T-043-18
Sentencia
T-043/18
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional
En lo que respecta al reconocimiento de acreencias laborales
por medio de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que por regla general dicha pretensión no es susceptible de ampararse por esta
vía, por cuanto en el ordenamiento jurídico la jurisdicción ordinaria laboral,
o la jurisdicción de contenciosa administrativa tienen mecanismos idóneos y
eficaces de defensa judicial según el caso. Sin embargo, de manera
excepcional, se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago
de dicho tipo de acreencias cuando se afecta el derecho fundamental al
mínimo vital del accionante.
ACCION DE TUTELA
PARA RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Improcedencia por existir otro medio de defensa
judicial y no acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable
Se observa que el
juez de tutela no es el llamado a intervenir en el asunto bajo examen, ya que
la discusión recae sobre una serie de derechos inciertos, de modo que al
carecer de relevancia en términos de derechos fundamentales, estos deben ser
discutidos ante el juez ordinario laboral en la medida en que pertenecen a su
ámbito de competencia. Así mismo, se concluyó que el accionante no se encuentra
ante la posible materialización de un perjuicio irremediable respecto de sus
derechos fundamentales
Referencia:
Expediente T-6.377.245
Acción
de tutela instaurada por Eduardo Rivero Muñoz contra Comercializadora INCO S.A.S.
Procedencia:
Juzgado 5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga.
Asunto:
Improcedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales y
prestaciones de naturaleza económica.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José
Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite
de revisión del fallo de única instancia dictado el 12 de junio de 2017, por el
Juzgado 5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, por medio del cual se negó por improcedente el amparo
constitucional solicitado por Eduardo Rivero Muñoz en contra de la
Comercializadora INCO S.A.S.
I. ANTECEDENTES
El
30 de mayo de 2017, mediante apoderado, el peticionario interpuso
acción de tutela contra la empresa accionada por considerar que vulneró sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada y a la seguridad social integral. Lo anterior, como consecuencia
de la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa demandada,
tras haber sufrido un accidente laboral. Por tal razón, aseguró que su
empleador le debió garantizar la estabilidad laboral reforzada por su estado de
vulnerabilidad manifiesta.
Hechos y pretensiones
1.  El señor Eduardo Rivero Muñoz celebró un contrato verbal de obra con la
empresa Comercializadora INCO S.A.S con el objeto de llevar a cabo labores de
corte de calzado. El lugar acordado para ejecutar sus funciones fue el
establecimiento de comercio “Comercializadora INCO SAS”, ubicado en la
calle 51 no. 16-102 de Bucaramanga, Santander.
2.  El 1 de marzo de 2015, el accionante empezó a ejecutar las
labores del contrato a cambio de un salario de un millón ciento cincuenta mil
pesos ($ 1’150.000.00).
3.  El 31 de octubre de 2015, el peticionario sufrió una lesión mientras
ejecutaba sus labores diarias, particularmente, fue herido por un objeto
punzante en la muñeca de su mano derecha.
4.  El 4 de noviembre de 2015, reportó el accidente sufrido a la empresa, por
lo que fue remitido a la EPS y a la ARL con el objetivo de que se diagnosticara
su patología y el origen de la enfermedad. Al presentarse diferencias entre las
entidades mencionadas respecto a la calificación de origen de la enfermedad,
fue remitido a la Junta de Calificación de Invalidez de Santander.
5.  El 11 de noviembre de 2016, la Junta de Calificación de
Invalidez de Santander, mediante el dictamen número 91294999-2381, estableció que
padecía de síndrome de túnel carpiano de origen laboral[1].
6.  El 22 de diciembre de 2016, el actor fue despedido de su trabajo con el
argumento de que había finalizado la obra para la cual había sido contratado.
7.  El 24 de abril de 2017, la Dirección Laboral de Colmena Seguros determinó
que el señor Eduardo Rivero Muñoz había tenido una pérdida de capacidad laboral
del 15.34%.
8.  El 30 de mayo de 2017, el peticionario interpuso acción de tutela por
considerar que la empresa INCO S.A.S. vulneró sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la
seguridad social integral. Por lo tanto, solicitó i) ser reintegrado a su
puesto de trabajo; y ii) que la sociedad accionada efectuara los pagos de las
cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales por el salario real
devengado y no por el mínimo legal vigente.
Actuaciones en sede de tutela
Por
medio de auto del 30 de mayo 2017[2],
el Juzgado
5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga admitió la acción de tutela y corrió traslado a la Comercializadora
INCO S.A.S. como parte accionada. Así mismo, vinculó al Ministerio del Trabajo,
a Colmena Seguros y a Coomeva EPS, para garantizar su derecho al debido
proceso.
Respuesta de Coomeva EPS
El
1 de junio de 2017[3],
la EPS Coomeva presentó escrito ante el juez de instancia y señaló que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, debido a que la acción de tutela se deriva
de una situación contractual que solo tiene interés para el accionante y la
sociedad demandada. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la presente
solicitud de amparo.
Respuesta de la Comercializadora INCO S.A.S.
Mediante
escrito presentado el 2 de junio de 2017[4],
la Comercializadora INCO S.A.S. solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela de la referencia, bajo el argumento de que no cumple el
requisito de subsidiariedad. A su juicio, el peticionario no agotó previamente
los mecanismos ordinarios de defensa judicial para solucionar la controversia,
ya que se trata de un asunto de competencia del juez ordinario laboral. Además,
señaló que no existe la inminencia de un perjuicio irremediable, debido a que
el accionante no se encuentra en una situación económica o de salud grave, por
lo que acudir a la jurisdicción ordinaria laboral es una forma eficaz e idónea
para solucionar la discusión.
Respuesta de Seguros Colmena
A
través de escrito del 2 de junio de 2017[5],
Colmena Seguros pidió ser desvinculada de la acción de tutela porque no tiene
injerencia ni legitimación para pronunciarse sobre el asunto en discusión, ya
que las pretensiones del accionante estaban dirigidas a su empleador. De este
modo, aseguró que se trata de un asunto entre particulares en la que no tiene
ningún tipo de legitimidad para actuar y, en consecuencia, debía ser
desvinculada del proceso.
Respuesta del Ministerio del Trabajo
Mediante
respuesta del 5 de junio de 2017[6],
el Ministerio del Trabajo solicitó ser desvinculado del proceso porque no
vulneró ningún derecho fundamental del accionante. Además, hizo un recuento de
la jurisprudencia constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada para
posteriormente concluir que el juez debía evaluar estos criterios al resolver
caso concreto.
Decisiones objeto de revisión
Fallo de primera instancia
13.
El
Juzgado
5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga,
mediante sentencia del 12 de junio de 2017[7],  resolvió
negar el amparo solicitado, ya que consideró que la acción de tutela
no cumplía el requisito de subsidiariedad. En efecto, indicó que no se acreditó
el agotamiento de recursos ordinarios de defensa judicial para obtener el
reconocimiento de la prestación reclamada. Así mismo, afirmó que tampoco se
probó que el despido del accionante estuviera motivado en su estado de salud,
debido a que la pérdida de capacidad laboral del peticionario fue posterior a
la finalización de su contrato. Por último, resaltó que no se demostró la
amenaza o configuración de un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
14.
Mediante auto del 13 de diciembre de 2017[8],
la Magistrada sustanciadora, con el fin de contar con mayores elementos de
juicio, ordenó al accionante que informara sobre los
medios de subsistencia con los que ha contado desde que se produjo su despido, a
cuánto asciende el monto de sus gastos personales, las personas
con las que vive, si tiene bienes a su nombre y las personas que están a su
cargo.
Además,
ofició a la Comercializadora INCO S.A.S. para que comunicara en qué consistía
la obra para la que estaba contratado el señor Rivero Muñoz, si la culminación del
contrato estaba determinada en el tiempo o por una meta, cuál era la forma en
que el peticionario cumplía sus labores, y si la función que desempeñaba el
actor se mantenía dentro de la empresa.
Respuesta de Eduardo Rivero Muñoz
15.
A través de escrito radicado el 18 de diciembre de 2017[9], el
accionante dio respuesta a las preguntas formuladas en el auto del 13 de ese
mismo mes y año.
En
primer lugar, señaló que actualmente se dedica al servicio de mensajería y
mototaxismo, sin embargo, no indicó el monto de sus ingresos.
En
segundo lugar, hizo una descripción detallada de sus gastos personales, los
cuales ascienden a un millón doscientos setenta y siete mil ($1’277.000.00) pesos
mensuales. De esta suma se destacan ochocientos ochenta y seis mil ($886.000.00)
pesos, que corresponden al pago del canon de arrendamiento mensual.
En
tercer lugar, resaltó que su núcleo familiar está compuesto por su esposa y tres
hijos. No obstante, informó que solo tiene a cargo dos de ellos: un menor de
edad de 15 años que cursa el bachillerato, y una que es mayor de edad desde
julio de 2017. Además, dijo que no posee ningún bien mueble o inmueble.
En
cuarto lugar, indicó que se desempeñaba como cortador de calzado en la
Comercializadora INCO SAS, por lo que su función consistía en hacer trazos
sobre un material de cuero mediante delineamientos repetitivos sobre un molde
de lata. Así mismo, aseguró que cumplía una jornada laboral diaria que se
dividía entre las 7:15 am y 12:00 m, y la 1:00 pm y 7:00 pm. También afirmó que
siempre desempeñó sus labores en las instalaciones de la empresa, que su
superior directo era la señora Carmenza Orjuela Domínguez, y que mensualmente
devengaba un salario de un millón cincuenta mil ($ 1’050.000) pesos.
En
quinto lugar, aseguró que actualmente no está afiliado a ningún fondo de
pensiones, así como tampoco a ninguna EPS. Además, aseveró que se encuentra en
mora en el pago de dos meses del arrendamiento, por lo que a su codeudor le realizaron
un cobro prejurídico.
Por
último, resaltó que las cotizaciones que la empresa hizo a su favor en el
Sistema de Seguridad Social Integral fueron hechas con base en el salario
mínimo y no por lo efectivamente devengado. En ese sentido, argumentó que hubo
una afectación a sus ingresos, ya que al momento de solicitar el pago de su
indemnización con motivo de su incapacidad permanente parcial, la ARL Colmena lo
liquidó según el promedio del ingreso base de cotización de los seis meses
anteriores a la fecha de la ocurrencia del accidente de trabajo, es decir, con
base en el salario mínimo. Por esas razones, solicitó que la sociedad accionada
le pague la diferencia de la indemnización que la ARL Colmena le canceló conforme al salario real devengado.
Respuesta de la Comercializadora INCO SAS
Mediante
oficio del 19 de diciembre de 2017[10],
la Comercializadora INCO S.A.S. respondió a las preguntas formuladas por la
Magistrada Sustanciadora. En primer lugar, informó que el señor Eduardo Rivero
Muñoz fue contratado porque las empresas ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. y
COMERCIALIZADORA BALDINI aumentaron la cantidad de los encargos para la fabricación
de calzado. Aseguró que este incremento en los pedidos se produjo durante los
años 2015 y 2016, por lo que fue necesario vincular al actor y a otros
trabajadores para cumplir con el aumento en la demanda de estas dos empresas. De
esta manera, enfatizó en que efectivamente existió un contrato de obra o labor
con el accionante, debido a que la labor para la que fue contratado terminó en diciembre
de 2016, en la medida en que, durante esa época, disminuyeron sustancialmente
los pedidos realizados por una de las sociedades mencionadas previamente.
En
segundo lugar, la Comercializadora INCO S.A.S. reiteró que la terminación del
contrato estaba determinada por el tiempo de entrega de los pedidos extraordinarios
que habían realizado las empresas citadas con anterioridad. En ese sentido, la
accionada indicó que la culminación del vínculo laboral no se realizó con
ocasión del estado de salud del peticionario, sino que esta ocurrió como
consecuencia de la disminución del pedido por parte de las empresas. Además,
aseguró que en ningún momento el señor Rivero Muñoz fue incapacitado durante la
relación laboral, así como tampoco lo había estado al momento de terminar el
contrato. Por lo anterior, indicó que no había ninguna relación entre la
finalización del vínculo laboral y el estado de salud del accionante.
En
tercer lugar, la accionada afirmó que el actor se encontraba dentro de una
comisión específicamente encargada de aumentar la producción de calzado para
los pedidos realizados por las empresas ALCANTARA ASOCIADOS SAS y
COMERCIALIZADORA BALDINI. También aseveró que a pesar de que el salario base
del peticionario era el mínimo legal vigente, las partes pactaron un valor
específico por cada unidad producida extra, por lo que el alto rendimiento del
accionante había llevado a que su salario en promedio consistiera en un millón
ciento cincuenta mil ($1’150.000.00) pesos.
En
cuarto lugar, expresó que en este momento nadie ocupa la función que
desempeñaba el peticionario, debido a que los encargos realizados por las
empresas se redujeron sustancialmente.
Por
último, señaló que la acción de tutela debía ser rechazada por subsidiariedad,
debido a que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial y
este no se encuentra ante la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde
a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional analizar la sentencia
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
objeto de revisión y cuestión previa a la formulación del problema jurídico
2.
El señor Eduardo Rivero Muñoz, mediante apoderado, interpuso
acción de tutela contra la Comercializadora INCO S.A.S. por considerar que aquella
le vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a
la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social integral. Lo anterior,
como consecuencia
de la presunta terminación unilateral del contrato de obra por parte la empresa
con ocasión del accidente laboral sufrido por el peticionario, por lo que,
según este, se debe dar aplicación al principio de la estabilidad laboral
reforzada por su estado de vulnerabilidad manifiesta.
3. La Sala considera que antes de la
formulación del problema jurídico de fondo debe determinar si la acción de
tutela es procedente. Por lo tanto, analizará si esta cumple con los requisitos
de procedibilidad necesarios para realizar el estudio de fondo del amparo
solicitado, como son: i) legitimación por activa; ii) legitimación por pasiva;
iii) subsidiariedad; e, iv) inmediatez.
Examen de procedencia de la acción de
tutela
Legitimación por activa
4.
El artículo 86 de la Constitución establece que cualquier persona podrá
presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública
o particular.
Por
su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para
el ejercicio de la acción de tutela, en el sentido de que la solicitud de
amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante
legal; iii) por medio de apoderado judicial;  iv) mediante agente oficioso; y v)
procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
5. En
este caso particular, el señor Eduardo Rivero Muñoz se encuentra legitimado en
la causa por activa porque es la persona directamente afectada en sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la
seguridad social integral, cuya protección reclama.
Legitimación por pasiva
6. La
legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace
referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de
tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o
amenaza del derecho fundamental invocado, una vez se acredite la misma en el
proceso[11].
Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra
particulares.
En distintas ocasiones, esta
Corporación ha considerado que el amparo constitucional puede formularse de
manera excepcional contra un particular, debido a que en sus relaciones
jurídicas y sociales pueden presentarse asimetrías que generan el ejercicio de
poder de unas personas sobre otras[12].
De esta manera, la Corte, mediante la
interpretación de los artículos 86 Superior y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991,
ha precisado las siguientes subreglas jurisprudenciales de procedibilidad
excepcional de la acción de tutela contra particulares: i) cuando está
encargado de la prestación de un servicio público[13]; ii) su actuación afecta gravemente
el interés colectivo[14]; o iii)
la persona que solicita el amparo constitucional se encuentra en un estado de
subordinación o de indefensión[15]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-030-17.htm
- _ftn49.
En efecto, este Tribunal ha expresado
que los conceptos de subordinación y de indefensión son relacionales y
constituyen la fuente de la responsabilidad del particular contra quien se
dirige la acción de tutela[16]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-030-17.htm
- _ftn51. En cada
caso concreto, el juez deberá verificar si la asimetría en la relación entre
agentes privados se deriva de interacciones jurídicas, legales o contractuales
(subordinación), o si por el contrario, la misma es consecuencia de una
situación fáctica en la que una persona se encuentra en ausencia total o de
insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler
la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales frente a otro
particular (indefensión)[17].
En consecuencia, la garantía de los
derechos fundamentales debe ser respetada no solo por las autoridades públicas
sino también de los particulares, por lo que a partir de estrictas subreglas
jurisprudenciales, se ha consagrado la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra particulares.
7. En el presente caso, la
Comercializadora INCO es una sociedad por acciones simplificada ante la cual el
actor aduce que se encontraba en estado de
subordinación, ya que afirma que existía un contrato de trabajo que las
vinculaba. En esa medida, el vínculo entre un trabajador y su empleador se
caracteriza por las asimetrías derivadas de la relación de poder, por lo que el
empleado se encuentra en un estado de subordinación frente a su empleador. Por lo
tanto, de conformidad con el numeral 4° del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, la mencionada empresa está legitimada como parte pasiva en el proceso de
tutela bajo estudio, en la medida en que: i) existió una relación laboral con
el actor; y ii) se le atribuye la violación de los derechos fundamentales del
accionado con ocasión de la terminación del vínculo laboral.
Inmediatez[18]
8. Esta Corporación ha resaltado que de conformidad con el artículo
86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad. Sin
embargo la solicitud de amparo debe formularse en un término razonable desde el
momento en el que se produjo el hecho vulnerador.
Esta
exigencia se deriva de la finalidad de la acción constitucional que pretende
conjurar situaciones urgentes que requieren de la inmediata intervención del
juez constitucional. Por lo tanto, cuando ha transcurrido un periodo de tiempo
considerable y desproporcionado entre la ocurrencia del hecho vulnerador o la
amenaza a los derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela,
se entiende prima facie que su carácter apremiante fue desvirtuado,
siempre que no se hayan expuesto razones que muestren en términos de derechos
fundamentales el paso del tiempo para utilizar el mencionado instrumento
constitucional.
Asimismo,
este requisito de procedencia tiene por objeto respetar o mantener la certeza y
estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un
tiempo razonable, respecto de los cuales se presume la legalidad de sus efectos
ante la ausencia de controversias jurídicas. En ese sentido, la jurisprudencia
de este Tribunal[19] ha
precisado que el presupuesto de inmediatez: i) tiene fundamento en la finalidad
de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho
constitucional fundamental; ii) persigue la protección de la seguridad jurídica
y los intereses de terceros; e iii) implica que la tutela se haya interpuesto
dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias
particulares de cada caso.
9. En atención a las consideraciones expuestas, la Sala considera
que el presupuesto de inmediatez está acreditado, ya
que transcurrieron 5 meses desde que la Comercializadora INCO S.A.S. terminó
unilateralmente el contrato del señor Eduardo Rivero Muñoz y la presentación de
la acción de tutela en referencia. En ese sentido, este espacio de tiempo se
muestra razonable y proporcionado en el caso particular, por lo que dicho
requisito está probado.
Subsidiariedad
10. El principio de
subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la
acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer cesar la vulneración a los derechos fundamentales,
o en caso de que exista otro mecanismo, aquel no sea idóneo o eficaz para
garantizarlos, o porque se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección[20].
Siendo así, el análisis de la
procedibilidad de la acción de tutela exige al juez la verificación de las
siguientes reglas jurisprudenciales: procede el amparo como i) mecanismo
definitivo, cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de
protección o el dispuesto por la ley para resolver las controversias, no es
idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se
estudia[21]; ii)
Procede la tutela como mecanismo transitorio: ante la
existencia de un medio judicial que no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[22]. Además, iii) Cuando la acción de
tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional -como los niños, mujeres cabeza de familia, personas de la
tercera edad, población LGBTI, personas en situación de discapacidad,
entre otros- el examen de procedencia de la acción de tutela se hace menos
estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos[23].
La jurisprudencia constitucional ha
establecido que un evento o situación puede ser considerado como perjuicio
irremediable si convergen estos tres elementos: i) debe ser cierto e
inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones,
sino a una apreciación razonable de hechos verídicos-[24], ii) debe ser grave,
desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la
importancia de dicho bien o interés para el afectado[25], y iii) debe requerir atención
urgente, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención
o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma
irreparable.[26]
Ahora
bien, respecto a la idoneidad del mecanismo de defensa judicial al alcance del
afectado, la Sentencia SU-355 de 2015[27]
determinó que este “ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela
para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La
idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado,
examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado
previsible de acudir a ese otro medio de defensa judicial.” Así,
el juez constitucional deberá efectuar un análisis particular del caso
concreto, pues en este podría percatarse de que la acción ordinaria no permite
resolver la cuestión en una dimensión constitucional o adoptar las medidas
necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados.
11. En lo que respecta al
reconocimiento de acreencias laborales por medio de la acción de tutela, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que por regla general dicha
pretensión no es susceptible de ampararse por esta vía, por cuanto en el ordenamiento
jurídico la jurisdicción ordinaria laboral, o la jurisdicción de contenciosa
administrativa tienen mecanismos idóneos y eficaces de defensa judicial según
el caso. Sin embargo, de manera excepcional, se ha contemplado la
procedencia del amparo para obtener el pago de dicho tipo de acreencias cuando
se afecta el derecho fundamental al mínimo vital del accionante.
Sobre este punto, la Sentencia
T-457 de 2011[28]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-016-15.htm
- _ftn27 indicó
que:
“[p]or regla general, la resolución de
las controversias relativas al incumplimiento en el pago de acreencias
laborales, entre ellas el salario o contraprestación mensual, es un asunto que
compete a la jurisdicción laboral. (…) Sin embargo, la sólida línea jurisprudencial
que por varios años ha trazado esta Corporación, plantea de forma pacífica una
única excepción sobre la improcedencia general anotada. Ella se presenta en
aquellos eventos en los que el no pago de la prestación tiene como consecuencia
directa la afectación de derechos fundamentales, concreta y especialmente, el
del mínimo vital”.
Para
tal efecto, el citado derecho se ha entendido como: “aquella porción del
ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación,
salud, educación, recreación, servicio públicos domiciliarios, etc.”[29]
De ahí que su conceptualización no sólo comprenda un componente cuantitativo vinculado
con la simple subsistencia, sino también un elemento cualitativo relacionado con el respeto a la
dignidad humana como valor fundante del ordenamiento constitucional. En todo
caso, siempre que se alega su vulneración, es necesario que el interesado
enuncie los motivos que le sirven de fundamento para solicitar su protección,
de manera que el juez pueda evaluar la situación concreta del accionante.
12.  Ahora bien, es preciso señalar que en el área del derecho laboral
y de la seguridad social existen dos tipos de derechos: los inciertos y
discutibles, y los ciertos e indiscutibles. Para determinar cuáles son los
elementos que distinguen a estos últimos, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 08 de junio de 2011,
radicado No. 3515, precisó lo siguiente:
“el carácter de cierto e indiscutible de un derecho
laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación,
surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas
en la norma jurídica que lo consagra un derecho será cierto, real e innegable, cuando no haya duda sobre la
existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay
ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad.”
Siendo así, un
derecho es cierto e indiscutible en la medida en que esté incorporado al
patrimonio de un sujeto y haya certeza sobre su dimensión, es decir, cuando se
cumplen los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho, así no se
haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma. Por oposición, un  derecho
es incierto y discutible
cuando los hechos no son claros, cuando la norma que lo consagra es ambigua o
admite varias interpretaciones, o cuando el nacimiento del derecho está
supeditado al cumplimiento de un plazo o condición y existe una circunstancia
que impide su nacimiento o exigibilidad.
Para
efectos de la relevancia constitucional que cada uno tiene, debe señalarse que
mientras el artículo 53 de la Constitución determina que está prohibido la
transacción de los derechos ciertos e indiscutibles, la jurisprudencia ha
determinado que los inciertos y discutibles son, “en principio, renunciables en un eventual acuerdo conciliatorio,
en razón a que se trata de derechos individuales que sólo miran el interés
particular del renunciante”[30].
El hecho de que las personas no puedan renunciar a los derechos laborales y de seguridad
social ciertos e indiscutibles, aun si consienten voluntariamente en ello,
encuentra respaldo en la creencia fundada de que “los trabajadores y los
afiliados al sistema de seguridad social pueden verse forzados a realizar renuncias
como respuesta a un estado de necesidad”[31]
y en la convicción de que, como se ha mencionado, las relaciones laborales
no se desenvuelven en un plano de igualdad entre empleador y trabajador.
De esta manera, las controversias que recaen
sobre los derechos ciertos e indiscutibles pueden, en algunos casos, protegerse
a través de la jurisdicción constitucional, mientras que las de los derechos
inciertos y discutibles deben debatirse necesariamente en la jurisdicción
ordinaria. Lo anterior, debido a que mientras los primeros constituyen para los
trabajadores una garantía constitucionalmente protegida y por consiguiente de
aplicación inmediata, los segundos, tienen protección legal de límites al tener
un carácter transable y renunciable, y por ello competen a la jurisdicción
ordinaria.
La certeza de un
derecho corresponde a su efectiva incorporación en el patrimonio del trabajador
y la indiscutibilidad hace relación a la seguridad sobre los extremos del
derecho. Por ejemplo, “cuando se sabe que entre dos personas hubo un
contrato laboral de carácter verbal, a raíz del cual se le deben las cesantías
al empleado, su derecho a las cesantías es cierto, pues siempre que hay
contrato laboral el empleador debe consignarle al trabajador una suma de dinero
a título de cesantías”[32].
Así, en dicho ejemplo, como su monto es discutible, puesto que no se sabe desde
cuándo hubo contrato, no es posible determinar el total debido por concepto de
cesantías, por lo que esta dimensión permanece incierta.
12. En
síntesis, de acuerdo con el requisito de subsidiariedad, la acción de tutela es
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo a los medios
judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, este
requisito puede flexibilizarse si el juez constitucional logra determinar
alguno de estos supuestos: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa
no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere la
protección constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el
afectado se enfrentaría a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección
constitucional. Así mismo, debe señalarse que mientras las controversias
respecto de derechos laborales
ciertos e indiscutibles tienen una gran relevancia constitucional, ya que éstos
involucran derechos fundamentales y por eso constituyen un límite infranqueable
dentro de las relaciones laborales, los derechos inciertos y discutibles dentro de
la relación laboral son derechos legales que pueden ser protegidos por esa
jurisdicción natural.
13. Esta
Sala encuentra que en este asunto particular el peticionario pretende su
reintegro y el pago de diferentes acreencias laborales. Tanto en las
pretensiones de la acción de tutela[33], como en las consideraciones
finales del escrito
radicado el 18 de diciembre de 2017[34],
el señor Rivero Muñoz insistió en que la Comercializadora INCO SAS se equivocó
en el cálculo del monto de las cotizaciones que transfirió al Sistema de
Seguridad Social Integral, por lo que solicitó al juez de tutela que ordenara
el pago de los saldos dejados de percibir. Así mismo, el accionante solicita
ser reintegrado en el cargo que venía desempeñando o en uno de igual jerarquía
y remuneración en aplicación del principio de estabilidad reforzada.
Ahora
bien, en su respuesta al auto del 13 de diciembre de 2017[35], la
Comercializadora INCO S.A.S. sostiene que tenía un contrato de obra con el
accionante, ya que la realización de la labor para la que se le había
contratado estaba determinada por el tiempo de entrega de pedidos
extraordinarios. Por otro lado, la empresa también afirma que el salario base
del actor era el mínimo legal vigente, ya que los demás ingresos que este
devengaba se debían a una bonificación pactada por cada unidad producida extra.
En ese sentido, el accionado afirmó que las cotizaciones hechas al Sistema de
Seguridad Social Integral se hicieron conforme al salario base del actor sin
contar las bonificaciones, por lo que no hubo ningún error en su pago.
A criterio de esta Sala de Revisión,
esta incertidumbre respecto a la manera en que se terminó el vínculo laboral
entre las partes, el monto de los aportes que debía cotizar la empresa en el Sistema
de Seguridad Social Integral y la falta de prueba que respalde la tesis del accionante reflejan que los
derechos reclamados por el señor Rivero Muñoz son inciertos, ya que no hay certeza
ni sobre los hechos que supuestamente les dan lugar y, especialmente, a que su
despido haya sido con ocasión del accidente de trabajo, ni sobre la
exigibilidad de un derecho.
A esta incertidumbre se suma el hecho
de que a lo largo del vínculo entre las partes, el peticionario nunca estuvo
incapacitado, y de que en sede de revisión no hizo referencia a que haya tenido
complicaciones de salud posteriores a la presentación de la acción de tutela.
De este modo, aunque padezca una pérdida de capacidad laboral del 15.34%, con fecha de estructuración del 28 de marzo de
2017, esta no implica que se encuentra en un estado de vulnerabilidad
manifiesta que le impida trabajar y en consecuencia haga ineficaces o
inadecuados los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
De esta manera, se observa que el
juez de tutela no es el llamado a intervenir en el asunto bajo examen, ya que
la discusión recae sobre una serie de derechos inciertos, de modo que al carecer de
relevancia en términos de derechos fundamentales, estos deben ser discutidos
ante el juez ordinario laboral en la medida en que pertenecen a su ámbito de
competencia.
14. Ahora bien, al
hacer un análisis sobre la idoneidad del mecanismo de defensa judicial al
alcance del afectado, esta Sala de Revisión debe señalar que un proceso
ordinario laboral que busque el reconocimiento de los derechos del accionante,
en este caso es idóneo para lograr proteger los derechos fundamentales que eventualmente
podrían estar en juego. Lo anterior, debido a que el objetivo de un proceso de
esta naturaleza es solucionar los conflictos de orden laboral, por lo que
cuenta con mecanismos ordinarios de recaudo de pruebas y valoración de
testimonios, entre otros, que  sin lugar a dudas permiten resolver los
problemas en discusión y adoptar las medidas que eventualmente sean necesarias
para la protección de los derechos fundamentales afectados.
15. De esta modo, ante la existencia
de otro mecanismo de defensa judicial, que en este caso corresponde a un
proceso ordinario en la jurisdicción laboral,  y en la medida en que esta Sala
de Revisión ha concluido que este es eficaz e idóneo, la presente acción de
tutela tan solo podría llegar a ser procedente como mecanismo transitorio de
protección. No obstante, esto solo ocurriría en caso de que se observara que el
accionante se encuentra sometido a la posible materialización de un perjuicio
irremediable respecto de sus derechos fundamentales.
En
ese sentido, si bien el actor advirtió en la acción de tutela que se encontraba en presencia de un
perjuicio irremediable, de acuerdo con la información que allegó en Sede de Revisión
no hay prueba de la afectación a sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la
seguridad social integral. Lo anterior, debido a que en esta sede judicial se ha comprobado que el
accionante tiene 48 años de edad, tiene un puntaje de 69,00 en el SISBÉN y se
encuentra activo en el fondo de pensiones Porvenir SA, por lo que se comprueba
que el accionante no es un adulto mayor y es una persona con capacidad de
trabajar que goza de un mínimo de estabilidad socioconómica.
Además, se ha comprobado que tampoco
está en una situación de vulnerabilidad económica, debido a que a pesar de que se
encuentra en la informalidad laboral, tiene un medio por el cual devenga
ingresos mensuales, y que, según lo afirmado en Sede de Revisión, recibió una
indemnización por parte de la ARL Colmena[36].
Así mismo, de las personas a cargo,
solo tiene un hijo menor de edad, quien, al estar matriculado en el colegio y
contar con el apoyo económico de sus dos padres, está en condiciones de llevar
una vida digna.
Por último, debe señalarse que el
accionante paga un canon de arrendamiento de ochocientos
ochenta y seis mil ($886.000.00) pesos soportado por un codeudor y vive en una
casa de estrato tres (3), de lo que se sigue que a pesar de sus actuales dificultades
económicas su mínimo vital no se encuentra comprometido, por lo que no es
necesaria la intervención del juez constitucional en este caso.
Conclusiones
16. A criterio de esta Sala de
Revisión, los derechos reclamados por el peticionario son inciertos, debido a
que no hay certeza de que i) su despido haya sido con ocasión del accidente de
trabajo; y ii) del monto de los aportes que debía cotizar la empresa INCO
S.A.S. en el Sistema de Seguridad Social Integral. Siendo así, el señor Rivero
Muñoz no puede exigir el amparo de los de los derechos solicitados, ya que no
hay certeza de las situaciones fácticas que supuestamente les dan lugar. De
este modo, se ve que un proceso ordinario en la jurisdicción
laboral es un mecanismo
idóneo y eficaz para la eventual protección los derechos reclamados, ya que
estos, al tener un carácter incierto y discutible, pueden ser protegidos por
esa jurisdicción.
Así mismo, se concluyó que el
accionante no se encuentra ante la posible materialización de un perjuicio
irremediable respecto de sus derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que
i) es una persona de 48 años que a pesar de tener una discapacidad parcial
permanente goza de capacidad de trabajo; y ii) no se encuentra en un estado de
vulnerabilidad económica, en la medida en que devenga ingresos mensuales y
recibió una indemnización por parte de la ARL Colmena. De este modo, el actor
no acreditó que la presunta falta de pago de las acreencias laborales
solicitadas le genera un perjuicio grave, inminente e irremediable a sus
derechos fundamentales, de manera que esta Sala de Revisión considera que no
hay ningún argumento por el cual no deba acudir ante el juez natural de la
causa.
En consecuencia,
esta Sala de Revisión, al haber evaluado todos los supuestos
establecidos en la jurisprudencia para determinar la procedibilidad de la
presente acción de tutela, ha concluido que esta no satisface el requisito de subsidiariedad, por lo que no entrará
al estudio de fondo y confirmará la
sentencia de única instancia  proferida el 12 de junio de 2017 por el Juzgado
5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, mediante la cual
se resolvió negar por improcedente el amparo solicitado.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida el 12 de junio de
2017 por el Juzgado
5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, mediante la cual
se resolvió negar el amparo solicitado por improcedente.
SEGUNDO.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]Folio 5,
cuaderno de primera instancia. El dictamen médico precisa lo siguiente: “se delibera el caso en junta en pleno, encontrándose
factores de riesgo suficientes, en una actividad bimanual, de alta precisión,
repetividad, aplicación de fuerza, agarres digitales que se concuerda con los
parámetros de ley definir [sic] que el síndrome del túnel carpiano, como
enfermedad de origen laboral.”
[2] Folio 64, cuaderno de primera instancia.
[3]
Folios 71-73, cuaderno de primera instancia.
[4]
Folios 87-100, cuaderno de primera instancia.
[5]
Folios 102-105, cuaderno de primera instancia.
[6]
Folios 151-157, cuaderno de primera instancia.
[7]
Folios 299-304, cuaderno de primera instancia.
[8]
Folios 15-18, cuaderno de la Corte Constitucional.
[9]
Folios 23-25, cuaderno de la Corte Constitucional.
[10]
Folio 33, cuaderno de la Corte Constitucional.
[11] Ver
sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[12]
Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao
Pérez y Sentencias  T-030 de 2017, T-340 de 2017 y T-583 de 2017 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[13]
Numerales 1, 2 y 3 del artículo 42 del Decreto
Ley 2591 de 1991. Al respecto ver sentencias T-632 de 2007 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-655 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-419
de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[14]
La Corte ha considerado que se trata de un
interés que abarca un número plural de personas que se ven afectadas por la
conducta nociva desplegada por un particular. Al respecto ver las sentencias
T-025 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía, T-028 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa, T-357 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
[15]
Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[16]
Ibíd.
[17]
Sentencia T-122 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[18]
Sentencia T-106 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[19] Sentencias T-1028 de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-246 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
[20]
Sentencia T-401 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[21]
Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio., T–436 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T–108 de 2007 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, entre otras.
[22]
Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T–859 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[23]Sentencia T-471 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[24]
Sentencia T-494 de 2010.
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25]
Sentencia
T-699 de 2012. MP. Mauricio González Cuervo.
[26]
Sentencia T-494 de 2010.
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27]
M.P. Mauricio
González Cuervo.
[28]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29]
Sentencia T-457 de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[30]
Sentencia T-320 de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango (e).
[31]
Ibídem.
[32]
Ibídem.
[33]
Folio 7, cuaderno de primera instancia.
[34]
Folio 24, cuaderno de la Corte Constitucional.
[35]
Folios 15-18, cuaderno de la Corte Constitucional.
[36]
Folio 32, cuaderno de la Corte Constitucional.