T-606-17
Sentencia T-606/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión "vía de hecho"
por la de "causales genéricas de procedibilidad"
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de
interpretación irrazonable
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PRESCRIPCION
EN ACCION DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL
DESPIDO
CON JUSTA CAUSA-Reconocimiento de la pensión e inclusión en nómina de
pensionados
El
reconocimiento de la pensión es una causal contemplada por el Legislador para
dar por terminado el contrato laboral por parte del empleador que solo puede
invocarse una vez el trabajador se haya incluido en nómina. Esta causal es
objetiva y razonable, toda vez que el trabajador -particular o servidor
público-: (i) no queda desamparado al tener derecho de disfrutar de una
contraprestación fruto de los ahorros realizados durante su vida laboral para
goce de su descanso, en condiciones dignas cuando su fuerza de trabajo se
disminuye; y (ii) se abre la posibilidad de que el cargo ocupado pueda ser
provisto por otra persona.
LEVANTAMIENTO DE FUERO
SINDICAL-Término
de prescripción
DESPIDO CON JUSTA CAUSA DE
EMPLEADO CON FUERO SINDICAL-Reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, siempre que
esté incluido en nómina
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por cuanto los despachos judiciales incurrieron en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable del artículo 118A del CPTSS
Referencia: Expediente T-6.210.639
Acción de tutela promovida por CORPBANCA
Colombia S.A. contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal
Asunto: Derecho al debido proceso. Desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Prescripción acción de levantamiento de fuero sindical.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C. dos (2) de octubre de dos mil diecisiete
(2017)
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de mayo de
2017, que confirmó la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de
esa misma Corporación el 29 de marzo de 2017, dentro de la acción de tutela promovida
por la apoderada de CORPBANCA Colombia S.A., contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Cuarto Laboral de la misma ciudad.
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión
que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991. El 30 de junio de 2017, la Sala número 6 de Selección
de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.
I. ANTECEDENTES
El 15 de marzo de 2017, la apoderada
de CORPBANCA Colombia S.A.  presentó acción de tutela en contra del Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena, por considerar que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad y de acceso a la justicia. Lo anterior, como consecuencia de las
sentencias proferidas por las autoridades judiciales mediante las cuales se
declaró probada la excepción de prescripción de la acción especial de fuero
sindical – permiso para despedir que promovió en contra de una de sus empleadas,
a quien le fue reconocida la pensión de vejez.
En opinión del accionante, se incurrió en: (i) desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en el que se estableció que la causal de
terminación de contrato laboral por justa causa por reconocimiento de la
pensión no desaparece en el tiempo al tratarse de una prestación de carácter
permanente y, por lo tanto, la prescripción prevista en el artículo 118A del
CPTSS no es aplicable; y (ii)
defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 118A del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así, solicitó que se dejen sin
efectos las decisiones objeto de cuestionamiento.
A.
Hechos
1. El 13 de enero de 2015, CORPBANCA Colombia S.A.
promovió acción especial de levantamiento de fuero sindical – permiso para
despedir a Mary Margoth Ibáñez de Murillo, quien se desempeña en el cargo de
auxiliar[1]
y es miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empleados del
Sector Financiero, Cooperativo, de Seguros y de los Fondos de Ahorro, Vivienda
y Pensiones -ANESFICOFP[2].
Ello, con fundamento en la causal de reconocimiento de pensión de vejez[3] contemplada
en el numeral 14, literal (a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que
modificó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo - CST-[4].
2. En primera instancia, correspondió el conocimiento
del proceso al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, despacho que
adelantó la audiencia única de trámite[5]
y el 11 de marzo de 2016 declaró probada la excepción de prescripción propuesta
por la parte demandada, así como por el curador ad litem del sindicato[6]. Para
llegar a esta conclusión, manifestó que la entidad bancaria tuvo conocimiento
del reconocimiento de pensión de vejez a la señora Ibáñez de Murillo así como
su inclusión en nómina el 16 de junio de 2014, fecha en la que suscribió la
carta en la cual “informa a la demandada que frente al hecho de habérsele
reconocido esa pensión por parte de COLPENSIONES, se iniciaría precisamente
esta acción de levantamiento de fuero. Que esa comunicación aparece recibida
por la demandante el 18 de junio de 2014 y la acción de levantamiento de fuero
que aquí se resuelve, fue presentada el 13 de enero del año 2015. Encuentra
entonces el despacho frente a esa circunstancia que no se formuló de manera
oportuna ya que los 2 meses a que hace referencia el artículo 118A se vencieron
el 16 de agosto del año 2014”[7].
3. Tal decisión fue apelada por el actor[8] y conocida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. Ese ente judicial
profirió sentencia el 7 de diciembre de 2016, mediante
la cual confirmó la sentencia recurrida por las mismas razones aducidas por el
juzgado de primera instancia[9].
B.
Fundamentos de la acción de tutela y pretensiones
4. El 15 de marzo de 2017[10], CORPBANCA
Colombia S.A., a través de apoderada judicial[11],
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena y
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena[12]. La
entidad bancaria adujo que en las sentencias proferidas dentro del proceso de
levantamiento de fuero sindical, las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en: (i) desconocimiento del precedente jurisprudencial, para lo
cual se refirió a algunos apartados de sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[13], en los
que se estableció que la causal de terminación de contrato laboral por justa
causa por reconocimiento de la pensión no desaparece en el tiempo al tratarse
de una prestación de carácter permanente. Indicó que al ser imprescriptible
dicha causal “no obliga al empleador a actuar con inmediatez, como quiera
que se trata de una causal disímil a las demás causales (…) pues su efecto en
el tiempo no cesa, por lo que se itera, resulta (sic) no era válido que los
jueces de instancia declaran (sic) probada la excepción de prescripción”[14].
Además, en (ii) “vía de hecho sustancial”,
debido a que “valoraron en forma errada y arbitraria el artículo 118 A del
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, aduciendo que la demanda
especial de fuero sindical en contra de la demandada Mary Ibáñez está
prescrita, pues la misma se presentó pasados los 2 meses”, para lo cual
hicieron alusión a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia aludidas[15].
5. En esa medida, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la
justicia, y en consecuencia, se dejen sin efecto las decisiones proferidas el
11 de marzo y 7 de diciembre de 2016, emitidas por el Juzgado Cuarto Laboral de
Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena,
respectivamente.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia admitió la presente acción de tutela[16], ordenó correr traslado a los entes
judiciales demandados y vinculó a esta actuación a Mary Margoth Ibáñez de
Murillo, a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y a la
Asociación Nacional de Empleados del Sector Financiero, Cooperativo, de Seguros
y de los Fondos de Ahorro, Vivienda y Pensiones - ANESFICOFP.
A.
Respuesta de las entidades
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena[17]
solicitó negar la acción de tutela porque las actuaciones estuvieron
ajustadas “a la interpretación contenida en el artículo 118A”. Indicó
que en el caso examinado “la sociedad demandante se excedió del (sic)
término previsto para adelantar la solicitud de levantamiento del fuero”,
por lo que se configuró la prescripción de la acción propuesta por la parte
demandada.
El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto
de Seguros Sociales en Liquidación – PARISS[18]
informó que Mary Margoth Ibáñez de Murillo no adelantó trámites de
pensión de vejez antes del 28 de septiembre de 2012 -fecha en la que entró en
liquidación el Instituto de Seguros Sociales-[19]
por lo que su historia laboral se remitió a COLPENSIONES el 11 de octubre de
2012[20].
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena[21] remitió
copia de las actuaciones surtidas en el proceso de levantamiento de fuero
sindical iniciado por la actora en contra de Mary Margoth Ibáñez de Murillo,
incluida la sentencia proferida en segunda instancia. Indicó que respecto de “los
hechos de la tutela, y frente a la tesis que se formula contra la sentencia de
2ª instancia, me remito al contenido de las actuaciones que aquí se acompañan”[22].
El Ministerio del Trabajo[23]
señaló la falta de legitimación por pasiva ya que “esta Entidad no es ni fue
la empleadora de la accionante (…) y por lo mismo, no existen obligaciones ni
derechos recíprocos entre los dos”.
No se obtuvo respuesta de los demás vinculados.
B.
Sentencia de primera instancia
El 29 de marzo de 2017, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia negó el amparo[24],
toda vez que en la sentencia que emitió el Tribunal, se realizó “un análisis
normativo sobre el fenómeno de la prescripción en los procesos especiales de
fuero sindical [por lo tanto,] se fundamentó en premisas fácticas y normativas
y examinó todas las cuestiones sometidas a su consideración”[25].
La Sala explicó que, en la decisión proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, a pesar de no existir prueba
de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento de la resolución que
reconocía la pensión de vejez a la demandada, no cabía duda que “‘para la
fecha en la que le comunicó a la trabajadora su decisión de terminar el
contrato, esto es, el 16 de junio de 2014 ya tenía conocimiento del hecho que
invoca como causal de despido. Por ello teniendo el cuenta que la demanda fue
presentada el 13 de enero de 2015, es claro que la acción estaba prescrita, pues
desde el momento en que el empleador tuvo conocimiento del reconocimiento de la
pensión, 16 de junio de 2014 y aquel en el que se presentó la demanda (13 de
enero de 2015), transcurrieron más de dos meses’”[26].
C.
Impugnación
La parte accionante impugnó el fallo reseñado[27]. Reiteró
las razones de la demanda, estas son, que las autoridades accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo “en tanto desconocen la
imprescriptibilidad del reconocimiento de la pensión de vejez como justa causa
para dar por terminado el contrato de trabajo de la demandada”[28], al
tratarse de una causal de terminación de la relación laboral disímil a las
demás previstas en la ley, “pues su efecto en el tiempo no cesa”[29] y, en
consecuencia, el empleador no está obligado a actuar con la inmediatez exigida
para este tipo de acciones. De igual manera, volvió a mencionar los fallos de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia e insistió en que “desconocer
el precedente jurisprudencial sobre la imprescriptibilidad del reconocimiento
de la pensión como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo
significaría condenar a mi poderdante a tener trabajadores en este caso una
trabajadora anciana con un riesgo de vejez, la cual no podrá desvincular,
quitándole la oportunidad a un nuevo trabajador que tiene el derecho de
trabajar y cubrir el riesgo de vejez al igual como lo hizo la demandada”[30].
D.
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión el 18 de mayo de 2017[31]. Señaló que
tanto el juzgado como el Tribunal accionados, luego de realizar la valoración
de las pruebas junto con la normatividad aplicable en asuntos de levantamiento
de fuero sindical “constataron que no se daban los presupuestos para dar por
terminado el vínculo laboral con Mary Margoth Ibáñez de Murillo, toda vez que
se había configurado el fenómeno de la prescripción de la acción, pues conforme
a lo consagrado en el artículo 118A del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, las acciones emanadas de la garantía foral prescriben en dos
(2) meses”[32].
E.
Actuaciones en el trámite de revisión
Al observar que la Secretaría de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no había librado los oficios de
notificación a Mary Margoth Ibáñez de Murillo ni al sindicato ANESFICOFP[33], pese a
que en el auto admisorio de la demanda de tutela se ordenó tal actuación, la
Sala de Revisión emitió auto del 4 de septiembre de 2017, en el cual vinculó
a Mary Margoth Ibáñez de Murillo y al sindicato ANESFICOFP, por estimar que
tienen interés en este proceso[34].
A ambas se les anunció que podían optar por solicitar la nulidad de lo actuado,
no obstante, guardaron silencio.
En este trámite el apoderado del banco CORPBANCA S.A.
allegó un memorial[35]
en el cual se refirió a la relevancia constitucional del asunto. Mencionó que
si a un trabajador se le reconoce su derecho pensional, la causal de despido
por justa causa puede ser alegada en cualquier tiempo, al tratarse de una
circunstancia que permanece en el tiempo. Así, indicó que en el presente asunto
la conclusión a la que llegaron las autoridades accionadas de “impedir al
empleador que aduzca esta causal con posterioridad al disfrute de la pensión,
sería tanto como obligar, de manera indefinida, a mantener el vínculo laboral
con un pensionado, lo que lejos de significar estabilidad laboral, se
convertiría en una situación que atentaría contra las nuevas generaciones de
trabajadores y violaría flagrantemente el artículo 54 superior, según el cual
el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar”[36].
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
A.   Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
B.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2. CORPBANCA Colombia S.A., a
través de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad y al acceso a la justicia que considera trasgredidos como consecuencia
de la expedición de las sentencias del 11 de marzo y el 7 de diciembre de 2016,
emitidas por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena, respectivamente, dentro del proceso de
levantamiento de fuero sindical por reconocimiento de pensión de vejez, en el
cual se declaró probada la excepción de prescripción. La accionante considera
que en dichas decisiones se incurrió en: (i) desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en el que se estableció que la causal de
terminación de contrato laboral por justa causa por reconocimiento de la
pensión no desaparece en el tiempo al tratarse de una prestación de carácter
permanente y, por lo tanto, la prescripción prevista en el artículo 118A del
CPTSS no es aplicable[37]; y (ii) defecto sustantivo por indebida interpretación
del artículo 118A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Mientras el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Cartagena guardó silencio, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena solicitó negar la protección solicitada toda vez que las decisiones
atacadas se ajustaron a la interpretación del artículo 118A del CPTSS y con base en ella, concluyeron la configuración del fenómeno de
prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical presentada en
contra de la trabajadora aforada. El juez de primera instancia negó el amparo
tras estimar que las decisiones tuvieron como fundamento las premisas fácticas
y normativas para arribar a la conclusión que si había operado la prescripción
de la acción. Tal decisión fue confirmada por el juez de segunda instancia.
3. Así, en primer lugar, la Sala estudiará la procedencia en el caso concreto, para lo
cual se referirá a los requisitos generales de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
4 De superarse dicho examen se pasarán a resolver los siguientes
problemas jurídicos:
¿Las autoridades judiciales
demandadas al proferir las sentencias del 11 de marzo y 2 de diciembre de 2016
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial tras decidir en
la acción de levantamiento de fuero sindical adelantada por CORPBANCA en contra
de Mary Margoth Ibáñez, que había operado la prescripción prevista en el
artículo 118 A del CPTSS con fundamento en la causal de reconocimiento de
pensión de vejez prevista en el literal (a), numeral 14 del artículo 62 del
Código Sustantivo del Trabajo?
¿Las autoridades judiciales
demandadas al proferir las sentencias del 11 de marzo y 2 de diciembre de 2016
incurrieron en defecto sustantivo tras decidir en la acción de levantamiento de
fuero sindical adelantada por CORPBANCA en contra de Mary Margoth Ibáñez, que
había operado la prescripción prevista en el artículo 118 A del CPTSS con
fundamento en la causal de reconocimiento de pensión de vejez prevista en el
literal (a), numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo?
A efectos de dar respuesta a los cuestionamientos, la Sala de Revisión:
(i) reiterará brevemente la jurisprudencia constitucional respecto de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y especialmente, el desconocimiento
del precedente y defecto sustantivo por interpretación irrazonable.
Posteriormente, abordará (ii) la prescripción de las acciones laborales, específicamente
aquella prevista en artículo 118A del CPTSS; y (iii) el reconocimiento de la
pensión de vejez como causal objetiva de terminación del contrato laboral.
Finalmente, (iv) se planteará la solución al asunto objeto de revisión.
C.
Reglas jurisprudenciales de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
5. El artículo 86 de la Constitución Política consagró
la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales,
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por acción u omisión de
cualquier autoridad pública, incluidas las autoridades judiciales.
En desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces
emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran
susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-543 de 1992[38]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
6. No obstante en tal declaración de inexequibilidad,
esta Corporación también estableció la doctrina de las vías de hecho,
mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada
contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una manifiesta
situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implica la
trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992 se permitió la
procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se
hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de
competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente.
Tales vías de hecho fueron identificándose caso a caso[39].
7. Más adelante, esta Corte emitió la sentencia
C-590 de 2005[40],
en la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los
términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En
dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, así: (i) requisitos generales
de procedencia, con naturaleza procesal, y (ii) causales específicas de
procedibilidad, de naturaleza sustantiva. Procede la Sala al análisis de
esos requisitos en este caso.
D.
La acción presentada por CORPBANCA Colombia S.A.  cumple con los requisitos
generales de procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales
8. La Corte en la sentencia C-590 de 2005,
buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las decisiones
judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía
judicial y seguridad jurídica. Por ello, estableció diversas condiciones
procesales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las
denominadas causales específicas de procedibilidad. Tales condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional[41]; (ii) que
se hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance[42]; (iii) que
se cumpla el principio de inmediatez[43];
(iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el
proceso[44];
(v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales[45]
y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela[46].
9. A partir de las referidas reglas de naturaleza procesal y de
conformidad con lo planteado en esta sentencia, es preciso que esta Sala
verifique si la presente acción de tutela contra providencias judiciales supera
los requisitos generales. De ser así, se habilita el estudio posterior.
10. Encuentra esta Sala que el presente asunto es de relevancia
constitucional, en tanto versa sobre la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la
justicia, generada aparentemente por las decisiones de las entidades judiciales
demandadas que declararon probada la excepción de prescripción dentro del
proceso de levantamiento de fuero sindical promovido por CORPBANCA Colombia
S.A. en contra de Mary Margoth Ibáñez de Murillo.
11. La entidad bancaria usó todos los medios de defensa ordinarios
que tuvo a su alcance, pues como se relató en los antecedentes, interpuso
recurso de apelación contra la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Cartagena[47],
en el cual manifestó que el fallo desconocía el precedente jurisprudencial de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el que se
establece la imprescriptibilidad del reconocimiento de la pensión de vejez como
causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Por lo demás, esta clase
de procesos no son susceptibles de recurso extraordinario de casación[48].
12. La Sala encuentra que se cumple el requisito de inmediatez,
ya que la sentencia de segunda instancia que declaró probada la excepción de
prescripción, de la cual se desprenden los presuntos hechos vulneradores de
derechos fundamentales, es del 7 de diciembre de 2016[49], y la acción de tutela
fue instaurada el 15 de
marzo de 2017[50]. El término aproximado de 3 meses se considera más
que razonable y proporcionado para acudir a la jurisdicción constitucional,
según lo ha entendido esta Corporación.
13. La accionante, en el escrito de tutela y en el de impugnación, identificó
de manera razonable los hechos que considera violatorios de sus derechos
fundamentales. Explicó los argumentos por los cuales consideró que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial y en defecto sustantivo por interpretación irrazonable al
declarar probada la excepción de prescripción.
13.1. Respecto del defecto sustantivo por interpretación irrazonable, la
jurisprudencia ha establecido una carga
mínima de argumentación para el cargo. Así ha dicho que salvo que se trate de
una evidente arbitrariedad, la parte demandante debe presentar suficientes
elementos para argumentar que la interpretación judicial es abiertamente
irrazonable o arbitraria, debido a que se trata de una decisión sujeta a todas
las garantías constitucionales y legales[51].
En
este caso, la accionante presentó la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia alrededor de sus argumentos sobre el desconocimiento del precedente e
indicó que la interpretación efectuada por el juez accionado a la luz de tales
decisiones era desproporcionada, por lo tanto cumplió con la carga mínima de
argumentación.
14. Finalmente, no se trata de una acción de tutela contra una sentencia
de esa misma naturaleza, toda vez que lo cuestionado son las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito de esa ciudad dentro del proceso de
levantamiento de fuero sindical.
15. Debido a lo anterior, es evidente que se cumplen
todos los requisitos generales sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Por lo anterior, esta Sala continúa con
el análisis de naturaleza sustantiva.
E.
Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Defecto sustantivo por interpretación irrazonable y
desconocimiento del precedente jurisprudencial
16. Ahora bien, frente a las causales específicas de procedibilidad, esta Corporación ha emitido
innumerables fallos[52]
en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el operador
jurídico pueda identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela
resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las decisiones
judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección,
excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de la acción
de tutela[53].
Producto de una labor de sistematización, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho cuando se
presenta un defecto orgánico[54],
defecto procedimental absoluto[55],
defecto fáctico[56],
defecto material o sustantivo[57],
error inducido[58],
decisión sin motivación[59],
desconocimiento del precedente[60],y
finalmente, violación directa de la Constitución[61].
17. Como la parte accionante señaló que las autoridades judiciales
demandadas habían incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial
así como defecto sustantivo, la Sala realizará una breve caracterización de
dichas causales.
Desconocimiento
del precedente jurisprudencial[62]
18. El precedente se ha definido como la sentencia o el conjunto de
ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza con
los problemas jurídicos resueltos, debe considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo. Dicha obligatoriedad atiende a
razones de diversa índole que, como se verá, se complementan.
La primera razón corresponde a la protección del derecho a la igualdad de
trato jurídico de las personas que acuden a la administración de justicia y de
los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.
El segundo argumento responde al reconocimiento del carácter vinculante
del precedente, en especial si es fijado por órganos cuya función es unificar
jurisprudencia. Como lo ha explicado esta Corte tal reconocimiento se funda en
una postura teórica que señala que “el Derecho no es una aplicación mecánica
de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba
la práctica jurídica de inicios del siglo XIX (…), sino una práctica
argumentativa racional”[63]. Esta consideración le otorga al precedente la
categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto.
19. La jurisprudencia constitucional diferenció dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical, para lo cual tomó como parámetro
diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como referente.
El precedente horizontal hace referencia al respeto que un juez debe tener
sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía,
mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las
instancias superiores en cada jurisdicción, encargadas de unificar la
jurisprudencia.
El precedente que emana de los altos tribunales de justicia en el país
(Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere
un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de
primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener
la coherencia del sistema.
En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de
jurisprudencia son ineludibles, debido a que el Derecho es dado a los
operadores jurídicos a través del lenguaje, herramienta que no tiene contenidos
semánticos únicos. Por lo tanto, el Derecho es altamente susceptible de traer
consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o
significados. Esa posibilidad genera la necesidad de que, en primer lugar, sea
el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo
lugar, existan órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de
la igualdad.
20. El carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la
jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y
de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente
reconocido. La sentencia C-816 de 2011[64]
explicó que “la fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas
cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales
de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en
sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial,
únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una
orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus
decisiones judiciales superiores.” (Negrilla fuera del texto)
21. Como consecuencia de la obligatoriedad del precedente, la
jurisprudencia constitucional fijó parámetros que permiten determinar si en un
caso resulta aplicable. La sentencia T-292 de 2006[65] estableció los
siguientes criterios: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver;
(ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto
en el nuevo caso y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente.
De no comprobarse la presencia de estos tres elementos no es posible
establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituya precedente
aplicable al caso concreto y, por ende, al juez no le es exigible dar
aplicación al mismo.
22. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales encuentren cumplidos
los tres criterios mencionados, tienen la posibilidad de apartarse de la
jurisprudencia en vigor, siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente
que no van a aplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta del por qué se apartan de la regla
jurisprudencial previa. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la
autonomía e independencia de que gozan los jueces.
23. De manera que sólo cuando un juez se aísla de un precedente
establecido y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la
carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el
desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que
acudieron a la administración de justicia.
Defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de la norma[66]
24. Esta Corporación ha caracterizado el defecto
sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia
judicial, originada en el proceso de interpretación o aplicación de las
disposiciones jurídicas aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Para
que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse
de una irregularidad de tal identidad, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
En la sentencia SU–195 de 2012 se estableció
que, en sentido amplio, se está en presencia de esta causal cuando la
autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de
aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría
la razonabilidad jurídica[67].
En estricto sentido, lo configuran los
siguientes supuestos:
a.   El fundamento de la decisión judicial es una norma que
no es aplicable al caso concreto, por impertinente[68] o porque ha sido
derogada[69],
es inexistente[70],
inexequible[71]
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador[72].
b.
No se hace una
interpretación razonable de la norma[73].
c.
Cuando se aparta del
alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes[74].
d.
La disposición aplicada es
regresiva[75]
o contraria a la Constitución[76].
e. El ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza
para fines no previstos en la disposición[77].
f.
La decisión se funda
en una interpretación no sistemática de la norma[78], es decir se
trata de un grave error en la interpretación[79].
g.
Se afectan derechos
fundamentales, debido a que el operador judicial sustenta o justifica de manera
insuficiente su actuación.
25. En cuanto a la segunda regla jurisprudencial mencionada, cuando se presenta
defecto sustantivo por interpretación de una disposición claramente irrazonable
o desproporcionada[80],
la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que es “la causal de
procedencia de tutela por defecto sustantivo más restringida”[81]. Esto se explica
porque la labor interpretativa es precisamente una de las manifestaciones de
los principios de independencia y autonomía judicial[82].
26. Si bien la actividad judicial es reglada y debe efectuarse de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y, en general, por las normas que
componen el ordenamiento jurídico, existen situaciones en las que esta debe
tener un margen de discrecionalidad importante para dar una solución al asunto
sometido a su estudio en el que cobra especial importancia la independencia y
autonomía previstas en los artículos 228 y 230 superiores[83].
27. No obstante, la independencia y autonomía reconocidas a los
operadores judiciales no es absoluta, pues existen restricciones emanadas del
diseño constitucional de nuestra actual Carta Política: “[e]l carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos humanos (artículo
5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la administración
de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y autoridades
públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores[84] y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los
preceptos de la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable”[85].
28. Así, las decisiones adoptadas por los jueces pueden incurrir en
defecto sustantivo por interpretación irrazonable cuando la labor hermenéutica
de una norma infraconstitucional “resulta formalmente posible a partir de varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados”[86]. Así, el juez constitucional debe adecuar el “contenido de dicha norma legal y hacerla
consonante con los fines y principios constitucionales”, en atención a la interpretación de los
preceptos jurídicos en armonía con los mandatos de la Constitución[87].
29. Entra la Sala a analizar si las sentencias
incurrieron en los defectos invocados por la accionante. Para tal efecto, se
estudiará si se desconoció el precedente y se incurrió en defecto sustantivo
por interpretación irrazonable del artículo 118A del CPTSS.
F.
Prescripción en acciones de naturaleza laboral. Prescripción especial de las
acciones derivadas del fuero sindical -artículo 118A del CPTSS-
30.
Los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
-CPTSS-[88]
y 488 del Código Sustantivo del Trabajo -CST-[89]
disponen respecto de la prescripción de las acciones de naturaleza laboral que
esta opera dentro del término de 3 años que se cuentan a partir de que la “obligación que se haya hecho exigible”. Así, por regla general, quien pretenda adelantar un
proceso laboral ordinario, deberá acudir a la jurisdicción en el plazo máximo
establecido desde que su derecho se haya hecho exigible, “so pena de
que el derecho de acción se entienda extinto por el paso del tiempo”[90].
31.
Tales disposiciones fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional en
sentencia C- 072 de
1994[91]. La decisión señaló que la prescripción
extintiva apunta a fijar un término razonable para la interposición de la acción,
lo cual es garantía de seguridad jurídica en “beneficio mutuo de los
extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y
prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a
patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten
su demostración en el juicio”. Así, consideró en esa oportunidad que la
prescripción de corto plazo brinda protección al derecho al trabajo e insistió
que, en estricto sentido, lo que “prescribe es la viabilidad de una acción
concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del
trabajo”.
32. Si bien en el procedimiento laboral ordinario se
previó una norma general de prescripción de las acciones relativas a
controversias laborales, acciones como las relacionadas con la garantía foral
contemplan un término de prescripción especial más breve en atención a la
protección del derecho de asociación sindical.
Fuero
sindical. Regla especial en material de prescripción de las acciones derivadas
de la garantía constitucional
33.
El inciso 4º del artículo 39 constitucional establece el fuero sindical dentro
de las medidas de protección del derecho de libertad y asociación sindical para
quienes ostenten la calidad de “representantes sindicales”. Tal figura
es desarrollada por el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 405 como
una garantía institucional del sindicato y, en especial, de algunos
trabajadores sindicalizados a “no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por
el juez del trabajo”[92].
34.
Esta Corporación ha afirmado que esta figura constitucional “es un mecanismo
establecido primariamente en favor del sindicato, y sólo secundariamente para
proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. O,
por decirlo de otra manera, la ley refuerza la protección a la estabilidad
laboral de los representantes sindicales como un medio para amparar la libertad
de acción de los sindicatos”[93].
Bajo ese mismo argumento, la finalidad del fuero, a pesar de materializarse en un
derecho al trabajador a no ser despedido, trasladado y desmejorado, es la de
garantizar la continuidad de sus labores y evitar prácticas empresariales
orientadas a “disuadir a los trabajadores de plantear sus demandas mediante
los derechos que componen la libertad sindical”[94].
35.
Dentro de las acciones, además de aquella de reintegro a favor del trabajador
aforado en caso de traslado, desmejora o despido sin previa autorización del
juez[95], se encuentra la de levantamiento de fuero sindical.
Sobre esta última, el empleador que pretenda cambiar las condiciones de trabajo
del empleado con garantía foral -traslado o desmejora- así como dar por
terminado su contrato del trabajo, deberá interponer una demanda ante el juez
laboral ordinario, para lo cual debe invocar una justa causa. Como indica el
artículo 408 del CST, si el operador judicial no comprueba la existencia de la
justa causa alegada, negará el permiso al empleador para ejercer el ius
variandi.
En
la sentencia T-220 de 2012[96] se precisó que “el objetivo del proceso de levantamiento del fuero es
(1) verificar la ocurrencia de la causa que alega el empleador, y (2) el
análisis de su legalidad o ilegalidad[97].
Es importante anotar que según el artículo 410 del C.S.T., son justas causas
para el despido, 1) La liquidación o clausura definitiva de la empresa o
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del
patrono durante más de ciento veinte (120) días, y 2) Las causales enumeradas
en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por
terminado el contrato”.
36.
Por otra parte, en cuanto a la prescripción de estas acciones, la versión
original del artículo 118 del CPTSS preveía el término de 2 meses solo para la
acción de reintegro[98].
37.
Dicha disposición fue objeto de control de constitucionalidad a través de la sentencia C-381 de 2000[99]. La Corte Constitucional en esa
oportunidad estimó, en la misma línea establecida respecto de la prescripción
general de las acciones laborales, que “la norma impugnada no está
consagrando la prescriptibilidad del fuero sindical, lo cual sería contrario a
la Carta, sino la prescripción de reclamaciones concretas que puedan surgir de
ese derecho constitucional, lo cual es legítimo y razonable. En efecto, de esa
manera, con el fin de lograr mayor seguridad jurídica y promover la paz social,
la ley pretende evitar que un trabajador aforado pueda reclamar su reintegro
después de muchos años de ocurridos los hechos”.
En cuanto a la razonabilidad del término
breve de prescripción de la acción de reintegro de un trabajador con fuero
sindical, la Corte afirmó que al proteger el derecho de asociación, estas
controversias deben ser resueltas en el menor tiempo para no generar una “daño
irreversible” a la organización sindical.  Por lo tanto, encontró que dicho
término “constitucionalmente justificado, debido al interés mismo que es
protegido por la figura del fuero sindical”.
Como dicha norma no establecía nada
respecto de la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical, se
estimó que cuando el empleador decidiera interponerla, tenía que hacerlo “inmediatamente”,
al momento de la ocurrencia de una justa causa para el despido, traslado o
desmejora del trabajador, para lo cual sustentó tal afirmación en los artículos
25 y 39 de la Constitución y el Convenio 98 de la OIT. Afirmó que “[s]i esa
justa causa no se extiende en el tiempo y se esgrime en momentos diversos a los
que dieron origen a la eventual posibilidad de levantamiento del fuero, lo que
en realidad ocurre es que el fundamento mismo o la causal que autorizaba
legítimamente el levantamiento, desaparece y en consecuencia se controvierte la
razón misma de su consagración”[100]
[101].
38.
La norma mencionada que preveía la prescripción especial, fue adicionada  por
la Ley 712 de 2001 que contempla el artículo 118A del CPTSS. Así, la nueva
disposición cambia la regulación anterior, al establecer que tales acciones
prescriben en el término de 2 meses, tiempo que se cuentan para el trabajador “desde
la fecha de despido, traslado o desmejora” y para el empleador “desde la fecha en que tuvo conocimiento
del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el
procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso”.
En el procedimiento de formación de la Ley 712 de 2001
no se justificó ni explicó la introducción de esta prescripción para estos
casos, ni durante el trámite el Congreso se suscitó algún debate acerca de
dicha previsión[102].
Además, norma se mantuvo intacta a través de todo el trámite adelantado ante el
Congreso de la República.
39. Si bien el Legislador cobijó con la
prescripción de 2 meses a la acción de reintegro y de levantamiento del fuero
sindical, no debe perderse de vista la interpretación realizada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-381 de 2000 en cuanto a que el término
debe verse a la luz de: (i) la justa causa alegada en la acción de
levantamiento de fuero sindical, esto es, que no se extienda en el tiempo; y
(ii) la oportunidad de la justa causa respecto de la presentación de la acción.
40. Conforme con lo anterior, las normas que regulan
el procedimiento laboral prevén un término corto de prescripción para la
interposición de las acciones que diriman controversias que surjan de una
relación laboral, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la
celeridad de la decisión judicial que resuelve la diferencia jurídica en
beneficio de los extremos de la relación. A su vez, contemplan un término
especial de prescripción aún más corto para aquellas acciones, bien de
reintegro o bien de levantamiento del fuero sindical, en atención a la
protección del derecho de asociación sindical. No obstante, tal como lo indicó
esta Corporación, en caso de interposición de la acción de levantamiento de
fuero sindical para efectos de la declaración de la prescripción de la acción,
se debe tener en cuenta que: (i)
la justa causa alegada no se extienda en el tiempo; y (ii) sea oportuna la
justa causa al momento de presentarse la acción.
41. A continuación, la Sala estudiará el
reconocimiento de la pensión -vejez o de invalidez- como una causal de despido
por justa causa por parte del empleador.
H.
Reconocimiento de pensión como justa causa de despido
42. El artículo 410 del CST prevé, tal como se indicó
en el acápite anterior, que son justas causas de despido de un empleado
aforado, previa autorización del juez del trabajo: (i) la liquidación o clausura definitiva de la empresa o
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del
empleador durante más de 120 días[103];
y (ii) las causales
previstas en el artículo 62 CST[104],
que son las
causales que pueden ser alegadas por el trabajador y el empleador para dar por
terminado de manera unilateral el contrato de trabajo.
43. La jurisprudencia de esta Corporación
ha dicho que “la terminación unilateral del contrato es una facultad que
tiene una parte, tanto el empleador como el trabajador, de extinguir
unilateralmente la convención pactada, cuando la otra ha incumplido
determinadas obligaciones[105]”[106].
Además, ha sostenido que dicha facultad de terminación está supeditada a la
configuración de una de las causales del Código Sustantivo del Trabajo[107].
44. Como rasgo general de todas las
causales, el parágrafo del artículo 62 del CST dispone que: “[l]a parte que
termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el
momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación.
Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”.
La Corte Constitucional en sentencia
C-594 de 1997[108],
al estudiar la constitucionalidad de tal parágrafo, indicó que la
disposición debía verse bajo la óptica del principio de buena fe y de su
finalidad, por lo que “no basta con invocar
genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto
sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la
determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte
conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo”.
45. El literal (a), numeral 14 del artículo 62 del CST
prevé dentro de las causales de terminación del contrato laboral de manera
unilateral por el empleador, la del “reconocimiento al trabajador de la
pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa”.
Esta misma causal es contemplada por el parágrafo 3º del artículo 33 de Ley 100
de 1993 y la extiende a las relaciones legales y reglamentarias[109]. La Corte
Constitucional en sentencia C-1037 de 2003[110], al
estudiar la constitucionalidad de la norma referida, precisó que dicha causal
operaba “siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la
pensión (…) se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de
pensionados correspondiente”[111].
46. En esa misma sentencia se explicó que resulta “objetivo
y razonable” terminar un contrato laboral por el reconocimiento de una
pensión de un trabajador particular o de un servidor público, pues: (i) no
quedará desamparado ya que tendrá derecho a disfrutar de una “contraprestación
de los ahorros efectuados durante su vida laboral y como medio para gozar del
descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su producción laboral
es evidente” luego, se protege su derecho al mínimo vital; y (ii) se abre
la posibilidad de que el cargo ocupado pueda ser provisto por otra persona[112], con los
que también se producen renovaciones generacionales necesarias en la sociedad.
47. Ahora bien, esta causal lleva implícita el
reconocimiento de una prestación que, como se verá, tiene unas implicaciones
particulares respecto de las demás causales de terminación de la relación
laboral por justa causa, especialmente en cuanto al momento en que puede
invocarse por el empleador.
48. En cuanto al momento en el que se debe alegar la
causal para entender que el despido fue con justa causa en casos sin fuero, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un primer momento,
no hizo ninguna distinción entre las causales contenidas en el literal (a) del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En este sentido, indicó que ante
la procedencia de alguna de aquellas el contrato se debía dar por terminado
inmediatamente o de lo contrario, se entendía que procedía la exculpación lo
cual precluía la posibilidad de alegarla judicialmente. En caso de hacerlo, se
configuraba un despido sin justa causa[113].
Así, señaló que el concepto de inmediatez no significaba simultaneidad ya que
los hechos que configuran la “falta” deben ser objeto de investigación
para comprobar su veracidad, así como brindar la posibilidad al empleado de
ejercer su defensa.  Esta posición fue retomada por la Corte Constitucional en
las sentencias T-546 de 2000[114]
y T-1103 de 2002[115].
49. Posteriormente, la Sala de Casación Laboral varió
su postura y realizó una distinción entre las causales del artículo 62 del CST.
En la sentencia del 8 de julio de 1993 (rad. 5547)[116] estudió en
casación un asunto en el que se discutía si se había configurado un despido
injusto por parte de un empleador por haber terminado unilateralmente un contrato
con fundamento en el reconocimiento de la pensión de vejez de un trabajador que
recibía tal prestación hacía más de 7 años. Uno de los cargos propuestos por el
empleado fue el de interpretación errónea de la causal de reconocimiento de
dicha prestación, pues esta debía “invocarse inmediatamente a su ocurrencia
conforme a la interpretación jurisprudencial que se ha venido aplicando a las
13 primeras causales aducibles por la empleadora”.
En esa ocasión, la Sala de Casación Laboral indicó que
dicho cargo no estaba llamado a prosperar tras estimar que las causales 14[117] y 15[118] del
artículo 62 del CST tienen “naturaleza disímil”, pues estas hacen
referencia a “circunstancias naturales, que no faltas” mientras que las
demás están relacionadas con “el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por el trabajador con ocasión del contrato”. Así,
específicamente, en cuanto a la causal de reconocimiento de pensión afirmó que
no podía aplicarse el tratamiento dado a las demás causales que se motivan en
el quebrantamiento de las obligaciones contractuales ya que la inmediatez entre
la ocurrencia de la falta y su invocación patronal se justifica en “la
investigación interna suscitada por la ocurrencia del hecho constitutivo de la
falta del trabajador, ésta debe considerarse perdonada por el patrono y sin
relevancia jurídica para provocar el despido”. En cuanto a la causal de
reconocimiento de pensión como justa causa de despido, explicó que la dinámica
era diferente ya que:
“nada impide al patrono y al
trabajador mantener el vínculo contractual cuando reconocida la pensión a favor
del último, surge de esta circunstancia la causal establecida por la ley, pues
en lo concerniente a los trabajadores del sector privado el ordenamiento no
impone edad de retiro forzoso. No obstante la prolongación voluntaria del
contrato, la causal derivada del reconocimiento de la pensión no desaparece,
pues lo que caracteriza la prestación que la origina es la constitución
permanente de una posibilidad de goce a favor del trabajador. Dicha
contingencia genera al patrono la alternativa de mantener el contrato o darlo
por terminado pues ninguna de las decisiones que tome al respecto, lesiona
derechos constituidos a favor del trabajador” (subrayas fuera del texto
original).
En la misma línea, en la sentencia de 30 de abril de
2001 (rad. 14378)[119],
esa Corporación examinó el caso del despido de un trabajador que alegó la
extemporaneidad de la causal prevista en el numeral 14 del artículo 62 del CST
aducida por el empleador, pues se invocó 15 años después haberle reconocido al
trabajador la pensión de invalidez[120].
En esa oportunidad se reiteró la decisión referida, en el sentido de indicar
que nada impide mantener el vínculo contractual al reconocerse la pensión de
vejez o invalidez al trabajador aún más cuando no existe edad de retiro forzoso
en el sector privado. De la misma manera, como tal causal no desaparece al
tratarse de una prestación permanente a favor del trabajador, el empleador
puede dar por terminado el contrato de trabajo justamente en cualquier momento.
50. Bajo esa misma línea argumentativa, en decisiones
recientes de esa Corporación[121],
se estimó que a partir del vocablo “podrá” de los incisos 1º y 2º del
parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993[122], se “denota
que el retiro del trabajador por reconocimiento de la pensión de vejez entraña
una decisión discrecional del empleador. Luego, no se trata de una causal de
forzoso acatamiento, sino de una facultad que la ley le brinda al empleador y
de la cual puede hacer uso cuando estime conveniente que el servidor ha
cumplido su ciclo laboral en la empresa o entidad”[123].
51. En cuanto al reconocimiento de la pensión en
procesos de levantamiento de fuero sindical, debe precisarse que el artículo 117 del CPTSS prevé que los
procesos relacionados con la garantía foral solo son susceptibles de apelación[124]. En ese sentido, no
existe jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, órgano de cierre de la
jurisdicción laboral ordinaria, que trate asuntos relativos acciones de
levantamiento. Es por ello que debe acudirse a la jurisprudencia de esa Sala de
Casación en la que se discute situaciones que envuelven la justa causa de
despido de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez en asuntos distintos
a aquellos relacionados con la garantía foral.
52. En síntesis, el reconocimiento de la pensión es
una causal contemplada por el Legislador para dar por terminado el contrato
laboral por parte del empleador que solo puede invocarse una vez el trabajador
se haya incluido en nómina. Esta causal es objetiva y razonable, toda vez que
el trabajador -particular o servidor público-: (i) no queda desamparado al
tener derecho de disfrutar de una contraprestación fruto de los ahorros
realizados durante su vida laboral para goce de su descanso, en condiciones
dignas cuando su fuerza de trabajo se disminuye; y (ii) se abre la posibilidad
de que el cargo ocupado pueda ser provisto por otra persona.
En cuanto a la oportunidad en la que el empleador
puede invocar la causal, para efectos de determinar si es un despido justo o
injusto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que puede ser en cualquier
momento, a diferencia de las demás causales, al tratarse de una prestación
de carácter permanente. Esta idea es reforzada bajo el supuesto de que el
despido con fundamento en esta causal es una decisión facultativa del
empleador, no de forzoso acatamiento, que puede ejercer cuando estime que el
trabajador ha cumplido su ciclo laboral.
53. Con base en lo anterior, se procederá a dar
solución al asunto objeto de estudio de la Sala, es decir, si los despachos
judiciales demandados incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y/o en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 118A del
CPTSS al momento de proferir las sentencias de 11 de marzo y 7 de diciembre de 2016,
por medio de las cuales se declaró probada la excepción de prescripción de la
acción. Esto, dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical promovido en
contra Mary Margoth Ibáñez de Murillo para despedirla bajo la causal de
reconocimiento de la pensión de vejez e inclusión en nómina.
I.
Las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en desconocimiento del
precedente jurisprudencial
54. La entidad accionante, a través de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela tras considerar que tanto el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena como la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena habían: (i) desconocido el precedente de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la
imprescriptibilidad de la acción de levantamiento de fuero sindical cuando se alega
como causal de terminación de contrato laboral el reconocimiento de la pensión
de vejez. Igualmente, que habían incurrido en (ii) defecto sustantivo, al haber
efectuado una interpretación irrazonable del artículo 118A del CPTSS, que
contempla la prescripción especial de las acciones relacionadas con la garantía
foral.
55. Para la Sala, las autoridades judiciales no incurrieron en
desconocimiento del precedente, pues como se examinará, las decisiones obviadas
en realidad no configuran un precedente para el asunto sometido al conocimiento
del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en primera instancia, y de
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia del despacho judicial referido. Veamos:
56.  Para sustentar su argumento de desconocimiento
del precedente, la accionante mencionó las sentencias proferidas el 8 de julio
de 1993 (rad. 5547)[125]
y el 30 de abril de 2001 (rad. 14378)[126]
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
57.
Tal como se explicó en los fundamentos jurídicos 46 y 47 de esta decisión, los
fallos que la parte demandante consideró como desconocidos por los despachos
judiciales accionados se refieren a situaciones en las que se analizaron casos
de despido con fundamento en el reconocimiento de pensión de vejez (rad. 5547)
e invalidez (rad. 14378), para empleados sin fuero sindical.
58.
Si bien las decisiones mencionadas se relacionan con la causal de
reconocimiento de pensión de vejez, no se trata de asuntos en los que se busca
autorización del juez laboral para despedir a trabajadores que gozaban de
garantía foral.  Dicho de otra manera: los casos allegados por CORPBANCA S.A.
no se dieron en el marco de una acción de levantamiento de fuero sindical y en
ese sentido, no resultan precedentes aplicables al caso estudiado.
59.
Es preciso recordar en este punto lo referido en líneas precedentes acerca de
los parámetros para determinar si un caso constituye precedente aplicable: (i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; (ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso; y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a
los resueltos anteriormente.
60. En este caso, si bien se podría pensar que se cumple con la primera
condición, es decir, que en la ratio de las decisiones se encuentra una
regla aplicable al presente asunto, como es que el empleador puede dar por terminado en cualquier
momento el contrato de trabajo con fundamento en la causal de reconocimiento de
pensión de vejez, por  tratarse de una prestación permanente a favor del
trabajador, no se reúnen las otras dos condiciones para estar en presencia del
desconocimiento de precedente.
60.1. Respecto de la segunda condición, el problema
jurídico resuelto en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia apuntaban a
determinar si el reconocimiento de pensión como justa causa de despido en el
marco de acciones laborales ordinarias que se rigen bajo las normas generales,
incluidas las de prescripción de la acción, era distinta de las otras causales
del artículo 62 literal (a) del CST. A diferencia de en esos casos, en esta
oportunidad se trata de la solicitud de levantamiento de fuero sindical para
terminación del contrato laboral con justa causa por la configuración de la
causal de reconocimiento de pensión. Luego, se está ante un procedimiento con
reglas especiales, dentro de las cuales se encuentra la de una prescripción
menor a la general.
60.2. En cuanto a la tercera condición, los hechos
contenidos en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que configuran un precedente
se relacionan a despidos por el reconocimiento de la pensión de personas que no
tienen fuero sindical después de un tiempo posterior a conocer tal hecho. En el
presente asunto, los hechos se relacionan con la presentación de una solicitud
levantamiento de fuero sindical para despedir a una trabajadora aforada ante el
juez del trabajo por reconocimiento de pensión de vejez. Así, en el primer caso
se instaura una acción laboral como causa del despido, mientras que en este
caso el problema gira alrededor de la denegación de acceso al conocimiento de
fondo de una acción por aplicación de una excepción previa, la prescripción de
la acción. En este orden, existen al menos dos diferencias sustanciales entre
los dos supuestos: (i) la condición de aforado de la persona a la que se le
reconoce la pensión que implica el requisito de levantamiento del fuero para
hacer efectivo un despido; y (ii)  la controversia surge en momentos diferentes
y alrededor de cuestiones distintas. En el primer caso, se trata de una
controversia después del despido y acerca de su procedencia sustancialmente. En
segundo, se trata de la procedencia de una acción de levantamiento de fuero,
luego se trata de un momento procesal anterior al despido y sobre si es o no
aplicable tal excepción previa.
60.3. De conformidad con lo anterior, no es posible afirmar que en este
caso se configure un desconocimiento del precedente ya que no se acreditan dos
de las condiciones necesarias para que tal defecto proceda. Sin embargo, lo
anterior no quiere decir que la jurisprudencia reseñada sea ajena al caso y que
no deba ser tenida en cuenta bajo otros supuestos, como en el análisis sobre si
se incurrió en defecto sustantivo por interpretación irrazonable.
61.  Por otra parte, debe tenerse en cuenta que debido a que los fallos
dentro de los procesos de fuero sindical no son susceptibles de recurso
extraordinario de casación, conforme con lo dispuesto en el artículo 117 del
CPTSS[127],
no existe jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral sobre este tipo de acciones,
luego la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, no se ha pronunciado
específicamente sobre la materia.
62. Descartado el defecto por desconocimiento del precedente, la Sala
pasa a analizar el reproche sobre la configuración del defecto sustantivo.
J.
Los despachos judiciales incurrieron en defecto sustantivo por interpretación
irrazonable del artículo 118A del CPTSS
63.
Como se advirtió, CORPBANCA Colombia S.A. adelantó acción de levantamiento de
fuero sindical en contra de Mary Margoth Ibáñez de Murillo con el fin de que el
juez laboral autorizara su permiso para la terminación del contrato laboral con
fundamento en la causal de reconocimiento de pensión del literal (a), numeral
14, del artículo 62 del CST.
63.1.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena declaró probada la
excepción de prescripción propuesta tanto por el apoderado de la demandada como
por el curador ad litem del sindicato ANESFICOFP, en la sentencia del 11
de marzo de 2016[128].
Esto, por cuanto habían pasado aproximadamente 6 meses desde que el banco tuvo
conocimiento de la calidad de pensionada de la aforada, desde el 16 de junio de 2014, fecha en la que
suscribió la carta en la cual “informa[ba] a la demandada que frente al
hecho de habérsele reconocido esa pensión por parte de COLPENSIONES, se
iniciaría precisamente esta acción de levantamiento de fuero. Que esa
comunicación aparece recibida por la demandante el 18 de junio de 2014 y la
acción de levantamiento de fuero (…) fue presentada el 13 de enero del año 2015”[129].
63.2. En segunda instancia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena confirmó la sentencia recurrida por las mismas
razones aducidas por el juzgado de primera instancia[130].
64.
Para la Sala, la aplicación literal de la norma[131]
adoptada por los jueces en las decisiones que se revisan es irrazonable ya que
desconoce la interpretación sistemática de la disposición, pues: (i) la causal
de reconocimiento de la pensión es diferente de las otras 14 causales
contempladas en el artículo 62 del CST, por tener un carácter permanente; (ii) la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que tal causal es
aplicable en cualquier tiempo; (iii) la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que se deben tener en cuenta los criterios de permanencia de la
causal y oportunidad al aplicar la prescripción respecto de la acción de
levantamiento de fuero sindical; y (iv) permitir el acceso al conocimiento del
asunto por parte del juez laboral no es desproporcionado en relación con la
protección del sindicato, objetivo primordial del fuero y de la acción. Luego,
la interpretación literal de la disposición viola el derecho a la
administración de justicia del empleador, al denegar la posibilidad de que el
juez laboral estudie la acción de fondo.
Pasa
la Sala a explicar en detalle cada uno de los puntos presentados.
La causal de
reconocimiento de pensión es distinta a las demás causales de despido por justa
causa
65.
Como se indicó, el artículo 62 del CST contiene en su literal (a) 15 causales
que configuran la justa causa para la terminación del contrato laboral. Estas pueden ser agrupadas en dos
conjuntos, conforme a sus características.
65.1. El primero atiende al incumplimiento de las
obligaciones de naturaleza contractual. En este grupo se encuentran
causales como: (i) el engaño mediante la presentación de certificados falsos
para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido[132]; (ii)
actos de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en el
desarrollo de sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el
personal directivo o los compañeros de trabajo[133]; (iii)
daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y
materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y
toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de
las cosas[134];
(iv) acto inmoral o delictuoso que cometa en el
taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores[135]; (v)
violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales según los
artículos 58 y 60 del CST[136],
o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones
colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos[137]; (vi)
revelación de secretos técnicos o comerciales o de carácter reservado, en
perjuicio de la empresa[138];
(vii) deficiente rendimiento en el trabajo en relación con el rendimiento
promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable luego
de haberse requerido[139];
(viii) sistemática inejecución, sin razones válidas de las obligaciones
convencionales o legales[140];
(ix) todo vicio que perturbe la disciplina del establecimiento[141]; (x)
renuencia sistemática a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o
curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para
evitar enfermedades o accidentes[142];
e (ix) ineptitud para realizar la labor encomendada[143].
65.2. El segundo grupo corresponde a conductas que
afectan el buen desempeño por ausencia o incapacidad para realizar las
funciones: (i) todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos
en que incurra fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de
su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o
celadores[144];
(ii) la detención preventiva por más de 30 días, a menos que posteriormente sea
absuelto; (iii) o el arresto correccional que exceda 8 días, o aun por tiempo
menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para
justificar la extinción del contrato[145];
y  (iv) enfermedad contagiosa o crónica que no tenga carácter de profesional,
así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo,
cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días[146].
65.3. Finalmente, la causal de reconocimiento de
pensión de vejez no se enmarca en ninguno de los anteriores, ya que no se trata
de un incumplimiento de las obligaciones contractuales o de una conducta que
tenga un impacto en el desempeño por estar relacionada con actos delictivos
probados o con una incapacidad para ejercer las funciones. Esta causal tiene
unas características específicas y disímiles de las otras 14 causales, pues se
configura por una circunstancia natural que se genera por el paso del tiempo
y en concurrencia con ciertos requisitos. Adicionalmente, tiene otras
implicaciones, como la adquisición de una prestación económica que protege el
mínimo vital, la llegada a una edad en la que se asume se debería descansar y
dejar de trabajar, por tratarse de otra etapa de la vida y se trata de una
situación permanente.
66. En conclusión, no todas las causales que
configuran una justa causa de despido tienen la misma naturaleza, existen
ciertas distinciones relevantes que pueden hacer que su aplicación varíe por
tales características. Específicamente, respecto de la causal de despido sin
justa causa por reconocimiento de pensión, se trata de una situación de
carácter permanente que se crea por el paso del tiempo y el cumplimiento de
ciertos requisitos y supone una nueva etapa en la vida de una persona.
El
reconocimiento de pensión como causal “disímil”: Corte Suprema de Justicia
67.
En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
determinado que la causal de reconocimiento de pensión, a diferencia de las
otras contempladas en el literal (a) del artículo 62 del CST, es una causal natural, permanente y
facultativa. En
consecuencia ha considerado que ésta puede proponerse en cualquier momento por
parte del empleador.
67.1.
Así, para la Corte Suprema de Justicia se trata de una circunstancia “natural”
en contraposición a las demás causales[147],
que son consideradas como “faltas”, lo que supone un tratamiento
distinto entre unas y otras.
67.2.
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la permanencia
justifica un trato diferente de las otras causales que deben invocarse “inmediatamente”[148],
pues de lo contrario, se entiende que han sido superadas y, en todo caso, han
perdido su relevancia jurídica para dar lugar a la terminación unilateral del
contrato de trabajo. Luego, en el evento de ser invocadas de manera
extemporánea, darían lugar a un despido injusto. No obstante, tal racionalidad
no puede entenderse de la misma manera respecto de la causa de despido por el
reconocimiento de la pensión -vejez o invalidez-, pues se trata, como lo ha
dicho esa Corporación, de una circunstancia que se mantiene en el tiempo, que
no desaparece, y nada impide que el vínculo contractual pueda prolongarse de
manera voluntaria o darlo por terminado, pues ninguna de las decisiones afectan
al trabajador[149].
67.3.
De la misma manera, tal Corporación ha dicho que no es una causal de forzoso
acatamiento, por lo cual el empleador puede hacer uso de esta cuando considere
que el trabajador “ha
cumplido su ciclo laboral en la empresa o entidad”. En ese sentido, el argumento de temporalidad para
invocarla pierde relevancia respecto a la posibilidad de ejercer dicha facultad
en cualquier momento.
67.4. Por lo demás, resulta pertinente en este punto
recordar que la terminación del contrato laboral por reconocimiento de pensión
de vejez e inclusión en nómina es objetiva y razonable, pues: (i) el mínimo vital del empleado aforado se
encontraría cubierto con el fin de poder disfrutar de dicha etapa de descanso[150];
y (ii) se abre la posibilidad de que se pueda renovar la planta de personal.
El
reconocimiento de pensión dentro del proceso de fuero sindical puede ser
considerada como una causal que se extiende en el tiempo, y su fundamento no
desaparece por el transcurso del mismo
68.
Los argumentos anteriores, que se efectuaron por fuera de una acción sindical,
indican que la regla de temporalidad carece de sentido cuando se trata del
reconocimiento de la pensión como justa causa de despido. No obstante, la
aplicación de dicha regla en un proceso de levantamiento de fuero, esto es que proceda
por tal causal en cualquier momento, tiene sentido si además se lee bajo la
regla establecida por esta Corporación cuando se estudió la constitucionalidad
del artículo 118 CPTSS original que preveía la prescripción de la acción
derivada de la garantía foral a favor del trabajador y no para aquellas
ejercidas por el empleador.
69.
Así, la Corte Constitucional en la sentencia C-381 de 2000[151],
en la que se estudió el artículo 118 original del CPTSS[152],
entendió que debían tenerse en cuenta dos circunstancias para efectos de la
operancia de la prescripción en la acción de levantamiento de la garantía foral:
(i) que la justa causa no se extendiera en el tiempo; y (ii) que fuera oportuna
al proponerse. Estas dos condiciones son determinantes para entender el alcance
del artículo 118A del CPTSS de conformidad con las garantías constitucionales
para acceder a la administración de justicia.
Para
este caso particular, la justa causa efectivamente se extiende en el tiempo,
luego se trata de una causal diferente a las otras, por ser permante y, en
cuanto a la oportunidad de la interposición de la acción, la lectura
sistemática con la naturaleza de la causal permite concluir que ésta no se
subsana con el tiempo, sino que el empleador la puede aplicar en cualquier
momento.
70. Entonces, si bien el Código de Procedimiento Laboral
prevé un término de prescripción especial de 2 meses para adelantar acciones de
fuero sindical, como la de levantamiento, la interpretación razonable de tal
norma para los casos en que el empleador alega la causal de reconocimiento de
pensión, al tratarse de aquellas que se prolongan y cuyo fundamento no
desaparece con el trascurso en el tiempo, es que la misma se pueda interponer
en cualquier momento.
Entre el
derecho de asociación sindical y el de acceso a la administración de justicia:
búsqueda del equilibrio
71.
La anterior interpretación no se puede efectuar sin analizar cuál es su impacto
para la protección del sindicato, que es el objetivo de la acción de
levantamiento de fuero sindical. Así, se debe destacar que lo que se discute en
este escenario es la procedibilidad de una acción, por la falta de
configuración de una excepción previa, no el fondo del asunto. Luego, la
facultad de interposición de la acción en cualquier tiempo simplemente habilita a que el juez laboral pueda
analizar si efectivamente se configura la causal alegada. Así, no se afecta el
derecho de acceso a la administración de justicia del empleador en su calidad
de extremo procesal y tampoco la protección del sindicato, pues existen
momentos procesales para analizar el fondo del asunto.
Eso significa que el levantamiento del fuero sindical
no opera de manera automática ya que, como se puede inferir de los artículos
405 del CST[153]
y 113 del CPTSS[154],
lo que el empleador pretende es la obtención de un permiso del operador
judicial para despedir al empleado con garantía foral, siempre que exista justa
causa para ello y es lo que analiza el juez laboral.
72. En este contexto, al aplicar la interpretación
según la cual al invocar el reconocimiento de la pensión en cualquier tiempo
dentro del proceso de levantamiento del fuero sindical no iría en detrimento del
derecho de asociación sindical toda vez que corresponde al juez laboral
determinar si las circunstancias alegadas por el demandante - empleador
efectivamente configuran una justa causa de despido. Es la puerta de entrada al
estudio de dicha causal que permanece en el tiempo, que no desaparece. Ello no
podría acontecer en el caso de las demás causales pues estas solo tienen
sentido en el momento en que ocurren, por lo que su interposición debe ser en
un término muy corto pues, de lo contrario pierden relevancia jurídica e
incluso podrían causar un afectación irreversible a la organización sindical.
73. De conformidad con lo anterior es claro que la
interpretación literal de la norma que configura la excepción previa por
prescripción en este caso viola el derecho de acceso a la administración de
justicia. Ello, porque deja al empleador sin la posibilidad de que el juez
laboral pueda estudiar una circunstancia que se mantiene en el tiempo, que es
diferente a las otras causales y respecto de la cual se ha establecido que se
puede aplicar en cualquier momento. Además, no afecta la protección a la
asociación sindical, en tanto se trata del acceso a que se discuta una
controversia en el ámbito judicial.
74. Conforme con lo expuesto, el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena aplicaron
de manera literal el mandato del artículo
118A del CPTSS, sin detenerse a analizar la causal que había sido invocada por
el empleador ni a realizar una interpretación sistemática de la misma, esto es
a la luz de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte
Constitucional, lo cual viola el derecho de acceso a la administración de
justicia por ser una interpretación irrazonable de la disposición.
75.
En concordancia con lo anterior, esta Sala revocará el fallo dictado el 18 de mayo de 2017 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual confirmó el
proferido el 29 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación
que negó el amparo de los derechos fundamentales de CORPBANCA Colombia S.A. En
consecuencia, concederá la protección de los derechos fundamentales de la parte
accionante debido a la configuración del defecto sustantivo por interpretación
irrazonable del artículo 118A del CPTSS. Por lo tanto, se dejarán sin efectos
las decisiones de 11 de marzo y 7 de diciembre de 2016 para que en su lugar, se
dicte una sentencia por parte del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena
conforme con los parámetros establecidos los fundamentos 63 a 73 de la parte
considerativa de este fallo.
SÍNTESIS
DE LA DECISIÓN
En cuanto a la acción de levantamiento de fuero
sindical ejercido por el empleador con el objetivo de despedir a un trabajador
con garantía foral pueden invocarse las causales de terminación por justa causa
contempladas en el artículo 62, literal (a) del CST, dentro de las cuales se
encuentra el reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, siempre que se
esté incluido en nómina.
Esta causal, a diferencia de las otras, puede
interponerse en cualquier tiempo. A esta conclusión se llega porque: (i) luego
de observar las demás causales de despido por justa causa del empleador, se
trata de una causal distinta debido a que se origina en una circunstancia
natural; (ii) la Corte Suprema de Justicia ha ratificado tal distinción tras
evidenciar, igualmente, que es una circunstancia natural, que tiene vocación de
permanencia y que es una facultad del empleador, que implica que puede ser
invocada cuando lo estime conveniente; (iii) al aplicar los criterios fijados
por la Corte Constitucional en la sentencia C-381 de 2000[155], se infiere que el reconocimiento de pensión es una
causal que se prolonga y que no desaparece por el paso del tiempo; y (iv) dicha
interpretación no va en detrimento del derecho de asociación sindical pues no
opera de manera automática sino que solo habilitaría al juez laboral para que
luego del debate dentro del proceso de levantamiento del fuero sindical,
determine si se configura la justa causa y antes bien, protege el derecho de
acceso a la justicia del empleador como uno de los extremos del proceso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las
sentencias del 18 de mayo de 2017 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual se confirmó la sentencia del 29 de marzo
de 2017 de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación que negó el
amparo de los derechos fundamentales de CORPBANCA Colombia S.A.
SEGUNDO.- En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
de defensa, a la igualdad y de acceso a la justicia de CORPBANCA Colombia S.A.
En consecuencia, DEJAR
SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro de la acción
de levantamiento de fuero sindical promovida por CORPBANCA Colombia S.A. contra
Mary Margoth Ibáñez de Murillo. Estas decisiones son: (i) la proferida el 11 de
marzo de 2016 por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cartagena, por la cual
se declaró probada la prescripción de la acción; y (ii) la dictada el 7 de
diciembre de 2016 por la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cartagena que
confirmó el fallo de primera instancia.
TERCERO.- En
consecuencia, ORDENAR al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Cartagena que, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia en
la que se observen las consideraciones expuestas en los numerales 63 a 73 de la
parte considerativa de esta providencia, tendientes a la subsanación oficiosa del
defecto observado respecto del estudio de la excepción de prescripción de la
acción solicitada por Mary Margoth Ibáñez de Murillo y el curador ad litem del
sindicato ANESFICOFP.
CUARTO.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1]
Cuaderno No. 1, folio 111.
[2]
El 2 de diciembre de 2015, dentro de la audiencia única de trámite del proceso
de levantamiento de fuero sindical, fue escuchada la demandada Mary Margoth
Ibáñez, quien manifestó que trabajaba como auxiliar en CORPBANCA Colombia y que
era miembro -vocal- de la directiva nacional del sindicato ANESFICOFP (Cuaderno
No. 2, folio 55 -CD contentivo de las diligencias de primera instancia-).
[3]
Obra dentro del acervo probatorio, copia de la resolución GNR 35524 de 7 de
febrero de 2014, por medio de la cual COLPENSIONES reconoció a la señora Mary
Margoth Ibáñez de Murillo pensión de vejez (Cuaderno 1, folio 98). Así mismo,
la demanda de levantamiento de fuero sindical, se refiere a “la carta de
terminación de contrato de en suspenso” enviada el 16 de junio de 2014 y
entregada a la accionada dos días después (Cuaderno No. 1, folio 115).
[4]
Este artículo dispone que: “son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo: A. Por parte del empleador (…) 14. El
reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando
al servicio de la empresa”.
[5]
Efectivamente, se adelantó la audiencia única de trámite y juzgamiento desde el
13 de marzo de 2015. En la continuación de la audiencia adelantada el 9 de
septiembre de 2015, el apoderado de la demandada contestó la demanda en la que
tuvo como cierto el hecho relativo a la inclusión en nómina desde febrero de
2014 y alegó la excepción de prescripción prevista en el artículo 118 A del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Dicha excepción fue
coadyuvada por el curador ad litem del sindicato ANESFICOFP. Ante  la
pregunta de si había informado a la entidad bancaria del inicio del trámite de
la solicitud de pensión, indicó que “el banco me mandó la carta donde ya
podía hacer los trámites para la pensión” (Cuaderno No.2, folio 55 -CD
contentivo de las diligencias de primera instancia-).
[6]
Esta prescripción está contemplada en el artículo 118A del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, así: “Las acciones que emanan del fuero
sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se
contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador
desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa
causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario
correspondiente, según el caso.‖ Durante el trámite de la reclamación
administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende
el término prescriptivo.‖ Culminado este trámite, o presentada la
reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a
contarse nuevamente el término, de dos (2) meses”.
[7]
Cuaderno No.2, folio 55 -CD contentivo de las diligencias de primera
instancia-. Por lo demás, estimó que el juzgado accionado que “la justa
causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y
reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla
los requisitos exigidos en dicho artículo para tener derecho a la pensión, no
implica esa condición o esa facultad que tiene el empleador para efectos de que
opere de forma automática”.
[8]
Cuaderno 1, folios 93 a 97. El apoderado de la parte demandante
dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical en el escrito de
apelación adujo que en este tipo de casos, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “ha manifestado
reiterativamente (sic) la imprescriptibilidad del reconocimiento de la
pensión de vejez como causa para dar por terminado el contrato de trabajo”.
Para ello, mencionó las sentencias “No. 16204 proferida el veinte (20) de
junio de 2007 (…), No. 14378 proferida el treinta (30) de abril de 2001,
Magistrado Ponente Carlos Isaac Nader (…)[así como la] sentencia del 8 de julio
de 1993, radicado No. 5547”, en las cuales, conforme con lo mencionado por
el apelante, que la causal de reconocimiento de pensión, no puede dársele el
mismo tratamiento de las demás causales previstas para autorizar el despido de
un trabajador aforado (Cuaderno 1, folios 93 y 94). Afirmó que “la causal de
reconocimiento de pensión no prescribe, por ende no obliga a actuar al
empleador con inmediatez, como quiera que se trata de una causal disímil a las
demás causales de terminación del contrato de trabajo, pues su efecto en el
tiempo no cesa” (Cuaderno 1, folio 95).
[9]
Cuaderno 1, folios 89 a 92. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena estimó que “[s]i bien no existe prueba de la fecha en
que el empleador tuvo conocimiento del acto administrativo que reconoció la
pensión a la señora Ibáñez, no cabe duda que para la fecha en que le comunicó a
la trabajadora su decisión de terminar el contrato, esto es, para el 16 de
junio de 2014 ya tenía conocimiento del hecho que invoca como causal de
despido. ‖ Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 13 de
enero de 2015, es claro que la acción estaba prescrita, pues desde el momento
en que el empleador tuvo conocimiento del reconocimiento de la pensión, 16 de
junio de 2014 y aquel en el que se presentó la demanda (13 de enero de 2015),
transcurrieron más de 2 meses. Por tanto, deberá confirmarse la decisión
apelada” (Cuaderno 1, folo 91).
[10]
Cuaderno 1, folio 1.
[11]
Cuaderno 1, folios 10 y 11.
[12]
Cuaderno 1, folios 1 a 9.
[13]
La sentencias mencionadas fueron: (i) del 30 de abril de 2001, MP. Carlos Isaac
Nader, en la cual se indicó que la causal de terminación por justa causa
derivada del reconocimiento de la pensión no desaparece, debido a que es una
prestación permanente; (ii) del 8 de junio de 1993, en la que se reconoció que
la causal de reconocimiento de pensión no desaparece en el tiempo “pues lo
que caracteriza a la prestación (…) es la constitución permanente de una
posibilidad de goce a favor del trabajador”.
[14]
Cuaderno 1, folio 5.
[15]
Cuaderno 1, folio 5.
[16]
Cuaderno 2, folio 2
[17]
Cuaderno 2, folios 20 a 22. Escrito presentado el 23 de marzo de 2017, por Luis
Javier Ávila Caballero en calidad de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal
Superior.
[18]
Cuaderno 2, folios 36 a 42. Escrito presentado el 24 de marzo de 2017, por
Gustavo Adolfo Reyes Medina, en calidad de apoderado general del PARISS.
[19]
Cuaderno 2, folio 39.
[20]
El PARISS aportó copia de acta de entrega y recepción de documentos y archivos
del Instituto de Seguros Sociales a COLPENSIONES.
[21]
Cuaderno 2, folio 54. Escrito presentado el 24 de marzo de 2017, por Jorge
Alberto Hernández Suárez en calidad de Juez del referido Juzgado.
[22]
Cuaderno 2, folio 54.
[23]
Cuaderno 2, folios 59 a 67. Contestación presentada el 27 de
marzo de 2017 por Luis Nelson Fontalvo Prieto, jefe de la oficina jurídica del
Ministerio del Trabajo.
[24]
Cuaderno 2, folios 68 a 72.
[25]
Cuaderno 2, folio 70 reverso.
[26]
Cuaderno 2, folio 71.
[27]
Cuaderno 2, folios 82 a 86.
[28]
Cuaderno No. 2, folio 82.
[29]
Cuaderno No. 2, folio 82.
[30]
Cuaderno No. 2, folio 84.
[31]
Cuaderno No. 3, folios 3 a 10.
[32]
Cuaderno No. 3, folio 8.
[33]
En efecto, se encuentran solo los siguientes oficios de notificación del auto
admisorio de la demanda y constancias de envío: al Ministerio del Trabajo
(Cuaderno 2, folios 3 y 4), al Instituto de Seguros Sociales en liquidación
(Cuaderno 2, folios 5 y 6), a COLPENSIONES  (Cuaderno 2, folios 7 a  9), al
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena  (Cuaderno 2, folios 11 y 12),
y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena  (Cuaderno 2, folios 13
a 15).
[34]
Cuaderno 4, folios 19 a 21.
[35]
Cuaderno 4, folios 37 y 38.
[36]
Cuaderno 4, folio 37.
[37]
Cuaderno 1, folio 5.
[38]
M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[39]
Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en
ambas M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en
ambas M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[40]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible
una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio
de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[41] Obedece al respeto por la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones, por tanto se debe
establecer clara y expresamente sí el asunto puesto a consideración del juez de
tutela es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecte
derechos fundamentales.
[42]
Guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la
acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una alternativa
adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae consigo la
excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa exigencia
pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
[43]
La acción de tutela debe invocarse en un término razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador. De no ser así, se
pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada,
pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual
evaluación constitucional.
[44]
La irregularidad procesal debe ser decisiva o determinante en la
sentencia que se impugna y debe afectar los derechos fundamentales del
peticionario.
[45]
Este requisito pretende que el actor ofrezca claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial.
[46]
Así busca evitar la prolongación indefinida del debate
constitucional.
[47]
Cuaderno 1, folios 93 a 97.
[48]
Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Procedimiento del
Trabajo y de la Seguridad Social, el recurso extraordinario de casación solo
procede respecto de los asuntos “cuya cuantía exceda de ciento veinte (120)
veces el salario mínimo legal mensual vigente”.
[49]
Cuaderno 1, folios 89 a 92.
[50]
Cuaderno 1, folio 1.
[51]
Sentencia T-230 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[52]
Ver entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2012, M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217 de 2010, M. P.
Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo;
T-555 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-584 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de
2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[53]
T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1257 de 2008, M. P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[54]
Cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia
impugnada carece, en forma absoluta, de competencia.
[55]
Cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento
previsto por la ley.
[56]
Cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que
permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión.
[57]
Cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, o existe una contradicción evidente y grosera entre los
fundamentos y la decisión.
[58]
Cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que
la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
[59]
Cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor
judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos que la soportan.
[60]
Cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el
funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos
eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho
fundamental a la igualdad.
[61]
Se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual
reconoce a la Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza
normativa.
[62]
Las consideraciones expuestas en el presente capítulo fueron tomadas
textualmente en las sentencias SU-053 de 2015, T-667 de 2015 y T-534 de 2017,
todas ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[63]
Cfr. Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[64]
M.P. Mauricio González Cuervo, AV. María Victoria Calle Correa.
[65]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[66]
Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico 24 fueron expuesta
expresamente en las sentencias SU-242 de 2015 y T-667 de 2015, ambas ponencia
de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[67]
Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del
magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con
ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
[68]Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
[69]Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[70]Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[71]Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[72]Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[73]Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[74]Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[75]Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[76]Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[77]Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[78]Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[79] Sentencia T-343 de 2010 M.P Juan Carlos
Henao Pérez. En esta oportunidad el problema jurídico iba encaminado a
determinar si la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio
de la cual se había resuelto anular la elección del ciudadano Ferney Humberto
Lozano Camelo como alcalde del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca y en
consecuencia se había ordenado la realización de nuevas elecciones en dicho
municipio, había incurrido en una vía de hecho por defecto sustantivo al
interpretar de manera errónea las normas aplicables conforme los presupuestos
fácticos del caso. La Corte consideró que la interpretación realizada por la
autoridad judicial accionada “no se puede considerar como una interpretación
errónea de la norma que implique una ruptura del nexo causal entre el supuesto
de hecho de la norma y los elementos fácticos del caso,” sumado a que esta
no fue arbitraria y se ciñó no solo a la normatividad prevista para resolver el
caso sino también al desarrollo jurisprudencial y el precedente. Por esta
razón, la Corte confirmó la sentencia que negó el amparo invocado.
[80]
Debe aclararse que esta tercera regla está compuesta por un defecto sustantivo
por interpretación (i) contraevidente e (ii) irrazonable o desproporcionada.
Solo será analizada esta última, toda vez que sobre ella se centra el reproche
de la parte accionante.
[81]
Sentencia T-629 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82]
En las sentencias T-192 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa y T-692 de
2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte destacó que la interpretación de
las normas de rango legal es una tarea en la que se manifiestan “con
especial intensidad” los principios de independencia y autonomía judicial.
[83]
El artículo 228 constitucional prevé que “[l]a Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo”. Por su parte, el artículo 230 de la
Constitución dispone que “[l]os jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley. ‖ La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.”
[84] Cfr. Además, ha sostenido este
Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone concebir
la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los
derechos constitucionales, los principios y los fines del estado (parte
dogmática). T-1001 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[85]
Sentencia T-629 de 2015, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. En ese mismo sentido,
en la sentencia T-192 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), se estimó que
“(…) no hay más riesgo de de socavar un Estado social de derecho que un juez
arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo
para combatir el capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de
la Constitución y restablecer los derechos afectados”. Igualmente, en la
sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), se dijo: “(…) la
labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto,
si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en
patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible.  El sistema
jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones
posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las
correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”.
[86]
Sentencia T-629 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta sentencia se
resaltó que esta hipótesis, al igual que aquella por interpretación
contraevidente- es “una afrenta al principio de legalidad”. Citan la
sentencia T-1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, para indicar que su
característica “está dada ‘por una mayor incidencia del desconocimiento de
la Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto
sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en
cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar
ese proceso y condicionar su resultado’”.
[87]
Sentencia T-629 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. A manera de ejemplo la
Corte ha hallado que se ha incurrido en defecto sustantivo por interpretación
irrazonable pueden consultarse además de la ya reseñada, las sentencias T-1017
de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1072 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; y T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
[88]
El artículo 151 del CPTSS prevé: “Prescripción. Las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”.
[89]
El artículo 488 del CST dispone: “Regla general. Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
salvo en el caso de prescripciones especiales establecidas en el Código
Procesal de Trabajo o en el presente estatuto".
[90]
Sentencia T-649 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Nilson Pinilla
Pinilla.
[91]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esa oportunidad se demandó el artículo 151 del
CPTSS tras considerar que al establecer el término de prescripción de las
acciones laborales se lesiona el derecho al trabajo, de carácter
imprescriptible. La Corte resolvió declarar exequibles el artículo demandado
así como el 488 del CST. Debe destacarse la sentencia C- 916 de 2010, M.P.
Mauricio González Cuervo, relacionada con demanda presentada en contra de los
artículos 151 del CPTSS, 488 del CST, así como los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 que prevé que “Las acciones que emanen de los derechos consagrados
en este Decreto [que regula la
integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales] prescribirán en tres años, contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible”; y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 que establece que “Las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben
en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación
se haya hecho exigible (...)”. Esta Corporación resolvió: (i) respecto de
las dos primeras disposiciones, estarse a lo resuelto en la mencionada
sentencia C-072 de 1994; (ii) en cuanto al artículo 102 del Decreto 1848 de
1969, inhibirse de conocer de la demanda frente a dicho artículo porque el
decreto fue expedido en virtud de la potestad reglamentaria del presidente, por
lo que la Corte carecía de competencia para estudiarlo; y (iii) en cuanto
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, declaró exequible la expresión “[l]as
acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”,
para lo cual retomó los argumentos de la sentencia C-072 de 1994.
[92]
Conforme con lo dispuesto en los artículos 406 y 407 del CST, los siguientes
trabajadores se benefician de la garantía foral, de acuerdo con las
especificidades de número y temporalidad establecidas en tales disposiciones:
los fundadores del sindicato y quienes ingresen al sindicato antes de su
inscripción en el registro sindical así como los miembros de la junta directiva
y subdirectiva de la organización sindical y de la comisión estatutaria de
reclamos. Igualmente, se encuentran cobijados por tal garantía, como lo indicó
esta Corporación en sentencia T-998 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
“los trabajadores en medio de una negociación colectiva, el cual se
constituye en un instrumentos garantista para la protección del conflicto
colectivo, este es el llamado fuero circunstancial”.
[93]
Sentencia C-381 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En la sentencia
T-220 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo, se indicó que “El fuero sindical
es entonces una garantía de rango constitucional que cobija a los trabajadores
y a los empleados públicos que hagan parte de las directivas de los sindicatos,
que sean sus miembros adherentes o fundadores de organizaciones sindicales,
para permitirles cumplir libremente sus funciones en defensa de los intereses
de la asociación, sin que por esto sean perseguidos o sean sujetos de
represalias por parte de los empleadores”.
[94]
M.P. María Victoria Calle Correa, SV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y AV. María Victoria Calle Correa.
[95]
En la sentencia C-201 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería, SPV. Alfredo Beltrán
Sierra,  Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández y Manuel José
Cepeda Espinosa; AV. Álvaro Tafur Galvis y Manuel José Cepeda Espinosa, se
indicó que la acción de reintegro era un mecanismo mediante el cual el
trabajador aforado puede “acudir ante el juez del trabajo para que éste se
pronuncie sobre la legalidad del despido y, en caso que se demuestre que éste
fue realizado sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, ordenará
el reintegro del trabajador, así como el pago de los salarios dejados de
percibir durante ese lapso, esto último a título de indemnización”.
[96]
M.P. Mauricio González Cuervo. En este asunto se presentó acción
de tutela en contra de tres decisiones en las cuales se procedió a reintegrar a
tres trabajadores con garantía foral. Se indicaba por parte de los accionantes
(empleador) que se había incurrido en defectos fácticos, sustantivos, de
desconocimiento del precedente horizontal y vertical, así como desconocimiento
de la Constitución. En esa oportunidad no se demostró la configuración de tales
defectos.
[97]
T-029 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-731 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[98] Artículo 118 CPTSS: “Acción de reintegro.- La demanda del trabajador
amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido, se tramitará
conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes de este
Código.‖ La acción de reintegro prescribirá en dos meses a partir de la
fecha del despido. ‖ Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la
acción del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido
trasladado o desmejorado sin intervención”.
[99]
M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este asunto fue objeto de estudio, entre
otros, el inciso 2º del artículo 118 del CPTSS que solo preveía la prescripción
de 2 meses para la acción de reintegro del trabajador aforado. En esa ocasión,
el demandante consideró que dicha disposición afectaba el derecho de asociación
pues las acciones que lo protegen no se extinguen “por el sólo transcurso
del tiempo, y menos por la negligencia del trabajador aforado que no es real
destinatario de la protección”. Igualmente, consideraba que había
afectación al derecho a la igualdad y al trabajo toda vez que la norma nada decía
en relación con la prescripción del levantamiento de fuero sindical. Así, la
Sala Plena de la Corte resolvió declarar exequible el inciso 2º del artículo
118 del CPTSS, con la advertencia respecto de la acción de levantamiento de
fuero sindical que será explicada más adelante.
[100]
En este caso, la Corte insistió que “en desarrollo del principio de igualdad
material (CP art. 13 inciso 2º ), y de la protección definida que al  fuero
sindical  establece la Constitución, el término que el empleador tiene para
interponer la acción de levantamiento de fuero es concomitante con el
conocimiento de la ocurrencia de una causa justa para solicitar la autorización
de despido, traslado o desmejoramiento del trabajador aforado, desvirtuando así
la aplicación de otras interpretaciones diversas a la que precisamente se
desprende de una lectura simple del artículo en mención.”
[101]
Esto mismo fue reproducido por la Corte Constitucional en la sentencia T-029 de
2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[102]
Al respecto, debe indicarse que en la exposición de motivos de la Ley 712 de
2001 solo se hace referencia general a las acciones de fuero sindical en los
siguientes términos: “en el proceso especial de fuero sindical, el proyecto
de ley contiene una regulación completa que, conservando los límites actuales,
pretende su agilización” (Gaceta 402 de 1999). Además, en la Gaceta 137 de
2000 en la cual consta la radicación del proyecto, no se hizo un comentario
respecto de la norma mencionada.
[103]
Ver, entre otras decisiones, SU-377 de 2014, M.P. María Victoria
Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[104]
El artículo 410 igualmente indica que debe como justa causa de despido las
causales contenidas en el artículo 63 del CST. No obstante, este artículo fue
subrogado por el Artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965 –actual artículo 62 del
CST-.
[105]
Ver entre otras, las sentencias T-1755 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; T-546 de
2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[106]
Sentencia T-1103 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[107]
Sentencia T-546 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[108]
M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta Corporación, luego de
estudiar varias disposiciones dentro de las cuales se encontraba el parágrafo
del artículo 62 del CST, resolvió declarar la exequibilidad de la norma.
[109]
El parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece que “[s]e
considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación
legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la
relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión
por parte de las administradoras del sistema general de pensiones (…)”.
[110]
MP. Jaime Araujo Rentería.
[111]
La Corte llegó a dicha conclusión tras considerar que “no puede existir
solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la
iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar
al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la
efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, la
única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es mediante
una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor público sea
retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la
inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión”.
Por lo demás, debe recordarse que parágrafo 3º original del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 daba la potestad al afiliado en el nuevo sistema de pensiones consistente
en la posibilidad de seguir laborando y cotizando cinco años más, luego de
reunir los requisitos para la pensión de vejez, y determinó que, para efectos
de que se pudiera hacer uso de esta causal, el empleador debía consultar
previamente al trabajador de si era su voluntad pensionarse o si prefería
seguir vinculado laboralmente y cotizando por el tiempo que la ley le permitía.
Así lo entendió la Corte Constitucional en sentencia C-1443 de 2000 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra) al estudiar la constitucionalidad de tal norma y la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en
sentencias del 8 de octubre de 1999, rad. 11832 y del 25 noviembre de 2002,
rad. 18716.
[112]
Sentencia C-1037 de 2003, MP. Jaime Araujo Rentería. Se indicó, respecto de
este último argumento, que para el caso de los empleos públicos es una medida
en la que el Estado “redistribuye y renueva un recurso escaso” con el
objeto de que los ciudadanos accedan a estos “en condiciones de equidad e igualdad
de oportunidades”. Además, en este fallo hizo referencia la sentencia C-563
de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) en la que se estudió una disposición
relacionada con la edad de retiro forzoso, en la que se estimó que era legítimo
el retiro del servidor por cuanto se hacía efectivo su derecho al descanso, con
el disfrute de la pensión y el acceso de las nuevas generaciones a los cargos
públicos. Respecto de esto último “si la fijación responde a criterios objetivos
y razonables, debe afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los
fines constitucionales cuyo logro se persigue. En efecto, la posibilidad de
retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una
determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el
legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., artículos 13 y 40-7) y
el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como
trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo 25). Así mismo, medidas de
esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el
artículo 54 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe propiciar
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" que, a su turno,
es concordante con las facultades genéricas de intervención del Estado en la
economía con la finalidad de "dar pleno empleo a los recursos
humanos" (C.P., artículo 334).”
[113]
Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación. Laboral, Sentencias de julio 30 de 1976 y de octubre 5 de 1984. Tales
sentencias, tal como se indicó, fueron citadas por esta Corporación en las
sentencias T-546 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;  y T-1103 de 2002, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. Se sostuvo que “si la posibilidad de dar por
terminado unilateralmente el contrato de trabajo es facultativa, no puede
[tener] tal carácter [inmediato] convertirse en patente de corso para que el
empleador despida a un trabajador por una falta que ya había
exculpado, pues ello equivaldría a despedirlo sin justa causa”.
[114]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[115]
M.P. Manuel José Cepeda.
[116]
M.P. Ramón Zúñiga Valverde.
[117]
Que se refiere al reconocimiento de pensión de jubilación o invalidez como
causal de justa causa de despido que puede ser alegada por el empleador.
[118]
Relativa a la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que
no supere los 180 días.
[119]
MP. Carlos Isaac Náder.
[120]
En la síntesis del cargo se indicó: “[a]duce la censura -la parte demandada-
que la conclusión de inexistencia de nexo de causalidad entre la fecha de
reconocimiento de la pensión de invalidez y del despido fue jurídica, pues el
ordinal 14 del Art. 7º del Decreto 2351 de 1965 no condicionó su eficacia o
legalidad a tener que invocarla en fecha predeterminada; que el motivo alegado
no tiene consagrado un periodo de prescripción especial, en apoyo de lo cual
cita como antecedente, la sentencia de 12 de abril de 1985, radicada bajo el
número 10559”.
[121]
Ver sentencia SL2509-2017 de 15 de febrero de 2017 (Rad. 45036),
M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo reiterada en sentencia SL11232-2017 (Rad.
50238), M.P. Donald José Dix Ponnefz. Además de la característica mencionada,
identificó otras tres: “(i) Se trata de una causal de terminación de
los vínculos laborales de los trabajadores del sector privado y público (…)‖
(ii) El empleador puede hacer uso de esta causal cuando al trabajador le ‘sea
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema
general de pensiones’, aspecto que debe armonizarse con lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia aditiva C-1037 de 2003, que condicionó la
exequibilidad del precepto en estudio en el entendido que ‘además de la
notificación del reconocimiento de la pensión no se puede dar por terminada la
relación laboral sin que se le notifique [al trabajador] debidamente su
inclusión en la nómina de pensionados correspondiente’ (…) (iv) Es aceptable
legalmente que el empleador solicite la pensión en nombre del trabajador,
cuando quiera que este no lo haga dentro de los 30 días siguientes al
cumplimiento de los requisitos para pensionarse (…)”.
[122]
El parágrafo indica que “Se considera justa causa para dar por terminado el
contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del
sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en
este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá
dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria,
cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras
del sistema general de pensiones. Transcurridos treinta (30) días después de
que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en
este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el
empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre
de aquel”. (Subrayas y negrillas fuera del texto original).
[123] Por lo demás, indicó que debe tenerse en
cuenta que tratándose de servidores públicos “no es posible ‘recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley’ (art. 128 C.N.)”.
[124]
El artículo 117 del CPTSS que regula el recurso de apelación en contra del
fallo dentro del proceso de fuero sindical “será apelable en el efecto
suspensivo. El Tribunal decidirá de plano dentro de los cinco (5) días
siguientes al en que sea recibido el expediente. ‖ Contra la decisión del
Tribunal no cabe recurso alguno”.
[125]
MP. Ramón Zúñiga Valverde.
[126]
MP. Carlos Isaac Náder.
[127]
El artículo 117 del CPTSS prevé que “[l]a sentencia [proferida dentro de un
proceso de fuero sindical] será apelable en el efecto suspensivo. El Tribunal
decidirá de plano dentro de los cinco (5) días siguientes al en que sea
recibido el expediente. ‖ Contra la decisión del Tribunal no cabe recurso
alguno”.
[128]
Cuaderno No.2, folio 55 -CD contentivo de las diligencias de primera
instancia-.
[129]
Cuaderno No.2, folio 55 -CD contentivo de las diligencias de primera
instancia-. Por lo demás, estimó que el juzgado accionado que “la justa
causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y
reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla
los requisitos exigidos en dicho artículo para tener derecho a la pensión, no
implica esa condición o esa facultad que tiene el empleador para efectos de que
opere de forma automática”.
[130]
Cuaderno 1, folios 89 a 92. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena estimó que “[s]i bien no existe prueba de la fecha en
que el empleador tuvo conocimiento del acto administrativo que reconoció la
pensión a la señora Ibáñez, no cabe duda que para la fecha en que le comunicó a
la trabajadora su decisión de terminar el contrato, esto es, para el 16 de
junio de 2014 ya tenía conocimiento del hecho que invoca como causal de
despido. ‖ Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 13 de
enero de 2015, es claro que la acción estaba prescrita, pues desde el momento
en que el empleador tuvo conocimiento del reconocimiento de la pensión, 16 de
junio de 2014 y aquel en el que se presentó la demanda (13 de enero de  2015),
transcurrieron más de 2 meses. Por tanto, deberá confirmarse la decisión
apelada” (Cuaderno 1, folo 91).
[131]
Debe recordarse que el inciso 1º del artículo 118A del CPTSS establece que “[l]as
acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses (…) Para el
empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como
justa causa (…)”.
[132]
Numeral 1º, artículo 62 del CST.
[133]
Numeral 2º, artículo 62 del CST.
[134]
Numeral 4º, artículo 62 del CST.
[135]
Numeral 5º, artículo 62 del CST.
[136]
El artículo 58 del CST establece las obligaciones especiales del trabajador,
mientras el artículo 60 del mismo código establece las prohibiciones.
[137]
Numeral 5º, artículo 62 del CST.
[138]
Numeral 8º, artículo 62 del CST.
[139]
Numeral 9º, artículo 62 del CST.
[140]
Numeral 10, artículo 62 del CST.
[141]
Numeral 11, artículo 62 del CST.
[142]
Numeral 12, artículo 62 del CST.
[143]
Numeral 13, artículo 62 del CST.
[144]
Numeral 3º, artículo 62 del CST.
[145]
Numeral 7º, artículo 62 del CST.
[146]
Numeral 15, artículo 62 del CST.
[147]
Salvo aquella causal relacionada con la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no supere los 180
días la cual también identifica como natural.
[148]
Que no simultáneamente, pues como lo ha indicado esta misma
jurisprudencia, debe surtirse un periodo en el cual deba efectuarse una
investigación de la conducta que configura la justa causa de despido y pueda
defenderse el empleador.
[149]
Salvo en los eventos en los que opere la edad de retiro forzoso.
[150]
Debe recordarse en este punto que la pensión de vejez,  conforme con lo
señalado en la sentencia  T-045 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub., “es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la
seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se produce
una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta o
impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”.
[151]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[152]
Como se indicó en precedencia, tal norma no incluía expresamente la
prescripción especial para la acción de levantamiento de fuero sindical.
Precisamente, uno de los cargos propuestos en la demanda se indicó que tal
previsión normativa desconocía el principio de igualdad pues la prescripción de
3 meses solo se había previsto para la acción de reintegro más no para aquella
de levantamiento del fuero sindical.
[153]
Artículo 405 del CST: “Se denomina "fuero sindical" la garantía de
que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por
el juez del trabajo”.
[154]
El artículo 113 del CPTSS dispone: “La demanda del empleador tendiente a
obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para
desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro
establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, deberá expresar
la justa causa invocada (…)”
[155]
MP. Alejandro Martínez Caballero.