T-636-17
Sentencia T-780/10
Sentencia T-636/17
ACCION DE TUTELA DE POBLACION
EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la
acción de tutela es procedente como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Lo
anterior, al argumentar que otros medios
de defensa judicial pueden resultar insuficientes para brindar una protección
eficaz ante las circunstancias de urgencia que enfrenta esta población.
DERECHOS DE LA POBLACION
DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Procedencia de la acción de tutela
La tutela es procedente
para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea abocada a
desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes ocupados
irregularmente. Lo anterior, por cuanto goza de un estatus constitucional
especial que no puede simplemente tener un “efecto retórico” y en ese sentido,
las autoridades públicas deben otorgar un trato preferente y urgente, dado que
el desplazamiento forzado conlleva  múltiples violaciones a los derechos
fundamentales.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Fundamental autónomo
El derecho a la vivienda está
íntimamente relacionado con el derecho a la vida en condiciones dignas y, por
lo tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar progresivamente a todas las
personas el derecho a una vivienda en cabales y plenas condiciones de seguridad
jurídica, disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad,
adecuación espacial y adecuación cultural. Máxime, cuando se trata de población
desplazada, pues su aplicación tiene un carácter inmediato, cualquier actuación
u omisión por parte de los entes estatales que no conduzca efectivamente a una
materialización positiva de estos atributos, generan derechos subjetivos
susceptibles de protección constitucional.
DERECHOS DE LA POBLACION
DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Garantías constitucionales
La Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre las medidas adecuadas que deben tomar
las autoridades públicas al momento de realizar procedimientos policivos de
desalojo y las garantías que le asisten a la población desplazada que ocupe un
bien, ya sea de uso público o privado, para satisfacer su derecho a la vivienda
y no tenga otra alternativa de habitación, con el fin de evitar nuevas
vulneraciones de sus derechos fundamentales.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Orden a municipio, a departamento y a la UARIV garantizar un
albergue provisional a familias en condición de desplazamiento que habitan en
un bien de uso público
Referencia: Expediente T-6.174.477
Acción de tutela instaurada por la
Defensoría del Pueblo – Regional Casanare como agente oficioso de los miembros
de la comunidad en ocupación de hecho del asentamiento humano “La Victoria -
La Resistencia” en los barrios Villa Nelly y Bella Vista del municipio de
Yopal, Casanare, contra la
Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento del
Casanare, el Municipio de Yopal, Casanare, la Policía Nacional, la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV y el Fondo Nacional de
Vivienda FONVIVIENDA.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos y por las Magistradas Diana
Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
decisiones judiciales proferidas, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
de Casanare, el once (11) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y, en segunda
instancia, por la Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
en el proceso de tutela de la referencia.
La acción  de tutela fue
seleccionada para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de
la Corte Constitucional, mediante Auto proferido el dieciséis (16) de junio de
dos mil diecisiete (2017).
I. ANTECEDENTES
Diana Patricia Puentes Suárez, en su calidad de
Defensora del Pueblo Regional Casanare y actuando como agente oficioso presentó
acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los miembros de la
comunidad en ocupación de hecho del asentamiento “La
Victoria – La Resistencia” ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella Vista
de Yopal, Casanare.
1. La agente
oficiosa funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
1.1. Manifiesta que treinta y
cuatro (34) familias, desplazadas por la violencia y en pobreza extrema
(integradas por adultos, menores de edad, personas de la tercera edad y mujeres
y hombres cabeza de hogar)[1], se asentaron a partir del diecinueve (19) de julio de dos mil
dieciséis (2016), en un bien de uso público destinado para un parque urbano
ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella Vista del municipio de Yopal
(Casanare), asentamiento denominado: “La Victoria – La Resistencia”[2].
1.2. La Defensora del Pueblo - Regional
Casanare indica que, a la fecha de interposición de la acción de tutela de la
referencia[3],
la Administración municipal de Yopal ha realizado 24[4]
intentos de desalojo en compañía de la Policía Nacional, en los cuales los
uniformados han hecho uso excesivo de la fuerza, pues han utilizado balas de
goma en contra de la comunidad y retenido de manera irregular a algunos
habitantes del referido asentamiento humano.
1.3. Considera la accionante que debido a las
actuaciones desplegadas por el municipio de Yopal en conjunto con la Policía
Nacional y ante la falta de actividad de entidades como el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas -UARIV, se han vulnerado los derechos fundamentales de sus
agenciados, al no proveer las medidas de protección necesarias para garantizar
la inclusión de la comunidad en programas y proyectos de acceso al suelo urbano
y viviendas de interés social, previa identificación de la población y el
análisis de sus condiciones socioeconómicas, teniendo en cuenta que se trata de
un grupo de personas en situación de desplazamiento forzado y sujetos de
especial protección constitucional.
1.4. En consecuencia, la agente oficiosa de la
comunidad de desplazados asentada en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de
Yopal, Casanare, solicita que se impartan órdenes a las autoridades locales,
regionales y nacionales, las cuales se resumen así: (i) suspender o aplazar
cualquier decisión administrativa o judicial encaminada a desalojar el
asentamiento hasta que se garanticen los derechos fundamentales  a la vivienda
digna, al debido proceso y a la vida del grupo agenciado; (ii)  se realice un
censo poblacional en el asentamiento “La Victoria – La Resistencia” que
determine de manera específica la condición socioeconómica y de vulnerabilidad
de cada hogar afectado; (iii) se certifique la reubicación temporal en
condiciones de dignidad para la población ocupante de hecho hasta que accedan a
una solución de vivienda adecuada de carácter definitivo; y, (iv) se verifique
la implementación de medidas de habitación de suelo urbano para vivienda de
interés social y la estructuración de proyectos de vivienda con focalización de
subsidios dirigidos a la población desplazada que actualmente se encuentra en
el asentamiento irregular agenciado.
2. Contestación de la demanda
2.1. Departamento de Casanare
El Jefe de la Oficina de Defensa Judicial de la
Gobernación de Casanare, mediante escrito del seis (6)
de octubre de dos mil dieciséis (2016)[5], se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en
los siguientes términos:
Indicó que si bien algunos de los
accionantes son víctimas del conflicto armado interno y se encuentran inscritos
en el Registro Único de Víctimas – RUV esa situación por sí misma no les
garantiza un subsidio de vivienda, pues para ello deben cumplir con los
requisitos previstos en la ley. Aclaró que la condición de víctima sólo permite
tener prelación al momento de determinar la asignación de las unidades de
vivienda.
Explicó que en el departamento de
Casanare actualmente existen 62.377 víctimas registradas según información
consignada en el Registro Único de Víctimas al primero (1) de septiembre de dos
mil dieciséis (2016), población que ha sido  tenida en cuenta en los procesos
de asignación de subsidios en las diferentes modalidades, vivienda nueva,
mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. No obstante, señaló
que los recursos son limitados e insuficientes para suplir las necesidades de
vivienda de todas las familias inscritas en el RUV.
Expuso que ninguno de los
accionantes aparece registrado en la base de datos del SISBEN del Departamento
Nacional de Planeación, requisito indispensable para acceder a cualquier programa
social del nivel nacional, como medida específica que determina las
características de las necesidades básicas insatisfechas de las familias, lo
que denota el desinterés de los actores para acceder a los programas sociales
brindados por el Gobierno Nacional.
Señaló que en el presente asunto,
el departamento no vulneró  los derechos fundamentales de los accionantes, pues
las acciones de desalojo fueron dispuestas por el municipio de Yopal, quien
tiene la titularidad del predio invadido, además, así los tutelantes estén
incluidos en el RUV no les da el derecho a acceder a un subsidio de vivienda,
pues deben cumplir con otros parámetros legales, que en el caso de los
demandantes no se cumplieron, por ende, la falta de asignación de recursos a su
favor no constituye una vulneración a sus garantías constitucionales.
Agregó que la acción de tutela
debe ser declarada improcedente al no ser un mecanismo judicial para validar
acciones irregulares con el propósito de obtener subsidios de vivienda sin el
cumplimiento de los requisitos legales ni evidenciarse la existencia de un
perjuicio irremediable.
2.2. Municipio de Yopal, Casanare
La apoderada judicial del municipio de Yopal,
Casanare, mediante escrito del cinco (5) de octubre de
dos mil dieciséis (2016)[6], se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en
los siguientes términos:
Indicó que no es cierto que se trate de un
asentamiento humano permanente, sino de personas indeterminadas que han
pretendido en varias oportunidades ocupar un predio de uso público que fue
cedido al ente territorial mediante Escritura Pública número 470 del veinticinco
(25) de febrero de dos mil quince (2015), como un área de protección del caño
seco, por lo que, en cumplimiento de la Ordenanza 015 de 2006[7], la Administración ha realizado algunas acciones tendientes a
proteger el terreno natural sin llegar a desconocer los derechos fundamentales
de los ocupantes irregulares.
Afirmó que la acción de tutela no es un instrumento
para justificar las vías de hecho, y tampoco es un mecanismo para otorgar
subsidios de vivienda a personas que no han cumplido con los procedimientos
administrativos definidos por el legislador para ello, pues de ser así
implicaría desconocer el derecho a la igualdad de otras personas que se
postularon a la convocatoria de los programas de vivienda promovidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal y demás entidades públicas,
cumpliendo los requisitos legales.
Finalmente, señaló que las actuaciones adelantadas
por el municipio de Yopal están ajustadas al ordenamiento jurídico y de ninguna
manera vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, por lo que
solicitó que se niegue el amparo de tutela.
2.3. Unidad para la Atención Integral y Reparación
a las Víctimas – UARIV
La Directora de Registro y Gestión de la Información
de la Unidad para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas, mediante escrito del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis
(2016)[8], se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en
los siguientes términos:
Informó que luego de verificar el estado actual de
cada uno de los accionantes, se pudo determinar que se trata de un total de treinta
y cuatro (34) familias conformadas por 138 personas, entre las cuales se
encuentran adultos, niños, niñas y adolescentes, quienes, en algunos casos, pertenecen
al mismo núcleo familiar registrado.
Explicó que algunas personas no figuran inscritas en
el RUV, por lo que en el evento en que hayan rendido declaración deben allegar
copia simple del soporte que permita a esa entidad ubicar el registro
correspondiente o en su defecto comunicarse con los centros de atención.
Agregó que en el caso en que no se haya rendido la
declaración deben acercarse personalmente ante cualquiera de las entidades del Ministerio
Público para rendir informe sobre el hecho victimizante de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.6.5.5.9
del Decreto 1084 de 2015, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que generaron la imposibilidad de rendir la declaración, para que la misma
pueda ser valorada.
Afirmó que existe un grupo de personas que se
encuentran incluidos en el RUV, que han recibido algunas ayudas humanitarias
por parte de la entidad, de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se puede
concluir que se encuentran desprotegidos.
En relación con los intentos de desalojo ejecutados
en el asentamiento agenciado, explicó que la Unidad de Víctimas no tiene
competencia en las acciones adoptadas por el municipio de Yopal y la Policía
Nacional.
Finalmente, adujo que no puede darle solución de
vivienda a los accionantes, pues éste es un asunto que le corresponde dirimir
al Ministerio de Vivienda a través del Fondo Nacional de Vivienda y demás
entidades vinculadas, por lo que los actores deben acudir directamente a dichas
instituciones para recibir la información pertinente.
2.4. Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA
La apoderada judicial de FONVIVIENDA, mediante
escrito del cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), solicitó que se
niegue el amparo de la acción de tutela de la referencia con fundamento en las
siguientes razones:
Señaló que la mayoría de los accionantes no han
postulado sus hogares a las convocatorias de los programas de vivienda
ofertados para personas en situación de desplazamiento entre los años 2004 y
2007 ni para la convocatoria de 100 mil viviendas desarrollada por esa entidad.
Aclaró que las postulaciones se deben realizar a
través de las Cajas de Compensación Familiar, allegando los documentos exigidos
por la norma reguladora.
Agregó que, desde el año 2002, el Gobierno Nacional
viene ejecutando el programa de vivienda gratuita, en el cual se atiende a la
población desplazada mediante la asignación de subsidios familiares de vivienda
en especie – SFVE, pero la elección de los hogares beneficiarios no corresponde
a FONVIVIENDA, sino al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social –
DPS, según los porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo
los criterios de priorización que se determinan en las normas reglamentarias.
Al referirse al caso concreto, indicó que en el
evento en que los accionantes pretendan acceder a un subsidio de vivienda
gratuita, deben postularse a una convocatoria abierta a través de las Cajas de
Compensación Familiar, participar en un sorteo y adicionalmente ser
seleccionados por el DPS como potenciales beneficiarios.
Afirmó que, los peticionarios que ostenten el estado
de no postulados, pero tengan la calidad de potenciales beneficiarios por parte
del DPS, pueden participar en las futuras convocatorias que realice FONVIVIENDA
para acceder a un subsidio de vivienda.
Finalmente, a manera informativa, expresó que
FONVIVIENDA, mediante Resolución No. 174 de 2007, abrió convocatoria para el
otorgamiento de subsidios para la población desplazada, en la que se postularon
220.831 hogares, de los cuales, 64.994 acreditaron  los requisitos para acceder
al beneficio y están en espera de la asignación de turnos.
2.5. Policía Nacional
El Comandante de Departamento de la Policía Nacional
de Casanare, mediante escrito del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en los
siguientes términos:
Manifestó que la actividad policiva es la facultad
otorgada a los funcionarios competentes para aplicar medidas correctivas que
pueden limitar los derechos y las libertades de las personas con el propósito
de preservar el orden público, observando el principio de legalidad y, en
general, garantizando el debido proceso del agresor.
Que en atención a los diferentes requerimientos del
Secretario de Gobierno del municipio de Yopal, se realizaron actividades de
apoyo y acompañamiento para el desalojo del asentamiento “La Victoria – La Resistencia”
en los barrios Villa Nelly y Bella Vista con la presencia del personal del
ESMAD, funcionarios de derechos humanos de la Policía Nacional,  autoridades
como la Personaría Municipal, la Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo
Regional Casanare y la Secretaría de Gobierno de Yopal, quienes actuaron como
garantes de los derechos de los accionantes al momento de realizar el
procedimiento policivo.
Indicó que la comunidad accionante fue quien inició
la agresión de manera desproporcionada hacia los funcionarios estatales y los
integrantes de la Policía Nacional que acompañaban la diligencia, lanzando
elementos contundentes como piedras, palos, machetes y todo lo que había a su
alrededor, generando a los uniformados lesiones en su integridad física, como
consta en las actas de desalojo que se levantaron en la diligencia.
Afirmó que la anterior situación obligó a los
miembros de la Policía Nacional a hacer uso racional y proporcional de la
fuerza para mantener el orden público y la convivencia ciudadana, utilizando
municiones no letales permitidas para el manejo y control de multitudes como
granadas de humo, aturdimiento y gas pimienta para contrarrestar las amenazas y
agresiones que pusieron en riesgo la vida de quienes intervinieron en la
actividad de desalojo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del
Código Nacional de Policía.
3. Sentencias objeto de revisión
3.1. Primera Instancia
Mediante providencia del once
(11) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Administrativo de
Casanare negó la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo –
Regional Casanare como agente oficioso de los miembros de la comunidad en
ocupación de hecho del asentamiento humano “La Victoria - La Resistencia”
en los barrios Villa Nelly y Bella Vista del municipio de Yopal contra la
Nación, el Departamento del Casanare, el Municipio de Yopal (Casanare), la
Policía Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV y el Fondo Nacional
de Vivienda FONVIVIENDA.
Agregó que, independiente de los derechos que le
puedan asistir a los accionantes, es indebida la ocupación del espacio público
y por ello las autoridades municipales y de policía están en el deber de
proteger el espacio que pertenece a una comunidad general a través de la acción
de desalojo, que es el medio más expedito que establece el ordenamiento
jurídico.
Indicó que en el caso concreto los accionantes han
realizado una ocupación irregular intermitente de un predio que pertenece al municipio
de Yopal, por lo que no pueden pretender que, a través de la acción de tutela,
se les reconozcan unos derechos cuando han utilizado instrumentos ilegales para
manifestarlo, pues esta acción constitucional tiene una finalidad específica,
que es la protección de derechos fundamentales y no justificar vías de hecho.
Señaló que de acuerdo con la información suministrada
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, únicamente
55 de los tutelantes ostentan la calidad de víctimas, 46 no figuran en el RUV y
sobre un accionante no se brindó información.
Resaltó que las personas incluidas en el Registro
Único de Víctimas han recibido atención humanitaria por parte de la UARIV, los
demás tienen el deber de declarar sobre los hechos victimizantes ante las
autoridades competentes para que puedan ser incluidos en el registro y acceder
a los beneficios sociales correspondientes.
En lo que se refiere a las soluciones de vivienda, el
Tribunal Administrativo de Casanare explicó que los recursos del Estado no son
suficientes para atender a todas las víctimas, motivo por el cual la ley ha
establecido algunos procedimientos específicos como son la postulación, la verificación
de requisitos y la priorización, entre otros, a los que tienen que someterse
las personas para acceder a algún beneficio de los establecidos en la ley.
La autoridad judicial de primera instancia concluyó
que en el presente asunto los accionantes no demostraron haber agotado todos
los trámites previstos en la ley para la asignación de subsidios de vivienda,
por tanto no había lugar a reconocer este beneficio económico a su favor, pues
de lo contrario se desconocería el derecho a la igualdad de otras personas víctimas
de la violencia que agotaron los procedimientos pertinentes y que por
encontrarse bajo situaciones más críticas, tienen mayor derecho a acceder al
subsidio de vivienda.
3.2. Impugnación
La Defensoría del Pueblo – Regional Casanare presentó
escrito de impugnación el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016)[9].
Señaló que la información suministrada por las entidades accionadas permite
advertir que los accionantes son personas de escasos recursos económicos,
víctimas del desplazamiento forzado, madres y padres cabeza de hogar.
Adujo que, el derecho a la vivienda tiene un carácter
fundamental y así lo ha reconocido la Constitución Política y el Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En tal sentido,
las autoridades administrativas que desarrollan procesos de desalojo deben
brindar la garantía del debido proceso de acuerdo con la ley, y ejecutar
medidas de protección para la reubicación temporal de la población indefensa
que no tenga los medios para proveerse un alojamiento. Además, debe definir una
política pública que le permita a la comunidad afectada el acceso a una
vivienda de carácter definitivo a mediano y largo plazo.
Afirmó que, en el caso concreto, las entidades
accionadas no han adoptado medidas de reubicación temporal para la población
que no puede proveerse un alojamiento con sus propios recursos, previa
identificación y caracterización objetiva de las condiciones socioeconómicas de
los ocupantes, ni existe una oferta pública de vivienda, para que los
accionantes puedan aplicar como potenciales beneficiarios del derecho a la
vivienda.
Para la Defensoría del Pueblo, la omisión por parte
de la autoridad territorial ha llevado a que sea imposible desalojar de manera
efectiva a los accionantes, pues la población más necesitada vuelve a ocupar el
área una vez se retira la Fuerza Pública. De esta manera, la falta de
soluciones institucionales hace que cada nuevo intento de desalojo se realice
con uso de la fuerza en una mayor proporción incurriendo en abuso de autoridad
que, a su vez,  genera resistencia en la comunidad ocupante y aumenta su
indignación.
Indicó que no existe una política de vivienda
adecuada con enfoque territorial para el municipio de Yopal que atienda la
demanda habitacional de los sujetos de especial protección constitucional,
pues, de acuerdo con los informes allegado al presente trámite de tutela, el
departamento de Casanare tiene unos proyectos de vivienda que ya fueron
adjudicados a los beneficiarios, por lo que en la actualidad no hay programas
de vivienda en ese departamento a los que la población necesitada pueda
aplicar.
Añadió que si bien el derecho a la vivienda adecuada
no puede interpretarse como un derecho de cumplimiento inmediato para la
totalidad de la población al tener un carácter progresivo, ello no implica que
las autoridades no estén obligadas a realizar acciones afirmativas para su
satisfacción a través de un proceso planificado.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo Regional
Casanare solicita se acceda al amparo de tutela y se ordene a las autoridades
accionadas que definan una política de vivienda adecuada en la ciudad de Yopal
con un plan de acción que permita evaluar y monitorear su implementación a
favor de la población irregular en ese municipio, como medida para la
reubicación y prevención de ocupantes de hecho.
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del catorce (14) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016), resolvió confirmar el fallo impugnado. Consideró
que si bien es cierto los accionantes son personas víctimas de violencia por
hechos de desplazamiento forzado, también lo es que aquellos que han cumplido
con el requisito de inscripción en el Registro Único de Víctimas han sido
beneficiados con las medidas de atención humanitaria otorgadas por la Unidad para
la Atención Integral y Reparación a las Víctimas, algunos han accedido a subsidios
de vivienda por parte del Fondo Nacional del Ahorro, otros cuentan con vivienda
y otro grupo ha podido postularse a los distintos programas de vivienda
promovidos por el municipio de Yopal y el departamento de Casanare.
Adicionalmente, señaló que un conjunto de personas se encuentran vinculados al
régimen contributivo de seguridad social como cotizantes y beneficiarios, por
lo que se evidencia que cuentan con medidas de protección en salud y no se
encuentran desprotegidos por el Estado.
Por otra parte, manifestó que, contrario a lo
argumentado por la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare en el escrito de impugnación,
y según información suministrada por la Oficina Asesora de Vivienda
Departamental de Casanare, el ente territorial accionado entre los años 2013 a
2015 ha realizado inversiones en el sector vivienda por más de $11.832.196.967
millones de pesos, para la asignación de subsidios de vivienda de interés
prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS), destinados a la población
desplazada y víctima del conflicto armado registrados en la Unidad de Víctimas,
como una política de vivienda destinadas a atender a las comunidades más
necesitadas de ese departamento.
Así las cosas, para el juez de segunda instancia, los
accionantes que aún no han recibido un auxilio de vivienda deben verificar las
convocatorias realizadas por el municipio de Yopal y el departamento de
Casanare para presentar la postulación con el cumplimiento de los requisitos legales;
para ello, deberán acudir a las diferentes Cajas de Compensación Familiar de
Yopal y Casanare o al Fondo Nacional de Vivienda para recibir la asesoría
correspondiente.
Finalmente, resaltó que las vías de hecho no son un
mecanismo legítimo para obtener el reconocimiento de un subsidio de vivienda,
por ende, no es de recibo que los accionantes pretendan acudir a dichas
acciones para acceder a un beneficio económico de forma prioritaria
desconociendo el derecho que le puede asistir a otras personas que se
encuentran en similares condiciones y que cumplieron con los requisitos legales
para ello.
4. Pruebas aportadas por la accionante y valoradas
por los jueces de instancias
Al escrito de tutela se aportaron como pruebas de la
condición de vulnerabilidad socioeconómica y/o desplazamiento forzado de los hogares
conformados por los accionantes, los siguientes documentos relacionados a
continuación:
Accionante/Jefe de Hogar
Cédula de ciudadanía
Pruebas aportadas
1
Dennis Jazmín  Vargas
1.118.535.189
Certificado de SISBEN, cabeza de hogar, registro
civil de 3 hijos.
2
María Guillermina López
47.440.966
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
2 hijas, registro civil de 1 hija, Registro Único de Víctimas.
3
Sandra Milena Escobar
39.309.845
Cabeza de hogar, registro civil de 3
nietos, Registro Único de Víctimas.
4
Ana Raquel Larios
1.128.325.234
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
2 hijas
5
Vilmar Monquirá
1.115.911.406
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
1 hija, Registro Único de Víctimas
6
Adelid Acevedo León
1.118.550.603
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
1 hija, SISBEN, carné perinatal
7
Henry Daza Martínez
42.146.659
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad 1
hija, registro civil de 1 hija
8
Martha Patricia Socha
1.057.583.101
Cabeza de hogar, registro civil 1 hija,
SISBEN
9
Yulisa González Misal
1.118.569.370
Registro civil 1 hija, SISBEN
10
Vicente Montes Escobar
1.118.531.536
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
la esposa, registro civil de 1 hija, Registro Único de Víctimas
11
Diego Armando Rueda
1.053.608.590
Registro civil de1 hija, tarjeta de identidad 2 hijos, cédula de 2
hijos, SISBEN
12
Reinaldo López
74.812.296
Registro civil 2 hijos, Registro Único de
Víctimas con hijos
13
Rosa Isela Martínez
1.118.562.693
Cabeza de hogar, registro civil de 1
hija, SISBEN
14
Alexandra García
1.121.903.790
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
1 hijo, postulación subsidio de vivienda
15
Sandra Bohórquez
1.118.560.135
Cabeza de hogar, registro civil de 1
hija, SISBEN
16
Amelia Jiménez
47.429.823
Registro civil de 1 hijo
17
Ovidio Acevedo
9.433.312
Tarjeta de identidad de 2 hijos, registro
de defunción de esposo, afiliación subsidio, certificado de estudio de hijos,
postulación subsidio de vivienda, certificado RED Unidos DPS
18
Zamir Tumay
1.006.423.660
Registro civil de 1 hijo, Registro Único
de Víctimas
19
Jully Janeth Ramos M.
1.118.534.661
Tarjeta de identidad de 1 hijo, SISBEN
20
Jaider Rafael Montes
77.105.705
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
1 hijo, registro civil de 1 hija, SISBEN
21
Brenda Alexandra Ramos
47.440.091
Postulación vivienda, SISBEN
22
Enrique López Cobos
1.118.530.670
Tarjeta de identidad 1 hija, registro
civil de 1 hija, registro civil de 1 hijo, Registro Único de Víctimas
23
Briyileidy Maldonado Adán
1.118.537.265
Tarjeta de identificación de trámite a
evaluación de Registro Único de Víctimas, postulación a vivienda
24
Tatiana Montes Escobar
1.118.541.948
Postulación vivienda, registro civil 1
hija, SISBEN
25
Adela Serrano
40.410.062
Registro civil de 1 hijo, postulación
vivienda, Registro Único de Víctimas
26
Edgar Rojas García
1.049.602.706
Registro Único de Víctimas
27
María Yolanda Monroy
1.118.540.071
Registro Único de Víctimas, postulación
vivienda, respuesta vivienda departamental
28
Jhon Jairo Sánchez
1.115.913.910
Postulación vivienda, SISBEN
29
Sorley Arenas Martínez
23.418.108
Registro Único de Víctimas
30
Mercy Pan
23.836.070
Registro Único de Víctimas
31
Miguel Sánchez
18.911.099
Registro civil de 1 hijo, tarjeta de
identidad de 1 hija, SISBEN, postulación vivienda
32
María Inés Galán
47.437.516
Registro Único de Víctimas, postulación
vivienda
33
Marly Barrera Macías
1.118.536.400
Cabeza de hogar, tarjeta de identidad de
1 hija, registro civil de 1 hija
34
Elkin Alberto Sibo
1.118.534.022
Cabeza de hogar, registro civil hija,
SISBEN
Adicionalmente, se allegaron los siguientes
documentos: (i) Oficio del Secretario de Gobierno de Yopal, Casanare, al
comandante de la Estación de Policía de ese municipio del veintisiete (27) de
agosto de dos mil dieciséis (2016); (ii) copia de la denuncia presentada por
los accionantes ante la Fiscalía General de la Nación por abuso de autoridad,
radicado NUNC 850016001172201602208; (iii) historia clínica e informe pericial
de medicina forense de Jully Yaneth Ramos Malpica; (iv) copia de la denuncia
presentada por los accionantes ante la Fiscalía General de la Nación por acto
arbitrario e injusto, radicado NUNC 850016001172201601974; (v) copia del
derecho de petición presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio por los habitantes del asentamiento “La Victoria- La Resistencia”,
de fecha tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y respuesta; (vi) copia
del derecho de petición elevado a la Alcaldía de Yopal, Casanare, solicitando
garantías de vivienda adecuada ante el desalojo forzoso por los habitantes del
asentamiento “La Victoria- La Resistencia”.
5. Actuaciones surtidas en sede de revisión
5.1.
Mediante auto del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)[10], se decretó como prueba que el Muncipio de Yopal, Casanare,
informará a este Despacho: (i) el estado actual del
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de la población que actualmente
conforma el asentamiento “La Victoria – La Resistencia”; (ii) si se
cuenta con un censo, un estudio socioeconómico o una caracterización de las
familias desplazadas que conforman el asentamiento “La Victoria – La
Resistencia”; (iii) los programas o proyectos que han sido diseñados para
resolver los problemas de vivienda que afectan a la población desplazada que
conforma el asentamiento “La Victoria – La Resistencia”; y, (iv) en caso
de que ya se haya hecho efectiva la diligencia de desalojo, indicar las medidas
de protección previamente adoptadas para garantizar los derechos fundamentales
de los accionantes.
5.1.1. El Secretario de Gobierno
municipal de Yopal dio respuesta al auto de pruebas mediante escrito del nueve
(9) de agosto del presente año, radicado en la Secretaría General de esta
Corporación el once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017)[11]. En él indicó que el Despacho de la Secretaría de Gobierno no es la
dependencia competente para adelantar procesos de lanzamiento por ocupación de
hecho.
Informó que al conocer sobre la
ocupación ilegal del bien inmueble con matricula No. 470-8468 referencia
catastral No. 010114720001000, el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis
(2016), en el sector de los barrios Villa Nelly y Bellavista de Yopal,
Casanare, solicitó a la Policía Nacional dar aplicación al artículo 18 de la
Ordenanza 015 de 2016, el cual señala “corresponde a los cuerpos de policía,
en ejercicio de la actividad de Policía…Prestar ayuda y colaboración a
propietarios y poseedores que requieran de la protección de sus bienes dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas a la ocurrencia del hecho, incluso con el
empleo de la fuerza para prevenir situaciones gravosas”, autoridad que
procedió a dar protección y retiró del predio a las personas allí ubicadas. Sin
embargo, aclaró que en 28 ocasiones se ha presentado la situación de ocupación
y protección en ese predio por parte de los accionantes.
Sostuvo que la Secretaría de
Gobierno no ha adelantado censo, estudio socioeconómico o caracterización de
las familias desplazadas que conforman el asentamiento “La Victoria – La
Resistencia”. Así mismo, aclaró que, en la actualidad, los ocupantes de
hecho habitan el predio identificado en su respuesta.
Finalmente, informó que la competencia para adelantar programas o proyectos de vivienda en
el municipio de Yopal le corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano y Rural
de ese municipio.
5.1.2. El Jefe de la Oficina
Jurídica de la Alcaldía municipal de Yopal, Casanare, dio respuesta al auto de
pruebas mediante escrito del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), radicado
en la Secretaría General de esta Corporación el once (11) de agosto de la misma
anualidad[12], en los siguientes términos:
Informó que la Administración
municipal no ha adelantado ningún proceso tendiente a lanzar a los habitantes
del asentamiento humano “La Victoria – La Resistencia”, ubicado en el
parque urbano de los barrios Villa Nelly y Bella Vista, pues no se cuenta con
caracterización alguna que permita determinar las condiciones socioeconómicas
de los invasores del predio en mención.
Adujo que es un hecho cierto,
público y notorio que el presupuesto del municipio se redujo en gran proporción
por la supresión de regalías, lo que imposibilita adelantar acciones que
garanticen la reubicación digna, estable y permanente de las familias que en la
actualidad ocupan de manera irregular el predio de uso público.
Señaló que pese a que la
Administración no cuenta con un censo actual de la población ocupante, se tiene
conocimiento que dentro de esas familias se encuentran niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, víctimas
de desplazamiento, afrodescendientes, recicladores de oficio y mujeres en
estado de gravidez.
Manifestó que la Alcaldía municipal
de Yopal no es ajena a la situación que embarga a las familias que ocupan dicho
bien y como prueba de ello, en acción conjunta con las secretarías del
municipio, se adelanta un plan de loteo, en aras de determinar cuales podrán
ser destinados para otorgarlos en calidad de subsidio de vivienda, teniendo
como prioridad a los invasores que cumplan con los requisitos para ser
beneficiarios.
Por todo lo anterior, solicitó a
esta Corporación “permita que dichas familias sigan asentadas allí, mientras
a su vez desde su despacho judicial se conmina a quien en el orden nacional,
tenga la facultad de otorgar viviendas a los núcleos familiares de dicho
asentamiento, teniendo en cuenta que la construcción de una vivienda digna con
servicios debe ser planificada y con un recurso económico establecido dentro
del presupuesto anual y la construcción de las mismas dura aproximadamente dos
años, poniendo de presente que el municipio de Yopal se compromete a facilitar
el personal y demás recursos que a nuestro alcance estén y sean requeridos para
que de manera conjunta podamos dar solución pronta y definitiva a esta
adversidad”[13].
5.1.3. El Comandante del
Departamento de Policía de Casanare dio respuesta al auto de pruebas mediante
escrito del veintitrés (23) de agosto del presente año radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el once (11) de agosto de dos mil
diecisiete (2017)[14]. En él se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de
amparo y solicitó se desvincule a la Policía Nacional – Departamento de Policía
de Casanare del trámite de tutela, toda vez que “no ha existido por parte de
este Comando vulneración de derechos por nuestra acción u omisión de los
derechos postulados por Defensora del Pueblo Regional Casanare…”. Lo
anterior, al exponer lo siguiente:
Informó que las actuaciones
ejecutadas en el asentamiento “La Victoria – La Resistencia”, obedecieron
a los diferentes requerimientos efectuados al Comandante de la Estación de
Policía de Yopal por parte del Secretario de Gobierno de la alcaldía de ese
municipio para el cumplimiento del artículo 18 numeral 19 de la Ordenanza 015 de
2006, para la protección policiva del derecho a la propiedad, posesión y
tenencia de un bien de uso público.
Insistió el Comandante del
Departamento de Policía de Casanare que todas las diligencias tendientes al
desalojo del predio estuvieron acompañadas por representantes de la Personería
Municipal, Defensoría del Pueblo Regional Casanare, Secretaría de Gobierno,
Comisaría de Familia y funcionarios de la Alcaldía de Yopal, quienes actuaron
como garantes de los derechos humanos de las personas invasoras.
Indicó que la Policía Nacional
siempre agotó la alternativa del diálogo y la conciliación con el fin de evitar
la confrontación con la Fuerza Pública, pero fueron los miembros de esa
comunidad quienes iniciaron la agresión de manera desproporcionada hacia los
funcionarios y policías que acompañaban la diligencia de lanzamiento.
Aclaró que no en todos los
procedimientos de desalojo en el asentamiento referido se utilizó la fuerza por
parte de la Policía Nacional, sólo en casos excepcionales debido a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos.
Finalmente, informó que la
población objeto de la tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional
Casanare, aun habita el parque de uso público ubicado en los barrios Villa
Nelly y Bellavista del municipio de Yopal, pues, pese a los múltiples intentos
de desalojo por parte de la Policía, los accionantes se rehúsan a abandonar el
predio.
5.2. Mediante Auto del veinte
(20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)[15], la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
vincular al trámite de la presente acción de tutela al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL[16], para que informara al Despacho sustanciador “si actualmente la
entidad ejecuta, dirige, coordina o articula alguna política, plan, programa,
estrategia o proyecto para la inclusión social y reconciliación en términos de
la superación de la pobreza extrema y la atención de grupos vulnerables en el
departamento de Casanare”. Asimismo, se ordenó correr traslado del
expediente T-6.174.477 a la referida entidad para que  se pronunciará acerca de
los hechos y las pretensiones señaladas por la accionante, y ejerciera su
derecho de defensa.
5.2.1. La Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –
PROSPERIDAD SOCIAL, mediante escrito del veintisiete (27) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017)[17]
, se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de
tutela, en los siguientes términos:
Manifestó que la acción de
amparo  incoada por la Defensoría del Pueblo  es improcedente al evidenciarse
la existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos que permiten la
defensa de los intereses agenciados. Indicó que en el presente caso, el
instrumento idóneo para lograr la protección alegada es la acción popular
consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada
mediante la Ley 472 de 1998.
Indicó que PROSPERIDAD SOCIAL no
está legitimado en la causa por pasiva al interior de la acción de tutela
objeto de revisión, toda vez que, no ha incurrido por acción u omisión en la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los accionantes.
Resaltó que con la expedición de
la Ley 1448 de 2011, “Por medio de la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”, las órdenes encaminadas a diseñar e
implementar un plan de salvaguarda en favor de las comunidades víctimas de
desplazamiento forzado, recaen de manera exclusiva en la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, responsable de coordinar
de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica, las
actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas, en lo que se refiere a la ejecución e implementación
de la política pública para satisfacer los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas.
Es así como la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, asumió todas las
funciones y competencias que habían sido  asignadas anteriormente a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN
SOCIAL, en materia de atención a la población desplazada y demás víctimas de la
violencia.
Asimismo, la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad vinculada informó que en el Departamento del
Casanare se adelantan los siguientes programas para la inclusión social y la
reconciliación para la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la
atención a grupos vulnerables y la atención integral a la primera infancia y
adolescencia:
(i) Estrategia de Red Unidos:
Busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
objeto de intervención, mediante la acumulación de capital social y humano con
el objeto de reducir los niveles pobreza y pobreza extrema del país. Hogares
focalizados en Red Unidos en Yopal: 2.639;
(ii) Programas de
Transferencias monetarias condicionadas:
a) Más Familias en Acción: Tiene
por objeto contribuir a la superación y prevención de la pobreza y formulación
de capital humano mediante un complemento al ingreso, condicionado al
cumplimiento de responsabilidades en salud y educación. Este programa está
dirigido a familias con integrantes menores de 18 años, inscritos en la Red
Unidos, SISBEN, Registro Único de Víctimas y población indígena.
b) Jóvenes en Acción: Incentiva
a la formación de capital humano de la población joven en condición de pobreza
y vulnerabilidad. Dirigido a Bachilleres entre 16 y 24 años cuyos núcleos
familiares tengan un puntaje igual o inferior a SISBEN III de acuerdo con el
área geográfica, población inscrita en la Red Unidos, Registro Único de
Víctimas, Indígenas e ICBF. Número de jóvenes que integran este programa en
Yopal: 256;
(iii) Programas de Inclusión
Productiva:
a) Mi negocio: Diseñado
para desarrollar capacidades y crear oportunidades para la población priorizada
por PROSPERIDAD SOCIAL, para contribuir a la creación y/o desarrollo de
proyectos productivos. Está dirigido a todos los inscritos en la Red Unidos,
Registro Único de Víctimas y SISBEN. Focalización de los Programas de Inclusión
Productiva en Yopal 2016-2017 – Mi Negocio: 500.
b) Red de Seguridad
Alimentaria – ReSA: Tiene por objeto mejorar el acceso y consumo de los
alimentos de las familias para contribuir con la disminución del hambre y el
mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país. Dirigido a grupos
familiares sin cultivos ilícitos y con acceso a tierra (Rural), población
inscrita en la Red Unidos, SISBEN, Registro Únicos de Víctimas,
Afrodescendientes e Indígenas.  Focalización de los programas de Inclusión
Productiva en Yopal 2016-2017 -  ReSA: 0;
(iv) Programas de
Infraestructura Social y Hábitat:
a)  Mejoramiento de
Condiciones de Habitabilidad: El objeto de este programa es mejorar las
viviendas de la población vulnerable que presentan carencias o deficiencias,
con el fin de convertirlas en lugares habitables dotados de saneamiento básico.
Entre los requisitos para ser beneficiarios está el encontrarse en condiciones
de vulnerabilidad, pobreza extrema, desplazamiento y ser propietario o poseedor
de vivienda (jefe de hogar o un miembro del núcleo familiar) y no estar ubicado
en zona de alto riesgo.
b) Obras para la prosperidad:
Promueve la construcción de Infraestructura Social que contribuya a la
superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables,
la atención integral a la primera infancia, entre otros. Se enfoca en la población
inscrita en el SISBEN, que esté atendida por otros programas de PROSPERIDAD
SOCIAL, afectada por ataques de grupos al margen de la ley o población en
situación de desplazamiento en procesos de retorno.
(v) Programas de Subsidio
Familiar de Vivienda en Especie:
Dentro del Programa de Subsidio
Familiar de Vivienda Gratuita – SFVE, más conocido como viviendas gratuitas,
PROSPERIDAD SOCIAL dentro del marco de sus competencias desarrolla funciones de
identificación y selección de potenciales beneficiarios de dichos programas.
Estos proyectos están  dirigidos
a tres grupos poblacionales, a saber: en pobreza extrema
registrados en la Red Unidos, en situación de desplazamiento
inscritos en el RUV y damnificados de desastres naturales, reportados
en los censos elaborados por los Consejos Municipales para Gestión del Riesgo
de Desastres y avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
Aunado a lo anterior, la Asesora
Jurídica de la parte vinculada agregó que PROSPERIDAD SOCIAL es la encargada de
identificar los potenciales beneficiarios de los proyectos en cada uno de los
municipios donde FONVIVIENDA lo solicite. Aclaró que, en el caso concreto del
Departamento del Casanare, se adelantó el proceso de identificación, selección
y asignación del proyecto “Ciudadela San José” en el municipio de Pore
con 160 unidades habitacionales cuya composición poblacional estaba dirigida a
población desplazada (16 viviendas) y a los registrados en la Red Unidos (144
viviendas); sin embargo, a la fecha el proyecto ya fue asignado en su
totalidad.  Indicó que, en el municipio de Yopal no se ha reportado por parte
de FONVIVIENDA la construcción de proyecto alguno de viviendas gratuitas, por
lo tanto, PROSPERIDAD SOCIAL no ha adelantado ningún proceso de identificación
de potenciales beneficiarios en esa ciudad.
Finalmente, indicó que, de
acuerdo con la información suministrada por FONVIVIENDA, se prevé la
construcción del proyecto “Los Alelíes” con un total de 200 viviendas en
el municipio de Paz de Ariporo, sin que a la fecha esa entidad haya solicitado
a PROSPERIDAD SOCIAL la identificación de potenciales beneficiarios.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso
2.1. Diana Patricia Puentes Suárez, en su calidad de
Defensora del Pueblo Regional Casanare y actuando como agente oficioso, interpone
acción de tutela contra autoridades locales, regionales y nacionales[18], ante la amenaza de desalojo del asentamiento “La Victoria – La
Resistencia” que actualmente ocupa la población desplazada y en pobreza
extrema que ella representa (aproximadamente 34 familias integradas por sujetos
de especial protección constitucional[19]),
quienes se asentaron desde del diecinueve (19) de julio
de dos mil dieciséis (2016) en un bien de uso público destinado para un parque
urbano ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal (Casanare).
2.2. La Administración municipal de Yopal ha realizado 28[20]
intentos de desalojo en compañía de la Policía Nacional, en los cuales, en
algunos casos, los uniformados han hecho uso de la fuerza y retenido de manera
irregular a algunos habitantes de hecho del referido asentamiento humano.
2.3. Considera la agente oficiosa que debido a las actuaciones
desplegadas por el ente territorial accionado y la Policía Nacional y ante la
falta de actividad de entidades como el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas UARIV, se
han vulnerado los derechos fundamentales de sus agenciados, al no proveer las
medidas de protección necesarias para garantizar la inclusión de la comunidad
en programas y proyectos de acceso al suelo urbano y viviendas de interés
social, previa identificación de la población y el análisis de sus condiciones
socioeconómicas, teniendo en cuenta que se trata de un grupo de personas en
situación de desplazamiento forzado sujetos de especial protección.
3. Procedencia de
la acción de tutela para proteger a población desplazada en caso de desalojo. Reiteración
de jurisprudencia
3.1. En el marco de los procesos
de amparo y en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991[21], el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, tales como: (i) la
existencia de legitimación por activa y por pasiva; (ii) la afectación de
derechos fundamentales; (iii) la instauración del amparo de manera oportuna
(inmediatez); y, (iv) el agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles,
salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales
vías sean inexistentes o ineficaces (subsidiariedad).
Legitimación por activa
3.2. El artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 señala que la demanda podrá ser presentada directamente por la
persona que considere vulnerados sus derechos fundamentales o a través de su
representante, o por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
3.3. Esta Corporación en la Sentencia T-682 de
2013, consideró que “los Defensores del Pueblo en atención a sus funciones
constitucionales y legales, de guarda y promoción de los derechos
fundamentales, están legitimados para presentar acciones de tutela, de tal
forma que, si se percatan de la amenaza o violación de derechos fundamentales
de una persona, podrán interponer la acción en nombre del individuo que se lo
solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión”[22].
En el asunto objeto de revisión, la Defensora del
Pueblo Regional Casanare se encuentra legitimada para instaurar la acción de
tutela en representación de los habitantes del asentamiento humano denominado “La
Victoria – La Resistencia”, ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella
Vista de Yopal (Casanare), puesto que dentro de los ocupantes se encuentran
personas en estado de vulnerabilidad, como lo son menores de edad, adultos
mayores, mujeres embarazadas y madres cabeza de hogar, entre otros, quienes
alegan ser desplazados por la violencia o estar en condiciones de extrema
pobreza.
Legitimación por pasiva
3.4. Según el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, el recurso de protección podrá interponerse contra el
actuar u omisión de cualquier autoridad pública e incluso de los particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.
3.5. De acuerdo con lo previsto en los artículos
86 de la Constitución Política y 5° del Decreto 2591 de 1991[23], el municipio de Yopal,
el Departamento del Casanare, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a la Víctimas y el Fondo Nacional de Vivienda son demandables a través de
acción de tutela, puesto que son autoridades públicas, en tanto los dos
primeros son entes territoriales[24],
la tercera es una unidad administrativa especial con personería jurídica y
autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social[25]
y  FONVIVIENDA es una entidad pública, adscrita al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía presupuestal y financiera[26].
Afectación a derechos
fundamentales
3.6. El juez constitucional debe
examinar si existe una afectación de derechos fundamentales, teniendo en cuenta
que la acción de tutela tiene como objeto la protección de estos cuando quiera
que resulten vulnerados o amenazados.
La Defensora del Pueblo Regional
Casanare, actuando como agente oficiosa de treinta y cuatro (34) familias
desplazadas y refugiadas en el asentamiento denominado: “La Victoria – La
Resistencia”, ubicado en un bien de uso público destinado para un parque
urbano en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal (Casanare), considera
que la Administración municipal, así como otras entidades del orden regional y
nacional le están vulnerando a esta comunidad desplazada sus derechos
fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar y a la
honra, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público y
amenazarlos con realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin
previamente garantizar un albergue temporal y soluciones de vivienda en las
cuales puedan ser reubicados.
En atención a la situación
fáctica descrita, la Sala considera que la acción de tutela es procedente para la
protección de los derechos fundamentales de la población desplazada o en
condición de pobreza extrema, y por lo tanto, es innecesario un análisis más
estricto a pesar de encontrarnos en un escenario que involucra un proceso
policivo.
Inmediatez
3.7. El artículo 86 de la
Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la
“protección inmediata” de los derechos fundamentales, el funcionario judicial
debe verificar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que
requieren de manera urgente la intervención del juez de tutela.
Al respecto, esta Corporación ha
reconocido excepciones al presupuesto de inmediatez, cuando se demuestra que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, aunque el hecho que dio lugar a
la misma es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del accionante derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual.
3.8. En el proceso de la referencia, la Sala
Séptima de Revisión encuentra demostrado que (i) las familias
agenciadas comenzaron a asentarse en un bien de uso
público destinado para un parque urbano ubicado en los barrios Villa Nelly y
Bella Vista de Yopal (Casanare), a partir del diecinueve (19) de julio de dos
mil dieciséis (2016); (ii) la Administración municipal ha hecho presencia en el
área del asentamiento a través de la Secretaría de Gobierno y la Policía
Nacional, realizando 28 intentos de desalojo (incluso después de haberse
formulado la acción de tutela); (iii) la diligencia de desalojo número 24 se
realizó el 22 de septiembre de 2016 y la fecha en que se instauró la
acción de tutela fue el 27 de septiembre de esa anualidad, es decir, que
transcurrieron solo 5 días; y, (iv) los ocupantes de hecho aún
permanecen en improvisadas edificaciones y refugios sin vigilancia ni control
del ente territorial en el predio invadido.
Subsidiariedad
3.9. La Corte Constitucional, en
reiterada jurisprudencia, ha indicado que la acción de
tutela es procedente como mecanismo de protección de los derechos fundamentales
de las personas en situación de desplazamiento forzado. Lo anterior, al
argumentar que otros medios de defensa judicial pueden resultar
insuficientes para brindar una protección eficaz ante las circunstancias de
urgencia que enfrenta esta población[27].
Aunado a lo anterior, para esta
Corporación, resulta desproporcionado exigir a las personas desplazadas el
agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, pues equivale a la
imposición de cargas adicionales a las que han tenido que soportar en su condición
de víctimas del conflicto armado interno[28] y desconoce la
necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se encuentran
comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios rectores del
desplazamiento interno y el acatamiento de medidas de protección a favor de la
población desplazada[29].
3.10. La Corte ha señalado que, en términos formales, la tutela es
procedente para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea
abocada a desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes
ocupados irregularmente[30]. Lo
anterior, por cuanto goza de un estatus constitucional especial que no
puede simplemente tener un “efecto retórico”[31] y en ese sentido, las
autoridades públicas deben otorgar un trato
preferente y urgente, dado que el desplazamiento forzado conlleva  múltiples
violaciones a los derechos fundamentales[32].
3.11. La Sala Séptima de Revisión constata de acuerdo con las
pruebas obrantes en el expediente y con las respuestas dadas por las entidades
accionadas, que existe una invasión de un bien de uso público destinado para un
parque urbano ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal,
Casanare, por parte de treinta y cuatro (34) familias, que alegan ser víctimas
de desplazamiento forzado y encontrarse en situación de pobreza extrema por lo
que decidieron asentarse en ese lugar y pese a los 28[33]
intentos de desalojo realizados por la Administración municipal en compañía de
la Policía Nacional, no ha sido posible otorgarles una alternativa de
reubicación que garantice su derecho fundamental a la
vivienda digna.
3.12. Conforme a lo expuesto, la Sala considera procedente la acción
de tutela por cuanto: (i) esta comunidad desplazada no cuenta con otro
medio de defensa judicial idóneo y efectivo para controvertir el inminente
desalojo con el que seguramente concluirá el proceso administrativo de
restitución de bien de uso público que ha intentado realizar la Alcaldía municipal
de Yopal, Casanare. Máxime, si se tiene en cuenta que de producirse el lanzamiento
sin previamente reubicar a las familias desplazadas, se restringirá el goce
efectivo de su derecho a una vivienda digna, sometiéndolas a la difícil labor
de encontrar un nuevo espacio para resguardarse y (ii) las autoridades estatales tienen la obligación de
emprender acciones afirmativas a favor de la población desplazada que se
encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta para lograr la materialización de las garantías constitucionales a
que tienen derecho como sujetos de especial protección[34].
4. Problema jurídico
4.1. Después de verificada la procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto, le corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿El municipio de Yopal, Casanare, vulnera el
derecho a la vivienda digna de los miembros de una comunidad desplazada
(asentamiento “La Victoria – La Resistencia” ubicada en el parque urbano
de los barrios Villa Nelly y Bella Vista) al intentar de manera reiterada, a
través de un proceso administrativo de restitución de bien de uso público,
desalojarlos sin ofrecer previamente ninguna medida de protección?
4.2.
Para resolver la controversia planteada en este trámite, la Sala reiterará la
jurisprudencia sobre (i) el derecho a la vivienda digna de las comunidades en
situación de desplazamiento; (ii) los derechos de la población desplazada en
materia de desalojos forzosos; y, a partir de lo expuesto, (iii) analizará de fondo el
problema jurídico esbozado.
5. El derecho a la vivienda digna de las comunidades en situación de
desplazamiento. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La Constitución Política en el capítulo segundo
del título I consagra la vivienda digna como un derecho social.
Específicamente, el artículo 51 Superior establece que “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”, de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia[35].
5.2. El artículo 11, numeral 1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone que, toda
persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”.[36]
La Observación General No. 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sostiene que una
vivienda puede considerarse adecuada en los términos del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Social y Culturales cuando se garantice el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte del territorio del Estado.
5.3. A nivel interno, el componente
de vivienda en condiciones dignas está incluido en el programa para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia[37] definida por la Ley 387
de 1997[38]
y el Decreto Reglamentario 2569 de 2000[39]. Las referidas normas establecen
que la garantía de este derecho surge como componente
de la consolidación y estabilización socioeconómica del grupo
poblacional víctima de desplazamiento.
5.4. El artículo 4 del Decreto 951 de 2001[40] preceptúa que los programas mediante los cuales se realiza la
asignación del subsidio de vivienda para la población desplazada, deben tener
en cuenta los componentes de: (i) retorno voluntario de las familias al
municipio del que fueron  desplazadas y (ii) la reubicación de las familias
desplazadas en municipios distintos al de origen del desplazamiento, cuando no
sea posible su retorno. Así mismo, el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, consagró
que en el marco de las medidas de atención inmediata o de urgencia, y posible asignación
de subsidios de vivienda, rural o urbana, para la población desplazada, se
deben proveer albergues provisionales cuando así se requiera como una solución
provisional a la problemática habitacional[41].
5.5. El artículo 12 de la Ley 1537 de 2012[42] preceptúa que el subsidio en especie
para la población vulnerable, está dirigido específicamente a personas que se
encuentren en alguna de las siguientes condiciones: (i) que estén vinculadas a
programas sociales del Estado, (ii) se hayan visto afectados por desastres naturales,
(iii) estén asentadas en zonas de alto riesgo mitigable o (iv) se encuentren en
situación de desplazamiento, entre otras.
5.6. La Corte Constitucional, en el caso particular de las
comunidades desplazadas, ha reconocido que el desplazamiento forzado lleva
implícita la afectación del derecho a la vivienda. En sentencia T-025 de 2004[43] explicó que:
“Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan
amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes: (…) 14. El derecho a
una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de desplazamiento
tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y
someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde
se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.
En relación con este derecho, los Principios 18 y 21 establecen criterios
mínimos que deben ser garantizados a la población desplazada a fin de
proveerles vivienda y alojamiento básicos.”
Así, la Sala Sexta de Revisión en Sentencia T–585 de 2006
indicó que el derecho a la vivienda digna adquiere una especial dimensión ius
fundamental cuando se trata de población desplazada, al señalar que “…el
derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas
desplazadas por la violencia, susceptible de ser protegido mediante la acción
de tutela”[44].
Para esta Corporación el contenido del derecho fundamental a
la vivienda digna para personas en situación de desplazamiento contempla la
correlativa obligación de las autoridades públicas competentes para[45]:
“i) reubicar las personas en condición de desplazamiento;
ii) brindar a
este especial grupo de personas soluciones de vivienda no solo con carácter
temporal, sino también, con carácter permanente;
iii)
proporcionar información clara y concreta, asesoría y especial acompañamiento
en los procedimientos que deben adelantar ante las autoridades competentes para
acceder a los programas;
iv) diseñar y
ejecutar los planes y programas de vivienda en los que se deberá considerar las
especiales necesidades (sociales, culturales, económicas, entre otras) de la
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de esta[46];
y
v) eliminar
barreras que impidan el acceso de las personas desplazadas a los programas de
asistencia estatal, entre otras”.[47]
En concordancia con lo
anterior, en Sentencia T-472 de 2010 esta Corporación resaltó como obligaciones
del Estado colombiano“(i)
diseñar los planes y programas de vivienda, con un énfasis prioritario en
atender las especiales necesidades de dicha población; (ii) brindar asesoría
clara y efectiva a estas personas sobre los trámites y requisitos para acceder
a los programas de vivienda; (iii) eliminar las barreras que impiden el acceso
de las personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado y
(iv) proveerles soluciones de vivienda asequibles, con gastos de mantenimiento
soportables y dotadas de protección jurídica.”[48]
5.7. La Corte sostiene que
el acceso efectivo al derecho a la vivienda de la población desplazada debe
cumplir con criterios de titulación y seguridad jurídica sobre la misma. Al
respecto, en Sentencia T-088 de 2011, afirmó:
“debe reiterarse que el derecho a la
vivienda digna de la población desplazada sólo se satisface de manera integral
cuando concurren dos eventos: “(i) los titulares del derecho accedan
materialmente a alojamientos transitorios o a viviendas adecuadas, esto es,
únicamente cuando las personas desplazadas se encuentran viviendo en soluciones
habitacionales dignas destinadas para ello; y (ii) cuando se les ha garantizado
a sus moradores la seguridad jurídica de la tenencia de las viviendas. Hasta
que ello no ocurra el Estado no puede entender cesadas sus obligaciones
constitucionales en materia de vivienda, y mucho menos, sus deberes respecto de
la protección especial de la población desplazada…”[49].
En conclusión, el derecho a la vivienda está
íntimamente relacionado con el derecho a la vida en condiciones dignas y, por
lo tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar progresivamente a todas las
personas el derecho a una vivienda en cabales y plenas condiciones de seguridad
jurídica, disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad,
adecuación espacial y adecuación cultural. Máxime, cuando se trata de población
desplazada, pues su aplicación tiene un carácter inmediato, cualquier actuación
u omisión por parte de los entes estatales que no conduzca efectivamente a una
materialización positiva de estos atributos, generan derechos subjetivos
susceptibles de protección constitucional.
6. Derechos de la
población desplazada en materia de desalojos forzosos. Reiteración de
jurisprudencia
6.1 El Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Número 7 (en adelante
OG 7), en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), define la expresión “desalojo forzoso” como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni
permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos
forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de
acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos”.
6.2. Esta Corporación, en desarrollo de diversos
preceptos constitucionales ha abordado la controversia en relación con la
invasión de predios públicos o privados y el procedimiento administrativo de
desalojo como medida que permite recuperar materialmente un bien que fue tomado
de manera ilegítima, y evitar que aquellos que han
procedido en contra de la ley obtengan un provecho de su acción[50].
6.3. El desalojo forzoso se debe entender no solo como un
medio coercitivo que reconoce el ordenamiento jurídico para evitar que por vías
de hecho se consoliden situaciones de derecho que perjudiquen derechos
legítimamente adquiridos, sino también, como acciones positivas tendientes a
recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo título. La protección
resulta especialmente relevante en los casos en que el bien afectado con la
ocupación ilegítima hace parte del espacio público, pues el patrimonio de la
colectividad alcanza particular atención y protección en el ordenamiento
jurídico[51].
6.4. La legitimidad de los procedimientos de desalojos
forzados deben hacerse de conformidad con la Observación No 7º del Comité de
Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (PIDESC), que en el parágrafo 13 establece: “Antes de que se
lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a
grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se
estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que
permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la
fuerza”. En ese sentido, la referida actuación debe garantizar que a las
personas desalojadas no se les vulneren sus derechos fundamentales, pues  si
bien el desalojo es una acción legítima de protección de la propiedad y del
espacio público, por su naturaleza, la Administración debe ser especialmente
cuidadosa en que no se convierta en un medio que atente contra garantías
constitucionales en cabeza del grupo a desalojar.
6.5. Dentro del contenido del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del
derecho al debido proceso de la población a desalojar, para lo cual, dicho
procedimiento se debe ejecutar teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
“a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;
b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las
personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;
c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable,
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que
se destinan las tierras o las viviendas;
d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;
e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el
desalojo;
f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche,
salvo que las personas afectadas den su consentimiento;
g) ofrecer recursos jurídicos; y
h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las
personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.[52]
Lo anterior, en concordancia con el párrafo 16 de la OG
7, según el cual: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas
que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.
Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte
deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan
sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a
tierras productivas, según proceda”.
6.6. La Corte Constitucional en Sentencia T-109 de 2015,
con el objeto de salvaguardar el derecho fundamental a una vivienda digna en el
caso de los desalojos forzados, especificó las directrices y garantías
procesales básicas bajo los cuales deben conducirse este tipo de diligencias:
“(i) Existe la necesidad de adoptar políticas sociales para evitar
los asentamientos humanos irregulares, en atención a la obligación que tiene el
Estado de promover programas de habitación, especialmente dirigidos a la
población vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la
vivienda digna.
(ii) Las autoridades en caso que pretendan recuperar bienes,
deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos
fundamentales de los afectados. Así, de acuerdo con las observaciones número 4
de 1991 y 7 de 1997 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
los Principios de Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos:“(a)
garantizar el debido proceso, (b) consultar previamente a la comunidad
afectada, (c) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y
razonable, (d) suministrar a los interesados, en un plazo razonable,
información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán
las tierras o las viviendas; (e) estar presentes durante la diligencia; (f)
identificar a todas las personas que efectúen el desalojo; (g) no efectuar
desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas
afectadas den su consentimiento; (h) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los
afectados; y (i) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la
garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les
sean causados.”
(iii) Cuando el grupo poblacional afectado no disponga de recursos
propios para proveerse una solución de vivienda digna, las autoridades deben
adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con sus posibilidades, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas,
según proceda.
(iv) Las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la
fuerza y proteger especialmente a la población más vulnerable, como adultos
mayores, menores de 18 años, personas en situación de discapacidad,
desplazados, etc.
(v) En los procedimientos de desalojo, la responsabilidad de
garantizar el derecho a la vivienda digna recae sobre varias instituciones y
autoridades tanto a nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben
cumplir con las obligaciones antes mencionadas. En ese sentido, se ha señalado
que “las autoridades locales y de policía son garantes de los derechos
fundamentales de la población asentada en su respectiva jurisdicción, y que las
poblaciones vulnerables por razones de igualdad y justicia material, merecen
una consideración especial y son titulares de una protección reforzada de parte
de las autoridades.[53]”
Recientemente, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional en Sentencia T-188 de 2016[54]
al pronunciarse sobre los derechos de la población desplazada en materia de
desalojos forzados, reiteró que del conjunto de medidas
resarcitorias adoptadas en sede de revisión por esta Corporación, se destacan
dos elementos principales: “(i) una medida provisional y urgente de
albergue que puede consistir, dependiendo del caso, en un subsidio de
arrendamiento o en la adecuación de un inmueble como habitación
transitoria; seguido de (ii) una solución definitiva de vivienda,
previa la realización de un censo integral de los afectados, ya sea ordenando
brindar una asesoría detallada y clara sobre las políticas públicas
disponibles, exigiendo incluir directamente a los damnificados en alguno de los
programas municipales vigentes previa verificación de los requisitos exigidos y
observando el debido proceso en la asignación de los recursos disponibles, o
disponiendo la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la
necesidad y el grupo población afectado, y con perspectiva étnica de ser
necesario”[55].
En conclusión, la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia[56] se ha pronunciado sobre las medidas adecuadas que deben tomar las
autoridades públicas al momento de realizar procedimientos policivos de
desalojo y las garantías que le asisten a la población desplazada que ocupe un
bien, ya sea de uso público o privado, para satisfacer su derecho a la vivienda
y no tenga otra alternativa de habitación, con el fin de evitar nuevas
vulneraciones de sus derechos fundamentales.
7. Resolución del caso
concreto
7.1. Diana Patricia Puentes
Suárez, en su calidad de Defensora del Pueblo -Regional Casanare, actuando como agente oficiosa de treinta y cuatro (34) familias
desplazadas y refugiadas en el asentamiento denominado: “La Victoria – La
Resistencia”, ubicado en un bien de uso público destinado para un parque
urbano en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal (Casanare), considera
que la Administración municipal, así como otras entidades del orden regional y
nacional le están vulnerando a esta comunidad desplazada sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad
familiar y a la honra, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso
público y amenazarlos con realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin
previamente garantizar un albergue temporal y soluciones de vivienda en las
cuales puedan ser reubicados.
7.2. La Corte
Constitucional sostiene que en los procedimientos administrativos tendientes al
desalojo de invasiones de hecho de población desplazada, por la ocupación
irregular de bienes públicos o privados, las autoridades deben dar prelación y
amparo a las familias desplazadas al comprobarse que las mismas están
integradas por adultos mayores, menores de edad, población en situación de
discapacidad y demás sujetos de especial protección constitucional. De lo
contrario, estas actuaciones administrativas se suspenderán hasta que exista un
plan de reubicación a corto plazo y se garantice el acceso a una vivienda digna
a mediano y largo plazo[57].
7.3. En el caso sub judice, se trata de
treinta y cuatro (34) familias[58]
integradas por niños menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores,
población en condición de discapacidad, afrodescendientes, mujeres y hombres
cabeza de hogar y recicladores de oficio  en estado de marginación y debilidad
manifiesta, según informe de la Alcaldía municipal de Yopal[59], que se caracterizan por ser personas
desplazadas y en situación de pobreza extrema.
7.4. Una vez valoradas por esta Sala las pruebas
que obran en el expediente, en relación con las personas que conforman el
asentamiento “La Victoria – La Resistencia”, se encuentra que no todos los
miembros de los treinta y cuatro (34) hogares que conforma cada uno de los accionantes
en situación de vulnerabilidad  están incluidos en el Registro Único de Víctimas
(RUV) que lleva la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de
la Violencia. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo Regional Casanare aportó al
proceso de tutela información documental para acreditar la condición de
desplazamiento y/o situación de pobreza extrema. Entre los documentos se
encuentran: (i) certificados de afiliación al SISBEN; (ii) desprendibles de
recepción de formularios de postulación a vivienda; (iii) declaraciones
juramentadas ante personerías locales donde consta que se encuentran en curso los
trámites de evaluación para inscripción en el RUV; y, (iv) copias de acuerdos
de responsabilidad de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema suscritos
por algunos miembros de los núcleos familiares agenciados, entre otros elementos
probatorios.
7.5. Estas familias comenzaron a asentarse en un bien de uso público destinado para un parque urbano ubicado en
los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal (Casanare), a partir
del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016). La Administración
municipal ha hecho presencia en el área del asentamiento a través de la
Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional. Desde ese momento, les ha
informado que no es posible habitar el sitio y que si no lo desocupan
voluntariamente se verán abocados al desalojo, situación que se ha presentado
en 28 ocasiones sin que haya sido posible obtener una solución a esta
problemática de ocupación de hecho por parte de los accionantes, quienes aún
permanecen en improvisadas edificaciones y refugios sin vigilancia ni control
del ente territorial.
7.6. Las entidades estatales accionadas
solicitan declarar la improcedencia de la tutela e insisten en su falta de
legitimación y de competencia para atender las solicitudes de ayuda humanitaria
y asignación de subsidios de vivienda por la crisis humanitaria generada por el
desplazamiento forzado y el posterior asentamiento de esta comunidad en la zona
a desalojar.
7.7. El municipio de Yopal, a
través de la Secretaría de Gobierno y en aplicación del artículo 18 de la
Ordenanza 015 de 2006[60], solicitó a la Policía Nacional que procediera a retirar a los
accionantes del bien de uso público, exhortándolos a que desalojen el lugar;
sin embargo, estos acercamientos con la comunidad no se han acompañado de
compromisos tangibles por parte del ente territorial que proporcionen una
solución al conflicto. Las razones que esgrime la alcaldía municipal se
sintetizan en la falta de recursos financieros por supresión de regalías y de
medios para garantizar la reubicación y el acceso a viviendas a la población
desplazada.
Para la Corte Constitucional no
son de recibo los argumentos expuestos por las entidades accionadas, pues el
desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado interno no puede
ser tratado solo como un problema de orden público, al estar estrechamente
relacionado con las condiciones mínimas de dignidad que demandan las personas
afectadas para poder afrontar esa situación, requiriendo la especial
intervención del Estado, a través de sus autoridades, para evitar actos
discriminatorios y de intolerancia que restrinjan o menoscaben derechos
protegidos en cabeza de las personas a quienes se pretende desalojar[61].
Asimismo, la falta de recursos
económicos aducida por la Alcaldía de Yopal para contrarrestar la problemática
planteada en el presente caso, no puede constituir un obstáculo para la
protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Al
respecto,  esta Corporación en Sentencia T-188 de 2016, reiteró que “a las
autoridades no les está dado simplemente aducir déficit presupuestal para
abstenerse de proteger los derechos fundamentales de la población desplazada”.
En este escenario,  al juez constitucional le asiste la obligación de amparar
los derechos fundamentales vulnerados por la omisión de las autoridades
encargadas de desarrollar políticas y programas de prevención, atención y
protección a personas desplazadas[62].
7.8. En casos como el que se
analiza, no se puede considerar únicamente el proceso administrativo de
restitución de bien de uso público como la vía de solución a la dificultad que
padecen las familias desplazadas y refugiadas debido a su situación de pobreza
extrema en el asentamiento denominado “La Victoria – La Resistencia”, sin
contemplar alternativas que garanticen albergues temporales y soluciones de
vivienda definitiva, pues con ello, la Administración municipal estaría
restringiendo el goce efectivo de su derecho fundamental a la vivienda digna. Lo
anterior, por cuanto, el problema del desplazamiento supone una colaboración
armónica entre las autoridades nacionales y locales, con el fin de comprometer
esfuerzos materiales que permitan solventar los conflictos que se pretenden
resolver[63].
7.9. En cuanto a las decisiones
judiciales de instancias, estas negaron el amparo solicitado. El Tribunal
Administrativo de Casanare indicó que los accionantes han realizado una ocupación
irregular intermitente en un predio que pertenece al municipio de Yopal,
desconociendo el poder legítimo de la autoridad,  por lo que no pueden pretender
que, a través de la acción de tutela, se les reconozcan unos derechos cuando
han utilizado instrumentos ilegales para adquirirlos. Aclaró que la Fuerza
Pública tiene la facultad de ejercer acciones policivas para recuperar la
tranquilidad y el orden público. Finalmente, concluyó que los peticionarios no
demostraron haber agotado todos los trámites previstos en la ley para la
asignación de subsidio de vivienda, por lo tanto no hay lugar a reconocer tal
beneficio a su favor. En segunda instancia, el Consejo de Estado (Sección
Segunda – Subsección B) confirmó la decisión del Tribunal y resaltó la obligación
que tienen los accionantes en su condición de desplazados de participar de las
convocatorias que las autoridades estatales abren para asignar subsidios.
No comparte la Sala los argumentos
expuestos por las autoridades judiciales para negar el amparo deprecado, pues, al
momento de resolver la acción de tutela de la referencia, se debió tener en
cuenta que el presente caso conlleva una problemática social compleja que
necesariamente requiere que el juez de amparo analice el contexto que lleva a
estas personas, por vías de hecho, a asentarse en cualquier lugar,
circunstancias que, por lo general,  están ligadas a la violencia que han
padecido como desplazados. Lo anterior, sin que ello implique la aprobación o
refrendación de la utilización de vías de hecho o actuaciones ilegales por
parte de esta Corporación, pues lo que se pretende es la protección de los
derechos fundamentales de estos ciudadanos teniendo en cuenta sus condiciones
especiales, siempre y cuando, la Administración determine que se trata de
población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o constituyan sujetos
de especial protección constitucional.
Sobre el particular, la Corte en Sentencia T-740 de
2012, concluyó que “si bien es cierto que la ocupación por vías de hecho
carece de protección legal y puede, por lo tanto dar lugar a un desalojo
constitucionalmente legítimo, también es posible que en algunos casos las
disposiciones legales deban inaplicarse en atención del carácter normativo de
la Constitución y normas internacionales como el PIDESC, lo que acontecerá
siempre que la diligencia afecte de manera desproporcionada a grupos
vulnerables”[64].
Máxime, si se tiene en cuenta que “las circunstancias económicas,
sociales y culturales del grupo ocupante, el número de potenciales afectados
por el desalojo, la presencia de otras vulnerabilidades como la edad, la
eventual afectación de personas con discapacidad o de mujeres cabeza de familia
o embarazadas; así como las posibles consecuencias gravosas del desalojo; son
aspectos relevantes a considerar por parte del juez constitucional”[65].
7.10. En este orden, la Sala advierte que con el fin
de dar una solución a la compleja situación que ahora plantea el asentamiento “La Victoria – La Resistencia” en la ciudad de Yopal, las autoridades municipales, conjuntamente
con las de orden nacional, deberán evaluar la situación actual de la comunidad
asentada en el bien de uso público, con el fin de determinar la condición y el grado de vulnerabilidad
de las personas que lo ocupan, para con base en dicha información, coordinar y
consensuar un plan de acción, que se encuentre dirigido tanto a garantizar el
desalojo del predio público, como a proteger los derechos de las personas que
se encuentran ocupándolo de hecho, en cuanto se trate de grupos vulnerables,
como madres cabeza de hogar, núcleos familiares con menores de edad, adultos
mayores, personas en situación de discapacidad, víctimas de fenómenos sociales
o naturales, población desplazada o en condición de extrema pobreza.
Sobre la observación hecha por la
Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado en relación con la obligación
que tiene la población desplazada de participar de las convocatorias
pertinentes para la asignación de subsidios, se debe precisar que las
autoridades estatales accionadas tienen la carga de proporcionar información
clara y concreta sobre los trámites que deben surtir los interesados para
postularse a la adjudicación de subsidios de vivienda. No obstante, en el proceso
de tutela y de las pruebas obrantes en el expediente, no se evidenció que el
ente territorial ni las demás entidades accionadas hayan proveído a todos los
accionantes, información clara y concreta sobre las gestiones que deben surtir
para postularse a la referida adjudicación o alguna otra forma de apoyo estatal
que les facilite el acceso a una vivienda digna.
En tal sentido, la Corte
Constitucional ha reiterado que si bien las comunidades desplazadas tienen la
obligación de presentarse a las convocatorias que las autoridades ofrezcan, tal
carga tiene que estar precedida de un acompañamiento y asesoría en los
procedimientos de asignación de subsidios o auxilios estatales con el fin de  superar
los obstáculos que se presenten en el trámite de los mismos, atendiendo el grado
de instrucción de cada peticionario y sus condiciones especiales. Lo anterior,
sin que puedan las autoridades gubernamentales excusar su inactividad para
enfrentar la problemática social identificada en la falta de asignación de
recursos para ésta población por parte de las diferentes instancias nacionales
y locales, pues en asentamientos de hecho en donde se logre determinar la
presencia de comunidades desplazadas y personas que sin tener tal condición se
encuentran en situación de pobreza extrema, se debe propender por la garantía y
protección de sus derechos fundamentales[66].
7.11. Conforme a lo expuesto,
para la Sala Séptima de Revisión es evidente que en este caso se configuran
circunstancias especiales que ameritan otorgar el amparo constitucional a fin
de evitar una mayor vulneración a los derechos fundamentales de los
accionantes, dado que: (i) se trata de un asentamiento conformado por familias
víctimas del desplazamiento forzado y en pobreza extrema, en los que se
incluyen otros sujetos de especial protección constitucional como niños menores
de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, población en condición de
discapacidad, afrodescendientes, mujeres y hombres cabeza de hogar; (ii) los
peticionarios han sido objeto de acciones policivas para lograr la restitución
de bien de uso público sin la posibilidad de recibir ninguna orientación ni
ayuda por parte de las autoridades gubernamentales; (iii) en cumplimiento de
los requerimientos efectuados por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de
Yopal, la Policía Nacional ha intentado la recuperación del predio en 28 ocasiones,
haciendo uso de la fuerza para lograr el desalojo de la comunidad accionante; (iv)
pese a que desde el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016) se
inició la ocupación de hecho por parte de familias desplazadas y personas en situación
de pobreza extrema en Yopal, a la fecha no se han adoptado ni anunciado
decisiones estructurales, que pongan fin a la problemática social que tiene a
esta comunidad habitando el bien de uso público sin contar con los servicios
mínimos ni adecuados para su supervivencia; y (v) las autoridades se han
abstenido de brindar medidas de atención urgente de albergue temporal,
estabilización socioeconómica, ayuda humanitaria, y definitivas que ofrezcan
acceso a una vivienda digna al argumentar supresión de los recursos de las
regalías que por ley le son asignadas a ese municipio.
7.12. Así las cosas, se ordenará al municipio de Yopal, Casanare,
que en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y con el acompañamiento del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, y en un plazo no superior a un (1) mes
contado a partir de la notificación de esta decisión, realice un censo para
constatar cuáles de las familias que se alojan en el asentamiento denominado: “La
Victoria – La Resistencia” ubicado en el bien de uso público destinado para
un parque urbano en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de ese municipio,
ostentan la condición de desplazados y qué familias se encuentran en pobreza
extrema, pues pese a no ser víctimas de este fenómeno social ocasionado por el
conflicto armado interno, no pueden dejarse de proteger
sus derechos fundamentales, sobre todo si se tiene en cuenta que no han
recibido ninguna orientación ni ayuda por parte de las autoridades
gubernamentales.
Luego de realizado el censo, el municipio de Yopal
y el departamento del Casanare deberán (i) otorgarles un albergue transitorio a
los
desplazados, quienes tendrán prioridad como
beneficiarios de los programas de vivienda que actualmente se tramiten en el
municipio o el departamento, y a las personas que estén en situación de
marginalidad pero que no tengan la calidad de desplazados por la violencia,
antes de proceder al desalojo; (ii) inscribirlos en programas sociales a cargo
de las entidades territoriales y nacionales de los cuales puedan ser
beneficiarios; e (iii) informarles por escrito, de manera clara y detallada,
cuáles son las políticas públicas municipales, departamentales y/o nacionales,
destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda de interés social y
los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser incluidos en éstos
programas. Igualmente, deberán prestarles el acompañamiento
para que puedan ser beneficiarios de dichos planes, así como de aquellos
diseñados por el Gobierno Nacional para la superación de la pobreza extrema.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
LEVANTAR la suspensión
de términos decretada para fallar el presente proceso.
Segundo.-
REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, el once (11) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
y el fallo confirmatorio dictado en segunda instancia por la Subsección B,
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que
resolvieron negar el amparo invocado dentro de la acción de tutela promovida
por la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare como
agente oficioso de los miembros de la comunidad en ocupación de hecho del
asentamiento humano “La Victoria - La Resistencia” en los barrios Villa
Nelly y Bella Vista del municipio de Yopal, Casanare,
contra la Nación, el Departamento del Casanare, el Municipio de Yopal,
Casanare, la Policía Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV y el
Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la vivienda digna de las treinta y cuatro (34)
familias a nombre de las cuales actuó el agente oficioso, que se encuentran en
el asentamiento “La Victoria – La Resistencia” ubicado en los barrios Villa Nelly y Bella Vista de Yopal, Casanare y cuyos nombres e identificación se incorporan en el anexo No. 1 de
esta providencia.
Tercero.-
ORDENAR  al municipio de Yopal (Casanare) y a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en coordinación con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, y en un plazo
no superior a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,
verifique  mediante un censo cuáles de las treinta y cuatro (34) familias que
hacen parte del asentamiento “La Victoria – La
Resistencia” ubicado en los barrios Villa Nelly y
Bella Vista de ese municipio, ostentan la condición de desplazados por la violencia, y cuáles se
encuentran en situación de pobreza extrema, de acuerdo a los parámetros
establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Cuarto.-
ORDENAR al municipio de Yopal, al departamento de Casanare, a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV y
al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social –
PROSPERIDAD SOCIAL, que a más tardar dentro del mes siguiente a la realización
del censo ordenado en el numeral anterior, como medida de protección
transitoria garanticen un albergue provisional a las familias en condición de
desplazamiento que habitan el asentamiento“La Victoria
– La Resistencia” ubicado en los barrios Villa
Nelly y Bella Vista de Yopal, Casanare, así como la ejecución de
programas de estabilización socioeconómica y de ayuda humanitaria.
Parágrafo.- Esta medida
provisional de albergue a las personas desplazadas deberá extenderse hasta
tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos
fundamentales sean superadas.
Quinto.- ORDENAR al municipio de
Yopal y al departamento de Casanare, que a más tardar dentro del mes siguiente
a la realización del censo ordenado en el numeral segundo de la parte
resolutiva de esta sentencia, como medida de protección transitoria garantice
un albergue provisional a las familias en situación de pobreza extrema que se
encuentran ocupando el asentamiento“La Victoria – La
Resistencia” ubicado en los barrios Villa Nelly y
Bella Vista de Yopal, Casanare. Asimismo, que a tales familias se les garantice la inclusión en
los programas sociales que adelanten las entidades territoriales, así como
aquellos diseñados por el Gobierno Nacional para la superación de la pobreza
extrema, a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –
PROSPERIDAD SOCIAL.
Parágrafo.- Esta medida
provisional de albergue a las personas en pobreza extrema deberá extenderse
hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos
fundamentales sean superadas.
Sexto.- ORDENAR al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, que, mediante
los procesos de focalización, identificación y selección, verifique si dentro
del asentamiento “La Victoria – La Resistencia” ubicado en los barrios Villa
Nelly y Bella Vista de Yopal, Casanare, existen hogares potencialmente
beneficiarios del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda Gratuita – SFVE, a
fin de que el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA oriente a los
potenciales beneficiarios sobre los trámites pertinentes para poder participar
en futuras convocatorias a desarrollarse en el departamento de Casanare, en el
marco del programa viviendas gratuitas dirigido a los hogares de que
trata el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012[67] y el Decreto 1077
de 2015[68].
Séptimo.- Por Secretaría General líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
ANEXO No.1. (T-6.174.477)
MIEMBROS DE CADA
UNO DE LOS 34 HOGARES ACCIONANTES
No.
Hogar
NOMBRES
APELLIDOS
TIPO
No. DOC
CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD
1
1
AMELIA
JIMENEZ
CC
47429823
MADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
2
1
HERBER HUGO
FORERO JIMENEZ
CC
1116503651
POBREZA EXTREMA
3
1
JAVIER ARLEY
FORERO JIMENEZ
TI
98122207340
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
4
1
CARLOS EDUARDO
FORERO JIMENEZ
CC
1118557283
POBREZA EXTREMA
5
2
JAIDER RAFAEL
MONTES ESCOBAR
CC
77105705
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 11/05/2001 INCLUIDO RUV - PADRE CABEZA DE HOGAR
6
2
ANDRES FELIPE
MONTES RINCÓN
RC
1006557667
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 11/05/2001 INCLUIDO RUV
MENOR DE EDAD
7
3
MARIA GUILLERMINA
LOPEZ COBOS
CC
47440966
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 07/07/2006 INCLUIDO EN RUV
8
3
MILTON
CASTIBLANCO LUNA
CC
74812700
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 07/07/2006 INCLUIDO EN RUV
9
3
KAREN DANIELA
CASTIBLANCO LÓPEZ
TI
1006405732
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 07/07/2006 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
10
3
LUISA FERNANDA
CASTIBLANCO LÓPEZ
TI
1116690398
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 07/07/2006 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
11
3
LISETH MAYERLI
CASTIBLANCO LÓPEZ
RC
1029654249
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 07/07/2006 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
12
4
REINALDO
LÓPEZ
CC
74812296
PADRE CABEZA DE HOGAR
13
4
KAREN SOFÍA
LÓPEZ ALARCÓN
RC
1115859088
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
14
4
JEISON FERNEY
LÓPEZ ALARCÓN
TI
1115690576
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
15
4
CAMILO
LÓPEZ ALARCÓN
TI
1116690080
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
16
4
MILDREY
LÓPEZ ALARCÓN
TI
99112808457
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
17
4
GIOVANNY
LÓPEZ ALARCÓN
CC
1115690199
POBREZA EXTREMA
18
4
REINALDO
LÓPEZ ALARCÓN
CC
1115864897
POBREZA EXTREMA
19
5
ANA RAQUEL
LARIOS OROZCO
CC
1128325234
POBREZA EXTREMA
20
5
JHOHANY ANDRES
BETANCUR PEREZ
CC
85203886
POBREZA EXTREMA
21
5
HEILYN
BETANCUR LARIOS
RC
1029851106
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
22
5
ANDREA
BETANCUR LARIOS
RC
1029668113
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
23
6
ZAMIR ANDRÉS
TUMAY DEDIOS
CC
1006423660
POBREZA EXTREMA
24
6
VANESSA CAROLINA
MONTES ESCOBAR
TI
1118535560
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
25
6
CARLOS ANDRES
TUMAY MONTES
RC
1222126130
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
26
7
LISNEIDYS TATIANA
MONTES ESCOBAR
CC
1118541946
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MADRE CABEZA DE HOGAR
27
7
YEERLI SOFÍA
MONTES ESCOBAR
RC
1029647980
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
28
7
OSCAR DAVID
MONTES ESCOBAR
RC
1029666967
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
29
7
LIZETH JOHANA
GONZALEZ MONTES
RC
1029653186
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
30
8
VICENTE RAFAEL
MONTES ESCOBAR
CC
1118531536
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
31
8
YAREMI ALEANDRA
CHAVEZ DIAZ
TI
1007561371
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
32
8
NICOL ESTEFANI
MONTES GAMBOA
RC
1029653994
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
33
9
SANDRA PATRICIA
BOHORQUEZ ACEVEDO
CC
1118560135
POBREZA EXTREMA
34
9
WILMER FABIAN
DURÁN HERRERA
CC
1127141209
POBREZA EXTREMA
35
9
DERLY VALENTINA
DURÁN BOHORQUEZ
RC
1222116318
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
36
10
ENRIQUE
LÓPEZ CÓBOS
CC
1118530670
POBREZA EXTREMA
37
10
EDDITH XIMENA
HERNÁNDEZ MESA
CC
1118648853
POBREZA EXTREMA
38
10
EDWIL ARLEY
LÓPEZ HERNÁNDEZ
TI
1029651019
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
39
10
JHONATAN ALEJANDRO
LÓPEZ HERNÁNDEZ
RC
1222121249
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
40
11
VILMAR
MONQUIRÁ TUMAY
CC
1115911406
DESPLAZAMIENTO
FORZADO INCLUIDO EN EL RUV
41
11
EGNA LIZETH
HERNÁNDEZ PARRA
CC
1118567418
DESPLAZAMIENTO
FORZADO INCLUIDO EN EL RUV
42
11
SHAIRA LIZETH
MONQUIRÁ HERNÁNDEZ
RC
1222123002
DESPLAZAMIENTO
FORZADO INCLUIDO EN EL RUV
MENOR DE EDAD
43
12
ADELID
ACEVEDO LEÓN
CC
1118550603
POBREZA EXTREMA
44
12
LUIS ADELMO
GUANAY PUERTA
CC
1115858440
POBREZA EXTREMA
45
12
ERIKA YURANI
LEÓN ACEVEDO
TI
1118544962
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
46
13
ROSA ISELA
MARTINEZ ESCOBAR
CC
1118562693
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MADRE CABEZA DE HOGAR
47
13
CRISTIAN MANUEL
GONZALEZ MARTÍNEZ
RC
1222118189
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
48
13
ALIRIO JESÚS
GONZALEZ MARTÍNEZ
RC
1029658661
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 26/05/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
49
14
YULISA
GONZALEZ MISAL
CC
1118569370
MADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
50
14
SHARITH VALENTINA
GONZALEZ GONZALEZ
RC
1222120569
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
51
15
DANNIS JASMIN
VARGAS GRANADOS
CC
1118535189
MADRE CABEZA DE HOGAR
52
15
NISI ELOHIM
VARGAS GRANADOS
RC
1029655918
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
53
15
ASTRID XIMENA
ARDILA VARGAS
RC
1118528162
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
54
15
JEFFERSON DAVID
ARDILA VARGAS
RC
1029648095
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
55
16
MARTHA PATRICIA
SOCHA CORREDOR
CC
1057583101
POBREZA EXTREMA
MADRE CABEZA DE HOGAR
56
16
JULIO CESAR
CASTAÑO ROJAS
CC
1072654514
POBREZA EXTREMA
57
16
ANDRÉS FELIPE
CASTAÑO SOCHA
RC
1222116861
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
58
17
HENRY
DAZA MARTÍNEZ
CC
4214659
POBREZA EXTREMA
PADRE CABEZA DE HOGAR
59
17
LIGIA
CALDERÓN VIASUS
CC
46368466
INSUFICIENCIA DE
INGRESOS - POBREZA EXTREMA
60
17
KAREN TATIANA
DAZA CALDERÓN
TI
1193090640
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
61
17
LEIDY DANIELA
DAZA CALDERÓN
RC
1029663447
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
62
18
SANDRA MILENA
ESCOBAR TABAREZ
CC
39309845
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 23/02/2001 INCLUIDO EN RUV
MUJER CABEZA DE HOGAR
63
18
ARJEN SAID
PEREA MOSQUERA
RC
1029668640
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 23/02/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
64
18
JORGE DANIS
PEREA ESCOBAR
RC
1076384565
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 23/02/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
65
18
JUAN DAVID
PEREA GARCÉS
RC
1128848701
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 23/02/2001 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE DAD
66
19
OVIDIO
ACEVEDO LEÓN
CC
9433312
PADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
67
19
JITMER OVIDIO
ACEVEDO CHAPARRO
RC
1029664270
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
68
20
BRENDA ALEXANDRA
RAMOS CARIHUASAYI
CC
47440091
MADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
69
20
DIEGO ALEJANDRO
BOLAÑOS RAMOS
TI
1029663566
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
70
21
JULLY YANETH
RAMOS MALPICA
CC
1118534661
POBREZA EXTREMA
71
21
MAIKOLL ANDRES
QUIJANO RAMOS
TI
1029641874
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
72
21
NIKOL YULIANA
DURAN RAMOS
TI
1006553451
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
73
22
ELKIN ALBERTO
SIBO TABACO
CC
1118534022
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 1/05/1998 INCLUIDO EN EL RUV
74
23
MARLY
BARRERA MACIAS
CC
1118536400
MADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
75
23
JHOJAN STIVEN
CRISTIANO BARRERA
RC
1029657960
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
76
23
MARIA VALENTINA
CRISTIANO BARRERA
TI
1029650397
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
77
24
MERCY JUDITH
PAN ANTOLINEZ
CC
23836070
MUJER CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
78
24
LEIDY YADIRA
COBA PAN
TI
1007494970
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
79
24
MERCY JUDITH
COBA PAN
TI
NO REPORTA
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
80
24
YAN CARLOS
COBA PAN
TI
NO REPORTA
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
81
24
DEYKER ANDRÉS
AGUILAR PAN
RC
NO REPORTA
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
82
25
JHON JAIRO
SANCHEZ CONDE
CC
1115913910
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 05/12/1997 INCLUIDO EN RUV
83
26
MARIA YOLANDA
MONROY ANAJAR
CC
1118540071
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 03/08/2003 INCLUIDO EN RUV
MADRE CABEZA DE HOGAR
84
26
DAVID SANTIAGO
CAMARGO MONROY
RC
1029659076
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EL 03/08/2003 INCLUIDO EN RUV
MENOR DE EDAD
85
27
SORLEY
ARENAS MARTÍNEZ
CC
23418108
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
VÍCTIMA DESAPARICIÓN
FORZADA
86
28
BRIYILEIDY
MALDONADO ADÁN
CC
1118537265
MADRE CABEZA DE HOGAR
POBREZA EXTREMA
87
28
KEVIN
MENDOZA MALDONADO
RC
1118528235
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
88
29
EDGAR
ROJAS GARCÍA
CC
1049602706
POBREZA EXTREMA
89
29
SONIA
FONSECA VEGA
CC
1118551462
POBREZA EXTREMA
90
29
MAYRA KARELY
ROJAS FONSECA
RC
1057589657
POBREZA EXTREMA
MENOR DE EDAD
91
30
ADELA
SERRANO CASALLAS
CC
40410062
DESPLAZAMIENTO FORZADO
8/05/2009 INCLUIDO EN EL RUV
MADRE CABEZA DE
HOGAR
92
30
GUISSELLE DANIELA
PRIETO SERRANO
TI
99121502530
DESPLAZAMIENTO
FORZADO 8/05/2009 INCLUIDO EN EL RUV –
MENOR DE EDAD
93
30
CRISTIAN HADID
ABDALA SERRANO
TI
1120868174
DESPLAZAMIENTO
FORZADO 8/05/2009 INCLUIDO EN EL RUV
MENOR DE EDAD
94
30
MARIA ALEJANDRA
SERRANO CASALLAS
TI
1006824315
DESPLAZAMIENTO
FORZADO 8/05/2009 INCLUIDO EN EL RUV
MENOR DE EDAD
95
31
MIGUEL
SANCHEZ
CC
18911099
DESPLAZAMIENTO
FORZADO 26/03/2002 INCLUIDO RUV
96
32
MARÍA INÉS
CELY GAITÁN
CC
47497516
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
97
32
ALEJANDRO
CELY GALÁN
TI
1029660437
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
MENOR DE EDAD
98
32
YILBER ESTEBAN
CATIMAY CELY
TI
1007599226
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
MENOR DE EDAD
99
32
ULDAMAR
CATIMAY CELY
TI
97070919226
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
MENOR DE EDAD
100
32
MERYTZA
CATIMAY CELY
TI
1006554720
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
MENOR DE EDAD
101
33
DIEGO ARMANDO
RUEDA
CC
1053608590
POBREZA EXTREMA
102
34
ALEXANDRA
GARCÍA
CC
1121903790
POBREZA EXTREMA
[1]
En el anexo 1 de esta providencia, se indican los
nombres e identificación de quienes actúan como cabeza de hogar de cada una de
las familias accionantes y la conformación de cada núcleo familiar.
[2]
Folios 1 al 13 del cuaderno principal. En adelante
siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] 27 de septiembre de 2016.
[4]
Durante los días 21, 23, 25, 27, 29 y 31 de julio; 2, 4 ,
7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 28 y 31 de agosto; y, 3, 6, 9, 12, 16 y 22 de
septiembre de 2016.
[5]
Folios 347 al 371.
[6]
Folios 247 al 253.
[7]
“Por el cual se expide reglamento policivo y de
convivencia ciudadana para el departamento de Casanare”
[8]
Folios 247 al 253.
[9] Folios 539 al 542.
[10] Folios 17 al 19 del cuaderno constitucional.
[11] Folio 37 del cuaderno constitucional.
[12] Folios 40 y 41 del cuaderno constitucional.
[13]
Folio 41 del cuaderno constitucional.
[14] Folio 44 del cuaderno constitucional.
[15] Folios 50 al 52 del cuaderno constitucional. En el numeral tercero
de la parte resolutiva del Auto del 20 de septiembre de 2017, la Sala Séptima
de Revisión ordenó suspender por 30 días los términos para fallar en el proceso
de la referencia de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Acuerdo
02 de 2015.
[16] En adelante PROSPERIDAD SOCIAL.
[17]
Folios 53 al 60 Ibídem.
[18]
La Nación, el Departamento del
Casanare, el Municipio de Yopal, Casanare, la Policía Nacional, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas UARIV y el Fondo Nacional de Vivienda
FONVIVIENDA.
[19] Menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y
personas en situación de desplazamiento y pobreza extrema.
[20]
Durante los días 21, 23, 25, 27, 29 y 31 de julio; 2, 4,
7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 28 y 31 de agosto; y, 3, 6, 9, 12, 16 y 22 de
septiembre de 2016, entre otros. En el escrito de tutela se relacionan 24
intentos de desalojo hasta la fecha de interposición de la acción de tutela (27
de septiembre de 2017), los otros 4 se efectuaron durante el trámite de
revisión.
[21]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
[22]
Sentencia T-682 de 2013.
[23] “Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley (…).”
[24]
Artículo 286 de la Constitución.
[25] Artículo 1° del Decreto 4802 de 2011.
[26] Creado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas
por artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 2002, y reglamentado mediante
Decreto No. 555 del 10 de marzo de 2003.
[27]
En tal sentido, pueden consultarse las Sentencias T-1635
de 2000, T-098 de 2002, T-038 de 2009, T-042 de 2009,
T-234 de 2009, T-299 de 2009, Sentencia T-840 de
2009, T-106 de 2010, T-946 de 2011, T-218 de
2014, T-832 de 2014, T-188 de 2016.
[28]
Ibídem.
[29]
Sentencia T-598 de 2014.
[30] Ver Sentencias T-946 de 2011, T-119 de
2012, T-655 de 2014, T-781 de 2014, T-109 de 2015 y T-188 de 2016.
[31]
Sentencia T-827 de 2007.
[32]
Sentencia T-098 de 2002. En esta decisión, se resuelven
varios expedientes de tutela acumulados y se amparan los derechos fundamentales
de varias familias compuestas principalmente por mujeres cabeza de familia,
menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de atención en salud,
estabilización económica y reubicación, no habían sido atendidas por la Red de
Solidaridad.
[33]
Durante los días 21, 23, 25, 27, 29 y 31 de julio; 2, 4,
7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 28 y 31 de agosto; y, 3, 6, 9, 12, 16 y 22 de
septiembre de 2016, entre otros.
[34] T-239 de 2013. En esta sentencia se amparó el derecho a la vivienda
digna de un grupo de familias, en su mayoría desplazadas por la violencia, que
ocuparon varios predios privados en el Municipio de Cúcuta, en donde se
asentaron y construyeron improvisados refugios para suplir sus necesidades de
vivienda. En consecuencia se ordenó a la entidad territorial y a la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Victimas, realizar un censo de las
familias afectadas, garantizar un albergue provisional y hacer las gestiones
pertinentes para incluir a los accionantes dentro de los planes de vivienda
municipales.
[35]
Artículo 93 de la Constitución Política.
[36] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales fue aprobado por la Ley 74 de 1968.
[37] La atención de la población desplazada correspondió
inicialmente al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia (Ley 387 de 1997, art. 6.). Luego concernió a la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y a la Red de Solidaridad
Social, que fueron fusionadas por el Decreto 2467 de 2005 para crear la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción
Social-. Esta entidad encargada de la Coordinación Sistema Nacional de
Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia fue
transformada posteriormente en Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, cuya
función principal es fijar las políticas, planes generales, programas y
proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia,
la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y
económica, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, y el Decreto 4800 de 2011.
[38] “Por la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos
por la violencia en la República de Colombia”
[39] “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”
[40]
“Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª  de
1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda
para la población desplazada”.
[41] “Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el
artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro del año
siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales
procederán a diseñar e implementar, a través de los procedimientos
correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y
reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las
asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y
deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. / Sin perjuicio de lo anterior,
las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones especiales para
la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas: / 1. Con cargo a
los recursos del presupuesto departamental, distrital o municipal, con sujeción
a las directrices fijadas en sus respectivos Planes de Desarrollo
Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan Nacional de
Atención y Reparación a las Víctimas, deberán prestarles asistencia de
urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las medidas de atención
y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las
autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas. / 2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema
General de Participaciones y con sujeción a las reglas constitucionales y
legales correspondientes, garantizarles la prestación eficiente y oportuna de
los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. (…)
PARÁGRAFO 1o. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales
deben garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y tendrán en cuenta
el enfoque diferencial. //PARÁGRAFO 2o. La actuación de los departamentos,
distritos y municipios corresponde a la que en cumplimiento de los mandatos
constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin perjuicio de
la actuación que deban cumplir esas y las demás autoridades públicas con
sujeción a los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.”
[42]
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones.” Esta ley está reglamentada por el Decreto No. 1921 de 2012.
[43] Declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional a raíz
de la crisis humanitaria originada por el desplazamiento forzado por la
violencia en Colombia y la sistemática vulneración de los derechos
fundamentales de la población desplazada
[44] Sentencia T–585 de 2006.
[45] Sentencias T–585 de 2006  y T – 725 de 2008, entre otras.
[46] Personas de la tercera edad, en condición de discapacidad, madres
cabeza de familia, niños, entre otros.
[47] Sentencia T-585 de 2006. En esta decisión se amparó el derecho a la
vivienda digna de un grupo de accionantes, quienes eran personas desplazadas
por la violencia, inscritas en el registro único de población desplazada y
residentes en zonas marginales de Girón, Floridablanca y Bucaramanga. Habitaban
en inquilinatos o viviendas improvisadas, muchas de ellas en zonas de alto
riesgo y sin acceso a servicios públicos domiciliarios.
[48] Reiterado en Sentencia T-885 de 2014, al desarrollar el deber del
Estado de suministrar a la persona desplazada de
forma clara, precisa y oportuna toda la información que requiera sobre el
alcance y contenido de sus derechos, y como hacerlos efectivos ante las
autoridades competentes a través de los procedimientos administrativos
dispuestos para tal fin.
[49] Sentencia T-088 de 2011.
[50] Sentencia T-938A de 2014.
[51] Ibídem.
[52]
OG 7 párrafo 15.
[53] Sentencia T-109 de 2015. En esa
oportunidad, la Corte resolvió un caso en el que un plan de construcción de
vivienda de interés social se tornó inviable porque fue dispuesto sobre un área
de alto, medio y bajo riesgo por remoción de masas. Los damnificados - 400
beneficiarios de subsidios del programa cancelado- ocuparon y construyeron
parte del lote, adecuándolo con servicios públicos de luz, agua potable y
alcantarillado, ante lo cual las entidades locales iniciaron procesos
policivos. Los ocupantes impetraron la acción de tutela para evitar el
perjuicio irremediable que les ocasionaría ser desalojados. Solicitaron que les
garantizara una alternativa real de reubicación a través de un procedimiento
legal y acorde con la protección de la vivienda digna. Por lo que se refiere al
desalojo que ya se había efectuado al momento de proferir la sentencia, la
Corte otorgó la protección del derecho a la vivienda de los ocupantes mediante
la orden a la Alcaldía para que “brinde (…) una asesoría detallada, gratuita y
clara sobre las políticas públicas disponibles que permitan a las personas que
lo deseen postularse para alguno de los programas municipales vigentes, previa
verificación de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la
asignación de los recursos disponibles”. Adicionalmente, ordenó al Ministerio
de Vivienda que, coordine con las entidades territoriales la ejecución de
planes y programas de vivienda previstos en el predio ocupado, prestándole al
municipio la asesoría, cooperación y asistencia técnica necesaria.
Al tener en cuenta aspectos como: (i) la naturaleza del bien
ocupado, porque en ese caso se trataba de bienes públicos destinados al interés
general, (ii) las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo
ocupante, el número de potenciales afectados por el desalojo, la presencia de
“otras vulnerabilidades” como la edad, la eventual afectación de personas con
discapacidad o de mujeres embarazadas; y (iii) las consecuencias ciertas
derivadas del desalojo - la recuperación de predios destinados a programas de
construcción de vivienda-, resultó evidente que era necesario extender las
ordenes a todas las personas que se encontraran en la misma situación de los 7
accionantes pese a que no hubieran recurrido al mecanismo constitucional. De
este modo era posible proveer una solución única a la misma problemática que
podría ser presentada individualmente.
[54]
En esa oportunidad, la Corte conoció el caso de doscientas
doce (212) familias desplazadas y refugiadas en los asentamientos denominados: “Villas
Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del
río Guatiquía (sector Covisan), el municipio de Villavicencio, así como otras
entidades del orden regional y nacional iniciaron un proceso de restitución de
bien de uso público mediante un procedimiento de desalojo, sin previamente
garantizarles un albergue temporal y soluciones de vivienda para ser
reubicados. La Corte amparó los derechos alegados al concluir que la población
víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada en terrenos que
constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y cauces activos de
los ríos o estructuras de contención como son los diques, tienen garantías
constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las autoridades públicas
inicien procedimientos administrativos de restitución de bienes de uso público
tendientes a desalojarlos. Casos en los que se deberá protegerse el derecho a
la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptar medidas transitorias de
albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda humanitaria, así
como medidas definitivas que garanticen una solución de vivienda a mediano y
largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se adelanten por parte de
las autoridades públicas competentes.
[55] Sentencia T-188 de 2016, providencia en la que se reiteró lo
considerado en la T-109 de 2015.
[56] Entre otras, se pueden consultar las siguientes sentencias: SU-1150
de 2000, T-1346 de 2001, T-078 de 2004, T-770 de 2004, T-585
de 2006, T-967 de 2009, T-068
de 2010, T-946 de 2011, T-119 de 2012, T-349 de 2012, T-454 de 2012, T-239 de 2013, T-907 de 2013, T-938A de 2014, T-655
de 2014, T-645 de 2015, T-188 de 2016 y T-267 de 2016.
[57]
Sentencia T-188 de 2016, entre otras.
[58] Del folio 36 al 41 obra listado con indicación de los jefes de
hogar de cada una de las familias desplazadas, el cual es anexado al escrito de
tutela. Ver anexo No. 1 de la sentencia.
[59]
Del folio 14 a 142.
[60]
“Corresponde a los cuerpos de policía (…) prestar ayuda y
colaboración a propietarios y poseedores que requieran de la protección de sus
bienes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a la ocurrencia del hecho,
incluso con el empleo de la fuerza para prevenir situaciones gravosas”
[61] Sentencia
T-227 de 1997.
[62]Sentencia T-419 de 2003.
[63]
Sentencia T-188 de 2016.
[64] Esto significa, que si bien las excepciones legales deben
considerarse taxativas, ello no significa que sea imposible encontrar nuevas
excepciones de origen constitucional, especialmente si, como ocurre en el caso
concreto, el asunto bajo estudio se ubica en el plano de un estado de cosas
inconstitucional.
[65] Reiterado en Sentencia T-938A de 2014.
[66]
Sentencia T-188 de 2016.
[67]
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones”.
[68]
“Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.