T-434-20
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 360 de fecha 8 de octubre de 2020, el cual se
anexa en la parte final, se corrige de oficio el segundo título
del capítulo de los antecedentes de la parte considerativa del presente fallo,
en el sentido de indicar que se trata del Expediente
T-7.613.902 y no del T-7.471.223,
como erradamente se registró en el precitado acápite.
Sentencia T-434/20
Referencia: Expedientes acumulados                  T-7.594.854
y T-7.613.902
Acciones de tutela presentadas por (i) María Inés Llano
Narváez contra Ecopetrol S.A. (T-7.594.854); y (ii) Clara Eugenia Landazury
Morales contra Almacenes La 14 S.A. (T-7.613.902).
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., primero (1) de octubre
de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por el magistrado Luis Javier Moreno, el magistrado Alejandro Linares
Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el
Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de
tutela dictados dentro de los asuntos de la referencia, los cuales fueron
seleccionados para revisión y acumulados por medio del Auto del 18 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Diez.[1]
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-7.594.854
1.1.
Hechos. La accionante María Inés Llano Narváez, de 50
años de edad,[2]
laboró en Ecopetrol S.A. desde el 14 de diciembre de 2009, mediante contrato de
trabajo a término indefinido. En el contrato laboral se indicó que la señora
Llano fue contratada para el cargo de “técnico administrativo III VIJ” y
que “se obliga a desempeñar cualesquiera otras funciones que se le asignen,
relacionadas con los negocios de la empresa”[3].
1.2.
En vigencia
de la relación laboral, la accionante presentó las siguientes dos patologías:
(i) Trastorno Depresivo, y (ii) una afectación dermatológica consistente en
Eczema Psoriasiforme, junto con Alopecia Areata. La historia clínica aportada
registra que en razón a dichas enfermedades la actora asistió a diferentes
citas médicas y recibió el respectivo tratamiento, como se observa a
continuación:
No.
Afectación
dermatológica: Eczema Psoriasiforme y Alopecia Areata
Trastorno
Depresivo
1
-
El 9 de
octubre de 2018, la accionante fue diagnosticada con un “trastorno
depresivo grave”[4].
En la historia clínica se registró “creo necesario cambio de puesto
porque siento acoso laboral y sobre carga (no se entiende con la jefe
inmediata) (…) dispersa en el día – baja concentración- memoria disminuida
‘se me olvidan las cosas’ – triste, ansiosa, irritada (…)  la paciente
firma no el consentimiento informado para hospitalización y solicita
tratamiento ambulatorio bajo su responsabilidad. Ella considera que no
puede aceptar la incapacidad laboral”.[5]
2
-
El 20 de
octubre de 2018, la tutelante asistió a terapia con el psiquiatra en la
cual se registró “solicita contemplar la posibilidad de cambiar de área”.[6]
3
-
El 26 de
octubre de 2018, la accionante recibió valoración por psiquiatría.[7]
4
-
El 12 de
diciembre de 2018 en la valoración psiquiátrica se indicó “el examen
mental hoy es normal. Esta formulada con Ipran 20”.[8]
5
El 14 de
enero de 2019 el dermatólogo indicó que la accionante “presenta placas
descamativas eritemato violáceas en codos y cada anterior de pierna izquierda
y derecha, con placa alopecia en región occipital derecha. IDX eczema
psoriasiforme, alopecia areata. Plan: Ungüento Emoliente, clobetasol al 0.05%
Crema. Favor autorizar 3 infiltraciones en área especial”.[9]
-
6
El 11 de
febrero de 2019 el dermatólogo referenció “lesiones en la piel
escoriadas brazos y piernas inespecíficas todas ya en fase resolutiva. No son
típicas de psoriasis. Si hay nuevas que su dermatóloga considere posibilidad
de biopsia”.[10]
7
-
El 20 de
marzo de 2019 en la valoración psiquiátrica se anotó “sentía sobre
carga laboral, ya no” se formuló Ipran 20 y apoyo cognitivo.[11]
8
-
El 27 de
marzo de 2019 se refirió en la valoración en consultorio de medicina
alternativa “tratamiento por ansiedad, agrega pensamientos suicidas. (…)
actualmente en TTO. Refiere aparición de aftas y eccemas. Solicita manejo de
apoyo. (…) conjuntivas rosadas (…) aftas blancas en boca”.[12]
9
-
El 7 de mayo
de 2019 en la valoración psiquiátrica se anotó “ruptura amorosa en nov
22 de 2018 la madre tiene aneurismas cerebrales (…) siente acoso laboral”
y se formularon medicamentos.[13]
10
-
El 13 de
mayo de 2019 en valoración por psicología se indicó “sintomatología de
tipo mixta (predominancia de ansiedad) alimentada por las situaciones que ha
venido experimentando en el área laboral y académica, lo que ha propiciado la
emergencia de síntomas físicos que le hacen sentir en deterioro y aumentan la
desesperanza y el sentirse abrumada y desbordada. (…) Conducta a seguir: se
solicitan 4 sesiones inicialmente. Se sugiere mantener el acompañamiento por
médico psiquiatra, ya que debido a la sintomatología presentada se considera
indispensable el manejo medicamentoso”.[14]
11
El 15 de
mayo de 2019 la dermatóloga de la accionante afirmó “presenta placas
eritemato violácea con costra central de aspecto en diaria en extremidades
superiores e inferiores. IDx. Eritema multiforme. Plan: Favor autorizar
biopsia de piel”.[15]
-
12
El 16 de
mayo de 2019 (fecha de la terminación del contrato de trabajo) a la
accionante se le efectuó biopsia de piel en el horario de las 11:48 a.m.[16]
-
1.3.
El 3 de
abril de 2019, en atención a solicitud de la accionante, su jefe directa
remitió correo electrónico en el que informó que: “[en] reconocimiento
al desempeño, el nombre de los dos (2) abogados de la Gerencia que habían sido
nominados por su desempeño desatacado e indique que todos los demás habían
quedado en desempeño satisfactorio. En este punto debo señalar que usted no
estuvo en dicha reunión, razón por la cual informé que los demás integrantes
del a GJE, presentes en la reunión, habían quedado en desempeño satisfactorio.
Debo precisar que no es procedente informar en una reunión, en la cual usted no
participaba, que una persona de la Gerencia había quedado en desempeño parcial,
situación que informe directamente, como en efecto debía ser, el día de su
realimentación.”[17]
1.4.
El 4 de
abril de 2019, mediante correo electrónico, la accionante informó al señor
Eduardo Rodríguez Bustamante, médico especialista en salud ocupacional de la Empresa:[18] “le envío las comunicaciones
anexas con el fin de que usted pueda tener como prueba una vez  más el abuso de
autoridad que esta persona (jefe directa) ejerce frente a la relación laboral
que tengo en esta Gerencia, de la cual estoy solicitando justicia y celeridad
en los procesos que adelanto a través de salud ocupacional ya que derivado de
esta y otras situaciones sistemáticas mi salud se ha venido empeorando tanto
físicamente, anímicamente y psicológicamente. Esa persona (jefe directa) quiere
aburrirme o desmotivarme a continuar luchado por mis objetivos dentro de esta
organización, porque al haberme calificado como lo hizo hace que Ecopetrol lo
piense dos veces en darme una oportunidad de crecimiento laboral y profesional
a futuro. Espero de corazón que la Junta pueda tomar partido y actuar como lo
he solicitado. O si fuera posible que usted me facilite el nombre del área a
quien le pueda hacer una petición formal anexando mi historia médica y estas
comunicaciones que se convierten en una prueba fehaciente del maltrato
silencioso y abusivo por el que estoy pasando.”[19]
1.5.
El 10 de
abril de 2019, la Empresa contestó solicitud de la actora sobre inconformidad
con la clasificación de desempeño como parcial y solicitud de revisión de la
misma. Al respecto, la accionada señaló que tal solicitud era extemporánea, e
informó que la accionante presentó un desempeño parcial por los siguientes
incumplimientos: “(i) no cumplió en tiempo con la elaboración de las actas
de las reuniones sistemáticas de la GJE y Regionales, lo que conllevó que
incluso el día 21 de diciembre de 2018 se quedaran actas sin revisar, corregir
y suscribir en tiempo; (ii) se siguen cometiendo los mismos errores en los
informes que consolidan la información de notificaciones y que se remiten por la
GJE para la auditoria de eKOGUI; (iii) falta análisis de los temas que llegan a
través del correo de notificaciones judiciales, lo que genera reasignaciones;
(iv) no se hizo entrega del cargo a la Gerencia para la salida a vacaciones y
(v) se evidencia desanimo para proponer soluciones a situaciones que se
presentan en la atención a temas a su cargo, entre otros asuntos.”[20]
1.6.
El 16 de
mayo de 2019, la Ecopetrol S.A. le notificó a la accionante la decisión de
terminar el contrato de trabajo de forma unilateral y sin justa causa con el
respectivo pago de la indemnización por despido sin justa causa. La Empresa no
solicitó autorización previa de despido ante el Ministerio del Trabajo.
1.7.
El último
cargo que la señora Llano desempeñó fue el de Técnico administrativo A, en el
cual tenía que desempeñar las funciones de “manejo del buzón del Correo
Electrónico de Notificaciones Judiciales (…) realizar actas de sistemáticas
(reuniones) una vez por semana, organizar en Outlook las sistemáticas de la
Gerencia Judicial y Extrajudicial con las diferentes regionales jurídicas,
ocasionalmente como actividad propia de sus funciones realizó el archivo de
documentación”.[21]
El salario percibido por la tutelante al momento de la terminación de la
relación era de $3.162.225.[22]
Por concepto de liquidación final, la actora recibió un monto de $23.270.517.
1.8.
El 20 de
mayo de 2019, después de la fecha del despido, se le realizó a la accionante el
examen médico de retiro en el cual se refirieron los antecedentes patológicos
de la accionante como el trastorno mixto de ansiedad y depresión y los problemas dermatológicos.
Al respecto, se concluyó “condiciones de salud con pendientes al momento de
retiro (incluye restricciones) (…) con enfermedad en seguimiento por
dermatología y psiquiatría.”[23]
1.9.
El 20 de
junio de 2019, la Coordinación Salud Bogotá de la Empresa certificó que la actora
a la fecha de terminación del contrato “no tenía incapacidad médica, ni
pérdida de capacidad laboral certificada, no se encontraba inscrita en el
programa de rehabilitación y reincorporación laboral y no tenía ninguna
restricción médica, condición de discapacidad, limitación física o psicológica
que le impidiera realizar su labor.”[24]
1.10.
El 21 de
junio de 2019, el dermatólogo de la señora Llano señaló los siguientes diagnósticos
“alopecia areata de patrón ofiaceo, liquen simple crónico, eczema
microbiano”, por lo cual formuló medicamentos e indicó “se recomienda a
la paciente manejo con psicoterapia y se sugiere continuar valoración con
piscología psiquiatría.”[25]
1.11.
El 11 de
julio de 2019, el médico tratante de la actora certificó que dada la patología
psiquiátrica “el tratamiento mínimo para su diagnóstico es aproximadamente
un año”.[26]
1.12.
El 12 de
julio de 2019, la dermatóloga de la señora Llano informó “a la fecha se hace
diagnóstico de Eritema Multiforme ampolloso se inicia manejo con esteroides
sistémicos y se advierte a la paciente sobre la aparición de lesiones en
mucosas para las cuales debe consultar al servicio de urgencias. Además del
manejo con Corticoides sistémico se dejan emolientes y se suspende todo tipo de
medicación oral.”[27]
1.13.
La
accionante presentó declaración extraproceso en la cual afirmó que “soy
madre cabeza de hogar y respondo económicamente por mi hija María José Llano
Narváez y por todos los gastos de manutención, también pago arriendo, servicios
públicos, gastos de colegio y demás gastos relacionados con su educación y
salud. No convivo con el padre de mi hija, por lo tanto yo soy la persona
encargada de ella y está exclusivamente bajo mi cargo.”[28]
1.14.
La actora
convive con su hija menor de edad y su madre de 84 años, quien es pensionada y
presenta afectaciones en su salud.[29]
A partir de la desvinculación laboral, la tutelante recibe el servicio de salud
en calidad de afiliado adicional.[30]
1.15.
La
accionante suscribió un contrato de arrendamiento de vivienda urbana con fecha
de vencimiento del 30 de mayo de 2020, cuyo canon es de $1.675.900.[31] El 30 de agosto de 2018,
suscribió un contrato de promesa de compraventa de un apartamento.[32] Para el 25 de junio de 2019
debía a su banco la suma de $7.266.692,76 pesos.[33]
1.16.
Solicitud
de amparo.[34] Teniendo en cuenta lo expuesto, el 13 de
junio de 2019, por medio de apoderado judicial, la señora Llano interpuso
acción de tutela en contra de Ecopetrol S.A. al considerar que esta Empresa vulneró sus derechos
fundamentales a la salud, vida, mínimo vital, y seguridad social. Afirmó que
antes de la desvinculación presentó problemas de salud por los cuales se le
inició tratamiento médico, de tal manera que se le dificultó significativamente
su adecuado desempeño profesional en condiciones normales, y que el mismo día
de la terminación del contrato se encontraba en cita médica para realizar
biopsia de piel. Señaló que su situación de salud y tratamiento médico eran
conocidos por Ecopetrol S.A. ya que “a través de la profesional en psicología,
le realizaron una valoración”, y el “Comité de Rehabilitación
Laboral Familiar de la entidad” también estaba informado al respecto. Afirmó
que su empleador decidió terminar el contrato de trabajo sin la correspondiente
autorización del Ministerio del Trabajo. De esta forma, solicitó que se ordene: (i) el reintegro
laboral; (ii) el pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo que
estuvo desvinculada laboralmente; y (iii) el pago de la sanción de 180 días de
salario por terminar el contrato de trabajo sin autorización del Ministerio del
Trabajo.
1.17.
Respuesta
de la accionada.[35] Ecopetrol S.A.[36] manifestó que al momento de
analizarse el caso se debe tener en cuenta que la Empresa ejerce dos roles
distintos como son el de empleador y de prestador de servicios de salud, en
virtud del régimen excepcional de salud previsto en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993. Afirmó que en su condición de empleador no puede conocer la
historia clínica de sus colaboradores, salvo que estos la pongan en
conocimiento, dado que se trata de un documento sometido a reserva. Señaló que
el Área de Servicios Médicos de la demandada funciona como una entidad
prestadora de servicios de salud, por lo cual actúa con confidencialidad y no
informa al Área de Recursos Humanos las condiciones de salud de sus
trabajadores. Argumentó que al momento del despido la accionante no estaba
incapacitada ni tenía recomendaciones médicas, por lo que desempeñaba sus
funciones con normalidad sin presentar alguna situación que le impidiera
sustancialmente el desempeño de sus funciones. Consideró que las situaciones
referenciadas por la actora en la historia clínica son consecuencia de “una
somatización” lo cual “no implica per se el padecimiento de una
patología sino una condición propia de la personalidad”, y que la “estabilidad
laboral” no opera automáticamente ante la presencia de una mínima afectación
de salud, pues es necesario demostrar “una pérdida de la capacidad en un
porcentaje superior si quiera al 15%.”
1.18.
La accionada,
desde su rol de prestador del servicio de salud, indicó que “conforme al
estudio realizado por el Comité Local de Rehabilitación Funcional de Bogotá, se
concluyó que la recomendación dada por el [médico] Especialista no
cumplía con los criterios establecidos para ingresar a la accionante al proceso
de Rehabilitación y Reincorporación Laboral (cambio de área)”.[37] Además indicó que: “no
es cierto que conforme a la intervención que se realizó a través de consejería
psicosocial el 28 de noviembre de 2018, y la ejecución del plan de intervención
psicosocial aprobado entre la Vicepresidencia Jurídica y el Depto. de Salud
Ocupacional de la Gerencia HSE, que empleador hizo caso omiso a esta situación,
debido a que al hacerse un estudio con el Procedimiento para la Rehabilitación
y Reincorporación Laboral en Ecopetrol S.A. ECP-DHS-P-044, se concluyó que la
recomendación dada por el Especialista no cumplía con los criterios
establecidos para ingresar a la accionante al proceso de Rehabilitación y
Reincorporación Laboral (cambio de área).”[38]
1.19.
Sentencia
de primera instancia.[39] El Juzgado 7 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, en Sentencia del 2 de julio de 2019, decidió negar por
improcedente el amparo solicitado. Esto se fundamentó en las siguientes seis
razones: (i) no se aportó prueba contundente de la “estabilidad laboral”
reforzada, pues esta no se puede derivar del solo tratamiento médico; (ii) la
historia médica aportada evidencia que el estado de salud de la accionante era
normal y solo tenía necesidad de ser medicada; (iii) al momento de la
terminación de la vinculación la tutelante no estaba incapacitada ni contaba
con recomendaciones médicas, lo cual permite inferir que “su patología no ha
transcendido el límite de ser considerada incapacitante o que se está en
presencia de una enfermedad de aquellas denominadas catastróficas”;[40](iv) la accionada indemnizó a la
actora por el despido sin justa causa y, por tanto, esta puede sufragar sus
necesidades y las de su familia; (v) la señora Llano presenta dificultades
económicas que son contingencias propias de una economía de mercado por la que
atraviesan buena parte de los colombianos, pero que no configuran una violación
al mínimo vital; y (vi) el asunto es competencia de la jurisdicción ordinaria
laboral.
1.20.
Sentencia
de segunda instancia.[41] En atención a la impugnación presentada
por la parte la señora Llano,[42]
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia del 15 de agosto de
2019, resolvió confirmar el fallo de primera instancia. Esto con fundamento en
los siguientes tres motivos: (i) la accionante no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable, pues no existe prueba que evidencie que no cuenta con
algún aporte económico y, por el contrario, la actora afirmó que es una persona
pensionada, además, no acreditó ser sujeto de especial protección
constitucional; (ii) la terminación de la vinculación fue legal pues se fundó
en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo el cual hace referencia a
la terminación del contrato sin justa causa con pago de indemnización; y (iii)
la accionante no demostró una afectación grave en su condición de salud.
2.
Expediente T-7.471.223
2.1.
Hechos. La accionante Clara Eugenia Landazury Morales,
de 51 años de edad[43],
laboró en Almacenes La 14 S.A. desde el 21 de noviembre de 2002, mediante
contrato de trabajo a término fijo que fue prorrogado sucesivamente y sin
interrupción, hasta el 15 de marzo de 2019.[44]
2.2.
En vigencia
de la relación laboral, la actora presentó las siguientes dos patologías: (i)
Fibromialgia, y (ii) Trastorno depresivo. La historia clínica aportada registra
que en razón a dichas enfermedades la tutelante asistió a diferentes citas
médicas y recibió el respectivo tratamiento, como se observa a continuación:
No.
Fibromialgia
Trastorno
Depresivo
1
El 2 de
febrero de 2018, la señora Landazury fue diagnosticada con “fibromialgia”. Al
respecto el médico tratante señaló “paciente con puntos gatillo
paravertebrales cervicales, dorsales y lumbares. Debe continuar con
terapia física sedativa (…) plan de tratamiento: terapia física sedativa
(…) control con reumatología en 6 meses”.[45]
-
2
A partir del
mencionado diagnóstico, el 23 de febrero de 2018 el médico tratante
ordenó 10 sesiones de fisioterapia.[46]
(Para esta fecha la accionante se encontraba incapacitada).
El
7 de febrero de 2018, la accionante fue diagnosticada con un “trastorno
depresivo recurrente”[47].
En la historia clínica se registró “refirió que sigue preocupándose por
situaciones de conflicto con el hijo. Relató que el dolor muscular se
exacerbó, siendo estudiada por reumatología. (…) Relató episodios de
tristeza, desanimo, irritabilidad, llanto fácil. (…) describe conflicto a
nivel laboral”.[48]
Como
consecuencia de dicho diagnóstico, la accionante fue incapacitada por
10 días, desde el 7 al 16 de febrero de 2018, los cuales fueron
prorrogados por 70 días hasta el 27 de abril de 2018, con el fin de
asistir al programa de internación parcial (Hospital día) en la IPS Ciclo
Vital Colombia.[49]
3
El 12 de
marzo de 2018, en consulta de medicina del trabajo se efectuaron las
siguientes recomendaciones “marcha antálgica, edema y dolor de pequeñas
articulaciones de las manos, dolor de las rodillas, de los codos. (…) reubicada
como ascensorista. Reubicar en puesto de trabajo en el que pueda realizar
labores que no requieran desplazamientos por trayectos largos”.[50]
-
4
-
Al
respecto, en la historia clínica de evolución de la internación parcial del 14
de marzo de 2018 se informó “refiere que se ha sentido triste ya que
permanece con mucho dolor, ya está más consciente de su enfermedad, aunque el
no realizar tareas rápidamente le genera frustración. (…) hay ideas de
minusvalía”.[51]
5
-
El 28 de
marzo, el médico tratante le ordenó a la accionante continuar con el
consumo diario del medicamento “trazodona clorhidrato”.[52]
6
El
22 de junio de 2018 la Unidad de Rehabilitación – Evolución paciente
de Fisioterapia informó que la accionante finalizó 20 sesiones y que “refiere
continuar con dolor 10/10 constante en hombros el cual manifiesta que se
irradia a manos y pies (…) se remite a control para decidir conducta a
seguir”.[53]
-
7
El
21 de agosto de 2018, el médico tratante ordenó “terapia física
sedativa 10 sesiones” y “control reumatología en 4 meses”. Al
respecto la historia clínica registra “paciente con dolor osteomuscular
con hallazgos clínicos sugestivos de origen en reumatismo de tejidos blandos,
puntos sensibles, codos, cervical anterior derecho, puntos gatillo
paravertebrales cervicales y dorsales. (…) Continua analgesia indicada por clínica
del dolor (…) continua en programa”.
El
21 de agosto de 2018, el médico tratante le ordenó a la accionante continuar
con el consumo diario del medicamento “trazodona clorhidrato”.[54]
8
-
El
4 de septiembre de 2018 el médico tratante ordenó a la accionante “consulta
de control o de seguimiento por psiquiatría especializada”[55] en 2
meses y “setralina” y “trazodona clorhidrato” durante 60
días.[56]
9
-
El
1 de noviembre de 2018 la actora asistió a control médico en el cual
se le formuló “setralina” y “trazodona clorhidrato” durante
90 días[57]
y se ordenó “consulta de control o de seguimiento por medicina
especializada psiquiatría” en 3 meses.[58]
10
-
El
19 de noviembre de 2018 la tutelante asistió a consulta en psicología.[59]
11
Mediante
control del 20 de noviembre de 2018 se informó “limitación para la
marcha prolongada” y se indicó “reubicada en manejo de ascensor
con intervalos de sedente y bipedestación desplazamientos”.[60]
-
12
El
21 de noviembre de 2018 Medicina Especializada del dolor señaló “concepto:
dolor in especifico, pronostico pobre dado a que no es posible asociarlo con
ningún mecanismo fisiopatológico de base, sugerimos iniciar proceso de
calificación laboral. Debe mantener recomendaciones de re-ubicación laboral
por tiempo indefinido (…)”[61].
Además, se ordenó consulta de control o seguimiento por medicina
especializada del dolor para el 22 de abril de 2019.[62]
-
13
-
El
16 de enero de 2019 la accionante asistió a terapia de control con el
psicólogo.[63]
14
El
31 de enero de 2019 la actora asistió a control médico en el cual se
informó “en seguimiento por reumatología, psiquiatría y clínica del
dolor. (…) Considero que en el momento es necesario el concepto acerca
de su patología por parte de reumatología. En el momento no se beneficia
de plan de terapias. Se cita a control con concepto de reumatología,
clínica del dolor”.[64]
-
15
-
El
7 de febrero de 2019 la tutelante asistió a trabajo social y allí se
indicó “paciente que durante la consulta expresa llanto, refiere mucho
dolor físico, no logra encontrar un diagnóstico claro acerca de lo que le
sucede, por lo que su área emocional se está viendo afectada (…) cita
de control en 3 meses”.[65]
16
El
26 de febrero de 2019 en reumatología se indicó que “debe continuar
con clínica de dolor y fisiatría (entrego remisión a fisiatría. Ya está en
controles por med dolor) reevaluación clínica en reumatología en 6 meses”.[66]
-
17
En
control de Fisiatría del 14 de marzo de 2019 a las 2:34 p.m. (un día antes
de la terminación del contrato) se señaló “en seguimiento por reumatología,
psiquiatría y clínica del dolor. Previamente asistió por solicitud ante posibilidad
de calificación. Se ha descartado patología autoinmune, otra patología
que se causa primaria. Considero síndrome dolor generalizado asociado a
sensibilización central. No se ha beneficiado de manejo rehabilitador. Dolor
en hombros asociado a tendinosis refiere ‘no me sirven las infiltraciones’. Debe
ser valorada por medicina laboral para definir restricciones y
recomendaciones. Su manejo de base debe continuar por clínica de dolor
y psiquiatría. Dado lo anterior no se beneficia de manejo por fisiatría,
se da alta por fisiatría”.[67]
2.3.
El 15 de
marzo de 2019, la Empresa le notificó a la accionante la decisión unilateral de
terminar el contrato de trabajo la cual sustentó en “el vencimiento del
plazo fijo pactado”, “una restructuración de la empresa” y “teniendo
en cuenta que sus tres últimos desempeños no han sido satisfactorios”.[68] Almacenes La 14 S.A. no
solicitó autorización previa de despido ante el Ministerio del Trabajo.
2.4.
El último
cargo que la tutelante desempeñó fue el de auxiliar de riesgos físicos.[69] El salario percibido por la actora
al momento de la terminación de la vinculación era de $836.339.[70]
2.5.
El 19 de
marzo de 2019, después de la fecha del despido, la accionante asistió a control
en psicología en el cual se registró que “durante la sesión se realiza
intervención en crisis, la paciente se presenta en estado lábil, llanto fácil,
logorreica, referencial con situación de terminación de contrato laboral
reciente, preocupación por su condición económica ya que no cuenta con apoyo
económico adicional ni de sus familiares, además de su condición de salud la
cual se ha visto agravada en los últimos años, se permite escucha activa y se
brinda apoyo terapéutico.”
2.6.
El 21 de
marzo de 2019, el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo
realizó a la señora Landazury
el examen médico de retiro, en el cual indicó “en seguimiento por
reumatología (…) Diagnósticos: (…) fibromialgia (…) difícil valoración por
manifestar dolor en todo el cuerpo”. Este mismo día se radicó la solicitud
de calificación de enfermedad laboral,[71]
la cual aún no ha tenido respuesta.[72]
2.7.
El 3 de
abril de 2019, la actora fue incapacitada por 7 días por concepto de “contusión
en la región lumbosacra”.
2.8.
El 22 de
abril de 2019, la accionante recibió atención médica en la cual se afirmó “actualmente
con imipramina 25mg noche-acetaminofén 500mg cada 12 horas – fluoxetina 20 mg
cada día- sin mejora (…) asiste refiriendo no obtener ningún beneficio con
medicación ordenada teniendo en cuenta lo descrito en el anterior control no
tenemos otras opciones para ofrecerle, por lo que sugerimos mantener y/o
continuar su proceso de calificación laboral.”[73]
2.9.
El 27 de
julio de 2019, la señora Landazury asistió a control en el cual se refirió “pte con artralgia y
dolor lumbar mixto solicito exámenes para estudio de espondiloartritis, no
inicio aines por antecedente de RX alérgica. Solicito ecografía de hombro izq
para estudio de alteración de manguito rotador vs sinovitis o tenosinovitis (…)
plan: control con exámenes.”[74]
2.10.
La
accionante afirmó que es “madre cabeza de familia, con obligaciones y una
familia por quien responder”.[75]
A pesar de la terminación del contrato laboral, la actora continúa
recibiendo el servicio de salud en calidad de cotizante dependiente de
Almacenes La 14 S.A.[76]
Cuenta con un puntaje en el SISBÉN de 39,31.[77]
2.11.
Solicitud
de amparo.[78] Con fundamento en lo anterior, el 5 de
abril de 2019, por medio de apoderado judicial, la señora Landazury interpuso
acción de tutela en contra de Almacenes La 14 S.A., al considerar que dicha empresa vulneró sus
derechos fundamentales a la salud, mínimo vital, “estabilidad laboral”
reforzada, dignidad humana y debido proceso. Afirmó que su empleador tenía
conocimiento de la situación médica y de debilidad manifiesta de la accionante
y aun así decidió terminar el contrato de trabajo sin solicitar autorización
previa para despedir ante el Ministerio del Trabajo. Así las cosas, solicitó que se ordene a la
accionada: (i) el reintegro laboral; (ii) el pago de los salarios dejados de
percibir por el tiempo que estuvo desvinculada laboralmente; (iii) el pago de
la sanción de 180 días de salario por terminar el contrato de trabajo sin
autorización del Ministerio del Trabajo; y (iv) que no vuelva a vulnerar los
derechos fundamentales de la trabajadora al ser beneficiaria de una “estabilidad
laboral” reforzada.
2.12.
Respuesta
de la accionada.[79] Almacenes La 14 S.A.[80] manifestó que no conocía la historia
clínica de la accionante por tratarse de un documento de carácter privado y
reservado, y que la actora no cumplió su deber de informar al empleador su
situación de salud. Señaló que al momento de la desvinculación la señora Landazury desarrollaba sus actividades
con normalidad y no presentaba novedades de salud, recomendaciones médicas, ni
se encontraba incapacitada. Afirmó que no tenía la obligación de solicitar
autorización de despido al Ministerio del Trabajo, debido a que el motivo de la
terminación del contrato fue la expiración del término fijo pactado y la
accionante no se encontraba en estado de debilidad manifiesta, pues no tenía
una afectación en su salud que le impidiera sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones regulares. Resaltó que los exámenes practicados después
de la terminación de su contrato de trabajo son un referente posterior a su
retiro que no se puede invocar como fuente de derechos.
2.13.
Sentencia
de primera instancia.[81] El Juzgado 31 Civil Municipal de Cali, en
Sentencia del 11 de junio de 2019, decidió conceder el amparo transitorio de
los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, ordenó el reintegro
laboral de la tutelante, el pago de todos los salarios dejados de devengar
desde el momento del despido hasta el reintegro efectivo, y que en el término
de 4 meses la accionante debía acudir a la especialidad laboral a fin de
preservar los efectos de la Sentencia.
Esto se fundamentó en los cinco motivos que
se exponen a continuación: (i) la actora acreditó que al momento de la terminación
laboral tenía un diagnóstico que indicaba su disminución física; (ii) el
accionado no cumplió con la carga de demostrar que el despido se efectuó por
razones distintas a la situación de salud de la actora; (iii) el estado de
salud de la señora Landazury conllevó a la desmejora en su
rendimiento laboral durante el último tiempo de la vinculación laboral, lo cual
no se había presentado antes durante los 17 años de antigüedad en la Empresa;
(iv) la imposibilidad del empleador de acceder a la historia clínica no era
indicador de que no tuviera conocimiento de la situación de salud de la
accionante; y (v) las incapacidades y la solicitud de permisos para ir al
médico debían llevar al empleador a averiguar el estado de salud de la señora Landazury.
2.14.
Sentencia
de segunda instancia.[82] En atención a la impugnación presentada
por la parte accionada,[83]
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, en Sentencia del 23 de julio de
2018, resolvió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar negar las
pretensiones de la tutela. Esto debido a las siguientes cinco razones: (i) no
se comprobó que el despido hubiera sido con ocasión a un padecimiento de la
actora, por el contrario, se evidenció que el despido se fundó en el
vencimiento del plazo fijo pactado, la reestructuración de la Empresa y el
desempeño no satisfactorio de la actora; (ii) no se probó que la accionante
padeciera una condición de salud grave que le impidiera significativamente el
normal y adecuado desempeño de sus actividades; (iii) la señora Landazury no estaba incapacitada al
momento de la terminación del contrato; (iv) el examen de egreso no es prueba
certera de la debilidad manifiesta; y (v) la señora Landazury puede seguir su tratamiento psicológico
en el régimen subsidiado de salud.
II.    CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.  Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con los artículos 86
y 241 (numeral 9) de la Constitución Política, y los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por las Salas de Selección de Tutelas y del reparto realizado en la
forma que el reglamento de esta Corporación establece.
2.  La acción de tutela es procedente en los dos
casos analizados
La Sala encuentra procedentes las acciones de tutela presentadas
en los dos casos objeto de estudio, tal y como se observa en el análisis
conjunto que se realiza a continuación.
2.1.
Las personas que presentaron acción
de tutela podían interponerla contra las empresas a las que la dirigieron
(legitimación en la causa por activa[84] y por pasiva).[85] De un lado, cada una de las acciones de tutela de los expedientes
acumulados fueron presentadas por intermedio de apoderado judicial, actuando en
defensa de los derechos e intereses de las accionantes. Por otro lado, las
acciones de tutela fueron dirigidas en contra de Ecopetrol S.A. y Almacenes La
14 S.A., respectivamente, empresas frente a las cuales las actoras se
encontraban en situación de subordinación derivada de su condición de
trabajadoras.
2.2.
Las acciones de tutela se presentaron
en un término oportuno, justo y razonable a la luz de las circunstancias de
cada caso (inmediatez).[86] Entre la ocurrencia de la presunta vulneración y la presentación
de las acciones de tutela acumuladas, transcurrió un tiempo razonable, según lo
que se evidencia a continuación:
Caso
Ocurrencia
de la presunta vulneración
Acción
de tutela
Días
transcurridos
T-7.594.854
de la señora Llano
El
contrato de trabajo fue terminado el 16 de mayo de 2019[87]
13
de junio de 2019
28
días
T-7.613.902
de la señora Landazury
El
contrato de trabajo fue terminado el 15 de marzo de 2019[88]
5
de abril de 2019
21
días
2.3.
Las accionantes son sujetos en
condición de debilidad manifiesta (subsidiariedad). La acción de tutela es procedente cuando no existen otros
mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles
no resultan idóneos o eficaces según las circunstancias del caso concreto, o
cuando se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable.[89]Así
las cosas, la Sala considera procedentes las acciones de tutela acumuladas
objeto de análisis, pues las actoras son personas en condición de debilidad
manifiesta, y las situaciones particulares en las que se encuentran les impide
que la controversia sea resuelta por el juez ordinario, requiriéndose la
intervención del juez constitucional. Esto encuentra sustento en lo siguiente:
2.3.1.  En
el caso de la señora Llano (Primer expediente acumulado No. T-7.594.854) se
encuentra que:
(i)
En primer lugar, el 14 de enero de 2019 fue diagnosticada con “eczema psoriasiforme y alopecia
areata”[90] motivo por el cual se inició un
tratamiento médico que se extendió durante los últimos meses de la vigencia de
la relación laboral y que continuó con posterioridad al despido. En efecto, tal
y como se indicó en los hechos del caso (ver supra 1.2.) la accionante
fue evaluada por el dermatólogo el 11 de febrero y el 15 de mayo de 2019, quien
ordenó la práctica de una biopsia de piel, la cual fue realizada el 16 de mayo
de 2019 (fecha de la terminación del contrato de trabajo), y señaló que el
tratamiento médico debía seguir. Una vez culminada la vinculación laboral, la actora
continuó con el tratamiento médico como se demuestra con las atenciones
dermatológicas que tuvieron lugar el 21 de junio y 12 de julio de 2019 (ver
supra 1.9. y 1.11.), con las cuales se determinó que la afectación
dermatológica de la accionante continuó. En sede de revisión la señora Llano afirmó
que necesita continuar con el tratamiento dermatológico pues aún no se ha
recuperado.[91]
En
segundo lugar, el 9 de octubre de 2018 fue diagnosticada con “trastorno depresivo grave”,[92] lo cual conllevó un tratamiento médico
durante los últimos meses de la relación laboral que persistió después del despido.
Tal y como se indicó en los hechos del caso (ver supra 1.2) la señora
Llano asistió a diferentes valoraciones con el psiquiatra quien le formuló los
medicamentos y el apoyo “cognitivo” necesario para su tratamiento
ambulatorio (valoraciones del 20 y 26 de octubre, y 12 de diciembre de 2018, y
del 20 y 27 de marzo, y 7 de mayo de 2019). Después de la finalización del
contrato la actora continuó con el tratamiento como se observa en las
valoraciones del 21 de junio y 11 de julio de 2019 (ver supra 1.9. y 1.10.).
En sede de
revisión la accionante afirmó que necesita continuar con el tratamiento
psiquiátrico pues aún no se ha recuperado.[93]
(ii) Tiene 50 años de edad.
(iii) No percibe ningún ingreso económico
desde que fue despedida de su trabajo.[94]
Su núcleo familiar está compuesto por su hija menor de edad y su madre, quien
es una persona de la tercera edad que devenga una pensión del salario mínimo
con la cual suple sus necesidades y sustenta su actual condición de salud.
En estos términos, se evidencia que la
accionante no cuenta con la capacidad económica para suplir sus necesidades y
la de su hija menor de edad. Además, la actora acreditó que presenta diferentes
deudas que dan cuenta que su difícil situación económica no puede ser suplida
con el monto que recibió por concepto de la liquidación final del contrato de
trabajo (ver supra 1.12, 1.13., 1.14. y 1.6.).
(iv) Adicionalmente, el hecho de que la
demandante reciba el servicio de salud en calidad de afiliado adicional,[95] no quiere decir que sus
derechos fundamentales estén satisfechos y no puedan ser protegidos con la
presente acción, pues la posibilidad de contar con un servicio médico no compensa
la afectación que alega de su derecho a la “estabilidad laboral”
reforzada. En efecto, es evidente que el estado de salud y la edad de la
accionante generan una reducción en las posibilidades para reincorporarse al
mercado laboral y obtener una fuente de ingresos.
2.3.2.
En el caso
de la señora Landazury (segundo expediente acumulado No. T-7.613.902) se
encuentra que:
(i)
De un lado, el 2 de febrero de 2018, fue diagnosticada con “fibromialgia”,[96] motivo por el cual se inició un
tratamiento médico que tuvo lugar durante el último año de la vigencia de la
relación laboral y que continuó después de la terminación de la vinculación (ver
supra 2.2.). El 14 de marzo de 2019 (un día antes de la terminación del
contrato), el médico tratante señaló que la accionante debía seguir con el
tratamiento en reumatología y clínica del dolor. Después del despido, la actora
fue incapacitada por 7 días contados desde el 3 de abril de 2019 por concepto
de “contusión en la región lumbosacra”, y continúo con estudios médicos para
atender el dolor, según las indicaciones de los controles del 22 de abril y el
27 de julio de 2019 (ver supra 2.7., 2.8. y 2.9.). La tutelante afirmó
en sede de revisión que presenta un diagnóstico de no recuperación y que aún no
cuenta con un dictamen de calificación.[97]
Por
otro lado, el 7 de febrero de 2018 fue diagnosticada con “trastorno depresivo recurrente”,[98] lo cual implicó un tratamiento médico que
se presentó durante el último año de la relación laboral y que continuó después
de la finalización del contrato laboral. De conformidad con lo indicado en los
hechos del caso (ver supra 2.2), la actora recibió diferentes valoraciones
con el psiquiatra quien le formuló los medicamentos y el apoyo psiquiátrico que
su tratamiento médico requirió, e informó la necesidad de continuar con el
tratamiento psiquiátrico (valoraciones del 28 de marzo, 21 de agosto, 4 de septiembre, 1 y 19 de
noviembre de 2018,
del 16 de enero, 7 de febrero y 14 de marzo de 2019, junto con incapacidad
médica de 80 días que se presentó desde el 7 de febrero hasta el 27 de abril de
2018). Una vez terminada la vinculación laboral la tutelante continuó con el
tratamiento psiquiátrico (ver supra 2.5.). En sede de revisión la accionante afirmó
que “tiene una enfermedad con un diagnóstico de no recuperación, y su
proceso de calificación todavía se encuentra en curso.”[99]
(ii) Tiene 51 años de edad.
(iii) No percibe ningún ingreso económico
desde que fue despedida de su trabajo[100]
y no cuenta con el apoyo económico de sus familiares (ver supra 2.5.), por lo
cual se deduce que la actora no tiene la capacidad económica para suplir sus
necesidades básicas.
(iv) Además, el hecho de que la tutelante pueda
acceder al servicio de salud,[101]
no quiere decir que sus derechos fundamentales estén satisfechos y no puedan
ser protegidos con la presente acción, pues la posibilidad de contar con un
servicio médico no compensa la afectación que reclama de su derecho a la
estabilidad laboral reforzada. Por tanto, es claro que la situación de salud y
la edad de la actora hacen menos probable que pueda reincorporarse fácilmente al
mercado laboral y devengar recursos para sus necesidades básicas.
(v) Cuenta con un puntaje en el SISBÉN de
39,31.
De conformidad con lo expuesto, se encuentran cumplidos los requisitos
de procedencia de la acción de tutela en los dos expedientes acumulados y, en
consecuencia, corresponde plantear el problema jurídico de los casos, la
estructura de la decisión y realizar el correspondiente pronunciamiento de
fondo.
3.
Presentación del problema jurídico y estructura de la decisión
3.1.
Dado los antecedentes de los dos casos acumulados, la Sala Segunda
de Revisión encuentra que las acciones de tutela que se revisan persiguen el
amparo de los derechos fundamentales a
la vida, salud, mínimo vital,
seguridad social, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada y debido
proceso de sujetos en situación de
debilidad manifiesta. Además, se observa que las acciones de tutela objeto de
revisión presentan una situación fáctica similar y tienen en común las mismas
pretensiones de: (i) reintegro laboral; (ii) el pago de los salarios dejados de
percibir; y (iii) el pago de la sanción de 180 días de salario por terminar el
contrato de trabajo sin autorización del Ministerio del Trabajo.
3.2.
Así las cosas, esta Sala de
Revisión encuentra pertinente resolver para ambos casos el siguiente problema
jurídico: ¿una empresa que alega no haber tenido conocimiento de la afectación
de salud de un ex trabajador antes del despido, vulnera varios de sus derechos
fundamentales (salud, estabilidad laboral
reforzada y debido proceso) al
terminarle su contrato de trabajo a pesar de que se encontraba en curso un tratamiento
médico conocido por el empleador?
3.3.
Teniendo en cuenta que este
cuestionamiento ha sido estudiado en anteriores oportunidades por esta
Corporación, a continuación, la Sala: (i) sintetizará los aspectos pertinentes
de la jurisprudencia constitucional relativa al derecho fundamental a la salud,
y (ii) aplicará las reglas jurisprudenciales reiteradas para la solución de los
casos objeto de estudio.
4.
Reiteración de jurisprudencia. Protección constitucional a
personas en situación de debilidad manifiesta por salud en materia laboral[102]
4.1.
El artículo 13 de la Constitución
Política (en adelante CP) determina que al Estado le corresponde propiciar las
condiciones para lograr que el mandato de igualdad sea real y efectivo,
especialmente para que las personas que, de acuerdo a su condición económica,
física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, tengan una
protección diferencial. Igualmente, el artículo 53 superior dispone una protección
general de la estabilidad laboral de los trabajadores fundada en el concepto de
igualdad en las relaciones laborales, cuestión que en una de las sentencias que
la ha abordado fue desarrollada de la siguiente forma:
“(…) el llamado expreso de la norma superior a
que las relaciones entre las personas se desarrollen bajo el principio de la
solidaridad, debe extenderse a aquellas de carácter laboral. En ese sentido,
las relaciones laborales deben respetar principios constitucionales que,
como el de solidaridad, permiten a las partes reconocerse entre sí, como
sujetos de derechos constitucionales fundamentales, que quieren desarrollar su
plan de vida en condiciones mínimas de dignidad, y que para hacerlo, requieren
apoyo del Estado y de los demás particulares, especialmente, en aquellas
situaciones en las que las desigualdad material, la debilidad física o
mental, o la falta de oportunidades, les imponen obstáculos mayores en la
consecución de sus metas.”[103] (subraya fuera de texto)
4.2.
La estabilidad laboral u ocupacional
reforzada es la concreción de diferentes mandatos contenidos en la Carta, para
proteger a aquellas personas susceptibles de ser discriminadas en el ámbito
laboral y que se concreta en gozar de la posibilidad de permanecer en su
empleo, a menos que exista una justificación no relacionada con su condición.
Tal figura tiene por titulares, entre otras, a personas con discapacidad o en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud.[104]
El sustento normativo de esta protección especial se encuentra en los
principios de Estado Social de Derecho (Art. 1 de la CP), igualdad material
(Art. 13 de la CP) y solidaridad social, consagrados en la Constitución
Política. Estos mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional
del Estado de adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos
vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta.
4.3.
Respecto de la aplicación del principio
de solidaridad, en el contexto de la Seguridad Social, esta Corporación ha
señalado que “[q]uien contrata la prestación de un servicio personal, con o
sin subordinación, debe tener presente que adquiere con la persona que se lo
presta una relación relevante a la luz de la Constitución, pues adquiere el
deber de actuar con solidaridad cuando las circunstancias se lo requieran, y
sus relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en
general es válido observar en los actos contractuales que desarrolle, y en las
relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes económicos. Una persona
en condiciones de salud que interfieran en el desempeño regular de sus
funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque
esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la experiencia
relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque le
dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades,
talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para satisfacer
sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad y su
dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social”.[105]
4.4.
Ahora bien, como lo señala la
Constitución (artículo 54 C.P.), el Estado Colombiano no solo tiene la
obligación de “propiciar la ubicación laboral” frente a “las personas
en edad de trabajar”, sino que también debe ir más allá de un solo “propiciar”,
y asumir la obligación de “garantizar” que las personas en alguna situación
de incapacidad puedan ejercer el “derecho a un trabajo”, el cual debe
ser “acorde” con su situación de salud. En este sentido, la Constitución
(artículo 47 C.P.) dispone que el Estado tiene el deber de adelantar una
política con la cual se prevenga, rehabilite e integre a la sociedad, no solo a
los “disminuidos físicos, sensoriales”, sino también “psíquicos”,
a quienes se les prestará la “atención especializada que requieran”.
4.5.
La garantía de la
estabilidad ocupacional referida por motivos de salud, se predica de todo
individuo que presente una afectación en la misma, situación particular que
puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en
consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese solo hecho.[106] Lo anterior, con independencia
de la vinculación o de la relación laboral que la preceda.[107] En términos generales
comprende la prerrogativa para el trabajador de permanecer en el empleo y, por
consiguiente, obtener los correspondientes beneficios salariales y
prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa
relevante que justifique disponer su despido.[108]
4.6.
Entendiendo lo anterior, si
se pretende desvincular a una persona que presenta una afectación significativa
en el normal desempeño laboral y el empleador tiene conocimiento de ello, es
necesario contar con la autorización de la
Oficina del Trabajo pues, de no ser
así, dicho acto jurídico es ineficaz.[109]
Con ello, se prohíbe el despido de sujetos en situación de debilidad por motivos
de salud, creándose así una restricción constitucionalmente legítima a la
libertad contractual del empleador, quien solo está facultado para terminar el vínculo
después de solicitar la autorización ante el funcionario competente que
certifique la concurrencia de una causa justificable para proceder de esta
manera.
4.7.
En todo caso, además de la autorización de la Oficina del Trabajo, la protección constitucional dependerá de
los siguientes tres presupuestos básicos:
(i) que se establezca que el trabajador realmente se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que
la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un
momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente
para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en
una discriminación.[110]
Sobre cada uno de los mencionados presupuestos conviene indicar lo siguiente:
(i) Que se establezca que el trabajador realmente se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. Con
la Sentencia SU-049 de 2017[111]
se explicó que el deber constitucional de solidaridad se activa con la pérdida de capacidad laboral en
un grado considerable, o la experimentación objetiva de una “dolencia o
problema de salud” que afecte sustancialmente el desempeño en condiciones
regulares de las labores de las cuales se obtiene un sustento. La jurisprudencia
de esta Corte ha estudiado diferentes casos en los cuales ha evaluado si la
condición de salud del accionante efectivamente impide o no de forma
significativa el normal desempeño laboral, ante lo cual ha concluido, lo
siguiente:
1.
La
condición de salud que impide significativamente el normal desempeño laboral se
acredita, entre otros casos, cuando:
(a) En el examen médico de
retiro se advierte sobre la enfermedad, al momento del despido existen
recomendaciones médicas, y se presentó incapacidad médica durante días antes
del despido.[112]
(b) Existe incapacidad médica
de varios días vigente al momento de la terminación de la relación laboral.[113]
(c) Se presenta el diagnóstico
de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico.[114]
(d) Existe el diagnóstico
médico de una enfermedad efectuado durante el último mes del despido, dicha
enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes
incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y
la calificación de pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) tiene lugar
antes del despido.[115]
2.
En el caso
particular de una afectación psicológica o psiquiátrica que impida
significativamente el normal desempeño laboral, se ha entendido que esto se
puede acreditar cuando:
(a) El estrés laboral genere
quebrantos de salud física y mental.[116]
(b) Al momento de la
terminación de la relación laboral el actor se encuentre en tratamiento médico
y presente diferentes incapacidades, y recomendaciones laborales. Cuando,
además, el accionante informe al empleador, antes del despido, que su bajo
rendimiento se debe a la condición de salud, y que después de la terminación de
la vinculación continúe la enfermedad.[117]
(c) El estrés laboral cause
quebrantos de salud física y mental y, además, se cuente con un porcentaje de
PCL.[118]
3.
Finalmente,
se ha entendido que no se logra acreditar una condición de salud que impida
significativamente el normal desempeño laboral, entre otros casos, cuando:
(a) No se demuestra la relación
entre el despido y las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%.[119]
(b) El accionante no presenta
incapacidad médica durante el último año de trabajo, y solo debe asistir a
controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico como tal.[120]
(ii) Que el empleador tuviera conocimiento de la condición de
debilidad manifiesta del trabajador. En efecto, si un trabajador desea invocar los beneficios de
la estabilidad laboral reforzada, requiere que se demuestre que el empleador de
forma previa a la terminación estaba informado sobre la situación de salud.
Esta Corporación ha analizado diversos casos en los cuales ha evaluado si se
puede entender que la condición de debilidad manifiesta fue conocida o no por
el empleador de forma previa al despido. Al respecto, se ha concluido, entre
otras cosas, lo siguiente:
A.
El conocimiento del empleador
sobre la condición de salud del trabajador se acredita, entre otros casos,[121] cuando:
1)
La
enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria.[122]
2)
El
empleador tramita incapacidades médicas del funcionario, quien  después del
periodo de incapacidad solicita permisos para asistir a citas médicas, y debe
cumplir recomendaciones de medicina laboral.[123]
3)
El
accionante es despedido durante un periodo de incapacidad médica de varios
días, por una enfermedad que generó la necesidad de asistir a diferentes citas
médicas durante la relación laboral.[124]
4)
El
accionante prueba que tuvo un accidente de trabajo durante los últimos meses de
la relación, que le generó una serie de incapacidades y la calificación de un
porcentaje de PCL antes de la terminación del contrato.[125]
5)
El
empleador decide contratar a una persona con el conocimiento de que tiene una
enfermedad diagnosticada, que al momento de la terminación del contrato estaba
en tratamiento médico y estuvo incapacitada un mes antes del despido.[126]
6)
No se le
puede imponer al trabajador la carga de soportar las consecuencias de que en razón
a un empalme entre una antigua y nueva administración de una empresa no sea
posible establecer si esa empresa tenía conocimiento o no del estado de salud
del actor. Por tanto, se da prevalencia a las afirmaciones y pruebas del
accionante, y no a las de la demandada en la contestación de la tutela.[127]
7)
Los
indicios probatorios evidencian que durante la ejecución del contrato, el
trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico, presentó
incapacidades médicas, y en la tutela afirma que le informó de su condición de
salud al empleador.[128]
B.
No se logra
acreditar que la condición de debilidad manifiesta fuera conocida por el
empleador en un momento previo al despido, entre otros casos, cuando:
1)
Ninguna de
las partes prueba su argumentación.[129]
2)
La
enfermedad se presenta en una fecha posterior a la terminación del contrato.[130]
3)
El
diagnóstico médico se da después del despido y, pese a la asistencia a citas
médicas durante la vigencia de la relación, no se presentó incapacidad o
recomendaciones laborales como consecuencia de dichas citas médicas.[131]
(iii) Que
no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que
sea claro que la misma tiene origen en una discriminación.[132] En estos supuestos, se ha establecido una presunción (iuris tantum)
en favor de la persona que fue apartada de su oficio.
4.8.
Así, se ha señalado que si
constatada la condición de debilidad especial se logra establecer que la
terminación del vínculo se produjo sin la autorización de la autoridad laboral,
se deberá presumir que la causa fue el estado de indefensión en el que
permanece el sujeto.[133]
Con todo, esta presunción se puede desvirtuar -incluso en el proceso de
tutela-, porque la carga de la prueba se traslada al empleador, a quien le
corresponde demostrar que el despido no se dio con ocasión de esta
circunstancia particular sino que obedeció a una justa causa.[134] En el evento de no
desvirtuarse lo anterior, el juez
constitucional deberá declarar la ineficacia de la terminación o del despido
laboral en favor del sujeto protegido y las demás garantías que considere
necesarias para garantizar la satisfacción plena de sus derechos fundamentales
vulnerados.[135]
4.9.
Bajo ese contexto, la protección de la
que goza una persona en virtud de la estabilidad laboral reforzada por salud
consiste en la garantía de: (i) no ser despedido en razón a su situación de
debilidad manifiesta; (ii) permanecer en el empleo, a menos que exista una
causa de desvinculación no relacionada con la situación de discapacidad; y
(iii) que la autoridad competente autorice el despido, previa verificación de
la causa que amerite la desvinculación. De lo contrario, el despido será
ineficaz y el trabajador será acreedor de la indemnización fijada por la ley,
más el pago de los salarios dejados de devengar.[136]
4.10.
Sin perjuicio de lo
expuesto, se aclara que la estabilidad laboral reforzada no es ni se puede
convertir en una petrificación laboral absoluta. Precisamente, este es el
motivo por el cual existe el procedimiento de autorización de despido ante el
Ministerio del Trabajo. Es un equilibrio entre el uso que pueden hacer los empleadores
de su facultad para despedir, y la garantía que un inspector del trabajo brinda
a los derechos de los trabajadores para evitar que se tomen decisiones
arbitrarias irrazonables o desproporcionadas. La estabilidad laboral reforzada
no elimina la facultad de terminar la relación laboral, sino que obliga a que
se use a la luz de la Constitución.
4.11.    En conclusión, existe desconocimiento de los fundamentos
constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad
cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las personas en
condición de debilidad manifiesta por la afectación a su salud y sus
capacidades, con independencia de la relación laboral acordada entre las
partes.[137]
5.
Aplicación de las referidas reglas jurisprudenciales para la solución
de los casos acumulados
5.1.
Expediente T-7.594.854: Ecopetrol S.A. vulneró los derechos
fundamentales de María Inés Llano Narváez al despedirla sin autorización previa
del Ministerio del Trabajo
Teniendo en cuenta los antecedentes del expediente de la señora
Llano (ver supra 1.) y que fue despedida sin autorización previa del
Ministerio del Trabajo, la Sala encuentra que es procedente conceder el amparo a
la estabilidad laboral reforzada, salud y debido proceso solicitado, debido a
que se cumplen las reglas jurisprudenciales aplicables al caso (ver supra
4.7), tal y como se observa a continuación:
5.1.1. La condición de salud dificulta significativamente el
normal desempeño laboral. La relación laboral estuvo vigente desde el 14 de
diciembre de 2009 hasta el 16 de mayo de 2019. Durante los últimos meses de tal
vinculación, la tutelante fue diagnosticada con Eczema Psoriasiforme, Alopecia Areata y Trastorno
Depresivo Grave (ver supra 1.2.). Como consecuencia de los mencionados
diagnósticos, la actora inició los respectivos tratamientos médicos para su
recuperación, los cuales se encontraban vigentes al momento del despido (16 de
mayo de 2019) y, de hecho, continuaron con posterioridad a la terminación de la
relación laboral (ver supra del 1.9. al 1.12).
Durante los últimos 7 meses de la
vigencia del contrato de trabajo, la accionante asistió a 12 citas médicas que
tuvieron lugar en los siguientes días: el 9, 20 y 26 de octubre y 12 de
diciembre de 2018, y el 14 de enero, 11 de febrero, 20 y 27 de marzo, 7, 13, 15
y 16 de mayo de 2019. En dichas citas médicas se indicó que la actora sentía
sobre carga laboral, acoso laboral, baja concentración, memoria disminuida,
tristeza, ansiedad y pensamientos suicidas,  que según el médico tratante “ha
propiciado la emergencia de síntomas físicos”[138] que probablemente se ven
reflejados en las afectaciones dermatológicas que ha presentado la señora Llano
Narváez.
Así las cosas, se encuentra que
las mencionadas situaciones llegaron a afectar significativamente el normal
desempeño laboral de la actora, dado que esta fue la única funcionaria en su
área que recibió una calificación parcial en su desempeño (ver supra 1.3.),
y con antelación a esa oportunidad no había recibido una baja calificación.
Sobre la calificación de desempeño, la Empresa argumentó que la tutelante no
cumplía con los tiempos para su labor, presentaba falta de análisis en los
temas que tenía que revisar y “desanimo para proponer soluciones a
situaciones”.[139] Además, el 4 de abril de 2019, la
accionante informó al
señor Eduardo Rodríguez Bustamante, médico especialista en salud ocupacional de
Ecopetrol S.A., que requería celeridad en los procesos que adelantaba ante “salud
ocupacional” ya que, dada la tensión laboral con su jefe directa, su salud
se estaba empeorando “física, anímica y psicológicamente”. Todo lo cual
muestra que las afectaciones de salud de la señora Llano incidieron sustancialmente
en el ejercicio de sus funciones a tal punto que esto le generó que su
rendimiento laboral no fuera el mejor, después de haber ejercido durante más de 9 años sus labores sin ninguna queja por su
rendimiento, por lo que es claro que no se trataba de cualquier clase de
afectación en la salud.
Se resalta que sobre este punto
la accionada y los jueces de instancia alegaron que al momento del despido la
actora no estaba incapacitada ni tenía recomendaciones médicas, por lo cual no
se evidenciaba la afectación sustancial en el desempeño de sus labores. Además,
el juez de primera instancia afirmó que la estabilidad laboral reforzada no se
puede derivar del solo “tratamiento médico” o “la necesidad de
consumir medicamentos” (ver supra del 1.16 al 1.19.). En estos
términos, la Sala aclara que la afectación significativa en el desempeño
laboral que una condición médica pueda generar no requiere para su acreditación
de la existencia de una incapacidad médica o recomendaciones laborales. Tal y
como sucede en el presente caso, la existencia de un tratamiento médico
consecutivo puede tener una incidencia significativa en el bajo rendimiento
laboral. De ello se puede concluir que la situación de salud de una persona, que
no cuenta con incapacidad médica o recomendación laboral, sí puede llegar a producir
una “afectación significativa del normal desempeño laboral”. Así, aunque
la estabilidad laboral reforzada no se puede derivar de cualquier clase de
patología, lo cierto es que el requisito de la afectación significativa en el
normal desempeño laboral no se puede restringir irrazonablemente.
De igual forma, se destaca que
la accionada también argumentó que la viabilidad de la estabilidad laboral
requiere que se demuestre una pérdida de capacidad laboral en un porcentaje
superior al 15%. Al respecto, se recuerda que el concepto de “una condición
de salud que afecte sustancialmente el desempeño de las labores” no implica
la necesidad de que la persona presente una pérdida de capacidad laboral, que
en los términos del Decreto 2463 de 2001, puede ser “moderada, severa o
profunda”. Esto debido a que así lo ha reiterado esta Corporación en
diferentes oportunidades, y así lo consolidó con la SU-049 de 2017.[140] En consecuencia, la argumentación
de la demandada no es aceptable a la luz de la jurisprudencia.
5.1.2. El empleador conocía la situación de debilidad manifiesta de su
trabajadora. La Sala
encuentra que este caso presenta cinco indicios que en conjunto permiten
deducir que Ecopetrol S.A. tenía conocimiento de la condición de salud de la
tutelante, tal y como se explica a continuación:[141]
(i) El día del despido (16 de mayo de 2019) la
accionante asistió a la práctica de una biopsia de piel ordenada por su médico
tratante la cual tuvo lugar en las horas de la mañana.[142] Por tanto, es posible inferir que
la actora contó con autorización de su superior jerárquico para asistir a la
práctica de un examen médico y ausentarse de sus labores, precisamente el mismo
día de la terminación del contrato.[143] Además, la actora afirmó que “para asistir a la cita
para la realización de la biopsia mi jefe inmediata me concedió el permiso”,[144] y sobre este tema la parte
accionada no realizó ninguna manifestación.
(ii) La asistencia a citas médicas por parte de
la actora no era un evento aislado, pues es evidente[145] que tuvo que pedir diferentes permisos para
poder asistir a un total de 12 citas médicas, las cuales comenzaron a
manifestarse de forma repentina y constante durante los últimos 7 meses de la
relación laboral. Las mencionadas citas médicas tuvieron lugar en los siguientes días: el 9, 20 y 26 de
octubre y 12 de diciembre de 2018, y el 14 de enero, 11 de febrero, 20 y 27 de
marzo, 7, 13, 15 y 16 de mayo de 2019. Se destaca que las citas médicas no
fueron sobre patologías aleatorias, sino que versaron sobre los tratamientos
médicos que la accionante recibía en razón a los diagnósticos de Trastorno Depresivo
y de problemas dermatológicos (Eczema Psoriasiforme y Alopecia Areata).[146] Además, la demandada guardó
silencio sobre las múltiples citas médicas y en ningún momento negó que la
accionante haya solicitado los respectivos permisos para poder asistir a ellas.
(iii) La actora presentó un repentino bajo
rendimiento laboral en su evaluación de desempeño pues, después de más de 9
años de antigüedad sin reportes negativos sobre su rendimiento, durante los
últimos meses de la relación laboral el empleador consideró que el rendimiento
de la actora no era satisfactorio. Esto coincide con el hecho de que durante
los últimos 7 meses del contrato la accionante asistió a las 12 referidas citas
médicas. Sobre este aspecto, la historia clínica de la accionante refleja que
el Trastorno Psicológico estaba ligado con su desempeño laboral (ver supra
1.2.).
(iv) La actora tenía razones suficientes para creer objetivamente que su
empleador conocía su situación de salud, y la inconsistencia de esta convicción
genera consecuencias que la accionante no tiene que soportar.[147] Esto debido a que:
(a) En
Ecopetrol S.A. se presenta la situación particular de que el servicio de salud
y el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo es
administrado por dependencias de la misma Empresa. Por tanto,
independientemente de que la demandada le dé un tratamiento de reserva a la
información médica que cada área maneja,[148]
lo cierto es que esto no es algo que el trabajador deba conocer o entender, si
previamente no se le ha explicado.
(b) En la acción de tutela la accionante afirmó
que su condición de salud y tratamiento
médico eran conocidos por Ecopetrol S.A. ya que “a través de la profesional
en psicología, le realizaron una valoración”, y el “Comité de
Rehabilitación Laboral Familiar de la entidad” también estaba informado al
respecto.[149]
Esto indica que la actora creía que Ecopetrol S.A. en su función de empleador
conocía su condición de salud, pues había sido valorada por la profesional en
psicología y estaba en un proceso en el “Comité de Rehabilitación Laboral
Familiar de la entidad”.
(c) En efecto, el caso de la actora fue
evaluado por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Empresa en razón a la manifestación que la accionante realizó en una consulta
médica sobre su deseo de cambiar de cargo. La mencionada evaluación implicó que
el 28 de noviembre de 2018 a la accionante se le realizó una consejería
psicosocial. Esta evaluación se efectuó en el marco del plan de intervención
psicosocial de la Empresa según los criterios del “Procedimiento para la Rehabilitación y Reincorporación Laboral
en Ecopetrol S.A. ECP-DHS-P-044”.
La conclusión de dicha evaluación fue que la accionante no se enmarcó en
ninguna de las causales para poder ingresar al Proceso de Rehabilitación y
Reincorporación Laboral y, por tanto, no era procedente un cambio de área.[150]
(d) Sobre este tema, el 4 de abril de 2019 la
tutelante remitió correo electrónico al señor Eduardo Rodríguez Bustamante, médico especialista en salud
ocupacional de la Empresa, en el que la actora manifestó que se encontraba en
una situación de acoso laboral la cual le generó desmejora en su salud física y
psicológica. Además, en dicho correo solicitó “justicia y celeridad en los
procesos que adelanto a través de salud ocupacional”. En la mencionada comunicación
la accionante también le solicitó que le “facilite el nombre del área a
quien le pueda hacer una petición formal anexando mi historia médica y estas
comunicaciones que se convierten en una prueba fehaciente del maltrato
silencioso y abusivo por el que estoy pasando.” (ver supra 1.3.).
(e) En consecuencia, la Sala considera que la
accionante no tiene que soportar las consecuencias que genera la situación excepcional
de que se preste simultáneamente el servicio de salud y el de la Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo por parte de Ecopetrol S.A., y que esto fomente
indirectamente la noción de que la misma Empresa, en su rol de empleador, tiene
conocimiento de la información manejada por el área del servicio de salud y de gestión
en seguridad y salud en el trabajo. En contraste con esta situación particular,
se encuentra que la accionante fue diligente y remitió el mencionado correo
electrónico del 4 de abril de 2019 en el cual manifestó su situación de salud y
solicitó orientación sobre la dependencia correcta a la cual debía dirigirse
para plantear su caso, ya que sentía que por medio del área de “Salud
Ocupacional” no le estaban dado una pronta respuesta.
(f) Además, se recuerda que esta Corporación
en Sentencia T-529 de 2011[151]
resolvió una tutela en contra de Ecopetrol S.A. en la cual concluyó que el
dictamen de PCL realizado por médicos de la Empresa es prueba de que la
accionada conocía la situación de salud del allí accionante, dado que se
trataba de un dictamen elaborado por la misma demandada.
(v) Finalmente, se encuentra que en el examen
médico de retiro practicado a la actora después de la terminación del contrato
de trabajo, se advirtió que esta presentó “condiciones de salud con pendientes al momento de retiro
(incluye restricciones) (…) con enfermedad en seguimiento por dermatología y
psiquiatría.”[152] Sin
embargo, a pesar de que la Empresa tuvo conocimiento de la situación de salud
de la accionante no cambió su decisión de terminar el contrato de trabajo.[153]
Dado lo anterior, se entiende acreditado el
presupuesto del conocimiento previo por parte del empleador sobre la afectación
de salud de la tutelante, y se resalta que la imposibilidad del empleador de
acceder a la historia clínica de la trabajadora, por sí misma, no es prueba o
indicador de que la demandada no tuviera conocimiento de la situación de salud
de su trabajadora.
Aunado a lo expuesto, es necesario resaltar
que el conjunto de estas cinco
situaciones constituye un fuerte indicio que a la vista de un empleador
diligente debió generar que, antes de tomarse la decisión de terminar el
contrato de trabajo, este procurara verificar, en la medida de lo posible, si
el trabajador era beneficiario de una estabilidad laboral reforzada o no.[154]
Al respecto, se aclara que la referida debida
diligencia, que la Sala reclama a un empleador que se encuentra ante diferentes
fuertes indicios sobre la posible afectación de salud del trabajador: (i) no
implica solicitar información de la historia clínica del trabajador o
investigar exhaustivamente si este está afectado en su salud, pues con la
expresión “en la medida de lo posible” se reconoce los límites que el
empleador podría enfrentar para determinar si su trabajador presenta una
condición médica que le hace beneficiario de una estabilidad laboral reforzada;
(ii) es proporcional a los indicios que eventualmente la empresa pueda
evidenciar sobre la condición de salud del trabajador al momento de la
terminación; (iii) surge ante la presencia de fuertes indicios como, por
ejemplo, los 5 indicios mencionados frente al caso objeto de análisis; (iv)
puede manifestarse, entre otras cosas, en que el empleador indague con el
trabajador, con los compañeros de trabajo o jefes directos si este presenta
alguna situación de salud; (v) tiene la finalidad de que el empleador no sea
indiferente ante circunstancias que constituyen un fuerte indicio de la posible
afectación en la salud del funcionario, sino que procure tomar una decisión
informada; y (vi) tiene la virtud de evitar una eventual afectación de los
derechos fundamentales del trabajador y de consolidar la firmeza de la decisión
del despido.
En consecuencia, es evidente que Ecopetrol S.A.,
al momento de tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo, no podía
ser indiferente a la presencia de fuertes indicios que le indicaron la
posibilidad de una afectación de salud en la actora, sino que debió ser
diligente y procurar verificar, en la medida de lo posible, si en el caso de la
accionante era necesario solicitar autorización previa del Ministerio del
Trabajo para proceder con el despido. Por tal motivo, la Sala considera que la
evidente negligencia de la demandada ante el conjunto de fuertes indicios del
caso también constituye un indicio fundamental con el cual se ratifica que sí
tenía conocimiento de la situación de debilidad manifiesta de la actora.
5.1.3. No existe una justificación
suficiente para la desvinculación (presunción). Ecopetrol S.A. terminó el
contrato laboral suscrito con la actora de manera unilateral y sin justa causa
con el respectivo pago de indemnización, motivo por el cual alega que la
desvinculación fue legal. Sin embargo, las pruebas aportadas no permiten
desvirtuar la presunción de retiro discriminatorio que cobija a la accionante
en el presente caso y, por el contrario, indican que sus padecimientos de salud
afectaron su desempeño laboral, lo cual se muestra como la verdadera razón por
el cual Ecopetrol S.A. decidió terminar una relación laboral de más de 9 años
de antigüedad.
En consecuencia, para esta Sala de Revisión Ecopetrol
S.A. vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
salud y debido proceso de la señora Llano, por lo que está Sala de Revisión
concederá el amparo solicitado.
5.2.
Expediente T-7.613.902: Almacenes La 14 S.A. vulneró los derechos
fundamentales de Clara Eugenia Landazury Morales al despedirla sin autorización
previa del Ministerio del Trabajo
Dada la situación fáctica del expediente de la señora Landazury y
que fue despedida sin autorización previa del Ministerio del Trabajo, la Sala también
encuentra pertinente tutelar el derecho a la estabilidad laboral reforzada,
salud y debido proceso con fundamento en que se cumple con las reglas que la
jurisprudencia ha exigido para estos casos (ver supra 4.7), como pasa a
explicarse:
5.2.1. La condición de salud dificulta significativamente el
normal desempeño laboral. La vinculación laboral tuvo lugar desde el 2 de
febrero de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019. Durante el último año de dicha vigencia
contractual, la señora Landazury fue diagnosticada con Fibromialgia y Trastorno
Depresivo Recurrente (ver supra 2.2.). Las mencionadas patologías
conllevaron a que la tutelante tuviera que iniciar los tratamientos médicos
pertinentes para su recuperación, los cuales se extendieron hasta la fecha del
despido (15 de marzo de 2019) y de forma posterior a este (ver supra del
2.5. al 2.9.).
Durante el último año de la relación laboral, y sin tener en
cuenta el periodo de incapacidad, la actora asistió a un total de 17 citas médicas
en los siguientes días: el 2, 7 y 23 de febrero, 12, 14 y 28 de marzo, 22 de
junio, 21 de agosto, 4 de septiembre, 1, 19 y 20 de noviembre de 2018, y el 16
y 31 de enero, 7 y 26 de febrero, y el 14 de marzo de 2019. En dichas citas
médicas se relacionó que la accionante recibió terapias físicas y refirió
conflictos a nivel laboral,[155] desanimo,
tristeza y frustración al no realizar tareas rápidamente,[156] y
no lograr encontrar un diagnóstico claro acerca del dolor constante que le
afecta. Su condición psiquiátrica le implicó una incapacidad laboral de 80 días
en total que tuvo lugar desde el 7 de febrero hasta el 27 de abril de 2018, y
generó que por un tiempo fuera reubicada como ascensorista.[157] Además,
en control del 14 de marzo de 2019 (un día antes de la fecha del despido) el
médico tratante ordenó que la accionante fuera valorada por medicina laboral
para definir las restricciones y recomendaciones pertinentes.[158]
Así las cosas, se encuentra que las situaciones de salud descritas
sí generaron una dificultad significativa en el normal desempeño laboral de la
actora, hasta el punto que esto finalmente le implicó la terminación del
contrato de trabajo, en la cual se indicó como uno de los motivos para el
despido que los tres últimos desempeños de la accionante no fueron “satisfactorios”,
después de haber laborado para la accionada durante más de 16 años sin queja
por su rendimiento laboral.
Frente a este tema, la parte
accionada y el juez de segunda instancia manifestaron que no era pertinente
conceder el amparo dado que al momento del despido la actora no estaba
incapacitada ni tenía recomendaciones médicas. Por tal motivo, la Sala reitera
que el requisito de acreditar una “afectación significativa en el desempeño
laboral” no exige que el trabajador haya estado incapacitado o se encuentre
bajo recomendaciones laborales, sino que es necesario evaluar cada caso en concreto.
Así, es claro que la Fibromialgia y el
Trastorno Depresivo Recurrente que padece la accionante, por los cuales se
encontraba en tratamiento médico, afectaron significativamente su normal
desempeño laboral, por lo cual es evidente que no se trataba de cualquier clase
de afectación en la salud, sino que era una afectación significativa en el
normal desempeño laboral.
En consecuencia, aunque la
estabilidad laboral reforzada no se puede derivar de cualquier clase de
patología, lo cierto es que el requisito de la afectación significativa en el normal
desempeño laboral no se puede restringir irrazonablemente.
5.2.2. El empleador conocía la situación de debilidad manifiesta de la
accionante. En el presente
caso la Sala considera que se presentaron 4 indicios[159] que en conjunto
permiten inferir que Almacenes La 14 S.A. tenía conocimiento de la condición de
salud de la tutelante, como pasa a explicarse:
(i) El 14 de marzo de 2019 a las 2:34 p.m., un
día antes del despido, la accionante asistió a una cita médica en la que se
ordenó que fuera valorada por medicina laboral para definir las restricciones y
recomendaciones a que hubiera lugar[160]. En consecuencia, es viable deducir que contó con
autorización de su superior jerárquico para asistir a la mencionada cita y
ausentarse de sus labores precisamente un día antes del despido.[161] Se
destaca que sobre este asunto la demandada no realizó ninguna manifestación.
(ii) Las ausencias en las horas laborales de
la actora causadas por su enfermedad no eran un evento aislado. La actora
presentó un total de 80 días consecutivos de incapacidad médica desde el 7 de
febrero de 2018 hasta el 27 de abril de 2018,[162] es
decir 11 meses antes de la terminación del contrato (15 de marzo de 2019), en
razón al trastorno depresivo que padece, cuyo tratamiento estaba vigente para
la fecha del despido. Durante los 11 meses después del último día de
incapacidad, la accionante tuvo que asistir a un total de 11 citas médicas, las
cuales tuvieron lugar en los siguientes días: 22 de junio, 21 de
agosto, 4 de septiembre, 1, 19 y 20 de noviembre de 2018, y el 16 y 31 de
enero, 7 y 26 de febrero, y el 14 de marzo de 2019. Así las cosas, se infiere
que la actora tuvo que pedir
diferentes permisos para las citas médicas, las cuales no fueron sobre
patologías aleatorias, sino que versaron sobre los tratamientos médicos que la
actora recibía en razón a los diagnósticos de trastorno depresivo y fibromialgia.[163] Sobre este punto
se aclara que la accionada no realizó un pronunciamiento sobre las múltiples
citas médicas y no negó que la actora hubiera solicitado permisos para asistir
a estas.
(iii) Pese a que la actora tenía una
antigüedad de 16 años en la Empresa y que durante ese periodo no presentó un
bajo desempeño laboral, durante los últimos meses de la relación laboral la
accionante exteriorizó repentinamente un bajo desempeño laboral, hasta el punto
que este fue uno de los motivos invocados por la demandada para justificar el
despido. Esta circunstancia coincide con el hecho de que durante los últimos 11
meses de la relación laboral la actora tuvo que asistir a las mencionadas 11
citas médicas. Al respecto, la historia clínica de la accionante refleja que el
trastorno psicológico y la fibromialgia le generó afectaciones en el desempeño
laboral (ver supra 2.2.).
(iv) Finalmente, se encuentra que en el examen
médico de retiro practicado a la accionante, se indicó “en seguimiento por reumatología (…) Diagnósticos:
(…) fibromialgia (…) difícil valoración por manifestar dolor en todo el cuerpo”.[164] No
obstante, pese a tal análisis sobre la condición de salud de la actora la Empresa
no modificó su decisión de finalizar el vínculo laboral.[165]
En estos términos, la Sala entiende que la
accionada sí tenía conocimiento de la situación de salud de la actora y
recuerda que, si bien es cierto que un empleador no puede acceder a la historia
clínica de su trabajadora, en sí mimo, esto no es prueba o indica que la Empresa
no tuviera conocimiento de su situación de salud.
Aunado a lo anterior, se resalta que el conjunto de estas 4 circunstancias constituye
un fuerte indicio que a la vista de un empleador diligente debió generar que,
antes de decidirse el despido, este procurara verificar, en la medida de lo posible,
si la trabajadora era beneficiaria de una estabilidad laboral reforzada o no.[166]
En consecuencia, es evidente que Almacenes La 14
S.A. al momento de tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo, no
podía ser indiferente a la presencia de fuertes indicios que le indicaron la
posibilidad de una afectación de salud en la actora, sino que debió ser
diligente y procurar verificar, en la medida de lo posible, si en el caso de la
accionante era necesario solicitar autorización previa del Ministerio del
Trabajo para proceder con el despido.
5.2.3. No existe una justificación
suficiente para la desvinculación (presunción). Almacenes La 14 S.A. alegó
que la terminación de la relación laboral tuvo lugar dado el cumplimiento del
plazo fijo pactado, en razón a una reestructuración empresarial y debido a que
los tres últimos “desempeños” de la actora no fueron “satisfactorios”.
No obstante, la accionada no aportó prueba con la cual lograra desvirtuar la
presunción de despido discriminatorio que opera en el caso de la tutelante. De
hecho, las pruebas allegadas indican que: (i) ante la condición de salud de la
señora Landazury su desempeño laboral no fue el mejor y, por
tal motivo, la demandada decidió prescindir de sus servicios, después de más de
16 años de labor en la misma empresa; (ii) pese a la terminación del contrato, se
comprobó que Almacenes La 14 S.A. continúa pagando la seguridad social en salud
de la actora[167]
(ver supra 2.10), y que la Empresa no realizó alguna aclaración
particular al respecto; y (iii) con relación a la causal alegada de un
desempeño no satisfactorio, la accionada debió acreditar el cumplimiento del
procedimiento previsto en el Decreto 1373 de 1966[168] para efectos de poder configurar una
justa causa de terminación por tal motivo, y no demostró haberlo efectuado. Por tanto, estas situaciones se erigen como un
indicio que ratifica la presunción de despido discriminatorio.
En este orden de ideas, para esta Sala de
Revisión, Almacenes La 14 S.A., vulneró los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, salud y debido proceso de la señora Landazury,
por lo que se concederá el amparo.
6.
Remedio judicial
La
jurisprudencia constitucional ha adoptado diferentes clases de órdenes de
amparo en casos similares a los que aquí se explican en atención a las
particularidades de cada situación. En algunas oportunidades se ha decidido
ordenar: (i) solamente el reintegro (por ejemplo, en la Sentencia T-019 de 2011),[169] en otras, (ii) el reintegro junto con el pago de salarios
y prestaciones sociales (entre otras, en la Sentencia T-663 de 2011);[170] en otros casos, (iii) el reintegro y el pago de la
indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (entre otras, en la
Sentencia T-106 de 2015);[171]
o, finalmente, (iv) el reintegro, más el pago de la indemnización del artículo
26 de la Ley 361 de 1997, y de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir (entre varios ejemplos, en la Sentencia T-494 de 2018).[172]
Así
las cosas, se encuentra que en los casos objeto de análisis las empresas
accionadas despidieron a las accionantes sin tener en cuenta que se encontraban
en tratamiento médico por una enfermedad psicológica que les afectó el
rendimiento laboral, lo cual era conocido por el empleador y, por tanto,
requería la autorización previa del Ministerio del Trabajo.
En
estos términos, se concluye que las accionantes son acreedoras de la
estabilidad laboral reforzada por su condición de salud y, por tal motivo, se
ordenará de forma definitiva,[173]
en los dos casos: (1) el reintegro laboral de las actoras, sí así lo desean, a
un cargo en el cual ejerzan las mismas funciones de igual o superior categoría
a las que venían desempeñando en las empresas demandadas antes de su
desvinculación; (2) el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde el momento del despido hasta la fecha de reintegro; y (3) el pago de la
indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de conformidad con lo decidido en la
SU-049 de 2017 y tal como fue ordenado en el caso concreto en esa oportunidad.[174]
En el
caso particular del Expediente T-7.594.854,
Ecopetrol S.A. le pagó a la  señora María
Inés Llano Narváez una suma de dinero por concepto de indemnización por despido sin
justa causa, según lo dispuesto en el artículo 64 del C.S.T. Al respecto, se
observa que en casos similares: (i) esta Corporación[175]
ha concluido que entre las partes debe operar una compensación entre el
dinero de la indemnización del artículo 64 del C.S.T. y las sumas
correspondientes a los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el
despido. Esto con fundamento en que la orden de reintegro deja sin efecto la
terminación del contrato de trabajo y, por ende, la indemnización por despido
sin justa causa también queda sin efecto; de otro lado, (ii) la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia[176] ha considerado que con el reintegro
las cosas vuelven a su estado original, por lo cual ha concluido que de no
admitirse la compensación y devolución del monto que corresponda
de la indemnización del artículo 64 del C.S.T. se estaría avalando un
enriquecimiento sin justa causa por parte del trabajador.
En
consecuencia, la Sala considera que, en esta oportunidad, el juez
constitucional solo está facultado para ordenar que se efectúe la compensación
pertinente, pero no es competente para ordenar la devolución de dinero a
la que eventualmente pueda haber lugar. Esto debido a que la controversia
jurídica y verificación de la suma que corresponda por concepto de devolución
de la indemnización del artículo 64 es un asunto que no fue debatido en el
trámite de la tutela instaurada por la señora Llano y, además, esto no implica per
se la vulneración de algún derecho fundamental que avale la intervención
del juez de tutela. Por tanto, se ordenará que los salarios y demás
prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido que se adeuden a la
señora Llano sean compensadas, según el monto que sea posible, con la suma que
la actora recibió a título de indemnización por despido sin justa causa. En
caso de que la suma adeudada por concepto de salarios y prestaciones dejadas de
percibir no pueda ser pagada en su totalidad con el monto de la indemnización
por despido sin justa causa, se reitera que la Empresa accionada debe proceder
con el respectivo excedente.
Sin
perjuicio de lo expuesto y en línea con lo dicho en el párrafo 4.10 de la
presente sentencia, importa aclarar que la orden de reintegro laboral que aquí se
concede para ambos casos no es ni se puede convertir en una petrificación laboral
absoluta de las accionantes en cada una de las empresas demandadas. Esto quiere
decir que los empleadores accionados conservan la posibilidad de hacer uso de
sus facultades legales como empleadores, entre las cuales se encuentra, por
ejemplo, la posibilidad de terminar la vinculación contractual previa
autorización del inspector del trabajo, en el caso de configurarse los
requisitos legales para tal efecto.
7.
Síntesis
La Sala estudió dos casos de personas en
situación de debilidad manifiesta que fueron despedidas sin autorización previa
del Ministerio del Trabajo, sin tener en cuenta que al momento de la
terminación del contrato presentaban una condición de salud que les impedía
sustancialmente el normal desempeño de sus actividades laborales, y a pesar de
que el empleador conocía de su situación. Bajo este panorama, la Sala revocará
las sentencias de los jueces de instancia que negaron las pretensiones de las
señoras María Inés Llano Narváez y Clara Eugenia Landazury Morales, amparará
sus derechos fundamentales, y ordenará el respectivo reintegro laboral, el pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir y de la indemnización de que
trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de conformidad con lo decidido y
ordenado en la SU-049 de 2017.
III.
DECISIÓN
Un empleador vulnera los derechos fundamentales
de un trabajador cuando lo despide sin autorización del Ministerio del Trabajo y,
además, se verifica que: (i) el trabajador presentaba una condición de salud
que le impedía significativamente el normal y adecuado desempeño de sus
actividades, lo cual se puede demostrar con la existencia de un tratamiento
médico consecutivo y su relación con las calificaciones de bajo rendimiento
laboral o con la decisión de terminar el contrato por un deficiente desempeño. (ii)
La condición de debilidad manifiesta fue conocida por el empleador en un
momento previo al despido, lo cual se puede acreditar con el conjunto de
fuertes indicios que así lo indiquen.[177]
Y (iii) no existe una justificación suficiente para la desvinculación, en razón
a que el empleador no desvirtúa la presunción de despido discriminatorio y las
pruebas aportadas ratifican tal presunción.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Con relación al expediente T-7.594.854, REVOCAR
la Sentencia de segunda instancia del 15 de agosto de 2019 proferida
por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, y la de primera instancia del 2 de julio de 2019 proferida
por el Juzgado 7 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dentro de la acción de tutela presentada por la señora María Inés Llano Narváez en contra de Ecopetrol
S.A., con las cuales se negó el
amparo solicitado. En su lugar:
1) CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud
y debido proceso de la accionante por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2) DECLARAR
la ineficacia de la terminación de la relación laboral existente entre Ecopetrol
S.A. y la señora María Inés Llano Narváez.
3) ORDENAR
a Ecopetrol S.A. que, en el término de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Sentencia: (i) reintegre a la señora María
Inés Llano Narváez al mismo cargo
que venía desempeñando o a uno de mejores condiciones; (ii) le pague los
salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el 17 de mayo de
2019 (que corresponde al día siguiente a la fecha de su desvinculación) y hasta
el momento en que se haga su efectiva contratación. Los salarios y
prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido que se adeuden a la
señora Llano serán compensadas, según el monto que sea posible, con la suma que
la actora recibió por concepto de la indemnización por despido sin justa causa
prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. En caso de que la
suma adeudada por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir no
pueda ser pagada en su totalidad con el monto de la indemnización por despido
sin justa causa, la Empresa accionada pagará el respectivo excedente; y (iii) le pague una indemnización equivalente a
180 días de salario.
SEGUNDO. Con relación al expediente T-7.613.902, REVOCAR
la Sentencia de segunda instancia del 23 de julio de 2018 proferida
por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cali, en la cual se negó el amparo, y la Sentencia del 11 de Junio
de 2019 proferida por el Juzgado 31 Civil Municipal de Cali, por medio de la
cual se concedió un amparo transitorio, dentro de la acción de tutela presentada por la señora Clara Eugenia Landazury Morales en contra de Almacenes
La 14 S.A. En su lugar:
1) CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud y debido proceso de la accionante, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2) DECLARAR
la ineficacia de la terminación de la relación laboral existente entre Almacenes
La 14 S.A. y la señora Clara Eugenia Landazury Morales.
3) ORDENAR
a Almacenes La 14 S.A. que, en el término de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Sentencia: (i) reintegre a la señora Clara
Eugenia Landazury Morales al mismo
cargo que venía desempeñando o a uno de mejores condiciones; (ii) le pague los
salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el 16 de marzo
de 2019 (que corresponde al día siguiente a la fecha de su desvinculación) y
hasta el momento en que se haga su efectiva contratación; y (iii) le pague una
indemnización equivalente a 180 días de salario.
TERCERO. LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la
Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes
-a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO. DEVOLVER al juzgado de primera instancia el expediente digitalizado
para darle el trámite respectivo. Una vez se retomen actividades normales, la
Secretaría General de la Corte Constitucional deberá REMITIR el
expediente físico.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado (E)
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Auto 360/20
Referencia: Sentencia T-434 de 2020
(Expedientes T-7.594.854 y T-7.613.902 AC)
Acciones de tutela presentadas por (i) María
Inés Llano Narváez contra Ecopetrol S.A. (T-7.594.854); y (ii) Clara Eugenia
Landazury Morales contra Almacenes La 14 S.A. (T-7.613.902).
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, procede a dictar el presente auto con base en las
siguientes
CONSIDERACIONES
1.
Mediante Sentencia T-434 de
2020, la Sala Segunda revisó los dos expedientes acumulados de la referencia,
en los cuales las respectivas accionantes solicitaron el amparo del derecho a
la estabilidad laboral reforzada por salud. En el segundo título del capítulo
de los antecedentes de esta sentencia, por error, se hizo referencia a la
acción de tutela interpuesta por la señora Clara Eugenia Landazury Morales con
el número de radicado “T-7.471.223” (Pág. 9), cuando el correcto
es el número “T-7.613.902”. Por tanto, es preciso corregir el texto de
la parte considerativa de la sentencia en este aspecto.
2.
El artículo 286 del Código
General del Proceso permite la
corrección de errores cometidos por omisión o cambio de palabras o alteraciones
de éstas.[178]
RESUELVE
Primero.-
CORREGIR de oficio el segundo
título del capítulo de los antecedentes de la parte considerativa de la
Sentencia T-434 de 2020, el cual quedará así:
“2. Expediente T-7.613.902”
Segundo.- ORDENAR a la Relatoría de la Corte
Constitucional asegurar que sea corregido el texto de la Sentencia T-434 de
2020 al que accede el público.
Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por aviso, de conformidad con el artículo
286 del Código General del Proceso.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE
ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el
magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Folio 8, cuaderno de revisión del
expediente de la de la Corte Constitucional T-7.594.854.
[2] Folio 24.
[3] Folio 20.
[4] Historia clínica del folio 23.
[5] Historia clínica del folio 22.
[6] Folio 28.
[7] Folio 29.
[8] Folio 30.
[9] Folio 34.
[10] Folio 35.
[11] Folio 31.
[12] Folio 33.
[13] Folio 32.
[14] Folio 36.
[15] Folio 41.
[16] Folio 64.
[17] Folio 19 del cuaderno 2.
[18] Esto se confirma con la información suministrada en correo
electrónico obrante a folio 61 del cuaderno 2.
[19] Folio 68 cuaderno 2.
[20] Folio 28 del cuaderno 2.
[21] Folio 125.
[22] Folio 51.
[23] Folio 42.
[24] Folio 113.
[25] Folio 65.
[26] Folio 15 cuaderno 2.
[27] Folio 72 del cuaderno 2.
[28] Folio 262 del cuaderno 2.
[29] Así se evidencia en consulta médica obrante a folio 22 del
cuaderno principal, y con la cédula de ciudadanía de la madre de la Landazury que se encuentra a folio 17 del cuaderno 2.
[30] A folio 116 del cuaderno de revisión se encuentra un
certificado de afiliación obtenido vía online en el sistema de información
RUAF. En dicho documento no se indica el nombre del cotizante titular del cual
se beneficia como afiliada adicional la accionante.
[31] Folio 32.
[32] Folio 4 del cuaderno de revisión.
[33] Folio 58 del cuaderno 2.
[34] Folio 1.
[35] Al proceso de tutela fue vinculado el Ministerio del Trabajo. En
contestación a la tutela, el ministerio resaltó que no es sujeto de las
pretensiones de la tutela como se observa a folio 204.
[36] Folio 59.
[37] Folio 91.
[38] Folio 92.
[39] Folio 218.
[40] Folio 236.
[41] Folio 66 del cuaderno de la segunda instancia.
[42] A folio 2 del cuaderno 2 la parte accionante argumentó que: (i)
debe velar por su hija menor y su madre quien, a pesar de estar pensionada con
un salario mínimo, requiere cuidados especiales, medicación y acompañamiento
profesional pues no se puede valer por sí misma; (ii) asistió a diferentes
citas médicas con autorización de su jefe directa la cual conocía su patología;
(iii) no existe alguna formalidad con la cual el trabajador deba informar al
emperador su situación de salud y, por tanto, esto puede inferirse de las
frecuentes incapacidades y con la realidad que da cuenta de la discapacidad.
[43] Folio 21.
[44]Así
fue reconocido por la accionada en la contestación a la tutela obrante a folio
301 y se observa en el contrato de trabajo obrante a folio 315.
[45] Historia clínica obrante a folio 22.
[46] Folio 54
[47] Historia clínica del folio 25.
[48] Historia clínica del folio 25.
[49] Certificaciones obrantes del folio 26 al 33, en el folio
48 y 118.
[50] Folio 37.
[51] Folio 45.
[52] Folio 46 y 51.
[53] Folio 18.
[54] Folio 46 y 51.
[55] Folio 65.
[56] Folio 66.
[57] Folio 62.
[58] Folio 63.
[59] Folio 96.
[60] Folio 68.
[61] Folio 70.
[62] Folio 69.
[63] Folio 95.
[64] Folio 75.
[65] Folio 100.
[66] Folio 82.
[67] Folio 89 y 91.
[68] Folio 15.
[69] Folio 12.
[70] Folio 16.
[71] Así se observa a folio 14 en documental denominada
“solicitud de servicios de medicina laboral” de la EPS Comfenalco Valle.
[72] Así lo indicó la accionante a folio 2 del cuaderno de
revisión.
[73] Folio 5 del cuaderno de revisión.
[74] Folio 8 del cuaderno de revisión.
[75] Folio 4.
[76] A folio 118 se encuentra certificación de la EPS Comfenalco Valle
en la cual se indica que para el 11 de abril de 2019 la accionante continuaba
activa en calidad de cotizaciones dependiente de Almacenes La 14 S.A. Al
respecto, la magistrada ponente consultó el sistema ADRES y confirmó que para
la fecha la accionante continúa activa en el régimen contributivo, tal y como
se observa a folio 59 del cuaderno de revisión. La demandada no realizó alguna
explicación particular sobre este asunto.
[77] La magistrada ponente consultó el puntaje del SISBÉN tal y como
se observa a folio 60 del cuaderno de revisión.
[78] Folio 3.
[79] Al proceso de tutela fueron vinculados el Ministerio del Trabajo,
la ARL Sura y Comfenalco Valle EPS. En contestación a la tutela presentaron escritos
obrantes a folios 148, 294 y 289, respectivamente. Los mencionados vinculados
resaltaron que no son sujetos de las pretensiones de la tutela.
[80] El Juzgado 31 Civil Municipal de Cali profirió Sentencia
de primera instancia del 26 de abril de 2019, la cual fue anulada mediante auto
del 20 de mayo de 2019 con fundamento en la indebida notificación de la
accionada Almacenes La 14 S.A., motivo por el cual se decidió conceder a la
accionada la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, tal y como se
observa a folio 266. La contestación a la tutela de Almacenes La 14 S.A. se
encuentra a folio 301.
[81] Folio 335.
[82] Folio 8 del cuaderno de la segunda instancia.
[83] A folio 363 la parte accionada argumentó que: (i) la actora desde
el año 2010 presenta la patología que le genera dolores, motivo por el cual no
es esta la causa por la cual desmejoró su rendimiento laboral; y (ii) la
enfermedad de la accionante no interfería en el desempeño de sus funciones.
[84] El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, prevén que este requisito se satisface cuando la acción
de tutela es ejercida: (i) directamente; (ii) por medio de representantes
legales, como en el caso de los menores de edad, las personas en situación de
incapacidad absoluta, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) mediante
apoderado judicial; (iv) por medio de agente oficioso; o (v) por parte del
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[85] Esta Corte ha dicho que este requisito
se acredita cuando la tutela se interpone contra particulares que, según el
Decreto 2591 de 1991, prestan servicios públicos, o cuando existe una relación
de indefensión o subordinación. Al respecto se encuentra, entre otras, la
Sentencia T-430 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[86] La tutela no cuenta con un término preestablecido para su
presentación. Esta Corte ha explicado que la tutela debe presentarse en un
término razonable, a partir del momento en que se presentó la acción u omisión
que amenaza o vulnera los derechos fundamentales. Al respecto, entre otras, las
sentencias T-143 y T-061 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[87] Folio 2.
[88] Ibídem.
[89] (Artículo 86 de la Constitución
Política y 6 del Decreto 2591 de 1991). Se ha determinado que, tratándose de sujetos de
especial protección constitucional o de individuos que se encuentran en
posiciones de debilidad manifiesta (v.gr. por su edad, salud o condición
económica), el análisis de procedibilidad formal de la acción de tutela se
flexibiliza. Lo anterior es un desarrollo del derecho a la igualdad en virtud
del cual “el Estado les debe garantizar a estas personas un tratamiento
diferencial positivo y analizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez
desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el actor experimenta una
dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas
procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial” (Sentencia
SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento
jurídico Nº 3.3). Valga precisar, en este punto, que varias Salas de Revisión
de esta Corporación han señalado que, de forma excepcional, la acción de tutela
procede para la protección de derechos laborales, cuando además de encontrarse
frente a una persona en situación de debilidad manifiesta, se predique el derecho
a la estabilidad ocupacional reforzada. En efecto, ciertos factores pueden
llegar a ser particularmente representativos en la determinación de un estado
de debilidad manifiesta, tales como: (i) la edad del sujeto, (ii) su
desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no percibir ingreso alguno que
permita su subsistencia, la de su familia e impida las cotizaciones al régimen
de seguridad social y (iv) la condición médica sufrida por el actor. Al
respecto pueden verse, entre muchas otras, las siguientes sentencias: T-1023 de
2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, fundamento jurídico Nº 4; T-899 de 2014. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico Nº 9; T-703 de 2016. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico
Nº 2.8.; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, fundamento jurídico Nº 4.3.; T-317 de 2017. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo, AV. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico Nº 2.4.;
T-443 de 2017. M.P.  Iván Humberto Escrucería Mayolo, AV. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico Nº 3.5; T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Carlos
Bernal Pulido, fundamento jurídico Nº 3.2; T-151 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 47; y T-305 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger, SPV. José Fernando Reyes Cuartas, fundamento jurídico Nº
2.3.
[90] Historia clínica obrante a folio 34.
[91] Así se indicó en escrito allegado a folio 7 del cuaderno
de revisión.
[92] Historia clínica del folio 23.
[93] Así se indicó en escrito allegado a folio 7 del cuaderno
de revisión.
[94] Así se indicó a folio 7 del cuaderno de revisión.
[95] Folio 116 del cuaderno de revisión.
[96] Historia clínica obrante a folio 22.
[97] Así se indicó en escrito allegado a folio 2 del cuaderno
de revisión.
[98] Historia clínica del folio 25.
[99] Así se indicó en escrito allegado a folio 2 del cuaderno
de revisión.
[100] Así se indicó a folio 2 del cuaderno de revisión.
[101] Folio 116 del cuaderno de revisión.
[102] Este acápite fue analizado siguiendo de cerca los fundamentos
jurídicos planteados en las siguientes sentencias: T-494 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera, SV. Carlos Bernal Pulido; y T-284 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera, AV. Alejandro Linares Cantillo, con las cuales se concedió el
amparo pretendido y se ordenó el reintegro laboral por haberse efectuado el
despido de una persona en situación de debilidad manifiesta derivada de su
estado de salud sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, a pesar de
conocer la condición de salud.
[103] Sentencia T-217 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. Esta Sentencia es pertinente debido a que
muestra que el principio de igualdad también debe estar en las relaciones
laborales y, por tanto, se debe verificar que en estas no se incurra en una
desigualdad material.
[104] Esta Corporación en diferentes oportunidades se ha pronunciado
sobre los titulares de la estabilidad laboral reforzada, como se puede ver,
entre otras, en las siguientes sentencias: T-1040 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil; T-351 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-198 de 2006. M.P. Marco Gerardo
Monroy; T-962 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-002 de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo; T-901 de 2013. M.P. María Victoria Calle; y T-141 de 2016.
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[105] Sentencia SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV.
Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz
Delgado. Sobre el concepto de solidaridad ha dicho la Corporación que: “[s]e
trata de un principio que inspira la conducta de los individuos para
fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo (…) La vigencia de
este principio elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia
absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en éste
al único responsable de alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la
solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de una
tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel
atribuido a las autoridades y entidades públicas”. Sentencia T-550 de 1994.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Por otra parte, en un fallo en sede de
control abstracto de constitucionalidad, la Corte aclaró que el principio de
solidaridad, entendido como deber, podía ser exigido excepcionalmente a los
particulares a pesar de que no hubiera sido desarrollado en una ley de la
República. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-237 de 1997[105] cuando, al
ocuparse de una demanda instaurada contra el delito de inasistencia alimentaria
consagrado en el Código Penal, dijo que: “[e]l
deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a los
particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos de la ley, y
de manera excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento
comporta la violación de un derecho fundamental”. Sentencia T-217 de
2014. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[106] Tratándose de personas en estado de debilidad manifiesta por
razones de salud, esta Corporación ha precisado que la protección antes
descrita aplica para quienes se encuentren en alguna de las siguientes
categorías: (i) en situación de invalidez; (ii) en condición de discapacidad,
calificados como tal conforme con las normas legales y reglamentarias; (iii) en
situación de disminución física, síquica o sensorial; o, en general (iv) todos
aquellos que tengan una considerable afectación en su salud que les impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores aun cuando no presenten
una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con
certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su capacidad
productiva. Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes sentencias: T-837 de
2014. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
fundamento jurídico III; T-597 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 4; T-594 de 2015. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, SPV. Mauricio Gonzales Cuervo, fundamento jurídico
N° 5; T-368 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 6;
sentencia T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 5.6.; T-443 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, AV. Alberto Rojas Díaz, fundamento jurídico N° 5.1.; T-589 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Carlos Bernal Pulido, fundamento jurídico N° 4.3;
y SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
fundamento jurídico Nº 8.1.
[107] Conforme se indicó en la Sentencia SU-049 de 2017. (M.P. María
Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado): “En el ámbito ocupacional, que provoca
esta decisión de la Corte, rige el principio de “estabilidad” (CP Art. 53), el
cual como se verá no es exclusivo de las relaciones estructuradas bajo
subordinación, sino que aplica al trabajo en general, tal como lo define la
Constitución; es decir, “en todas sus formas” (CP art 53)”. En esta
providencia, la Sala Plena unificó jurisprudencia sobre varios temas
relacionados e introdujo el concepto de estabilidad ocupacional reforzada.
Sobre el particular, dijo: “El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional
reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una
afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La
estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en
contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones
laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad
ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo
previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la
Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación
de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de
pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”. En Este caso se
tutelaron los derechos fundamentales invocados, se declaró la ineficacia de la
terminación del contrato y se ordenó la renovación del contrato de prestación
de servicios.
[108] Al respecto, se encuentran, entre muchas otras, las siguientes
sentencias con las cuales se verifica que la estabilidad laboral garantiza la
permanencia en el empleo y el consecuente pago de salarios y prestaciones:
Sentencia C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico
N° 9; Sentencia T-256 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento
jurídico N° 3.5.1.; Sentencia T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
fundamento jurídico N° 7.2.; Sentencia T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 5.2;
Sentencia T-151 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico
Nº 55, 56 y 57; y Sentencia T-305 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger,
SPV. José Fernando Reyes Cuartas, fundamento jurídico Nº 4.
[109] Ello es así, según lo que
se observa, entre otras, en las siguientes sentencias: C-531 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento
jurídico N° 4.2.2.; T-040 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, SPV. Gloria
Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 5.1.;
T-141 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N°
49; T-188 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 5.3.;
T-203 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, SPV. Antonio José Lizarazo
Ocampo, fundamento jurídico N° 20.2.; y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
SV. Carlos Bernal Pulido, fundamento jurídico N° 4.2.
[110] Consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-215 de 2014.
M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N° 4; y T-188 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento
jurídico N° 5.6.
[111] M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Alejandro Linares
Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado.
[112] Sentencia T-703 de 2016. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Alejandro Linares Cantillo. En uno de los casos
analizados en esta sentencia (T-5.720.930) se consideró que el accionante tenía
serios problemas de salud al momento de la terminación del contrato. En el examen médico de retiro se había indicado que el estado de
salud del actor no era satisfactorio (una hernia y compromiso neurológico), al
momento de la terminación estaba bajo recomendaciones médicas y, además, había
estado incapacitado por dichas complicaciones 10 días antes de su despido.
[113] Sentencia T-589 de 2017. M.P. Diana
Fajardo Rivera, SV. Carlos Bernal Pulido. En este caso la Corte consideró que la accionante era un sujeto en situación de debilidad manifiesta
debido a su grave estado de salud (enfermedad catastrófica), pues dos meses antes de la terminación de la relación laboral la accionante
fue diagnosticada con cáncer e incapacitada durante 60 días, tiempo durante el
cual fue despedida.
[114] Sentencia T-284 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera, AV. Alejandro
Linares Cantillo. En este caso la Corte concluyó que la accionante era una
persona en condición de debilidad manifiesta. La actora fue diagnosticada con
cáncer y se le inició tratamiento médico para su recuperación.
[115] Sentencia T-118 de
2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SPV. Alberto Rojas
Ríos, AV. José Fernando Reyes Cuartas. En esa oportunidad la Corte encontró que
los tutelantes de los 2 casos acumulados se encontraban en estado de debilidad
manifiesta en razón a su patología y, por tanto, eran sujetos de especial
protección al momento del despido. En el Expediente T- 6.975.775, la accionante
fue diagnosticada con “tumor maligno de mama” el mismo mes en el cual fue
despedida de su cargo de Directora de Alimentos y Bebidas. En el otro
expediente acumulado No. T- 6.980.428, el actor tuvo un accidente en su labor
de maestro de obra y esto le generó una “luxofractura de codo izquierdo”, por
lo cual presentó múltiples incapacidades médicas, entre ellas, una que duró 30
días causados dentro de los 5 meses anteriores a la terminación del contrato.
Un mes antes de la terminación, fue calificado con un 17.50% de PCL.
[116] Sentencia T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SV.
Nilson Pinilla Pinilla. En este caso se resolvió que las funciones laborales de
la accionante le generaron serios quebrantos de salud física y mental. La
actora fue diagnosticada con estrés y ansiedad, y se le inició seguimiento y
control médico, psiquiátrico y psicológico. Además, su empleador decidió ingresarla
al programa interno de “Intervención de Crisis”.
[117] Sentencia T-494 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, SV. Carlos
Bernal Pulido. En esa oportunidad la Corte consideró que la enfermedad del
actor le generó “naturalmente” un bajo rendimiento laboral. Además, encontró
que su condición de salud persistió hasta la terminación del contrato, y
posterior a esta. El actor durante la vigencia del contrato fue diagnosticado
con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Durante los últimos meses de la
relación presentó ataques de estrés y ansiedad por los cuales tuvo que asistir
a urgencias durante su jornada laboral y fue incapacitado. Asistió a diferentes
citas de psicología y de control. En su caso se emitieron recomendaciones
médicas. En la diligencia de descargos el actor explicó que su baja
productividad se debía a su condición de salud, agravada por la tensión del
trabajo. Tras la noticia del despido, el actor tuvo que ser internado en una
clínica de reposo.
[118] Sentencia T-041 de
2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En este caso se encontró que el actor
padecía enfermedades que le ocasionaron una “disminución física y psíquica”,
las cuales limitaron sustancialmente la posibilidad de ejercer las funciones
contratadas. Al momento de la terminación el actor presentaba una fractura de
la “apófisis espinosa”, dolor del tórax y trastorno mixto de ansiedad y
depresión. Estas enfermedades repercutían en su actividad laboral, ya que
debido a los dolores no podía permanecer de pie. Durante la vigencia de la
relación laboral fue incapacitado en múltiples oportunidades y fue calificado
con una PCL del 28%.
[119] Sentencia T-116 de
2013. M.P. Alexei Julio Estrada. En esa oportunidad se concluyó que, si bien al
momento de la terminación el actor “presentaba una mengua en su estado de
salud”, la terminación no tuvo ninguna relación con sus “afecciones”. Después
de un accidente el trabajador presentó 6 días de incapacidad, duró en la
empresa 9 meses más y fue reubicado en un cargo ajustado a su situación. La PCL
fue del 0%. No se demostró que la hernia que se le presentó le “hubiera
impedido o dificultado sustancialmente el desempeño de las funciones”.
[120] Sentencia T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV.
Alejandro Linares Cantillo. En dicha Sentencia, la Corte concluyó que frente al
expediente acumulado No. T-5.711.569 no se probó que
al momento de la terminación el actor enfrentara serios problemas de salud,
dado que fue despedido cuando se encontraba en controles semestrales por un
antecedente de carcinoma de colon, y el médico ya había dado por finalizado un
tratamiento de quimioterapia. Además, la última incapacidad del actor fue un
año antes del despido.
[121] Por ejemplo, cuando el empleador lo reconoce con la
contestación.
[122] Sentencia T-383 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
este caso la Corte encontró que el empleador debía “tener conocimiento de la
situación del trabajador” aunque no se hubiera informado formalmente, dado que
la “enfermedad del accionante es notoria tanto en su cara como en sus brazos y
manos, pues se trata de una despigmentación de la piel”.
[123] Sentencia T-419 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso se concluyó que el empleador tenía
conocimiento de la situación de salud, debido a que así lo reconoció en la
contestación, pero también en razón al pago de bastantes incapacidades, y
porque “para las citas médicas requería la actora de permisos del superior
inmediato”. La accionante sufrió un accidente laboral que le generó molestias
en la rodilla izquierda por lo cual le expidieron diferentes incapacidades.
[124] Sentencia T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Carlos
Bernal Pulido. La Corte consideró que el empleador tenía la posibilidad de usar
todos los elementos probatorios a su alcance para desvirtuar lo afirmado por el
accionante, pero no los aportó. Señaló que no basta con que el empleador afirme
que no conocía la situación de salud, pues no existe una tarifa legal
probatoria. Además, encontró que de la situación fáctica se infiere que sí
tenía conocimiento. La accionante argumentó que se ausentó del desarrollo de sus
labores en razón a un periodo de 60 días de incapacidad por cáncer, dentro de
los cuales fue despedida. La accionante durante los últimos meses de la
relación laboral tuvo que asistir a diferentes citas médicas.
[125] Sentencia T-118 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger, AV. José Fernando Reyes Cuartas, SPV. Alberto Rojas Ríos. La Corte
encontró que en el expediente acumulado No. T- 6.980.428 las pruebas sobre el
accidente de trabajo, que tuvo lugar 10 meses antes del despido, indicaban que
era razonable que el empleador tuviera conocimiento de la situación de salud
del trabajador y, por tanto, tuvo por cierto este hecho. Dicho accidente le
generó diferentes incapacidades médicas, entre ellas, una que duró 30 días
causados dentro de los 5 meses anteriores a la terminación del contrato. Un mes
antes del despido fue calificado con un 17.50% del PCL. El empleador guardó
silencio al respecto y no probó lo contrario.
[126] Sentencia T-284 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera, AV. Alejandro
Linares Cantillo. La Corte consideró que dadas las situaciones fácticas del
caso se puede presumir que la empresa sí tenía conocimiento de la situación de
salud de la accionante. Esto debido a que el hecho de que la actora radique una
incapacidad médica, expedida por un especialista en cirugía de mama y tumores,
indica que el empleador sí tenía información relevante para saber de la
enfermedad que generó la ausencia en el puesto de trabajo de la accionante. La
actora inició tratamiento médico, y un mes antes del despido radicó en la empresa
una incapacidad de 14 días seguidos. La accionada en la contestación aceptó que
desde la vinculación conocía de la enfermedad.
[127] Sentencia T-144 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. En este caso la empresa afirmó en la contestación que
no podía tener conocimiento del estado de salud del actor, en razón a que se
había presentado un empalme entre administraciones. Sin embargo, con la
sentencia se concluyó que el trabajador no tenía que soportar las consecuencias
de los inconvenientes en dicho cambio de administración y, por tal motivo, dio
prevalencia a las afirmaciones de la tutela y a unas declaraciones juramentadas
que la actora aportó con el fin de demostrar que el emperador si tenía
conocimiento (las declaraciones correspondían a antiguos directivos de la
empresa).
[128] Sentencia T-040 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
En este caso se concluyó que “respecto del conocimiento de la enfermedad la
Sala considera que existen indicios para determinar que dentro de la entidad sí
se tenía conocimiento de la situación de salud del accionante”. Esto con
fundamento en que el contratante tenía información de la condición de salud de
su contratista en razón a que en el transcurso de dos años el actor tuvo que
acudir a 39 citas médicas, presentó dos incapacidades de 14 y 3 días, y en la
tutela se indicó que el accionante había informado al empleador de la condición
de salud al entregar los sustentos de las citas médicas e incapacidades, pese a
que no tenía soporte documental de ello.
[129] Sentencia T-118 de
2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, AV. José Fernando Reyes Cuartas, SPV.
Alberto Rojas Ríos. La Corte encontró que frente al expediente acumulado No. T-
6.975.775 del material probatorio no era posible establecer con plena claridad
que el empleador tuviera conocimiento de la enfermedad, pero tampoco se podía
descartar que sí lo tuviera. En este caso se encontró probado que la accionante
padece de cáncer de mama, motivo por el cual se ordenó el reintegro transitorio
para garantizar el servicio de salud.
[130] Sentencia T-664 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido, AV. Alejandro
Linares Cantillo. En esa oportunidad se resolvió que La terminación ocurrió
antes de que el accionante tuviera conocimiento de la enfermedad y, por ende,
el empleador tampoco lo sabía. El accionante sufrió una emergencia y comenzó a
recibir un tratamiento de diálisis tres días después de la terminación del
contrato de trabajo.
[131] Sentencia T-453 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En este caso la
Corte Consideró que el argumento de las citas médicas no es suficiente para
probar que el empleador tenía conocimiento, ya que “la mera autorización no
implica necesariamente que la entidad conozca a fondo el diagnóstico del
trabajador”. Aunque el número reiterado de visitas “al médico constituye un
hecho indicativo para el empleador” de que el trabajador padece complicaciones
en su salud, no se evidenció alguna “incapacidad o recomendación de
reubicación”, lo que indica que la enfermedad no llegó a afectar las “labores
habituales”. El diagnóstico médico fue 11 días después del despido.
[132] Consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-215 de 2014.
M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N° 4; y T-188 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.6.
[133] Sobre este aspecto se encuentran, entre otras, las siguientes
sentencias: T-642 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico
N° 3.5.; T-690 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio, fundamento jurídico N° 4.2.; y
T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, fundamento jurídico N° 5.6.
[134] Sobre el particular, son pertinentes, entre otras, las siguientes
sentencias: SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz
Delgado, fundamento jurídico Nº 6.4.; y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
SV Carlos Bernal Pulido, fundamento jurídico Nº 4.4.
[135] Ver, por ejemplo, entre otras, las
siguientes sentencias: T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV.
Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 4.7.; T-188 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento
jurídico Nº 5.6.; T-443 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, AV.
Alberto Rojas Díaz, fundamento jurídico Nº 5.2.; y T-589 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos, SV Carlos Bernal Pulido, fundamento jurídico Nº 4.6.
[136] Esto fue expuesto en la Sentencia T-520
de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[137] Al respecto, se encuentra la Sentencia T- 494 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
SV. Carlos Bernal Pulido), de este Despacho, en la que, entre otras cuestiones,
se sostuvo que este derecho
tiene fundamento directo en varias disposiciones de la Constitución Política,
tales como el derecho a “la estabilidad
en el empleo” (Art. 53 C.P.); en el derecho de todas las personas que “se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”
con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y
efectiva” (Arts. 13 y 93 C.P.); en que el derecho al trabajo “en todas sus
modalidades” tiene especial protección del Estado y debe estar rodeado de “condiciones
dignas y justas” (Art. 25 C.P.); en el deber que tiene el Estado de adelantar
una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden
considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (Art. 47 C.P.); en
el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la
posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la
alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud (Arts.
1, 53, 93 y 94 C.P.); y en el deber de todos de “obrar conforme al principio de
solidaridad social” ante eventos que supongan peligro para la salud física o
mental de las personas (Arts. 1, 48 y 95 C.P.). Ver, entre otras, las
siguientes sentencias: T-947
de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 4.2.; T-141
de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 48; T-703 de
2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 4.1.; SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 4.4.; y T-188 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico
N° 5.4. En desarrollo de las anteriores disposiciones, el Congreso de la
República profirió la Ley 361 de 1997, a través de la cual adoptó -entre otras-
medidas para la integración laboral de personas en condición de discapacidad.
En particular, el artículo 26 prohibió el despido discriminatorio de estos
individuos. Esta disposición normativa fue declarada exequible de manera
condicionada, en el entendido que “el despido del trabajador de su empleo o
terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es
eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de
que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de [una] indemnización
sancionatoria [equivalente a 180 días de salario].” Sentencia C-531 de 2000.
M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico N° 4.2.2.
[138] Historia clínica a folio 36.
[139] Correo electrónico obrante a folio 28 del cuaderno 2.
[140] M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Alejandro Linares
Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado. En esa oportunidad la Corte explicó que
“la jurisprudencia constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad
ocupacional reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la
oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que
acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral, si se evidencia
una situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en condiciones regulares”.
[141] En un caso de similares circunstancias, esta Corte encontró
acreditado el requisito del conocimiento del empleador mediante el análisis de
diferentes índicos que así lo ratificaban (Sentencia T-040 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo). Ver al respecto el pie de página No. 128 de la
presente Sentencia; parágrafo 4.7 [(ii) A-7] de las consideraciones.
[142] Folio 64.
[143] Al respecto se encuentra la Sentencia
de la Corte Constitucional T-419 de 2016 (M.P. María Victoria Calle
Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), que en un caso de similares
circunstancias también consideró que la solicitud de permiso al superior para
citas es un indicador de que el empleador conocía la situación de salud de la
accionante.
[144] Esto se encuentra en el folio 3 del cuaderno de Revisión.
[145] Al respecto se encuentra la Sentencia T-419
de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez),
que en un caso de similares circunstancias también consideró que la solicitud
de permiso al superior para citas es un indicador de que el empleador conocía
la situación de salud de la accionante.
[146]  Ver párrafo 1.2.
[147] En el caso de la Sentencia T-144 de 2017
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la empresa argumentó que había habido un
empalme de administración y por ello no pudo tener conocimiento del estado de
salud del actor. Sin embargo, la Sala consideró que sí se daba por acreditado
el conocimiento del empleador en razón a que las eventuales consecuencias del
empalme no eran una carga que se le pudiera imponer al trabajador en situación
de debilidad manifesta.
[148] Sobre este punto, se recuerda que Ecopetrol S.A. argumentó que en
su rol de empleador no tenía conocimiento de la situación médica de la actora.
Esto con fundamento en que su función como prestador del servicio de salud no
le permite dar a conocer la historia clínica de sus colaboradores, según lo
dispuesto en la Resolución 1995 de 1999 (por la cual se establecen normas para
el manejo de la Historia Clínica). Al respecto, se recuerda que con la Ley 100
de 1993 se avaló que los servicios de salud que Ecopetrol S.A. prestaba a sus
funcionarios, en virtud de convención colectiva de trabajo y según lo regulado
por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 de 1997, se continuarán
prestando en calidad de régimen de excepción al Sistema General de Seguridad
Social.
[149] Folio 1.
[150] Folio 92. Ver supra 1.18. Las causales
son que: (i) presente limitación en la capacidad de ejecución de las
actividades de forma temporal hasta 90 días o de forma permanente; (ii) que
tenga incapacidad médica de 90 días; (iii) todos los eventos de trabajadores en
los cuales se aplique el procedimiento para la Determinación del Origen de los
Eventos en Salud (DOES); (iv) la calificación de la pérdida de la capacidad
laboral; y (v) trabajadores con eventos de salud en los que proceda la inscripción
del caso de acuerdo al criterio del médico de Salud Ocupacional.
[151] M.P. Mauricio González Cuervo.
[152] Folio 42.
[153] Al respecto es pertinente la Sentencia T-419 de 2016 (M.P.
María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), que en un
caso de similares circunstancias también consideró que la Empresa accionada al
conocer el examen médico de retiro tenía la oportunidad de modificar su
decisión dada la situación de debilidad manifiesta de la accionante.
[154] Es de notar que a folio 335 el juez de primera instancia de este asunto también consideró que
las incapacidades y la solicitud de permisos para la actora poder ir al médico
debían llevar al emperador a averiguar el estado de salud de la tutelante.
[155] Historia clínica del folio 25.
[156] Folio 45.
[157] Folio 37.
[158] Folio 89 y 91.
[159] Sobre este tema reiteramos lo indicado en el pie de página No.
141.
[160] Folio 89 y 91.
[161] Sobre este tema ver el pie de página No. 143.
[162] Certificaciones obrantes del folio 26 al 33, en el folio
48 y 118.
[163] Ver párrafo 2.2.
[164] Así se observa a folio 14 en documental denominada
“solicitud de servicios de medicina laboral” de la EPS Comfenalco Valle.
[165] Al respecto se encuentra la Sentencia T-419 de 2016 (M.P.
María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), que en un
caso de similares circunstancias también consideró que la Empresa accionada al
conocer el examen médico de retiro tenía la oportunidad de modificar su
decisión dada la situación de debilidad manifiesta de la accionante.
[166] Sobre este tema se reiteran las mismas consideraciones realizadas
en el desarrollo del caso concreto del expediente acumulado No. T-7.594.854.
(Ver párrafo 5.1.2.).
[167] La magistrada ponente consultó el sistema ADRES y confirmó que
para la fecha la accionante continúa activa en el régimen contributivo, tal y
como se observa a folio 59 del cuaderno de revisión.
[168] Por el cual se reglamentan los artículos 4º, 7º numerales 9, 14 y
15; 9º, 10, 14, numeral 2; 17, 20, 25, 26, 30 y 40 del Decreto extraordinario
número 2351 de 1965. “Para dar aplicación al numeral 9) del artículo 7º del
Decreto 2351 de 1965, el patrono deberá ceñirse al siguiente procedimiento: a)
Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando
entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días; b) Si
hechos los anteriores requerimientos el patrono considera que aún subsiste el
deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro
comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el
trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8)
días siguientes; y c) Si el patrono no quedare conforme con las
justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los
ocho (8) días siguientes.”
[169] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. La Corte estudió tres casos acumulados. En los dos primeros casos, los
contratos tuvieron una duración de 7 meses, en el último de los asuntos, 11
meses. En vigencia de los contratos, a los accionantes les fue diagnosticado:
en el primer caso, una “tendinitis de bíceps” en virtud de la cual
fue incapacitada en 2 oportunidades por 3 días cada una de ella; en el segundo
caso, una “Tenosinovitis de flexoextensores de antebrazos y de Quervain
bilateral de predominio derecho”, enfermedad que le generó 20 incapacidades,
con un total de 112 días de incapacidad; y en el tercer caso: una afectación en
la región lumbar y una lesión en un ojo, dolencia que generó 4 incapacidades
cada una de ellas por un día. Según las empresas de servicios temporales, la
terminación del vínculo laboral con los accionantes obedeció a que las empresas
usuarias, finalizaron la misión para la cual fueron contratados. Similar
decisión se adoptó en la Sentencia T-337
de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[170] M.P. Jorge Iván Palacio. La Corte
estudió el caso de una trabajadora
de una empresa temporal, vinculada a través de contrato por labor u obra
contratada. La señora fue diagnosticada con “síndrome del túnel de carpo
bilateral, tendosinovitis
de Quervain y epicondilitis lateral y medial izquierda”, que la incapacitó por más de 120 días.
[171] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Con esta sentencia el empleador
alegó razones diferentes a la patología para efectuar la terminación, sin
contar con la autorización del Ministerio del Trabajo.
[172] M.P. Diana Fajardo Rivera. En este caso se constató que el
accionante fue desvinculado laboralmente sin justa causa, debido a su condición
médica de “trastorno mixto de ansiedad”, lo cual le afectó su rendimiento
profesional durante la vigencia de la relación contractual y persistió hasta el
momento de la terminación del contrato, lo cual era conocido por su empleador.
[173] Se observa que en diferentes casos esta Corte ha decidido
conceder el amparo definitivo al derecho a la estabilidad laboral reforzada en
salud, tal y como se observa en el caso de la Sentencia T-494 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera. Los casos en que se ha optado por un amparo transitorio
son muy particulares en razón a la situación fáctica, como sucedió, por
ejemplo, en la Sentencia T-284 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera, AV.
Alejandro Linares Cantillo.
[174] Con relación a la orden de conceder la indemnización del artículo
26 de la Ley 361 de 1997, esta Corporación ha debatido si la
imposición de dicha sanción tiene origen únicamente constitucional o también
legal en los casos en que la protección no es para una persona en condición de
discapacidad sino en situación de debilidad manifiesta. Es un debate sobre un
argumento complementario que no afecta la conclusión común de tener que
conceder el amparo a las accionantes. Las diferentes posturas del debate sobre
la pertinencia o no de conceder la indemnización en comento se presentan en la
Sentencia SU-049 de 2017, pero como ya se advirtió esta discusión no afecta la
decisión de conceder el amparo.
[175] Entre otras, en la Sentencia T-121 de 2011. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub se resolvió: “reconocer y pagar a favor del
accionante, José Francisco Agray Susa, los salarios y demás prestaciones
dejadas de percibir desde la fecha del despido que serán compensados por la
suma que recibió a título de indemnización por despido sin justa causa.”
[176] Entre otras, en la Sentencia SL6389-2016 Rad. 48699 del 11
de mayo de 2016. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo se
indicó que: “En lo que interesa al recurso de
casación, el Tribunal consideró que al quedar sin efecto la terminación del
contrato de trabajo, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en sentencia
T-436/2000, «sucederá lo mismo con el auxilio de cesantía y la indemnización
por despido sin justa causa, habiendo lugar a restituciones y compensaciones
mutuas (…) ya que en realidad se presentó un pago antes de tiempo, pudiendo
realizar un cruce de cuentas, con respecto a los salarios dejados de percibir,
ya que bien pudo el trabajador disponer de estos dineros.»”
[177] Por ejemplo, que: (a) El día del despido o un día antes de este
el trabajador se haya ausentado de sus labores para acudir a una cita médica
con autorización del empleador. (b) Durante los últimos meses del contrato se
hayan presentado múltiples, repentinas y constantes citas médicas, las cuales
implicaron la autorización del empleador para ausentarse de sus labores. (c) El
trabajador haya presentado un repentino bajo rendimiento laboral, el cual
coincide con la asistencia a constantes citas médicas. (d) El trabajador tenía
razones suficientes para creer objetivamente que el empleador conocía su
situación de salud y la inconsistencia de esta convicción genera consecuencias
que la accionante no tiene que soportar. (e) El examen médico de retiro señala
la existencia de una condición médica. (f) Ante el
conjunto de fuertes indicios sobre la posible afectación de salud del
trabajador, el empleador no actúe de forma diligente, sino negligente en
verificar, en la medida de lo posible, si era necesario solicitar la
autorización de despido del Ministerio del Trabajo.
[178] Dicho artículo establece: “Toda providencia en que se
haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez
que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante
auto. || Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se
notificará por aviso. || Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los
casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre
que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.” Con fundamento en esta disposición, la jurisprudencia ha admitido,
de forma excepcional, la corrección de sus sentencias en aquellos casos en los
que se presentan errores aritméticos o de palabras (omisión, cambio o
alteración de las mismas), en la parte resolutiva del fallo o en la parte
motiva que influya en aquélla. Ver, entre otros, autos 303 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; 503 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; 104 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; 191 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; y
225 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.