T-717-15
Sentencia T-717/15
PENSION DE
INVALIDEZ-Caso en que se niega reconocimiento
de la pensión de invalidez, por incumplir el requisito de cotización de 50
semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez
PENSION DE INVALIDEZ-Finalidad
Este Tribunal advirtió que la pensión de
invalidez tiene la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de una
persona en el evento en que ésta sufre una pérdida de capacidad laboral que
impide continuar trabajando “al punto que sus ingresos se esfuman”.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
PENSION DE INVALIDEZ-Evolución normativa en relación con los
requisitos para su obtención
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS
BENEFICIOSA-Aplicación a la pensión de invalidez
La condición más beneficiosa tiene
aplicación, siempre y cuando el peticionario acredite que cumplió los
requisitos para acceder a la prestación en vigencia de la norma derogada. Su
fundamento constitucional es el artículo 53 Superior, el cual ordena la aplicación de la
condición más favorable a los trabajadores. También es la manifestación de los
principios de proporcionalidad y equidad, “puesto carece de lógica impedir que una persona que ha cotizado un
monto considerable de semanas no acceda a la pensión de invalidez, debido a un
cambio legislativo. Mientras otros individuos que cumplieron en menor
intensidad sus cargas pensionales acceden a la prestación, en razón de que la
nueva ley es más favorable para su situación”.  Esta Corporación ha precisado que el ámbito de aplicación
del principio de la condición beneficiosa implica que: “(i) opera en el tránsito legislativo y ante
la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma
derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se la desmejora.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional han reconocido de forma expresa que la condición más beneficiosa
se aplica de manera directa a la pensión de invalidez. “Así mismo, esos tribunales han concordado en
que ese principio faculta al juez o a la administración a aplicar el régimen
inmediatamente anterior al marco jurídico vigente a la fecha de estructuración
de la pérdida de la capacidad laboral, siempre que el interesado hubiese
cumplido los requisitos de densidad pensional bajo la normatividad precedente.
En las hipótesis descritas es relevante para la aplicación del marco jurídico
antepuesto la observancia de las condiciones de semanas de cotización y no el
instante de la ocurrencia del riesgo”.
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS
BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de
la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
PENSION DE INVALIDEZ-Se
deben contabilizar semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de invalidez para cumplir con el requisito de las 50 semanas
DERECHO AL MINIMO VITAL,
SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar pensión de invalidez
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento del accionante
DERECHO AL MINIMO VITAL,
SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Orden a Colpensiones informar
a accionante sobre posibilidad de reclamar indemnización sustitutiva
DERECHO AL MINIMO VITAL,
SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar sustitución pensional
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO-Colpensiones reconoció pensión de vejez al accionante
Referencia: expedientes T-4.839.721,     T-4.888.671, T-4.894.578,
T-4.904.555, T- 4.945.610, T-4.950.854, T-4.910.667, T-4.959.034, T-4.972.557,
T-4.974.944, T-5.049.844, T-5.055.240, T-5.059.862, T-5.059.870, T-5.062.981 y
T-5.065.135.
Acciones
de tutela instauradas por: (i) Nelson Enrique Quiñonez Gil; (ii) Jorge Rafael
Ávila Moreno; (iii) William José Otero Bocanegra; (iv) José Rumaldo Mosquera
Palacios; (v) Lourdes Hidalgo Aguilera; (vi) Pedro Pablo Casallas; (vii) Ramón
Ordoñez Pérez; (viii) Elkin Darío Niño Melo; (ix) Lidia Marcela Torres García;
(x) Norma Yaneth Cuellar Arévalo; (xi) Edgar Antonio Soler; (xii) Graciela
Montes Arias; (xiii) Gloria Irma Sánchez de Molano; (xiv) Jairo Humberto Vargas
Rojas; (xv) Isabel Calderón Caballero; y (xvi) Herney Perlaza; contra
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- y Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015)
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María
Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de dieciséis fallos de tutela
presentados por ciudadanos que reclaman el reconocimiento de una pensión por
invalidez.
I.       ANTECEDENTES:
Los siguientes expedientes corresponden a
ciudadanos y ciudadanas que actuado en nombre propio, a través de agentes
oficiosos o de abogados solicitaron el reconocimiento de la pensión de
invalidez que les fue negada por COLPENSIONES (15 casos) y el Fondo de
Pensiones Porvenir (1 caso). Las accionadas señalan que los solicitantes no
cumplieron el requisito de las 50 o 26 semanas de cotización con anterioridad
de la fecha de estructuración de la invalidez dependiendo de la norma aplicable
o porque existió irregularidad en el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Los demandantes manifiestan que las Administradoras del Sistema General de
Seguridad Social no tuvieron en cuenta el momento real de estructuración de la
discapacidad, ni el principio de favorabilidad en materia pensional.
Debido a la cantidad de casos que deben resolverse,
la Corte efectuará un resumen de los hechos relevantes para resolver las solicitudes
sometidas a su estudio, como pasará a exponerse:
1.      Expediente T-4.839.721: Nilson Enrique Quiñonez
Gil contra Colpensiones.
Nilson Enrique Quiñonez Gil de 40 años de edad,
padece trastorno afectivo bipolar, trastorno esquizofrenoide del adolescente y
pérdida de visión de ojo izquierdo, lo cual le ha generado una pérdida
de capacidad laboral de origen común del 52.20%, con fecha de estructuración
del 15 de febrero de 1992, según dictamen proferido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá (Cundinamarca) el 23 de noviembre de 2011[1].
El señor Quiñonez solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[2]
señalando que no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los tres
años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar, a pesar que realizó pagos que aún se encuentran en proceso de
validación. El accionante ha cotizado un total de 248.71 semanas en toda su
vida laboral de conformidad con la historia laboral expedida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, el 11 de julio de 2014[3].
Como el señor Quiñonez no ha podido seguir
trabajando, debido a sus múltiples enfermedades, ha dejado de proveer sustento para
sí mismo y para su hogar, razón por la cual presentó acción de tutela contra
Colpensiones para que le reconociera pensión por invalidez, argumentando que la
fecha de estructuración de la invalidez corresponde al momento en que tenía 17
años edad, lo cual no fue óbice para que durante cinco años trabajara y
efectuara cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones hasta el
momento en que su enfermedad, de carácter degenerativo, se lo permitiera.
Correspondió al Juzgado Doce Administrativo Oral de
Cali resolver la acción de tutela en primera instancia, autoridad judicial que
en sentencia del 21 de enero de 2015, la declaró improcedente porque no se
agotaron los mecanismos ordinarios judiciales para obtener la pretensión
reclamada, aunado a que no se acreditó la posible configuración de un perjuicio
irremediable.
Inconforme con la decisión el accionante impugnó la
sentencia de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 05 de
febrero de 2015, quien confirmó la decisión en su integralidad.
2.      Expediente T-4.888.671: Jorge  Rafael Ávila
Moreno contra Colpensiones.
El señor Jorge  Rafael Ávila Moreno de 50 años de
edad, padece de meningioma del lóbulo olfatotrio frontal desde el mes de
mayo de 1999. Esta enfermedad le ha generado la pérdida progresiva de su
capacidad laboral pues se trata de un tumor que ha tenido que ser intervenido
en varias oportunidades, la primera de ellas en el año referido y la última en
2012.
Debido a la intervención quirúrgica desarrollada en
1999, fue incapacitado por un período de 180 días y luego de ello tuvo que
abandonar su trabajo debido al esfuerzo físico que ello le demandaba. Con posterioridad,
debido a la necesidad de aportar sustento económico para su familia se empleó
en un iglesia realizando oficios varios y desde el año 2007 realizó
cotizaciones al sistema, hasta que en julio de 2012, tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente ante la reaparición del tumor, lo cual le generó un pérdida de
capacidad laboral del 58.40%, que según Colpensiones se estructuró desde el
momento en que apareció el tumor en 1999 y no desde la fecha en que le fue
imposible seguir realizando aportes a pensión[4].
Debido a su condición solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de una pensión de invalidez, la cual le fue negada por medio de
resolución GNR 058102 del 12 de abril de 2013, argumentando que la accionante
no había realizado efectuado aportes en los 3 años anteriores al momento en que
se estructuró su invalidez, razón por la cual no le era aplicable el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003.
Por considerar que se encontraba en situación de
vulnerabilidad e indefensión, el Señor Casallas interpuso acción de tutela para
que fuesen protegidos sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana,
el mínimo vital, la salud, la igualdad, la solidaridad, el debido proceso y el
principio de favorabilidad.
Correspondió al Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Bogotá D.C., resolver la acción de tutela en primera instancia quien, en
providencia del 14 de octubre de 2014, negó el amparo solicitado por falta del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad y porque no se acreditó la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Inconforme con la decisión, el accionante impugnó
la sentencia, la cual fue resuelta por la Sala Civil de Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 29 de octubre de 2014, quien confirmó
el fallo, con idénticos argumentos.
3.      Expediente T-4.894.578: William José Otero
Bocanegra contra Colpensiones.
El 21 de junio de 2010 la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander dictaminó que el señor William
José Otero Bocanegra presentaba una pérdida de capacidad laboral del 50.12% por
padecer cáncer de laringe avanzado, esofagitis y trastorno depresivo mayor
grave, con fecha de estructuración del 14 de agosto de 2007.
El señor Otero solicitó a Colpensiones el reconocimiento
de una pensión de invalidez, pero mediante Resolución No. 100232 del 9 de
febrero de 2011 esa entidad le negó tal prestación, pues consideró que no
cumplía con el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, contemplado en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Interpuestos los recursos de ley, mediante
Resolución No. 000390 del 5 de abril de 2013 y GNR 382484 de 2014, Colpensiones
confirmó la negativa.
Por ello, el señor Otero interpuso acción de
tutela, la cual fue resuelta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Conocimiento de Bucaramanga el 27 de enero de 2015, en primera instancia, la
cual declaró la improcedencia de la acción de tutela por no haberse agotado el
procedimiento ante la jurisdicción ordinaria.
Inconforme con la decisión el accionante impugnó la
sentencia de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por la Sala
de Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga el 3 de marzo de
2015, quien confirmó la decisión en su integralidad.
4.      Expediente T-4.904.555: José Rumaldo Mosquera
Palacios contra Colpensiones.
Mientras laboraba y cotizaba de manera activa al sistema
general de pensiones, el accionante, de 52 años de edad, empezó a sufrir
lumbalgia crónica de aparición súbita sin antecedente de trauma, progresiva e
incapacitante, la cual le produjo una pérdida de capacidad laboral de 50.70%,
con fecha de estructuración del 2 de noviembre de 2011[5], que le
impidió seguir trabajando.
En el año 2013, el accionante solicitó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, la cual le
fue negada por medio de la Resolución No. GNR 267675 del 25 de julio de 2014[6],
argumentando que si bien el accionante tenía un total de 416 semanas en toda su
vida laboral, no acreditaba 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez.
Por considerar que se encontraba en situación de
vulnerabilidad e indefensión, el señor Mosquera interpuso acción de tutela para
que fuesen protegidos sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana,
el mínimo vital, la salud, la igualdad, la solidaridad, el debido proceso y el
principio de favorabilidad.
Correspondió al Juzgado Veintiuno Administrativo de
Medellín, resolver la acción de tutela en primera instancia, quien en
providencia del 14 de agosto de 2014 negó el amparo solicitado por falta del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Inconforme con la decisión, el accionante impugnó
la sentencia, la cual fue resuelta por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia del 29 de octubre de 2014, quien
confirmó el fallo.
5.      Expediente T-4.945.610: Lourdes Hidalgo Aguilera
contra Colpensiones.
La señora Lourdes Hidalgo Aguilera de 59 años,
padece pie equino varo bilateral invertrado y artrosis de cadera izquierda, lo
cual le produjo una pérdida de capacidad laboral del 54.78% con fecha de
estructuración del 14 de febrero de 2014, de conformidad con el dictamen
proferido por la Junta Regional de Invalidez de Bogotá de Colpensiones el 20 de
febrero de 2014[7].
Debido a su condición solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de una pensión de invalidez, la cual le fue negada por medio de
resolución GNR 286018 del 14 de agosto de 2014, argumentando que aunque la
accionante había cotizado en toda su vida laboral un total de 3455 días,
equivalente a 493 semanas, no había realizado efectuado aportes en los 3 años
anteriores al momento en que se estructuró su invalidez.
Por considerar que se encontraba en situación de
vulnerabilidad e indefensión, la señora Hidalgo interpuso acción de tutela para
que fuesen protegidos sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana,
el mínimo vital, la salud, la igualdad, la solidaridad, el debido proceso y el
principio de favorabilidad.
Correspondió al Juzgado Quince Civil del Circuito
de Bogotá, resolver la acción de tutela en primera instancia, quien en
providencia del 10 de abril de 2015 negó el amparo solicitado por falta del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
6.      Expediente T-4.950.854: Pedro Pablo Casallas
contra Colpensiones.
El señor Pedro Pablo Casallas padece de retraso
mental moderado, sin fecha determinada y epilepsia desde los 15 de edad, lo
cual ha generado pérdida de capacidad laboral del 57.07% con fecha de
estructuración del 15 de mayo de 1957, de conformidad con el dictamen proferido
por la Junta Regional de Invalidez de Bogotá de Colpensiones el 26 de
septiembre de 2013[8].
Debido a su condición solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de una pensión de invalidez, la cual le fue negada por medio de
resolución GNR 203960 del 6 de junio de 2014, argumentando que la accionante no
había realizado efectuado aportes en los 3 años anteriores al momento en que se
estructuró su invalidez, razón por la cual no le era aplicable el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003.
Por considerar que se encontraba en situación de
vulnerabilidad e indefensión, el Señor Casallas interpuso acción de tutela para
que fuesen protegidos sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana,
el mínimo vital, la salud, la igualdad, la solidaridad, el debido proceso y el
principio de favorabilidad.
Correspondió al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C., resolver la
acción de tutela en primera instancia quien, en providencia del 11 de febrero
de 2015, negó el amparo solicitado por falta del cumplimiento del requisito de
subsidiariedad y porque su enfermedad era congénita, esto es que se presentó
desde el momento de su nacimiento, por lo cual no puede tomarse ninguna semana
para efectos de realizar el conteo de semanas, pues la circunstancia que le
incapacitó fue anterior al momento en que empezó a laborar.
7.      Expediente T-4.910.667: Ramón Ordoñez
Pérez contra Colpensiones.
El señor Ramón Ordoñez Pérez nació el 1º de enero
de 1952 y falleció el 24 de junio de 2015. Para el momento del deceso contaba
con 63 años de edad. Con ocasión de la solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez presentada ante el Instituto de los Seguros Sociales, por
medio de la resolución Nº 8723 de 2009 se decidió no acceder a la misma.
Contra dicho pronunciamiento, el accionante presentó
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron decididos por medio
de las resoluciones número 11865 del 15 de noviembre de 2009 y 331 del 29 de
marzo de 2010, en el sentido de confirmar la negativa de acceder a la
prestación reclamada.
Según la historia laboral remitida por el I.S.S. a
Colpensiones, el actor contaba con 683 semanas cotizadas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
El 29 de diciembre de 2011, fue calificado con una
pérdida de capacidad laboral del 84.52%, con fecha de estructuración del 28 de
julio de 2008. Con base en se dictamen el actor presentó acción de tutela
contra Colpensiones exigiendo el reconocimiento y pago de una pensión por
invalidez.
El Juzgado Primero Penal del Circuito para
adolescentes de Bucaramanga, negó el amparo constitucional argumentando el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Tal decisión fue objeto de
impugnación, la cual fue resuelta por el Tribunal Superior de Bucaramanga, quien
confirmó la decisión.
8.      Expediente T-4.959.034: Elkin Darío Niño
Melo contra Fondo de Pensiones Porvenir.
Elkin Darío Niño Melo de 35 años de edad, padece un
trauma raquimedular de sección completa con consecuente paraplejia en
miembros inferiores e incapacidad para el control de esfínteres, desde el 16 de
septiembre de 2012 y de conformidad con la notificación del dictamen expedido
por la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá el día 28 de
noviembre de 2012, presenta un pérdida de capacidad laboral con fecha de
estructuración del 16 de septiembre de 2012[9].
El señor Niño Melo solicitó a la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[10]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar. El accionante ha cotizado un total de 38.45 semanas con anterioridad
a la fecha en la cual ocurrió el accidente de tránsito que generó su invalidez,
discriminadas de la siguiente manera:
a).     21.29 semanas reconocidas por el Fondo de
Pensiones Porvenir.
b).     17.16 semanas reconocidas por la Corte
Constitucional por encontrarse acreditado su pago por medio de planillas de
liquidación de prestaciones sociales, las cuales no han sido actualizadas por
la entidad accionada.
Enero de 2010: Planilla 5354421.
Febrero de 2010: Planilla 4138647.
Marzo de 2010: Planilla 5354436.
Abril de 2010: Planilla 5354439.
Octubre de 2010: Planilla 5354443.[11]
En total reporta 38.45 semanas, en los tres años
anteriores al siniestro.
El señor Niño Melo presentó acción de tutela, la
cual fue resuelta el 12 de febrero de 2015, en primera instancia, por el
Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Función de Conocimiento, quien señaló
que el demandante no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003, para acceder a la prestación, esto es, 50 semanas en los
tres años anteriores de la fecha de estructuración de la invalidez.
Inconforme con la decisión el accionante impugnó la
decisión de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del
6 de abril de 2015, quien confirmo la decisión en su integralidad.
9.      Expediente T-4.972.557: Isaac Torres
Pedraza contra Colpensiones.
Isaac Torres Pedraza de 63 años de edad, padece
secuelas de accidente cerebro vascular, hemiplejia, comunicación ineficaz, lo
cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral de origen común del
74.15%, con fecha de estructuración del 30 de noviembre de 2005, según dictamen
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá
Cundinamarca el 9 de agosto de 2012[12].
El señor Torres solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[13]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar, a pesar se evidencian pagos, efectivamente realizados en ese período,
que se encuentran en proceso de validación. El accionante ha cotizado un total
de 486.57 semanas en toda su vida laboral de conformidad con la historia
laboral expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones, el 10 de marzo
de 2015[14].
Como el señor Torres no pudo seguir trabajando,
debido a sus múltiples enfermedades, y no puede proveer su sustento, presentó
acción de tutela contra Colpensiones, para que le reconociera pensión por
invalidez, argumentando la afectación de sus derechos al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas, la cual fue resuelta en primera instancia por el
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el 26 de marzo de 2015, quien
señaló que la acción de tutela era improcedente porque no se agotaron los
mecanismos ordinarios judiciales para obtener la pretensión reclamada, aunado a
que no se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.
Inconforme con la decisión el accionante impugnó la
sentencia de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del
6 de mayo de 2015, que confirmó la decisión en su integralidad.
10.    Expediente T-4.974.944: Norma Yaneth Cuellar
Arévalo contra Colpensiones.
Norma Yaneth Cuellar Arévalo de 52 años de edad,
padece una enfermedad[15]
que le ha generado una pérdida de capacidad laboral de origen común del 61.30%,
con fecha de estructuración del 19 de enero de 2007, según dictamen proferido
por el Instituto de Seguros Sociales el 10 de agosto de 2011[16].
La señora Cuellar solicitó al ISS el reconocimiento
de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su pretensión[17]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar, a pesar que efectuó aportes equivalentes a 467.54 semanas en toda su
vida laboral, de conformidad con la Resolución GNR 13211 del 21 de enero de
2015, proferida por Colpensiones[18].
El acto administrativo relacionado fue objeto de
reposición y apelación[19].
No obstante, la decisión se mantuvo incólume. Ante ello, la señora Cuellar
presentó acción de tutela contra Colpensiones, para que le reconociera pensión
por invalidez, argumentando la afectación de sus derechos al mínimo vital y a
la vida en condiciones dignas, la cual fue resuelta en primera instancia por el
Juzgado Catorce Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.,
el 26 de marzo de 2015, quien señaló que la acción de tutela era improcedente
porque no se cumplieron los presupuestos legales para acceder a la prestación
reclamada.
Inconforme con la decisión, la accionante impugnó
la decisión de primera instancia, solicitando la inaplicación de la
modificación incorporada por la Ley 860 de 2003, al artículo 39 de la Ley 100
de 1993 y que en su lugar se aplicara el Decreto 758 de 1990, en el que se
exigían 150 semanas en los últimos 6 años o 300 semanas en cualquier época.
En sentencia del 7 de mayo de 2015 la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,
confirmó la sentencia impugnada, argumentando que no se cumplían los requisitos
establecidos por la jurisprudencia, relativos a la condición favorable, toda
que la accionante no cumplió con los requisitos establecidos en ninguno de los
regímenes durante el período de vigencia de estos.
11.    Expediente T-5.049.844: Edgar Antonio Soler
contra Colpensiones.
Edgar Antonio Soler de 56 años de edad, padece artritis
reumatoide con compromiso de otros órganos, espondilopatías inflamatorias
especificadas, hipertensión, hiperplasia de la próstata, diabetes mellitus;
proceso degenerativo en cadera izquierda, rodillas y pies, lo cual le ha
generado una pérdida de capacidad laboral de origen común del 72.21%, con fecha
de estructuración del 21 de junio de 2005, según dictamen proferido por
Colpensiones el 25 de julio de 2014[20].
El señor Soler solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[21]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar, a pesar que efectuó aportes equivalentes a 3507 días, esto es, 501
semanas, en toda su vida laboral de conformidad con la Resolución GNR 13211 del
21 de enero de 2015, proferida por Colpensiones[22].
El señor Soler vive de la caridad de la personas
-pide limosna en las carreteras transmunicipales[23]-, debido a
que no puede seguir laborando en razón a sus enfermedades y no puede proveer su
sustento, ni el de su hija menor de edad[24].
Estos hechos, lo llevaron a presentar acción de tutela contra Colpensiones,
argumentando la afectación de sus derechos al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas, y la titularidad del derecho a la pensión de invalidez, la
cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Yopal -Casanare-, el 20 de Febrero de 2015, quien señaló que la
acción de tutela era improcedente porque no se agotaron los mecanismos
ordinarios judiciales para obtener la pretensión reclamada, aunado a que no se
acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.
Inconforme con la decisión el accionante impugnó la
sentencia de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por la Sala
Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal – Casanare-, en
sentencia del 8 de abril de 2015, que confirmó la decisión en su integralidad.
12.    Expediente T-5.055.240: Graciela Montes Arias
contra Colpensiones.
La señora Graciela Montes Arias quien actualmente
tiene 78 años de edad, padece un problema de salud relacionado con la pérdida
de agudeza visual, la cual se manifestó, en un primer momento, en el año 1999
cuando le diagnosticaron catara en ojo derecho, que fue operada en 2003
y que le permitió recuperar su visión de manera total.
No obstante, en el año 2006 presentó la misma
patología en el ojo izquierdo por lo cual fue intervenida quirúrgicamente,
obteniendo como resultado una mejoría de su campo visual equivalente a 20/25[25]. Sin
embargo la enfermedad reapareció nuevamente, generándole pérdida de agudeza
visual de manera progresiva.
La señora Montes dependía económicamente de su
hermano, de hecho en un derecho de petición suscrito por él ante el Instituto
de Seguros Sociales, el 10 de marzo de 2010, manifestó que “al ocurrir mi
fallecimiento, mi pensión mensual vitalicia debe sustituirla, decretarse y
pagarse, a mi hermana Graciela Montes Arias… quien depende económicamente del
suscrito de manera total y absoluta.|| Mi hermana es soltera, sin hijos, no
tiene bienes materiales y padece de hipertensión arterial, es huérfana de padre
y madre, no recibe pensión por parte del Instituto de Seguros Sociales, ni del
Estado. Cuenta con 62 años de edad, comparte conmigo techo y pan, me suministra
la droga, me cocina y preara los alimentos y me arregla la ropa…”[26].
La muerte de su hermano tuvo lugar el 15 de abril
de 2010. Para acceder a la sustitución de la pensión de su hermano, le
informaron que debía demostrar que dependía económicamente de él, así como la
existencia del estado de invalidez, producida por un accidente o una
enfermedad.
Para satisfacer el primer requisito presentó copia
de la petición que su hermano elevó ante el I.S.S. así como una declaración
firmada por el causante de la prestación, en la que manifestó que era el
sustento económica de la señora Montes. A su vez, adjunto dos declaraciones
extrajudiciales, de personas que aseveraban que la accionante dependía de su
hermano[27].
Para satisfacer el requisito de la invalidez,
acudió ante el médico para poner de presente su estado de salud. Los controles
que le efectuaron demuestran que desde la primera cita, esto es, el 27 de mayo
de 2010, era evidente un deterioro en ambos ojos “fuera de límites normales”[28].
Controles médicos posteriores confirmaron las
anomalías referidas y diagnosticaron Glaucoma del ojo derecho[29].
Es decir, la evolución de la enfermedad del año 2003, la cual había avanzado de
manera progresiva.
La referida patología ya era evidente antes de la
muerte de su hermano, pero no se había efectuado la evaluación sobre pérdida de
capacidad laboral. Ésta tuvo lugar el 11 de enero de 2011 y dictaminó una PCL
del 58.65% con fecha de estructuración del 10 de noviembre de 2010.
La accionante presentó solicitud de sustitución
pensional ante Colpensiones, con los documentos exigidos para tal finalidad. En
resolución VPB 19433 del 31 de octubre de 2014, esa entidad negó la prestación
argumentando que la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior al
deceso del causante, razón por la cual no se cumplía con el requisito
establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En síntesis para
Colpensiones la invalidez es sobreviniente, razón por la cual la accionante no
tiene derecho a la sustitución pensional.
Ante esa situación, la señora Graciela Montes,
presentó acción de tutela invocando la protección a su mínimo vital, la cual
fue resuelta por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, en providencia del
18 de febrero de 2015, quien negó el amparo bajo el argumento de no haberse
presentado los recursos ordinarios para solucionar la controversia planteada
por la accionante.
Inconforme con la decisión la señora Montes la
impugnó. Correspondió a la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, pronunciarse en segunda instancia sobre la
acción de tutela, quien en providencia del 20 de abril de 2015, confirmó el
fallo en su integridad reiterando el argumento de la falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
13.    Expediente T-5.059.862: Gloria Irma Sánchez de
Molano contra Colpensiones.
Gloria Irma Sánchez de Molano de 61 años de edad,
padece síndrome de Sjodren progresivo, compromiso articular en TTO clase
III. Síndrome hipocoagulabilidad – deficiencia leve factor VIII en tratamiento lo
cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral de origen común del
57.45%, con fecha de estructuración del 27 de junio de 2005, según dictamen
proferido por Colpensiones el 19 de agosto de 2010[30].
La señora Sánchez solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[31]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que impide
trabajar, a pesar que efectuó aportes hasta el 31 de enero de 2015. Según la
historia laboral proferida por Colpensiones, el 17 de febrero de 2015[32],  Gloria
Irma tiene 903.86 semanas cotizadas a esa fecha.
Ante la falta de recursos económicos para
garantizar su vida y la de su núcleo familiar la señora Sánchez presentó acción
de tutela contra Colpensiones, para que le reconociera pensión por invalidez,
la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección
Segunda -, el 9 de marzo de 2015, quien señaló que la accionante no cumplía con
los requisitos para acceder a la pensión por invalidez, toda vez que no había
cotizado en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Por
esa razón, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Inconforme con la decisión la accionante impugnó la
sentencia de primera instancia –con los mismos argumentos propuestos con la
presentación inicial de la acción de tutela-, la cual fue resuelta por la
Subsección A de la Subsección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 15 de mayo de 2015, revocó la decisión y declaró
que la acción de tutela era improcedente, pues en su entender la accionante no
había acudido a Colpensiones a solicitar el pago de la prestación. Tal decisión
en últimas no concedió el amparo de los derechos invocados por la señora
Sánchez.
14.    Expediente T-5.059.870: Jairo Humberto Vargas
Rojas contra Colpensiones.
Jairo Humberto Vargas Rojas de 60 años de edad
padece encefalopatía de Wernicke, cirrosis hepática asociada a cáncer de
hígado lo cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral de origen
común del 68.34%, con fecha de estructuración del 22 de marzo de 2013, según
dictamen proferido por Colpensiones el 24 de octubre de 2014[33].
El señor Vargas solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[34]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que le
impide trabajar. Según la historia laboral proferida por Colpensiones, el 8 de
abril de 2015[35],
Jairo Humberto Vargas Rojas tiene 1329 semanas cotizadas al 30 de junio del
2000.
Ante la falta de recursos económicos para
garantizar su vida y la de su núcleo familiar el señor Vargas presentó acción
de tutela contra Colpensiones, para que le reconociera pensión por invalidez,
la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá, el 20 de mayo de 2015, quien señaló que, el accionante no
tenía derecho a la pensión por invalidez por no cumplir con el requisito de
cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez, pero “sí tiene derecho a solicitar y acceder a la pensión
de vejez…[36]”.
Por esa razón, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.
15.    Expediente T-5.062.981: Isabel Calderón Caballero
contra Colpensiones.
Isabel Calderón Caballero de 62 años de edad padece
cuadriparesia como consecuencia del avance progresivo de los síntomas generados
por un accidente que tuvo en 1986, el cual le produjo una lesión no
especificada en la columna. No obstante, en 1998 presentó solicitud de
subsidio, con el propósito de realizar aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, la cual fue resuelta de manera favorable, el 11 de mayo de 1998,
por el Consorcio Prosperar con la siguiente leyenda: aceptado como
beneficiario del subsidio de pensiones en el FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL[37].
Debido al deterioro normal de sus funciones
motoras, la señora Calderón tuvo que empezar a utilizar una silla de ruedas en
el año 2007, lo cual no impidió que siguiera efectuando sus aportes a pensión,
con el dinero que recibía de su trabajo como vendedora de chance, dulces y
minutos a celular.
Para el año 2013 no pudo seguir laborando debido al
deterioro de su afección física, razón por la cual solicitó ante Colpensiones
la calificación de su pérdida de capacidad laboral, la cual fue realizada el 20
de marzo de 2013 y dio como resultado un porcentaje de discapacidad del 89%.
Con base en ello, el 5 de junio de 2013, solicitó ante esa entidad el
reconocimiento de una pensión de invalidez.
Colpensiones mediante resolución GNR 156621, expuso
la señora Calderón no cumplía con el requisito de cotizar 50 semanas dentro de
los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez, toda
vez que esta se produjo en 1998, razón suficiente para concluir que el riesgo
de la peticionaria no era asegurable.
Luego de presentar recurso de reposición,
Colpensiones confirmó su decisión mediante resolución 352897 del 12 de
diciembre de 2013, por las mismas razones jurídicas.
La señora Calderón ha cotizado al sistema de
seguridad social en pensiones 757.71 semanas en toda su vida laboral[38].
Ante la falta de recursos económicos para suplir
sus necesidades básicas y ante la imposibilidad de seguir trabajando, Isabel
Calderón Caballero interpuso acción de tutela, la cual fue resuelta por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que en
sentencia proferida el 11 de marzo de 2015, concedió el amparo de sus derechos
fundamentales, considerando que la fecha de estructuración debía establecerse
en el momento en que la persona no puede seguir laborando y no desde el momento
en que tiene lugar una circunstancia que afecte la capacidad laboral.
No obstante, tal decisión fue apelada y resuelta en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, que en decisión
del 30 de abril de 2015 revocó el amparo, considerando que la accionante tenía
otros medios judiciales de defensa, aunado a que no probó la posible ocurrencia
de un perjuicio irremediable.
16.    Expediente T-5.065.135: Herney Perlaza contra
Colpensiones
Herney Perlaza de 63 años de edad padece enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, cardiomiopatía isquémica, hipertensión esencial e
hipertensión portal lo cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral
de origen común del 71.82%, con fecha de estructuración del 27 de agosto de
2012, según dictamen proferido por Colpensiones el 30 de abril de 2014.
El señor Perlaza solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esa entidad negó su
pretensión[39]
argumentando que no se cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los
tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la causa que le
impide trabajar. Según la historia laboral proferida por Colpensiones, el 8 de
abril de 2015[40],
Herney Perlaza tiene 118.71 semanas cotizadas al 31 de mayo de 2014.
Ante la falta de recursos económicos para
garantizar sus necesidades básicas, así como el de su núcleo familiar, el señor
Perlaza presentó acción de tutela contra Colpensiones, para que le reconociera
pensión por invalidez, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado
Primero de Familia de Armenia Quindío, el 29 de mayo de 2015, quien señaló que,
si bien la demandada guardó silencio frente al debate jurídico, el accionante
no aportó todos los documentos necesarios para resolver la pretensión. Por esa
razón, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y en
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Asunto
objeto de revisión y problemas jurídicos
En
esta oportunidad, la Sala estudiará dieciséis expedientes en los cuales las
entidades que administran el sistema de seguridad en pensiones –prima media con
prestación definida y ahorro individual- negaron el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, toda vez que consideraron que los (as) accionantes
incumplieron el requisito de la densidad de semanas de cotización con
anterioridad a la fecha de estructuración o existieron irregularidades en el
dictamen de invalidez. Los (as) demandantes consideraron que la negativa a su
reconocimiento prestacional vulnera su derecho a la seguridad social, a la vida
digna y al mínimo vital, porque no se tuvo en cuenta: i) la fecha real de
pérdida de capacidad laboral; ii) el dictamen de invalidez; iii) la grave
situación en que se encuentran, así como la cercanía al cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez; iv) que la estructuración
de la pérdida de capacidad laboral ocurrió en la fecha de nacimiento; y v) el
principio de condición beneficiosa que obligaba a que el estudio para el
reconocimiento de la pensión por invalidez, se realizara con base en regímenes
legales anteriores al momento en que sobrevino la causa que produjo pérdida de
capacidad laboral.
En
concreto, este Tribunal deberá establecer si una administradora del régimen de
seguridad social ya sea del régimen de ahorro individual o de prima media con
prestación definida desconoce los derechos a la seguridad social y al mínimo
vital de los (as) afiliados (as), al negar el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez sustentado en la inobservancia de la densidad pensional o
irregularidades del dictamen de discapacidad, porque:
(i)      desatiende
el momento real y definitivo de pérdida de capacidad laboral de los (as)
solicitantes.
(ii)     desconoce
que las cotizaciones que realizó una persona superan los requisitos mínimos
para acceder a la pensión de vejez y que la pérdida de capacidad laboral se
estructuró en el momento de su nacimiento o cuando aún no tenía edad para
trabajar.
(iii)    al
momento de estudiar la solicitud pensional inaplica el principio de condición
beneficiosa, mandato de optimización que significa la utilización del Acuerdo
048 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año, marco jurídico que reconoce el derecho del (la) ciudadano (a) para
acceder a la prestación pedida.
(iv)
al
momento de estudiar de la solicitud pensional inaplica el principio de
condición beneficiosa, mandato de optimización que significa la utilización del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, marco
jurídico que reconoce el derecho del (la) ciudadano (a) para acceder a la
prestación pedida.
A su vez, la
Sala estudiará, si una persona que presenta una pérdida de capacidad laboral
que le impide ejercer su derecho al trabajo y que depende de un sujeto que ha
recibido pensión de vejez, puede sustituirlo en el pago de la prestación aun
cuando la fecha en la cual se estructuró la invalidez es posterior al deceso de
éste.
Para
abordar los problemas descritos, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre la
procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a la seguridad
social. Posteriormente, señalará la importancia de la pensión de invalidez y su
régimen legal. Luego, precisará las reglas jurisprudenciales que ha adoptado la
Corte frente a esa prestación y que tienen relación con los problemas jurídicos
planteados. Finalmente, llevará a cabo el análisis de los casos en concreto.
3.      Derecho a la seguridad social.
Reiteración de jurisprudencia.
3.1    En las sentencias T-721 de
2012 y T-043 de 2014, este Tribunal advirtió que la pensión de invalidez tiene
la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de una persona en el evento
en que ésta sufre una pérdida de capacidad laboral que impide continuar
trabajando “al punto que sus ingresos se esfuman”[41].
Como requisito de procedibilidad
señaló que las personas que promueven las tutelas para obtener esa prestación deben
encontrarse en una situación de vulnerabilidad que genera “la infracción de otros
derechos fundamentales como la salud, la vida en condiciones dignas, o el
mínimo vital de los accionantes y su núcleo familiar”[42].
También ha considerado necesaria
la afectación del mínimo vital, que deviene en la intervención urgente y
necesaria del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
3.2    La aplicación de los
criterios expuestos puede observarse en la sentencia T-799 de 2012, en la cual una persona
de 34 años de edad que sufría una enfermedad degenerativa, no acudió a la vía
ordinaria para reclamar la pensión por invalidez argumentando que debido a su
condición resultaba desproporcionado someterse a un proceso cuya solución podía
tardar años. En aquella oportunidad la Corte expuso: “En consecuencia, si
bien la accionante cuenta con mecanismos ordinarios para la obtención del
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; por tratarse de una persona
de especial protección, por encontrarse en situación de discapacidad y carecer
de recursos económicos que le permitan suplir sus necesidades básicas, con el
fin de evitarle un perjuicio irremediable, ésta Sala considera que la acción de
tutela en el presente caso resulta procedente.”
En Sentencia T-962 de 2014, la Corte arribó a similares conclusiones,
cuando analizó la situación de una persona que padecía insuficiencia renal
crónica, con una pérdida de capacidad laboral del 67.82%, quien carecía de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas así como las de su familia,
compuesta por su esposa además de 6 hijos menores de edad. Teniendo en cuenta
tal situación este Tribunal consideró que obligar al tutelante a acudir a la
jurisdicción ordinaria implicaba una carga desproporcionada, debido a sus
condiciones físicas y económicas[43].
3.3    En la Sentencia T-235 de 2015, la Corte compendió las
reglas para la procedibilidad de la acción de tutela para resolver pretensiones
relacionadas con el reconocimiento de pensiones de invalidez como se pasa a
exponer:
i)
El derecho a la
seguridad social es un derecho fundamental que supedita su protección a través
de amparo -transitorio o definitivo- a la observancia de ciertos requisitos
jurisprudenciales, hipótesis que ocurren en la inminencia de la configuración
de un perjuicio irremediable y en la inaptitud de las acciones laborales o/y
administrativas que tiene el actor para obtener la prestación solicitada.
ii)
En la evacuación
de idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario de defensa judicial, el
juez constitucional debe evaluar la aptitud de las herramientas procesales
atendiendo las circunstancias del caso concreto. Además debe tener en cuenta
que el cumplimiento de esas condiciones se estudia de forma menos estricta
cuando se encuentra en presencia de sujetos de especial protección constitucional,
sin que esa calidad implique automáticamente la procedibilidad de la demanda.
iii)
Frente a sujetos
de especial protección constitucional es relevante para el análisis formal
comprender que: a) al interior de ese grupo existen diferentes niveles de
vulnerabilidad que advierte distintos grados de protección que implican
diferentes tratamientos de procedibilidad con relación al agotamiento de medios
judiciales; b) en esos casos existe una carga argumentativa a favor  de la
procedencia formal de la tutela; y c) la pensión de invalidez tiene vínculo con
la protección al mínimo vital y a otros derechos fundamentales, de modo que la
intervención del juez constitucional es necesaria para precaver el aumento de
la vulnerabilidad de los peticionarios, al acudir la jurisdicción ordinaria.
iv)
En el trámite
administrativo, el ciudadano debió tener la mínima diligencia para obtener la
prestación citada. Aunque, la omisión en el agotamiento de los recursos
administrativos no conduce de forma concluyente a la improcedencia de la
tutela, puesto que el ordenamiento consiente esa inactividad.
v)
Es necesario que
exista la afectación al mínimo vital como consecuencia de la decisión negativa
de conceder la prestación.
vi)
Se requiere una meridiana convicción
sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho
reclamado”.
3.4    Así las cosas, para determinar la procedibilidad de
acciones de tutela en las cuales se pretenda el reconocimiento de pensiones de
invalidez deberá tenerse en cuenta la afectación al mínimo vital, la situación
de desprotección de quien ejerce el mecanismo constitucional o el beneficiario
del mismo, la diligencia ante la entidad accionada para solicitar la prestación
y finalmente la eficacia de los mecanismos judiciales ordinarios para reclamar
el derecho.
4.      El régimen jurídico de la pensión de invalidez en el marco
legal y jurisprudencial.
4.1    La pensión de invalidez tiene
la finalidad de garantizar el mínimo vital de quienes presentan una
discapacidad que les impide ejercer su derecho al trabajo. El ordenamiento
jurídico ha previsto requisitos para acceder a tal prestación, los cuales han
sido objeto de interpretación por parte de esta Corte, en casos en que los
desarrollos legales comprometen el derecho a la igualdad.
Para acceder a la pensión por
invalidez debe acreditarse una “merma considerable en la capacidad laboral
de una persona, la jurisprudencia ha reconocido que debe materializarse una
discapacidad que se manifieste a tal punto, que pueda ser subsumida dentro del
concepto de “invalidez”, esto es, que la afectación a la salud física, mental,
intelectual o sensorial de la persona sea lo suficientemente grave como para
impedir que ésta, no sólo desarrolle una actividad laboral remunerada y, así,
pueda valerse por sí sola para subsistir dignamente; sino que además, le cree
barreras infranqueables que cercenen su posibilidad de injerir en forma plena y
efectiva dentro de un conglomerado social”[44].
Aunado a ello, la persona que sufre
la pérdida de capacidad laboral debe acreditar el cumplimiento de requisitos
legales, los cuales pueden resumirse así: “una que responde a la calidad de
invalidez que implica la pérdida de capacidad laboral. Otra que se identifica
con una densidad de cotización previa a la consumación del riesgo que protege
la prestación.”[45].
El marco normativo de esta
prestación puede observarse en tres disposiciones legales, las cuales se
expondrán a continuación:
Artículo 6 del Acuerdo
049 de 1990[46]: estableció que la
pensión de invalidez se reconocería a quienes:
“a) sean inválidos
permanentes de manera completa, absolutos o gran inválido; y
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del
estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con
anterioridad al estado de invalidez.”.
En ese régimen jurídico existían
varios tipos de invalidez y el médico laboral del ISS era el encargado de
señalar el porcentaje de incapacidad[47].
Ley 100 de 1993: fijó el régimen sobre la pensión de invalidez. En el
artículo 38 ibídem se indicó que la invalidez es “aquella situación cuando
por cualquier causa de origen no profesional, provocada sin intención, la
persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. De manera
concreta el legislador señaló:
“Requisitos para obtener la pensión
de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan con alguno de los siguientes requisitos: a) Que el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y b) Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez”.
Artículo 11 de la Ley
797 de 2003[48]:
modificó la citada norma agravando los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez, por ejemplo estableció una condición de
fidelidad al sistema y aumentó a 50 semanas de cotización dentro de los tres
años anteriores a la pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, en la sentencia
C-1056 de 2003, la Corte declaró inexequible esa disposición legislativa debido
a que adoleció de vicios de trámite en su formación.
Artículo 1º de la Ley
860 de 2003: el Legislador volvió a modificar
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez diferenciando entre la
pérdida de capacidad laboral por origen de enfermedad y por accidente, así como
fijando un criterio de fidelidad al sistema, en los siguientes términos:
“Artículo 39. Requisitos para
obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos 3
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 20% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación
del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 20% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte
años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas
en los últimos tres años." (Lo subrayado fue declarado inexequible)”.
En la sentencia C-428 de 2009, al
estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra ese artículo, esta
Corporación declaró inexequible el requisito de fidelidad, al considerar que
fijar un tiempo de afiliación era regresivo a los derechos a la seguridad
social y desprotegía a las personas de la tercera edad que no podían cumplir
esa condición.
En Sentencia C-727 de
2009,  la Corte estudió otra demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo
1º de la Ley 860 de 2003. En esa oportunidad, la Corte decidió estarse a lo
resuelto en la sentencia C-428 de 2009 e indicó respecto al parágrafo 2 de la
norma atacada, que: “El parágrafo 2º establece una excepción a la regla fijada
en los incisos 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en cuanto al número
de semanas exigibles durante los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez. Los cargos originalmente planteados por el accionante
establecían una comparación entre el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, el contenido del artículo 1 de
la Ley 860 de 2003, fue modificado por la sentencia C-428 de 2009, como
resultado de la declaratoria de exequibilidad parcial de los numerales 1 y 2”.
En la actualidad los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez son[49]:
a.
Que el afiliado sea declarado inválido mediante dictamen médico que
realizan COLPENSIONES, los fondos o las juntas de calificación; y
b.
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Sin embargo, ese
número de semanas se reducen en dos eventos, situaciones que responden a las
personas: i) menores de veinte años de edad, hipótesis en que éstos solo deben
acreditar 26 semanas cotizadas en el último año anterior al hecho generador de
la invalidez o su declaratoria; y ii) afiliadas al sistema de seguridad social
que hayan cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a
la pensión de vejez, casos en que éstos solo deben comprobar 25 semanas de
cotización en los últimos tres años[50].
No obstante, esta Corte ha expuesto que en la aplicación de las reglas
para determinar si una persona tiene el derecho a una pensión por invalidez
debe tenerse en cuenta el principio de condición más favorable, el cual será
objeto de estudio a continuación.
5.      El principio de
la condición más beneficiosa en pensión de invalidez[51].
5.1    El principio de la condición
más beneficiosa permite que a un trabajador le sea reconocido un derecho, con
los requisitos legales de una norma derogada, cuando no cumpla con las
exigencias actuales para ello. Dicha protección se ampara en los principios de
favorabilidad y en los demás mandatos contenidos en el artículo 53 de la
Constitución.
De conformidad con las sentencias
T-953 de 2014 y T-235 de 2015, la condición más beneficiosa tiene aplicación,
siempre y cuando el peticionario acredite que cumplió los requisitos para
acceder a la prestación en vigencia de la norma derogada.
Su fundamento constitucional es el
artículo 53 Superior, el cual ordena la aplicación de la condición más
favorable a los trabajadores. También es la manifestación de los principios de proporcionalidad
y equidad, “puesto carece de lógica impedir que una persona que ha cotizado
un monto considerable de semanas no acceda a la pensión de invalidez, debido a
un cambio legislativo. Mientras otros individuos que cumplieron en menor
intensidad sus cargas pensionales acceden a la prestación, en razón de que la
nueva ley es más favorable para su situación”[52].
5.2    Además, la condición más favorable tiene el propósito
de proteger las expectativas legítimas de los ciudadanos que pueden verse afectadas
por súbitos cambios legislativos. “Este tipo de protección no cobija a
aquellas personas que tienen una mera o simple expectativa, pues para
ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de
personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una
posición intermedia habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica
concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas
necesarias que consagraba la ley derogada.[53] Lo
anterior por cuanto el beneficiario ha cumplido alguno de los requisitos para
acceder a la pensión.[54]”[55]
5.3    Esta Corporación ha precisado que el ámbito de
aplicación del principio de la condición beneficiosa implica que: “(i) opera
en el tránsito legislativo y ante la ausencia de un régimen de transición; (ii)
se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el destinatario
posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que con la
nueva ley se la desmejora.[56]
5.4    La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido de
forma expresa que la condición más beneficiosa se aplica de manera directa a la
pensión de invalidez. “Así mismo, esos tribunales han concordado en que ese
principio faculta al juez o a la administración a aplicar el régimen
inmediatamente anterior al marco jurídico vigente a la fecha de estructuración
de la pérdida de la capacidad laboral, siempre que el interesado hubiese
cumplido los requisitos de densidad pensional bajo la normatividad precedente.
En las hipótesis descritas es relevante para la aplicación del marco jurídico
antepuesto la observancia de las condiciones de semanas de cotización y no el
instante de la ocurrencia del riesgo”[57].
En la sentencia con radicación 41731, de septiembre 21 de
2010, la Corte Suprema relacionó los fallos que han aplicado esta doctrina a la
pensión de invalidez: “Vista la motivación de la sentencia impugnada, el
fallador de alzada estimó que el principio de la condición más beneficiosa
tiene aplicación tratándose de pensiones de invalidez, y por consiguiente si el
afiliado tiene satisfechas las semanas exigidas en la legislación anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tendrá derecho al reconocimiento de
esta prestación económica. // Así las cosas, la razón está de parte del
Tribunal, dado que en relación al tema propuesto, esta Sala ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en asuntos del mismo perfil y en sentencia del 5 de
julio de 2005 radicado 24280, reiterada en decisiones del 19, 25 y 26 de julio
del mismo año, radicación 23178, 24242 y 23414 respectivamente, y más
recientemente en fallo del 10 de julio de 2007 radicado 30085, rectificó el
criterio que se venía acogiendo y por mayoría sostuvo que para las pensiones de
invalidez también tiene aplicación el principio de la condición más
beneficiosa, consistente en que pese a no alcanzarse a cotizar 26 semanas
durante el año anterior al estado de invalidez, el hecho de tener el afiliado
un número considerable de semanas cotizadas, concretamente más de 300 en
cualquier época, antes de la entrada en vigencia de la citada Ley 100, tiene
derecho a la citada pensión de invalidez; con lo cual quedan respondidos los
argumentos expuestos por la censura que no logran variar la postura actual de
la Corte”.[58]
5.5    La Corte Constitucional ha amparado el derecho
a la pensión de invalidez con base en el Decreto 758 de 1990, a personas cuya
incapacidad se configuró en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Por ejemplo en la sentencia T-299 de 2010, esta
Corporación estudió la demanda de un accionante que presentó una pérdida de
capacidad laboral del 64,7%. El ISS negó al actor la pensión de invalidez por
no haber cotizado 26 semanas durante el año anterior a la fecha de
estructuración de su invalidez. Sin embargo, el interesado cumplía con los
requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758
del mismo año, de modo que ordenó la aplicación de este régimen. Esa determinación
se sustentó en que el ISS vulneró “los principios constitucionales de
equidad, justicia, seguridad jurídica y confianza legítima del afiliado, al
desconocer el derecho adquirido del trabajador que ya había logrado consolidar
su derecho al reconocimiento de la prestación económica en la anterior
legislación”.
Así las cosas, este Tribunal ha indicado
que en aplicación del postulado de la condición más
beneficiosa en pensión de invalidez puede aplicarse el Decreto 758 de 1990
a situaciones causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003, “bajo el entendido
que si bajo las normas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder
al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa
anterior es posible conceder el derecho, siempre que se acredite que la persona
interesada cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior
para garantizar el acceso a la prestación reclamada, antes de que el mismo
perdiera su vigencia. Sentencia T-182 de 2015. Así mismo, la Corte en
circunstancias particulares, ha indicado que en aplicación del postulado de la
condición más beneficiosa en pensión de invalidez es posible aplicar el Decreto
758 de 1990 a situaciones causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo el
entendido que si bajo las normas vigentes no se cumplen los presupuestos para
acceder al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa
anterior es posible conceder el derecho, siempre que se acredite que la persona
interesada cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior
para garantizar el acceso a la prestación reclamada, antes de que el mismo
perdiera su vigencia.”[59].
Ello indica que la aplicación de la
condición más beneficiosa se aplica a regímenes jurídicos que fueron derogados,
incluso si no son inmediatamente anteriores a la norma en la cual se configuró
la discapacidad. En ese sentido un juez, así como la administración, puede
emplear la Ley 860 de 2003 para evaluar el cumplimiento de los requisitos de densidad
pensional contrastando las circunstancias con el Decreto 758 de 1990. Tal
valoración se efectúa con independencia de que los regímenes jurídicos no son
sucesivos, puesto que entre uno y otro se encuentra la versión original de la
Ley 100 de 1993.
De la misma manera, bajo las mismas premisas y efectuando una
analogía de los casos resueltos en las sentencias T-953
de 2014, T-235 de 2015 y T-182 de 2015, puede aplicarse el artículo 39 de la Ley 100
de 1993 a personas que en vigencia de esa norma cotizaron el número de semanas
exigidas para el reconocimiento de la pensión por invalidez, esto es, que si la
circunstancia que generó la pérdida de capacidad laboral se hubiera presentado
en ese momento tendría que habérsele reconocido la prestación.
En varias oportunidades, las diferentes
Salas de Revisión[60]
han estimado que el principio de condición más beneficiosa se aplica al régimen
anterior derogado sin importar que sea el inmediatamente anterior. El elemento
relevante en estos casos corresponde a que el interesado cumpla los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez en el régimen jurídico antiguo.
En la sentencia T-062A de 2011, esta
Corporación estudió la acción de tutela de una persona que tenía una
incapacidad del 70.75 % producto de un cáncer de colon y una insuficiencia
renal crónica. El peticionario de ese entonces cotizó 1.165 semanas, empero el
ISS negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, debido a que no cumplía
con el requisito de la densidad pensional establecido en la Ley 860 de 2003. La
Corte consideró que “la decisión adoptada por
el I.S.S. es contraria al texto constitucional y al principio de progresividad
que informa el desarrollo del derecho a la seguridad social, razón por la cual,
se aplicará la excepción de inconstitucionalidad y se amparará el derecho a la
pensión de invalidez en los términos y con los requisitos del Decreto 758 de
1990”.
Más adelante en la sentencia T-576 de 2013, la Sala
estudió dos demandas sobre la petición de reconocimiento de la pensión de
invalidez. En el expediente T – 3.852.578, la actora tenía una pérdida de
capacidad laboral de 56.20% que se estructuró el 2 de diciembre de 2009 y tiene
729,39 semanas de cotización. Como resultado anterior, la peticionaria solicitó
la pensión de invalidez, petición que fue negada, porque dentro de los tres
años anteriores de la discapacidad la interesada tenía 44 semanas y no 50 como
exige la Ley. La peticionaria acudió a la justicia ordinaria, pero sus
pretensiones fueron falladas desfavorablemente. “La Corte encontró que la
accionante cumplió los requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo
los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, a
pesar de que ese régimen no era sucesivo a la normatividad en que se configuró
la discapacidad, la Ley 860 de 2003. Señaló que ante la ausencia de un régimen
de transición para el reconocimiento de la pensión de invalidez se hacía
necesario salvaguardara los derechos fundamentales de las personas en situación
de invalidez, bajo el entendido que los principios constitucionales de la
equidad, la justicia, la proporcionalidad y la razonabilidad, sustentaban la
inaplicación de los requisitos más gravosos (de la legislación vigente) en
favor de la aplicación de aquellos que han sido cumplidos por los ciudadanos
pese a su pérdida de vigencia”[61].
En síntesis, el principio de la condición más
beneficiosa en la pensión de invalidez protege las expectativas legítimas de
quienes cumplen los requisitos de densidad pensional de los regímenes jurídicos
derogados.
Como se expuso, la aplicación de ese mecanismo no se
restringe al régimen jurídico inmediatamente anterior a la normatividad en que
se estructuró la invalidez, sino que se puede aplicar a todo régimen derogado,
siempre y cuando el interesado hubiese cumplido los requisitos señalados en disposición
legal que se pretenda aplicar[62].
III:    CASO CONCRETO:
SUBSIDIARIEDAD
E INMEDIATEZ:
Es
pertinente señalar que la acción de tutela es procedente para reconocer y
ordenar el pago pensiones de invalidez, a pesar de no agotarse los medios
judiciales ordinarios, cuando se comprueba la ineficacia de éstos para proteger
el derecho a la vida en condiciones dignas.
La
falta de idoneidad del medio ordinario de defensa se genera porque en todos los
casos sometidos al estudio de la sala los accionantes son sujetos de especial
protección constitucional por presentar una pérdida de capacidad laboral
superior al 50%, lo cual impide que puedan ejercer su derecho al trabajo y
proveer el sustento mínimo para satisfacer sus necesidades básicas o las de los
miembros de su familia. Así las cosas, se satisface el requisito de inmediatez.
Como
en todos los casos estudiados la vulneración alegada permaneció de manera
indefinida en el tiempo, se entiende satisfecho el requisito de inmediatez,
máxime si se trata de la pretensión de reconocimiento de un derecho que implica
una obligación de tracto sucesivo como la pensión de invalidez. Al respecto
esta Corte ha expuesto que “la solicitud de amparo será procedente aun habiendo trascurrido un
extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen a la transgresión
alegada y la presentación de la acción, siempre que analizadas las condiciones específicas
del caso concreto, el fallador advierta la presencia de una o varias de las
siguientes circunstancias:
(1) La existencia de razones
que justifiquen la inactividad del actor en la interposición de la acción. (2)
La permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante, esto es, que como consecuencia de la afectación
de sus derechos, su situación desfavorable continúa y es actual. (3) La
carga de la interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada
la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros.”[63].
Así las cosas, como la
vulneración expuesta por los accionantes tiene lugar en todo momento, es decir,
que se configura todos los días que dejan de percibir el ingreso al cual creen
tener derecho, la Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.
ANÁLISIS DE LOS CASOS:
1.      Expediente T-4.839.721 Nilson Enrique Quiñonez
Gil contra Colpensiones.
De conformidad con la historia laboral expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones, el 11 de julio de 2014, se concluye
que el señor Quiñonez ha cotizado en toda su vida 248.71 semanas, de las cuales
150.01 corresponden a los 3 años inmediatamente anteriores al momento en el cual
se profirió el dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral, esto es, al 23
de noviembre de 2011[64].
Aunque el señor Quiñonez presenta secuelas de
trastorno afectivo bipolar y pérdida visual desde temprana edad -17 años-, la
limitación que lo aqueja no le ha impedido conformar una familia, así como ejercer
su derecho al trabajo[65].
La Sala concluye que debe tenerse en cuenta los
pagos realizados con posterioridad a la fecha de la estructuración, porque el
accionante padece una enfermedad degenerativa que si bien había afectado su
capacidad laboral de manera progresiva no le impidió trabajar y cotizar al
sistema de seguridad social en pensiones.
Dando aplicación al artículo 1º de la Ley 860 de
2003, según el cual, para acceder a la pensión por invalidez, debe demostrarse
haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años anteriores al momento
en que se estructuró la circunstancia que le impide a la persona trabajar. En
el caso del ciudadano Nilson Enrique Quiñonez Gil, tal requisito se encuentra
satisfecho, razón por la cual la Sala revocará las decisiones de instancia,
concederá el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, la seguridad social y el mínimo vital, y reconocerá la prestación
reclamada.
2.      Expediente T-4.888.671: Jorge  Rafael Ávila
Moreno contra Colpensiones.
De conformidad con la Resolución GNR 058102 del 12
de abril de 2013, en la cual se efectúa un recuento de la historia laboral del
accionantes, la Sala concluye que el señor Ávila ha cotizado en toda su vida
384 semanas, de las cuales 149.71 corresponden a los 3 años inmediatamente
anteriores al momento en el cual se profirió el dictamen sobre su pérdida de
capacidad laboral, esto es, al 30 de agosto de 2012[66].
Aunque el señor Ávila padece de un tumor cerebral
que le ha producido problemas de visión desde 1999, la limitación que lo aqueja
no le impidió ejercer su derecho al trabajo por espacio de 19 años anteriores
al dictamen de pérdida de capacidad laboral[67].
Por tratarse de una enfermedad progresiva que
menoscaba la salud de manera paulatina, pero que no le impidió trabajar y
cotizar al sistema de seguridad social en pensiones, deben tenerse en cuenta
los pagos realizados con posterioridad a la fecha de la estructuración de la
enfermedad, pero anteriores al dictamen de la junta de calificación, esto es,
desde el año 2009 al 2012.
Como el accionante no cumplió, al menos, 300
semanas de cotizaciones al momento en que se produjo la pérdida de capacidad
laboral (30 de agosto de 2012), ni 150 semanas a la fecha de estructuración de
la circunstancia incapacitante (empezó a padecer meningioma del lóbulo
olfatotrio frontal desde el mes de mayo de 1999), no puede darse aplicación
al Acuerdo 049 de 1990.
A su vez, como tampoco acreditó 50 semanas de
cotizaciones, en los tres años inmediatamente anteriores al 30 de agosto de
2012, no es beneficiario del régimen establecido en la Ley 860 de 2003.
Como lo expuso la Corte en Sentencia T-043 de 2014,
debe tenerse en cuenta que “la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral debe alcanzar un grado de determinación que refleje la
situación médica y laboral real de la persona.”.
En ese sentido, el momento a partir del cual debe efectuarse el conteo para
determinar si el accionante realizó cotizaciones por 50 semanas, en los
tres años inmediatamente anteriores al momento de la circunstancia que le
imposibilita trabajar, debe realizarse desde el 30 de agosto de 2012, momento
en el cual la pérdida de capacidad laboral fue de tal entidad que no le
permitió seguir ejerciendo su derecho al trabajo.
No obstante, según el artículo 1º de la Ley 860 de
2003 debe demostrarse haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años
anteriores al momento en que se configure la circunstancia que impide a la
persona trabajar. En el caso del ciudadano Jorge Rafael Ávila Moreno, tal
requisito se encuentra satisfecho.
Como lo señaló la sentencia T-627 de 2013, “ignorar que el
afiliado luego del diagnóstico de su enfermedad o de la manifestación de
algunos síntomas trabajó y cotizó al Sistema de Seguridad Social en Salud
porque la progresividad de su patología lo permitió y tenía que procurarse recursos
para su sostenimiento, genera una
vulneración al derecho a la seguridad social de las personas que se encuentran
en situación de invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este
riesgo. Por ello, cuando una
entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de
un afiliado que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá
tener en cuenta el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y
permanente su capacidad para trabajar y a partir de ésta verificar si la
persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos
establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto.”.
Así las cosas, la Sala revocará las decisiones de
instancia, concederá el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, la seguridad social y el mínimo vital, y reconocerá la
prestación reclamada.
3.      Expediente T-4.894.578: William José Otero
Bocanegra contra Colpensiones.
La historia laboral expedida por la Administradora
Colombiana de Pensiones, el 4 de febrero de 2014[68], permite
concluir que el señor William José Otero Bocanegra ha efectuado aportes
equivalentes a  701.84 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 501.96
fueron realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, es decir, tiene derecho a la pensión por invalidez de conformidad con el
Acuerdo 049 de 1990, toda vez que alcanzó a cotizar un mínimo de 300 semanas en
vigencia de esa norma. En ese sentido, Colpensiones vulneró sus derechos
fundamentales, a la vida digna y al mínimo vital, razón por la cual revocará
las decisiones de instancia.
4.      Expediente T-4.904.555: José Rumaldo Mosquera
Palacios contra Colpensiones.
Teniendo en cuenta la historia laboral expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones, el 30 de abril de 2014[69], la Sala concluye
que el señor José Rumaldo Mosquera Palacios ha efectuado cotizaciones al
sistema general de seguridad social en pensiones desde el 1º de agosto de 1995,
hasta el 30 de junio de 2012 – con algunos períodos de carencia –, para un
total de 416 semanas, en toda su vida laboral, además de encontrarse laboralmente
activo y cotizando al sistema de seguridad social en pensiones, en el momento
que se produjo su pérdida de capacidad laboral.
Como el accionante no cumplió, al menos, 300
semanas de cotizaciones al momento en que se produjo la pérdida de capacidad
laboral (2 de noviembre de 2011), ni 150 semanas a la fecha de estructuración
de la circunstancia incapacitante (empezó a sufrir lumbalgia crónica de
aparición súbita sin antecedente de trauma, progresiva e incapacitante, la cual
le produjo una pérdida de capacidad laboral de 50.70%), no puede darse
aplicación al Acuerdo 049 de 1990.
A su vez, como tampoco acreditó 50 semanas de
cotizaciones, en los tres años inmediatamente anteriores al 2 de noviembre de
2011, no es beneficiario del régimen establecido en la Ley 860 de 2003.
No obstante, la Sala aplicará el artículo 39,
literal A, de la Ley 100 de 1993 según el cual son destinatarios de la pensión
por invalidez: “el afiliado se encuentre cotizando al régimen
y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de
producirse el estado de invalidez.”.
En el caso objeto de estudio, como el afiliado se
encontraba laborando al momento de estructurarse la invalidez, esto es, que
la misma no sobrevino en un momento de desempleo o en el que haya un período en
el que se evidencia falta de cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones, debe revisarse si había cotizado por lo menos 26 semanas, antes de
la circunstancia que le incapacitó y en vigencia del artículo 39 de la Ley 100
de 1993.
En el caso del señor Mosquera tal requerimiento se
encuentra satisfecho, pues antes de la entrada en vigencia de la Ley 860 de
2003 efectuó cotizaciones equivalentes a 64.35 semanas[70], razón por
la cual esta Sala concluye que debe darse aplicación al literal A, del artículo
39 de la Ley 100 de 1993.
En síntesis, Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales del accionante a la vida digna y al mínimo vital. Así las cosas, este
Tribunal revocará las decisiones de instancia que negaron el amparo y ordenará
que la accionada reconozca la pensión por invalidez.
5.      Expediente T-4.945.610: Lourdes Hidalgo Aguilera
contra Colpensiones.
De conformidad con la historia laboral expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones, el 30 de abril de 2014[71], se
concluye que la señora Lourdes Hidalgo Aguilera ha efectuado aportes a pensión
por un total de 493 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 463 fueron
realizados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[72], es decir,
tiene derecho a la pensión por invalidez de conformidad con el Acuerdo 049 de
1990, toda vez que alcanzó a cotizar un mínimo de 300 semanas en vigencia de
esa norma. En ese sentido, Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales, a
la vida digna y al mínimo vital, razón por la cual revocará las decisiones de
instancia.
6.      Expediente T-4.950.854: Pedro Pablo Casallas
contra Colpensiones.
Según la historia laboral expedida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, el 22 de febrero de 2014, la Sala
concluye que el señor Casallas ha cotizado en toda su vida 726 semanas, comprendidas
entre el 9 de abril de 1981 hasta el 31 de marzo de 2014, de las cuales 102.91
corresponden a los 3 años inmediatamente anteriores al momento en el cual se
profirió el dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral, esto es, al 26 de
septiembre de 2013[73].
Aunque el señor Casallas presenta retraso mental
moderado, sin fecha determinada y epilepsia desde los 15 años de edad desde su
nacimiento, la limitación que lo aqueja no le ha impedido ejercer su derecho al
trabajo, por espacio de 13 años anteriores al dictamen de pérdida de capacidad
laboral[74].
Por tratarse una enfermedad congénita progresiva
que menoscaba la salud de manera paulatina, pero que no impidió que siguiera
trabajando y cotizando al sistema de seguridad social en pensiones, como la
ha venido haciendo desde 1981 (con algunos periodos de interrupciones) debe
tenerse en cuenta los pagos realizados con posterioridad a la fecha de la estructuración
de la enfermedad, pero anteriores al dictamen de la junta de calificación, esto
es, entre los años 2010 al 2013, toda vez que la persona ha sido solidaria con
el sistema de seguridad social en pensiones y no puede indicársele que luego de
15 años de aportes, sus cotizaciones son inválidas. Adoptar una interpretación
que restrinja el derecho del señor Casallas a pensionarse cercenaría su derecho
a la seguridad social desde el momento mismo de su nacimiento.
Como el momento en el cual el accionante deja de
trabajar y requiere el dictamen de la junta de calificación es el año 2013,
debe tenerse tal fecha como punto de partida para el conteo del término
previsto para efectos de reconocer la prestación reclamada, pues aunque la
enfermedad es anterior debe tenerse en cuenta que su naturaleza es progresiva y
que la misma no le impidió trabajar.
De conformidad con el artículo 1º de la Ley 860 de
2003 debe demostrarse haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años
anteriores al momento en que se configure la circunstancia que impide a la
persona trabajando, tratándose de enfermedades de naturaleza progresiva. En el
caso del ciudadano Pedro Pablo Casallas, tal requisito se encuentra satisfecho,
razón por la cual la Sala revocará las decisiones de instancia, concederá el
amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la
seguridad social y el mínimo vital, y reconocerá la prestación reclamada.
7.      Expediente T-4.910.667: Ramón Ordoñez
Pérez contra Colpensiones.
Con ocasión al fallecimiento del accionante, su
conyugue la señora María Emilcen Toloza de Ordoñez, solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prestación a la que
accedió por medio de la Resolución GNR 281936 del 15 de septiembre de 2015[75].
No obstante, una vez verificada la información que
reposa en la historia laboral[76],
la Sala constató que el señor Ordoñez efectuó cotizaciones desde el 16 de
octubre de 1972 hasta el 31 de enero de 2004, para un total de 580, 14 semanas,
de las cuales 574 fueron aportadas antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
En ese sentido, tiene derecho a la pensión por
invalidez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que alcanzó a
cotizar un mínimo de 300 semanas en vigencia de esa norma.
Así las cosas, aunque el señor Ordoñez haya
fallecido la Sala tiene certeza de que Colpensiones vulneró sus derechos
fundamentales, a la vida digna y al mínimo vital. De esta manera, aunque se
esté en presencia de un daño consumado, la sala revocará las decisiones de instancia.
8.      Expediente T-4.959.034: Elkin Darío Niño
Melo contra Fondo de Pensiones Porvenir.
Aunque el señor Niño Melo adjuntó pagos efectuados
con posterioridad a la fecha de estructuración de la discapacidad, estos no
pueden imputarse a períodos efectivamente cotizados para acceder a la pensión
por invalidez, porque la pérdida de capacidad laboral fue producto de un
accidente, es decir, no se trata de una enfermedad degenerativa que disminuye
de manera progresiva la capacidad laboral, presupuesto para modificar la fecha
de estructuración de la invalidez hasta el momento en que la enfermedad impida
el desarrollo de la actividad laboral.
No obstante, aunque el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir señale que el actor contaba con un total de 21.29 semanas
cotizadas en toda su historia laboral[77],
esta Sala de Revisión encontró a folios 240 al 243, constancias de pago a la
AFP Porvenir por un período de 4 meses discriminados de la siguiente manera:
Período 2010-1    Número de transacción 132571717.
Período 2010-3    Número de transacción 132555524.
Período 2010-4    Número de transacción 132554478.
Período 2010-10  Número de transacción 132548304.
Como cada uno de estos períodos equivale a 4.29
semanas, la suma de las mismas asciende a 17.16.
De esta manera, el total de semanas cotizadas por
el señor Niño Melo ha sido equivalente a 38.45, en los tres años anteriores al
siniestro que le causó la invalidez.
A su vez, como el accionante se encontraba
cotizando al momento en que ocurrió el siniestro que le produjo la pérdida de
capacidad laboral, la Sala debe revisar si puede darse aplicación al literal A
del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, según el cual deberá demostrarse “[q]ue el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez…”.
Frente al requisito de encontrarse cotizando, la
Sala advierte que según el reporte presentado por el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir[78],
el accionante realizó aportes en el mes de septiembre de 2012 por un período de
15 días, toda vez que el accidente tuvo lugar el día 16 se septiembre de 2012,
según resumen de epicrisis expedido por el Hospital Universitario San Ignacio[79], de
conocimiento de la entidad accionada según sello de recibo de correspondencia
del 14 de enero de 2014.
Se encuentra probado que el ciudadano Niño Melo se
encontraba como cotizante activo al momento del siniestro. Ahora bien, respecto
al requisito de haber cotizado al menos 26 semanas al momento de la pérdida de
capacidad laboral, la Sala advierte que no cumple con el requisito de haber
consolidado las mismas en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, realizar las
cotizaciones con anterioridad al 26 de diciembre de 2003.
Así las cosas, al no cumplir con ninguna de las
hipótesis bajo las cuales procedería el reconocimiento del amparo, se negará la
protección invocada y se confirmarán las sentencias de instancia.
9.      Expediente T-4.972.557: Isaac Torres
Pedraza contra Colpensiones.
De conformidad con la historia laboral expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones, el 10 de marzo de 2015[80], se
concluye que el señor Isaac Torres Pedraza, quien padece secuelas de accidente
cerebro vascular, hemiplejia, comunicación ineficaz, realizó cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde el 4 de octubre de 1993
hasta el  31 de diciembre de 2014, para un total de 486.57 semanas, de las
cuales 51.29 corresponden a los 3 años inmediatamente anteriores al momento en
el cual se estructuró su pérdida de capacidad laboral, esto es, al 30 de
noviembre de 2005.
La Sala de Revisión verificó[81] varios desprendibles
de pago correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2005, los cuales
tienen sellos de pagaduría de una entidad financiera y que se constituyen como
prueba suficiente de los aportes realizados por el accionante para un total de
34.32 semanas, las cuales sumadas a las 47.19 que Colpensiones aplicó al
período cotizado, da un total de 81.51 semanas.
En efecto a folios 40 al 47 puede constatarse los
siguientes comprobantes:
Mayo 2005, número de radicado 520084030077308.
Junio 2005, número de radicado 520084030077308.
Julio 2005, número de radicado 520005090101011.
Agosto 2005, número de radicado 5200050561175.
Septiembre 2005, número de radicado, ilegible,
Banco Restrepo Tran: 1386. 2005/10/25 13:34.
Octubre 2005, número de radicado 520005030117925.
Noviembre 2005, número de radicado 01016105002477
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Según el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, quien
solicita la pensión por invalidez debe demostrar que cotizó un mínimo de 50
semanas en los tres años anteriores al momento en que se configuró la
circunstancia que impidió a la persona trabajar.
En el caso del ciudadano Isaac Torres Pedraza, tal
requisito se encuentra acreditado, razón por la cual la Sala revocará las
decisiones de instancia, concederá el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, la seguridad social y el mínimo vital, y reconocerá
la prestación reclamada.
10.    Expediente T-4.974.944: Norma Yaneth
Cuellar Arévalo contra Colpensiones.
Con fundamento en la Resolución VPB 19727 del 04 de
noviembre de 2014, proferida por Colpensiones, se verificó que la ciudadana
Norma Yaneth Cuellar Arévalo cotizó 3272 días, equivalente a 467 semanas,
comprendidas entre el 16 de junio de 1989 hasta el 29 de febrero del 2000[82].
Para adoptar una decisión se tendrá en cuenta que:
(i) el 10 de agosto de 2011 la Gerencia Nacional de
Atención al pensionado calificó la pérdida de capacidad laboral accionante en
61.30%.
(ii) el 21 de septiembre de 2011 la demandante
solicitó el reconocimiento de la pensión por invalidez.
(iii) mediante Resolución 101931 del 13 de febrero
de 2012 el ISS negó a la accionante el reconocimiento de la pensión de
invalidez.
(iv) el 14 de mayo de 2012 la demandante interpuso
reposición y apelación.
(v) el 30 de junio de 2013, mediante Resolución
162084, Colpensiones confirmó la decisión recurrida.
(vi) el 4 de noviembre de 2014, en Resolución 19727
Colpensiones confirmó la Resolución 101931 del 13 de febrero de 2012.
(vii) El 23 de noviembre de 2013 Colpensiones,
nuevamente, negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Aunque la enfermedad padecida por la accionante es
degenerativa, no hay prueba alguna en el expediente que establezca una relación
entre la patología y la cesación de aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.
De conformidad con la historia clínica[83] de la
accionante, la discapacidad se estructuró 7 años después que dejará de cotizar
al sistema y su calificación se produjo 11 años después del momento en que dejó
de trabajar.
Teniendo en cuenta que la fecha de estructuración
fue el 13 de enero de 2007, debe tenerse en cuenta tal momento para efectos de
analizar si la accionante se encuentra dentro de las hipótesis establecidas en
el      Acuerdo 049 de 1990, la Ley de 1993 o a Ley 860 de 2003.
10.1  Acuerdo 049 de 1990 (artículo 6º).
A.      Para ser beneficiaria del Acuerdo 049 de
1990, debe demostrarse que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, esto es al 1º de abril de 1994, la accionante contaba con cotizaciones
equivalentes a 150 semanas, para poder contabilizarlas en los 6 años anteriores
al momento en que se estructuró su invalidez.
En el caso concreto, está demostrado[84] que la
accionante acreditó 205, 92 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, estas no se efectuaron en los 6 años
anteriores a la estructuración de la invalidez, la cual tuvo lugar en el año
2007 y, como se expuso, la demandante dejó de realizar aportes en el año 2000.
B.      La accionante también puede demostrar que
cotizó un mínimo de 300 semanas antes que el Acuerdo 049 de 1990 perdiera
vigencia. Sin embargo, no alcanzó a cumplir con ese presupuesto, pues del total
de 467 semanas cotizadas en toda su la vida laboral, sólo 205.92 corresponden
al período en el cual estuvo en vigencia tal disposición jurídica.
En ese sentido, no cumple con las hipótesis
previstas en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la prestación.
10.2  Ley 100 de 1993 (artículos 38 y 39)
Esta norma señala que el afiliado debe cotizar un
mínimo de 26 semanas, dentro del año anterior al hecho que genera la pérdida de
capacidad laboral. En el caso concreto de la accionante, no se encontraron
aportes en el año 2006, por lo tanto no cumple con los requisitos para acceder
a la prestación.
10.3  Ley 860 de 2003 (artículo 1º)
Para acceder a la prestación bajo este régimen, la
accionante debió acreditar cotizaciones equivalentes a 50 semanas en los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración, esto es, entre el 19 de enero de 2004
al 19 de enero de 2007. En el caso concreto la accionante no acredito ni una
sola cotización en ese período. Por lo tanto, no es beneficiaria de la pensión
de vejez bajo ese presupuesto legal.
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que la
ciudadana Norma Yaneth Cuellar Arévalo no cumple con los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión por invalidez en ninguno de los regímenes que
contempla el ordenamiento jurídico para tal propósito. Así las cosas,
confirmará las decisiones de instancia que negaron el reconocimiento de la
prestación solicitada.
Sin embargo, la Sala ordenará a Colpensiones que,
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la
notificación de este fallo, informe a la ciudadana Norma Yaneth Cuellar
Arévalo, sobre la posibilidad de reclamar la indemnización sustitutiva a la que
tiene derecho, la cual deberá liquidarse, como mínimo, sobre las 467 semanas
que reportó esa entidad.
Si la ciudadana accionante manifiesta su deseo de
acceder a ese beneficio deberá reconocerse la indemnización referida dentro de
los 15 días siguientes al momento en que informe a Colpensiones sobre su
decisión.
11.    Expediente T-5.049.844: Edgar Antonio Soler
contra Colpensiones.
De conformidad con la Resolución GNR 13211
proferida por Colpensiones el 21 de enero de 2015, se verificó que el señor
Edgar Antonio Soler cotizó 3507 días, equivalente a 501 semanas, comprendidas
entre el 24 de marzo de 1982 y el 28 de febrero de 1995[85]. Teniendo
en cuenta que el artículo 6º del Decreto 758 de 1990 – Acuerdo 049 de 1990-
para acceder a la pensión por invalidez el accionante debe demostrar una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%, hecho demostrado en el caso
objeto de estudio, aunado al cumplimiento de cualquiera de los siguientes
presupuestos:
(i) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha del estado de invalidez,
(ii) o trescientas (300) semanas, en cualquier
época, con anterioridad al estado de invalidez.
En el caso del señor Edgar Antonio Soler, se cumple
la segunda de la hipótesis toda vez que en el transcurso de su vida ha
efectuado aportes a pensión equivalentes a 501 semanas, anteriores al momento
en que se estructuró su enfermedad, esto es al 21 de junio de 2005, según
dictamen proferido por Colpensiones el 25 de julio de 2014[86].
Como se expuso en las consideraciones de la
presente decisión judicial, la inaplicación de la Ley 860 de 2003, se produce
en razón del principio de favorabilidad en materia laboral, toda vez que se
cumplió con el requisito de acreditar las semanas durante el tiempo en el cual
estuvo en vigencia el artículo 6º del Decreto 758 de 1990.
En efecto, desde el 24 de marzo de 1982 (fecha en
la cual el accionante empezó a laborar) hasta el 1º de abril de 1994 – fecha de
entrada en rigor de la Ley 100 de 1993-, cotizó un total de 477.28 semanas, lo
cual refleja que aunque no cotizó de manera exclusiva tal tiempo en vigencia
del Decreto 758 de 1990, si efectuó aportes al sistema durante el mismo, de tal
manera que, de haberse generado la invalidez antes de la operancia del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, hubiera accedido al beneficio de la
pensión por invalidez de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de
1990.
Estas premisas llevan a la Sala a concluir que el
señor Edgar Antonio Soler tiene derecho a la pensión por invalidez estipulada
en el artículo 6º del Decreto 758 de 1990. Con base en ello, revocará las
decisiones de instancia, concederá el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, la seguridad social y el mínimo vital, y reconocerá
la prestación reclamada.
12.    Expediente T-5.055.240: Graciela Montes Arias
contra Colpensiones.
De conformidad con el material probatorio
presentado por la accionante, la Sala concluye que la enfermedad que padece, Glaucoma
del ojo derecho, la cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral
del 58.65%, tuvo origen en 1999 y es progresiva, esto es, que a pesar de ser
operada en dos oportunidades (1999 y 2006[87]),
la misma persiste.
La sana lógica permite inferir, que aunque la
accionante presentaba invalidez mucho antes de fallecer su hermano, como puede
apreciarse en las declaraciones extraproceso y en el derecho de petición
presentado por su hermano, no solicitó un dictamen de pérdida de capacidad
laboral, antes del deceso del señor Montes, pues como la peticionaria no
trabajaba dejaron de considerar necesario la evaluación sobre la invalidez.
Los antecedentes de la enfermedad que aqueja a la
señora Montes, permiten aseverar que tal patología no surgió desde el momento
en que acudió al médico en 2010, sino que tiene origen en una época anterior,
la cual no se ha podido identificar por la ausencia de controles médicos que
efectúen un seguimiento al proceso evolutivo de la enfermedad que aqueja a la
accionante.
Es estricto sentido, la Sala considera que la fecha
en la que se acude a un control médico y se descubre que una persona padece de
un problema de salud, no puede ser constitutiva de la patología sino
declaratoria de la existencia de la misma.
Acudiendo al principio de la buena fe, esta Corte
considera que la información expresada por la accionante sobre su deterioro
visual, a pesar de las intervenciones quirúrgicas que le fueron practicadas,
son ciertas, máxime si los dictámenes médicos posteriores indican la
reincidencia de la patología.
Así las cosas, para este Tribunal la discapacidad
que sufre la accionante se configuró con anterioridad a la muerte de su hermano,
circunstancia que aunada a la dependencia económica que mantenía con el señor
Montes, constituyen razones suficientes para el reconocimiento de la
sustitución de la pensión de invalidez que solicita. En ese sentido, se
revocarán las decisiones de instancia y se ordenará a Colpensiones que
reconozca la prestación reclamada por la accionante.
13.    Expediente T-5.059.862: Gloria Irma Sánchez de
Molano contra Colpensiones.
De conformidad con la historia laboral de la
accionante, proferida por Colpensiones el 17 de febrero de 2015, se verificó
que ha realizado cotizaciones desde el 1º de agosto de 1972 hasta el 31 de
enero de 2015, fecha en la cual no pudo seguir trabajando[88]. Tal
momento debe tenerse en cuenta para contabilizar el requisito de las 50 semanas
en los tres años inmediatamente anteriores, toda vez que a partir de la misma,
la pérdida de capacidad laboral es de tal entidad que no le permitió seguir
ejerciendo su derecho al trabajo (padece síndrome de Sjodren progresivo,
compromiso articular en TTO clase III. Síndrome hipocoagulabilidad –
deficiencia leve factor VIII en tratamiento lo cual le ha generado una
pérdida de capacidad laboral de origen común del 57.45%). Tal como lo expuso la
Corte en Sentencia T-043 de 2014, debe tenerse en cuenta que “la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral
debe alcanzar un grado de determinación que refleje la situación médica y
laboral real de la persona.”.
Así las cosas, según la accionada, Gloria Irma
tiene 903.86 semanas cotizadas a esa fecha, de las cuales 150 pertenecen a los
3 años anteriores al momento en que dejó de cotizar[89].
En ese sentido, debe aplicarse el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, que modificó al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es,
conceder la pensión por invalidez si por lo menos acredita 50 semanas en los 3
años anteriores al momento de la estructuración. Para efectos de esta decisión
judicial y siguiendo la jurisprudencia reseñada sobre enfermedades
degenerativas, deberá entenderse que el momento en el cual se genera la
circunstancia incapacitante es el último período efectivamente cotizado. Como
lo señaló la sentencia T-627 de 2013, “ignorar que el afiliado luego del diagnóstico de su enfermedad o
de la manifestación de algunos síntomas trabajó y cotizó al Sistema de
Seguridad Social en Salud porque la progresividad de su patología lo permitió y
tenía que procurarse recursos para su sostenimiento, genera una vulneración al derecho a
la seguridad social de las personas que se encuentran en situación de invalidez
y han solicitado su pensión para conjurar este riesgo. Por ello, cuando una entidad estudia
la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de un afiliado que
padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá tener en cuenta
el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad
para trabajar y a partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la
pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos por la normatividad
aplicable para el caso concreto.”.
Así las cosas, se tutelaran los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas y en
consecuencia se ordenará que Colpensiones reconozca la prestación reclamada.
14.    Expediente T-5.059.870: Jairo Humberto Vargas
Rojas contra Colpensiones.
Por medio de documento recepcionado en esta
Corporación el 10 de septiembre de 2015[90]
se verificó que Colpensiones reconoció la pensión por vejez al accionante,
razón por la cual la afectación a sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas ha cesado. En efecto
se adjuntó el comprobante de pago 955040 del 20 de    agosto de 2015[91] que prueba
que la demandada está realizando los respectivos pagos. En este caso, la Corte
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
15.    Expediente T-5.062.981: Isabel Calderón Caballero
contra Colpensiones.
De conformidad con la historia laboral de la
accionante, proferida por Colpensiones el 25 de febrero de 2015, se verificó
que ha cotizado desde el 1º de mayo de 1998 hasta 31 de julio de 2013, un total
de 757.71 semanas. A partir del último de sus aportes no ha podido laborar
debido a que la cuadriparesia que padece desde 1986, sumada a su edad (63 años)
ha generado un deterioro progresivo sobre su estado de salud.
Como lo expuso la Corte en Sentencia T-043 de 2014,
debe tenerse en cuenta que “la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral debe alcanzar un grado de determinación que refleje la
situación médica y laboral real de la persona.”.
En ese sentido, el momento a partir del cual debe efectuarse el conteo para
determinar si el accionante realizó cotizaciones por 50 semanas, en los
tres años inmediatamente anteriores al momento de la circunstancia que le
imposibilita trabajar, debe realizarse desde el 31 de julio de 2013, momento en
el cual la pérdida de capacidad laboral fue de tal entidad que no le permitió
seguir ejerciendo su derecho al trabajo.
Así las cosas, según la accionada[92], la señora
Calderón cotizó 92 semanas en los 3 años anteriores al momento en que se
produjo la circunstancia que le produjo la pérdida de capacidad laboral.
En ese sentido, debe aplicarse el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, que modificó al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es,
conceder la pensión por invalidez si acredita 50 semanas en los 3 años
anteriores al momento de la estructuración. Para efectos de esta decisión
judicial y siguiendo la jurisprudencia reseñada sobre enfermedades
degenerativas, deberá entenderse que el momento en el cual se genera la
circunstancia incapacitante es el último período efectivamente cotizado.
Como lo señaló la sentencia T-627 de 2013, “ignorar que el
afiliado luego del diagnóstico de su enfermedad o de la manifestación de
algunos síntomas trabajó y cotizó al Sistema de Seguridad Social en Salud
porque la progresividad de su patología lo permitió y tenía que procurarse
recursos para su sostenimiento, genera una
vulneración al derecho a la seguridad social de las personas que se encuentran
en situación de invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este
riesgo. Por ello, cuando una
entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de
un afiliado que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá
tener en cuenta el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y
permanente su capacidad para trabajar y a partir de ésta verificar si la
persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos
establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto.”.
Por ello, se ampararan los derechos al mínimo vital
a la seguridad social y la vida en condiciones dignas y ordenará que
Colpensiones reconozca y pague la prestación reclamada.
16.    Expediente T-5.065.135: Herney Perlaza contra
Colpensiones
Con base a la historia laboral del accionante, proferida
por Colpensiones el 6 de abril de 2015, se verificó que ha realizado aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 1º de diciembre de 2012 hasta
el 31 de mayo de 2014, fecha en la cual no pudo seguir trabajando (pues padece enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, cardiomiopatía isquémica, hipertensión esencial e
hipertensión portal lo cual le ha generado una pérdida de capacidad laboral
de origen común del 71.82%), para un total de 118.71 semanas cotizadas[93].
Como lo expuso la Corte en Sentencia T-043 de 2014,
debe tenerse en cuenta que “la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral debe alcanzar un grado de determinación que refleje la
situación médica y laboral real de la persona.”.
De esa manera, el momento a partir del cual debe efectuarse el conteo para
determinar si el accionante realizó cotizaciones por 50 semanas, en los
tres años inmediatamente anteriores al momento de la circunstancia que le
imposibilita trabajar, debe realizarse desde el 31 de mayo de 2014, momento en
el cual la pérdida de capacidad laboral fue de tal entidad que no le permitió
seguir ejerciendo su derecho al trabajo.
Como el señor Perlaza acreditó haber cotizado por
lo menos 50 semanas en los 3 años anteriores al momento de la estructuración,
deberá concederse la pensión por invalidez de conformidad con lo estipulado en
la Ley 860 de 2003.
Como lo señaló la sentencia T-627 de 2013, “ignorar que el
afiliado luego del diagnóstico de su enfermedad o de la manifestación de
algunos síntomas trabajó y cotizó al Sistema de Seguridad Social en Salud
porque la progresividad de su patología lo permitió y tenía que procurarse
recursos para su sostenimiento, genera una
vulneración al derecho a la seguridad social de las personas que se encuentran
en situación de invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este
riesgo. Por ello, cuando una
entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de
un afiliado que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá
tener en cuenta el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y
permanente su capacidad para trabajar y a partir de ésta verificar si la
persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos
establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto.”.
Por ello, se ampararan los derechos al mínimo vital
a la seguridad social y la vida en condiciones dignas y ordenará que
Colpensiones reconozca y pague la prestación reclamada.
IV.    SÍNTESIS
En el asunto de la referencia la
Corte Constitucional revisó dieciséis (16) sentencias de tutela interpuestas
por ciudadanos y ciudadanas que solicitan el reconocimiento y pago de pensiones
de invalidez por presentar una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y
cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 100 de
1993 y la Ley 860 de 2003.
En todos los casos Colpensiones
negó el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, argumentando que no se
surte el presupuesto de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a
la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral según los
dictámenes proferidos por las respectivas juntas de calificación de invalidez.
La Sala observa que en la
mayoría de los casos las entidades encargadas del reconocimiento de la pensión
por invalidez -en este caso Colpensiones y Porvenir-, no tuvieron en cuenta la
fecha real en la cual las discapacidades no permitieron que los accionantes
pudieran ejercer su derecho al trabajo, desconociendo, con ello, que una
persona que presenta una patología degenerativa puede trabajar muchos años con
posterioridad al momento en que fue diagnosticado con una enfermedad.
Con base en los supuestos
fácticos de los casos sometidos a estudio, la Corte se propuso determinar si
las entidades accionadas habían aplicado el principio de favorabilidad en
materia laboral a cada uno de los accionantes, garantizando con ello el
principio de igualdad.
La Corte determinó que en el
momento de estudiar la solicitud para el reconocimiento de la pensión por
invalidez, las entidades administradoras de fondos pensionales deben tener en
cuenta el principio de condición más favorable, según el cual se aplicará de
manera preferente la norma que permita acceder a la prestación.
También reiteró que la condición beneficiosa
en la pensión por invalidez protege las expectativas legítimas de quienes
cumplen los requisitos de densidad pensional de los regímenes jurídicos
derogados.
Con el propósito de determinar cuál régimen puede
aplicarse a los accionantes, este Tribunal estudio los requisitos establecidos
en el Acuerdo 049 de 1990, según el cual quien solicite la pensión por
invalidez debe demostrar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, esto es al 1º de abril de 1994, había efectuado cotizaciones equivalentes
a 150 semanas, para poder contabilizarlas en los 6 años anteriores al momento
en que se estructuró su invalidez.
La misma disposición jurídica también establece
que, de manera subsidiaria, debe demostrarse que se realizaron cotizaciones
equivalentes a 300 semanas antes que el Acuerdo 049 de 1990 perdiera vigencia.
También se concluyó que es posible acceder a la
pensión por invalidez de conformidad con las previsiones establecidas en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, que se hayan realizado cotizaciones
equivalentes a 26 semanas dentro del año anterior al hecho que generó la
pérdida de capacidad laboral.
Finalmente la Sala observa que quien solicita la
pensión por invalidez puede demostrar haber cotizado 50 semanas en los 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, de
conformidad con las previsiones dispuestas en el artículo 1º de la Ley 860 de
2003.
Teniendo como parámetro
constitucional la aplicación de los principios de igualdad y protección a las
personas en situación de debilidad manifiesta, la Corte analizó cada uno de los
casos y aplicó de manera favorable el régimen más benéfico para determinar si
los accionantes tenían derecho a la pensión por invalidez, teniendo en cuenta
los requisitos establecidos por la Corte, esto es, cumplir con el número de
semanas exigidas en vigencia de la disposición legal que se pretende aplicar,
entre las cuales puede escoger el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la
Ley 860 de 2003.
Luego de efectuar el respectivo
estudio la Corte reconoció las prestaciones reclamadas por los accionantes, a
quienes tenían consolidado el derecho,  toda vez que consideró que los medios
ordinarios de defensa son idóneos pero ineficaces ante la situación de
vulnerabilidad de quienes solicitaron el amparo.
En los casos relacionados con
Elkin Darío Niño Melo y Norma Yaneth Cuellar Arévalo, la Sala concluyó que no
cumplían con los requisitos señalados en la ley para acceder reclamar el
derecho a la pensión por invalidez. En efecto, la Corte Constitucional no puede
constituir el derecho a la prestación reclamada por los accionantes, sino
únicamente declarar la existencia del mismo. En el asunto del señor Niño, no
pueden acreditarse mesadas posteriores al momento en que perdió su capacidad
laboral, toda vez que el suceso que la generó no fue producto de la pérdida
progresiva de su capacidad para ejercer el derecho al trabajo, sino un hecho
fortuito cuyo dictamen médico no es objeto de algún tipo de controversia.
En relación con la señora Cuellar,
no hay norma alguna que configuré el derecho a la pensión por invalidez, toda
vez que al momento en que le fue dictaminada su enfermedad habían transcurrido
once (11) años, sin efectuar aportes a pensión, lo cual no le permitió acceder
a la prestación reclamada bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, la Ley
100 de 1993 y la Ley 860 de 2003.
De conformidad con lo expuesto la
Corte Constitucional ordenará a las entidades de fondos pensionales, que
reconozcan y paguen las pensiones de invalidez a los accionantes, en los
términos expuestos en esta providencia judicial, con el propósito de garantizar
sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en
condiciones dignas.
V. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: DESACUMULAR los expedientes de la referencia para los efectos procesales
correspondientes.
SEGUNDO: REVOCAR las decisiones proferidas
por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, el 21 de enero de 2015, en
primera instancia; y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia del 05 de febrero de 2015, las cuales negaron por
improcedente la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Nilson Enrique
Quiñonez Gil.
En su lugar AMPARAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
TERCERO: REVOCAR las decisiones proferidas por
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2014,
en primera instancia, y la Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en sentencia del 29 de octubre de 2014, en segunda
instancia; las cuales negaron la protección invocada por medio de la acción de
tutela interpuesta por el ciudadano Jorge Rafael Ávila Moreno.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
CUARTO: REVOCAR las decisiones proferidas
por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga el 27
de enero de 2015, en primera instancia, y la Sala de Penal de Decisión del
Tribunal Superior de Bucaramanga el 3 de marzo de 2015, que negaron por
improcedente la acción de tutela interpuesta por el ciudadano William José
Otero Bocanegra.
En su lugar AMPARAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
QUINTO: REVOCAR las decisiones proferidas
por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín el 14 de agosto de 2014, en
primera instancia, y la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 29 de octubre de 2014, que negaron por improcedente
la acción de tutela interpuesta por el ciudadano José Rumaldo Mosquera
Palacios.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
SEXTO: REVOCAR la decisión proferida por el
Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá el 10 de abril de 2015, en primera
instancia, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por la
ciudadana Lourdes Hidalgo Aguilera.
En su lugar AMPARAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
SÉPTIMO: REVOCAR la decisión proferida por
el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., en primera instancia, quien en providencia del 11 de febrero de
2015 negó la protección invocada por medio de la acción de tutela interpuesta
por el ciudadano Pedro Pablo Casallas.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
OCTAVO: REVOCAR las decisiones proferidas por el
Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes de Bucaramanga, el 26 de
enero de 2015, y la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 19 de febrero
de 2015, que negaron por improcedente la acción de tutela interpuesta por el
ciudadano Ramón Ordoñez Pérez. A su vez DECLARAR la carencia actual de
objeto por configurarse un daño consumado, frente a la solicitud de amparo
instaurada, en los términos expuestos en esta sentencia.
NOVENO: CONFIRMAR las decisiones proferidas
por Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá,
el 12 de febrero de 2015, en primera instancia; y Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 6 de abril de 2015, que negaron
la acción de tutela presentada por el ciudadano Elkin Darío Niño Melo.
DÉCIMO: REVOCAR las decisiones proferidas
por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el 26 de marzo de 2015, y
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 6 de mayo de 2015, que negaron por improcedente la acción de
tutela interpuesta por el ciudadano Isaac Torres Pedraza.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
UNDÉCIMO: CONFIRMAR las decisiones
proferidas por el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2015, en primera instancia; y la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., el 7 de mayo de 2015, que resolvieron negar la acción de tutela
presentada por la ciudadana Norma Yaneth Cuellar Arévalo.
a. ORDENAR a Colpensiones que, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación de
este fallo, informe a la ciudadana Norma Yaneth Cuellar Arévalo, sobre la
posibilidad de reclamar la indemnización sustitutiva a la cual tiene derecho,
la cual deberá liquidarse, como mínimo, sobre las 467 semanas que reportó esa
entidad.
b. Si la ciudadana accionante manifiesta su
deseo de acceder a ese beneficio deberá reconocerse la indemnización referida
dentro de los 15 días siguientes al momento en que informe a Colpensiones sobre
su decisión.
DECIMOSEGUNDO: REVOCAR las decisiones
proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal -Casanare-, el 20
de Febrero de 2015, y la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Yopal – Casanare-, el 8 de abril de 2015, que negaron por improcedente la
acción de tutela interpuesta por el ciudadano Edgar Antonio Soler.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
DECIMOTERCERO: REVOCAR las decisiones
proferidas por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, en providencia del 18
de febrero de 2015, en primera instancia; y la Sala Civil de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en sentencia del 20 de
abril de 2015, las cuales negaron por improcedente la acción de tutela
interpuesta por la ciudadana Graciela Montes Arias.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la sustitución
pensional, causada por la muerte del hermano de la accionante, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento
judicial.
DECIMOCUARTO: REVOCAR las decisiones
proferidas por la Subsección A, de la Subsección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 15 de mayo de 2015, y el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección
Segunda -, el 9 de marzo de 2015, que negaron la acción de tutela interpuesta por
la ciudadana Gloria Irma Sánchez de Molano.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
DECIMOQUINTO: REVOCAR la decisión proferida el
20 de mayo de 2015, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Bogotá, que resolvió negar la acción de tutela presentada
por el ciudadano Jairo Humberto Vargas Rojas. A su vez DECLARAR la
carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, frente a la
solicitud de amparo instaurada, en los términos expuestos en esta sentencia.
DECIMOSEXTO: REVOCAR la decisión proferida
el 30 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de Santander, que revocó
el amparo concedido el 11 de marzo de 2015 por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en la acción de tutela
presentada por la ciudadana Isabel Calderón Caballero.
En su lugar CONFIRMAR la sentencia proferida
por el juez de primera instancia, la cual concedió el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho la accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
DECIMO SÉPTIMO: REVOCAR la decisión
proferida el 29 de mayo de 2015, por el Juzgado Primero de Familia de Armenia
Quindío, que resolvió negar la acción de tutela presentada por el ciudadano
Herley Perlaza.
En su lugar TUTELAR sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas. Para tal efecto, Colpensiones deberá reconocer y pagar la pensión por
invalidez a la que tiene derecho el accionante, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento judicial.
DÉCIMO OCTAVO: LÍBRENSE las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional
y Cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Expediente T-4.972.557. Folio 25.
[2]
Consultar resolución GNR 012053 del 13 de febrero de 2013.
Expediente T-4.839.721. Folio 28.
[3]
Expediente T-4.839.721. Folio 167.
[4]
Expediente T-4.888.671. Folio 3-4.
[5]
Expediente T-4.904.555. Folio 24.
[6]
Expediente T-4.904.555. Folio 27.
[7]
Expediente T-4.945.610. Folios 29 -32.
[8]
Expediente T-4.950.854 . Folios 10-11.
[9]
Expediente T-4.959.034. Folio 1.
[10]
Consultar resolución GNR 13211 del 21 de enero de 2015.
Expediente T-5.049.844 Folio 5.
[11]
Ibíd. Folio 225.
[12]
Expediente T-4.972.557. Folio 25.
[13]
Consultar resolución GNR 13211 del 21 de enero de 2015.
Expediente T-5.049.844 Folio 5.
[14]
Ibíd. Folio 36.
[15]
Expediente T-4.974.944. Folio 37.
[16]
Expediente T-5.049.844. Folios 39 - 40.
[17]
Consultar resolución No. 101931 del 13 de febrero de 2012.
[18]
Ibídem.
[19]
Ibíd. Folio 25.
[20]
Expediente T-5.049.844. Folio 7-11.
[21]
Consultar resolución GNR 13211 del 21 de enero de 2015.
Expediente T-5.049.844 Folio 5.
[22]
Ibídem.
[23]
Fotos del folio 31. Ibíd.
[24]
Ibíd. Folio 25.
[25]
Expediente T-5.055.240. Historia médica. Folio 81-87.
[26]
Ibíd. Folio 75.
[27]
Ibíd. Folios 76-79.
[28]
Ibíd. Folio 82.
[29]
Ibídem.
[30]
Expediente T-5.059.862. Folio 34.
[31]
Consultar resolución No. 20126800319611. Expediente
T-5.059.862 Folio 12.
[32] Expediente T-5.059.862 Folio 36.
[33]
Expediente T-5.059.870. Folios 10-14.
[34]
Consultar resolución GNR 323206 del 17 de septiembre de 2014.
Expediente T-5.059.870 Folio 2.
[35]
Copia aportada al proceso por el accionante. Expediente
T-5.065.135 Folio 4.
[36]
Ibíd. Folio 48.
[37]
Expediente T-5.062.981. Folio 2.
[38]
Expediente T-5.062.981. Folio 9.
[39]
Consultar resolución GNR 93925 del 27 de marzo de 2015.
Expediente T-5.065.135 Folio 10.
[40]
Copia aportada al proceso por el accionante. Expediente
T-5.065.135 Folio 4.
[41]
Sentencia T-043 de 2014.
[42]
Sentencia T-043 de 2014
[43] En el mismo sentido, en la Sentencia T-953 de 2014, la Corte
consideró que los medios de defensa judicial eran ineficaces, como quiera que:
i) el actor era un sujeto de especial protección constitucional, dado que
padece de “esquizofrenia paranoide”, enfermedad que le causó la pérdida
de capacidad laboral del 52.75%;  ii) el peticionario carecía de los recursos
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia; y ii) era una
carga desproporcionada acudir a la jurisdicción ordinaria.
[44]
Sentencia T-915 de 2014.
[45]
Sentencia T-235 de 2015.
[46]
“Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que
reúnan las siguientes condiciones: a) Ser inválidos permanente total o inválido
permanente absoluto o gran invalido, y b) Haber cotizado para el seguro de
invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300)
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
[47]
Sentencia T-566 de 2014
[48] Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválidos y acredite las
siguientes condiciones: 1.       Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del 25% del tiempo transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 2.       Invalidez
por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma”.
[49]
Sentencia T-511 de 2014
[50]
Ley 100 de 1993. Artículo 39.
[51]En
este acápite, la Sala reiterara la posición jurisprudencial adoptada en las
sentencias T-953 de 2014 y T-235 de 2015.
[52]
Sentencia T-235 de 2015.
[53] De
manera que, la Corte ha diferenciado tres tipos de situaciones: (i) los derechos
consolidados, que son aquellas situaciones en las que una persona cumple
con un derecho y por tanto merece una poderosa protección del mismo; (ii)
las meras expectativas, situación en la que un ciudadano no cumple
ningún requisito para acceder a un derecho, razón por la que el legislador
puede modificar sus condiciones; y (iii) las expectativas legítimas,
que son una situación intermedia entre las anteriores dos, en las que una
persona cumple alguno de los requisitos para acceder a un derecho y, por tanto,
espera acceder al mismo, este tipo de circunstancia, según la Corte, es
merecedora de una protección intermedia. Al respecto Cfr. sentencia T-832A
de 2013.
[54]Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 40662 del 15 de
febrero de 2011 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[55]
Sentencia T-549 de 2014.
[56]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 40662 del 15 de
febrero de 2011 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. En el mismo sentido ver
T-549 de 2014
[57]
Ibídem.
[58] En el
mismo sentido Sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del
cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005), rad. 24280 (MP Camilo Tarquino
Gallego); reiterada en las sentencias del cinco (5) de febrero de dos mil ocho
(2008), rad. 30528 (MP Camilo Tarquino Gallego); primero (1º) de febrero de dos
mil once (2011), rad. 44900 (MP Carlos Ernesto Molina Monsalve); veinticinco
(25) de junio de dos mil catorce (2014), rad. 44827 (MP Gustavo Hernando López
Algarra).
[59]
Sentencia T-182 de 2015.
[60]
Al respecto, pueden observarse las sentencias T-062A de 2011,
T-668 de 2011,  T-595 de 2012,  T-576 de 2013,  T-012 de 2014, T-320 de 2014 y
T-549 de 2014 (expedientes T-4.192.231 y T-4.223.178).
[61]
Sentencia T-235 de 2015.
[62]
Cfr. Sentencia T-235 de 2015.
[63]
Sentencia T-037 de 2013.
[64]
Expediente T-4.972.557. Folio 25.
[65]
Expediente T-4.839.721. Folios 2, 28 y 33.
[66]
Expediente T-4.888.671. Folio 4.
[67]
Se toma la fecha en que inició cotizaciones al sistema hasta
la fecha del último aporte. Resolución GNR 058102 del 12 de abril de 2013.
[68]
Expediente T-4.894.578. Folio 19.
[69]
Expediente T-4.904.555. Folio 12.
[70]
Ibíd. Folio 12.
[71]
Expediente T-4.904.555. Folio 12.
[72]
Expediente T-4.945.610. Folio 37.
[73]
Expediente T-4.950.854               . Folio 49.
[74]
Ibídem.
[75]
Cuaderno Corte Constitucional. Folio 20.
[76]
Expediente T4.910.667. Folio 12.
[77]
Expediente T-4.959.034. Folio 193.
[78]
Ibíd. Folio 193.
[79]
Ibíd. Folio 165.
[80]
Ibíd. Folio 36.
[81]
Ibíd. Folios 40 - 47. Desprendibles de pago con sello del
banco de Bogotá.
[82]
Ibíd. Folio 54.
[83]
Ibíd. Folio 62 – 66.
[84]
Cuaderno segunda instancia. Folio 18.
[85]
Ibíd. Folio 5.
[86]
Expediente T-5.049.844. Folio 7-11.
[87]
Expediente T-5.055.240. Historia médica. Folio 81-87
[88]
Expediente T-5.059.862 Folio 36.
[89]
Ibídem.
[90]
Ibíd. Folio 11.
[91]
Cuaderno Corte Constitucional. Folio 10.
[92]
Expediente T-5.062.981. Folio 9.
[93]
Expediente T-5.065.135 Folio 4.