T-524-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-524/05
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Naturaleza y especificidades de los
pronunciamientos
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Se incorporan de manera automática al ordenamiento
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Autoridades encargadas de la ejecución/MEDIDAS
CAUTELARES DECRETADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance
de obligaciones de autoridades encargadas de la ejecución
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de la protección que debe brindar el Estado
ACCION DE TUTELA Y MEDIDAS CAUTELARES
DECRETADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de garantía de entidades estatales y alcance de
las obligaciones
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Alcance
PROTECCION DE PERSONAS EN CONDICIONES
ESPECIALES DE RIESGO/SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Deberes mínimos de las autoridades
estatales
Referencia: expediente T-928006
Acción de tutela instaurada por Ricardo
Gutiérrez Soler contra: Ministerio del Interior -Grupo de Protección-,
Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario-, Vicepresidencia de la República –Oficina de
Derechos Humanos- y Policía Nacional.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil cinco
(2005).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis
y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia
que, en segunda instancia, confirmó el fallo proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el asunto de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
El 4 de marzo de 2004, el ciudadano
Ricardo Gutiérrez Soler interpuso acción de tutela contra las siguientes
entidades: Ministerio del Interior -Grupo de Protección-, Ministerio de
Relaciones Exteriores -Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario-, Vicepresidencia de la República –Oficina de Derechos Humanos- y
Policía Nacional, pues considera que estas entidades han vulnerado sus derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la integridad personal, a la
libertad y al trabajo por no haber otorgado las medidas de seguridad que el
actor ha solicitado en virtud de ser beneficiario de medidas cautelares
decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
CIDH).
Hechos.
1.- La CIDH tramita actualmente el caso
No. 12291 contra el Estado colombiano por la violación de los artículos 5, 8 y
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención),
en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler (hermano del actor en la presente
tutela). Anota el demandante que desde la ocurrencia de los hechos que dieron
origen a la petición ante el sistema, él y su familia han sido objeto de
hostigamientos y amenazas que motivaron la salida de su hermano del país.
2.- Debido a los problemas de seguridad mencionados,
el Estado colombiano asignó al Subteniente Alfonso Lesmes Deiby Fabián para que
lo custodiara. Con todo, afirma el demandante, su situación de seguridad no
mejoró. Así, el 7 de abril de 2003, según él, el Subteniente ingresó un
vehículo robado a su lugar de trabajo y el 21 de abril de 2003 fue objeto de un
allanamiento aparentemente legal en el parqueadero donde laboraba. Allí fue
retenido, esposado y golpeado por miembros del CTI. Además, los funcionarios
que participaban en la diligencia se negaron a enseñar la orden de allanamiento
acusándolo de fabricar “carros-bomba” para las FARC-EP. El señor Gutiérrez
Soler presentó denuncia penal contra la funcionaria Edna Patricia Cabrera
Londoño, fiscal encargada de adelantar la diligencia de allanamiento y registro
referida, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por apropiación.
3.- Debido a los hechos anteriormente reseñados, el 29
de mayo de 2003, la CIDH reconoció a Ricardo Gutiérrez Soler como beneficiario
de medidas cautelares en el marco de un arreglo amistoso. Las medidas de
protección se han pedido en reiteradas ocasiones, pero, según el actor, el
Estado no ha cumplido con lo dispuesto por el ente interamericano en el sentido
señalado en la sentencia T-558 de 2003.
4.- Prueba de lo anterior, afirma el
ciudadano Gutiérrez Soler, es que el 4 de octubre de 2003 fue detenido frente a
su lugar de trabajo por miembros de la SIJIN los cuales golpearon a su hijo de
14 años, quien lo acompañaba en ese momento. A pesar de la insistencia para que
el demandante los acompañara a un operativo, éste se negó hasta que llegaran
los policías que lo custodiaban. El subteniente a cargo de su seguridad accedió
a que los miembros de la SIJIN adelantaran la diligencia pendiente.
5.- Posteriormente, narra el actor, agentes de la
SIJIN, quienes inicialmente no se identificaron, acudieron a su sitio de
trabajo y lo intimidaron exhibiendo sus armas y preguntando por su hermano
Wilson. Este tipo de conductas, según él, han obstruido sus posibilidades
laborales.
6.- Por tanto, el ciudadano Gutiérrez Soler solicita
la protección de los derechos invocados y que se tomen las siguientes medidas
en aras de garantizar su integridad: (i) La realización de un estudio de
seguridad por parte de la Policía Nacional a la vivienda de sus padres con el
objeto de que la misma sea blindada. (ii) Esquema de seguridad permanente,
compuesto por mínimo dos miembros de la Policía Nacional. (iii) Auxilio de
mudanza para cambiar de domicilio a otra ciudad que revista mejores condiciones
de seguridad. (iv) Auxilio de transporte para sus padres y para él, y, por
último, (v) la asignación de un acompañante armado escogido por él para su
custodia personal.
Pruebas relevantes que obran en el
expediente.
Cuaderno No. 1
- Oficio suscrito el 24 de abril de 2003 por el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante el Colectivo), dirigido
a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante la Dirección), mediante el
cual pone en conocimiento de esta última la situación de riesgo en que se
encuentra el demandante en la presente acción de tutela (fls. 9 y 10).
- Oficio de respuesta de la CIDH a la solicitud
elevada por el Colectivo relativa a las medidas cautelares en favor del
ciudadano Gutiérrez Soler, con fecha 29 de mayo de 2003. En el mismo consta que
las medidas tendrán una duración de 6 meses prorrogables a discrecionalidad de
la Comisión (fl. 8).
- Oficio suscrito el 3 de junio de 2003 por el
Colectivo mediante el cual solicita a la Dirección la adopción de una serie de
medidas políticas y de protección personal para garantizar la vida y la
integridad del actor, con fundamento en las medidas cautelares decretadas por
la CIDH (fls. 11 y 12).
- Oficio suscrito el 20 de junio de 2003 por el
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, dirigido a la
Dirección, mediante el cual señala que las medidas políticas y de protección
solicitadas por el peticionario, se escapan de las competencias del Programa
(fl. 111).
- Oficio suscrito el 23 de julio de 2003 por el
Colectivo, dirigido a la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de
Derechos Humanos a fin de manifestar su preocupación por cuanto el estudio
técnico de seguridad, nivel de riesgo y grado de amenaza  fue conceptuado
"MEDIO - MEDIO" (fl. 13).
- Oficio suscrito por el Colectivo el 11 de agosto de
2003, dirigido a la Dirección solicitando convocar a una reunión de seguimiento
a los compromisos adquiridos por el Gobierno en relación con las medidas
cautelares decretadas a favor del actor (fl. 22).
- Oficios suscritos el 24 de octubre de 2003 por el
Colectivo, dirigidos a la Policía Nacional, Vicepresidencia de la República
Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Presidencia de la República,
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría
Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos, solicitando una serie de
medidas para garantizar la vida y la integridad del señor Gutiérrez Soler ante
la ausencia de respuesta por parte del Estado colombiano (fls. 14 a 21).
- Oficios suscritos el 28 de octubre de 2003 por el
Viceministro de Asuntos Multilaterales, dirigidos al Embajador de Colombia ante
la Organización de Estados Americanos  (OEA) y al Secretario Ejecutivo de la
CIDH, a fin de informar las medidas tomadas para dar cumplimiento a las medidas
cautelares (fls. 94 y 95).
- Oficio suscrito por el Colectivo el 17 de diciembre
de 2003 dirigido a la Dirección, poniendo en conocimiento nuevos
acontecimientos y solicitando tomar medidas urgentes a fin de garantizar la integridad
del señor Gutiérrez Soler (fl. 23).
- Oficio suscrito el 7 de enero de 2004 por el
Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia dirigido
a la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores, informando lo sucedido el 5 de diciembre
de 2003 en la reunión del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (en
adelante CRER) (fl. 122).
- Oficios de fecha 9 de enero de 2004 suscritos por la
Dirección y dirigidos al Embajador de Colombia ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) y al Secretario Ejecutivo de la CIDH, a fin de informar las
medidas tomadas para dar cumplimiento a las medidas cautelares (fls. 96 a 99).
- Oficio suscrito el 30 de enero de 2004 por la
Policía Nacional, dirigido a la Dirección en relación con las actividades
desplegadas por esta institución (fls. 138 a 140).
- Oficio de fecha 25 de febrero de 2004 suscrito por
el Colectivo y dirigido a la Dirección, insistiendo en las medidas de protección
al actor, con fundamento en las medidas cautelares decretadas por la CIDH (fl.
24).
- Resolución inhibitoria proferida por la Fiscalía
Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en la investigación contra
la funcionaria Edna Patricia Cabrera Londoño (fiscal a cargo de la diligencia
de allanamiento llevada a cabo el 21 de abril de 2003 en el parqueadero donde
laboraba el señor Gutiérrez Soler) por los delitos de abuso de autoridad y
peculado por apropiación (fls. 123 a 137).
Informes rendidos por las entidades demandadas.
Ministerio del Interior y de Justicia,
Grupo de Protección.
7.- El ciudadano Iván Echeverri Mejía
manifestó que la CIDH no ha recomendado las medidas que el peticionario
solicita, pues el Estado y los beneficiarios deberán concertarlas. De otro
lado, anota el representante del Ministerio, las entidades encargadas de
proteger a los ciudadanos son, en principio, la Policía Nacional, el DAS, la
Fiscalía General de la Nación si se trata de asuntos penales y el Ministerio del
Interior y de Justicia si se trata de la población señalada en el artículo 28
de la Ley 782 de 2002. Según esta última norma, el riesgo debe ser inminente,
las amenazas deben originarse a causa de conflicto armado interno o violencia
política, debe demostrarse la conexidad directa entre las amenazas y el
desempeño de actividades como parte de una ONG y, de otra parte, se trata de
medidas temporales y sujetas a evaluación periódica.
Según el funcionario, para gestionar esta
protección, el solicitante debe realizar las denuncias pertinentes, y debe
hacerse un estudio técnico del nivel de riesgo y grado de amenaza en que éste
se encuentre por la Policía o el DAS. Si el solicitante reúne los requisitos,
es inscrito en el programa de protección.
Señaló, así mismo, que en el momento
oportuno al señor Gutiérrez le fue comunicado que no estaba dentro de la
población objeto del programa, teniendo en cuenta que el 5 de noviembre de
2003, el Comité para la Reglamentación y Evaluación del Riesgo (en adelante
CRER) recomendó negar la solicitud del ahora accionante. Así, la Policía asumió
el compromiso de procurar medios de protección al demandante.
De otra parte indicó que, una vez fue
proferida la sentencia T-558 de 2003, la Procuraduría solicitó al CRER revisar
el caso. El CRER recomendó, entonces, apoyar a la Policía y, para ello, entregó
un Avantel y un chaleco antibalas al demandante y coordinó con esta última
institución la realización de rondas de protección y acompañamiento cuando éste
lo solicitare.
Informó que, según la Policía, las
medidas se han adelantado y se hace un seguimiento puntual. Además de lo
anterior, se recomendó una reevaluación del estudio del nivel de riesgo del
señor Gutiérrez, el cual no ha sido allegado aún, todo esto a fin de determinar
si amerita más medios de protección.
Finalizó el funcionario anotando que en
las bases de datos no reposa prueba de denuncias, amenazas ni hostigamientos.
De otra parte, señaló que el actor presenta una serie de presuntos hechos que,
dice, son el origen de sus amenazas, y al parecer se valió de los mismos para
acudir a las instancias internacionales en busca de protección sin agotar las
instancias nacionales, como es el procedimiento estipulado. Además, indica que
el programa de protección no es un medio para mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios, ni para sustentar pretensiones más allá de los niveles de
riesgo, ni para asumir gastos que son propios de sus actividades personales, no
atiende a caprichos y sólo responde a criterios objetivos y razonables. Por
ello pide denegar las pretensiones del actor pues las medidas de protección
pueden ser reevaluadas tal como queda demostrado al haber atendido siempre al
actor.
Posteriormente, este Ministerio remitió
información otorgada por la Policía Nacional, suscrita por el Teniente
Coronel Luis Alfonso Novoa Díaz, Coordinador del Grupo de Derechos Humanos, en
la cual pone de presente una reunión sostenida con el actor para resolver
inquietudes sobre el trabajo de dicha institución en su caso. En ella se acordó
una supervisión constante de revistas de vigilancia; además de lo anterior, se
adelantan investigaciones disciplinarias frente a las irregularidades en que
pudieron incurrir miembros del CTI durante el allanamiento descrito en los
hechos y, de igual manera, fue relevado el personal del CAI Roma que participó
en dicha diligencia.
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
8.- La funcionaria Mónica Fonseca
Jaramillo, directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Relaciones Exteriores contestó a la acción de tutela de la
referencia en los siguientes términos.
En primer lugar estimó que la acción de
tutela es improcedente, pues el Ministerio por ella representado ha actuado de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de las sentencias T-558 y T-786
de 2003, relativas al papel institucional respecto del cumplimiento de las
medidas cautelares.
Posteriormente, procedió a realizar un
recuento de los hechos del caso para demostrar la diligencia de la entidad en
este asunto así:
- El 29 de mayo de 2003 la CIDH solicitó
al gobierno colombiano la adopción de medidas cautelares. El 3 de junio
siguiente, la Dirección remitió copia de la solicitud a la Procuraduría General
de la Nación, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Vicepresidencia de
la República, al Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS), a
la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación a fin de que adoptaran
las medidas pertinentes y allegaran la información necesaria para que fuera
remitida a la CIDH en el término de 3 días. Así fue informado a la CIDH al
acusar recibo de la solicitud de medidas cautelares. Ese mismo día, el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante el Colectivo) solicitó
algunas medidas específicas, tanto de carácter político como de protección.
- El 5 de junio de 2003, la Procuraduría
General de la Nación, Delegada para la Prevención en Materia de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos, informó a la Dirección que el 27 de mayo había
solicitado al Director Nacional del CTI Bogotá, el nombre de la persona que
estuvo a cargo del allanamiento citado en los hechos del caso, copia de la
orden de trabajo y el nombre de los funcionarios que intervinieron, pero que a
la fecha no se había recibido información alguna.
- El 9 de junio de 2003, la Dirección
reiteró a la Vicepresidencia de la República (en adelante la Vicepresidencia),
al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y
a la Policía Nacional lo solicitado el 5 de junio y remitió copia de la
solicitud de medidas específicas propuestas por el Colectivo. Reiteró, además,
la solicitud de información sobre el allanamiento practicado por el CTI al
lugar de trabajo del aquí demandante.
- El 10 de junio de 2003, la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remitió a la
Dirección copia de la respuesta al derecho de petición presentado por el
Colectivo sobre el allanamiento ya citado informando que éste se ajustó a
derecho y fue ordenado por el Fiscal 286 Delegado ante los Juzgados Penales del
Circuito y practicado por el Fiscal 287 Local Delegado ante los Juzgados
Penales Municipales de Bogotá. Se informó, además, que el allanamiento fue
atendido inicialmente por el administrador del establecimiento y que durante la
práctica Ricardo Gutiérrez Soler se opuso al procedimiento aduciendo la
protección del Ministerio del Interior. Ese mismo día, la Dirección informó a
la CIDH de los hechos relativos al allanamiento y de las gestiones adelantadas
por la Procuraduría General frente a las condiciones del mismo.
- El 11 de junio de 2003, la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía informó el traslado de las denuncias a
la Dirección Seccional de Fiscalías y de las gestiones realizadas a fin de que
el señor Gutiérrez Soler se presentara en la Oficina de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía General de la Nación el 16 de junio siguiente para ser escuchado
en denuncia formal contra la funcionaria que dirigió el allanamiento. El 12 de
junio, la Dirección remitió al Colectivo copia de la comunicación precitada
instando al ahora demandante a que atendiera la propuesta de presentar denuncia
formal.
- El 17 de junio de 2003, la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia informó que el señor
Gutiérrez no hace parte de la población objeto del programa de protección que
lidera este Ministerio.
- El 18 de junio de 2003, la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó a la
Dirección que sobre las denuncias presentadas por los peticionarios en la parte
anexa a la solicitud de las medidas cautelares, la Dirección Seccional de
Fiscalías no encontró ningún registro y, por tanto, envió la documentación a la
Oficina de Asignaciones y le correspondió el conocimiento al Fiscal 246 de la
Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, Otras Garantías y Otros.
Además, informó que a la fecha no hay respuesta en relación con la diligencia
de denuncia formal contra la funcionaria que adelantó el allanamiento.
- El 20 de junio de 2003, la
Vicepresidencia informó a la Dirección que por la naturaleza de las medidas
políticas y de protección solicitadas por el peticionario, éstas se escapan de
las competencias del programa.
- El 11 de agosto de 2003, el Colectivo
solicitó a la Dirección que a instancias del Ministerio de Relaciones
Exteriores se convocara a una reunión interinstitucional de seguimiento a las
medidas cautelares debido a la ocurrencia de hechos que reclamaban la acción
inmediata del Estado colombiano. El 12 de agosto, la Dirección envió un oficio
al Programa Presidencial de Derechos Humanos, Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia, Procuraduría Delegada para la Prevención
en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, en
atención a la reunión solicitada por el Colectivo y convocó a ésta el 28 de
agosto del mismo año en las instalaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El día antes señalado se adelantó la reunión con la participación
de todas las entidades citadas y en ella se examinaron los aspectos
relacionados con las medidas de protección y con las investigaciones que se
siguen por las presuntas amenazas y hostigamiento contra el señor Gutiérrez
Soler. Dentro de los compromisos derivados de esta reunión, la Procuraduría
solicitaría al Ministerio del Interior y de Justicia que se examinara el caso
en una reunión extraordinaria del CRER para adoptar las medidas de protección
necesarias.
- El 17 de octubre de 2003, la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Fiscalía informó que el proceso por las
amenazas contra el señor Gutiérrez Soler se encontraba en etapa previa y
práctica de pruebas.
- El 24 de octubre de 2003, el Colectivo
solicitó información relativa a las investigaciones sobre las amenazas y el
atentado contra Gutiérrez Soler.
- El 28 de octubre de 2003, la Dirección
remitió información a la CIDH según lo aportado por la Fiscalía.
- El 14 de noviembre de 2003, el
Colectivo solicitó información sobre las acciones adelantadas por el Estado
colombiano en orden a dar cumplimiento a lo ordenado por la CIDH en las medidas
cautelares para proteger a Ricardo Gutiérrez Soler y a las personas allí
relacionadas. El 12 de diciembre la Dirección dio respuesta al derecho de
petición del Colectivo informando los hechos ya relatados y en especial lo
acordado en la reunión a la que esta institución asistió. Entre ellos, que la
Policía Nacional se comprometió a establecer contacto inmediato con el
Comandante de Policía del sector de residencia del señor Gutiérrez Soler para
reforzar las rondas periódicas y que informó sobre las investigaciones en torno
a las amenazas. El 10 de diciembre, el Colectivo acusó recibo y solicitó que la
Procuraduría ejerciera su poder preferente en el caso de las agresiones de que
fue víctima Gutiérrez Soler en el contexto de una detención, al parecer
irregular. El 16 de diciembre, la Dirección transmitió a la Procuraduría la
solicitud del Colectivo, remitiendo las pruebas anexadas por esta organización.
- El 17 de diciembre de 2003, el
Colectivo manifestó su total rechazo frente a la actitud del Estado colombiano
en el caso, pues el 15 de diciembre anterior miembros del CTI acudieron al
lugar de trabajo del actor, dejando recados de “Feliz Navidad”. El Colectivo,
en consecuencia, exigió respuesta del CRER, y solicitó oficiar a la
Procuraduría con el fin de que iniciara el proceso disciplinario
correspondiente, así como a la Fiscalía y al CTI para conocer si existe alguna
comisión que entregue saludos personalmente. Ese mismo día, la Dirección
transmitió a la Procuraduría, a la Vicepresidencia, al Ministerio del Interior
y a la Fiscalía lo manifestado por el Colectivo para lo de su competencia. El
19 de diciembre, la Fiscalía respondió sobre el estado de los procesos.
- El 7 de enero de 2004, el Ministerio
del Interior y de Justicia informó que el CRER aprobó varias medidas a favor
del Señor Gutiérrez Soler: coordinar una reunión con el jefe de la Oficina de
Derechos Humanos de la Policía Nacional, la Procuraduría Delegada para los
Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de dicho Ministerio y el
comandante de Policía del sector donde reside el señor Gutiérrez para extremar
las medidas de protección por parte de la Policía y formalizar la entrega de un
Avantel y un chaleco antibalas al beneficiario. El 9 de enero de 2004, la
Dirección informó a la CIDH sobre el estado de las medidas cautelares con base
en lo aportado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
- El 19 de enero de 2004, el Colectivo
solicitó una reunión interinstitucional, en virtud de la decisión del CRER. El
28 de enero, la Dirección convocó a la precitada reunión a celebrarse el 5 de
febrero siguiente. El 30 de enero, la Policía informó sobre las gestiones adelantadas
a fin de adoptar las medidas de seguridad a favor de Ricardo Gutiérrez, pues el
9 de enero se reunieron el Coordinador del Grupo de Derechos Humanos y el
comandante de la Octava Estación de Policía de Bogotá.
- El 2 de febrero de 2004, la Procuraduría
informó sobre el traslado de la solicitud de investigación disciplinaria en
relación con la visita de miembros del CTI, a la Oficina de Registro y Control
de esa institución.
- El 5 de febrero de 2004 se adelantó la
reunión interinstitucional con la asistencia de funcionarios del Ministerio del
Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
los peticionarios y el beneficiario de las medidas cautelares. El tema
principal en torno del cual se desarrolló, fue la desaprobación de las medidas
de protección solicitadas y la decisión inhibitoria en la investigación
adelantada contra la fiscal que dirigió el allanamiento. La Fiscalía se
comprometió a transmitir la petición del Colectivo de llamar la atención al
fiscal que profirió la decisión inhibitoria por los términos usados en ese
pronunciamiento, así como a determinar las fuentes que dieron origen al
allanamiento. De igual manera, el Ministerio del Interior se comprometió a
presentar el caso a evaluación del CRER con base en los nuevos hechos. Por
último, la Procuraduría se comprometió a compulsar copias en relación con la
resolución inhibitoria del fiscal y hacer seguimiento constante de las medidas
de protección implementadas a favor del señor Gutiérrez.
Hecho este recuento, según la
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, es evidente que la
entidad ha desplegado las medidas correspondientes en el marco de un alto grado
de compromiso institucional frente al cumplimiento de las medidas cautelares.
Además, adjuntó los documentos pertinentes.
Vicepresidencia de la República,
Oficina de Derechos Humanos.
9.- El funcionario Carlos Franco
Echavarría, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos,
Vicepresidencia de la República, dio contestación a la acción de tutela de la
referencia manifestando que no es de competencia de la Vicepresidencia
responder por lo que solicita el demandante. Así, estimó el funcionario que el
Programa Presidencial de Derechos Humanos no ha contraído ningún compromiso con
el demandante a fin de cumplir las medidas cautelares ordenadas por la CIDH,
pues como fue expresado en su momento, éstas escapan de las competencias del
programa. Ello es visible, a juicio del señor Franco, al analizar el artículo
12 del Decreto 127 de enero 19 de 2001 que enumera las funciones que a este
programa corresponden. Señaló, entonces, que teniendo en cuenta que el actor
exige estudios y un esquema de seguridad (ambos de competencia de la Policía
Nacional), dinero para mudanza y auxilios de transporte (rubros de los que no
dispone el programa) y asignación de acompañante (labor que no es de
competencia del programa) es evidente que la oficina representada por él no
puede colaborar en ninguna de estas cuestiones.
Sentencias objeto de revisión.
Primera instancia.
10.- La Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela instaurada por Ricardo
Gutiérrez Soler contra el Ministerio del Interior -Grupo de Protección-, el
Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario-, la Vicepresidencia de la República –Oficina de
Derechos Humanos- y la Policía Nacional.
Indicó el Tribunal que la sentencia T-558
de 2003 proferida por la Corte Constitucional precisó varios puntos acerca de
las medidas cautelares y la protección por vía de tutela de los derechos
comprometidos en estos casos. Luego de resumir varios fundamentos del precitado
fallo, la Sala recordó la labor de coordinación que le compete al Ministerio de
Relaciones Exteriores para obtener el efectivo cumplimiento por parte de las
demás entidades competentes. En este caso, observó el juez constitucional de
primera instancia que la labor del Ministerio ha sido diligente, tal como lo
muestra el informe cronológico que allegó a fin de hacer un recuento del caso
bajo examen. Así mismo, estimó que la Vicepresidencia y el Ministerio del
Interior y de Justicia respondieron de manera satisfactoria. El Tribunal
recordó que, aun cuando en principio el Ministerio negó la protección, el CRER
recomendó apoyar a la Policía y se tomaron las medidas del caso. Concluyó, en
consecuencia, que ni la Policía ni los Ministerios demandados se han sustraído
al cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH. Por el
contrario, el fallador considera que, dentro de las posibilidades, el Estado le
ha brindado al tutelante la protección debida y, por ende, resultan
desproporcionadas sus exigencias. Además, puntualizó que es importante tener en
cuenta que los mecanismos de seguridad son objeto de ajustes periódicos en la
medida que las circunstancias lo demanden.
Impugnación.
11.- El ciudadano Ricardo Gutiérrez Soler
impugnó la decisión precitada por considerar que, de conformidad con lo
previsto en la sentencia T-786 de 2003, los hechos relatados en su escrito de
tutela han configurado una ausencia de respuesta efectiva por parte del Estado
colombiano. Posteriormente, consigna de nuevo los hechos referidos en el
escrito de tutela, adicionando algunos que no habían sido mencionados.
- El 22 de noviembre de 2002 solicitó un
chaleco antibalas y un Avantel que le fueron negados.
- El 21 de abril de 2003 fue esposado y
golpeado en un allanamiento y frente a la denuncia sólo consiguió ser señalado
como un peligro para la sociedad y que compulsaran copias para que lo
investigaran.
- El 17 de mayo de 2003 recibió un libro
bomba.
- El 29 de mayo de 2003 fueron decretadas
medidas cautelares, en su favor, por la CIDH.
- El 3 de junio de 2003 solicitó un
auxilio de transporte, un Avantel, un auxilio de mudanza y un chaleco antibalas
y le respondieron que él no era objeto de protección del Programa de Protección
del Ministerio del Interior.
- El 23 de julio de 2003 el Colectivo
insistió en las medidas sin recibir respuesta. Ese mismo día, esta organización
manifestó su preocupación ante la Procuraduría Delegada Preventiva en materia
de Derechos Humanos, pero el Ministerio insistió en que él no es objeto del
Programa de Protección.
- El 8 de agosto de 2003 tuvo lugar un
allanamiento ilegal a la casa de sus padres, en el cual, incluso, ellos fueron
amarrados en el baño "y la respuesta del Estado es la realización de
rondas de policía que nunca se efectuaron".
- El 7 de octubre de 2003 fue objeto de
detención arbitraria por la SIJIN, fue incomunicado y sus hijos golpeados tal
como consta en el informe de Medicina Legal y, sin embargo, el Estado no
respondió.
- El 24 de octubre de 2003 el Colectivo
envió comunicaciones a los organismos competentes, pero no hubo respuesta.
- El 17 de diciembre de 2003 el Colectivo
informó sobre la visita del CTI para desear “Feliz Navidad” solicitando
respuesta inmediata del Ministerio del Interior y que se investigue
disciplinariamente a los miembros del CRER.
- El 26 de diciembre de 2003, después de
un año de solicitudes, el Ministerio del Interior y de Justicia respondió
señalando que el actor cuenta con un chaleco antibalas y un Avantel, (medios
que anteriormente eran de su hermano), pero haciendo únicamente el
reconocimiento formal de su tenencia. Así mismo, dicho Ministerio manifestó que
se realizaría una reunión con la Policía, la Procuraduría y el Ministerio del
Interior, pero transcurridos 4 meses ésta no se ha llevado a cabo.
- El 5 de febrero de 2004 se hizo una
reunión de seguimiento y la Procuraduría se comprometió a insistir en una nueva
reunión del CRER.
- El 25 de febrero de 2004 el Colectivo
se dirigió nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de
clarificar las medidas de protección solicitadas.
- El 2 de marzo de 2004 el Ministerio
manifestó que el CRER decidió negar el apoyo de transporte temporal y hacer un
seguimiento de las medidas implementadas, las cuales, según el actor, son
desconocidas.
Para finalizar, sostuvo que decidió
prescindir del escolta que le brindó la Policía, a pesar del riesgo que ello
representa, debido a que no pudo escoger a la persona que lo acompañaría.
Además, por cuanto las rondas policiales a su residencia y lugar de trabajo son
muy esporádicas y en la casa de sus padres nunca se han llevado a cabo.
Segunda instancia.
12.- La Sala de Casación Civil y Agraria
de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el fallo impugnado, teniendo
en cuenta que, según los parámetros establecidos en la sentencia T-558 de 2003
y de conformidad con las pruebas recaudadas por el Tribunal, el Estado
colombiano continúa cumpliendo su obligación de garantía a través de labores
encaminadas a la protección del ciudadano Gutiérrez Soler, a pesar de que el término
de seis meses por el cual la CIDH otorgó al accionante las medidas cautelares
ya está vencido y no se ha acreditado su prórroga.
Considera la Corte Suprema que ello no
obsta para que las autoridades demandadas continúen realizando las evaluaciones
de riesgo que sean necesarias, mientras persista el nivel que demande
especiales medidas de protección, para prevenir hechos que puedan vulnerar la
integridad personal y la vida del accionante, pues así lo dispone el artículo
2º de la Constitución Política.
Revisión por la Corte Constitucional.
13.- Remitido el expediente a esta
Corporación, mediante auto del 17 de junio de 2004, la Sala de Selección Número
Seis dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
Pruebas solicitas por la
Corporación.
14.- Durante el trámite de revisión, esta
Sala advirtió que la Policía Nacional -entidad demandada en la presente acción
de tutela- no fue notificada dentro de los trámites de instancia. Por tal
razón, la Sala, mediante auto de 21 de septiembre de 2004, ordenó poner en
conocimiento de la Policía Nacional el contenido del presente expediente de
tutela, "para que dentro de los seis (6) días siguientes a la
notificación del presente auto, dicha entidad se pronuncie acerca de las
pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de
tutela." De igual manera, mediante el auto referido, la Sala solicitó
al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (peticionarios ante la CIDH) "informe
y adjunte los respetivos soportes documentales sobre la vigencia de las medidas
cautelares invocadas por el actor en su escrito de tutela, así como sobre su
situación de seguridad actual."
15.- El 30 de septiembre de 2004, la
Secretaría General de esta Corporación recibió el oficio No. 3771
SEGEN-OFJUR-760 de fecha 29 de septiembre de 2004, suscrito por María del Pilar
de Francisco Aldana, Jefe de la Oficina Jurídica de la Policía Nacional en el
que manifestó que dicha entidad no es competente para pronunciarse acerca de
las pretensiones del actor, toda vez que para efectos de establecer los niveles
de riesgo y de evaluar cada caso particular, se creó el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos. Así mismo, señaló que en relación con
los subsidios de mudanza y transporte, "a esta institución no le es
dable conforme a sus funciones constitucionales y legales dirimir si se concede
o (sic) esas pretensiones". En relación con los hechos relatados por
el señor Gutiérrez Soler en el escrito de tutela, la Jefe de la Oficina
Jurídica de la institución informó lo siguiente:
- Esta entidad desconoce la identidad de
los miembros del CTI que efectuaron el allanamiento del 21 de abril de 2003, "por
tratarse de un ente gubernamental distinto a la Policía Nacional".
- Confirmó la desactivación de un libro
bomba en la residencia del actor el día 17 de mayo de 2003, a las 8:00 p.m.
aproximadamente, por miembros adscritos al grupo antiexplosivos de la patrulla
Mercurio 34.
- El señor Gutiérrez Soler fue conducido a
las instalaciones de la Seccional de Policía Judicial de la Metropolitana de
Bogotá, bajo la sindicación de haber participado en un asalto, hecho por el
cual hay una persona capturada y un arma de fuego incautada, según consta en el
libro radicador, folio 171 de fecha 04-10-03 - 18:00 horas en donde se
encuentra el registro de ingreso y salida del señor Ricardo Gutiérrez Soler con
cédula de ciudadanía No. 19.477.648 de Bogotá.
De otra parte, informó que en cumplimiento
de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, ha realizado y continúa
desplegando las siguientes actividades:
- Con el comandante de la Octava Estación
de Policía se acordó llevar a cabo "una supervisión constante en las
revistas efectuadas al señor RICARDO GUTIÉRREZ SOLER, puntualizando para que se
dé estricto cumplimiento a estas revistas y a las entrevistas que se efectúen
con el protegido y ajustar los servicios policiales tanto en su residencia como
lugar de trabajo". Afirmó así mismo, que con tal fin, se ajustaron los
servicios y se llevó a cabo un relevo de personal del CAI Roma.
- Se realizó un estudio de seguridad del
señor Gutiérrez Soler y el nivel de riesgo y amenaza fue conceptuado MEDIO -
MEDIO, en virtud de lo cual el comandante de la Octava Estación de Policía de
Kennedy dispuso la realización de revistas permanentes a la residencia del
actor por parte del personal del CAI Roma.
Al escrito se anexaron los siguientes
documentos: (i) Oficio de 27 de agosto de 2003 suscrito por el comandante de la
Octava Estación de Policía de Kennedy, dirigido al Coordinador del Grupo de
Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional, suministrando
información sobre las medidas adoptadas a fin de proteger al ciudadano
Gutiérrez Soler (cuad. No. 3, fl. 21). (ii) Registro de las revistas efectuadas
a la residencia y lugar de trabajo del señor Gutiérrez Soler y relación del
personal en vigilancia (cuad. No. 3, fls. 23 a 26, 30 a 39 y 41 a 76). (iii)
Oficio de 30 de enero de 2004 suscrito por el Coordinador del Grupo de Derechos
Humanos de la Policía Nacional, dirigido a la Directora de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
suministrando información sobre las medidas adoptadas a fin de proteger al
ciudadano Gutiérrez Soler (cuad. No. 3, fls. 27 y 28). (iv) Oficio suscrito por
el Jefe Seccional de Inteligencia MEBOG, dirigido al comandante de la Octava
Estación de Policía de Kennedy, solicitando la realización de revistas
permanentes al lugar de residencia y de trabajo del señor Gutiérrez Soler, por
cuanto el nivel de riesgo y grado de amenaza fue conceptuado MEDIO - MEDIO
(cuad. No. 3, fl. 29). (v) Oficio de 28 de septiembre de 2004 suscrito por la
Jefe de la Unidad Investigativa y el Jefe Seccional de Policía Judicial,
dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección General de la Policía
Nacional, pronunciándose sobre los hechos de la presente tutela. (cuad. No. 3,
fls. 77 y 78). (vi) Oficio de 18 de mayo de 2003 suscrito por el Jefe de la
Patrulla Mercurio 34, dirigido al Jefe Seccional de Policía Judicial MEBOG,
mediante el cual presenta el informe de desactivación del libro bomba referido
en los hechos de la tutela. (cuad. No. 3, fls. 79 y 80).
16.- El 29 de septiembre de 2004 la
Secretaría General de esta Corporación recibió el oficio OPT-399/04 del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el que presentó un informe sobre
los nuevos hechos que, a su juicio, ponen en evidencia el alto grado de
inseguridad y vulnerabilidad en el que se encuentra el señor Gutiérrez. Al
respecto señaló:
- El 15 de septiembre de 2004 a las 12:30
del día, aproximadamente, arribaron al lugar de residencia y de trabajo del
actor un par de policías que incursionaron en el mismo no sin antes agredirlo
verbal, física y psicológicamente con las armas de dotación. Los agentes
argumentaron tener una orden de allanamiento con el fin de buscar carros
robados o algún tipo de irregularidades, para tal fin, esposaron al señor
Gutiérrez a la chapa de la puerta, lo despojaron de su medio de comunicación
(Avantel), del celular, de la tarjeta de propiedad, de un estuche con
herramientas de trabajo y de una pistola (legalmente adquirida y la cual posee
como medio de seguridad).
Según indicó el Colectivo, no obstante no
haber encontrado ningún tipo de irregularidad, los policías decidieron llevar
al señor Gutiérrez en la patrulla para justificar la fallida acción. Además,
para subirlo a la patrulla, los agentes emplearon medios violentos y,
posteriormente, fue puesto en la celda con los demás detenidos y en ella fue
despojado de los bienes que lo acompañaban.
Además de lo anterior, manifestó el
Colectivo que, a pesar de que el actor cambió de residencia y mantuvo en
reserva su ubicación y su número telefónico, los cuales no comunicó ni siquiera
a los abogados de la corporación, los hostigamientos han continuado y el único
medio con que cuenta para su protección es un Avantel.
El Colectivo anexó un oficio de 24 de
septiembre de 2004, suscrito por el Secretario Ejecutivo de la CIDH mediante el
cual confirma que este organismo "no ha autorizado el levantamiento de
las medidas cautelares dictadas el 29 de mayo de 2003 a favor del señor Ricardo
Gutiérrez Soler y que su cumplimiento continúa siendo objeto de
seguimiento".
17.- Con posterioridad, el Colectivo allegó
a la Secretaría General de esta Corporación un memorial, recibido el 1° de
diciembre de 2004, a fin de poner en conocimiento nuevos hechos ocurridos "en
contra de la vida de Ricardo Gutiérrez Soler y su familia":
- Relató nuevamente, de manera detallada,
el episodio de la detención del demandante ocurrido el 15 de septiembre de
2004.
- Refirió, así mismo, que el 27 de
noviembre de 2004 a las 3 de la mañana, "una patrulla motorizada, en
pleno abuso de poder, detuvo al taxi en el cual se movilizaba la señorita Zulma
Tatiana Gutiérrez (hija del actor) a la cual se le obligó a bajarse del
automotor para cumplir con una requisa". Señaló la abogada que
suscribe el memorial, que la niña fue víctima de maltratos físicos y verbales
por parte del agente quien, además, la trasladó al CAI Socorro. Después de ser
objeto de continuos atropellos, la hija del señor Gutiérrez fue obligada a
firmar ratificando que había recibido buen trato para lograr ser dejada en
libertad a las 6:30 a.m. Cuando el señor Gutiérrez se acercó al CAI para
averiguar por su hija, le suministraron información falsa, pues sostuvieron los
agentes que ella había sido detenida por encontrarse en avanzado estado de
embriaguez, que aún se encontraba en la estación y que sería trasladada a la
UPJ.
18.- Por último, el 28 de abril de 2005 la
Secretaría General de esta Corporación recibió otro memorial del Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo en el que suministró información adicional sobre
los acontecimientos acaecidos más recientemente en el caso del señor Gutiérrez
Soler, así como los hechos que dieron origen a la situación de riesgo en que se
encuentran él y su familia.
En dicho documento, el Colectivo señaló que
los hostigamientos y amenazas de que ha sido objeto el actor en la presente
acción constitucional guardan estricta relación con lo sucedido a su hermano,
el señor Wilson Gutiérrez Soler, el 24 de agosto de 1994, cuando “fue
torturado por miembros de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la
Policía Nacional y un particular, familiar del Comandante de dicha Unidad”.
En razón de estos hechos, el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho
-Cejil- y el Colectivo presentaron en representación de Wilson Gutiérrez Soler
y sus familiares una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
El Colectivo relató, así mismo, que el 26
de marzo de 2004 la CIDH presentó demanda contra el Estado colombiano en
relación con el presente caso. La Comisión solicitó a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que declarara que “el Estado es responsable por la
violación de los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal);
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1, 8.2.d,
8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención
Americana, lo anterior en relación con la obligación de respetar los derechos
prevista en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la
señalada Convención Americana, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler,
en razón de su supuesta detención ilegal, su presunta sujeción a torturas y
tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraba bajo la
custodia de agentes del Estado, así como por “la [alegada] impunidad total en
la cual permanecen estos hechos”.
La CIDH también alegó la violación del
artículo 25 de la Convención Americana (Protección Judicial), en perjuicio de
los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler y, en consecuencia, solicitó a
la Corte Interamericana que ordenara al Estado colombiano adoptar determinadas
medidas de reparación y reintegrar las costas y gastos. Los peticionarios ante
la CIDH alegaron, igualmente, la violación por parte del Estado del artículo 5
de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Wilson Gutiérrez
Soler, así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura.
Relató el Colectivo, de igual manera, que
los días 10 y 11 de marzo de 2005 tuvo lugar en la Corte Interamericana la
audiencia pública en la cual se escucharon las declaraciones de los testigos y
los dictámenes de los peritos ofrecidos por los representantes y por la CIDH.
Así mismo, fueron escuchados los alegatos de los representantes, la CIDH y el
Estado de Colombia sobre las excepciones, reparaciones y costas. Según el
relato del Colectivo, el Estado, representado por agentes gubernamentales,
renunció a las excepciones preliminares propuestas y reconoció la
responsabilidad estatal en los términos de la demanda de la CIDH, expresó
públicamente su respeto hacia las víctimas y presentó disculpas a los señores
Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler. En dicha audiencia, indica el Colectivo,
también fue valorada la situación de seguridad de éste último y su familia. Y
señala que tanto las víctimas como sus representantes y la propia CIDH
manifestaron a la Corte el incumplimiento del Estado colombiano frente a las
medidas cautelares y la delicada situación de seguridad por la que atraviesa el
ciudadano Gutiérrez Soler –demandante en la presente acción de tutela-.
Por último, refiere el Colectivo que con
fundamento en los testimonios presentados y otras pruebas obrantes en el
proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución de 11
de marzo de 2005 otorgó medidas provisionales a favor de Ricardo Gutiérrez
Soler, su esposa Yaqueline Reyes y sus siete hijos y, en consecuencia, ordenó
al Estado “adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger
la vida y la integridad personal de” los núcleos familiares de Ricardo y
Wilson Gutiérrez Soler y su señora madre.
Los peticionarios ante la CIDH anexaron a
su memorial (i) el artículo “Mea Culpa” publicado en la Revista Semana, Edición
1.193, marzo 14 a 21 de 2005, pp. 44 – 45 (cuad. No. 3, fls. 102 y 103), y (ii)
la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de marzo de
2005, mediante la cual este órgano de protección internacional decretó medidas
provisionales respecto de la República de Colombia en el caso Gutiérrez Soler
(Cuad. No. 3, fls. 94 a 101). En la parte resolutiva, la Corte Interamericana
consignó:
“1. Requerir al Estado que adopte las
medidas necesarias para: a) proteger la vida, integridad personal y libertad
personal del señor Ricardo Gutiérrez Soler y su familia, a saber: su madre, la
señora María Elena Soler de Gutiérrez; sus hijos, Luisa Fernanda Gutiérrez
Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin
Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez
Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano; y la señora Yaqueline Reyes; y b)
proteger la vida, integridad personal y libertad personal del señor Wilson
Gutiérrez Soler y su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño, en caso de que estos
últimos regresen a Colombia.
2. Requerir al Estado que investigue los
hechos que dieron origen a las presentes medidas provisionales, con el fin de
identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
3. Requerir al Estado que dé participación
a los beneficiarios o sus representantes en la planificación e implementación
de las medidas de protección y que, en general, los mantenga informados sobre
el avance de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
4. Requerir al Estado que informe a la
Corte Interamericana, dentro de los diez días siguientes a la notificación de
la presente Resolución, sobre las medidas provisionales que haya adoptado en
cumplimiento de la misma.
5. Requerir a los representantes de los
beneficiarios de estas medidas que presenten sus observaciones dentro de un
plazo de cinco días, contados a partir de la notificación del informe del
Estado.
6. Requerir a la Comisión Interamericana
que presente sus observaciones dentro de un plazo de siete días, contados a
partir de la notificación del  informe del Estado.
7. Requerir al Estado que, con
posterioridad a su primera comunicación (supra punto resolutivo cuarto),
continúe informando a la Corte, cada dos meses, sobre las medidas provisionales
adoptadas, y requerir a los representantes y a la Comisión que presenten sus
observaciones a dichos informes estatales en un plazo de cuatro y seis semanas,
respectivamente, contadas a partir de la notificación de los respectivos
informes del Estado.
8. Notificar la presente Resolución al
Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes.”
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1. De conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas.
Presentación del caso y problemas jurídicos objeto de
estudio.
2.- El demandante alega que el Estado colombiano no le
ha brindado las medidas de protección necesarias para la guarda de sus derechos
como beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH. Por su parte, las
autoridades demandadas responden informando sobre todas las gestiones llevadas
a cabo para asegurar el cumplimiento de la orden internacional.
Las decisiones de instancia negaron el
amparo solicitado, tras considerar que las entidades demandadas han actuado de
manera diligente, desplegando las actividades y tomando las medidas necesarias
y que corresponden a su deber de garantía frente a las medidas cautelares
decretadas por la CIDH en el caso del actor de la presente tutela.
3.- De conformidad con lo anterior,
corresponde a esta Sala de Revisión determinar (i) si es procedente esta
solicitud de amparo para lograr el cumplimiento de medidas cautelares
decretadas por la CIDH. Así mismo, deberá determinar (ii) cuál es el deber de
garantía de las entidades estatales y el alcance de sus obligaciones en caso de
medidas cautelares decretadas en favor de un ciudadano colombiano. De otra
parte, analizará esta Corporación (iii) cuál es el alcance del derecho a la
seguridad. Y, finalmente, (iv) determinará si en el caso concreto del señor
Gutiérrez Soler el Estado colombiano ha desempeñado las actividades a que se
encuentra obligado a fin de dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas
por la CIDH.
Para resolver los problemas jurídicos
planteados, la Sala hará referencia previamente a: (i) la naturaleza y
especificidades de los pronunciamientos de un órgano internacional como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, particularmente de las medidas
cautelares que decrete en desarrollo de sus funciones, (ii) cuáles son las
autoridades encargadas de la ejecución de dichas medidas cautelares, (iii) cuál
es el alcance de sus obligaciones y, (iv) en qué consiste la protección que
debe brindar el Estado a las personas que se encuentren en condiciones
especiales de riesgo, todo lo cual se estudiará de conformidad con la
jurisprudencia constitucional sobre el tema. Finalmente, (v) la Sala procederá
a analizar si en el caso concreto el Estado se ha sustraído a su deber de
garantía en relación con las medidas cautelares decretadas por la CIDH en favor
de Ricardo Gutiérrez Soler.
Naturaleza jurídica de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH y su carácter vinculante en el ordenamiento
interno.
4.- La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha sido considerada por la doctrina internacional[1] como un órgano
cuasi-jurisdiccional, que posee algunos de los atributos de un tribunal, como
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos. Así, el autor
Daniel O'Donnell señala que la CIDH comparte elementos comunes con los
tribunales como los siguientes: (i) su competencia está definida por un tratado
y/o un estatuto aprobado por una organización internacional, (ii) es
permanente, autónoma y dotada de garantías de independencia y, (iii) sus
decisiones se basan en el derecho internacional y son fundadas. La
característica que la distingue de los tribunales es que la obligatoriedad de
sus pronunciamientos no está consagrada por un instrumento[2].
Estos órganos de las organizaciones
internacionales pueden, de conformidad con el tratado multilateral constitutivo
de cada una de ellas, u otros textos normativos como son los Estatutos o los
Reglamentos Internos, adoptar actos jurídicos unilaterales de diversa
denominación y con distintos efectos jurídicos como son: resoluciones,
recomendaciones, decisiones, opiniones consultivas, medidas provisionales,
medidas cautelares o incluso sentencias, como es el caso de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
5.- La CIDH, en particular, profiere
decisiones sobre casos examinados bajo el procedimiento establecido por el
artículo 44 de la Convención Interamericana[3]
y de su Estatuto, es decir, denuncias sobre presuntas violaciones de la
Convención o de la Declaración Americana presentadas por individuos o por ONG.
De igual manera, este órgano internacional de protección presenta informes
sobre la situación de derechos humanos en países determinados, los cuales
contienen observaciones y conclusiones relevantes para la interpretación de la
normativa interamericana que pueden ser consideradas como otras fuentes
auxiliares. Así mismo, pueden ser considerados como fuente valiosa de
interpretación complementaria los informes que elaboran los Relatores de la
CIDH. Dentro del marco de las denuncias relativas a presuntas violaciones de
derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Comisión puede decretar medidas cautelares tendentes a evitar daños
irreparables a las personas que solicitan protección. Estas responden a la
imperiosa necesidad de evitar que durante la tramitación de un procedimiento
ante los órganos internacionales, se consumen de manera irreparable las
violaciones de los derechos establecidos en los convenios internacionales
respectivos, o se afecte a las personas que solicitan protección. Así, el nuevo
Reglamento de la CIDH que entró en vigencia el 1º de mayo de 2001, estipuló
sobre las medidas cautelares:
"Artículo 25. Medidas cautelares.
1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que
resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a
iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la
adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.
2. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a
falta de éste, uno de los Vicepresidentes, consultará por medio de la
Secretaría Ejecutiva con los demás miembros sobre la aplicación de lo dispuesto
en párrafo anterior. Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plazo
razonable de acuerdo a las circunstancias, el Presidente tomará la decisión, en
nombre de la Comisión y la comunicará a sus miembros.
3. La Comisión podrá solicitar información a las
partes interesadas sobre cualquier asunto relacionado con la adopción y
vigencia de las medidas cautelares.
4. El otorgamiento de tales medidas y su adopción por
el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión."
De esta manera, la CIDH limitó la adopción
de medidas cautelares a los casos graves y urgentes en los que se presente una
amenaza contra un derecho humano reconocido en alguno de los instrumentos
internacionales a los que alude el artículo 23 del Reglamento: Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre la Desaparición
Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
6.- La naturaleza jurídica de las medidas
cautelares ha sido descrita por esta Corporación como: "(u)n acto
jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos
fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte,
en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden
administrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un
derecho humano determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además
que tales medidas, decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional,
pueden ser adoptadas en el curso de un proceso que se adelante contra un Estado
Parte o incluso sin que haya sido presentada aún la demanda, es decir, como una
especie de medida cautelar previa."[4]
En efecto, esta Corporación ha señalado
en varias oportunidades que las medidas cautelares decretadas por la CIDH
comportan carácter vinculante a nivel interno, por cuanto éste es un órgano de
la Organización de Estados Americanos -OEA- del cual Colombia hace parte, al
igual que es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
fue aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973. De
igual manera, en razón a que el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la
Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia. Y, en virtud de que
la Convención, en tanto tratado de derechos humanos, según el artículo 93
constitucional, inciso primero, está incorporada al ordenamiento interno y hace
parte del bloque de constitucionalidad[5].
7.- En igual sentido, esta Corporación
indicó, al estudiar el tema de la incorporación y efectos de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH[6],
que las fuentes del derecho internacional público son incorporadas de manera
automática a los ordenamientos jurídicos internos sin que se requiera una norma
de transformación, como sería el caso de una ley. De lo anterior coligió,
entonces, que las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de
manera automática al ordenamiento jurídico colombiano. Y agregó, en relación
con sus efectos jurídicos en el ordenamiento interno, que dichas medidas deben
ser examinadas de buena fe por las autoridades públicas en virtud de que el
Estado colombiano es Parte en el Pacto de San José de Costa Rica y,
principalmente, en atención a sus particulares características procesales y los
fines que pretenden alcanzar. Su fuerza vinculante en el ordenamiento interno
conllevaría, de esta manera, un deber correlativo de las autoridades del Estado
de hacer efectivos los deberes de respeto y protección de los derechos
fundamentales que tienen asignados, en virtud de la Constitución Política, las
diversas autoridades públicas colombianas.
Concluyó así la Sala Novena de Revisión
que, habida cuenta de que las medidas cautelares aluden a casos concretos con
beneficiarios determinados y que apuntan a salvaguardar la vida e integridad
personal de éstos, el Estado destinatario de las mismas no goza de
discrecionalidad absoluta para cumplir o no lo decidido por la CIDH, pues no se
trata de situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos en un
Estado, casos en los cuales este órgano internacional de protección emite
recomendaciones, cuyo carácter vinculante ha suscitado una discusión en la
doctrina internacional.
Aunado a lo anterior, sustraerse de dar
cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por la CIDH sería tanto como
desconocer la obligación internacional consagrada en los artículos 1º y 2º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señalan que: "los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social" y que "si el ejercicio de los derechos
y libertades mencionados en el Artículo 1º no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".
La jurisprudencia proferida por esta
Corporación ha indicado, entonces, que las medidas cautelares decretadas por la
CIDH tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico interno. Dicha
vinculatoriedad se desprende de las siguientes premisas: (i) Colombia hace
parte de la Organización de Estados Americanos y es Estado Parte en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por la Ley 16 de 1972 y
ratificada el 31 de julio de 1973). (ii) La Convención, en tanto tratado de
derechos humanos, está incorporada al ordenamiento interno y hace parte del
bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 Superior,
inciso primero. (iii) En virtud de los principios generales del Derecho
Internacional Público, las medidas cautelares se incorporan de manera
automática al ordenamiento jurídico interno. (iv) Según lo estipulado por los
artículos 1º y 2º de la Convención Americana, los Estados Partes asumen el
compromiso de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio" a toda persona sujeta a su
jurisdicción, así como a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter
necesarias para hacer efectivos tales derechos.
8.- De igual manera, la Corte ha indicado
que la acción de tutela, a pesar de no haber sido concebida para garantizar el
cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, puede
convertirse en el mecanismo idóneo a fin de obtener su efectivo cumplimiento,
en atención a que tanto estas medidas como el mecanismo tutelar apuntan,
principalmente, a prevenir un perjuicio irremediable en relación con la
vulneración de algún derecho inherente al ser humano. Así, el juez de tutela
puede emitir una orden específica para que las autoridades estatales protejan
un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una
medida cautelar por parte del órgano de protección internacional.[7]
Adicionalmente, el incumplimiento de las
medidas cautelares decretadas por la CIDH, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, implica la vulneración del derecho al debido proceso tanto
interno como internacional[8].
La Corte sustentó su afirmación en las siguientes premisas: (i) Colombia
ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, (ii) al hacerlo reconoció
la competencia que tienen los órganos encargados de su protección -Comisión y
Corte Interamericana de Derechos Humanos-. (iii) El ejercicio de sus
competencias para la efectiva protección de los derechos consagrados en la
Convención, en particular el conocimiento de denuncias individuales, está
regido por un proceso claramente determinado. (iv) De ese debido proceso es
titular la persona que, haciendo uso del derecho que le da la Convención de presentar
peticiones individuales, acude a presentar la propia, por la presunta
vulneración de derechos humanos por parte del Estado, y, también, el Estado
denunciado. (vi) El pleno cumplimiento del debido proceso para el individuo que
solicita la protección ante instancias internacionales se debe perfeccionar a
nivel interno cuando el Estado cumpla con lo dispuesto por la Comisión. Y,
(vii) en caso de que no se cumpla integralmente con el debido proceso, su
cumplimiento puede ser exigido por medio de tutela. Este mecanismo procede,
pues, por cuanto a nivel interno no hay ninguna otra garantía judicial para
exigir el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión.
9.- Analizado el aspecto de la naturaleza
jurídica de las medidas cautelares y sus efectos en nuestro ordenamiento
interno, procede la Sala Séptima de Revisión a elaborar un recuento de lo
establecido por esta Corporación en torno al tema de las autoridades o
entidades estatales a quienes compete dar cumplimiento a  las medidas cautelares
decretadas por este órgano de protección internacional.
Autoridades del Estado colombiano
encargadas de ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
10.- No existe una regulación expresa en
relación con los órganos o entidades estatales a quienes compete el
cumplimiento y ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento Interno de este
órgano no se pronuncian al respecto. Sin embargo, para tales efectos, el Estado
es considerado como un todo, de conformidad con los principios del Derecho
Internacional Público.
Por lo anterior, cada Estado tiene la
facultad de establecer responsabilidades sobre el cumplimiento de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH, en atención a la estructura administrativa
interna con el fin de que su cumplimiento se lleve a cabo de forma coordinada,
eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y técnica que
permitan la materialización efectiva de las medidas decretadas para prevenir la
consumación de violaciones a los derechos reconocidos por los instrumentos que
rigen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, es de gran
importancia para determinar qué entidades y autoridades públicas están llamadas
a ejecutar las medidas, tener en cuenta que éstas, generalmente, están
encaminadas a: la protección de los derechos a la vida y a la integridad
personal de un individuo o grupo determinado de personas y, de otra parte, la
realización de una investigación seria, imparcial e inmediata de los hechos
referidos por el peticionario. De allí que sea usual que en la ejecución de
tales medidas estén llamadas a intervenir no sólo autoridades administrativas
sino judiciales y disciplinarias.
11.- En la sentencia T-558 de 2003, la
Sala Novena de Revisión señaló cuáles son las autoridades estatales llamadas a
ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH[9]. Entre ellas mencionó
las siguientes:
- El Ministerio de Relaciones Exteriores
- Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que, en
virtud del Decreto 2105 de 2001 está encargado de cumplir, entre otras, las
siguientes funciones:
"7.
Transmitir a las entidades estatales pertinentes las solicitudes de acción
urgente que le formulan al Estado colombiano los organismos internacionales de
protección de los derechos humanos ante amenazas o situaciones especiales de
riesgo, hacer un seguimiento de las medidas adoptadas en virtud de tales
amenazas o situaciones y presentar los informes periódicos a que haya lugar.
8.
Coordinar el manejo de los casos individuales, que por posibles violaciones de
derechos humanos, sean denunciados internacionalmente y transmitidos al
Gobierno de Colombia por los organismos internacionales de protección y definir
las pautas que deben tenerse en relación con las actuaciones de especial
trascendencia jurídica".
Éste es, pues, un órgano gubernamental de
coordinación entre las distintas autoridades públicas encargadas de ejecutar el
contenido de las medidas cautelares. No obstante dicha labor principal, la
Corte estimó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede limitarse a
informar las decisiones adoptadas por la CIDH a las instancias internas
competentes y a su vez reportar al órgano internacional las actividades
desplegadas por el Estado. Dicha labor de coordinación lleva implícitos
aspectos materiales que lo facultan para conminar a las diversas autoridades al
cumplimiento inmediato de lo ordenado por la CIDH y, además, tiene la
obligación de buscar que la medida sea efectiva y tenga cabal cumplimiento por
las autoridades estatales. Así, este Ministerio es una entidad llamada a
ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
- El Ministerio del Interior y de
Justicia - Dirección General para los Derechos Humanos a quien corresponde, en
virtud del Decreto No. 200 del 3 de febrero de 2003, artículo 17, entre otras,
las siguientes funciones: "4. Diseñar y coordinar los programas
generales de protección de los derechos humanos y de prevención a la violación
de los mismos, en relación con personas que se encuentren en situación de
riesgo, en colaboración con el Programa Presidencial de Promoción, Respeto y
Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional
Humanitario". En desarrollo de esta prerrogativa, la Dirección de
Derechos Humanos ha creado y desarrollado varios programas de protección de
personas que se encuentran expuestas a situaciones de riesgo, con ocasión de
las actividades que desempeñan, sus posturas ideológicas, filiaciones
políticas, entre otras, para cuyo funcionamiento se establecieron los
respectivos Comités de Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER-[10].
- La Fiscalía General de la Nación, en
tanto ente investigador en materia penal de los hechos denunciados por quien
solicitó el decreto de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Este
organismo cuenta, además, con una Dirección de Asuntos Internacionales que se
encarga de la comunicación entre el fiscal a cargo del caso y el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Corresponde a esta Dirección informar a éste último
sobre el avance de las investigaciones penales en relación con las cuales hayan
sido adoptadas las medidas cautelares y llevar el registro sobre el estado de
las investigaciones  referentes a violación de derechos humanos e infracciones
al derecho internacional humanitario. Por otra parte, la Fiscalía cuenta con un
programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso
dentro del cual se decretan las medidas cautelares.
- La Procuraduría General de la Nación
como órgano de control de la actividad de la Administración Pública, defensor
de los derechos humanos e investigador en materia disciplinaria, es otra
entidad encargada de la ejecución de las medidas cautelares, debido a su
función de prevención de las violaciones de derechos fundamentales e
investigador de los hechos que constituyan violaciones graves a éstos así como
al derecho internacional humanitario. De igual manera, le corresponde
desempeñar función de garante y hacer el seguimiento en cuanto a los
compromisos adquiridos por el Estado en relación con las proposiciones y
recomendaciones de la CIDH, medidas cautelares y provisionales y los casos que
lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, la Procuraduría
debe adelantar las correspondientes investigaciones disciplinarias contra los
funcionarios que violen los derechos humanos o el DIH y velar porque los
procesos penales que se sigan por estos mismos hechos avancen con celeridad.
- La Policía Nacional, en atención a su
mandato constitucional y su visión, misión, funciones y principios de gestión
(Decreto No. 2158 de 1997). De igual manera, autoridades de los ámbitos
departamental y municipal como es el caso de los gobernadores y alcaldes
quienes, en virtud de la Ley 62 de 1993, cuentan con atribuciones para impartir
órdenes, atinentes al servicio, a la Policía Nacional, por conducto del
respectivo comandante y, de igual manera, promover en una labor conjunta con la
Policía Nacional programas y actividades encaminados a fortalecer el respeto
por los derechos humanos.
Así pues, la Corte concluyó en la
sentencia T-558 de 2003:
"(E)n
suma, en Colombia la correcta ejecución de las medidas cautelares que han sido
decretadas por la CIDH depende de la eficacia que presente, de conformidad con
la naturaleza que ofrezcan, la labor desarrollada por determinadas autoridades
públicas, de los órdenes nacional, departamental o municipal, bien sean de
coordinación del sistema, como es el caso del Ministerio de Relaciones
Exteriores o de ejecución de las mismas en los ámbitos administrativo, judicial
o disciplinario".
12.- Esta Sala de Revisión considera
relevante hacer referencia al derecho a la seguridad personal con que cuentan
las personas que se encuentran, al igual que en el caso objeto de análisis, en
condiciones de riesgo excepcional. Para ello, elaborará un recuento de lo
establecido por este Tribunal Constitucional en torno al tema.
El derecho constitucional a la
seguridad personal.
13.- La Constitución Política incluye la
seguridad como elemento que adquiere múltiples acepciones, lo cual refleja los
diversos aspectos de la misma que el Constituyente del 91 quiso prever,
promover y proteger. La Corte indicó en la sentencia T-719 de 2003[11] que la seguridad fue
visualizada en la Carta Fundamental bajo tres manifestaciones distintas: (i)
como un valor y una finalidad del Estado, (ii) como un derecho colectivo y,
(iii) como un derecho individual, derivado de las múltiples garantías previstas
en la Carta contra los riesgos extraordinarios a los que se pueden ver sujetas
las personas. Esta providencia expresó sobre cada una de dichas categorías lo
que pasa a exponerse a continuación.
La seguridad como valor y fin del Estado,
es entendida como un valor genérico que permea toda la Constitución, en tanto
garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos
y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio
nacional. Así, la seguridad constituiría una de las metas de la Carta Política
de 1991, tal y como lo muestran el Preámbulo y el artículo 2º, en tanto el
Constituyente buscó asegurar a los integrantes de la nación la vida, la
convivencia y la paz, entre otros. Por ello, en el sistema constitucional
instaurado en Colombia desde 1991, todas las instituciones que velan por crear
condiciones de seguridad, tienen como finalidad primordial la de proteger las
libertades y derechos de las personas.
De otra parte, la seguridad como derecho
colectivo, es decir, como el derecho que tienen todos los individuos miembros
de la sociedad colombiana a no ser expuestos a circunstancias que pongan en
riesgo bienes jurídicos colectivos como el patrimonio público, el espacio
público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio
ambiente o la libre competencia económica. El Constituyente hizo referencia
específica a ciertos riesgos para la colectividad que deben ser evitados a toda
costa. El fallo trae para ilustrar lo anterior varios ejemplos respecto de la
pretensión de evitar dichos riesgos. Entre otros, la prohibición de la "fabricación,
importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como
la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos
tóxicos" (art. 81 C.P.), o la imposición de sanción de responsabilidad
legal a los comercializadores de bienes y servicios que atenten contra la
salud, la seguridad o el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios
(art. 78 C.P.).
Por último, la Sala Tercera hace
referencia a la seguridad como derecho individual, esto es, el derecho a la
seguridad personal como "aquel que faculta a las personas para recibir
protección adecuada por parte de las autoridades cuandoquiera que estén
expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar,
por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en
sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación
del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades
más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la
protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados
y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad." E
incluso, la jurisprudencia asume la seguridad como derecho constitucional
fundamental de los individuos, en atención a las condiciones específicas que
tienen lugar en el contexto colombiano. En consecuencia, con base en él los
ciudadanos "pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas
específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de
prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su
vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que
las autoridades pueden conjurar o mitigar."
15.- La jurisprudencia constitucional ha
sido prolija al determinar quiénes son los sujetos de especial protección, en
razón de sus condiciones de seguridad. La Sala pasa a estudiar este punto.
Protección de personas en condiciones
especiales de riesgo.
16.- Este Tribunal Constitucional ha
desarrollado una extensa jurisprudencia en relación con las personas que, en el
contexto colombiano, pueden encontrarse expuestas a riesgos excepcionales
contra su vida o integridad personal y que, por ende, requieren protección
especial.
17.- Este riesgo, ha enfatizado la
jurisprudencia constitucional, debe revestir ciertas características
específicas para que aquellas personas que se vean sometidas al mismo, puedan
estar amparadas por la protección del derecho a la seguridad personal e,
incluso a la vida y a la integridad personal. De esta manera, la Corte ha
establecido que debe tratarse de un nivel de riesgos extraordinarios que las
personas no están jurídicamente obligadas a soportar, por lo cual tienen
derecho a recibir protección especial de las autoridades frente a ellos, de tal
suerte que estas últimas deben valorar cada caso concreto a fin de determinar
si un riesgo tiene una intensidad suficiente como para ser considerado
extraordinario. En la sentencia T-719 de 2003, arriba reseñada, se
establecieron las siguientes características como criterios para determinar
dicho grado:
“(i) debe
ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo
genérico; (ii) debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos
particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas; (iii) debe ser
presente, esto es no remoto ni eventual; (iv) debe ser importante, es decir, que
amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por
lo cual no puede tratarse de un riesgo menor; (v) debe ser un riesgo serio, de
materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede
ser improbable; (vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una
contingencia o peligro difuso; (vii) debe ser un riesgo excepcional, en la
medida en que no es uno que deba ser soportado por la generalidad de los
individuos; y (viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que
deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.” (…)[12]
De igual manera, en la providencia
reseñada esta Corte señaló que si el riesgo, además de las características
mencionadas, comporta los requisitos adicionales de (i) tratarse de un riesgo
grave e inminente y (ii) estar dirigido contra la vida o la integridad de la
persona, con el propósito evidente de violentar tales derechos, se trata de un
nivel de riesgo extremo. En estos casos, pues, “serán aplicables en
forma inmediata los derechos fundamentales a la vida y a la integridad, como
títulos jurídicos para exigir la intervención del Estado con miras a preservar
al individuo.”
Así, este Tribunal ha establecido que
quienes se encuentran seriamente amenazados contra su vida y han puesto en
conocimiento de tal situación a las autoridades estatales, tienen derecho a
recibir protección, hasta el punto de que la obligación del Estado de preservar
su vida se convierte en una obligación de resultados para efectos de
responsabilidad administrativa.
18.- Esta regla ha sido aplicada, entre
otros, a los miembros de partidos políticos que por su orientación y su
programa son objeto de actos violentos. En la sentencia T-439 de 1992, la Corte
se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por un miembro del Partido
Comunista y de la Unión Patriótica quien fue víctima de ataques contra su vida
por parte de organismos de seguridad del Estado. Por ello, solicitaba el amparo
de sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como los de su
familia. En esta sentencia la Corte afirmó que “cuando se presentan
situaciones de conflicto armado entre la fuerza pública y los grupos armados
que están fuera de la legalidad, el Estado tiene la obligación de ser
extremadamente sensible en sus intervenciones con miras a preservar el
equilibrio político y social, mediante la protección eficaz a los grupos,
partidos o movimientos minoritarios, en especial a aquellos que por su carácter
contestatario pueden ‘estar en la mira de otros grupos que, gozando de los
beneficios institucionales y patrimoniales, pueden ver amenazadas sus
prerrogativas”. En este sentido, la Corte subrayó la necesidad de proteger
la seguridad de ciertos grupos especialmente vulnerables por su situación en el
contexto político y del conflicto interno.
19.- De igual manera, la Corte ha
establecido que merecen especial protección del Estado los testigos de los
casos de homicidios relacionados con alteraciones al orden público. Así, la
sentencia T-532 de 1995 señaló que “la cooperación del informante o
declarante puede, en efecto, poner en serio peligro su vida, su integridad
personal y las de su familia, siendo claro que la negligencia de la Fiscalía en
el otorgamiento de la protección que merece el colaborador compromete al Estado
y conduce a la prosperidad de la tutela en cuanto de allí provenga el daño o la
amenaza a los derechos fundamentales de quien ha quedado desprotegido. La
protección debe darse a todo testigo cuyas circunstancias lo ameriten, pues se
trata de un desarrollo concreto del deber general impuesto a las autoridades
públicas. Sólo que el testigo en un proceso penal, bajo ciertas situaciones que
deben ser evaluadas por la administración de justicia, merece, una protección especial
y tiene derecho a reclamarla, no a título de pago por sus servicios sino en
virtud del interés superior de sus derechos fundamentales y en razón de una
clarísima obligación del Estado por cuyo cumplimiento es responsable, entre
otras autoridades, la Fiscalía General de la Nación, ante el riesgo en que
pueda quedar por virtud de su testimonio”. Se trataba, en aquella
oportunidad, del caso de un ciudadano que interpuso acción de tutela contra la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener protección de sus derechos
a la vida y a la integridad personal, los cuales se encontraban amenazados tras
haber servido como testigo en la investigación del caso del homicidio cometido
contra una juez de la República. La Corte concedió el amparo de los derechos
invocados, con fundamento en la consideración arriba reseñada, según la cual es
deber de las entidades del Estado – en este caso la Fiscalía General de la
Nación- brindar la protección adecuada y eficaz a los testigos dentro de
procesos penales.
20.- Dentro de la población que se
encuentra en especiales condiciones de riesgo, esta Corporación ha incluido, de
igual manera, a los defensores de los derechos humanos, cuya situación de
desprotección en Colombia, además, configura un estado de cosas inconstitucional.[13] Así fue declarado por
la Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-590 de 1998, cuando se sometió a su
consideración el caso de un defensor de derechos humanos que fue detenido y
recluido en la Cárcel Modelo por presuntos nexos con el Ejército de Liberación
Nacional –ELN-. El apoderado del peticionario solicitó la protección de sus
derechos a la vida y a la integridad personal, los cuales estaban seriamente amenazados
por encontrarse recluido en el Patio de Máxima Seguridad de la Cárcel Modelo,
que compartía con miembros de los grupos paramilitares y algunos
narcotraficantes a quienes el actor había denunciado por genocidio y otros
delitos de lesa humanidad. La Corte, entonces, indicó que el Estado se
encontraba en la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la
integridad personal de los defensores de derechos humanos, aún más en el caso
concreto, pues el demandante se encontraba en situación de vulnerabilidad por
encontrarse privado de la libertad.
21.- Así mismo, los casos analizados por
este Tribunal en las sentencias T-558 y T-786 de 2003, reseñados en apartes
precedentes de esta providencia, cuyos demandantes se encontraban amparados por
instancias internacionales, pues eran beneficiarios de medidas cautelares
decretadas por la CIDH. Este hecho los hacía sujetos de especial protección que
demandaba del Estado colombiano una diligencia particular y el despliegue de
actividades tendentes a proteger de manera efectiva la vida e integridad de los
peticionarios, más aún al constatar que en sus casos particulares concurrían
varios factores de riesgo, como: a) su condición de víctimas del conflicto
armado interno, por cuanto son familiares de personas sometidas a desaparición
forzada y, b) su calidad de intervinientes dentro de los procesos penales
adelantados en los casos de desaparición de sus familiares, lo cual hizo
necesario acudir ante este órgano internacional de protección de los derechos
humanos, que consideró que sobre los peticionarios se cernía una amenaza grave
contra su vida e integridad personal.
22.- De igual manera, la Corte ha considerado
a los reinsertados de grupos levantados en armas como sujetos de especial
protección en cuanto a su seguridad personal. En efecto, en la sentencia T-719
de 2003, arriba reseñada, la Corte Constitucional amparó los derechos a la
integridad personal y al mínimo vital de la actora y su hijo de menos de un año
de edad. La acción de tutela fue interpuesta por la excompañera permanente de
un reinsertado de la guerrilla de las FARC, asesinado después de haber
abandonado voluntariamente el frente 47 de dicho grupo armado y haber obtenido
un indulto. Con ocasión de la muerte de su compañero, ella y su hijo debieron
desplazarse del lugar en el que residían y quedaron expuestos a una situación
de abandono que ponía en riesgo sus derechos a la integridad personal y al
mínimo vital por no contar con ningún medio de subsistencia. En aquella
oportunidad, la Corte afirmó que “...el derecho a la seguridad personal de
los individuos reinsertados no puede tomarse a la ligera por parte de las
autoridades: dado su especial nivel de riesgo, consustancial a su condición en
el marco del conflicto interno, son merecedores de una especial protección por
parte del Estado, tendiente a garantizar las condiciones básicas de su
seguridad personal. Esta protección, dado el mandato consagrado en el artículo
42 de la Carta, debe hacerse extensiva a quienes conformen, junto con el
individuo reinsertado, un núcleo familiar; mucho más si dentro de dicho núcleo
hay sujetos de especial protección constitucional, tales como niños,
discapacitados, mujeres embarazadas, ancianos o madres.”
23.- La Corte se ha pronunciado en igual
sentido respecto de las Comunidades de Paz. En efecto, en la sentencia T-327 de
2004, la Sala Segunda de Revisión se pronunció sobre la tutela instaurada por
Javier Giraldo Moreno, en representación de algunos miembros de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Los actores solicitaban el amparo de sus derechos
fundamentales al estimar que éstos se encontraban gravemente amenazados por la
Brigada XVII del Ejército Nacional, que tenía un presunto plan de exterminio
contra los miembros de la Comunidad. Ésta, además, se encontraba cobijada por
medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ratificadas mediante Resolución emitida el 18 de junio de 2002, en la cual este
órgano internacional reiteró al Gobierno Nacional su obligación de poner en
práctica las medidas provisionales de protección a favor de los miembros de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La Corte concedió el amparo de los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, al buen
nombre, a la honra, al debido proceso y a la libertad de los miembros de la
Comunidad, tras considerar que los demandantes en el caso analizado eran
sujetos de especial protección en cuanto a su seguridad por parte del Estado,
por cuanto evidentemente, se encontraban expuestos a riesgos extraordinarios de
amenaza contra su vida e integridad personal. Lo anterior reforzado por la
obligación del Estado de ejecutar las medidas cautelares decretadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
24.- Por todo lo antes expuesto, la Sala
Séptima de Revisión concluye que, en definitiva, las autoridades del Estado
tienen una obligación de resultados -para efectos de responsabilidad administrativa-
frente a las personas que, con ocasión de las actividades que desempeñan o una
multiplicidad de circunstancias, entre otras, las arriba analizadas, se
encuentran expuestas a riesgos excepcionales que no están obligadas a soportar.
En estos casos, las autoridades, a pesar de contar con un grado más o menos
amplio de discrecionalidad para tomar las medidas de seguridad
correspondientes, y aún cuando no exista norma legal específica y directamente
aplicable, deberán hacer cuanto esté a su alcance, con especial diligencia,
para proveer la seguridad requerida por estos sujetos de especial protección,
como manifestación de sus deberes constitucionales más básicos.
25.- Con base en lo expuesto en los apartes
de esta providencia, la Sala procederá a analizar si en el caso concreto hubo
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la
seguridad y el debido proceso del ciudadano Ricardo Gutiérrez Soler, en tanto
sujeto en condiciones de riesgo excepcional y que hizo procedente la
intervención de un órgano internacional de protección de derechos humanos como
la CIDH, la cual dictó medidas cautelares en su favor.
Análisis del caso concreto.
26.- La presente acción de tutela fue
interpuesta por Ricardo Gutiérrez Soler, quien considera que el Estado
colombiano no ha sido lo suficientemente diligente respecto del cumplimiento y
ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en su favor, el 29
de mayo de 2003. Por lo anterior, el actor plantea ante la jurisdicción constitucional
que sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y, en consecuencia,
al trabajo son afectados por las autoridades estatales que no han desplegado
las medidas y actividades adecuadas y suficientes en orden a poner fin a la
amenaza que se cierne sobre sus derechos.
27.- Para determinar si las actuaciones de
las entidades demandadas han sido idóneas, adecuadas, efectivas y suficientes
en orden a garantizar la vida e integridad del señor Gutiérrez, procederá esta
Sala de Revisión a analizar las actuaciones de las mismas dentro del caso del
demandante, beneficiario de las medidas cautelares dictadas por el órgano
interamericano de protección de los derechos humanos.
28.- En relación con el Ministerio del
Interior y de Justicia, la Sala constata que las actividades desplegadas con
miras a dar cumplimiento a las medidas dictadas por la CIDH no han sido
suficientes, aun cuando reconoce que su actuación ha sido diligente, por las
razones que pasan a exponerse.
En primer lugar la Corte entiende las
razones que motivaron la no inclusión del peticionario en el Programa de
Protección de dicha instancia gubernamental, por cuanto no entraba dentro de
los supuestos del artículo 28 de la Ley 782 de 2002[14].
No obstante, este Tribunal no encuentra
admisible que el Ministerio se haya limitado a informar al actor que no estaba
dentro de la población objeto del programa, de conformidad con el concepto
emitido por el CRER. En vista de lo anterior, fue la Policía la institución que
se hizo cargo de procurar los medios de protección al peticionario, sin que
dicha actividad haya sido objeto de seguimiento estricto por parte del
Ministerio, pues fue la Procuraduría General de la Nación quien recomendó al
CRER revisar el caso y, ante esa solicitud, este Comité recomendó apoyar a la
Policía con el suministro de un Avantel y un chaleco antibalas para el
demandante, así como la coordinación con esta institución de rondas de
vigilancia en sus lugares de habitación y de trabajo, reforzado con labor de
acompañamiento, de ser requerido.
Además de considerar que en este caso el
Ministerio del Interior y de Justicia debió realizar un seguimiento más
estricto a la labor desempeñada por la Policía Nacional respecto de la
protección brindada al señor Gutiérrez, esta Sala estima que si el actor es
beneficiario de medidas cautelares decretadas por un órgano internacional, más
allá de toda consideración, las autoridades estatales deben proceder a brindar
la protección adecuada y efectiva en orden a garantizar los derechos a la
seguridad personal, así como a la vida e integridad, pues es incuestionable la
situación de riesgo en que dicho beneficiario se encuentra.
Así, la Corte destaca que se ha sometido al
demandante a una carga gravosa, pues tras haber obtenido la protección
provisional de la CIDH, se vio obligado posteriormente a interponer acción de
tutela a fin de que el Estado ejecute, de manera efectiva, lo ordenado por el
órgano internacional. Por ello, esta Sala no acepta el argumento según el cual
el actor se valió de una serie de “presuntos hechos” para acudir a las
instancias internacionales en busca de protección sin haber agotado los
mecanismos que le ofrecía el sistema jurídico interno, pues como lo han
entendido la CIDH y la doctrina autorizada en estos temas, el decreto de las
medidas cautelares no exige el agotamiento de los recursos internos. Por tanto,
se subraya, no es admisible la actitud de esta entidad, en tanto cuestiona la
seriedad de la petición elevada ante la instancia internacional para sustraerse
a realizar, con la mayor diligencia posible, las actividades y la toma de
medidas encaminadas a garantizar la ejecución de las mencionadas medidas
provisionales.
29.- En cuanto al Ministerio de Relaciones
Exteriores, está probado que ha desempañado las actividades que le correspondía
adelantar, en su calidad de órgano coordinador entre la Comisión y las
autoridades estatales a quienes corresponde directamente el cumplimiento de las
medidas cautelares. Así, (i) el 3 de junio de 2003 remitió copia de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH a las entidades ejecutoras de las mismas,
(ii) el 10 de junio de 2003 puso en conocimiento de la CIDH los hechos
relacionados con la diligencia de allanamiento “presuntamente ilegal”, (iii) el
28 de octubre de 2003 informó a la Comisión sobre las actuaciones adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación y el estado de los procesos, (iv) el 9 de
enero de 2004 informó a la CIDH sobre el estado de las actuaciones adelantadas
por las autoridades del Estado en el marco de las medidas cautelares, con base
en lo aportado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior (v) ha coordinado
varias reuniones interinstitucionales a las que acudieron las autoridades
encargadas de ejecutar las medidas cautelares de las cuales es beneficiario el
ciudadano Gutiérrez Soler.
Si bien es cierto, el Ministerio ha
desplegado parte de sus labores, principalmente la de coordinación entre
las diferentes instancias y la CIDH, las mismas no deben limitarse a esta
función, pues de conformidad con lo expuesto en la sentencia T-558 de 2003: “los
casos de violaciones graves a los derechos humanos, las competencias y los
correlativos deberes del Ministerio de Relaciones Exteriores deben ser
entendidos de manera mucho más amplia, por cuanto su papel no se debe limitar a
realizar una actividad mecánica, de simple intermediario o impulsor de
documentación sino al de actuar como una instancia que, asumiendo el caso
como propio, demande a las distintas autoridades competentes resultados
concretos, para lo cual éstas deben prestarle una colaboración efectiva.”
(subrayas fuera del texto original).
De esta manera, la Sala observa que el
Ministerio no ha realizado todas las gestiones a su alcance con miras a obtener
el cumplimiento de las medidas cautelares. Lo anterior se hace evidente,
particularmente, frente a su incumplimiento por parte de la Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación, entidades éstas que, no sólo no han prestado
la colaboración debida, la cual en este contexto es de vital importancia, sino
que, además, aparecen como presuntas vulneradoras de los derechos fundamentales
del demandante, de conformidad con los hechos relatados por éste en su escrito
de tutela y, según los hechos relatados por la corporación peticionaria ante la
CIDH, entre los que se destacan posteriores amenazas y hostigamientos por
miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía, como detenciones arbitrarias,
allanamientos irregulares y otras acciones dirigidas, de igual manera, contra
miembros de la familia del señor Gutiérrez. Otras circunstancias que destaca
esta Sala de Revisión son aquellas relativas a la resolución inhibitoria
proferida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá
en la investigación contra la funcionaria que dirigió la diligencia de
allanamiento que tuvo lugar el 21 de abril de 2003 y la investigación
adelantada contra el peticionario por el presunto delito de hurto.
De otra parte, se hace necesario enfatizar
que la situación de riesgo del demandante y su familia -aún con posterioridad
al decreto de medidas cautelares por la CIDH- es tan grave que, de conformidad
con la información suministrada por la corporación que representó al demandante
ante el Sistema Interamericano y que quedó consignada en el aparte de los
antecedentes de la presente providencia, hizo viable la presentación de demanda
por parte del referido órgano internacional de protección ante la Corte
Interamericana, la cual el 11 de marzo del año en curso profirió resolución
mediante la cual dictó medidas provisionales en favor del señor Ricardo
Gutiérrez Soler y toda su familia.
30.- Sobre las actividades desplegadas por
la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República es poco lo
que esta Sala puede manifestar, pues en su escrito de contestación a la acción
de tutela, el Director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia
de la República afirmó que dicha instancia gubernamental no es la competente
para ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH y, en consecuencia,
aseguró no poder colaborar en modo alguno en las cuestiones solicitadas. Lo
cierto es, a juicio de esta Sala, que el programa de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República no figura dentro de los entes referidos por
esta Corporación en pronunciamientos anteriores, como instancia ejecutora de
las medidas cautelares, como tampoco aparece en el recuento hecho por las
entidades demandadas actuación alguna de dicha oficina.
31.- Por último, se hará referencia a la
Policía Nacional, como institución a quien compete directamente la ejecución de
las medidas cautelares. La Sala observa con preocupación que, a pesar de que en
el expediente aparece demostrado que la Policía Nacional ha prestado
colaboración a fin de brindar protección al señor Gutiérrez Soler, dentro del
marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, tales como revistas
efectuadas en los lugares de habitación y de trabajo del demandante; de igual
manera, aparecen comprometidos miembros de esta institución en los eventos que
originan la situación de riesgo a la que él se ha visto expuesto, pues como se
refirió en el acápite de los hechos que motivaron la presente acción de tutela
-afirmaciones hechas bajo la gravedad del juramento- el actor ha sido objeto de
detenciones ilegales, de maltratos físicos y psicológicos y de amenazas contra
su vida, por parte de miembros de la SIJIN y del Cuerpo Técnico Investigativo
de la Fiscalía, aún con posterioridad al decreto de las medidas cautelares. Por
lo anterior, la Sala Séptima de Revisión considera necesario conminar a las
autoridades de Policía para que tomen las medidas conducentes a la cesación de
los hostigamientos y amenazas contra la seguridad, la integridad personal y la
vida del Ciudadano Ricardo Gutiérrez Soler y que en ese mismo sentido, presten
la colaboración necesaria en orden a brindar la seguridad requerida.
32.- Por lo expuesto, concluye esta Sala
que, si bien el Estado colombiano ha procurado adelantar y desplegar medidas y
actividades tendentes a garantizar la seguridad del ciudadano Ricardo Gutiérrez
Soler, minimizando los factores de riesgo a los que él se ha visto expuesto,
las mismas han sido insuficientes para lograr la protección buscada a través
del decreto de las medidas cautelares por la CIDH. En efecto, los eventos que
dieron lugar al decreto de las mismas, como "los montajes
judiciales", los allanamientos perpetrados sin orden judicial, las
detenciones "irregulares" y los hostigamientos contra él y su familia
no han cesado, como lo demuestran los acontecimientos acaecidos con
posterioridad al 29 de mayo de 2003 (cuando fueron decretadas medidas
cautelares en su favor, por parte de la CIDH), puestos en conocimiento de esta
Corporación por el propio actor y por el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
que, reitera esta Sala, conllevó el decreto de medidas provisionales en favor
de Ricardo Gutiérrez y su familia, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el 11 de marzo del año en curso.
Desea destacar de nuevo esta Sala de
Revisión que cuando se trata de personas expuestas a riesgos excepcionales,
éstas últimas cuentan con el derecho a la seguridad personal, lo cual las
faculta para recibir protección adecuada por parte de las autoridades. Además,
cuando los niveles de peligro rebasan aquellos implícitos en la vida en
sociedad, la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los sujetos
expuestos a riesgos excepcionales se convierte en una obligación de resultados
– para efectos de responsabilidad administrativa- , no ya de medios como la que
tiene en relación con la población que no se encuentra en dichas circunstancias
especiales.
Por lo expuesto a lo largo de la presente
providencia, la Corte revocará el fallo de segunda instancia proferido en el
asunto de la referencia y, en su lugar, concederá el amparo tutelar de los
derechos invocados por el actor, en atención a la constante amenaza que se
cierne sobre él, con ocasión de las excepcionales condiciones de riesgo en que
se encuentra.
III. DECISIÓN.
En mérito
de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para
decidir el presente asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR la decisión de la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil del veintitrés (23) de abril
de dos mil cuatro (2004) y, en su lugar, TUTELAR los derechos a la
seguridad y a la integridad personales, así como el derecho al debido proceso
del ciudadano Ricardo Gutiérrez Soler.
TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de
Relaciones Exteriores que además de las diligencias que ha adelantado para el
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 29 de mayo de 2003 en el proceso 12.291,
realice un seguimiento continuo y eficaz a la ejecución de las mismas por parte
de las entidades estatales competentes para su cumplimiento, señaladas en la
parte motiva de la presente providencia. Así mismo, que informe sobre las
gestiones de seguimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CUARTO.- ORDENAR al Comandante de la Policía Metropolitana
de Bogotá que imparta las instrucciones necesarias y suficientes al personal a
su cargo, a fin de que cese de manera inmediata el hostigamiento del cual ha
sido objeto Ricardo Gutiérrez Soler. De igual manera, ORDENAR al citado
Comandante que brinde la protección necesaria al actor, en atención a las
medidas cautelares dictadas por la CIDH en su favor.
QUINTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia –Grupo de
Protección- llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a). Definir, con la participación del señor Ricardo
Gutiérrez Soler, las medidas y medios de protección específicos, adecuados y
suficientes para evitar que el riesgo extraordinario se materialice sobre su
vida e integridad; tales medidas podrán consistir en la reubicación del
peticionario, o cualquier otra que se considere adecuada.
b). Asignar tales medios y adoptar dichas medidas,
dentro de un término máximo de quince (15) días a partir del momento en que las
mismas sean concertadas con el peticionario.
c). Evaluar periódicamente la evolución del riesgo al
que está sometido el actor y adoptar pronta y eficazmente las decisiones
correspondientes para responder a dicha evolución, dando una respuesta efectiva
ante cualquier signo de concreción o realización del riesgo extraordinario.
SEXTO.- LÍBRENSE por Secretaría General las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
O´Donnell Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos.  Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano,
Bogotá: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, 2004, pp. 50-52.
[2]
Ibídem, pp. 50-51.
[3]
El artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estipula: "Artículo
44. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación de esta Convención por un Estado Parte."
[4]
Ver sentencia T-558 de 2003. En este fallo la Corte se ocupó del caso de una
ciudadana cuyo hijo fue objeto de desaparición forzada por fuerzas del Estado.
Ante este evento, la peticionaria decidió acudir a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para solicitar la protección de su vida e integridad
personal, así como de todos los miembros de la familia. La CIDH ordenó al
Estado colombiano que implementara las medidas de protección necesarias para
garantizar la integridad y la vida de la familia. Días después, miembros de
organismos del Estado colombiano ingresaron a la casa de la peticionaria y
torturaron a uno de los miembros de la familia. Por ello, la solicitud de
tutela iba encaminada a obtener el cumplimiento efectivo por parte del Estado
colombiano de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. La Sala  Novena de
Revisión consideró, en el asunto sometido a su consideración, que las medidas
adelantadas por las autoridades estatales habían sido insuficientes para lograr
el objetivo para el cual fueron decretadas, esto es, el cese de la amenaza
contra la integridad y la vida de los miembros de la familia del ciudadano
desaparecido tiempo atrás. En virtud de lo expuesto, la Corte concedió el
amparo tutelar y conminó a las autoridades competentes a desplegar las
actividades necesarias a fin de materializar la protección de que eran
beneficiarios por la CIDH.  Tal decisión fue tomada con base en las siguientes
consideraciones: en primer lugar, la procedencia de la acción de tutela para
solicitar la debida ejecución de medidas cautelares decretadas por la CIDH, en
la medida en que existe coincidencia entre los propósitos perseguidos por las
medidas cautelares y la acción de tutela, esto es, proteger los derechos
humanos de las personas y, así, evitar que se consume un daño irremediable.
De otra parte, por la fuerza vinculante de las medidas cautelares en el derecho
interno, así como el deber de cumplimiento de los preceptos constitucionales
por parte de las autoridades del Estado en los términos del artículo 2º
Superior.
[5]
Todas las disposiciones de la Convención relativas a los derechos humanos hacen
parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, aquellas que prescriben,
por ejemplo, reglas procedimentales se encontrarían excluidas del mismo.Ver
sentencia T-786 de 2003. En aquella oportunidad, la Sala Sexta de Revisión
tenía bajo su análisis el caso de una ciudadana que solicitaba el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y al debido proceso
presuntamente vulnerados por el Estado colombiano, quien no había tomado las
medidas ni desplegado las actividades necesarias a fin de dar cumplimiento a
las medidas cautelares decretadas por la CIDH para la protección de la vida de
su familia y de los miembros de la ONG peticionaria ante el órgano
internacional. La demandante era la hermana de un ciudadano detenido y
desaparecido por organismos del Estado en 1995, por lo cual a través de una ONG
acudió ante la CIDH en busca de protección. Como represalia por haber procedido
de tal manera, otro de sus hermanos fue desaparecido y un tercero asesinado. El
amparo fue concedido tras considerar que: (i) el Estado colombiano no puede,
válidamente, sustraerse a dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas
por un órgano internacional como la CIDH, habida cuenta de su carácter
vinculante en el ordenamiento interno. (ii) Las medidas y actividades
desplegadas por las autoridades a quienes corresponde dar cumplimiento a dichas
medidas cautelares deben ser idóneas a fin de obtener la protección de la vida
y la integridad personal de los beneficiarios de las mismas. Y, por último,
(iii) configura una violación al debido proceso  de los beneficiarios de las
medidas (Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 8º), su incumplimiento
por parte de los entes y autoridades estatales que se sustraigan a su estricta
y, sobre todo, efectiva ejecución.
[6]
Esta Corporación analizó por primera vez el tema de la incorporación y efectos
en el ordenamiento jurídico interno de las medidas cautelares, en la sentencia
T-558 de 2003, antes citada.
[7]
Ibídem.
[8]
Ver sentencia T-786 de 2003 op. cit..
[9]
Lo establecido por la Sala Novena de Revisión de la Corte fue reiterado por las
Salas Sexta y Segunda de Tutelas, en las providencias T-786 de 2003 y T-327 de
2004, respectivamente. En este último fallo, la Corte consideró que la Brigada
XVII, comandada por el General Pauxelino Gamboa Latorre había vulnerado de
manera grave los derechos fundamentales de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. La acción de tutela fue interpuesta por Javier Giraldo Moreno y
coadyuvada por la Defensoría del Pueblo, en representación de varios miembros
de dicha Comunidad de Paz. El actor refirió que la brigada demandada tenía un
plan de exterminio contra las personas a nombre de quienes se solicitó el
amparo tutelar, mediante montajes judiciales e, incluso, recurriendo al
exterminio físico. Estas personas, además, eran beneficiarias de medidas
cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte
Constitucional, entonces, concedió el amparo de los ciudadanos pertenecientes a
la Comunidad de Paz, reiterando la tesis de la posición de garante de las
fuerzas militares, establecida en la sentencia SU-1184 de 2001 y ordenó a la
Brigada comandada por el General Gamboa Latorre dar estricto cumplimiento a la
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual
decretó medidas cautelares a favor de la comunidad.
[10]
En la sentencia T-558 de 2003 aparece una descripción detallada de la
normatividad que regula estos programas. Entre otros, se encuentran la Ley 199
de 1995, en cuyo artículo 6º se estipuló dentro de las labores de éste la de
coordinar las actividades de todos los organismos del Ejecutivo, encargados de
la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El Decreto
Reglamentario 0372 de 1996 que estableció la estructura del Ministerio del
Interior y en su artículo 28 estableció que la Unidad Administrativa Especial
para los Derechos Humanos tendría dentro de sus funciones la de "Actuar
preventivamente en los casos de amenaza inminente de los derechos humanos,
desarrollar programas especiales para su protección, preservación y
restablecimiento; y emprender de oficio las acciones correspondientes ante las
autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes" y
el artículo 49 que creó el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
-CRER-. En la sentencia también se elabora un listado de la normatividad que
creó los Programas de Protección para diferentes grupos poblacionales, como
aquel que protege a periodistas y comunicadores sociales, o a los
"sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista".
[11]
En aquella ocasión la Corte se ocupó del caso de la excompañera permanente de
un reinsertado de las FARC, quien con posterioridad al indulto que obtuvo por
abandonar de manera voluntaria este grupo guerrillero y entregarse a las
autoridades, fue asesinado, lo cual, además, la obligó a desplazarse. La actora
solicitó, entonces, el amparo de sus derechos fundamentales a la integridad
personal y a la subsistencia de ella y de su hijo de menos de un año de edad.
Esta Corporación concedió el amparo al constatar la vulneración de sus derechos
fundamentales, ante la ausencia de protección por las autoridades, pese a las
circunstancias de riesgo excepcionales a las que fueron expuestos ella y su
hijo. En efecto, la demandante era la compañera permanente de un individuo
reinsertado, que posteriormente fue asesinado, es una mujer desplazada por la
violencia en razón de la calidad de reinsertado de su difunto compañero y es
una víctima del conflicto armado, en la medida en que siendo parte de la
sociedad civil perdió a su pareja como consecuencia de una acción violenta
anunciada y puesta oportunamente en conocimiento de las autoridades
competentes.
[12]
Sentencia ibídem.
[13]
En la sentencia T-590 de 1998, la Sala Sexta de Revisión de esta Corporación,
consignó en la parte resolutiva: “DECLARAR que hay un estado de cosas
inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos
y, en consecuencia, HACER UN LLAMADO A PREVENCIÓN a todas las autoridades de la
República para que cese tal situación, y, solicitar al Procurador General de la
Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la obligación constitucional de
guardar, proteger y promover los derechos humanos se le de un especial
favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos
humanos. Y HACER UN LLAMADO a todas las personas que habitan en Colombia para
que cumplan con el mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a
defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica.”
[14]
Dicha norma establece: “Artículo 28. El artículo 81
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará
así.//Artículo 81. El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de
protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente
contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con
la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, y que
pertenezcan a las siguientes categorías: Dirigentes o activistas de grupos
políticos y especialmente de grupos de oposición.//Dirigentes o activistas de
organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas
y de grupos étnicos.//
Dirigentes
o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros de la
Misión Médica//.Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de
infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que no
se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y
administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.”