C-134-16
Sentencia C-134/16
PENSION FAMILIAR-Exigencia
de haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de semanas requeridas para
pensión de vejez, no vulnera los derechos de igualdad y de seguridad social
La
Sala Plena de la Corte Constitucional declara la exequibilidad del literal l)
del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, introducido por la Ley 1580 de 2012,
ya que, la pensión de vejez y la familiar no son en estricto sentido
comparables, como tampoco lo son sus respectivos grupos de beneficiarios, fuera
de lo cual, en este caso el grado de la facultad de configuración del
legislador es amplio y da lugar a la aplicación de un nivel intermedio de
escrutinio constitucional, cuyos resultados permiten sostener que la medida
demandada persigue fines constitucionales como la ampliación de la cobertura
del sistema de seguridad social en pensiones, la promoción de las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, particularmente en el régimen de prima media con prestación
definida, fines todos que son adecuadamente atendidos por el requisito
consistente en que para acceder a la pensión familiar se precisa de que cada
uno de los beneficiarios haya cotizado antes de los 45 años de edad el 25% de las
semanas requeridas para obtener una pensión de vejez, toda vez que contribuye a
identificar un grupo vulnerable y merecedor de que hacia él se enfoque el gasto
público social, merced a la asunción pública del subsidio implícito con que el
Estado contribuye al pago y al reajuste de las pensiones en el régimen de prima
media, ante la insuficiencia de las cotizaciones y de sus rendimientos.
PENSION FAMILIAR-Definición
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad
PENSION DE VEJEZ Y FAMILIAR-Contenido
y alcance
SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA
PENSIONAL-Regímenes/SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PENSIONAL-Beneficiarios
PENSION FAMILIAR-Contenido
REGIMENES PENSIONALES DE AHORRO
INDIVIDUAL Y DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Son autónomos
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL-Alcance/SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Margen de
configuración legislativa/MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PENSIONAL-Límites
PRINCIPIO DE
PRIORIDAD DEL GASTO PUBLICO SOCIAL-Personas en circunstancias de debilidad
manifiesta
PENSION FAMILIAR-Reconocimiento
orientado hacia personas en situación vulnerable
JUICIO DE IGUALDAD EN POTESTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Niveles de intensidad/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y JUICIO DE IGUALDAD-Modalidades según grado de intensidad
JUICIO DE
IGUALDAD-Método de análisis constitucional
PENSION
FAMILIAR EN REGIMEN  SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Implicaciones
especiales en criterio de sostenibilidad financiera/PENSION FAMILIAR EN
REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Cálculo actuarial
al que se sujeta su manejo económico depende de un conjunto de variables
PENSION
FAMILIAR-Finalidad
SISBEN-Parejas
clasificadas en niveles 1 y 2 para ser beneficiario de pensión familiar
Referencia:
Expediente D-10.934
Demandante:
José Rafael Flórez Montaña
Asunto:
Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal
l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la
Ley 1580 de 2012, “Por la cual se crea la pensión familiar”
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y el trámite establecidos en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el
ciudadano José Rafael Flórez Montaña demandó el literal l) del artículo 151C de
la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, “Por
la cual se crea la pensión familiar”.
Mediante
Auto de veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador
decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente,
corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su
competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso
al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Trabajo y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del
proceso, con el propósito de impugnar o defender la exequibilidad de la
disposición acusada.
Además, invitó al Presidente de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a ASOFONDOS, a COLPENSIONES, así como a los
decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, del
Atlántico, del Rosario, Externado de Colombia, del Norte, Pontificia Javeriana,
del Sinú, Industrial de Santander, San Buenaventura, Andes, Libre, Gran
Colombia, EAFIT, Pontificia Bolivariana, Santo Tomas, Sergio Arboleda, del
Valle y Autónoma de Bucaramanga, para que intervinieran dentro del proceso, con
la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición
demandada.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.
EL TEXTO DEMANDADO
A continuación se transcribe el artículo 151C de la Ley
100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, “Por la
cual se crea la pensión familiar” y se subraya el literal
demandado.
“LEY 1580 DE 2012
Por la cual se crea la pensión familiar
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Pensión familiar
(…)
Artículo
3. Adiciónese un nuevo artículo al Capítulo V al Título IV al Libro I de la Ley 100 de
1993, el cual quedará así:
Artículo
151 C. Pensión Familiar en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el sistema de prima media
con prestación definida, podrán optar por la pensión familiar, cuando los dos
cónyuges o compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la
suma del número de semanas de cotización supere el mínimo de semanas requeridas
para el reconocimiento de la pensión de vejez.
a) Los cónyuges o compañeros permanentes deberán
estar afiliados al régimen pensional de prima media con prestación definida y
acreditar más de cinco (5) años de relación conyugal o convivencia permanente.
b) Los cónyuges o
compañeros permanentes, deberán sumar, entre los dos, como mínimo, el número de
semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez requeridas de
manera individual;
c) En el evento de que
uno de los cónyuges o compañeros permanentes se encuentre cobijado por el
régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, la pensión familiar no se determinará conforme a los
criterios fijados en ese mismo artículo;
d) Para efectos de la
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, el titular de la pensión familiar
deberá estar afiliado y cotizar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 204 de
la presente ley. El cónyuge o compañero permanente será beneficiario del
Sistema;
e) La Pensión Familiar
será una sola pensión, de acuerdo con el artículo 48 de
la Constitución Nacional;
f) En caso de
fallecimiento de uno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de
la pensión familiar, la prorrata del 50% acrecentará la del supérstite, salvo
que existan hijos menores de edad o mayores de edad hasta los 25 años que
dependan del causante por razón de sus estudios o hijos inválidos, caso en el
cual la pensión del de cujus pasa el
50% al cónyuge o compañero supérstite y el restante 50% a los hijos. Agotada la
condición de hijo beneficiario, el porcentaje acrecentará a los demás hijos del
causante y ante la inexistencia de hijos beneficiarios acrecentará el
porcentaje del cónyuge o compañero permanente supérstite;
g) El fallecimiento de
los cónyuges o compañeros permanentes no cambia la naturaleza ni cobertura de
la prestación, y en caso de que no existan hijos beneficiarios con derecho, la
pensión familiar se agota y no hay lugar a pensión de sobrevivientes;
h) El supérstite deberá
informar a la Administradora del Sistema, dentro de los treinta (30) días
siguientes, el fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente a fin de que
se determine que la pensión continúa en su cabeza, sin que sea necesario
efectuar sustitución alguna;
i) En caso de divorcio,
separación legal o de hecho, la pensión familiar se extinguirá y los ex
cónyuges o ex compañeros permanentes tendrán derecho a percibir mensualmente un
beneficio económico periódico, equivalente al 50% del monto de la pensión que
percibían;
j) La pensión familiar es
incompatible con cualquier otra pensión de la que gozare uno o ambos de los
cónyuges o compañeros permanentes, provenientes del sistema pensional, de los
sistemas excluidos o las reconocidas por empleadores, incluyendo las pensiones
convencionales. También excluye el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos
BEPS y a cualquier otra clase de ayudas y/o subsidios otorgados por el Estado,
que tengan como propósito ofrecer beneficios en dinero para la subsistencia de
los adultos mayores que se encuentran en condiciones de pobreza.
Adicionalmente solo se podrá
reconocer una sola vez la pensión familiar por cada cónyuge o compañero;
k) Solo podrán ser
beneficiarios de la Pensión Familiar, en el Régimen de Prima Media, aquellas
personas que se encuentren clasificadas en el SISBEN en los niveles 1, 2 y/o en
cualquier otro sistema equivalente que diseñe el Gobierno Nacional;
l) Para acceder a la
Pensión Familiar, cada beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años de
edad, el veinticinco por ciento (25%) de las semanas requeridas para acceder a
una pensión de vejez de acuerdo a la ley;
m) En el Régimen de Prima
Media el valor de la pensión familiar no podrá exceder de un salario mínimo
legal mensual vigente.
PARAGRAFO. Entiéndase para los efectos de esta ley como cónyuge o
compañero permanente titular, al cónyuge o compañero permanente que haya
cotizado al sistema el mayor número de semanas”.
III. LA DEMANDA
El demandante considera que el
precepto objeto de censura constitucional, contenido en el literal l) del artículo
151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012,
contraviene los artículos 13 y 48 de la Constitución Política. Lo anterior, con
base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, señala que el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003, establece solo dos requisitos para que los afiliados en el régimen de
prima media con prestación definida puedan acceder a la pensión de vejez, a
saber, cierta edad y un número mínimo de semanas cotizadas.
Sostiene que el legislador, con el
fin de subsanar una injusticia del sistema de seguridad social, creó la pensión
familiar, la cual se
reconoce, en el régimen de prima media, a los cónyuges y compañeros permanentes
que con la suma de sus esfuerzos de cotización o de aportes cumplan, en
principio, con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
vejez, es decir, cierta edad y un numero mínimo de semanas cotizadas. Sin
embargo, además de lo anterior, la ley exige, para el reconocimiento de dicha
prestación, que cada beneficiario haya cotizado a los
45 años de edad, el veinticinco por ciento (25%) de las semanas requeridas para
acceder a una pensión de vejez, de acuerdo a la ley.
Para el demandante, la disposición
acusada vulnera el derecho a la igualdad de los afiliados que pretenden el
reconocimiento de la pensión familiar, pues, a diferencia de lo que se les
exige a los cotizantes ordinarios para obtener el reconocimiento de la pensión
de vejez en el régimen de prima media, esta les impone un requisito adicional
para acceder a dicha prestación.
Considera que la introducción del
mencionado requisito hace nugatoria la figura de la pensión familiar, toda vez
que deja a la mayoría de los postulantes sin la mínima posibilidad de acceder a
ella. Dicha exigencia desnaturaliza su filosofía y constituye una odiosa
discriminación para con los ciudadanos que, por alguna circunstancia, no
tuvieron la posibilidad de cotizar al Sistema de Seguridad Social desde
jóvenes.
Según el actor, si una pareja de
cónyuges o compañeros permanentes, como unidad, cotiza las semanas exigidas por
la ley y cada uno cumple con la edad requerida para acceder a la pensión de
vejez, en el régimen de prima media, no existe ninguna razón para diferenciarlos
de un cotizante ordinario que cumple con los mismos requisitos y al cual sí se
le reconoce dicha prestación, pues se le estaría dando un trato desigual a los
iguales.
En segundo lugar, sostiene que la norma acusada también
vulnera el artículo 48 de la Constitución Política que establece, entre otras
cosas, que la Seguridad
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Refiere que la citada norma al no cumplir con el propósito para el cual
fue creada, es decir, que dos cónyuges o compañeros permanentes que tienen la
edad requerida para obtener la pensión de vejez, pero que individualmente no
cuentan con las cotizaciones exigidas, juntos, puedan acceder a una pensión
familiar, porque les impone un requisito adicional que se los impide, desconoce
el principio de eficiencia que debe regir al sistema de seguridad social.
Agrega que el literal l) del
artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley
1580 de 2012, contradice el principio de universalidad que busca proteger a
todas las personas, pues discrimina a quienes no cotizaron al sistema antes de
cumplir 45 años, ignorando que, para el caso de la pensión familiar, son dos
los cotizantes y, al hacer un desdoblamiento de las cotizaciones de los dos cónyuges
o compañeros permanentes, el resultado es el mismo que si uno solo de los
cónyuges o compañeros hubiese cotizado ordinariamente, sin que con ello se
cause un daño económico al sistema.
De igual manera, aduce que la
norma demandada viola el principio de solidaridad, porque excluye del sistema
de seguridad social, de forma injusta, a un sector importante de la población
que, a su vez, es el más débil y desvalido, pues de conformidad con el artículo
151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por la Ley 1580 de 2012, solo podrán ser
beneficiarios de la pensión
familiar, en el régimen de prima media, aquellas personas que se encuentren
clasificadas en el SISBEN en los niveles 1, 2 y/o en cualquier otro sistema
equivalente que diseñe el Gobierno Nacional.
Finalmente,
manifiesta que el literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993,
adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, desconoce flagrantemente
el derecho fundamental a la seguridad social, por no ajustarse a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad que rigen el sistema.
IV. INTERVENCIONES
Vencido el término de fijación en lista, y en
cumplimiento de lo ordenado en Auto de 25 de agosto de 2015, la Secretaria
General de esta Corporación informó que, de acuerdo con las comunicaciones
libradas, se recibieron los siguientes escritos de intervención:
1. Academia Colombiana de Jurisprudencia
Jaime Cerón Coral, en representación de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia solicita a la Corporación declarar inexequible el
literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo
3 de la Ley 1580 de 2012, toda vez que va en contra de la definición de pensión
familiar y desconoce el Acto Legislativo 01 de 2005 que solo exige para adquirir
la pensión el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio,
semanas de cotización o el capital necesario dependiendo del caso.
2. Universidad Externado de Colombia
Jorge Enrique Manrique Villanueva, Director del
Departamento de Derecho Laboral, y Paula Andrea Sánchez Sarmiento, Asistente de
Dirección de la Universidad Externado de Colombia, solicitan a la Corporación
declarar exequible la disposición acusada. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos:
Indican que la Corte Constitucional, en sentencia
C-613 de 2013, resolvió una demanda de inconstitucionalidad que se presentó en contra
de los literales k), i) y m) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado
por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, por considerar que dichos preceptos vulneraban
el principio de igualdad. En dicha oportunidad, la Corporación declaró la
exequibilidad de las normas acusadas y recordó que “El artículo 13 de la
Constitución reconoce el principio de igualdad, el cual se manifiesta en varias
dimensiones: (i) la igualdad
ante la ley, comprendida como el deber estatal de imparcialidad en la
aplicación del derecho frente a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, previsión que dispone que las actuaciones del Estado y los
particulares no deban, prima facie, prodigar tratos desiguales a partir de
criterios definidos como ‘sospechosos’ y referidos a razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; y
(iii) un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad
material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a
beneficiar a los grupos discriminados y marginados, bien sea a través de
cambios políticos a prestaciones concretas.”
En ese orden de ideas, para los intervinientes, existen
fundamentos que justifican el trato diferente que se impone con la disposición
acusada, pues la Ley 100 de 1993 define como característica esencial del
régimen de prima media con prestación definida la realización de aportes para
poder obtener la pensión de vejez. Así mismo, consideran que el requisito
previsto en el literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993,
adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, es una acción afirmativa
que busca proteger, con un beneficio económico, a cierto sector de la población
que, en principio, no tendría derecho a recibirlo.
Señalan que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, el simple hecho de que el legislador establezca diferenciaciones
no implica una vulneración del derecho a la igualdad, y aducen que la norma demandada
está en consonancia con el principio de progresividad, en la medida en que con
ella se busca el acceso de un determinado grupo de personas a una prestación
económica, siendo, a su vez, una disposición legal que nace con la Ley 1580 de
2012.
Del mismo modo, sostienen que el legislador en
virtud de su libertad de configuración legislativa en materia de pensiones,
está facultado para diseñar los mecanismos de acceso de la población a los
beneficios económicos creados dentro del marco del derecho a la seguridad
social.
Finalmente, manifiestan que el requisito referente
a que cada beneficiario acredite haber cotizado a los 45 años de edad, el 25%
de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, es presupuesto
necesario para la sostenibilidad financiera del sistema pensional y garantía de
cobertura universal de seguridad social para la población vulnerable.
3. Ministerio del Trabajo
Justo German Bermúdez Gross, Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio del Trabajo, solicita a la Corte Constitucional
declarar exequible la disposición demandada, por considerar que se ajusta al
ordenamiento superior y no quebranta los postulados de igualdad e
irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social.
Aduce que, de conformidad con los artículos 32 y
138 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2° del Decreto Reglamentario 1515 de
1998, el Estado garantizará el pago de las pensiones reconocidas en el régimen
de prima media con prestación definida cuando los ingresos y las reservas de la
administradora de pensiones se agoten. Durante el año 2011, el gobierno
nacional destinó el 3.3% del producto interno bruto para el financiamiento de
las pensiones.
Indica que la pensión familiar no se financia
únicamente con los aportes o cotizaciones efectuadas por los dos integrantes de
la pareja pues, en el régimen de prima media, las pensiones se sufragan con
subsidios del Estado. Así, si una persona cumple con los requisitos de edad y el
número mínimo de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, dicha
prestación le será reconocida, independientemente de que estén constituidas las
reservas para su pago, pues el Estado asumirá parte de la pensión con recursos
públicos.
Puntualiza que la ley de pensión familiar surge como
consecuencia de la dificultad que presentan los colombianos para completar las
semanas de cotización requeridas a la hora de solicitar el reconocimiento de la
pensión de vejez, pues muchas personas solo alcanzan a cotizar entre 500 y 650
semanas, aproximadamente. En razón de lo anterior, el legislador permitió que las
parejas de cónyuges o compañeros permanentes pudieran sumar las semanas
cotizadas, individualmente, para cumplir con el mencionado requisito. Es por
ello que, los periodos de fidelidad son un factor determinante para calcular la
reserva actuarial de la pensión, como lo sostuvo la Corte Constitucional, en
sentencia C-613 de 2013, al indicar:
“Si bien es cierto para reclamar las
pensiones familiar y de vejez en el RPM se necesita el mismo número de semanas
de cotización, en el primer evento las cotizaciones son efectuadas por una
pareja, mientras en el segundo por un individuo. Este hecho da lugar a un
panorama diferente en lo que respecta a lo que esas semanas de cotización
significan financieramente para el sistema. Tal como se describió en la
consideración 2.6.3.1., en el RPM los periodos de fidelidad son un criterio
determinante del cálculo actuarial de la pensión –suma de dinero que se
requiere para financiar la pensión una vez se reconoce-, pues a menor continuidad
de las cotizaciones, menores rendimientos del capital; a esto se suma el
problema de la desfinanciación del fondo común para el pago de las pensiones
activas. En el caso de la pensión familiar, los periodos de fidelidad de los
miembros de la pareja son inferiores, precisamente porque dejaron de cotizar un
tiempo importante. En consecuencia, esa menor fidelidad conlleva un aumento del
subsidio estatal implícito; en otras palabras, la pensión familiar en el RPM
demanda un mayor subsidio estatal que la pensión de vejez debido a la menor
fidelidad al sistema de los cónyuges o compañeros. Por estas razones no es
posible afirmar que los afiliados al RPM que quieren acceder a la pensión
familiar, de un lado, y a la pensión de vejez, de otro, se hallen en la misma situación.”
Sostiene que para pensionarse, actualmente, en el
régimen de prima media con prestación definida, se requiere haber cotizado
1.300 semanas, es decir, 25 años, sin embargo, en Colombia, la mayoría de las
personas cotiza un promedio de 10 años, lo que implica que no se les pueda
reconocer la pensión de vejez. Así mismo, refiere que el 25% de las semanas
requeridas, en este momento, corresponde a 325 semanas, es decir, un poco más
de 6 años, por consiguiente, si una persona a sus 45 años de edad solo ha
cotizado dicha cantidad no podrá aspirar a pensionarse, como se muestra a
continuación:
HOMBRES
MUJERES
Edad
Cotizaciones
Edad
Cotizaciones
45
325
45
325
46
377
46
377
47
429
47
429
48
481
48
481
49
533
49
533
50
585
50
585
51
637
51
637
52
689
52
689
53
741
53
741
54
793
54
793
55
845
55
845
56
897
56
897
57
949
57
949
58
1.001
59
1.053
60
1.105
61
1.157
62
1.209
Sin embargo, al sumar las cotizaciones de la pareja
de cónyuges o compañeros permanentes si se cumpliría con los requisitos exigidos
para acceder a la pensión familiar.
De igual manera, aduce que la seguridad social, por
tratarse de un derecho y un servicio público bajo la dirección y control del
Estado, está sujeta a restricciones que tienden a garantizar un acceso
equitativo a las prestaciones, ampliar la cobertura y fortalecer financieramente
el sistema.
Considera que el precepto demandado respeta y acata
los postulados y valores fundantes de la seguridad social, sin quebrantar los
principios superiores del Estado Social de Derecho, pues permite a un segmento
de la población, en condición de vulnerabilidad, acceder a una pensión,
juntando las cotizaciones efectuadas por la pareja, de tal forma que les
asegure un ingreso permanente, circunstancia que es fiel reflejo del principio
de progresividad, en la medida en que se aparta de la concepción tradicional
que ha asumido la pensión como un derecho de naturaleza eminentemente
individual y no familiar.
Agrega que la ley de pensión familiar regula una
situación diferente a la prevista para la pensión de vejez, pues fue creada
para un grupo especial de personas, por lo que no resulta adecuado exigirles a
los beneficiarios los mismos requisitos establecidos en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 para otra prestación.
Por último, manifiesta que el juicio de igualdad
que debe realizar la Corte Constitucional, en el asunto de la referencia, debe
privilegiar el interés colectivo y asegurar la efectividad de los principios
fundantes del sistema, tales como la equidad, la sostenibilidad financiera y la
progresividad, en aras de garantizar los derechos de todos, desestimando el
alcance pretendido en la demanda para autorizar beneficios que, a la postre,
representarían un retroceso si con ello se afecta el sistema pensional.
4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Diana Marcela Cárdenas Ballesteros, solicita a la
Corte Constitucional, en primer lugar, inhibirse para resolver la demanda de la
referencia por ineptitud sustancial y, en segundo lugar, declarar la
exequibilidad de la disposición demandada, si la Corporación considera que los
cargos planteados son aptos.
Señala que el demandante, al formular el cargo
basado en el artículo 13 constitucional, se limita a comparar la norma
demandada con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003, que regula los requisitos generales para acceder a una
pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, sin realizar el test de igualdad
ni demostrar por qué la medida es innecesaria o desproporcionada.
Sostiene que el cargo por violación al principio de
igualdad no cumple con el requisito de especificidad, pues no establece una
oposición objetiva y verificable entre la norma demandada y el contenido del
derecho a la igualdad, sino que se limita a proponer una comparación simple
entre dos situaciones que, a su juicio, deberían ser iguales, sin justificar
por qué deberían ser objeto de tratamiento igualitario y sin ofrecer ningún
argumento de rango constitucional que concrete la razón por la cual la
existencia de condiciones diferentes para dos pensiones diferentes, pensión de
vejez y pensión familiar, podría violar el derecho a la igualdad.
Asevera que dicho cargo también es insuficiente,
toda vez que no propone los elementos de juicio necesarios para adelantar el
análisis de constitucionalidad, ni sugiere siquiera cómo podría desvirtuarse la
presunción de constitucionalidad de la norma acusada. Advierte que el reparo
del actor no tiene relación alguna con el contenido del principio de igualdad,
pues se fundamenta en las ideas que tiene el demandante sobre lo que debería
ser la pensión familiar y sobre las condiciones que imagina tienen los cónyuges
o compañeros permanentes que quieren acceder a este derecho.
Indica que la norma demandada no contiene un trato
desigual, pues no efectúa ninguna segmentación de los afiliados al sistema, ni
establece una condición diferente a los afiliados que quieran acceder a la
pensión familiar respecto de los eventuales pensionados por vejez del régimen general,
sino que, por el contrario, crea una prestación novedosa, no solo en el Sistema
General de Pensiones de Colombia, sino en cualquier otro sistema pensional del
mundo, por lo cual, para su reconocimiento se requiere implementar otras
condiciones de acceso, pues la pensión de vejez y la pensión familiar son
prestaciones completamente diferentes una de la otra.
En relación con el cargo formulado por violación
del artículo 48 constitucional y de los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, señala que el demandante no ofrece suficientes elementos para
generar una duda razonable que habilite el juicio necesario para destruir la
presunción de constitucionalidad que ampara a la norma acusada.
Informa que, según un estudio publicado por el
Banco de la República, el 55% de las personas en edad de trabajar perciben
ingresos entre 0.51 y 1.46 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es
decir, que dicha población, por estar en condiciones de informalidad, no
alcanza a cumplir con las cotizaciones necesarias para obtener una pensión de
vejez en el Sistema General de Pensiones. En razón de lo anterior, el
legislador creó la pensión familiar para ampliar la cobertura del Sistema
garantizando su sostenibilidad financiera.
Considera que la pensión familiar realiza el
principio de progresividad del sistema, en la medida en que una de las
condiciones para acceder a dicha prestación es que los cónyuges o compañeros
permanentes estén clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Así mismo,
manifiesta que el requisito exigido en la norma acusada no desconoce el
carácter solidario de la prestación, toda vez que se van a tener que usar más
recursos del sistema para financiarla que los que se hubieren gastado en el
pago de las indemnizaciones sustitutivas a las que tenían derecho los
beneficiarios de la pensión familiar antes de la expedición de la Ley 1580 de
2012.
Aduce que el subsidio implícito de cada pensión se
incrementa cuando se realizan la mayoría de los aportes al final de la vida
laboral, así pues, cuando un afiliado cotiza con fidelidad uniforme durante
toda su vida laboral, es decir, entre los 20 y los 62 años el subsidio de la
pensión será del 45%, mientras que, si por el contrario, la misma persona
cotiza solamente al final de su vida laboral el subsidio será del 65%. En el
caso de la pensión familiar el subsidio será del 88%.
Indica que exigir el requisito de cotizar el 25% de
las semanas antes de los 45 años busca eliminar la conducta de los afiliados de
cotizar solo durante el tiempo justo para cumplir con las semanas mínimas, pues
con esto se pierden los rendimientos. Así pues, si se llegare a eliminar dicho
requisito, el impacto fiscal en el régimen de prima media variaría entre el
0.7% y el 2.7% del PIB, dependiendo del porcentaje de pensiones que no cumplan
con dicho requerimiento.
Finalmente, señala que el fondo común del régimen
de prima media está diseñado para que las personas aporten a lo largo de su
carrera salarial, de manera que suprimir este requisito seria desincentivar la
cotización a edades medias y tempranas, lo que impacta la financiación del
sistema en general. Además, se multiplicaría el nivel de los subsidios lo que
resultaría insostenible.
5. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Adriana Camacho Ramírez, Profesora del Área del
Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Jurisprudencia
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
Sostiene que la pensión familiar es un beneficio
económico que busca “ayudar en extremis” a aquellas parejas que no logran
pensionarse por su cuenta, no obstante debe existir el intento por lograrlo.
Así pues, la política social debe crear la conciencia de que el Estado no puede
subsidiar auxilios y beneficios sin exigir un mínimo de requisitos.
Del mismo modo, considera que al reconocer la
pensión familiar, el sistema sufre un daño económico, pues debe otorgar, sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la pensión de vejez, una
prestación mensual y vitalicia para los dos cónyuges, en lugar de regresar los
dineros que se habían recibido, en forma de indemnización sustitutiva.
6. Pontificia Universidad Javeriana
Nicolás Rodríguez Villamil, miembro del Grupo de Acciones
Públicas del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, solicita a la Corte
Constitucional inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud
sustancial de la demanda.
Señala que los cargos planteados por el actor
carecen de tecnicismo, pues, en primer lugar, compara la pensión de vejez con
la pensión familiar como si fueran prestaciones de la misma categoría, así
mismo, desconoce el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social, pues no
tiene en cuenta el esfuerzo que debe realizar cualquier cotizante para acumular
un número mínimo de semanas durante su etapa productiva.
7. Universidad Santo Tomás
Ciro Nolberto Güechá Medina, Decano de la Facultad
de Derecho y Carlos Rodríguez Mejía, Director del Consultorio Jurídico
Internacional de la Universidad Santo Tomás, solicitan a la Corte
Constitucional declarar inexequible la norma demandada.
Aducen que la disposición acusada resulta
inconstitucional, porque impone una restricción que no es justificada, toda vez
que el único requisito que se debe exigir para garantizar el derecho a la
seguridad social es el de la edad, pues con ello se le garantiza a las personas
de avanzada edad un retiro en condiciones dignas.
Señalan que la edad en la que los afiliados  hayan
efectuado las cotizaciones no puede ser un criterio para determinar quiénes
pueden o no acceder a la pensión familiar, pues dicha figura busca el retiro
digno de las personas mayores.
Finalmente, resalta que, de conformidad con lo
enunciado por la OIT, la pensión de vejez es un mecanismo para acceder al
retiro en condiciones dignas y para prevenir la explotación laboral de personas
en estado de vulnerabilidad, como lo son las personas de avanzada edad.
8. ASOFONDOS
Clara Elena Reales Gutiérrez, Representante Legal
de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías -ASOFONDOS- solicita a la Corte Constitucional, en primer lugar,
inhibirse para resolver la demanda de la referencia por ineptitud sustancial y,
en segundo lugar, declarar la exequibilidad de la disposición demandada,
siempre que la Corporación considere que los cargos planteados son aptos.
Señala que los argumentos esbozados por el
demandante no cumplen con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional
para estructurar un cargo en contra de una norma por violar la cláusula de igualdad,
pues, en primer lugar, realiza una comparación entre dos prestaciones
distintas, la pensión de vejez creada por la Ley 100 de 1993 y la pensión
familiar creada por la Ley 1580 de 2012, en segundo lugar, coloca en pie de
igualdad a personas que objetivamente no son iguales:1) personas jóvenes
(menores de 45años) que pueden seguir cotizando al sistema para alcanzar
individualmente una pensión de vejez; 2) personas mayores (mayores de 45 años)
que han cotizado al sistema general de una manera muy esporádica y en un
porcentaje inferior al 25% exigido, y para quienes es fácticamente imposible
cotizar el número de semanas requeridas antes de alcanzar la edad para
pensionarse; y 3) personas que a los 45 años han cotizado el 25% de las semanas
que se requieren para alcanzar una pensión de vejez, que son las que han sido
protegidas por la norma. Además de estos 3 grupos, el demandante incluye a
cualquier colombiano que haya cotizado a cualquier edad un número indefinido de
semanas. Y en tercer lugar, al considerar que el sistema pensional colombiano
es un sistema universal no contributivo, dirigido a toda la población
colombiana, independientemente de si son afiliados y cotizantes.
Indica que por cada trabajador dependiente o
independiente afiliado al sistema, se efectúa un aporte del 16% de su ingreso
de cotización. Con ello el afiliado (i) va construyendo su ahorro para la
vejez, (ii) genera la protección de las contingencias derivadas de una posible
muerte o invalidez de origen no profesional, (iii) contribuye a la solidaridad
del sistema y al pago de los aportes de aquella población de bajos recursos;
así como, (vi) asegura la sostenibilidad financiera y la preservación del
sistema.
Aduce que, en desarrollo del margen de
configuración, en el año 2012, el legislador creó una nueva prestación en ambos
regímenes, con carácter optativo, llamada pensión familiar, cuyo objetivo es
ampliar la cobertura pensional, partiendo de la premisa de que las condiciones
del mercado, informalidad y desempleo, impiden que personas que tienen la edad para
acceder a una pensión cumplan con el requisito de semanas de cotización para
acceder a una pensión de vejez, de manera individual.
Manifiesta que la pensión familiar se estableció
como una prestación de carácter voluntario, no obligatorio, y que, en esa
medida, es la pareja quien decide, en caso de cumplir con los requisitos, si
opta por la pensión familiar o por la indemnización sustitutiva o la devolución
de saldos, según el régimen al que estén afiliados.
Sostiene que las condiciones que fijó el legislador
como requisitos de acceso a la pensión familiar, en el Régimen de Prima Media
con prestación definida, son razonables, proporcionadas y cumplen con un fin
legítimo y constitucionalmente relevante, pues buscan ampliar la cobertura del sistema
pensional, pero asegurando su sostenibilidad financiera.
Refiere que las razones por las cuales el legislador
estableció, para los posibles beneficiarios de la pensión familiar, el
requisito de haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de las cotizaciones
exigidas para la pensión de vejez, son:
1)    Porque si una
persona a los 45 años no ha cotizado al Sistema General de Pensiones le será
fácticamente imposible cotizar 1.300 semanas antes de cumplir los 62 años, si es
hombre, o los 57 años, si es mujer.
2)    Porque si una
persona a los 45 años ha cotizado el 25% de las semanas requeridas para
pensionarse en el Régimen de Prima Media, es decir 325 semanas, es poco
probable que por sí sola alcance a cotizar el total de semanas exigidas para el
reconocimiento de la pensión de vejez, sin embargo, dicha exigencia resulta
razonable si se suman los aportes de la pareja.
De conformidad con lo expuesto, manifiesta que el accionante,
al querer que se suprima uno de los requisitos que definió el legislador para
la efectividad de los derechos pensionales de un gran número de colombianos,
busca generar un privilegio en favor de personas que no han contribuido con
cierta fidelidad al sistema, accediendo a un beneficio estatal oneroso, lo cual
resulta inequitativo y pone en riesgo la efectividad de los derechos pensionales
de quienes sí han contribuido, de manera suficiente, a la sostenibilidad del
Sistema General de Pensiones.
9. Universidad de San Buenaventura
Hernando Uribe Vargas, Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad de San
Buenaventura, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible la
disposición demandada, por cuanto va en contra del principio de progresividad
en materia del derecho a la seguridad social.
Considera que si con la pensión familiar se busca
garantizar el principio de la universalidad del sistema, con cualquier
restricción, vía requisitos de fidelidad, se causa un agravio a los derechos
fundamentales de las personas. Así mismo, advierte que como quiera que la Ley
100 de 1993, ab initio, no consagró requisitos de fidelidad, al establecerlos
en la Ley 1580 de 2012, que la adicionó, se hizo más gravoso el acceso a un
derecho que fue reconocido en el mismo estatuto.
10. COLPENSIONES
German Ernesto Ponce Bravo, Gerente Nacional de Doctrina de la
Vicepresidencia Jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la
disposición acusada, ya que desarrolla fines constitucionales.
Indica que la pensión familiar permite a las parejas de esposos o
compañeros permanentes, que no reunieron los requisitos para reclamar una
pensión de vejez de forma individual, acumular las semanas cotizadas en el Régimen
de Prima Media o los montos ahorrados en el Régimen de Ahorro Individual, con
el fin de obtener una pensión compartida.
Así mismo, advierte que, en aras de distribuir equitativamente los
subsidios estatales, el legislador estableció, entre otras cosas, que la
pensión familiar beneficiará únicamente a las parejas que a la edad de los 45
años acrediten el 25% de las semanas necesarias para acceder a una pensión de
vejez.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
señor Procurador General de la Nación, mediante concepto N.°5973 de 5 de
octubre de 2015, solicita a la Corte Constitucional INHIBIRSE para
pronunciarse de fondo sobre el literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de
1993 (adicionado por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012), por ineptitud de
la demanda”. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:
Según
el Procurador, “en la presente demanda no se expone en debida forma el concepto
de vulneración de igualdad y seguridad social”, pues el accionante considera
que la norma contraviene el derecho fundamental a la igualdad, porque a los
cotizantes de la pensión ordinaria no se les exige que antes de los 45 años de
edad deban haber cotizado un porcentaje de semanas, como sí ocurre para quienes
pretendan acceder a la pensión familiar.
Para
el Jefe del Ministerio Público, este señalamiento no es suficiente para
sostener que se vulnere el derecho a la igualdad de los ciudadanos que
pretendan obtener este beneficio, frente a los que tienen el interés de acceder
a la pensión de vejez, creando una discriminación que conduzca a su protección
constitucional. Y no es suficiente, porque si los dos grupos de personas no se
encuentran en la misma situación en el sistema, la regulación no tiene por qué
ser igual para unos y otros, ni el legislador está obligado a establecer los
mismos requisitos de acceso a la prestación, como tantas veces lo ha señalado
la Corte Constitucional.
De
otra parte, en lo que refiere a la posible violación de la seguridad, el actor tampoco
expone argumentos que la sustenten. Por el contrario, únicamente señala que la
norma excluye a un sector de la población más débil y desvalida, cuando lo
cierto es que el literal k) de la misma disposición establece la cobertura de
la Pensión Familiar para los beneficiarios en los niveles 1 y 2. Además, esta última
disposición ya fue estudiada por la Corte y declarada exequible, ocasión en que
precisó que está pensión es una medida orientada a la ampliación de la
cobertura del sistema de pensiones que busca favorecer a los sectores afiliados
más vulnerables a nivel socioeconómicos del país. Así las cosas, la pensión
familiar constituye una medida para ampliar la cobertura al sistema de
seguridad social
Por la anterior, concluye que las
pretendidas vulneraciones de los artículos 13 y 48 superiores no se encuentran
debidamente sustentadas, pues el demandante no expuso las razones en que
sustenta tales violaciones, de donde resulta que la Corte Constitucional no
puede proceder a hacer un análisis de fondo.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo
241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer la
demanda de la referencia, pues el precepto acusado hace parte de una ley de la
República.
2. Planteamiento de la cuestión
El 1º de octubre de 2012 fue expedida la ley 1580
de ese año, “Por la cual se crea la pensión familiar”, y en su artículo primero
se ordenó adicionar un nuevo capítulo al Título IV, al libro I de la Ley 100 de
1993, así como un nuevo artículo al capítulo V. La mencionada adición comprende
el artículo 151A en el cual se define la pensión familiar, el artículo 151B
sobre la pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad,
el artículo 151C acerca de la pensión familiar en el Régimen de prima media con
prestación definida, el artículo 151D relativo a la afiliación al mismo régimen
de pensiones, el artículo 151E respecto del auxilio funerario y el artículo
151F que trata del reconocimiento y pago de la pensión familiar.
De acuerdo con al artículo 151A, la pensión
familiar “es aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o
aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes,
cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o régimen de
ahorro individual y de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993”.
Al regular la pensión familiar en el régimen de
prima media con prestación definida, el artículo 151C la establece a favor de
quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez en ese régimen, siempre que “los dos
cónyuges o compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma
del número de semanas de cotización supere el mínimo de semanas requeridas para
el reconocimiento de la pensión de vejez”.
A continuación el artículo citado establece algunos
requisitos, entre los que se cuentan la afiliación al régimen de prima media, la
acreditación de más de cinco años de relación conyugal o convivencia
permanente; sumar, entre los dos, al menos el número de semanas exigidas para
una pensión de vejez individual o cotizar, de conformidad con lo establecido en
el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Igualmente, el artículo 151C precisa que la pensión
familiar “será una sola pensión, de acuerdo con el artículo 48 de la
Constitución Nacional” y prevé lo que sucedería en caso de fallecimiento de uno
de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de esa prestación; su
agotamiento, sin que haya lugar a pensión de sobrevivientes cuando, fallecidos
los cónyuges o compañeros, no existan “hijos beneficiarios con derecho”,
también regula lo que acontece en caso de divorcio, separación legal o de
hecho, la incompatibilidad de la pensión familiar con otras prestaciones, hace
beneficiarios en el régimen de prima media a los clasificados en los niveles 1
y 2 del SISBEN y establece que su valor “no podrá exceder de un salario mínimo
legal mensual vigente”.
En el literal l) del artículo 151C se indica que
“para acceder  a la pensión familiar, cada beneficiario deberá haber cotizado a
los 45 años de edad, el veinticinco por ciento (25%) de las semanas requeridas
para acceder a una pensión de vejez de acuerdo a la ley”. En contra de este
literal, el ciudadano José Rafael Flórez Montaña instauró acción de
inconstitucionalidad, aduciendo al efecto la violación de los artículos 13 y 48
de la Constitución que, respectivamente, se refieren al derecho a la igualdad y
al derecho a la seguridad social.
En cuanto al derecho a la igualdad, el demandante
considera que para acceder a una pensión, todos los cotizantes deben cumplir
dos requisitos concurrentes, cuales son la edad mínima y el número de semanas
cotizadas, independientemente de la edad en que hayan empezado a cotizar, luego
al exigir que cada beneficiario deberá haber cotizado antes de cumplir 45 años
de edad, el 25% de las semanas requeridas, se torna nugatoria la pensión
familiar, a causa de un requisito adicional que, por no exigírsele “a un
cotizante ordinario”, ubica “en inferioridad de condiciones a quienes aspiren a
obtener la pensión familiar”, y esto sin señalar cuál es la diferencia entre
los dos tipos de cotizantes.
El actor estima que lo anterior constituye una
clara discriminación que afecta a quienes aúnan sus esfuerzos para lograr una
pensión familiar, por cuanto “deja sin la menor posibilidad de acceder a ella a
la mayoría de los postulantes”, pues si la pareja cotiza el número de semanas
exigidas y cada uno de sus integrantes cumple el requisito de edad establecido,
resulta injustificada una exigencia adicional que, por lo tanto, comporta un
tratamiento contrario a la igualdad.
En relación con el derecho a la seguridad social,
el libelista destaca que, de conformidad con el artículo 48 superior, el Estado
deberá prestar el correspondiente servicio con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, que resultan desconocidos por el
literal demandado, ya que la eficiencia implica que todos los recursos se
orienten a una prestación adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios, lo
cual se desconoce si las cotizaciones de una pareja que sumen el equivalente de
las pagadas por una sola persona no se orientan, sin mayores requisitos, al
reconocimiento de la pensión familiar.
Puntualiza el actor que cuando se le impide a una
pareja el acceso a la seguridad social por no haber cotizado, antes de los 45
años de edad, el 25% de  las semanas requeridas para acceder a una pensión de
vejez, el sistema deja de ser eficiente e impide que la pensión familiar cumpla
su propósito, a lo que añade la violación del principio de universalidad en la
medida en que no se protegería a quienes no cotizaron al sistema antes de los
45 años, excluyéndolos injustamente del sistema, con vulneración adicional del
principio de solidaridad.
3. La aptitud de la demanda
Que la demanda es inepta han conceptuado quienes
intervinieron en nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Grupo
de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, ASOFONDOS,
e idéntico criterio sostiene el señor Procurador General de la Nación quien, en
su concepto de rigor, le solicita a la Corte inhibirse para pronunciarse de
fondo, “por ineptitud de la demanda”.
En líneas generales se ha expuesto que los cargos
carecen de especificidad por no establecer una oposición objetiva y verificable
entre el precepto demandado y la Constitución, que son insuficientes, puesto
que el demandante no propone los elementos de juicio indispensables para
adelantar el análisis de constitucionalidad, que no están dados los presupuestos
para adelantar un juicio de igualdad, pues la pensión familiar y la de vejez no
son comparables, como tampoco lo serían los respectivos grupos de beneficiarios
y que, en suma, no aparecen expuestas las razones que sustenten la
inconstitucionalidad cuya declaración se pide.
Sobre este aspecto conviene recordar que, desde la
Sentencia C-1052 de 2001, la Corporación ha decantado unos requisitos que deben
reunir los cargos de inconstitucionalidad para que sean aptos y puedan dar
lugar al adelantamiento del juicio de constitucionalidad. Así, con insistencia
se ha reiterado que la argumentación ofrecida por el actor ha de ser clara,
cierta, específica pertinente y suficiente.
Los argumentos (i) son claros cuando en su
exposición se detecta la existencia de un hilo conductor que, dotándolos de
coherencia, haga comprensible la demanda, (ii) son ciertos siempre que lo
alegado corresponda al contenido normativo de la disposición censurada y no se
trate de un significado atribuido por el actor y carente de toda conexión con
el precepto demandado, (iii) son específicos si el esfuerzo del demandante se
dirige a demostrar, en forma concreta, de qué manera se produce una oposición
entre la Carta y lo demandado, (iv) son pertinentes cuando se proponen razones
de índole constitucional que facilitan una confrontación con la Constitución y
no entre disposiciones legales y (v) son suficientes si la demanda aporta los
elementos argumentativos y probatorios necesarios para entrar a analizar la
constitucionalidad y si los argumentos alcanzan un grado de persuasión tal que
generen en el juez al menos una duda mínima sobre la constitucionalidad de lo
impugnado[1].
Ciertamente en la demanda el libelista consigna
afirmaciones caracterizadas por cierta radicalidad carente de argumentos que la
sustenten, como se percibe en aseveraciones como aquella según la cual la
exigencia del 25% de las cotizaciones antes de cumplir 45 años de edad “hace
nugatoria la figura de la pensión familiar, ya que deja sin la menor
posibilidad de acceder a ella a la mayoría de los postulantes”, pero estos
apartes no pueden ser tomados en forma aislada para derivar de ellos la
ineptitud de los cargos formulados.
En atención al principio pro actione se
precisa interpretar la demanda en su conjunto y de ese análisis la Corte puede
concluir que el actor sostiene que no existe diferencia entre los requisitos
exigidos para acceder a la pensión de vejez y los que deberían exigirse para
acceder a la pensión familiar, lo que, a su turno genera, según su
planteamiento, una asimilación del grupo de beneficiarios de la pensión de
vejez con el grupo de beneficiarios de la pensión familiar.
La equiparación de los requisitos, que el
demandante reduce al número de semanas cotizadas indispensables y al
cumplimiento de la edad requerida, sirve de soporte a la alegación del actor,
quien estima que la exigencia de haber cotizado antes de cumplir los 45 años de
edad el 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez
constituye un requisito adicional que introduce una diferenciación
injustificada entre la pensión de vejez y la familiar, diferenciación que se
transmite a los grupos de beneficiarios, generando una discriminación en contra
de las parejas aspirantes a la pensión familiar, que deberán cumplir una
exigencia más, exigencia que en ningún caso recae sobre los aspirantes
individuales a la pensión de vejez en el régimen de prima media.
Lo anterior se desprende con claridad de los
planteamientos vertidos en la demanda y como quiera que la diferenciación entre
las pensiones de vejez y familiar, así como entre los respectivos grupos de
beneficiarios no es algo que surja al rompe y con todo detalle de la simple lectura
de las disposiciones concernientes, se torna imperioso examinar si esas
diferencias existen o no, máxime si el demandante ha aportado, en grado
susceptible de ser tenido en cuenta, explicaciones orientadas a demostrar que,
por el aspecto de los requisitos para acceder a la respectiva prestación, no
debe haber distinción entre las pensiones de vejez y familiar ni, por lo tanto,
entre los grupos de beneficiarios de una y de otra.
Procede, entonces, el análisis del literal
demandado a la luz del derecho constitucional a la igualdad, para saber si es
válida o no la equiparación de los requisitos y de los grupos que el demandante
predica y para determinar, como consecuencia de lo anterior, si se justifica o
no el requisito consistente en haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de
las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, requisito que se le
exige a cada uno de los miembros de la pareja a fin de acceder a la pensión
familiar.
En cuanto a los argumentos dirigidos a demostrar la
vulneración del derecho a la seguridad social, cabe señalar que su estimación
aislada posiblemente llevaría a concluir en su ineptitud, panorama que cambia
al verificar que su planteamiento es por completo dependiente de la
argumentación efectuada respecto del derecho a la igualdad.
En efecto, cuando el actor sustenta la violación
del principio de eficiencia vuelve a preguntar “cuál es el criterio de
diferenciación que utilizó el legislador para hacer imponer unos requisitos a
quien cotiza individualmente y otros a quienes no lo hicieron así pero que
sumados sus esfuerzos como pareja llegan al mismo punto y aportan las mismas
sumas al sistema”. Lo propio ocurre en relación con la vulneración del
principio de universalidad, a propósito del cual el demandante aduce que se
excluye a quienes no cotizaron en el porcentaje requerido antes de los 45 años
de edad, siendo que al final, “el resultado es exactamente igual al que se
hubiera dado si uno solo de los cónyuges o compañeros hubiese cotizado
ordinariamente y también en lo atinente al quebrantamiento del principio de
solidaridad, desconocimiento cuya raíz el actor sitúa en la exclusión, que él
considera injusta, “de un sector importante de la población que adicionalmente
es el más débil y desvalido”.
Así las cosas, lo que se decida al analizar los
cargos cimentados en el derecho a la igualdad repercute en lo alegado a
propósito del derecho a la seguridad social, de modo que si se desestimaran los
cargos formulados por violación del artículo 13 constitucional, no habría que
entrar a estudiar los esgrimidos con base en el artículo 48 superior, pero si
se llegara a concluir que al actor le asiste la razón, la vulneración de la
igualdad llevaría a examinar lo concerniente a la seguridad social, y esto aun
si nada hubiera expuesto el libelista, porque, al tenor de lo establecido en el
artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, “La Corte Constitucional deberá
confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los
preceptos de la Constitución, especialmente los del título II”, de tal manera
que la Corte “podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad en la
violación de cualquiera norma constitucional, así ésta no hubiere sido invocada
en el curso del proceso”.
4. El problema jurídico y las intervenciones allegadas
al expediente
En este orden de ideas, a la Corte le corresponde
averiguar si la exigencia establecida en el literal l) del artículo 151C de la
Ley 100 de 1993, consistente en que para acceder a la pensión familiar, cada
uno de los beneficiarios debe haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de
las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez viola los derechos a
la igualdad y a la seguridad social.
Alrededor de este problema jurídico en las
intervenciones allegadas al expediente se han dado dos respuestas contrarias,
que corresponden al total acuerdo con los argumentos de la demanda o al
completo desacuerdo con las pretensiones esgrimidas en el libelo. A favor de la
inconstitucionalidad solicitada se pronunciaron los intervinientes que conceptuaron
en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Facultad de Derecho
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá,
mientras que quienes intervinieron en representación de la Universidad
Externado de Colombia, del Ministerio de Trabajo, de la Facultad de
Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de
COLPENSIONES pidieron la declaración de exequibilidad, petición que también
hicieron el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ASOFONDOS, aunque
inicialmente plantearon la ineptitud de los cargos y la inhibición.
La inconstitucionalidad pedida en las
intervenciones que comparten los criterios plasmados en la demanda se funda en
la equiparación de las pensiones de vejez y familiar en cuanto hace a los
requisitos que, en ambos casos, serían la edad y el número de semanas
cotizadas, requisitos cuya exclusividad haría que constitucionalmente resultara
inviable una exigencia adicional como la contemplada en el literal acusado para
acceder a la pensión familiar, requisito adicional que, en cambio, consideran
plenamente ajustado a la Carta los intervinientes sostenedores de su
exequibilidad, a partir de la diferenciación entre la pensión de vejez y la
pensión familiar que, además, se proyecta en la distinción entre los distintos
grupos de beneficiarios.
Con la finalidad de dilucidar la cuestión así
planteada, de acuerdo con el orden empleado en la demanda, la Corte se ocupará,
en primer término, de la censura dirigida en contra de la preceptiva acusada
por violación del artículo 13 superior, sobre el derecho a la igualdad y,
dependiendo de las conclusiones a las que este análisis le permita arribar, la
Corporación estará en condiciones de saber si debe ocuparse o no de los
cuestionamientos basados en el aducido quebrantamiento del artículo 48 de la
Carta, referente al derecho a la seguridad social.
5. El cargo fundado en la presunta vulneración
del derecho a la igualdad
Conforme se deprende de lo hasta aquí reseñado, a
la luz del derecho a la igualdad se censura el tratamiento diferente que habría
dispensado el legislador a los cónyuges o compañeros permanentes que aspiren a
beneficiarse de la pensión familiar, al contemplar en el literal l) del
artículo 151C de la Ley 100 de 1993, introducido por la Ley 1580 de 2012, la
exigencia de haber cotizado individualmente a los 45 años de edad el 25% de las
semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez.
Cuando se aduce que una medida legislativa comporta
un tratamiento diferenciado e inconstitucional, la Corte debe determinar si esa
diferenciación entre los supuestos de hecho o entre los grupos poblacionales
involucrados en la comparación encuentra o no razonable justificación en los
valores y principios constitucionales, lo que lleva a la realización de un
juicio de igualdad destinado a examinar la medida, la finalidad perseguida
mediante su implementación y los motivos que tuvo el legislador para preferirla
a otras alternativas u opciones que también hubieran podido orientarse a la
consecución del fin buscado, con el cual la medida adoptada deberá guardar una
relación que la torne idónea para conseguirlo.
Sin embargo, antes de emprender el juicio de
igualdad se precisa evaluar la posibilidad de su aplicación y el alcance de la
potestad del legislador en la materia que ha sido objeto de regulación, lo
primero, porque con carácter previo ha de quedar establecido que los supuestos
o grupos que se encuentran en la base del trato desigual o discriminatorio son
realmente susceptibles de comparación y lo segundo, porque la facultad
configurativa del legislador no tiene siempre la misma amplitud y, siendo
variable el margen de configuración legal, son distintos los niveles de escrutinio
constitucional, de modo que la intensidad del juicio cambia, habiéndose
reconocido en la jurisprudencia un nivel leve que corresponde a una amplia
potestad de configuración legislativa, un nivel estricto en que esa facultad
configurativa es reducida, pasando por un nivel que es intermedio dependiendo
de las circunstancias que en cada caso evalúa el juez constitucional.
5.1. Las pensiones de vejez y familiar y los
respectivos grupos de beneficiarios
El ámbito al cual pertenecen las pensiones de vejez
y familiar es el de la seguridad social que, conforme lo señala el artículo 48
de la Carta, es un servicio público y un derecho irrenunciable de cobertura
progresivamente ampliable por el Estado, pero “con la participación de los
particulares”. El correspondiente servicio público y el derecho están sometidos
a los “términos” o a la “forma que determine la ley”.
Haciendo abstracción de sus antecedentes más
remotos, baste ahora destacar que el Sistema Integral de Seguridad Social
actualmente vigente comprende prestaciones en salud, riesgos profesionales,
subsidio familiar y pensiones, según lo establecido en la Ley 100 de 1993, con
las reformas de las que ha sido objeto, entre las que conviene mencionar la
operada mediante la Ley 797 de 2003.
En cuanto hace a la seguridad social en materia
pensional, básicamente el sistema se ha estructurado con fundamento en dos
regímenes, uno de ahorro individual con solidaridad y otro denominado solidario
de prima media con prestación definida. El primer régimen fue confiado a
particulares que lo administran mediante Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones y/o Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
y opera con fundamento en una cuenta individual en la que el afiliado acumula
sus cotizaciones obligatorias y voluntarias, el bono pensional y, si hay lugar,
los subsidios estatales, de manera que cuando el monto acumulado de capital y
rendimientos lo permita, se procede al reconocimiento de la prestación a la
edad en que el afiliado quiera retirarse, dependiendo de la clase de pensión,
del ahorro efectuado y de su rentabilidad, debiéndose destacar que a falta de
los requisitos, al afiliado, o a su beneficiario, le asiste el derecho a
obtener la devolución de los aportes o saldos[2].
El régimen solidario de prima media con prestación
definida funciona con base en los aportes que para el reconocimiento de una
pensión efectúe el afiliado, aportes que, junto con sus rendimientos, integran
un fondo común de índole pública, con cargo al cual se pagan prestaciones
pensionales y gastos de administración y se constituyen reservas destinadas a
la satisfacción de las futuras pensiones que son reconocidas, con independencia
del monto de las cotizaciones acumuladas, al momento en que se cumplan los
requisitos de ley, ante cuyo incumplimiento el afiliado o beneficiario tiene
derecho a una indemnización sustitutiva[3].
Interesa precisar que el manejo financiero del
régimen de prima media está sujeto al cálculo actuarial que “consiste en
proyectar la suficiencia material de los recursos presentes, cotizaciones
futuras y de sus posibles rendimientos, para asegurar el pago de los beneficios
pensionales a quienes puedan llegar a tener dichos derechos, en todos los casos
previstos en la ley”. Así, el cálculo actuarial depende de varios factores,
entre los que se cuentan las cotizaciones, pero también períodos de fidelidad
que comportan la exigencia de cierto porcentaje del tiempo para tener derecho a
la pensión o de periodos de carencia que implican permanecer durante un lapso
legalmente fijado en un régimen pensional concreto sin trasladarse a otro. En
cualquier caso, “cuando la deficiencia financiera del sistema impide su
sostenibilidad, es el estado el llamado a través de subsidios implícitos
a asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legalmente
reconocidas”[4].
Las pensiones que, según las circunstancias, se
reconocen son la de invalidez, la de sobrevivientes y la de vejez, siendo de
destacar que esta última aparece regulada en la Ley 100 de 1993, tanto para el
régimen de ahorro individual, como para el régimen de prima media, en cuyo caso
el artículo 33 de la mencionada ley prevé un requisito de edad y otro de tiempo
de servicios o cotizaciones, que el actor en la presente causa considera deben
ser los únicos que se exijan también para acceder a la pensión familiar.
A diferencia de la pensión de vejez, la pensión
familiar fue introducida en el sistema de seguridad social mediante la Ley 1580
de 2012 que la creó en el régimen de ahorro individual y en el de prima media,
habiendo dispuesto su incorporación a la Ley 100 de 1993, lo que, en principio,
avala el propósito de asimilación expresado en la demanda, pues, en términos
generales, la pensión de vejez y la familiar son dos prestaciones adscritas a
un mismo género e integrantes del Sistema de Seguridad Social en pensiones.
Sin embargo, más allá de la coincidencia general
acabada de anotar, importa señalar que los regímenes pensionales de ahorro
individual y de prima media son autónomos en razón de su distinta
configuración, lo cual se traduce en que las prestaciones y las reglas de cada
uno de ellos no resultan fácilmente comparables tratándose de la demostración
de una posible violación del derecho a la igualdad, pues de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, “la Ley 100 de 1993 contiene una regulación
diferente para cada uno de los regímenes pensionales”, regulación que, además,
se apoya “en el principio de la libre elección que permite a los afiliados
escoger el subsistema que más se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el
futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas
diferentes para uno y otro régimen, y simplemente se hará acreedor a los
beneficios y consecuencias que reporte su opción”[5].
A la luz de lo anterior, cabe sostener que aun
cuando se trate de una prestación con idéntica denominación, su reconocimiento
deberá hacerse atendiendo las condiciones fijadas para cada uno de los
regímenes, lo que tiene aplicación en el caso de la pensión de vejez y
tratándose de la pensión familiar, por cuanto la Ley 1580 de 2012, al crearla,
la estableció en ambos regímenes, pero distinguiendo las condiciones y
requisitos de la pensión familiar en el régimen de ahorro individual, de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la misma prestación en el
régimen de prima media con prestación definida.
Es en este régimen de prima media con prestación
definida en el que se prevé como requisito para acceder a la pensión familiar
que a los 45 años de edad cada beneficiario haya cotizado el 25% de las semanas
requeridas para acceder a una pensión de vejez, luego el alegato del demandante
se circunscribe al régimen de prima media, en cuyo ámbito pretende que los
requisitos de acceso a la pensión familiar sean los mismos previstos para la
pensión de vejez, es decir, edad y número de semanas cotizadas.
Sobre el particular cabe indicar que si en lo
atiente a los requisitos para el reconocimiento, una misma prestación difiere
en cada uno de los dos regímenes considerados, mayor será la diferencia entre
distintas pensiones, sea en regímenes pensionales diferentes o en el ámbito de
uno solo de ellos. Así pues, aunque la pensión de vejez y la pensión familiar
sean prestaciones contempladas en el régimen de prima media, ese único dato no
implica, por sí mismo, equiparación de los requisitos o coincidencia plena
entre la pensión de vejez y la familiar.
Es suficiente reparar en la regulación de la nueva
pensión familiar para que se tornen evidentes sus diferencias con la pensión de
vejez, aún dentro del mismo régimen de prima media con prestación definida. En
efecto, aunque el afiliado puede elegir uno cualquiera de los dos regímenes,
sobre todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos pesa la obligación de afiliarse, mientras que quienes se
encuentren en las condiciones que podrían permitirles el acceso a la pensión
familiar, al tenor del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, tienen la
posibilidad de optar por esa pensión, sometiéndose a los requisitos previstos
para obtenerla, o preferir el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez en el sistema de prima media con prestación definida.
Según la concepción legal de la pensión familiar,
tienen la posibilidad de acceder a ella los dos miembros de una pareja, sean
cónyuges o compañeros permanentes, que suman sus esfuerzos de cotización a fin
de que, entre ambos, puedan cumplir los requisitos establecidos para la pensión
de vejez que, de acuerdo con su regulación legislativa, a diferencia de la
familiar, es una pensión debida al empeño de una sola persona que,
individualmente, se verá beneficiada cuando cumpla los requisitos a tal efecto
establecidos.
La sumatoria de esfuerzos, que es una de las
condiciones de la pensión familiar, tiene su origen en la enorme dificultad
que, ponderadas las circunstancias y en un momento dado, tiene cada uno de los
miembros de la pareja para acceder individualmente a una pensión de vejez,
dificultad que no enfrenta el afiliado singular que ha contado con la
oportunidad de cotizar regularmente al sistema, lo cual explica que, en cuanto
prestación nueva, la pensión familiar haya sido pensada como un mecanismo para
ampliar la cobertura del sistema, facilitándole a los cónyuges o a los
compañeros permanentes una posibilidad de acceder, conjuntamente, a una
pensión, siempre que así lo deseen.
Esa ampliación de la cobertura del sistema general
de seguridad social en materia pensional, que se procura mediante la
introducción de la pensión familiar tiene por destinatarios a personas ubicadas
en condiciones de vulnerabilidad, ya que en el régimen de prima media que sirve
de marco a este análisis, solo podrán ser beneficiarios quienes se encuentren
clasificados en los niveles 1y 2 del SISBEN, a lo que se agrega que el valor de
la pensión no podrá exceder de un salario mínimo legal mensual vigente.
Ya la Corte tuvo ocasión de hacer énfasis en las
diferencias anotadas, al apuntar, por ejemplo, que aun cuando es cierto que
para reclamar las pensiones familiar y de vejez en el régimen de prima media
“se necesita el mismo número de semanas de cotización, en el primer evento las
cotizaciones son efectuadas por una pareja, mientras que en el segundo por un
individuo”[6].
Surge de todo lo precedente la distinción entre la pensión de vejez y la
pensión familiar, percibiéndose que esa diferenciación también se proyecta en
los grupos de beneficiarios de cada una de las referidas prestaciones
pensionales.
En efecto, al acceder a la prestación, los
beneficiarios de la pensión de vejez son quienes individualmente han completado
las semanas de cotización exigidas en el régimen de prima media, en tanto que
los beneficiarios de la pensión familiar son los afiliados al sistema “más
vulnerables a nivel socioeconómico”, que por razones “como la imposibilidad de
acceder a un empleo estable a causa de la edad y los altos niveles de desempleo
del país, no pueden completar las semanas de cotización necesarias para
reclamar una pensión de vejez de forma individual”, razón por la cual “pueden
ver amenazado su mínimo vital al llegar a la tercera edad”, habiéndose
restringido por ello la posibilidad de reclamar esa pensión en el régimen de
prima media “a la clasificación de las parejas de cónyuges o compañeros en los
niveles 1y 2 del SISBEN”, junto con la limitación de la mesada a un monto no
superior a un salario mínimo legal mensual vigente[7].
Del mismo modo como las pensiones de vejez y
familiar no son susceptibles de fácil comparación, tampoco lo son los
respectivos grupos de beneficiarios, toda vez que si una persona completa el
número de semanas necesarias para tener derecho a la pensión de vejez, es claro
que ha permanecido como afiliado al sistema al menos durante el tiempo
suficiente para acumular las semanas requeridas, lo que no se puede afirmar de
los cónyuges o compañeros permanentes que acceden a la pensión familiar, pues
en su caso “los periodos de fidelidad de los miembros de la pareja son
inferiores, precisamente porque dejaron de cotizar un tiempo importante”. Esa
menor fidelidad implica “un aumento del subsidio estatal implícito, “en otras
palabras la pensión familiar en el RPM demanda un mayor subsidio estatal que la
pensión de vejez debido a la menor fidelidad al sistema de los cónyuges o
compañeros”, razones estas que impiden sostener “que los afiliados al RPM que
quieren acceder a la pensión familiar, de un lado, y a la pensión de vejez, de
otro, se hallen en la misma situación”[8].
La equiparación de la pensión de vejez y de la
pensión familiar, así como de los respectivos grupos de beneficiarios, que
sirve de sustento a las pretensiones de la demanda no es viable y ello, en
principio, impide el emprendimiento de un juicio de igualdad. Sin embargo, no
se puede perder de vista que el precepto cuestionado contiene una medida
concreta consistente en que en el régimen de prima media, cada beneficiario de
la pensión familiar haya cotizado, a los 45 años de edad, el 25% de las semanas
requeridas para acceder a una pensión de vejez y que cabe apreciar si, a la luz
del derecho a la igualdad, es o no razonable y justificada esta medida
específica, motivo por el cual, procede seguir con el examen concerniente al
margen de la facultad de configuración legislativa en este caso, margen que
determinará el nivel de escrutinio que podría ser estricto, pero también
flexible, lo que no excluye la posibilidad de adelantar un análisis de la
igualdad a propósito de la medida censurada.
5.2. La facultad de configuración del legislador
en materia de seguridad social en pensiones
Ya se ha apuntado que la seguridad social es un
servicio público y adicionalmente un derecho irrenunciable y que, según se
desprende de los artículos 48, 49 y 365 superiores, tanto en su faceta de
servicio público, como en su condición de derecho la Constitución remite su
desarrollo a la ley, constituyendo una reserva[9], lo que lleva a
considerar el alcance de la facultad de configuración que le corresponde al
legislador en esa materia.
En la jurisprudencia de la Corte, la aproximación a
la potestad configurativa del legislador en el caso de la seguridad social ha
solido partir de la clasificación del derecho dentro de la categoría de los
económicos y sociales, así como de su carácter prestacional, ya que “las
personas tienen el derecho a exigir un conjunto de prestaciones a cargo
de las entidades que integran el sistema de seguridad social, no solamente
dirigidas a garantizar los derechos irrenunciables de las personas, sino también
a obtener una calidad de vida acorde con el principio de dignidad humana”,
debido a lo cual “para asegurar su efectiva realización se requiere -en la
mayoría de las casos- acreditar el cumplimiento de normas presupuestales,
procesales y de organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener
el equilibrio económico y financiero del sistema”[10].
Dado que la Constitución no optó por un único
modelo en esta materia”, confió al legislador “la tarea de configurar su
diseño”, siendo esto claramente indicativo de que el margen de configuración es
amplio. Tratándose de la seguridad social en pensiones, tal amplitud “obedece a
la necesidad de garantizar la viabilidad económica del sistema y la eficacia de
los principios que lo gobiernan, lo que hace que la ley pueda, entre otras
cosas, establecer las condiciones y mecanismos de afiliación, e incluso, dentro
de los límites propios a dicha facultad de configuración, modificar las
expectativas de los sujetos vinculados al sistema, a fin de que el Estado
cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social”[11].
De su amplia potestad de configuración normativa
puede hacer uso el legislador para ampliar progresivamente la cobertura de la
seguridad social, conforme lo establece el artículo 48 de la Carta, cobertura
cuya ampliación también comprende la materia pensional y puede enfocarse hacia
personas o grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de
incorporarlas al sistema de seguridad social en pensiones, conforme lo hizo el
Congreso al crear la pensión familiar, mediante la Ley 1580 de 2012.
Ahora bien, que el margen de la facultad
configurativa del legislador es amplio no significa que la actividad
legislativa desplegada en materia de seguridad social carezca de límites. La
decisión del legislador, entonces, no es “completamente libre”[12] y a
título ejemplificativo procede mencionar que hay reglas generales a las que
debe someterse el Congreso como el carácter irrenunciable del derecho a la
seguridad social, la dirección control o manejo a cargo del Estado o la
posibilidad de que de su prestación se confíe a entidades públicas y
particulares, a lo que se suma “la observancia de aquellos otros principios,
valores y derechos constitucionales previstos en el Texto Superior que
generalmente limitan el desarrollo de la atribución constitucional de
regulación”, conforme “ocurre, entre otras, con los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y solidaridad, así como con los derechos
fundamentales a la igualdad, dignidad humana y mínimo vital”[13].
En relación con el derecho a la igualdad la Corte
ha anotado que el sometimiento del legislador a lo previsto en el artículo 13
de la Constitución, lleva a que “las regulaciones de la seguridad social no
pueden ser discriminatorias”[14],
y este postulado adquiere singular relevancia cuando mediante la regulación
legislativa se pretende ampliar la cobertura para incluir en el sistema a
personas o grupos en situación de desventaja social, por cuanto la asignación
de recursos escasos impone focalizar las políticas públicas en aquellos
sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica que tienen prioridad en la
asignación del gasto social.
La focalización de las políticas públicas y la
prioridad del gasto social en un escenario en el cual los altos índices de
pobreza impiden atender a toda la población desfavorecida e implican “centrarse
en la población más necesitada”[15],
están atadas al adelantamiento de un proceso de selección que inexorablemente
conduce a incurrir en diferenciaciones que deben ser acordes con el derecho a
la igualdad y evitar irrazonables e injustificados privilegios en la
distribución de recursos insuficientes para satisfacer a todos los necesitados
de protección.
En casos como el de la pensión familiar, cuyo
reconocimiento está orientado hacia personas en situación vulnerable, el
derecho a la igualdad limita la potestad configurativa del legislador que debe
adoptar medidas respetuosas de lo previsto en el artículo 13 de la Carta y
evitar la discriminación, para lo  cual, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, ha de estimar criterios de vulnerabilidad no centrados
exclusivamente en la medición de aspectos económicos asociados a la calidad de
vida, observar pautas objetivas, proporcionadas y razonables que, fuera de ser
públicas y transparentes, han de ser conocidas por los interesados de forma que
tengan la oportunidad de controvertir los resultados de la clasificación[16].
Sin perjuicio de lo anterior, es importante
reiterar que “en la medida en que el Congreso goza de una amplia discreción en
la materia, el examen de igualdad no puede ser adelantado de manera tal que el
juez constitucional desconozca la libertad de configuración del legislador”[17],
resultando, por lo tanto, indispensable aludir a la intensidad del juicio
constitucional de la medida, intensidad que ha dado lugar al reconocimiento de
tres niveles de escrutinio para la aplicación del juicio de igualdad.
5.2.1. La facultad de configuración del
legislador y los niveles de intensidad del escrutinio constitucional
La regla general es el nivel leve, “aplicable por
ejemplo a medidas de naturaleza económica, tributaria o de política
internacional, a asuntos que implican una competencia específica definida por
la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o a casos en los que del
contexto normativo de la disposición demandada no se aprecie prima facie
una amenaza para el derecho o principio que se alega lesionado”, debiéndose
destacar que en este supuesto el amplio margen de configuración legislativa
compagina con una verificación destinada únicamente a determinar “si el fin
buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos, y si el
medio escogido es idóneo para alcanzar el fin propuesto”[18].
En el otro extremo se encuentra el nivel estricto,
“aplicable a casos en los que está de por medio una clasificación sospechosa
como las enumeradas en el inciso 1º del artículo 13 superior, casos en que la
medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta,
grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o minorías insulares o discretas, casos en los que a medida que hace
la diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta gravemente
el goce de un derecho constitucional fundamental o casos en los que la medida
que se examina crea un privilegio”, siendo relevante puntualizar que el juez
“debe examinar si el fin perseguido es o no imperioso desde la perspectiva
constitucional y si el medio escogido es necesario, es decir, no puede ser
reemplazado por un medio alternativo menos lesivo en términos de principios y
derechos constitucionales”[19].
Entre los niveles leve y estricto se sitúa el
intermedio, “aplicable a medidas que implican la restricción de un derecho
constitucional no fundamental, casos en los que existe un indicio de
arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia, o
acciones afirmativas, entre otros casos” y cuya superación ha de verificarse
que el fin perseguido “sea constitucionalmente  importante y que el medio
elegido “sea efectivamente conducente a alcanzar el fin”[20].
Con el propósito de saber cuál de los niveles de
escrutinio debe ser aplicado para apreciar la constitucionalidad de la medida
que consiste en exigir como requisito para acceder a la pensión familiar la
cotización a los 45 años de edad y por cada beneficiario del 25% de las semanas
requeridas para acceder a una pensión de vejez, resulta de interés recordar que
“salvo si el legislador recurre a criterios de diferenciación sospechosos o
potencialmente discriminatorios, el examen de igualdad tiene que ser deferente
con los criterios desarrollados por el Congreso al regular los sistemas de
salud y de seguridad social”[21].
En este contexto la Corporación ha enfatizado que,
ante el amplio margen de configuración normativa en materia de seguridad
social, “la adopción de medidas legislativas sobre los distintos componentes,
variables o requisitos pensionales que directa o indirectamente afecten los
recursos parafiscales que integran el fondo común o las cuentas individuales en
los sistemas vigentes de seguridad social, o que tengan la virtualidad de comprometer
sumas adicionales que a través de la contratación de seguros garantizan la
financiación de las pensiones de invalidez o sobrevivencia en el sistema
pensional de ahorro individual con solidaridad, no pueden ser analizadas desde
una posición aislada o descontextualizada de los sistemas a los cuales
pertenecen, por cuanto se presume que corresponden a un juicio político,
económico y financiero -razonable y proporcional- de las distintas hipótesis y
constantes macroeconómicas que puedan afectar el futuro cumplimiento de
obligaciones pensionales del Estado”[22].
Fluye de lo anterior que el nivel estricto de
escrutinio constitucional no es, en principio, el apropiado para adelantar el
juicio respecto de la medida que ha sido demandada, pues no se trata de un
requisito que, ab initio, involucre categorías sospechosas, se revele
manifiestamente discriminatorio o comprometa decisivamente derechos
constitucionales fundamentales, sino más bien de una medida inscrita dentro de
la regulación de un derecho que, como la pensión familiar, es de creación
legal, procura ampliar la cobertura del sistema de seguridad social en
pensiones antes que restringir el acceso al derecho constitucional previsto en
el artículo 48 superior y que, por hallarse enfocada hacia personas en
condiciones de vulnerabilidad, corresponde a una medida de afirmación positiva.
Estos últimos datos indican que el nivel de
escrutinio ha de ser intermedio, entre otras cosas, porque ya al resolver una
demanda que por violación al derecho a la igualdad fue presentada en contra de
los literales k) y m) del mismo artículo 151C de la Ley 100 de 1993, al cual
también pertenece el literal l) que ahora se examina, la Corte estimó que el
nivel de escrutinio debía ser intermedio, teniendo en cuenta que la libertad de
configuración asiste al legislador en materia de seguridad social y
“particularmente cuando se trata de la ampliación de la cobertura del sistema
de pensiones”[23].
6. Aplicación del nivel intermedio al literal
demandado
Como corresponde al nivel intermedio de escrutinio,
a continuación la Corte se ocupará de determinar si la medida establecida en el
literal demandado persigue finalidades importantes desde la óptica
constitucional y si emplea un medio adecuado para cumplir esos fines.
6.1. El literal demandado y las finalidades de
orden constitucional
De cuanto se ha expuesto procede inferir que la
finalidad que guio la creación de la pensión familiar fue la ampliación de la
cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, favoreciendo, a la vez,
a un sector poblacional vulnerable, con un aditamento esencial, también
perteneciente al orden de los fines, cual es la sostenibilidad financiera del
sistema pensional.
Que los mencionados propósitos tienen raigambre
constitucional se deriva con claridad del artículo 13 superior que confía al
Estado la promoción de las “condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva”, mediante la adopción de “medidas en favor de grupos discriminados o
marginados, y del propio artículo 48 de la Carta que, como se ha visto, de una
parte, encarga al Estado, “con la participación de los particulares”, de
ampliar “progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la ley” y, de la otra, a
partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, ordena al
Estado garantizar tanto los derechos, como la “sostenibilidad financiera del
Sistema Pensional”, a lo cual añade que “las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo,
deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.
Es evidente que la Ley 1580 de 2012, que introdujo
la figura de la pensión familiar, siendo posterior al Acto Legislativo No. 01
de 2005, debía acatar lo previsto en él y asegurar la sostenibilidad financiera
de esa nueva prestación pensional, propósito constitucional al que apunta la
medida prevista en el literal l) del artículo 151C, incorporado por la Ley 1580
de 2012 a la Ley 100 de 1993.
La preocupación por la sostenibilidad financiera
del sistema pensional es de vieja data, pues los problemas ligados a ella se
presentaban antes de la Constitución de 1991, época para la cual se
identificaron factores desestabilizadores, tales como la falta de incremento
gradual de la tasa de cotización, el incumplimiento estatal en el pago de su
parte de cotización, los excesivos beneficios relativos a los aportes, la
existencia de varios regímenes especiales y el cambio demográfico que implicó
menos aportes y mayores gastos”[24].
Entre los motivos que condujeron a la expedición de
la Ley 100 de 1993, junto con el aumento de la cobertura, se encuentran el
fortalecimiento financiero del sistema y el logro del equilibrio fiscal,
propósitos que en 2005 inspiraron la expedición del Acto Legislativo No. 01 de
ese año, ya que, para entonces, “Colombia tenía el cuarto pasivo pensional más
alto del mundo con un 170%del Producto Interno Bruto (PIB), con un nivel de
cobertura muy bajo que correspondía al 23% de las personas mayores de 60 años”,
a más de lo cual “las cifras macroeconómicas indicaban que en Colombia el
número de afiliados era de 11.5 millones de personas, de los cuales solamente
eran cotizantes activos 5,2 millones de personas”, lo que explicaba que “el
número de pensionados en Colombia alcanzara solo a un millón de personas,
frente a cuatro millones de personas en edad de jubilación”[25].
Así las cosas, al comentar la enmienda
constitucional de 2005, esta Corte estimó que “la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones fue una preocupación transversal a la reforma”,
que motivó “la unificación de las reglas y la eliminación de beneficios desproporcionados,
habiéndose buscado, mediante la garantía de la sostenibilidad y el sometimiento
de las leyes futuras a ese criterio,” prevenir la práctica de creación de
beneficios pensionales desproporcionados con cargo a los aportes de las
generaciones venideras”[26].
Como quiera que el literal demandado hace parte de
los requisitos exigidos para acceder a la pensión familiar en el régimen
solidario de prima media con prestación definida, conviene puntualizar que en
este régimen el criterio de sostenibilidad financiera tiene especiales
implicaciones, porque el cálculo actuarial al que se sujeta su manejo económico
depende de un conjunto de variables, entre las que se cuentan periodos de
fidelidad, periodos de carencia, tasas de cotización, aumento de edades o de
semanas de cotización, cuya incidencia implica que “el movimiento de
cualesquiera de dichas variables tiene como resultado alterar el cálculo
actuarial y, por ende, asegurar en un futuro el compromiso del Estado para con
sus potenciales pensionados”, siendo lo cierto que “en todo caso, cuando la
deficiencia financiera del sistema impide su sostenibilidad, el Estado es el
llamado a través de subsidios implícitos a asegurar el pago oportuno y el
reajuste periódico de las pensiones legalmente reconocidas”, para lo cual “se
pueden adoptar medidas sobre el mismo sistema pensional, por ejemplo,
racionalizando los beneficios pensionales, o en su lugar, alterando la
composición del presupuesto general de la Nación, bien sea reduciendo otros
gastos del sector público, o eventualmente, aumentando el endeudamiento fiscal”[27].
Conforme se ha destacado, la pensión familiar se
concibió como una prestación orientada a hacer efectivo el deber de ampliación
progresiva del sistema pensional, de tal manera que, a la vez, reportaran
beneficio personas en situación de vulnerabilidad derivada de la dificultad
para completar las semanas de cotización indispensables para acceder
individualmente a una pensión de vejez y, para “poder beneficiar a ese grupo de
afiliados en el RPM, se optó por la necesidad de restringir la posibilidad de
reclamar la pensión familiar a la clasificación de las parejas de cónyuges o
compañeros en los niveles 1 y 2 del SISBEN”, a lo que se sumó “la limitación de
la mesada a un monto no superior a 1 SMLMV”, todo bajo el propósito de que “los
subsidios estatales que se requieren para garantizar la pensión familiar en el
RPM, no ascendieran a un monto insostenible y se focalizaran en la población
más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico”[28].
La Corte encontró ajustadas a la Constitución la
posibilidad de que solo las parejas clasificadas en los niveles 1y 2 del SISBEN
puedan ser beneficiarias de la pensión familiar y la limitación del monto de
esa prestación a un salario mínimo legal vigente, tras considerar que responden
a importantes finalidades de índole constitucional y que son adecuadas como
medidas orientadas a la consecución de esos fines[29].
Respecto de la exigencia de que cada beneficiario
de la pensión familiar haya cotizado a los 45 años de edad el 25% de las
semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, se acaba de explicar
que hay fines constitucionales que avalan la medida y resta examinar, por lo tanto,
si esta exigencia constituye medio idóneo para concretar esos fines que
comprenden la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, la ampliación progresiva de la seguridad social en pensiones y el
aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones
particularmente en el régimen de prima media.
6.2. La adecuación de la medida establecida en
el literal demandado a las finalidades constitucionales perseguidas
La pensión familiar, en general, pretende la ampliación
de la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones y esta finalidad,
vista en abstracto, tiene gran respaldo constitucional, pero el problema radica
en la interactuación de las otras dos finalidades constitucionales que se han
identificado, en la medida en que su recíproca relación contribuye a hacer más
concreto el propósito de sumar beneficiarios al sistema pensional.
Ciertamente la sostenibilidad financiera que debe
ser preventivamente asegurada para evitar el desbarajuste económico de los
regímenes pensionales y para el caso que ocupa a la Corte, especialmente el
régimen de prima media, tiene que ser conciliada con las exigencias del derecho
a la igualdad, que presenta una especial implicación en el evento analizado,
pues dirigiéndose la pensión familiar a personas en situación de
vulnerabilidad, la escasez de los recursos públicos destinados al gasto social
hace que aun entre los sectores poblacionales merecedores de protección tenga
que operar una selección, para que la nueva prestación llegue a quienes,
necesitándola efectivamente, estén en condiciones de aportar en alguna
proporción al régimen de prima media que se nutre de cotizaciones, y esto
habida cuenta de que, según la Constitución, la ampliación progresiva de la
seguridad social está a cargo del Estado, pero con la colaboración de los
particulares y de que el sistema de pensiones precisa de la afiliación y de los
aportes de los usuarios.
El vínculo con el sistema de seguridad social en
pensiones va delimitando el grupo poblacional beneficiario de la pensión
familiar, puesto que para acceder a esa prestación se requiere cumplir los
requisitos para adquirir el derecho a la devolución de saldos en el sistema de
ahorro individual con solidaridad y cumplir los requisitos para adquirir el
derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el sistema de
prima media con prestación definida.
De otra parte, la caracterización de la
vulnerabilidad de esas personas también contribuye a delimitar el grupo de
beneficiarios y en este sentido, desde la presentación del proyecto que después
se convirtió en la Ley 1580 de 2012 se puso de manifiesto que “en Colombia un
gran sector de trabajadores cuentan con la edad para la jubilación, cumpliendo
así uno de los requisitos para acceder a la pensión; sin embargo, por la
flexibilidad de los contratos de trabajo, o del desempleo, entre otros
factores, dichas personas no llegan a completar las semanas de cotización
exigidas o el capital mínimo ahorrado, truncando de esta manera el anhelo de
todo trabajador de gozar de una pensión de jubilación para poder hacer frente a
la vejez”[30].
La pensión familiar, fue pensada como prestación
para beneficiar “a los actuales cotizantes del sistema que habían perdido la
esperanza de aspirar a disfrutar una pensión durante la vejez y de esta manera
mejorar la calidad de vida de las familias colombianas”, abriéndose así “la
posibilidad de que muchas personas que han cotizado al Régimen de Prima Media
se puedan pensionar sin haber cumplido los requisitos actuales en forma
separada, pero sí en conjunto sumando los del esposo y de la esposa o
compañero(a) permanente”, siendo, entonces, esta pensión familiar “la
resultante de sumar los requisitos acumulados por ambos cónyuges o compañeros
permanentes durante su vida laboral, pero que por separado son insuficientes, y
así adquirir, vía la agregación de las partes, un solo derecho”[31].
Fuera de que en lo transcrito ya se percibe la
diferencia entre la pensión de vejez y la familiar, así como entre los
distintos aspirantes a obtener una u otra prestación, es menester destacar aquí
que la identificación de los beneficiarios de la pensión familiar, si bien
parte de esta caracterización general, se vale todavía de mayores filtros para
lograr una delimitación del grupo poblacional favorecido, de modo que sea
compatible con la aplicación del criterio de sostenibilidad financiera del
sistema de pensiones y con la focalización del gasto social hacia las personas
o grupos más vulnerables.
En el caso del régimen de prima media, entre los
requisitos que van especificando el grupo de beneficiarios de la pensión
familiar se encuentra la ya mencionada clasificación en los niveles 1 y 2 del
SISBEN, así como la limitación del monto de la pensión a un salario mínimo
legal mensual vigente y, desde luego, el consistente en que cada beneficiario
haya cotizado a los 45 años de edad, el 25% de las semanas requeridas “para
acceder a una pensión de vejez de acuerdo a la ley”.
Estos requisitos adicionales, que surten un efecto
de delimitación e identificación del grupo de personas beneficiarias, suelen
ser objeto de cuestionamientos desde el punto de vista del derecho a la
igualdad, precisamente porque reducen el número de beneficiarios de una
prestación a la que, normalmente, aspiran más personas también situadas en
situación de vulnerabilidad y que, pese a ello, quedan por fuera del grupo
favorecido, a causa de la escasez de recursos y de la urgencia de mantener la
sostenibilidad financiera de un sistema como el de seguridad social en
pensiones.
El riesgo de dar lugar a una discriminación que
afecte a personas vulnerables y de crear privilegios, recurrentemente se cierne
sobre las medidas que, de alguna manera, constituyen criterios de selección de
los beneficiarios de una prestación que comprometa los recursos insuficientes
del gasto social y, por eso, la Corte ha insistido en que la distribución de
esos bienes limitados debe atenerse a los requerimientos de la igualdad
mediante la garantía del acceso de los interesados al proceso de identificación
de los beneficiarios, la observancia estricta de los procedimientos
establecidos con tal finalidad y la adopción de criterios distributivos acordes
con las características de los bienes por repartir y a las necesidades o
aspiraciones que se espera satisfacer[32].
En este sentido, “si parte de los recursos escasos
que deben ser destinados a promover la igualdad real y efectiva y evitar
violaciones constantes de los derechos de millones de colombianos que deben
vivir por debajo de la línea de pobreza, se destina a un sector determinado o a
un solo segmento de la población, en natural detrimento de otro, las
autoridades competentes deberán demostrar que la medida respeta el principio de
igualdad y no están destinadas a generar privilegios”, por lo cual “cualquier
autorización para asignar recursos escasos debe asegurarse de que el proceso se
soporte en argumentos objetivos, razonables y proporcionados”[33].
No sobra recordar que la asignación de recursos
públicos para el pago de pensiones tiene su explicación en que, aun cuando los
afiliados hacen aportes, en el régimen de prima media con prestación definida
siempre que la deficiencia financiera impida la sostenibilidad del sistema, el
Estado asegura el pago oportuno y el reajuste de las pensiones mediante
subsidios implícitos, lo que, tratándose de una pensión como la familiar
adquiere especial significación, pues, conforme se ha anotado, en el régimen de
prima media la pensión familiar “demanda un mayor subsidio estatal que la
pensión de vejez debido a la menor fidelidad al sistema de los cónyuges o
compañeros”[34].
Hecha esta aclaración, se detiene la Corte en la
medida prevista en el literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993 y a
fin de desentrañar la función que el legislador le asignó respecto del
propósito de conciliar la ampliación de la cobertura pensional con el
aseguramiento de la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en
pensiones, la Corporación se detendrá en los antecedentes de la Ley 1580 de
2012, mediante la cual se creó la pensión familiar.
Ya la Corte, al rastrear en esos antecedentes, tuvo
ocasión de verificar que en la exposición de motivos del proyecto inicial se
exigían pocos requisitos para acceder a la pensión familiar en el régimen de
prima media, pues además de la afiliación de los miembros de la pareja al mismo
régimen, del cumplimiento de los requisitos para reclamar individualmente la
indemnización sustitutiva, de la acreditación de la edad mínima de jubilación y
de acreditar una convivencia de al menos 5 años, “se señalaba que la pensión
familiar en este régimen se determinaría con base en el promedio del salario de
los últimos 10 años sobre el cual hubiera aportado el cónyuge o compañero con
mayor número de semanas cotizadas”[35].
En relación con esta iniciativa, con fecha 13 de
septiembre de 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un
concepto en el que hacía ver su inconveniencia “tanto desde el punto de vista
constitucional, como de la incidencia negativa que la misma puede tener en el
orden de las finanzas públicas, de la estabilidad macroeconómica del país por
el desequilibrio financiero que se ahonda aún más en el Sistema General de
Pensiones, aspecto este último que en nuestro concepto lo convierte en
inconstitucional a la luz de lo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005”[36].
Tras recordar que el mismo proyecto ya había sido
presentado en la legislatura correspondiente a los años 2008 y 2009, el
Ministerio se remitió a un concepto entonces presentado junto con el
Departamento Nacional de Planeación, y en el cual se advertía “sobre la
inconveniencia e impacto fiscal de esta iniciativa legislativa”, ya que “al
extender el reconocimiento de pensiones a los cónyuges y compañeros permanentes
que inicialmente solo tienen derecho a la indemnización sustitutiva del Régimen
de Prima Media con prestación, dispuesta en el artículo 37 de la Ley 100 de
|993, el pasivo pensional aumenta cerca de cinco veces por cada pensión familiar
que se reconozca”[37].
En el concepto se agregaba que “la evolución del
déficit por efecto de esta iniciativa muestra que en los próximos 10 años se
generaría un faltante acumulado de recursos cercano al 3.03% del PIB, es decir
$9.12 billones a precios de 2010, el cual no está incluido en las previsiones
del Marco Fiscal de Mediano Plazo” y se expresaba que aun cuando la iniciativa
vuelta a radicar en 2010 contenía como requisito de la pensión familiar la
acreditación de más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente,
ese añadido “si bien puede reducir el impacto financiero de la presente
iniciativa legislativa (…), no implica un cambio sustancial en las dimensiones
fiscales del presente proyecto de ley”[38].
La insuficiencia del nuevo requisito para reducir
el impacto fiscal mantuvo en el Ministerio la convicción acerca de la
inconveniencia del proyecto, aunque también suscitaba entre los partidarios de
crear la prestación la posibilidad de acoplar el proyecto a los requerimientos
constitucionales de sostenibilidad financiera, para hacer factible la pensión
familiar, sin detrimento del equilibrio económico del sistema pensional y de las
finanzas públicas.
En cuanto a la inconveniencia, en el tercer debate
que se surtió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, intervino
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien, según la síntesis que hizo la
Corte, aseveró que el proyecto era inconveniente por las siguientes razones:
“(i) creación de un incentivo para la acumulación de semanas de cotización
entre personas que no son auténticos cónyuges o compañeros permanentes, (ii)
generación de un subsidio estatal del 77% para financiar la pensión familiar, y
(iii) destinación del subsidio a las clases media y alta, las clases que pueden
cotizar al sistema de pensiones -efecto adverso desde el punto de vista de la
justicia social-”[39].
En lo relativo a la variación del proyecto para
tornarlo acorde con la sostenibilidad fiscal es notable que ese propósito solo
podía hacerse viable mediante la introducción de mecanismos que redujeran el
número de eventuales beneficiarios y que, adicionalmente, enfocaran el gasto público
hacia personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población
que no habían alcanzado a cotizar en los niveles necesarios para obtener
individualmente una pensión de vejez. En esta dirección, durante la sesión de
la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes celebrada el 2 de mayo de
2012, los congresistas Yolanda Duque Naranjo, Didier Burgos Ramírez, Elías Raad
Hernández y Armando Zabaraín D’Arce presentaron algunas proposiciones
modificativas al artículo 3º del proyecto, referente a la pensión familiar en
el régimen de prima media, entre las que se encuentra la introducción del
requisito consistente en que cada beneficiario de la pensión familiar haya
cotizado a los 45 años de edad, el 25% de las semanas requeridas para acceder a
una pensión de vejez, requisito aprobado, junto con otros, en la Comisión[40]
y posteriormente acogidos por la plenaria de la Cámara de Representantes[41]
y por el Congreso durante el trámite de la conciliación[42].
La explicación del alcance de este requisito se
vale de datos provenientes de evidencia empírica y de análisis que tienen como
referente los requisitos de edad y de cotización indispensables para acceder a
una pensión de vejez. Es sabido que en la actualidad el acceso a la pensión de
vejez se logra con 1300 semanas de cotización, a los 62 años de edad en el caso
de los hombres y a los 57 tratándose de las mujeres.
Con fundamento en estos requisitos de cotización y
de edad resulta posible efectuar proyecciones acerca de la posibilidad que
tenga una persona de obtener el reconocimiento de su pensión al cumplir la edad
legalmente requerida dependiendo del número de semanas que tenga cotizadas a
determinada edad. Esas proyecciones pueden arrojar como resultado que, de
acuerdo con la regularidad con que se haya cotizado, la persona estará más
cerca o más lejos de acceder a la pensión.
Respecto de la pensión familiar el legislador ha
tomado la edad de 45 años como límite para determinar las posibilidades que
tenga una persona de lograr la pensión de vejez, según el porcentaje de semanas
que a esa edad tenga cotizadas. En este sentido la intervención de ASOFONDOS
hace ver que, por lo menos, tres situaciones pueden presentarse, a saber: (i)
personas menores de 45 años que pueden seguir cotizando para alcanzar
individualmente la pensión de vejez, (ii) personas mayores de 45 años que han
cotizado esporádicamente y en porcentaje inferior al 25% de las semanas
requeridas para acceder a una pensión de vejez y (iii) personas que a los 45
años han cotizado el 25% de las semanas necesarias para obtener la pensión de
vejez, grupo este último al que el precepto censurado protege mediante la
posibilidad de acceder a la pensión familiar en lugar de indemnización
sustitutiva a la que tendrían derecho en el régimen de prima media.
Según los datos que el Ministerio de Trabajo ha
aportado en su intervención, “el 25% de las semanas requeridas actualmente para
causar el derecho a la pensión equivale a 325 semanas, es decir un poco más de
6 años, por lo que individualmente si a los 45 años de edad solo contaran con
esa densidad de semanas, no podrían aspirar a pensionarse al cumplimiento de
las edades mínimas fijadas en la ley, considerando una fidelidad plena al
Sistema a partir de dicha edad”.
ASOFONDOS, por su parte, explica que a quien a los
45 años no haya cotizado “le sería fácticamente imposible alcanzar 1300 semanas
antes de cumplir los 62 años si es hombre o los 57 si es mujer, así empezara a
cotizar regularmente en ese momento”, porque para tener las 1300 semanas se
necesitan “25 años continuos de cotización y estas personas no podrían alcanzar
tal cifra antes de los 87 años (si es hombre) o de los 82 (si es mujer)”.
Con la idéntica lógica, si una persona a los 45
años ha cotizado al menos el 25% de las semanas requeridas para pensionarse en
el régimen de prima media, eso significa que “hasta ese momento solo ha logrado
cotizar en promedio 3 meses a año” y que, por lo tanto, “es poco probable que a
partir de esa edad cada uno de los miembros de la pareja por si solo alcance a
cotizar las semanas que le hacen falta antes de alcanzar la edad de pensión”,
pero “tal exigencia resulta razonable cuando se suman los esfuerzos de los dos
miembros de la pareja” y “dado que la pareja debe completar las 1300 semanas
exigidas en el RPM para obtener una pensión mínima, una exigencia menor de
semanas haría imposible contar con tal requisito”.
Así pues, de acuerdo con las posibilidades de
acceder a una pensión, individual o conjuntamente, no es irrelevante la
fijación del límite de edad en los 45 años y tampoco exigir que a esa edad cada
uno de los beneficiarios de la pensión familiar haya cotizado el 25% de las
semanas necesarias para tener acceso a una pensión de vejez, pues como lo
señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su intervención, “con la
aplicación del requisito de cotizar 25% de las semanas antes de los 45 años se
busca eliminar conductas que implican cotizar solo con el tiempo justo para
cumplir las semanas mínimas, lo cual representa que en el Régimen de Prima
Media se pierdan los rendimientos de los recursos de las cotizaciones”, de ahí
que “si se permite que los afiliados coticen únicamente al final de la carrera
laboral, el subsidio de la pensión familiar es del 88% para pensiones de
salario mínimo, en tanto que con la aplicación del requisito de 25% de las
semanas, que dispone la Ley 1580, resulta un subsidio del 63.8%, es decir un
13% inferior al que se otorgaría si las cotizaciones se realizaran al final de
la vida laboral”, luego “de eliminarse este requisito, el impacto fiscal para
el régimen de prima media variaría entre 07 y 2.7 del PIB dependiendo del
porcentaje de pensiones que no cumplan con el requisito del 25% de semanas
cotizadas antes de los 45 años”.
Según el Ministerio, no puede, entonces,
desincentivarse “la cotización a edades medias o tempranas”, porque ello
repercute en “la financiación del sistema en general” por la multiplicación del
nivel de los subsidios que “incentiva a los individuos a maximizarlos,
generando un esquema de menor fidelidad y mayores subsidios, el cual resulta
insostenible”.
Conforme lo ha sostenido la Corte, “el régimen de
prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual
como el de los seguros privados sino, todo lo contrario, se trata de un régimen
legal que de alguna manera se asienta en el principio contributivo en el que
los empleadores y el mismo Estado participan junto con los trabajadores con los
aportes que resultan determinantes en la cuantía de la pensión”[43],
siendo  por ello explicable que además la edad y del número de semanas
cotizadas en ocasiones se exija un periodo de fidelidad que al concretar las
obligaciones del afiliado con el sistema, le permita al Estado cumplir, de la
mejor manera posible y en atención a las limitaciones propias del gasto social,
las que le corresponden en relación con la seguridad social en pensiones.
Ya la Corporación ha tenido ocasión de explicar, a
propósito de la pensión familiar, que en el régimen de prima media “los
periodos de fidelidad son un criterio determinante del cálculo actuarial de la
pensión –suma de dinero que se requiere para financiar la pensión, una vez se
reconoce- pues a menor continuidad de las cotizaciones, menores rendimientos de
capital”, a lo que “se suma el problema de la desfinanciación del fondo común
para el pago de las pensiones activas”, de modo que aunque es cierto que “para
reclamar las pensiones familiar y de vejez en el RPM se necesita el mismo
número de semanas de cotización”, no es indiferente que las cotizaciones las
haga un individuo o una pareja, ya que en el caso de la pensión familiar son
inferiores los periodos de fidelidad de los miembros de la pareja y, por
consiguiente, el subsidio estatal debe ser mayor[44].
La desaparición del requisito contemplado en el
literal demandado, tendría por efecto la generación de un privilegio, porque,
conforme se afirma en la intervención de ASOFONDOS, a falta de esta exigencia
se permitiría que “personas que no han contribuido con cierta fidelidad al
sistema accedan a un beneficio estatal oneroso, lo cual resulta inequitativo y
pone en riesgo la efectividad de los derechos pensionales de quienes sí han
contribuido de manera suficiente a la sostenibilidad del Sistema General de
Pensiones”.
La Corte encuentra que la medida consistente en
exigir que para obtener una pensión familiar es menester que a los 45 años de
edad cada beneficiario haya cotizado el 25% de las semanas requeridas para
acceder a una pensión de vejez es adecuada para satisfacer el fin
constitucional de ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social en
salud en armonía con las finalidades superiores de preservar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional y de promover la igualdad real y efectiva
mediante la identificación de un grupo de beneficiarios vulnerable y merecedor
de recibir el subsidio implícito en el régimen deprima media sin crear
discriminación o beneficio contrario a la debida asignación de recursos
públicos escasos.
De conformidad con el nivel intermedio del juicio
de constitucionalidad que se ha aplicado, procede reiterar que “solo en
aquellos casos en los cuales una ley que establezca un derecho prestacional
consagre un trato discriminatorio, o vulnere concretos y específicos mandatos
constitucionales, puede la Corte formular el correspondiente reproche”, pues
“salvo en estos específicos eventos, la configuración más o menos amplia, de tales
derechos, o la forma en la cual han de ser liquidados, o los requisitos que se
establecen para acceder a los mismos, son asuntos que hacen parte de la órbita
del poder  legislativo”[45].
En concordancia con lo precedente, la Corporación
ha insistido en que “cuando una regulación se relaciones con la atribución de
dirección e intervención del Estado en la economía (C.P. art. 334), incluyendo
en ella toda le legislación referente al derecho y al servicio público de la
seguridad social, que no afecten derechos constitucionales fundamentales (C.P.
arts. 48 y 365), el juez constitucional deberá respetar las razones de
conveniencia invocadas por los órganos de representación política y, por lo
mismo, solamente le resulta viable decretar la inexequibilidad de una norma
cuando ésta resulte inconstitucionalmente manifiesta”[46].
7. Conclusión
Como consecuencia de todo lo anterior, por los
cargos analizados, la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará la
exequibilidad del literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993,
introducido por la Ley 1580 de 2012, ya que, la pensión de vejez y la familiar
no son en estricto sentido comparables, como tampoco lo son sus respectivos
grupos de beneficiarios, fuera de lo cual, en este caso el grado de la facultad
de configuración del legislador es amplio y da lugar a la aplicación de un
nivel intermedio de escrutinio constitucional, cuyos resultados permiten
sostener que la medida demandada persigue fines constitucionales como la
ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, la
promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, particularmente en el régimen
de prima media con prestación definida, fines todos que son adecuadamente
atendidos por el requisito consistente en que para acceder a la pensión familiar
se precisa de que cada uno de los beneficiarios haya cotizado antes de los 45
años de edad el 25% de las semanas requeridas para obtener una pensión de
vejez, toda vez que contribuye a identificar un grupo vulnerable y merecedor de
que hacia él se enfoque el gasto público social, merced a la asunción pública
del subsidio implícito con que el Estado contribuye al pago y al reajuste de
las pensiones en el régimen de prima media, ante la insuficiencia de las
cotizaciones y de sus rendimientos.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
analizados en esta Sentencia, el literal l) del artículo 151C de la Ley 100
de 1993, introducido por la Ley 1580 de 2012, “Por la cual se crea la pensión
familiar”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Y
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA
C-134/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Juicio de constitucionalidad ha debido ser estricto y, en aplicación
del mismo, la disposición controlada ha debido declararse inexequible con
efectos diferidos (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-10934
Demandante: José Rafael Flórez
Montaña
Asunto: Acción pública de
inconstitucionalidad contra el literal l) del artículo 151C de la Ley 100 de
1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, “Por la cual se crea la pensión
familiar”
Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
Con el debido respeto por las decisiones de la
Corte, salvamos el voto.
1. La norma demandada prevé una restricción
para que las personas de los niveles 1 y 2 de Sisben accedan a una pensión de
vejez, denominada pensión familiar. En virtud suya, los potenciales
beneficiarios de esta prestación, que a los 45 años de edad no hayan cotizado
el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez en el
régimen de prima media, no podrán adquirir la pensión familiar. La mayoría de
la Corte definió la constitucionalidad de esta disposición con arreglo a un
escrutinio intermedio. Sostuvo, por tanto, que bastaba con mostrar que la
medida perseguía finalidades importantes de orden constitucional, y que era “adecuad[a]
para cumplir esos fines”. En consecuencia, señaló que con el precepto
demandado se buscaba ampliar la cobertura del sistema de seguridad social en un
marco de sostenibilidad fiscal, pues la desaparición de esa previsión del orden
jurídico podría acarrear un impacto fiscal de entre el 0.7 y el 2.7% del PIB,
dependiendo del porcentaje de pensiones que deban pagarse por este motivo, y
que para evitar adecuadamente esa consecuencia se justifica la conservación de
esta norma legal en el orden jurídico. Los suscritos magistrados salvamos el
voto, en esta ocasión, toda vez que en nuestro concepto el juicio de
constitucionalidad ha debido ser estricto y, en aplicación del mismo, la
disposición controlada ha debido declararse inexequible, con efectos diferidos.
2. Discrepamos en primer lugar de que la Corte
hubiese sometido la norma cuestionada a un juicio intermedio de validez. Este
nivel de escrutinio es el acostumbrado para medidas que no interfieren
en el goce efectivo de un derecho fundamental, o que se limitan a ampliar
objetivamente su alcance.[47]
En cambio, cuando la Corte se enfrenta a una medida que restringe objetivamente
el acceso a un derecho fundamental, y además recae sobre un grupo que pertenece
a niveles 1 y 2 de la población, se ha sostenido que debe aplicar el nivel más estricto
del juicio.[48]
Por lo mismo, el precepto bajo examen, en tanto limita el acceso a una
prestación de la cual depende el derecho fundamental a la seguridad social en
pensiones, y recae sobre personas en edades avanzadas que pertenecen al SISBEN,
debía ser el más estricto. Ciertamente, en esta ocasión estábamos ante un caso
especial, que ameritaba singular prudencia, pues con estas características se
regula la pensión familiar, que es una prestación especial prevista como
acción afirmativa en beneficio de las personas que por su condición económica
están en circunstancias de debilidad manifiesta. No obstante, en nuestro
concepto, esto no hacía desaparecer la necesidad de un control estricto sobre
la disposición, pues lo que está en juego es no solo la dignidad de las
personas más pobres cuando llegan a la vejez, sino su subsistencia misma, su
mínimo vital. Por la trascendencia fundamental de sus implicaciones, se
justificaba el más elevado nivel de control constitucional.
3. Al enjuiciar la norma demandada con un nivel de
rigor apenas intermedio, la mayoría de la Corte acepta que las medidas
legislativas especiales, con las cuales se busca garantizar la supervivencia de
los más vulnerables, pueden contemplar restricciones innecesarias y desproporcionadas
para acceder a sus beneficios, ya que el juicio intermedio se caracteriza
precisamente por no exigir que las medidas se ajusten a los requisitos de
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Esta tesis quizás se
justifique en el control de otras restricciones para acceder al goce efectivo
de acciones afirmativas, como ocurre por ejemplo cuando la acción afirmativa se
orienta hacia a asegurar el acceso a cursos de posgrado o a financiar proyectos
deportivos. Pero resulta injustificado cuando se restringe la adquisición de
una prestación mínima para la subsistencia de las personas de la tercera edad
en condiciones superlativas de pobreza. Esta decisión equivale a sostener que
un grupo vulnerable de la población puede verse desprovisto por decisión legal
de una prestación mínima para subsistir en su vejez, aunque haya otras medidas
que eviten esa consecuencia y logren el mismo fin, y aunque los sacrificios
irrogados sean superiores a los beneficios obtenidos. Discrepamos de que esa
sea una lectura plausible de la Constitución. En un orden constitucional cuya
legitimidad se funda en el respeto de la dignidad humana y que busca asegurar
la vigencia de un orden justo (CP arts 1 y 2), el legislador no puede
contemplar restricciones para el acceso a una prestación fundamental, que
supongan un riesgo objetivo para la supervivencia de los más débiles en su
vejez, a menos que esto resulte estrictamente indispensable y proporcionado. Lo
cual solo se puede garantizar con un juicio estricto de proporcionalidad sobre
la medida.
4. Pero la Corte en este caso no solo aplicó el
juicio intermedio de constitucionalidad, en vez del estricto, sino que además
desarrolló el control con argumentos que resultan a nuestro juicio
insostenibles. La mayoría de esta Corporación registra con receptividad, dentro
de sus consideraciones, el razonamiento de acuerdo con el cual la medida se
justifica en parte porque a quien  no ha comenzado a cotizar a los 45 años de
edad, “le sería fácticamente imposible alcanzar 1300 semanas antes de
cumplir los 62 años si es hombre o los 57 si es mujer, así empezara a cotizar
regularmente en ese momento”. Esta situación, que demuestra un riesgo
objetivo para algunas personas de no alcanzar individualmente su pensión de
vejez, es uno de los motivos que emplea la Corte para sustentar la conclusión
de que es entonces constitucional restringirles además el acceso a la
pensión familiar. Es decir, que para admitir la norma acusada, se considera
como conducente el hecho de que a quienes se ven perjudicados por la
restricción que ella contiene les resulta “fácticamente imposible”
obtener una prestación homóloga (con la misma función), como es la pensión de
vejez. En nuestro concepto, en contraste, antes que coadyuvar a la
constitucionalidad de la disposición, esa constatación era una prueba de que la
norma demandada desconocía los derechos fundamentales a la vida y la dignidad
humana (CP arts 1 y 11), toda vez que quien no reúne el requisito demandado no
solo queda entonces desprovisto de la pensión de vejez, sino además de la
pensión familiar y, así, queda desprotegido en su mínimo vital durante una de
las etapas de mayor vulnerabilidad.
5. La Corte también admite que el requisito
cuestionado busca “eliminar conductas que implican cotizar solo el tiempo
justo para cumplir las semanas mínimas”, y considera aceptable además
sostener que si se elimina la disposición demandada, se incentivaría a los
individuos a reducir su fidelidad al sistema, lo cual a su turno maximizaría
los subsidios, con un impacto fiscal creciente. Sin duda, ambos puntos son
plausibles. Sin embargo, la posición mayoritaria pasa por alto que no todos los
que empiezan a hacer aportes a los 45 años de edad, o que efectúan hasta ese
periodo un número de cotizaciones inferior al 25% de las semanas requeridas
para obtener la pensión de vejez, actúan deliberadamente o con el fin de
defraudar el sistema. En ciertos casos, el trabajo doméstico, o desarrollado en
contextos de alta informalidad ocupacional, supone para quienes trabajan la
práctica ausencia de cotizaciones durante periodos prolongados de su vida
laboral. Los incentivos de cotización temprana funcionan para quienes tienen la
posibilidad de ajustar a ellos su conducta. Pero el problema de la población
beneficiaria de la pensión familiar es que en muchos casos no depende de su
voluntad decidir si cotizan o no, sino que esta condición les viene impuesta
por el medio. De tal suerte, la insatisfacción del requisito cuestionado puede
precisamente afectar a quienes, dentro de los niveles 1 y 2 del Sisben, deciden
voluntariamente no cotizar a pensiones desde temprano. Para ellos, la norma
acusada crearía un desincentivo útil. Pero para quienes no deciden
abstenerse de cotizar, sino que se abstienen de hacerlo porque no tienen otras
opciones, la disposición demandada constituye otra injusta carga -consistente
en dejarlos desprovistos de una pensión mínima para subsistir en su vejez-,
adicional a la de estar en niveles superlativos de pobreza y trabajar en un
mercado altamente informal.
6. Un juicio estricto habría supuesto comenzar por
admitir que, con la norma acusada, el legislador buscaba ciertamente ampliar la
cobertura de la seguridad social en pensiones, en un marco de sostenibilidad
fiscal, y que como medida la disposición legal demandada era efectivamente
conducente a ese objetivo. No obstante, en nuestro concepto esa previsión no
era estrictamente necesaria. Ese mismo propósito puede obtenerse por otros
medios menos onerosos para el mínimo vital de las personas ubicadas en los
niveles 1 y 2 del Sisben que tienen la edad para pensionarse por vejez. Por
ejemplo, en desarrollo del principio de solidaridad, que exige asumir como
propias causas que son de otros, podría maximizarse la cobertura del sistema de
seguridad social en pensiones, sin perjudicar la sostenibilidad fiscal, por la
vía de incrementar las cargas de contribución –fiscal o parafiscal- de quienes
más tienen, en vez de establecer restricciones singulares para pensionarse a
los más pobres. La norma legal enjuiciada tampoco era proporcionada en sentido
estricto, porque busca evitar un impacto fiscal en la cobertura de la seguridad
social, al precio de sacrificar el mínimo vital de un grupo de personas en
condiciones superlativas de pobreza, siendo posible aliviar ese impacto con
otras medidas. Desde luego, la decisión de declarar inexequible la decisión
podía acarrear un impacto fiscal. Sin embargo, no se demostró que fuera
inatendible por otros medios. Por lo cual, el sacrificio fiscal habría podido
ser un argumento para modular los efectos de la decisión en el tiempo, y
diferirla entonces por un periodo mientras se obtuvieran los recursos
necesarios para financiarla. De ese modo, la Corte habría podido respetar la
sostenibilidad fiscal, sin admitir un menoscabo cierto contra uno de los
derechos más fundamentales de las personas vulnerables, que es el de contar con
una subsistencia digna en su vejez.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-134/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Exigencia de haber cotizado a los 45 años
de edad el 25% de semanas requeridas para pensión de vejez debió ser declarada
inexequible (Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Debió
aplicarse un juicio estricto dada la restricción al disfrute de un derecho
fundamental que afecta los derechos de la población perteneciente a los niveles
más pobres de la sociedad (Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Exigencia de haber cotizado a los 45 años de
edad el 25% de semanas requeridas para pensión de vejez es innecesaria y desproporcionada
(Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado a las
sentencias adoptadas por la Corte, manifiesto mi salvamento de voto frente a lo
decidido por la Sala Plena en el fallo C-134 del 16 de marzo de 2016 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa oportunidad, la Corte declaró
exequible por los cargos analizados, el literal 1) del artículo 151C de la ley
100 de 1993, introducido por la Ley 1580 de 2012 "por la cual
se crea la pensión familiar". Lo anterior tiene como fundamento las
razones que a continuación expondré.
1.     La mayoría
concluyó que el requisito de fidelidad que se impone a los dos cónyuges o
compañeros permanentes para acceder a la pensión familiar en el régimen de
prima media con prestación definida, consistente en que cada beneficiario haya
cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas para tener
derecho a la pensión de vejez de acuerdo con la ley, se ajusta a la
Constitución por cuanto no desconoce los derechos a la igualdad y a la
seguridad social (arts. 13 y 48 de la CP). Para tal fin, señaló que la medida
es razonable y justificada a partir de la aplicación del juicio de
igualdad en el nivel de escrutinio intermedio, el cual
seleccionó aduciendo que la medida se orienta a personas en condiciones de
vulnerabilidad frente a quienes opera como acción afirmativa, sumado a que ya
esta Corporación había aplicado un test intermedio en la sentencia C-613 de
2013 que analizó unos artículos de la ley de pensión familiar.
A partir de la aplicación del juicio, la
sentencia C-134 de 2016 se enfocó en analizar que el fin perseguido fuese
constitucionalmente importante y que el medio elegido fuese efectivamente
conducente para alcanzar el fin. Frente a lo primero, concluyó que el requisito
de fidelidad en pensión familiar tiene varios fines
constitucionales importantes: (i) promover las condiciones para la igualdad
real y efectiva; (ii) la ampliación progresiva de la seguridad
social en pensiones; y, (iii) el aseguramiento
de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones particularmente en el
régimen de prima media, por cuanto a través del cálculo actuarial se dan el
conjunto de variables económicas para las cuales es indispensable los periodos
de fidelidad con miras a la sostenibilidad fiscal. Y respecto a que la medida
sea adecuada para alcanzar tales fines, la Corte estimó que sí es adecuada porque permite
operar como filtro para conciliar la sostenibilidad fiscal con la igualdad real
y efectiva de cobertura en seguridad social, sumado a que quien a las 45 años
no ha cotizado el 25% de las semanas exigidas, ya no tiene expectativa de
pensionarse de forma individual por vejez toda vez que no alcanzaría a cotizar
las 1300 semanas requeridas. Además, identificó que la medida debía conservarse
en el ordenamiento jurídico para evitar el impacto fiscal de entre el 0.7 y el
2.7% del PIB.
2.   Contrario a lo
expresado por la Sala, considero que el literal 1) del artículo 151C de la ley
100 de 1993 debió ser declarado inexequible porque implica una restricción
objetiva que impide que personas en condiciones de
vulnerabilidad puedan disfrutar del reconocimiento de la pensión familiar,
habida cuenta que se trata de una prestación diseñada para que sus
beneficiarios sean aquellas personas que se encuentren clasificadas en los
niveles 1 y 2 del Sisbén[49], es decir, quienes se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta debido a su alta vulnerabilidad o son
marginados debido a su extrema pobreza.
De esta forma, estimo que la sentencia
C-134 de 2016 debió aplicar un juicio estricto[50]
dada
la restricción al disfrute de un derecho fundamental que afecta los derechos de
la población perteneciente a los niveles más pobres de la sociedad. No se
trataba de juzgar la acción afirmativa denominada pensión familiar desde un
contexto general, sino una limitante específica impuesta por el
legislador a título de requisito de fidelidad que sacrifica la seguridad social
en pensiones de un grupo de personas que por regla general trabajan en la
informalidad, carecen de recursos económicos para cotizar como independientes
al sistema de prima media con prestación definida, y acceden de forma tardía al
mercado laboral dadas las complejidades de la situación socioeconómica que
enfrentan. Esa restricción sin duda impide el disfrute de una prestación mínima
de subsistencia en la vejez.
En mi criterio, como en el juicio
estricto los elementos del análisis de constitucionalidad con más exigentes, la
sentencia de la cual me aparto debió analizar si la medida (i) perseguía un fin
legítimo o constitucionalmente válido, pero además imperioso; (ii) si el medio
escogido era adecuado y conducente para alcanzar el fin, pero además necesario
al punto de no poder ser reemplazado con un medio alterno menos lesivo; y,
(iii) si la medida era proporcionada en sentido estricto con el fin de
determinar si los beneficios resultantes de la norma exceden las limitaciones a
los valores y principios involucrados[51].
Al respecto, como lo señaló la mayoría de
la Corte, la restricción que impuso el legislador para acceder a la pensión
familiar persigue como fin legítimo e importante ampliar la cobertura del
sistema pensional bajo el mandato constitucional de la sostenibilidad
financiera del sistema. No obstante, advierto que la medida si bien puede ser
adecuada para alcanzar el fin, lo cierto es que no es
indispensable porque podía ser reemplazada con otros medios
alternativos menos lesivos y cercenadores del derecho a la seguridad social que
le asiste a la población vulnerable. En efecto, se pueden generar mayores
controles para que los cónyuges o compañeros permanentes que unan sus esfuerzos
de cotizaciones en procura de reclamar la prestación familiar no accedan al
beneficio defraudando al sistema cuya sostenibilidad se busca proteger, o
concebir la financiación de la medida afirmativa a través de otras fuentes de
ingresos que focalicen el gasto social al pago subsidiado de esta prestación
sin causar mayor impacto fiscal.
Además de lo anterior, cuando se pone en
la balanza los beneficios de la medida frente a los costos que ella implica,
advierto una tensión entre la sostenibilidad financiera del sistema y el acceso
efectivo a la prestación denominada pensión familiar, caso en el cual considero
que deben privilegiarse los derechos de los más vulnerables para garantizar la
vida digna de las personas de la tercera edad y su mínimo vital, sobre todo
cuando la mesada reconocida por concepto de pensión familiar en ningún caso
puede ser superior 1 smlmv. Así, estimo que la medida es desproporcionada
en sentido estricto porque la importancia de los bienes jurídicos
fundamentales en juego, exceden el criterio netamente económico que impone tal
sostenibilidad, la cual se puede garantizar mediante otros mecanismos que
eviten los factores desestabilizadores con miras a lograr el equilibrio fiscal,
más aún cuando en todo caso, la pareja que busca acceder a la pensión familiar
debe acreditar la cotización conjunta de como mínimo las 1300 semanas exigidas,
es decir, se trata de cotizaciones efectivamente realizadas al sistema y que
contribuyen a su sostenibilidad financiera.
3. Es más, dos de
los argumentos neurálgicos en que se apoyó la mayoría de la Corte, resultan ser
un contrasentido y por el contrario refuerzan la postura de que la medida
legislativa es innecesaria y desproporcionada. Puntualmente me refiero a los
temas de que quien no haya cotizado el 25% de las semanas requeridas (325
semanas sobre la base de las 1300 actualmente exigidas) a los 45 años de edad
le resulta imposible acceder a la pensión de vejez, y que el requisito de
fidelidad impuesto busca eliminar conductas que implican cotizar solo por el
tiempo justo para cumplir las semanas mínimas y disfrutar la prestación durante
la vejez, situación última que representa la pérdida de los rendimientos de los
recursos de las cotizaciones en el régimen de prima media (pág. 36 y 37).
Frente al primer
argumento, advierto que la finalidad que persigue la pensión familiar es
justamente la de permitir que las personas que no cuentan con las semanas
suficientes para acceder a la pensión de vejez, puedan sumar sus esfuerzos con
el cónyuge o compañero permanente, para acreditar las semanas que exige la ley
y poder disfrutar la prestación familiar. Bajo esa óptica, resulta innecesario
exigirle a una persona que cumpla con un requisito de fidelidad en las
cotizaciones al sistema de prima media con prestación definida, pues lo que se
analiza es que la pareja acredite objetivamente el número de semanas cotizadas
requeridas, independientemente de que, por ejemplo, uno de los dos haya
cotizado mayor número de semanas que el otro. Y es que en ese sentido considero
que el requisito demandado resulta perverso por cuanto evalúa la fidelidad al
sistema respecto de los dos cotizantes, pudiendo suceder que uno de ellos a los
45 años de edad tuviera más de 325 semanas cotizadas y el otro incumpliera el
requisito, pero en todo caso sumando los esfuerzos alcanzaran e incluso
superaran las 1300 semanas requeridas. En esos casos, aplicando la norma como
fue avalada por la Corte, la pareja no tendría derecho a la pensión familiar.
El anterior ejemplo me permite sostener
que el requisito acusado además es desproporcional porque afecta la dignidad
humana y los derechos a la vida, el mínimo vital y la seguridad social que deben
protegerse con especial interés respecto de las personas clasificadas en los
niveles 1 y 2 del Sisbén, pues los sacrifica por un factor netamente económico
y de sostenibilidad financiera del sistema que opera como criterio orientador
del mismo, pero que termina afectando derechos fundamentales de población
vulnerable. La conciliación entre esos dos extremos se puede lograr a través de
medidas diferentes a la censurada.
Respecto del segundo argumento, el que la
mayoría de la Corte haya entendido que eliminar el requisito que contempla el
literal demandado tendría por efecto la generación de un privilegio y el
incentivo de cotizar por el tiempo justo para cumplir las semanas mínimas para
acceder a la pensión familiar, me resulta inadmisible constitucionalmente
porque no puede trazarse esa afirmación como una hoja de ruta generalizada de
actuaciones deliberadas y con fines defraudatorios, pues desconoce el postulado
de la buena fe que se presume frente a las actuaciones de los particulares,
según establece el artículo 83 de la Constitución Política. Adicionalmente,
como ya se explicó, la implementación de mayores y efectivos controles pueden
contrarrestar el excepcional ánimo defraudatorio que logren comprobar los
operadores del sistema.
4.
En este orden de ideas, dejo consignados los motivos
de mi disenso pues estimo que eran más los argumentos de índole constitucional
que llevaban a la Corte a declarar la inexequibilidad del literal demandado,
que aquellos que terminaron brindando mayor peso jurídico a la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-134/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Sentencia es contradictoria al sostener que no son comparables los supuestos
enunciados en la demanda para hacer juicio de igualdad y, posteriormente,
adelantar estudio de la medida para verificar si el texto acusado respeta el
artículo 13 de la Constitución (Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Debió adelantarse un juicio leve (Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PENSION FAMILIAR-Correspondía a la Corte estudiar si la norma demandada tenía una finalidad
constitucional (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-10.934
Acción de inconstitucionalidad contra el literal l del artículo 151 c
de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación
presento las razones que me condujeron a aclarar el voto en la sentencia
de la referencia, proferida por la Sala Plena, el 16 de marzo de 2016.
La sentencia C-134 de 2016 estudió una
demanda de inconstitucionalidad contra el literal l del artículo 151 c de la
Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012. Dicha
normativa creó la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación
definida para los cónyuges o compañeros permanentes con edad mínima de
jubilación que superen, con la suma de las semanas cotizadas por cada uno de
los dos, el tiempo de cotización requerido para la pensión de vejez. La norma
demandada exige a cada uno de los cotizantes demostrar que a la edad de 45 años
habían aportado, como mínimo, 25% de las semanas necesarias para la pensión de
vejez, es decir, 325 semanas.
La demanda contra el requisito mínimo de cotización
sostenía que la norma era contraria al principio de igualdad porque a los
beneficiarios del régimen de prima media no se les exigía semanas mínimas de
cotización a la edad de 45 años. Además, aducía que se desconocía el derecho a
la seguridad social porque la norma era contraria a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad del sistema.
La sentencia empezó por analizar la aptitud de la demanda.
Aseguró que aunque algunas afirmaciones del demandante no eran ciertas, sí presentaba
un reproche general sobre la diferencia de los requisitos para los
beneficiarios de la pensión de vejez y para los posibles titulares de la pensión
familiar. Por ello, estimó necesario estudiar de fondo los cargos expuestos
para determinar si era posible equiparar la situación de quienes recibían cada
una de las prestaciones mencionadas.
Luego, encontró que no era viable equiparar la
pensión de vejez y la pensión familiar, ni comparar a sus posibles
beneficiarios. No obstante, entró a analizar si la exigencia de haber cotizado
el 25% de las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez a los 45
años como condición para obtener la pensión familiar era razonable y adecuada a
la luz del derecho a la igualdad. Precisó que debía aplicar un test intermedio
para verificar la constitucionalidad de la medida, debido a que cuando la Corte
había estudiado otras disposiciones de la pensión familiar había desarrollado
ese test. Además, optó por ese nivel de escrutinio porque no era posible
aplicar un test estricto ante la ausencia de categorías sospechosas de
discriminación en el texto legal discutido.
Posteriormente, la sentencia estudió la finalidad
de la pensión familiar y concluyó que ésta correspondía a la ampliación
progresiva de la cobertura del sistema pensional. También indicó que el
Legislador dispuso algunas restricciones para el acceso a la prestación de
forma que los subsidios estatales no se tornaran insostenibles desde el punto
de vista económico. En cuanto a la adecuación de la medida, la Corte encontró
que el requisito exigido en la norma tenía como objetivo proteger al grupo más
vulnerable y asegurar la estabilidad financiera del sistema, pues los aportes
durante ciertas edades de las personas eran esenciales para obtener
rendimientos y pagar las prestaciones en un futuro.
Decidí aclarar el voto en la presente decisión
porque tengo varios comentarios metodológicos sobre el desarrollo del test.
Primero, considero que la sentencia es
contradictoria al sostener que no son comparables los supuestos enunciados en
la demanda para hacer el juicio de igualdad y, posteriormente, adelantar un
estudio de la medida para verificar si el texto acusado respeta el artículo 13
de la Carta Política. En el examen de la medida, la providencia expone una serie
de argumentos en los que compara elementos de  la norma acusada con elementos
de la pensión de vejez. En ese sentido, no es claro por qué adelanta ese
estudio si, en un principio, descartó tenerlos como referente, en tanto no eran
medidas comparables.
Segundo, estimo que la Sala no debía desarrollar un
test intermedio en el caso concreto. El nivel de escrutinio que adelanta el
juez constitucional depende de las categorías que están involucradas en la
medida. Cuando el Legislador utiliza criterios sospechosos de discriminación,
se desarrolla un test estricto. Si la norma se trata de una acción afirmativa,
corresponde un test intermedio. En el caso concreto, la Sala descartó la
posibilidad de hacer un test estricto porque la disposición no contenía alguna
categoría sospechosa. Sin embargo, aplicó el test intermedio porque en
ocasiones previas, al estudiar el mismo artículo, la Corte había optado por ese
nivel de análisis y porque se trataba de una norma para ampliar la cobertura en
seguridad social.
En mi criterio, la Sala debía adelantar un juicio
leve porque en la normativa acusada no se incluye ninguna categoría sospechosa,
ni se trata de una acción afirmativa. El apartado demandado hace parte de un
artículo que reconoce una prestación a la población vulnerable, pero la
expresión demandada no es en sí misma una acción afirmativa, es únicamente un
requisito para acceder a la prestación, tampoco hace referencia a la población
vulnerable destinataria de la pensión. En consecuencia, considero que debió haber
sido analizada bajo los requisitos de un test leve.
Ahora, el hecho de que con anterioridad la Corte
hubiere utilizado el test intermedio no la ata a seguir utilizándolo, pues la
intensidad del escrutinio no solo depende de la norma estudiada, sino también
los aspectos que fueron objeto de comparación y de verificación. Esa misma
norma puede ser entendida como una restricción de un derecho fundamental (caso
en el cual se utiliza el test intermedio) o también como una medida generadora
de gasto público (test leve) o como una medida discriminatoria por condición
social (test estricto). Luego, la intensidad del test depende del análisis que
se somete a consideración de la Corte Constitucional.
Tercero, la finalidad de la medida no fue analizada
de forma correcta. En ese escenario, correspondía a la Corte estudiar si la
norma demandada, esto es, la medida que exigía una cotización de 325 semanas a
los 45 años de edad a los beneficiarios de la pensión familiar, tenía una
finalidad constitucional. Sin embargo, la sentencia se ocupó de estudiar si la
pensión familiar perseguía un objetivo conforme con la Carta Política.
En el caso de la referencia no se discutía la
constitucionalidad de la pensión familiar, sino del requisito de cotización a
la edad de 45 años. Por ello, este Tribunal debía indagar sobre la finalidad de
ese requisito de aportes. Aunque este análisis parece presentarse en el
capítulo de adecuación de la medida a través de la exposición de razones del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para justificar las condiciones de
acceso a la pensión, su presentación se debía hacer en el capítulo dedicado a
revisar la finalidad de la norma demandada, no bastaba con que en algún tema de
la decisión judicial se efectuara el análisis.
La utilidad del test construido en la
jurisprudencia reside en diferenciar los diferentes niveles argumentativos y
exponer con precisión las razones por las que se indaga para determinar su
coherencia con la Constitución, conforme con la complejidad del asunto. Por lo
anterior, considero que en la sentencia C-134 de 2016 se cometieron
errores metodológicos sobre los cuales es relevante aclarar mi voto.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Sentencia C-1052 de 2001.
[2]
Sentencia C-623 de 2004.
[3]
Ibídem.
[4]
Ibídem.
[5]
Sentencia C-086 de 2002.
[6]
Sentencia C-613 de 2013.
[7]
Ibídem.
[8]
Ibídem.
[9]
Sentencias C-263 de 1996, C-714 de 1998 y C-1435 de 2000.
[10]
Sentencia C-543 de 2007.
[11]
Sentencia C-1089 de 2003.
[12]
Sentencia C-791 de 2002.
[13]
Sentencia C-111 de 2006.
[14]
Sentencia C-671 de 2002.
[15]
Sentencia T-177 de 1999.
[16]
Sentencias T-1083 de 2000, C- 423 de 1997, C-507 de 2008 y C-613 de 2013.
[17]
Sentencia C-671 de 2002.
[18]
Sentencia C-613 de 2013.
[19]
Ibídem.
[20]
Ibídem.
[21]
Sentencia C-671 de 2002.
[22]
Sentencia C-111 de 2006.
[23]
Sentencia C-613 de 2013.
[24] Los
datos corresponden al informe final de abril de 2010, sobre El sistema
pensional en Colombia: retos y alternativas para aumentar la cobertura, de
FEDESARROLLO, citado por la Corte en la Sentencia C-258 de 2013.
[25]
Sentencia C-258 de 2013.
[26]
Ibídem.
[27]
Sentencia C-623de 2004.
[28]
Sentencia C-613 de 2013.
[29]
Ibídem.
[30] Gaceta
del Congreso No. 500 del 9 de agosto de 2010, pág. 2.
[31]
Ibídem.
[32]
Sentencia C-423 de 1997.
[33]
Sentencia C-507 de 2008.
[34]
Sentencia C-613 de 2013.
[35]
Ibídem.
[36] Gaceta
del Congreso No. 645 del 15 de septiembre de 2010, págs. 4 y 5.
[37]
Ibídem, pág. 5.
[38]
Ibídem, pág. 6.
[39] Sentencia
C-613 de 2013. La Gaceta del Congreso No. 243 de 2012 recoge el Acta No. 26 que
corresponde a la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes
del 11 de abril de 2012 en la cual tuvo lugar la intervención del Ministro.
[40] En la
Gaceta de Congreso No. 334 de 2012 está publicada el Acta No. 32,
correspondiente a la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes del 2 de mayo de 2012, en la que fueron presentadas y aprobadas
las proposiciones modificativas.
[41] En la
Gaceta del Congreso No. 257 de 2012 aparece publicado el texto aprobado en la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, así como el propuesto a la
plenaria de la Cámara. Págs. 1 y ss.
[42]
El informe de conciliación está publicado en la Gaceta del Congreso No. 358 de
2012, págs. 22 y ss. y en la Gaceta No. 365 de 2012, págs. 1 y ss.
[43]
Sentencia C-086 de 2002.
[44]
Sentencia C-613 de 2013.
[45]
Sentencia C-613 de 1996.
[46]
Sentencias C-11 de 2006 y C-543 de 2007.
[47] Por ejemplo, puede verse que así lo ha sostenido la
Corte en la sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. AV Jaime
Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis): “Un test
menos intenso – llamado test intermedio – también ha sido empleado por la Corte
para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, en especial 1) cuando
la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o
2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación
grave de la libre competencia”.
[48] Ídem.
[49] Literal k) del
artículo 3o de la Ley 1580 de 2012, que adicionó el artículo 151 C
de la Ley 100 de 1993.
[50] En las sentencias C-401 de 2013 y C-793
de 2014, entre otras, la Corte ha señalado que el test estricto de igualdad se
predica "(...)!) cuando está de por medio una
clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las
categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el
inciso 1o del artículo 13
de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a
personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos
marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece
prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos
afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando
la medida que es examinada es creadora de un privilegio.(...)". Además, de acuerdo
con las sentencias C-093 de 2001, reiterada recientemente en la C-035 de 2016
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado), los criterios para determinar la realización
de un juicio de igualdad estricto son que "i) exista una
limitación de un derecho constitucional a un grupo de personas, ii) el Legislador
haya utilizado uno de los criterios sospechosos del artículo 13 constitucional
para realizar una diferenciación, iii) exista una diferenciación pese a que la
Carta Política expresamente especifique criterios de igualdad, o iv) cuando se afecten
poblaciones en situación de debilidad manifiesta".
[51] La sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa) identificó los pasos del test estricto así: "El fin de la
medida debe ser legitimo e importante, pero además imperioso. El medio escogido
debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o
sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo.
Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación de un
juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de proporcionalidad
en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de razonabilidad. Este
exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las
restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por
la medida"