T-399-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-399/93
FISCALIA GENERAL
DE LA NACION-Diligencia en
las investigaciones/PRINCIPIO DE EFICACIA
Es necesario que
los mecanismos diseñados para la canalización de las denuncias y su
correspondiente trámite sean ágiles y oportunos, en la teoría y en la práctica,
a objeto de cumplir el principio de eficiencia que cobija, por mandato
de la Constitución, toda actividad pública. Con su conducta omisiva, las
autoridades públicas vinculadas a la Fiscalía General vulneraron los derechos
constitucionales fundamentales reconocidos al ciudadano demandante por los
artículos 13, 29, y 229 de la Carta, cuya observancia se encuentra
estrechamente ligada con la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en ella y constituye al mismo tiempo uno de los fines esenciales
del Estado.
MORA
JUDICIAL/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
La administración
de justicia es función pública, así que está confiada primordialmente al Estado
y tan sólo de manera excepcional, estricta y limitada, a los particulares. Es
indispensable que los organismos estatales competentes -en este caso la
Fiscalía General de la Nación- la asuman a plenitud y logren, desde la
perspectiva de sus particulares atribuciones, la celeridad, eficacia y
eficiencia que supone una pronta y cumplida justicia, a la que tienen derecho
la sociedad y cada uno de los asociados. Cuando la autoridad judicial omite
cumplir con su función o incurre en mora injustificada, lesiona el derecho de
acceso a la justicia en cuanto impide que ésta sea en efecto impartida.
IGUALDAD ANTE LA
LEY
La garantía
consagrada en el artículo 13 de la Carta significa la posibilidad de que todas
las personas puedan acceder a la Administración de Justicia en igualdad de
condiciones, recibiendo idéntico trato cuando se hallan en la misma situación.
Este principio se rompe cuando una persona es sometida a trámites y exigencias
que no se imponen a las demás o cuando se le niegan las oportunidades
procesales que se conceden a otras en iguales circunstancias.
Sala Quinta de Revisión
Ref.:  Expediente
T-14223
Acción de tutela
incoada por MIGUEL ANTONIO CUESTA MONROY contra Fiscalía General de la Nación.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de
mil novecientos noventa y tres (1993).
Revisa la Corte el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá el doce (12) de mayo del corriente año para resolver sobre la acción de
tutela en referencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Relata MIGUEL
ANTONIO CUESTA MONROY que el 15 de diciembre de mil novecientos noventa y dos
(1992) fue víctima de un asalto en cuyo desarrollo se lo despojó de un vehículo
de su propiedad y de varios otros bienes.
En la madrugada del
día siguiente logró presentar en la Unidad Judicial de Kennedy la
correspondiente denuncia.
Después de varios
días de gestiones ante la Policía Metropolitana obtuvo que se le permitiera
revisar el registro fotográfico y, al hacerlo el 22 de enero de 1993, reconoció
a dos de los responsables del ilícito. Señala que de esa diligencia tiene la
correspondiente acta, "la cual no fue remitida por la Policía a la
Fiscalía General de la Nación por desconocerse a qué Fiscal correspondió en
reparto la denuncia".
Agrega el accionante
que en varias ocasiones concurrió a la Fiscalía con el propósito de verificar
cuál había sido el curso del asunto sin obtener respuesta alguna y que tan sólo
el 13 de abril del presente año  recibió un  telegrama de  la  Dirección
Seccional de  Fiscalías -Unidad Segunda de Investigación Previa y Permanente,
Secretaría Administrativa-, mediante el cual se le pedía comparecer el 24 de
junio -es decir, más de seis (6) meses después de acaecido el hecho- a la
Fiscalía 36 Delegada, para la práctica de una diligencia
"preliminar".
Afirma Cuesta Monroy
que el proceso ha permanecido paralizado y que, a su juicio, ello desvirtúa la
naturaleza de la denuncia. Esta tiene el objeto de permitir que la persona
víctima del delito accione el aparato judicial del Estado, con la legítima
aspiración de que se administre pronta y cumplida justicia.
Por eso, estima
injusto que se mantenga al denunciante durante más de seis meses a la
expectativa en cuanto al cumplimiento apenas de las primeras gestiones de la
investigación.
En su sentir, han
sido violados en este caso por la omisión de la Fiscalía, varios de sus
derechos fundamentales, en especial los previstos en los artículos 13, 23 y 29
de la Carta.
El Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá -Sala Penal- ordenó la práctica de pruebas tales como la
cita al quejoso para que ampliara sus cargos, la solicitud a la Fiscalía de
toda la actuación surtida y de fotocopia autenticada de la diligencia de
reconocimiento fotográfico aludida en la demanda.
Dichas pruebas
fueron aportadas oportunamente y en la forma ordenada por el Tribunal. Obran en
el expediente.
En la declaración
rendida ante el Tribunal por el peticionario, éste afirma, bajo juramento:
"Acudí a esas
dependencias -Secretaría Administrativa de la Unidad Segunda de Investigaciones
Previas y Permanentes de la Fiscalía General de la Nación- antes de la fecha
del 22 de enero y allí se me indicó que el proceso (era) de reserva sumarial y
que debería esperar citación del Fiscal a quien correspondiera en turno conocer
del negocio".
Luego, preguntado
por la Magistrada Sustanciadora si el acta de reconocimiento de los albumes
fotográficos de la Policía se adjuntó a la investigación que se adelanta en la
Fiscalía por la sustracción de su automotor, respondió:
"No doctora. El
original del escrito contentivo del acta, sus copias y las fotografías reposan
aún en mi poder. Las adjunto"
"...la razón
obedece a que los funcionarios policiales desconocían qué Fiscalía era
competente en este caso, así que me la entregaron a mí. Por otra parte, mis
funciones como Agente de Desarrollo Institucional implican que esté
prácticamente fuera de la ciudad por largos períodos, lo que me dificultó
llevar el acta correspondiente".
Al expediente se
acompañó, aportada por la Fiscalía, copia fotostática del acta de fecha 22 de
enero de 1993, "que trata del reconocimiento en el álbum de placas
fotográficas que se llevan en la Unidad de Automotores de sujetos que aparecen
con antecedentes por hurto de vehículos, siendo testigo el señor Miguel Cuesta
Monroy..."
También aparece en
el expediente, junto con copias de la denuncia y del Informe de la DIJIN sobre
los datos del automotor sustraído, la providencia proferida el 31 de marzo por
la Fiscal 36 Delegada, mediante la cual se ordena citar al denunciante,
determinar propiedad y preexistencia del vehículo así como la cuantía del
ilícito.
II. DECISION DE
INSTANCIA
Mediante fallo del
12 de mayo de 1993, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá resolvió acerca de la tutela impetrada.
Dice la providencia
en su parte fundamental:
"...se concluye
que la Fiscalía General de la Nación, representada por la Fiscalía Treinta y
Seis Delegada, adscrita a la Unidad Segunda de Investigación Previa y
Permanente, en su condición de organismo administrador de justicia, ha omitido
de manera ostensible el cumplimiento de esos precisos deberes, conculcando con
su actitud pasiva los derechos fundamentales de petición, igualdad de los
sujetos procesales en la actuación judicial y debido proceso de que es titular
MIGUEL ANTONIO CUESTA MONROY, quien ocupa el lugar de víctima en el hecho que
el mismo puso en conocimiento de la autoridad.
No se puede afirmar,
en efecto, que se está proporcionando pronta y cumplida justicia, cuando
transcurridos cerca de cinco meses desde cuando se formuló la queja, la oficina
judicial encargada de tramitar el caso no se ha detenido a prestarle la menor
atención, pues de ninguna manera puede catalogarse como actividad positiva el
auto de impulso proferido el treinta y uno (31) de marzo, cuando de las varias
pruebas que allí se ordenaron la única que en forma concreta se decretaba se
postergó para tres (3) meses después"
(...)
"El recargo de
trabajo a que alude la funcionaria contra quien de manera específica se dirige
la tutela, no justifica la absoluta inactividad en el caso concreto en estudio,
pues de admitir que se requiere de seis meses cuando menos para poner en
funcionamiento el aparato investigativo del Estado, se tendría que concluir que
en Colombia no existe en la práctica la administración de justicia. Con lo
anterior no quiere significar la Sala que siempre ha de llegarse a resultados
positivos; sin embargo, a lo que si se aspira es que se preste una eficaz
colaboración a las víctimas de manera tal que sientan la presencia del Estado
preocupado por adelantar las gestiones mínimas en procura de la reparación del
daño causado con el delito.
Finalmente, esa
misma falta de acción evidencia el desconocimiento al derecho de petición, pues
la denuncia presentada por el ciudadano se presenta aquí como una solicitud
respecto de la cual las autoridades competentes deben ofrecer una respuesta
pronta al ofendido con el delito, en la medida que, como se ha indicado en
precedencia, se ejecuten tareas efectivamente dirigidas a procurar el
esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Aquí, en
cambio, luego de varios meses apenas se va a escuchar a CUESTA MONROY en
ampliación de su queja, seguramente sólo para que informe sobre quiénes pueden
certificar sobre la propiedad y preexistencia del bien, así como para
determinar la cuantía del punible, si se tienen en cuenta algunos de los puntos
del proveido que dispone la apertura del trámite preliminar.
Cabe al efecto
resaltar que la única y eficaz labor investigativa la ha realizado el mismo
afectado, pues con diligencia y al parecer luego de superar diversas
dificultades ha podido realizar un reconocimiento fotográfico de posibles
partícipes en el hurto, que ha aportado a esta acción en la confianza de que
finalmente haga parte de las preliminares adelantadas por la Fiscalía, puesto
que recurriendo directamente a esta entidad se le ha negado acceso al
informativo en aras de la reserva del sumario".
Estas razones
llevaron al Tribunal a concluir que era del caso conceder la tutela y en efecto
así lo hizo, ordenando a la titular de la Fiscalía 36 Delegada de esta ciudad,
adscrita a la Unidad Segunda de Investigación Previa y Permanente, que en el
término de 48 horas procediera "a recepcionar diligencia de ampliación de
denuncia" y a "practicar inmediatamente las diligencias que resulten
conducentes para la recuperación del bien materia de la sustracción y el
encarcelamiento de sus autores".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
De conformidad con
las previsiones de los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y según
el Decreto 2591 de 1991, ésta Sala de la Corte es competente para revisar el
fallo mencionado.
Finalidad
primordial de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia investigativa
como elemento indispensable para la pronta y eficiente administración de
justicia
Según principio
esencial a la idea misma del Estado Social de Derecho, las distintas ramas y
organismos públicos deben tener identificados los fines que persigue la
organización política en su conjunto y cada uno de ellos en particular y en
armonía con los demás, pues de lo contrario yerran en el cumplimiento de la
función que les es propia. Toda atribución debe encontrar referencia en el
sistema y hallar justificación en el motivo que condujo a su establecimiento.
La teleología institucional se convierte así en presupuesto
necesario de la función pública y a la vez en criterio útil para la evaluación
posterior sobre las ejecutorias de una determinada agencia del Estado.
Tan sólo una
claridad conceptual a ese respecto (arts. 1º y 2º C.N.), unida al compromiso
firme y cierto de cada funcionario -a partir de su juramento- con el papel que
tanto él como el organismo al que pertenece cumplen dentro de un todo
organizado y coherente (arts. 122 y 123 Ibídem), pueden garantizar que se
realice, cuando menos en parte, el ideal constitucional de un orden jurídico,
político, económico y social justo (Preámbulo).
La Fiscalía General
de la Nación ha sido instituída para perseguir el delito, para investigar y
acusar a los presuntos infractores ante los jueces competentes (art. 250 C.N.).
Su función se cumple, como lo indica la misma norma, "de oficio o mediante
denuncia o querella".
El caso puesto a
consideración de la Corte revela ineficiencia en el trámite de una denuncia
penal. No puede, por tanto, ser tratado ni decidido sino a la luz de esos
objetivos constitucionales.
De la diligencia
con que se adelanten las investigaciones y se impulse y lleve a cabo la
indagación inicial, a cargo de la Fiscalía, dependen en gran medida la
oportunidad y la eficacia de actuaciones procesales posteriores y el logro
final de los objetivos que en este campo persigue la administración de
justicia: el merecido castigo al delincuente y, hasta donde sea posible, el
resarcimiento de los perjuicios causados a su víctima.
Toda demora en el
seguimiento de las pistas que conducen al infractor de la ley penal significa
agravación de los obstáculos que de suyo afectan la tarea investigativa y en no
pocas ocasiones conduce a la completa frustración del propósito buscado en el
caso concreto.
Si a ello se añade
una actitud despectiva de los funcionarios ante los requerimientos del
ciudadano que acude al ente investigador y si, además, éste es sometido a
trámites y dificultades, desestimando y desestimulando su colaboración en la
búsqueda de pruebas, indicios y rastros de gran importancia para el buen éxito
de la averiguación, nada eficaz puede esperarse de los resultados que ésta
arroje.
Es necesario,
entonces, que los mecanismos diseñados para la canalización de las denuncias y
su correspondiente trámite sean ágiles y oportunos, en la teoría y en la
práctica, a objeto de cumplir el principio de eficiencia que
cobija, por mandato de la Constitución, toda actividad pública.
La mora en la
administración de justicia
Entre los temas que
suscitaron controversia en la Asamblea Nacional Constituyente, relativos a la
Administración de Justicia, se encuentra el referente a la necesidad de
introducir el de celeridad como principio en este campo de la
actividad estatal, pues uno de los males identificados en ella era la mora en
el cumplimiento de los deberes y obligaciones asignados a los despachos
judiciales.
Así, en la Gaceta
Constitucional Nº 88 del lunes tres (3) de junio de 1991, aparece la ponencia
presentada por la Constituyente María Teresa Garcés Lloreda, quien en la
exposición de motivos, manifestó:
"Es por todos
sabido que uno de los mayores males que aquejan a la administración de justicia
es la morosidad en la prestación de este servicio público. Procesos de índole
penal, civil, laboral y contencioso administrativo demoran en los despachos
respectivos un considerable tiempo haciéndose nugatoria la Administración de
Justicia y causándose con ello gravísimas consecuencias de todo orden a la
convivencia social de los ciudadanos".
Ante tal
circunstancia, la Constitución Política introdujo los conceptos de eficacia y
eficiencia como principios rectores de la actividad pública.
Al respecto ha
señalado la Corte:
"La eficacia
está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria exigencia
de la actividad pública: en el artículo 2º, al prever como uno de los fines
esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios,
deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de
obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el
365 como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en
los artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos
al control de gestión y resultados".
(...)
"En efecto,
dentro del esquema trazado por la Constitución, las normas confieren a las
autoridades un poder reglado, de acuerdo con postulados característicos del
Estado de Derecho (artículos 3º, 6º, 121, 122 y 123, inciso 2º, de la
Constitución colombiana), pero en ciertas materias, como las relativas a la
gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que el
Estado, en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo
-carácter social del Estado de Derecho, artículos 1º, 2º y 209 de la Carta-.
Como forma de medir
y evaluar la eficacia del Estado, el Constituyente introdujo el control de
gestión y de resultados, en los artículos 256, numeral 4, 274, 267, 268,
numeral 2, 277, numeral 5, y 343 constitucionales, entre otros, pues la
prestación satisfactoria de los servicios a cargo del Estado y el rendimiento
de los recursos que administra no pueden escapar al sistema de controles que el
ordenamiento jurídico introduce como elementos que salvaguardan el interés
general.
Pero la Constitución
no menciona únicamente la eficacia, sino que incorpora en varias de sus
disposiciones el concepto de eficiencia, que en términos económicos se
traduce en el logro del máximo rendimiento con los menores costos, y que,
aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión de los asuntos
objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos financieros -casi siempre
limitados- de los que dispone la hacienda pública.  En otros términos, el
Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada planeación
del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfacción de las
necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones
innecesarias.
A la eficiencia,
como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos constitucionales
como los contenidos en los artículos 48, 49 y 268, numerales 2 y 6, de la
Constitución Política.
En el terreno de las
relaciones que los entes públicos establecen con sus servidores, se refleja
necesariamente esta tendencia a la operación eficiente de la actividad
estatal, que -se repite- es hoy principio constitucional de ineludible
acatamiento, pero, no tratándose ya de "un recurso más", sino de la
incorporación de la persona humana al desarrollo de las tareas que le
corresponden, también la Constitución obliga al Estado a actuar dentro de
criterios que respeten su dignidad (artículo 6º) y sus derechos (Preámbulo y
artículos 1º, 2º y Título II de la Carta), como se verá más adelante".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-479 del 13 de agosto de
1992).
De otra parte, la
administración de justicia es función pública, tal como lo declara el artículo
228 de la Constitución, así que está confiada primordialmente al Estado y tan
sólo de manera excepcional, estricta y limitada, a los particulares (Artículo
116 eiusdem).
Es, pues,
indispensable que los organismos estatales competentes -en este caso la
Fiscalía General de la Nación- la asuman a plenitud y logren, desde la
perspectiva de sus particulares atribuciones, la celeridad, eficacia y
eficiencia que supone una pronta y cumplida justicia, a la que tienen derecho
la sociedad y cada uno de los asociados.
Esta misma Sala de
la Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto de la
siguiente manera:
"Considera la Corte
que el acceso a la administración de justicia no es un derecho apenas formal
que se satisfaga mediante la iniciación del proceso sino que su contenido es
sustancial, es decir, implica que la persona obtenga a lo largo de la actuación
y hasta la culminación de la misma, la posibilidad real de ser escuchada,
evaluados sus argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus
peticiones, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo y
realización de los valores jurídicos fundamentales. En tal sentido, el acceso a
la administración de justicia es inescindible del debido proceso y únicamente
dentro de él se realiza con certeza". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993).
En el mismo sentido
se pronunció la Corporación al señalar:
"Desde el punto
de vista de las finalidades buscadas por la Carta Política en vigor, es
suficiente recordar que en el Preámbulo de la misma se contempla el
aseguramiento de la justicia y el logro de un orden justo como objetivos
esenciales del sistema político que en ella se funda, al paso que en el
artículo 1º se reconoce la prevalencia del interés general como una de las
bases del Estado Social de Derecho y en el 2º aparece la garantía de
efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución como uno
de los fines del Estado. La misma disposición confía a las autoridades de la
República la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado, uno de los cuales es sin duda el de brindar a los asociados una pronta
y cumplida justicia, tal como lo indica el artículo 228, a cuyo tenor es una función
pública". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992).
También afirmó la
Corte:
"El incumplimiento
y la inejecución sin razón válida de una actuación que por sus características
corresponde adelantarla de oficio al juez, agravian el derecho al debido
proceso.
Dentro de este
contexto, el derecho a obtener una solución definitiva de la litis, hace parte
integral del derecho al debido proceso y a una pronta justicia". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Fallo T-043 del 1 de febrero de
1993. M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón).
Igualmente ha
subrayado la jurisprudencia que, cuando la autoridad judicial omite cumplir con
su función o incurre en mora injustificada, lesiona el derecho de acceso a la
justicia en cuanto impide que ésta sea en efecto impartida:
"En cuanto al
derecho de la persona afectada por la omisión, de manera específica se
configura una obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de
justicia (art. 229), derecho éste cuyo carácter fundamental es para la Corte
innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos tales
como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la
igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad
jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la
realización concreta de estas depende en grado sumo de la celeridad con que
actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado el
Constituyente.
Considera la Corte
que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí
mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para
alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar
que, a través de su observancia,  resulten eficazmente protegidos los derechos
de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto
a la obtención de pronta y cumplida justicia.
Al tenor del
artículo 122 de la Carta 'ningún servidor público entrará a ejercer cargo sin
prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben'. Ese juramento compromete al juez y conduce a su
responsabilidad cuando falta a su deber, según los artículos 6 y 124 de la
Constitución.
La tutela para esta
clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de
los derechos que, por razón de la paquidermia judicial, pueden resultar
afectados, muchos veces de modo irreparable". (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-431 ya citada).
Debido proceso
e igualdad ante la ley
La garantía
consagrada en el artículo 29 de la Carta implica que las partes e
intervinientes en los procesos judiciales y administrativos, deben recibir un
tratamiento igual y equitativo, pues no de otra manera podrían hacerse realidad
los fines señalados al Estado en el artículo 2º de la Constitución Política. Al
mismo tiempo, la garantía consagrada en el artículo 13 de la Carta significa la
posibilidad de que todas las personas puedan acceder a la Administración de
Justicia en igualdad de condiciones, recibiendo idéntico trato cuando se hallan
en la misma situación, como lo ha dicho la Corte (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993).
Este principio se
rompe cuando una persona es sometida a trámites y exigencias que no se imponen
a las demás o cuando se le niegan las oportunidades procesales que se conceden
a otras en iguales circunstancias.
El caso en
revisión
De lo expuesto por
el peticionario tanto en la demanda como en posterior declaración rendida ante
el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, así como de los documentos y pruebas
allegados al proceso de tutela, surge con toda nitidez la típica situación de
alguien a quien se ha negado en la práctica el acceso a la administración de
justicia, cuando menos en la oportunidad y con la eficiencia requeridas.
Después de resultar
perjudicado por la comisión de un delito, CUESTA MONROY tuvo que acudir en
varias ocasiones a distintas dependencias y no fue atendido en su inquietud
principal -la efectiva iniciación de las diligencias investigativas-, a tal
punto que únicamente pudo rendir la ampliación de su denuncia seis meses y
nueve días después de acaecido el hecho. A esta diligencia fue citado
inexplicablemente con una antelación de tres meses y once días cuando, por la
naturaleza misma de la actuación, ha debido cumplirse de manera inmediata o en
los días próximos a la presentación de la denuncia.
La ineficiencia de
las autoridades competentes para conocer de la denuncia, se manifiesta en el
hecho de que el accionante, al ser interrogado por el Tribunal Superior sobre
la razón por la cual él se encontraba en posesión del acta de reconocimiento
del álbum de placas fotográficas que se lleva en la Unidad de Automotores,
manifestó: "La razón obedece a que los funcionarios policiales desconocían
qué Fiscalía era competente en este caso, así que me la entregaron a mí
...".
Como puede
observarse, la lentitud y la mora con la cual actuaron las agencias del Estado
en el presente caso, entorpecieron el proceso y perjudicaron al denunciante,
pues dificultaron la averiguación inicial y la recuperación de los bienes
sustraídos, sin contar con el peligro que para él representaba haber reconocido
a sus agresores sin una actuación rápida enderezada a la captura de éstos.
Con su conducta
omisiva, las autoridades públicas vinculadas a la Fiscalía General vulneraron
los derechos constitucionales fundamentales reconocidos al ciudadano demandante
por los artículos 13, 29, y 229 de la Carta, cuya observancia se encuentra
estrechamente ligada con la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en ella y constituye al mismo tiempo uno de los fines esenciales
del Estado (artículo 2º de la Constitución Política.).
Ante las posibles
irregularidades en que hayan podido incurrir servidores del Estado en el presente
caso, considera la Sala que debe ordenarse el envío de las presentes
diligencias a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Disciplinaria-, para que se adelanten las investigaciones que
el caso amerita.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones que anteceden, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
R E S U E L V E:
Primero.- CONFIRMASE en todas sus partes el fallo proferido
el doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) por el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá D.C. -Sala Penal-, mediante el cual se ordenó
tutelar los derechos del ciudadano MIGUEL ANTONIO CUESTA MONROY.
Segundo.- CONCEDESE a la Fiscalía 36 Delegada un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo para que informe a la Sala Penal del Tribunal acerca del estado
actual del proceso en referencia. En el mismo término deberá cumplir, si ya no
lo hubiere hecho, la sentencia que se confirma.
Tercero.- ENVIESE copia de las presentes diligencias
al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria- y a la Procuraduría
General de la Nación, para lo de su cargo.
Cuarto.- LIBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General