C-899-03
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-899/03
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Evolución jurisprudencial
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Derechos de la víctima
“La víctima o perjudicado por un delito
no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le
hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene
derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga
justicia.”.
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Intereses adicionales a la mera
reparación pecuniaria
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-Vía legítima para extinguir la acción
penal
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Derechos a la verdad y a la justicia
no son absolutos
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS EN PROCESO PENAL
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-Institución ajustada al sistema
jurídico colombiano y a la Constitución
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-En principio reconocimiento no afecta
derechos de la parte civil en el proceso penal
POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Estructura de los
procesos judiciales
POLITICA
CRIMINAL DEL ESTADO-Concepto/POLITICA CRIMINAL
DEL ESTADO-Fundamentos de los procedimientos sobre los cuales se erige
sanción y represión al delito
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Causales de extinción de la
acción penal/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Restricción
de derechos de las partes en el proceso penal
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-Monto máximo opera únicamente para
los perjuicios morales
LEGISLADOR-Facultad de establecer restricción a la indemnización de perjuicios
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Restricciones
LEGISLADOR-Autonomía para diseñar los procesos judiciales
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Garantías concurrentes
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS-Como causal de extinción de
la acción penal no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la
justicia
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS-Alternativa legitima en el
campo de la extinción de la acción penal/INDEMNIZACION INTEGRAL DE
PERJUICIOS-Proporcionalidad de la medida no extingue la acción penal en
cualquier clase de delitos
EXTINCION DE
LA ACCION PENAL POR INDEMNIZACION INTEGRAL DE PERJUICIOS-Procedencia e improcedencia respecto a ciertos delitos
LEGISLADOR-Facultad de limitar extinción de la acción penal por indemnización
de perjuicios a casos especiales
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS EN PROCESO PENAL-Es un mecanismo para
desjudicializar conflictos sociales
EXTINCION DE
LA ACCION PENAL POR INDEMNIZACION INTEGRAL DE PERJUICIOS-Improcedencia respecto al procesado
No podrá extinguirse la acción penal por
indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado,
respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la
investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral. Ello
quiere decir que un mismo individuo no puede solicitar la extinción de la
acción penal por indemnización integral dos veces en un lapso inferior a cinco
años.
EXTINCION DE
LA ACCION PENAL POR INDEMNIZACION INTEGRAL DE PERJUICIOS-Procedencia reconoce la autoría del ilícito en cabeza del sujeto
pasivo de la acción penal/EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS-Manera de realizar el ideal de justicia que persigue
el Estado
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-Obliga al infractor a hacerse cargo
de la responsabilidad que implica el quebrantamiento de la ley
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS-Compatible con los derechos a la
verdad y a la justicia
Es dable admitir que los derechos a la
verdad y a la justicia son derechos compatibles con la figura de la
indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal y que,
además de dicha compatibilidad, dichas garantías resultan inescindibles de la
indemnización integral pues cuando la misma se otorga se realiza el ideal de
justicia perseguido por el legislador amén de que se establece la verdad sobre
el ilícito en términos de su autoría.
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-No vulneración del principio de igualdad
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-Monto está determinado por el daño que causa el autor y no por la
ley
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-Se ofrece en igualdad de condiciones a todos los sujetos sometidos
al proceso penal sin tener en cuenta el monto de su patrimonio/INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-Medida
tiende a proteger a la víctima no al procesado
INDEMNIZACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-No constituye manifestación de la proscrita “prisión por deudas”
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Manifestación de no haber iniciado un
proceso civil independiente
ACCION CIVIL-Ejercicio independiente o dentro del proceso penal es potestativo,
por tanto no puede incoarse en ambos procesos al mismo tiempo
ACCION CIVIL-Imposibilidad de participar en el proceso penal cuando se ha
iniciado un proceso civil independiente no vulnera el derecho de defensa
PROCESO PENAL-Carácter no resarcitorio
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Requisitos de la demanda/PARTE
CIVIL EN PROCESO PENAL-Rechazo de la demanda
INHIBICION DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la
demanda
COSA JUZGADA
PENAL ABSOLUTORIA EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL-Efectos
COSA JUZGADA
PENAL ABSOLUTORIA-Efectos erga omnes/COSA
JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA-Finalidad
La decisión del juez penal tiene efectos
de cosa juzgada erga omnes, interrumpiendo así los procesos civiles que se
sigan coetáneamente contra el procesado e impidiendo la iniciación de nuevos
procesos en los que se pretenda discutir la responsabilidad civil por el
ilícito del cual se lo absuelve. De conformidad con el artículo 57 del C.P.P, dichas
causales son: a) haberse declarado que la conducta causante del perjuicio no se
realizó, b) haberse declarado que el sindicado no cometió dicha conducta, c)
haberse establecido que el sindicado actuó en estricto cumplimiento de un deber
legal y d) haberse determinado que el sindicado actuó en legítima defensa.
COSA JUZGADA
PENAL ABSOLUTORIA-Improcedencia de efecto erga
omnes
CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-Efectos de la cosa juzgada penal
absolutoria
COSA JUZGADA
PENAL ABSOLUTORIA-Causales por las que procede
efectos erga omnes
SENTENCIA
PENAL ABSOLUTORIA POR CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE UN DEBER LEGAL-Cosa juzgada erga omnes
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO-Licitud o ilicitud no se predica de la
conducta de sus agentes sino solo del daño
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL-Tipos
SENTENCIA
PENAL ABSOLUTORIA POR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL-Decisión no modifica el derecho a ser indemnizado
El hecho de que el agente estatal actúe
en ejercicio de un deber legal no incide en la indemnización que merece el
afectado. Siempre y cuando el daño sea antijurídico, el responsable frente al
particular es el Estado, no el agente, y la sujeción o desconocimiento de la
conducta del último al deber legal establecido no modifica en nada el derecho a
ser indemnizado. En suma, las conductas lícitas desplegadas por los agentes del
Estado, es decir, aquellas que se realizan en cumplimiento de un deber legal,
no impiden que el Estado indemnice a la víctima que ha sufrido un daño
antijurídico. Simplemente, impiden que el Estado repita contra el agente que
causa el daño.
SENTENCIA
PENAL ABSOLUTORIA POR LEGITIMA DEFENSA
LEGITIMA
DEFENSA-Alcance de la expresión en el marco de las
causales de exoneración de responsabilidad civil
Cuando el artículo 57 del Código de
Procedimiento Penal establece que la legítima defensa constituye causal de
exoneración de la responsabilidad civil, aquél se refiere a la legítima defensa
objetiva y no al error de conducta respecto de la causal de antijuridicidad
denominada legítima defensa. Esta diferencia de trato en la terminología del
Código Penal, que no menciona la legítima defensa subjetiva cuando hace alusión
a ella, sino que la incluye en el régimen del error exculpativo, permite
concluir que el artículo acusado se refiere a la legítima defensa objetiva y no
a la subjetiva.
LEGITIMA
DEFENSA OBJETIVA Y LEGITIMA DEFENSA SUBJETIVA-Diferencias
Referencia:
expediente D-4562
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52
(parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal.
Actor: Martín
Bermúdez Muñoz
Magistrado
Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos
mil tres (2003)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la
preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con
base en los siguientes,
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Martín Bermúdez Muñoz, actuando en nombre
propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40-6, y
95-7, de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad parcial de los
artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la
Ley 600 de 2000, por la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal,
por considerar que contraría varias disposiciones constitucionales.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben las normas
demandadas y se subrayan los apartes que se consideran inconstitucionales:
Ley 600 de 2000
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
Artículo
38. Extinción. La acción penal se extingue
por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización
integral y en los demás casos contemplados por la ley.
Artículo
42. Indemnización integral. En los delitos
que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales
culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva
consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones
personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los
derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio
económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los
sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.
Se exceptúan
los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de
autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus
mecanismos de protección.
La extinción
de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro
proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución
inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro
de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la
Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por
aplicación de este artículo.
La reparación
integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un
perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste
expresamente haber sido indemnizado.
Artículo
48. Requisitos. Quien pretenda constituirse
en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará
poder para el efecto.
La demanda de
constitución de parte civil deberá contener:
El nombre y
domicilio del perjudicado con la conducta punible.
El nombre y
domicilio del presunto responsable, si lo conociere.
El nombre y
domicilio de los representantes o apoderados de los sujetos procesales, si no
pueden comparecer o no comparecen por sí mismas.
La
manifestación, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción
civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados
con la conducta punible.
Los hechos en
virtud de los cuales se hubieren producido los daños y perjuicios cuya
indemnización se reclama.
Los daños
y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía
en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse
para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible.
Los
fundamentos jurídicos en que se basen las pretensiones formuladas.
Las pruebas
que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la
indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible.
Los anexos
que acrediten la representación judicial, si fuere el caso. Igualmente deberá
acompañarse la prueba de la representación de las personas jurídicas, cuando
ello sea necesario. Si quien pretende constituirse en parte civil fuere un
heredero de la persona perjudicada, deberá acompañar a la demanda la prueba que
demuestre su calidad de tal.
Si fueren
varias las personas perjudicadas, podrán constituirse en parte civil separada o
conjuntamente.
Cuando se
hubiere conferido poder en forma legal, el abogado podrá conocer el proceso
siempre que acredite sumariamente la calidad de perjudicado del poderdante,
obligándose a cumplir con la reserva exigida.
Cuando el
demandado fuere persona distinta del sindicado, en la demanda deberá indicarse
el lugar donde aquél o su representante recibirán notificaciones personales. En
su defecto, deberá afirmar bajo juramento, que se entenderá prestado con la
presentación de la demanda, que desconoce su domicilio.
La
providencia admisoria de la demanda se notificará personalmente al demandado o
a su representante legal y se le hará entrega de una copia de la demanda y de
sus anexos. No habiendo sido posible la notificación personal, se surtirá el
emplazamiento respectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Civil.
Artículo
52. Rechazo de la demanda. La demanda
será rechazada cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la
acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los
perjuicios, que se ha producido la reparación del daño o que quien la promueve
no es el perjudicado directo.
También
procede el rechazo cuando la demanda se dirija contra el tercero civilmente
responsable y la acción civil se encuentre prescrita.
En cualquier
momento del proceso, en que se acredite cualquiera de las situaciones
descritas, mediante providencia interlocutoria se dará por terminada la
actuación civil dentro del proceso penal.
Artículo
55. Extinción de la acción civil. La acción
civil proveniente de la conducta punible se extingue en todo o en parte, por
cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil.
Artículo
57. Efectos de la cosa juzgada penal
absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya
declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no
se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto
cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.
III. LA DEMANDA
El actor manifiesta que su demanda se
encuentra fundamentada en la Sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional
que reconoció que la parte civil en el proceso penal no sólo persigue la
indemnización de perjuicios sino que también busca garantizar su derecho a obtener
la verdad y a que se imponga la sanción correspondiente.
En efecto, para el demandante, aceptar que
la parte civil en el proceso penal sólo busca la indemnización de los
perjuicios implica quebrantar las siguientes normas constitucionales: el artículo
1º, que consagra el principio de la dignidad humana, por cuanto se reduce la
protección de la víctima  a una mera cuestión económica; el artículo 2º que
garantiza el goce efectivo de los derechos, así como la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo; el derecho a acceder a la justicia señalado en
el artículo 229 del mismo estatuto, y los artículos 15 y 21, que garantizan el
derecho al buen nombre y a la honra, en la medida en que las víctimas no se les
da la oportunidad de controvertir la versión de los hechos que los perjudican.
Del mismo modo, dicha posición atenta
contra convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque
constitucional, como es el caso del artículo 8º de la Declaración Universal de
los Derecho Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder (Asamblea General de las
Naciones Unidas- resolución 40134, 29 de Noviembre de 1985), y por último, el
artículo 32 del Protocolo Adicional 1º a los Convenios de Ginebra.
Tomando como base que la indemnización de
los perjuicios no puede ser el único objetivo de la acción civil en el proceso
penal, porque así lo reconoce el ordenamiento constitucional, para el actor es
claro que la expresión “indemnización integral”, contenida en el
artículo 38 del Código de Procedimiento Penal es inconstitucional porque establece
que la acción penal puede extinguirse con el solo pago de la indemnización que
se debe. Es decir, si se acepta que la parte civil en el proceso penal busca la
realización de otros objetivos: encontrar la verdad de los hechos y sancionar
al responsable, es evidente la imposibilidad de que la acción penal se extinga
por el simple pago de la indemnización. Ello satisfaría sólo uno de los fines
de la demanda, dejando por fuera los que acaban de mencionarse.
Tal situación se agrava –añade- por el
hecho de que la indemnización integral puede decretarse sin el consentimiento
de la víctima “en la medida en que puede ser dispuesta cuando el responsable
paga el valor de los perjuicios determinados pericialmente”, lo que se
convierte en una razón más para considerar que es una violación al derecho que
tiene la víctima de que se haga justicia, derecho que “queda sólo protegido
cuando el juez penal, en sentencia, se pronuncia sobre la responsabilidad penal
del sindicado”.
En lo que respecta al 42, el demandante añade
lo siguiente: al permitir que la  acción penal se extinga para los delitos
mencionados cuando se paga la indemnización, se está quebrantando el derecho a
la igualdad consagrado en la Carta, toda vez que se sanciona penalmente a los
que no pueden pagar la suma correspondiente, mientras a los que pueden pagarla,
se les da la oportunidad de evitar dicha pena.
Esta discriminación no está justificada
pues si lo que se buscaba con ella era la extinción de la pena con el pago,
entonces la medida más razonable y menos discriminatoria era la despenalización
de las conductas a las que se refiere. El anterior argumento tiene sentido si
se tiene en cuenta que la razón para decretar que una conducta merece una
sanción penal es la consideración de que se trata de un daño a la sociedad y no
sólo a  la víctima, daño que no se estima reparado con el pago de la
indemnización al individuo perjudicado, sino con el cumplimiento de la sanción
penal. En este sentido, se estaría fijando una conducta como delito para
aquellos que no pagan- ya sea porque no desean hacerlo, ya sea porque no pueden
hacerlo- mientras que no se le daría carácter de delito a  esa misma conducta
para aquellos que pagan la suma requerida.
De esta forma surge la siguiente pregunta:
¿Qué se está sancionado penalmente, el no pago de la indemnización del
perjuicio causado o la conducta? En cuanto a este interrogante, recuerda el
actor que la Carta Política, en su artículo 28, y la Convención Americana de
Derechos Humanos, en su artículo 77, prohíben la detención, prisión o arresto
por deudas. Sostiene que, si bien la Corte ha dicho que la prohibición
constitucional del artículo 28 “no abarca la posibilidad de convertir una
multa-como sanción punitiva del Estado- en arresto”[1], este caso es diferente
pues no está transformando la multa en arresto sino que “se estaría
convirtiendo una obligación civil- la de indemnizar integralmente la víctima-
en pena privativa de la libertad, lo cual es contrario a la prohibición de
arresto por deudas establecida por la Constitución Nacional”.
El artículo 42 de la citada ley viola
además el artículo 29 de la Norma Fundamental, según dice el actor, pues se
incita a que el sindicado pague la multa con el único interés de extinguir la
acción penal que se adelanta en su contra, incluso si no se considera culpable,
lo que impide que el sindicado ejerza su derecho a defenderse.
Así mismo, el demandante hace énfasis sobre
el aparte del referido artículo del Código de Procedimiento Penal  que permite
la extinción de la acción penal en los delitos de lesiones personales dolosas
con secuelas transitorias, incluso cuando la víctima no ha aceptado el monto a
pagar. En su concepto, esto constituye una violación aberrante del artículo 2º
de la Carta que asegura la convivencia pacífica y la prevalencia de un orden
justo; así como de la protección constitucional a la vida, honra y bienes de
los ciudadanos, ya que se permite que los individuos se expongan a tratos crueles,
inhumanos y degradantes que pueden tener como única sanción el pago de una
multa que tal vez ni la misma víctima considera ajustada.
Por otro lado, en referencia a los artículo
48, 52 y 55 de la Ley 600 de 2000, el actor afirma que, según lo expuesto en la
Sentencia C-228/02, resulta inconstitucional establecer como requisito para
interponer la demanda que se proponga la estimación de los perjuicios, así como
disponer que si la víctima persiguió y obtuvo su pago en un proceso civil o si
obtuvo la satisfacción de su pretensión indemnizatoria de cualquier manera, no
puede incoar la demanda de parte civil en el proceso penal o no puede
permanecer como parte dentro del proceso. En otros términos, el que la víctima
ingrese al proceso como sujeto procesal y permanezca como tal no puede depender
de que incoe una pretensión indemnizatoria, toda vez que, bajo la nueva
concepción de la parte civil en el proceso penal, la víctima también tiene como
propósito al involucrarse al proceso penal, el buscar la verdad y el que se
sancione al responsable.
Además, negar la participación de la
víctima como parte civil en el proceso penal, cuando ésta haya decidido acudir
a la jurisdicción civil o a la contencioso administrativo a reclamar perjuicios
por el hecho punible, va en contra del derecho al debido proceso si se tiene en
cuenta que hay decisiones en el proceso penal que pueden afectar el proceso
civil, por lo cual la víctima debería tener  derecho a controvertir lo que
sucede en el proceso penal. Anteriormente, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado daban a escoger al demandante una
de dos opciones: el constituirse en el proceso penal como parte civil, o el
acudir al proceso civil o contencioso administrativo para reclamar los perjuicios
causados. Desde la promulgación de la sentencia C-228/02 se estableció que para
que la víctima pueda controvertir los argumentos o hechos que puedan
obstaculizar la satisfacción de su indemnización, haciendo así efectivo el
debido proceso, ésta podrá ejercer sus derechos patrimoniales en el proceso
civil, y al mismo tiempo en el penal, con el objetivo de esclarecer la verdad,
buscar la sanción del culpable y controvertir los hechos que le pueden
perjudicar en el proceso civil.
Finalmente, en referencia al artículo 57 de
la ley aquí impugnada, el actor esgrime los siguiente argumentos para que se
declare su inconstitucionalidad. Considera que la cosa juzgada debe ser
declarada en las materias sobre las cuales los pronunciamientos del juez civil
y del juez penal no pueden ser contradictorios. Así, se debe establecer cosa
juzgada en la decisión del juez penal, por ejemplo, en lo referente a la
causalidad pues no puede darse lugar a las contradicciones en la ocurrencia del
hecho y su autor.
Sin embargo, no es procedente que el
legislador establezca “circunstancias que atañen exclusivamente a la
conducta del sindicado y por lo tanto sólo pueden tener efectos respecto a la
sanción penal, como la consagración del hecho como delito (falta de tipicidad)
o la falta de la culpabilidad exigida en el tipo penal, pueden  impedir que la
víctima logre la indemnización de perjuicios provenientes del mismo hecho”.
En este orden de ideas, el artículo 57 es inconstitucional pues limita el
acceso a la administración de justicia consagrado en nuestra Constitución al
disponer que la absolución del sindicado por cumplimiento de un deber legal o
por actuar en legítima defensa impide que se prosiga a la acción civil con el
objetivo de que se paguen los daños causados.  Si bien se podría argumentar que
habrá ocasiones en que quien obre en legítima defensa sea exonerado de pagar
perjuicio civiles por considerar que los daños fueron causados por causa
exclusiva de la víctima, habrá ocasiones en que no sucederá de esta forma, por
ejemplo, cuando se trate de la legítima defensa subjetiva. En este último caso,
la víctima tiene derecho a acudir a la justicia para que se le indemnicen los
daños causados, pero por disposición del aparte demandado, no podrá gozarse de
este derecho.
Lo mismo sucede cuando se absuelve al
sindicado por ser su conducta el resultado del desarrollo de un deber legal. En
esa circunstancia, es razonable que no se considere penalmente responsable al
sindicado, sin embargo, nada justifica el que no se indemnice a la víctima pues
de igual manera se le habría causado un perjuicio que ha de ser subsanado a
pesar de haber sido causado en desarrollo de un deber legal; así lo dispone el
artículo 90 de la Constitución. En suma, la expresión acusada impide que la
víctima tenga acceso a la justicia (artículo 229 de la C.P) para que se le
pague por los perjuicios a los cuales tiene derecho que se le indemnice.
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Interior y de Justicia
Dentro del término correspondiente,
intervino la Doctora Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando en representación
del Ministerio de la referencia, para solicitar a la Corte que declare la
constitucionalidad de las normas demandadas.
La nombrada funcionaria comienza su
intervención recordando que en desarrollo del artículo 250 Superior, el Código
de Procedimiento Penal, en su artículo 21, le da la facultad al funcionario
judicial de adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados
por la comisión de la conducta punible haciendo posible la ejecución de
mecanismos que protejan el derecho de la víctima de que se indemnicen los
perjuicios ocasionados por el delito, según lo dispone el artículo mencionado
del Estatuto Superior. Uno de estos mecanismos es “la indemnización integral
(...), que una vez  definido por el funcionario judicial, motiva la extinción
de la acción penal adelantada contra el infractor llamado a indemnizar”. No
obstante, ésta opera sólo frente algunas conductas específicas que el
legislador considera que pueden ser valoradas económicamente.
Así mismo, coincide con la doctrina en la
consideración de que la terminación anticipada del proceso por la indemnización
integral es una institución que intenta descongestionar los despachos
judiciales y, ante todo, hacer efectivo el principio del restablecimiento del
derecho de donde se deriva que el proceso no debe procurar únicamente la
definición de un responsable penal sino que también cesen los efectos creados
por la conducta delictiva. Además, con la terminación del proceso por la
indemnización se adoptaron los postulados de la criminología crítica que
intenta desjudicializar ciertos conflictos sociales reduciendo su solución a un
contenido estrictamente económico.
Por otro lado, la intervinente señala su
desacuerdo con el argumento de “que el derecho a la justicia se agota, como
esgrime el accionante, con la imposición de medidas privativas de la libertad”
pues, en su sentir, si es ineludible que el proceso culmine con una sentencia
condenatoria entonces se le estaría otorgando una finalidad meramente
retributiva.
Conjuntamente, hace una revisión de las
características de la pena, entre las cuales menciona la razonabilidad,
proporcionalidad y la necesariedad. De acuerdo con esta última característica,
la sanción penal que se impone debe ser una que, intentando evitar nuevos
delitos, sea además indispensable para concretar el programa político criminal
que el legislador ha establecido, así como la menos dañina para el condenado.
Así, sólo merecen la pena aquellos que han realizado una conducta que realmente
amenace la tranquilidad y seguridad de la sociedad.
En este sentido, la aprobación de que se
extinga la pena por la indemnización de los perjuicios causados por ciertas
conductas, puede ser entendida como la aceptación del legislador, teniendo en
cuenta la levedad de la infracción, del escenario en que el pago a la víctima
satisface y protege el derecho de la sociedad a que se persiga su seguridad y
tranquilidad y a que se haga justicia. Paralelamente, cumple el legislador el
fin de acelerar la respuesta judicial y evitar la congestión de los despachos
haciendo efectivo el principio de la eficacia en la justicia. De esta manera,
la extinción de la pena por la indemnización integral se une al grupo de
figuras que producen la terminación anormal del proceso conformado, entre
otras, por la oblación, la compensación, la conciliación y la retracción .
Al mismo tiempo, la intervinente sostiene
que “el incremento de bienes jurídicos objetos de sanción desde la órbita
penal (...) necesariamente debe tender a un proceso, igualmente generalizado,
de despenalización de ciertas conductas, y de búsqueda de  mecanismos
alternativos de solución de aquellos conflictos cuya naturaleza no requiera del
desgaste del ente judicial”. De lo anterior es claro que es válido y
necesario el requisito de que no se haya iniciado proceso civil para la
incoación del proceso penal toda vez que busca permitir el cumplimiento de un
deber que la Constitución impone la ciudadano, a saber, el de “colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto acudir
a la justicia por dos vías diferentes siendo un mismo hecho y entre las mismas
partes, sugieres un desgaste desleal de la justicia”.
Por otra parte, sostiene que, a tenor de
los dispuesto por la Corte en la Sentencia C-1063/00, es evidente que el
alegato que pretende desestimar el pago de la indemnización como medio para dar
por terminado el proceso no es de recibo toda vez que “no puede (...)
predicarse el desconocimiento de un derecho de estirpe constitucional cuando el
mismo se encuentra precedido de una decisión voluntaria y, en todo caso,
dirigida al mismo fin: el resarcimiento de perjuicios”.
Finalmente, en referencia a  los efectos de
las cosa juzgada penal absolutoria, la funcionaria afirma que “la
concurrencia de tales eximentes da lugar a la extinción de la acción civil,
atendiendo la no exigibilidad de conducta diversa en una circunstancia
particular. Allí, el legislador privilegia la evitación de un riesgo de mayor
entidad, exonerando de responsabilidad penal y, de contera, civil, a quien, por
ejemplo, ha asumido voluntariamente la protección de un bien jurídico de mayor
jerarquía”. Para darse a entender con mayor claridad,  aporta como
ilustración la circunstancia en que se causa un perjuicio económico- como el
rompimiento de algunos objetos- por ingresar a la fuerza a una casa cerrada con
el único objeto de salvar la vida de quienes se encuentran encerrados en el
recinto incendiado. De aceptarse el argumento del actor, sería válida la
demanda entablada para que se indemnicen los perjuicios causados; situación
contraria a la lógica jurídica y a la exigencia constitucional de vigencia de
un orden justo.
2. Fiscalía General de la Nación
Dentro del término correspondiente,
intervino el Doctor Gustavo Morales Marín, actuando en representación de la
institución ya referida, para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad
de los artículos demandados.
El funcionario advierte, en primer término,
que la sentencia en la que se basa la demanda no es la C-228/00 como lo expuso
el actor, sino la C-228/02, donde efectivamente la Corte se pronunció sobre el
papel de la parte civil en el proceso penal. Igualmente, afirma que el actor se
equivoca al sostener que “con la Sentencia C-228 operó la
inconstitucionalidad per se de los artículos acusados” pues hasta el
momento de la demanda, los artículos no habían sido objeto de fallo
constitucional.
Manifiesta el intervinente que comparte la
opinión del demandante en cuanto a que el nuevo papel que juega la parte civil
en el proceso penal no es únicamente el de buscar la indemnización de
perjuicios sino además buscar que se encuentre un responsable y se haga honor a
la verdad. Sin embargo, de la anterior apreciación no se deduce, para el
funcionario, la inconstitucionalidad de la normas imputadas. De hecho,
considera que ellas, “lejos de vulnerar el ordenamiento constitucional lo
realiza”, entre otras cosas, al desarrollar el precepto constitucional de
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (artículo
2º), de la dignidad humana (artículo 1º), el derecho al bueno nombre y la honra
(artículos 15 y 21), a la libertad y el debido proceso de los procesados
(artículos 28 y 29), al monopolio estatal de  la acción penal (artículo 228) y
al acceso de la administración de justicia (artículo 229).
En referencia al argumento que sostiene que
no es válida la extinción de la acción penal por la indemnización, la Fiscalía
afirma que esa configuración se hizo en ejercicio de la competencia otorgada
por el artículo 150 Superior para que el legislador establezca la política
criminal que estime conveniente. Recuerda que la obligación del Estado de
investigar y juzgar una conducta delictiva tiene sus límites y por eso se
configuran presupuestos en que dicha obligación se da por terminada. En el caso
en que nos atañe, el legislador dispuso que en ciertas circunstancias, las
señaladas en el artículo 42 también demandado, se permite la indemnización
integral, y que de hacerse ésta efectiva, se extinguirá la acción penal. Esto
simplemente corresponde a la concepción del legislador de que dichas conductas
afectan un bien jurídico menor y, por tanto, puede considerarse resarcido el
daño con el pago a la víctima.
Por otra parte, considera que “el
legislador previó a efectos de realizar [el principio] (...) de la economía
procesal, que la acción civil que debe adelantarse contra el responsable de un
hecho delictuoso en busca del pago de la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados, se pueda ejercer dentro o fuera del proceso penal. Sin
embargo esta circunstancia fue subsanada por el artículo 45 del Código de
Procedimiento Penal, al señalar expresamente que se puede intentar la acción
civil independientemente ante la manifestación civil de la jurisdicción
ordinaria o dentro del proceso penal a voluntad del perjudicado”.
Finalmente, sostiene que si se observa el
artículo 57 acusado a la luz del artículo 32 del Código Penal, se concluye que
no hay violación al derecho de la víctima de acceder a la justicia para que se
reparen los daños que se le han causado, pues, como lo demuestra la doctrina
penal, es posible que la cosa juzgada finalmente no se dé. Así, acogiendo las
palabras del penalista Gilberto Martínez Ravé, “si el juez penal absuelve
por (...) una de las doce causas de ausencia de responsabilidad penal, es
viable la acción civil por cuanto no estaría contemplada en el artículo 57 del
Código de Procedimiento Penal. Las causas de ausencia de responsabilidad
contempladas en el nuevo Código Penal en su artículo 32 (...) son doce; por
tanto, si se absuelve por una de las otras diez causales no se da la cosa
juzgada para efectos civiles. Por tanto, cuando la sentencia absolutoria penal
se fundamenta (...) porque el autor procedió bajo un estado de necesidad (...)
es posible que el perjudicado acuda a la rama civil (...) para buscar que se le
reconozca la indemnización por parte del autor del hecho”.
3. Intervención Ciudadana
Dentro del término procesal establecido,
intervino en el proceso el Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
representado por la abogada Ángela María Buitrago Ruiz, quien emitió su
concepto en relación con algunas de las normas acusadas.
La intervinente coincide con el actor en
que se ha generado un cambio de la concepción de la parte civil en el proceso
penal que resulta en la aceptación de que la parte civil no sólo busca el
resarcimiento económico de los daños causados, sino que también busca que se
encuentra la verdad y se haga justicia con la sanción del culpable.  En este
sentido considera que debe prosperar la demanda contra el artículo 52 ya que no
se puede considerar viable que se rechace la demanda por el hecho de que no se
haga la demostración de la indemnización de perjuicios.
En cuanto a los artículos 38, 42 y 55,
considera que el legislador está en la facultad de aplicar los criterios de
oportunidad que gobiernan aspectos procesales para disponer los modos de
extinción, pero aclara que estos modos “deben  ser con el consentimiento y
anuencia de la víctima”.
Por último, sostiene que no se debe declara
inconstitucional el artículo 48 ya que “la acreditación de la estimación de
los perjuicios y petición de medidas (...) es simplemente un requisito formal”
y el juramento que se requiere no es, en su sentir, una atentado contra el
derecho de las víctimas.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 242-2, y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó a esta Corporación
su concepto en relación a la demanda, en el cual solicita a la Corte declarar
la exequibilidad de las normas demandadas, algunas de las cuales deberán
condicionarse.
En primer lugar, el Procurador llama la
atención sobre una posible cosa juzgada constitucional respecto de normas del
antiguo Código de Procedimiento Penal que ya habían sido declaradas exequibles
y guardaban una similitud material importante con las que ahora son objeto de
acusación. No obstante, concluye que tal cosa juzgada material no existe, pues
los cargos analizados en la revisión del antiguo Código son diferentes a los
que plantea el actual demandante. Al anterior argumento añade la consideración
del cambio sufrido por la concepción de los derechos de las víctimas en el
proceso penal a partir de la Sentencia C-228/02.
En su intervención, el Procurador hace un
recuento de la jurisprudencia de la Corte que habla del tema. Recuerda que en
las primeras sentencias de esta Corporación se resaltaba la “naturaleza
esencialmente indemnizatoria de la acción civil” y se señalaba que “la
búsqueda de la verdad y la justicia no es propia de la parte civil”. Sin
embargo, con la Sentencia C-228/02, la Corte corrigió su posición “al
señalar que en virtud del principio de dignidad humana y a los deberes del
Estado consagrados en el artículo 2º de la Carta, no se debe reducir el interés
de la parte civil a la indemnización de los perjuicios, por cuanto la
obligación estatal de procurar el restablecimiento del derecho (...) lleva
incito el correlativo derecho de los perjudicados a conocer la verdad de los
hechos y obtener”.
Así mismo, hace una breve reseña resaltando
los artículos constitucionales que instauran derechos y deberes relativos al
tema que aquí nos atañe. En su concepto, el artículo 2º del Estatuto
Constitucional, al establecer el principio de la participación de las personas
en las decisiones que los afectan, empieza a reconocer el deber del Estado de
procurar el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios
ocasionados por conducta punible. De manera concreta, el artículo 250 Superior
asigna a la Fiscalía la tarea de cumplir el recién mencionado deber. Teniendo
en cuenta lo anterior, la Carta faculta al legislador para que fije “los
términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los
mecanismos de justicia restaurativa” en su artículo 150 (recién modificado
por el Acto Legislativo 03/02).
Fue bajo este marco y con estos límites que
el legislador determinó dos mecanismos de intervención en el proceso penal para
aquellos perjudicados por la conducta delictiva. El primero de ellos, es el
derecho de la víctima a “que se le brinde información sobre la actuación
adelantada, a hacer peticiones específicas y a aportar pruebas encaminadas a
demostrar la verdad y la sanción de los responsables”, derecho que también
es deber según el artículo 95 numeral 7 de nuestra Carta Política. El segundo
de los mecanismos, reconoce además el derecho a obtener la reparación de los
daños causados; este recurso es precisamente la constitución como parte civil
en el proceso penal, que además de las anteriores facultades, le permite a la
víctima impugnar, contradecir y tener acceso directo al expediente. Mas, como
se señaló anteriormente, el derecho a la reparación de los daños causados
incluye el derecho a conocer las razones del perjuicio y a reclamar la sanción
del responsable, ya que, “no brindar esta garantía, afectaría la confianza
en el Estado y sus instituciones y crearía un clima de inconformidad
eventualmente generador de violencia”.
Ahora bien, es necesario destacar que los
perjudicados (entre los cuales se encuentra la sociedad al tratarse de una
conducta penal) tienen garantizado su derecho de saber la verdad y de sanción
del responsable aún sin constituirse como parte civil al ser representada por
el Ministerio Público y al poder gozar  del derecho de petición de información.
No obstante, esta garantía no es suficiente para aquellos que han sufrido un
perjuicio directo y concreto y que, por tanto, deben poder acceder al proceso “en
igualdad de condiciones frente a los demás sujetos procesales y no sometidos a
los resultados que de la actuación de éstos se obtengan, aunque no concurran en
su intervención una pretensión indemnizatoria”. Por esta razón se les
permite intervenir como parte civil pues de esta forma se les autoriza a “tener
acceso directo al expediente, conocer las pruebas que se recauden  en el curso
de la investigación y controvertirlas oportunamente, ser notificado o enterado
de las decisiones adoptadas por el funcionario lo que en consecuencia le
[permite] ejercer el derecho de impugnación”. Lo anterior, aún si su
pretensión no es económica, pues como se ha advertido, el restablecimiento del
derecho incluye además el obtener justicia y el defender la versión de los
hechos para salvaguardar la honra de la víctima.
En este orden de ideas, el artículo 48,
incisos 6 y 8 del Código de Procedimiento Penal, que consagra el deber de
manifestar bajo juramento el no haber entablado acción contra la jurisdicción
civil con el objeto de que se le indemnice los perjuicios, debe ser aplicado
únicamente cuando dentro de la demanda se formule la pretensión indemnizatoria,
toda vez que, como se ha mencionada en innumerables ocasiones, la parte civil
tiene, además de la económica, otras pretensiones que hacen valedera su
participación en el proceso.
En el mismo sentido, “sólo procederá el
rechazo de la demanda por las causales señaladas en el inciso 1º del artículo
55 relativas a la indemnización de los perjuicios, cuando realizada una
petición de tal carácter se demuestre que independientemente se hubiere
intentado la indemnización por el mismo demandante”. Además, por obvias
razones, también se le rechazará la demandad a quien no haya sufrido un
perjuicio directo, pues como se vio anteriormente, ésta es precisamente la
fuente de su participación en el proceso penal, ya que, de no ser así, sus
intereses estarán fielmente representados por  el Ministerio Público “cuya
imparcial participación busca garantizar el establecimiento de la verdad y la
sanción justa de los responsables”.
El Procurador anota, siguiendo la misma
línea argumentativa, que la disposición del artículo 55 que aquí se revisa debe
ser aplicada en cuanto al reconocimiento de una pretensión indemnizatoria; es
decir, sólo se debe entender extinguida la acción civil en lo pertinente al
interés del perjudicado de que se le indemnice por la causal que señala el
artículo, mas no se extinguir su participación en el proceso penal para buscar
la verdad y la justicia en virtud de haber sido un responsable directo de la
conducta delictiva.
En cuanto a la cuestión de la extinción de
la acción penal por la indemnización integral, el Procurador sostiene que se
trata de una mecanismo legítimo que puede utilizar el legislador “que por
razones de política criminal basados en la gravedad de determinadas conductas,
los bienes jurídicos cuya protección se procura y la búsqueda de la eficacia y
la eficiencia en la administración de justicia” ha determinado utilizar.
Afirma también que la indemnización integral es una aceptación tácita del
sindicado de la responsabilidad penal que se le acusa, con lo cual se llega al
conocimiento de la verdad y a la sanción del responsable. Por otro lado,
desestima el argumento al que alude el demandante según el cual la extinción de
la acción penal por la indemnización integral obliga de cierta forma al
sindicado a aceptar la responsabilidad con el pago para que así se extinga la
posibilidad de continuar en una querella que puede terminar con su condena.
Para el funcionario “es claro que si el procesado consciente de su inocencia
no opta por acogerse a la indemnización integral, cuenta con todos los medios
procesales y probatorios para adelantar su defensa y demostrar su inocencia”.
También desecha el alegato que considera que la condena se produce por una
deuda, pues la sanción penal que se impondría sería por la comprobación de la
responsabilidad por la realización de una conducta punible.
Finalmente, en cuanto a la acusación contra
el artículo 57 de la Ley 600/02, sostiene que dicha disposición es aplicable “ya
sea que la parte civil haya ventilado dentro de la actuación penal su pretensión
de carácter indemnizatorio o no” de lo que resultaría lógico deducir que “la
pretensión indemnizatoria dentro de la actuación penal estará sujeta a la
determinación de la responsabilidad en la conducta punible del sindicado, de
tal manera que si ésta desaparece carece de fundamento la condena en
perjuicios”. De la misma forma, si la parte civil tan sólo pretendiera la
búsqueda de la verdad y de la sanción del responsable, también sería procedente
la declaración de la cosa juzgada por cuanto el proceso ha determinado las
condiciones en que sucedió el hecho investigado.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
resolver sobre la constitucionalidad de los artículos demandados, ya que hacen
parte de una ley de la República.
2. Problemas jurídicos
Los problemas jurídicos planteados por el
demandante son los siguientes:
a) ¿Es inconstitucional, contrario a
preceptos internacionales y opuesto a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por ser atentatorio de los derechos de la parte civil, que la
acción penal se extinga por indemnización integral de los perjuicios?
b) ¿Quebranta el principio de igualdad
constitucional el hecho de que la acción penal se extinga por indemnización
integral, teniendo en cuenta que sólo los individuos con mayor capacidad
económica accederían a dicho privilegio?
c) ¿Constituye una manifestación de la
proscrita ‘prisión por deudas’, el hecho de que no pueda extinguirse la acción
penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado?
d) ¿Desconoce los derechos de la víctima
que desea constituirse en parte civil dentro del proceso penal la exigencia de
que, para presentar la demanda, requiere hacer un estimativo de los perjuicios,
debe manifestar que no ha iniciado proceso civil independiente o que no se ha
ordenado la indemnización del perjuicio recibido? En la misma línea ¿atenta
contra los derechos del afectado patrimonial por el ilícito el que éste no
pueda constituirse en parte civil dentro del proceso penal al tiempo que
tramita un proceso indemnizatorio ante la jurisdicción civil o ante la
jurisdicción contencioso administrativa?
e) ¿Vulnera el derecho de la víctima a
recibir indemnización la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil
cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un
deber legal o haber cometido el delito en ejercicio de la legítima defensa?
3. Evolución jurisprudencial sobre la parte civil en el proceso
penal
Antes de analizar uno a uno los cargos de
la demanda, esta Corporación encuentra útil recordar cuál es la posición actual
de la jurisprudencia en torno al papel de la parte civil en el proceso penal.
Tradicionalmente se había reconocido que el
único fin de la parte civil en el proceso penal era la indemnización de los
perjuicios causados por el delito. La interpretación de las normas del derecho
civil relativas a la indemnización del daño, así como las de procedimiento que
delinean la presencia de la parte civil en el proceso penal, hacía ver que el
afectado por el ilícito acudía al proceso penal exclusivamente para obtener la
reparación del perjuicio patrimonial.
Con la expedición de la Constitución de
1991 el papel de la víctima en el proceso penal adquirió renovado protagonismo,
aunque el reconocimiento de sus derechos no se consolidara de manera definitiva
sino entrado el año 2002, gracias a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
La explícita consagración del derecho al
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) llevó inicialmente a la
Corte a considerar que uno de los derechos de las víctimas era participar en el
proceso penal en que se investiga el delito. En Sentencia T-275 de 1994 la
Corte reconoció que la parte civil en el proceso penal militar tiene derecho no
sólo al resarcimiento del daño, sino “al ‘restablecimiento del derecho’ y
dentro de este concepto está el lograr lo justo”; a lo cual agregó:
“La participación de las víctimas o perjudicados en el
proceso penal no se justifica solamente por la perspectiva de lograr un bien
patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que
tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la
verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo
válido, lo útil, lo interesante”. (Sentencia T-275 de 1994 M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
Este primer impulso se vio
interrumpido en el año de 1995 cuando la Corporación declaró la exequibilidad
de un artículo del derogado Código de Procedimiento Penal –Decreto 2700 de
1991- que impedía la constitución de parte civil en el proceso penal hasta
antes de proferida la resolución de apertura de la investigación. La Corte
determinó que la función de la parte civil en dicho proceso se limitaba a
obtener la indemnización de los perjuicios producidos por el delito, situación
que confería a las pretensiones de la víctima un cariz netamente económico y la
despojaba de cualquier iniciativa para hallar la verdad procesal y para obtener
la realización de la justicia. En dicho fallo –Sentencia C-293 de 1995- la
Corporación sostuvo lo siguiente:
“Al respecto debe la Corte observar que la citada
norma hace parte de un capítulo (el II del libro I del Código de Procedimiento
Penal) que se ocupa de la acción civil, y que fija los alcances de ésta en el
artículo 43 al disponer en su parte pertinente: "La acción civil
individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse
ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las
personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de
aquéllas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten
intereses colectivos." (subrayas de la Corte). De ese modo, fuera de toda
duda, está precisando el legislador qué es lo que con la citada institución se
persigue. Y para abundar en claridad acerca de su finalidad inequívoca, agrega
en el inciso segundo: "Si el titular de la acción indemnizatoria no
tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro
del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada
por su representante legal" (subrayas fuera del texto). Con la expresión
subrayada quiere la Sala destacar que se trata de un mecanismo diseñado con
fines esencialmente patrimoniales, pues nada distinto puede buscar una acción
indemnizatoria. (Hasta aquí, subrayas del original)
“(...)
“Si a lo anterior se agrega que los intereses que la
víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el
derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desiguladad
entre las partes se desvanece por completo. Y no se insista en que la
víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al
margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la
acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego
legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace
inexequibles las reglas que la consagran.” (Sentencia C-293/95 M.P. Carlos
Gaviria Díaz) (Subrayas fuera del original)
A pesar de la tesis de la Corte,
cuatro de sus magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria. El
salvamento de voto de los disidentes estimó que las “víctimas y los
perjudicados tienen también un derecho constitucional a participar en el
proceso penal que el Estado debe adelantar con ocasión de la ocurrencia de un
hecho punible, derecho que, insiste esta Corte, no se limita a la obtención de
la reparación del daño”.
El criterio de la Corte perduró hasta
1998 cuando, a propósito de la revisión de una norma del anterior Código de
Procedimiento Penal que pretendía relevar al juez de pronunciarse sobre la
indemnización de perjuicios por haberse dictado sentencia anticipada, la Corte
hizo alusión a los derechos de contenido no patrimonial que la parte civil
tiene en el proceso penal, como una forma de hacer efectivo el derecho al debido
proceso de este sujeto procesal.
A este respecto dijo la Corte:
“En este orden de ideas, ha de entenderse que los
principios citados son una consecuencia del derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como
una simple atribución formal de acudir a las autoridades judiciales, sino como
una garantía que obliga al juez de la causa a resolver integralmente sobre el
fondo del asunto planteado. Así, las víctimas y perjudicados con el delito,
como manifestación del derecho a acceder a la administración de justicia,
tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que
el Estado está en la obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a
la declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a
la obtención de la reparación del daño cuando este se encuentre probado.
“Ya esta Corporación había tenido oportunidad de
señalar que ‘las personas involucradas en los hechos punibles tienen un
verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado
democrático debe ser eminentemente participativa[2]’.
Ha de suponerse que ese derecho no sólo abarca a los presuntos responsables
sino que se extiende también a las víctimas y perjudicados por el delito.”
(Sentencia C-277/98 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
No obstante y contradiciendo con ello
la posición del fallo anterior, en el mismo año la Corte produjo la Sentencia
SU-717 de 1998, en donde reiteró la posición asumida en el fallo C-239/95, y
sostuvo que a la parte civil en el proceso penal sólo la asiste el propósito
resarcitorio, toda vez que el Estado es el único encargado de verificar que se
imponga la sanción correspondiente por el delito cometido.
Dado lo anterior, la Corporación
añadió que si el fin del afectado es encontrar la verdad, “entonces no
requiere de la acción civil para lograr su plena realización, porque para tal
fin basta  el cumplimiento del deber previsto en el artículo 95-7 de la Carta
Política, según el cual toda persona debe colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia, que en el proceso penal (cuya iniciación debe
promover cualquier ciudadano mediante la denuncia), tiene como fin primordial,
precisamente el de establecer la verdad sobre los hechos materia de
investigación y juzgamiento, y sobre la autoría de los mismos.”
Así pues, hasta el año de 1998 la
jurisprudencia pertinente osciló entre dos extremos: el primero, en el que se
reconocía a las víctimas del delito ciertos derechos no vinculados con el fin
indemnizatorio que se hace explícito con la presentación de la demanda civil, y
el segundo, en el que tales derechos no se garantizan, por razón de
considerarse que el proceso penal no tiene un fin retaliatorio, por lo menos en
lo que a la víctima concierne.
En el año 2000 –Sentencia C-163/00,
M.P. Fabio Morón Díaz- la Corte tuvo oportunidad de resolver una demanda
dirigida contra varios de los artículos del Decreto 2700 de 1991 que reproducían
algunas de las figuras procesales demandadas en la presente acción de
inconstitucionalidad. En dicha oportunidad, la Corte se limitó a reiterar su
jurisprudencia en el sentido de que “los derechos de las víctimas a acceder
al proceso penal, y en particular a la indemnización de los perjuicios, no sólo
es una  manifestación de los derechos  de justicia e igualdad, sino que se
constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales  del
Estado[3]”,
pero no atinó a resolver el conflicto jurisprudencial relativo a cuáles son
tales derechos.
No obstante, en Sentencia T-694 de
2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sala Primera de Revisión de tutelas de
la Corte retomó la línea jurisprudencial trazada por la Sentencia T-275 de 1994
al asegurar que “los derechos de participación y de acceso a la
administración de justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal
una serie de derechos y obligaciones similares, en principio, a los que
ostentan los restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que
desde el momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”,
adquiere el derecho a participar activamente en todas las diligencias que se
realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las
pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para
demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las
decisiones que afecten sus intereses.”.
En el mismo sentido, en el 2001, la
Corte Constitucional profirió la Sentencia C-740, M.P. Alvaro Tafur Gálvis, en
donde reconoció que en el proceso penal militar, la actuación de la parte civil
“se establece de manera precisa, limitando su actuación al impulso procesal
para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos y (sic) que el tema
del resarcimiento de perjuicios se concentra en la Jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la competencia de la
justicia penal militar en este campo.” En el mismo sentido, en la Sentencia
C-1149/01, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte había dicho, en materia de
justicia penal militar, que “El acceso a la administración de justicia no es
sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le
reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los
daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a
conocer la verdad de lo sucedido”.
Posteriormente, en Sentencia T-1267
de 2001, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas adoptó la posición
jurisprudencial según la cual, la parte civil en el proceso penal tiene, además
de la pretensión indemnizatoria, el derecho a la verdad y a la justicia. La
Sentencia reitera las dos decisiones citadas previamente y advierte que de
conformidad con la legislación constitucional vigente, los derechos de las
víctimas y de los perjudicados por el delito no se circunscriben a la obtención
de la indemnización correspondiente sino que van hasta la averiguación de la
verdad de los hechos y a la realización del ideal de justicia ínsito al proceso
penal. Sobre el particular se dijo lo siguiente:
“...nuestro ordenamiento jurídico prevé que las personas afectadas por
un hecho punible pueden constituirse como parte civil en el proceso penal
respectivo con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la indemnización
por los perjuicios que le fueron ocasionados. Es cierto que la regulación
legal confiere a la parte civil una pretensión esencialmente indemnizatoria,
pero ello no excluye que ésta pueda apelar una sentencia absolutoria, por las
siguientes dos razones:
“De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad
y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo
ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos
humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos
constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas
trascienden el campo puramente patrimonial.” (Sentencia T-1267 de 2001,
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (subrayas fuera del original)
De igual modo, en Sentencia C-1149 de
2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte advirtió que “[e]l acceso a la administración
de justicia (art. 229 C.P.) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso,
sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el
derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del
derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”,
providencia que fue reiterada por la Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, en la que se afirmó que “las víctimas de los hechos
punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a
que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia.  El
derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza,
condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables
de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia
implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los
autores y, de hallarlos responsables, condenarles.  De ahí que ostenten la
calidad de sujetos procesales.”.
Finalmente, siguiendo la línea
argumentativa trazada por la última jurisprudencia, en Sentencia C-228 de 2002,
MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, la Corte
adoptó de manera definitiva la doctrina vigente en torno a los derechos de la
parte civil en el proceso penal. La Corporación estudió la exequibilidad del
artículo 137 del Código de Procedimiento Penal vigente –Ley 600 de 2000-  que
señala las facultades procesales de la parte civil en las diligencias penales.
En un extenso estudio de la legislación nacional e internacional, la Corte
arribó a la conclusión según la cual “la víctima o perjudicado por un delito
no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le
hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene
derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga
justicia.”. Los términos de la Sentencia de la Corte fueron los siguientes:
“...en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en
nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y
perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia–no restringida
exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos que ellas
tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las
afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos,
entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el
restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un
hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un
delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación económica de los daños sufridos.
“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen
intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses
han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos
relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que
sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.
Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de
los derechos humanos.[4]
“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el
derecho a que no haya impunidad.
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través
de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido
a la víctima de un delito. [5]
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le
interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté
interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje
de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan
sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad
pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño
material causado sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha
restituido el patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los
hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas
tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a
la verdad y a la justicia a través del proceso penal.” (Sentencia C-228 de 2002,
MM.PP. Manuel José Cepeda Espinoza y Eduardo Montealegre Lynett)
La posición de la Corte ha sido reiterada
en fallos posteriores, como son las sentencias T-622 de 2002, C-805 de 2002,
C-916 de 2002 y C-570 de 2003.
Habiéndose establecido la tesis de la Corte
Constitucional respecto de los derechos de las víctimas en el proceso penal,
procede ahora la Corporación a analizar el primero de los cargos de la demanda,
ya que el tema que en él se aborda constituye materia introductoria para los
demás reproches contra la Ley 600 de 2000.
4. Análisis particular de los cargos de la demanda
A. Primer Cargo de la demanda
El primer cargo de la demanda se dirige
contra la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo
38 del Código de Procedimiento penal. No obstante, las razones expuestas
también atañen al texto íntegro del artículo 42 del mismo código. Dicho cargo
fue resumido en el extracto de esta Sentencia del siguiente modo: ¿es
inconstitucional, contrario a preceptos internacionales y opuesto a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser atentatorio de los derechos
de la parte civil, que la acción penal se extinga por indemnización integral de
los perjuicios?
En efecto, de conformidad con la lógica del
actor, si la parte civil en el proceso penal no sólo tiene derecho a que se le
reparen los perjuicios causados por el ilícito sino que también puede exigir
que se averigüe la verdad y se haga justicia castigando al victimario, es
incompatible con este catálogo de derechos el que se permita al procesado
evadirse de la acción punitiva del Estado mediante la indemnización de los
perjuicios ocasionados por su actuar ilícito. Desde la argumentación del
impugnante, la reparación del daño no es suficiente para garantizar los
intereses de la víctima, pues ésta, además, puede exigir que se llegue a la
verdad de los hechos y se sancione al responsable del delito.
En los términos en que ha sido expuesta, la
tesis del demandante no parece llevar a otra conclusión. No obstante, ahondando
en las razones de la jurisprudencia, es posible advertir que el actor ha dejado
de lado importantes elementos de juicio que obligan a proponer una solución
distinta.
El primero de ellos es que la indemnización
de perjuicios ha sido considerada por la jurisprudencia como un vía legítima
para extinguir la acción penal, lo que significa reconocer que la misma es
instrumento judicial idóneo para realizar el ideal de justicia propuesto por el
constituyente.
El segundo es que, a pesar de que la
jurisprudencia de la Corte haya evolucionado hacia el reconocimiento de los
derechos a la verdad y a la justicia a favor de la parte civil en el proceso
penal, éstos no son derechos  absolutos. Dicho de otro modo,  el derecho de las
víctimas a encontrar la verdad y a que se haga justicia en el proceso penal no
puede superponerse al interés público representado en el mismo proceso.
En los dos capítulos siguientes la Corte
examinará estos elementos, que no fueron tenidos en cuenta por el demandante a
la hora de formular sus cargos de inconstitucionalidad.
A.1. La indemnización de
perjuicios en el proceso penal
Respecto del punto en discusión es
necesario recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha avalado la
concordancia de la indemnización de perjuicios con el proceso penal y el
régimen de derechos recogido por la Constitución Política, al tiempo que ha
reconocido que por su conducto el Estado realiza y garantiza el ideal de
justicia material promovido por el constituyente en el artículo 2º de la Carta.
Para empezar, mediante Sentencia C-746/98,
la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del artículo 28 de la Ley 228
de 1995, que establecía la extinción de la acción penal por indemnización
integral en los delitos de hurto simple, hurto de uso, hurto entre condueños,
estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de
confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien
propio y daño en bien ajeno, salvo cuando existieren circunstancias de
agravación.
En dicha oportunidad la Corte avaló la
exequibilidad de la reparación integral como mecanismo idóneo para extinguir la
acción penal, por considerar que la misma correspondía a un recurso utilizado
por el legislador para alcanzar, entre otros fines, la justicia material
comprometida en el proceso penal. Dijo la Corte a ese respecto:
“La posibilidad de la reparación integral del daño causado con el
hecho punible, se constituye en un mecanismo adecuado para extinguir la acción
penal, que atiende a la economía procesal y de gastos, redunda en beneficio de
la víctima, del inculpado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo
del Estado, y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal.
“La extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee
la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material, porque permite el resarcimiento del daño
en favor de la víctima, evita todo sufrimiento nocivo e innecesario al autor
del hecho punible e impide que se le estigmatice como delincuente. En otros
términos, dicho instrumento logra un equilibrio que satisface la
proporcionalidad entre el resultado del ilícito y la pena con la mediación del
fiscal o del juez.”(Sentencia C-746 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell)
Posteriormente, mediante Sentencia C-840 de
2000, la Corporación revisó la exequibilidad del artículo 39 del Decreto 2700
de 1991, norma que preveía la preclusión de la instrucción o cesación de
procedimiento por indemnización integral. A pesar de que la demanda de aquella
oportunidad no cuestionaba la exequibilidad misma de la institución de la
indemnización integral y que el debate jurídico se centró en la cuantía límite
a partir de la cual la indemnización no extingue la acción penal, la Corte erigió
el fallo sobre la base de que dicha reparación era mecanismo idóneo para
extinguirla. La de la Corte fue una aceptación implícita, pero inequívoca, de
que tal herramienta no se opone a los cánones constitucionales vigentes.
También en Sentencia C-1490 de 2000, al
estudiar la exequibilidad de algunos artículos de la Ley 44 de 1993, por la
cual se modificaron otras disposiciones de las Leyes 23 de 1982 y 29 de 1944,
relativas a delitos cometidos contra las normas sobre derechos de autor, la
Corporación analizó la exequibilidad de un artículo que permitía extinguir la
acción penal por indemnización de perjuicios cuando la víctima desistiera de la
misma. Pese a que en este caso la norma condicionaba la extinción de la acción
penal al requisito del desistimiento de la víctima, las razones esbozadas por
la Corte para declararla exequible tuvieron en cuenta que la idemnización
integral, por sí misma, constituye criterio válido para terminar el proceso de
responsabilidad penal contra quien repara el daño.
De igual manera, la Corte Constitucional
declaró exequibles los incisos primero y segundo del artículo 97 de la Ley 599
de 2000, mediante fallo contenido en la Sentencia C-916/02, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. En dicha oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de
la medida que permite fijar el monto máximo de la tasación de perjuicios para
efectos de determinar la indemnización por el hecho ilícito, análisis que parte
de la base de que la indemnización integral es mecanismo idóneo para extinguir
la acción penal.
Finalmente, por Sentencia T-1062/02 de la
Sala sexta de Revisión de Tutelas de la Corte, esta Corporación sostuvo que era
“consecuente con la especial protección a las víctimas de hechos punibles”
el que la Constitución permitiera que “que la acción penal se extinguiera
por la reparación integral del daño”, a lo cual agregó:
“La indemnización integral es una de las denominadas causales
específicas de preclusión y cesación del procedimiento. La aplicación de ésta
depende de la voluntad de los sujetos procesales[6]
“Puesto que es pecuniaria la naturaleza de la pretensión
indemnizatoria, ésta se debe regular conforme a los principios generales del
derecho privado, así el trámite sea adelantado por un juez penal. En efecto,
teniendo en cuenta  que este procedimiento se debe regir por los parámetros del
derecho privado, al conocer del adelantamiento de este, los titulares de la
acción civil pueden disponer de su derecho en el sentido de decidir renunciar a
éste o realizar una transacción sobre el mismo, decisión que debe ser respetada
por el juez penal a pesar de que con ésta no se dé una reparación plena del
daño. En consecuencia, aún en estas condiciones el juez debe decretar la
extinción de la acción penal.[7]”.
(Sentencia C-1062 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
Aunque para la fecha en que se produjeron
los fallos inicialmente mencionados no se había consolidado aún la
jurisprudencia en torno a los derechos a la verdad y a la justicia de la parte
civil, las últimas dos providencias en cita fueron expedidas cuando dicha
jurisprudencia ya se encontraba en firme. En este sentido, habría que reconocer
que la jurisprudencia más reciente parte de la base de que las víctimas y los
perjudicados por el delito no sólo tienen derecho a la reparación sino a la
verdad y a la justicia. A tal punto tuvieron en cuenta dichas providencias los
asertos de la Sentencia C-228 de 2002, que en el fallo C-916 de 2002 se hizo
expresa alusión a ella en los términos que siguen:
“En desarrollo del artículo 2 de la Carta, al adelantar las investigaciones
y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos punibles, las
autoridades judiciales deben propender el goce efectivo de los derechos de
todos los residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos de
particular importancia para la vida en sociedad. Esta Corporación ha reconocido
que dicha protección no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños
que le ocasione el delito, sino también a la protección integral de sus
derechos a la verdad y a la justicia. Así lo señaló esta Corporación en la
sentencia C-228 de 2002,[8]
entre otras razones, para garantizar el principio de la dignidad humana:
“El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se
encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en
el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado
social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y
los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato
acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de
víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El
principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes
jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica
de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación
económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios
derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el
legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno
restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la
comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que
protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el
principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados
por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica.”
“Si bien la Carta refleja una concepción amplia de la protección de los
derechos de las víctimas de un hecho punible, ésta no disminuye la importancia
del derecho de la parte civil a la indemnización de los daños que se le hayan
ocasionado. Por ello señala la Constitución que tal derecho se debe garantizar
aun en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos (artículo
250, numeral 1, CP). Así lo establece el artículo 150, numeral 17 de la Carta,[9] que señala que cuando
el legislador decide eximir de responsabilidad civil a los favorecidos con
tales beneficios, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere
lugar.
“De ello resulta que si bien la indemnización de daños es sólo uno de
los elementos de la reparación a la víctima y que el restablecimiento de sus
derechos supone más que la mera indemnización, en todo caso la Carta protege
especialmente el derecho de las víctimas a la reparación de los daños
ocasionados por la conducta punible.” (Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa)
Ahora bien, no sólo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reconocido que la indemnización de los perjuicios
causados por el delito es mecanismo idóneo y constitucional para extinguir la
acción penal. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también acepta
tal premisa en desarrollo de su función de tribunal de casación en materia
penal. Sobre este particular la Corte Suprema adujo:
“Este, pues, el punto que debe resolver la Sala: si la restitución del
objeto material del delito no puede efectuarse, porque éste ya fue recuperado y
entregado a su dueño  no mucho tiempo después de consumarse el hecho, o porque
el lícito se quedó en el grado de tentativa, ¿será suficiente la indemnización
de los perjuicios causados a la víctima, para que el responsable del reato se
haga merecedor de la diminuente de pena consagrada en el artículo 374 del
Código Penal? Indudablemente que sí.
“...cuando la devolución no es procedente, bien porque como en las
tentativas, el ladrón no logró apoderarse de la cosa, o cuando aún habiéndolo
logrado, ésta es recuperada poco después por la propia víctima, o por las
autoridades o por terceros que se la regresan, no puede exigírsele al
responsable, por imposible, la restitución “natural”, ni por injusta (implicaría
un enriquecimiento sin causa justa por parte del perjudicado) la restitución
“por equivalencia”. En estos casos, el responsable se hace acreedor a la
diminuente punitiva, con el solo hecho de indemnizar los perjuicios del orden
material y moral causados con su ilícita conducta.
“...
“Una interpretación distinta de la anterior, como es la del Tribunal
Superior, conduce a admitir que el legislador puede imponer obligaciones no
sólo injustas sino de imposible cumplimiento.” (Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, noviembre 21 de 1988) (subrayas fuera de texto)
Y en otro de sus fallos agregó:
“La reparación de los daños ocasionados por el delito, cuando es
integral, en los términos del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal,
esto es, por abarcar no solamente lo que cuantitativamente representan los
daños y perjuicios ocasionados con el punible, sino también a los ofendidos o
perjudicados identificados en el proceso,  es una causal de improcedibilidad de
la acción penal y extinción de la acción civil...” (CSJ, sentencia del 24 de
febrero de 2000, Sala de Casación Penal, M.P. Alvaro Orlando Perez Pinzon)
En resumen de la jurisprudencia transcrita
esta Corte extrae la conclusión de que la indemnización de los perjuicios
materiales producidos por el ilícito es una institución ajustada al sistema
jurídico Colombiano, especialmente a su carta fundamental de derechos, y que en
esos términos aquella tiene repercusiones claras en el ideal de justicia que pretende
alcanzar el constituyente en su artículo 2º.
Por demás, dicha posición ha sido
reconocida por la Corte Constitucional en sus providencias, incluso desde la
óptica de su última jurisprudencia relativa a los derechos de las víctimas y de
los perjudicados como sujetos procesales en el proceso civil. Por ello, en
principio, no habría lugar a sostener que la misma afecte los derechos de la
parte civil en el proceso penal.
Con todo, existe otra razón para considerar
que dicha institución no constituye atentado contra los derechos reconocidos de
las víctimas en el proceso penal y es que en el marco de la tensión de los
derechos de las víctimas en el proceso penal y de la potestad que tiene el
legislador para regular las formas propias del proceso penal, no existe
incompatibilidad entre aquellos y la posibilidad de extinguir la acción penal
por indemnización integral de perjuicios.
En el siguiente aparte de la providencia se
ilustrará la posición de la Corte a este respecto.
A.2. Los
derechos a obtener reparación integral del daño y a intervenir en el proceso
penal para averiguar la verdad del ilícito y para que se haga justicia son
garantías compatibles entre sí
Es tema recurrente en la jurisprudencia de
la Corte que una de las competencias exclusivas del legislador es la de regular
las formas propias de cada juicio y, en ese contexto, la de determinar la
estructura de los procesos judiciales, señalando al efecto los derechos que le
asisten a las parte y la forma de hacerlos efectivos.
Adicionalmente, la Corte ha reconocido que
cuando se aplica en materia penal, el principio anterior se estructura sobre la
base de la política criminal del Estado, política que es el resultado de la
evaluación de una “multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos
que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas
criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad
y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la
criminalidad organizada” [10].
En este caso, la política criminal, definida por la Corte como “ el conjunto
de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción” [11], sirve de
fundamento al diseño de los procedimientos sobre los cuales se erige la sanción
y represión al delito.
En este campo, el legislador cuenta con un
amplio margen de regulación en virtud de su libre potestad de configuración,
libertad que se ejerce, sin embargo, hasta el límite esencial de los derechos
fundamentales. Por ello la Corte ha dicho que la ley puede “describir los
comportamientos que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las
sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también
puede establecer otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del
delito, como lo es el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de
un hecho punible.”[12]
En desarrollo del mismo principio, la Corte
Constitucional sostuvo que la ley puede determinar libremente cuáles son las
causales de extinción del proceso penal, siempre y cuando en dicha regulación
se respete la integridad esencial de los derechos constitucionales. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional acepta que “[d]efinir las causales
de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador,
que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los
fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño
que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a
causar en el conglomerado social”[13].
Por ello, en otra de sus providencias adujo.
“Además, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es al
legislador al que le corresponde, en ejercicio de la cláusula general de
competencia que el Constituyente radicó en él, crear o suprimir figuras
delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades
punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con
arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados
y determinar los presupuestos que dan vía a la preclusión o extinción del
proceso por desistimiento del afectado, todo de acuerdo con la apreciación,
análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y
del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o
lleguen a causar en el conglomerado social.
“Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la competencia
radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones
y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el
encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía
de los mismos, así como, establecer las sanciones y los procedimientos
aplicables al los hechos punibles ...” (Corte Constitucional, Sentencia C-301
de 1999, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra)
Con fundamento en las consideraciones
anteriores, la Corte Constitucional ha reconocido que el legislador puede
establecer restricciones al ejercicio de los derechos de las partes en el
proceso penal.
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 que establecía un monto
máximo para la indemnización de perjuicios en materia penal. Al precisar que
tal límite opera únicamente para los perjuicios morales, la Corte resaltó que
el legislador podía establecer restricciones a este tipo de garantías, ya que “la
reparación integral de los perjuicios ocasionados por la conducta punible no es
un derecho absoluto”, dada la “la potestad de configuración del
legislador para regular la reparación de perjuicios sin desconocer que ésta
debe ser una indemnización justa”.[14]
En la sentencia citada la Corte
Constitucional también abordó el tema de la posibilidad de establecer ciertas
restricciones a los derechos de la parte civil en el proceso penal. Por ello,
la Corporación aceptó que el límite a la indemnización por los perjuicios
morales cumple varias finalidades, algunas de las cuales son garantizar el
derecho de defensa del sindicado e impedir que una indemnización de perjuicios
excesivamente onerosa “transforme la justicia penal en una justicia
esencialmente vindicativa o retaliatoria.”
El mismo énfasis se había hecho ya en
la Sentencia C-228 de 2002, que unificó la jurisprudencia en materia de
derechos de las víctimas en el proceso penal, porque la Corte sostuvo en dicha
oportunidad que la constitución de parte civil en el proceso penal no significa
que “la ampliación de las posibilidades de participación a actores civiles
interesados sólo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el
proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado”.
Así pues, resumiendo las posiciones
anteriores, la jurisprudencia reconoce que el legislador es autónomo para
diseñar la estructura de los procesos judiciales, en concreto del proceso
penal, razón por la cual también se encuentra habilitado para establecer
restricciones al ejercicio de los derechos de las partes, siempre y cuando
dichas restricciones no afecten el núcleo esencial de los derechos
involucrados. En concordancia con esta afirmación, es posible afirmar que la
realización de los derechos a la verdad y a la justicia de la parte civil
admiten limitaciones, toda vez que la finalidad del proceso penal no es
retaliatoria.
En otros términos, la parte civil en el
proceso penal no está habilitada para ejercer sus derechos a la verdad y a la
justicia hasta el extremo de convertir el proceso penal en mecanismo que
persiga únicamente el castigo del infractor y olvide de intereses de mayor
jerarquía. La jurisprudencia en cita permite entender que el interés de la
Corte es proteger los derechos de las víctimas hasta el punto en que su
satisfacción no sacrifique intereses de mayor rango como la realización de la
justicia material, la reparación del daño, el poder disuasivo de la pena y la
economía procesal, entre otros, intereses todos involucrados en la
indemnización como causal extintiva de la acción penal.
En la misma línea, debe concluirse que las
causales de extinción del proceso penal constituyen materia sujeta a la libre
configuración del legislador, y a menos que resulten desproporcionadas y
atentatorias de los derechos fundamentales constitucionales, aquellas pueden
ser diseñadas de acuerdo con la política criminal acogida por la ley.
A.3. La indemnización integral de los
perjuicios y los derechos a la verdad y a la justicia son garantías
inescindibles y esenciales para lograr los fines constitucionales que persigue
la parte civil
El derecho a la verdad, a la justicia y a
la reparación integral son garantías concurrentes al concepto de parte civil en
el proceso penal, que resultan inescindibles por hacer parte de la esencia de
la naturaleza jurídica de la parte civil.
En el presente caso, sin embargo, sólo se
discute la posible incompatibilidad entre los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral. En este contexto, y refiriéndose a lo
planteado por el demandante, es posible afirmar que cuando el legislador
establece la indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de
la acción penal, aquél inserta una herramienta acorde con el ordenamiento
jurídico y con los principios de la Carta, pues utiliza una vía idónea para
alcanzar el ideal de justicia y verdad garantizados por la Constitución.
Al mismo tiempo, en ejercicio de la
libertad de configuración que le confiere el Estatuto Superior, el legislador
diseña la estructura del proceso penal de conformidad con los resultados de las
evaluaciones de su política criminal. En este campo, a menos que incurra en
medidas arbitrarias y desproporcionadas, el legislador tiene amplia libertad
para determinar las causales de extinción del proceso penal. Pero se dijo que
la indemnización de perjuicios es un mecanismo ajustado a la Constitución e
idóneo para realizar el ideal de justicia, lógico resulta añadir que aquél es
proporcional a los derechos de las partes en el proceso penal y racional desde
el punto de vista del respeto por los derechos constitucionales.
Por último, al establecer que la
indemnización integral de perjuicios extingue el proceso penal, el legislador
no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esto,
porque, en primer lugar, dicha indemnización tiene implícito un ideal de
justicia que consiste en reparar el daño causado por el delito, dejando “a
la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más
próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo.”[15] En segundo término,
porque el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el
proceso penal no es absoluto y, por tanto, puede estar sometido a limitaciones
razonables.
En el caso particular, el derecho a la
verdad y a la justicia ceden ante la realización de los principios de “economía
procesal y de gastos, redunda en beneficio de la víctima, del inculpado y de la
propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado, y contribuye
necesariamente a la racionalización del sistema penal”, ya que la “extinción
de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar
en cierto modo la justicia material”. Lo anterior, dado que el proceso
penal no es retaliatorio y su finalidad no consiste, exclusivamente, en
sancionar al infractor.
Las razones anteriores no son las únicas
que pueden esgrimirse para sostener que la indemnización integral de perjuicios
es una alternativa legítima en el campo de la extinción de la acción penal.
Otras consideraciones, relativas a su operabilidad en el proceso penal, dan
cuenta de su proporcionalidad y razonabilidad en el esquema de protección de
los derechos de las víctimas.
Para deducir la proporcionalidad de la
medida, repárese en que la indemnización de perjuicios no extingue la acción
penal en cualquier clase de delitos. El artículo 42 del Código de Procedimiento
Penal establece que dicha indemnización sólo extingue la acción penal en “los
delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones
personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de
agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en
los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos
contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el
patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.”[16]
La indemnización integral no es causal de
extinción de la acción penal en los delitos "de hurto calificado,
extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los
derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.” (Art.
42, inciso segundo, C.P.P.)
La enumeración de los delitos respecto de
los cuales procede la extinción de la acción penal por indemnización de
perjuicios ilustra el interés del legislador por limitarla a casos especiales
en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor.
La circunstancia de que el mecanismo de exculpación se restrinja a ciertos
delitos –por razón del interés protegido o el grado de culpabilidad de su
autor- demuestra que el legislador no ofreció dicha posibilidad de manera
indiscriminada, sino que lo hizo proporcionalmente, acorde además con los
objetivos implícitos de su política criminal.
Por ello, son sólo algunos delitos culposos
-los delitos que admiten desistimiento, las lesiones personales transitorias y
los delitos contra el patrimonio y los derechos patrimoniales de autor- las
conductas elegidas para tal favorecimiento, quedando claro que con ello el
legislador pretende privilegiar la restitución del orden económico y social, al
tiempo que sacrifica la sanción por la sanción misma. La interpretación
correcta es que la ley prefiere dar por terminado un proceso en el que el orden
social no ha sido gravemente afectado o en el que la conducta no responde a la
voluntad positiva de causar el daño –dolo-, en lugar de sancionar a la víctima
y de ocasionar, por dicha sanción, un perjuicio mayor para el orden social. En
este orden de ideas, resalta lo dicho por la doctrina penal en el sentido que
la indemnización de perjuicios en el proceso es un mecanismo para
desjudicializar conflictos sociales, mecanismo que responde a los postulados de
la criminología crítica[17].
De allí que no sea posible afirmar con el
demandante que la indemnización de perjuicios podría convertirse en una vía
para “exponer a los ciudadanos a tratos ‘crueles, inhumanos o degradantes’,
proscritos por la Constitución Política, ya que los responsables de estos
hechos tienen la posibilidad de evadir la responsabilidad penal mediante el
pago de una suma de dinero”. Es claro que la naturaleza de los delitos
indemnizables excluye tal posibilidad, dejando a salvo, en cambio, los derechos
de los afectados y promoviendo la recuperación del orden justo. Por lo anterior
la Corte ha dicho:
“En efecto, en el primero, el de las contravenciones, el legislador
atendió la circunstancia de que se trata de hechos punibles de menor
trascendencia jurídico-social que los delitos, mientras en la segunda, la del
artículo 39 del C.P.P, si bien impuso la preclusión de la instrucción o
cesación de procedimiento por indemnización integral, para el caso de delitos
culposos, o de delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto
calificado y la extorsión, sin condicionarla al desistimiento del ofendido, lo
hizo por tratarse de conductas culposas, que como tales admiten un tratamiento
más benévolo por parte del estado y de la sociedad, tanto es así, que en el
caso de los delitos contra el patrimonio económico, quiso condicionar la
extinción de la acciones al monto de los daños, señalando que la norma en
cuestión era aplicable siempre y cuando el monto de los mismos no excediera los
doscientos salarios mínimos legales mensuales, expresión que fue declarada
inexequible por esta Corporación.” (C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz)
Adicionalmente, de la lectura del cuarto
inciso del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es posible inferir que
no podrá extinguirse la acción penal por indemnización integral si dentro de
los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado,
resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento por indemnización integral. Ello quiere decir que un mismo individuo
no puede solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral
dos veces en un lapso inferior a cinco años. La razón es, precisamente, evitar
la reincidencia consuetudinaria en conductas afectivas del orden jurídico. El
compás de espera conferido por la ley respecto de la posibilidad de indemnizar
los perjuicios para obtener la terminación del proceso penal da cuenta también
de que el legislador ha sido prudente al diseñar esta figura procesal. Como lo
sostiene la doctrina, “El término de cinco años busca evitar que las
personas hagan del delito una profesión y, cada vez que sean sorprendidas,
puedan obtener la terminación del proceso mediante el fácil expediente de la
indemnización”[18].
No puede entonces concluirse, como lo hace
el actor, que la ley estimula la impunidad y descuida los derechos de las
víctimas al permitir que el proceso penal termine por indemnización integral,
pues la herramienta legislativa tiene restricciones que buscan compensar sus
efectos jurídicos con los intereses de la sociedad.
En la misma línea, también es evidente que
cuando se produce la extinción de la acción penal por indemnización del daño se
produce un reconocimiento de la autoría del ilícito en cabeza del sujeto pasivo
de la acción penal. Esta circunstancia indica que la indemnización de
perjuicios respeta, en cierta medida, el derecho que tiene la víctima a conocer
la verdad del proceso en relación con el penalmente responsable, así el sujeto
pasivo de esta acción no reciba la medida punitiva prevista en la ley.
Igualmente, el hecho de que la
indemnización integral extinga la acción penal también es una manera de
realizar el ideal de justicia que persigue el Estado, pues es evidente que el
concepto de reparación del daño hace parte de ese otro concepto que consiste en
obligar al infractor a hacerse cargo de la responsabilidad que implica el
quebrantamiento de la ley. Asumir la responsabilidad de indemnizar el daño
también es una manera de cumplir el cometido de justicia para el que la
Administración de Justicia ha sido instituida.
Por lo anterior es dable admitir que los
derechos a la verdad y a la justicia son derechos compatibles con la figura de
la indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal y
que, además de dicha compatibilidad, dichas garantías resultan inescindibles de
la indemnización integral pues cuando la misma se otorga se realiza el ideal de
justicia perseguido por el legislador amén de que se establece la verdad sobre
el ilícito en términos de su autoría.
En atención a lo explicado, y por los
cargos analizados en esta primera parte de la Sentencia, la expresión “indemnización
integral”, contenida en el articulo 38 del Código de Procedimiento Penal,
así como el artículo 42 del mismo Código, serán declarados exequibles.
B. Segundo cargo de la demanda. La
indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción
penal no vulnera el principio de igualdad constitucional
Según el demandante, la indemnización
integral como causal de extinción de la acción penal quebranta el principio de
igualdad constitucional por cuanto sólo los individuos con mayor capacidad
económica accederían a dicho privilegio. En tal virtud, la acción penal no
podría extinguirse para quien no puede indemnizar el perjuicio por no contar
con los medios económicos para hacerlo.
Aunque la argumentación del demandante
encuadra el problema jurídico en el ámbito del derecho a la igualdad, del
análisis detenido del cargo se deduce que éste no es el marco teórico de la
controversia. En otros términos, el cargo de la demanda parte de un supuesto
errado y es considerar que la ley penal ha establecido una discriminación de
contenido económico para efectos de conceder un beneficio jurídico.
Ciertamente, para poder señalar que la ley
penal ha establecido un beneficio jurídico en función de la capacidad económica
del individuo habría que identificar en el texto de la ley un elemento
diferenciador de contenido económico -un criterio de comparación o tertio
comparationis- que indique cómo el patrimonio de las personas sujetas a la
ley penal determina la adquisición del beneficio de la extinción de la acción
penal. En otras palabras, para ubicar el debate en el terreno de la igualdad se
requeriría encontrar en la ley demandada una diferencia de trato evidente a
partir de la cual pudiera decirse que la ley otorga a los individuos diferentes
consecuencias jurídicas según su capacidad económica.
Sería indispensable encontrar, por ejemplo,
un elemento similar al contenido en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que
fue declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-316 de 2002[19], y que establecía una
cuantía mínima para la caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente. En dicha ocasión la Corte encontró que al fijar un monto
mínimo a la caución prendaria, el legislador dejaba por fuera de la regulación
aquellos individuos sub judice incapaces de pagar un salario mínimo
legal mensual para acceder al beneficio de la libertad provisional.
En dicha ocasión, sin embargo, el monto de
la caución fue directamente establecido por el legislador, por lo cual era
correcto afirmar que era la propia ley la que establecía un criterio de
diferenciación que hacía inconstitucional la disposición.
Con el mismo criterio, la Corte declaró
inexequible el artículo 7 de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867
del Decreto 624 de 1989, y que establecía la obligación de suscribir una
garantía bancaria o póliza de seguros con cuantías fijas, como requisito para
ejercer la acción contencioso administrativa del contribuyente que intentaba
discutir una obligación tributaria (Sentencia C-318 de 1998, MP, Carlos Gaviria
Díaz).
En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la
ley no estaba habilitada para establecer un porcentaje fijo a partir de cuyo
cubrimiento pudiera accederse a la administración de justicia, porque tal
conducta no consultaba la capacidad económica de la parte afectada,
introduciendo un elemento ajeno a la equidad. En esta oportunidad, al igual que
en el caso de la caución prendaria, el legislador había fijado un monto mínimo
que le permitía a los individuos acceder a los beneficios de la administración
de justicia, lo que implicaba que el criterio diferenciador tenía origen en la
ley misma, que ésta era la fuente del trato diferencial.
En la figura que aquí se estudia, dicho
elemento no existe: no es la ley la que establece el criterio de diferenciación
y no es ella la fuente del trato diferenciado.
En la indemnización integral como causal de
extinción de la acción penal el monto de la indemnización está determinado por
el daño que causa el autor del ilícito, daño que, por razones obvias, no se
encuentra establecido en ley. Es el autor del delito el que determina,
voluntaria o involuntariamente, pero siempre por razón de su conducta, la
magnitud del daño indemnizable y el monto de la reparación correspondiente,
ateniéndose a la consecuencia de poder o no indemnizarlo. No podría decirse,
como se ha dicho respecto de las otras dos situaciones analizadas, que sea la
ley la que introduce el criterio diferenciador, ya que la posibilidad o
imposibilidad material de indemnizar el daño material no dependen de ella sino
del productor mismo del daño.
Así entonces, es posible imaginar
situaciones concretas en las que el autor del ilícito y causante del daño no
puede compensar económicamente el perjuicio ocasionado y, por tanto, se priva
de la posibilidad de obtener la extinción de la acción penal por indemnización
integral. Sin embargo, no por ello puede inferirse que sea por voluntad de la
ley que dicha consecuencia se produce. Estos son, mejor, los efectos de haber
quebrantado el orden jurídico y los de haber ocasionado un perjuicio concreto a
un tercero que por dicha causa merece la reparación del daño.
La indemnización integral como causal de
extinción de la acción penal se ofrece entonces en igualdad de condiciones a
todos los sujetos sometidos al proceso penal sin atender al monto de su
patrimonio; más bien, al monto del daño. Y pese a que las posibilidades de
extinción de la acción penal dependen de la capacidad económica del victimario,
es innegable que en este punto las medidas adoptadas por el legislador tienden
es a proteger a la víctima, no al procesado, razón por la cual dicha
problemática debe abordarse desde tal perspectiva.
Para la Corte no hay duda de que la
interpretación radical propuesta por el demandante conduciría a proscribir la
indemnización de perjuicios como causal extintiva de la acción penal. Por vía
de los argumentos de la demanda y en aras de la protección a ultranza del
principio de igualdad, habría que llegar a la conclusión inaceptable de que,
como quien no tiene dinero para indemnizar no puede librarse de la acción
penal, tampoco puede hacerlo quien sí lo tiene. Acordes con esta lógica, que
dice proteger los derechos de las víctimas, la Corte se vería enfrentada a la
paradoja de eliminar una institución creada, precisamente, para beneficiarlas,
mediante el estímulo que implica desembarazarse de la acción penal a través el
pago de la indemnización correspondiente. En fin, proceder como sugiere el
actor, equiparando por el rasero más bajo a los responsables de la
indemnización de perjuicios, sería someter a las víctimas del delito a
olvidarse de la reparación del daño hasta que la justicia asigne las
responsabilidades correspondientes mediante una sentencia condenatoria.
Por demás, el cargo del demandante referido
a que el efecto de la indemnización integral como causal de extinción de la
acción penal es constreñir al pago de indemnización a quien legítimamente
considere que es inocente, pero desee desembarazarse del proceso penal, no es
de recibo por la Corte, pues dicha hipótesis no se desprende del contenido de
la disposición acusada.
En efecto, el demandante supone en su
argumentación que la figura procesal podría ser desviada o mal utilizada por
quienes, pretendiendo evadir el proceso penal, indemnicen el daño aún siendo
inocentes. No obstante, para la Corte es un hecho que la posibilidad referida
no constituye a una práctica avalada por la norma sino contraria a su misma
filosofía, razón por la cual no puede considerarse que tal sea un vicio de
inconstitucionalidad proveniente de su texto. En resumidas cuentas, una norma
jurídica no puede ser atacada con el argumento de que el mal uso de sus
prescripciones podría tener efectos inconstitucionales.
Adicionalmente, el supuesto de que parte el
demandante resulta insostenible porque durante el trámite del proceso penal,
mientras no se ha proferido la sentencia respectiva, no existe manera de
establecer, desde un punto de vista jurídico, si el sindicado es o no inocente.
La hipótesis del demandante no es útil a la discusión planteada porque mientras
no se produzca la sentencia penal no hay posibilidad de señalar si quien es
procesado es responsable del delito. En consecuencia, tampoco es posible
determinar si quien paga la indemnización es o no inocente.
Las razones anteriores llevan a la Corte a
considerar que en nada afecta el principio de igualdad constitucional el que la
indemnización integral de perjuicios se erija en causal de extinción de la
acción penal, como tampoco puede inferirse que del texto legal se incite al uso
indebido de dicha institución. Por tal razón, también por este aspecto, el
artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es exequible.
C. Tercer cargo de la demanda. La
indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción
penal no constituye prisión por deudas. Reiteración de jurisprudencia
El tercer cargo de la demanda sugiere que
constituye una manifestación de la proscrita ‘prisión por deudas’, el
hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar
el daño irrogado. Dicho cargo también está dirigido genéricamente contra la
indemnización integral como causal de extinción de la acción penal, es decir
contra el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal.
En virtud de que este cargo de la demanda
ya fue analizado en la Sentencia C-008 de 1994 por la Corte Constitucional,
esta Sala se atendrá a las consideraciones expuestas en dicha ocasión,
reiterando su posición a ese respecto.
En dicha oportunidad la Corte sostuvo:
“Una de las obligaciones impuestas al condenado por el artículo 69 del
Código Penal para que pueda tener aplicación la condena de ejecución
condicional es precisamente, como atrás se subraya, la que luego desarrollan
los preceptos parcialmente acusados: la de reparar los daños ocasionados por el
delito.
“La ley no ha hecho cosa distinta de plasmar un postulado general del
Derecho, derivado del más elemental sentido de justicia: todo el que causa un
daño está obligado a su reparación.
“De tal principio no puede estar excluído aquel que incurre en la comisión
de un hecho punible. Del delito nace la obligación de resarcir los perjuicios
que con él se han generado.
“La condición de que se trata en este proceso no es inconstitucional
pues no implica -como lo asegura el demandante- la exigencia de pagar una deuda
civil bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el
requerimiento a quien es beneficiado con una eventual inejecución de la pena
para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño causado
con el delito. Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero no
se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia
de que dicha pena pueda dejar de aplicarse. Más todavía: el subrogado penal es
una excepción a la regla general de que la pena sea cumplida en todo su rigor;
tal cumplimiento tampoco libera al condenado de la obligación que, por razón
del delito, ha contraído con los perjudicados.
“La Constitución Política que, como lo declara su Preámbulo, aspira a
realizar un orden justo, parte del enunciado criterio y, más aun, expresamente
exige su observancia aunque se trate de delitos políticos cuyos autores hayan
sido favorecidos con amnistía o indulto (artículos 150, numeral 17, y 201,
numeral 2, de la Constitución).
“A juicio de la Corte, no tiene fundamento alguno el cargo de
inconstitucionalidad que se formula contra las normas procesales acusadas en el
sentido de que ellas consagran la imposición de una pena por deudas; lo que en
realidad ocurre es que, ante el incumplimiento de la obligación de indemnizar
el daño causado, falla la condición en cuya virtud se podía, según la ley,
suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella y, por tanto, queda en
pleno vigor la condena, tal como si no se hubiera adoptado la decisión de
otorgar el beneficio. Esto acontece cuando se incumple la obligación de
indemnizar, como cuando se desatiende cualquiera otra de las que la ley impone.
“Así, pues, los artículos impugnados encajan dentro de la filosofía y
el sentido de la condena de ejecución condicional y en modo alguno quebrantan
el artículo 28 de la Constitución Política.” (Sentencia C-008 de 1994, MP José
Gregorio Hernández Galindo)
La Corte prohíja los argumentos
expuestos en la Sentencia citada y concluye que la indemnización de perjuicios
como causal de extinción de la acción penal no vulnera el principio
constitucional que proscribe la prisión por deudas. También por este cargo
declarará exequible la norma acusada.
D. Cuarto cargo. Pese a que la
víctima tiene derecho no sólo a la indemnización de perjuicios en el proceso
penal, ésta debe manifestar una intención indemnizatoria si su interés es
participar en el proceso penal en calidad de parte civil
El actor manifiesta que los apartes
acusados de los artículos 48, 52 y 55 son inconstitucionales, porque si los
derechos de las víctimas en el proceso penal no se limitan a la indemnización
de perjuicios, sino que se extiende hasta los derechos a la verdad y a la
justicia, no cabe que se exija a quien pretende constituirse en parte civil
dentro del proceso penal que manifieste no haber iniciado un proceso civil
independiente o que el afectado no pueda constituirse en parte civil si ha
iniciado un proceso de reclamación independiente.
Al igual que con el cargo anterior,
esta Corporación ya tuvo oportunidad de pronunciarse acerca del problema
jurídico planteado.
En Sentencia C-163 de 2000 la Corte
analizó una demanda dirigida contra el artículo 46 del Decreto 2700 de 1991 en
el que el Código de Procedimiento Penal señalaba como requisito para
constituirse en parte civil en el proceso penal, “la declaración de no haber
promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible”.
En esa ocasión la Corte declaró
exequible la norma bajo la consideración de que la ley ofrece a la víctima una
opción de la cual ésta puede hacer uso para intervenir en el proceso penal o
para actuar en el proceso civil, razón por la cual no es posible acudir a ambos
simultáneamente. Sobre el particular dijo este Tribunal:
“...ha de concluirse que no procede la constitución de parte civil
dentro del proceso penal, cuando la víctima o sus causahabientes hayan
promovido una acción civil en un proceso aparte. Pues se reitera el derecho que
tiene el afectado con el delito a reclamar su indemnización dentro del proceso
penal, o en su defecto abstenerse de utilizar la vía penal e irse por la vía
civil, con el propósito de obtener del juez el reconocimiento de los
perjuicios, cuando éstos se encuentren debidamente probados, lo cual tiene su
soporte constitucional en el derecho de las víctimas a participar en el proceso
penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el
ilícito o el reato.
“(...)
“En este orden de ideas, no  entiende la Corte, como sostiene el
demandante, que ‘el legislador privilegió la naturaleza y función de la
ritualidad y procedimientos penales frente a las disposiciones civiles que
gobiernan los procesos’, pues los artículos  46, 50 y 55 del Decreto 2700
de 1991, desarrollan  simplemente la idea según la cual, quien ejerce la acción
civil ante una cualquiera de las autoridades judiciales  donde pueda
intentarlo, ya no podrá formularla ante otros, lo cual impide que el afectado
con el hecho punible formule las reclamaciones de estirpe civil o patrimonial,
lesionando el derecho del infractor o presunto responsable a no ser juzgado dos
veces por el mismo  hecho.  A juicio de la Corporación, cuando el afectado con el
hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en
ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de
fondo  lo debatido.  Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la
jurisdicción  civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal.  En
consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede
promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no  significa que si el
hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal,  el
afectado no pueda presentar denuncia  o  noticia criminal, ante la  autoridad
competente, aun cuando haya ejercido la acción civil.”
En dicha Sentencia, la Corte
Constitucional adoptó la posición de la Corte Suprema de Justicia y reiteró lo
dicho por ese tribunal en el sentido de que la posibilidad de ejercer la acción
civil independientemente o dentro del proceso penal es potestativa y, por
tanto, no puede incoarse en ambos procesos al tiempo. La cita jurisprudencial
reiterada por la Corte fue la siguiente:
“Es tan clara la  naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios
ocasionados con el delito, que su resarcimiento puede pretenderse
alternativamente  por la vía civil o mediante el ejercicio paralelo de la acción
civil dentro del proceso penal ;  ejercicio que  es facultativo  para la
persona perjudicada patrimonialmente con la delincuencia, porque de su voluntad
dependerá instaurarla o no, aunque es  preciso reconocerlo, esta última
parte ha sido modificada parcialmente por cuanto a partir del Código Procesal
de 1987 se consagró la norma rectora del restablecimiento del derecho que se
conserva en la actual normatividad procesal y que tiene una amplia
reglamentación a lo largo y ancho de la codificación, que impone al juez, entre
otras imperativas obligaciones, la de condenar en concreto en aquellos casos
donde se hubieren producido perjuicios". (Sentencia No. 80/87, MP.
Edgar Saavedra Rojas) (Subrayas fuera del texto original).
Acorde con dicha interpretación, en
reciente pronunciamiento la Corte Constitucional consideró que la razón de ser
de la opción de constituirse en parte civil en el proceso penal o incoar la
acción civil independientemente es impedir que la Administración de Justicia
avance a doble marcha en la resolución del mismo problema jurídico.
La jurisprudencia dijo a este
respecto
“...la posibilidad de acudir al proceso penal para obtener la
indemnización de perjuicios constituye una forma de hacer efectivo el principio
de economía procesal. Así, acudiendo a dicha alternativa, el Estado evita la
doble marcha de la administración de justicia dirigida a resolver una
responsabilidad bivalente que tiene una fuente común: el delito.
“De otra parte, gracias a que la responsabilidad penal se resuelve paralelamente
a la responsabilidad civil, la interposición de la demanda civil dentro del
proceso penal permite que las pruebas recaudadas reciban valoración simultánea,
encaminada a resolver los dos aspectos de la responsabilidad involucrados. Ello
le permite al demandante obtener una pronta decisión judicial que aprovecha el
material probatorio de la investigación penal.
“Vinculado con lo anterior, la posibilidad de ejercer la acción civil
dentro del proceso penal también constituye vía idónea para evitar la
producción de fallos contradictorios. Así, la medida procesal tiende a evitar
que, por ejemplo, el juez penal encuentre probado el hecho dañoso cuando el
juez civil considere que éste no existió.” (Sentencia C-570 de 2003)
Así entonces, es claro que cuando la
ley ofrece al afectado por el delito la opción de constituirse en parte civil
en el proceso penal o de acudir independientemente a la jurisdicción civil, le
está ofreciendo o bien la posibilidad de intervenir en el proceso penal para
obtener la indemnización correspondiente y colaborar con la administración de
justicia en el esclarecimiento de la verdad y la sanción del responsable, o
bien la de perseguir exclusivamente la indemnización de los perjuicios sin
acceder a las posibilidades concedidas por el primero.
Es el afectado por el ilícito quien
tiene la opción de determinar la ruta procesal que más convenga a sus
intereses. Desde tal perspectiva, no tendría sentido reprocharle al legislador
que haya establecido restricciones en el diseño de cada opción, restricciones
que, además, van encaminadas a trazar con exactitud los linderos de una y otra
vía procesal. Así pues, no es lógico confundir los fines de la vía
jurisdiccional civil con la penal, pues cada una tiene su propio trazado y
condiciones de ejercicio. En últimas, como cualquiera de las opciones permite a
la parte afectada reclamar la indemnización de perjuicios, el legislador
consideró incompatible que el afectado, a fin de obtener dicha indemnización,
ejerciera simultáneamente las dos alternativas.
La jurisprudencia del Consejo de
Estado también ha recogido el razonamiento anterior al afirmar que no es
posible utilizar las dos vías procesales cuando se pretende obtener la
reparación de los perjuicios causados por el ilícito. Así, en uno de sus
fallos, el máximo tribunal de la justicia contenciosa sostuvo:
“Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede
optar por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y
patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o
desfavorables que esa opción pueda hacia el futuro proporcionarle. De otra forma se patrocinarían condiciones
inaceptables desde el punto de vista procesal y jurídico, que le permitirían al
afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes en busca del resarcimiento
más favorable y prevalido de una doble oportunidad de sacar avante su
aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se adecuan a un
proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas que se vean
involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del principio de la
cosa juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo definitivo
posterior. (Consejo de Estado.  - Sala de lo Contencioso Administrativo.  -
Sección Tercera. Santafé de Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 1993. Consejero
Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente N° 8201.
Actor: Marta Lucía Cristancho de Molano.  Demandado: La Nación  - Policía
Nacional.) (Subrayas fuera del original)
Por lo anterior no es posible
afirmar, como lo hace el impugnante, que la imposibilidad de participar en el
proceso penal, cuando se ha iniciado un proceso civil independiente, vulnere el
derecho de defensa de la víctima porque algunas decisiones adoptadas en el
proceso penal puedan incidir en la pretensión indemnizatoria. El hecho de que
exista una opción y de que cada alternativa ofrezca sus propias desventajas no
desvirtúa el hecho de que en ambos trámites el derecho al debido proceso se
encuentra suficientemente garantizado. Además, la circunstancia de que ciertas
decisiones en el proceso penal puedan tener incidencia en el proceso civil es
normal en el desenvolvimiento de las investigaciones, por lo que hay que
suponer que la misma es conocida por el afectado que escoge entre una y otra.
Adicional a lo anterior debe
aclararse otro punto en relación con este papel de la parte civil en el proceso
penal. Ha quedado dicho que la jurisprudencia constitucional reconoce que la
parte civil en el proceso penal tiene, además del derecho a la indemnización de
perjuicios, los derechos a la verdad y a la justicia. Sin embargo, tampoco
puede perderse de vista que la razón determinante de la presencia de la parte
civil en el proceso penal es la reparación del daño. Tal es y ha sido su razón
de ser en el proceso penal, no obstante que, por extensión, la jurisprudencia
le haya reconocido otros derechos. Los derechos a la verdad y a la justicia
fueron incorporados por la jurisprudencia sobre la base de que la acción civil
en el proceso penal persigue, como mínimo, la reparación del daño, pero la
doctrina no ha evolucionado hasta considerar que estos puedan desplazar la
pretensión indemnizatoria.
La base de la participación del
perjudicado en el proceso penal debe consistir en el interés indemnizatorio,
aunado como puede ir al interés de que se descubra la verdad y se imponga la
sanción correspondiente. No obstante, ya que, como se explicó, los derechos a
la verdad y a la justicia admiten restricciones razonables, no podrían éstos
desplazar la razón esencial de la institución a que se ha hecho referencia. Se
reitera una vez más el carácter no resarcitorio del proceso penal, objetivo que
claramente se perseguiría si se le permitiera a la parte afectada ingresar en
el proceso con la sola intención de obtener la sanción penal para el
responsable.
Con fundamento en lo anterior, esta
Corporación concluye lo siguiente. No es inexequible que el artículo 48
establezca como requisito de la demanda de constitución de parte civil, “la
manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción
civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados
con la conducta punible.” Del análisis precedentes es claro que el Estado
no ha concedido en patrocinar el ejercicio simultáneo de dos acciones en cuyo
fundamento primero existe la misma finalidad.
Tampoco es
inexequible que el legislador haya dispuesto en el mismo artículo, como
requisitos de la demanda, la necesidad de incluir los “daños y perjuicios de
orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima
la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el
restablecimiento del derecho, cuando fuere posible”, así como “las
pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la
indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible”.
Esta conclusión es compatible con las anteriores, en el sentido en que la
demanda de parte civil debe tener, por exigencia de su misma naturaleza, una
pretensión indemnizatoria.
Con el
mismo argumento, también se ajusta a la Carta el que en el artículo 52 se
establezca como causal de rechazo de la demanda la verificación de que la
acción civil se inició independientemente, que se obtuvo la indemnización
correspondiente o que se ha producido la reparación del daño (hecho que puede
ocurrir mediante vías no necesariamente resarcitorias, como sería el caso de
quien devuelve el bien hurtado). En relación con este artículo, la Corte no se
pronunciará sobre la expresión “o que quien la promueve no es el perjudicado
directo”, pues dicha frase no encaja en el debate jurídico que se lleva a
cabo en tanto la misma hace referencia al rechazo de la demanda por falta de
legitimación por activa, hipótesis ajena a la debatida por el actor.
Finalmente,
la Corte encuentra que el demandante no formula un cargo pertinente ni
suficiente contra el artículo 55 del C.P.P, norma que dispone que la “la
acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todos o en
parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil”.
Ello por cuanto que los argumentos
sobre los cuales se sustenta la demanda parten de la base de la extinción de la
acción penal por indemnización integral de perjuicios, mientras que el artículo
55 se refiere es a la extinción de la acción civil por cualquiera de los modos
consagrados en el Código Civil. Lo anterior indica que las consideraciones de
la demanda no son pertinentes al texto del artículo acusado, además de que no
existe una argumentación particularmente dirigida a atacar dicha norma por el
aspecto que se refiere a la indemnización de perjuicios en el proceso penal.
Así entonces, no considera la Corte que el cargo esté suficientemente
argumentado, razón por la cual se inhibirá de emitir pronunciamiento al
respecto.
E. Quinto
cargo de la demanda. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso
de responsabilidad civil
¿Vulnera el derecho de la víctima a recibir
indemnización, la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando
el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber
legal o haber cometido el delito en ejercicio de la legítima defensa?
Con dicho planteamiento se estructura el
cargo dirigido contra del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, que
establece los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La disposición
demandada indica que la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando
se haya declarado, por providencia en firme, que el sindicado obró, entre
otros, en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.
El demandante asegura que aunque en algunos
casos resulte justificado sujetar los efectos de la responsabilidad civil a los
de la cosa juzgada penal absolutoria, dicha sujeción es improcedente en el caso
de que el procesado haya actuado en ejercicio de un deber legal o en ejercicio
del derecho a la legítima defensa.
Respecto del primero, dice que la
absolución a quien actúa en ejercicio de un deber legal no tiene por qué
definir su responsabilidad civil, pues se trata de consideraciones diversas, y
que no se justifica que el fallo penal exima automáticamente de responsabilidad
civil al ejecutor de la conducta. Advierte que tal disposición implica una
vulneración del artículo 90 de la Constitución Política según el cual la
responsabilidad patrimonial del Estado surge con la constatación del daño
antijurídico que la víctima no está en la obligación de soportar. En esa
medida, la absolución por cumplimiento de un deber legal no puede enervar la
posibilidad que tiene la víctima de reclamar su indemnización.
En el caso de la legítima defensa, el
demandante plantea la circunstancia de la legítima defensa subjetiva y advierte
que en esos casos el daño se produce por un error de conducta del autor, razón
por la cual no es posible eximirlo de la responsabilidad civil.
Con el fin de evacuar los cargos expuestos
esta Corte considera indispensable hacer algunas precisiones iniciales acerca
de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en la responsabilidad civil
del procesado, para luego analizar los casos particulares, relativos a la
legítima defensa y al daño producido en ejercicio de un deber legal.
E.1. Efectos
de la cosa juzgada penal absolutoria
Tal como lo reconoce el demandante, al
citar el ejemplo de la legislación chilena, en la que la decisión del juez
penal no tiene injerencia alguna en el proceso civil indemnizatorio, el
legislador tiene la facultad de dividir de manera categórica el régimen de
responsabilidad penal del de responsabilidad civil, indicando que para tales
efectos el juez civil no requiere tener en cuenta la decisión penal al momento
de determinar la indemnización correspondiente.
No obstante, la alternativa adoptada por el
legislador colombiano es opuesta a dicha práctica y consiste en establecer
ciertas causales de absolución por las que la decisión del juez penal tiene
efectos de cosa juzgada erga omnes, interrumpiendo así los procesos
civiles que se sigan coetáneamente contra el procesado e impidiendo la
iniciación de nuevos procesos en los que se pretenda discutir la responsabilidad
civil por el ilícito del cual se lo absuelve.
De conformidad con el artículo 57 del
C.P.P, dichas causales son: a) haberse declarado que la conducta causante del
perjuicio no se realizó, b) haberse declarado que el sindicado no cometió dicha
conducta, c) haberse establecido que el sindicado actuó en estricto
cumplimiento de un deber legal y d) haberse determinado que el sindicado actuó
en legítima defensa.
Tal como se dijo, en estos casos el juez
civil no está habilitado por la ley para desconocer la decisión tomada por el
juez penal, razón por la cual deberá dar por terminado el proceso civil
iniciado contra el sindicado o rechazar las demandas que se dirijan contra el
mismo y que tengan como propósito discutir la responsabilidad civil surgida de
la conducta que se le endilgaba.
Ahora bien, la finalidad de dicha medida es
evitar las decisiones contradictorias que pudieran presentarse entre las
jurisdicciones civil y penal. Como fácilmente se observa, no tendría sentido
que, por ejemplo, el juez penal adujera que la conducta causante del perjuicio
no se produjo al tiempo que el juez civil sostuviera que sí lo fue. Es pues
evidente que en este punto la ley pretende evitar contrasentidos que no
repercutirían más que en la propagación de la inseguridad jurídica en el
sistema de administración de justicia.
En otros supuestos, valga decirlo, la
decisión del juez penal no ata al juez civil a la hora de determinar la
responsabilidad civil del demandado. Tal es el caso de la sentencia penal
absolutoria fundada en el hecho de que la conducta por la cual se investiga al
procesado no constituye delito. En estos casos, aunque el sindicado no merece
reproche penal, su responsabilidad civil frente al daño no se define en la
sentencia penal absolutoria, pues este fallo no tiene efectos de cosa juzgada erga
omnes, quedando la víctima en libertad de iniciar un proceso civil, o de
continuar el vigente, para reclamar la indemnización correspondiente.
La Corte Suprema de Justicia se ha
pronunciado en varias oportunidades sobre la problemática que acaba de
presentarse. La siguiente cita ilustra cuáles son los argumentos que dicho
tribunal expone para justificar la incidencia de la sentencia absolutoria penal
en el proceso civil.
“Y para entrar de una vez en materia, quizá la manera  más clara para
demostrar lo errado del criterio del ad quem en el punto,  consiste en
reproducir el artículo 55  de la Ley 50 de 1987- vigente para la época de los
hechos-, que por lo demás  coincide con el precepto 57 de Ley 81 de 1993 que después
rigió; reza  así la norma:
‘Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni
proseguirse, cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho
causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que
obró en estricto cumplimiento de un deber o en legítima defensa’.
“Texto del que surge sin el menor género de duda que cuando emana  de
alguna  de las cuatro causales allí descritas, la absolución penal surte, sin
más, efectos de cosa juzgada erga omnes. Tajante es la disposición:
declarado aquello, "la acción civil no podrá iniciarse ni
proseguirse": Para negar, pues, la incidencia del fallo penal en la acción
civil en tales casos, preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.
“Y desde luego que para evadir lo perentorio del precepto de bien poco
sirve aducir, cual lo hace el ad quem, que no opera en eventos tales la cosa
juzgada porque " (...) regularmente el juez penal sólo puede sentenciar en
relación con el aspecto doloso del implicado, ya que la mera culpa no acarrea
esa responsabilidad penal"; pues razonamiento tal sólo se explica si se
echa al olvido que conforme a la ley penal la culpabilidad asume las formas
del  dolo, la culpa o la preterintención, facetas entre las cuales no hace el
citado artículo 55, para los efectos de la cosa juzgada, diferenciación de
ninguna clase; de manera que si la conducta culposa es de aquellas expresamente
determinadas como punibles en la ley (cuéntanse en ellas el homicidio y las
lesiones personales), entonces la decisión absolutoria penal que al respecto y
por las causas determinadas en el comentado precepto llegare a proferirse,
produce  todos los efectos allí previstos.
“A propósito de este tema de la cosa juzgada penal tuvo la Corte
oportunidad de expresarse recientemente  como sigue:
‘La premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones
en el ámbito jurídico en general, y particularmente en al campo civil y penal,
(...)  avista la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya
sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no
puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por cierto,  que en tanto la
justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo
condenase al abono de perjuicios.
‘Puesta en guardia ante semejante despropósito, la legislación ha
pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca
el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente
en el ordenamiento patrio, así, el art. 55 del Decreto 050 de 1987 (...).
‘Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la
sociedad, son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres,
deben quedar a salvo  de cualquier sospecha de error, y no pueden ser
desconocidos por absolutamente nadie (...).
‘Es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión
semejante sea el propio Estado (...) por suerte que la jurisdicción, así sea de
otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para
tocar el punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos
universales’.  (Cas. de 12 de octubre de 1999).
“En suma, pues, dadas las hipótesis previstas en la norma comentada, su
aplicación, bien al contrario de lo estimado por el tribunal, se impone
ineludiblemente”. CSJ, Sala casación civil. M.P. Manuel Ardila Velásquez, 24 de
noviembre de 2000, expediente 5365
Ahora bien, retomando el curso de la
demanda, el legislador ha establecido dos causales por las que la sentencia
absolutoria penal produce efectos de cosa juzgada erga omnes. Estos son
el que el procesado hubiere actuado en estricto cumplimiento de un deber legal
o que lo hubiere hecho en legítima defensa. La Corte pasa a estudiar cada uno
de ellos.
E.2.
Sentencia penal absolutoria por cumplimiento estricto de un deber legal
En el primero de los casos, el motivo por
el cual el legislador ha considerado que la sentencia penal absolutoria por
ejecución estricta de un deber legal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes
tiene que ver con la reprochabilidad de la conducta desplegada por el autor
del daño.
En efecto, establecido por el juez penal
que el ejecutor de la conducta actuó con sujeción estricta al deber impuesto
por la ley -esto es, descartada la extralimitación, la desviación, la falta de
competencia, la desproporción, la torpeza, la ineficiencia, la impericia, etc.-
la sentencia correspondiente funda la absolución en la ausencia del elemento de
culpabilidad. En otras palabras, la sentencia penal absolutoria que se funda en
haber actuado el causante del daño en estricto cumplimiento de un deber legal
implícitamente establece que en el desarrollo de la conducta no se cumplieron
los elementos del dolo o la culpa exigidos por el tipo penal infringido.
Por lo que toca al cargo de la demanda, al
descartarse la existencia de culpa en la conducta del autor, implícitamente se
descarta que el daño se hubiere causado por impericia, negligencia, imprudencia
o por desconocimiento de un deber general de cuidado. Obsérvese que, por sí
mismo, por su misma naturaleza, la conducta que se realiza en estricta sujeción
a un deber legal excluye que ésta se ejecute de manera imperfecta, incompleta,
desbordada o incorrecta.
Para explicarlo con la terminología del
Código Penal, la absolución del infractor por haber actuado en estricto
cumplimiento de un deber legal extingue la acción civil porque el juez penal
descarta que el resultado típico sea “producto de la infracción al deber
objetivo de cuidado” y que el agente “debió haberlo previsto, por ser
previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo” (Art. 23 C.P.).
Visto de otro modo: si el individuo actúa
con culpa, esto es, con impericia, imprudencia, negligencia o en
desconocimiento de un deber general de cuidado, su sujeción al deber legal no
es estricta. Por lo mismo, si la sujeción al deber legal es estricta, el autor
no pudo haber actuado con culpa. En suma, los términos “estricto
cumplimiento de un deber legal” y culpa, en lo que a sus fuentes se
refiere, son incompatibles. En estos términos, el cargo no prospera.
En otro aspecto de su argumentación, el
demandante sostiene que la injerencia de la decisión penal en la civil atenta
contra el artículo 90 de la Constitución Política, pues la responsabilidad
patrimonial del Estado se da por el daño antijurídico, que es aquél que la
víctima no está obligada a recibir, el cual nada tiene que ver con el grado de
culpabilidad del agente que ejecuta la conducta perjudicial. La preocupación
del actor se traduce, así, en que si el agente estatal es absuelto porque su
conducta se sujetó estrictamente al cumplimiento de un deber legal, la víctima
perdería el derecho a recibir su indemnización.
Sobre el particular esta Corporación
considera que el cargo del actor funda sus argumentos en una concepción
equivocada del concepto de daño antijurídico, al igual que desconoce los
límites de la responsabilidad patrimonial del Estado y del agente estatal,
según los lineamientos del artículo 90 de la Constitución Política.
En efecto, tal como lo ha indicado la Corte
Constitucional, el artículo 90 de la Carta Política establece que el Estado
responde patrimonialmente por el daño antijurídico que le sea imputable,
causado por la acción u omisión de las autoridades públicas. Tal fue la
consideración expuesta en la Asamblea Nacional Constituyente durante el trámite
de adopción del actual artículo constitucional. Al respecto se dijo en dicha
Asamblea:
"En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se elevan a
la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden
jurídico: el uno, por la doctrina y la jurisprudencia, cual es el de la
responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables: y el otro, por
la ley, la responsabilidad de los funcionarios.
La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el
guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto,
reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión,
porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.
La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y
no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño,
es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la
conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad
entre particulares.
Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende
las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad
extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo
(subrayas no originales)”[20]
En interpretación de las consideraciones
anteriores, la jurisprudencia nacional ha recabado en el concepto de daño
antijurídico, haciendo énfasis en que la licitud o ilicitud de la conducta del
Estado no son factores que determinen la antijuridicidad del daño. El daño
resulta antijurídico y, por tanto, indemnizable, si la víctima no estaba en la
obligación de soportarlo, no si la actividad perjudicial del Estado fue jurídica
o antijurídica. En otras palabras, "se ha desplazado la antijuricidad
de la causa del daño al daño mismo"[21].
En relación con este punto la
jurisprudencia ha sostenido:
“En la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de
una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación
regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una
persona. Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la licitud o
ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del daño.”
(Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell)
La primera conclusión es, entonces, que el
daño antijurídico no necesariamente proviene de la conducta ilícita o
antijurídica del Estado, sino que puede tener origen en una conducta lícita,
caso en el cual también debe indemnizarse. En ese aspecto, la demanda contiene
una primera imprecisión y es aducir que porque la conducta del agente es
lícita, pues se ejecuta en ejercicio de un deber legal, el perjudicado no
recibirá indemnización.
La segunda imprecisión del cargo consiste
en que equipara la responsabilidad del agente estatal a la responsabilidad del
Estado, cuando es un hecho que se trata de responsabilidades claramente
diferenciables, que siguen regímenes independientes.
Ciertamente, el artículo 90 de la
Constitución Política establece dos tipo de responsabilidad patrimonial. El
primero, referido a la responsabilidad del Estado, funda su estructura en el
daño antijurídico, ya explicado. De conformidad con dicho régimen, el Estado es
patrimonialmente responsable por el daño irrogado por cualquiera de sus
agentes, cuando la víctima no estuviere obligada a soportarlo. El daño
antijurídico es la fuente de la responsabilidad del Estado frente al particular
afectado, responsabilidad que no consulta la conducta del agente que causa el
daño.
El segundo tipo de responsabilidad de que
trata el artículo 90 es el de la responsabilidad del agente. Mientras el Estado
responde por el daño antijurídico, su agente sólo lo hace cuando la conducta
dañosa proviene del dolo o la culpa grave. El agente estatal no responde ante
el particular sino ante el Estado, mediante la denominada acción de repetición,
por lo cual a la víctima del perjuicio le es irrelevante, para efectos de la
indemnización, si la conducta del agente fue realizada con dolo o culpa. Probar
el daño antijurídico le basta para obtener la indemnización. En cambio, la
determinación del grado de culpa con que actúa el agente estatal incide en la
posibilidad que tiene el Estado de repetir contra éste a fin de recuperar el
dinero que tuvo que pagar como consecuencia de la condena que le fue impuesta.
Si el agente actúa con dolo o culpa, el Estado repite contra él.
Sobre el particular esta Corte ha señalado
lo siguiente:
“Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara
diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que
igualmente es posible deducir a sus agentes.
“En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la
antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se
deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido
por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal
virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente
público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de
dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.
“En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se
configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la
acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea
condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente
responsables.
“3.5. Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, sólo en
el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño
antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello
significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar
directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se
garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado,  porque queda debidamente
asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que
pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario
en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición”. (Sentencia
C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell)
De las consideraciones anteriores se extrae
la segunda conclusión. El hecho de que el agente estatal actúe en ejercicio de
un deber legal no incide en la indemnización que merece el afectado. Siempre y
cuando el daño sea antijurídico, el responsable frente al particular es el
Estado, no el agente, y la sujeción o desconocimiento de la conducta del último
al deber legal establecido no modifica en nada el derecho a ser indemnizado. En
suma, las conductas lícitas desplegadas por los agentes del Estado, es decir,
aquellas que se realizan en cumplimiento de un deber legal,  no impiden que el
Estado indemnice a la víctima que ha sufrido un daño antijurídico. Simplemente,
impiden que el Estado repita contra el agente que causa el daño.
De conformidad con las razones expuestas,
esta Corporación considera que el cargo dirigido contra la expresión “que
obró en estricto cumplimiento de un deber legal” no tiene fundamento
constitucional y, por tanto, debe ser desechado, declarando la norma exequible
por el cargo sometido a estudio.
E.3.
Sentencia penal absolutoria por legítima defensa
Finalmente, en lo que tiene que ver con la
última causal de improcedencia de la indemnización de perjuicios -por haberse
dictado sentencia absolutoria sustentada en la legítima defensa del procesado-,
el demandante sostiene que aunque la legítima defensa objetiva podría dar lugar
a enervar la responsabilidad civil del procesado, la legítima defensa subjetiva
no lo permite, pues en ella el perjuicio irrogado tiene origen en un error de
conducta de su autor, lo que impide que se lo exima de responsabilidad civil.
Para resolver el interrogante propuesto,
esta Corte estima indispensable transcribir de nuevo la norma acusada:
Artículo 57.
Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá
iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme,
que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo
cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima
defensa
Del texto transcrito se tiene que la
legítima defensa constituye causal de exoneración de la responsabilidad civil
por constituir, a su vez, causal excluyente de responsabilidad penal. El actor
considera que dicha exoneración sólo opera en el caso de la legítima defensa
objetiva, porque en el de la subjetiva no existe una agresión real y, por
tanto, el perjuicio ocasionado por el infractor tiene origen en un error de
conducta y no en una agresión actual e inminente de la víctima.
La distinción del demandante relativa a los
efectos de la legítima defensa objetiva y subjetiva plantea un interrogante
sobre del alcance de la expresión “legítima defensa”, en el marco de las
causales de exoneración de responsabilidad civil reguladas en el artículo 57, que
obliga a la Corte establecer ciertas diferencias puntuales.
La legítima defensa es una institución de
inveterada raigambre en el derecho penal que justifica la agresión de quien
recibe una agresión injusta. La licitud de la conducta de quien causa un daño
en contra de quien lo provoca se deriva del derecho que tiene todo individuo de
defender sus propios intereses, de la superposición de los derechos del
agredido frente a los derechos del agresor y de la transposición de la defensa
particular frente a la imposibilidad coyuntural de recurrir a la defensa del
Estado.
En la legislación colombiana, el artículo
32 del Código Penal regula lo atinente a la legítima defensa. Establece que
ella es causal excluyente de responsabilidad penal y que se configura por la
necesidad de repeler una agresión injusta, actual o inminente. Dice a este
respecto el artículo en cita.
Art. 32. No habrá
lugar a responsabilidad penal cuando:
6. Se obre por la
necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión
actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.
Se presume la
legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente
penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas
Ahora bien, en vista de que en la realidad
fenoménica un hecho desprovisto de intención ofensiva puede ser interpretado
por el sujeto que se defiende como una agresión injusta, actual o inminente, la
doctrina ha establecido la clásica diferencia entre legítima defensa objetiva y
legítima defensa subjetiva, para delinear un margen entre la defensa real y la
imaginaria.
La legítima defensa subjetiva o putativa
(del latín ‘putate’, que significa pensar, suponer o juzgar) se produce cuando
quien pretende defenderse lo hace frente a una agresión que no existe, contra
una ofensa ficticia. "Aquí ocurre un fenómeno muy curioso de cambio de
papeles: el que cree que se defiende es, en realidad, un agresor; y el que fue
tomado por un agresor termina finalmente defendiéndose legítimamente de la
agresión real que sufre"[22],
señala Muñoz Conde al definir el fenómeno.
Ahora bien, dado que en la legítima defensa
subjetiva la agresión es imaginaria, ficticia o supuesta, la conducta de quien
despliega la actividad defensiva no puede ser más que atribuible al error. Un
error sobre la antijuridicidad de la conducta defensiva gracias al cual, quien
cree ser objeto de un ataque asume como legítima su propia defensa. De allí que
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia considere esta institución
como “casual de inculpabilidad por error sobre la antijuridicidad de la
conducta”.[23]
Precisamente, atendiendo a estas razones,
el Código Penal nacional no reguló el tema de la legítima defensa subjetiva en
el apartado correspondiente a la legítima defensa. El legislador penal
colombiano tampoco incluyó una norma específica que se refiera a la legítima
defensa subjetiva como entidad autónoma de exclusión de responsabilidad penal.
Simplemente, en el numeral 11 del mismo artículo 32, el Código advierte que
también se da la exoneración de responsabilidad penal cuando “Se obre con
error invencible de la licitud de su conducta”, a lo cual agrega que “si
el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad”.  Sobre este
particular, obsérvese que la causal de exclusión de responsabilidad penal opera
no sólo para el error respecto de la legítima defensa sino para el error que se
da sobre cualquier conducta que se reputa lícita. El error sobre la legítima
defensa es simplemente uno de ellos.
Así pues, ya que el ordenamiento penal no
establece un régimen específico para la legítima defensa subjetiva sino que
incluye a dicha figura en el régimen del error como causal excluyente de
culpabilidad, es dentro de este régimen que debe entenderse incluida la defensa
putativa.
Por ello, del tratamiento legislativo
previsto es posible deducir que cuando el artículo 57 del Código de
Procedimiento Penal establece que la legítima defensa constituye causal de
exoneración de la responsabilidad civil, aquél se refiere a la legítima defensa
objetiva y no al error de conducta respecto de la causal de antijuridicidad
denominada legítima defensa. Esta diferencia de trato en la terminología del
Código Penal, que no menciona la legítima defensa subjetiva cuando hace alusión
a ella, sino que la incluye en el régimen del error exculpativo, permite
concluir que el artículo acusado se refiere a la legítima defensa objetiva y no
a la subjetiva.
Atendiendo a las razones anteriores, el
cargo de la demanda no está llamado a prosperar, pues a la luz del artículo 57
del C.P.P. la legítima defensa subjetiva no constituye causal de exoneración de
responsabilidad civil, premisa de la cual parte el actor para controvertir la
disposición normativa.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
R E S U E L V E
PRIMERO.-
por los cargos propuestos por el demandante, declarar EXEQUIBLES la
expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del
Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-, así como el artículo 42 del
mismo Código.
SEGUNDO.-
por los cargos propuestos en la demanda, declarar EXEQUIBLE el artículo
42 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-.
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos expuestos, las
expresiones “la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante
la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados con la conducta punible”; “daños y perjuicios de
orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima
la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el
restablecimiento del derecho, cuando fuere posible”, así como “las
pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la
indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible”,
contenidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.
CUARTO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del
Código de Procedimiento Penal, por los cargos expuestos, a excepción de la
expresión “o que quien la promueve no es el perjudicado directo” respecto
de la cual se INHIBE por ausencia de cargos.
QUINTO.- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del
artículo 55 del Código de Procedimiento Penal por inepta demanda.
SEXTO.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones “o que obró en estricto
cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”, contenida en el
artículo 57 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-, únicamente por
los cargos analizados en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ALVARO
TAFUR GÁLVIS
Magistrado
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
EL SUSCRITO
SECRETARIO GENERAL (E)
DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Jaime Córdoba
Triviño, no firma la presente sentencia por cuando en la fecha le fue aceptado
impedimento para intervenir en la presente decisión.
IVAN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario
General (E)
[1] Sentencia C-041/94, M.P. Eduardo Cifuentes
[2] Sentencia C-412/93, M.P., doctor  Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[3]   C-469/95, T-536/94, C-277/98, T-275/94, SU-717/98,
C-038/96, C-293/95
[4] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez
(fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento
43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana
aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le
nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[5] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el
derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en
particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser
solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas
romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en
los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.
[6] BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE  LYNETT,
Eduardo, El proceso penal, Universidad Externado de Colombia,  2002, p.515
[7] Ibídem p.517
[8] Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP:
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte señaló
que a la luz de la Constitución en el proceso penal ordinario los derechos de
las víctimas y perjudicados por un hecho punible comprendían tanto el derecho a
una reparación económica como los derechos a la verdad y a la justicia y, por
lo tanto, declaró exequible el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de
2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a
la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia; Así mismo,
declaró exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600
de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por
las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo que fue declarada
inexequible. Igualmente declaró
exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que una vez
la víctima o los perjudicados se hayan constituido en parte civil, pueden
acceder directamente al expediente; y el artículo 47 de la Ley 600 de 2000,
salvo la expresión que limitaba la oportunidad para la constitución de la parte
civil exclusivamente “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que
fue declarada inexequible. Esta sentencia recogió la concepción amplia de los
derechos de la parte civil en la justicia penal militar reconocida en las
sentencias C-740 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró la
constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579 de la Ley 522
de 1999, que establecía a quien se debía dar traslado para alegar una vez
vencido el término probatorio establecido para el procedimiento especial
regulado por dicho artículo en los siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLE el
inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, en el entendido que deberá
darse traslado para alegar a la parte civil, en caso de que ésta se hubiere
constituido en el respectivo proceso.”; C-1149 de 2001, MP: Jaime Araujo
Rentería, donde la Corte examinó los derechos de la parte civil dentro del
proceso penal militar y resolvió: “TERCERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 305
de la Ley 522 de 1999 bajo el entendido de que puede buscar otros fines como la
justicia, el efectivo acceso a ella y la reparación del daño, salvo la
expresión “exclusivo el impulso procesal para”, que
se declara INEXEQUIBLE”; y la sentencia SU-1184 de 2001, MP: Eduardo
Montealegre Lynett donde la Corte reiteró, en un proceso relativo al
juzgamiento de un general por los hechos ocurridos en Mapiripán, que las
víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino el
derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga
justicia. Igualmente, para proteger los derechos tanto del procesado como de la
parte civil en el proceso penal militar la Corte declaró inexequibles los
artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999, mediante los cuales se reguló el
procedimiento especial abreviado, sentencia C-178 de 2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[9] Constitución Política, “Artículo 150. Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...) 17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros
de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o
indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren
eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado
quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.”
[10] Cfr. Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa
[11] ibid
[12] Sentencia C-916 de 2002 MP. Manuel José
Cepeda Espinosa
[13] Sentencia C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón
Díaz
[14] Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[15] Sentencia C-916 de 2002
[16] La expresión resaltada fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 2001 MM.PP.
Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa
[17] “Curso de Criminología, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2001., citado por Bernal Cuellar y
Montealegre Lynett en “El proceso Penal”, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 4ª edición, 2002, pág. 517
[18] Bernal Cuellar, Montealegre Lynett.
Ob.cit. Pág. 519
[19] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[20] Agusto Ramírez Ocampo. "Ponencia para
segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia" en Gaceta
Constitucional No 112, 3 de julio de 1991, pp 7 y 8.
[21] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente
8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
[22] Cfr.: "Legítima Defensa Putativa", Muñoz
Conde, en "Der. Penal Europeo", ps. 183 y sig., Ed. Bosch, año 1996.
[23] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacion Penal, Proceso N° 12343 Magistrado Ponente:Dr. Carlos Augusto Galvez
Argote, 14 de diciembre de 1999