T-660-17
Sentencia
T-660/17
ACCION DE TUTELA
PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO DE SEGUROS-Procedencia
excepcional
La jurisprudencia reiterada de la Corte ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias
surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo, (i) se
verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de
especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con
una considerable pérdida de su capacidad laboral y que, además, no tienen
ningún tipo de ingreso; o (ii) también en aquellos casos en que por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten a la
aseguradora, a pesar de la clara e inequívoca demostración del derecho
reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del reclamante.
RETICENCIA O
INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
ACCION DE TUTELA
PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO DE SEGUROS-Improcedencia
por cuanto la compañía de seguros se ajustó a lo previsto en la ley, a partir
de las reglas básicas de diligencia, decoro y honestidad que rigen este acto
jurídico
Referencia: Expedientes T-5.813.243 y
acumulados.
Acciones
de tutela en las que se pretende el reconocimiento de derechos económicos
derivados de contratos de seguros
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, treinta (30)
de octubre de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos dictados por las autoridades judiciales
mencionadas en el siguiente cuadro:
Número del expediente
Partes
Primera Instancia
Segunda Instancia
T-5.813.243
Sandro
Enrique Solano Castro contra Liberty Seguros S.A. (en adelante Liberty
Seguros) y otro
Juzgado
Segundo Civil Municipal de Soledad (Atlántico)
Juzgado
Primero Civil del Circuito de Soledad (Atlántico)
T-5.896.487
Azael
de Jesús Zapata Arboleda contra Colmena Seguros S.A. (en adelante Colmena
Seguros) y otro
Juzgado
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de control de
Garantías de Bucaramanga
Juzgado
Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga
T-5.899.741
Ledis
María Quintana Alandete contra Cooprodecol Ltda y Ace Seguros –ahora Chubb
Seguros Colombia S.A.– (en adelante Chubb Seguros)
Juzgado
Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja
Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja
T-5.900.024
Rosario
Adys Torres Cicery BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (en adelante BBVA
Seguros) y otro
Juzgado
Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá
No
se surtió
T-5.909.382
Miguel
Ángel Moreno de Arco contra Liberty Seguros
Juzgado
Décimo Civil Municipal de Cartagena
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena
T-5.910.099
Jheen
Amanda Narváez contra la Compañía de Seguros Bolívar S.A. (en adelante
Seguros Bolívar)
Juzgado
Promiscuo Municipal de Sandoná
No
se surtió
T-5.919.123
María
del Pilar Medina Chaparro, actuando como agente oficioso de José Edith Mesa
Aricapa, contra Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (en adelante Mapfre
Seguros) y otro
Juzgado
Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva
Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Neiva
I.
COMPETENCIA Y EXPLICACIÓN METODOLÓGICA
Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas en las acciones de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El
expediente T-5.813.243 fue insistido por la Procuraduría General de la Nación y
por Auto de la Sala de Selección Número Doce del 14 de diciembre de 2016, se
dispuso su selección y acumulación con los siguientes procesos: T-5.896.487,
T-5.899.741, T-5.909.382,  T-5.900.024, T-5.909.382, T-5.910.099 y T-5.919.123.
Según
se observa, la materia objeto de controversia corresponde a un total de siete (7)
casos de tutela acumulados, los cuales comprenden discusiones de distinta índole
respecto del reconocimiento de derechos económicos derivados de contratos de
seguro. Por tal razón, en esta providencia, se adoptará en el esquema
metodológico que se menciona a continuación. En primer lugar, se harán los
pronunciamientos relacionados con los requisitos de procedencia y se verificará
su cumplimiento respecto de cada proceso, excepto en lo referente al principio de
subsidiariedad. En segundo lugar, se estudiará si se satisfacen las reglas que determinan
la observancia del citado principio, a partir de su articulación con los temas
de fondo propuestos,
los cuales corresponden a la relación de aseguramiento y al fenómeno de la
reticencia. Finalmente, frente a cada
caso en concreto, se adoptará una decisión con base en los hechos relevantes
que fueron debidamente acreditados.
II.
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
2.1. De la legitimación por activa
2.1.1. Toda persona
puede encausar una acción de tutela, ya sea directamente o por interpuesta
persona, con miras a asegurar la protección de sus derechos fundamentales[1].
Esta última posibilidad admite diferentes escenarios de actuación, como lo son
el ejercicio de la acción a través de la agencia oficiosa, del representante legal,
de un apoderado judicial o de las atribuciones especiales que se otorgan a la
Defensoría del Pueblo.
De
manera reiterada, este Tribunal ha señalado que para que proceda la agencia
oficiosa en materia de tutela, es necesario que (i) se manifieste
explícitamente que está actuando en tal condición, y (ii) que se demuestre que
la persona titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra
imposibilitada para promover su propia defensa, ya sea por incapacidad física o
mental, o por la existencia de un obstáculo insuperable para promover la acción[2].
En todo caso, es preciso señalar que, en relación con
el primer requisito, la jurisprudencia de la Corte ha flexibilizado su examen,
bajo el entendido que se acepta la legitimación, siempre que de los hechos y de
las pretensiones se haga evidente que el agente actúa como tal. Así las cosas,
si existe manifestación expresa del agente o si de los hechos se torna
irrefutable que obra en dicha condición, el juez de tutela deberá analizar el
cumplimiento del segundo requisito y determinar, si en el caso bajo estudio,
las circunstancias concretas le impiden al titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados actuar por sí mismo.
2.1.2.
Finalmente, cuando
el amparo se ejerce mediante un apoderado judicial se deberá anexar poder
especial, el cual se presumirá auténtico, en concordancia con lo previsto en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[3].
Sobre este punto, en el año 2002, este Tribunal especificó cuáles son los requisitos
que se deben acreditar para que un poder permita la actuación de una persona a
nombre otra por vía de la acción de tutela. Al respecto, se dijo que: “(i) [el apoderamiento
es] un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) [Dicho
acto se concreta en un] poder que se presume auténtico[4]. (iii)
El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial.[5]
En este sentido, (iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa
de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido[6]
para la promoción[7]
de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan
origen[8]
en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apodera-miento sólo
puede ser un profesional del derecho[9]
habilitado con tarjeta profesional[10].”
(Subrayas fuera del texto original).
2.1.3.
De acuerdo con lo anterior, esta Sala procederá a examinar si se cumple o no
con el requisito de la legitimación por activa, en concreto, respecto de quienes
ejercieron las acciones de tutela analizadas en los casos sometidos a revisión.
2.1.3.1.
En cuanto a los siguientes accionantes, se encuentra satisfecho el cita-do
requisito, en la medida en que promovieron las acciones de amparo directa-mente
y en defensa de sus propios derechos:
Número de expediente
Accionante
T-5.813.243
Sandro Enrique Solano Castro
T-5.896.487
Azael de Jesús Zapata Arboleda
T-5.899.741
Ledis María Quintana Alandete
T-5.900.024
Rosario Adys Torres Cicery
T-5.509.382
Miguel Ángel Moreno de Arco
2.1.3.2.
Por su parte, la señora María del Pilar Medina Chaparro se encuentra legitimada
para actuar dentro del expediente T-5.919.123, como agente oficiosa de su
esposo, el señor José Edith Mesa Aricapa, con fundamento
en el delicado estado de salud que se declara en la acción de tutela, derivado
del trastorno
de estrés postraumático y de la esquizofrenia paranoide que padece, los cuales,
según se afirma por la citada señora Medina Chaparro, le impiden actuar de
forma directa, al no tener conciencia de la realidad.
A continuación, y por separado, se
analizará el expediente T-5.910.099, en el cual se habrá que determinar
si existe legitimación por activa de quien dice ser la representante judicial
de la señora Nubia Inés Cabrera Arcos.
2.1.3.3. Caso T-5.910.099,
acción de tutela interpuesta por la señora Jheen Amanda Narváez, como apoderada
judicial de Nubia Inés Cabrera Arcos, contra Seguros Bolívar
2.1.3.3.1. La señora Jheen
Amanda Narváez afirma actuar como apoderada judicial de la señora Nubia Inés
Cabrera Arcos. En el escrito de tutela, relata que su poderdante trabajó como
docente desde el 20 de agosto de 1978 hasta el 20 de enero de 2015, fecha en la
que se retiró del servicio por invalidez dictaminada por la Fiduprevisora S.A. Al
respecto, se observa que fue calificada con una pérdida del 97%
de la capacidad laboral, con fecha de estructuración del 24 de noviembre de
2014, con ocasión de una laringitis crónica posterior y disfonía hipertónica.
El último dictamen que se realizó fue del 11 de diciembre de 2015.
En términos generales, en la acción de tutela
se afirma que, el 1° de julio de 2006, la señora Cabrera Arcos adquirió una
póliza de seguro de vida educa-dores de Colombia con Seguros Bolívar por valor
de $ 70.000.000 millones de pesos. Tal monto se aumentó en mayo de 2010, en la
suma de $ 100.000.000 millones de pesos.
En el mes de abril de 2015, se solicitó
el pago del valor asegurado por la causal denominada “incapacidad total y
permanente”. Dicha petición fue resuelta negativamente por Seguros Bolívar,
con el argumento de que, con base en la historia clínica, se advirtió que la
enfermedad por la que se reclama el amparo, tan solo produce una incapacidad
parcial y no total para desempeñar una labor remunerativa.
Por lo demás, se alega que la señora
Cabrera Arcos se encuentra en estado de vulnerabilidad, pues tiene una pérdida
de capacidad laboral que le impide realizar cualquier otra labor y con su
pensión debe sostener a su hija, quien adelanta estudios en la Universidad del
Valle. Incluso, se dice que tiene a su cargo el pago de obligaciones personales
y crediticias, como una constituida con el Banco BBVA por $ 58.833.550 y otra
por $ 21.526.143.
2.1.3.3.2. Con
fundamento en lo anterior, se pide que se otorgue el amparo, ya que es el
mecanismo más ágil y efectivo para la satisfacción de su pretensión. Además, se
sostiene que las razones de la aseguradora son inadmisibles, por cuanto la
señora Cabrera Arcos se capacitó para ser educadora y la docencia ha sido su
única y exclusiva actividad laboral, siendo su voz un instrumento fundamental
para comunicarse y para desempeñar cualquier actividad laboral.
En este sentido, se reclama la
protección de los derechos de la señora Cabrera Arcos a la vida digna, a la
igualdad, al mínimo vital, al debido proceso, a la integridad física y moral, a
la seguridad social, a la protección y asistencia de las personas con
discapacidad y en condición de vulnerabilidad y el derecho a la subsistencia en
condiciones dignas, los cuales estima vulnerados, con la decisión de Seguros
Bolívar de negar el pago de la suma asegurada. En consecuencia, solicitó que se
ordene a la accionada efectuar el pago de la póliza por $ 100.000.000 millones
de pesos, a lo cual se debe agregar la suma de $ 3.000.000 millones por daño
emergente y los valores que se deriven a título de intereses moratorios.
2.1.3.3.3. El
representante de Seguros Bolívar intervino para solicitar que se declare la
improcedencia de la acción. Al respecto, mencionó que la señora Cabrera Arcos
cuenta con otro medio de defensa judicial y que la tutela no puede utilizarse
para dirimir controversias contractuales, cuando de por medio no se advierte la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Por otro lado, manifestó que
actuó de conformidad con las cláusulas del contrato, las cuales, imponen que, para
que surja la obligación de otorgar la prestación asegurada, debe tratarse de
una lesión orgánica o alteración funcional, que le impida de por vida al
asegurado desempeñar cualquier trabajo remunerativo, lo cual no ocurrió en este
caso.
2.1.3.3.4. La apoderada
del departamento de Nariño solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción[11],
por cuanto dicha entidad no es la encargada de intervenir en la decisión de
otorgar o no el pago derivado del contrato de seguro, ya que es un asunto que
le compete exclusivamente a Seguros Bolívar.
2.1.3.3.5. Como prueba
relevante se aportó al expediente copia de un poder otorgado por la accionante
a la abogada Jheen Amanda Narváez, para presentar: “[Un] proceso civil
ordinario de responsabilidad civil contractual en contra de la COMPAÑÍA DE
SEGUROS BOLÍVAR S.A., (…) la presente acción busca que se ordene a la
compañía accionada [que] efectué el reconocimiento y pago de mi póliza de
seguro Número GR-6880 y demás anexos, la cual fue negada sin justificación
legal”[12].
El poder aparece presentado el 8 de septiembre de 2015 ante el Juez Civil del
Circuito de Pasto.
2.1.3.3.6. En sentencia
del 5 de agosto de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sandoná, en única
instancia, declaró la improcedencia de la acción. En primer lugar, encontró que,
en el caso sub-judice, no se cumplió con el requisito de legitimación en
la causa por activa, pues en el expediente no obra poder para actuar en
representación judicial de la señora Nubia Inés Cabrera Arcos, dentro del trámite
del recurso de amparo que se invoca en esta oportunidad. Al respecto, aclaró
que el poder que obra en el plenario es para instaurar un proceso ordinario de
responsabilidad civil contractual contra Seguros Bolívar, de ahí que la
apoderada solamente estaba legitimada para actuar en la demanda ordinaria y no
por la vía de la acción de tutela. En segundo lugar, estimó que la actora
cuenta con la vía ordinaria para dirimir la controversia que somete a
consideración del juez. Al respecto, encontró que, de las pruebas obrantes en
el expediente, no se evidencia una situación apremiante para la accionante, si
se tiene en cuenta que recibe una mesada pensional y no se demostró un
perjuicio actual y concreto.
2.1.3.3.7. En el asunto sub-judice,
esta Sala considera que, al igual que lo decidió el juez de instancia, no se
cumple el requisito de legitimación por activa, en tanto el poder presentado
por la señora Jheen Amanda Narváez se otorgó para promover un proceso ordinario
de responsabilidad civil y no una acción de tutela, de manera que no se cumple con
el requisito de que se trate de un poder especial para la defensa de los
derechos fundamentales, como lo ha exigido de forma reiterada la jurisprudencia
esta Corporación, más aún cuando lo que subyace como fundamento de este proceso
es un conflicto contractual con una aseguradora. Cabe mencionar que, con esta
misma regla, se decidió por la Corte una tutela presentada por el abogado de la
parte civil en un proceso penal, que actuaba sin poder especial en el proceso
de amparo. Al respecto, se estimó que, el acto apoderamiento que reúne tal
condición para otro proceso, resulta insuficiente en materia de tutela[13].
2.1.3.3.8. Por las
razones expuestas, esta Sala confirmará la sentencia del 5 de agosto de 2016
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sandoná.
2.2. De la legitimación por
pasiva
2.2.2. Respecto de la legitimación
por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de
tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los
particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
En el asunto sub-judice,
es claro que las aseguradoras demandadas son particulares, por lo que resulta
necesario determinar si frente a dichas compañías se cumple con alguno de los
presupuestos que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela en
su contra. En este orden de ideas, tanto en el Texto Superior[14]
como en el Decreto 2591 de 1991[15],
se prevén las siguientes hipótesis de procedencia: (i) cuando el particular se
encuentra encargado de la prestación de un servicio público; (ii) cuando con su
conducta afecta de manera grave y directa el interés colectivo; o (iii) cuando
existe un estado de subordinación o indefensión entre el solicitante del amparo
y quien supuesta-mente incurrió en la violación de un derecho fundamental[16].
2.2.2.1. Sobre base de que las
reclamaciones realizadas en los expedientes acumulados corresponden a seguros
de personas[17],
vinculados, en general, con la ocurrencia de pérdidas de capacidad laboral, es
indiscutible que las dos primeras hipótesis de procedencia de la acción de
tutela contra particulares no se presentan en las cuestiones bajo examen. Ello
es así, por una parte, porque no existe una afectación al interés colectivo,
pues todas son reclamaciones de carácter individual; y por la otra, porque de
conformidad con el artículo 335 de la Constitución, si bien la actividad
aseguradora es de interés público, ello no implica que pueda ser categorizada
necesariamente como un servicio público, ya que las pólizas que en esta
oportunidad se reclaman no corresponde a una actividad que debe ser prestada de
forma regular, permanente y continua[18],
sino al objeto de varios contratos dirigidos a amparar la ocurrencia de un
siniestro específico[19].
Por ello, es preciso establecer si en los asuntos objeto de estudio, se
materializa la tercera posibilidad que le otorga viabilidad procesal a la
acción de tutela, esto es, que los actores se encuentren en un estado de
subordinación o indefensión respecto de quienes supuestamente incurrieron en
una transgresión de sus derechos ius fundamentales.
2.2.2.2. Como lo ha sostenido
este Tribunal, en el caso de las relaciones que surgen del contrato de seguro
se presenta un desequilibrio natural, por virtud del cual el cliente o usuario
se encuentra, por regla general, en una posición de disparidad económica e
inferioridad frente a las empresas con las cuales contrata sus servicios.
Precisamente, a través de la suscripción de contratos de adhesión, son estas
últimas las que fijan el valor de las primas, el monto de los deducibles, el
régimen de garantías y las exclusiones que niegan el pago del riesgo asegurado.
Esta situación se traduce en una posición dominante de las citadas empresas
frente a sus usuarios[20],
cuyas actuaciones son objeto de control, de modo habitual, a través del marco
regulatorio que rige la actividad aseguradora y mediante la supervisión
permanente que frente a dichas compañías se ejerce por el Estado.
Ahora bien, en ciertos casos, la
posición dominante que ejercen las empresas aseguradoras sobre sus usuarios
conduce a que las primeras esquiven o dilaten la satisfacción de sus
compromisos, en contra de un interés asegurado que, a partir de las
características que le son propias, puede conducir a la afectación cierta y
directa de derechos fundamentales como el mínimo vital y la salud, e incluso, en
situaciones especiales, la vivienda digna.
En este orden de ideas, si bien
es cierto que un contrato comercial de seguro no tiene por objeto salvaguardar
las condiciones de subsistencia de una persona y de su hogar, a diferencia de
lo que ocurre con las prestaciones que se derivan del Sistema Integral de
Seguridad Social o de los programas de asistencia que brinda el Estado, no deja
de ser una realidad que los seguros de personas se explican como una
forma de amparar las contingencias que puedan afectar a la persona o a su
núcleo cercano, con ocasión de la muerte, la invalidez, los accidentes o las
enfermedades graves, de suerte que, en algunos casos, de no ser por la
existencia del seguro, cuando ocurre el sinestro, el asegurado o sus
beneficiarios estarían en incapacidad de asumir los gastos básicos de
subsistencia que se originan con la vida o de cumplir con sus compromisos
económicos, por ejemplo, los derivados de un crédito, de una obligación civil o
de una decisión judicial, a menos que se ponga en peligro su derecho al mínimo
vital.
Esta última circunstancia es la
que advierte en los casos sometidos a decisión, pues se aprecia que los seguros
de personas contratados no buscan servir como un instrumento para otorgar
recursos adicionales a quienes ya los tienen, sino como un elemento específicamente
dirigido a compensar el perjuicio derivado de la imposibilidad de continuar sufragando
las deudas adquiridas antes de que sobreviniera la invalidez o la muerte del
obligado.
Precisamente, en los casos en que
se trata de invalidez del obligado (expedientes T-5.813.243, T-5.899.741,
T-5.509.382
y T-5.919.123) o de su muerte (expedientes T-5.896.487 y
T-5.900.024), se cumple con el requisito de legitimación por
pasiva, pues en todos ellos, de los relatos de los accionantes, se infiere su
posición de indefensión frente al comportamiento de la aseguradora, lo cual
pone en riesgo, básicamente, según se afirma, sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna, comoquiera que en cada uno de ellos se alegan
circunstancias particulares y específicas que, al parecer, afectan la
estabilidad económica de los núcleos familiares, respecto de las deudas que tenía
que asumir la aseguradora en virtud del contrato suscrito.
2.2.2. Así las cosas, esta Sala
considera que, en la totalidad de los casos sometidos a revisión, las entidades
demandadas se encuentran legitimadas por pasiva[21].
2.3. Del principio de inmediatez
2.3.1. Además de los requisitos
previamente expuestos, también se exige que la acción de tutela se interponga
dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se
generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza[22].
En criterio de este Tribunal, si con la
acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos
fundamentales, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco
de ocurrencia de la amenaza o violación de dichos derechos. Una actuación en
sentido contrario, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la
acción, pues cuando el accionante no actúa con prontitud en la solicitud del
amparo, se infiere que éste no requiere de una protección urgente, efectiva e
inmediata, más allá de que también pueda convertirse en un factor de
inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros[23].
2.3.2. En los siguientes casos, esta
Sala de Revisión considera que se cumple con el requisito de inmediatez, pues
en todos ellos transcurrieron no más de tres meses entre la última respuesta
negativa a la solicitud de pago del seguro y la interposición de la acción de
tutela, como se evidencia en el siguiente cuadro:
Expediente
Fecha de la última respuesta
Fecha de presentación de la
acción
T.-5.813.243
3 de marzo de 2016[24]
22 de abril de 2016
T-5.896.487
1 de agosto de 2016
4 de agosto de 2016
T-5.899.741
30 de marzo de 2016
16 de mayo de 2016
T-5.900.024
21 de julio de 2016
13 de octubre de 2016
T-5.909.382
14 de junio de 2016
26 de julio de 2016
Sin embargo, no ocurre lo mismo en el expediente
T-5.919.123, en el que la Sala deberá analizar si existe una justificación
razonable para que la tutela se interpusiera más de tres años después de la
negativa de la entidad demandada de pagar el seguro contratado.
2.3.3. Caso
T-5.919.123, acción de tutela interpuesta por María del Pilar Medina Chaparro,
como agente oficiosa del señor José Edith Mesa Aricapa,
contra Mapfre Seguros
2.3.3.1. La
señora María del Pilar Medina Chaparro señala que actúa como agente oficioso de
su esposo, quien, el 6 de mayo de 2009, solicitó al Banco CorpBanca un
crédito por $ 8.300.000, con un plazo para el pago de 60 meses. Como
antecedentes del caso, se expone que el señor Mesa Aricapa era soldado
profesional en la Quinta División de la Novena Brigada de Neiva y que, el 26 de
enero de 2009, en cumplimiento de una misión, sufrió un accidente que le dejó
secuelas en el oído derecho, trastorno postraumático y esquizofrenia paranoide,
por lo que el 19 de agosto de 2012 fue calificado con una pérdida de capacidad
laboral del 86.36% y fue declarado no apto para la actividad militar.
A lo anterior agrega que su esposo fue
pensionado por invalidez con una asignación de retiro del 75% de lo que
devengaba como soldado profesional, de manera que, actualmente, recibe un salario
mínimo, suma con la que debe pagar el canon de arrendamiento, los gastos de
cuatro hijos[25]
y la cuota del crédito. La señora Medina Chaparro manifiesta que no puede
trabajar, pues debe dedicarse al cuidado de su esposo y que él no puede cuidar de
sus hijos, porque tiene problemas mentales. Con ocasión del accidente reseñado,
se vieron obligación de acudir al Banco CorpBanca para solicitar una reestruc-turación
del crédito, lo que en efecto ocurrió. Sin embargo, aún con dicho beneficio, no
le es posible pagar las nuevas cuotas acordadas.
En la acción puntualiza que el crédito
que adquirió su esposo estaba asegurado con una póliza de Mapfre Seguros. No
obstante, al efectuar la reclamación, el 9 de febrero de 2012, la aseguradora le
negó el pago de la indemnización con fundamento en que el dictamen del Tribunal
Médico Militar no demostraba la incapacidad permanente que se requiere para que
opere el seguro, por lo que, aseveró, debieron pagar un dictamen de la Junta
Regional de Invalidez del Huila, que, el 31 de enero de 2013, dictaminó una
pérdida del 62.35% en su capacidad laboral.
Al presentar una nueva reclamación, en
comunicación del 4 de marzo de 2013, la aseguradora se mantuvo en su negativa
de pago, esta vez con fundamento en que para la fecha en que se desembolsó el
crédito, la estructuración de la invalidez ya había ocurrido.
2.3.3.2. Dentro del marco
señalado, la acción de tutela se invoca con el fin de obtener la protección de los
derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la
protección reforzada al trabajador disminuido física y sensorialmente, a la
salud y a la tranquilidad del señor José Edith Mesa Aricapa, los cuales se consideran
vulnerados por la decisión de Mapfre de negarse a pagar la póliza adquirida. En
consecuencia, se pide que se ordene a la aseguradora que pague al Banco
CorpBanca el saldo insoluto del crédito que el agenciado suscribió con dicha
entidad financiera y que se hagan las devoluciones de las sumas hasta el
momento canceladas.
2.3.3.3. En su
escrito de oposición a la demanda de tutela, la apoderada de Mapfre Seguros
solicita que se declare la improcedencia de la acción, pues no se agotó con los
mecanismos ordinarios que el actor tiene a su disposición para satisfacer lo
pretendido, inacción que, a pesar del tiempo transcurrido, tampoco se justificó.
Adicionalmente, se sostiene que, en este caso, no existe la obligación de pagar
la póliza adquirida, ya que la fecha de estructuración de la invalidez del
señor Mesa Aricapa fue el 9 de abril de 2010 y la vigencia de la póliza inició
el 11 de febrero de 2011, de manera que el evento se encuentra por fuera de su
cobertura.
2.3.3.4.
Por su parte, el
Banco CorpBanca expuso que el accionante obtuvo un crédito de libranza en mayo
de 2009 por valor de $ 8.300.000, obligación que presentó un incumplimiento
reiterado, que motivó la suscripción de una fórmula de reestructuración. Después
del último acuerdo suscrito entre las partes, el señor Mesa Aricapa quedó con
dos obligaciones vigentes que se encuentran en cartera castigada, pues
presentan una mora de 282 y 928 días. En cuanto al fondo del asunto, sostiene
que el banco es sólo un intermediario en el contrato de seguro, pues por
mandato legal no puede asumir la cobertura de riesgos, de suerte que cualquier
reclamación debe realizarse de forma exclusiva a la compañía Mapfre Seguros.
A pesar de lo anterior, considera que la
acción de tutela en este caso es improcedente, por una parte, porque el
accionante recibió respuesta negativa por parte de la aseguradora desde el año
2012 y sólo hasta el año 2016 acudió ante el juez constitucional, de manera que
no se cumple con el requisito de inmediatez; y por la otra, porque las
pretensiones que se alegan son mera-mente económicas, para cuya satisfacción
están los medios ordinarios de defensa judicial. Incluso, afirma que desde hace
más de un año no se han efectuado descuentos que afecten las mesadas
pensionales del accionante, con miras a hacer efectivo el pago de las
obligaciones vigentes.
2.3.3.5.
Como
pruebas relevantes se aportaron al proceso: (i) copia del acta de
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. 866 MDNSG-TML-2.25
del 19 de agosto de 2012, en la que se decide que el accionante es no apto para
actividad militar y que presenta una disminución de la capacidad laboral del
86.36% por lesiones ocasionadas en combate; (ii) informe administrativo
elaborado el 3 de febrero de 2009 por la Novena Brigada de la Quinta División
del Ejército Nacional, en el que se menciona que el día 26 de enero del año en
cita, el señor Mesa Aricapa sufrió un accidente en servicio cayendo en un campo
minado; y (iii) dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Huila notificado el 31 de enero de 2013, en el que se dictamina que el actor
tiene una pérdida de capacidad laboral del 62.35%, con fecha de estructuración
del 9 de abril de 2010, por esquizofrenia paranoide.
2.3.3.6.
Con
base en los anteriores hechos, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Neiva, en sentencia del 27 de mayo de 2016, decidió declarar
la improcedencia de la acción. Al respecto, señaló que el objeto de la
controversia es contractual y el asunto debatido es de contenido puramente
económico. Adujo que, en este caso, no se observa la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues en la actualidad no se le está haciendo ningún descuento al
accionante en su mesada pensional, cuyo valor asciende a la suma de $ 890.000
pesos. Por último, mencionó que no se cumple con el principio de inmediatez,
pues el hecho generador de la presunta vulneración ocurrió en el año 2012,
cuando le fue comunicada la negativa de hacer efectiva la póliza y la acción de
tutela se presentó cuatro años después.
2.3.3.7.
En
escrito del 7 de junio de 2016, la parte accionante solicitó que se revocara el
fallo de primera instancia. A su juicio, el juzgado desconoció que se trata de
los derechos de una persona disminuida psíquica y físicamente, de manera que no
analizó siquiera si había afectación al derecho a la tranquilidad de su esposo,
el cual se altera cuando se realizan constantes llamadas telefónicas por parte
del banco recordándole que debe pagar su deuda. Por otro lado, aseveró que el
crédito fue adquirido por su cónyuge antes de que cayera en el campo minado, lo
que ocurre es que posteriormente este fue reestructurado. Sostuvo, además, que
está en imposibilidad económica de asumir el costo de un proceso civil, el
cual, por lo demás, puede demorar años.
2.3.3.8.
El
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Neiva, en
sentencia del 13 de julio de 2016, decidió confirmar la decisión del a-quo.
Al respecto, mencionó que la relación del señor Mesa Aricapa con Mapfre Seguros
es de naturaleza contractual, por lo que una discusión sobre su alcance, debe
ser conocida por el juez ordinario. En cuanto a la afectación del derecho
fundamental al mínimo vital, encontró que no se acreditó un detrimento
patrimonial por el pago de las cuotas pendientes del crédito, por el contrario,
el banco no le está realizando ningún descuento a su pensión.
Por último, al igual que el a-quo,
afirmó que no se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues desde el
año 2012 le fue comunicada la negativa de hacer efectiva la póliza de seguros y
sólo acudió a la acción de tutela cuatro años después.
2.3.3.9.
En
sede de revisión, en Auto del 18 de abril de 2017, se ofició a Mapfre Seguros
para que aportara copia de la póliza de seguro del señor José Edith Mesa
Aricapa y de la objeción a la reclamación. En escrito del 2 de mayo del año en
cita, el representante legal de la aseguradora, informó que no tiene un
certificado individual o caratula de la póliza del accionante, pues se trata de
un seguro de grupo deudores, en el que el banco les envía un listado en Excel
de los tomadores del seguro. Sin embargo, aportó las dos objeciones a las
reclamaciones presentadas por el señor Mesa Aricapa. La primera de ellas del 9
de febrero de 2012, en la que le informan que es necesario que allegue un
certificado de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, ya que el acta
del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía no es un documento
admitido para demostrar la invalidez, según lo previsto en el contrato de
seguro. Al tiempo que, en la segunda respuesta, del 4 de marzo de 2013, se
aclara que, una vez revisado con más detenimiento el caso, se aprecia que la
fecha de entrada en vigencia de la póliza del accionante fue el 11 de febrero
de 2011 y el momento en que se estructuró la invalidez fue el 9 de abril de
2010, según el acta de la Junta Regional de Invalidez, de manera que se trata
de un hecho acaecido fuera de la vigencia de la póliza, lo que hace imposible
efectuar el pago de la prestación asegurada.
2.3.3.10.
En
auto de la misma fecha, se solicitó a la parte actora que informara si son
propietarios de bienes inmuebles y cuáles son los ingresos del núcleo familiar,
indicando el monto de la pensión del señor Mesa Aricapa y la fecha desde la
cual la recibe. También se debía agregar si dicho núcleo está afiliado al
sistema general de seguridad social en salud en el régimen contributivo, caso
en el cual se debía indicar el ingreso base de cotización. En oficio del 22 de
mayo de 2017, la Secretaría General de esta Corporación indicó que no se
recibió respuesta y que la comunicación llegó con la anotación “cerrado”,
por parte del servicio postal.
2.3.3.11.
En
el asunto bajo examen, la Sala debe examinar si está acreditado el cumplimiento
del requisito de inmediatez, pues como se pone de presente en el relato de los
hechos y al analizar las pruebas obrantes en el expediente, la última negativa
de la aseguradora Mapfre fue del 4 de marzo de 2013 y la acción de tutela se
interpuso más de tres años después, esto es, el 13 de mayo de 2016.
En efecto, para determinar la
razonabilidad del tiempo, en procura de establecer si existe o no una tardanza
injustificada e irrazonable, este Tribunal ha trazado las siguientes subreglas:
(i) que exista un motivo válido para la inactividad del actor; (ii) que la misma
no vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión o bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia (v.gr. la
seguridad jurídica); y (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos del interesado.
Cabe advertir que la persona que actúa
en calidad de agente oficioso, en el escrito de impugnación respecto de la
decisión adoptada por el juez de primera instancia, no justifica razonablemente
el porqué del tiempo transcurrido entre la negativa de la aseguradora y la
presentación de la acción, ya que sólo sostiene que, recientemente, ella como
su esposo han recibido llamadas y mensajes de parte del Banco que otorgó el
crédito, sin que ello genere un nexo causal que explique el ejercicio tardío de
la acción de tutela, pues el amparo no se justifica por la actuación dicha
entidad crediticia, sino por la supuesta falta de reconocimiento de una póliza
de seguro suscrita con la compañía Mapfre Seguros, frente a la cual –como
previamente se mencionó– está dirigida la pretensión tutelar.
Así las cosas, se tiene que, en el
expediente de la referencia, tanto el actor como su agente oficioso, conocieron
de la última negativa de la aseguradora el día 4 de marzo de 2013, es decir que,
para el momento de presentación de la acción de tutela, habían transcurrido más
de tres años, por lo que resulta imperativo declarar la improcedencia de la
acción, por
la falta de acreditación del principio de inmediatez.
2.3.3.12. Con base en lo anterior, se confirmará en
el proceso T-5.919.123 lo resuelto por
el juez de segunda instancia, que a su vez confirmó lo decidido por el a-quo,
en el sentido de que la tutela resulta improcedente, entre otras razones, por
el incumplimiento del mencionado principio.
2.4. De la
procedencia de la acción de tutela para dirimir controversias surgidas con
ocasión del contrato de seguro. Del principio de subsidiaridad del amparo
constitucional
2.4.1.
El precitado artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable[26].
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo
de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de
que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios
para asegurar su protección”[27].
El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios constitucionales
de independencia y autonomía de la actividad judicial.
No
obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia
de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a
prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente idóneos
para otorgar un amparo integral, o no son lo adecuadamente expeditos para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así
lo sostuvo la Corte en la Sentencia SU-961 de 1999[28],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar
si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien
la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento
de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía
ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes no sean
susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en la cual
es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de
protección definitiva de los derechos fundamentales[29].
En
relación con el primer supuesto, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando se presenta una situación de amenaza
de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda
generar un daño irreversible[30].
Este amparo es eminentemente temporal, como lo dispone el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso
anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado”[31].
En
cuanto al segundo evento, se entiende que el mecanismo ordinario previsto por
el ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo, cuando, por
ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no
ofrece una solución integral frente al derecho comprometido. En este sentido,
esta Corporación ha dicho que: “el requisito de la idoneidad ha sido
interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal[32].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[33].
Finalmente,
reitera la Sala que, en atención a la naturaleza eminentemente subsidiaria de
la acción de tutela, esta Corporación también ha establecido que la misma no
está llamada a prosperar cuando a través de ella se pretenden sustituir los
medios ordinarios de defensa judicial[34].
Al respecto, la Corte ha señalado que: “no es propio de la acción de tutela el
[de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitucionales fundamentales”[35].
2.4.2.
Ahora bien, en tratándose de controversias relacionadas con contratos de
seguros, este Tribunal ha sostenido que dichos conflictos, en principio, deben
ser resueltos ante la jurisdicción ordinaria civil, en tanto el legislador
previó la posibilidad de acudir a varias clases de procesos para solucionarlos,
los cuales se encuentran básicamente previstos en el Código General del Proceso
y dependen del tipo de controversia originada en la relación de aseguramiento[36].
Ellos se caracterizan por contemplar instrumentos y herramientas para que los
interesados tengan la oportunidad de reclamar sus derechos y, si es del caso,
formular oposiciones frente a las actuaciones de las partes involucradas en el
negocio jurídico objeto de la litis. Por lo demás, en dichas vías se
otorgan amplias oportunidades para solicitar o controvertir pruebas y si se
considera necesario interponer recursos.
Ante
esta realidad, la jurisprudencia reiterada de la Corte ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre
controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo,
(i) se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto
de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con
una considerable pérdida de su capacidad laboral y que, además, no tienen
ningún tipo de ingreso; o (ii) también en aquellos casos en que por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten a la
aseguradora, a pesar de la clara e inequívoca demostración del derecho
reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del reclamante.
La
línea previamente expuesta se reiteró por la Sala Tercera de Revisión[37],
al conocer del caso de una persona con cirrosis por hepatitis autoinmune, con
un 59.45% de pérdida de capacidad laboral, madre de dos menores de edad, a
quien se le inició un proceso jurídico para el cobro de las cuotas dejadas de cancelar
por un crédito hipotecario. Al momento de pronunciarse sobre el caso sometido a
decisión, esta Sala consideró que la acción de tutela era el mecanismo idóneo
para solucionar el conflicto planteado, en la medida en que la controversia
tenía efecto directo sobre los derechos fundamentales a la vida digna y al
mínimo vital de la accionante, cuyas condiciones particulares le dificultaban
acudir a las vías ordinarias previamente expuestas. Concretamente se estableció
que:
“Con
base en lo anterior, en el asunto sub examine, la Corte observa que la
acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo de protección, pues la
controversia que se plantea tiene un efecto directo sobre los derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, pues la condición física
que padece la accionante le impide continuar trabajando y, por ende, obtener
los recursos necesarios para cancelar las cuotas correspondientes al crédito de
vivienda, frente a las cuales ya existe un proceso judicial en curso en el que
se pretende hacer efectiva su garantía hipotecaria, así como asegurar su
congrua subsistencia y la de sus menores hijos.”[38]
Además
de las hipótesis previamente expuestas, (iii) la Corte también ha decidido
estudiar de fondo los casos en los que se encuentra de por medio una
controversia originada en un contrato de seguros, cuando se evidencia que más
allá de la disputa económica que le sirve de origen y que puede impactar en los
derechos al mínimo vital y a la vida digna, existe un problema de naturaleza
constitucional que debe ser estudiado por el juez de tutela, vinculado con
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso[39]
o a la salud[40].
Así,
por ejemplo, la Corte ha otorgado el amparo en los siguientes tipos de casos:
(a)
Cuando las compañías de seguros niegan el pago de la prestación asegurada por
contabilizar el tiempo de la prescripción desde un momento diferente de aquél
que dispone la ley. Al respecto, en la Sentencia T-309A de 2013[41],
la Corte conoció de un caso en el que una aseguradora se negó a reconocer una
póliza al contar los términos de prescripción desde la fecha de estructuración
de la invalidez y no desde el momento en que se profirió el dictamen de pérdida
de capacidad laboral. Para este Tribunal, en el asunto sub-judice, la
aseguradora desconoció el principio de la buena fe, ya que cuanto se estructuró
la invalidez el accionante no conocía su condición invalidante[42].
En este mismo sentido se pronunció la Sala Tercera de Revisión en la Sentencia
T-557 de 2013[43],
en un caso en que una
aseguradora negó el pago del seguro, con fundamento en las mismas razones
previamente expuestas.
(b)
Cuando en el contrato de seguro existen cláusulas ambiguas y éstas son
interpretadas por la aseguradora en contra del reclamante de la póliza. Así,
por ejemplo, cuando en el clausulado no existe un parámetro claro para definir
el grado de incapacidad o invalidez del tomador para que se constituya el
riesgo, esta Corporación ha considerado que deberá garantizarse como mínimo el
estándar del régimen de seguridad social en pensiones, esto es, que la incapacidad
supere el 50%[44].
(c)
Cuando en materia de seguros de salud, si antes de suscribir un contrato de
medicina prepagada o un contrato de seguro médico, la compañía no practica el
examen de ingreso, caso en el cual no puede abstenerse de prestar o cubrir un
servicio que no aparece expresamente excluido del negocio jurídico, teniendo en
cuenta la naturaleza del riesgo que ampara y su pericia en dicha materia[45].
Para que este deber resulte exigible a las aseguradoras, cabe aclarar que es
indispensable que en el cuestionario en el que se determinen las condiciones de
asegurabilidad, el tomador manifieste en su declaración, ante una pregunta
específica, que padece algún tipo de enfermedad, pues en activa-ción del
principio de la buena fe, se entiende que el silencio de las compañías sobre el
alcance de las coberturas envuelve su decisión de allanarse a asumir aquellos
riesgos que, una vez conocidos, no hayan sido expresamente excluidos[46].
En efecto, ante el conocimiento del estado de salud del tomador (asegurado), es
innegable que las compañías tienen la posibilidad de realizarle algún tipo de
examen médico o de revisar su historia clínica, con el objeto de determinar si
se celebra o no el negocio jurídico o si hace necesario estipular unas
condiciones contractuales distintas y más onerosas. De no ocurrir lo anterior,
como ya se dijo y lo ha sostenido la Corte, se concluye que no es posible
alegar exclusiones o preexistencias distintas a aquellas que aparezcan
explícitamente contenidas en el acto o contrato.
Por
el contrario, si el tomador no suministra la información requerida en el
cuestionario propuesto, es claro que la compañía de seguros está autorizada
para calificar el estado del riesgo a partir de la declaración realizada, sin
tener que realizar exámenes médicos o revisar la historia clínica, escenario en
el cual, de presentarse una inexactitud frente a la realidad, se podría estar en
presencia de una hipótesis de reticencia, uno de cuyos efectos es el de generar
la nulidad relativa del contrato de seguro, como más adelante se explicará.
2.4.3.
Ahora bien, en el caso de los seguros de vida o de daños, la relación de
aseguramiento se guía por el principio de autonomía de la voluntad privada, lo
que exige verificar que se cumpla con el clausulado acordado por las partes,
sin que quepa imponer límites adicionales a los contenidos en la ley. Así, por
ejemplo, en el caso específico de los seguros de vida, salvo pacto en
contrario, deberá atenderse a la disposición contenida en el artículo 1158 del
Código de Comercio que en su tenor literal dispone: “Aunque el
asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá
considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 [obligación
de veracidad en la declaración del tomador sobre el estado del riesgo], ni
de las sanciones a que su infracción de lugar”[47].
De
acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad privada, obsérvese como la
norma en cita permite disponer sobre la exigibilidad del examen médico para la
celebración del contrato de seguro de vida. Dicha autorización legal se explica
si se tiene en cuenta que una de las características principales del contrato
de seguro es la de ser un negocio fundado en el principio de la máxima buena fe
(uberrimae bona fidei), según el cual las partes han de obrar lealmente durante
las fases precontractual, contractual y poscontractual para cumplir a cabalidad
con el objeto perseguido mediante la celebración del negocio jurídico[48].
Precisamente,
entre otros momentos, dicha buena fe se manifiesta cuando el tomador
(asegurado) se allana a contratar un seguro y declara el estado del riesgo que
sólo él conoce íntegramente, para que conforme a esa información se determine
por la aseguradora si hay lugar a establecer condiciones más onerosas o,
incluso, en casos extremos, para que decida no contratar, siempre que no se
incurra en un abuso de la posición dominante que implique la violación de
derechos fundamentales[49].
De suerte que, si se desdibuja la obligación de declarar sinceramente el estado
del riesgo, exigiendo siempre –a pesar del mandato legal previamente transcrito–
la carga de realizar un examen médico y, por ende, de asumir los siniestros por
enfermedades no declaradas, se estaría desconociendo el citado principio que
debe regir la actuación de los contratantes, dando lugar a una relación minada
por la desconfianza y por la necesidad de descubrir aquello que la otra parte
no está interesada en dar a conocer[50].
En
este mismo sentido se ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia,
al advertir que:
“No
puede, entonces, endilgarse que el profesionalismo que requiere la actividad
aseguradora, de entrada, exige el agotamiento previo de todos los medios a su
alcance para constatar cuál es el «estado del riesgo» al instante en que se
asume, como si fuera de su exclusivo cargo, so pena de que la inactividad
derive en una «renuncia» a la «nulidad relativa por reticencia».
Esto
por cuanto, se reitera, el tomador está compelido a «declarar sinceramente los
hechos o circunstancias» que lo determinan y los efectos adversos por
inexactitud se reducen si hay «error inculpable» o se desvanecen por inadvertir
el asegurador las serias señales de alerta sobre inconsistencias en lo que
aquel reporta.”[51]
2.4.4.
Adicional a lo expuesto, si bien algunas Salas de Revisión se han pronunciado de
fondo en casos en los cuales las aseguradoras alegan reticencias para negar el
pago de pólizas[52],
lo cierto es que en dichos casos siempre se ha preservado la regla sobre la
procedencia excepcional de la tutela, vinculada con la necesidad de resolver un
problema de naturaleza constitucional, por lo general en el ámbito del amparo
de
los derechos al mínimo vital, a la salud o a la vida digna.
Para
esta Sala de Revisión, la consideración sobre la procedencia excepcional del
amparo constitucional en casos de reticencia tiene especial importancia, si se
tiene en cuenta que la ocurrencia del citado fenómeno se vincula con la inexactitud
en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el
contrato, básicamente por desconocer los mandatos del principio de la buena fe
y no declarar “sinceramente” los hechos o circunstancias que determinan
el estado de riesgo, generando una distorsión en el carácter
aleatorio que identifica al contrato de seguro. Por ello, desde la doctrina, se
ha señalado que la reticencia consagrada en el artículo 1058 del Código de
Comercio, se fundamenta en dos características esenciales: (i) el principio de
extrema buena fe[53]
y (ii) la necesidad de proteger la naturaleza aleatoria del contrato de seguro.
En
otras palabras, este negocio jurídico se estructura sobre la ocurrencia de un
riesgo, que puede o no suceder, a partir del cual la aseguradora se obliga a
asumir el cumplimiento de una determinada prestación (v.gr. cancelar una suma
de dinero). En tal virtud, la etapa precontractual juega un papel esencial en
la determinación del objeto y costo del contrato, toda vez que es el momento en
el que el tomador de la póliza pondrá en conocimiento del asegurador el estado
del riesgo que se pretende garantizar y, a su vez, éste podrá calcular el valor
de prima. Ello supone necesariamente un deber cualificado de información en el
tomador, consistente en poner de presente todas aquellas circunstancias de su
vida cotidiana que podrían impactar en el estado del riesgo, con el propósito
no sólo de que la aseguradora pueda realizar una apreciación sincera y real
sobre la probabilidad de ocurrencia del siniestro, sino también sobre la
capacidad para asumir su pago a partir del monto total de coberturas preexistentes;
lo cual, en concordancia con el principio de la buena fe, busca asegurar la
integridad, exactitud y libertad del consentimiento proferido por las partes de
la relación contractual[54].
Por esta razón, es que la jurisprudencia constitucional ha admitido que el
principio de la buena fe es parte esencial e intrínseca del contrato de seguro[55]
y que, al preverse, como efecto principal de la reticencia, la nulidad relativa
del contrato, el legislador no hace nada distinto a sancionar “la mala fe en el
comportamiento del declarante”[56].
Ahora
bien, como en muchas ocasiones se torna difícil para el tomador determinar la
relevancia de ciertas circunstancias de su vida personal y cotidiana para que
la aseguradora pueda establecer con certeza el estado del riesgo, se ha
admitido que es a las compañías del sector a las que les corresponde, como ya
se mencionó, aclararle al tomador sobre los aspectos que debe informar,
utilizando, para tal efecto, diferentes metodologías. Precisamente, es normal
que las empresas de seguros adopten cuestionarios con preguntas específicas que
integran lo que se conoce como la declaración del estado del riesgo.
Bajo
este panorama, el fenómeno de la reticencia pretende evitar el desequilibrio
contractual que podría derivarse de la omisión de la información brindada por
el tomador, respecto del estado del riesgo a asegurar. Es por ello que, siempre
que en el cuestionario dispuesto para el efecto, se incurra en una inexactitud
sobre los hechos o circunstancias que, “conocidas por el asegurador, lo
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones
más onerosas”[57],
se produce la nulidad relativa del seguro[58].
A
pesar de ello, en caso de que se decida no hacer uso de un cuestionario, el
régimen sustancial igualmente sanciona con nulidad relativa el contrato, cuando
la reticencia o inexactitud en la información que se otorga, se refiere a “hechos
o circunstancias que impliquen [la] agravación objetiva del estado del riesgo”,
siempre que en tal proceder medie la culpa del tomador.
Como
excepciones al mecanismo correctivo de la anulación, por una parte, se dispone
los casos en que la inexactitud o reticencia proviene de un error inculpable
del tomador, hipótesis en la cual “el asegurador sólo estará obligado, [de
producirse] el siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada,
equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente
respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo,
excepto lo previsto en el artículo 1160” del Código de Comercio[59];
y por la otra, cuando se logra acreditar que el asegurador, antes de celebrar
el contrato, “ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre
[los] que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato,
se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”[60],
circunstancias en las cuales no cabe la imposición de ninguna sanción.
En
todo caso, en criterio de la Corte, cabe aclarar que la nulidad relativa del
contrato pretende castigar la mala fe en el comportamiento del tomador, motivo
por el cual la relación contractual no podrá ser declarada nula por la sola
omisión en el suministro de cualquier información, pues lo que se exige es que
la inexactitud en la declaratoria realizada de lugar a un actuar contrario a
los postulados de la buena fe[61],
que tenga la entidad de retraer el negocio celebrado o que, de ser conocida por
el asegurador, hubiese llevado a estipular condiciones más onerosas.
En
virtud de lo anterior, este Tribunal ha admitido que es deber de la aseguradora
demostrar que la inexactitud tendría la entidad suficiente para, de haber sido
conocida, conducir al desistimiento de la celebración del contrato o hacerlo
más oneroso[62],
sin perjuicio –como lo dispone la ley– de advertir que la sanción de nulidad no
aplica si el asegurador, antes de celebrar el contrato, “conocía o podía
conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”[63];
al igual que si las partes se allanan a subsanar los vicios, si la compañía
aseguradora los acepta expresa o tácitamente o si se está en presencia un error
inculpable por parte del tomador[64].
En
este contexto, en criterio de esta Sala, es claro que las controversias que se
originan por las inexactitudes en que se haya incurrido por el tomador, para
efectos de determinar si procede o no la nulidad relativa del seguro, desbordan
el ámbito de la tutela y conducen por regla general a su improcedencia, al no
tener esta acción las características de los procesos judiciales que se tramitan
ante la justicia ordinaria (procesos declarativos), en donde las partes, en
igualdad de condiciones, tienen la posibilidad de intervenir, de aportar
pruebas y de controvertir aquellas que se usen en su contra. Precisamente, por
su carácter informal, el amparo constitucional tiene como objeto la protección
de derechos fundamentales dentro de un proceso que se caracteriza por su
sumariedad y celeridad, lo cual se contrapone –desde su misma concepción– a un
proceso judicial tradicional, en el cual es posible verificar con la certeza
propia de una amplia etapa probatoria, los efectos que en términos de
afectación al consentimiento de la aseguradora, se requieren para que se
acredite la existencia de la reticencia.
Por
ello, a juicio de la Corte, no cabe duda de que la acción de tutela no es la
vía idónea para pronunciarse sobre el citado fenómeno, cuando se brindan
elementos de juicio que advierten sobre la existencia de una discusión respecto
de la veracidad de las declaraciones realizadas sobre el estado del riesgo, en
un contexto en el que debe verse afectado el consentimiento de la aseguradora.
En efecto, en la medida en que en este tipo de casos el asunto adquiere un
alcance controversial y litigioso que desborda el carácter sumario e informal
del amparo constitucional, el cual exige un nivel mínimo de certeza o de
convencimiento respecto del derecho reclamado, es claro que el amparo
constitucional resulta improcedente. Por ello, tal como se reseñó en la Sentencia
T-523 de 1998[65]
y se reiteró en la Sentencia T-1683 de 2000[66], es
innegable que el juez de tutela no puede disponer el reconocimiento u ordenar
el pago de “un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de la órbita
constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe
resolverse en la jurisdicción competente”.
2.4.5.
Lo anterior se refuerza cuando se tiene en cuenta que, además de la vía de los
procesos declarativos ante los jueces ordinarios, el ordenamiento jurídico
también consagra en la actualidad la posibilidad de acudir ante la Superintendencia
financiera, quien en esta materia ejerce atribuciones judiciales.
Tal
competencia fue otorgada por la Ley 1480 de 2011[67],
a través de la denominada acción de protección al consumidor, la cual le otorga
a la citada autoridad la capacidad para conocer de “las controversias que
surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas
relacionadas exclusiva-mente con la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera,
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento [e] inversión de los recursos captados del público”[68].
Esta misma atribución se reitera en el artículo 24 del Código General del
Proceso.
Como
se observa de la norma transcrita, para que la Superintendencia Financiera
tenga la competencia para conocer de un determinado asunto, en ejercicio de la
referida función jurisdiccional, se requiere el cumplimiento de dos requisitos:
(i) que los sujetos procesales de la acción ostenten la calidad de consumidores
financieros frente a una entidad sometida a la vigilancia a dicha autoridad,
como ocurre con las entidades del sector asegurador; y (ii) que los hechos del
caso se relacionen con disputas relativas a “la ejecución y el cumplimiento”
de las obligaciones contractuales que existan entre las partes.
Se
trata de una facultad judicial que se activa a prevención, de modo que
no excluye el ejercicio de las atribuciones que la ley asignó a los jueces
ordinarios por vía de los procesos declarativos[69].
Su trámite se somete a las reglas del proceso verbal o verbal sumario[70],
a través de la celebración de audiencias, que permiten materializar el
principio de inmediación[71].
Un elemento clave que le otorga un peso importante a este recurso judicial, es
la autorización para que, al momento de decidir, la Superintendencia Financiera
pueda ejercer atribuciones para fallar extra o ultrapetita[72].
Para
los fines de esta sentencia, desde la perspectiva del contenido que delimita la
competencia de la acción de protección al consumidor, es clave entender si el
fenómeno de la reticencia se halla incluido dentro de las expresiones “ejecución”
y “cumplimiento” de las obligaciones contractuales.
Sobre
el particular, la Corte considera que al ser la reticencia una figura que
excusa total o parcialmente la satisfacción de la prestación asegurada, por el
efecto de la nulidad relativa del contrato de seguro[73]
o por la reducción de su valor como compromiso a cargo de la compañía
aseguradora[74],
es incuestionable que la discusión sobre su configuración, se enmarca dentro
del fenómeno del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo
ha entendido y lo ha venido resolviendo la Superintendencia Financiera, al
momento de conocer, precisamente, sobre la acción de protección al consumidor[75].
Por
ello, además de las vías judiciales ordinarias, se entiende que existe una
alternativa adicional a la cual pueden acudir los tomadores o beneficiarios de
un seguro, para lograr la protección y el restablecimiento de sus derechos, la
cual garantiza el conocimiento técnico y especializado que demandan los
litigios y controversias que surgen de una relación de aseguramiento, con una
amplia potestad de definición, al no estar atados al principio de congruencia
que se deriva de la formulación de una pretensión[76],
pues, como ya se dijo, la Superintendencia está autorizada para fallar extra
o ultrapetita.
2.4.6.
Ahora bien, por el conjunto de consideraciones expuestas, es que esta
Corporación en la Sentencia T-501 de 2016[77],
recordó que tan sólo por vía de excepción es posible que el juez de tutela
asuma el conocimiento de casos vinculados con el fenómeno de la reticencia,
siendo necesario para ello (i) que se observe con suficiencia, claridad y de
manera inequívoca que, en el asunto bajo examen, se dan los requisitos para
acceder al reconocimiento de la prestación asegurada, en particular, que no se
esté en presencia de un derecho discutible y que, además, dado el caso, se
demuestre que existe un interés legítimo en el reconocimiento de la póliza,
como ocurre, entre otras, respecto de quien tiene la calidad de beneficiario o de
quienes por virtud de su condición de tomador, pueden verse afectados por el no
pago de lo asegurado.
También
debe acreditarse (ii) que no concurren los supuestos que avalan la existencia
de la reticencia alegada o que, en caso de que efectivamente se haya omitido
información, la misma, a partir del examen del estado del riesgo, carezca de
algún tipo de incidencia en su valoración, de suerte que no pueda verse
comprometida la voluntad de la aseguradora y que, en el fondo, lo que se observe
sea un actuar arbitrario de esta última consistente en abstenerse de reconocer
y pagar un derecho indiscutible, como consecuencia de la ventaja que le otorga
su posición contractual privilegiada. Así ha procedido esta Corporación, por
ejemplo, (a) cuando no se observa una efectiva relación causal entre los hechos
o circunstancias no declaradas y las condiciones del contrato que dieron lugar
al consentimiento de la aseguradora[78],
o (b) cuando esta última, de forma evidente y palmaria, brinda algún elemento
de juicio para considerar que la inexactitud fue conocida antes de celebrar el
contrato de seguro[79].
Por lo demás, se debe advertir que, como tercer requisito, el caso tiene que
involucrar  (iii) la existencia de una discusión de relevancia
constitucional, vinculada, básicamente, con la defensa de derechos
fundamentales.
Los
eventos puestos de presente en el numeral segundo del párrafo anterior, como
excepciones a la regla de improcedencia, son los que generalmente le permiten a
un juez de tutela conocer de fondo sobre una controversia contractual
relacionada con la figura de la reticencia, ya que se trata de escenarios en
los que, ante la comprobación de la vulneración de un derecho fundamental,
excluyen la posibilidad de decretar la nulidad relativa del citado negocio
jurídico, siempre que se cumplan con los requisitos enumerados en los numerales
primero y tercero.
Precisamente,
(i) aquella en la que no se observa una efectiva relación causal entre los
hechos o circunstancias no declaradas y las condiciones del contrato que dieron
lugar al consentimiento de la aseguradora, supone un contexto contractual en el
que la aparente reticencia o inexactitud resulta irrelevante para determinar si
el asegurador se hubiese retraído de celebrar el negocio o de estipular
condiciones más onerosas, toda vez que se trata de hechos no susceptibles de
alterar el estado del riesgo, por lo que no cabe entrar a realizar
apreciaciones respecto de la sinceridad o no con la que obró el tomador. En
otras palabras, si bien la figura de la reticencia pretende restablecer el
desequilibrio contractual que se produce en la etapa final del desarrollo de un
contrato de seguro, ello no habilita a la aseguradora para dejar de cumplir con
sus compromisos, cuando simplemente los hechos no conocidos o las inexactitudes
que se presentan carecen de cualquier tipo de impacto frente al riesgo
cubierto. En efecto, como lo ha explicado esta Corporación, la sanción de
nulidad no se predica de la existencia de una relación causal de los hechos
omitidos frente a las causas del siniestro, sino en relación con el nivel de
riesgo creado, por virtud del cual, a partir de las condiciones del
negocio, se entienda deformado el consentimiento de la aseguradora[80].
Si ello no ocurre, como se deriva de la ley, la consecuencia es que esta última
debe asumir la satisfacción plena de las obligaciones suscritas.
Por
su parte, (ii) en cuanto al segundo criterio, también se está en presencia de
una actuación de la aseguradora contraria a la buena fe, ya que, si esta última
conoció de la inexactitud de las condiciones aseguradas antes de proceder con
la celebración del contrato, debe entenderse que tales aspectos caben dentro
del estado del riesgo amparado, excluyendo la posibilidad de exonerarse
de cumplir con las prestaciones asumidas.
Con
base en los elementos expuestos, se procederá entonces a examinar la
satisfacción del principio de subsidiaridad en los casos concretos.
2.5. Caso T-5.813.243,
acción de tutela presentada por el señor Sandro Enrique
Solano Castro contra Liberty Seguros y el Banco GNB Sudameris
2.5.1. El señor Sandro Enrique Solano,
quien tiene actualmente 48 años de edad, en la acción de tutela relató que fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia,
mediante Resolución No. 011128 del 9 de abril de 2012. El accionante indicó que
celebró un contrato de mutuo el 25 de marzo de 2014 con el Banco GNB Sudameris
por valor de $ 43.900.000, en la modalidad de libre inversión con descuento por
libranza, deuda que amparó con una póliza de vida grupo deudores suscrita con
Liberty Seguros.
El
actor sostuvo que el 30 de septiembre de 2014 acudió a una Junta Médico
Laboral, en la que se determinó que tenía una incapacidad permanente parcial y
que había perdido el 64.52% de su capacidad laboral. Con fundamento en lo
anterior, solicitó al Banco GNB Sudameris que hiciera efectiva la póliza que
suscribió con Liberty Seguros S.A. para amparar el crédito. Sin embargo,
dicha compañía objetó la reclamación el día 7 de enero de 2015, al considerar
que el señor Solano Castro, al responder el cuestionario de asegurabilidad,
omitió declarar que padecía obesidad, hiperlipidemia pura y degeneración grasa
del hígado desde el año 2012, así como lumbago desde el 2013. Por
esta razón, aplicó las consecuencias derivadas de la reticencia, como lo es la
de declarar la nulidad del contrato[81]. Por último, la
aseguradora mencionó que, en todo caso, la reclamación tampoco resultaba
procedente, pues en el acta de la Junta Médico Laboral de la Policía, se
declaró una incapacidad permanente parcial y no total, como se exige en el
contrato de seguro.
2.5.2.
Con
fundamento en los hechos anteriormente expuestos, el accionante presentó el
amparo que es objeto de revisión, con el propósito de obtener la protección de
sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la salud, los cuales
considera vulnerados con la decisión de Liberty Seguros de negarse a pagar el
seguro. Para el accionante, al ser la pensión su único ingreso y dada su
condición de responsable de dos hijos y de su esposa (que es ama de casa), la
acción de tutela es procedente, en la medida en que no puede esperar los
resultados de un proceso ordinario. En consecuencia, pide que se ordene a la
citada compañía de seguros que pague al Banco GNB Sudameris el saldo insoluto
del crédito que suscribió con dicha entidad financiera.
2.5.3. El representante
del Banco GNB Sudameris informó que el accionante está vinculado con la
entidad, a través de una obligación que para el 6 de mayo de 2016 se encontraba
vigente y con un saldo de $ 36.206.901 pesos, frente a la cual el accionante
solicitó que se hiciera efectivo el seguro.
2.5.4. Por su parte, el
representante de la compañía aseguradora Liberty mencionó que la pretensión del
accionante es patrimonial, por lo que la acción de tutela no es procedente.
Además, señaló que, al realizarse el estudio del caso, se conoció que desde los
años 2012 y 2013 el actor tenía antecedentes de hiperlipidemia pura,
degeneración grasa del hígado, lumbago y obesidad, los cuales no fueron
informados oportunamente, pese a que en la declaración de asegurabilidad se
indagó sobre su estado de salud.
2.5.5. Como pruebas
relevantes se aportaron al proceso las siguientes: (i) copia del acta de la
Junta Médica Laboral No. 621 del 30 de septiembre de 2014, en la que se le
reconoce al señor Sandro Enrique Solano Castro una disminución del 64.52% de su
capacidad laboral; (ii) copia de solicitud remitida el 11 de noviembre de 2014
al Banco GNB Sudameris, en la cual el accionante reclamó que se hiciera
efectiva la póliza; (iii) respuesta de Liberty Seguros con fecha del 7 de enero
de 2015, en la cual se negó el pago de la póliza por reticencia y porque el
amparo cubre la incapacidad permanente total y no parcial, como es la que tiene
acreditada el accionante; (iv) copia de la solicitud individual de seguro grupo
de vida deudores, suscrita el 25 de marzo de 2014, en el que aparece como
solicitante el señor Solano Castro y el beneficiario el Banco GNB Sudameris. En
este documento se observa una declaración de asegurabilidad en la que el actor
marcó la casilla “SI” en la pregunta: “¿su estado de salud es
normal?” y al tiempo que seleccionó la palabra “NO” en el
interrogante sobre: “¿[si] le han diagnosticado o tratado alguna
enfermedad?”; y finalmente, (v) copia de la respuesta a la solicitud de
reconsideración del accionante en relación con el pago del seguro del 7 de
abril de 2015.
2.5.6. En sentencia del
6 de mayo de 2016, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Soledad
(Atlántico) declaró improcedente el amparo propuesto. Al respecto, consideró
que se trata de una controversia contractual que debe ser resuelta en la
jurisdicción ordinaria, por cuanto el accionante no acreditó la transgresión de
su derecho fundamental al mínimo vital, lo que evidencia que el asunto objeto
de examen es de carácter legal y no constitucional.
2.5.7. En escrito
radicado el 17 de mayo de 2016, el accionante impugnó el fallo de primera
instancia. Como argumento aseguró que su derecho al mínimo vital se encuentra
afectado, en tanto le están descontando de su pensión la cuota mensual del
crédito. Además, señaló que la discapacidad que padece le impide valerse por sí
mismo y lo convierte en un sujeto de especial protección. Por último, señaló
que la aseguradora no le realizó ningún examen médico para determinar su estado
de salud.
2.5.8. Por su parte, el
representante judicial de Liberty Seguros presentó el 7 de junio de 2016,
solicitud al juez de segunda instancia para que confirmara el fallo impugnado,
con fundamento en los mismos argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.
2.5.9. En sentencia del
21 de junio de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad
(Atlántico) confirmó el fallo del a-quo, básicamente al esgrimir las
mismas razones expuestas en primera instancia, adicionando la consideración
sobre el incumplimiento del principio de inmediatez, pues la acción de tutela
se interpuso más de 15 meses después de que el accionante fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 64.52%.
2.5.10. En sede de
revisión, mediante Auto del 18 de abril de 2017, se ofició a la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional para que allegara copia de la historia
clínica del señor Sandro Enrique Solano, la cual se envió el pasado 4 de mayo
por parte del jefe del Área Administrativa del Hospital Central de la Policía
Nacional.
2.5.11. Igualmente, en
dicha providencia, se ofició al accionante para que informara el monto de su
pensión o asignación de retiro y la fecha desde la cual la recibe, así como el
valor mensual que debe pagar al banco por concepto de la obligación crediticia
adquirida, incluyendo el valor total actual del crédito. En escrito del 2 de
mayo de 2017, el accionante informó que su asignación de retiro es de $
1.889.734 pesos y la recibe desde el 9 de abril de 2012, también afirmó que, en
octubre de 2016, terminó de pagar el crédito y que adquirió otro con una
persona natural.
2.5.11.
Como
se infiere de lo expuesto, cabe destacar que, en esta ocasión, la acción de
tutela se promueve en el marco de una controversia surgida entre el señor Sandro Enrique
Solano
y Liberty Seguros, como resultado de la negativa de esta última de cancelar el
valor de la póliza de vida grupo deudores adquirida por él, para el pago de un
crédito por valor de $
43.900.000,
en la modalidad de libre inversión con descuento por libranza.
2.5.12.
Durante el trámite de revisión se conoció que el accionante canceló la
totalidad del monto adeudado al Banco GNB Sudameris en el mes de octubre de
2016, con el dinero que obtuvo de otro préstamo. Sin embargo, la Sala se
abstendrá de declarar la carencia actual de objeto[82],
pues podría considerarse que, en virtud del pago realizado, se produce el
fenómeno de subrogación[83],
lo que llevaría a la Corte a analizar, en caso de que proceda la reclamación
del seguro, si es procedente que, por vía de tutela, se concluya si dicha
figura se produjo o no en el caso concreto.
2.5.13.
En este orden de ideas, la controversia sometida a decisión envuelve una
discusión en torno a que, si bien se alega la ocurrencia del siniestro que
activaría la obligación condicional de pago del seguro de vida grupo deudores,
con ocasión de la invalidez que le fue declarada al accionante el 30 de
septiembre de 2014 por la Junta Médico Laboral, la compañía demandada sostiene
que se presentó la nulidad relativa del contrato por la existencia de una
reticencia. En concreto, se señala que, en la historia clínica del accionante,
se encontró que el citado señor presentaba antecedentes de obesidad,
hiperlipidemia pura y degeneración grasa del hígado desde el año 2012, así como
lumbago a partir del 2013, circunstancias éstas que no fueron declaradas en el
cuestionario dispuesto para evaluar el estado del riesgo, ya que al momento de
ser preguntado acerca de su estado de salud, éste respondió que era normal y a
la pregunta de si padecía alguna enfermedad, respondió negativamente.
De
esta manera, vista la problemática planteada, es claro que el asunto objeto de
discusión guarda una relación directa con la supuesta inexactitud en la
información entregada por el tomador, al momento de suscribir el contrato de
seguro, hecho frente al cual el accionante únicamente menciona que la
aseguradora omitió realizar el examen médico, de manera que no era posible
alegar una reticencia.
2.5.14.
Frente
a la controversia planteada existe la posibilidad de iniciar un proceso
declarativo ante la jurisdicción civil o también de activar la vía especial de
la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera. Con
todo, cabe examinar si se dan los supuestos que permiten la procedencia
excepcional del amparo, en casos relacionados con el fenómeno de la reticencia,
los cuales, como ya se dijo, se concretan en (i) que se advierta con
suficiencia, claridad y de manera inequívoca que, en el asunto bajo examen, se
dan los requisitos para acceder al reconocimiento de la prestación asegurada,
en particular, que no se esté en presencia de un derecho discutible y que, además,
dado el caso, se demuestre que existe un interés legítimo en el reconocimiento
de la póliza, como ocurre, entre otras, respecto de quien tiene la calidad de
beneficiario o de quienes por virtud de su condición de tomador, pueden verse
afectados por el no pago de lo asegurado; (ii) que no concurren los supuestos
que acreditan la existencia de la reticencia alegada o, en caso de que
efectivamente se haya omitido información, la misma, a partir del examen del
estado del riesgo, carece de algún tipo de incidencia en su valoración, de
suerte que no pueda verse comprometida la voluntad de la aseguradora y (iii)
que se trate de un asunto de relevancia constitucional.
El
citado examen se realizará teniendo en cuenta las razones que se invocan para
justificar la procedencia del amparo. Así las cosas, lo primero que se advierte
por parte de este Tribunal, es que no procede el alegato realizado por el
accionante, referente a que no fue sometido a un examen médico con anterioridad
al otorgamiento de la póliza. En efecto, la decisión de la aseguradora de
limitarse a verificar el estado del riesgo con un cuestionario dirigido
a precisar las condiciones de salud del tomador, sin proceder con la práctica
previa de exámenes o con la revisión de su historia clínica, se fundamentó en
la atribución consagrada en el artículo 1158 del Código de Comercio[84],
cuyo tenor normativo –como ya se explicó– permite disponer sobre la
exigibilidad del examen médico para la celebración del contrato de seguro de
vida, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada, al
entender que dicho negocio se fundamenta en los mandatos del principio de la
buena fe (CP art. 83), lo que permite confiar en la sinceridad de la
declaración realizada.
En
este orden de ideas, ningún reproche le asiste sobre el particular a la
compañía Liberty Seguros, toda vez que su proceder se ajustó a lo previsto en
la ley, a partir de las reglas básicas de diligencia, decoro y honestidad que
rigen este acto jurídico, tal como lo advirtió esta Corporación en la Sentencia
C-232 de 1997[85].
2.5.16.
Descartada
entonces la alegación realizada por el accionante, y a pesar de que no obran
argumentos adicionales en contra de la decisión de la aseguradora, cabe
analizar si la información omitida, a partir del examen del estado del riesgo,
tiene algún tipo de incidencia en su valoración, de suerte que pueda verse
comprometida la voluntad de la aseguradora.
2.5.16.1.
De los requisitos expuestos con anterioridad, se observa que se acredita el
referente a tener un interés legítimo en el reconocimiento de la prestación
asegurada, por cuanto ocurrió el siniestro (la invalidez del señor Solano
Castro) y se verificó su condición inicial de deudor del crédito con el banco
destinatario del seguro (GNB Sudameris)[86].
2.5.16.2. En
cuanto a la inexactitud alegada, como ya se advirtió, la negativa de la entidad
demandada se fundamentó en una supuesta reticencia por parte del tomador, esto
es, del señor Solano Castro, al informar sobre el estado del riesgo. En efecto,
la entidad accionada indicó que había encontrado en la historia clínica del
citado señor, antecedentes de obesidad, hiperlipidemia pura y degeneración
grasa el hígado desde el año 2012, así como lumbago a partir del 2013,
circunstancias que no habían sido puestas de presente al momento de diligenciar
la declaración de asegurabilidad.
De
los elementos probatorios que obran en el expediente se observa que el señor
Solano Castro aseguró estar en perfectas condiciones de salud y negó que
padeciera alguna enfermedad, al momento de celebrar el contrato de seguro en el
año 2014. Tal negación es contraria a lo que se aprecia en la historia clínica,
en la que se observa que, desde el año 2012, tenía los diagnósticos alegados
por la aseguradora[87],
por lo que resulta evidente que, a partir de lo acreditado y expuesto por las
partes, se está en presencia de un debate sobre si se configuró o no la
reticencia invocada, lo que excluye su definición por vía del amparo
constitucional, más aún cuando la Sala no cuenta con elementos de juicio que
permitan determinar si la inexactitud en la que incurrió el tomador, fue conocida
por la aseguradora antes de celebrar el contrato de seguro, o si está lo avaló
dentro del desarrollo del negocio jurídico, pues –como ya se mencionó– el accionante
no aportó ningún elemento de juicio para controvertir lo afirmado y acreditado
por Liberty Seguros.
A
lo anterior cabe agregar que, en lo que refiere a si existe o no una relación
causal entre los hechos o circunstancias no declaradas y las condiciones del
contrato que dieron lugar al consentimiento de la aseguradora, es preciso
recordar que el examen de causalidad no se deriva de la fuente generadora del
siniestro, sino de las condiciones del contrato que dieron lugar al
consentimiento de la aseguradora, como lo advirtió este Tribunal en la
Sentencia C-232 de 1997[88],
al declarar la exequibilidad del artículo 1058 del Código de Comercio. Por lo
anterior, el análisis que debe hacerse es si el diagnóstico de hiperlipidemia
pura, degeneración grasa del hígado, obesidad y lumbago, en caso de
haber sido conocido por la aseguradora, tendría la entidad suficiente para
afectar el estado del riesgo y, por ende, retraer el negocio celebrado o
inducir a estipular condiciones más onerosas, a partir de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ello pudo tener ocurrencia. Sin embargo dicho
examen, que se vincula con la afectación o no del estado del riesgo, desborda
el carácter sumario de la acción de tutela, requiriendo de un escenario amplio
de discusión judicial, en el que se puedan presentar pruebas y acreditar las
condiciones particulares en que pudo haberse dado el hecho que se considera fue
omitido en la declaración de asegurabilidad.
2.5.17.
En
definitiva, no se cumple con el segundo de los requisitos mencionados en el
acápite 2.5.14 de esta sentencia, para que por vía de tutela se pueda acceder
al examen de la pretensión propuesta por el accionante. Por lo demás, tampoco procedente
pronunciarse acerca del otro argumento dado por la aseguradora para reiterar su
negativa de pago, esto es, el carácter total o parcial de la incapacidad como
hipótesis generadora del siniestro, ya que lo previamente esbozado resulta
suficiente para descartar el pago del seguro por la vía de la acción de tutela.
2.5.18.
En este orden de ideas, se procederá a confirmar la decisión del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) del 21 de junio de 2016, que
a su vez también confirmó el fallo de primera instancia adoptado el 6 de mayo
del mismo año por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de la
mencionada ciudad, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción, por
las razones expuestas en esta providencia.
2.6. Caso
T-5.896.487, acción de tutela instaurada por Azael de Jesús Zapata Arboleda
contra Colmena Seguros y el Banco Caja Social
2.6.1.
El accionante afirma que el 3 de septiembre 2013 su esposa adquirió un crédito
de $ 60.000.000 con el Banco Caja Social para el pago de un inmueble propiedad
de los dos, por lo que debió otorgar hipoteca abierta sobre el mismo. Advierte
que en ese crédito él fungió como codeudor y que, de la cuota mensual que
debían pagar, se descontaba una prima para el pago de una póliza con Colmena
Seguros. También manifiesta que su cónyuge fue hospitalizada y que durante el
tiempo que permaneció interna se presentaron dificultades económicas en el hogar,
pues no fue posible pagar las cuotas del crédito en tiempo, ya que –tanto su esposa
como él– eran personas independientes que tenían en su propia casa una
miscelánea, cuyas ganancias les permitían pagar las obligaciones con el banco.
Años
más tarde, en concreto, el 23 de marzo de 2016, falleció su esposa[89], por
lo que acudió al Banco Caja Social para solicitar el pago del seguro. En oficio
del 1 de agosto del año en cita, la compañía asegurada respondió negativa-mente
a la solicitud formulada, por cuanto su esposa tenía antecedentes de cáncer de
mama y carcinomatosis peritoneal del 15 de abril de 2011, que no fueron
declarados, haciendo aplicable la sanción de nulidad del contrato por
reticencia.
El
accionante sostiene que no tiene recursos para vivir, que sus dos hijas
trabajan, pero sus salarios están destinados a pagar sus gastos de estudio y
transporte. Relata que, por su edad, nadie lo contrata y que vive de lo poco
que puede hacer con la miscelánea, menciona que en cualquier momento la entidad
bancaria lo puede sacar de su casa. Por lo anterior, solicita que se amparen sus
derechos al debido proceso, a la vivienda digna y al mínimo vital, los cuales
estima vulnerados por las entidades accionadas y, en consecuencia, pide que se
ordene al Banco Caja Social y a Colmena Seguros que reconozcan la póliza de
seguros que suscribió con su esposa, al momento de celebrar el crédito
hipotecario.
2.6.2.
En respuesta a la solicitud de tutela, el apoderado de Colmena Seguros sostiene
que debe negarse el amparo propuesto, por cuanto la compañía en ningún momento
ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales del accionante. Al
respecto, señala que la relación que surgió con la esposa del accionante fue de
carácter contractual y que consistió en la celebración de un contrato de
seguro. Precisa que en virtud del régimen normativo del citado negocio
jurídico, no le corresponde asumir el pago de la póliza pactada, por cuanto al
momento de celebrar el contrato, en la declaración de asegurabilidad, la
esposa del accionante negó cualquier antecedente que afectara su salud y que
pudiera variar las condiciones del contrato, sin que ello fuera cierto, pues al
revisar la historia clínica de la señora Gloria Elena Zuluaga Gómez, se
evidenció que para el 15 de abril de 2011, fecha anterior a la suscripción del
seguro, tenía antecedentes de cáncer de mamá y carcinomatosis peritoneal. Como
consecuencia de lo anterior, la respuesta dada se ajustó a lo dispuesto en la
ley, en concreto al artículo 1058 del Código de Comercio, en el que se sanciona
la reticencia con la nulidad relativa del contrato de seguro.
2.6.3.
Por su parte, el apoderado del Banco Caja Social solicita que se declare la
improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues dicha institución crediticia no ha vulnerado ni amenazado ningún derecho
fundamental. En cuanto al tema de fondo, señala que suscribió con la esposa del
accionante un crédito hipotecario por valor de $ 60.000.000 a 180 meses, con
una tasa amortización del 11.50%, el cual fue amparado con un seguro de vida de
Colmena Seguros.
2.6.4.
Como pruebas relevantes se aportaron al proceso las siguientes: (i) copia de la
escritura pública No. 3836 del 22 de agosto de 2013, en la que se protocoliza
la compraventa de un inmueble en el municipio de Piedecuesta, en la que obran
como compradores el accionante y su esposa y en el que se pacta que se pagará un
crédito hipotecario por valor de $ 60.000.000, el cual ya había sido aprobado
por el Banco Caja Social. En esa misma escritura se constituyó hipoteca sobre
el inmueble por parte de los compradores a favor del banco en mención; (ii) certificado
de defunción de la señora Gloria Elena Zuluaga Gómez del día 23 de marzo de
2016, por muerte natural; (iii) copia de la solicitud presentada por el
accionante al Banco Caja Social el 11 de abril de 2016, en la que solicita que
se realicen los trámites necesarios para el pago del seguro de vida por el
fallecimiento de su esposa; (iv) copia del certificado individual de seguro de
vida grupo deudores suscrito por la señora Zuluaga Gómez. En la declaración de
asegurabilidad responde negativamente a la pregunta de si le han diagnosticado
cáncer; (v) copia de dos apartes de la historia clínica de la citada señora en
los que, con fechas del 15 y 25 de marzo de 2011, se informa que la paciente
tiene cáncer de mama y carcinomatosis peritoneal sin tratamiento, por cuanto
ella no desea realizarse quimioterapias; (vi) copia de la respuesta negativa de
Colmena Seguros a la reclamación del accionante, con fecha 1 de agosto de 2016,
en la que le informan que la señora Zuluaga Gómez tenía antecedentes de las
enfermedades ya descritas desde el 15 de abril de 2011 y que no fueron declaradas,
por lo que el contrato es nulo, y el pago de la póliza es improcedente.
2.6.5.
Como juez de tutela de primera instancia, el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga declaró
la improcedencia del amparo, en sentencia del 18 de agosto de 2016. Al
respecto, consideró que la controversia propuesta por el accionante es
contractual e involucra derechos económicos, por lo que no puede el juez de tutela
invadir una órbita que le es propia al juez ordinario. Además, encontró que no
se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, primero, porque, como el
accionante lo mencionó, deriva sus ingresos de las ventas que hace en una
miscelánea y tanto él como su esposa eran independientes, de manera que el
deceso de uno de los cónyuges no afecta los ingresos percibidos y, segundo,
porque no se advierte que el derecho a la vivienda digna esté siendo amenazado,
ya que el accionante no menciona la posible ocurrencia de un desalojo.
2.6.6.
En escrito del 24 de agosto de 2016, el accionante presentó recurso de
apelación, en el que solicitó que se revoque la decisión del a-quo. Al
respecto, citó la Sentencia T-136 de 2013, en la que la Corte mencionó que la
tutela procede de manera excepcional para dirimir conflictos surgidos de un
contrato de seguros, cuando el margen de desigualdad de las partes es tan
amplio que genera una situación de indefensión.
2.6.7.
En sentencia del 22 de septiembre de 2016, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga confirmó la
sentencia de primera instancia, por considerar que el accionante puede acudir a
la vía ordinaria para demandar sus pretensiones.
2.6.8.
En sede de revisión, en Auto del 18 de abril de 2017, se ofició al
señor Azael de Jesús Zapata Arboleda para que informara su situación económica,
en concreto para que indicara: (i) cuáles son sus ingresos mensuales; (ii) de
qué bienes muebles e inmuebles es propietario; (iii) la edad y ocupación de sus
hijos y; por último, (iv) si está afiliado al sistema general de seguridad
social en salud como cotizante en el régimen contributivo, caso en el cual
deberá indicar el ingreso base de cotización.
En
escrito del 3 de mayo de 2017 se dio respuesta a los anteriores
cuestionamientos de la siguiente manera: (i) es independiente y su labor
consiste en vender y reparar artículos de natación, también arregla licuadoras
y ventila-dores; (ii) sus ingresos mensuales son de $ 500.000 pesos; (iii) es
propietario de un inmueble ubicado en Piedecuesta que tiene anotación de
gravamen de hipoteca abierta a favor del Banco Caja Social; (iv) tiene dos
hijas, una de ellas estudia negocios internacionales y trabaja medio tiempo
como promotora del área de cadenas de una empresa, con un salario de $ 368.859
más auxilio de transporte y la otra trabaja como asesora-vendedora para una
marca y recibe un salario de $ 892.666. Por último, afirmó que (v) se encuentra
afiliado a la EPS Coomeva como beneficiario de una de sus hijas.
2.6.9.
Igualmente en sede de revisión, el representante de Colmena Seguros se
pronunció sobre las anteriores pruebas, en el sentido de advertir que el
accionante, además de recibir la suma que declara en la respuesta, también
tiene una miscelánea de la cual provienen sus recursos. Al referirse a dicho negocio
señaló que, con fundamento en los ingresos percibidos por esa actividad
económica, se le otorgó el crédito, de manera que si aún tiene ese
establecimiento de comercio no se observa cuál sería la razón para justificar
que ahora su condición económica es insuficiente, más cuando es muy probable
que se hayan disminuido los gastos en el hogar.
2.6.10.
Como
se infiere de lo expuesto, cabe destacar que, en esta ocasión, la acción de
tutela se promueve en el marco de una controversia surgida entre el señor Azael
de Jesús Zapata Arboleda y Colmena Seguros, como resultado de la negativa de
esta última de cancelar el valor de la póliza de vida grupo deudores adquirida
por su fallecida esposa, para el pago de un crédito hipotecario por valor de $
60.000.000 del cual él es codeudor, respecto de un bien inmueble que hoy en día
es de su propiedad.
En
este sentido, la controversia sometida a decisión envuelve una discusión en
torno a que, si bien se alega la ocurrencia del siniestro que activaría la
obligación condicional de pago del seguro de vida grupo deudores, con ocasión
de la muerte de la señora Gloria Elena Zuluaga Gómez el 23
de marzo de 2016, la compañía demandada –en su lugar– sostiene que se presentó
la nulidad relativa del contrato de seguro por la existencia de una reticencia.
En concreto, se señala que, en la historia clínica del 15 de abril de 2011, se
encontró que la citada señora presentaba antecedentes de cáncer de mama y
carcinomatosis peritoneal no tratados por decisión de la paciente,
circunstancia que no fue declarada en el cuestionario dispuesto para evaluar el
estado del riesgo, ya que al momento de ser preguntada acerca de si la habían
diagnosticado o tratado cáncer, marcó de forma negativa la casilla dispuesta
para tal fin.
De
esta manera, vista la problemática planteada, es claro que el asunto objeto de
discusión guarda una relación directa con la supuesta inexactitud en la
información entregada por la señora Zuluaga Gómez, al momento de suscribir el
contrato de seguro, hecho frente al cual el accionante no hace ninguna
alegación en particular, distinta a solicitar a Colmena Seguros que pague al
banco la deuda adquirida por su esposa.
2.6.11.
Frente a esta controversia, en principio, como ya se dijo, existe la
posibilidad de iniciar un proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria o
de activar la vía especial de la acción de protección al consumidor ante la
Superintendencia Financiera, con la finalidad de obtener el cumplimiento de la
prestación asegurada. No obstante, excepcionalmente cabe el recurso de am-paro,
con miras a pronunciarse de fondo sobre un asunto relacionado con el fenómeno
de la reticencia, cuando (i) se observa con suficiencia, claridad y de manera
inequívoca que, en el asunto bajo examen, se dan los requisitos para acceder al
reconocimiento de la prestación asegurada, en particular, que no se esté en
presencia de un derecho discutible y que, además, dado el caso, se demuestre
que existe un interés legítimo en el reconocimiento de la póliza, como ocurre,
entre otras, respecto de quien tiene la calidad de beneficiario o de quienes
por virtud de su condición de tomador, pueden verse afectados por el no pago de
lo asegurado; (ii) no concurren los supuestos que acreditan la existencia de la
reticencia alegada o, en caso de que efectivamente se haya omitido información,
la misma, a partir del examen del estado del riesgo, carece de algún tipo de
incidencia en su valoración, de suerte que no pueda verse comprometida la
voluntad de la aseguradora; y (iii) que se trate de un asunto de relevancia
constitucional, vinculado, básicamente, con la defensa de derechos
fundamentales.
2.6.12.
Por tal motivo, la Corte debe entrar a verificar si se dan las condiciones de
procedencia de la acción de tutela para casos de reticencia.
2.6.12.1.
De los requisitos expuestos, se observa que se acredita el referente a tener un
interés legítimo en el reconocimiento de la prestación asegurada, por cuanto
ocurrió el siniestro (la muerte de la señora Zuluaga Gómez) y se verificó que
el accionante era codeudor del crédito, así como propietario del bien inmueble
para cuyo pago fue adquirido el seguro. Por lo demás, la tutela se promueve
directamente por quien puede verse afectado por el no pago de lo asegurado.
2.6.12.2.
En cuanto a la inexactitud alegada, como ya se advirtió, la negativa de la
entidad demandada se fundamentó en una supuesta reticencia por parte de la
tomadora, esto es, de la señora Gloria Elena Zuluaga Gómez, al informar sobre
el estado del riesgo. En efecto, la entidad accionada indicó que había
encontrado en la historia clínica de la citada señora antecedentes de cáncer de
mama y carcinomatosis peritoneal del año 2011, sin tratamiento por decisión de
la paciente, circunstancia que no había sido puesta de presente al momento de
diligenciar la declaración de asegurabilidad y que, incluso, había sido negada
por la tomadora cuando se le interrogó en relación con la existencia de un diagnóstico
o tratamiento de cáncer.
En
este caso, no obran argumentos del accionante en contra de la decisión de la
aseguradora. Sin embargo, y pese a ello, lo que si se constata en el
expe-diente, es que la señora Zuluaga Gómez negó haber sido diagnosticada o
estar en tratamiento por cáncer, al momento de celebrar el contrato de seguro en
el año 2013. Tal negación es contraria a lo que se aprecia en la historia
clínica, en donde se observa que desde el año 2011 tenía dicho diagnóstico y
que decidió voluntariamente no someterse a ningún tratamiento, por lo que
resulta evidente que, a partir de lo acreditado y expuesto por las partes, se
está en presencia de un debate sobre si se configuró o no la reticencia
invocada, lo que excluye su definición por vía del amparo constitucional. En
este escenario, la Sala no cuenta con elementos de juicio que permitan
determinar si la inexactitud en la que incurrió la tomadora, fue conocida por
la aseguradora antes de celebrar el contrato de seguro, o si está lo avaló
dentro del desarrollo del negocio jurídico, pues –como ya se mencionó– el actor
no ofreció ningún elemento de juicio para controvertir lo afirmado y acreditado
por Colmena Seguros.
A
lo anterior cabe agregar que, en lo que refiere a si existe o no una relación
causal entre los hechos o circunstancias no declaradas y las condiciones del
contrato que dieron lugar al consentimiento de la aseguradora, siguiendo el
mismo hilo conductor explicado en esta providencia y como lo advirtió este
Tribunal en la Sentencia C-232 de 1997, el análisis que debe hacerse es si el
diagnóstico de cáncer, que no fue tratado, en caso de haber sido conocido por
la aseguradora, tendría la entidad suficiente para afectar el estado del riesgo
y, por ende, retraer el negocio celebrado o inducir a estipular condiciones más
onerosas, a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello
pudo tener ocurrencia. Sin embargo dicho análisis, que se vincula con la
afectación o no del estado del riesgo, desborda el carácter sumario de la
acción de tutela, requiriendo de un escenario amplio de discusión judicial, en
el que se puedan presentar pruebas y acreditar las condiciones particulares en
que pudo haberse dado el hecho que se considera fue omitido en la declaración
de asegurabilidad.
2.6.13.
En definitiva, no se cumple con el segundo de los requisitos mencionados en el
acápite 2.6.11 de esta sentencia, para que por vía de tutela se pueda acceder
al examen de la pretensión propuesta por el accionante, siendo por lo tanto
innecesario que se continúe con el análisis del último de los requisitos allí
mencionados. En este orden de ideas, se procederá a confirmar la decisión del 22
de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, que a su vez también
confirmó el fallo de primera instancia adoptado el 18 de agosto del mismo año por
el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control
de Garantías de la citada ciudad, en el sentido de declarar la improcedencia de
las acción, por las razones expuestas en esta providencia.
2.7. Caso T-5.909.382,
acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Moreno de Arco contra Liberty
Seguros S.A.
2.7.1. El señor Miguel Ángel Moreno
de Arco solicitó al Banco GNB Sudameris, un préstamo a través del sistema de
libranza en convenio con la Policía Nacional en el mes de noviembre de 2009, el
cual, según afirma, presume que fue amparado con un seguro de vida.
Antes de la celebración del citado
negocio, el 15 de julio de 2009, la Junta Medico Laboral de la Policía Nacional
le dictaminó un 44.09% de disminución en su capacidad laboral, de origen común,
por hipertensión arterial, depresión reactiva y rinosinusitis crónica. El 29 de
diciembre del año en cita, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía aumentó ese porcentaje en 63.37%.
En la demanda se afirma que, sin
especificar fecha, presentó una solicitud ante el Banco GNB Sudameris, para que
tramitara con Liberty el cumplimiento de la póliza que amparaba su crédito. Sin
embargo, dicha aseguradora objetó la reclamación el día 1 de diciembre de 2014,
al considerar que el señor Moreno omitió declarar que padecía hipoacusia no
especificada desde el año 2007, gastritis crónica y enfermedad de reflujo
gastroesofágico desde el año 2008 y lumbago y diabetes mellitus desde el año 2009,
estando obligado a hacerlo, al responder el cuestionario de asegurabilidad el 3
de noviembre de 2009. En dicho cuestionario se le preguntó si su estado de
salud era normal y si se le había diagnosticado alguna enfermedad, sin que
informara dichos antecedentes. Por esta razón, se aplicó las consecuencias
derivadas de la reticencia, como lo es declarar la nulidad relativa del
contrato.
También le manifestó que de cualquier
manera su petición era improcedente, pues la fecha de estructuración de la
invalidez era el 15 de julio de 2009, fecha anterior a la suscripción del contrato
de seguro, por lo que no existía, para ese momento, ningún tipo de cobertura.
El accionante solicitó en varias oportunidades adicionales a la compañía Liberty
Seguros que reconsiderara su decisión, quien mantuvo su negativa.
Posteriormente, el 11 de febrero de
2016, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar le dictaminó
una pérdida de capacidad laboral de 51.73%, con fecha de estructuración del 4
de junio de 2015. El diagnóstico que suscitó este dictamen fue un trastorno
depresivo recurrente, insuficiencia cardíaca y disminución de la agudeza visual
en ambos ojos, que se generó como consecuencia de la ingesta de un medicamento
en mal estado.
En
atención a esta última situación, se presentó un requerimiento adicional, el
cual también fue resuelto manteniendo la decisión negativa respecto del pago de
la póliza, pues el seguro de vida estuvo vigente hasta marzo de 2012, fecha en
la cual se dejó de pagar la prima, de suerte que no cabía la posibilidad de
hacer exigible el último dictamen del 11 de febrero de 2016, en la medida
en que la fecha que se fijó para la estructuración de la invalidez –4 de junio de
2015–, era posterior
a la terminación del contrato de seguro[90].
2.7.2. Con
fundamento en los hechos anteriormente expuestos, el accionante solicita el
amparo de sus derechos al mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso, a
la dignidad humana y a la protección especial de los discapacitados, los cuales
considera vulnerados por la decisión de Liberty Seguros, de negarse a pagar la
póliza contratada. En particular, el actor expresa que la declaración de
asegurabilidad no fue diligenciada por él, aunado a que la compañía de seguros
debió realizar exámenes médicos o exigir unos recientes para determinar su
verdadero estado de salud y así dejar constancia de las exclusiones y
preexistencias.
Por otra lado, sostiene
que el artículo 1160 del Código de Comercio prescribe que transcurridos dos
años en vida del asegurado, desde que se perfecciona el contrato de seguro, el
valor no puede ser reducido por un error en la declaración de asegurabilidad[91], Por lo
demás, menciona que el artículo 1058 del mismo régimen normativo, excluye la
sanción por reticencia o inexactitud, cuando la aseguradora conoció o debió
conocer los hechos sobre los que versan los vicios de la declaración, lo cual
ocurre en este caso, pues la aseguradora tuvo oportunidad de “conocerlos”
través de los exámenes médicos que no realizó, ni solicitó.
Finalmente,
afirma que su invalidez le impide ejecutar otras labores que le permitan tener
un ingreso considerable, lo que hace que se encuentre en estado de indefensión,
ya que carece de medios económicos para pagar la deuda adquirida con el banco.
En virtud de lo anterior, solicita que se ordene a la accionada que pague al
Banco GNB Sudameris, el saldo insoluto del crédito que suscribió con dicha
entidad financiera.
2.7.3.
En respuesta a la solicitud de amparo, en oficio del 2
de mayo de 2016, el representante legal de Liberty Seguros de Vida solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción, pues se trata de una controversia
contractual que debe ser decidida por un juez ordinario. En todo caso, de
llegar a estudiarse de fondo la pretensión formulada, la misma debía denegarse,
toda vez que el contratante del seguro está en la obligación de actuar de buena
fe al momento de realizar la declaratoria de asegurabilidad, lo cual no ocurrió
en este caso. En efecto, el señor Moreno de Arco omitió informar que, al
momento de celebrar el contrato, tenía antecedentes de “hipoacusia desde el
año 2007, gastritis crónica y enfermedad de reflujo gastroesofágico desde el
año 2008, lumbago y diabetes mellitus desde el año 2009”. De ahí que, la
consecuencia obligada de la inexactitud en la información suministrada, sea la
nulidad del contrato, lo cual hace improcedente el pago de la póliza objeto de
demanda.
A
lo anterior agregó que, por una parte, existe un Acta de la Junta Médico
Laboral No. 90, en la que se fija como primera fecha de estructuración de la
invalidez el 15 de julio de 2009, es decir, con anterioridad a la fecha de
suscripción del contrato de seguro, lo que hace injustificable que no haya
reportado las enfermedades preexistentes. Y, por la otra, así el actor quisiera
hacer valer el nuevo dictamen de la Junta Regional de Invalidez de Bolívar de febrero
de 2016, en el que se le calificó con un porcentaje del 51.73 % la pérdida de
capacidad laboral, ello tampoco es posible, ya que la fecha de estructuración
que se determinó en aquella oportunidad fue junio de 2015, evento que está por
fuera de la vigencia del contrato de seguro, la cual cubrió contingencias hasta
el mes de marzo de 2012, fecha en la que se dejó de pagar la prima
correspondiente.
2.7.4. Como pruebas relevantes se
aportaron al proceso las siguientes: (i) copia del dictamen del 11 de febrero
de 2016, en el que se otorga al actor un porcentaje de 51.73% de pérdida de la
capacidad laboral, con fecha de estructuración del 4 de junio de 2015, fundado
en el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, insuficiencia cardíaca y
disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos; (ii) copia
de solicitud, sin fecha, remitida al Banco GNB Sudameris, en la cual el
accionante reclamó que se hiciera efectiva la póliza; (iii) respuesta de
Liberty Seguros del 4 de diciembre de 2014, en la cual se negó el pago de la
prestación asegurada por (a) reticencia y (b) porque en caso de tener en cuenta
el dictamen de la Junta Médico Laboral del 15 de julio de 2009, con fecha de
estructuración del 3 de noviembre de ese año, la reclamación tampoco resultaría
procedente, pues el riesgo amparado se habría producido con anterioridad a la
vigencia de la póliza; (iv) respuesta adicional de Liberty Seguros del 4 de
junio de 2016, en la que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración
del accionante, en la que, además de las respuestas expuestas para reiterar su
negativa, se advierte que la póliza de seguros estuvo vigente hasta el mes de
marzo de 2012.
2.7.5. En sentencia del 10 de agosto de
2016, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena decidió declarar la
improcedencia del amparo solicitado, por considerar que quien tenía la
legitimación por activa era el Banco GNB Sudameris, al ser el beneficiario del
seguro. En todo caso, afirmó que se trata de un conflicto contractual que debe
ser resuelto por el juez ordinario.
2.7.6. El accionante impugnó la decisión
y refirió a jurisprudencia de la Corte que avala la procedencia de la acción de
tutela cuando, encontrándose de por medio la afectación de derechos
fundamentales, existen conflictos contractuales con aseguradoras y el mecanismo
ordinario de defensa no resulta eficaz. Agregó que no puede continuar
trabajando para conseguir los recursos para pagar su crédito, por lo que
eventualmente deberá responder con su vivienda.
2.7.7. En sentencia del 29 de septiembre
de 2016, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión
de a-quo. Para esta autoridad judicial, el actor no logró acreditar, ni
siquiera sumariamente, que se está ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Por el contrario, el hecho de que el préstamo haya sido adquirido
por medio de un convenio con la Policía Nacional, a través de la modalidad de
libranza, demuestra que se encuentra percibiendo una remuneración. Finalmente,
adujo que no existe suficiente material probatorio que demuestre que en el
trámite de suscripción del seguro, la aseguradora demandada incurrió en algún
error y que, en todo caso, de haber ello ocurrido, dicho tema debe ser valorado
por el juez ordinario.
2.7.8. En sede de revisión, en Auto del 18 de
abril de 2017, se ofició a Liberty Seguros para que allegara copia de la póliza
del asegurado Miguel Ángel Moreno de Arco, de la declaración de asegurabilidad,
de las constancias o recibos que demuestren que el accionante dejó de pagar la
prima y de la fecha exacta en que ello ocurrió.
En
escrito del 27 de abril de 2017, el representante legal de Liberty Seguros
allegó una certificación en la que consta que la póliza de vida grupo deudores
estuvo vigente hasta marzo de 2012. Asimismo, allegó la declaración de
asegurabilidad del accionante, en el que a la pregunta “¿su estado de salud
es normal?” responde “sí” y a la pregunta “¿le han diagnosticado
alguna enfermedad?” responde “no”, con fecha del 3 de noviembre de
2009.
2.7.9.
En el mismo Auto del 18 de abril de 2017, se ofició al accionante para que
aportara copia del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía No. 90 de julio de 2009 y de su historia clínica, también para que
informara el monto de su pensión y la fecha desde la cual la recibe.
En
escrito del 18 de mayo del año en cita, el accionante informó que el monto de
su pensión es de $ 1.800.000 pesos, que tiene cuatro hijos y que ese dinero no
es suficiente para cubrir sus gastos. Expuso que recibe la mesada pensional
desde el año 2009, pero que su estado de salud le imposibilita pagar la deuda, ya
que tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad de la próstata y
problemas psiquiátricos. Por lo demás, allegó los siguientes documentos: (i) certificado
del Banco GNB Sudameris, en el que consta que tiene un crédito vencido con dicha
entidad, que se encuentra en proceso jurídico, por valor de $ 53.821.432; (ii)
copia del Acta de Junta Médico Laboral de Policía No. 90 del 15 de julio de
2009, que dictamina una pérdida de capacidad laboral de 44.09% por las
enfermedades de hipertensión arterial, depresión reactiva y rinosinusitis
crónica; (iii) copia del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía que se realizó el 29 de diciembre de 2009, en el que consta un nuevo
dictamen de pérdida de capacidad laboral del 63.30%, con ocasión de las mismas
enfermedades que fueron examinadas por la Junta Médico Laboral No. 90 del citado
15 de julio de 2009; (iv) copia de apartes de su historia clínica, en donde
consta las patologías de salud que padece, siendo registradas las siguientes: diabetes
mellitus, cofosis izquierda, trastorno de ansiedad y cognoscitivo, hipertensión
arterial y antígeno prostático alto.
2.7.10.
También, en el Auto del 18 de abril de 2017, se ordenó poner en cono-cimiento
la acción de tutela al Banco GNB Sudameris, para que se entendiera vinculado e
informara el tipo de crédito otorgado al señor Moreno de Arco, su saldo en la
actualidad, el plazo y el número de cuotas para el pago.
En
escrito del 27 de abril de 2017, el apoderado general del banco informó que el actor
tiene una obligación desembolsada en la modalidad de libranza, que está en mora
con un saldo aproximado de $ 75.371.370 pesos y que, para la época en que fue
enviado el oficio en mención, se encuentra en estado de cobro jurídico. Para el
efecto, aportó copia de un Auto del 27 de enero de 2012 dictado por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Cartagena, en el que se resuelve seguir adelante con
la ejecución contra el señor Moreno de Arco, por la deuda adquirida con el banco.
Por otro lado, sostuvo que no hay afectación del derecho fundamental al mínimo
vital, pues tal circunstancia no se acreditó en el escrito de la tutela.
2.7.11.
Como se observa de los antecedentes previamente expuestos, la acción de tutela
tiene por objeto un conflicto suscitado con ocasión de la negativa de Liberty
Seguros de Vida de pagar al Banco GNB Sudameris, el saldo insoluto de la deuda
que adquirió el accionante, es decir que, al igual que en los otros casos ya
reseñados, se trata de un asunto que involucra el pago de derechos económicos
derivados de un contrato de seguro.
La
aseguradora fundamentó su negativa básicamente en dos razones que dan respuesta
al carácter progresivo en el tiempo de las reclamaciones realizadas. En un
primer momento, se aseguró que las enfermedades que causaron la incapacidad
total y permanente eran preexistentes a la suscripción del seguro y que no
fueron declaradas por el actor, por lo que, al presentarse el fenómeno de la reticencia,
el contrato de seguro era nulo. En un segundo momento, ante la solicitud de reconsideración
del accionante, para lo cual éste allegó un nuevo dictamen de pérdida de
capacidad laboral del 11 de febrero de 2016, en el que se le califica con un porcentaje
del 51.73%, con fecha de estructuración del 4 de junio de 2015, la Liberty
Seguros advirtió que, para esa última fecha, el seguro ya no estaba vigente,
pues la prima se dejó de pagar desde marzo de 2012.
2.7.12.
En este contexto, la Sala observa que existen dos situaciones fácticas que
deben ser analizadas: (i) la primera relacionada con la posible reticencia que
cometió el actor al suscribir el contrato de seguro, y (ii) la segunda con la
vigencia de la póliza para cubrir riesgos, cuando la prima del seguro se ha
dejado de pagar.
2.7.12.1.
Respecto de la segunda situación fáctica descrita, se observa que el accionante
alega que fue dictaminado con un 51.73% de pérdida de capacidad laboral el 11
de febrero de 2016, con fecha de estructuración del 4 de junio de 2015. Sin
embargo, como lo certifica Liberty Seguros de Vida, el actor dejó de cancelar
las cuotas del crédito desde el mes de marzo de 2012, información que corroboró
el propio accionante, al señalar que tal hecho ocurrió debido a los problemas
económicos que afirma tener. Tal circunstancia, para este caso, como lo afirma
la aseguradora, condujo al no pago de la prima del seguro, ya que de esa cuota
se descontaba su valor y, por ende, convierte en discutible la  existencia
misma de la cobertura que ahora se reclama.
Desde
esta perspectiva, no se cumple con el primer requisito enunciado en el numeral
2.6.11 de esta sentencia, para que proceda de manera excepcional la tutela en
casos de seguro, pues no se advierte con suficiencia, claridad y de forma inequívoca
que se den los requisitos para obtener el reconocimiento de la prestación
asegurada. En efecto, en este punto, lo que surge es una discusión sobre la
vigencia o no de la póliza, que envuelve un conflicto estrictamente litigioso,
cuya esfera de definición le compete a la justicia ordinaria. Precisa-mente,
como ya se dijo, en la Sentencia T-523 de 1998[92],
ampliamente reitera-da, se expuso que el juez de tutela no puede disponer el
reconocimiento y pago de un “derecho incierto y discutible, pues aquello escapa
de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que
debe resolverse en la jurisdicción competente”.
Lo
anterior cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, por una parte, en
las reglas generales del seguro se establece que la mora en el pago de la prima
da lugar a la terminación automática del contrato[93];
mientras que, por la otra, en tratándose de seguros de vida, se reitera dicha
regla[94]
exceptuando el caso en el que las primas se hayan pagado en los dos primeros
años, en donde para la terminación se exige que “el valor de las primas
atrasadas y el valor de los préstamos efectuados con sus intereses, excedan el
valor de cesión o rescate”[95].
Nótese
cómo, ante la falta de pago de la prima, la discusión propuesta se aleja de la
órbita constitucional, ya que la vigencia del contrato –para la época en la que
se expidió el dictamen del año 2016– implica, por una parte, definir cuál es la
consecuencia normativa que se aplica; y por la otra, en el evento de tratarse
de la formula exceptiva, entrar a determinar si existe o no un exceso en el
valor de cesión o rescate, discusiones que son contrarias al carácter informal
y de sumariedad de la acción de tutela. De suerte que, como se señaló por ambos
jueces de instancia, el amparo constitucional resulta improcedente, ya que se
está en presencia de un conflicto contractual que debe ser resuelto por el juez
ordinario.
2.7.12.2.
Lo mismo ocurre respecto de la primera situación fáctica previa-mente descrita,
relacionada con la posible reticencia que cometió el actor al suscribir el
contrato de seguro. Sobre el particular, se observa que
la controversia sometida a decisión envuelve una discusión en torno a que, pese
a que se invoca la ocurrencia del siniestro que activaría la obligación
condicional de pagar el seguro de vida grupo deudores, con ocasión de la
disminución de la capacidad laboral del accionante en un 63.37%, según
calificación que hizo el Tribunal Médico Laboral el 29 de diciembre de 2009, la
compañía demandada alega la nulidad relativa del contrato de seguro por la
ocurrencia, precisa-mente, de la figura de la reticencia.
En
concreto, tal institución se presenta, a juicio de la aseguradora, porque en la
historia clínica del accionante existían antecedentes de (i) hipoacusia no
especificada a partir del año 2007; (ii) gastritis crónica y enfermedad del
reflujo gastroesofágico comenzado el 2008; y (iii) lumbago y diabetes mellitus
desde el año 2006, los cuales no fueron declarados en el cuestionario al
momento en que la aseguradora evaluó el estado del riesgo, esto es, el 3 de
noviembre de 2009.
Para
la Corte, con sujeción a lo expuesto, es claro que el problema que se suscita
guarda relación directa con la supuesta inexactitud en la información
entregada por el señor Moreno de Arco, al momento de suscribir el contrato de
seguro, hecho que refuta el accionante, con fundamento en que la compañía no
realizó ningún examen médico que determinara la preexistencia de la
circunstancia alegada, y que, en todo caso, la misma se entiende subsanada por
la aplicación del artículo 1160 del Código de Comercio, según el cual: “Transcurridos
dos años en vida del asegurado, desde la fecha del perfecciona-miento del
contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error
en la declaración de asegurabilidad”.
2.7.12.3.
Frente
a la controversia planteada existe la posibilidad de iniciar un proceso
declarativo ante la jurisdicción civil o de activar la vía especial de la
acción de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera. Con
todo, siguiendo el mismo hilo conductor de esta sentencia, cabe examinar si se
dan los supuestos que permiten la procedencia excepcional del amparo, en casos relacionados
con el fenómeno de la reticencia, los cuales, como ya se dijo, se concretan en
(i) que se advierta con suficiencia, claridad y de manera inequívoca que, en el
asunto bajo examen, se dan los requisitos para acceder al reconocimiento de la
prestación asegurada, en particular, que no se esté en presencia de un derecho
discutible y que, además, dado el caso, se demuestre que existe un interés
legítimo en el reconocimiento de la póliza, como ocurre, entre otras, respecto
de quien tiene la calidad de beneficiario o de quienes por virtud de su
condición de tomador, pueden verse afectados por el no pago de lo asegurado;
(ii) que no concurren los supuestos que acreditan la existencia de la
reticencia alegada o, en caso de que efectivamente se haya omitido información,
la misma, a partir del examen del estado del riesgo, carece de algún tipo de
incidencia en su valoración, de suerte que no pueda verse comprometida la
voluntad de la aseguradora y (iii) que se trate de un asunto de relevancia
constitucional.
El
citado examen se realizará teniendo en cuenta las razones que se invocan para
justificar la procedencia del amparo. Así las cosas, lo primero que se advierte
por parte de este Tribunal, es que no procede el alegato realizado por el accionante,
referente a que no fue sometido a un examen médico con anterioridad al
otorgamiento de la póliza. En efecto, la decisión de la aseguradora de limitarse
a verificar el estado del riesgo con un cuestionario dirigido a precisar
las condiciones de salud del tomador, sin proceder con la práctica previa de
exámenes o con la revisión de su historia clínica, se fundamentó en la
atribución consagrada en el artículo 1158 del Código de Comercio[96],
cuyo tenor normativo –como ya se explicó– permite disponer sobre la
exigibilidad del examen médico para la celebración del contrato de seguro de
vida, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada, al
entender que dicho negocio se fundamenta en los mandatos del principio de la
buena fe (CP art. 83), lo que permite confiar en la sinceridad de la
declaración realizada.
En
este orden de ideas, ningún reproche le asiste sobre el particular a la
compañía Liberty Seguros, toda vez que su proceder se ajustó a lo previsto en
la ley, a partir de las reglas básicas de diligencia, decoro y honestidad que
rigen este acto jurídico, tal como lo advirtió esta Corporación en la Sentencia
C-232 de 1997[97].
2.7.12.4.
Descartada
entonces la primera alegación realizada por el accionante, esta Sala debe
entrar a verificar si se dan las condiciones de procedencia de la acción de
tutela para casos de reticencia en materia de seguros, en cuyo análisis se
tendrá en cuenta la invocación que se realiza por el señor Moreno de Arco,
respecto de la procedencia del artículo 1160 del Código de Comercio.
De
los requisitos expuestos y reiterados al inicio de este acápite, se observa que
se acredita el vinculado con la acreditación del interés legítimo en la
prestación asegurada, por cuanto ocurrió el siniestro (la invalidez del señor
Moreno de Arco) y se verificó su condición de deudor del crédito con el banco destinatario
del seguro (GNB Sudameris).
En
cuanto a la inexactitud alegada, la negativa de la entidad demandada se
fundamentó en una supuesta reticencia por parte del tomador, esto es, del citado
señor Miguel Ángel Moreno de Arco, al informar sobre las condiciones
relacionadas con el estado del riesgo. En efecto, Liberty Seguros encontró en
la historia clínica antecedentes de padecimientos como hipoacusia, gastritis,
reflujo, lumbago y diabetes mellitus, los cuales datan de antes de la fecha de
celebración del contrato de seguro.
El
accionante controvirtió dicha decisión afirmando que no padecía diabetes
mellitus desde el año 2009, sino que le fue diagnosticada en el 2014. Sin
embargo, ninguna de las dos partes suministró elementos de juicio que le permitan
al juez de tutela tener certeza sobre si en realidad existió o no la
inexactitud de la información suministrada por parte del tomador. Así, dentro
de las pruebas de la acción de tutela está la respuesta de la aseguradora, en la
que se afirma que en la historia clínica del accionante aparece el antecedente
de diabetes mellitus y, por la otra, la negación del actor, sin que, en ninguno
de los dos extremos, exista un medio de convicción que sustente lo alegado.
En
este punto, la Corte entiende que, ante el incumplimiento de la carga mínima de
prueba y dada la procedencia excepcional de la acción de tutela para
pronunciarse sobre asuntos relacionados con el contrato de seguro, no están
dados los supuestos que permitan concluir, con exactitud, si se produjo o no la
omisión en la información alegada, por lo que el asunto se torna clara-mente
litigioso y controversial, desbordando el carácter sumario e informal del
amparo constitucional, pues es innegable que el juez de tutela no puede
reconocer u ordenar el pago de derechos inciertos y discutibles, cuya órbita de
discusión debe realizarse ante la jurisdicción competente[98].
En
todo caso, se observa que, respecto de los demás padecimientos como la hipoacusia,
la gastritis, el reflujo y el lumbago, no se hizo alegación alguna por parte
del accionante, de manera que, pareciera que respecto de ellos, sí concurren
los supuestos que acreditan la existencia de la inexactitud alegada.
Ahora
bien, en lo referente a si existe o no una relación causal entre los hechos o
circunstancias no declaradas y las condiciones del contrato que dieron lugar al
consentimiento de la aseguradora, el análisis que debe hacerse es si el
diagnóstico de hipoacusia, gastritis, reflujo, lumbago y diabetes mellitus –en
la hipótesis de que se acreditara que dicha enfermedad fue anterior a la
suscripción del seguro–, en caso de haber sido conocido por la aseguradora,
tendría la entidad suficiente para afectar el estado del riesgo y, por ende,
retraer el negocio celebrado o inducir a estipular condiciones más onerosas, a
partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello pudo tener
ocurrencia. Sin embargo dicho análisis, que se vincula con la afectación o no
del estado del riesgo, desborda el carácter sumario de la acción de tutela,
requiriendo de un escenario amplio de discusión judicial, en el que se puedan
presentar pruebas y acreditar las condiciones particulares en que pudo haberse
dado el hecho que se considera fue omitido en la declaración de asegurabilidad.
Lo
anterior se relaciona con la invocación que realiza el actor
de lo previsto en el artículo 1160 del Código de Comercio, para efectos de
enervar las consecuencias derivadas de la reticencia, pues tal disposición
consagra una figura conocida como el principio de incontestabilidad, por
virtud del cual tan sólo el efecto de la inexactitud o reticencia proveniente
de error inculpable se enerva, cuando el contrato ha tenido una duración
mayor a dos años en vida del asegurado, impidiendo que se reduzca el valor de
la póliza contratada. Esta cláusula implica un análisis detenido por parte de
la jurisdicción ordinaria, pues su alcance parece limitarse a lo previsto en el
inciso tercero del citado artículo 1058 del estatuto mercantil, sin incluir los
casos en que la omisión fue dolosa y que, por ende, da lugar a la nulidad
relativa del contrato, entre otras razones, por la imposibilidad de condonar
las actuaciones realizadas con base en dicho vicio del consentimiento. Como se
observa se trata de una discusión de alcance legal, en la que además, desde el
punto de vista probatorio, tendría que determinarse si la omisión se produjo
por dolo o por error, aspecto que desfasa el alcance del mecanismo tutelar y
que ingresa en el terreno de los derechos discutibles e inciertos no
susceptibles de amparo.
2.7.13.
Con fundamento en lo anterior, se procederá a confirmar la decisión del
29 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Cartagena de Indias, que a su vez también confirmó el
fallo de primera instancia adoptado el 10 de agosto del mismo año por el
Juzgado Décimo Civil Municipal de la citada ciudad, en el sentido de declarar
la improcedencia de la acción, por las razones expuestas en esta providencia.
2.8.
Caso T-5.900.024, acción de tutela instaurada por Rosario Adys Torres Cicery
contra BBVA Seguros
2.8.1. La accionante Rosario Adys Torres
Cicery manifestó que el 20 de junio de 2014, ella y su esposo, el señor Felio
Calderón Cano, solicitaron un crédito hipotecario al Banco BBVA, en el que los
dos figuran como titulares de la obligación. Menciona que, en esa misma fecha, su
esposo firmó la declaración de asegurabilidad del seguro de vida grupo deudores
de Seguros BBVA, como requisito para el otorgamiento del crédito.
Relata que su esposo, siguiendo la
orientación de asesor de la aseguradora, sólo firmó la declaración y dejó en
blanco partes del formulario en las que se indagaban datos como su estatura,
peso, si fuma y otros relacionados con su estado de salud. Adujo que, con los
documentos incompletos, iniciaron la solicitud del crédito y les fue entregada
una copia en blanco y sin diligenciar del trámite realizado. Con base en lo
anterior, BBVA Seguros de Vida expidió la póliza en la cual figura como tomador
su esposo y que amparaba la obligación hipotecaria adquirida con el Banco BBVA.
Con posterioridad, su esposo falleció el
23 de marzo de 2016 y el 15 de abril siguiente radicó reclamación en BBVA
Seguros, solicitando el pago de la prestación asegurada. El 13 de junio del año
en cita, la aseguradora informó que objetaba tal reclamación, por cuanto en la historia
clínica de su cónyuge se encontró que presentaba antecedentes de hipertensión
esencial desde el año 2013, sin que esta situación hubiese sido declarada al
momento de celebrar el contrato de seguro. En la respuesta, la aseguradora también
allegó la declaración de asegurabilidad firmada y completamente diligenciada,
en una forma que no corresponde con la realidad. Como consecuencia de la
negativa, el 1º de julio de 2016, se presentó una nueva petición reiterando la
solicitud realizada y efectuando algunas preguntas respecto de su caso. Sin
embargo, el día 21 del mismo mes y año, la aseguradora dio respuesta,
básicamente, ratificando su negativa inicial.
2.8.2. Para la accionante, la
aseguradora vulneró su derecho al mínimo vital, pues es una persona de 60 años,
que para pagar la cuota mensual del crédito por valor de $ 1.382.000 pesos, ha
tenido que acudir al préstamo de familiares y a la ayuda de sus dos hijos, toda
vez que la pensión de sobrevivientes que le dejó su esposo es menor al valor de
la cuota mensual del crédito. Por lo demás, sostiene que debido a su estado de
salud (dolor en las rodillas y problemas de circulación), ya no puede dedicarse
a la venta informal de dulces y gaseosas. A lo anterior agrega que siempre ha
cumplido con el pago de las cuotas, pues de no hacerlo podría perder su
inmueble que, afirma, es su único patrimonio.
También se expone que la aseguradora
vulneró su derecho al debido proceso, al haber diligenciado, según la
accionante, de forma arbitraria el formulario de su esposo, y fundamentar así
la negativa de pago. En este punto, pone de presente que la letra de la
declaración comparada frente a la de su esposo es distinta, lo que prueba que
él no contestó las preguntas formuladas, sino que lo hicieron, en su lugar,
suplantando su identidad. Además, adujo que la citada compañía tenía la posibilidad
de consultar la historia clínica de su esposo, así como de solicitarle exámenes
médicos, lo cual hubiese demostrado que él tuvo una cirugía de corazón abierto
en el año 2000, que nunca ocultó.
Con fundamento en lo anterior, la señora
Rosario Adys Torres Cicery pide que se ordene a la compañía BBVA Seguros de
Vida, pagar el saldo insoluto de la deuda adquirida por su esposo con el Banco
BBVA. Adicionalmente, solicita que el amparo incluya al derecho de petición,
con fundamento en la que citada empresa no dio una
respuesta integral a todos los cuestionamientos que realizó en su solicitud del
1º de julio de 2016, aspecto sobre el cual esta Corporación se tendrá con mayor
detenimiento más adelante.
2.8.3. En la respuesta a la acción de
tutela, el representante legal de BBVA Seguros solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción. Advirtió que el esposo de la accionante fue
reticente al diligenciar la solicitud de asegurabilidad, pues omitió informar
que tenía antecedentes de hipertensión esencial del año 2013, de manera que la
negación del pago estuvo debidamente funda-mentada. Señaló, además, que no le corresponde
realizar exámenes médicos para el ingreso a la póliza, ya que se trata de una
facultad que tiene la aseguradora, que, para el caso de BBVA Seguros, sólo se
activa cuando el crédito supera los 1.750 SMLMV. A lo anterior agregó que el
amparo constitucional no está concebido para el reconocimiento de prestaciones
patrimoniales, a menos que se demuestre una afectación del derecho al mínimo
vital, lo cual no ocurre en este caso, toda vez que la accionante tiene el
ingreso mensual por concepto de la pensión de sobrevivientes de su esposo.
2.8.4. Como elementos de juicio se
aportaron al proceso las siguientes: (i) copia de la solicitud/certificado
individual del seguro de vida grupo deudores, en la que figura como asegurado
el señor Felio Calderón Cano y como beneficiario el Banco BBVA, con una
vigencia hasta el fin del crédito y con una prestación asegurada de $
99.208.200 pesos. No se observa que en este documento esté diligenciada la
declaración de asegurabilidad y únicamente aparece suscrito por el
representante de BBVA Seguros; (ii) copia de la misma solicitud, suscrita con el
número de cedula por el señor Felio Calderón Cano, con la declaración de
asegurabilidad diligenciada, incluidos los datos sobre su estatura, peso y si
fuma o no. En la pregunta de si sufre de tensión alta, infarto o cualquier
enfermedad del corazón se marca la casilla “NO”; (iii) copia de unos
papeles escritos a mano por el esposo de la accionante y de los números y
letras diligenciados en la declaración de asegurabilidad; (iv) copia de la
historia clínica del señor Calderón Cano, en donde consta sus antecedentes de
hipertensión y de cirugía del corazón; (v) copia de una respuesta del 13 de
junio de 2016 de BBVA Seguros dirigida al Banco BBVA, en la que objetan la
reclamación presentada por la accionante, en razón a que su cónyuge incurrió en
reticencia por omitir sus antecedentes de hipertensión desde el año 2013, y por
no informar tal situación al suscribir el contrato; (vi) copia de un derecho de
petición dirigido a BBVA Seguros el día 1 de julio de 2016, en el que la
accionante reitera su solicitud del pago del valor amparado con la póliza de
seguros suscrita por su esposo. En particular se solicita (a) información sobre
la razón de la demora en la resolución de la petición inicial, (b) que le
informen por qué la aseguradora emitió la póliza del seguro si su esposo no
contestó la declaración de asegurabilidad y (c) por qué se diligenció el
cuestionario si nunca se indagó por la condición de salud de su cónyuge; (vii)
copia de la respuesta a la anterior solicitud, emitida el 21 de julio de 2016,
en la que la aseguradora reitera su negativa en el pago del valor de la póliza,
por cuanto el señor Calderón Cano omitió declarar su estado real de salud; (viii)
copia de un comprobante de pago de la pensión de sobrevivientes de la
accionante, por un valor neto a pagar de $ 1.164.000; y finalmente, (ix) copia
de un recibo de pago del Banco BBVA, al parecer del crédito otorgado, en el que
indica como titular a la señora Rosario Adys Cicery, con un valor a pagar de $
1.382.496.
2.8.5. En sentencia del 31 de octubre de
2016, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá decidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que, en esencia, la
accionante podía acudir a la vía ordinaria para lograr el reconocimiento de sus
pretensiones.
2.8.6. En sede de revisión, en Auto del
18 de abril de 2017, se ofició a la accionante para que indicara: (i) el monto
de sus ingresos mensuales; (ii) su estado de afiliación al sistema de seguridad
social en salud; (iii) de qué bienes muebles e inmuebles son propietarios ella
y su fallecido esposo; y (iv) la edad y ocupación de sus hijos, en caso de que
trabajen también debía indicar sus salarios.
En escrito del 28 de abril de 2017, la
accionante informó que tiene un ingreso variable de $ 800.000 pesos, por su
trabajo como comerciante de productos de cafetería y bebidas, pero que éste se
ha visto menguado por su estado de salud. Además, recibe una pensión de
sobrevivientes por valor de $ 1.235.520. Con todo, menciona que dichos recursos
son insuficientes, ya que la cuota del crédito es de $1.380.000 y tiene una
deuda con otra persona por $ 40.000.000. Expuso que se encuentra afiliada a
Compensar EPS como cotizante, pues de la pensión de sobrevivientes se hacen los
descuentos respectivos.
En lo que respecta a la pregunta
vinculada con los bienes, se informa que su fallecido esposo figuraba como
propietario de un apartamento en Bogotá y de un local comercial ubicado en San
Andresito de la 38. No obstante, menciona que tales inmuebles se encuentran
pendientes de repartición sucesoral, de manera que su única propiedad es un
apartamento ubicado en Bogotá. Frente a los ingresos de sus hijos se abstuvo de
responder, con el argumento de que los dos son mayores de edad con uniones
conyugales, independientes y con sus propias responsabilidades económicas.
Por último, junto con la respuesta se allegó
un informe de ingresos y actividad emitido por M&S Asesorías Integrales
Sistematizadas del 26 de abril de 2016, en el que consta que recibe ingresos
por venta de productos de cafetería y bebidas por valor de $ 800.000 pesos.
2.8.7. En el mismo Auto del 18 de abril
de 2017, se ordenó poner en conocimiento del Banco BBVA la acción de tutela de
la referencia, para que dicha compañía se entendiera vinculada e informara el
tipo de crédito otorgado al señor Felio Calderón Cano, el saldo en la
actualidad, el plazo y el número de cuotas pendientes de pago.
En escrito del 28 de abril del año en
cita, el apoderado de BBVA Colombia informó que el señor Calderón Cano tiene un
crédito hipotecario concedido el 20 de junio de 2014, por valor de $ 90.208.200,
a un plazo de 160 cuotas. Señala que, en la actualidad, el saldo es de $
88.385.915. Posteriormente, en un nuevo escrito del 19 de mayo, el Gerente de
Asuntos Especiales del Banco BBVA informó que –tanto el señor Felio Calderón
Cano como la accionante–figuran como cotitulares del crédito hipotecario, y que
se han pagado un total 35 cuotas.
2.8.8.
Visto lo anterior, la Sala encuentra que en este caso la controversia se suscita
entre la señora Rosario Adys Torres Cicery y Seguros de Vida BBVA, con ocasión
de la negativa de esta última de pagar el saldo insoluto de la deuda contraída
por ella y por su fallecido esposo, la cual estaba garantizada con una póliza
de vida grupo deudores que éste había contratado. Para la aseguradora el pago
de la deuda no es procedente, por cuanto el cónyuge de la accionante omitió
informar en su declaración de asegurabilidad que tenía hipertensión esencial
desde antes de contratar el seguro, de manera que operó la nulidad relativa del
contrato por reticencia.
De
esta manera, con sujeción a lo expuesto, es claro que el problema que se
suscita guarda relación con la supuesta inexactitud en la información
entregada por el señor Calderón Cano, al momento de suscribir el citado negocio
jurídico, circunstancia frente a la cual se realiza por parte de la señora
Torres Cicery dos alegaciones. En primer lugar, que BBVA
Seguros de Vida estaba en condición de haberle realizado o solicitado exámenes
médicos a su esposo para determinar su estado de salud, así como consultar su
historia clínica, y de esa forma conocer datos que nunca estuvieron ocultos,
como lo fue la enfermedad de la hipertensión y la cirugía de corazón abierto a
la que fue sometido. A ello agregó que, en segundo lugar, el señor Felio
Calderón Cano únicamente suscribió la declaración de asegurabilidad, pero nunca
la diligenció, de manera que quien lo hizo debió haber sido algún empleado de la
entidad aseguradora.
2.8.9.
Frente a la controversia planteada y siguiendo lo expuesto con anterioridad, existe
la posibilidad de iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria civil. No
obstante, excepcionalmente cabe el recurso de amparo con miras a pronunciarse
de fondo sobre un asunto relacionado con el fenómeno de la reticencia, como ya
se dijo, cuando (i) se observa con suficiencia, claridad y de manera inequívoca
que, en el asunto bajo examen, se dan los requisitos para acceder al
reconocimiento de la prestación asegurada, en particular, que no se esté en
presencia de un derecho discutible y que, además, dado el caso, se demuestre
que existe un interés legítimo en el reconocimiento de la póliza, como ocurre,
entre otras, respecto de quien tiene la calidad de beneficiario o de quienes
por virtud de su condición de tomador, pueden verse afectados por el no pago de
lo asegurado; (ii) no concurren los supuestos que acreditan la existencia de la
reticencia alegada o, en caso de que efectivamente se haya omitido información,
la misma, a partir del examen del estado del riesgo, carece de algún tipo de
incidencia en su valoración, de suerte que no pueda verse comprometida la
voluntad de la aseguradora y (iii) que se trate de un asunto de relevancia
constitucional, vinculado, básicamente, con la defensa de derechos
fundamentales.
Lo
primero que advierte este Tribunal, al igual que lo hizo en un caso previo
objeto de examen, es que no es de recibo el primer argumento del accionante
referente a que su esposo no fue sometido a un examen médico con anterioridad
al otorgamiento de la póliza. En efecto, se recuerda que las
aseguradoras no están obligadas a realizar un examen médico de ingreso, así
como tampoco a solicitarlo, pues la obligación del tomador de declarar con
exactitud su estado de salud, no puede vaciarse de contenido exigiendo a la
aseguradora agotar todos los medios a su alcance para conocer el estado del
riesgo, por ejemplo, a través de exámenes médicos, pues, se reitera, tal situación
corresponde a una mera posibilidad de la cual puede prescindir, según lo
dispone el artículo 1158 del Código de Comercio, al ser el contrato de seguro
un negocio jurídico sustentado en el principio de la máxima buena fe.
Descartada
la primera alegación realizada, esta Sala debe entrar a
verificar si se dan las condiciones de procedencia de la acción de tutela para
casos de reticencia en materia de seguros, conforme se enunció al inicio de
este acápite.
2.8.10.
De los requisitos expuestos, en principio, se observa que se acredita el
referente a tener un interés legítimo en la prestación asegurada, por cuanto
ocurrió el siniestro (la muerte del señor Felio Calderón Cano) y se verificó
que la accionante, esposa del tomador, es deudora del Banco BBVA, al igual que
es propietaria del bien inmueble para cuyo pago fue adquirido el crédito. Por
lo demás, la tutela se promueve directamente por la interesada.
2.8.11.
En cuanto a la inexactitud alegada, como ya se advirtió, la negativa de la
compañía aseguradora se fundamentó en una supuesta reticencia por parte del
tomador, esto es, del señor Calderón Cano, al informar sobre el estado del
riesgo. En efecto, en los distintos pronunciamientos que se anexan en el
expediente, se indicó que se había encontrado en la historia clínica del citado
señor, antecedentes de hipertensión esencial desde diciembre de 2013, hecho que
no había sido puesto de presente al momento de diligenciar la declaración de
asegurabilidad.
Al
respecto, más allá del argumento referente al supuesto deber de agotar labores
de verificación para determinar el estado del riesgo, cuya exigibilidad es
contraria a lo dispuesto en la ley; lo que se alega por la accionante es que su
esposo no ocultó su condición de salud de mala fe, pues nunca respondió las
preguntas formuladas en el cuestionario de la aseguradora, sino que, por el
contrario, firmó la declaración en blanco. Lo que seguramente ocurrió, en
palabras de la señora Torres Cicery, es que un asesor de la compañía Seguros
BBVA lo completó, incluyendo los datos que son objeto de controversia.
De
los elementos probatorios que obran en el expediente, se observa que
efectivamente el señor Felio Calderón Cano tenía antecedentes de hipertensión
esencial desde el año 2013 y que tuvo una operación a corazón abierto en el
2000, hechos que no fueron manifestados en la declaración de asegurabilidad,
pues se observa que, en lo que atañe a la pregunta de “¿[si] ha sufrido o
sufre una enfermedad o problema de salud de los siguientes aparatos, sistemas u
órganos?”, en concreto sobre tensión alta y problemas del corazón, aparece
marcada la casilla “No”. Dicha declaración aparece firmada por el
tomador con su número de cédula. Con todo, la accionante alega que tal
manifestación no se ajusta a la realidad, por lo que también obran en el
expediente documentos que pretenden demostrar la diferencia entre la letra
plasmada en el formulario que aparece resuelto, respecta de aquella que –según
se afirma– es la del señor Calderón Cano.
Para
la Corte, la naturaleza informal, sumaria y expedita del amparo constitucional
tornan improcedente el amparo propuesto, ya que no se advierte que se esté en
presencia de un derecho indiscutible. Por el contrario, mientras la parte
actora alega la ausencia de mala fe del señor Calderón Cano al declarar el
estado del riesgo, sugiriendo una duda sobre la forma como se completó el
formulario que aparece resuelto y acompañado de su firma y cédula; la parte
demandada refiere al ocultamiento de información relevante, como lo es la
hipertensión esencial que padeció. Así las cosas, la Sala no puede en sede de
tutela entrar a definir derechos litigiosos y controversiales, cuyo escenario
de discusión es el propio de la jurisdicción ordinaria o el de la vía alternativa
ante la Superintendencia Financiera, en donde, si el del caso, entre otras, se
podrá adelantar los estudios grafológicos que definan si efectivamente el
tomador diligenció o no la declaración de asegurabilidad.
2.8.12.
En definitiva, no se cumplen las condiciones para que por vía del amparo
constitucional se ordene el pago del seguro, por lo que no se analizará el
resto de requisitos mencionados en el acápite 2.8.9 de esta providencia.
2.8.13.
Por fuera de lo expuesto, teniendo en cuenta las pretensiones realiza-das y que
constan en el apartado 2.8.2 de esta sentencia, la Corte
también debe analizar si la compañía BBVA Seguros vulneró el
derecho de petición de la señora Rosario Adys Torres Cicery, en la medida en
que, según alega, no se le dio respuesta a todos los cuestionamientos que formuló
en su solicitud del 1º de julio de 2016, al limitarse la aseguradora a reiterar
la negativa de pago del valor amparado.
Al
respecto, cabe advertir que la nueva legislación sobre derecho de petición
establece que, cuando éste se ejerce frente a organizaciones privadas como lo
son las sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, cooperativas,
instituciones financieras o clubes, son aplicables los mismos principios y
reglas establecidas para los casos en que se presentan solicitudes respetuosas
ante las autoridades públicas. Precisamente, el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015, que en lo pertinente sustituyó el artículo 32 de la Ley
1437 de 2011, establece que:
“Artículo
32. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Derecho de petición ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales.  Toda
persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. // Salvo norma
legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán
sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo I de este
título. (…)”[99].
Por
lo anterior, nótese cómo, la Sala debe verificar (i) si la petición de la accionante
estaba dirigida a la protección de derechos fundamentales y, si ello es así,
(ii) si se desconocieron los requisitos de claridad, congruencia e integralidad
de la respuesta. Visto el contenido de la solicitud formulada, además del pago
del amparo, la accionante requirió lo siguiente: (a) información
sobre las causas que explican la demora en la resolución de la petición inicial;
(b) que le expliquen por qué la aseguradora emitió la póliza del seguro, si su
esposo no contestó la declaración de asegurabilidad y la dejó en blanco; e (c) información
sobre por qué se diligenció el cuestionario, si su cónyuge nunca respondió
afirmativa o negativamente las preguntas, aspecto en el que también se alude a
la justificación de los motivos que acarrearon la falta de indagación sobre su
estado de salud.
Desde
esta perspectiva, la Sala advierte que la petición relacionada con el pago del
seguro, es la única que pretende la garantía de un derecho fundamental, ya que,
como se dijo al abordar el examen sobre la legitimación por pasiva de las
entidades aseguradoras en la acción de tutela, el no pago de un seguro de vida,
que corresponde a la modalidad de seguro de personas, si bien no tiene
por objeto salvaguardar las condiciones de subsistencia de un individuo o de su
hogar, es innegable que es una forma de amparar las contingencias que puedan
afectar el pago de una deuda por muerte, enfermedades graves, accidentes o una
invalidez, de suerte que, en algunos casos, de no ser por su existencia, cuando
ocurre un siniestro, la persona comprometida con una obligación pecuniaria
preexistente estaría en incapacidad de cumplir con lo pactado, si no hace uso
de los recursos que en no pocas ocasiones están previstos para garantizar su derecho
al mínimo vital, hipótesis que –precisamente– es la que se alega en la
circunstancia bajo examen. En relación con esta petición, que sería la primordial
en el caso sub-judice, se observa que se cumple tanto con el requisito
de estar dirigida a la protección de un derecho fundamental, como con la
observancia de la obligación de dar una respuesta clara, de fondo y congruente
con lo pedido.
Ahora
bien, respecto de las demás peticiones formuladas, visto su contenido, lo que
se advierte por este Tribunal es que no están dirigidas a la garantía de un
derecho fundamental, pues en ellas se indaga sobre la actuación de la
aseguradora dentro del giro ordinario de su actividad comercial, tanto así que las
preguntas guardan una relación directa con la controversia planteada. Bajo esta
perspectiva, no cabe la protección que se invoca por la señora Torres Cicery,
por cuanto se incumple con el primer requisito para que proceda el derecho de
petición ante particulares, referente a que su presentación se debe ejercer
dentro del ámbito de garantía de los derechos fundamentales[100].
Lo que se solicita hace parte como tal de la discusión judicial que, como se
dijo, deberá ser ventilada ante el juez ordinario o ante la Superintendencia
Financiera.
2.8.14.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 31 de
octubre de 2016 proferida por el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de
Bogotá, en la que se declaró la improcedencia del amparo propuesto, por las
razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
2.9. Caso
T-5.899.741, acción de tutela instaurada por la señora Ledis María Quintana
Alandete contra Cooprodecol y Ace Seguros (ahora Chubb Seguros)
2.9.1. La señora Ledis María Quintana
Alandete afirma que el 10 de agosto de 2015 adquirió un crédito con Cooprodecol
Ltda por valor de $ 30.000.000, deuda que amparó con un seguro de vida que
suscribió con Ace Seguros. Relata que el 30 de noviembre de 2015 fue calificada
por la Unión Temporal de Oriente Región 5 con una pérdida de capacidad laboral
del 96%, con fecha de estructuración del día 27 del mes y año en cita. Tal
calificación tuvo en cuenta que padecía de disfonía, sindactilia, rinitis
alérgica y desviación del tabique nasal. Por lo demás, sostiene que presentó un
derecho de petición el 7 de enero de 2016 a Cooprodecol, para que hiciera
efectivo el pago de la póliza, reclamación que se negó por parte de Ace
Seguros, al alegar –en comunicación del 24 de febrero del año en cita– la
existencia de una invalidez en el contrato suscrito.
2.9.2. Con
fundamento en los hechos expuestos, la señora Quintana Alandete presentó acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos al debido
proceso, la vida digna y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por
la decisión de Ace Seguros de negarse a pagar la prestación asegurada. En
consecuencia, solicita que se ordene a la aseguradora accionada que pague a
Cooprodecol el saldo insoluto del crédito que suscribió con dicha entidad
financiera y que se hagan las devoluciones de los pagos realizados, desde el momento
en que se tuvo conocimiento de su invalidez.
2.9.3.
En
Auto del 16 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Barrancabermeja vinculó al proceso al Ministerio de Salud, a la Unión Temporal
Región 5, a la Fundación Oftalmológica de Santander, a la empresa Colombiana de
Salud S.A., a la Sociedad Médica Clínica de Riohacha S.A.S, al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, a la Fiduprevisora y a la Fundación Avanzar
FOSCAL- Magisterio.
En
el término concedido para dar una respuesta a la acción de tutela tan sólo se
pronunciaron: (i) el Ministerio de Salud, el cual solicitó que se
declarara la improcedencia del amparo propuesto, por su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que respecto de la vulneración que se alega, la
entidad no ha realizado ninguna acción u omisión que pueda llevar al
desconocimiento de los derechos invocados; y (ii) la Fiduprevisora S.A., quien igualmente
pidió que se declarara la improcedencia de la acción, por la misma causa y
razones expuestas.
9.2.6. Como pruebas relevantes se
aportaron al proceso las siguientes: (i) copia de un derecho de petición del 7
de enero de 2016 dirigido a Cooprodecol Ltda., en el que la accionante solicita
que se haga efectivo el pago del seguro; (ii) copia del dictamen del 30 de
noviembre de 2015, en el que califican a la accionante con un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral del 96%, con fecha de estructuración del día 27
del año y mes en cita, con fundamento en los diagnósticos realizados de
disfonía, rinitis alérgica, sindactilia y desviación del tabique y (iii) copia
de un escrito suscrito por el Gerente de Cooprodecol Ltda, con fecha 2 de junio
de 2015 y dirigido a la accionante, en el que le informan que su crédito puede
ser reestructurado.
2.9.7. En sentencia del 26 de mayo de
2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja declaró la
improcedencia de la acción. En términos generales, señaló que la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para resolver controversias contractuales,
como la que se somete a consideración del juez en esta oportunidad. Por otro
lado, mencionó que es ajeno a la justicia constitucional la posibilidad de ordenar
la condonación de una deuda o el pago del seguro, más aún cuando no existe
certeza si el dictamen de pérdida de capacidad laboral es de carácter
definitivo, o si fue sometido a revisión.
Finalmente, se considera que en el caso
bajo examen no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que le
impida a la accionante acudir ante la justicia ordinaria, para obtener el cumplimiento
de la póliza suscrita. En todo caso, se conminó a Cooprodecol Ltda para que le
brinde la posibilidad a la señora Quintana Alandete de reestructurar el
crédito, lo cual se debía realizar en los 10 días siguientes a la notificación
de la sentencia.
2.9.8. En escrito del 1º de junio de
2016, la accionante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y
que se accediera a sus pretensiones. Para el efecto, se manifestó que la jurisprudencia
de esta Corporación ha reconocido que, excepcionalmente, la acción de tutela
puede desplazar al medio ordinario de defensa judicial, incluso para dirimir
una controversia contractual, como en el caso del desarrollo de la actividad
aseguradora.
2.9.9. En sentencia del 13 de julio de
2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja confirmó la
decisión del a-quo, al considerar que, por estar de por medio una
controversia contractual, la vía ordinaria es el medio idóneo y eficaz para que
la otra parte ejerza su derecho de defensa y aporte las pruebas que soporten su
posición.
2.9.10.
En sede de revisión, en Auto del 18 de abril de 2017, se ofició a Cooprodecol
Ltda para que aportara un certificado con la fecha en la que la
señora Ledis
María Quintana Aldanete adquirió el crédito, identificando cuál es el
monto actual de la obligación. En respuesta del día 28 del mes y año en cita,
el gerente de la citada compañía informó que la accionante obtuvo el préstamo
el 10 de agosto de 2015 y que su valor asciende, en estos momentos, a la suma
de $ 23.955.908 pesos.
2.9.11. En el mismo Auto del citado 18
de abril, se ofició a Chubb Seguros para que remitiera copia de la póliza
suscrita por la accionante, así como de la respuesta a la reclamación presentada
el día 7 de enero de 2016. En este punto, cabe aclarar que la citada compañía
adquirió la posición contractual de Ace seguros. En la respuesta dada se envió
los siguientes documentos: (i) copia de la historia clínica de la señora
Quintana Alandete, en la que se reporta un evento del 26 de mayo de 2015, por
control por persistencia de disfonía; (ii) copia de la historia clínica de la
accionante del 2 de julio del año en mención, en el que se reporta un evento
por disfonía persistente. Además de ello, como antecedentes patológicos, se
mencionan problemas de rinitis, ojo seco derecho y dermatitis, así como
prácticas quirúrgicas de sindáctila mano derecha, momatosis, apendicetomía y
laparoscopia diagnóstica; (iii) copia del estado de cuenta de la señora
Quintana Alandete con Cooprodecol Ltda., en el que se registra que el pago
mensual de su cuota es de $ 839.556 pesos. En el escrito también se registra
que la citada señora recibe por concepto de otros ingresos la suma de $1.200.000,
que corresponden a las ganancias por una papelería; (iv) copia de las
condiciones generales de la póliza de vida grupo deudor; (v) copia de un comprobante
de pago de la pensión de invalidez de la accionante, por un valor total de $ 3.221.416
para el año 2017; y (vi) la respuesta del 30 de marzo de 2016, en la que se
niega el pago de la prestación asegurada, por cuanto las patologías que
originaron la invalidez fueron preexistentes a la celebración del contrato.
2.9.12. También, en el citado Auto del 18 de abril
de 2017, se
ofició a la accionante para que informara y certificara el monto de su pensión
de invalidez. En escrito del 19 de mayo del año en cita, la señora Quintana
Alandete aportó la calificación de pérdida de la capacidad laboral y la
resolución del 23 de mayo de 2016 que reconoce y paga la mencionada pensión. El
valor que allí consta es de $ 2.861.958 pesos
mensuales.
2.9.13.
Por último, en la misma providencia previamente reseñada, se ofició a Chubb
Seguros Colombia para que remitiera a esta Corporación copia la declaración de
asegurabilidad de la accionante, la cual fue allegada el 12 octubre del
presente año. Su contenido será objeto de descripción dentro del análisis del
caso concreto.
2.9.14.
En este caso, como se observa, el asunto también versa sobre una controversia
relacionada con el pago de derechos económicos derivados de un contrato de
seguro, concretamente entre la señora Ledis María Quintana Alandete y Chubb
Seguros, como resultado de la negativa de esta última de cancelar el valor de
la póliza de vida grupo deudores que suscribió el 8 de agosto de 2015, para
asegurar el pago de una deuda que adquirió con Cooprodecol por valor de $
30.000.000 de pesos.
En
este sentido, la controversia sometida a decisión envuelve una discusión en
torno a que, si bien se alega por la accionante la ocurrencia del siniestro que
activaría la obligación condicional de pago del seguro de vida grupo deudores,
con ocasión de su invalidez que fue declarada el 29 de noviembre de 2015, con
fecha de estructuración del día 27 del mes y año en cita, la compañía demandada
sostiene que la enfermedad que ocasionó tal declaratoria, se diagnosticó con una
fecha anterior a la suscripción del contrato[101],
por lo que se trata de una preexistencia que impide la activación del seguro. En
concreto, se afirma que las condiciones particulares que fueron acordadas para que
proceda el amparo por una incapacidad total y permanente, exigen que dicha
condición sea el resultado de lesiones físicas, orgánicas o alteraciones
funcionales “no preexistentes”.
En
este caso, distinto a lo que sucede con los demás, la Sala encuentra que el
problema que se suscita guarda relación con la determinación de los requisitos
de los cuales pende la activación del amparo, frente a lo cual la accionante no
hace ninguna alegación concreta.
2.9.15.
Retomando
entonces las consideraciones generales realizadas en esta providencia, la
tutela sólo procede por vía de excepción cuando la controversia se relaciona
con el goce de derechos económicos derivados de un contrato de seguro, de
manera que, sólo cuando se satisfacen determinados requisitos, puede el juez constitucional
entrar a decidir de fondo el asunto. Particular-mente, en el caso de las
preexistencias, más allá de los requisitos básicos que determinan la
prosperidad de la acción, se ha aceptado la competencia del juez de tutela, cuando
la aseguradora actúa de manera arbitraria al negar el pago de la póliza, como
ocurre, por ejemplo, cuando no se justifica dicha negativa o cuando se decide
negar al margen de las pruebas aportadas[102].
2.9.16.
En
este sentido, cabe analizar en el caso de la referencia, si la actuación de la
aseguradora demandada resulta arbitraria y, por ende, la acción de tutela tendría
la virtualidad de desplazar a los medios ordinarios de defensa judicial.
Lo
primero que hay que reiterar es que, en el caso de los seguros de vida
o de daños, la relación de aseguramiento se guía por el principio de autonomía
de la voluntad privada, lo que exige verificar que se cumpla con el clausulado
acordado por las partes, sin que quepa imponer límites adicionales a los
contenidos en la ley. En efecto, en el caso sub-judice, se observa que
la aseguradora estableció que, para efectos del amparo, “se entiende como
incapacidad total y permanente la invalidez igual o superior al cincuenta por
ciento (50%) sufrida por el asegurado menor de 65 años de edad, cuya fecha de
estructuración este dentro de la vigencia del seguro, originada en lesiones
físicas, orgánicas o alteraciones funcionales no preexistentes y no causadas
intencionalmente por éste (…)”[103].
Así
las cosas, y teniendo como hecho no discutido que la accionante presenta
problemas de salud relacionados con su sistema respiratorio y sus cuerdas vocales,
la controversia que se plantea es la de entrar a verificar si las mismas tienen
un origen anterior a la fecha de suscripción del contrato de seguro, pues de
ser así, no habría arbitrariedad alguna en la decisión de Chubb Seguros de
negarse al pago de la prestación asegurada. Tal examen no cabe en sede de
tutela, pues al mismo tiempo que la señora Quintana Alandete aseveró que se
encontraba en perfecto estado de salud, al llenar el formulario propuesto por
la aseguradora; la Corte aprecia que, la invalidez que se decretó, según las
pruebas aportadas, se origina, principalmente, en la disfonía y rinitis que, al
parecer, ya padecía. Tal incertidumbre impide la activación del amparo tutelar,
siendo necesario que la accionante acuda ante el juez civil o ante la
Superintendencia Financiera, para que allí sea donde se debata si el origen de
su invalidez corresponde o no a una alteración funcional preexistentes, en un
escenario que les permita a las partes aportar las pruebas pertinentes, y
ejercer su derecho de contradicción dentro de las oportunidades procesales
previstas para el efecto.
2.9.17.
Con
fundamento en lo anterior, y no estando cumplidos los requisitos para que el
juez de tutela se pronuncie de fondo sobre la controversia, esta Sala
confirmará, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del 13
de julio de 2016 adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Barrancabermeja, que a su vez también confirmó la decisión proferida el 26 de
mayo del año en cita por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la mencionada
ciudad, consistente en declarar la improcedencia del amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- En el
expediente T-5.910.099,
CONFIRMAR la
sentencia del 5 de agosto de 2016 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Sandoná, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- En el
expediente T-5.919.123,
CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2016 proferida por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, que a su vez
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Neiva, por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero.- En el
expediente T-5.813.243, CONFIRMAR la decisión del
Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) del 21 de junio de
2016, que a su vez también confirmó el fallo de primera instancia adoptado por
el Juzgado Segundo Civil Municipal de la mencionada ciudad, por las razones
expuestas en esta providencia.
Cuarto.- En el
expediente T-5.896.487, CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de
2016 adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, que a su vez confirmó la decisión
proferida el por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de la citada ciudad, por las razones
expuestas en esta providencia.
Quinto.- En el
expediente T-5.909.382, CONFIRMAR la sentencia del
29 de septiembre de 2016 adoptada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Cartagena de Indias, que a su vez también confirmó el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de la citada ciudad, por
las razones expuestas en esta providencia.
Sexto.- En el
expediente T-5.900.024,
CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2016,
proferida por el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá, por las
razones expuestas en esta providencia.
Séptimo.- En el expediente
T-5.899.741, CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2016 proferida por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, que a su vez confirmó
la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la citada
ciudad, por las razones expuestas en esta providencia.
Octavo.-
Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1] El artículo
86 de la Constitución Política establece que: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”.
Énfasis por fuera del texto original.
[2] Sentencia
T-845 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[3] El artículo 10 del citado Decreto, establece que: “Legitimidad
e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
// También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[4] Esta
presunción fue establecida por el legislador delegado en el decreto 2591 de
1991. Sobre la misma se pronunció tangencialmente la Corte en Sentencia T-001
de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de abogados que presentaron acción
de tutela como agentes oficiosos sin demostrar la indefensión de los
agenciados, la Corte niega la tutela porque no se configura  la agencia
oficiosa y no se reúnen los requisitos  para el apoderamiento judicial, afirmó
la Corte: ‘Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede
predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para
presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo
expediente ello aparezca acreditado’. (…).
[5] En la
Sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la
acción ‘todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga una
vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión.’ (…)”.
[6] En este
sentido la Corte ha acogido las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
[ahora, Código General del Proceso] en la materia, así en la Sentencia T-530 de
1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los
poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no
puedan confundirse con otros.”
[7] En este
sentido en la en la Sentencia T-695 de 1998 la Corte no concedió la tutela
impetrada debido a que el abogado quien presentó la tutela pretendió hacer
extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de tutela. En esta
oportunidad la Corte reiteró la doctrina sentada en la Sentencia T-550 de 1993
oportunidad en la cual la Corte afirmó: ‘De otro lado, debe desecharse la
hipótesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al
propósito de intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso,
por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela
tiene un carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a
presumir la existencia de un poder que no se presentó y que es necesario
allegar siempre que se ejerza la acción de tutela a nombre de otro y a título
profesional’.  En un sentido similar ver Sentencia T-002 de 2001, en la
cual la Corte afirmó que la condición de apoderado en un proceso penal no
habilita para instaurar acción de tutela, así los hechos en que se esta se
fundamenta tengan origen en el proceso penal.
[8] En la
Sentencia T-530 de 1998, la Corte al revisar la decisión de una tutela
promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien actuaba
sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no
debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el
poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.  En este sentido
aseveró que ‘Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la
parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe
desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal
es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme
al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción
de tutela.’
[9] En la
sentencia T-207 de 1997 la Corte se extendió en consideraciones acerca de la
informalidad, propia de la acción de tutela y de sus implicaciones frente al
ejercicio de la misma. Con respecto al apoderamiento judicial como excepción al
principio de informalidad de la acción señaló: ‘Caso distinto es el de quien
ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional, en virtud de
mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del marco legal
y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la
cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto 196 de
1971).  Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal
ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria
defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con
certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las
distintas instancias judiciales y que responderá por su gestión.’
[10] Sobre la
obligatoriedad de que la representación  judicial en tutela sea asumida por
abogados en ejercicio no existe regulación expresa ni en la Constitución ni en
los decretos reglamentarios de la acción de tutela, ante este vacío la Corte en
sentencia T-550 de 1993 mediante interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico,  a partir de las  disposiciones generales sobre representación
judicial y en especial a partir de la disposición del artículo 38 del decreto
2591 de 1991 (que señala las faltas para los abogados que promuevan
irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta disposición no tendría
sentido sino se entendiera que la representación judicial  sólo pudiese ser
adelantada por abogados titulados y en ejercicio.
[11] Esta entidad fue vinculada oficiosamente por el juez de única
instancia en auto del 26 de julio de 2016.
[12]
Énfasis por fuera del texto original.
[13] Sentencia T-530 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Expresamente se dijo que: “Dicho de otra
forma, la personería adjetiva de que goza para representar a la parte civil en
el penal, en manera alguna lo habilita para la actuación que ha dado lugar a
este proceso. // No sobra recordar que el artículo 65 del C.P.C modificado por
el Decreto 2282/89 artículo 1° numeral 23 establece en su inciso 2° que ‘En los
poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no
puedan confundirse con otros’. Lo anterior, para reafirmar que el demandante
carece por completo de personería para actuar en representación de las personas
verdaderamente legitimadas.”
[14]
CP art. 86.
[15] El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de
procedencia de la acción de tutela contra particulares.
[16] Al respecto, entre otras, se pueden consultar las Sentencias T-233
de 1994, T-457 de 1995, T-100 de 1997, T-1386 de 2000, T-143 de 2000, T-317 de
2001, T-874 de 2001 y T-163 de 2002, T-385 de 2002, T-595 de 2003, T-108 de
2005 y T-661 de 2008.
[17]
Código de Comercio, arts. 1137 y subsiguientes.
[18] Así, por
ejemplo, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo define a los
servicios públicos como: “toda actividad organizada que tienda a satisfacer
necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un
régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas”. Por su parte, el artículo 3 de la
Ley 80 de 1993, reitera la misma definición al considerar a los servicios
públicos como aquellos “que están destinados a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección,
regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el
Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines”. Por lo anterior, en la Sentencia T-215 de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, se explicó que: “en el marco de la Constitución vigente, bien
puede afirmarse, que no toda actividad de interés público es servicio público
y (…) ha de estar sujeta necesariamente a las reglas del servicio público”.
De esta manera, a manera de ilustración, el seguro obligatorio de accidentes de
tránsito sí ha sido categorizado como servicio público, en razón de su alcance,
objeto y cobertura. Al respecto, véase la Sentencia T-105 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[19] El artículo 1072 del Código de Comercio dispone que: “Se denomina
siniestro la realización del riesgo asegurado”.
[20] Sentencia T-813 de 2012, M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[21] Si bien en algunos casos las tutelas se dirigieron contra los
bancos que otorgaron los créditos o su vinculación oficiosa se dispuso por el
juez de primera instancia o por el magistrado sustanciador, en atención a que
podrían ser afectados con la decisión que se adopte en el proceso, lo cierto es
que las pretensiones en las seis tutelas están dirigidas a que se ordene a las
aseguradoras pagar al banco el saldo total de la deuda, con ocasión de la
suscripción de la modalidad denominada seguros de personas.
[22] Precisamente, el artículo 86 dispone que: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[23] Sentencia T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[24] En este
caso, la fecha corresponde a aquella en la que la Superintendencia Financiera
le resolvió una queja dirigida contra la aseguradora Liberty Seguros, con la
que pretendía el pago de la prestación asegurada.
[25] Señala que su esposo tiene un hijo extramatrimonial de 12 años, uno
de 10, otro de tres años y un bebé de año y medio.
[26] Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de 2009,
T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[27] Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[28] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29] Véanse, además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135
de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418
de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de
1998 y T-287 de 1995.
[30] Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[31] Para determinar la configuración de un perjuicio irremediable, en
criterio de este Tribunal, deben concurrir los siguientes elementos: (i) el
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que está por suceder; (ii) las medidas
que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes, tanto por brindar una
solución adecuada frente a la proximidad del daño, como por armonizar con las
particularidades del caso; (iii) el perjuicio debe ser grave, es decir,
susceptible de generar un detrimento transcendente en el haber jurídico (moral
o material) de una persona; y la (iv) respuesta requerida por vía judicial debe
ser impostergable, o lo que es lo mismo, fundada en criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
En desarrollo de lo expuesto, en la Sentencia T-747 de 2008, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, se consideró que cuando el accionante pretende la protección
transitoria de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela,
tiene la carga de “presentar y sustentar los factores a partir de los cuales
se configura el perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su
acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la
acción de tutela.”
[32] Véanse, entre otras, las sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[33] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Igual doctrina se encuentra en las sentencias T-203 de 1993, T-483
de 1993 y T-016 de 1995.
[35] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[36] Sobre las vías adecuadas para dirimir las controversias surgidas
con ocasión del contrato de seguro, en la Sentencia T-442 de 2015, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, la Sala Tercera de Revisión sostuvo lo siguiente: “los
medios judiciales adecuados para tramitar las controversias que puedan
originarse con ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los
procesos declarativos que, en el contexto del Código General del Proceso,
incluirían el verbal o el verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a
385, así como 390 a 394, y 398 del Código General del Proceso) o el proceso
ejecutivo (artículo 422 Ibídem) en los casos descritos en el artículo 1053 del
Código de Comercio.” En igual sentido se pronunció la Corte en la Sentencia
T-058 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37] Sentencia
T-557 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Énfasis por fuera del texto
original.
[38] En el
mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-751 de 2012,
T-70 de 2013, T-007 de 2015.
[39] En la Sentencia T-902 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa,
se explicó que: “El derecho fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.),
como lo ha entendido la Corte para los casos en los cuales se examina la
actuación de una aseguradora, estipula que las determinaciones acerca de si se
reconoce o no un derecho deben estar basadas en las condiciones previamente
pactadas, sin desconocimiento del marco legal.”
[40] Para
ahondar sobre los escenarios en los que la Corte ha concedido el amparo frente
a este tipo de situaciones puede consultarse la Sentencia T-058 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[41] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] Sobre el
particular se dijo que: “El razonamiento hecho por la aseguradora accionada,
resulta absurdo en la medida en que se da efectos retroactivos a una situación
que solo surgió y por ende se hizo exigible cuando se emitió el dictamen que
declaró la invalidez. Razón por la cual, esta Sala considera que tener como
fecha de la ocurrencia del siniestro la estructuración de la invalidez,
contraría el principio de la buena fe, el cual debe estar presente dentro del
contrato de seguro, pues en ese momento el señor Rodríguez Rueda no conocía de
su estado de invalidez y, por tanto, no podía hacer exigible los derechos
derivados del acaecimiento del riesgo amparado.”
[43] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez
[44] Sentencias
T-490 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-007 de 2015, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[45] Concretamente, en la Sentencia T-152 de 2006, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, se abordó el caso de una persona que había adquirido un seguro
familiar de salud con las coberturas y exclusiones que figuraban en el
contrato, y al que se le tenía que practicar cirugía de “Varicocele Izquierdo”.
La aseguradora accionada respondió que el procedimiento no sería autorizado,
por cuanto dicha patología era preexistente al ingreso del asegurado y, por
tanto, estaba excluida de la cobertura. En criterio de esta Corporación, no era
factible que una aseguradora alegara preexistencias en esta clase de contratos,
pues es ella quien tiene la posibilidad de conocer el verdadero estado de salud
del asegurado.
[46] En el
mismo sentido ver Sentencia T-570 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[47] Subrayado
por fuera del texto original.
[48] Desde sus
inicios, siguiendo a la doctrina, este Tribunal ha considerado que dicho
principio constitucional es un componente fundamental del citado negocio
jurídico. Así lo concibió en la Sentencia C-232 de 1997, M.P. Jorge Arango
Mejía, al sostener que: “aseverar que el contrato de seguro es uberrimae
bona fidei contractus, significa sostener que en él no bastan simplemente la
diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los
contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima
calidad, esto es, llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de
seguro se celebre con esta buena fe calificada, vincula por igual al tomador y
al asegurador.”
[49] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-073 de 2002 y T-763 de 2005.
[50] Desde el
punto de vista económico, la ausencia de confianza entre los contratantes
llevaría a que ambas partes deban incurrir en costos adicionales a través de
los cuales se intente, cuando menos, morigerar la asimetría en la información
que cada parte conoce, lo cual además haría lento el proceso de negociación de
esta modalidad de seguro.
[51] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de junio de 2007, rad. 2004-00179-01. Reiterada en Sentencia del 16 de diciembre de
2016, SC18563.
[52] La
reticencia está contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio que, en su
tenor literal, dispone: “Declaración del estado del riesgo y sanciones
por inexactitud o reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente
los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones
más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. // Si la declaración no
se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la
inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos
o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. // Si
la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el
contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de
siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que
la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa
o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el
artículo 1160. // Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si
el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer
los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o
si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente.”
[53] El
principio de la buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Constitución
Política, en los siguientes términos: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.” Igualmente, en
materia comercial, dicho mandato de optimización se reitera en el artículo 871
del Código de Comercio, el cual dispone que: “Los contratos deberán
celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo
pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza
de los mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”
[54] En tal
sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil se pronunció en
Sentencia del 18 de octubre de 1995, Expediente No. 4640-1,
al afirmar que: “(…) en efecto, en lo tocante al contrato de seguro el
concepto de buena fe adquiere mayor severidad porque, a diferencia de muchos
otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a
obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta
noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su
ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las partes, que muchas
veces no implican verificación previa. Generalmente estas manifestaciones en lo
que respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que
exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verídicas y que no haya
callado ni ocultado circunstancias que, de conocerlas el asegurador, no habría
consentido en el contrato, o habría consentido en él bajo otras condiciones.”
[55] Como ya se
advirtió, esta consideración se expuso en la Sentencia C-232 de 1997, M.P.
Jorge Arango Mejía, al sostener que: “Naturalmente,
la necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta buena fe
calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador. Sin embargo, la
Corporación centra su interés en la carga de información precontractual que
corresponde al tomador, pues es en relación con ésta que pueden surgir las
nulidades relativas contempladas en el artículo 1058 del Código de Comercio. //
Para la Corte Constitucional, es claro que el régimen rescisorio especial para
las reticencias e inexactitudes relevantes, surge de bases objetivas,
determinadas por la naturaleza de las cosas: la ineludible necesidad de
contratar en masa, que constriñe a la empresa aseguradora, y la correlativa
imposibilidad física de inspeccionar todos y cada uno de los riesgos contratados,
que explica por qué el asegurador queda supeditado a la honradez del tomador, y
por qué éste debe asumir, en todo momento, una conducta de máxima buena fe. //
Finalmente, la justicia conmutativa hace fácil entender que, si el asegurador,
como se ha visto, está normalmente obligado a proceder con base en una extrema
confianza respecto de la persona y las declaraciones del tomador, es equitativo
y razonable que la traición de esa inusual confianza se castigue con sanciones
que excedan los niveles ordinarios.”
[56] Sentencia
T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] Código de
Comercio, art. 1058.
[58] En
palabras de la doctrina: “[c]ualquier desfase cualitativo
y cuantitativo relevante (…) supondrá que las prístinas bases contractuales se
alteren o menoscaben, con las consabidas consecuencias de carácter jurídico y
patrimonial para el asegurador que, confiado en la veracidad y objetividad de
lo declaro por el candidato a tomador a) finalmente determinó contratar, y b)
mensuró, en tal virtud, el precio de la protección ofrecida, circunstancias que
reclaman, en muestra de clara justicia contractual, la intromisión de un
mecanismo correctivo del desequilibrio propiciado por la formulación de una
declaración distorsionada, a su vez que sancionatorio de una práctica, acto o
conducta contra legem, ajena al nombre y altruista deseo de todo
ordenamiento consistente en que las actuaciones de los sujetos de derechos sean
iuxta legem: la nulidad del negocio jurídico, mejor aún, su anulación.” JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, Derecho de Seguros, Tomo II,
Editorial Temis y Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 668.
[59] El
artículo 1058 del Código de Comercio dispone que: “Transcurrido dos años en
vida del asegurado, desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, el valor
del seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la declaración
de asegurabilidad”.
[60] Ibídem.
[61] Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[63] Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este
mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que: “(…) el tomador está compelido a declarar sinceramente los
hechos o circunstancias que lo determinan y los efectos adversos por inexactitud
se reducen a su hay error inculpable o se desvanecen por inadvertir el
asegurador las serias señales de alerta sobre inconsistencias en lo que aquél
aporta.” Sentencia SC2803 del 4 de marzo de 2016. Radicado
05001-31-03-003-2008-00034-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[64] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2803 del 4 de marzo de
2016. Radicado 05001-31-03-003-2008-00034-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[65] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[66] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[67] “Por
medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones.”
[68]
Ley 1480 de 2011, art. 57.
[69]
Expresamente, el parágrafo 1 del artículo 24 del Código General del Proceso
dispone que: “Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo,
generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia
otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades
administrativas en estos determinados asuntos”.
[70] El
parágrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso establece que: “Los
procesos que versen sobre violación a los deberes de los consumidores
establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las acciones
populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por el verbal
sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que
conozca de ellos. (…)”.
[71] Una breve
descripción del procedimiento que se sigue por esta vía judicial se puede
consultar en el siguiente aplicativo de la Superintendencia Financiera: Funciones
jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de
protección al consumidor financiero, lo que usted debe saber sobre. Visible
en: www.superfinanciera.gov.co. En cuanto al
término previsto para hacer uso de la acción de pro-tección al consumidor se
advierte que, en principio, el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 1480 de
2011, lo circunscribe al plazo de un año siguiente a la terminación de la
relación contractual. No obstante, en materia de seguros deben tenerse en
cuenta los términos de prescripción que se consagran, con carácter especial, en
el artículo 1081 del Código de Comercio. Así se constata en el fallo No. 2016014487
- 2016-0210 del 15 de diciembre de 2016 de la Superintendencia Financiera.
[72] El numeral
8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 consagra que: “Al adoptar la
decisión definitiva, el juez de conocimiento o la Superintendencia [Financiera]
(…) resolverá sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para
las partes según lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar
infra, extra y ultrapetita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con
indicación de la forma y términos en que se deberán cumplir”.
[73] Se trata
del efecto general de la reticencia al cual se refieren los incisos 1 y 2 del
artículo 1058 del Código de Comercio.
[74] En este
punto, se hace referencia al efecto que se regula en el inciso 3 del citado
artículo 1058, al disponer que: “Si la inexactitud o la reticencia provienen
de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador
sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la
prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el
contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero
estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.”
[75] En la
página Web de la Superintendencia se constatan varias decisiones relacionadas
con el fenómeno de la reticencia. Entre ellas, se pueden oír los audios de las
sentencias de los procesos 2016007821 - 2016-0110 del 23 de noviembre de 2016 o
2015-1473 del 12 de octubre de 2016.
[76] El mandato
que refiere a la congruencia de las sentencias se encuentra, por regla general,
en el artículo 281 del Código General del Proceso, el cual señala que: “La
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la
invocada en ésta. (…)·.
[77]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[78] Por ejemplo, en la Sentencia T-720 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, la Sala Tercera de Revisión consideró que no había lugar a
efectuar juicios valorativos sobre la buena o mala fe de la accionante al
omitir declarar las enfermedades que padecía, en tanto éstas no tenían el
porcentaje suficiente para ocasionar la invalidez de la accionante y las que
verdaderamente la invalidaban eran inciertas.
[79] Sentencia T-393 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldan.
[80] Así se
pronunció esta Corporación al declarar la exequibilidad del artículo 1058 del
Código de Comercio, con fundamento en un cargo que pretendía vincular la
reticencia con la causa del siniestro. Sobre el particular, en la Sentencia
C-232 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía, en varios de sus apartes, este Tribunal
manifestó que: “Como se deduce del acta número 73 [referente a los
antecedentes del Código de Comercio], para que la
nulidad relativa pueda declararse (...) no hay necesidad de establecer relación
ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro. En
efecto, cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar
sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del
riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación
asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o
temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa,
salga del ámbito jurídico. // Esto, con prescindencia de extemporáneas
consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación
de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo
que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab
initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el
siniestro. La relación causal que importa y que, para estos efectos, debe
existir, no es, como sostienen los demandantes, la que enlaza la circunstancia
riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el
error o el dolo con el consentimiento del asegurador. En este sentido, el
profesor Ossa escribió: ‘Debe, por tanto, existir una relación causal entre
el vicio de la declaración (llámese inexactitud o reticencia) y el
consentimiento del asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al
celebrarlo en determinadas condiciones sólo ha podido explicarse por la
deformación del estado del riesgo imputable a la infidelidad del tomador.
Ello no significa, en ningún caso, como algunos lo han pretendido, que la
sanción sólo sea viable jurídicamente en la medida en que el hecho o
circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como causas
determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no, proveniente de una u otra
causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde el punto de vista de la
formación del contrato.” (J. Efrén Ossa G., ob. cit. Teoría General del Seguro
- El Contrato, pág. 336).’ (…)”. Sombreado por fuera del texto original.
[81] El
artículo 1058 del Código de Comercio establece que: “Artículo 1058.-
El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias
que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto
por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro. // Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario
determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador
ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación
objetiva del estado del riesgo. // Si la inexactitud o la reticencia provienen
de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador
sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la
prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el
contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero
estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. // Las sanciones
consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de
celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente.”
[82] La Corte
ha considerado que, excepcionalmente, la carencia actual de objeto puede
presentarse en hipótesis distintas al hecho superado y al daño consumado, por ejemplo, (i) cuando se presenta un hecho sobreviniente, por
virtud del cual el actor pierde interés en la pretensión que inicialmente
plasmó en la acción de tutela; (ii) cuando el objeto del amparo se torna de
imposible realización, por la ocurrencia de un cambio en las situaciones de
hecho que motivaron la presentación de la demanda; (iii) cuando el accionante
fallece y la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados no es
la causante de la muerte; o (iv) cuando el propio demandante procede de
manera directa con la satisfacción de la pretensión reclamada.
[83]
Código Civil, art. 1666 y subsiguientes.
[84] La norma
en cita dispone que: “Aunque el asegurador prescinda del examen médico, el
asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el
artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción dé lugar”.
[85] M.P. Jorge Arango Mejía.
[86] Lo
anterior recordando que, en caso de ser procedente, se hará por esta Sala la
verificación de la subrogación de la obligación pagada en cabeza del
accionante.
[87]
Folios 58 y 68 del cuaderno de revisión.
[88] M.P. Jorge Arango Mejía.
[89]
Se trata de la señora Gloria Elena Zuluaga Gómez.
[90] La
terminación del contrato de seguro de vida por el incumplimiento en el pago de
las primas se regula en los artículos 1152 y 1153 del Código de Comercio.
[91] La norma
en cita dispone que: “Artículo 1160. Transcurridos dos años en vida
del asegurado, desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, el valor del
seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de
asegurabilidad”.
[92]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[93] El artículo 1068 del Código de Comercio
establece que: “La
mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se
expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del
contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada
y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. Lo
dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en
la carátula de la póliza, en caracteres destacados. Lo dispuesto en este
artículo no podrá ser modificado por las partes.”
[94] “Artículo
1152.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente, el no pago de las
primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la
terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho de exigirlas”
[95]
Código de Comercio, art. 1153.
[96] La norma
en cita dispone que: “Aunque el asegurador prescinda del examen médico, el
asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el
artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción dé lugar”.
[97] M.P. Jorge Arango Mejía.
[98] Así las
cosas, en la Sentencia T-571 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa se
expuso que: “[Si] bien la tutela tiene como una de
sus características la informalidad, esto no significa que el juez pueda
sustraerse del deber que tiene de constatar la veracidad de las afirmaciones
realizadas por las partes. La Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que
la decisión judicial ‘no puede ser adoptada con base en el presentimiento,
la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en
efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo
contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela.’ // Las
anteriores razones le permiten concluir a la Corte,  que en el presente
caso no es procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago
de la prima técnica reclamada por los accionantes, por no cumplirse el
requisito de subsidiariedad, toda vez que de la evaluación del caso concreto no
hay afectación al mínimo vital, y no obra prueba en el expediente que sustente
el derecho reclamado ni el trato discriminatorio alegado, por lo que hay
razones más que suficientes para desestimar el amparo solicitado, pues en
virtud del principio de subsidiariedad los actores cuentan con otros medios de
defensa idóneos para reclamar la acreencia laboral pretendida.”
[99] El aparte subrayado fue declarado exequible “bajo
el entendido de que al derecho de petición ante organizaciones privadas se
aplicarán, en lo pertinente, aquellas disposiciones del capítulo I que sean
compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares.”.
Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[100]
Precisamente, en la Sentencia T-726 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo,
se expuso: “El artículo 32 al definir su eje de actuación bajo el supuesto
de garantizar derechos fundamentales, está retomando las reglas
jurisprudenciales que atañen a la procedencia del derecho de petición como
medio, a través de dos supuestos: (i) se puede ejercer el derecho de petición
ante organizaciones privadas –con independencia de que sean personas jurídicas–
y aunque no presten un servicio público, ni cumplan funciones similares, cuando
la petición tenga por finalidad la garantía de los derechos fundamentales o,
de otra forma dicho, sea necesaria para asegurar el disfrute de los derechos
fundamentales del accionante. (…) // Y (ii) las peticiones presentadas, no
ante organizaciones, sino ante personas naturales, también serán procedentes
cuando el solicitante tiene una relación de subordinación o de indefensión
frente a éste o existe una posición de domi-nio. En este caso, el ejercicio
del derecho de petición debe tener también como propósito la garantía de un
derecho fundamental.” Énfasis por fuera del texto original.
[101] La
aseguradora basa su reclamación en los antecedentes médicos que sirvieron de
fundamento de la declaratoria de invalidez, como lo fueron disfonía desde abril
de 2014, la rinitis desde noviembre de 2013, entre otros.
[102] Sentencia
T-738 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[103]
Énfasis por fuera del texto original.