T-440-13
Sentencia T-/12
Sentencia T-440/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO AGRARIO-Naturaleza y alcance
DEBIDO PROCESO-Finalidad
El debido proceso es un derecho
fundamental, que se ha definido como “una serie de garantías que tienen por fin
sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a
reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger
los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados. Este derecho tiene
por finalidad fundamental: “la defensa y preservación del valor material de la
justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la
preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)”.
DEBIDO PROCESO-Garantías
mínimas
Las garantías que integran el debido proceso, y entre
ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de
actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un
presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del
ordenamiento jurídico. La jurisprudencia de esa Corporación ha señalado que hacen
parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho al juez natural, es
decir, al juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la
decisión de fondo respectiva, con carácter definitivo; dicho juez debe ser
funcionalmente independiente e imparcial y por ello sólo está sometido al
imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.). Este principio se ve materializado
en el derecho a ser juzgado por el juez competente de acuerdo a la ley. (ii) El
derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio. Dentro
de estos elementos se destaca el establecimiento de esas reglas mínimas
procesales, entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley
que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites
que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.”.
De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de
legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al principio
de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por consiguiente,
cualquier acción contra legem o praeter legem”. (iii) El derecho a la defensa,
que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que
se alleguen en su contra, formular  peticiones y alegaciones e impugnar
las decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como
presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones
para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o
de los auxiliares de la justicia,  y las notificaciones, comunicaciones y
publicaciones de las decisiones adoptadas. (iv) El derecho a obtener decisiones
ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de
legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con
prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol.) (v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones
injustificadas.
DERECHO AGRARIO EN COLOMBIA-Evolución normativa y objeto
El derecho agrario ha tenido gran
importancia en el desarrollo constitucional y legislativo de Colombia, en
virtud del cual se ha otorgado una protección especial a los habitantes del
campo, en especial a través de reglas particulares que facilitan la adquisición
de la tierra en la que habitan e impiden que sean desalojados de manera
arbitraria:
JURISDICCION AGRARIA-Interpretación y aplicación del derecho y en especial
la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y
de producción agraria
PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA-Sector y trabajadores rurales
La Constitución y la ley le otorgan
una especial protección a los habitantes de los sectores rurales de nuestro
país que se manifiesta en el establecimiento de las reglas sustanciales y
procesales que conforman el derecho agrario. Por esta razón, el trámite del
proceso agrario tiene una incidencia esencial en las garantías de los
campesinos y debe respetarse so pena de afectar el debido proceso.
JURISDICCION AGRARIA-Al no haberse implementado los jueces agrarios en todo
el país, será ejercida en primera y única instancia, por los jueces civiles del
circuito correspondiente
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO REIVINDICATORIO-Procedencia
por vulneración del debido proceso al no tramitarse por las reglas del proceso
agrario sino por juez municipal, quien no tenía competencia
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Vulneración por cuanto proceso reivindicatorio fue
tramitado por juez municipal mediante proceso abreviado
El proceso originado en la demanda
presentada por el señor no fue tramitado por las reglas del proceso agrario y
además fue instruido por un juez promiscuo municipal que no tenía competencia
para tramitarlo, pues solo podría hacerlo un juez agrario o en su defecto un
juez del circuito, por lo cual es claro que en el mismo se desconoció el debido
proceso por no haberse aplicado la
plenitud de las formas propias de cada juicio y por violación al derecho al
juez natural.
Referencia:
expediente T - 3141358
Acción de Tutela instaurada por Eder Enrique Márquez
Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez, Norma
Yerit Villarraga Rodríguez y Liliana Cristina Garavito, contra el Juzgado 2º Promiscuo
Municipal de Montelíbano (Córdoba).
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el
3 de mayo de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano
(Córdoba) que declaró improcedente la acción de tutela incoada por los señores
EDER ENRIQUE MARQUEZ BRACAMONTE, FROILA LUZ REGINO RICARDO, LIBIA LUZ CARRANZA
RODRÍGUEZ, NORMA YERIT VILLARRAGA RODRÍGUEZ y LILIA CRISTINA GARAVITO MARTÍNEZ
contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano.
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, la Sala
procede a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales del
expediente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
Los accionantes Eder
Enrique Marquez Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza
Rodríguez, Norma Yerit Villarraga Rodríguez y Liliana Cristina Garavito
Martínez interpusieron acción de tutela contra la sentencia del 9 de abril de
2008 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano para
que se protejan sus derechos fundamentales y en especial el debido proceso.
1.2.
HECHOS
1.2.1. Los accionantes Eder Enrique Marquez Bracamonte, Froila Luz Regino
Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez, Norma Yerit Villarraga Rodríguez y
Liliana Cristina Garavito Martínez afirman haber adquirido la posesión y el
dominio de las parcelas identificadas con las matrículas inmobiliarias números
141-0020493, 141-0020495, 141-0020496 y 141-0020500 mediante la escritura
pública número 334 del 20 de septiembre de 1999 de la Notaría Única de Montelíbano
por venta realizada por el señor Nemesio Nader Nader.
1.2.2. El señor Favio Miguel Solórzano Padilla denunció a Nemesio Nader Nader
por usurpación de tierras, falsedad en documento público y fraude procesal por
haberle transferido los anteriores inmuebles.
1.2.3. El 23 de noviembre de 2000, la Fiscalía delegada ante el Tribunal
Superior de Montería precluyó la investigación del señor Nemesio Nader Nader de
los delitos de usurpación de tierras, falsedad en documentos públicos y fraude
procesal.
1.2.4. El 22 de abril de 2001, la Fiscalía segunda de la Unidad de Fiscalías
delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución de
preclusión proferida el 23 de noviembre de 2003 a favor del señor Nemesio Nader Nader.
1.2.5. El 17 de marzo de marzo de 2004, el señor Favio Miguel Solórzano
Padilla, presentó demanda ordinaria de acción reivindicatoria contra los
señores Arnulfo Enrique De Oro Ortiz,
Julio Alejandro Hoyos Díaz, Gloria María Martínez Regino, Fredy Antonio Florez
Martínez y Cesar Miguel Benítez Guerrero,
la cual fue admitida el 18 de marzo de 2004 por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel, dándosele el trámite de proceso abreviado.
1.2.6. El 13 de mayo de 2004 se notificó la admisión de la demanda a los
demandados Alejandro de Hoyos, Fredy
Antonio Florez Martínez y Cesar Miguel Benítez Guerrero.
1.2.7. El 27 de mayo de 2004, el señor Fernando Rafael Ávila Aguado contestó
la demanda como apoderado de los señores Arnulfo de Oro, Alejandro Hoyos, Fredy Antonio Florez Martínez y Gloria María Martínez, oponiéndose a las
pretensiones de la demanda y formulando las excepciones de falta de requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial, falta de legitimación en la
causa por activa, prescripción adquisitiva extraordinaria de los lotes poseídos
y prescripción adquisitiva ordinaria.
1.2.8. El 17 de junio de 2004, el señor Cristo Manuel Díaz Pacheco presentó
escrito sobre la contestación de la demanda en el cual se opuso a lo señalado
por los demandados.
1.2.9. El 16 de marzo del año 2005, se llevó a cabo diligencia de conciliación
a la cual asistieron el demandante Cristo Manuel Díaz Pacheco y el abogado de
los demandados Fernando Ávila Aguado, la cual se declara fracasada.
1.2.10.     El día 27 de julio de 2005 se profirió auto que
decreta las siguientes pruebas:
1.2.10.1. Testimonio de los señores Julio Navarro Castro, Rodolfo Erazo, Luis
Sehuanes, Calixto ferias, Gilberto Álvarez, Pablo Silgado, Emilio Bolivar,
Fredis Quintero y Nemesio Nader Nader.
1.2.10.2. Se decretaron los interrogatorios de parte de Cristo Manuel Díaz
Pacheco, Alejandro Hoyos, Fredys Torres, Cesar Benítez Guerra, Gloria Martínez
y la inspección judicial del inmueble “Santa Helena”.
1.2.10.3. Se ofició a la Notaría Única de Corozal para que enviara la copia de la
escritura 706 de octubre 31 de 1998, a la oficina de instrumentos públicos y
privados de la ciudad de Ayapel para obtener los folios de matrícula
inmobiliaria No. 141-0007425 y 141-0020254, a la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Ayapel para que envíe los folios de matrícula inmobiliaria, al
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel para que remitiera fotocopia del
proceso sucesorio del señor Francisco Solarzano Florez, y a la Fiscalía delegada
ante el Promiscuo del Circuito de Ayapel para que enviara copia auténtica de la
providencia del 23 de noviembre de 2000 en el proceso de usurpación de tierras,
falsedad en documento público y fraude procesal contra el señor Nemesio Nader
Nader.
1.2.10.4. Se designó como perito al señor Armando Cura Jiménez para que determinara
a cuánto equivale una fanegada de tierra.
1.2.11.   En el periodo probatorio: (i) Se recibieron los
testimonios de los señores Julio Cesar Navarro Castro, Pablo Enrique Salgado
Baldovino, Emilio Bolívar Madera y Fredys Manuel Quintero Serrano; (ii) Al
interrogatorio de parte no asistió ninguno de los demandados; (iii) Para la
inspección judicial se comisionó al Fiscal Local de Ayapel, quien la practicó
oportunamente; (iv) El perito Armando Cura Jiménez rindió dictamen y; (v) se
aportaron documentos en la demanda y en la contestación de la demanda.
1.2.12.   La parte demandante presentó alegatos de conclusión el
día 10 de octubre de 2007 y la parte demandada guardó silencio, toda vez que el
apoderado de los accionados renunció a su cargo para posesionarse como Personero
Municipal de Ayapel.
1.2.13.   El 9 de abril de 2008, el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Montelíbano profirió sentencia declarando que los predios que
estaban en posesión de los accionantes pertenecían al señor Favio  Solorzano
Padilla y como consecuencia de lo anterior declaró nulos los títulos de
propiedad de los accionantes con base en los siguientes fundamentos:
1.2.13.1. Señala la desidia de la parte demandada, pues según la providencia no
asistieron a las audiencias, ni absolvieron el interrogatorio de parte, ni
aportaron otras pruebas valiosas para su defensa, mientras que destaca que la
parte actora estuvo solícita a la práctica de las pruebas solicitadas.
1.2.13.2. Acoge lo manifestado por el demandante, según el cual “los terrenos
de la litis han pertenecido por tiempos inmemoriales a sus antepasados y que
uno de estos herederos, Miguel Solorzano Naya, hijo del causante Francisco
Solorzano Flores, le cedió sus derechos gerenciales, por lo cual adelantó la sucesión
ante el Juzgado de Ayapel, quien le adjudicó estos terrenos”.
1.2.13.3. Manifiesta que la inspección judicial informa que los predios sobre los
cuales vienen ejerciendo la posesión material los demandados y comprados por
ellos al INCORA son los mismos que reclama el demandante
1.2.13.4. Señala que sobre el inmueble existe una larga tradición pues los
certificados de tradición allegados por el demandante provienen de los años 40,
“demostrando con ello el dominio que de tiempo atrás viene ejerciendo el
demandante; que fue despojado de sus terrenos por los demandado (sic.)”
1.2.13.5. Afirma que si bien los demandados tienen la posesión material “carecen
de justo título ya que, ellos lo tienen pero sobre uno ajeno”.
1.2.13.6. Que el demandante aportó cuatro (4) testimonios de personas que
manifiestan conocer al señor Favio Solórzano Padilla desde hace muchos años y
que no conocen a los demandados, que aquél siempre fue el propietario del
predio, que vivió allá hasta hace 4 años pero la abandonó por razones de
seguridad y que unos señores que ellos no conocen la poseen.
1.2.13.7. Que los títulos que presentan del INCORA son menos antiguos que el
título de Favio Solórzano Padilla y en base del principio de “primero en el
tiempo primero en el derecho” éste debe prevalecer sobre los primeros.
1.2.13.8. Considera que los demandados no aportaron pruebas para demostrar que su
posesión material viene de hace mucho tiempo ni asistieron al interrogatorio y
por ello se deben presumir como ciertos los hechos de la demanda según lo
establecido en el inciso segundo del artículo 210 del Código de Procedimiento
Civil
1.3.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE
TUTELA
1.3.1.
El día 6 de abril de 2010, los
señores Eder Enrique Márquez  Bracamonte,
Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez, Norma Yerit Villarraga
Rodríguez y Liliana Cristina Garavito Martínez interpusieron acción de tutela contra la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano por la vulneración de su
derecho al debido proceso con base en los siguientes argumentos:
1.3.1.1.Señalan que se vulneró el debido proceso al habérsele
dado ilegalmente a la demanda el trámite de proceso abreviado cuando claramente
correspondía la aplicación del procedimiento ordinario.
1.3.1.2.Manifiestan que el proceso se realizó a espaldas de
los accionantes, quienes de acuerdo a una escritura pública aparecen como
legítimos propietarios y quienes no han sido vencidos en juicio a través del
debido proceso no permitiéndoseles el ejercicio de sus legítimos intereses.
1.3.1.3.Afirman que en el proceso se presentó una violación
flagrante del derecho a la defensa, pues los títulos que los acreditan como
propietarios fueron anulados en un proceso abreviado sin poder ejercer el
derecho a la defensa, situación que configuraría una vía de hecho.
1.4.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
El 8 de abril de
2011, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba) admitió la
acción de tutela y ofició al Juez Segundo Promiscuo y al señor Favio Solórzano
Padilla para que ejercieran su derecho a la defensa.
1.4.1.  Contestación del Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Montelíbano
El 27 de abril de
2011, el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano, Dr. Escaris González
Tapia solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por las
siguientes razones:
1.4.1.1.  Considera que nunca se limitó el derecho a la defensa
de los accionantes, pues siempre contaron con la asistencia de un abogado que
desafortunadamente no tuvo en el proceso el suficiente cuidado.
1.4.1.2.  Agrega que se respetó el debido proceso, el derecho a
la defensa y la imparcialidad del fallador y no se vulneraron los derechos
fundamentales de las partes.
1.4.1.3.  Manifiesta que no se pueden endilgar vías de hecho a
los operadores judiciales para luego presentar acciones de tutela improcedentes
cuando no se ejerce adecuadamente el derecho de postulación.
1.4.2.  Contestación del señor Cristo Manuel Díaz Pacheco
El señor Cristo
Manuel Díaz Pacheco, solicita que se rechace la acción de tutela y se compulsen
copias a los accionantes por las siguientes razones:
1.4.2.1.  Manifiesta que el proceso se adelantó bajo los ritos
consagrados en el Código de Procedimiento Civil, se notificó la demanda, la
misma fue contestada por su abogado, quien interpuso excepciones, se abrió el
proceso a pruebas por el término legal, se practicaron los testimonios
solicitados y se dio traslado a las partes para alegatos de conclusión.
1.4.2.2.  Señala que el accionante no manifiesta cuáles fueron
los derechos vulnerados, por lo cual no es posible siquiera llegar a hacer un
análisis sobre su posible desconocimiento.
1.4.2.3.  Manifiesta que genera gran inseguridad jurídica que se
interponga una acción de tutela contra una sentencia proferida hace más de 2
años.
1.5.
PRUEBAS DOCUMENTALES
OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
A continuación se
relacionan las principales pruebas que obran en el expediente:
1.5.1.  Copia de la Resolución de preclusión de la
investigación proferida por la Fiscalía 19 delegada ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Ayapel el 23 de noviembre de 2000[1].
1.5.2.  Copia de la Resolución de la Fiscalía Segunda Delegada
ante el Tribunal Superior de Montería proferida el 20 de abril de 2001, a través de la cual se confirmó la resolución de preclusión de la investigación proferida por la
Fiscalía 19 delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel[2].
1.5.3.  Copia de la escritura 334 del 20 de septiembre de 1999
de la Notaría única de Montelíbano[3].
1.5.4.  Copia de la Resolución 2720 del 24 de octubre de 1997
del INCORA[4].
1.5.5.  Folios de matrícula inmobiliaria 141 – 0020493, 141 –
0020590, 141 – 0020497, 141 – 0020496 y 141 – 0020495.
1.5.6.  Copia de la demanda ordinaria de menor cuantía
presentada por el señor Cristo Manuel Díaz Pacheco en representación del señor
Favio Miguel Solórzano Padilla contra los señores Arnulfo de Oro, Alejandro de
Hoyos, Fredy Antonio Torres Martínez, Cesar Benitez Guerra y Gloria María
Martínez Regino, con el fin de reivindicar el bien del señor Solórzano Padilla[5].
1.5.7.  Documentos de la sucesión del causante Francisco
Solórzano Flores[6].
1.5.8.  Contestación de la demanda presentada por el señor
Fernando Rafael Ávila Aguado en representación de los señores Arnulfo de Oro,
Alejandro Hoyos, Fredys Torres, Cesar Benitez y Gloria María Martínez[7].
1.5.9.  Acta de audiencia de conciliación del 16 de marzo de 2005[8].
1.5.10. Auto de pruebas del 27 de julio de 2005 del Juzgado Civil Municipal de
Montelíbano[9].
1.5.11. Actas de interrogatorio de los demandados Arnulfo de Oro, Fredys
Torres, Cesar Benitez Guerra y Gloria Martínez[10].
1.5.12. Declaración del señor Julio Cesar Navarro Castro realizada el 23 de
agosto de 2005[11].
1.5.13. Declaración del señor Pablo Enrique Salgado Baldovino realizada el 25
de agosto de 2005[12].
1.5.14. Declaración del señor Emilio Bolívar Madera realizada el 25 de agosto
de 2005[13].
1.5.15. Declaración del señor Fredy Manuel Quintero Serrano realizada el 25 de
agosto de 2005[14].
1.5.16. Acta de la diligencia de inspección judicial practicada en el bien
inmueble Santa Elena realizada el 15 de agosto por la Fiscalía delegada ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel[15].
1.5.17. Traslado para alegatos de conclusión realizado el 2 de octubre de 2007[16].
1.5.18. Alegatos de conclusión del apoderado de la parte demandante Cristo
Manuel Díaz Pacheco[17].
1.5.19. Renuncia al poder presentada por el doctor Fernando Ávila Aguado por
cuanto debía posesionarse como personero de Ayapel[18].
1.5.20. Copia de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Montelíbano el 9 de abril de 2008[19].
1.5.21. Notificación por edicto de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano el 9 de abril de 2008 publicada los
días 15 a 18 de abril de 2008[20].
1.5.22. Copia de la acción de tutela presentada por el señor Cesar Miguel
Benitez Guerrero contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano[21].
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.
Decisión de primera
instancia
El 3 de mayo de
2011, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba) declaró
improcedente la acción de tutela incoada por los señores Eder Enrique Marquez
Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez, Norma
Yerit Villarraga Rodríguez y Lilia Cristina Garavito Martínez contra el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano por las siguientes razones:
2.1.1.  Señala que la parte accionante hace alusión a que se
presentaron los defectos fáctico, orgánico y procedimental sin explicar en
ninguno de los hechos en qué consistieron estos defectos, manifestando simplemente
que el proceso se presentó a espaldas de los accionantes y citando luego
jurisprudencia sobre el debido proceso y las vías de hecho.
2.1.2.  Manifiesta que los accionantes contaban con otro
mecanismo de defensa que era oponerse  en la inspección judicial que se realizó
dentro del proceso reivindicatorio adelantado por la Fiscalía Local 23 de
Ayapel.
2.1.3.  Afirma que existe una inconsistencia en los predios
señalados, pues el proceso reivindicatorio siempre se hizo sobre el predio
denominado Santa Elena, mientras que el predio denominado “La Macarena”
al que hacen alusión los accionantes no fue objeto de discusión en el proceso
pero sí fue señalado, por cuanto el predio Santa Helena fue segregado de la
Macarena.
2.1.4.  Señala que han transcurrido varios años desde que la
providencia quedó en firme sin que los accionantes hicieran valer su posesión
sobre los predios de propiedad del tercero vinculado Fabio Solórzano Padilla.
2.2.
Impugnación
El señor Jorge
Acosta Bonilla interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
proferida el 3 de mayo de 2011, el cual fue declarado extemporáneo mediante
auto del 18 de mayo del mismo año.
3.
ACTUACIONES REALIZADAS EN
SEDE DE REVISIÓN
3.1.
El 15 de diciembre de 2011 se profirió
auto de pruebas en el cual decidió:
3.1.1.  Poner en conocimiento de la Procuraduría General de la
Nación la solicitud de la acción de tutela para que en el término de 10 días
hábiles exprese lo que estime conveniente frente a la acción de tutela.
3.1.2.  Poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo la
solicitud de la acción de tutela para que en el término de diez (10) días
hábiles exprese lo que estime conveniente frente a la acción de tutela.
3.1.3.  Poner en conocimiento del INCODER la solicitud de la
acción de tutela para que en el término de tres (3) días hábiles exprese lo que
estime conveniente frente a la acción de tutela.
3.1.4.  Ordenar que por la Secretaría General de la Corte
Constitucional se oficie para que en el término de tres (3) días hábiles
solicite la siguiente información:
3.1.4.1.  A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados de Ayapel, se expidan los certificados de tradición del inmueble con
matrícula inmobiliaria No. 141-0020493, 141-00204497, 141-0020496, 141-0020495
correspondientes a los años entre 1940 y 2000.
3.1.4.2.  A la oficina de Catastro del Municipio de Ayapel, la
información correspondiente a los linderos, medidas, extensión y vecindad del
terreno denominado “Santa Helena”, ubicado en la región del Totumo,
corregimiento de Cecilia, municipio de Ayapel.
3.1.4.3.  Al Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, copia del
proceso de sucesión del señor Francisco Solórzano Flórez sobre el inmueble
rural denominado “Santa Helena”, ubicado en la región del Totumo,
corregimiento de Cecilia, municipio de Ayapel, Córdoba.
3.1.4.4.  Al Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano,
Córdoba, para que allegue la diligencia de desalojo efectuada en el mes de
marzo de 2011, sobre el inmueble rural denominado “Santa Helena” ubicado
en la región del Totumo, corregimiento de Cecilia, municipio de Ayapel,
Córdoba.
3.1.5.  Invitar a las Universidades de Córdoba, del Sinú,
Pontificia Bolivariana (seccional Montería), Rosario, al centro de
Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz (CINEP – PPP), y al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con el fin de
que, si lo consideraban pertinente, emitieran su opinión sobre la demanda
dentro del término de diez (10) días.
3.1.6.  Suspender los términos del presente proceso para que
solamente pudieran volver a correr cuando se haya verificado el cumplimiento de
las actuaciones previamente ordenadas y evaluadas las pruebas solicitadas.
3.2.
El 30 de enero de 2012, el
defensor del Pueblo Volmar Pérez Ortiz se pronunció sobre la acción de tutela realizando
las siguientes precisiones:
3.2.1.
Manifiesta que los accionantes
no fueron notificados de la demanda,  lo cual impidió el ejercicio de sus
derechos de defensa y contradicción.
3.2.2.
Señala que el juez adelantó un
proceso abreviado cuando en estos casos procede el proceso ordinario, el cual
otorga mayores garantías a quienes aducen tener la calidad de poseedores  y a
quienes dicen ser propietarios
3.3.
El 25 de enero de 2012 doctor
Sebastian Zuluaga Vargas en calidad de apoderado de la Procuraduría General de la
Nación se pronunció sobre la acción de tutela realizando las siguientes
consideraciones:
3.3.1.
Señala que en el proceso
reivindicatorio promovido por FLAVIO SOLORZANO PADILLA se vulneró el debido
proceso, pues manifiesta que el Juez Municipal de Montelíbano no tenía
competencia para conocer del proceso. En este sentido afirma que el juez de
conocimiento para la acción de tutela incoada era el juez agrario por cuanto el
predio cuya reivindicación se pretende está ubicado en zona rural, quien de no
existir provisión de plazas deberá ser suplido por los Jueces Civiles o
promiscuos del circuito según señala la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia.
3.3.2.
Manifiesta que en el proceso
también se desconoció el procedimiento, pues no se vinculó al INCODER ni al
señor Nemesio Nader Nader.
3.4.
El 27 de enero de 2007, el
Doctor Néstor Armando Novoa Velásquez, Director Nacional de Fiscalías se
abstiene de pronunciarse sobre la acción de tutela señalando que:
“Como quiera que de la información aportada
se observa pronunciamiento de fondo por parte  de esta entidad que involucra a
uno de los accionante de la acción de la tutela, como lo es la confirmación de la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Montería del pronunciamiento de
primera instancia proferido por la fiscalía 19 delegada ante los jueces penales
con sede en Ayapel,, en el que precluyó la investigación a favor de NEMESIO
NADER NADER, no considera prudente la Fiscalía General de la Nación, emitir
pronunciamiento alguno, cuando eventualmente podrían presentarse nuevamente
hechos de connotación penal por el actuar de los intervinientes, no solo en la
presente acción, sino dentro del trámite civil que falló el proceso
reivindicatorio”.
3.5.
El 23 de enero de 2012, el
INCODER respondió al oficio de esta Corporación manifestando que solicitó a la
Coordinación de Gestión Logística de Bienes y Servicios Archivos, para que con
carácter urgente ubiquen y envíen a esa oficina copia auténtica del expediente
que contiene la documentación relacionada con la adquisición y adjudicación de
inmueble Santa Elena.
3.6.
El 18 de enero de 2012, el
señor Neuder Casilla Martínez, en calidad de Tesorero Municipal de Ayapel se
pronunció sobre la acción de tutela, manifestando que “revisado el archivo
se encontró el predio “Santa Helena” ubicado en la región del Torumo,
Corregimiento de Cecilia a nombre de la señora MARIA DE LOS SANTOS RIVERA
YANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.800.089, predio con cédula
catastral No 00100420009000, con una cavidad de 17 hectáreas con 40 metros de Construidos, con un avaluó del año 2012 en: 10.598.000; que nuestra
base de datos no posee más información, ya que somos un ente liquidador”
3.7.
El 19 de enero de 2012, el
Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Montelíbano Córdoba contestó a la
solicitud de esta Corporación, señalando que conoció el día 08 de abril de 2011
la acción de tutela que instauró el señor Eder Enrique Marquez Bracamonte en
contra del Jugado Segundo Municipal de Montelíbano, pero no conoció ni inició
el proceso reivindicatorio que es objeto de la acción de tutela, ni ordenó en
la acción de tutela ninguna diligencia de desalojo, razón por la cual no se puede
allegar la diligencia requerida.
3.8.
El 1 de febrero de 2012, el doctor
Juan Antonio Díaz Castro, en representación de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Montería considera viable la revisión del fallo de tutela por
las siguientes razones:
3.8.1.
Se vulneró el debido proceso y
el derecho a la defensa, pues no se demandó ni se vinculó al proceso y
notificar a las otras personas que eran coposeedores de las personas demandadas
y al tiempo esposos o compañeros permanentes de las mismas.
3.8.2.
Agrega en este sentido que
dentro del proceso se anexó la escritura pública que transfirió el dominio y
posesión material del bien a los demandados y certificados de tradición y
libertad, donde aparecía registrado quiénes eran los propietarios del inmueble,
por lo cual era imposible no darse cuenta contra quienes debería dirigirse la
demanda.
3.8.3.
Manifiesta que la mayoría de
los demandados aparecen con sus esposas en los certificados de libertad y
tradición como propietarios y por ende con la posesión material del inmueble
objeto de la litis, por lo cual debieron haberse demandado.
3.9.
El 12 de febrero de 2012, el Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP) manifestó que no era posible
emitir un concepto sobre la presente acción de tutela teniendo en cuenta que
debido a su cronograma laboral los textos del expediente fueron recibidos en
época de vacaciones colectivas.
3.10.
El señor Cristo Manuel Díaz
presentó escrito en calidad de apoderado del señor Favio Solórzano Padilla en
el cual señala que su representado ha sido y sigue siendo el propietario del
fundo Santa Elena que perteneció por muchos años a la familia Solórzano, sin
embargo, funcionarios del INCORA en asocio con funcionarios del Instituto
Agustín Codazzi se aprovecharon de que el predio se encontraba abandonado y
procedieron a englobar toda la tierra, anexando a la tierra de Nader a la
tierra de Solórzano, haciendo un solo globo, situación que afectó los derechos
de su representado. Agrega que por esta razón inició un proceso reivindicatorio
en el cual se respetaron todas las garantías de los demandados.
3.11.
El veintitrés (23) de agosto
de dos mil doce (2012) se comisionó al juzgado promiscuo del Montelíbano
(Córdoba), para que a través de los medios contemplados en el Código de
Procedimiento Civil notifique personalmente a los señores ARNULFO DE ORO,
ALEJANDRO DE HOYOS, FREDYS ANTONIO FLOREZ MARTÍNES, CESAR BENITEZ GUERRA,
GLORIA MARÍA MARTÍNEZ y NEMESIO NADER NADER. Este juzgado contestó el despacho
comisorio señalando que estas personas se encontraban en el municipio de Ayapel
(Córdoba), por lo cual este despacho comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel de ese municipio con la misma finalidad.
3.12.
El 2 de julio de 2013, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel (Córdoba) envió a la Secretaría de la
Corte Constitucional las notificaciones personales realizadas.
4.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela del proceso de esta
referencia.
4.2.
PROBLEMA JURÍDICO
A partir de los supuestos fácticos planteados
anteriormente, el problema jurídico que se debe resolver consiste en establecer
si se afectaron los derechos al debido proceso y a la defensa en el proceso
iniciado con ocasión de la demanda ordinaria de acción reivindicatoria presentada
por el señor Favio Miguel Solórzano Padilla contra los señores Arnulfo De Oro,
Alejandro Hoyos, Fredys Torres, Cesar Benitez Guerra Y Gloria María Martínez
Regino. En particular se deberá establecer si a la demanda se le debía dar el
trámite del proceso agrario, si se realizaron las notificaciones y
vinculaciones en debida forma y si estas situaciones pudieron afectar el
derecho de defensa y el debido proceso de los accionantes.
Para tal fin, la Sala reiterará la
jurisprudencia con respecto a: (i) la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la evolución y objeto del derecho agrario en Colombia, (iii) la naturaleza
y alcance del debido proceso en el proceso agrario y finalmente (iv) analizará
el caso concreto.
4.3.    Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia.
4.3.1. El
Decreto 2591 de 1991 consagra en su artículo 5º que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión
de las autoridades públicas o los particulares, que haya vulnerado, vulnere o
pueda vulnerar derechos constitucionales fundamentales.
4.3.2. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela, en
principio, no procede contra providencias judiciales[22]. No obstante, de manera
excepcional, la acción de tutela procede contra providencias judiciales cuando
éstas desconocen los preceptos constitucionales y legales que deben seguir, o
en aquellos casos en los que si bien no se desconocen las normas superiores, la
decisión judicial vulnera derechos fundamentales[23].
4.3.3.  La Corte Constitucional ha
manifestado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales está sujeta a la observancia de presupuestos generales, que de
cumplirse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela para revisar las
decisiones judiciales puestas a su consideración[24]. Tales presupuestos
fueron consagrados en la Sentencia C-590 de 2005, de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los
medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable[25].
c. Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[26].
d. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[27].
e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[28].
f. Que no se trate de sentencias
de tutela[29]”[30].
4.3.4. Una vez se verifique el
cumplimiento de los requisitos generales referidos, el accionante deberá
demostrar la ocurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad
en que pudo incurrir la autoridad judicial al proferir la decisión
cuestionada.
4.3.5. La jurisprudencia
constitucional ha entendido las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela frente a providencias judiciales como aquellas actuaciones
judiciales en las que el juez que resuelve un conflicto jurídico asume una
conducta que evidentemente contraría el ordenamiento vigente y, por ende,
vulnera derechos fundamentales. Así, al no disponer de un
medio eficaz para dar solución a tal situación, la acción de tutela se
torna en el mecanismo idóneo para adoptar las medidas necesarias para
restablecer los derechos fundamentales afectados por una decisión judicial[31].
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido como causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela, las siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[32]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[33].
h. Violación directa de la
Constitución.”
4.4.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL
DEBIDO PROCESO EN EL PROCESO AGRARIO
El debido proceso es un derecho
fundamental[34],
que se ha definido como “una serie de garantías que tienen por fin sujetar
las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas
de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e
intereses de las personas en ellas involucrados”[35]. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado:
“El respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien
asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de
observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la
ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y
obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en
todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o
extinción de un derecho o a la imposición de una sanción"[36]
Este derecho tiene por finalidad fundamental: “la
defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de
los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social
y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de
la C.P)”[37].
Por lo anterior, la importancia del
debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, por lo cual deben respetarse
los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de
la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo[38]. En este sentido, esta
Corporación ha señalado:
“El debido proceso compendia la
garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta serán
rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su
competencia, como única forma de asegurar la materialización de la justicia,
meta última y razón de ser del ordenamiento positivo”[39].
Las garantías que integran el debido
proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en
todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues
constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción del
proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún
ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la
conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia
pervirtiendo el camino que conduce a ella[40].
Debe destacarse que la tutela
constitucional de este derecho no se dirige a proteger el riguroso seguimiento
de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para
tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, es decir, hay que ver
el debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal[41].
La jurisprudencia de esa Corporación ha
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso[42]:
i)
El derecho al juez natural, es
decir, al juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la
decisión de fondo respectiva, con carácter definitivo; dicho juez debe ser
funcionalmente independiente e imparcial y por ello sólo está sometido al
imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.). Este principio se ve materializado
en el derecho a ser juzgado por el juez competente de acuerdo a la ley.
ii)
El derecho a ser juzgado con la
plenitud de las formas propias de cada juicio. Dentro de estos elementos se
destaca el establecimiento de esas reglas mínimas procesales[43], entendidas como “(...)
el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio,
determinan  los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas
instancias judiciales o administrativas.”[44].
De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de
legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al
principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por
consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem”[45].
iii)
El derecho a la defensa, que
consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se
alleguen en su contra, formular  peticiones y alegaciones e impugnar las
decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto
indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener
comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los
auxiliares de la justicia,  y las notificaciones, comunicaciones y
publicaciones de las decisiones adoptadas.
iv)
El derecho a obtener decisiones
ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de
legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con
prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol.)
v)
El derecho a que las decisiones se
adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas.
4.5.
EVOLUCIÓN Y OBJETO DEL
DERECHO AGRARIO EN COLOMBIA
El derecho agrario ha tenido gran
importancia en el desarrollo constitucional y legislativo de Colombia, en
virtud del cual se ha otorgado una protección especial a los habitantes del campo,
en especial a través de reglas particulares que facilitan la adquisición de la
tierra en la que habitan e impiden que sean desalojados de manera arbitraria:
4.5.1.
El Acto Legislativo no. 1 de
1936 consagró en su artículo décimo la función social de la propiedad, mientras
que su artículo 11 señalaba: “El Estado puede intervenir por medio de leyes
en la explotación de industrias o empresas públicas o privadas, con el fin de
racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al
trabajador la justa protección a que tiene derecho”[46].
Esta disposición ha sido el eje sobre el
cual se ha desarrollado el Derecho agrario en nuestro país, pues permitió dar
un alcance especial al uso de las propiedades rurales y configurar un régimen
especial de tierras a través de la ley 200 de 1936.
4.5.2.
La ley 200 de 1936 "sobre régimen de tierras", constituyó uno de los  avances más importantes
en el reconocimiento de la importancia del sector rural en Colombia y de la
protección de los trabajadores, incluyendo grandes avances en el derecho
agrario:
4.5.2.1.
La presunción de baldíos de
los predios rústicos en los cuales no se
presentare “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos
propios de dueño como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y
otras de igual significación económica”[47].
4.5.2.2.
La extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los
predios rurales en las cuales se dejare de ejercer posesión en la forma
establecida en el artículo 1º de esta ley, durante diez años continuos[48].
4.5.2.3.
La consagración de la prescripción adquisitiva del dominio en favor de
quien, “creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los
términos del artículo 1º de esta ley, durante cinco años continuos, terrenos de
propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación ni
comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo
dispuesto en el mismo artículo”[49].
4.5.2.4.
El establecimiento de reglas
especiales respecto de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho[50].
4.5.2.5.
La creación de los jueces de
tierras, encargados de conocer las
demandas que se promuevan en ejercicio de las acciones que consagra la ley 200
de 1936, de los juicios divisorios de grandes comunidades y de los juicios de
deslinde de tales comunidades.
Como puede apreciarse, la mayoría de avances
contemplados en la ley 200 de 1936 estaban encaminados a establecer una
jurisdicción especial agraria con unas reglas especiales para la protección
especial de las personas que habitan el sector rural de nuestro país.
4.5.3.
La ley 100 de 1944 calificó a los contratos de arrendamiento y de
aparcería como de utilidad pública y decretó la ampliación de diez a quince
años como causal de restitución al Estado de los predios no explotados.
4.5.4.
La Ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria"
realizó numerosas modificaciones al naciente derecho agrario como las
siguientes:
4.5.4.1.
Creó una serie de
instituciones dedicadas al promover el mejoramiento de las condiciones del
campo y de sus trabajadores, tales como: el Instituto
Colombiano la Reforma Agraria (INCORA)[51],
otorgándole funciones encaminadas a  administrar a nombre del Estado las
tierras baldías de propiedad nacional, adjudicar las o constituir reservas y
adelantar colonizaciones sobre ellas y a promover el desarrollo del sector
rural y de sus habitantes[52];
el Consejo Social Agrario[53];
los procuradores agrarios[54],
el Fondo Nacional Agrario[55],
las Corporaciones Regionales de Desarrollo[56];
y los Organismos Locales de la Reforma y Asociación Campesina[57].
4.5.4.2.
Reguló el proceso de extinción
del dominio sobre tierras incultas, disponiendo que “Todo propietario de fundo de extensión superior a dos
mil hectáreas (2.000 hectáreas) deberá presentar al Instituto, junto con el
respectivo certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos y
copia del título registrado que acrediten sus derechos de dominio sobre dicho
fundo, una descripción detallada de éste, la cual incluirá, además, todos los
datos y explicaciones que el Instituto determine con respecto a su ubicación,
extensión y forma en que se explota. La misma obligación cobija a los
propietarios de superficies menores que formaban parte en 1º de septiembre de
1960, de predios de aquella extensión, y a quienes sin tener título inscrito
ejerzan posesión material sobre tales predios”[58].
4.5.4.3.
Señaló una serie de reglas
especiales para la adjudicación de baldíos nacionales[59] y para adelantar
colonizaciones por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria en las tierras baldías que reserve para tal
fin.
4.5.4.4.
Crea la figura de las “unidades
agrícolas familiares” que deberán estar constituidas preferentemente para
parcelar propiedades y realizar concentraciones parcelarias, siempre y cuando
se cumplan una serie de condiciones especiales[60].
4.5.4.5.
Se consagran normas dirigidas
a la adecuación de tierras al cultivo y a la creación de distritos de riego, de
acuerdo con la cual: “el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
dará preferente cuidado al estudio, promoción y realización de obras de defensa
contra las inundaciones, regulación del caudal de corrientes hidráulicas,
riegos y avenamientos, con el objeto de adecuar la mayor extensión posible de
tierras a más productivas formas de explotación, y obtener al mismo tiempo una
modificación en la estructura de la propiedad rústica”[61].
4.5.4.6.
Se establecen servicios para
el bienestar de los campesinos a cargo del INCORA como: “a) Los destinados a
facilitar el empleo de maquinaria agrícola y animales de labor; b) Los de
beneficio, empaque y transporte de productos agrícolas y pecuarios: c) El de
silos y almacenamiento; d) El de comisariatos; y  e) Los que faciliten el
mejoramiento de las viviendas rurales”[62].
4.5.5.
La Ley 1ª de 1968 contribuyó a agilizar los trámites y
procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió para
reglamentar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) a fin de proteger y regular la
tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente
a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o
transferencia.
4.5.6.
La Ley 4ª de 1973 redujo los
trámites para la adquisición de tierras a través de negociaciones directas, la
agilización de la adjudicación de tierras a los beneficiarios y el
establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una manera de ejercer
presión a favor del uso productivo de la tierra y penalizar su apropiación
improductiva.
4.5.7.
La Ley 5ª de 1973, estableció
un sistema de financiamiento para el agro a través del Fondo Financiero
Agropecuario, a cargo del Banco de la República para el fomento de las
actividades agrícolas y pecuarias[63].
4.5.8.
La Ley 6ª de 1975 reformó la
Ley 1ª de 1968, regulando de manera amplia las obligaciones, los elementos y el
alcance del contrato de aparcería.
4.5.9.
El Decreto extraordinario 2303
de 1989 expedido por el Gobierno con base en las facultades extraordinarias
otorgadas por la Ley 30 de 1987 creó y organizó la jurisdicción agraria y
estableció una serie de normas especiales en este sector dentro de las cuales
cabe destacar las siguientes:
4.5.9.1.
Señala criterios
de interpretación y aplicación del derecho y en especial la protección
de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y de producción
agraria:
“Criterios de
interpretación y aplicación del derecho. Los jueces y magistrados aplicarán la
Ley sustancia teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es
conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con
los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo
a la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y
de producción agraria.
Los jueces y magistrados interpretarán
y aplicarán las disposiciones procesales en armonía con los principios que
inspiran y los fines que guían este Decreto y, en cuanto no se opongan a ellos,
con los que orientan el sistema procesal colombiano”[64].
4.5.9.2.
Permite los fallos extra y ultra petita y la aplicación
oficiosa de normas a favor de los derechos de los campesinos, de los
resguardos o “pacialidades” indígenas y de los miembros e integrantes de
comunidades civiles indígenas:“FALLOS EXTRA Y ULTRA PETITA
Y APLICACION OFICIOSA DE NORMAS. Cuando una de las partes en el proceso agrario
goza del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en
su beneficio, decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda sea
defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.
Por consiguientes, está facultado para
reconocer y ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita
siempre que los hechos que los originen o sustenten, estén debidamente
controvertidos y probados.
En la interpretación de las
disposiciones jurídicas el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene
por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o
pacialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles
indígenas”[65].
4.5.9.3.
Establece una serie de poderes
especiales del juez en favor de la parte más débil y de la celeridad de los
procesos:
“1o. Procurar que no
se desvirtúen los fines y principios a que se refiere el artículo antes citado,
en especial lo atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia,
mediante la tutela de los derechos de la más débil, a la gratuidad de aquélla,
la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y, por ende,
celeridad de los procesos, cuya paralización debe impedir, dándoles el impulso
necesario, como también los relativos a la inmediación del juez y sana crítica
en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio
fundamental del debido proceso.
2o. Desechar actuaciones y diligencias
inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o
inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de
carácter dilatorio.
3o. Rechazar el allanamiento de la
demanda, el desistimiento de ella y la transacción cuando el demandado, en el
primer caso, el demandante en el segundo y cualquiera de ellos, en el tercero,
gocen del amparo de pobreza.
4o. Precaver, cuando tome medidas con
relación a un predio, riesgos consiguientes de paralización de la explotación
del mismo y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios”.
4.5.9.4.
Establece el principio de
concentración de las audiencias y diligencias para llevar a cabo el proceso en
fechas continuas y evitar aplazamientos y suspensiones: “Concentración
de audiencias y diligencias. Cuando fueren previsibles varias
audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez fechas continuas para
realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni
diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspender por más de una vez para día
diferente de aquél que fue inicialmente señalado[66].
4.5.9.5.
Señala la obligatoriedad de la
conciliación en los procesos agrarios: “En
todo proceso declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario,
deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada
la demanda.
También podrá efectuarse la
conciliación a petición de las partes, de común acuerdo, en cualquier etapa del
proceso”[67].
4.5.9.6.
Establece términos cortos para
dictar las providencias en el proceso agrario:
“Término para dictar providencia. Los
jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días, los
interlocutorios, en el de ocho (8) y las sentencias en el de treinta (30),
contados desde que el expediente pase con tal fin al despacho.
En los mismos términos los magistrados
deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos
de las que deba proferir la sala. Esta dispondrá de la mitad del respectivo
término para proferir la decisión, contado desde el día siguiente a aquél en
que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar
visible de la secretaría”[68].
4.5.9.7.
Señala reglas especiales para
la notificación por aviso teniendo en cuenta la dificultad de las
comunicaciones en el sector rural:
“Notificación por
aviso. Cuando no hubiere sido posible notificar personalmente a quien habite en
zona rural, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la respectiva
providencia, la notificación se hará por medio de aviso que se fijará en la
puerta de acceso al lugar donde habita o trabaja la persona que deba ser
notificada o de la casa principal o en sitio visible del predio de que se
trata.
Copia del aviso se entregará a la
persona que manifiesta que trabaja o habita en ese lugar. Dicha persona firmará
la copia que conserva el notificador la cual se agregará al expediente. Si se
niega a firmar, se dejará la respectiva constancia.
Simultáneamente, se fijará el aviso en
el sitio que el juez considere de mayor concurrencia pública y se leerá por
medio de una radiodifusora de lugar o de la región, si la hubiere.
De la fijación y radiodifusión del
aviso se dejará constancia en el expediente.
Salvo disposición especial en
contrario, la notificación se entenderá surtida dos (2) días después de la
fijación del aviso en uno de los sitios indicados en el inciso primero de este
artículo”[69].
4.5.10.
La Constitución de 1991 consagró
una protección especial del sector y de los trabajadores rurales dentro de las
cuales se destaca el artículo 64 de la Carta Política:
“Es deber del Estado promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda,
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y
calidad de vida de los campesinos”[70].
Esta es el nuevo pilar sobre el cual se
deben analizar los temas más importantes del sector rural, señalando la
protección y el mejoramiento de las condiciones de los habitantes del campo.
4.5.11.
La Ley 160 de 1994, dinamizó
la redistribución introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado
de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los
campesinos. El énfasis institucional se centra en facilitar la negociación
directa entre propietarios y campesinos.
4.5.12. La Ley 1448 de 2011, establece medidas de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas del conflicto armado interno.
Si bien esta ley no se encuentra enfocada directamente en el sector rural,
tiene una incidencia profunda en el sector agrario, pues señala una serie de
procedimientos para la restitución de tierras de personas que hayan sido
retiradas violentamente de las mismas.
Específicamente en relación con el sector
rural, en esta ley se destaca la necesidad de tener un enfoque diferencial que
ofrezca especiales garantías a los campesinos[71],
así como también, exige la expedición de una iniciativa que regule el
desarrollo rural del país[72].
De esta manera, puede concluirse que la
Constitución y la ley le otorgan una especial protección a los habitantes de
los sectores rurales de nuestro país que se manifiesta en el establecimiento de
las reglas sustanciales y procesales que conforman el derecho agrario. Por esta
razón, el trámite del proceso agrario tiene una incidencia esencial en las
garantías de los campesinos y debe respetarse so pena de afectar el debido
proceso.
4.6.
CASO CONCRETO
4.6.1.
Resumen de los hechos
4.6.1.1.      Eder Enrique Marquez Bracamonte, Froila Luz Regino
Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez, Norma Yerit Villarraga Rodríguez y
Liliana Cristina Garavito Martínez adquirieron la posesión y el dominio de las
parcelas identificadas con las matrículas inmobiliarias números 141-0020493,
141-0020495, 141-0020496 y 141-0020500 mediante la escritura pública número 334
del 20 de septiembre de 1999 de la Notaría Única de Montelíbano por venta
realizada por el señor Nemesio Nader Nader.
4.6.1.2.      El 17 de marzo de marzo de 2004, el señor Favio Miguel
Solórzano Padilla, presentó demanda ordinaria de acción reivindicatoria contra
los señores Arnulfo De Oro, Alejandro Hoyos, Fredys Torres, Cesar Benitez
Guerra y Gloria María Martínez Regino, la cual fue admitida el 18 de marzo de
2004 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, dándosele el trámite de
proceso abreviado.
4.6.1.3.      El 13 de mayo de 2004 se notificó la admisión de la
demanda a los demandados Alejandro de Hoyos, Fredys Torres y Cesar Benitez.
4.6.1.4.      El 27 de mayo de 2004, el señor Fernando Rafael Ávila
Aguado contestó la demanda como apoderado de los señores Arnulfo de Oro,
Alejandro Hoyos, Fredys Torres y Gloria María Martínez oponiéndose a las
pretensiones de la demanda y formulando las excepciones de falta de requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial, falta de legitimación en la
causa por activa, prescripción adquisitiva extraordinaria de los lotes poseídos
y prescripción adquisitiva ordinaria.
4.6.1.5.      En el periodo probatorio: (i) Se recibieron los
testimonios de los señores Julio Cesar Navarro Castro, Pablo Enrique Salgado
Baldovino, Emilio Bolívar Madera y Fredys Manuel Quintero Serrano; (ii) Al
interrogatorio de parte no asistió ninguno de los demandados; (iii) Para la
inspección judicial se comisionó al Fiscal Local de Ayapel quien la practicó
oportunamente; (iv) El perito Armando Cura Jiménez rindió dictamen y; (v) se
aportaron documentos en la demanda y en la contestación de la demanda.
4.6.1.6.      El 9 de abril de 2008, el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Montelíbano profirió sentencia declarando que los previos que
estaban en posesión de los accionantes pertenecían al señor Favio  Solorzano
Padilla y como consecuencia de lo anterior declaró nulos los títulos de
propiedad de los accionantes.
4.6.2.
Análisis de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
La acción de tutela presentada
por Eder Enrique
Márquez Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez,
Norma Yerit Villarraga Rodríguez y Liliana Cristina Garavito cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela anteriormente
enunciados por las siguientes razones:
4.6.2.1.
La
cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional, pues los
accionantes señalan que se presentó una afectación agrave del debido proceso y
del derecho de defensa, tal como también lo afirma la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo.
4.6.2.2.
En
relación con el requisito de subsidiariedad debe tenerse en cuenta que los accionantes Eder Enrique
Marquez Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza Rodríguez,
Norma Yerit Villarraga Rodríguez y Liliana Cristina Garavito Martínez no se
vincularon al proceso siendo titulares del derecho de dominio de las parcelas
21, 23, 24, 25, y 29 según la escritura pública 334, por lo cual no pudieron
ejercer su derecho a la defensa ni interponer recursos dentro del proceso. En este sentido la Defensoría del Pueblo manifestó
en el presente proceso:
“NO
SE VINCULÓ AL PROCESO REIVINDICATORIO A LOS ACTUALES TITULARES DE DERECHO DE
DOMINIO, NI AL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) EN SU
CONDICIÓN DE TITULAR DE LA ACCIÓN REVOCATORIA DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA LA
COMPRA DEL PREDIO.
La
demanda reivindicatoria fue propuesta por el apoderado judicial del señor FABIO
SOLÓRZANO PADILLA contra ARNULFO ENRIQUE DE ORO ORTIZ, JULIO ALEJANDRO HOYOS
DÍAS, GLORIA MARÍA MARTÍNEZ REGINO, FREDY ANTONIO FLOREZ MARTÍNEZ y CESAR
MIGUEL BENITEZ GUERRERO.
De
los demandantes en el proceso reivindicatorio sólo ostentaban el carácter de
propietarios o de titulares del derecho de dominio el señor Arnuelfo Enrique de
Oro Ortiez y la señora “Gloria María Martínez Regino, según Escritura Pública
No. 334 de septiembre 20 de 1999, otorgada ante la Notaría Única de Montalíbano
Córdoba.
Los accionantes en tutela señores (ras) EDER ENRIQUE
MARQUEZ BRACAMONTE, FROILA REGINO RICARDO, LIBIA LUZ CARRANZA RODRÍGUEZ, NORMA
YERIT VILLARRAGA RODRÍGUEZ y LILIANA CRISTINA GARAVITO MARTÍNEZ, según la
escritura pública 334 son titulares del derecho de dominio de las parcelas 21,
23, 24, 25 y 29” (negrillas y subrayado fuera
de texto).
4.6.2.3.
Se
cumplió el requisito de la inmediatez[73],
pues la acción de tutela fue interpuesta cuando los accionantes conocieron de
la existencia de la sentencia. Al respecto se encuentra demostrado en el
expediente que los accionantes no fueron vinculados ni intervinieron en el
proceso llevado a cabo ante el  Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano.
En
este sentido, si bien se requiere que la acción de tutela sea interpuesta en un
término razonable a partir del momento en que se produjo la vulneración o
amenaza del derecho fundamental[74],
también se ha reconocido que corresponde al juez evaluar dentro de qué tiempo
es razonable ejercer la acción de tutela en cada caso concreto y valorar las
circunstancias por las cuales el solicitante pudiera haberse demorado para
interponer la acción:
“Ahora,
corresponde al juez evaluar dentro de qué tiempo es razonable ejercer la acción
de tutela en cada caso concreto, esta Corporación ha señalado que corresponde
igualmente a aquél valorar las circunstancias por las cuales el solicitante
pudiera haberse demorado para interponer la acción, de acuerdo con los hechos
de que se trate. Así, de manera excepcional, la tutela ha procedido en algunos
casos en los que ella se ha interpuesto tardíamente, cuando el servidor
judicial encuentra justificada la demora”[75]
De
esta manera, al no haber sido notificados de la sentencia reivindicatoria se
justifica que los accionantes solamente hayan interpuesto un recurso varios
meses después de que ésta fue proferida. En este sentido, los accionantes
solamente conocieron la acción de tutela en el momento de desalojo, el cual se
presentó varios meses después de que esta se profirió.
4.6.2.4.
Los
accionantes expusieron de manera clara la presunta irregularidad procesal[76], por cuanto
señalaron que se
vulneró el debido proceso al habérsele dado ilegalmente a la demanda el trámite
de proceso abreviado cuando claramente correspondía la aplicación del
procedimiento ordinario.
4.6.2.5.
Los
actores también identificaron de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados[77],
haciendo una narración del origen y el trámite del proceso cursado ante el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Montelíbano.
4.6.2.6.
Finalmente,
la acción de tutela no se presentó en contra de una sentencia de tutela.
4.6.3.
Análisis de los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos generales referidos, se debe demostrar la
ocurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad en que pudo
incurrir la autoridad judicial al proferir la decisión cuestionada. En este caso se configura una de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela, pues se presentó un
defecto procedimental absoluto originado “cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido”[78], al
no habérsele aplicado las normas del procedimiento agrario y además no
habérseles permitido a los accionantes ejercer su derecho a la defensa:
4.6.3.1. El
artículo 2 del decreto 2303 de 1989 señala que la Jurisdicción agraria “conocerá en especial de los siguientes procesos en
cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios: 1o.
Reivindicatorios; 2o. Posesorios; 3o. Divisorios;4o. De expropiación para fines
agrarios distintos de los previstos en las Leyes sobre reforma social agraria;
5o. Los originados en contratos agrarios, tales como los de arrendamiento,
aparcería y similares, agroindustriales y compraventa de productos; 6o. De
lanzamiento por ocupación de hecho; 7o. De pertenencia; 8o. De saneamiento de
la pequeña propiedad agraria;  9o. De deslinde y amojonamiento; 10. De
restablecimiento de la posesión o de la tenencia en el caso previsto en el
artículo 984 del Código Civil; 11. Sobre servidumbres; 12. Los que versan sobre
los derechos del comunero consagrados en los artículo 2330 a 2333 del Código Civil; 13. Los atinentes a empresas comunitarias, sociedades y asociaciones
agrarias.”.
El predio que fue objeto de la demanda
reivindicatoria presentada por el señor Favio Solórzano Padilla se ubica en
zona rural del municipio de Ayapel, corregimiento Alfonso López en el
departamento de Córdoba, tal como puede concluirse a partir de la revisión de
los documentos que se encuentran en el expediente:
La sentencia proferida el 9 de abril de
2008, la cual es objeto de la presente acción de tutela, ordenó la REIVINDICACIÓN
del predio Santa Helena ubicado en la Regió del Totumo en el Corregimiento de
cecilia en el Municipio de Ayapel (Córdoba) y con número de matrícula
inmobiliaria 141-00202254: “RESUELVE. 1. Declarar que el inmueble SANTA ELENA, ubicado
en la Región del Totumo, Corregimiento de Cecilia, Municipio de Ayapel, Córdoba
y Matrícula 141-00202254 y alinderado así: NORTE, con JOSE PADILLA, hoy con
PRUDENCIO SOLORZANO y GERARDO VANEGAS; SUR, CON Jesús guerra, hoy hermanos
SOLORZANO PADILLA; ORIENTE, con JUAN AVILA y FRANCISCO SOLORZANO; OCCIDENTE,
con SEBASTIAN SALCEDO, hoy, PARCELAS DEL INCORA, le pertenece al dominio pleno
a FAVIO SOLORZANO PADILLA”[79]
El folio de matrícula inmobiliaria
141-00202254 señala: “Inmueble rural denominado Santa Elena,
ubicado en la región del Totumo, Corregimiento de Cecilia, Municipio de Ayapel,
el sur, con finca el señor Jesús Gerra, Por el Oriente, con finda de propiedad
del vendedor y del mismo comprador. Por el Occidente con finca de propiedad de
los sucesores de Sergio Flores y Sebastián Salcedo”[80]
Por otro lado, las matrículas inmobiliarias
141-20943, 141-20497, 141-20496 y 141-20495 que se encuentran ,
correspondientes a las parcelas 21, 23, 24 y 25 que adquirieron los demandantes
también son predios rurales, tal como lo certificó la Oficina de Instrumentos
Públicos Seccional Ayapel (Córdoba).
Adicionalmente, cabe señalar que el propio
INCODER informó que las parcelas del predio La Macarena fueron adquiridas al
señor NEMESIO NADER NADER a través de un subsidio para la adquisición de
tierras en virtud de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, el cual está
precisamente dirigido a la adquisición de predios rurales:
“Establecido por el Instituto que el solicitante reúne los requisitos
exigidos y que en consecuencia puede ser beneficiario del subsidio para la adquisición
de un inmueble rural, una vez perfeccionado el acuerdo de negociación
del predio respectivo entre los campesinos y el propietario, o aceptada la
oferta de compra formulada por el INCORA, o inscrita la sentencia de
expropiación y recibido el predio por el Instituto, según el caso, se expedirá
la certificación que le permita diligenciar el otorgamiento del crédito ante la
entidad financiera correspondiente”[81].
Por lo anterior es claro que el proceso
iniciado en virtud de la demanda presentada por el señor Favio Solórzano
Padilla debió haber sido conocido por la jurisdicción agraria y de acuerdo con
las normas propias de los procesos agrarios, tal y como señalaron en este
proceso la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, el artículo 3º del decreto
2303 de 1989 establece que son órganos de la jurisdicción agraria: los juzgados agrarios, los tribunales superiores de
distrito judicial y la Corte Suprema de Justicia[82]. Sin embargo, al no
haberse implementado los jueces agrarios en todo el país, el artículo 202 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que la jurisdicción
agraria será ejercida, en primera y única instancia, por los Juzgados Civiles
del Circuito correspondiente y no por un juzgado municipal como el que tramitó
el proceso:
“Los
Juzgados Agrarios que funcionen actualmente, suspenderán sus labores, tres (3)
meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando entren a operar
la totalidad de los Juzgados Agrarios creados por el artículo 9 del Decreto
2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en primera
y única instancia, por los Juzgados Civiles del Circuito correspondiente.
Los despachos judiciales agrarios
mencionados, con todo su personal y sus recursos físicos, serán redistribuidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, conservando su categoría de Juzgado
del Circuito, con efectos legales a partir del día siguiente a la suspensión de
labores de que se habla en el inciso anterior.
PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los
dos años siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo
necesario para que la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989,
entre a operar en su totalidad con el funcionamiento de todas las Salas
Agrarias y Juzgados del Círculo Judicial Agrario allí consagrados””[83]
.
Esta situación también fue evidenciada por
el representante de la Procuraduría General de la Nación en su contestación a
esta acción de tutela:
“Como se identifica plenamente, el predio
sobre el cual recayó la controversia entre el señor FAVIO SOLORZANO PADILLA y
los señores ARNULFO DE ORO, ALEJANDRO HOYOS, PFREDYS TORRES, CESAR BENITEZ Y
GLORIA MARÍA MARTINEZ, se localiza en la zona rural del municipio de Ayapel
(corregimiento Alfonso López) – Departamento de Córdoba; a su vez, no debe
omitirse que este predio fue adquirido a través de subsidio de tierras bajo la
égida de la Ley 160 de 1994, para que los beneficiarios del programa de reforma
social agraria y/o pecuniaria; lo que confirma que la competencia para conocer
de la controversia litigiosa, recaía, según la regla señalada en el Decreto
2303 de 1989 en el juez agrario. La ubicación del predio, como criterio
complementario de los anteriores.
El artículo 1, inciso 1 del Decreto 2303 de
1989 se refiere a las relaciones de naturaleza agraria, indicando que las
controversias que se susciten en torno a las relaciones agrarias, productivas,
de explotación, de transformación y enajenación de productos siempre y cuando
no constituyan actos mercantiles, además de conflictos que se deriven de la
propiedad, posesión, mera tenencia de predios agrarios, será de conocimiento de
la jurisdicción agraria. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a
su vez ha realizado múltiples precisiones al respecto, que van desde el
análisis del alcance de los artículos 1 y 3 de la Ley 200 de 1936, hasta la
significación del cambio de concepto de ruralidad por el de agrariedad.
En conclusión, contamos con una jurisdicción
especial , la competencia bajo criterio objetivo, atribuida a los jueces
civiles por cuanto nunca fueron provistos los cargos de jueces agrarios,
procedimientos mixtos que comparten los rasgos de que el juez falle extra y
ultra petita, signados por la oralidad, el impulso oficioso a cargo del juez
como manifestación de sistema inquisitivo, obligatoriedad de la audiencia de
conciliación que simultáneamente es para sanear el proceso, decidir respecto a
excepciones previas y decretar pruebas.
En este orden se considera que asiste razón
para afirmar que se vulneró el debido proceso, por cuanto el operador judicial
que conociere de su trámite, carecía de competencia para ello, así debió
declararlo, omitiendo hacerlo, lo que a nuestro parecer, nos indica que se
profirió sentencia judicial vulneratoria de la regla de competencia antes
indicada, la cual era de obligatorio acatamiento”[84]
Por su parte, la Defensoría del pueblo
señaló en relación con ese proceso: “Así las cosas, la Defensoría del Pueblo
reitera que en el caso propuesto el Juzgado Segundo promiscuo de Montelíbano
pudo haber incurrido en violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en el trámite y decisión del
proceso reivindicatorio adelantado por el señor Fabio Miguel Solórzano Padilla
contra ARNULFO ENRIQUE DE ORO ORTIZ, JULIO ALEJANDRO HOYOS DIAZ, GLORIA MARIA
MARTINEZ REGINO, FREDY ANTONIO FLOREZ MARTINEZ y CESAR MIGUEL BENITEZ GUERRERO”[85]
En consecuencia, el proceso originado en la demanda
presentada por el señor Favio Solórzano Padilla no fue tramitado por las reglas
del proceso agrario y además fue instruido por un juez promiscuo municipal de Montelíbano
que no tenía competencia para tramitarlo, pues solo podría hacerlo un juez
agrario o en su defecto un juez del circuito, por lo cual es claro que en el
mismo se desconoció el debido proceso por no haberse aplicado la plenitud de las formas propias de cada juicio y por
violación al derecho al juez natural.
4.6.3.2.
Adicionalmente, los accionantes y la Defensoría del Pueblo señalan que en el
proceso civil iniciado en virtud de la demanda ordinaria de acción
reivindicatoria presentada por el señor Favio Solórzano Padilla, contra los
señores Arnulfo De Oro, Julio Alejandro Hoyos, Gloria María Martínez Regino,
Fredys Antonio Florez Martínez y Cesar Benitez Guerrero no se vinculó a algunos titulares del derecho de
dominio del predio reivindicado. Así mismo, la Defensoría del Pueblo manifiesta
que no se vinculó al INCODER en el proceso civil, lo cual afecta también de
manera grave el derecho de defensa y el debido proceso:
“NO
SE VINCULÓ AL PROCESO REIVINDICATORIO A LOS ACTUALES TITULARES DE DERECHO DE
DOMINIO, NI AL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) EN SU
CONDICIÓN DE TITULAR DE LA ACCIÓN REVOCATORIA DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA LA
COMPRA DEL PREDIO.
Los
accionantes en tutela señores (ras) EDER ENRIQUE MARQUEZ BRACAMONTE, FROILA
REGINO RICARDO, LIBIA LUZ CARRANZA RODRÍGUEZ, NORMA YERIT VILLARRAGA RODRÍGUEZ
y LILIANA CRISTINA GARAVITO MARTÍNEZ, según la escritura pública 334 son
titulares del derecho de dominio de las parcelas 21, 23, 24, 25 y 29” (negrillas y subrayado fuera de texto).
Efectivamente, revisados los documentos
allegados a esta actuación se encuentra demostrado que los accionantes Eder
Enrique Marquez Bracamonte, Froila Luz Regino Ricardo, Libia Luz Carranza
Rodríguez, Norma Yerit Villarraga Rodríguez y Liliana Cristina Garavito
Martínez no se vincularon al proceso pese a ser titulares del derecho de
dominio de las parcelas 21, 23, 24, 25, y 29, según la escritura pública 334,
lo cual era absolutamente necesario teniendo en cuenta que el objeto del
proceso era precisamente reivindicar un inmueble dentro del cual se encontraban
dichas parcelas.
En este aspecto debe aclararse que existe
una compleja situación inmobiliaria que debe definirse por la jurisdicción
agraria, pues el señor Fabio Miguel Solórzano Padilla reivindica la propiedad
de cincuenta y dos (52) hectáreas que se encuentran a su vez comprendidas
dentro de un predio de 591,9385 hectáreas denominado “La Macarena” de las cuales 424.3473 fueron adquiridos por cuarenta y dos (42) campesinos a través de
un subsidio agrario al señor Nemesio Nader Nader.
Cada una de estas reclamaciones se encuentra
a su vez sustentada en folios de matrícula, pues mientras el folio de matrícula
141-0020254 señala el señor Fabio Miguel Solórzano Padilla es dueño de estas
cincuenta y dos hectáreas del predio Santa Helena, a su vez los folios de
matrícula 141-20493, 141-20590, 141-20496 y 141-20485 demuestran que los
accionantes adquirieron parcelas que fueron divididas del predio La Macarena.
Esta compleja situación es explicada por el INCODER:
“1. Los señores CESAR BENITEZ, ARNULFO E. DE
ORO, JULIO ALEJANDRO HOYOS, FREDY FLOREZ, Y GLORIA MARTINEZ, entre otros,
fueron beneficiarios del subsidio integral para la compra directa de tierras,
cuya negociación se realizaba voluntarimanente entre campesinos y propietarios
de acuerdo a lo establecido en la ley 160 de 1994 y según consta en la
Escritura Pública No. 334 de fecha 20 de septiembre de 1999, de la Notaría
ünica de Montelíbano – Córdoba a través de la cual se ralizó la compra-venta
del predio denominado “La Macarena” comprendido dentro de los linderos
descritos en dicho instrumento público.
El predio “La Macarena” fue vendido por el
señor Nemesio Nader Nader quien a su vez lo adquirió por compra que le hizo al
señor Antonio Vergara Hernández según Escritura Pública No. 962 de abril d3 de
1998 de l Notaría ünica de Corozal, registrada el 6 de abril de 1998 en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Ayapel, según consta en la
Matrícula Inmobiliaria 1410007452.
El predio transferido a título de venta por
el señor Nemesio Nader Nader según la Escritura pública de venta consta de 424
hras 3473 mts, que hacen parte del predio de mayor extensión denominado “La
Macanera”.
Al momento de realizarse y materializarse la
compraventa del predio denominado “LA MACARENA” las familias beneficiarias del
subsidio integral para la compra de tierras, manifestaron su voluntad de no
permanecer en la indivisión, por tal razón se procedió a través de la Escritura
Pública No. 334 de fecha 20 de septiembre de 1999 a dividir materialmente el predio en 42 parcelas y 2 lotes comunitarios, sumando todo ello un
área de 424.3473 hras.
(…)
Además de lo anterior no comprende este
despacho la afirmación realizada por el peticionario al referirse a que el lote
de terreno de 52 hras, hoy motivo de discusión, siempre gue de propiedad de la
familiar SOLORZANO, y que dicha afirmación fue advertida al celebrarse el
negocio jurídico de compra-venta, pues si desde que se realizó la compraventa
del inmueble se había planteado dicha problemática, porque solo hasta 8 años
después el señor SOLORZANO presentó demanda de reivindicación del bien, y no se
opuso en el momento en que los parcereros entraron a ocupar el mismo”.
Esta situación no puede resolverse simplemente
a través de la revisión de las matrículas inmobiliarias, pues requiere la
verificación de linderos, de la ubicación exacta de los predios y de su cabida,
para lo cual se deberá contar con la participación de todas las personas que
puedan ser titulares del derecho de dominio del predio y al INCODER.
Esta vulneración del derecho a la defensa
está directamente relacionada con la infracción al debido proceso que se
presentó al no haberse aplicado el procedimiento agrario, el cual contempla una
serie de reglas específicas relacionadas con la notificación teniendo en cuenta
la dificultad de realizarla en predios rurales.
4.7.
ÓRDENES
Ante la existencia de vulneraciones
graves e insubsanables del debido proceso y del derecho a la defensa, partiendo
de la violación de las normas de jurisdicción y competencia, no existe otra
alternativa distinta a dejar sin efectos todo lo actuado dentro del proceso civil iniciado en virtud de la demanda
ordinaria de acción reivindicatoria presentada por el señor Favio Miguel
Solórzano Padilla, contra los señores Arnulfo De Oro, Alejandro Hoyos, Fredys
Torres, Cesar Benítez Guerra y Gloria María Martínez Regino.  En consecuencia,
a partir del momento de la notificación del presente fallo, la demanda deberá
remitirse al Juez Civil del Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba)
para que aplique el procedimiento agrario contemplado en el decreto 2303 de 1989.
Así mismo, se ordenará al funcionario al
cual le corresponda el conocimiento de la demanda que vincule a todas las
personas que puedan ser titulares del derecho de dominio del predio y al INCODER.
Lo anterior de ninguna manera implica una
decisión definitiva sobre la titularidad del predio, pues esta decisión deberá
ser adoptada por el juez competente una vez analice las pruebas y los
argumentos de las partes.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo, y por mandato de la Constitución Nacional.
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la
sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Montelíbano (Córdoba) mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela incoada por los señores EDER ENRIQUE MARQUEZ BRACAMONTE, FROILA LUZ
REGINO RICARDO, LIBIA LUZ CARRANZA RODRÍGUEZ, NORMA YERIT VILLARRAGA RODRÍGUEZ
y LILIA CRISTINA GARAVITO MARTÍNEZ contra el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Segundo.-
TUTELAR los derechos al debido
proceso y a la defensa de los señores EDER ENRIQUE MARQUEZ BRACAMONTE, FROILA
LUZ REGINO RICARDO, LIBIA LUZ CARRANZA RODRÍGUEZ, NORMA YERIT VILLARRAGA
RODRÍGUEZ y LILIA CRISTINA GARAVITO MARTÍNEZ
Tercero.-
Como consecuencia de lo anterior, DEJAR
SIN EFECTOS todo lo actuado dentro del proceso civil iniciado en virtud de
la demanda ordinaria de acción reivindicatoria presentada por el señor FAVIO
SOLÓRZANO PADILLA, contra los señores ARNULFO DE ORO, JULIO ALEJANDRO HOYOS, GLORIA
MARÍA MARTÍNEZ REGINO, FREDYS ANTONIO FLOREZ MARTÍNEZ y CESAR BENITEZ GUERRERO.
En consecuencia, a partir del momento de la notificación del presente fallo, la
demanda deberá remitirse al Juez Civil del Promiscuo del Circuito de
Montelíbano (Córdoba) para que aplique el procedimiento agrario contemplado en
el decreto 2303 de 1989.
Cuarto.-
Ordenar al funcionario al cual le
corresponda el conocimiento de la demanda que vincule a todas las personas que
puedan ser titulares del derecho de dominio del predio y al INCODER.
Quinto.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cuaderno 1, págs.39 a 43.
[2] Cuaderno 1, págs.44 a 54.
[3] Cuaderno 1, págs.55 a 70
[4] Cuaderno 1, págs.71 a 74.
[5] Cuaderno 1, págs.102 a 104
[6] Cuaderno 1, págs.107 a 118.
[7] Cuaderno 1, págs.133 a 136.
[8] Cuaderno 1, pág.221.
[9] Cuaderno 1, págs.223 a 225.
[10] Cuaderno 1, págs.249 a 253
[11] Cuaderno 1, págs.254 y 255.
[12] Cuaderno 1, págs.256 y 257.
[13] Cuaderno 1, págs.258 y 259.
[14] Cuaderno 1, págs.200 y 201.
[15] Cuaderno 1, págs.325 a 327.
[16] Cuaderno 1, pág.345.
[17] Cuaderno 1, págs.346 a 348.
[18] Cuaderno 1, pág.349.
[19] Cuaderno 1, págs. 350 a 357.
[20] Cuaderno 1, págs. 358 y 359.
[21] Cuaderno 1, págs. 366 a 370.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[23] Sentencias de la Corte Constitucional T-191 de 1999. MP. Fabio Morón Díaz; T-1223 de 2001. MP. Álvaro Tafur
Galvis; T-907 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil y T-092 de 2008. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[24] Sentencia de la Corte Constitucional T-024 de 2010. MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional T-504 de 2000. MP.
Antonio Barrera Carbonell.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional T-315 de 2005. MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[27] Sentencia de la Corte Constitucional T-008 de 1998. MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional T-658 de 1998. MP.
Carlos Gaviria Díaz.
[29] Sentencias de la Corte Constitucional: T-088 de 1999. MP.
José Gregorio Hernández y SU-1219 de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[31] Sentencia de la Corte Constitucional T-327 de 1994. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional T-522 de 2001. MP.
Manuel José Cepeda.
[33] Sentencias de la Corte Constitucional: T-1625 de 2000. MP (E). Martha Victoria Sáchica Méndez;
T-1031 de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett;  SU-1184 de 2001. MP. Eduardo
Montealegre Lynett, y T-462 de 2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[35] Sentencia de la Corte Constitucional
T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-339 de 1996, M.P. Julio
Cesar Ortiz Gutiérrez; C-1512
de 2000  M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-383 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[37] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[38] Sentencia de la Corte Constitucional
T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[39] Sentencia de la Corte Constitucional
C-252 de 2001, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional
C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[41] Sentencia de la Corte Constitucional
T-280 de 1998, M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[42] Sentencia de la Corte Constitucional
C-1083 de 2005, M.P. Jaime
Araujo Renteria y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C-383 de 05, M.P. Álvaro Tafur Galvis
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-680 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.   En el mismo sentido ver la Sentencia C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola consagración
del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse, en manera
alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los procesos
que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo aquello que
no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el pueblo ejerce
a través de sus representantes.  La distinta regulación del debido proceso a
que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas, siempre que se
respeten los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo en el que, si
bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso pues ello es
así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las puertas a la
diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una democracia
constitucional.”
[44] Sentencia de la Corte Constitucional C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-383 de 2005,  M.P. Álvaro Tafur Galvis
[45] Sentencia de la Corte Constitucional T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanín Grafestein
[46] Artículo 1 del acto legislativo
01 de 1936.
[47] Artículo 1 de la ley 200 de 1936.
[48] Artículo 6º de
la ley 200 de 1936: “Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en las cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1º de esta ley, durante diez años continuos.
Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte
del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las
porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a esta ley.
La extinción del derecho de dominio no tendrá efecto
en relación con los siguientes predios
1.    Los
que tengan una cabida total inferior a trescientas (300) hectáreas que
constituyan la única propiedad rural del respectivo propietario.
2.    Los
pertenecientes a las personas absolutamente incapaces o a los menores adultos,
cuando la adquisición haya sido hecha a título de herencia o legado, y mientras
dure la incapacidad”.
[49] Artículo 12 de la de la ley 200
de 1936.
[50] Artículos 16 a 24
de la ley 200 de 1936.
[51] Artículo 2 de la
Ley 135 de 1961.
[52] Articulo 3º de la Ley 135 de 1961: “Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:
a)
Administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional,
adjudicar las o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de
acuerdo con las normas vigentes y con las disposiciones de esta Ley.
Compete
igualmente al Instituto, a nombre del Estado, ejercitar las acciones y tomar
las medidas que correspondan conforme a las leyes en los casos de indebida
apropiación de tierras baldías o incumplimiento de las condiciones bajo de las
cuales fueron adjudicadas, lo mismo que adelantar las diligencias y dictar las
resoluciones o sobre extinción del derecho de dominio privado; de que trata el
artículo 6 de la Ley 200 de 1936;
b).
Administrar el Fondo Nacional Agrario;
c)
Adelantar, directamente o por medio de otras entidades públicas o privadas, un
estudio metódico de las distintas zonas, del país, a fin de obtener todas las
informaciones necesarias para orientar su desarrollo económico, especialmente
en lo que concierne a la tenencia y explotación de las tierras, uso de las
aguas, recuperación de superficies inundables y lucha contra la erosión;
d)
Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad,
a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que perecen al
Estado, facilitar el saneamiento de la titulación privada y cooperar en la
formación de los catastros fiscales;
e)
Promover y auxiliar o ejecutar directamente la construcción de las vías para
dar fácil acceso a las regiones de colonización, parcelación o concentraciones
parcelarias, y la de caminos vecinales que comuniquen las zonas de producción
agrícola y ganadera con la red de vías existentes;
f)
Promover y auxiliar o ejecutar directamente labores de recuperación de tierras,
reforestación, avenamiento y regadíos en las regiones de colonización,
parcelación o concentraciones parcelarias, y en aquellas otras donde tales
labores faciliten un cambio en la estructura y productividad de la propiedad
rústica;
g)
Cooperar en la conservación forestal y, especialmente, en la vigilancia de los
bosques nacionales, cuyas concesiones y licencias para su explotación
continuará otorgando el Ministerio de Agricultura;
h)
Hacer dotaciones de tierras en las colonizaciones que con tal objeto adelante o
en las tierras de propiedad privada que adquiera con el mismo fin, de acuerdo
con las disposiciones de la presente Ley, y dar a los cultivadores,
directamente o con la cooperación de otras entidades, la ayuda técnica y
financiera para su establecimiento en tales tierras, la adecuada explotación de
éstas y el transporte y venta de los productos;
i)
Realizar concentraciones parcelarias en las zonas de minifundio;
j)
Requerir de las entidades correspondientes la prestación de los servicios
relacionados con la vida rural en las zonas donde desarrolle sus actividades;
coordinar el funcionamiento de ellos y prestar ayuda económica para su creación
y funcionamiento cuando fuere necesario;
k)
Promover la formación de las “unidades de acción rural" de que trata esta
Ley, y la de cooperativas, entre los propietarios y trabajadores del
campo;
I)
En general, desarrollar las actividades que directamente se relacionen con los
fines enunciados en el artículo primero de la presente Ley y por los medios que
en ésta se señalan”.
[53] Articulo 9 de la Ley 135 de 1961: “Créase el Consejo Social
Agrario como órgano consultivo del Gobierno y del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con las siguientes funciones:
a)
Examinar periódicamente, en sus sesiones ordinarias, las actividades
desarrolladas por el Instituto, y formular las observaciones que estime convenientes;
b)
Dirigir al Gobierno y al instituto recomendaciones acerca de la orientación de la Reforma Agraria de las zonas a donde deba extenderse la acción del Instituto y de los
procedimientos que deben utilizarse;
c)
Absolver las consultas que le formulen el Gobierno y el Instituto;
d)
En general, estudiar la política social agraria del país y proponer las medidas
que en relación con ella estime indicadas”.
[54] Artículo 12 de la Ley 135 de 1961: “Créanse los cargos de Procuradores Agrarios, como
delegados del Procurador General de la Nación en el número y con las asignaciones que el Gobierno determine, oído el concepto de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Los
Procuradores Agrarios, serán nombrados por el Procurador General de la Nación, con observancia de las reglas sobre paridad política, para período de dos años, y deberán reunir las calidades exigidas para los Fiscales de los Tribunales Superiores.
[55] Artículo 14 de la
Ley 135 de 1961.
[56] Artículo 19 de la Ley 135 de 1961.
[57] Artículo 101 de la
Ley 135 de 1961.
[58] Artículo 22 de la Ley 135 de 1961.
[59] Artículos 29 a 42 de la Ley 135 de 1961.
[60] Artículo 50 de la Ley 135 de 1961: “Tanto en sus labores de colonización como en las que
lleve a cabo para parcelar propiedades y realizar concentraciones parcelarias,
el Instituto buscará, preferentemente, la constitución de “unidades agrícolas
familiares”. Se entiende por "unidad agrícola familiar" la que se
ajusta a las siguientes condiciones:
a)
Que la extensión del predio, conforme a la naturaleza de la zona, clase de
suelos, aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción sea
suficiente para que, explotado en condiciones de razonable eficiencia, pueda
suministrar a una familia de tipo normal ingresos adecuados para su
sostenimiento, el pago de las deudas originadas en la compra o
acondicionamiento de las tierras, si fuere el caso, y el progresivo
mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y nivel general de vida;
b)
Que dicha extensión no requiera normalmente para ser explotada con razonable
eficiencia mas que del trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin
embargo que esta última regla no es incompatible con el empleo de mano de obra
extraña en ciertas épocas de la labor agrícola. Si la naturaleza de la
explotación así lo requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores vecinos
suelen prestarse para determinadas tareas”.
[61] Artículo 68 de la
Ley 135 de 1961.
[62] Artículo 96 de la
Ley 135 de 1961.
[63] Artículo 12º. Programas del Fondo
Financiero Agropecuario. El Gobierno Nacional elaborará periódicamente los
programas que pueden ser objeto de financiación con cargo al Fondo Financiero
Agropecuario, a fin de determinar:
1º Las actividades de fomento agropecuario a que puedan destinarse;
2º La distribución de los recursos disponibles entre las distintas
actividades agrícolas y pecuarias;
3º El área financiable y el monto de los créditos por unidad de
producción, señalando la parte de los costos que deban correr por cuenta de los
beneficiarios;
4º La asistencia técnica y los requisitos exigibles en cada caso;
5º Normas generales sobre los sistemas de vigilancia que garanticen la
inversión adecuada de los recursos;
6º Que en los créditos que se otorguen para ceba de ganado se dé
especial atención a los que sean dirigidos a cebar terneros no mayores de 18
meses;
7º Que en los créditos para levante y ceba de ganado se dé especial
atención a los ganaderos que tengan por lo menos un 25% de sus existencias en
ganado de cría;
8º Que en los cupos de crédito destinados a los caficultores se dé prioridad
a los programas que tengan por objeto mejorar la productividad y el ingreso de
los pequeños y medianos propietarios.
Parágrafo I. La distribución de los recursos disponibles de que trata
el ordinal 2º de este artículo se hará con base en programas específicos de
producción que, semestralmente, anualmente, o para períodos más largos, según
el cultivo o actividad pecuaria de que se trate, adopte el Ministerio de
Agricultura. Estos programas deberán ser preparados después de oír, en comités
o grupos de trabajo que se constituirán para el efecto, a representantes de las
entidades gubernamentales que estén adelantando labores de investigación,
asistencia técnica, crédito o mercadeo, en relación con el respectivo cultivo o
actividad pecuaria, y a representantes de las asociaciones o agremiaciones
privadas que estén directamente vinculadas a dicho cultivo o actividad.
Parágrafo II. Los programas de que habla este artículo deberán ser
consultados previamente por el Ministro de Agricultura con el Consejo Asesor de
Política Agropecuaria. Sin el cumplimiento de este requisito, dichos programas
no podrán entrar en vigencia.
Parágrafo III. La asistencia técnica y el control de inversiones en los
créditos agropecuarios estarán a cargo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Ganadero, los Fondos Ganaderos, o de las entidades
crediticias o gremiales que previamente autorice para ello el Ministerio de
Agricultura y se sujeten para el efecto a las condiciones que éste les señale.
Tales entidades prestarán dichos servicios, bajo la supervisión del Instituto
Colombiano Agropecuario, bien directamente o mediante contratos de prestación
de servicios técnicos que celebren con profesionales o firmas especializadas
independientes, pero en este último caso continuarán siendo responsables ante
el respectivo prestatario.
Parágrafo IV. El valor de la asistencia técnica y del control de
inversiones en los créditos agropecuarios será fijado por el Ministerio de
Agricultura y no podrá exceder, en conjunto, del 2% anual de los respectivos
préstamos. En caso de que las circunstancias aconsejen en el futuro una
modificación del porcentaje del 2%, el Gobierno Nacional podrá hacerlo, previo
concepto favorable del Consejo Asesor de la Política Agropecuaria.
[64] Artículo 14 del Decreto
extraordinario 2303 de 1989.
[65] Artículo 15 del Decreto
extraordinario 2303 de 1989.
[66] Artículo
33 del Decreto extraordinario 2303 de 1989.
[67] Artículo
35 del Decreto extraordinario 2303 de 1989.
[68] Artículo 47 del Decreto
extraordinario 2303 de 1989.
[69] Artículo 49 del Decreto
extraordinario 2303 de 1989.
[70] Artículo 64
de la Constitución Política.
[71] Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011: “Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce
que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las
medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se
establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.
El Estado ofrecerá
especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor
riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la
presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores,
personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros
de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de
desplazamiento forzado.
Para el efecto, en la
ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia
y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios
diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de
cada uno de estos grupos poblacionales.
Igualmente, el Estado
realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y
reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los
esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los
hechos victimizantes”.
[72] Artículo
206 de la Ley 1448 de 2011: “Desarrollo rural. El Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá presentar en
un término de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley, la
iniciativa que regule el desarrollo rural del país, donde se prioricen las
víctimas de despojo y abandono forzado, en el acceso a créditos, asistencia
técnica, adecuación predial, programas de comercialización de productos, entre
otros, que contribuyan a la reparación de las víctimas”.
[73] Sentencia de la Corte Constitucional T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[74] Ver entre otras la Sentencia T-315 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[75] Sentencia de la Corte Constitucional T-142 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[76] Sentencia de la Corte Constitucional T-008 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional T-658 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[78] Sentencias de la Corte Constitucional: T-1625 de 2000. MP (E). Martha Victoria Sáchica Méndez;
T-1031 de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett;  SU-1184 de 2001. MP. Eduardo
Montealegre Lynett, y T-462 de 2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[79] Pág. 378
[80] Pág. 95
[81] ARTÍCULO 26.
[82]
Artículo 3 del Decreto extraordinario
2303 de 1989: “Organos de la
jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria, como parte especial de la Rama Jurisdiccional, será ejercida de modo permanente:
1o. Por los juzgados agrarios;
2o.
Por los tribunales superiores de distrito judicial, y,
3o. Por la Corte Suprema de Justicia.
[83] Artículo 202 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
[84] Contestación a la acción
de tutela de la Procuraduría General de la Nación, págs. 5 y 6.
[85] Contestación a la acción
de tutela de la Defensoría del Pueblo, pág. 3.