C-011-10
Sentencia C-011/10
Sentencia C-011/10
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEL PERU EN MATERIA  DE EXTRADICION-Exequibilidad
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Naturaleza del control constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Objeto y
análisis que comprende
MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES-No requiere poder especial para celebrar tratado
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de
debates en el Senado de la República
Se requiere, en razón del
trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el
inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras; (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días; (v) la comprobación
del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los
seis días siguientes
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisitos
El anuncio debe cumplir con
los siguientes requisitos: (i) el anuncio debe estar presente en la votación de
todo proyecto de ley; (ii) el anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o
de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse
la votación del proyecto; (iii) la fecha de la votación debe ser cierta, es
decir, determinada o, por lo menos, determinable; y (iv) un proyecto de ley no
puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Distinción de dos momentos para determinar si hay vicio
insubsanable
Es necesario distinguir dos momentos al
revisar este tipo de anuncios: De un lado, cuando el Secretario de la Comisión
o de la Plenaria hace el anuncio para “la próxima sesión”, se tiene ésta como
una fecha determinable. De otro lado, si al finalizar las sesiones se convoca
para una fecha clara y específica cierta, se tiene ésta como determinada. Así
las cosas, es posible que a pesar de fijarse una fecha determinada, se presente
la eventualidad de que la Comisión o la Plenaria no sesionen ese día, por lo
que entonces se entenderá que se satisface el requisito del anuncio previo, si
y solo si de la forma en que se hizo el anuncio puede inferirse una fecha
determinable para realizar la discusión y aprobación
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Relación estrecha con la eficacia del principio democrático
La Corte ha resaltado que lo que se
pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas
conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se
someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean
sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple
requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo
legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley. Es
por ello que, en la medida en que el rigor en la realización y el cumplimiento
del anuncio se desvanecen, de manera inversamente proporcional, aumentan las
posibilidades de que exista un vicio de constitucionalidad en un proyecto de
ley
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de límites temporales
La Corte ha precisado que la expresión
del artículo 162 de la Constitución según la cual, ningún proyecto podrá ser
considerado en más de dos legislaturas, debe entenderse en el sentido de que el
Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo
los debates requeridos para la formación de la ley
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU EN MATERIA DE
EXTRADICION-Quantum para la procedencia
EXTRADICION-Improcedencia
frente a delitos políticos
EXTRADICION-Situaciones
que para los efectos del instrumento internacional no se entienden por delitos
políticos
La Constitución Política,
excluye la posibilidad de atender requerimientos de extradición por delitos
políticos, precisando que para los efectos del instrumento internacional no se
entienden por delitos políticos tres situaciones: a) Homicidio u otro delito
violento contra la persona del Jefe de Estado de uno de los Estados o de
miembros de su familia; b) El Genocidio, según se contempla en los Tratados y
Convenciones Multilaterales de los cuales ambos Estados sean parte; c) Delitos
con relación a los cuales ambos Estados tienen la obligación, en virtud de
algún Acuerdo Multilateral Internacional, de extraditar a la persona solicitada
o de remitir el caso a sus autoridades competentes para que decidan sobre su
procesamiento
DELITOS
POLITICOS Y DELITOS COMUNES-Diferencias de trato
La Constitución distingue los
delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros
un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de
estirpe humanitaria.  El Estado no puede caer en el funesto error de
confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la
delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia
narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad
civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus
proditorios designios.  La acción delictiva de la criminalidad común no se
dirige contra el Estado como tal,  ni contra el sistema político vigente,
buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades
altruistas,  sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen
así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia
EXTRADICION
SIMPLIFICADA-Concepto
Consiste en que una persona
solicitada en extradición cuenta con la posibilidad de consentir su extradición
en los términos en que fue solicitada, sin agotar todos los pasos del
procedimiento formal. Esta fórmula de cooperación internacional, si bien
garantiza la existencia de procesos de extradición más ágiles, siempre debe
implementarse por parte de las autoridades de forma que se garantice el respeto
por el derecho fundamental al debido proceso
EXTRADICION-No
corresponde a un proceso judicial en el que se someta a juicio al requerido/EXTRADICION-Objeto
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL
PERU EN MATERIA DE EXTRADICION-Causales en las cuales no se concede la
extradición respetan disposiciones constitucionales al debido proceso
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL
PERU EN MATERIA DE EXTRADICION-No imposición de pena de muerte
Referencia:
expediente LAT-345
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PEREZ.
Bogotá, DC., veinte (20) de enero de dos mil diez (2010).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión
de la Ley 1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la cual se aprueba
el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
I. TEXTO DE LA NORMA.
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en
el Diario Oficial 47.223 del 5 de enero de 2009, es la siguiente:
“LEY 1278 DE 2009
(enero 5)
Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú,
modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de
1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de
octubre de dos mil cuatro (2004).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el
texto de los ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004),
que a la letra dicen:
(Para ser
trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional
mencionado).
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU, MODIFICATORIO DEL CONVENIO BOLIVARIANO
DE EXTRADICIÓN FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 1911
El
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú,
CONSCIENTES
de la necesidad de emprender la más amplia cooperación para la extradición de
personas que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas en un proceso
penal;
OBSERVANDO
los principios del respeto de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos
internos de cada Estado, así como las normas y principios del Derecho
Internacional; y
DESEANDO
hacer más efectivos los esfuerzos llevados a cabo por los Estados en la
represión del delito;
CONCLUYEN
el presente Acuerdo modificatorio, contenido en las siguientes cláusulas:
ARTICULO 1.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 1o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
Los
Estados convienen en entregarse mutuamente, de conformidad con lo que se
estipula en este Acuerdo, las personas investigadas, procesadas o condenadas
por las autoridades judiciales de uno de los Estados y que se encuentren en
territorio del otro.
ARTICULO 2.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 2o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
Darán
lugar a la extradición las conductas punibles, independientemente de la
denominación del delito, que según la legislación de los Estados sean
sancionadas con pena privativa de la libertad no menor a un año.
ARTICULO 3.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 3o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición queda derogado.
ARTICULO 4.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 4o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
No se
accederá a la extradición de ninguna persona si el hecho por el cual se pide se
considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y
ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro
será juzgada ni sancionada por ningún delito político ni por ningún acto conexo
con él.
Para los
efectos del presente Acuerdo, no se consideran delitos políticos:
a)
Homicidio u otro delito violento contra la persona del Jefe de Estado de uno de
los Estados o de miembros de su familia;
b) El
Genocidio, según se contempla en los Tratados y Convenciones Multilaterales de
los cuales ambos Estados sean parte;
c)
Delitos con relación a los cuales ambos Estados tienen la obligación, en virtud
de algún Acuerdo Multilateral Internacional, de extraditar a la persona
solicitada o de remitir el caso a sus autoridades competentes para que decidan
sobre su procesamiento.
ARTICULO 5.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 5o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
No será
concedida la extradición:
a)
Cuando, por el mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido
juzgada, amnistiada o indultada en el Estado requerido;
b) Cuando
la infracción penal por la cual es solicitada la extradición fuera de
naturaleza estrictamente militar;
c) Cuando
el Estado requerido tuviera motivos fundamentados para suponer que el pedido de
extradición fue presentado con la finalidad de perseguir o sancionar a la persona
solicitada por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.
Así mismo, como si tuviera motivos para suponer que la situación de la misma
estuviera agravada por tales motivos;
d) Cuando
la conducta esté sancionada con pena privativa de la libertad menor a un año;
e) Cuando
según la Legislación del Estado requirente la acción o la pena hubiere
prescrito.
ARTICULO 6.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 6o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
La
solicitud de extradición deberá hacerse por la vía diplomática.
ARTICULO 7.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 7o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
Cuando la
persona reclamada se hallare procesada o condenada por el Estado requerido,
este podrá diferir la entrega hasta cuando el reclamado sea absuelto, indultado
o haya cumplido la condena o cuando haya cesado el motivo de su detención.
ARTICULO 8.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 8o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
El pedido
de extradición será hecho por la vía diplomática mediante presentación de los
siguientes documentos:
a) Cuando
se trate de una persona no condenada: Original o copia de la orden de
captura para el caso colombiano o del mandato de detención para el caso
peruano.
b) Cuando
se trate de una persona condenada: Original o copia certificada de la
sentencia condenatoria y el certificado de que la misma no fue totalmente
cumplida, así como el tiempo pendiente para su cumplimiento.
1. Las
piezas o documentos presentados deberán contener la indicación precisa del
hecho imputado, la fecha y el lugar en que fue cometido, así como los datos
necesarios para la comprobación de la identidad de la persona reclamada.
Deberán también estar acompañadas de las copias de los textos de la ley que
tipifica la conducta o las conductas, así como de las disposiciones legales
relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena aplicados en el
Estado requirente y de los que fundamenten la competencia de este.
2. El
Estado requirente presentará la solicitud cuando razonablemente considere que
la persona solicitada ingresó o permanece en el territorio del Estado
requerido.
3. Si la
documentación con la cual se formaliza el pedido de extradición estuviere
incompleta, el Estado requerido solicitará al Estado requirente que en el plazo
de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha en que recibió
la petición, subsane las deficiencias observadas. Si transcurrido dicho plazo
no se completa la información y la persona se encuentra detenida, esta quedará
en libertad.
4. En lo
no previsto en el presente Acuerdo, el procedimiento de extradición se regirá
por lo establecido en la Legislación interna del Estado requerido.
ARTICULO 9.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 9o del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
El Estado
requirente solicitará en caso de urgencia la detención preventiva de la persona
solicitada, así como la aprehensión de los objetos relativos al delito. El
pedido deberá indicar que sobre la persona solicitada pende una orden de
captura o de mandato de detención o una condena y deberá señalar la fecha y los
hechos que motiven el pedido, así como el tiempo y el lugar de la comisión parcial
o total de los hechos, además de los datos que permitan la identificación de la
persona cuya detención se solicita.
Ejecutada
la detención, el Estado requirente deberá formalizar el pedido en el plazo de
noventa (90) días calendario. En el caso que no fuere formalizado el pedido en
el plazo indicado, la persona objeto de la petición será puesta en libertad y
solamente se admitirá un nuevo pedido de detención por el mismo hecho, si son
retomadas todas las formalidades exigidas en este Acuerdo.
Igualmente,
se dispondrá la captura de la persona solicitada si se produce la formalización
aun cuando no haya mediado solicitud de captura o de detención preventiva.
La
ubicación de la persona requerida se podrá hacer a través de la Organización
Internacional de Policía Criminal - Interpol.
ARTICULO 10.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 10 del Acuerdo
Bolivariano de Extradición queda derogado.
ARTICULO 11.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 11 del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
El
extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado en el Estado requirente sino por
los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni tampoco ser entregado
a otro Estado, a menos que haya tenido en uno y otro caso la libertad de
abandonar dicho Estado durante un mes después de haber sido sentenciado, de
haber cumplido la pena o de haber sido indultado. En todos estos casos el
extraditado deberá ser advertido de las consecuencias a lo que lo expondría su
permanencia en el territorio de ese Estado.
El Estado
requerido condicionará la entrega a la garantía previa dada por el Estado
requirente, por vía diplomática, a la conmutación de la pena de muerte, en caso
de ser esta la aplicable para el delito que la motiva, a la no imposición de
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a
condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a
tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En todo
caso se garantizará el debido proceso a la persona extraditada.
ARTICULO 12.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 13 del Acuerdo Bolivariano
de Extradición quedará así:
Cuando la
extradición de una persona fuera solicitada por más de un Estado, se procederá
de la siguiente manera:
a) Cuando
se trate del mismo hecho, se dará preferencia al pedido del Estado en cuyo
territorio haya sido cometido el delito;
b) Cuando
se trate de hechos diferentes, se dará preferencia al pedido del Estado en cuyo
territorio haya sido cometido el delito más grave;
c) Cuando
se trate de hechos distintos, se dará preferencia al Estado que lo solicitó en
primer lugar, y
d)
Corresponde al Estado requerido establecer el orden de prelación cuando hubiere
varias solicitudes de extradición.
ARTICULO 13.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 15 del Acuerdo
Bolivariano de Extradición quedará así:
Estarán a
cargo del Estado requerido los gastos derivados del pedido de extradición hasta
el momento de la entrega del extraditado a los agentes debidamente acreditados
del Estado requirente, quedando a cargo de este todos los gastos posteriores,
incluyendo los del traslado.
ARTICULO 14.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, el artículo 16 del Acuerdo
Bolivariano de Extradición queda derogado.
ARTICULO 15.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, al Acuerdo Bolivariano de
Extradición se adiciona el siguiente artículo:
La
persona requerida podrá acceder por escrito y de manera irrevocable a su
extradición en los términos en que fue solicitada. Para tal efecto, la
autoridad ante la cual queda a disposición le informará acerca de su derecho a
un procedimiento formal y de la protección que este le brinda. El Estado
requerido podrá conceder la extradición sin que se lleve a cabo el
procedimiento formal en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos
en los artículos 2o y 8o del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición en la forma
como han quedado modificados.
ARTICULO 16.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, al Acuerdo Bolivariano de
Extradición se adiciona el siguiente artículo:
La
persona extraditada que, después de ser entregada por un Estado al otro,
consiguiera escapar de la acción de la justicia y retornar al territorio del
Estado requerido, será detenida mediante simple solicitud hecha por la vía
diplomática y será entregada nuevamente, sin otra formalidad, al Estado al cual
ya le fue concedida la extradición.
ARTICULO 17.
Entre la
República de Colombia y la República del Perú, al Acuerdo Bolivariano de
Extradición se adiciona el siguiente artículo:
Las
controversias que surjan entre las Partes sobre las disposiciones contenidas en
el presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas
directas.
ARTICULO 18.
Siempre
que en el Acuerdo Bolivariano de Extradición se mencionen las expresiones
“fugitivo”, “reclamado”, “preso” y “Nación”, se entenderá que corresponden a
las expresiones “solicitado”, “solicitado o requerido”, “capturado o detenido”
y “Estado”, respectivamente.
ARTICULO 19.
El
término de “tres meses” contenido en el artículo 14 del Acuerdo Bolivariano de
Extradición se entenderá que corresponde al término de noventa (90) días
calendario.
ARTICULO 20.
Los
artículos 12, 14, 17, 18 y 19 del Acuerdo Bolivariano de Extradición del 18 de
julio de 1911 se mantienen vigentes.
ARTICULO 21.
El
presente Acuerdo modificatorio entrará en vigor en la fecha de recibo de la
segunda comunicación por la cual los Estados Parte se notifiquen el
cumplimiento de los requisitos previstos en su ordenamiento jurídico y se
mantendrá en vigor mientras esté vigente el Acuerdo Bolivariano de Extradición
del 18 de julio de 1911.
En fe de
lo cual, se firma en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes
de octubre de dos mil cuatro (2004).
Por el Gobierno de la República de Colombia,
CAROLINA BARCO.
Por el Gobierno de la República del Perú,
FIRMA ILEGIBLE.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá,
D. C., 10 de agosto de 2005
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las funciones del Despacho
de la Ministra de Relaciones Exteriores.
(Fdo.)
Camilo Reyes Rodríguez.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004), que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a 10 de agosto de 2005.
Presentado al honorable Congreso de la República por
el Ministro del Interior y de Justicia y el Ministro de Relaciones Exteriores.
El Ministro del Interior y de Justicia,
CARLOS HOLGUÍN SARDI.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá,
D. C., 10 de agosto de 2005
Autorizado.
Sométase a la consideración del Honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las funciones del Despacho
de la Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
Camilo Reyes Rodríguez.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004), que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
GERMÁN VARÓN COTRINO.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de enero de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
FABIO VALENCIA COSSIO.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.”
II. INTERVENCIONES
2.1. Ministerio del Interior y
de Justicia
El Director de Ordenamiento Jurídico del
Ministerio del Interior y de Justicia solicitó la declaratoria de exequibilidad
de la Ley 1278 de 2009. La primera parte de su escrito de intervención estuvo
encaminada a demostrar que en el procedimiento de aprobación de esta Ley se
respetaron (i) las reglas relacionadas con la remisión oportuna del
Acuerdo y de su Ley aprobatoria a la Corte Constitucional; (ii) las
reglas relacionadas con la suscripción del Convenio; y (iii) aquellas
reglas relacionadas con el trámite legislativo propiamente dicho, en cada una
de las cámaras del Congreso.
En relación con el contenido de la
Ley bajo estudio, luego de revisar individualmente cada una de las
disposiciones que la integran, con base en el concepto del Área de
Extradiciones, el Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior
y de Justicia sostuvo que su constitucionalidad se encuentra justificada en
tanto “las modificaciones introducidas por el Acuerdo modificatorio suscrito
por Colombia y Perú al Convenio Bolivariano de Extradición no desconocen en
modo alguno los mandatos de la Constitución Política de Colombia y, están
dirigidas a adecuar el mecanismo de la extradición a las exigencias de la lucha
contra la impunidad, y en ese entendido se considera procedente solicitar la
declaratoria de exequibilidad”.
2.2. Ministerio de Relaciones
Exteriores
El Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante apoderado especial,  solicitó a esta Corporación declarar
la constitucionalidad de la Ley 1278 de 2009. El escrito de intervención está
dividido en tres partes: en la primera, se sostiene que se respetaron los
procedimientos que definen el trámite legislativo de este tipo de normas. En la
segunda, se explica el contenido de cada una de las disposiciones normativas
que integran la Ley objeto de examen. Finalmente, en la tercera parte, se
exponen las razones por las cuales la Ley 1278 de 2009 se ajusta a la Carta
Política. Al respecto el representante judicial del Ministerio de relaciones
Exteriores explica que “la celebración y adopción de este Acuerdo por parte
de Colombia es desarrollo de los postulados constitucionales  de
soberanía, reciprocidad y coordinación entre los Estados para la lucha contra
el delito nacional y transnacional”. En ese sentido, a juicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley 1278 de 2009 desarrolla y
materializa diferentes mandatos constitucionales, entre ellos los artículos 226
y 227 (internacionalización e integración de las relaciones políticas), 9
(soberanía nacional e integración latinoamericana) y 150 num. 16 (integración
con otros Estados).
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la
Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278
de la Constitución Política, solicitó a la Corte que declare la inexequibilidad
del “‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)” y de su
ley aprobatoria, la Ley 1278 del 5 de enero de 2009, por estimar que el trámite
legislativo se encuentra viciado. A juicio de la Procuraduría General de la
Nación, en el marco del trámite legislativo adelantado en el Senado se rompió
la regla según la cual no se puede votar un proyecto en sesión diferente a
aquella para la cual fue anunciado (artículo 160 de la C.P). A pesar de lo
anterior, manifestó que si la Corte logra establecer que no hubo ruptura en la
cadena de anuncios por parte del Senado de la  República, debe declararse la
exequibilidad de la Ley 1278 de 2009.
Luego de hacer un análisis
detallado de cada una de las etapas del trámite, de acuerdo con la
Procuraduría, los vicios en el procedimiento legislativo se presentaron de la
siguiente manera:
“1) En la sesión del día 21 de noviembre de 2007,
contenida en el Acta Nº 13 de la Comisión Segunda del Senado de la República,
se anunció el proyecto de ley número 145 de 2007 Senado para el 27 de noviembre
del mismo año, sin embargo, según las pruebas aportadas, este despacho
encuentra que la siguiente sesión se llevó a cabo el 28 del mismo mes y año sin
anuncio previo. En igual sentido sucedió con el anuncio realizado el 28 de noviembre
de 2007, puesto que convoca para la aprobación del mencionado proyecto de ley
el 29 de noviembre, día que según revisada la documentación aportada no se
realizó ninguna sesión, no obstante lo anterior, el 4 de diciembre se realiza
un nuevo anuncio para la respectiva aprobación”
2) En la sesión plenaria del día 22 de abril de 2008,
contenida en el Acta Nº 42, se hizo, como ya se anotó, el anuncio del proyecto
de ley número 145 de 2007 Senado. Al finalizar la sesión de ese día se lee:
‘Siendo las 10:38 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día
miércoles 23 de abril de 2008, a las 3:00 a.m.’. Revisadas las pruebas
aportadas para el estudio de la Procuraduría, no se encontró anuncio previo
para la sesión del 29 de abril de 2008, contenida en el Acta Nº 43, publicada
en la Gaceta del Congreso Nº 404 de 2008. Allí señala que se efectuó el debate
el 29 de abril.”
En estos dos eventos, a juicio de
la Procuraduría General, se transgredió lo dispuesto en el artículo 160
constitucional adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2003, según el cual “[n]ingún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado”. Según la Vista Fiscal, “el proyecto fue
anunciado para ser discutido y aprobado en la Comisión Segunda del Senado de la
República el 27 y 29 de noviembre, pero se realizó el 28 de noviembre y el 4 de
diciembre de 2007 y en igual sentido sucedió en la plenaria del Senado ya que
el proyecto fue anunciado para la sesión del día miércoles 23 de abril de 2008,
y en realidad fue debatido y aprobado en la sesión del martes 29 de abril de la
misma anualidad, no obrando en las pruebas del Expediente los anuncios previos
para las citadas sesiones”.
De acuerdo con la Procuraduría el
rompimiento de esta regla, en los términos definidos por la jurisprudencia
constitucional, configura un vicio insubsanable, que inevitablemente obliga a
declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado internacional.
Ahora, la Procuraduría General de
la Nación estima que si la Corte “a pesar de lo expresado logra determinar
que no se rompió la cadena de anuncios tanto en la Comisión Segunda del Senado
como en la Plenaria del Senado, se entenderá que no existe vicio”. Por este
motivo, incluyó en su concepto el estudio del procedimiento adelantado en la
Cámara de Representantes y un análisis del contenido material del Proyecto.
En relación con el trámite
adelantado en la Cámara de Representantes, la Procuraduría encuentra que se
respetaron los procedimientos definidos por la Constitución tales como el
quórum decisorio señalado en el artículo 146 constitucional, los
correspondientes debates y aprobaciones por la Comisión segunda y la Plenaria
de esta Cámara. Igualmente, la Procuraduría encontró que se respetó la
disposición del artículo 162 de la C.P, que dispone que ningún proyecto de ley
pueda ser considerado en más de dos legislaturas.
Respecto del análisis material
del proyecto, luego de explicar el contenido de cada una de las disposiciones
normativas del Acuerdo modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Perú, y repasar brevemente lo dicho por esta Corporación respecto de la
figura de la extradición en general, concluyó que “[e]l presente
instrumento internacional desarrolla las reglas establecidas en los artículos
9, 226 y 227 de nuestra Constitución Nacional por cuanto impulsa y promueve
canales de cooperación, que orientan las relaciones exteriores del Estado
colombiano sobre la base del respeto a la soberanía nacional y la
autodeterminación de los pueblos, así como la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, teniendo como
principio la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, pues frente a la
amenaza que genera el terrorismo a nivel nacional y trasnacional esta
cooperación judicial evita la impunidad de los delitos cometidos por los
nacionales en el exterior”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  Naturaleza del control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados. Reiteración de
jurisprudencia.
De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del
instrumento internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la
concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales.
En relación con el aspecto formal
corresponde a la Corte examinar dos tópicos: De un lado, la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto
de análisis.
Al respecto, esta Corporación
tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en
términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta
previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en
el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta perspectiva se
requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del
proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la
comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154
C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones
y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre
el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la
comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi)
la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional
dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10 C.P).
Por último, frente los aspectos
de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del
instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los
preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la Carta
Política.
De acuerdo con este marco de
análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1278 de 5 de enero
de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del
Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en
la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos
mil cuatro (2004).”
2. La revisión del aspecto
formal.
2.1.
Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación presidencial.
2.1.1.  El Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante comunicación del veinte (20) de febrero de 2009[1]
firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta
Corporación que “el mencionado acuerdo fue suscrito por la entonces Ministra
de Relaciones Exteriores, Carolina Barco ‘en virtud de sus funciones sin tener
que presentar plenos poderes, se considera que representa al Estado’ de
conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados”.
Respecto de este aspecto,
evidentemente el artículo 7 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia
mediante la Ley 32 de 1985, dispone:
“(...). 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a un Estado: a.) Los
Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores, para
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b.)
Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre
el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c.)
Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para
la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.
En ese sentido, encuentra esta
Corporación que no se incumplieron las formalidades requeridas para el
ejercicio de la representación necesaria para la suscripción del instrumento
objeto de examen[2].
2.1.2. Mediante aprobación
presidencial del instrumento internacional con fecha del 10 de agosto de 2005[3],
el Presidente de la República ordenó someter el Acuerdo bajo
examen a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política.
2.2. Examen del trámite de la
Ley 1211 de 2008 ante el Congreso de la República.
Con fundamento en los
antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la
República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el
Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación
estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 145 de 2007
Senado y 313 de 2008 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley
1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de
julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días
del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).” surtió el trámite que
se describe a continuación.
2.2.1. Trámite en el Senado de
la República.
2.2.1.1. El texto del proyecto de
ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República el veinte (20)
de septiembre de 2007, por los entonces Ministros del Interior y de Justicia
Dr. Carlos Holguín Sardi, y de Relaciones Exteriores Dr. Fernando Araujo
Perdomo, siéndole asignado el número de radicado 145/07. Su texto y la
respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso
469 del 24 de septiembre de 2007[4].
2.2.1.2. La ponencia para el
primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada
por la senadora Cecilia López Montaño[5] y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No 578 de 2007[6].
2.2.1.3. En la certificación
suscrita por el Secretario General del Senado de la República[7],
no se hace referencia al anuncio para discusión y aprobación en primer debate
en la Comisión Segunda del Senado del Proyecto de Ley 145/07. A pesar de lo
anterior, revisado en detalle el expediente legislativo, esta Corporación
advierte que la cadena de anuncios del proyecto para su respectiva discusión y
aprobación en primer debate en el Senado se realizó de la siguiente manera:
(i) De acuerdo con lo
registrado en el Acta Nº 13 de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso No 175
del 24 de abril de 2008, en la sesión del 21 de noviembre de 2007 se anunció por
primera vez el proyecto para su discusión y aprobación de la siguiente manera:
“Manifiesta el señor Presidente (…) Le
pido al señor Secretario que continúe con el orden del día.
El señor Secretario: Informa
a la Presidencia que el siguiente punto es: Anuncio de proyectos de ley:
Por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (…) Proyecto de Ley número 145 de 2007 Senado por
medio del cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio
Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911. Firmado en la ciudad
de Lima, Perú, a los 22 días del mes de octubre de 2004 (…)  Están anunciadas
para la próxima sesión la discusión y votación de proyectos de ley señor
Presidente (…) El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: Informa
a los señores Senadores de la Comisión, se cita para las 8 de la mañana, el
martes próximo 27 de noviembre” [Subraya fuera de texto].
(ii) Siguiendo el
consecutivo de actas la Corte encuentra que, de acuerdo con lo registrado en el
Acta Nº 14 de 2007 publicada en la Gaceta del Congreso Nº 176 del 24 de abril
de 2008, la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado se adelantó el
28 de noviembre y el Proyecto 145/07 Senado se incluyó en el punto V del orden
del día “Discusión y votación de proyectos”. Llegado el momento, la
Senadora Ponente presentó el proyecto pero la votación fue aplazada para la
siguiente sesión por falta de quórum. Dice el Acta:
“El señor Presidente le manifiesta a la Senadora
Cecilia López que vamos a dejar el proyecto en discusión y lo sometemos en la
próxima sesión por la falta de quórum”. Así
las cosas, más adelante se registró el anunció así:
“Se continúa con el
siguiente punto del Orden del Día. Anuncio de proyectos de ley. El señor
Secretario, Felipe Ortiz Marulanda, da lectura: Anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado
de la República, para la próxima sesión, según el artículo 8º del
Acto Legislativo número 01 de 2003: (…)
Proyecto de ley número 145 de 2007 Senado, por medio
de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República de Perú, Modificatorio del Convenio Bolivariano
de Extradición firmado el 18 de julio de 1911, firmado en Lima, Perú, a los
veintidós días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).” [Subraya fuera de texto].
Al final de la sesión el
Presidente de la Comisión Segunda del Senado, Carlos Emiro Barriga citó para el
día siguiente así: “[se] cita para mañana
29 de noviembre a las 9:00 a. m.”
(iii)
Revisadas las Gacetas del Congreso
allegadas por la Secretaría del Senado, no encuentra esta Corte que la Comisión
Segunda del Senado se hubiera reunido el 29 de noviembre de 2007, como se
anunció. Sin embargo, al revisar el consecutivo de las actas, advierte que la
siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo el 4 de
diciembre del mismo año, según consta en el Acta No 15 de esta misma fecha,
publicada en la Gaceta Nº 177 de abril 24 de 2008. En esta ocasión tampoco se
realizó la votación del Proyecto de Ley 145/07 Senado siendo aplazada
nuevamente[8]. Dice el Acta
en el punto del orden del día relacionado con el anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima
sesión:
“Por orden del
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión, según el
artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003, se trata de los siguientes
proyectos:
“Proyecto de ley
número 145 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio del
Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911, firmado en
la ciudad de Lima Perú a los 22 días del mes de octubre de 2004. (…)
Están anunciados para
su discusión y votación los Proyectos de ley para la próxima sesión.
Presidente. Gracias señor Secretario, entonces citamos para mañana miércoles
5 de diciembre a las 9 de la mañana, se les agradece a todos los miembros
de la comisión por su asistencia.” [Subraya fuera de texto].
(iv) Al día siguiente,
esto es, el 5 de diciembre de 2007, según el tenor literal del Acta No 16 de
esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 de 2008, no se adelantó la
votación del proyecto de ley 145/07, por lo que dentro del orden del día se
incluyó en el punto “Anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley. Por orden del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).” Siendo anunciada entonces para la siguiente sesión, esto
es y según el consecutivo de las actas, la del 11 de diciembre de 2007, así:
“Por orden del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, según
el (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003): (…) 2. Proyecto
de ley número 145 de 2007 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Perú, Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición,
firmado el 18 de julio de 1911, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
2.2.1.4. De acuerdo con el anuncio
precitado, el proyecto fue aprobado por unanimidad de los asistentes en
la sesión que se adelantó el 11 de diciembre de 2007, como consta en el Acta No
17 de 2007 publicada en la Gaceta del Congreso No 178 del 24 de abril de 2008[9]:
“El señor Secretario da
lectura al título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio
Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la
ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004).
El señor Presidente, Senador
Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de la Comisión el título del
proyecto leído. ¿Aprueban los Senadores de la Comisión Segunda el título del proyecto?
El señor Secretario de la
Comisión informa al señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los
Senadores presentes el título del proyecto leído y el articulado del proyecto.
Pregunta el señor Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga:
¿Quiere la Comisión que
este proyecto tenga segundo debate en la Plenaria del Senado y se convierta en
ley de la República?
Informa el señor
Secretario a la Presidencia que la Comisión sí quiere que este proyecto tenga
segundo debate en la Plenaria del Senado.
El señor Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga, nombra como ponente para el segundo debate en la
Plenaria del Senado a la Senadora Cecilia López Montaño”
2.2.1.5. La ponencia para segundo
debate fue presentada por la Senadora Cecilia López Motaño, y publicada en la
Gaceta del Congreso No 093 del 1º de abril de 2008[10].
2.2.1.6. Según certificación
expedida el 24 de febrero de 2009 por el Secretario General del Senado de la
República[11] Emilio Otero Dajud, el
proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 22 de abril de 2008, según consta en el Acta de
Plenaria N° 42 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 321 de
2008[12]. Según el texto de la
referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión.
Proyectos para discutir
y votar en la próxima sesión Plenaria del Senado. (…) Proyecto de ley para segundo debate (…)
Proyecto de ley número 145 de 2007 Senado, por medio la cual se aprueba el Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de
julio de 1911, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días
del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).” [Negrillas originales].
Revisado en detalle el contenido del Acta
de Plenaria N° 42 de 2008, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo
las 10:38 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día
miércoles 23 de abril de 2008, a las 3:00 a. m. (sic)”
2.2.1.7.  Según la certificación
referida en el numeral anterior,[13] el Proyecto de Ley fue
considerado en segundo debate el 29 de abril de 2008, dado que el 23 de abril
de ese año no hubo sesión, con un quórum deliberatorio y decisorio de 87
senadores del total que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como
consta en el Acta 43 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No
404 de 2008[14]:
“La Presidencia somete
a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta
responde afirmativamente.
La Presidencia indica a
la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da
lectura al título del Proyecto de ley número 145 de 2007 Senado. ‘por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión
pregunta ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le
imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites
constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren
los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la
República? Y estos responden afirmativamente.”
2.2.1.8. El texto definitivo del
Proyecto de Ley 145/07 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 274 de 2008[15].
2.2.1.9. Descrito de manera detallada el
trámite surtido en el Senado de la República, esta Corporación considera
necesario pronunciarse sobre el reproche de constitucionalidad hecho por la Procuraduría
General de la Nación a la Ley bajo examen, en relación con el cumplimiento en
este caso de la obligación del anuncio previo, consignada en el artículo 160 de
la C.P., adicionado por el Acto Legislativo 01  de 2003.
Como se describió antes (supra III)
la Vista Fiscal estima que en este caso podemos estar en presencia de un
vicio de procedimiento legislativo insubsanable[16].
En síntesis, la Procuraduría encuentra tres situaciones que configuran la
irregularidad del rompimiento de la cadena de anuncios durante el trámite en el
Senado:
(i)
En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, en la sesión
del 21 de noviembre de 2007 se anunció para votación el proyecto de ley el 27
noviembre del mismo año. Sin embargo, ese día la Comisión Segunda no se reunió
sino que la sesión se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2007.
(ii)
De igual manera ocurrió en la sesión del 28 de noviembre de 2007. Al
momento de hacer el anuncio se convocó para el 29 de noviembre del mismo año.
Sin embargo, ese día la Comisión Segunda tampoco se reunió sino que la sesión
se realizó hasta el 4 de diciembre de 2008.
(iii)
Una situación semejante se presentó en el segundo debate en la plenaria
del Senado, dado que en la sesión del 22 de abril de 2008 se convocó para
discusión y aprobación para el día miércoles 23 de abril de 2008. Sin embargo, la
Plenaria del Senado no se reunió ese día, sino que la sesión se realizó el 29
de abril de 2008.
Las tres situaciones guardan el mismo
patrón fáctico: Se anuncia para discusión y votación una fecha determinada, sin
embargo el día anunciado no se adelanta sesión alguna. La continuación del
trámite se da en la sesión inmediatamente siguiente. La pregunta que surge es
si esta situación, a pesar de su irregularidad, contiene la entidad suficiente
para configurar un vicio de constitucionalidad.
Este problema jurídico ya fue analizado de
manera esquemática por la Corte en el Auto de Sala Plena 081 de 2008, frente a
una situación similar[17]. En este caso, la Corte
comenzó por reiterar los parámetros sistematizados por la jurisprudencia
constitucional, según los cuales, el anuncio debe cumplir con los siguientes
requisitos: “(i) el anuncio debe estar presente en la votación de
todo proyecto de ley; (ii) el anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o
de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse
la votación del proyecto; (iii) la fecha de la votación debe ser cierta, es
decir, determinada o, por lo menos, determinable; y (iv) un proyecto de ley no
puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
Al analizar la situación que se estudiaba
en esa ocasión, esta Corporación indicó:
“A juicio de la Corte, el hecho que
el 2 de mayo de 2007 no hubiera sesionado la Comisión Primera de la Cámara, no
impide que la fecha de la sesión en que se sometería el Proyecto de Ley a
discusión y votación no fuera claramente determinable, cumpliéndose con ello
las condiciones del anuncio previo que ha destacado la jurisprudencia
constitucional. En efecto, en la sesión del 25 de abril de 2007 se estableció
que los proyectos anunciados serían discutidos “la próxima sesión”, expresión
que por sí sola, como lo han reconocido fallos anteriores de esta Corporación,
otorga certeza suficiente acerca del momento en que se llevará a cabo la
discusión y votación de las iniciativas. Ahora bien, a pesar de la inexactitud
en que se incurre a partir de la convocatoria efectuada por la Presidente, lo
cierto es que la “próxima sesión” a la que hizo referencia al momento de
efectuar el anuncio se llevó a cabo el 8 de mayo de 2007, reunión en la que
discutió y aprobó el Proyecto de Ley Estatutaria.
Adicionalmente,
la Sala considera necesario resaltar que, para el caso expuesto, la existencia
de un vicio de procedimiento, sólo sería posible a partir de la exigencia de
una condición de imposible cumplimiento por parte de las cámaras legislativas.
Así, de aceptarse que el anuncio efectuado en la sesión anterior no tiene
efectos, en cuanto la comisión no deliberó en la fecha determinada para la cual
se convocó, llevaría a deducir que en la sesión siguiente no podría discutirse
y votarse ningún proyecto de ley, a menos que se haya reiterado el anuncio
previo para la sesión en que efectivamente sesionará la comisión. Empero, no
existe sesión intermedia en la que pueda llevarse a cabo dicha reiteración del
anuncio, por lo que no hay alternativa distinta que aceptar la validez del
aviso efectuado en la sesión anterior, a condición que no se interrumpa la
cadena de anuncios, lo que no ocurre en el caso objeto de análisis.”
Lo dicho por la Corte en esa oportunidad es
suficientemente ilustrativo para absolver los cuestionamientos hechos por la
Procuraduría General de la Nación en este caso en particular. La Corte sostuvo
que es necesario distinguir dos momentos al revisar este tipo de anuncios: De
un lado, cuando el Secretario de la Comisión o de la Plenaria hace el anuncio
para “la próxima sesión”, se tiene ésta como una fecha determinable.
De otro lado, si al finalizar las sesiones se convoca para una fecha clara y
específica cierta, se tiene ésta como determinada. Así las cosas, es
posible que a pesar de fijarse una fecha determinada, se presente la
eventualidad de que la Comisión o la Plenaria no sesionen ese día, por lo que
entonces se entenderá que se satisface el requisito del anuncio previo, si y
solo si de la forma en que se hizo el anuncio puede inferirse una fecha
determinable para realizar la discusión y aprobación.
Con base en lo anterior, la Corte examinará
si se presentó vicio alguno relativo al requisito establecido en el artículo
160 constitucional durante el trámite del proyecto de ley en la Comisión
Segunda del Senado de la República y en la Plenaria de esta célula legislativa.
En efecto, aunque en la Comisión Segunda se
presentaron varios anuncios, el último de ellos tuvo lugar el día 5 de
noviembre de 2007 (Acta núm. 16 de 2007), habiendo sido la “próxima sesión”,
el 11 de diciembre del mismo año (Acta núm. 17 de 2007), sin que se alterara la
secuencia de anuncios:
Fecha del anuncio
Fecha anunciada
Consecutivo de Actas
21
de noviembre de 2007
27
de noviembre de 2007
Acta Nº 13 de 2007
28
de noviembre de 2007
29
de noviembre de 2007
Acta Nº 14 de 2007
4 de
diciembre de 2007
5 de
diciembre de 2007
Acta Nº 15 de 2007
5 de
diciembre de 2007
11
de diciembre de 2007
Acta Nº 16 de 2007
Fecha
de votación del Proyecto
11
de diciembre de 2007
Acta Nº 17 de 2007
Revisado el consecutivo de las
actas, se tiene que el 27 y el 29 de noviembre la Comisión Segunda del Senado
no sesionó[18], pero la cadena de
anuncios no se rompió dado que se mantuvo la continuidad en las sesiones inmediatamente
siguientes a las anunciadas, en los términos mencionados anteriormente.
Lo mismo ocurrió en la plenaria
del Senado donde el anuncio tuvo lugar el día 22 de abril de 2008 (Acta núm. 42
de 2008), habiendo sido la “próxima sesión”, el 29 de abril del mismo
año (Acta núm. 43 de 2007), sin que se alterara la secuencia de anuncios:
Fecha del anuncio
Fecha anunciada
Consecutivo de Actas
22
de abril de 2008
23
de abril de 2007
Acta Nº 42 de 2007
Fecha
de votación del Proyecto
29
de diciembre de 2007
Acta Nº 43 de 2007
Así las cosas, encuentra la Sala
Plena que en el trámite legislativo en el Senado (a) el anuncio lo
hicieron tanto el Secretario de la Comisión como de la Plenaria, por
instrucciones de las respectivas Presidencias; (b) en ambos casos se
señaló expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas.
Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la
votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a
aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…)
una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En
el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló las fechas en las
cuales tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 145 de 2007 Senado, por lo
cual, tanto para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, como para los
integrantes de la Plenaria, siempre fue claro cuándo sería discutido y votado
el proyecto, porque a pesar de que en algunas sesiones se convocó para  una
fecha determinada, también se mantuvo la fórmula de la “próxima sesión”
en cada uno de los anuncios, de tal manera que los senadores siempre tuvieron
certeza suficiente acerca del momento en se que llevarían a cabo las
discusiones y las votaciones del Proyecto, que en últimas es lo que se protege con
la exigencia del anuncio. En ese orden de ideas, (d) no se rompió la
cadena de anuncios, desde la fecha del primer anuncio hasta la fecha en que fue
discutido y aprobado el proyecto de ley.
A pesar de
lo anterior, la Corte estima pertinente advertir que, a pesar de que el Senado
actuó dentro de los parámetros de la regla jurisprudencial antes descrita,
situaciones como la que evidenció el trámite del Proyecto bajo examen, no dejan
de ser irregulares y por tanto reprochables. Por ello, la Corte Constitucional,
en su condición de guardiana de la Carta, recuerda al Congreso de la República
la importancia que tiene la rigurosidad del anuncio para efectos de garantizar
la integridad del trámite legislativo. Así, ha dicho esta Corporación que “El requisito del anuncio previo a la discusión y
votación de los proyectos de ley tiene una relación estrecha con la eficacia
del principio democrático. En ese sentido, la Corte ha resaltado que lo que se
pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas
conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se
someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean
sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple
requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo
legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley.”[19]
Es por ello que, en la medida en que
el rigor en la realización y el cumplimiento del anuncio se desvanecen, de
manera inversamente proporcional, aumentan las posibilidades de que exista un
vicio de constitucionalidad en un proyecto de ley.
2.2.2 Trámite en la Cámara de
Representantes.
2.2.2.1. Radicado el Proyecto de
Ley en la Cámara de Representantes con el número 313 de 2008, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el
Representante a la Cámara Silfredo Morales Altamar. El informe de ponencia fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 557 del 28 de agosto de 2008[20].
2.2.2.2. De acuerdo a la
certificación allegada a esta Corporación el veintisiete (27) de febrero de
2009[21], por la Secretaría de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en
sesión del 24 de septiembre de 2008, según el Acta No. 8 de la misma
fecha, publicada posteriormente en la Gaceta del Congreso No. 42 de 2009,
en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según
el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Anuncios de proyectos de
ley para aprobar en primer debate en la próxima sesión de comisión. Señor
Presidente ¿los anuncios para cuándo los ordena usted?
Hace uso de la palabra
el Presidente (E.), honorable Representante Silfredo Morales Altamar:
Los anuncios estarán para
la próxima sesión de comisión.
Hace uso de la palabra
la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará señor
Presidente.
1. Proyecto de ley 145
de 2007 Senado, 313 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo entre la República de Colombia y el gobierno de la República del Perú,
modificatorio del convenio bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de
1911. Firmado en la ciudad de Lima, Perú a los 22 días del mes de octubre de 2004.”
Al final del Acta dice: “Se levanta la
sesión y se cita para el día martes a las 10:00 de la mañana”.
2.2.2.3. En la misma certificación a la que se hizo referencia en el
numeral anterior[22], la Secretaria de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo
constar que, de acuerdo al Acta 9 del 30 de septiembre de 2008, publicada en la
Gaceta del Congreso No 43 de 2009, el proyecto de ley bajo estudio fue aprobado
“con la asistencia de 17 Honorables Representantes, en votación ordinaria”.
2.2.2.4. Para segundo debate la
ponencia fue presentada por el representante Silfredo Morales Altamar y fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 832 del 21 de noviembre de 2008[23].
2.2.2.5. Según certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes,[24]
en sesión del 25 de noviembre de 2008 se anunció la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de
Plenaria No. 153 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 15 de
2009[25]. Revisada el acta de
esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el artículo 160 C.P. se
realizó del siguiente modo:
“Señora Secretaria, hágame el favor anuncia la
proyectos (…) Señor Presidente, se anuncian los proyectos para el próximo 2
de diciembre o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o actos legislativos (…) Proyecto de ley 325 de 2008
Cámara, 198 de 2007 Senado (...)” [subrayas fuera de texto].
2.2.2.6. Según la certificación
referida en el numeral anterior[26], el Proyecto de Ley fue
considerado y aprobado por la mayoría requerida el tres (3) de diciembre de
2008, siguiente sesión plenaria donde se debatieron proyectos de ley, con la
asistencia de ciento cincuenta (150) de los representantes, de acuerdo a lo
certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes[27]
y lo consignado en el Acta de Plenaria No. 155 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 35 de 2009[28].
2.2.3 Cumplimiento de los
límites temporales para tramitar el proyecto de ley.
La Corte ha precisado que la
expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse
en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones
ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la
ley[29].
En este caso se observa que, el
proyecto inició su trámite en la legislatura comprendida entre el 20 de julio
de 2007 y el 20 de junio de 2008, y finalizó en la siguiente legislatura,
desarrollada entre el 20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009. Por lo tanto,
se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional.
2.2.4 Cumplimiento de los
demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.
De acuerdo con el primer inciso
del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben
transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una
Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no
inferior a 15 días.
En el presente caso se tiene que
la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el
11 de diciembre de 2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo 29 de abril
de 2008, es decir, que transcurrieron más de cuatro meses entre los debates
surtidos en el Senado.
Uno y otro debate en la Cámara de
Representantes distaron en más de ocho días, puesto que el primero de ellos
ocurrió el 30 de septiembre de 2008, y la aprobación en plenaria se llevó a
cabo el 3 de diciembre de 2008.  Además, entre la aprobación del Proyecto en el
Senado, realizada el 29 de abril de 2008, y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes, efectuada el 30 de septiembre de 2008, transcurrió un
lapso mayor a quince días.
Habiéndose constatado lo
anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las
exigencias del artículo 160 de la Constitución.
2.2.5. Una
vez descrito el procedimiento que surtió el Proyecto de Ley, la Corte concluye
que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues, en
síntesis:
(i) El Proyecto de Ley
inició su trámite en el Senado de la República
Ver
supra 2.2.1.1.
(ii) El Proyecto de Ley fue
publicado previamente al inicio del proceso legislativo
Ver
supra 2.2.1.1.
(iii) El Proyecto de Ley
fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras
legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución Política
y el Reglamento del Congreso
En
Senado:
Primer debate: Ver
supra 2.2.1.4.
Segundo debate: Ver
supra 2.2.1.7.
En
Cámara
Primer debate: Ver
supra 2.2.2.3.
Segundo debate: Ver
supra 2.2.2.6.
(iv) Las ponencias tanto en
comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los
debates;
En
Senado:
Primer debate: Ver
supra 2.2.1.2
Segundo debate: Ver
supra 2.2.1.5
En
Cámara
Primer debate: Ver supra 2.2.2.1.
Segundo debate: Ver
supra 2.2.2.4.
(v) Entre el primer y
segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en
una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los
términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y
quince días respectivamente.
En
Senado
La
aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 11 de diciembre de
2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 29 de abril de 2008; Ver
supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.
En
Cámara
El
primer debate en Cámara tuvo lugar el 30 de septiembre de 2008 y la
aprobación en plenaria se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2008; Ver
supra 2.2.1.4 y 2.2.1.6.
Entre
la aprobación del Proyecto en el Senado (11 de diciembre de 2007) y la
iniciación del debate en la Cámara de Representantes (30 de septiembre de
2008) transcurrió un lapso no inferior a quince días.
(vi) Fue cumplido en cada
una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo
exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el
artículo 160 C.P.
En
Senado
El
anuncio para el  Primer debate se produjo el 05/12/2007 y la
aprobación se llevó a cabo el 11/12/2007; Ver supra 2.2.1.3.
El
anuncio para el Segundo debate se produjo el 22/04/2008 y la
aprobación se llevó a cabo el 29/04/2008;  Ver supra 2.2.1.6.
En
Cámara
El
anuncio para el  Primer debate se produjo el 24/09/2008 y la
aprobación se llevó a cabo el 30/09/2008; Ver supra 2.2.2.2.
El
anuncio para el Segundo debate se produjo el 25/11/2008 y la
aprobación se llevó a cabo el 03/11/2008;  Ver supra 2.2.2.5
2.3.
Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
El 5 de enero
de 2009, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1278 de
2009. Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el ocho (8) de
enero de 2009, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la
Presidencia,[30] dentro del término de
seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
En consecuencia, la Corte
concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados los requisitos
propios del trámite de las leyes ordinarias;  razones por las que no existe
defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera etapa
del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el análisis de
fondo del instrumento internacional.
3. Análisis sustancial de
constitucionalidad de la Ley 1278 de 2009.
Mediante la Ley 1278 de 2009 se
aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Perú Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los 22
días del mes de octubre de 2004. En términos generales, la finalidad de este instrumento internacional es adecuar las
disposiciones del Convenio Bolivariano de Extradición de 1911, suscrito entre
Perú y Colombia, a las necesidades contemporáneas de los países contratantes en
materia de persecución del delito.
3.1. Composición y estructura
normativa del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano
de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)”.
El texto del
instrumento internacional objeto de examen está compuesto por un preámbulo y
veintiún (21) artículos, cuyas disposiciones normativas están distribuidas de
la siguiente manera:
El preámbulo
describe los lineamientos generales que inspiraron la realización del Acuerdo
modificatorio que ahora se examina. Básicamente, son los siguientes: (i)
“la necesidad de emprender la más amplia cooperación para la extradición de
personas” entre los países contratantes; (ii) bajo los “principios
del respeto de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de
cada Estado”; y (iii) con el fin de hacer “efectivos los
esfuerzos llevados a cabo por los Estados en la represión del delito”.
Los tres primeros artículos del
Acuerdo modificatorio contemplan reformas al listado de conductas descritas en
el Convenio Bolivariano de 1911. Así, el artículo 1 establece que los Estados
parte acuerdan entregar de manera mutua las personas investigadas, procesadas o
condenadas por las autoridades de uno de los dos y que se encuentren en el
territorio del otro. El artículo 2 estipula que independientemente del delito,
darán lugar a la extradición aquellas conductas punibles que sean sancionadas
con privación de la libertad no inferior a un año en los Estados parte. Sobre
este tipo de previsiones normativas dijo la Corte:
“[e]l
quantum establecido en la disposición objeto de análisis para la procedencia de
ese instrumento de cooperación internacional, consistente en una pena privativa
de la libertad no inferior a un año, tampoco desconoce los preceptos
constitucionales . Ello, además de ser un claro desarrollo de la soberanía
nacional, de la política criminal internacional y del reconocimiento de la
autonomía del Ejecutivo en la dirección de las relaciones, resulta razonable en
cuanto se reconoce la antijuridicidad de la conducta.”[31]
El artículo 3° del Acuerdo
modificatorio, deroga el artículo 3 del Convenio Bolivariano de Extradición de
1911.
El artículo 4 del Acuerdo bajo
examen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución
Política, excluye la posibilidad de atender requerimientos de extradición por
delitos políticos, precisando que para los efectos del instrumento
internacional no se entienden por delitos políticos tres situaciones: “a)
Homicidio u otro delito violento contra la persona del Jefe de Estado de uno de
los Estados o de miembros de su familia; b) El Genocidio, según se contempla en
los Tratados y Convenciones Multilaterales de los cuales ambos Estados sean
parte; c) Delitos con relación a los cuales ambos Estados tienen la obligación,
en virtud de algún Acuerdo Multilateral Internacional, de extraditar a la
persona solicitada o de remitir el caso a sus autoridades competentes para que
decidan sobre su procesamiento.” Esta disposición es respetuosa de la Carta
Política y las delimitaciones conceptuales hechas por la jurisprudencia de esta
Corporación entre la justificación en las diferencias de trato entre delitos
políticos y delitos comunes. Ha dicho al respecto esta Corte:
“La Constitución distingue los delitos políticos de
los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más
benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria,
(…).  El Estado no puede caer
en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin
que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la
violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la
sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a
sus proditorios (sic) designios.  La acción delictiva de la
criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal,  ni contra el
sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue
finalidades altruistas,  sino que se dirige contra los asociados, que se
constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia[32].
En ese orden de ideas, no es
reprochable constitucionalmente la exclusión de los delitos políticos del marco
de conductas susceptibles de generar la extradición de quien las comete; por el
contrario, entra en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 35 de
la C.P.[33].
En el artículo 5 se precisan
otras causales en las cuales no se concederá la extradición: a) cuando por el
mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido juzgada; b) cuando
la infracción penal por la cual es solicitada la extradición fuera de
naturaleza estrictamente militar; c) cuando el Estado requerido tuviera motivos
fundamentados para suponer que el pedido de extradición fue presentado con la
finalidad de perseguir o sancionar a la persona solicitada por motivos de raza,
religión, nacionalidad u opiniones políticas; d) cuando la conducta esté
sancionada con pena privativa de la libertad menor a un año; e) cuando según la
Legislación del Estado requirente la acción o la pena hubiere prescrito. La
Corte observa que estas casuales respetan disposiciones constitucionales
relacionadas con el debido proceso como el principio constitucional del non
bis in idem, la prescripción de la pena, y la protección de derechos
fundamentales como el principio de no discriminación.
Los artículos 6 a 17 establecen
las reglas procedimentales que deben respetar las partes contratantes en el
marco del trámite de una solicitud de extradición. Leídas y revisadas, en
ninguna estas disposiciones se advierte una vulneración de la Carta Política.
Las disposiciones reproducen fórmulas tradicionales empleadas en este tipo de
instrumentos internacionales que no generan reproche de constitucionalidad. Por
ejemplo, el artículo 6 dispone que la solicitud de extradición deberá hacerse
por los canales diplomáticos y en el artículo 8 se describen detalladamente las
formalidades que se deben reunir en dicho trámite dependiendo de la condición
en que se encuentre la persona requerida, esto es, si está o no condenada, con
lo cual se respeta el debido proceso con la definición previa de un trámite
claro y diferenciado en razón del status de quien es requerido.
El artículo 7 dispone que se
puede diferir la entrega de una persona solicitada en extradición por una de
las partes contratantes hasta cuando el reclamado sea absuelto, indultado o
haya cumplido la condena o cuando haya cesado el motivo de su detención en el
Estado requerido. Esta disposición es una clara manifestación de respeto por el
principio constitucional de soberanía ya que deja en libertad al Estado
requerido de enviar o no a una persona al Estado requirente cuando ésta tiene
cuentas pendientes con el sistema de administración judicial.
El artículo 9 establece la
posibilidad de que el Estado requirente, en casos de urgencia, solicite la
detención preventiva de la persona solicitada, así como la aprehensión de los
objetos relativos al delito. En esta norma se describen las formas que se deben
respetar cuando las partes acudan a esta figura. Aunque esta norma, en
principio, no evidencia una transgresión a la Constitución, es importante
advertir que su aplicación debe realizarse por parte de los operadores con la
suficiente cautela, de manera que se observen siempre los parámetros requeridos
por nuestro ordenamiento para la satisfacción del debido proceso.
El artículo 10 del Acuerdo
modificatorio deroga su similar del Convenio Bolivariano de 1911 que, según el
concepto del área de Extradiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, “autorizaba
la pena de muerte en caso de que dicha sanción estuviera prevista en el Estado
requerido”. Esta proscripción está conforme con la tradición constitucional
colombiana sobre la prohibición de la pena de muerte que viene desde el Acto
Legislativo N° 3 de 1910 y que en la Carta Política del 91 se plasmó en su
artículo 11, según el cual no habrá pena de muerte en Colombia,
castigo que ni siquiera se contempla en estados de excepción. Sobre este punto
ha dicho la Corte que “[e]s claro que el hecho de garantizarse por
parte del Estado requirente que no impondrá tal pena, incluye, para el caso en
que sea Colombia el requerido, que la persona extraditada tampoco podrá ser
sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni que se le impondrán penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación en cuanto tales conductas están igualmente prohibidas por la
Constitución (arts. 12 y 34).”[34] Este parámetro
jurisprudencial es normativamente garantizado por el tercer inciso del artículo
11 del Acuerdo modificatorio. Adicionalmente, el artículo 11 incluye el principio
de especialidad según el cual el país requirente no podrá juzgar a la
persona extraditada por hechos anteriores o diversos de aquellos que motivaron
la extradición.
El artículo 12 define los
criterios para que el Estado requerido decida, en caso de solicitudes de
extradición concurrentes. De acuerdo con esta norma es el Estado requerido, en
ejercicio de su soberanía, quien define de acuerdo a las reglas fijadas en esta
disposición, el orden de prelación para la entrega. Agrega el artículo 13 que “[e]starán
a cargo del Estado requerido los gastos derivados del pedido de extradición
hasta el momento de la entrega del extraditado a los agentes debidamente
acreditados del Estado requirente, quedando a cargo de este todos los gastos
posteriores”. Estas disposiciones garantizan el respeto por lo dispuesto en
el artículo 9 superior en lo relacionado con el respeto a la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos.
El artículo 14 del Acuerdo
modificatorio deroga el artículo 16 del Convenio Bolivariano de 1911.
El artículo 15 contempla una la
figura de ‘extradición simplificada’[35] según la cual
una persona solicitada en extradición cuenta con la posibilidad de consentir su
extradición en los términos en que fue solicitada, sin agotar todos los pasos
del procedimiento formal. Esta fórmula de cooperación internacional, si bien
garantiza la existencia de procesos de extradición más ágiles, siempre debe
implementarse por parte de las autoridades de forma que se garantice el respeto
por el derecho fundamental al debido proceso. Sobre este punto, específicamente,
en el Acuerdo modificatorio se dispone que es posible acudir a esta figura
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículo 2 y 8
del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.
El artículo 16 del Acuerdo
modificatorio desarrolla otra modalidad de cooperación internacional en la
lucha contra el delito. Dispone que una persona extraditada que, después de ser
entregada por un Estado al otro, logre escapar de la acción de la justicia y
retorne al territorio del Estado requerido, puede ser detenida mediante simple
solicitud hecha por la vía diplomática y esta persona debe ser entregada
nuevamente, sin otra formalidad, al Estado al cual ya le fue concedida la
extradición. Esta situación no es disfuncional frente a la Constitución dado
que no implica un nuevo juicio sobre el capturado en estas condiciones o algo
similar. Como dijo la Corte Suprema de Justicia “[L]a noción de extradición
no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la
conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo
objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo
ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el
nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades
que lo reclaman”[36].
El artículo 17 dispone como
fórmula de resolución de controversias la negociación diplomática directa.
El artículo 18 del Acuerdo
modificatorio actualiza el uso de algunas expresiones contenidas en el Convenio
Bolivariano de Extradición de 1911, como “fugitivo”, “reclamado”, “preso” y
“Nación”, se entiendan que corresponden a las expresiones “solicitado”,
“solicitado o requerido”, “capturado o detenido” y “Estado”, respectivamente.
Por su parte, el artículo 19 precisa que cada vez que se use la expresión tres
meses en el Convenio Bolivariano de Extradición de 1911, se entienda que
corresponde al término de noventa (90) días calendario. Frente a estas
precisiones tampoco encuentra la Corte reproche constitucional alguno.
El artículo 20 del Acuerdo
modificatorio precisa que las disposiciones del Convenio Bolivariano de
Extradición de 1911 que no son modificadas por el Acuerdo que se está
examinando (arts. 12, 14, 17, 18 y 19), mantienen su vigencia.
Por último, el artículo 21
dispone que el “Acuerdo Modificatorio entrará en vigor en la fecha de recibo
de la segunda comunicación por la cual los Estados Parte se notifiquen el
cumplimiento de los requisitos previstos en su ordenamiento jurídico y se
mantendrá en vigor mientras esté vigente el Acuerdo Bolivariano de Extradición
del 18 de julio de 1911”.  Respecto de esta disposición, la Corte advierte
que su contenido reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los
instrumentos bilaterales y acatan las previsiones del derecho internacional
público, en especial las contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados.  Por ende, no presentan reparo alguno respecto de su
constitucionalidad.
3.2.
Consideraciones Finales
Teniendo en
cuenta la revisión del procedimiento legislativo descrito en el fundamento
jurídico dos de esta sentencia, esta Corporación determina que la aprobación de
la Ley 1278 de 2009 cumplió con los requisitos constitucionales exigidos para
ser considerada Ley de la República.
De igual
manera, hecha la revisión de las disposiciones contenidas en el ‘Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú,
modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de
1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de
octubre de dos mil cuatro (2004), la Corte encuentra que este conjunto de
disposiciones, desarrollan postulados constitucionales, sin encontrar normas
que contravengan enunciados normativos de la Constitución. Adicionalmente, se
tiene que las normas del instrumento internacional analizado se ajustan a la
Carta Política, en la medida en que, este tipo de tratados
o acuerdos se erigen como mecanismos de colaboración entre los países para
combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad. Adicionalmente,
no constituyen un atentando contra la soberanía del Estado Colombiano, en razón
a que, como se dijo en sentencia C-621 de 2001, “éste se reserva el derecho
de decidir sobre al asunto, con lo cual se hace efectivo el artículo 9 de la
Carta Política. Así mismo, ha manifestado que además de los límites impuestos
por el artículo 35 de la Carta Política, dicha figura tiene otros, también de
carácter constitucional, como son “el respeto a los derechos de toda persona,
como el derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29),
así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la
relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo 11) o al sometimiento a
tortura (artículo 12)”[37].
En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del ‘Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú,
modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de
1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de
octubre de dos mil cuatro (2004) y  su ley aprobatoria.
DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el
‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima,
Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
Tercero.-  COMUNÍQUESE esta
decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la
Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma para los
efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la
Carta Política.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Salvamento de voto.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS MAGISTRADOS MARIA VICTORIA CALLE CORREA Y JORGE IVAN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-011 de 2010
REQUISITO DE
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-La expresión “próxima sesión” adquiere un carácter
indeterminado que no cumple con los requisitos constitucionales exigidos por el
acto legislativo 01 de 2003. (Salvamento de voto)
REQUISITO DE
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Interpretación de la expresión “próxima sesión” (Salvamento
de voto)
Referencia: expediente LAT-345
Revisión
de constitucionalidad de la Ley 1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’ firmado en la ciudad de Lima, Perú,
a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
Magistrado
Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez
1. Con el acostumbrado respeto, a
continuación exponemos las razones que nos llevaron a salvar el voto en la
presente sentencia. La posición mayoritaria de la cual nos apartamos, a pesar
de que reconoce un patrón irregular en la forma como se realizó el anuncio
previo que exige el artículo 8 del Acto Legislativo de 2003 para la votación
del proyecto de ley en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
y en la Plenaria del Senado, consideró que tal irregularidad no implicaba un
desconocimiento de dicho requisito constitucional. En efecto, en la medida en que
el proyecto fue anunciado para votación en una fecha determinada y la sesión
prevista para esa fecha no se realizó, sino que tuvo lugar en una fecha posterior,
tal situación no contrariaba el artículo 160 de la Carta, porque también se
mantuvo la fórmula de la “próxima sesión” en cada uno de los anuncios, con
lo cual se podía entender que el anuncio se había hecho para una fecha determinable.
En nuestra opinión, tal
interpretación desconoce la finalidad constitucional del artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la
materia, y vuelve inocuo el requisito del aviso previo y determinado de
votación de los proyectos de ley.
2. Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio
previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó
el artículo 160 de la Carta,[38] la Corte
Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena
(1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada;
(2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la
sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse
el día en que se anuncie.[39]
La Corte ha señalado además como
requisitos mínimos que debe cumplir ese anuncio previo, el que sea realizado
por el Presidente de la respectiva célula legislativa, o cuando menos, por el
Secretario por instrucciones del Presidente de la Comisión o de la Plenaria.[40]
Dado que el texto constitucional no exige una fórmula sacramental específica
que emplee los términos votación o aprobación, se ha aceptado que se empleen
expresiones análogas, de las cuales sea posible inferir para qué están siendo
convocados los congresistas y que se está dando cumplimiento a lo ordenado en
el Acto Legislativo 01 de 2003. Finalmente, el anuncio para la votación de un
proyecto de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se
hace el anuncio, “siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”.[41]
3. Este requisito consagrado en
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, no sólo fue un tema sobre el
cual existió un amplísimo consenso en el Congreso de la República durante el
trámite de esta reforma constitucional en el Congreso, sino que, además, fue
considerado como uno de los instrumentos necesarios para alcanzar uno de los
objetivos principales de dicha reforma: el fortalecimiento y la racionalización
de la actividad del Congreso de la República, mediante la introducción de
mecanismos que, como el del aviso previo, garantizaran una mayor transparencia,
publicidad y respeto de los derechos de las minorías políticas en el proceso de
formación de las leyes en Colombia.[42]
Por otra
parte, la Corte ha dicho que el anuncio citado “facilita a los ciudadanos y
organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la formación de la
ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política
(Artículo 40 CP) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual
es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 CP.)”.[43]
4. Desde la aprobación del Acto
Legislativo 01 de 2003, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
numerosos fallos sobre el cumplimiento del requisito del anuncio previo. Así,
en la sentencia C-533 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), la Corte señaló que la
finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 consistía en que los
congresistas pudiesen conocer previamente cuáles proyectos de ley serían
sometidos a votación “sin que  pueda sorprendérseles con votaciones
intempestivas”. Igualmente señaló que tal requisito implicaba que aunque no
se determinase con exactitud la fecha para adelantar la votación, ésta debía
ser en todo caso un término cierto y determinable. De igual manera, en
Auto 038 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), esta Corporación consideró
que el requisito de procedimiento legislativo previsto en el Acto Legislativo
No. 01 de 2003, se acreditaba con “anunciar en sesión previa que se convocará
para votación en una fecha futura prefijada”.
En sentencia C- 644 de 2004 (MP.
Rodrigo Escobar Gil) esta Corporación reiteró que la finalidad pretendida por
la citada norma constitucional, se cumple “cuando en una sesión inicial se
ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos y
votados en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su
aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al menos determinable.”
En la sentencia
C-780 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño), esta Corporación encontró que aun
cuando el anuncio para la votación del proyecto en el primer debate en la
Cámara de Representantes no indicaba una fecha cierta y precisa, había sido
hecho para una fecha determinable al indicar que el mismo sería votado “la
próxima semana”, por lo cual no se había desconocido lo ordenado en el Acto
Legislativo 01 de 2003, dado el contexto en que se había producido dicho
anuncio.
Mediante
sentencia C-333 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), la Corte encontró que se
había presentado un vicio de procedimiento insubsanable por cuanto “se
anunció el debate y votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado”.
En dicha providencia, se dejó en claro que (i) se trataba de un vicio de
procedimiento con significación constitucional evidente; (ii) el
anuncio es un requisito impuesto por norma fundamental del Estado; (iii) los
incumplimientos del mismo, generan invalidez de la ley; y (iv) los fines del
anuncio eran el afianzamiento del principio democrático, el respeto por las
minorías parlamentarias, la publicidad y la transparencia del proceso
legislativo.
Posteriormente,
en la sentencia C- 400 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte consideró
en relación con el requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01
de 2003 que (i) las fórmulas utilizadas para el anuncio debían dar certeza,
respecto de las fechas de realización de las sesiones para las cuales se dio
aviso; (ii) a la luz de lo dispuesto por la Constitución, el anuncio debe hacerse
para la votación del proyecto de ley, aunque, en ocasiones, el contexto en el
que aquél se realiza da a entender que se cumplió lo dispuesto en el artículo
160 Superior.
En la sentencia
C- 930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), declaró inexequible la Ley 943 de
2005, por cuanto el requisito del anuncio de la votación se dejó de cumplir
debido al rompimiento de la secuencia de citaciones y anuncios, es decir, la
votación se llevó a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada.
En la sentencia
C- 241 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), declaró inexequible la Ley 968
de 2005 porque en el trámite de la misma no se cumplió con la finalidad del
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, toda vez que en uno de los anuncios
no existió claridad acerca de la fecha en que se realizaría la votación del
proyecto, motivo por el cual los congresistas no pudieron tener la certeza del
momento en que se iban a realizar las votaciones.
En la sentencia C-576 de 2006 (MP: Manuel José Cepeda
Espinosa), esta Corporación señaló que el requisito establecido en el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 “requiere para su cumplimiento que en una sesión
anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión
posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.[44]
La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los
proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del
debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día
inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la
Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto
existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la
votación[45]”.[46]
No nos pasa desapercibido que en
varias sentencias de esta Corporación se ha entendido que se cumple con el
requisito constitucional cuando a pesar de no efectuarse la votación por la no
realización de la sesión en la fecha prevista finalmente, ésta ocurre en la
primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, para
lo cual se examina el orden sucesivo de las actas.[47]
Sin examinar en detalle si en cada uno de esos casos el contexto permitía
inferir cuándo se realizaría la sesión de votación, consideramos que la
evolución jurisprudencial frente a tal interpretación ha ido permitiendo que se
entienda como “fecha determinable”, cualquier fórmula en la que se
emplee la expresión “próxima sesión”, sin verificar si del contexto esa
expresión permite obtener el grado de certeza sobre cuándo se realizará la sesión
de votación del proyecto exigido hasta ahora por la jurisprudencia.
Ciertamente,
si la finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a la ciudadanía sobre
los proyectos que habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada o
determinable, es claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente
transmita dicha idea garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional.
La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 CP.), inscrita como
principio de ejercicio de la función jurisdiccional, impide que el juez
constitucional exija la adopción de una frase específica para obtener un
resultado que puede lograrse de maneras distintas, utilizando expresiones
sinónimas.
No obstante, el
hecho de que no exista una expresión específica diseñada para cumplir con el
requisito del artículo 160 constitucional no significa que cualquier expresión
verbal vinculada con éste tema supla la exigencia de anuncio impuesta por la
Carta. Más allá de la discusión acerca de las frases o expresiones sinónimas
que pudieran transmitir la idea de que la respectiva plenaria o comisión desean
anunciar los proyectos que serán votados en una sesión específica, la Corte ha
admitido la posibilidad de dar por cumplido el requisito del artículo 160
cuando el contexto de la sesión permite inferir que la intención de la mesa
directiva ha sido la de anunciar determinados proyectos con el fin de
someterlos a votación, en una sesión determinada o determinable.
La apelación
al contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se predica
tanto de la fórmula empleada para el anuncio, en sí mismo considerado, como de
la fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el proyecto
específico; lo cual es independiente de que, en cada caso concreto, el contexto
permita identificar con éxito el cumplimiento de cada uno de dichos elementos. En
todo caso, dado que las exigencias constitucionales sobre el anuncio se
refieren a lo que debe ocurrir en la sesión de la célula legislativa en la que
éste se realiza, es claro que el contexto relevante para determinar qué tan
preciso es el anuncio, es lo ocurrido en la sesión en la que se realiza el
anuncio, no los hechos ocurridos por fuera de esta.
En el caso
examinado en la sentencia de la cual nos apartamos, ni el empleo de la
expresión “próxima sesión” ni el contexto permitían realmente tener
certeza sobre cuándo se produciría la votación. La convocatoria se hizo
inicialmente para una sesión que tendría lugar en una fecha determinada. La
expectativa de los congresistas y del público en general era que en la fecha
prefijada ocurriera la votación. Cuando la sesión no se produjo, ni los
congresistas ni el público tenían un contexto con base en el cual obtener
claridad sobre cuándo se produciría la votación. En ese evento, la expresión “próxima
sesión” que cobija cualquier sesión futura, la cual puede ocurrir al día
siguiente, la próxima semana, o el mes siguiente. Es por ello que dicha expresión
adquiere un carácter indeterminado, que no cumple con los requisitos
constitucionales exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2003.
Dejamos,
pues expuestas las razones que nos llevan a disentir de la decisión mayoritaria
adoptada por esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA A LA SENTENCIA C-011/10
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Contenido y alcance (Salvamento parcial de voto)
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Requisitos (Salvamento parcial de voto)
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Exceso en la flexibilización del requisito (Salvamento
parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado a las
sentencias adoptadas por la Corte, salvo parcialmente el voto respecto de lo
decidido por la Sala en el fallo C-011 del 20 de enero de 2010 (MP. Juan Carlos
Henao Pérez), en cuanto declaró la constitucionalidad del procedimiento
legislativo surtido por la Ley 1278 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba
el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición
firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los
veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)”.
En la sentencia mencionada, la
mayoría consideró que el requisito de trámite de los proyectos de ley previsto
en el inciso final del artículo 160 C.P., conforme al cual ninguna iniciativa
será sometida a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado, fue cumplido a cabalidad en lo que respecta al procedimiento surtido
en la Comisión Segunda del Senado y la Plenaria de la misma Corporación. No
obstante, esta conclusión se basó en un análisis en mi criterio
insatisfactorio, puesto que a partir de una excesiva flexibilización de los
requisitos predicables del trámite legislativo, se avaló una actuación
congresional que, en realidad, afectaba la constitucionalidad del
procedimiento, como pasa a explicarse.
1.    Al
explicar el contenido y alcance del requisito al anuncio previo, la
jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que esa condición (i)
busca satisfacer fines constitucionales importantes, como es la posibilidad que
las cámaras manifiesten su legítima voluntad democrática, actuación que
depende, entre otros aspectos, de que los congresistas no resulten sorprendidos
con votaciones no anunciadas con antelación; y (ii) no está ligada a una
fórmula sacramental o a una ritualidad particular, sino que basta que el
anuncio se realice para una fecha futura, determinada o determinable.
Sobre este particular, en la sentencia C-1011/08 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
al estudiar la constitucionalidad del procedimiento surtido por un proyecto de
ley de naturaleza estatutaria, sintetizó dicha posición jurisprudencial al
indicar que “el anuncio debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe
estar presente en la votación de todo proyecto de ley; (ii) debe darlo la
presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a
aquella en que debe realizarse la votación del proyecto; (iii) la fecha de la
votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable;
y (iv) un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella
para la cual ha sido anunciado”.
2.    En
el caso planteado, ocurrió análoga irregularidad en la Comisión Segunda del
Senado y la Plenaria del mismo. Para el primer caso, aunque el proyecto de ley
fue anunciado para votación en una fecha determinada (27 de noviembre de 2007),
la aprobación solo se llevó a cabo el día 28 de noviembre. En el segundo
debate, el anuncio previo se hizo nuevamente para una fecha determinada (29 de
noviembre de 2007), pero la votación solo se realizó el 4 de diciembre del
mismo año. La mayoría concluyó que a pesar de la evidente inexactitud, en el
caso no se desconocía el mandato del artículo 160 C.P., pues en cualquier caso
las cámaras habían utilizado la expresión “próxima sesión”, para
identificar la siguiente reunión de la célula legislativa en la que se
adelantaría la votación y, además, no se había roto la “cadena de anuncios”, lo
que daba validez constitucional a la actuación. Igualmente, el Pleno determinó
que esta solución ya había sido planteada previamente por la Corte en el Auto
081/08 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en la que sucedió un caso similar, en el
que se dio igual incidencia al uso de la expresión “próxima sesión”.
3.    Como
se indicó, el objetivo buscado por la instauración del requisito de anuncio
previo fue otorgar racionalidad al trámite legislativo, evitándose una práctica
perniciosa, consistente en convocar la votación en el momento que se contara
con mayorías circunstanciales. Esta importante finalidad impide que el Tribunal
Constitucional flexibilice ese requisito al punto de desnaturalizarlo. En el
caso planteado, a pesar que existía una fecha determinada de votación, las
mesas directivas contravinieron su propia decisión y procedieron a adelantar la
votación del proyecto de ley en una fecha distinta. Esta irregularidad no puede
ser subsanada con un uso extensivo e indiscriminado de la expresión “próxima
sesión”. Llevándose el asunto a un extremo inaceptable, podría concluirse
que esa sola expresión serviría para solventar cualquier eventualidad de
irregularidad en el anuncio, puesto que toda sesión futura será “próxima”,
lo que daría a la citada frase la capacidad de subsanar todo error de
procedimiento en lo que se refiere al cumplimiento del requisito de anuncio
previo. Tal grado de vaguedad en el contenido del requisito termina, en mi
criterio, por desvirtuar las caras finalidades de la condición procedimental en
comento.
4.    Ahora
bien, considero que la conclusión de la mayoría tampoco podía solucionarse
apelando a un Auto considerado precedente para el caso. En cambio, considero
que esa decisión también incurre en un exceso en la flexibilización del
requisito de anuncio previo, mediante la concesión de excesiva capacidad de
subsanación a una expresión idiomática particular. La sentencia de la cual me
aparto tuvo la oportunidad de reconducir la jurisprudencia a niveles más estrictos
y, por ende, más compatibles con la satisfacción de los fines democráticos que
informan el procedimiento legislativo. Esta razón me lleva a apartarme
parcialmente de sus conclusiones.
Por último, advierto necesario
hacer una consideración adicional. La contradicción entre las fechas de anuncio
en la Comisión y en la Plenaria del Senado llevó a que la sentencia
reconviniera al Congreso para que diera cumplimiento a los requisitos del
procedimiento legislativo, de manera estricta y “para efectos de garantizar
la integridad del trámite legislativo”. A partir de este exhorto, aprobado
por la mayoría, infiero una contradicción insalvable. De un lado se considera
válido el procedimiento legislativo con base en, se insiste, una excesiva
flexibilización del requisito del anuncio previo. De otro, se advierte el
Congreso para que cumpla adecuadamente con los procedimientos constitucionales
exigibles a la formación de las leyes. Advertencias de esta naturaleza no
resultan explicables al margen de concluir que efectivamente, como lo sostengo
en este salvamento parcial de voto, el trámite legislativo del asunto de la
referencia contravino los cánones constitucionales.
Estos son los motivos de mi
disenso.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Cfr.  Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
[2] Cfr. En la sentencia C-618 de 2004 se sostuvo que se presume la
competencia del Ministro de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en
la Ley 32 de 1985, aprobatoria de Convención de Viena, para suscribir acuerdos
internacionales sin que fuera necesario demostrar los poderes respectivos, para
tal efecto.
[3] Cfr. Folio 9 del cuaderno principal.
[4] Cfr. Folios 431-435 del cuaderno de pruebas 2.
[5] Ver en el folio 340 del cuaderno de pruebas 2 el acta de asignación de
ponentes de proyectos de ley.
[6] Cfr. Folios 375- 377 del cuaderno de pruebas 2.
[7] Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 2.
[8] Dice el acta que el Senador Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave ese día manifestó lo siguiente: “La ilustre asesora de la
Cancillería dice que hay una constancia o una declaración adicional que había
presentado [la Senadora Cecilia López, ponente], en su momento ella
querría (sic) retirarla, así tendríamos que contar con la presencia de
ella, para que sea ella la que la retire, la semana entrante señor Presidente,
podemos proceder.” Ante esta proposición según el Acta 15 de 2007 “El señor Presidente, honorable Senador Carlos
Emiro Barriga, manifiesta: Sí honorable Senador Manuel Ramiro, con esas consideraciones podremos
dar el aplazamiento de este Proyecto de ley número 145 para la próxima semana.”
[9] Ver Folio 361 del cuaderno 2 de pruebas.
[10] Cfr. Folios 309-311; 331- 335 del cuaderno 2 de pruebas.
[11] Cfr. Folios 1-2 del cuaderno 2 de pruebas.
[12] Cfr. Folio 82 del cuaderno 2 de pruebas.
[13] Supra nota 11.
[14] Cfr. Folios 15 y 16 del cuaderno 2 de pruebas.
[15] Cfr. Folio 194 del cuaderno 2 de pruebas.
[16] Vale la pena recordar que en la sentencia C-576 de 2006, la Corte
luego de hacer un recorrido por la jurisprudencia constitucional en relación
con el tema del anuncio previo y las situaciones en que se considera un vicio
subsanable, unificó y consolidó el criterio según el cual para que la
omisión del anuncio contemplado en el artículo 160 de la Constitución sea
subsanable éste debe suceder después de que la Cámara por la cual se inicia el
trámite de las leyes aprobatorias de tratados, es decir el Senado, haya
expresado su voluntad. Literalmente, dijo la Corte: “En otras
palabras, una falencia en el cumplimiento el requisito del anuncio previo
establecido en el artículo 160 C.P. hasta la votación en la Plenaria del Senado
se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que
desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un
tratado internacional. De otro lado, una falencia en el cumplimiento del
mencionado requisito en un momento posterior a la votación en la Plenaria del
Senado se considera un vicio subsanable que desencadenará la devolución de la
ley aprobatoria de un tratado internacional al Congreso para que subsane el
vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se
reúnan las demás condiciones de subsanabilidad.”
[17] En dicho caso, el Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en una
sesión distinta a la que había sido anunciado. Ello debido a que en la sesión
plenaria del 25 de abril de 2007 fue anunciada la discusión y votación de la
iniciativa para la plenaria del 2 de mayo del mismo año, verificándose este
procedimiento sólo en la sesión del 8 de mayo de 2007.
[18] Adicionalmente, esta situación es de conocimiento público y
particularmente de esta Corporación, dado que en la sentencia C-615 de 2009
cuando se estudió la constitucionalidad del “Acuerdo para el Desarrollo
Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República
de Colombia y de la República de Venezuela” el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado, el 30 de junio de 2009 certifico a esta Corte que
“La Comisión Segunda del Senado no sesionó el día jueves 29 de noviembre de 2007”.
De igual manera, aportó fotocopia del documento remitido a la Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales, contentivo de un “formato de entrega
de documentos para los Senadores de la Comisión Segunda según el cual fueron
citados a sesiones conforme aparece en el asunto: convocatorias sesiones martes
04”. De igual forma en la sentencia C-159 de 2009 en la que se revisó el “‘Instrumento
de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo’,
adoptado en la octogésima quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de junio
de mil novecientos noventa y siete (1997)”. En este último caso, el 28 de
noviembre de 2007 se anunció para votación el 29 de noviembre del mismo año,
pero ésta se llevo a cabo el 4 de diciembre siguiente, sin que la Corte
encontrara la existencia de vicio alguno por esta situación.
[19] Cfr. Auto 085 de 2008. En la misma dirección la sentencia C-533
de 2004
[20] Cfr. Folio 43-44 del cuaderno 3 de pruebas.
[21] Cfr. Folio 1 del cuaderno 5 de pruebas.
[22] Ibíd.
[23] Cfr. Folio 125 - 127 del cuaderno 5 de pruebas.
[24] Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 6.
[25] Allegada en medio magnético al expediente, cuaderno 6 de pruebas.
[26] Supra nota 23.
[27] Cfr. Folio 3 del cuaderno de pruebas 6.
[28] Allegada en medio magnético al expediente, cuaderno 6 de pruebas.
[29] Cfr. entre otras, C-086/04.
[30] Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
[31] Ver Sentencia C-780/04
[32] Cfr. C-171 de 1993
[33] En la misma dirección ver la Sentencia C-1055 de 2003.
[34] Ver Sentencia  C-780 de 2004.
[35] Esta figura ha sido contemplada en varios tratados suscritos por
Colombia como el “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América", firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979” en su artículo 16.
[36] Citada por esta Corporación en la Sentencia C-460 de 2008
[37] En ese sentido esta Corporación también ha señalado que “cuando
un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado
solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos
soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como
quiera que (...) la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un
atributo de la soberanía del Estado” Ver C-780 de 2004.
[38] El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo
8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional
del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[39] Véase entre muchas otras las sentencias C-644 de
2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil), SV: Rodrigo Uprimny Yepes; C-549 de 2006 (MP:
Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-241
de 2006 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra)  y los Autos 038
de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40] Ver por ejemplo las sentencias  C-533 de 2004
(MP. Álvaro Tafur Galvis); C-661 de 2004, (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-780
de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo
Beltrán Sierra y SPV. Rodrigo Uprimny Yepes); C-333 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño);  C-400 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto);  C-930 de
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  C-1040 de 2005 (MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, SV.
Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra, SV. Jaime Córdoba Triviño,
SPV y AV. Humberto Antonio Sierra Porto);; C-241 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra);  C-276 de 2006 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra y
SV. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-322 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería y SV. Alfredo Beltrán Sierra);  C-337 de 2006
(MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-576 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería);  C-649 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería);  C-676
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa);  C-863 de 2006 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-864 de 2006
(MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-933
de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil);  C-309 de 2007 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto Antonio
Sierra Porto); C-502 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
SV. Jaime Araujo Rentería);  C-718 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla);  C-927
de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-387 de 2008 (MP: Rodrigo
Escobar Gil);  C-799 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández);  C-031 de 2009
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-150 de 2009 (MP. Mauricio González
Cuervo);  C-195 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio);  C-248 de 2009 (MP.
Luís Ernesto Vargas Silva);  C-376 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo); C-379 de 2009 (MP. Maria Victoria Calle Correa;  También ver autos de Sala Plena Nos. 232 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV.
Jaime Araujo Rentería); 145 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); A-119 de 2007
(MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería);
A-053 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería); y A-311 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Humberto
Antonio Sierra Porto, SV. Clara Inés Vargas Hernández).
[41] Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar
Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes). Ver también la Sentencia
C-930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño SV: Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis).
[42] Auto 013 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)
[43] Auto 089 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo,
Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Clara Inés Vargas.
[44] Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004 (MP: Rodrigo Escobar
Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes).
[45] Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[46] Corte Constitucional, C-576 de 2006 (MP: Manuel José
Cepeda Espinosa), con salvamento parcial de voto de Jaime Araújo Rentería. En
este mismo sentido ver la sentencia C- 649 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), mediante la cual declaró inexequible  la Ley 992 de 2005, se consideró que “la
palabra utilizada y el contexto en el que se dio, no permiten inferir, el
cumplimiento del mandato contenido en el último inciso del artículo 160
constitucional tal como quedó modificado por el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003”.
[47] Ver entre otras las sentencias C-533 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), C-639 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), C-615 de
2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)