C-069-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-069/19
DERECHOS DE AUTOR-Exequibilidad del derecho a la remuneración
equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales
PROPIEDAD INTELECTUAL-Jurisprudencia constitucional/ PROPIEDAD
INTELECTUAL-Alcance del concepto/PROPIEDAD
INTELECTUAL-Protección constitucional/PROPIEDAD
INTELECTUAL-Amplio margen de configuración legislativa
[L]a protección que el Estado le
otorga a los derechos de autor no necesariamente es uniforme, pues depende de
las garantías que se adopten por el legislador, en respuesta a las
características propias de la diversidad de obras que abarcan esta disciplina.
No obstante, el ejercicio del ámbito de configuración del legislador tiene como
límites los postulados superiores que orientan a su protección, junto con el contenido
de los derechos que se interrelacionan en su desarrollo, como ocurre con la
libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Adicionalmente, en caso de establecer restricciones al disfrute de los derechos
de autor, se requiere que ellas sean razonables y proporcionales
DERECHOS
DE AUTOR-Fundamento, alcance y límites
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR-Contenido/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR-Jurisprudencia
constitucional/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS
DE AUTOR-Límites
DERECHOS DE AUTOR-Contenido/DERECHOS DE AUTOR-Comprende
derechos morales y patrimoniales
DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR-Categorías
DECISION ANDINA 351 DE 1993-Regulación en cuanto a los derechos morales de autor
hace parte del bloque de constitucionalidad
DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR-Alcance en obras audiovisuales
La decisión del
legislador dio lugar a la (i) creación de un nuevo derecho patrimonial a favor
de los autores de obras audiovisuales; (ii) de carácter irrenunciable e
intransferible; (iii) cuyo soporte material se refiere al pago de una remuneración equitativa por
cada acto de comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler
comercial, con excepción de los acciones previstas en el parágrafo 2 del
precepto bajo examen; (iv) dicha prestación se asume únicamente por el usuario,
utilizador o emisor público de la obra; (v) con la restricción de que su
consagración no puede dar lugar a la suspensión, alteración o prohibición de su
producción, ni de su normal explotación económica, así como tampoco puede
llegar a afectar “los
demás derechos que a los autores (…) les reconoce la Ley 23 de 1982 y demás
normas que la modifiquen o adicionen”.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Definición/AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
PRIVADA-Antecedentes históricos/AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
PRIVADA-Manifestaciones/AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Fundamento constitucional/AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
PRIVADA-Concepción
moderna
IGUALDAD-Carácter
de valor, principio y derecho fundamental
PRINCIPIO
DE IGUALDAD-Mandatos que
comprende
DERECHO
A LA IGUALDAD-Carácter relacional
JUICIO
DE IGUALDAD-Metodología de análisis/JUICIO DE IGUALDAD-Etapas
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos
en la carga argumentativa
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Incumplimiento
de carga argumentativa
APLICACION
DE LA LEY EN EL TIEMPO-Jurisprudencia
constitucional
NORMA SOBRE DERECHOS DE AUTOR-Derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de
obras audiovisuales no desconoce el principio de irretroactividad de la ley ni
desconoce derechos adquiridos
Esta Corporación concluyó que el cargo relacionado con la violación
del principio de irretroactividad de la ley y el desconocimiento de los
derechos adquiridos no estaba llamado a prosperar, porque el derecho a la
remuneración equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales es
un derecho nuevo, cuya creación a favor de los autores se consagra por primera
vez en la Ley 1835 de 2017, por lo que con anterioridad al citado estatuto
legal dicha prestación era inexistente, en la medida en que lo único que se
preveía eran derechos patrimoniales exclusivos de autor y no derechos
patrimoniales de mera o simple remuneración.
Referencia:
Expediente D-12689
Asunto: Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 1835 de 2017, “por
medio de la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 ‘sobre
derechos de autor’, se establece una remuneración por comunicación pública a
los autores de obras cinematográficas o Ley Pepe Sánchez”
Demandante:
Angy Lorena
Martínez Corredor
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veinte (20) de febrero de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En desarrollo de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, la ciudadana Angy Lorena Martínez Corredor instauró demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 1835 de 2017, “por
medio de la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 ‘sobre
derechos de autor’, se establece una remuneración por comunicación pública a
los autores de obras cinematográficas o Ley Pepe Sánchez”.
En Auto del 28 de mayo de 2018, el
Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en
lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de su competencia. De igual manera dispuso
comunicar la iniciación del presente proceso de constitucionalidad al Ministerio
de Justicia y del Derecho; al Ministerio del Interior; a la Dirección Nacional
de Derecho de Autor; a los Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de
Gestión (DASC); a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO); a
la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO); a
la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES); al Centro Colombiano de
Derechos de Autor (CECOLDA); al Centro de Estudios de Derecho del
Entretenimiento, Tecnología e Información de la Pontificia Universidad
Javeriana (CENTI); al Centro de Estudios en Propiedad Industrial, Derechos de
Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia; a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia; y a las Facultades de Derecho de las
siguientes Universidades: Rosario, Sergio Arboleda, Libre y Nariño, para que, si lo consideraban conveniente,
intervinieran impugnando o defendiendo la norma
acusada.
Una vez recibido el concepto del Procurador
General de la Nación y cumplido el resto de los trámites previstos en el
artículo 242 del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte
a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto del
precepto demandado, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 50.259
del 9 de junio de 2017, resaltando los apartes cuestionados por la accionante:
“Ley 1835 de 2017
(junio 9)
Por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 ‘sobre
derechos de autor’, se establece una remuneración por comunicación pública a
los autores de obras cinematográficas o Ley Pepe Sánchez.
El Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo
1. Adiciónese el artículo
98 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
Artículo
98. Los derechos patrimoniales sobre la obra
cinematográfica se reconocerán, salvo estipulación en contrario a favor del
productor.
Parágrafo 1. No obstante, la presunción de cesión de los
derechos de los autores establecidos en el artículo 95 de la presente ley,
conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por
los actos de comunicación pública incluida la puesta a disposición y el
alquiler comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración
que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública.
La
remuneración a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las
cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afecta los demás derechos que a los
autores de obras cinematográficas les reconoce la Ley 23 de 1982 y demás normas
que la modifican o adicionan, así como sus decretos reglamentarios.
En
ejercicio de este derecho, los autores definidos en el artículo 95 de la
presente ley, no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal
explotación comercial de la obra cinematográfica por parte del productor.
Parágrafo
2. No se considerará comunicación pública,
para los efectos del ejercicio de este derecho, la que se realice con fines
estrictamente educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos
de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada.
Así mismo, el pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es
aplicable a aquellos establecimientos abiertos al público que utilicen la obra
audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de
comunicación de la obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público
consumidor con ánimo de lucro o de ventas.”
III. DEMANDA
3.1. A juicio de la accionante, el precepto
legal demandado es contrario al preámbulo y a los artículos 2, 4, 9, 13, 14, 16,
58, 61, 227 y 333 de la Constitución Política[1],
junto con los artículos 9, 29, 30 y 31 de la Decisión 351 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena[2]
y el artículo 14 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas[3].
3.2. Antes de explicar los cargos
formulados contra la disposición acusada, la demandante refiere a que
originalmente el artículo 98 de la Ley 23 de 1982[4] tan solo consagraba la
presunción de titularidad de los derechos patrimoniales de autor de una obra
audiovisual a favor de su productor, salvo que existiera un acuerdo
expreso en sentido contrario[5].
Esta medida se adoptó con ocasión de los esfuerzos financieros, comerciales y
técnicos necesarios para poder llevar el producto al mercado y hacerlo
económicamente viable.
Con base en la citada presunción, según
afirma la accionante, los autores de obras cinematográficas[6] y los productores venían
celebrando contratos de producción audiovisual, y otros con diferentes
denominaciones, por virtud de los cuales los primeros transferían expresamente
a los segundos los derechos que la ley les otorga sobre sus creaciones.
En este escenario se produjo la expedición
de la Ley 1835 de 2017 o Ley Pepe Sánchez, en la que se introdujo en el sector
cinematográfico el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos
de comunicación pública, a favor de los autores de dicha especie de obra, que
al afectar el alcance de la presunción original consagrada en la Ley 23 de 1982
(toda vez que excluye de la misma un valor vinculado con la distribución), causa
tres violaciones de naturaleza constitucional, sobre las cuales se erigen los
cargos de la demanda.
Por lo demás, en esta parte introductoria,
la accionante también explica que las personas que no han intervenido en la
creación de una obra, como ocurre con el productor, pueden ser reconocidas como
titulares de los derechos de contenido patrimonial, por una de las siguientes
vías: (i) por cesión, esto es, a través de una transferencia de
tipo convencional o por disposición legal[7];
o (ii) por presunción, como en el caso de las obras cinematográficas.
3.3. Con sujeción a lo anterior, la primera
acusación que se formula refiere a un supuesto desconocimiento de las normas
constitucionales e internacionales referentes a la autonomía de la voluntad
privada. En concreto, tal y como se señala en la demanda, el cargo se
construye respecto de la expresión: “No obstante, la presunción de cesión de
los derechos de los autores establecidos en el artículo 95 de la presente ley,
conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por
los actos de comunicación pública incluida la puesta a disposición y el
alquiler comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración
que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública”.
Para la accionante, la interrelación
armónica de los artículos 14, 16 y 333 de la Constitución dan origen a la
autonomía de la voluntad[8],
como atribución que le permite a toda persona capaz la potestad de crear,
modificar y extinguir relaciones jurídicas. A partir de dicha noción, se
advierte que el precepto legal en mención es contrario a la citada garantía
constitucional, por cuanto desconoce “la facultad que tienen los autores
(personas naturales) de obras, para disponer libremente de sus derechos
subjetivos de comunicación pública”[9],
que hacen parte del catálogo de atributos que ellos tienen a su favor y que
son, por esencia, susceptibles de disposición, como se aprecia a nivel nacional[10], internacional y
comunitario.  Incluso, tal naturaleza dispositiva ha sido admitida por la
jurisprudencia de la Corte, por lo que no cabe que una norma desconozca
antecedentes jurisprudenciales[11].
En este orden de ideas, “si bien es cierto
que el legislador tiene la facultad de regular asuntos referentes a la
propiedad intelectual y la manera como deben ser protegidos los derechos de
autor, tal [potestad] no tiene el alcance de permitirle que a través de
procesos legislativos desnaturalice el carácter subjetivo y dispositivo de
[dichos] derechos (…) y menos aún puede hacerlo, si con tales disposiciones
contraviene los tratados internacionales en la materia y las normas
comunitarias que, sobre el particular, establecen la libre disposición de los
derechos patrimoniales de autor”[12].
Precisamente, la demandante cita los
artículos 9, 29, 30 y 31 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena[13],
con miras a señalar que la norma impugnada desconoce disposiciones supranacionales
que refieren a la plena disponibilidad de los derechos patrimoniales de autor[14], cuya evidente contradicción
no permite decisión distinta a declarar su inexequibilidad, al tratarse de un
régimen normativo que integra el bloque de constitucionalidad.
Por esta misma razón, indica que el
precepto acusado es contrario al artículo 227 del Texto Superior, toda vez que,
en función del mandato de integración económica, social y política que allí se
dispone[15],
la citada Decisión 351 de 1993, relativa al régimen común sobre derechos de
autor y derechos conexos, indica en el artículo 9, que cualquier persona
natural y jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los
derechos patrimoniales sobre obras literarias, artísticas o científicas, lo que
significa que su contenido es por esencia transferible, transmisible y
enajenable, lo cual se desconoce a través de la conservación, en todo caso, del
derecho a la remuneración equitativa de los autores por la comunicación pública
de creaciones cinematográficas. Para la accionante, una norma nacional no puede
desconocer o pretender modificar disposiciones sobre aspectos regulados por la
legislación comunitaria, en donde claramente, a su juicio, los derechos
patrimoniales, sin distinción, se someten al principio de libre disposición,
pues ello igualmente conduciría a la violación del artículo 9 de la Constitución,
conforme al cual las relaciones exteriores se fundan en el reconocimiento de
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
3.4. La segunda acusación que se alega
supone una vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13 de la Carta y su formulación se orienta a cuestionar el mismo aparte del
precepto legal demandado expuesto en el cargo anterior, a saber: “No
obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos
en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a
recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se
hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por
quien realice la comunicación pública”.
En criterio de la accionante, el trato
desigual se presenta entre el autor de una obra cinematográfica respecto de los
autores de otro tipo de obras colectivas, es decir, obras que son producidas
por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona
natural o jurídica que la coordine bajo su nombre, tal como ocurre con algunas
obras literarias, las obras de multimedia (v.gr, los videojuegos) y ciertos
programas de ordenador (software).
En este sentido, afirma que la desigualdad
se presenta “en la medida en que los autores de obras diferentes a las
cinematográficas mantendrán la facultad de transferir todos sus derechos
patrimoniales sin limitación alguna”[16].
Caso contrario a lo que ocurre respecto de este último creador, el cual tiene
prohibido ejercer el atributo de disposición frente al derecho de remuneración
por comunicación pública, sin que existan razones que validen, legitimen o
justifiquen dicha distinción de trato.
3.5. El tercer y último cargo se concreta
en el presunto desconocimiento de los derechos adquiridos y de la
prohibición de retroactividad de la ley, como garantías previstas en el
artículo 58 de la Constitución Política. La acusación se encamina
específicamente al siguiente aparte de la norma demandada: “La remuneración
a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las cesiones de
derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley (…)”.
Para justificar la vulneración que se alega,
la accionante señala que, en materia de obras cinematográficas, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1835 de 2017, la transferencia de los derechos
patrimoniales operaba por las dos vías existentes en el ordenamiento jurídico,
según se acogiera por los interesados, esto es, (i) la cesión de carácter
convencional o (ii) la presunción legal[17].
Por consiguiente, cuando el precepto impugnado
señala que el derecho de remuneración por comunicación pública que ahora se
reconoce a los autores es intransferible y, por ende, no se entiende
comprendido en las cesiones de derechos realizadas con anterioridad a la ley
que se demanda, lo que está haciendo es desconociendo una situación jurídica
consolidada en cabeza de un tercero cesionario de los derechos (ya sea por
convenio o por presunción legal), y con ello vulnerando la garantía de los
derechos adquiridos.
De esta manera, la demandante concluye que
“[de] mantenerse la norma demandada, los titulares derivados de derechos
patrimoniales de autores de obras cinematográficas, se enfrentarían a un
escenario de inseguridad jurídica, al encontrarse que los derechos que
obtuvieron previamente, de conformidad con la ley hasta entonces vigente, son
desconocidos por el legislador por una ley posterior y, en consecuencia,
extraídos de su esfera patrimonial, sin que medie o se configure una situación
prevista para tal fin por el ordenamiento jurídico”[18].
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del Congreso de la
República
El Secretario General del Congreso de la
República, actuando por delegación del Presidente de dicha Corporación,
solicita a la Corte declarar exequible el precepto legal demandado. En lo que
refiere al supuesto desconocimiento de la autonomía de la voluntad, el
interviniente afirma que el citado derecho no tiene un carácter absoluto, de
ahí que admite limitaciones en aras de alcanzar un interés público o general,
como ocurre con los derechos de autor, calificados por el legislador como de
interés social[19].
Por lo demás, la protección a los autores se justifica por estar en una
posición de desventaja frente a los productores, al momento de negociar sus
derechos patrimoniales.
Frente a la presunta violación del derecho
a la igualdad, sostiene que el cargo no está llamado a prosperar, pues el
alcance de los derechos patrimoniales de autor depende del tipo de creación que
es objeto de protección en la ley. Por ello, aun cuando pueden encontrarse
medidas similares a la cuestionada (tal como se observa en el caso de los
artistas con el artículo 173 de la Ley 23 de 1982)[20], nada impide que se
adopte un régimen distinto y que responda a las particularidades de cada obra o
producción. Aunado a lo anterior, agrega que distintos organismos
internacionales señalan que se justifica otorgar un trato diferente a los
autores de obras audiovisuales, por las condiciones particulares de su creación[21]. Incluso, en caso de
realizar un test, destaca que el fin válido de la medida se encuentra en la
necesidad de proteger la producción artística nacional y, por esa vía,
incentivar el empleo y generar riqueza.
Finalmente, en lo que concierne al cargo
vinculado con la supuesta aplicación retroactiva de la ley, el interviniente
señala dos argumentos para descartar su procedencia. El primero relacionado con
el desconocimiento de la carga de certeza, pues la norma demandada lo
que hace es crear un nuevo derecho remuneratorio que no afecta los eventuales
derechos patrimoniales de los productores, toda vez que el pago lo deben
realizar los emisores o usuarios finales de las obras con destino exclusivo a los
autores. Y, el segundo, por virtud del cual se sostiene que el efecto que
produce el precepto demandado es de carácter retrospectivo y no retroactivo, ya
que su rigor normativo solo es aplicable a partir de su promulgación[22], por lo que regula
tanto los actos que se celebren desde ese momento, como aquellos que fueron
acordados con anterioridad, pero solo desde la entrada en vigor de la Ley 1835
de 2017. Esto significa que no se desconocen derechos adquiridos, en especial,
cuando la retrospectividad se justifica por el interés general que subyace en
incentivar la creación artística y en mejorar las condiciones de vida de los
autores.
4.2. Intervención del Ministerio del
Interior
4.2.1. El Ministerio del Interior solicita a
este Tribunal declararse inhibido para resolver el fondo del asunto, por
ineptitud sustantiva de la demanda o, en subsidio, declarar exequible la norma
acusada. Inicialmente, plantea que la acusación no satisface las cargas mínimas
que envuelven la formulación de un cargo de inconstitucionalidad, por cuanto
las razones que se exponen se derivan de una particular interpretación que
tiene la accionante del régimen de los derechos de autor, sin que se haga
evidente la contrariedad entre el precepto legal demandado y las normas del
Estatuto Superior.
4.2.2. A pesar de lo anterior, considera
que no se afecta la autonomía de la voluntad, por cuanto la disposición
impugnada simplemente reconoce un derecho y no limita la posibilidad de
comercializar, publicitar o explotar la obra. En cuanto al derecho a la
igualdad, afirma que el precepto no realiza ninguna distinción de trato frente
a quienes se dedican a realizar creaciones cinematográficas. Finalmente, aclara
que de ninguna manera la ley acusada es retroactiva, pues sus efectos o
consecuencias en derecho se producen con posterioridad a su promulgación.
4.3. Intervención de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor (DNDA)
4.3.1 El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la DNDA solicita a la Corte proferir un fallo inhibitorio y, en
subsidio, declarar la exequibilidad del precepto legal impugnado. En cuanto a
la primera pretensión, manifiesta que se desconocen las cargas de especificidad,
pertinencia y suficiencia que rigen la formulación de las demandas de
inconstitucionalidad, (i) porque no se evidencia la violación de una norma
superior; (ii) porque se acude al uso de normas legales y supranacionales como
parámetros de control; y (iii) porque no se logra desvirtuar la presunción de
validez de la disposición demandada.
4.3.2. En cuanto a la segunda pretensión,
el interviniente concluye que la norma acusada no viola ninguna disposición
constitucional, por las siguientes razones: (a) frente a la autonomía de la
voluntad, menciona que el ámbito de protección y el alcance de los derechos de
autor, tanto en su competente moral como patrimonial, no depende del creador o
productor de una obra sino del legislador, tal como se consagra en el artículo
61 de la Constitución[23],
de suerte que no cabe reparo alguno en relación con la decisión del Congreso de
crear un nuevo derecho para los autores –distinto
de los ya existentes– y de otorgarle al mismo el carácter de irrenunciable. Esta
determinación se adoptó por el interés general de incentivar la producción
audiovisual y de estimular la labor creativa y artística de directores,
guionistas, músicos y dibujantes.
Textualmente, sobre el cambio normativo
producido, la DNDA explica que:
“Teniendo en
cuenta el contexto señalado anteriormente, es preciso señalar que antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1835 de 2017, nuestro ordenamiento jurídico
establecía que los derechos patrimoniales se reconocían, salvo estipulación en
contrario a favor del productor, es decir, los autores que indica el artículo
95 de la Ley 23 de 1982 en la mayoría de los casos (por no decir en todos) no
conservaban ningún derecho patrimonial, lo que imposibilitaba generar algún
tipo de retribución de tipo económico en su favor a causa de la explotación de
sus obras. // Lo que la Ley 1835 de 2017, o Ley Pepe Sánchez, vino a reconocer
a los autores de las obras audiovisuales, fue un nuevo derecho a recibir una
remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a
disposición y el alquiler comercial al público que se haga de la obra,
remuneración que debe ser pagada directamente por quien realice la comunicación
pública”[24].
La ley recoge así la experiencia reciente
de otras legislaciones en el mundo que han venido consagrando este derecho y
que le han otorgado igualmente el carácter de irrenunciable. Sobre el
particular, se cita la Ley 20.243 de Chile[25], la Ley de Propiedad
Intelectual de España[26]
y la Directiva 2001/29/CE de la Comunidad Europea[27].
Por otra parte, (b) en lo que refiere al
cargo por el supuesto desconocimiento del derecho a la igualdad, el interviniente
advierte que este juicio tan solo es procedente cuando los sujetos comparados
se hallan en iguales condiciones, lo cual no sucede en el caso bajo examen,
pues cada obra literaria o artística tiene una regulación particular, que le
dota de unas características únicas que provienen del tipo de creación o
producción que se realiza. De suerte que, “si bien la legislación les concede
derechos de exclusiva tanto a los autores audiovisuales como a los demás
autores de obras literarias o artísticas, lo cierto es que, a los primeros, el
artículo 98 de la Ley 23 de 1982, les indica que los derechos patrimoniales
sobre la obra audiovisual se reconocerán, salvo estipulación en contrario a
favor del productor, situación que no es aplicable a los segundos. // Por tal
razón, el legislador, en el marco de su autonomía, les concedió un derecho de
remuneración por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y
alquiler comercial (…) que se haga de sus obras, sin que ello implique la
desmejora o la perdida (…)”[28]
de los derechos de los productores, los cuales, como se señala en la ley,
continúan bajo su titularidad sin ninguna alteración.
Por último, (c) se descarta el cargo
referente a la aplicación retroactiva de la ley, ya que la norma objeto de demanda
no derogó ni expresa ni tácitamente ninguna disposición legal o contractual que
consagre derechos patrimoniales a favor de los productores. Lo que realmente
ocurrió con la entrada en vigor de la Ley 1835 de 2017, en palabras del
interviniente, “es que se incorporó a nuestro ordenamiento un nuevo derecho
patrimonial no exclusivo sino de remuneración para los autores de
obras audiovisuales por la comunicación pública, incluida la puesta a
disposición y [el] alquiler comercial (…), el cual no va en detrimento ni
afecta los derechos de los productores audiovisuales (…).”[29] La importancia de este
derecho, en la práctica, se encuentra en que las producciones audiovisuales
producidas en Colombia han venido cobrando valor a nivel internacional, lo que
ha implicado que creaciones como “Betty la Fea”, “El Chinche” y la “Estrategia
del Caracol”, entre otras, sean otra vez objeto de distribución en el público,
justificando la creación de un derecho mínimo de remuneración, a favor de todos
los autores de dicho patrimonio.
4.4. Intervención del Centro Colombiano
de Derechos Reprográficos (CDR), de la Asociación Colombiana de Intérpretes y
Productores Fonográficos (ACINPRO) y de la Sociedad de Autores y Compositores
de Colombia (SAYCO)[30]
El conjunto de intervinientes previamente
mencionados solicita a la Corte declarar la exequibilidad del precepto
demandado. Para comenzar realiza una explicación de la ley, en la que advierte
que su regulación sigue la tendencia mundial de crear un derecho de mera o
simple remuneración a favor de los autores de obras audiovisuales, que se
origina por su comunicación pública y sin afectar los derechos patrimoniales
que tenga el productor. En línea con lo anterior, resalta los casos de
Argentina, España, Chile, Estonia[31],
Francia[32],
Italia, México y Polonia.
Al momento de analizar los cargos
formulados, los intervinientes inician con lo referente a la supuesta violación
de la autonomía de la voluntad, estudio en el que concluyen que, si bien es
cierto que la ley limita la libre disposición del derecho de remuneración
equitativa, una concepción moderna de la garantía que se invoca como vulnerada
admite que, en determinados casos, sea válida su restricción con miras a
proteger intereses superiores. Ello es lo que ocurre en el caso sub-judice,
al consagrar un derecho irrenunciable e intransferible a favor de los autores
de obras audiovisuales, que busca dar impulso a la cultura y al intelecto, al
mismo tiempo que vela por el mínimo vital, el trabajo y la solidaridad de
quienes han dado lugar a esas creaciones, en términos acordes con los artículos
1, 25 y 95 del Texto Superior.
Luego, al abordar el cargo por violación del
derecho a la igualdad, señalan que los autores de obras audiovisuales no se
encuentran en una misma situación fáctica que el resto de los autores de obras
colectivas, pues su régimen normativo es distinto, como lo son los derechos que
surgen a su favor. A contrario sensu, la ley demandada si busca
equiparar las condiciones de los partícipes de un mismo sector, cuando se advierte
que el derecho a la remuneración equitativa, ya se previó para los actores y actrices
de obras audiovisuales con la Ley Fanny Mikey[33].
Para finalizar, en lo correspondiente al
cargo por violación del principio de irretroactividad de la ley, los intervinientes
destacan que sus mandatos solo se hacen exigibles a partir de su promulgación,
por lo que “los exhibidores de cine, los canales de televisión, las plataformas
digitales, los establecimientos donde se comuniquen o alquilen obras (…)
[únicamente] están obligados a cancelar la remuneración equitativa de que trata
la ley, respecto de aquellos usos realizados a partir del 9 de junio de 2017”[34]. Además, la expresión:
“no se entenderá comprendida en las cesiones de derechos que el autor
hubiere efectuado con anterioridad a esta ley”, responde al sentido común
de aclarar que, por tratarse de un nuevo derecho, creado por el legislador con
un carácter de mera o simple remuneración, no puede estar incorporado en las
cesiones contractuales que se hubieren celebrado previo a la publicación de la
ley.
En este sentido, advierten que la Ley 1835
de 2017 fue muy cuidadosa en “no afectar derechos adquiridos, ni situaciones
consolidadas, particularmente de los productores audiovisuales. Tanto es así,
que en ningún aparte de la ley se modifican los derechos exclusivos que [dicho
sujeto] tiene respecto de la obra, bien los que por presunción legal se le
entienden transferidos (con los artículos 98 y 103 de la Ley 23 de 1982) o los
derechos (…) que el autor o autores de la obra le hubieren cedido
voluntariamente”[35].
4.5. Intervención de la Cooperación
Colombiana de Documentalistas (ALADOS)
La Cooperación Colombiana de
Documentalistas (ALADOS), organización sin ánimo de lucro que agrupa a 72
creadores, realizadores y productores de documentales, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de la disposición demandada. A su juicio, el derecho
a la remuneración equitativa entra a coexistir con el resto de derechos de
autor que se prevén en la ley, con la finalidad de asegurar el trabajo y las
condiciones básicas de subsistencia de los creadores de obras audiovisuales,
entre otras, corrigiendo la desproporción derivada de la presunción de cesión
de los derechos patrimoniales a favor de los productores que, en muchas ocasiones,
condujo a una clara situación de desamparo y desigualdad frente a los directores,
guionistas, dibujantes, etc.
4.6. Intervención de la Sociedad
Colombiana de Gestión (ACTORES)
La Sociedad Colombiana de Gestión (ACTORES)
pide a la Corte declarar la exequibilidad de los apartes acusados del artículo
1º de la Ley 1835 de 2017, con fundamento en la distinción que existe entre los
derechos exclusivos y de simple remuneración. Los primeros que le permiten al productor,
en el caso de las obras audiovisuales, disponer de su reproducción,
distribución, fijación, y comunicación al público, al paso que los segundos
excluyen cualquier acto de disposición sobre quien ostenta la condición de autor,
con el beneficio de otorgarle una suma equitativa por la explotación comercial
de su creación.
Esto es lo que ocurre con el precepto legal
demandado, en el que preserva la presunción de cesión de derechos patrimoniales
a favor del productor, respecto las facultades exclusivas de disposición, con
el fin de garantizar la normal explotación de la obra. Al tiempo que, con la
Ley Pepe Sánchez, se incorpora un nuevo derecho para que quienes hicieron
posible la existencia de la obra, otorgándoles una remuneración equitativa cuando
se proceda a su comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el
alquiler comercial. Este mismo régimen se aprecia en la legislación comparada,
como es el caso de Chile, España y Ecuador[36].
En lo que corresponde a los cargos
formulados, el interviniente señala que la norma demandada no desconoce el
derecho a la igualdad, por una parte, porque los sujetos no son comparables, y
por la otra, porque su finalidad es la de proteger las condiciones de vida de
un sujeto que, por las inversiones que requieren las producciones
audiovisuales, se halla sometido a una posición de indefensión respecto de los
productores. El carácter irrenunciable del derecho a la remuneración equitativa
se explica entonces como una garantía para evitar que los autores sean
constreñidos por las grandes productoras, para entregar hacia el futuro un
derecho que aspira a brindarles un trato digno.
Tampoco desconoce la prohibición de
retroactividad de la ley, toda vez que la interpretación que propone la
accionante conduce a un despropósito jurídico, ya que no es posible ceder en
contratos preexistentes derechos que todavía no han sido plasmados por el
legislador, como ocurre con el previsto en la Ley 1835 de 2017. De ser ello
posible, a su juicio, lo que se estaría admitiendo es un escenario de abuso del
derecho[37].
4.7. Intervención de la Red Colombiana
de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías (REDES)
4.7.1. La Presidenta de la Red Colombiana
de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías (REDES), en
escrito enviado el 24 de agosto de 2018, solicita declarar exequible los
apartes censurados del artículo 1º de la Ley 1835 de 2017. Inicialmente, a
través de un ejercicio imaginativo, resalta que en un mundo justo no sería
necesario escribir una intervención para defender un derecho humano, cuya
finalidad no es otra que asegurar las condiciones de vida de quienes son
generadores de historias. En particular, resalta que en Colombia ha sido una
constante “ignorar la necesidad de estabilidad laboral, económica y social que
demanda un autor para ejercer profesionalmente un oficio con el que, además de
aportar a la cultura y a la economía, debe vivir dignamente”[38].
En seguida enfoca su documento en realizar
dos importantes aclaraciones. La primera es que los autores cobraran su derecho
a la remuneración equitativa a los emisores (medios que transmiten y perciben
un beneficio económico por ello, como la televisión, cines, etc.) y no al
productor o financiador de la obra. Este último, por el contrario, preserva
plenamente sus derechos exclusivos a autorizar o prohibir la comercialización
pública de la creación realizada, sin que los autores puedan cobrarle por las
ventas que realice. Y, la segunda, que el comercio de las producciones
nacionales de televisión llega a 80 países, siendo necesario la existencia de
la Ley Pepe Sánchez para poder cobrar a los emisores extranjeros la
remuneración por comunicación, pues sin ella no es posible suscribir contratos
de reciprocidad con las sociedades de gestión colectiva, que en cada país
recaudan los derechos de directores, guionistas, etc. Advierte que valores
recolectados se guardan por cinco años, luego de los cuales pasan a la
propiedad de las sociedades extranjeras. En términos estadísticos pone de
presente que en su portafolio cuentan con más de 700 obras audiovisuales, que
han permitido mejorar la vida de muchas personas.
4.7.2. Con posterioridad, en un nuevo
escrito de esa misma fecha, a través de un apoderado judicial, brinda razones
para justificar la constitucionalidad de la norma impugnada. Al respecto, inicia
por aclarar que la Decisión 351 y el Convenio de Berna hacen parte del bloque
de constitucionalidad únicamente en lo que respecta a los derechos morales de
autor[39],
por lo que no resultan aplicables para el caso bajo examen, ya que lo que se cuestiona
es un derecho patrimonial de contenido económico, como lo es la remuneración
equitativa a favor de los autores de obras audiovisuales.
Al examinar cada uno de los cargos
propuestos, el interviniente resalta que la autonomía de la voluntad privada
debe entenderse como un principio que puede ser limitado por causa del interés
social o público y por la necesidad de amparar derechos fundamentales derivados
de la dignidad humana. Ello, visto desde el caso sub-judice, le otorga plena
validez a la restricción impuesta en cuanto al carácter intransferible del
derecho a la remuneración equitativa, ya que la propia ley califica como de
interés social a los derechos de autor, por el papel que cumplen en el impulso
de la cultura[40].
Por lo demás, excluir la libre disponibilidad del citado derecho protege a los
autores frente a la posición de desventaja en que se encuentran respecto de los
productores, aclarando que estos últimos en nada se ven afectados, toda vez que
quien debe asumir el pago por la comunicación pública es el emisor de la obra.
No se aprecia un desconocimiento del
derecho a la igualdad, (a) si se tiene en cuenta que la medida adoptada
persigue una finalidad legítima, como lo es proteger y fomentar la creación
literaria y artística; al tiempo que (b) cumple con el criterio de idoneidad y
no resulta desproporcionada, pues da respuesta a las particularidades propias
del mercado audiovisual.
Finalmente, la norma demandada carece de un
efecto retroactivo que de lugar a la violación de los derechos adquiridos, ya
que la prestación que se objeta no estaba prevista en la ley, por lo que no
puede afectar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su
vigencia. A juicio del interviniente, este nuevo derecho no compite con las
atribuciones del productor, en concreto, con la capacidad de decidir sobre la
comunicación pública de la obra, puesto que se trata de “dos derechos
diferentes, que coexisten y que no son excluyentes entre sí”[41].
Por consiguiente, el interviniente concluye
destacando que el productor podrá seguir detentando la totalidad de los
derechos patrimoniales, cuando así se estipule o surja de la presunción
establecida en la ley, y, como consecuencia de ello, podrá seguir percibiendo
los derechos por la comunicación pública de la obra. Esto nada tiene que ver
“con un derecho nuevo y adicional que se reconoce a los autores de obras
cinematográficas, que no deben pagar los productores”[42], ni afecta sus
derechos contractuales, al estar exclusivamente dirigido a quienes las emiten.
4.8. Intervención de los Directores
Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión (DASC)
Los Directores Audiovisuales Sociedad
Colombiana de Gestión (DASC) le solicitan a la Corte declarar la exequibilidad
del artículo demandado. Frente al cargo por desconocimiento de la autonomía de
la voluntad, explican que el derecho a la simple remuneración que se prevé en
la Ley 1835 de 2017, no afecta los derechos exclusivos de contenido patrimonial
de los que es titular el productor de obras audiovisuales, por lo que este podrá
seguir disponiendo libremente de ellos.
En lo que atañe a la acusación por
violación del derecho a la igualdad, alegan que la producción audiovisual se
diferencia diametralmente de otras formas de creación, como se advierte con la
existencia de un capítulo especial que la rige dentro de la Ley 23 de 1982[43], de suerte que no
puede tratarse en los mismos términos en que se regulan las demás obras
colectivas. De existir una vulneración del mandato a la igualdad, su fuente
sería la ausencia de la Ley Pepe Sánchez, si se tiene en cuenta que los
intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales ya son titulares del derecho a
la remuneración equitativa, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1403
de 2010[44].
Para finalizar argumentan que no se
quebranta el principio de irretroactividad de la ley, pues la remuneración que
se establece a favor de los directores, guionistas, dibujantes, etc., solo es
susceptible de ser recaudada a partir del 9 de junio de 2017, fecha en la que
entró en vigor la Ley Pepe Sánchez. Lo que se busca con la expresión
cuestionada, que refiere a que este derecho no se entenderá comprendido en las
cesiones realizadas con anterioridad, es reiterar su fuerza vinculante hacia el
futuro, al no hacer parte de las prestaciones que podían ser objeto de
negociación.
4.9. Intervención de Caracol Televisión
El Represente Legal de Caracol Televisión
solicita declarar la inexequibilidad de los preceptos impugnados. En esencia
comparte los mismos argumentos expuestos en la demanda, en particular, frente a
la violación de la autonomía de la voluntad privada, señala que norma acusada
“(…) está convirtiendo el derecho patrimonial de comunicación pública, que por
su naturaleza es transferible y renunciable, en un derecho moral irrenunciable
e inalienable. Ello no solo es incorrecto jurídicamente hablando (pues contradice
el marco legal y comunitario), sino que además genera una [confusión] en el
ejercicio del [citado] derecho (…), cuya cesión ya se había dado de parte del
autor al productor de la obra audiovisual[,] de manera voluntaria, al momento
en que (…) eligió participar en la producción”[45],
tal como se infiere de la presunción prevista en la ley[46]. Por esta misma razón,
estima que se infringe la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
ya que el derecho a la comunicación pública es por esencia un derecho
transferible, al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de dicha codificación[47].
De igual forma, considera que el texto
legal censurado vulnera la prohibición de irretroactividad de la ley, ya que,
en su criterio, “(…) desconoció por completo las relaciones contractuales entre
los autores y productores de obras audiovisuales, en donde, no solo quedaba
clara la transferencia de todos los derechos patrimoniales de autor al productor,
sino que se le había pagado una suma de dinero, [tanto] por su prestación de
servicios, [como] por las cesiones de derechos correspondientes, esto incluye
el derecho por comunicación pública [que regula] la norma demandada”[48].
Para concluir ratifica el cargo por
violación del derecho a la igualdad, con la misma tesis de que no se les
permite a los autores de obras audiovisuales ceder sus derechos patrimoniales a
terceros, en concreto, en lo que refiere a la garantía de la comunicación
pública, como si ocurre con otros creadores de obras colectivas.
4.10. Intervención de la Defensoría del
Pueblo
La Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales solicita a la Corte declararse inhibida para tomar
una decisión de fondo, con el argumento de que la demanda incumple con la carga
de certeza. Al respecto, sostiene que el argumento principal de la
acusación refiere a que la norma demandada limita la facultad de los autores
cinematográficos para disponer de su derecho patrimonial de comunicación pública,
cuando en realidad su rigor normativo se dirige a la creación de un nuevo
derecho patrimonial, que reconoce una contraprestación por la difusión abierta
que se hagan de una obra, con las excepciones que se consagran en el parágrafo
2 del precepto impugnado[49].
De esta manera, las razones que se formulan no parten de una proposición real
sino de una deducida por la accionante.
4.11. Intervención de la Universidad del
Rosario
El docente designado por la Universidad del
Rosario pide a este Tribunal declarar la exequibilidad de los textos
censurados, con fundamento en que los límites del derecho a la remuneración
equitativa por la comunicación pública de las obras, no debe confundirse con la
titularidad derivada que existe sobre los derechos patrimoniales que continúa
bajo el dominio de los productores audiovisuales. La idea que desarrolla la Ley
1835 de 2017 es que “(…) cada vez que una película o un programa de televisión
nacional sea exhibido en el exterior o en cualquier canal (…), tanto el
director de la producción como el libretista, creador musical o animador reciba
una remuneración económica, que será pagada por (…) la entidad encargada de su
transmisión”[50].
En este orden de ideas, su finalidad es la de asegurar no solamente la igualdad
de las personas que vieron por décadas menospreciados sus derechos al no
recibir en momento alguno remuneración por sus creaciones, sino su dignidad
como autores y creadores de las obras finalmente producidas.
4.12. Intervención de la Universidad
Sergio Arboleda
Los docentes designados por el director de
la Universidad Sergio Arboleda solicitan declarar la exequibilidad de la norma
demandada. En concreto, en lo que atañe al cargo por violación de la autonomía
de la voluntad, destacan que la limitación a la libre disponibilidad del
derecho a la remuneración equitativa tiene su génesis en la protección de la
dignidad humana de los autores de obras cinematográficas. Textualmente,
expresan que su propósito es el de permitirle a los directores y guionistas
tener una vida digna y recibir ingresos por su trabajo, “dado que la forma como
estaba establecido el ordenamiento jurídico y cómo funciona el mercado de las
[producciones audiovisuales], (…) [dejaba] a dichos autores en una
desprotección absoluta”[51].
En lo que corresponde al derecho a la
igualdad, sostienen que los autores de obras cinematográficas pueden ceder
todos sus derechos patrimoniales, y que la restricción respecto de la garantía
de la remuneración equitativa si bien puede considerarse un trato desigual, su
origen se remonta a la necesidad de equilibrar la protección de directores y
guionistas con los artistas, intérpretes y ejecutantes musicales, a los cuales
ya se les había otorgado el mencionado derecho en la Ley 1403 de 2010[52].
Para concluir, frente al supuesto carácter
retroactivo de la ley, advierten que el derecho a la remuneración solo se
reconoció a partir de 2017, por lo que no podía ser objeto de cesión con
anterioridad y, por ello, no estaba incluido en los contratos celebrados antes
de su vigencia. Así las cosas, no cabe argüir una afectación que en la práctica
es inexistente.
4.13. Intervención de la Universidad de
Nariño
La Universidad de Nariño defiende la
exequibilidad de la norma acusada, al considerar que el derecho a la
remuneración equitativa en las condiciones previstas en la ley, en nada afecta
los preceptos superiores que se invocan por la accionante; regulación que, por
lo demás, es acorde con los mandatos de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
4.14. Intervenciones ciudadanas
4.14.1. Un grupo de 34 personas que
invocan ser directores y autores de obras audiovisuales, a través de
escritos separados que tienen un mismo contenido, solicitan a este Tribunal
acoger los argumentos presentados por la
sociedad colombiana de gestión de derechos de autor que representa a los
directores audiovisuales, conocida como DASC[53].
Según se mencionó con anterioridad, tal interviniente pide la declaratoria de
exequibilidad de la norma acusada.
Aunado a lo anterior, como contribución propia, agregan que la
disposición en cita realiza un reconocimiento a los autores de obras
cinematográficas, que en nada perjudica la explotación que sobre ellas se
realiza por el productor, toda vez que lo que se consagra es un derecho a
recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública, como
garantía subjetiva que hasta antes de la expedición de la Ley Pepe Sánchez no
había sido consagrada a nivel contractual o legal.
Para los intervinientes, el precepto demandado resulta
beneficioso para todos los sectores, ya que a mayor éxito del productor en la
utilización de una obra, más provecho económico para él y para quienes fueron
sus autores, estos últimos a través del derecho a la remuneración equitativa
que se cuestiona, sin que, en todo caso, ellos puedan prohibir, alterar o
suspender su explotación comercial, como se advierte en la parte final del
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1835 de 2017[54].
Esto significa que son los productores quienes deciden sobre la comunicación
pública de la obra, como derecho patrimonial que se presume a su favor, con la única
carga de tener que soportar que una parte de la retribución se dirija a los
creadores.
Según se advierte, sin la existencia de la ley se perderían
los recursos que los autores ya perciben en el exterior, producto de los
convenios de reciprocidad que se han firmado con países que ya recaudan el
derecho a su favor y que tienen leyes similares a la Pepe Sánchez, obligándolos
a tener que recurrir nuevamente a sociedades de gestión colectiva del exterior que
les descuenta un 10% del dinero percibido, recursos que se podrían utilizar por
la DASC para proteger a los autores colombianos que se encuentran en el olvido.
4.14.2. El ciudadano Julio Hernán Correal sostiene
que la demanda pretende vulnerar el derecho al trabajo y las condiciones
básicas de vida de los autores de obras videográficas, respecto de un derecho
legítimamente adquirido por vías democráticas. Agrega que la labor que por
ellos se realiza se caracteriza por la intermitencia, la variabilidad de los
ingresos y la contratación a través del esquema de la prestación de servicios,
por lo que no tienen la posibilidad de recurrir a las cesantías, como todo
trabajador, para los tiempos en que se encuentran inactivos. Por tal razón, cuando
tal circunstancia ocurre, la única fuente con la que cuentan para subsistir es el
derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de sus obras,
previsto en el precepto demandado. Esta garantía se deriva, según afirma, de
varias recomendaciones de la ONU, en las que se sugirió otorgar un trato
especial a los creadores para salvaguardar su derecho a la seguridad social.
Finalmente, ilustra que sus obras “pueden ser transmitidas,
retransmitidas, dobladas, subtituladas y vendidas en más de una ocasión, tanto
a canales, operadores de cable, empresas de transporte, como a cadenas
hoteleras. En fin, a cualquier empresario que decida hacer uso de ellas para
entretenimiento de sus usuarios (…). [E]n cada una de estas retransmisiones y/o
operaciones comerciales, la única posibilidad que [tienen] hoy por hoy los
escritores del audiovisual en Colombia de percibir unos ingresos extras por
[su] trabajo, es la remuneración producto del derecho a la comunicación
pública”[55],
como prestación inviolable a su favor derivada de la norma impugnada, y cuya
existencia, como se expuso, se justifica en criterios de justicia.
4.14.3. El señor Orlando Ferreira Martínez señala que
la norma acusada es una expresión del Estado Social de Derecho, en aras de
proteger a los autores y realizadores de obras que divierten a la sociedad con
leyendas, sueños y cultura. Por su parte, el ciudadano Marco Antonio López
Salamanca afirma que el precepto demandado prevé un reconocimiento
económico mínimo a quien, con su creación, le ha dado valor a una obra. A su
juicio, se trata de compensar una deuda social e histórica que el país tiene
con sus autores, por el trabajo y aporte que han realizado al patrimonio
cultural de la Nación.
4.14.4. El ciudadano César Augusto Betancur Barrera
pide a la Corte proteger el derecho a la remuneración equitativa de quienes
aportan la magia para que surjan las imágenes y los productos visuales que
cuentan las historias de todos y para todos. A lo anterior se agrega lo
expuesto por la señora Gilma Elena Peña Núñez para quien el derecho
cuestionado no hace nada distinto a igualar a los creadores colombianos con
otros autores del mundo, al asegurar la posibilidad de pactar una cuantía con
el emisor de sus historias. En cuanto al contexto en el que se aplica la disposición
impugnada, la interviniente afirma que la industria ya no tiene las mismas
condiciones de antes, por lo que de no existir tal precepto dentro el marco
regulatorio vigente, difícilmente se tendrían las condiciones necesarias para salvaguardar
el oficio de los autores, preservar la identidad cultural de la Nación y
prevenir de que el país se convierta en un simple consumidor del producto
extranjero.
En línea con lo anterior, la señora Perla María del Pilar
Ramírez Serafinoff señala que la pretensión de la accionante conduce a
desconocer el valor de una iniciativa justa y que pone en igualdad de
condiciones a los creativos nacionales con los de otros países que, a través de
sus propias sociedades de gestión colectiva, recaudan y reparten las ganancias por
retransmisión de sus productos. Haciendo una alusión a la película animada
“Robin Hood”, afirma que la demanda le recuerda una escena en la que una
ratoncita ayuda a un fraile cuyo cepo de limosna está vacío, luego de lo cual
el monje deposita lo aportado en un cofre dentro del ministerio. Sin embargo,
se trata de una alegría pasajera, pues instantes después, una figura tenebrosa
irrumpe en el templo con perversas intenciones. En este caso, no solo de quitar
unas pocas monedas, sino de arrebatar la ilusión y la dignidad de quienes con
su imaginación han entretenido a la sociedad.
El ciudadano Gustavo Nieto Roa explica que el
precepto legal demandado se justifica en lo manifestado en los antecedentes de
la Ley 1835 de 2017, por lo que debe declararse su exequibilidad. Esta misma
pretensión se formula por la señora Adriana Romero Henríquez, para quien
la norma acusada se limita a plasmar un derecho dirigido a proteger a los
autores de obras, los cuales, en muchas ocasiones, se encuentran desamparados,
a pesar del valioso aporte que le han otorgado a la cultura de la Nación.
También se encuentra dentro de las intervenciones, un
escrito presentado por el señor Elkin De Ávila-Ortiz en el que
simplemente alude a su desacuerdo con la acusación formulada, al considerar que
la Ley Pepe Sánchez cumple un papel a favor de la justicia de todos los
creativos de obras cinematográficas. Esta postura asimismo se adopta por el
ciudadano Diego Javier Vásquez Camayo quien defiende el derecho a la
remuneración equitativa como una garantía inalienable y natural, pues se trata
de proteger a los generadores de historias, sin los cuales un país no tendría
su propia cultura ni su identidad.
La señora Diana Gómez Mateus afirma que un autor no
puede perder su obra al entregar los derechos de reproducción a un productor, ya
que cada vez que se emite una obra en televisión, con o menos éxito, este
recibe una pauta de cada país, esto es, existe una ganancia, respecto de la
cual también debe participar el autor. Por lo demás, desde la expedición de la
ley, a través de su propia sociedad de gestión colectiva, los creadores han
recibido regalías desde el exterior, dinero que por muchos años estuvo en el
limbo, pese a la acogida que tiene la televisión colombiana en Latinoamérica.
En palabras de la ciudadana Martha Bossio durante
muchos años los autores firmaban contratos por honorarios, sistema que con el
tiempo exteriorizó su injusticia, al advertir que muchas obras fueron vendidas
y transmitidas en el exterior, sin que los creadores recibieran
contraprestación alguna. Fue con ocasión del citado escenario de inequidad que
se profirió la ley cuestionada, como única forma de hacer justicia y de lograr
que sus derechos no sigan siendo irrespetados.
Para la señora Idania Velásquez Luna, en calidad de
guionista de profesión, es claro que sin las normas cuestionadas no se
lograría recaudar en el exterior ni en Colombia, el pago justo originado por la
comunicación pública de sus obras. En su criterio, la Ley 1835 de 2017 se
expidió como un mecanismo para lograr la estabilidad económica del gremio de
los creadores de productos audiovisuales, caracterizado por el desamparo
laboral y social. En términos similares se pronunció el señor José Antonio
Dorado Z, al señalar que el ejercicio digno de su profesión depende de la
existencia del precepto acusado, cuyo impacto trasciende a las generaciones
futuras de estudiantes, para los cuales el oficio audiovisual constituye una
expectativa de vida, siempre que persista el derecho a la remuneración equitativa.
El ciudadano Jaime Arturo Díaz Barbosa pide que el
texto de la disposición acusada se mantenga dentro del ordenamiento jurídico,
como respaldo y justo reconocimiento a la labor de los creativos. En línea con
lo anterior, la señora Claudia Liliana Neira Núñez aboga por considerar
el arduo trabajo que tiene una producción audiovisual, que nace desde la
imaginación de sus libretistas, y sobre la base de dicha consideración, se
pregunta si “¿no es acaso justo que el Estado ratifique nuestro derecho a percibir
beneficios económicos por una labor que implica pasar noches de largo sin
dormir, fusionados en un computador para (…) dar vida a las historias que
mantienen a la industria del entretenimiento, y a un público que vive de las
emociones que se transmiten a través de ellas?”[56],
y también cuestiona: “¿[si] no mere[cen] ganar un pequeño porcentaje por cada
ocasión [en] que [una de sus] historia[s] se emite en alguna parte del mundo, o
se repite en nuestro país, donde por un segundo aparece[n] [sus] nombre[s] en
el crédito?”[57].
Para la ciudadana Natalia Ospina la ley impugnada
vino a solucionar en parte la grave problemática de la inestabilidad en el
trabajo y en los ingresos de los creadores de obras audiovisuales, los cuales,
en muchos casos, se encuentran en situaciones realmente lamentables, siendo
paradójico que sus creaciones vuelvan al aire y sigan generando ganancias, pero
solo a quienes las emiten. La Ley Pepe Sánchez soluciona la inequidad expuesta,
sobre la base de la imitación del ejemplo de muchos países, en donde se le
reconoce al autor un porcentaje sobre las ganancias que representa la
comunicación pública de su obra, sin afectar los intereses comerciales de las
productoras. Este modelo se ajusta a la dinámica de la economía naranja y
responde al reto de las vitrinas de la televisión por suscripción.
El señor José Julián Álvarez Clavijo expone que pese
al aporte que realizan los autores y creadores en las obras cinematográficas,
una vez culminado su trabajo, antes de la Ley 1835 de 2017, sus frutos
únicamente beneficiaban a los productores y emisores nacionales e
internacionales, de modo que con la entrada en vigencia de la citada ley no
solo brindó justicia en términos económicos para ambas partes, sino que también
se estimuló un sector productivo con el compromiso de sus actores en el
desarrollo del patrimonio fílmico y cultural del país.
Para el señor Rafael Alfredo Rojas Vega la
remuneración equitativa que se prevé en la ley se ha convertido en el único
recurso con el que cuenta luego de más de 15 años dedicados a la creación
audiovisual. Es, en sus palabras, “como esa pensión que esperaba el coronel en
su soledad”[58].
En consonancia con lo expuesto, el ciudadano Arleth
Castillo Albadán afirma que el precepto impugnado ha permitido realizar el
derecho a la igualdad de los autores de obras audiovisuales, toda vez que les
ha asegurado un mínimo reconocimiento moral y monetario por sus creaciones, a
partir del momento en el que ellas son trasmitidas en diferentes plataformas,
sistemas de pago, canales de televisión, OTT y demás tecnologías. Por lo demás,
advierte que este derecho solo surge con la emisión de la obra, por lo que no
tiene efectos retroactivos frente a las comunicaciones públicas que ya se hayan
realizado.
Finalmente, el señor Carlos Walter Rojas sostiene que
la ley dispuso una distribución más equitativa de las ganancias por la emisión o
comunicación pública de productos cinematográficos, a partir del vacío
normativo que sobre el particular existía en el ordenamiento jurídico. Con ello
no solo se busca arreglar en parte el problema de la inestabilidad laboral de
los creadores, sino también enaltecer la propiedad intelectual con todos sus
derechos conexos.
4.14.5. El ciudadano José Gregorio Hernández Galindo se
pronuncia en el sentido de defender la constitucionalidad de la norma
demandada. En esencia, sobre la base de que la autonomía de la voluntad no es
un derecho absoluto, considera que el legislador tiene un amplio margen de
discrecionalidad para regular la forma como se protegen los derechos de autor,
pudiendo establecer, como sucede en el caso bajo examen, mandatos de orden
público que le prohíben disponer sobre su derecho a la remuneración equitativa
de una obra audiovisual, con el fin de obtener una mayor garantía de equidad y
de respeto a sus derechos fundamentales.
No se advierte un desconocimiento del derecho a la igualdad,
toda vez que no existe discriminación alguna, ni contra los autores, ni contra
quienes hacen uso de sus obras para comunicarlas en múltiples oportunidades
posteriores. Lo que se busca, por el contrario, es superar la desigualdad que,
en contra de los autores de obras cinematográficas o audiovisuales ha venido
generándose en la práctica, cuando, con base en la cesión de derechos
patrimoniales, se multiplican las comunicaciones o exhibiciones posteriores sin
ningún límite y sin reconocimiento alguno. En su criterio, en caso de expulsar
la norma acusada del ordenamiento jurídico, lo único que se lograría es
patrocinar una situación de desequilibrio y desprotección que con la Ley Pepe
Sánchez se pretende solucionar.
La intervención concluye descartando el cargo vinculado con
la afectación de los derechos adquiridos y la presunta aplicación retroactiva
de la ley, por una parte, al considerar que el legislador puede introducir
modificaciones a la forma de explotación de un derecho, cuando el objetivo que
explica la toma de dicha decisión es la satisfacción del principio de equidad.
Y, por la otra, al entender que el derecho que se crea limita su aplicación a
las comunicaciones públicas que se realicen en el fututo, lo cual se ratifica
con el aparte acusado, en el que simplemente se aclara que los pactos
anteriores no neutralizan la remuneración que ahora se reconoce a favor de los
autores.
4.15. Intervenciones de sociedades y organismos
internacionales
4.15.1. La Sociedad General de Escritores de México
pide declarar exequible la disposición impugnada, al considerar que su objetivo
es el de dignificar el trabajo de los creadores de obras audiovisuales y cuya
existencia ha permitido celebrar convenios de reciprocidad, para el recaudo
común de los derechos de remuneración equitativa por la comunicación pública de
sus creaciones. En esta misma línea se pronuncia tanto la Sociedad de
Directores Audiovisuales Guionistas y Dramaturgos (ATN) de Chile, como la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) de España.
Esta última agrega que “la legislación española, al igual
que las de otros países de nuestro entorno (Italia, Argentina…), reconoció hace
más de 20 años el derecho de los autores de las obras audiovisuales a percibir
una justa y legítima remuneración por la explotación continua de sus creaciones
(…). Y ello sin que haya supuesto merma alguna de las facultades del productor
audiovisual en orden a la explotación y comunicación pública de dichas
[obras].”[59]
4.15.2. En escrito enviado por la señora Adriana María
Saldarriaga Burgos se anexan varios pronunciamientos de organismos
internacionales que apoyan la constitucionalidad de la norma demandada. En este
sentido, se pronuncia la Alianza de Directores Audiovisuales
Latinoamericanos (ADAL), para la cual la Ley Pepe Sánchez constituye un
incentivo a la generación creativa como pilar fundamental de la identidad
nacional. En criterio de este interviniente, “de declararse [su]
inexequibilidad (…) Colombia (…) perde[ría] los logros obtenidos y se
rezaga[ría] en materia de legislación tendiente a proteger a los autores, como
fuente primigenia de riqueza cultural y económica para [el] país (…), en
comparación con [quienes] ya han dado un paso adelante en este aspecto como es
el caso de Argentina, México, Panamá, Chile, España, Francia, Polonia, Italia,
India, Bélgica y Estonia, (…) [todos miembros del Tratado de Berna] (…) y [los
cuales] han expedido leyes en las que se hace un reconocimiento de derechos
patrimoniales de segundo orden para los autores de obras plasmadas en formato
audiovisual, sin que con ello se hayan (…) violentado los tratados que han
suscrito”[60].
En la misma línea se pronuncian la sociedad de gestión
colectiva Writers and Directors Worldwide con sede en Francia, así como
la sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos, Asociación General de
Directores Autores Cinematografiaos y Audiovisuales (DAC).
4.15.3. El Comité Latinoamericano y del Caribe de la
Confederación Internacional de Sociedades de Autor y Compositores (CISAC)
expresa su apoyo a la constitucionalidad de la norma impugnada, ya que a través
de ella se consagra un derecho de remuneración de naturaleza diversa a los
derechos exclusivos del productor, tal como ha ocurrido en otros ámbitos del
derecho comparado. Su propósito es el de realizar el mandato de justicia frente
a quienes por décadas se han visto privados de obtener un justo pago por su
trabajo en la creación de obras y productos audiovisuales, algunos con gran
éxito a nivel internacional.
4.15.4. La Féderation Européenne des Réalisateurs de
l’Audiovisuel (FERA) manifiesta su desacuerdo con la demanda planteada y
expresa su continuo y decidido respaldo a la Ley 1835 de 2017. En general,
realza que su regulación le permite a Colombia ingresar al grupo mundial que
reconoce la importancia de los autores y guionistas de obras audiovisuales y
que promueve la equidad en sus derechos económicos respecto de los productores.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita
a la Corte declararse inhibida para adoptar una decisión de fondo por ineptitud
sustantiva de la demanda. Al respecto, sostiene que se desconoce la carga de
certeza, ya que la expresión “en todo caso” no tiene incidencia en
la libre disposición del derecho de remuneración equitativa por comunicación
pública, sino que implica que a los autores de obras audiovisuales se les
reconocerá siempre esa prerrogativa, que antes de la adición de la Ley 23 de
1982 no existía. Por lo demás, la Decisión 351 de la CAN hace parte del bloque
de constitucionalidad tan solo en lo referente a los derechos morales de autor,
asunto distinto al que se analiza.
Por último, no comparte lo sostenido por la
accionante respecto del cargo por presunta afectación de los derechos
adquiridos, con ocasión de la aplicación retroactiva de la norma acusada, al
afirmar lo siguiente:
“[E]l derecho de
remuneración por comunicación es un derecho patrimonial que no se había
reconocido en el ordenamiento jurídico previamente, y en consecuencia no es
posible afirmar que algún [autor] hubiere dispuesto de este con anterioridad a
la expedición de la norma. En otras palabras, al tratarse de un derecho nuevo,
antes de su reconocimiento legal no existía la posibilidad de transferirlo, es
decir que no existen derechos adquiridos en la materia y por lo tanto no se
está afectando a terceros con la norma acusada.
En este sentido
no es cierto, que la norma genere inseguridad jurídica, pues es evidente que
los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de la Ley 1835 de
2017, sobre derechos patrimoniales de obras audiovisuales, no contenían
disposiciones relativas al derecho de remuneración por comunicación, reconocido
recientemente a través de la norma bajo análisis. Además de una interpretación
sistemática de la norma se desprende que la remuneración (…) será
pagada directamente por quien realice la comunicación pública, es decir que
los productores o titulares derivados de los derechos de autor no son quienes
deben hacer el pago, salvo que concurran en una misma persona las calidades de
emisor y de productor, caso en el cual la remuneración se paga por la
reproducción o comunicación de la obra, y no por la titularidad de los derechos
patrimoniales”[61].
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1. Competencia
En virtud de lo previsto en el numeral 4
del artículo 241 del Texto Superior, la Corte es competente para conocer sobre
la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 1º de la Ley 1835
de 2017, en los apartes que son objeto de cuestionamiento, toda vez que se
trata de un precepto de carácter legal expedido con fundamento en las
atribuciones consagradas en el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución.
6.2. Problema jurídico y esquema de definición
De acuerdo con los
argumentos expuestos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo
en cuenta el concepto de la Vista Fiscal, le compete a la Corte establecer, en
primer lugar, si los apartes impugnados del artículo 1º de la Ley 1835 de 2017,
son contrarios a la autonomía de la voluntad privada y al derecho a la
igualdad, al consagrar –en todo caso y a favor de los autores de obras audiovisuales– el
derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación
pública de sus creaciones, en contravía del carácter dispositivo que identifica
a los derechos patrimoniales de autor[62]. Y, en segundo lugar, si se desconocen el principio de
irretroactividad de la ley y la garantía de los derechos adquiridos, al
disponer igualmente el texto acusado, que la remuneración antes mencionada no
se entenderá comprendida en las cesiones de derechos que se hubieren efectuado con anterioridad a la expedición de la citada ley[63].
Para solucionar los problemas jurídicos
planteados, este Tribunal inicialmente se pronunciará sobre el alcance de los
derechos de autor, los componentes que lo integran, la categorización de las
garantías que hacen parte de sus derechos patrimoniales, el marco normativo que
les resulta aplicable y su articulación con el denominado bloque de
constitucionalidad. A continuación, se detendrá en la explicación de la
modificación introducida por la Ley 1835 de 2017 (o Ley Pepe Sánchez), al
régimen de las obras cinematográficas o audiovisuales.
Con fundamento en lo anterior, la Corte
abordará por separado el examen de cada uno de los tres cargos planteados,
iniciando con el estudio referente a la aptitud de la demanda. Tan solo en el
caso en que se supere dicha instancia, este Tribunal continuará con el análisis
de fondo respecto a la supuesta violación de (i) la autonomía de la voluntad
privada (CP arts. 14, 16 y 333), (ii) el derecho a la igualdad (CP art. 13) y (iii)
la prohibición de retroactividad de la ley, este último como mandato dirigido a
la protección de los derechos adquiridos (CP art. 58). En cada acápite se especificarán
las consideraciones generales que permitan resolver las acusaciones planteadas.
No obstante, como punto de partida, cabe
mencionar que la accionante invoca como vulnerados los artículos 2, 4 y 61 del
Texto Superior, los cuales, en su orden, consagran los fines esenciales del
Estado, el principio de supremacía constitucional y el deber de protección de
la propiedad intelectual. Con todo, respecto de ellos no se observa que exista
un cargo autónomo e independiente que permita suscitar el juicio de
constitucionalidad, pues más allá de su mera invocación, no se cumple con el
requisito previsto en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, conforme al cual
deben exponerse “las razones por las cuales dichos textos se estiman
violados”. Por consiguiente, la Sala Plena se inhibirá de pronunciarse
sobre el particular, continuando con el desenvolvimiento del esquema de
decisión previamente planteado.
6.3. Consideraciones generales sobre los
derechos de autor
6.3.1. Aproximación a su ámbito de
protección
Las creaciones del intelecto, y aquellas
relacionadas con su difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas,
para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual,
los cuales, a su vez, por regla general, se clasifican en los derechos de autor
y en los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en la Sentencia C-975
de 2002[64],
la Corte señaló que:
“La propiedad
intelectual comporta (…) aquella disciplina normativa a través de la cual se
busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo,
el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de
obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto
de propiedad intelectual, abarca en un primer aspecto la propiedad
industrial que se refiere esencialmente a la protección de las invenciones,
las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial,
los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia
desleal; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que comprende las
obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la debida
protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores
de fonogramas y a los propios organismos de radiodifusión respeto de su
emisión.”[65]
Como se advierte de la explicación
realizada por la Corte, la propiedad industrial tiene por objeto la
protección de las ideas que, por su potencial aplicación en la industria y el
comercio, gozan de una especial relevancia. Tal como ocurre con aquellas que se
plasman en diseños industriales[66], en marcas de productos
o servicios[67],
en patentes de invención[68],
en esquemas de trazado de circuitos integrados[69],
en indicaciones de origen o de procedencia[70],
y en nombres comerciales[71].
Por otra parte, los derechos de autor se enfocan en la protección y
salvaguarda de las obras del ingenio, en el campo artístico, científico o
literario, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el
mérito del aporte que a través de ellas se realiza[72]. Atendiendo el asunto que
es objeto de análisis en esta sentencia, se procederá a puntualizar los
componentes y características de esta última dimensión de la propiedad
intelectual, partiendo de su fundamento constitucional y de los desarrollos que
existen en materia comunitaria y del derecho interno.
6.3.2.  Fundamento constitucional
de los derechos de autor, atribuciones del legislador y límites
En cuanto a la Constitución, cabe destacar
que el artículo 61 consagra un deber de protección en cabeza del Estado
respecto de las diferentes expresiones de la propiedad intelectual, lo que
incluye los derechos de autor[73].
Dicha tarea se encuentra asignada al legislador en virtud del artículo 150, en
el que se dispone como competencia del Congreso hacer las leyes, y entre ellas,
con carácter especial, expedir la dirigida a “[r]egular el régimen de
propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad
intelectual”, conforme se establece en el numeral 24[74].
En general, en materia de propiedad
intelectual, la Corte ha advertido que el legislador goza de un importante margen
de configuración normativa, no solo por la habilitación expresa de regulación
que se dispone en el citado numeral 24 del artículo 150 del Texto Superior,
sino también porque al tener varios de sus componentes un contenido
eminentemente patrimonial o económico (con excepción de los derechos morales de
autor), se habilita al Congreso de la República para expedir leyes de
intervención en la economía, al amparo de los artículos 150.21 y 334 de la
Constitución, con miras alcanzar alguno de los fines que allí se especifican,
como lo son, entre otros, mejorar la calidad de vida de los habitantes y lograr
que las personas de menores ingresos tengan acceso efectivo a los bienes y
servicios básicos[75].
Por lo demás, este principio básico de
autonomía legislativa se complementa con lo señalado en el artículo 61 del
Texto Superior, en el que, además de consagrar el deber de protección de la
propiedad intelectual en cabeza del Estado, se otorga al legislador la
competencia para disponer del tiempo y de las formalidades
en que dicha salvaguarda se tornará efectiva. Esto implica que el Congreso pueda
establecer que algunos de los derechos que integran esta modalidad específica
de propiedad tengan un carácter intemporal, mientras que otros se sujetan a un
plazo determinado para su ejercicio; a la vez que está habilitado para definir los
requisitos de los cuales depende el nacimiento de cada uno de ellos, las
potestades que se les atribuyen, las características que los identifican y las
limitaciones que les correspondan.
En este orden de ideas, la jurisprudencia
de la Corte ha destacado que:
“(…) la manera de
proteger los derechos de propiedad intelectual, así como el diseño de los
mecanismos adecuados para el efecto, es potestad del legislador, a quien
la Constitución habilita para establecer las formalidades necesarias para hacer
efectiva esa protección, para lo cual debe tener como directrices todos los
postulados constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el
Estado Colombiano es parte.
De lo
anterior es posible concluir que el régimen de protección de los derechos de
autor y los derechos conexos se desenvuelve en
el ámbito de la ley, y que la Constitución no impone criterios rígidos,
ni modalidades específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar
determinados sistemas, sino que deja un amplio margen de configuración
legislativa sobre el particular.”[76]
De esta manera, la protección que el Estado
le otorga a los derechos de autor no necesariamente es uniforme, pues depende
de las garantías que se adopten por el legislador, en respuesta a las
características propias de la diversidad de obras que abarcan esta disciplina.
No obstante, el ejercicio del ámbito de configuración del legislador tiene como
límites los postulados superiores que orientan a su protección, junto con el
contenido de los derechos que se interrelacionan en su desarrollo, como ocurre
con la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Adicionalmente, en caso de establecer restricciones al disfrute
de los derechos de autor, se requiere que ellas sean razonables y
proporcionales[77].
Un límite adicional en la materia lo
constituyen las normas de protección previstas en tratados internacionales,
entre las que se destacan las derivadas del llamado derecho comunitario,
originadas en el proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones. En
particular, como parte de los acuerdos, se decidió que los órganos comunitarios
estarían habilitados para formular un sistema normativo “con el vigor y la
eficacia requeridos para que aquéll[o]s pudieran regular directamente las
cuestiones atinentes a la materia de integración y la conducta de los países
comprometidos y de sus habitantes, sin tener que recurrir a los procedimientos
ordinarios del derecho interno de cada país.”[78]
Dado que la integración se previó en
materias económicas, comerciales, aduaneras, industriales y financieras[79], se decidió expedir
por la autoridad competente, esto es, por la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
la Decisión Andina 351 de 1993, con el fin de crear un Régimen Común sobre Derechos
de Autor y Derechos Conexos. Textualmente, en el artículo 1º, se señala que: “Las
disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una
adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos,
sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico,
cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito
literario o artístico ni su destino.”
Por consiguiente, esta Decisión hace parte
del derecho comunitario y resulta plenamente exigible en Colombia, por lo que la
legislación que se expida en el país, así como su reglamentación, debe estar
acorde con las previsiones que allí se consagran. En este sentido, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que: “(…) el hecho de pertenecer al
Acuerdo de Integración Subregional le impone a los Países Miembros dos
obligaciones [esenciales]: una[,] la de adoptar medidas que aseguren el
cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en su
ámbito territorial; y la otra, [referente a] la prohibición de adoptar medidas,
desarrollar conductas o ejecutar actos, sean de naturaleza legislativa,
administrativa o judicial, que contraríen, impidan u
obstaculicen la ejecución o aplicación del ordenamiento comunitario”[80].
Con sujeción a lo anterior, se ha admitido
que el derecho comunitario goza de los atributos de preeminencia y preferencia sobre
lo regulado en el derecho interno de cada país, en las materias que así se
hubiese acordado, toda vez que cada Estado renuncia al quehacer normativo para
alcanzar un objetivo social y económico común con los países de la región[81].
Esto ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como el concepto
de supranacionalidad[82].
Sobre este punto, en la Sentencia C-231 de
1997[83],
se señaló que:
“El derecho
comunitario se distingue por ser un derecho que apunta hacia la integración y
no solamente hacia la cooperación. Igualmente, es un derecho que no se
desarrolla únicamente a partir de tratados, protocolos o convenciones, puesto
que los órganos comunitarios están dotados de la atribución de generar normas
jurídicas vinculantes. Por eso, en el caso del derecho comunitario se habla de
la existencia de un derecho primario y un derecho secundario, siendo el primero
aquél que está contenido en los tratados internacionales, y, el segundo, el que
es creado por los órganos comunitarios investidos de competencia para el
efecto.  // Una característica fundamental del ordenamiento comunitario andino
se relaciona con la aplicación directa de las decisiones que crean derecho
secundario, las cuales son obligatorias desde el momento mismo de su
promulgación, salvo que expresamente se consagre que la norma concreta deba ser
incorporada al derecho interno de cada país. Asimismo, debe destacarse que las
normas comunitarias prevalecen sobre las normas locales.”
En el mismo sentido, en la Sentencia C-155
de 1998[84],
se manifestó que:
“La evolución
del Derecho Internacional ha dado lugar a la aparición del llamado Derecho
Comunitario, fruto del traslado de competencias normativas específicas de los
países suscriptores de un convenio o acuerdo, a los órganos supranacionales
creados en el mismo. Este traslado de competencias, al ser ejercidas, da lugar
a un conjunto de regulaciones que constituyen propiamente la materia del
derecho comunitario, respecto de las cuales se predica la preeminencia y la
aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro.”
En consecuencia, no cabe duda de que la
manera de proteger los derechos de autor, así como el diseño de los mecanismos
adecuados para el efecto, es una potestad que le compete al legislador, a quien
la Constitución habilita para establecer el tiempo y las formalidades
necesarias para salvaguardar el citado derecho, para lo
cual debe tener como directrices los postulados superiores que rigen la manera
como se ejerce dicha atribución (CP. arts. 61, 150 y 334), los derechos que se
interrelacionan con su desarrollo, la prohibición de crear condiciones
irrazonables o desproporcionadas respecto de su ejercicio y los mandatos
derivados del derecho comunitario, sin perjuicio de la aplicación de otros
tratados internacionales que sean vinculantes en el ámbito interno.
Como desarrollo de lo anterior y en lo que
atañe a las limitaciones que se impongan al disfrute de los derechos de autor,
la Corte ha dicho que las mismas deben ser (i) legales y taxativas; (ii) su
aplicación no debe atentar contra la normal explotación de la obra; (iii) ni
causarle al titular del derecho un perjuicio injustificado en sus legítimos
derechos e intereses[85].
6.3.3. Contenido
de los derechos de autor
En lo que corresponde a su contenido, como
ya se dijo, los derechos de autor protegen la creación de obras. Ello implica,
según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, salvaguardar la forma
de expresión de las ideas y no las ideas propiamente dichas[86]. Por tal razón, este
Tribunal ha entendido que la obra refiere a toda “expresión
personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta
bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y
es apta para ser difundida y reproducida”[87].
Esto significa que
la protección de los derechos de autor se circunscribe a las expresiones del
intelecto que cumplan las siguientes condiciones: (i) debe tratarse de una
creación formal del ingenio humano –es decir, de obras y no de simples ideas–;
(ii) exigen que su expresión constituya un acto original o de individualidad; y
(iii) tienen que tener la potencialidad de ser reproducidas, emitidas o
difundidas por algún medio conocido o por conocer. Los requisitos mencionados
se aplican sin importar el tipo de obra, como ocurre con las “creaciones
originarias o primigenias (literarias, musicales, dramáticas o teatrales,
artísticas, científicas y audiovisuales, incluyéndose también en los últimos
tiempos los programas de computador), o [con las] creaciones derivadas
(adaptaciones, traducciones, compilaciones, (…), etc.).”[88]
A partir de los
derechos de autor se constituye entonces una forma de propiedad sui generis,
que permite controlar el uso y explotación que se haga de las creaciones
intelectuales. Por regla general, la protección que se otorga no está
subordinada a ninguna formalidad[89],
por lo que en aquellos casos en los que existe el registro, este cumple un
papel declarativo y no constitutivo[90].
Entre el listado
de obras que se salvaguardan se encuentran, entre otras, las siguientes:
“a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los
libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o
marcas convencionales; b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras
de la misma naturaleza; c) Las composiciones musicales con letra o sin ella; d)
Las obras dramáticas y dramático-musicales; e) Las obras coreográficas y las
pantomimas; f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
expresadas por cualquier procedimiento; g) Las obras de bellas artes, incluidos
los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; h) Las obras de
arquitectura; i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento
análogo a la fotografía; j) Las obras de arte aplicado; k) Las ilustraciones,
mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la
geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; l) Los programas de
ordenador; ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de
datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan
creaciones personales.”[91]
En cuanto a los
componentes del derecho de autor, se han reconocido en el ordenamiento jurídico
dos dimensiones: los derechos morales y los derechos patrimoniales. De acuerdo con la OMPI, los primeros le permiten al autor tomar
medidas para preservar y proteger los vínculos que lo unen con su obra;
mientras que los segundos le confieren la posibilidad de percibir una
retribución económica cuando los terceros hagan uso de ella, a la vez que lo
facultan para autorizar o prohibir determinados actos sobre dicha creación[92].
Por lo demás, los derechos de autor también
incluyen una protección para los intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión a través de los derechos conexos,
cuya finalidad es amparar a las personas que participan en la difusión
de las obras literarias o artísticas, más no en su creación.
6.3.4. De los
derechos morales de autor
En lo que respecta
a los derechos morales de autor, su origen deviene como resultado
del acto de creación de la obra en sí misma, para lo cual no es necesario el
reconocimiento de ninguna autoridad administrativa. Ellos tienen como finalidad
“proteger los intereses intelectuales del autor”[93], por lo que el Estado
concreta su acción, “garantizando el derecho que le asiste al titular de
divulgar su obra o [de] mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar
el reconocimiento de [su] paternidad (…), de exigir [el] respeto a [su]
integridad (…) y de retractarse o arrepentirse de su contenido.”[94] Como se observa se
trata de derechos extrapatrimoniales, inalienables, intransferibles,
irrenunciables, imprescriptibles y perpetuos[95].
En desarrollo de lo anterior, se pasa a exponer el contenido
de los citados derechos morales, a saber:
(i)
Derecho de paternidad: Corresponde a la posibilidad
que tiene el autor de revindicar en cualquier tiempo la condición de creador de
la obra, como cuando se omite la mención de su nombre o seudónimo, o se hace
referencia a otro nombre o seudónimo. Este derecho incluye la facultad de
exigir que la mención se realice en la forma especial que el autor hubiese
elegido (ya sea a través de un nombre abreviado, o con algún agregado o
seudónimo).
(ii)
Derecho de integridad: Atañe a la facultad
dada al autor en virtud de la cual puede oponerse a cualquier tipo de
deformación, modificación o mutilación de la obra, con la que se transgreda la
integridad de la obra o se cause un perjuicio al autor[96].
(iii) Derecho
de ineditud: Incorpora la posibilidad del autor
de decidir si quiere o no dar a conocer su obra al público.
(iv) Derecho
de modificación: En los casos en que la obra ya
hubiese sido publicada, el autor mantiene la facultad para introducir cambios,
ya sea para aclararla, corregirla, adicionarle conceptos, perfeccionarla, etc.
(v) Derecho
de retracto: Constituye la posibilidad que se
otorga al autor para retirar su obra del público, aún después de haber
autorizado su divulgación. También incluye la autorización para suspender una
forma de utilización previamente autorizada. En este tipo de eventos, es
posible que se prevea una compensación por los daños que pueda ocasionar a las
personas (naturales o jurídicas) que gozaban de los derechos de explotación[97]. En caso de coautoría,
este derecho –al igual que el de modificación– deberá ser ejercido de común
acuerdo por sus creadores.
Es posible entonces afirmar que el único titular de los
derechos morales es el creador de la obra, por cuanto se trata de una emanación
de su personalidad. En este sentido, terminológicamente a los autores también se
les ha nombrado como titulares originarios, pues es a ellos a quienes se
les reconocen tanto los derechos morales como los patrimoniales, sin perjuicio
de que estos últimos sean susceptibles de ser transferidos a terceros. Lo
anterior no ocurre y se insiste en ello, en el caso de los derechos morales, ya
que, en atención a su carácter personal e inalienable, la única posibilidad de
que dispone la ley para transferirlos es por causa de muerte, en los términos previstos
en el parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 23 de 1982[98].
Para finalizar respecto a esta dimensión de los derechos de
autor, cabe anotar que los derechos morales han sido reconocidos como derechos
humanos en el artículo 27 de la DUDH[99].
Por lo demás, esta Corporación ha señalado que, por sus especiales
características, se trata de un derecho fundamental. En la Sentencia C-155 de
1998[100]
se sostuvo que:
“(…) los
derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en
cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o
sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en
general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas
inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la
dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de
autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de
su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo
que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como
manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de
autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de
hombre.”
6.3.5. De los derechos patrimoniales de autor
En cuanto a los derechos patrimoniales,
se ha señalado que ellos abarcan la posibilidad que tiene el autor de
proceder al uso y explotación económica de la obra, por lo que, en general, su
alcance es transferible y de duración limitada. Ello implica que el titular
originario puede preservar tales atributos, al igual que puede transferirlos a
un titular derivado (persona natural o persona jurídica), bien sea por
acto entre vivos, por causa de muerte o por disposición legal.
Así las cosas, en los derechos patrimoniales quien sea
titular de la posibilidad de explotar económicamente la obra, es que tiene la plena
disposición sobre ella, sin perjuicio de los derechos morales que se preservan
para el autor. En general, los titulares tienen la facultad de
controlar los actos de reproducción, comunicación pública, distribución,
transformación y/o cualquier otro que suponga la utilización de la obra. Precisamente,
el listado de atribuciones no es taxativo, pues las potestades que emanan del
contenido patrimonial pueden ser tantas como formas de
utilización de la obra sean posibles, salvo las limitaciones que estipule la
ley[101].
En este punto, la Decisión 351 de la CAN es explícita en señalar que “las
legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos
de carácter patrimonial”[102].
En todo caso, el contenido de las garantías
básicas ha sido determinado de la siguiente manera:
(i)
Derecho de reproducción: Comprende la facultad
exclusiva de explotar la obra original o derivada, a partir de la fijación por
cualquier medio o procedimiento[103].
En el caso de que se trate de la explotación económica de la obra transformada,
se requiere la autorización previa de su autor[104].
(ii)
Derecho de comunicación pública: Incluye la
posibilidad de que un grupo de personas pueda tener acceso al contenido de la
obra, reunidas o no en un mismo lugar, sin que se hubiese realizado previamente
una distribución de ejemplares a cada una de ellas.
(iii) Derecho
de transformación: Se trata de la atribución para
crear obras derivadas de la original, bien sean traducciones, adaptaciones,
compilaciones, etc. En todo caso, este tipo de cambios están supeditados a la
autorización expresa del autor, en virtud de sus derechos morales[105]. Una vez se realiza
la transformación con autorización expresa del autor (o si es del caso de sus
herederos), se crea un nuevo titular del derecho de autor sobre la adaptación o
modificación de la obra, la cual no podrá ser difundida sin mencionar el título
de la creación originaria y su autor[106].
(iv) Derecho
de distribución: Abarca la posibilidad de poner
a disposición del público la obra, sus copias o ejemplares. Para tal efecto, se
podrán utilizar cualquiera de las modalidades de venta, alquiler, préstamo o
cualquier otro que permita su explotación económica. El autor de la obra tiene
la posibilidad de restringir las modalidades y tipos de distribución que pueda
ser utilizado por el tercero que adquiera los derechos patrimoniales de la
obra.
Como se deriva de lo expuesto, vale la pena
resaltar que los titulares de los derechos patrimoniales pueden ser tanto sus
autores, como terceras personas. Cuando estos se encuentran en cabeza del
creador, como ya se dijo en esta providencia, se entiende que su dominio es del
titular originario, quien controlará todos los aspectos de la obra[107]. En este caso, los
terceros no están habilitados para la reproducción, distribución o transformación
de la obra.
No obstante, como se anunciaba, los autores
tienen la facultad de transferir la posibilidad de explotar económicamente su
creación, dando lugar a un nuevo titular del derecho patrimonial. Esta persona
se denomina titular derivado, respecto del cual jamás podrán concurrir
los derechos morales y los derechos patrimoniales de una obra original[108]. De acuerdo con esta
Corporación, “[l]os diferentes derechos comprendidos [en la esfera patrimonial]
del autor pueden ser utilizados o ser objeto de disposición por parte de sus
titulares de manera independiente entre sí y están sometidos a una mayor o
menor restricción dependiendo del caso”[109].
La transferencia de tales derechos podrá
darse por un acto entre vivos, por causa de muerte, por disposición legal o por
presunción de legitimación. En concreto, la Corte ha agrupado estos fenómenos en
dos vías:
(a)
La cesión: la cual puede ser de tipo (1)
convencional o por (2) disposición legal (cessio legis)[110]. La primera corresponde
a un acuerdo de voluntades que se plasma en un contrato de cesión y que solo transfiere
los derechos que existan al momento de su suscripción[111] y que hubieren sido
consagrados de forma expresa en el contrato[112].
La segunda comprende los casos en los que la ley ha dispuesto expresamente la
transferencia de los derechos, como ocurre por causa de muerte, o cuando se
plantean presunciones de cesión de pleno derecho en favor de sujetos
determinables y respecto de ciertos atributos de explotación[113].
(b) Por presunción de cesión establecida en la ley, salvo pacto
en contrario, o también llamada presunción de legitimación. Se trata de aquellos casos en que la ley presume de hecho, salvo
pacto en contrario, que una persona distinta del autor es el titular de los
derechos patrimoniales de la obra. Ello responde a la
circunstancia de que existe alguien que diseñó un plan concreto para su
elaboración, por su cuenta y riesgo, como ocurre en el caso de las obras
cinematográficas. Precisamente, y sin perjuicio del examen que más adelante se
realizará con mayor detalle, el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 dispone que: “Los
derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica se reconocerán, salvo
estipulación en contrario a favor del productor”.
Bajo
este contexto, cabe señalar que independientemente de la vía que se utilice
para transferir los derechos patrimoniales de autor, lo cierto es que las prerrogativas del derecho que sean pactadas de forma expresa,
o los atributos que sean traspasados por cesión legal o por presunción de
legitimación, son oponibles a todas las personas.
6.3.6. De las categorías de derechos
patrimoniales de autor
Dentro de los derechos patrimoniales se
distinguen actualmente dos categorías: (i) los derechos exclusivos y (ii) los
derechos de simple o mera remuneración. Los primeros confieren al titular el
poder de autorizar o prohibir el uso de la obra, con la posibilidad de obtener
una remuneración por la autorización de su explotación. En concreto, se trata
del desenvolvimiento de los atributos o facultades ya mencionadas de
reproducción, comunicación pública, distribución y transformación. Su
regulación se encuentra tanto en el artículo 12 de la Ley 23 de 1982[114], como en el artículo
13 de la Decisión 351 de 1993[115].
Por el contrario, los segundos se caracterizan
porque, a diferencia de lo que sucede con los derechos exclusivos, no permiten autorizar o denegar la utilización de la obra, sino que tan
solo facultan al titular del derecho para cobrar por ese uso en determinados
casos, entendiendo que, por regla general, se trata de una remuneración de
carácter inalienable e irrenunciable[116].
Como ejemplos se encuentran (a) el derecho de participación o reventa,
conocido como droit de suite, por virtud del cual el pintor o escultor
de una obra participa de la plusvalía que se deriva de la venta sucesiva de su
creación, sobre la base de que la primera vez que se procedió a su
comercialización se realizó a un bajo precio. El artículo 16 de la Decisión 351
de 1993 consagra este derecho, en los siguientes términos: “Los autores de
obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho
inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se
realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante
profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho”.
También se destaca (b) el derecho de
remuneración por copia privada, el cual supone “que los autores obtengan
una compensación económica por las reproducciones que para uso privado, sin
ánimo de lucro y sin utilización colectiva pueda realizar el copista”[117]. Su consagración se
advierte hoy en día en las legislaciones de España, Paraguay y Ecuador.
Otro ejemplo lo constituye (c) el
derecho de remuneración por utilización de fonogramas, el cual se halla regulado
en el artículo 173 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, en el que se afirma que: “Cuando un fonograma publicado con
fines comerciales, o una reproducción de este fonograma se utilicen directamente
para una radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público,
el utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a
los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que
será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los
productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva
constituidas conforme a la ley, y distribuidas por partes iguales”.
Finalmente, se encuentra (d) el derecho
de remuneración de los autores de la obra audiovisual, frente al cual la
OMPI ha señalado lo siguiente:
“Las peculiares
características que concurren en el proceso de creación de la obra audiovisual
hacen que la ley establezca un régimen jurídico específico para este tipo de
obras. // De este modo, pueden mencionarse las siguientes características de la
obra (…):
-   Es el
producto de una actividad empresarial llevada a cabo por el productor que
requiere una importante inversión no sólo para la explotación de la misma –lo
que en principio no la diferenciaría del resto de obras– sino también en el
proceso de creación.
-   En el
proceso creativo intervienen numerosas personas (director, guionista, cámara,
montador, diseñadores de decorados y vestuarios, etc.).
Estas
peculiaridades aconsejan el establecimiento de un régimen jurídico específico
que determine quién debe ser considerado autor, y un régimen de cesión de
derechos patrimoniales que facilite la explotación de la obra, concentrándolos
en el productor. // El productor no es considerado autor, pero la ley establece
un mecanismo de cesión de derechos, a través del contrato de producción, que le
permita rentabilizar la inversión empleada en la creación de la obra. A
través del contrato de producción se presumen cedidos en exclusiva al productor
los derechos patrimoniales (reproducción, distribución y comunicación pública).
Este régimen de
presunción de derechos tiene su contrapartida en el establecimiento de una
serie de remuneraciones para los autores que han transferido sus
derechos sobre la obra. (…) [Ellas son] (…) irrenunciables e intransmisibles
inter vivos. (…)”[118].
Este derecho es el que se consagra en la
disposición acusada, y frente al cual se adelantará con mayor detalle su
análisis con posterioridad. No obstante, cabe señalar que esta garantía no solo
se ha previsto para los autores, sino también para los artistas intérpretes o
ejecutantes de una obra audiovisual, como se consagra a nivel internacional en
el artículo 12 del Tratado de Beijing[119],
y se dispone en el orden interno en el artículo 1º de la Ley 1403 de 2010 o Ley
Fanny Mikey[120].
6.3.7. Del bloque de constitucionalidad,
del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y
de los atributos de preeminencia y aplicación preferente de la Decisión 351 de
1993
6.3.7.1. Por último, en este acápite es
importante reseñar el peso que a nivel interno tienen la Decisión 351 de
1993 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, en concreto, en lo que refiere a su incorporación o no al bloque de
constitucionalidad, pues no cabe discusión que como tratados internacionales
suscritos por Colombia son vinculantes.
6.3.7.2. Sobre el particular, inicialmente, se destaca que
el concepto de bloque de constitucionalidad ha sido ampliamente desarrollado
por la jurisprudencia, en la que se ha fijado su contenido y alcance. En
particular, se ha aludido a dos categorías de bloque, uno que se denomina stricto
sensu y otro que se categoriza como lato sensu.
El primero se encuentra “conformado por
aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la
Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta”[121], por lo que tienen
rango constitucional. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los tratados
limítrofes (CP art. 101)[122],
los tratados de derechos humanos que prohíben su suspensión en estados de
excepción (CP art. 93)[123]
y las reglas del Derecho Internacional Humanitario (CP art. 215.2)[124]. El segundo “refiere
a aquellas disposiciones que tienen un [nivel] normativo superior a las leyes
ordinarias, aunque a veces no tengan rango constitucional, [como ocurre] con las
leyes estatutarias y orgánicas, (…) que sirven como referentes necesarios para
la creación legal y para el control constitucional.”[125]
6.3.7.3. En lo que corresponde a las normas del derecho
comunitario, ellas se incorporan al ordenamiento jurídico interno de forma
directa, con el mismo rigor y valor que las leyes, pero dotadas de preeminencia
y de aplicación preferencial. En efecto, en la Sentencia C-1490 de 2000[126],
la Corte precisó que, para el caso de las decisiones adoptadas por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, las mismas no requieren haber sido
ratificadas previamente por el Congreso de la República para que su cumplimiento
sea obligatorio, pues sus disposiciones son directamente aplicables a nivel
interno, sin necesidad de que se sometan al trámite ordinario de incorporación.
El supuesto que origina tal fenómeno se explica, en que al
momento en que se avaló la creación de los organismos que integran el Acuerdo
de Cartagena, también se autorizó constitucionalmente la transferencia de
competencias soberanas por parte de los Estados a dichas autoridades
supranacionales, con el propósito de mantener un esquema de unidad entre los Países
Miembros, en términos normativos y de justicia, en lo que comporta a las
materias objeto de integración. En efecto, la supranacionalidad busca
uniformidad y trato igual entre sus miembros, lo cual solo se puede lograr a
través de una organización con poderes suficientes para decidir autónomamente,
dentro del marco de su tratado constitutivo, la regulación y las formas de
protección del proceso de unificación, sin necesidad de que cada paso deba ser
formalizado en tratados públicos, sujetos a la aprobación legislativa, a la
ratificación expresa y formal de los derechos nacionales, o a cualquier otra
técnica similar.
Precisamente, así lo ha explicado el Consejo de Estado, al
sostener que “[l]a supranacionalidad (…) comporta la transferencia de parte de
las competencias estatales reguladoras respecto de determinadas materias, hacia
los órganos comunitarios (…) cuyas decisiones y fallos serán aceptados por los Países
Miembros. Así, pues, el rasgo de la supranacionalidad equivale a la técnica de
distribución de competencias dentro de un sistema de integración por virtud de
la cual, si bien es verdad que los Estados miembros continúan siendo los
titulares del poder político, también lo es que parte de dicho poder lo ceden
parcialmente para determinado propósito a los órganos comunitarios (…). // La
supranacionalidad (…) no implica la renuncia a la soberanía, sino la limitación
de [esta] a partir del voluntario sometimiento expresado en tratados
internacionales (…)”[127].
De esta manera, las decisiones que se adoptan por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, como parte del proceso de integración,
responden al tránsito de la competencia reguladora nacional en cabeza del
Congreso de la República hacía el referido órgano comunitario, única y
específicamente en los asuntos cuya decisión le ha sido otorgada por los Países
Miembros. En este sentido, la normatividad supranacional ocupa el terreno de la
legislación nacional, sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno y en
las materias asignadas, desplazando de este modo al derecho interno.
Ahora bien, para lograr precisamente la uniformidad e
igualdad de trato entre los Países Miembros y sus habitantes, el derecho
comunitario se caracteriza por otorgarle a sus disposiciones los atributos de
preeminencia y aplicación preferente. En virtud de la primera, las decisiones
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se imponen, por razón del rol concedido
y de la materia asignada, con preferencia sobre la regulación nacional;
mientras que, con ocasión de la segunda, en caso de contradicción entre una
norma comunitaria y una del sistema interno, aquella debe hacerse aplicar con
primacía respecto de éstas, sin que el fenómeno dé lugar a la derogación de la
norma interna.
Sobre la materia, en el fallo previamente citado del Consejo
de Estado, se señaló que:
“[L]a creación
del ente comunitario con órganos que tienen competencia normativa propia ha
dado origen a un orden jurídico nuevo que genera relaciones de coordinación (…)
con respecto a los sistemas jurídicos nacionales, pues los órganos comunitarios
profieren normas jurídicas en las materias que el tratado constitutivo les ha
reservado para su regulación, mientras que las autoridades de los Países Miembros
dictan normas encaminadas a regular las materias que las respectivas
Constituciones Políticas reservan a la ley nacional; así pues, estas dos
potestades normativas, que recaen sobre las mismas personas, requieren la
coordinación de los productos normativos fruto de su ejercicio, pues tanto las
fuentes del derecho andino como las del derecho nacional se encuentran
acompañadas del rasgo de la autonomía, por manera que la ausencia de
coordinación entre ellas puede crear no pocas interferencias y contradicciones.
De la autonomía
del derecho andino y de la del derecho interno se deriva el principio según el
cual ni el primero puede derogar el segundo, ni viceversa, por manera que ambos
sistemas normativos están abocados a coexistir (…).
[Por virtud de
lo anterior,] (…) cuando quiera que exista contradicción entre una norma
comunitaria y una del sistema interno de alguno de los Estados Miembros,
aquélla debe hacerse aplicar con primacía respecto de éstas, lo cual si bien no
necesariamente comporta la obligación de derogar la norma interna ─cuyos
alcances o contenido probablemente sirvan para dirimir otro tipo de casos, sin
colisionar con el ordenamiento comunitario─, sí implica la exigencia de
inaplicarla ─total o parcialmente─ o de condicionar su
interpretación de modo que el sentido normativo que se le atribuya para el caso
concreto resulte respetuoso de la normativa comunitaria. De no proceder así, el
Estado Miembro del cual se trate puede ver comprometida su responsabilidad
internacional, circunstancia que en primer término se traduce en que resulta
pasible de que en su contra se instaure la acción de incumplimiento ante el
TJCA.”[128]
En otra oportunidad, el mismo Tribunal en cita destacó lo
siguiente:
“En virtud de lo
anterior, es claro que, en caso de conflicto entre la legislación de la
Comunidad Andina y la interna, se debe aplicar de manera preferente la Norma
Comunitaria, toda vez que al tratarse de dos ordenamientos jurídicos diferentes
y autónomos la figura de la derogatoria no ocurre y lo que acaece es que la
Regulación Comunitaria desplaza a la interna.
En dicha medida
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que no es admisible
bajo ninguna circunstancia que el derecho interno modifique las materias
tratadas por el orden jurídico de la Comunidad, por lo que ha resaltado que
solo de manera excepcional se le otorga validez a la Legislación Interna, en
aquellos casos en los que tal regulación se refiere a asuntos NO REGLAMENTADOS
EN LO ABSOLUTO por la Norma Comunitaria.”
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha dicho que:
“En cuanto al
efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la
doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda
desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia
en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna
resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. Así lo ha señalado
reiteradamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ver
principalmente Sentencias Costa/ENEL de 15 de junio de 1964, y la Sentencia
Simmenthal de 9 de marzo de 1978) en concordancia, en este punto, con el
espíritu de las normas de la integración andina. Este efecto de desplazamiento
de la norma nacional, como resultado del principio de aplicación preferente,
resulta especialmente claro cuando la ley posterior que ha de primar sobre la
anterior de acuerdo con principios universales de derecho es precisamente la
norma comunitaria.
No se trata
propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional
preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que
son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan
dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el
derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente,
del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de la primacía que
en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas. //
(…) La derogación propiamente dicha de una norma interna, por ser contraria a
una comunitaria, puede resultar indispensable para efectos prácticos, en
determinados casos. Pero como tal derogación habría de ser decidida por el
derecho interno y no por el comunitario, el derecho integracionista, en
principio, se contenta con la aplicación preferente. Su efecto inmediato y
directo no sería compatible con la condición de que las normas nacionales
contrarias sean expresamente derogadas por el legislador nacional, ya que ello
dependería de éste y no de la comunidad.”[129]
En este orden de ideas, si bien las decisiones de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena ocupan en el sistema jurídico interno el
mismo lugar que la ley, en las materias asignadas a la normatividad comunitaria,
por efecto del tránsito de la competencia regulatoria, lo cierto es que, para asegurar
su operatividad, el derecho supranacional les otorga los atributos de
preeminencia y aplicación preferente, cuyo rol se limita –como
ya se dijo– a servir como instrumentos para lograr (i)
la coordinación entre ambos esquemas normativos y (ii) definir eventuales
escenarios de contradicción; sin que, por ello, pueda considerarse que, por tal
circunstancia, se está en presencia de normas que gozan de la misma jerarquía de
la Constitución, o de un valor superior al de las leyes ordinarias, como ocurre
con la generalidad de los preceptos que hacen parte de los tratados
internacionales, más aún cuando, como ocurre en este caso, su expedición se basa
en un proceso de integración económica, comercial y aduanera. En este punto,
esta Corporación ha dicho que:
“[N]o existe la
superioridad del derecho comunitario sobre la Constitución, y (…) no es cierto
que comparta con ella idéntica jerarquía. Adicionalmente, el derecho comunitario
tampoco conforma un cuerpo normativo intermedio entre la Carta Fundamental y la
ley ordinaria, ya que la aprobación de los tratados por el Congreso se lleva a
cabo mediante una ley ordinaria, de modo que, analizadas las cosas desde la
perspectiva del juicio de constitucionalidad, las presuntas contradicciones
entre la ley y el derecho comunitario andino no generan la declaración de
inexequibilidad, cuyo presupuesto es la inconformidad de una norma inferior con
otra superior y no con otra de la misma jerarquía o proveniente de algún órgano
comunitario.
Siendo así, la
prevalencia de las normas comunitarias sobre las normas locales y la
obligatoria aplicación directa de las decisiones de los órganos comunitarios
creadoras de derecho secundario son situaciones distintas al juicio abstracto
de constitucionalidad, y comportan unos alcances singulares, por cuya virtud la
apreciación de las eventuales contradicciones entre las prescripciones
regionales y el derecho interno corresponde a los jueces y a los operadores
jurídicos encargados de resolver esos conflictos concretos, teniendo como norte
los efectos especiales y directos que en el ordenamiento interno despliegan las
normas supranacionales, cuya prevalencia sobre las normas locales reguladoras
de una misma materia implica el desplazamiento que no la derogación de la norma
nacional.”[130]
6.3.7.4. Sobre la base de lo anterior y en lo que atañe a la
teoría del bloque de constitucionalidad, cabe  afirmar que, como regla general,
en las Sentencias C-231 de 1997[131]
y C-256 de 1998[132],
la Corte señaló que el derecho comunitario no hace parte de este régimen
especial, por cuanto no se acomoda a lo consagrado en el artículo 93 del Texto
Superior, ya que las decisiones que se expiden a nivel regional no
buscan regular derechos humanos, sino establecer condiciones para impulsar la
integración comercial, económica, aduanera, industrial y financiera de los Países
Miembros, es decir, consolidar un mercado común. Ello fue reiterado en la
Sentencia C-988 de 2004[133],
cuando se advirtió que la finalidad de la Decisión 351 de 1993, “no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación
de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., de
donde surge que una prevalencia del derecho comunitario andino sobre el orden
interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Carta, carece de
sustento”[134].
No obstante, sobre la base de la distinción existente entre
los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor, la jurisprudencia
de la Corte ha excluido del tratamiento previamente reseñado a la primera de
estas categorías, al estimar que las disposiciones del derecho comunitario
relativas a los derechos morales de autor, al regular un derecho fundamental de
carácter inalienable e irrenunciable[135],
se convierten en parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu, al
tenor del citado artículo 93 del Texto Superior. Esta determinación ha sido
reiterada en diferentes oportunidades por esta Corporación[136],
como se aprecia de lo señalado en la Sentencia C-148 de 2015[137],
en la que se expuso lo siguiente:
“La jurisprudencia constitucional
ha reconocido, frente al derecho moral de autor, que la Decisión Andina
351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forma parte del
bloque de constitucionalidad. Desde esa óptica, ha reconocido su valor como
parámetro de control de constitucionalidad, en lo relativo a la protección
de los derechos morales de autor. A su vez, ha sostenido que ese elemento
moral de estos derechos, es de carácter fundamental, bajo la idea de que se
trata de derechos que emanan de la misma condición de hombre”[138].
Por consiguiente, esta Sala reitera que la Decisión 351 de
1993 proferida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena es parámetro de
constitucionalidad, únicamente en lo que concierne a la regulación sobre los derechos
morales de autor, ya que, al tratarse de derechos inherentes a la persona
humana, su regulación se incorpora al bloque de constitucionalidad stricto
sensu. Frente al resto de disposiciones que hacen parte del régimen en
cita, como se explicó con anterioridad, se trata de normas que tienen el mismo
peso y valor que la ley ordinaria, solo que, por virtud de su origen
supranacional, revestidas de los atributos de preeminencia y aplicación
preferente[139].
6.3.7.5. Ahora bien, en lo relativo al Convenio de Berna
para la protección de las obras literarias y artísticas, esta Corporación
ha señalado que el mismo busca brindar una protección mínima con que la deben
contar las obras y los derechos de los autores. Este instrumento fue adoptado
el 9 de septiembre de 1886 y ratificado por el Congreso de la República por
medio de la Ley 33 de 1987[140].
Lo que significa que, en principio, sus disposiciones son vinculantes y
exigibles a nivel legal.
Si bien este instrumento también distingue entre derechos
morales y derechos patrimoniales de autor, a diferencia de lo expuesto respecto
de la Decisión 351, en la jurisprudencia no se identifica un pronunciamiento
que permita determinar si el Convenio de Berna hace parte o no del bloque de
constitucionalidad. En efecto, no se encuentra providencia alguna en la que se
acuda a dicho tratado como parámetro de validez de las normas examinadas. Tan
solo se aprecia la Sentencia C-261 de 2008[141],
en la cual se examinó una modificación al Código Penal realizada por la Ley
1032 de 2006[142],
en lo referente a la tipificación de los delitos vinculados con la violación de
los derechos patrimoniales y derechos conexos de autor. En el fallo en mención,
al realizar un pronunciamiento específico sobre los cargos propuestos en la
demanda de inconstitucionalidad, la Sala Plena indicó que:
“(…) en lo que respecta a los
parágrafos del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y del artículo 11 bis del
Convenio Berna –Ley 33 de 1987– ha de tenerse en cuenta, en primer lugar,
que tales preceptivas se encuentran incorporadas en leyes ordinarias y, como
tales, no comportan la jerarquía de preceptos constitucionales, de tal forma
que la comparación entre ordenamientos de igual rango legal no generan un
cargo de constitucionalidad del cual deba ocuparse la Corte; de otra parte,
tales preceptos legales hacen referencia a los aspectos tarifarios inherentes
al pago de los derechos de autor y conexos y, por tal razón, no pueden ser
interpretados como normas supletorias del ordenamiento jurídico ya que no
existe unidad teleológica entre lo regulado en las citadas disposiciones y las
conductas delictivas protectoras de los derechos de autor como erróneamente lo
sugiere el ciudadano (…)”[143].
Sin embargo, la citada sentencia se enfocó específicamente
en la violación de los derechos patrimoniales de autor, por lo que al carecer
estos de un carácter fundamental, no era posible que la Sala se refiriera a una
eventual incorporación de sus mandatos al bloque de constitucionalidad.
A pesar de ello, en esta oportunidad, la Corte considera
necesario precisar que, tal como se predica de la Decisión 351, algunos de los
preceptos del Convenio de Berna refieren efectivamente a los derechos morales
de autor (como ocurre con el artículo 6 bis), los cuales, a la luz de la
jurisprudencia, han sido identificados como derechos fundamentales. Por
consiguiente, mutatis mutandis, cabe inferir que las normas relativas a
los citados derechos incluidas en el referido instrumento internacional, hacen parte
también del bloque de constitucionalidad en stricto sensu, atendiendo a
lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución. El resto de sus
normas –como ocurre con la generalidad de los tratados
internacionales– mantendrán el mismo valor que la ley
ordinaria.
6.4. Contenido del precepto legal
demandado
6.4.1. Dentro del conjunto de obras que
protegen las normas nacionales e internacionales sobre derechos de autor, se
encuentra la obra audiovisual, que ha sido entendida como la creación intelectual
expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización
incorporada, destinada a ser comunicada a través de aparatos de proyección o
cualquier otro medio que permita divulgar imágenes y sonidos, sin importar el
tipo de soporte material que la contiene[144].
Se consideran como obras audiovisuales las películas, los cortometrajes, las
series de televisión, las telenovelas, los documentales, los sketches, las
animaciones o cualquier otra análoga a estas. En general, la obra audiovisual
es el género que abarca varias especies, entre las que se encuentra la obra
cinematográfica, a la cual se refiere el precepto legal demandado.
No obstante, en el caso colombiano, la
regulación de ambos tipos de obra es la misma, conforme se deriva del artículo
2 de la Ley 23 de 1982, en el que se dispone que las normas sobre derechos de
autor protegen a las obras cinematográficas, “(…) a las cuales se asimilan
las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía”. Por
ello, más que referirse a películas, en las distintas intervenciones se aludió
a varias telenovelas y series de televisión.
La obra audiovisual se caracteriza por ser
creada bajo la iniciativa de una persona natural o jurídica llamada productor,
que se encarga de coordinar y realizar las gestiones necesarias para permitir su
existencia[145].
Sin embargo, para obtener este resultado final, se requiere de los aportes de
varios autores, los cuales son: el director o realizador[146]; el autor del guion o
guionista[147];
el autor de la música[148];
y el dibujante, en el caso de que la obra corresponda a un diseño animado. Esta
categorización colectiva de autores la realiza de forma expresa el artículo 95
de la Ley 23 de 1982.
Ahora bien, el Convenio de Berna regula con
carácter especial a la obra cinematográfica y particularmente lo relativo a su
titularidad. En este orden de ideas, reservó a cada país la determinación de
los titulares del derecho de autor[149].
En desarrollo de lo anterior, en el régimen colombiano, en lo que corresponde a
los derechos morales, el artículo 99 de la Ley 23 de 1982 establece que: “El
director o realizador de la obra cinematográfica es el titular de los derechos
morales [sobre] la misma, sin perjuicio de los que correspondan a los diversos
autores, artistas, interpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella, con
respecto a sus propias contribuciones”. Por su parte, en lo que atañe a los
derechos patrimoniales, los mismos se otorgan al productor, a través de una
presunción de titularidad que se consagra en la ley. Expresamente, el inciso 1
del artículo 98 de la Ley 23 de 1982 dispone que: “Los derechos
patrimoniales sobre la obra cinematográfica se reconocerán, salvo estipulación
en contrario a favor del productor”.
Esto significa que, por una parte, a menos
que los autores y el productor acuerden otra cosa, los derechos patrimoniales
sobre la obra cinematográfica corresponden a este último, lo que les otorga una
posición de privilegio dentro de la relación jurídica que se entabla entre
ellos, que se justifica en la inversión que se debe realizar para poder
producir la obra. Y, por la otra, que la transmisión de los derechos se limita
a aquellas garantías vigentes al momento en que surge la creación, lo que
implica que, en el contexto de la norma, y sobre la base de los derechos
patrimoniales que se definen en el artículo 12 de la Ley 23 de 1982[150], la cesión incluye los
derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación. No sobra recordar que toda transferencia de derechos debe
interpretarse de forma restrictiva[151],
en virtud del principio indubio pro auctore, y que la misma tan solo abarca
las modalidades de explotación que se encuentren en vigor[152].
6.4.2. Dentro de este escenario, se produjo
la expedición de la Ley 1835 de 2017 o Ley Pepe Sánchez, a través de la cual se
incorporó dos parágrafos al artículo 98 de la Ley 23 de 1982, que regulan la
presunción de hecho a favor del productor sobre los derechos patrimoniales de
las obras cinematográficas. En concreto, la norma en cita dispone que:
“Parágrafo
1. No obstante, la
presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el artículo
95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a recibir una
remuneración equitativa por los actos de comunicación pública incluida la puesta
a disposición y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra
audiovisual, remuneración que será pagada directamente por quien realice la
comunicación pública.
La
remuneración a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las
cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley
y no afecta los demás derechos que a los autores de obras cinematográficas les
reconoce la Ley 23 de 1982 y demás normas que la modifican o adicionan, así
como sus decretos reglamentarios.
En
ejercicio de este derecho, los autores definidos en el artículo 95 de la
presente ley, no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal
explotación comercial de la obra cinematográfica por parte del productor.
Parágrafo
2. No se considerará comunicación pública,
para los efectos del ejercicio de este derecho, la que se realice con fines
estrictamente educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos
de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada.
Así mismo, el pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es
aplicable a aquellos establecimientos abiertos al público que utilicen la obra
audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de
comunicación de la obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público
consumidor con ánimo de lucro o de ventas.”
Como se deriva de la transcripción
realizada, la Ley 1835 de 2017 introdujo a favor de los autores de obras
audiovisuales un nuevo derecho patrimonial, en concreto, un derecho de mera
remuneración sobre la comunicación pública de sus creaciones[153]. Por su naturaleza,
se trata de un derecho irrenunciable e intransferible, pues la propia ley
utiliza la expresión “conservarán en todo caso”, cuya exégesis
gramatical y teleológica conduce a entender que el legislador lo que pretendió
fue prohibir la negociabilidad del citado derecho, en aras de proteger a los
autores de las obras cinematográficas.
En efecto, acogiendo el criterio natural y
obvio de las palabras[154],
el citado vocablo es sinónimo de siempre o sin excepción alguna, lo cual se
ratifica con la definición del adjetivo “todo”, que refiere a la
totalidad de una sustancia o materia[155].
Por lo demás, al revisar los antecedentes legislativos, se aprecia la
preocupación del legislador en garantizar que el derecho de remuneración
equitativa por la comunicación pública de las obras no sea enajenado o
transferido, como herramienta para lograr un equilibrio en la relación con el
productor y asegurar las condiciones básicas de subsistencia de los autores[156].
De esta manera, la expresión “conservarán
en todo caso” se traduce en que ni por la vía de un pacto expreso (acuerdo
de cesión), ni con ocasión de la presunción de hecho a la que alude el inciso 1
del artículo 98 de la Ley 23 de 1982, el autor podrá renunciar a su derecho de
mera o simple remuneración, convirtiéndose, como lo afirma la accionante, en un
límite a la autonomía de la voluntad, cargo que más adelante será objeto de
evaluación en lo que atañe a su constitucionalidad.
Este derecho se sujeta a que se realicen
actos de comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler
comercial. Ello se traduce en la necesidad de que la creación esté sometida al
acceso de un número plural de personas, reunidas o no en un mismo lugar,
siempre que no se haya realizado una previa distribución de ejemplares de la
obra. En la práctica se incluyen las divulgaciones efectuadas en una sala de
cine o en hoteles, y la emisión que se origina por un operador de televisión,
un cable operador o por las plataformas digitales. En todo caso, en el
parágrafo 2, se especifican las excepciones, que, entre otras, abarcan las
comunicaciones con fines estrictamente educativos, o las presentaciones que se
realizan para entretener a los trabajadores, siempre que no tengan ánimo de
lucro.
La remuneración está a cargo de los
usuarios, utilizadores o emisores de las obras, es decir, de aquellos que las
comuniquen públicamente, sin que los productores tengan que asumir costo alguno
y sin que por ello se vean afectados sus derechos patrimoniales exclusivos.
Como lo advierte uno de los intervinientes[157],
este nuevo derecho no compite con los beneficios que tiene el productor, pues
se trata de garantías diferentes, que coexisten y que no son excluyentes entre
sí.
Nótese que su naturaleza es la de un
derecho de simple remuneración, no solo porque así lo concibió el legislador[158], sino también porque
su regulación se ajusta plenamente al alcance de dicha garantía. Al respecto,
según la noción que se brindó con anterioridad, tal categoría de derecho lejos
de autorizar o denegar la utilización de la obra, tan solo faculta al titular
para cobrar por ese uso en determinados casos. Lo anterior se constata sin
mayor dificultad en la regulación adoptada por el legislador, toda vez que, por
una parte, la garantía que se otorga es la de “recibir una remuneración
equitativa por los actos de comunicación pública de la obra”, y por la
otra, tal beneficio no les permite a los autores, bajo ninguna circunstancia, “prohibir,
alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra
cinematográfica por parte del productor”, esto es, preserva a su favor y en
su integridad los derechos patrimoniales exclusivos, salvo estipulación en
contrario.
En conclusión, puede extraerse que la
decisión del legislador dio lugar a la (i) creación de un nuevo derecho
patrimonial a favor de los autores de obras audiovisuales; (ii) de carácter
irrenunciable e intransferible; (iii) cuyo soporte material se refiere al pago
de una remuneración equitativa por cada acto de comunicación pública,
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial, con excepción de los
acciones previstas en el parágrafo 2 del precepto bajo examen; (iv) dicha
prestación se asume únicamente por el usuario, utilizador o emisor público de
la obra; (v) con la restricción de que su consagración no puede dar lugar a la
suspensión, alteración o prohibición de su producción, ni de su normal
explotación económica, así como tampoco puede llegar a afectar “los demás
derechos que a los autores (…) les reconoce la Ley 23 de 1982 y demás normas
que la modifi[quen] o adicion[en]”.
6.5. Examen del cargo referente a la supuesta
violación de la autonomía de la voluntad privada
6.5.1. Alcance y contenido de la
acusación realizada
6.5.1.1. Como se expuso en el acápite de antecedentes, para la accionante, la
interrelación armónica de los artículos 14, 16 y 333 de la Constitución dan
origen a la autonomía de la voluntad, como atribución que le permite a toda
persona capaz la potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas.
A partir de dicha noción, se advierte que el precepto acusado[159] es contrario a la
citada garantía constitucional, por cuanto desconoce “la facultad que tienen
los autores (personas naturales) de obras, para disponer libremente de sus
derechos subjetivos de comunicación pública”[160],
que hacen parte del catálogo de atributos que ellos tienen a su favor y que
son, por esencia, susceptibles de disposición, como se aprecia a nivel
nacional, internacional y comunitario. Incluso, tal naturaleza dispositiva ha
sido admitida por la jurisprudencia de esta Corporación, por lo que no cabe que
una norma desconozca antecedentes jurisprudenciales.
Desde esta perspectiva, el cargo que se
formula presenta dos ramificaciones, por una parte, se alude a la naturaleza
dispositiva que identifica a los derechos patrimoniales de autor, para sostener
que se desconoce la autonomía de la voluntad privada, cuando se le otorga el
carácter de intransferible al derecho que se prevé en la Ley 1835 de
2017, a favor de los autores. Y, por la otra, se cuestiona que dicho
reconocimiento supone una violación del artículo 3 de la
Ley 23 de 1982[161],
de los artículos 9, 29, 30 y 31 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena[162],
así como de lo consagrado en el artículo 14 del Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas[163]. En concreto, frente
a los citados instrumentos internacionales, la accionante resalta que en ellos
se prevé el carácter dispositivo de los derechos patrimoniales de autor y que
sus mandatos no pueden ser inadvertidos por el legislador, sin desconocer lo
previsto en los artículos 9 y 227 de la Carta.
6.5.1.2. Los
intervinientes, con una excepción[164], solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de la norma
acusada, al considerar (i) que la definición de los atributos de los derechos
de autor se encuentra sometida al principio básico de configuración normativa
del legislador; (ii) que la autonomía de la voluntad no es derecho absoluto,
sino que admite limitaciones en favor del interés social y de los derechos de
los actores, como ocurre con el mínimo vital y la seguridad social; (iii) que
la restricción se justifica como un medio para dotar de mayor equilibrio a la
relación que existe con el productor, sobre la base de la posición privilegiada
que este ocupa; y (iv) que su consagración –bajo ninguna circunstancia– afecta
los derechos patrimoniales del productor, ni la explotación normal y corriente
de la obra, contrario a lo que sostiene la accionante.
No obstante, algunos de ellos refieren a
una eventual inhibición respecto de este cargo, con fundamento en que las
normas invocadas como vulneradas no hacen parte del bloque de
constitucionalidad, además de que el entendimiento de la disposición acusada
por parte de la accionante es erróneo, lo que da lugar al desconocimiento de
las cargas de certeza y suficiencia[165]. En esta misma línea se pronuncia el Procurador General de la
Nación.
6.5.2. Cuestión previa. Examen de
aptitud del cargo
6.5.2.1. Si bien por regla general el examen sobre la aptitud de la demanda
se debe realizar en la etapa de admisibilidad, el ordenamiento jurídico permite
que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia[166], teniendo
en cuenta que en algunas ocasiones no es evidente el incumplimiento de las
exigencias mínimas que permiten adelantar el juicio de constitucionalidad, lo
que motiva un análisis con mayor detenimiento y profundidad por parte de la
Sala Plena[167].
Por lo demás, no sobra recordar que un fallo inhibitorio, lejos de afectar la
garantía de acceso a la administración justicia, constituye una herramienta
idónea para preservar el derecho político y fundamental que tienen los
ciudadanos de interponer acciones públicas en defensa del Texto Superior, al
tiempo que evita que la presunción de constitucionalidad que acompaña al
ordenamiento jurídico sea objeto de reproche a partir de argumentos que no
suscitan una verdadera controversia constitucional. En estos casos, como se
expuso en la Sentencia C-1298 de 2001[168],
lo procedente es “adoptar una decisión inhibitoria que no impide que los textos
acusados puedan ser nuevamente objeto de estudio a partir de una demanda que
satisfaga cabalmente las exigencias de ley”.
6.5.2.2. En el asunto bajo examen, la Corte
advierte que no cabe adelantar el examen de fondo que la accionante propone
respecto de la aparente violación de los artículos 9 y 227 de la Constitución,
en armonía con las remisiones normativas que realiza al artículo 3 de la Ley 23 de 1982, los artículos 9, 29, 30 y 31 de la Decisión
351 de 1993 y el artículo 14 del Convenio de Berna.
En primer lugar, en cuanto a los artículos
9 y 227 del Texto Superior[169],
porque no se satisfacen las cargas de pertinencia y suficiencia[170]. La primera, en la
medida en que el cargo no se sustenta en el contenido de las normas
constitucionales que se invocan como vulneradas. En efecto, más allá de referir
a la violación del principio de autonomía de la voluntad, no se explica cuál es
la contradicción que existe entre el carácter irrenunciable que tiene el
derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de las obras
audiovisuales y los preceptos superiores que consagran los mandatos que
orientan el manejo de las relaciones exteriores por Colombia. En concreto, no
se advierte argumento alguno dirigido a acreditar la vulneración de la
soberanía nacional, la afectación de los principios rectores del derecho
internacional, el desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos o el desestimulo
al deber de integración de América Latina.
Y, la segunda, porque la acusación no logra
suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, al
limitar la explicación a un supuesto desconocimiento de las normas nacionales y
supranacionales que les otorgan a los derechos patrimoniales de autor un
carácter disponible, sin referir a cuál sería el principio internacional
desconocido y en qué medida ello supone un retroceso en el deber constitucional
de promover la integración latinoamericana. En la práctica, la invocación de
estos textos constitucionales no pasa de ser una mera replica de la acusación
propuesta por la accionante relativa al desconocimiento del carácter
transferible que tienen los citados derechos patrimoniales de autor, a partir
de la conceptualización que ella realiza de la Decisión 351 de 1993.
En segundo lugar, en lo que atañe a la
supuesta infracción de los artículos que hacen parte de la Ley 23 de 1982, de la Decisión 351 de 1993 y del Convenio de Berna,
la Corte encuentra que se incumplen las cargas de pertinencia y suficiencia.
La primera, porque la citada Ley 23 de 1982 no constituye un parámetro para
determinar la validez de las normas legales, al tratarse de un precepto de
naturaleza ordinaria, por lo que carece de la capacidad para dar pie a un
juicio de constitucionalidad. Y, la segunda, porque las disposiciones del
derecho comunitario que se invocan, así como la norma que se menciona del
Convenio de Berna, al tratarse de una regulación que refiere a los derechos
patrimoniales y no a los derechos morales de autor, no integran el bloque de
constitucionalidad en ninguna de sus dos categorías (sticto o lato sensu),
como se explicó en el acápite 6.3.7 de esta providencia.
Por lo demás, siguiendo lo expuesto en el
mismo apartado, los atributos de preeminencia y de aplicación preferente de las
disposiciones supranacionales solo despliegan sus efectos frente a la labor del
legislador, adquiriendo tales normas el mismo rango que las leyes ordinarias,
por lo que carecen de la jerarquía de los preceptos constitucionales. De esta
manera, su exhortación para justificar un cargo de inconstitucionalidad es
contrario a las cargas de pertinencia y suficiencia, en las que
se funda la existencia de una demanda en debida forma.
Lo anterior se complementa, igualmente, en
términos de suficiencia, con la circunstancia de que la propia Decisión
351 de 1993 delega en el legislador la decisión sobre los casos en que los
derechos patrimoniales se pueden ostentar por una persona distinta del autor[171]; al mismo tiempo que
lo autoriza para reconocer otros derechos de esa misma categoría diferentes de
los allí enunciados[172],
con las formas y el alcance que se disponga por cada País Miembro[173], incluso, sobre la
base de que ese mismo instrumento ya prevé un derecho inalienable en el
caso de la reventa de obras o droit de suite[174],
atributo que podría extenderse a otras de las expresiones de los derechos de
autor, con la limitante de no atentar contra la explotación normal de la obra[175].
Finalmente, en caso de que la accionante
estime que efectivamente la norma nacional acusada es contraria al derecho
comunitario, dicho sistema le brinda la posibilidad de recurrir a la acción de
incumplimiento, como herramienta idónea prevista para tutelar la integridad del
orden supranacional[176],
con la finalidad de resguardar la garantía de acceso a la administración de
justicia, sin alterar el esquema de control de constitucionalidad que se establece
en la Carta de 1991.
6.5.2.3. A diferencia de lo expuesto, la
Sala Plena considera que el cargo referente al desconocimiento de la autonomía
de la voluntad privada, que se sustenta en el carácter de intransferible
del derecho que se prevé a favor de los autores en la Ley 1835 de 2017, sí
satisface las cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia,
pues corresponde a una proposición jurídica real y existente, que en la
práctica constituye una limitación al derecho en mención y cuya validez
constitucional se cuestiona sobre la base del carácter esencialmente disponible
que tienen los derechos patrimoniales de autor. Así las cosas, se procederá con
su examen, previa identificación del contenido del derecho que se invoca como
vulnerado.
6.5.3. La autonomía de la voluntad
privada
La autonomía de la voluntad es un postulado formulado por la
doctrina civilista francesa a mediados de los siglos XVIII y XIX, el cual se ha
definido como: “[El] poder otorgado por el Estado a los particulares para
crear, dentro de los límites legales, normas jurídicas para la autorregulación
de sus intereses”[177].
Como previamente lo ha sostenido esta Corporación, dicha autonomía goza de
sustento constitucional. En efecto, este postulado se deriva de la aplicación
de varios derechos constitucionales concurrentes, a saber: el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica (CP art. 14), el derecho a la
propiedad privada (CP art. 58), el derecho de asociación (CP art. 38), y la
libertad económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa (CP
arts. 333 y 334). Estos derechos constitucionales les confieren a los asociados
la potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas.
La autonomía de la voluntad es un derecho íntimamente ligado
a la dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento principal
e idóneo para satisfacer sus necesidades básicas, a través del poder que otorga
para regular de forma autónoma sus propios intereses en el tráfico jurídico. De
ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto
grado razonable de autorregulación a los asociados, mediante la garantía
de un núcleo esencial de libertad contractual, destinada a suplir la incapacidad
física, técnica y jurídica del Estado para prever ex-ante todas las
necesidades de las personas.
Con todo, en un principio se consideraba que la autonomía
privada constituía una emanación de la voluntad general –como
fuente absoluta e inagotable de todo derecho–,
erigiéndose, entonces, en un poder ilimitado y omnímodo de autodeterminación
normativa (perspectiva racionalista). Sin embargo, con el surgimiento de
los postulados sociales del Estado de Derecho, se relativizó su alcance en
favor de la salvaguarda y protección del bien común, del interés social, del
principio de solidaridad y de los derechos constitucionales de los terceros (perspectiva
moderna)[178].
A partir de las citadas consideraciones y de conformidad con
lo previsto en la Constitución Política de 1991, la autonomía de la voluntad
privada supone entonces la existencia de un poder dispositivo de regulación, que
se expresa en “(i) la libertad de selección que consiste en la facultad
de elegir con quién se contrata (un proveedor, cliente, empleado y socio, entre
otros); (ii) en la libertad de negociación que [implica] decidir de qué
forma se inician las tratativas preliminares; (iii) en la libertad de configuración
que comprende todas aquellas decisiones sobre cómo se estructura un contrato y
cuáles son las obligaciones y derechos; y en (iv) la libertad de conclusión
que significa decidir si se celebra o no el negocio jurídico correspondiente”[179].
La articulación de estas dimensiones de la autonomía privada
con el enfoque moderno, acogido ampliamente por esta Corporación,
conduce a entender que dicho poder dispositivo está sometido a la intervención
normativa del Estado, como derecho de carácter limitado y no absoluto, de
suerte que, hoy en día, su ejercicio incorpora las siguientes cargas. “Primero,
existe[n] libertad[es] de selección y conclusión, esto es, para
contratar con quien se quiere, siempre y cuando tal decisión no implique un
abuso de la posición dominante, una práctica restrictiva de la libre
competencia, una restricción injustificada en el acceso a un servicio público o
una discriminación contraria a la Constitución. Segundo, la libertad de
negociación impone ajustar el comportamiento a la buena fe, de manera que
las partes tienen deberes secundarios de conducta como los de información,
coherencia, seriedad y lealtad, entre otros. Tercero, las personas pueden convenir
libremente sus relaciones contractuales [libertad de configuración], siempre
y cuando ello no desconozca las buenas costumbres, las reglas que integran el
orden público (…), la prohibición del abuso del derecho, así como el deber de
respeto [y garantía] de los derechos fundamentales.”[180]
Por consiguiente, la autonomía de la voluntad a la luz del
Texto Superior conduce a entender que ella puede ser
objeto de limitaciones de acuerdo con la ley, por cuanto su protección no se
explica tan solo en la necesidad de obtener intereses particulares, sino también
de lograr la promoción del interés público o social, el bienestar colectivo y el
goce efectivo de los derechos constitucionales[181].
En todo caso, sobre la base del profundo respeto que se desprende de la
Constitución hacia dicha libertad, lo cierto es que, a
menos que exista una razón suficiente para establecer una limitación, las
personas se encuentran autorizadas para definir de forma libre y autónoma la
manera en que deciden entablar sus relaciones contractuales.
6.5.4. Examen de
fondo del cargo formulado por la accionante
Con fundamento en las consideraciones
expuestas a lo largo de esta providencia, la Corte considera que el cargo
propuesto no está llamado a prosperar, por las siguientes razones: (i) En
primer lugar, el legislador goza de la potestad básica de configuración
normativa para determinar las garantías que son objeto de protección en el
régimen de los derechos de autor (CP art. 150.24), tanto en lo referente al
tiempo, como a las formalidades en que dicha salvaguarda se torna efectiva (CP
art. 61). Esto implica que el Congreso puede establecer que algunos de los
derechos que integran esta modalidad de propiedad tengan un carácter irrenunciable
e intransferible, mientras que otros se sujetan a un principio de libertad
plena en el ejercicio de los atributos de negociación y configuración que
emanan de la autonomía de la voluntad, con las limitaciones que la propia Carta
impone en términos de protección[182]
o con las salvedades que se derivan del bloque de constitucionalidad, en
relación con los derechos de contenido moral.
Incluso, cuando se trata de medidas de
contenido económico, como ocurre con los derechos patrimoniales, el ámbito de definición
del legislativo es aún más amplio, pues su justificación también viene dada por
la búsqueda de los objetivos de intervención que se plasman en el artículo 334
Superior, como lo son, entre otros, mejorar la calidad de vida de los
habitantes o realizar una distribución equitativa de las
oportunidades.
En línea con lo anterior, no cabe reparo
alguno frente a la decisión del legislativo de incorporar un nuevo derecho
de contenido patrimonial en el ámbito de las obras audiovisuales, como lo
es el derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de sus
creaciones, ya que no existe prohibición para la libre valoración que, en
términos de conveniencia, es realizada por el Congreso de la República, sobre
el nivel y tipo de ingresos que se obtienen por parte de los autores, como
estímulo a su labor creativa. No se advierte que en este punto la Constitución
restringa el amplio margen de configuración del legislador.
Esta decisión, por lo demás, se encuentra
avalada por el artículo 17 de la Decisión 351 de 1993, en la que se autoriza,
como ya se dijo, a que los Países Miembros del Pacto Andino de Naciones
reconozcan otros derechos de tal categoría en sus legislaciones internas.
De igual manera, aunque por regla general
se categorizan a los derechos patrimoniales como susceptibles de disposición, no
existe ninguna limitación expresa en la Carta que le impida al legislador modificar
en casos puntuales dicha característica, en el sentido de disponer que alguna
de sus expresiones se torne en irrenunciable e intransferible, tal como sucede
en el caso bajo examen, con el derecho de remuneración equitativa por la
comunicación pública de obras audiovisuales. De ahí que, en principio, tal
determinación se ajusta a la Constitución, siempre que a través de ella no se
desconozca la directriz superior de brindar protección a los derechos de autor,
se afecten los derechos afines que se interrelacionan con su desarrollo, o se
introduzcan condiciones irrazonables o desproporcionadas. En general, como lo
ha dicho la Corte, más allá de tratarse como en este caso de una restricción
legal, su aplicación no debe atentar contra la normal explotación de la obra,
ni puede causarle al titular del derecho un perjuicio injustificado en sus
intereses legítimos[183].
Aplicado lo anterior al caso concreto, no se
advierte que la medida aquí prevista afecte la directriz constitucional que
impone al Estado el deber de proteger la propiedad intelectual y, por ende, los
derechos de autor, ya que su consagración, lejos de disminuir las garantías que
se otorgan al productor o a los autores de las obras audiovisuales, como
expresamente se consagra en la norma demandada[184], lo que hace es
estimular, incentivar o compensar con un reconocimiento económico, el aporte
intelectual que se efectúa por estos últimos, a favor de la cultura, el entretenimiento
y la identidad nacional.
Tampoco se desconocen los derechos afines
que se interrelacionan con la garantía de los derechos de autor, toda vez que
no aprecia un detrimento o menoscabo que impacte en el desenvolvimiento del
libre desarrollo de la personalidad o de la libertad de expresión. Por el
contrario, el derecho que se crea se convierte en un estímulo que los favorece,
al asegurar un ingreso para que los autores sigan originando obras
audiovisuales y plasmen en ellas su visión sobre los distintos ámbitos
susceptibles de exposición.
La connotación de otorgarle al derecho de
remuneración equitativa el carácter de irrenunciable e intransferible, de
manera alguna atenta contra la normal explotación de la obra, ni causa a su
titular un perjuicio injustificado en sus derechos e intereses legítimos. Ello
es así, por una parte, porque se mantiene incólume el ejercicio de los derechos
patrimoniales exclusivos que se cedan al productor por vía contractual o
por aplicación de la presunción de legitimación que se incorpora en el artículo
98 de la Ley 23 de 1982, como se señala de forma expresa en la norma demandada[185];
y por la otra, porque con el nuevo derecho que se introduce en ningún caso se limitan
los actos de comunicación pública de la obra, ni siquiera en las hipótesis
previstas en el parágrafo 2 del precepto legal demandado, al tratarse de una
garantía que solo otorga un derecho de retribución económica, sin
brindar herramienta alguna que le permita a los autores prohibir, limitar o
condicionar el uso, explotación o disposición de la creación audiovisual.
En este sentido, no puede decirse que se
desnaturaliza o se deforma el alcance de los derechos patrimoniales de autor,
toda vez que, aunque por lo general tienen un alcance dispositivo, dicha
característica se predica por excelencia de los derechos exclusivos más no de
los de simple remuneración, los cuales tienden a ser irrenunciables e intransferibles,
por cuanto solo facultan a su titular para cobrar por su uso en determinados
casos, en la mayoría de las oportunidades con miras a lograr una mayor equidad
en la explotación de las obras del intelecto. Esto se advierte en otros
derechos de igual connotación o naturaleza al que es objeto de demanda, como
ocurre con el derecho de reventa de obras o droit de suite[186], con
la participación equitativa en la comunicación al público de fonogramas[187], con los contratos de
producciones fotográficas[188],
o con la remuneración a favor de los artistas intérpretes de obras audiovisuales[189].
Lo anterior se refuerza con la
circunstancia de que los derechos patrimoniales, por su connotación económica,
admiten una mayor intervención por parte del legislador, por lo que no se
advierte arbitrariedad alguna en otorgarle al derecho de remuneración
equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales el carácter de
irrenunciable e intransferible, cuando en ello subyace la intención de mejorar
las condiciones en que se remunera el trabajo de los autores[190], como finalidad que
tiene plena correspondencia con los objetivos previstos en el artículo 334 del
Texto Superior[191].
(ii) En segundo lugar, si bien la decisión
adoptada por el legislador restringe la autonomía de la voluntad, en lo referente
a la posibilidad de disponer sobre un derecho, dicha determinación es
concordante con la visión moderna que tiene esta garantía en términos
constitucionales, conforme a la cual se admite su limitación para lograr
la promoción del interés social y el goce efectivo de los derechos
constitucionales, de suerte que se trata de una medida que se ampara en un
principio de razón suficiente y que no resulta desproporcionada.
- Para la Corte, en el asunto sub-judice,
la limitación se justifica, inicialmente, por la necesidad de mejorar las
condiciones en las que se efectúa el trabajo de los autores de creaciones
audiovisuales. En efecto, como lo sostienen la mayoría de los intervinientes,
lo que se busca es que los directores, autores de música, guionistas y/o
dibujantes, quienes ceden sus derechos patrimoniales exclusivos al productor de
una obra cinematográfica, por vía convencional o por presunción de
legitimación, sobre la base de una renta que por lo general solo cubre el
momento de producción de la obra, cuenten hacia el futuro con un beneficio
económico que retribuya los actos de comunicación pública derivados de su reutilización,
alquiler comercial, puesta a disposición u otro acto similar, con el fin de
conseguir una distribución más equitativa de los ingresos que se derivan de la
explotación de una creación del intelecto, a través de una nueva remuneración
que cubra los períodos labores inactivos y que asegure un trato equitativo en
el sector, caracterizado por la intermitencia de los vínculos, la contratación
frecuente mediante prestación de servicios y la variabilidad de los honorarios.
La prestación funciona entonces con un fin eminentemente solidario, ya que sin
perjuicio de los réditos que obtiene el productor por su utilización, toda
nueva proyección, emisión o transmisión de la obra, va a permitir que sus
autores tengan un soporte económico que les permita en el futuro beneficiarse
de la producción realizada[192].
Así las cosas, no cabe duda de que la
limitación adoptada por el legislador, en los términos expuestos, constituye un
claro desarrollo de lo previsto en el artículo 27 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH), conforme al cual “[t]oda persona tiene
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora”, así como de lo dispuesto en el artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que
igualmente se consagra que toda persona tiene derecho a “[b]eneficiarse de
la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora”.
- Pero, adicionalmente, la limitación
respecto del carácter intransferible del derecho a la remuneración equitativa
por la comunicación pública de obras cinematografías, también se explica como
un medio para lograr el interés social y realizar el principio de solidaridad. En
cuanto al primero, porque al consagrar una nueva fuente de ingresos para los
autores, se estimula la puesta en práctica de su intelecto para alcanzar un
mayor auge en la creación de obras que plasmen la identidad nacional y que
sirvan de motor para el desarrollo de la cultura (CP art. 72). Lo anterior, sobre
la base de que la Corte declaró exequible el artículo 2 de la Ley 23 de 1982,
en el que se reputa como de interés social la protección de los derechos de
autor[193].
Y, en lo relativo al segundo, porque los ingresos que se garantizan para los
autores, en términos de equidad, buscan cubrir sus períodos inactivos, de
suerte que el pago que realizan los emisores no tiene un propósito exclusivo de
lucro, al tratarse, por sobre todas las cosas, de un soporte material para que
los primeros puedan beneficiarse continuamente de sus creaciones en el futuro.
- Aunado a lo anterior, la restricción que
se impone es específica y no genérica, por lo que su aplicación se circunscribe
a los actos de comunicación pública, tal determinación, como ya se dijo, constituye
una herramienta creada para brindar una mayor equidad en la distribución de los
ingresos que se obtienen por los autores, con miras a estimular su labor, el
auge de la producción audiovisual y la cultura, básicamente en respuesta a la
presunción de legitimación que se consagra en el uso y explotación de los
derechos patrimoniales exclusivos de autor, a favor de los productores[194]. En este orden de
ideas, la medida cumple un objetivo adicional, pues torna efectivo lo previsto
en el inciso 2 del artículo 71 de la Constitución, conforme al cual es deber
del Estado crear “incentivos para [que las] personas (…) desarrollen y
fomenten (…) las manifestaciones culturales (…)”.
En conclusión, no cabe duda de que el
carácter irrenunciable e intransferible del derecho a la remuneración
equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales, como límite a la
posibilidad de disponer de un derecho patrimonial en desarrollo de la autonomía
de voluntad privada, se explica por el carácter relativo de esta última
garantía, que admite, como en este caso, el señalamiento de restricciones que
apelan a lograr un interés social, a impulsar el principio de solidaridad y a
brindar mayor equidad en los ingresos que se derivan de la comunicación pública
de una obra. En este contexto, la Corte observa que existe un principio
de razón suficiente que justifica en términos constitucionales la medida que se
adopta y que, además, permite garantizar el principio de proporcionalidad, si
se tiene en cuenta que sus beneficios son mayores que los
costos que genera en términos de afectación de derechos. En efecto, salvo la
restricción que se impone a la libertad de negociación, los réditos de la
medida aseguran la promoción del intelecto, el auge de la producción
audiovisual nacional y el incentivo de la cultura. Por lo demás, al tratarse de
un derecho de mera remuneración de contenido específico, no se afectan de forma
alguna los derechos patrimoniales exclusivos cuya disponibilidad es plena, al
tenor de lo previsto en el artículo demandado, en armonía con lo señalado en el
artículo 13 de la Decisión 351 de 1993.
Por el conjunto de razones expuestas, este
Tribunal concluye que el aparte acusado del artículo 1º de la Ley 1835 de 2017,
que modificó el artículo 98 de la Ley 23 de 1982, debe ser declarado exequible,
no sin antes aclarar que los fallos que se invocan por la accionante para
justificar la esencialidad del atributo de la disponibilidad de los derechos
patrimoniales de autor no son aplicables al caso sub-examine, toda vez
que, en lo que corresponde a la Sentencia C-966 de 2012[195], la discusión que
allí se adelantó refiere a un juicio de igualdad por la distribución equitativa
de la remuneración derivada de los fonogramas publicados con fines comerciales
que se usan directamente para la radiodifusión, en la que tan solo se señaló, a
manera de obiter dicta, las características que de forma tradicional
identifican a los derechos en mención, sin distinguir entre aquellos que tienen
un contenido exclusivo frente a los que cumplen una labor de mera remuneración.
Y, en lo que atañe a la Sentencia C-155 de 1998[196], porque el juicio
propuesto se concentró en una irrenunciabilidad genérica de todos los derechos
de autor y conexos, lo que resulta diferente a la medida específica que aquí se
impone, que no vacía de forma absoluta el principio de libertad contractual en
materia de derechos de autor y que, además, responde a la particularidad de
tratarse de una nueva garantía distinta a los tradicionales derechos de
explotación.
6.6. Examen del cargo relacionado con la
supuesta infracción del derecho a la igualdad
6.6.1. Alcance y contenido de la
acusación realizada
6.6.1.1. La segunda acusación que se alega
supone una vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Carta y su formulación se orienta a cuestionar el mismo
aparte del precepto demandado expuesto en el cargo anterior, a saber: “No
obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos
en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a
recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se
hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por
quien realice la comunicación pública”.
En criterio de la accionante, el trato
desigual se presenta entre el autor de una obra cinematográfica respecto de los
autores de otro tipo de obras colectivas, es decir, obras que son producidas
por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona
natural o jurídica que la coordine bajo su nombre, tal como ocurre con algunas
obras literarias, las obras de multimedia (v.gr, los videojuegos) y ciertos
programas de ordenador (software).
En este sentido, afirma que la desigualdad
se presenta en la medida en que los autores de obras diferentes a las
cinematográficas mantendrán la facultad de transferir todos sus derechos
patrimoniales sin limitación alguna. Caso contrario a lo que ocurre respecto de
este último creador, el cual tiene prohibido ejercer el atributo de disposición
frente al derecho de remuneración por comunicación pública, sin que existan
razones que validen, legitimen o justifiquen dicha distinción de trato.
6.6.1.2. Los
intervinientes, con una excepción[197], solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de la norma
acusada, al considerar (i) que no cabe el juicio de igualdad que se propone,
pues cada obra del intelecto tiene una regulación particular, que la dota de
unas características únicas que provienen del tipo de creación o producción que
se realiza, por lo que no es posible plantear un problema de discriminación en
el trato, con la sola afirmación de que se trata de sujetos puestos en igualdad
de condiciones; (ii) además el objeto de la disposición acusada es el de
impulsar el mandato de igualdad material frente a los autores de obras audiovisuales,
si se tiene en cuenta que los artistas intérpretes ya son titulares del derecho
a la remuneración equitativa, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
1403 de 2010, o Ley Fanny Mikey.
No obstante, cabe aclarar que algunos intervinientes
sugieren en este punto la adopción de un fallo inhibitorio, por el
desconocimiento de las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia,
pues no se explica por qué los sujetos son comparables. Lo anterior, con la
salvedad que realiza el Procurador General de la Nación, quien alega que se
incumple la carga de certeza, al confundir la accionante la naturaleza
del derecho que es objeto de limitación.
6.6.2. La igualdad como valor, principio
y derecho
Como lo ha reseñado la jurisprudencia de la Corte, la igualdad
tiene un triple rol en el ordenamiento constitucional: el de valor, el de
principio y el de derecho[198].
En tanto valor, la igualdad es una norma que establece fines o propósitos, cuya
realización es exigible a todas las autoridades públicas y en especial al
legislador, en el desarrollo de su labor de concreción de los textos
constitucionales. En su rol de principio, se ha considerado que dicha garantía
opera como un mandato de optimización que dispone un deber ser específico, que
admite su incorporación en reglas concretas derivadas del
ejercicio de la función legislativa o que habilita su uso como
herramienta general en la resolución de controversias sometidas a la decisión
de los jueces. Finalmente, en tanto derecho, se manifiesta en una facultad subjetiva
que impone deberes de abstención –como
la prohibición de discriminación–, al mismo tiempo que
exige obligaciones puntuales de acción, como ocurre con la consagración de
tratos favorables para grupos puestos en situación de debilidad manifiesta.
A pesar de lo anterior, como ha sido resaltado por este
Tribunal, la igualdad carece de un contenido material específico, es decir, “a
diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no
protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que
puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado”[199].
De ahí surge uno de los principales atributos que la identifica como lo es su
carácter relacional.
En todo caso, vista la igualdad como principio, su contenido
puede aplicarse a múltiples ámbitos del quehacer humano, y no solo a uno o
alguno de ellos. Esta circunstancia, en lo que corresponde a
la igualdad de trato, comporta el surgimiento de dos mandatos específicos cuyo
origen responde al deber ser que le es inherente, esto es, (i) el de dar un mismo trato a supuestos de hecho equivalentes,
siempre que no haya razones suficientes para darles un trato diferente; y
(ii) el de dar un trato desigual a supuestos de hecho distintos[200].
Los antedichos mandatos, conforme al grado
de semejanza o de identidad, se pueden precisar en cuatro reglas: (a) la de dar
el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (b) la de dar un trato
diferente a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (c) la
de dar un trato paritario o semejante a situaciones de hecho que presenten
similitudes y diferencias, cuando las primeras sean más relevantes que las
segundas; y (d) la de dar un trato diferente a situaciones de hecho que
presenten similitudes y diferencias, cuando las segundas más relevantes que las
primeras[201].
En atención a su carácter relacional, el
análisis de la igualdad da lugar a un juicio tripartito, ya que involucra el
examen del precepto demandado, la revisión del supuesto o régimen jurídico
respecto del cual se alega el trato diferenciado injustificado y la
consideración del principio de igualdad. Por ello, ante la dificultad de este
examen, la Corte suele emplear herramientas metodológicas como el juicio
integrado de igualdad[202].
Este se compone de dos etapas de análisis. En la primera, se establece el criterio
de comparación o tertium comparationis, es decir, se precisa si los
supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o
situaciones de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo,
se define si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato
desigual entre iguales o igual entre desiguales.
Una vez establecida la diferencia de trato
entre situaciones o personas que resulten comparables, se procede, como segunda
parte de este juicio, a determinar si dicha diferencia está constitucionalmente
justificada, esto es, si los supuestos objeto de análisis ameritan un trato
diferente a partir de los mandatos consagrados en la Constitución. Este examen
consiste en valorar los motivos y razones que fueron expresados para sustentar
la medida estudiada y para obtener la finalidad pretendida. Para tal efecto y
como metodología se analizan tres aspectos: (i) el fin buscado por la medida,
(ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin[203].
Con todo, la jurisprudencia ha
sostenido que la admisión o viabilidad de un cargo por
violación del citado derecho, no se limita a la simple manifestación de
considerar que las disposiciones objeto de controversia establecen una
discriminación y que, por ello, son contrarias al artículo 13 Superior[204].
En efecto, para poder establecer –en un marco relacional– si existe una
diferencia de trato carente de justificación, es preciso que el actor manifieste
(i) cuáles son los sujetos que se comparan y por qué ellos deberían recibir el
mismo trato; (ii) en qué sentido se presenta una
diferenciación y (iii) con base en qué criterios es que ella se produce[205].
La falta de cumplimiento de
estas exigencias conduce a un desconocimiento de las cargas de pertinencia,
especificidad y suficiencia. En cuanto a la carga de pertinencia, porque
no se verificaría el juicio de contradicción normativa entre una norma de rango
legal y una de rango constitucional, al limitarse el alcance de la acusación a
una valoración de conveniencia sobre la distinción de trato consagrada en la
ley. En relación con la carga de especificidad, porque no se exhibiría
cuál es el problema de legitimidad constitucional que surge de la norma
demandada, como consecuencia de la posibilidad que tiene el legislador de
prever consecuencias normativas distintas frente a supuestos de hecho no
asimilables. Y, en cuanto a la carga de suficiencia, porque no existiría
el mínimo razonamiento jurídico para poner en entredicho la presunción de
constitucionalidad que ampara a todas las normas legales, como consecuencia de
la aplicación del principio democrático.
6.6.3. Cuestión previa. Examen de
aptitud del cargo
En el asunto bajo examen, la Corte encuentra que no cabe
realizar un pronunciamiento de fondo respecto del cargo propuesto, ya que el
mismo no satisface los mínimos del juicio de igualdad. En primer lugar, porque
no se identifican en realidad cuáles son los sujetos que deben compararse, al
limitarse la accionante a invocar en general a los autores de otro tipo de
obras colectivas, sin detallar dentro de ese universo a cuáles se refiere y por
qué ellos estarían en una situación equivalente o análoga a la de los autores
de obras audiovisuales, como ocurre con los ejemplos que simplemente insinúa relativos
al “caso de obras literarias en donde hay aportes de diferentes autores”,
a “algunos programas de ordenador (software)” y “a las obras de
multimedia (videojuegos)”[206].
De esta manera, como lo advierten la mayoría de los
intervinientes, no es posible adelantar el juicio de igualdad, toda vez que la
demanda se limita a invocar la existencia de una discriminación, sin exponer
argumentos que permitan establecer cuáles son los sujetos que comparan y por
qué ellos deben recibir un mismo trato, sobre todo cuando la
regulación de cada obra del intelecto responde a sus propias particularidades,
como ocurre en el caso bajo examen, en el que las creaciones audiovisuales
tienen un capítulo especial que las regulan[207],
que se sujeta a la particularidad de otorgar una presunción de cesión sobre los
derechos patrimoniales exclusivos de autor a favor del productor. En este
contexto, como ya se dijo, se entiende que la demanda no cumple con las cargas
de especificidad, pertinencia y suficiencia.
En segundo lugar, la acusación propuesta
también desconoce la carga de suficiencia, (i) cuando la correlación abstracta
que se realiza omite tener en cuenta que la remuneración equitativa que se
consagra en la ley corresponde a un derecho nuevo, respecto del cual no se
aclara si el resto de los autores de obras colectivas son titulares de esa
misma prestación y si, en relación con ellos, tal garantía permite o no su
plena disponibilidad. Esta explicación es esencial, pues sin ella no es posible
determinar si los sujetos involucrados se hallan en una misma situación de
hecho. En otras palabras, en materia de derechos de autor, no cabe un juicio de
igualdad cuando la comparación se realiza entre sujetos que tienen distintos
derechos, como ocurre con aquellos que gozan de derechos exclusivos frente a
quienes tienen derechos de mera remuneración, ya que se trata de garantías
patrimoniales distintas.
Finalmente, en línea con el desconocimiento
de la carga de suficiencia, la Corte encuentra que la demanda carece de
la entidad necesaria para suscitar un debate de constitucionalidad, cuando de
igual manera se prescinde de la consideración respecto de la búsqueda de
asegurar la igualdad material, frente a otros sujetos que participan en la
producción audiovisual, como ocurre con los artistas intérpretes, respecto de
los cuales desde la Ley 1403 de 2010, se consagra el derecho a la remuneración
equitativa por la comunicación pública de obras cinematográficas, regulación
que fue avalada por este Tribunal en la Sentencia C-912 de 2011[208].
Por el conjunto de razones expuestas, la
Sala Plena se inhibirá de adoptar una decisión de fondo respecto del cargo
vinculado con la supuesta vulneración del derecho a la igualdad.
6.7. Examen del cargo sobre la violación
del principio de irretroactividad de la ley y del desconocimiento de los
derechos adquiridos
6.7.1. Alcance y contenido de la
acusación realizada
6.7.1.1. El tercer y último cargo se
concreta en el presunto desconocimiento de los derechos adquiridos y de la
prohibición de retroactividad de la ley, como garantías previstas en el
artículo 58 de la Constitución Política. La acusación se encamina
específicamente al siguiente aparte de la norma demandada: “La remuneración
a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las cesiones de
derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley (…)”.
Para justificar la vulneración que se
alega, la accionante señala que, en materia de obras cinematográficas, antes de
la entrada en vigencia de la Ley 1835 de 2017, la transferencia de los derechos
patrimoniales operaba por las dos vías existentes en el ordenamiento jurídico,
según se acogiera por los interesados, esto es, la cesión de carácter
convencional o la presunción legal, prevista en el artículo 98 de la Ley 23 de
1982.
Por consiguiente, cuando el precepto
impugnado señala que el derecho de remuneración por comunicación pública que
ahora se reconoce a los autores es intransferible y, por ende, “no se entiende
comprendido en las cesiones de derechos realizadas con anterioridad a la ley
que se demanda”, lo que está haciendo es desconociendo una situación jurídica
consolidada en cabeza de un tercero cesionario de los derechos (ya sea por
convenio o por presunción legal), y con ello vulnerando la garantía de los derechos
adquiridos.
De esta manera, la demandante concluye que
“[de] mantenerse la norma demandada, los titulares derivados de derechos
patrimoniales de autores de obras cinematográficas, se enfrentarían a un
escenario de inseguridad jurídica, al encontrarse que los derechos que
obtuvieron previamente, de conformidad con la ley hasta entonces vigente, son
desconocidos por el legislador por una ley posterior y, en consecuencia,
extraídos de su esfera patrimonial, sin que medie o se configure una situación
prevista para tal fin por el ordenamiento jurídico”[209].
6.7.1.2. Los intervinientes, con una
excepción[210],
solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada, al
considerar (i) que de ninguna manera la ley es retroactiva, pues sus efectos o
consecuencias en derecho se producen con posterioridad a su promulgación.
Además, (ii) el alcance de la expresión “no se entenderá comprendida en las
cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta
ley”, debe entenderse en el sentido común de aclarar que el nuevo derecho
que se dispone a favor de los autores de obras audiovisuales, creado por el
legislador con un carácter de simple remuneración, no puede estar incorporado
en las cesiones contractuales que se hubieren celebrado previo a la publicación
de la ley. En efecto, (iii) no es posible ceder en contratos preexistentes
derechos que todavía no han sido plasmados en el ordenamiento jurídico, pues
todo negocio se limita a las garantías vigentes al momento de su celebración, ya
que lo contrario daría lugar a un escenario de abuso del derecho. Por otra
parte, (iv) no se afectan situaciones jurídicas del productor, ya que el pago
que se debe realizar se encuentra a cargo del emisor o utilizador de la obra; (v)
aunado a que no existe ningún precepto que haya derogado disposición alguna, de
carácter legal o contractual, referente a los derechos patrimoniales de los
productores.
Por su parte, a juicio del Procurador
General de la Nación, “el derecho de remuneración por comunicación es un derecho
patrimonial que no se había reconocido en el ordenamiento jurídico previamente,
y en consecuencia no es posible afirmar que algún [autor] hubiese dispuesto de
este con anterioridad a la expedición de la norma. En otras palabras, al
tratarse de un derecho nuevo, antes de su reconocimiento legal no existía la
posibilidad de transferirlo, es decir que no existen derechos adquiridos en la
materia y por lo tanto no se está afectando a terceros con la norma acusada”[211].
6.7.2. Cuestión previa. Examen de aptitud
del cargo
Aun cuando existen solicitudes genéricas de
inhibición[212],
la Corte advierte que respecto del cargo propuesto se satisfacen en su
integridad los requisitos de certeza, claridad, especificidad, pertinencia y
suficiencia, pues la acusación parte de una proposición jurídica real y
existente, cuyo contenido es comprensible, la cual se soporta en una aparente
contradicción con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución, y cuyo
desarrollo, a partir de las intervenciones ciudadanas y del concepto del
Procurador, demuestra que goza de un alcance persuasivo mínimo para suscitar
una duda en relación con la constitucionalidad del precepto demandado.
6.7.3. La aplicación de la ley en el
tiempo
Las normas superiores que refieren
explícitamente a los efectos que se derivan por el tránsito de las leyes en el
tiempo, son los artículos 58 y 29 de la Constitución. De acuerdo con el
primero, “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social.” Al tenor del segundo, “[n]adie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.”
Con fundamento en las normas
constitucionales transcritas, puede afirmarse que la regla general en relación
con los efectos de la ley en el tiempo es la irretroactividad, entendida
como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que
se produzcan a partir de su vigencia. De suerte que, si una situación jurídica
se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un
conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones
que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la nueva ley.
La necesidad de establecer cuál es el marco
normativo que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho
tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se
producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho bajo la ley antigua, pero la
nueva señala otras condiciones para el reconocimiento de sus efectos. La
fórmula que surge del mencionado artículo 58 Superior para solucionar estos
conflictos, como ya se dijo, es la de exigir el respeto por el principio de irretroactividad
de la ley, pues a través de él se garantiza que se respeten los derechos
legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten
las meras expectativas. Esta regla opera bajo la excepción expresa que se prevé
en el artículo 29 de la Carta, en la que se permite la aplicación retroactiva
de las leyes penales que sean favorables para el sindicado o el condenado.
Ahora bien, cuando se trata de situaciones
jurídicas en curso, que no estén consolidadas ni que hayan dado lugar al
surgimiento de derechos adquiridos al momento de entrar en vigencia la nueva
ley, esta Corporación ha explicado que ella entra a regular esas situaciones en
el estado en que se encuentren, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido
bajo la ley antigua. Este fenómeno se conoce con el nombre de retrospectividad.
Precisamente, en la
Sentencia T-389 de 2009[213],
este Tribunal puntualizó que, por regla general, el
efecto en el tiempo de las normas es el de la aplicación inmediata y hacia el
futuro, “pero con retrospectividad, (…) siempre que la misma norma no
disponga otro efecto temporal (…)”. De este modo, “aquello que dispone una
norma jurídica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la
posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado, es decir,
situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma”.
La retrospectividad se ha asociado por la
jurisprudencia con la necesidad de lograr la satisfacción de los principios de
equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, en la
superación de situaciones marcadamente discriminatorias o lesivas del valor de
la justicia o con cambios sociales y culturales que impactan en el marco
jurídico vigente. Tal es el caso de lo que ocurre con las normas que rigen el
derecho laboral, los créditos de consumo a largo plazo, las tasas de interés y
otros en los que las situaciones jurídicas no están consolidadas, sino en curso[214].
6.7.4. Examen de fondo del cargo
formulado por la accionante
A partir de las consideraciones expuestas
en esta sentencia, este Tribunal concluye que el cargo propuesto no está
llamado a prosperar, por las siguientes razones:
- En primer lugar, como se ha advertido a
lo largo de esta providencia, el derecho a la remuneración equitativa por la
comunicación pública de obras audiovisuales es un derecho nuevo, cuya creación
a favor de los autores se consagra por primera vez en la Ley 1835 de 2017, por
lo que con anterioridad al citado estatuto legal dicha prestación era
inexistente, en la medida en que lo único que se preveía eran derechos
patrimoniales exclusivos de autor y no derechos patrimoniales de mera o simple
remuneración. Esto implica que el derecho impugnado solo es susceptible de
reclamación a partir del 9 de junio de 2017, fecha en la que entró en vigor la
Ley 1835 del año en cita. Por esta razón, en lo que refiere a la aplicación de
la ley en el tiempo, lejos de que se establezca un efecto retroactivo, el
artículo 2 de dicho estatuto dispone que su observancia es inmediata y hacia el
futuro, contado desde el momento en que surte su promulgación. Textualmente, en
la norma en cita, se señala que: “Artículo 2. Vigencia. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean
contrarias”.
En la práctica esto conduce a que toda
comunicación pública realizada desde el 9 de junio de 2017 da lugar al derecho
a la remuneración equitativa a favor de los autores; mientras que, por el
contrario, toda proyección, transmisión o emisión anterior a esa fecha, carece
de la posibilidad de originar el cobro del citado derecho, ya que no existe un
título que habilite una reclamación en tal sentido.
- En segundo lugar, la expresión: “La
remuneración a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las
cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley”,
carece de la posibilidad de afectar derechos adquiridos de manera previa a
la expedición y entrada en vigor de la Ley 1835 de 2017. En efecto, al no
existir para tal momento el derecho impugnado, el mismo jamás pudo ser objeto de
cesión a favor de los productores y, por lo mismo, bajo ninguna circunstancia
se estaría afectando una situación jurídica preexistente. Incluso, como se
señala en la ley, todo acto de transferencia se limita a las modalidades de
explotación vigentes al momento de su suscripción, sin que sea válido la
celebración de cesiones futuras indeterminadas[215]. Ello se complementa
con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 23 de 1982, en la que se aclara
que todo contrato debe ser interpretado de manera restrictiva, de suerte que no
otorgan más derechos que los expresamente conferidos por el autor en el
instrumento respectivo[216].
Y se refuerza con el principio indubio pro auctore, según el cual en la
aplicación de las normas sobre derechos de autor debe preferirse la interpretación
más favorable a los intereses del creador de la obra[217].
Así las cosas, el precepto demandado no tiene
efectos retroactivos, ya que a través él no está afectando nada de lo acordado
previamente entre los autores y el productor. Su alcance se limita a aclarar
que la remuneración nueva que se incorpora en la ley, precisamente por tratarse
de un derecho que no existía antes de su entrada en vigor, no puede entenderse
comprendida, bajo ninguna circunstancia, en las cesiones preexistentes, guardando
con ello plena armonía con el régimen normativo previsto en la Ley 23 de 1982 y
con el principio indubio pro auctore.
En línea con lo anterior, el único efecto
adicional que se deriva de la norma acusada, como lo advierte en su
intervención el Congreso de la República, es el de la retrospectividad, ya que
no solo frente a los contratos de cesión que se suscriban en el futuro, sino
incluso frente a los vigentes, no es posible pactar, acordar o estipular la
cesión del derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de
obras audiovisuales, al tratarse de un derecho de carácter irrenunciable e
intransferible de los autores.
De esta manera, en relación con los
vínculos jurídicos preexistentes, lejos de existir una afectación a situaciones
jurídicas consolidadas, lo que se aprecia es un ejercicio de complementación,
en el sentido de poner de presente que en ellos no se entiende cedido el nuevo
derecho de remuneración y que tampoco podrá llegar a ser objeto de
transferencia en un futuro.
- En tercer lugar, también se descarta que
la norma acusada tenga efectos retroactivos, cuando a través de ella no se
deroga –ni tácita, ni expresamente– nada de lo acordado de lo anterioridad, su
función es la de interpretar la forma como el nuevo derecho se articula con el
régimen preexistente, de ahí que utilice la expresión entender, que
refiere a darle sentido o aclarar el estado de las cosas[218].
- Por último, con la entrada en vigencia
del precepto demandado en nada se ven afectados los productores, ya que el
derecho a la remuneración equitativa, no les permite a los autores disponer
sobre la distribución, la reproducción o la comunicación pública de la obra
audiovisual, como derechos patrimoniales exclusivos que le corresponden al
primero, por cesión convencional o por aplicación de la presunción de
legitimación que se consagra en el inciso 1 del artículo 98 de la Ley 23 de
1982[219].
Este nuevo derecho –en su pago– le corresponde asumirlo de forma exclusiva al
emisor de la obra, y solo podría llegar a recaer sobre el productor, en el caso
de que este tenga dicha doble condición, hipótesis en la que la validez de la
norma se sustenta en los fines de interés social, trato equitativo y promoción
de la cultura ya expuestos, sin que por ello pueda considerarse que se le está
dando un efecto retroactivo, pues, como ya se aclaró, toda proyección,
transmisión o emisión anterior al 9 de junio de 2017, carece de la posibilidad
de originar un cobro por el citado derecho, toda vez que no existe un título
jurídico que habilite tal reclamación.
Por consiguiente, frente al cargo examinado
y por las razones expuestas, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Sala
Plena declarará la exequibilidad del aparte legal impugnado contenido en el
artículo 1º de la Ley 1835 de 2017. No sin antes insistir en que, como se
puntualizó, el derecho de remuneración creado por la ley no aplica para las
cesiones suscritas antes de la fecha de entrada en vigor de la norma impugnada,
aún si los efectos de dichas cesiones se materializan con su vigencia.
6.8. Síntesis
En esta
oportunidad, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 1835
de 2017, también conocida como Ley Pepe Sánchez, con ocasión de una demanda en
la que se consideró que con la estipulación del derecho a la remuneración
equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales (v.gr.
telenovelas, películas, cortometrajes, sketches, animaciones o cualquier otra análoga a estas), como un derecho irrenunciable e
intransferible de los autores (directores, libretistas, guionistas, dibujantes,
etc.), se desconoce, por una parte, la autonomía de la voluntad privada y el
derecho a la igualdad, al adoptar una medida contraria al carácter disponible
de los derechos patrimoniales de autor, como garantía genérica de los creadores
de obras colectivas; y por la otra, el principio de irretroactividad de ley, al
afectar con tal decisión los contratos de cesión preexistentes con el
productor, así como los derechos derivados de la presunción de legitimación que
se incorpora en el inciso 1 del artículo 98 de la Ley 23 de 1982[220].
Luego de
plantear algunas consideraciones generales sobre los derechos de autor,
incluyendo el examen de los componentes que lo integran, la categorización de
las garantías que hacen parte de sus derechos patrimoniales, el marco normativo
que les resulta aplicable y su articulación con el bloque de
constitucionalidad, la Corte concluyó, inicialmente, que no cabía adelantar un
examen de fondo respecto de la aparente violación de los artículos 9 y 227 de
la Constitución, en armonía con las remisiones que la accionante realiza al
artículo 3 de la Ley 23 de 1982, los artículos 9, 29, 30 y 31 de la Decisión
351 de 1993 y el artículo 14 del Convenio de Berna. Ello es así,
primero, porque los cargos que se señalan no se sustentan en el contenido de
los preceptos superiores que se invocan como vulnerados, según lo exigen las
cargas de pertinencia y suficiencia. Segundo, porque la Ley 23 de 1982 no
constituye un parámetro para determinar la validez de las normas legales, ya
que corresponde a una disposición de naturaleza ordinaria. Y, tercero, porque,
además, las normas del derecho comunitario y del Convenio de Berna que se
proponen como vulneradas, al tratarse de una regulación que refiere a los
derechos patrimoniales y no a los derechos morales de autor, no integran el
bloque de constitucionalidad en ninguna de sus dos categorías (stricto o
lato sensu). Así las cosas, en línea con lo expuesto, este Tribunal aclaró
que los atributos de preeminencia y preferencia de las disposiciones
supranacionales solo despliegan sus efectos frente a la labor del legislador,
adquiriendo tales normas el mismo rango que las leyes ordinarias, por lo que
carecen de la jerarquía de los preceptos constitucionales. De esta manera, su
exhortación para justificar un cargo de inconstitucionalidad es contrario a las
cargas de pertinencia y suficiencia, en las que se funda la existencia de una
demanda en debida forma.
A
continuación, la Corte resaltó que si bien el carácter
irrenunciable e intransferible del derecho a la remuneración equitativa por la
comunicación pública de obras audiovisuales, constituye una barrera a la
posibilidad de disponer de un derecho patrimonial en desarrollo de la autonomía
de voluntad privada, tal restricción se explica por el carácter relativo de
esta última garantía, que admite, como en este caso, el señalamiento de
limitaciones que apelan a lograr un interés social, a impulsar el principio de
solidaridad y a brindar mayor equidad en los ingresos que se derivan de la comunicación
pública de una obra. En este contexto, este Tribunal señaló que existe un
principio de razón suficiente que justifica en términos constitucionales la
medida adoptada y que, además, se ajusta al principio de proporcionalidad, si
se tiene en cuenta que sus beneficios son mayores que los
costos que genera en términos de afectación de derechos. En efecto, salvo la
restricción que se impone a la libertad de negociación, los réditos de la
medida aseguran la promoción del intelecto, el auge de la producción
audiovisual nacional y el incentivo de la cultura.
Aunado a lo anterior, esta Corporación
resaltó que la medida adoptada igualmente tenía respaldo en la potestad de
configuración normativa del legislador, por virtud de la cual podía incorporar
un nuevo derecho de contenido patrimonial en el ámbito de las obras
audiovisuales a favor de los autores, más aún cuando tal determinación no
desconoce la directriz superior de brindar protección a los derechos de autor,
ni afecta derechos afines que se interrelacionan con su desarrollo (como ocurre
con la libertad de expresión), ni introduce condiciones irrazonables o
desproporcionadas para su ejercicio, ni atenta contra la normal explotación de
la obra, ni tampoco causa un perjuicio injustificado a los titulares del
derecho[221]. Ello ocurre, por una parte, porque se
mantiene incólume el ejercicio de los derechos patrimoniales exclusivos
que se ceden al productor por vía contractual o por aplicación de la presunción
de legitimación que se incorpora en el artículo 98 de la Ley 23 de 1982, y por
la otra, porque con el nuevo derecho que se introduce en ningún caso se limitan
los actos de comunicación pública de la obra, ni siquiera en las hipótesis
previstas en el parágrafo 2 del precepto legal demandado, al tratarse de una
garantía que solo otorga un derecho de retribución económica, sin
brindar herramienta alguna que le permita a los autores prohibir, limitar o
condicionar el uso, explotación o disposición de la creación audiovisual.
En seguida,
este Tribunal se abstuvo de realizar un pronunciamiento respecto del cargo
vinculado con el desconocimiento del derecho a la igualdad y, por ende, se
inhibió de adoptar una decisión de fondo. En primer lugar, porque no se
identificaron cuáles son los sujetos que deben compararse, al limitarse la
accionante a invocar en general a los autores de otro tipo de obras colectivas,
sin detallar dentro de ese universo a cuáles se refiere y por qué ellos
estarían en una situación equivalente o análoga a la de los autores de obras audiovisuales.
De ahí que, no sea posible provocar un juicio sobre el particular, toda vez que
la demanda se limitó a señalar la existencia de una discriminación, sin exponer
argumentos que permitan establecer cuáles son los sujetos que comparan y por
qué ellos deben recibir un mismo trato, sobre todo cuando la
regulación de cada obra del intelecto responde a sus propias particularidades,
como ocurre en el caso bajo examen, en el que las creaciones audiovisuales
tienen un capítulo especial que las regulan, que se sujeta a la particularidad
de otorgar una presunción de cesión sobre los derechos patrimoniales exclusivos
de autor a favor del productor. En este contexto, la Corte entendió que la
demanda no cumplió con las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia.
A ello cabe
agregar, en segundo lugar, que la acusación propuesta también desconoce la
carga de suficiencia, cuando la correlación abstracta que se realiza omite
tener en cuenta que la remuneración equitativa que se consagra en la ley
corresponde a un derecho nuevo, respecto del cual no se aclara si el resto de los
autores de obras colectivas son titulares de esa misma prestación y si, en
relación con ellos, tal garantía permite o no su plena disponibilidad. Esta
explicación es esencial, pues sin ella no es posible determinar si los sujetos
involucrados se hallan en una misma situación de hecho. En otras palabras, en
materia de derechos de autor, no cabe un juicio de igualdad cuando la
comparación se realiza entre sujetos que tienen distintas facultades, como
ocurre con aquellos que gozan de derechos exclusivos frente a quienes tienen
derechos de mera remuneración, ya que se trata de garantías patrimoniales
distintas.
Finalmente, esta
Corporación concluyó que el cargo relacionado con la violación del principio de
irretroactividad de la ley y el desconocimiento de los derechos adquiridos no
estaba llamado a prosperar, porque el derecho a la remuneración equitativa por
la comunicación pública de obras audiovisuales es un derecho nuevo, cuya
creación a favor de los autores se consagra por primera vez en la Ley 1835 de
2017, por lo que con anterioridad al citado estatuto legal dicha prestación era
inexistente, en la medida en que lo único que se preveía eran derechos
patrimoniales exclusivos de autor y no derechos patrimoniales de mera o simple
remuneración. Esto implica que el derecho impugnado solo es susceptible de
reclamación a partir del 9 de junio de 2017, fecha en la que entró en vigor la
Ley 1835 del año en cita. Por esta razón, en lo que refiere a la aplicación de
la ley en el tiempo, lejos de que se establezca un efecto retroactivo, el
artículo 2 de dicho estatuto dispone que su observancia es inmediata y hacia el
futuro, contado desde el momento en que surte su promulgación. Textualmente, en
la norma en cita, se señala que: “Artículo 2. Vigencia. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean
contrarias”.
Por lo demás, la expresión: “La
remuneración a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las
cesiones de derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley”,
carece de la posibilidad de afectar derechos adquiridos de manera previa a
la expedición y entrada en vigor de la Ley 1835 de 2017. En efecto, al no
existir para tal momento el derecho impugnado, el mismo jamás pudo ser objeto
de cesión a favor de los productores y, por lo mismo, bajo ninguna
circunstancia se estaría afectando una situación jurídica preexistente.
Incluso, como se señala en la ley, todo acto de transferencia se limita a las
modalidades de explotación vigentes al momento de su suscripción, sin que sea
válido la celebración de cesiones futuras indeterminadas (Ley 23 de 1982, art.
183). Ello se complementa con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 23 de
1982, en la que se aclara que todo contrato debe ser interpretado de manera
restrictiva, de suerte que estos no otorgan más derechos que los expresamente
conferidos por el autor en el instrumento respectivo.
Así las cosas, el precepto demandado no
tiene efectos retroactivos, ya que a través él no se está afectando nada de lo
acordado previamente entre los autores y el productor. Su alcance se limita a
aclarar que la remuneración nueva que se incorpora en la ley no puede
entenderse comprendida, bajo ninguna circunstancia, en las cesiones
preexistentes, guardando con ello plena armonía con el régimen normativo
previsto en la Ley 23 de 1982 y con el principio indubio pro auctore.
Por consiguiente, y a manera de conclusión, la Corte puntualizó que el derecho de
remuneración creado por la ley no aplica para las cesiones suscritas antes de
la fecha de entrada en vigor de la norma impugnada, aún si los efectos de
dichas cesiones se materializan con su vigencia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
En relación con los cargos examinados en
esta providencia, declarar EXEQUIBLE las expresiones: “No obstante,
la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el
artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a recibir
una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública incluida la
puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra
audiovisual, remuneración que será pagada directamente por quien realice la
comunicación pública” y “[l]a remuneración a que se refiere este
artículo, no se entenderá comprendida en las cesiones de derechos que el autor
hubiere efectuado con anterioridad a esta ley”, contenidas en el artículo 1º
de la Ley 1835 de 2017, que modificaron el artículo 98 de la Ley 23 de 1982.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y
archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidente
Ausente con excusa
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente con excusa
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El artículo 2 refiere a los fines
esenciales del Estado y entre ellos la demandante destaca el de “garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”; el artículo 4 dispone el principio de supremacía
constitucional; el artículo 9 establece que las relaciones exteriores se fundan
en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia; el artículo 13 reconoce el derecho a la igualdad; el artículo 14
plasma el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el artículo 16
consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad; el artículo 58
regula el principio de irretroactividad de las leyes; el artículo 61 se ocupa
de la protección de la propiedad intelectual; el artículo 227 trata de la
promoción de la integración económica, social y política de Colombia con las
demás naciones, especialmente, con los países latinoamericanos; y el artículo
333 incorpora la libertad económica.
[2] Las normas en cita disponen que: “Artículo
9. Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la
titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo
dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.” “Artículo
29. El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto
en la legislación nacional aplicable.” “Artículo 30. Las disposiciones
relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias
de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones
internas de los Países Miembros.” “Artículo 31. Toda transferencia de
los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se
entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas
expresamente en el contrato respectivo.”
[3] “Artículo
14. Derechos
cinematográficos y derechos conexos: 1. Adaptación y reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución pública y
transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas; 2. Adaptación de realizaciones
cinematográficas; 3. Falta de licencias obligatorias. 1) Los
autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de
autorizar: (i) la
adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución
de las obras así adaptadas o reproducidas; (ii) la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo
al público de las obras así adaptadas o reproducidas. // 2) La adaptación, bajo cualquier forma
artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias
o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de
la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras
originales. // 3) Las
disposiciones del Artículo 13.1) no son aplicables.” “Artículo 14bis. Disposiciones especiales relativas a las obras
cinematográficas: 1. Asimilación a las obras « originales »; 2. Titulares del
derecho de autor; limitación de algunos derechos de determinados autores de
contribuciones; 3. Algunos otros autores de contribuciones. 1) Sin
perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas
o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El
titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos
derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que
se refiere el artículo anterior. // 2) (a) La determinación de los
titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a
la legislación del país en que la protección se reclame. // (b) Sin embargo, en
los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a
los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra
cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales
contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular,
oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública,
transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público,
subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica. // (c) Para
determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación
del apartado (b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto
escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la
Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su
residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de
la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso
conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan
uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una
declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos
los demás países de la Unión. // (d) Por « estipulación en contrario o
particular » se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de
dicho compromiso. // 3) A menos que la legislación nacional no disponga otra
cosa, las disposiciones del apartado 2) (b) anterior no serán aplicables a los
autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización
de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo,
los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que
establezcan la aplicación del párrafo 2) (b) citado a dicho realizador deberán
notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será
inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la
Unión.” Énfasis realizado por la accionante.
[4] “Sobre derechos de autor”.
[5] La norma en cita sigue vigente y
corresponde al actual inciso primero del precepto legal demandado, conforme al
cual: “Artículo 98. Los derechos patrimoniales sobre la obra
cinematográfica se reconocerán, salvo estipulación en contrario a favor del
productor”. Al respecto, cabe aclarar que la Ley 23 de 1982, en el artículo
8, define al productor cinematográfico como “la persona
natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la
responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica”, al tiempo
que, en el artículo 95, consagra como autores de dicha creación a
los siguientes sujetos, a saber: “(a) el director o realizador; (b) el autor
del guion o libreto cinematográfico; (c) el autor de la música; y (d) el
dibujante o dibujantes, si se tratare de un diseño animado”.
[6] Se entiende por obras cinematográficas
“la cinta de video y videograma: la fijación, en soporte material, de
sonidos sincronizados con imágenes, o de imágenes sin sonidos”. Ley 23 de
1982, art. 8.
[7] La cesión convencional se realiza a
través de un contrato entre autor o autores y el cesionario o titular derivado,
con un alcance que puede ser total o parcial, según se incluya la totalidad o
solo algunos de los atributos de los derechos patrimoniales. Por su parte, la
cesión por disposición legal o cessio legis ocurre por virtud de un
mandato imperativo previsto en el ordenamiento jurídico, para los casos que
allí mismo se disponen.
[8] Como ya se dijo, artículo 14 plasma el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el artículo 16 consagra
el derecho al libre desarrollo de la personalidad; y el artículo 333 incorpora
la libertad económica.
[9] Folio 8 del cuaderno 1.
[10] En concreto se cita el artículo 3 de la
Ley 23 de 1982, según el cual: “Artículo 3. Los derechos de autor
comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: a) De disponer
de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su
libre albedrio dicte. (…)” Énfasis de la accionante.
[11] Se hace alusión a la Sentencia C-966 de
2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[12] Folio 9 del cuaderno 1.
[13] Que fueron objeto de cita en la nota a pie
No. 2.
[14] La accionante resalta de manera particular
el artículo 9 de la Decisión 351, subrayando los siguientes apartes: “Artículo
9. Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la
titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con
lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.”
[15] La norma en cita dispone que: “El
Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás
naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe
mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones
directas para la constitución del parlamento andino y del parlamento
latinoamericano”.
[16] Folio 15 del cuaderno 1.
[17] El original artículo 98 de la Ley 23 de
1982 únicamente establecía que: “Los derechos patrimoniales sobre la obra
cinematográfica se reconocen, salvo estipulación en contrario a favor del
productor”.
[18] Folio 22 del cuaderno 1. Cabe destacar
que, con fundamento en los tres cargos expuestos, la accionante solicita la
declaratoria de inexequibilidad de los apartes demandados del artículo 1º de la
Ley 1835 de 2017, que modificó el artículo 98 de la Ley 23 de 1982. Sin
embargo, de forma subsidiaria, pide que se declare la exequibilidad
condicionada en el “entendido de que no se desconocerán las disposiciones que
sobre derechos de autor hayan realizado sus titulares con anterioridad a la
vigencia de la norma acusada, y que los titulares de derechos autor pueden
disponer completamente de sus derechos y que esta presunción puede aplicar para
los casos en que no haya disposición expresa sobre el derecho de remuneración a
que se refiere la norma demandada, es decir de manera supletiva”. Folio 4 el
cuaderno principal.
[19] Ley 23 de 1982, art. 2.
[20] La norma en cita dispone que: “Artículo
173. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, o una
reproducción de este fonograma se utilicen directamente para radiodifusión o
para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una
remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes
o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada por el
utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de
fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas
conforme a la ley, y distribuida por partes iguales”. En igual sentido se
alude a los intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales protegidos por la
Ley Fanny Mikey.
[21] Se citan la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Confederación Internacional de Sociedades de
Autores y Compositores (CISAC).
[22] El artículo 2 de la Ley 1835 de 2017 dispone que: “Artículo
2. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga
todas aquellas que le sean contrarias”.
[23] La norma en cita dispone que: “Artículo
61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante
las formalidades que establezca la ley”:
[24] Folio 239 del cuaderno 2.
[25] En particular, el artículo 3 dispone que: “Artículo
3. El artista intérprete y ejecutante de una obra audiovisual, incluso
después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrá el derecho
irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por cualquiera de
los siguientes actos que se realicen respecto de soportes audiovisuales de
cualquier naturaleza, en que se encuentran fijadas o representadas sus
interpretaciones o ejecuciones audiovisuales: a) La comunicación pública y
radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de cable,
organismos de difusión y salas de cine, mediante cualquier tipo de emisión,
análogo o digital; // b) La puesta a disposición por medios digitales
interactivos; // c) El arrendamiento al público; y // d) La utilización directa
de un videograma o cualquier otro soporte audiovisual o una reproducción del
mismo, con fines de lucro, para su difusión en un recinto o lugar accesible al
publico mediante cualquier instrumento idóneo. // La remuneración a que se
refiere este artículo no se entenderá comprendida en las cesiones de derechos
que el artista hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afecta los
demás derechos que a los artistas intérpretes de obras les reconoce la Ley
17.336, sobre propiedad intelectual.” Énfasis realizado por el
interviniente. Esta ley se complementa con la Ley 20.959 o Ley Ricardo Larraín,
en cuyo artículo 1º, extiende la protección señalada a directores y guionistas.
Precisamente, la norma en cita establece que: “Artículo 1. Los
directores y guionistas de las obras audiovisuales gozarán también del derecho
irrenunciable e intransferible a recibir la remuneración establecida en el
artículo 3 de la Ley 20.243, con las limitaciones y excepciones contenidas en
el Título III de la Ley 17.336, cuando sean procedentes. (…)”. Énfasis
realizado por el interviniente.
[26] “Artículo 90. (…) 3. En
todo caso, y con independencia de lo pactado en el contrato, cuando la obra
audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de
entrada, los autores mencionados en el apartado 1 de este artículo tendrán
derecho a percibir de quienes exhiban públicamente dicha obra un porcentaje de
los ingresos procedentes de dicha exhibición pública. (…)”. Énfasis del interviniente.
[27] “(…) 10. Para que los autores y los
intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una
compensación adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para
poder financiar esta labor. (…)”.
[28] Folio 243 del cuaderno 2.
[29] Folio 244 del cuaderno 2.
[30] Esta intervención también aparece suscrita
por los Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión (DASC) y por la
Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas
Tecnologías (REDES), los cuales igualmente presentaron escritos individuales
ante la Corte, que serán objeto de resumen más adelante.
[31] La Ley de Derechos de Autor de 1992
dispone lo siguiente: “Artículo 14. (…) se presume, para el autor el
derecho a una remuneración equitativa dada por el proveedor de servicios de
televisión, arrendador o cualquier otra persona que utiliza la obra
audiovisual. Cualquier acuerdo que estipule la renuncia al derecho a recibir
remuneración equitativa será considerada nula”.
[32] La orden del 15 de febrero de 2007
establece que: “Artículo 1. Las partes acuerdan una remuneración
mínima a nombre de los autores, respecto de la explotación de sus películas,
mediante cualquier medio de telecomunicación por el que se puedan comunicar al
público, a acordar un precio individual por las obras, incluyendo pago por ver
y por suscripción, este derecho de remuneración será percibido directamente por
la SACD con los servicios de comunicación audiovisual en cuestión. (…)”.
[33] El artículo 1º de la
Ley 1403 de 2010 señala que: “Artículo 1. Adiciónese el artículo 168
de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: Artículo 168. Desde el
momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la
incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de
imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los
apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores. Parágrafo
1. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior, los artistas
intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en todo caso, el
derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las
obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus
interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán
prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial
de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente.”
Énfasis por fuera del texto original.
[34] Folio 378 del cuaderno 2.
[35] Folio 379 del cuaderno 2.
[36] Al respecto, se cita el artículo 154 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, en el que se establece que: “Artículo 154. (…) El autor que
haya transferido o cedido a un productor de grabaciones audiovisuales su
derecho de distribución mediante alquiler respecto de un original o una copia
de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una
remuneración equitativa por el alquiler de los mismos (…)”.
[37] El interviniente concluye su escrito
resaltando que la ley no pretende desconocer la importante labor que desarrolla
el productor, más bien, su objetivo es el de lograr “un justo equilibrio de los
reconocimientos económicos otorgados a los intervinientes en el proceso
creativo. Así, el productor tendrá en su cabeza las facultades exclusivas que
lo habilitan para explotar libremente la obra, y los autores conservarán en
todo caso un derecho de remuneración que podrán hacer efectivo antes quienes
realicen actos de comunicación pública”. Folios 227 y 228 del cuaderno 2.
[38] Folio 295 del cuaderno 2.
[39] Se menciona la Sentencia C-155 de 1998,
M.P. Vladimiro Naranjo Meza.
[40] Ley 23 de 1982, art. 2.
[41] Folio 281 del cuaderno 2.
[42] Ibídem.
[43] Ley 23 de 1982, capítulo VII.
[44] Véase, al respecto, la nota a pie No. 33.
[45] Folio 41 del cuaderno 1.
[46] Se alude al original artículo 98 de la Ley
23 de 1982, el cual, como ya se dijo, dispone: “Artículo 98. Los
derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica se reconocerán, salvo
estipulación en contrario a favor del productor”.
[47] “Artículo
13. El autor o, en su caso, sus
derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (…) b) La
comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o
las imágenes (…)”.
Énfasis derivado del contexto de la intervención.
[48] Folio 42 del cuaderno 1.
[49] El precepto en cita señala que: “No se
considerará comunicación pública, para los efectos del ejercicio de este
derecho, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del
recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre
suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el pago o reconocimiento de
este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos
abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de
sus trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no
sea la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de
ventas”.
[50] Folio 385 del cuaderno 2.
[51] Folio 496 del cuaderno 3.
[52] Véase, al respecto, la nota a pie No. 33.
[53] Se trata de los señores Harold Trompetero, Sergio Cabrera, Juan Carlos Villamizar Delgado, Cesar Augusto Ibagón
Espinosa, Mario Mitrotti, Diego León Hoyos Jaramillo, María Antonieta Navia
(Toni Navia), Alfredo Tappan V., Sergio Osorio, Andrés Biermann, Klych López,
Ricardo Gabrielli R., Mario Rivero Ferreira, María Isabel Escobar, Sandra
Liliana Bocanegra Velásquez, Anselmo Calvo Villamizar, Yuldor Gutiérrez, María
Cecilia Vásquez Jaramillo, Camila Loboguerrero Vergara, Agustín Restrepo Isaza,
Rodrigo Triana Montaña, Luis Arturo Ortegón Sánchez, Carmen Teresa Saldarriaga
García, Martha Liliana Rosas R., Miguel Ángel Vásquez Aguirre, William Fernando
Barragán Ordoñez, Mateo Stivelberg, Priscila Padilla Farfán, Josephine Lilly
Landertinger Forero, Santiago Vargas Henao, Andrés Baiz, Ciro Durán y Roberto
Reyes Toledo.
[54] La norma en cita dispone que: “(…) En
ejercicio de este derecho, los autores definidos en el artículo 95 de la
presente ley, no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la norma
explotación comercial de la obra cinematográfica por parte del productor”.
[55] Folio 459 del cuaderno 3.
[56] Folio 468 del cuaderno 3.
[57] Ibídem.
[58] Folio 482 del cuaderno 3.
[59] Folio 328 del cuaderno 2.
[60] Folio 210 del cuaderno 2.
[61] Folio 530 del cuaderno 3.
[62] El aparte cuestionado es del siguiente de
tenor: “No obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores
establecidos en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el
derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación
pública incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que
se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por
quien realice la comunicación pública.”
[63] El cargo se dirige respecto del siguiente
aparte normativo: “La remuneración a que se refiere este artículo, no se
entenderá comprendida en las cesiones de derechos que el autor hubiere
efectuado con anterioridad a esta ley”.
[64] M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre esta
materia se pueden consultar las Sentencias C-276 de 1996, C-053 de 2001,
C-851 de 2013 y C-035 de 2015.
[65] Énfasis por fuera del texto original.
[66] “Artículo
113. Se considerará como diseño industrial
la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación
de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.” Decisión 486 de la CAN.
[67] “Artículo
134. A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse
como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” Decisión 486 de la CAN.
[68] “Una patente
es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, una
patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un proceso
que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución
técnica a un problema.” Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Fuente:
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
[69] “Artículo
86. A
efectos del presente Título se entenderá por: a) circuito integrado: un producto, en
su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas
las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a
realizar una función electrónica; b) esquema de trazado: la disposición
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e
interconexiones de un circuito
integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado.” Decisión
486 de la CAN.
[70] “Artículo
201. Se entenderá por denominación de
origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una
región o de un lugar determinado,
o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una
zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación
u otras características
se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales
y humanos.” “Artículo 221. Se entenderá
por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que
designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.” Decisión 486 de la CAN.
[71] “Artículo 190. Se entenderá por nombre
comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil. (…)”
Decisión 486 de la CAN.
[72] Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas (art. 1) y Decisión 351 de la CAN (art. 1).
[73]“Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”
[74] “Artículo 150. Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…) 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y
las otras formas de propiedad intelectual”.
[75] “Artículo 150. Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…) 21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el
artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a
la libertad económica”. “Artículo 334. La dirección general de la
economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal
deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos
del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será
prioritario. // El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. (…)”.
[76] Sentencia C-833 de 2007, M.P. Rodrigo
Escobar Gil. Énfasis por fuera del texto original.
[77] En línea con lo anterior, por ejemplo, en
la Sentencia C-035 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte
manifestó que: “El poder de regulación del Congreso, si bien es amplio, en los
términos recién señalados, debe (i) orientarse a la protección de la propiedad
intelectual, y [a] (ii) no generar condiciones irrazonables y desproporcionadas
para acceder a ella”.
[78] Sentencia C-228 de 1995, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[79] Véase, al respecto, el Acuerdo de
Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena. Fuente:
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP
[80] Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Interpretación prejudicial 105-IP-2004.
[81] Sobre la prevalencia del derecho comunitario se pueden consultar las Sentencias C-228 de 1995, C-137 de 1996,
C-231 de 1997 y 256 de 1998.
[82] Al respecto, en la Sentencia C-137 de
1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se expuso que: “Como es sabido, el concepto de supranacionalidad -dentro del que
se inscribe el Acuerdo de Cartagena- implica que los países miembros de una
organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a
través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional
que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países
miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a
lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que
no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte,
esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos
nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces
nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún
asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida
por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre
las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de
conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) -dentro del efecto
conocido como preemption- a la norma nacional.”
[83] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[84] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[85] Estos requisitos se unifican en la
doctrina con el nombre de la regla de los tres pasos, herramienta de análisis
que se deriva del artículo 21 de la Decisión 351 de 1993, conforme al cual: “Las
limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos
casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen
perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de
los derechos”.
[86] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf
[87] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar
Ortiz Gutiérrez, en la que se sigue la definición propuesta por Lipszyc Delia, Derechos
de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco Cerlalc, 1993. Según la Real Academia de la Lengua Española por obra se entiende: “Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes (...)”. De igual
manera, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha dicho que
las obras son “toda creación intelectual,
original [y] expresada
en una forma reproducible.” OMPI, Glosario del
Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ginebra,
1980. P. 268.
[88] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
[89] El artículo 2.2 del Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas dispone que: “Sin
embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la
facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus
géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte
material”.
[90] Los artículos 52 y 53 de la Decisión 351
de 1993 establecen que: “Artículo 52. La protección que se otorga a
las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones
salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos
de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En
consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los
derechos reconocidos en la presente Decisión.” “Artículo 53. El registro
es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la
inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella
consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos
de terceros.”
[91] En términos similares, el artículo 2 de la
Ley 23 de 1982 establece que: “los derechos de autor recaen sobre las obras
científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las
creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su
destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las
obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las
pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras
de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras
fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo
a la fotografía a; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas,
planos croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a
la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio
científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por
cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía
o cualquier otro medio conocido o por conocer. (…)”.
[92] OMPI, Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos, 2016. Este
documento se encuentra en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf
[93] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
[94] Ibidem.
[95] El artículo 30 de la Ley 23 de 1982: “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo,
inalienable e irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad
de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se
realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley; //
b) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra,
cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su
reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; // c) A
conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él
cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; // d) A modificarla,
antes o después de su publicación, y // e) A retirarla de la circulación o
suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente
autorizada. Parágrafo 1. Los derechos anteriores no pueden ser
renunciados ni cedidos. (…)”. En términos similares, el artículo 6 bis de la Convenio de Berna
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante CBERPOLA o Convenio de
Berna) dispone que: “Artículo 6 bis. 1.) Independientemente de los
derechos patrimoniales de autor, e incluso después de la cesión de estos
derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la
obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de
la misma o a cualquier atentando a la misma que cause perjuicio a su honor o a
su reputación”. Por su parte, la Decisión 351 de 1993 establece que: “Artículo 11. El autor tiene el
derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a)
Conservar la obra inédita o divulgarla; // b) Reivindicar la paternidad de la
obra en cualquier momento; y, // c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación
que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. // A la
muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus
derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente
Decisión. // Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras
instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de
la integridad de su obra.”
[95] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[96] VEGA JARAMILLO, Alfredo. Manual de Derecho de autor. Dirección
Nacional de Derecho de Autor, 2010.
[97] Tal circunstancia se prevé en el caso
colombiano en el parágrafo 4 del artículo 30 de la Ley 23 de 1982, precepto en
el que se aclara que las atribuciones de modificación y de retracto “solo
podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios
que se les pudiere ocasionar”. El conjunto de atribuciones y derechos relacionados fue descrito por
la Corte en la Sentencia C-361 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, en los
siguientes términos: “[los derechos morales refieren] a la posibilidad de
que el autor de determinada creación, reivindique en cualquier momento la
paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o seudónimo cuando
esta se haga pública por cualquier medio. Comprende igualmente el derecho a
oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que
desconozca su reputación, así como a la posibilidad de mantenerla inédita o
anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública. En esta dimensión se
reconoce también el derecho del autor de suspender la circulación de su obra,
así la haya autorizado previamente reconociendo los respectivos perjuicios a
terceros.”
[98] “Parágrafo
2. A la
muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el
ejercicio de los derechos indicados en los numerales a) y b) del presente
artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el
ejercicio de estos derechos corresponderá́ a cualquier persona natural o
jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva.”
[99] “Artículo 27. // 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. // 2. Toda persona
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.”
[100] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[101] Sentencias C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, y
C-1118 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[102] Decisión 351 de 1993, artículo 17.
[103] Por fijación debe entenderse “la
incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material suficientemente
permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación”.
[104] En la Sentencia C-851 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, se expuso
que el derecho de reproducción de la obra puede darse mediante edición,
inclusión en audiovisual, fonograma o fijación en medio magnético.
[105] Ley 23 de 1982, art. 13. La norma en cita
dispone que: “Artículo 13. El
traductor de obra científica, literaria artística protegida, debidamente
autorizado por el autor o sus causahabientes, adquiere el derecho de autor
sobre su traducción. Pero al darle publicidad, deberá́ citar el autor y el
título de la obra originaria.”
[106] Ley 23 de 1982, art. 15. El precepto en
mención señala lo siguiente: “Artículo 15.
El que con permiso expreso del autor o de sus
causahabientes adapta, transporta, modifica, extracta, compendia o parodia una
obra del dominio privado, es titular del derecho de autor sobre su adaptación,
transporte, modificación, extracto, compendio o parodia, pero salvo convención
en contrario, no podrá́ darle publicidad sin mencionar el título de la
obra originaria y su autor.”
[107] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
[108] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
[109] M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
[110] Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
[111] Ley 23 de 1982, art. 183. El inciso
primero de la citada disposición consagra que: “Los derechos patrimoniales
de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada
dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y al
ámbito territorial que se determinen contractualmente (…)”.
[112] Ley 23 de 1982, art. 78. La norma en cita
dispone que: “Artículo 78. La interpretación de los
negocios jurídicos sobre derechos de autor será siempre restrictiva. No se
admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos
por el autor en el instrumento respectivo”.
[113] En la Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez,
se puso como “ejemplo (…) la legislación italiana en
la cual (...) se establece la cessio legis respecto de las
obras colectivas, cuyos editores tienen el derecho de explotación económica
(art.38)”.
[114] “Artículo 12. El
autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y
artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir: a) La
reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal,
mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma
electrónica. // b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o
procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a
disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener
acceso a ella desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija. //
c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la
venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad. // d) La
importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho. // e) El
alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. //
f) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[115] “Artículo
13. El autor o, en su caso, sus derechohabientes,
tienen el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir: a)
La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por
cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares
o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias
hechas sin autorización
del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la
obra.” Énfasis por
fuera del texto original.
[116] OMPI, Contenido del derecho de autor.
El autor, la obra, limitaciones y excepciones. 2004, p. 15.
[117] Ibidem, p.
16.
[118] OMPI, Contenido del derecho de autor. El autor, la obra, limitaciones y
excepciones. 2004, p. 17.
Énfasis por fuera del texto original.
[119] “Artículo 12. Cesión de derechos. 1.
Una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional que
cuando el artista intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la
fijación de su interpretación o ejecución en una fijación audiovisual, los
derechos exclusivos de autorización previstos en los artículos 7 a 11 del
presente Tratado pertenecerán o serán cedidos al productor de la fijación
audiovisual o ejercidos por este, a menos que se estipule lo contrario en un
contrato celebrado entre el artista intérprete o ejecutante y el productor de
la fijación audiovisual, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.
(…) 3. Independientemente de la cesión de los derechos exclusivos
descrita supra, en las legislaciones nacionales o los acuerdos individuales,
colectivos o de otro tipo se podrá otorgar al artista intérprete o ejecutante
el derecho a percibir regalías o una remuneración equitativa por todo uso de la
interpretación o ejecución, según lo dispuesto en el presente tratado (…)”.
[120] “Artículo
1. Adiciónese el artículo 168 de la Ley 23 de
1982, el cual quedará así: Artículo 168. Desde el momento en que
los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación
o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán
aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166
y c) del artículo 167 anteriores. // Parágrafo
1. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo
anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales
conservarán, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa
por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler
comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se
encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este
derecho no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal
explotación comercial de la obra audiovisual por parte de su productor,
utilizador o causahabiente.”
[121] Sentencia C-582 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[122] “Artículo 101. Los límites de
Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el
Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los
definidos por los laudos arbitrarles en que sea parte la Nación. (…)”.
[123] “Artículo 93. Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. (…)”.
[124] “Artículo 214.2. (…) En todo
caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. (…)”.
[125] Sentencia C-582 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[126] M.P. Fabio Morón Díaz.
[127] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de agosto de 2012,
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 11001-03-26-000-2012-00020-00.
[128] Ibídem.
[129] Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Proceso 2-IP-88. Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58,
76, 77 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia.
[130] Sentencia C-256 de 1998, M.P. Fabio Morón
Díaz.
[131] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[132] M.P. Fabio Morón Díaz.
[133] M.P. Humberto Sierra Porto.
[134] Sentencia C-988 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Énfasis por fuera del texto original.
[135] Véanse, entre otras, las siguientes sentencias: C-334 de 1993, C-276 de 1996, C-155
de 1998, C-1490 de 2000, C-988 de 2004, C-1118 de 2005, C-1197 de 2005, C-966
de 2012, C-1023 de 2012, C-851 de 2013 y C-148 de 2015.
[136] Véanse, entre otras, las sentencias C-231 de 1996, C-1490 de 2000,
C-1118 de 2005, C-1023 de 2012 y C-148 de 2015.
[137] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[138] Énfasis por fuera del texto original.
[139] En línea con lo anterior, en la Sentencia
C-620 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se señaló que: “Los
convenios internacionales suscritos por Colombia en materia económica y
comercial, así como del derecho comunitario, no despliegan una
jerarquía normativa superior a la prevista para las leyes ordinarias,
aplicables con base en un criterio de especialidad, sin desconocer la fuerza normativa
que revisten en virtud del principio del pacta sunt servanda (art. 26,
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969)”. Énfasis por
fuera del texto original.
[140] “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Berna para la
protección de las obras literarias y artísticas’, del 9 de septiembre de 1886,
completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre
de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de
junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y en París el 24 de julio de 1971”.
[141] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[142] “Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del
Código Penal”.
[143] Énfasis por fuera del texto original.
[144] Para el efecto se sigue la definición
propuesta en el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993.
[145] El artículo 8 de la Ley 23 de 1982 define
al productor cinematográfico como “la persona natural o jurídica que
tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de
la obra cinematográfica”.
[146] El director o realizador es
la persona que despliega su ingenio para la elaboración de las secuencias de
imágenes constitutivas de la obra audiovisual, sin su intervención no existiría
esta creación.
[147] El guionista es la persona que
consigna en una guía los diálogos que deben seguirse en la secuencia de las
imágenes.
[148] El autor o compositor
musical es el creador de las piezas de sonido que hacen parte de la obra.
[149] “Artículo 14 bis. (a) La
determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra
cinematográfica queda reserva a la legislación del país en que la protección se
reclame.”
[150] Como ya se dijo, la norma en cita dispone
que: “Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen
sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de
autorizar, o prohibir: a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o
forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el
almacenamiento temporal en forma electrónica. // b) La comunicación al público
de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o
inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que
los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el
momento en que cada uno de ellos elija. // c) La distribución pública del
original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma
de transferencia de propiedad. // d) La importación de copias hechas sin
autorización del titular del derecho. // e) El alquiler comercial al público
del original o de los ejemplares de sus obras. // f) La traducción, adaptación,
arreglo u otra transformación de la obra. (…)”. Énfasis por fuera del texto
original.
[151] Ley 23 de 1982, art. 78.
[152] Ley 23 de 1982, art. 183.
[153] La naturaleza especial de este derecho
como de simple o mera remuneración fue admitida de forma expresa por el
Congreso en el informe de ponencia para tercer debate en el Senado de la
República. Allí se manifestó que: “Este derecho de remuneración en nada se
opone a los derechos patrimoniales exclusivos presuntamente cedidos a favor de
los productores ya que, lo que se pretende es que, si bien existe una
presunción a favor del productor, quien es el que detenta derechos exclusivos,
se le reconozca monetariamente a los directores o realizadores y a los
guionistas y libretistas el uso de la obra cuando esta sea objeto de
comunicación pública.” Gaceta del Congreso No. 928 del 27 de octubre de
2016.
[154] Código Civil, art. 28.
[155] https://dle.rae.es/?id=ZxVCoJq
[156] En la exposición de motivos se afirmó que:
“Por lo general, en la práctica cuando se ejecuta una obra cinematográfica o
audiovisual, se ceden la totalidad de los derechos patrimoniales sobre la obra
por parte de quienes son autores a favor del productor de la obra, perdiendo
total control de los mismos debido al desequilibrio que existe en la relación
contractual y que arroja como resultado que los creadores no perciben nunca más
algún tipo de utilidad adicional por cada uso, reproducción o comunicación al
público que se hace de la obra y que en caso de las obras colombianas es
innumerable (…). Lo que se busca con la presente iniciativa es otorgar a los
directores o realizadores y a los guionistas y libretistas de obras cinematográficas
un mínimo reconocimiento económico que sea de carácter irrenunciable sobre las
obras en que hayan puesto su creatividad al servicio de los colombianos y del
público en general”. Gaceta del Congreso No. 124 del 5 de abril de 2016.
[157] Intervención de la Red Colombiana de
Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías (REDES), folio
254 del cuaderno 2.
[158] Véase la nota a pie No. 153.
[159] Este primer cargo se dirige contra la
siguiente expresión del inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 98 de la Ley 23
de 1982, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1835 de 2017, a saber: “No
obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos
en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a
recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se
hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por
quien realice la comunicación pública.”
[160] Folio 8 del cuaderno 1.
[161] En concreto se cita el artículo 3 de la
Ley 23 de 1982, según el cual: “Artículo 3. Los derechos de autor
comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: a) De disponer
de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su
libre albedrio dicte. (…)” Énfasis de la accionante.
[162] Los cuales fueron objeto de cita en la
nota a pie No. 2.
[163] El cual fue objeto de cita en la nota a
pie No. 1.
[164] Se trata de la intervención de Caracol
Televisión que comparte los mismos argumentos expuestos en la demanda.
[165] Intervenciones del Ministerio del
Interior; de la Dirección Nacional de Derecho de Autor; y de la Defensoría del
Pueblo.
[166] Decreto 2067 de 1991, art. 6.
[167] Sobre el particular, la Corte ha dicho
que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la
inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide
sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía
de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de
fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos,
esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es
en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y
profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”. Sentencia C-874 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[168] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[169] “Artículo 9. Las relaciones
exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y en al reconocimiento de los principios
del derecho internacional aceptados por Colombia. // De igual manera, la
política exterior de Colombia se orientará hacia integración latinoamericana y
del Caribe”. “Artículo
227. El Estado promoverá la integración
económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los
países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que
sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos
supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de
naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del
parlamento andino y del parlamento latinoamericano”.
[170] La Corte ha establecido de manera reiterada que aun cuando la
acción de inconstitucionalidad es pública e informal, los demandantes tienen
unas cargas mínimas que deben satisfacer para que se pueda promover el juicio
dirigido a confrontar el texto de un precepto legal con la Constitución. Tal requisito se consagra del numeral 3 del artículo 2 del Decreto
2067 de 1991, en el que se dispone que es deber de los ciudadanos exponer “[l]as
razones por las cuales [las normas constitucionales] se estiman violad[as]”. En este contexto, en la Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta
Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Son claras cuando existe un hilo
conductor en la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda
y las justificaciones en las que se soporta. Son ciertas cuando la
acusación recae sobre una proposición jurídica real y existente, y no sobre una
deducida por el actor o implícita. Son específicas cuando el actor
expone las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta
Fundamental. Son pertinentes cuando se emplean argumentos de naturaleza
estrictamente constitucional y no de estirpe legal, doctrinal o de mera
conveniencia. Y son suficientes cuando la acusación no solo es formulada
de manera completa, sino que, además, es capaz de suscitar en el juzgador una
duda razonable sobre la exequibilidad de las disposiciones acusadas.
[171] “Artículo 9. Una persona natural
o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las
legislaciones internas de los Países Miembros.” Énfasis por fuera del texto original.
[172] La Decisión 351 consagra los derechos
patrimoniales de reproducción, comunicación pública, distribución, importación
y transformación.
[173] “Artículo 17.
Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros
derechos de carácter patrimonial.”
[174] “Artículo 16. Los
autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el
derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se
realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante
profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho.”
[175] Lo anterior, conforme a lo prescrito en el
artículo 21 de la Decisión 351 de 1993, en el que se dispone que: “Las
limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas (…), se circunscribirán a aquellos casos que no atenten
contra la norma explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a
los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.
[176] Los artículos 107 y 108 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina disponen que: “Artículo 107.
Objeto y finalidad. La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el
Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria
al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y
compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina. // La
conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de
normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no
expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la
realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna
manera dificulten u obstaculicen su aplicación.” “Artículo 108. Titulares de
la acción. Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría
General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, con arreglo
a las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del Tratado y al Reglamento de
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.”
[177] FERRI, Luigi. La autonomía privada. Revista de Derecho Privado.
Madrid. 1957, p. 8.
[178] Con la denominación “moderna” la Corte ha
querido enfatizar que fue desarrollada luego de algunos sucesos históricos de
la modernidad como, por ejemplo, la revolución inglesa de 1668, la revolución
americana de 1776 y la revolución francesa de 1789. Sentencia T-468 de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[179] Sentencia C-345 de 2017, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[180] Ibídem.
[181] Sentencia SU-157 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[182] El artículo 61 de la Carta dispone que: “El
Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley”. Énfasis por fuera del texto original.
[183] Sentencia C-035 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[184] Ello es así, respecto del productor,
porque se mantienen inalterables los derechos exclusivos de contenido económico
que le hayan sido transferidos por vía de cesión o de presunción, cuando en el
último inciso del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1835 de 2017 se señala
que: “En ejercicio de este derecho, los autores
definidos en el artículo 95 de la presente ley, no podrán prohibir, alterar o
suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra
cinematográfica por parte del productor”. Y, en lo que atañe a
los autores, cuando en el inciso 2 de la misma norma, se establece que: “[L]a
remuneración a que se refiere este artículo (…) no afecta los demás derechos
que a los autores de obras cinematográficas les reconoce la Ley 23 de 1982 y
demás normas que la modifican o adicionan, así como sus decretos
reglamentarios”.
[185] Como se dijo, el ultimo inciso del
parágrafo 1 del citado artículo 98 establece lo siguiente: ““En ejercicio de
este derecho, los autores definidos en el artículo 95 de la presente ley, no
podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación
comercial de la obra cinematográfica por parte del productor”.
[186] Como ya se mencionó, el artículo 16 de la
Decisión 351 de 1993 dispone que: “Los autores de obras de arte y, a su
muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener
una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en
subasta pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte.
Los Países Miembros reglamentarán este derecho.” Énfasis por fuera del
texto original.
[187] La Ley 44 de 1993, en el artículo 69,
señala lo siguiente: “El artículo 173 de la Ley 23 de 1982 quedará así: Cuando
un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese
fonograma, se utilicen directamente para la radiodifusión o cualquier otra
forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración
equitativa y única destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes
y al productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los
artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través
de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley,
distribuida por parte iguales.” Énfasis por fuera del texto original. Esta
disposición fue declarada exequible en la Sentencia C-966 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[188] El artículo 74 de la Ley 23 de 1982
consagra que: “Solo mediante contrato previo, podrá el productor
fonográfico, grabar las obras protegidas por esta ley, documento que en ningún
caso conlleva la cesión del derecho de ejecución en público, cuyos derechos
patrimoniales son exclusivamente del autor, artistas, interprete o
ejecutante”. Énfasis por fuera del texto original.
[189] Tal como ya se ha advertido, el artículo
1º de la Ley 1403 de 2010 señala que: “Artículo 1. Adiciónese el
artículo 168 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: Artículo 168. Desde el
momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la
incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de
imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los
apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores. Parágrafo
1. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior, los artistas
intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en todo caso,
el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las
obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus
interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán
prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial
de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente.” Énfasis
por fuera del texto original.
[190] En el primer debate dado en la Comisión
Primera de la Cámara de la Representantes, la ponente de la iniciativa expresó
que: “(…) este tipo de leyes lo que envían es una señal clara a la sociedad
de que estamos dignificando un trabajo que merece un reconocimiento (…)”. Gaceta
del Congreso No. 493 de 2016, p. 7.
[191] Como lo es, según se dijo con anterioridad,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes y lograr una distribución
equitativa de las oportunidades.
[192] En la ponencia para tercer debate se
manifestó que: “[La presunción de cesión] (…) genera un desequilibrio entre
la remuneración otorgada al autor, la cual se recibe en el momento de la
suscripción del contrato de cesión de los derechos y los beneficios económicos
percibidos por el productor con las múltiples comunicaciones públicas que se
hacen con la obra. Dicho desequilibrio produce una falta de incentivo para
nuestros directores, libretistas y guionistas pues no permite que de las obras
creadas con su intelecto se produzcan réditos que generen condiciones adecuadas
para ejercer dicha labor.” Gaceta del Congreso No. 928 de 2016, p. 11.
[193] De forma explícita, en la Sentencia C-053
de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, este Tribunal afirmó que: “El
beneficio social que reporta la producción artística, literaria y científica se
concibe precisamente a partir de la interacción entre el autor y el conjunto de
la cultura. En efecto, la obra es el resultado del contacto personal individual
con la cultura como expresión de la sociedad y, en esta medida, la sociedad
contribuye a su creación.”
[194] Así se advirtió con la cita al informe de
ponencia de tercer debate que consta en la nota a pie No. 192.
[195] M.P. María Victoria Calle Correa.
[196] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[197] Se trata de la intervención de Caracol
Televisión que comparte los mismos argumentos expuestos en la demanda.
[198] Sentencias T-406 de 1992, T-881 de 2002,
C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
[199] Sentencia C-818 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto. Esta providencia ha sido reiterada en varias
oportunidades, como se destaca en las Sentencias C-250 de 2012 y C-743 de 2015.
[200] Sentencias C-862 de 2008 y C-551 de 2015.
[201] Sentencias C-862 de 2008, C-818 de
2010, C-250 de 2012, C-015 de 2014, C-239 de 2014, C-240 de 2014, C-811 de 2014
y C-329 de 2015.
[202] Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[203] Cabe aclarar que la jurisprudencia ha
desarrollado este juicio a partir de tres niveles de intensidad: estricto,
intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado en
el examen de un asunto sometido a revisión, este Tribunal ha fijado una
regla y varios criterios. Como se advirtió en la Sentencia C-104 de 2016, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, la regla consiste en
reconocer que al momento de ejercer el control de constitucionalidad se debe
aplicar un test leve, que es el ordinario. Este se limita a establecer
la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para
lograr el primero, valga decir, verificar si dichos fin y medio no están
constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para
conseguir el primero. Este test ha sido aplicado en casos en que se estudian
materias económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos en
que está de por medio una competencia específica definida en cabeza de un
órgano constitucional, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto
demandado, no se aprecia prima facie una amenaza frente al derecho
sometido a controversia. La aplicación de un test estricto, como la más
significativa excepción a la regla, tiene aplicación cuando está de por medio
el uso de un criterio sospechoso, a los cuales alude el artículo 13 de la
Constitución, o cuando la medida recae en personas que están en condiciones de
debilidad manifiesta, o que pertenecen a grupos marginados o discriminados.
También se ha utilizado cuando la diferenciación afecta de manera grave, prima
facie, el goce de un derecho fundamental. Este test ha sido categorizado
como el más exigente, ya que busca establecer si el fin es legítimo, importante
e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no
puede ser remplazado por otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto aspecto
de análisis, referente a si los beneficios de adoptar la medida exceden
claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores
constitucionales. Entre los extremos del test leve y
del test estricto, se ha identificado el test intermedio, que se aplica
por este Tribunal cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental,
cuando existe un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre
competencia económica o en aquellos casos en que la medida podría resultar potencialmente discriminatoria en relación
con alguno de los sujetos comparados, lo que incluye el uso de las acciones
afirmativas. Este test examina que el fin sea legítimo e importante, porque
promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del
problema que el legislador busca resolver, y que el medio sea adecuado y
efectivamente conducente para alcanzar dicho fin.
[204] Sentencia C-715 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[205] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-022 de
1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se expuso que: “Se debe señalar con claridad
los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que
genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un
tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas, toda vez que la
realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar
a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se
encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas
condiciones o prerrogativas personales e institucionales”. Este
precedente ha sido reiterado recientemente en las Sentencias C-104 y 179 de
2016.
[206] Folio 14 del cuaderno 1.
[207] Capítulo VII de la Ley 23 de 1982.
[208] M.P. Mauricio González Cuervo. Esta
providencia incluye tan solo un condicionamiento dirigido a proteger el derecho
de asociación, al permitir que la remuneración se recaude por sociedades de
gestión colectiva, o por mecanismos distintos, incluyendo “el cobro
independiente o individual, dentro del marco de las normas legales vigentes”. Por
lo demás, ante un juicio de igualdad en el que también se comparó de forma
abstracta a los actores intérpretes de obras audiovisuales respecto de la
generalidad de los titulares de derechos de autor, en cuanto a la libre
disponibilidad de sus derechos, la Corte manifestó que no se cumplía con los
requisitos mínimos para promover dicho juicio, ya que no “(…) [se] estableció
cuáles sujetos debían compararse (…) [y] por qué (…) eran sujetos de la misma
naturaleza”.
[209] Folio 22 del cuaderno 1. Cabe destacar
que, con fundamento en los tres cargos expuestos, la accionante solicita la
declaratoria de inexequibilidad de los apartes demandados del artículo 1º de la
Ley 1835 de 2017, que modificó el artículo 98 de la Ley 23 de 1982. Sin
embargo, de forma subsidiaria, pide que se declare la exequibilidad
condicionada en el “entendido de que no se desconocerán las disposiciones que
sobre derechos de autor hayan realizado sus titulares con anterioridad a la
vigencia de la norma acusada, y que los titulares de derechos autor pueden
disponer completamente de sus derechos y que esta presunción puede aplicar para
los casos en que no haya disposición expresa sobre el derecho de remuneración a
que se refiere la norma demandada, es decir de manera supletiva”. Folio 4 el
cuaderno principal.
[210] Se trata de la intervención de Caracol
Televisión que comparte los mismos argumentos expuestos en la demanda.
[211] Folio 530 del cuaderno 3.
[212] Como ocurre con el Ministerio del
Interior, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Defensoría del
Pueblo.
[213] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[214] La doctrina especializada sobre la materia
ha dicho que: “A ese dictado, antes que jurídico, de buen sentido, escapan
excepcionalmente y por razones superiores o supremas, las disposiciones
legislativas que expresamente ordenan que de ahí en adelante los efectos de las
situaciones en curso se ajusten a ellas (la nueva ley), dentro del expediente
del dirigismo contractual: normas imperativas de intervención que confiesa y
tiene buen cuidado del procedimiento. Así se habla de retrospectividad, porque
se respeta y deja incólume el hecho consumado, a tiempo que se sujetan los
efectos futuros de la situación en curso a la ley nueva.” HINESTROZA,
Fernando, El principio del pacta sunt servanda: y la estipulación de
intereses, Universidad Externado, Bogotá 2000, p. 36.
[215] “Artículo 183. Los derechos
patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos,
quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación
previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determine contractualmente.
(…) Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera
de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a
restringir su producción intelectual o a no producir.”
[216] La norma en cita dispone que: “Artículo
78. La interpretación de los negocios jurídicos sobre derechos de autor
será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más
amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento
respectivo”.
[217] El artículo 257 de la Ley 23 de 1982
establece que: “Artículo 257. En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de loas normas de esta ley, se aplicará la más favorable para el
titular de los derechos de autor”.
[218] https://dle.rae.es/?id=Fgmrlt6|FgqY9Xy
[219] Expresamente, en la norma bajo examen se
establece que: “En ejercicio de este derecho [se refiere al derecho a la
remuneración equitativa], los autores definidos en el artículo 95 de la
presente ley, no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la norma
explotación comercial de la obra cinematográfica por parte del productor”.
[220] “Los derechos patrimoniales sobre la
obra cinematográfica se reconocerán, salvo estipulación en contrario a favor
del productor”.
[221] En este punto cabe aclarar que la
sentencia distingue dos categorías de derechos patrimoniales: (i) los
derechos exclusivos y (ii) los derechos de simple o mera remuneración. Los
primeros confieren al titular el poder de autorizar o prohibir el uso de la
obra, con la posibilidad de obtener una remuneración por la autorización de su
explotación. En concreto, se trata del desenvolvimiento de los atributos o
facultades de reproducción, comunicación pública, distribución y
transformación. Su regulación se encuentra tanto en el artículo 12 de la Ley 23
de 1982, como en el artículo 13 de la Decisión 351 de 1993. Por el contrario, los segundos se caracterizan porque, a diferencia
de lo que sucede con los derechos exclusivos, no permiten autorizar o denegar
la utilización de la obra, sino que tan solo facultan al titular del derecho
para cobrar por ese uso en determinados casos, entendiendo que, por regla
general, se trata de una remuneración de carácter inalienable e irrenunciable.