T-773-06
EL DEFECTO FÁCTICO ALUDIDO SE PRESENTA CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO EN
EL QUE SE FUNDAMENTÓ EL JUEZ PRA APLICAR UNA DETERMINADA NORMA ES ABSOLUTAMENTE
IMPERTINENTE O SUFICIENTE ; EL DEFECTO SUSTANTIVO SE CONFIGURA CUANDO LA
DESICIÓN SE ENCUENTRA FUNDADA
Sentencia
T-773/06
DERECHO A LA EDUCACION-Características constitucionales
ACCION DE TUTELA-Aún cuando se abrieron grados de educación
que se habían cerrado no se encuentra que haya hecho superado
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
PUBLICO DE EDUCACION
La ausencia de continuidad en el servicio público de
educación, máxime cuando se trata de los grados 6º y 7º que marcan el cierre de
un periodo educativo y la apertura de otro, constituye una flagrante violación
de preceptos constitucionales. Ello en la medida en que la suspensión del
servicio, aunque tan solo fuese temporal, atenta contra la  correcta y eficaz
prestación del servicio educativo.Así las cosas en el caso en estudio se
presenta la vulneración  de los derechos fundamentales a la educación (art.67
C.P),  derechos de los niños (art.44 CP) y a la igualdad ( art. 13 CP) de los
menores de edad
PLANTA DOCENTE-Autoridades encargadas no dieron respuesta oportuna
ni diligente a padres de familia/ PLANTA DOCENTE-Orden a Gobernación de
hacer nombramientos en forma provisional
Las autoridades administrativas encargadas de los
procedimientos para la definición de las plantas de personal no dieron
respuesta oportuna ni diligente a la solicitud de los padres de familia ni del
Rector mismo para darle resolución a la vulneración del derecho a la educación
de los menores cuyos servicios educativos habían sido abruptamente suspendidos,
la Gobernación del Magdalena con su omisión vulneró la esencia misma del
derecho constitucional a la educación. En la parte resolutiva de este
pronunciamiento se revocará la decisión proferida por el Juzgado Único Civil
del Circuito de El Banco, Magdalena, y en su lugar se dispondrá el amparo del
derecho fundamental vulnerado, previniendo a la Gobernación del Departamento
del Magdalena-Secretaría de Educación para que tome las medidas pertinentes  en
aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en su
jurisdicción, en todos los elementos que la componen y en especial mediante el
oportuno nombramiento de los docentes y personal administrativo que se requieran
de acuerdo con la necesidad del servicio.
Referencia: expediente T-1330730
Acción de tutela instaurada por Juan
Martínez Ángel y Otros contra el Consejo Directivo de la Institución educativa
Departamental rural “SILVIA COTES DE BISWELL”.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos
mil seis (2006).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy
Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Único Civil del Circuito
de El Banco, Magdalena que resolvió la acción de tutela promovida por Juan
Martínez Álvarez y Otros contra  el Consejo Directivo de la Institución
educativa Departamental rural “SILVIA COTES DE BISWELL”.
I. ANTECEDENTES
La Demanda
1. Mediante escrito presentado el 31 de
enero de 2006 los demandantes Juan Martínez Ángel, Nuris Cadena León, Alix Lima
León, María de la Cruz Aguilar Flórez, Mario Munive Martínez, Enrique Toloza
López, Bianis Mozo Olivero, Alfonso Munive Quintero, Arel Lima León, Luis
Alberto Pedrozo, Delkis Alquerque López, Orfelina Rincón Arenilla, Yolanda
Munive Martínez, Temilda Rincón Arenilla y Doris Martínez Torres solicitaron el
amparo del derecho fundamental a la educación (arts. 44 y 67 C.P.) de sus
menores hijos, presuntamente vulnerado por el Consejo Directivo  de la
Institución Educativa Departamental “SILVIA COTES DE BISWELL”  del  municipio
El Banco, Magdalena.
2. El Consejo Directivo de la institución
accionada mediante acuerdo 002 del 13 de enero de 2005, implementó y abrió el
grado 6º de educación básica secundaria en la segunda sede, ubicada en el
corregimiento de Hatillo de la Sabana, con el propósito de garantizar el
desarrollo de la comunidad y la educación de sus habitantes.
3. El 18 de enero de 2006 por medio del
acuerdo No. 02  el Consejo de la institución decidió dar por terminados los
efectos de su resolución anterior y suspender, de manera definitiva, el
funcionamiento del grado 6º  de educación básica secundaria en la sede
señalada. Decisión que se acompañó con la no implementación del grado 7º,
impidiendo con ello la continuidad en la educación de los menores que recibían
clases en esa sede de la institución.
4. Indicaron los petentes que con la
decisión tomada por el Consejo Directivo, encabezado por el Rector de la
institución, el señor ALVARO BELTRÁN, se vulneró el derecho a la educación de
los niños del corregimiento de Hatillo de la Sabana, toda vez que no existe
otra institución educativa a la cual puedan acceder los menores. Esto, teniendo
en cuenta que la sede principal del Colegio queda ubicada a 8 Kilómetros de
distancia, con una vía de comunicación en muy mal estado y en la cual se han
presentado una serie de delitos en contra de menores que tienen que dirigirse
hasta el corregimiento de Tamalamequito a recibir clases. Por otro lado
señalaron los accionantes que la segunda sede de la Institución educativa
cumple con el número de estudiantes exigidos para la creación de los grados 6º
y 7º de básica secundaria y que es obligación del señor Rector asignar el
personal humano requerido para la efectiva prestación del servicio de educación
que reclaman para los menores.
5. En la contestación de la acción de
tutela, el representante legal de la Institución educativa, ALVARO BELTRÁN
JIMÉNEZ, reconoce la existencia de los hechos y acuerdos enunciados en la
demanda, pero, aclara que la decisión adoptada por el Consejo Directivo no es
arbitraria ni violatoria de ningún derecho fundamental toda vez que no es
obligación legal de la institución abrir los grados solicitados, pues, no se
cuenta con el número de docentes necesarios para ello. Así mismo explicó que el
cierre de los cursos 6º y 7º se ocasionó porque los docentes que prestaron sus
servicios en el corregimiento de Hatillo de la Sabana, no aprobaron el concurso
de méritos recientemente efectuado por el Departamento.
Por último insistió en la autonomía del
Consejo Directivo en cuanto a la toma de decisiones encaminadas al buen
funcionamiento del establecimiento educativo. Sostuvo también que la acción de
tutela no fue dirigida en contra de la autoridad competente que en el caso es
la  Gobernación del Departamento del Magdalena y la Secretaría de Educación
Departamental, entidades que a juicio del  representante legal del accionado
son las encargadas de proveer las plazas vacantes requeridas para la prestación
del servicio, razones por las cuales solicita al Juez de instancia se declare
la improcedencia de la acción.
Decisión objeto de revisión
Primera instancia
El Juzgado Único Civil del Circuito de El
Banco, Magdalena mediante fallo proferido el veintiocho (28) de Febrero de
2006  resolvió denegar el amparo del derecho fundamental a la educación,
solicitado por los accionantes.
El mencionado despacho judicial luego de
hacer un análisis de las pruebas obrantes en el proceso, y de las razones
expuestas por el representante legal del Consejo Directivo de la institución,
concluyó que las decisiones adoptadas por la entidad demandada son justificadas
y no vulneran ninguna clase de derechos. Afirma el juez de instancia que de
acuerdo con lo señalado por el señor Secretario de Desarrollo de la Educación
del departamento del Magdalena, en comunicación allegada al proceso, la
potestad de ubicación o traslado de personal docente o administrativo dentro de
establecimientos oficiales del departamento radica en cabeza de la Secretaría
de Educación departamental y debe realizarse mediante  el respectivo acto
administrativo, argumentos que sustentan el fallo de Instancia.
II. SOBRE EL PROCESO
La Sala pudo constatar que en el trámite de
la acción de tutela promovido por Juan Martínez Ángel y Otros, no se vinculó a
la Gobernación del  Departamento del Magdalena aunque sí a la Secretaría de
Desarrollo de la Educación Departamental.
La vinculación de la Gobernación del
Departamento del Magdalena al proceso de tutela resultaba de suma importancia
para la debida conformación del contradictorio puesto que la entidad demandada,
la escuela rural “Silvia Cotes de Biswel” se encuentra adscrita al
Departamento señalado. Es así que al preguntársele[1]
al Secretario de Desarrollo de la Educación del Departamento sobre  si se
encuentra dentro de las funciones del Consejo Directivo de la escuela en
mención realizar traslados de cursos de una sede a otra o grados académicos o
suprimir sedes, respondió que no. En su concepto[2], según el
artículo 7 del Decreto reglamentario 3222 del 2003 del Ministerio de Educación,
los traslados de los docentes y directivos docentes sólo pueden ser realizados
por las autoridades político administrativas del orden local, alcaldes o
gobernadores, en el ámbito de su jurisdicción.
En anteriores oportunidades ésta
Corporación ha establecido que “La integración del contradictorio supone
establecer los extremos de la relación procesal para asegurar que la acción se
entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por quienes
pueden válidamente reclamar la pretensión en sentencia de mérito, es decir,
cuando la participación de quienes intervienen en el proceso se legitima en
virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado en la causa es
tanto como tener derecho, por una de las partes, a que se resuelvan las
pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como
legítimo contradictor de tales pretensiones.”[3]
Es así mismo pertinente recordar que el
artículo 13 del decreto 2591 de 1991, reza "la acción (de tutela) se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental", de suerte que para que
resulte eficaz la decisión del juez de tutela se precisa que se vinculen al
proceso todas las partes que tengan interés jurídico en el mismo, y en
especial, a aquellas que, al ser potenciales generadoras del perjuicio a los
derechos fundamentales son ellas mismas las que pueden cesar o enmendar la
presunta vulneración de un derecho fundamental.
“Por consiguiente, una vez presentada la
demanda de tutela, la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales que aduce el
accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con todos los elementos de
juicio, convocando a todas las personas que activa o pasivamente se encuentren
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”[4]
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha recibido la figura del litis consorcio necesario tal como lo
establece el Código de Procedimiento Civil[5], aunque con
consecuencias diversas. Es así que aunque para los procesos civiles la indebida
conformación del contradictorio da lugar a una decisión inhibitoria, en los
procesos de tutela la misma impide el conocimiento de fondo del asunto por la
Sala de revisión, pero, el vicio procesal se presenta saneable.
Dos son entonces las técnicas implementadas
por la Corte para subsanar la nulidad por indebida conformación del
contradictorio i) Se declara la nulidad de todo lo actuado, se devuelve el
proceso a la primera instancia para que subsane el error procesal y por ende,
reinicie la actuación judicial; o, ii) La misma Corte integra el contradictorio
en sede de revisión, pues “si bien la Corte ha considerado que no debe
tramitar directamente el incidente de nulidad por falta de notificación cuando
éste se detecta en el momento de la Revisión de los fallos, también ha
considerado que, en casos especiales, cuando las circunstancias de hecho lo
ameritan o se encuentran en juego derechos fundamentales de personas cuyo
estado de debilidad es manifiesto, su deber es vincular al proceso a quienes no
fueron llamados y tienen un interés en el mismo.”[6]
Así las cosas, en el caso sub-lite,
el Juez Único Civil Municipal de El Banco incurrió en un error procesal al no
citar al proceso de tutela al Gobernador del Departamento del Magdalena. Dado
que esa autoridad podría verse afectada con la decisión o, aún más, encontrarse
comprometida con el cumplimiento de la sentencia de tutela en revisión, el
Gobernador del Departamento del Magdalena ha debido ser convocado a integrar el
contradictorio y hacer uso del derecho de defensa, tanto para aportar como para
controvertir las pruebas, tal como lo señala el artículo 29 de la C.P.
Teniendo en cuenta que el derecho
presuntamente vulnerado e invocado en su protección por los padres de familia
es el derecho a la educación de sus hijos menores, mediante Auto de diez (10)
de agosto de 2006 el Magistrado Sustanciador convocó a la Gobernación del
Departamento del Magdalena para que integrase el contradictorio, presentara
pruebas y expusiera los criterios que a bien tuviese en relación con los hechos
sometidos al conocimiento del juez constitucional de instancia y sobre las
pretensiones de los demandantes. Así mismo se le solicitó presentar el
siguiente material probatorio: 1) Certificación de la nómina de docentes
adscritos a la Institución Educativa Departamental Silvia Cotes de Biswell para
los grados 6º y 7º de la Segunda Sede; 2) Los resultados del concurso de
méritos para proveer las plazas de docentes por el Departamento en relación a
la Institución Educativa en cuestión; 3) Informe sobre la situación actual de provisionalidad
en los cargos que, como resultado del concurso docente, se encuentren
vacantes.
Ante el retraso
en la recepción del material probatorio solicitado y la importancia del mismo
para tomar una decisión de fondo, mediante Auto del veintidós (22) de agosto de
2006 se suspendieron los términos del proceso.
III. CONSIDERACIONES
La Corte
Constitucional desde sus inicios ha catalogado el derecho a la educación como
fundamental. Considerándolo como un derecho inherente a la persona, propio de
la esencia del hombre y de su dignidad humana,  amparado por la Carta Política
y por los tratados internacionales de derechos humanos.
Dentro de las
características constitucionales del derecho fundamental a la educación se
encuentran:
i) La educación constituye una función social y un
pilar fundamental del desarrollo y  evolución de la sociedad, por esta razón el
Estado debe asegurar una adecuada prestación de este servicio, “con el
propósito de  realizar los principios básicos de un Estado social de derecho,
como el pluralismo, la tolerancia, el respeto a la dignidad humana y
desarrollar una cultura alrededor de los valores que alimentan la democracia y,
además, se instituye en un instrumento apto para formar a las colombianas y
colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia,
en la práctica del trabajo y la recreación[7]”.
ii) La educación como derecho constitucionalmente
consagrado adquiere el carácter de servicio publico, cuya prestación está a
cargo tanto de las entidades estatales como de los particulares, quienes
conjuntamente deben garantizar el adecuado cubrimiento y la efectiva prestación
del mismo.
El carácter de servicio público reconocido por el
Constituyente a la educación contiene a su vez dos rasgos principales: 1). La
continuidad en la prestación y 2). El funcionamiento correcto y eficaz[8].
De lo cual puede deducirse que el núcleo fundamental de la educación radica en
el acceso y permanencia de los estudiantes en la misma. Dado que en el Estado
recae la obligación de garantizar que todas las personas, y en especial los
niños tengan acceso al sistema educativo, le corresponde proveer los elementos
necesarios para que el servicio prestado esté revestido de calidad y pueda
también garantizarse la permanencia de los educandos en el sistema. Este último
aspecto del derecho a la educación genera una serie de obligaciones para el
estado, los educadores y los padres de los educandos.
iii) La educación constituye un presupuesto
para la efectividad de otros derechos constitucionales como el libre desarrollo
de la personalidad el cual comprende “la autonomía de cada uno para
realizarse según sus particulares valores, aspiraciones, aptitudes,
expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios, trazando a su propia
existencia en los variados aspectos de la misma las directrices que mejor le
convengan y agraden en cuanto no choquen con los derechos de los demás ni
perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico”[9],
y  la igualdad “(…) por cuanto, en la medida en que la persona tenga
igualdad de oportunidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la
vida para su realización como persona.”[10]
iv) También ha
señalado la Corte la importancia de la protección del derecho a la educación
especialmente en tratándose de menores de edad, teniendo en cuenta  que el art.
44 constitucional consagra a ésta como un derecho fundamental de los niños,
imponiendo la obligación de su protección al Estado.
v) Para
garantizar la protección del derecho a la educación y  la efectiva prestación
del servicio, debe el Estado desarrollar y adelantar políticas  para el acceso
a la educación y para el  adecuado cubrimiento del mismo;  para ello cuenta con
mecanismos Constitucionales ( art. 67 CP) y legales. Así las cosas la Ley 115
de 1994  define y desarrolla la organización y prestación del servicio a la
educación, despliega los postulados constitucionales responsabilizando
conjuntamente al Estado, a la  familia y a la sociedad como promotores y
vigilantes de la  prestación del servicio y el cumplimiento de los fines de la
misma.
vi) El Estado
puede delegar la prestación del servicio en particulares bajo el control y la
vigilancia de éste “La presencia de la sociedad como destinataria de
obligaciones respecto de la educación, obedece a que la solidaridad es un
principio fundante del Estado social de derecho. Se patentiza la presencia de
la sociedad en la educación en diferentes planos, uno de los cuales es la
educación privada[11]”. Las
instituciones educativas de carácter privado están sujetas a la reglamentación
legal, dirigida a la regulación en el establecimiento de un estándar de calidad
que garantice la adecuada prestación del servicio.
vii) Por su
carácter descentralizado, entre las múltiples entidades encargadas de velar por
el debido y estricto funcionamiento del sistema educativo nacional se
encuentran las entidades territoriales, las cuales de acuerdo con la
Constitución y la ley están facultadas para realizar gestiones encaminadas al
mejoramiento del servicio. Dentro de estas facultades se encuentra la
distribución de la planta docente en el departamento, en cabeza del Gobernador,
para ello podrán de manera discrecional trasladar docentes dentro de  su
jurisdicción de acuerdo con las necesidades del servicio. “Esta facultad
conocida como el ius variandi  obedece a criterios de discrecionalidad para
modificar la ubicación territorial de los funcionarios, con el fin de
solucionar necesidades insatisfechas  de la población en materia educacional.”[12]
viii) Dentro de
los ámbitos de desarrollo del derecho a la educación se tiene el prestacional.
Es así que la correcta prestación del servicio de la educación pública genera
un gasto para la administración que debe ser soportado con los recursos
públicos a fin de garantizar el acceso de los ciudadanos que lo requieran.
Así, dentro de los planes y presupuestos de la nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social  tiene prioridad sobre cualquier
otro. Bajo ésta misma perspectiva los directores de las entidades territoriales
deben velar por el adecuado cumplimiento de las políticas educativas, con el
fin de garantizar el cubrimiento de la población que requiera del servicio.
ix) Al ser la
educación un derecho fundamental que debe ser proporcionado y garantizado por
el Estado, se tiene además que todos y cada uno de los habitantes del país
tienen el derecho de acceder a ella, sin ningún tipo de discriminación.
Tratándose de menores que se encuentran en zonas rurales o apartadas de
cabeceras municipales, debe prestarse una especial atención a esta población
teniendo en cuenta que su ubicación geográfica, no puede, ni debe ser, un
impedimento para el adecuado goce y disfrute de sus derechos. En estos casos es
deber del Estado disponer de centros educativos para que los menores puedan
asistir a ellos, dotar a esos centros educativos de los elementos mínimos para
la prestación del servicio, así como nombrar docentes idóneos y en cantidad
suficiente para atender la demanda educativa en forma continua.[13]
La efectiva
prestación del servicio y la permanencia en el mismo  implican  la existencia
de ciertas obligaciones que han sido desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional, a saber:
“Por ello, atendiendo los mandatos
superiores la satisfacción del derecho a la educación de los niños y niñas que
habiten zonas rurales implica i) que las escuelas deben estar disponibles en
todos los centros poblados o a una distancia razonable para que los menores
puedan asistir a ellas (obligación de accesibilidad); ii) que los centros
educativos cuenten con las condiciones materiales mínimas exigidas para prestar
el servicio a los discentes (obligación de aceptabilidad); y iii) que se
nombren docentes idóneos y en cantidad suficiente para atender la demanda educativa
en forma continua (obligación de asequibilidad). En este sentido se ha
pronunciado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Educación, quien ha hecho hincapié en que uno de los grandes retos de los
Estados en torno a la disponibilidad de la educación es hacer asequible la
enseñanza primaria a las comunidades rurales aisladas.[14]”.
x) La protección
constitucional de la educación como derecho fundamental y servicio público es completa
y se hace extensiva a toda la educación básica comprendiendo los elementos y
entorno que conforman el derecho.
De conformidad
con el art. 67 de la carta Política, el derecho en mención comprende como
mínimo 1 año de preescolar y nueve grados de educación básica.  Esto, con el
fin de materializar la permanencia y continuidad de la educación, puesto que
éste servicio no puede fraccionarse ni  cercenarse sin acarrear una afectación
al derecho.
Resolución del
caso:
Según los hechos
narrados en la demanda y corroborados por el Rector, la institución educativa
rural ubicada en el corregimiento Hatillo de la Sabana, abrió para el periodo
lectivo 2006 los grados 6º y 7º. Posterior a ello hubo una serie de
acontecimientos que generaron la interrupción de los cursos y gracias a la
insistencia de los padres de familia se produjo su reapertura. La sede
principal de la escuela se encuentra en el municipio de El Banco, Magdalena a
aproximadamente 8 kms. de distancia del corregimiento señalado. Distancia que,
durante el periodo de cierre de los cursos, debían recorrer a diario los
menores para acceder a su lugar de estudio. Tal situación había obligado a los
niños y niñas a asumir riesgos personales atentatorios de sus derechos
fundamentales.
Una vez
conformado el contradictorio, la Gobernadora (e) y el Secretario del Desarrollo
de la Educación del Magdalena explicaron que en la medida en que la sede
Hatillo de la Sabana de la escuela en mención actualmente cuenta con los
docentes y la prestación en normalidad de los cursos, no es procedente la
acción de tutela. Así mismo señalaron que pese a que la tutela instaurada por
los padres de familia no prosperó ante el juez de instancia, la gobernación
corrigió la situación existente. No obstante, de las pruebas aportadas al
expediente se estableció que el cierre de los grados 6º y 7º se ocasionó por la
comunicación del Secretario de Desarrollo de Educación del Departamento, quien
a inicios del año lectivo envió a los Alcaldes, Supervisores, Directores de
Núcleo Educativo, Rectores, Docentes y Administrativos la siguiente
instrucción:
“…Los docentes y
administrativos, que por necesidad del servicio ameriten laborar en las
Instituciones o Centros Educativos de los municipios no certificados del
Departamento del Magdalena; es requisito indispensable presentar al Rector
del establecimiento educativo correspondiente, el Acto Administrativo expedido
por el Departamento del Magdalena que los autoriza para tal propósito…”[15]
Con la
reconstrucción de los hechos por las partes y la ampliación de las pruebas, se
logra deducir que esta medida buscaba, al parecer, evitar la extralimitación de
funciones de algunos rectores que habían, apartándose de las normas legales,
generado la apertura de cursos, como según la Gobernadora (e) había sucedido
con la escuela demandada.[16]
No obstante el
carácter regulador de la instrucción, ésta no fue acompañada de los actos
administrativos que corrigiesen la situación de falta de docentes de ciertas
instituciones educativas del departamento, correspondientes a municipios no
certificados y por ende dependientes de las decisiones que se tomasen desde la
Gobernación. De suerte que la principal consecuencia de la misma fue cerrar las
opciones que habían intentado enmendar la situación que generó la no aprobación
del concurso de méritos por la mayor parte de los profesores de la institución
educativa demandada –con la aceptación de profesores voluntarios-. De hecho
resulta claro que ante la presión de los padres de familia y la pasividad del
Departamento para dar respuesta a la demanda de nuevos docentes y la  apertura
de cursos, el Rector de la institución educativa resolvió transitoriamente la
situación con las opciones que se encontraban a su alcance, todo ello en aras
de garantizar la prestación del servicio. Como efectivamente sucedió hasta la
instrucción departamental reseñada líneas arriba.
En la aclaración
de tutela rendida por el Rector de la escuela demandada al Secretario de
Desarrollo de la Educación del Magdalena[17] se explica
cómo los padres de familia de la comunidad de Hatillo de la Sabana “en su
empeño de lograr el funcionamiento de los grados sexto y séptimo de esa
localidad” [18] abordaron al secretario
de educación luego de un Consejo de Gobierno Departamental realizado en el
municipio de El Banco[19], consiguiendo que el
Secretario de Educación les firmase la autorización para que el Consejo
Directivo y el Rector pudiesen dar continuidad al grado sexto  y apertura del
séptimo. Así mismo se dio visto bueno para que se mantuviera el compromiso de
ampliación anual de cada grado hasta implementar el Ciclo Completo de Básica
Secundaria, es decir, hasta el grado noveno en la Sede Hatillo de la Sabana.
Las palabras del
Rector resultan lo suficientemente esclarecedoras para identificar donde se
encontraba el impasse para la correcta prestación del servicio: “El
Consejo Directivo y el Rector recibieron con beneplácito la decisión anterior
porque el único inconveniente de peso era la falta de docentes para atender
esos grados, ya que con la autorización del Secretario de Educación
Departamental se garantizaba el nombramiento de docentes, no sólo para atender
los Grados sexto y séptimo de Hatillo de la Sabana, sino todas las 4 Sedes de
ésta Institución Educativa.”[20]
Tal autorización
departamental fue confirmada con el estudio realizado el 4 de abril del
presente año y ordenado por la Gobernación para que una comisión de
supervisores adscrito a la Secretaría de Desarrollo de la Educación del
Magdalena, analizara las condiciones socioeconómicas  de la comunidad y diese
su visto bueno para la apertura del grado 6º y 7º.
Aunque la
aprobación de los cursos por la gobernación fue posible, el Rector superó la
situación de déficit de docentes con voluntarios sin nombramientos, pues sólo
hasta que el 9 de agosto, un día antes de que ésta Sala solicitase las pruebas
sobre los nombramientos en provisionalidad de los docentes, la Gobernadora (e) expidió
el Decreto No. 1788 en el que cubren provisionalmente las vacantes en la planta
global del Departamento del Magdalena con docentes en las diferentes áreas en
el Municipio de El Banco. Es así que fueron nombrados alrededor de 185
profesores dentro de los cuales 11 correspondían a la Escuela Rural Silvia
Cotes de Biswell.
El número de
docentes nombrados en provisionalidad y las instituciones educativas del
departamento beneficiadas con la decisión nos sugieren la verdadera dimensión
del problema en materia educativa del Departamento del Magdalena. De ello se
logra deducir que los padecimientos de la institución educativa Biswell eran
apenas una muestra de los problemas en la prestación de los servicios
educativos que otros padres y estudiantes habían debido soportar para obtener
el cumplimiento del derecho.
A su vez, la
fecha de expedición del Decreto, a mediados del año lectivo 2006, una vez
iniciada la revisión del proceso por ésta Sala y un día antes de su
notificación para la conformación del contradictorio, nos sugiere que las
decisiones del Departamento fueron tomadas sobre la marcha y no porque
existiese una clara vocación de respuesta. Razones todas ellas por las cuales
no resultan del todo convincentes las afirmaciones de la Gobernadora en su escrito
allegado al expediente y en el que sostiene que teniendo en cuenta que el
derecho fundamental a la educación es un derecho consagrado tanto en el art. 27
como en el 67 de la Carta Política, así como en la Ley, éste  “no ha venido
siendo conculcado por parte del Departamento del Magdalena ni por la Secretaría
de Desarrollo de la Educación ya que se hicieron los nombramientos de los
docentes para que cubriera las diferentes áreas y se llevará (sic) a cabo la
educación en los grados 6º y 7º en dicho plantel educativo.”[21]
Así mismo la
Gobernadora solicitó en su escrito dirigido al Magistrado Sustanciador, que se
confirmase la decisión del Juez Único Civil de Circuito del Banco.
Lo cierto es que
en la actualidad los cursos 6º y 7º se encuentran en funcionamiento brindando
la prestación del servicio a 42 alumnos para el primero y 25 para el segundo,
en la Sede Hatillo de la Sabana de la escuela Biswell.
Tal situación
podría llevarnos a afirmar, como lo ha hecho ésta Corporación en otras
situaciones similares, que “al haber sido superadas las causas que
originaban la amenaza o violación de los derechos fundamentales de la
accionante, y que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, no tendría
objeto que la Sala revisara el fallo de instancia para efectos de establecer si
es procedente revocarlo o modificarlo.”[22]
En
otras ocasiones y en el mismo sentido, la Corte ha dicho, “Existiendo
carencia de objeto “no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir
esta Corte con el fin de amparar los derechos del accionante, pues
en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia.”[23]
Más, cuando la Sala entiende que aunque existe
carencia actual de objeto por sustracción de materia, y por ende no procede una
orden que busque proteger un derecho fundamental amenazado, ello no impide que “la
Corte analice si existió una vulneración y, de esta manera, determine el
alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”[24]
A pesar de encontrar ésta Sala la vulneración de los
derechos invocados en la demanda, aparentemente la acción de tutela padece de
carencia actual de objeto, de acuerdo con lo que ha sostenido esta Corporación.[25]
Sobre ello ésta Corporación ha dicho,
“Por la misma naturaleza
inmediata y sumaria del mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta, las
acciones u omisiones constitutivas de amenaza o vulneración a derechos
fundamentales amparados por la Constitución, deben ser denunciadas
oportunamente, pues, de no ser así la orden que el juez de tutela debe impartir
respecto de quien incurre en aquellas vendría a ser inocua por extemporánea. En
el presente caso, sería completamente inútil que, luego de transcurridos varios
meses del proceso electoral en el que posiblemente estaba interesado quien
ejercía la indebida presión alegada ahora por la petente, se le ordenará cesar
en la ejecución de los actos que la configuraban. Por ello, según las normas
legales pertinentes, no procede la tutela cuando se intenta contra actos
consumados”[26]
Sin embargo, que exista una carencia
actual de objeto no significa que la Sala deba ratificar la decisión del juez
de instancia, cuyos argumentos se separan de su jurisprudencia. Porque “confirmar un fallo contrario a la Carta no
es lo procedente.”[27]
Es así que “cuando se evidencie que en
la sentencia objeto de revisión, el juez de conocimiento debió conceder la
protección de amparo constitucional y no lo hizo, y  aunque, la situación
fáctica que motivó la tutela ya se haya superado, el camino a seguir es revocar
dicha providencia y declarar la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, como efectivamente se hará en la parte resolutiva de esta sentencia,
aclarando que, no se impartirá ninguna orden con respecto al derecho invocado,
pues como ya se vio, ninguna razón tendría hacerlo.”[28]
No obstante cabe señalar que el Rector en
su escrito de aclaración de tutela menciona que si bien la institución ha
cumplido con el compromiso en la Sede   Hatillo de la Sabana, “existe
preocupación por la falta de nombramientos de los docentes que de manera
voluntaria han contribuido en la normalidad de las labores académicas de
toda la institución en el 2006, por lo que se hace indispensable el
nombramiento de 18 docentes y 5 administrativos para seguir prestando el
Servicio Educativo sin interrupción alguna, en caso contrario, ésta en juego el
compromiso del sostenimiento de los grados sexto y séptimo de Hatillo de la
Sabana y el reto de seguir manteniendo la cobertura ampliada en el 2006.”[29] (negrillas en el texto)
Tal advertencia resulta de suma
importancia pues revela la fragilidad con la que, pese a los nombramientos
recientes, aún se encuentra en el sostenimiento de los cursos señalados. Por
otra parte los grados octavo y noveno aún no han sido abiertos.
Por esta razón, al revisar los supuestos
fácticos y la solicitud de tutela, esta Sala no encuentra plenamente superados
los hechos que dieron lugar a ésta demanda, y por tanto no se ha consolidado
una carencia actual de objeto. Por otra parte ésta Sala no comparte los
argumentos presentados por el a-quo para negar el amparo judicial, por
lo cual entrará al fondo del asunto:
La Constitución
política en su art. 305 consagra dentro de las atribuciones de los gobernadores
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del
Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales; 2. Dirigir y
coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con
la Constitución y las leyes; 6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas
generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo
cultural, social y económico. Ahora bien, de este mandato constitucional en
consonancia con la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001[30],
se desprende que el gobernador del departamento, como suprema autoridad
administrativa del ente territorial, es el encargado de proveer los elementos
necesarios para la prestación del servicio educativo entre ellos la planta
docente.
Es así que la
Ley 715 de 2001 dispone que para proveer los cargos docentes deben realizarse
concursos de méritos teniendo en cuenta los principios de transparencia,
meritocracia y necesidad del servicio con el fin de garantizar la educación de
la población. En el artículo 6º de la misma establece dentro de las
competencias de los gobernadores:
6.2.3.Administrar, ejerciendo las facultades señaladas
en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el
personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la
planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello,
realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido,
administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos
disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes
entre los municipios[31], preferiblemente
entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos
administrativos debidamente motivados[32].
Los concursos de
méritos se  encuentran a su vez reglamentados por los Decretos 3238 de 2004,
modificado por el 3333 de 2005, y 4235 del mismo año.
En el caso que
nos ocupa, el Rector del Colegio alegó en la primera, y a la postre única
instancia,  que la razón por la cual en la actualidad no se cuenta con los
docentes requeridos para darle apertura a los grados suspendidos es porque en
el último concurso docente los profesores no consiguieron aprobarlo, lo que
generó el déficit actual.
No obstante,
según el cuerpo normativo vigente, los gobernadores gozan de un amplío margen
de maniobra y de suficientes instrumentos jurídicos que le permiten cubrir las
necesidades educativas en su departamento. El gobernador en su gestión
educativa puede, a fin de garantizar el derecho a la educación, realizar
traslados de personal y en últimas, nombrar provisionalmente a los docentes
mientras se realiza un nuevo concurso de méritos.
En éste sentido
ésta Corporación ha expresado:
“Cuando en un
municipio se presenta déficit docente es  procedente tutelar el derecho a la
educación, ordenándose para que realicen las gestiones encaminadas a la
provisión de cargos docentes y administrativos requeridos en el mismo, previos
los trámites relacionados con la consecución de las partidas que en forma
prioritaria se requieren para atender los gastos que demande el funcionamiento
del servicio público de educación.”[33]
De lo anterior
se desprende que la ausencia de continuidad en el servicio público de
educación, máxime cuando se trata de los grados 6º y 7º que marcan el cierre de
un periodo educativo y la apertura de otro, constituye una flagrante violación
de preceptos constitucionales. Ello  en la medida en que la suspensión del
servicio, aunque tan solo fuese temporal, atenta contra la  correcta y eficaz
prestación del servicio educativo.
Así las cosas en
el caso en estudio se presenta la vulneración  de los derechos fundamentales a
la educación (art.67 C.P),  derechos de los niños (art.44 CP) y a la igualdad (
art. 13 CP) de los menores de edad de la comunidad del corregimiento de Hatillo
de la Sabana del municipio de El Banco, Magdalena, en la medida en que las
autoridades departamentales no fueron diligentes a la hora de garantizar al
acceso y en especial la continuidad y la  permanencia de los menores en el
sistema educativo. Esta situación se evidencia al considerar que la sede No 2
de la Institución educativa “SILVIA COTES BISWELL” normalizó su situación con
parte del personal docente sólo a mediados del periodo lectivo 2006.
Por otra parte,
aún con la tardanza en los nombramientos se denota cierta fragilidad con la
actual planta docente. Es así que de los 26 profesores actuales 19 de ellos no
tienen legalizada su situación, pues se trata de docentes voluntarios sin
nombramiento, 3 han sido trasladados y tan solo 4 han sido incluidos en los
recientes nombramientos provisionales. Así mismo respecto  al personal
administrativo ninguno de los cinco funcionarios que actualmente prestan sus
servicios ha sido nombrado lo que lleva a que esta Sala concluya que no han
sido plenamente satisfechos los requerimientos para la efectiva prestación del
servicio, con lo cual se desconocen los preceptos constitucionales y legales
que amparan dicho servicio.[34]
Por esta razón
debe señalarse que las autoridades administrativas encargadas de los
procedimientos para la definición de las plantas de personal no dieron
respuesta oportuna ni diligente a la solicitud de los padres de familia ni del
Rector mismo para darle resolución a la vulneración del derecho a la educación
de los menores cuyos servicios educativos habían sido abruptamente suspendidos,
la Gobernación del Magdalena con su omisión  vulneró  la esencia misma del derecho
constitucional a la educación.
En éste
contexto, la decisión del Juez Único Civil del Circuito de El Banco, en el
sentido de no amparar el derecho a la educación de los menores resultó
desafortunada y pasiva. Lo primero, pues, no solamente no integró debidamente
el contradictorio al omitir convocar a la Gobernación, sino que sus diligencias
probatorias se dirigieron a demostrar que los demandados, el Rector y el
Consejo directivo de la escuela, no eran  competentes para darle apertura a los
cursos que solicitaban los padres de familia. Sin que ello implicase determinar
quién era el efectivamente competente y por tanto en quién recaía la
responsabilidad en dar terminación a la vulneración de los derechos
conculcados.
Esta segunda
situación de pasividad por el juez creó una paradoja en la que el funcionario
público que sí era competente para resolver la situación de déficit de
profesores que aquejaba al Departamento, el Secretario de Desarrollo de la
Educación del Departamento, no es convocado al proceso para finiquitar la
vulneración de los derechos en cuestión, sino que es convocado con el único fin
de ratificar que el Rector y el consejo directivo de la Escuela carecían de la
competencia para resolver el asunto.  En resumen, el responsable de la
vulneración de los derechos se limita a confirmar que el demandado no lo es.
Pero a cambio, no se le ordena al que sí lo es, que de una vez por todas
resuelva la situación.
Por lo
anteriormente expuesto, en la parte resolutiva de este pronunciamiento se
revocará la decisión proferida por el Juzgado Único Civil del Circuito de El
Banco, Magdalena, y en su lugar se dispondrá el amparo del derecho fundamental
vulnerado, previniendo a la Gobernación del Departamento del
Magdalena-Secretaría de Educación para que tome las medidas pertinentes  en
aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en su
jurisdicción, en todos los elementos que la componen y en especial mediante el
oportuno nombramiento de los docentes y personal administrativo que se
requieran de acuerdo con la necesidad del servicio.
Así mismo se le
ordenará a la Gobernación del Departamento del Magdalena-Secretaría de
Educación para que en el término de un (1) mes nombre en forma provisional a
los docentes que actualmente prestan sus servicios en los grados 6º y 7º de la
Segunda Sede del Colegio “SILVIA COTES DE BISWELL”.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta  de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
LEVANTAR
los términos del presente proceso, ordenada por Auto del veintidós (22) de
agosto de 2006.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Civil
Circuito de El Banco, Magdalena, de veintiocho (28) de febrero de dos mil seis
(2006) mediante la cual denegó el amparo solicitado por el señor Juan Martínez
Ángel y Otros, y en su lugar amparar el derecho fundamental a la educación por
las razones expuestas en ésta providencia.
Tercero. ORDENAR
a
la Gobernación del Magdalena–Secretaría de Educación para que en el término de
un (1) mes nombre en forma provisional los docentes que actualmente prestan sus
servicios en los grados 6º y 7º de la Segunda Sede del Colegio “SILVIA COTES DE
BISWELL”.
PREVENIR a la
Gobernación de Magdalena–Secretaría de Educación para que tome las medidas
pertinentes en aras de garantizar la efectiva continuidad en la prestación del
servicio educativo en su jurisdicción, en todos los elementos que la componen,
y, en especial, mediante el oportuno nombramiento de los docentes y personal
administrativo que se requieran de acuerdo con las necesidades del servicio.
Con tal fin, por Secretaría General se librarán los correspondientes oficios.
Cuarto. El desacato a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de las
sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Folio
27.
[2] Folio
37.
[3] Auto 09/
94.
[4]
Auto 019/97.
[5]
“El Código de Procedimiento Civil ordena la integración
oficiosa del contradictorio, la cual se cumple por el juzgador al admitir la
demanda o después de ello, pero antes de dictar la sentencia de primera
instancia (Art. 83). La ley no autoriza al juez de segunda instancia para citar
a quienes debían comparecer como litisconsortes necesarios, de manera que en su
defecto, su facultad se reduce a revocar la sentencia del a-quo y proferir una
decisión en la que se declare formalmente inhibido para resolver de fondo el
asunto.” Auto No. 09/94.
[6]
Auto del 4 de junio de 2003 de la Sala Cuarta de Revisión.
[7] Sentencia T-780/99. M.P.
Álvaro Tafúr Gálvis.
[8] Sentencia T-331/98. M.P.
Fabio Morón Díaz.
[9] Sentencia T-624/95, M.P.
José Gregorio Hernández, también presente en la T-780/99, M.P. Álvaro Tafur
Gálvis.
[10] Sentencia T-290/96 M.P.
Jorge Arango Mejía.
[11] Sentencia SU-624/99.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12] Ley 115/1994 , Sentencia
C-918/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[13] Sentencia T 963/2004
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14] Sentencia T-963/04. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Circular No.1 de Enero
10 de 2006 firmada por el Secretario de Desarrollo de la Educación del
Magdalena. Folio 48.
[16]
La Gobernadora (e) explicó: “El decreto 1860 de 1994, por el cual se
reglamentó parcialmente la Ley 115 de 1994 en su art. 23 señala taxativamente
las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos y no se
encuentra en ellos la facultad de crear nuevos grados para los educandos tal
como aconteció en el caso del Consejo Directivo de la Institución Educativa
Silvia Cotes de Biswell cuando implementó mediante acuerdo 002 de enero 13 de
2005 los grados 6º y 7º de educación básica secundaria y que  a la postre
mediante el acuerdo 02 el mismo Consejo Directivo el 18 de enero de 2006
decidió dar por terminado los efectos de su resolución extralimitándose en sus
funciones de acuerdo a lo señalado en el art. 6º de nuestra Carta Magna.”
Folio 31.
[17] De
fecha 17 de agosto de 2006.
[18] Folio 37.
[19] En fecha 26 de marzo de
2006.
[20] Folio 37.
[21] Folio 32.
[22] Corte Constitucional,
Sentencia T-029-05, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En este caso se trataba
de  una mujer en situación de desplazamiento que no había podido acceder a los
servicios estatales de protección a los desplazados por no contar con el
documento nacional de identidad, entonces en trámite ante la Registraduría
Nacional. No obstante, para el momento de la revisión de tutela por la Sala
Novena de Revisión, la Registraduría informó sobre la entrega de la cédula a la
demandante.
[23] Sentencia
T-972 de 2000. Posición reiterada en la Sentencia T-309/06, M.P. Humberto
Sierra Porto.
[24] Sentencia
T-309/06, M.P. Humberto Sierra Porto.
[25] Sentencia T-167/97. M.P.  Vladimiro Naranjo Mesa.
[26]
Sentencia T-594/92. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[27] Sentencia T-271/01
Manuel José Cepeda Espinosa.
[28]  Sentencia T-029-05
Clara Inés Vargas Hernández.
[29] Folio 38.
[30] Es así que en su artículo 6º reza que corresponde a
los departamentos, dependiendo el grado de descentralización obtenido por medio
de la certificación de municipios, entre otras las siguientes competencias:
Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios,
cuando a ello haya lugar; Administrar y responder por el funcionamiento,
oportunidad y calidad de la información educativa departamental y suministrar
la información a la Nación en las condiciones que se requiera;  Dirigir,
planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley  (respecto a
los municipios no certificados).    Participar con recursos propios en la
financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones
de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos
no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de
Participaciones;  Mantener la cobertura actual y propender a su
ampliación; Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en
su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el
Presidente de la República; Prestar asistencia técnica y administrativa a las
instituciones educativas, cuando a ello haya lugar; Promover la aplicación y
ejecución de planes de mejoramiento de la calida; Distribuir entre los
municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con
las necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento;  Distribuir las
plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados
administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender
en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la
materia;  Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su
jurisdicción;  Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón,
la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de
esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
[31]
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-617/02 de 8 de agosto de 2002,
Magistrados Ponentes  Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño. Mediante Sentencia
C-618/02 de 8 de agosto de 2002, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda
Espinosa, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en a la Sentencia
C-617/02.
[32]
Aparte en letra cursiva declarado EXEQUIBLE, solo por los
cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918/02 de 29 de octubre de 2002,
Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett.
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para
pronunciarse de fondo sobre los apartes demandados de este numeral, mediante Sentencia C-508/04 de 25 de mayo de 2004, Magistrado
Ponente Jaime Araujo Rentería.
[33] Sentencia T- 963/2004.
M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[34] Folio
38.