T-314-05
(Proyecto de circulación restringida)
Sentencia
T-314/05
DERECHO A LA SALUD-Fundamental autónomo
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en que procede por exclusión de tratamientos y medicamentos
de alto costo
DISCAPACITADO-Trato especial/DISCAPACITADO-Diferenciación
positiva
DERECHO A LA VIDA DIGNA-Entrega de
prótesis de extremidades superiores
DERECHO A LA SALUD-Suministro de
prótesis
DERECHO A LA SALUD-Presunción de
incapacidad de pago de la población beneficiaria del SISBEN
Con respecto a la población beneficiaria del SISBEN, Nivel 2, la
Corte ha establecido una presunción de pobreza que resulta fundamental para
determinar la capacidad de pago del servicio, medicamento o tratamiento por
parte del afiliado.
Referencia:
expediente T-1013839
Acción de tutela interpuesta por María Belén Moreno Moreno contra la
A.R.S. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud, ECOOPSOS
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil cinco (2005).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de las sentencias que resolvieron la
acción de tutela interpuesta por María Belén Moreno Moreno contra la A.R.S.
Entidad Cooperativa Solidaria de Salud, ECOOPSOS
I.
ANTECEDENTES
Hechos y acción de tutela interpuesta
El 17 de mayo de 2004, la señora María Belén Moreno Moreno interpuso
acción de tutela contra la A.R.S. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud,
ECOOPSOS, por considerar vulnerados sus derechos constitucionales a la salud,
la integridad personal y el trabajo. La acción interpuesta se fundamenta en los
siguientes hechos y consideraciones:
1. El 18 de septiembre de 2001, mientras trabajaba en una molienda,
la actora sufrió un accidente de trabajo como consecuencia del cual perdió el
antebrazo derecho.  Los médicos de la A.R.S. que la atendieron le ordenaron una
prótesis articular debajo de codo con gancho en acero y adaptación de mano y
guante cosmético, para el normal funcionamiento de su miembro superior derecho.
En consecuencia, la actora le solicitó a la A.R.S. ECOOPSOS a la que se
encontraba afiliada, el suministro de dicha prótesis.
2. La A.R.S. negó la autorización del aparato ortopédico solicitado
por la actora por considerar que no estaba incluido dentro del Plan Obligatorio
de Salud Subsidiado (POS-S), y por no estar en riesgo la vida de la usuaria.
Para fundamentar su decisión la entidad sostuvo que, según el
Acuerdo 72 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el suministro de
prótesis dentro del POS-S debe hacerse de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994. Al respecto indica que el mencionado
artículo no incluye la prótesis ortopédica que solicita la actora y, en
consecuencia, debe entenderse que la misma se encuentra excluida del POS-S.
En criterio de la A.R.S. accionada, la obligación del suministro de
la prótesis está a cargo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, quien debe
suministrarla con cargo a los recursos dirigidos a subsidiar la oferta de los
servicios de salud.
3. En virtud de lo anterior, la A.R.S. dirigió una comunicación al
Alcalde de Vergara-Cundinamarca –lugar dónde reside la actora-, en la cual le
informó sobre la situación antes descrita indicándole que corresponde a la
Secretaría de Salud de Cundinamarca suministrar la prótesis solicitada.
Al recibir la comunicación referida, el Alcalde Municipal de Vergara
le solicitó a la Secretaría de Salud de Cundinamarca que analizara el caso con
el fin de determinar si la prótesis podía autorizarse con cargo a los recursos
de subsidio a la oferta.
4. En oficio de 17 de marzo de 2004, la Secretaría de Cundinamarca,
le informa a la A.R.S. Ecoopsos que, según las normas legales y reglamentarias
existentes, la entrega del aparato ortopédico solicitado por la actora le
corresponde a dicha A.R.S.. Para fundamentar su aserto transcribe un aparte de
un concepto emitido por el entonces Ministerio de Salud, en el cual dicho
Ministerio aclara, como sigue, el contenido del artículo 12 de la Resolución
5261 de 1994:
“(...) respecto a prótesis, órtesis y aditamentos o aparatos
ortopédicos o para alguna función biológica, en el POS, tanto del régimen
contributivo como del régimen subsidiado, debe entenderse que se incluyen:
1) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Res.
5261/94:
a)prótesis ortopédicas:
- Prótesis de extremidades, parciales o totales, externas o
exoprótesis
- Prótesis articulares (...)”
5. En virtud de lo anterior, mediante derecho de petición, la actora
le solicitó nuevamente a la A.R.S. el suministro de la prótesis. En respuesta,
la A.R.S. reiteró que dicha solicitud no era de su competencia por ser un caso
no cubierto por el POS-S. Insistió en que la responsabilidad por la entrega del
aparato le corresponde al Estado a través de las entidades territoriales.
6. El 17 de mayo, la señora María Belén Moreno Moreno interpuso
acción de tutela contra la A.R.S. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud,
ECOOPSOS. En su criterio, la decisión de la entidad consistente en no
suministrarle la prótesis que necesita, vulnera sus derechos constitucionales a
la salud, la integridad personal y el trabajo. En los distintos escritos
allegados al expediente, la actora afirma que es una persona de avanzada edad –
53 años -, casi analfabeta y en situación de extrema pobreza. Sostiene que no
cuenta con nadie que pueda ayudarla a proveerse de alimentos y que necesita la
prótesis para poder trabajar, pues se trata de suplir las funciones de su
miembro superior derecho sin el cual, al parecer, no podría ejecutar los
oficios que hasta ahora le han permitido subsistir. En consecuencia, solicita
al juez de tutela que le ordene a la entidad demandada el suministro de la prótesis
solicitada por su médico tratante, adscrito a la A.R.S. accionada.
Aporta como prueba la solicitud del médico tratante, su carné de
afiliación al régimen subsidiado – nivel 2 del Sisben -, y la totalidad de los
documentos que soportan los hechos mencionados en los numerales anteriores de
la presente decisión.
7. Magdalena Florez Ramos actuando en calidad de Gerente General de
la A.R.S. ECOOPSOS, intervino dentro del proceso para solicitar que se negara
la acción de tutela. Para fundamentar su solicitud expone los siguientes
argumentos:
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) es la
autoridad legal que debe establecer los procedimientos, tratamientos y
medicamentos que conforman el POS-S.  En ejercicio de esta función el CNSSS expidió
el acuerdo 72 de 1997, en virtud del cual el suministro de prótesis debe
hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución 5261
de 1994 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. Según estas normas, la
prótesis ordenada a la actora (prótesis debajo del codo con gancho en acero y
adaptación de mano y guante cosmético) no está incluida en el POS-S, pues en
materia de prótesis este sólo incluye las que expresamente se encuentran
mencionadas en el artículo 12 precitado, es decir, las prótesis articulares y
valvulares. En consecuencia, la actora se encuentra solicitando un aparato que
no se encuentra incluido en el POS-S.
Ahora bien, lo anterior no significa que la actora quede
desamparada, pues los procedimientos que no forman parte del POS-S deben ser
suministrados en forma directa a través de las Direcciones Seccionales de
Salud, con cargo a los recursos de la oferta (artículo 4 del Acuerdo 72 del
CNSSS).
Finalmente, señala que desde el momento de su accidente, la señora
María Belén Moreno Moreno ha recibido todos los servicios de atención en salud
requeridos y expresamente incluidos en el plan de beneficios del régimen
subsidiado. Afirma que en este caso no procede la tutela para conferir
beneficios por fuera del plan subsidiado dado que la vida de la usuaria no se
encuentra en grave peligro, pues en cuanto sufrió el accidente fue atendida por
personal médico experto y las consecuencias del mismo han sido adecuadamente
controladas.
Decisiones judiciales objeto de revisión
8. El Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara Cundinamarca, mediante
providencia del 17 de mayo de 2004, concedió la tutela solicitada.
A juicio del a-quo, la decisión de la entidad accionada en virtud de
la cual se negó el suministro de la prótesis, vulneró el derecho a la salud de
la actora en conexidad con sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y a la integridad personal. En su criterio, la prótesis solicitada no
constituye simplemente una estructura de soporte para mejorar la salud de la
señora María Belén Moreno. Se trata por el contrario de un aparato necesario
para garantizar la calidad de vida de la actora en condiciones dignas. En este
sentido afirma que la prótesis solicitada es indispensable para contribuir a la
rehabilitación de la señora Moreno, pues su utilización tiene como finalidad el
mejoramiento o complementación de la capacidad fisiológica o física de la
paciente.
Asegura que de acuerdo con las previsiones del artículo 12 de la
resolución 5261 de 1994, la A.R.S. ECOOPSOS tiene la obligación de suministrar
dicho aparato. Sin embargo, indica que si “Ecoopsoos considera que reúne las
premisas sentadas en la sentencia Unificada SU 480 del 25 de septiembre de 1997
y donde fue magistrado ponente el Dr. Alejandro Martínez Caballero, podría
repetir contra la SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINMARCA”
9. El fallo de primera instancia fue impugnado por la A.R.S.
ECOOPSOS, con argumentos similares a los expuestos en la intervención original
antes reseñada.
10. El Juzgado Civil del Circuito de Villeta – Cundinamarca,
mediante auto del 25 de junio de 2004 decretó la nulidad de todo lo actuado por
considerar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara no era competente para
conocer de la acción de tutela.
Anulada la decisión de instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Vergara remitió el expediente, por competencia, al Juzgado Civil del Circuito
de Villeta, a fin de que este se pronunciara como juez de primera instancia.
11. Mediante providencia de 10 de agosto de 2004, el Juzgado Civil
del Circuito de Villeta negó la acción de tutela. En su criterio la prótesis
solicitada se encuentra excluida del POS-S y, en consecuencia, dado que no se
encuentra amenazada la vida de la actora, la tutela debe ser negada.
12. Apelada la anterior decisión por la accionante, el Tribunal
Superior de Cundinamarca en decisión de 7 de septiembre de 2004, declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido el 25 de junio de 2004
por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta (numeral 10 anterior). A su
juicio, el Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara si era competente para
conocer de la acción originariamente interpuesta y, en consecuencia, su
decisión no debió ser anulada. En virtud de lo anterior, el Tribunal devolvió
el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Villeta, a fin de que
resolviera, en calidad de juez de segunda instancia, la impugnación realizada
por la entidad accionada contra la sentencia proferida el 25 de mayo por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara.
13. El Juzgado Civil del Circuito de Villeta mediante providencia
del 29 de septiembre de 2004 revocó el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Vergara y negó la acción de tutela impetrada. A juicio del
Juzgado, la prótesis solicitada no se encuentra incluida dentro del POS-S y,
por lo tanto, la decisión de no suministrarla de ninguna manera vulnera los
derechos a la salud y a la integridad personal de la accionante. Señala que
aunque sería muy benéfico para la señora Moreno tener la prótesis, el no contar
con la misma no compromete su vida. Tampoco considera vulnerado el derecho al
trabajo, pues la incapacidad de la accionante no la inhabilita absolutamente
para laborar.
La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. Mediante auto de 26 de noviembre de 2004 fue seleccionada y
correspondió a la Sala Cuarta su revisión.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1. Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro
de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 241
numeral 9 de la Constitución Política.
Problema Jurídico
2. Se pregunta la Corte si viola los derechos fundamentales de una
persona afiliada al régimen subsidiado de salud, que ha perdido en un accidente
de trabajo la parte inferior de su brazo derecho, la decisión de la A.R.S de no
suministrarle una prótesis ortopédica que le permita recuperar parte de la
funcionalidad de la extremidad amputada.
Protección excepcional del derecho a la salud mediante la acción de
tutela
3. Como ha reiterado esta Corporación, en principio, el derecho a la
salud no es un derecho fundamental en si mismo considerado y por lo tanto, la
acción de tutela no es procedente para solicitar su protección. Sin embargo, la
Corte ha establecido que, excepcionalmente, procede la acción de tutela, cuando
se trata de proteger derechos fundamentales conexos[1],
o sujetos de especial protección cuyo derecho a la salud se encuentre
reconocido por la Constitución[2].
En cuanto respecta a los derechos de las personas afiliadas al sistema
general de seguridad social en salud, la Corte ha establecido dos reglas
esenciales sobre procedibilidad de la acción de tutela, que en el presente caso
resulta relevante recordar.
En primer lugar, la Corte ha señalado que la tutela procede para garantizar
la prestación de servicios médicos o el suministro de medicamentos incluidos en
los planes de salud, cuando han sido arbitrariamente negados al usuario. En
estos casos, no solo se viola el derecho a la salud, sino que, usualmente, se
vulnera el derecho fundamental de petición. Adicionalmente, dado que las
inclusiones en los planes de salud tienden a garantizar el derecho a la vida en
condiciones dignas, resulta razonable presumir que el no suministro de
medicamentos o tratamientos contemplados en dichos planes compromete dicho
derecho fundamental. Por ello, en casos como el mencionado procede la tutela
sin necesidad de demostrar, en el caso concreto, la conexidad con otro derecho
fundamental. Al respecto, ha dicho la Corte:
“Los contenidos propios del Plan Obligatorio de Salud –bien sea del
régimen contributivo o del subsidiado -, devienen en prestaciones vinculantes
para los entes encargados de su cumplimiento y en derechos subjetivos, de
carácter fundamental autónomo, para  los ciudadanos. Si, dado este presupuesto,
es negado el acceso a alguno de los beneficios que se erigen en contenido
determinado del derecho a la salud, se estaría en presencia de la violación de
un derecho fundamental,  cuya protección puede ser invocada de manera autónoma y
directa. Tratándose del análisis de procedibilidad de la acción de tutela, no
sería necesario probar la conexidad con otro derecho de carácter fundamental
–como la vida o el mínimo vital- para dar paso al estudio de fondo de la
presunta vulneración.”[3]
De otra parte, la Corte ha indicado que en el caso en el cual la
persona que interpone la tutela solicite un medicamento o un tratamiento no
incluido en los planes de salud, la tutela sólo podrá proceder si,
adicionalmente se cumplen ciertas condiciones especiales[4].  En estos casos será necesario que
la persona que interpone la tutela demuestre (1) que la prueba de diagnóstico,
el medicamento o el tratamiento médico es necesario para conjurar la violación
grave de un derecho fundamental como la vida o la integridad física de quien lo
requiere; (2) que el examen diagnóstico, medicamento o tratamiento fue
solicitado por el médico adscrito a la empresa de salud a la cual se encuentra
afiliada la persona que lo requiere; (3) que el tratamiento, medicamento o
prueba de diagnóstico no puede ser sustituido por otro que se encuentre
incluido en el programa de salud; (4) que la persona interesada no puede
financiar, ni parcial ni integralmente, el costo del  tratamiento, el
medicamento o la prueba de diagnóstico, ni puede lograr la prestación del
servicio o el suministro del medicamento mediante otro plan de salud.[5]
4. En virtud de lo anterior, lo primero que debe hacer la Corte para
resolver el problema jurídico planteado es identificar si la prótesis solicitada
por la actora, se encuentra incluida o excluida del Plan Obligatorio de Salud
Subsidiado. Si el aparato solicitado se encuentra en el POS-S, bastaría con
demostrar que fue solicitado por el médico tratante para ordenar el suministro.
Si por el contrario, la prótesis estuviera excluida del POS-S sería necesario
demostrar las cuatro condiciones mencionadas en el numeral anterior de esta
providencia para poder conceder el amparo solicitado.
Procede entonces la Corte a identificar si la prótesis articular
debajo de codo con gancho en acero y adaptación de mano y guante cosmético se
encuentra incluida en el POS-S-.
Interpretación del Artículo 12 de la  Resolución 5261 de 1994:
reiteración de jurisprudencia
5. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece el
contenido de los planes obligatorios de salud cubiertos por los regímenes
contributivo y subsidiado. En ejercicio de esta función el CNSSS expidió el
Acuerdo No 72 de 29 de agosto de 1997, según el cual, “el suministro de
prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo dispuesto en el artículo 12 de la
resolución No 5261 de 1994 y demás normas que la adicionen o modifiquen”.
El artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994 dice:
“Artículo 12.- UTILIZACIÓN DE PRÓTESIS, ORTESIS,
APARATOS Y ADITAMENTOS ORTOPÉDICOS O PARA ALGUNA FUNCIÓN BIOLÓGICA: Se definen
como elementos de este tipo, aquellos cuya finalidad sea la de mejorar o
complementar la capacidad fisiológica  o física del paciente. Cuando el paciente
requiera de su utilización y se encuentren expresamente autorizados en el plan
de beneficios, se darán en calidad de préstamo con el compromiso de devolverlos
en buen estado salvo el deterioro normal; en caso contrario deberá restituirlos
en dinero por su valor comercial.
PARAGRAFO: Se suministran  prótesis, ortesis y otros:
marcapasos, prótesis valvulares y articulares y material de osteosíntesis,
siendo excluidas todas las demás. En aparatos ortopédicos se suministrarán:
muletas y estructuras de soporte para caminar, siendo excluidos los zapatos
ortopédicos, plantillas, sillas de ruedas, medias con gradiente de presión o de
descanso, corsés, fajas y todos los que no estén expresamente autorizados.”
Para la A.R.S. accionada el artículo 12 precitado excluye las
prótesis ortopédicas dentro de las cuales se encuentra la prótesis articular
debajo de codo con gancho en acero y adaptación de mano y guante cosmético. Por
el contrario, para la Gobernación de Cundinamarca, dicha norma incluye las mencionadas
prótesis y por lo tanto la A.R.S. debe suministrársela a la actora.
6. La Corte Constitucional ha considerado que el artículo 12 de la
Resolución 5261 de 1994 no excluye del POS o del POS-S, el suministro de
prótesis ortopédicas para extremidades a fin de complementar la capacidad
física del paciente. En consecuencia, las entidades de salud correspondientes
deben proveer dichos aparatos a quien, a juicio del médico tratante, los
requiera para recuperar la función anatómica de una extremidad perdida.
Al respecto, en la sentencia T-941/2000, la
Corporación expresó:
“La interpretación del artículo 12 de la Resolución
5261 de 1994,  expedida por el Ministerio de Salud, no puede ser otra distinta
de aquella que el mismo Ministerio interpreta y explica en el concepto
proferido por el Dr. José Armando Porras Niño en su oportunidad, en el que se
incluyen las prótesis de extremidades inferiores dentro de la estructura del
P.O.S. a fin de complementar la capacidad física del paciente. En efecto,
nótese no sólo que esa interpretación es la que resulta acorde con lo prescrito
en el artículo en mención respecto a la definición de lo que implican estas
prótesis, su importancia y su naturaleza, sino que concuerda claramente con las
exclusiones que muy bien define la administración en el artículo 18 de la misma
resolución. En efecto, la Resolución 5261 de 1994, en el artículo 18 aclara la
razón de ser de las exclusiones, y expresamente consagra que serán en general
aquellas  que no  tengan por objeto  contribuir con el diagnóstico, tratamiento
o rehabilitación de la enfermedad y aquellas que sean considerados cosméticas,
estéticas o suntuarios.  Así mismo, el artículo 12 de la misma resolución,
señala en el parágrafo correspondiente,  que "Se suministran prótesis, ortesis
y otros: marcapasos, prótesis valvulares y articulares y material de
osteosíntesis, siendo excluidas todas las demás." De esa expresión, al
parecer los otros elementos, son los que resultan después de los dos puntos, de
manera tal que los demás tipos de prótesis se desprenden de la primera parte
del parágrafo.
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente
descrito, se ordenará a la EPS, brindarle al actor la asistencia necesaria para
que le sean adaptados las prótesis, y le sean entregadas las mismas, acorde con
sus necesidades ortopédicas"[6].
(negrilla fuera de texto)
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la
sentencia T-860 de 2003, en la cual señaló:
“Retomando las conclusiones que arrojó el estudio del
artículo 18 de la mencionada Resolución y a la luz de lo prescrito por el
artículo 12, puede afirmarse que las prótesis, órtesis y aparatos que tengan
como función mejorar o complementar la capacidad física del paciente están
expresamente incluidas en el P.O.S., criterio que se refuerza al constatar que
estos “aparatos” tienen el cargo de apoyar de manera efectiva a la
rehabilitación de la enfermedad, o de la discapacidad. Es entonces el argumento
funcional el que da cuenta de la necesidad de incluir estos aparatos en el
P.O.S. Es decir, el aparato en sí mismo no tiene relevancia como factor
condicionante del mejoramiento de la salud y de la calidad de vida del
paciente, es fundamentalmente la función de reemplazo del miembro cercenado, lo
que hace a aquél objeto una  prestación obligatoria en el sistema de salud
colombiano. La negativa de la entidad prestadora de salud a autorizar el
cubrimiento del cargo económico de dicho procedimiento, vulnera el derecho
fundamental a recibir la atención en salud definida en el Plan Básico de Salud
y en el Plan Obligatorio de Salud de manera autónoma –sin necesidad de probar
la vulneración del derecho a la vida digna -.
Es posible concluir, entonces, que los aparatos cuyo
propósito es la recuperación de la función anatómica de una extremidad
cercenada, no pueden estar excluidos del plan obligatorio de salud. (...)
Para la Corte es claro que no asiste razón a la
demandada al afirmar que el aditamento que permite adaptar a las necesidades
particulares de una persona una prótesis, se encuentra fuera del plan de
beneficios del P.O.S. Basta sólo recordar las características definitorias y la
finalidad misma que la normatividad ha prescrito respecto de las prótesis, para
corroborar que el objetivo de recuperación de la situación motora no se satura
sin la hermenéutica funcional del término “prótesis” –aditamento encargado de
empatar en cada caso el muñón del miembro cercenado  y el aparato ortésico-.
Cuando el cubrimiento de una prestación incluida en el P.O.S. es negada por la
E.P.S., se está vulnerando el derecho a la salud, que, como más arriba fue
expuesto, adquiere carácter fundamental respecto de las prestaciones que deben
ser obligatoriamente brindadas por los entes que prestan este servicio.”
Finalmente, en la sentencia T-078 de 2005, la Corte
reiteró, una vez más, la interpretación antes explicada del artículo 12 de la
resolución 5261 de 1994[7].
En este caso la Corte sostuvo que la norma mencionada incluye las prótesis
articulares de extremidades - como la prótesis bajo rodilla izquierda -.
No sobra mencionar que en los casos citados las
prótesis y aparatos solicitados habían sido negados por las entidades de salud
accionadas, con los mismos argumentos con los cuales Eccopsos negó, en el
presente caso, la prótesis a la actora.
7. Dada la doctrina constitucional citada, resulta
claro que la prótesis articular debajo de codo, al ser una prótesis ortopédica
de extremidad parcial, se encuentra incluida en el artículo 12 de la Resolución
5261 de 1994 y, en consecuencia, hace parte del POS-S. En efecto, la Corte
coincide en este punto con el concepto del entonces Ministerio de Salud citado
en la presente acción, según el cual:
“(...) respecto a prótesis, órtesis y aditamentos o
aparatos ortopédicos o para alguna función biológica, en el POS, tanto del
régimen contributivo como del régimen subsidiado, debe entenderse que se
incluyen:
1) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de
la Res. 5261/94:
a)prótesis ortopédicas:
- Prótesis de extremidades, parciales o totales,
externas o exoprótesis
- Prótesis articulares (...)”[8]
8. En virtud de todo lo anterior es posible afirmar
que la entidad accionada se ha negado a suministrar a la actora un aparato
ortopédico solicitado por el médico tratante e incluido en el plan de salud al
cual tiene derecho.
Adicionalmente, no escapa a la Corte que se trata de
una persona mayor, clasificada en el nivel 2 del SISBEN. Todo lo anterior, hace
al juez constitucional presumir que la actora no tiene recursos para financiar
el aparato ortopédico que necesita para recuperar su capacidad funcional. En
efecto, Con respecto a la población beneficiaria del SISBEN, Nivel 2, la Corte
ha establecido una presunción de pobreza que resulta fundamental para
determinar la capacidad de pago del servicio, medicamento o tratamiento por
parte del afiliado. En este sentido, la sentencia T-1069/04 indicó: “…la Corte
en reiterada jurisprudencia ha señalado la existencia de la presunción de falta
de capacidad económica en cabeza de los beneficiarios del SISBEN, criterio que
repite el Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo Social y
Misión Social, cuando señala que la población objetivo de la encuesta “SISBEN
nivel 2” “...son los pobres que no alcanzan a pertenecer a la pobreza extrema
[o población de los pobres menos pobres extremos]...”.”
Así mismo, la actora sostiene, - sin que exista prueba
en contrario -, que es una persona de muy escasos recursos y prácticamente
analfabeta, que no cuenta con nadie que pueda ayudarle a satisfacer sus
necesidades básicas y que, por esa razón, necesita con urgencia la prótesis parcial
de su brazo derecho. En efecto, sin dicha prótesis prácticamente no puede
ejercer los oficios que conoce y que se encuentra en capacidad de desempeñar.
En las condiciones descritas, la prótesis – a la cual
tiene derecho la actora por encontrarse incluida en el POS-S -  no solo es
necesaria para ayudarle a recuperar su capacidad funcional. Adicionalmente, se
requiere de manera urgente para permitirle participar del mercado laboral de
forma tal que pueda satisfacer sus necesidades básicas.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional
revocará la decisión del 29 de septiembre de 2004 proferida por el Juzgado
Civil del Circuito de Villeta y confirmará la sentencia de mayo 25 de 2004,
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara-Cundinamarca, a través
de la cual se tutelaron los derechos fundamentales de María Belén Moreno
Moreno.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la decisión del 29 de
septiembre de 2004 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta y, en
su lugar, CONFIRMAR la sentencia de mayo 25 de 2004, proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Vergara-Cundinamarca, a través de la cual se
tutelaron los derechos fundamentales de María Belén Moreno Moreno.
Segundo: ORDENAR a la A.R.S. Ecoopsos que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a adelantar los tramites que sean
del caso para el suministro a la señora María Belén Moreno Moreno de la prótesis
articular de bajo de codo con gancho en acero y adaptación de mano y guante
cosmético. En todo caso, la prótesis debe ser entregada a la actora en un
término no mayor de 30 días corridos.
Tercero: LÍBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor
RODRIGO ESCOBAR GIL, no firma la presente sentencia por encontrarse con permiso
debidamente autorizado.
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA
GENERAL
[1] Al respecto existe
abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cfr. entre otras, las sentencias SU-480/98; T-752/98;
T-261/99;  T-911/99; T-1227/00; T-517/00; T-908 y T-910 de 2000; T-1036/00;
T-524/01;T-171/03; T-059/04; T-1213/04;
T-833/04.
[2] En especial la
Corte ha reconocido y protegido reiteradamente el derecho fundamental a la
salud de los menores. Al respecto se pueden confrontar, entre otras, las
sentencias T-480/02, T-547/03, T-415/03; En particular en la Sentencia SU-225/98 la
Corporación señaló que la procedencia de la acción de tutela para ordenar
prestaciones no reconocidas legal o administrativamente que tiendan a la
protección del derecho fundamental a la salud de los menores exige (1) que se
demuestre la existencia de un atentado grave contra la salud de los menores,
(2) que la situación que origina la amenaza o vulneración del derecho no pueda
evitarse o conjurarse por las personas responsables del menor directamente o a
través de otros planes o programas de salud; y (3) que la ausencia  de
prestación del servicio ponga en alto riesgo la vida, las capacidades físicas o
psíquicas del niño o su proceso de aprendizaje o socialización
[3] Sentencia T-860/03.
Esta tesis es sostenida, adicionalmente, en las sentencias T-697/04; T-223/04; y T-538/04.
[4] Ver, entre otras,
las sentencias
T-059/04; T-632/02, T-480/02
y SU-819/99; SU-480/97; T-283/98.
[5] Ver entre otras las
siguientes sentencias T-007/05; T-452/01;T-214/00; T-370/98. T-058/04, T-178/02, y T-1204/00.
[6] Sentencia T-941/00.
[7] En el mismo sentido
ver, adicionalmente, la sentencia  T-428/03.
[8] Citado por la
Gobernación de Cundinamarca en oficio de marzo 17 de 2004, a folio 27 del
cuaderno 1 del expediente.