C-020-15
Sentencia C-020/15
DISPOSICIONES DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LEY 100 DE 1993-Requisitos para obtener la pensión de invalidez/DISPOSICIONES
DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Exigencias generales para acceder a la
pensión de invalidez por origen común y las reglas especiales
NORMA CONTENIDA EN LEY 860
DE 2003 QUE ESTABLECE CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA OBTENCION DE PENSION
DE INVALIDEZ PARA PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS-Aplicación a toda la población joven, frente a la cual
concurren las mismas razones que en este caso justifican la existencia de esta
regla especial
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º
del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones. Consideran los demandantes que la norma acusada
vulnera disposiciones Superiores, al prever una excepción a los requisitos generales
para acceder a la pensión de invalidez, que no comprende a todo el universo de
personas que debería incluir. La Sala constató que la decisión legislativa de
delimitar esta regla especial únicamente para los menores de veinte años de
edad, sin extenderla hacia todos los jóvenes con veinte años o más, no tuvo
ninguna justificación específica en los debates parlamentarios que antecedieron
a la expedición de la ley, ni respondió a un criterio objetivo y razonable.
Para remediar el déficit de protección generada, la Corte declaró EXEQUIBLE la
norma, en el entendido de que se debe aplicar, en cuanto sea más favorable, a
toda la población joven. Para este efecto precisó, que este grupo poblacional
se debe entender como aquel que tenga hasta 26 años de edad, inclusive.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aspectos
que deben evaluarse para establecer si cabe un pronunciamiento de fondo cuando
la demanda se orienta a solicitar la exequibilidad condicionada/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Pretensión se orienta a obtener un fallo de
exequibilidad condicionada/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cuando se
cumple con todos los requisitos legales y jurisprudenciales, no cabe declarar
la ineptitud sustantiva de la demanda en razón a que la pretensión se oriente a
obtener una sentencia de exequibilidad condicionada
JOVENES, JUVENTUD Y
JUVENILES-Sentido y
alcance de dichas expresiones
POBLACION JOVEN-Libertad de configuración legislativa en
la definición de quienes la integran
NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
JUVENTUD Y TERCERA EDAD-Fijación
de edad para delimitar dichas etapas
JOVEN-Concepto en instrumentos internacionales
JOVEN-Definición en el derecho comparado
CONSTITUCION POLITICA-No prevé un marco temporal de edad,
expresado en números de años de los individuos, con fundamento en el cual se
pueda determinar aritméticamente cuándo una persona empieza o deja de
considerarse joven
DERECHO DE LOS JOVENES A
DISFRUTAR SIN DISCRIMINACION DE PRESTACIONES PENSIONALES PARA CUBRIR EL RIESGO
DE INVALIDEZ
REQUISITO DE SEMANAS DE COTIZACION PARA PENSION DE INVALIDEZ-Jurisprudencia
constitucional
EXIGENCIAS ESPECIALES
APLICABLES AL TRABAJO DE MENORES DE 18 AÑOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Alcance de la
progresividad/OBLIGACION DEL ESTADO DE GARANTIZAR PROGRESIVAMENTE LA PLENA
EFECTIVIDAD DE DERECHOS SOCIALES-No puede interpretarse en el sentido de
que cuenta con la autorización de privarlos de cualquier efecto inmediato/PRINCIPIO
DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES CONSTITUCIONALES-Alcance
Referencia: expediente D-10313
Actoras: Lania María Lopesierra, Silvia Vega y Mayra
Escorcia.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º
del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 ‘por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones’.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución, las
ciudadanas Lania María Lopesierra, Silvia
Vega y Mayra Escorcia
demandan el parágrafo 1º del artículo 1
de la Ley 860 de 2003 ‘por la cual se reforman algunas disposiciones del
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones’, por considerar que desconoce los artículos 13, 48 y 93 de
la Carta, en concordancia con los artículos 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Mediante
auto del 8 de julio de 2014 se admitió la acción, y se ordenó comunicar la
iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Ministerio del Trabajo, a las Facultades de Derecho
de las Universidades de Antioquia y Nacional, al Colegio de Abogados
Especializados en Derecho del Trabajo de Colombia, a la Escuela Nacional
Sindical y a la Federación de Aseguradores de Colombia. En el proceso también
se les pidió concepto técnico al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y al Programa de
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. Al
DANE, al Ministerio del Trabajo y a la firma Cifras y Conceptos, se les instó
para que allegaran al proceso información disponible sobre niveles de desempleo
y empleo informal entre personas jóvenes en Colombia. Se le solicitó
información estadística a la Superintendencia Financiera, relacionada con las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. De igual forma,
oportunamente, se ordenó correr traslado al señor Procurador General de la
Nación, y fijar en lista la norma acusada para efectos de las intervenciones
ciudadanas (CP art 242 y Dcto 2067 de 1991 art 7°).
2. Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe y resalta la norma
acusada parcialmente, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45415 de Diciembre 29 de 2003:
“LEY 860 DE 2003
(Diciembre
26)
Por la
cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
[…]
Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para obtener la
pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad
sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de
vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3)
años”.
III. LA DEMANDA
3. Las ciudadanas Lania María Lopesierra, Silvia Vega y Mayra Escorcia sostienen que el parágrafo 1º
del artículo 1º, de la Ley 860 de 2003 ‘por
la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’, vulnera los artículos 13, 48 y 93 de la
Constitución, en concordancia con los artículos 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esencia, las accionantes consideran que la norma acusada
prevé una excepción a los requisitos generales para acceder a la pensión de
invalidez, que no comprende a todo el universo de personas que debería incluir.
A su juicio, la norma acusada admite que los menores de veinte años de edad se
pensionen sin necesidad de reunir 50 semanas en los tres años anteriores a la
estructuración de la invalidez, como lo prescribe la regla general, sino que le
garantiza una pensión de ese tipo cuando cuenten con 26 semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o su
declaratoria. Si bien en su opinión no es inconstitucional que esa excepción se
aplique a los menores de veinte años de edad, sí resulta inadmisible que la
misma no se extienda hacia toda la población joven, que está en las mismas
circunstancias que los menores de veinte años. Por lo cual, en su criterio, la
ley introduce una discriminación injustificada entre la población joven, pues
mientras una parte de ella se puede pensionar por invalidez con 26 semanas de
cotización en el año anterior al hecho causante de la invalidez o su
declaratoria, la otra sólo puede hacerlo cuando reúna 50 semanas en los tres
años anteriores a la estructuración de la invalidez:
“[…] en la disposición acusada, el
legislador estableció un régimen pensional para una población, y al interior de
esta disposición, hizo una exclusión injustificada; y aunque es claro que el
legislador no está obligado a consagrar un régimen pensional igual para todos
los sectores, en este caso hizo una discriminación al interior de un mismo
sector por lo cual está vulnerando el derecho a la igualdad, porque no está
hablando de dos sectores diferentes sino más propiamente de un mismo sector ‘la
población joven’ en la cual existe un trato diferenciado, y más propiamente, un
trato discriminado debido a que impuso un límite a la población joven hasta los
menores de 20 años que no se ajusta a lo que se entiende por joven al interior de
la legislación colombiana como en instrumentos internacionales, por lo cual no
hay una diferenciación sino una discriminación”.
4. La población joven, en criterio de las
demandantes, está integrada por las personas que tienen entre 14 y 26 años de
edad. Dicen que esta concepción de la juventud no sólo se sustenta en la
legislación interna, y en diversos instrumentos internacionales, sino que
además forma parte de la jurisprudencia constitucional que específicamente ha
resuelto el alcance aceptable de la norma acusada. En cuanto a esto último,
señalan que desde la sentencia T-777 de 2009,[1] la Corte Constitucional ha reconocido
que el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 se debe aplicar no
sólo a los menores de veinte años de edad, sino en general a toda la población
joven, comprendida por las personas que tengan entre 14 y 26 años de edad. Esta
postura se ha reiterado entre otras en las sentencias T-839 de 2010[2] y T-506 de
2012.[3]
Sostienen las demandantes que esta forma de definir los integrantes de la
población joven, está fundada parcialmente en la Ley 375 de 1997, que en su
artículo 3º establece: “se entiende por joven la persona entre los 14 y 26
años de edad”. Igualmente, subrayan que en otros instrumentos
internacionales, parte de esta población se reconoce también como joven, pues “según
la organización de las naciones unidas oscila entre los 15 y 24 años [mientras]
para la organización mundial de la salud a este grupo pertenecen las
personas entre los 10 y 24 años”.
5. Conforme a lo anterior, concluyen las
peticionarias que el Congreso de la República desbordó los límites derivados
del derecho a la igualdad, en tanto estableció una diferencia de trato
discriminatoria entre personas jóvenes, sin que se advierta una justificación
razonable para ello. No obstante, como consideran que no es inconstitucional en
cuanto tal la excepción que contempla la norma acusada, sino los límites de
edad que fija a la población beneficiada por ella, en vez de solicitar la
declaratoria de inexequibilidad definitiva de la disposición, piden que se
declare su exequibilidad con la condición de que lo allí “estipulado se haga
extensivo a la población joven de hasta 26 años”.
IV. intervenciones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicita mediante apoderado declarar exequible la norma demandada. Considera en
primer lugar que la Corte debe inhibirse de hacer un juicio de fondo, toda vez
que las accionantes no pretenden expandir la excepción legal ya prevista, sino
crear una distinta dentro del universo al cual aplica la regla general, que es
el de las personas con veinte años o más de edad. La excepción que contempla la
norma acusada, en materia de densidad de cotizaciones, se explica como una
forma de proteger a la población menor de veinte años que debido a su edad se
encuentra en “situación de debilidad manifiesta por su actividad laboral
temprana”. La disposición no busca entonces proteger en general a los
jóvenes. Por otra parte, el legislador tiene libertad en la configuración de lo
que debe entenderse por juventud, y puede definir como joven para efectos de la
seguridad social al menor de 20 años. Por lo mismo, puede verse que el “Código
del Menor” considera “adolescentes” a los que tengan entre 12 y 18
años de edad. Para efectos penales, según el mismo Código, existe un
tratamiento especial respecto de los mayores de 14 y menores de 18 años de
edad. En la Ley 1098 de 2006 ‘Código de la Infancia y la Adolescencia’,
se fija en 15 años la edad mínima para trabajar, si bien se establece que hasta
los 17 años de edad requieren autorización para trabajar.
7. Si lo anterior no es acogido por la Corte, el
Ministerio pide declarar exequible la norma. En su concepto la Corte debe tomar
en cuenta lo resuelto en la sentencia C-428 de 2009, a propósito de la norma
prevista en la Ley 860 de 2003 sobre densidad de cotizaciones como requisito
necesario para adquirir la pensión de invalidez. En esa ocasión, la Corte
declaró exequible la disposición que exige contar con 50 semanas de cotización
en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, en parte
porque era en general más favorable que el requisito antes definido en la
versión original de la Ley 100 de 1993, según el cual se requería –a su juicio-
contar con 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior, cuando
el solicitante hubiera dejado de cotizar al sistema. En concordancia con este
fallo, considera el Ministerio de Hacienda, las personas entre 20 y 26 años de
edad, antes que perjudicarse con la regulación actual, reciben un beneficio de ella,
en especial aquellas que experimentan inestabilidad laboral e informalidad. La
decisión de reducir, para los menores de 20 años de edad, la densidad de
cotizaciones y el periodo en el cual deben hacerlas, responde a su especial
momento vital, dentro del cual este régimen exceptuado puede resultarles
favorable. Pero lo que es un beneficio para ellos puede no serlo para los
individuos que se encuentren entre los 20 y los 26 años de edad. Aparte, las
limitaciones que el régimen vigente puede tener aplican sólo a la invalidez por
riesgo u origen común, y no a las relativas a los estados de invalidez por
origen profesional, que se rigen por otras previsiones.
8. Aunque el Ministerio reconoce que la Corte ha
inaplicado el parágrafo que se acusa, por considerarlo inconstitucional en
determinados casos, resalta que estas decisiones se han proferido en procesos
de tutela, caso por caso, y que por su naturaleza la excepción de
inconstitucionalidad es un acto judicial con efectos inter partes, razón
por la cual no puede atribuírseles per se la calidad de argumentos
orientados a afectar la constitucionalidad del precepto demandado. Sostiene que
no es posible extender en abstracto la excepción que contempla la norma
acusada, hacia toda la población que pretenden las actoras, porque como lo dijo
la Corte en la sentencia C-428 de 2009, el régimen de 50 semanas en los tres
años anteriores es incluso más beneficioso en términos generales, con lo cual
podría de hecho retrocederse en el nivel de protección alcanzado. Finalmente,
considera que la Corte tampoco podría declarar inexequible el requisito de las
26 semanas, previsto en el parágrafo acusado, y abrir entonces el acceso a la
pensión de invalidez sin necesidad de acreditar densidades de cotización,
porque esto comprometería la sostenibilidad del sistema.
Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de
Pensiones y Cesantías - ASOFONDOS
9. ASOFONDOS le pide a la Corte inhibirse o, en
subsidio, declarar exequible la disposiciones cuestionada. La inhibición la
funda en dos argumentos. En primer término, sostiene que las acciones públicas
no pueden contener pretensiones de exequibilidad condicionada, de conformidad
con la sentencia C-508 de 2004. En segundo término, en que las accionantes
tenían la carga de “estructurar cabalmente” el cargo por violación del
derecho a la igualdad. En su opinión, las actoras “se limitan a afirmar que
el concepto de joven, relativo a la población entre los 18 y 26 años, per se,
supone unas condiciones fácticas de debilidad manifiesta similares entre sí,
que obligaban a dar el tratamiento prescrito en el parágrafo demandado, y que
esta población en su totalidad se encontraba en la misma situación
desventajosa, que la población mayor a 26 años, para efectos de acceder a la
pensión de invalidez”. La intervención puntualiza que según la sentencia
T-422 de 1992, a su juicio “uno de los fallos más citados en materia de
igualdad”, cuando se cuestiona una diferencia de trato proveniente de una
ley, es necesario que el demandante “demuestre […] la ausencia de una
justificación objetiva y razonable y, por tanto, que el trato dado por el
legislador es arbitrario”. Esta conclusión la extrae del siguiente
fragmento de la sentencia citada:
“Si la desigualdad aducida resulta de una distinción hecha
por el legislador y cuya validez se niega, la carga de probar la razonabilidad
de la diferencia incumbe a quien defiende la ley; por su parte, quien impugna
una ley por considerar que desatiende diferencias significativas, debe aportar
las razones por las que debió atribuirse relevancia jurídica a tales
diferencias”.[4]
10. En caso de que la Corte opte por emitir un
pronunciamiento de fondo, la intervención solicita que la norma sea declarada
exequible sin condicionamientos. ASOFONDOS considera que la demanda se edifica
sobre la base de dos argumentos. El primero es que el concepto de joven es
unívoco, y el segundo es que los menores de 20 años de edad están en la misma
situación laboral y pensional que quienes tienen entre 20 y 26 años de edad. En
cuanto a la supuesta univocidad del concepto joven, sostiene que no hay una
conceptualización uniforme ni en los instrumentos internacionales, ni en la
legislación nacional, ni en el derecho comparado. Sustenta estas afirmaciones
en un reconocimiento expreso que hizo la Corte en la sentencia C-862 de 2012,
de la cual resalta entre otros los siguientes párrafos:
“No existe un concepto unívoco de joven en las normas
que fungen como parámetro de constitucionalidad, de manera que no existe un
criterio de comparación objetivo. Por el contrario, la definición de joven
varía según el objeto de la regulación que la incluya, lo que lleva a la
conclusión de que, en cuanto categoría empleada para asegurar derechos o
garantías, el concepto de joven es un concepto variable que deberá analizarse
en el caso de cada regulación en concreto […].
En la normatividad internacional se encuentra
regulación pertinente sobre el tema de la definición de juventud. En este
sentido, la ONU define la juventud como el grupo poblacional comprendido por
personas entre 14 y 25 años de edad, que viven ‘un momento muy especial de
transición entre la infancia y la edad adulta’, en el que se procesa la
construcción de identidades y la incorporación de una vida social más amplia’.
Sin embargo ‘para muchos la definición de juventud no se limita a la edad,
sino que es un proceso relacionado con el periodo de educación en la vida de
las personas y su ingreso al mundo del trabajo’. | Por otro lado, la
Organización Mundial de la Salud –OMS-, establece que ‘a este grupo [de
jóvenes] pertenecen las personas entre los 10 y los 24 años de edad y
corresponde con la consolidación de su rol social’.
[N]o hay una definición uniforme en la legislación
internacional, ni en la de otros países, sobre la edad que comprende la etapa
de la juventud, en virtud a que cada Estado tiene la facultad para establecer
las medidas y políticas necesarias para responder a cada una de sus necesidades,
entre las cuales está constituir el rango de edad que comprende la juventud,
teniendo en cuenta su realidad social que le permite alcanzar en mayor o menor
medida las metas propuestas en materia de participación, desarrollo, empleo y
educación juvenil”.[5]
11. Según esta intervención, las personas menores de
20 años no están en la misma situación laboral u ocupacional que quienes tienen
entre 20 y 26 años de edad. Dice ASOFONDOS que como lo muestran “distintos
estudios del mercado laboral en Colombia”, la población menor de 20 años no
cuenta en principio con una historia laboral o de cotizaciones que les permita
cumplir con la regla general de adquisición de pensiones de invalidez, que
exige 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la
contingencia. Sostiene que un joven menor de 20 años, que ha empezado a
trabajar a la edad de 18 años, tiene apenas un horizonte de dos años para
cumplir con la densidad de cotizaciones necesaria a fin de pensionarse por
invalidez. En contraste, una persona hasta con 26 años de edad tiene un
horizonte mucho más amplio para reunir este requisito, pues si empieza a
trabajar desde los 18 años debe contarse con que ha gozado de un término de 8
años para efectuar las cotizaciones que la Ley le exige. Dice que según cifras
de la Superintendencia Financiera, “a partir de los 20 años de edad aumenta
el número de personas que ingresan al mercado laboral”. Asimismo, asegura
que de acuerdo con datos de Asofondos, mientras las personas con menos de 20
años de edad tienen “pocas posibilidades de cumplir el requisito general de
50 semanas cotizadas en los últimos 3 años”, en las personas que tienen
entre 20 y 26 años esa “probabilidad es cierta y alta”, conforme la
siguiente tabla:
Edad
Semanas promedio cotizadas por año
Hombres
Mujeres
17
13
11
18
16
18
19
18
21
20
21
23
21
23
24
22
23
25
23
24
25
24
24
25
25
24
26
26
23
26
12. Si bien la entidad en su intervención reconoce que
la Corte Constitucional en diversas ocasiones ha inaplicado la edad prevista en
el parágrafo acusado, con el fin de extenderla hacia personas con 20 años o más
de edad, sostiene que la jurisprudencia sobre la materia se ha referido “casos
particulares con condiciones especiales”, y no es entonces un precedente
para un pronunciamiento de control abstracto. La sentencia C-428 de 2009, en
contraste, sostuvo que el requisito de 50 semanas en los tres años anteriores a
la estructuración de la invalidez es exequible, y no resulta regresivo ni
violatorio de la Carta. En abstracto, este requisito no sólo es constitucional,
conforme a esta última sentencia, sino que de hecho responde –según las cifras
mencionadas- a una diferencia fáctica objetiva entre la población menor de 20
años de edad, y la que tiene entre 20 y 26 años. Admitir que, en estas
condiciones, las personas entre 20 y 26 años de edad se pensionen con el régimen
previsto en el precepto demandado, equivaldría a extenderles un beneficio que
no necesitan, con el efecto de distorsionar la distribución de cargas en el
sistema. Por lo cual, la norma debe declararse exequible.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia
13. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia interviene para sostener que la disposición acusada es
inconstitucional, en la medida en que no se extiende como beneficio hacia toda
la población joven comprendida hasta los 26 años de edad. En su criterio, una
previsión en materias pensionales –y específicamente en lo que atañe a la
pensión de invalidez- no puede delimitar el universo de beneficiarios de un
régimen legal únicamente en función de un parámetro numérico de edad, sino que
es necesario contar además con razones claras, justificables y objetivas a la
luz de las cuales se pueda juzgar la razonabilidad de la limitación que se
introduce. De lo contrario, la norma introduciría una discriminación
injustificada. En este caso, considera que la disposición acusada contempla un
beneficio para un grupo limitado de jóvenes, que sea menor de 20 años de edad.
No advierte que esa delimitación se funde en un motivo distinto a la edad, y en
esa medida considera que introduce una diferenciación injustificada en el
tratamiento pensional de la población joven, la cual a su juicio está
conformada por personas hasta con 26 años de edad.
Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA
14. FASECOLDA le solicita a la Corte declarar
exequible la norma acusada. Considera que la diferencia de trato entre los
menores de 20 años y las personas que tienen entre 20 y 26 años se funda
específicamente en la edad, y en las diferentes capacidades que tiene un sujeto
de derecho en función de la edad. Según esta intervención, la edad para
celebrar un contrato laboral es 18 años. El Código Civil también vincula –a su
juicio- la capacidad para contratar al cumplimiento de la mayoría de edad. De
acuerdo con esta regulación, a los menores de 20 años no podría exigírseles el
cumplimiento de las 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración
de la invalidez, toda vez que se haría para estos “casi imposible”
adquirir la pensión de invalidez, en la medida en que han empezado a trabajar
–según la ley- a los 18 años de edad. En cambio, en la población que tiene
entre 20 y 26 años de edad, exigir 50 semanas en los tres años anteriores no
afecta el derecho a la pensión, “pues si la edad en la que una persona puede
comenzar a trabajar y cotizar es a los 18 años, para la fecha en la que se ha
cumplido los 20 años de edad, es posible que el afiliado hubiera cotizado al
menos tres años (104 semanas)”. Por ende, la edad escogida por el legislador
para definir el universo de los beneficiarios del parágrafo acusado no es
irrazonable ni resulta por lo tanto contraria a la Constitución Política. A
esto añade que una decisión como la que pretenden las actoras, tendría “necesariamente
un mayor costo para el Sistema General de Pensiones” y podría incluso
llegar a afectar la sostenibilidad fiscal, incorporada como principio
constitucional mediante Acto Legislativo 01 de 2005.
Programa de Acción para la Inclusión y la Igualdad –PAIIS-,
de la Universidad de los Andes
15. PAIIS interviene para emitir un “concepto
técnico” en el presente proceso. Sostiene que la Corte debe diferenciar en
primer término entre los conceptos de invalidez y discapacidad. La invalidez se
determina por la pérdida de más del 50% de la capacidad laboral de una persona.
La discapacidad es en cambio un concepto que evoluciona, “y que resulta de
interacción entre las personas con una condición diversa con las barreras del
entorno que evitan la participación plena y efectiva de una persona en la
sociedad, en igualdad de condiciones a las demás”. Así, una persona con “discapacidad
congénita, por ejemplo, puede tener el 100 % de su capacidad laboral”.
A pesar de que estos conceptos son distintos, tienden a confundirse “creando
vacíos jurídicos y una desprotección a las personas que quieren acceder a
determinados beneficios”. La legislación y el ordenamiento sintetizan estas
dos concepciones, y por lo mismo califican la invalidez de una persona
basándose por ejemplo en su discapacidad congénita, aun cuando normativamente
la invalidez se defina en términos de pérdida de la capacidad laboral en
el porcentaje previsto en la ley.
16. En cuanto a la limitación que se establece en la
norma demandada en función de la edad de la persona que ha perdido el 50% de su
capacidad laboral, PAIIS la considera razonable en abstracto, y no juzga que
deba extenderse de forma abierta, general, y “sin atender a las
circunstancias especiales de cada caso”, hacia todas las personas que tienen
entre 20 y 26 años de edad. La solicitud que hacen las accionantes, en su
concepto, conduciría a cerrar en una sentencia de control abstracto la edad
dentro de la cual es aplicable la norma acusada, sin observar las
circunstancias especiales de cada situación. Esto puede incluso resultar a su
juicio más regresivo que preservar la norma tal como está, toda vez que les
impediría a funcionarios judiciales y administrativos resolver en cada caso
concreto, y en consideración a las circunstancias particulares de una persona,
si resulta más conforme a la dignidad humana aplicar la norma general de acceso
a la pensión, o ajustar razonablemente la institución legal a la Constitución,
como lo ha hecho hasta el momento la jurisprudencia de la Corte.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
17. El Procurador General de la Nación, en
su concepto 5817, le pide a la Corte declarar exequible la norma demandada,
pero “bajo el entendido que toda persona que tenga hasta 28 años cumplidos
tendrá derecho a la pensión de invalidez de acuerdo con los requisitos
establecidos en el sistema general de pensiones que más le favorezca en su
situación particular”. El Concepto Fiscal empieza por referirse a la
aptitud de la demanda, y en particular la pretensión que formulan las
ciudadanas de que la Corte declare la exequibilidad condicionada de la norma.
Sostiene que si bien la jurisprudencia constitucional sostiene que la
competencia de modular sus decisiones es exclusiva de la Corte Constitucional,
en el presente caso la solicitud que hacen las accionantes no debe ir en
detrimento de su derecho a un pronunciamiento de fondo, en virtud del principio
pro actione, por cuanto “no se advierte que las accionantes actúen
movidas por pareceres o apreciaciones subjetivas sino que lo hacen con base en
el principio de lealtad procesal, toda vez que son conscientes de las
consecuencias negativas que tendrían para los implicados con la aplicación de
la norma demandada una simple declaración de inexequibilidad de la misma”.
18. En lo que atañe al fondo del asunto,
señala que la “categoría social de joven” ha sido definida por la
jurisprudencia como la que integran las personas que tienen entre 10 y 26 años
de edad, atendiendo fundamentalmente a lo que al respecto han indicado
organismos internacionales (la ONU y la OMS), y en consideración a lo previsto
por la Ley 375 de 1997 en su artículo 3. Ahora bien, el Ministerio Público
indica que la definición de joven “actualmente vigente es la contemplada en el
artículo 5° de la Ley 1622 de 2013, en donde se considera como tal a toda
persona entre los 14 y los 28 años de edad”. Por lo cual, y con el fin de
integrar lo previsto en esta Ley y en la jurisprudencia, la Procuraduría
sostiene que joven es la persona que tiene entre 10 y 28 años de edad. Esta
conceptualización de la población joven a su juicio se ajusta a las normas
sobre edad mínima de ingreso al mercado laboral, que en su criterio es la
fijada en 15 años por la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la
Adolescencia.
19. Estima que, en este contexto, la norma
acusada podría ser más favorable para la población joven –comprendida ésta en
los términos antes precisados- no tanto porque la densidad de cotizaciones
cambie, y se prevea un periodo distinto para alcanzarla, sino más bien porque
según el parágrafo las personas pueden reunir la densidad de cotizaciones hasta
cuando se declare su pérdida de capacidad laboral, y no solamente hasta la
fecha de estructuración de la invalidez, como ocurre en el régimen general. La
decisión de si es más favorable el parágrafo acusado o la regla general sobre
la materia depende, no obstante, de las circunstancias de cada caso concreto,
pues puede haber situaciones en las cuales a una persona que tengan una edad
entre 20 y 28 años le podría resultar más beneficiosa la aplicación de las 50
semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, que lo
establecido en el parágrafo 1° del artículo 1°, de la Ley 860 de 2003. En esa
medida, el Concepto Fiscal plantea que toda persona joven que tenga hasta 28
años de edad cumplidos debe tener “derecho a la pensión de invalidez de
acuerdo con los requisitos establecidos en el sistema general de pensiones que
más le favorezca en su situación particular”.
VI. PRUEBAS DECRETADAS
20. La Corte Constitucional ofició a la
Superintendencia Financiera para que aportara al proceso información “discriminada
por edad, en relación con los siguientes aspectos: (i) número de personas
cotizantes al sistema de seguridad social en pensiones […] (ii) densidad
de cotizaciones de personas afiliadas al sistema pensional; (iii) y otros datos
disponibles sobre las cotizaciones al sistema realizadas por personas jóvenes
en Colombia”. La Superintendencia Financiera remitió oportunamente un
archivo digital con tablas que contienen información detallada al 31 de octubre
de 2014. La información se adjunta al expediente para consulta del público.
Cuando haya lugar a ello, en este fallo, la Corte se referirá a los datos
suministrados. En cada caso en el que así se haga, se precisará la fuente
específica de la información, y se pondrá como anexo la tabla correspondiente
con los datos que se incorporen a la sentencia.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la
Carta.
Asunto previo. Las solicitudes de
inhibición por ineptitud de la demanda, y por presentar una pretensión de
exequibilidad condicionada
2. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y Asofondos sostienen que la Corte debe inhibirse de emitir un fallo de
fondo, porque los argumentos expuestos en la acción pública no reúnen las
condiciones necesarias y suficientes para provocar un juicio de
constitucionalidad. Pese a este primer planteamiento posteriormente se refieren
a la posibilidad de que la Corte pueda hacer un pronunciamiento de fondo. Sobre
la propuesta de inhibición, cabe anotar que Asofondos agrega que la demanda es
además inepta por cuanto solicita declarar la exequibilidad condicionada del
precepto, lo cual a su juicio contradice lo sostenido por la Corte en la
sentencia C-508 de 2004. Ningún otro interviniente, ni tampoco la Vista Fiscal,
comparte la solicitud de inhibición. El Procurador General de la Nación
expresa, de hecho, que aun cuando a juicio del Ministerio Público la acción
pública no puede usarse en principio para pretender la exequibilidad
condicionada de una norma, en el presente caso esto se justifica en tanto las
demandantes no actúan movidas por apreciaciones subjetivas sino con base en el
principio de lealtad procesal. Dice el Procurador que las accionantes solicitan
la exequibilidad condicionada, pues son conscientes de las consecuencias
negativas que tendría para los implicados la declaración de inexequibilidad de
la disposición acusada en este proceso.
3. La Sala Plena de la Corte
Constitucional no está de acuerdo con quienes solicitan la inhibición. La
acción pública es para empezar inteligible, y además se refiere a un contenido
de la norma que es perfectamente verificable. Las accionantes sostienen que la
disposición cuestionada establece unas condiciones para acceder a la pensión de
invalidez, que según su texto son aplicables únicamente a los menores de 20
años de edad. Luego, sostienen que esta delimitación del grupo de sujetos a los
cuales se aplica la norma, viola la Constitución y específicamente el derecho a
la no discriminación en el goce efectivo de la seguridad social por parte de la
población joven, toda vez que en este grupo habría unas personas jóvenes (los
menores de 20 años) que se pensionarían por invalidez con unos requisitos, y
otras (las que tienen entre 20 y 26 años) cuya pensión de invalidez dependería
entonces de condiciones distintas. Esta aserción, de acuerdo con la cual es
inconstitucional la demarcación por edades que trae la norma, la sustentan las
accionantes ante todo en la jurisprudencia constitucional, la cual en sede de
tutela ha sostenido –a su juicio- que el parágrafo legal acusado se debe
aplicar a toda la población joven, y no sólo a los menores de 20 años de edad, definiendo
en cada caso criterios para determinar el final del periodo de juventud de un
ser humano. No ve la Corte cuál puede ser la razón para considerar que esta
acción pública carezca de especificidad o suficiencia en sus argumentos.
4. En la intervención de Asofondos, para
sustentar la solicitud de inhibición, se menciona que según la sentencia T-422
de 1992, cuando lo cuestionado
es una diferencia de trato proveniente de la ley, es necesario que el
demandante “demuestre” la ausencia de justificación del trato dado por
el legislador. Incluso si esto es así, la Corte considera que la demanda bajo
examen despierta una duda mínima de inconstitucionalidad, y eso es suficiente
para efectos de satisfacer las condiciones de aptitud de las acciones públicas.
Pero además debe decirse que la conclusión que extrae el interviniente de la
sentencia T-422 de 1992, responde a un fragmento jurisprudencial que dice
exactamente todo lo contrario de lo que le atribuye, pues sostiene la sentencia
referida que “[s]i la desigualdad aducida resulta de una distinción
hecha por el legislador […] la carga de probar la razonabilidad de la
diferencia incumbe a quien defiende la ley”. En este caso, lo
cuestionado es justamente una diferencia de trato prevista en la norma legal
acusada, entre los menores de 20 años y quienes
tienen entre 20 y 26 años de edad. Luego, incluso si se llegara a aplicar la
jurisprudencia de tutela referida en la intervención, la cual por cierto no se
demostró que aplique también automática y plenamente al examen de aptitud de
una acción pública de inconstitucionalidad, “la carga de probar la
razonabilidad de la diferencia incumbe a quien defiende la ley”, y no a
quien la impugna.
5. En cuanto a la pretensión de
exequibilidad condicionada que formulan las demandantes, es verdad –como lo
señala Asofondos- que en la sentencia C-508 de 2004 la Corte consideró
parcialmente inepta una acción pública, en tanto advirtió que la misma estaba en
parte orientada a solicitar un fallo de exequibilidad condicionada del precepto
entonces acusado. No obstante, de esto no se podría inferir inmediatamente una
supuesta regla inflexible, aplicable a todo tipo de acciones públicas y con
indiferencia de los cargos y argumentos que planteen, conforme a la cual no sería
nunca admisible decidir de fondo una demanda que concluya con una solicitud de
exequibilidad condicionada. Una regla de ese tipo no se infiere de la jurisprudencia
constitucional, pues la Corte en diversas ocasiones ha estudiado de fondo
acciones públicas aunque formulen solicitudes de exequibilidad condicionada. En
las hipótesis en las cuales las acciones públicas formulan solicitudes de
exequibilidad condicionada, diversos aspectos deben evaluarse para establecer
si cabe un pronunciamiento de fondo:
5.1. En primer lugar es necesario definir
si hay un cargo de inconstitucionalidad planteado en términos claros, ciertos,
específicos, pertinentes y suficientes.[6]
Este es un presupuesto imprescindible de competencia de la Corte en el control
constitucional de las leyes ordinarias (CP art 241 num 4). La jurisprudencia ha
considerado por lo mismo que incluso las demandas que se orientan a solicitar
la exequibilidad condicionada de una norma pueden ser estudiadas y resueltas de
fondo, si proponen un cargo apto de inconstitucionalidad. En concordancia con
esto, la Corte ha sostenido por ejemplo en la sentencia C-149 de 2010 que “cuando
el actor fundamenta su pretensión en un cargo de inconstitucionalidad que
cumple con todos los requisitos legales y jurisprudenciales, no cabe declarar
la ineptitud sustantiva de la demanda en razón a que la pretensión se oriente a
obtener una sentencia de exequibilidad condicionada”.[7]
5.2. En segundo lugar se debe establecer
si además de la petición de exequibilidad condicionada, se plantea una
solicitud de inexequibilidad. No es esta una condición necesaria para fallar de
fondo, pero en caso de que haya otras solicitudes, además de la de
exequibilidad condicionada, la acción pública que presenta cargos aptos puede
resolverse de fondo sin ulteriores exigencias, toda vez que incluso si una
pretensión no es apta, la otra sí lo es. Por esto mismo, la Corte ha estudiado,
sin exigir el cumplimiento de específicos requisitos adicionales, demandas que
plantean solicitudes de exequibilidad condicionada cuando estas son adicionales
a otra de inexequibilidad, bien sea que las primeras se planteen como
principales[8]
o subsidiarias[9]
de esta última.
5.3. En tercer lugar, cuando la única
pretensión de la demanda es la exequibilidad condicionada de la norma acusada,
debe tenerse en cuenta que incluso en ciertos casos la Corte puede fallar de
fondo una acción así.[10]
Lo que se exige en estos casos, además de una demanda en forma, es que la
acción plantee un problema abstracto de inconstitucionalidad, y que a partir de
ella se justifique mínimamente la decisión del actor de no pedir la
inexequibilidad total o parcial de la norma. A un demandante no se le puede
exigir –como condición para que su demanda sea admitida y estudiada de fondo-
que pida la inexequibilidad total de un precepto o de parte de él, cuando según
sus propias convicciones razonablemente fundadas considera que la norma no es
integral o parcialmente inexequible, pero sí que lo es mientras no exista un
condicionamiento específico de la Corte, debidamente justificado por el actor en
cada proceso. Lo contario, como lo señala el Procurador General de la Nación,
equivale a imponerle una carga de deslealtad procesal al ciudadano, quien
estaría entonces ante el imperativo de pedir algo con lo cual razonablemente
está en desacuerdo. Además es tanto como adjudicarle al ciudadano, al menos en
ciertos casos, la carga de obrar contra la inviolabilidad de sus propias convicciones
morales, lo cual resulta aparte de innecesario constitucionalmente inaceptable
a la luz de las libertades consagradas en la Carta. Como dijo esta Corporación
en la sentencia C-149 de 2010:
“[…] cuando el actor fundamenta
su pretensión en un cargo de inconstitucionalidad que cumple con todos los
requisitos legales y jurisprudenciales, no cabe declarar la ineptitud
sustantiva de la demanda en razón a que la pretensión se oriente a obtener una
sentencia de exequibilidad condicionada. Pretender lo contrario no es razonable
en cuanto ello implicaría imponerle al demandante una carga que,
incluso, prima facie, podría resultar contraria a la Constitución,
como cuando, por ejemplo, se acusa una norma legal que establece un beneficio
que responde a un imperativo constitucional, pero que se ha restringido,
injustificadamente, a ciertos sujetos con exclusión de otros que también
debieran estar incluidos. En ese caso es claro que la exclusión que se deriva
de la ley es contraria a la Constitución, pero no parece razonable, a la luz
del ordenamiento superior, exigir al demandante que solicite la declaratoria de
inexequibilidad de la disposición como tal, con lo cual se perdería el
beneficio para todos sus destinatarios, sin permitirle solicitar lo que en
definitiva, de constatarse la hipótesis de inconstitucionalidad planteada por
el demandante, puede hacer y posiblemente hará la Corte, cual es un
pronunciamiento de exequibilidad condicionada. Dicho de otra manera, de acuerdo
con la línea argumentativa que proponen algunos intervinientes y que aquí se
cuestiona, en un caso como el que se acaba de exponer, un requisito de técnica
procesal, le impondría al demandante que, como condición para acceder a una
decisión de exequibilidad condicionada que purgue la disposición acusada de sus
contenidos contrarios a la Constitución, solicite que toda la disposición sea
excluida del ordenamiento, asunto que no solo no desea, sino que además, en el
ejemplo planteado, resultaría contrario a la Constitución, puesto que
implicaría suprimir un beneficio cuya consagración legal, como se dijo, obedece
a un imperativo Constitucional”.
6. En este caso, las accionantes presentan
una demanda con cargos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes,
como antes se mostró. Si bien no plantean una pretensión adicional de
inexequibilidad, distinta a la de exequibilidad condicionada de la norma,
expresan de forma razonable no sólo un problema abstracto de
inconstitucionalidad, sino que además hacen explícitos los motivos por los
cuales a su juicio no es posible solicitar la inexequibilidad de la disposición
cuestionada. En efecto, el problema abstracto de inconstitucional se cifra en
que hay una población que puede considerarse joven, a la luz de criterios que se
exponen con suficiencia en la demanda, y que recibe un tratamiento diferenciado
en la regulación de las pensiones de invalidez, a pesar de que en concepto de
las accionantes debe recibir el mismo trato en esta materia. La razón por la
cual las ciudadanas no solicitan la inexequibilidad de la norma, es que una
solicitud en ese sentido en su opinión “atentaría y ocasionaría un daño a la
población joven que es la que se busca proteger con la norma”. Luego lo que
se pide en la acción pública no es que la protección prevista en la norma
acusada desaparezca, sino que se extienda más allá de los confines definidos
actualmente en términos de edad inferior a 20 años, lo cual puede expresarse
con una petición de exequibilidad condicionada.
7. Debido a que, según lo anterior, la
acción satisface entonces los requisitos para ser resuelta de fondo, la Corte
pasará a tomar la decisión correspondiente.
Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico
8. Las accionantes afirman que el
parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 contempla una regla especial
en materia de pensiones de invalidez, aplicable únicamente para los menores de
20 años de edad, quienes pueden adquirir dicha pensión si además de cumplir las
restantes exigencias legales tienen 26 semanas de cotización en el año anterior
a la estructuración de la invalidez o de la declaratoria de la misma.
Consideran que la norma pretende proteger a la población joven, y que en esa
medida vulnera el derecho a gozar de la seguridad social sin discriminación de
quienes siendo jóvenes tienen entre 20 y 26 años de edad, pues a su juicio a
estas personas se les aplica la regla general, que exige reunir 50 semanas de
cotización en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez.
Sostiene la demanda que la discriminación alegada la ha reconocido expresamente
la Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias T-777 de 2009,[11] T-839 de
2010[12]
y T-506 de 2012.[13]
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fasecolda y Asofondos se oponen a
la acción pública, esencialmente sobre la base de que no existe una concepción
unívoca de lo que debe entenderse por población joven, y de que incluso al
margen de esto hay diferencias significativas y relevantes entre la población
menor de 20 años y la que tiene entre 20 y 26 años de edad. La Universidad de
Antioquia coadyuva la demanda por razones semejantes a las expuestas por las
accionantes, y el Ministerio Público sostiene que la Corte debe declarar
exequible la norma con la condición de que se aplique también, en la medida en
que sea más favorable, a quienes tengan hasta 28 años de edad cumplidos.
9. La Sala Plena considera que este
proceso le plantea el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el derecho a
disfrutar sin discriminaciones del servicio de seguridad social (CP arts 13, 48
y 93), que el legislador defina una regla especial de adquisición de pensiones
de invalidez en virtud de la cual se puede acceder a estas sin necesidad de
acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de invalidez
sólo si se tienen 26 semanas en el año anterior a la estructuración o la
declaración de invalidez, pero que limite su aplicación únicamente a los
menores de 20 años de edad, y no a quienes siendo mayores de esa edad se
consideran razonablemente como jóvenes? Para resolver el problema, la
Corte definirá en primer lugar el contenido de la norma acusada, y luego pasará
a decidir sobre su constitucionalidad por los cargos indicados.
El contenido de la norma acusada. Las
exigencias generales para acceder a la pensión de invalidez por origen común y las
reglas especiales
10. El parágrafo 1º del artículo 1, Ley
860 de 2003 ‘por la cual se reforman
algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se dictan otras disposiciones’, pertenece a una disposición reformatoria
de la Ley 100 de 1993. El sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 preveía los siguientes como requisitos para acceder a la pensión de
invalidez por origen común: i. haber “perdido” el 50% o más de capacidad
laboral “por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente” (L 100 art 38); ii. y estar cotizando, caso en
el cual se requería haber cotizado por lo menos 26 semanas en cualquier tiempo
anterior “al momento de producirse el estado de invalidez”, o haber
dejado de cotizar, hipótesis en la cual se condicionaba la pensión a que el afiliado
“hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del
año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez” (L 100 art 39). La Ley 860 de 2003 introdujo entre otras una
reforma a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez por origen
común. Actualmente conserva vigencia el requisito i., relacionado con el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pero el requisito ii. cambió
parcialmente. Para acceder a la pensión de invalidez se exige ahora, como regla
general, tener 50 semanas de cotización en los 3 años “inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración” (L 860 art 1) o “al hecho
causante de la misma” (ídem).[14]
11. Este régimen contempla dos excepciones, en lo que
atañe a la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a la pensión. Una
es aplicable a las personas que hayan cotizado al menos el 75% de las semanas
mínimas necesarias para acceder a la pensión de vejez, caso en el cual “solo
se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años” (art
39 parágrafo 2). La otra es la demandada en este proceso, y es aplicable
legislativamente a “[l]os menores de veinte (20) años de edad”, quienes
podrán acceder a la pensión si además de los restantes requisitos normativos,
acreditan “que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
Estas excepciones a la regla general están contenidas en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003, y
se refieren expresamente al régimen pensional de prima media con prestación
definida. No obstante, por remisión también expresa del artículo 69 de la Ley
100 de 1993, tanto las exigencias generales como las excepciones previstas en
el artículo 39 se aplican asimismo a las pensiones de invalidez del régimen de
ahorro individual con solidaridad. El artículo 69 de la Ley 100 de 1993 dice: “[e]l
estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el
monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley”.
12. En definitiva, el parágrafo 1º del artículo 1 de
la Ley 860 de 2003, demandado en este proceso, establece entonces una excepción
a la regla general de acceso a la pensión de invalidez. Permite a las personas
menores de veinte años de edad pensionarse por invalidez cuando, además de
cumplir los requisitos restantes, cuenten con 26 semanas de cotización en el
año anterior a la estructuración de la invalidez o a su declaratoria, según el
principio de favorabilidad. Es decir, no necesitan acreditar, como lo exige la
regla general, 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez, lo cual depende en todo caso de lo que resulte más favorable (CP art
53). Teniendo en cuenta este contenido, la Corte procederá a definir si el
cargo prospera o no.
La juventud en el parámetro de constitucionalidad. La
libertad de configuración del legislador en la definición de quienes integran
la población joven. Restricciones en asignación de cargas y beneficios
13. La
acción pública no sostiene que la norma legal acusada sea integralmente
inconstitucional, sino que restringe injustificadamente el universo de
beneficiarios, y en esa medida solicitan que ese universo se integre
adecuadamente. A juicio de las accionantes la regla especial no debería aplicarse
sólo a los menores de veinte años, sino también a toda la población joven,
la cual consideran que constitucionalmente está integrada por las personas que
tienen hasta veintiséis años de edad, inclusive. Como antes se observó, la
primera de las objeciones que algunos de los intervinientes presentan para
oponerse a la demanda es que en la Constitución no existe una definición
precisa de cuándo comienza y termina la juventud, y en esa medida señalan que
la Corte no podría extender la aplicación de la norma hacia la población joven,
tal como la conciben las actoras, pues ese rango de edades no lo prevé el
ordenamiento constitucional.  La Corte considera que esta controversia plantea
entonces una pregunta inicial, relacionada con el sentido que debe dárseles a
expresiones –usadas incluso en algunas disposiciones constitucionales- como “jóvenes”,
“juventud” o “juveniles”, y específicamente si hay algún límite
temporal de edad, en la Constitución, que las normas legales deban respetar. Pasa
a referirse a este punto.
14. El artículo 45 de la Constitución prevé que el
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los “jóvenes”
en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la “juventud”. El artículo 103 de la Carta, que
se refiere a los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su
soberanía, dice que el Estado contribuirá a la organización, promoción
y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales,
comunitarias, “juveniles”, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan. No
obstante, la Constitución no demarcó en su texto, en términos numéricos
cerrados, el rango de edad al que pertenecen los “jóvenes”, la “juventud”,
ni delimitó de esa forma tampoco las asociaciones “juveniles”. Puede
decirse entonces que dejó todos estos términos abiertos.
15. Las deliberaciones en la Asamblea Nacional
Constituyente evidencian además que la falta de reducción de estos vocablos a
una precisa e inmodificable delimitación por edad fue fruto de una discusión
expresa, a partir de la cual es posible inferir que la decisión de usar sin más
referentes las expresiones “jóvenes”, “juventud” o “juveniles”
fue resultado de la voluntad deliberada de dejarlas abiertas a las
transformaciones sociales y culturales de la colectividad. En la Comisión
Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente en la sesión del
10 de mayo de 1991, se discutió el proyecto de articulado presentado por parte
de una Subcomisión de esa misma célula, en el cual se contemplaba un catálogo
de “derechos de la familia”, dentro del que se incluían entre otros los
derechos de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las personas de
la tercera edad. En la discusión, el Delegatario Carlos Lemos Simmonds manifestó
una inquietud por lo que a su juicio era la falta de precisión más puntual de
los límites en que termina la niñez, empiezan y concluyen la adolescencia y la
juventud, y se da comienzo a la tercera edad. Decía:
“[...] empezaría por decir si no es conveniente
establecer en la Constitución hasta dónde llegan los niños y en qué momento
empieza la adolescencia y qué se entiende por tercera edad, porque en una
Constitución yo creo que eso debe quedar más o menos precisado, como trazar el
límite entre niño y adolescente, obviamente eso está sujeto a una serie de
variables […]. Sin embargo, yo sí creo que en la Constitución sí debería
precisarse, precisamente porque está hablando de derechos cuándo, en qué
instante exacto terminan los derechos de los niños y empiezan los de los
adolescentes. Respecto de la tercera edad haría la misma observación, uno ya
sabe más o menos que se entiende por tercera edad, […] pero el término tercera
edad que la gente más o menos sabe en qu[é] consiste, pues es un muy vago, tal
vez sería conveniente precisar en qu[é] momento se debe entender que empieza la
ancianidad para que los ancianos puedan reclamar sus derechos […] esa es una
observación que quiero hacer”.[15]
16. Esta inquietud fue luego contestada por otros
Constituyentes. En estas intervenciones se observa que, a juicio de otros
Delegatarios, posiblemente la definición de los límites entre la niñez y la
juventud, y el comienzo de la tercera edad, no debía ser asunto propio de una
Constitución, sino más bien de la ley y del desarrollo posterior. El Constituyente
Antonio Yepes Parra, por ejemplo, manifestó lo siguiente en la sesión del 10 de
mayo, de la Comisión Quinta:
“[…] La inquietud del doctor Lemos sobre el límite de
edad no sé si podría ser válida, por ejemplo en el aspecto de los jóvenes, en
el capítulo de los derechos de los jóvenes, […] pero también vendría la
inquietud que corresponde [p]or Constitución [l]imitar esas edades o si se
delega en la ley la limitación, hasta donde lleguen los niños, los
adolescentes, los jóvenes, y qu[é] se considera tercera edad si debe quedar a
la ley o de pronto queda muy amarrado por Constitución pero tiene muchas
implicaciones en el aspecto, por ejemplo, de los jóvenes”.[16]
17. En el texto aprobado por la Comisión Quinta no se
fijó entonces una edad precisa que delimitara las etapas de la niñez, la
adolescencia, la juventud y la tercera edad.[17]
Ante la Plenaria de la Asamblea Constituyente que tuvo lugar el 10 de junio de
1991, el Delegatario Jaime Benítez intervino a nombre de la Comisión Quinta
para exponer el catálogo de “derechos de la familia”, que trataba
entonces entre otros de los derechos de los jóvenes. Abordó en esa ocasión el
problema planteado en las discusiones de la Comisión, relacionados con la
pertinencia de fijar límites -en términos numéricos de edad- a la niñez, la
juventud y la tercera edad, y en cuanto se refiere a la juventud expresamente
manifestó que esta no podía definirse con arreglo a criterios tan cerrados como
el número de años de una persona, sino más bien con fundamento en parámetros conceptuales
tendencialmente vinculados a la cultura, al Estado y la sociedad:
“[…] Vienen a continuación los Derechos de los Jóvenes
y es difícil, fue difícil redactarlos porque no existe ni siquiera la
definición de ¿Quién es un joven en el mundo? Joven es, aquel niño que ha
pasado de 10 años, según dicen algunos países hasta que otros, en su extremo,
dicen que joven es aquel que no pasando de 40 años, se conserva aún soltero;
extremos en donde es difícil ubicarnos, pero nosotros decimos simplemente que
jóvenes son todos los que están sometidos a la protección y formación moral,
física, psicológica, intelectual, sexual y social por parte del Estado y de la
sociedad […]”.[18]
18. La Sala Plena de esta Corte ha sostenido, además y
en concordancia con lo anterior, que en abstracto no puede vincularse a una
edad en específico el ciclo humano al cual se refiere la Constitución cuando
habla de “jóvenes”, “juventud” o “juveniles”. Como
acertadamente lo dice uno de los intervinientes en este proceso,[19] en la
sentencia C-862 de 2012 la Corte señaló que “no existe un concepto unívoco
de joven en las normas que fungen como parámetro de constitucionalidad”.[20] En ese
caso se revisaba la constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria por
medio del cual se pretendía expedir el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. La
Procuraduría General sostuvo en ese proceso que la definición de jóvenes
incorporada en dicha iniciativa era discriminatoria, toda vez que entendía por
tales a quienes tuvieran entre 14 y 28 años de edad cumplidos, y no a quienes
contaran con menos de 14 años. Esta Corte discrepó entonces del Concepto
Fiscal, y en ese caso dijo que ni la Constitución, ni los instrumentos
internacionales, ni la legislación extranjera, preveían un concepto uniforme sobre
lo que debe entenderse por joven o juventud:
“(I)   El concepto de joven contemplado
en instrumentos internacionales
En la normatividad internacional se
encuentra regulación pertinente sobre el tema de la definición de juventud. En
este sentido, la ONU define la juventud como el grupo poblacional comprendido
por personas entre 14 y 25 años de edad, que viven  “un momento muy
especial de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa
la construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia”.
Sin embargo, “para muchos la definición de juventud no se limita a la edad,
sino que es un proceso relacionado con el periodo de educación en la vida de
las personas y su ingreso al mundo del trabajo”.
Por otro lado, la Organización
Mundial de la Salud –OMS-, establece que “a este grupo
pertenecen las personas entre los 10 y los 24 años de edad y corresponde con la
consolidación de su rol social.”[95]
(ii) Definición de juventud en el Derecho
Comparado
Las referencias que se hacen a
continuación, más que parámetro de definición para el ordenamiento colombiano,
denotan la ausencia de un carácter de univocidad respecto del concepto ahora
estudiado. En este contexto, se encuentra que en Argentina se consideran
jóvenes quienes cuentan con edades entre 19 y 29 años, en Bolivia de 18 a
30 años,  en Brasil de 19 a 25 años, en Chile de 19 a 29 años,
en Costa Rica de 12 a 35 años, en Ecuador de 18 a 29 años, en
México de 12 a 29 años, en Nicaragua de 18 a 30 años, en
Paraguay de 18 a 30 años, en Perú de 15 a 29 años, en República
Dominicana de 15 a 35 años, en Uruguay de 19 a 25 años, en
Venezuela de 18 a 28 años y en Cuba los menores de 30 años en
general.
De  lo anterior se puede observar que
no hay una definición uniforme en la legislación internacional, ni en la de
otros países, sobre la edad que comprende la etapa de la juventud, en virtud a
que cada Estado tiene la facultad para establecer las medidas y políticas
necesarias para responder a cada una de sus necesidades, entre las cuales está
constituir el rango de edad que comprende la juventud, teniendo en cuenta su
realidad social que le permite alcanzar en mayor o menor medida las metas
propuestas en materia de participación, desarrollo, empleo y educación juvenil”.[21]
19. En esta ocasión la Corte reitera lo dicho en la
sentencia C-862 de 2012. Ratifica entonces que la Constitución no prevé expresa
ni tácitamente un marco temporal de edad, expresado en números de años de los
individuos, con fundamento en el cual se pueda determinar aritméticamente
cuándo una persona empieza y deja de considerarse joven. Esto tiene desde luego
una explicación más profunda, que naturalmente no se contrae tan solo a la
descripción del contenido del texto constitucional, de los debates que
antecedieron a su creación y de la jurisprudencia de control abstracto que lo ha
interpretado. Lo que colectivamente se entiende por juventud, jóvenes
o juvenil depende no sólo del contexto (por ejemplo normativo) en el
cual se está hablando, sino además del concepto que se tenga acerca de cuándo concluye
la niñez o comienza la edad adulta, y de si existe una etapa intermedia entre
ambos estadios de la vida humana, lo cual a su turno es también en parte fruto
de la cultura, la época y las transformaciones políticas, económicas y sociales,
como se mostrará.[22]
20. En cuanto a la variabilidad de la noción de
juventud en función del contexto, la jurisprudencia de la Corte ha
reconocido –justamente en la sentencia C-862 de 2012- que el significado de
términos como joven o juvenil puede cambiar normativamente, si
bien dentro de ciertos límites, según el campo jurídico del cual se trate, y
por eso afirmó expresamente que “la definición de joven
varía según el objeto de la regulación que la incluya”. Una prueba
de que esto no sólo es aceptable internamente, sino que incluso es una práctica
global más extendida, es la definición de juventud que ofrecen distintas
instancias internacionales de derechos humanos. En la Organización de Naciones
Unidas (ONU), la tendencia predominante es hacia ubicar la juventud
–fundamentalmente para efectos estadísticos- entre los 15 y los 24 años de
edad, como lo ha previsto la Asamblea General de la Organización en diversas
ocasiones.[23] No obstante, en este organismo
hay instancias, entidades, instrumentos y programas que acogen estipulaciones
diferentes. La Organización Mundial para la Salud, por ejemplo, considera que la
juventud se extiende desde los 10 hasta los 24 años, en un marco de
investigaciones y de fijaciones de estándares relacionados con la salud.[24]
La ONU Habitat considera como joven a la población entre 15 y 32 años de edad,
y la Carta Africana de la Juventud concibe como jóvenes a quienes tienen entre
15 y 34 años de edad.[25]
21. Es además un hecho
apreciable, incluso en el orden interno, que nuestras propias concepciones
sobre la juventud están sujetas a cambios progresivos con el paso del tiempo.
Obsérvese por ejemplo lo que ha ocurrido en el trascurso de veinte años,
aproximadamente, con las leyes sobre juventud expedidas por el Congreso de la
República. La Ley 375 de 1997 ‘Por la cual se crea la ley de la juventud y
se dictan otras disposiciones’, establecía que para efectos de
participación y derechos sociales regulados en la misma se entendía por joven
la persona “entre 14 y 26 años de edad”. En contraste, la Ley 1622 de 2013 ‘Por medio de
la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones’, que derogó la citada en primer lugar, prevé en su artículo
5º que joven es “[t]oda persona entre 14 y 28 años cumplidos”.
Amplía, como se ve, en dos años el rango de edad en el cual se ubica la
población joven. Investigaciones en ciencias sociales han señalado también que
el ciclo de la juventud se contrae o expande en el tiempo, según diversos
factores, dentro de los cuales se pueden mencionar por ejemplo los cambios
políticos,[26] los niveles de empleo o
desempleo,[27] y en un plano más estructural según
el estadio de desarrollo de la sociedad, lo cual significa que la juventud se
entiende de formas distintas dependiendo de si esta última se encuentra en un
estadio fundamentalmente rural o urbano, industrial o informático, pues en cada
uno de esos contextos se requieren diferentes extensiones de tiempo para
adquirir las habilidades y conocimientos que exige el tránsito de la niñez a la
vida adulta.[28]
22. En términos comparativos,
la Corte ha tenido la ocasión de hacer -en la sentencia C-862 de 2012 - una
referencia textual a los rangos de edad en que empieza y concluye la juventud según
disposiciones legales de diversos países, y pudo verificar que las
aproximaciones tienden a variar según la nación. Se mencionó que jóvenes son quienes cuentan con edades
entre 19 y 29 años en Argentina, 18 y 30 años en Bolivia, 19 y 25 años en
Brasil, 19 y 29 años en Chile, 12 y 35 años en Costa Rica, 18 y 29 años en
Ecuador, 12 y 29 años en México, 18 y 30 años en Nicaragua, 18 y 30 años en
Panamá, 15 y 29 años en Perú, 15 y 35 años en República Dominicana, 19 a 25
años en Uruguay, 18 y 28 años en Venezuela, y en general menos de 30 años en
Cuba.[29]
El Banco Mundial, por su parte, asegura que la mayoría de políticas para la
juventud en el Caribe asume como joven a toda persona que esté entre los
15 y los 30 años de edad.[30]
Ese mismo estudio, pero además otro de la ONU y la CEPAL, ratifican de modo
explícito que las edades entre las cuales se considera que una población es
joven cambian no sólo a través del tiempo sino además en función de la
sociedad, la cultural, la etnia, e incluso en atención a la ‘clase social’ o
al ‘género’.[31]
En términos normativos, el Secretario General de la ONU ha
sostenido que si bien para efectos estadísticos y de fijación de ciertos
estándares la ONU tiende a fijar límites precisos por edad para circunscribir
el universo de la población joven, en el plano interno las naciones están
soberanamente capacitadas para fijar de forma razonable otros rangos, con
fundamento en criterios diversos, de orden demográfico, económico o
sociocultural.[32]
23. Estas variaciones en la composición del universo
de jóvenes, que como se dijo responden a diferencias en el contexto normativo,
la época, la cultura y las transformaciones políticas y socio económicas, entre
otras, explican entonces con suficiencia la decisión del Constituyente de dejar
abierto en términos numéricos la edad el grupo de integrantes de la población
juvenil (CP arts 45 y 103). Las Constituciones rígidas como la de 1991, cuya
rigidez la define el hecho de que no se reforman por los procedimientos
previstos para adoptar la legislación sino que exigen trámites más rigurosos,
tienen conceptualmente vocación de especial perdurabilidad y están llamadas a
ofrecer estabilidad duradera.[33]
Cuando han de regular un asunto sujeto a transformaciones en la realidad
social, como ocurre con el ciclo humano al cual se alude con los términos ‘joven’,
‘juventud’ o ‘juvenil’, las constituciones rígidas no suelen
definir por técnica en términos cerrados sus preceptos sino que usan por el
contrario expresiones de amplio alcance, abiertas en consecuencia a los cambios
y susceptibles entonces de adaptarse como principios a las evoluciones que se
experimenten sin necesidad de una reforma institucional expresa a sus textos.
24. Lo anterior indica que la Constitución no consagra
–en sus normas generales, abstractas e impersonales- criterios cerrados
de edad para circunscribir de forma puntual en qué rango preciso se encuentra
de forma inexorable la población ‘joven’, la ‘juventud’ o las
personas en etapa ‘juvenil’. Desde luego, esto no impide que el
legislador desarrolle las previsiones constitucionales y, en ejercicio de su
libertad de configuración, establezca razonablemente los límites entre
los cuales se cumple el periodo humano al que debemos considerar jurídicamente
como juventud, según el contexto. Tampoco significa que la Corte esté
imposibilitada para controlar en abstracto la legislación que persiga
desarrollar la Constitución en materias vinculadas con la población joven. Si
bien la Constitución no consagra límites precisos de edad en este aspecto, el
Estado de Derecho trae implícita una interdicción de arbitrariedad en el
ejercicio del poder, y en la Carta hay ciertas limitaciones que no pueden
transgredirse aun cuando se mantenga la libertad de configuración legislativa.
Por ejemplo, para determinar la juventud que tiene acceso a una prestación
vinculada con un derecho social fundamental, el Congreso no puede violar la
prohibición de regresividad (CP art 93). Las demandantes aducen que además de
ese límite hay otro, el que se deriva del derecho a disfrutar sin
discriminaciones del servicio de seguridad social en pensiones (CP art 48).
25. La Corte comparte esta apreciación. En efecto,
cuando mediante ley se pretenden distribuir cargas y beneficios asociados al
sistema de seguridad social, uno de los límites que se derivan de la
Constitución es el derecho de toda persona a recibir “la misma protección”
de las autoridades, y a “gozar de los mismos derechos, libertades y
oportunidades” (CP art 13). Este principio no le impide al legislador
establecer ciertas reglas con distinciones, que atiendan razonablemente a las
diferencias objetivas y suficientemente justificadas entre las personas. En
materia de seguridad social la Corte ha admitido por eso que, por ejemplo, se
postulen reglas diferenciadas de acceso a la pensión de vejez, según si el
afiliado es hombre o mujer.[34]
No obstante, el derecho a igual protección tampoco se circunscribe únicamente a
prohibir la discriminación injustificada con fundamento en el sexo, la raza, el
origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o
filosófica. Sus implicaciones son mucho menos estrechas, y exigen en general
que las diferencias de tratamiento en los sistemas de protección estén
razonablemente justificadas.[35]
Sin desconocer entonces que el legislador puede definir con amplia libertad
relativa –no absoluta- cuándo empieza y termina la juventud, si de esa
definición jurídica depende la asignación o distribución de cargas o
beneficios, los límites que ponga la ley para deslindar esa etapa de las demás
deben estar razonablemente fundados. De lo contrario habría un problema de
inconstitucionalidad por posible violación del principio de igualdad (CP art
13).
26. Lo mismo vale en general para las regulaciones
legales por medio de las cuales se asignan o distribuyen cargas y beneficios en
seguridad social y que, sin definir expresamente cuándo comienza y concluye una
etapa de la vida humana (niñez, juventud, tercera edad), establecen
tratamientos diferenciados en función de la edad de las personas. El
legislador puede prima facie emplear criterios de acceso a las pensiones
que tengan en cuenta la edad del afiliado. Está autorizado para hacerlo,
por ejemplo, con el fin de adaptar los requisitos de adquisición de derechos
pensionales a las diferencias objetivas que se observen en la realidad
ocupacional. En el caso específico de la norma demandada, se ha aducido que la
ley puede fijar criterios menos rigurosos de cotización para acceder a la
pensión de invalidez cuando se trata de personas que por su momento vital están
naturalmente apenas comenzando su relación con el sistema de pensiones, y no
tienen una extensa historia de aportes. Sin embargo, el problema que plantea la
demanda contra la disposición acusada no es que prevea un tratamiento especial,
sino que cierre de forma estricta la edad de sus beneficiarios y no incluya
entre ellos a otras personas que a pesar de tener veinte o más años son aún
jóvenes y están en las mismas condiciones que los menores de esa edad, con lo
cual someterlos al requisito general los enfrenta a barreras inocultables de
acceso a las pensiones de invalidez.
27. La Sala Plena de la Corte a continuación definirá
entonces si el legislador vulneró el derecho de los jóvenes a gozar sin
discriminaciones de la seguridad social en pensiones, al restringir la
aplicabilidad de la disposición demandada únicamente a los menores de veinte
(20) años de edad.
Juicio de constitucionalidad de la norma demandada. La
interferencia en el derecho de los jóvenes a disfrutar sin discriminación de
prestaciones pensionales para cubrir el riesgo de invalidez
28. La norma acusada efectivamente prevé un
tratamiento especial en pensiones de invalidez, que puede ser más beneficioso que
la regla general para quienes por su corta historia de aportes estables al
sistema general de pensiones no reúnen 50 semanas de cotización en tres años
anteriores a la estructuración de la invalidez. Ahora bien, el legislador
decidió circunscribir ese potencial beneficio únicamente a la población con
menos de veinte años de edad, la cual puede entonces acceder a la pensión de
invalidez si -además de cumplir los restantes requisitos- tiene 26 semanas de
cotización en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la
invalidez o a su declaración. Las demandantes sostienen que ese límite de edad
no está justificado, y que conforme a la jurisprudencia de tutela de esta Corte
excluye de su ámbito de aplicación a otras personas –jóvenes- que están en las
mismas condiciones que quienes tienen menos de veinte años de edad, razón por
la cual el Congreso violó su derecho a gozar de un servicio de seguridad social
en pensiones sin discriminaciones injustificadas (CP arts 13 y 48). No todas
las intervenciones están sin embargo de acuerdo con que esta diferencia de
trato resulte injustificada. La Corte procederá entonces a evaluar cuál es la
justificación de este límite de edad.
29. Una de las reformas que
introdujo la Ley 860 de 2003 en los requisitos de acceso a la pensión de
invalidez se centró en el cambio de la densidad de cotizaciones. Como antes se
dijo, la regla general actual prevé que se debe contar con 50 semanas en los
tres años “inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración” (L 860 art 1) o “al hecho causante de la misma”
(ídem). El cambio que esto supuso fue doble, en relación con el que preveía la
versión original de la Ley 100 de 1993, pues al mismo tiempo aumentó el número
de semanas de cotización, pero amplió simultáneamente el espacio temporal
dentro del cual aquellas podían reunirse. La sentencia C-428 de 2009, que
estudió justamente algunos cargos de inconstitucionalidad presentados contra
esta norma general de la Ley 860 de 2003, explicó entonces que con la última el
legislador “aumentó el número de
semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, [y] de igual manera aumentó el plazo
para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores a la estructuración
de la invalidez”.[36]
30. La misma sentencia C-428 de 2009 explicó en esa
ocasión que ni el fin ni el efecto de esta reforma fueron inequívocamente los
de introducir un retroceso en el nivel de protección alcanzado en el
cubrimiento de las contingencias de invalidez. La Corte dijo que la reforma, a pesar de
hacer más gravoso el requisito de semanas mínimas de cotización, “prima
facie, en realidad está permitiendo a ciertos grupos poblacionales el acceso a
una prestación que anteriormente les estaba vedada”. Mientras
la versión original de la Ley 100 de 1993 les exigía a los afiliados “cotizar
el 50% del tiempo trabajado en el año inmediatamente anterior al momento de la
estructuración de la invalidez en caso de que no se encontraran cotizando”,
en la Ley 860 de 2003 “el porcentaje exigido es variable y en promedio se
ubica en el 33% de la carga de cotización, es decir, que supone cotizar en
promedio 16.6 semanas en cada año durante los últimos 3 años”, por lo cual
la reforma “antes que regresiva, [resulta] favorable a los intereses
de muchos cotizantes, sobre todo a los trabajadores que no poseen un empleo
permanente”. Con base en esto señaló que “el supuesto carácter
inequívocamente regresivo de la medida no es cierto”. Al contrario, como aseveró el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en ese proceso –y la Corte coincidió en parte con
este argumento- la reforma buscaba ampliar la cobertura, y de hecho había
aumentado en la práctica, durante su vigencia, el número de pensionados por
invalidez:
“la reforma introducida por el
artículo 1º de la Ley 860 2003, […] determina el requisito para acceder a la
pensión de invalidez, ya no en semanas cotizadas sino en “densidad de
cotización”, permitiendo ampliar la cobertura de este beneficio
a aquellas personas, que si bien no tenían el requisito de las 26 semanas en el
último año inmediatamente anterior a la fecha del siniestro, sí podían tener
dentro de los 3 años 50 semanas de cotización y además por la densidad de
cotizaciones podían acceder a la prestación a pesar de no tener ni 50 semanas
de cotización; esto es, amplió el ámbito temporal para acreditar las semanas de
cotización.
[La regulación] anterior
implicaba que si una persona no tenía las semanas de cotización en el último
año anterior a la fecha de estructuración de invalidez, no tendría derecho a
dicha prestación aunque tuviera una gran densidad de semanas en su vida
laboral: por ejemplo un trabajador con 14 años de servicios, que fuera
desvinculado de la empresa en que laboraba y que desafortunadamente no pudo
vincularse dentro del año siguiente a un nuevo empleo que le permitiera
continuar cotizando y sufre un accidente que lo deja con una pérdida de
incapacidad laboral superior al 50%: este trabajador no cumpliría el requisitos
de las 26 semanas de cotización en el último año previsto en la Ley 100, por lo
cual no accedería al beneficio pensional a pesar de tener una gran densidad de
semanas en su historia laboral. La situación anterior fue superada por la norma
demandada, puesto que además de reflejar la participación real del trabajador
en el Sistema General de Pensiones, le permite que se tenga en cuenta dicha
participación, siendo así más amplía la cobertura de este beneficio pensional,
al punto que si la persona no tiene las 50 semanas de cotización, pero tiene un
75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, sólo
se exigen 25 semanas en los últimos 3 años, que en el ejemplo propuesto serían
cumplidas cabalmente por el trabajador (parágrafo 2º Art. 1º Ley 860 de 2003).
Según información estadística
suministrada por el ISS, durante la vigencia del artículo 39 -anteriormente
previsto en la Ley 100 de 1993- en el período comprendido entre el año 1994-2002,
fueron reconocidas 21.256 pensiones de invalidez, mientras que durante la
vigencia de la modificación introducida por la norma demandada (período
2003-2007), el número de reconocimientos ascendió a 14.075. En el período de
1994-2002 el promedio anual de pensiones de invalidez reconocidas fue 2.362,
mientras que durante 2003-2007 es de 2.815, con un incremento de 353
reconocimientos anuales, lo cual demuestra un aumento significativo del
número promedio de reconocimientos después de las condiciones establecidas por
la norma demandada”. (Énfasis añadido).
31. Con
fundamento en lo anterior, la Corte declaró entonces exequible la reforma
introducida por la Ley 860 de 2003, en lo que atañe a la densidad de
cotizaciones al sistema general de pensiones. La Corporación no examinó
entonces la constitucionalidad de la excepción, que ahora se demanda, aplicable
únicamente según el texto legal a los menores de veinte años de edad. La
finalidad de esta previsión debe entonces definirse a partir de los debates que
precedieron a su aprobación en el Congreso de la República. En la Gaceta 593
del 14 de noviembre de 2003, donde figuran el texto del proyecto de ley que se
convirtió en Ley 860 de 2003 y su exposición de motivos, presentados por los
entonces Ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, se
puede observar que “el espíritu del proyecto es mejorar la solidaridad y
la equidad, bajo una óptica de responsabilidad fiscal”. En cuanto al
propósito más específico, que se buscaba alcanzar con la reforma a las
condiciones de acceso a la pensión de invalidez, la exposición de motivos
sostuvo lo siguiente:
“[s]e modifican los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez. El requisito no se establece en
términos de semanas sino de densidad de cotización. || Para tener derecho a la
pensión de invalidez causada por enfermedad común, se exige que el afiliado
haya cotizado al menos el 25% del tiempo transcurrido entre los 20 años, y la
edad en que ocurre el siniestro. Cuando la causa sea un accidente, el requisito
es el 20% de cotización durante el mismo periodo. || Al requerirse más semanas,
cuando se tiene mayor edad, se impone la cultura de la afiliación a la
seguridad social y se controlan los fraudes. Cuando un afiliado haya cotizado
20 años o mil semanas, la cobertura del seguro se mantiene en forma vitalicia,
así haya dejado de cotizar por un tiempo prolongado”.[37]
32.
Como se observa, la motivación gubernamental para introducir la reforma a las
condiciones de acceso a la pensión de invalidez, no se refiere expresa y
detalladamente a la razón por la cual se contemplaba una excepción, en materia
de densidades de cotización, aplicable únicamente a los menores de 20 años de
edad. En general, el proyecto de ley buscaba promover “la cultura de la
afiliación a la seguridad social” y de “controla[r] los fraudes”,
lo cual se perseguía por la vía de que “requerí[r] más semanas,
cuando se tiene mayor edad”. Los propósitos de la excepción tampoco
aparecen en el informe de ponencia para primer debate en Comisiones conjuntas
de Senado y Cámara, publicada en la Gaceta 667 del 9 de diciembre de 2003, el
cual básicamente se limita a reiterar lo indicado en la exposición inicial de
motivos del proyecto. Los ponentes sólo agregaron, a la explicación textual
antes transcrita, una ilustración general de lo que se proyectaba hacer en el
artículo 2 de la iniciativa:
“[e]l proyecto de origen
gubernamental tiene tres disposiciones, a saber: […] La segunda, busca
modificar en los mismos términos que traía el artículo 11 de la Ley 797 de
2003, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, relativo a los requisitos que deben
cumplirse para obtener la pensión de invalidez en el Sistema General de
Pensiones […]”.[38]
33. Ni
en la exposición de motivos, ni en la ponencia para primer debate, se
explicaron las razones para aplicar la excepción únicamente a los menores de 20
años de edad. Esta deficiencia tampoco se subsana en los informes de ponencia
para segundo debate en Senado y Cámara de Representantes, contenidos
respectivamente en las Gaceta 686 del 17 de diciembre de 2003 y 690 del 18 de
diciembre de 2003.[39]
Si bien en estas ponencias se manifiesta expresamente que durante los debates
en Comisiones se aprobó una excepción a la regla general en materia de
densidades de cotización, la norma a la cual se hace referencia es la que luego
se convirtió en parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con las
modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003, y aplicable a las personas que hayan cotizado al menos
el 75% de las semanas mínimas necesarias para acceder a la pensión de vejez,
caso en el cual “solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los
últimos tres (3) años” (L 100 art 39 parágrafo 2).[40]
E incluso debe decirse que el informe de ponencia no expuso tampoco los motivos
para introducir esa excepción. Se advierte entonces en estos referentes del
debate parlamentario la ausencia de justificación del límite de edad que
actualmente aparece en el parágrafo acusado, y las razones para cobijar con la
excepción únicamente a los menores de veinte años de edad.
34. La falta de una explícita referencia a la
finalidad de la norma demandada en los debates parlamentarios que antecedieron
a la Ley 860 de 2003, no es por sí misma indicativa de que la disposición, y
específicamente la delimitación por edades que prevé, carezca de una
justificación. Es importante observar que antes de la Ley 860 de 2003, la Ley 797 de 2003 había previsto
una regulación semejante a la que hoy se cuestiona, con una regla especial
también para los menores de veinte años de edad, en su artículo 11. Esa
disposición fue declarada inexequible por vicios de procedimiento, mediante
sentencia C-1056 de 2003.[41]
Esto es relevante, pues al determinar si se previó alguna justificación de este
tratamiento especial actualmente bajo control es naturalmente relevante reparar
en los cometidos que le atribuyó el legislador, para lo cual la Corte acudirá
entonces también a los debates que se surtieron en el Congreso de forma previa
a la aprobación de la Ley 797 de 2003. Debe decirse, para empezar, que el proyecto de ley 56
de 2002 Senado, luego Ley 797 de 2003, fue presentado originalmente por el
Gobierno, sin que en su versión inicial tuviera un parágrafo como el que
finalmente quedó en su artículo 11. Ese proyecto de ley ciertamente proponía
reformar los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, pero no
consagraba una excepción especial para los jóvenes, o más estrictamente, para
los menores de veinte años de edad, como se aprecia en la Gaceta 350 de 2002.[42]
35. A pesar de que no
consignaba expresamente una excepción, de beneficio exclusivo para los jóvenes
o, en un grado más estrecho, para los menores de veinte años de edad, el
proyecto de ley presentado por el Gobierno no ligaba inexorablemente la pensión
de invalidez a que el afiliado reuniera 50 semanas en años anteriores a la
estructuración del riesgo. De acuerdo con su texto, la iniciativa permitía que
en casos de invalidez causada por accidente, la pensión se adquiriera con 26
semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la estructuración de
la invalidez. La reforma estuvo inspirada por un propósito de construir “esquemas
sociales” financieramente “viables y sostenibles”, así como también “solidarios
[…] y equitativos para todos”. Los principios que orientaban la
reforma fueron entonces enunciados no sólo en términos de sostenibilidad
fiscal, sino también de equidad y justicia. Por eso la exposición de motivos
del proyecto de ley decía expresamente que los “principios rectores” de
la propuesta presentada por el Gobierno Nacional eran: “Equidad y
solidaridad social. Responsabilidad fiscal. Justicia redistributiva”.[43]
En cuanto a la justificación específica de la reforma a las reglas sobre acceso
a la pensión de invalidez, la explicación que dio el Gobierno fue la siguiente:
“[s]e incrementa el período de carencia para tener
derecho a la pensión de invalidez causada por enfermedad a 50 semanas de
cotización en los últimos 2 años y por accidente se mantendrá las veintiséis
(26) semanas de cotización”.
36. Dado que no había una
excepción específica, definida en función de la edad del afiliado, a estas
reglas de adquisición de pensiones de invalidez, la exposición de motivos no se
refería naturalmente a ese punto. La primera etapa de ese proyecto de ley, que
luego se convirtió en Ley 797 de 2003, se surtió ante las Comisiones conjuntas
de Senado y Cámara de Representantes. Los informes de ponencia para primer
debate, publicados en las Gacetas 508 y 533 de 2002, no incorporaron tampoco
una modificación en el sentido en el cual quedó finalmente el parágrafo del
artículo 11 de la Ley 797 de 2003.[44]
Durante las discusiones en las Comisiones, como se puede observar en la Gaceta
168 de 2003, no sólo no se incluyó una norma como la que contempla el parágrafo
ahora acusado, que diferencia las reglas por edad, sino que de hecho se
suprimió del proyecto, por decisión deliberada, la propuesta de reforma a las
normas pensionales de invalidez. En efecto, tras la presentación de una “proposición
supresiva” del artículo 19 del Proyecto de Ley, la misma fue aprobada por
las mayorías de cada una de las Comisiones, en sesión conjunta.[45]
Por esto, en la Gaceta 616 de 2002, donde se publicó el proyecto aprobado en
comisiones, no hay una reforma a las reglas pensionales de invalidez.[46]
37. En la sentencia C-1056 de 2003, la Corte advirtió justamente
que, luego de los debates en Comisiones conjuntas, el proyecto de reforma a las
reglas sobre pensión de invalidez no se incluyó en ninguna de las ponencias
para discusión en Plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Según dijo
esta Corporación, “[e]n
la ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, no se incluyó un
artículo concerniente al tema de la pensión de invalidez. Tampoco se incluyó una referencia a
este artículo en el texto definitivo aprobado por la Plenaria del Senado. Por su parte, en la Ponencia para Segundo Debate
en la Plenaria de la Cámara de Representantes tampoco
incluyó un artículo sobre los requisitos para obtener la pensión de invalidez”. Fue solamente en el trascurso de
las deliberaciones en la Plenaria de la Cámara de Representantes que tuvo lugar
el 20 de diciembre de 2002, cuando no sólo se reincorporó a los debates el
proyecto de reforma a las reglas pensionales de invalidez, sino que se
introdujo por primera vez, a título de proposición aditiva, un parágrafo como
el que ahora se demanda, y cuyo texto decía –se resalta-:
“Artículo Nuevo. El Artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo. Requisitos para obtener la pensión de
invalidez.
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido, y acredite las
siguientes condiciones:
1.  Invalidez causada por enfermedad.
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas en los últimos  tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinticinco por ciento (25%)
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2.  Invalidez causada por accidente.
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas en los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo. Los menores de veinte (20) años de edad, sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de la invalidez o su declaratoria.”[47]
38. Ahora bien, en
el Acta de Plenaria 040 de 2002, correspondiente a la sesión de la Cámara de
Representantes del 20 de diciembre de 2002, no aparece una motivación
específica para insertar el parágrafo atinente a la norma especial en pensiones
de invalidez para los menores de veinte años de edad. Ni en esa Plenaria, ni
tampoco en la de Senado de la República, que ocurrió el mismo 20 de diciembre
de 2002, y en la cual según la sentencia C-1056 de 2003 “no se decidió”
nada en lo referente al proyecto inicial de reforma a las pensiones de
invalidez, se ofreció entonces una justificación para delimitar el ámbito de
aplicación del parágrafo citado únicamente a los menores de 20 años de edad.[48] Debido a que en ese
trámite los textos aprobados por Senado y Cámara presentaron discrepancias,
entre otras materias, en lo tocante a la pensión de invalidez, se propuso como
conciliación acoger un texto, en el cual aparecía el que posteriormente terminó
siendo artículo 11, sobre modificaciones a las reglas pensionales de invalidez,
que contenía entonces el parágrafo atinente a la excepción aplicable a menores
de veinte años de edad. Pero ni en el informe de conciliación, ni en las
sesiones plenarias en las cuales se votó el texto conciliado, se ofreció una
explicación o justificación para la regla especial en pensiones de invalidez
para los menores de veinte años de edad.[49]
39. De todo lo anterior puede inferirse entonces que
el legislador fijó un límite de edad para definir el universo de destinatarios
del tratamiento especial previsto en la norma demandada, pero que a la
previsión de ese parámetro de edad no sólo no subyace una deliberación especial
y particular del Congreso, sino que de hecho no se advierte que hubiera
argumentos en su respaldo. Esto ya había sido advertido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-777 de 2009, primera en una línea de
pronunciamientos jurisprudenciales que han inaplicado de forma sostenida el
límite de edad que contempla el parágrafo acusado, y lo han extendido conforme
a la universalidad del servicio de seguridad social hacia personas también
consideradas razonablemente como jóvenes, aunque no sean específicamente
jóvenes menores de veinte años de edad. En la sentencia citada, tras revisar
los antecedentes legislativos tanto de la Ley 860 de 2003 como de la Ley 797 de
2003, la Corporación concluyó:
“[d]espués de examinar las gacetas del Congreso y de indagar por la
exposición de motivos que llevó al Legislador a tomar como referencia la edad
de 20 años y no la de 25 por ejemplo, como si lo hiciera en la prolongación del
beneficio de la pensión de sobrevivientes, repara la Sala que no existe una
argumentación razonable que permita  excluir de este beneficio a una
persona de 23 años que se encuentra en simétrica situación fáctica que una
persona de 20 años.
Dicha edad (20 años) no se ve motivada en
las gacetas números 508 y 533 que datan de los días viernes 15 y 22 de
noviembre del año 2002. Tampoco est[á] motivada en las gacetas números 44, 51 y
60 de los días 5,7 y 18 de febrero respectivamente, todas ellas del año 2003;
así como tampoco en la gaceta del 15 de abril de este mismo año, en las cuales
se expusieron los motivos de la ley 797 por medio de la cual se reformaban
algunas disposiciones en el sistema General de Pensiones previstas en la Ley
100 de 1993 y se adoptaban otras disposiciones y que a su vez fue declarada
inexequible en algunos de sus apartes por esta Corporación mediante
Sentencia C-1053 de 2003. De igual manera tampoco se motivó en la gaceta número
690 del 18 de diciembre de 2003 donde se aprobó el texto definitivo de la Ley
860 del mismo año, que reemplazó los artículos 11 y siguientes de la ley 797 de
2003 declarados inexequibles por esta Corporación mediante la sentencia antes
citada.”[50]
40. Ahora bien, en este proceso el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Asofondos y Fasecolda aseveran que el límite de
edad fijado en el parágrafo 1, artículo 1, de la Ley 860 de 2003 responde a una
diferencia objetiva que existe en la realidad entre la situación de las
personas que tienen menos de veinte años, por una parte, y quienes tienen entre
veinte y veintiséis años de edad por otra –etapa esta última dentro de la cual
las accionantes consideran que se agota la juventud -. La argumentación de las
intervenciones se finca básicamente en dos argumentos, uno de los cuales podría
clasificarse como eminentemente legal, hipotético y conceptual, y otro como de
orden principalmente empírico, esbozado este último únicamente por Asofondos,
que es la única entidad de las mencionadas que suministra algunos datos dentro
de los márgenes que adelante se precisarán. La Corte pasa a analizar con
detenimiento estos argumentos.
41. El argumento de orden más legal, hipotético y
conceptual, tiene aspectos en común en las tres intervenciones. En síntesis
sostiene que a los menores de veinte años se les da un trato especial, no
extensivo a los jóvenes que tienen veinte años o más, porque ambos cuentan con periodos
desiguales de historia laboral posible y de relaciones con el sistema de
seguridad social en pensiones. Los primeros tienen preminentemente un horizonte
laboral posible muy corto. Fasecolda y Asofondos dicen que es un periodo de
apenas dos años, que empieza cuando se cumple la mayoría de edad (actualmente
en 18 años). Este horizonte lo fijan en un argumento legal, pues dicen que las
normas laborales condicionan la capacidad para celebrar un contrato laboral a
que se tengan dieciocho años de edad (CST art 29). Fasecolda sostiene que “la
edad legal para empezar a trabajar es a los 18 años de edad”. Asofondos
dice que “desde el punto de vista de la legislación laboral, las personas
ingresan formalmente al mercado laboral a los 18 años”. El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público reconoce, por el contrario, que el Código de la
Infancia y la Adolescencia establece en 15 años la edad para trabajar, si bien
con condiciones. Pero en general las tres entidades señalan que la población
menor de veinte años está apenas ingresando a la vida laboral, tiene un
historial de aportes más corto que las demás personas consideradas jóvenes por
las actoras, y experimenta inestabilidades del mercado laboral y la vida
estudiantil, por lo cual es entonces natural que sólo a ellas se restringa
estrictamente la norma acusada.
42. La Corte considera que este primer
argumento se edifica parcialmente –en dos de las intervenciones- sobre la base
de una premisa normativa distinta de la que se infiere del ordenamiento legal.
Como aseguran el Ministerio Público y lo reconoce el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la edad mínima de acceso al trabajo no es actualmente 18 años
pues la Ley 1098 de 2006 prevé en su artículo 35 que “la edad mínima de admisión al trabajo es los quince
(15) años”, con ciertas condiciones
particulares para los menores de edad.[51]
Este límite ha sido admitido como válido por la Corte, por ejemplo en la
sentencia C-170 de 2004, si bien con estrictas exigencias especiales aplicables
al trabajo de los menores de 18 años, conforme lo disponen la Constitución y el
bloque de constitucionalidad. Por no ser el objeto de esta providencia la
definición de las condiciones en que es constitucionalmente admisible el
trabajo en personas menores de edad, la Corte remite entonces a lo dicho en la
sentencia C-170 de 2004.[52]
Lo que sí le corresponde a la Corporación en este caso es señalar que el
horizonte ocupacional de los menores de veinte años; es decir, de quienes
tienen diecinueve años o menos, no es entonces de sólo dos años, como lo dicen
Asofondos y Fasecolda, sino que puede incluso ser de cinco años. Esto sólo
indica, sin embargo, que el periodo posible de cotizaciones de los menores de
veinte años es más amplio que el señalado en dos de las intervenciones.
43. Ya en el fondo, debe decirse, este primer
argumento de las intervenciones no justifica la limitación de edad que
introduce la norma acusada. Si bien quince años es la edad permitida
para empezar a trabajar, no todas las personas comienzan su vida laboral en ese
momento. Hay una colectividad en expansión que, por transitar en esa edad por
una etapa de formación, no ingresa al mercado laboral en ese instante, ni
tampoco a los dieciocho o los diecinueve años.[53]
Esta población comienza a ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de una
remuneración justa sólo después de concluido un periodo de formación secundaria
y tecnológica o profesional, en ocasiones luego de cumplir veinte años de edad.
Cuando empieza a hacerlo, en muchos casos sin tener historia real de
cotizaciones, el sistema le exige a esta población no obstante, como requisito
para la cobertura de su invalidez, contar con 50 semanas de cotización en los
tres años anteriores a la estructuración. Puede ser verdad entonces que los
menores de veinte años tienen un periodo posible o teórico de
cotizaciones pensionales inferior al de quienes tienen veinte años o más de
edad. Pero también lo es que el periodo real de cotizaciones depende en
esencia de cuándo la persona joven ingresa efectivamente al mercado laboral, lo
cual no necesariamente ocurre a los quince o dieciocho años de edad. Fuera de
eso, incluso en el plano de los horizontes teóricos o hipotéticos de
cotización, cada persona cuenta a su vez con un mayor periodo posible de
cotizaciones pensionales conforme avanza en edad, y así una persona con veintiún
años tiene más horizonte que una de veinte, y la de veintidós un espacio mayor
que la de veintiuno, y así sucesivamente. Sin embargo, no hay un tratamiento
pensional especial y particularizado para cada año de edad. La Ley acusada
prevé sólo una regla especial referida a la edad, y es exclusivamente para quienes
tienen menos de veinte años.  La cuestión entonces no desaparece sino que
persiste: ¿por qué la norma debe aplicar sólo a las personas menores de veinte
años de edad?
44. Asofondos intenta una respuesta adicional, que
sería entonces el segundo argumento antes considerado como empírico, en el cual
presenta datos relativos a semanas promedio cotizadas por personas que tienen entre
17 y 26 años de edad. En dicha tabla –según la intervención- se observa que “una
persona” de menos de 20 años que esté cotizando al sistema, debe tener unas
reglas especiales no extensibles a quienes tienen veinte o más años de edad. En
este punto, la intervención esgrime dos conclusiones. Primero dice que si a las
personas menores de 20 años de edad se les exige cumplir con 50 semanas en los
tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, entonces no podrían “nunca”
acceder a una pensión de invalidez. Luego precisa que si al menor de 20
años se lo somete a tal régimen general, entonces la consecuencia es que “tiene
pocas probabilidades de cumplir el requisito”, mientras que esa
probabilidad es “cierta y alta para personas mayores de 20 años”. La
tabla, antes transcrita en los antecedentes de esta providencia, se reproduce a
continuación para efectos de facilitar el análisis de sus datos:
Edad
Semanas promedio cotizadas por año
Hombres
Mujeres
17
13
11
18
16
18
19
18
21
20
21
23
21
23
24
22
23
25
23
24
25
24
24
25
25
24
26
26
23
26
45. Ahora bien, como esta información se presenta a
título de sustento empírico de los argumentos, la Corte debe valorarlos a la
luz de la sana crítica. Primero es necesario resaltar que la información
suministrada no se respalda en un estudio que haya sido aportado al proceso, en
el cual se relacionen de forma transparente las fuentes y la metodología.
Segundo, las cifras que expone no pueden tenerse –a falta de precisión al
respecto- como reveladoras de la situación de todo el sistema de
pensiones, pues no es claro si los datos provienen sólo del régimen de ahorro
individual con solidaridad, o si se edifica también sobre datos tomados del
régimen de prima media con prestación definida. Tercero, como se trata de
información que carece de referencia temporal, no puede calificarse como
ilustrativa de un promedio constante y sostenido desde cuando se introdujo la
reforma pensional mediante las Leyes 797 y 860 de 2003. Cuarto, como es una
información fragmentada en términos de edad, pues alude solamente a los
promedios de cotizaciones de personas que tienen entre 17 y 26 años, pero no a
quienes tienen 15 y 16, o más de 26 años de edad, no es posible extraer
conclusiones que se extiendan hacia todos los menores de 20 años, ni hacia
todos los que tengan más de esa edad, y por lo mismo se circunscribirán a las
edades respecto de las cuales hay efectivamente información.
46. Al valorar la información y los argumentos de
Asofondos, deben hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, si bien en
un momento la intervención asegura que con fundamento en esas cifras es posible
concluir que la población con
menos de 20 años de edad “tiene pocas probabilidades de cumplir” con la
regla general de 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de
la invalidez, en otra parte sostiene algo incluso más drástico, pues asevera
que los menores de 20 años no podrían “nunca” acceder a una pensión de
invalidez con tal regla general. Esto último, en especial, resulta
contraevidente a partir de las cifras que el mismo Asofondos aporta pues en estas
se aprecia, por el contrario, que las mujeres con diecinueve años de edad sí tienden
a reunir en promedio este número de cincuenta semanas en tres años anteriores y
consecutivos. En efecto, las cifras indican que las mujeres con diecisiete años
cotizan en promedio 11 semanas, con dieciocho años cotizan en promedio 18
semanas, y cuando tienen diecinueve años de edad cotizan en promedio 21
semanas, sumadas todas las cuales equivalen a un promedio de 50 semanas en tres
años consecutivos. Además, debe destacarse que, según Asofondos, dada la
dificultad que existe para que los menores de veinte años reúnan 50 semanas en
los tres años anteriores se justifica que a estos se les exija únicamente
contar con 26 semanas en el último año, para que así puedan acceder en promedio
a la pensión. No obstante, las cifras citadas muestran, en contraste con esa
apreciación, que si ese régimen especial es el único que aplica a los menores
de veinte años, y no a quienes siendo jóvenes tienen veinte años de edad o más,
termina ofreciendo apenas un beneficio aparente y realmente escaso o
insuficiente, pues se observa que en promedio los menores de veinte años, sean
hombres o mujeres, no tienden a reunir veintiséis semanas en un mismo año.
47. Asimismo, debe señalarse que la
información suministrada a este proceso por la Superintendencia Financiera,
referida únicamente al régimen de ahorro individual y valorada probatoriamente
a la luz de la imparcialidad de la institución que la presenta, muestra que –en
el régimen de ahorro individual con solidaridad- la relación de semanas
promedio de cotización tiende a aumentar no sólo hasta los veintiséis años de
edad, sino que en general continúa incrementándose progresiva y escalonadamente
conforme mayor es la edad de las personas, hasta los treinta y cinco años. Esto
complementa los datos parciales de Asofondos con información atinente a los
promedios de cotización de las personas mayores de 26 años. De acuerdo con estas
cifras, y como se aprecia en las tablas que se Anexan a la presente
sentencia, el promedio de semanas cotizadas por edad no sólo es mayor cuando se
pasa de tener menos de veinte años a tener entre veinte y veintiséis años de
edad, sino que desde los veintisiete años de edad en adelante – y aproximadamente
hasta los treinta y cinco- también aumenta notoria y sostenidamente el número
de semanas promedio cotizadas por afiliado. Luego esta información muestra que
es significativamente más baja la probabilidad de reunir 50 semanas de
cotización en tres años consecutivos cuando se tiene entre veinte y veintinueve
años de edad, que cuando se tiene entre treinta y treinta y cinco años. Con
estos datos, el razonamiento de la intervención se ve entonces necesariamente
relativizado.
48. En efecto, en opinión de Asofondos, el
fundamento de la diferencia de trato contemplada en la norma que se acusa es
que los menores de veinte años tienen menos semanas promedio cotizadas que los
mayores de esa edad, y que para los primeros es menos probable que para los
segundos reunir 50 semanas de cotización en tres años consecutivos. No
obstante, se mostró que a las mujeres de diecinueve años de edad se les aplica
la norma demandada, y se les permite pensionarse por invalidez con 26 semanas
de cotización en el año inmediatamente anterior a la estructuración o su
declaración, a pesar de que en promedio reúnen 50 semanas en tres años
consecutivos anteriores. Además, se evidenció que si bien resulta menos
probable reunir 50 semanas de cotización en tres años consecutivos cuando se
tiene menos de veinte años que cuando se tiene entre veinte y veintiséis años,
lo mismo puede decirse respecto de la comparación entre quienes tienen entre
veinte y veintinueve años, y quienes están en una edad de treinta años o más
pero menos de treinta y seis. Estos últimos, que están entre los treinta (30) y
los treinta y cinco (35) años de edad, se encuentran en condiciones
ostensiblemente mejores que quienes son menores en edad, para reunir las 50
semanas de cotización en tres años consecutivos. No obstante, ambos grupos,
desde los veinte años en adelante, se someten a la misma regla general que
exige, para acceder a la pensión de invalidez, 50 semanas de cotización en los
tres años anteriores a su fecha de estructuración.
49. Todo lo anterior debe además evaluarse
a la luz de la pertinencia de los datos actuales sobre el sistema pensional
para expresar la justificación del trato especial que introduce la norma
demandada. Aunque en la intervención no se precisa a qué periodo corresponden esas
cifras, debe presumirse que son actuales, y en consecuencia que los resultados concretos
que ofrece no son idénticos a los que existían cuando se expidieron las Leyes
797 y 860 de 2003. Aparte, debe resaltarse que –como antes se mostró- el
legislador en el año 2003 no expuso tablas o cuadros con información semejante,
correspondiente a la época. Luego tampoco puede decirse que por datos
equivalentes a los que hoy se ponen de presente se haya impuesto el límite de
edad que hoy prevé el precepto demandado.  Finalmente, incluso teniendo en
cuenta que hoy estos datos pueden ofrecer elementos que virtualmente podrían
llegar a contribuir a explicar el tratamiento especial consagrado por la norma
en la actualidad, la Corte considera que esa información por sí misma no ofrece
una razón concluyente sobre la pregunta por la constitucionalidad de la
disposición.
50. De hecho, si bien los datos de hoy
conducen a Asofondos a asumir que hay  diferencias objetivas entre los menores
de veinte años y las personas jóvenes que tienen veinte años o más de edad, lo
cierto es que conforme a datos también vigentes en la actualidad la Corte no
observa que quienes están en este último rango se encuentren en la misma
situación objetiva que quienes han superado claramente la juventud, como son
las personas que tienen entre treinta (30) y treinta y cinco (35) años de edad,
pues estos están en una posición significativa y notoriamente mejor que la
población joven con menos de esa edad pero mayor de veinte años, para reunir 50
semanas en tres años consecutivos. Más allá de eso, todos estos datos pueden
tener cierta vigencia hoy, pero el fallo de la Corte hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (CP art 243) y está llamado a respetarse aunque cambie
la realidad económica y laboral y, con ella, las cifras atinentes a semanas
promedio de cotización. Esto muestra entonces que la constitucionalidad de una
norma como la cuestionada no puede depender exclusiva o esencialmente de
resultados que están naturalmente sujetos a alterarse incluso de forma drástica.
Las cifras que se presentan hoy no sólo son entonces relativas, por las
limitaciones antes presentadas, sino que además son cambiantes. En contraste, un
fallo de fondo sobre la constitucionalidad de la norma hace tránsito a cosa
juzgada, y en virtud suya la disposición queda protegida frente a futuras
acciones públicas por los mismos cargos. Una realidad económica que es por
naturaleza variable no puede entonces en principio ser fundamento definitivo y
último de un fallo de exequibilidad con vocación de inmutabilidad, pues si el
año próximo cambian los resultados, tendría que concluirse que se erosiona la
estabilidad de la cosa juzgada, lo cual es contrario al fin que tiene la
institución, cual es garantizar la seguridad jurídica y estabilizar el
ordenamiento con decisiones que tiendan a perdurar.
51. En consecuencia, la delimitación por edades que
introduce la norma no sólo no tuvo una justificación en las discusiones
parlamentarias que antecedieron a su expedición,  sino que incluso los
argumentos que se exponen en este proceso para el efecto no son suficientes,
aunque pueden ser útiles. Lo que es destacable de las intervenciones es que conducen
inequívocamente hacia la realidad inocultable de una población que por su edad
o reciente ingreso al mercado de trabajo tiene un corto historial de aportes al
sistema pensional, y a la cual se le exige sin embargo como requisito para
acceder a la pensión de invalidez el mismo rigor en las cotizaciones que a
quienes cuentan con un historial más robusto y continuado de aportes. Debe
decirse, por lo demás, que un corto historial de cotizaciones pensionales se
debe no sólo a la inserción reciente del individuo al mercado de trabajo, sino
también posiblemente a su precaria estabilidad, la cual puede implicar rupturas
en la cadena de aportes al sistema de pensiones. Es razonable que el legislador
adapte los requisitos de acceso a las pensiones de invalidez a esta especial
situación de tránsito hacia la adultez, y prevea por ende condiciones que
posibiliten el cubrimiento de esta contingencia para quienes han ingresado recientemente
al mercado laboral, o lo han hecho desde hace sólo un poco más de tiempo pero
sometidos a vicisitudes en la continuidad de sus aportes como efecto de la
inestabilidad ocupacional. La Corte considera, no obstante, que el legislador
no tiene una potestad absoluta e ilimitada para demarcar el grupo especial en
beneficio del cual se hace esta adaptación de las normas pensionales. Dado que
se trata de una regulación en virtud de la cual se adjudican cargas y se
asignan beneficios debe, por ende, prever una delimitación razonable.
52. La razonabilidad de la demarcación que hace la
norma demandada debe determinarse a la luz de diversos aspectos. El control
constitucional de la legislación no puede ser indiferente, para empezar, a las
realidades estructurales en las cuales se ejerce. Es innegable que el tránsito
incluso fragmentario de sociedades puramente rurales hacia colectividades fundamentalmente
urbanas, y el desarrollo de transformaciones industriales, tecnológicas e
informáticas al interior de estas últimas, ha supuesto la introducción de un
espacio vital cada vez más amplio entre la niñez y la vida adulta.[54] Este intervalo es conceptualmente
cubierto, en el ámbito laboral y de la seguridad social en pensiones de
invalidez, por lo que se denomina como juventud. Se reconoce que este ciclo tiende
a ser en general, en los distintos campos del desarrollo humano, cada vez más
amplio debido a las transiciones y transformaciones políticas, culturales,
sociales y económicas. Estas han traído como efecto un cambio notorio en los
presupuestos de acceso al mercado laboral y de generación de riqueza.
Actualmente la adquisición de destrezas, conocimientos y habilidades para competir
en el mercado, obtener un trabajo o desempeñar una ocupación que permita la
satisfacción autónoma de las necesidades humanas básicas, toma cada vez más
tiempo.[55]
Hoy la inserción en el ámbito laboral requiere entonces, en general, para el
ejercicio competitivo de profesiones, técnicas y ocupaciones de diversa índole,
un espacio de formación y capacitación superior en términos temporales e
intelectuales al que antes era necesario para efectos equivalentes en sociedades
industrial y tecnológicamente menos complejas, con una división elemental y naturalmente
más simple y básica del trabajo.
53. En un contexto como el actual, el sistema
pensional puede desde luego fijar una protección especial para cubrir la
invalidez de la población que por su edad tiene un corto historial de
aportes en materia de pensiones. Pero no puede asumir de antemano que el
ingreso inicial de la población al mercado de trabajo se presenta tan sólo cuando
legalmente está permitido empezar a trabajar (a los 15 años de edad) o pocos
años después de ese momento (a los 18 años), pues las transformaciones
demográficas, sociales, políticas, industriales y tecnológicas han de conducir
–y de hecho han conducido de forma notoria- a que una colectividad tendencialmente
más numerosa empiece a laborar sólo después de una etapa prolongada de
formación y capacitación, llamada a durar el tiempo necesario y suficiente para
enfrentar de forma cabal los desafíos profesionales y técnicos de la sociedad.
Esta etapa de transición hacia la vida adulta puede concluir después de
superados los diecinueve años de edad, y quienes han transitado por ella
también deben ser entonces igualmente protegidos de forma especial en el riesgo
de invalidez. De lo contrario, a esa población joven con veinte años o más de
edad que por su etapa de formación ha ingresado recientemente al sistema de
pensiones o tiene un corto historial de aportes por inestabilidad ocupacional,
se la estaría sometiendo a un régimen de acceso a la pensión de invalidez que
le exige contar con 50 semanas de cotización en tres años consecutivos, aunque
en realidad su periodo de cotizaciones tienda a ser inferior a tres años, o
igual o un poco superior a este marco temporal pero con interrupciones
derivadas de la falta estabilidad en sus ingresos.
54. Se observa en este punto, por otra parte, en los
datos de la Superintendencia Financiera, que la población entre 15 y 19 años
cotizante al sistema de pensiones está integrada prevalentemente por personas
que devengan entre uno y dos salarios mínimos y sólo escasamente por individuos
que devengan entre dos y cuatro salarios mínimos o más. Esto indica que la
regla especial prevista en la norma demandada protege, en su versión actual,
apenas fundamentalmente a una parte de la población que empieza a trabajar, y
que está conformada por personas que devengan remuneraciones ubicables en el
nivel mínimo de la escala salarial. La población beneficiaria de este trato
especial, indiciariamente, está integrada entonces por personas que a causa de
diversos factores y motivos no se han beneficiado o sometido enteramente al
periodo transitorio constituido por la formación tecnológica o profesional, por
el cual atraviesan las personas que comienzan sólo en un momento vital
posterior a entregar su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración justa,
luego de concluida su preparación. La legislación, en su versión actual, al
restringir la regla especial de acceso a la pensión de invalidez únicamente a
los menores de veinte años, prevé entonces un beneficio que está de hecho
llamado a aplicarse sólo a personas que empiezan a laborar y a cotizar a
pensiones antes de concluir el periodo de formación y capacitación profesional
o tecnológico, y que en vista de esta prestación de servicios no cualificados
devenga entonces en general indiciariamente salarios ubicados en el escalón más
bajo de retribución laboral.
55. Visto todo lo anterior en una perspectiva
constitucional más amplia, es entonces cierto lo que ha dicho la jurisprudencia
hasta el momento, desde la sentencia T-777 de 2009, en el sentido de que “se está
frente a un déficit de protección de la población joven de Colombia”.[56]
En efecto, la Constitución prevé que la seguridad social es un servicio público
sujeto al principio de “universalidad” (CP art 48), y esto significa que
su propensión obligatoria es hacia el cubrimiento de los riesgos (y entre ellos
el de invalidez) de “todas las personas que habitan el territorio
nacional”, por lo cual no se agota entonces sólo en pedir
la cobertura de un promedio de los afiliados.[57] La regulación
demandada, en su versión legislativa actual, tiende sin embargo a sustraer del
universo de coberturas por invalidez a quienes por haber transitado un periodo
de formación, capacitación o adiestramiento después de la secundaria, tienen en
relación con su edad una historia laboral limitada y un corto horizonte real de
cotizaciones al sistema pensional, pues se les exige contar con 50 semanas de
cotización en tres años consecutivos anteriores a la estructuración de la
invalidez, aunque realmente la satisfacción de este requisito resulte para
ellos materialmente inatendible debido a que su periodo de cotizaciones es
inferior a tres años, o igual o un poco superior a este lapso pero marcado por
rupturas drásticas y en algunos casos prolongadas en la cadena de aportes al
sistema pensional por posibles problemas de inestabilidad laboral u
ocupacional.
56. El principio de “universalidad” en materia
de seguridad social está ciertamente complementado por el de progresividad,
pues la Carta dice que el Estado debe “ampliar progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social” (CP art 48).[58]
La universalidad puede ser entonces un resultado de consecución progresiva.
Pero esto no significa, en modo alguno, que los avances progresivos en busca
del cubrimiento universal del riesgo de invalidez puedan estar marcados por la
discriminación o la diferencia irrazonable de trato.[59] La delimitación por
edades que se introduzca en el ordenamiento para demarcar el universo de
aplicación de una regla especial de acceso a una pensión de invalidez, en tanto
supone definir la adjudicación en abstracto de cargas y beneficios de un
derecho social fundamental, no puede ser discriminatoria y debe ser resultado
de una determinación del legislador suficientemente justificada. El límite por
edad que consagra la norma acusada ha sido, por no cumplir adecuadamente esos
estándares, inaplicada de forma consistente en la jurisprudencia de esta Corte,
cuando quiera que una persona considerada joven ha experimentado una pérdida
del 50% o más de su capacidad laboral después de cumplir veinte años de edad,
pero no reúne 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a su
estructuración. Esta jurisprudencia ha hecho depender la inaplicación del
límite de edad, de la falta de una pensión de invalidez por parte de personas
que sin tener menos de veinte años de edad, pueden considerarse jóvenes caso a
caso. La posición inicialmente tomada en la sentencia T-777 de 2009 ha sido
reiterada en muy diversos pronunciamientos, por distintas Salas de Revisión de
la Corte Constitucional. Cabe mencionar, entre otras, las sentencias T-839 de
2010,[60]
T-934 de 2011,[61]
T-246 de 2012,[62]
T-506 de 2012,[63]
T-930 de 2012,[64]
T-1011 de 2012,[65]
T-630 de 2013,[66]
T-819 de 2013,[67]
T-443 de 2014[68]
y T-580 de 2014. [69]
57. La Sala Plena en esta ocasión no encuentra razones
para apartarse de la conclusión consistente, consolidada y relevante de las
distintas Salas de Revisión de la Corte, en el sentido de que la regulación
actual supone un déficit de protección para las personas jóvenes con veinte o
más años de edad. A la luz de todo lo anteriormente indicado, la Corporación
considera de hecho que ese déficit de protección previamente constatado en
decisiones de tutela, antes que desaparecer, se ha hecho aún más evidente. Por
lo mismo, siendo coherente con los fundamentos de las decisiones anteriores de
la Corte Constitucional, la Sala Plena reitera entonces en esta ocasión que la
norma acusada prevé una limitación por edad que desprotege sin justificación
suficiente a la población joven con veinte años o más de edad, entendida esta
última –en un campo laboral o de seguridad social en pensiones de invalidez-
como la que por su edad o periodo de formación, capacitación o adiestramiento está
en un periodo vital de tránsito hacia la inserción plena y relativamente
estable en el mercado laboral u ocupacional, y que si ha previamente comenzado
a laborar está en todo caso en un momento germinal y, por ende, cuenta con un
historial incipiente e inestable de aportes al sistema general de pensiones. Dado
que hay entonces un déficit, la pregunta que debe hacerse la Corte es cómo
remediarlo.
58. Las accionantes consideran que la Corte debe
declarar exequible la norma acusada, pero con la condición de que se
aplique también a las personas que tengan hasta veintiséis años de edad
–inclusive-. Por su parte, el Procurador solicita que el condicionamiento se
fije en términos que extiendan la aplicación del precepto demandado hasta los
veintiocho años de edad cumplidos. No obstante, como antes se mostró, la
Constitución no prevé en sus normas abstractas, generales e impersonales, un
límite cerrado de edad en números de años, que defina hasta cuándo se es joven
y cuándo se deja de serlo. A falta de reglas constitucionales que expresamente
circunscriban en abstracto la edad en que concluye la juventud, la Corte
no puede definir en ejercicio del control también abstracto, y como si
esto constituyera un mandato derivado del Ordenamiento Superior, un
criterio numérico de años, pues esto sería tanto como sustituir la voluntad del
Constituyente. Si en ejercicio del control abstracto, la Corte impone un rango puntual
de edad como límite estricto de definición de quiénes son jóvenes, el tránsito
a cosa juzgada que hace la sentencia le imprime a esa determinación carácter
inmutable, y debido a que la decisión está dada además en términos abstractos
esto implica que el fallo podría tener la potencialidad de petrificar la
adaptación de la Carta a los cambios reales, y en esa medida sembraría un
obstáculo para la plena efectividad de la Constitución. La Corte estaría
entonces contrariando la vocación de perdurabilidad de la Carta, so pretexto de
defender su integridad y supremacía.
59. Esto no es obstáculo para que, en
ejercicio de sus funciones como juez constitucional de tutelas, cada autoridad
judicial incluida la Corte defina razonablemente si una persona en concreto
es joven, para los efectos de determinar si se le aplica lo previsto en el
parágrafo 1, artículo 1, de la Ley 860 de 2003. Por lo cual cada juez de
tutela, incluidas las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, deben tener
en cuenta no sólo la jurisprudencia antes mencionada, y que se remonta a la
sentencia T-777 de 2009, sino además la ley y los instrumentos internacionales
de derechos humanos empleados asimismo por la jurisprudencia constitucional.
Además, por ser la seguridad social un derecho social fundamental de desarrollo
progresivo, los cambios o distanciamientos jurisprudenciales que se pretendan
instaurar sobre la materia deben respetar de forma estricta y rigurosa la
prohibición de regresividad. Los instrumentos internacionales ratificados por
Colombia que reconocen derechos sociales y económicos, y a los cuales se debe
atener al juez cuando interpreta los derechos del mismo tipo previstos en la
Constitución (CP art 93), establecen -como lo hace por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)- que los Estados parte se obligan a
lograr progresivamente su plena efectividad (art. 2.1.).[70] El Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha interpretado el carácter
progresivo de esas obligaciones como “un reconocimiento del hecho de que la
plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en
general no podrá lograrse en un breve período de tiempo”.[71] Esta Corte
ha recogido ese entendimiento, por ejemplo, en la sentencia C-507 de 2008,
donde dijo:
“la
Constitución admite que la satisfacción plena de los derechos sociales exige
una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el Estado no
cuenta de manera inmediata. Por ello, dada la escasez de recursos, la
satisfacción de los derechos sociales está sometida a una cierta ‘gradualidad
progresiva’”.[72]
60. Ahora bien, que el Estado esté en la obligación de garantizar
progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales no puede
interpretarse en el sentido de que cuenta con la autorización de privarlos de
cualquier efecto inmediato. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,[73]
la doctrina internacional más autorizada en la materia[74]
y la Corte Constitucional coinciden en que –como lo expresó esta última en la
sentencia C-671 de 2002- algunas de las obligaciones asociadas a los derechos
sociales, económicos y culturales deben cumplirse en períodos breves o de
inmediato.[75]
Una de estas obligación de exigibilidad o cumplimiento inmediato es la de no
retroceder injustificadamente en los niveles de protección previamente
obtenidos.[76] En consecuencia, todo derecho económico, social y
cultural lleva implícita una prohibición de retroceso injustificado en el nivel
de protección alcanzado.[77]
Este principio ha sido aplicado en diversas ocasiones por la Corte en el
control de las leyes, y en virtud suya se han declarado contrarias a la
Constitución normas por violar el principio de no regresividad en materia de
vivienda;[78]
de educación;[79]
de seguridad social;[80]
entre otras. La prohibición de regresividad no vincula sólo al legislador, sino
también al juez, quien no puede dejar de observarla en la definición futura,
caso a caso, del universo al que aplica el régimen especial previsto en el
parágrafo 1, artículo 1, de la Ley 860 de 2003.
61. Por lo cual, para remediar el déficit de
protección, la Corte declarará exequible la norma acusada, con la condición de
que se extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia
toda la población joven, definida esta última razonablemente conforme lo
señalado en esta sentencia, y en la medida en que resulte más favorable al
afiliado. En los casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia
constitucional no evolucione a la luz del principio de progresividad, la regla
especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe
extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia
consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es
decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad,
inclusive.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 ‘por
la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’, EN EL ENTENDIDO de que se aplique, en cuanto sea más
favorable, a toda la población joven conforme a los fundamentos jurídicos 60 y
61 de la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Ausente
con excusa
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
ANEXO
Promedio de semanas cotizadas por personas entre los
15 y 40 años de edad, al 31 de octubre de 2014[81]
1. Colfondos
1.1. Fondo moderado
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
16
12
8
7
16
1
0
0
0
17
99
12
67
12
13
40
10
19
18
2.143
9
1.656
8
310
13
311
11
19
6.217
14
4.592
15
1.002
25
882
26
20
9.757
21
6.610
24
1.582
43
1.420
48
21
13.870
30
8.685
33
2.436
67
1.970
72
22
19.500
41
11.733
44
3.624
86
2.827
93
23
25.912
49
15.313
53
4.990
109
3.805
115
24
41.276
49
22.030
55
7.458
123
4.978
134
25
31.448
67
17.673
74
6.843
156
4.836
167
26
31.167
77
18.013
84
7.377
181
5.049
191
27
29.743
89
18.057
94
7.219
205
5.018
213
28
29.218
98
18.509
106
7.342
227
5.039
238
29
28.688
108
18.744
114
7.025
247
5.102
259
30
27.848
117
18.408
124
6.834
268
4.704
279
31
28.095
124
19.153
131
6.849
291
5.017
302
32
27.275
137
19.600
143
6.738
314
4.897
322
33
26.454
145
19.552
150
6.422
339
4.668
338
34
26.846
155
19.842
158
6.271
361
4.476
363
35
25.596
160
18.959
161
5.840
374
4.065
376
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
1
21
0
0
0
0
16
1
428
0
0
0
0
0
0
17
2
2
1
19
0
0
0
0
18
41
18
26
10
4
14
3
7
19
159
22
87
19
17
30
8
19
20
250
43
143
43
22
58
26
40
21
446
64
244
68
72
61
41
60
22
739
85
526
95
121
82
134
71
23
1.164
108
921
112
284
107
244
99
24
1.819
121
1.359
136
551
120
417
119
25
1.817
155
1.423
169
620
153
556
159
26
1.972
181
1.510
202
757
181
616
187
27
2.088
207
1.661
229
790
213
754
224
28
2.169
235
1.675
255
790
237
780
261
29
2.180
255
1.756
285
875
269
786
294
30
2.054
289
1.734
317
915
295
836
319
31
2.121
307
1.618
342
974
329
815
356
32
2.223
336
1.624
370
955
350
808
379
33
2.104
359
1.597
391
982
370
823
411
34
2.064
390
1.570
419
938
416
722
445
35
2.100
405
1.382
441
867
438
715
462
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
2
11
0
0
18
1
0
3
82
0
0
0
0
19
11
8
12
0
0
1
0
20
20
39
11
32
2
2
1
0
21
51
71
20
58
5
89
2
0
22
90
74
49
68
5
90
4
105
23
163
99
150
86
13
90
10
63
24
361
111
266
109
30
80
18
91
25
508
151
401
141
37
142
26
113
26
629
172
524
179
51
216
49
162
27
802
214
693
221
70
228
39
205
28
943
237
805
248
115
241
77
249
29
1.040
265
898
291
130
278
115
278
30
1.128
300
940
324
154
311
134
323
31
1.164
328
1.088
363
187
342
159
352
32
1.182
359
1.038
394
214
358
132
383
33
1.243
394
1.055
415
220
394
164
421
34
1.186
424
1.047
465
234
404
177
461
35
1.168
452
969
487
212
441
171
501
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1
0
0
0
0
0
0
0
20
1
69
2
15
0
0
1
98
21
1
0
1
124
1
0
0
0
22
1
140
2
91
1
185
0
0
23
5
161
2
10
2
37
1
38
24
11
154
3
169
2
95
0
0
25
5
117
8
167
5
136
2
42
26
13
154
9
203
6
120
2
216
27
23
265
15
194
8
215
4
212
28
48
236
18
219
10
174
3
225
29
55
240
41
242
12
251
7
316
30
58
326
46
319
19
317
16
274
31
90
344
67
356
26
344
20
342
32
108
370
68
419
38
401
22
405
33
135
410
74
427
47
393
31
367
34
115
441
75
464
62
464
34
460
35
142
445
83
504
54
472
31
547
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
1
164
0
0
21
0
0
0
0
22
1
0
0
0
23
3
232
2
0
24
3
215
2
34
25
3
266
1
0
26
4
168
0
0
27
6
207
4
201
28
14
198
5
279
29
13
224
11
279
30
22
287
11
303
31
20
294
15
347
32
22
302
20
360
33
47
371
20
449
34
40
408
23
448
35
60
450
40
535
1.2. Fondo conservador
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
2
53
0
0
0
0
0
0
21
2
24
0
0
0
0
0
0
22
9
73
2
140
1
145
2
83
23
16
79
2
99
0
0
0
0
24
38
81
3
98
1
120
1
331
25
37
90
6
106
3
95
0
0
26
50
97
4
118
3
300
2
306
27
34
142
9
157
1
91
2
242
28
43
154
10
129
1
183
1
135
29
47
129
7
89
2
370
1
466
30
42
154
10
201
3
265
3
164
31
41
182
10
184
2
425
1
246
32
37
190
6
294
1
441
0
0
33
49
223
11
145
2
542
2
547
34
39
180
10
272
1
324
2
600
35
37
147
10
290
1
541
2
364
36
23
200
16
273
0
0
4
378
37
40
179
7
124
0
0
3
521
38
33
254
12
272
2
459
0
0
39
35
259
8
296
1
311
2
345
40
35
236
18
283
3
320
1
737
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
192
0
0
0
0
0
0
25
0
0
2
233
0
0
1
189
26
1
311
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
2
274
0
0
28
0
0
0
0
0
0
2
240
29
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
1
419
1
107
0
0
33
0
0
0
0
0
0
1
412
34
2
588
0
0
2
482
1
521
35
1
260
0
0
0
0
0
0
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
74
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
27
1
181
0
0
0
0
0
0
28
4
327
0
0
0
0
0
0
29
1
393
0
0
0
0
0
0
30
0
0
2
359
0
0
0
0
31
2
500
0
0
0
0
0
0
32
0
0
1
475
1
351
0
0
33
1
536
3
412
1
489
0
0
34
1
336
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
1
529
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
26
0
0
0
0
27
0
0
0
0
28
0
0
0
0
29
0
0
0
0
30
0
0
0
0
31
0
0
0
0
32
0
0
0
0
33
0
0
0
0
34
0
0
0
0
35
0
0
0
0
1.3. Fondo de mayor riesgo
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
1
9
0
0
1
38
20
0
0
0
0
3
75
0
0
21
2
74
5
59
4
100
3
131
22
7
79
9
82
7
87
5
123
23
2
128
6
75
11
100
3
153
24
6
80
3
125
8
119
4
178
25
9
118
8
93
4
137
10
139
26
10
184
5
100
5
138
3
90
27
11
179
5
99
8
285
4
245
28
10
210
3
105
7
269
2
108
29
11
182
4
156
8
276
3
295
30
8
250
1
186
1
385
3
270
31
8
291
1
343
4
389
2
425
32
6
359
2
137
3
556
4
530
33
8
299
5
431
7
473
0
0
34
8
325
5
295
5
385
1
440
35
9
233
8
425
2
556
1
859
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
2
109
2
154
1
43
0
0
22
2
148
3
117
1
32
2
130
23
7
98
4
145
0
0
1
58
24
4
139
5
119
0
0
1
328
25
0
0
2
128
5
223
3
89
26
3
145
2
243
2
84
4
186
27
5
237
1
283
3
202
2
263
28
3
367
0
0
4
207
1
152
29
3
438
2
380
2
143
0
0
30
7
263
2
239
5
365
2
185
31
3
260
2
146
4
413
0
0
32
4
331
1
647
0
0
0
0
33
2
363
2
545
5
274
1
646
34
2
259
1
146
2
614
2
555
35
3
550
1
491
4
576
0
0
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
4
100
2
138
0
0
0
0
24
5
80
1
106
2
25
0
0
25
7
109
5
112
1
263
0
0
26
5
179
5
179
1
125
0
0
27
10
170
2
131
1
216
0
0
28
6
259
1
406
4
288
0
0
29
5
212
5
219
2
361
1
332
30
8
351
2
359
3
304
3
186
31
5
341
3
365
4
422
2
391
32
5
483
2
639
3
419
1
738
33
7
375
5
496
2
532
1
328
34
6
435
1
514
2
360
0
0
35
2
352
4
437
3
495
0
0
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
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0
0
0
0
0
0
0
18
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0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
1
172
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
1
294
28
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
320
1
381
0
0
1
371
30
4
370
0
0
0
0
0
0
31
2
328
0
0
1
453
0
0
32
0
0
0
0
1
253
1
438
33
1
569
3
467
1
399
0
0
34
1
0
2
539
3
413
0
0
35
3
245
0
0
0
0
0
0
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
26
0
0
0
0
27
1
169
0
0
28
0
0
0
0
29
0
0
0
0
30
1
329
0
0
31
3
442
0
0
32
0
0
0
0
33
2
496
0
0
34
3
350
1
564
35
1
498
0
0
2. Porvenir SA
2.1. Fondo moderado
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
577
327
295
359
144
55
54
177
16
122
12
57
8
44
11
27
9
17
514
15
298
13
235
10
196
14
18
22.199
4
18.037
4
5.269
9
4.368
10
19
80.120
7
56.911
8
15.380
17
12.925
19
20
104.696
14
73.590
15
27.182
26
20.043
30
21
102.251
24
72.310
26
30.285
38
22.251
41
22
99.531
38
71.325
41
31.608
51
24.006
55
23
94.665
55
68.651
57
32.299
64
26.082
68
24
95.062
71
69.782
74
31.389
79
25.849
82
25
94.762
87
69.651
90
30.120
97
25.520
101
26
89.933
103
66.766
105
28.000
118
23.723
122
27
87.117
114
65.772
118
26.937
139
22.640
141
28
84.713
127
63.918
130
26.362
161
22.119
158
29
85.395
137
64.196
141
26.263
178
22.045
176
30
81.710
148
61.970
150
25.093
194
20.980
189
31
78.943
158
60.872
159
24.245
212
20.300
204
32
79.242
169
61.448
170
23.973
227
19.981
217
33
76.046
180
59.158
180
22.705
244
18.958
230
34
75.482
188
58.337
187
21.967
253
18.116
237
35
71.987
195
56.031
193
20.427
264
17.086
251
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
31
79
19
95
19
50
3
179
16
5
10
7
51
2
6
0
0
17
46
10
25
9
17
6
9
4
18
1.129
8
710
8
528
6
332
7
19
3.287
15
2.130
15
1.482
14
822
14
20
5.019
24
3.202
26
2.394
24
1.271
24
21
5.855
33
3.806
35
2.842
31
1.631
31
22
7.038
43
4.857
45
3.095
40
1.971
43
23
7.629
54
5.805
58
3.382
49
2.331
49
24
7.886
66
6.216
70
3.593
61
2.879
62
25
7.652
84
6.191
90
3.592
74
2.957
81
26
7.124
102
5.989
109
3.436
93
2.907
101
27
7.120
118
5.941
132
3.357
113
2.780
131
28
6.847
139
5.813
156
3.541
131
3.017
155
29
7.334
161
5.831
178
3.384
156
2.976
180
30
7.083
187
5.789
200
3.480
181
2.914
208
31
6.920
209
5.542
222
3.471
204
2.788
234
32
7.121
226
5.612
245
3.556
228
2.770
253
33
6.845
244
5.473
263
3.474
244
2.656
280
34
6.609
258
5.186
281
3.459
267
2.614
308
35
6.253
279
4.888
294
3.225
282
2.470
319
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
23
64
3
638
9
105
4
334
16
4
10
4
77
4
6
1
1
17
23
8
15
8
9
18
7
14
18
962
6
520
7
328
6
130
9
19
2.767
12
1.549
13
996
10
462
12
20
3.755
18
2.129
19
1.400
18
661
19
21
4.293
24
2.356
27
1.616
24
771
26
22
4.958
33
2.777
35
1.787
30
825
34
23
5.214
42
3.088
44
1.829
36
901
46
24
5.235
51
3.390
55
1.842
43
907
47
25
5.080
65
3.629
72
1.802
53
896
64
26
5.031
81
3.502
94
1.627
65
907
82
27
4.893
101
3.553
117
1.544
84
844
94
28
4.984
124
3.738
140
1.563
100
928
115
29
5.172
145
3.864
166
1.655
120
956
140
30
5.123
168
3.754
195
1.683
141
1.029
163
31
5.179
189
3.834
229
1.670
162
1.005
189
32
5.269
215
3.943
254
1.671
188
976
218
33
5.253
237
3.738
287
1.646
213
1.029
261
34
5.269
262
3.674
311
1.667
235
990
271
35
5.045
285
3.508
343
1.634
246
968
289
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
6
44
3
805
4
7
2
92
16
2
10
0
0
0
0
0
0
17
11
13
6
8
0
0
0
0
18
398
5
169
7
36
6
31
5
19
1.225
9
509
13
115
12
60
13
20
1.672
15
701
18
174
19
101
16
21
1.886
21
837
23
199
24
120
26
22
2.070
27
958
30
262
35
153
31
23
2.018
34
904
37
318
36
190
42
24
1.862
42
944
46
348
52
209
51
25
1.721
54
842
56
376
56
217
66
26
1.512
58
755
69
419
76
239
78
27
1.318
71
695
80
365
90
222
78
28
1.295
80
671
97
400
109
230
107
29
1.369
86
650
106
417
119
247
123
30
1.194
101
668
122
449
122
252
129
31
1.178
113
596
134
403
148
241
157
32
1.108
119
600
161
418
141
195
182
33
1.129
147
622
168
413
177
203
178
34
1.098
158
597
183
366
202
211
203
35
1.052
179
615
213
420
205
229
254
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
47
324
24
305
16
15
11
4
6
17
49
11
22
10
18
1.459
6
610
8
19
5.489
10
2.577
13
20
7.745
14
3.115
17
21
8.201
21
3.524
25
22
9.470
27
3.833
31
23
8.889
32
3.924
38
24
7.901
38
3.737
45
25
7.029
45
3.410
53
26
6.125
52
2.896
61
27
5.304
60
2.826
70
28
5.056
68
2.674
80
29
4.818
76
2.598
91
30
4.342
86
2.434
101
31
4.298
87
2.309
107
32
4.359
96
2.531
117
33
4.327
106
2.435
127
34
4.466
108
2.548
143
35
4.588
120
2.669
155
2.2. Fondo conservador
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
11
785
7
710
0
0
0
0
16
0
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0
19
1
49
0
0
0
0
0
0
20
6
60
1
46
5
139
2
64
21
9
43
2
99
13
54
2
34
22
22
64
5
92
7
46
1
26
23
36
83
5
116
17
58
2
38
24
55
74
9
64
22
71
5
73
25
60
84
19
113
25
86
2
87
26
69
91
17
103
24
76
5
77
27
75
119
18
191
30
130
4
269
28
99
125
27
176
23
151
6
250
29
95
120
25
99
25
168
4
151
30
98
118
14
205
25
197
5
67
31
96
130
22
170
31
207
9
237
32
96
145
33
136
33
160
5
251
33
102
131
36
162
31
206
2
134
34
108
140
36
177
27
217
5
385
35
121
164
32
122
32
192
6
241
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
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0
6
55
0
0
23
5
58
2
108
4
58
1
3
24
8
65
2
197
5
124
3
112
25
8
101
2
112
2
103
0
0
26
8
173
1
27
8
101
1
32
27
11
148
3
130
5
148
2
174
28
7
179
0
0
8
141
2
198
29
9
93
5
166
7
160
6
121
30
8
145
0
0
3
212
2
179
31
12
125
5
288
2
262
3
278
32
14
133
4
267
6
308
0
0
33
14
237
5
255
4
194
2
280
34
14
245
4
537
2
214
1
487
35
6
284
6
193
3
327
2
192
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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2
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0
0
0
0
0
22
3
40
0
0
3
54
0
0
23
4
93
1
50
2
54
1
67
24
5
82
0
0
4
56
2
39
25
1
118
2
64
2
149
0
0
26
7
115
0
0
2
34
1
97
27
6
117
1
201
1
30
0
0
28
6
154
1
144
2
68
0
0
29
13
133
1
125
4
180
1
276
30
15
119
0
0
2
72
0
0
31
10
210
1
357
1
331
0
0
32
7
267
3
155
3
269
0
0
33
7
321
4
391
1
156
3
368
34
12
275
4
365
7
296
1
187
35
8
92
2
423
3
193
0
0
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
18
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0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
3
49
0
0
0
0
0
0
24
3
63
1
36
0
0
0
0
25
2
163
1
116
1
100
0
0
26
1
320
0
0
0
0
0
0
27
1
37
2
143
1
89
1
187
28
0
0
1
68
1
196
0
0
29
3
163
0
0
0
0
0
0
30
4
143
0
0
1
66
0
0
31
2
180
0
0
0
0
0
0
32
3
128
2
269
0
0
1
62
33
0
0
3
410
0
0
0
0
34
3
191
1
280
2
315
0
0
35
4
319
1
289
0
0
0
0
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
3
112
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
2
14
0
0
20
1
54
0
0
21
1
50
1
52
22
3
56
1
21
23
8
56
0
0
24
8
64
2
164
25
11
113
1
340
26
8
87
0
0
27
5
69
1
96
28
3
39
0
0
29
7
152
2
186
30
8
137
1
30
31
2
194
0
0
32
9
104
2
214
33
11
170
3
147
34
3
229
2
91
35
9
270
1
641
2.3. Fondo de mayor riesgo
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
19
1
19
2
77
0
0
1
17
20
5
50
4
85
1
129
3
93
21
12
79
4
86
7
77
9
103
22
17
82
10
101
11
133
12
117
23
26
133
13
142
21
108
12
152
24
47
166
13
187
26
155
12
172
25
54
178
18
210
25
202
21
184
26
52
201
19
168
41
224
19
218
27
71
218
28
244
42
271
18
278
28
60
243
23
237
34
265
16
321
29
62
263
18
280
36
306
14
320
30
54
266
18
333
40
332
9
307
31
33
307
14
343
27
363
13
356
32
41
348
16
307
23
345
13
444
33
59
370
11
344
19
419
12
522
34
34
395
16
466
18
395
15
542
35
35
414
14
495
15
544
9
614
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
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1
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51
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0
1
0
1
153
22
3
123
4
136
3
78
1
61
23
5
48
8
90
4
26
1
120
24
7
147
4
139
8
108
2
109
25
12
133
6
266
10
162
5
102
26
17
136
9
194
10
217
8
185
27
13
170
7
190
13
184
6
224
28
26
234
12
240
22
236
5
144
29
18
269
15
310
22
289
7
238
30
17
349
4
286
16
277
3
203
31
10
285
11
406
19
316
6
507
32
15
337
8
430
14
422
4
445
33
24
479
8
500
13
505
2
590
34
13
468
6
573
16
355
6
430
35
12
486
5
543
6
513
8
502
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
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22
3
78
4
68
1
17
0
0
23
4
32
1
280
0
0
0
0
24
8
88
2
108
4
164
0
0
25
20
131
10
148
5
162
0
0
26
21
169
6
184
6
109
0
0
27
22
185
12
177
5
186
1
212
28
24
248
7
203
8
241
1
476
29
20
211
11
272
5
294
1
233
30
26
310
12
385
13
229
2
419
31
34
325
10
321
11
406
0
0
32
32
389
7
396
14
321
6
499
33
25
454
10
496
11
382
6
553
34
23
484
8
495
9
450
3
382
35
25
505
13
445
9
470
5
549
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
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0
0
0
0
0
0
0
18
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0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
1
107
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
1
229
0
0
0
0
25
1
188
0
0
0
0
0
0
26
2
118
0
0
0
0
0
0
27
3
139
1
62
2
142
0
0
28
1
181
0
0
1
90
0
0
29
3
154
0
0
1
316
1
371
30
6
269
5
293
1
0
0
0
31
7
328
1
307
1
400
1
227
32
7
470
1
366
2
523
2
570
33
4
483
0
0
4
388
1
116
34
8
429
0
0
5
464
0
0
35
7
588
0
0
5
538
2
327
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
1
1.201
1
386
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
2
173
0
0
25
2
179
0
0
26
1
337
0
0
27
3
144
1
402
28
2
150
1
179
29
2
303
0
0
30
2
95
0
0
31
7
280
1
16
32
3
430
2
445
33
2
214
0
0
34
10
485
3
536
35
6
324
2
703
3. Protección SA
3.1. Fondo moderado
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
412
33
304
23
28
112
23
189
16
133
20
90
28
8
30
3
119
17
442
15
281
12
28
23
32
17
18
7.010
9
5.677
9
949
14
1.102
13
19
25.186
14
23.482
14
3.047
31
3.524
32
20
43.988
19
40.567
19
5.981
50
6.255
54
21
54.618
29
47.109
30
9.736
72
9.557
78
22
55.840
38
46.569
40
12.263
91
11.382
96
23
55.324
49
45.961
51
13.709
113
13.104
118
24
54.240
62
45.991
64
14.695
139
13.799
144
25
53.594
76
45.924
78
15.376
168
14.402
172
26
52.128
90
44.804
91
15.678
198
14.060
200
27
51.186
103
44.294
104
15.312
225
13.526
228
28
51.103
117
44.738
116
15.683
252
13.563
250
29
52.847
128
46.898
125
15.979
280
13.983
278
30
51.577
141
47.071
136
15.728
306
13.325
302
31
51.522
153
47.231
147
15.809
331
13.186
323
32
52.996
164
48.201
156
15.796
354
12.916
348
33
51.907
174
47.624
166
15.678
378
12.375
368
34
55.714
178
50.263
168
15.036
399
12.174
386
35
50.067
186
45.699
175
13.524
411
10.802
403
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
4
151
2
52
0
0
3
251
16
0
0
1
519
0
0
0
0
17
1
60
1
10
0
0
0
0
18
65
8
65
14
8
31
7
8
19
250
34
264
37
29
44
36
25
20
554
53
544
57
67
51
51
79
21
1.213
74
1.063
82
190
83
148
85
22
1.758
93
1.721
98
343
90
341
89
23
2.580
109
2.776
119
634
108
701
96
24
3.485
139
3.662
143
1.054
127
1.181
122
25
3.952
167
4.357
174
1.442
155
1.576
155
26
4.404
200
4.481
209
1.617
189
1.717
191
27
4.568
231
4.573
241
1.782
222
1.900
227
28
4.679
255
4.472
276
1.962
257
2.025
266
29
4.932
287
4.784
306
2.115
286
2.158
300
30
5.084
317
4.577
337
2.224
313
2.157
339
31
5.032
350
4.572
371
2.276
346
2.133
370
32
5.133
382
4.498
401
2.294
383
2.133
407
33
5.178
407
4.386
423
2.253
415
2.140
433
34
5.155
431
4.184
449
2.218
443
2.072
470
35
4.558
444
3.594
476
2.100
460
1.850
487
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
1
8
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1
0
0
0
0
0
0
0
18
4
5
8
16
0
0
1
0
19
25
54
13
81
5
29
2
104
20
40
42
26
41
2
57
2
50
21
105
84
65
90
11
75
7
126
22
178
81
132
87
12
91
15
106
23
381
101
380
94
14
106
15
99
24
716
120
767
119
36
141
22
107
25
1.235
153
1.242
146
67
148
63
138
26
1.588
180
1.686
189
105
179
111
182
27
1.892
223
2.133
225
159
227
172
224
28
2.351
257
2.569
264
264
260
219
266
29
2.726
288
2.807
302
372
288
339
307
30
2.967
325
2.986
343
461
321
362
344
31
3.084
356
3.180
377
526
355
435
378
32
3.311
390
3.295
410
594
388
512
410
33
3.233
423
3.286
458
651
431
508
443
34
3.275
452
3.165
486
689
447
551
478
35
3.069
479
2.902
515
637
475
541
515
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
1
32
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1
123
0
0
0
0
1
103
20
1
8
0
0
0
0
0
0
21
5
110
1
0
0
0
0
0
22
3
118
1
25
1
121
0
0
23
6
77
3
173
2
70
1
85
24
10
114
1
178
3
73
1
220
25
20
158
15
156
6
195
3
248
26
49
171
21
146
10
135
5
253
27
68
220
37
189
22
204
9
212
28
95
234
78
257
22
212
15
248
29
150
269
123
298
44
258
30
324
30
191
304
173
336
65
322
45
321
31
200
338
184
378
62
361
49
346
32
300
385
235
427
115
394
62
405
33
332
434
263
466
147
415
100
451
34
374
479
308
504
169
465
98
533
35
388
505
306
543
161
512
106
561
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
2
4
4
89
22
2
75
0
0
23
2
53
1
19
24
3
42
1
173
25
3
128
1
91
26
2
60
2
241
27
4
222
2
246
28
12
284
10
209
29
25
261
20
263
30
40
272
23
316
31
51
313
27
289
32
84
365
48
385
33
96
401
46
419
34
127
433
57
432
35
144
473
70
479
3.2. Fondo conservador
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
1
1
0
0
0
0
0
0
16
0
0
2
3
0
0
0
0
17
2
7
0
0
0
0
0
0
18
0
0
2
63
1
12
0
0
19
11
30
1
11
1
19
0
0
20
5
36
2
90
0
0
0
0
21
18
54
11
47
2
14
4
157
22
49
77
11
92
3
119
4
108
23
38
84
15
66
5
142
2
163
24
60
105
11
84
6
139
4
156
25
70
106
24
117
2
163
4
147
26
80
136
22
132
3
136
1
106
27
79
141
28
157
4
279
4
248
28
88
148
25
160
9
221
3
277
29
92
169
37
197
4
212
1
254
30
108
163
41
191
6
230
3
222
31
112
189
34
242
5
329
2
534
32
115
232
30
200
5
387
5
423
33
120
186
38
285
8
239
2
546
34
115
216
45
241
3
408
2
314
35
115
246
40
248
7
267
2
92
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
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1
97
0
0
0
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0
0
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0
1
201
0
0
0
0
23
1
10
0
0
0
0
1
180
24
0
0
0
0
2
216
0
0
25
1
25
0
0
0
0
1
129
26
2
173
2
136
0
0
0
0
27
3
160
2
122
1
125
1
137
28
0
0
3
131
4
184
2
190
29
1
188
4
316
1
141
0
0
30
2
321
0
0
1
204
3
277
31
3
522
0
0
2
510
0
0
32
3
604
2
422
1
717
2
445
33
2
302
0
0
1
328
0
0
34
2
525
2
444
3
528
0
0
35
1
621
2
365
0
0
1
537
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
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0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
1
177
2
176
0
0
0
0
26
2
202
0
0
0
0
0
0
27
3
169
2
190
0
0
0
0
28
2
220
1
428
0
0
0
0
29
4
276
0
0
2
313
0
0
30
1
204
0
0
0
0
0
0
31
3
397
0
0
3
455
0
0
32
2
331
4
503
1
475
0
0
33
6
475
2
507
2
437
0
0
34
7
503
2
373
0
0
1
507
35
5
670
0
0
1
687
0
0
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
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1
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1
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1
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0
0
0
1
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0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
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0
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0
0
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23
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0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
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0
0
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0
0
0
30
0
0
0
0
31
0
0
0
0
32
1
411
0
0
33
1
246
0
0
34
0
0
0
0
35
1
518
1
658
3.3. Fondo de mayor riesgo
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
1
60
0
0
0
0
16
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0
0
0
0
0
0
0
17
2
12
0
0
0
0
0
0
18
17
6
0
0
0
0
1
56
19
85
12
25
4
1
186
1
61
20
322
12
187
21
16
90
21
103
21
816
40
803
49
163
119
168
129
22
1.297
60
1.488
65
471
128
497
133
23
1.399
73
1.202
71
495
135
427
146
24
1.030
74
982
72
381
141
349
143
25
849
81
721
76
283
149
241
152
26
647
94
655
83
193
161
173
150
27
515
89
518
89
170
168
145
181
28
428
107
418
93
129
188
130
183
29
349
123
361
92
110
190
107
208
30
325
132
310
123
97
194
91
211
31
309
166
283
124
90
242
68
234
32
232
155
243
132
106
289
61
236
33
249
173
215
162
81
308
61
305
34
200
184
196
176
83
329
57
330
35
189
210
163
198
55
370
50
344
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
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0
0
0
0
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0
0
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3
157
1
100
2
97
0
0
21
34
117
25
126
6
126
1
65
22
73
122
63
144
15
100
9
115
23
95
138
93
146
24
133
14
119
24
89
139
100
142
39
140
31
136
25
90
150
94
153
60
155
55
160
26
91
168
90
161
55
191
45
181
27
80
185
79
174
49
196
62
197
28
88
224
71
237
59
209
28
181
29
64
327
51
240
39
227
30
238
30
69
276
33
301
43
306
42
360
31
48
329
41
332
37
315
14
328
32
52
337
34
411
47
387
15
465
33
26
366
27
371
31
362
18
446
34
40
474
36
514
28
468
16
511
35
31
448
21
474
17
443
15
484
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
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5
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1
59
0
0
23
11
112
7
135
1
171
1
128
24
44
128
25
137
2
163
2
149
25
73
160
52
169
10
193
3
169
26
117
190
75
175
11
195
3
179
27
124
208
98
209
21
241
5
279
28
105
240
91
239
17
309
13
257
29
122
282
85
302
36
308
12
304
30
97
296
82
335
28
331
20
316
31
110
358
68
408
33
384
23
410
32
94
402
85
437
42
417
29
436
33
102
451
62
444
35
479
23
470
34
105
479
61
532
50
553
17
527
35
87
520
54
517
28
514
21
542
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
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0
0
0
0
0
0
16
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0
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0
0
0
0
0
24
1
121
0
0
1
107
0
0
25
1
184
1
118
0
0
0
0
26
5
217
1
184
1
182
2
202
27
10
208
3
213
2
227
1
300
28
12
234
6
245
5
245
0
0
29
18
335
15
318
4
269
2
348
30
29
374
12
372
13
301
1
370
31
28
370
16
413
19
362
10
379
32
27
462
20
449
20
415
9
387
33
50
477
19
496
23
491
9
501
34
41
515
24
533
26
529
9
524
35
38
563
21
607
25
544
16
625
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
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0
0
0
19
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0
0
0
20
0
0
0
0
21
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0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
1
113
0
0
25
0
0
0
0
26
0
0
0
0
27
1
242
1
181
28
3
327
1
182
29
4
331
2
368
30
4
413
0
0
31
7
243
2
375
32
11
445
6
467
33
20
409
6
537
34
25
531
10
559
35
29
535
15
607
4. Skandia
4.1. Skandia - Fondo moderado
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
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0
0
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0
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0
0
17
2
22
0
0
0
0
0
0
18
21
10
11
17
0
0
1
19
19
52
18
63
20
3
34
4
41
20
95
32
128
38
10
77
9
54
21
140
39
197
50
16
83
20
110
22
172
50
211
54
31
99
46
111
23
211
69
284
74
47
88
76
107
24
262
74
319
87
72
121
121
125
25
285
102
375
113
76
137
140
164
26
349
131
403
106
96
176
131
178
27
360
116
455
128
93
182
136
205
28
389
148
476
148
98
226
163
253
29
403
165
546
170
127
229
138
281
30
706
185
499
195
120
270
127
299
31
545
208
645
209
101
322
150
341
32
667
189
725
210
123
322
156
371
33
690
197
741
200
136
376
154
387
34
669
221
886
232
139
402
164
381
35
583
265
761
276
151
391
162
424
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
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2
55
2
51
20
2
39
2
63
1
60
1
51
21
8
97
3
82
5
92
1
153
22
12
95
17
81
11
112
9
88
23
35
104
46
125
19
111
25
75
24
64
129
75
124
58
113
54
133
25
76
146
91
143
63
162
73
158
26
96
159
124
195
101
187
105
176
27
94
213
123
228
105
204
108
221
28
124
228
135
234
115
235
118
224
29
105
260
148
274
113
246
148
283
30
124
289
146
327
137
300
117
316
31
126
293
141
356
108
349
139
343
32
128
375
141
382
122
345
131
415
33
125
374
146
417
140
384
128
396
34
131
409
136
454
145
410
158
430
35
124
448
144
481
114
486
127
467
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
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9
156
5
162
2
93
23
35
123
30
107
8
136
4
169
24
75
119
61
133
12
152
12
119
25
129
140
106
165
32
144
23
161
26
188
179
187
184
69
173
48
203
27
227
209
249
212
91
224
59
223
28
269
236
261
248
138
237
104
260
29
348
281
337
283
149
289
153
310
30
384
300
355
312
237
316
197
335
31
416
327
348
358
271
351
209
371
32
426
382
366
394
311
378
260
416
33
404
398
437
429
327
415
291
435
34
460
423
388
456
330
438
309
467
35
376
461
397
501
361
482
273
535
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1
78
0
0
0
0
0
0
22
0
0
1
13
0
0
1
219
23
1
425
2
110
0
0
0
0
24
3
160
1
195
0
0
0
0
25
6
223
4
158
1
170
0
0
26
8
111
6
187
2
177
3
292
27
21
206
11
177
5
255
1
194
28
14
260
19
261
9
246
2
363
29
34
250
33
322
13
282
9
316
30
52
298
53
339
12
352
12
396
31
76
333
50
390
37
366
19
388
32
90
377
85
404
46
354
22
398
33
108
401
88
436
55
416
40
483
34
121
432
69
469
66
460
52
512
35
93
496
86
490
50
499
35
546
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
1
42
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
1
111
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
26
1
161
2
212
27
6
240
2
272
28
12
235
3
256
29
12
202
5
341
30
14
194
13
320
31
24
304
13
377
32
42
350
13
357
33
41
414
27
392
34
70
446
34
458
35
84
496
31
496
4.2. Skandia - Fondo conservador
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
1
13
0
0
0
0
0
0
19
2
35
3
23
0
0
0
0
20
1
32
3
32
0
0
0
0
21
2
7
5
27
0
0
0
0
22
3
35
4
38
0
0
1
37
23
4
66
3
28
1
47
1
27
24
0
0
4
40
1
259
3
41
25
6
34
6
44
4
124
4
56
26
2
73
5
60
2
109
1
17
27
3
70
6
82
1
17
0
0
28
2
145
2
61
0
0
0
0
29
1
19
1
1
0
0
2
37
30
1
138
2
203
0
0
1
272
31
2
96
3
54
0
0
0
0
32
0
0
1
47
0
0
0
0
33
4
29
1
26
1
149
2
347
34
2
172
4
159
0
0
0
0
35
1
37
4
211
0
0
0
0
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1
17
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
1
108
0
0
0
0
23
1
39
0
0
0
0
0
0
24
0
0
1
55
2
18
0
0
25
2
62
2
57
0
0
0
0
26
2
96
0
0
0
0
0
0
27
1
216
0
0
0
0
0
0
28
1
84
2
159
1
13
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
1
51
0
0
31
0
0
0
0
0
0
1
81
32
0
0
0
0
1
110
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
2
508
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
2
12
0
0
0
0
0
0
24
1
44
1
87
0
0
0
0
25
1
195
1
32
0
0
0
0
26
1
32
0
0
0
0
0
0
27
0
0
1
3
0
0
0
0
28
0
0
1
319
1
77
0
0
29
1
34
4
103
0
0
0
0
30
3
146
1
196
1
2
0
0
31
2
239
1
12
0
0
0
0
32
2
252
0
0
1
507
0
0
33
4
134
1
491
1
400
2
232
34
2
519
1
4
1
328
1
34
35
0
0
1
562
0
0
1
24
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
1
311
0
0
29
1
154
0
0
1
402
0
0
30
0
0
1
69
0
0
0
0
31
0
0
0
0
1
79
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
1
149
0
0
34
1
261
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
26
0
0
0
0
27
0
0
0
0
28
0
0
0
0
29
0
0
0
0
30
0
0
0
0
31
1
64
0
0
32
0
0
0
0
33
0
0
0
0
34
0
0
0
0
35
1
631
0
0
4.3. Skandia - Fondo de mayor riesgo
EDADES
UN (1) SMLV
> UN (1) Y < = DOS (2) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
5
21
4
9
0
0
0
0
19
11
28
22
9
0
0
0
0
20
18
24
27
29
2
36
0
0
21
27
22
27
43
6
62
0
0
22
22
35
31
37
4
82
5
99
23
23
34
27
30
13
68
13
43
24
35
58
31
69
20
72
14
65
25
34
62
29
64
10
80
3
44
26
34
86
28
107
14
135
9
122
27
16
152
21
145
12
178
1
193
28
29
142
9
124
4
271
11
157
29
25
189
18
201
13
222
2
191
30
17
213
11
170
7
286
4
473
31
16
236
10
231
8
243
2
369
32
18
327
10
262
10
323
5
566
33
10
269
15
306
4
475
5
467
34
9
420
10
342
6
339
3
562
35
8
372
13
382
1
395
1
120
EDADES
> DOS (2) Y < = TRES (3)
SMLV
> TRES (3) Y < = CUATRO (4)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
1
1
0
0
20
1
57
1
89
0
0
1
13
21
3
69
0
0
0
0
0
0
22
4
42
1
34
2
24
2
31
23
15
50
8
78
5
47
2
36
24
15
73
15
86
11
76
7
81
25
12
70
14
121
17
121
9
94
26
10
76
10
135
10
124
7
146
27
10
209
9
212
13
207
7
188
28
10
174
5
311
13
196
5
242
29
8
269
6
242
7
212
4
186
30
9
261
7
344
8
322
4
395
31
5
329
5
441
3
216
6
357
32
6
497
4
440
7
276
3
585
33
7
388
4
363
6
376
5
603
34
6
532
2
601
5
452
1
176
35
2
451
3
473
1
441
2
252
EDADES
> CUATRO (4) Y < = OCHO (8)
SMLV
> OCHO (8) Y < = DOCE (12)
SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
1
45
0
0
22
1
74
0
0
1
20
0
0
23
10
73
3
63
1
33
2
40
24
12
108
6
71
2
60
1
53
25
21
114
11
120
3
82
1
138
26
23
167
11
165
11
216
1
182
27
19
186
9
194
11
220
8
245
28
29
206
9
205
8
236
2
174
29
33
236
11
248
16
272
3
309
30
35
331
13
320
31
297
6
367
31
31
330
13
314
20
322
6
347
32
33
356
7
372
21
377
6
426
33
20
425
15
421
26
416
6
416
34
26
445
9
524
26
453
9
480
35
18
459
10
617
23
501
8
321
EDADES
> DOCE (12) Y < = DIECISEIS
(16) SMLV
> DIECISEIS (16) Y < =
VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
53
0
0
0
0
0
0
25
1
34
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
1
183
0
0
27
1
175
0
0
0
0
0
0
28
4
275
0
0
1
10
1
214
29
5
273
1
68
2
343
1
189
30
4
350
1
26
1
197
1
369
31
4
366
2
458
2
406
1
42
32
10
386
1
449
6
266
2
439
33
4
391
8
475
3
265
1
11
34
19
418
9
535
10
556
1
344
35
12
539
4
484
2
368
3
560
EDADES
> VEINTE (20) SMLV
HOMBRES
MUJERES
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
Total
Afiliados
Prom Semanas Cotizadas
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
20
0
0
0
0
21
0
0
0
0
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
26
0
0
0
0
27
0
0
0
0
28
0
0
0
0
29
0
0
0
0
30
2
354
0
0
31
2
395
0
0
32
4
526
0
0
33
5
426
2
497
34
7
369
0
0
35
7
643
0
0
5. Skandia ALT
No reporta afiliados entre los 15 y 40 años de edad.
6. Colpensiones
Únicamente se reporta información sobre el número de
afiliados de diferentes edades, pero no respecto al promedio de semanas
cotizadas.
EDADES
HASTA 2 SMLV
> 2 < = 4 SMLV
> 4 < = 7 SMLV
> 7 < = 10 SMLV
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
15-19
6.321
4.837
41
34
7
9
4
3
20-24
72.446
50.739
2.339
2.377
498
525
79
44
25-29
159.381
87.913
9.668
8.597
3.528
3.251
657
499
30-34
193.998
132.395
12.066
11.026
5.363
5.247
1.387
1.275
35-39
256.893
206.912
15.484
13.117
7.228
6.952
2.151
1.962
40-44
348.773
328.061
19.834
16.138
9.258
8.182
2.810
2.520
EDADES
> 10 < = 13
> 13 < = 16
> 16
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
15-19
1
-
-
-
-
-
20-24
9
2
2
3
2
-
25-29
129
92
27
22
35
23
30-34
361
322
155
103
136
80
35-39
748
576
272
193
338
211
40-44
1.117
924
436
301
525
381
[1]
Sentencia T-777 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[2]
Sentencia T-839 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[3]
Sentencia T-506 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[4]
Sentencia T-422 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5]
Sentencia C-862 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada. AV María Victoria Calle
Correa, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla. SPV María Victoria Calle Correa).
[6]
Al respecto véase la sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa.
Unánime).
[7]
Sentencia C-149 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio. SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En esa oportunidad, una de las demandas resueltas por la Corte
planteaba como petición principal la declaratoria de exequibilidad condicionada
de la norma acusada. La Corte emitió un pronunciamiento de fondo.
[8]
Sentencia C-864 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra. Unánime). En esa
oportunidad, los demandantes pidieron a la Corte de forma principal la
exequibilidad condicionada y subsidiariamente la inconstitucionalidad de las
normas acusadas. La Corte falló de fondo. En sentencia C-029 de 2009 (MP
Rodrigo Escobar Gil. AV Jaime Araújo Rentería), al resolver una demanda que
planteaba pretensiones principales de exequibilidad condicionada y subsidiarias
la inexequibilidad, dijo la Corporación: “los
demandantes ponen en evidencia el problema procesal que se deriva del hecho de
que algunas de las pretensiones principales de la demanda se orientan a obtener
que la Corte emita un pronunciamiento de constitucionalidad condicionada,
posibilidad que no ha sido aceptada por la Corte. Sin embargo, como en tales
supuestos, los demandantes presentan varias pretensiones subsidiarias, entre
las cuales, invariablemente, se encuentra la solicitud de inexequibilidad de
las expresiones o disposiciones demandadas, estima la Corte que, en todos los
casos, existe una demanda en forma y que procede el estudio de los distintos
cargos de inconstitucionalidad”.
[9]
Sentencia C-458 de 2002 (MP Jaime Araújo Rentería. Unánime). En ese caso la
Corte falló de fondo una acción cuya pretensión principal era de
inexequibilidad, y que solicitaba “subsidiariamente,
la exequibilidad condicionada”. La Corte declaró exequible la norma.
Esta postura se ha reiterado por ejemplo en sentencia C-395 de 2012 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. AV Jorge Iván Palacio, Nilson Pinilla y Humberto
Sierra Porto). Entonces la Corte se pronunció sobre el fondo de una acción que
pedía “declarar la inconstitucionalidad o,
subsidiariamente, la constitucionalidad condicionada, de las disposiciones
acusadas”.
[10] Entre otras, pueden verse las siguientes. Sentencia C-341 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo. AV Luis Ernesto Vargas Silva). En ese caso la
Corte falló de fondo pese a que la única pretensión era esta: “[s]e solicita a este tribunal que declare la exequibilidad
condicionada del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, […]”. Sentencia
C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime). En esa ocasión, la
demanda solicitaba un fallo de exequibilidad condicionada. El Procurador pidió
inhibirse porque la pretensión tornaba en inepta la acción. La Corte, sin
embargo, se pronunció de fondo. En el mismo sentido, ver sentencias C-616 de
2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Unánime) y C-586 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa. Unánime).
[11] Sentencia T-777 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[12] Sentencia T-839 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[13] Sentencia T-506 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[14] Debe decirse que inicialmente la Ley 860 de 2003
también preveía una exigencia de fidelidad al sistema general de pensiones,
conforme a la cual para acceder a la pensión de invalidez se requería
adicionalmente, en los casos de invalidez causada por enfermedad, acreditar una
fidelidad de cotización para con el sistema de al menos el veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.; y en
los casos en que la invalidez era causada por accidente, se requería que el
afiliado hubiera cotizado al sistema al menos el veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. Esta parte de
la norma, que preveía el requisito de fidelidad, fue declarado inexequible por
razones de fondo en la sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo.
SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas
Silva).
[15] Informe de Sesiones de la Comisión Quinta de la Asamblea
Nacional Constituyente, correspondiente al día diez (10) de mayo de mil
novecientos noventa y uno (1991), Presidencia de la República, Centro de
Información y Sistemas para la Preparación de la Asamblea Nacional
Constituyente, pp. 22 y s.
[16] Informe de Sesiones de la Comisión Quinta de la Asamblea
Nacional Constituyente, correspondiente al día diez (10) de mayo de mil
novecientos noventa y uno (1991), Presidencia de la República, Centro de
Información y Sistemas para la Preparación de la Asamblea Nacional
Constituyente, p. 26.
[17] Como se puede apreciar en el Informe de Sesiones de la Plenaria
de la Asamblea Nacional Constituyente, correspondiente al día diez (10) de
junio de mil novecientos noventa y uno (1991), Presidencia de la República,
Centro de Información y Sistemas para la Preparación de la Asamblea Nacional
Constituyente, p. 21
[18] Informe de Sesiones de la Plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente, correspondiente al día diez (10) de junio de mil novecientos
noventa y uno (1991), Presidencia de la República, Centro de Información y
Sistemas para la Preparación de la Asamblea Nacional Constituyente, p. 21.
[19] Intervención de ASOFONDOS.
[20] Sentencia C-862 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada. AV María Victoria
Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla. SPV María Victoria Calle
Correa)
[21] Sentencia C-862 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada. AV María Victoria
Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla. SPV María Victoria Calle
Correa).
[22] La sociología y la etnología muestran por ejemplo que el inicio y
la conclusión de la juventud, dependen en parte no sólo de la época y de las
culturas, sino además las vicisitudes y transformaciones políticas. Ver por
ejemplo Bourdieu, Pierre. “La ‘juventud’ sólo es una palabra”. En Cuestiones
de sociología. Madrid. Akal. 2013. Puede resaltarse de este texto la
siguiente referencia a un estudio etnológico: “Nancy Munn, una etnóloga,
muestra que, en ciertas sociedades de Australia, la magia rejuvenecedora que
emplean las ancianas parea recuperar la juventud se considera como algo completamente
diabólico, ya que trastorna los límites entre las edades y ya no se sabe quién
es joven, quién es viejo” (p. 143).
[23] Ver las Resoluciones de la Asamblea General A/RES/50/81, 1995 (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond); A/RES/56/117, 2002 (Policies and programmes involving youth);  A/RES/62/126, 2008 (Policies and programmes involving youth: youth in the global economy – promoting youth participation in social and economic development).
[24] Una publicación de la OMS, para Colombia, e incorporada como parte
del Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, dice al
respecto que “para la Organización Mundial de la Salud – OMS – se considera
como población juvenil las personas entre 10 y 24 años; considerando por
separado tres grupos de edad: 10 a 14 (preadolescentes), 15 a 19 (adolescentes)
y 10 a 24 (población juvenil). Esta separación por grupos de edad es
considerada de gran importancia y utilidad, pues las necesidades, problemas y
expectativas varían considerablemente en cada uno de los grupos”. Presidencia
de la República. Hacia una política pública de juventud en Colombia. Herramientas
para su construcción e institucionalización. Organización Panamericana de
la Salud OPS/OMS. 2001, p. 15.
[25] UN. “Definition of Youth”. Tomado de
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
[26] Bourdieu, Pierre. “La ‘juventud’ sólo es una palabra”. En Cuestiones
de sociología. Madrid. Akal. 2013.
[27] El Banco Mundial indica por ejemplo que entre las investigaciones
autorizadas sobre la materia, se señala una tendencia generalizada en el Caribe
hacia concebir que la juventud llega hasta los treinta (30) años, debido a los
altos niveles de desempleo que obstaculizan la adquisición del estatus propio
de la vida adulta. World Bank. Caribbean Youth Development. Issues and
Policy Directions. Washingtonb. 2003.
[28] CEPAL and United Nations. Youth, Population and Development in
Latin America and the Caribbean. LC/G. 2084 (SES. 28/16).
[29] Sentencia C-862 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada. AV María Victoria
Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla. SPV María Victoria Calle
Correa).
[30] World Bank. Caribbean Youth … 2003. Citado.
[31] CEPAL and United Nations. Youth, Population and Development in Latin
America and the Caribbean. LC/G. 2084 (SES. 28/16). March. 2000. También
World Bank. Caribbean Youth … 2003, citado.
[32] UN. “Definition of Youth”, citado.
[33] Sobre la vocación de estabilidad de las constituciones rígidas
puede verse por ejemplo Zagrebelsky, Gustavo. Historia y Constitución.
Madrid. Trotta. 2005, pp. 44 y ss.
[34] Sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz. Unánime).
[35] Entre otras, ver sentencia C-539 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
SPV Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa). Dijo
la Corte en esa ocasión: “En
reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha indicado que el juicio de
igualdad exige, en primer término, determinar el verdadero alcance y
significado de la disposición cuestionada. En otras palabras, lo primero que
debe hacer el juez constitucional es definir si, verdaderamente, la norma
procura un trato diferenciado a sujetos que se encuentran en condiciones
aparentemente iguales. Para ello es necesario delimitar con claridad quiénes
son los sujetos afectados por la norma y en qué consiste la diferencia de
trato. Una vez determinada la existencia de un trato diferente, es necesario
verificar si este se encuentra adecuadamente justificado”.
[36] Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo. SPV María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[37] Gaceta del Congreso 593 del 14 de noviembre de 2003.
[38] Gaceta del Congreso 667 del 9 de diciembre de 2003.
[39] En estas ponencias se reproduce, incluso de forma textual, la
exposición de motivos y la ponencia para primer debate. Se puede leer en las
Gaceta 686 y 690 del 2003: “[s]e modifican los requisitos para acceder a la
pensión de invalidez. El requisito no se establece en términos de semanas sino
de densidad de cotización. || Para tener derecho a la pensión de invalidez
causada por enfermedad común, se exige que el afiliado haya cotizado al menos
el 25% del tiempo transcurrido entre los 20 años, y la edad en que ocurre el siniestro.
Cuando la causa sea un accidente, el requisito es el 20% de cotización durante
el mismo periodo. || Al requerirse más semanas, cuando se tiene mayor edad, se
impone la cultura de la afiliación a la seguridad social y se controlan los
fraudes. Cuando un afiliado haya cotizado 20 años o mil semanas, la cobertura
del seguro se mantiene en forma vitalicia, así haya dejado de cotizar por un
tiempo prolongado”. Confróntese este texto con el de la exposición de motivos y
el del informe de ponencia para primer debate, contenidos en las Gacetas del
Congreso 593 y 667 de 2003.
[40] Gacetas del Congreso 686 y 690 del 2003.
[41] Sentencia C-1056 de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra.
AV y SV Manuel José Cepeda Espinosa. SPV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán
Sierra y Clara Inés Vargas Hernández. SV Rodrigo Escobar Gil y Eduardo
Montealegre Lynett). El artículo 11 de la Ley 797 de 2003, declarado inexequible
en su totalidad por vicios de procedimiento, decía textualmente: “Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: || 1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. || 2. Invalidez causada por accidente:
Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al
hecho causante de la misma. || Parágrafo. Los menores de 20 años
de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”
(énfasis añadido).
[42] Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2002. El artículo 15
del Proyecto de Ley decía: “El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la
pensión de invalidez los afiliados que se encuentren cotizando al Sistema en el
momento de producirse el estado de invalidez y que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos, siempre y cuando cumplan con
los siguientes requisitos: || Invalidez causada por enfermedad. Cuando el
afiliado en el momento en el cual se produzca el estado de invalidez haya
cotizado al sistema por lo menos cincuenta (50) semanas en los últimos dos (2)
años. || Invalidez causada por accidente. Cuando el afiliado en el momento en
el cual se produzca el estado de invalidez haya cotizado al Sistema por lo
menos veintiséis (26) semanas. || Parágrafo. Cuando el afiliado haya dejado de
cotizar al Sistema se regirá por los siguientes requisitos: || En caso de
enfermedad deberá haber efectuado aportes por menos durante cincuenta (50)
semanas en los últimos dos años, de las cuales por lo menos veintiséis (26)
semanas debieron haberse cotizado dentro del año anterior al momento de
producirse el estado de invalidez. || En caso de accidente deberá haber
efectuado aportes por lo menos durante veintiséis (26) semanas en el año
inmediatamente anterior al momento de producirse el estado de invalidez”.
[43] Gaceta 350 de 2002.
[44] Hubo dos informes de ponencia, uno
mayoritario y otro minoritario. El primero se publicó en la Gaceta 508 y el
segundo en la 533, ambas de 2002. La ponencia mayoritaria presentaba el
siguiente proyecto de artículo: “Artículo 19. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo
39. Requisitos para
obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido, haya cotizado
veintiséis (26) semanas dentro del año inmediatamente anterior al hecho
causante de la invalidez o de su declaratoria, y acredite las siguientes
condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad.  Si es mayor de 20 años
de edad, haya cotizado el veinticinco (25) por ciento del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. 2. Invalidez causada por accidente: Si es
mayor de 20 años de edad haya cotizado el veinte (20) por ciento del tiempo
transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años de edad y la fecha de
ocurrencia del accidente causante del estado de invalidez.” La ponencia alternativa tampoco
introducía esa excepción.
[45] Gaceta 168 del 15 de abril de 2003, p. 55. Se lee, como conclusión:
“Presidente: solicita al señor secretario dar lectura a la proposición
supresiva. Secretario: Proposición supresiva: Artículo 19. El artículo
39 de la Ley 100 de 1993, quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la
pensión de invalidez, que se suprima el artículo 19. […] Presidente: Ha
sido aprobada la proposición supresiva del artículo 19, que queda tal cual como
está en la Ley 100 de 1993”.
[46] Gaceta 616 del 18 de diciembre de 2002.
[47] Proposición Aditiva No. 22. 496,
Cuaderno 4, Pruebas enviadas por la Cámara de Representantes al proceso D-4500,
que concluyó con la sentencia C-1056 de 2003.
[48] En la sentencia C-1056 de 2003, la Corte dijo expresamente: “Por lo que hace al artículo 11, no fue incluido en la ponencia para
Segundo Debate el en Senado (Gaceta del Congreso No 616), ni tampoco fue
aprobado en el Senado de la Republica, según el texto definitivo del proyecto
publicado en la Gaceta del Congreso No 161 de 14 de abril de 2003 pagina 5.
Este artículo fue introducido “artículo nuevo” durante el debate en
la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, por el representante Manuel
Enríquez Rosero como Proposición Aditiva No 22 (Cuaderno No 4- pruebas enviadas
por la Cámara de Representantes). Es decir, el citado artículo 11 de la ley 797
de 2003, tan solo fue objeto de aprobación en la Sesión Plenaria de la Cámara
de Representantes y sobre el no se decidió ni por las Comisiones Séptimas en
las sesiones conjuntas, ni tampoco por Senado de la Republica, no obstante lo
cual fue sometido a conciliación y así se dio por aprobado en el texto de la
ley”.
[49] Al respecto, obsérvese la Gaceta 60 de 2003, que contiene la
publicación del informe de conciliación; la Gaceta 53 de 2003, en la cual se
consigna el acta de Plenaria de Senado en la cual se aprobó el informe de
conciliación; la Gaceta 43 de 2003, contentiva del Acta de Plenaria 040 del 20
de diciembre de 2003, en lo relativo a la conciliación del Proyecto de Ley
sobre reforma al sistema de seguridad social en pensiones.
[50] Sentencia T-777 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[51] Dice el artículo 35 de la Ley 1098 de 2006: “Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección
laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de
admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes
entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el
Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán
de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las
normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías
consagrados en este código. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen
derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer
libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el
ejercicio de su actividad laboral. PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños
y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de
Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades
remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las
condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el
permiso excederá las catorce (14) horas semanales”.
[52] (MP Rodrigo Escobar Gil. SPV Jaime Araújo Rentería).
[53] Como lo señala por ejemplo en CEPAL and United Nations. Youth,
Population and Development in Latin America and the Caribbean. LC/G. 2084
(SES. 28/16), el tránsito de sociedades rurales a sociedades preminentemente
urbanas, y en estas el advenimiento de revoluciones industriales y tecnológicas
o informáticas, ha implicado para las personas la necesaria adquisición de
habilidades, conocimientos y técnicas cada vez más complejas, que tardan más
tiempo en adquirirse. Por este motivo, además de otros
[54] CEPAL and United Nations. Youth, Population and Development in
Latin America and the Caribbean. LC/G. 2084 (SES. 28/16).
[55] ÍDEM.
[56] Sentencia T-777 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En esa
ocasión, la Corte inaplicó la edad prevista en el parágrafo acusado, para
autorizar que a una persona con 23 años de edad se le evaluara su derecho a la
pensión con el requisito de 26 semanas en el año anterior a la estructuración o
declaración de invalidez.
[57] Sentencia C-130 de 2002
(MP Jaime Araujo Rentería. Unánime). En la sentencia, la Corte dijo: “La
universalidad significa que el servicio debe cubrir a todas las personas que
habitan el territorio nacional”.
[58] En las sentencias C-130
de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería. Unánime) y T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), la Corte dijo sobre la relación entre los principios de
universalidad y progresividad: “La universalidad significa que el servicio
debe cubrir a todas las personas que habitan el territorio nacional. Sin
embargo, es claro que ello se debe hacer en forma gradual y progresiva, pues
tratándose de derechos prestacionales los recursos del Estado son limitados, de
ahí la existencia del principio de solidaridad, sin el cual la población de
bajos recursos o sin ellos no podría acceder a tales servicios”.
[59] Sentencia C-251 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero.
Unánime). En esa ocasión, al examinar la constitucionalidad de la
Ley 319 de 1996, aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (‘Protocolo de San Salvador’)
la Corte señaló que el principio de no discriminación no estaba sometido al
principio de progresividad, y por ese motivo que todo avance parcial, para
considerarse legítimo, debe necesariamente respetar el mandato de no
discriminación: “En forma uniforme, la más autorizada
doctrina internacional considera que este deber [de no discriminación] no es de
realización progresiva sino de aplicación inmediata, por lo cual se considera
necesario que esta garantía se someta a escrutinio judicial y a otros tipos de
control a fin de lograr su cumplimiento”
[60] Sentencia T-839 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese
caso, la persona tenía 23 años de edad cuando se estructuró la invalidez, y la
Corte siguiendo la jurisprudencia de la sentencia T-777 de 2009, inaplicó la
edad prevista en la norma acusada.
[61] Sentencia T-934 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esa
ocasión, la Corte consideró que una autoridad judicial –en un caso de tutela
contra sentencias- había desconocido el precedente constitucional, al aplicar
la edad prevista en el parágrafo acusado a una persona que tenía 22 años al
momento de la estructuración de la invalidez y, en consecuencia, al haberle
negado la pensión de invalidez.
[62] Sentencia T-246 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese
caso, la Corte tuteló los derechos de una persona cuya invalidez se estructuró
cuando tenía 25 años de edad, y a quien le exigían para adquirir la pensión de
invalidez 50 semanas en los tres años anteriores a esa fecha. La Corte inaplicó
entonces la edad prevista en el parágrafo ahora demandado, y ordenó que se le
definiera su pensión conforme al requisito de 26 semanas en el año anterior a
la estructuración o declaración de invalidez.
[63] Sentencia T-506 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). La Corte
inaplicó en ese caso la edad prevista en el parágrafo acusado, teniendo en
cuenta que al momento de ocurrir el hecho causante de la invalidez, la persona
era joven (menor de veintiséis) años, y para individuos en esa edad debía
aplicarse también la regla especial demandada en este proceso.
[64] Sentencia T-930 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa). En esa
ocasión, la Corte inaplicó el límite de edad contenido en la disposición
acusada, tras advertir que impedía a una persona que tenía más de diecinueve
años, pero estaba aún en una edad que permitía considerarlo razonablemente como
joven, acceder a la pensión de invalidez.
[65] Sentencia T-1011 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[66] Sentencia T-630 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[67] Sentencia T-819 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo).
[68] Sentencia T-443 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[69] Sentencia T-580 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[70] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales fue aprobado por la Ley 74 de 1968. Establece en su artículo 2.1:
“[c]ada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas,
la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Subrayas
añadidas).
[71] Observación General No. 3.
[72] Sentencia C-507 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV Jaime
Araújo Rentería; Clara Inés Vargas Hernández). En esa ocasión, la Corte declaró
inexequible una norma por violar el principio de progresividad, en su versión
de prohibición de regresividad injustificada. El precepto examinado, en la
práctica, tenía la potencialidad de obligar a las universidades estatales del
orden nacional, a realizar unas destinaciones de recursos que antes no estaban
obligadas a hacer. Dado que eso suponía una afectación en la prestación del
servicio misional,  la Corporación juzgó que existía un retroceso. Como el
retroceso no fue justificado, la norma fue declarada inexequible. Para decidir
dijo, al respecto, que “la medida reduce de manera sustantiva los recursos
destinados a la educación superior. En estos casos, las autoridades competentes
pueden demostrar que la medida no “retrocede” los avances logrados en materia
de educación superior. […] Sin embargo, nada de esto fue demostrado en el
presente proceso”.
[73] En la Observación General No. 3, el Comité dice
respecto del principio de progresividad: “el hecho de que la efectividad a lo largo
del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el
Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de
todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de
flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las
dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe
interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del
Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con
respecto a la Plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone
así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras
a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y
deberán  justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos
previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de
los recursos de que se disponga”.
[74] Esa doctrina está contenida en los Principios de Limburgo, la
cual fue considerada por la Corte Constitucional, justamente, como la más
autorizada internacionalmente. Ver sentencia C-251 de 1997 (MP. Alejandro
Martínez Caballero. Unánime) –Fundamento jurídico 8-. En relación con el punto,
pueden  destacarse los siguientes tres principios: “8. Aunque la realización
completa de los derechos reconocidos en el Pacto, se logre progresivamente, la
aplicación de algunos derechos puede introducirse inmediatamente dentro del
sistema legal, en tanto que para la de otros se deberá esperar”; “21. La
obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa aplicación de los
derechos exige que los Estados partes actúan tan rápidamente como les sea
posible en esa dirección.  Bajo ningún motivo esto se deberá interpretar como
un derecho de los Estados de diferir indefinidamente los esfuerzos desplegados
para la completa realización de los derechos”; “22. Algunas obligaciones del
Pacto requieren su aplicación inmediata y completa por parte de los Estados
Partes, tales como prohibición de discriminación enunciada en el artículo 2.2 del
Pacto”.
[75] Sentencia
C-671 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime). La Corte estudiaba
la constitucionalidad de un precepto que excluía a un grupo de beneficiarios de
los servicios ofrecidos por el sistema de salud de las fuerzas militares y de
policía, aun cuando antes lo incluía. Consideró que ese retroceso, en la
protección del derecho a la seguridad social en salud del grupo excluido,
resultaba injustificado. Para decidir, dijo
que el Estado había incumplido la prohibición de retroceder injustificadamente
en el nivel de protección alcanzado, prohibición que caracterizó así: “el mandato de
progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección,
la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos
sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel
de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por
ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser
constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho
social prestacional”.
[76] Sentencia C-671 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime).
[77] Ver la sentencia C-507 de 2008, antes citada.
[78] En la sentencia C-444 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Unánime), la Corte Constitucional opinó que una norma resultaba
inconstitucional, porque era injustificadamente regresiva, en relación con el
nivel de protección del derecho a la vivienda digna alcanzado previamente. Para
decidir dijo, sobre el particular, que el precepto cuestionado contenía “una
medida regresiva en materia de protección del derecho a la vivienda digna de
interés social”.
[79] Sentencia C-507 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV Jaime
Araújo Rentería; Clara Inés Vargas Hernández), antes citada.
[80] Sentencia  C-671 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime),
antes citada.
[81] Información aportada por la Superintendencia Financiera a la Corte
Constitucional.