T-618-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-618/14
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por estado de indefensión
o debilidad manifiesta aún cuando exista otro medio de defensa judicial
En principio, la demanda por el reconocimiento y
pago de una pensión de invalidez no es susceptible de ser estudiada mediante la
acción de tutela, toda vez que existe una jurisdicción ordinaria propia para discutir
controversias laborales. No obstante, para garantizar la protección de derechos
fundamentales, este Tribunal Constitucional ha permitido la procedencia
excepcional del amparo cuando el medio de defensa judicial no resulta idóneo o
eficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
amenazados o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
flexibilizando su procedencia cuando la violación del derecho se origina en
cabeza de sujetos de especial protección constitucional, como personas de la
tercera edad o en situación de discapacidad.
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo
vital y vida digna de sujetos de especial protección
Resulta desmedida la exigencia de acudir a la
jurisdicción ordinaria laboral para obtener la pensión de invalidez cuando
el tutelante no cuenta con algún ingreso económico que le permita garantizar su
vida en condiciones dignas y la protección de los demás derechos que puedan
verse afectados.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y EL MINIMO VITAL/DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ
CONDICIONES
CONSTITUCIONALES PARA LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA FRENTE
AL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional
ha sido enfática y reiterativa en cuanto al reconocimiento del derecho a la
pensión de invalidez, dadas las condiciones especiales con que cuentan las
personas que sufren enfermedades catastróficas, crónicas, degenerativas o
congénitas. En este aspecto, la Corte ha precisado que existe un problema en la
determinación real o material de la pérdida de capacidad laboral de las
personas que sufren este tipo de enfermedades, pues para acceder a tal pensión
se exige como requisito esencial que la persona esté calificada con
pérdida definitiva y permanente respecto a su capacidad para laborar
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener
reconocimiento y pago
Respecto a los requisitos para obtener el
reconocimiento y pago de esta prestación previstos en el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, se estableció el acceso a la pensión de invalidez para los
afiliados que acreditaran una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 50% y que, a su vez, se encontraran en alguno de los siguientes eventos: (i)
estuvieren cotizando al régimen y tuvieren aportes equivalentes a por lo menos
26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; (ii) hubieren
dejado de cotizar al sistema, pero acreditaren aportes durante por lo menos 26
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado
de invalidez.
DERECHO AL MINIMO VITAL Y
A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia:
expediente 4.357.444
Acción de tutela presentada por Gloria Patricia Castro
Medina contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–.
Magistrada (e) Sustanciadora:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de
dos mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez (e), quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela
proferido en primera y única instancia, el 31 de enero de 2014, por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, que resolvió la acción de
tutela instaurada por Gloria Patricia Castro Medina contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1.     La accionante nació el 10 de octubre de 1970, cuenta
con 43 años de edad, es enfermera de profesión y manifiesta que a causa de la
disminución de su capacidad laboral ocasionado por un accidente de tránsito
ocurrido en el año 2008, se ha visto obligada a abandonar cualquier tipo de
actividad que le permita obtener el sustento económico para ella y su núcleo
familiar, conformado por dos hijas.
2.     Sostiene la actora que como consecuencia del
mencionado accidente, sufrió fracturas costales, rafia de vejiga, fractura
pélvica, espodiloartropatía seronegativa, trastorno depresivo, síndrome
doloroso crónico secundario, entre otras afecciones que produjeron “limitación
para la marcha por desnivel presente en anillo pélvico, y adquirir espondilitis
anquilosante” (fl. 4).
3.     Señala que mediante dictamen No. 6915 del 02 de agosto
de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas le
diagnosticó pérdida de la capacidad laboral del 51.92%, con fecha de
estructuración del 2 de agosto de 2012.
4.     Indica que el 16 de agosto de 2013, radicó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones –en adelante Colpensiones–, solicitud de
reconocimiento de pensión de invalidez, a lo cual la entidad accionada informó
que la misma sería resuelta dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
radicación.
Solicitud de tutela
5.     Gloria Patricia Castro Medina, obrando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de
Pensiones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a
la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, por la renuencia
de la entidad accionada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con
su respectivo retroactivo, al que considera tiene derecho.
Respuesta de la entidad accionada
6.     Notificada la demanda, la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones-, contestó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Manizales, mediante oficio, radicado el 4 de febrero de 2014.
La entidad demandada solicitó al juez de
instancia la declaración de la carencia actual de objeto por hecho superado, dado
que la solicitud realizada por la accionante había sido resuelta mediante
Resolución GNR 16008 de 17 de enero de 2014, la cual negó el reconocimiento de
la pensión de invalidez, con fundamento en que la peticionaria no aportó a su
solicitud el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral,
emitido por la Junta Regional de Calificación de Caldas.
7.     Con respecto a la presunta vulneración a los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, la
entidad demandada guardó silencio.
Decisión judicial objeto de revisión
Sentencia de Única Instancia
Mediante proveído del 31 de enero de 2014,
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, decidió conceder la tutela por
el derecho fundamental de petición como garantía de la efectiva protección de
la seguridad social, el mínimo vital y el derecho a la dignidad humana de la
accionante. Por tanto, ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-,
que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, expida el
acto administrativo que resuelva de fondo la petición prestacional elevada por
la señora Gloria Patricia Castro Medina.
Con relación a la vulneración al derecho
de petición de la accionante, el juez de instancia fundamentó su decisión en el
siguiente argumento:
“Si bien no puede
establecerse en el presente caso el cumplimiento de la condiciones enmarcadas
por la jurisprudencia a fin de predicarse la procedencia de la acción de tutela
para lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez que reclama la
accionante, es preciso destacar el desconocimiento de la accionada de los
términos otorgados por la ley y en que este mecanismo de protección resulte
legítimo para proteger el derecho en lo que atañe a la respuesta oportuna de la
solicitud. En ese sentido resulta viable amparar el derecho fundamental de
petición como principio conceptual de la seguridad social y la dignidad humana”
(fl. 18).
Respecto de la protección de
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, consideró
el juez de instancia que no era necesario tutelarlos, en la medida en que al
conceder el amparo por derecho de petición se garantizaba efectivamente la
protección de todos los derechos anteriormente mencionados, dado que este
último estaba encaminado a lograr el reconocimiento de los derechos pensionales
de la accionante.
Pruebas relevantes que obran dentro del
expediente:
·
Dictamen médico laboral
No. 6915, del 2 de agosto de 2013, emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Caldas. (fl. 8)
·
Formulario de dictamen
para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de
la invalidez. (fl. 9)
·
Cédula de ciudadanía de
Gloria Patricia Castro Medina. (fl. 10)
·
Copia de la respuesta al
recurso de reposición del 5 de agosto de 2013, emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Departamento de Caldas, relacionado con la
pérdida de la capacidad laboral de la señora Gloria Patricia Castro Medina cuyo
dictamen corresponde a 51.92%. (fl. 7 - 9)
·
Respuesta de la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, del 16 de agosto de
2013, al trámite de reconocimiento de pensión de invalidez, que da cuenta de la
recepción del derecho de petición e informa que será resuelto dentro del
término de cuatro (4) meses. (fl. 6)
·
Resolución GNR 16008 de
17 de enero de 2014, por medio de la cual la Gerente Nacional de Reconocimiento
de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones –  niega el reconocimiento de pensión de
invalidez, solicitado por Gloria Patricia Castro Medina. (fl. 24 – 25).
·
Auto de pruebas de
fecha 08 de agosto de 2014, en el cual la Magistrada (E) Sustanciadora, Martha
Victoria Sáchica Méndez, decretó como prueba que en el término de cuarenta y
ocho horas (48) horas, contadas a partir de la recepción del proveído, la
entidad accionada –Colpensiones- remita al Despacho, la historia laboral,
actualizada a la fecha, de la ciudadana Gloria Patricia Castro Medina, en la
cual conste el reporte de las cotizaciones realizadas en el transcurso de su
vida laboral (fl. 12).
·
Vencido el término
probatorio, mediante Secretaría General de la Corporación, se informó al Despacho
de la Magistrada (e) Sustanciadora que el auto de fecha 9 de agosto de 2014,
fue comunicado mediante oficio de prueba OPTB-740/14, el 12 de agosto de 2014 y
“durante término no se recibió comunicación alguna” (fl. 15).
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Es competente esta Sala de la
Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9o., de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
En atención a los hechos
narrados, la Sala Octava de Revisión deberá determinar la presunta vulneración
al derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital en cabeza de la
accionante -Gloria Patricia Castro Medina-, por cuanto Colpensiones negó el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez a la que manifiesta tener derecho, lo cual
constituye una amenaza o vulneración a su mínimo de subsistencia y el de su
núcleo familiar. Adicionalmente, la Sala deberá establecer si existió negligencia
por parte de la entidad accionada, al resolver un derecho de petición que
pretendía reconocer un derecho prestacional.
Para tal efecto, la
Sala reiterará la jurisprudencia sobre: (i) la procedencia excepcional de la
acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial; (ii) el
derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital y; (iii) el régimen
legal y reglamentario para otorgar pensión de invalidez vía tutela. Y
finalmente, resolverá el caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción
de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial
En principio, la demanda por el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez no es susceptible de ser
estudiada mediante la acción de tutela, toda vez que existe una jurisdicción ordinaria
propia para discutir controversias laborales. No obstante, para garantizar la
protección de derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional ha permitido
la procedencia excepcional del amparo cuando el medio de defensa judicial
no resulta idóneo o eficaz para lograr la protección inmediata de los
derechos fundamentales amenazados o para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, flexibilizando su procedencia cuando la violación del derecho se
origina en cabeza de sujetos de especial protección constitucional, como
personas de la tercera edad o en situación de discapacidad[1].http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-101-12.htm
- _ftn18
“La Corte Constitucional reitera su
línea jurisprudencial en el sentido que el análisis de la procedibilidad de la
acción de tutela deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales
competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el
carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando la
acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia,
discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en
situación de pobreza extrema”[2].
En virtud de la cláusula de Estado Social
de Derecho y el principio de igualdad (art. 13 C.P.), el Estado debe promover
las condiciones para lograr que la igualdad material sea real y efectiva,
favoreciendo a grupos vulnerables con una protección especial para aquellas
personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta.
En consecuencia, exigir de manera absoluta
el agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, significa imponer
una carga desproporcionada al demandante, quien al ser calificado en condición
de invalidez por un notorio estado de discapacidad física o mental, presenta
una calidad de especial protección constitucional.
Tal es el caso del
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, cuando se acredita que la
negativa afecta la vida en condiciones dignas de una persona que por su estado
de incapacidad, requiere especial protección y asistencia del Estado para
proteger el mínimo vital. En estos supuestos, la subsidiariedad de la acción de
tutela es relativa, ya que según las circunstancias del caso, los medios
ordinarios de defensa judicial pueden resultar absurdos para garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales del afectado, en cuanto el
trámite ordinario no propicia una solución expedita para colmar la garantía
propia de una vida en condiciones dignas.
“En virtud del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en principio, ésta es improcedente para proteger el
derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se circunscribe
al reconocimiento de derechos pensionales. Sin embargo, la Corte ha estimado
que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, es posible identificar las siguientes excepciones a la subregla
de la improcedencia: (i) cuando no existe otro medio judicial de protección o
si, de acuerdo con las circunstancias especiales que fundamentan el caso
concreto, se concluye que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la
protección constitucional reclamada; (ii) a pesar de existir un medio ordinario
de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor; (iii) el asunto
puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia
constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del
derecho exigido, así como de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada”[3].
Ha de observarse entonces, que
si la jurisdicción ordinaria no es eficaz para proteger los derechos
quebrantados o en riesgo y si está en riesgo el mínimo vital, esto es, la
recepción oportuna de los recursos indispensables para asegurar la subsistencia
en condiciones dignas de quien sea legítimo titular de la pensión de invalidez,
es la acción de tutela el mecanismo constitucional idóneo para el
reconocimiento pensional, máxime si la negativa en su reconocimiento ocasiona un
perjuicio irremediable de relevancia constitucional.
En la sentencia T-143 de 1998, la
Corte se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez, en los siguientes términos:
“Si bien le asiste razón al juez de
instancia cuando sostiene que la vía procedente para definir la controversia
que surge a partir de la negativa de la pensión de invalidez, es el proceso
ordinario laboral y no la acción de tutela, también es cierto que el debate
adquiere relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna ineficaz
porque se amenaza el mínimo vital del accionante. En otras palabras, la
controversia entre el Instituto de Seguros Sociales y el trabajador trasciende
el mero plano legal para adquirir un carácter constitucional cuando se
compromete la efectividad inmediata del derecho fundamental a obtener la
pensión de invalidez de una persona disminuida físicamente. Esta Sala reitera
la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que ha señalado que el titular de un derecho fundamental
en condiciones de debilidad manifiesta no está obligado a soportar la carga que
implica la definición judicial de la controversia”.
Igualmente, la jurisprudencia ha sido
enfática en señalar que los derechos fundamentales de aquellas personas que
ostentan determinada afectación causada por enfermedad o accidente, con pérdida
de la capacidad laboral superior al 50 %, deben ser protegidas de manera
urgente, en la medida en que no pueden acceder fácilmente a una vinculación
laboral u a otros medios de sustento económico para mantener la salvaguarda a
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud,
que les permitan desarrollar una vida en condiciones dignas.
Además, se torna aún más difícil acceder a
la vía ordinaria laboral, que implica muchas veces un mecanismo de defensa
tardío en la protección de los derechos fundamentales y en la dignidad
inherente al ser humano, por la congestión judicial y una serie de costos adicionales
que no pueden ser sufragados por los solicitantes, dadas sus condiciones de incapacidad
económica.
Por tanto, resulta desmedida la exigencia
de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral “para obtener la
pensión de invalidez cuando el tutelante no cuenta con algún ingreso económico
que le permita garantizar su vida en condiciones dignas y la protección de los
demás derechos que puedan verse afectados”[4].
En suma, la persona a quien se le
niega la pensión de invalidez siendo jurídicamente real beneficiario, puede
acudir a la acción de tutela i) de manera transitoria para impetrar su pago y
reconocimiento, si se halla ante un perjuicio irremediable o ii) como mecanismo
principal cuando existiendo otro medio de defensa judicial, este no es idóneo
ni eficaz para la defensa de los derechos fundamentales conculcados. Dicha situación
deberá ser evaluada de manera apropiada por el juez constitucional al momento
de pronunciarse sobre el amparo, favoreciendo en el juicio de procedencia a los
sujetos de especial protección constitucional.
4. Derecho fundamental a la seguridad social
y al mínimo vital (Reiteración de jurisprudencia)
La Corte Constitucional ha señalado que el
derecho a la seguridad social, como derecho fundamental autónomo, debe ser
garantizado a todas las personas, ya que su debida protección asegura el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y el
principio de dignidad humana, establecido en la
Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto que en un primer momento el
derecho fundamental a la seguridad social fue catalogado como un derecho
fundamental por conexidad[5],
debido a su carácter netamente social y progresivo, recientemente la
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha precisado que “no resulta
razonable separar los derechos fundamentales de los derechos económicos
sociales y culturales, porque en la Constitución se les otorga el carácter de
fundamentales a todos los derechos. El derecho a la seguridad social y el
derecho a la pensión de vejez: (i) son derechos fundamentales que se encuentra
amparados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia; (ii) pueden ser protegidos a través de la acción de tutela, cuando
reúnen las características señaladas en la jurisprudencia para ser considerados
como un derecho subjetivo”[6].
Es así como, hoy en día, la Corte reconoce
que el derecho a la seguridad social en pensiones es un derecho fundamental,
independiente y autónomo, que puede ser objeto de protección constitucional
mediante la acción de tutela, cuando se comprueba la ocurrencia de un perjuicio
irremediable o la falta de idoneidad del medio judicial ordinario para
protegerlo[7].
De igual manera, la Corporación ha destacado
la clara relación del derecho fundamental a la seguridad social en relación con
los fines esenciales del Estado Social de Derecho, “…los artículos 48, 49 y
53 de la Constitución, son una clara muestra de ello al reconocer a la
seguridad social un carácter de i) servicio público obligatorio, ii) derecho
irrenunciable y iii) principio de garantía a toda persona. Seguridad social que
ha sido definida como el conjunto de medidas institucionales tendientes a
brindar a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los
distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en
orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la
dignidad del ser humano”.
De acuerdo con ello, esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que
el carácter fundamental de este derecho encuentra asidero en la satisfacción
real de los derechos humanos, que recaen en el principio de dignidad humana,
pues a través de este resulta posible que los ciudadanos afronten las
circunstancias difíciles que impiden el normal desarrollo de sus actividades
laborales y, consecuentemente, en la obtención de los medios de sustento
económico que permiten ejercer efectivamente derechos subjetivos.[8]
Por otra parte, el derecho fundamental al
mínimo vital ha sido reconocido desde 1992, en forma pacífica y reiterada
por la jurisprudencia constitucional de la Corte como un derecho derivado de
los principios fundantes del Estado Social de Derecho, la dignidad humana y la solidaridad,
en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal y a la igualdad, manifestados en decisiones de protección especial a
personas en situación de necesidad manifiesta.[9]
El mínimo vital se trata entonces de un
derecho que ha sido establecido en cierta manera para satisfacer las
necesidades mínimas del ser humano y su núcleo familiar, que resulta
indispensable para el goce básico de todos los derechos fundamentales y permite
desplegar la existencia de condiciones mínimas de desarrollo, alimentación,
salud y vida digna, que requiere cualquier ciudadano.
En otras palabras, no basta simplemente
con garantizar el suministro de la totalidad de los elementos necesarios para
la subsistencia biológica de la persona, se trata de otorgarle los medios para
que este pueda desarrollar su personalidad e individualidad humana dentro de un
conglomerado social, el cual depende de las condiciones particulares de cada
persona.[10]
En reiterada jurisprudencia, esta
Corporación se ha referido a la finalidad de este derecho como la forma de
evitar, en mayor medida, la reducción de los valores intrínsecos de la persona
por cuenta de la falta de condiciones materiales que restringen el desarrollo a
una existencia en condiciones dignas. Al respecto, en la sentencia C-776 de
2003, la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:
“El objeto del derecho
fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas
constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea
reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las
condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este
derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento
jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos,
bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho
protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que
comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor
intrínseco”.
De acuerdo con ello, la
Corte ha preceptuado dos requisitos que permiten acreditar la ocurrencia de
una afectación al derecho fundamental al mínimo vital: “(i) que se vea afectada la única fuente de ingresos de
la persona, o que existiendo alguna otra, ésta resulte insuficiente para garantizar
la cobertura de sus necesidades; y (ii) que la afectación sea producto de un
hecho injustificado y grave, que genere una situación crítica tanto a nivel
económico, psicológico y social en la vida de la persona y su núcleo familiar.”[11]
Como se dijo en precedencia, el derecho
fundamental al mínimo vital presenta una dimensión positiva y una negativa. La faceta
positiva de este derecho fundamental presupone que el Estado está obligado a
suministrar, a la persona que se encuentra en una situación en la cual no se
puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de
su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir
dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano. Respecto
de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital constituye un
límite que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de
los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia
digna.
En lo que respecta al tema que ocupa la
atención de la Sala: el derecho a la pensión de invalidez, la jurisprudencia de
la Corte ha reiterado que tanto la falta de respuesta a las solicitudes
elevadas ante las entidades encargadas de resolver el asunto, como la
consecuencia que se desprende, esto es, el retardo injustificado en el pago de
las mesadas pensionales a las que presuntamente tienen derecho los tutelantes,
afecta el derecho fundamental al mínimo vital de las personas, toda vez que se
trata de sujetos de especial protección constitucional que no están en
condiciones plenas de trabajar y, por tanto, se presume que no cuentan en la
mayoría de los casos con los ingresos necesarios para su sostenimiento y el de
su núcleo familiar[12].
Tratándose del reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez y su estrecha relación con el derecho fundamental al
mínimo vital. Esta Corte ha manifestado, “para que la acción de tutela esté
llamada a prosperar es necesario acreditar que la falta de reconocimiento, pago
o reajuste de la prestación económica amenace o vulnere un derecho fundamental.
Al respecto, es necesario tener en cuenta que para el caso de pensión de
invalidez, en donde la persona ha sido incapacitada para laborar y además no
cuenta con bienes de fortuna o con otro ingreso, la falta de pago de la pensión
compromete de manera cierta su derecho al mínimo vital”[13].
5. Régimen constitucional y legal para
otorgar pensión de invalidez por vía de tutela. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional ha sido enfática y reiterativa en cuanto al reconocimiento del
derecho a la pensión de invalidez, dadas las condiciones especiales con que
cuentan las personas que sufren enfermedades catastróficas, crónicas,
degenerativas o congénitas. En este aspecto, la
Corte ha precisado que existe un problema en la determinación real o material
de la pérdida de capacidad laboral de las personas que sufren este tipo de
enfermedades, pues para acceder a tal pensión se exige como requisito esencial
que la persona esté calificada con pérdida definitiva y permanente
respecto a su capacidad para laborar[14].
Respecto a los requisitos para obtener el
reconocimiento y pago de esta prestación previstos en el artículo 39 de la Ley
100 de 1993 (texto original), se estableció el acceso a la pensión de invalidez
para los afiliados que acreditaran una pérdida de la capacidad laboral igual o
superior al 50% y que, a su vez, se encontraran en alguno de los siguientes
eventos: (i) estuvieren cotizando al régimen y tuvieren aportes equivalentes a
por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; (ii)
hubieren dejado de cotizar al sistema, pero acreditaren aportes durante por lo
menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez.
Esta norma fue modificada por el artículo
11 de la Ley 797 de 2003 el cual estableció que el afiliado que hubiese
perdido el 50% o más de su capacidad laboral debía: (i) en el caso de enfermedad
común, acreditar 50 semanas de cotización en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y su
fidelidad de cotización para con el sistema debía ser de al menos el 25% del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplieron 20 años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez; (ii) para el caso de
invalidez originada en accidente de trabajo, sólo se exigía el
requisito de la cotización mínima de 50 semanas.
No obstante, esta disposición fue
declarada inexequible por esta Corporación, en la sentencia C-1056 de 2003,
debido a vicios de procedimiento en su formación.
Actualmente, los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez fueron nuevamente modificados por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003[15],
el cual dispuso que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que sea declarado inválido en más de un 50 % y, además, acredite las
siguientes condiciones:
(i)
En caso de invalidez causada por
enfermedad se exige "haber cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez".
(ii)
En caso de invalidez causada por
accidente se exige "haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma, y su .fidelidad (de cotización para con el sistema sea al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez.
Quedan exceptuados de dicha
obligación "Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria." (Parágrafo
1º), así como "el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3)
años." (Parágrafo 2º)
En este punto se debe precisar que por
regla general para los casos de enfermedades o accidentes de origen común o
laboral que conducen a una pérdida de capacidad laboral permanente, la fecha de
estructuración de la invalidez coincide con la fecha de ocurrencia del hecho
generador de la pérdida de la capacidad laboral. No obstante, en algunos casos,
la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral es diferente a la
fecha de estructuración indicada en el dictamen médico de calificación de
pérdida de capacidad laboral. En aquellas situaciones, la
Corte ha determinado que la calificación de invalidez puede realizarse ya sea
con base en la fecha en que se diagnosticó la enfermedad o en aquella en la que
se presentaron los primeros síntomas, según lo que repose en la historia
clínica; o en el caso de las enfermedades degenerativas en el momento en que la
evolución de la enfermedad conllevó a la efectiva incapacidad para procurarse
una subsistencia mínima a través del trabajo.
Por lo anterior, en muchas oportunidades
dichas calificaciones no corresponden de manera cierta al momento concreto en
el cual se produjo la pérdida de la capacidad laboral en la persona, hecho que
genera una desprotección constitucional y legal de las personas discapacitadas[16]. Esta
Corporación ha reconocido la protección que requieren las personas que sufren
este tipo de enfermedades, por cuenta de la imprecisión y/o arbitrariedad en la
fecha fijada de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral, lo cual
afecta el derecho fundamental a la seguridad social, particularmente en acceder
y reconocer el derecho a la pensión de invalidez[17].
Dado que por circunstancias de salud a la
persona le resulta imposible seguir desarrollando sus actividades laborales en
condiciones normales, la apreciación de la pérdida de la capacidad laboral se
torna fundamental con el fin de proteger el derecho fundamental a la seguridad
social. Erradamente, en muchas oportunidades, las Juntas de Calificación de
Invalidez al realizar una interpretación exegética, sitúan subjetivamente el
momento a partir del cual se considera que una persona no puede seguir laborando
y con esa primera calificación se torna inalcanzable el goce del derecho
fundamental a la seguridad social en pensiones.
6. Análisis del caso en concreto
La accionante, Gloria Patricia Castro
Medina, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el año 2008 tuvo que
abandonar cualquier actividad laboral, ya que perdió la capacidad de caminar
por sí sola. Adicionalmente, la disminución de su capacidad laboral la ocasionaron,
“fracturas costales, rafia de vejiga, fractura pélvica, espodiloartropatía
seronegativa, trastorno depresivo, síndrome doloroso crónico secundario”,
entre otras enfermedades. Por lo anterior, manifiesta que la negativa en el
reconocimiento de la pensión de invalidez a la que tiene derecho, desprotege su
sustento diario y el de su familia.
Mediante petición de 16 de agosto de 2013,
Gloria Patricia Castro Medina, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez a la que considera tiene derecho. La entidad
accionada, contestó por medio de Resolución de 17 de enero de 2014, negando el
reconocimiento de la pensión de invalidez de la accionante con base en que: “la
peticionaria no aportó al expediente pensional la ejecutoria del dictamen de la
calificación del estado de invalidez emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas, lo anterior es indispensable para poder
tomar una decisión de fondo en cuanto al reconocimiento de la prestación, ya
que conforme a la documentación aportada al expediente pensional no se
evidencia si el dictamen quedo en firme o fue apelado ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez” (fl. 24).
De conformidad con las pruebas obrantes en
el expediente –folio 8–, se tiene que mediante dictamen número 6915, del 25 de
abril de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, evaluó
la pérdida de la capacidad laboral de la accionante en 51.92 %, con fecha de
estructuración del 2 de agosto de 2012.
Por otra parte, la Sala Octava observa que
en el trámite de la acción de tutela, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Manizales, Caldas, en decisión de única instancia, proferida el 31 de enero de
2014, decidió conceder exclusivamente el derecho fundamental de petición “como
garantía de la efectiva protección de la seguridad social, el mínimo vital y el
derecho a la dignidad humana”, y ordenó a Colpensiones que resuelva de
fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que
reclama la tutelante.
No obstante, el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito, no emitió pronunciamiento alguno acerca de la titularidad del derecho
prestacional que presuntamente le asiste a Gloria Patricia Castro Medina y que afecta
el mínimo vital de ella y su familia, así como su dignidad humana.
Adicionalmente, el fallo que se revisa, de fecha 31 de enero de 2014, que
tuteló el derecho de petición de la accionante, omitió que la entidad accionada
contestó el derecho de petición al negar el reconocimiento y pago de la
pretendida pensión de invalidez, mediante Resolución de 17 de enero de 2014,
acto administrativo anterior al fallo judicial.
En conclusión, considera la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional que la sentencia proferida el 31 de enero
de 2014, en primera y única instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Manizales, deberá ser revocada toda vez que: i) descartó un pronunciamiento
de fondo sobre la titularidad del reconocimiento prestacional solicitado, es
decir, la definición del cumplimiento de los requisitos de la pensión de invalidez
reclamada y la violación a su derecho fundamental de seguridad social en
pensiones, y ii) concedió el amparo por el derecho fundamental de petición que
no tenía lugar (carencia actual de objeto), toda vez que el derecho de petición
presentado por la accionante fue resuelto con anterioridad al pronunciamiento
judicial, mediante Resolución GNR 16008 de 17 de enero de 2014, en la cual
Colpensiones decidió negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
por presunta falta de documentación aportada.
Ahora bien, procede la Sala a examinar de
forma y de fondo el amparo deprecado.
En primer lugar, se tiene que la acción de
tutela es el mecanismo idóneo y expedito para proteger la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la vida en
condiciones dignas en cabeza de la accionante. También, existe prueba sumaria,
como se expondrá a continuación, relativa a que la accionante ostenta la
titularidad del derecho a la pensión de invalidez reclamado, así como de que ha
desplegado cierta actividad administrativa tendiente a obtener la protección
invocada, elevando derecho de petición ante la entidad accionada el día 16 de
agosto de 2013.
En segundo lugar, se observa
que la actora ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional, por cuanto es mujer, cabeza de familia (2 hijas a su cargo), y
presenta un estado debilidad manifiesta por la invalidez que padece con 51.92 %
de pérdida de la capacidad laboral. Así, en los términos del artículo 13 de la
Constitución, Colpensiones deberá promover las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y se adopten las medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
En tercer lugar, esta Sala de
Revisión considera pertinente la procedencia del amparo habida cuenta que la
accionante es una persona especialmente protegida por la Constitución por cuenta
de su condición física, que la antepone en una circunstancia excepcional de
debilidad manifiesta. Todo lo anterior, conlleva a esta Sala a admitir en el
estudio de forma el recurso de amparo, teniendo en cuenta que los otros medios
judiciales ordinarios de defensa judicial resultan desproporcionados e
ineficaces para la protección inmediata de los derechos fundamentales
invocados, los cuales representan un alto grado de relevancia constitucional
por cuanto en la demanda se arguye la necesidad de la prestación: “… tengo
dos hijas a mi cargo, y he tenido que recurrir a la solidaridad de mis
familiares y amigos, quienes me ayudan a conseguir el alimento diario para mi
sustento y el de mi familia” (folio 4).
Ahora bien, respecto al fondo
del asunto, encuentra esta Sala constitucional que Gloria Patricia Castro
Medina, fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 51.92 %,
estructurada el 2 de agosto de 2012, mediante dictamen No. 6915 del 25 de
abril de 2013, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Caldas.
Una vez, verificado el tiempo
de servicios que consta en la Resolución GNR
16008 expedida por Colpensiones
el 17 de enero de 2014, la Sala determina que desde el 2 de agosto de 2009 (3
años antes de la fecha de estructuración), Gloria Patricia Castro Medina cuenta
con 145.73 semanas cotizadas, al haber realizado aportes casi en la totalidad
de los tres años anteriores a la fecha de estructuración.
Lo anterior, excede ampliamente
los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y demuestra el derecho prestacional subjetivo
a favor de la accionante, quien efectivamente cotizó más de 50 semanas dentro
de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Finalmente, la Sala protegerá el derecho fundamental al mínimo vital de la
accionante, toda vez que afirma depender de la misma para mantener su mínimo
vital y el de su núcleo familiar. Por tanto, se ordenará reconocer y pagar la
pensión de invalidez a la cual la accionante tiene derecho.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de 13 de
agosto de 2013, proferida por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Bogotá D.C.
y, en su lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de esta
sentencia, el amparo del derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo
vital en cabeza de la accionante Gloria Patricia Castro Medina (C.C.
30.317.938).
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución Número GNR 16008 de 17 de enero de 2014,
mediante la cual Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez
solicitada por la señora Gloria Patricia Castro Medina.
Tercero.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones– que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de
invalidez a favor de la ciudadana Gloria Patricia Castro Medina (C.C. 30.317.938),
de acuerdo con lo dispuesto en la parte
motiva de esta sentencia, aclarando
que puede abstenerse de pagar las mesadas que hayan prescrito.
Cuarto.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
SONIA MIREYA
VIVAS PINEDA
Secretaria
General (e)
[1]
Ver, entre otras, las sentencias T-101 de 2012 y T-721 de
2012. En la sentencia T-129 de
febrero 22 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, resaltó la excepción a
la regla general de la improcedencia de la acción de tutela para reconocer
derechos pensionales, cuando “los medios judiciales diseñados resulten
ineficaces para la garantía de los derechos fundamentales en riesgo. Así pues,
cuando el sujeto se encuentre ante la eventualidad de un perjuicio
irremediable, de manera excepcional el juez de tutela podrá declarar la
procedencia de este derecho”.
[2]
T-688 de 2008.
[3]
T-642 de 2010.
[4]
Sentencia T-574 de 2013.
[5]
La Sentencia T-080 de 2011, recordó que el derecho a la pensión de
invalidez puede ser fundamental cuando está íntimamente relacionado con
derechos de rango constitucional, como la vida, la integridad física, el
trabajo y el mínimo vital. De esta manera, en aquellos casos en los que se
logre evidenciar que la omisión en el reconocimiento de la pensión de invalidez
amenaza gravemente la vida en condiciones dignas del accionante, procede la
acción de tutela
[6]
T-477 de 2013
[7]
Ver sentencia T-474 de 2010.
[8]
Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
[9]
Sentencias T-426 de 1992, T-005 de 1995, SU-062 de 1999, entre
otras.
[10]
Consultar entre otras sentencias: T-211 de 2011, T-378 de 2012
y T-891 de 2013.
[11]
Sentencia T-211 de 2011.
[12]
Ver, entre otras, la sentencia T-657 de 2011.
[13]
T-043 de 2007
[14]
Ver, entre otras, la sentencia T-690 de 2013.
[15]
Ver sentencia C-428 de 2009, la cual declaró exequible el artículo, salvo la
expresión: "y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez".
[16]
Sentencia T-163 de 2011.
[17]
Ver, entre otras, las sentencias T-699A de 2007, T-710
de 2009, T-163 de 2011, T-690 de 2013.