T-005-20
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Sentencia T-005/20
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial
protección
La acción de tutela es el medio principal de defensa judicial de los
derechos invocados. No existe en el ordenamiento jurídico otro mecanismo
judicial que, por las condiciones especiales del asunto, responda adecuadamente
a la protección solicitada. Si bien la jurisdicción laboral ordinaria es el
escenario jurídicamente idóneo para resolver las controversias enmarcadas
alrededor del reconocimiento de prestaciones pensionales, ésta no es una
alternativa viable en el caso del accionante, por ser ineficaz, esto es, por
tratarse de un recurso que, en concreto, no responde de manera integral y
oportuna a la salvaguarda invocada. Esto es así, pues el accionante corresponde
a una persona de especialísima protección constitucional, derivada
principalmente de su padecimiento de VIH y condición de víctima del conflicto
armado, lo cual exige de esta autoridad judicial la adopción de medidas que
respondan a esta situación.
ACTUALIZACION DE LA
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE ORIGEN COMUN PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
La protección del riesgo de invalidez responde, justamente, a la
necesidad de asegurar económicamente a aquellas personas que, cumpliendo los
demás requisitos legales, y por sus condiciones médicas, les es imposible
desarrollar su fuerza de trabajo ordinaria, por presentar una pérdida funcional
significativa. Siendo ello así, es evidente que este tipo de prestación exige
una condición clínica actual para ser titular de la misma, sobre todo en
aquellos casos en los que la situación de invalidez se ha derivado de una
enfermedad degenerativa o progresiva. De ahí que, al estudiar por primera vez
el reconocimiento de pensión de invalidez, la entidad pensional se encuentre
autorizada para requerir una actualización del dictamen aportado, siempre y
cuando, de acuerdo con las particularidades de cada caso, sea razonablemente
evidente la necesidad de verificar la vigencia de la pérdida de capacidad
laboral.
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia
por cuanto no se reunieron los presupuestos para dar aplicación a la “condición
más beneficiosa”
En virtud de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta que al
momento en que la anterior norma perdió vigencia, esto es, el 25 de diciembre de
2003, el demandante había realizado aportes correspondientes a más de 26
semanas ante el Sistema de pensiones, resultaría admisible estudiar el acceso a
partir de los requisitos allí consagrados. En ese sentido, debido a que al
momento en que se produjo el estado de invalidez, el accionante no se
encontraba cotizando, la norma en principio aplicable correspondería al literal
“b” precitado. Con todo, se incumplen los requisitos allí exigidos, porque
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración, fijada en
el dictamen que actualmente se encuentra en firme, el accionante no realizó
ningún aporte pensional. Por ello, debe concluirse que, aplicando el principio
de la condición más beneficiosa, en estricto sentido, el accionante no sería titular
de la pensión de invalidez pretendida en la acción de tutela de la referencia.
PRESTACION
HUMANITARIA PERIODICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Vigencia del régimen legal y desarrollo del Decreto 600 de 2017
DERECHO A LA
PRESTACION HUMANITARIA PERIODICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO-Orden al Ministerio de Trabajo, reconozca y pague la prestación a
víctima de violencia sexual, quien sufre VIH/SIDA
Referencia: expediente
T-6494158
Acción de
tutela instaurada por Miguel[1]
contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Magistrada
ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., dieciséis (16)
de enero de dos mil veinte (2020)
La Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana
Fajardo Rivera –quien la preside–, y los magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos, y trámites legales y
reglamentarios, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión de los fallos
dictados, en primera instancia, por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de
Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2017; y en segunda instancia, por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 9 de octubre de
2017, dentro del proceso de tutela iniciado por Miguel contra la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (en adelante sólo
Colpensiones).
I. ANTECEDENTES
A continuación, se exponen los
hechos jurídicamente relevantes, las respuestas dadas a la acción de tutela y los
fallos objeto de revisión.
1. Hechos de
la acción de tutela
1.1. Miguel es un
ciudadano de 46 años de edad,[2]
residenciado en la ciudad de Bucaramanga (Santander),[3]
quien manifiesta que en el año 1988, cuando contaba con 16 años de edad, fue víctima
de abuso sexual por parte de integrantes de la guerrilla de las FARC-EP, como
consecuencia de lo cual sostiene que contrajo VIH.
1.2. El peticionario señala que, el
21 de marzo de 2002, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Departamento de Boyacá dictaminó su pérdida de capacidad laboral en un
porcentaje del 66.85%, con fecha de estructuración el 13 de noviembre de 1993,
derivada del diagnóstico “SIDA / Categoría Clínica 3C”.[4]
1.3. A raíz de lo anterior, indica
que desde el año 2014 ha solicitado a Colpensiones, en varias ocasiones, el
reconocimiento de su pensión de invalidez, pero ésta le ha sido negada por no
acreditar el cumplimiento de 50 semanas cotizadas durante los 3 años
inmediatamente anteriores a la configuración de la contingencia. Señala que, a
causa de una segunda valoración exigida por la Entidad accionada, el 25 de
enero de 2016 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictaminó una
pérdida de capacidad laboral correspondiente al 66.73%, con fecha de estructuración
el 26 de octubre de 2010, causada por la ausencia de visión del ojo derecho,
bajo el diagnóstico “microademona en silla turca” y “panhipopituitarismo”.[5]
1.4. En ese sentido, afirma que Colpensiones
ha basado la negativa de la prestación en un dictamen médico que le es contrario
a sus intereses, desconociendo que, en el año 2002, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá había establecido una fecha de
estructuración con base en la cual, según él, cumpliría los requisitos para acceder
a la pensión de invalidez. En ese sentido, considera que la Entidad accionada,
al estudiar los requisitos pensionales a partir del último dictamen de
calificación de su pérdida de capacidad laboral, ha vulnerado sus derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital.
1.5. Con fundamento en lo
anterior, el 22 de agosto de 2017, promovió la acción de tutela de la
referencia, a fin de lograr el amparo de los derechos a la seguridad social y
mínimo vital. Como consecuencia, pide que se ordene el reconocimiento de la
pensión de invalidez, teniendo en cuenta la fecha de estructuración fijada en
el primer dictamen, o en virtud del principio de la condición más beneficiosa.
2. Respuesta de la entidad
accionada y de las entidades vinculadas durante el trámite de instancias de la
acción de tutela
Al admitir la acción de tutela de
la referencia, el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito, mediante auto del 22
de agosto de 2017, decidió correr traslado de la solicitud de amparo a la
entidad accionada, y vincular al trámite constitucional a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá.[6]
Ante tal requerimiento, Colpensiones guardó silencio. Por su parte, la Entidad
vinculada manifestó no ser responsable de la presunta vulneración alegada por
el actor, comoquiera que sus funciones no están relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones pensionales.
3. Decisiones objeto de revisión
3.1. Sentencia de primera
instancia: en providencia del 31 de agosto de 2017, el Juzgado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá D.C. decidió “negar” la acción de tutela y
“desvincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá”.
Como fundamento, señaló que el accionante dispone de la jurisdicción ordinaria
como escenario natural ante el cual puede ejercer la defensa de sus derechos,
por lo que, desde su perspectiva, se incumple el requisito de subsidiariedad
del mecanismo constitucional.
3.2. Sentencia de segunda
instancia: a través de escrito del 12 de septiembre de 2017, el accionante
impugnó el fallo de primer grado, pues, en su criterio, el requisito de
subsidiariedad se encontraba superado, dado que se trata de un paciente con diagnóstico
de VIH+. En conocimiento de este recurso, la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo del 9 de octubre de 2017,
decidió “confirmar” integralmente la Sentencia impugnada.
4. Trámites adelantados en
sede de revisión
Al asumir el conocimiento, la
Magistrada sustanciadora puso de presente un déficit probatorio importante en
el expediente de la referencia. De ahí que, durante el curso de la revisión
adelantada por la Corte Constitucional, el asunto haya tenido múltiples
actuaciones. A continuación, se sintetizan las más relevantes.
4.1. El 12 de febrero de 2018, el
señor Diego Alejandro Urrego Escobar, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora
de Asuntos Legales (A) de Colpensiones, solicitó copia del expediente, a fin de
pronunciarse frente a la acción de tutela. En Auto del 10 de abril de 2018, la
Magistrada sustanciadora accedió a dicha solicitud.
4.2. El 16 de marzo de 2018, el
Despacho sustanciador advirtió la necesidad de, por un lado, decretar pruebas,
a fin de tener claridad respecto de una serie de circunstancias fácticas sobre
las que existía incertidumbre; y por otro lado, conformar debidamente el
contradictorio, dado que, con la resolución del asunto, podrían verse
comprometidos intereses jurídicos de entidades que no estaban integradas al
litigio. En ese sentido, dispuso, en primer lugar, vincular y solicitar
pronunciamiento frente a la acción de tutela de la referencia a las juntas regionales de calificación de invalidez de los
departamentos de Santander y Boyacá, así como a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez. En segundo lugar, requerir a Colpensiones, con el
fin de obtener la historia laboral completa del demandante. Finalmente, ordenar
al peticionario informar si los hechos victimizantes aludidos en su solicitud
de amparo fueron puestos en conocimiento de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.[7]
4.3. En respuesta al anterior
requerimiento, se obtuvo la siguiente información relevante:[8]
4.3.1. La Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Santander solicitó ser desvinculada del
trámite constitucional, por estimar que sus funciones no están relacionadas con
el reconocimiento de prestaciones pensionales, por tanto, en su criterio, carece
de responsabilidad frente a las presuntas vulneraciones alegadas por el
tutelante.[9]
4.3.2. La Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá indicó que, el 21 de marzo de 2002,
profirió un dictamen médico a nombre del hoy accionante, en el que se
estableció un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual a 66.85%, con
fecha de estructuración el 13 de noviembre de 1993, causada por enfermedad de
origen común, bajo el diagnóstico de “SIDA categoría clínica 3C y diarrea
crónica, síndrome anémico”.[10]
4.3.3. La Junta Nacional de
Calificación de Invalidez señaló que en el año 2015 conoció el caso del
señor Miguel. En ese sentido, remitió 754 folios magnéticos, en los que
obra toda la información clínica que le llevó a que, mediante dictamen del 25
de enero de 2016, se estableciera como pérdida de capacidad laboral del
demandante un porcentaje correspondiente al 66.73%, con fecha de estructuración
el 26 de octubre de 2010.[11] Revisada esta historia clínica remitida por
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Sala realiza una breve
síntesis de la misma, a efectos de contextualizar de mejor manera el asunto de
la referencia, así:
Fecha
Diagnóstico/patología identificada
13 de noviembre de 1993
HIV Positivo
22 de febrero de 2001
Carcinoma baso celular de piel de cara (biopsia)
4 de enero de 2002
SIDA 3C, diarrea crónica, síndrome anémico,
DHT-corregida.
12 de enero de 2002
VIH-1. RNA VIH-1: 285205 copias/ml Log10 (RNA) 5.46.
23 de abril de 2004
VIH-1. RNA VIH-1: 25951 copias/ml Log10 (RNA) 4.41.
9 de noviembre de 2004
Hernia Hiatal por deslizamiento. Gastritis
eritematosa y perequial. Duodenitis erosiva.
2 diciembre de 2008
Paciente con VIH-Sida desde hace 8 años, con cuadro
clínico de episodios diarreicos de 11 meses de evolución con aumento
progresivo en intensidad y frecuencia quien consulta por diarrea asociada a
deposiciones melénicas con emesis de contenido alimentario y anorexia,
malestar general.
26 octubre de 2010
Carcinoma baso celular infiltrante, variedad
micronodular.
8 de marzo de 2011
Resección de tumor en piel de dorso nasal: carcinoma
baso celular sólido y trabecular que compromete la dermis reticular sin
invasión perineural, localizado a 1MM del margen de sección lateral más
cercano y 1MM del margen profundo. // Elastosis actinica.
23 de septiembre de 2011
Diarrea crónica con esteatorrea secundaria a HIV.
10 de diciembre de 2011
Enfermedad poliarticular inflamatoria con compromiso
de hombros, puños, manos, rodillas y pies.
Existe hipercaptación anormal del tazador ubicada a nivel
de hombros con compromiso glenohumeral y acromioclavicular, los puños
hipercaptan bilateralmente, lo mismo que existe hipercaptación en manos con
compromiso de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales
y distales bilateralmente. Las rodillas hipercaptan en comportamiento
patelofemoral, lo mismo que cuellos de pies, tarsos y articulaciones
metatarsofalangicas e interfalágnicas bilateralmente, cambios que sugieren
alteraciones inflamatorios. El borde inferior de ambos calcaneos hipercapta
anormalmente, siendo compatible con fascitis plantar bilateral. // Enfermedad
poliarticular inflamatoria con compromiso de hombros, puños, manos, rodillas
y pies.
6 de marzo de 2013
Antecedente de inmunosupresión (VIH) con cuadro de
cefalea y compromiso oculomotor.
22 de marzo de 2013
Paciente con mala evolución por episodio que por el
cuadro clínico pareciera una parálisis facial central (ya que no
proporcionaron la epicrisis de la hospitalización) aunque llama la atención
la supuración por conducto auditivo derecho, se decide continuar manejo, se
remite paciente a neurología para valoración y manejo, se SS creatinina ya
que tiene pendiente resonancia nuclear magnética con contraste.
23 de abril de 2013
Macroadenoma hipofisario // Infección por VIH //
Antecedente de Toxoplasmosis ocular derecha.
2 de julio de 2013
Hipertrofia VS hiperplasia de los lóbulos
superficiales de la parótida
14 de agosto de 2013
OJO DERECHO: se aprecian puntos de depresión de la
sensibilidad retiniana localizados en cuatro cuadrantes con mayor densidad en
el hemicampo nasal y en el cuadrante supero nasal particularmente afectando
parcialmente área de fijación central y la mancha ciega.
13 de septiembre de 2013
Enfermedad de cushing dependiente de la hipófisis. Trastorno
del testículo y del epididimo en enfermedades clasificadas en otra parte.
Tumor benigno de la hipófisis. VIH sin otra especificación. Tumor benigno de
la glándula parótida.
15 de octubre de 2013
Tumor benigno de la glándula parótida. Enfermedad por
VIH sin otra especificación. Tumor benigno de la hipófisis. Trastorno del
testículo y del epitimo en enfermedades clasificadas en otra parte.
13 de noviembre de 2013
Disminución de la agudeza visual por el ojo derecho.
10 de marzo de 2014
Tumor hipófisis. Adenoma densamente granular
productor de ACTH silente.
26 de mayo de 2014
Cambio postquirúrgicos de resección
transeptoesfenoidal del tumor de hipófisis. Cambios inflamatorios por rinitis
alérgica.
5 de junio de 2014
Macroadenoma hipofisario con panhipopituitarismo, el
cual fue llevada a cirugía 07/03/2014 resección de lesión transfemodal con
inmunohistoquimica reoret productor de ACTH.
12 de junio de 2014
VIH estadio B1, con antecedentes de extracción tumor
hipófisis en marzo de 2014. Refiere buena adherencia al TAR.
8 de julio de 2014
VIH desde 1992, ha pasado por varios esquemas y por
efectos indeseables solo tolera efavirenz, lamivudina/zidovudina. Le
extirparon adenoma hipofisiario para lo cual está en tratamiento con endocrinología,
por panhipopituitarismo con secuela de diabetes insípida, hipotiroidismo
secundario, déficit del eje cortico suprarrenal y alteración del eje gonadal.
Al momento con depresión, dolor en el cuerpo.
6 de agosto de 2014
Macroadenoma hipofisario con panhipopituitarismo, el
cual fue llevada a cirugía 07/03/2014 resección de lesión transfemodal con
inmunohistoquimica reoret productor de ACTH. Actualmente refiere caída de
cabello.
12 de agosto de 2014
VIH estado B1, con antecedentes de extracción tumor
hipófisis en marzo de 2014. Refiere buena adherencia al TAR.
12 de septiembre de 2014
VIH estadio B1, con antecedentes de extracción tumor
hipófisis en marzo de 2014. Refiere buena adherencia al TAR. Actualmente
reaparición de lumbalgia y epigastralgi.
1 de octubre de 2014
Macroadenoma hipofisiario el cual fue llevado a
cirugía en marzo de 2014 con resección de lesión transesfenoidal.
6 de octubre de 2014
VIH + resección de adenoma hipofisario. Hipopituitarismo
consecutivo a procedimientos.
8 de octubre de 2014
VIH + resección de adenoma hipofisario.
Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos. || Afección eje gonadal manejo
con testosterona con adecuado control, eje tiroidea con T4 libre normal con
afección eje corticosuprarrenal.
12 de noviembre de 2014
Diagnóstico VIH desde 1992, ha pasado por varios
esquemas y por efectos indeseables solo tolero efavirenz,
lamivudina/zidovudina. Le extirparon adenoma hipofisiario para lo cual está
en tratamiento con endocrinología, por panhipopituitarismo con secuela de
diabetes insípida, hipotiroidismo secundario déficit del eje cortico
suprarrenal y alteración del eje gonadal. Al momento con dolor en espalda en
región dorso lumbar irradiado a la región anterior del abdomen manejada con
terapia sin mejoría, se practicó endoscopia de vías digestivas y encontraron
hernia hiatal. Adherecnia: 90%.
11 de diciembre de 2014
Hipotiroidismo secundario déficit del eje cortico
suprarrenal y alteración del eje cortico suprarrenal y alteración del eje
gonadal. Al momento con lesiones en boca. Adherencia: 90%
22 de diciembre de 2014
Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos.
9 de febrero de 2015
Clínicamente estable, con hipertensión arterial,
tumor hipofisario en tratamiento sin indicio de oportunista
13 de febrero de 2015
Dolor lumbar, portador VIH, resección tumor
hipofisario, trae RMN que muestra hemangiomas T3 y T10 sin alteraciones
radiculares y facetarias, valorado por neurocirugía, consideran que hay
compresión de hemangiomas hipofisarios.
Diagnóstico: 1) Lumbalgia 2) Artrosis generalizada
1 de abril de 2015
Gastritis crónica difusa leve. La coloración
histoquímica especial de giemsa resultó negativa para helicobacter pylori.
Negativo para metaplasia intestinal. Negativo para Atrofia.
14 de abril de 2015
Hipotiroidismo no especificado. Tumor benigno de la
hipófisis.
9 de julio de 2015
1. Queratosis actínica a nivel de cara, brazos y
tórax. 2, Carcinoma baso celular en cicatriz a nivel malar derecho e
izquierdo, dorso de nariz. ANÁLISIS: Inmunocompromiso por la presencia de
Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH), en estadio SIDA, predispone la
aparición de células cancerosas aumentando el riesgo de desarrollo de
patología maligna. Además susceptibilidad a desarrollar infecciones
oportunistas y una prolongada respuesta clínica al manejo de las mismas.
25 de junio de 2015
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
14 de julio de 2015
Lumbalgia. Tumor productor ACTH. Infección VIH
16 de julio de 2015
Hipotiroidismo no especificado. // Hipopituitarismo
consecutivo a procedimientos.
24 de julio de 2015
De acuerdo a los niveles de agudeza visual con
corrección actuales, cuenta dedos a 5 metros, que corresponde aproximadamente
a 20/800 en el ojo derecho y 20/600 en el ojo izquierdo. Y según las guías de
la evaluación de la afección visual permanente de la American Medical
Asociación, 5a edición, capítulo 13, presenta una pérdida de la función
visual en el ojo derecho de un 80% y en el ojo izquierdo de un 75%, siendo
ambos porcentajes considerados una pérdida profunda de la función visual. La
pérdida global de la función visual se clasificaría como una clase 5, pérdida
visual profunda, ya que ambos ojos tienen menos de 20/500.
De esta forma, la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez confirmó que se tuvieran como antecedentes
acreditados de la calificación de invalidez del accionante, adelantada por
dicha entidad en el dictamen del 25 de enero de 2016, los siguientes:
4.3.3.1. Dictamen de calificación
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá el 21 de
marzo de 2002 (antecedente 4.3.2.).
4.3.3.2. Dictamen emitido el 1º
de mayo de 2015 por Colpensiones, en el que se estableció pérdida de capacidad
laboral en un porcentaje de 41.97%, con fecha de estructuración el 9 de febrero
de 2015, por enfermedad de origen común, diagnóstico “Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otros trastornos especificados”.[12]
4.3.3.3. Impugnación formulada
por el señor Miguel contra el dictamen proferido por Colpensiones.[13]
4.3.3.4. Dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Santander, expedido el 31 de julio de
2015, en el que se conoció la impugnación tramitada por el accionante, y fijó
una pérdida de capacidad laboral correspondiente al 66.73%, con fecha de
estructuración el 26 de octubre de 2010, bajo el diagnóstico “enfermedad por
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH+), diabetes insípida, gastritis
crónica – no especificada, hipertensión esencial (primaria), ceguera de un ojo,
tumor benigno de la hipófisis, otras colelitiasis”.[14]
4.3.3.5. Recurso de apelación
promovido por el señor Miguel contra la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral dictaminada por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Santander.[15]
4.3.3.6. Dictamen definitivo de
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, proferido el 25 de enero de
2016, en el que se confirmó la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral fijada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Santander, correspondiente al 26 de octubre de 2010.[16]
4.3.4. Por su parte, el Director
de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones
remitió la historia laboral completa del accionante, en la que se acredita un
total de 152.71 semanas cotizadas entre el 26 de abril de 1991 y el 30
septiembre de 2001.[17]
Asimismo, detalló las actuaciones que, en conocimiento del caso del señor Miguel,
se han adelantado ante la Entidad pensional, así:[18]
4.3.4.1. Mediante Resolución del
2 de septiembre de 2014, Colpensiones negó por primera vez el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez del accionante, pues no cumplía con la densidad
de 26 semanas anteriores a la fecha de estructuración de invalidez que, para
esa época, correspondía al 13 de noviembre de 1993, según el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá.[19]
4.3.4.2. En Resolución del 26 de
febrero de 2015, Colpensiones, por solicitud del afiliado, volvió a realizar un
estudio de reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa ocasión, la Entidad
negó la prestación, pero con fundamento en que el dictamen con base en el cual
el actor pretendía el reconocimiento de la prestación databa de hace más de 10
años, razón por la cual era indispensable contar con una nueva calificación de
la invalidez, a fin de tener certeza sobre el estado actual de su pérdida de
capacidad laboral. Por ello, lo instó a acercarse ante esta Entidad, con el
propósito de adelantar los trámites pertinentes.[20]
4.3.4.3. Luego de llevarse a cabo
el nuevo estudio de pérdida de capacidad laboral, que terminó con el dictamen
de la Junta Nacional de Calificación de invalidez (antecedente 4.3.3.6.),
Colpensiones volvió a pronunciarse sobre la prestación requerida por el actor.
De este modo, a través de Resolución del 23 de febrero de 2016, la Entidad negó
la pensión de invalidez. Como fundamento, indicó que el actor no cuenta con 50
semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de
estructuración (26 de octubre de 2010), tal como lo exige el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la Ley 100 de 1993.[21]
4.3.4.4. Mediante Resolución del
14 de julio de 2016, Colpensiones valoró si el accionante era titular de la prestación
especial de víctima de que trata las leyes 418 de 1997, 1106 de 2006 y 1421 de
2010. Sin embargo, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo y, por el
contrario, resolvió “dejar en suspenso” el estudio de la prestación
requerida. Esta decisión se basó en que debía esperarse la reglamentación de
los lineamientos para el reconocimiento de estas prestaciones especiales, la
cual se hallaba en trámite conjunto de los ministerios de Trabajo, y Hacienda y
Crédito Público.[22]
4.3.4.5. Contra el anterior acto
administrativo, el accionante solicitó la revocatoria directa, la cual fue
negada por Colpensiones a través de Resolución del 13 de octubre de 2016,
insistiendo en la necesidad de contar con la reglamentación ministerial de los
lineamientos para el reconocimiento de la prestación.[23]
4.3.4.6. Finalmente, en
Resolución del 20 de junio de 2017, Colpensiones se declaró incompetente para
seguir tramitando la pensión especial de víctima de conflicto solicitada por el
señor Miguel y que se encontraba suspendida. Como fundamento, señaló que,
a través del Decreto 600 del 6 de abril de 2017, el Ministerio del Trabajo
reglamentó la materia, en cuyo artículo 2.2.9.5.5. se dispuso, entre otras
cosas, que el reconocimiento del emolumento estará a cargo de dicha Cartera y
no de la administradora pensional. Por ello, se remitió el expediente pensional
del demandante al Ministerio del Trabajo.
4.3.5. Por su parte, en cumplimiento
del requerimiento realizado por la Corte Constitucional (antecedente 4.2.),
el accionante manifestó que los hechos victimizantes fueron puestos en conocimiento
de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), de manera que, desde el 26 de julio de 2016, se encuentra incluido en
el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV).[24]
4.4. Dado lo anterior, la
Magistrada sustanciadora observó la importancia de decretar la recolección de
elementos de juicio adicionales para aclarar la situación objeto de resolución
y disponer la recomposición del contradictorio con entidades cuyos intereses
pudieran verse comprometidos. De esta manera, en Auto del 2 de mayo de 2018, la
Magistrada sustanciadora advirtió que, por la gravedad de los hechos que
enmarcan el asunto de la referencia, relacionados con las complejas condiciones
de salud del accionante y su evidente situación de vulnerabilidad, se dispuso:
“Primero.-
A través de la Secretaría General de
la Corte Constitucional, VINCULAR al trámite
de revisión de la referencia a (i) la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y (ii) al
Ministerio del Trabajo; y como consecuencia, REMITIR copia del expediente T-6494158 a dichas entidades, para que,
en el término máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la
comunicación del presente Auto, se pronuncien acerca de la solicitud de amparo
instaurada por Miguel y el problema jurídico que plantea el asunto bajo estudio
de la Corte Constitucional, así como para que aporten las pruebas que
consideren pertinentes. // Segundo.- A través
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, en el término máximo
de dos (2) días hábiles contados a partir de la comunicación del
presente Auto: // (i) Informe a esta Corporación si el hecho victimizante,
relacionado con los actos sexuales puestos de presente por parte del actor en
la tutela de la referencia, se encuentra incluido como tal en el RUV. // (ii)
Remita a esta Corporación copia del Registro Único de Víctimas en el que se
detalle la fecha en la que el actor fue incluido en el mismo y los hechos por
los cuales ello ocurrió. // Tercero.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR
al Ministerio del Trabajo para que, en el
término máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la
comunicación del presente Auto, se pronuncie específicamente respecto del
cumplimiento, por parte del actor, de los requisitos legalmente exigidos para
acceder a la pensión especial de víctimas del conflicto armado” [25].
4.5. En respuesta al
requerimiento de la Corte Constitucional, se obtuvo lo siguiente:
4.5.1. La UARIV informó que, con
ocasión del hecho victimizante de delitos contra la libertad e integridad
sexual, ocurrido el 12 de marzo de 1988, el actor fue incluido en el RUV.
Asimismo, se dispuso la inscripción por hechos de desplazamiento forzado
causados en contra del peticionario durante el mes de febrero de 2015, y una
nueva agresión sexual que data de abril de 2014.[26]
4.5.2. El Ministerio del Trabajo,
por su parte, manifestó que el actor no cumple con los requisitos contenidos en
los numerales 4 y 6 del artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 1072 de 2015, adicionado
por el Decreto 600 de 2017, para acceder a la prestación especial de víctima de
conflicto.[27]
Respecto de la primera disposición, según la cual debe “existir nexo causal
de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propio del conflicto
armado interno”, la Entidad señaló que éste se incumple porque “la fecha
de estructuración de la invalidez no coincide con la fecha del evento por el
cual fue declarado víctima”[28].
La segunda disposición establece que el solicitante “no debe ser
beneficiario de subsidio, auxilio, beneficio o subvención económica periódica”.
La Entidad consideró que este último requisito también se incumple porque,
desde su perspectiva, el accionante “ha obtenido auxilio económico como
ayuda humanitaria de parte del Municipio de Bucaramanga, además, aparece activo
en el sistema de compensación familiar afiliado a COMFABOY y figura como
afiliado activo del Programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS”.[29]
4.6. Luego de valorar toda la
documentación, mediante Auto del 27 de septiembre de 2018 se dispuso, en primer
lugar, requerir al accionante a fin de que informara su situación económica y
fuente de ingresos actuales, así como la vigencia de los beneficios aludidos
por el Ministerio del Trabajo en su comunicación. En segundo lugar, se solicitó
(i) a Colpensiones verificar si efectivamente el demandante se encuentra afiliado
al Programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, y (ii) a la Alcaldía de
Bucaramanga constatar la vigencia de cualquier subsidio sufragado por dicha Entidad
en favor del peticionario.
4.6.1. En cumplimiento de la
anterior providencia, el demandante manifestó que se dedica a las ventas
ambulantes en la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, señaló que en la actualidad
no es beneficiario de un subsidio económico periódico, contrario a lo indicado
por el Ministerio del Trabajo. Finalmente, solicitó a la Sala que, en caso de
no hallar acreditados los requisitos para ser titular de la pensión de
invalidez pretendida en su escrito de tutela, teniendo en cuenta sus
condiciones particulares de vulnerabilidad, se pronuncie frente al acceso a la prestación
humanitaria periódica de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, a la
cual considera tener derecho por estar demostrada su condición de víctima del
conflicto armado.[30]
4.6.2. Colpensiones certificó que
el accionante “NO se encuentra vinculado al servicio social complementario
de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS”.[31]
4.6.3. Asimismo, la Alcaldía de
Bucaramanga, por conducto de la Secretaría Municipal de Interior, informó que,
mediante Resolución del 7 de mayo de 2015, se hizo una única entrega de
$400.000 al accionante, como auxilio económico de ayuda humanitaria.[32]
4.7. Dada la complejidad del
asunto, mediante Auto del 12 de diciembre de 2018, la Magistrada sustanciadora
observó la necesidad de requerir nuevos elementos probatorios, de modo que
dispuso[33]:
4.7.1. Requerir a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, con el fin de que diera cuenta de los
siguientes asuntos: (i) precisar y aclarar la valoración psicológica del
accionante, derivada no sólo de su condición de paciente con VIH, sino de
víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Como consecuencia,
adoptar las medidas que estime necesarias para realizar un estudio integral del
estado de salud del accionante para, con base en ello, actualizar el examen de
la pérdida de capacidad laboral del demandante, a través de una complementación
del dictamen proferido el 21 de enero de 2016. (ii) ¿Cuál es el grado de
certeza médica para considerar que la pérdida de capacidad laboral derivada de
la pérdida de visión del señor Miguel no está asociada a su diagnóstico
de VIH? Explicar las razones. (ii) ¿Por qué no se tuvo en cuenta la valoración
médica adelantada el 9 de julio de 2015 por la dermatóloga Gilma Stella
Montemayor Gómez, en cuyo concepto médico refirió: “Inmunocompromiso por la
presencia de Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH), en estadio SIDA,
predispone la aparición de células cancerosas aumentando el riesgo de
desarrollo de patología maligna. Además susceptibilidad a desarrollar
infecciones oportunistas y una prolongada respuesta clínica al manejo de las
mismas”?.
4.7.2. Solicitar concepto a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida y a la Asociación
Colombiana de Infectología, respecto de lo siguiente: (i) ¿de acuerdo con los
hechos del caso es médicamente posible establecer que, en definitiva, no existe
ninguna relación médica (primaria o secundaria) entre la pérdida de visión del
señor Miguel y su diagnóstico de VIH?; (ii) ¿Transcurridos 10
años de haberse diagnosticado a un paciente “VIH-SIDA C3”, es posible que la
patología sea reversible al estadio “B1 asintomático”?; y (iii) ¿Cómo puede
impactar de manera especial (en su salud física o mental, así como en sus
condiciones sociales) el hecho de no tener asegurado un ingreso periódico que
satisfaga el mínimo vital, a una persona que, como el demandante, se trata de
un paciente diagnosticado con VIH?
4.7.3. Se estableció que una vez
se recibiera la respuesta al requerimiento hecho a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, la misma sería reenviada a la
Sociedad Colombiana de Oftalmología, con el fin de solicitarle concepto
respecto de si, en el caso concreto, es posible establecer que la pérdida de
visión del demandante no tiene relación médica con el diagnóstico de VIH.
4.7.4. Se
solicitó al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y al Comité
Internacional de la Cruz Roja responder la siguiente pregunta: ¿Cómo puede impactar de manera especial (en su salud física o
mental, así como en sus condiciones sociales) el hecho de no tener asegurado un
ingreso periódico que satisfaga el mínimo vital, a una persona que, como el
demandante, se trata de un paciente diagnosticado con VIH, que además ha sido
víctima de abuso sexual en el marco del conflicto armado?
4.8. En el
mismo Auto del 12 de diciembre de 2018, se ordenó a la Secretaría General de la
Corte Constitucional “PONER A
DISPOSICIÓN de las partes o terceros con interés la
documentación allegada con ocasión de lo dispuesto en la presente providencia,
a fin de que se pronuncien sobre la misma”.
4.9. En virtud
de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión, en Auto del 13 de diciembre de
2018, dispuso suspender los términos procesales para fallar el asunto de la
referencia, hasta tanto no se recibiera la totalidad de las pruebas decretadas
el día 12 del mismo mes y año.[34]
4.10. Como
resultado, no se recibió la totalidad de las pruebas decretadas. Únicamente, se
obtuvo lo siguiente:
4.10.1. El 7
de febrero de 2019, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez informó que
(i) no adelantó valoraciones o dictámenes de tipo psiquiátrico o psicológico;
(ii) no tiene competencia para establecer la asociación entre el diagnóstico de
VIH y la pérdida parcial de visión del accionante, pues sólo se limita a
establecer la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del
paciente; y (iii) adelantó una revisión de la totalidad de la historia clínica
existente.
4.10.2. El 14
de junio de 2019, el Comité Internacional de la Cruz Roja manifestó que se
trata de una organización no gubernamental que no toma partido en causas
judiciales.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.[35]
2. Planteamiento del problema
jurídico
De acuerdo con las situaciones
fácticas que circunscriben el asunto de la referencia, y en caso de concluirse que
el recurso de amparo es procedente, la Sala debe ocuparse de resolver los
siguientes problemas jurídicos relevantes:
2.1. ¿Vulnera Colpensiones los
derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor Miguel,
al negar una solicitud
de pensión de invalidez, bajo el argumento de que la misma fue elevada después
de que transcurrieran más de 10 años, contados desde el momento en que fue
expedido el dictamen con base en el cual se pretendía el reconocimiento
prestacional, condicionando así el estudio de los requisitos pensionales a la
actualización del dictamen de pérdida de capacidad laboral?
2.2. ¿Vulnera el Ministerio del
Trabajo los derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad humana del señor Miguel,
al negarse a conceder la prestación humanitaria periódica de que trata el artículo
46 de la Ley 418 de 1997, aun cuando se encuentra acreditada su condición de
víctima del conflicto armado?
Con el fin de dar respuesta a los
interrogantes formulados, la Sala se referirá, por un lado, a los presupuestos
jurídicos de procedencia de la actualización de la pérdida de
capacidad laboral de origen común, para solicitar por primera vez el
reconocimiento de la pensión de invalidez; y por otro lado, a las condiciones
legales de las cuales depende el reconocimiento de la prestación
humanitaria periódica de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997.
3. La
acción de tutela promovida por Miguel contra Colpensiones
cumple los requisitos formales de procedencia
3.1. De acuerdo con el artículo
86 de la Constitución Política,[36] la acción de tutela es un mecanismo
constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la
protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que
lo solicita directa o indirectamente (legitimación por activa),[37]
con ocasión de la vulneración o amenaza que sobre los mismos ha causado
cualquier autoridad pública o excepcionalmente particulares (legitimación por
pasiva).[38]
El recurso de amparo se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad, como pautas formales de procedibilidad, de las
que se hace depender un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte del
juez constitucional.
3.2. En el presente caso, el
demandante se encuentra plenamente legitimado, pues actúa directamente para
procurar la salvaguarda de sus intereses constitucionales. Del mismo modo, se
ha promovido la demanda contra una entidad que, por su carácter público, está
legitimada en la causa por pasiva.
3.3. Adicionalmente, la acción de
tutela de la referencia satisface el requisito de inmediatez. Si bien
podría sostenerse que entre el momento en que se promovió la acción de tutela
(el 22 de agosto de 2017) y la fecha en la cual Colpensiones profirió la última
Resolución controvertida en la solicitud de amparo (23 de febrero de 2016)
transcurrió un lapso significativo, lo cierto es que esta situación se
encuentra justificada por las razones que, a continuación, se desarrollan.
3.3.1. Tal como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación, en virtud de la cláusula de igualdad
constitucional (Art. 13 CP) surge la necesidad de flexibilizar el estudio de
los requisitos de procedencia, cuando el asunto integra un debate alrededor de la
satisfacción de los derechos de un sujeto de especial protección o que se
encuentre en situación de debilidad manifiesta.[39]
3.3.2. De igual modo, en atención
al mandato de realización efectiva de las garantías superiores, se ha dicho que,
en punto de la inmediatez, es necesario valorar la vigencia de la vulneración,
según la naturaleza del derecho susceptible de salvaguarda. Con base en ello,
la jurisprudencia ha sido clara en indicar que, en los eventos en los que la
violación es continua, pues no está determinada por el acaecimiento concreto de
una única acción u omisión, sino que el solo paso del tiempo constituye una
afectación permanente del derecho, el requisito de inmediatez es susceptible de
superarse, en razón, justamente, de la vigencia de la vulneración. Ocurre
principalmente en el caso de la seguridad social, en el que se ha observado que
la no cancelación de las respectivas mesadas mantiene en el tiempo la presunta
conculcación del derecho.[40]
Esto no se opone a la aplicación de las reglas legales de prescripción a que
haya lugar al momento de estudiar el fondo de la controversia, según el caso.
3.3.3. Dicho lo anterior, la Sala
observa que la acción de tutela de la referencia supera el requisito de
inmediatez, dado que, por los supuestos fácticos que la enmarcan, se torna necesario
flexibilizar los criterios de cumplimiento del mismo, en razón de la evidente
situación de vulnerabilidad en que se halla el actor. Se encuentra plenamente
acreditado que el accionante no sólo presenta una deficiencia significativa de
su funcionalidad laboral (superior al 50%),[41]
sino que corresponde a una víctima de distintos hechos asociados al conflicto
armado (antecedente 4.5.1.), a lo cual se aúna una compleja situación
clínica derivada de su diagnóstico de VIH positivo y la pérdida de visión del
ojo derecho, entre otras complicaciones.[42]
Asimismo, no puede dejarse de lado que de la presunta vulneración alegada es
posible predicar su vigencia, pues, al tratarse de una controversia relacionada
con la garantía de la seguridad social, causada por la supuesta negativa para
acceder a una prestación pensional, claramente es posible referir que la
aparente trasgresión es de “tracto sucesivo”. Todas estas
circunstancias, en su conjunto, hacen que se satisfaga el requisito de
procedencia bajo estudio.
3.4. Ahora bien, del requisito subsidiariedad,
fundado en el carácter
residual de la acción de la acción de tutela (Art. 86 CP), se desprende que
este mecanismo constitucional proceda como medio principal de protección
de los derechos invocados cuando (i) el afectado no dispone de otro recurso
judicial dentro del ordenamiento jurídico; o (ii) pese a disponer del mismo,
éste no resulte idóneo o particularmente eficaz para la defensa de los derechos
amenazados o vulnerados. Adicionalmente, la acción de tutela opera como medio
transitorio cuando, aunque existan mecanismos ordinarios vigentes, sea
necesario evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se
configura ante la prueba siquiera sumaria[43] de su
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad.[44]
En el caso objeto de revisión, la acción de tutela es el
medio principal de defensa judicial de los derechos invocados en el escrito de amparo.
No existe en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial que, por las
condiciones especiales del asunto, responda adecuadamente a la protección
solicitada. Si bien la jurisdicción laboral ordinaria es el escenario
jurídicamente idóneo para resolver las controversias enmarcadas
alrededor del reconocimiento de prestaciones pensionales, ésta no es una
alternativa viable en el caso del señor Miguel, por ser ineficaz,
esto es, por tratarse de un recurso que, en concreto, no responde de manera
integral y oportuna a la salvaguarda invocada. Esto es así, pues el accionante
corresponde a una persona de especialísima protección constitucional, derivada
principalmente de su padecimiento de VIH y condición de víctima del conflicto
armado, lo cual exige de esta autoridad judicial la adopción de medidas que
respondan a esta situación. La procedencia automática de la tutela, en punto de
la subsidiariedad, sin duda es una de ellas,[45]
y en este caso se encuentra aún más justificada por las demás circunstancias de
vulnerabilidad que ya han sido descritas (consideración 3.3.3.).
4. Resolución
del primer problema jurídico: Colpensiones no vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del accionante, al
condicionar, razonablemente, el estudio de la solicitud de pensión de invalidez
a una actualización de la pérdida de capacidad laboral
Con el fin de
abordar el primer objeto de pronunciamiento, la Sala se referirá a la actualización
de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral para acceder a la pensión de
invalidez, y luego, con base en ello, resolverá el interrogante formulado.
4.1. Procedencia
de la actualización de la pérdida de capacidad laboral de origen común para
solicitar por primera vez el reconocimiento de la pensión de invalidez
4.1.2. La
naturaleza e importancia jurídica de los dictámenes de pérdida de capacidad
laboral es una materia ampliamente desarrollada y reiterada por la
jurisprudencia de esta Corporación, razón por la cual resulta ciertamente
innecesario detenerse en este asunto. Basta con señalar que se trata de
documentos emitidos, entre otras entidades,[46]
por las juntas de calificación de invalidez, como instituciones autorizadas
para establecer, a partir de un estudio técnico-científico, y con estricto
respeto del debido proceso, la situación médica del interesado, a fin de definir
el grado de afectación de sus funcionalidades laborales. Por ello, desde la
Sentencia C-1002 de 2004,[47]
la Corte ha insistido en que “el
dictamen de las juntas es la pieza fundamental para proceder a la expedición
del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión que se
solicita”.
4.1.3.
En ese sentido, el artículo 40 del Decreto 1352 de 2013[48] dispone que el dictamen debe decidir no sólo sobre el
origen de la contingencia, sino, integralmente, sobre el porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral “junto con su fecha de estructuración”,
previo desarrollo expreso de los fundamentos “de hecho y de derecho” que
han dado lugar a la decisión, tal como lo dicta el tercer inciso del artículo
41 de la Ley 100 de 1993.[49]
4.1.4.
Ahora bien, la actualización de la pérdida de capacidad laboral se encuentra autorizada
por el ordenamiento jurídico. De esta forma, por ejemplo, el artículo 44 de la
Ley 100 de 1993 prescribe que “el estado de invalidez podrá revisarse”,
incorporando los siguientes eventos y condiciones de procedencia:
“a. Por solicitud de la entidad de previsión
o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar,
modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar.
Este nuevo
dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado
tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha
solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se
presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago
de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin
que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión
prescribirá.
Para
readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue
permanecer inválido deberá someterse a un
nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el
afiliado;
b. Por solicitud
del pensionado en cualquier tiempo y a su costa”.
4.1.5. El objeto de la actualización de la
pérdida de capacidad laboral persigue, como lo ha indicado esta Corporación, “evitar
que se pueda incurrir en la inequitativa circunstancia de que alguien pueda ser
titular de una pensión de invalidez, sin [presentar condiciones médicas para
ello]”.[50]
Al respecto, recientemente la Corte, a través de la Sala Tercera de Revisión,
sistematizó las reglas jurisprudenciales sobre la  figura de “la revisión
del estado de invalidez” causado por enfermedad común, así:
“(i)
es una obligación de la entidad pagadora de la pensión de invalidez
revisar dicho estado cada tres años; (ii) el nuevo dictamen podrá ratificar,
modificar o dejar sin efectos la anterior calificación; (iii) las consecuencias
directas se materializarán en la extinción de la pensión, la disminución o
aumento de la mesada; (iv) se justifica la comprobación periódica en la prevención
de fraudes al sistema o evitar inequidad pensional respecto de personas que no
cumplen con los requisitos para acceder a dicha prestación social. Asimismo, el
legislador en respeto del debido proceso del pensionado por invalidez dispuso:
(v) un plazo de tres meses para que el pensionado se someta a la práctica del
examen; (vi) solo se suspenderá el pago cuando el beneficiado no se presente o
impida la realización del mismo, salvo fuerza mayor; (vii) prescribirá la
obligación del pago de la mesada al cabo de un año, con la posibilidad de que
el titular del derecho vuelva a solicitar la pensión; (viii) le compete a las
Juntas de Calificación de Invalidez realizar dicha revisión”.[51]
4.1.6.
Ciertamente, la norma citada se refiere al escenario en el que ha existido un
acto previo de reconocimiento de la pensión de invalidez y por tanto el
afiliado se encuentra gozando de la prestación. El ordenamiento, sin embargo, no
incorpora reglas temporales especiales de las cuales se haga depender la
solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez por primera vez. Pronunciarse
al respecto es un asunto novedoso para este Tribunal, y en gran medida
justifica la selección del asunto en sede de revisión.
4.1.7.
El reconocimiento de la pensión de invalidez corresponde al acto jurídico por
medio del cual se declara la titularidad del derecho que, a su vez, se adquiere
al cumplirse los requisitos legales para tal efecto. Esta contingencia, a
diferencia de lo que ocurre con los riesgos de vejez o muerte, guarda una naturaleza
variable, de modo que puede extinguirse, mantenerse o agravarse.[52] Tal variabilidad es
particularmente predicable de pérdidas de capacidad laboral derivadas de
enfermedades degenerativas o progresivas, las cuales, por antonomasia,
presentan una evolución que se extiende en el tiempo.
4.1.8.
De este modo, uno de los requisitos exigibles para acceder a la pensión
mencionada corresponde a tener una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50%,[53]
dictaminada de acuerdo con el precitado artículo 41 de la Ley 100 de 1993. No
existen mandatos legales taxativos de vigencia de los dictámenes ni términos de
caducidad, y por tanto no es labor del juez constitucional crear presupuestos
temporales fijos o introducir criterios rígidos sobre la materia. Con todo,
debe recordarse que el trasfondo de la figura de la “revisión del estado de
invalidez” persigue la realización de intereses constitucionales
importantes, como lo son la equidad y la salvaguarda jurídica del sistema de
pensiones, evitando, por ejemplo, casos de fraude. En ese sentido, observa la
Sala que si el carácter variable del riesgo hace exigible a las entidades
pensionales la verificación de la actualidad del mismo respecto de quienes ya
se han hecho acreedores de la prestación, no hay razón alguna para entender que
ello sea distinto en el caso de aquellos que solicitan por primera vez la
pensión de invalidez, más aun si ésta se encuentra basada en un dictamen que
data de una fecha irrazonablemente lejana de aquella en la que se eleva la
solicitud.
4.1.9.
Así las cosas, es importante establecer que la protección del riesgo de
invalidez responde, justamente, a la necesidad de asegurar económicamente a
aquellas personas que, cumpliendo los demás requisitos legales, y por sus
condiciones médicas, les es imposible desarrollar su fuerza de trabajo ordinaria,
por presentar una pérdida funcional significativa. Siendo ello así, es evidente
que este tipo de prestación exige una condición clínica actual para ser titular
de la misma, sobre todo en aquellos casos en los que la situación de invalidez
se ha derivado de una enfermedad degenerativa o progresiva. De ahí que, al
estudiar por primera vez el reconocimiento de pensión de invalidez, la entidad
pensional se encuentre autorizada para requerir una actualización del dictamen aportado,
siempre y cuando, de acuerdo con las particularidades de cada caso, sea
razonablemente evidente la necesidad de verificar la vigencia de la pérdida de
capacidad laboral.
4.2. Estudio en concreto del primer problema jurídico: ausencia de
vulneración por parte de Colpensiones, al negarse a reconocer la pensión de
invalidez en favor de Miguel
4.2.1. El señor Miguel
sostiene que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad
social y mínimo vital, al requerir en el año 2015 la actualización del dictamen
de su pérdida de capacidad laboral, negándose a tener en cuenta un dictamen
expedido en el año 2002 para estudiar el reconocimiento de la pensión de
invalidez. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional considera que
la Entidad accionada no ha incurrido en vulneración alguna, con base en las
razones que, en adelante, se desarrollan.
4.2.2. Durante el trámite de
revisión, se demostró que la Junta Regional de Calificación de Invalidez,
mediante dictamen del 21 de marzo de 2002, calificó la pérdida de capacidad
laboral del accionante en un porcentaje del 66.85%, con fecha de estructuración
el 13 de noviembre de 1993, bajo el diagnóstico de “SIDA Categoría 3C y
diarrea crónica, síndrome anémico”.[54]
El 28 de mayo de 2014, el señor Miguel solicitó por primera vez ante
Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, aportando el
dictamen antes mencionado.[55]
4.2.3. En conocimiento de la
solicitud del demandante, Colpensiones, a través de Resolución del 02 de
septiembre de 2014, negó el reconocimiento de la prestación, por estimar incumplidos
los requisitos legales. Por solicitud del afiliado, aproximadamente cinco meses
después, en Resolución del 26 de febrero de 2015 la Entidad revisó la negativa
otorgada a la solicitud de pensión de invalidez. En esa ocasión, decidió volver
a negarla, por considerar necesario adelantar una actualización del dictamen de
pérdida de capacidad laboral aportado por el interesado, el cual había sido
expedido hace más de 10 años.[56]
4.2.4. Como consecuencia de lo
anterior, el accionante adelantó el trámite de revisión de su condición de
invalidez, el cual, en definitiva, culminó con el dictamen de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, expedido el 25 de enero de 2016, el cual adquirió
firmeza jurídica. En éste, se fijó como porcentaje de pérdida de capacidad
laboral el correspondiente a 66.73%, con fecha de estructuración el 26 de
octubre de 2010.[57]
La Institución calificadora se refirió expresamente a la modificación de la
fecha de estructuración, así:
“Para
resolver el recurso presentado frente a la Fecha de Estructuración, esta Sala
de la Junta Nacional considera: según lo indica el Decreto 917 de 1999, se
determina en el momento en que se puede establecer que una persona cumple con
los criterios establecidos en el artículo 3° (…). Para el caso de la
referencia, se tiene:
- Paciente
con diagnóstico por VIH desde el año 1992 al parecer tuvo como complicación
sarcoma de kaposi, recibió tratamiento antirretroviral con buena evolución y
solo consultas esporádicas por diarrea durante los siguientes 10 años, en los
que en controles de infectología se hace referencia a ‘asintomático’ es decir
que no presenta síntomas relacionados con su enfermedad, e incluso en consulta
de infectología del 12/06/2014 se indica como estadio B1, situación que por
sí sola no lleva a la invalidez, pues las discapacidades y Minusvalías al
estar asintomático son mínimas, por lo que no es posible establecer como fecha
de estructuración el diagnóstico de infectología por VIH.
- En el
año 2002 se documenta cuadro diarreico que llevó a hospitalización pero sin
ninguna otra complicación, y como se mencionó anteriormente con consultas
posteriores esporádicas por diarrea y descrito generalmente como asintomático,
por lo que no es tampoco posible establecer una invalidez para ese
momento.
- Para
2010 y 2011 se hace diagnóstico de carcinoma basocelular en cara que fue
resecado y con patología que mostró bordes libres de lesión, es decir hubo resección
total del mismo, sin evidencia de metástasis por lo que para esa época
tampoco cumple criterios de invalidez.
- A
partir de 2013 se registran consultas por cuadro de visión borrosa por ojo
derecho y cefalea, por lo que le practican estudios imagenológicos que llevan
al diagnóstico de microademona en silla turca por lo que requirió resección
quirúrgica el 03/2014 presentando posteriormente un panhipopituitarismo que
llevó a alteración endocrina múltiple y a neuropatía óptica de ambos ojos con
amaurosis del ojo derecho, situaciones y patologías que llevan a la limitación
funcional severa que se presenta en la actualidad y que claramente implica una
invalidez a la fecha.
Por las
razones antes expuestas, no es posible establecer como fecha de
estructuración el día 13/11/1993 como lo solicita el apelante en su recurso”.[58]
4.2.5. En este punto resulta pertinente indicar que la intervención del juez
constitucional frente a los dictámenes de pérdida de capacidad laboral es
estrictamente excepcional y se torna admisible siempre que, con éstos, sea
ostensible la trasgresión de los derechos del afiliado.[59] No es este el caso bajo estudio.
En esta ocasión, no sólo debe tenerse en cuenta que el dictamen expedido por la
Junta Nacional de Calificación, el 25 de enero de 2016, no es objeto de
controversia en el escrito de tutela, sino que se encuentra suficientemente
motivado, a partir de una valoración integral de la historia clínica que razonablemente
impide fijar como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral
aquella que había sido establecida inicialmente por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá, en su concepto emitido en el año 2002.
Según la revisión adelantada en el nuevo dictamen, las condiciones del
padecimiento de VIH se han trasformado durante los 10 años posteriores a su
diagnóstico, al punto que de éste, al momento de emitirse la nueva calificación,
no es posible derivar un estado de invalidez.
4.2.6.
De esta manera, la Sala encuentra que la actualización del dictamen de pérdida
de capacidad laboral, exigida por Colpensiones para llevar a cabo el estudio de
la solicitud de pensión de invalidez, se encontraba justificada en el caso
concreto. El carácter progresivo de la enfermedad, con base en la cual se
estableció la primera calificación, aunado al paso de más de una década desde
que ésta se expidió, hacía necesaria la revisión del la pérdida de capacidad
laboral, al punto que, producto de ésta, se encontró que específicamente la
invalidez identificada en el año 2002 había variado sustancialmente.
4.2.7.
Al estar en firme el último dictamen, expedido el 25 de enero de 2016 por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Colpensiones estaba llamada a
basarse en éste a la hora de estudiar de los requisitos para acceder a la
pensión de invalidez, tal como lo hizo en la Resolución del 23 de febrero de
2016.[60]
En tal acto administrativo, la Entidad pensional encontró que el actor no
cumplía la densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, según el cual es
necesario haber “cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez”. En
efecto, de la historia laboral del accionante, y como él lo confirmó en su
escrito de tutela, se desprende que dejó de realizar cotizaciones en el mes de
septiembre del año 2001,[61]
razón por la cual es evidente que no cumple con el requisito antes mencionado,
comoquiera que, producto de la actualización de su estado de invalidez, se
determinó como fecha de estructuración el 26 de octubre de 2010.
4.2.8.
Al respecto, el tutelante estimó que la Entidad pensional no debió ignorar la
fecha de estructuración definida en el año 2002 por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Boyacá. Esta Sala no comparte tal apreciación. En primer lugar,
no es preciso indicar que la Entidad accionada haya omitido dicho dictamen.
Todo lo contrario, fue producto de la valoración del mismo que,
justificadamente, Colpensiones consideró necesario requerir su actualización, tal
como ya fue analizado. Y en segundo lugar, la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, luego de un estudio estrictamente motivado y razonable de la
historia clínica, definió una nueva fecha de estructuración, para lo cual, como
se puso en evidencia, se hizo un pronunciamiento expreso sobre los fundamentos
médicos que imposibilitaban mantener la fecha fijada, en su momento, por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá.
4.2.9.
Ahora bien, en la solicitud de amparo el peticionario afirmó ser titular del
derecho pensional pretendido, con base en el principio de la condición más
beneficiosa en pensión de invalidez. La Sala tampoco encuentra razones para
establecer que ello es así. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara
en señalar que el principio invocado por el actor responde a la ausencia de un
régimen de transición que proteja las expectativas legítimamente consolidadas
en vigencia de un marco jurídico que ya ha sido excluido del ordenamiento. De
este modo, en materia de pensión de invalidez, una expectativa pensional se
torna legítima siempre que el afiliado, sin estructurarse la contingencia, haya
cumplido con la densidad de semanas exigidas por determinado régimen pensional,
siempre que los aportes se hubieran causado antes de la derogatoria del mismo.[62]
4.2.10.
En el caso del señor Miguel, se tiene que realizó aportes entre
abril de 1991 y septiembre del año 2001. Para este último momento, el Régimen
pensional de invalidez que se encontraba vigente correspondía al artículo 39 de
la Ley 100 de 1990 en su redacción original (es decir, sin la modificación
introducida por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), el cual establecía que:
“Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el
estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
4.2.11. Así
las cosas, en virtud de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta que al
momento en que la anterior norma perdió vigencia, esto es, el 25 de diciembre
de 2003, el demandante había realizado aportes correspondientes a más de 26
semanas ante el Sistema de pensiones, resultaría admisible estudiar el acceso a
partir de los requisitos allí consagrados. En ese sentido, debido a que al
momento en que se produjo el estado de invalidez (el 26 de octubre de 2010) el
accionante no se encontraba cotizando, la norma en principio aplicable
correspondería al literal “b” precitado. Con todo, se incumplen los requisitos
allí exigidos, porque durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración, fijada en el dictamen que actualmente se encuentra en firme, el
accionante no realizó ningún aporte pensional. Por ello, debe concluirse que,
aplicando el principio de la condición más beneficiosa, en estricto sentido, el
señor Miguel no sería titular de la pensión de invalidez pretendida en
la acción de tutela de la referencia.
5. Resolución
del segundo problema jurídico: el Ministerio del Trabajo vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y vida digna del accionante, al negarle el acceso
a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado,
sin tener en cuenta integralmente las condiciones médicas del señor Miguel,
que dan cuenta de su actual estado de invalidez, y su
relación inminente con la situación victimizante
5.1. El Decreto
600 de 2017, proferido por el Ministerio del Trabajo, reglamentó la prestación
humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata el
artículo 46 de la Ley 418 de 1997.[63]
Con ocasión de ello, en el artículo 1º adicionó un quinto Capítulo al Título 9º
de la Parte 2º del Libro 2º del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
(Decreto 1072 de 2015), en el que se dispusieron las “condiciones de acceso
a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado y
su fuente de financiación”.[64]
De este modo, el artículo 2.2.9.5.6. adicionado determinó que es el Ministerio
del Trabajo, directamente, o por conducto de un encargo fiduciario o de
convenio interadministrativo, la entidad encargada de estudiar las solicitudes
de reconocimiento de la prestación humanitaria periódica, a fin de establecer
si el peticionario es acreedor de la misma.
5.2. Como
requisitos para el acceso a la prestación, el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 1072
de 2015, adicionado por el Decreto 600 de 2017, estableció los siguientes:
“1. Ser colombiano;
2. Tener calidad de víctima del conflicto
armado interno y estar incluido en el Registro Único de Víctimas – RUV;
3. Haber sufrido pérdida del 50% o más de
la capacidad laboral, calificada con base en el Manual Único para la
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido por
el Gobierno Nacional;
4. Existir nexo causal de la pérdida de
capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno;
5. Carecer de requisitos para pensión y/o
de posibilidad pensional;
6. No debe percibir ingresos por ningún
concepto y/o mensualidades iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal
vigente;
7. No ser beneficiario de subsidio,
auxilio, beneficio o subvención económica periódica, ni de otro tipo de ayuda
para subsistencia por ser víctima”.
5.3. De esta
forma, es claro que tener condición de víctima del conflicto armado es un
requisito necesario, pero, según el régimen legal actual, no es suficiente para
ser titular de la prestación humanitaria periódica. Para ello, es indispensable
acreditar el cumplimiento de los demás requisitos citados.
5.4. Al estudiar
el acceso del accionante a la prestación humanitaria periódica, el Ministerio
del Trabajo refirió que se incumplen los requisitos contenidos en los numerales
cuarto y sexto de la norma citada. Al respecto, la Sala encuentra necesario,
por pertinencia metodológica, pronunciarse primero sobre al último de estos
requisitos, para luego sí valorar el cumplimiento de los restantes.
5.5. La Cartera
ministerial manifestó ante la Corte que no se satisface la exigencia contenida
en el numeral sexto del artículo 2.2.9.5.3. mencionado. Según la Entidad, el
accionante “ha obtenido auxilio económico como ayuda humanitaria de
parte del Municipio de Bucaramanga, además, aparece activo en el sistema de
compensación familiar afiliado a COMFABOY y figura como afiliado activo del
Programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS”.[65]
5.6. Al respecto, la Sala llama
la atención frente a la inexactitud de estas afirmaciones hechas por el
Ministerio del Trabajo. Durante el trámite de revisión, se logró acreditar que:
(i) el accionante no está afiliado al programa de Beneficios Económicos Periódicos-BEPS,
administrado por Colpensiones;[66]
y (ii) mediante acto administrativo del 7 de mayo de 2015, se otorgó al
peticionario, por única vez, una suma equivalente a cuatrocientos mil
pesos ($400.000).[67]
No es cierto, entonces, que el señor Miguel se encuentre percibiendo
mensualidad alguna, igual o superior a un salario mínimo legal vigente, más aún
si se tiene en cuenta que, en la actualidad, se desempeña como vendedor
informal en las calles de la ciudad de Bucaramanga, según se deduce del acervo
probatorio decretado por la Magistrada sustanciadora. Por tanto, claramente el demandante
cumple el requisito contenido en el numeral sexto estudiado, relativo a “[n]o debe percibir ingresos por ningún concepto y/o mensualidades
iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal vigente”.
5.7. En relación con el
cumplimiento del requisito contenido en el numeral cuarto del artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 600 de
2017, la Sala encuentra necesario adelantar unas consideraciones especiales
frente a su aplicación y valoración en el caso concreto.
5.8. Según la
norma bajo referencia, es requisito para acceder a la prestación periódica especial
de víctima del conflicto el “nexo causal de la pérdida de capacidad laboral
con actos violentos propios del conflicto armado interno”. Como se señaló
en el acápite de antecedentes de esta providencia, para el Ministerio del
Trabajo se incumple este presupuesto normativo porque “la fecha de estructuración
de la invalidez no coincide con la fecha del evento por el cual fue declarado
víctima”[68].
5.9. En efecto,
de acuerdo con la última evaluación de la pérdida de capacidad laboral
realizada al señor Miguel, a través de dictamen de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, emitido el 25 de enero de 2016, actualmente el
porcentaje de invalidez corresponde al 66.73%, con fecha de estructuración el
26 de octubre de 2010, causada por la ausencia de visión del ojo derecho, bajo
el diagnóstico “microademona en silla turca” y “panhipopituitarismo”.[69]
5.10. Esta
última valoración corresponde, como ya se vio, a la actualización de la invalidez
del accionante, pues según el primer dictamen, proferido el 21 de marzo de 2002
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá, el 13 de
noviembre de 1993 se estructuró una pérdida de capacidad laboral
correspondiente al 66.85%, derivada del diagnóstico “SIDA/Categoría Clínica
3C”[70].
Al respecto, el actor ha sostenido, a lo largo del proceso constitucional, que esta
primera condición de salud es producto de la agresión sexual de la cual fue
víctima en el año 1988, a la edad de 16 años, por parte de integrantes de la
guerrilla de las FARC-EP.
5.11. En virtud de los principios
de buena fe y pro homine, estrictamente exigibles al momento de valorar
las circunstancias victimizantes ocasionadas en el marco de la violencia armada
en Colombia[71],
para la Sala resulta necesario dar plena validez a lo dicho por el actor,
respecto de su diagnóstico de VIH+ y su condición de víctima del conflicto.
Así, es razonable reconocer que dicha patología guarda una estrecha relación
con la agresión sexual que presuntamente se dio por parte de actores armados.
Por un lado, según la UARIV, mediante Resolución Nº 2016-137111 del 26 de julio
de 2016, se incluyó al señor Miguel en el Registro Único de Víctimas
(RUV), con ocasión de la declaración rendida ante dicha entidad, en la que el
demandante narró los hechos relacionados con “delitos contra la libertad e
integridad sexual ocurridos el 12 de marzo de 1988”[72].
Por otro lado, si bien se observa que la fecha de estos hechos no coincide
totalmente con la del diagnóstico (13 de noviembre de 1993, según la historia
clínica del actor[73]),
lo cierto es que este último se dio en un momento razonable, pues, dado que las
consultas médicas fueron posteriores, es apenas lógico entender que el registro
de la enfermedad en la historia clínica no coincida plenamente con el momento
del contagio. Ni la Sala ni ninguna entidad pública o privada pueden dar
preponderancia a la mala fe para presumir que lo señalado por el actor, en
relación con los hechos de los que fue víctima, no ha ocurrido de esa manera,
salvo que se demuestre lo contrario.
5.12. Ahora bien, de acuerdo con
la historia clínica y los antecedentes fácticos que enmarcan el presente caso,
es posible establecer que desde el 13 de noviembre de 1993, momento en que se
dio el diagnóstico de VIH, el señor Miguel ha visto gravemente afectada su
capacidad laboral. El largo historial médico, que ya ha sido reseñado en esta
providencia,[74]
y que incluye una actualización de la pérdida de capacidad laboral realizada
por la Junta Nacional de Calificación el 25 de enero de 2016, da cuenta de un
evidente  deterioro del estado de salud del demandante. Si bien este último
dictamen modificó válidamente la fecha de estructuración, basándose en nuevas
patologías y en la disminución de la carga viral del VIH, lo cierto es que,
materialmente, el actor ha mantenido una pérdida de capacidad laboral que
siempre ha sido superior al 50%.
5.13. Aunado a lo anterior, no
puede perderse de vista que, según la información remitida por la UARIV a esta
Sala de Revisión, se tiene noticia de que el accionante ha vuelto a estar
sometido a nuevos actos de violencia, presuntamente asociados con el conflicto
armado y por los cuales también se encuentra incluido en el Registro Único de
Victimas. Corresponden a, por un lado, “hechos victimizantes de amenaza y
desplazamiento forzado, ocurridos el 13 y 14 de febrero de 2015”, y por
otro lado, “delitos contra la libertad e integridad sexual, ocurridos el 2
de abril de 2014”.
5.14. Todas estas circunstancias demuestran
que el caso del señor Miguel es gravemente excepcional. Por las
particularidades que enmarcan el asunto, la Sala advierte que el cumplimiento
del requisito relativo al “nexo causal de la pérdida de
capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno”, para acceder a la prestación humanitaria
periódica, no puede estar sometido a una verificación rígida y absoluta,
en la que se ignore la integralidad de hechos que rodean la situación del
actor. En este contexto, resulta obligatorio no perder de vista que, sobre el
fundamento e importancia constitucional del emolumento en mención, la Sala
Plena de esta Corporación ha explicado que se trata de:
“una manifestación de los deberes constitucionales
del Estado, no solo con el propósito de garantizar la efectividad de los
derechos de la población víctima del conflicto armado (CP art. 2), sino también
con miras a mitigar los impactos que dicho escenario ha creado en la
satisfacción de sus necesidades básicas, con ocasión de la afectación producida
en su capacidad laboral. La relevancia de este auxilio radica entonces en que
permite brindar una herramienta para procurar el aseguramiento de un entorno
mínimo de subsistencia para una población que se encuentra en situación de
especial vulnerabilidad, frente a la cual, en virtud del artículo 13 del Texto
Superior, el Estado tiene el deber de promover condiciones acordes con la
realización de la igualdad material, a través de una especie de acción afirmativa, que asegure la efectividad de sus derechos
en términos de dignidad”[75]
5.15. Así, frente al caso
concreto, para la Sala Segunda de Revisión es claro que: (i) Miguel fue
víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el año 1988;
(ii) en este hecho le fue transmitido el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH); (iii) el 13 de noviembre de 1993 le fue incluido el respectivo
diagnóstico en la historia clínica; (iv) como consecuencia, fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; (v) el historial médico da
cuenta de un larguísimo registro de enfermedades que, desde entonces, viene
presentando; (vi) a raíz del tratamiento médico respectivo, la carga viral del
VIH ha disminuido, al punto que hoy mantiene un estado de invalidez que no se
deriva primariamente de esta enfermedad, pero que sigue correspondiendo a más
del 50%, causado, primordialmente, por una compleja condición clínica que le ha
causado la pérdida progresiva de visión; y (vi) durante los años 2014 y 2015 ha
vuelto a ser víctima de hechos asociados al conflicto armado, relacionados con
desplazamiento forzado, amenazas y violencia sexual.
5.16. El Ministerio del Trabajo,
como órgano competente para verificar el acceso a la prestación
humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, es la
primera autoridad llamada a observar y materializar el propósito constitucional
de dicha prestación: la garantía de un mínimo vital y de una vida en
condiciones de dignidad. En tal virtud, dicha institución estaba obligada a
verificar el grave contexto de invalidez y de victimización al que se ha visto
sometido el señor Miguel, de modo que, al observar integralmente el caso,
debía tener en cuenta que desde el diagnóstico de VIH, que data de 1993 y que
corresponde a un hecho indudablemente relacionado con el conflicto armado, el
actor no se ha recuperado su estado de invalidez. De ello se deriva la satisfacción
razonable del requisito legal contenido en el numeral 4 del artículo
2.2.9.5.3 del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 600 de 2017, y
por esta vía se garantiza, en el caso concreto, el objeto y fin constitucional
de la prestación incorporada por el Legislador para menguar el perjuicio que
les ha sido causado a las personas que, como el actor, además de ser víctimas
del conflicto, cumplen con las demás condiciones legales para acceder a este
auxilio humanitario.
5.17. De conformidad con lo
anterior, la Sala concluye que el Ministerio del Trabajo vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y vida digna del señor Miguel al negarse a
reconocer en su favor la prestación humanitaria periódica de
víctimas del conflicto, pese a que, de acuerdo con las integralidad de sus
condiciones particulares, se cumplen los requisitos exigidos en el artículo
2.2.9.5.3. del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 600 de 2017.
6. Conclusión
La Sala revocará el fallo de segunda
instancia, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C., el 9 de octubre de 2017, en el que se confirmó la
improcedencia declarada por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá
D.C., mediante fallo de primera instancia del 31 de agosto de 2017. En su
lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y
dignidad humana del señor Miguel. Como consecuencia, ordenará al
Ministerio del Trabajo, directamente o a través del encargo fiduciario o
convenio interadministrativo que suscriba para tal efecto, que en el término de
diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, lleve a cabo
los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación
humanitaria periódica como víctima del conflicto a favor del accionante.
7. Síntesis de la decisión
7.1. En esta ocasión, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela
formulada por una persona víctima del conflicto armado que buscaba el
reconocimiento de la pensión de invalidez negada por Colpensiones. La razón de
la negativa correspondió a que la solicitud de la pensión había sido elevada después
de que hubieran transcurrido más de 10 años desde el momento en que fue
expedido el dictamen con base en el cual se pretendía el reconocimiento
prestacional, el cual había establecido un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral superior al 50%, con fecha de estructuración el 13 de noviembre de
1993, bajo el diagnóstico principal de VIH/SIDA. Por ello, la Entidad advirtió
la necesidad de actualizar el dictamen, con el propósito de conocer la
situación real del afiliado. Agotados los trámites correspondientes, la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez concluyó, en última instancia, que el
estado médico de la patología, de la cual dependió la primera valoración, había
cambiado, al punto que de ésta actualmente no se derivaba invalidez alguna. Con
todo, indicó que se identificaba una pérdida de capacidad laboral superior al
50%, pero causada por un diagnóstico totalmente distinto, correspondiente a la
pérdida de visión del ojo derecho, cuya fecha de estructuración se dio el 26 de
octubre de 2010.
7.2. Actualizada la
información, Colpensiones volvió a estudiar la titularidad de la pensión
requerida por el actor. En definitiva, concluyó que, con base en la fecha de
estructuración fijada en el último dictamen de calificación de invalidez, el
cual se encontraba en firme, el actor no cumplía con la densidad de semanas
exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Esto, pues en la historia laboral del actor
se reflejaba que sólo había cotizado 170 semanas ante el Sistema de pensiones,
causadas entre los años 1991 y 2001.
7.3. En el
escrito de tutela, el peticionario estimó trasgredidos sus derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital por parte de Colpensiones,
pues, desde su perspectiva, al disponerse la actualización del dictamen de
pérdida de capacidad laboral, se desconoció la fecha de estructuración fijada
hace más de 10 años por una Junta Regional de Calificación de Invalidez.
7.4. Al
respecto, la Sala encontró que la Entidad accionada (Colpensiones) no incurrió
en la vulneración alegada por el peticionario, pues, por las particularidades
del caso, específicamente por la naturaleza progresiva de la enfermedad que
condujo al dictamen inicial, y el lapso de más de 10 años transcurrido entre el
momento en que este dictamen se expidió y la solicitud de pensión de invalidez,
era razonable que Colpensiones requiriera una actualización de la pérdida de
capacidad laboral del actor. Esta conclusión estuvo basada en la siguiente
regla de decisión:
La protección del riesgo
de invalidez responde a la necesidad de asegurar económicamente a aquellas
personas que, cumpliendo los demás requisitos legales, y por sus condiciones
médicas, les es imposible desarrollar su fuerza de trabajo ordinaria, por
presentar una pérdida funcional significativa. Siendo ello así, es evidente que
este tipo de prestación exige una condición clínica actual para ser titular de
la misma, sobre todo en aquellos casos en los que la situación de invalidez se
ha derivado de una enfermedad degenerativa o progresiva. De ahí que, al
estudiar por primera vez el reconocimiento de pensión de invalidez, la entidad
pensional se encuentre autorizada para requerir una actualización del dictamen
aportado, siempre y cuando, de acuerdo con las particularidades de cada caso,
sea razonablemente evidente la necesidad de verificar la vigencia de la pérdida
de capacidad laboral.
7.5.
Definido lo anterior, se constató la situación pensional del actor y se
estableció que, en efecto, no se cumplen los requisitos legales para acceder a
la prestación requerida por el actor. Asimismo, dado que el petente solicitó
estudiar su caso en virtud del principio de la condición más beneficiosa, la
Sala tampoco encontró acreditados los requisitos para, por esta vía, acceder a
la pensión de invalidez pretendida.
7.6.
Finalmente, dadas las graves particularidades del caso, se ofició y decretó la
práctica de pruebas necesarias para establecer si el accionante era acreedor de
la prestación humanitaria periódica de víctimas del conflicto
(Ley 418 de 1997), la cual había sido negada por el Ministerio del Trabajo, por
no cumplirse los requisitos contenidos en el artículo 2.2.9.5.3
del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 600 de 2017. La Sala
encontró que dicha Entidad ministerial vulneró los derechos fundamentales al
mínimo vital y dignidad humana del actor, puesto que se encontraba obligada a
valorar la integralidad de los hechos que circunscribían el caso del actor, los
cuales daban cuenta de la titularidad de la mencionada prestación humanitaria.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar
la suspensión de términos decretada para fallar el asunto de la referencia.
Segundo.- REVOCAR la Sentencia de segunda instancia, proferida el 9 de octubre de
2017 por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en la que se decidió “confirmar”
la improcedencia declarada, en primera instancia, por el Juzgado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá D.C., en fallo del 31 de agosto de 2017. En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad
humana del señor Miguel, con fundamento en lo dispuesto en la parte
considerativa de la presente providencia.
Tercero.-
Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Ministerio del Trabajo,
directamente o a través del encargo fiduciario o convenio interadministrativo
que suscriba para tal efecto, que en el término máximo de diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, lleve a cabo los
trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria
periódica como víctima del conflicto, a favor del señor Miguel.
Cuarto.- LIBRAR
las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así
como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de
tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]   Teniendo en cuenta las circunstancias particulares
del caso, en esta ocasión la Sala decide proteger el derecho a la intimidad del
accionante, a través del cambio de su nombre real por uno ficticio.
[2] Según la copia del documento de identidad
obrante en el expediente, el actor nació el 19 de febrero de 1972. Folio 2 del
cuaderno principal (en adelante, siempre que se haga alusión a un folio deberá
entenderse que corresponde al cuaderno principal, salvo que se indique otra
cosa).
[3] Folio 161 del cuaderno de revisión.
[4] Folio 1.
[5] Folio magnético 754, disponible en el CD
obrante en el folio 64 del cuaderno de revisión.
[6] Folio 29.
[7] Folios 39-40 del cuaderno de revisión.
[8] Debe advertirse que en el numeral quinto
resolutivo del auto del 16 de marzo de 2018, se ordenó: “[a] través de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, por estado y durante el término
de tres (3) días, PONER A DISPOSICIÓN de
las partes o terceros con interés la documentación allegada con ocasión de lo
dispuesto en la presente providencia, a fin de que se pronuncien sobre la misma”
(folio 40).
[9] Folio 47 del cuaderno de revisión.
[10] Folios 48-58 del cuaderno de revisión.
[11] Folio 64 del cuaderno de revisión, en el
que obra el CD contentivo de los 754 folios magnéticos.
[12] Folios magnéticos 13-16 del CD obrante en
el folio 64 del cuaderno de revisión.
[13] Folios 2-8, Ibídem.
[14] Folios 497-518, Ibídem.
[15] Folios 524-526, Ibídem.
[16] Folios 743-754, Ibídem.
[17] Folios 65-68 del cuaderno de revisión.
[18] Folios 83-116, Ibídem.
[19] Folios 89-90, Ibídem.
[20] Folios 91-92, Ibídem.
[21] Folios 93-95, Ibídem.
[22] Folios 96-99, Ibídem.
[23] Folios 100-103, Ibídem.
[24] Folio 74 Ibídem.
[25] Folios 118-119, Ibídem. Asimismo,
en el numeral sexto resolutivo se ordenó lo siguiente: “[a] través de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, por estado y durante el término
de tres (3) días, PONER A DISPOSICIÓN de
las partes o terceros con interés la documentación allegada con ocasión de lo
dispuesto en la presente providencia, a fin de que se pronuncien sobre la misma”.
[26] Folios 123 a 128, Ibídem.
[27] Folios 130-133, Ibídem.
[28] Folio 132, Ibídem.
[29] Folio 133 (reverso), Ibídem.
[30] Folios 158-161, Ibídem.
[31] Folio 164, Ibídem.
[32] Folios 170-171, Ibídem.
[33] Folios 183-188, Ibídem.
[34] Folios 177 y 181, Ibídem.
[35] “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[36] Artículo 86: “[t]oda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. || La protección consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución. || La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[37] En desarrollo de lo anterior, esta
Corporación ha sistematizado cuatro alternativas para contar con legitimación
en la causa por activa en materia de tutela: (i) por parte de la persona que se
considera lesionada en sus derechos fundamentales; (ii) por “representación
legal”, cuando los supuestos afectados son menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos o personas jurídicas; (iii) a través de apoderado
judicial debidamente acreditado por medio de mandato y con título profesional
de abogado; y (iv) en uso de la fórmula jurídica de la agencia oficiosa.
[38] Ver artículos 86 de la Constitución y 42
del Decreto 2591 de 1991, según los cuales la acción en referencia puede ser
ejercida contra cualquier
autoridad pública, o excepcionalmente particulares. En este último caso, cuando
(i) están a cargo de la prestación de un servicio público, (ii) su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo o (iii) el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto de
éstos.
[39] Como ejemplos, las sentencias T-719 de
2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de 2004. M.P. Jaime Araujo
Rentería; T-015 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-515A de 2006. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-700 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1088 de
2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-953 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1042
de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-167 de 2011. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-352 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-225 de 2012. M.P. Humberto
Sierra Porto; T-206 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y
T-269 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[40] Ver, por ejemplo, la sentencia SU-1073 de
2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Sala Plena estudió un grupo de acciones
de tutela en las que se buscaba la salvaguarda de, entre otros derechos, la
seguridad social, presuntamente vulnerada por la negativa del fondo pensional
respectivo a adelantar la indexación de la primera mesada pensional.
Específicamente respecto del requisito de inmediatez, la Corte reiteró lo dicho
en la sentencia T-402 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, así: “la negativa a su reconocimiento [de la indexación] puede originar la vulneración,
amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación periódica,
por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría mantenido
durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los
extrabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que llevan
a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene
un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se
cumple con el requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los
presupuestos exigidos para declarar procedente la acción”. Asimismo, en la sentencia
SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, estudió la acción de tutela
instaurada por una ciudadana, contra un fondo primado de pensiones, con el fin
de obtener la salvaguarda del derecho a la seguridad social, vulnerado por la
negativa de la accionada para reconocer la pensión de sobrevivientes de la que
la demandante era titular. Al abordar el requisito de inmediatez, la Sala Plena
dispuso lo siguiente: “la violación de los derechos ha permanecido en
el tiempo, dado que la accionante no ha recibido la mesada mensual que le
permita mantener unas condiciones de subsistencia con las garantías mínimas de
vida digna, pues como quedó demostrado en la etapa probatoria de la jurisdicción
ordinaria, la ciudadana dependía económicamente de su hija fallecida. Se trata
pues de un caso en el que la satisfacción de las necesidades básicas depende de
manera exclusiva de las mesadas pensionales; y, en consecuencia, la falta de
estas amenaza el goce efectivo del derecho fundamental al mínimo vital. En
otros términos, dado que la pensión es de tracto sucesivo, su carencia tiene
como consecuencia una vulneración permanente; es decir, es continua y actual,
dado que de mes a mes la accionante se encuentra en una situación en la que
carece de las posibilidades de satisfacer, de manera mínima, condiciones de
dignidad humana y, por ende, ve afectado su derecho al mínimo vital. En el
presente caso se concluye que la accionante depende únicamente de la
pensión de sobreviviente con base en la afirmación de la accionante, conforme
con la que no tiene las condiciones necesarias para ser autosuficiente en
términos económicos, toda vez que, como lo afirmó en el proceso ordinario y en
el escrito de la acción de tutela, sus recursos provienen de la labor que
desempeña esporádicamente como empleada del servicio doméstico. Las
consideraciones anteriores, llevan concluir que la vulneración de derechos de
la accionante es continua y actual”. En igual sentido, ver las recientes sentencias SU-069 de 2018.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-090 de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; T-199 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; entre otras.
[41] Folios magnético 754, disponible en el CD
obrante en el folio 64 del cuaderno de revisión.
[42] Ibídem.
[43] En Sentencia T-1068 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo: “(…)
para
demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben señalar los hechos
concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no se los
puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos sacramentales pero al
menos alguna indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en
verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su
familia”. Posteriormente, en sentencia T-1316 de 2001. M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes, se señaló: “(…) tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de
perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde
una doble perspectiva.  De un lado, es preciso tomar en consideración las
características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten
en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender
las particularidades de la persona individualmente considerada (…). De
cualquier manera, no todos los daños constituyen un perjuicio irremediable por
el simple hecho de tratarse de sujetos de trato preferencial”. De
igual forma, sobre la flexibilidad en la valoración del perjuicio pueden
observarse las sentencias T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de
2004. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-167 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-352 de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-796 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto;
T-206 de 2013. M.P. Jorge
Iván Palacio; T-269 de 2013 y T-276 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa,
entre otras.
[44] Estas reglas de aplicación fueron
desarrolladas en la Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la cuales se han
convertido en un criterio jurisprudencial consolidado en esta Corporación.
[45] Sobre la especial protección constitucional
de las personas diagnosticadas con VIH, la jurisprudencia constitucional es
ciertamente pacífica. Resulta superfluo, por tanto, enlistar en esta ocasión el
sinnúmero de pronunciamientos que, en ese sentido, ha proferido esta
Corporación. Ahora bien, sobre la procedencia automática de la acción de tutela
en el caso de las víctimas del conflicto armado, ver, entre otras, las
sentencias T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-740 de 2004. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-1094 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-175
de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo; T-563 de 2005. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-882 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1076 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-1144 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-086 de 2006.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-496 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-620 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-840 de 2009. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-085 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-534 de 2014.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-573 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa; y T-083 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; entre otras.
[46] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012,  refiere en su segundo inciso lo
siguiente: “Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud
EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional
dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la
cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones
proceden las acciones legales”.
[47] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[48] “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras
disposiciones”.
[49] Inciso tercero del artículo 41 de la Ley
100 de 1993: “El acto que declara la invalidez que
expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener expresamente los
fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como
la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por
parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la
Junta Nacional”.
[50] Sentencia C-408 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
[51] Sentencia T-575 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[52] Al respecto ver, principalmente, la Sentencia C-072 de
2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[53] Así lo establece el artículo 38 de la ley 100 de 1993.
[54] Folios 48-58 del cuaderno de revisión.
[55] Así lo relata el accionante en el escrito de tutela (Folio
21), al mencionar la Resolución del 2 de septiembre de 2014 como el primer
pronunciamiento sobre su solicitud de pensión de invalidez. Esto es confirmado
por Colpensiones en su intervención durante el trámite de revisión (Folios
83-106 del cuaderno de revisión).
[56] Folios 91-92, Ibídem.
[57] Folios magnéticos 743-754, disponibles en
el CD obrante en el folio 64 del cuaderno de revisión.
[58] Folio 754, Ibídem.
[59] Recientemente, en la Sentencia T-522 de
2017. M.P. Cristina Parto Schlesinger, la Sala Séptima de Revisión estudió un
caso de una persona a la que, el 20 de mayo de 2014, se le estableció una
pérdida de capacidad laboral en una porcentaje igual a 72.55%, por diagnóstico
de VIH/SIDA C3, con fecha de estructuración el 19 de abril de 2010. Sin
embargo, en nuevo dictamen proferido después de un poco más de un año (el 17 de
diciembre de 2015) por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia, se redujo el porcentaje a 29.00%, con fecha de estructuración el 18
de marzo de 2015, bajo el diagnóstico de VIH A3, confirmado parcialmente por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual modificó la fecha de
estructuración el 13 de julio de 2016 (fecha en que se expidió el último
dictamen). Al pronunciarse sobre el dictamen, la Sala encontró dos razones
principales para dejar en firme la valoración inicial. La primera, la
imposibilidad y ausencia de justificación en la segunda valoración para
establecer que, en tan solo un año, el accionante haya pasado del 72.55% de su
pérdida de capacidad laboral por VIH C3 a 29.00% por VIH A3; y la segunda, la
inconsistencia al haber usado distintos parámetros legales de valoración, pues
mientras en el primer dictamen se usó el Decreto 817 de 1999, en el segundo se
usó el Decreto 1507 de 2014, lo cual determinó la diferencia de porcentajes. El
caso estudiado en aquella ocasión es sustancialmente distinto al revisado en
esta ocasión, por lo menos por lo siguiente: (i) la diferencia temporal de las
dos calificaciones de pérdida de capacidad laboral es sustancialmente distinta,
pues en el asunto de la referencia se encuentran separadas por más de 10 años;
en el expediente de la referencia (ii) la Junta Nacional de Calificación
desarrolló ampliamente las razones de su variación en la fecha de
estructuración; y (iii) se usaron los mismos parámetros legales para adelantar
el estudio, esto es, el Decreto 917 de 1999, tal como se ve reflejado en el
dictamen definitivo.
[60] Folios 93-95 del cuaderno de revisión.
[61] Folio 66 del cuaderno de revisión.
[62] Sentencia SU-442 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[63] Artículo 46 de la Ley 418 de 1997,
modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002: “En cumplimiento de su
objeto y en desarrollo de sus facultades, la Red de Solidaridad Social atenderá
gratuitamente y sin intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el
artículo 15, en los términos previstos en los artículos 20 y 23 de la presente
ley, los gastos funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra
las consecuencias de actos que se susciten en el marco del conflicto armado
interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente título,
de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Junta Directiva.
Igualmente, podrá cofinanciar los programas que adelanten entidades sin ánimo
de lucro, celebrando para este último efecto los contratos a que se refiere el
artículo 355 de la Constitución Política y las normas que lo reglamentan, todo
en función de la protección y ayuda a los damnificados. // Las víctimas que
sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base
en el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno
Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo
contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y
cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la
que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el
artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno
Nacional.//Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se
contraten se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social”.
[64] Título del capítulo adicionado al Decreto
1072 de 2015.
[65] Folio 133 (reverso), Ibídem.
[66] Folio 164, Ibídem.
[67] Folio 170-17, Ibídem.
[68] Folio 132, Ibídem.
[69] Folio magnético 754, disponible en el CD
obrante en el folio 64 del cuaderno de revisión.
[70] Folio 1.
[71] Ver, principalmente, la Sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[72] Folio 123 del cuaderno de revisión.
[73] Folio 549 del medio magnético disponible en el folio 64 del
cuaderno de revisión.
[74] Ver antecedente número 4.3.3.
[75] Sentencia SU-587 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.