C-203-19
Sentencia
C-203/19
CODIGO CIVIL-Posesión notoria del estado de
matrimonio
POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE MATRIMONIO-Inexequibilidad parcial
DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones
IGUALDAD DE GENERO-Consagración constitucional
DERECHOS DE LA MUJER-Evolución histórica
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de
discriminación
DERECHO A LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE
GENERO-Protección
constitucional
IGUALDAD DE GENERO-Instrumentos internacionales de protección
IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER EN RELACIONES FAMILIARES-Jurisprudencia
constitucional
ESTADO CIVIL-Régimen
probatorio
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Reiteración de jurisprudencia
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Alcance
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Se prueba con el
registro civil
Referencia:
Expediente D-12.955
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 396 (parcial) del Código Civil.
Actor:
Yeison Alexander Barón Sánchez
Magistrada
Sustanciadora:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1.  En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Yeison
Alexander Barón Sánchez demandó el artículo 396 (parcial) del Código Civil por considerar que desconoce lo establecido en los artículos 1,
13 y 43 de la Constitución Política.
Mediante Auto del trece (13) de noviembre de
dos mil dieciocho (2018), esta Corporación decidió (i) admitir la demanda; (ii)
disponer su fijación en lista; (iii) comunicar sobre la iniciación del proceso a la
Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de
Justicia y del Derecho y al Ministerio del Interior; (iv) invitar a la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, a PAIIS – Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Corporación Sisma Mujer, Women´s Link Worldwide, a las docentes Yadira
Alarcón Palacio, Ph.D, del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia
Universidad Javeriana y a Lina María Céspedes Báez Ph.D., Vicedecana de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, así como a los
docentes Jairo Rivera Sierra, Cecilia Diez Vargas y Helí Abel Torrado Torrado, al Instituto
Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, a las Facultades de
Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana,
Universidad Libre de Bogotá, la Universidad de Los Andes, la Universidad del
Rosario –Grupo de Acciones Públicas-, la Universidad del Externado, la
Universidad Nacional, la Icesi de Cali –Grupo de Acciones Públicas-, la
Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de
Tunja – UPTC, la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca; y (v) correr traslado de la demanda
al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
cargo en los términos que le concede la ley.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.NORMAS
DEMANDADAS
2.  A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas y
se subrayan las expresiones que se consideran contrarias a la Constitución:
CODIGO CIVIL
TITULO XX.
DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL.
ARTICULO 396. <POSESION NOTORIA DEL
ESTADO DE MATRIMONIO>. La posesión notoria del estado de
matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges
como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber
sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y
por el vecindario de su domicilio en general.
III.
LA
DEMANDA
3.     El
actor afirma que la expresión resaltada es contraria a lo dispuesto en los
artículos 1, 13 y 43 de la Constitución Política, con base en los siguientes
argumentos.
4.     El
escrito de la demanda afirma que el aparte atacado es contrario a la dignidad
humana porque establece un trato diferente e injustificado entre el hombre y la
mujer. Aclara que el hecho de que se le exija a la mujer ser aceptada por los
deudos, amigos y vecinos del hombre “es un acto de discriminación contra la
mujer puesto que ella no debe que ser aceptada por nadie y mucho menos por los
amigos del marido, la mujer se encuentra en una posición de desventaja en el
matrimonio frente al marido, pues para que este se de en pleno para ella, debe
cumplir con una serie de requerimientos absurdos”.[1]
5.     El
ciudadano demandante aduce que la norma desconoce que en la actualidad la mujer
no puede estar sometida al marido y a su familia, y en ese orden, se vulnera el
derecho a la igualdad pues contiene una diferenciación injustificada entre el
hombre y la mujer “en el sentido que precisa que para existir la posesión
notoria del matrimonio, la mujer debe haber sido recibida por los deudos y
amigos del marido y por el vecindario de su domicilio en general, a la mujer se
establece una condición para que existe posesión notoria de su matrimonio,
mientras que al hombre no se le exigen este mismo requisito para la existencia
de dicha posesión”.[2]
Resalta que el artículo 13 de la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional (cita las sentencias C-804 de 2006, C-540 de 2008 y T-909 de
2011), reconocen la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que
cualquier medida que se adopte de forma diferenciada debe ser razonable. Anota
que la diferencia que establece la norma no es una medida favorable a la mujer,
sino todo lo contrario.
6.     Finalmente
aduce que el trato que la norma hace sobre la mujer es una discriminación
“odiosa”, toda vez que la existencia del matrimonio debe ser demostrada solo
con la voluntad de los contrayentes y no puede depender de la aceptación o
negación de terceros que, con su percepción, establezcan si la mujer fue
“recibida”. Con fundamento en los anteriores argumentos, el actor propone
declarar la inexequibilidad  de la frase “(…) y en haber sido la mujer
recibida en este carácter por los deudos y amigos del marido, y por el
vecindario de su domicilio en general” del artículo 396 del Código Civil.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Academia Colombiana de Jurisprudencia
En el escrito presentado ante la Corte
Constitucional, la Academia solicitó declarar la exequibilidad de la norma. Para
sustentar su posición, precisó el ámbito de aplicación del artículo demandado. Señaló
que la regulación de las pruebas del Estado Civil ha pasado por varias etapas.
El primer modelo era mixto en la medida en que tanto notario y párrocos
llevaban a su cargo un registro civil y un registro eclesiástico, respectivamente.
Aclaró que en este marco normativo inicial, el artículo 396 del Código Civil
tenía por objeto suplir la ausencia de actas del registro civil y su texto era
el siguiente: “la falta de los referidos documentos podrá suplirse en caso
necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que
hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y
en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil”.[3]
Estableció que el artículo 396 “trata del objeto
de la prueba en instancia judicial, que no es otro que los hechos constitutivos
del estado civil de matrimonio; desde luego que el trato personal y recíproco
como cónyuges, el reconocimiento de dicho carácter en su núcleo familiar y
doméstico por sus allegados y vecinos durante el tiempo que la ley exige, son
hechos que demostrados en el proceso judicial a través de los medios de prueba
admitidos, -testimonios, documentos, informes-, permitirán al juez declarar la
existencia del estado civil de matrimonio; lo dicho respecto de la mujer
también se predica del hombre, pues la referencia de la norma es meramente
enunciativa de los diferentes aspectos que bien pueden invocarse como
manifestaciones evidentes de los hechos constitutivos del estado civil que se
solicita declarar”.[4]
Aclaró que esta figura opera, “desde el punto de
vista práctico”, cuando hayan desaparecido las actas de registro o cuando haya
fallecido uno o ambos cónyuges “pero siempre se trata de matrimonios
existentes”.[5]
Por ello, no puede confundirse la declaración del estado civil de matrimonio
con apoyo de la posesión notoria con otras instituciones reconocidas por la ley
como lo es, por ejemplo, la unión marital de hecho. Acorde con esto, afirmó que
la demanda se sustenta en una interpretación aislada y en el sentido literal de
la norma, sin tener en cuenta su contexto y aplicación.
2.
Defensoría del Pueblo – Delegada para Asuntos
Constitucionales
La entidad solicitó a la Corte Constitucional
declarar la inexequibilidad de la frase “y en haber sido la mujer recibida en
este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su
domicilio en general”, y subsidiariamente, declarar la exequibilidad
condicionada de la expresión “marido y mujer”, “siempre que la misma se
entienda que la misma cobija en iguales condiciones a las parejas del mismo
sexo”.[6]
Con el objeto de sustentar su posición la Defensoría
desarrolló los siguientes puntos: (i) el estado civil y la posesión notoria del
estado de matrimonio, (ii) las razones por las cuales una mayor exigencia
probatoria en relación con la prueba de la posesión notoria del estado de
matrimonio, constituye un trato discriminatorio contra las mujeres y (iii)
consideraciones relativas a la necesidad de extender el estudio de
constitucionalidad de la norma a la expresión “como marido y mujer”, por cuanto
excluye a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de acudir a la posesión
notoria del estado de matrimonio para lograr una decisión que acredite la
existencia del vínculo civil.
En primer lugar,  la entidad interviniente se
refirió al marco constitucional y normativo de la personalidad jurídica y sus
atributos, y específicamente, al estado civil de las personas. Para esto
último, citó lo ateniente al Decreto 1260 de 1970, en el que se establece que
la prueba del estado civil de las personas es  el registro en el libro y
cuaderno correspondiente (artículo 106). Subrayó que según la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia se debe distinguir entre el estado civil y la
prueba del mismo. En ese sentido, la posesión notoria del estado civil regulada
en los artículos 396 a 399 del Código Civil “constituye, no una excepción a
la tarifa legal (…), sino una confirmación de la misma, toda vez que dicha
figura tiene como propósito la de permitir a quien desea establecer un vínculo
familiar con otra persona, acudir ante una autoridad judicial para que emita
una providencia en la que tenga por acreditado el parentesco, cuando no resulte
posible aportar la respectiva partida y no pueda explicarse y probarse
satisfactoriamente el motivo de la falta de la misma”.[7]
Resaltó que la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido que se trata de
un mecanismo probatorio a efectos de acreditar el estado civil que no se puede
probar por falta de actas o partidas, con miras a obtener su reconocimiento
mediante una decisión judicial.
En segundo lugar, la Defensoría advirtió que de una
lectura del artículo 396 del Código Civil puede concluirse que “en
principio, para dar lugar a la declaratoria de la posesión notoria del estado
de matrimonio, sólo se requiere acreditar que quienes se pretenden cónyuges se
han tratado en sus relaciones domésticas sociales “como marido y mujer”. No
obstante, en el evento en que quien solicite tal declaratoria sea la mujer,
adicionalmente deberá probar que ha sido `recibida` en la condición de esposa
por los parientes, amigos y vecinos de su esposo”.[8]
Al respecto, hizo referencia a los artículos 13, 40, 42, 43 y 53 de la
Constitución Política y a sentencias de la Corte Constitucional, con el fin de
señalar que las mujeres históricamente han sido sometidas a una serie de tratos,
provenientes de las mismas estructuras sociales, que les imponen unas
condiciones de desventaja frente a los hombres. Afirmó que conforme al bloque
de constitucionalidad y a los tratados internacionales sobre la protección
especial de las mujeres, el Estado tiene la obligación de “asegurar por ley
u otros medios apropiados la realización práctica de [la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer]” y de “adoptar todas las
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer” (Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, CEDAW).[9]
Adicionalmente citó recomendaciones del Comité de
esta Convención, específicamente las Recomendaciones Generales No. 21 y 33
relativas a la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y sobre
el acceso de las mujeres a la justicia, respectivamente. Con esto, concluyó que
la norma atacada impone un mayor esfuerzo probatorio para que sus pretensiones
sean acogidas por el juez competente, “toda vez que deben acreditar que
ellas y sus parejas se han tratado o se trataron `como marido y mujer en sus
relaciones domésticas sociales` y que han sido `recibidas en ese carácter por
los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en
general´ a diferencia de los hombres, a quienes solo se exige probar lo primero
(…)”.[10]
Advirtió que los estándares internacionales exigen a los Estados revisar las
normas sobre carga de las pruebas en las que, por relaciones de poder, se
evidencie una desigualdad material en relación con los hombres, pues esto
vulnera el acceso a la justicia de las mujeres, y en consecuencia, la
justiciabilidad de sus demás derechos. Así, señaló que el mismo Comité ha
recomendado a los Estado Parte de la CEDAW, garantizar el principio de igualdad
ante la ley suprimiendo aquellas normas que exigen una carga superior a las
mujeres respecto a la de los hombres, con el fin de establecer determinada
situación o interponer algún recurso.
Dicho lo anterior, la entidad concluyo que la norma
atacada es discriminatoria y es “una clara muestra de la pervivencia de
múltiples estereotipos, conductas y formas de pensar que discriminan a las
mujeres dentro del ordenamiento jurídico colombiano, puesto que la misma
establece que es la mujer la que debe ser recibida como esposa por el círculo
cercano al marido, poniéndola en una posición inferior a la del hombre, cuyos
parientes, amigos y vecinos han de mostrar una suerte de anuencia o concepto
favorable sobre su condición de esposa. Es decir, no basta con que la pareja
acoja libremente al estado de matrimonio, sino que la mujer, por el hecho de
serlo, requiere de la opinión favorable de terceras personas con las que no ha
adquirido compromiso, vínculo o relación (…)”.[11]
Finalmente, en relación al tercer punto anunciado,
la Defensoría sostuvo que acorde con las sentencias C-577 de 2011 y la SU-218
de 2016, en las que la Corte Constitucional resolvió extender el contrato civil
de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la interpretación del artículo 396
también debe contemplar que la posesión notoria del estado civil de matrimonio
se aplique a esta población. De tal modo, sugirió ampliar el examen de
constitucionalidad de la norma y declarar la exequibilidad condicionada de la
expresión “como marido y mujer” siempre y cuando se entienda que la
misma cobija igualmente a las parejas de personas del mismo sexo.
3.
Jairo Rivera Sierra
El interviniente solicitó a la Corte Constitucional
declarar la exequibilidad condicionada del artículo 396 del Código Civil. En
primer lugar advirtió que no es posible declarar la inexequibilidad de la norma
en la medida en que se generaría un vacío legal, pues desaparecería del
contexto jurídico nacional  la posibilidad de probar la posesión notoria del
matrimonio. Adujo que “quedaría sin tutela jurídica una institución que está
pensada para resolver problemas relativos a la prueba de la existencia del
matrimonio, a las relaciones de consanguinidad y a consecuencias patrimoniales,
cuando el supuesto de hecho no está enmarcado dentro de la regla general de que
la única prueba del estado civil, en este caso el matrimonio, es el registro
matrimonial”.[12]
En segundo lugar, el interviniente se concentró en
reseñar el contenido y alcance del derecho a la igualdad entre hombre y mujer
en las relaciones matrimoniales. Para esto, citó la sentencia la sentencia
T-909 de 2011 y estableció que “la norma acusada (…) al crear una diferencia
de trato por ser mujer, atenta contra el derecho a la igualdad y el artículo 43
de la Constitución Política que establece que la mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación”.[13]
Afirmó que el parámetro de control, además de la norma constitucional
mencionada, debe tener en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –
CEDAW. Manifestó que la norma atacada parte de un estereotipo de género y de un
prejuicio histórico y social del rol de la mujer en el matrimonio. Lo anterior
constituye un trato discriminatorio a la luz de los principios de la Constitución
de 1991, pues la norma no hace mención alguna al reconocimiento del marido en
el entorno social de la mujer y sí lo hace con esta última, situación que
produce un desequilibrio en las relaciones.
En tercer lugar, el interviniente resaltó que
conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de
2016, la interpretación de la norma atacada también debe contemplar la
posibilidad de aplicar la figura de la posesión notoria del matrimonio a las
parejas de personas del mismo sexo.
Por otra parte, aclaró que el propósito de la norma
está dirigido a la prueba del matrimonio ante la ausencia o imposibilidad del
registro civil de matrimonio, y no a la unión marital de hecho, que goza de
otras formas probatorias. Con base en estos argumentos, el interviniente
sugirió condicionar la norma en los siguientes términos: “La posesión
notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado
los supuestos cónyuges como tales en sus relaciones domesticas
sociales; y en haber sido recibidos en este carácter por los
deudos y amigos de los cónyuges y por el vecindario de su
domicilio en general”.
4.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia
Esta entidad interviniente coadyuvó en todas sus
partes la demanda de inconstitucionalidad y citó como precedentes
constitucionales relevantes las sentencias C-588 de 1992, C-540 de 2008 y T-909
de 2011. Solicitó declarar la inexequibilidad parcial del artículo 396 del
Código Civil.
5.
Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Bogotá
El interviniente, a través del Observatorio de
Intervención Ciudadana, solicitó a la Corte Constitucional declarar la
inexequibilidad del aparte demandado toda vez que en su sentir, reproduce
estereotipos de género sustentados en prácticas patriarcales que desconocen los
artículos 13 y 43 de la Constitución Política y tratados internacionales
ratificados por Colombia. Hizo referencia concreta a la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW y a
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer – Convención de Belem Do Pará. Posteriormente, citó sentencias
de la Corte Constitucional en las que se ha establecido el deber del Estado
colombiano y sus autoridades de eliminar tratos discriminatorios contra la
mujer y de reproducción de estereotipos de inferioridad frente al hombre.
Respecto a la demanda parcial del artículo 396 del
Código Civil, afirmó que es evidente que la norma “reproduce un estereotipo
de género arraigado en la cultura nacional desde finales del siglo XIX, a
saber, que el hombre es el supremo director del hogar y es la mujer la que
sigue al hombre al momento de conformar un hogar”.[14]
Afirmó que en la época en la que fue emitida la norma la mujer tenía limitaciones
en sus derechos civiles y políticos y se concebía como una persona sometida a
su marido en las relaciones matrimoniales o domésticas. De manera que concluyó
que “en la actualidad la norma demandada ha entrado en franco desueto no
solamente porque las relaciones de pareja han sufrido una amplia transformación
desde que esta norma fue promulgada, sino, además porque en la actualidad la
mujer está llamada a desempeñar un papel transformador y protagónico en la
sociedad a todo nivel”.[15]
Con fundamento en lo anterior, el interviniente estableció que la norma es
contraria al actual ordenamiento jurídico, y específicamente, a los compromisos
internacionales de Colombia encaminados a modificar la legislación que perpetúa
estereotipos basados en el género.
6.
Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
La entidad solicitó a la Corte declarar la
inexequibilidad condicionada del aparte atacado del artículo 396 del Código
Civil. Se refirió al origen y evolución de la norma en el ordenamiento jurídico
y concluyó que la figura de la posesión notoria del estado de matrimonio “es
una prueba supletoria, con fundamento en la cual el juez, a falta de los
respectivos documentos, debe formarse su convencimiento para poder ordenar la
inscripción del estado civil del matrimonio”.[16]
Señaló que para la prueba de ello, era necesario tener en cuenta también los
testimonios de terceros, como parientes, amigos y vecinos de ambos cónyuges y
no solo los del marido.
Advirtió la evidente discordancia entre la norma
acusada y la prohibición de discriminación de la mujer y el principio de
igualdad constitucional. Sugirió que la norma debe entenderse en los siguientes
términos: “(…) y en haber sido percibidos los cónyuges en este
carácter, por sus deudos, amigos y vecinos de su
domicilio en general”.
7.
Grupo de Acciones Públicas – GAPI- de la Universidad
Icesi de Cali
Solicitó a la Corte Constitucional declarar la
inexequibilidad del aparte demandado del artículo 396 del Código Civil, y
subsidiariamente, declarar la exequibilidad condicionada. Con el fin de
sustentar su posición, el interviniente afirmó que la norma atacada establece
una clara distinción de género que es discriminatoria, pues solo exige que sea
la mujer la recibida por el entorno social del marido y no lo hace con ambos. Lo
anterior, desconoce lo dispuesto en los artículos 13 y 43 de la Constitución
Política que prohíben cualquier diferenciación en razón del sexo. Hizo
referencia a sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha decantado
el contenido del derecho a la igualdad y se ha resaltado la necesidad de
eliminar conductas, prácticas y normas que reproducen desigualdades entre el
hombre y la mujer. Del mismo modo, recordó que en el ordenamiento jurídico internacional
existen tratados que exigen a los Estados eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer, entre ellas, los obstáculos de acceso a la
justicia. En síntesis el interviniente adujo con las siguientes palabras que la
norma atacada es abiertamente inconstitucional:
“(…)
i) si bien, la figura civil de posesión notoria del estado de matrimonio es una
presunción que busca el reconocimiento de relaciones filiales entre individuos
de una familia, y que ello, impone cargas ante la sociedad, como la de un
amplio reconocimiento de terceros para con los integrantes de la familia. Sin
embargo, las cargas injustificadas, como la de exigirle solo a la mujer que
ella sea presentada en sociedad, ante deudos, amigos y vecindario, no hace más
que poner a la mujer en un papel de subordinación, sumisión y desventaja para
con su marido. Es exigirle al hombre que exhiba a su mujer como un objeto, y
que obligatoriamente ella sea aceptada por los terceros como mujer del hombre,
todo esto, sin ponerle una sola carga más al hombre que el presentarla en
sociedad (…)”[17]
Finalmente, manifestó que la norma genera una
cosificación de la mujer al imponer “el recibimiento” de ella al entorno social
del hombre, hecho que vulnera el principio y derecho constitucional de la
dignidad humana.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público solicita a la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad del aparte demandado del artículo
396 del Código Civil. Advierte que expulsar del ordenamiento jurídico la frase
demandada no afecta en nada la figura civil de la posesión notoria del
matrimonio pues “la prueba de la dimensión social del matrimonio, como
estado civil, está comprendida dentro de la frase inmediatamente anterior del
mismo artículo 396 del Código Civil (…) sin que resulte necesario cualificar
dichas relaciones sociales en relación con uno de los cónyuges”.[18]
En primer lugar el Procurador hace referencia al
alcance de la norma. Afirma que la posesión notoria del matrimonio “es un
medio de prueba supletorio para acreditar la existencia del vínculo matrimonial
–el cual en principio se certifica mediante prueba documental-, con miras a la
obtención de una sentencia que ordene la respectiva inscripción del estado
civil en el registro, y en ningún caso es una forma de constituir o dar lugar
al vínculo”.[19]
Para el efecto cita también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
sostiene la misma posición. Aclara, que a diferencia de lo que dice el
demandante, la norma establece que el interesado en demostrar el estado civil
de casado debe convencer al juez de que “la mujer fue recibida por los deudos,
amigos y vecinos del esposo”, es decir, tanto al hombre como a la mujer les
corresponde demostrarlo. No obstante lo anterior, el Ministerio Público reconoce
que los hechos que pretenden ser probados por la norma –el estado civil de
matrimonio-, se concentran en la aceptación de la mujer por parte del entorno
social del hombre. Por tanto, señala que el contenido normativo es contrario a
la igualdad y a la dignidad humana de las mujeres.
En segundo lugar, establece que al revisar los
orígenes de esta disposición “se advierte que el artículo 310 del Código
Civil de Chile de 1855, conocido como el Código de Don Andrés Bello, tiene la
misma redacción del artículo 396 de nuestra codificación. La explicación que se
dio a la exigencia idéntica a la ahora cuestionada es la siguiente: `Esta
presunción es fortísima, en cuanto procede de los hechos a que se refiere la
segunda parte del artículo, porque nuestra sociedad repudia a la mujer de mala
vida como un mal ejemplo, y como una provocación a la moral pública´. Riñe con
la Constitución este modelo de relaciones familiares en el que el
comportamiento moral de las mujeres es objeto de escrutinio público con el propósito
de determinar su idoneidad para ser aceptada en calidad de esposa, en un
contexto sociológico patriarcal en el que, además, la mujer era trasladada de
un ambiente a otro porque estaba sometida o vivía bajo la protección o
dependencia masculina, ya sea del padre o del esposo”.[20]
Subraya que aquel contenido y contexto normativo
contrasta notoriamente con las disposiciones de la Constitución Política como
lo son los artículos 1º, 13, 42 y 43, los cuales reconocen la igualdad entre
hombres y mujeres en todos los entornos. Aduce que la norma crea estándares
completamente distintos para hombres y mujeres y “promueve la realización de
juicios morales particularmente sobre el comportamiento de las mujeres y
perpetúa una visión patriarcal de las relaciones matrimoniales”.[21]
Además subraya que la primera parte de la norma ya indica que ambos cónyuges
deben ser entendidos como tales ante la sociedad, de manera que la segunda
parte del artículo no tiene ningún objeto, y en cambio cualifica el
reconocimiento social de la mujer frente los vecinos, amigos y familia del
marido, lo que resulta contrario a la igualdad ante la ley.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4º del artículo 241
de la Carta Política.
Planteamiento del problema jurídico y
metodología
1.
El
demandante considera que el aparte  “y en haber sido la mujer recibida en
este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su
domicilio en general”
del artículo 396 (posesión notoria del estado civil de matrimonio) del Código
Civil, vulnera los artículos 1º, 13 y 43 de la Constitución Política al contemplar
una distinción entre el hombre y la mujer sustentada en estereotipos históricos
de subordinación y al establecer una carga probatoria mayor a la mujer frente
al hombre en casos donde se quiere probar la existencia del vínculo
matrimonial.
Algunas de las intervenciones
presentadas apoyaron los argumentos del ciudadano demandante en relación a la
vulneración de los preceptos constitucionales, sin embargo algunas propusieron
la inexequibilidad condicionada del aparte atacado toda vez que declararlo
inexequible generaría un vacío legal que dejaría inoperante la figura de la presunción
del estado civil de matrimonio. Por tanto, sugirieron a la Corte modular la
decisión, en el sentido de incluir en la norma tanto a la mujer como al hombre
y corregir el desequilibrio. La Academia Colombiana de Jurisprudencia presentó
la única intervención solicitando la exequibilidad de la norma.
Por su parte, el Ministerio Público
solicitó a la Sala Plena de la Corte declarar la inexequibilidad del aparte
demandado ya que consideró que perpetúa estereotipos patriarcales que vulneran
el derecho a la igualdad y dignidad de la mujer. Sostuvo, a diferencia de
algunos intervinientes, que eliminar el aparte demandado no afecta la figura
jurídica de la posesión notoria del matrimonio, toda vez que la aceptación
social de los dos cónyuges ya se encuentra contemplada en la primera parte de
la norma, por lo que no la dejaría inoperante.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo
y el ciudadano Jairo Rivera Sierra, propusieron a la Corte Constitucional
extender el análisis de constitucionalidad y declarar que la frase “como
marido y mujer” de la primera parte del artículo, fuera también aplicable a
las parejas de personas del mismo sexo. Sobre este último punto, la Sala estima
que se trata de un cargo que se sale abiertamente del marco argumentativo de la
demanda, toda vez que la Corte tendría que revisar un texto de la norma que no
fue atacado por el actor, y además, trae con ello una discusión constitucional
distinta a la propuesta en el escrito de la demanda, la cual se circunscribe a
la igualdad de la mujer frente al hombre en las relaciones domésticas,
familiares y sociales.
2.     Conforme
a los antecedentes descritos, la Sala Plena deberá analizar si se vulneran los
derechos a la dignidad humana (artículo 1º CP) y a la igualdad y no
discriminación de la mujer (artículos 13 y 43 CP), al contemplarse en el Código
Civil una norma que, con el fin de dar por demostrada la posesión notoria del
estado civil de matrimonio, exige que la mujer sea recibida como cónyuge de su
marido por los deudos, amigos y vecinos de él. Para resolver este interrogante la
Sala desarrollará las siguientes consideraciones: (a) la igualdad de género en
la Constitución Política y los tratados internacionales y (b) el estado civil y
su régimen probatorio. Posteriormente se hará el análisis de la norma demandada.
La igualdad de género en la Constitución
Política y los tratados internacionales. Reiteración jurisprudencial.
3.
La
Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad entre hombre y mujer, y
particularmente, tiene una marcada tendencia de protección especial de las
mujeres.[22]
Los artículos 40 (participación de la mujer en los niveles decisorios de la
administración pública), 42 (igualdad de derechos y obligaciones en las
relaciones familiares), 43 (iguales derechos y oportunidades de las mujeres
frente a los hombres y la prohibición de discriminación en razón del género) y
53 (protección especial de la mujer en el ámbito laboral), muestran el interés
del constituyente de fijar en la Carta Política los ejes esenciales del papel
de la mujer en el ordenamiento jurídico actual. Esto además se refuerza con la
ratificación de tratados internacionales que protegen los derechos de las
mujeres y establecen obligaciones de los Estados de eliminar cualquier práctica
o tratamiento discriminatorio contra ellas.[23]
4.
Especialmente
el artículo 43 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte en
conjunto con el artículo 13 para establecer el derecho a la igualdad de las
mujeres en todas las relaciones sociales. En la sentencia C-588 de 1992, como una
de las primeras providencias en las que se pronunció sobre el asunto, la Corte
se refirió a la “igualdad entre los sexos”. A propósito señaló que el “[h]ombre
y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus
deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos
sexos puede ser calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los
primeros ni para el cumplimiento de los segundos, ni implica "per se"
una posición de desventaja frente al otro. La pertenencia al sexo masculino o
al femenino tampoco debe implicar, por sí misma, una razón para obtener
beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de
condiciones. De allí que sean inconstitucionales las disposiciones que plasman
distinciones soportadas única y exclusivamente en ese factor.”[24]
5.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con múltiples sentencias que
desarrollan las normas constitucionales que reconocen el derecho a la igualdad
de las mujeres. En realidad la necesidad de este reconocimiento en la
Constitución y a lo largo de la jurisprudencia se debe al contexto histórico y
social que existía antes de la década de los años 90.[25] La
propia Corte reconoce que las mujeres tanto en el ámbito político como el
doméstico han tenido que reivindicar sus derechos y luchar por tener espacios
efectivos de participación.[26]
En palabras de la Corte: “La situación de desventaja que en
múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada
a la existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los
reclamos de liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la
consecuente proyección de esa lucha en el campo de la igualdad formal y
sustancial (…) Las consideraciones acerca de la inferioridad de la mujer y de
su sometimiento a la voluntad del varón, tienen una larga historia; a este
respecto basta recordar que en los albores del estado liberal, las revoluciones
americana y francesa produjeron declaraciones de derechos humanos, pese a lo
cual el nuevo orden se abstuvo de reconocer los derechos de participación
política de las mujeres, quienes también fueron excluídas de otras esferas
reservadas a los hombres. La preocupación básica se tradujo entonces en el
logro de la igualdad jurídica, empeño que actualmente, y luego de una lenta
evolución, cristaliza en el reconocimiento formal de la igualdad entre los
sexos en el ordenamiento jurídico de numerosos países y en el plano
internacional”.[27]
6.
Desde
la perspectiva de la Carta Política el derecho a la igualdad se deriva de la
dignidad humana y cuenta con dos dimensiones, una formal y otra sustancial.[28] La
primera se dirige a garantizar la igualdad ante la ley y el deber de no
discriminar (abstención), es decir, la prohibición de realizar tratamientos o
de establecer ventajas injustificadas sobre un grupo de la población. La
segunda exige al Estado promover las condiciones necesarias para alcanzar una
igualdad real y efectiva de aquellos grupos tradicionalmente marginados y
discriminados. De tal modo, los poderes públicos están llamados a tomar medidas
que disminuyan o eliminen injusticias y a las cuales se les reconoce “un
designio compensatorio o reparador de previas desigualdades reales”.[29] Esto
último permite que el Estado tome medidas de acción afirmativa para disminuir o
eliminar la discriminación existente.
7.
Lograr
la igualdad formal de las mujeres en el ordenamiento jurídico ha sido un
proceso gradual que inició antes de la Constitución de 1991.[30] El
Código Civil tiene un contenido preponderantemente patriarcal en el que la
mujer se ubica en una situación de subordinación al marido y a su entorno
familiar. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de armonizar
aquellos preceptos que datan del siglo antepasado con los que exige el actual
ordenamiento jurídico y los principios constitucionales. Pero a la vez, se ha
encargado de atacar los estereotipos de género tan arraigados a la cultura
tradicional.[31]
En el año 1995 la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó el
derecho a la igualdad de una mujer que interpuso acción de tutela contra la
Escuela Naval “Almirante Padilla” por no permitirle inscribirse en la formación
para cadete. La institución se negó a recibirla porque la formación no estaba
dirigida a cadetes femeninos por no cumplir con las condiciones físicas de la
actividad. La Corte afirmó que “[l]o que resulta inadmisible es la
consagración de esa exclusividad tratándose de establecimientos únicos para
determinada carrera o especialidad, susceptible de ser cursada tanto por
hombres como por mujeres, pues en tales circunstancias el monopolio de la
formación que se ofrece, unido a la aludida exigencia, bloquea de manera
absoluta las posibilidades de personas pertenecientes al otro sexo, frustrando
del todo sus aspiraciones”.[32]
Concluyó que no existía una razón suficiente y justificada en el ordenamiento
constitucional que permitiera establecer una diferenciación entre ambos sexos
para cursar esta formación.
8.
En
casos de control abstracto de constitucionalidad sobre normas del Código Civil,[33] la
Corte ha establecido que las relaciones de familia se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja, y en esa medida, “no es equitativo
ni razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su
simple pertenencia a un determinado sexo”.[34] En efecto,
cuando el Código Civil establece distinciones entre hombre y mujer sin
demostrarse una finalidad constitucionalmente aceptada, la Corte ha mencionado
que debe extraerse del ordenamiento jurídico, dado que “perpetúa la
histórica discriminación que ha sufrido la mujer, al reproducir un esquema
patriarcal en el que el hombre debía gozar de mayores prerrogativas y
reconocimiento”.[35]
En el mismo sentido, la Corte ha
reconocido que no toda distinción que establece una norma basada en el sexo
puede ser considerada prima facie inconstitucional. Para ello, debe
realizarse un análisis sobre la finalidad de la norma, su contexto histórico y
la razonabilidad de la distinción. En el caso de la sentencia C-112 de 2000[36], por
ejemplo, la Corte encontró que no existía una razón suficiente para que el
legislador estableciera como lugar para la realización del matrimonio el
domicilio de la mujer (artículo 126 del Código Civil). En contraste demostró
que en el derecho comparado se contemplaba la posibilidad de realizar el
matrimonio en cualquiera de los domicilios de ambos cónyuges. Por tanto,
consideró que la distinción era discriminatoria con la mujer. Señaló que no
podía omitirse el hecho de que la normativa “data del siglo
pasado, época en que la mujer casada era jurídicamente incapaz, y debía seguir
en su domicilio al marido, entonces la decisión legislativa de ordenar que el
matrimonio se celebre en el vecindario de la futura esposa, pretendía proteger
a la mujer, por los graves efectos que el vínculo matrimonial tendría en su
autonomía”.[37] La Corte
declaró la inexequibilidad de la expresión “la mujer” “en el entendido
de que, en virtud del principio de igualdad entre los sexos (CP arts 13 y 43),
el juez competente para celebrar el matrimonio es el juez municipal o promiscuo
de la vecindad de cualquiera de los contrayentes, a prevención”.[38]
En
la sentencia C-101 de 2005,[39]
en la cual se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
1134 del Código Civil[40]
la
Corte manifestó:
“Para la Corte resulta claro que las
razones que se tuvieron en cuenta por los legisladores de la época en la cual
se expidió la norma que se cuestiona, resultan constitucionalmente inadmisibles
en un ordenamiento constitucional que reconoce la igualdad entre los sexos (CP.
arts. 13 y 43), en tanto perpetúan estereotipos de la mujer, afortunadamente
superados. La explicación de una medida legislativa como la que se examina,
radicaba en el estereotipo social reinante en la época en que fue concebida, de
no reconocer a la mujer como sujeto pleno de derechos y de obligaciones, y,
eventualmente, como fuente de ingreso para el sostenimiento de su familia.
No existen en la actualidad motivos
constitucionalmente válidos que permitan admitir una diferencia de trato como
la referida en la norma demandada, respecto del otorgado a los hombres a
quienes no se les impone la misma condición, pues ello no sólo constituye un
acto discriminatorio que viola el derecho fundamental a la igualdad, sino que
desconoce la especial protección que el Estado debe brindar a la mujer para
garantizar la igualdad real y efectiva de derechos. A la luz del actual
ordenamiento constitucional, el sexo no puede ser un criterio de diferenciación
entre individuos puestos en una misma situación, como puede ser la necesidad de
obtener una herencia o legado con la que puedan proveer a su subsistencia. (…)
La condición impuesta a la mujer en el artículo 1134 que se examina, pudo haber
tenido lógica en una época social y económica eminentemente patriarcal, en la
cual como se vio, el paradigma de lo humano, se construía alrededor del
varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya
función en la vida era servir y hacer feliz al hombre.”[41]
En el estudio de constitucionalidad del
artículo 33 del Código Civil,[42]
en el que se argumentó ante la Corte que la palabra “hombre” en la ley civil
excluía al género femenino produciéndose un trato discriminatorio,[43] la
Sala Plena realizó un análisis sobre la evolución del rol social de la mujer y
sus derechos y el uso del lenguaje del legislador.  Al respecto, reiteró la
jurisprudencia constitucional relativa al derecho a la igualdad de las mujeres
en el ordenamiento jurídico. Precisó que “no tienen cabida
en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos
discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas supuestamente a
protegerlas, pero que al estar inspiradas en estereotipos sociales y culturales
machistas perpetúan la desigualdad. La Corte Constitucional se ha ocupado de
este fenómeno en repetidas oportunidades, y lo ha calificado como
“discriminación indirecta”, razón por la cual este tipo de enunciados
normativos han sido declarados inexequibles”.[44] Resaltó el
contexto patriarcal de la emisión del Código Civil y concluyó que “lo allí
consignado no [tiene] otro fin que perpetuar el dominio masculino sobre la
mujer pues, como se mencionó, todas las disposiciones referentes a la mujer en
el Código Civil [están] dirigidas a reafirmar la inferioridad de la mujer
respecto del varón, a recalcar la incapacidad de la mujer para manejar su
propia vida y administrar sus bienes o para orientar la educación de sus hijos.
Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser interpretado de conformidad con
los principios, valores y derechos consagrados en el ordenamiento
constitucional, en todo caso, es inocultable el sentido originalmente sexista y
discriminador de la codificación”.[45]
Finalmente
en la sentencia C-278 de 2014,[46]
luego de reiterar la jurisprudencia constitucional, la Corte estableció que “los cónyuges
gozan hoy en día de los mismos derechos y deberes no solo en el marco del
matrimonio y de las relaciones familiares, sino también en relación con la
posibilidad de administrar en igualdad de condiciones la sociedad conyugal
pudiendo disponer libremente tanto de sus propios bienes como de los bienes
comunes”.[47]
9.
En
conclusión, la jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera reiterada
que el contexto social en el que fue emitido el Código Civil refleja la
concepción de subordinación y dependencia que tenía la mujer frente al hombre.
De manera que, a la luz de los valores y principios de la Constitución de 1991,
específicamente lo consagrado en los artículos 13 y 43, es imperativo eliminar
aquellas disposiciones que tratan a la mujer como un individuo marginado de las
relaciones sociales y familiares. Siempre que una norma establezca una
distinción entre hombres y mujeres, el juez constitucional debe analizar su
finalidad dentro del ordenamiento jurídico y la necesidad de mantener esta
distinción con miras a establecer si es o no acorde con el principio de
igualdad y no discriminación en razón del género.
El derecho a la igualdad de la mujer en las
relaciones familiares en el derecho internacional de los derechos humanos
10.
Son
varios los tratados internacionales que reconocen el derecho a la igualdad ante
la ley de las mujeres. Un recuento exhaustivo del marco internacional puede
consultarse en la sentencia C-586 de 2016.[48]
Para efectos del asunto de esta providencia se hará una referencia concreta a
los tratados más relevantes.
La
Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180
de 18 de diciembre de 1979, acogida por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y
vigente en el país a partir del 19 de febrero de 1982, reconoce que “la
expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Establece en
los artículos 5, 15 y 16 las obligaciones de los Estados de (a) “Modificar
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres”; (b) reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley, concretamente en materias civiles, reconocer una capacidad jurídica
idéntica a la del hombre y “le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas
las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”; y
(c) adoptar “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres”. El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, ha manifestado:
“El
principio de igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre los
géneros, es inherente al concepto de que todos los seres humanos, con
independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales,
emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones
impuestas por los estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios”.[49]
En el mismo sentido, el Comité ha
insistido en que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias y
adecuadas para garantizar que en las relaciones familiares las mujeres tengan
un tratamiento legal igual al del hombre, inclusive cuando se trata de probar
estos vínculos ante autoridades judiciales. Por ejemplo, en la recomendación
general No. 33 el Comité recomienda a los Estados suprimir “[l]as normas de
corroboración que discriminan contra las mujeres como testigos, querellantes y
demandadas exigiendo que cumplan con una carga de la prueba superior a la de
los hombres a fin de establecer un delito o solicitar un recurso”.
Por
su parte, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia
contra la mujer, suscrita
en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994 y aprobada
mediante la Ley 248 de 1995. La Convención de Belém Do Pará, que entró en vigor
en el país el día 15 de diciembre de 1996, consagra el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de discriminación y
a ser “valorada[s] y educada[s] libre[s] de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación”. En su artículo 8 establece el deber de los
Estados de adoptar medidas específicas para “modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño
de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo
de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”.
11.  La lectura de
estos tratados refleja la importancia que tiene para los Estados asegurar la
igualdad de la mujer frente al hombre y luchar contra los estereotipos sociales
e históricos de género que mantienen o refuerzan tratamientos distintos sin
finalidad razonable. En ese sentido, la mujer en todos los ámbitos en los que
ejerce sus derechos, incluyéndose el hogar y las relaciones familiares, debe
tener el mismo tratamiento legal del hombre. Así, ante la presencia de normas
que traten a la mujer como una persona subordinada a la capacidad del hombre,
los Estados tienen la obligación internacional de excluirla del ordenamiento
jurídico.
El estado civil y su régimen probatorio
12.
La
personalidad jurídica de toda persona, reconocida en el artículo 14 de la
Constitución, implica una serie de atributos que determinan la relación del
individuo con la sociedad y el Estado. En la sentencia C-004 de 1998[50]
la Corte estableció que “la personalidad tiene unos atributos, que
implican derechos y obligaciones. Esos atributos son inseparables del ser
humano, pues no se concibe, en el presente estado de la evolución jurídica, un
ser humano carente de personalidad jurídica”. A propósito de estos atributos,
la jurisprudencia constitucional de forma reiterada y pacífica ha señalado que “(i)
son una categoría jurídica autónoma heredada del derecho civil continental que
tiene por finalidad vincular a la personalidad jurídica con el ordenamiento
jurídico; (ii) está compuesto de seis atributos como son: el estado civil,
la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio; (iii)
existe una relación sine quan non entre la personalidad jurídica y
sus atributos, pues estos suponen el reconocimiento de la esencia de la
personalidad e individualidad; (iv) estas características son inseparables del
ser humano, pues son el medio por el cual tiene alcance el derecho a la
personalidad jurídica; así (v) como a derechos políticos, como el voto”.[51]
13.
En
lo relativo al estado civil de las personas, se trata de “la imagen jurídica de
la persona” como bien lo afirmaron los hermanos Mazeaud. Este atributo de la
personalidad comprende
“un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la
identifican y diferencian de las demás, y que la hacen sujeto de determinados
derechos y obligaciones” y su prueba se realiza por medio del registro
civil de nacimiento.[52]
El registro civil es un elemento esencial para determinar el estado civil de
una persona, pues este documento refleja al menos las siguientes situaciones:
(i) el nacimiento, (ii) el relacionamiento familiar, la filiación real y el
registro civil del matrimonio y (iii) la muerte de una persona (la defunción).
14.
En Colombia el
estado civil se encuentra regulado en el Decreto 1260 de 1970 “Por el cual
se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”. El
artículo 1º define el estado civil de una persona como la “situación
jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer
ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible
e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Su origen surge
de hechos, actos y providencias que lo determinan (artículo 2º).
15.
El
Título X del Decreto mencionado consagra las “pruebas del estado civil”, en donde
se afirma que el “estado civil debe constar en el registro del estado
civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y
certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos” (artículo 101).
De manera que la misma normativa establece una tarifa legal para demostrar el
estado civil de una persona.[53]
Incluso se consagra que “[n]inguno de los hechos, actos y providencias
relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro,
hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público,
si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo
dispuesto en la presente ordenación (…)” (artículo 106). Igualmente dispone
que “[p]or regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al
estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto
respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”.
16.
Según
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, una cosa es el
estado civil, y otra, es la prueba del estado civil:
“no puede confundirse el estado civil con la prueba del
mismo, pues es innegable que son conceptos distintos. El primero surge por la
ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen legalmente o por el
proferimiento del fallo judicial que los declara; empero, esos hechos, actos o
providencias que son la fuente del estado civil no son, per se, su prueba,
precisamente porque éste se acredita mediante los documentos previstos y
reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico. Desde luego que
el legislador colombiano de antaño y de ahora, ha procurado que los hechos y
actos constitutivos del estado civil estén revestidos de seguridad y
estabilidad, por lo que los ha sometido a un sistema de registro y de prueba de
carácter especial, caracterizado por la tarifa legal, distinto al régimen
probatorio al que están sometidos los actos de carácter meramente patrimonial.
De ahí que se ha ocupado de señalar cuáles son las pruebas idóneas para
acreditarlo, como también de establecer minuciosamente lo concerniente con su
registro en aspectos tales como los funcionarios competentes, el término y
oportunidad de la inscripción, etc., regulación que ha ido evolucionando con
las diferentes disposiciones que sobre la materia han regido desde 1887” (CSJ,
SC del 17 de junio de 2011, Rad. n.° 1998-00618-01)[54]
17.
La
Corte Constitucional ha establecido que el registro civil es el medio idóneo a
través del cual se prueba el estado civil de las personas, y en ese orden,
constituye una herramienta esencial para el ejercicio del derecho a la
personalidad jurídica. En palabras de la Corte Constitucional: “la
inscripción en el registro civil es un procedimiento que sirve para establecer,
probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas,
desde su nacimiento hasta su muerte, por lo cual, una vez autorizado, solamente podrá
ser alterado en virtud de una decisión judicial en firme, o por disposición de
los interesados”.[55]
18.
Acorde
con lo anterior, es importante señalar que el derecho a la personalidad
jurídica de las personas se materializa a través de los atributos de la
persona, los cuales son esenciales para el pleno y efectivo ejercicio de los
derechos y cumplimiento de obligaciones. El estado civil es uno de los
atributos que permite establecer la situación y relacionamiento actual de la
persona con la sociedad en general y se demuestra, por regla general, a través
del registro civil.
Análisis de la norma demandada
La posesión notoria del estado civil como
prueba supletoria del estado civil de una persona
19.
Como
se mencionó líneas arriba, los acontecimientos y hechos relacionados con el
estado civil de las personas deben cumplir con un procedimiento especial ante
las autoridades estatales competentes con el fin de que sean registrados en los
libros y folios respectivos y obren como plena prueba ante terceros. El
registro civil es un instrumento que protocoliza y sirve como prueba de los
hechos inscritos en él. Por ejemplo, el artículo 135 del Código Civil que
dispone la celebración del matrimonio, establece que este acto se perfecciona
con la libre y espontánea voluntad de los contrayentes y con el acta suscrita
de los contrayentes, testigos, juez y secretario, la cual, deberá ser enviada y
registrada por notario respectivo “para que la protocolice”.[56]
20.
Ahora
bien, en casos donde no exista el registro que demuestre el estado civil de una
persona, es posible acudir a la presunción. Según el tratadista Valencia Zea “(…)
en ciertos casos en que no se puede probar de manera directa la constitución de
un estado civil – por no existir la respectiva acta del registro civil, ni
documento auténtico alguno, o los testigos que presenciaron la constitución del
estado – se podrá probar de manera indirecta (por presunción), o sea, por la
posesión prolongada y continua”.[57]
Para
el efecto, deben confluir las siguientes circunstancias: 1) que los poseedores
del estado civil lleven el nombre y apellido que corresponde a ese estado (nomen);
2) que en las relaciones de familia los poseedores de un estado civil se
comporten en la misma forma que las demás personas que son titulares de tal
estado (tractatus); y 3) que los habitantes del respectivo municipio o
aldea en donde viven los poseedores del estado civil presuman, fundándose en
los hechos indicados, la existencia del estado civil de que se trate (fama).
21.
Conforme
a lo anterior, la figura de la “posesión notoria del estado civil” es aplicable
en casos donde, a pesar de que ocurrió presuntamente el hecho o acontecimiento,
no existe el registro o anotación inscrita en los libros correspondientes que
den cuenta de ello. Es decir, no es una excepción de la tarifa legal, sino una
confirmación de ella. De modo que le atañe a los interesados probar a través de
testimonios u otros medios de prueba idóneos la existencia del estado civil. La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que “la
posesión notoria del estado civil es un mecanismo estrictamente probatorio a
efectos de acreditar, ante el juez competente, el estado civil que no se puede
probar por falta de las partidas o folios pertinentes, con miras a obtener su
reconocimiento mediante sentencia”.[58]
Esta posición coincide con lo manifestado por varios de los intervinientes del
presente proceso, los cuales afirmaron que se trata de una “prueba
supletoria, con fundamento en la cual el juez, a falta de los respectivos
documentos, debe formarse su convencimiento para poder ordenar la inscripción
del estado civil (…)”.[59]
22.
De
la misma manera es preciso advertir que esta figura no puede confundirse con el
régimen de la unión marital de hecho o matrimonio consensuado, toda vez que se
trata de dos figuras distintas que se encuentran reguladas por regímenes que no
son asimilables. Como lo ha subrayado la misma Sala de Casación Civil, “es
claro que la posesión notoria sirve para demostrar un estado civil verdadero
del que no se tiene prueba pero no para crear uno diferente al que realmente se
tiene, máxime cuando éste se confiesa. La posesión notoria no modifica el
estado civil, no remplaza el verdadero ni sustituye la adopción”.[60]
El aparte “y en haber sido
la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por
el vecindario de su domicilio en general” del artículo 396 del Código Civil,
desconoce el contenido de los artículos 1º, 13 y 43 de la Constitución
Política
23.  El artículo 396
se encuentra en el “Título XX” del Código
Civil relativo a las “pruebas del estado civil”. Entre los artículos 396 y 399
se regula todo lo relacionado con esta temática. Específicamente, se establecen
como condiciones para que proceda la presunción notoria del estado civil –en
este caso- de matrimonio: (a) demostrar ‘la falta de la
respectiva partida’ mediante una prueba satisfactoria (art. 399), (b)
demostrarse a través de “un conjunto de testimonios fidedignos, que
la establezcan de un modo irrefragable” (art.
399) y (c)
haber
durado cinco años continuos (art. 398 CC).
24.  Conforme a ello,
y al realizar la interpretación armónica de las reglas probatorias, la posesión
notoria del estado civil de matrimonio consagrada por el legislador en el
artículo 396 del Código Civil debe cumplir los siguientes requisitos:1)
haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones
domésticas y sociales (tractatus), 2) haber sido la mujer considerada
como cónyuge por los amigos, parientes y vecindario del domicilio del marido (fama);
3) que la posesión se remonte por lo menos a cinco años continuos.
Estas condiciones deberán ser demostradas una vez se compruebe la pérdida de la
partida o el registro y por la declaración de testimonios fidedignos.
25.  Pues bien, el
demandante afirma que el hecho de que la norma establezca que la posesión
notoria del estado de matrimonio exige que la mujer sea recibida “en este carácter por
los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en
general”,
y no haga lo mismo respecto del hombre, vulnera los artículos 13 y 43 de la
Constitución Política.
26.  La Sala Plena
observa que el demandante tiene razón. Como fue reiterado en las
consideraciones de esta sentencia, en repetidas ocasiones la Corte
Constitucional ha señalado que el Código Civil, debido a su origen y contexto
de emisión, tiene un contenido fuertemente patriarcal en el que el rol de la
mujer es casi insignificante: “En Colombia, con la adopción del Código
Civil de Bello las mujeres fueron objeto de extensivas prohibiciones en
contraste con las amplias facultades que se otorgaron a los varones. Las
mujeres fueron reducidas a la condición de incapaces o inmaduras mentales,
equiparables en muchos aspectos a las personas con limitaciones psíquicas o a
los niños. En este sentido, se abrió paso a la potestad marital compuesta por
un conjunto de derechos de los que disponía el varón sobre la persona y bienes
de la mujer. La mujer carecía de domicilio propio, debía habitar en el del
padre o marido; era considerada un objeto de propiedad del varón, padre o
esposo; no podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos”.[61] Esta
concepción del papel de la mujer en la sociedad y en la familia fue superada en
el ordenamiento jurídico con la Constitución de 1991 (art. 13, 42 y 43 CP) y
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
27.   Con sustento de
lo anterior, la Corte ha reiterado que establecer
diferencias de trato entre el hombre y la mujer, en el contexto de las
relaciones familiares y en su dirección, es una herramienta jurídica prohibida
por la Constitución de 1991.[62] Así, “la pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco
debe implicar, por sí misma, una razón para obtener beneficios de la ley o para
hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones”.[63]
28.  Se observa que a
pesar de que el objeto de la norma atacada es legítimo, la distinción que se
hace entre el hombre y la mujer no tiene fundamento alguno. En efecto, para
poder determinar la posesión notoria del estado civil de matrimonio, la norma
exige que cada uno de los miembros de la pareja sea reconocido como tal, tanto
en el ámbito familiar como en el ámbito social. Esta es la forma a través de la
cual es posible comprobar que los cónyuges tienen esta calidad. Sin embargo, no
encuentra la Sala ninguna razón suficiente que sustente la distinción entre el
hombre y la mujer, pues no obstante la disposición exige que ambos cónyuges
sean tratados como tal entre ellos y su familia, solo requiere que la mujer “sea
recibida” por el entorno social del marido (deudos, amigos y vecindario). Esta
situación es discriminatoria porque, a diferencia de la mujer, el marido no
tiene que demostrar ante el juez que él ha sido “recibido” como tal en el
ámbito social de la mujer. En contraste, la mujer debe demostrar ante el juez
que los amigos, deudos y vecinos del marido la han “recibido” como esposa de
aquel.
29.  En este punto,
concuerda la Sala con la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el
sentido de que este tratamiento legal no es armónico con las obligaciones
internacionales del Estado Colombiano. En la Recomendación General No. 33 del
Comité de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se
estableció que para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia de las
mujeres los Estados deben revisar las normas “sobre carga de la prueba para
asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos en que las
relaciones de poder priven a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento
equitativo de su caso por la judicatura”.
30.  De manera que la
distinción del legislador entre el hombre y la mujer, no solo constituye una
forma de perpetuar estereotipos históricos en los que la mujer es subordinada
de las decisiones del marido, sino que también, puede tener efectos nocivos en
el proceso judicial de la declaratoria de la presunción del estado civil de
matrimonio, pues le exige a la mujer acreditar un supuesto fáctico adicional. El
juez deberá solo verificar que la mujer ha sido admitida por el entorno social
del marido, pero no hará lo mismo con él frente a los deudos y amigos de la
esposa. En los tiempos actuales no tiene sentido alguno mantener una distinción
normativa que parte de un prejuicio social de inferioridad y sumisión de la
mujer en las relaciones matrimoniales, toda vez que esta situación es
abiertamente contraria a lo establecido en la Constitución.
31.  La Sala acogerá
la posición del demandante, de la Procuraduría General de la Nación y otros
intervinientes de declarar inexequible toda la frase, pues considera que la
hipótesis normativa de la primera parte de la disposición cumple con los
objetivos del legislador para demostrar la posesión notoria
del estado civil del matrimonio. En otras palabras, el artículo dispone que la
posesión notoria “consiste” en el cumplimiento de dos hipótesis: (i) haberse
tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas
sociales y (ii) en
haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su
marido, y por el vecindario de su domicilio en general. Sin embargo, el primer
escenario indica
que ambos cónyuges deben ser entendidos como tales ante la sociedad, de manera
que la segunda parte del artículo no tiene ningún objeto, y en cambio,
cualifica el reconocimiento social de la mujer frente a los vecinos, amigos y
familia del marido, lo que resulta contrario a la igualdad ante la ley.
Por las razones expuestas, la Sala declarará
inexequible la segunda parte del artículo 396 del Código Civil.
DECISIÓN
El estado civil es uno de los atributos de la personalidad de una persona.
Este solo puede ser probado a través del registro civil correspondiente. La
posesión notoria del estado civil es una prueba supletoria que tiene por objeto
confirmar un hecho cuyo registro ha sido refundido. La ley establece unas
condiciones claras para dar por demostrada la posesión notoria del estado civil
de matrimonio, entre las cuales, se encuentra que la mujer debe ser recibida
por los deudos, amigos y vecinos del domicilio del marido. Este requerimiento
normativo es contrario a los artículos 13 y 43 de la Constitución Política,
toda vez que establece una distinción que refuerza estereotipos de comportamiento
de inferioridad y subordinación entre el hombre y la mujer.
RESUELVE
Primero. Declarar INEXEQUIBLE
el aparte “y
en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su
marido, y por el vecindario de su domicilio en general” del artículo
396 del Código Civil.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA C-203/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Decisión debió ser
inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda (Salvamento de voto)
Expediente:
D-12955
Magistrada
ponente:
Cristina Pardo
Schlesinger
En
atención a la sentencia proferida por la Sala Plena el 15 de mayo de 2019 en el
expediente de la referencia, presento Salvamento de Voto porque considero que la
decisión en este caso debió ser inhibitoria, debido a la ineptitud sustantiva
de la demanda, pues los cargos propuestos por el accionante impedían a la Sala
efectuar un análisis material de constitucionalidad. Ello es así por
las siguientes razones:
1.-
El problema jurídico que se formuló en la providencia no se derivaba de los cargos
de la demanda. Mientras que para el demandante la norma era inconstitucional
porque (i) imponía una carga probatoria distinta para la mujer que quisiera
probar la posesión notoria del matrimonio y (ii) supeditaba la existencia del
vínculo matrimonial a la aceptación de la mujer en el círculo familiar y social
del marido, la sentencia se ocupó de resolver una contradicción entre la norma
demandada y los principios constitucionales, en tanto esta prevé, como uno de
los requisitos para acreditar la posesión notoria del estado de matrimonio, la
prueba de la aceptación de la mujer por personas cercanas al círculo social del
marido, sin exigir, de igual modo, la prueba de la aceptación del hombre por
personas cercanas al círculo social de la mujer. Este problema jurídico implicó
una modificación de los cargos propuestos por el accionante y con ello un
control de constitucionalidad oficioso sobre la norma demandada[64].
2.-
Si la Sala, como debió ocurrir, se hubiera ceñido a los argumentos planteados
en la demanda, tendría que haberse declarado inhibida para decidir de fondo,
pues la argumentación del demandante carecía de certeza en tanto que se fundó
en una interpretación errada del contenido normativo demandado, dado que:
(i)
El
accionante sostuvo que la norma consagraba una carga probatoria mayor para las
mujeres que quisieran demostrar la posesión notoria del matrimonio. Sin
embargo, tal como lo explicó el Ministerio Público en su intervención, “el
interesado en acreditar dicho estado civil, sea hombre o mujer, [debía]
convencer al juez de que la mujer fue recibida por los deudos amigos y vecinos
del esposo” (Se resalta).
En
efecto, el hombre que pretendiera probar la posesión notoria de estado civil de
matrimonio también debía demostrar que la mujer había sido recibida como su
cónyuge por sus amigos, deudos y vecinos. Por tanto, más allá del reproche que
pudiera generar el hecho de que, para acreditar la posesión notoria del
matrimonio la norma estableciera un requisito referente a la aceptación de la
mujer por parte de terceros, lo cierto es que la disposición demandada no
exigía que únicamente las mujeres acreditaran dicha aceptación.
(ii) El
accionante manifestó que resultaba inconstitucional exigir la aceptación de la
mujer por parte de los deudos, amigos y vecinos del marido para que pudiera existir
un vínculo matrimonial[65].
No obstante, el actor confundió la prueba del vínculo matrimonial con la
existencia del mismo y por ello consideró, equivocadamente, que la norma exigía
la aceptación de los cónyuges y de terceros cercanos al marido para que pudiera
perfeccionarse el matrimonio. Esto, pese a que el artículo 396 del Código Civil
únicamente regula lo atinente a la prueba del estado civil, mediante la
posesión notoria, como medio supletivo ante la ausencia de un acta, registro o
documento que acredite la celebración del matrimonio.
Fecha
ut supra,
Carlos Bernal Pulido
Magistrado
[1]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 3.
[2]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 4.
[3]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 49.
[4]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 49 y 50.
[5]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 50.
[6]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 60.
[7]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 52.
[8]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 52 (reverso).
[9]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 53 (reverso).
[10]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 54.
[11]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 55 (reverso).
[12]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 79.
[13]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 80.
[14]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 74.
[15]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 74.
[16]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 63.
[17]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 87 (reverso).
[18]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 98.
[19]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 96.
[20]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 97.
[21]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 97 (reverso).
[22] Esto
lo demuestra la participación del movimiento de mujeres en la Asamblea Nacional
Constituyente y sus propuestas para que en el texto de la nueva constitución
quedará explícita la protección especial a la mujer y la igualdad con los
hombres en todos los ámbitos. “En muchos sentidos la nueva Constitución fue y
ha sido un motor de la movilización feminista (…) con su discurso de inclusión,
paz y derechos, permitió la consolidación de un nuevo marco de movilización
feminista, uno en el cual los temas del movimiento se comprendían más como
aspiraciones de ciudadanía, derechos humanos, democracia y justicia”. Lemaitre
Ripoll, Julieta. “El Derecho como Conjuro. Fetichismo legal, violencia y
movimientos sociales”. Ed. Siglo del Hombre Editores. Derecho y Sociedad,
Universidad de Los Andes (2009). P. 212.
[23]
Principalmente dos tratados: la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (Ley 51 de 1981) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belem do Para” (Ley 248 de 1995). La sentencia
C-586 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María
Victoria Calle Correa; AV Alberto Rojas Ríos), realiza un recuento exhaustivo
de los tratados internacionales relativos al derecho a la igualdad de las mujeres
y la regla de prohibición de trato discriminado por sexo.
[24]
Corte Constitucional, sentencia C-588 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[25]
Esto lo reconoce la Corte en su jurisprudencia constantemente: “Ahora
bien, el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre no solamente estaba
reflejada en el ámbito familiar, cultural y social, sino que irradió el campo
del derecho y, en ese sentido, las instituciones jurídicas reflejaron ese
estado de cosas con la expedición de leyes que reforzaban la práctica de la
discriminación de la mujer, aunque valga aclarar, también el legislador en un
proceso de superar esa histórica discriminación, ha adoptado medidas
legislativas tendientes a mermar los efectos de las situaciones de inferioridad
y desventaja que sometían a las mujeres. Eso se puede observar con claridad,
realizando una breve reseña de nuestro ordenamiento jurídico. || En efecto,
hasta 1922 las mujeres no podían ser testigos porque se desconfiaba de su
manera de percibir, de recordar y de relatar lo percibido, es decir, carecían
de capacidad de razonamiento y deliberación; mediante la Ley 8 de 1922 se les
permitió ser testigos. Solamente hasta el año de 1932 con la expedición de la
Ley 28 de ese año, se les confirió a las mujeres casadas capacidad civil plena,
porque antes de la expedición de esa ley eran tratadas como menores de edad y,
en consecuencia, no podían ejercer actos de disposición y administración de sus
bienes sino por intermedio de su cónyuge, que era su representante legal. En la
Constitución de 1886 sólo los colombianos varones mayores de 21 años eran
ciudadanos (…)”. Corte Constitucional, sentencia C-101 de 2005 (MP Alfredo Beltrán
Sierra; SV Rodrigo Escobar Gil).
[26]
Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; AV Marco Gerardo Monroy Cabra; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Nilson Pinilla
Pinilla).
[27]
Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[28]
Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-624 de
1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[29]
Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-371
de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz; SPV Álvaro Tafur Galvis; SV Eduardo Cifuentes
Muñoz; SPV Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz; AV Vladimiro
Naranjo Mesa).
[30] “(…)
la
ley 28 de 1932 reconoció a la mujer la libre administración y disposición de
sus bienes, y en el artículo 5o. abolió la potestad marital, de manera que el
hombre dejó de ser el representante legal de la mujer; el decreto 1260 de 1970
eliminó la obligación de la mujer de llevar el apellido del marido; el decreto
2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer; el
decreto ley 999 de 1988 en su artículo 94 , permite a la mujer casada adicionar
o suprimir el apellido del marido precedido de la preposición "de" en
los casos que ella lo hubiera adoptado o hubiese sido estatuído por la ley; las
leyes 1a. de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en
el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley”. Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos
Gaviria Díaz).
[31] Otro
ejemplo es lo decidido en la sentencia C-622 de 1997 (MP Hernando Herrera
Vergara), en la que la Corte declaró la inexequibilidad de una norma que
prohibía emplear mujeres para trabajos nocturnos en las empresas. La Corte
estableció que “El
principio constitucional de la igualdad no admite en el asunto sub-examine
diferenciación en el trato, pues no es razonable ni justificable impedir que la
mujer pueda laborar durante la noche en las mismas condiciones y oportunidades
laborales de los hombres, precisamente como desarrollo de la igualdad de
derechos entre personas de sexo distinto. Lejos de considerarse una norma
protectora, el precepto acusado tiene un carácter paternalista y conduce a
prohibir que las mujeres, puedan laborar durante la noche, en las empresas
industriales, lo cual constituye una abierta discriminación contra ella, que
debe ser abolida, pues aparte de tener plena capacidad para el trabajo en
condiciones dignas y justas, debe garantizárseles en igualdad de condiciones
con los hombres”.  Estos estándares fueron
reiterados en la sentencia C-586 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; AV Alberto Rojas Ríos).
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-624 de 1995 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[33]
Particularmente las sentencias C-588 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-068 de 1999 (MP Alfredo
Beltrán Sierra; SV Valdimiro Naranjo Mesa; SV Eduardo Cifuentes Muñoz; SV
Carlos Gaviria Díaz), C-082 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-112 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero; AV Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández
Galindo),  C-1440 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell), C-007 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), C-507 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Alfredo Beltrán Sierra; SV Álvaro Tafur Galvis; AV Manuel José Cepeda Espinosa;
SV Jaime Araujo Rentería), C-101 de 2005 (MP Alfredo
Beltrán Sierra; SV Rodrigo Escobar Gil), C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto; SV Rodrigo Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo
Monroy Cabra), C-278 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[34] Corte
Constitucional, sentencia C-082 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz). Demanda de
inconstitucionalidad contra el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil. La
Corte declaró la inexequibilidad de la norma por violar los derechos a la
igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.
[35]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[36]
Corte Constitucional, sentencia C-112 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero;
AV Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández Galindo).
[37]
Corte Constitucional, sentencia C-112 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero;
AV Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández Galindo). Esto también se
reitera en la sentencia C-1440 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell) en la
cual se declara la inexequibilidad de los artículos 173 y 174 del Código Civil
por violar los derechos fundamentales a la libertad, la honra y el libre
desarrollo de la personalidad.
[38]
Corte Constitucional, sentencia C-112 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero;
AV Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández Galindo).
[39]
Corte Constitucional, sentencia C-101 de 2005 (MP Alfredo Beltrán
Sierra; SV Rodrigo Escobar Gil).
[40] Artículo
1134. “Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia
de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un
derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica”.
[41]
Corte Constitucional, sentencia C-101 de 2005 (MP Alfredo Beltrán
Sierra; SV Rodrigo Escobar Gil).
[42] Corte
Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV
Rodrigo Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo Monroy Cabra).
[43] La
norma inicial consagraba: Artículo 33. “Las palabras hombre, persona, niño,
adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplica(rá)n a individuos
de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden
ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de
la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.||Por el
contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el
sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las
extienda la ley a él.” La Corte declaró inconstitucional todo el texto y señaló
que la norma debía leerse “La palabra persona en su sentido general se
aplica(rá) a la especie humana, sin distinción de sexo”.
[44]
Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; SV Rodrigo Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo Monroy
Cabra). Hizo referencia a las sentencias T-026 de 1996, C-622 de 1997,
C-534 de 2005.
[45]
Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; SV Rodrigo Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[46]
Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6º del artículo 1781 del
Código Civil por considerarse vulneratorio del derecho a la igualdad de la
mujer.
[47]
Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[48]
Corte Constitucional, sentencia C-586 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; AV Alberto Rojas Ríos).
[49] ONU.
Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General
No. 28. 16 de diciembre de 2010. Párr. 22.
[50]
Corte Constitucional, sentencia C-004 de 1998 (MP Jorge Arango Mejía).
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-241 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[52]
Corte Constitucional, sentencia C-090 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz).
Reiterado en la sentencia T-241 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[53] La Corte Suprema de Justicia ha
establecido que “para probar el estado civil de las personas el legislador
previó el sistema de tarifa legal, de modo que únicamente puede probarse por
medio de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con
base en los mismos”. Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia.
Sentencia del 6 de octubre de 2015 (Exp. 2008-00426-01) y Sentencia de 27 de noviembre de
2007 (Exp. 1995-05945-01).
[54] Sala
de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de octubre de
2015 (Exp. 2008-00426-01).
[55] Corte Constitucional, entre
otras, sentencias T-963 de 2001,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. T-729 de 2011 MP Gabriel Eduardo Mendoza, T-023 de
2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[56] Código Civil de la República de
Colombia, “Artículo 135. “El
matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el despacho del juez,
ante este, su secretario y dos testigos. El juez explorará de los esposos si de
su libre y espontánea voluntad se unen en matrimonio; les hará conocer la
naturaleza del contrato y los deberes recíprocos que van a contraer,
instruyéndolos al efecto en las disposiciones de los artículos 152, 153, 176 y
siguientes de este Código. En seguida se extenderá un acta de todo lo ocurrido,
que firmarán los contrayentes, los testigos, el juez y su secretario, con lo
cual se declarará perfeccionado el matrimonio”. “Artículo 137 (…) Registrada
esta acta, se enviará inmediatamente al notario respectivo para que la
protocolice y compulse una copia a los interesados”.
[57] Valencia Zea, A. (1989). Estado
civil de las personas. En A. Valencia Zea, Derecho Civil. Tomo I. Parte
General y Personas. Duodécima edición. (págs. 313-331). Bogotá, D. C.:
Editorial Temis.
[58] Sala de Casación Civil, Corte
Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de octubre de 2015 (Exp. 2008-00426-01) y
Sentencia de
27 de noviembre de 2007 (Exp. 1995-05945-01).
[59]
Concepto allegado por el Ministerio de Justicia. Coinciden los conceptos de la
Defensoría del Pueblo, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi de
Cali, la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[60] Sala
de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de octubre de
2015 (Exp. 2008-00426-01).
[61] Corte
Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV
Marco Gerardo Monroy Cabra; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Nilson Pinilla Pinilla).
Posición reiterada en varias sentencias que fueron citadas en las
consideraciones de esta providencia.
[62]
Corte Constitucional, entre otras, sentencia C-340 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa; SV Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerreo Pérez).
[63]
Corte Constitucional, sentencia C-588 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[64] Sentencia C-542 de
2007. “Conforme al artículo 241 de la Constitución, no corresponde a la
Corte revisar oficiosamente las leyes, sino examinar las que efectivamente se
hubieren demandado por los ciudadanos, lo cual implica que esta Corporación
sólo pueda adentrarse en el estudio y resolución de un asunto una vez se
presente la acusación en debida forma.”
[65] En este sentido,
sostuvo que “Para que exista matrimonio, una vez cumplidos los requisitos de
forma, solo basta con la aceptación de los cónyuges (…) por lo cual su voluntad
debe ser la única que debe primar, ante todo, sin necesidad de la aceptación o
negación de terceros”