, al obtener el título
en 5 años, en perjuicio de los que cursan una de esas carreras durante el mismo
periodo.
3.2.2.
Para
un grupo de intervinientes,[6]
la Corte debe declarar inexequible las normas acusadas por considerar que se
trata de carreras con diferencias marcadas en las áreas de conocimiento, las
cuales no podrían profundizarse en programas de formación mixta.
3.2.3.
Otro
grupo[7],
apoya la constitucionalidad de los artículos demandados. Coinciden en afirmar
que no se encuentra demostrada una vulneración de los derechos a la igualdad y
al trabajo, en la medida que las normas cuestionadas, aunque hacen referencia a
la medicina veterinaria y a la zootecnia no regulan los requisitos de
acreditación de las carreras, por tanto existen otros elementos que deben
presentarse con el fin de analizar las acusaciones realizadas. Para el
Ministerio de Educación, el egresado de un programa de formación en medicina
veterinaria y zootecnia puede lograr competencias básicas suficientes para
ejercer la carrera, resaltando que lo importante es el contenido del programa
ofrecido.
3.2.4.
En
este contexto, corresponde a la Sala establecer si el reconocimiento de la
carrera medicina veterinaria y zootecnia y la fijación de los principios que la
rigen, de conformidad con los artículos 5 de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley
576 de 2000, implica un desconocimiento del principio de igualdad y constituye
un trato discriminatorio y una vulneración del derecho al trabajo, en la medida
que se estaría permitiendo que los inscritos a este programa adquieran
conocimientos en un término inferior al que deben cursar los que eligen el
estudio de las carreras de manera independiente.
3.2.5.
No obstante, antes de proceder a resolver el
debate constitucional planteado, esta Corporación debe establecer si la demanda
presentada permite un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, sólo si la
respuesta es afirmativa se entrará a estudiar el asunto presentado por el
accionante.
3.3.
ANÁLISIS DE LA APTITUD DE LA DEMANDA
3.3.1.  El
Decreto 2067 de 1991 en su artículo segundo señala los elementos indispensables
que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad[8].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el
objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la
cual la Corte es competente para conocer del asunto.
Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o
un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que lo expresado en ella
permita a la Corte Constitucional efectuar una verdadera confrontación entre la
norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante  y la
disposición constitucional supuestamente vulnerada.
Bajo ese entendido, esta Corporación ha reiterado en numerosas
ocasiones que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis
que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que
los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la
Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001[9],
esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la
decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria[10].
3.3.2.  En
otras palabras, la falta de formulación de una demanda en debida forma, impide
que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto
Superior, ya que carece de cualquier facultad oficiosa de revisión del
ordenamiento jurídico. En la referida providencia se explicó lo que debe
entenderse por cada uno de estos requisitos en los siguientes términos:
“La claridad de la demanda es
un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la
violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
(….)
[Que] las razones que
respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no
simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre
otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una
norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de
su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra]
encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido
suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad
de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.
Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de
la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de
establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de
argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en
la demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche
formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir,
fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y
se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los
argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y
doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista
subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido
de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un
problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición
en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el
reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola
“de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de
sus efectos.
La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de
inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al
alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que,
aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.” (Subrayado fuera del texto)
De
lo anterior, se concluye entonces, que la acusación “debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido
de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la
disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de
naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos
a situaciones puramente individuales (pertinencia).”[11]
Adicionalmente, la acusación no sólo debe estar enunciada en forma completa
sino ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada.
3.3.3.  Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido requerimientos
especiales cuando lo que se busca es la declaración de inconstitucionalidad de
una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, ha
dicho la Corporación que la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que se
consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la
identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de
personas que se encuentren en idénticas circunstancias”[12] o al menos muy similares.
De la misma manera, en la sentencia
C-264 de 2008,[13] se dijo que el simple hecho de
que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración
del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer
juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las
situaciones son idénticas o muy similares, y sustentar por qué el trato
diferenciado es arbitrario. Sostuvo la Corte:
“Esta Corporación ha
indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante,
cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del
principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la
existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas,
aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el
artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las razones
con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el trato
resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con
argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la
medida. No es, el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley
lo que determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la
arbitrariedad, la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte
realmente la configuración de una situación de discriminación.”
3.3.4.
En
este caso, la demanda presentada por el ciudadano Alejandro Cotes Torres fue
inadmitida mediante auto del 8 de julio de 2015, por no cumplir los requisitos
de especificidad, pertinencia y suficiencia exigidos por la jurisprudencia. Posteriormente,
en
virtud del principio pro actione la demanda fue admitida mediante auto
del 29 de julio de 2015.
Una vez evaluadas tanto las intervenciones allegadas
al expediente como el concepto enviado por el Procurador General de la Nación,
la Sala concluye que aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
la Procuraduría General de la Nación no solicitan la inhibición de esta Corte
para emitir un fallo de fondo, las entidades sí cuestionan la aptitud de la
demanda al considerar que la carga argumentativa presentada por el demandante
carece de la sustentación necesaria para adelantar el correspondiente juicio de
constitucionalidad.
3.3.5. En efecto, para
esta Sala los cargos expuestos no cumplen los requisitos de certeza,
pertinencia y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional para
que la Corte se pronuncie sobre el fondo de las acusaciones, por las razones
que se indican a continuación.
3.3.6. Con relación al
primer cargo y de acuerdo con el actor, la unificación de las carreras de
veterinaria y zootecnia afecta el derecho a la igualdad de aquellos que
deciden estudiar de manera independiente cada profesión, en virtud de las
diferencias que existen en el ejercicio profesional de dichas actividades. Al
respecto manifestó:
“Al unificar la norma demandada la
Medicina Veterinaria con la carrera de la Zootecnia, se está vulnerando el
derecho a la igualdad de aquellos profesionales que estudiaron por separado
cada carrera, puesto que aunque ambas tienen similitudes son diferentes en sus
efectos, pues el médico veterinario es aquel profesional que se encarga de
cuidar de la salud de los animales; estudiando, diagnosticando y tratando las
diferentes enfermedades posibles. También es el encargado de prevenir posibles
enfermedades en el ser humano que podrían ser originadas por animales
domésticos o la fauna silvestre. A diferencia del zootecnista que sus estudios
se centran en identificar la mejor forma de aprovechar a los animales
domésticos y silvestres para el beneficio del hombre, teniendo en cuenta el
bienestar del animal.”
Luego de citar los mandatos del principio de igualdad
de conformidad con la jurisprudencia constitucional, indica que en el presente
caso las normas realizan un trato diferenciado entre los estudiantes de las
distintas carreras, beneficiando a los que estudian el programa unificado, en
los siguientes términos:
“En el caso puesto a consideración de la
Corte la norma demandada está realizando un trato diferenciado entre los
estudiantes que realizan tanto medicina veterinaria como zootecnia en una misma
carrera frente aquellos que las estudian por separado, pues están
beneficiándose más como profesionales unos que otros cuando quienes profundizan
más en dicha profesión se ven relegados por aquellos que la estudian en 5 años.
Por lo tanto, la misma legislación está
estableciendo un trato diferenciado entre los dos profesionales favoreciendo
indirectamente aquellos que estudian sin profundización ambas carreras y
obtienen su título en 5 años frente aquellos que enfatizan en una solo durante
los mismo 5 años”.
3.3.6.1.
Como
se indicó previamente, el requisito de certeza exige que la demanda
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una deducida
por el actor o implícita, o sobre otras normas que no son objeto de la demanda.
En el presente caso, el accionante
supone con el cargo planteado que las normas, al reconocer la carrera de medicina
veterinaria y zootecnia, dejan en desventaja a los profesionales que se
inclinaron por estudiar de manera independiente una de las dos carreras. Lo
anterior, por cuanto éstos deben cursar en 5 años las materias propias de cada
una de las profesiones, mientras que los que escogen el programa fusionado,
reciben esa formación durante el mismo tiempo y sin la profundización requerida.
En ese contexto, advierte la Corte
que la inconformidad del actor deviene del proceso de formación académica recibida
en los programas de medicina veterinaria, zootecnia y medicina veterinaria y
zootecnia.
Al respecto, el artículo 26 de la
Constitución[14]
faculta al Congreso de la República para exigir títulos de idoneidad para el
desarrollo de ciertas actividades y establece, la inspección y vigilancia del
ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes.
Lo anterior por cuanto “(i) las
profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de
aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta
manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las
ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren
por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible
imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad”[15].
De manera que el ejercicio de una
profesión u oficio no solo se funda en el respeto a la libertad individual de
escogencia de una actividad laboral sino también en la protección de los
riesgos sociales que puedan generarse con su ejercicio, lo cual exige del
legislador una regulación razonable y proporcionada, que no implique una
restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades
individuales.[16]
Ahora bien, al examinar el contenido de las normas
acusadas[17],
la Sala no advierte que de ellas se desprenda que la i) calificación de la
medicina veterinaria y zootecnia como una carrera profesional y ii) la fijación
de los principios que la rigen por parte del legislador, actuaciones realizadas
dentro de sus facultades legislativas, constituya una afectación en la formación
académica de los futuros profesionales en cualquiera de las profesiones
escogidas de manera libre y autónoma.
Por el contrario, considera la Sala que la lectura realizada
por el actor no es acertada pues una interpretación razonable de las normas
acusadas no permite evaluar la calidad de los programas ofrecidos por las
distintas universidades e instituciones de educación superior para las carreras
sobre las cuales se presume la violación del derecho a la igualdad, para de esa
forma establecer si existe la desventaja que señala el accionante en su escrito
de demanda.
Al respecto y sin perjuicio de lo expuesto, es
pertinente destacar la aclaración hecha por el Ministerio de Educación en su
intervención sobre la finalidad de las normas acusadas, las cuales no van
dirigidas a regular el proceso de formación de las carreras sino su ejercicio
profesional.  No obstante, la entidad encargada de ejercer la vigilancia de la
educación superior manifestó que desde el punto de vista académico, un
programa de medicina veterinaria y zootecnia con una duración aproximada de 5
años, puede desarrollar en los estudiantes la sumatoria de competencias que por
separado desarrollarían en dos programas académicos.  En este sentido, destacó
que los núcleos básicos son los mismos para los tres programas, y la gran
diferencia para un médico veterinario zootecnista es el nivel de profundidad de
cada componente específico, es decir que en el programa de medicina veterinaria
y zootecnia, la distribución de los créditos académicos tiene como propósito
atender las dos áreas generales de competencias profesionales que abordan salud
animal y gestión de producción. En consecuencia, aunque los egresados de esta
carrera pueden desarrollar tareas en las dos áreas académicas, asegura que el
campo de su desempeño lo definirá en últimas la especialización de su quehacer
profesional.
Indicó
además, que el egresado de un programa de medicina veterinaria y zootecnia
puede lograr competencias básicas suficientes para un ejercicio no
especializado en cualquiera de las dos áreas, según lo que se haya definido en
el proyecto formativo del respectivo programa académico, mientras que los
egresados de un programa de medicina veterinaria o los de uno de zootecnia,
pueden lograr competencias básicas suficientes para el ejercicio con mayor
nivel de especialidad en una u otra de las áreas según el caso. En estos
términos, considera que lo importante no es el tiempo de duración de los
estudios, sino la pertinencia de los contenidos del programa en cada contexto
en que este se ofrece.
En ese orden de ideas, la insuficiente formación
académica que el demandante supone que existe en los programas de medicina
veterinaria y zootecnia no se desprende del texto de los artículos demandados y
mucho menos la consecuente afectación del derecho a la igualdad de quienes
culminan sus estudios de estas carreras de forma individual, careciendo
entonces sus argumentos de la certeza exigida por esta Corporación.
3.3.6.2.
Respecto
del requisito de pertinencia, en virtud del cual no se admiten
argumentos formulados a partir de consideraciones legales, doctrinarias o
puntos de vista subjetivos, ni análisis de conveniencia, observa esta
Corporación que el cargo sometido a estudio se basa en suposiciones y apreciaciones
subjetivas sobre la conveniencia de la existencia de las tres carreras, sin
explicar en términos constitucionales por qué se torna arbitraria la actuación
del legislador y por tanto, los artículos 5 de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley
576 de 2000, deberían salir del ordenamiento jurídico.
En efecto, con su exposición el
accionante no logra demostrar por qué la integración de la medicina veterinaria
y la zootecnia que mantiene el legislador es arbitraria, desconoce el riesgo
social que el ejercicio de las profesiones implica y por tanto, afecta la
formación de los futuros profesionales en las diferentes carreras. Es más, para
sustentar el cargo el actor no relaciona un estudio contundente sobre esos
hechos ni siquiera evidencia empírica que contribuya a establecer la desventaja
académica de los egresados de los programas ofrecidos en el área de la medicina
veterinaria y la zootecnia, por él señalada como elemento de desigualdad.
En este tema, no puede desconocerse
la facultad que tiene el Congreso para limitar ciertas actividades o exigir de
los profesionales la acreditación de más o menos exigencias, lo que de suyo no
es discriminatorio prima facie, razón por la que debe demostrarse que
con esta actuación se está causado el perjuicio señalado.
Así las cosas, se hace evidente que
el cargo propuesto no cumple el requisito de pertinencia, para que este
Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
3.3.6.3.
En
cuanto al requisito de suficiencia, la jurisprudencia ha señalado que corresponde
al demandante presentar los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para el estudio constitucional y que permitan despertar una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la norma acusada.
En esta oportunidad, el cargo analizado
no cumple con este presupuesto, en tanto no se relaciona directamente con el
texto de las normas demandadas sino con los efectos hipotéticos que, a su
juicio, genera la fusión de estas carreras.
Por lo tanto, en este caso no se advierten argumentos
ni pruebas que permitan determinar que los programas de formación en medicina
veterinaria y zootecnia ofrecidos en la actualidad por las distintas
Instituciones de Educación Superior en el país, no reúnan los estándares de
calidad exigidos por el Ministerio de Educación para su creación.
Frente al particular, el artículo 67 de la
Constitución Política fija en cabeza del Estado la obligación de regular y
ejercer la vigilancia y control de la educación en todos sus niveles, lo
anterior, con la finalidad de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
En desarrollo de esta norma el legislador expidió la Ley 30 de 1992, por medio
de la cual organizó el servicio público de la educación superior y dispuso que
el Estado, de conformidad con la Carta y esa normativa, garantizará la
autonomía universitaria y velará por la calidad del servicio educativo a través
de su inspección y vigilancia (artículo 3), función que se ejerce desde la
creación de los programas académicos, antes de ser ofrecidos a la comunidad, y
durante su desarrollo.
De manera que en el presente caso, no se observan
elementos de juicio, ni siquiera empíricos, que indiquen que estos programas
académicos que se ofertan por el término de cinco años no contemplen los
contenidos necesarios para lograr desarrollar las competencias de los futuros
profesionales, más aún, cuando el Ministerio de Educación ha indicado que los
mismos garantizan una formación apta para que los profesionales ejerzan en el
respectivo campo. Ello para afirmar que la preparación de los estudiantes que
se acogen a esta carrera fusionada no es la adecuada para el ejercicio de la
profesión.
En ese contexto, no cuenta la Corte con indicio alguno
de la falta de preparación académica de los profesionales en medicina
veterinaria y zootecnia que permita adelantar un juicio constitucional de las
normas cuestionadas, pues se repite, el demandante tenía la carga de sustentar
al menos empíricamente sus argumentos.
3.3.7.  De
otra parte, el cargo presentado por vulneración del derecho al trabajo
se sustenta en la siguiente manifestación:
“un título que combina dos áreas básicas
del conocimiento siempre será comercialmente más atractivo que uno que no lo
haga. Solo basta que pensemos en formar en solo 5 años de estudios a abogados –
economistas, o economistas – contadores, o ingenieros industriales –
contadores, y que el Estado colombiano le reconociera los mismos derechos legales
que quienes hayan estudiado en los mismos 5 años cualquiera de esas carreras
por separado.
Al igual que el cargo anterior, los argumentos para
sustentar el desconocimiento del derecho al trabajo no son ciertos, suficientes
y pertinentes.
Al respecto, se observa que las razones del accionante
no se fundamentan en una interpretación razonable prima facie del texto de las
normas ni en razones constitucionales sino de conveniencia e inconformidad
frente a la oferta laboral actual en el área de la medicina veterinaria y de la
zootecnia.
Los artículos no restringen la posibilidad de escoger
libremente la profesión u oficio que se estime más beneficiosa a los intereses
laborales de los futuros profesionales. De la redacción de las disposiciones no
se puede inferir que ellas (i) tengan como finalidad impedir el desempeño
laboral de un determinado profesional; o (ii) indirectamente genere esa
consecuencia en las personas que decidan libremente escoger un título de
formación de manera individual de estas carreras.
Igualmente, no se presentan evidencias sobre la
situación laboral de los profesionales que permita establecer un obstáculo
irrazonable en el acceso a los empleos ofertados en el área de la medicina
veterinaria y la zootecnia.
4.     CONCLUSIÓN
En esta oportunidad, el actor
cuestiona los artículos 5 de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley 576 de 2000, por
considerar que los mismos desconocen el principio de igualdad y el derecho
al trabajo al reconocer como profesión la carrera de medicina veterinaria y
zootecnia, sin tener en cuenta que aunque ambas gozan de similitudes, sus
efectos en el ejercicio profesional son diferentes.  En ese sentido, estima que
la legislación actual beneficia indirectamente a aquellos que estudian ambas
carreras sin profundización, al obtener el título en 5 años, en perjuicio de
los que cursan una de esas carreras durante el mismo periodo.
Al analizar la aptitud de la
demanda como cuestión previa, la Corte Constitucional verificó que la misma no
satisfizo los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia. Lo anterior por
cuanto los cargos planteados parten de una inadecuada comprensión de las normas
acusadas y en consecuencia, sus argumentos se basan en apreciaciones que
subjetivas y de conveniencia que no logran demostrar que el reconocimiento de
la profesión de medicina veterinaria y zootecnia y la fijación de sus
principios rectores, afecte los derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo.
Así las cosas, de conformidad con
lo expuesto la Sala se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de
fondo frente a los cargos expuestos contra los artículos 5 de la Ley 73 de 1985
y 1º de la Ley 576 de 2000 por considerar que los mismos no cumplen los
requisitos jurisprudenciales para permitir un pronunciamiento de fondo.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declararse INHIBIDA para
emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos expuestos contra los
artículos 5 de la Ley 73 de 1985 y 1º de la Ley 576 de 2000 por considerar que
los mismos no cumplen los requisitos jurisprudenciales para tal fin.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ     ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado                                                         Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO       GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO            JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                        Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS            LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                         Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia C-296 de 2012. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[2] “La Constitución Política de
1991 establece tres clases de límites a la facultad de regular el ejercicio de
las profesiones y oficios, unos de carácter material, otros de carácter
competencial y por último unos de carácter procedimental. En cuanto a los
límites materiales, son aquellos que tiene como postulado fundamental que las
limitaciones impuestas por el Legislador deben ser razonables y proporcionadas,
como se describió anteriormente. En segundo lugar, los límites de carácter
competencial, son aquellos que señalan que el legislador no puede trasladar al
ejecutivo decisiones que están reservadas al Congreso de la República en virtud
del principio democrático, y por último, en cuanto a los límites
procedimentales que han sido expresamente reconocidos por la jurisprudencia
constitucional, la sentencia C-191 de 2005 recordó algunos de ellos, entre los
que citó los siguientes: “(1) No puede conceder a los órganos de vigilancia y
control de una profesión la facultad de crear o suprimir organismos del orden
nacional, facultad que concede la Constitución al Congreso y al Presidente de
la República, únicamente” y que,“(2) No puede, por su propia iniciativa,
reformar los órganos encargados de controlar y vigilar a los profesionales de
una misma disciplina, cuando tales órganos son de naturaleza pública y forman
parte de la estructura de la administración pública”.” (Ibídem)
[3] Sentencia C-508 de 2014. M.P.
Mauricio González Cuervo.
[4] Sentencias T-133 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto,  y C-251 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[5] “Existen como es sabido,
diversas formas de articular políticas de diferenciación para la igualdad.
Entre ellas se encontrarían las “acciones positivas” y la “discriminación
inversa”, cuya fundamentación radicaría en otorgar un tratamiento distinto a
situaciones efectivamente distintas y que obstaculizan o imposibilitan la
igualdad de oportunidades. La clave de esta construcción, como ya hemos visto,
se encuentra en el criterio de “relevancia” de los elementos diferenciados y en
su justificación razonable”. (Añón, María J. “Igualdad, Diferencias y
Desigualdades”. P. 46, México)
[6] Departamento de Salud Animal de la
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de
Colombia, Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la
Universidad Nacional de Colombia, la Asociación Nacional de Zootecnistas de
Colombia – Anzoo –, Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Antonio
Nariño, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle, la
ciudadana Luisa Fernanda Segura, la Asociación de Zootecnistas del Valle, la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia –
sede Palmira.
[7] Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el ciudadano Delmis Omar Camargo Rodríguez, el Ministerio de
Educación y la Procuraduría General de la Nación.
[8] Dice la citada
norma: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman
violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda".
[9] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Sentencia C-641 de 2002.
M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[11] Sentencia C-029 de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12] Sentencia C-707-05.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] M.P. Clara Inés Vargas Silva.
[14] ARTICULO  26. Toda persona es
libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad.
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos
deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles.
[15] Sentencia C-568 de 2010. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[16] Al respecto se puede consultar la
sentencia C-606 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón; C-505 de 2001. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-568 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[17] Ley 73 de 1985. Art. 5: “Para todos los efectos legales se
entiende por ejercicio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, la aplicación de
una u otra de las actividades contempladas en los artículos tercero y cuarto de
la presente Ley”.
Ley 576 de 2000. Art. 1: “La medicina veterinaria, la
medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia, son profesiones basadas en una
formación científica, técnica y humanística que tienen como fin promover una
mejor calidad de vida para el hombre, mediante la conservación de la salud
animal, el incremento de las fuentes de alimento de origen animal, la
protección de la salud pública, la protección del medio ambiente, la
biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del país.”