C-633-11
Sentencia C-011/10
Sentencia C-633/11
TRATADO
CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Resulta
compatible con la Constitución Política/TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE
NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Se constituye como una organización
interestatal
Se han
cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley
para integrar el ordenamiento jurídico interno. Y de otra, los objetivos y el
contenido del Tratado sometido a control constitucional, que como quedó dicho,
busca la realización de fines esenciales del Estado colombiano, como la
seguridad, la libertad y el Estado social de derecho, a través de una
organización interestatal, normas que se avienen sin dificultades al contenido
del texto constitucional, y más allá de ello, constituyen una oportunidad para
el mejor cumplimiento de varios preceptos superiores. En efecto, el Tratado de
Unasur configura desde su definición y objetivos, el tipo de integración
especialmente protegido por la Constitución, a saber, la integración
latinoamericana política, social y económica, todas juntas, una integración a
ser impulsada para orientar la política exterior colombiana y ser promovida con
el propósito de alcanzar incluso la comunidad latinoamericana. En este caso se
trata de una integración que incluye 12 naciones de Suramérica, unidas para
alcanzar máximos ideales del Estado según la Constitución colombiana. Es
también constitucional, cuando se constituye como una organización interestatal
conformada como punto de partida del proceso de integración diseñado por el
Tratado, en tanto preserva la soberanía del Estado, sin afectar los demás
principios constitucionales a los que están sujetas las relaciones
internacionales.
NATURALEZA
DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Reiteración
de jurisprudencia/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de
ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República y remisión por
parte del Gobierno a la Corte Constitucional
De acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del
instrumento internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la
concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales. En
relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos tópicos: De
un lado, la validez de la representación del Estado colombiano durante el
proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la
aprobación de la ley objeto de análisis. Al respecto, esta Corporación tiene en
cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo
especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional.
Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales,
el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por
tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii)
remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno,
para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.). Desde esta perspectiva
se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del
proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión
constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii)
la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de
cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo
debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra,
transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del
anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los
seis días siguientes (Art.  241-10 C.P). Por último, frente los aspectos de
fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del
instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los
preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la Carta
Política.
TRATADO
CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Trámite
legislativo
PROYECTO DE
LEY-Cumplimiento de los límites temporales para su trámite
La Corte ha precisado que la
expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “ningún proyecto
podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el
sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para
llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley.
PROYECTO DE
LEY-Cumplimiento de requisitos derivados del artículo 160 de la
Constitución
De acuerdo con el primer inciso del artículo 160 de la
Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos
ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días.
INTEGRACION
LATINOAMERICANA-Jurisprudencia constitucional
INTEGRACION
LATINOAMERICANA-Inclusión en la Constitución de 1991/INTEGRACION
LATINOAMERICANA-Discusión  en la Asamblea Nacional Constituyente
PREAMBULO
DE LA CONSTITUCION-Efecto vinculante
INTEGRACION
LATINOAMERICANA-Figura relevante en los principios fundamentales y en el
desarrollo de las competencias alusivas a la formación de relaciones
internacionales
TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR-Contenido y alcance
TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR-Objetivos
Desde el punto de vista
propiamente de los objetivos –general y específicos- del Tratado y en ese tanto
del proyecto de integración, estos pueden ser clasificados bajo cuatro tópicos
principales. Uno relacionado con el principio democrático que será tratado
adelante; otro, alusivo a lo que en el Derecho constitucional de los Estados se
reconoce como designios propios del Estado social de derecho; uno tercero que
incluye la cooperación en acciones connaturales al Estado de derecho para
protegerse como unidad política y social; y el cuarto, contentivo de los propósitos
de la integración en sí misma.
TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR-Componentes/TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE
NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Contenido orgánico y funcional/UNION DE
NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Estructura orgánica/UNION DE NACIONES
SURAMERICANAS-UNASUR-Fuentes jurídicas y procedimientos para la toma de
decisiones
Referencia:
LAT-364
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la
cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES
SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil
ocho”.
Magistrado
Ponente:
JUAN CARLOS
HENAO PEREZ.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil once
(2011).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión
de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la cual se aprueba el
‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en
Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho”.
I. TEXTO DE LA NORMA.
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en
el Diario Oficial 47.966 del 28 de enero de 2011, es la siguiente:
LEY
1440 DE 2011
(enero
28)
Diario
Oficial No. 47.966 de 28 de enero de 2011
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”,
hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
(Para ser
transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos
Internacionales mencionados).
Tratado
Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas
La
República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del
Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la
República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay
y la República Bolivariana de Venezuela,
PREÁMBULO
APOYADAS
en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la
emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes
forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la
construcción de un futuro común;
INSPIRADAS
en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30
de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006);
AFIRMAN su
determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y
desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social,
cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; CONVENCIDAS de
que la integración y la unión Suramericanas son necesarias para avanzar en el
desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para
contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la
pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes;
SEGURAS de
que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del
multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales
para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la
igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de
armas nucleares y de destrucción masiva;
RATIFICAN
que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en
los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad;
cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos
humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las
asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible;
ENTIENDEN
que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un
proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos
de Mercosur y la CAN, así como la experiencia de chile, Guyana y Suriname,
yendo más allá de la convergencia de los mismos;
CONSCIENTES
de que este proceso de construcción de la integración y la unión
suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser
flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera
los compromisos según su realidad;
RATIFICAN
que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto
irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la
construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el
desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros,
ACUERDAN:
ARTÍCULO
1o. CONSTITUCIÓN DE UNASUR.
Los Estados
Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.
ARTÍCULO
2o. OBJETIVO.
La Unión de
Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y
consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura,
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
ARTÍCULO
3o. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
La Unión de
Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos:
a) El
fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un
espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la
participación de Unasur en el escenario internacional;
b) El
desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y
superar las desigualdades en la región;
c) La
erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad
y el reconocimiento regional de estudios y títulos;
d) La
integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario
de los recursos de la región;
e) El
desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre
nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico
sustentables;
f) La
integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las
políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros;
g) La
protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así
como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra
las causas y los efectos del cambio climático;
h) El
desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las
asimetrías, logrando así una integración equitativa;
i) La
consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento
progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en
cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía
suramericana;
j) El
acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
k) La
cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto
irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización
migratoria y la armonización de políticas;
1) La
cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de
un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que
contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo
económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las
economías de los países de América del Sur, así como la promoción del bienestar
de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza;
m) La
integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y
medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización
productiva;
n) La
definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios
de investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras
a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y
tecnológico propios;
o) La
promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los
conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de
sus identidades.
p) La
participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre
Unasur y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de
integración suramericana;
q) La
coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros,
teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra
el terrorismo, la corrupción. el problema mundial de las drogas, la trata de
personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado
transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación
de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;
r) La
promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados
Miembros de Unasur;
s) El intercambio
de información y de experiencias en materia de defensa;
t) La
cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y
u) La
cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración
suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y
capacitación.
ARTÍCULO
4o. ÓRGANOS.
Los órganos
de Unasur son:
1. El
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
2. El
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
3. El
Consejo de Delegadas y Delegados;
4. La
Secretaría General.
ARTÍCULO
5o. DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD.
Podrán
convocarse y conformarse reuniones ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel
Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se
requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los
mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias
rendirán cuenta del desempeño de sus cometidos a través del Consejo de
Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
según corresponda.
Los
acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de
nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales
serán presentados a consideración del órgano competente que los ha creado o
convocado.
El Consejo
Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de abril de
2007), es parte de Unasur.
ARTÍCULO
6o. EL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO.
El Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de Unasur.
Sus
atribuciones son:
a)
Establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos
del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su
implementación;
b) Convocar
Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de Nivel Ministerial;
c) Decidir
sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores;
d) Adoptar
los lineamientos políticos para las relaciones con terceros.
Las
reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá
convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia pro témpore,
con el consenso de todos los Estados Miembros de Unasur.
ARTÍCULO
7o. LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE.
La
Presidencia pro témpore de Unasur será ejercida sucesivamente por cada uno de
los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.
Sus
atribuciones son:
a)
Preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de Unasur;
b)
Presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual
de actividades de Unasur, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus
órganos en coordinación con la Secretaría General;
c)
Representar a Unasur en eventos internacionales, previa delegación aprobada por
los Estados Miembros;
d) Asumir
compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento de los
órganos correspondientes de Unasur.
ARTÍCULO
8o. EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.
El Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes
atribuciones:
a) Adoptar
Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno;
b) Proponer
proyectos de decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno;
c)
Coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana;
d)
Desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de
interés regional e internacional;
e) Realizar
el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto;
f) Aprobar
el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de funcionamiento de
Unasur;
g) Aprobar
el financiamiento de las iniciativas comunes de Unasur;
h)
Implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros;
i) Aprobar
resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que
sean de su competencia;
j) Crear
Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Las
reuniones ordinarias, del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia
pro témpore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados
Miembros.
ARTÍCULO
9o. EL CONSEJO DE DELEGADAS Y DELEGADOS.
El Consejo
de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:
a)
Implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las
Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con
el apoyo de la Presidencia pro témpore y la Secretaría General;
b) Preparar
las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
c) Elaborar
proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la consideración del
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
d)
Compatibilizar y coordinar las iniciativas de Unasur con otros procesos de
integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la
complementariedad de esfuerzos;
e)
Conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo;
f) Dar
seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés
regional e internacional;
g) Promover
los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el proceso
de integración suramericana;
h) Proponer
al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de
presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración y
aprobación.
El Consejo
de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante acreditado
por cada Estado Miembro. Se reúne con una periodicidad preferentemente
bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la Presidencia pro témpore u
otro lugar que se acuerde.
ARTÍCULO
10. LA SECRETARÍA GENERAL.
La
Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General,
ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de Unasur y ejerce su
representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito,
Ecuador.
Sus
atribuciones son:
a) Apoyar
al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la
Presidencia pro témpore, en el cumplimiento de sus funciones;
b) Proponer
iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de
Unasur;
c)
Participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las
reuniones de los órganos de Unasur;
d) Preparar
y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos
correspondientes de Unasur;
e) Servir
como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de Unasur y disponer su
publicación correspondiente;
f) Preparar
el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas
y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución;
g) Preparar
los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaria General, y
someterlos a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes;
h)
Coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y
el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden los órganos
de Unasur;
i)
Celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios
para la buena administración y gestión de la Secretaría General.
El
Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola vez. El
Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la misma
nacionalidad.
Durante el
ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la
Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a Unasur, y se abstendrán de
actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales
responsables únicamente ante esta organización internacional.
El
Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General.
En la
selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una
representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en lo
posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.
ARTÍCULO
11. FUENTES JURÍDICAS.
Las fuentes
jurídicas de Unasur son las siguientes:
1. El
Tratado Constitutivo de Unasur y los demás instrumentos adicionales;
2. Los
Acuerdos que celebren los Estados Miembros de Unasur sobre la base de los
instrumentos mencionados en el punto precedente;
3. Las Decisiones
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
4. Las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y
5. Las
Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados.
ARTÍCULO
12. APROBACIÓN DE LA NORMATIVA.
Toda la
normativa de Unasur se adoptará por consenso.
Las
Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y
las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar
estando presentes al menos tres cuartos (¾) de los Estados Miembros.
Las
Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que
se acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser
consultadas por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los que
deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, luego
de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso del
Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días.
Los Grupos
de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las
reuniones sea de la mitad más uno de los Estados Miembros.
Los actos
normativos emanados de los órganos de Unasur, serán obligatorios para los
Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento
jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos
internos.
ARTÍCULO
13. ADOPCIÓN DE POLÍTICAS Y CREACIÓN DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y
PROGRAMAS.
Uno o más
Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y
Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones,
organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera consensuada,
sobre la base de criterios flexibles y graduales de implementación según los
objetivos de Unasur y lo dispuesto en los artículos 5o
y 12
del presente Tratado.
En el caso
de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros
con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser considerados como
programas, instituciones u organizaciones de Unasur de acuerdo a los
procedimientos señalados en este artículo y en consonancia con los objetivos de
este Tratado.
Las
propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez
aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una propuesta no
sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida nuevamente al Consejo
de Delegadas y Delegados seis meses después de su última inclusión en agenda.
Aprobada
una propuesta por la instancia máxima de Unasur, tres o más Estados Miembros
podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, tanto la posibilidad
de incorporación de otros Estados Miembros, como la información periódica de su
avance al Consejo de Delegadas y Delegados.
Cualquier
Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política
aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su
posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las
instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los
Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o
parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido.
La adopción
de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas será
reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados.
ARTÍCULO
14. DIÁLOGO POLÍTICO.
La
concertación política entre los Estados Miembros de Unasur será un factor de
armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la
preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos
humanos.
Los Estados
Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se
refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán
iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en
las relaciones internacionales.
ARTÍCULO
15. RELACIONES CON TERCEROS.
Unasur
promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o
internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos
regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional,
priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura,
políticas sociales, educación y otras a definirse.
El Consejo
de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las
actividades de implementación con el apoyo de la Presidencia pro témpore y de
la Secretaría General. Con el propósito de contar con una adecuada
coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar
expresamente las posiciones que sustentará Unasur en su relacionamiento con
terceros.
ARTÍCULO
16. FINANCIAMIENTO.
El Consejo
de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y aprobación al
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el Proyecto de
Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría General.
El
financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría
General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros a
ser determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados,
tomando en cuenta la capacidad económica de los Estados Miembros, la
responsabilidad común y el principio de equidad.
ARTÍCULO
17. PARLAMENTO.
La
conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente Tratado.
ARTÍCULO
18. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Se
promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la
integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción
amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los
diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información,
consulta y seguimiento en las diferentes instancias de Unasur.
Los Estados
Miembros y los órganos de Unasur generarán mecanismos y espacios innovadores
que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las
propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada
consideración y respuesta.
ARTÍCULO
19. ESTADOS ASOCIADOS.
Los demás
Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como
Estados Asociados de Unasur, podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Los
derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de reglamentación
por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO
20. ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.
A partir
del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en cuenta
el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión
como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que tengan este status
por cuatro (4) años, mediante recomendación por consenso del Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión
entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de
ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.
ARTÍCULO
21. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
Las
diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la
interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado
Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas.
En caso de
no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros
someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados,
el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones
pertinentes para la solución de la misma.
En caso de
no alcanzarse una solución esta instancia elevará la diferencia al Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su
próxima reunión.
ARTÍCULO
22. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
Unasur
gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los
privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.
Los
representantes de los Estados Miembros de Unasur y los funcionarios
internacionales de esta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades
necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación con
este Tratado.
Unasur
celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, que
establecerá los privilegios e inmunidades específicos.
ARTÍCULO
23. IDIOMAS.
Los idiomas
oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés,
el portugués y el neerlandés.
ARTÍCULO
24. DURACIÓN Y DENUNCIA.
El presente
Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por
cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al depositario
que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros.
La denuncia
surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el depositario.
La
notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago
de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes.
ARTÍCULO
25. ENMIENDAS.
Cualquier
Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las
propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las
notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de
Unasur.
Las enmiendas
aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el
procedimiento establecido en el artículo 26,
para su posterior entrada en vigencia.
ARTÍCULO
26. ENTRADA EN VIGOR.
El presente
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor
treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de
ratificación.
Los instrumentos
de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Ecuador,
que comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, así como la
fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo.
Para el
Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido
depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor
treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su
instrumento de ratificación.
ARTÍCULO
27. REGISTRO.
El presente
Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la Secretaría de la
Organización de Naciones Unidas.
ARTÍCULO TRANSITORIO.
Las Partes
acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el Consejo de
Delegadas y Delegados y estará integrada por representantes de los Parlamentos
Nacionales, Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar un Proyecto
de Protocolo Adicional que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno. Esta Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho
Protocolo Adicional establecerá la composición, atribuciones y funcionamiento
del Parlamento Suramericano.
Suscrito en
la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días
del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los idiomas portugués,
castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente
auténticos.
LA
SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa, del texto en
idioma castellano, del “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas”, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del
Brasil, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, tomada de
la copia certificada por el Director General de Tratados del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, documento que reposa en los
archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en
Bogotá, D. C., a los cinco (5) días del mes de febrero de dos mil nueve (2009).
La
Coordinadora Área de Tratados, Oficina Asesora Jurídica,
Margarita
Eliana Manjarrez Herrera.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 23 de febrero de 2009
Aprobado.
Sométase a la consideración del Honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
Jaime Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébese el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”,
hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en
Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho, que por el artículo 1o
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada
en Bogotá, D. C., a los…
Presentado
al Honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores
y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
El
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Óscar
Iván Zuluaga.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 23 de febrero de 2009
Aprobado.
Sométase a la consideración del Honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
Jaime Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. Apruébese el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”,
hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
ARTÍCULO
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en
Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho, que por el artículo 1o
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la República,
ARMANDO
BENEDETTI VILLANEDA.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO
RAMÓN OTERO DAJUD.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
CARLOS
ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS
ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2011.
El
Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de
funciones presidenciales mediante Decreto número 118 de 2011.
GERMÁN
VARGAS LLERAS
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA
ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El
Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de
las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
WILLIAM
BRUCE MAC MASTER ROJAS.
El
Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
CARLOS
ANDRÉS DE HART PINTO.
II. INTERVENCIONES
Mediante escrito radicado el 11
de mayo de 2011, el Ministerio de Relaciones a través de representante,
solicita se declare constitucional la ley 1440 de 2011 y el Tratado
constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas de 2008, por considerar que
se cumplieron los requisitos formales constitucionales para su suscripción y aprobación
y porque “consulta los principios e intereses del Estado colombiano”.
Lo anterior, es conclusión de un
análisis en el cual la Cancillería  comienza por recordar los momentos que han
antecedido “el desafío” de hacer de América del Sur un espacio
económico. Desde su proposición en 1998, su paso por las cumbres presidenciales
iniciales de América del Sur de 2000 y de 2002, las de 2004 y 2005 cuando se
firman sendas declaraciones para crear formalmente la Comunidad Suramericana de
Naciones (CSN), “sobre la base de la convergencia de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y MERCOSUR, las de 2006, 2007 y 2008 en las que se definen los
alcances del proyecto de acuerdo constitutivo, para su firma final a fines de
2008, en Brasilia.
Destaca luego la estructura del
Tratado, su objetivo de crear un espacio de integración cultural, social,
económica y política, asuntos que se detallan en los objetivos específicos de Unasur
y con los que se aprecia: “(…) UNASUR se erige con base en la necesidad
de fortalecer y profundizar el proceso de integración de América del Sur y se
constituye en un instrumento para que los Estados avancen en su desarrollo
económico, social, cultural, político, ambiental”.  (f. 165, reverso).
También se alude a otros
contenidos del tratado como la creación de “instituciones con capacidad para
adoptar ciertas decisiones, en el marco de un conjunto preciso de competencias
y con recursos propios”, la regla del consenso para la toma de decisiones
como garantía de decisiones favorables a todos los Estados miembros, la
trascendencia del liderazgo de los Jefes de Estado y el compromiso político de
los Gobiernos participantes de impulsar el proceso.
Destaca igualmente la promoción
de procesos de participación ciudadana, diversas formas de adhesión al tratado,
el financiamiento de la organización, la solución de controversias, las
reservas, etc. (fs. 164 rev., 165 anv.).
En fin, reconoce que los temas
relacionados con la concreción del tratado como derecho de los Estados partes y
otros elementos propios de las relaciones internacionales, se sujetará a la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Y una disposición
en la que se plantea la posible conformación de un Parlamento Suramericano.
En una segunda parte hace
referencia al trámite de aprobación del Tratado, desde las primeras
negociaciones a instancias del Jefe de Estado y de sus representantes (folio
165 anv. y rev.).  Destaca que una vez completadas las ratificaciones
suficientes, ha entrado en vigor el 11 de marzo de 2011 y precisa que el
trámite interno para incorporarlo en el Derecho colombiano se inició a
principios de 2009, el cual concluyó con la sanción de la ley el 31 de enero de
2011 (fs. 165 rev. y 166 anv.).
En una tercera parte analiza las
razones que justifican la constitucionalidad del tratado, en donde estudia
primero el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la negociación y
suscripción del mismo, en particular en lo que hace referencia a la
representación del Estado durante las negociaciones. Otro tanto se destaca con
relación al trámite de la ley (fls. 167-168 anv.).
A continuación se expone el
cumplimiento de los principios constitucionales que gobiernan las relaciones
internacionales del Estado, como la de promover la internacionalización de las
relaciones del art. 226 C.P., lo cual se logra a través de la celebración de
tratados de carácter regional, como lo ha reconocido por la jurisprudencia
constitucional, dice el Ministerio, así como para “avanzar decididamente en
la integración latinoamericana” (cita sentencia C-334 de 2002).
Y sobre el tratado constitutivo
objeto de control dice “se erige como una de las piezas fundamentales para
dar cumplimiento a los principios consagrados en el Preámbulo y en los artículo
9º y 227 de la Constitución Política” (fls. 168 rev.).
Retoma entonces el tenor literal
del preámbulo, del art. 9º y del art. 227 C.P., junto con lo previsto en
apartes del preámbulo del tratado constitutivo de Unasur y en el
artículo 2º sobre los objetivos del tratado. Y de todas ellas concluye que “existe
plena convergencia entre el interés de fortalecer la integración de Suramérica,
reflejada en la creación de una organización regional” como lo es la Unasur,
y los principios consagrados en la C.P. (f. 169 rev.).
Por otra parte se afirma que el
tratado cumple con los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
En cuanto a la equidad y a la reciprocidad,
con base en jurisprudencia constitucional (sentencias C-137 de 1995, sobre la
ley aprobatoria de la Organización mundial del comercio) y la sentencia C-492
de 1998, relacionada con el Acuerdo de comercio entre Colombia y Malasia, se
estima que el tratado cumple con tales principios.
Lo anterior, “porque las
decisiones en la UNASUR se toman por consenso; (ii) la representación en los
órganos es equitativa para todos los Estados miembros o en su defecto, se turna
la participación de forma rotatoria; (iii) todos los Estados puede [sic]
proponer la adopción de políticas; creación de instituciones, organizaciones o
programas comunes para ser adoptados de manera consensuada y (iv) la
concertación política es elemento primordial de la organización, todo lo cual
refleja un tratamiento equitativo, que a su vez implica reciprocidad”. (f.
170 anv.)
Por eso concluye que en el
tratado se observa el principio de equidad en la medida en que existe
reciprocidad en materia de beneficios y obligaciones.
En cuanto a la conveniencia
nacional, también con base en jurisprudencia de esta Corporación (sentencia
C-178 de 1995, sobre el tratado de libre comercio entre México, Colombia y
Venezuela), el cumplimiento de este principio, no obstante su importancia en la
dogmática y práctica de las relaciones internacionales, no hace parte del
juicio de constitucionalidad. Se trata por el contrario de un asunto de
consideración política del Gobierno y de la Congreso nacionales, “encargados
de evaluar y decidir si es propicia, oportuna y provechosa para el Estado la
adopción del correspondiente instrumento internacional (…)” (f. 171 anv.).
De tal modo el tratado de Unasur
obedece a los mandatos constitucionales de los artículos 226 y 227 de la Carta.
Además, agrega, el tratado
desarrolla los fines constitucionales del Estado social de derecho, como
esfuerzo de los gobiernos de los Estados partes por atender el problema
regional de “la pobreza, la desigualdad y la exclusión” (f. 171 anv.).
Por tanto, idóneo para hacer efectivo los objetivos de promoción de la
prosperidad y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, a
través de la cooperación y la integración, en consonancia con dicho concepto de
Estado. “En efecto, dentro del mandato de internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, establecido en el
Artículo 226 de la Carta Política, los proceso de integración fomentan las
oportunidades comerciales; favorecen el desarrollo social y humano; fortalecen
la democracia  y reducen las asimetrías. Todo lo anterior, repercute claramente
en sus mejores condiciones de vida para  los colombianos (…)”. (folio 171
rev.).
Afirma también el Ministerio de
Relaciones Exteriores que la ratificación del tratado constitutivo es desarrollo
del principio de autodeterminación de los pueblos, fundamental para proteger el
poder soberano de cada Estado para definir sus propios asuntos, incluido el
acto de comprometerse como ente jurídico en el plano internacional a través de
la suscripción y aprobación de tratados (sentencias C-176 de 1994 y C-621 de
2001).  Por eso señala que el tratado de Unasur “es manifestación del
postulado de la soberanía nacional y de la decisión unilateral del Estado
colombiano de asumir obligaciones internacionalmente y ejercer derechos en los
términos establecidos en ese Tratado”.
Y por consideraciones finales observa
que Colombia participó a lo largo de todo el proceso de negociación del
tratado, ostenta condición de miembro fundador, con claro interés en la Unión
como lo muestran que su Secretaria General es una nacional colombiana, que se
incluye y articula dentro de la políticas de integración y cooperación que
favorecen los objetivos constitucionales, que hace parte de la estrategia de la
política exterior del actual gobierno. Por ello su ratificación permitirá
participar a Colombia en el “foro subcontinental favorecido para la
discusión de los más importantes temas de la agenda global y regional”(f.
172 rev.).  Y a continuación se agrega: “(…) la UNASUR se erige en una
instancia de vital importancia para continuar avanzando en la consolidación de
la integración como instrumento para la prosperidad. Como parte de esa
prosperidad, es imprescindible profundizar los lazos por los países vecinos y
participar activamente en este escenario, en donde a través del diálogo y el
consenso se abordan los asuntos de interés común relacionados con el bienestar
de la región y en su mejor inserción externa”.
Con base en tal argumentación, solicita
se declare exequible la ley 1440 de 2011 y el tratado constitutivo de Unasur.
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
Mediante concepto No. 5165
radicado el 1º de junio de 2011, solicita se declare constitucional la Ley 1440
del 28 de enero de 2011, junto con el tratado que aprueba, “Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el día 23 de
mayo de 2008”.
Con relación al análisis formal,
observa que el Tratado en cuestión fue suscrito por la República de Colombia el
23 de mayo de 2008 en Brasilia, Brasil y por Aprobación Ejecutiva del 23 de
febrero de 2009, el Presidente de la República dispuso someterlo a la
consideración del Congreso.
Del estudio de los documentos que
obran el expediente, concluye que no se advierte la existencia de vicio alguno
durante el procedimiento legislativo.
En el análisis material, el
Ministerio público observa que la Unión de Naciones Suramericanas, está
conformada por las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela y con ella se
busca “el desarrollo de un proceso de integración en los ámbitos político,
social, cultural, económico, financiero, ambiental y de infraestructura”.
En este sentido se trata de “un proceso de integración que pretende
convertirse en un punto de convergencia para estas repúblicas y para los
procesos de Mercosur y de la Comunidad Andina”, cuyo fin no es otro que el
“apoyar un desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del Sur”.
Con dicho tratado, se observa, los Estados Partes pretenden “construir un futuro común y una
identidad y una ciudadanía suramericanas, pues están convencidos de que la
integración y la unión de estos países son condiciones necesarias para avanzar
en el desarrollo sostenible, en el bienestar de los pueblos y en el camino de
resolver los problemas de la región, como son la pobreza, la exclusión y la
desigualdad social persistentes”.
De esta forma se reconoce como un “paso decisivo
para fortalecer el multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones
internacionales, en el contexto de un mundo multipolar, equilibrado y justo, en
el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un
mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva”. Igualmente se
observa que sus principios rectores incluyen el “irrestricto respeto a la
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados,
autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia,
participación ciudadana y pluralismo, derechos humanos universales,
indivisibles e interdependientes, reducción de las asimetrías y armonía con la
naturaleza para un desarrollo sostenible”.
Enseguida,
el Procurador General efectúa un recuento de los contenidos del Tratado, desde
su preámbulo y los artículos en los que se plasma la constitución de Unasur,
sus objetivos generales y específicos, hasta los preceptos en los que se
precisan los elementos orgánicos y funcionales que relaciona, para señalar, en
fin, que dicho “cuerpo jurídico, que es propio de toda organización
internacional, no amerita un análisis en detalle, pues se trata de instrumentos
y procesos necesarios para la operación” de la Unión establecida y para
alcanzar sus objetivos y propósitos.
Por ello y
luego de mencionar el artículo transitorio que acuerda la posible adición al
tratado para constituir un Parlamento Suramericano, señala que el tratado de Unasur
está conforme a la Constitución política. Primero, porque la “ambiciosa
propuesta de integración suramericana, que va más allá de los mercados y de las
políticas económica comunes, y busca crear unas autoridades regionales comunes,
un derecho común y una ciudadanía suramericana, bajo unos parámetros
democráticos y sociales”, resulta “consistente con el Estado Social y
Democrático de Derecho”.
Y segundo, porque el “esfuerzo común que implica un
proceso de integración regional, puede brindar importantes instrumentos y
sinergias para avanzar en la búsqueda de soluciones integradas en infraestructura,
energía, complementación industrial y agrícola, medio ambiente, ataque a la
pobreza y a la exclusión social, fuentes de financiamiento para el desarrollo,
seguridad, educación, cultura, ciencia y tecnología; para lograr una cobertura
más amplia e integral de los derechos humanos de los nacionales de los Estados
Miembros allende las fronteras; y, como lo dice de manera explícita el tratado,
para fortalecer tanto la identidad propia de América del Sur, como su posición
en el escenario internacional”.
En ese orden, concluye el Ministerio Público, el
tratado “se ajusta a los mandatos superiores, en especial a los contenidos
en los artículos 1°, 2°, 7, 8, 9°, 67, 70, 79, 80, 93, 94, 95.4, 189.2, 226 y
227 de la Constitución Política” y sus objetivos son coherentes y armónicos
con los fines y objetivos del Estado descrito por la Constitución.
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con el objeto de adelantar el
análisis previo de constitucionalidad sobre la ley 1440 de 2011 y el Tratado de
Unasur que aprueba, la Corte desarrollará el siguiente plan de análisis:
reiterará la jurisprudencia sobre la naturaleza del control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados (1.).  A continuación adelantará
la revisión constitucional en su aspecto formal (2.). Luego se efectuará el
análisis sustancial de constitucionalidad de la Ley 1440 de 2011 y del Tratado
(3.) y por último señalará las conclusiones del caso (4.).
1.  Naturaleza del control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados. Reiteración de
jurisprudencia.
2. De acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del  instrumento
internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia
entre su trámite legislativo y las normas constitucionales.
3. En relación con el aspecto
formal corresponde a la Corte examinar dos tópicos: De un lado, la validez de
la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto
de análisis.
Al respecto, esta Corporación
tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos
generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera
salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la
República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art.
154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional,
por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10
C.P.).
Desde esta perspectiva se
requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del
proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la
comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154
C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones
y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre
el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la
comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi)
la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional
dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10 C.P).
4. Por último, frente los
aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se
ajustan o no a la Carta Política.
5. De acuerdo con este marco de
análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1440 de 28 de enero
de 2011“Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN
DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de
dos mil ocho”.
2. La revisión del aspecto
formal.
6. El estudio
formal de la ley objeto de análisis y del trámite que precedió a la suscripción
del Tratado por ella aprobado, seguirá el siguiente temario: primero se
analizará lo relativo a la representación del Estado, suscripción del tratado y
aprobación presidencial (2.1.). Luego será examinado el trámite de la Ley 1440
de 2011 ante el Congreso de la República (2.2.). Al final se estudiará la
sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional (2.3.).
2.1.
Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación presidencial.
7.   El Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante comunicación del siete (7) de marzo de dos mil once (2011)[1]
firmada por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta
Corporación que:
“1. En el
año 2007 el Viceministro de Relaciones Exteriores, Doctor Camilo Reyes
Rodríguez, negoció por Colombia el Tratado Constitutivo de la Unión
Suramericanas (en adelante Unasur).
Las
negociaciones del Tratado Constitutivo se dieron en el marco de las reuniones
del Consejo de Delegados de Unasur, en atención a la instrucción que dieron los
jefes de Estado a ese Consejo, en la cumbre llevada a cabo en Isla Margarita el
día 16 de abril de 2007, de iniciar la redacción del mismo.
2. En la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Cartagena los días
27 y 28 de enero de 2008, se aprobó a los Jefes de Estado para la firma en la
próxima cumbre. A esa reunión asistió el entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, Señor Fernando Araujo Perdomo.
3.
Posteriormente, el día 23 de mayo de 2008, en cumbre extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno, llevada a cabo en Brasilia, Brasil, el señor Presidente
de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, suscribió en nombre del Estado
Colombiano el precitado instrumento internacional, en ejercicio de las
facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política
de Colombia”
Al respecto, evidentemente el
artículo 7 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante la Ley 32
de 1985, dispone:
“(...). 2.
En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a un Estado: a.) Los Jefes de Estado, Jefes de
Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los
actos relativos a la celebración de un tratado; b.) Los jefes de misión
diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c.) Los
representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o
ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del
texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.
En ese sentido, encuentra esta
Corporación que no se incumplieron las formalidades requeridas para el
ejercicio de la representación necesaria para la suscripción del instrumento
objeto de examen[2]. Así, se ha de ver que
con la ratificación del Presidente de la República del mencionado Tratado,
según las facultades previstas en el numeral 2 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 32 de 1985, se subsana la
negociación que en un primer momento efectuó el Viceministro de Relaciones
Exteriores de la época en virtud del artículo 8° de la Convención de Viena[3].
8. El 23 de febrero de 2009[4]
se aprobó el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”
por parte del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y
Crédito Público y se ordenó someter el Acuerdo bajo examen a consideración del
Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 16 de la Constitución Política.
2.2. Examen del trámite de la
Ley 1440 de 2011 ante el Congreso de la República.
9. Con fundamento en los
antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de
la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el
Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación
estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 206 de 2009
Senado y 143 de 2010 Cámara, que finalizó con la expedición de la
Ley 1440 de 28 de enero de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO
CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil,
el veintitrés de mayo de dos mil ocho”, surtió el trámite que se describirá
a continuación según el plan siguiente: estudiará en primer lugar el trámite en
el Senado de la República(2.2.1.); luego el trámite en la Cámara de
Representantes (2.2.2.); el cumplimiento de los límites temporales para
tramitar el proyecto de ley (2.2.3.). Por último, se estudiará el cumplimiento
de los demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución (2.2.4.).
2.2.1. Trámite en el Senado de
la República.
10. El texto del proyecto de ley
correspondiente fue presentado al Congreso de la República el 23 de febrero de
2009, por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público, siéndole asignado el número de radicado 206 de 2009. Su texto
y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del
Congreso 1208 del 26 de noviembre de 2009[5].
11. La ponencia para el primer
debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el
senador Darío Angarita Medellín[6] y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No 134 del 21 de abril de 2010[7].
12. En la certificación suscrita
por el Secretario General del Senado de la República[8],
se acreditó que “el proyecto de ley fue anunciado en sesión del 11 de mayo
de 2010, según consta en el Acta No. 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta
No. 442 del 22 de julio de 2010”.
A continuación se extraen los
aspectos relevantes previstos en el acta No. 27 publicada en la Gaceta 442 del
22 de julio de 2010[9] para la certificación del
anuncio:
“Anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley
Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda Senado de
la República,
Anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley
Para la sesión del día miércoles 19 de mayo de 2010
(Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003)
(…)
4. Proyecto de ley número 206 de 2009 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho
en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público.
Ponente: honorable Senador Darío Angarita Medellín.
Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 1208 de
2009
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso número 134 de 2010”.
13. De acuerdo con el anuncio
precitado, el proyecto fue aprobado el 19 de mayo de 2010, según consta en el Acta
No. 28 publicada en la Gaceta del Congreso No. 442 del 22 de julio de 2010[10],
en la cual se lee:
“El señor Secretario informa al señor
Presidente que ha sido aprobado el informe de ponencia, por cinco votos a favor
y dos en contra”.
14. La ponencia para segundo
debate fue presentada por el Senador Darío Angarita Medellín, y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 263 del 26 de mayo de 2010[11].
Iniciado el período legislativo 2010-2014 fue escogido el senador Edgar Gómez
Román como ponente para segundo debate y la ponencia fue publicada Gaceta del
Congreso No. 813 del 26 de octubre de 2010[12].
15. Según certificación expedida el
4 de marzo de 2011 por el Secretario General del Senado de la República[13]
Emilio Otero Dajud, el proyecto de ley, fue anunciado para su discusión y
aprobación en segundo debate en la sesión del 2 de noviembre de 2010,
según consta en el Acta de Plenaria N° 22 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No 903 de 2010[14]. Según el texto de la
referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Proyectos para segundo debate.
(…)
Proyecto de ley 206 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de
2008, al que hacía referencia el señor Presidente del Senado.
(…)
Son los proyectos para debatir, discutir
y aprobar en la siguiente Sesión honorables Senadores” (Resaltado en el texto).
Revisado en detalle el contenido
del Acta de Plenaria No. 22 de 2010, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo
las 8:27 pm, la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 9 de
noviembre de 2010, a las 3:00 pm”[15].
16. Según la certificación referida
en el numeral anterior, la discusión y aprobación de la ponencia en segundo
debate se efectuó en la sesión del 9 de noviembre de 2010, según consta en el
Acta de Plenaria No. 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 49 del 21 de febrero de 2011[16]. En ella se lee que el
resultado de la votación es el siguiente:
Por el Sí
68
Por el No
01
Total
69 Votos
17. El texto definitivo del
Proyecto de Ley 206 de 2009 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 813 del
26 de octubre de 2010[17].
2.2.2 Trámite en la Cámara de
Representantes.
18. Radicado el Proyecto de Ley
en la Cámara de Representantes con el número 143 de 2010, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el
Representante a la Cámara Telesforo Pedraza Ortega[18].
El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso
No. 979 del 29 de noviembre de 2010[19].
19. De acuerdo con la
certificación allegada a esta Corporación el 15 de marzo de 2011[20],
por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
el proyecto fue anunciado en sesión del 30 de noviembre de 2010, según el Acta
No. 24 de la misma fecha, publicada posteriormente en la Gaceta del
Congreso No. 1069 de 9 de diciembre de 2010[21], en cumplimiento
del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la
referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Proyecto de ley número 143 de 2010
Cámara, 206 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado
Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil,
el 23 de mayo de 2008”
20. En la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral
anterior[22], la Secretaría de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo
constar que, de acuerdo al Acta 25 del 1° de diciembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No 1.070 del 9 de  diciembre 2010[23],
el proyecto de ley bajo estudio fue aprobado de la siguiente manera:
“Título del proyecto, señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la señora Secretaria, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Por medio de la cual se aprueba el Tratado constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008.
Leído el título del proyecto señor Presidente.
(…) Quince votos por el Sí; en consecuencia, honorables
Representantes, se ha aprobado el título del proyecto y quieren que sea ley de
la República”.
21. Para segundo debate la
ponencia fue presentada por el representante Telesforo Pedraza, ponente
coordinador, Albeiro Vanegas Osorio, Oscar de Jesús Marín, José Ignacio Mesa
Betancourt, Yahir Acuña Cardales, Iván Cepeda Castro, Bayardo Gilberto
Betancourt Pérez[24] y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 1051 del 7 de diciembre de 2010[25].
22. Según certificación expedida
por el Secretario General de la Cámara de Representantes[26]
en sesión del 13 de diciembre de 2010 se anunció la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de
Plenaria No. 40 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 116 del 23
de marzo de 2011[27]. Revisada el acta de
esta sesión, se encuentra que el anuncio se realizó del siguiente modo:
“PROYECTOS
PARA SEGUNDO DEBATE
por medio
de la cual se dictan Normas Tributarias de Control y para la competitividad
de ponencia
para segundo debate.
(…)
Proyecto de
ley 143 de 2010 Cámara, 206 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia
(Brasil) el 23 de mayo de 2008.
(…)
Señor
Presidente, han sido anunciados los Informes de Conciliación, más temas
proyectos de ley para ser discutidos y votados en la sesión de mañana 14 de
diciembre o en la próxima sesión en la que se debatan proyectos de ley o de
acto legislativo”.
23. Según la certificación allegada
el 12 de abril de 2011[28] suscrito por el
Secretario General de la Cámara de Representantes “el proyecto de ley en
comento se aprobó en plenaria el día 14 de diciembre de 2010, según consta en
Acta de Plenaria 41 de la misma fecha, (…)”. Tal discusión consta en la
Gaceta del Congreso 213 del 28 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“Secretario
General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
Proyecto de ley 143 de 2010, Cámara, 206
de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de
2008 o conocido como Unasur.
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Proposición con que termina el informe de
ponencia.
Secretario
General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
El informe de ponencia es el siguiente:
Dese segundo debate al proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia,
Brasil, el 23 de mayo de 2008, según texto adjunto.
Firma: Telésforo Pedraza.
(…)
Se cierra la votación. El resultado es el
siguiente:
90 por el Sí. 0 por el No.
Ha sido aprobado el informe con que
termina la ponencia.
Se anexa votación y nota aclaratoria.
Cámara de Representantes
República de Colombia
RCS Nº 4165    14-12-10
Asistentes: 149    2:27:28 p. m.
Proyecto de ley 143 de 2010
(diciembre 14)
Proposición con la que termina el informe
Se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas
Hecho En Brasilia, Brasil
Sí: 71
(…)
No:  0
Abstiene:  0
Excusados:  0
RCS-4165
Registro manual
para votaciones
Proyecto de ley número 143 de 2010
Tema a votar: Proposición con la que
termina el informe
Sesión Plenaria: Martes 14 de
diciembre  de 2010
Sí: 18
ACTA NÚMERO 41 DE 2010
(diciembre 14)
Nota Aclaratoria
Proposición con la que termina el
informe
Se aprueba el Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas
Hecho en Brasilia, Brasil
Revisada la votación, el resultado es:
Por el Sí, 90, con el voto del honorable
Representante Pedro Muvdi.
Y por el No, 0.
(…) Podemos votar el título que dice: por
medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas, hecho en Brasil el 23 de mayo de 2008 y la pregunta si la Cámara
quiere que este proyecto sea ley de la República, señor Presidente.
(…) Secretario
General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
Por el Sí: 90.
Se anexa votación.
Cámara de Representantes
República de Colombia
RCS Nº 4166    14-12-10
Asistentes: 152    2:30:20 p. m.
Proyecto de ley 143 de 2010
(diciembre 14)
Articulado, título y quiere que sea ley de
(…)
Se aprueba el Tratado Constitutivo de la
Unión  de Naciones Suramericanas
Hecho en Brasilia, Brasil
Sí: 76
(…) No:  0
Abstiene:  0
Excusados:  0
RCS-4166”
24. El texto definitivo del
Proyecto de Ley 143 de 2010 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No 1137 del
28 de diciembre 2010[29].
2.2.3 Cumplimiento de los
límites temporales para tramitar el proyecto de ley.
25. La Corte ha precisado que la
expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse
en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones
ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la
ley[30].
En este caso se observa que, el
proyecto inició su trámite en la legislatura comprendida entre el 20 de julio
de 2009 y el 20 de junio de 2010, y finalizó en la siguiente legislatura,
desarrollada entre el 20 de julio de 2010 y el 20 de junio de 2011. Por lo
tanto, se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional.
2.2.4. Cumplimiento de los
demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.
26. De acuerdo con el primer
inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate
deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en
una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no
inferior a 15 días.
27. En el presente caso se tiene
que la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar
el 19 de mayo de 2010 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo 9 de
noviembre de 2010, es decir, que transcurrieron más de cinco meses entre los
debates surtidos en el Senado.
Uno y otro debate en la Cámara de
Representantes distaron en más de ocho días, puesto que el primero de ellos
ocurrió el 29 de noviembre de 2010, y la aprobación en plenaria se llevó a cabo
el 14 de diciembre de 2010.  Además, entre la aprobación del Proyecto en el
Senado, realizada el 9 de noviembre de 2010, y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes, efectuada el 29 de noviembre de 2010, transcurrió un
lapso mayor a quince días.
28. Habiéndose constatado lo
anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las
exigencias del artículo 160 de la Constitución.
2.3. Sanción presidencial y
remisión a la Corte Constitucional
29. El 28 de
enero de 2011, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1440 de 2011.
Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 31 de enero de 2011,
a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia,[31]
dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la
Constitución.
30. En consecuencia, la Corte
concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados los requisitos
propios del trámite de las leyes ordinarias;  razones por las que no existe
defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera etapa
del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el análisis de
fondo del instrumento internacional.
3. Análisis sustancial de
constitucionalidad de la Ley 1440 de 2011.
31. Para los efectos de estudiar
la constitucionalidad del Tratado constitutivo de Unasur, la Corte
estima conveniente de manera previa, revisar el concepto de “integración
latinoamericana” de la Constitución, a todas luces esencial en la
valoración del instrumento internacional en cuestión y la ley que lo aprueba (3.1.).
Con él y los demás elementos constitucionales y criterios para el ejercicio del
control previo de constitucionalidad de los tratados, pasará a estudiar los
contenidos del tratado objeto de control (3.2.).
3.1.
La integración latinoamericana en la Constitución de 1991.
32. La idea de la integración
latinoamericana hace parte de la historia del Estado colombiano y del
subcontinente[32], así sea de manera
intermitente. Sin embargo, adquiere relevancia jurídica constitucional a partir
de la Constitución de 1991.
Pasa entonces la Corte a
relacionar, en primer término, su tratamiento por parte de la Asamblea Nacional
Constituyente (3.1.1.); en segundo lugar, describirá su ordenación en la Carta
(3.1.2.), para estudiar finalmente la forma como se ha interpretado por la jurisprudencia
constitucional (3.1.3.).
3.1.1. La
integración latinoamericana en la Asamblea Nacional Constituyente
33. Muy desde el principio, al
tratar la reforma constitucional sobre Relaciones Internacionales[33],
el constituyente Alfredo Vázquez Carrizosa, estimó incluir dentro de su
ordenación, a la integración latinoamericana como expresión de la modernidad en
la que se superan esquemas del Estado-Nación, para actuar de modo asociativo a
través de “comunidades multinacionales de tipo económico que hacen
imperativo un nuevo Derecho Comunitario”. Por ello afirma que la “definición
de la política internacional de Colombia se encuentra en el primero de los
artículos en proyecto que se acompañan. Hemos creído que la doctrina
continental de Simón Bolívar, Presidente de Colombia, durante un período
memorable de nuestra historia, es una base inequívoca de la política exterior
de nuestra Nación”. Es decir que “La integración latinoamericana será el
marco ideal de nuestro vivir nacional”[34].
34. Posteriormente, al discutir
sobre la “Internacionalización de las Relaciones Económicas y Sociales y
Organismos Supranacionales”[35], los ponentes[36]
señalan que la internacionalización de la economía y la integración son
imperativos contemporáneos: “No parece necesario abundar en argumentaciones
sobre la importancia que para el desarrollo de sus economías tiene la
integración de los países latinoamericanos, en un contexto internacional
caracterizado por la formación de grandes bloques comerciales y la creciente
internacionalización de las relaciones económicas. Se trata, sin lugar a dudas,
de un imperativo del mundo contemporáneo, cuyo desconocimiento o inadecuada
interpretación se traducirán en desaprovechamiento de significativas
oportunidades de progreso y bienestar”. Por ello, se presentan “partidarios
de que la Constitución amplíe y precise el ámbito institucional de la
integración, a partir del principio fundamental de los procesos
integracionistas, cual es una concepción actualizada (…) de la soberanía
nacional”.
En consecuencia, al valorar la
transferencia de atribuciones estatales a organismos supranacionales, estima
que se debe realizar mediante la aprobación, por medio de leyes, de “los
tratados internacionales y, dentro de ellos, los tratados de integración” correspondientes,
pues sólo así, se legitima democráticamente una decisión de tal naturaleza,
como la de “transferir determinadas atribuciones estatales, de manera
parcial, a los organismos internacionales de integración, que adquieren así una
naturaleza verdaderamente supranacional”.
35. Durante la sesión del 31 de
mayo de 1991[37], intervino el entonces
presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien manifestó
que el proyecto de integración latinoamericana no sólo era una oportunidad para
“enfrentar los problemas de nuestras economías y para ponernos al nivel
competitivo con las grandes naciones industrializadas”, sino que era además
un “requerimiento” para que América Latina actuara de cara al mundo
según sus potencialidades como región. En ese sentido agregó que “No estamos
ya haciendo retórica integracionista; se nos está imponiendo la integración
frente a un proceso mundial de creación de grandes bloques económicas”.
36. En la sesión plenaria del 24
de mayo de 1991[38], la Subcomisión de
Relaciones Internacionales (Acta N.1 de 11 de marzo de 1991), presentó la
proposición del Constituyente Vázquez Carrizosa, quien con relación a los
principios de Política Exterior, propuso que se incluyera un artículo en el que
se consagrara que la política internacional del país debía ordenarse en primer
lugar con fundamento en el proyecto de unidad latinoamericana[39].
Esta proposición, sin embargo, no
se estimó conveniente por ligar la política exterior del país a decisiones de
terceros, pero aún así, se consideró necesario preservar “el pensamiento
bolivariano” en desarrollo de “la integración latinoamericana”.
También se da cuenta del Acta No. 5 (25 de abril de 1991), en cuanto a los
principios de política exterior, donde se propuso de nuevo otro precepto sobre
la integración plena, cuyo objetivo no es otro que el de formar la comunidad
latinoamericana[40].  Sin embargo, se aprobó
la proposición ya adoptada por la Comisión Primera, según la cual, “la
política Internacional de Colombia se orientará hacia la realización de la
integración latinoamericana”.
37. También en la sesión plenaria
del 28 de mayo de 1991[41], la Plenaria introdujo
un artículo nuevo que fue aprobado y conforme al cual se establecía: “El
Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás
naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe,
mediante la celebración de tratados que, sobre bases de equidad, igualdad, y
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
Comunidad Latinoamericana de Naciones. La ley podrá establecer elecciones
directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento
Latinoamericano”.
38. En la sesión plenaria,
segundo debate, del viernes 28 de junio de 1991[42],
se discute y aprueba, la apuesta por la integración latinoamericana, como parte
de los mandatos de la Constitución. Así lo deja ver la aprobación de que su
referencia apareciera en el preámbulo, al decir que el pueblo colombiano está “comprometido
a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. También en los
principios constitucionales cuando habla de que “de igual manera, la
política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana
y del Caribe”. Igualmente “en el capítulo de las Relaciones
Internacionales”,  en donde “figura también una aseveración como ésta,
probablemente aún más categórica y clara, porque habla de la utilidad de que
Colombia impulse una comunidad latinoamericana de naciones”[43].
39. Con referencia a la redacción
del preámbulo, en sesión del 16 de agosto de 1991[44],
se presentó la proposición de incluir además de otros ingredientes normativos,
“la necesidad de contribuir a la unidad e integración latinoamericanas, de
acuerdo con los ideales del libertador Simón Bolívar”[45],
o con los ideales de todos los que a lo largo de la historia han procurado la
misma[46], como forma de ampliar
la “capacidad negociadora de América Latina”[47].
La integración latinoamericana, o para mejor comprensión, la comunidad
latinoamericana[48], en todo caso se
considera como “un avance, un aporte sustancial no solamente a la
normatividad constitucional de nuestro país, sino del continente"[49].
40. Durante la sesión del 23 de
agosto de 1991[50], de nuevo se reclama por
reconocer la integración latinoamericana como necesaria[51],
no obstante estar supeditada a acuerdos entre Estados para que la misma se
consolide. De allí que no tuviera acogida la proposición del constituyente
Echeverry, quien pidió retirar la propuesta de inclusión de la integración
latinoamericana, “por considerarla impertinente en un texto constitucional
dado que la constitución unilateralmente no puede presionar[la] (…)”.
41. Del anterior recuento se
puede colegir, que en la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente,
existió claridad sobre la necesidad de incluir en la Constitución la
integración latinoamericana como expresión de la política exterior del Estado
colombiano, estimada siempre valiosa, útil, determinante para hacer frente a
los desafíos que impone el orden mundial que se iba haciendo evidente ya para
el año de 1991.
3.1.2.
Un ingrediente normativo constitucional del preámbulo, de los principios
constitucionales y del capítulo sobre las relaciones internacionales
42. La integración
latinoamericana tiene un reconocimiento evidente y reiterado en la
Constitución.
43. Aparece desde el preámbulo de
la Constitución, como un compromiso del pueblo de Colombia para impulsarla. Así
cuando, luego de señalar el fin de la Constitución y que consiste en “fortalecer
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”,
dentro de cierto marco de actuación, agrega como fundamento del decreto,
sanción y promulgación de la Constitución, que el pueblo colombiano está “comprometido
a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.
No obstante su estructura
propositiva y la apertura de muchas de sus expresiones, el preámbulo, se ha
dicho por la jurisprudencia constitucional, forma parte de las normas jurídicas
que consagra la Constitución y que deben ser respetadas en el desarrollo e
interpretación del orden jurídico. Como se afirmó en la sentencia C-422 de 2005
sobre su efecto vinculante[52], “el Preámbulo de la
Constitución Política de 1991 implica una referencia normativa expresa a un
acto de poder político desplegado por el Pueblo de Colombia, de una manera
específica y con unos propósitos determinados”.   Es el acto soberano de
poder ejercido a través la Asamblea Nacional Constituyente, con el cual se
dicta una Constitución que establece el Estado social de derecho y que
compromete a la Nación con la promoción de la integración latinoamericana. Y
aunque no incorpore un mandato específico, como se dijo en sentencia C-479 de
1992, el Preámbulo sí determina “los fines hacia los cuales tiende el
ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente (…); la
motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución
aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos (…) las
metas hacia las cuales debe orientar su acción [el Estado]; el rumbo de las
instituciones jurídicas”. Por ello, como se dijo otra vez en la sentencia C-422
de 2005, los principios y fines que se incluyen en el preámbulo tienen: i) “efecto
vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la
jurisdicción” y ii) “constituyen parámetro de control en los procesos de
constitucionalidad”. Pues de no ser así,  “carecería de sentido que una
fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el
Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de
poder subordinados a la teleología en ella señalada”.
44. Junto con la anterior referencia,
la integración latinoamericana es una figura relevante también en los
principios fundamentales y en el desarrollo de las competencias alusivas a la
formación de relaciones internacionales.
45. Así, en el Título I de los
principios fundamentales, aparece en el artículo 9º, cuando luego de definir
los tres fundamentos de las relaciones exteriores del Estado: i) “soberanía
nacional”, ii) “respeto a la autodeterminación de los pueblos” y
iii) “reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia”, determina igualmente que iv) “la política exterior de
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
46. Que sea
un principio fundamental significa en términos de la reiterada sentencia T-402
de 1992, que es “una  pauta de interpretación ineludible por la
simple razón de que [los principios fundamentales] son parte de la Constitución
misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo
cuarto del texto fundamental”.
Mas, con
base en esta providencia, la fuerza normativa de los principios no siempre es
suficiente “para determinar la solución necesaria en un caso concreto”. La
textura abierta de las normas, en efecto, limita su “eficacia directa”. De
este modo, “un principio constitucional jamás puede ser desconocido en
beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no
expresamente señalado en la constitución, pero puede, en ciertos casos
necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión
judicial".
47. En el caso de la noción en
comento, la comprensión del alcance de su significado dentro de los principios
fundamentales de la Constitución, se puede completar con lo establecido en
capítulo VIII del título VII, “De la Rama Ejecutiva” de la Constitución.
En ese capítulo, primero se
señala la indispensable aprobación por el Congreso de los tratados, como
requisito de validez, con excepción de los de naturaleza económica y comercial
acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan, que
podrán entrar en vigor provisionalmente, mientras el Congreso decide sobre su
aprobación o improbación (art. 224). Después se refiere a una Comisión Asesora
de Relaciones Exteriores como cuerpo consultivo del Presidente de la República
(art. 225) y luego establece que el Estado “promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas” y los principios en los que tales relaciones se deben basar -“equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional” (art. 226). Y finalmente, en el
precepto último este capítulo, se establece con respecto a la integración
latinoamericana:
ARTICULO
227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las
demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe
mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones
directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento
Latinoamericano.
48. Con este precepto y ese marco
normativo específico de las competencias constitucionales presidenciales,
varias son las precisiones que se obtienen respecto del compromiso de impulsar
la integración latinoamericana y del Caribe y de que la misma sea orientación
de la política exterior colombiana.
Existe un deber general del
Estado de “promover la integración” en tres órdenes:  político,
económico y social. Ello se plantea frente a las naciones del mundo, pero “especialmente,
con los países de América Latina y el Caribe”. Esta integración, se agrega,
debe ser creada mediante la celebración de tratados suscritos sobre bases de “equidad,
igualdad y reciprocidad”, en los cuales se creen “organismos
supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de
naciones”. Y esta integración incluye una habilitación constitucional al
legislador, para “establecer elecciones directas”, bien para la
constitución del parlamento “andino”, bien para el “latinoamericano”[53].
El significado de la mención a la
integración latinoamericana y del Caribe que se deriva de la Constitución queda
así completado y reconocido con plenitud.  Esta figura, con alcances
supranacionales y democráticos de tanto valor para el constitucionalismo, al
suponer cesión de soberanía, debe estar precedida de la adopción de acuerdos
equitativos, igualitarios y recíprocos, que se pactan con reconocimiento de las
asimetrías y desigualdades evidentes y el trato justo que merece cada Estado
parte, con la responsabilidad y la solidaridad que este tipo de decisiones
imponen para todos los que suscriben tales acuerdos.
49. Esta fórmula constitucional a
favor de la integración latinoamericana es distinta de la que contempla el
artículo 150, numeral 16 constitucional, donde el Congreso de la República está
autorizado para “transferir parcialmente determinadas atribuciones a
organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la
integración económica con otros Estados”. En ella se reconoce la importante
facultad de conferir a organismos internacionales poderes, pero para promover o
consolidar “la integración económica con otros Estados”, sobre la base
de que lo que se decida, cumpla con los principios generales que otorgan
legitimidad a los convenios internacionales, también previstos en el artículo
226 CP.: “equidad, reciprocidad, conveniencia nacional”. Por su parte, la
integración latinoamericana a la que se refiere el preámbulo y los artículos 9º
y 227 C.P., como se ha visto, es visiblemente más amplia y sólida, pues su
especial reconocimiento incluye aspectos sociales y políticos, a más de
contener mayores garantías institucionales para su funcionamiento.
50. De lo dicho es posible
concluir que desde el compromiso de  impulsarla, el ser orientación
de la política exterior colombiana y su inclusión como mandato de especial
promoción, la integración política, económica, social con latinoamericana y
el Caribe representa en la Constitución una apuesta especialmente deseable, dentro
de las múltiples opciones existentes en materia de relaciones internacionales[54].
3.1.3.  La
jurisprudencia constitucional sobre integración latinoamericana
51. La Corte a lo largo de su
historia, ha tenido en la integración latinoamericana un criterio
constitucional para determinar la exequibilidad de las leyes y tratados
internacionales de carácter integracionista o comunitario.
52.  Desde las primeras sentencias,
la Corte no dudó en atribuir eficacia jurídica al enunciado constitucional a
favor de la integración latinoamericana. Así aparece en la sentencia C-589 de
1992 al estudiar el “Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana", donde afirmó sobre el particular que la “experiencia
de otras regiones del orbe que han creado bloques para luchar, proponer y
defender sus alternativas, ha hecho no solamente viable sino necesaria la
unión de estos pueblos porque sólo a través de ella se harán fuertes e impondrán
condiciones de conveniencia común” (resaltado fuera de texto). En la C-479
de 1992, al estudiar la constitucionalidad de una ley de facultades
extraordinarias, observó que parte del carácter finalista de la Carta se
encontraba en postulados como el de la “integración latinoamericana”, a
ser tenidos en cuenta en el ejercicio del control constitucional contemplado en
los artículos 241 y concordantes de la Carta, como forma de asegurar la
integridad y supremacía constitucionales. Porque “no sería eficiente ni útil
si desconociera esos postulados, en los cuales se nutre todo el orden jurídico
estatal”.
A su vez, en la sentencia C-104 de 1995, al
revisar la constitucionalidad del Convenio Constitutivo del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe,
la Corte indicó, entre otras, que las disposiciones del mismo no sólo eran
compatibles con el artículo 7º C.P., sino también con el 9º en cuanto a la
integración latinoamericana. Y se agregó, con relación a la integración como
política de actuación de los Estados, que “Sólo a
través de esfuerzos colectivos y mediante la realización de proyectos de
integración como éste, se hacen realidad principios fundamentales de nuestra
Carta Política, como los de la integración latinoamericana y la reafirmación de
la unidad nacional dentro del respeto por la diversidad étnica y cultural de
nuestro pueblo”.
53. Debe precisarse, empero, que
la Corte en el estudio de los más de los instrumentos internacionales que ha
revisado hasta el momento, se ha referido a convenios, acuerdos, tratados o
protocolos en los que se formula en  particular un tipo de medidas con
tendencia integracionista, bien sea de carácter cultural, económico o de
cooperación judicial. En todos los casos se retoman los contenidos de los
artículos 9º, 226, 227, 150-16 C.P., y se concluye que lo ordenado en tales
instrumentos y por tanto en las leyes que los incorporan al derecho interno,
son concordantes con lo dispuesto en la Constitución[55].
54. Dentro del conjunto de
tratados y acuerdos suscritos,  han prevalecido los de carácter económico,
sobre los cuales no se ha reconocido i) ni su preferencia y preeminencia a la hora
de crear futuras relaciones internacionales[56] , ii) ni, en general[57],
pertenecer al bloque de constitucionalidad lato o estricto[58],
no obstante su carácter de normas vinculantes[59]. Y esto es así, porque
no cabe atribuir tales consecuencias a las medidas de integración económica
frente a los poderes constitucionales que se ejercen y frente al principio de
conveniencia económica.
Es decir que la elección y
oportunidad de entablar relaciones internacionales en una u otra dirección, son
del fuero del Jefe de Estado (art. 189 num. 2, 224 y 226 C.P.) sin que sea
reconocible una limitante como la que se indica y por la cual deban preferirse
los acuerdos económicos suscritos entre latinoamericanos, por ese simple hecho.
Menos aún cuando estas relaciones, en los más de los casos regulan los
mercados, la competencia, el tráfico de bienes y servicios, la aplicación de
tarifas y gravámenes, etc., esto es, representan ordenación económica. En tales
asuntos, se sabe, cabe la misma racionalidad según la cual, el Congreso y el
Gobierno tienen amplios poderes de configuración legislativa y de iniciativa
(arts. 154, 189 num. 20, 24, 25, 341, 347. C.P.), para responder a las
necesidades de cada momento y a la voluntad que teje la tensión entre mayorías
y minorías parlamentarias[60]. No puede por tanto un acuerdo
comercial o económico convertirse en fuente jurídica de restricción de tales
poderes.
Pero junto al preservar las
competencias constitucionales de sus propios contornos, es también comprensible
que cuando los acuerdos son de contenido principalmente económico, el Estado a
través de sus representantes busque permanentemente pactos en los que se
obtenga el mejor y mayor beneficio. Ello, en atención a las circunstancias de
cada momento, siempre fluctuantes en razón de medidas de carácter interno, pero
sobre todo, de carácter internacional que hacen móviles las condiciones de los
mercados, el poder adquisitivo de las monedas, los valores en bolsa, en fin,
las múltiples variables de que se compone la vida económica de un Estado, en el
marco de economías abiertas al mundo.
3.2.
Análisis sustancial de constitucionalidad del Tratado de Unasur
55. Una
vez determinado el alcance constitucional que puede tener la noción de
integración, de integración económica y también de integración política,
económica y social especialmente orientada hacia América latina y el Caribe,
procede la Corte a estudiar el tratado objeto de revisión.
Para estos
efectos, en primer lugar analizará su componente dogmático, que incluye la Constitución,
pero también los fundamentos, valores y propósitos de la misma (3.2.1.). En
segundo, estudiará su componente orgánico y funcional, en la que se encuentran
los órganos y autoridades creadas para el funcionamiento de la Unión y sus
respectivas competencias, sistema de fuentes, financiamiento y las que tratan
la relación de Unasur con otros Estados (3.2.2.). Finalmente y como
tercer componente, analizará las reglas propias de los tratados internacionales
alusivas a la solución de conflictos, prerrogativas internacionales y vigencia (3.2.3.).
En cada uno, la Corte revisará
los contenidos relevantes de los preceptos que integran estas tres partes.
3.2.1. La
dogmática del tratado y la Constitución
56. El componente dogmático del
tratado determina las razones y propósitos por los cuales se constituye la
persona jurídica de derecho internacional denominada Unasur, destinada a
impulsar un proceso serio y profundo de integración regional, que supera los
límites de lo económico y apuesta hacia la configuración de la integración y la
unión social, política, cultural y ambiental, cuyo propósito es atender los
problemas más acuciantes de todos los Estados partes y a procurar la
realización de los derechos de sus habitantes. Hacen parte de éste, el
preámbulo y los artículos 2º y 3º (3.2.1.1.).
También se encuentran los
artículos 11 y 12, así como los artículos 14 y 18, que contemplan la forma como
se procura preservar y asegurar a través de Unasur el principio
democrático, representativo y participativo. Y con base en estas mismas
razones, el artículo 17 en el que se menciona un parlamento y la norma
transitoria concebida para crearlo en un futuro, mediante un protocolo
adicional (3.2.1.2.).
3.2.1.1.
Fundamentos, alcances, constitución y objetivos de Unasur como
herramientas del Estado social de Derecho y del efectivo cumplimiento de los
derechos humanos
57. El “Tratado Constitutivo
de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el
veintitrés de mayo de dos mil ocho y firmado por 12  repúblicas (Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Cooperativa de Guyana, Paraguay,
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela) se dicta con base en ciertos fundamentos,
determinaciones, necesidades y convicciones. 1. El apoyo en una “historia compartida y solidaria”;
2. la inspiración en las Declaraciones de Cusco (2004), Brasilia (2005) y
Cochabamba (2006); 3. la “determinación de construir una identidad y
ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado”.
Dicho espacio, se precisa a continuación en sus amplios límites: “con
alcances especialmente  en lo político, económico, social, cultural, ambiental,
energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la
unidad de América Latina y el Caribe”, propio de sistemas de integración acabados.
4. Este proceso de integración y unión suramericanas se reconoce con convicción
como necesario. Necesario “para avanzar en el desarrollo sostenible y el
bienestar de nuestros pueblos”, para luchar contra la pobreza, la exclusión
y la desigualdad persistentes. 5. Es un proceso que se da por seguro, como “paso
decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del
derecho en las relaciones internacionales”, a fin de buscar equilibrios y
justicia, igualdad, “cultura de paz,  mundo libre de armas nucleares y de
destrucción masiva”. 6. Por lo demás en el preámbulo, los miembros de la
Unión ratifican como principios rectores que animarán el proceso de
integración: a. el irrestricto respeto a la soberanía, b. la integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados; c. la autodeterminación de los
pueblos; d. la solidaridad; e. la cooperación; f. la paz; g. la democracia;
participación ciudadana y pluralismo; h. los derechos humanos universales,
indivisibles e interdependientes; i. la reducción de las asimetrías y j. la
armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible. 7. Un proyecto que, se
dice adelante, debe ser alcanzado a través de un “proceso innovador”, que
incluya todos los logros y avances de Mercosur y la CAN, Chile, Guyana y
Suriname, “yendo más allá de la convergencia de los mismos”, y que
además 8. por “ambicioso en sus objetivos estratégicos”, debe ser
“flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera
los compromisos según su realidad”. 9. Un proceso y un proyecto en el que
finalmente se ratifican como “condiciones esenciales para la construcción de
un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los
procesos de integración entre los Estados Miembros”, como principios con “plena
vigencia”: i) “las instituciones democráticas” y ii) “el respeto
irrestricto de los derechos humanos”.
58. Esta transcripción del preámbulo
en sus diversos componentes no es ociosa. Con ella la Corte destaca el alcance
de su contenido normativo, como fundamentos jurídicos, determinaciones, valores
preexistentes, principios esenciales, que resultan ostensiblemente compatibles
con el discurso de la Constitución.
Se observa lo anterior cuando
concibe la integración con compromiso, como pauta de orientación de política
exterior, como proyecto complejo y amplio, por su extensión en términos de
fijación de políticas comunes y por su identidad con la fisonomía del Estado
(preámbulo, arts. 9º, 227, 1º C.P.). Igualmente se aprecia en el carácter que
le es atribuido, como necesidad o requerimiento para el desarrollo
sostenible, que es la noción contemplada por la Constitución (arts. 80, 334 inc
1º CP) y para resolver los problemas más serios que también reúnen a los
Estados miembros: la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, propósitos
por los que se decide concebir una integración tan profunda y tan concordantes
con la noción del orden económico y social justo, con los fines sociales del
Estado, la procura de la igualdad material y los objetivos de la dirección del
Estado sobre la economía (preámbulo, arts. 2º, 366, 13, 334 CP).
O, dicho de otro modo, que el
sustento histórico, social, cultural y económico de la Unión de Naciones de
América del Sur, configura en clave constitucional, lo que en el derecho de los
Estados-nación se ha reconocido como Estado social de derecho en su versión
contemporánea, un Estado pluralista, incluyente, garantista de los derechos y
libertades, democrático, competitivo y a la vez protector de los recursos
naturales (art. 1º CP).
59. Enseguida, aparece el
artículo 1º, mediante el cual se produce el acto de Constitución de Unasur,
por el que las 12 repúblicas firmantes “deciden constituir la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) como una organización dotada de personalidad
jurídica internacional”. Una declaración formal desde la que se crea una
entidad con capacidad jurídica para asumir obligaciones y adquirir competencias
y poderes.
60. Los artículos 2º y 3º
contemplan el núcleo duro de la dogmática en la que se afirma la integración
suramericana hacia la que se apuesta.
En el 2º se dice que el objetivo
de Unasur es el de “construir (…) un espacio de integración y unión
en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos”. Con tal
aserto se confirma enteramente lo que se advierte desde el preámbulo, es decir,
la apuesta por alcanzar una integración regional suramericana importante,
decisiva, extensa. Una decisión que además de reflejar la voluntad política de
los Estados de Suramérica, representados por sus jefes de Estado, como atrás se
dijo, va en la línea de la integración latinoamericana como política exterior
hacia la que se orienta y compromete la Nación colombiana (preámbulo, arts. 9º
y 227 C.P.).
61. Desde el punto de vista
propiamente de los objetivos –general y específicos- del Tratado y en ese tanto
del proyecto de integración, estos pueden ser clasificados bajo cuatro tópicos
principales. Uno relacionado con el principio democrático que será tratado
adelante; otro, alusivo a lo que en el Derecho constitucional de los Estados se
reconoce como designios propios del Estado social de derecho; uno tercero que
incluye la cooperación en acciones connaturales al Estado de derecho para
protegerse como unidad política y social; y el cuarto, contentivo de los
propósitos de la integración en sí misma.
En efecto, el artículo 2º señala
que el espacio de integración y unión que se proyecta, y en el que se otorga prioridad
entre otras, a las políticas sociales, la educación y el medio ambiente, tiene
como mira, también entre otros, “eliminar la desigualdad
socioeconómica, lograr la inclusión social (…)”. En desarrollo suyo, como
objetivos específicos de la Unión vinculados con la noción del Estado social
de derecho, sus diversas manifestaciones pueden organizarse a su vez en dos
grupos: i) las acciones tendientes a reducir la desigualdad, proteger la
diversidad cultural y facilitar la realización efectiva de los derechos
sociales y la protección del medio ambiente (literales b, c, g, j, o) y ii) la
que apuesta por el acceso y distribución del conocimiento (n).
Como acciones clásicas para
proteger su soberanía e integridad estatal, la integración tiene como mira
“el fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”
(art. 2º infine), y en desarrollo de estos, los objetivos de cooperación
en materia judicial, defensa, seguridad ciudadana, así como en la lucha contra
los crímenes de mayor calado y preocupación para los Estados del mundo,
relacionados con el terrorismo, el tráfico de drogas, armas, la trata de
personas, la corrupción, el crimen organizado, etc. (literales q, r, s, t).
Pero también se incluyen propósitos que hacen parte de las preocupaciones de
los Estados del mundo, alusivas al desarme, desminado, no proliferación de
armas nucleares y de destrucción masiva (lit. q, infine).
Por último aparecen las acciones
propias de la integración suramericana, las cuales igualmente pueden ser
ordenadas a partir de tres criterios: i) para la correcta prestación de
servicios públicos o de interés general, la integración energética y el
desarrollo de una infraestructura de interconexión (lit. d, e); ii) para el
desarrollo económico, sostenible, equitativo y equilibrado, con superación de
las asimetrías, la integración financiera con políticas económicas y fiscales
compatibles, la cooperación económica y comercial, el desarrollo de mecanismos
de “integración equitativa”, la integración industrial y productiva con
énfasis en las medianas y pequeñas empresas (art. 2º infine, literales
f, h, l, m); iii) para la integración social y de las comunidades que hacen
parte de la región, la creación de mecanismos y reconocimiento de derechos que
sirvan para alcanzar una “ciudadanía suramericana”, políticas de
migración respetuosas de los derechos humanos (lit. i, k).
62. A  la luz de lo anterior,
encuentra la Corte que el tratado constitutivo bajo estudio, contempla un
proyecto ambicioso de integración regional que se corresponde coherentemente
con el discurso integracionista que aparece en la Constitución colombiana atrás
referido. Así mismo es compatible enteramente con la noción constitucional de
democracia material, esto es, con los discursos sociales, económicos,
ambientales, pluralistas, de servicios públicos, de justicia y seguridad de la
Carta (artículos 1º, 2º, 8º, 10º, 13 inc 2º, 48, 49, 60, 67, 70, 71, 72, 79,
80, 81, 333, 334, 335, 365, 366, entre otros).
3.2.1.2. El componente
democrático del Tratado constitutivo
63. El segundo elemento
descriptor de la dogmática del Tratado de Unasur es el que se nutre de
múltiples referencias al principio democrático como procedimiento, tan valioso
para definir la legitimidad de los procesos de deliberación y toma de
decisiones en el orden constitucional.
64. Así se aprecia en el
preámbulo que, como se ha dicho, tiene entre sus fundamentos irrestrictos, “democracia;
participación ciudadana y pluralismo”. Está igualmente en el artículo 2º,
donde se establece que el objetivo de la Unión es el construir un espacio de
integración y unión como el descrito, pero: i) “de manera participativa y
consensuada”, ii) en el que se otorgue “prioridad al diálogo político”;
y que además fortalezca “la democracia”. También se encuentra en el
artículo 3º al señalar que Unasur tiene como objetivos específicos:
“a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que
asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y
la participación de Unasur en el escenario internacional;(…) p) La
participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre
Unasur y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración
suramericana”.
65. La importancia de los
anteriores ingredientes instrumentales y finalísticos de la integración, se
verifican en su desarrollo puntual en el Tratado. Así, sobre la noción “diálogo
político”, el artículo 14 del tratado establece: “La concertación
política entre los Estados Miembros de Unasur será un factor de armonía y
respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de
los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos”.  Y en
cuanto a la de “participación ciudadana”, en el artículo 18 se
dispone la promoción plena de ésta por parte de la ciudadanía, dentro del
proceso de integración y unión suramericanas, el cual se producirá “a través
del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista,
diversa e independiente con los diversos actores sociales”. Esto último, con
mecanismos explícitos como i) el establecimiento de “canales efectivos de
información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de Unasur”; ii)
otros mecanismos y espacios “innovadores” dispuestos por los Estados
Miembros y los órganos de Unasur, “que incentiven la discusión de los
diferentes temas garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por
la ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta”.
También el principio democrático
se evidencia, de manera indirecta pero nítida, en que el “órgano máximo de
Unasur” es el consejo de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, art. 6º del
Tratado.
66. Observa la Corte que en esta
pluralidad de referencias a la democracia como procedimiento, el Tratado de Unasur
alude a dos ámbitos diferentes aunque complementarios: por una parte la
democracia al interior de los Estados miembros; por otra, la democracia en el
proceso de integración, es decir dentro del funcionamiento de Unasur mismo.
67. El Tratado constitutivo busca
fortalecer la democracia, que entendida más allá de la realización de los
derechos humanos, es un conjunto de procedimientos,  instituciones,
responsabilidades, competencias, y también, claro está, de derechos políticos
que, como mecanismos creados por el Derecho de los Estados, sirven para elegir
representantes y para la toma de decisiones públicas, así como para las
colectivas y gremiales jurídicamente relevantes. Un sistema complejo de
fórmulas de representación,  participación y deliberación, de ponderación de
valores constitucionales, que se concibe para asegurar que tales decisiones
resulten lo más correctas posibles, en términos de incluir en sus contenidos
con equilibrio razonable, la diversidad de intereses existentes, en su
pluralidad y diferencias.
Por ello, se trata de un fin en
sí mismo para los Estados y también para la Unión Suramericana. Con todo, la
manera como se configura cada una es y puede ser distinta.
68. En efecto y con independencia
del poder reconocido por el constitucionalismo contemporáneo a los Tribunales
garantes de la Constitución, la democracia -representativa y participativa-
como principio rector y hacia la que se apuesta en el preámbulo y el art. 2º
del Tratado, en lo que se refiere a los Estados, equivale al sistema de
funcionamiento mejor concebido para adoptar medidas con las que construir,
desde el orden jurídico interno, el Estado social de derecho.
Por su parte, frente al proceso
de integración la democracia es también valiosa per se, pero tiene
reconocimiento a través de formas específicas: i) Al asignar las funciones
principales de Unasur en la definición de consensos y avances
integracionistas al Consejo de jefas y jefes de Estado, los cuales, en el
contexto del constitucionalismo latinoamericano y presidencialista, son
elegidos democráticamente y reconocidos popularmente como la figura más
representativa para los ciudadanos. ii) Al incluir acciones concretas, a ser
realizadas por Unasur y también por los Estados miembros para facilitar
la participación de los distintos actores sociales en las decisiones
comunitarias o integracionistas.
En uno y otro casos, encuentra la
Corte, el tratado aparece enteramente compatible con la Constitución política
(artículos 1º, 2º, 3º, 40, 45, 68, 78, 95-5, 103-106, 330-par., 369), pues
facilita la democracia tanto para los Estados miembros como para el
funcionamiento de Unasur, al ser objetivo, pero también principio de
actuación.
69. Existe una última tipología
de normas que, dentro del tratado, son seña del principio democrático. Se hace
referencia a lo previsto en cuanto a la conformación de un Parlamento
suramericano, que en su caso hará parte de un protocolo adicional, artículo 17,
cuya integración deberá estudiarse por una comisión especial integrada en los
términos observados en el artículo transitorio del Tratado.
Aunque no se determinan cuáles
podrían ser las funciones del mismo, ni la forma como operaría respecto de los
poderes reconocidos a los Consejos constituidos por el Tratado bajo estudio, en
particular al de jefas y jefes de Estado, lo cierto es que en esta figura se
advierte el interés porque en el seno mismo de Unasur y para sus propios
efectos, exista una institución democrática. Una instancia plural, de
procedencia democrático-representativa, para la deliberación, debate y
determinación de cualesquiera de las materias de las que Unasur puede
conocer.
70. Una decisión que, con todo y
su carácter meramente prospectivo, es fácil de apreciar, tiene pleno respaldo
en la Constitución, como determinación si no necesaria, definitivamente
benéfica para legitimar con las bases de la representación y la deliberación
pluralista, decisiones dentro del proceso de integración tan complejas en
términos de creación de equilibrios y reducción de las desigualdades y asimetrías
existentes y en general construcción de una suerte de democracia material
cosmopolita[61].
3.2.2. El
contenido orgánico y funcional del Tratado constitutivo
71. No menos importantes para el
entendimiento de la organización internacional creada por el Tratado de Unasur,
son las normas que estructuran la persona jurídica, en cuanto a órganos y
competencias (3.2.2.1.), así como las funcionales sobre el  sistema de fuentes
que rige la integración y la unión y las reglas para la adopción de decisiones
(3.2.2.2.). Por último, se encuentran las reglas para relación con terceros,
Estados asociados y nuevas adhesiones (3.2.2.3.).
3.2.2.1.
Órganos de Unasur
72. La estructura orgánica de
Unasur la determina el artículo 4º del Tratado constitutivo: “1. El Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 2. El Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores; 3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 4.
La Secretaría General”.
73. Las
competencias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, se
establecen en el artículo 6º, según el cual es éste el órgano máximo de Unasur.
Una disposición que, ya se decía, es consistente con el principio
democrático que inspira Unasur, también con el orden constitucional
colombiano y que a través de los principios de soberanía y autodeterminación de
los pueblos, se hace efectivo en las relaciones internacionales.
Allí
aparecen sus atribuciones, la periodicidad de sus reuniones y la convocatoria a
reuniones extraordinarias. Sus funciones se relacionan con la toma de las más
importantes decisiones del proceso de integración y la definición de “las
prioridades para su implementación”.  Adicionalmente debe establecer “los
lineamientos políticos para las relaciones con terceros”, convocar “Reuniones
Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de Nivel Ministerial” y decidir
“sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores”.
74. En el
artículo 7º se establece la figura de la Presidencia pro témpore, ejercida por
cada uno de “los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos
anuales”, con importantes atribuciones, para “Preparar, convocar y
presidir las reuniones de los órganos de Unasur”; presentar el “Programa
anual de actividades” de la organización;  [y la] representación
internacional, inclusive para asumir compromisos y firmar Declaraciones con
terceros”.
75. El
artículo 8o. establece las funciones del “Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores”, cuyas reuniones ordinarias serán semestrales,
con posibilidad de convocatoria de extraordinarias. Tiene a su cargo una
función de desarrollo normativo, para implementar las decisiones del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, también para proponerlas; instancia de
coordinación en temas centrales de la integración suramericana y en la
misma línea está llamado a “Desarrollar y promover el diálogo político y la
concertación sobre temas de interés regional e internacional”. Posee
igualmente funciones definitorias en materia de financiamiento de la
organización y de sus proyectos y debe “aprobar resoluciones y reglamentos
de carácter institucional o sobre otros temas que sean de su competencia; crear
los grupos de trabajo según las prioridades fijadas”.
76. El
artículo 9º, ordena el Consejo de Delegadas y Delegados, conformado por representantes
acreditados por cada Estado Miembro, cuyas reuniones son bimestrales. Tiene
como funciones implementar decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno, y Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores; prepara las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores y elabora los proyectos para la consideración de estos
últimos, en particular el de presupuesto. Además, tiene trascendentales
funciones de ordenación de cara al exterior de Unasur, para compatibilizar
y coordinar sus iniciativas con otros procesos de integración regional y
subregional vigentes, para complementar esfuerzos; y al interior de la
organización, para conformar y controlar los  Grupos de Trabajo y “dar seguimiento
al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés regional e
internacional” y promover espacios de participación ciudadana.
77. En el
artículo 10 se crea la Secretaría General, con sede en Quito, que bajo la
conducción del Secretario General, “ejecuta los mandatos que le confieren
los órganos de Unasur y ejerce su representación por delegación expresa de los
mismos”. Se trata por consiguiente de un órgano esencial de Unasur, como
estructura visible para los Estados miembros y para la comunidad internacional,
llamada a cumplir las funciones de ejecución y materialización de las
decisiones e iniciativas adoptadas. De ahí sus atribuciones de apoyo,
iniciativa, seguimiento, voz en las reuniones de los órganos; preparación y
presentación de la memoria anual y los informes pertinentes, depositaria de los
acuerdos, así como encargada de la formulación del proyecto de presupuesto y
adopción “de las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución”. Por
lo mismo se le ha encomendado preparar los proyectos de reglamento para el
funcionamiento de la Secretaria General, el coordinar “con otras entidades
de integración y cooperación de América Latina y el Caribe para el desarrollo
de las actividades que le encomienden los órganos de Unasur” y en fin, el
celebrar “todos los actos jurídicos necesarios para la buena administración
y gestión de la Secretaría General”.
A
continuación se establece el sistema de designación del Secretario General, su
período, su nacionalidad alternante y dedicación exclusiva, su condición de
funcionario internacional al servicio de la organización, que actúa como su
representante legal.
78. Junto con
los anteriores, el Tratado de Unasur en su artículo 5º incorpora una
cláusula que habilita la conformación de otros desarrollos de la “institucionalidad”.
Así autoriza convocar y conformar “reuniones ministeriales Sectoriales,
Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias
institucionales que se requieran”, para adelantar las iniciativas adoptadas de
los órganos competentes.
Como atrás se
veía, las reuniones Ministeriales Sectoriales y la creación de Consejos de
Nivel Ministerial, son competencia del Consejo de Jefes de Estado; por su parte
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, crea los grupos de trabajo,
que a su vez, se conforman, coordinan y siguen por el Consejo de Delegados. Los
acuerdos a los que lleguen tales instituciones, permanentes o temporales, deben
ser considerados por el órgano de creación.
Por último
incluye dentro de los órganos parte del Unasur al Consejo Energético
de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita de abril 17 de 2007.
79. La
anterior composición orgánica de Unasur es
reflejo de los alcances que con la misma se pretenden y en el
que se distribuyen de manera racional, funciones
destinadas a concebir, desarrollar e implementar las
múltiples acciones que permitan a Unasur irse
constituyendo en pilar de la integración y unión suramericanas, concebidas en ámbitos diversos como
el político, el económico, el social, el ambiental, así como
baluarte de la realización
de la democracia, la seguridad y los ideales sociales y
de libertad de los Estados.
Dentro de
esta concepción aparece un
primer órgano que opera en la cúspide y que brinda
legitimidad democrático-representativa al
desarrollo del proceso, al hallarse conformado por las y los Jefes
de Estado de los países que integran la organización y al
tener en sus manos la definición de los avances y
alcances del proceso. Una
presidencia que le imprime unidad de agenda y sentido a
las actuaciones de los distintos órganos, visibilidad
ante la comunidad internacional y
ante terceros. Pero esta composición se completa con tres órganos de gestión: uno técnico y
político, el Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores, para concebir las herramientas financieras y abrir el
camino de la concertación los consensos; un órgano de dirección ejecutiva, el Consejo
de Delegadas y Delegados, para la concepción de proyectos y el seguimiento e
implementación de los que se adopten; y una Secretaría General, que actúa de
manera permanente para el desarrollo diario de actividades que desde la
organización se requieran para que los distintos órganos cumplan su labor.
80. Al hilo de
lo señalado en el preámbulo, el artículo 9º y el 227 CP., tales disposiciones
resultan consistentes con el orden constitucional, al concebir una
estructura de órganos diseñada para impulsar, orientar y promover la
integración latinoamericana, fin constitucionalmente
legítimo. Un proyecto que se concibe desde un conjunto de órganos que poseen
funciones que no resultan arbitrarias, irrazonables, son propias del
nivel de integración que se crea y que se proyecta en
el Tratado bajo estudio. Pero además, a juicio
de la Corte, son compatibles con el principio
de legalidad en el ejercicio de funciones públicas, entendidas aquí como de
interés para los Estados y sus habitantes (arts. 6º y
122 C.P.).
3.2.2.2.     Las
fuentes jurídicas de Unasur y procedimientos para la toma de decisiones
81.  El
elemento funcional del tratado, que como herramienta jurídica participa de modo
trascendental en la fijación de los poderes de los órganos de la Unión sobre
los órdenes jurídicos que se encuentran en juego y en la definición de la
naturaleza jurídica del organismo conformado, se encuentra en el artículo 11,
relativo a las fuentes jurídicas de Unasur. Son ellas:
“1. El
Tratado Constitutivo de Unasur y los demás instrumentos adicionales;
“2. Los
Acuerdos que celebren los Estados Miembros de Unasur sobre la base de los
instrumentos mencionados en el punto precedente;
“3. Las
Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
“4. Las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y
“5. Las
Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados”.
82. En este
sistema normativo se aprecia la forma como se va conformando la Unión
suramericana a lo largo del tiempo:
Por un lado a
través del derecho primario que se ha creado y que se vaya creando. El
Tratado que se examina, es la base normativa constitutiva que, junto a los instrumentos
complementarios y conforme su posición en el sistema de fuentes de Unasur,
se pueden entender como los fundamentos definitorios de la integración diseñada
por los países de Suramérica firmantes.
Y con base en
tales instrumentos, dentro de esta categoría también ingresan los acuerdos
celebrados entre los Estados miembros de que trata el numeral 2º del art. 11,
en los que se establezcan los convenios de cooperación, de fijación de
políticas comunitarias o integracionistas en los que se concerten apoyos
mutuos, acciones comunes, o cesiones de soberanía concretas, para llevar a cabo
los diferentes objetivos que interesan a Unasur y a los Estados que
forman parte de ella.
Por otro, aparece
una suerte de derecho secundario, constituido por las decisiones, resoluciones,
reglamentos, disposiciones permanentes, de los distintos órganos de Unasur,
en cumplimiento de las competencias contempladas en los artículos 7º, 8º y 9º
del Tratado, para procurar consensos, concebir y desarrollar proyectos que
faciliten la creación de reglas, políticas, mercados, estrategias comunes con
las que mejorar la vida de las comunidades suramericanas que se integran.
83. De esta
manera se aplican de modo consistente los principios de que trata, en  especial,
el artículo 9º constitucional. Es decir, que se compaginan los principios de
autodeterminación de los pueblos para resolver los asuntos de Estado, concertar
con otros Estados, hasta entregar a órganos incluso supranacionales el
conocimiento y regulación de asuntos de su competencia, con los principios de pacta
sunt servanda y de la buena fe, para actuar de modo tal que el proyecto de
integración de Unasur en su dimensión dogmática de tanto alcance[62],
se realice progresivamente pero a la vez con garantías que favorezcan su
fortalecimiento.
Y de ahí en
adelante, las decisiones, las resoluciones, los reglamentos y disposiciones
pertinentes que, como se ha visto, adoptan en su orden los  Consejos existentes
para ejercer sus atribuciones. El de jefes de Estado, el de cancilleres, el de
delegados, todos actuando desde el interior de Unasur, como órganos de esa
persona jurídica que, en el marco de sus funciones y atributos, buscan crear y
consolidar el espacio de integración y unión diseñado, como camino principal
para un desarrollo sostenible y equitativo suramericano.
84.  Ahora
bien, otra de las cláusulas sustanciales del funcionamiento del modelo de
integración establecido, es el que formula el mecanismo de adopción de medidas
e ingreso en el derecho interno de los Estados miembros.
En cuanto a lo
primero, así se prevé en el artículo 12 que la “aprobación de la normativa”,
se determina a través de la regla del “consenso” que se entiende como
unanimidad obtenida, pero de una mayoría cualificada de las ¾ partes de los
miembros de cada Consejo. En todo caso, para las decisiones del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para las Resoluciones del Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y para los reglamentos del
Consejo de Delegadas y Delegados,  se prevé que el Secretario General comunique
a los Estados Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo
máximo de 30 o 15 días calendario.
En el mismo
sentido se establece que los Grupos de Trabajo “podrán sesionar y realizar
propuestas siempre que el quórum de las reuniones sea de la mitad más uno de
los Estados Miembros”.
Y por lo que
concierne al ingreso de las decisiones, resoluciones, reglamentaciones,
determinaciones pertinentes, también se concreta en el aparte final de este
precepto, un elemento importante y distintivo del proceso de integración que se
configura. Su obligatoriedad para los Estados, se hará efectiva “una vez que
hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de
acuerdo a sus respectivos procedimientos internos”.
No obstante la
dificultad que ello supone para el avance de las acciones concebidas por Unasur,
al no existir ninguna declaración expresa en el tratado que permita una
introducción directa del Derecho creado por tal organización internacional,
éste sólo podrá ser exigible en el Derecho interno colombiano, en tanto y en
cuanto haya agotado el procedimiento previsto en la Constitución para los
tratados públicos.  Tal ingrediente, en todo caso, se ajusta a los mandatos
constitucionales pues impone las mismas exigencias que proceden para la
adopción de instrumentos internacionales creadores de obligaciones y
compromisos nuevos (arts. 224, 150, num 16, 189, num 2º, 241, num 10 C.P.).
85. Dentro
de la línea anterior, un último elemento que configura el sistema operativo de Unasur
en su proceso de tomar decisiones por unos u otros órganos, es el establecido
en el artículo 13 del Tratado que se analiza.
Así, con
relación a la adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones
y programas, aunque al final del precepto se determina que “será
reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados”, en el Tratado se
establecen unas claras reglas de juego: i) Su propuesta  puede provenir de uno
o de varios Estados miembros; ii) los tres consejos deben aprobar la propuesta,
primero el de Delegadas y Delegados para su consideración; luego el Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores “y, subsecuentemente, al
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno”; iii) en todos los
casos, los criterios para la adopción de tales medidas son: iii.i) actuación de
manera consensuada, iii.ii) según los objetivos de Unasur, es decir, los
relacionados con los artículos 2º y 3º, referidos en particular a la
realización de los fines de seguridad, desarrollo sostenible y Estado social de
derecho; iii.iii.) sobre la base de “criterios flexibles y graduales de
implementación”; iii.iv.) teniendo en cuenta lo previsto en el art. 5º,
cuando se determine para los efectos de esto último, la creación de grupos de
trabajo o de consejos de nivel ministerial u otros, iii.v.) en cumplimiento del
quórum deliberatorio de las ¾ partes de los miembros del Consejo
respectivo y en caso de llegar a consenso, mediante la consulta a los Estados
miembros ausentes, según lo previsto en el art. 12 del Tratado; iv) si se trata de programas,
instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros con
anterioridad a la vigencia del Tratado, se establece que podrán ser
considerados como parte de Unasur  si se hallan en acuerdo con los
objetivos del tratado y han seguido los procedimientos aquí revistos; v) en
todo caso, se preserva rigurosamente la soberanía y autonomía de las partes, al
establecer que “cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o
parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o
indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación total o parcial a la
misma”; vi) en el mismo sentido se establece con respecto a las “instituciones,
organizaciones o programas” que se creen, en tanto cualquier Estado
miembro “podrá participar como observador o eximirse total o parcialmente de
participar por tiempo definido o indefinido”.
86. Esta forma
de concretar acciones, determinaciones, medidas en desarrollo de la integración
política, social, económica, ambiental de Unasur, no posee a juicio de
la Corte objeción desde el punto de vista constitucional. Porque la selección
de un modelo de integración hace parte del poder soberano del Estado,
representado en el caso de Colombia, por el Presidente de la República y
avalado con posterioridad por el Congreso de la República. En lo demás,
salvaguarda con especial celo la soberanía del Estado, para que la integración
avance, para que tome decisiones, para que se implementen.
Ello no obsta
empero, para que la Comunidad de Naciones Suramericanas, cuando los Estados
miembros lo decidan, establezca a través de un tratado constitutivo
complementario, reglas en las que sea posible disponer que el Derecho
secundario o derivado pueda ingresar directamente en el derecho interno, como
se ha dicho para el Derecho comunitario. Sobre la base de una misma autorización
contenida en los artículos 150, num 16 y 227 CP, pero aquí con mejores razones
dado el significado material de la integración y de los objetivos que Unasur
persigue.
Ocurre aquí, mutatis
mutandi, lo que se ha dicho respecto de los tratados de derechos humanos
que establecen garantías menos sólidas y eficaces que las previstas en el
Derecho colombiano, pero que no por esto son inconstitucionales pues preservan
los mínimos básicos. Es decir que en el Tratado de Unasur se ha previsto
una figura mínima del proceso de integración. Pero también se podrá establecer la
aplicación directa del Derecho secundario de la integración suramericana, previa
publicación o medidas semejantes, por cuanto como lo ha dicho la jurisprudencia
con el Derecho comunitario andino, esta medida se halla prevista en el artículo
150, num 16 C.P. y con respecto a la
integración latinoamericana se halla dispuesta en el artículo 227 C.P., al
reconocer la creación de organismos supranacionales[63].
87. Por lo
demás, observa la Corte que si bien la dogmática del tratado apunta hacia la
construcción de una unión seria, sólida y poderosa sobre el subcontinente de
América del Sur y con la que se refleja el concepto constitucional de
integración, promovido desde el preámbulo, el artículo 9º y el art. 227 de la
C.P., los instrumentos orgánicos y funcionales con que se crea, determinan la
configuración de un modelo muy incipiente de realización de tal propósito.
Es decir que
para iniciar la construcción del modelo de integración latinoamericana se ha
concebido no un organismo de carácter supranacional propiamente dicho, sino interestatal,
donde cada Estado conserva celosamente su soberanía y donde con un propósito
común claro y vinculante, cada  acuerdo para la cooperación, la acción común y
la acción integrada, en su definición y ejecución, deben ser producto del diálogo
político, el consenso, el acuerdo unánime y finalmente la aprobación por cada
Estado.
Esta es una forma
de asegurar que cada paso en la construcción sea firme y consistente con los
ideales de cada nación firmante, aunque ralentiza el proyecto que el tratado de
Unasur crea en su dogmática, hace parte de las opciones constitucionales
del Estado colombiano durante la configuración de sus relaciones
internacionales. Es decir que lejos de desconocer la Constitución, se
manifiesta como una base ortodoxamente equitativa, igualitaria y recíproca para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones, en la que se prioriza con
fuerza el valor del pleno y permanente consentimiento de los Estados a la hora
de ceder soberanía, crear comunidad de políticas, integración y en definitiva
unidad sobre las distintas materias que Unasur comprende.
88. Dentro de
estos elementos operativos o para el funcionamiento de la organización creada
por el Tratado, se encuentra la disposición sobre “financiamiento” prevista
en el artículo 16. En este punto, se precisa empero, que se trata del
presupuesto anual de funcionamiento de la Secretaría General, la cual se
formulará bajo la iniciativa del Consejo de Delegadas y Delegados y deberá ser
resuelto por Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. En la
fijación de la forma en que debe contribuir cada Estado miembro, se establece
la habilitación a éste último consejo, para que decida sobre la forma de
diferenciar, según “la capacidad económica (…), la responsabilidad común y
el principio de equidad”.
Esta
construcción, estima la Corte, no contradice precepto constitucional ninguno,
pues asigna las competencias de manera racional y sobre los órganos de Unasur
y en lo demás, prevé la posible y necesaria imposición de cargas económicas,
para el desarrollo de las funciones permanentes de la organización, según
criterios compatibles enteramente con lo previsto en el art. 227 constitucional,
en cuanto a los principios de equidad e igualdad.
3.2.2.3.     Las
relaciones con terceros, Estados asociados y nuevos miembros
89. Los
artículos 15,19 y 20 del Tratado bajo estudio, tratan los asuntos relacionados
con otros Estados que no pertenecen a la Unión, pero que tienen relación con
ella, bien como terceros, como Estados asociados o como miembros adheridos posteriormente
al tratado.
Sobre la
relación con terceros, se regula en el artículo 15 con unas prioridades: “proyectos
en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, políticas sociales,
educación y otras a definirse”, mediante el diálogo político, la búsqueda
de consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos regionales, Estados y
otras entidades de carácter internacional.  Como quiera que al Consejo de
Delegadas y Delegados le corresponde la función de efectuar el seguimiento a
las actividades de implementación (con el apoyo de la Presidencia pro témpore
y de la Secretaría General), se refuerza su papel en las relaciones
internacionales. Ello al determinarse que para “una adecuada coordinación” en
las relaciones internacionales, ese Consejo “deberá conocer y considerar
expresamente las posiciones que sustentará Unasur en su relacionamiento con
terceros”.
90. Contempla
también la figura de los Estados asociados, artículo 19, para otros Estados de América
Latina y el Caribe que soliciten tal participación, cuya aceptación determinará
el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, cuyos derechos y
obligaciones reglamentará Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores.
Y en el
artículo 20, prevé la figura de la adhesión de nuevos miembros, autorizada a
partir del quinto año de entrada en vigor del Tratado, o tras cuatro años de
condición de Estado asociado. Lo anterior con el “propósito de fortalecer la
unidad de América Latina y el Caribe”. Una decisión que adopta el Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y en el último caso, mediante
recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores.  Y para sellar la firmeza del proceso, se establece que los Protocolos
de Adhesión “entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete
su (…) ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente”.
91. Todas
estas construcciones son, a juicio de la Corte, formas legítimas dentro del
amplio poder de configuración normativa que poseen los poderes públicos
nacionales a la hora de diseñar las relaciones internacionales, en este caso,
de las propias organizaciones de carácter internacional creadas. No hay en
ellas ninguna objeción desde la perspectiva constitucional, pues no afectan
ningún principio ordenador como la soberanía nacional, la autodeterminación de
los pueblos y los principios del derecho internacional aceptados por Colombia
(art. 9º C.P.). Y en su forma de entablar relaciones con el mundo para
fortalecer las alianzas o crear asociaciones y nuevos participantes, incluye
por lo demás, figuras previstas en el derecho de los tratados (Convención de
Viena de 1969)[64].
3.2.3.
Tercera parte de la Convención: elementos comunes a los tratados
93. El tercer
gran componente del tratado es el que contempla las reglas propias de los
tratados internacionales referentes a la solución de conflictos, a las prerrogativas
internacionales y a la forma en que entrará en vigencia el tratado y sus
modificaciones.
94. Sobre la
solución de diferencias el artículo 21 del Tratado de Unasur, en
concordancia con las funciones y formas de desarrollar el proceso de
integración. En este sentido, es la negociación directa la que
opera en caso de diferencias “respecto a la
interpretación o aplicación de las disposiciones” del tratado. Solo, de no lograrse
solución, los Estados en cuestión “someterán la diferencia a consideración
del Consejo de Delegadas y Delegados” y en caso de tampoco resolverlo, al “Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su
próxima reunión”.
Además de lo
anterior, señala en el artículo 22 las inmunidades y privilegios con que
cuentan los funcionarios internacionales de Unasur, los representantes
de los Estados Miembros que actúan ante la organización o para ella, quienes gozarán
de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar sus funciones y
competencias, todo lo anterior según lo que Unasur suscriba con el
Ecuador como sede definida de la organización. En el artículo 23, los idiomas
de la Unión, “el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés” y
en el 24, las reglas comunes sobre duración indefinida y denuncia, con respeto
de la obligación de pago por contribuciones. En el artículo 25 se
establece la forma de tramitar las enmiendas por solicitud de cualquier Estado
miembro, cuya aprobación final corresponde al Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno. En fin, también se dispone en el 26 que la entrada en
vigor del tratado y de las enmiendas, que ocurrirá “treinta días después de
la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación”, y en el
artículo junto con las exigencias propias de estos procedimientos, incluido el
registro tratado en el artículo 27 del tratado.
95. La Corte estima
que los anteriores artículos de la Tercera parte del Tratado de Unasur,
resguardan apropiadamente el interés y la soberanía de los Estados partes,
entre ellos el de Colombia. Además, formulan las reglas comúnmente aceptadas
para dichos propósitos por el Derecho Internacional Público, y que por lo mismo
son de uso regular en la generalidad de tratados multilaterales. Por todo lo
anterior, esta Corporación las encuentra exequibles.
4.
Conclusión
96. Agotado
el análisis del instrumento aprobado mediante Ley 1440 de 2011, tanto en su
aspecto formal como material, considera la Corte que aquél se ajusta a los
preceptos constitucionales.
Ello es así
por cuanto, de una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales
exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico
interno. Y de otra, los objetivos y el contenido del Tratado sometido a control
constitucional, que como quedó dicho, busca la realización de fines esenciales
del Estado colombiano, como la seguridad, la libertad y el Estado social de
derecho, a través de una organización interestatal, normas que se avienen sin
dificultades al contenido del texto constitucional, y más allá de ello,
constituyen una oportunidad para el mejor cumplimiento de varios preceptos
superiores.
97. En efecto, el Tratado de Unasur
configura desde su definición y objetivos, el tipo de integración especialmente
protegido por la Constitución, a saber, la integración latinoamericana
política, social y económica, todas juntas, una integración a ser impulsada para
orientar la política exterior colombiana y ser promovida con el propósito de
alcanzar incluso la comunidad latinoamericana. En este caso se trata de una integración
que incluye 12 naciones de Suramérica, unidas para alcanzar máximos ideales del
Estado según la Constitución colombiana.
Es también constitucional, cuando
se constituye como una organización interestatal conformada como punto de
partida del proceso de integración diseñado por el Tratado, en tanto preserva
la soberanía del Estado, sin afectar los demás principios constitucionales a
los que están sujetas las relaciones internacionales.
98. En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el
concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
V. DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar
EXEQUIBLES el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES
SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil
ocho” y la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la cual se
aprobó dicho tratado.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase  y archívese en el
expediente.
JUAN CARLOS HENAO
PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr.  Folio 141 del cuaderno 1.
[2] Cfr. En la sentencia C-618 de 2004 se sostuvo que se presume la
competencia del Ministro de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en
la Ley 32 de 1985, aprobatoria de Convención de Viena, para suscribir acuerdos
internacionales sin que fuera necesario demostrar los poderes respectivos, para
tal efecto.
[3] ARTICULO 8º Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin
autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una
persona que, conforme al ARTICULO 7º no pueda considerarse autorizada para
representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que
sea ulteriormente confirmado por ese Estado.
[4] Cfr. Folio 16 del cuaderno 1.
[5] Cfr. Folios 261 al 272 cuaderno de pruebas 1.
[6] Ver en el folio 31 del cuaderno principal.
[7] Cfr. Folios 309 -317 del cuaderno de pruebas 1.
[8] Cfr. Folio 31-32 del cuaderno principal.
[9] Cfr. Folio 35 del cuaderno principal.
[10] Cfr. Folio 103 del cuaderno principal.
[11] Cfr. Folios 333-343 del cuaderno de pruebas 1.
[12] Cfr. Folio 129-140 del cuaderno principal.
[13] Cfr. Folios 1-2 del cuaderno de pruebas 1.
[14] Cfr. Folio 358 cuaderno de pruebas 1.
[15] Cfr. Folio 359 del cuaderno de pruebas 1.
[16] Cfr. Folio 360-372 cuaderno de pruebas 1.
[17] Cfr. Folio 129-140 del cuaderno principal.
[18] Cfr. Folio 127 cuaderno 2.
[19] Cfr. Folio 321cuaderno de pruebas 1.
[20] Cfr. Folio 133 del cuaderno 2.
[21] Cfr. Folio 142 del cuaderno 2.
[22] Cfr. Folio 133 del cuaderno 2.
[23] Cfr. Folio 144-153 cuaderno 2
[24] Cfr. Folios 136 cuaderno 2.
[25] Cfr. Folio 13-29 del cuaderno 2.
[26] Cfr. Folio 5 del cuaderno 2 y Folio 1 cuaderno de pruebas 2.
[27]Cfr. Folio 15 del cuaderno de pruebas 2.
[28] Cfr. Folio 1 cuaderno 2 de pruebas.
[29] Cfr. Folio 27-34 del cuaderno 2.
[30] Cfr. entre otras, C-086 de 2004.
[31] Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
[32] Vid. p.e., Arturo Urquidi, El proceso de
integración latinoamericana, La Paz, ed. Juventud, 1985; Sergio Guerra
Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo, Laberintos de la integración
latinoamericana. Caracas, Comala, 2006.
[33] Gaceta
constitucional  No. 20 (12 de marzo de 1991.
[34] Por
eso se propone como artículo especial de la primera parte de la nueva
Constitución el siguiente texto: “Artículo. La República de Colombia se
vincula a la comunidad de Naciones en América Latina como ideal permanente de
su política exterior, dentro de un espíritu de libertad, democracia y justicia
social”.
[35] En la Gaceta 53 (18 de abril de 1991) y la Gaceta 62
(29 de abril de 1991).
[36] Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Ossa Escobar, Oscar
Hoyos Naranjo, Angelino Garzón, Jaime Benítez Tobón, Tulio Cuevas Romero, Iván
Marulanda Gómez, Miguel Antonio Yepes, Parra Guillermo Guerrero Figueroa.
[37] Gaceta Constitucional No. 87.
[38] Gaceta Constitucional N. 112, de la Asamblea Nacional
Constituyente.
[39] En concreto, el artículo propuesto establecía que “la
política internacional de Colombia tiene por fundamento la doctrina del
Libertador Simón Bolívar sobre la unidad latinoamericana, en la más estrecha
cooperación internacional, para el afianzamiento de la paz, la independencia
nacional, la conservación o explotación de las riquezas naturales en beneficio
de la nación como de las regiones en las cuales se encuentran junto con el más
alto desarrollo económico y social del país. El presidente de la República o el
ministro de Relaciones Exteriores darán cuenta, periódicamente al congreso y al
país, del cumplimiento de estas finalidades”.
[40] La propuesta del constituyente Fabio de Jesús Villa
decía en concreto: “La búsqueda de una integración económica, política,
social y cultural de los pueblos de América Latina orientada a la formación de
una comunidad latinoamericana, será un objetivo especial de la política
internacional colombiana”.
[41] Gaceta Constitucional N. 117.
[42] Gaceta Constitucional N. 142.
[43] Intervención
del Constituyente Augusto Ramírez Ocampo.
[44] Gaceta Constitucional No. 119.
[45] En este sentido, decía la proposición sustitutiva de
la Constituyente María Mercedes Carranza, “EL PUEBLO DE COLOMBIA (…) En ejercicio
de su poder soberano delegado en la Asamblea Nacional Constituyente, con el
propósito de afirmar la grandeza y la unidad de la Nación y de asegurar la
existencia, la libertad, la justicia, la igualdad, la educación, el
conocimiento y la paz como valores primordiales del supremo derecho a la
felicidad, mediante la consagración de unos principios que fortalezcan el
pluralismo y conduzcan a un orden social, económico, político justo. Consciente
de la necesidad de contribuir a la unidad, e integración latinoamericanas de
acuerdo con los ideales del Libertador Simón Bolívar e invocando la inspiración
de Dios, ha venido en decretar, como decreta y promulga, la siguiente
CONSTITUCIÓN”.
[46] En este orden, la intervención del delegatario Diego
Uribe Vargas, cuando sugiere que “si se va a adoptar ese llamamiento a la
unidad y a la integración latinoamericana, no señalaremos a nuestros padres ni
maestros ni guías, sino sencillamente a todos aquellos que de una u otra forma,
a través de la historia, han contribuido a ello”.
[47] Así en la intervención del delegatario Augusto
Ramírez Ocampo.
[48] Según
la propuesta del constituyente Misael
Pastrana Borrero.
[49] Conforme
la intervención del Constituyente
José Germán Toro Zuluaga
[50] Gaceta Constitucional No. 121.
[51] Vid. intervención del Constituyente Antonio Galán
Sarmiento.
[52] Lo
anterior por cuando debía esclarecer si, como lo solicitaba el actor, la
disposición entonces acusada vulneraba el preámbulo de la Constitución.
[53] La Corte en sentencia C-155 de 2007, referente a la
ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, resaltó la
vocación integracionista de la Constitución de 1991, en los siguientes
términos: “La Constitución Política de 1991 no fue ajena a la integración
del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el Preámbulo y los artículos
9º y 227 señalan que se promoverá la integración económica, social y política
con los demás Estados, especialmente los de América Latina y del Caribe, para
lo cual se autoriza: (i) la creación de organismos supranacionales; (ii) la
participación en una comunidad latinoamericana; (iii) la realización de
elecciones directas para la conformación del parlamento Andino y del parlamento
latinoamericano”.
[54] Vid al respecto la sentencia C-564 de 1992, en la que
: “Junto con la actitud democrática y la tendencia internacionalizante, la
preferencia por la integración económica, social y política en lugar de una
política aislacionista, es el tercer elemento fundamental de la política
exterior de la República. En esta norma se encuentra presente asimismo el
núcleo de condiciones a la tendencia o dirección que se está señalando como
propia del actuar internacional de Colombia. Existirá integración bajo
condiciones de equidad y reciprocidad. Y, añade el texto constitucional, de
igualdad, recordando que se está frente a un principio conexo al de
autodeterminación” (resaltado fuera de texto).
[55] Así, por ejemplo, en las siguientes sentencias:
Sentencia C-204 de 1993, que revisó la constitucionalidad del Convenio entre
la República de Colombia y la República del Perú para la protección,
conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales; C-249 de 1994 sobre el Acuerdo entre Colombia y Brasil
para la recíproca exención de doble tributación a favor de las empresas
marítimas o aéreas de ambos países, C-178 de 1995 en la que se realizó la
revisión previa de la constitucionalidad del Tratado de Libre comercio entre
los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la
República de Venezuela; C-418 de 1995 al determinar la constitucionalidad
del Tratado constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los países iberoamericanos; C-379 de 1996 al
estudiar el "Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protección
recíproca de inversiones"; C-656 de 1996 al revisar la
constitucionalidad del Tratado sobre traslado de
personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Panamá; C-682 de 1996, en el estudio del Convenio de
Amistad y Cooperación suscrito entre la República de Colombia y la República de
Suriname;  C-283 de 1996, en la revisión del Protocolo de Reformas a la
Carta de la Organización de los Estados Americanos-Protocolo de Managua-,
relacionado con un nuevo órgano de la OEA que procura dar efectividad y
eficacia a la cooperación internacional entre los Estados americanos; C-261 de
1996, en la revisión del “Tratado entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela sobre traslado de personas
condenadas”; C-218 de 1997 al revisar el Protocolo Interpretativo
del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, C-231
de 1997 frente al Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena);  C-008 de 1997 al estudiar el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, C-176 de 1997,
al revisar las enmiendas al Tratado de Tlatelolco; C-401 de 1997 sobre el “Protocolo relativo a las áreas
y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la
protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe” y
los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe”; C-227 de 1998 al
estudiar  el “Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y títulos de
educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Cuba”, suscrito en la Habana, el 4 de mayo de 1994;
C-270 de 1999 al revisar el “Convenio
de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno
de la República de Colombia", del 9 de mayo de 1995; C-277 de 1999 sobre el “Protocolo
modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena”, de 28 de mayo de 1996; C-406 de 1999 con respecto al “Convenio
entre la República de Colombia y la República del Perú, sobre asistencia
judicial en materia penal”, de 12 de julio de 1994; C-404 de 1999 al
revisar el “Acuerdo de
Cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay" de 31 de julio de
1997; C-1439 de 2000 sobre el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre la República de Colombia y la República del Perú”, del 12
de diciembre de 1997; C-1184 de 2000 en cuanto al “Convenio de Cooperación
Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la República
Oriental del Uruguay” del 17 de febrero de 1998; C-1333 de 2000 relacionada
con la Convención sobre prerrogativas e inmunidades del organismo para la
proscripción de las armas nucleares en América latina (OPAL), de 23 de
diciembre de 1969; C-326 de 2000 que estudió el “Acuerdo de Cooperación para
la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Paraguay "; C-091 de 2001 al pronunciarse sobre el
“Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la
recuperación y devolución de bienes culturales robados, del 17 de diciembre de
1996”; C-914 de 2001 al estudiar el “Acuerdo relativo al Centro
latinoamericano de Administración para el desarrollo -CLAD- y sus estatutos”,
del 30 de junio de 1972; C-012 de 2001 al revisar el “Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba”, del 14 de enero de 1999; C-581 de 2002 en lo
relativo al  “Acuerdo del alcance parcial de complementación económica No.
48 entre el Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas
de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la comunidad Andina"
de 29 de junio de 2000; C-820 de 2004 al estudiar el “Acuerdo sede entre el
Gobierno de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para
el establecimiento de la Sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el
Área Andina”, del 22 de noviembre de 2001; C-923 de 2007 al analizar el “Acuerdo
de Complementación Económica núm. 33 o Tratado de Libre Comercio entre México,
Venezuela y Colombia; C-031 de 2009, en el caso del “Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un
Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24)” del 6 de
diciembre de 1993; C-446 de 2009 al estudiar el “Tratado de Libre Comercio
celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia”,
del 9 de agosto de 2007 y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del
Capítulo 3 relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección
Agrícola-Lista de Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y
Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de
2008, respectivamente.
[56] Vid. al respecto, sentencias C-564 de 1992, C-246 de 1999, C-864 de
2006, C-750 de 2008.
[57] Lo anterior, naturalmente excluye la excepción
reconocida muy eventualmente por la jurisprudencia constitucional, en la que se
ha dicho que cuando el Derecho comunitario reconoce derechos humanos, este
contenido sí determina que, conforme el artículo 93 C.P., las normas en
concreto que disponen sobre dicho particular, se entiendan pertenecientes al
bloque de constitucionalidad. Así se definió, entre otras en la sentencia
C-1490 de 2000, al atender la demanda de inconstitucionalidad contra normas
penales que regulaban asuntos relacionados con la violación de los derechos de
autor, en razón de las normas invocadas como violadas por los demandantes. Dijo
entonces la Corte que la “Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y
conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos
fundamentales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C.P. se
incorpora al bloque de constitucionalidad” (…). Vid. también sentencias C-582 de 1999, C-1490 de 2000 y
C-988 de 2004.
[58] Vid. sentencias C-358 de
1997, C-327 de 1997, C-256 de 1998, C-864 de 2006, C-809 de 2007, C-433 de 2010 y C-608 de 2010,  por ejemplo.
[59] Vid. sentencias C-137 de 1996 y C-256 de 2008.
[60] Vid por ejemplo sentencias C-265 de 1994, C-509 de 2004, C-865
de 2004, C-707 de 2005, C-432 de 2010.
[61] Vid. Davil Held. La democracia y el orden global : del estado
moderno al gobierno cosmopolita (tr. Sebastián Mazzuca), Barcelona :
Paidós, 1997, 317-338. Luigi Ferrajoli. Principia iuris. Teoría del derecho
y de la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid, Trotta, 2011, p.
535 y ss.
[62]  Como proyecto político, económico, social, ambiental necesario para
el desarrollo de la región, sus democracias, la eficacia de los derechos
humanos de los habitantes de la Unión, el mejoramiento de la calidad de vida y
la erradicación de las desigualdades más indignantes, según se ve en los
preceptos iniciales del tratado ya estudiados. Supra  3.2.1.1.,
3.2.1.2.
[63] Vid. sentencias C-122 de 1995, C-231 de 1997, C-227 de 1999.
[64] (Artículos) 1-b, 11, 15, 16.