SU254-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
SU254/13
DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS VICTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulneración
por el desconocimiento y negación de la indemnización administrativa y de los
demás mecanismos de reparación integral
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
COMPARADO
En relación
con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación,
la jurisprudencia de esta Corte se ha referido al derecho internacional
humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos desarrollado en
tratados ratificados por Colombia, como la
Convención Interamericana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y al derecho comparado. De una parte, ha reconocido esta Corporación
que el derecho internacional relativo al tema de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación para víctimas de delitos, tiene una clara relevancia
constitucional de conformidad con el artículo 93 superior, en cuanto de una
parte, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepción, prevalecen en el orden interno, y de otra parte, los derechos
constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de
derechos humanos ratificados por Colombia. En este mismo sentido, la
Corte ha puesto de relieve que la jurisprudencia de las instancias
internacionales de derechos humanos, tal como de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia
constitucional en cuanto constituye una pauta hermenéutica para interpretar el
alcance de esos tratados, como la
Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos
constitucionales. Así, los derechos de las víctimas de delitos, especialmente
de graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, se
encuentran reconocidos por el derecho internacional, lo cual tiene una evidente
relevancia constitucional (i) de conformidad con el artículo 93 superior, por
tratarse de tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen derechos humanos, prohíben su limitación en los estados de excepción
y prevalecen en el orden interno, (ii) por cuanto los derechos constitucionales
deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos
ratificados por Colombia, y (iii) esta Corporación ha reconocido el carácter
prevalente de las normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, y los derechos fundamentales de la
población desplazada.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA
VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA
REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Contenido y alcance
INFORMES DE LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Fuente importante del derecho internacional sobre el
contenido y alcance de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición
La Comisión ha reiterado la conexión entre
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en relación con
este último ha insistido en que (i) las víctimas de graves violaciones
de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de crímenes de
lesa humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional,
integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a
través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de la
indemnización, de la rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y
de la garantía de no repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño
ocasionado se refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales,
(iv) la reparación se concreta a través de medidas tanto individuales como
colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a restablecer a
la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado.
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Contenido y alcance en la
Constitución Política y Jurisprudencia constitucional
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN SEDE DE CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Reglas
jurisprudenciales
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Protegidos en sede de tutela, especialmente en el marco de
la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el desplazamiento
forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del daño
antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como (i) una
vulneración múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos
fundamentales de las víctimas de desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación
grave de todos los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y
materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la
pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad,
exclusión social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente
como una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual
y gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este delito.
Teniendo en cuenta las dimensiones del daño causado por el desplazamiento
forzado y el carácter sistemático, continuo y masivo de este delito, la
Corte ha (i) declarado el estado de cosas inconstitucional en relación con la
vulneración masiva, continua, sistemática del desplazamiento forzado; (ii) la
obligación y responsabilidad del Estado en materia de prevención y de atención
integral desde la ayuda humanitaria de emergencia hasta la estabilización
socioeconómica y la reparación integral a las víctimas; (ii) ha evidenciado las
carencias y falencias por parte de la respuesta estatal e institucional en
relación con la prevención y atención integral del desplazamiento y ha adoptado
medidas que fijan parámetros constitucionales mínimos para la superación de
dichas falencias y del estado de cosas inconstitucional, para el logro del goce
efectivo de los derechos de esta población; y (iii) ha insistido en que el
proceso de restablecimiento y de reparación integral a las víctimas de
desplazamiento forzado es una cuestión de justicia restaurativa y distributiva
y no puede tener un carácter asistencialista. En lo que toca con el
reconocimiento del derecho a la reparación a población víctima de
desplazamiento, la Corte en múltiples decisiones de tutela se ha pronunciado a
este respecto.
REPARACION INDIVIDUAL POR VIA ADMINISTRATIVA
PARA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
excepcional y restringida de las condenas en abstracto por vía de tutela,
conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991
REPARACION INDIVIDUAL POR VIA ADMINISTRATIVA
PARA POBLACION DESPLAZADA-Reglas
fijadas respecto al carácter excepcional y subsidiario de indemnización en
abstracto, conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991
La jurisprudencia
constitucional ha sostenido de manera reiterada el carácter subsidiario y
excepcional de la indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, y al respecto ha fijado las siguientes reglas: (a) la
tutela no tiene un carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino
de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; (b) su
procedencia se encuentra condicionada a que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, en cuanto no exista otro medio judicial para alcanzar la
indemnización por los perjuicios causados; (c) debe existir una violación o
amenaza evidente del derecho y una relación directa entre ésta y el accionado;
(d) debe ser una medida necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho;
(e) debe asegurarse el derecho de defensa del accionado; (f) la indemnización
vía de tutela sólo cubre el daño emergente; y (g) el juez de tutela debe
precisar el daño o perjuicio, el hecho generador del daño o perjuicio, la razón
por la cual la indemnización es necesaria para garantizar el goce efectivo del
derecho, el nexo causal entre el accionado y el daño causado, así como los
criterios para que se efectúe la liquidación en la jurisdicción contenciosa
administrativa o por el juez competente. Por consiguiente, la indemnización en
abstracto consagrada por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 procede (i)
solo de manera excepcional, (ii) cuando se cumplen ciertos requisitos como el
de subsidiariedad de la medida, (iii) siempre y cuando no exista otra vía para
obtener la indemnización, (iv) cuando se cumpla el requisito de necesidad de la
indemnización para la protección efectiva del derecho, (v) se dé la existencia
de una relación causal directa entre el daño y el agente accionado, (v) que se
encuentra referida sólo al cubrimiento del daño emergente, y (vi) que el juez
es quien debe fijar los criterios para que proceda la liquidación.  Así mismo,
la Sala insiste en que el derecho a la reparación integral de las víctimas de
desplazamiento forzado no se agota, de ninguna manera, en el componente
económico a través de medidas indemnizatorias de los perjuicios causados, sino
que por el contrario, la reparación integral es un derecho complejo que
contiene distintas formas o mecanismos de reparación como medidas de
restitución, de rehabilitación, de satisfacción, garantías de no repetición,
entre otras.
REPARACION A LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Jurisprudencia del
Consejo de Estado
CONDICION DE DESPLAZADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO VICTIMA
DE DELITO-Jurisprudencia del
Consejo de Estado
REPARACION PARA POBLACION DESPLAZADA-Origen común del daño, acción de grupo y
reparación directa según jurisprudencia del Consejo de Estado
En cuanto al
origen de la reparación de perjuicios dentro de la acción de grupo, ha aclarado
el Consejo de Estado que ésta puede tener origen en la vulneración de derechos
de cualquier naturaleza y no necesariamente de derechos colectivos.  A este
respecto, ha sostenido que la acción de grupo, cuando se entabla para obtener
la indemnización por causa del desplazamiento forzado, se encuentra orientada “a
obtener la indemnización de los perjuicios individuales que sufrieron los
integrantes del grupo como consecuencia del desplazamiento a que fueron
forzados por hechos imputables a la entidad demandada”. Así mismo, ha afirmado
que en el caso del desplazamiento forzado y por tratarse de una acción
indemnizatoria, la acción de grupo en estos eventos tiene una clara semejanza
con la acción de reparación directa, en razón a que ambas se tramitan a través
de procesos dirigidos a demostrar la responsabilidad a partir de los elementos
estructuradores de la misma, tales como: la calidad que se predica de los
miembros del grupo afectado y en cuya condición reclaman indemnización, la
existencia del daño, su antijuridicidad, su proveniencia de una causa común y,
por último, su imputabilidad al demandado. En cuanto a las diferencias entre la
acción de grupo y la reparación directa para la reivindicación de los
perjuicios, ha establecido el Consejo que con la primera se consigue economía
procesal para el efectivo restablecimiento del derecho y evitar así la
vulneración del derecho a la igualdad.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LOS HECHOS QUE
ORIGINAN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Obligación de atender y reparar a las víctimas, una vez
ocurrido el desplazamiento, según jurisprudencia del Consejo de Estado
El Consejo de
Estado ha reiterado la responsabilidad que le compete al Estado y el consecuente
deber de realizar todas las acciones tendientes a impedir que se vulnerara los
derechos de la población civil obligada a desplazarse, una vez se ha verificado
que los hechos que han dado lugar al desplazamiento forzado individual o
colectivo y a los daños derivados de éste, a raíz de incursiones paramilitares,
de comisiones de masacres selectivas y de amenazas de nuevas masacres, habían
podido evitarse, en cuanto se ha constatado que las autoridades tenían la
posibilidad de intervenir en el desarrollo causal de los hechos, cuando se
trataba de un hecho resistible, dada las alertas previas que se habían emitido
respecto de la inminencia del hecho.
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA
DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES QUE OCASIONA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA
DE INDEMNIZACION PARA DESPLAZADOS
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INCLUYENDO LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Nuevo marco jurídico en la ley 1448 de 2011 y
los decretos reglamentarios
SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A VICTIMAS-Objetivos y
Entidades que lo conforman, de acuerdo con la ley 1448 de 2011
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION
Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Creación y funciones, de acuerdo con la ley 1448 de 2011
DECRETO 4800 DE 2011-El Gobierno reglamentó los mecanismos para la
implementación del programa masivo de asistencia, atención y reparación a las
victimas creado por la ley 1448 de 2011
LEY 1448 DE
2011-Jurisprudencia constitucional
DEFINICION
DE VICTIMA PARA EFECTOS DE LA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
ESTABLECIDA EN LA LEY 1448 DE 2011-Comprende a todas aquellas personas que
hubieren sufrido un daño en los términos de la ley/VICTIMA-Definición
para efectos de la atención, asistencia y reparación integral
VIAS DE REPARACION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLACION DE DERECHOS
HUMANOS Y DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Diferencia
entre vía judicial y vía administrativa
En relación con las diferentes
vías para que las víctimas individuales y colectivas de delitos en general, así
como de graves violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado
en particular, puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general
los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.
Estas diferentes vías de reparación a víctimas presentan diferencias
importantes: (i) la  reparación en sede judicial hace énfasis en el
otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas, examinando
caso por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la
investigación y sanción de los responsables, la verdad en cuanto al
esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución,
compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación
judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a
la víctima. ii) Mientras que por otra parte, la reparación por la vía
administrativa se caracteriza en forma comparativa (i) por tratarse de
reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, que si bien es
integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación,
se guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta
vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar
con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por
ser una vía expedita que facilita el acceso de las víctimas a la reparación,
por cuanto los procesos son rápidos y económicos y más flexibles en materia
probatoria. Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben
guiarse por el principio de complementariedad entre ellas, y deben garantizar
en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas.
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LA POBLACION DESPLAZADA-Vulneración por parte de Acción Social al considerar que la ayuda
humanitaria y la reparación integral son equivalentes/AYUDA HUMANITARIA Y
REPARACION ADMINISTRATIVA-Diferencias
SENTENCIA DE UNIFICACION-Fija el sentido
y alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991
INDEMNIZACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Constituye tan solo un componente de la
reparación integral para las víctimas
INDEMNIZACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Monto a reconocer
El monto de indemnización por
vía administrativa para víctimas de desplazamiento forzado, se encuentra fijado
por el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011. Al respecto, esta norma establece
que independientemente de la estimación del monto para cada caso particular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 del mismo Decreto, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
podrá reconocer por indemnización administrativa “Por desplazamiento forzado,
hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales”. Esta norma establece
que este monto se reconocerá en salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento del pago y que si respecto de una misma víctima concurre más de una
violación de aquellas establecidas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se acumule
hasta por un valor de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.
SOLICITUDES
DE INDEMNIZACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
ANTERIORES A LA LEY 1448 DE 2011-Se debe aplicar el régimen de transición
previsto en el Decreto 4800 de 2011, para las solicitudes anteriores y que aún
no han sido resueltas
SOLICITUDES
DE INDEMNIZACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
ANTERIORES A LA LEY 1448 DE 2011-Efectos inter comunis para solicitudes
presentadas con anterioridad a la ley 1448 de 2011 y no han sido resueltas
EFECTOS
INTER COMUNIS PARA LA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO
La Corte ha sostenido que
existen circunstancias en las cuales la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes debe hacerse extensiva a otras personas o
ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela o que habiendo acudido no
son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero que sin embargo, se
encuentran en situaciones de hecho o de derecho similares o análogas a las de
los actores. En estos casos, ha establecido esta Corporación que la acción de
tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes y
que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer también la
fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no
han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i) estas personas
se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas a las de quienes sí
hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección dada por el juez de
tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos
fundamentales de aquellos no tutelantes.
Referencia:
expedientes T-2.406.014 y acumulados
Acción de
tutela instaurada por: Carlos Alberto González Garizabalo y otros en contra de
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24)
de abril de dos mil trece (2013)
La Sala Plena, integrada por los Magistrados, JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO quien la preside, MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ, ALEXEI JULIO ESTRADA, GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, NILSON PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
1. La Sala Plena de esta
Corporación, mediante decisión del treinta (30) de noviembre de 2009, decidió
acumular y remitir los expedientes T-2.406.014, T-2.406.015, T-2.407.869,
T-2.417.727, T-2.420.402, T-2.417.729, T-2.442.144, T-2.438.590, T-2.405.734,
T-2.412.831, T-2.415.526, T-2.417.298, T-2.421.131, T-2.421.141, T-2.448.283,
T-2.458.839, T-2.458.848, T-2.458.851, T-2.459.980, T-2.463.382, T-2.463.383,
T-2.463.524, T-2.467.079, T-2.467.095, T-2.467.096, T-2.467.097, T-2.467.098,
al Despacho del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
2. Mediante auto del tres
(3) de diciembre del 2009, y en atención a la decisión de Sala Plena del
treinta (30) de noviembre de 2009, el despacho del Dr. Humberto Antonio Sierra
Porto, remitió al Despacho del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva los expedientes
antes relacionados, y suspendió los términos para adoptar una decisión de
fondo.
3. En auto del
nueve (9) de diciembre de 2009, la Sala de Selección número doce dispuso en el
numeral sexto de la parte resolutiva, acumular los expedientes T-2.469.820,
T-2.474.803, T-2.480.620, T-2.482.447, T-2.482.448, T-2.482.449, T-2.482.450 y
T-2.483.756, al expediente T-2.406.014 y otros, “por presentar unidad de
materia, para que sean fallados en una sola sentencia si así lo considera la
correspondiente Sala de Revisión”, expedientes que por reparto
correspondieron al Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
4. En Sala Plena del cinco
(5) de mayo de 2010 se decidió acumular el expediente T-2.541.232 a los antes
acumulados y por auto del seis (6) del mismo año, el Despacho del Magistrado
Nilson Pinilla Pinilla lo remitió al despacho del  ponente de esta providencia.
5. A través de auto del
once (11) de marzo de 2010, la Sala Novena de Revisión, teniendo en cuenta que
efectivamente todos los expedientes antes relacionados guardan similitud en
cuanto a hechos y pretensiones, y evidenciando por tanto unidad de materia,
procedió a acumularlos con el fin de fallarlos en una misma sentencia.
6. Por medio de auto del
dieciocho (18) de mayo de 2010 el magistrado sustanciador procedió a acumular
los expedientes T-2.525.296 y T-2.533.416 a los expedientes relacionados ya
acumulados, por guardar unidad de materia relativa al tema de reparación
integral por vía administrativa a víctimas del desplazamiento forzado, con el
fin de fallarlos en una sola sentencia.
7. Mediante auto del
veintinuno (21) de mayo de 2010, en cumplimiento a lo decidido en la Sala Plena
del doce (12) de mayo de 2010, el Despacho del Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio, decidió acumular el expediente T-2.559.145 a los expedientes
acumulados T-2.406.014 y otros, por guardar unidad de materia relativa al tema
de reparación integral por vía administrativa a población desplazada, con el
fin de fallarlos en una sola sentencia.
8. A través del auto del treinta y uno (31) de mayo de 2010, el Magistrado ponente decretó
como prueba algunas intervenciones por parte de entidades y
organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, especializadas
en el tema de reparación integral de carácter administrativo a víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia, quienes fueron invitadas a intervenir en
estas acciones acumuladas[1].
En este auto el magistrado sustanciador determinó que las intervenciones o
conceptos técnicos de las entidades invitadas debían referirse a los temas y
preguntas fijados en dicho auto[2].
9. Por medio de auto del
veintiocho (28) de abril de 2011 y atendiendo la decisión de la Sala Plena de
la Corporación del veintisiete (27) de abril del mismo año, el Despacho del
Magistrado Juan Carlos Henao Pérez remitió el expediente T-2.926.327 para que
fuera acumulado a los expedientes antes reseñados.
10. Los expedientes de
tutela que se revisan: Los casos bajo revisión fueron acumulados por la Corte
para ser fallados en sentencia de unificación, por tratarse de situaciones de
hecho y de derecho análogas o similares, y por tanto, presentar unidad de
materia.
En los expedientes reseñados y
acumulados, los accionantes presentaron acción de tutela contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción
Social-, hoy transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación
integral, y como parte de ella, a la indemnización pronta, adecuada y efectiva
de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado.
Adujeron los accionantes que,
como consecuencia del desplazamiento forzado por el conflicto armado de que
fueron víctimas, tuvieron que padecer todo tipo de vejámenes y discriminación.
Sumado a esto, afirman que dejaron atrás sus trabajos y viviendas, y que les ha
sido difícil estabilizarse socio-económicamente en los lugares de recepción.
Debido a su situación de desplazamiento,
en la mayoría de los casos, los peticionarios acudieron a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para que les fuera
reconocido su derecho a la reparación integral, sin lograr respuesta alguna
ante sus solicitudes u obteniendo respuesta negativa. Frente a lo anterior, los
accionantes afirman que Acción Social sólo se ha limitado a brindarles ayuda
humanitaria de emergencia, sin reconocer los demás derechos que les son
inherentes por tratarse de personas con especial protección constitucional. En
los demás casos, los accionantes acudieron directamente a la vía de tutela, sin
solicitud previa ante Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, con el fin de reivindicar su derecho a una reparación integral y a una
indemnización justa, pronta y eficaz.
De esta forma, en todos los
casos, de manera directa o previa solicitud de reparación e indemnización ante
la entidad accionada, los actores interpusieron acciones de tutela contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social-, ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
para que les fuera reconocido su derecho fundamental a la indemnización justa e
inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado.
En los casos acumulados en la
presente sentencia de unificación, con excepción de los expedientes T-2.405.734
y T-2.448.283 en los cuales los jueces de instancia rechazaron por
improcedente las acciones de tutela, el amparo fue concedido y se condenó en
abstracto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al pago de los perjuicios derivados del desplazamiento
forzado y se remitió el expediente a los jueces administrativos para que se
adelante el trámite correspondiente al incidente de liquidación de los
perjuicios.
11. Pruebas
que obran dentro del expediente
11.1)
T-2.406.014
-
Copia del poder otorgado al señor Orlando López
Núñez para representar al señor Saín Aguilar Chogo y su familia (folio 7).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social en julio de 2009 (folio 8).
-
Copia de la certificación del Registro Único de
Población Desplazada del señor Saín Aguilar Chogo y su familia (folio 11).
11.2) T-2.406.015
-
Copia de certificación de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada expedida por la Unidad Territorial de Acción Social en el
departamento de Cesar, de fecha 24 de junio de 2008, que incluye a la señora
Nellis Vergel Cañizares, Gisela Jácome Vergel, Hermides Jácome Sarabia y Camila
Jácome Vergel (folio 10).
-
Derecho de petición presentado el 5 de junio de 2009, solicitando la
indemnización justa e integral por el desplazamiento forzado sufrido por la
demandante y su grupo familiar con ocasión del conflicto armado (folios 11 a 13
cuaderno principal).
-
Copia de los registros civiles de Nellys Vanessa Ibarra Vergel, Gicela
Carolina Jácome Vergel y Camila Andrea Jácome Vergel (folios 15 a 17 del
cuaderno principal).
11.3) T-2.407.869
-
Copia del registro civil de nacimiento de Jesús Daniel Rodríguez
Martínez, Dayana Paola Rodríguez y Luis Fernando Rodríguez Martínez (folios 8,
9 y 10 cuaderno principal).
-
Copia de certificación de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada expedida por la Unidad Territorial de Acción Social en el
departamento de Cesar, de fecha 11 de mayo de 2009, que incluye al accionante y
su núcleo familiar (folio 11 cuaderno principal).
-
Derecho de petición presentado el 10 de julio de 2009, solicitando la
indemnización justa e integral por el desplazamiento forzado sufrido por la
demandante y su familia con ocasión del conflicto armado, con el poder
respectivo (folios 12 a 14  cuaderno principal).
11.4) T-2.417.727
-
Copia de certificación de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada expedida por la Unidad Territorial de Acción Social en el
departamento de Cesar, de fecha 9 de marzo de 2007, que incluye a Bellys Isabel
Acosta Hernández, Leidy Johana Acosta Hernández, Martín Hernández Palencia,
Deisy Carolina Peñaranda Hernández, Natalia Judith Peñaranda Hernández y
Carolina Peñaranda Hernández (folio 8 cuaderno primera instancia).
-
Copia de cédula de ciudadanía de Martín Hernández Palencia (folio 9
cuaderno primera instancia).
-
Copia del derecho de petición presentado el 28 de mayo de 2009 por la
accionante, entre otros, ante Acción Social solicitando la indemnización justa
e integral por el desplazamiento forzado sufrido por la demandante y su grupo
familiar con ocasión del conflicto armado (folios 10 a 12  cuaderno primera
instancia).
-
Copia de la respuesta dada por Acción Social al derecho de petición, con
fecha del 8 de junio de 2009, invitando a la peticionaria a acercarse a la UAO
para que pueda adelantar el procedimiento pertinente a efectos de acceder a la
oferta institucional de todas las entidades que conforman el SNAIPD (folios 13
y 14 cuaderno primera instancia).
-
Copia de los registros civiles de nacimiento de: Delly Isabel Acosta
Hernández, Leydy Yohana Acosta Hernández, Deisy Carolina Peñaranda Hernández,
Natalia Judith Peñaranda Hernández y Yeimy Yulieth Peñaranda Hernández (folios
15 a 19 cuaderno primera instancia)
11.5) T-2.420.402
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar a la señora Fermina Acuña y su familia
(folio 11).
-
Copia del derecho de petición radicado ante Acción
Social el 31 de julio de 2009 (folios 9 y 10).
-
Copia de la certificación del Registro Único de
Población Desplazada de la señora Fermina Acuña y su familia (folio 12).
11.6) T-2.417.729
-
Derecho de petición presentado el 17 de junio de 2009 solicitando la
indemnización justa e integral por el desplazamiento forzado sufrido por la
demandante y su grupo familiar con ocasión del conflicto (folios 9 y 10
cuaderno primera instancia).
-
Copia de certificación de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada expedida por la Unidad Territorial de Acción Social en el
departamento de Cesar, con fecha del 2 de febrero de 2009, que incluye a todo
el núcleo familiar (folio12 cuaderno primera instancia).
11.7) T-2.442.144
-  Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Josefa
Dayana Cantillo de la Hoz y Rafael Enrique Cantillo de la Hoz (folios 55 y 56
cuaderno principal).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Martin Sadit Cantillo de la Hoz (folio
57 cuaderno principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por el señor Rafael Enrique
Cantillo de León el 8 de febrero de 2000, ante la Defensoría del Pueblo de
Santa Marta (folio 58 cuaderno principal).
-
Copia de oficio emitido por la entidad accionada, fechado el 6 de agosto
de 2002, dirigido a las entidades prestadoras de salud de Santa Marta,
solicitando el servicio de salud para los accionantes (folio 59 cuaderno
principal).
-
Copia de derechos de petición presentados por los accionantes el 6 y 20
de diciembre de 2007 solicitando a la entidad accionada el inicio de la
correspondiente actuación administrativa para hacer efectivo su derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación según el Derecho
Internacional Humanitario en relación con los artículos 2, inciso primero, 90 y
93 de la C.N. (folios 60 a 63 cuaderno principal).
-   Copia de la respuesta emitida por la entidad accionada a las
peticiones relacionadas, anteriores al 15 de enero de 2008 (folios 64 a 75 cuaderno
principal).
11.8) T-2.438.590
-
Derecho de petición presentado el 14 de agosto de 2009 solicitando la
indemnización justa e integral por el desplazamiento forzado sufrido por la
demandante y su grupo familiar con ocasión del conflicto armado (folios 7 y 8
cuaderno principal).
-
Copia de certificación de inscripción en el RUPD expedida por la Unidad
Territorial de Acción Social en el departamento de Cesar, de fecha 2 de abril
de 2009, que incluye a la señora Juana Bautista Carmona Lozada y su núcleo familiar
(folio 10 cuaderno principal).
11.9) T-2.405.734
-
Copia de formato único de declaración rendida por el demandante ante la
Procuraduría General de la Nación, dentro de la cual hace un relato de los
hechos  que motivaron su desplazamiento y el de su núcleo familiar (folios 14 y
15).
-
Copia de los derechos de petición presentados el 17 de junio y el 20 de
agosto de 2008 para que se le suministre la ayuda humanitaria en su calidad de
desplazado y sea reparado por vía administrativa en virtud del decreto 1290 de
2008 (folios 16, 17, 21 a 24).
-
Copia de las respuestas a las peticiones formuladas el 20 de agosto y el
22 de septiembre de 2008, donde se indica que Acción Social ha atendido las
necesidades del peticionario y se remite la solicitud de reparación
administrativa a la coordinación del Programa de víctimas de la violencia
(folios 18 a 20).
-
Copia de solicitud elevada en octubre de 2008 por el accionante ante
Acción Social para que se le otorgue una medida de seguridad para la protección
de su familia (folio 31 cuaderno primera instancia).
-
Copia de resolución 004876 del 12 de marzo de 2009, emitida por el
Ministerio del Interior y de Justicia – Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo –
Bogotá, en la que se resuelve no vincular al accionante en el programa de
protección para víctimas y testigos de la ley 975 de 2005 (folios 44 a 47).
-
Copia de solicitud de reparación administrativa presentada por el
accionante y su núcleo familiar ante Acción Social (folio 50).
-
Copia de los registros civiles de nacimiento de Gloria Pamela Cortes
Montoya y María José Cortes Montoya (folios 52 y 53 cuaderno primera
instancia).
-
Copia de cédula de ciudadanía del señor Jorge Iván Cortes Reinoso (folio
54 cuaderno principal).
11.10) T-2.412.831
-
Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Abel Enrique y
Luis Angel Camargo Pacheco (folios 75 y 76 cuaderno principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por el señor Abel Enrique
Camargo Santana el 21 de Julio de 2000, ante la Personería Municipal de Pueblo
Viejo – Magdalena (folio 77 cuaderno principal)
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director de la Policía
Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro urbano
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del Municipio
de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la fuerza pública
(folios 88 a 92 cuaderno principal).
11.11) T-2.415.526
-
Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Jorge Augusto,
Verónica Cecilia, Yineth Paola. Ehidi Margarita y Wilson Esneider Pérez Reales
(folios 78 a 82 cuaderno principal).
-
Copia de las cédulas de ciudadanía de Rafael de Jesús, Nathalie Yoana
Pérez Reales e Ismaldo Enrique Pérez Camargo (folios 83 a 85 cuaderno
principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por  la señora Ana Isabel
Reales Andrade el 28 de marzo de 2000, ante la Personería Municipal de Pueblo
Viejo – Magdalena (folio 87 cuaderno principal)
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director de la Policía
Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro urbano
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del Municipio
de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la fuerza pública
(folios 90 a 94 cuaderno principal).
-
Copia de derecho de petición presentado por los accionantes el 25 de
febrero de 2008, solicitando a la entidad accionada el inicio de la
correspondiente actuación administrativa para hacer efectivo su derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación (folios 127 y
128 cuaderno principal).
11.12) T-2.417.298
-
Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Luis Carlos Samper
Cantillo, Dayana Paola Samper Cantillo de Cristian David Samper Cantillo y de
la contraseña de Miyer Enrique Samper Cantillo (folios 78, 79, 80 y 81cuaderno
principal).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Yulis Enith Samper Cantillo (folio
81 cuaderno principal).
-
Copia de la declaración juramentada rendida por la señora Enith Cantillo
Lara según la Ley 387 de 1997, ante la Personería Municipal de Pueblo Viejo –
Magdalena, el 11 de abril 2000 (folio 83 cuaderno principal).
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director de la Policía
Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro urbano
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del Municipio
de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la fuerza pública.
-
Copia de solicitud elevada a Acción Social, Unidad Territorial del
Magdalena, a efectos de que inicie la correspondiente actuación administrativa
con el fin de que se haga efectivo el derecho al restablecimiento, indemnización,
satisfacción y rehabilitación, calendada a 25 de febrero de 2008 (folios 98 a
99 cuaderno principal).
11.13)
T-2.421.131
-
Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Yulenis María
González Hurtado y Casandra María González Hurtado (folios 79 y 80).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Sergio Luis González Hurtado (folio
81 cuaderno principal).
-
Copia de la declaración juramentada rendida por el señor Carlos Alberto
González Garizabalo según la Ley 387 de 1997, ante la Personería Municipal de
Pueblo Viejo – Magdalena, el 7 de abril 2000 (folios 82 y 83 cuaderno
principal).
-
Copia del oficio con registro No.3199, calendado a 18 de diciembre de
2001, mediante el cual la Presidencia de la República, Red de Solidaridad
Social, Unidad Territorial del Magdalena, solicita a las Entidades
Territoriales de Servicio de Salud la atención del señor Carlos Alberto
González, quien se encuentra incluido en el sistema Único de Registro y a su
núcleo familiar, constituido por: Juan Carlos González, Sergio Luis González,
Yulenis María González, Casandra María González y Doris Hurtado Meléndez (folio
84 cuaderno principal).
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director de la Policía
Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro urbano
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del Municipio
de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la fuerza pública
(folios 94 a 98 cuaderno principal).
-
Copia de solicitud elevada a Acción Social, Unidad Territorial del
departamento de Magdalena, a efectos de que inicie la correspondiente actuación
administrativa con el fin de que se haga efectivo el derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación, con fecha del
25 de febrero de 2008 (folios 105 a 106 cuaderno principal).
11.14) T-2.421.141
-
Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Maria Alejandra
Moreno Pertuz, Sandra Smith Moreno Pertuz y Merikey Rivera Moreno  (folios 74,
75, 76 cuaderno principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por la demandante el 26 de mayo
de 2000, ante la Personería Municipal de Pueblo Viejo – Magdalena (folio 78
cuaderno principal)
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director de la Policía
Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro urbano
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del Municipio
de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la fuerza pública
(folios 88 a 92 cuaderno principal).
11.15) T-2.448.283
-
Copia de la escritura pública No. 1342  otorgada en la Notaría Primera
del Circuito de Santa Marta el veinticuatro (24) de julio de 1987 como prueba
de la transferencia del dominio del predio Las Pampas de la señora Remedio
Blasina Rodríguez a Teddy Enrique Perdomo Ayala, Osvaldo Pantaleon Villalobos
Hincapié, Alberto Yurcowiez Melendez y Geblum Alfonso Pardo Arvilla.
-
Copia del Certificado de Tradición y Libertad, Matrícula Inmobiliaria N.
222-173, fechados del 2 de abril de 2009 y 2 de enero de 2007 de la Oficina de
Registros e Instrumentos Públicos de Ciénaga (folios 15 a 19).
-
Copia Resolución No. 2292 de Protección de la Finca Las Pampas del 27
diciembre de 2006, emitida por el INCODER (folios 13 y 14).
-
Copia del peritaje hecho a la finca Las Pampas, para la Caja Agraria,
por el ingeniero Miguel Guette G. (folios 26 a 28).
-
Copia de oficio del 8 marzo de 2007 para el Coordinador de Fiscales de
la Fiscalía Seccional de Ciénaga en el cual se solicita revocar la resolución
inhibitoria de marzo 31 de 2005 (folio 38).
-
Copia de certificaciones de Acción Social, fechadas en mayo y agosto de
2007, sobre la inclusión en el Registro Único Nacional de Población desplazada
de Geblum Alfonso Pardo Arvilla y Ricardo Jesún Pardo Jiménez (folio 40)
11.16)  T-2.458.839
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Eudes Hernández Vergel,
número 77.081.404 de Pailitas, Cesar (folio 8).
-
Copia del poder otorgado a la señora Patricia
Puentes Simin para representar al señor Eudes Hernández Vergel y su
núcleo familiar (folio 1).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 26 de julio de 2009 por la señora Patricia Puentes Simin en
representación del señor Eudes Hernández Vergel y su
familia (folio 9).
-
Copia de la certificación del RUPD del
señor Eudes Hernández Vergel y su núcleo familiar con fecha del 31 de julio de
2009 (folio 7).
11.17)  T-2.458.848
-
Copia del poder otorgado al señor Sebastián
Hernández Caamaño para representar a la señora Isabel Jiménez Salas y su
núcleo familiar (folio 1).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 28 de mayo de 2009 por la señora Isabel Jiménez Salas y otros
(folio 10).
-
Copia de la respuesta del derecho de petición
por parte de Acción Social el 8 de junio de 2009 (folios 13 y 14).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora Isabel
Jiménez Salas y su núcleo familiar con fecha del 27 de mayo de 2009 (folio 8).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Isabel María Jiménez Salas No. 32.868.138 de Bosconia, Cesar (folio 9)
-
Copia de las tarjetas de identidad de los
menores Waldir Eduardo de la Cruz Jiménez, Estefani Paola Mejía Jiménez y Jesus
David de la Cruz Jiménez (folios 15 y 16).
11.18) T-2.458.851
-
Poder otorgado al señor Nelson Javier de Lavalle
para representar a los señores Miguel Angel Valverde Camargo, José Manuel
Valverde Camargo, Mileidis Judith Valverde Camargo, Celedonia Esther Camargo
Martínez, Jhon Eduardo Valverde Camargo  y su núcleo familiar.
-
Copia autenticada del registro civil de
Electo Segundo Valverde Camargo (folio 79).
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor José
Manuel Valverde Camargo y de la contraseña de Mileidis Judith Valverde Camargo
(folio 80).
-
Copia de la declaración rendida por la señora
Celedonia Esther Camargo Martínez ante la Personería Municipal de Puebloviejo,
Magdalena el día 18 de Mayo del 2000 (folio 82).
-
Resolución defensorial n. 001 del 14 de
diciembre de la Defensoría del Pueblo en la que se presenta una evaluación de
los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2000 en los corregimientos de
Buenavista y Nueva Venecia jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo en el
Departamento del Magdalena (folios 91 a 95).
-
Copia del derecho de petición escrito con fecha
del 25 de febrero de 2008 presentado ante la Presidencia de la República y
Acción Social  por firmantes residentes de Nueva Venecia, Buenavista, Sitio
Nuevo, Palermo, Sevilla, Soplador, Ciénaga y Santa Marta en el Departamento del
Magdalena, y de Sabanagrande, Soledad, Santo Tomás, Palmar y Barranquilla en el
Departamento del Atlántico, solicitando que se inicie la correspondiente
actuación administrativa para que se haga efectivo el derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación (folios 96 a
99).
11.19) T-2.459.980
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereida
Olivares Rodríguez para representar a la señora Esther Pedroza Marín y
su núcleo familiar (folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 8 de septiembre de 2009 (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora Esther
Pedroza Marín y su núcleo familiar (folio 9).
11.20) T-2.463.382
-
Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Loreinis
Karina Cantillo Enríquez y María Cantillo Enríquez (folios 74 y 75).
-
Copia de constancia de que el señor Pedro Antonio Cantillo Bravo y la
señora Amalia López Beltrán ostentan la calidad de desplazados del Chubal Reten
- Magdalena, expedida por la Personería Municipal de Ciénaga – Magdalena,
fechada el 12 de abril de 2000 (folio 76 cuaderno principal).
-
Copia de la solicitud elevada a Acción Social, Unidad Territorial del
departamento de Magdalena, a efectos de que inicie la correspondiente actuación
administrativa con el fin de que se haga efectivo el derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación, calendada el 25
de febrero de 2008 (folios 78 a 79 cuaderno principal).
-
Copia de la Resolución Defensorial No. 001 del 14 de diciembre de 2000,
mediante la cual se resuelve, entre otras, solicitar al Director Nacional de la
Policía Nacional el establecimiento de una estación de Policía en el perímetro
urbano de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, jurisdicción del
Municipio de Sitio Nuevo – Magdalena y, en general, mayor presencia de la
fuerza pública (folios 88 a 92 cuaderno principal).
11.21)  T-2.463.383
-
Copia del poder otorgado al señor Nelson Javier
de Lavalle para representar a la señora Meris Luz Robles y al señor Pedro Miguel Sánchez (folios 1 y 2)
-
Copia del Folio de Registro Civil de Nacimiento
de Pedro Miguel Sánchez Robles, Yulenis Sánchez Robles y Melany Sánchez Robles
(folios 76 a 78).
-
Copia de la declaración juramentada de la señora
Meris Luz Robles identificada con cédula No. 26.847.046 de Bocas de Aracataca,
Pueblo Viejo, del 4 de abril de 2000 (folio 79)
-
Copia del derecho de petición radicado por la
señora Meris Luz Robles y otros ante Acción Social el 25 de febrero de 2008
(folios 81 a 82).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora
Meris Luz Robles y su núcleo familiar (folio 80).
11.22)  T- 2.463.524
-
Copia del poder otorgado a la señora Patricia
Puentes Simin para representar a la señora Gregoria Carolina Téllez
(folio 6).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gregoria Carolina
Téllez Arias (folio 10).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 17 de julio de 2009 (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora Gregoria
Carolina Téllez y su núcleo familiar (folio 9).
11.23) T-2.467.079
-
Copia del poder otorgado al señor Rodrigo
Morales Díaz para representar a la señora Eraida Mier Mojica (folio 7).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 12 de julio de 2009 (folios 8 y 9).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora Eraida
Mier Mojica y su núcleo familiar (folio 11).
11.24) T-2.467.095
-
Copias de las cédulas de ciudadanía de Anuar José Bolaño Rodríguez, José
Luis Bolaño Rodríguez y Rubén José Bolaño Rodríguez (folios 55 a 57 cuaderno
principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por la señora Inés María
Rodríguez Beltrán el 2 de marzo de 2000, ante la Personería Municipal de
Soledad - Atlántico (folio 58 cuaderno principal).
-
Copia de derechos de petición presentados por los accionantes el 6 y 20
de diciembre de 2007, solicitando a la entidad accionada el inicio de la
correspondiente actuación administrativa para hacer efectivo su derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación (folios 59 a 61
cuaderno principal).
-
Copia de la respuesta emitida el 15 de enero de 2008 por la accionada
frente a las peticiones relacionadas (folios 62 a 73 cuaderno principal).
11.25) T-2.467.096
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Arturo José Cantillo Bolaño (folio
53 cuaderno principal).
-
Copia de declaración juramentada rendida por la señora Josefa de León
Cantillo el 24 de julio de 2000, ante la Procuraduría Regional del Magdalena
(folios 54 y 55 cuaderno principal).
-
Copia de derecho de petición presentado por Josefa de León de Cantillo
el 6 de diciembre de 2007 solicitando a la accionada el inicio de la
correspondiente actuación administrativa para hacer efectivo su derecho al
restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación (folios 57 a 59
cuaderno principal).
-
Copia de la respuesta emitida el 15 de enero de 2008 por la entidad
accionanda frente a la petición relacionada con anterioridad (folios 60 a 71
cuaderno principal).
11.26) T-2.467.097
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Margarita Olivares Rodríguez para representar a la señora María Eugenia Camacho
Cantillo y su núcleo familiar (folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 26 de julio de 2009 por la señora Nereyda Margarita Olivares
en representación de la señora María Eugenia Camacho Cantillo y su familia
(folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD  de la señora
María Eugenia Camacho Cantillo y su núcleo familiar con fecha del 25 de
marzo de 2009 (folio 9).
11.27) T-2.467.098
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda Olivares
Rodríguez para representar a la señora Milis Beatriz Guerra Castelbondo
y su núcleo familiar (folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante Acción
Social el 26 de julio de 2009 por la señora Nereyda Olivares Rodríguez en representación
de la señora Milis Beatriz Guerra Castelbondo (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora Milis
Beatriz Guerra Castelbondo y su núcleo familiar con fecha del 26 de febrero de
2009 (folio 9).
11.28)
T-2.469.820
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 5 de agosto de 2009 por la señora Nereyda Olivares Rodríguez
solicitando el reconocimiento del derecho a la justa reparación de la señora
Eunice del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar al ser víctimas del conflicto
armado (folio 9).
-
Copia de los poderes otorgados a Nelson Lavalle
Restrepo para representar a Eloisa María Retamozo de Ramírez, Eulogio
Joaquín Ramírez Retamozo, Diana María Ramírez Retamozo, Manuel Ramírez Maestre,
Manuel Gregorio Ramírez Retamozo, Alonso Rafael Ramírez Retamozo, Jaison
Alberto Ramírez Retamozo y Guido José Ramírez Retamozo (folios 1 a 5).
-
Copia de las solicitudes hechas por los señores Manuel Gregorio
Ramírez Retamozo y Alfonso Rafael Ramírez Retamozo ante Acción Social
solicitando iniciar la correspondiente actuación administrativa para que se
haga efectivo su derecho al restablecimiento, indemnización, satisfacción y
rehabilitación (folios 62 y 63).
-
Copia de la respuesta de Acción Social con fecha del 15 de enero
de 2008 (folios 64 a75).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora
Eloisa M. Retamozo de Ramírez y su familia con fecha del 8 de marzo del 2002
(folio 89).
-
Copia de las cédulas de ciudadanía número
19.602.633 de Pivijay, Magdalena, de Alonso Rafael Ramírez Retamozo, y
1.081.786.043 de Fundación, Magdalena, de Eulogio Joaquín Ramírez Retamozo
(folios 80 y 88).
-
Copia de la contraseña número 1.081.800.881 de
Fundación, Magdalena, de Guido José Ramírez Retamozo.
11.29)
T-2.474.803
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 5 de agosto de  2009 por la señora Nereyda Olivares Rodríguez
solicitando el reconocimiento del derecho a la justa reparación de la señora
Eunice del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar al ser víctimas del conflicto
armado (folio 9).
-
Copia de la certificación del RUPD del señor
Yeiner Camilo Ordoñez y su familia con fecha del 23 de agosto de 2004 (folio
11).
-
Copias autenticadas del registro civil de Anly
Yarley Ruiz Vaquiro y Kerlin Yuliana Ordoñez Vaquiro (folios 13 y 14).
-
Copia de la cédula de ciudadanía número
16.918.412 de Cali, de Yeiner Camilo Ordoñez (folio 16).
11.30)
T-2.480.620
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar a la señora Eunice del Socorro Arzuaga y su
núcleo familiar  (folio 7).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 5 de agosto de 2009 solicitando el reconocimiento del derecho
a la justa reparación de la señora Eunice del Socorro Arzuaga y su núcleo
familiar al ser víctimas del conflicto armado (folio 9).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora
Eunice del Socorro Arzuaga y su familia con fecha del 6 de julio de 2006 (folio
8).
11.31)
T-2.482.447
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar al señor César Modesto Osorio y Yakelyn
Balmaceda  (folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 31 de agosto de 2009 solicitando el reconocimiento del derecho
a la justa reparación del señor César Modesto Osorio y Yakelyn Balmaceda al ser
víctima del conflicto armado (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD del señor
César Modesto Osorio, Yakelyn Balmaceda y su familia con fecha del 27 de enero
de 2009.
11.32)
T-2.482.448
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar a la señora Mary Ruth Maestre Maestre
(folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 8 de septiembre de 2009 por la señora Nereyda Olivares
Rodríguez solicitando el reconocimiento del derecho a la justa reparación de la
señora Mary Ruth Maestre Maestre al ser víctima del conflicto armado (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD de la señora
Mary Ruth Maestre y su familia con fecha del 23 de julio de 2008.
11.33) T-2.482.449
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar al señor José Antonio Pertuz (folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 8 de septiembre de 2009 solicitando el reconocimiento del derecho
a la justa reparación del señor José Antonio Pertuz al ser víctima del
conflicto armado (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD del señor
José Antonio Pertuz con fecha del 17 de diciembre de 2008 (folio 9).
11.34)
T-2.482.450
-
Copia del poder otorgado a la señora Nereyda
Olivares Rodríguez para representar al señor José María Maestre y su familia
(folio 6).
-
Copia del derecho de petición radicado ante
Acción Social el 31 agosto de 2009 solicitando el reconocimiento del derecho a
la justa reparación del señor José María Maestre y su familia al ser víctimas
del conflicto armado (folio 7).
-
Copia de la certificación del RUPD del señor
José María Maestre y su familia con fecha del 23 de julio de 2009.
11.35)
T-2.483.756
-
Copia del poder otorgado al señor Nelson Javier
Lavalle para representar a los señores José Inocente Morales, Leticia Yanett
Gutiérrez González, Madeline Teresa Morales Gutiérrez, Celidet Beatriz Morales
Gutiérrez, Ana María Morales Gutiérrez, Yuris Cecilia Morales Gutiérrez y
Yarledis Morales Gutiérrez y sus familias (folios 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
-
Copia del registro civil de Fredi Rafael
Morales, Mileidys Mldred de Orta Morales y Tatiana Margarita de Orta Morales
(folios 79, 80 y 81).
-
Copia de la declaración jurada que rindió el
señor José Inocencio Morales Mendoza ante la Personería Municipal de
Puebloviejo-Magdalena (folios 82 y 83).
-
Copia de la cédula de la señora Yuris Cecilia
Morales Gutiérrez y de las contraseñas de los señores José Inocente Morales
Gutiérrez y Yarledys Morales Gutiérrez (folios 85, 86 y 87).
-
Copia del derecho de petición radicado el 11
julio de 2009 ante Acción Social por el señor José Inocente Morales Mendoza
(folios 102 y 103).
-
Copia de la certificación del RUPD del señor
Saín Aguilar Chogo y su familia (folio 11).
11.36) T-
2.559.145
-
Copia del certificado de registro en el RUPD del
señor Manuel Gregorio Solórzano Benjumea y su núcleo familiar (folio 8).
-
Copia de resolución No. 01002 de 31 de agosto de
1993, mediante la cual se adjudicó un predio (folio 9).
-
Copia de mapa del INCORA predio objeto de la
resolución No. 01002 del 31 de agosto de 1993 (folio 10).
-
Copia de escritura pública identificada con el
serial No. AB 2588240, expedida en 1992, atinente a un predio denominado “El
Reflejo”, ubicado en el Tucuy, municipio de Becerril, en el departamento del
Cesar (folios 11 y 12).
-
Copia de la contraseña Manuel Vicente Solorzano
Lara (folios 13).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Dairis
Patricia Solorzano Benjumea (folio 14).
-
Tarjeta de identidad de Manuel Gregorio Solorzano
Benjumea (folio 15).
-
Tarjeta de identidad de Sandra Marcela Solorzano
Benjumea (folio 16).
-
Copia de denuncia elevada ante la Inspección de Policía
de La Jagua de Ibirico - Cesar por el accionante (folios 17, 18 y 19).
-
Copia de poder otorgado por el accionante al abogado
Alexander Trujillo Ortiz, para que eleve derecho de petición ante la entidad
accionada, relativo al tema de la reparación integral (folio 20).
-
Copia de derecho de petición elevado ante la accionada
para que se proceda a reparar al accionante, sin nota de recibido (folio 21).
-
Memoriales de poderes otorgados por los accionantes al abogado Alexander
Trujillo Ortiz, a efectos de interponer acción de tutela (folios 22 a 26).
11.37) T-2.525.296
-
Poder otorgado por Fanny Luz Acosta Fuentes y Jhon Nolse Grisales al
abogado Álvaro de Jesús Rojano Osorio con el fin de presentar acción de tutela.
-
Registros civiles de nacimiento de Leydy Jhoanna, Luz Gabriela, y Miguel
Ángel Grisales Acosta.
-
Diligencia de inspección judicial del domicilio de los accionantes
practicada dentro del trámite de tutela por el Tribunal Administrativo de
Magdalena. En esta actuación, la señora Fanny Luz Acosta Fuentes narró los
hechos del primer desplazamiento que sufrieron en el 2000, y las amenazas a la
vida y a la integridad personal que dieron lugar a un nuevo desplazamiento en
el 2003. Adicionalmente, indicó que tiene 3 hijos y que su esposo trabaja como
cotero en la plaza.
11.38)
T-2.533.416
-
Poder otorgado por el accionante al abogado Néstor Javier
De Lavalle Restrepo.
-
Derecho de petición presentado por varios ciudadanos, entre
ellos el accionante, solicitando ante Acción Social – Unidad Territorial de
Magdalena, la iniciación del trámite de reparación administrativa.
11.39) T-2.541.232
-
Registro de defunción de Martín Rafael Rodríguez
Ayala (folio 82 cuaderno principal)
-
Registro civil de nacimiento de Cayetana Isabel
Suárez Retamozo (folio 83 cuaderno principal)
-
Registro civil de nacimiento de Breider Enrique
Rodríguez Suárez (folio 84 cuaderno principal)
-
Derecho de petición elevado por Cayetana Suárez
Retamozo ante Acción Social, el 25 de febrero de 2008 (folio 87 cuaderno
principal)
-
Respuesta de Acción Social calendada a 8 de
abril de 2008, radicada bajo el número188822, dirigido a Cayetana Isabel Suárez
(folios 88 a 97 cuaderno principal)
-
Apartes del diario “HOY” de Magdalena, edición
del  28 de noviembre de 2000 (folio 98 cuaderno principal)
-
Apartes del diario “La Nación”, edición del 5 de
diciembre de 2000 (folio 99 cuaderno principal)
-
Comunicado del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, oficina en Colombia, del 26 de enero de
2001, dirigido al Presidente de la República, poniéndole de presente lo
sucedido en la Ciénaga Grande de Santa Marta - Magdalena el 22 de noviembre de
2000 (folios 100 a 106 cuaderno principal).
-
Declaración jurada del señor Wainer Gutiérrez
Hereira, del 14 de agosto de 2009  (folios 112 a 115 cuaderno principal).
-
Declaración jurada del señor Luis Eduardo Manga,
del 14 de agosto de 2009 (folios 116 a 117 cuaderno principal)
-
Respuesta dada a la peticionaria por parte de
Acción Social, el 18 de agosto de 2009 (folios 118 a 147 cuaderno principal).
11.40)
T-2.926.327
- Poderes otorgados por Carmen Daniel Velandia Pérez
y otros para para la presentación y trámite de la demanda de tutela e
incidentes de liquidación de perjuicios y desacato (folios 1 a 260 cuaderno
principal)
- Copias de las cédulas de ciudadanía de los
demandantes (folios 1 a 260 cuaderno principal)
- Copia de los resgistros civiles de nacimiento de
los menores de edad hijos de los demandantes (1 a 260 cuaderno principal)
- Copia de oficio remitido por Acción Social
(oficinas territoriales) a las autoridades de salud donde se explica que los
demandantes son beneficiarios de la Ley 387 de 1997 y solicita los servicios
para su núcleo familiar, donde se precisa la fecha de inclusión en el Registro
Único de Población Desplazada (RUPD) (folios 1 a 260 cuaderno principal)
-Respuesta dada por Acción Social frente a las
solicitudes de reparación administrativa de los demandantes (folios 1 a 367
cuaderno 2)
12. Mediante auto 207 del
treinta (30) de junio de 2010, la Sala Plena de esta Corporación, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, y de los requisitos y
trámites establecidos en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 y en el
artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, adoptó medidas cautelares de carácter
provisional, con el objeto de suspender los actos que pudieran afectar el
derecho fundamental a la igualdad de las víctimas de desplazamiento forzado en
materia de reparación por vía administrativa.
Por tanto, la Corte ordenó a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
-Acción Social-, respecto de los presentes procesos de tutela y análogos o
similares que, a partir del momento en el cual se comunicara a dicha entidad el
mencionado auto y hasta cuando la Corte dicte la sentencia de unificación
respecto de los asuntos ahora acumulados, con efectos inter comunis, suspendiera
el cumplimiento de cualquier orden de pago relativa a la indemnización de
perjuicios ocasionados a víctimas de desplazamiento forzado que haya sido
emitida con ocasión de una acción de tutela o de un incidente de liquidación de
perjuicios ordenado por los jueces de tutela, con base en el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, y de conformidad con lo establecido por las sentencias
T-085 y T-299 de 2009.
La
anterior medida cautelar fue adoptada por este Tribunal (i) con el fin de
proteger el derecho a la reparación integral y el derecho a la igualdad de
todas las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran en igual o
análoga situación y que, por tanto, tienen derecho a la reparación en
condiciones de igualdad, y (ii) con el objeto de no hacer nugatorio el efecto
del presente fallo de unificación, el cual tendrá efectos inter comunis
para garantizar el derecho a la igualdad tanto de los accionantes, como de
otras víctimas que se encuentren en las mismas, similares o análogas
situaciones de hecho o de derecho a las de los demandantes, evitando que se
presenten tratamientos discriminatorios en materia de reparación integral por
vía administrativa, y que se apliquen consecuencias jurídicas distintas, a
ciudadanos en situaciones idénticas.
Así
mismo, la Corte adoptó la anterior medida cautelar teniendo en cuenta (i) el
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado declarado
por esta Corporación; (ii) los efectos “inter comunis” que tendrá la presente
sentencia de unificación; (iii) el gran número de casos similares o análogos en
materia de reparación a víctimas del desplazamiento forzado, en los cuales por
vía del amparo de tutela se viene condenando en abstracto a Acción Social y
remitiendo el expediente a los Jueces Contencioso Administrativos para que
liquiden los perjuicios, y (iv) que el gran volumen de tutelas genera una mayor
congestión para el trámite de estos procesos, tanto en los despachos judiciales
como ante las entidades demandadas, lo cual ha aumentado el riesgo de violación
de los derechos a la igualdad, de acceso a la justicia y al debido proceso, de
otros ciudadanos, también víctimas del desplazamiento forzado interno, que se
encuentran en la misma situación fáctica y que no han acudido al mecanismo de
tutela para solicitar la protección de sus derechos.
En este pronunciamiento, la Corte
Constitucional circunscribió dicha medida cautelar a los asuntos ahora bajo
revisión y a los casos análogos o similares a ellos, relativos a sentencias de
tutela y a los incidentes de liquidación de perjuicios derivados de éstas en
aplicación del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo
ordenado en las sentencias T-085 y T-299 de 2009. En este sentido, la Corte
aclaró que dicha medida cautelar no se refería y, en consecuencia, no operó
frente a los incidentes de reparación tramitados por la vía penal, ni ante los
procesos contencioso administrativos, de justicia y paz, o de cualquier otro
tipo, en los cuales hayan habido condenas por perjuicios causados por el
desplazamiento forzado y donde se haya adelantado el debido procedimiento.
13.
INTERVENCIONES
A través de
auto de pruebas del 31 de mayo de 2010, se decretaron algunas intervenciones
por parte de entidades y organizaciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales, especializadas en el tema de que tratan las acciones de tutela
bajo estudio. En virtud de lo anterior se recibieron los siguientes escritos:
-
Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación
Internacional: 18 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR): 18 de Junio de
2010 (cdno. 1)
-
Procuraduría General de la Nación: 17 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Defensoría del Pueblo (cdno. 2)
-
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
forzado: 18 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Universidad Santo Tomás: 22 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Universidad de Los Andes: 25 de Junio de 2010  (cdno. 1)
-
Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia): 23 de
Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Centro Internacional Para la Justicia Transicional: 21 de Junio de 2010
(cdno. 1)
-
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: 25 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Comisión Colombiana de Juristas: 22 de Junio de 2010 (cdno. 1)
-
Corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
-
Mesa
Departamental de Cundinamarca de Población Desplazada
-
Fundación Social: 22 de Junio de 2010 (cdno. 2)
-
Corporación Casa de la Mujer: 24 de junio de 2010 (cdno. 2)
-
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC): 23 de Junio de 2010
(cdno. 2)
-
Asociación de Desplazados Afro descendientes del Chocó (ADACHO): 29 de
Junio de 2010 (cdno. 2)
-
FUNDADESPLAZADOS de Popayán: 29 de Junio de 2010 (cdno. 2)
-
Campaña Nacional e Internacional Tierra, Vida y Dignidad: 23 de Junio de
2010 (cdno. 2)
-
Mesa Municipal de Fortalecimiento-Organizaciones de Población Desplazada
Santiago de Cali: 24 de Junio de 2010 (cdno. 2)
-
Mesa de Trabajo de Bogotá sobre desplazamiento Interno: 18 de junio de
2010 (cdno. 2)
-
Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC): 25 de Junio 2010 (cdno. 2)
-
Organización Regional Indígena Valle del Cauca-Asociación de Cabildos
Indígenas Decreto 1088 de 1993 (ORIVAC): 24 de junio de 2010 (cdno. 2)
-
Asociación Nacional Solidaria para la Defensa de la Mujer y la Familia
Desplazada (ANSPALMUFAD): 24 de Junio 2010 (cdno. 1)
-
Mesa Departamental de Fortalecimiento de Organizaciones de Población
Desplazada del Valle (MDFOPD) - (cdno. 2)
13.1 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Accion Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social
Esta entidad manifestó que los
principios que se deberían privilegiar en el diseño e implementación de una
política administrativa de reparación integral a las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia son: dignidad, igualdad y no discriminación,
participación efectiva, integralidad, articulación con autoridades
étnico-territoriales, principio de coherencia, resguardo y confidencialidad de
la información, sostenibilidad, progresividad y gradualidad. En relación con
los elementos o aspectos de la reparación integral a víctimas de desplazamiento
forzado, sostuvo que la legislación nacional en materia de reparación integral
ha evolucionado de manera constante y coherente, buscando incorporar los
principios y estándares  internacionales en la materia, por lo cual es posible
afirmar que los elementos y aspectos más significativos de la reparación
integral a víctimas de la violencia armada se encuentran efectivamente
cobijados y están incluidos en las piezas normativas existentes, y en las
políticas y programas desarrollados por las diversas entidades del Estado en la
materia. En cuanto a la especificidad y limitación de la reparación por vía
administrativa frente a la vía judicial, se manifestó, entre otras cosas, que
la reparación judicial tiene como eje central la causación y prueba del daño,
mientras que la administrativa se fundamenta en la vulneración del derecho y no
requiere la prueba de victimización o daño. Lo anterior sugiere que la
reparación administrativa y la judicial se complementan.  Al respecto sostuvo
que, cuando se trata de indemnizar, debe acudirse al aparato jurisdiccional del
Estado para que dentro de un proceso se declare la responsabilidad del mismo.
En tal sentido, estableció que la reparación administrativa se basa en una
decisión política con el fín de disminuir las consecuencias negativas derivadas
de un hecho causado por terceros.
De otra parte, en relación con el
fundamento, el carácter y el alcance de la responsabilidad del Estado por el
desplazamiento forzado encaminada hacia la reparación vía administrativa, se
expuso que ésta era de carácter subsidiario y no proviene del incumplimiento de
obligaciones derivadas de un programa o política pública en cabeza del
ejecutivo.
En lo concerniente al RUPD, para
efectos de la reparación, según Acción Social, el registro debe ser el punto de
partida para identificar las víctimas del delito de desplazamiento. Para esto,
es necesario que el mismo cuente con información suficiente y actualizada, que
permita mayor eficiencia en el diseño e implementación de cualquier programa de
reparación por vía administrativa, así como la optimización de los recursos
destinados a la misma.
En lo que tiene que ver con el
alcance del reconocimiento del daño causado a las personas víctimas de
desplazamiento forzado, y con las formas de sopesar y de tasar el daño a
reparar, Acción Social sostuvo que los programas en el marco de las
reparaciones administrativas no contemplan procedimientos tendientes a la
tasación o comprobación del daño, porque no es de su naturaleza ni de su
competencia.
Respecto a las condenas en
abstracto al pago de los perjuicios sufridos con el desplazamiento forzado, de
que tratan los fallos de tutela objeto de estudio, Acción Social consideró que
éstas no satisfacen la condición básica de la responsabilidad, dado que ni por
acción, ni por omisión puede atribuirse a la referida entidad la producción del
mencionado hecho.
Sobre la conexión interna que
debería existir entre los diferentes componentes de la política pública de
atención a población desplazada y la reparación integral, la entidad expresó
que ésta se encuentra en la complementariedad, articulación y coherencia de los
programas y políticas públicas diseñadas por el Gobierno Nacional, a través de
los cuales se busca garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas
de desplazamiento forzado.
En cuanto tiene que ver con los
mecanismos y formas de reparación integral por vía administrativa a víctimas
del desplazamiento forzado, se observó que deben tomarse medidas tendientes a
garantizar los derechos de las víctimas en el ámbito de las mesas
interinstitucionales, con el fín de que se articulen y coordinen con las
diferentes medidas de atención, orientación y seguimiento contenidas en los
diferentes programas de la oferta institucional en materia de atención a
víctimas de la violencia armada. Sobre el enfoque diferencial, Acción Social
manifestó que esto permite una intervención que responda a las necesidades y
características específicas de la población que participe de este programa y se
acoja a las medidas creadas y desarrolladas para su reparación, toda vez que
cada ruta se hará basada en las condiciones específicas de la población a
atender e intervenir de manera especial.
Finalmente, en relación con la
coordinación y la corresponsabilidad entre la Nación y las entidades
territoriales para alcanzar la reparación integral vía administrativa, se
enfatizó en que debe diseñarse una política de sensibilización y de incentivos
que promueva la implementación de mecanismos y medidas de atención y reparación
de víctimas de la violencia armada a nivel regional.  Para la puesta en marcha
de dicha política, resaltó la entidad, requiere esfuerzos a todo nivel tanto de
la Nación, como de los entes territoriales, del sector público y privado, de la
sociedad civil, de los medios de comunicación, de las organizaciones de
víctimas y de la comunidad internacional.
13.2 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
La CNRR consideró, en primer
lugar, que la reparación debe ser justa, viable y sostenible en la búsqueda de
un equilibrio entre las expectativas de las víctimas y la capacidad
institucional y financiera del Estado, pues esta última no se puede poner en
riesgo, así como tampoco el crecimiento económico del país. En segundo lugar,
que los derechos a la reparación deben armonizarse con los derechos generales
de toda la población, en especial los pobres históricos.
Por otro lado, dijo que es
indispensable articular el programa de reparaciones con un marco de justicia
transicional, el cual incluye además el esclarecimiento de la verdad, la
reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de justicia y las
reformas institucionales necesarias para evitar que los agravios a los derechos
humanos no se vuelvan a presentar. Y también es necesario el balance que debe
existir entre las reparaciones materiales y las simbólicas, así como entre las
reparaciones individuales y colectivas, lo que se conoce como integralidad
interna.
Así mismo, la CNRR afirmó que las
políticas de reparación deben contribuir a la reconstrucción del proyecto de
vida de los individuos y las comunidades victimizadas, y para ello es
indispensable construir un modelo integral de reparación cuyos componentes
deben ser el resultado de un diseño riguroso en cada país de acuerdo con sus
capacidades institucionales y fiscales. Es indispensable articular las políticas
de reparación con los programas existentes, tales como los servicios médicos.
Todos los programas de reparación vía administrativa incorporan en sus medidas
un acceso privilegiado a la oferta institucional del Estado como uno de sus
componentes esenciales.  En ese sentido, la reparación debería entenderse como
una serie de medidas que le permitirán a las víctimas y a las poblaciones
victimizadas la reconstrucción de su proyecto de vida, para lo cual es
indispensable articular todos los recursos existentes en una sociedad. Además
se planteó que los montos de la reparación deben ser equivalentes para evitar
una marcada desigualdad entre las víctimas de un mismo delito, para evitar una
deslegitimación de los programas de reparación vía administrativa y con objeto
de adelantar una reparación rápida y universal que a su turno sea viable
fiscalmente. Desde esta perspectiva, un programa de reparación por vía
administrativa debería tener una doble fundamentación. Por una parte, cuando
agentes del Estado actuando de manera ilegal han incidido en procesos de
desplazamiento forzado, el Estado debe asumir la responsabilidad de sus actos.
Y, por otra parte, cuando la responsabilidad nace de actores no estatales, el
programa se debe fundamentar en el principio de solidaridad.
A su vez, la reparación
administrativa debe lograr una respuesta rápida, universal y fundamentada en la
vulneración de los derechos, no en la tasación de los daños individuales. Desde
la perspectiva de la CNRR, uno de los principales componentes de una política
de reparación para la población desplazada deber ser el exitoso desarrollo de
la política de restitución de bienes, la cual debe ser fortalecida.  En cuanto
a la política de vivienda, se expuso que los montos  deben superar aquellos destinados
a la política de vivienda de interés social, dada la especial vulnerabilidad y
los bajos niveles de ingreso de la población desplazada.
Ahora bien, en cuanto al enfoque
diferencial se dijo que se deberían promover y realizar acciones que garanticen
la inclusión permanente, clara, precisa y oportuna de las necesidades e
intereses de poblaciones con diferencia de género, étnia, edad y discapacidad,
con respecto a las medidas de reparación.
Finalmente, la CNRR manifestó que
a partir de la promulgación del decreto 565 de 2010, mediante el cual se
organizó el Sistema Administrativo del Interior, se ha definido que dicho
sistema debe coordinar las actividades estatales y de los particulares a nivel
regional, en orden a promover el respeto y garantía de los derechos humanos, la
atención y reparación a la población desplazada, y asegurar una mejor seguridad
y convivencia ciudadana.  En este sentido resaltó la necesidad de determinar
una instancia gubernamental de alto nivel para coordinar y gerenciar el proceso,
que se podría apoyar en el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, o de
estudiar la viabilidad de crear una entidad especializada, que podría ser un
Alto Comisionado para las Víctimas o un Departamento Administrativo Especial,
para que maneje dicho tema.
13.3 Procuraduría General de
la Nación (PGN)
La PGN considera que si bien no
existen fórmulas únicas para el diseño de los programas de reparación
administrativa, sí existen principios que deben orientar su diseño e
implementación y que están consagrados  en la resolución  69/147 de la Asamblea
General de Naciones Unidas, por medio de la cual se aprobaron los principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Dentro de estos principios destacó: la no discriminación, la no
revictimización; el acceso a la información sobre las violaciones y los mecanismos
de reparación; que la reparación debe ser adecuada, efectiva, rápida y tener
por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones; que la
reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño
sufrido; que el Estado debe reparar a las víctimas por las acciones u omisiones
que se le puedan atribuir y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario; que el Estado ha de procurar establecer  programas
nacionales de reparación y de otras medidas de asistencia a las víctimas cuado
el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus
obligaciones; que las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario deben tener una reparación plana y efectiva, en las
formas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición.
En el mismo sentido, la PGN
afirmó que, en virtud de los principios básicos de una reparación integral
individual a favor de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la
reparación tanto judicial como administrativa debe ser integral; debe incluir
una perspectiva de género; debe haber una flexibilización de la carga de la
prueba y, en cuanto al orden para proporcionar la atención, éste debe obedecer
al grado de vulnerabilidad, entre otros.
De otro lado, en lo que se
refiere al decreto 1290 de 2008, la PGN explicó que excluye de los beneficios
del programa a las víctimas de delitos distintos al homicidio y a la
desaparición forzada, así como a quienes hubieren sufrido la violación de sus
derechos fundamentales por acción de agentes estatales. Además, afirmó que en
la práctica el programa de reparación individual por vía administrativa se ha
convertido  en un programa indemnizatorio. Y, desde el punto de las víctimas,
se observó que los montos pueden no resultar satisfactorios debido a que muchas
tienen expectativas muy altas fundadas en los estándares de indemnización que
se utilizan en sede judicial.
En consonancia con lo anterior,
consideró que la reparación por vía administrativa, si bien coadyuva a la
reparación integral de las víctimas no tiene el alcance de la reparación
judicial, especialmente, en su componente indemnizatorio, ya que en ésta se
analiza, con detenimiento, la situación de cada una de las víctimas.  Sin
embargo, en la reparación por vía administrativa los montos indemnizatorios se
fijan de conformidad con las disponibilidades fiscales del Estado y la gravead
de las conductas padecidas por las víctimas y, en principio, no se hacen
consideraciones relacionadas con los conceptos de daño emergente y lucro
cesante.
Acerca de la responsabilidad del
Estado, la PGN dijo que debe tener su fundamento en el principio de
solidaridad, para lo cual citó la sentencia C-370 de 2006 en la que se analizó
la Ley 975 de 2005.
Ahora bien, sobre el RUPD
manifestó que debe suministrar información importante y oportuna en relación
con el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, de tal forma
que sea posible hacer un seguimiento a las políticas públicas e incluso las
mismas puedan ser ajustadas de acuerdo con los avances obtenidos. También se
señaló que la sola inclusión de una persona en el RUPD debería ser prueba de su
condición de víctima de desplazamiento forzado.
De otro lado, sostuvo que la
reparación administrativa, de forma particular para las víctimas y en forma
general para la sociedad en su conjunto, debe estar ligada a los derechos sobre
la verdad y la justicia.  Lo anterior implica que su desarrollo e
implementación debe realizarse de forma amplia y plural integrando la
participación de las organizaciones de víctimas.
Finalmente, la PGN ha llamado la
atención respecto de la dimensión de los conceptos de “restitución” y
“rehabilitación”, el primero también entendido como la restitución de la honra,
buen nombre e identidad y el segundo orientado a la reconstrucción de proyectos
de vida individuales y colectivos.
13.4
Defensoria del Pueblo
Con base en el proceso Colombiano
impulsado por la Corte Constitucional para atender a las víctimas del
desplazamiento, la Defensoría del Pueblo considera que se podría establecer un
nuevo modelo de reparación integral administrativo, que podría
constituirse en un proceso especial y excepcional establecido para casos de
vulneración, masiva y sistemática de derechos humanos, en medio de escenarios
de conflicto vigente para numerosos sectores de la población afectados en sus
derechos.
Este modelo
estaría estructurado bajo los principios del deber de protección del Estado,
que desarrolle mecanismos de identificación (cuantificación – valoración) del
daño atendiendo a las necesidades de cada persona, grupo o pueblo, bajo un
esquema de modulación de las medidas de reparación integral, y acogiendo los
estándares nacionales e internacionales de reparación; oportunidad; celeridad;
economía; buena fe; reconciliación; responsabilidad social.
Para la Defensoría del Pueblo, el
marco normativo debería reconocer que la reparación integral de población
víctima del desplazamiento forzado es un derecho subjetivo que puede ser
exigido y reclamado por quienes han sido afectados por conductas ilícitas que
los han llevado a abandonar su lugar de residencia, sus bienes y a padecer
necesidades, sufrimientos que les ocasionaron daños durante el proceso de huida
y posterior a este mientras se encuentran en movilidad, sin una solución
duradera.
Dentro de las medidas hasta el
momento identificadas, la Defensoría del Pueblo considera que se debe propender
por:  La restitución de los derechos vulnerados con la violación, dentro de las
que se pueden encontrar el retorno, el restablecimiento de la libertad de
locomoción y residencia, la identidad, la reunificación familiar, el acceso a
los derechos económicos, sociales y culturales.
En este sentido, sostuvo que la
indemnización debe incluir los valores de los perjuicios económicamente
valuables, proporcional a la gravedad de la violación de acuerdo con las
circunstancias de cada caso, que tenga en cuenta el daño físico o mental, los
daños materiales entendidos como la pérdida de oportunidades, empleo, actividad
económica, esto es el lucro cesante, los daños morales, y los gastos de asistencia
jurídica, y en los casos que no haya posibilidad de restitución de derechos. La
compensación para aquellos casos en donde no se pueda dar la restitución, ni la
indemnización. La rehabilitación cuando las capacidades físicas y mentales se
vean comprometidas por efecto de los actos ilícitos se debe garantizar la
atención médica, psicosocial y los servicios jurídicos. Las medidas de
satisfacción o compensación moral, orientadas a detener las violaciones
que aún persisten, que se hagan públicos  los hechos que sucedieron y las
razones por las cuales se ocasionaron, la búsqueda de desaparecidos, la
identificación de los cadáveres, declaraciones y disculpas públicas, sanción a
los responsables, homenajes a las víctimas, esculturas, publicación de libros,
y el establecimiento de cátedras. Las garantías de no repetición son todas
aquellas medidas que eviten la ocurrencia del daño, y también que contribuyan a
la prevención de la ocurrencia de nuevos hechos, y la participación a efectos
de restablecer la condición de sujeto de derecho.
Las medidas se deben implementar
teniendo en cuenta las particularidades de cada víctima, grupo, comunidad,
pueblo o étnia.
13.5 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado
Por otro lado, la Comisión de
Seguimiento considera que el Decreto 1290 de 2008, si bien contempla varias
formas de reparación, sólo se ha limitado en la práctica a la entrega de sumas
de dinero a título solidario. Además, no se constituye en una norma idónea para
la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado.
De otra parte, debe advertirse
que la Ley 418 de 1997 y aquellas que prorrogan su vigencia o la reglamentan,
no pueden considerarse como mecanismos idóneos para la reparación de las
víctimas del desplazamiento forzado porque estas normas no hacen referencia a
la reparación integral sino que contemplan medidas dirigidas a otorgar a las
víctimas de hechos cometidos en el marco del conflicto armado, ayudas
humanitarias en virtud del principio de solidaridad por su situación de
debilidad manifiesta.
Para la Comisión de Seguimiento,
la creación de nuevos mecanismos debe estar enmarcada en una política
integral de verdad, justicia y reparación que cubra todo el universo de
víctimas; se encuentre sustentada en el principio de responsabilidad del
Estado; plantee relaciones de coherencia interna y externa de tal forma que
concentre todos los mecanismos en un solo marco programático, incluyendo
aquellos mecanismos que actualmente se encuentran aislados; contemple un programa
masivo de restitución de bienes como medida preferente de reparación; atienda a
criterios de racionalidad, justicia y equidad; establezca el fortalecimiento de
la justicia y programas administrativos que complementen las vías judiciales; y
ofrezca una institucionalidad especialmente encargada de su implementación y
coordinación.
En criterio de la Comisión, una
Política o Programa Administrativo de Reparación Integral debe ser entendida
como una de las respuestas que el Estado debe contemplar para garantizar el
derecho fundamental que tiene la población desplazada, en su calidad de
víctima, de obtener una reparación justa y efectiva de los daños y perjuicios
causados por el desplazamiento. A su vez, dicho programa debe entenderse como
un esfuerzo complementario de una política más comprehensiva y prioritaria de
restitución de derechos.
En este orden de ideas, los
principios que deben ser privilegiados son aquellos que han sido adoptados
tanto por los Estados como por los organismos internacionales en el marco del
sistema Universal e Interamericano de protección de los derechos humanos.
De otro
lado, para la Comisión de Seguimiento la restitución de bienes inmuebles debe
estar plenamente articulada con la restitución o compensación de bienes muebles
y con una política de retorno que garantice la dignidad, seguridad y
voluntariedad del mismo, y sobre todo la sostenibilidad de la restitución.
Por su parte, la
indemnización monetaria debe entenderse como complementaria de la
restitución o de la compensación en especie, y debe evitarse que se convierta,
como regla general, en una opción sustitutiva de alguna de las anteriores. La
indemnización en dinero cuando complementa a la restitución o a la compensación
en especie, debe atender a las dimensiones correspondientes al daño
emergente para tener en cuenta cualquier deterioro que haya podido sufrir
el bien y/o reconocer el valor actual de la tierra; y al lucro cesante,
cuando se hubieran dejado de percibir ingresos por la pérdida del uso del bien.
Ahora bien,
cuando la indemnización en dinero sustituye la restitución o la
compensación en especie, debe ser adicionada en una suma tal que reconozca
tanto el daño emergente como el lucro cesante, si es del caso. Cuando se trate
de los tenedores y los ocupantes de baldíos, bajo la tesis de la reparación
transformadora, la indemnización monetaria debería igualmente incluir
dichos rublos. Pero aún si no quisiera reconocerse para ello la titularidad de
la propiedad de los bienes, debería al menos incluir el reconocimiento del
lucro cesante.
La determinación
del lucro cesante y del daño emergente en sentido estricto, debe
ser el producto del análisis de las circunstancias económicas y de vida de cada
una de las víctimas, de tal forma que no puede plantearse un rasero
indeterminado para la generalidad de las víctimas, cuya existencia, proyectos
de vida y actividades económicos son claramente diferenciados al ser únicos,
directos y estrictamente personales.
En el contexto
de un Programa Administrativo de Reparación, es claro que los montos que se
otorguen por concepto de la misma, deben acercarse a la noción de indemnización
justa y oportuna[3],
mediante la aplicación de criterios generales que tengan en cuenta la
dimensión y magnitud de los daños producidos a la población en situación de
desplazamiento forzado, para efectos del otorgamiento masivo de indemnizaciones
en un marco administrativo.
En la
determinación de dichos montos no puede perderse de vista que, en todo caso,
las víctimas conservan el derecho de entablar ante los estrados judiciales
demandas encaminadas a lograr una indemnización acorde con su caso particular.
Para la Comisión
de Seguimiento es importante que se planteen criterios claros y coherentes
encaminados a determinar tasas y estándares indemnizatorios que si bien no
corresponden de manera integral a lo que sería una indemnización justa, sí
permitan que la víctima sienta que en alguna medida se le está reconociendo la
importancia de repararla. Dichos criterios deben surgir de la propia
jurisprudencia de las Altas Cortes y de la Corte IDH, así como de la doctrina
sobre el daño o perjuicio patrimonial. Para efectos de determinar estos
criterios, se debe partir de la presunción de los daños producidos a todos los
desplazados en los términos en los que lo han señalado principalmente el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH).
La determinación de los
estándares para indemnizar el daño emergente y el lucro cesante puede partir de
un ejercicio cuidadoso de caracterización de las víctimas
tendiente a ofrecer montos diferenciales de indemnización de acuerdo con la
época en que se produjo el desplazamiento, la zona o región a la que
pertenecían las víctimas, la relación de tenencia que tuvieran con los bienes
despojados o forzados a abandonar, las actividades productivas que
desarrollaban, la magnitud de los daños reconocidos, entre otros factores.
Las medidas que atiendan a los
daños inmateriales deben partir de un concepto concreto: el de desagravio,
entendido como la acción de borrar o reparar el oprobio u
ofensa moral hecho a las víctimas, dando satisfacción cumplida a los ofendidos.
En este sentido, las medidas concretas que se tomen deben consultar claramente
a las víctimas para que tengan el efecto paliativo que les es inherente y
sobretodo deben ir encaminadas a corregir la falla de reconocimiento que
pesa sobre las víctimas del desplazamiento forzado.
Lo anterior
significa que los esfuerzos de desagravio moral deben dirigirse a hacer público
el importante papel que han jugado y pueden jugar los desplazados en el
desarrollo del país, más si se tiene en cuenta que gran parte de los mismos son
campesinos y grupos étnicos, los cuales merecen un reconocimiento no sólo de su
dolor, sino de su papel transformador en la vida del país.
Frente a
la reparación inmaterial, desde el punto de vista individual cobran relevancia
las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y las garantías
de no repetición.
Ahora bien, sobre la reparación
colectiva para la Comisión de Seguimiento, dadas las características del
conflicto armado interno y otras formas de violencia en Colombia, la política
pública debe abogar por el reconocimiento del daño material e inmaterial
respecto de grupos de personas y de derechos colectivos.
En
síntesis, el programa administrativo de reparación debe comprometerse con el
resarcimiento a los impactos producidos en los liderazgos, la participación, la
identidad colectiva, el sentido de pertenencia, la solidaridad y las relaciones
sociales y culturales, y debe estar acompañada del reconocimiento de la
responsabilidad estatal, tanto a nivel local como a nivel nacional, respecto
del desplazamiento forzado del que fueron víctimas las comunidades cuando éstas
han sufrido la estigmatización y la persecución colectiva.
De otra parte, la Comisión de
Seguimiento sotuvo que debe tenerse en cuenta que existe una interdependencia
conceptual y operativa entre los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, de tal manera que éstos forman parte de un todo al cual debe
responder la política pública de manera integral, ya que cada uno de
ellos obedece a la finalidad de desagraviar a las víctimas, conforme a la
jurisprudencia de la Corte IDH.
Sin
embargo, para que las acciones de reparación recién anotadas resulten
fructíferas, es necesario que se encuentren articuladas con otras políticas de
atención a la población desplazada, tales como: el protocolo de retorno y
reubicación, la política de generación de ingresos y la política de tierras. En
efecto, si se observa la importancia de la restitución de tierras para la
población víctima del desplazamiento forzado, ésta debe estar contemplada en el
protocolo de retorno como una de las acciones centrales del mismo. A su vez, el
desarrollo que la política haga respecto del componente de la restitución debe
atender a la forma como el mencionado protocolo hace operativo el ejercicio del
retorno voluntario.
En este
contexto, el retorno y la restitución deben estar acompañados de todas aquellas
prestaciones complementarias que hagan sostenible dichos procesos, tarea en la
que es clave una política de generación de ingresos que atienda a las
necesidades de las personas retornadas y a sus capacidades productivas. Lo
anterior también es predicable en el tema de la compensación de bienes, en el
entendido de que la misma debe estar articulada con un protocolo de
reubicación.
Por su
parte, en lo relativo a los lineamientos de una política de reparación integral
vía administrativa, la Comisión considera oportuno recordar que para efectos de
la formulación de un programa de reparación administrativa deben tenerse en
cuenta por lo menos los siguientes elementos[4]:
a.
El derecho de la población desplazada a acceder a una
indemnización adecuada por concepto de los daños materiales y morales sufridos
con motivo del desplazamiento y de los demás crímenes en su contra.
b.
Tarifas de indemnización adecuadas para cubrir el daño emergente
y el lucro cesante sufrido por las personas y colectivos desplazados.
c.
Tarifas de indemnización para cubrir el daño moral que se ajusten
a los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales.
d.
Medidas médicas, psicológicas, psicosociales y de asistencia
jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado, específicamente
destinadas a que éstas enfrenten los daños de los que fueron víctimas.
e.
Medidas de satisfacción, y en particular medidas de reparación
simbólica, de difusión de la verdad, de reconocimiento del daño y de solicitud
de disculpas, para todas las víctimas, incluida la población desplazada.
f.
Garantías de no repetición del crimen de desplazamiento forzado.
g.
Que las medidas de atención humanitaria y de servicios sociales
ofrecidas por las entidades del Estado a los desplazados, no sean descontadas
de la reparación a la que tienen derecho estas víctimas.
Para la
Comisión de Seguimiento es de vital importancia e imperiosa necesidad que toda
política que desarrolle los derechos fundamentales a la Verdad, la Justicia y
la Reparación a las víctimas del desplazamiento forzado, se articule con las
órdenes producidas por la Corte Constitucional referidas principalmente a: los
programas dirigidos a mujeres en situación de desplazamiento; las políticas
dirigidas a las comunidades negras; los planes de salvaguarda dirigidos a los
pueblos indígenas; las órdenes relacionadas con el goce efectivo de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y los llamados de atención respecto a
la población discapacitada y a las personas de la tercera edad.
Con el fin de dar respuesta a
otro interrogante, la Comisión de Seguimiento manifestó que ha insistido en
varios de sus informes en que el Gobierno Nacional designe un Alto
Comisionado paras las víctimas, conforme a la propuesta que formuló la
Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
de la masacre de Mapiripán. Dicho comisionado haría parte del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y a él deberían reportar todas
aquellas entidades que de alguna manera tienen que ver con la problemática de
la reparación. En este sentido, entidades como el Incoder, el IGAC, la
Superintendencia de Notariado y Registro, y las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, entre otras, estarían sujetas a los lineamientos que en la
materia emanen de la Oficina de este comisionado[5].
Junto con la propuesta de
designar un Alto Comisionado para las Víctimas como ente coordinador de
la política, para la Comisión de Seguimiento la satisfacción del derecho
a la reparación de las víctimas del desplazamiento en Colombia debe garantizarse
mediante una institucionalidad que ofrezca: a) el fortalecimiento de la
participación de las víctimas y de la sociedad en los procesos penales tanto en
el ámbito de la justicia transicional como en el de la justicia ordinaria; b)
la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas; c) la persecución
criminal en el desarrollo de procesos penales; d) el diseño e implementación de
un sistema de justicia transicional civil y agrario para la restitución de las
posesiones de las víctimas, cuyos fallos se produzcan independientemente de las
actuaciones que adelanten los jueces en materia penal; y d) la implementación
de un programa administrativo de reparación para atender de forma masiva a las
víctimas que, conforme a los estándares internacionales, se encuentre
articulado con los mecanismos de reparación judicial.
No
obstante lo anterior, conviene destacar la importancia de contar con una
instancia de control a nivel central que se encargue de asegurar el
cumplimiento de las metas nacionales que se determinen en materia de reparación
y que evite actuaciones que devengan en tratos discriminatorios.
La Comisión de Seguimiento
presentó a la Corte Constitucional un informe en el que ha propuesto la
construcción de un Sistema Integrado de Corresponsabilidad (SIC) entre la
Nación y el territorio[6],
teniendo en cuenta que involucrar y comprometer efectivamente a las Entidades
Territoriales (en adelante, ET) en el aseguramiento del goce efectivo de
derechos de la población desplazada, entre ellos el derecho a la reparación
integral, y en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es un
proceso que tiene que pasar por el reconocimiento previo de lo que podría
denominarse una perspectiva diferencial territorial, entendida como la
obligatoriedad de tener en cuenta las especificidades propias de los
territorios, las instituciones y las poblaciones, y sus capacidades
administrativas, políticas y fiscales.
Igualmente, la
Comisión de Seguimiento ha propuesto, para la financiación del sistema, la
constitución de un Subcuenta Especial del Fondo Nacional de Atención Integral a
la Población Desplazada que debe definirse con especificaciones precisas para
atender a la población víctima del desplazamiento forzado, y ser manejada por
el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, tener unas fuentes de recursos
combinadas de la Nación y de las Entidades Territoriales regladas taxativamente
por Ley, y contar con una metodología estándar de distribución y asignación de
recursos que consulte básicamente criterios de necesidad.
Para la Comisión
de Seguimiento es de vital importancia que la partida correspondiente a la reparación
integral de las víctimas del desplazamiento forzado, a su vez constituya un
sub-fondo al cual aportarían económicamente tanto las ET en la medida de sus
posibilidades y el Gobierno Nacional, lo cual permitiría avanzar en la
realización de acciones coordinadas entre la Nación y el territorio,
encaminadas a lograr el goce efectivo de cada uno de los componentes de la
reparación integral.
13.6 Universidad Santo Tomas de Bogotá- Facultad de Derecho
Esta
institución hizo énfasis en que la reparación integral a la población
desplazada debe guiarse tanto por lo establecido en el derecho internacional,
como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Entre algunos de sus aportes se
destaca que la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado con
fines de reparación administrativa debe contemplar todos los aspectos de la
reparación, esto es, la restitución de los derechos conculcados, la
indemnización de los daños causados y la rehabilitación de las víctimas, al
igual que la adopción de medidas de satisfacción de alcance general y garantías
de no repetición. No existe, según esta casa de estudios, ninguna razón para
sostener que la reparación administrativa sólo atienda a uno de los conceptos,
pues dejaría de atenderse por parte de las autoridades los fines esenciales del
Estado.
13.7
Universidad de los Andes- Programa Justicia Global
Algunas
observaciones hechas por esta institución fueron:
Los criterios y
principios sobre la reparación de grupos étnicos pueden deducirse del análisis
de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y la
jurisprudencia y pronunciamientos de órganos internacionales de derechos
humanos, especialmente en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Los criterios y principios que pueden servir como guías de buenas
prácticas pueden ser resumidos así: (i) Las reparaciones deben incluir tanto
componentes procedimentales como sustantivos; (ii) Las reparaciones para grupos
étnicos deben tener una dimensión colectiva;(iii) Las reparaciones deben ser
adecuadas y efectivas, por tanto la determinación de las medidas de reparación
debe partir de lo específico y debe ser enfocada hacia la satisfacción de las
necesidades del grupo étnico; (iv) Las medidas de reparación deben respetar la
identidad cultural particular del grupo étnico;(v) Las medidas de reparación
deben ser consultadas con el grupo étnico. A su vez, éste debe retener cierto
nivel de control sobre su implementación;(vi)Las medidas
complementarias de compensación deben formar parte de las reparaciones;(vii)
Las reparaciones deben tomar en consideración los agravios históricos y su
impacto superviviente; (viii) El significado de la violación debe ser visto a
través del lente del grupo étnico; (ix) La búsqueda de
la verdad y de la justicia, como parte integral de la reparación, es
particularmente significativa para muchos grupos étnicos; (x) En la
determinación de las medidas de reparación debe considerarse el significado
especial de la tierra para los grupos étnicos. En casos de despojo, la
restitución es el modo más idóneo de reparación.
13.8 Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
(DEJUSTICIA)
Se hicieron,
entre otras, las siguientes consideraciones:
Respecto a la
noción del derecho a la reparación y componentes, en la actualidad  existe un
amplio consenso en que el derecho de las víctimas a  la reparación integral
comprende las diferentes formas como un Estado  puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en que ha incurrido, ha saber, la restitución. La
indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no
repetición. Tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos como las
decisiones y/o jurisprudencia distintos órganos internacionales de protección
de estos han entendido que la satisfacción plena y adecuada del derecho a la
reparación integral debe garantizar  que la reparación sea proporcional a la
violación sufrida, a su gravedad y a los daños padecidos.  En este sentido, tanto
los instrumentos internacionales de derechos humanos como las decisiones de
distintos órganos internacionales de protección hacen referencia a la
obligación de garantizar una reparación proporcional, adecuada y justa.
Por lo
anterior, se propone una especie de reparaciones “transformadoras” para
armonizar en contextos transicionales de sociedades “bien desorganizadas” el
deber estatal de reparar a las víctimas con consideraciones de justicia
distributiva, que mira el presente y el futuro y toma en consideración las
necesidades actuales de la población.
Este concepto
está entonces basado en dos ideas principales:
(i) El
propósito de la reparación de violaciones masivas de derechos humanos en
sociedades desiguales no debe ser restaurar a las víctimas pobres a su
situación previa de precariedad material y de discriminación sino “transformar”
esas circunstancias que pudieron se una de las causas del conflicto y que en
todo caso son injustas. (ii) Todo programa de reparación debe estar fundado en
criterios de justicia correctiva, puesto que se trata de enfrentar el
sufrimiento de las víctimas, pero también responder a consideraciones de
justicia distributiva.  En ese sentido el deber estatal de reparar
integralmente a las víctimas debe se concebido como un principio o mandato prima
facie, lo cual implica la obligación de los Estados de hacer todos los
esfuerzos para satisfacerlo; pero esa obligación debe ser ponderada frente a
consideraciones de justicia distributiva debe, en ciertos casos, ceder ante dichas
consideraciones.
Acerca del
alcance de la reparación material e inmaterial, individual o colectiva para las
víctimas del desplazamiento forzado  y en el marco de la justicia transicional,
la reparación debe incluir medidas tanto materiales como simbólicas, sean éstas
individuales o colectivas, así como debe además involucrar la justicia, la
verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, y las reformas
institucionales.
De otra
parte, dado que en nuestro país la concentración de la tierra es uno de los
factores estructurales más importantes para explicar el origen y la
persistencia de la violencia política, es importante reiterar la necesidad de
implementar un programa de restitución de tierras y bienes que han sido
expropiados a través de la intimidación y la violencia a la población
desplazada.
A efectos de
maximizar el potencial transformador de la restitución se sugiere tener en
cuenta: (i) limitar el número de hectáreas a ser restituidas, (ii) establecer
sistemas de priorización que empoderen a grupos socialmente discriminados de la
propiedad de la tierra, (iii) restituir títulos a nombre de mujeres y hombres
equitativamente y (iv) diseñar un procedimiento participativo y tendiente a la
reconstrucción de territorios y relaciones sociales del campesinado.
Se resalta
que los programas de reparación posean coherencia tanto interna como externa, a
fin de que se satisfagan en mayor medida las expectativas de las víctimas y en
consecuencia se generen lazos de confianza en el Estado.  Además, la idea de un
programa administrativo de reparaciones es que funcione de manera
complementaria al sistema judicial de reparaciones con el fín de garantizar a
todas las víctimas la posibilidad de acceder a una reparación administrativa,
aun cuando ellas no puedan  o teman reclamar reparaciones judiciales.
Igualmente, es fundamental que las medidas implementadas en estos programas
vayan acompañadas de otras medidas de justicia transicional, entre las cuales
se pueden señalar las investigaciones penales, estrategias de búsqueda y
difusión de la verdad y medidas de reforma institucional.
En cuanto a
los principios que se debería privilegiar en el diseño e implementación de una
política administrativa de reparación integral a víctimas del desplazamiento
forzado deben ser: dignidad, identidad, participación responsabilidad del
Estado, prohibición de discriminación y la observancia del enfoque diferencial
en todos los componentes de la política pública de atención a la población
desplazada.
Respecto al
RUPD se señala que a este debería corresponderle efectivamente la recolección y
contrastación de las pruebas sobre la condición de desplazamiento, no así el
refrendamiento o no de tal situación.
Finalmente, a
efectos de que el sistema sea eficaz, generalmente se establece una comisión o
un comité con jurisdicción exclusiva, es decir, como única vía para acceder el
programa.
13.9 Centro Internacional para la Justicia Transicional- ICTJ
Consideran que el diseño de
mecanismos para satisfacer el derecho a las reparaciones está regulado
íntegramente y en todos sus aspectos por el derecho internacional. Por ende,
sin perjuicio del ámbito de  discrecionalidad de  los Estados al poner en
marcha mecanismos de reparación en el orden interno, estos deben tomar en cuenta
el marco normativo internacional para evitar el riesgo de una declaración de
responsabilidad internacional del Estado colombiano. Estas consideraciones
jurídicas aplican a los programas administrativos de reparaciones, cuya
creación no es una obligación internacional en sentido estricto sino una manera
facultativa de cumplir con el derecho a las reparaciones. Adicionalmente,
razones de orden práctico como la amplitud del universo de víctimas, su
vulnerabilidad y los defectos de las vías judiciales, aconsejan, con apoyo en
la experiencia comparada, el uso de mecanismos administrativos de reparaciones
genuinos para Colombia.
Afirman que el ordenamiento
internacional es claro y no deja lugar a dudas: el incumplimiento de las
obligaciones de respeto y  garantía de los derechos humanos por  parte del
Estado colombiano acarrea su responsabilidad. Como consecuencia de esta
responsabilidad, surge la obligación de reparar a las víctimas del
desplazamiento forzado. Está claro, entonces, que el principio de responsabilidad
es inescindible del derecho a la reparación integral como fuente normativa.
Cuando en el derecho comparado se desembolsan indemnizaciones con base en el
principio de solidaridad se trata de supuestos sin autoría identificable o de
difícil identificación, o casos en los cuales no existe identidad entre el
causante del daño y el titular del deber de reparar, supuestos que difieren
radicalmente de violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas los
desplazados en Colombia, donde está en juego la responsabilidad del Estado. Un
desconocimiento de esta responsabilidad, además de desconocer la fuente,
también atenta contra la integralidad de la reparación puesto que la
satisfacción, componente de la reparación, exige el reconocimiento de la responsabilidad.
Sostienen que la asignación de
beneficios a víctimas debe hacerse sin discriminación, tanto cuando se trata de
la resolución administrativa de peticiones de indemnizaciones como cuando se
trata de resolución judicial. La exclusión sistemática de la oferta
institucional a víctimas que sufren los perjudicados por el actuar de agentes
estatales es un grave atentado al mandamiento constitucional de la igualdad y
deslegitima al Estado, por cuanto el garante de los derechos humanos
paradójicamente  niega  la  responsabilidad por  el actuar  de  sus agentes.
En definitiva, concluyen que el
reconocimiento de responsabilidad estatal, bien sea por violación del deber de
garantía, o porque sus agentes se encuentran comprometidos en la comisión de
las violaciones, es esencial en los esfuerzos de reparación. Cuando un Estado
reconoce su responsabilidad en la defraudación de las expectativas de confianza
y cuidado de los ciudadanos, envía un fuerte mensaje de inclusión política y
contribuye al posible trazado de una línea divisoria entre un pasado de abusos
y un presente y futuro de compromiso con el respeto de los derechos humanos.
Justamente, una de las razones por las cuales un esquema de distribución
administrativo de beneficios a víctimas puede tener una naturaleza reparadora
genuina es porque afirma, mediante el reconocimiento de responsabilidad, la
validez de los valores democráticos que fueron transgredidos por las
violaciones.
Ahora bien, ese reconocimiento
debe ir acompañado, además de sanción penal y esclarecimiento histórico, de un
comportamiento gubernamental consistente  con esos valores democráticos que
fueron transgredidos con la violación y que se afirman con el acto de
reconocimiento y petición pública de excusas. De lo contrario, los programas de
reparaciones corren el riesgote retransmitir la negación victimizante de los
hechos, que justamente debe ser interpelada por la   administración de
justicia. El uso impropio del principio de solidaridad como fuente de
reparación en contextos donde la responsabilidad del Estado es discutida reduce
drásticamente las posibilidades de éxito de los programas de reparaciones.
Además de la prohibición de
discriminación entre víctimas, de la importancia de la responsabilidad como
base normativa de la reparación, y de la trascendencia del reconocimiento de
ésta para lograr la integralidad de la reparación, es necesario tener en cuenta
las diferencias conceptuales y normativas de fondo que existen entre asistencia
humanitaria, inversión social  y reparaciones.  Una asimilación de estas
prestaciones disímiles en las políticas públicas equivale a vulnerar el derecho
a la reparación. Las prestaciones económicas  desembolsadas  por la ley 418 de
1997 constituyen  asistencia humanitaria y  no pueden ser tenidas válidamente
por reparación. El decreto 1290 de 2008 representa una extensión de estas
prestaciones, basadas en el principio de solidaridad, pero no se ajusta
normativamente a un mecanismo de reparación con arreglo a sus elementos en el
derecho internacional.
Además de las ausencia de
responsabilidad y reconocimiento, el decreto 1290 de 2008 no contempla un
mecanismo de indemnización para víctimas de desplazamiento forzado en tanto
tales. Esto se debe a que la supuesta indemnización prevista en el artículo 5
de esa norma (27SMLMV) en realidad corresponde al etiquetamiento como
reparación de subsidios de vivienda preexistentes, a los que los desplazados
pueden acceder desde antes de la promulgación del llamado programa de
reparaciones, y de los cuales no pueden disponer en dinero como ocurriría con
cualquier  suma indemnizatoria. Esto permite concluir que en el sistema legal
colombiano no  hay un mecanismo administrativo de reparación específico para
casos de desplazamiento forzado.
Por su parte, el recurso masivo a
la acción de tutela en relación con la reparación del desplazamiento forzado
da  cuenta  de  la ausencia  de  un mecanismo  efectivo para  las víctimas de
esta violación, a fin de obtener reparaciones. Por eso, y ante el carácter
fundamental del derecho a la reparación, es aconsejable que el precedente
constitucional mantenga abierta la posibilidad de acudir reglada y
excepcionalmente a dicho mecanismo. Esto no significa, en modo alguno, obviar
injustificadamente las instancias jurídicas para reclamar reparación o
desconocer los requisitos indispensables para la procedencia de la tutela.
En definitiva, se recomienda que
la Corte Constitucional reafirme los lineamientos que deben orientar una
política de reparaciones: la responsabilidad y su reconocimiento, la no
discriminación y la especificidad  de las  prestaciones  reparatorias  como
distintas de la política social y de la asistencia humanitaria. Un programa
administrativo de reparaciones acorde a estos lineamientos es la manera más
conveniente de satisfacer el derecho a la  reparación integral que tienen los
desplazados en Colombia y de deshacer el daño sufrido como consecuencia de las
violaciones a sus derechos humanos.
13.10
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, y Mesa Departamental de Cundinamarca de Población Desplazada
Para estas organizaciones,
quienes presentaron un documento conjunto, el fenómeno del desplazamiento
forzado interpela a la sociedad en su conjunto, con lo cual es preciso definir
varios niveles de partes lesionadas (sin ánimo a igualar su afectación) y en
consecuencia determinar medidas de reparación para cada una de estas esferas.
Nos referimos concretamente a que el desplazamiento forzado afecta no solo al
individuo o núcleo familiar, sino también a una comunidad y en especial a la
sociedad.
De conformidad con lo anterior,
consideran que no basta con identificar individualmente desplazados,
diagnosticar derechos vulnerados y finalmente reparar sino que es preciso
además hacer un diagnostico del proyecto comunitario y social que frustraron
los agentes generadores del desplazamiento y plantear medidas que propendan
por: 1. la reconstrucción del tejido social y proyecto comunitario a nivel territorial,
y  2. sensibilicen de manera efectiva a la sociedad en su conjunto sobre el
silencioso y cómplice rol que se ha tenido para con el fenómeno del
desplazamiento, de tal suerte que se asuma como una grave violación de derechos
humanos.
Sostienen que también hay que
identificar los obstáculos que impiden garantizar la efectividad de una
política administrativa de reparaciones, tales como: dificultades para probar
la relación jurídica sobre bienes e inversiones, persistencia y agudización del
conflicto armado, intereses económicos y políticos detrás del despojo,
incoherencia de las políticas de atención del desplazamiento forzado y las
políticas agrícolas, carácter complejo, permanente y continuado del
desplazamiento en Colombia,
Respecto
al Decreto 1290 de 2008, estás organizaciones manifestaron que la propuesta de
reparación administrativa formulada por el Gobierno Nacional no satisface los
estándares internacionales de protección del derecho a la reparación integral,
previstos y desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos.
El
programa de reparación administrativa contenido en el Decreto 1290 de 2008 no
reúne las condiciones mínimas señaladas[7]
porque no es completo en tanto el conjunto de beneficiarios no coincide
con el número de víctimas ni la categoría de delitos prevista corresponde con
la diversidad de violaciones de derechos humanos cometidas en el país; no es abierto
porque restringe la mayoría de vías judiciales ni tampoco es participativo
porque en su elaboración fueron desconocidas las solicitudes de organizaciones
como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
El
Decreto 1290 de 2008 prevé medidas de reparación solidaria, restitución,
rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, (art. 4),
lo cierto es que sólo desarrolla parcialmente la reparación solidaria, la cual,
de suyo es precaria porque los montos no son proporcionales al daño causado y
porque la denominación de ser “solidaria”, significa que no es una reparación
concebida como un mecanismo de justicia frente al daño sufrido por las
víctimas sino como un paliativo derivado de la solidaridad estatal.
En
relación con la ley 975 de 2005 éstas organizaciones dijeron que a pesar de la
enunciación genérica que hace al comienzo de su texto, en el desarrollo de la
misma no contiene medidas concretas de ninguno de los tipos de reparación
integral, salvo que parcialmente podría considerarse el incidente de reparación
como parte de la compensación económica. Sin embargo, los demás elementos no
fueron desarrollados en concreto por la ley, es decir, no se definieron las
medidas exactas por las cuales las victimas podían acceder a programas de
rehabilitación, restitución de tierras y satisfacción de sus derechos.
En cuanto
a la ley 418 de 1997, consideran que este instrumento junto con las leyes 548
de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 no hacen parte del marco jurídico de
protección de los derechos de las víctimas por tanto carecen en su integridad
de los elementos del derecho a la reparación integral.
Finalmente,
sobre la reparación administrativa se destacó algunas de las condiciones que
debe cumplir. Entendiendo las medidas de una política administrativa como
respuesta a una vulneración masiva de derechos de las víctimas,
consideramos que no necesariamente tiene que implicar el sacrificio a la
reparación integral, contrario a esta visión, se considera que la reparación
vía administrativa como un procedimiento breve, eficaz y complementario.
Bajo esta perspectiva, para estas
organizaciones no es dado afirmar que la reparación administrativa es el
mecanismo mediante el cual se estandariza a las víctimas en función de los
delitos, homogeneizando sus daños y provocando la compra de su silencio. Lo
anterior por cuanto, la reparación es solo una y dada la situación de
vulnerabilidad manifiesta a la que están sometidas las víctimas, solo puede ser
integral. Cualquier mecanismo administrativo o judicial debe ir en la misma
dirección.
Sobre la responsabilidad del
Estado, se expuso que las violaciones de derechos humanos cometidas en el país
comprometen la responsabilidad estatal por causa de los compromisos asumidos
por el Estado con la suscripción y ratificación de los instrumentos, pactos y
convenios internacionales de derechos humanos. Por tanto, el concepto solidario
de reparación que ha edificado el Gobierno Nacional como única fuente de las
medidas de reparación planteadas es insuficiente porque desarrolla
precariamente el contenido y alcance del derecho a la reparación integral. Como
señalamos antes no se han tomado medidas efectivas ni concretas para desarrollar
los elementos de la reparación integral y no se ha previsto la reparación
propuesta por el Gobierno como un mecanismo de justicia sino solamente de
solidaridad, el cual, no es en sí contrario a las obligaciones internacionales
pero claramente no las atiende de forma adecuada porque el cumplimiento de
dichas obligaciones no depende de actos solidarios del Estado sino de
compromisos internacionales exigibles y vigentes.
De otra
parte,  se consideró que el Decreto 1290 prevé una indemnización de 27 SMMLV para
las familias o personas desplazadas, entendiendo que no se pagará
individualmente a cada víctima, si no como está regulado en el decreto, se paga
una indemnización por grupo social afectado.
En
relación con los parámetros nacionales e internacionales de daño material e
inmaterial se observó que no existe una razón justificada para validar una
cifra como la contenida en el Decreto 1290 de 2008. Básicamente, porque no se
explica cómo hizo el Gobierno Nacional para determinar que unos delitos eran
más graves que otros y con base en ello definir unilateralmente la tabla de
pago. Por ende, a todas luces, la indemnización planteada por este decreto es
insuficiente.
Teniendo
en cuenta que la reparación administrativa solo ha contemplado las medidas de
compensación económica, al menos, en ese componente debería ser integral y
respetar los criterios establecidos por la jurisprudencia nacional e
internacional y dejar el resto de componentes no incluidos a la justicia, a
través de un procedimiento que deberá crearse conforme a las pautas que ha
desarrollado la Comisión de Seguimiento y los debates expuestos en este
escrito. Si la reparación en el elemento de indemnización o compensación va a
ser el enfoque de la política así debe estar claramente expreso en la respectiva
norma. Adicionalmente, debe decirse si va a abarcar las medidas materiales e
inmateriales o solamente una de ellas y en cada una si va a abordar todos sus
aspectos o solo alguno(s). La definición del daño emergente suele ser el
aspecto de mayor complejidad, más aún, cuando se trata de un fenómeno masivo de
violación de derechos como el desplazamiento forzado. Por tanto la reparación
administrativa debería limitarse a pagar el lucro cesante con base en los usos
y costumbres de la economía campesina que incluyan presunciones de protección
especial a la población desplazada.
Ahora
bien, La satisfacción del derecho a la reparación integral depende
necesariamente de los derechos a la verdad y la justicia. Hasta no determinarse
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, no se
puede definir el daño causado; si no se determinan quienes fueron los
responsables no se tiene sujeto pasivo de la reclamación pecuniaria y esto a su
vez sólo es posible establecerlo a través de un proceso penal, en cuya
ausencia, se ve obstruido el derecho a la reparación integral.  Por ende,
claramente existe una conexión externa entre los derechos de las víctimas, en
este caso, de desplazamiento forzado.
En una
política de reparación administrativa para las víctimas del desplazamiento
forzado deberían contemplarse medidas integrales respecto al conjunto de los
derechos de las víctimas, especialmente, para sentar las bases de su
protección.
Se dice
que es de vital importancia tener en cuenta la importancia de atender las
diferentes clases de daños sufridos por las personas y los grupos sociales, es
importante que una política administrativa, en primer término, tenga en cuenta
quién es la víctima que va a ser reparada, de lo contrario, podrían incurrirse
en nuevos procesos de revictimización. De allí que la propuesta del Decreto
1290 caiga fácilmente en este error porque ofrece el mismo tipo de `reparación`
sin consideración a las características culturales, sociales y genero, entre
otras., que tienen las personas beneficiarias. Se debe realizar entonces una
caracterización de los tipos de personas de los grupos sociales desplazadas por
reparar, para lograr una reparación acorde con sus usos y costumbres sociales.
Este proceso debe ser participativo y debe permitir la identificación de los
múltiples daños materiales e inmateriales ocasionados.
En segundo
lugar, debe tenerse en cuenta que bien sea una reparación individual o
colectiva deben reconocerse las reparaciones materiales e inmateriales. En este
punto, normalmente se cae en el error de desconocer el perjuicio social
ocasionado a los grupos o pueblos afectados, en este caso, con el
desplazamiento forzado. El impacto de esta violación de derechos humanos varía
dependiendo de las características del grupo social. Por ejemplo la afectación
a un sindicato en términos organizativos y las necesidades para restablecer sus
derechos son distintas de los pueblos indígenas. En consecuencia, también debe
hacerse una caracterización de los grupos sociales por reparar, con el fin de
responder adecuadamente a las necesidades para restablecer su estructura y
organización.
Igualmente,
estas organizaciones resaltaron que corresponde al Estado realizar un
diagnóstico de la situación de los predios de la población desplazada, que
permita conocer su ubicación precisa, su destinación actual, en suma su
situación jurídica y física actual.  La realización de este diagnóstico deberá
tener en cuenta la dinámica del conflicto armado en las diferentes regiones del
país así la recomposición socio-económica y cultural causada por el conflicto y
el desplazamiento.
Dicho
diagnóstico deberá además aplicar un enfoque diferencial teniendo en cuenta la
caracterización propia de la población desplazada y la legislación espacial que
específicamente protege a cada una de ellas.
Luego del
diagnóstico de la situación de los predios de la población desplazada, teniendo
en consideración los aspectos señalados anteriormente, es preciso idear una
ruta jurídica que permita establecer cuál será la vía más idónea para
garantizar la restitución de las tierras despojadas o abandonas.
En el
diseño de la ruta se deberán tener en cuenta las fortalezas y debilidades que
ofrece la legislación colombiana en materia restitución de bienes y en
consideración a las últimas será necesaria la implementación de un marco
jurídico que atienda las especificidades y características propias de la
tenencia de tierra en cada caso particular y los mecanismos de despojo
implementados.
Junto al
diagnóstico y la ideación de una ruta jurídica con las características
descritas  surge la necesidad de concretar planes de retorno que aseguren el
respeto de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
En
consideración a que el conflicto armado interno no se ha superado y que la
tierra y el territorio siguen siendo un factor determinante en el desarrollo
del mismo urge implementar mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes
para medir el avance en el goce efectivo del derecho fundamental a la
restitución, realizar un monitorio constante de la situación de riesgo de las
comunidades y tomar las medidas necesarias para que quienes han regresado a sus
lugares de habitación puedan seguir viviendo sin coacciones ni amenazas en los
mismos. Ante la inminencia de nuevos desplazamientos es urgente dar celeridad a
la implementación integral de mecanismos de contingencia para atenderlo de la
forma más idónea y dar protección jurídica y material a las  tierras.
En el
desarrollo o implementación de cualquier plan en el que se pretenda atender la
restitución de tierras, el derecho a la participación y el reconocimiento,
respeto y promoción de mecanismos de protección de territorios diseñados por
las comunidades y organización de víctimas cobran una relevancia fundamental.
En materia
de desplazamiento forzado investigar los hechos, identificar, juzgar y
sancionar a los responsables como medida de satisfacción cobra una especial
relevancia. Pues no solo se trata de una medida encaminada a garantizar el
derecho a la verdad y de acceso efectivo de las víctima a la justicia, sino
además constituye, una efectiva garantía de no repetición y en consecuencia de
protección para las comunidades desplazadas y retornadas.
De otro
lado, se expuso la importancia de la participación de las organizaciones en el
diseño e implementación de la política diferenciada es determinante para
garantizar su legitimidad y sostenibilidad. Por tanto, deben realizarse
consultas adecuadas para que estos grupos sociales puedan formular propuestas
concretas para la reparación de los daños causados con el desplazamiento
forzado.
En cuanto
a coordinación y corresponsabilidad, se precisó que las entidades de carácter
nacional tienen una función importante porque la capacidad institucional
resulta más fuerte que en las regiones. Por lo tanto, se deberían crear
comisiones interinstitucionales entre las entidades nacionales y las regionales
para restituir región por región los bienes.  En cuanto concierne a
rehabilitación se manifestó que las entidades territoriales deberían desempeñar
una función principal por el acceso inmediato que requieren las víctimas, pero
los funcionarios deben ser capacitados por un equipo interdisciplinario
encargado de unificar procedimientos y formarles en derecho internacional de
los derechos humanos.  Sea cualquiera el mecanismo procesal ideado para lograr
reparaciones administrativas, este debe tener instancias regionales y una
instancia de cierre para unificar los estándares de reparación más acordes con
el derecho internacional de los derechos humanos y establecerlos como pauta de
interpretación para los demás casos.
En
conclusión, se resaltó la importancia del diseño, implementación y desarrollo
de una política integral en materia de reparación administrativa abarca un
esfuerzo en el que deben coordinarse todas las instituciones del Estado. Una
política coherente debe comprometer a todas las ramas del poder público y debe
además contar con la participación activa y con capacidad de incidencia de la
sociedad civil.
13.11 Comisión
Colombiana de Juristas
Entre los
principios que consideran se deben privilegiar en el diseño e implementación de
una política administrativa de reparación integral a víctimas en Colombia, que
incluya por supuesto a las víctimas del desplazamiento forzado, se encuentran
fundamentalmente: (i) los Principios y directrices básicos sobre el derecho de
todas las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones[8];
(ii) los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones
Unidas[9];
y (iii) los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de
los refugiados y las personas desplazadas.
Como
resultado de su valor en el derecho internacional, los principios
internacionales sobre impunidad y sobre reparaciones deben ser observados con
estricta obligatoriedad en Colombia, por mandato expreso de la Constitución
Política (artículos 9, 93 y 94).
Otro aspecto que se resalta es la
integralidad de la reparación supone que las víctimas sean sujetos de
reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de
afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones
no son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles. Además, sumada a la integralidad se debe
garantizar la proporcionalidad, lo que significa que no sólo es necesario
reconocer que la reparación puede tener varios componentes según el caso (v.gr.
reparación individual, colectiva, económica y simbólica), sino además que en
cada uno de esos componentes la magnitud de la reparación dependerá del daño
sufrido.
Sobre el
derecho de las víctimas a la reparación integral en el decreto 1290 de 2008
sobre reparaciones administrativas se señaló que la totalidad del Programa
de Reparación Individual por Vía Administrativa encuentra su fundamento en
el principio de solidaridad. Es decir que el decreto desconoce de manera
expresa la obligación, derivada del texto constitucional y de los tratados
internacionales ratificados por Colombia, que subyace a cualquier acto de
reparación.
Se dijo
también, que al fundamentar en el principio de solidaridad el programa creado,
se pretende ignorar que la reparación es una obligación, no una concesión
graciosa del Estado. Con ello, deja de lado que dicha obligación nacional e
internacional de reparar se fundamenta en el reconocimiento de responsabilidad
por parte del Estado, responsabilidad que, en casos de violaciones a los
derechos humanos, se deriva de su acción (directa o indirecta) u omisión, o del
deber de garantía de los derechos que tiene frente a todo ciudadano. Y es en
virtud de esta responsabilidad, como el Estado se ve avocado a proveer a las
víctimas mecanismos adecuados y suficientes de reparación. Las medidas que se
dispongan deben ser acordes con el derecho internacional de los derechos
humanos, y sus estándares se aplican tanto para reparaciones dentro de procesos
judiciales como para programas de reparación administrativa. Al establecer como
fundamento de la reparación el principio de solidaridad, el decreto evita el
reconocimiento de responsabilidad que le corresponde al Estado, pues muestra
las medidas como fruto de una acción unilateral, potestativa del Estado, casi
como un favor para con las víctimas, no como la respuesta que está obligado a
dar como parte de un imperativo superior.
Además, al
señalar que se reconocen dichas medidas “sin perjuicio de la responsabilidad
de los victimarios y responsabilidad subsidiaria o residual del Estado”, se
está negando el reconocimiento de la responsabilidad estatal y, por el contrario,
se está dejando en claro que el Estado solamente responde en subsidio, si el
victimario no comparece ante la justicia o no es posible identificarlo, o
residualmente, para completar lo que falte si lo que aquel ofrece no es
suficiente.
Esta
organización considera que el Gobierno olvida que la naturaleza de las medidas
que se adoptan con fundamento en el principio de solidaridad es humanitaria, no
reparadora; y que, en ese orden de ideas, la indemnización como medida de
reparación debe compensar el daño causado y ser proporcional a este, por lo que
no puede ser simplemente solidaria. Al afirmar que “La reparación individual
por la vía administrativa de que trata el presente programa, se fundamenta en
el principio de solidaridad del Estado con las víctimas”, el artículo3 del
decreto realmente está señalando que las medidas del Programa no son de
reparación sino humanitarias, pues la naturaleza de las medidas que se adoptan
en virtud del principio constitucional de solidaridad es humanitaria, no
reparadora. Así las cosas, y a pesar de la denominación que se les dé en el
papel, medidas como la llamada indemnización solidaria que contiene el
decreto 1290 de 2008 no son de reparación, pues su esencia es solidaria.
En ese mismo
sentido, el decreto 1290 anuncia en el artículo 2 la inclusión de un enfoque
diferencial, pero no adopta ninguna medida concreta dentro del articulado que
responda a las particularidades de estas poblaciones. Incluso, el mismo
artículo señala expresamente que la indemnización solidaria no estará
sujeta a la aplicación de este enfoque, lo que genera tratos discriminatorios y
desmedro en el derecho a la reparación de estos sectores.
El decreto
1290 reitera el derecho de todas las víctimas de acudir a otras vías para
exigir sus derechos a la verdad y a la justicia, pero el articulado no contiene
ninguna propuesta ni disposición en este sentido. Para que la reparación
administrativa sea exitosa es necesario que, como parte de las medidas de
satisfacción, restitución y no repetición, se incluyan disposiciones que
conduzcan al esclarecimiento de los hechos y su amplia difusión, así como a la
identificación y sanción de los responsables, como una manera de dignificar a
las víctimas. Pero nada de esto está contemplado en el mencionado decreto, el cual
no alcanza un carácter reparador al ofrecer sumas de dinero, pero sin
contribuir a la satisfacción integral de los derechos de las víctimas.
Un programa de reparaciones
administrativas no implica autorización alguna para flexibilizar los derechos a
la justicia, la reparación y a la verdad de los que son titulares las víctimas.
El principal presupuesto de
cualquier medida de reparación a cargo del Estado es el reconocimiento por
parte de este de su responsabilidad (por acción u omisión, directa o indirecta)
en la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a las violaciones a derechos
humanos. El fundamento no debe ser el principio de solidaridad que usualmente
sirve como sustento para la adopción de medidas de atención humanitaria o
atención de emergencia pues este principio no es el que sustenta que un Estado
decida asumir la tarea de reparar a víctimas de violaciones a los derechos
humanos, este tipo de medidas las ofrece quien tiene el deber de resarcir.
De otra parte, se argumentó que
las violaciones a derechos que han sufrido las víctimas de la violencia
sociopolítica en Colombia exigen medidas de justicia que como mínimo
garanticen: que en todo caso, los hechos conocidos o denunciados sean
investigados; que se utilicen todos los medios legales necesarios para
establecer la responsabilidad por dichos hechos; que se impongan penas
proporcionales a la magnitud de la trasgresión; que si se han de conceder
beneficios a los agresores, estos no se entiendan como automáticos, sino como
el producto de la contribución que el agresor haga a la paz, no únicamente con
la dejación de las armas y con otras expresiones de verdadera desmovilización,
sino con la revelación de la verdad, en tanto sólo dichas circunstancias
justificarían el sacrificio que en términos de justiciabilidad hacen las
víctimas; y finalmente, que, tratándose de violaciones de derechos humanos o al
derecho internacional humanitario, no se puedan imponer penas principales, ya
se trate de penas ordinarias o alternativas, diferentes a la pena privativa de
la libertad, asumiendo la imposibilidad de otorgar indultos o amnistías.
La implementación de cualquier
política de reparación requiere de un enfoque diferencial que contenga medidas
específicas encaminadas a garantizar la realización del principio de igualdad
de poblaciones históricamente marginadas como los niños y las niñas, las
mujeres, los indígenas y afrodescendientes, los discapacitados y los adultos
mayores, entre otros.
Finalmente, se consideró por
parte de esta organización que una política de reparaciones debe contemplar
esta situación fáctica y tomar las medidas del caso para establecer
procedimientos lo suficientemente ágiles pero que den cuenta de la realidad de
los trasportes y comunicaciones en Colombia, así como de las posibilidades de
acceso de las víctimas.  Además, una política de reparaciones administrativas
debe tratar con celeridad tanto las solicitudes de reparación como los pagos y
debe entregar estos últimos en un periodo de tiempo razonable.
13.12 Fundación Social
Se destaca, en el documento
enviado por la Fundación Social, que los procesos de participación de victimas
deben cobijarlas de la manera más amplia posible a través de mecanismos
concretos a poblaciones específicas y basándose en criterios de razonabilidad,
igualdad y no discriminación.  Al final de dichos procesos, las políticas que
se adopten deben tener en cuenta seriamente las propuestas presentadas, y
cuando estas no sean acogidas, se deben dar explicaciones públicas y que
resulten razonables tanto en sentido práctico como jurídico.
En ese contexto, la consulta y
participación de las víctimas es una directriz que da legitimidad y apropiación
a los procesos de reparación.  Las víctimas más que simples beneficiarias de
una medidas, deben ser vistas y tratadas como ciudadanas activas que agencian
sus derechos en el marco de procesos participativos, fundados en la
información, la democracia y la inclusión.
13.13 Corporación Casa de la
Mujer
Entre los múltiples aportes de
esta corporación se encuentran los siguientes:
Tener en cuenta como uno de  los
principios en el  diseño e implementación de una política pública
administrativa de reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado, la
protección reforzada para las mujeres desplazadas, la igualdad real y efectiva,
es decir la no discriminación, el carácter transformador de la reparación, cuyo
desarrollo teórico lo ha hecho el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad - DEJUSTICIA, entre otros.
Se denota en este informe un
aparte relativo a las falencias encontradas en el Decreto 1290 de 2008, entre
las que se destacan: (i) la ausencia de enfoque diferencial, (ii) ausencia de
participación de las víctimas, (iii) el carácter restringido del universo de
víctimas, (iv) la exclusión de la reparación colectiva, (v) la solidaridad como
fundamento de la reparación, (vi) el carácter indemnizatorio del denominado
programa de reparación administrativa, (vii) la confusión entre medidas de
reparación y las medidas de ayuda humanitaria y el desarrollo de políticas
sociales del Estado, (viii) la no articulación con medidas que garanticen los
derechos a la verdad y a la justicia.
La Casa de la Mujer considera que
la manera como debería incluirse el enfoque diferencial para las mujeres
víctimas del desplazamiento forzado debe cumplir con presupuestos como: (i)
garantía del derecho a la participación, (ii) reconocimiento a la gravedad de
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, de su condición como
sujetos de derechos, y de especial protección constitucional, (iii) carácter
especialmente flexible de la prueba para el reconocimiento como víctimas en el
caso de las mujeres en situación de desplazamiento forzado, (iv) creación de
mecanismos que atiendan las barreras de las mujeres para acceder a la
reparación, (v) garantías para el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación.
13.14
Asociación de desplazados afro descendientes del Chocó –(ADACHO)
Esta
asociación subraya, entre otras cosas, lo fundamental del principio de participación
de las comunidades, como mecanismo de control para el acceso a la reparación
integral de manera preferente, a través de una ruta rápida y oportuna.
De otra parte,
también destacó que en el departamento del Chocó se hace necesario, como medida
de satisfacción, el desarrollo de acciones que estimulen el fortalecimiento
organizativo de las comunidades y generan espacios que propicien el fomento y
recuperación de la cultura y la identidad afrocolombianas.  Sobre las medidas
de rehabilitación señalaron la relevancia del censo a las víctimas y el estado
de atención en que se encuentren.
Así mismo,
recomendaron fortalecer los procesos de consulta previa con las comunidades y
adelantar procesos de formación sobre los impactos positivos y negativos de
estas intervenciones en sus territorios.
13.15
Fundadesplazados
La fundación
en cita hizo varias consideraciones, entre las cuales se resalta que la
reparación integral vía administrativa puede entregarse tanto en dinero como en
especie, también en forma gradual y fijando plazos, fechas, montos, es decir,
que se establezca un verdadero plan nacional de reparación en consulta con las
víctimas y sus organizaciones, sujetos activos en la elección de sus
preferencias de reparación. Según esta fundación, dicha reparación que deberá
ser entregada primero a mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas,
afrocolombianas, tercera edad y discapacitados.
13.16
Campaña Nacional e Internacional “Tierra, Vida y Dignidad”
La
organización en mención se ocupó de varios aspectos en su escrito, entre los
cuales se trató la reparación integral que, según se dijo, ha de tener en
cuenta el daño ocasionado de manera diferencial, es decir, el daño material, el
derecho a la vida, el daño psicosocial y cultural y los efectos colaterales que
preestablezcan de manera evidente la superación de la situación de la víctima y
en este caso, los hijos y menores de edad que han quedado huérfanos a cargo de
mujeres cabeza de familia.
De otra parte,
se puso de presente la importancia de reconocer a todas las víctimas, no sólo
del accionar de grupos armados ilegales involucrados en el conflicto, sino
también, las resultantes de la implementación del modelo de desarrollo
económico, de las fumigaciones, de detenciones masivas, de bloqueos alimentaros
e incluso de la acción legal de la fuerza pública.
Al igual que
la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Organizaciones de Población
Desplazada del Valle –MDFOPD, esta mesa resalta la importancia de contar con
una veeduría ciudadana, en cabeza de las organizaciones de población
desplazada, dotadas de suficientes herramientas técnicas, jurídicas y humanas
que puedan ejercer una vigilancia y seguimiento al proceso de reformulación de
la política pública.
13.17
Mesa municipal de fortalecimiento- organizaciones de población desplazada
Santiago de Cali
Esta mesa
manifestó que al carecer de recursos económicos y técnicos para abordar los
temas señalados en el auto de pruebas del 31 de mayo de 2010, a través del cual
se decretaron algunas intervenciones por parte de entidades y organizaciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales, especializadas en el tema de
que tratan las acciones de tutela de la referencia, coadyuva los conceptos
emitidos por otras entidades  de orden público y privado nacionales e
internacionales sobre el particular.
13.18
Mesa de trabajo de Bogotá sobre desplazamiento forzado interno
La mesa ya
señalada se pronunció sobre temas como el de tierras, dentro del cual destacó
que las familias deberían tener la posibilidad de complementar las
declaraciones que rindieron al inicio del desplazamiento; ya que en muchas
ocasiones no se incluyeron los bienes abandonados.  En ese sentido, se insistió
en el deber de diseñar un programa para establecer el valor y costo de los
bienes que abandonaron las familias, teniendo en cuenta los cultivos, las
casas, los muebles, los animales, la maquinaria, las herramientas, entre otros.
De otro lado,
y en cuanto concierne al derecho a la educación se sugirió tener en cuenta
programas de vinculación laboral a quienes terminen sus estudios y educación en
derechos para la población desplazada, incluir  en el programa de la historia
de Colombia un capítulo sobre el conflicto y la historia del desplazamiento
forzado.  En cuanto hace referencia al tema de la reparación colectiva, se dijo
que es importante la conservación de las semillas naturales, es decir, que no
se impongan cultivos transgénicos  a quien quieran retornar y la
sensibilización en instituciones educativas de todo nivel para que se reconozca
la realidad del desplazamiento forzado, entre otros aportes hechos.
13.19
Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC)
Entre otras
consideraciones de dijo que debe existir la garantía del derecho a la
información de las víctimas para conocer el estado del trámite de la solicitud,
que el enfoque diferencial es fundamental en cuanto concierne a la reparación
integral, debe llegarse a una concertación con las víctimas para lograr
satisfacer sus necesidades básicas con la mencionada reparación, que debe ser
de carácter colectivo, individual, oral, espiritual, cultural, económico y
político.  De igual manera, los plazos para la reparación deben ser concertados
con las víctimas  y debe suprimirse la tramitología que atenta contra la
dignidad de los propios afectados.
13.20
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Dentro de los
documentos enviados a la Corte, esta organización aportó los criterios de
reparación integral para los pueblos indígenas de Colombia propuestos en el 1er
encuentro de verdad justicia y reparación integral, entre los que se destacan:
la reparación histórica, colectiva e individual; diferenciación de tipos de
obligaciones estatales; tipos de violencia; reconocimiento de la función de la
mujer; la espiritualidad; la diversidad étnica y cultural; el reconocimiento de
los pueblos indígenas como sujetos de derecho; la conceptualización de las
nociones de verdad, justicia y reparación; la justicia propia; superación de la
impunidad; participación efectiva y eficaz; reconocimiento del conflicto social
y armado; efectuar pactos de no repetición; iniciativas de dialogo para la paz;
reconocimiento de la responsabilidad del Estado y reconocimiento,
fortalecimiento e implementación de los planes de vida de los pueblos
indígenas; principios que fueron tenidos en cuenta al momento de emitir esta
providencia.
13.21
Organización Regional Indígena Valle del  Cauca-Asociación de Cabildos
Indígenas Decreto 1088 de 1993 (ORIVAC)
En el
documento aportado por esta organización se habla con especial énfasis sobre el
retorno o remplazo de tierras, sobre el punto se manifestó que una
característica de los grupos étnicos y en especial de los indígenas, es su
amor  y apego al territorio de sus ancestros.  En ese orden, la tierra tiene un
profundo significado cosmogónico y cosmológico dentro de la peculiar concepción
del mundo de cada grupo indígena.
Se resalta
entonces que, lo peor que le puede suceder a una comunidad étnica es ser
desplazada violentamente de su territorio ancestral, pues así se reubique y se
mejoren sus condiciones de vida, jamás se podrá remplazar sitios sagrados,
lugares de reposo de los antepasados, hitos especiales para su memoria
cosmológica.  Todo lo anterior, sin contar que cada grupo fue creando un sistema
especial de vida acorde con el entorno natural que formaba su hábitat, siempre
respetando la tierra y pensando en su conservación, de la cual depende la
supervivencia futura de la comunidad. Por ello, se dijo que cualquier política
administrativa o judicial de reparación integral a las víctimas étnicas del
desplazamiento forzado, debe incluir necesariamente el retorno lo más pronto
posible a su lugar de origen.
13.22
Asociación Nacional Solidaria para la defensa de la mujer y la familia
desplazada (ANSPALMUFAD)
Esta
asociación presentó un informe detallado en el que se hace alusión a la
problemática que padece la población desplazada en general.  Dentro del mismo,
se señaló la falta de voluntad política para llevar a cabo el proceso de
reformulación de los diferentes componentes que hacen parte de la atención
integral a la población desplazada, así como una política pública dirigida a
ésta población en particular.
De igual
manera, se destacó que la ayuda humanitaria proporcionada por el Estado no se
compadece con la situación de ésta población y que se ha dejado relegado el
principal objetivo de la atención, como lo es, la generación de ingresos que
permitan al desplazado cambiar de condición. También se hizo énfasis en la
necesidad de una participación eficiente de la población desplazada en el
diseño e implementación de la política pública tendiente a contrarrestar esta
problemática, entre otros aspectos.
13.23
Mesa Departamental de Fortalecimiento de organizaciones de población desplazada
del Valle (MDFOPD)
Entre algunos de los aportes
hechos por esta mesa se resalta que no se puede limitar la política pública de
reparación a la reparación económica, dejando de lado otros aspectos como la
verdad, la justicia y no repetición o los enfoques diferenciales.  Esta
organización entiende la integralidad de los derechos desde un enfoque de
restitución y no desde una perspectiva indemnizatoria, pues al ser el
desplazamiento forzado un crimen de lesa humanidad las victimas son sujetos de
derechos  y acciones preferentes de acceso a programas sociales los cuales no
pueden ser considerados como parte de la reparación.
De igual manera, esta mesa
resalta la importancia de contar con una veeduría ciudadana, en cabeza de las
organizaciones de población desplazada, dotadas de suficientes herramientas
técnicas, jurídicas y humanas que puedan ejercer una vigilancia y seguimiento
al proceso de reformulación de la política pública. Del mismo modo, se destacó
que el Plan Integral Único-PIU es una herramienta imprescindible para llevar a
cabo los proyectos directamente relacionados con la atención de esta
problemática.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección número Once, mediante auto del veinte (20) de
noviembre de dos mil nueve (2009), dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
1. Competencia
Esta
Corte es competente para conocer de la revisión de los fallos materia de la
misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y
demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por las
diferentes Salas de Selección.
2. Problema Jurídico
El
problema jurídico que debe resolver esta Sala, es si en los casos de tutela que
se examinan, se presenta vulneración del derecho a la indemnización
administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte de la
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, hoy transformada en el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con la Constitución
Política de 1991, los estándares mínimos de derecho internacional en materia de
reparación a víctimas, y el nuevo marco jurídico e institucional creado por la
Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800
de 2011.
Así,
la Sala Plena de esta Corporación deberá unificar los distintos criterios
jurídicos que han dado lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a
partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los
mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado. Para ello, la Corte
deberá resolver diversos cuestionamientos jurídicos, tanto de tipo procesal
como sustancial, asociados a la procedencia de la acción de tutela, su
prosperidad en los casos en concreto y el régimen legal aplicable, con el fin
de lograr la protección efectiva del derecho a la reparación integral de las
víctimas de desplazamiento forzado, atendiendo el nuevo marco legal y
reglamentario en la materia.
Para esclarecer estos problemas
jurídicos, y teniendo en cuenta que los actores reivindican no solamente la
indemnización administrativa sino la reparación integral, y que existe una
conexión intrínseca entre el derecho a la reparación integral y los derechos a
la verdad y a la justicia de las víctimas, la Sala abordará los siguientes
temas:  (i) los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario y derecho
internacional de los derechos humanos; (ii) la jurisprudencia
constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad sobre los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii)
la jurisprudencia constitucional en sede de tutela acerca de los derechos
de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iv) la
jurisprudencia constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 y sus autos de cumplimiento sobre reparación a víctimas de
desplazamiento forzado; (v) la jurisprudencia del Consejo de Estado en
materia de reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado en el
marco de procesos contencioso administrativos; (vi) el nuevo marco
jurídico institucional para la reparación integral a víctimas, de conformidad con
la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios; (vii) los recientes
pronunciamientos de la Corte en relación con la Ley 1448 de 2011 o Ley de
Víctimas; (ix) conclusiones respecto del derecho a la reparación
integral de las víctimas de desplazamiento forzado; y finalmente abordará (x)
la resolución de los casos concretos.
3. Los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación
integral en el marco del derecho internacional humanitario, el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho comparado[10]
3.1 En
relación con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, la jurisprudencia de esta Corte se ha referido al derecho
internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos
desarrollado en tratados ratificados por Colombia, como la Convención
Interamericana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al
derecho comparado.[11]
De una parte,
ha reconocido esta Corporación que el derecho internacional relativo al tema de
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para víctimas de
delitos, tiene una clara relevancia constitucional de conformidad con el
artículo 93 superior, en cuanto de una parte, los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno, y de otra parte, los derechos constitucionales deben ser
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia. En este mismo sentido, la Corte ha puesto de relieve que la
jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos, tal como
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia
constitucional en cuanto constituye una pauta hermeneútica para
interpretar el alcance de esos tratados, como la Convención Americana de
Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos constitucionales.[12]
Así, los
derechos de las víctimas de delitos, especialmente de graves violaciones a los
derechos humanos como el desplazamiento forzado, se encuentran reconocidos por
el derecho internacional, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional
(i) de conformidad con el artículo 93 superior, por tratarse de tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos
humanos, prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el
orden interno, (ii) por cuanto los derechos constitucionales deben ser
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia, y (iii) esta Corporación ha reconocido el carácter prevalente de
las normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, y los derechos fundamentales de la población desplazada.
A continuación
la Sala hará una breve referencia a los (i) instrumentos internacionales; (ii)
tribunales internacionales; (ii) el sistema interamericano y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; (iii)  los
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y (iv) al contexto
europeo; en el reconocimiento y protección de los derechos
de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no
repetición.
3.2 Entre
los instrumentos internacionales más relevantes que reconocen los derechos de
las víctimas a la reparación, a la verdad y a la justicia, se encuentran la
Declaración Universal de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración Americana de
Derechos del Hombre –art. 23-, la Declaración sobre los principios fundamentales
de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder –arts.8 y 11-,
el Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art.
17-, el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet”
–arts. 2,3,4 y 37-, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración
de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que extendió las normas de los refugiados a las
situaciones de violencia generalizada y a los desplazados internos - parte III,
párrafo 5-, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y
la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados[13] de
Naciones Unidas y su Protocolo Adicional[14],
tal y como fue expuesto en la aparte 3.1 de esta sentencia.
Especial relevancia reviste la Resolución 60/147 de Naciones Unidas[15], que
consagró una serie de principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones, y el numeral 1° del artículo 63 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han reconocido que las
víctimas de delitos en general, de graves violaciones de los derechos humanos y
del desplazamiento forzado en especial, tienen el derecho fundamental a obtener
una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. Lo
anterior, dado que el daño sufrido desencadenó una vulneración masiva y
sistemática de sus derechos fundamentales, lo cual dio lugar a una situación de
vulnerabilidad, debilidad manifiesta, a unas condiciones de desigualdad, a una
situación de vulneración de sus derechos fundamentales y a la ausencia de
condiciones mínimas de existencia[16],
de donde se deriva la procedencia de la reparación del daño sufrido.
De esta manera,
los parámetros fijados por el derecho internacional y el derecho internacional
de los derechos humanos, señalan que la reparación debe ser justa, suficiente,
efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad
del daño sufrido.
3.3 De
otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativa a los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la no
repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y es
obligatoria para los Estados partes, y de decisiones que constituyen la
interpretación autorizada de los derechos consagrados por ésta.
Para efectos
del actual estudio, es necesario resaltar en primer lugar, que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una prolija, pacífica y
reiterada jurisprudencia en materia de reconocimiento y protección de los
derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, esencialmente
respecto de los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la
garantía de no repetición, los cuales, para la CIDH se encuentran en una
relación de conexión intrínseca.
Sobre los
derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos reconocidos
y protegidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos esta Corporación ha extraído sus propias conclusiones[17].  Para los efectos de
este estudio, se puede sintetizar que, en relación con el derecho a la
justicia, la CIDH ha reiterado en múltiples oportunidades que este derecho
implica, de un lado, (i) una obligación de prevención de los atentados y
violaciones de derechos humanos, y de otra, (ii) una vez ocurrida la violación,
la garantía de acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las
víctimas, lo cual supone a su vez (iii) la obligación de los Estados partes de investigar
y esclarecer los hechos ocurridos, así como (iv) la de perseguir y
sancionar a los responsables, (v) accionar que debe desarrollarse de manera
oficiosa, pronta, efectiva, seria, imparcial y responsable por parte de
los Estados.  Así mismo, (vi) ha establecido la CIDH que estos recursos
judiciales se deben adelantar con respeto del debido proceso, (vii)
dentro de un plazo razonable, y (viii) que figuras jurídicas tales como
la prescripción penal, la exclusión de la pena o amnístias son incompatibles
con graves violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, (ix) ha insistido la
CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a cumplir con el deber de los
Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es definida por la Corte
como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana. En el mismo sentido, (x) ha insistido la Corte en la
gravedad de las consecuencias que apareja la impunidad, tales como la repetición
crónica de las violaciones y la indefensión de las víctimas y sus familiares.
Respecto del
derecho a la verdad, la CIDH ha afirmado que este implica (i) el derecho de las
víctimas y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a
saber quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los
derechos humanos, y (iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad
sobre los hechos. Así mismo, (iv) en el caso de violación del derecho a la
vida, el derecho a la verdad implica que los familiares de las víctimas deben
poder conocer el paradero de los restos de sus familiares. De otra parte, (v)
la CIDH ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no sólo se
predica respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad
como un todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica.
Finalmente, (vi) la CIDH ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el
derecho a la verdad, y el derecho a la justicia y a la reparación.
Acerca del
derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones
tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se
garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las
víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y que (ii) de no ser posible
la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales como
indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar
tanto los daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño
material incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, así como
medidas de rehabilitación, y (vi) que la reparación debe tener un carácter
tanto individual como colectivo, este último referido a medidas reparatorias de
carácter simbólico.
En relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las
víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en la Convención Americana
de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención.[18] En relación con la indemnización, la
Corte Interamericana ha establecido que (a) la indemnización debe estar
orientada a  procurar la restitutio in integrum de los daños causados
por el hecho violatorio de los derechos humanos; (b) que en caso de
imposibilidad de una restitución íntegra debe proceder el pago de una “justa
indemnización” que funja como compensación de los daños;[19] (c) que la indemnización debe compensar
tanto los daños materiales como los morales;[20] (d) que los perjuicios materiales incluyen tanto el daño
emergente como el lucro cesante;[21]
y que (e ) el daño moral “resulta principalmente de los efectos psíquicos
que han sufrido los familiares”,[22]
cuya reparación debe ajustarse a los principios de equidad.[23]
Es de
reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca
existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la
justicia señalando en reiteradas oportunidades que el
derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió,[24]a
conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus
familiares,[25] así como también el derecho a la investigación de los respectivos
hechos y la sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación
de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a
las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo.[26]
Finalmente,
es de suma importancia para el presente estudio, poner de relieve que en
diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado respecto de la
obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido aceptada por Colombia y por esta
Corporación de conformidad con el artículo 93 superior, al ser ese alto
Tribunal el órgano competente de interpretación de la Convención Americana de
Derechos Humanos.[27]
3.4
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[28] constituyen otra fuente
importante de derecho internacional sobre el contenido y alcance de los
derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a la no repetición, por cuanto en
éstos se reiteran los parámetros internacionales mencionados anteriormente y
expuestos en el aparte 3.5 de esta sentencia.
Así las cosas, la Comisión ha reiterado la conexión entre los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en relación con este último
ha insistido en que (i) las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de crímenes de lesa
humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional,
integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a
través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de la
indemnización, de la rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y
de la garantía de no repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño
ocasionado se refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales,
(iv) la reparación se concreta a través de medidas tanto individuales como
colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a restablecer a
la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado.[29]
4. Los derechos de las víctimas de delitos a la verdad, justicia y
reparación en la jurisprudencia constitucional en sede de control abstracto de
constitucionalidad[30]
4.1 La Corte Constitucional ha
consolidado una amplia y reiterada jurisprudencia en materia de análisis
abstracto de constitucionalidad, en torno al contenido, alcance y desarrollo de
los derechos de las víctimas del delito, especialmente respecto de los derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. La jurisprudencia de
esta Corporación ha partido de una interpretación armónica de los artículos 1,
2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta Política, así como de los lineamientos
trazados por el derecho internacional humanitario y los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos respecto de los derechos de las víctimas.
De esta
forma, esta Corporación ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre
los derechos de las víctimas de los hechos punibles, a partir de los postulados
del Estado social de derecho consagrados en la Constitución de 1991, así como
de la expresa mención de las víctimas por el texto superior –art.250 CN-, y ha
contribuido a la consolidación de  un nuevo paradigma acerca de los derechos de
las víctimas de delitos, que no se agota en la reparación económica de los
perjuicios ocasionados por el delito.
En este
sentido, se han fijado parámetros constitucionales mínimos respecto de los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, en casos de
delitos que constituyen un grave atentado en contra de los derechos humanos o
del derecho internacional humanitario, los cuales se refieren tanto a
estándares aplicables dentro de procesos judiciales ordinarios, como también
dentro de procesos de justicia transicional como el enmarcado por la ley de
justicia y paz. Estos parámetros constitucionales mínimos son, en todo tiempo,
presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico interno, en razón a que
se fundamentan en normas superiores de orden constitucional y en los estándares
internacionales fijados por el derecho internacional y el derecho internacional
de los derechos humanos.
Así las cosas, esta Corte se ha referido a los
derechos de las víctimas de delitos a la verdad, a la justicia y a la
reparación en múltiples pronunciamientos[31].
Entre los pronunciamientos
más importantes, están (i) la Sentencia
C-578 de 2002[32],
mediante la cual la Corte
realizó la revisión de la Ley 742 del 5
de junio de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional; (ii) la
sentencia C-580 de 2002,[33]
en la cual la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 707 de 2001, por
medio de la cual se aprobó la Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas;  (iii) la sentencia C-370 de 2006,[34] en donde
esta Corporación conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37
numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, y en contra de esa ley en su integridad; y (iv) la Sentencia
C-1199 de 2008[35],
en donde la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 2°, 4°, 47, 48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.”
4.2 Con base en la basta
jurisprudencia constitucional en materia de los derechos de las víctimas de
graves delitos contra los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral,  la Sala expondrá brevemente las reglas jurisprudenciales
fijadas en estos pronunciamientos y que se sintetizan en este pronunciamiento a
efectos de ejercer la labor de unificación jurisprudencial de dichos criterios:
4.2.1 En cuanto al derecho a la
justicia, la Corte en su jurisprudencia ha establecido diversas reglas,
tales como:
(i)La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de
derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas,
continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno;
(ii) la obligación del Estado de luchar contra la impunidad;
(iii) la
obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a
la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las
víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado
de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas
afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los
intereses de las víctimas en el juicio;
(iv) el deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a
los responsables de graves violaciones de derechos humanos como el
desplazamiento forzado;
(v) el respeto del debido proceso y de que las reglas de
procedimiento se establezcan con respeto del mismo;
(vi) el deber de establecer plazos razonables para los procesos
judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos
pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las
víctimas y a la no obtención de una justa reparación;
(vii) el deber de iniciar ex officio las investigaciones en
casos de graves violaciones contra los derechos humanos;
(viii) el
deber constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto
de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como
amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad;
(ix) el establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de
los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como
el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las
penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;
(x) la determinación de límites frente a figuras de exclusión de
responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición,
en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y
por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y
proporcionales a los responsables de los crímenes investigados. Esta regla,
como lo ha señalado la Corte, sólo puede tener excepciones en procesos de
justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de
derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la
verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no repetición
destinadas a evitar que los crímenes se repitan;
(xi) la legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de
graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el fin
de obtener la verdad y la reparación del daño;
(xii) la
importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de
conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos;
(xiii) la garantía indispensable del derecho a la justicia para
que se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las
víctimas.
4.2.2 En relación con el derecho
a la verdad, la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes
criterios jurisprudenciales:
(i) El
derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los
Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad
humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al
bueno nombre y a la imagen;
(ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves
violaciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad
de lo ocurrido;
(iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus
familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión
individual y una colectiva;
(iv) la dimensión individual del derecho a la verdad implica que
las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los
responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja
por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos,
y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos
criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se
investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de
guerra o un crimen de lesa humanidad;
(v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte,
significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia
historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la
divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la
obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos;
(vi) el derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible
que puede y debe ser garantizado en todo tiempo;
(vii) con la garantía del derecho a la verdad se busca la
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real;
(viii) este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y
conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la
verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la
verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de
investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas
por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción;
(ix) de otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado
con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las
víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación;
(x) los familiares de las personas desaparecidas tienen
derecho a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de
las investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el
paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en
el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos
crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen
procesos penales en contra de los presuntos responsables (por muerte,
indeterminación o cualquier otra causa)[36];
(xi) finalmente, en cuanto al
derecho a la verdad, la Corte resalta no sólo la importancia y la obligación
del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la
responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la
importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad
histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en
casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben
servir a los fines constitucionales antes mencionados.
4.2.3 En cuanto al derecho a la reparación, la jurisprudencia de
la Corte ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en
armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la materia:
(i)El reconocimiento
expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las
personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por
tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las víctimas, como
en el caso del desplazamiento forzado;
(ii) el derecho a la reparación
integral y las medidas que este derecho incluyese encuentran regulados por el
derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y
la determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos
y deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la reparación
de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas
medidas determinadas no sólo por la justicia distributiva sino también por la
justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración
plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas;
(iv) las
obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución
plena (restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento
de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta
como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas
medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las
víctimas;
(v) de no ser
posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de
medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado;
(vi) la
reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una
serie de medidas tales como: la rehabilitación, la satisfacción y garantías de
no repetición. Así, el derecho a la reparación integral supone el
derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los
cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la
rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la
reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; así como medidas
de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los
crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su
comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones
continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) la
reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
tiene tanto una dimensión individual como colectiva;
(viii) en su
dimensión individual la reparación incluye medidas tales como: la restitución,
la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix) en su
dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de
satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) una medida
importante de reparación integral es el reconocimiento público del crimen
cometido y el reproche de tal actuación. En efecto, como ya lo ha reconocido la
Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a
que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos.
Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos, es la actitud
dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes
cometidos;
(xi) el
derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, e incluye
además de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga
justicia. En este sentido, el derecho a la reparación incluye tanto
medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica,
como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a los
responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la reparación
como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de conexidad e
interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de manera que no
es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(xii) la reparación integral a
las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la
ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que éstos no pueden
confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y
finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos
sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos
derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a derechos de
vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria la ofrece el
Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como título la
comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave
vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas
o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable  de cumplir con
esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación;
(xiii) la
necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas,
pese a la clara diferenciación que debe existir entre los servicios sociales
del Estado, las acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación
integral. De esta manera, el Estado debe garantizar todas las medidas, tanto de
atención como de reparación a la población desplazada, hasta el
restablecimiento total y goce efectivo de sus derechos.
5. Los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado a la
verdad, a la justicia y a la reparación, protegidos en sede de tutela,
especialmente en el marco de la Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento[37]
5.1 La Corte ha
considerado que el daño que ocasiona el desplazamiento forzado, es un hecho
notorio, y ha reconocido tanto la dimensión moral  como la dimensión
material del daño que causa el desplazamiento. Igualmente, ha afirmado que este
daño se refiere a una vulneración masiva, sistemática y continua de los
derechos fundamentales de las personas víctimas del delito de desplazamiento,
lo cual les ocasiona la pérdida de  derechos fundamentales y de bienes
jurídicos y materiales, lo que a su vez los convierte en una población en
extrema situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto los
sitúa en una condición de desigualdad que da lugar a discriminación.[38]
Es a partir de la definición del
daño que el desplazamiento forzado produce en las víctimas de este delito, que
se puede fundamentar adecuadamente el derecho a la reparación integral de que
gozan las personas obligadas a desplazarse, en cuanto ello permite evidenciar
la dimensión dramática y desproporcionada del daño causado por el
desplazamiento, en razón a que con este delito se afecta la totalidad de los
derechos fundamentales y un universo de bienes jurídicos y materiales de esta
población, lo cual permite igualmente determinar qué y cómo debe repararse, y
cuáles son las obligaciones específicas del Estado en materia de reparación.
De otra parte, la jurisprudencia
de esta Corte ha encontrado que el concepto de daño es un concepto complejo y
ambigüo, con múltiples dimensiones normativas, que hace parte del debate
respecto de la teoría de la responsabilidad por daños. Existen elementos
comunes en las teorías clásicas sobre el daño, que se aplican tanto en el
derecho civil como en el administrativo, en donde se define el daño como (i)
una afectación, destrucción, deterioro, restricción,  disminución o acción
lesiva (ii) respecto de los derechos subjetivos, intereses jurídicos o bienes
patrimoniales o morales de las víctimas, (iii) como consecuencia de una acción
antijurídica que no estaban obligadas a soportar, (iv) que puede ser ocasionada
por acción u omisión, (v) por distintos actores –como el Estado, particulares u
organizaciones de cualquier tipo, (vi) y en diferentes grados, intensidades y
niveles de afectación.[39]
Así, la jurisprudencia
constitucional en sede de tutela se ha pronunciado reiteradamente sobre el daño
que produce el desplazamiento forzado en las víctimas de este delito, sobre la
condición de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta que este delito produce
en sus víctimas, y a la necesaria garantía de los derechos de estas víctimas,
en especial, en lo que concierne a su reparación integral.
En síntesis, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el desplazamiento
forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del daño
antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como (i) una
vulneración múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos
fundamentales de las víctimas de desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación
grave de todos los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y
materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la
pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad,
exclusión social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente
como una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual
y gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este delito.
Teniendo en cuenta las
dimensiones del daño causado por el desplazamiento forzado y el carácter
sistemático, continuo y masivo de este delito, la Corte ha (i) declarado el
estado de cosas inconstitucional en relación con la vulneración masiva,
continua, sistemática del desplazamiento forzado; (ii) la obligación y
responsabilidad del Estado en materia de prevención y de atención integral
desde la ayuda humanitaria de emergencia hasta la estabilización socioeconómica
y la reparación integral a las víctimas; (ii) ha evidenciado las carencias y
falencias por parte de la respuesta estatal e institucional en relación con la
prevención y atención integral del desplazamiento y ha adoptado medidas que
fijan parámetros constitucionales mínimos para la superación de dichas
falencias y del estado de cosas inconstitucional, para el logro del goce
efectivo de los derechos de esta población; y (iii) ha insistido en que el
proceso de restablecimiento y de reparación integral a las víctimas de
desplazamiento forzado es una cuestión de justicia restaurativa y distributiva
y no puede tener un carácter asistencialista.
5.2 En lo que toca con el
reconocimiento del derecho a la reparación a población víctima de
desplazamiento, la Corte en múltiples decisiones de tutela se ha pronunciado a
este respecto[40].
La Sala expondrá sintéticamente las reglas constitucionales en esta materia a
fin de ejercer la labor de unificación encomendada en esta sentencia. Así, la
jurisprudencia de esta Corporación:
(i) Ha reconocido que se trata de
derechos que se encuentran garantizados en los tratados de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario que no pueden ser suspendidos en estados
de excepción y, en consecuencia, hacen parte del bloque de constitucionalidad
en sentido estricto, lo que les asigna el carácter de derechos fundamentales;
(ii) ha afirmado clara y
expresamente la condición del desplazado como víctima de un delito y ha exigido
la inclusión de esa perspectiva en la política pública de atención con el fin
de lograr el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, independientemente del agente causante del desplazamiento;
(iii) ha establecido que el desplazamiento forzado provoca una
vulneración masiva de los derechos fundamentales de sus víctimas, vulneración
de derechos que corresponde al concepto del daño ocasionado a la víctima de
desplazamiento, y que por tanto la víctima tiene derecho a la reparación del
daño ocasionado;
(iv) ha reiterado que la reparación debe ser adecuada, efectiva, rápida,
proporcional al daño causado, plena e integral y que por tanto la reparación
comprende medidas tales como: la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición;
(v) ha enfatizado en que el
titular del derecho a la reparación son las víctimas pero también la sociedad
como un todo, y que por tanto este derecho tiene tanto un contenido individual
como también un contenido colectivo;
(vi) ha insistido en que la
reparación a las víctimas de desplazamiento forzado debe ser integral y que
toda víctima de este delito a quien se le hayan vulnerado sus derechos y
libertades, tiene derecho a exigir medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición;
(vii) ha sostenido que la reparación a víctimas de desplazamiento forzado
tiene como finalidad restituir a la víctima, de ser posible, al estado anterior
a la ocurrencia del daño, entendido esto como el restablecimiento de sus
derechos y la restitución de sus bienes usurpados o despojados, y que de no ser
posible ello, se deben adoptar medidas de compensación;
(viii) ha reiterado también que en materia de reparación para población
desplazada, debe diferenciarse claramente entre la ayuda humanitaria y los
servicios sociales que se prestan a las víctimas, de la reparación e
indemnización a éstas, en cuanto los primeros son de carácter asistencial y se
basan en el principio de solidaridad social y no se derivan de la comisión de
un ilícito, de un daño antijurídico ocasionado por hechos violentos perpetrados
por actores ilegales;
(x) ha fijado el principio de buena fe procesal para el reconocimiento y
otorgamiento de la reparación para la población víctima de desplazamiento, con
fundamento en el mandato de protección constitucional especial e integral para
esta población, y de la situación de extrema vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de estas víctimas, así como en atención a las especiales
dificultades bajo las cuales las víctimas de desplazamiento forzado se ven
obligadas a cumplir con trámites, muchas veces engorrosos, de difícil o
imposible cumplimiento, y que terminan por desconocer su dignidad, su condición
de víctimas o por revictimizarlas. Por ello, la Corte ha aplicado en estos
casos la inversión de la carga de la prueba, sosteniendo que sobre las
autoridades públicas recae la responsabilidad de desvirtuar cualquier
información suministrada por esta población;
(xi) ha establecido igualmente,
con el fin de garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de
desplazamiento, las siguientes obligaciones de las autoridades públicas: (a)
informar a las víctimas de desplazamiento y de otros delitos sobre sus
derechos, (b) realizar una labor de acompañamiento con el fin de que hagan
efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral;
(c) denunciar los hechos ante las autoridades competentes con el fin de que se
investigue y juzgue, e (d) implementar mecanismos efectivos de protección de los
bienes de la población desplazada abandonados;
(xii) ha sostenido así mismo, que
el derecho a la reparación debe brindarse de manera prioritaria a las víctimas
de desplazamiento forzado por su especial estado de vulnerabilidad, debilidad
manifiesta y desigualdad;
(xiii) ha recordado la existencia
de las distintas vías institucionales que tiene la población desplazada por la
violencia para obtener el derecho a la reparación: de un lado, el acceso a la
reparación a través de la vía judicial judicial penal, regulada por la Ley 975
de 2005 para los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de
Justicia y Paz, mediante un incidente de reparación integral de los daños
causados; de otro lado, la vía judicial contencioso administrativa; y finalmente
la vía administrativa;
(xiv) ha reiterado igualmente que
el derecho a la reparación para población desplazada conlleva, una actuación
diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron
compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente;
(xv) ha insistido también en la existencia de una conexidad intrínseca
entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este
sentido ha sostenido que como parte de la reparación se entiende incluido el
derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la satisfacción del derecho a
la reparación y el que el Estado debe garantizar tanto el acceso a tales
recursos como la investigación, juzgamiento y sanción adecuada y proporcional
de los responsables de los crímenes investigados, en el marco de un proceso
eficaz e imparcial, que garantice la participación efectiva de las víctimas en
el mismo. En este sentido, ha reiterado que como parte de la reparación para
población desplazada es necesario que se garantice la verdad, y que este
derecho exige que se establezcan claramente las causas y hechos generadores del
desplazamiento y de los demás delitos de que hubiese sido víctima el
desplazado, así como esclarecer los responsables de los hechos ilícitos, al
igual que la garantía de participación efectiva de la víctima en estos
procesos.
5.3 Revisten especial importancia los pronunciamientos que ha realizado
esta Corporación en materia del derecho a la reparación integral de las
víctimas de desplazamiento forzado en la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
seguimiento, y la conexión de este derecho con los derechos a la verdad y a la
justicia.
Así, en la sentencia T-025 de
2004 la Corte (i) examinó el tipo de órdenes dictadas en sentencias
anteriores, (ii) analizó la respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento
forzado, los resultados de esa respuesta y los problemas más protuberantes de
la política pública de atención a la población desplazada (iii) examinó la
insuficiencia de los recursos disponibles para la ejecución de la política
pública de atención a esta población; (iv) constató que las acciones y
omisiones de las autoridades públicas en la atención a estas víctimas generaban
un estado de cosas inconstitucional, (v) precisó los deberes de las
instituciones del Estado frente a obligaciones de carácter prestacional, (vi)
precisó los niveles mínimos de protección que el Estado debe garantizar, y
(vii) ordenó las acciones necesarias para garantizar los derechos de la
población desplazada.
En el fundamento jurídico 10.1.4.
de la Sentencia T-025 de 2004 la Corte se refiere a la carta de derechos
básicos de que es titular toda persona desplazada. En el numeral 9º de esta
carta, todo desplazado “como víctima de un delito, tiene todos los
derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para
asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de
los autores del delito una reparación”.(Resalta la Sala)
Y se ordena en el numeral 9 de la
parte resolutiva al director de la entonces Red de Solidaridad Social “que
instruya a las personas encargadas de atender a los desplazados, para que les
informen de manera inmediata, clara y precisa la carta de derechos básicos que
toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno señalada en
el apartado 10.1.4 de esta sentencia y establezca mecanismos para verificar que
ello realmente suceda”.
Así mismo, en este
pronunciamiento la Corte incluyó como parte de los derechos mínimos que deben
ser garantizados a la población desplazada, sus derechos a la verdad, a la
justicia, a la reparación integral y a la no repetición. Sobre el punto dijo
que a los desplazados como víctimas de un delito les corresponde:  “… todos los derechos
que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar
que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los
autores del delito una reparación.”
En el Auto 116 de 2008, en
relación con los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral
y a la no repetición, la Corte adoptó nueve indicadores de goce efectivo de
derechos:
Criterio
Indicador de goce efectivo
Existe reparación individual
por vía administrativa para las víctimas del delito de desplazamiento forzado
Todas las
víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno han sido
efectivamente reparadas por vía administrativa
Existe reparación integral para
las víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado
Todas las
víctimas individuales del delito de desplazamiento forzado interno reparadas
integralmente
Existe reparación integral para
las víctimas colectivas del delito de desplazamiento forzado
Todas las
víctimas colectivas del delito de desplazamiento forzado interno han sido reparadas
integralmente
Existe reparación para los
desplazados víctimas de otros delitos tales como: tortura, desaparición
forzada, homicidio, secuestro
Todos los
desplazados que hayan sido víctimas de otros delitos han sido reparadas
integralmente por tales delitos
Los desplazamientos masivos
registrados han sido objeto de investigación y sanción judicial
Todos los desplazamientos
masivos registrados han sido objeto de denuncia penal
Los autores materiales e
intelectuales de desplazamientos forzados masivos registrados han sido
condenados penalmente
Las víctimas de desplazamiento
forzado interno conocen la verdad completa sobre lo ocurrido[41]
Todas las víctimas de
desplazamiento forzado interno conocen la verdad completa de lo ocurrido a
través de un programa gubernamental de difusión de la verdad
Todas las víctimas de
desplazamiento forzado interno conocen la verdad completa de lo ocurrido a
través del proceso judicial
Existen garantías de no
repetición para las víctimas de desplazamiento forzado interno
Ninguna víctima de
desplazamiento forzado interno es objeto de un nuevo desplazamiento forzado
La Corte adicionó como
indicadores opcionales, los 35 indicadores propuestos por la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública de Atención Integral a la Población
Desplazada (parte resolutiva numeral 8). Así mismo, formuló en términos de
componentes y de acciones concretas el derecho a la verdad, a la justicia y a
la reparación, y los indicadores adoptados, que se encaminan a medir cada uno
de los componentes del derecho a la reparación establecidos por el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
(restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no
repetición). Particularmente, estableció que estos indicadores deben servir
para medir si los diferentes componentes de la política pública de atención a
población desplazada tienen un efecto reparativo o reparador, entre otros, la
política de retorno, adjudicación de tierras y vivienda, atención psicosocial,
entre otros, y pueden ser considerados como formas de reparación a la luz de
los estándares fijados por el derecho internacional.
En el auto 218 de 2006, esta
Corporación evidenció que una de las causas de la falta de especificidad de la
política pública en materia de desplazamiento forzado se fundamentaba en la
ausencia de una perspectiva que diera cuenta de los desplazados como víctimas
de una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, e indicó la
necesidad de que esta política garantizara el goce efectivo de los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación.  En este sentido constató que el
criterio de especificidad se encontraba ausente en tres niveles, uno de los
cuales hace relación a “ (c ) … la condición de víctimas del conflicto
armado que tienen las personas desplazadas “[42]
En el auto 092 de 2008, al
ocuparse de la extrema vulnerabilidad de las mujeres desplazadas y del impacto
desproporcionado de los efectos del desplazamiento sobre ellas, la Corte se
refirió de manera específica a aspectos importantes de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación de las mujeres víctimas del delito de
desplazamiento forzado. Así, al considerar las distintas formas como el
desplazamiento forzado afecta a las mujeres, estimó que una de ellas es el “desconocimiento
frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la justicia, a la
verdad, la reparación y la garantía de no-repetición”[43]y que “este
desconocimiento no se limita a los crímenes constitutivos de violencia sexual,
sino en términos generales a todos los actos criminales que precedieron y
causaron el desplazamiento forzado, así como a los actos delictivos de los que
han sido objeto luego del desarraigo”[44].
En cuanto al tipo de medidas
adoptadas por la Corte para hacer efectivos los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación de las mujeres víctimas del delito de desplazamiento
forzado y de otros delitos, la Corte acogió las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2006) en relación con los derechos de las
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, entre otras: (i) la
capacitación de fiscales y funcionarios judiciales para que garanticen los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; y (ii) la expedición de
normas y la implementación de políticas públicas que permitan el acceso de las
víctimas a la justicia mediante el establecimiento de presunciones que
faciliten la prueba de los hechos y la provisión de una representación judicial
adecuada.[45]
En este sentido, se ordenó al Consejo Nacional de Atención Integral a la
población desplazada por la violencia la creación de un programa que garantice
el goce efectivo de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
de las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado y otros delitos.
Así mismo, otros seis programas buscan hacer efectivos elementos del derecho a
la justicia –como los programas (i) prevención del impacto de género
desproporcionado del desplazamiento mediante prevención de riesgos
extraordinarios de género en el marco del conflicto armado; (ii) prevención de
violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus
víctimas, y (iii) prevención de violencia contra las mujeres desplazadas
líderes-; o del derecho a la reparación, tales como el programa de (i)
prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento por los
riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado, (ii)
prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención
integral a sus víctimas, (iii) facilitación de acceso a la propiedad de la
tierra por las mujeres desplazadas, (iv) prevención de violencia contra mujeres
desplazadas líderes, (v) garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación de las mujeres desplazadas, y (vi) acompañamiento psicosocial
para mujeres desplazadas.
En el auto 092 de 2008 la Corte
constató que, tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad agrava el daño y la
vulnerabilidad que afectan a los desplazados por la violencia, motivo por el
cual ésta y los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las
víctimas de los delitos impunes, adquieren una importancia fundamental en el
análisis de toda política pública que persiga la atención integral de esas
víctimas. En este sentido, la Corte trasladó la providencia al Fiscal General
de la Nación para que este adoptara las medidas que considerara adecuadas en
relación con episodios de violencia sexual contra mujeres desplazadas y se le
ordenó, que en el término de seis meses, informara a la Corte sobre cuántos de
esos crímenes habían sido objeto de sentencias condenatorias, resoluciones de
acusación, resoluciones de preclusión, y en cuántos se ha identificado a un
presunto perpetrador, igualmente sobre las labores de apoyo y protección de
víctimas de estos crímenes. (Fundamento jurídico III.1.1.9 y numeral 2º de la
parte resolutiva)
Más recientemente, en el auto 08 de 2009, la Corte evidenció vacíos
protuberantes en la política para garantizar los derechos de las víctimas de
desplazamiento forzado interno a la verdad, a la justicia, a la reparación y a
la no repetición, respecto de lo cual afirmó (i) que los esfuerzos hasta el
momento habían sido incipientes, (ii) una altísima impunidad frente al delito
de desplazamiento forzado, falta de iniciación e impulso de las investigaciones
a pesar de que se trata de un delito que debía ser investigado de oficio de
conformidad con el artículo 159 de la Ley 599 de 2000, (iii) existencia de
grandes obstáculos procesales y de capacidad institucional para avanzar en la
materia, y ausencia de una estrategia para superarlos.
Así mismo, en el auto en mención la Corte concluyó que
la expedición del Decreto 1290 de 2008, que hasta la expedición de la Ley 1448
de 2011 regulaba el tema sobre reparación individual vía administrativa, “no
constituye un avance idóneo para el goce efectivo de estos derechos de la
población desplazada, y que los resultados alcanzados en la materia son aún muy
precarios.”
Por lo anterior y con el fin de avanzar en la
superación de los vacíos protuberantes de la garantía de los derechos a la
verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de la política de
atención a la población desplazada, la Corte ordenó al Gobierno Nacional la
realización de los ajustes necesarios a los componentes de dicha política, para
superar los vacíos protuberantes que subsistían y que impedían avanzar de
manera adecuada y acelerada en la superación del estado de cosas
inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la
población desplazada. En este sentido, esta Corporación determinó que los
ajustes ordenados debían cumplir con los requisitos mínimos de racionalidad de
las políticas públicas señalados en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos
185 de 2004, 178 de 2005, 218 de 2006, 092 de 2007 y 251 de 2008, así como la
atención del enfoque de derechos como criterio orientador de las mismas y del
enfoque diferencial.[46]
Igualmente, la Corte solicitó al Fiscal General de la
Nación el diseño de una estrategia que permitiera avanzar de manera autónoma en
la investigación del delito de desplazamiento forzado, así como de un mecanismo
de coordinación para el intercambio fluido y seguro de información entre el
RUPD y la Fiscalía. Así mismo, se solicitó el envio de un informe sobre los
avances y resultados alcanzados en la aplicación de la estrategia de
investigación y del mecanismo de coordinación entre el RUPD y la Fiscalía.
En relación con el derecho a la reparación y el componente de restitución
de tierras, en el auto 08 de 2009, luego de evidenciar las falencias en
relación con la protección actual de las tierras usurpadas o despojadas a la
población desplazada, la Corte ordenó a los Ministros del
Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, al Director de
Acción Social y a la Directora de Planeación Nacional, que dentro de la
respectiva órbita de sus competencias y después de un proceso de participación,
reformularan la política de tierras.
6. La reparación individual vía administrativa para población
desplazada y la procedencia excepcional y restringida de las condenas en
abstracto por vía de tutela, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991
En punto al tema de la reparación
integral por la vía administrativa y su reivindicación y procedencia limitada
mediante la interposición de acción de tutela, la Corte ha realizado varios
pronunciamientos[47],
en los cuales se ha referido a la aplicación del Decreto 1290 de 2008, vigente
hasta la reciente expedición de la Ley 1448 de 2011, así como a la concesión
restringida y excepcional de condenas en abstracto en aplicación del artículo
25 del Decreto 2591 de 1991.
6.1 Así, mediante la Sentencia T-417 de 2006[48] la Corte se refirió a
la aplicación del Decreto 1290 de 2008, que consagraba el programa de
reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley. En este pronunciamiento, la
Corte expresó en relación con la inscripción en el Programa de Reparación
Individual por vía administrativa, que dichas inscripciones no debían corresponder a decisiones arbitrarias o
puramente discrecionales, y que por tanto debía informarse que la condición de
víctima era reconocida en el marco de los elementos objetivos que la
acreditaran, o en caso contrario, debía exponerse suficientemente las razones
por las cuales no se consideraba acreditada tal condición a partir de la
información disponible, correspondiendo a Acción Social valorar lo allegado y
dar una respuesta de fondo y definitiva al peticionario.
6.2 En la Sentencia
T-722 de 2008, la Corte se refirió a la aplicación del Decreto 1290 de 2008,
sobre reparación individual vía administrativa. En esta providencia la Corte
aclaró lo siguiente: que tal normatividad (i) comprendía regulaciones dirigidas
a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición, (ii) colocaba en cabeza de Acción Social el programa de reparación
individual, (iii) establecía el principio de solidaridad como base de la
reparación individual administrativa por violaciones de los derechos
fundamentales de las víctimas atribuibles a grupos armados al margen de la ley,
(iv) estipulaba quiénes eran destinatarios o beneficiarios de tal derecho, y
(v)  establecía cuáles eran las medidas de reparación, (vi) cuáles eran los
diferentes programas de los distintos organismos del Estado que debían hacerse
cargo de esas medidas, y (vi) cuáles eran los trámites y plazos para el
reconocimiento de la indemnización, entre otras disposiciones.
6.3 Especial relevancia reviste la Sentencia T-085 de 2009, en
donde la Corte profundizó en el contenido del derecho a la reparación de las
víctimas de desplazamiento forzado, reiterando que este delito ocasiona una
vulneración masiva de los derechos fundamentales de sus víctimas, afectación
que corresponde al daño ocasionado a la víctima de desplazamiento, y que por
tanto la víctima tiene derecho a la reparación de los perjuicios ocasionados.
Sostuvo esta Corporación, que la reparación debe ser adecuada, efectiva,
rápida, proporcional al daño causado, plena e integral y que esta comprende medidas
tales como: la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición, las cuales se diferencian de la asistencia social
por parte del Estado, precisamente por tratarse de medidas asistenciales que
tienen como objetivo mejorar las condiciones mínimas de existencia de las
víctimas y no contienen un carácter reparador. En esta sentencia, la Corte
reiteró que la reparación tiene la finalidad de restituir a la persona al
estado anterior a la ocurrencia del daño, así como también busca la
indemnización de los daños morales y materiales, la rehabilitación de la
víctima y la garantía de no repetición. Así mismo, la Corte puso de relieve que
la reparación incluye la recuperación de los bienes abandonados por las
víctimas del desplazamiento. A este respecto, expuso la Corte:
“Así, las víctimas del desplazamiento forzado tienen el
derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del
daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo y que desencadenó
una vulneración masiva de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la
libertad de circulación, de residencia, elección de profesión u oficio, entre
otros, que implicaron su desarraigo y el sometimiento a unas circunstancias
ajenas a su existencia y a la ausencia de condiciones mínimas de existencia[49],
de allí la procedencia de la reparación del daño sufrido.
De este modo las personas que han sido objeto de violaciones de
derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del daño causado[50].
Esta reparación debe ser plena y efectiva y comprender acciones (restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición[51]) que
distan de la asistencia social que el Estado tiene la obligación de brindar de
forma prioritaria por el hecho de ser los desplazados personas en estado de
desigualdad y vulnerabilidad.
Es así como en términos de esta Corporación[52]“no
puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe
brindar de manera permanente a todos los ciudadanos, sin atender a su condición
y la atención humanitaria que se presta de forma temporal a las víctimas en
situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales
delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios
quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria
sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los
victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por estos”.
Y partiendo de la noción de reparación expuesta en el artículo 8° de
la Ley 975 de 2005[53]
expresó esta Corporación que “es evidente que los servicios sociales que se
prestan a las víctimas, no corresponden a ninguna de estas acciones que buscan
reparar las consecuencias nocivas del delito, por lo que no se puede entrar a
establecer que hacen parte de la reparación y rehabilitación debidas a los
afectados por la comisión de los delitos cometidos por los destinatarios de esta
ley, ni recortar o excluir ninguno de sus componente, pues se desconocería su
derecho a la reparación integral a la que aluden los numerales 6 y 7 del
artículo 250 de la Constitución”.
De esta forma, las medidas asistenciales adoptadas por el Estado a
favor de las personas desplazadas por la violencia, tienen precisamente el
objetivo de mejorar las condiciones mínimas de existencia y no responden a
ninguna obligación de reparación.
La reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional
al daño sufrido y comprende la restitución de la persona afectada al estado en
que se encontraba antes de la violación; la indemnización de los perjuicios
ocasionados, de los daños físicos y morales, la rehabilitación de la víctima y
la adopción de medidas de no repetición[54].(Resalta
la Sala)
De otra parte, mediante esta
decisión la Corte puso de presente la conexión entre el derecho a la reparación
y el derecho a la justicia y a la verdad. En cuanto al primero, anotó que como
parte de la reparación se entiende incluido el derecho a un recurso ágil y
sencillo para obtener la satisfacción de su derecho a la reparación y que el
Estado debe garantizar tanto el acceso a tales recursos, como la investigación,
juzgamiento y sanción adecuada y proporcional de los responsables de los
crímenes investigados, en el marco de un proceso eficaz e imparcial, que
garantice la participación efectiva de las víctimas. En relación con el derecho
a la verdad, la Corte estableció que este derecho exige que se establezcan claramente
las causas y hechos generadores del desplazamiento y de los demás delitos de
que hubiese sido víctima el desplazado, así como esclarecer los responsables de
los hechos ilícitos, al igual que la garantía de participación efectiva de la
víctima en el proceso.
En relación con el alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la posibilidad de indemnización dentro de la acción de tutela, en
esta sentencia se reiteró la jurisprudencia de la Corte[55] en esta materia,
mediante la cual se han fijado las siguientes reglas: (i) la finalidad de la
acción de tutela no es lograr la indemnización de perjuicios sino la garantía
del goce efectivo de los derechos fundamentales; (ii) la concesión de la
indemnización es de carácter excepcional, aún cuando se haya concedido la
tutela, y en todo caso no procede cuando se haya concedido la tutela como
mecanismo transitorio; (iii) la indemnización vía de tutela procede de manera
subsidiaria, esto es, en aquellos casos cuando no existe otra vía judicial para
el resarcimiento del perjuicio; (iv) la violación o amenaza del derecho que se
tutela debe determinarse de manera clara y evidente, y debe originarse en la
acción arbitraria del accionado; (v) la necesidad de la indemnización debe
probarse con el fin de lograr la protección de los derechos fundamentales del
accionante; (vi) el debido proceso debe garantizarse al accionado; (vii) la
indemnización sólo cobija el daño emergente, es decir, el perjuicio actual y no
la ganancia o provecho futuro que deja de percibirse; (viii) si el juez de
tutela decreta la condena en abstracto o ‘in genere’ debe establecer, en primer
lugar, el perjuicio que se ha causado de manera precisa; en segundo lugar, la
necesidad de la concesión de la indemnización para hacer efectivo el derecho
fundamental; en tercer lugar, la especificación del hecho o acto que dio lugar
al perjuicio; en cuarto lugar, la relación causal entre la acción del accionado
y el perjuicio ocasionado, así como los criterios para la respectiva
liquidación de perjuicios en que tiene que basarse el juez contencioso
administrativo, en el caso de condenas contra la administración, o el juez
competente, en el caso de condenas contra particulares. A este respecto, expuso
la Corte:
“ Respecto del alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 la
jurisprudencia de la Corte[56]
ha entendido que (i) la acción de tutela tiene como finalidad garantizar el
goce efectivo de los derechos y no tiene una naturaleza fundamentalmente
indemnizatoria; (ii) es excepcional pues si bien para concederla se requiere
que se haya concedido la tutela no siempre que esto ocurre es procedente la
indemnización; (iii) solo procede cuando no existe otra vía judicial para el
resarcimiento del perjuicio, por lo cual, en todo caso, no es procedente cuando
se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio; (iv) no es
suficiente la violación o amenaza del derecho sino que es necesario que esta
sea evidente y consecuencia de la acción clara e indiscutiblemente arbitraria
del accionado; (v) debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo del
derecho del tutelante; (vi) se debe garantizar el debido proceso al accionado;
y (vii) sólo cobija el daño emergente, esto es, el perjuicio y no la ganancia o
provecho que deja de reportarse; (viii) si el juez de tutela, fundado en la
viabilidad de la condena ‘in genere’ accede a decretarla, “debe establecer con
precisión en qué consistió el perjuicio; cuál es la razón para que su
resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho
fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al perjuicio; cuál la
relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y cuáles
serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la
administración o contra particulares, para efectuar la correspondiente
liquidación"[57].
6.4 En la Sentencia T-299
de 2009, esta Corporación se refirió nuevamente a los derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado. En
este pronunciamiento la Corte reiteró que (i) el derecho a la verdad exige que
dentro del proceso penal se establezcan claramente las circunstancias del
desplazamiento y de los otros delitos de que hubiese sido víctima el
desplazado, autores y partícipes, al igual que la posibilidad de que la víctima
participe dentro del proceso. (ii) Así mismo, se reiteró que el derecho a la
justicia incluye la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo y a
la eficiente actividad estatal para evitar que los hechos queden en la
impunidad. (iii) Igualmente, se expuso que el derecho a la reparación conlleva,
una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes
que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su
equivalente. En ese sentido, los demandantes tendrían por tanto el derecho a
que se establezca la verdad sobre los hechos que generaron su desplazamiento,
sobre la responsabilidad en dichos hechos, y a que se revele la verdad, se
castiguen los autores, y a obtener una reparación judicial o administrativa.
En cuanto concierne a la condena en abstracto en tutela, respecto del alcance del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 en este pronunciamiento se reiteró que la
jurisprudencia de la Corte[58]
ha entendido que: “… (vii) sólo cobija el daño emergente, esto es, el
perjuicio y no la ganancia o provecho que deja de reportarse; (viii) si el juez
de tutela, fundado en la viabilidad de la condena ‘in genere’ accede a
decretarla, “debe establecer con precisión en qué consistió el perjuicio; cuál
es la razón para que su resarcimiento se estime indispensable para el goce
efectivo del derecho fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al
perjuicio; cuál la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño
causado y cuáles serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de
condenas contra la administración o contra particulares, para efectuar la
correspondiente liquidación".
6.5 En la Sentencia T-617
de 2009, al referirse al Decreto 1290 de 2008, ahora derogado por la Ley 1448
de 2011, la Corte señaló que se encuentra dirigido a que se lleven a
cabo actuaciones encaminadas a la restitución, la indemnización, la
rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición a quienes
hubieren sufrido daño como consecuencia de la violación de sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud física y mental, a
la libertad individual y sexual, por la acción de los grupos armados
organizados al margen de ley.
En esta sentencia la Corte se
refirió al contenido normativo del Decreto 1290 de 2008 y al procedimiento para
obtener la reparación administrativa individual. Igualmente, recalcó la
obligación que tiene la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación de ofrecer asesoría a las víctimas y a sus
beneficiarios y la obligación que le asiste a las entidades que conforman el
Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz de difundir el
programa.
6.6 Finalmente, en un pronunciamiento
reciente -Sentencia T-458 de 2010[59]-
la Corte recordó el contenido específico del derecho a la reparación de las víctimas
de las actuaciones de grupos armados en el marco del conflicto armado y su
diferencia con otras medidas de servicios sociales, la obligación
constitucional por parte del Estado de proteger los derechos de las víctimas de
hechos punibles, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 299 y 250 de la
Constitución Política, así como que los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación constituyen la columna vertebral de los derechos de las víctimas de
delitos y que estos tienen un “contenido propio y específico” de
conformidad con los estándares internacionales sobre la materia.
En relación con el derecho a la
reparación, en esta sentencia se reiteró su carácter restitutivo e integral,
por tratarse de un derecho que no se agota en el componente económico, y que
abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual
y colectivo. Se recabó igualmente en que a nivel individual la reparación
incluye el derecho a la restitución, la indemnización, la satisfacción o
reparación moral, la rehabilitación y las medidas de no repetición, y que a
nivel comunitario incluye medidas económicas y simbólicas de satisfacción
colectiva, garantías de no repetición, y accciones orientadas a la
reconstrucción psicosocial de las comunidades afectadas por la violencia.[60]
De otra parte, en esta sentencia
la Corte se refirió a las distintas vías institucionales para obtener el
derecho a la reparación. En primer lugar, mencionó la vía judicial penal regulada
por la Ley 975 de 2005, para los procesos penales llevados a cabo dentro de la
jurisdicción de Justicia y Paz, a través de un incidente de reparación integral
de los daños causados, siendo los victimarios los primeros obligados a reparar
a las víctimas, subsidiariamente y de manera solidaria el grupo criminal al que
pertenezcan los perpetradores del ilícito y, residualmente, el Estado.
En segundo lugar, se refirió a la
vía administrativa regulada hasta ese momento por el Decreto 1290 de 2008 a
través del programa de reparación individual vía administrativa para las
víctimas de grupos armados al margen de la ley, recordando la obligación del
Estado de facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por la
vía judicial como por la vía administrativa. En este sentido, enfatizó la Corte
que las entidades encargadas “no pueden imponer requisitos que impliquen
para las víctimas una carga desproporcionada, porque no puedan cumplirlos[61],
porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que
tienen derecho, o porque se vulnere su dignidad[62].
No obstante, las víctimas conservan la obligación mínima de presentarse ante la
entidad correspondiente y solicitar el acceso a los programas.” (Énfasis de
la Sala)
Así mismo, en este
pronunciamiento la Corte reiteró los criterios fijados por la sentencia C-1199
de 2008, en cuanto a la diferenciación entre las medidas de reparación y las
medidas de otros programas sociales que presta el gobierno de manera ordinaria
en materia de políticas públicas de vivienda, educación y salud, y de la
asistencia humanitaria en caso de desastres. Lo anterior, sin perjuicio de la
necesaria complementariedad que debe existir entre estas medidas.
En relación
con la indemnización en abstracto en el trámite de la acción de tutela, la
Corte reiteró el criterio fijado en la sentencia T-299 de 2009, en cuanto a su
carácter estrictamente excepcional y el cumplimiento de los requisitos para que
proceda la indemnización por vía de tutela.
7. Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación a
víctimas de desplazamiento forzado
Para el presente estudio, es
importante hacer mención de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia
de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado, por la vía de la
jurisdicción contenciosa administrativa, mediante acciones de grupo y acciones
de reparación directa, así como a los múltiples pronunciamientos de esa alta
Corporación en decisiones de tutela. En cuanto a los pronunciamientos del
Consejo de Estado, es importante resaltar los siguientes temas abordados: (i)
la condición de desplazado, (ii) la obligación del Estado de atender y reparar
a la víctima de desplazamiento forzado, (iii) la responsabilidad estatal por
acción o por omisión, (iv) los daños materiales y morales, y (v) la
indemnización.
7.1
Condición de desplazado
La
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la condición de
desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona, que
crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve despojado de
sus propiedades, tenencia, arraigo, etc., y que por tanto el juez debe hacer
prevalecer el derecho sustancial con el fin de asegurar la eficacia inmediata
de los derechos fundamentales de las personas víctimas de desplazamiento y en
esos casos resulta procedente conceder el amparo de tutela en aplicación de la
figura de la excepción de inconstitucionalidad–art. 4 CN- para proteger
los derechos de las personas marginadas por circunstancias ajenas a su
voluntad.[63]
Para el Consejo
de Estado, al margen de los procedimientos establecidos por la ley - artículo
32 de la ley 387 de 1997 – para acceder derecho a los beneficios que en la
misma ley se señalan para las personas en condición de desplazamiento, la
condición de desplazado es un hecho que se refiere a la migración interna
forzada, y por tanto constituye una situación fáctica y no una calidad
jurídica.
A este respecto,
ha dicho el Consejo de Estado que: “ … al margen de esos beneficios, la
condición de desplazado la tiene quien se vea obligado a migrar internamente en
las circunstancias y por los motivos señalados en la ley, porque, se reitera,
ser desplazado es una situación fáctica y no una calidad jurídica”.[64](Resalta
la Sala). Para esa alta Corporación es claro que  ser desplazado es una
situación fáctica y no una calidad jurídica que se adquiera con la inscripción
en una lista oficial o por el hecho de recibir atención humanitaria estatal[65].
En este orden de
ideas, ha reafirmado igualmente el carácter de población en extremo estado de
vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto, la obligación de trato
preferencial y de acciones afirmativas que se deriva del Estado Social de
Derecho. A este respecto ha sostenido que se justifica el “trato
preferencial que se debe otorgar a la población desplazada como causa del
conflicto interno, situación anómala y excepcional que permite al juez
interpretando la cláusula social de nuestro Estado Social de Derecho, proteger
su situación de indefensión a la que se ve sometido por motivos
ajenos a su querer.”[66]
(Énfasis de la Sala)
Así mismo, el
Consejo de Estado ha sostenido la aplicación de las normas de derecho
internacional sobre la prohibición del desplazamiento forzado y
su atención y protección, al constituir tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos que hacen parte integrante del bloque de constitucionalidad, según reza
el artículo 93 de la Carta de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, tales como: el Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra, ratificado por la ley 171 de 1994. Así mismo, ha reconocido que los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de
Naciones Unidas y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a
la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional,
aprobado por la Ley 171 de 1994, se refieren al deber del Estado de atender con
prontitud, proteger y prestar apoyo para suplir las necesidades de este grupo
de personas. De esta manera, ha reconocido el carácter prevalente del Derecho
Internacional Humanitario, de los tratados e instrumentos internacionales, así
como la importancia de la jurisprudencia internacional, para la protección en
el orden interno de los derechos fundamentales de la población desplazada.[67]
7.2 Víctima del
desplazamiento como víctima de un delito
La jurisprudencia
del Consejo de Estado ha reconocido expresa y claramente que toda víctima de
este flagelo es sujeto pasivo del delito de desplazamiento forzado y que, por
tanto, le corresponde la garantía de los derechos de las víctimas de delitos,
esto es, los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación.
A este respecto
ha expresado el Consejo que: “Toda víctima del desplazamiento es a su vez
sujeto pasivo del delito de desplazamiento y, por lo tanto, tiene derecho a
conocer la verdad sobre las causas de lo sucedido; a que se haga justicia, en
cuanto reciban castigo los responsables del daño y a obtener la reparación de
los daños que les fueren causados.”[68] (Resalta la
Sala)
7.3 Origen común del daño,
acción de grupo y reparación directa
En cuanto al
origen de la reparación de perjuicios dentro de la acción de grupo, ha aclarado
el Consejo de Estado que ésta puede tener origen en la vulneración de derechos
de cualquier naturaleza y no necesariamente de derechos colectivos.  A este
respecto, ha sostenido que la acción de grupo, cuando se entabla para
obtener la indemnización por causa del desplazamiento forzado, se encuentra
orientada “a obtener la indemnización de los perjuicios individuales que
sufrieron los integrantes del grupo como consecuencia del desplazamiento a que
fueron forzados por hechos imputables a la entidad demandada”.[69]
Así mismo, ha afirmado que en el caso del desplazamiento forzado y por tratarse
de una acción indemnizatoria, la acción de grupo en estos eventos tiene una
clara semejanza con la acción de reparación directa, en razón a que ambas se
tramitan a través de procesos dirigidos a demostrar la responsabilidad a partir
de los elementos estructuradores de la misma, tales como: la calidad que se
predica de los miembros del grupo afectado y en cuya condición reclaman indemnización,
la existencia del daño, su antijuridicidad, su proveniencia de una causa común
y, por último, su imputabilidad al demandado.[70]
En cuanto a las diferencias entre
la acción de grupo y la reparación directa para la reivindicación de los
perjuicios, ha establecido el Consejo que con la primera se consigue economía
procesal para el efectivo restablecimiento del derecho y evitar así la
vulneración del derecho a la igualdad. Sobre este tema expuso ese Alto
Tribunal:
“La acción de
grupo se diferencia de la acción de reparación directa por los objetivos que
con aquélla se persiguen, como son los de economía procesal al resolverse a
través de un mismo proceso un cúmulo grande de pretensiones, cuya reclamación
individual sería inviable cuando se trata de pequeñas sumas; gracias a esta
acción existen mayores posibilidades de obtener, al
menos en parte, el restablecimiento del derecho, “pues los bienes del demandado
no se verán afectados por los demandantes que primero iniciaron la acción sino
que se destinarán a cubrir la indemnización del grupo, a prorrata de sus daños
y hasta donde su cuantía alcance”, evitando así fallos contradictorios y por
contera, la realización del derecho a la igualdad, porque de esta manera es
posible “garantizar el resarcimiento de aquellos perjuicios bajo el entendido
de que a igual supuesto de hecho, igual debe ser la consecuencia jurídica; con
la acción de grupo se pretende además, modificar la conducta de los
actores económicos y brindar mayores facilidades para el demandado pues debe
atender un único proceso y no una multitud significativa de éstos.”[71]
7.4 La responsabilidad del Estado por acción o por omisión ante
hechos de desplazamiento forzado y su obligación de atender y de reparar a las
víctimas, una vez ocurrido el desplazamiento forzado
En relación con
el tema de la responsabilidad del Estado frente a los hechos que originan el
desplazamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que al
Estado le corresponde una doble responsabilidad: de un lado, le compete
prevenir que los hechos del desplazamiento se produzcan, en cuanto es el
encargado de velar por los derechos fundamentales de los asociados, pero que
una vez ocurrido el desplazamiento, al Estado le corresponde la responsabilidad
de atender y reparar a la víctima del desplazamiento, con el fin de que puedan
reconstruir sus vidas. En punto a este tema, el Consejo afirmó:
“Al
Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, en razón
a que las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la
vida, honra y bienes de los asociados, pero si éste no es capaz de impedir
que sus asociados sean expulsados de sus lugares de origen, tiene al menos que
garantizarles la atención necesaria para reconstruir sus vidas.”[72](Resalta
la Corte)
En cuanto a la
función de prevenir el desplazamiento, el Consejo de Estado ha sostenido que de
conformidad con la Constitución, las autoridades públicas están estatuidas para
defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes del
Estado y de los particulares y, que el omitir dichas funciones, genera no sólo
una responsabilidad individual para el funcionario, sino una responsabilidad
institucional que deslegitima al Estado. Sobre este tema expuso:
“De
acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades
públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir
el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del
funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continúa pone
en tela de juicio su legitimación.”[73]
(Énfasis de la Sala)
En otra
oportunidad reiteró ese Alto Tribunal que “[d]e acuerdo con el mandato
constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a
todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.[74]
En cuanto a la
acreditación de la responsabilidad del Estado por omisión, el Consejo de Estado
ha establecido los siguientes requisitos: “[…] a) la existencia de una
obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la
acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en
funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del
deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso;  c) un daño
antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño.”[75]
(Resalta la Sala)
En este mismo
sentido, reiteró el Consejo de Estado en otra oportunidad: “En relación con
la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la
prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los
siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria
a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían
evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos
de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las
circunstancias particulares del caso;  c) un daño antijurídico, y d) la
relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la
Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción
realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por
omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia
efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la
omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el
proceso causal impidiendo la producción de la lesión. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es
responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por
falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en
relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo
dependerá de las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se
precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida
por dicha autoridad.” [76]
(Negrillas de la Corte)
Así mismo, el
Consejo de Estado ha sostenido que al Estado le es imputable responsabilidad
bien sea por acción o por omisión, bajo los títulos de falla del servicio
o de riesgo excepcional. En el primero de los casos, la responsabilidad
por falla del servicio se produce por la omisión del Estado en la prestación de
los servicios de protección y vigilancia a su cargo,  lo que configura la
omisión y el consecuente deber de reparar. En cuanto al riesgo excepcional, ha
sostenido que esta figura jurídica se presenta entre otros eventos, cuando el
Estado en desarrollo de su accionar expone a ciertos particulares a un hecho
dañoso causado por un tercero y rompe con ello el principio de igualdad frente
a las cargas públicas.[77]
A este respecto,
el Consejo de Estado expresó: “[e]n materia de la responsabilidad del Estado
[…] se parte del supuesto de que la conducta dañosa la desplega un tercero
ajeno a la estructura pública, y que jurídicamente tal conducta le es imputable
al Estado, entre otros, por acción o por omisión, bajo los títulos de falla del
servicio o de riesgo excepcional, según el caso. En el primero de esos títulos
jurídicos, falla en el servicio, el daño se produce por la omisión del Estado
en la prestación de los servicios de protección y vigilancia a su cargo, al no
utilizar todos los medios que tiene a su alcance para repeler, evitar o atenuar
el hecho dañoso, cuando ha tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia
del acontecimiento, previsibilidad que se constituye en el aspecto más
importante dentro de este título de imputación, pues no es la previsión de
todos los posibles hechos, los que configuran la omisión y el consecuente deber
de reparar, sino las situaciones individuales de cada caso que no dejen margen
para la duda y que sobrepasen la situación de violencia ordinaria. Y en
cuanto al segundo título jurídico, riesgo excepcional, se presenta cuando,
entre otros, el Estado expone a ciertos particulares a un hecho dañoso por
virtud de que sus instrumentos de acción, que son para proteger a la comunidad,
son blanco delicuencial, rompiendo el principio de igualdad frente a las cargas
públicas y sin consideración a que el daño es causado por un tercero.”[78]
(Énfasis de la Sala)
En cuanto a la
responsabilidad por omisión o falla en el servicio por falta de protección, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ésta se produce cuando
el Estado ha tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho
dañoso, en cuyo caso se requiere que exista un requerimiento previo a la
autoridad correspondiente, requerimiento que sin embargo, no exige ninguna
formalidad, ya que todo depende de las circunstancias particulares de cada
caso, y aún más, en algunos casos ni siquiera es necesaria, como cuando la
situación de amenaza es conocida por la autoridad.[79] Así mismo,
la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha encontrado que la responsabilidad
del Estado por omisión se evidencia por la clara inactividad de éste a pesar de
que cuenta con la capacidad para prevenir y combatir el accionar de los grupos
delincuenciales pudiendo desplegar las acciones correspondientes para evitar el
desplazamiento.[80]
A este respecto
ha dicho el Consejo: “Las autoridades públicas tenían la posibilidad de
interrumpir el proceso causal, porque tuvieron conocimiento previo de que el
hecho se iba a producir.”[81]
En este sentido,
el Consejo de Estado ha reiterado la responsabilidad que le compete al Estado y
el consecuente deber de realizar todas las acciones tendientes a impedir que se
vulnerara los derechos de la población civil obligada a desplazarse, una vez se
ha verificado que los hechos que han dado lugar al desplazamiento forzado
individual o colectivo y a los daños derivados de éste, a raíz de incursiones
paramilitares, de comisiones de masacres selectivas y de amenazas de nuevas
masacres, habían podido evitarse, en cuanto se ha constatado que las
autoridades tenían la posibilidad de intervenir en el desarrollo causal de los
hechos, cuando se trataba de un hecho resistible, dada las alertas previas que
se habían emitido respecto de la inminencia del hecho.[82]
De otra parte,
si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo ha establecido la
relatividad de las obligaciones del Estado, reconociendo las limitaciones de
sus obligaciones cuando se encuentra imposibilitado para evitar el daño a la
vida y bienes de los ciudadanos, con fundamento en el principio según el cual “nadie
está obligado a lo imposible”, también lo es, que esa misma Corporación ha
establecido que este principio no excusa el incumplimiento de las obligaciones
propias del Estado, y no es óbice para la responsabilidad estatal, la cual debe
establecerse en cada caso. A este respecto ha dicho esa Corporación: “[e]s
cierto que la jurisprudencia ha considerado que la relatividad de las
obligaciones del Estado[83],
esto es, no le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas
cuando son causados por los particulares, en consideración a que las
obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso
concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”[84].
No obstante, esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que
la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa el incumplimiento de
sus obligaciones, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue
imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le
correspondían[85].”[86]
(Negrillas de la Corte)
De otra parte,
el Consejo de Estado ha diferenciado claramente entre la responsabilidad civil
y administrativa que le corresponde al Estado por falla en el servicio, y la
responsabilidad penal que le corresponde individualmente a un funcionario
oficial como autor de un hecho criminal. Acerca de este tema, ha encontrado que
la responsabilidad del Estado por falla en el servicio se configura de forma
independiente y autónoma al hecho de que pueda existir responsabilidad penal de
algún funcionario oficial en la participación efectiva en actos de violencia o
en la inactividad intencional para permitir que los delincuentes cometan actos
de violencia. En punto a este tema ha sostenido que “una es la
responsabilidad que le puede tocar al funcionario oficial, como infractor de
una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede
inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del
servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta
el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el
funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal
y otra la civil o administrativa”.[87]
(Resalta la Sala)
En cuanto a la
causa común del daño derivado del desplazamiento forzado, ha establecido el
Consejo de Estado que los perjuicios individuales se originan en una causa común
que es imputable al Estado por las acciones o las omisiones de las autoridades
públicas que o bien no previnieron o no reaccionaron ante los hechos violentos
generadores del desplazamiento. En este sentido ha sostenido el Consejo que: “[l]os
perjuicios individuales se hacen derivar de una causa común, que se imputa a la
entidad demandada: las acciones y omisiones de las autoridades militares y de
policía que no previnieron ni reaccionaron y, por el contrario, colaboraron con
la incursión y las masacres cometidas por el grupo paramilitar que
se tomó violentamente el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, desde
el 29 de mayo de 1999, que generó en los demandantes el fundado temor de perder
sus vidas, por lo que se vieron obligados a abandonar sus viviendas y sitios
habituales de trabajo.”[88]
(Resalta la Sala)
En otra
oportunidad reiteró el Consejo de Estado que: “[l]os perjuicios
individuales se hacen derivar de una causa común, que se imputa a la entidad
demandada: las acciones y omisiones de las autoridades militares y de policía,
quienes a pesar de haber sido advertidos de la inminencia del ataque
paramilitar contra la población de Filo Gringo, no adelantaron
ninguna acción eficaz tendiente a impedir la consumación de las acciones
criminales y a proteger a la población civil, y además, porque el grupo armado
ilegal hizo presencia en la región, previa coordinación y planeación con
efectivos de las Fuerzas Armadas.   Las pretensiones son netamente
reparatorias. Están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios
individuales que sufrieron los integrantes del grupo como consecuencia del
desplazamiento a que fueron forzados por los hechos imputables a la entidad
demandada y la destrucción total o parcial de sus viviendas y enseres.”[89]
7.5 Los daños materiales y
morales que ocasiona el desplazamiento forzado
En relación con
el daño moral que produce el desplazamiento forzado a las víctimas de este
delito, ha sostenido el Consejo de Estado que constituye un hecho notorio
el que el desplazamiento produce un claro daño moral, por el dolor, la
angustia, y la desolación que genera en quienes son víctimas de este
flagelo. En este sentido, ha afirmado ese alto Tribunal que “[n]o es
necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se
ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de
su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa
para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo
todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más
menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se
desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por
la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como
lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”[90] (Negrillas
fuera de texto)
En esa misma oportunidad el
Consejo de Estado expresó que: “[c]onstituye
un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo
padecen. En consecuencia, se reconocerá la
indemnización a todas las personas que demostraron haberse visto obligadas a
desplazarse del corregimiento La Gabarra, entre el 29 de mayo y el mes de junio
de 1999, como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en esa zona del
país, desde el 29 de mayo de 1999, por el dolor, la angustia y la desolación que
sufrieron al verse obligados a abandonar el sitio que habían elegido como
residencia o asiento de su actividad económica, como única alternativa para
salvar sus vidas.”[91]
(Resalta la Sala)
En otra ocasión, el Consejo de
Estado accedió también al reconocimiento de la indemnización por daño moral,
esto es, por el “dolor que sufrieron las víctimas del desplazamiento y
por la alteración a sus condiciones existencia, esto es, por la modificación
anormal del curso de su existencia que implicó para ellos el desplazamiento
forzado, debiendo abandonar su lugar de trabajo, de estudio, su entorno social
y cultural. A propósito del daño moral considera la Sala que el
hecho del desplazamiento causa dolor a quien lo sufre, por el miedo, la
situación de abandono e indefensión que lo obligan a abandonar el lugar de su
domicilio, pero, además, esa situación incide de manera adversa en su vida
familiar y en su entorno socio cultural, el cual deberán reconstruir, en el
mejor de los casos de manera provisional, en situaciones de mayor
vulnerabilidad, alejados del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se
sustentaba su crecimiento como ser. “[92]
(Resalta la Sala)
En otra oportunidad, esa
Corporación reiteró el reconocimiento del daño moral para las personas que ha
sido desplazadas forzosamente, afirmando que: “[L]a Sala accederá al
reconocimiento de la indemnización por el dolor que sufrieron las víctimas del
desplazamiento y por la alteración a sus condiciones existencia,
esto es, por la modificación anormal del curso de su existencia que implicó
para ellos el desplazamiento forzado, debiendo abandonar su lugar de trabajo,
de estudio, su entorno social y cultural.”[93]
En este sentido, ha diferenciado el
Consejo de Estado, haciendo eco del derecho francés, entre el perjuicio moral,
relativo al daño antijurídico causado por el dolor derivado del hecho dañino, y
el perjuicio material, relativo al daño antijurídico causado por la alteración
en las condiciones materiales de existencia. A este respecto, ha sostenido esa
Corporación que el “[p]erjuicio moral y alteración en las condiciones de
existencia son, entonces, en derecho francesa, rubros del perjuicio que no son
ni sinónimos ni expresan el mismo daño. El objetivo de su indemnización es
independiente: mediante la figura de la alteración en las condiciones de
existencia, el juez francés indemniza una ‘modificación anormal dada al curso
normal de existencia del demandante’, en tanto que mediante el daño moral se
indemniza el sufrimiento producido por el hecho dañino’.”[94]
En relación con la indemnización
por daños materiales, esa Corporación ha reconocido que el daño material
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. En este sentido, esa
Alta Corporación ha definido los perjuicios materiales como “el daño
emergente y el lucro cesante causado a cada uno de los miembros del grupo con
el hecho del desplazamiento, entre ellos, el valor de los predios y muebles
perdidos y lo invertido en transporte para evacuar la zona de expulsión y
reinstalarse en el sitio de recepción”[95]
Sin embargo, en los procesos
cursados ante esa Corporación no se han podido identificar con claridad el daño
material causado con los hechos del desplazamiento forzado, razón por la cual
la entidad ha reconocido la responsabilidad patrimonial solamente en relación
con el daño moral causado.[96]
7.6 La indemnización
El Consejo de
Estado, en decisiones que resuelven acciones de grupo, ha encontrado a la
Nación, al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional,
patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado de los grupos
demandantes, por los perjuicios morales ocasionados a las personas integrantes
de estos grupos en su condición de víctimas de desplazamiento forzado.[97]
Ese Alto
Tribunal ha establecido que aunque se produzca el retorno de la población
desplazada a su lugar de origen, no por ello se debe modificar el valor de la
indemnización reconocida, en cuanto ésta se otorga con el fin de compensar el
daño moral causado a las víctimas de desplazamiento forzado, por el dolor que
sufrieron al verse forzados a salir de sus viviendas o sitios habituales de
trabajo, por la violencia que los afectó y la imposibilidad de retornar al
sitio.[98]
De otra parte,
el Consejo de Estado ha diferenciado claramente entre la indemnización que se
reconoce y concede a las víctimas por el daño antijurídico causado por el
desplazamiento forzado, en razón de la responsabilidad patrimonial que se
deriva para el Estado de conformidad con el artículo 90 Superior, y la atención
que el Estado concede a las víctimas durante el desplazamiento, tales como: la
atención humanitaria o las ayudas para el retorno o la estabilización
socioeconómica, a través de proyectos productivos, las cuales se fundamentan en
el principio de solidaridad.
Acerca de este
tema ha sostenido el Consejo que “(…) de la indemnización que
reciban los beneficiarios de esta condena no se descontará el valor de los
bienes que hubieren recibido por parte del Estado durante el desplazamiento
porque tales bienes les son entregados a las víctimas de tales delitos no a
título de indemnización sino en desarrollo del principio de solidaridad,
como ayuda humanitaria para su subsistencia en el momento en que se produzca el
hecho o durante el tiempo posterior, para su retorno o asentamiento a través de
la implementación de proyectos económicos, en tanto que la indemnización que
aquí se reconoce tiene como causa la responsabilidad patrimonial de la entidad
demandada por la causación de un daño antijurídico que le es imputable, de
conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución.”[99]
8. El nuevo marco jurídico y
la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la Ley 1448 de 2011
Finalmente, es importante
resaltar la existencia de un nuevo marco jurídico legislativo consagrado en la
Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, en donde se regula de manera
integral el derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto
armado, incluyendo de manera especial a la población desplazada por la
violencia.
8.1 La Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”, que entró en vigencia el 10 de junio de
2011, según consta en su publicación en el Diario Oficial No. 48.096 de esa
fecha, constituye el nuevo marco jurídico de orden legal encaminado a lograr la
garantía y protección del derecho fundamental de las víctimas a la reparación
integral. Esta normativa consagra de manera global las disposiciones relativas
a la atención y reparación integral de las víctimas, desde los principios
generales que informan dicha reparación –Título I-; los derechos de las
víctimas dentro de los procesos judiciales –Título II-; la ayuda humanitaria,
atención y asistencia –Título III-; la reparación de las víctimas –Título IV-;
y la institucionalidad para la atención y reparación a las víctimas –Título
V-.  Así, la Ley 1448 de 2011 constituye el nuevo marco jurídico legal
de carácter general para la reparación integral a las víctimas del conflicto,
entre ellas, a las víctimas de desplazamiento forzado. Por su parte, el
Gobierno Nacional regalamentó las disposiones anteriores mediante el Decreto
4800 de 2011.
8.1.1  Para
los efectos del presente estudio, interesa especialmente a la Sala los
contenidos normativos de los títulos I, IV y V, relativos a las disposiciones
generales, a la reparación de las víctimas y a la nueva institucionalidad
creada por la Ley para atender el proceso de reparación a las víctimas.
(i) En cuanto al Título I de la ley, este se divide en dos capítulos, en
donde se determina el objeto, el ámbito y definición de víctima –Capítulo I-, y
los principios generales de la ley –Capítulo II-.  En el capítulo II de
la Ley 1448 de 2011 se consagran los principios generales que regirán dicha
normatividad, entre los cuales se encuentran el principio de dignidad de las
víctimas, de respeto a la integridad y a la honra de  las víctimas –art. 4-, el
principio de buena fé de las víctimas – art. 5º-, el principio de igualdad
–art. 6º-, la garantía del debido proceso –art. 7º-, el marco de justicia
transicional –arts. 8 y 9-, el principio de subsidiariedad –art.10-, el
principio de coherencia externa –art. 11-, el principio de coherencia interna
–art. 12-, el enfoque diferencial –art.13, el principio de participación
conjunta –art. 14-, los principios de respeto mutuo –art.15-, la obligación de
sancionar a los responsables –art. 16-, el principio de progresividad –art.
17-,  el principio de gradualidad –art- 18-, el principio de sostenibilidad
–art. 19-, el principio de prohibición de doble reparación y de compensación
–art.20- y el el principio de complementariedad –art.21-.
Los artículos
23 a 25 se encuentran destinados a consagrar el contenido mínimo de los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
En cuanto al
derecho a la reparación integral, este se encuentra consagrado en el artículo
25 de la Ley 1448 de 2011, en donde se establece que “[l]as víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones
de que trata el artículo 3o
de la presente Ley.” En este sentido, la ley prevé los principios de
adecuación y efectividad de la reparación, así como el enfoque diferencial y
carácter transformador con que se debe llevar a cabo.
Así mismo, la
norma prevé que “[l]a reparación comprende las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de
estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la
vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.”
De esta manera, la Sala evidencia que la norma incluye como parte de la
reparación, las diferentes medidas y estrategias que conducen a una reparación
plena e integral de las víctimas, y que tiene en cuenta tanto la dimensión
individual como la dimensión colectiva de la reparación, y que así mismo
reconoce la necesidad de reparar material y moralmente a las víctimas.
De otra
parte, el parágrafo 1º de esta norma establece que a pesar de que las medidas
de asistencia adicionales pueden tener un efecto reparador “en la medida en
que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la
política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan
criterios de priorización, así como características y elementos particulares
que responden a las necesidades específicas de las víctimas” estas medidas
de asistencia “no sustituyen o reemplazan a las medidas de reparación. Por
lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la
prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán descontados de
la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas”, estableciendo
de esta manera una diferenciación entre las medidas asistenciales del gobierno,
que en algunos casos y bajo ciertos criterios pueden tener un efecto reparador,
y las medidas de reparación propiamente dichas.
En el mismo
sentido, el parágrafo 2º de esa norma establece que “[l]a ayuda humanitaria
definida en los términos de la presente ley no constituye reparación y en
consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o
judicial a que tienen derecho las víctimas”, de manera que el Legislador
realiza una clara diferencia entre la ayuda humanitaria de emergencia y la
reparación.
Los derechos
de las víctimas se consagran en el artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, entre
ellos:
“1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y
comunitario.
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas
por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de
dignidad.
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y
seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación
integral.
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley,
tenga enfoque diferencial.
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de
victimización se haya dividido el núcleo familiar.
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones
de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad
nacional.
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de
ella, en los términos establecidos en la presente Ley.
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a
las medidas que se establecen en la presente Ley.
11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y
administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como
parte o intervinientes.
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.”
La Ley
también estableció los principios de publicidad –art.30-; la adopción de
medidas especiales de protección a las víctimas, testigos y funcionarios que
intervengan en los procedimientos administrativos o judiciales de reparación y
de restitución de tierras –art.31-; los criterios y elementos para la revisión
e implementación de los programas de protección integral –art.32-. El artículo
33 prevé el principio de la participación de la sociedad civil y la empresa
privada, y el artículo 34 consagra los compromisos que asume el Estado
colombiano.
(ii) El
Título IV de la ley se refiere específicamente al tema de la reparación de las
víctimas, y contiene el capítulo I sobre disposiciones generales; el capítulo
II que consagra disposiciones generales de restitución; el capítulo III sobre
restitución de tierras; el capítulo IV acerca de restitución de vivienda.
En el
Capítulo I del título IV de la Ley, se consagra en el artículo 69 las medidas
de reparación, estableciendo que: “[l]as víctimas de que trata esta ley,
tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante”.
En el
artículo 70 se establece que el Estado colombiano a través del “Plan
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar
un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su
lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles”.
El capítulo
II está compuesto por un único artículo que trata sobre la definición de
restitución, en el cual se estatuye que “Se entiende por restitución, la
realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las
violaciones contempladas en el artículo 3o de la
presente Ley”.
El capítulo
III trata sobre la restitución de tierras. En este capítulo se consagran las
acciones de restitución de los despojados –art.72-, los principios de la
restitución –art.73-, el despojo y el abandono forzado de tierras –art.74-, los
procedimientos de restitución y protección de terceros –art. 76 a 102-, y la
nueva institucionalidad para atender el proceso de restitución de tierras –art.
103 a  113-. Igualmente se crea el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –arts.111-113-. De otra parte, los
artículos 114 a 118 contienen disposiciones especiales para las mujeres en los
procesos de restitución de tierras.
El capítulo
IV se dedica al tema de restitución de vivienda: las medidas de restitución en
materia de vivienda-art.123-, las postulaciones al subsidio familiar de
vivienda, la cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda, la entidad
encargada de tramitar postulaciones, y la normatividad aplicable –art. 124 a
127-.
El capítulo
V, en sus artículos 128 y 129 adopta medidas en materia de créditos y pasivos.
El capítulo VI, en sus artículos 130 a  dispone medidas en relación con
formación, generación de empleo y carrera administrativa.
Especial
relevancia reviste el capítulo VII del Título IV en cuanto regula lo atinente a
la indemnización por vía administrativa.
En el
artículo 132 se dispone la reglamentación de este tema por parte del Gobierno
Nacional, quien “reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos
y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía
administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el
establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de
montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa
dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los
lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a
superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo
familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular
las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la
presente ley.”
El parágrafo
1º del artículo 132 determina que la Ley 1448 de 2011 “surtirá efectos para
las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de
expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad”.
Por su parte,
el parágrafo 2º establece que el Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164
y 165
de la Ley 1448 de 2011 “será el encargado de revisar, por solicitud
debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la
Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización
por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y
en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional”. Así
mismo determina que: “el Comité Ejecutivo cumplirá las funciones de una
instancia de revisión de las indemnizaciones administrativas que se otorguen y
establecerá criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades
administrativas a la hora de decidir acerca de una solicitud de indemnización.
La decisión que adopte el Comité Ejecutivo será definitiva y mientras ejerce la
función de revisión no se suspenderá el acceso por parte de la víctima a las
medidas de asistencia, atención y reparación de que trata la presente ley”.
En relación
con la indemnización administrativa para la población en situación de
desplazamiento, el parágrafo 3º del artículo 132 establece que ésta “se
entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes
mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional:
I. Subsidio integral de tierras;
II. Permuta de predios;
III. Adquisición y adjudicación de tierras;
IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada;
V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de
mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o
VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades
de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva.
La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada
se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este
parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización
administrativa”.
El artículo
133 consagra disposiciones relativas a la indemnización judicial, restitución e
indemnización administrativa, de forma que estatuye la posibilidad de descontar
de las condenas judiciales al Estado en materia de reparación, las sumas de
dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que
constituyan reparación.
El artículo
134 establece que: “el Gobierno Nacional, a través de la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, implementará un
programa de acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos
que la víctima reciba a título de indemnización administrativa a fin de
reconstruir su proyecto de vida, orientado principalmente a:
1. Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de
estas.
2. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos
productivos.
3. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada.
4. Adquisición de inmuebles rurales.”.
El capítulo
VIII del Título IV regula lo atinente a las demás medidas de reparación. Así el
artículo 135 define la rehabilitación y el artículo 137 establece el “Programa
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas”.
El capítulo
IX, en los artículos 139 a 148, desarrolla lo concerniente a las medidas de
satisfacción.  Esta norma define las medidas de satisfacción como “aquellas
acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la
víctima”. Así mismo establece que a estas medidas se pueden adicionar
medidas tales como:
“a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad,
nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor;
b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el
literal anterior.
c. Realización de actos conmemorativos;
d. Realización de reconocimientos públicos;
e. Realización de homenajes públicos;
f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y
reconciliación;
g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las
comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.
h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el
hecho que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni
genere peligros de seguridad;
i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la
identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones
familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin;
j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas
por los victimarios;
k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las
violaciones de derechos humanos.
l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las
violaciones de derechos humanos”.
El parágrafo
de este artículo estipula la participación de las víctimas y el enfoque
diferencial para la adopción de cualquiera de las medidas de satisfacción. En
estas normas se prevé la exención en la prestación del servicio militar para
las víctimas –art.140-, la reparación simbólica –art.140-, el deber de memoria
del Estado –art.143-, y se crea el Programa de Derechos Humanos y Memoria
Histórica, a cargo del Centro de Memoria Histórica –art.144-, las diferentes
acciones en materia de memoria histórica –art.145- y se crea el Centro de
Memoria Histórica –arts.146-148-.
El capítulo
X, en sus artículos 149 y 150, se refiere a las garantías de no repetición. En
este sentido, el artículo 149 consagra como garantías de no repetición:
“a) La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al
margen de la Ley;
b) La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de
la verdad, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima,
los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;
c) La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de
que trata el artículo 3o de la
presente ley.
d) La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3o de la
presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los
grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes,
adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales,
defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que
propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial
contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado;
e) La creación de una pedagogía social que promueva los valores
constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos
acaecidos en la verdad histórica;
f) Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores
de desminado humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la
Atención Integral contra Minas Antipersonal;
g) Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones
en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir
un enfoque diferencial;
h) Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en
materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios
públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la
Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la
violencia sexual en las entidades del Estado;
i) Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones
vulneradas y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y
políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos
culturales;
j) Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas
radicadas en el exterior;
k) El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas.
l) La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan
participado en los grupos armados al margen de la ley;
m) Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de
reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975,
tanto a nivel social como en el plano individual;
n) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles
sobre la Fuerza Púbica;
o) La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de
los funcionarios públicos condenados en violaciones contempladas en el artículo
3o de la
presente Ley.
p) La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver los
conflictos sociales;
q) Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en
empoderamiento legal para las víctimas;
r) La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya
permitido o permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la
presente Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso-administrativos
respectivos.
s) Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de
la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos
ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la
presente ley.”
El capítulo
XI, en los artículos 151 y 152, se dedica al establecimiento de otras medidas
de reparación. La reparación colectiva –art.151-, los sujetos de reparación
colectiva –art.152-.  En el artículo 177 la ley consagra el “Fondo de
Reparación para las Víctimas de la Violencia”.
De otra parte, es importante
igualmente mencionar que el Título VII de la Ley 1448 de 2011, en los artículos
181 a 191, se dedica a desarrollar el tema de enfoque diferencial, en relación
con la protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas.  De esta
forma, se refiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes –art. 181-,
a su reparación integral –art.182-, al restablecimiento de sus derechos
–art.183-, derecho a la indemnización –art.184-, constitución de fondos
fiduciarios para niños, niñas y adolescentes –art.185-, al derecho de acceso a
la justicia –art.186-, a la reconciliación –art.187-, a los niños, niñas y
adolescentes huérfanos –art.188-, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos
improvisados –art.189-, a los niños, niñas y adolescentes víctimas del
reclutamiento ilícito –art.190-, y a la aplicación de las normas que sean más
favorables en los procesos de reparación administrativa –art.191-.
El Título VIII de la Ley 1448 de
2011, en los artículos 192 a 194 se refiere a la participación de las víctimas,
el artículo 193 estatuye la Mesa de Participación de Víctimas.
El artículo
201 establece un mecanismo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la
ley, de conformidad con el cual se conforma la “Comisión de Seguimiento y
Monitoreo”. “la cual tendrá como función primordial hacer seguimiento al
proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas
contenidas en esta ley.”
La norma
dispone que esta Comisión estará conformada por:
“1. El Procurador General de la Nación o su delegado, quien la
presidirá.
2. El Defensor del Pueblo o su delegado, quien llevará la secretaría
técnica.
3. El Contralor General de la Nación o su delegado.
4. Tres representantes de las víctimas de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Título VIII, los cuales deberán ser rotados cada dos años.”
De otra
parte, el artículo 202 establece que: “[l]as Mesas Directivas de las
Comisiones Primeras de Senado y Cámara conformarán una comisión en la que
tendrán asiento todos los partidos y movimientos políticos representados en las
respectivas comisiones, encargada de efectuar el seguimiento de la aplicación
de esta ley, recibir las quejas que se susciten en ocasión de la misma y
revisar los informes que se soliciten al Gobierno Nacional.”
(iii) De otra
parte, es de relevancia para este estudio destacar que la Ley 1448 de 2011 crea
una nueva institucionalidad que será la encargada de la implementación de dicha
Ley y de las medidas de reparación integral a víctimas del conflicto armado
interno y de desplazamiento forzado.
Así, mediante
la Ley 1448 de 2011, en los artículos 159 a 174, se adoptan disposiciones en
relación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, que estará conformada por el conjunto de entidades públicas del
nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las
demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los
planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y
reparación integral de las víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011.
El Sistema
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, estará conformado por las
siguientes entidades y programas:
“En el orden nacional, por:
1. El Ministerio del Interior y de Justicia
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores
3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4. El Ministerio de Defensa Nacional
5. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
6. El Ministerio de la Protección Social
7. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
8. El Ministerio de Educación Nacional
9. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
11. El Ministerio de Cultura
12. El Departamento Nacional de Planeación
13. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional
14. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
15. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas
16. La Fiscalía General de la Nación
17. La Defensoría del Pueblo
18. La Registraduría Nacional del Estado Civil
19. El Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa
20. La Policía Nacional
21. El Servicio Nacional de Aprendizaje
22. EI Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior
23. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
24. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
25. El Archivo General de la Nación
26. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
27. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
28. La Superintendencia de Notariado y Registro
29. El Banco de Comercio Exterior
30. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
31. Las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las
diferentes acciones de atención y reparación en el marco de la presente ley.
32. La Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, de
acuerdo al Título VIII.
En el orden territorial, por:
1. Por los Departamentos, Distritos y Municipios
2. Por las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios
con funciones y competencias para la atención y reparación a las víctimas a que
se refiere esta ley.
3. Por la Mesa de Participación de Víctimas del respectivo nivel, de
acuerdo al Título VIII.
Y los siguientes programas:
1. Programa Presidencial de Atención Integral contra minas
antipersonal.
2. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.”
En el
artículo 161 se fijan los objetivos del Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas, relacionados todos con la formulación e
implementación de la política integral de atención, asistencia y reparación a
víctimas de la violencia.
El artículo
162 de la Ley 1448 de 2011 determina que el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas, contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité
Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas el cual diseñará y
adoptará la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a
víctimas; y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, que será la encargada de coordinar la ejecución de
la política pública.
Así mismo, se
establece que en el orden territorial el Sistema contará con los Comités
Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y
alcaldes distritales y municipales.
El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las
Víctimas, de conformidad con el artículo 164, estará integrado por:
“1. El Presidente de la
República, o su representante, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y
de Justicia, o quien este delegue.
3. El Ministro de Hacienda y
Crédito Público, o quien este delegue.
4. El Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, o quien este delegue.
5. El Director del
Departamento Nacional de Planeación, o quien este delegue.
6. El Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, o quien este
delegue.
7. El Director de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”
Por su parte,
el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 crea la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como una
Unidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, mientras que sus funciones están reguladas por el artículo 168 de la
misma Ley, entre las cuales se encuentra la coordinación de “las actuaciones
de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a
las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la
política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y
asumirá las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387,
418
de 1997, 975
de 2005, 1190
de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas
encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas”.
Así mismo, de
conformidad con el artículo 168 a esta Unidad le corresponde, entre otras
funciones: “7. Administrar los recursos necesarios y hacer entrega a las
víctimas de la indemnización por vía administrativa de que trata la presente
ley.”
Mediante el
Decreto 4157 de 2011, el Gobierno Nacional, con base en lo dispuesto por el
artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, que creó la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 que dispone medidas para la transición institucional, el
literal h) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 que otorga facultades al
Presidente de la República para determinar la adscripción o la vinculación de
las entidades públicas nacionales descentralizadas, y con el fin de hacer
coherente la organización y funcionamiento de la administración pública,
determinó cambiar la adscripción de la Unidad de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que
es la entidad en la que se transformó la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) mediante el Decreto 4155
de 2011.
El artículo
170 se refiere a la transición de la institucionalidad y dispone que: “durante
el año siguiente a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá
hacer los ajustes institucionales que se requieran en las entidades y
organismos que actualmente cumplen funciones relacionadas con los temas objeto
de la presente Ley, con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar
la continuidad en el servicio, sin que en ningún momento se afecte la atención
a las víctimas.”
Esta norma
dispone que: “[l]a Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional se transformará en un departamento administrativo que
se encargará de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos
para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de las violaciones a
las que se refiere el artículo 3o de la
presente Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica.”
El Gobierno Nacional, con base en
el inciso segundo del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y mediante el Decreto
4155 de noviembre 3 de 2011, “Por el cual se transforma la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción
Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y
se fija su objetivo y estructura”, transformó a Acción Social en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual, de conformidad
con el artículo 2º de dicho Decreto, tendrá como objetivo “dentro del marco
de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la
superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la
recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la
violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la
reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas de la
violencia a las que se refiere el artículo 3o de la Ley 1448 de 2011,
las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o
vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos competentes.”
(Resalta la Sala)
El parágrafo
de este artículo establece que: “[h]asta tanto se adopte la estructura y la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, y se transforme la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional en Departamento
Administrativo, esta entidad, así como las demás que vienen cumpliendo estas
funciones, continuarán ejecutando las políticas de atención y reparación a las
víctimas de que trata la presente ley.”
El artículo
171 se refiere a la transición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
cuyas funciones y responsabilidades, establecidas en la Ley 975 de 2005, y
demás normas y decretos que la reglamenten, modifican o adicionan, asumirá la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro del año
siguiente a la expedición de la Ley 1448 de 2011.
En este orden
de ideas, la Corte impartirá las órdenes de esta sentencia al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, en que se transformó la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social-, y a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas adscrita a dicha entidad, en su calidad de coordinadora
del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y
responsable de los programas de reparación integral a las víctimas por vía
administrativa, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4155 y
4157 de 2011.
8.2 El
Decreto 4800 de 2011
Mediante el Decreto 4800 de 2011
el Gobierno Nacional reglamentó los mecanismos para la implementación del
programa masivo de asistencia, atención y reparación a las víctimas creado por
la Ley 1448 de 2011.
(i) En el título I, se
consagran las disposiciones generales, y en su capítulo único, se determina el
objeto y los principios generales de conformidad con lo dispuesto por la Ley
1448 de 2011. En este aparte, se consagran los diferentes enfoques de las
medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, de manera
que se establecen los siguientes enfoques: humanitario –art. 2-, de desarrollo
humano y seguridad humana –art. 3-,  de derechos –art.4,  el enfoque
transformador –art.5-, el enfoque de daño –art.6-, el de diálogo social y
verdad –art.7-. Así mismo, este Decreto reitera los principios consagrados en
la Ley 1448 de 2011, relativos a la progresividad y gradualidad -art.8-; el
principio de información compartida y armonizada –art.9-; el principio de
corresponsabilidad –art.10-; el principio de coordinación entre las entidades
nacionales y territoriales -art.11-; el principio de concurrencia –art.12-; el
principio de complementariedad –art.13-; el principio de subsidiariedad –art.
14-; y la búsqueda de reconciliación nacional –art.15-.
El Título II del Decreto 4800 de
2011 está destinado al Registro Único de Victimas –arts.1-55-. El título III
regula la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las
Victimas –arts. 56 a 65-. El Título IV consagra las medidas de estabilización
socioeconómica y cesación de la condición de vulnerabilidad manifiesta –arts-
66 a 83-. El capítulo II de este último trata sobre los retornos y
reubicaciones para las víctimas de desplazamiento forzado –art. 71 a 78–.  El
título V se refiere a la regulación de los gastos judiciales y garantía de
acceso a la justicia para las víctimas –arts. 84 ss.-. El título VI trata sobre
las medidas de asistencia y atención. El capítulo VI regula los Centros
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas –arts.121 a 130.
(ii) El título VII trata
sobre las medidas de reparación integral. El capítulo I se refiere a la
restitución de vivienda, a la restitución del derecho a la vivienda para
hogares víctimas –art.131-; el subsidio familiar de vivienda para víctimas
–art.132-; la priorización con enfoque diferencial para sujetos de especial
protección constitucional –art.133-; la priorización en la asignación del
subsidio familiar de vivienda a hogares vinculados en programas de retomo o de
reubicación para victimas de desplazamiento forzado –art.134-; participación y
capacitación de las entidades territoriales –art.135 y 136-; el derecho de
información y principio de publicidad para las convocatorias y acceso a
subsidio de vivienda –art.137-; recursos de cooperación internacional –art.
138-.
Sobre el subsidio familiar de
vivienda para victimas de desplazamiento forzado, el parágrafo del artículo 132
establece que “La población victima del desplazamiento forzado accederán a
los subsidios familiares de vivienda en las condiciones establecidas en los
Decretos 951 de 2001 y 1160 de 2010 Y las normas que los modifiquen, adicione o
subroguen.” Así mismo el artículo 134 establece la priorización en la
asignación del subsidio familiar de vivienda a hogares vinculados en programas
de retomo o de reubicación.  El capítulo II reglamenta los mecanismos
reparativos en relación con los créditos y pasivos –arts. 139 a 145-.
Especial relevancia reviste para
este estudio el capítulo III del Título VII del Decreto 4800 de 2011 en cuanto
regula la indemnización por vía administrativa -arts. 147 a 162-.
El artículo 146 dispone que la
responsabilidad del programa de indemnización por vía administrativa se
encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, entidad que administrará los recursos
destinados a la indemnización por vía administrativa.
El artículo 147 garantiza el
principio de publicidad, de manera que consagra que “los lineamientos,
criterios y tablas de valoración para la determinación de la indemnización por
vía administrativa” serán de público acceso.
El artículo 148 señala los
criterios para la estimación del monto de la indemnización por vía
administrativa que debe realizar la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual se sujetará a los
criterios de (i) la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, (ii) el
daño causado, y (iii) el estado de vulnerabilidad actual de la víctima, desde
un enfoque diferencial.
El monto de indemnización por vía
administrativa para victimas de desplazamiento forzado, se encuentra fijado por
el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 que regula los montos de la
indemnización por vía administrativa. Al respecto establece que “Independientemente
de la estimación del monto para cada caso particular de conformidad con lo
establecido en el artículo anterior, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá reconocer por indemnización
administrativa los siguientes montos:
Por homicidio, desaparición
forzada y secuestro, hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.
Por lesiones que produzcan
incapacidad permanente, hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.
Por lesiones que no causen
incapacidad permanente, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.
Por tortura o tratos inhumanos
y degradantes, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.
Por delitos contra la libertad
e integridad sexual, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.
Por reclutamiento forzado de
menores, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.
Por desplazamiento forzado,
hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales.
Los montos de indemnización
administrativa previstos en este artículo se reconocerán en salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento del pago.
Parágrafo 1. Estos montos de
indemnización podrán ser otorgados a todas las víctimas que tengan derecho a
esta medida de reparación.
Parágrafo 2. Por cada víctima
se adelantará sólo un trámite de indemnización por vía administrativa al cual
se acumularán todas las solicitudes presentadas respecto de la misma.
Si respecto de una misma
víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en el artículo 3
de la Ley 1448 de 2011, tendrá derecho a que el monto de la indemnización
administrativa se acumule hasta un monto de cuarenta (40) salarios mínimos
legales mensuales.
Parágrafo 3. En caso que una
persona pueda solicitar indemnización por varias víctimas, tendrá derecho a la
indemnización administrativa por cada una de ellas.
Parágrafo 4. Si el hecho
victimizante descrito en los numerales 2, 3 Y 4 del presente artículo fue
cometido debido a la condición etaria, de género o étnica de la víctima, el
monto de la indemnización podrá ser hasta de cuarenta (40) salarios mínimos
legales mensuales, al igual que en los casos en que el hecho victimizante
descrito en el numeral 5 del presente artículo fue cometido por la condición etaria
o étnica de la víctima.
Parágrafo 5. La
indemnización de los niños, niñas y adolescentes víctimas en los términos del
parágrafo del artículo 181 de la Ley 1448 de 2011, será reconocida hasta por el
monto establecido en el numeral 5 del presente artículo.”
La distribución de la
indemnización se encuentra consagrada en el artículo 150, el cual establece que
“En caso de concurrir varias personas con derecho a la indemnización por la
muerte o desaparición de la víctima, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el monto de la indemnización administrativa
se distribuirá así:
1. Una suma equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto estimado de la indemnización será
entregada al cónyuge, compañero o compañera permanente
o pareja del mismo sexo y el
otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre los hijos.
A falta de cónyuge, o
compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, el cincuenta por
ciento (50%) del monto estimado de la indemnización será distribuido entre los
hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) entre los padres supérstites.
A falta de hijos, el cincuenta
por ciento (50%) del monto estimado de la indemnización será pagado al o a la
cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, y el otro
cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre los padres supérstites.
En el evento en que falten los
padres para los casos mencionados en los numerales 2 y 3 anteriores, el total
del monto estimado de la indemnización será entregado al cónyuge, o compañero o
compañera permanente o pareja del mismo' sexo o distribuido entre los hijos,
según sea el caso.
A falta de cónyuge, o
compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, hijos y padres, el
total del monto estimado de la indemnización será entregado a los abuelos
supérstites.
A falta de todos los
familiares mencionados en los numerales anteriores, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconocerá una
indemnización de manera simbólica y pública.
Parágrafo 1. Para el pago de
la indemnización a los niños, niñas y adolescentes, se estará a lo dispuesto en
el artículo 160 y siguientes del presente Decreto.
Parágrafo 2. En el evento en
que la víctima, al momento de su fallecimiento o desaparición, tuviese una
relación conyugal vigente y una relación de convivencia con un o una compañero
o compañera permanente o pareja del mismo sexo, el monto de la indemnización
que les correspondería en calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente
o pareja del mismo sexo, se repartirá por partes iguales.”
El procedimiento para la
solicitud de indemnización –art.151- establece que “Las personas que hayan
sido inscritas en el Registro Único de Víctimas podrán solicitarle a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario que ésta
disponga para el efecto, sin que se requiera aportar documentación adicional
salvo datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito
electrónico, si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas lo considera pertinente. Desde el momento en que la
persona realiza la solicitud de indemnización administrativa se activará el
Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos de que
trata el presente Decreto.
La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregará la
indemnización administrativa en pagos parciales o un solo pago total atendiendo
a criterios de vulnerabilidad y priorización.
Para el pago de la
indemnización administrativa la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas no deberá sujetarse al orden en que sea
formulada la solicitud de entrega, sino a los criterios contemplados en
desarrollo de los principios de progresividad y gradualidad para una reparación
efectiva y eficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
presente Decreto.
Parágrafo 1. En los
procedimientos de indemnización cuyo destinatarios o destinatarias sean niños,
niñas y adolescentes, habrá acompañamiento permanente del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar. En los demás casos, habrá un acompañamiento y asesoría
por parte del Ministerio Público.
Parágrafo 2. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
deberá orientar a los destinatarios de la indemnización sobre la opción de
entrega de la indemnización que se adecue a sus necesidades, teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad de la víctima y las alternativas de inversión
adecuada de los recursos en los términos del artículo 134 de la Ley 1448 de
2011. La víctima podrá acogerse al programa de acompañamiento para la inversión
adecuada de la indemnización por vía administrativa independientemente del
esquema de pago por el que se decida, sin perjuicio de que vincule al programa
los demás recursos que perciba por concepto de otras medidas de reparación.”
El procedimiento y causales de
revocatoria por parte del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación
Integral a las víctimas en relación con las indemnizaciones por vía
administrativa otorgadas, se encuentra regulado por el artículo 152.
La oportunidad para solicitar la
revisión de la revocatoria se consagra en el artículo 153.
El artículo 154 se refiere a la
deducción de los montos pagados con anterioridad, estableciendo que “La
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas descontará del monto a pagar por concepto de indemnización por via
administrativa, sólo los montos pagados por el Estado a título de
indemnización y por concepto de condenas judiciales en subsidiariedad por
insolvencia, imposibilidad o falta de recursos de parte del victimario o del
grupo armado organizado al margen de la ley al que éste perteneció.
Si la víctima ha recibido
indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente por parte del Fondo de
Solidaridad y Garantía -FOSYGA, este valor será descontado del monto de la
indemnización administrativa a que tenga derecho, para lo cual el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas adoptarán el mecanismo idóneo para el
cruce de información correspondiente.
Parágrafo. Las sumas
pagadas por el Estado a título de atención y asistencia o subsidio no podrán
ser descontadas del monto de indemnización por vía administrativa.”
(Resalta la Sala)
El artículo 155 establece un
régimen de transición para las solicitudes de indemnización por vía
administrativa anteriores a la expedición del Decreto 4800 de 2011.  Al efecto
consagra que “Las solicitudes de indemnización por vía administrativa
formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación
del presente Decreto no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones
Administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro
Único de Víctimas y deberá seguirse el procedimiento establecido en el presente
Decreto para la inclusión del o de los solicitantes en este Registro. Si el o
los solicitantes ya se encontraren inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada, se seguirán los procedimientos establecidos en el presente Decreto para
la entrega de la indemnización administrativa.
Si de la descripción de los
hechos realizada en las solicitudes se desprende que los hechos victimizantes
ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la
indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no incluirá al o a los solicitantes en el Registro Único de Víctimas pero
otorgará la indemnización administrativa. De esta situación se le informará
oportunamente al o a los solicitantes.
Parágrafo 1. El o los
solicitantes a los que se refiere el presente artículo tendrán derecho al pago
de la indemnización administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante
la distribución y en los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre
que sean incluidos en el Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos
en el Registro Único de Población Desplazada o se les reconociere la
indemnización administrativa en los términos del inciso segundo.
Parágrafo 2. Las solicitudes
de indemnización por vía administrativa presentadas después de la promulgación
de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus respectivas
prórrogas y modificaciones, se regirán  por las reglas establecidas en el
presente Decreto.
Parágrafo 3. Cuando sea
necesario acopiar información o documentos adicionales para decidir sobre la
solicitud de reparación por vía administrativa presentada en el marco del
Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el
caso en estado de reserva técnica. Mientras una solicitud permanezca en estado
de reserva técnica no se entenderá como decidida de manera definitiva.”
El artículo 156 se refiere a la
reconsideración de solicitudes de indemnización administrativa ya resueltas,
determinando que “Sólo a solicitud de parte, podrán ser reconsiderados, bajo
las reglas del presente Decreto, los casos que hayan sido negados por
presentación extemporánea, por el momento de ocurrencia de los hechos, o porque
los hechos estaban fuera del marco de la Ley 418 de 1997 o del Decreto 1290 de
2008.”
El artículo 157 establece el “Programa
de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos”. El artículo
158 establece el principio de colaboración armónica, de manera que consagra las
entidades que deben participar en la ejecución del programa de acompañamiento
para la inversión adecuada de los recursos.
El artículo 159 consagra la Indemnización
por vía administrativa para víctimas de desplazamiento forzado. Esta norma
establece que “La indemnización por desplazamiento forzado, será otorgada
a través de los mecanismos previstos en el parágrafo 3 del artículo 132 de la
Ley 1448 de 2011.
En aquellos eventos en que los
núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado no puedan acceder a los
medios previstos en el parágrafo 3 del articulo 132 de la Ley 1448 de 2011 o
hayan accedido parcialmente al monto de la indemnización definido para este
hecho victimizante, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, deberá activar el programa de
acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos de que trata el
presente Decreto, de tal forma que la entrega de la indemnización para el
núcleo familiar respectivo sea, prioritariamente, a través de los mecanismos
estipulados en dicho programa.”
El artículo 160 del Decreto 4800
de 2011 contiene la indemnización para niños, niñas y adolescentes víctimas en
los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011. Esta norma prevé que “De
conformidad con el artículo 185 de la Ley 1448 de 2011, la indemnización
administrativa en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas deberá efectuarse
a través de la constitución de un encargo fiduciario, que tendrá por objeto
salvaguardar el acceso a la indemnización por vía administrativa de los niños,
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno, mediante la
custodia del valor total que ésta comporte.  El artículo 161 regula la
constitución del encargo fiduciario, disponiendo que “la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
será la responsable de constituir el encargo en la empresa fiduciaria que, en
promedio, haya percibido en los últimos (6) seis meses previos a su
constitución los mayores réditos financieros, según la información de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas asumirá los
costos de constitución y manejo del encargo fiduciario.”
El artículo 162 del Decreto 4800
de 2011 se refiere al monto de la indemnización por vía administrativa. En
punto a este tema, consagra que “Una vez el destinatario de la indemnización
haya cumplido la mayoría de edad, teniendo en cuenta el programa de
acompañamiento de que trata el artículo 134 de la ley 1448 de 2011 y lo
establecido en el presente Decreto, podrá disponer integralmente de su
indemnización.
El valor de la indemnización
entregado en los términos previstos por el presente artículo estará compuesto
por la totalidad de rendimientos, réditos, beneficios, ganancias y similares
generados a través del encargo fiduciario.”
- El capítulo IV consagra las
medidas de rehabilitación. A este respecto dispone las directrices del enfoque
psicosocial en las medidas de reparación –art.163-; el programa de atención
psicosocial y salud integral a víctimas –art.164-; las responsabilidades del
Programa de Atención psicosocial y Salud Integral a Víctimas –art.165-; el
cubrimiento de los gastos derivados del programa de atención psicosocial y
salud integral a víctimas –art.166-; los Centros de Encuentro y Reconstrucción
del Tejido Social –art.167-; la articulación con los Centros de Encuentro y
Reconstrucción del Tejido Social –art.168-; el talento humano para la atención
a víctimas –art.169-.
- El capítulo V establece las
medidas de satisfacción. En relación con estas medidas consagra la reparación
simbólica –art. 170-; la determinación y ejecución de las medidas de
satisfacción –art.171-; la asistencia técnica a entidades territoriales en
materia de medidas de satisfacción –art.172-; el reconocimiento judicial de las
medidas de satisfacción –art.173-; la difusión y socialización de las medidas
de satisfacción –art.174-; las medidas de satisfacción por parte de algunos
actores –art.175-; las medidas de satisfacción en procesos de retomo o
reubicación de víctimas de desplazamiento forzado –art.176-; la concurrencia del
Gobierno Nacional en materia de medidas de satisfacción para víctimas de
desaparición forzada y o muerte –art.177-; la suspensión de la obligación de
prestar el servicio militar –art.178-; el desacuartelamiento –art. 179-; el
protocolo para el Intercambio de Información en Materia de Exención de la
Obligación del Servicio Militar Obligatorio para las Víctimas –art.180-; el
deber de informar –art.181-; el término para definir la situación militar
–art.182-; la orientación para definición de situación militar –art.183-; las
aceptaciones públicas de los hechos y solicitudes de perdón público –art.184-;
se establece el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas
–art.185-, la autonomía e independencia de la memoria histórica –art.186-; la
prohibición de censura de la memoria histórica –art.187-; se determina la
existencia del “Museo Nacional de la Memoria” –art.188-; los componentes
del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica –art.189-; la articulación
con el Sistema Nacional de Archivos –art.190-192.
- El capítulo VI se refiere a la
prevención, protección y garantías de no repetición –art.193-221. En este
acápite se adoptan una serie de medidas de prevención-art.193-; garantías de no
repetición –art.194-, y de protección –art.195-. En cuanto a las medidas de
protección se consagra el “Plan de contingencia” –art.196-; el “Mapa
de riesgo” –art.197-, la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario –arts. 198 y 199-; el Sistema de Información del
Sistema de Alertas Tempranas –SAT- artículo 200; el fortalecimiento del
Programa de defensores comunitarios –art.201-; los Planes Integrales de
Prevención a nivel departamental, regional o local, y prevé estrategias y
actividades claras de prevención –art.202-; planes de contingencia para atender
las emergencias por parte de los Comités de Justicia Transicional –art.203-; la
inclusión de los procesos de retomo y reubicación en los planes de prevención
–art.204-; la capacitación de funcionarios públicos –art.205-; la capacitación
de los miembros de la Fuerza Pública –art. 206-; las recomendaciones de la
Comisión de Seguimiento del Congreso de la República –art.207-; la estrategia
nacional de lucha contra la impunidad –art.208-; la estrategia de comunicación
para las garantías de no repetición, por parte de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –art.209-; la
pedagogía social para la reconciliación y construcción de paz –art.210-; las
estrategias de garantías de no repetición, de conformidad con los artículos 163
y 149 de la Ley 1448 de 2011 –art. 211-; medidas de protección individual
–arts. 212 a 215-; medidas de protección colectiva –arts. 217 y 218; medidas
para garantizar la seguridad en los retornos y reubicaciones –arts. 219 a 221-.
- El capítulo VII reglamenta la
reparación colectiva. Así, se define la reparación colectiva –art.122-; los
sujetos de reparación colectiva –art.123-; la creación y criterios del Programa
de Reparación Colectiva –art.124-; los objetivos del Programa de Reparación
Colectiva –art.126-, y las distintas fases de reparación colectiva –arts. 228 a
234-.
- El título VIII trata de las
instancias de coordinación del Sistema de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. El capítulo I se refiere al Comité Ejecutivo –arts.235 a 241.  La
coordinación del Sistema está a cargo de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –arts.242 y 243-.
- El capítulo II trata sobre las
medidas de articulación entre la Nación y las Entidades Territoriales –arts.245
a 258-. El artículo 260 trata sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación
a través del sistema integral de seguimiento y evaluación, coordinado
por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
- El título IX se refiere a las
medidas para garantizar la participación de las víctimas. Así el capítulo I
trata sobre la participación efectiva y los espacios de participación de las
víctimas –arts. 262-263-, las mesas de participación –art.164-, las
organizaciones de víctimas –art. 265-; las organizaciones defensoras de los
derechos de las víctimas –art.266-; los voceros y representantes de las
víctimas –art.267 y 268-. El capítulo II trata de la inscripción de las
organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos
de las víctimas -arts.269 a 273-.  El capítulo III trata sobre las mesas de
participación de víctimas -arts.274 a 288-.  Y finalmente el Título X relativo
a los bienes y la articulación con el proceso de justicia y paz –arts. 289 a
295.
9. Los recientes pronunciamientos de la Corte en relación con la
Ley 1448 de 2011
9.1 En
la sentencia C-052 de 2012[100]
esta Corporación se refirió a algunos apartes demandados del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011, en relación con el concepto de víctima y el reconocimiento de
tal calidad a los familiares[101].
En relación
con el artículo 3º de esta ley que contiene la definición de víctima a partir
del concepto de daño, del tipo de infracciones cuya comisión generará (para la
víctima) las garantías y derechos desarrollados por esta ley, así como a partir
de la época desde la cual deberán haber ocurrido esos hechos, la Corte declaró
la exequibilidad de las expresiones demandadas al encontrar
que (i) le asiste al legislador un amplio grado de configuración en la materia,
para definir conceptos que están consagrados constitucionalmente, como el de
víctimas, siempre y cuando no viole ni la Constitución ni el bloque de
constitucionalidad; (ii) que con estas expresiones no se viola ni la
Constitución ni el bloque de constitucionalidad, por cuanto es razonable y
proporcional que el legislador limite la posibilidad de que se reconozca como
víctima a las personas que hayan sufrido daño o que tengan el grado de
parentesco cercano que fija la norma cuando la víctima se le hubiere dado
muerte o estuviere desaparecida, ya que (a) en todo caso cualquier persona que
pueda demostrar daño directo puede ser reconocida como victima, (b) y no
contraría el precedente jurisprudencial ya que la ley 975 de 2005 tenía un mucho
mayor alcance que la ley 1448 de 2011.
Respecto de
la Ley 1448 de 2011 la Sala la calificó como un “ambicioso esfuerzo
normativo del Estado colombiano enmarcado desde su origen dentro de un contexto
de justicia transicional[102].”
Así mismo, afirmó que del extenso articulado de esta ley se observa “que se
trata de un conjunto de disposiciones especiales, adicionales a las previamente
contenidas en los principales códigos[103]
y en otras leyes de carácter ordinario, relativas a los derechos de las
víctimas de determinados hechos punibles y de otras situaciones
consecuenciales, que en cuanto tales se superponen y se aplicarán en adición a
lo previsto en tales normas ordinarias[104]”
9.2 En
la Sentencia C-252 de 2012[105],
la Corte se pronunció respecto de algunas expresiones contenidas en los
artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2010, en relación con el concepto de
víctima y la limitación temporal del reconocimiento de tal calidad para efectos
de esa ley, entre otros temas[106].
La Corte recurre (i) al concepto
de victima, y afirma que con las limitaciones que plantean las normas
demandadas no se está limitando el reconocimiento de víctima, cuyo concepto es
universal y está asociado a criterios objetivos de daño, sino que se está
regulando y restringiendo el acceso a los beneficios específicos que consagra
la Ley 1448 de 2011, por cuanto la ley utiliza la expresión “para los efectos
de esta ley”;(ii) que por tanto, las demás víctimas que quedan excluidas, tanto
por (a) la limitación temporal del año 85 para la reparación económica, como
del año 1991 para la restitución de tierras; (b) como por la limitación en
cuanto a los miembros de los grupos armados organizados ilegales que puedan ser
víctimas de violaciones del DIH; (c) como la limitación respecto de que los
menores de edad reclutados que deben desmovilizarse siendo todavía menores de
edad para ser reconocidos como víctimas; (d) como respecto de la limitación
relativa a que quedan excluidos los delitos de la delincuencia común;  no
sufren un trato discriminatorio, ni se les viola el derecho a la igualdad;(iii)
lo anterior, en razón a que las víctimas excluidas de los beneficios de la Ley
1448 de 2011 tienen derecho a: (a) que se les reconozca en todo caso su condición
de víctimas; (b) se les reconozca los demás componentes diferentes a la
reparación económica y restitución de tierras que se encuentran consagrados en
la misma ley 1448 de 2011, como por ejemplo a las medidas de reparación
simbólica y de rehabilitación; (c) que en todo caso estas víctimas pueden
acceder a los mecanismos ordinarios para en su calidad de tal, puedan acceder a
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (d) que el límite
temporal fijado en la ley es absolutamente necesario y fue debatido ampliamente
en el Congreso; (e) que los demás limites impuestos obedecen a criterios
razonables y proporcionados tales como la protección de los menores de edad, el
reconocimiento de los beneficios de la ley sólo a las víctimas que actuaron dentro
de la legalidad, y el tener en cuenta delitos asociados al conflicto interno
solamente, aclarando que es posible que algunos delitos por su configuración
objetiva puedan en cada caso en concreto considerarse como delitos generados
por el conflicto interno; (e) que por tratarse de medidas en el contexto de
justicia transicional, el legislador goza de libertad de configuración para
adoptar esta clase de medidas, las cuales no son irrazonables ni
desproporcionadas; y (f) que una vez realizado el test débil del juicio de
igualdad se evidencia que estas medidas cumplen con una finalidad
constitucional, la cual es hacer operativa y eficaz la ley de víctimas, en
términos de sostenibilidad fiscal, de términos y de requisitos diferenciales
para acceder a los beneficios, y que estas medidas son adecuadas para el
cumplimiento de tales finalidades.
En este
pronunciamiento, la Corte se refirió al alcance de la Ley 1448 de 2011,
afirmando que consagra un amparo integral de las víctimas, y abarca mecanismos
de asistencia, atención, prevención, protección, reparación integral con
enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad,
ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen su dignidad y
desarrollen su modelo de vida. Así mismo afirmó que esta ley se inscribe dentro
del conjunto de instrumentos normativos que se han expedido con el fin de hacer
frente a la situación de conflicto armado y que pueden articularse
conceptualmente en torno a la idea de un modelo de justicia transicional que
responda a las peculiaridades de la situación del país. Menciona que la ley
parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido
las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello, consagra
los principios de la buena fe, igualdad de todas las víctimas y enfoque
diferencial, así como los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad.
Así mismo, la
Corte afirmó que el legislador contaba con cierto margen de configuración para
que entre las distintas alternativas en juego, optase por las que considerase
más adecuadas para hacer frente a la situación de violencia que enfrenta el
país y ofreciesen las mayores probabilidades de conducirlo hacia el objetivo de
reconciliación, sobre la base, desde luego, de que no se desborden los límites
imperativos que se derivan del ordenamiento constitucional y del conjunto de
instrumentos internacionales vinculantes para Colombia.
9.3 En
la sentencia C-250 de 2012[107],
la Corte se pronunció en relación con (i) la evolución del concepto de víctima
a nivel internacional y en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de esta
Corte; (ii) las características relevantes de la Ley 1448 de 2011; (iii) y las
limitaciones temporales contenidas en los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de
2011.
Con base en ello esta Corporación
analizó la constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 3 y 75 de
la ley 1448 de 2011, para con fundamento en los argumentos de libertad de
configuración del legislador, amplio debate en el Legislativo sobre el tema, y
desarrollo de un test débil de igualdad, que sólo tiene en cuenta la finalidad
y adecuación de la medida, concluir que no se trata de una limitación
arbitraria, discrecional, sin fundamento, irrazonable o desproporcionada, sino
que a partir de la amplia libertad de configuración del legislador y la amplia
discusión que surtió en el Congreso este tema, la medida cumple una finalidad
constitucional, la cual es lograr la sostenibilidad fiscal de la Ley 1448 de
2011 y que por tanto la medida es adecuada para lograr dicha finalidad.
10. Conclusiones generales sobre los derechos de
las víctimas de desplazamiento forzado a la reparación integral y su
vinculación con los derechos a la verdad y a la justicia
10.1 En
cuanto a la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, esta
Corporación ha evidenciado que el reconocimiento de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, se fundamenta en varios principios y preceptos
constitucionales: (i) en el mandato según el cual los derechos y deberes se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el Constituyente ha
otorgado rango  constitucional a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP);
(iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la intervención de
las víctimas tanto en los procesos judiciales como administrativos para obtener
su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la administración de justicia,
del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces
dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de
decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de
un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias;
(vi) en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra una
cláusula general de responsabilidad del Estado; (vii) en el
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (viii)
en el derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art.
12); (ix) así como en la obligación estatal de respeto y garantía plena de los
derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo,
consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos[108],
los cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en
consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
10.2 En lo que
respecta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos
de las víctimas, se debe concluir que la jurisprudencia de esta
Corporación, tanto en asuntos de constitucionalidad como de tutela, ha reconocido y protegido de manera categórica, pacífica,
reiterada, clara y expresa, los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la  reparación y no repetición, especialmente frente a graves
violaciones de derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las
víctimas de desplazamiento forzado. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que los derechos de las víctimas implican la
exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido y a que se esclarezcan delitos
que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la
población, como el desplazamiento forzado, el derecho a que se investigue y
sancione a los responsables de estos delitos, y el derecho a ser reparado de
manera integral. Estos derechos han sido reconocidos por la Corte como derechos
constitucionales de orden superior.
Por tanto, la
Corte reitera aquí nuevamente, el deber constitucional de reconocimiento y
protección de los derechos de las víctimas, con base en el principio de respeto
de la dignidad humana como base fundante del Estado social de derecho –art-1º-,
en el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en
el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
como finalidad esencial del Estado –art-2-, en el deber de velar por la
protección de las víctimas  –art. 250-7 superior- y la aplicación del bloque de
constitucionalidad –art. 93 superior-, para el reconocimiento y protección de
los derechos a la reparación integral y su conexión con
los derechos a la verdad y a la justicia, y a la garantía de no repetición.
Así mismo, es importante insistir
en que conforme a lo dispuesto en el artículo 93 Superior, los derechos y
deberes consagrados en la Constitución deben interpretarse a la luz de los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de
modo que ninguna autoridad de la República puede ejercer sus funciones o
facultades al margen ni en contra de lo allí estatuido. A su vez, el artículo
94 de la Constitución Política advierte que la enunciación de los derechos y
garantías contenidos en la Carta y en los convenios internacionales vigentes,
no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos.
En armonía con lo anterior, se
recalca que las disposiciones legales relacionadas con las víctimas de la
violencia, en este caso de desplazamiento forzado, deben interpretarse de
conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional y  tomando en cuenta
los principios de favorabilidad hacia el entendimiento y
restablecimiento de sus derechos[109];
la buena fe; la confianza legítima[110];
la preeminencia del derecho sustancial[111],
y el reconocimiento de la especial condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de las víctimas.
En este orden de ideas, a juicio de la Sala, la visión amplia e
integral que informa a los derechos de las víctimas a la reparación y su
conexión intrínseca con los derechos a la verdad y a la justicia, especialmente
en lo referente a las víctimas del delito de desplazamiento forzado, en cuanto
la verdad y la justicia deben entenderse como parte de la reparación, en razón
a que no puede existir una reparación integral sin la garantía respecto del
esclarecimiento de los hechos ocurridos y de la investigación y sanción de los
responsables. Así mismo, esta Corporación resalta que los derechos
fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como el desplazamiento
forzado, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado,
como la de prevenir estas violaciones, y una vez ocurridas éstas, la obligación
de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigación y sanción de este
delito sistemático y masivo en contra de la población civil, y la reparación
integral a las víctimas tanto por la vía judicial –penal y contencioso
administrativa- como por la vía administrativa, así como el deber de garantizar
y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías.
10.3 En cuanto a la
reparación por la vía administrativa para población desplazada, esta Corte se
ha pronunciado así mismo en diversa jurisprudencia, respecto de este tema.[112]
En estos pronunciamientos, esta
Corporación se refirió al programa de reparación individual por vía
administrativa que se encontraba regulado por el Decreto 1290 de 2008, y a los
trámites fijados por este decreto para acceder a la reparación. En este sentido
se ha pronunciado sobre:
(i) La inscripción en estos
programas que debe llevarse a cabo a través de criterios de racionalidad que
eviten la arbitrariedad y la discrecionalidad;
(ii) ha reiterado que las medidas
de asistencia social o de servicios sociales por parte del Estado no pueden de
ninguna manera ser asimilables a las medidas de reparación, no pueden ser óbice
para dejar de reconocer y otorgar las medidas de reparación, y que deben ser
brindadas de manera prioritaria a los desplazados por tratarse de personas en
estado de desigualdad y vulnerabilidad;
(iii) ha insistido en la obligación de la Defensoría del Pueblo y de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyas funciones de esta
última pasarán ahora a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, de conformidad con el art. 171 de la Ley 1448 de 2011, de ofrecer
asesoría a las víctimas y a sus beneficiarios;
(iv) Así mismo, en estos
pronunciamientos sobre reparación vía administrativa, la Corte se ha referido a
la procedencia de la  indemnización en abstracto en el trámite de la acción de
tutela, con base en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé que
(i) cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, (ii) la violación
del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, y (iii) si ello fuere necesario para asegurar el
goce efectivo del derecho; en el fallo de tutela el juez podrá de manera
oficiosa ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado y,
que la liquidación del mismo y de los demás perjuicios, se hará ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente,
mediante trámite incidental.
La jurisprudencia constitucional
ha sostenido de manera reiterada el carácter subsidiario y excepcional de la
indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, y al respecto ha fijado las siguientes reglas: (a) la tutela no tiene un
carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino de protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos; (b) su procedencia se encuentra
condicionada a que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, en cuanto no
exista otro medio judicial para alcanzar la indemnización por los perjuicios
causados; (c) debe existir una violación o amenaza evidente del derecho y una
relación directa entre ésta y el accionado; (d) debe ser una medida necesaria para
asegurar el goce efectivo del derecho; (e) debe asegurarse el derecho de
defensa del accionado; (f) la indemnización vía de tutela sólo cubre el daño
emergente; y (g) el juez de tutela debe precisar el daño o perjuicio, el hecho
generador del daño o perjuicio, la razón por la cual la indemnización es
necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho, el nexo causal entre el
accionado y el daño causado, así como los criterios para que se efectúe la
liquidación en la jurisdicción contenciosa administrativa o por el juez
competente.[113]
Por consiguiente, la
indemnización en abstracto consagrada por el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991 procede (i) solo de manera excepcional, (ii) cuando se cumplen ciertos
requisitos como el de subsidiariedad de la medida, (iii) siempre y cuando no
exista otra vía para obtener la indemnización, (iv) cuando se cumpla el
requisito de necesidad de la indemnización para la protección efectiva del
derecho, (v) se dé la existencia de una relación causal directa entre el daño y
el agente accionado, (v) que se encuentra referida sólo al cubrimiento del daño
emergente, y (vi) que el juez es quien debe fijar los criterios para que
proceda la liquidación.  Así mismo, la Sala insiste en que el derecho a la
reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado no se agota, de
ninguna manera, en el componente económico a través de medidas indemnizatorias
de los perjuicios causados, sino que por el contrario, la reparación integral es
un derecho complejo que contiene distintas formas o mecanismos de reparación
como medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción, garantías de
no repetición, entre otras.
10.4 En relación con las
diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de delitos en
general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y del
desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a la reparación
integral, en general los ordenamientos prevé tanto la vía judicial como la vía
administrativa.
Estas diferentes vías de
reparación a víctimas presentan diferencias importantes: (i) la  reparación en
sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas
individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta
vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la
verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de
restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo
de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño
antijurídico causado a la víctima.
(ii) Mientras que por otra parte,
la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i)
por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una
reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes
o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad,
en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño,
ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía
del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de
las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos
y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas
institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y
proporcional a las víctimas.[114]
En lo que se refiere a la
reparación por la vía judicial, es de mencionar que en el sistema jurídico
colombiano se puede dar a través del proceso penal ordinario, mediante un
incidente de reparación, y a través del proceso penal previsto por la justicia
transicional, de conformidad con la Ley 975 de 2005, la cual estableció dentro
de los procesos penales llevados dentro de la jurisdicción especial de Justicia
y Paz, la posibilidad de iniciar un incidente de reparación integral de los
daños causados con la conducta criminal.[115]
Así mismo, la reciente Ley 1448 de 2011 trae importantes regulaciones en el
Título II de esa normativa, referido a los derechos de las víctimas dentro de
los procesos judiciales, y en el Título IV, capítulo III, sobre la restitución
de tierras a través de procesos judiciales.
De otra parte, la vía
administrativa para la reparación a las víctimas, se encuentra ahora regulada
por la Ley 1448 de 2011, que en el Título IV, capítulo VII, artículos 132 a
134, consagra las disposiciones sobre indemnización por vía administrativa, en
el capítulo VIII, artículos 135 a 138, consagra medidas de rehabilitación, en
el capítulo IX, establece las medidas de satisfacción, en el Capítulo X,
artículos 149 y 150, consagra las garantías de no repetición, y en el capítulo
XI, artículos 151 y 152 establece la reparación colectiva. Antes de la
expedición de la Ley 1448 de 2011, el tema de la indemnización individual por
la vía administrativa se encontraba regulado por el Decreto 1290 de 2008,
mediante el cual el Gobierno había dispuesto la creación de un programa de reparación
individual por vía administrativa para las víctimas de actores armados
organizados al margen de la ley, en donde se encontraban disposiciones
relativas a la reparación administrativa para población desplazada, como la
indemnización solidaria de que trataba el artículo 5º de esa normativa.
10.5 En lo que respecta a
la responsabilidad del Estado en materia de desplazamiento forzado y de
reparación vía administrativa para las víctimas de este delito, ésta se deriva
del artículo 2 de la Constitución Política, a partir de la calidad de garante
de los derechos fundamentales del Estado, y de la falta o imposibilidad de
prevención del ilícito causante del daño ocasionado a las víctimas de
desplazamiento, especialmente cuando se trata de vulneraciones sistemáticas,
continuas y masivas de los derechos humanos, lo cual acarrea la responsabilidad
del Estado de adelantar programas masivos de reparación vía administrativa. Así
mismo, para la Sala es clara la diferencia entre el principio de solidaridad,
como fundamento para la ayuda humanitaria y para la atención o servicios
sociales por parte del Estado, y el principio de responsabilidad del Estado,
como garante de los derechos fundamentales en materia de responsabilidad frente
a la reparación vía administrativa.
En este sentido, la Corte
evidencia que es notoria la diferencia jurídico-conceptual que existe entre la
responsabilidad del Estado frente a la reparación vía administrativa, que
encuentra su fundamento constitucional en el artículo 2º de la Carta Política;
y la responsabilidad del Estado para la reparación que se deriva de los
procesos judiciales, con fundamento en el artículo 90 Superior. Así la Corte
encuentra, que el Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los
derechos fundamentales de los ciudadanos –art.2 CN-, se encuentra en la
obligación de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y cuando
esos derechos son transgredidos de manera continúa, sistemática y masiva, es
necesario que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las
obligaciones constitucionales e internacionales en la materia.
Sobre el particular, la Sala
insiste en que la garantía de los derechos de las víctimas de delitos cobra
especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos, como en el caso de las víctimas del delito de desplazamiento
forzado. En estos casos, el Estado tiene la obligación no sólo de prevenir el
desplazamiento, sino de que una vez ocurrido éste, le asiste el deber
constitucional de atender integralmente a la población víctima de
desplazamiento, y como parte de ello, de garantizarles los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
Con fundamento en todas las
consideraciones expuestas, pasa la Sala a analizar y resolver los casos
concretos de los expedientes de tutela acumulados para revisión.
11. RESOLUCIÓN DE LOS CASOS
CONCRETOS
Para
la resolución de los casos en concreto esta Sala (i) relacionará las pruebas
allegadas dentro del presente trámite de revisión, (ii) analizará la
procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo idóneo para  proteger los derechos de una
población de especial protección constitucional como la población desplazada
por la violencia, (iii) entrará a estudiar los casos en concreto y a determinar
soluciones jurídicas frente a los problemas jurídicos que éstos plantean.
11.1
Pruebas allegadas dentro del trámite de revisión
11.1.1
Mediante escrito radicado en la Secretaría General de
esta                                              Corporación el 22 de abril de
2010, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, allegó información relacionada con las pruebas
solicitadas a través de auto calendado a 6 de abril de 2010, la misma que se
resume a continuación:
Respecto a las
acciones concretas desarrolladas  para satisfacer a los gestores de los amparos
constitucionales  en el goce efectivo del derecho fundamental a la reparación integral
como víctimas del conflicto armado y en particular a la indemnización justa e
inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado, la entidad accionada, en primer lugar, precisó que únicamente tendrían
derecho a recibir los beneficios consagrados para la población desplazada, las
personas que además de encontrarse en las circunstancias previstas en el
artículo 1o. de la Ley 387 de 1997, hubieran declarado los hechos ante el
Ministerio Público para poder ser inscritos posteriormente en el programa de
beneficios.  De igual manera, señaló que dentro del proceso de valoración de
las declaraciones, la entidad responsable del registro podría no efectuar la
inscripción de las personas en cuyas declaraciones se demuestre falta a la
verdad o respecto de las cuales existan razones objetivas y fundadas para
concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de
hecho previstas en el artículo antes mencionado.
Ahora bien, se
dice en el escrito remitido por la entidad accionada, entre otras cosas, que la
situación de los accionantes frente al Registro Único de Población Desplazada
-RUPD es la siguiente:
i) T-2.406.014
El señor Saín Aguilar Chogo y su núcleo familiar se
encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD desde
el 26 de mayo de 2002. De igual manera, de dicha información se puede concluir
que presenta una postulación para una convocatoria de vivienda en 2007 en
estado de rechazo debido a que el hogar, según se dice, tiene una o más
propiedades a nivel nacional.
ii) T-2.406.015
La señora Nellis Vergel Cañizares y su núcleo familiar
se encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD
desde el 5 de septiembre de 2003.  De igual manera, de dicha información se
puede concluir que no ha presentado postulación alguna a programas de vivienda
para población desplazada.
iii) T-2.407.869
En relación con el señor Fernando Rodríguez Navarro se
afirma que se encuentran en curso procesos de investigación penal y
administrativo, por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada-RUPD.
iv) T-2.417.727
El señor
Martín Hernández Palencia, no aparece como declarante acreditado en el Sistema
de Información de Población Desplazada -SIPOD.
v) T-2.420.402
La señora Fermina Acuña Pérez y su núcleo familiar
aparecen incluidos en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD desde el
5 de junio de 2000.
vi) T-2.417.729
La señora
Hermides Vega Sarabia y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada –RUPD desde el 16 de enero de 2001, sin
que, hasta la fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para
población desplazada.
vii) T-2.442.144
El señor Rafael Enrique Cantillo
de León, en forma individual, se encuentra incluido en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD desde el 3 de septiembre de 2000, sin que, hasta la
fecha, se haya postulado para programas de vivienda para población desplazada.
viii) T-2.438.590
La señora Juana Bautista Carmona Lozada y su núcleo
familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada
–RUPD desde el 27 de febrero de 2009.  De otra parte, se desprende de la
información suministrada por la accionada que se encuentra en curso una
investigación sobre el proceso de registro en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD.
ix) T-2.405.734
El señor Jorge Iván Cortés
Reinoso y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 27 de junio de 2003, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
x) T-2.412.831
El señor Abel Enrique Camargo Santana y su núcleo
familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada
–RUPD desde el 5 de julio de 2002.  Además, se afirma que se adelanta una
investigación acerca de la inscripción en el RUPD.
xi) T-2.415.526
La señora Nathalie Yoana Pérez Reales y su núcleo
familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada
–RUPD desde el 15 de octubre de 2008.  Igualmente, se afirma que se adelanta
una investigación acerca de la inscripción en el RUPD.
xii) T- 2.417.298
La señora Enith María Cantillo
Lara y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 10 de marzo de 2000, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xiii)
T-2.421.131
El señor
Carlos Alberto González Garizabalo no se encuentra  acreditado en el Sistema de
Información de Población Desplazada-SIPOD y presenta una postulación para una
convocatoria en 2007 en estado de rechazo, teniendo en cuenta, según se dice,
que era beneficiario de una entidad diferente a FONVIVIENDA.
xiv) T-2.421.141
La señora Ana María Moreno Pertuz
y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD desde el 24 de julio de 2000, sin que, hasta la fecha, se
hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xv) T-2.448.283
El señor Geblum Alfonso Pardo
Arvilla y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 2 de marzo de 2007, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
La Dirección Nacional de
Estupefacientes del Ministerio del Interior y de Justicia- DNE, mediante oficio
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 22 de julio de 2010,
informó que el bien denominado “FINCA LAS PALMAS”, identificado con folio de
matricula inmobiliaria No. 222-173 de la vereda El Crucero, del corregimiento
San Pedro de la Sierra, del municipio de Ciénaga –Magdalena, se encuentra
inactivo y por lo tanto el mismo, no está bajo su administración.
xvi) T- 2.458.839
El señor Eudes
Hernández Vergel y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada –RUPD desde el 7 de noviembre de 2002.
xvii) T- 2.458.848
La señora
Isabel Jiménez Salas y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada –RUPD desde el 22 de octubre de 2002.
xviii) T-2.458.851
La señora
Celedonia Esther Camargo Martínez y su núcleo familiar se encuentran inscritos
en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD desde el 24 de julio de
2000.
xix) T- 2.459.980
La señora Vilma Esther Pedroza
Marín y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 27 de mayo de 2009, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xx) T-2.463.382
El señor Pedro Antonio Cantillo
Bravo y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 31 de octubre de 2001, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxi) T- 2.463.383
La señora
Meris Luz Robles y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada –RUPD desde el 5 de julio de 2002 y presenta una
postulación para una convocatoria en 2007 en estado de rechazo, teniendo en
cuenta, según se dice, que era beneficiaria de FONVIVIENDA.
xxii) T- 2.463.524
La señora Gregoria Carolina
Tellez Arias y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único
de Población Desplazada –RUPD desde el 21 de abril de 2006, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxiii) T-2.467.079
La señora Eraida Mier Mojica y su
núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD desde el 6 de agosto de 2002, sin que, hasta la fecha, se
hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxiv) T-2.467.095
La señora Inés María Rodríguez Beltrán se encuentra
inscrita individualmente en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD
desde el 26 de enero de 2000, sin que, hasta la fecha, se haya postulado para
programas de vivienda para población desplazada.  Igualmente, de la información
aportada por Acción Social se puede concluir que se adelanta una investigación
acerca de la inscripción en el RUPD.
xxv) T-2.467.096
La señora
Josefa de León de Cantillo, hasta la fecha, según la accionada, no presenta
postulación alguna para programas de vivienda para población desplazada.
Igualmente, se afirma que se adelanta una investigación acerca de la
inscripción en el RUPD.
xxvi) T- 2. 467.097
La señora María Eugenia Camacho
Cantillo y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 24 de febrero de 2009, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxvii) T- 2.467.098
La señora Millis Beatriz Guerra y
su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD desde el 12 de diciembre de 2008, sin que, hasta la fecha, se
hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxviii) T-
2.469.820
Los señores Eloisa María Retamozo
de Ramírez y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 20 de marzo de 2002, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxix) T-
2.474.803
El señor Yeiner Camilo Ordóñez
Cabrera y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 24 de marzo de 2006.
xxx) T-
2.480.620
La señora
Eunise del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada –RUPD desde el 15 de marzo de 2007.  De
otra parte, se afirma que se adelanta una investigación acerca de la inscripción
en el RUPD.
xxxi) T-
2.482.447
El señor César Modesto Osorio
Montenegro y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 22 de enero de 2009, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxxii) T-
2.482.448
La señora Mary Ruth Maestre
Maestre y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 3 de julio de 2009, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxxiii) T-
2.482.449
El señor José
Antonio Pertuz Puche se encuentra inscrito individualmente en el Registro Único
de Población Desplazada –RUPD desde el 13 de marzo de 2006.  De otra parte, se
afirma que se adelanta una investigación acerca de la inscripción en el RUPD.
xxxiv) T-
2.482.450
El señor José María Maestre
Maestre y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD desde el 1 de julio de 2009, sin que, hasta la
fecha, se hayan postulado para programas de vivienda para población desplazada.
xxxv) T-
2.483.756
El señor José
Inocente Morales Mendoza no se encuentra como declarante acreditado en el
Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD y presenta una
postulación para una convocatoria en 2004 en estado de rechazo, teniendo en
cuenta, según se dice, que no se encontraba registrado en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD.
xxxvi) T-
2.559.145
En relación
con los señores Manuel Vicente Solorzano y Edilma Isabel Benjumea Vides, en su
nombre y en el de su núcleo familiar compuesto por sus menores hijos Manuel
Gregorio Solorzano Benjumea y Sandra Marcela Solorzano Benjumea; así como
también, Dairis Patricia Solorzano Benjumea, Acción Social informó que el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar, mediante
escrito de 30 de junio de 2010, expuso que mediante auto del 9 de abril de 2010
se abrió a pruebas el incidente de regulación de perjuicios por el término de
10 días, sin que hasta el momento se haya entrado a evaluar las mismas.
11.1.2 En relación con los
expedientes T-2.525.296, T-2.533.416, T-2.541.232, T-2.926.327 no se allega
información ni prueba alguna.
11.1.3
Finalmente, la entidad accionada manifestó que no resulta posible establecer o
definir un título de imputación genérico que radique, de forma “directa,
acelerada y universal”, en una de las agencias del Estado, la
responsabilidad de cubrir total o parcialmente el valor que corresponda a los
perjuicios causados por el desplazamiento.
11.1.4
De otro lado y con relación a las actuaciones concretas realizadas respecto de
los accionantes, con el fin de incluirlos y hacerlos beneficiarios del programa
de reparación individual por vía administrativa, de que trata el Decreto 1290
de 2008, la entidad accionada manifestó que sería remitida a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación una solicitud orientada a que se
iniciara, de manera inmediata, el proceso encaminado a definir la viabilidad de
reparar a los accionantes  según la normatividad entonces vigente.  Sin
embargo, puso de presente que el alcance dado en los procesos de tutela, así
como en los incidentes de regulación de perjuicios, a la posibilidad de definir
daños y cuantificar los perjuicios, excedía lo previsto por la normatividad
prevista hasta ese momento por el Decreto 1290 de 2008.
En materia de
indemnización solidaria, como componente de la reparación integral de la
población víctima del desplazamiento forzado, la accionada afirmó que toda la
labor preliminar se superaba con la definición de la situación de los
declarantes ante el Registro Único de Población Desplazada-RUPD, en acatamiento
de lo preceptuado por el artículo 21 del Decreto 1290 de 2008. De igual manera,
señaló que el Comité de Reparaciones Administrativas “acordó que las
personas inscritas en dicha base de datos no deberían presentar formulario de
solicitud de reparación, ya que ello conllevaba una revictimización de la población”.
En consecuencia, sostuvo que la labor de la accionada consistía en llevar a
cabo el análisis de las solicitudes presentadas por las personas que aún no
hubiesen declarado su situación, correspondiendo finalmente a la Comisión
Nacional de Reparación, en las condiciones previstas en el artículo 15 del
Decreto 1290 de 2008, la definición del otorgamiento de las medidas de
reparación.  Además, en la respuesta enviada por la accionada se dice que el
artículo 30 del decreto en mención, preveía que tiene competencia residual
frente al pago de la indemnización solidaria y a las medidas de reparación,
siempre y cuando tales competencias no estuvieran atribuidas a otras entidades,
situación que encontró, no aplicaba en el presente caso, ya que en materia de desplazamiento
forzado, por disposición expresa de la norma entonces vigente, el ente
responsable era FONVIVIENDA.
11.1.5
Adicionalmente, entre otras consideraciones jurídicas, la entidad accionada
señaló que:
- No se puede
dar connotación de reparación a los servicios sociales del Estado, tal como se
pretendió en el texto original de la Ley 975 de 2005.
- Resulta
jurídicamente posible afirmar la condición reparadora de una prestación
otorgada en condiciones operativas o económicas especiales, siempre y cuando se
encuentre directamente relacionada con la condición de víctima del
desplazamiento forzado.
- Para que haya
reparación debe haber una declaración de responsabilidad por parte de quien
está llamado a reparar.  En consecuencia, para que el Estado responda se debe
analizar en cada caso si el Estado contribuyó -y de qué manera y proporción- a
la ocurrencia del daño, para que repare en la misma proporción, pero no podría
haber reparación sino a partir de dicha declaración.  En ese sentido, las
demandas de tutela persiguen la reparación integral de los daños causados con
el delito, una reparación cuyo titular es la persona que penalmente sea
declarada responsable de los hechos, y/o eventualmente el Estado como efecto de
la responsabilidad administrativa surgida de la falla en el servicio,  en cuyo
caso, le corresponderá a la entidad que ha cometido la falla efectuar la
reparación, más no a Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.
- De otra parte,
y sobre la aplicación de la condena en abstracto prevista en el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, la accionada afirmó que en las sentencias de tutela
objeto de revisión, no se expresa con suficiente claridad  la relación de
causalidad, el perjuicio causado y las bases a tener en cuenta al momento de
efectuar la liquidación respectiva.  Aspectos que hacen que las sentencias de
tutela a partir de las cuales se pretende derivar el título de imputación de la
obligación de indemnizar, resulten deficientes en el cumplimiento de las condiciones
que habilitan al juez incidental para proceder a la liquidación de los
perjuicios.
-Así mismo,
sostuvo que el Consejo de Estado ha señalado de manera clara que a través del
incidente contemplado en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no resulta
jurídicamente viable la cuantificación de perjuicios diferentes al daño
emergente, lo cual excluye de plano la posibilidad de tasar perjuicios morales,
en concordancia con el  tenor literal de la norma.
11.1.6.
Mediante escrito radicado en la Secretaría General de
esta                                          Corporación el 30 de junio de
2010, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, ahora Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social -DPS, allegó información relacionada con algunos de los
expedientes de la referencia en relación con la tasación de los perjuicios
materiales y morales, de la siguiente manera:
i) T- 2.463.383
Dentro del
incidente de regulación de perjuicios de la señora Meris Luz Robles y su núcleo
familiar, según Acción Social, se tasaron 250 SMMLMV por perjuicios materiales
y morales (Santa Marta).
ii)
T-2.406.014
Dentro del incidente de regulación de perjuicios del
señor Saín Aguilar Chogo y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado
se abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
iii) T- 2.467.098
Dentro del incidente de
regulación de la señora Millis Beatriz Guerra y su núcleo familiar, según
Acción Social, el Juzgado se abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
iv)
T- 2.482.448
Dentro del incidente de
regulación de la señora Mary Ruth Maestre Maestre y su núcleo familiar, según
Acción Social, el Juzgado se abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
v)
T-2.407.869
Dentro del incidente de
regulación del señor Fernando Rodríguez Navarro, según Acción Social, el
Juzgado se abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
vi) T-2.438.590
Dentro del incidente de
regulación de la señora Juana Bautista Carmona Lozada y su núcleo familiar,
según Acción Social, el Juzgado se abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
vii)
T-2.406.015
Dentro del incidente de regulación de la señora Nellis
Vergel Cañizares y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado se
abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
viii) T- 2.417.298
Dentro del incidente de la señora
Enith María Cantillo Lara y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado
tasó por concepto de perjuicios morales la suma de 280 SMLMV (Ciénaga).
ix) T- 2.458.848
Dentro del incidente de la señora
Isabel Jiménez Salas y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado tasó
por concepto de perjuicios morales 350 SMLMV, por concepto de alteración a las
condiciones de existencia 210 SMLMV y por concepto de daños materiales
$41.905.233 (Valledupar).
x)T-
2.480.620
Dentro del
incidente de la señora Eunise del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar, según
Acción Social, el Juzgado tasó por concepto de perjuicios morales 400 SMLMV,
por concepto de alteración a las condiciones de existencia 200 SMLMV y por
concepto de daños materiales $ 17.012.758 (Valledupar).
xi)
T-2.412.831
Dentro del incidente del  señor Abel Enrique Camargo
Santana y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado tasó por concepto
de perjuicios morales y alteración de las condiciones de existencia 200 SMLMV
(Ciénaga).
xii) T-2.467.096
Dentro del
incidente de la señora Josefa de León de Cantillo, según Acción Social, el
Juzgado tasó por concepto de perjuicios morales y alteración de las condiciones
de existencia 320 SMLMV (Fundación).
xiii) T-2.467.079
Dentro del incidente de la señora
Eraida Mier Mojica y su núcleo familiar, según Acción Social, el Juzgado se
abstuvo de tasar perjuicios (Valledupar).
11.2. Análisis de los casos en
concreto
11.2.1
La Corte, ha afirmado en reiteradas ocasiones que, por regla general, la
naturaleza de la acción de tutela no es de carácter indemnizatorio, sino de
garantía del goce efectivo de los derechos. Sin embargo, en algunos casos en
los cuales se cumplen los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales ya
explicados es procedente la tutela con ánimo indemnizatorio.  Ahora bien, en
los casos bajo examen, es claro para esta Corporación que la reivindicación de
la indemnización se torna procedente para la protección de los derechos de unos
ciudadanos en especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta –art. 13 CN-, como la población víctima de desplazamiento forzado,
quienes ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional,
los cuales han soportado toda clase de violaciones a sus derechos y cargas
excepcionales. Lo anterior, sitúa a su vez a estas víctimas, en una condición
de extrema desigualdad que, le impone al Estado el deber positivo de superar
dicha condición, adoptando medidas afirmativas a su favor, con el objetivo de
garantizar una igualdad real y efectiva. En atención a esto, la Constitución
Política de Colombia le atribuyó al Estado la obligación de garantizar una
protección especial a estos sujetos,[116]
quienes requieren un instrumento ágil y eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales, incluyendo el otorgamiento de la indemnización y
reparación vía administrativa, la cual es susceptible de ser solicitada por las
víctimas a través del instrumento de la tutela.
(i) Como consecuencia del
especial estatus constitucional de que goza la población en condición de
desplazamiento forzado, en criterio de esta Sala, no es dado exigirles el
agotamiento previo, exhaustivo y riguroso de todos los recursos ordinarios
existentes para la reivindicación de sus derechos fundamentales, antes de que
acudan a la acción de tutela y como requisito de procedibilidad del mismo. En
este sentido, no les son oponibles con la misma intensidad los principios de
inmediatez y de subsidiariedad, precisamente en atención a sus precarias
condiciones socio-económicas y de acceso a la justicia, al desconocimiento de
sus derechos o a la imposibilidad fáctica, en la mayoría de los casos y dada
sus condiciones materiales, de ejercitar plenamente sus derechos
constitucionales.
(ii) De otra parte, esta
Corporación recaba igualmente en esta oportunidad, que a la población víctima
de desplazamiento, la cual se encuentra en una situación de extrema
vulnerabilidad y siendo sujetos de especial protección constitucional, no se
les puede exigir o imponer requisitos o condiciones engorrosas, de difícil o
imposible cumplimiento, que desconozcan su dignidad como víctimas o impliquen
su revictimización.
En este sentido, la Corte ha
establecido que el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso de los
accionantes a la reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa.
En virtud de ello, las entidades encargadas no pueden imponer requisitos o
condiciones que impliquen para las víctimas una carga desproporcionada, porque
no puedan cumplirlos[117],
porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que
tienen derecho o porque se vulnere su dignidad[118] o los revictimice. No
obstante, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las víctimas
tienen la obligación mínima de presentarse ante la entidad correspondiente y
solicitar el acceso a los programas existentes, de conformidad con la
regulación vigente.
(iii) En relación con la
condición de desplazado, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
dicha condición se adquiere y se constituye a partir de un presupuesto fáctico,
que es el hecho mismo del desplazamiento forzado, hecho que es el requisito
constitutivo de esta condición y en consecuencia, de la calidad de víctima de
desplazamiento forzado. Por tanto, la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada -RUPD-, que la actual Ley 1448 de 2011 prevé sea el
soporte para el “Registro Único de Víctimas”, de conformidad con el
artículo 154 de esa normativa, es un requisito meramente declarativo y no
constitutivo de la condición de víctima, en donde, a través de un trámite de
carácter administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos de
que las víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los
diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico,
prevalente y diferencial, para dicha población.
De acuerdo con lo anterior, la
Corte encuentra que con la declaración e inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada, hasta ahora existente, que se transformó en el Registro
Único de Víctimas, en aplicación de la Ley 1448 de 2011, la población
desplazada cumple con una carga mínima de presentarse ante la entidad
responsable, declarar y solicitar su inscripción para el acceso a los
diferentes programas que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral
a Población Desplazada y del recién creado “Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas”, de conformidad con el artículo 159 de
la Ley 1448 de 2011, en lo que se refiere a las diferentes medidas de
reparación integral previstas por esta Ley.
Esto se encuentra en armonía con
lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 que define el concepto
de víctima y el artículo 16 del Decreto 4800 de 2011 que reconoce que esta
condición “es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento
oficial a través de la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no
confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir
de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011 y de sus
necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas
públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las
víctimas.
El Registro Único de Víctimas
incluirá a las víctimas individuales a las que se refiere el artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado para los sujetos de reparación
colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de la misma Ley.”
Así las cosas, para la Corte es
claro que los actores de los expedientes bajo estudio, en tanto ostentan la
calidad de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y se encuentran
debidamente inscritos en el RUPD y de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y el
artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, tienen legitimidad para solicitar y ser
beneficiarios de las diferentes medidas de reparación integral que hoy prevé la
Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800
de 2011, así como a ser beneficiarios del régimen de transición previsto por el
artículo 155 de este último decreto. No obstante, cabe advertir que si por
algún hecho sobreviniente se encuentra y establece que uno de los actores no
ostenta la calidad de víctima de desplazamiento forzado, éste no será beneficiario
de las medidas que se adopten en la presente decisión.
Sobre este punto, la Sala
encuentra que también por esta razón, las acciones de tutela que ahora se
estudian son procedentes y por ello entrará a decidir de fondo sobre las
mismas.
(iv) Ahora bien, pasando al
análisis de los casos en concreto, encuentra la Sala que en la mayoría de los
casos acumulados en este proceso se cumple con el requisito de subsidiariedad
para la procedencia de la acción de tutela, en cuanto se agotaron los
mecanismos previstos ante la propia entidad para la obtención de la reparación
y la indemnización y cumplieron con el requisito de presentación de solicitud,
ya que los accionados, con anterioridad a la presentación de la tutela,
elevaron ante Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, peticiones con el fin de obtener su reparación e
indemnización, las cuales les fueron negadas o respecto de las cuales no
recibieron respuesta alguna por parte de la entidad accionada.
La Sala constata que sólo en dos
casos – los Expedientes T-2.474.803 y T- 2.448.283- los señores Yeiner Camilo
Ordóñez Cabrera y Geblum Alfonso Pardo Arvilla, respectivamente, afirman haber
presentado solicitud verbal ante Acción Social, hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, con el fin de obtener su reparación integral e
indemnización. Sin embargo, en estos dos casos, en criterio de esta Corte,
resulta igualmente procedente la tutela, por las siguientes razones: (a) se
trata de unos ciudadanos en especiales condiciones de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta y sujetos de especial protección constitucional, dada su
condición de desplazados; (b) se debe dar aplicación al principio de presunción
de veracidad, contenido en el artículo 20 del Decreto 1290 de 2008, en razón a
que no se presentó prueba en contrario o no se desvirtúo dicha afirmación por
parte de la entidad accionada; y (c) por cuanto en estos casos, los accionantes
y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD- y por tanto, no sólo ostentan la calidad de víctimas, sino
que cumplen con el requisito administrativo mínimo para acceder y ser
beneficiarios de las diferentes medidas de reparación integral a víctimas del
conflicto interno, que hoy se encuentran reguladas por la Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios. No obstante lo anterior, la Sala reitera que en
aquellos casos que, por algún hecho sobreviniente, se encuentre y establezca
que los solicitantes no ostentan la calidad de víctimas de desplazamiento
forzado, éstos no serán beneficiarios de las medidas que se adopten en la
presente decisión.
(v) En criterio de esta Sala,
yerran los jueces de instancia que, en los casos bajo estudio, negaron las
acciones de tutela por improcedentes, argumentando que los accionantes tenían
la vía de la reparación judicial, bien por la vía penal o bien por la vía
contencioso administrativa, para solicitar la reparación integral. Lo anterior,
por cuanto estos jueces olvidaron (a) que se trata de ciudadanos que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y debilidad manifiesta y
se trata de sujetos de especial protección constitucional; (b) que existen
diversas vías de reparación a víctimas de desplazamiento: la vía judicial y la
vía administrativa; (c) que en estos casos, se trata del reconocimiento y
otorgamiento de la reparación integral e indemnización por la vía
administrativa, la cual no requiere, de ninguna manera, haber agotado
previamente la vía judicial, bien por la jurisdicción penal o por la
contencioso administrativa; (d) que la vía administrativa para la reparación
integral de las víctimas de desplazamiento, de que tratan los expedientes bajo
examen, debe seguirse ante las entidades y organismos del Gobierno encargadas
de esta materia, en este caso y de conformidad con la normatividad actualmente
vigente -la Ley 1448 de 2011-, las responsabilidades en materia de reparación a
víctimas le corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, en el que se transformó la otrora Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, de conformidad con el
artículo 170 de la Ley 1448 de 2011; y a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas, de acuerdo con el artículo 166 y 168
de la Ley 1448 de 2011; y finalmente, (e ) olvidaron los jueces que las vías
administrativas y judiciales de reparación no son excluyentes, sino
complementarias.
Por estas razones, esta
Corporación evidencia que las acciones de tutela presentadas en esta
oportunidad y acumuladas en la presente sentencia de unificación, cumplen con
los requisitos de procedibilidad.
11.2.2 En lo que respecta
al análisis de fondo de las pretensiones de los demandantes dentro de los
presentes procesos de tutela, a juicio de la Sala Plena, le asiste razón a los
jueces de instancia que encontraron que los accionantes, en su calidad de
víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a la reparación integral y a
una indemnización justa, pronta y proporcional. Así mismo, en criterio de esta
Corte les asiste igualmente razón en cuanto a que los accionantes tienen
derecho a que el Estado adopte todas las medidas tendientes a hacer desaparecer
los efectos de las violaciones cometidas y a devolverlos, en lo posible, al
estado en que se encontraban antes de la vulneración.
11.2.3 De otra parte,
evidencia esta Sala que les asiste razón a los jueces de instancia que
concedieron la tutela y encontraron que Acción Social, ahora Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, vulneró el derecho a la reparación
integral y a la indemnización de los accionantes, ante la respuesta negativa de
dicha entidad para reconocerla y otorgarla o ante la negativa a realizar el
procedimiento estipulado por la normatividad entonces vigente –Decreto 1290 de
2008-, o ante la negativa al reconocimiento y otorgamiento de la misma,
presentando para tales efectos argumentos como que (i) ya se había concedido
ayuda humanitaria de emergencia, o (ii) que Acción Social, ahora Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, no era responsable de la reparación
a las víctimas, o (iii) ante el silencio o la no contestación de la solicitud
de reparación impetrada frente a la entidad accionada.
En estos casos, a juicio de esta
Corte, aciertan los jueces de instancia al determinar, conforme a las
características particulares de cada caso, que la entidad accionada dejó de
cumplir con sus obligaciones frente a la protección del goce efectivo de los
derechos de las víctimas de desplazamiento, especialmente la de facilitar y
garantizar el acceso efectivo de los accionantes a los mecanismos que el Estado
ha diseñado para satisfacer la indemnización y los diferentes mecanismos de
reparación integral vía administrativa.
11.2.4 En cuanto a las
respuestas dadas a los peticionarios por parte de Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en donde se presentan
como argumentos fundantes de la negativa a reconocer y otorgar los beneficios
asociados al derecho a la reparación integral y a la indemnización, (i) el
previo otorgamiento de ayuda humanitaria, entonces, de emergencia por parte de
la entidad, (ii) la falta de subsidiariedad al no haberse agotado la vía
judicial de reparación, y (iii) la ausencia de responsabilidad directa de la
entidad demandada, actualmente Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, ante el hecho del desplazamiento; constata la Sala que estas respuestas
que obran en el acervo probatorio de los expedientes respectivos, vulneran el derecho
a la reparación integral vía administrativa de quienes presentaron las
peticiones.
(i) En efecto, Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, negó la pretensión de
reparación integral e indemnización a todos los accionantes que presentaron
solicitud en ese sentido, argumentando que esa entidad ya les había otorgado a
los accionantes la ayuda humanitaria, otrora de emergencia. Con este argumento,
la accionada confundió la naturaleza y carácter de la ayuda humanitaria y de la
asistencia del Estado, con la reparación integral y erradamente asimiló la
ayuda humanitaria con la reparación integral haciéndolos pasar por
equivalentes. Esta asimilación, reitera una vez más la Sala, desconoce la
diferencia de naturaleza, carácter, fuente y finalidades entre la ayuda
humanitaria, los servicios sociales del Estado y la reparación integral, y
termina por vulnerar el derecho a la reparación integral de las víctimas, a
quienes en estos casos se les negó injustificadamente el reconocimiento y
otorgamiento de la reparación integral vía administrativa, a través de sus
diversos mecanismos, entre ellos a la indemnización.
En punto a
este tema, la propia Ley 1448 de 2011, en su artículo 25, consagró la
diferenciación entre las medidas de atención, asistencia y reparación integral
a víctimas. Así, en el parágrafo 1º de esta norma se establece que a pesar de
que las medidas de asistencia adicionales pueden tener un efecto reparador “en
la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco
de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable,
incluyan criterios de priorización, así como características y elementos
particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas” estas
medidas de asistencia “no sustituyen o reemplazan a las medidas de
reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el
Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán
descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho
las víctimas”. Esta norma, establece una clara diferenciación entre las
medidas asistenciales del gobierno, que en algunos casos y bajo ciertos
criterios pueden tener un efecto reparador, y las medidas de reparación propiamente
dichas.
En el mismo
sentido, el parágrafo 2º del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 establece que “La
ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye
reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización
administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas”, de manera
que el Legislador realiza una clara diferencia entre la ayuda humanitaria de
emergencia y la reparación.
Acerca de este tema, la Sala
reitera su jurisprudencia, en el sentido de que las obligaciones en materia de
reparación, no pueden confundirse con las obligaciones relativas a la ayuda
humanitaria o a la asistencia por parte del Gobierno, así estas funciones se
encuentren asignadas a una misma entidad, en este caso, a Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación. En consecuencia,
concluye la Sala que la accionada no podía justificar la omisión en el
cumplimiento de sus funciones en materia de reparación, argumentando el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la atención humanitaria de las
víctimas de desplazamiento forzado.
(ii) De otra parte, Acción Social,
hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, negó la pretensión
de reparación por parte de los accionantes, argumentando que éstos tenían otra
vía para la obtención de la reparación y que lo que les correspondía era acudir
a la vía contencioso administrativa. A juicio de la Sala, con este argumento,
la entidad accionada, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, confundió las diferentes vías para acceder a la reparación integral. De
este modo, no diferenció, de una parte, entre la vía judicial para la
reparación, que puede darse, bien en el proceso penal, mediante el incidente de
reparación, o bien, por la vía contencioso administrativa, a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de grupo; y de
otra parte, la vía administrativa para la reparación, que como su nombre lo
indica, se encuentra a cargo de las entidades de carácter administrativo del
Estado, y se realiza a través de programas masivos de reparación, hoy regulados
por la Ley 1448 de 2011, a cargo del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, antes Acción Social, la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, adscrita a la primera y las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Victimas.
Olvidó también la accionada, que
estas diferentes vías de reparación no son ni subsidiarias ni excluyentes las
unas respecto de las otras, sino más bien complementarias, de manera que (a) no
es necesario el agotamiento de una de ellas para poder acudir legítimamente a
la otra, y por tanto, no se les puede exigir a los ciudadanos en condición de
desplazamiento, que agoten la vía judicial para que puedan recurrir a la vía
administrativa con el fin de obtener el reconocimiento de la reparación y la
indemnización; (b) que por tanto, de ninguna manera se les puede negar el
reconocimiento y otorgamiento de los distintos mecanismos de reparación y de
indemnización vía administrativa, argumentando que los ciudadanos desplazados
tienen otra vía, la judicial, mediante el proceso penal o el contencioso
administrativo, para la obtención de su derecho a la reparación integral, y
(iii) que de otra parte, la vía judicial y la vía administrativa de reparación
deben estar articuladas y tener un carácter complementario la una respecto de
la otra, con el fin de lograr el pleno reconocimiento y protección del derecho
a la reparación integral de la población desplazada.
Adicionalmente, es importante
mencionar, que la actual Ley 1448 de 2011 en sus artículos 20 y 21, consagró el
principio de complementariedad y la prohibición de doble reparación, de tal
manera que se pueda descontar la indemnización recibida por vía administrativa
de la reparación que se defina por vía judicial.
En consecuencia, colige la Sala
que Acción Social –hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-,
al confundir la vía judicial con la vía administrativa para la concesión de
medidas de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado, negó y vulneró
el derecho a la reparación integral de los accionantes dentro de los presentes
procesos de tutela.
(iii) Finalmente, la accionada
argumentó que no tiene responsabilidad directa por los hechos que ocasionaron
el desplazamiento de las víctimas que solicitan ser reparadas y que el Estado
tiene una responsabilidad patrimonial residual en materia de reparación, por
cuanto esta responsabilidad le corresponde primordialmente al victimario y de
manera subsidiaria, al grupo criminal del cual haga parte. Considera la Sala,
que con estos argumentos Acción Social –hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social-, yerra y confunde nuevamente conceptos básicos respecto de
la naturaleza de la responsabilidad del Estado en materia de desplazamiento
forzado, cuando de la reparación vía administrativa a las víctimas de este
delito se trata, la cual se fundamenta en el artículo 2º Superior y se
diferencia de la responsabilidad que se deriva del artículo 90 de la
Constitución Política.
Lo anterior, por cuanto de
conformidad con el artículo 2º Superior, el Estado tiene la responsabilidad de
velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y por tanto, le compete el
deber de prevenir violaciones de derechos humanos graves, masivas y sistemáticas
como el desplazamiento forzado y una vez ocurrido éste, le corresponde
igualmente la atención y reparación integral a la población víctima de
desplazamiento, reparación que se encuentra intrínsecamente vinculada y
articulada con los derechos a la verdad y a la justicia.
11.2.5 En cuanto a la
procedencia de la  indemnización en abstracto en el trámite de la acción de
tutela, esta Sala reitera su jurisprudencia en relación con el alcance
normativo del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé que (a)
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, (b) la violación del
derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente
arbitraria, y (c) si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del
derecho; en el fallo de tutela, el juez podrá, de manera oficiosa, ordenar en
abstracto la indemnización del daño emergente causado y que la liquidación del
mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo o ante el juez competente mediante trámite incidental.
(i) Respecto de este tema, la
Corte reitera nuevamente su jurisprudencia, insistiendo en el carácter
subsidiario y excepcional de la indemnización en abstracto de que trata el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ya que la acción de tutela no posee un
carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino de protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en razón a que su procedencia
se encuentra condicionada a que: (i) debe cumplirse el requisito de subsidiariedad,
en tanto no exista otro medio judicial para alcanzar la indemnización por los
perjuicios causados; (ii) debe existir una violación o amenaza evidente del
derecho y una relación directa entre ésta y el accionado; (iii) debe ser una
medida necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; (iv) debe
asegurarse el derecho de defensa del accionado; (v) debe cubrirse con la
indemnización solo el daño emergente; y (vi) debe precisarse por el juez de
tutela el daño o perjuicio, el hecho generador del daño o perjuicio, la razón
por la cual la indemnización es necesaria para garantizar el goce efectivo del
derecho, el nexo causal entre el hecho y el daño causado, así como los
criterios para que se efectúe la liquidación en la jurisdicción contenciosa administrativa
o por el juez competente.[119]
Por consiguiente, esta Sala
reafirma que la indemnización en abstracto consagrada por el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991 procede solo de manera excepcional y siempre y cuando se
cumplan los requisitos anteriormente mencionados. Finalmente, es de resaltar
que el derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento, tal
y como lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional, no se agota de manera
alguna en el componente económico de compensación a través de medidas
indemnizatorias de los perjuicios causados, sino que por el contrario, la
reparación es un derecho complejo que contiene distintas formas o mecanismos
reparatorios, tales como medidas de restitución, de rehabilitación, de
satisfacción, garantías de no repetición, entre otras.
(ii) De conformidad con los
criterios expuestos, la Sala, en forma categórica, negará por improcedente la
concesión de la indemnización en abstracto, de que trata el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, en los casos bajo estudio en la presente sentencia de
unificación y en relación con el mecanismo de indemnización vía administrativa
a víctimas de desplazamiento forzado, exclusivamente, por cuanto (a) no cumple
con el requisito de subsidiariedad, ya que la indemnización que se solicita por
parte de los actores es una indemnización administrativa, existiendo en la
normatividad actualmente vigente –Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios-,
un mecanismo diseñado para el reconocimiento y otorgamiento de la indemnización
administrativa a las víctimas del conflicto interno, la cual se encuentra
regulada en los artículos 132 a 134 de la Ley 1448 de 2011, y por los artículos
146 a 162 del Decreto 4800 de 2011; (b) así mismo la indemnización abstracta de
que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se refiere al cubrimiento del
daño emergente, mientras que la indemnización administrativa, por su naturaleza
y carácter administrativo y masivo, es una indemnización que debe ser fijada
por el Gobierno Nacional con base en criterios de equidad; y (c) no existen los
elementos de juicio necesarios dentro de los expedientes de tutela bajo
revisión, para fijar los parámetros o criterios con base en los cuales el juez
contencioso administrativo deba realizar la liquidación de perjuicios.
Bajo esta misma consideración, la
Corte revocará los fallos dentro de los cuales se concedió la condena en
abstracto, de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en relación
con el mecanismo de indemnización vía administrativa a víctimas de
desplazamiento forzado, pues los jueces soslayan dentro de tales
pronunciamientos las ostensibes diferencias entre la indemnización por vía
administrativa y la reparación por vía judicial, dando aplicación generalizada
a los lineamientos traídos sobre el particular por la sentencia de tutela T-085
de 2009, cuando en ella se tienen en cuenta presupuestos específicos para
conceder la condena en abstracto, “(…)(i)comprobada la violación manifiesta
del derecho fundamental de los accionantes, (ii) al no disponer los afectados
de otro medio judicial ordinario y (iii) al ser imperativo asegurar el goce
efectivo del derecho fundamental vulnerado”, que como allí también se
señala es de carater excepcional.
Ahora bien, teniendo en cuenta
que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de
unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de caducidad para
población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a
partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos
de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de
especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta.  Lo anterior, en concordancia
con lo dispuesto por la sentencia C-099 de 2013, que declaró exequibles los
incisos 2 y 3 del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que en
el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad, como el
desplazamiento forzado, que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá
entenderse que la indeminización administrativa se produce en el marco de un
contrato de transacción, pudiendo descontarse  de la reparación que se
reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto
de reparación administrativa.
En punto a este tema, la Sala
debe insistir en que la indemnización por vía administrativa no es una medida
ni exclusiva, ni suficiente, para asegurar el goce efectivo del derecho a la
reparación integral de las víctimas de desplazamiento, sino que constituye tan
solo uno de los mecanismos dirigidos a lograr tal fin. De esta forma, la
indemnización por vía administrativa de que tratan los artículos 132 a 134 de
la Ley 1448 de 2011, y los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011, constituye
tan solo un componente de la reparación integral para las víctimas de
desplazamiento, cuyo otorgamiento se protegerá en todo caso mediante esta
decisión, sin menoscabo, ni exclusión, de otras medidas de reparación integral
contenidas en la Ley 1448 de 2011.
11.2.6 De otra parte, la
Sala debe resolver algunos problemas jurídicos, que se evidencian en virtud de
la entrada en vigencia de la nueva normatividad contenida en la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente del Decreto 4800 de 2011.
11.2.6.1 En primer lugar, esta Sala debe esclarecer la normatividad aplicable
a las presentes solicitudes de indemnización administrativa, teniendo en cuenta
el nuevo marco jurídico normativo e institucional creado a partir de la
expedición de la Ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011, ya que las
solicitudes de indemnización y reparación integral que se estudian, se elevaron
con fundamento en el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, casos respecto de
los cuales, el Decreto 4800 de 2011 prevé un régimen de transición.  Para
esclarecer lo anterior, es necesario hacer referencia, tanto a las
disposiciones relativas a la indemnización administrativa consagrada de la Ley
1448 y el Decreto 4800 de 2011, así como al régimen de transición que remite al
Decreto 1290 de 2008.
(i) La Ley 1448 de 2011 establece en su artículo 132, parágrafo 1º,
que dicha ley “surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que
sean entregadas a partir de la fecha de expedición de dicha ley, así la
solicitud fuese hecha con anterioridad”, y remite a la reglamentación que
el Gobierno Nacional realice respecto de la Ley 1448 de 2011.
Por su parte,
el parágrafo 3º del artículo 132 establece que ésta se entregará por núcleo
familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los
montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional: (i) subsidio integral de
tierras; (ii) permuta de predios; (iii) adquisición y adjudicación de tierras;
(iv) adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada; (v)
subsidio de vivienda de interés social rural, en la modalidad de mejoramiento
de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico; o (vi) subsidio de
vivienda de interés social urbano en las modalidades de adquisición,
mejoramiento o construcción de vivienda nueva.
(ii) El  monto de indemnización
por vía administrativa para víctimas de desplazamiento forzado, se encuentra
fijado por el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011. Al respecto, esta norma
establece que independientemente de la estimación del monto para cada caso
particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del mismo
Decreto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas podrá reconocer por indemnización administrativa “Por
desplazamiento forzado, hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales
legales”. Esta norma establece que este monto se reconocerá en salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago y que si respecto de una
misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en el
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, tendrá derecho a que el monto de la
indemnización administrativa se acumule hasta por un valor de cuarenta (40)
salarios mínimos legales mensuales.
(iii) De otra parte, el artículo
155 del Decreto 4800 de 2011 establece un régimen de transición para las
solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición
de la Ley 1448 de 2011, que fueron elevadas en virtud del Decreto 1290 de 2008
y que no han sido resueltas. Al efecto consagra que “Las solicitudes de
indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de
2008, que al momento de publicación del presente Decreto no hayan sido
resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como
solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y deberá seguirse
el procedimiento establecido en el presente Decreto para la inclusión del o de
los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes ya se encontraren
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se seguirán los
procedimientos establecidos en el presente Decreto para la entrega de la
indemnización administrativa.
Si de la descripción de los
hechos realizada en las solicitudes se desprende que los hechos victimizantes
ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la
indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no incluirá al o a los solicitantes en el Registro Único de Víctimas pero
otorgará la indemnización administrativa. De esta situación se le
informará oportunamente al o a los solicitantes.
Parágrafo 1. El o los
solicitantes a los que se refiere el presente artículo tendrán derecho al pago
de la indemnización administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante
la distribución y en los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre
que sean incluidos en el Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos
en el Registro Único de Población Desplazada o se les reconociere la
indemnización administrativa en los términos del inciso segundo.
Parágrafo 2. Las
solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus
respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán  por las reglas establecidas
en el presente Decreto. ” (Resalta la Sala)
(iv) Adicionalmente, el artículo
159 del Decreto 4800 de 2011 consagra la indemnización por vía administrativa
para víctimas de desplazamiento forzado. Esta norma establece que “La
indemnización por desplazamiento forzado, será otorgada a través de los
mecanismos previstos en el parágrafo 3 del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.
En aquellos eventos en que los
núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado no puedan acceder a los
medios previstos en el parágrafo 3 del articulo 132 de la Ley 1448 de 2011 o
hayan accedido parcialmente al monto de la indemnización definido para este
hecho victimizante, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, deberá activar el programa de
acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos de que trata el
presente Decreto, de tal forma que la entrega de la indemnización para el
núcleo familiar respectivo sea, prioritariamente, a través de los mecanismos
estipulados en dicho programa.”
(v) Con fundamento en estas
normas reseñadas y dado que la Sala evidencia que en la actual regulación legal
se presenta un conflicto de normas a aplicar en materia de indemnización
administrativa para víctimas de desplazamiento forzado, esta Corporación debe
adelantar un análisis sobre la norma aplicable en este caso a las solicitudes sub
examine relativas a la indemnización administrativa y demás medidas de
reparación integral, teniendo en cuenta para ello las reglas sobre aplicación
de normas. Este conflicto debe dilucidarse por tanto, a partir de las reglas jurídicas relativas a normas de superior jerarquía,
posteriores y específicas, según las cuales deben prevalecer (a) las
normas con mayor jerarquía o superioridad normativa, frente a las de menor
jerarquía;  (b) las normas posteriores en el tiempo; y (c) las normas
específicas que contienen regulación especial y concreta respecto de la materia
de que se trate, frente a las normas de carácter general. De esta manera, se
trata de esclarecer cuál es la norma a aplicar para los casos bajo estudio,
respecto de la indemnización administrativa y los otros componentes de
reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta
que las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral que
ahora se estudian, fueron presentadas con anterioridad a la Ley 1448 de 2011,
para cuyos efectos la regulación reglamentaria contenida en el Decreto 4800 de
2011 prevé una situación jurídica especial a la cual debe aplicarse un régimen
de transición que remite a la anterior reglamentación contenida en el Decreto
1290 de 2008.
(vi) De este modo, la Sala evidencia, de una parte, que la Ley 1448
de 2011 establece en su artículo 132, parágrafo 1º, de manera general que dicha
ley surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean
entregadas a partir de la fecha de su expedición, así la solicitud fuese hecha
con anterioridad y remite a la reglamentación que el Gobierno Nacional realice
de la Ley 1448 de 2011.
De otra parte,
observa la Corte que el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1448 de 2011,
específicamente en relación con el tema de la reparación integral, mediante el
Decreto 4800 de 2011. Pues bien, en el mencionado decreto reglamentario, en su
artículo 155, se establece un régimen de transición para las solicitudes de
indemnización administrativa anteriores a la expedición del Decreto 4800 de
2011, formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, a las cuales se les
aplicará la normatividad consagrada en este último decreto respecto de la
indemnización administrativa, y la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011
respecto de los demás componentes de reparación integral.
Al efecto, el artículo 155 del
Decreto 4800 de 2011 determina que (i) las solicitudes de indemnización por vía
administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de
publicación de dicho Decreto no hayan sido resueltas, se tendrán como
solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y deberá seguirse
el procedimiento establecido en ese Decreto para la inclusión del o de los
solicitantes en este Registro; (ii) que si el o los solicitantes ya se
encontraren inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se seguirán
los procedimientos establecidos en ese Decreto para la entrega de la
indemnización administrativa; (iii) que si los hechos victimizantes ocurrieron
antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la indemnización
administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas otorgará la
indemnización administrativa; (iv) que el o los solicitantes cobijados por el
régimen de transición tendrán derecho al pago de la indemnización
administrativa (a) de forma preferente y prioritaria, (b) mediante la
distribución y (c) según los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008,
siempre y cuando sean incluidos en el Registro Único de Víctimas, se encuentren
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada o se les reconozca la
indemnización administrativa en los términos de ese mismo artículo; (v) que las
solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus
respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán  por las reglas establecidas
en el Decreto 4800 de 2011.
(vii) Por su parte, el artículo
159 del Decreto 4800 de 2011 consagra una norma especial para la indemnización
por vía administrativa específicamente para víctimas de desplazamiento forzado.
Esta norma establece que la indemnización por desplazamiento forzado, será
otorgada a través de los mecanismos previstos en el parágrafo 3 del artículo
132 de la Ley 1448 de 2011.
(viii) Con base
en todo lo anterior, la Sala concluye que a las solicitudes bajo estudio se les
debe aplicar la norma específica relativa al régimen de transición previsto por
el Decreto 4800 de 2011, por tratarse de una norma posterior y específica, a la
cual remite la propia Ley 1448 de 2011 en su artículo 132, pues las peticiones
de indemnización administrativa y reparación integral que ahora se estudian,
efectivamente se presentaron en virtud del Decreto 1290 de 2008 y los
demandantes se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD-. Así las cosas, colige la Corte que debe darse aplicación a
la norma que prevé el régimen de transición previsto para las solicitudes
anteriores a la Ley 1448 de 2011, elevadas en virtud del Decreto 1290 de 2008 y
que aún no han sido resueltas, por las siguientes razones:
(a) La norma general de la Ley –art.132 de la Ley 1448 de 2011-, si
bien establece que esa ley surtirá efectos para las indemnizaciones
administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de dicha
ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad, remite a la reglamentación
que para el efecto realice el Gobierno Nacional, la cual se realizó mediante el
Decreto 4800 de 2011;
(b) A su vez el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 dispuso un
régimen de transición, en el cual se establece clara y expresamente que las
solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del
Decreto 1290 de 2008 y cuyos solicitantes se encuentren inscritos en el RUPD
deberán resolverse en forma preferente y prioritaria y aplicarse la
distribución y montos fijados por el Decreto 1290 de 2008; y que las
solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus
respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán  por las reglas establecidas
en el Decreto 4800 de 2011; y
(c) El artículo 159 contiene una disposición específica acerca de la
indemnización para población desplazada, que al ser interpretada de manera
armónica con el artículo 155 del mismo decreto, se colige que se refiere a las
solicitudes de indemnización elevadas con posterioridad a la expedición de la
Ley1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011, ya que como se mencionó, para las
solicitudes elevadas con anterioridad a esta nueva normatividad, el propio
Gobierno dispuso un régimen de transición al cual se aplicará la disposición de
indemnización prevista por el Decreto 1290 de 2008.  A este respecto,
evidencia la Sala que el monto de la indemnización por desplazamiento forzado
contenido en el Decreto 4800 de 2011, en su artículo 149, es de “hasta
diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales”, pero el régimen de
transición que contempla el artículo 155 del mismo estatuto, en su parágrafo 1º
advierte que las solicitudes de indemnización administrativa formuladas en
virtud del Decreto 1290 de 2008 que no hayan sido resueltas -en el caso bajo
estudio fueron indebidamente negadas-, deberán acogerse a la distribución y
montos del mismo Decreto 1290 de 2008, esto es, hasta veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales.
(d) Entonces,
atendiendo a que se presenta una clara contraposición y conflicto normativo, la
Corte de acuerdo con los presupuestos y criterios de aplicación normativa que
fueron mencionados, y adicionalmente de conformidad con los principios de
favorabilidad y progresividad, dará aplicación en los presentes asuntos de
revisión de tutela, al Decreto 1290 de 2008, que en su artículo 5to. contempla
una indemnización solidaria de “hasta veintisiete (27) salarios mínimos
mensuales legales” para las víctimas de desplazamiento forzado. Lo
anterior, por tratarse de una disposición posterior, especial y específica que
regula la materia y adicionalmente por ofrecer mayores garantías de favorabilidad
y progresividad para el goce efectivo de los derechos de las victimas de
desplazamiento forzado.
(e)De esta
manera, y teniendo en cuenta que las solicitudes presentadas por los tutelantes
fueron negadas por la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011, -es
decir, una vez agotado el trámite señalado para tal fin, y con pleno
cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, así
como para el otorgamiento de la indemnización administrativa a víctimas de
desplazamiento forzado- esta Corporación decidirá de fondo sobre la prosperidad
de las solicitudes, así como sobre el monto de indemnización administrativa a
pagar a los accionantes. Esto último, por cuanto al haber sido negadas estas
solicitudes de indemnización, ya se cumplió el trámite previsto por el Decreto
1290 de 2008 y no sería posible ahora remitirlas de nuevo a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
para que de conformidad con el Decreto 4800 de 2011 surtieran el trámite
correspondiente con el fin de que se definiera el monto a pagar, por cuanto
ello implicaría retrotraer las cosas a su estado inicial, sin que se haya dado
solución por vía de revisión de tutela al problema jurídico planteado en las
demandas de las acciones tutelares que ahora se revisan, cual es la vulneración
de los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado por el
desconocimiento y negación de la indemnización administrativa y de los demás
mecanismos de reparación integral.
Por
consiguiente, bajo el entendido de que las solicitudes de indemnización
administrativa se despacharan favorablemente, el monto que aplicará la Corte
será el máximo estipulado por el artículo 5to. del Decreto 1290 de 2008, es
decir, veintisiete (27) salarios mínimos legales, en atención a los mismos
criterios de fijación de monto de indemnización administrativa que estipula el
artículo 148 del Decreto 4800 de 2011, los cuales hacen referencia a:
(i) la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, (ii) el daño causado,
(iii) el estado de vulnerabilidad actual de la víctima, desde un enfoque
diferencial. En este sentido, la Corte teniendo en cuenta: (i) la grave, masiva
y sistemática violación a los derechos humanos que constituye el desplazamiento
forzado; (ii) el grave daño causado a las víctimas de este delito en todos sus
derechos fundamentales; (iii) el grado de vulnerabilidad de
las víctimas, actoras dentro de los presentes procesos de tutela; (iv) la
negativa de indemnización administrativa por parte de la antigua Acción Social,
hoy transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social;
(v) la inconstitucionalidad de las decisiones que negaron el derecho a una
indemnización por vía administrativa; (vi) la negligencia de las autoridades
por la misma negativa; y (vii) el tiempo de espera para los accionantes
transcurrido desde que se presentó la solicitud de indemnización y reparación
integral y se interpusieron las correspondientes acciones de tutela, entre
otros criterios; aplicará el mencionado monto de veintisiete (27) salarios
minimos mensuales legales contenido en el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008,
de conformidad con los dispuesto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011,
en armonía con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.
(f) En
síntesis, la solución para los procesos de tutela ahora revisados, es aplicar
el régimen de transición de que trata el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011,
por tratarse de solicitudes de reparación integral y de indemnización por vía
administrativa, que en su totalidad fueron presentadas antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1448 de 2011, a las cuales de conformidad con el artículo
155 mencionado, se les deben aplicar la distribución y los montos contenidos en
el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008.  De esta manera, la Corte concederá,
por las razones expuestas, el máximo monto de indemnización administrativa
previsto por el Decreto 1290 de 2008 para población desplazada, que asciende a
la suma de veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales.
De
conformidad con lo anterior, la Sala aclara que para los casos análogos y
similares a los aquí fallados se aplicarán los efectos inter comunis que
se explicarán en detalle más adelante y que para otros casos diferentes a los
que aquí se fallan que no queden cobijados por los efectos jurídicos aludidos,
cuya reparación deba ser definida de conformidad con el régimen de transición o
con el nuevo régimen establecido por la Ley 1448 de 2011 y su decreto
reglamentario 4800 del mismo año, en atención a que esas víctimas no hayan
interpuesto todavía solicitudes de reparación o acciones de tutela, será la
Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral a Víctimas,
o los jueces excepcionalmente, los llamados a  determinar el monto de la
indemnización administrativa, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad y
debilidad de cada uno de ellos, monto que deberá ser fijado hasta por 27
salarios mínimos mensuales legales vigentes si es del régimen de transición o
hasta 17 salarios mínimos si del nuevo régimen establecido por la Ley 1448 de
2011.
11.2.6.2
De otra parte, para la resolución de estos casos, la Sala
reiterará la diferenciación entre los conceptos de atención y asistencia
social, frente al concepto de reparación integral.
(i) A este respecto la Corte reitera la interpretación
que en su jurisprudencia ha hecho, en atención a los postulados
constitucionales que consagran los derechos de las victimas –art.250 Superior-
y a los principios generales consagrados en la Ley 1448 de 2011, para enfatizar
en que a los rubros pagados por el Estado bajo el concepto de reparación, no
podrá descontárseles aquellos que obedezcan a medidas de atención o asistencia
social. Así lo establece la propia Ley 1448 de 2011, artículo 25, párrafo 2 del
parágrafo 1º:“Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra
el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán
descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho
las víctimas”, y el parágrafo 2do.: “La ayuda humanitaria
definida en los términos de la presente ley no constituye reparación y en
consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o
judicial a que tienen derecho las víctimas” (Resalta la Sala).
En el mismo sentido, el artículo
154 del Decreto 4800 de 2011 se refiere a las deducciones posibles de la
indemnización administrativa respecto de los montos pagados con anterioridad,
estableciendo que “La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas descontará del monto a pagar por concepto de
indemnización por via administrativa, sólo los montos pagados por el
Estado a título de indemnización y por concepto de condenas judiciales en
subsidiariedad por insolvencia, imposibilidad o falta de recursos de parte del
victimario o del grupo armado organizado al margen de la ley al que éste
perteneció.
Parágrafo. Las sumas
pagadas por el Estado a título de atención y asistencia o subsidio no podrán
ser descontadas del monto de indemnización por vía administrativa.”
(Enfasis de la Corte)
(ii) Así las cosas, en criterio
de esta Sala, el contenido del artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, al cual
remite el régimen de transición consagrado por el artículo 155 del Decreto 4800
de 2011, debe interpretarse de conformidad con la Constitución, las reglas de
la jurisprudencia constitucional y de la CIDH en la materia, de acuerdo con lo
establecido en la propia Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4800 de 2011, de acuerdo con los principios de diferencialidad, favorabilidad y
progresividad, y atendiendo a la interpretación que el propio Gobierno Nacional
ha realizado sobre este tema.
En este sentido,
debe diferenciarse la reparación de la atención y de la asistencia
social, y por tanto, de los diferentes subsidios -de vivienda, de tierras, etc-
que se le entreguen a la población desplazada atendiendo dicha asistencia
social. De esta manera, el monto de la indemnización administrativa de que
trata el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, en aplicación del régimen de
transición que prevé el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, debe pagarse en
forma adicional y no acumularse o descontarse del subsidio de vivienda previsto
por el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008.
(iii) Igualmente, a juicio de esta Corporación, lo
establecido en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, parágrafo 3ero. y el
artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, que prevén los medios a través de los
cuales se pagará la indemnización administrativa a las victimas de
desplazamiento forzado, deben interpretarse en armonía con la diferenciación
entre lo que constituye una indemnización por vía administrativa como
reparación y la atención o asistencia social, de conformidad con la propia Ley
1448 de 2011 en su artículo 154 ya citado, y en armonía con las reglas fijadas
por la jurisprudencia constitucional y de la CIDH. De esta manera, la Corte
encuentra que el monto de indemnización administrativa debe pagarse en forma
adicional y no acumularse o descontarse del subsidio integral de tierras, de la
permuta de predios, de la adquisición y adjudicación de tierras, de la
adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada o del subsidio
de vivienda de interés social rural y urbana de que trata el artículo 149 del
Decreto 4800 de 2011.
Esta es la interpretación que hace el propio Gobierno
Nacional respecto del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y del artículo 149
del Decreto 4800 de 2011 que lo reglamenta, la cual ha sido puesta en
conocimiento de esta Corte - y es de público conocimiento- ya que se expuso por
la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a Víctimas, y por otros Ministros del despacho, durante la celebración
de las Audiencias sobre desplazamiento forzado que tuvieron lugar los días 15
de Diciembre de 2011 y 26 de enero de 2012 con organismos de control y durante
la Audiencia celebrada el día 13 de febrero de 2012 con el Gobierno Nacional[120].
Así, el Gobierno Nacional ha expresado clara y expresamente
a esta Corporación, a través de la Sala Especial de Seguimiento a Población
Desplazada, que en atención a lo consagrado por la Ley 1448 de 2011 y en
armonía con la jurisprudencia de esta Corte, el artículo 149 del Decreto 4800
de 2011, que consagra el monto para la indemnización vía administrativa a
desplazados, debe interpretarse haciendo clara diferenciación entre esta
indemnización administrativa, como un componente de reparación integral y la
atención y asistencia social, de manera que los diecisiete (17) salarios
mínimos de que trata dicho artículo son adicionales y no descontables de los
subsidios de que trata esa misma normativa. Lo contrario, esto es, el confundir
la atención o asistencia social con la indemnización administrativa como parte
de la reparación integral, es decir, considerar que las medidas que se enmarcan
en la política social del Estado, destinadas a satisfacer necesidades
materiales básicas mínimas de población en situación de pobreza, exclusión e
inequidad, -como los subsidios- pueden  tenerse como medidas de reparación
frente a graves violaciones de derechos humanos y DIH como el desplazamiento
forzado, resultaría inadmisible y abiertamente inconstitucional.
(iv) Aclarado lo
anterior, la Sala concluye, en primer lugar, que la indemnización
administrativa a pagar a los demandantes dentro de los presentes procesos de
tutela que se revisan, en calidad de víctimas del desplazamiento forzado y
aplicando el régimen de transición previsto por el artículo 155 del Decreto
4800 de 2011, el cual remite a su vez al artículo 5º del Decreto 1290 de 2011,
será de veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales, suma que se pagará
de manera adicional, y no se descontará del subsidio de vivienda de que trata
el mismo artículo 5º del Decreto 1290 de 2011. Esta interpretación se aplicará
con efectos inter comunis para las solicitudes que fueron hechas con
base en el Decreto 1290 de 2011 y a las cuales se les aplique el régimen de
transición de que trata el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, en armonía
con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.
En segundo
lugar, la Corte concluye que las demás solicitudes de indemnización
administrativa, realizadas con posterioridad a la Ley 1448 de 2011, a las
cuales se les aplicará el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 149
del Decreto 4800 de 2011, deberán igualmente decidirse y pagarse de forma
adicional y no descontable de los subsidios de vivienda y de tierras previstos
por el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y de los demás mecanismos que prevé
dicha normativa relativos a permuta de predios, adquisición y adjudicación de
tierras, adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada. En
consecuencia, esta interpretación constitucional es válida también para los
casos de las solicitudes de indemnización administrativa presentadas en el
marco de la nueva normatividad consagrada en la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4800
de 2001, de conformidad con los principios de diferencialidad, con los
principios de favorabilidad y progresividad antes mencionados y de acuerdo con
la interpretación que hace el propio Gobierno respecto de estas normas.
En síntesis, a
juicio de la Sala la interpretación que debe realizarse en relación con el
monto de indemnización administrativa como reparación, es que ésta es adicional
a los subsidios que se conceden como asistencia social, de conformidad con los
mismos principios fijados por el artículo 25 de la Ley  1448 de 2011, el
artículo 154 del Decreto 4800 de 2011 y de conformidad con la interpretación
que ha dado al monto de la indemnización administrativa el propio Gobierno
Nacional, según la cual el monto de indemnización administrativa no es el mismo
ni descontable del subsidio de vivienda para población desplazada, sino que es
un monto adicional y acumulable al mismo.
(v) De otra parte, a la presente decisión esta Corporación le concederá efectos inter
comunis. A este respecto, es de aclarar que los efectos inter
communis que se otorgarán a esta sentencia, cobijará a todas las
solicitudes de indemnización administrativa realizadas por víctimas de
desplazamiento forzado, en cuanto: (a) se hayan presentado con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y en virtud del Decreto 1290 de
2008; (b)  hayan sido negadas por la anterior Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, sin la observancia debida de la
regulación vigente, del procedimiento para el reconocimiento y aplicación de la
reparación individual por vía administrativa, señalados en el capítulo IV,
artículo 20 y ss. del pluricitado decreto, y de los parámetros constitucionales
para la interpretación del mismo,; y (c) respecto de las cuales se hayan
interpuesto acciones de tutela, por los mismos motivos que se alegaron en estas
acciones constitucionales presentadas por los accionantes dentro de los
presentes expedientes.
Ahora bien, esta
Corporación aclara, en primer término, que los efectos inter comunis que
se conceden mediante este fallo, cubren los casos anólogos o similares a los
aquí decididos, en los cuales se reivindicó el derecho fundamental a la
reparación administrativa por vía de tutela. Estos efectos se extienden por
tanto a los casos de tutela que prosperaron concediendo la indemnización a las
víctimas como condena en abstracto, pero cuyos montos decididos por los jueces
no fueron pagados por Acción Social y todavía no han sido pagados por la ahora
Unidad Administrativa en virtud de la medida cautelar adoptada por la Corte
mediante el Auto 207 del 2010. Por consiguiente, para estos casos la Unidad
Administrativa Especial deberá pagar el monto máximo fijado en esta sentencia
de conformidad con el régimen de transición.
En segundo
término, la Sala precisa que en los casos de tutela que prosperaron y en los
cuales ya se hubiere surtido efectivamente el pago del monto indemnizatorio
fijado por los jueces contencioso administrativos, en cumplimiento de fallos de
tutela que condenaron en abstracto a la Nación en cabeza de la otrora Acción
Social, constituyen situaciones jurídicas que configuran derechos adquiridos.
Finalmente, esta
Corporación entiende que los casos análogos o similares a los que se deciden en
esta oportunidad y cuyas acciones de tutela no prosperaron, a pesar de tratarse
de víctimas de desplazamiento forzado que interpusieron en su momento solicitud
de reparación integral e indemnización administrativa ante la entidad
responsable, obteniendo respuesta negativa de la misma y que por tanto se
vieron compelidos a interponer sin éxito acción tutelar, quedarán igualmente
cobijados por los efectos inter comunis de esta sentencia, de manera que
la ahora Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Victimas deberá concederles el monto máximo del régimen de transición
fijado mediante este fallo.
(vi) De otra
parte y en concordancia con lo anterior, la Sala señala que a las solicitudes
de indemnización administrativa y reparación integral, que hayan sido elevadas
con anterioridad a la Ley 1448 de 2011, que no hayan sido todavía resueltas y
respecto de las cuales no se hayan presentado acciones de tutela, las víctimas
deberán seguir el procedimiento establecido en el Decreto 4800 de 2011, de
conformidad con el artículo 155 de ese misma normativa, en armonía con el
artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y que por tanto es la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la que deberá
conocer y decidir sobre estos casos.
(vii) En cuanto a las solicitudes
de indemnización administrativa y reparación integral que se presenten después
de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, se deberán aplicar las normas
contentivas en esa norma y en el Decreto 4800 de 2011, siguiendo la misma
interpretación realizada por esta Corte respecto del pago del monto de
indemnización. De esta forma, el pago del monto de hasta  diecisiete (17)
salarios mínimos legales vigentes, deberá ser pagado de manera adicional y no
descontable de los subsidios normales de asistencia social para población
desplazada de tierras y viviendas y demás mecanismos de que trata el artículo
132 de la ley 1448 de 2011, de conformidad con el principio de diferencialidad
entre atención y asistencia social contenidos en el artículos 25 de la propia
Ley 1448 de 2011, el artículo 154 del Decreto 4800 de 2011 y la propia
interpretación del Gobierno Nacional al respecto.
(viii) En
síntesis, (a) respecto de las solicitudes presentadas con anterioridad a la Ley
1448 de 2011, que fueron negadas y respecto de las cuales se interpuso acción
de tutela, se aplicará el régimen de transición previsto en el articulo 155 del
Decreto 4800 de 2011 y por tanto, el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008,
casos que quedan cobijados por los efectos inter comunis de esta
sentencia, de conformidad con los criterios señalados anteriormente; (b) en
relación con las solicitudes presentadas con anterioridad a la Ley 1448 de
2011, que todavía no se han resuelto y respecto de las cuales no se interpuso
acción de tutela, se aplicará el régimen de transición y se seguirán los
trámites y procedimientos previstos por el Decreto 4800 de 2011 para determinar
el monto de indemnización administrativa a pagar por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas; y (c)
respecto a las solicitudes de indemnización administrativa y reparación
integral que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1448 de 2011, tal como lo señala esa normativa, deberán seguirse los procedimientos
allí establecidos, en concordancia con lo estipulado en el Decreto
Reglamentario 4800 de 2011.
En relación con
los otros componentes o mecanismos necesarios que hacen parte de la reparación
integral a víctimas de desplazamiento forzado,  que contemplan la Ley 1448 y el
Decreto 4800 de 2011 (como restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición,) estas medidas deberán garantizarse a las víctimas
de desplazamiento forzado, tanto a las que hayan solicitado la indemnización administrativa
en virtud del Decreto 1290 de 2008 -a las cuales se les aplica el régimen de
transición- como a las que lo hayan solicitado una vez entrada en vigencia la
Ley 1448 de 2011.
11.2.6.3 En tercer lugar, esta Sala debe dar solución al problema jurídico
que surge en relación con la fecha de desplazamiento de las víctimas que
presentaron las solicitudes y acciones de tutela que ahora se estudian, para
que puedan ser beneficiarios de la Ley 1448 de 2011. En este sentido, el artículo
155 del Decreto 4800 de 2011, el cual como se expuso, establece un régimen de
transición para las solicitudes de indemnización por vía administrativa
anteriores a la expedición de la Ley 1448 de 2011, determina que las
solicitudes hechas en virtud del Decreto 1290 de 2008 se tendrán como
solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y que si ya se
encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se seguirán
los procedimientos establecidos en el Decreto 4800 de 2012 para la entrega de
la indemnización administrativa. Así mismo, establece que si los hechos
ocurrieron antes del 1985, pero se cumplen con los requisitos para acceder a la
indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, se otorgará la
indemnización administrativa.
De esta manera, la Sala evidencia
que en el presente caso en el cual se aplica el régimen de transición (i) todos
los solicitantes se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada; (ii) el desplazamiento de todas las víctimas ocurrió con
posterioridad al año 1985; (iii) todos los solicitantes cumplen con los
requisitos previstos en el Decreto 1290 de 2008 para acceder a la indemnización
administrativa; y que (iv) si los hechos generadores de desplazamiento forzado
hubieran ocurrido con posterioridad al año 1985, aún tendrían derecho a recibir
la indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011.
11.2.6.4 En cuarto lugar,
esta Corporación debe precisar que existe una nueva institucionalidad creada
por la Ley 1448 de 2011 como encargada de la reparación integral a las víctimas
del conflicto armado y que por tanto, en la actualidad los responsables de la
reparación a las víctimas de desplazamiento forzado son el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad en la que se
transformó la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social-, de conformidad con el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con
los artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011,
y el artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; normas que determinan a estas
entidades como directamente responsables en el nuevo
marco institucional, creado por la Ley 1448 de 2011, de diseñar, implementar,
ejecutar y otorgar las diferentes medidas de reparación integral para las
víctimas del conflicto interno armado de que trata esa ley y de coordinar el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de que
tratan los artículos 159 a 174 de la misma normativa y el artículo 146 del
Decreto 4800 de 2012, en el cual se dispone que la responsabilidad del
programa de indemnización por vía administrativa estará en cabeza de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
entidad que administrará los recursos destinados a la indemnización por vía
administrativa.
11.2.6.5 Además, la Sala
debe aclarar que en las acciones de tutela que se estudian y deciden en esta
oportunidad, no solo se reivindica la indemnización administrativa, sino
también las otras medidas de reparación, tales como la restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales deberá
aplicarse a las víctimas que quedan cobijadas por el régimen de transición, en
virtud del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, como a las solicitudes que se
hayan elevado una vez entrada en vigencia la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios.
11.2.6.6 Finalmente, la
Corte advierte que en caso de que las entidades responsables del pago de la
indemnización por vía administrativa a los beneficiarios de las medidas
adoptadas en la presente sentencia, es decir, el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a Víctimas, no hayan dispuesto la partida presupuestal
correspondiente para tal efecto, el pago efectivo de este concepto se deberá
hacer con cargo al rubro que corresponda al programa destinado para la
reparación integral a las víctimas, como quiera que, aunque por regla general
la acción de tutela no tiene carácter indemnizatorio, para el goce efectivo del
derecho a recibir la indemnización administrativa como parte de una reparación
integral, se hace necesario el pago concreto del monto ordenado.
11.3 Conclusiones
En cuanto a la procedibilidad de
las acciones de tutela, la Sala concluye que:
(i) La regla general es que ésta
no posee un carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino de
protección de los derechos fundamentales.  Sin embargo, teniendo en cuenta las
especiales condiciones de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta de
sujetos de especial protección constitucional como la población víctima de
desplazamiento forzado, resulta un mecanismo idóneo, adecuado y procedente,
pues los principios de inmediatez y subsidiariedad no les son oponibles con el
mismo rigor que para el resto de población.
(ii) La condición de desplazado
se adquiere y se constituye a partir de un presupuesto fáctico, que es el hecho
mismo del desplazamiento forzado.  Por tanto, el registro es un requisito
meramente declarativo y no constitutivo de tal condición. En los casos bajo
examen todos los accionantes se encuentran inscritos en el anterior Registro
Único de Población Desplazada y en esa medida, se encuentran legitimados para
solicitar y obtener las diferentes medidas de reparación integral que provee la
Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.  No obstante, si por algún
hecho sobreviniente se encuentra y prueba que uno de los actores no ostenta la
calidad de víctima de desplazamiento forzado, éste no será beneficiario de las
medidas que se adopten en la presente decisión.
(iii) En cuanto al requisito de
subsidiariedad, la Sala encuentra que excepto dos casos los demás lo agotan.
Sin embargo, atendiendo a 1) las especiales circunstancias que rodean a éstas
víctimas de desplazamiento forzado, tantas veces mencionadas, 2) la presunción
de veracidad del artículo 20 del Decreto 1290 de 2008, respecto a haber
presentado solicitud verbal para obtener la reparación integral e indemnización
y 3) el encontrarse inscritos en el RUPD, el estudio del amparo resulta
procedente para los dos casos referidos.
Respecto del análisis de fondo de
las acciones de tutela que ahora se revisan la Corte colige que:
(iv) Los accionantes, en su
calidad de víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a la reparación
integral y a una indemnización justa, pronta y proporcional.
(v) El derecho a la reparación
integral no se agota en el componente económico, pues se trata de un derecho
complejo que contempla distintos mecanismos encaminados a ese fin, tales como
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no
repetición, entre otras. En ese sentido, se aclara que en las acciones de
tutela que se estudian y deciden en esta oportunidad, no solo se reivindica la
indemnización administrativa, sino también las otras medidas de reparación, las cuales deberán aplicarse a las víctimas que quedan cobijadas por
el régimen de transición, en virtud del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011,
como a las solicitudes que se hayan elevado una vez entrada en vigencia la Ley
1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
(vi) No son admisibles los
argumentos de la entidad accionanda, otrora Acción Social, respecto a que ya se
había concedido ayuda humanitaria de emergencia o que no era responsable de la
reparación a las víctimas. Lo anterior, por cuanto en primer lugar, la ayuda
humanitaria obedece a un título jurídico diferente al de la reparación y en
segundo lugar, el Estado debe dar cumplimiento a sus deberes de protección
(artículo 2 de la Carta) y posibilitar el acceso a los mecanismos para
satisfacer la reparación integral por vía administrativa.
(vii) De lo anterior se desprende
que las obligaciones del Estado en materia de reparación no pueden confundirse
con las relativas a la ayuda humanitaria o a la asistencia por parte del
Gobierno, pues son de naturaleza jurídica diversa.
(viii) Existen diferentes vías
para acceder a la reparación integral, la judicial, a través del proceso penal
o en la jurisdicción contencioso administrativa y la vía administrativa
regulada por la Ley 1448 de 2011.  Marcos legales que resultan complementarios,
más no excluyentes.
(ix) Respecto a la condena en
abstracto dentro del trámite de la acción de tutela, de acuerdo con el artículo
25 del Decreto 2591 de 1991, tiene un carácter subsidiario y excepcional, bajo
la condición de que: 1) se cumpla el requisito de subsidiariedad, 2) exista una
violación o amenaza evidente del derecho y 3) una relación directa entre ésta y
el accionado, 4) ser una medida necesaria para asegurar el goce efectivo del
derecho, 5) asegurarse el derecho de defensa del accionado, 6) cubrirse con la
indemnización sólo el daño emergente, 7) precisar el daño o perjuicio, la razón
por la cual la indemnización es necesaria, el nexo causal y los criterios para
que se efectúe la liquidación ante el juez competente.  En los casos examinados
en esta providencia, se negará por improcedente la pretensión de indemnización
en abstracto, en relación con el mecanismo de indemnización por vía
administrativa a víctimas de desplazamiento forzado, por cuanto 1) no se cumple
con el requisito de la subsidiariedad, ya que existe en la normatividad vigente
un mecanismo legal y reglamentario para el reconocimiento y otorgamiento  de la
indemnización administrativa a las víctimas del conflicto, 2)la indemnización
administrativa se basa en criterios de equidad, es decir, no sólo recae sobre
el daño emergente y 3) no existen los elementos necesarios  para fijar
parámetros o criterios con base en los cuales efectuar la liquidación de
conformidad con la ley vigente.
(x) En este sentido, la Corte
mediante este fallo precisa y unifica su jurisprudencia en relación con la
procedencia de la tutela –art. 6 del Decreto 2591 de 1991- con el fin de
reivindicar el derecho fundamental a la reparación integral e indemnización
administrativa, dando aplicación a las leyes y reglamentaciones vigentes en la
materia. Así mismo, la Sala unifica su criterio respecto de la no procedencia
para la concesión de la indemnización administrativa de condenas en abstracto a
la Nación, reiterando la aplicación restrictiva y excepcional del artículo 25
del Decreto 2591 de 1991.
(xi) Los términos de caducidad
para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos
judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa
sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se
pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su
condición de sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en
armonía con lo resuelto en la sentencia C-099 de 2013.
(xii) Acerca de los regímenes de
transición, la Corte colige que:
1) A las
solicitudes de reparación administrativa y de reparación integral bajo estudio
se les debe aplicar la norma específica relativa al régimen de transición
previsto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, por tratarse de una
norma posterior y específica, a la cual remite la propia Ley 1448 de 2011 en su
artículo 132, pues éstas efectivamente se presentaron en virtud del Decreto
1290 de 2008 y los demandantes se encuentran inscritos en el anterior Registro
Único de Población Desplazada -RUPD-. Por lo anterior, se aplica el monto
estipulado por el artículo 5to. del Decreto 1290 de 2008, es decir, veintisiete
(27) salarios mínimos legales, en atención a los mismos criterios de fijación
de monto de indemnización administrativa que estipula el artículo 148
del Decreto 4800 de 2011.
2) De otra
parte, para la resolución de estos casos, se reitera la diferenciación entre
los conceptos de atención y asistencia social, frente al concepto de reparación
integral, de conformidad con los artículo 25 de la ley 1448 de 2011 y el
artículo 154 del Decreto 4800 de 2011, según los principios de
diferencialidad, favorabilidad y progresividad y atendiendo a la interpretación
que el propio Gobierno Nacional ha realizado en punto a este tema. En este
sentido, se concluye que debe diferenciarse la reparación de la atención
y de la asistencia social y por tanto, de los diferentes subsidios -de
vivienda, de tierras, etc- que se le entreguen a la población desplazada
atendiendo a dicha asistencia social. De esta manera, el monto de la
indemnización administrativa de que trata el artículo 5º del Decreto 1290 de
2008, en aplicación del régimen de transición que prevé el artículo 155 del
Decreto 4800 de 2011, debe pagarse en forma adicional y no acumularse o
descontarse del subsidio de vivienda previsto por el artículo 5º del Decreto
1290 de 2008.
En armonía con esto se concluye igualmente que lo
establecido en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, parágrafo 3ero., y el
artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, que prevén los medios a través de los
cuales se pagará la indemnización administrativa a las víctimas de
desplazamiento forzado, deben interpretarse de conformidad con la
diferenciación entre lo que constituye una indemnización por vía administrativa
como reparación y la atención o asistencia social, y que por tanto el monto de
indemnización administrativa debe pagarse en forma adicional y no acumularse o
descontarse del subsidio integral de tierras, de la permuta de predios, de la
adquisición y adjudicación de tierras, de la adjudicación y titulación de baldíos
para población desplazada o del subsidio de vivienda de interés social rural y
urbana de que trata el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011.
3) a) Respecto
de las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral
presentadas con anterioridad a la Ley 1448 de 2011 que fueron negadas y
respecto de las cuales se interpuso acción de tutela, se aplicará el régimen de
transición previsto en el articulo 155 del Decreto 4800 de 2011, y por tanto,
el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, casos que quedan cobijados por los
efectos inter comunis[121]
de esta sentencia; b) en relación con las solicitudes presentadas con
anterioridad a la Ley 1448 de 2011, que todavía no se han resuelto y respecto
de las cuales no se interpuso acción de tutela, se aplicará el régimen de
transición y se seguirán los trámites y procedimientos previstos por el Decreto
4800 de 2011 para determinar el monto de indemnización administrativa a pagar
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas; y c) frente a las solicitudes de indemnización
administrativa y reparación integral que se presenten con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, tal como lo señala esa normativa,
deberán seguirse los procedimientos allí establecidos, en concordancia con lo
estipulado en el Decreto Reglamentario 4800 de 2011.
En relación con
los otros componentes o mecanismos necesarios que hacen parte de la reparación
integral a víctimas de desplazamiento forzado, que contemplan la Ley 1448 y el
Decreto 4800 de 2011 (como restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición) estas medidas deberán garantizarse a las víctimas
de desplazamiento forzado, tanto a las que hayan solicitado la indemnización
administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, a las cuales se les aplica
el régimen de transición, como a las que lo hayan solicitado una vez entrada en
vigencia la Ley 1448 de 2011.
4) En el fallo se esclarece
igualmente el problema jurídico que surge en relación con la fecha de
desplazamiento de las víctimas que presentaron las solicitudes y acciones de
tutela que se estudian, para que puedan ser beneficiarios de la Ley 1448 de
2011. En este sentido, el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, el cual como
se expuso, establece un régimen de transición para las solicitudes de
indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición de la Ley 1448
de 2011, determina que las solicitudes hechas en virtud del Decreto 1290 de
2008 se tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro Único de
Víctimas -RUV- y que si ya se encontraban inscritos en el anterior Registro
Único de Población Desplazada -RUPD-, se seguirán los procedimientos
establecidos en el Decreto 4800 de 2011 para la entrega de la indemnización
administrativa. Así mismo, establece que si los hechos ocurrieron antes del año
1985, pero se cumplen con los requisitos para acceder a la indemnización
administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, se otorgará la indemnización
administrativa.
De esta manera, la Sala evidencia
que en el presente caso se aplica el régimen de transición ya que a) todos los
solicitantes se encuentran inscritos en el anterior Registro Único de Población
Desplazada - RUPD-; b) el desplazamiento de todas las víctimas ocurrió con
posterioridad al año 1985; c) todos los solicitantes cumplen con los requisitos
previstos en el Decreto 1290 de 2008 para acceder a la indemnización
administrativa; y que d) si los hechos generadores de desplazamiento forzado
hubieran ocurrido con posterioridad al año 1985, aún tendrían derecho a recibir
la indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011.
(xiii) Las pretensiones de
indemnización administrativa se despacharán favorablemente por todo lo dicho anteriormente
y frente al monto de la indemnización administrativa a pagar a los accionantes,
la Corte aplicará el máximo estipulado por el artículo 5 del Decreto 1290 de
2008, es decir 27 SMMLV, en aplicación de los criterios que establece el
artículo 148 del Decreto 4800 de 2011 y teniendo en cuenta que las solicitudes
elevadas en ese sentido ya fueron consideradas por la accionada y negadas -es
decir se agotó el trámite señalado- y remitirlas nuevamente a entidad
actualmente competente sería volver las cosas a su estado inicial, sin dar
solución al problema jurídico planteado en las demandas de tutela.
(ivx) En otros casos será la
UARIV -o el juez excepcionalmente- quienes atendiendo al grado de
vulnerabilidad y debilidad presentes en cada caso, señalen el valor de la
indemnización administrativa, teniendo como límite el monto de 27 SMMLV para el
régimen de transición y 17 SMMLV para el nuevo régimen instaurado por la Ley
1448 de 2011 y su Decreto reglamentario 4800 de 2011.
(xv) Sobre los efectos inter
comunis otorgados a la presente sentencia de unificación la Corte precisa
que:
Dichos efectos cobijarán a todas las solicitudes de indemnización administrativa realizadas
por víctimas de desplazamiento forzado, en cuanto: (a) se hayan presentado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y en virtud del
Decreto 1290 de 2008; (b)  hayan sido negadas por la anterior Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sin la
observancia debida de la regulación vigente, del procedimiento para el
reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía administrativa,
señalados en el capítulo IV, artículo 20 y ss. del pluricitado decreto y de los
parámetros constitucionales para la interpretación del mismo,; y (c) respecto
de las cuales se hayan interpuesto acciones de tutela, por los mismos motivos
que se alegaron en estas acciones constitucionales presentadas por los
accionantes dentro de los presentes expedientes.
Ahora bien, esta
Corporación aclara, en primer término, que los efectos inter comunis que
se conceden mediante este fallo, cubren los casos análogos o similares a los
aquí decididos, en los cuales se reivindicó el derecho fundamental a la
reparación administrativa por vía de tutela. Estos efectos se extienden por
tanto a los casos de tutela que prosperaron concediendo la indemnización a las
víctimas como condena en abstracto, pero cuyos montos decididos por los jueces
no fueron pagados por Acción Social y todavía no han sido pagados por la Unidad
Administrativa en virtud de la medida cautelar adoptada por la Corte mediante
el Auto 207 del 2010. Por consiguiente, para estos casos la Unidad
Administrativa Especial deberá pagar el monto máximo fijado en esta sentencia
de conformidad con el régimen de transición.
En segundo
término, la Sala precisa que en los casos de tutela que prosperaron y en los
cuales ya se hubiere surtido efectivamente el pago del monto indemnizatorio
fijado por los jueces contencioso administrativos, en cumplimiento de fallos de
tutela que condenaron en abstracto a la Nación en cabeza de la otrora Acción
Social, constituyen situaciones jurídicas que configuran derechos adquiridos.
Finalmente, esta
Corporación entiende que los casos análogos o similares a los que se deciden en
esta oportunidad, y cuyas acciones de tutela no prosperaron, a pesar de
tratarse de víctimas de desplazamiento forzado que interpusieron en su momento
solicitud de reparación integral e indemnización administrativa ante la entidad
responsable, obteniendo respuesta negativa de la misma y que por tanto se
vieron compelidos a interponer sin éxito acción tutelar, quedarán igualmente
cobijados por los efectos inter comunis de esta sentencia, de manera que
la ahora Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Victimas deberá concederles el monto máximo del régimen de transición
fijado mediante este fallo.
De otra parte y
en concordancia con lo anterior, la Sala señala que a las solicitudes de
indemnización administrativa y reparación integral, que hayan sido elevadas con
anterioridad a la Ley 1448 de 2011 y que no hayan sido todavía resueltas y
respecto de las cuales no se hayan presentado acciones de tutela, las víctimas
deberán seguir el procedimiento establecido en el Decreto 4800 de 2011, de
conformidad con el artículo 155 de ese misma normativa, en armonía con el
artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y que por tanto es la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la que deberá
conocer y decidir sobre estos casos.
(xvi) Por último, la Corte
advierte que en caso de que las entidades responsables del pago de la
indemnización por vía administrativa a los beneficiarios de las medidas
adoptadas en la presente sentencia, no hayan dispuesto la partida presupuestal
correspondiente para tal efecto, el pago efectivo de este concepto se deberá
hacer con cargo al rubro que corresponda al programa destinado para la
reparación integral a las víctimas.
1.4 De acuerdo con lo
expuesto anteriormente, esta Sala adoptará las siguientes decisiones:
11.4.1
Confirmará parcialmente las sentencias de los jueces de instancia proferidas dentro de los siguientes expedientes de tutela, acumulados en
la presente sentencia de unificación, en cuanto concedieron la acción de tutela
con el fin de proteger el derecho a la reparación de las víctimas de
desplazamiento forzado:
i) T-
2.406.014: Sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Valledupar, del veintisiete  (27) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación del accionante y su
núcleo familiar.
ii) T-2.406.015: Sentencia
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar - Cesar, del
veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto tuteló el derecho a
la reparación de los accionantes.
iii) T-2.407.869: Sentencia
del Juzgado Quinto del Circuito Administrativo de Valledupar – Cesar, del
veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto tuteló el derecho
a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
iv) T-2.417.727: Sentencia
del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar, del
veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto tuteló el derecho
a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
v) T-
2.420.402: Sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la
accionante y su núcleo familiar.
vi) T- 2.417.729:
Sentencia del Juzgado Cuarto del Circuito Administrativo de Valledupar -
Cesar, del veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar el derecho a la reparación de la accionante y su núcleo familiar.
vii)
T-2.442.144: Sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay –
Magdalena, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió tutelar el derecho a la justa indemnización, así como al resarcimiento
pronto, adecuado y efectivo de los daños causados por el conflicto armado y por
el desplazamiento forzado.
viii) T-2.438.590: Sentencia
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar, del
primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar
el derecho a la reparación.
ix)
T-2.412.831: Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar los derechos a la reparación y justa indemnización, consagrados en los
artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
x)
T-2.415.526: Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar los derechos a la reparación y justa indemnización, preestablecidos en
los artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
xi) T- 2.417.298: Sentencia
del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga - Magdalena, del veintinueve
(29) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho de
los accionantes a la justa indemnización.
xii)
T-2.421.131: Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga -
Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar el derecho de los accionantes a la justa indemnización.
xiii)
T-2.421.141: Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar el derecho de los accionantes a la justa indemnización.
xiv) T-
2.458.839: Sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, calendada el veintiséis  (26) de agosto de dos mil
nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho a la reparación del accionante
y su núcleo familiar.
xv)
T-2.458.848: Sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009),
en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la accionante
y de su núcleo familiar.
xvi) T-2.458.851: El fallo
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga - Magdalena, del treinta (30)
de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar los derechos a la
reparación y justa indemnización, preestablecidos en los artículos 25 y 63 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
xvii) T-
2.459.980: Sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del veintinueve (29) de septiembre  de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió amparar el derecho a la reparación de la accionante
y su núcleo familiar.
xviii) T-2.463.382: Sentencia
del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga - Magdalena, del catorce (14)
de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho a
la justa indemnización.
xix) T- 2.463.383: Sentencia
del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga Magdalena, del catorce (14)
de septiembre  de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la justa indemnización de los accionantes.
xx) T- 2.463.524: Sentencia
del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, del dos
(2) de agosto de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación de la accionante y su núcleo familiar.
xxi) T-2.467.079: Sentencia del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, del veintiuno (21)
de septiembre  de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación de la accionante y su núcleo familiar.
xxii) T-2.467.095: Sentencia
del Juzgado Penal del Circuito de Fundación – Magdalena, del catorce (14) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho de
los accionantes a la justa reparación.
xxiii)T-2.467.096:
Sentencia del Juzgado Penal del circuito de Fundación - Magdalena, del catorce
(14) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió conceder la
tutela presentada por los accionantes y en consecuencia, tutelar el derecho a
la justa reparación.
xxiv)
T-2.467.097: El fallo del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del diez  (10) de septiembre de dos mil nueve (2009),
en cuanto resolvió amparar el derecho a la reparación de la accionante.
xxv) T-
2.467.098: Sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar, del diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la accionante.
xxvi) T-
2.469.820: El fallo del Juzgado Promiscuo del circuito de Pivijay,
Magdalena, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió conceder el amparo constitucional invocado por violación al derecho
fundamental a una justa indemnización y al resarcimiento pronto, adecuado y
efectivo de los daños causados por el conflicto armado y por el desplazamiento
forzado.
xxvii) T-2.474.803: El fallo de segunda
instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de
decisión penal, que mediante providencia del veinte (20) de octubre de dos mil
nueve (2009), resolvió revocar el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Ibagué, del veinticinco  (25) de agosto de dos mil nueve (2009), en el cual
se resolvió negar por improcedente el amparo constitucional invocado y en su
lugar amparar los derechos fundamentales del accionante, que le corresponden
como víctima de la violencia desarrollada por los grupos armados al margen de
la ley.
xxviii) T-2.480.620: Sentencia del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, del veinticuatro
(24) de agosto de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación de la accionante y su núcleo familiar.
xxix)
T-2.482.447: Sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del treinta  (30) de septiembre de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación del
accionante y su núcleo familiar.
xxx) T-2.482.448: El fallo del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, del cinco (5) de octubre de
dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la
reparación del accionante y su núcleo familiar.
xxxi)
T-2.482.449: Sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), en
cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación del accionante y
su núcleo familiar.
xxxii)
T-2.482.450: Sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, del treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009),
en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación del
accionante y su núcleo familiar.
xxxiii) T-
2.483.756: Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga
Magdalena, del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009), en
cuanto resolvió tutelar los derechos a la reparación y justa indemnización,
preestablecidos en los artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
xxxiv)
T-2.525.296: Fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de
Magdalena, del 29 de octubre de 2009, en cuanto decidió revocar el fallo de
primera instancia del Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, que negó
el amparo solicitado en fallo proferido el 27 de agosto de 2009 y en su lugar
decidió conceder la protección al considerar que la acción de tutela es
procedente para que las personas en condición de desplazamiento presenten sus
solicitudes, pues este es el medio más expedito para lograr la protección
especial a la que tienen derecho.
xxxv)
T-2.533.416: Fallo de la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, del 20 de octubre de 2009, en
cuanto decidió revocar el fallo de primera instancia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Santa Marta, que mediante sentencia del 13 de agosto de 2009
negó el amparo solicitado y en su lugar concedió el amparo.
xxxvi)
T-2.559.145: Sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de
Chiriguaná-Cesar, del 30 de diciembre de 2009, en cuanto concedió el amparo
solicitado.
xxxvii)
T-2.541.232: Sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Martha Sala Civil- Familia, del veintisiete (27) de
Octubre de dos mil nueve (2009), en cuanto confirmó la sentencia de primera
instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cienaga Magdalena,
calendada el veinte (20) de Agosto de dos mil nueve (2009), mediante la cual se
concedió el amparo solicitado a la accionante y a su núcleo familiar.
xxxviii) T-2.926.327: Sentencia de segunda instancia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, del siete (7) de octubre de
dos mil diez (2010), en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, del dos (2) de septiembre de dos
mil diez (2010), que amparó el derecho fundamental a una indemnización justa e
inmediata de los demandantes y sus núcelos familiares.
11.4.2 Igualmente
la Corte confirmará parcialmente los siguientes fallos de tutela, en cuanto en
ellos se ordena incluir o inscribir a los accionantes en los programas
existentes para el reconocimiento y pago de las indemnizaciones:
i). T-
2.469.820: Fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, Magdalena,
del veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
ordenar al representante de Acción Social, hoy Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo, procediera a incluir a la señora Eloisa María Retamozo de Ramírez y
a su familia, en los programas de asistencia de la población afectada por el
conflicto armado y las indemnizaciones por los daños causados.
ii). T-2.474.803: Fallo de segunda instancia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de decisión penal,
del veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009), en cuanto ordenó a Acción
Social que realizara los trámites pertinentes para que el accionante sea
efectivamente inscrito en un lapso no superior a quince (15) días en el
programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley y de tal manera pudiera acceder a la
ayuda que normativamente le correspondiera otorgada por el Gobierno Nacional.
11.4.3 De
otra parte, la Sala revocará parcialmente las sentencias de los jueces de
instancia, que se enumeran a continuación, en cuanto en ellos se condena en abstracto a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, al pago de los perjuicios
ocasionados con el desplazamiento forzado, de conformidad con el monto
que fijara la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en
el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991:
Expedientes
T- 2.406.014, T-2.406.015, T-2.407.869, T-2.417.727, T- 2.417.729, T-
2.420.402, T-2.442.144, T-2.438.590, T-2.412.831, T-2.415.526, T- 2.417.298,
T-2.421.131, T-2.421.141, T-2.458.851, T- 2.458.839, T-2.458.848, T- 2.459.980,
T-2.463.382, T-2463.383, T- 2.463.383, T- 2.463.524, T-2.467.079, T-2.467.095,
T-2.467.096, T-2.467.097, T-2.480.620, T-2.482.447, T-2.482.448, T-2.482.449,
T-2.482.450, T- 2.483.756, T-2.525.296, T-2.533.416, T-2.541.232, T-2.559.145,
T-2.926.327.
11.4.4  La Sala revocará totalmente las
sentencias proferidas dentro de los siguientes expedientes de tutela:
i). T-2.405.734: sentencia de segunda
instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de
Decisión Penal, que mediante providencia del diez (10) de agosto de dos mil
nueve (2009), resolvió confirmar el fallo de primera instancia del Juzgado 51
Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, del veintiséis (26) de junio de
dos mil nueve (2009), mediante el cual se resolvió negar por improcedente el
amparo constitucional a la reparación.
ii).
T-2.448.283: sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del veintisiete
(27) de agosto de dos mil nueve (2009), en la que se resolvió confirmar el
fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Magdalena, del
veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual se resolvió
rechazar por improcedente la solicitud de tutela.
11.4.5 En lugar de los apartes de las sentencias revocadas
parcialmente, la Sala (i) ordenará de un lado, negar la
indemnización en abstracto prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991,
en los casos bajo estudio en la presente sentencia de unificación y en
relación con el mecanismo de indemnización vía administrativa a víctimas de
desplazamiento forzado y en su lugar, (ii) ordenará al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social-, de conformidad con el artículo 170 de la Ley
1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Victimas, de conformidad con los
artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011 y el
artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; como entidades
responsables, en el nuevo marco institucional creado por la Ley 1448 de 2011 de
diseñar, implementar, ejecutar y otorgar las diferentes medidas de reparación
integral para las víctimas del conflicto interno armado de que trata la Ley
1448 de 2011 y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la misma
normativa; que:
A los actores dentro de los expedientes que se
enumeran a continuación, conjuntamente con sus núcleos familiares y de
conformidad con el artículo 155 de ese Decreto, se les aplique el régimen de
transición que remite al Decreto 1290 de 2008, de forma que se les reconozca el
pago de veintisiete salarios mínimos mensuales legales de que trata el artículo
5º del Decreto 1290 de 2008:
i) T-2.406.014: Al señor Saín Aguilar Chogo y su núcleo familiar.
ii) T-2.406.015: A la señora Nellis Vergel Cañizares y su núcleo
familiar.
iii) T-2.407.869: Al señor Fernando Rodríguez Navarro y su núcleo
familar.
iv)
T-2.417.727: Al señor Martín Hernández Palencia y su núcleo familiar.
v) T-2.420.402: A la señora Fermina Acuña Pérez y su núcleo familiar.
vi) T-2.417.729: A la
señora Hermides Vega Sarabia y su núcleo familiar.
vii) T-2.442.144: Al señor
Rafael Enrique Cantillo de León y su núcleo familiar.
viii) T-2.438.590: A la
señora Juana Bautista Carmona Lozada y su núcleo familiar.
ix)
T-2.412.831: Al señor Abel Enrique Camargo Santana y su núcleo familiar.
x) T-2.415.526: A la
señora Nathalie Yoana Pérez Reales y su núcleo familiar.
xi) T- 2.417.298: A la
señora Enith María Cantillo Lara y su núcleo familiar.
xii)
T-2.421.131: Al señor Carlos Alberto González Garizabalo y su núcleo
familiar.
xiii) T-2.421.141: A la
señora Ana María Moreno Pertuz y su núcleo familiar.
xiv)
T-2.448.283: Al señor Geblum Alfonso Pardo Arvilla y su núcleo familiar.
xv)  T- 2.458.839: Al
señor Eudes Hernández Vergel y su núcleo familiar.
xvi) T- 2.458.848: A la
señora Isabel Jiménez Salas y su núcleo familiar.
xvii) T-2.458.851: A la
señora Celedonia Esther Camargo Martínez y su núcleo familiar.
xviii) T-
2.459.980: A la señora Vilma Esther Pedroza Marín y su núcleo familiar.
xix) T-2.463.382: Al señor
Pedro Antonio Cantillo Bravo y su núcleo familiar.
xx)  T- 2.463.524: A la
señora Gregoria Carolina Tellez Arias y su núcleo familiar.
xxi) T-2.467.079: A la
señora Eraida Mier Mojica y su núcleo familiar.
xxii) T-2.467.095: A la
señora Inés María Rodríguez Beltrán y su núcleo familiar.
xxiii) T-2.467.096: A la
señora Josefa de León de Cantillo y su núcleo familiar.
xxiv) T- 2. 467.097: A la
señora María Eugenia Camacho Cantillo y su núcleo familiar.
xxv)  T- 2.467.098: A la
señora Millis Beatriz Guerra y su núcleo familiar.
xxvi) T-
2.469.820: A los señores Eloisa María Retamozo de Ramírez y su núcleo
familiar.
xxvii) T-
2.474.803: Al señor señor Yeiner Camilo Ordóñez Cabrera y su núcleo
familiar.
xxviii) T-
2.480.620: A la señora Eunise del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar.
xxix) T-
2.482.447: Al señor César Modesto Osorio Montenegro y su núcleo familiar.
xxx) T-
2.482.448: A la señora Mary Ruth Maestre Maestre y su núcleo familiar.
xxxi) T-
2.482.449: Al señor José Antonio Pertuz Puche y su núcleo familiar.
xxxii.) T-
2.482.450: Al señor José María Maestre Maestre y su núcleo familiar.
xxxiii) T-
2.483.756: Al señor José Inocente Morales Mendoza y su núcleo familiar.
xxxiv) T-
2.559.145: A los señores Manuel Vicente Solorzano y Edilma Isabel Benjumea
Vides, y a su núcleo familiar.
xxxv) T-2.525.296: A los señores Fanny Luz Acosta Fuentes y Jhon Nolse Grisales
Osorio, y su núcleo familiar.
xxxvi)
T-2.533.416: Al señor Víctor Pascual Meléndez Borrero y su núcleo familiar.
xxxvii)
T-2541.232: A la señora Cayetana Isabel Suárez Retamozo y su núcleo familiar.
xxxviii) T-2.926.327: A
los señores (as) Carmen Daniel Velandia Pérez, Robinson Velandia López, Deibis
Velandia López, Tatiana Velandia López, María Yaneth Ortega Gelvez, Yuri
Alexander Pérez Ortega, Neily Fernanda Durán Ramírez, Isidro Antonio Quintero
Carrascal, Mercedes Esquivel, Raúl Mendoza Vargas, Jhoner García Arevalo, Luz
Mery García Arévalo, Yanid García Arévalo, Cecilia García Arévalo, Carmen Rosa
García Arévalo, Jamer García Arévalo, Jorge Eliécer Flórez Ramírez, Ilva Neris
Benítez Díaz, Elba Ludy Velásquez Flórez, Yidi Smith Velásquez Benítez, David
Velásquez Campos, Braulio Rodríguez Cárdenas, Pedro Elías Moreno Solano,
Silvina Pabón, Pedro Antonio Romero, Aniceta Buitrago, Karen Elena Alean
Buitrago,  Yajaira  Isabel Alean Buitrago, Leddy Yurany Ortega Guerrero,  José
de los Santos Vera Valero, María Cecilia Quintero Ropero, José Ignacio Sánchez
Cáceres, Marleny Gelvez Pabón, Carlos Noe Lozano Urquijo, Avelino Sandoval
Becerra, Ana María Gallo, Dulcinea Montenegro Rojas, Giovanny Blanco  Rubio,
Jasmín Pérez Lozano, Martha Cecilia Cárdenas Lozano, Janeth Reyes Santiago,
José Manuel Barraza Ospino, Elizabeth Ramírez Mancilla, José Alexander Bolívar
Páez, Olinda Castañeda de Hernández, Javier Hernández Moreno Castilla, Shirley
Yuraniz Hernández Ferrer, Freddy Bolívar Páez, Rosana Grimaldo Gualdrón,
Alfredo Pérez Bautista, Yolanda Liones Otalvares, Humberto Arenas Rodríguez,
María Isabel Arenas Berbesi, José Alfredo Villamizar Flórez, Rosalba Contreras
Albarracín, Javier Alexi Mendoza Ortega, Fernelis Elías Ibarra Baquero, Gloria
Gómez Gómez, Didier Fabián Mateus Gómez, Leidy Lorena Mateus Gómez, Apolinar
Suárez Urbina, Lucrecia Castellanos García, Gabriel Ángel Garay Prado, Elba
Rosa Madarriaga Aguilar, Jesús Alexis Garay Madarriaga, Edison Garay
Madarriaga, Carmen Yolanda Delgado Portilla,  Oscar Portilla Delgado, Eduardo
Portilla Delgado, Martha Yaneth Portilla Delgado, Luz Mery Portilla Delgado,
Ana Lidia Portilla Delgado y Uriel Portilla Delgado y a sus núcleos familiares.
Así mismo, la Sala ordenará que de conformidad con la
Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, las anteriores sumas se paguen de
forma adicional y no sean acumuladas o descontadas del subsidio de vivienda de
que trata el parágrafo 5to del artículo 5 del Decreto 1290 de 2009, de
conformidad con el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011.
11.4.6 De otra parte, la Sala, en lugar de
las sentencias revocadas totalmente, concederá la acción de tutela de que
tratan los siguientes expedientes y protegerá el derecho a la reparación de los
accionantes víctimas de desplazamiento forzado y en consecuencia ordenará al
hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad en la que
se transformó la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social-, de conformidad con el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con
los artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011
y el artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; como entidades responsables en el nuevo marco institucional, de (i) diseñar,
implementar, ejecutar y otorgar las diferentes medidas de reparación integral
para las víctimas del conflicto interno armado de que trata esa ley, (ii)
coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
de que tratan los artículos 159 a 174 de la misma normativa, y (iii) de
responder por el programa de indemnización por vía administrativa, y (iv) atendiendo al régimen de transición establecido por el
artículo 155 del Decreto 4800 de 2011; que aplique a los actores el Decreto
1290 de 2008, con el fin de que se reconozca y pague a los accionantes
desplazados por la violencia que interpusieron las siguientes acciones de
tutela, a título de la indemnización administrativa de que trata el artículo
5to del Decreto 1290 de 2008 y por núcleo familiar, en un plazo que no exceda
los treinta (30) días a partir de la notificación de la presente sentencia, las
siguientes sumas de dinero:
i). T-2.405.734: Al señor Jorge Iván
Cortés Reinoso y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
ii). T-2.448.283: A la
señora Meris Luz Robles y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Así mismo, la Sala ordenará que de conformidad con la
Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, las anteriores sumas se paguen de
forma adicional y no sean acumuladas ni descontadas del subsidio de vivienda de
que trata el parágrafo 5to del artículo 5 del Decreto 1290 de 2009.
11.4.7 Igualmente
la Sala ordenará al Gobierno Nacional en cabeza del hoy el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad en la que se
transformó la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social-, de conformidad con el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con
los artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011
y el artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; como entidades responsables en el nuevo marco institucional, creado por la Ley
1448 de 2011, de diseñar, implementar, ejecutar y otorgar las diferentes
medidas de reparación integral para las víctimas del conflicto interno armado
de que trata esa ley y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la
misma normativa, que en su calidad de responsables de coordinar el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de desplazamiento,
que respecto de los accionantes dentro de los presentes procesos de tutela se
adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con la normatividad
actualmente vigente, para la reparación integral, entre ellas la protección y
restitución de los bienes inmuebles - tierras y viviendas usurpadas y
despojadas- y de los bienes muebles; las medidas de rehabilitación y las
garantías de no repetición, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011.
En
este sentido, la Sala ordenará al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de la presente decisión, previa consulta con
los accionantes, inicie las gestiones necesarias para incluirlos en los
diferentes programas y proyectos de restitución de tierras, de rehabilitación,
de satisfacción y garantías de no repetición, con un enfoque de derechos
y enfoque diferencial, con garantías de participación, con el fin de que estos
accionantes logren una reparación integral por parte del Estado.
11.4.8
Dentro de las demandas presentadas en los procesos T-2.442.144, T-2.467.095,
T-2.467.096, T- 2.469.820, los accionantes hacen una narración de los
hechos que ocasionaron el desplazamiento al que se vieron abocados, los cuales
acaecieron en el corregimiento El Paraíso, jurisdicción del municipio de
Pivijay, en el departamento del Magdalena.[122]
De otra parte, en las demandas
obrantes en los expedientes radicados bajo los números T-2.412.831,
T-2.415.526, T- 2.417.298, T-2.421.131, T-2.421.141, T-2.458.851, T-2.463.382,
T- 2.463.383, T- 2.483.756, T-2.533.416, se hace referencia a los hechos
que tuvieron lugar en Bocas de Aracataca o “Trojas de Cataca”, jurisdicción del
municipio de Pueblo Viejo, en la Cienaga Grande del Magdalena.[123]
Según se señala en las demandas,
la investigación de los hechos antes descritos cursa en la Fiscalía Quinta
Especializada de Santa Marta radicada bajo el No. 14445 y el juicio en el
Juzgado Único Penal Especializado de Santa Marta.
(i) Por lo anterior y en aras de
garantizar una posible reparación por vía judicial y la conexión entre el
derecho a la reparación integral y el derecho a la justicia, la Corte, en la
parte resolutiva de esta sentencia, solicitará a la Fiscalía General de la
Nación-Seccional Magdalena, que remita informe a la Sala Especial de
Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de esta Corporación sobre el estado
actual de las investigaciones iniciadas o adelantadas por los hechos de
desplazamiento denunciados y acaecidos en  el corregimiento El Paraíso,
jurisdicción del municipio de Pivijay y por los hechos de desplazamiento
ocurridos en el corregimiento de Bocas de Aracataca, jurisdicción del municipio
de Pueblo Viejo, en la Cienaga Grande, ambos en el departamento del Magdalena,
de que tratan los expedientes referidos anteriormente.
(ii) Así
mismo, la Corte solicitará a la Fiscalía General de la Nación, que dentro del
ámbito de sus competencias constitucionales y legales y de conformidad con lo
ordenado por la Corte en el Auto 08 de 2009, realice la investigación
prioritaria, oportuna y eficaz de todos los casos de desplazamiento forzado que
hayan sido puestos en conocimiento de la antigua Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y hayan dado lugar a la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD-.
(iii) A
efectos de facilitar la labor de la Fiscalía General de la Nación, la Corte
ordenará al Director del hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social-, y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación, en armonía con lo ordenado en el Auto 08 de 2009, que
envíe a la Unidad de Justicia y Paz y de Desplazamiento Forzado de la Fiscalía
General de la Nación, copia de la información que repose en su poder, acerca de
los casos y hechos relativos a la comisión del delito de desplazamiento forzado
que fueron declarados ante las personerías municipales, remitidos a la antigua
Acción Social y que dieron lugar a las inscripciones correspondientes en el
Registro Único de Población Desplazada –RUPD-, con el fin de que se inicien o
se impulsen las investigaciones correspondientes por estos hechos en la Fiscalía,
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales.
Estas medidas
se encuentran orientadas a que el Gobierno Nacional garantice  la articulación
entre los componentes de reparación integral y de justicia para la población
víctima del desplazamiento forzado.
(iv) De otra
parte, la Sala exhortará al Procurador General de la Nación para que, en
ejercicio del artículo 277 de la Constitución Nacional y en armonía con lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, intervenga y
ejerza vigilancia sobre los procesos judiciales que se inicien o que se
adelanten en relación con los hechos relativos al delito de desplazamiento
forzado en general y específicamente en los procesos en que fueron víctimas los
accionantes en los presentes procesos de tutela y ejerza vigilancia sobre la
implementación de la Ley 1448 de 2011.
(v) Así mismo, la Sala comunicará la presente decisión
al Defensor del Pueblo para que, dentro del ámbito de sus competencias, y en
armonía con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011, asista legalmente a los
accionantes en el trámite del reconocimiento y pago de las indemnizaciones por
vía administrativa cuyo cumplimiento se ordena en esta sentencia y de la
implementación de la Ley 1448 de 2011.
11.4.9 Con el fin de
garantizar el derecho a la igualdad de las víctimas de desplazamiento forzado
interno, esta decisión  tendrá efectos inter comunis, con el fin de cobijar
situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así como
para garantizar una respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad
de personas que se encuentran en la misma situación fáctica, en particular
cuando se trata de la asignación de recursos limitados.
Así, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Corporación puede modular los
efectos de sus sentencias en materia de tutela otorgando efectos “inter
comunis” a las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor
proteja los derechos constitucionales y garantizar la integridad y supremacía
de la Constitución. En este sentido, esta Sala ha establecido que los efectos inter
comunis se adoptan con el fin de proteger los derechos de todos los
miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho,
en condiciones de igualdad.
A este respecto, la Corte ha
sostenido que existen circunstancias en las cuales la protección de los
derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse extensiva a otras
personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela o que habiendo
acudido no son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero que sin
embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de derecho similares o
análogas a las de los actores. En estos casos, ha establecido esta Corporación
que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario
para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los
accionantes y que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe
suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos
fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre
que (i) estas personas se encuentren en condiciones comunes, similares o
análogas a las de quienes sí hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de
protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata,
en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
Por lo tanto, la Sala en la parte
resolutiva de esta sentencia otorgará efectos inter comunis a la
presente decisión, en los términos señalados en el numeral 11.2.6.2, párrafos
(v) y (vi), para los casos de solicitudes de indemnización administrativa que: (i) se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 1448 de 2011 y en virtud del Decreto 1290 de 2008; (ii) hayan sido
negadas sin la observancia debida del procedimiento para el reconocimiento y
aplicación de la reparación individual por vía administrativa, señalados en el
capítulo IV, artículo 20 y ss. del citado decreto y los parámetros
constitucionales para la interpretación del mismo por la anterior Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; y (iii)
respecto de las cuales se hayan interpuesto acciones de tutela, por los mismos
motivos que se alegaron en las tutelas presentadas por los accionantes dentro
de los presentes expedientes.
11.4.10 Teniendo en cuenta
que es la primera vez que a través de una sentencia de unificación de su
jurisprudencia, la Corte fija el sentido y alcance del artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto
hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la
jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la
ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de
tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección
constitucional. Lo anterior, en armonía con lo resuelto en la sentencia C-099
de 2013.
11.4.11 Así mismo, con el fin de garantizar el derecho a la
información, el acompañamiento y la asesoría jurídica a las víctimas de
desplazamiento forzado en materia de reparación integral, la
Corte ordenará al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social-, y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación; y exhortará a la Procuraduría General de la Nación y a
la Defensoría del Pueblo; para que por intermedio del Ministerio Público, dentro
del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, instruyan a
todos los agentes de las respectivas entidades para que: (i) a las víctimas de
desplazamiento forzado que presentaron solicitudes antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1448 de 2011, se les informe debidamente sobre el régimen de
transición que prevé el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011; (ii) a las
víctimas que todavía no han presentado sus solicitudes se les informe sobre el
marco normativo previsto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios;
(iii) a las nuevas víctimas de desplazamiento interno, al momento de su
declaración, se les informe (a) sobre la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, (b) se les tome información sobre bienes inmuebles y muebles
abandonados, (c) se les informe sobre su derecho a la reparación integral y
sobre los diferentes mecanismos para garantizar el goce efectivo de ese dercho
y se adelanten las acciones de asesoría jurídica de las víctimas de
desplazamiento forzado, de conformidad con sus competencias constitucionales y
legales, para el reconocimiento y otorgamiento de las diferentes medidas de
reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado, de conformidad
con lo previsto por la Ley 1448 de 2011.
11.4.12 En relación con el seguimiento al cumplimiento
de las órdenes impartidas en esta sentencia, la Corte determinará que de
conformidad con el artículo artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, el cual estipula que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que
esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.”[124],
la competencia para el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia
estará a cargo de esta Corporación, que para tales efectos y tratándose de un
tema de desplazamiento forzado, designará a la Sala Especial de Seguimiento en
materia de desplazamiento forzado para su posterior seguimiento.
A fin de
realizar el seguimiento correspondiente a las órdenes impartidas en esta
sentencia, la Corte ordenará al Gobierno Nacional, que envíe un informe
consolidado a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de
la Corte Constitucional, dentro del término de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, en donde se informe a esta
Corporación sobre el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas y los efectos inter
comunis de la misma.
11.4.13 Con
el fin de garantizar la coadyuvancia en este proceso de seguimiento, la Corte
solicitará a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención
Integral a la Población Desplazada, realizar el seguimiento al cumplimiento de
las órdenes emitidas en esta providencia judicial.
Así mismo, la
Corte solicitará a los organismos de control, Procuraduría General de la
Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República, que
contribuyan a realizar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas
en esta sentencia, en relación con la indemnización administrativa y reparación
integral a víctimas del desplazamiento forzado.
Igualmente, la
Corte invitará a los organismos internacionales que trabajan en la defensa de
los derechos humanos de la población desplazada en Colombia, como la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur-,  la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
el Consejo Noruego para los Refugiados, así como a otros organismos
internacionales, para que contribuyan en el proceso de seguimiento al
cumplimiento de las órdenes dadas mediante esta sentencia en materia de
indemnización administrativa y reparación integral a las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia.
11.4.14 Respecto a las
medidas presupuestales que para dar cabal cumplimiento al presente fallo
deberán adoptarse, la Corte determinará que en caso de que las entidades
responsables del pago de la indemnización por vía administrativa a los
beneficiarios de las medidas adoptadas en la presente sentencia, es decir, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, no
hayan dispuesto la partida presupuestal correspondiente para tal efecto, el
pago efectivo de este concepto se deberá hacer con cargo al rubro que
corresponda al programa destinado para la reparación integral a las víctimas,
como quiera que, aunque por regla general la acción de tutela no tiene carácter
indemnizatorio, para el goce efectivo del derecho a recibir la indemnización
administrativa como parte de una reparación integral, se hace necesario el pago
concreto del monto ordenado.
11.4.15 Finalmente, la Sala
levantará la medida cautelar provisional contenida en el Auto 270 de la
Sala Plena de esta Corporación calendado a treinta (30) de junio de dos mil
diez (2010), mediante la cual se ordenó a la entonces Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, respecto de
los presentes procesos de tutela y análogos o similares, que a partir del
momento en el cual se comunicara a dicha entidad el mencionado  Auto y hasta
cuando la Corte dictara la presente sentencia de unificación respecto de los
asuntos ahora acumulados, con efectos inter comunis, suspendiera el
cumplimiento de cualquier orden de pago relativa a la indemnización de
perjuicios ocasionados a víctimas del desplazamiento forzado que hubiere sido
emitida con ocasión de una acción de tutela o de un incidente de liquidación de
perjuicios ordenado por los jueces de tutela con base en el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido por las sentencias
T-085 y T-299 de 2009.
Por consiguiente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales,
RESUELVE
PRIMERO.-
CONSTATAR la vulneración del derecho a la reparación integral de las
víctimas de desplazamiento forzado, a los actores dentro de los procesos de
tutela ahora acumulados, y por tanto la ausencia de garantía del goce efectivo
de éste derecho, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE los siguientes fallos proferidos dentro de los expedientes de
tutela acumulados en el presente proceso de revisión, en cuanto CONCEDEN
la acción de tutela con el fin de proteger el derecho a la reparación integral
vía administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado:
1. T-
2.406.014: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar, del veintisiete (27) de
julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
2. T- 2.406.015: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Valledupar – Cesar, del veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009), en
cuanto tuteló el derecho a la reparación de los accionantes.
3. T- 2.407.869: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto del Circuito Administrativo de
Valledupar – Cesar, del veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), en
cuanto tuteló el derecho a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
4. T- 2.417.727: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar – Cesar, del veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), en
cuanto tuteló el derecho a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
5. T-
2.420.402: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del veinticuatro (24) de agosto de
dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la
reparación de la accionante y su núcleo familiar.
6. T-
2.417.729: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Cuarto del
Circuito Administrativo de Valledupar – Cesar, del veintidós (22) de julio de
dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho a la reparación de
la accionante y su núcleo familiar.
7. T-
2.442.144: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Pivijay – Magdalena, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil
nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho a la justa indemnización, y
al pronto, adecuado y efectivo resarcimiento de los daños causados por el
conflicto armado y por el desplazamiento forzado.
8. T- 2.438.590: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Valledupar – Cesar, del primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009), en
cuanto resolvió tutelar el derecho a la reparación.
9. T-
2.412.831: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ciénaga – Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió tutelar los derechos a la vida, a no ser sujeto de
tratos crueles ni torturas, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a circular libremente y al debido proceso, consagrados en la
Constitución Política en los artículos 11, 12, 15, 16, 24, 25 y 29, así como
los derechos a la protección judicial y a la reparación y justa indemnización,
consagrados en los artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
10. T-
2.415.526: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Ciénaga – Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió tutelar los derechos de los accionantes a la vida, a
no ser sujeto de tratos crueles ni torturas, a la intimidad, al libre
desarrollo de la personalidad, a circular libremente y al debido proceso,
consagrados en la Constitución Política en los artículos 11, 12, 15, 16, 24, 25
y 29, así como los derechos a la protección judicial y a la reparación y justa
indemnización, preestablecidos en los artículos 25 y 63 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
11. T- 2.417.298: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió tutelar el derecho de los accionantes a la justa indemnización.
12. T-
2.421.131: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Ciénaga – Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho de los accionantes a la justa
indemnización.
13.
T-2.421.141: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Ciénaga – Magdalena, del diez (10) de julio de dos mil nueve
(2009), en cuanto resolvió tutelar el derecho de los accionantes a la justa
indemnización.
14. T-
2.458.839: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, calendada el
veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar
el derecho a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
15. T-
2.458.848: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del veintisiete
(27) de julio de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación de la accionante y de su núcleo familiar.
16. T- 2.458.851:
confirmar parcialmente el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ciénaga – Magdalena, del treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009), en
cuanto resolvió tutelar los derechos a la vida, a no ser sujeto de tratos
crueles ni torturas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a
circular libremente y al debido proceso, consagrados en la Constitución
Política en los artículos 11, 12, 15, 16, 24, 25 y 29, así como los derechos a
la protección judicial y a la reparación y justa indemnización, preestablecidos
en los artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
17. T-
2.459.980: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el
derecho a la reparación de la accionante y su núcleo familiar.
18. T- 2.463.382: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió tutelar el derecho a la justa indemnización.
19. T- 2.463.383: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga –
Magdalena, del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió amparar el derecho fundamental a la justa indemnización de los
accionantes.
20. T- 2.463.524: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar – Cesar, del dos (2) de agosto de dos mil nueve (2009),
en cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la
accionante y su núcleo familiar.
21. T- 2.467.079: confirmar parcialmente la
sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
– Cesar, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto
resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la accionante y su
núcleo familiar.
22. T- 2.467.095: confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Fundación – Magdalena,
del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió
tutelar el derecho de los accionantes a la justa reparación.
23. T-
2.467.096: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Penal del
Circuito de Fundación – Magdalena, del catorce (14) de septiembre de dos mil
nueve (2009), en cuanto resolvió conceder la tutela presentada por los
accionantes y, en consecuencia, tutelar el derecho a la justa reparación.
24. T-
2.467.097: confirmar parcialmente el fallo del Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del diez  (10) de septiembre de
dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho a la reparación de
la accionante.
25. T-
2.467.098: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del diez (10) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación de la accionante.
26. T-
2.469.820: confirmar parcialmente el fallo del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Pivijay – Magdalena, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil
nueve (2009), en cuanto resolvió conceder el amparo constitucional invocado por
violación al derecho fundamental a una justa indemnización y al pronto, adecuado
y efectivo resarcimiento de los daños causados por el conflicto armado y por el
desplazamiento forzado.
27. T- 2.474.803: confirmar parcialmente el
fallo de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala de decisión penal, que mediante providencia del veinte (20) de
octubre de dos mil nueve (2009), resolvió revocar el fallo del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Ibagué, del veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve
(2009), en el cual se resolvió negar por improcedente el amparo constitucional
invocado, y en su lugar amparar los derechos fundamentales del accionante, que
le corresponden como víctima de la violencia desarrollada por los grupos
armados al margen de la ley.
28. T- 2.480.620: confirmar parcialmente la
sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar – Cesar, del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), en
cuanto resolvió amparar el derecho fundamental a la reparación de la accionante
y su núcleo familiar.
29. T-
2.482.447: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del treinta (30) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
30. T- 2.482.448: confirmar parcialmente el
fallo del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar –
Cesar, del cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar
el derecho fundamental a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
31. T-
2.482.449: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del cinco (5) de
octubre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
32. T-
2.482.450: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar – Cesar, del treinta (30) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en cuanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la reparación del accionante y su núcleo familiar.
33. T-
2.483.756: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ciénaga – Magdalena, del veinticuatro (24) de septiembre de dos
mil nueve (2009), en cuanto resolvió tutelar los derechos a la vida, a no ser
sujeto de tratos crueles ni torturas, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a circular libremente y al debido proceso, consagrados en la
Constitución Política en los artículos 11, 12, 15, 16, 24, 25 y 29, así como
los derechos a la protección judicial y a la reparación y justa indemnización,
preestablecidos en los artículos 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
34. T-
2.525.296: confirmar parcialmente el fallo de segunda instancia del
Tribunal Administrativo de Magdalena, del 29 de octubre de 2009, en cuanto
decidió revocar el fallo de primera instancia del Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta, que negó el amparo solicitado en fallo proferido
el 27 de agosto de 2009, y en su lugar decidió conceder la protección al
considerar que la acción de tutela es procedente para que las personas en
condición de desplazamiento presenten sus solicitudes, pues éste es el medio
más expedito para lograr la protección especial a la que tienen derecho.
35. T-
2.533.416: confirmar parcialmente el fallo de la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, del
20 de octubre de 2009, en cuanto decidió revocar el fallo de primera instancia
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, que mediante sentencia
del 13 de agosto de 2009 negó el amparo solicitado, y en su lugar concedió el
amparo.
36. T-
2.559.145: confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chiriguaná – Cesar, del 30 de diciembre de
2009, en cuanto concedió el amparo solicitado.
37. T-
2.541.232: confirmar parcialmente la sentencia de segunda instancia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Martha Sala Civil – Familia, del veintisiete (27) de Octubre de dos mil nueve
(2009), en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cienaga – Magdalena,
calendada el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009), mediante la cual se
concedió el amparo solicitado a la accionante y a su núcleo familiar.
38. T-2.926.327: confirmar
parcialmente el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, del siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), en cuanto
confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cúcuta, del dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010), que
amparó el derecho fundamental a una indemnización justa e inmediata de los
demandantes y sus núcelos familiares.
TERCERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE los siguientes
fallos de tutela, en cuanto en ellos se ordena incluir o inscribir a los
accionantes en los programas existentes para el reconocimiento y pago de las
indemnizaciones:
1. T-
2.469.820: fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay – Magdalena, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil
nueve (2009), en cuanto resolvió ordenar al representante de Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a incluir a la señora
Eloisa María Retamozo de Ramírez y a su familia, en los programas de asistencia
de la población afectada por el conflicto armado y las indemnizaciones por los
daños causados.
2. T- 2.474.803: fallo de segunda instancia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de decisión penal,
del veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009), en cuanto ordenó a Acción
Social que realizara los trámites pertinentes para que el accionante sea
efectivamente inscrito en un lapso no superior a quince (15) días en el
programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley y de tal manera pudiera acceder a la
ayuda que normativamente le correspondiera otorgada por el Gobierno Nacional.
CUARTO.- REVOCAR PARCIALMENTE los fallos de tutela
confirmados parcialmente en el ordinal segundo de esta sentencia, proferidos
dentro de los expedientes de tutela que se enumeran a continuación, en cuanto
en ellos se decidió condenar en abstracto a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, hoy transformada
en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al pago de los
perjuicios ocasionados con el desplazamiento forzado, de conformidad con
el monto que fijara la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con
fundamento en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991:
Expedientes:
T- 2.406.014, T- 2.406.015, T- 2.407.869, T- 2.417.727,
T-
2.417.729, T- 2.420.402, T- 2.442.144, T- 2.438.590, T- 2.412.831,
T-
2.415.526, T- 2.417.298, T- 2.421.131, T- 2.421.141, T- 2.458.851,
T-
2.458.839, T- 2.458.848, T- 2.459.980, T- 2.463.382, T- 2463.383,
T-
2.463.524, T- 2.467.079, T- 2.467.095, T- 2.467.096, T- 2.467.097,
T-
2.467.098, T- 2.480.620, T- 2.482.447, T- 2.482.448, T- 2.482.449,
T-
2.482.450, T- 2.483.756, T- 2.525.296, T- 2.533.416, T- 2.541.232,
T-
2.559.145, T-2.926.327.
QUINTO.- REVOCAR
TOTALMENTE las sentencias proferidas dentro de los siguientes expedientes de
tutela:
1. T- 2.405.734: revocar totalmente la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá – Sala de Decisión Penal, que mediante providencia del diez (10) de
agosto de dos mil nueve (2009), resolvió confirmar el fallo de primera
instancia del Juzgado 51 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, del
veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), mediante el cual se resolvió
negar por improcedente el amparo constitucional a la reparación.
2.
T-2.448.283: revocar totalmente la sentencia de segunda instancia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, del veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), en la que
se resolvió confirmar el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo
del Magdalena, del veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009), mediante
la cual se resolvió rechazar por improcedente la solicitud de tutela.
SEXTO.- En lugar de los apartes de las
sentencias revocadas parcialmente en esta providencia (i) NEGAR la indemnización en abstracto
prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991; y en su lugar (ii) ORDENAR al hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social–, de conformidad con el artículo 170
de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad
con los artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011, y
el artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; como entidades responsables en el
nuevo marco jurídico-institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus
decretos reglamentarios, encargadas de diseñar, implementar, ejecutar y otorgar
las diferentes medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la Ley 1448
de 2011, y de otorgar la indemnización administrativa a las víctimas de
desplazamiento de conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y el
artículo 155 del Decreto 4800 de 2011; que paguen a los tutelantes
desplazados por la violencia que interpusieron las siguientes acciones de tutela,
a los cuales se les aplica el régimen de transición previsto por el artículo
155 del Decreto 4800 de 2011, a título de la indemnización de que trata el
artículo 5to del Decreto 1290 de 2008 y por núcleo familiar, en un plazo que no
exceda los treinta (30) días contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, las siguientes sumas de dinero:
1. T- 2.406.014: al señor Saín Aguilar Chogo y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. T- 2.406.015: a la señora Nellis Vergel Cañizares y su núcleo
familiar veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. T- 2.407.869: al señor Fernando Rodríguez Navarro veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4. T-
2.417.727: al señor Martín Hernández Palencia veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
5. T- 2.420.402: a la señora Fermina Acuña Pérez y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
6. T- 2.417.729: a la señora
Hermides Vega Sarabia y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
7. T- 2.442.144: al señor
Rafael Enrique Cantillo de León veintisiete (27) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
8. T- 2.438.590: a la señora
Juana Bautista Carmona Lozada y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
9. T-
2.412.831: al señor Abel Enrique Camargo Santana y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
10. T- 2.415.526: a la
señora Nathalie Yoana Pérez Reales y su núcleo familiar veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
11. T- 2.417.298: a la
señora Enith María Cantillo Lara y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
12. T-
2.421.131: al señor Carlos Alberto González Garizabalo veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
13. T- 2.421.141: a la
señora Ana María Moreno Pertuz y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
14. T-
2.448.283: al señor Geblum Alfonso Pardo Arvilla y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
15. T- 2.458.839: al señor
Eudes Hernández Vergel y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
16. T- 2.458.848: a la
señora Isabel Jiménez Salas y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
17. T- 2.458.851: a la
señora Celedonia Esther Camargo Martínez y su núcleo familiar veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
18. T-
2.459.980: a la señora Vilma Esther Pedroza Marín y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
19. T- 2.463.382: al señor
Pedro Antonio Cantillo Bravo y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
20. T- 2.463.524: a la
señora Gregoria Carolina Tellez Arias y su núcleo familiar veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
21. T- 2.467.079: a la
señora Eraida Mier Mojica y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
22. T- 2.467.095: a la
señora Inés María Rodríguez Beltrán veintisiete (27) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
23. T- 2.467.096: a la
señora Josefa de León de Cantillo veintisiete (27) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
24. T- 2. 467.097: a la
señora María Eugenia Camacho Cantillo y su núcleo familiar veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
25. T- 2.467.098: a la
señora Millis Beatriz Guerra y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
26. T-
2.469.820: a la señora Eloisa María Retamozo de Ramírez y su núcleo
familiar veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
27. T-
2.474.803: al señor Yeiner Camilo Ordóñez Cabrera y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
28. T-
2.480.620: a la señora Eunise del Socorro Arzuaga y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
29. T-
2.482.447: al señor César Modesto Osorio Montenegro y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
30. T-
2.482.448: a la señora Mary Ruth Maestre Maestre y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
31. T-
2.482.449: al señor José Antonio Pertuz Puche veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
32. T-
2.482.450: al señor José María Maestre Maestre y su núcleo familiar
veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
33. T-
2.483.756: al señor José Inocente Morales Mendoza veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
34. T-
2.559.145: a los señores Manuel Vicente Solorzano y Edilma Isabel Benjumea
Vides, en su nombre y en el de su núcleo familiar, veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
35. T- 2.525.296: a los señores Fanny Luz Acosta Fuentes y Jhon Nolse Grisales
Osorio, actuando en nombre propio y en el de sus hijos, veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
36. T-
2.533.416: al señor Víctor Pascual Meléndez Borrero, veintisiete (27)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
37. T-
2.541.232: a la señora Cayetana Isabel Suárez Retamozo y su núcleo
familiar, veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
38. T-2.926.327: a los señores (as) Carmen Daniel Velandia Pérez,
Robinson Velandia López, Deibis Velandia López, Tatiana Velandia López, María
Yaneth Ortega Gelvez, Yuri Alexander Pérez Ortega, Neily Fernanda Durán
Ramírez, Isidro Antonio Quintero Carrascal, Mercedes Esquivel, Raúl Mendoza
Vargas, Jhoner García Arevalo, Luz Mery García Arévalo, Yanid García Arévalo,
Cecilia García Arévalo, Carmen Rosa García Arévalo, Jamer García Arévalo, Jorge
Eliécer Flórez Ramírez, Ilva Neris Benítez Díaz, Elba Ludy Velásquez Flórez,
Yidi Smith Velásquez Benítez, David Velásquez Campos, Braulio Rodríguez
Cárdenas, Pedro Elías Moreno Solano, Silvina Pabón, Pedro Antonio Romero,
Aniceta Buitrago, Karen Elena Alean Buitrago,  Yajaira  Isabel Alean Buitrago,
Leddy Yurany Ortega Guerrero,  José de los Santos Vera Valero, María Cecilia
Quintero Ropero, José Ignacio Sánchez Cáceres, Marleny Gelvez Pabón, Carlos Noe
Lozano Urquijo, Avelino Sandoval Becerra, Ana María Gallo, Dulcinea Montenegro
Rojas, Giovanny Blanco  Rubio, Jasmín Pérez Lozano, Martha Cecilia Cárdenas
Lozano, Janeth Reyes Santiago, José Manuel Barraza Ospino, Elizabeth Ramírez
Mancilla, José Alexander Bolívar Páez, Olinda Castañeda de Hernández, Javier
Hernández Moreno Castilla, Shirley Yuraniz Hernández Ferrer, Freddy Bolívar
Páez, Rosana Grimaldo Gualdrón, Alfredo Pérez Bautista, Yolanda Liones
Otalvares, Humberto Arenas Rodríguez, María Isabel Arenas Berbesi, José Alfredo
Villamizar Flórez, Rosalba Contreras Albarracín, Javier Alexi Mendoza Ortega,
Fernelis Elías Ibarra Baquero, Gloria Gómez Gómez, Didier Fabián Mateus Gómez,
Leidy Lorena Mateus Gómez, Apolinar Suárez Urbina, Lucrecia Castellanos García,
Gabriel Ángel Garay Prado, Elba Rosa Madarriaga Aguilar, Jesús Alexis Garay
Madarriaga, Edison Garay Madarriaga, Carmen Yolanda Delgado Portilla,  Oscar
Portilla Delgado, Eduardo Portilla Delgado, Martha Yaneth Portilla Delgado, Luz
Mery Portilla Delgado, Ana Lidia Portilla Delgado, Uriel Portilla Delgado y sus núcelos familiares, veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que esta suma, por concepto de indemnización administrativa no se descuente del
subsidio de vivienda de que trata el parágrafo 5to del artículo 5 del Decreto
1290 de 2009, de conformidad con la Constitución Política, la jurisprudencia de
esta Corporación, el principio de diferencialidad entre las medidas de atención
y asistencia social, por un lado, y por el otro, las medidas  de reparación,
consagrado en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 154 del
Decreto 4800 de 2011, y de conformidad con la interpretación del propio
Gobierno Nacional de las normas relativas al pago de la indemnización
administrativa.
SEPTIMO.- En lugar de las sentencias revocadas
totalmente (i) CONCEDER la acción de tutela de que tratan los siguientes
expedientes y proteger el derecho a la reparación integral de los accionantes
víctimas de desplazamiento forzado, y en consecuencia, (ii) ORDENAR al hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, de conformidad con el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto
4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con los artículos 166 y 168
de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011, y el artículo 146 del Decreto
4800 de 2011; como entidades responsables en el nuevo marco
jurídico-institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, encargadas de diseñar, implementar, ejecutar y otorgar las
diferentes medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto interno
armado y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la Ley 1448 de 2011, y
de otorgar la indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento de
conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 155 del
Decreto 4800 de 2011; que paguen a los accionantes desplazados por la
violencia que interpusieron las siguientes acciones de tutela, a título de
indemnización administrativa de que trata el artículo 5to del Decreto 1290 de
2008 y por núcleo familiar, en un plazo que no exceda los treinta (30) días a
partir de la notificación de la presente sentencia, las siguientes sumas de
dinero:
1. T- 2.405.734: al señor Jorge Iván
Cortés Reinoso y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
2. T- 2.448.283: a la
señora Meris Luz Robles y su núcleo familiar veintisiete (27) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que esta suma por concepto de indemnización administrativa no se descuente del
subsidio de vivienda de que trata el parágrafo 5to del artículo 5 del Decreto
1290 de 2009, de conformidad con la Constitución Política, la jurisprudencia de
esta Corporación, , el principio de diferencialidad entre las medidas de
atención y asistencia social, por un lado, y por el otro, las medidas  de
reparación, consagrado en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo
154 del Decreto 4800 de 2011, y de conformidad con la interpretación del propio
Gobierno Nacional de las normas relativas al pago de la indemnización
administrativa.
OCTAVO.- ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–, de conformidad con el artículo 170 de la Ley
1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; y a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con los
artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011, y el
artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; como entidades responsables en el nuevo
marco jurídico-institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, encargadas de diseñar, implementar, ejecutar y otorgar las
diferentes medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la Ley 1448 de 2011, y
de otorgar la indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento
forzado de conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo
155 del Decreto 4800 de 2011; que respecto de los accionantes dentro de
los presentes procesos de tutela, se adopten todas las restantes medidas de
reparación integral, de conformidad con la normatividad actualmente vigente
contenida en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente
el Decreto 4800 de 2011, para la garantía de la reparación integral a las
víctimas, tales como la protección y la restitución de sus bienes inmuebles –tierras y viviendas usurpadas y despojadas– y de los bienes muebles, y medidas de satisfacción o
reparación simbólica, de rehabilitación y garantías de no repetición.  En este sentido ORDENAR al hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, antigua Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional –Acción Social–, y a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de
los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente decisión,
previa consulta con los accionantes y de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y
el Decreto 4800 de 2011, inicie las gestiones necesarias para incluirlos
conjuntamente con su núcleo familiar, en los diferentes programas y proyectos
de reparación, para garantizar la restitución de tierras, la rehabilitación,
la satisfacción, la reparación simbólica, y las garantías de no repetición, con
un enfoque de derechos y enfoque diferencial, con medidas de participación, a
fin de que estos accionantes logren una reparación integral por parte del
Estado.
NOVENO.- SOLICITAR a la
Fiscalía General de la Nación – Seccional Magdalena,
con el fin de garantizar la conexidad entre los derechos de las víctimas a la
reparación, a la verdad y a la justicia, que remita informe a esta Corporación
sobre el estado actual de las investigaciones iniciadas o adelantadas por los
hechos de desplazamiento denunciados y acaecidos en el corregimiento El
Paraíso, jurisdicción del municipio de Pivijay, de que tratan los expedientes T-
2.442.144, T- 2.467.095, T- 2.467.096 y T- 2.469.820; y por los
hechos de desplazamiento ocurridos en el corregimiento de Bocas de Aracataca,
jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, en la Cienaga Grande, de que tratan
los expedientes T- 2.412.831, T- 2.415.526, T- 2.417.298, T- 2.421.131,
T- 2.421.141, T- 2.458.851, T- 2.463.382, T- 2.463.383, T-
2.483.756 y T- 2.533.416, ambos en el departamento del
Magdalena.
DÉCIMO.- REMITIR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, copia de los
presentes expedientes de tutela acumulados a la Unidad de Justicia y Paz y de
Desplazamiento Forzado de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que
se inicien o se impulsen las investigaciones o los procesos penales a que haya
lugar, de manera prioritaria, oportuna y eficaz, y
dentro del ámbito de las competencias constitucionales y legales de ese órgano
de investigación, respecto de los casos de desplazamiento forzado que
dieron lugar a las presentes acciones de tutela, relativos
al delito de desplazamiento forzado de que fueron víctimas los accionantes. SOLICITAR
a la Unidad de Justicia y Paz y de Desplazamiento Forzado de la Fiscalía
General de la Nación, en aras de garantizar la conexidad entre los
derechos de las víctimas a la reparación, a la verdad y a la justicia, que envíe a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004 de la Corte Constitucional, dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notificación de la presente sentencia, información sobre las investigaciones
que se inicien o se adelanten en relación con los hechos de desplazamiento de
que tratan los expedientes de la referencia.
DÉCIMO PRIMERO.- SOLICITAR a la Fiscalía General de la
Nación, igualmente con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la
reparación, a la verdad y a la justicia, la investigación prioritaria, oportuna
y eficaz de todos los casos de desplazamiento forzado que hayan sido puestos en
conocimiento de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social-, hoy transformada en el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, así como de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que hayan dado
lugar a la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD- o en
el Registro Único de Víctimas.  SOLICITAR a la Fiscalía General de la
Nación, que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de este
fallo, envíe un informe consolidado a la Sala Especial de Seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional sobre todas las
investigaciones relativas al delito de desplazamiento forzado que hayan sido o
estén siendo adelantadas por ese organismo de investigación.
Así mismo, SOLICITAR
a la Fiscalía General de la Nación que envíe a la Corte Constitucional informes
consolidados y periódicos cada seis (6) meses, respecto de los avances en
materia de investigación penal respecto de casos de desplazamiento forzado en
el país.
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a los Directores(as) del hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social-, y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, que envíen a la Fiscalía General de la Nación copia de
la información que repose en su poder, acerca de los casos y hechos relativos a
la comisión del delito de desplazamiento forzado que fueron declarados ante las
personerías municipales, remitidos a la Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, y a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que dieron
lugar a las inscripciones correspondientes en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD- o en el Registro Único de Víctimas, con el fin de que se
inicien las investigaciones penales correspondientes por estos hechos
delictivos en la Fiscalía, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales
y legales otorgadas a este ente investigador.
DÉCIMO
TERCERO.- EXHORTAR al Procurador General de la
Nación para que, en ejercicio del artículo 277 de la Constitución Nacional,
intervenga y ejerza vigilancia sobre los procesos judiciales que se inicien o que
se adelanten en relación con los hechos relativos al delito de desplazamiento
de que fueron víctimas los accionantes en los presentes procesos de tutela y en
general respecto de las víctimas de desplazamiento forzado en el país, así como
para que ejerza vigilancia sobre la implementación de la Ley 1448 de 2011.
DÉCIMO CUARTO.- EXHORTAR a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que
adelanten las acciones de asesoría jurídica a favor de las víctimas de
desplazamiento forzado, de conformidad con sus competencias constitucionales y
legales, para su inclusión en los diferentes proyectos y programas, y el
reconocimiento y otorgamiento de las diferentes medidas de reparación integral
que se ordenan en esta providencia.
DÉCIMO QUINTO.- SOLICITAR al Defensor del Pueblo para que, dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, asista legalmente a los accionantes en
relación con el trámite del reconocimiento y pago de las indemnizaciones por
vía administrativa cuyo cumplimiento se ordena en esta sentencia, y con la
inclusión y garantía efectiva de las diferentes medidas de reparación de que
trata la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente el
Decreto 4800 de 2011, y ejerza vigilancia a la implementación de la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios.
DÉCIMO SEXTO .- ORDENAR al hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-,  y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas;
y EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo; para que por intermedio del Ministerio Público, dentro del mes
siguiente a la notificación de la presente providencia, instruyan a todos los
agentes de las respectivas entidades (i) para que se les informe a las víctimas
de desplazamiento forzado que presentaron solicitudes antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011, sobre el régimen de
transición que prevé esta última normativa, la cual remite al Decreto 1290 de
2008; (ii) para que a las víctimas que todavía no han presentado sus
solicitudes se les informe sobre el marco normativo previsto por la ley 1448 de
2011; (iii) para que al  momento de la declaración de nuevas víctimas de
desplazamiento interno: (a) se les informe sobre la Ley 1448 de 2011 y sus
decretos reglamentarios, especialmente del Decreto 4800 de 2011, y se les tome
información relevante para la restitución de tierras y bienes inmuebles o
muebles; (b) se les informe sobre su derecho a la reparación integral y los
mecanismos para su garantía; y (c) para que adelanten las acciones de
asesoría jurídica de las víctimas de desplazamiento forzado, de conformidad con
sus competencias constitucionales y legales, para el reconocimiento y
otorgamiento de las diferentes medidas de reparación integral, de conformidad
con lo previsto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
DÉCIMO
SÉPTIMO.- DETERMINAR que de conformidad con el artículo 27
del Decreto 2591 de 1991, el cual estipula que “el juez (…) mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas
las causas de la amenaza.”[125],
la competencia para el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia
estará a cargo de esta Corporación, que para tales efectos y tratándose de un
tema de desplazamiento forzado, designará a la Sala Especial de Seguimiento en
materia de desplazamiento forzado.
DÉCIMO
OCTAVO.- ORDENAR al Gobierno Nacional, que con el fin de realizar el
seguimiento de que trata la orden anterior, envíe un documento consolidado a la
Corte Constitucional, dentro del término de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de esta sentencia, en donde se informe a esta Corporción
sobre el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas, de la efectividad de los
efectos inter comunis de esta sentencia, y sobre la implementación de la
Ley 1448 de 2011 en relación con la reparación integral a la población víctima
de desplazamiento forzado.
DÉCIMO
NOVENO.- SOLICITAR a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de
Atención Integral a la Población Desplazada, realizar el seguimiento al
cumplimiento de las órdenes emitidas en esta providencia judicial, y al avance
en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, en
relación con la reparación integral a la población desplazada, para lo cual
podrá enviar informes consolidados y periódicos a la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, cada seis
(6) meses, a partir de la notificación de la presente sentencia.
VIGÉSIMO.-
SOLICITAR a los organismos de control, Procuraduría General de la Nación,
Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República, que contribuyan a
realizar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
sentencia, en relación con la indemnización administrativa y la garantía de las
diferentes medidas de reparación integral a la población desplazada, y envíen
para tales efectos informes consolidados y periódicos a la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional sobre la
evaluación de dicho seguimiento.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- INVITAR a los organismos internacionales que trabajan en la
defensa de los derechos humanos de la población desplazada en Colombia, como la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-,  a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, al Consejo Noruego para los Refugiados, así como a otros organismos
internacionales, para que contribuyan en el proceso de seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente sentencia y en la
implementación de la Ley 1448 de 2011 en relación con el goce efectivo de los
derechos a la reparación integral, a la verdad y a la justicia, de las víctimas
de desplazamiento forzado en el país, para lo cual podrán, dentro del ámbito de
sus competencias y de sus respectivos mandatos, enviar informes consolidados y
periódicos a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la
Corte Constitucional sobre la evaluación de dicho seguimiento.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- OTORGAR EFECTOS INTER COMUNIS  a la presente decisión, para aquellos casos
análogos o similares de solicitudes de indemnización administrativa y
reparación integral de víctimas de desplazamiento forzado que (i)
se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de
2011 y en virtud del Decreto 1290 de 2008; (ii) hayan sido negadas por la
anterior Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, sin la observancia debida del procedimiento para el
reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía administrativa,
señalados en el capítulo IV, artículo 20 y ss. del citado decreto y los
parámetros constitucionales para la interpretación del mismo; y (iii) respecto
de las cuales se hayan interpuesto acciones de tutela, por los mismos motivos
que se alegaron en las tutelas presentadas por los accionantes dentro de los
presentes expedientes, de conformidad con lo expuesto en el numeral 11.2.6.2,
párrafos (v) y (vi) de la parte considerativa de esta sentencia. Lo anterior, con el fin de garantizar que de
conformidad con las órdenes contenidas en
esta sentencia, se proteja el derecho a la reparación integral vía
administrativa de la población víctima de desplazamiento forzado en el país.
VIGÉSIMO TERCERO.- LEVANTAR
la medida cautelar provisional emitida en el auto 270 de la Sala Plena de la
Corte Constitucional calendado el treinta (30) de junio de dos mil diez (2010),
mediante la cual se ordenó a la entonces Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, respecto de los
presentes procesos de tutela y análogos o similares, que a partir del momento
en el cual se comunicara a dicha entidad el mencionado  auto y hasta cuando la
Corte dictara la presente sentencia de unificación respecto de los asuntos
ahora acumulados, con efectos inter comunis, suspendiera el cumplimiento
de cualquier orden de pago relativa a la indemnización de perjuicios
ocasionados a víctimas del desplazamiento forzado que hubiere sido emitida con
ocasión de una acción de tutela o de un incidente de liquidación de perjuicios
ordenado por los jueces de tutela con base en el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991, y de conformidad con lo establecido en las sentencias T-085 y T-299 de
2009.
En consecuencia, ORDENAR
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
Víctimas, que proceda de manera inmediata a realizar las gestiones y
actuaciones necesarias para el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas, en
relación con el pago de la indemnización administrativa y la garantía de los
demás componentes de reparación integral, de conformidad con la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente del Decreto 4800 de 2011.
VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros proceso
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los
términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la
ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de
tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y
debilidad manifiesta.
VIGÉSIMO QUINTO.- ORDENAR que para el pago efectivo de los montos indemnizatorios
por vía administrativa, en caso de que las entidades responsables del
pago de los mismos a los beneficiarios de las medidas adoptadas en la presente
sentencia, es decir, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
Víctimas, no hayan dispuesto la partida presupuestal correspondiente para tal
efecto, el pago se haga con cargo al rubro que corresponda al programa
destinado para la reparación integral a las víctimas.
VIGÉSIMO SEXTO.- ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se notifique la presente
sentencia mediante la publicación de su parte resolutiva en un diario de amplia
circulación nacional e igualmente que se entregue copia de la misma a
los medios masivos de comunicación social.
Por Secretaría General LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración de voto
LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALEXEI
JULIO ESTRADA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
A LA SENTENCIA SU254/13
REPARACION PARA POBLACION DESPLAZADA-Estado tiene el deber de adoptar medidas de
asistencia social o servicios sociales pero no tiene el deber de hacerlo con un
mayor contenido prestacional del que  tienen el resto de la población que se
encuentra en estado de desigualdad y vulnerabilidad (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-2.406.014 AC.
Acción de tutela contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Actores:
Carlos Alberto González Garizabalo y otros.
Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Aclaro mi voto frente a la
Sentencia de unificación SU-254 de 2013, aprobada por la Sala Plena en sesión
del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), por las razones que a
continuación expongo:
1. Concuerdo en que las
obligaciones del Estado en materia de reparación son diferentes a las relativas
a la ayuda humanitaria, a las medidas de asistencia social o a los servicios
sociales. No obstante, discrepo de la afirmación de que las medidas de
asistencia social o los servicios sociales, en tanto impliquen un mayor
contenido prestacional al que se otorga a las demás personas respecto de
quienes se adoptan o se prestan, según sea el caso, “no pueden de ninguna
manera ser asimilables a las medidas de reparación”.
2. Mi discrepancia no se funda en
el estado de desigualdad o vulnerabilidad de los desplazados, que justifica su
atención prioritaria. Se funda en que al no ser los desplazados, en tanto
víctimas, las únicas personas en estado de desigualdad o vulnerabilidad y, por
tanto, destinatarios exclusivos de medidas de asistencia social o servicios
sociales, si las medidas o servicios dirigidas o prestados a ellos tienen un
contenido prestacional mayor al que se brinda a las demás personas que también
se encuentran en estado de desigualdad y vulnerabilidad, no se pueda siquiera
considerar que el plus, valga decir, el contenido prestacional superior al
normal y común en estos eventos, sea asimilable a una medida de reparación.
3. El Estado tiene el deber de
adoptar medidas de asistencia social o servicios sociales en beneficio de la
población desplazada, pero no tiene el deber de hacerlo con un mayor contenido
prestacional al que tienen dichas medidas o servicios en beneficio del resto de
la población que se encuentra en estado de desigualdad y vulnerabilidad.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
[1] 1. Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social -; 2. Ministerio
del Interior y de Justicia; 3. Comisión Nacional para la Reparación y la
Reconciliación; 4. Comisión de Seguimiento a la Política Pública para la
atención integral a población desplazada; 5. Defensoría del Pueblo; 6.
Procuraduría General de la Nación; 7. Universidad de los Andes; 8. Universidad
Nacional de Colombia; 9. Universidad Javeriana; 10. Universidad Santo Tomás;
11. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia-; 12.
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes;
13. Comisión Interclesial de Justicia y Paz; 14. Comisión Colombiana de
Juristas; 15. Cruz Roja Internacional –CICR-; 16. Centro Internacional para la
Justicia Transicional –ICTJ-; 17. Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados – ACNUR-; 18. Organizaciones de población
desplazada, de mujeres, niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas, de
comunidades afrodescendientes, de personas con discapacidad, y personas de la
tercera edad, que han venido realizando seguimiento a la política pública de
atención integral a población desplazada.
[2]En el auto de pruebas la Corte fijó el siguiente
cuestionario:
“1.
¿Cuáles serían los principios que se deberían privilegiar en el diseño e
implementación de una política administrativa de reparación integral a víctimas
del desplazamiento forzado en Colombia?
2.
¿Cuáles elementos o aspectos de la reparación integral a víctimas de
desplazamiento forzado no se encuentran cobijados o deberían estar incluidos en
las  disposiciones contenidas en ley 975 de 2005, las leyes 418 de 1997, 548 de
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y, el Decreto 1290 de 2008?
3.
¿Cuál sería la especificidad y limitación de la reparación vía administrativa
frente a la reparación vía judicial, y cuáles serían sus implicaciones
recíprocas?
4.
¿Cuál debería ser el fundamento, el carácter y el alcance de la responsabilidad
del Estado por el desplazamiento forzado con fines a la reparación vía
administrativa?
5.
¿Cómo debería operar el registro único de población desplazada –RUPD- a efectos
de probar la condición de víctima de desplazamiento forzado? Así mismo, ¿cómo
debería operar el reconocimiento de las personas y población desplazada como
víctimas de un delito con causas asociadas al accionar de diferentes tipos de
actores?
6.¿Cuál
debería ser el alcance del reconocimiento del daño causado a las personas y la
población víctima del desplazamiento forzado y las formas de sopesar y de tasar
el daño a reparar – daño material e inmaterial- que por vía administrativa se
debe conceder a las personas y población víctima de desplazamiento forzado? En
este contexto: ¿Cuál es el alcance del daño emergente y del lucro cesante para
la reparación administrativa, solicitada a través de la acción de tutela?
7.
¿Cuál debería ser la vinculación jurídica o conexión externa entre el derecho a
la reparación integral y el derecho a la verdad y a la justicia? En este
contexto: ¿Es posible entender, diseñar e implementar una política de
reparación administrativa a las víctimas del desplazamiento de manera autónoma
al derecho a la verdad y a la justicia?
8.
¿Cómo debería ser la conexión interna entre los diferentes componentes de la
política pública de atención integral a población desplazada y el componente de
reparación integral a esta población, teniendo en cuenta que algunos mecanismos
de reparación se refieren a la restitución de bienes inmuebles como tierras y
vivienda, los cuales ya constituyen componentes de la política pública de
atención integral a población desplazada? En este contexto: ¿Cuál sería el enfoque
reparador de los componentes de la política pública de atención integral a
población desplazada?
9.
¿Cuál debería ser el alcance de la reparación material e inmaterial, individual
y colectiva de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia?
10.
¿Cuáles podrían ser los mecanismos y formas de reparación integral vía
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado, como por ejemplo,
restitución, indemnización, compensación, satisfacción, rehabilitación,
participación, garantía de no repetición, y reparación simbólica, entre otros;
y cuáles serían las formas de incorporación de estos mecanismos y formas de
reparación en el diseño e implementación en el caso colombiano? En este
contexto: ¿Cómo y cuáles deberían ser los lineamientos de una política de
reparación integral vía administrativa para el diseño e implementación de cada
uno de estos mecanismos?
11.
¿Cómo debería darse la inclusión del enfoque diferencial en los diferentes
mecanismos y formas de reparación integral vía administrativa, con el fin de
reparar integral y prioritariamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes,
personas y comunidades indígenas, personas y comunidades afrodescendientes,
personas con discapacidad, adultos mayores o personas de la tercera edad, entre
otros?
12.
¿Cómo debería darse la coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y las
diferentes entidades territoriales para alcanzar la reparación integral vía
administrativa con el diseño e implementación de cada una de las formas y
mecanismos reparadores, tales como restitución, rehabilitación, garantías de no
reparación, reparación simbólica, etc., así como para lograr la inclusión del
enfoque diferencial en cada una de ellas?
13.
¿Cuáles deberían ser las instancias administrativas encargadas de desarrollar
una política integral en materia de reparación administrativa a la población
víctima del desplazamiento forzado?"
[3] Conforme a: Principio Pinheiro 21.1; Principio 20 de Principios
básicos sobre el derecho a obtener reparaciones; jurisprudencia de la Corte IDH. Ver también:
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
[4] Ver: Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Auto
116 de 2008, Magistrado Ponente, Dr. Manuel Cepeda Espinosa, Bogotá, 13 de
mayo de 2008, Orden novena (indicador
estructural general relativo a los derechos de la población desplazada en su
condición de víctimas).
[5] Ver: Informes “Política de tierras para la
población desplazada: propuesta de lineamientos en el marco de las órdenes del
auto 008 de 2009" entregados por la Comisión de Seguimiento a la Corte
Constitucional en junio 30 de 2009 y noviembre 1 de 2009. En efecto, las
funciones que podría desempeñar este Alto Comisionado en alguna medida serían
análogas desde el punto de vista funcional, a la que actualmente desempeña la
Alta Consejería para la Reintegración.
[6]
Comisión de Seguimiento, Una propuesta en torno a un sistema integrado de
corresponsabilidad (SIC), Lineamientos de política para una reglamentación de
la coordinación entre la nación y las entidades territoriales en el marco de la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, Informe
entregado a la Corte Constitucional, Bogotá, enero de 2010.
[7] Ver en este sentido, http://www.colectivodeabogados.org/DECRETO-REPARACION-ADMINISTRATIVA
[8]Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A/RES/60/147 del 16 de diciembre de 2005.
[9] Comisión de
Derechos Humanos, 11 de febrero de 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2.
[10]
Los siguientes son estractos tomados de la sentencia C-715 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Ver por ejemplo la Sentencia C-916/02, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, en donde
la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad en contra el  artículo
97 de la Ley 599 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código Penal”.
[12] Ver,
entre otras, las sentencias C-10 de 2000, T-1319 de 2001, C-228 y C-916 de
2002.
[13]
Aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1961.
[14]
Aprobado en Colombia mediante la Ley 65 de 1979.
[15] Cap VII No. 11 de los Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos  y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Resolución 60/147. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
adoptada el 16 de diciembre de 2007.
[16] Tal es así el impacto de
este hecho que no sólo está condenado en el ordenamiento nacional -El artículo
180 del Código Penal dispone que “el que de manera arbitraria, mediante
violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población,
ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia
incurrirá en prisión de…”- sino también en el ámbito internacional, El artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra
de 1949, adoptado mediante Ley 171 de 1994,  establece: “Prohibición de los
desplazamiento forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
[17] Así en la sentencia C-370 de 2006 esta Corporación
concluyó:
“4.5.1.
Sobre los Estados pesa una obligación de medio de prevenir los atentados contra
los derechos humanos internacionalmente protegidos, que implica la adopción de
medidas concretas dirigidas a impedir que esos atropellos sucedan. Esta
obligación puede ser llamada obligación de prevención.
4.5.2.
Además, el Estado tiene un deber de indagación respecto de tales violaciones;
ésta es también una obligación de medio y no de resultado; no obstante, si se
incumple se origina una situación de tolerancia a la impunidad, que significa
el incumplimiento de las obligaciones internaciones del Estado en materia de
justicia, y su subsiguiente responsabilidad internacional. Esta segunda
obligación puede ser llamada obligación de investigación.
4.5.3.
Al derecho de las víctimas a la protección judicial de los derechos humanos,  mediante
el ejercicio de un “recurso sencillo y eficaz”, en los términos de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, corresponde el
correlativo deber estatal de juzgar y sancionar las violaciones de tales
derechos. Este deber puede ser llamado obligación de procesamiento y sanción
judicial de los responsables de atentados en contra de los derechos humanos
internacionalmente protegidos.
4.5.4. Las obligaciones de investigar, procesar y
sancionar judicialmente los graves atentados en contra de los derechos humanos
internacionalmente protegidos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias,
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son incompatibles con
leyes o disposiciones de cualquier índole que dispongan respecto de estos
delitos amnistías, prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad.
Este tipo de leyes o disposiciones, por conducir a  la indefensión de las
víctimas y a la perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los
artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, y generan la responsabilidad internacional del
Estado. Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes “carecen de efectos
jurídicos”.
4.5.5. El deber estatal de investigar, procesar y
sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos no queda cumplido por el sólo hecho de
adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en un “plazo
razonable”. De otra manera  no se satisface el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad
de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.
4.5.6. La impunidad ha sido definida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como “la falta
en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la
Convención Americana”. Los estados están en la obligación de prevenir la
impunidad,  toda vez que propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. En
tal virtud están obligados a investigar de oficio los graves atropellos en
contra de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria, imparcial y
efectiva.
4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex officio las
investigaciones en caso de graves
atropellos en contra de los derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de
la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la
víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos probatorios.
4.5.8.
El hecho de que un Estado atraviese por difíciles circunstancias que dificulten
la consecución de la paz, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce que es el caso de Colombia, no lo liberan de sus obligaciones en
materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que emanan de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
4.5.9.
Las obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es
posible, la plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior a la violación”[17];
(ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que
además de garantizar el respecto a los derechos conculcados, tomadas en
conjunto reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la
indemnización compensatoria.
4.5.10. El derecho a la verdad implica que en cabeza
de las víctimas existe un derecho a conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron
los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen
por el Estado, y a que se prevenga la impunidad.
4.5.11. El
derecho a la verdad implica para los familiares de la víctima la posibilidad de
conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados contra el derecho a la
vida, en derecho a saber dónde se encuentran sus restos; en estos supuestos,
este conocimiento constituye un medio de reparación y, por tanto, una
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la
sociedad como un todo.
4.5.12. La sociedad
también tiene un derecho a conocer la verdad, que implica la divulgación
pública de los resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de
derechos humanos.” (Resalta la Sala). Sentencia
C-370 de 2006.
[18] De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos:  “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.”
[19] En sentido ha dicho la Corte Interamericana: “27. La
indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del
artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio
in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos
humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo
cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible
de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos
supuestos, es procedente acordar el pago de una “justa indemnización” en
términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible,
la pérdida sufrida.”Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Sentencia de 17 de agosto de 1990, Caso Velásquez Rodríguez.
[20] Ver entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Caso El Amparo, Reparaciones; Sentencia
de 19 de septiembre de 1996, Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones;
Sentencia de 29 de enero de 1997, Caso Caballero Delgado y Santana,
Reparaciones.
[21] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 10 de
septiembre de 1993, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones;  Sentencia de 17 de
agosto de 1990, Caso Velásquez Rodríguez; Sentencia de 21 de julio de 1989,
Caso Godinez Cruz, entre otras.
[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 17 de agosto
de 1990, Caso Velásquez Rodríguez; Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Caso
Aloeboetoe y otros, Reparaciones, entre otras.
[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 10 de
septiembre de 1993, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones; Sentencia de 17 de
agosto de 1990, Caso Velásquez Rodríguez; Sentencia de 29 de enero de 1997,Caso
Caballero Delgado y Santana.
[24]Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Caso
Aloeboetoe y otros, Reparaciones; entre otras.
[25]Sentencia
de 3 de noviembre de 1997, Caso Castillo Páez; Sentencia de 29 de enero de
1997, Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones, entre otras.
[26] Ver
caso comunidad Moiwana vs. Suriname, Caso Castillo Páez, y Caso
Velásquez Rodríguez, entre otros.
[27]A este respecto ha expresado esta Corporación:
“4.6. La Corte destaca con particular  énfasis, que las
anteriores conclusiones provienen de Sentencias de un Tribunal  internacional
cuya competencia  ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 superior
prescribe que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio para Colombia
y referente a derechos y deberes consagrados en la Constitución prevé la
existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la
interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por
ello, esta
Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la jurisprudencia de los
órganos judiciales creados mediante convenios sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. Así, por ejemplo, respecto de la jurisprudencia
sentada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia C-010 de 2000, se vertieron al
respecto los siguientes conceptos:
“Directamente
ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta
materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para
interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha
señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que
la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales
deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia
de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados,
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las
normas constitucionales sobre derechos fundamentales.” Sentencia C-370 de 2006. Ver
también sentencias C-406 de 1996, C-010 de 2000, entre otras
[28] Reviste especial
relevancia para este estudio el “Informe sobre el
proceso de desmovilización en Colombia”
del 13 de diciembre de 2004. Ver sentencia C-370 de 2006.
[29] Sobre
estándares aceptables en materia de reparación la Comisión afirmó:
“Los estándares aplicables
establecen que las medidas de alcance individual deben ser suficientes,
efectivas, rápidas y proporcionales a la gravedad del crimen y a la entidad del
daño sufrido y estar destinadas a restablecer la situación en que se encontraba
la víctima antes de verse afectada. Estas medidas pueden consistir en el
restablecimiento de derechos tales como el de la libertad personal, en el caso
de los detenidos o secuestrados; y el retorno al lugar de residencia, en el
caso de los desplazados. Asimismo, las víctimas que han sido despojadas de sus
tierras o propiedades por medio de la violencia ejercida por los actores del
conflicto armado tienen derecho a medidas de restitución.
“45. En el caso de crímenes que, por
sus características, no admiten la restitutio in integrum los responsables
deben compensar a la víctima o sus familiares por los perjuicios resultantes
del crimen. El Estado deberá esforzarse por resarcir a la víctima cuando el
responsable de la conducta ilícita no haya podido o no haya querido cumplir sus
obligaciones. Asimismo, la situación de la víctima puede requerir de la
adopción de medidas de rehabilitación tales como atención médica y psicológica,
servicios jurídicos y sociales de apoyo.
“46.
Las garantías generales de satisfacción requieren de medidas tendientes a
remediar el agravio padecido por víctima, incluyendo la cesación de violaciones
continuadas; la verificación de los hechos constitutivos de crímenes
internacionales; la difusión pública y completa de los resultados de las
investigaciones destinadas a establecer la verdad de lo sucedido, sin generar
riesgos innecesarios para la seguridad de víctimas y testigos; la búsqueda de
los restos de los muertos o desaparecidos; la emisión de declaraciones
oficiales o de decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la
reputación y los derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas;
el reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades; la
recuperación de la memoria de las víctimas; y la enseñanza de la verdad
histórica.”
[30]
Los siguientes son estractos tomados de la sentencia C-715 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Ver las
sentencias C-178, C-228, C-578, C-580, C-695 y
C-916 todas del 2002, las sentencias C-004 y C-228 de 2003, la
sentencia C-014 de 2004, las sentencias C-928, C-979 y C-1154
de 2005, las sentencias C-047, C-370, C-454, y
C-575 de 2006, la sentencia C-209 de 2007 y la sentencia
C-1199 de 2008, entre otras.
[32]  M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[33] Sentencia C-580 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil, con Salvamento
Parcial de Voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas
Hernández
[34] Sentencia C-370 de 2006, MMPP: Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, con salvamento
de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto
Antonio Sierra Porto, en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de
varias disposiciones de la ley de justicia y paz, que restringían sus derechos.
[35]M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[36] La Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que
las personas que ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran
en una situación tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a
la integridad psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel,
inhumano o degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake,
(Sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros, (Sentencia de
Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez, (Sentencia de noviembre 8 de
2000).
[37]
Los siguientes son estractos tomados de la sentencia C-715 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Ver
sentencias SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003, T-025
de 2004 y T-821 de 2007. Sobre el daño que causa el desplazamiento
forzado a efectos de la reparación, ver Saldarriaga Restrepo Esteban, El
desplazamiento forzado como paria. La Garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas del delito de desplazamiento frozado
en Colombia, en: Rodríguez Garavito Cesar (Coord.), Más allá del
desplazamiento. Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en
Colombia, Cijus, 2010.
[39] En relación con las teorías del daño ver Joel
Feinberg, Joel, Harm to others. The
Moral Limits of the Criminal Law. Volume I. New Cork: Oxfor University Press,
1987, págs. 31, 214; Mazeaud, Henri y
Tunc, André, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y
contractual. Tomo I. Buenos Aires: Ediciones Europa-America, 1961, pág. 293,
301-326, 385-422; Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de la responsabilidad
civil. Tomo II. Bogotá: Legis, 2007, pág. 335-469; y Saldarriaga Restrepo,
Esteban, El desplazado como paria. La Justicia y la Reparación de las víctimas
del delito de desplazamiento forzado en Colombia,  2010, pág. 328-329; entre
otros.
[40] Ver las sentencias T-417
de 2006, T-821 de 2007, T-085 y T-299 de 2009, entre muchas otras.
[41] Tal verdad comprende el
conocer los autores materiales e intelectuales, las circunstancias en que se
produjo el desplazamiento, las víctimas de ese delito, el lugar en que se
encuentran sus familiares desaparecidos, o asesinados, etc.
[42]Auto 218
de 2006, fundamentos jurídicos III.5.1. y III.5.2.
[43]Auto 092
de 2008, fundamento jurídico II.2.
[44]Auto 092
de 2008, fundamento jurídico IV.B.1.12.
[45]Ver auto
092 de 2008, fundamento jurídico IV.B.1.12
[46] “Décimo.-
ORDENAR al Director de Acción Social, en
coordinación con los Ministros del Interior y de Justicia, de Agricultura y
Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación,
después de un proceso de participación que incluirá, entre otras organizaciones
que manifiesten su interés, a la Comisión de Seguimiento, formular, a más
tardar para el 31 de agosto de 2009, una política de garantía a los derechos a
la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de la población
desplazada con los complementos que sean necesarios para corregir los vacíos
protuberantes en la materia, de conformidad con los lineamientos señalados en
los párrafos 99 a 103 del presente Auto, de tal manera que se ofrezca una
respuesta articulada y efectiva y se asegure el goce efectivo de los derechos
de la población desplazada en esta materia. El Director de Acción Social deberá
enviar a la Corte Constitucional el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de
2010, un nuevo informe sobre (i) las medidas adoptadas para superar los vacíos
o falencias protuberantes en materia de prevención del desplazamiento y de
garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no
repetición, y el cronograma de implementación, y (ii) el progreso con los
resultados alcanzados hasta el momento, de manera que sea posible apreciar que
se avanza de manera acelerada en la superación del estado de cosas
inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población
desplazada tanto en materia de prevención como de verdad, justicia, reparación
y no repetición.”
[47] Ver las sentencias
[48] Cfr. T-417 de mayo 25
de  2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[49]Cfr.Tal es así el
impacto de este hecho que no sólo está condenado en el ordenamiento nacional
-El artículo 180 del Código Penal dispone que “el que de manera arbitraria,
mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la
población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su
residencia incurrirá en prisión de…”- sino también en el ámbito
internacional, El artículo 17 del Protocolo Adicional de los
Convenios de Ginebra de 1949, adoptado mediante Ley 171 de 1994,  establece: “Prohibición
de los desplazamiento forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
[50]T-821-07.
[51] La comprensión del derecho a la reparación
manifestada en las nociones de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y las garantías de no repetición, se encuentran expresadas en el
Principio IX de reparación de los daños sufridos expuestos en la Resolución
60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16
de diciembre de 2007 que contiene los Principios y Directrices Básicos Sobre el
Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos  y de Violaciones Graves del Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[52] C-1199-08. La Corte Constitucional en la sentencia de
constitucionalidad mencionada analizó el segundo inciso del artículo 47 de la
Ley 975 de 2005 que reza: Los servicios sociales brindados por el gobierno a
las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación y por las consideraciones expuestas
resolvió declararlo inexequible.
[53] El artículo  8° de la
Ley 975 de 2005 consagra que el derecho a la reparación comprende la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 8o. DERECHO A LA REPARACIÓN. El derecho de
las víctimas a la reparación comprende las acciones
que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción;
y las garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la
víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios
causados por el delito.
La rehabilitación consiste en realizar las acciones
tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y
sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar
las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la
verdad sobre lo sucedido.
Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la
desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la
ley.
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a
favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la
preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos
victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción
sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se
prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática…” (Resalta la Sala).
[54] T-821-07.
[55] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-543
de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-04 de 1994 M.P. Jorge Arango
Mejía, T-033 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
T-375 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-403 de 1994, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-171 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-170 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 T-673 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[56] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-543
de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-04 de 1994 M.P. Jorge Arango
Mejía, T-033 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
T-375 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-403 de 1994, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-171 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-170 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 T-673 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[57] Sentencia T-403 del 14
de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo
[58] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-543
de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-04 de 1994 M.P. Jorge Arango
Mejía, T-033 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
T-375 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-403 de 1994, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-171 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-170 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 T-673 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[59] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[60] Ver al respecto las
sentencias C-1199/08 y C-575/06.
[61] Ver sentencia
T-188/07.
[62] Ver sentencia
T-299/09.
[63]
Sentencia 279-01
AC de 2001 S3. Sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil uno
(2.001). Reiterado en Sentencia 0032-01AC de 2003, y
sentencia0268-01 de 2003 S3 del 03/05/08. Mediantes estas decisiones el Consejo
protegió el derecho a la vida, vivienda y trabajo.
[64]
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006).
[65]
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis
(2006).Caso del desplazamiento de la Gabarra.
[66]
Sentencia 279-01
AC de 2001 S3. Sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil uno
(2.001).
[67]Ver
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3, Acción de Grupo iniciada por el
desplazamiento del corregimiento de La Gabarra;  y sentencia SI 00004-01 de
2007 S3, Acción de Grupo iniciada por el desplazamiento del corregimiento de
Filo Gringo.
[68]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú. Esto fue reiterado en la Sentencia SI 00004-01
de 2007 S3, Acción de Grupo por el desplazamiento del corregimiento de Filo
Gringo.
[69]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú.
[70]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú.
[71]
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006).
[72]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 Sección Tercera, Acción de grupo
adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento
La Gabarra del municipio de Tibú.
[73]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de Grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú.
[74] Sentencia SI 00004-01 de
2007 S3, Acción de Frupo por el desplazamiento del corregimiento de Filo
Gringo.
[75]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú.
[76] Sentencia SI 00004-01 de
2007 S3, Acción de Grupo por el desplazamiento del corregimiento de Filo
Gringo.
[77] Ver Sentencia 01472 - 01
de 2006, S3.
[78] Ver
Sentencia 01472 - 01 de 2006, S3.
[79] Así,
en el caso de la Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento causado por
la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, el Consejo de
Estado concluyó que “…de las pruebas que obran en el
expediente, que la incursión paramilitar en La Gabarra no sólo era previsible,
por haber sido anunciada públicamente por el jefe de esa organización criminal,
sino que, además, fue conocida por la autoridad policiva de la región, que
abusando de sus funciones contribuyó a la producción del hecho. E igualmente
puede considerar que en consideración al número de integrantes de la
organización criminal que se desplazaron hasta el lugar y los medios a través
de los cuales hicieron ese desplazamiento, el hecho pudo ser resistible, con
los efectivos militares que se encontraban en la región y con los que al mismo
hubieran podido llegar si la voluntad estatal hubiera estado encaminada a
confrontar eficazmente esa incursión.”
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3.
[80]En la
Acción de Grupo adelantada por el caso del desplazamiento ocasionado en el
corregimiento de Filo Gringo en la zona del Catatumbo, el Consejo de Estado
encontró que “… la respuesta del Estado frente a ese ataque contra la
población civil fue omisiva. Si bien está demostrado que se impartieron
órdenes, instrucciones y se organizaron operaciones militares, lo cierto es que
no se demostró que esas actuaciones hubieran estado dirigidas a impedir
eficazmente que el grupo delincuencial cumpliera las amenazas contra los
pobladores del corregimiento de Filo Gringo, amenaza que los obligó a
desplazarse del lugar donde tenían asentado su domicilio para tratar de salvar
sus vidas.
(…)
Por lo tanto, el
Estado es responsable de los daños sufridos por el grupo accionante, integrado
por las personas domiciliadas en el corregimiento Filo Gringo que debieron
desplazarse del lugar, por temor a perder sus vidas y que sufrieron los daños
materiales derivados de la destrucción de sus viviendas.”
En otro aparte
de esta mismo pronunciamiento expresó el Consejo de Estado: “[f]rente a esas
actuaciones de violencia, el Estado asumió una conducta omisiva, constitutiva
de falla del servicio, en tanto no adelantó ninguna acción militar de las proporciones
que esos actos de violencia ameritaban. El Estado tenía el monopolio de las
armas. Si éste hubiera decidido evitar la agresión del grupo paramilitar y
defender a la población civil, hubiera podido interrumpir el proceso causal
iniciado con la marcha del grupo de Autodefensas a la zona del Catatumbo y, en
particular contra los pobladores del corregimiento de Filo Gringo, quienes, se
insiste, ante la desprotección estatal no tuvieron alternativa diferente a
abandonar su domicilio para padecer las penurias del desplazamiento forzado.”
Sentencia
SI
00004-01 de 2007 S3.
Igualmente, en
el caso del desplazamiento de la Gabarra el Consejo de Estado concluyó la
responsabilidad patrimonial de la demandada, “porque con las pruebas que
obran en el expediente, se acreditaron el desplazamiento forzado a que se
sometió a la población y la falla en la prestación del servicio, por la omisión
de las autoridades públicas de cumplir su deber de protegerla, por cuanto no
adelantaron ninguna operación estratégica ni militar tendiente a impedir la
incursión paramilitar, a pesar de que tenían conocimiento previo de que ésta se
iba a producir y de que los violentos pasaron por los sitios donde se
encontraban instalados el batallón de contraguerrillas No. 46, Héroes de Saraguro
del Ejército y la estación de Policía de La Gabarra y sólo hicieron presencia
en el corregimiento al día siguiente de la toma, cuando ya se había consumado
la masacre de los pobladores y el desplazamiento forzado del grupo que hoy
demanda” Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3.
[81] En
el caso de La Gabarra el Consejo concluyó de las pruebas que obraban en el
expediente “que la incursión paramilitar en La Gabarra no sólo era
previsible, por haber sido anunciada públicamente por el jefe de esa
organización criminal, sino que, además, fue conocida por la autoridad policiva
de la región, que abusando de sus funciones contribuyó a la producción del
hecho. E igualmente puede considerar que en consideración al número de
integrantes de la organización criminal que se desplazaron hasta el lugar y los
medios a través de los cuales hicieron ese desplazamiento, el hecho pudo ser
resistible, con los efectivos militares que se encontraban en la región y con
los que al mismo hubieran podido llegar si la voluntad estatal hubiera estado
encaminada a confrontar eficazmente esa incursión, falta de interés que se hizo
evidente con las sucesivas masacres y homicidios selectivos cometidos en la
región del Catatumbo, inclusive en el mismo corregimiento de La Gabarra, con
posterioridad al desplazamiento de que trata este proceso.” Sentencia SI
00213-01 de 2006 S3.
[82]Ver
por ejemplo la sentencia SI 00213-01 de 2006 S3 mediante la cual
se decidió la Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento del
corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú.
[83]
Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp.
11.585.
[84] Así,
por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es
cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las
autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente
la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no
resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales
bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de
tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador
acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido
los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para
prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella
no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es
obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades
esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en
donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa
es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios
que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos
en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los
entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp.  N° 1564,
Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es
cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta
que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello
no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo,
las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con
las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la
consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma
más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las
avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando
una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se
estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere
significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de
tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa),
pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo
imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse
para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a
la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho”.
[85] En
sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: “...si bien es
cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado
social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo
tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en
multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social
en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o
conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario
obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones
de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada
cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado
constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone
un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla
del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en
otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro
para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse
una suerte de  exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia
presupuestal”.
[86]
Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3. Acción de Grupo adelantada por el
desplazamiento del corregimiento de Filo Gringo.
[87]Sentencia SI 00004-01 de
2007 S3.
[88]
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3.
[89]
Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3, Acción de grupo por el desplazamiento del
corregimiento de Filo Gringo.
[90]
Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú.
[91] Sentencia SI 00213-01 de
2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado
por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.
[92]Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3, Acción de Grupo adelantada por el
desplazamiento ocasionado en el corregimiento de Filo Gringo, zona del
Catatumbo.
[93]Sentencia
SI 00004-01 de 2007 S3. Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento
ocasionado en el corregimiento de Filo Gringo, zona del Catatumbo.
[94]Sentencia
SI 00004-01 de 2007 S3.Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento
ocasionado en el corregimiento de Filo Gringo, zona del Catatumbo.
[95] En
la Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento ocasionado en el
corregimiento de Filo Gringo, zona del Catatumbo, el Consejo de Estado
reconoció la destrucción de algunas viviendas y el daño material ocasionado por
dicha destrucción. En materia de prueba de dicho daño afirmó el Consejo: “Considera
la Sala que el reconocimiento que hizo la Red de Solidaridad Social por
destrucción de bienes a las personas relacionadas es prueba del daño que
sufrieron. Por lo tanto, se considera que las personas afectadas con los daños
a las viviendas relacionadas en la lista que suministró la Red de Solidaridad
Social son los propietarios de esos inmuebles o de las mejoras construidas
sobre los mismos.” Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3. Sentencia del quince
(15) de agosto de dos mil siete (2007).
[96] Así por ejemplo, en la Acción de Grupo adelantada por
el desplazamiento ocasionado en el corregimiento de Filo Gringo, zona del
Catatumbo, el Consejo de Estado afirmo que “… se advierte que no existe identidad entre
los datos que suministró el inspector municipal de Policía de El Tarra, al
Alcalde de esa misma localidad y la lista que elaboró la Red de Solidaridad
Social en relación con los inmuebles que fueron total o parcialmente destruidos
por el grupo de Autodefensas. Además, aunque la Red de Solidaridad Social
pretendió identificar los inmuebles afectados por su dirección y sus
propietarios o poseedores, los datos que suministró no permitan a la Sala
determinar ninguno de esos dos aspectos, razón por la cual dichas pruebas no
pueden ser tenidas en cuenta para establecer cuáles fueron los daños materiales
causados con el hecho de que trata esta acción.” Sentencia
SI 00004-01 de 2007 S3.
[97] Así por ejemplo el Consejo de Estado en el fallo de
la Acción de grupo
adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú,
declaró “patrimonialmente
responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO - POLICIA NACIONAL
por los perjuicios sufridos por quienes se vieron desplazados en forma forzosa
del corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander, con
ocasión de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999. || Segundo.
Condénase a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO-POLICIA NACIONAL a
pagar, a título de indemnización por el perjuicio moral, la suma ponderada
equivalente a trece mil doscientos cincuenta (13.250) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Cada uno de los integrantes del grupo que se relaciona en
el capítulo 3 de la parte motiva de esta sentencia, tendrá derecho a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. || Tercero. Esa suma será
entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y
será administrada por el Defensor del Pueblo.” Sentencia SI
00213-01 de 2006 Sección Tercera.
Así
también el Consejo de Estado reconoció la indemnización en el caso de las
víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento de Filo Gringo en la
región del Catatumbo, quienes acreditaron que tenían su domicilio o ejercían
allí su actividad económica habitual y se vieron forzados a emigrar de ese lugar,
como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en esa región del país
desde el 29 de mayo de 1999, la multiplicidad de hechos de violencia cometidos
contra sus pobladores y las amenazas de incursionar a ese corregimiento para
dar muerte a sus pobladores, a quienes señalaron como guerrilleros o
auxiliadores de dichos grupos. En este sentido el Consejo de Estado falló: “Primero: Declarar patrimonialmente responsable a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO-POLICIA NACIONAL por los perjuicios sufridos
por quienes se vieron desplazados en forma forzosa del corregimiento de Filo
Gringo, del municipio de El Tarra, Norte de Santander y la destrucción de las
viviendas de algunos de sus residentes, con ocasión de la incursión paramilitar
a ese corregimiento, anunciada meses atrás y cumplida efectivamente entre los
días 29 de febrero y 3 de marzo de 1999. || Segundo. Condénase a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO-POLICIA NACIONAL a pagar, a título de indemnización por el perjuicio
moral y la alteración a las condiciones de existencia, la suma ponderada
equivalente a veintiséis mil novecientos (26.900) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Cada uno de los quinientos treinta y ocho (538) integrantes
del grupo que figura en la lista elaborada en el punto 4.1. de esta sentencia
tendrá derecho a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ||
Tercero. Condénase a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO-POLICIA
NACIONAL a pagar, a título de indemnización por el perjuicio material, la suma
ponderada equivalente a 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cada
una de las personas relacionadas en el punto 4.2. de esta sentencia tendrá
derecho a una indemnización equivalente a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. || Cuarto. Esa suma será entregada al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de esta providencia y será administrada por el Defensor del
Pueblo.” Ver Sentencia SI 00004-01 de 2007
S3. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA.
[98] Sentencia SI 00213-01 de
2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento
causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.
[99]Sentencia
SI 00004-01 de 2007 S3, Acción de Grupo adelantada por el desplazamiento
ocasionado en el corregimiento de Filo Gringo, zona del Catatumbo.
[100] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla
[101] Se
demandaron apartes del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 que define el
concepto de victima, respecto de las expresiones que limitan las victimas a los
familiares en primer grado de consanguinidad, primero civil, o cuando la
victima se le hubiere dado muerte o estuviera desaparecida, por violación del
derecho a la igualdad, por cuanto excluye a otros familiares diferentes a los
previstos en la norma que pueden ser victimas y demostrar el daño, lo cual
viola la igualdad y contradice las normas internacionales en la materia, así
como la jurisprudencia sentada por la Corte en la sentencia C-370 de 2006,
relativa al artículo 5 de la ley 975 de 2005.
[102] Ver
particularmente los artículos 1°, 8° y 9° de la Ley 1448 de 2011.
[103] Entre
ellos el Penal, el Civil y sus respectivos códigos procesales y el Contencioso
Administrativo.
[104] En todo caso no deberá
existir acumulación entre los beneficios y prestaciones desarrollados por esta
ley y otros de igual contenido regulados por las leyes ordinarias. Para ello,
algunos de sus artículos relativos a las formas de reparación a que las
víctimas tendrán derecho contienen advertencias sobre la necesidad de descontar
las sumas previamente recibidas por el mismo concepto. Ver especialmente los
artículos 20, 59 y 133.
[105] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[106] En esta demanda se
acusa (i) la expresión “por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985”
del artículo 3 de la ley 1448 de 2011; (ii) la expresión “los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados victimas,
salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad” del parágrafo 2º del artículo 3º, y la expresión “directas por el daño
sufrido en sus derechos,,,, pero no como víctimas indirectas por el daño
sufrido por los miembros de dichos grupos” del mismo parágrafo 2º; (iii) la
expresión “para los efectos de la definición contenida en el presente artículo,
no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido und año en sus
derechos como consecuencia de actos de delincuencia común” del parágrafo 3º del
artículo 3; (iv) la expresión “por hechos ocurridos antes del 1º de enero de
1985, “simbólica” y “como parte del conglomerado social y sin necesidad de que
sean individualizados”; (v) y la expresión “1º de enero de 1991” contenida en
el artículo 75 de la ley 1448 de 2011, por violación del derecho a la igualdad
–art.13 CP-.
[107] M.P. Humberto Sierra Porto.  En esta sentencia se analiza el artículo 3 y el
artículo 75 de la ley 1448 de 2011, por violación del derecho a la igualdad,
por cuanto con las limitaciones temporales que prevé la norma para el
reconocimiento pleno de derechos a las víctimas, a partir del 1º de enero de
1985 y 1º de enero de 1991 para restitución de tierras, se deja por fuera una
gran cantidad de víctimas anteriores a dichos periodos para que tengan acceso a
la reparación económica y a la restitución de tierras. La Corte encontró
exequible estas disposicones acusadas.
[108] En
múltiples decisiones la Corte Interamericana se ha referido al alcance del
derecho a la verdad en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La
jurisprudencia relevante puede ser consultada en el aparte anterior de esta
decisión. Así por ejemplo, la Corte Interamericana en la Sentencia de 15 de
septiembre de 2005 Señaló, sobre el derecho de acceso a la justicia, el deber
de investigar y el derecho a la verdad, lo siguiente: “Este Tribunal ha
señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de
procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el
derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo
necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los
eventuales responsables.
[109] T-025
de enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-328 de mayo 4 de
2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[110] T-1094 de octubre 29 de 2004, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-328 de 2007.
[111] T-025
de 2004; T-328 de 2007.
[112]Ver las sentencias T-417
de 2006, T-222 de 2008, T-085 de 2009, T-190 de 2009, T-299 de 2009,  T-617 de
2009 y 458 de 2010, en donde la Corte se pronunció sobre la aplicación del
ahora derogado Decreto 1290 de 2008, y el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
[113]Ver Sentencias T-403
de1994 y T-299 de 2009.
[114] Ver De Greiff, Palbo, “Juistice and Reparations”,  P.
454;  Bolívar Jaime, Aura Patricia, Mecanismos de Reparación en perspectiva
comparada, pág. 76.
[115]Art. 23
de la Ley 975 de 2005.
[116]Ver
artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la Constitución Política.
[117] Ver sentencia
T-188/07.
[118] Ver sentencia
T-299/09.
[119] Sentencia T-299 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[120] Ver Actas de estas
Audiencias que reposan en la Secretaría General de esta Corporación.
[121] Efectos que se otorgarán a esta sentencia y que cobijará a todas las
solicitudes de indemnización administrativa realizadas por víctimas de
desplazamiento forzado, en cuanto: (i) se hayan presentado con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y en virtud del Decreto 1290 de
2008; (ii)  hayan sido negadas sin la observancia debida del procedimiento para
el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía
administrativa, señalados en el capítulo IV, artículo 20 y ss. del citado
decreto y los parámetros constitucionales para la interpretación del mismo, por
la anterior Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social; y (iii) respecto de las cuales se hayan interpuesto
acciones de tutela, por los mismos motivos que se alegaron en las tutelas
presentadas por los accionantes dentro de los presentes expedientes.
[122] Estos acontecimientos
tuvieron lugar a partir del 28 de mayo de 1997, al incursionar en esa zona un
grupo paramilitar al mando de alias “Esteban”, quien en los meses siguientes
sembrara el miedo y la incertidumbre en los habitantes de dicho corregimiento,
donde también ejercía control un grupo guerrillero. En este contexto, el 28 de
julio de 1999, en horas de la noche, los paramilitares se presentaron a la
finca Buenos Aires, en donde retuvieron a uno de sus residentes, trasladándolo
hacia otro lugar, junto con algunos miembros de esa comunidad, a quienes
torturaron y asesinaron bajo el señalamiento de que se trataba de colaboradores
de la guerrilla, provocando con esto el desplazamiento de gran parte de los
pobladores:  Asesinatos individuales y colectivos que se repitieron el 8 de
diciembre de 1999; el 12 de enero, el 4 de mayo, el 13 de julio y el 4 de
septiembre de 2000; el 16 de mayo, el 4 de septiembre y el 2 de diciembre de
2001.
[123] Estos acontecimientos
tuvieron lugar el 10 de febrero de 2000, cuando una tropa de ochenta
integrantes de un grupo paramilitar, según se dice, pertenecientes a la
denominada Compañía Walter Usuga,“vestidos con prendas de uso privativo de las
fuerzas militares, portando armas de corto y largo alcance, avanzado equipo de
comunicación, a bordo de cuatro (4) lanchas, en inmediaciones de Santa Rita, en
varios sitios del Caño El Renegado, por el que navegaban, y en la rivera,
ejecutaron salvajemente a cuatro personas.”  Los desconocidos recorrieron el
caserío a la vez que le decían a la gente que se trasladaran a la cancha de
microfútbol porque había una reunión.  Una vez allí, el jefe del grupo ordenó a
las mujeres  y  a los niños que regresaran a sus casas; pero los hombres se
quedaron y fueron trasladados a la iglesia, donde con lista en mano llamaron a
cuatro de ellos y los condujeron a la Inspección de Policía, lugar en el cual,
horas más tarde, fueron asesinados.  Al día siguiente liberaron a los retenidos
en la iglesia, después de haber saqueado todo el pueblo y despojado de sus
prendas de valor a los lugareños, amenazándolos con matarlos sino desocupaban
el pueblo en 24 horas.
[124] Sobre la competencia de
la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de
lo ordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver,
entre otros, los Autos 010 y 045 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también
la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[125] Sobre la competencia de
la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de
lo ordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver,
entre otros, los Autos 010 y 045 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también
la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.