T-426-15
Sentencia T-426/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por vulneración por no reconocimiento de prestaciones laborales al no tener en
cuenta contrato realidad
DEFECTO FACTICO POR NO VALORAR TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS
PARA RECONOCER VINCULO LABORAL Y PRESTACIONES SOCIALES/PRINCIPIO DEL
CONTRATO REALIDAD
VINCULACION LABORAL A LA ADMINISTRACION PUBLICA-Formas
Para
la Corte la vinculación a la administración pública puede efectuarse mediante
(i) un vínculo reglamentario o contractual de los cuales surge una relación
laboral que origina prestaciones sociales o (ii) mediante un contrato de
prestación de servicios del cual derivan no derivan derechos prestacionales ni
beneficios de tipo labora. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de esta
Corporación es posible que de facto el contrato de prestación de servicios
cambie su naturaleza hacia un vínculo de carácter laboral, cuando se acreditan
materialmente la prestación personal, continuada, subordinada y remunerada de
un servicio
PRINCIPIO DEL CONTRATO REALIDAD EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA/PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES/IRRENUNCIABILIDAD
A BENEFICIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN NORMAS LABORALES
Los principios
constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas para los sujetos de las relaciones
laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas, tal como las prestaciones sociales, con la finalidad de garantizar la
protección en igualdad de condiciones entre quienes realizan la misma función
en un tipo de vinculación y otros. Conforme a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa ha decantado que el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas establecidas tiene plena operancia en
aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios
para esconder una relación laboral tanto frente a particulares como al Estado,
cuando se prueba el cumplimiento de una prestación personal,
continuada, subordinada y remunerada de un servicio. Así
las cosas, configurada la relación laboral de esa modalidad el efecto normativo
y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al
trabajo y garantías laborales iguales a las que gozan las personas que cumplen
con sus mismas funciones vinculadas de manera regular, sin reparar en la
calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo
cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo
sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Luego, se garantizan los
derechos laborales de quienes han sido vinculados de manera irregular y han
prestado sus servicios en igualdad de condiciones a servidores públicos, reconociendo
los mismos derechos y acreencias laborales que estos gozan. Para la Corte los
antecedentes expuestos ilustran, por una parte, el defecto fáctico en el que
incurrieron las autoridades judiciales accionadas y, por otra parte, el
fenómeno de contratación irregular ya advertida por esta Corporación y por el
Consejo de Estado. Reconocer que en algunos casos, como este, se causa una
vinculación laboral de facto. En consecuencia, esta Sala encuentra comprobado
que entre el actor y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla
hubo un contrato laboral en aplicación del principio del contrato realidad, por
lo que protegerá los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y, en
consecuencia, ordenará el reconocimiento de las prestaciones dejadas de
percibir
DERECHO A LA IGUALDAD Y CONTRATO
REALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
La Escuela Normal Superior de la Hacienda
de Barranquilla sometió al actor a una situación diferenciada e injustificada
respecto de sus compañeros de trabajo, quienes ocupaban el mismo cargo y
cumplían con las mismas funciones gozando de las prestaciones sociales que a él
nunca le fueron pagadas. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
debe ser reconocido el vínculo laboral entre la Escuela Normal Superior de la
Hacienda de Barranquilla y el accionante, habida cuenta que desempeñó
actividades en igualdad de condiciones que sus compañeros que a diferencia de
él fueron vinculados laboralmente y recibían las prerrogativas de dicho vínculo,
tales como las prestaciones sociales. Esta situación fue inadvertida en las
decisiones cuestionadas debido a la omisión de estudio y valoración de las
pruebas, lo que derivó en la vulneración del derecho a la igualdad del actor.
En consecuencia, se ordenará tener en cuenta esta circunstancia en la nueva
decisión que habrá de proferir el juez natural.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración del
debido proceso al omitir valoración mínima y razonable de las pruebas
Las
autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho al debido proceso del
accionante por la omisión de valoración mínima y
razonable del material probatorio, que de haber sido tenido en cuenta había
cambiado sustancialmente la decisión. En consecuencia, se ordenará a la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
Justicia proferir una nueva decisión en el proceso
laboral iniciado por el actor contra la Escuela Normal Superior de la Hacienda
y el Distrito Especial, Industrial y Portuario que conoció en segunda
instancia, con base en lo expuesto.
Referencia:
expediente: T-4816962
Acción de tutela interpuesta por Joaquín Pablo Chávez Aldana contra la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión
del Circuito de Barranquilla .
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Bogotá,
D.C., ocho (8) de julio de dos mil quince (2015)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los Artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto Estatutario
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
emitidos por las salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el
asunto de referencia.
I.  ANTECEDENTES.
El 10 de octubre de 2014 el señor Joaquín
Pablo Chávez Aldana promovió acción de tutela contra la Sala Dual de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
El proceso de referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional,
mediante Auto proferido el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
1. Hechos
relevantes.
1.1. El
señor Joaquín Pablo Chávez Aldana (70 años) reside en el municipio de Soledad
Atlántico[1].
1.2. Indica
que laboró como Auxiliar de Servicios Generales en la Escuela Normal Superior
de la Hacienda de Barranquilla, un establecimiento público educativo a cargo
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, desde el día 5
de junio de 1995 hasta el 9 de enero de 2009, de forma ininterrumpida.
1.3. Afirma
que dicha actividad laboral se cumplió de manera personal, bajo la subordinación
y dependencia continuada, ya que para desarrollar su labor recibía
instrucciones del empleador y cumplía con un horario de tiempo completo de 8:00
am a 6:00 pm.
1.4. Narra
que el 25 de junio del 2008 obtuvo un reconocimiento especial por su responsabilidad,
trabajo eficiente, labor desempeñada con calidad y alto sentido de pertenencia
a la institución[2].
1.5. Sostiene
que a cambio del servicio prestado recibía una remuneración de aproximadamente
80 mil pesos semanales[3].
1.6. Asevera
que nunca percibió primas de servicios, de navidad, auxilio de cesantías,
vacaciones, bonificaciones, subsidio de transporte, dotación de uniformes,
dotación de calzado, horas extras laboradas, sistema de salud, cotización a la
pensión, ni fue afiliado a la aseguradora de riesgos profesionales.
1.7. Comenta
que el día 9 de enero de 2009 el rector de la Escuela Normal Superior de la
Hacienda de Barranquilla lo despidió sin justa causa.
1.8.
El 24 de agosto de 2010, el actor hizo por escrito ante el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla la reclamación administrativa, habiendo
pasado un mes sin ser resuelta.
1.9. El
3 de noviembre de 2010 el señor Chávez Aldana interpuso demanda laboral contra
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Escuela
Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, solicitando se condenara a la
parte demandada al reconocimiento y pago de las acreencias laborales, a la
indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa
causa, a la sanción moratoria contemplada en el CST art. 65 y la pensión
sanción.
1.10 Durante
el proceso la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla argumentó
que no existía un contrato laboral con el demandado y que depende
presupuestalmente y administrativamente de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla Atlántico.
1.11.
El Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, que conoció
en primera instancia dicho proceso, profirió sentencia de primera instancia en
audiencia pública el 17 de julio de 2013, en la que absolvió a los demandados.
Consideró que el demandante era un servidor público de la
Escuela Superior Normal de la Hacienda de Barranquilla por tratarse de una
entidad de naturaleza pública a cargo del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, sin emitir ninguna orden relacionada al pago de las
prestaciones solicitadas. Al respecto argumentó que:
“a
folio 68,74,76 y 78 43 al 59 del proceso acumulado radicado Nº186-2010, reposan
las Ordenes de servicios en el cual (sic) el Rector de la Escuela Normal
Superior la Hacienda contrata los servicios del demandante Joaquín Chávez
Aldana, donde consta que el accionante fue contratado para prestar sus
servicios como Auxiliar de Servicios Generales, para el mantenimiento y
reparaciones locativas de la Institución Educativa del Distrito, pero por el
hecho de prestar los servicios en el cargo y en la entidad antes dicha, no
puede predicarse necesariamente que existe un contrato de trabajo que se haya
suscrito en forma directa o exclusiva a la construcción o al mantenimiento de
obras públicas”[4];
También
consideró que el demandante no demostró ser trabajador oficial como lo pretendía[5], es decir, no adelantó ninguna actividad probatoria para desvirtuar ser
empleado público lo que no permitió hacer un análisis de la vinculación
mediante el criterio funcional[6].
Explicó que “no habiendo demostrado el accionante que sus labores pudiesen
corresponder a aquellas susceptibles de ser desempeñadas por un trabajador
oficial, por un contrato de trabajo habrá de absolverse a las demandadas de
todas las pretensiones de la demanda, en tanto que este Despacho no es
competente para conocer de asunto que diriman controversias entre una entidad y
un servidor público” [7].
1.12.
La decisión fue apelada por el reclamante quien sostuvo que en la sentencia proferida
en primera instancia, no se tuvieron en cuenta los testimonios recolectados en
el periodo probatorio siendo éstas las pruebas contundentes de la relación
laboral[8].
1.13.
El 27 de febrero de 2014 la Sala Dual de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Circuito de Barranquilla confirmó el fallo impugnado y condenó en costas al demandante, bajo el
argumento que el accionante no era trabajador oficial por cuanto no se dedicaba
al mantenimiento de obras públicas, es decir, que no desarrollaba funciones
propias de trabajador oficial. Para ello sustenta que: (i)
por regla general, la vinculación a la administración pública se realiza
mediante contrato de trabajo (trabajadores oficiales) o mediante vinculación
legal reglamentaria con nombramiento y posesión (servidores públicos); (ii) que
existen casos de indebida vinculación, donde el criterio orgánico es
insuficiente porque a pesar de haber una relación laboral no se confiere la
calidad de servidor público[9].
A pesar de la observación, aplica
exclusivamente el criterio orgánico, es decir la naturaleza de entidad pública
a quien el demandante prestaba sus servicios, para concluir que el demandante
era un empleado público. En sus términos:
“es conocido
que el ente educativo, Escuela Normal Superior la Hacienda, se encuentra
adscrita al DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, siendo
que es menester resaltar que en ningún momento se ha negado que el actor prestó
sus servicios personales a esta, sino que, en el presente caso y, por
naturaleza de otrora empleadora del demandante este si bien prestó un servicio
se presume que lo hizo como empleado público, por lo que corresponde a la parte
demandante demostrara que durante la relación laboral ostentó la calidad de
trabajador oficial”[10].
Aunado
a lo anterior, justifica su hallazgo de la naturaleza del cargo auxiliar de
servicios como empleado público porque el accionante no lo desvirtuó, para lo
cual debía probar que sus actividades estaban relacionadas a obras públicas y
así adquirir la calidad de trabajador oficial. Sostiene que “de las pruebas
aportadas al proceso, se desprende la prestación de servicio no así que el
demandante haya desempeñado de mantenimiento de obras públicas, es decir, que
no se puede dar por hecho el contrato de trabajo de las partes, cuando las
funciones propias del trabajador oficial no se encuentran probadas en el
expediente”[11].
No obstante lo anterior, se abstuvo de ordenar el pago de las prestaciones
solicitadas.
2.   Solicitud de tutela.
El 17
de octubre de 2014, mediante apoderado judicial, el accionante reclamó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que
estimó vulnerados, toda vez que a su juicio las
providencias del Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de
Barranquilla[12]
y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[13], no reconocieron su vínculo laboral con la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla [1]
- establecimiento público educativo a cargo del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla- al incurrir en
defecto fáctico. A su juicio, estas decisiones judiciales
fueron proferidas sin valorar: (i) los testimonios rendidos por Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García
Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan (compañeros de trabajo del
accionante), Alfredo del Toro Núñez y Luis Manuel Márquez (representante legal
del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla respectivamente) y, la declaración de parte
del señor Chávez Aldana; (ii) tres cheques de pago de la
Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla al accionante; y, (iii) una
copia de un reconocimiento otorgado al actor por la entidad educativa.
El
actor asevera que el juez de primera instancia cometió
defecto fáctico, toda vez que “desconoció abiertamente los testimonios y las
pruebas documentales allegadas oportunamente, es decir, nos las valoró o hizo
una apreciación errada de las mismas”[14].
En su concepto, trató de dilucidar su calidad de trabajador oficial o empleado
público y se abstuvo de reconocer los efectos jurídicos del vínculo del
contrato realidad entre la Escuela Normal Superior de la
Hacienda de Barranquilla y el señor Chávez Aldana. Señaló
que el juez “de primera instancia se preocupó más por calificar la
naturaleza del vínculo, cuando lo propio lo ajustado a derecho era hacer
primero un análisis del acervo probatorio y bajo los principios de la sana
crítica y la aplicación de la tarifa legal de la prueba llegar a determinar la
naturaleza del vínculo, que en todo caso, cualquiera que fuese el resultado de
esa denominación , NUNCA podría prevalecer sobre la realidad que se ejecutó en
la relación que duró 13 años, 6 meses y 9 días, de manera continua,
ininterrumpida” [15].
De
otra parte, para el accionante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla tampoco realizó un estudio juicioso de las pruebas, ya que “no
revisó, no escudriñó, el expediente y da la impresión que solo se limitó a leer
el fallo de primera instancia, sin analizar las pruebas allegadas, pues solo se
limitó a repetir los argumentos del juez de primera instancia” [16].
En
breve, el señor Chávez Aldana afirmó que las decisiones proferidas en ambas
instancias desconocieron y no valoraron los testimonios rendidos por Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García
Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan (compañeros de trabajo del
accionante), Alfredo del Toro Núñez y Luis Manuel Márquez (representante legal
del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla respectivamente) y, la declaración de parte
del señor Chávez Aldana; (ii) tres cheques de pago de la
Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla al accionante; y, (iii)
una copia de un reconocimiento otorgado al actor por la entidad educativa, allegados como pruebas en sede de tutela, que de haber sido tenidos en
cuenta se habrían tenido por probados los elementos del contrato realidad por
lo que incurrió en vía de hecho.
Por
otra parte, explicó que la demora para recurrir a la acción de tutela se debió
a que: (i) tuvo dificultades para obtener las copias de las sentencias
proferidas con ocasión del proceso laboral ordinario que cuestiona y consideró
imprescindibles allegar como prueba con el escrito de tutela, porque el
expediente había sido remitido al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla debido a que el juzgado de origen -Juzgado Cuarto Laboral de
Descongestión del Circuito de Barranquilla- fue suprimido por el Consejo
Superior de la Judicatura; y (ii) su apoderado tuvo una afectación grave de
salud por lo que debió acudir a otro profesional del derecho.
En
consecuencia, el actor solicitó se decrete la nulidad del
proceso laboral, ya que no tener en cuenta las pruebas
referidas que demostraban el vínculo laboral con la Escuela Normal Superior de
la Hacienda de Barranquilla[1] causó la
vulneración de sus derechos al debido proceso y a la igualdad.
3. Trámite
procesal.
Mediante auto del 20 de octubre 2014 la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ofició al
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla y a los demás intervinientes en el proceso laboral impugnado para que
ejercieran su derecho de defensa[17].
4.
Respuesta de las entidades demandadas.
En sede de tutela, la señora Inmaculada de
Jesús Solano de Hernández, en calidad de rectora Administradora de la Escuela
Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, explicó que el rector saliente,
Luis Germán Rivera López, respondió a las pretensiones del accionante
cumpliendo cabalmente con el debido proceso, en el proceso ordinario laboral
que cursó ante el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de
Barranquilla que absolvió a la entidad[18].
De otra parte, los despachos judiciales
demandados guardaron silencio.
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL.
1. Sentencia de primera instancia[19].
En fallo del 29 de octubre de 2014, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo reclamado por
el señor Chávez Aldana.
Demostró la falta de inmediatez de la acción
porque transcurrieron 7 meses entre la sentencia cuestionada, esto es, el 27 de
febrero de 2014, y la interposición de la acción de tutela el 10 de octubre de
2014. En ese sentido, sostuvo que “el accionante no presentó ninguna
justificación válida frente al prolongado tiempo que dejó transcurrir para
solicitar el amparo constitucional, pues la verdad es que la enfermedad de su
apoderado no es razón suficiente para justificar la tardanza, máxime que la
acción constitucional no exige que su presentación se haga a través de
abogado”.
Estimó que el accionante no agotó el medio de
defensa del recurso extraordinario de casación, que presume idóneo y eficaz
para garantizar sus derechos fundamentales, por lo que tampoco se cumplió con
el requisito de subsidiariedad.
A pesar de determinar la improcedencia de la
acción impetrada, concluyó de fondo indicando que “no se observa que las
autoridades judiciales accionadas hayan incurrido en yerro protuberante que
haga viable la intervención del juez de tutela, pues con independencia de las
argumentación del actor, lo cierto es que las decisiones que se pretenden dejar
sin validez, están fundamentadas en las pruebas arrimadas al plenario y las
normas que regulan el asunto”[20].
Así mismo, sintetizó que el accionante no desvirtuó la presunción legal de ser
empleado público, toda vez que no demostró que ostentara la calidad de
trabajador oficial.
2. Impugnación.
El accionante impugnó sin presentar argumentos.
Este recurso fue concedido el 25 de noviembre de 2014 por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia[21].
3. Sentencia de segunda instancia[22].
En sentencia del 29 de enero de 2015 la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Decisión de tutelas
Nº1) presentó una línea jurisprudencial a partir de las sentencias SU-961 de
1999, T-575 de 2002 y C-542 de 1992, sobre los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo énfasis en el
requisito de inmediatez y subsidiariedad.
Con base en lo anterior, declaró la improcedencia
de la acción bajo examen porque: (i) “conforme lo determinó el a-quo, se
incumple con la condición de procedibilidad de la acción de tutela que exige el
agotamiento, por parte del interesado, de todos los medios ordinarios y
extraordinario de defensa dentro del trámite propio de la actuación que se
cuestiona de afectar garantías fundamentales”[23];
(ii) “pudo acudir al recurso extraordinario de casación, medio idóneo para
la protección de las garantías fundamentales y sin cuyo agotamiento no es
viable activar la acción de tutela”[24];
y, (iii) “no existe justificación alguna que lo habilite a demandar, en esta
sede, casi ocho (8) meses después de haberse emitido la decisión de segunda
instancia que finiquitó el proceso”[25].
III. PRUEBAS.
De las pruebas que obran en el expediente se
destacan:
·
Sentencia del 17 de julio de 2013 proferida por el
Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla del
proceso de Joaquín Pablo Chávez Aldana contra el Distrito Especial Industrial y
Portuario de Barranquilla y la Escuela Normal Superior de
la Hacienda de Barranquilla, radicado Nº014-2012 (Cuaderno
1, folio 14 - 19).
·
Sentencia del 27 de febrero de 2014 proferida por
la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial, radicado Nº014-2012, del proceso incoado por Joaquín Pablo Chávez
Aldana contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla (Cuaderno 1, folio 20 - 26).
·
Copia de reconocimiento otorgado el 25 de junio de
2008 a Joaquín Chávez Aldana por el rector de la Escuela
Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla  (Cuaderno
1, folio 27).
·
Copia de tres cheques del BBVA identificados con
los número 3756, 3645, y 3902, de fechas 24/04/08, 28/03/08 y 29/05/08, por las
sumas de 79 416, 89 068 y 74 593 pesos respectivamente, girados por el rector
de la  Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla, cuyo sello aparece como firma (Cuaderno 1,
folio 28-30).
·
Copia del acta de la audiencia de conciliación del
proceso ordinario laboral iniciado por Joaquín Chávez Aldana contra el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y la
Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla (Cuaderno
1, folio 31-33).
·
Copia de los testimonios practicado como prueba en
el proceso laboral radicado Nº014-2012 por el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Barranquilla a Remberto Rafael Vásquez Romero, Miguel Meza, Joaquín
Pablo Chávez Aldana, Rafael de Jesús García Guzmán, Dora Sofía Covelli Sanjuan,
Alfredo del Toño Núñez – apoderado del Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla-, Luis Germán Rivera – apoderado del Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla. (Cuaderno 1, folio 36-55).
IV.    ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN[26].
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, mediante Auto de 22 de mayo de 2015 el magistrado sustanciador
decretó pruebas para determinar: (i) la conformación del acervo
probatorio del proceso ordinario laboral de Joaquín Pablo Chávez
Aldana contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla y (ii) su valoración.
Mediante oficio Nº1589 de 1 de junio de 2015 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Circuito de Barranquilla informó a esta
Corporación que solicitó al Juzgado Octavo Laboral del Circuito que remita la
copia del proceso judicial laboral radicado número 0014 del 2012, incoado por
Joaquín Pablo Chávez Aldana contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla [27].
V.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión es competente para
revisar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario
2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
El señor Joaquín Pablo Chávez Aldana afirma que los despachos
judiciales accionados[28] violaron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad porque ignoraron pruebas
practicadas en curso del proceso laboral[29] que
acreditan un vínculo laboral con la Escuela Normal Superior de la
Hacienda de Barranquilla
y el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla[30]. Indica que la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso radica en la omisión de pruebas en la toma de las
decisiones judiciales pues los fallos cuestionados asentaron erróneamente que el
actor no estaba bajo una relación laboral porque no valoraron las pruebas que
así lo acreditaban a pesar de ser parte del expediente. Adicionalmente, sostuvo
que se vulneró su derecho a la igualdad porque otras personas con el mismo
cargo de auxiliar de servicios generales que desarrollaban las mismas labores y
percibían prestaciones sociales a diferencia de él.
Visto
lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión resolver:
¿Incurre
una autoridad judicial en defecto fáctico cuando no valora la totalidad
de las pruebas y por ello no reconoce el vínculo laboral y las prestaciones
sociales inherentes, conforme al principio del contrato realidad, a una persona
que prestó sus servicios de manera personal, subordinada y recibiendo a cambio
una remuneración en un establecimiento público distrital?
Para
ello esta Sala comenzará por (i) reiterar la jurisprudencia constitucional sobre
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) explicar las formas de vinculación laboral a la administración
pública; para luego (iii) desarrollar el principio del contrato realidad en la
administración pública. Finalmente, a partir de lo anterior, (iv) resolverá el
caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales[31].
3.1. De conformidad con el artículo 86
Superior, el amparo de derechos fundamentales podrá solicitarse inclusive
cuando la vulneración se origine en la actuación u omisión “cualquier
autoridad pública”.
En consideración de lo anterior, esta Corporación
estableció la doctrina de las actuaciones de hecho en sentencia C-543 de 1992,
según la cual procede la acción de tutela contra providencias judiciales en las
que por actos u omisiones de los jueces surge un quebranto o amenaza de un
derecho fundamental.
3.2. Esta tesis fue desarrollada posteriormente
en sentencia C-590 de 2005, donde se distinguieron los requisitos generales de
procedencia de las causales específicas. Los primeros, de naturaleza procesal,
deben ser acreditados en conjunto: (i) la relevancia constitucional del asunto;
(ii) que se hayan agotado todos los medios-ordinarios y extraordinarios-de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi) que no se
cuestionen sentencias de tutela.
Ahora bien, por su naturaleza sustancial se
requiere la demostración de al menos uno de los requisitos específicos que la
sentencia mentada explica de la siguiente manera:
“Ahora, además
de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales  o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación
directa de la Constitución.
Estos eventos
en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos
de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.”
3.3. En cuanto al defecto fáctico, esta
Corporación ha decantado que se configura cuando una omisión en el decreto o
valoración de las pruebas deriva en una diferencia entre los hechos
efectivamente probados y de los del supuesto de hecho que legalmente determina
la decisión, se realiza una valoración irrazonable de las pruebas, o se asume
la existencia de una de ellas o se asigna un valor contraevidente a los medios
probatorios[32].
Para la Corte, el defecto fáctico se presenta
bajo dos modalidades o dimensiones: (i) una positiva, que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de
una decisión en una prueba no apta para ello; y, (ii) una negativa, en la
medida que se trata de una omisión en la valoración de una prueba determinante,
o en el decreto de pruebas de carácter esencial[33]. Ésta última
modalidad, “se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de
que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente”[34].
3.4. Con ocasión de la denuncia de defecto fáctico,
en aras de preservar la independencia y autonomía del juez natural, así como la
inmediatez en la práctica de las pruebas, el juez constitucional circunscribe
su intervención de apreciación de pruebas a cuatro aspectos exclusivamente.
“En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención que
compete al juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto
fáctico, este Tribunal ha sentado los siguientes criterios:
En primer lugar, el fundamento de la intervención radica en
que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural
para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con
los principios de la sana crítica, es decir, su actividad evaluativa probatoria
debe estar basada en criterios objetivos y racionales. En este orden de
ideas, “no se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente[35]”[36]
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela,
en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía
judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio. La Corte ha subrayado que “en lo
que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra
mayor valor y trascendencia[37]”.
En segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales,
el campo de acción del juez de tutela es aún más restringido, pues el principio
de inmediación indica que quien está en mejor posición para
determinar el alcance de este medio probatorio, es el juez natural. Así, ha
señalado la Corte que: “En estas situaciones no cabe sino afirmar que la
persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos
como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede
observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con
las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc[38]”.
En tercer lugar, las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar,
conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se
presumen de buena fe[39].
En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable[40].
En cuarto lugar, para que la
tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto”[41].
(Negrilla fuera del texto original)
3.5. De acuerdo con lo expuesto, el defecto
fáctico se erige en la desatención de decreto o valoración de pruebas o en la
valoración indebida de las mismas. Sin embargo, el juez constitucional debe
revisar la valoración del juez de instancia con cautela de tal manera que no
injiera indebidamente en la autonomía e independencia en la valoración
razonable del acervo probatorio que corresponde al juez natural, quien tiene
una apreciación más precisa gracias a la inmediación en la práctica de las
pruebas.
4. Formas de
vinculación laboral a la administración pública.
4.1. De
conformidad con el artículo 122 de la Constitución, la función pública se
materializa a través del empleo público, respecto del cual la doctrina ha
identificado tres modalidades de vinculación: (i) estatutaria, legal o
reglamentaria, (ii) contractual y  (iii) de carácter temporal[42].
4.2. A su vez, la administración pública es
ejercida por servidores públicos, que de acuerdo con el artículo 123 de la
Constitución[43]
están clasificados como: (i) miembros de las corporaciones públicas, (ii)
empleados y (iii) trabajadores del Estado por lo que cada estamento
tiene una regulación y reglamentación propia y, en consecuencia, formas de
ingreso, permanencia y retiro distintos.
4.3. En un
principio para determinar el régimen laboral aplicable a cada una de estas
categorías, la doctrina recurre al criterio orgánico, que implica la
determinación de la naturaleza jurídica de la entidad estatal a la que el
individuo está vinculado y, posteriormente, al criterio funcional que verifica
la naturaleza de las labores que corresponden a su cargo. Sin embargo, esta
Corporación ha reconocido que le corresponde al legislador fijar los criterios
complementarios a la clasificación de los empleos que permitan determinar la
naturaleza específica de cada tipo de empleo[44].
4.3.1. El criterio orgánico involucra la
verificación de la naturaleza de la entidad en la cual la persona desarrolla
sus funciones. Esto quiere decir que se debe identificar si la entidad
corresponde a una de las tipologías detalladas por el Decreto Ley 489 de 1998[45]:
entidades que desarrollen funciones administrativas (Presidencia, Ministerios,
Unidades Administrativas especiales, establecimientos públicos,
superintendencias, etc.), empresas industriales y comerciales del estado,
sociedades de economía mixta, empresas de servicios públicos domiciliarios
privadas o mixtas y empresas sociales del estado. En efecto, según el tipo de
entidad que se trate la regulación varía, ya que unas son regidas por el derecho
público y otras por el derecho privado, como es el caso de las empresas con
participación minoritaria estatal y las empresas de servicios públicos
domiciliarios de capital privado[46].
Partiendo del criterio orgánico, las personas
que laboran en un establecimiento público adquieren, por regla general, la
calidad de empleados públicos, porque se presume que rige el vínculo
reglamentario, salvo la excepción legal de quienes desempeñan labores de carácter
puramente auxiliar u operativo, o desarrollan actividades de construcción o
sostenimiento de obras públicas. Estos últimos han sido catalogados como
trabajadores oficiales por el artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968[47],
que establece:
“Artículo 5º. Empleados públicos y trabajadores
oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y
sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos
de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”.
Las personas que
prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos[48].”
Los apartes tachados en la transcripción fueron
declarados inexequibles por la sentencia C-484 de 1995, donde esta Corporación determinó
que la facultad otorgada a las juntas directivas de las entidades
descentralizadas de clasificar los empleos de la administración nacional, en el
sentido de definirlo en los estatutos de cada entidad y sin sujeción a las
reglas generales de clasificación orgánica que consiste en que, por principio,
los servidores públicos de los establecimientos públicos se consideran y
clasifican como empleados públicos, mientras que los de las empresas
industriales y comerciales del Estado se clasifican como trabajadores
oficiales, es inconstitucional porque ésta es una facultad exclusiva del
legislador.
Adicionalmente, de la norma transcrita se
infiere que la vinculación a la administración pública se produce generalmente en
calidad de empleado público, mediante un acto administrativo y la subsiguiente
posesión. Ahora bien, para ser trabajador oficial se requiere desarrollar
trabajos específicos y relacionados con obras públicas.
4.3.2.
Puntualmente, el criterio funcional consiste en indagar sobre las labores
puntuales a cargo del individuo en virtud de su cargo. Para la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia es un criterio determinante de la naturaleza
de la vinculación a la administración pública cuando hay duda.
Por
ejemplo, en sentencia 21403 de marzo de 2004 la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia analizó la petición del reconocimiento del contrato
realidad de cuatro aseadores del municipio de Facatativá, porque sus labores
guardan relación indirecta con el sostenimiento de obras públicas, por tratarse
de una edificación donde se prestan servicio público de administración.
El
fundamento para negar sus pretensiones consistió en que sus labores no se
subsumían en la definición legal del contrato de obra pública, contenida en el
artículo 81 del Decreto Ley 22 de 1983. Según el criterio funcional, para
identificar a un trabajador oficial se deben definir si las labores desarrolladas
corresponden a las descritas en definición de los contratos de obra pública que
tienen por objeto “la construcción, montaje y restauración de bienes
inmuebles destinados a un servicio público”[49].
Resulta imperioso en este punto referirse a la
definición del contrato de obra retomada posteriormente por el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993: “Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. Entonces, siendo la
norma legal vigente sobre el contrato de obra, sirve como referente para
determinar si la labor encomendada está relacionada con las obras públicas.
4.4. Por otra parte, también es posible vincularse a
la administración pública sin que ello implique un vínculo laboral. Para ello,
el numeral 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prevén el contrato de
consultoría y el contrato de prestación de servicios, mediante los cuales se
adquiere la calidad de contratista:
“Artículo 32. De los contratos
estatales. Son
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)
2o.  Contrato de
consultoría Reglamentado por el Decreto Nacional 2326 de 1995.
Son contratos de
consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión.
Son también contratos
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños,
planos, anteproyectos y proyectos.
Ninguna orden del
interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.
3.  Contrato de prestación
de servicios.
Son
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimiento especializado.
En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable[50]”.
La vinculación a través de estos contratos se
diferencia del vínculo laboral porque: primero, implica la ejecución temporal
de una labor de manera independiente, esto es, sin subordinación que se
manifiesta a través de la sujeción a órdenes impartidas por un superior y
horarios[51].
En segundo lugar, a diferencia de la vinculación laboral, al contratista le
corresponde afiliarse como independiente a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones y no a la entidad contratante, de conformidad con el artículo
282 de la Ley 100 de 1993[52].
Puntualmente, la suscripción de contratos de prestación de servicios con la
administración no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales, por el
contrario únicamente fija el reconocimiento de honorarios como contraprestación
al desarrollo del objeto contractual previamente pactado.
4.5. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
decantado la diferencia entre ambos tipos de vinculación, reconociendo que de
facto pude darse una mutación entre uno y otro:
“El contrato de prestación de servicios regulado por el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993 contiene características propias que lo diferencian de otro
tipo de formas jurídicas en materia laboral: la prestación de servicios versa
sobre una obligación de hacer en la cual la autonomía e independencia
del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el
elemento esencial de este contrato; la vigencia del contrato es temporal
y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable
para ejecutar el objeto contractual convenido. Por consiguiente, cuando se
ejecutan este tipo de contratos no es admisible exigir el pago de
prestaciones sociales propias de la regulación prescrita en el Código
Sustantivo del Trabajo o en las disposiciones que regulan el derecho de la
función pública. Finalmente, la jurisprudencia constitucional es clara cuando
afirma que bajo esta modalidad contractual también es viable aplicar la
teoría del contrato realidad, según la cual, si se reúnen los tres
requisitos enunciados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
prima la situación objetiva sobre la forma jurídica que las partes hayan
adoptado para regir determinada situación. Esta teoría tiene dos ámbitos de
aplicación: cuando se trata de trabajadores vinculados con particulares o
con el Estado. Una
consideración adicional que esta Sala debe reafirmar con respecto al tipo de
vinculación del actor y la Institución Educativa los Fundadores, es que las
funciones que desempeñó en la Institución no correspondían a las
características del contrato de prestación de servicios del artículo 32 Ley 80 de
1993.”(Negrillas fuera del texto original).
4.6. En suma, para la Corte la vinculación a la
administración pública puede efectuarse mediante (i) un vínculo reglamentario o
contractual de los cuales surge una relación laboral que origina prestaciones
sociales o (ii) mediante un contrato de prestación de servicios del cual
derivan no derivan derechos prestacionales ni beneficios de tipo laboral[53]. Sin
embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación es posible que de
facto el contrato de prestación de servicios cambie su naturaleza hacia un
vínculo de carácter laboral, cuando se acreditan materialmente la prestación
personal, continuada, subordinada y remunerada de un servicio.
5. El principio del contrato realidad en la
administración pública[54].
5.1. El artículo 53 de la Constitución
Política[55]
enuncia los principios
mínimos fundamentales que deben regir el estatuto del trabajo[56],
y presenta los derechos y principios que rigen los vínculos
de carácter laboral, entre ellos, el principio del contrato
realidad.
Éste enunciado constitucional de la prevalencia de la
realidad sobre la forma en materia laboral es desarrollado
en el artículo 23 del C.S.T.[57],
subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, disponiendo el nacimiento ipso facto del vínculo laboral cuando se cumplen los
elementos esenciales del contrato de trabajo, esto es, una prestación personal
del servicio, bajo subordinación y recibiendo una remuneración a cambio.
5.2. La supremacía de la realidad ante las formas ha
sido el criterio definitivo de múltiples decisiones de esta Corporación, por lo
que mediante la verificación material de los elementos referidos como características
esenciales del contrato de trabajo conlleva a reconocer la relación laboral y
desvirtuar cualquier otra forma de vinculación.
Este principio fue desarrollado en sentencia C-154 de 1997[58], donde la
Corte abordó el estudio del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993[59] porque se
cuestionó si la presencia de una relación laboral de facto en los
contratos de prestación de servicios no reconocida por las entidades estatales
contratantes, ha dado lugar a prácticas discriminatorias en contra de los contratistas
y desventajas en materia de garantías y derechos laborales.
En el análisis de rigor, con el fin de solventar la
problemática distinguió el contrato de prestación de servicios y el contrato
laboral mediante la contraposición de sus elementos: El contrato de prestación
de servicios se caracteriza porque (i) tiene como objeto realizar una actividad
relacionada con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada la
entidad contratante, (ii) el desarrollo de lo encomendado es autónomo e
independiente y, (iii) la vigencia del contrato es temporal. Por el contrario,
el contrato laboral se trata de un vínculo mediante el cual “se requiere la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación
laboral y la remuneración como contraprestación del mismo”.
Al respecto de la disimilitud del contrato laboral y el
contrato de prestación de servicios, este Tribunal sostuvo que “ el elemento
de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato
laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto
en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad
de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario
de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación
de un contrato de prestación de servicios independiente”.
Puntualmente, examinó el señalamiento de los
demandantes frente a la prohibición absoluta de que los contratos de prestación
de servicios generen relaciones laborales y prestaciones sociales, aun cuando
-en su sentir- en la práctica ocurran verdaderas relaciones laborales dentro de
la forma de esos contratos. La Corte anotó que esta prohibición es acorde a
preceptos constitucionales porque consagró una presunción de derecho que admite
prueba en contrario, que podrá ser discutida por la vía judicial competente
para el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y las
consecuencias derivadas del presunto contrato de trabajo relacionadas con el
pago de prestaciones sociales.
En consecuencia, decantó que se debe reconocer el
vínculo laboral, en aplicación al principio del contrato realidad, si el
contratista demuestra el cumplimiento material de la prestación personal del
servicio, la subordinación y la remuneración a cambio.
5.2.1. Así mismo, en la sentencia T-1109
de 2005, donde se estudió la relación laboral de una persona vinculada en forma
ininterrumpida como celador del Instituto Docente Normal Superior a través de
sucesivas órdenes de prestación de servicios expedidas por la Secretaría de Educación
del Municipio de Pereira, quien corría con los gastos de a salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante. El peticionario aseguró que fue citado en
la Secretaría de Educación del Municipio de
Pereira y constreñido a suscribir un contrato de prestación de
servicios, en aras de continuar con la labor de celador que venía desempeñando,
y en razón de ello fue desafiliado de la EPS. En consideración de ello, el actor solicitó la nulidad de dicho contrato de
prestación, dado que desmejoró notablemente su situación laboral, en la medida
en que antes la entidad accionada corría con el pago la seguridad social.
La Corte examinó la naturaleza de su vinculación,
verificando el cumplimiento material de la prestación de un servicio personal,
subordinado y remunerado, toda vez que “el principio de primacía de la realidad en las relaciones
laborales permite determinar la situación real en que se encuentra el
trabajador respecto del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones
objetivas surgidas entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia
de un contrato de trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales
se pretende encubrir, tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o
aún con los contratos de prestación de servicios.”
En el caso concreto amparó
los derechos del accionante porque encontró probados lo elementos del contrato
laboral: (i) el servicio personal del actor en el cargo de celador, (ii) el
elemento de subordinación que se revela de la sujeción a directrices del empleador por
la naturaleza del cargo que no posee discrecionalidad en el cumplimiento del
objeto contractual; (iii) la continuidad de su labor a través de quince ordenes de prestación de servicios
suscritas entre la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira y el
peticionario, que corresponden de forma consecutiva al periodo junio de 2002 hasta mayo de 2005, que
establecen plazos fijos pero que unidos ponen de presente la respectiva
continuidad de la labor cumplida; y, (iv) la existencia de una remuneración que
se infiere de la copia de veinticuatro desprendibles de pago emitidos por la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira a favor de Abelardo Valencia
Ramírez, por concepto del periodo laborado.
5.2.2. En el fallo T-903 de 2010[60] se examinó si entre el Municipio de Montenegro, Departamento del
Quindío y el señor Gilmer Sierra García, quien sostuvo que se había configurado
un contrato realidad por la prestación del servicio personal y subordinado, a
cambio de una remuneración en la Institución Educativa los Fundadores, existía
un vínculo laboral.
En esa oportunidad, se
derivó que existía relación laboral encubierta y continua porque durante 8 años
aproximadamente, su trabajo fue revestido de diferentes formas jurídicas (el
contrato de prestación de servicios, contratos de arrendamiento los cuales
estipulaban dos tipos de obligaciones: por una parte las de tipo civil y de
tipo laboral, y órdenes de prestación de servicios). La subordinación y dependencia
se derivó de las directivas del establecimiento educativa, a partir de las
directivas de la Institución estaban facultadas a exigirle el cumplimiento de
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo,
e imponerle reglamentos al señor Sierra sobre la  vigilancia y los demás
oficios que este desempeñaba en dicho lugar. Así mismo, se observó que la
remuneración era en especie pues a lo largo de la relación el accionante tuvo
el uso y goce de un espacio en la institución para su vivienda.
5.2.3. Este Tribunal ha otorgado especial relevancia a
este principio, por cuanto permite materializar el derecho al trabajo en el
marco de la irregularidad de contratación en la esfera privada y en la
administración pública.
Prueba de ello es la sentencia T-556 de 2011, donde se
revisaron dos acciones de tutela presentadas por el mismo accionante: una de
ellas contra el juez de segunda instancia del laboral ordinario[61] que revocó el
reconocimiento de la existencia de un contrato laboral (1971-2006) y
condenaba al empleador a cancelarle todas las prestaciones laborales que se
había rehusado a pagarle durante el tiempo laborado (salarios, cesantías,
primas de navidad, vacaciones, horas extra, dominicales y festivos). La otra
tutela la impetró contra el empleador, porque el empleador pretende lanzarlo
del inmueble en el cual habita desde hace más de treinta años, como pago parte
de pago en especie de sus labores de celaduría.
Respecto de la primera tutela, al observar el fenómeno
de vinculación de hecho e irregular de algunos empleados en la administración
pública, la Sala Primera de Revisión planteó como la siguiente premisa: cuando
el empleado no tiene un status definido como empleado público o trabajador
oficial, se debe verificar la configuración la prestación personal, subordinada
y remunerada, para reconocer la protección de una relación laboral:
“Así
las cosas,  para esta Sala es claro que en la realidad los municipios, y
el Estado en general, en ocasiones se benefician de trabajo personal y
subordinado sin satisfacer las condiciones jurídicas, establecidas en la
Constitución y la ley, como indispensables para una vinculación laboral en forma. Pero eso no significa que no
haya vínculo laboral. Aceptar que sólo por la inobservancia de las formas
jurídicas de vinculación en regla, puede ser desvirtuado por completo el
carácter laboral de una relación de prestación de servicios personales y
subordinados, es concederle primacía a la forma sobre la realidad. Y eso es
tanto como desconocer la Constitución. Porque esta última ordena justamente lo
contrario: concederle primacía a la realidad sobre las formas (art. 53, C.P.).
Por tanto, cuando la justicia laboral advierte que una persona le ha prestado
sus servicios personal y subordinadamente a un municipio, pero no tiene la
investidura de trabajador oficial, no puede simplemente absolver al municipio.
Podría hacerlo si con seguridad el demandante es empleado público, pues en ese
caso este tendría la oportunidad de ventilar sus pretensiones en la
jurisdicción competente: la justicia contencioso administrativa. Pero si hay
buenas razones para concluir que el peticionario no es ni trabajador oficial ni
empleado público, la justicia laboral debe decidir el fondo de la cuestión de
manera congruente: establecer si hubo relación de trabajo personal y
subordinado, y en caso afirmativo condenar al municipio al pago de los
emolumentos laborales dejados de cancelar.” (Subrayas fuera del texto original)
En este asunto, la Sala identificó que el accionante
no era empleado público por no cumplir con los requisitos indispensables para
ejercer el empleo público (art.122 C.P.) y tampoco era trabajador oficial con
el tipo de labores que desempeñaba. Por ello, la decisión judicial cuestionada
debía realizar un análisis material para determinar su vínculo laboral.
Sin embargo, estableció que la autoridad judicial
demandada “se fundamentó, más bien, en que el demandante no tenía la
condición de trabajador oficial. Y, como tampoco estaba probada la relación
legal y reglamentaria, entonces no tenía ninguna relación laboral jurídicamente
reconocible”. Es decir, realizó un análisis exegético de la distinción
formal entre empleados públicos y trabajadores oficiales y no atribuyó ningún
valor a la realidad a la prestación personal y subordinada de servicios que
reconoció en la misma providencia.
A juicio de la Sala Primera de Revisión, el criterio
del fallo cuestionado consistente en que  “es posible que una persona preste
sus servicios de manera personal y subordinada a favor de otra, durante un
tiempo amplio, pero que no tenga con ella una relación laboral” es errado. Lo
anterior, debido a que en virtud de la garantía de la primacía de la realidad
(art. 53 C.P.) “el Tribunal demandado estaba en la obligación de declarar
que existía un contrato realidad, si advertía que estaban dados los elementos
esenciales indispensables de todo contrato realidad” y condenar al pago de
las prestaciones correspondientes.
Conforme con la
jurisprudencia constitucional precitada, para reconocer una relación laboral y declarar la
existencia de la relación laboral con las implicaciones salariales y
prestacionales que dicha decisión conlleva[62], es necesario que el supuesto
fáctico de los casos examinados
coincida con los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990: i) la actividad personal realizada por sí mismo del
trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador y un iii) salario en retribución.
5.3. La
Sección Segunda del Consejo de Estado, máximo órgano en materia del derecho
laboral administrativo, ha
analizado prolíferamente la aplicación del principio contrato realidad en la
administración pública, que fue avalada a partir del año 2004, como se expone a
continuación.
Hacia 2001, se tenía que a pesar de suscribir
contratos afines a la prestación de servicios, surgía una relación laboral de
derecho público, en cuanto se configuraban los elementos propios de ésta:
actividad personal del trabajador, continua subordinación o dependencia y
salario[63].
Lo anterior, con fundamento en la primacía de la realidad sobre las
formalidades, lo que implicaba el reconocimiento a cabalidad de los derechos
prestacionales, es decir, que conllevaba el pago del equivalente a las
prestaciones sociales iguales a los funcionarios de planta, por ser las
cláusulas contractuales inexistentes, ineficaces e inoponibles, por ocultar una
relación laboral.
La regla expuesta fue desarrollada por la Sala Plena del
Consejo de Estado orientada a reconocer que es recurrente que la administración
vincule a otro personal para determinadas actividades que son propias del
personal de planta, mediante contratos de prestaciones de servicios, que no
causa una relación laboral ni prestaciones sociales, cuando el número de
empleados de planta no alcanza para colmar el servicio público[64].
La tesis expuesta fue desechada a la postre, ya
que se advirtió que en determinados casos, como el referido, de una persona
vinculada como contratista puede acceder al pago de prestaciones sociales, bajo
la acreditación de los tres elementos de la relación laboral pero especialmente
los de subordinación o dependencia[65].
En otras palabras, el cambio de postura del máximo órgano de lo laboral
contencioso administrativo implicó el reconocimiento del contrato realidad en
dicha jurisdicción.
Visto lo anterior, la postura del Consejo de Estado es
que debe prevalecer la realidad sobre las formas, por lo que avala el
reconocimiento de vínculos laborales cuando se demuestra que el contratista ha
desarrollado sus labores de manera personal, bajo subordinación o dirección y
recibiendo una remuneración a cambio, esto es, la aplicación del principio del contrato realidad en la Administración Pública.
La tesis vigente que avala la aplicación del principio
del contrato realidad en la administración pública es manifiesta en la sentencia
del 6 de marzo de 2008 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, donde analizó si se debía reconocer el vínculo laboral de una persona y
una entidad pública cuando fue vinculado en la modalidad de contratos u órdenes
de prestación de servicios y estos fueron renovados continuamente y, por tanto,
reconocer las prestaciones sociales correspondientes a tales períodos.
En esa ocasión, el Consejo de Estado concluyó que el contrato
de prestación de servicios renovado de manera indeterminada escondía un vínculo
laboral, ya que el demandante laboró en igualdad de condiciones de horario y
cantidad de trabajo que las demás personas con sus mismas actividades y con
contrato laboral, sin que a él le reconocieran las prestaciones sociales[66].
De cualquier manera, es preciso advertir que la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado ha
sostenido que  “Cuando
existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad
pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda
relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y
remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo
que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden
prestacional, las que, sin embargo, deben pagarse a título de indemnización
porque no se puede adquirir la condición de empleado público si no se accede al
cargo en los términos de ley”[67].
En este mismo sentido, de manera más reciente
el Consejo de Estado[68]
reconoció la existencia de un vínculo laboral de una persona que trabajaba en
una entidad pública. En esa ocasión, se estudió la negativa del DAS de pagar
las prestaciones sociales de una persona contratada mediante diferentes
contratos de prestación de servicio para desempeñar labores de escolta
ininterrumpidamente entre mayo de 2007 y noviembre de 2011, y el Departamento
Administrativo de Seguridad, quien argumentó que por la naturaleza del contrato
se no podía derivar derechos de índole laboral como el reclamado.
Para fundamentar la decisión de reconocer la
existencia de un vínculo laboral, la Sala reiteró lo dicho por la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de noviembre de 2003, donde concluyó
que “si el interesado vinculado bajo la forma de contrato de prestación de
servicios , logra desvirtuar la presencia de la subordinación o dependencia
respecto del empleador, prestación personal del servicio y remuneración, tendrá
derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de
prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo”.
A partir de esa premisa, estimó que se
desvirtuaron las características del contrato de prestación de servicios porque
a pesar de los contratos de prestación de servicios que obran el expediente, su
renovación continua e ininterrumpida por más de 4 años escondía el elemento de
continuidad de la relación laboral. El demandante tampoco contaba con
autonomía, por el contrario, los testimonios dan cuenta de la subordinación de
la actividad, ya que cumplía sus funciones de conformidad con las órdenes
emitidas por un supervisor perteneciente a la entidad demandada, a quien debía
reportar sus horarios y actividades de protección. Así mismo, recibía una
remuneración mensual.
En consecuencia, al encontrar demostrada la
subordinación del agente al DAS, la entidad demandada, la remuneración y la
prestación personal del servicio, la subsección segunda reconoció el contrato
realidad. Advierte que si bien no puede tener la misma connotación del empleado
vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, es decir la calidad de
empleado público, sí implica el reconocimiento de las acreencias laborales
desde el inicio del primer contrato de prestación de servicios renovado, por lo
que ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias que devenga un
empleado en situación similar pero liquidadas conforme se pactó en el contrato
de prestación de servicios.
5.4. Por otra parte, el Consejo de Estado también ha decantado que si las labores desarrolladas por el demandante
eran las mismas que las otras personas de planta y que se cumplen los tres
elementos de la relación laboral, siendo estos, prestación personal del
servicio, continua subordinación y remuneración como contraprestación del
servicio, se infiere que la administración pretendió evitar el pago de
prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación
laboral. En tales casos se debe reconocer el derecho al
pago de los salarios y prestaciones sociales de tomando como base los honorarios de los
servidores que realizaran la misma actividad en igualdad de condiciones que el
peticionario.
En este sentido, la
Sección Segunda, Subsección A, sostuvo en sentencia del 6
de septiembre de 2008[69],
que el demandante (docente) tenía derecho al reconocimiento del contrato
realidad por el periodos bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios renovado varias veces, mediante los cuales fue incorporado como
docente de tiempo completo. Para llegar a esa conclusión, razonó que las
labores desarrolladas por el demandante eran las mismas que las otras personas
vinculada de planta y que se cumplían los tres elementos de la relación
laboral, siendo estos, prestación personal del servicio, continua subordinación
y dependencia – ambos elementos consustanciales al ejercicio de su cargo - y
remuneración como contraprestación del servicio.
De igual manera, la Sección Segunda,
Subsección B[70],
resolvió si entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y el
demandante existió un vínculo laboral y como consecuencia de ello si tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de ese vínculo, teniendo en cuenta que fue vinculado mediante contratos
de prestación de servicio sucesivos suscritos
con el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, y ejecutados en la
entidad accionada y cumplía sus funciones de manera personal, subordinada y
remunerada por parte de la Aeronáutica.
En el caso concreto sostuvo que los elementos
del contrato realidad fueron acreditados, toda vez que “Conforme a lo
destacado en precedencia se evidencia que la situación del actor se enmarca en
una relación laboral y no de prestación de servicios, por cuanto se acreditaron
todos los elementos constitutivos de la relación laboral y, además, aparece
demostrado que el servicio personal del señor Fula Rojas se ejercía cumpliendo
funciones de los empleados públicos que ostentaban el mismo cargo y que de
igual forma seguía órdenes impartidas del Jefe de la Oficina de Control y
Seguridad en calidad de superior jerárquico inmediato quien le impartieron
órdenes en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo, vale decir, el
elemento subordinación, requisito necesario para establecer si bajo la
apariencia de contratos de prestación de servicios se ocultó una relación
laboral entre las partes, de tal manera que no queda duda acerca del desempeño
laboral del demandante en las mismas condiciones que lo realizaban los
empleados de planta de la entidad demandada, pues incluso debía cumplir un
horario de trabajo para realizar la inspección a las empresas y talleres para
que obtuvieran el certificado de operaciones y funcionamiento.”
La Corporación tuvo en cuenta lo anterior y
que “el actor
ejerció de funciones en iguales condiciones a las que cumplen los servidores de
planta”, por lo cual decidió que reconocer su derecho
al pago de los salarios y prestaciones sociales tomando como base los honorarios de los
servidores de planta, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró
la existencia de la relación laboral, es decir, a partir de la primera orden de
servicio hasta la fecha de la desvinculación, así como el pago de los aportes
por dicho período a las entidades de Seguridad Social en su debida proporción.
5.5. En conclusión, los principios
constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas para los sujetos de las relaciones
laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas, tal como las prestaciones sociales, con la finalidad de garantizar la
protección en igualdad de condiciones entre quienes realizan la misma función
en un tipo de vinculación y otros.
Conforme a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa ha decantado que el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas establecidas tiene plena operancia en
aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios
para esconder una relación laboral tanto frente a particulares como al Estado, cuando
se prueba el cumplimiento de una prestación personal, continuada,
subordinada y remunerada de un servicio.
Así las cosas, configurada la relación laboral
de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará
en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales iguales a las que
gozan las personas que cumplen con sus mismas funciones vinculadas de manera
regular, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el
punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer
valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla.
Luego, se garantizan los derechos laborales de quienes han sido vinculados de
manera irregular y han prestado sus servicios en igualdad de condiciones a
servidores públicos, reconociendo los mismos derechos y acreencias laborales
que estos gozan.
6. Análisis del caso concreto.
6.1. Se
encuentra acreditado que el señor Chávez Aldana laboró de forma ininterrumpida
como Auxiliar de Servicios Generales, en el periodo que abarca del 5 de junio
de 1995 al 9 de enero de 2009, en la Escuela Normal
Superior de la Hacienda de Barranquilla. Desarrolló un
trabajo personal, cumplía un horario establecido por la entidad de 8:00 am a
6:00pm, recibía órdenes del director de la institución, y percibía una
remuneración de aproximadamente ochenta mil pesos semanales. Sin embargo, la
entidad educativa no le pagó nunca prestaciones sociales según indica.
Con el fin de obtener el pago de las
prestaciones que nunca percibió, inició un  proceso laboral donde se discutió
la naturaleza de la vinculación del señor Chávez Aldana a la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla. En primera
instancia, el juez Cuarto Laboral de Descongestión consideró que la parte
demandante no desvirtuó la presunción ser empleado público, lo que se infería
del tipo de cargo que ocupaba y la entidad para la cual laboraba, por lo que no
era procedente reconocer un vínculo laboral como el de trabajador oficial. De
igual manera, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla no
accedió a las pretensiones del aquí accionante, porque en el marco de la
administración pública la relación laboral se predica únicamente de los
trabajadores oficiales y sus funciones no pueden ser subsumidas en esa
categoría, toda vez que no se dedica al mantenimiento de obras públicas.
6.2. A
criterio del accionante, los jueces laborales no valoraron las pruebas del plenario[71]
mediante las cuales desvirtuó que la relación jurídica que sostenía con la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla era de
carácter laboral, porque  acreditaban que prestó un
servicio personal, subordinado y remunerado por dicha institución.
6.3. En
relación con las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la Sala entrará a analizar el caso
concreto.
6.3.1.
Causales generales de procedibilidad.
El estudio sobre la observancia de este
presupuesto se desarrollará atendiendo el orden metodológico de exposición
contenida en el punto 3 de esta decisión:
(i)
Relevancia constitucional del caso radica en dos
aspectos. Primero, se debate la vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso (art.29 C.P.) y a
la igualdad (art. 13 C.P.) causada porque el Juzgado Cuarto Laboral de
Descongestión del Circuito de Barranquilla y de la Sala Dual de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla no declararon su vínculo laboral con la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla. Segundo, el actor es una persona de tercera edad que supera la
esperanza de vida, por lo que sin duda alguna hace parte del grupo poblacional calificado
como sujetos de especial protección por parte del Estado y, en consecuencia,
deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de
sus derechos fundamentales[72].
(ii)
Agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial. Sobre este punto cabe decirse que el accionante recurrió a la vía
judicial, en la jurisdicción laboral ordinaria, donde se discutió la naturaleza
de la vinculación entre el accionante y la Escuela Normal
Superior de la Hacienda de Barranquilla: Juzgado Cuarto Laboral de
Descongestión del Circuito de Barranquilla decidió en
primera instancia y la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Circuito de Barranquilla resolvió la apelación.
Los jueces de instancia negaron el amparo por
falta de subsidiariedad, porque a su criterio el recurso extraordinario de
casación era idóneo para presentar las pretensiones objeto de la tutela
examinada, por lo que extrañan que el actor no hubiera agotado. Para esta Sala,
si bien el actor no agotó el recurso extraordinario, éste no es perentorio para
la procedencia del amparo constitucional porque este mecanismo
es ineficaz para proteger derechos fundamentales de sujetos de especial
protección, como el actor de 70 años por ser de la
tercera edad, por no ser expedito pudiendo causar un resultado
en exceso gravoso, como lo ha decantado la jurisprudencia de este Tribunal[73].
(iii)
Requisito de la inmediatez. Por su naturaleza, la acción de tutela debe ser interpuesta en un
término razonable desde el hecho vulnerador, que puede ser la acción u omisión
de una autoridad pública, tal como de una autoridad judicial. En el caso examinado, los jueces de instancia constitucional indicaron
la falta de inmediatez, habida cuenta que transcurrieron siete
(7) meses entre la notificación en estrados de la sentencia cuestionada, esto
es el 27 de febrero de 2014, y la interposición de la acción de tutela el 10 de
octubre de 2014.
La
Sala advierte que esa apreciación ignoró dos circunstancias: Primero, el actor justificó
en el escrito de tutela la demora en la solicitud del amparo constitucional.
Puntualmente, indicó las dificultades para adquirir la
copia de las sentencias proferidas con ocasión del proceso laboral ordinario
contra las cuales solicitó el amparo, debido a que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla remitió el expediente al Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Barranquilla, a quien le fue repartido el proceso ya que el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito, quien conoció la primera instancia, había sido suprimido
por el Consejo Superior de la Judicatura.
Segundo,
el cómputo del lapso que medió para solicitar el amparo fue errado porque debía
efectuarse desde el momento en el que el accionante obtuvo las copias de los
elementos procesales que a su juicio eran ineludibles para probar la
vulneración de sus derechos fundamentales, para allegar
como pruebas y materializar su derecho a la defensa[74].  Por ello, es menester tener en cuenta que el
Tribunal manifestó que el 17 de julio de 2014 realizó la entrega física y
material del expediente al Juzgado Octavo Laboral del Circuito[75], fecha a
partir de la cual el accionante pudo obtener los elementos probatorios e
interpuso la acción de tutela el 10 de octubre de 2014[76].
A
manera de conclusión de lo expuesto, esta Sala  diverge de la opinión de los jueces de instancia porque el accionante sí justificó
de manera suficiente y razonada la dilación para recurrir al amparo
constitucional. Estima que el cambio de la estructura de la administración de
justicia es una razón objetiva para la demora que generó un obstáculo a corto
plazo para que el accionante obtuviera las pruebas que acreditaban la
vulneración deprecada, puesto que escapa de la esfera de control del actor.
Luego, resultaría desproporcionado exigir mayor prontitud
a costa del ejercicio del derecho a la defensa del señor Chávez
Aldana, y penalizar la voluntad y la
diligencia con la que obró, estando atento cumplir cabalmente con la carga
procesal probatoria, máxime cuando la acción de tutela requiere una prueba
sumaria. Adicionalmente, el lapso transcurrido entre la  la
tutela fue interpuesta dentro de un término razonable, prudencial y cercano a
la ocurrencia de los hechos que se consideran violatorios de derechos
fundamentales[77].
(iv) La irregularidad alegada tiene
incidencia directa y decisiva en el fallo que se cuestiona de ser violatoria de
los derechos fundamentales. El escrito de tutela
refiere directamente un defecto fáctico por lo que se debate la valoración de
los testimonios rendidos por Remberto Rafael Vásquez
Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan (compañeros
de trabajo del accionante), Alfredo del Toro Núñez y Luis Manuel Márquez (representante
legal del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de la
Hacienda de Barranquilla respectivamente) y, la
declaración de parte del señor Chávez Aldana, que hacen
referencia al cumplimiento de los elementos del vínculo laboral del accionante
y la entidad accionada, lo cual incide directamente en el reconocimiento del vínculo
laboral. Por consiguiente, el presente análisis puede modificar el sentido de
las decisiones de la jurisdicción laboral.
(v) El accionante identificó de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y
así lo señaló en el proceso judicial en el que se produce la sentencia objeto
de revisión. El accionante señaló concretamente los
hechos que presuntamente vulneraron sus derechos
fundamentales, en concreto identificó las sentencias proferidas por los jueces
del proceso laboral ordinario.
(vi) No se trata de sentencia de tutela. El
presente amparo no se dirige contra una sentencia de tutela, sino contra las
sentencias del Juzgado
Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla del 17 de julio de 2013, y de
la Sala
Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Circuito de Barranquilla, del 27 de febrero de 2014, mediante las cuales se resolvió un asunto de la jurisdicción laboral.
6.3.2.
Causales específicas.
6.3.2.1. Como se expuso, el accionante discute
que las autoridades judiciales demandadas no valoraron (i) los testimonios de
Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel
Meza y Dora Sofía Sanjuan (compañeros de trabajo del accionante), Alfredo del
Toro Núñez y Luis Manuel Márquez (representante legal del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla respectivamente) y, la declaración de parte del señor Chávez Aldana; (ii) tres cheques de pago de la Escuela Normal Superior de la
Hacienda al accionante; y, (iii) una copia de un reconocimiento otorgado al
actor por la entidad educativa. Desde el proceso laboral, advirtió y endilgó el defecto fáctico radicado en la omisión de valoración de
dichas pruebas, que en su sentir
demostraban la prestación personal, continuada y subordinada del servicio a
cambio de una remuneración, por lo que se formó un vínculo laboral entre la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla y él.
6.3.2.2. Como se explicará con detalle a
continuación, en las decisiones cuestionadas no hay referencia, anotación,
observación o apreciación, expresa o alusiva, de ninguna de las pruebas
referidas por el accionante como aquellas que demuestran los elementos del
vínculo laboral. La Sala observa que ni siquiera fueron nombradas para
demeritar su valor. Al ignorar las pruebas referenciadas, se limitan a un
análisis formal en las decisiones cuestionadas, donde concluyen que el señor
Chávez Aldana no tenía derecho al pago de prestaciones sociales por no tener un
vínculo laboral, por cuanto era un servidor público por (i) servir a un
establecimiento público y, (ii) no demostrar que sus labores fueran afines a la
construcción, mantenimiento, instalación o sostenimiento de obras públicas,
esto es, su calidad de trabajador oficial para adquirir el derecho a las
prestaciones sociales que éste reclama es tener. Veamos:
6.3.2.2.1.
Las consideraciones del Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de
Barranquilla[78].
La decisión del día 17 de julio de 2013 restringió el objeto del litigio en la
necesidad de “dilucidar la naturaleza del vínculo que tuvo el
demandante con las demandadas, como presupuesto fundamental para una decisión
en torno a las pretensiones del libelo de la demanda. Es decir, el actor al
momento de la desvinculación tenía la calidad de empleado público o de
trabajador oficial, esto teniendo en cuenta que la entidad empleadora era una
entidad distrital”.
Determinó
que el señor Chávez Aldana era un empleado público de una Institución Educativa
Estatal Distrital, por lo que no se generaron acreencias de carácter laboral
como las prestaciones sociales reclamadas y correspondía negar las
pretensiones. Dio prelación al criterio orgánico ya que principalmente tuvo en
cuenta que desarrollaba sus labores para un establecimiento público y no demostró
ser trabajador oficial.
A
manera de ilustración, sostuvo que “dada a naturaleza jurídica de los entes
demandados (el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y La
Escuela Normal Superior de la Hacienda) sus servidores son empleados públicos y
por excepción son trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo”[79].
Agregó que “no habiendo demostrado el accionante que sus labores pudiesen
corresponder a aquellas susceptibles de ser desempeñadas por un trabajador
oficial, por un contrato de trabajo habrá de absolverse a las demandadas de
todas las pretensiones de la demanda” [80].
Ahora bien, en relación al material probatorio,
la única prueba a la que hace referencia son las órdenes de servicio, en los
siguientes términos:
“a folio 68,
74, 76, 78, 43 al 59 del proceso acumulado Radicado Nº 186-2010, reposan las
órdenes de servicio en el cual el Rector de la Escuela Normal Superior de la
Hacienda contrata los servicios del demandante Joaquín Chávez Aldana, donde
consta que el accionante fue contratado para prestar los servicios como
auxiliar de servicios generales, para el mantenimiento y reparaciones locativas
de la Institución Educativa del Distrito, pero el hecho de prestar los
servicios en el cargo y en la entidad antes dicha, no puede predicarse
necesariamente que existe un contrato de trabajo que se haya suscrito en forma
directo o exclusiva a la construcción o mantenimiento de obras públicas”.
De lo anterior, la Sala denota que el juez de
instancia a pesar de nombrar la prueba rechaza su análisis por considerar que
la aplicación del criterio orgánico es suficiente para resolver la naturaleza
de vinculación en calidad de empleado público en el caso examinado. Aunque
advierte las múltiples órdenes de servicio a partir de las cuales debía
analizar la petición del demandante, de determinar la existencia de un contrato
realidad, no las estudia. Tampoco hace referencia a los testimonios practicados
por el despacho a Remberto Rafael Vásquez, Miguel Meza, Rafael de Jesús García
Guzmán, Dora Sofía Covelli Sanjuan, a Alfredo del Toño Núñez, Luis Germán
Rivera; a los tres cheques del BBVA girados al accionante por el rector de la
entidad educativa accionada.
6.3.2.2.2. Las consideraciones de la Sala
Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla[81].
En sentencia del 27 de febrero de 2013 sostuvo que el accionante era un empleado
público porque “en el presente caso y, por naturaleza de otrora empleadora
del demandante  este si prestó un servicio se presume que lo hizo como empleado
público, por lo que corresponde a la parte demandante demostrara que durante la
relación laboral ostentó la calidad de trabajador oficial[82]”. Argumenta
exclusivamente con fundamentos normativos: el artículo 5º del Decreto 3135 de
1968 sobre la distinción de empleados públicos y trabajadores oficiales; y, el
artículo 3º del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 3 del Decreto 1950 de 1973
sobre la presunción legal de quienes son trabajadores legales y quienes
empleados públicos respectivamente.
Más adelante, en la citada providencia aludió
a la falta de prueba de la calidad de trabajador oficial aunque no hizo ninguna
relación de material probatorio en la providencia. La única referencia al
acervo probatorio es esta formulación: “de las pruebas aportadas al proceso,
se desprende la prestación de servicio no así que el demandante haya desempeñado
de mantenimiento de obras públicas, es decir, que no se puede dar por hecho el
contrato de trabajo de las partes, cuando las funciones propias del trabajador
oficial no se encuentran probadas en el expediente”[83].
Así las cosas, es evidente que la decisión se originó
en la evaluación el vínculo entre el accionante y el establecimiento educativo
público exclusivamente a partir del criterio orgánico. Si bien en el fallo
existe una referencia a “pruebas” es claro que no es razonable ni suficiente,
pues no hay ninguna explicación sobre a cuales se refiere ni sobre su
valoración, por lo que su cita es meramente formal.
6.3.2.3. Examen de la Corte Constitucional.
1.  La Sala encuentra probado el defecto
fáctico endilgado por el accionante, porque, primero, conforme a los
presupuestos establecidos en la parte dogmática del (3.3.), las autoridades
judiciales deben analizar el material probatorio en su decisión, es decir,
tenerlas en cuenta para fundamentar la decisión respectiva, lo que no ocurrió. En
el caso concreto, esta obligación fue desatendida por los jueces de instancia
del proceso laboral porque no evaluaron las pruebas indicadas en el escrito de
tutela y que hacían parte del acervo probatorio de dicho proceso: testimonios de
Remberto Rafael Vásquez Romero, Miguel Meza, Joaquín Pablo Chávez Aldana,
Rafael de Jesús García Guzmán, Dora Sofía Covelli Sanjuan, Alfredo del Toño
Núñez – apoderado del Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla-, Luis Germán Rivera – apoderado del Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla-, tres cheques y un reconocimiento otorgado por la
entidad educativa a su nombre.
Segundo, el defecto fáctico se infiere de la
ausencia de cualquier alusión a las pruebas que podrían demostrar el vínculo
laboral, en las decisiones cuestionadas del Juzgado Cuarto Laboral de
Descongestión del Circuito de Barranquilla y por la Sala Dual de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. De ello se
desprende que ninguna prueba fue valorada o apreciadas, ni siquiera para
rechazar su valor probatorio. En efecto, la falta de referencia de manera
directa ni indirecta a las pruebas referidas por el accionante pone en
evidencia la omisión de su valoración.
Tercero,
la Sala no encuentra justificación válida o razonable para que las autoridades
judiciales accionadas hayan omitido la apreciación de las pruebas citadas,
porque era imprescindible valorarlas para responder a la pretensión principal
del juicio laboral, de reconocer las prestaciones sociales derivadas del
contrato realidad entre la Escuela Normal Superior de la Hacienda y el
demandante.
En
este orden de ideas, las autoridades judiciales accionadas no realizaron dicho
análisis. En su lugar, negaron el reconocimiento del vínculo laboral y las
prestaciones sociales correspondientes, fundamentando su decisión en (i) la
aplicación del criterio orgánico, esto es, resolvieron la naturaleza de la
vinculación del accionante y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla con base en la naturaleza pública de esta última; y, (ii) en la
imposibilidad de reconocer un vínculo laboral, ya que no se demostró que el
auxiliar de servicios generales desempeñara tareas subsumibles o afines al
trabajador oficial, consistente en la construcción, mantenimiento, instalación
o sostenimiento de obras públicas.
Para la Sala, dicho análisis dista de la
verificación de la existencia del contrato realidad a partir de los testimonios
practicados en el proceso laboral, tres cheques y un reconocimiento otorgado
por la entidad educativa a su nombre, a pesar de que fuera lo solicitado por el
demandante.
Por todo lo anterior, esta Corte puede
reprochar al Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de
Barranquilla y por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla haber incurrido en defecto fáctico, en
las sentencias proferidas el 17 de julio de 2013 y el 27 de febrero de 2014
respectivamente, situación que acarreó la negativa del reconocimiento del
vínculo laboral y del pago de prestaciones sociales respectivas, mediante la
cual se vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad, como lo adujo el
accionante en el escrito de tutela.
3. Visto lo anterior, para esta Sala se torna
completamente forzoso verificar la existencia de la prestación de un servicio
personal, continuado, subordinado y remunerado a través del análisis de
dichas pruebas, como debía haberse hecho en el
juicio ordinario, conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado y de esta Corporación, expuesta en el acápite anterior, sobre el deber
de reconocer el vínculo laboral en la administración pública cuando se
configuran los elementos esenciales del éste, causando las prestaciones
sociales correspondientes.
3.1. De manera preliminar, el accionante inicialmente
fue vinculado mediante una orden de servicios, cuya característica de
temporalidad fue desfigurada por la renovación continua e ininterrumpida por 14
años, ocultando la verdadera naturaleza laboral de la relación. Aunado a lo
anterior, no ostentó la calidad de empleado público por cuanto no se probó que
hubiera cumplido con los requisitos indispensables para ejercer el empleo
público estatuido por el artículo 122 superior (posesión del cargo, juramento
de defender la Constitución y la Ley y cumplir con sus deberes de su cargo).
Tampoco es un trabajador oficial dado que las labores de auxiliar de servicios
son asistenciales[84]
consisten el actividades de aseo, mantenimiento y limpieza en donde está
prestando los servicios. En otras palabras, son labores de naturaleza distinta
a las propias de un trabajador oficial que consisten en la construcción,
instalación y mantenimiento de obras públicas[85].
3.2. A continuación, conforme al principio del
contrato realidad (art. 53 C.P) se explicará por qué en el caso sub-lite
los elementos de una relación laboral entre el peticionario y la Escuela
Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla se infieren del material probatorio que no fueron tenidos en cuenta en las decisiones judiciales
cuestionadas (testimonios, copias de cheques), por lo que debe reconocerse sin
que esto implique conferir la condición de empleado público[86].
En
primer lugar, la prestación personal y continua del trabajador se deduce de la
prórroga continuada, indefinida e irregular desde 5 de
junio de 1995 hasta el 9 de enero de 2009, como consta en
las órdenes del servicio que identificó el Juzgado Cuarto Laboral de
Descongestión del Circuito de Barranquilla[87].
Lo anterior, indica una contratación irregular que revela
el encubrimiento de un vínculo laboral[88].
Adicional a lo expuesto, los testimonios practicados a Remberto Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús
García Guzmán Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan confirman que el señor
Chávez Aldana desarrolló labores en la Escuela Normal
Superior de la Hacienda de Barranquilla como auxiliar de
servicios, por más de 14 años y de manera ininterrumpida[89].
En segundo lugar, la subordinación se presume
de las afirmaciones unívocas y precisas que el
accionante cumplía el horario de lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm, de
la actitud de la administración contratante de impartir órdenes, a través del
Rector de la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla[90],
a quien presta el servicio por parte en sus instalaciones, de donde se tipifica
el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le
haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente[91].
En tercer lugar, se demostró que el accionante
percibía una remuneración, ya que en el acervo probatorio se encuentran 3
cheques del BBVA girados a nombre del accionante, suscritos por el rector de la
Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla, que fueron reconocidos
por este último en su testimonio[92].
Esto también es respaldado por testimonios de los cuatro compañeros de trabajo
del accionante que indican de manera unánime que el actor sobre el pago semanal
a través de cheques que demuestran que percibía una remuneración de
aproximadamente ochenta mil pesos semanales[93].
De lo
anterior se colige que las autoridades judiciales demandadas vulneraron el
derecho al debido proceso del accionante por la omisión de
valoración mínima y razonable del material probatorio, que de  haber sido
tenido en cuenta había cambiado sustancialmente la decisión. En consecuencia,
se ordenará a la Sala Dual de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Barranquilla proferir una nueva decisión en el proceso laboral iniciado por Joaquín
Chávez Aldana contra la Escuela Normal Superior de la Hacienda y el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla que conoció en segunda
instancia, con base en lo expuesto.
4. De
otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado expuesta
anteriormente[94],
también es posible afirmar que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
el derecho a la igualdad del actor. Aunque realizaba
labores permanentes de manera ininterrumpida y en igualdad de condiciones que
Remberto Rafael Vásquez Romero y Miguel Meza, quienes se desempeñaban en la misma dependencia, a diferencia
de él eran empleados de planta y recibían las prerrogativas de un contrato
laboral.
Lo
anterior puede apreciarse en el testimonio de Remberto Rafael Vásquez Romero[95]:
“PREGUNTADO:
informe al Despacho si usted y el señor Joaquín Chávez Aldana tenían el mismo
cargo y si desempeñaba la misma función. CONTESTO: si el cargo de auxiliar de
servicios generales y desempeñábamos la misa función. PREGUNTADO: informe al
despacho si usted percibía de la Escuela Normal Superior de la Hacienda el
salario mínimo y todas sus prestaciones sociales. CONTESTO: si recibía el
salario mínimo con las prestaciones sociales. PREGUNTADO: informe al despacho
si la pensión que usted disfruta hoy en día la obtuvo del distrito a través de
su trabajo durante 24 años en la Escuela Normal Superior de la Hacienda.
CONTESTO: Si fue por mi labor en la Escuela Normal Superior de la Hacienda”[96].
De igual manera, el señor Miguel Meza expuso en
su testimonio que cumplía con las mismas labores que el accionante pero se encontraba
contratado laboralmente. En sus palabras:
“PREGUNTADO:
informe al Despacho cuanto tiempo trabajo usted para la Escuela Normal Superior
de la Hacienda. CONTESTO: 20 años por nombramiento del distrito. PREGUNTADO:
informe al despacho si usted y el señor Joaquín Chávez Aldana  tenían el mismo
cargo y si desempeñaba la misma función. CONTESTO: si el mismo cargo y la misma
función. PREGUNTADO: informe al despacho si usted percibía de la Escuela Normal
Superior de la Hacienda el salario mínimo y todas sus prestaciones sociales.
CONTESTO: Si percibía un salario y todas las prestaciones sociales. [97]”
De acuerdo con lo expuesto, la Escuela Normal Superior
de la Hacienda de Barranquilla sometió al actor a una situación diferenciada e
injustificada respecto de sus compañeros de trabajo, quienes ocupaban el mismo
cargo y cumplían con las mismas funciones gozando de las prestaciones sociales
que a él nunca le fueron pagadas.
Conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, debe ser reconocido el vínculo laboral entre la Escuela Normal Superior
de la Hacienda de Barranquilla  y el señor Chávez Aldana, habida cuenta que
desempeñó actividades en igualdad de condiciones que sus compañeros, Miguel
Meza y Remberto Rafael Vásquez Romero, que a diferencia de él fueron vinculados
laboralmente y recibían las prerrogativas de dicho vínculo, tales como las
prestaciones sociales. Esta situación fue inadvertida en las decisiones
cuestionadas debido a la omisión de estudio y valoración de las pruebas, lo que
derivó en la vulneración del derecho a la igualdad del actor. En consecuencia, se
ordenará tener en cuenta esta circunstancia en la nueva decisión que habrá de
proferir el juez natural.
5. Para la Corte los antecedentes expuestos ilustran,
por una parte, el defecto fáctico en el que incurrieron las autoridades
judiciales accionadas y, por otra parte, el fenómeno de contratación irregular
ya advertida por esta Corporación[98]
y por el Consejo de Estado[99].
Reconocer que en algunos casos, como este, se causa una vinculación laboral de
facto. En consecuencia, esta Sala encuentra comprobado que entre el señor Chávez
Aldana y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de Barranquilla hubo un
contrato laboral en aplicación del principio del contrato realidad, por lo que protegerá
los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y, en consecuencia, ordenará
el reconocimiento de las prestaciones dejadas de percibir.
VI.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR
la providencia del veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar CONCEDER
el amparo del derecho al debido proceso e igualdad del señor José Joaquín Chávez Aldana.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTOS el fallo expedido el veintisiete
(27) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Dual de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de
Barranquilla, en el proceso iniciado por  Joaquín Chávez Aldana contra la Escuela
Normal Superior de la Hacienda y el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, con número de radicación D3412-A-J. En su lugar, ORDENAR
a esa autoridad que: i. En el término máximo de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de esta providencia, expida un nuevo fallo
ajustado a la parte motiva de esta sentencia y proceda a la liquidación
correspondiente; ii. Tan pronto lo expida, remita copia del mismo a la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.
TERCERO.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO.- Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio
56, cuaderno 1.
[2] Folio 27, cuaderno 1.
[3] Folio 28 a 30, cuaderno 1. Cheque del BBVA nª003756 por el
valor de 79.416 pesos fechado del 25 de abril de 2008; Cheque del BBVA
Nº0003645 por el valor de 89.068 pesos, fechado del 29 de marzo de 2008; Cheque
del BBVA nª0003902 por el valor de 74.563 pesos fechado del 29 de mayo de 2008.
[4] Folio 18, cuaderno 1.
[5] Folio
17, cuaderno 18.
[6] Folio 18, cuaderno 1. “como lo ha señalado la jurisprudencia nacional al calificar la
naturaleza del vínculo entre la administración y sus servidores, es el criterio
orgánico el que se ha tenido en cuenta para calificar la naturaleza de dicho
vínculo y excepcionalmente se aplica el criterio funcional cuando tienen
presente la clase de actividad, en los casos inherentes a la construcción y
sostenimiento de obras públicas, para calificar a quienes prestan sus servicios
en ella como trabajadores oficiales”;
[7] Folio 18, cuaderno 1.
[8] Folio
24, cuaderno 1.
[9] Folio 25, cuaderno 1. “tratándose de
servidores públicos vinculados laboralmente a la administración pública,
existen dos formas de vinculación, a saber: el contrato de trabajo y la
relación legal reglamentaria ( nombramiento y posesión), según se trate de
trabajadores oficiales o empleados públicos, en su orden, sin que ello
signifique que dichas calidades, dependan exclusivamente de la forma de
vinculación ( criterio formal para la clasificación de empleados oficiales),
pues es normal la indebida vinculación en la administración pública, sin que
ello otorgue o resta la verdadera calidad de servidor”.
[10] Folio 26, cuaderno 1.
[11] Folio 26-27, cuaderno 1.
[12] Folio 14, cuaderno 1. Núm de radicado Nº0014
del 2012.
[13] Folio 20, cuaderno 1. Núm de radicado D-3412
[14] Folio 3, cuaderno 1.
[15] Folio 3, cuaderno 1.
[16] Folio 4, cuaderno 1.
[17] Folio 3-4, cuaderno 2.
[18] Folio 21-22, cuaderno 2.
[19] Folio 23 a 32, cuaderno 2.
[20] Folio 30, cuaderno 2.
[21] Folio 49, cuaderno 2.
[22] Folio 3 -18, cuaderno 3.
[23] Folio 10, cuaderno 3.
[24] Folio 11, cuaderno 3.
[25] Folio 17, cuaderno 3.
[26] El expediente fue recibido por la Corte
Constitucional el 6 de marzo de 2015. Luego, fue seleccionado en Auto del 27 de
marzo de 2015 de la Sala Tercera de Selección y, posteriormente entregado para
fallo al Despacho del Magistrado Sustanciador, el 14 de abril de 2015.
[27] Folios 15 – 16, cuaderno 4.
[28] El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el
Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito del Circuito de
Barranquilla.
[29] Testimonios rendidos por Remberto Rafael
Vásquez Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía
Sanjuan (compañeros de trabajo del accionante), Alfredo del Toro Núñez y Luis
Manuel Márquez (representante legal del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de
la Hacienda de Barranquilla respectivamente) y, la declaración de parte del
señor Chávez Aldana; (ii) tres cheques de pago de la Escuela Normal Superior de
la Hacienda de Barranquilla al accionante; y, (iii) una copia de un
reconocimiento otorgado al actor por la entidad educativa, allegados como
pruebas en sede de tutela, que de haber sido tenidos en cuenta se habrían
tenido por probados los elementos del contrato realidad por lo que incurrió en
vía de hecho.
[30] Mediante la prueba del cumplimiento de la prestación personal y
continua del servicio, en condiciones de subordinación, a cambio de una
remuneración.
[31] Cfr.
Sentencias SU-054 de 2015, SU-770 de 2014, SU-0915 de 2013, SU-918 de 2013,
entre otras.
[32] Cfr. Sentencias  T-590 de 2009, T-310 de 2009, T-264 de 2009,
T-737 de 2007, T-639  de 2006 y T-109 de 2005.
[33] Sentencia SU-159
de 2002.
[34] Cfr. Sentencia T-902 de 2005. Reiterado en
sentencia SU-195 de 2012.
[35] Sentencia
T-442 de 1994.
[36] Sentencia
T-590 de 2009.
[37] Entre otras,
las sentencia T-055 de 1997 y T-590 de 2009.
[38] Ver sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998.
Reiteradas en sentencia T-590 de 2009.
[39] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe”Sentencia T-336 de 1995, reiterada por la T-008 de 1998.
[40] Sentencia
T-008 de 1998. Reiterada en las sentencia T-636 de 2006, y T-590 de 2009.
[41] Sentencia SU-198 de 2013.
[42]
Dueñas Quevedo, Clara Cecilia Derecho administrativo laboral: tendencias
jurisprudenciales, doctrina y legislación / Clara Cecilia Dueñas Quevedo. -- 1a
ed. -- Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2008 (reimpresión 2009) pág. 64.
[43] “Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La
ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.
[44] Sentencias
C-880 de 2003 y C-314 de 2004.
[45] Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[46] Art. 41
de la Ley 142 de 1994.
[47] Por el cual se prevé la integración de la
seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
[48] Este párrafo fue declarado exequible por la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia
del 26 de abril de 1971 (Sala Plena) y Corte Constitucional
en la Sentencia C-484 de 1995.
Providencia confirmada en la Sentencia C-010 de 1996.
[49] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 21403
de marzo de 2004.
[50] Las expresiones subrayadas fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-154 de 1997, salvo que se acredite la
existencia de una relación laboral subordinada.
[51] Consejo
de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de junio de 2006. Radicados 0245.
[52] Obligación de afiliación de contratistas del
Estado. Modificado por el art. 114, Decreto Ley 2150 de 1995. Ninguna persona
natural podrá prestar directamente sus servicios al Estado, bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios, sin afiliarse a los sistemas de
pensiones y salud previstos en la presente ley.
[53] ARTICULO 9 Código Sustantivo Del Trabajo.
Protección Al Trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma
prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos
están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección
para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones.
[54] Cfr.
Sentencias T-556 de 2011, C-154 de 1997, C-536 de 1996, C-023 de 1994, C-555 de
1994, C-554 de 1994, entre otras.
[55] “Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados,
hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores. (Subrayas fuera del texto original).”
[56] Sentencia T-903 de 2010.
[57] 1. “Para que haya contrato de trabajo se
requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
a) La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.
b) La
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos
del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que
sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y
c. Un
salario como retribución del servicio.
2. Una vez
reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.
[58] Estudió la presunta vulneración del preámbulo
y los artículos 1, 2,13, 25, 53, 93, 94, 122, 123, 125 y 366 de la Constitución
Política, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y los
Convenios 87, 98, 100 y 111 de la O.I.T.
[59] Artículo 32. De los contratos estatales. Son
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a
continuación:
(...)
3o. Contrato de prestación de servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún
caso estos contratos generan
relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable.” (apartes subrayados fueron analizados)
[60] Realizó un línea jurisprudencial sobre  el
contrato realidad exponiendo una diversidad de casos relacionados con la
vinculación por medio de contratos de prestación de servicios renovados de
manera ininterrumpida, el trabajo de los vigilantes o de quien desempeña servicios
varios en una institución educativa, los derechos de las empleadas domésticas,
los derechos de quien trabaja en una cooperativa de trabajo asociado o para
exigir el pago de indemnizaciones o de salarios dejados de percibir.
[61] La Sala Cuarta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
[62] También consultar sentencias T-629 de 2010, T-528 de 2008, T-021 de 2006, T-1109
de 2005, T-501 de 2004, T-426 de 2004, T-335
de 2004, T-180 del 2000, entre
otras.
[63] Consejo
de Estado. Sentencia de enero 25 de 2001, Rad. No. 1654.
[64] Consejo de Estado. Sentencia de noviembre 18
de 2003, Rad. IJ0039.
[65] Sentencia
de junio 23 de 2004, Rad. Nos 0245 y 2161.
[66] Sentencia de marzo6  de 2008, Sección
Segunda, Subsección A, Radicado (2152-06).
[67] Sentencia del 7 de abril de 2005. Sección Segunda, Subsección A. Expediente 4312. En este
mismo sentido ver: Sentencia del 17 de abril de 2008. Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado. Expediente 2776-05.
[68] Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de septiembre de 2008 (Exp. 0739-2014)
[69] Cfr.
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado el 3 de julio de 2003
(Exp.  4798-02);
[70] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B". Sentencia del quince
(15) de junio de dos mil once (2011). Radicación número:
25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10).
[71] Los
testimonios rendidos por Remberto
Rafael Vásquez Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora
Sofía Sanjuan (compañeros de trabajo del accionante), Alfredo del Toro Núñez y
Luis Manuel Márquez (representante legal del D.E.I.P y la Escuela Normal Superior de la Hacienda de
Barranquilla respectivamente) y,
la declaración de parte del señor Chávez Aldana; (ii) tres cheques de pago de la Escuela Normal
Superior de la  Hacienda al accionante; y, (iii) una copia de un reconocimiento
otorgado al actor por la entidad educativa.
[72] Sentencia T-485 de 2001.
[73] Sentencias T-057 de 2013 y T-485 de 2011,
entre muchas otras.
[74] Folio
5, cuaderno 1.
[75] Folio
16, cuaderno 4.
[76] Folio
2, cuaderno 2.
[77] Sentencia
SU-198 de 2013.
[78] Folios
16-18, cuaderno 1.
[79] Folio
18, cuaderno 1.
[80] Folio 18, cuaderno 1.
[81] Folios 25-26,
cuaderno 1.
[82] Folio
26, cuaderno 1.
[83] Folio 26-27, cuaderno 1.
[84] Artículo 20 del Decreto Ley 785 de 2005.
[85] De acuerdo con la definición del contrato de
obra contenido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
[86] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2008 (Exp. 0739-2014).
[87] Folio
18, cuaderno 1.
[88] Sentencia
T-1109 de 2005 y sentencia del 7 de abril de 2005 de la sección segunda del
Consejo de Estado (rad 2152-06). Opera la presunción del encubrimiento de una
relación laboral por la prórroga continuada de manera indefinida e irregular de
órdenes del servicio.
[89] Folio
35, 36, 38 y 46, del cuaderno 1.
[90] Folio
35, 36, 38 y 46, del cuaderno 1.
[91] Sentencia
C-154 de 1997.
[92] Folio
54, cuaderno 1.
[93] Testimonios de Remberto Rafael Vásquez
Romero, Rafael de Jesús García Guzmán, Miguel Ángel Meza y Dora Sofía Sanjuan,
a folios 35, 36, 38, 46 y 49, del
cuaderno 1. Puntualmente, la señora Covelli Sanjuan que ocupaba el mismo cargo
del accionante comentó que el pago era semanal ya fuera por cheque o en
efectivo: “me pagaban semanal,
al comienzo nos pagaban en efectivo y después con unos chequecito que nos
hacían”.
[94] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de septiembre de 2008 (Exp. 2152-06)
[95] Practicado en el proceso laboral el 14 de
diciembre de 2010 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla.
[96] Folio 37, cuaderno 1.
[97] Folio 38, cuaderno 1.
[98] Cfr. Sentencia T-556 de 2011.
[99] Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de septiembre de
2008; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de
julio de 2003.