C-260-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-260/11
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Inexistencia en norma del Código de Procedimiento Penal
que faculta sólo al juez y al Ministerio Público para formular preguntas
complementarias en prueba testimonial en etapa de juicio/OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Inexistencia en norma del Código de Procedimiento Penal que
excluye a las víctimas de la participación directa en la practica de la prueba
testimonial en la etapa del juicio
Para la Corte
la expresión del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, referente a la
práctica de la prueba testimonial, que excluye a las víctimas de la posibilidad
de formular directamente preguntas complementarias para el cabal entendimiento
del caso, pero si se la atribuye a otros sujetos procesales como el Juez y el
Ministerio Público, no constituye una omisión legislativa relativa contraria a
los derechos de las víctimas, por cuanto resulta constitucionalmente legítimo
que el Legislador haya limitado la participación directa de las víctimas en
esta instancia del juicio al considerar que existen motivos fundados que
justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en
la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en
cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la
víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la
Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio. Así el Ministerio Público
como interviniente principal pero discreto, debe velar por los intereses de la
sociedad y el respeto de los derechos de los sujetos procesales, evitando en
todo caso desequilibrios y excesos a favor o en contra de una de las partes o
intereses en disputa; en tanto que el juez, que cumple un rol activo en el proceso,
debe, sin romper su imparcialidad, lograr tanto la justicia formal con la
material, asegurando la protección efectiva de los derechos del procesado y de
las víctimas
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Objeto del interrogatorio del testigo por el juez
MINISTERIO PUBLICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Carácter de interviniente/MINISTERIO PUBLICO EN
EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Garantiza la imparcialidad y evita
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes en el proceso
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por cargos y contenidos normativos
diferentes
En el presente
caso resulta claro para la Corte la inexistencia de la cosa juzgada tanto
formal como material por cuanto, si bien mediante Sentencia C-144 de 2010 la
Corte declaró exequible la misma expresión que ahora se acusa del artículo 397
de 2010, limitada a los cargos entonces propuestos, que constituye cosa juzgada
relativa, en la que el demandante reprochó la facultad del juez y del
Ministerio Público de formular preguntas complementarias una vez terminados los
interrogatorios, en tanto que en la presente oportunidad se cuestiona que dicha
atribución no se haga extensiva a la víctima, de donde resulta la inexistencia
de la cosa juzgada formal. En cuanto a la cosa juzgada material, a juicio de la
vista fiscal debería estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007, pero la
Corte no comparte dicha apreciación porque si bien existe alguna similitud
entre los contenidos normativos examinados en la Sentencia C-209 de 2007 y el
que ahora se demanda, lo cierto es que entre ellos no existe identidad en
cuanto al texto normativo (identidad formal) ni en cuanto a su contenido
deóntico (identidad material), que en últimas constituye un presupuesto
indispensable para la existencia de cosa juzgada. Así pues, como se trata de
contenidos normativos diferentes a los que fueron analizados en la Sentencia
C-209 de 2007, es claro que no se cumple el primer presupuesto exigido por la
jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada material, lo que en todo
caso no implica que los argumentos y consideraciones allí expuestas no sean
relevantes para el análisis que ahora ocupa la atención de la Sala.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Concepto
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA-Concepto
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA EXPLICITA O
IMPLICITA-Concepto
COSA JUZGADA APARENTE O COSA JUZGADA ABSOLUTA
APARENTE-Concepto
COSA JUZGADA FORMAL-Concepto
COSA JUZGADA MATERIAL-Concepto/COSA JUZGADA MATERIAL-Requisitos para
su configuración
OMISION LEGISLATIVA-Clases
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Requisitos para la
procedencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia
En el presente
caso, el ciudadano ha expuesto un hilo argumentativo serio y coherente que
plantea una problemática de orden constitucional, relacionada con los derechos
de la víctima y la existencia de una omisión legislativa que, a su parecer, es
contraria a la Carta Política, que activa la competencia de la Corte para
abordar un análisis material del asunto, sin que de ninguna manera implique que
los reproches de inconstitucionalidad están por ese solo hecho llamados a tener
éxito.
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Características
El
sistema Penal de Tendencia Acusatoria cuyas bases constitucionales fueron
sentadas mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, ha sido calificado como de partes en un proceso adversarial modulado con tendencia acusatoria,
destacándose dentro de sus características, las siguientes: i) separación
categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; ii) rol del juez
centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la
potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación
jurídica de los hechos; iii) procedencia de actuación judicial solamente a
petición de parte; iv) proceso, por regla general, oral, contradictorio,
concentrado y público; v) posibilidad de terminación anticipada del proceso,
pese a la certeza de la ocurrencia de un delito, por aplicación del principio
de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes, pero siempre con control
judicial material y formal de la decisión adoptada; vi) funciones judiciales
del control de garantías y de conocimiento con clara distinción de dos roles
para los jueces penales: el primero, a cargo de la protección de las garantías
y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el
segundo, responsable de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías
procesales y sustanciales propias del debido proceso.
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Estructura general del proceso penal y actividades
que se surten
En lo
referente a la estructura general del proceso, el diseño adoptado por el
Legislador se divide en dos grandes fases: (i) la investigación, encaminada a
determinar si hay méritos para acusar. La lleva a cabo la Fiscalía y en ella se
practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte del
funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo;
constituye una preparación para el juicio; y (ii) la fase de juzgamiento, con
clara preponderancia bajo el nuevo sistema, caracterizada como una etapa regida
por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la
contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías
fundamentales. Durante esta etapa (a) se practicarán y valorarán, en forma
pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan
podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial  y contradicción
de la prueba, (b) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual
las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una
etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el
caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la
totalidad de las pruebas existentes, y (c) se adoptarán, con igual publicidad,
las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad
penal del acusado.
VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Definición
Conforme a la
jurisprudencia constitucional y a los estándares internacionales en la materia,
víctima es toda persona que haya sufrido un daño (real, concreto y específico)
a consecuencia de un delito, cualquiera que sea su naturaleza.
VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-No tiene la condición
de parte en el proceso/VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Reconocimiento
como interviniente especial/VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Exclusión de su participación en el juicio no constituye una
vulneración de sus derechos
La Corte ha
destacado las especificidades del sistema penal colombiano y ha precisado que
la víctima no tiene la condición de parte sino de interviniente especial, de
donde la naturaleza adversarial especialmente notoria en la etapa del juicio,
reduce significativamente su facultad de participación directa, pues su
intervención alteraría los rasgos estructurales del sistema penal y por esa vía
menoscabaría otros derechos o principios como el de igualdad de armas. No
obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la
etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su
propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final
del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al
abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía
observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios,
antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia.
En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la
sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el
artículo 177 de la Ley 906 de 2004. Así, el derecho de intervención de las
víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que pueden canalizar su derecho
de intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta,
sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la
Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de
argumentación.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Protección integral/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN
EL PROCESO PENAL-Protección garantizada de acuerdo con las especificidades
de cada etapa del proceso
La Corte ha
explicado que a las víctimas de un delito les asiste una pluralidad de derechos
que trascienden la dimensión estrictamente económica o indemnizatoria y se
sitúan en el plano de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional que los ha
reivindicado frente a protección deficiente
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-No se desconocen, por norma que no permite
intervención directa de las víctimas en interrogatorio de testigos
Referencia: Expediente D-8269
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 397
(parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
Demandante: Mauricio Pava Lugo
Magistrado Ponente:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., seis (6) de abril de dos mil once (2011).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, el ciudadano Mauricio Pava Lugo demanda parcialmente el artículo
397 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”, por considerar que vulnera los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la
Constitución, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El magistrado Sustanciador
admitió la demanda mediante Auto del veintiuno (21) de septiembre de 2010,
dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del
Interior y de Justicia, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al
Fiscal General de la Nación, e invitó al Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de
Juristas y a las facultades de derecho de las universidades de Antioquia, del
Rosario, Nacional de Colombia, Externado de Colombia y Sergio Arboleda, para
que intervinieran impugnando o defendiendo la norma acusada.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación se
transcribe la norma demandada y se subraya el aparte acusado, conforme a su
publicación en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o
contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le
han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados
los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.
III. LA DEMANDA
A juicio del ciudadano Pava
Lugo la expresión impugnada vulnera los artículos 2, 29, 228 y 229 de la
Constitución, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[1]
y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos[2].
De manera previa advierte
que si bien la Corte se ha pronunciado sobre la participación de la víctima en
el proceso penal (Sentencias C-454/06, C-209/07, C-516/07), no lo ha hecho
respecto de la norma ahora acusada. De igual forma, aclara que la Sentencia
C-144/10 declaró exequible la misma norma ahora enjuiciada, pero sólo en lo que
se refiere a la facultad del Juez y del Ministerio Público de realizar
preguntas complementarias.
En cuanto a sus reparos de
fondo, el demandante considera inconstitucional que no se permita a la víctima
hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Sostiene
que con ello el Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa que
desconoce las normas superiores antes mencionadas, de acuerdo con los requisitos
fijados por la jurisprudencia constitucional en la materia (sentencias
C-543/96, C-635/00 y C-427/00).
En primer lugar, señala que
la norma efectivamente incurre en una omisión al excluir del supuesto de hecho
“a un ciudadano que por encontrarse en una situación asimilable a los que la
norma contempla, debería subsumirse dentro de ese supuesto fáctico”. En efecto,
continúa el demandante, “mientras se prevé la posibilidad de que el Ministerio
Público y el Juez realicen preguntas complementarias para el mejor
entendimiento del caso”, a la víctima, “que también está legitimada por los
intereses de justicia y verdad, se le excluye de esta posibilidad”.
En segundo lugar, sostiene
que no hay una razón objetiva y suficiente para justificar esa exclusión, ya
que si bien la Fiscalía puede realizar esas actividades a nombre de las
víctimas, también lo es que ellas tienen derecho a participar de manera directa
y sin intermediarios ante la jurisdicción penal. Según sus palabras, “las
facultades procesales de la víctima para ser oídas directamente y sin intermediarios,
no pueden llevar a legitimar un ánimo vindicativo en el proceso penal; pero
cuando su intervención se torna necesaria a efectos de que su voz sea tenida en
cuenta y en relación con que sus intereses de verdad y justicia no se les
afecte, es inconstitucional omitir la posibilidad de que sea oída, haciendo
preguntas complementarias, para el mejor entendimiento del caso”.
En tercer lugar, aduce que
por carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión genera una
desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal.
Finalmente, en cuarto
lugar, afirma que dicha omisión conlleva el incumplimiento del deber del
Legislador de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso
penal, “particularmente en lo que se refiere a las posibilidades de ser oída
respecto de, ni más ni menos, el desarrollo material de la actividad
probatoria”, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia.
Explica que si bien la
víctima no es parte en el proceso penal, es un interviniente especial que se
encuentra legitimado para actuar, “ni más ni menos que por los intereses
constitucionales de lograr justicia, verdad y reparación”. En su concepto, no
tiene sentido que se le permita solicitar pruebas en la audiencia preparatoria,
para luego negársele la posibilidad de intervenir activamente en el juicio
mediante la formulación de preguntas complementarias, sin tener en cuenta que
esta prerrogativa “es de enorme importancia para el proceso y para los
intereses de la víctima”.
De otra parte, apoyado en jurisprudencia
y en algunos doctrinantes, el demandante destaca la importancia de la búsqueda
de la verdad en aras de la prevalencia del derecho sustancial, así como la
defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas.
Es así como no encuentra motivo para que la víctima no pueda formular preguntas
para una mejor comprensión del caso, más aún cuando ya no es un simple
espectador sino uno de los protagonistas de primera línea del sistema penal
vigente, que no es adversarial puro sino basado en un sistema de roles donde
tienen cabida directa diferentes intervinientes (ciudadano imputado, ciudadano
víctima, sociedad y Estado).
Señala que la Carta
Política y los compromisos internacionales suscritos por Colombia han
potenciado el papel de la víctima en los entornos procesales, lo cual ha sido
recogido en la jurisprudencia constitucional.
Por las razones expuestas, solicita
se declare la inconstitucionalidad parcial por vía de omisión legislativa
relativa el artículo 397 de la Ley 906 de 2004, “en tanto a la víctima debe
preservársele el derecho a hacer preguntas complementarias que tiendan a un
mejor entendimiento del caso”.
IV. intervenciones
1.- Intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia
La ciudadana Ana
Beatriz Castelblanco Burgos, actuando en representación del Ministerio del
Interior y de Justicia, interviene para solicitar que se declare exequible la
expresión acusada.
Tomando como base
las Sentencias C-454/06, C-209/07 y C-516/07, la interviniente recuerda que la
Corte ha encontrado constitucionalmente válido limitar los derechos probatorios
de la víctima en el juicio oral, porque de lo contrario se convertiría en un
segundo acusador en desmedro de la dimensión adversarial del proceso.
En su concepto,
los derechos de la víctima a la verdad, justicia y reparación, “no incluyen la
facultad de controvertir los medios de prueba en la etapa del juicio oral, lo
que en criterio de este Ministerio incluiría la facultad de hacer preguntas complementarias
al testigo interrogado por las partes”. Así mismo, recuerda que a través de su
apoderado la víctima puede solicitar al fiscal que realice las preguntas que
ella considere pertinentes para el mejor esclarecimiento del caso.
2.- Intervención de la Fiscalía General de la
Nación
El Fiscal General
de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, solicita a la Corte declarar
exequible la norma acusada.
Comienza por
destacar el amplio poder de configuración del Legislador en el diseño del
procedimiento penal y dentro de éste las facultades de intervención de cada uno
de los sujetos. Con tal premisa, estima que “por ser la norma demandada aquella
que determina la forma de los procedimientos interrogativos del juez (ejercicio
de la función pública de administrar justicia), haber sido expedida en
cumplimiento de la autorización expresa del Constituyente (artículo 150 numeral
23), y en últimas, por desarrollarse en el ámbito de la libertad de
configuración del Congreso, lo más acertado sería concluir que la misma es
constitucional”.
En su concepto,
no se cumplen los supuestos exigidos en la jurisprudencia para el éxito de una
demanda de inconstitucionalidad por omisión relativa, por cuanto el Ministerio
Público y el Juez se encuentran en una situación diferente a la de la víctima
en el proceso penal. Al respecto sostiene que la víctima es un interviniente sui
generis dentro del proceso, quien no tiene una situación asimilable a la
que la norma contempla; además, continúa el Fiscal, “permitirle la posibilidad
de hacer preguntas complementarias a la víctima cuando ya ha tenido su
oportunidad, dificultaría aún más la labor del Juez y del Ministerio Público,
en clara contradicción con las reglas generales para la prueba testimonial
(artículos 383 a 404 de la Ley 906 de 2004)”.
Luego de referir algunas
de las garantías especiales que tiene la víctima en el proceso penal (artículos
11, 133, 1334, 135, 136, 137, 326, 327, 328 y 329 de la Ley 906 de 2004),
precisa que la dirección del proceso corresponde al juez penal, quien no sólo
está llamado a concretar el ius puniendi del Estado sino también “es el
encargado de buscar la verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial,
así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de
las víctimas”.
Finalmente,
concluye que la norma debe ser declarada exequible por las siguientes razones: atiende
los principios y fines del Estado en la búsqueda de una revelación clara de los
hechos; no atenta contra los derechos de las víctimas, por cuanto el cabal
entendimiento del asunto “está aludiendo a conocer mejor lo sucedido, en
términos de hechos, de responsabilidad y de daños causados”; es una medida
razonable y proporcional ya que no altera el principio de igualdad de armas
sino que permite clarificar las declaraciones; y facilita la realización de los
derechos y bienes jurídicos que interesan al proceso.
De todas maneras,
concluye el interviniente, “en caso de que esta Corporación considere que la
norma es contraria a la Constitución, solicito a la misma se declare inhibida
para conocer el fondo de la demanda formulada (…) por cuanto los cargos por
omisión legislativa relativa carecen de certeza, claridad y suficiencia” (sic).
3.- Intervención de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia
El ciudadano
Jaime Bernal Cuellar, actuando como comisionado de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del
precepto impugnado, “en el entendido de que la víctima también podrá efectuar
dichos cuestionamientos”.
Siguiendo los
lineamientos del demandante, precisa que en relación con la norma acusada no
existe pronunciamiento de constitucionalidad frente a los cargos ahora
propuestos. De un lado, porque si bien las sentencias C-454/06, C-209/07 y
C-516/07 abordaron lo relativo a los derechos de las víctimas, lo cierto es que
no se ocuparon de examinar el artículo 397 de la Ley 906 de 2004. Y de otro
lado, porque aún cuando la Sentencia C-144/10 declaró la exequibilidad de la
precitada norma, en ella se limitó expresamente el alcance de la cosa juzgada a
los cargos entonces analizados, los cuales versaron sobre las atribuciones del
Juez y del Ministerio Público, sin hacer referencia a los derechos de las
víctimas.
En cuanto al
examen de fondo, considera que “cuando el Legislador adoptó la preceptiva
impugnada, incurrió en una omisión legislativa relativa, por cuanto se abstuvo
de regular la forma como las víctimas pudiesen hacer uso de esa facultad
excepcional”, en detrimento de los derechos de contradicción (art. 29 CP) y acceso
a la administración de justicia (art. 229 CP). Lo anterior, por cuanto hay una
restricción carente de justificación razonada.
En su sentir, aún
cuando ni la víctima, ni el juez, ni el Ministerio Público son en estricto
sentido partes en el proceso penal, sí es censurable que únicamente se excluya
al primero de la posibilidad de hacer preguntas una vez concluidos los
interrogatorios, con lo cual se da un tratamiento inequitativo a la víctima,
quien es la principal interesada en que se establezca la verdad y la justicia.
Para el
ciudadano, se hace imperativo que la Corte asuma el análisis constitucional no
sólo frente a los artículos invocados en la demanda, sino también respecto del
principio de igualdad, a partir del test de razonabilidad, por cuanto se están
limitando garantías fundamentales de las víctimas y creando un privilegio a
favor del juez y del Ministerio Público. Desde esta perspectiva, no encuentra
fundamento alguno para que el objetivo buscado por la norma –mayor claridad y
entendimiento del caso a partir de la prueba testimonial- no pueda alcanzarse
si se le da la misma facultad a la víctima. Por el contrario, señala la
intervención, ello puede resultar más difícil cuando la prueba fue decretada a
instancia de la víctima pero simultáneamente se le impide formular preguntas
adicionales para el cabal entendimiento del caso.
De otra parte,
sostiene que al otorgarse a la víctima un tratamiento desigual frente a los
demás intervinientes, “se impide no sólo el acceso efectivo a la administración
de justicia, sino la materialización de otros derechos como la verdad, la
memoria y la justicia, los cuales están íntegramente ligados al principio de
dignidad humana (art. 1º CP) y a los fines del Estado (art. 2º CP)”. Sobre el
particular, explica que la jurisprudencia ha ampliado la garantía de los
derechos de las víctimas, pasando de un simple interés patrimonial individual
al de la búsqueda de la justicia y la verdad, lo que a su vez repercute en
beneficio de toda la sociedad.
En este orden de
ideas, concluye que el Congreso efectivamente incurrió en una omisión
legislativa relativa “al pretermitir la posibilidad a las víctimas de efectuar
cuestionamientos una vez culminado el interrogatorio de parte, para efectos del
cabal entendimiento del caso, como sí lo hizo posible al juez y al Ministerio
Público”. Omisión que califica como irrazonable y contraria a los principios de
dignidad humana, a los fines esenciales del Estado y a los derechos de igualdad
y acceso efectivo a la administración de justicia.
4.- Intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal
Acude ante la
Corte por intermedio del ciudadano Julio Andrés Sampedro, quien considera que
“la omisión legislativa que efectúa el artículo 397 del Código de Procedimiento
Penal demandado conlleva a una desigualdad entre las partes procesales,
impidiendo que a la víctima se le garantice en su totalidad el derecho a la
verdad”.
Recapitula
algunas providencias judiciales para destacar que cada una de las etapas del
proceso penal debe ir encaminada al esclarecimiento de los hechos. Con esta
premisa, sostiene que no debe omitirse la actuación de la víctima en la
realización de preguntas complementarias una vez agotados los interrogatorios y
contra interrogatorios, por cuanto la intervención está encaminada a esclarecer
los hechos y lograr un entendimiento pleno del caso, asegurando así la
materialización del derecho a la verdad y la prevalencia del derecho sustancial.
Aclara que esta prerrogativa no es una carga adicional para el procesado porque
la víctima no adquiere el rol de segundo acusador.
5.- Intervención ciudadana
5.1.- Las
ciudadanas Ingrid Katherine Guzmán Enciso y Ana Virginia Márquez Ávila
intervienen ante la Corte para coadyuvar la demanda presentada, con el fin de
que se otorgue a la víctima la facultad de hacer preguntas complementarias para
el cabal entendimiento del caso.
Encuentran que el
reproche es procedente por las siguientes razones: (i) la omisión es relativa;
(ii) se ha identificado concretamente la norma; (iii) se genera una situación
de desigualdad entre la víctima y el juez y el Ministerio Público; (iv) la
regulación es incompleta respecto de una situación concreta; y (v) se omitió
regular un elemento esencial.
5.2.- Las
ciudadanas Diana Rincón, Juliana Montaña y Ana Milena Galindo también presentan
escrito de coadyuvancia a la demanda con argumentos similares a los de aquélla.
Añaden que como la víctima es la mayor afectada, debe permitírsele realizar
preguntas complementarias después del interrogatorio realizado, “debido a que
eso daría realmente al juez las formas propias de cada juicio para tomar una
decisión más justa garantizando no sólo el derecho a la justicia de la víctima
sino además al acusado”.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, mediante concepto 5045, radicado el ocho (8) de noviembre
de dos mil diez (2010), solicita a la Corte declarar la existencia de cosa
juzgada material y, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia
C-209 de 2007. Dice al respecto:
“El actor acierta al reconocer que la Sentencia C-209 de 2007 es
relevante en su caso, en la medida en que define la constitucionalidad de la no
participación de la víctima en los interrogatorios dentro del proceso penal,
pero yerra en cuanto considera que esta decisión no constituye cosa juzgada
material respecto de su demanda. El ligero matiz de que no se trata del
interrogatorio principal, sino de preguntas complementarias a éste, no es
suficiente para desvirtuar la existencia de cosa juzgada material”.
Como primera
medida, explica cuáles son los requisitos para que opere el fenómeno de la cosa
juzgada material, a saber: (i) identidad de las normas objeto de control; (ii)
identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad y
los que sustentan la nueva solicitud; (iii) identidad de contexto fáctico y
normativo, es decir, inexistencia de cambios normativos o sociales relevantes.
Con base en estos
requisitos estima que aún cuando el demandante intenta proponer una distinción
en los cargos planteados, su esfuerzo es vano porque la controversia gira en
torno al mismo aspecto, ya que no puede diferenciarse la facultad de las
víctimas de interrogar y la de hacer preguntas complementarias en los
interrogatorios. Dice al respecto:
“Si bien el actor se esfuerza en mostrar que sus cargos son diferentes a
los hechos antes, su esfuerzo es vano, pues se trata de la misma temática. Para
eludir los efectos de la cosa juzgada material, se arguye que una cosa es la
facultad de las víctimas de interrogar y otra es hacer preguntas
complementarias en los interrogatorios. Esta distinción no ocurre en la realidad,
pues se trata de una prolongación de la misma diligencia o actuación. En ambos
casos se plantea la misma controversia y se presenta una argumentación análoga.
Basta revisar la demanda decidida en la Sentencia C-209 de 2007 y compararla
con la presentada en este caso, para constatar que se configuran los precitados
requisitos (…)”.
Recuerda que en la
Sentencia C-209/07 la Corte declaró exequibles las normas que impiden a la
víctima controvertir directamente los medios de prueba, los elementos
materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio
oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planeen
en el juicio oral (artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004).
En su sentir, el
soporte argumentativo de la demanda es el mismo que se expuso en el caso
resuelto en la Sentencia C-209/07, donde la Corte concluyó que la exclusión de
la víctima busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en
el juicio oral, dada la definición constitucional de sus rasgos esenciales.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.-
Competencia
De conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política,
la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de la referencia,
ya que se trata de una demanda interpuesta contra una norma que hace parte de
una ley de la República, en este caso la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
2.- Asuntos
procesales previos
Para abordar un
análisis de fondo la Sala debe determinar previamente: (i) si ha operado o no
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; y (ii) si la demanda fue
presentada en debida forma, de manera que cumple las exigencias propias de un
cargo de inconstitucionalidad por omisión relativa.
2.1.-
Inexistencia de cosa juzgada constitucional
Como es sabido,
el mandato de cosa juzgada constitucional se reconoció en el artículo 243
Superior, según el cual “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. Encuentra
sustento en los principios de prevalencia del interés general, confianza
legítima, igualdad de trato, debido proceso y, sobre todo, seguridad jurídica[3], que la
jurisprudencia ha explicado en los siguientes términos:
"El artículo 243 de la Constitución Política le
reconoce fuerza de cosa juzgada a los fallos que la Corte Constitucional dicta
en ejercicio del control jurisdiccional. Ello significa que las decisiones
judiciales adoptadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de
asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, adquieren un carácter
definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos
asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible
replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo
(...)
Así entendida, la cosa juzgada constitucional, además
de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar
la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y
confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al
organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que
adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y
resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta”[4].
En esta
oportunidad es importante mencionar bajo qué parámetros tiene cabida la cosa
juzgada cuando una norma ha sido objeto de examen constitucional y la Corte la
ha declarado exequible, reparando en las especificidades de la cosa juzgada
relativa y de la cosa juzgada material. Al respecto, en la Sentencia C-729 de
2009 la Corte reseñó algunas de estas diferencias en los siguientes términos:
“4.2.- El efecto de cosa juzgada es claro cuando la
norma demandada a través de la acción pública de inconstitucionalidad ha sido
declarada inexequible, ya que la disposición contraria a la Carta desaparece
del ordenamiento jurídico y, en el futuro, si se presentan demandas sobre la misma
norma, no existe objeto sobre el cual pronunciarse. Sin embargo, el asunto
presenta cierta complejidad cuando, como en el presente caso, una vez agotado
un estudio de constitucionalidad la norma ha sido declarada exequible pero
posteriormente se presentan nuevas demandas, pues no siempre es claro cuál es
el alcance de la decisión previa.
En la práctica la declaratoria de exequibilidad
permite, al menos en principio, que en el futuro se presenten otras acusaciones
en relación con la misma norma, a tal punto que el propio ordenamiento consagra
la posibilidad de admitir nuevas demandas de inconstitucionalidad, aún cuando la
Corte conserva la posibilidad de reconocer el efecto de cosa juzgada al momento
de proferir sentencia, “caso en el cual se abstendrá de decidir de fondo y
proferirá entonces la orden de estarse a lo resuelto en su anterior
pronunciamiento, que generó el efecto de cosa juzgada”[5].
4.3.- Frente a este tipo de situaciones la jurisprudencia ha explicado
que puede haber (i) cosa juzgada absoluta o (ii) cosa juzgada relativa.
Existe cosa juzgada absoluta, “cuando el pronunciamiento de
constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se
encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma
es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto
Constitucional”[6].
Respecto de la cosa juzgada relativa, esta Corporación ha dicho
que se configura cuando “el juez constitucional limita en forma expresa los
efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se
formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido
objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado’ (Auto 171/01)”[7].
La Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa
juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa implícita:
“explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se
limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene
ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la
providencia, sin que se exprese en el resuelve”[8].
Así mismo, algunos eventos se circunscriben a lo que
la jurisprudencia ha llamado (iii) cosa juzgada aparente (o cosa
juzgada absoluta aparente), “si pese al silencio que se observa en la parte
resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes
para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los
cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma
acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales”[9].
Por último, la jurisprudencia ha diferenciado la (iv)
cosa juzgada formal y la (v) cosa juzgada material. La primera se presenta “cuando
existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma
norma que es llevada posteriormente a su estudio”[10]; en estos casos se
impide volver a revisar la decisión adoptada[11].
Por su parte, la cosa juzgada material se presenta “cuando no se
trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente
igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El
fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma
jurídica”[12].
(Resaltado fuera de texto)
En relación con
la norma aquí demandada, algunos intervinientes han planteado la existencia de
cosa juzgada formal (Sentencia C-144 de 2010) o material (Sentencia C-209 de
2007). Sin embargo, como pasa a explicarse, la Sala considera que estas
apreciaciones no son correctas.
a.-
Inexistencia de cosa juzgada formal
En la Sentencia
C-144 de 2010 la Corte declaró exequible la misma expresión que ahora se acusa
del artículo 397 de la Ley 906 de 2004. En aquella oportunidad el demandante
invocó la violación de los artículos 29, 250 y 277 de la Constitución, así como
del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por
permitirse al Juez y al Ministerio Público formular preguntas complementarias
para el cabal entendimiento del caso. A juicio del demandante, ello afectaba el
principio de igualdad de armas en detrimento del derecho al debido proceso del
acusado y del principio de legalidad. La Corte reseñó el siguiente problema
jurídico:
“Respecto del artículo 397 (parcial), debe establecer la Corte si la
facultad reconocida en cabeza del juez de conocimiento y del Ministerio público
para que, una vez concluidos los interrogatorios de las partes, hagan preguntas
complementarias a los testigos del proceso para el cabal entendimiento del
caso, vulnera el derecho al debido proceso por suponer una ruptura tanto del
principio de pasividad del juez en el sistema penal colombiano con tendencia
acusatoria, como de la igualdad de armas. Igualmente, debe establecerse si la
intervención del Ministerio público en la práctica de la prueba testimonial
vulnera el principio de legalidad, en la medida en que tal atribución no hace
parte de las que contemplan los artículos 250 y 277 de la C.P.”
Luego de examinar
cuál es la función que en el proceso penal colombiano tiene el juez y el
Ministerio Público en materia probatoria, la Corte desestimó la acusación por
considerar, entre otros aspectos, que la facultad prevista en la norma no
afecta el debido proceso sino que por el contrario es una “manifestación de la
especificidad de nuestro orden procesal penal constitucional y también, mucho,
del poder de libre configuración del legislador en esta materia”. En
consecuencia, declaró exequible la expresión impugnada pero limitó expresamente
el alcance de la cosa juzgada. Resolvió entonces:
“(…) Séptimo: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos, la proposición normativa “Una vez terminados los
interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo
397 del CPP”. (Resaltado fuera de texto)
Como se observa, la
Sentencia C-144 de 2010 constituye cosa juzgada relativa, limitada a los cargos
entonces propuestos, los cuales son sustancialmente diferentes a los que ahora
se plantean. En efecto, mientras en aquella oportunidad el demandante reprochó
la facultad del juez y del Ministerio Público de formular preguntas
complementarias una vez terminados los interrogatorios (que en su sentir
afectaban los derechos del acusado), en esta oportunidad se cuestiona que dicha
atribución no se haga extensiva a la víctima (según el ciudadano en desmedro
del derecho que ella tiene a intervenir directamente en el proceso penal).
b.-
Inexistencia de cosa juzgada material
El Procurador General
de la Nación considera que la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia
C-209 de 2007, por cuanto ha operado la cosa juzgada material. Sobre el alcance
de esta figura y los requisitos para su configuración la jurisprudencia ha
precisado que únicamente se  presenta cuando concurren las siguientes
condiciones:
“(i) Que exista una sentencia de constitucionalidad sobre el mismo
precepto normativo e incluido en el mismo cuerpo normativo, respecto del cual
se solicita estudio posterior (identidad formal).
(ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de
constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta Corporación
y aquellos que sustentan la nueva solicitud de estudio.
(iii) Que no se hayan producido cambios económicos, sociales, culturales,
políticos e, incluso, ideológicos sustancialmente significativos que hagan
insostenible, a la luz de la Constitución, el pronunciamiento anterior. Esto
es, que se presente una identidad en el contexto fáctico y normativo entre el
momento en que la Corte hizo su anterior pronunciamiento y el momento en que se
solicita el nuevo análisis (C-1121 de 2005)”[13].
La Vista Fiscal
recuerda que en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte declaró exequibles varias
normas del CPP que impiden a la víctima controvertir directamente las pruebas, interrogar
al testigo y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral.
Sostiene, además, que la facultad de la víctima de hacer preguntas
complementarias que ahora se demanda coincide con la facultad de interrogar a
los testigos y en el fondo es una prolongación de la misma diligencia o
actuación, de manera que la controversia propuesta versa sobre el mismo tópico
examinado en dicha providencia y desestimada por el tribunal constitucional. Con
base en ello, concluye que existe cosa juzgada material.
La Corte no
comparte la apreciación del Ministerio Público porque si bien es cierto que
existe alguna similitud entre los contenidos normativos examinados en la
Sentencia C-209 de 2007 y el que ahora se demanda, lo cierto es que entre ellos
no existe identidad en cuanto al texto normativo (identidad formal), ni en
cuanto a su contenido deóntico (identidad material), que en últimas constituye
un presupuesto indispensable para la existencia de cosa juzgada.
En efecto, en la
Sentencia C-209 de 2007 la Corte examinó, entre otros asuntos, la
constitucionalidad de las normas que sólo permiten a las partes (excluyendo así
a la víctima) controvertir directamente los medios de prueba, los elementos
materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio
oral (art. 378 CPP), interrogar al testigo (art. 391 CPP) y oponerse a las
preguntas que se planeen en el juicio oral (art. 395 CPP). Sin embargo, en esa
oportunidad no se analizó la norma que regula la facultad de hacer preguntas
complementarias por parte del Juez y del Ministerio Público (art. 397 CPP).
Adicionalmente,
se observa que el artículo 397 del CPP, en el aparte ahora acusado, tiene un
contenido normativo o deóntico diferente al de los artículos que fueron
examinados en la Sentencia C-209 de 2007. Ello se explica al menos por tres
razones: (i) en primer lugar, porque el art. 397 no regula la facultad genérica
de contradicción probatoria ni la potestad de interrogar al testigo en toda su
dimensión, sino únicamente se refiere a la posibilidad de hacer preguntas
complementarias una vez concluidos los interrogatorios; en segundo lugar,
porque esa norma no contempla una atribución a todas las partes del proceso
penal, sino que la restringe a dos sujetos (juez y Ministerio Público); y
finalmente, porque su propósito no es la contradicción del testimonio sino la
formulación de preguntas complementarias para el cabal entendimiento de caso.
De esta manera,
como se trata de contenidos normativos diferentes a los que fueron analizados
en la Sentencia C-209 de 2007, es claro que no se cumple el primer presupuesto
exigido por la jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada material,
lo que en todo caso no implica que los argumentos y consideraciones allí
expuestos no sean relevantes para el análisis que ahora ocupa la atención de la
Sala.
2.2.- Aptitud de
la demanda
Aún cuando no
ofrece explicación alguna sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación
solicita a la Corte declararse inhibida, “por cuanto los cargos por omisión
legislativa relativa carecen de certeza, claridad y suficiencia”. Entra la Sala
a valorar ese reparo.
Como es sabido,
la inactividad del Legislador puede ser objeto de control a través de la acción
pública de inconstitucionalidad. Ello tiene cabida frente a omisiones
legislativas relativas (no absolutas); es decir, en aquellos eventos en los cuales
el Legislador ha desplegado una actividad reguladora en algún ámbito, pero al
hacerlo incurre en deficiencias de orden constitucional, con lo cual “ha
excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta
imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina
por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se
han debido integrar a sus presupuestos fácticos”[14].
Respecto de las
demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, la Corte ha
explicado que para abordar un examen de fondo es necesario que el ciudadano
demande el contenido normativo vinculado directamente con la omisión que se
reprocha. En palabras de esta Corporación:
“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra
una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor
acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta
suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un
conjunto indeterminado de normas (c-543/96) con el argumento de que omiten la
regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de
las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”[15].
En
la misma dirección, ha sido enfática en reconocer que “sólo es posible entrar a
evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa cuando el actor ha
dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión
alegada”[16].
De lo contrario la demanda incumplirá el requisito de certeza en la formulación
del cargo y, por lo tanto, habrá de proferirse un fallo inhibitorio, más aún
cuando no corresponde a la Corte abordar un análisis oficioso de las leyes
ordinarias. Ha dicho al respecto:
“La existencia de cargos y la necesidad de que éstos
se prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición
indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Por
su intermedio, además de preservarse el origen popular y participativo que
caracteriza esta clase de juicio - promovido mediante el ejercicio de una
acción pública con intervención activa de la sociedad -, se persigue limitar el
ámbito de competencia funcional del organismo de control constitucional,
definiendo con antelación las normas que han sido válidamente acusadas y sobre
las cuales aquél debe pronunciarse de fondo.
Así las cosas, al margen de las condiciones que son
necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que
las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma
directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser
resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha
desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción -acusar
el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta-, sino además, (y
en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no
le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas
disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241.4-5)”[17].
Adicionalmente,
en las demandas en las cuales se invoca una omisión relativa, es necesario que
el ciudadano plantee una problemática de orden constitucional, relacionada con
las deficiencias en la actividad del Legislador, la ausencia de motivos
fundados para ello y el incumplimiento de un deber constitucional en la
materia. Así, los requisitos de este tipo de demandas se han concretado en los
siguientes términos:
“Como se ve, esta Corporación ha definido que para que el cargo de
inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan
determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera:  a)
que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma
excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían
subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca
a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y
suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos
que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma
y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del
legislador”[18].
La Sala constata
que en esta oportunidad la demanda ha sido formulada conforme a las exigencias
trazadas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas en la
jurisprudencia de esta Corporación, particularmente en cuanto al cargo por
omisión legislativa relativa y el deber de exponer de manera clara, cierta,
específica, pertinente y suficiente las razones de inconstitucionalidad. Lo
anterior, teniendo como base el principio pro actione, según el cual “el
examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un
riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una
inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta
Corte”[19].
Al presentar su
acusación el ciudadano tuvo el buen cuidado de exponer, uno a uno, por qué
consideraba que se cumplían los requisitos propios de una inconstitucionalidad
por omisión legislativa relativa. En efecto:
(i) Su demanda
recae sobre el artículo 397 del código de procedimiento penal (en adelante
CPP), que está vinculada directamente a la omisión que reprocha, por cuanto es
ésta la norma que regula la facultad de hacer preguntas complementarias una vez
concluidos los interrogatorios en el proceso penal.
(ii) Explica que
esa norma excluye del supuesto de hecho “a un ciudadano que por encontrarse en
una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse
dentro de ese supuesto fáctico”, refiriéndose a la víctima en comparación con
el Juez y el Ministerio Público.
(iii) Señala por qué, en su
sentir, no existe una razón objetiva y suficiente para justificar la exclusión
de la víctima. Dice al respecto: “las facultades procesales de la víctima para
ser oídas directamente y sin intermediarios, no pueden llevar a legitimar un
ánimo vindicativo en el proceso penal; pero cuando su intervención se torna
necesaria a efectos de que su voz sea tenida en cuenta y en relación con que
sus intereses de verdad y justicia no se les afecte, es inconstitucional omitir
la posibilidad de que sea oída, haciendo preguntas complementarias, para el
mejor entendimiento del caso”.
(iv) Ligado a
ello, precisa que por carecer de razón objetiva y suficiente, la omisión genera
una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal.
(v) Finalmente, considera
que el Legislador ha incumplido el deber de configurar una intervención directa
de la víctima en esta fase del proceso penal, derivada de los artículos 2º, 29,
228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
En este orden de
ideas, el ciudadano ha expuesto un hilo argumentativo serio y coherente que
plantea una problemática seria de orden constitucional, relacionada con los
derechos de la víctima y la existencia de una omisión legislativa que, a su
parecer, es contraria a la Carta Política. Ello, como es obvio, sólo activa la
competencia de la Corte para abordar un análisis material del asunto, sin que
de ninguna manera implique que los reproches de inconstitucionalidad están por
ese solo hecho llamados a tener éxito.
3.- Problema
jurídico
Teniendo en
cuenta los antecedentes reseñados, corresponde a la Corte establecer si una
norma del código de procedimiento penal que permite al Juez y al Ministerio
Público hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso
una vez concluidos los interrogatorios de las partes, pero que excluye a la
víctima de esa facultad, configura una omisión legislativa que vulnera los
derechos de la víctima al debido proceso y acceso efectivo a la justicia (arts.
2, 29, 228 y 229 de la Constitución, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Para tal fin la
Sala (i) se referirá brevemente a las características del proceso penal en el
ordenamiento jurídico colombiano; (ii) reseñará los derechos de las víctimas y
la prohibición de protección deficiente por el Legislador; (iii) analizará si la
intervención directa de la víctima puede ser limitada durante el juicio oral
debido a las particularidades de esa etapa procesal; y finalmente, (iv) procederá
al examen constitucional de la norma demandada.
4.- Generalidades
del proceso penal colombiano
4.1.- El Acto
Legislativo 3 de 2002 sentó las bases constitucionales de un nuevo sistema de
investigación, acusación y juzgamiento penal en Colombia, cuyo desarrollo se
encomendó al Congreso de la República y se materializó por éste a través de la Ley
906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, y las demás
normas que la modifican.
El nuevo sistema ha
sido calificado por la jurisprudencia como de partes en un proceso adversarial
modulado con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta integralmente las
características de un modelo acusatorio puro, sino que mantiene sus rasgos
estructurales introduciendo diferentes ajustes que pretenden responder a las
necesidades y particularidades de la realidad colombiana[20]. Desde las primeras
decisiones que examinaron el alcance de la reforma constitucional introducida,
esta Corporación ha venido recogiendo algunas de las diferencias más
sobresalientes, que han sido explicadas en los siguientes términos:
“Ahora bien, de la interpretación teleológica y
sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, la
jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las
características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras,
las siguientes:
“i) Separación categórica en las etapas de
investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la
instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se
convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez
penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y
el juzgamiento mediante el debido proceso oral (…).
“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio
está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la
potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación
jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el
cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos
sustanciales en juego (…).
“iii) La actuación judicial solamente procede a petición
de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio
de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez
de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia
de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad.
Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación
ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las
investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas
(250- 4, 5, 6 y 7).
“iv) El proceso penal es, por regla general, oral,
contradictorio, concentrado y público.
“v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se
termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito porque existió
aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes.
Por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá
control judicial material y formal de la decisión adoptada.
“vi) Las funciones judiciales del control de garantías
y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces
penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y
libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el
segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio
penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido
proceso”[21].
(Resaltado fuera de texto).
Para el asunto
que ahora ocupa la atención de la Sala es importante examinar dos aspectos
concretos, el primero relacionado con las etapas constitutivas del proceso
penal, y el segundo que versa sobre los diferentes actores del proceso y su rol
en cada una de ellas.
4.2.- En lo
referente a la estructura general del proceso, el diseño adoptado por el
Legislador se divide en dos grandes fases: (i) la investigación y (ii) el
juicio. En algunas ocasiones la Corte ha mencionado la imputación y la acusación[22] y en otras se
ha referido a la indagación preliminar y la preparación como etapas intermedias[23]. Sin
embargo, siempre ha dejado claro que el proceso penal gira en torno a las
etapas de investigación y juicio, donde esta última cobra especial protagonismo
en virtud de su carácter oral, público, con inmediación de las pruebas,
contradictorio y concentrado (art. 250-4 CP). Por lo mismo, la Corte no ha
dudado en calificar dicha etapa como “el centro de gravedad del proceso penal”.
Ha dicho al respecto:
“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción
entre la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para
acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo
el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de
2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la
publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y
el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se
constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema
instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que
conservó la importancia de la etapa de investigación[24]. En efecto, bajo el
sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía
que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte
de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo
tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía
constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante
el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación
directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación
de los principios de inmediación judicial  y contradicción de la
prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud
del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global
durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado
según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en
la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual
publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la
responsabilidad penal del acusado”[25].
4.3.- De otra
parte, en cuanto tiene que ver con los actores en el proceso penal, la reforma
constitucional y la posterior implementación legislativa han dado cuenta de diferentes
partícipes, a saber:
“Con respecto a los actores que intervienen en
la relación jurídica y en el proceso penal, se resalta que el nuevo esquema
constitucional prevé la intervención (a) del imputado, (b) del Fiscal, (c) del
Juez de conocimiento de la causa, (d) del Ministerio Público a través de la
Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de control de garantías, y (f)
de los jurados, encargados ahora de administrar justicia en forma
transitoria en los términos que señale la ley. Así mismo, el Acto Legislativo
faculta al Legislador para fijar los términos precisos en los cuales (g) las víctimas
del delito habrán de intervenir en el proceso penal”[26].
Para comprender
el rol que cada uno de ellos tiene asignado es necesario insistir en que no
estamos ante un proceso adversarial puro, entre acusación y defensa, sino que
existen algunas variables que reconfiguran la actividad de  otros intervinientes.
Sobre el particular, en la Sentencia C-591 de 2005 la Corte explicó:
“Además, cabe recordar, que el nuevo diseño no corresponde a un típico
proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se
encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien
pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y
por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya que, por una
parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen
activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe
recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas
potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control
de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador
de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia
material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad”[27].
Concordante con
esta postura, en la reciente Sentencia C-144 de 2010 esta Corporación recordó cómo
en el caso colombiano el procedimiento penal presenta algunos ajustes,
especialmente en lo concerniente a las atribuciones del Juez, del Ministerio
Público y de la víctima:
“26. Con todo, a la par con tales características comunes
a los regímenes acusatorios propiamente dichos, se observan otras que alteran
la fisonomía del procedimiento y le imprimen su identidad variada y compleja,
adecuada a las necesidades y al entorno social e institucional colombianos. Es
el caso de la condición del juez no como un árbitro, del todo neutral en el
proceso, sino encargado de definir, de manera justa y garantista, la
responsabilidad penal del implicado y la eficacia de los derechos de la víctima
y de la sociedad frente al delito. Lo es también la inserción del Ministerio
público como interviniente garante de la legalidad y del respeto a los derechos
humanos, así como la participación de la víctima en el proceso, introducida de
manera clara por la jurisprudencia constitucional, a modo de garantizar la
defensa directa de sus derechos”.
La identificación
de los diferentes actores en el proceso penal ha permitido diferenciar aquellos
que en estricto sentido son “partes”, esto es, el imputado y el Fiscal, de
quienes no tiene esa calidad y, por lo tanto, han sido llamados genéricamente
“intervinientes” o “intervinientes especiales”, como ocurre con el Ministerio
Público o la víctima. Teniendo en cuenta que en esta oportunidad el debate se
centra en las atribuciones de la víctima, la Sala considera necesario examinar
con detalle sus derechos en el proceso penal.
5.- Los
derechos de las víctimas y la prohibición de protección deficiente por el
Legislador
5.1.- En una
interpretación sistemática del ordenamiento constitucional (arts. 1º, 2º, 15,
21, 229 y 250), concordante con los estándares internacionales en materia de
protección de derechos humanos (integrados a través de los arts. 93 y 94 CP), la
Corte ha explicado que a las víctimas de un delito les asiste una pluralidad de
derechos que trascienden la dimensión estrictamente económica o indemnizatoria y
se sitúan en el plano de los derechos a la verdad, justicia y reparación
integral. Esta conceptualización sobre los derechos de las víctimas se recoge
en la Sentencia C-228 de 2002, que señaló:
“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el
derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las
víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no
restringida exclusivamente a una reparación económica – fundada en los derechos
que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones
que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus
derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones
hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados
por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por
un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen
intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses
han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos
relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que
sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.
Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de
los derechos humanos.[28]
“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el
derecho a que no haya impunidad.
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de
una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a
la víctima de un delito. [29]
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le
interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté
interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje
de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan
sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad
pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño
material causado sea ínfimo – porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha
restituido el patrimonio público – pero no se ha establecido la verdad de los
hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas
tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a
la verdad y a la justicia a través del proceso penal”[30].
Decisiones
posteriores han precisado y delimitado el alcance de los derechos de las
víctimas de un hecho punible[31].
Por ejemplo, la Sentencia C-454 de 2006 la Corte se refirió en concreto a cada
uno de ellos en los siguientes términos:
“En desarrollo de esos postulados, el alcance de los derechos de las
víctimas de la criminalidad compleja de que se ocupa el derecho internacional,
aplicables a las víctimas de los delitos en general, ha sido sistematizado así:
a. El derecho a la verdad.
31. El conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad[32] (principios 1° a 4) incorporan en este derecho
las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii)
el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca
de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la
perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un
pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se
deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado.
Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las
víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia,
tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento
o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es
“preservar del olvido a la memoria colectiva”[33],
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[34]
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que  el  derecho  de acceder a la verdad,
implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente
sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le
priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así
íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen
de la víctima[35].
b.  El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el
derecho a que no haya impunidad.
33. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de
los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades,
que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho
de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de
respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a
la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se
haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al
proceso penal[36]
, y el derecho a participar en el proceso penal[37], por cuanto el derecho
al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta
participación se expresa en " que los familiares de la persona
fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que
se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a
la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"[38]
c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la
víctima o a los perjudicados con el delito.
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional
contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde
su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la
víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales relativas al
derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.[39]
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las
medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba
antes de la violación”.
5.2.- Concordante
con ello, la Constitución (artículos 29 y 229) y las normas internacionales que
se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad (arts. 8º y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos), reconocen a las víctimas el derecho
a un recurso judicial efectivo como instrumento imprescindible para hacer efectivo
los mencionados derechos a la verdad, justicia y reparación integral. En este
sentido, la Sentencia C-454 de 2006 puntualizó:
36. Con fundamento en el artículo 93 constitucional, que establece que
los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha
examinado la evolución que en el derecho internacional, ha tenido la protección
de los derechos de las víctimas,  particularmente el derecho a un recurso
judicial efectivo, como elemento fundamental de esa  protección. Los más
relevantes instrumentos internacionales consagran explícitamente este derecho[40].
(…)
38. De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
derechos humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a los
procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De
particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el
artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la
cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a
un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra violaciones de sus derechos fundamentales.
(…)
40. En el orden interno colombiano, la Constitución Política, consagra en
su artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un derecho
fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela (Art.
(86 C.P.), pero además  como expresión medular del  carácter democrático y
participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las garantías de
comunicación e información,  que posibilitan el agotamiento de las acciones y
los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos más
efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos  de quienes han
sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger ciertos
bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de
garantizar la protección judicial efectiva de los mismos.
41. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia
que su garantía  depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento
del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención  no
sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido
con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y
a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el
proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo
de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la
Corte constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó
una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en
el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados
con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con
el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de
manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la
justicia[41].
5.3.- En el marco
de la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 de 2002 el Constituyente encomendó
a la Ley la regulación de los términos bajo los cuales las víctimas pueden intervenir
en el proceso penal. Dice la norma:
“Artículo 250.- (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la
Nación, deberá:
(…)
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y
demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en
que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. (Resaltado fuera de texto)
No obstante,
conviene advertir que a pesar de su amplia potestad de configuración para el
diseño de los mecanismos concretos de intervención de la víctima en el proceso
penal, en todo caso el Legislador debe otorgarle un recurso judicial que le
permita hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación
integral[42].
Para ello es necesario tomar en consideración al menos dos referentes
constitucionales:
(i) De un lado, la
especial consideración de la víctima y de sus intereses en el proceso, en
una dimensión que supera las expectativas meramente económicas. En esa medida,
como lo ha señalado la jurisprudencia, la intervención de la víctima es una de
las particularidades de nuestro sistema procesal penal[43], quien además ocupa un
papel protagónico independiente de su calificativo como parte o interviniente[44].
(ii) Sin embargo,
de otro lado, al regular la intervención de la víctima el Legislador no puede pasar
inadvertidos los rasgos y características estructurales del sistema, que como
se dijo anteriormente es adversarial (de partes) modulado con tendencia
acusatoria. Es así como la Corte ha insistido en que la protección de los
derechos de la víctima se debe garantizar de acuerdo con las especificidades de
cada una de las etapas del proceso:
“También resalta la Corte que el numeral 7 del artículo 250 Superior
esboza los rasgos básicos del rol que cumplen las víctimas dentro del proceso
penal. En primer lugar, este numeral establece el carácter de interviniente que
tienen las víctimas dentro del proceso penal acusatorio colombiano al decir que
“la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal.” En segundo lugar, la facultad de intervención que tienen
las víctimas se ejerce de manera autónoma de las funciones del Fiscal. Si bien
el Acto Legislativo 03 de 2002 radicó en cabeza del Fiscal la función de
acusar, no supedita la intervención de la víctima a la actuación del Fiscal. En
tercer lugar, el legislador en ejercicio del margen de configuración que le
reconoce la Carta, deberá determinar la forma como las víctimas harán ejercicio
de ese derecho a “intervenir” en el proceso penal. En cuarto lugar, la
intervención de las víctimas difiere de la de cualquier otro interviniente, en
la medida en que éstas pueden actuar, no solo en una etapa, sino “en el
proceso penal.” El artículo 250 no prevé que la participación de las
víctimas esté limitada a alguna de las etapas del proceso penal, sino que
establece que dicha intervención se dé en todo el proceso penal. Sin
embargo, tal posibilidad ha de ser armónica con la estructura del proceso
acusatorio, su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa del
proceso.
(…)
6.4. Ya en el contexto del nuevo código de procedimiento penal, Ley 906
de 2004, que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado
mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación también han sido protegidos, pero
siempre dentro del respeto de los rasgos estructurales y características
esenciales de ese procedimiento”. (Resaltado
fuera de texto)
5.4.- Con estas
premisas, en numerosas oportunidades la jurisprudencia ha reivindicado los
derechos de las víctimas, reconocidos genéricamente en el artículo 11 de la Ley
906 de 2004[45],
así como en los artículos 132 a 137 del mismo estatuto, cuyo ejercicio concreto
se desarrolla en otras normas que regulan su participación en cada etapa del
proceso penal. De esta manera, cuando la Corte ha advertido una protección
deficiente en las reglas sobre la participación directa de la víctima en el
proceso penal, no ha vacilado en declarar su inexequibilidad o su exequibilidad
condicionada con el fin de asegurar la protección efectiva de sus derechos
constitucionales. A continuación se reseñan algunos de los precedentes más
relevantes en la materia.
5.4.1.- En la Sentencia
C-979 de 2005 la Corte declaró inexequible la expresión “absolutorio” del
numeral 4° del artículo 192 del CPP, que no permitía la revisión extraordinaria
del fallo condenatorio, por considerar que entrañaba una vulneración de los
derechos de las víctimas[46].
5.4.2.- En la Sentencia
C-1154 de 2005 la Corte precisó que los órganos de investigación deben
proporcionar a la víctima información sobre sus derechos desde el momento en
que entren en contacto con las autoridades. Así mismo, con el fin de
salvaguardar los derechos de la víctima, declaró la constitucionalidad
condicionada de la norma que autoriza al Fiscal a archivar las diligencias
cuando constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan
su caracterización como delito (art. 79 CPP), en el entendido que la decisión
“será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el
ejercicio de sus derechos y funciones”[47].
5.4.3.- Similares
consideraciones se expusieron en la Sentencia C-1177 de 2005, al examinar
la norma que permite la inadmisión de denuncias sin fundamento (art. 69 CPP). La
Corte declaró la constitucionalidad condicionada, exigiendo la motivación del
acto y su comunicación al denunciante y al Ministerio Público[48].
5.4.4.- Desde la
óptica del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso efectivo a la
administración de justicia), en la Sentencia C-454 de 2006 la Corte
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 135 del CPP, “en el
entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el
delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las
autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación”. Cabe recordar que la norma sólo se refería a la comunicación acerca
de la pretensión indemnizatoria, pero excluía la mención de los otros derechos
que también asisten a las víctimas como la verdad y la justicia.
En la misma
providencia (Sentencia C-454 de 2006) la Corte declaró la
constitucionalidad condicionada del artículo 357 del CPP, referente a las
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, “en el entendido que los
representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la
defensa y la fiscalía”.
5.4.5.- En otra
oportunidad (Sentencia C-047 de 2006), al examinar la posibilidad de que
tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria sean susceptibles del
recurso de apelación (art. 176 CPP), la Corte precisó que ello constituye una
garantía de los derechos de las víctimas[49].
5.4.6.-
Posteriormente, en la Sentencia C-209 de 2007, la Corte declaró
inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe recurso alguno”,
del artículo 327 del CPP, por considerar que la imposibilidad de controvertir
la decisión del juez de aplicar el principio de oportunidad vulneraba los
derechos de la víctima.
En aquel entonces
la Corte también analizó otros artículos del estatuto procesal penal. Siguiendo
las consideraciones expuestas en la Sentencia C-454 de 2006, declaró la
constitucionalidad condicionada de las siguientes normas, con el fin de hacer
extensivos los derechos y prerrogativas allí previstas a las víctimas:
El numeral 2º del artículo 284, en el entendido de
que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante
el juez de control de garantías.
El artículo 289, en el entendido de que la víctima
también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal.
El artículo 344, en el entendido de que la víctima
también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica.
El artículo 356, en el entendido de que la víctima
puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de
la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.
El artículo 358, en el entendido de que la víctima
también puede hacer la solicitud de exhibición de los elementos materiales de
las pruebas durante la audiencia preparatoria.
El inciso primero del artículo 359, en el
entendido de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o
la inadmisibilidad de los medios de prueba en la audiencia preparatoria.
Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de
que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a
solicitar las medidas de aseguramiento (art. 306), reclusión en establecimiento
carcelario (art. 316) o medidas de protección (art. 342).
El artículo 339, en el entendido de que la víctima
también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para
efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.
5.4.7.- De otra
parte, en la Sentencia C-516 de 2007 la Corte declaró inexequible la
norma que sólo autorizaba la asistencia de un abogado a la víctima durante el
juicio cuando “el interés de la justicia lo exigiere” (art. 11, ordinal h, del
CPP), así como la que limitaba el derecho de postulación en caso de pluralidad
de víctimas (art. 137-4 CPP). Tales preceptos involucraban una restricción
desproporcionada de sus derechos.
También declaró
inexequibles las expresiones “directa” de los incisos primero y segundo  del
artículo 92; “directo” del artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y
el numeral 4° del artículo 137, que limitaban indebidamente el concepto de víctima
del delito a quien hubiere sufrido un daño “directo”. Esta Corporación precisó que
conforme a la jurisprudencia constitucional y a los estándares internacionales
en la materia, víctima es toda persona que ha sufrido un daño (real, concreto y
específico) a consecuencia del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Finalmente, en
dicha sentencia se declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348,
350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido  que la víctima también
podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y
el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su
celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”. De nuevo la
Corte concluyó que se introducía “una restricción desproporcionada al derecho
de las víctimas de acceder a la justicia, por cuanto  el condicionamiento que
impone la norma para garantizar el derecho de asistencia técnica de las
víctimas  en el juicio y en el incidente de reparación integral es de tal
ambigüedad que ni siquiera permite identificar, si existe una finalidad
legítima en la restricción, y cuáles serían los intereses que se encontrarían
en pugna para efectuar una labor de ponderación”.
5.5.- Del
anterior recuento puede observarse cómo la jurisprudencia ha exigido que las
normas que regulan la participación de las víctimas en el proceso penal tomen en
cuenta sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, así como la
existencia de mecanismos idóneos para asegurar su protección efectiva.
No obstante, como
se explica a continuación, el examen de constitucionalidad de las normas del
proceso concernientes a la intervención de las víctimas debe adelantarse atendiendo
siempre los rasgos y características estructurales del sistema penal en cada
una de sus etapas, porque de lo contrario pueden verse afectados otros derechos
y principios constitucionales no menos importantes.
6.- La intervención
directa de la víctima puede ser limitada durante juicio oral de acuerdo con las
características de esa etapa procesal
6.1.- La
intervención directa de la víctima en todas y cada una de las instancias del
proceso puede alterar los rasgos estructurales del sistema penal colombiano y
por esa vía menoscabar otros derechos o principios como el de igualdad de armas.
Es por ello que no en todos los casos es admisible que los derechos y garantías
otorgadas a las partes u otros intervinientes se hagan extensivos a las
víctimas y demás actores procesales.
Esta
circunstancia se hace particularmente notoria durante el juicio oral y se
explica por varias razones que ya han sido recogidas en la jurisprudencia, las
cuales se relacionan con la naturaleza adversarial de esa etapa según la
configuración dada por el Constituyente, el rol que cumple la Fiscalía durante el
juicio y la función constitucional de velar por los derechos e intereses de la
víctima y de garantizar una comunicación efectiva con ella durante todo el
proceso[50].
6.2.- En este
apartado es necesario hacer referencia detallada a la Sentencia C-209 de 2007,
cuyos fundamentos cobran especial relevancia para el análisis que ahora ocupa
la atención de la Sala. En aquella oportunidad la Corte examinó varias normas
que no contemplaban la intervención directa de las víctimas en diferentes
instancias del proceso y limitaban su actividad probatoria, en especial durante
el juicio. El demandante planteó un cargo de inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa aduciendo que restringían injustificadamente los derechos
de las víctimas.
Para examinar las
normas demandadas, la Sala comenzó por explicar que las características de las
etapas del proceso repercuten directamente en el grado de participación de los
actores en cada una de ellas. Dijo al respecto:
“La definición y caracterización de las distintas etapas del
proceso penal (investigación, imputación, acusación y juzgamiento) también
tiene incidencia en la forma como la víctima puede participar dentro del
proceso para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. Resalta la Corte que sólo
respecto de la etapa del juicio, el constituyente precisó sus características,
enfatizando su carácter adversarial, así no haya seguido un modelo puro en este
aspecto. Este hecho, tiene incidencia en la forma como pueden actuar las
víctimas durante esta etapa. Como quiera que este carácter adversarial
supone la confrontación entre el acusado y el acusador, la posibilidad de
actuación directa y separada de las víctimas, al margen del fiscal, se
encuentra restringida por el propio texto constitucional que definió los rasgos
del juicio.
Cada país en donde existe un sistema penal acusatorio ha definido
diferentes modalidades para la intervención de las víctimas dentro del proceso
penal. En el sistema acusatorio tradicional se ha considerado generalmente a la
víctima como un testigo, el cual tiene interés predominante particular en el
proceso penal, por lo que generalmente obtiene reparación por fuera del proceso
penal.[51]
No obstante, esta posición tradicional ha ido variando, hasta otorgarle incluso
el derecho a impulsar sin excluir ni sustituir al Fiscal,[52] la investigación
criminal y el proceso penal, y permitiendo su intervención en algunas etapas
previas y posteriores al juicio.[53]
En estos sistemas se le reconoce a las víctimas, por ejemplo, el derecho a
aportar pruebas dentro del proceso, el derecho a ser oídas dentro del juicio y
a ser notificadas de actuaciones que puedan afectarlas, el derecho a que se
adopte una resolución final dentro de un término prudencial, el derecho a que
se proteja su seguridad, el derecho a una indemnización y a conocer la verdad
de lo sucedido[54]”.
(Resaltado fuera de texto)
Seguidamente la
Sala se refirió a las especificidades del sistema penal colombiano, destacando
que la víctima no tiene la condición de “parte” sino de “interviniente especial”.
Con tal premisa explicó que sus atribuciones son también diferentes, en
particular durante la etapa del juicio, donde la facultad de participación directa
se reduce debido a su carácter adversarial:
“Se pregunta entonces la Corte Constitucional, si dado que nuestro
sistema penal tiene elementos distintivos tan particulares y propios, la
participación de la víctima en cada una de las etapas procesales debe tener las
características de un interviniente especial o la de una parte procesal como alega
el accionante.
En primer lugar, considera esta Corporación que si bien la
Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le
otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La asignación de
este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas
facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades
especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.
En segundo lugar, dado que el constituyente definió que la víctima podría
intervenir a lo largo del proceso penal, es preciso tener en cuenta los
elementos específicos de cada etapa procesal y el impacto que tendría la
participación de la víctima en cada una de ellas. En ese contexto, es
necesario resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del juicio
tuviera un carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa
confrontación entre dos partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la
posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la inmediación de pruebas, la
contradicción y las garantías al procesado se logran de manera adecuada si se
preserva ese carácter adversarial. Por el contrario, la participación de la
víctima como acusador adicional y distinto al Fiscal generaría una desigualdad
de armas y una transformación esencial de lo que identifica a un sistema
adversarial en la etapa del juicio. Por otra parte, el constituyente no fijó
las características de las demás etapas del proceso penal, y por lo tanto
delegó en el legislador la facultad de configurar esas etapas procesales.
De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la
participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes
etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la
posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o
posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”. (Resaltado fuera de texto)
6.2.1.- Según fue
explicado anteriormente, al examinar el contenido específico de las normas
objeto de control, la Corte constató que algunas normas excluían a las víctimas
del presupuesto fáctico en ellas previsto, generando una desigualdad
injustificada que entrañaba el incumplimiento del deber del Legislador de asegurar
a las víctimas una intervención efectiva en defensa de sus derechos en el proceso
penal  (fundamento jurídico 5.4.6).
6.2.2.- Sin
embargo, en cuanto a las normas que no incluían a la víctima dentro de  los sujetos
procesales facultados para controvertir las pruebas durante el juicio oral, la
Corte consideró que las especificidades de dicha etapa y su carácter
adversarial justificaban plenamente la regulación adoptada por el Legislador. De
esta manera, declaró exequible la norma que reserva a las partes la facultad de
contradicción de los medios de prueba, de los elementos materiales y de la
evidencia presentada en el juicio o practicada fuera de la audiencia (art. 378
CPP); la norma que restringe a las partes la realización del interrogatorio
cruzado al testigo (art. 391 CPP); y la norma que sólo permite a “la parte que
no esté interrogando o el Ministerio Público” oponerse a las preguntas
formuladas (art. 395 CPP).
En criterio de la
Corte, la participación directa de la víctima en el juicio oral implicaría una
“modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio”, en lo
concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo
acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado. En
consecuencia, concluyó que en este caso sí existía “una razón objetiva que justificaba
la limitación de los derechos de la víctima”. Señaló entonces lo siguiente:
“7.4.6. En relación con la expresión “las partes”, empleada en el
artículo 378, el artículo 391 y la expresión “la parte que no está
interrogando o el Ministerio Público”, utilizada en el artículo 395 de la
Ley 906 de 2004, es necesario por las mismas razones invocadas anteriormente
efectuar una integración con el correspondiente artículo, visto globalmente.[55] Sobre tales
disposiciones, la Corte observa que:
(i) excluyen a la víctima de los actores procesales que pueden
controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la
evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar
al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral;
(ii) sin embargo, dado
que la posibilidad de ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral,
sí existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la
víctima, como quiera que su participación directa en el juicio oral implica una
modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que
comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la
víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión
adversarial de dicho proceso;
(iii) por ello, esta
omisión no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del
proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de
desventaja en el juicio oral dados sus rasgos esenciales definidos por el
propio constituyente; y
(iv) tampoco supone un
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que la víctima
(o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los
elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa
del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que
se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con
base en la actividad propia y en la de las víctimas en las etapas previas del
proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en
la ley. En efecto, a lo largo del
proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar como
interviniente especial en la construcción del caso para defender sus derechos, de
tal forma que en el juicio mismo éstos se proyectarán mediante la actividad
fiscal.
No obstante, la
víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del
juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio
caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del
proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de
la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá
aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los
elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal
tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas
acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con
la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el
artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
Cabe agregar que en el sistema colombiano el Ministerio Público es un
interviniente sui generis que también puede abogar por los derechos de
todos, incluidas las víctimas en dicha etapa, sin sustituir ni al Fiscal ni a
la defensa.
En esa medida, el artículo 378, el artículo 391 y el artículo 395 de la
Ley 906 de 2004 serán declarados exequibles, por el cargo analizado”. (Resaltado
fuera de texto)
6.2.3.- Con una
argumentación similar, la Corte también desestimó el cargo de
inconstitucionalidad por omisión relativa frente a la norma que sólo permite a la
Fiscalía y a la Defensa presentar su “teoría del caso” al comienzo del juicio
(art. 371 CPP). La Sala consideró que esa limitación de los derechos de las
víctimas estaba justificada y declaró exequible la norma acusada. Dijo al
respecto:
“De conformidad con lo que establece el artículo 371, en la etapa del
juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo mismo hará la defensa,
pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga participación alguna en este
momento del juicio oral. No obstante, tal como se señaló al rechazar
la posibilidad de que la víctima interviniera directamente en la audiencia del
juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los testigos, aquí también
está justificada la limitación de sus derechos. Dado el carácter adversarial de
esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no
puede la víctima participar de manera autónoma y al margen de la actuación del
fiscal.
Advierte la Corte que el artículo 443 de la Ley 906 de 2004 prevé la
posibilidad de que el abogado de las víctimas intervenga para hacer alegatos
finales al concluir el juicio. Esta participación del abogado de la víctima no
introduce un desbalance en el juicio ni le resta su dinámica adversarial puesto
que ella se presenta al final de esta etapa, con miras precisamente a que la
voz de las víctimas se escuche antes de concluir esta etapa del proceso.
Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las etapas previas del
proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de participar como
interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por
parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de
su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda
presentar y defender su propia teoría al margen del Fiscal, y en esa medida, el
ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír
al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la
posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha
comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitar dicha comunicación”. (Resaltado fuera de texto)
6.3.- Por otra parte,
en la Sentencia C-396 de 2007 la Corte declaró exequible la norma que impide al
juez decretar la práctica de pruebas de oficio (art. 361 CPP), por considerar
que ello constituye una eventual garantía de imparcialidad, asumible dentro del
marco de opciones del Legislador[56].
No obstante, atendiendo las características de las diferentes etapas del
proceso, la Corte aclaró que esta prohibición sólo tiene cabida en la audiencia
preparatoria y en el juicio oral:
“29. A juicio de esta Sala, la prohibición contenida
en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta, en tanto
que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas
de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de
los derechos que son objeto de control judicial. A esa conclusión se llega
después de adelantar el análisis sistemático y teleológico de la norma acusada
que a continuación se expone:
(…)
32. Además, si como se explicó en precedencia, la
justificación de la pasividad probatoria del juez de conocimiento encuentra
respaldo constitucional desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la
igualdad de armas entre las partes en el sistema penal acusatorio, no tiene
sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la
que no existen partes, ni controversia de pruebas, ni debate en torno a la
validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente
contradictorios. Luego, es fácil concluir que la prohibición acusada no se
aplica en el ejercicio de las funciones propias del juez de control de
garantías, sino únicamente ante el juez de conocimiento y, en estos términos,
la norma acusada se ajusta a la Constitución”. (Resaltado fuera de texto)
Además de lo anterior, con base en lo allí mismo
argumentado puede señalarse que la exclusión de la actividad oficiosa del juez
en el acopio del material probatorio se refleja como una expresión legítima del
Legislador dentro del amplio marco de configuración asignado por el
Constituyente para el diseño del proceso penal.
6.4.- Finalmente la
Corte llama la atención sobre la Sentencia C-516 de 2007. Con el mismo criterio
esta Corporación encontró razonable y proporcionado que en la audiencia de
imputación el juez limite el número de representantes de las víctimas en caso
de existir un número plural (art. 340 CPP). De nuevo insistió en que el canal
previsto para velar por los derechos de las víctimas durante el juicio es,
principalmente, la Fiscalía, por supuesto sin perjuicio de algunas atribuciones
directas como la de presentar los alegatos finales (art. 443 CPP). En palabras
de este Tribunal:
“El derecho de intervención de las víctimas no se ve
drásticamente afectado puesto que, como se advierte,  pueden canalizar su
derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una vocería
conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha
señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto
probatorio y de argumentación.
(…)
Así las cosas,
encuentra la Corte que la medida que se analiza no grava de manera
desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en
el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del
sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del
proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la
contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través
del fiscal.  La ley prevé la posibilidad
de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos
finales (Art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención
numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta  medida resulta
razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio,
sin que a la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las
víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos  para la
construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de
las víctimas en el juicio oral”. (Resaltado fuera de texto).
6.5.- Los
precedentes referidos permiten a la Corte concluir que la intervención directa
de la víctima puede ser limitada por el Legislador durante el juicio oral, lo
cual se explica por las siguientes razones:
(i) En primer
lugar, porque el Constituyente diseñó un modelo enfatizando el carácter
adversarial de confrontación entre la Fiscalía y la defensa durante la etapa
del juicio, con lo cual limitó desde el propio texto constitucional la facultad
de intervención directa de otros intervinientes como el Ministerio Público o la
propia víctima.
(ii) En segundo
lugar, porque sin desconocer la relevancia que la víctima tiene en el proceso
penal, lo cierto es que la Constitución no le otorgó la calidad de “parte” sino
de interviniente especial, de manera que no tiene las mismas facultades del
procesado ni de la Fiscalía, aún cuando en todo caso le asisten amplias facultades
para asegurar la protección efectiva de sus derechos que no pueden ser
desconocidos cuando se fijan las reglas de procedimiento.
(iii) En tercer
lugar, porque el Acto Legislativo 3 de 2002 asignó expresamente a la Fiscalía
la función de velar por la protección de la comunidad, de los intervinientes y
de las víctimas[57].
En consecuencia, debe cumplir sus labores tomando en consideración esos
intereses en todas y cada una de las instancias, con especial rigor durante el
juicio, donde la Fiscalía representa la principal vía de comunicación de la
víctima.
(iv) Finalmente,
porque en concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha destacado que
durante el juicio oral, “dada la importancia que tiene para la víctima la
posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha
comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitar dicha comunicación”[58].
En este escenario
la función del juez constitucional consiste en examinar si la  regulación
adoptada por el Legislador es garante de los derechos de las víctimas y si
existen instrumentos para asegurar su protección efectiva, de manera que cuando
se cumplen esos presupuestos -aún cuando no se contemple su participación
directa en todas las etapas del proceso-, habrá de respetar el diseño normativo
del Legislador[59].
Con
estas precisiones conceptuales entra la Corte a examinar la norma parcialmente
acusada.
7.- Constitucionalidad
de la expresión demandada
7.1.- Al fijar las
reglas sobre la práctica de la prueba testimonial, el artículo 397 del Código
de Procedimiento Penal se refiere a las facultades excepcionales que tiene el
juez para conseguir que el testigo responda a las preguntas formuladas en el
interrogatorio. Al mismo tiempo -en el aparte que ahora se acusa-, consagra la
posibilidad de que al término del interrogatorio el Juez y el Ministerio
Público formulen preguntas complementarias para el cabal entendimiento del
caso. Dice la norma:
ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o
contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le
han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados
los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.
Como ya fue
explicado, el demandante considera que el Congreso incurrió en una omisión
legislativa relativa que vulnera los derechos de las víctimas al debido proceso
y acceso efectivo a la justicia. En su sentir, no existe ninguna justificación
para que no se permita a la víctima intervenir directamente y formular
preguntas complementarias, quien también está legitimada para hacerlo en virtud
de los intereses que le asisten.
7.2.- Antes de abordar
el análisis concreto del cargo planteado debe recordarse que en la Sentencia
C-144 de 2010 la Corte encontró legítima la facultad otorgada al Juez y al
Ministerio Público, declarando su exequibilidad pero limitando el alcance de la
cosa juzgada constitucional. De esta manera, la Corte insistió en la amplia
potestad de configuración del Congreso y en la razonabilidad y proporcionalidad
de la norma, encaminada también a proteger los derechos de la víctima, por
supuesto sin suplantar a las partes ni alterar el principio de igualdad de
armas. Dijo al respecto:
“84. Conforme a lo anterior, el juez y el Ministerio público pueden
complementar el interrogatorio de testigos en el proceso, sin que resulte
contrario al debido proceso, sino manifestación de la especificidad de nuestro
orden procesal penal constitucional y también, mucho, del poder de libre
configuración del legislador en esta materia.
85. Naturalmente, cosa que también se ha dicho, esta atribución no
representa un poder absoluto, de modo que su ejercicio debe cohonestar con
todos los demás bienes constitucionales. Así, retomando los criterios que debe
atender la Corte constitucional a la hora de enjuiciar una norma jurídica de
carácter legal sobre un asunto donde el legislador tiene amplio poder de
configuración normativa, se encuentra que en lo regulado en el art. 398: a) La
ordenación atiende los principios y fines del Estado, pues al habilitar al juez
y al Ministerio público a formular preguntas que completen el cabal
entendimiento del caso, es claro que se procura que la prueba testimonial
revele de manera más diáfana, los hechos que se pretenden probar en el proceso,
lo que a su vez representa un mejor comprensión de lo sucedido y mejores
opciones para resolver con justicia. b) No atenta contra el debido
proceso del acusado, ni contra los derechos de las víctimas, pues el cabal
entendimiento del asunto, precisamente está aludiendo a conocer mejor lo
sucedido, en términos de hechos, de responsabilidad y de daños causados. También porque la intervención del juez y del
Ministerio público ocurre, una vez se han terminado los interrogatorios por las
partes, es decir cuando ellas han agotado la oportunidad de formular las
preguntas, según las reglas previstas en el C.P.P., en especial artículos 390 y
siguientes. O sea que en caso de echar mano de esta facultad, no
suplantan a las partes, no interrumpen la forma como cada una de ellas pretende
construir la declaración del testigo. Su
intervención, bien la del juez, bien la del Ministerio público, tiene como
propósito lo que de manera clara establece el precepto, esto es, formular las
preguntas complementarias que se estimen pertinentes para el cabal
entendimiento del caso. c) Se trata, por demás, de una medida razonable y
proporcional pues no supone una alteración radical ni siquiera significativa
del principio de igualdad de armas, que ocurre en un momento oportuno, cuando
el testigo está en la audiencia, con un objeto, el complementar la declaración,
para una finalidad legítima cual es, como tantas veces se ha repetido, el cabal
entendimiento del caso. d) Del mismo modo, facilita la realización material de
los derechos y bienes jurídicos objetivos que interesan al proceso, pues con la
autorización reconocida por el artículo 397 para el juez y el Ministerio
público, lo que se busca no es otra cosa que mejorar esa aprehensión del caso
por parte del juez de conocimiento y la capacidad de administrar justicia”.
(Resaltado fuera de texto).
En
la misma providencia la Corte explicó que la facultad otorgada es solamente
para hacer preguntas destinadas a precisar o añadir algunas cuestiones puntuales
con el fin de lograr una íntegra y completa declaración testimonial pero sin
convertirla en una nueva diligencia, respetuosa además de los principios y
garantías del estatuto procesal penal[60].
7.3.- Hecha esta
acotación, siguiendo con la metodología trazada en otras oportunidades al
analizar cuestiones relacionadas con la presunta existencia de omisiones
legislativas relativas[61],
la Corte debe resolver los siguientes interrogantes:
(i) Si la norma
excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que en principio debería estar
incluido por encontrarse en una situación asimilable;
(ii) Si existe
una razón objetiva y suficiente que explique válidamente esa exclusión;
(iii) Si se
genera una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes actores
del proceso penal o en general se afecta alguno de sus derechos
constitucionales;
(iv) Si esa
omisión entraña el incumplimiento, por parte del Legislador, del deber
constitucional de consagrar la participación de la víctima para formular
preguntas directamente una vez concluidos los interrogatorios.
7.4.- Al respecto
la Sala estima que las consideraciones expuestas, de la mano de los fundamentos
de las Sentencias C-209 de 2007, C-516 de 2007 y C-144 de 2010, permiten concluir
que es constitucionalmente legítimo que el Legislador haya limitado la
participación directa de las víctimas en esta instancia del juicio,
concretamente al no autorizarlos para formular preguntas complementarias al
término de los interrogatorios. Veamos.
(i) Es claro que
la norma efectivamente excluye a las víctimas de la facultad de formular directamente
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso, atribución que
sí se otorga a otros sujetos procesales como el Juez y el Ministerio Público,
quienes en principio se encuentran en una situación asimilable por ser todos
actores importantes del proceso penal.
(ii) Sin embargo,
la Corte considera que en este caso sí existen motivos fundados que justifican de
manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma. En
efecto, a diferencia del Juez y del Ministerio Público, quienes en el
cumplimiento de sus roles deben siempre mantener la imparcialidad y evitar
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, es razonable suponer
que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la
Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
- Frente a las
atribuciones del Ministerio Público, en la Sentencia C-144 de 2010 este
Tribunal explicó que sus funciones no desvanecen la naturaleza adversarial del
proceso por cuanto se trata de un interviniente “principal” pero a la vez
“discreto”, que debe velar por los intereses de la sociedad y el respeto de los
derechos de los sujetos procesales, evitando en todo caso desequilibrios y
exceso a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa. Dijo
entonces la Corte:
“51. Ahora bien, las diferentes funciones del
Ministerio público en el proceso penal no pueden ser interpretadas como piezas
con las cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria
del procedimiento en cuestión. Porque como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal en reciente pronunciamiento, el “Ministerio Público,
como interviniente, tiene unas facultades limitadas en el curso del juicio
oral, de acuerdo con las cuales únicamente cuando observe la manifiesta
violación de garantías y derechos fundamentales puede solicitar el uso de la
palabra ante el juez, y excepcionalmente, con el único propósito de conseguir
el ‘cabal conocimiento del caso’, el Representante de la Sociedad también podrá
interrogar a los testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a
contrainterrogar y menos a utilizar la técnica propia de este tipo de
preguntas, pues aquella facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de
las partes ni para introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente
objetados entre ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por
una de las partes o se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad
que debe existir entre ellas” (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia de 20 de mayo de 2009, Proceso No 30782).
52. Las consideraciones que preceden permiten a la
Corte concluir que el Ministerio público es a la vez un interviniente
“principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la
Constitución le ha sido reconocida una función de doble cariz consistente en
velar por el respecto de los intereses de la sociedad, así como de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque
su participación debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley
y precisados por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que
en principio o tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la
igualdad de armas y el carácter adversarial del procedimiento.
53. El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso
cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales
desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando
desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o
intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en
definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una
decisión justa y conforme a Derecho”.
(Resaltado fuera de texto)
- En cuanto al
juez, en la misma providencia se destacó que cumple un rol activo en el proceso
con miras a lograr tanto la justicia formal como la justicia material, asegurando
la protección efectiva de los derechos del procesado y también de las víctimas,
pero siempre “sin romper su imparcialidad”:
“82. Los anteriores supuestos explican por qué en nuestro sistema
procesal penal se ha entendido conforme al orden superior, que el juez no sea
un convidado de piedra en el proceso, sino que al contrario, a través de las
diversas actuaciones cumpla con su función de dirigirlo hacia la finalidad
común a todo juicio, a saber, alcanzar la justicia formal y sobre todo
material. En este sentido, no sólo es quien está llamado a concretar el ius
puniendi del Estado, sino que también es el encargado de buscar la verdad,
procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección
efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas.
Por esto, aunque se ha admitido, como manifestación del poder de libre
configuración del legislador, que el juez de conocimiento tenga prohibida la
posibilidad de decretar pruebas de oficio [C-396 de 2007], también, por ello
mismo, ha resultado legítimo y admisible que, en el esquema colombiano, a
diferencia de otros países, pueda el juez adoptar un conjunto de medidas que, sin
involucrar su imparcialidad, sí lo vinculen positivamente con las resultas del
proceso, como forma de garantizar una correcta administración de justicia [C-396 de 2007]”. (Resaltado fuera de texto)
En este orden de
ideas, la exclusión prevista en la norma se justifica si se tiene en cuenta que
la participación directa de la víctima, aun para formular preguntas
complementarias, puede por esa vía convertirla en un segundo acusador o
contradictor, afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los
derechos del imputado, quien además de hacer frente a los reproches de la Fiscalía
debería estar atento de eventuales interrogatorios, cuestionamientos o incluso ataques
de la víctima, alterando con ello la esencia adversarial del proceso durante el
juicio oral.
De igual forma, considera
la Sala que esa intervención puede, de un lado, ser utilizada para corregir deficiencias
de la acusación o, de otro, interferir en la estrategia diseñada por el fiscal
para el desarrollo de las diligencias testimoniales, en ambos casos permitiendo
que un tercero cumpla un rol activo en esa instancia procesal cuando es evidente
que –a diferencial del Juez y del Ministerio Público- tiene un interés directo
en las resultas del proceso y particularmente en la condena del imputado.
(iii) Concordante
con lo anterior, no puede afirmarse que la omisión prevista en la norma genera
una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes actores del
proceso penal, cuando precisamente lo que subyace es el interés porque los
rasgos básicos del proceso penal no se vean alterados.
En los
precedentes en los cuales se ha examinado una problemática similar, la
jurisprudencia ha destacado cómo la víctima puede asegurar sus derechos a la
verdad, justicia y reparación integral por conducto de la Fiscalía, quien tiene
un claro mandato constitucional de velar por sus intereses, a tal punto que
incluso puede solicitarle al juez que decrete un receso en el curso de la audiencia
para asegurar una comunicación efectiva entre ellos[62].
La Corte no
desconoce que entre la Fiscalía y la víctima, o entre ésta y su apoderado,
pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor
estrategia para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas[63]. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha
asignado la misión constitucional de promover la acción penal, y que en su
calidad de “parte” le corresponde dirigir la acusación, exponer su teoría del
caso y defenderla durante el juicio oral, la Sala considera que, de la misma
manera, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, por
supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al
ejercicio de la función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales
en relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
Ligado a lo
anterior, la jurisprudencia ha explicado que tanto el juez como el Ministerio
Público tienen la obligación de velar por la protección integral de los
derechos de las víctimas en las diferentes instancias del proceso, siendo también
responsables en caso de un irregular desempeño en el cumplimiento de las
labores asignadas.
De esta manera,
es equivocado sostener que la restricción prevista en la norma deja a la víctima
sin recursos idóneos para reclamar la protección efectiva de sus derechos, más
aún cuando en otras instancias del proceso, previas y posteriores, e incluso
dentro del propio juicio oral (por ejemplo al presentar sus alegatos de
conclusión), están facultadas para intervenir, exponer sus argumentos y
controvertir directamente las decisiones adoptadas.
(iv) Finalmente, no
existe un deber constitucional que imponga al Legislador la obligación de consagrar
la participación directa de la víctima para formular preguntas complementarias
una vez concluidos los interrogatorios. Por el contrario, lo que se observa es
que la Constitución le otorgó amplias facultades para fijar “los términos en
que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal” (art. 250-7 CP).
7.5.- En suma, las
consideraciones expuestas llevan a la Corte a concluir que la expresión “Una
vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio
Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del
caso”, del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, no incurre en
una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de las víctimas. En
consecuencia, se declarará su exequibilidad.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución:
RESUELVE
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “Una vez terminados los
interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del
artículo 397 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
Cópiese, notifíquese, publíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo
14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores
de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores”.
[2] Aprobada mediante la Ley 16 de 1972. “Artículo
8.  Garantías Judiciales.  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”.
[3] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-310 de 2002, C-469
de 2008, C-218 de 2009 y C-729de 2009, entre muchas otras.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-310 de
2002.
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-931 de 2008.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-774 de
2001.
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-310 de
2002.
[8] Corte Constitucional, Sentencia C-310 de
2002.
[9] Corte Constitucional,  Sentencia C-931 de 2008. En el mismo sentido pueden
verse las Sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000 y C-415 de
2002, entre otras.
[10] Corte Constitucional, Sentencias C-489 de
2000, C-565 de 2000, C-774 de 2001.
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de
1992.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-427 de
1996.  En sentido similar, en la Sentencia C-774 de 2001 la Corte puntualizó: “Cuando una disposición es declarada inexequible, la cosa juzgada material
produce como efecto, una limitación de la competencia del legislador (ordinario
o extraordinario), que le impide reproducir el contenido material de la norma
que no se ajusta a la Carta Fundamental, y en el evento que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato dispuesto en el
artículo 243 de la Constitución Política. // Cuando es declarada exequible una
disposición, el fenómeno de la cosa juzgada material, produce como regla
general la imposibilidad para la Corte Constitucional de pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede
conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del
ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en
la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad”.
[13] Corte Constitucional, Sentencia C-1189 de
2005. También pueden consultarse las Sentencias C-565 de 2000, C-040 de 2003,
C-016 de 2004, C-1122 de 2004, C-1176 de 2004, C-533 de 2005, C-424 de 2006 y
C-468 de 2008, entre otras.
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-185 de
2002. Ver también las Sentencias C-543 de 1996, C-067/99, C-427/00, C-1549/00,
C-090/02, C-809/02, C-509/04, C-1009/05, C-1266/05, C-864/08, C-442/09, entre
muchas otras.
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-041 de
2002.
[16] Corte Constitucional, Sentencia C-185 de
2002.
[17] Ídem.
[18] Corte Constitucional, Sentencia C-427 de
2000. En la misma dirección pueden consultarse, entre muchas otras, las
Sentencias C-041 de 2002, C-1549 de 2000, C-090 de 2002, C-809 de 2002, C-509
de 2004, C-1009 de 2005, C-1266 de 2005, C-864 de 2008 y C-442 de 2009.
[19] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de
2008. Ver también las Sentencias C-1052 de 2001, C480 de 2003, C-371 de 2004,
C-451 de 2005, C-065 de 2009 y C-127 de 2011, entre otras.
[20] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-873 de 2003, C-591 de
2005, C-1194 de 2005, C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-396 de 2007, C-186 de
2008, C-025 de 2009, C-069 de 2010 y C-144 de 2010, entre otras.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-396 de 2007.
[22] Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
[23] “El actual sistema penal acusatorio, instaurado en la legislación
nacional por la Ley 906 de 2004, consta –a grandes rasgos- de dos etapas
principales y dos secundarias. Las más importantes, porque constituyen la
estructura propiamente dicha del proceso, son las etapas de la investigación y
el juicio. No obstante, previo a la investigación, las autoridades despliegan
una etapa inicial de indagación preliminar -que puede ser considerada como
complementaria de la investigación-; al tiempo que entre la investigación y el
juicio se desenvuelve una fase intermedia de preparación, que puede
considerarse como complementaria del juicio”. Corte Constitucional, Sentencia
C-1194 de 2005. Ver también la Sentencia C-059 de 2010.
[24]  En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo se expresó: “...mientras el centro de gravedad del sistema
inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio
es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de
actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para
desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic) Esto
permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos
procesales –defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al
final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial
que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio
público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de
las deficiencias que presenta el sistema actual…”
[25] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
[26] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.
[28] Ver, entre otros, los
casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y
Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que
le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[29] Casi todos los sistemas
jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de
reparación económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa
reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal
(principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la
jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel,
Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.
[30] Como decisiones previas pueden consultarse las Sentencias C-293 de
1995, T-694 de 2000, C-1149 de 2001 y T-1267 de 2001, entre otras.
[31] Cfr., Sentencias C-578 de 2002, T-556 de 2002, C-580 de 2002,
C-875 de 2002, C-004 de 2003, C-228 de 2003, C-570 de 2003, C-775 de 2003,
C-899 de 2003, C-014 de 2004, C-114 de 2004, C-1154 de 2006, C-591 de 2005,
C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-144 de 2010, entre muchas otras.
[32] Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
[33] Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[34] Cfr. Entre otras las sentencias C- 293 de 1995 y C- 228 de 2002.
[35] Cfr. Sentencias T- 443 de 1994, C- 293 de 1995.
[36] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993.
[37] Cfr., Sentencia C- 275 de 1994.
[38] Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29
de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la
sentencia C-293 de 1995.
[39] Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[40] Se presenta, una reseña condensada del desarrollo que sobre este
aspecto se realiza en la sentencia C-228 de 2002.
[41] Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal
militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr. Sentencias C-293 de 1995; C-
163 de 2000; C- 1149 de 2001; C-228 de 2002;  C- 805 de 2002; C-916 de 2002.
[42] El artículo 132 del CPP define a las víctimas como “las personas
naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o
colectivamente hayan sufrido algún daño (directo) como consecuencia del
injusto”. (La expresión tachada fue declarada inexequible en la Sentencia C-516 de 2007).
[43] Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.
[44] “Así las cosas, los fundamentos constitucionales de los derechos de
las víctimas,  así como los pronunciamientos que sobre la ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso,
que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente),
en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que
los derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los
preceptos constitucionales, las fuentes internacionales  acogidas por el orden
interno y la jurisprudencia constitucional. El alcance de los derechos de las
víctimas deben interpretarse dentro de este marco”. Corte Constitucional,
Sentencia C-454 de 2006.
[45] “ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el
acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos
establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán
derecho: a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de
sus familiares y testigos a favor; c) A una pronta e integral reparación de los
daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros
llamados a responder en los términos de este código; d) A ser oídas y a que se
les facilite el aporte de pruebas; e) A recibir desde el primer contacto con
las autoridades y en los términos establecidos en este código, información
pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre
el ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la
decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo
pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos
ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas
durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que
podrá ser designado de oficio; i) A recibir asistencia integral para su
recuperación en los términos que señale la ley; j) A ser asistidas
gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el
idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos”.
[46] “Encuentra así la Corte que el alcance que la expresión demandada le
imprime a la causal de revisión de la cual forma parte, entraña en primer
término, una violación de la Constitución en virtud del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a la materia por concurrir a integrar
el bloque de constitucionalidad (Art. 93 CP); en segundo término, una actuación
contraria al deber constitucional de protección de los derechos de las víctimas
de estos delitos que desconocen la dignidad humana y afectan condiciones
básicas de convivencia social, necesarias para la vigencia de un orden
(artículo 2 CP); en tercer lugar, un desconocimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los
derechos humanos y sancionar las conductas que afectan estos valores supremos
del orden internacional, que nuestro país ha reconocido como elementos
esenciales de las relaciones internacionales (CP Art. 9°); y en cuarto lugar
una violación al debido proceso de la persona condenada en una actuación que
desatiende los deberes constitucionales e internacionales de investigar seria e
imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido constado por una instancia
internacional”. Corte Constitucional, Sentencia C-979 de 2005.
[47] “La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de
las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación
previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad. // Por lo
tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a
las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar
su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas
puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”. Corte
Constitucional, Sentencia C-1154 de 2005.
[48] “A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste
particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y
perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles
externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada
“en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” a que tal decisión
emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público.
Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el
denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los
requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada
le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario,
despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales”. Corte
Constitucional, Sentencia C-1177 de 2005.
[49] “De este modo, así como, por expreso mandato
constitucional, que está previsto también en tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia, nuestro ordenamiento garantiza la
posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, también se ha
previsto, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad de
apelar la sentencia absolutoria, lo cual constituye una garantía para las
víctimas y protege el interés de la sociedad en una sentencia que, con pleno
respeto de los derechos del sindicado, conduzca a la verdad, la reparación y la
justicia”.  Corte Constitucional, Sentencia C-047 de 2006.
[50] Corte Constitucional, Sentencias C-209 de
2007, C-396 de 2007 y C-516 de 207, entre otras.
[51] Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial
Dalloz, 1995, páginas 490 y 534. En Inglaterra, aun cuando en un principio la
víctima era considerada tan sólo como un testigo entre otros, sin derechos
dentro del proceso penal y sin la posibilidad de solicitar una reparación
económica ante el juez penal competente, esta regla ha ido cambiando con el
tiempo, a fin de darle a la víctima no sólo el derecho a obtener una reparación
material, sino también a impedir que haya impunidad, admitiendo, en ciertos
casos definidos por la ley, que ella impulse la investigación, o apele la
decisión del Crown Prosecution Service de no acusar al sindicado.
(Delmas-Marty, Mireille, Op. Cit, página 133). En los Estados Unidos, la
víctima había sido excluida tradicionalmente del proceso penal. En 1996 se
presentó una enmienda a la Constitución dirigida a proteger los derechos de la victima, que reconocía, entre otros, los derechos de las víctimas de delitos
a ser tratada con justicia, respeto y dignidad; a ser informadas oportunamente
y a estar en las diligencias donde el acusado tenga el derecho a estar
presente; a ser escuchadas en toda diligencia relativa a la detención y
liberación del acusado, a la negociación de la condena, a la sentencia y
libertad condicional; a que se adopten medidas razonables de protección a su
favor durante el juicio y posteriormente, cuando la liberación o fuga del
condenado pueda poner en peligro su seguridad; a un juicio rápido y una
resolución definitiva del caso sin dilaciones indebidas; a recibir una pronta e
integral reparación del condenado; a que no se difunda información
confidencial. Si bien esta
enmienda no fue adoptada, en el año 2004, el Congreso de los Estados Unidos
adoptó el Crime Victims' Rights Act, que recogió tales derechos.(Ver Butler, Russell P. What Practitioners and Judges Need to
Know Regarding Crime Victims' Participatory Rights in Federal Sentencing
Proceedings, 19 Federal Sentencing Reporter 21, Octubre de 2006; Jon Kyl,
Steven J. Twist y Stephen Higgins, Crime Victim Law: Theory And Practice:
Symposium Article: On The Wings Of Their Angels: The Scott Campbell, Stephanie
Roper, Wendy Preston, Louarna Gillis, And Nila Lynn Crime Victims' Rights Act,
9 Lewis & Clark Law Review, 581
[52] En algunos sistemas cabe la acción penal privada cuando el
Fiscal no ejerce la acción penal pública.
[53] Ver por ejemplo, Cassell, Paul G.
Recognizing Victims in the Federal Rules of Criminal Procedure: Proposed
Amendments in Light of the Crime Victims' Rights Act. 2005 Brigham Young
University Law Review Brigham Young University Law Review, p. 835; Stahn,
Carsten, Participation of Victims in Pre-Trial Proceedings of the ICC, Journal
of International Criminal Justice, Oxford University Press, Abril 2006; Boyle,
David. The Rights of Victim:
Participation, Representation, Protection, Reparation, Journal of International
Criminal Justice, Oxford University Press, Abril 2006; Simon N. Verdun—Jones,
J.S.D., and Adamira A. Tijerino, M.A., Victim Participation In The Plea
Negotiation Process in Canadá, que describen cómo se han introducido
modificaciones al sistema acusatorio tradicional para permitir que las víctimas
sean escuchadas en la etapa prejudicial al adoptar una decisión sobre la
liberación del procesado, en la negociación de penas, y también una vez declarada
la culpabilidad, en la etapa post judicial al momento de definir la condena.
[54] Ver Delmas-Marty, Mireille.
Procédures pénales d’Europe. Presses Universitaires de Frances, 1995, páginas
77-78, 86-87, 97, 133, 144, 149, 161, 181, 231, 235, 237, 243, 246, 251, 294.
[55] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997.
En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la primera
hipótesis planteada en dicha sentencia, esto es, porque lo demandado no tiene
un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o aplicarlo sin integrar
su contenido normativo con el resto del artículo.
[56] El magistrado Nilson Pinilla Pinilla salvó su
voto. En su sentir, “la prohibición absoluta allí contenida ha debido
excluirse del ordenamiento jurídico” por cuanto “enerva la efectividad de la
justicia material y la obligación estatal de establecer la verdad real”.
[57] Constitución Política, Artículo 250.- “(…) En ejercicio de sus
funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas. (…) // 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito”.
[58] Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
[59] Constitución Política, Artículo 250.- “(…) 7.- Velar por la protección
de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso
penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
[60] Al respecto sostuvo lo siguiente: “86. Tres puntos, sin embargo, deben
precisarse:
i) Sobre el
objeto del interrogatorio hecho por el juez o el Ministerio público, el
legislador dispuso que la intervención de éstos sería para “formular preguntas
complementarias”. Esto debe significar justamente eso, dar complemento, añadir
a lo que se ha preguntado de parte y parte, para hacer íntegra y completa una
declaración testimonial. Por ello ocurre una vez terminados los interrogatorios
de las partes, pues sólo en este momento aquéllos pueden reconocer la
información y precisión que falta en la declaración rendida frente a los hechos
relevantes al proceso. Adicionalmente, su interpretación debe estar articulada
con lo previsto en el art. 357 C.P.P, arriba analizado. En aquel precepto se
reconoce al Ministerio público la excepcional atribución de solicitar una
prueba por ser de esencial influencia para las resultas del caso. Se habla allí
de una prueba ex novo, no contemplada por las partes. En este caso, se trata
sólo del complemento a los interrogatorios formulados por ellas y así debe ser
comprendido, aplicado y ejercido. // ii) La habilitación bajo análisis debe ser
consecuente con los principios de la prueba en el proceso penal, a modo de
garantizar la coherencia en el funcionamiento del sistema de normas de la Constitución y la ley. Porque al ser parte de una actuación procesal, las preguntas
complementarias del juez o del Ministerio público deben ser respetuosas de los
principios rectores y garantías procesales del C.P.P. (arts. 1-19), que a su
vez reproducen derechos y principios constitucionales esenciales como son la
dignidad humana, la libertad, la igualdad, el indubio pro reo, la legalidad, la
imparcialidad, la contradicción, la lealtad y la buena fe (arts. 1º, 2º, 13,
28, 29, 6, 84 CP). En el mismo orden, como parte de los elementos probatorios
del proceso, las preguntas complementarias tienen que ser pertinentes (art. 375 C.P.P.), admisibles (art. 376 C.P.P.), formuladas públicamente, en presencia de las partes (art. 377 C.P.P.), quienes pueden contradecirlas y oponerse a ellas (art. 378 C.P.P). También deberán cumplir con las reglas sobre los interrogatorios establecidas, esto es,
con la especificidad, claridad, respeto al testigo y pertinencia requeridas
(art. 392 C.P.P.). Y en lo que concierne al juez, además de enfatizar en la
preservación de su imparcialidad objetiva y subjetiva como supuesto
indiscutible de la administración de justicia en el Estado de Derecho (art. 13,
29, 229 CP), debe asegurar que sus preguntas complementarias sean claras y
precisas y busquen que el interrogatorio sea leal y completo (art. 392, infine
C.P.P.) [Vid. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal en sentencia
del 4 de febrero de 2009 (Proceso No. 29415)].  // iii). En este mismo sentido,
la expresión “cabal entendimiento del caso”, no puede entenderse como un
concepto jurídico indeterminado, pues tal aserto lo que busca es que se pueda
completar el interrogatorio, cuando de lo dicho por el testigo se aprecien
elementos fácticos que las partes no hayan considerado suficientemente; se
busca también que el juez o el Ministerio público pregunten a fin de completar,
hacer más acabado el testimonio y por tanto, mas comprensible, inteligible el
conocimiento del caso”.
[61] Corte Constitucional, Sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007.
[62] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-209 de
2007.
[63] En relación con las discrepancias entre la
víctima y su apoderado puede consultarse la providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 23 de febrero de 2011 (exp.35678). La Corte advirtió que “a diferencia de lo regulado sobre las discrepancias del defensor y el
imputado, no existe norma procesal que dirima las divergencias que se puedan
presentar entre la víctima y su abogado. Por este motivo la decisión que adopte
el Juez penal ante una diferencia como ésta debe sustentarse en la garantía de
los derechos constitucionales y legales de la víctima, previo análisis del
contexto específico de cada audiencia y estudio de las particularidades del
respectivo caso”.