T-797-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-797/02
PLAN DE RETIRO
COMPENSADO Y PRINCIPIO DE IGUALDAD-No hubo violación por cuanto supuestos eran diferentes
No existe
el grado de conexidad exigible entre la liquidación de la bonificación del
señor y el derecho a reliquidación de la bonificación reconocida a los
accionantes, el cual es un requisito de procedencia de la acción de tutela. No
se está ante la vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes puesto
que el retiro del servicio del señor no se reguló por los parámetros del plan
de retiro consagrado en la Circular 008 de 1998, al que sí se acogieron voluntariamente
los accionantes. Por consiguiente, al no evidenciarse la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad de los accionantes ni el de los coadyuvantes
en la impugnación, es improcedente la acción de tutela en el proceso de la
referencia.
ACCION DE
TUTELA-Improcedencia por no darse el presupuesto de
la Inmediatez
Si bien no existe un término límite para el
ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de
protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la
presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término
razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se
refiere el artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará
improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la
inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como
finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de
la autoridad pública.
ACTA DE
CONCILIACION LABORAL-Tiene
valor de cosa juzgada
En relación con
la improcedencia de la tutela para cuestionar la validez de actas de
conciliación laboral, la jurisprudencia constitucional es uniforme al señalar
que esta acción no constituye un medio de defensa, puesto que la conciliación
tiene los mismos efectos de una decisión judicial y hace tránsito a cosa
juzgada. Además, el interesado podrá acudir ante la jurisdicción laboral
ordinaria en los casos en que considere que concurra alguno de los vicios del
consentimiento que invalide el acuerdo. El contenido del acta de conciliación
suscrita con el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, es
vinculante para las partes que en ella participan. El artículo 78 del Código de
Procedimiento Laboral le asigna fuerza de cosa juzgada al acta respectiva.
Referencia:
expediente T-632427
Tutela interpuesta
por Teresa Elena Sandoval Serrano y otros contra TRANSELCA S.A. –E.S.P.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002)
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, dicta
la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión de las sentencias dictadas en el asunto de la referencia por el
Juzgado Penal Municipal de Barranquilla y por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Barranquilla.
I.
ANTECEDENTES
1.  En 1998 la
Empresa de Energía Eléctrica TRANSELCA S.A. -E.S.P.- adquirió las acciones de
la Empresa de Energía Eléctrica de la Costa Atlántica CORELCA.
Mediante Circular
008 del 5 de octubre de 1998, TRANSELCA S.A. –E.S.P.- ofreció a sus
trabajadores un plan de retiro voluntario compensado, el cual incluía el
derecho a pensión anticipada o el retiro con bonificación.
Para liquidar la
bonificación se daría aplicación a la tabla propuesta en el plan de retiro
voluntario, la cual incluía como factores multiplicadores el monto del salario
básico y el tiempo de servicio.
Varios trabajadores
de la empresa se acogieron al plan de retiro voluntario, a quienes se les reconoció
la indemnización que correspondía, en aplicación de la tabla de liquidación
propuesta en la Circular 008.
2.  Sin
embargo, siete (7) de los trabajadores que 3 años y 3 meses antes se habían
acogido al plan de retiro voluntario compensado, interponen la acción de tutela
para solicitar que se ampare su derecho fundamental a la igualdad, el cual
estiman vulnerado por TRANSELCA S.A. –E.S.P.-. Ellos son: Teresa Elena Sandoval
Serrano, José Martín Olmos García, Marcial Bolívar Bolaño, Orlando Rafael González
Donado, Ubaldo Castillo Ibarra, Amira Redondo Rodríguez y Carlos Cáceres
Suárez.
Alegan los
accionantes que la empresa accionada, al conciliar el retiro del servicio con
Jari Fabian Villar Viloria aplicó un factor multiplicador superior al que le correspondía,
según la tabla de liquidación de la bonificación propuesta en el plan de retiro
voluntario.
3.  Mediante
providencia del 20 de febrero de 2002, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Barranquilla, resuelve no tutelar los derechos invocados, por cuanto los
accionantes tienen a su disposición otro medio de defensa ante la  empresa o
ante la jurisdicción ordinaria. Estima igualmente el Juzgado que la liquidación
y pago de obligaciones laborales escapan del ámbito de la tutela.
Los
accionantes impugnaron la decisión de primera instancia, la cual fue coadyuvada
por otros seis (6) extrabajadores: César Julio González Hernández, José Ramón
Barros León, Donaldo José Barrios de la Hoz, Jairo Arturo Pérez Salas, Juan de
Díos Gutiérrez y Dolly Collante Hernández.
Mediante sentencia
del 12 de julio de 2002, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla
decide revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar tutelar el
derecho a la igualdad invocado por los accionantes. Extendió el amparo del
derecho a los extrabajadores que coadyuvaron la impugnación.
El ad quem
ordena al Gerente de TRANSELCA S.A. –E.S.P.- que dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del fallo, tomara las medidas necesarias para que
a los trece (13) extrabajadores se les restablezca el derecho a la igualdad
respecto a Jari Fabian Villar Viloria, integrante del sindicato, a quien se le
aplicó un factor multiplicador superior al que le correspondía según la
Circular 008 de 1998.
II.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
La tutela
como mecanismo de protección de derechos fundamentales
1.  Según lo
prescribe el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial para la protección inmediata de derechos
fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señale la ley.
Por ello, quien vea
amenazado o vulnerado un derecho constitucional fundamental podrá acudir ante
los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la orden para que
aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
La acción de
tutela vino así a llenar los vacíos que presentaba el anterior sistema
jurídico, ante todo en aquellos eventos en los cuales las personas no disponían
de un medio de defensa judicial contra las conductas de las autoridades
públicas, y en ciertos casos de los particulares, que implicaban la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales. De esta manera, el actual sistema
instituye los mecanismos necesarios para hacer efectiva la protección de tales
derechos, en aplicación del principio de respeto de la dignidad humana y con el
ánimo de lograr la efectividad de los derechos como uno de los fines esenciales
del Estado y de garantizar la primacía de los derechos inalienables de la
persona (C.P., arts. 1, 2 y 6). Siendo así, toda persona que vea amenazado o
vulnerado un derecho fundamental dispone ahora de la acción de tutela o de las
acciones ordinarias, según el caso, para su defensa judicial.
Con tal finalidad, existen
dos modalidades básicas de procedencia de la acción de tutela: en primer lugar,
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, caso en el
cual adquiere el carácter de mecanismo subsidiario[1] y el juez impartirá una
orden de carácter definitivo; y, en segundo lugar, cuando existiendo el medio
de defensa judicial éste no es eficaz para evitar un perjuicio irremediable[2]. En este evento, la
orden judicial se imparte con carácter transitorio, mientras se emite
pronunciamiento por el juez ordinario.[3]
Así las
cosas, cuando el juez de tutela deba decidir en relación con la efectiva
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, habrá de verificar si existe o
no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto.
Si no se dispone de medio de defensa judicial, deberá darse curso a la acción
de tutela. Por el contrario, si existe medio de defensa judicial, deberá
considerar, frente a las circunstancias del caso, su eficacia para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues esta condición será la que lo
faculte como juez constitucional para decidir de fondo en el asunto puesto a su
conocimiento. Al respecto, la Corte ha señalado que “para los efectos de
establecer cuando cabe y cuando no la instauración de una acción de tutela, el
juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen, así como las
pretensiones del actor, para verificar sí, por sus características, el caso
materia de estudio puede ser resuelto en relación con los derechos
fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad
indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales
ordinarios, o sí a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios
respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso
concreto los objetivos constitucionales”[4].
Por
consiguiente, para resolver acerca de la procedencia de la tutela habrá de
verificarse en cada caso la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
involucrados. Si ello así acontece, se verificará luego la inexistencia de un
mecanismo judicial de defensa al que pueda acudir el afectado o, en caso
contrario, se determinará la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Caso
concreto: vulneración del derecho fundamental de igualdad
2  Según lo
informan los propios accionantes, ellos se acogieron voluntariamente al plan de
retiro compensado ofrecido por la empresa, que les liquidó y canceló la
bonificación con base en los factores indicados en la Circular 008 del 5 de
octubre de 1998.
Su
inconformidad no se presenta frente a la liquidación de la bonificación sino al
hecho de encontrar que la entidad accionada, con posterioridad a su retiro,
liquidó con un factor superior la bonificación de uno de los trabajadores que
se acogieron al plan de retiro.
Es decir, los
accionantes consideran que está bien liquidada su bonificación pero reclaman el
derecho a una bonificación superior, equivalente a la Jari Fabian Villar
Viloria, quien, por demás, era miembro del sindicato de la empresa. Por ello,
invocan la protección de su derecho fundamental a la igualdad.
3.  La Constitución
Política de 1991 consagra la igualdad como un derecho fundamental, el cual, por
mandato del artículo 85 de la Carta es de aplicación inmediata. En esta materia
se distingue de la Constitución de 1886, la cual, incluyendo sus reformas, no
contenía una norma que reconociera expresamente este derecho. Dispone el
artículo 13 de la Constitución:
ARTICULO 13.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Pero la
igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también considerado como un
valor y un principio fundamental en la configuración constitucional. De una
parte, el Preámbulo la consagra, de manera expresa, como uno de los fines que
deben ser asegurados, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo,
y el artículo 5º la erige como un principio fundamental al prescribir que el
Estado reconozca, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona. La igualdad es entonces, simultáneamente, un valor,
un principio y un derecho fundamental.
Ahora bien,
como lo ha señalado esta Corporación, “el derecho establecido por el
Constituyente en el artículo 13 de la Carta implica un concepto relacional, es
decir, que su aplicación supone la comparación de por lo menos dos situaciones
para determinar si, en un caso concreto, ambas se encuentran en un mismo plano
y, por ende, merecen el mismo tratamiento o si, por el contrario, al ser
distintas ameritan un trato diferente.
“La aplicación del
principio de igualdad en los términos referidos, tiene como finalidad
determinar, en cada caso concreto, si existe discriminación en relación con una
de las situaciones o personas puestas en plano de comparación, entendida la
discriminación como el trato diferente a situaciones iguales o simplemente el
trato diferente que no tiene justificación.
“Así, no basta con
establecer que hay diferencia en la consideración que las autoridades de la
República dan a una persona o situación, sino que, además de eso, quien
practica el test de igualdad debe determinar claramente las razones a que
obedece esa diferencia y si se justifica o no a la luz del Preámbulo y del
artículo 13 de la Constitución. En cuanto corresponde al juez de tutela, si
encuentra que el tratamiento diferente dado a una persona en una determinada
situación carece de respaldo constitucional, deberá poner fin a la
discriminación que de tal circunstancia se deriva adoptando las medidas
inmediatas que la Constitución y la ley le permiten, siempre y cuando esa
protección no esté reservada a otra autoridad de carácter judicial, es decir,
que el derecho vulnerado en este caso, el derecho a la igualdad, no tenga otro
mecanismo de defensa judicial o éste no sea tan eficaz como la tutela para
ampararlo, situación en la cual debe considerar la posibilidad de aplicarla
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[5].
4.  Con base
en lo expuesto acerca de la naturaleza del derecho a la igualdad y al analizar
los elementos fácticos en el proceso objeto de revisión, se concluye que no
existe el grado de conexidad exigible entre la liquidación de la bonificación
del señor Villar Viloria y el derecho a reliquidación de la bonificación
reconocida a los accionantes, el cual es un requisito de procedencia de la
acción de tutela.
En efecto, en
el expediente no existe prueba que demuestre que la liquidación de la
bonificación pagada por la empresa a Jari Fabian Villar Viloria represente un
trato injusto o arbitrario en contra de los intereses de los accionantes, ni
que la bonificación de Villar Viloria se haya liquidado con base en la Circular
008 ni que corresponda a su condición de directivo sindical.
En la
declaración rendida bajo juramento por el señor Villar Viloria manifiesta que
él no se acogió al plan de retiro voluntario, porque la bonificación ofrecida
por la empresa “no llenaba –sus- expectativas económicas”. Agrega que su
retiro del servicio se produjo el 23 de febrero de 2000, luego de llegar a un
acuerdo con la empresa, y que el acta de conciliación de su retiro se firmó por
fuera de las fechas fijadas en el plan de retiro.[6]
Como el señor
Villar Viloria no se acogió al plan de retiro voluntario compensado y su retiro
se produjo con posterioridad a la vigencia de dicho plan, su bonificación no
podía estar condicionada por los factores de liquidación contemplados en la
Circular 008, cuyos efectos ya habían expirado. Téngase en cuenta que los
trabajadores interesados en acogerse al plan de retiro compensado debieron
comunicar su decisión a la empresa antes del 30 de octubre de 1998 [7] y que el acuerdo para
el retiro del señor Villar se produjo tan sólo a comienzos del año 2000, en un
proceso de conciliación diferente al propuesto en la mencionada Circular. Esta
actuación de la entidad accionada es válida en cuanto no puede esperarse que
todo retiro de trabajadores de aquella empresa que se produzca con posterior a
la vigencia de la Circular 008, tenga que regularse por ésta disposición.
Así mismo, el
monto de la bonificación de Villar Viloria es ajeno a su calidad de miembro del
sindicato. En su declaración agregó lo siguiente: “Quiero manifestar que en
mi calidad de exdirectivo del sindicato en ningún momento negocie fuero
sindical o puntos de la convención colectiva de los trabajadores de Transelca,
sólo me acogí al plan de retiro como un trabajador más, ...”[8].
De acuerdo
con lo expuesto, en el presente caso no se está ante la vulneración del derecho
a la igualdad de los accionantes puesto que el retiro del servicio del señor
Jari Fabian Villar Viloria no se reguló por los parámetros del plan de retiro
consagrado en la Circular 008 de 1998, al que sí se acogieron voluntariamente
los accionantes. Por consiguiente, al no evidenciarse la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad de los accionantes ni el de los coadyuvantes
en la impugnación, es improcedente la acción de tutela en el proceso de la
referencia.
5.  No sobra
señalar que existen dos fundamentos adicionales y separables por los cuales es
improcedente la acción de tutela en este caso: el principio de la inmediatez de
la acción de tutela y el efecto de cosa juzgada de las actas de conciliación en
materia laboral.
En relación con el
principio de la inmediatez, se observa que  la Corte declaró inexequible el
artículo 11 del Decreto 2591 de 1991[9],
que establecía un término de caducidad para ejercer la acción de tutela
respecto de sentencias y providencias judiciales, por considerar que esta
acción podía interponerse en cualquier tiempo. No obstante, con posterioridad a
dicha decisión se ha consolidado una línea jurisprudencial en este aspecto, en
la cual se precisa que si bien no existe un término límite para el ejercicio de
la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la
finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción
de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la
protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de
la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por
la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su
ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito
de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública.[10]
Al respecto, la
Corte señaló lo siguiente en la sentencia SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa:
Hay otro supuesto
en el cual, sin que se trate de hechos superados, el tiempo, en conjunto con
otros factores, puede jugar un papel determinante.  Se trata de casos en los
cuales la tutela, por no haberse ejercido dentro de un plazo razonable, vulnera
derechos de terceros.  Ello hace que se rompa la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los
derechos fundamentales de las personas.
Teniendo en
cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia
de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse
de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar
cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.
En el presente caso
la acción de tutela se instauró tres (3) años y tres (3) meses después que los
accionantes manifestaran a la empresa su decisión de acogerse al plan de retiro
voluntario compensado que les ofreció a través de la Circular 008 del 5 de
octubre de 1998. Este plazo no es razonable en consideración a los presupuestos
fácticos expuestos y a la naturaleza y efectos del acuerdo conciliatorio para
la terminación de los contratos de trabajo de los accionantes. Por
consiguiente, la tutela es igualmente improcedente por desconocimiento evidente
del principio de la inmediatez.
6.  En
relación con la improcedencia de la tutela para cuestionar la validez de actas
de conciliación laboral, la jurisprudencia constitucional es uniforme al
señalar que esta acción no constituye un medio de defensa, puesto que la
conciliación tiene los mismos efectos de una decisión judicial y hace tránsito
a cosa juzgada. Además, el interesado podrá acudir ante la jurisdicción laboral
ordinaria en los casos en que considere que concurra alguno de los vicios del
consentimiento que invalide el acuerdo. Sobre el particular, la Corte tiene
establecido que “excepcionalmente se puede poner en tela de juicio la cosa
juzgada por infracción a los supuestos del artículo 1502 del Código Civil, sin
que ello desvirtúe el carácter serio y responsable con el que las partes deben
intervenir en este caso”[11]
Así mismo, en la
sentencia T-732 de 2001, proferida por esta Sala de Revisión, se dijo:
... debe
reiterarse la improcedencia de la acción de tutela para desconocer el efecto
vinculante de actas de conciliación laboral suscritas sin menoscabo de derechos
fundamentales, de manera legal, por personas capaces de disponer y susceptibles
de poner fin, con valor de cosa juzgada y por mutuo consentimiento, a
relaciones laborales preexistentes.  También aquí, tal como se lo hizo en
reciente pronunciamiento, debe resaltarse la improcedencia de la tutela por la
imposibilidad de cuestionar la validez de actas de conciliación laboral ante la
justicia constitucional, por la existencia de la jurisdicción ordinaria laboral
como mecanismo de protección, por la no demostración de la vulneración del
derecho de asociación sindical, por la ausencia de perjuicio irremediable y por
la imposibilidad, ante la manifiesta divergencia entre los supuestos fácticos,
de aplicar los procedentes invocados por los actores.[12]
Así entonces, el
contenido del acta de conciliación suscrita con el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos, es vinculante para las partes que en ella
participan. El artículo 78 del Código de Procedimiento Laboral le asigna fuerza
de cosa juzgada al acta respectiva.
En el caso objeto de
revisión, tal calidad fue integrada al acta de la audiencia pública de
conciliación que ante el Ministerio del Trabajo cada trabajador firmó con la
empresa, y en la cual se consigna que la inspectora del trabajo advierte “a
las partes que este acuerdo conciliatorio tiene el mismo valor que el de una
sentencia ejecutoriada al tenor de lo preceptuado en los artículos 20 y 73 del
Código Procesal del trabajo y que, por ende, hace tránsito a cosa juzgada”[13]. Por ende, este no es
el escenario de debate al que pueden válidamente acudir los accionantes para
ventilar su inconformidad con la bonificación reconocida, en otra época, a uno
de los trabajadores de la empresa.
7.  En suma,
es improcedente la acción de tutela interpuesta en este proceso contra
TRANSELCA S.A. –E.S.P., puesto que, en relación con la bonificación reconocida
a Jari Fabian Villar Viloria, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad de
los accionantes. Tampoco procede la tutela contra actas de conciliación laboral
que han hecho tránsito a cosa juzgada. Se desatendió además el principio de
inmediatez al ser instaurada la tutela 3 años y 3 meses después de la decisión
de los accionantes de acogerse al plan de retiro voluntario compensado. Por
consiguiente, la Sala no tutelará el derecho fundamental invocado y ordenará
revocar la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de la
referencia.
III.  DECISIÓN
Con base en las
consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.- No
tutelar el derecho a la
igualdad de los accionantes y, en consecuencia, revocar la sentencia de
segunda instancia proferida en el proceso de la referencia por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Barranquilla.
Segundo.- Dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR
GIL                                        MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado                                                                             Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Marco
Gerardo Monroy Cabra, no firma la presente sentencia,  por encontrarse con
permiso debidamente autorizado por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]  La Corte ha considerado que la tutela es un mecanismo subsidiario
para la protección de los derechos fundamentales, característica que se deduce
de la procedencia de la acción cuando el afectado no dispone de medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. En este
sentido, el carácter subsidiario se comprende en cuanto la tutela suple la
inexistencia de medio ordinario de defensa judicial. Al respecto en la
sentencia T-007 de 1992 se señaló que: “... la acción de tutela no procede,
según el artículo 86 de la Carta, cuando el presunto afectado disponga de otros
medios de defensa judicial. Allí radica precisamente la naturaleza subsidiaria
de esa acción, la cual no es mecanismo alternativo o sustitutivo de los
procesos que, de conformidad con las reglas constitucionales y legales, están a
cargo de las distintas jurisdicciones”.
[2]    Señala el artículo 86 de la Carta Política que la acción de
tutela “procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.  Esta figura del perjuicio irremediable es
tenida en cuenta en el Decreto 2591 de 1991, en donde se señala, art. 6º, que
la acción de tutela es improcedente ““1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia  de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”. El numeral 1 del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 fue declarado exequible por esta
Corporación en la sentencia C-018 de 1993.
[3]    La naturaleza particular de un conflicto sometido a
consideración del juez de tutela puede admitir, excepcionalmente, que se
imparta una orden definitiva aunque se disponga de un medio judicial de
defensa. Esta circunstancia se presenta, por ejemplo, cuando se imparte la
orden de efectuar el pago de mesadas pensionales dejadas de cancelar al
accionante que, con tal omisión, ve vulnerado su derecho al mínimo vital.
[4]    Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[5]   Corte Constitucional. Sentencia T-861 de 1999, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[6]   Cfr. Folios 8 y 9 del expediente
[7]   Cfr. Folio 346 del expediente
[8]   Folio 9 del expediente
[9]   Cfr. Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo
[10]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-527 de 2001, M.P.
Jaime Araujo Rentería
[11]   Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2001, M.P. Alvaro Tafur
Galvis
[12]  Corte Constitucional.  Sentencia T-446 de 2001.  Magistrado
Ponente, Álvaro Tafur Galvis.
[13]   En la jurisprudencia constitucional se
ha reiterado este carácter de cosa juzgada que adquieren los acuerdos
conciliatorios en materia laboral. En la citada sentencia T-446 de 2001, por
ejemplo, se señaló que” “En ese orden de ideas, se tiene que la
conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que está amparado por la
fuerza de la cosa juzgada, por lo que en principio, al haber sido válidamente
celebrado, no puede ponerse en tela de juicio lo acordado por las partes, en
concordancia con el principio de buena fe  que debe regir este tipo  de
actuaciones. Ahora bien, tal como lo ha señalado la jurisprudencia reseñada, es
posible atacar el acto de conciliación ante la jurisdicción ordinaria  por
presentarse  algún vicio del consentimiento o por haberse desconocido derechos
ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Es decir que las controversias
sobre la conciliación laboral encuentran en nuestro ordenamiento jurídico
claros mecanismos de solución ante la jurisdicción laboral ordinaria que son
suficientemente eficaces para proteger los derechos de los trabajadores, los
cuales además  cuentan con  la protección del juez o inspector de trabajo que
presencia, revisa y aprueba  la suscripción de las actas de conciliación en las
que se consignan los acuerdos a que llegan empleador y trabajador para
solucionar sus diferencias surgidas del desarrollo o la terminación del
contrato de trabajo”.