T-135-13
Sentencia T-051/11
Sentencia T-135/13
OBRAS DE
DESARROLLO Y PROGRESO FRENTE A LA PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS
PERSONAS-Participación y concertación de personas afectadas por el desarrollo
de megaproyectos
El derecho a la participación de los grupos
de población potencialmente afectados por causa de un proyecto de tal índole,
constituye una de las formas en las que el Estado puede y debe prevenir que
visiones generales del “interés general” generen graves afectaciones en los
derechos de las personas. Al ejecutar una megaproyecto, el campesino, el
jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, se encuentra en un
verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Solo
con el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus
derechos. El derecho a la participación se encuentra previsto en la Constitución como una manifestación del
principio democrático del Estado Social de Derecho. Asimismo, se deriva del
artículo 2º de la Carta, que indica que, entre los fines esenciales del Estado,
se encuentra el “de facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación. En el mismo sentido, el artículo 40 constitucional consagra, para todo
ciudadano, el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político.
DERECHO A LA PARTICIPACION-Instrumentos internacionales
El derecho de
participación también está reconocido en el ámbito de los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos Por ejemplo, la Declaración Universal de
1948, en su artículo 21, dispone que toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes directamente
elegidos. En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos señala en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones
indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por representante libremente elegidos, a votar y ser elegido en
elecciones públicas, y a tener acceso a las funciones públicas. En el ámbito del
sistema interamericano,  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, consagra en los artículos 13, 20, 21 y 22, los derechos a ser parte de
las decisiones de quienes gobiernan, el derecho a reunirse y asociarse y a
presentar peticiones respetuosas. En el mismo contexto, el artículo 6º de la
Carta Democrática reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones
relativas a su propio desarrollo; y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 23 reconoce varios derechos políticos entre los cuales
se encuentra el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos.
DERECHO DE
PARTICIPACION-Espacios de concertación en diseño y desarrollo de
megaproyectos
CONSTRUCCION
DE REPRESAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS-Jurisprudencia
sobre las consecuencias en los derechos fundamentales de las personas
CONSTRUCCION
DE REPRESAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS-Declaraciones
por parte de ONGs respecto al impacto ambiental y social
COMISION
MUNDIAL DE REPRESAS-Identifica los daños ambientales y sociales más
importantes y da recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para evitar que
el desarrollo de grandes represas cause impactos negativos
CONSTRUCCION
DE REPRESAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS-Estudio del caso
latinoamericano por parte de la AIDA
CONSTRUCCION
DE REPRESAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS-Prevalencia del
interés general no puede ser pretexto para la violación de los derechos
fundamentales de las personas
La construcción de una gran represa implica el surgimiento
de una situación extraordinaria para el grupo de personas, que se enfrentan a
una modificación grande de sus vidas. Ese cambio, que surge por causa de una
decisión gubernamental,  que tiene que ver con una visión del interés general
(con ella se busca satisfacer las necesidades energéticas de todo el país),
amenaza por sí misma  derechos fundamentales de dichas personas y puede
ponerlos en situación de violación. Es bien sabido que la prevalencia del
interés general es un principio constitucional (artículo 1º de la Carta). Sin
embargo, también se sabe de sobra que la prevalencia de dicho interés no puede
ser pretexto para la violación de los derechos fundamentales de las personas. El grupo de derechos principalmente amenazados y
potencialmente violados, comprende, entre otros, el derecho (i) a tener una
vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, al (iv) trabajo y
a la (v) seguridad alimentaria. También existe, como se vio, un potencial
riesgo de afectación del (vi) derecho a un medio ambiente sano. Por último cabe
destacar que se puede afectar gravemente el derecho a la participación pública
efectiva, consagrado en los artículos 40-2 de nuestra Constitución y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención
Americana, que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
DERECHO DE
PARTICIPACION EN MATERIA AMBIENTAL-Debe analizarse cuáles comunidades se
verán afectadas con la ejecución de una obra que intervenga recursos naturales
No
solamente las autoridades ambientales tienen un especial grado de cuidado en
relación con la mitigación de los impactos sociales de la obra. Este deber
especial también atañe directamente a la empresa interesada en la obra. La
actividad que desarrollan implica un riesgo grave para muchas personas, por lo
que, aun antes de que empiece su ejecución, antes incluso de que se surta el
trámite de licenciamiento ambiental, deben prestar especial atención a la
salvaguarda del derecho a la participación pública efectiva, aunque no se esté
en una situación que invoque la realización forzosa de la consulta previa
prevista en convenio 169 de la OIT. deben analizarse cuáles son las comunidades
que se verán afectadas, y por ende, a quienes debe garantizársele los espacios
de participación y de concertación oportunos para la ejecución de determinada
decisión. Se recuerda entonces que,  cada vez que se vaya a realizar la
ejecución de una obra que implica la intervención de recursos naturales, los
agentes responsables deben determinar qué espacios de participación garantizar
según qué personas vayan a verse afectadas; si se trata de comunidades
indígenas o afrodescendientes, o si se trata de una comunidad, que a pesar de
que no entra en dichas categorías, su subsistencia depende del recurso natural
que se pretende intervenir, y en esa medida, también será obligatoria la
realización de espacios de participación, información y concertación, que
implican el consentimiento libre e informado.
DERECHO DE
PARTICIPACION-Vulneración por Empresa constructora de hidroeléctrica, al no
incluir a los accionantes en el censo de población afectada por la represa
Advierte la
Corte que en las siete demandas de tutela acumuladas habrá de otorgar el amparo
reclamado por los actores. Aplicando las reglas decantadas en las
consideraciones generales de esta sentencia –como se pasa a explicar a
continuación-, evidencia que existen suficientes elementos de juicio como para
considerar que efectivamente los actores en dichos procesos debieron ser
incluidos en el censo de población afectada por la represa de El Quimbo. De
manera general debe señalarse, en primer orden de ideas que no se constata en
el presente caso la existencia de un verdadero proceso de participación que
diera lugar a que se protegiera tal derecho de los aquí actores ni de un número
indeterminado de personas. En lo referente a la elaboración del censo mismo, no
considera la Sala que se hayan empleado los medios razonables para que la
participación pueda considerarse efectiva.  Elaborar unos listados y hacer unas
convocatorias por medios, que fue esencialmente lo que se hizo, resulta
insuficiente cuando hay muchos intereses de tantas personas de por medio, en
especial en sitios rurales donde las comunicaciones muchas veces son precarias.
DERECHO AL
TRABAJO, A LA VIDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
CONSTRUCCION DE MEGAPROYECTO-Orden a empresa constructora incluya en el
censo de población afectada por construcción de represa el Quimbo, y le sean
otorgados beneficios
Referencia: expedientes T-3490518, T-3493808,
T-3505191, T-3638910, T-3639886, T-3662191 y T-3670098 (acumulados)
Acciones de tutela interpuestas por los señores
Álvaro Lizcano Rodríguez (T-3490518), Rafael Antonio García Lotero (T-3493808),
José Darío Horta Sánchez (T-3505191), Luis Ernesto Cumbre González (T-3638910),
Reinel Castañeda Mayorga (T-3639886), Fermín Caballero (T-3662191) y Leonardo
Macías Sepúlveda (T-3670098), contra EMGESA S.A. E.S.P. y el Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con vinculación oficiosa de las
Corporaciones Autónomas  Regionales del Río Magdalena “CORMAGDALENA” y del Alto
Magdalena “CAM”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, la
Alcaldía y la Dirección de Justicia Municipal de Paicol y la Procuraduría
Ambiental y Agraria del Huila.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos proferidos así:
En el expediente T-3490518, en
primera instancia, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
de Neiva y, en segunda, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.
En los casos de referencia
T-3493808 y T-3505191, los fallos únicos de instancia proferidos, en ambos
procesos, por el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Gigante, Huila.
En
el expediente T-3638910, en primera instancia, por el Juzgado 1º
Promiscuo Municipal de Gigante y, en segunda, por el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Garzón, Huila.
En el asunto T-3662191, en única
instancia por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Gigante.
En los expedientes T-3639886 y
T-3670098, en primera instancia por el Juzgado 1º Civil Municipal de Gigante y,
en segunda instancia, por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Garzón.
I.
ANTECEDENTES.
1.     Hechos
motivo de las solicitudes de amparo.
En los siete procesos acumulados
por las Salas de Selección de Tutelas de esta Corte, mediante autos de catorce
(14), veintiocho (28) de junio, diez (10) y veinticuatro (24) de octubre de
2012, personas dedicadas a diferentes actividades –pescadores artesanales,
paleros, transportadores de carga y maestros de construcción- en la zona donde
se construye por parte de EMGESA S.A. E.S.P. el proyecto de la hidroeléctrica
de “El Quimbo”, reclaman la violación de sus derechos fundamentales, en especial
al mínimo vital y a la vida digna, por causa de la ejecución de tal obra.
Piden que se les incluya dentro del censo de población afectada por la
construcción, que se les indemnice y, en uno de los procesos acumulados, que se
suspenda definitivamente la obra, en especial la prevista desviación del río
Magdalena.
Para entender el contexto en el
que se presentan estas demandas, cabe señalar cuál es la naturaleza y el
desarrollo del proyecto hidroeléctrico denominado “El Quimbo”.
La obra fue adjudicada en junio
de 2008, por el Ministerio de Minas y Energía como resultado del proceso de
asignación de Obligaciones de Energía Firme[1],
de acuerdo con los parámetros dados por la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, CREG.
El objetivo de dicha concesión
fue, de manera general, garantizar el suministro de energía del país hasta el
2018. Así las cosas, en ese momento se autorizó la construcción de seis
plantas: Cucuana, Miel II, Porce IV, Sogamoso, Pescadero Ituango y El Quimbo,
otorgada a la empresa EMGESA S.A. E.S.P[2].
Dentro de las obligaciones
contraídas por la sociedad con el Gobierno Nacional se encuentra la
construcción de la hidroeléctrica, que debe entrar en funcionamiento en
diciembre de 2014 y tener una capacidad instalada de 400 megavatios. De acuerdo
con la información suministrada por EMGESA,  El Quimbo está localizado en la
cuenca alta del río Magdalena, 12 km aguas arriba del embalse de Betania, en el
departamento de Huila.
La represa aprovechará aguas de
los ríos Suaza y Magdalena, y cubrirá una superficie superior a 8500 hectáreas. Para tener una idea de la dimensión del embalse, el área a inundar equivale a una
cuarta parte de la superficie urbana de la ciudad de Bogotá. Esto es, como si
se cubriera con agua desde la Plaza de Bolívar hacia el norte hasta la calle
100 y hacia el occidente hasta Fontibón. Equivale al volumen de agua necesario
para cubrir más de tres veces la isla de San Andrés, del archipiélago del mismo
nombre. La inversión aproximada para su construcción asciende a US$
837.000.000. Se pretende que la hidroeléctrica abastezca  algo así como el 8%
de la demanda energética colombiana y que tenga una vida útil de cincuenta años[3].
La obra se desarrolla en
jurisdicción de los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira
y Paicol,[4]
todos en el Huila. Impacta, por ende, dos  de las cuatro subregiones del
departamento (subcentro y suboccidente).
Aquí, en estos municipios,  el
cultivo del café se combina con la siembra  de otras plantas como la achira o
sagú y con la ganadería de ceba. Hay piscicultura y existe explotación de
petróleo y de fosforita. Como lo evidencias las demandas de tutela presentadas,
también existe extracción de arena y pesca artesanal. En torno a estas
actividades se desarrolla la vida económica de los aproximadamente 150.000
colombianos que habitan en los municipios que derivan impacto de la
construcción de la represa “El Quimbo”.
En adición es de destacar que si,
al coger un mapa, se traza una línea imaginaria entre San Agustín y
Tierradentro, dos de los más renombrados lugares que son vestigio de culturas
precolombinas en el país, esta toca tangencialmente el área de impacto de la
hidroeléctrica. Lo anterior para señalar que la zona tiene un alto potencial
arqueológico, como lo han reconocido varios estudios que se han hecho en la
zona y[5]
el Congreso de la República desde 1931, mediante la ley 103 de ese año.
También es pertinente señalar que
las personas que habitan la región han sufrido los males estructurales de la
ausencia de una adecuada gestión estatal. Lo demuestra así el alto índice de
necesidades básicas insatisfechas de esos municipios, especialmente en las
zonas rurales, donde se encuentra entre el 34% (Tesalia) y el 52% (Paicol)[6]. Lo anterior
significa que la gente de los campos de estos pueblos tiene un limitado acceso
a bienes esenciales como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e
ingreso mínimo. Es sabido, en adición, que el departamento del Huila, en
general, y algunos de estos municipios en especial (Garzón fue objeto de una
toma en el año 2009) han sido especialmente maltratados por la violencia
guerrillera, presente en el área desde la década de los 50[7].  Son testimonio de lo
que los habitantes de la región sienten respecto de la construcción de El
Quimbo, los innumerables videos que al respecto[8]
se pueden consultar libremente en la red. Campesinos, pescadores, artesanos,
gente de todas las edades,  condiciones y razas  hablan de despojo, de abandono
y de pérdidas
Para proteger las enunciadas
riquezas, el proyecto surtió el proceso de descrito en la ley 99 de 1993 y
normas complementarias. Así, mediante resolución Núm. 899 de 15 de mayo de 2009[9], el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó la licencia
ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Este acto administrativo rescató
en sus consideraciones, entre muchísimos aspectos (es un extenso documento de
281 folios), el  principio de participación ciudadana en materia ambiental[10] y el de
igualdad en la determinación de las medidas de manejo del impacto ambiental.
En relación con la participación,
citó como fundamento principal el artículo 79 de la Carta, que señala que “Todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” Adicionalmente
trajo a colación las normas pertinentes de la ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y los principios de la Declaración de Río de Janeiro[11]. Quedó
escrita en la resolución, la siguiente conclusión de la autoridad ambiental:
“Así las
cosas, desde el inicio del trámite para el otorgamiento de la Licencia
Ambiental solicitada por EMGESA S.A. E.S.P., este Ministerio ha advertido la
importancia de la participación de la comunidad, y por consiguiente, ha
impuesto a la empresa una serie de exigencias encaminadas a que sean las
comunidades afectadas las actoras principales en el proceso de evaluación y
determinación de los impactos ambientales y de las correspondientes
compensaciones.
Este
Ministerio reitera, que la participación ciudadana no debe agotarse en la etapa
previa de evaluación de los impactos y determinación de compensaciones, sino
que debe garantizarse que a lo largo de la ejecución del proyecto se
desarrollen estrategias que involucren a los diferentes actores sociales en las
decisiones que puedan llegar a afectarlos.”[12]
En cuanto a la aplicación del
principio de igualdad en la determinación de las medidas de manejo del impacto
ambiental, consideró la autoridad ambiental:
“En
consecuencia, en virtud de la obligación constitucional en cabeza del Estado de
otorgar especial protección a la población vulnerable, este Ministerio, al
momento de determinar las medidas de compensación por el impacto ambiental en
el medio social, promoverá la adopción de mecanismos tendientes a mejorar en
forma sustancial la calidad de vida de aquellos grupos poblacionales que se
encuentren en una situación de especial vulnerabilidad en atención a su
condición física o económica.
Como se
dijo anteriormente, dentro del trámite de licenciamiento, este Ministerio debe
velar por el cabal respeto de los derechos fundamentales de las personas, entre
ellos el derecho a la igualdad. Por esta razón, al determinar las medidas de
compensación del impacto ambiental que el Ministerio impondrá al particular
beneficiario de una Licencia, el Ministerio debe asegurarse que dichas medidas
se impongan dando cabal cumplimiento del principio de igualdad anteriormente
analizado a profundidad.
Ahora bien,
en estricto cumplimiento al principio de igualdad que exige un trato igual
entre iguales y un trato desigual entre desiguales, este Ministerio, al
determinar
las medidas de compensación por el impacto ambiental, establecerá
condiciones
tendientes a garantizar diferencias de trato que respondan a la existencia de
situaciones fácticas esencialmente diversas entre las personas que
serán
sujetos de compensación. En virtud del principio de igualdad, mal haría el
Ministerio al no tener en cuenta dichas diferencias al momento de establecer
las medidas de compensación que impondrá al particular beneficiario de la
Licencia. Por todas estas razones, este Ministerio ha determinado diferentes
medidas de compensación por el impacto al medio social que se producirá como
resultado de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Con el fin de
determinar las medidas de compensación específicas en cada caso, el Ministerio,
a través de este acto administrativo, ha definido, para este caso y en relación
con los individuos afectados por el proyecto en cuestión, ciertas categorías de
grupos poblacionales, de modo que las personas que pertenezcan a la misma
categoría recibirán una compensación igual, las cuales quedarán claramente
determinadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
La
definición de ciertas categorías de grupos poblacionales y la determinación de
medidas compensatorias para cada grupo de afectados por este proyecto, responde
igualmente a los siguientes criterios:
- Criterio
de vulnerabilidad: Entre los grupos poblacionales categorizados se identifica
población especialmente vulnerable, que en razón de sus características
especiales y situación de desventaja y/o indefensión, debe ser objeto de
protección especial. Así, se busca que el Proyecto mejore sustancialmente las
condiciones de vida de los grupos vulnerables.
- Impacto
ambiental del Proyecto: La ejecución del Proyecto afecta las condiciones de
vida de todos los grupos poblacionales existentes en la zona. En esa medida,
este Ministerio, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias,
impondrá al beneficiario de la Licencia todas las medidas necesarias a fin de
compensar y manejar el impacto que sufrirá la población por la ejecución del
Proyecto. En consecuencia todos los grupos poblacionales afectados, sin
excepción alguna, deben ser objeto de medidas de protección y compensación
tendientes a mejorar sus condiciones de vida.
Teniendo en
cuenta los anteriores criterios, entre otros aspectos, se ha determinado lo
siguiente:
- Los
poseedores de predios ubicados en el área de influencia directa del Proyecto
serán objeto de las mismas compensaciones a las que tendrán derecho los
propietarios de predios ubicados en el área de influencia directa.
- Los
poseedores y propietarios de predios menores a 5 hectáreas, tengan o no vivienda, recibirán una vivienda como medida compensatoria.
- Los
ocupantes con o sin vivienda, serán objeto de medidas de compensación y
protección especiales.
- Los
propietarios y poseedores de menos de 50 hectáreas constituyen un grupo especialmente vulnerable en comparación con los propietarios y poseedores
de predios mayores o iguales a 50 hectáreas, en razón a sus condiciones económicas y al alcance de sus actividades productivas. Por tal motivo, serán objeto
de una protección especial.
- Los
poseedores, los ocupantes y demás personas que conforman los grupos
poblacionales afectados en sus actividades económicas, deberán acreditar haber
ostentado su condición durante los plazos contemplados en la parte resolutiva
del presente acto.
Igualmente,
este Ministerio impondrá a la empresa EMGESA S.A. E.S.P. el cumplimiento de las
medidas de compensación, las cuales corresponden específicamente al vínculo de
los grupos poblacionales afectados con las tierras que habitan o sobre las
cuales ejercen actividades económicas.”[13]
Como consecuencia de las
anteriores consideraciones, la licencia 899 de 2009, fijó como obligaciones de
EMGESA S.A. E.S.P. entre otras, las siguientes:
“ARTÍCULO
DÉCIMO.- La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto
administrativo sujeta a EMGESA S.A. E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental,
en el Plan de Seguimiento y Monitoreo, en la normatividad ambiental vigente,
así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
“ 1. LÍNEA
BASE
1.1. Área
de influencia
1.1.1. Para
mayor precisión en la definición de las áreas de influencia, se hablará de Área
de Influencia Directa Local, conformada por las cabeceras municipales y veredas
que estarán ubicadas junto al embalse o abajo de la presa, que pueden
ser afectadas por el proyecto una vez entre en operación y de Área de
Influencia Directa Puntual, como aquella afectada directamente por la
inundación de los terrenos o por la ejecución de obras.
(…)
1.1.3.
Actualizar el censo de la población que se encuentra ubicada en el área de
influencia directa de la línea de conexión eléctrica; las familias afectadas
por compra o por servidumbre de predios para el paso de dicha línea serán
caracterizadas e identificadas y la Empresa allegará dicha información en el
primer Informe de Cumplimiento Ambiental, incluyendo los impactos y las medidas
de manejo definidas para dicha población.
1.1.4.
Complementar la información relacionada con las medidas de manejo destinadas a
prevenir los impactos sobre las actividades piscícolas y la pesca artesanal
en el Embalse de Betania que pueden ser afectadas por la alteración de la
calidad en las aguas.
1.1.5.
Todas las veredas que circundan el área del embalse, que se vean afectadas por
el emplazamiento del proyecto, deberán ser consideradas como Área de Influencia
Directa (AID). Por lo tanto, la Empresa deberá complementar el censo de esta
población de acuerdo a las dinámicas poblacionales y ajustar los impactos
durante el llenado y operación del proyecto y las medidas de manejo pertinentes
para corregirlos, mitigarlos y/o compensarlos.
(…)
1.2.
Dimensión Demográfica
1.2.1. La
Empresa deberá identificar previamente todas las actividades productivas
impactadas y a todas las comunidades y personas cuyas base económica se vea
afectada por el proyecto e incorporarlas en el proyecto de “Indemnización y
restablecimiento de las condiciones de vida”. Esta información deberá ser
avalada por las autoridades municipales, la defensoría del pueblo y las
comunidades que se verán afectadas.
1.2.2.
EMGESA S.A. E.S.P. deberá incluir en la actualización del Censo para 2009 las
categorías identificadas en los grupos poblacionales descritos en el cuadro
denominado “Cuadro de Compensaciones por Reasentamiento”, así como las
siguientes:
a)
Areneros, paleros.
b) Mayordomos.
c)
Jornaleros.
d)
Transportadores.
e)
Arrendatarios de predios.
f) Grandes
arrendatarios de predios con vinculación de mano de obra.
g)
Partijeros.
h)
Contratistas.
i)
Comerciantes o productores que hacen parte de las cadenas
productivas.
j)
Pescadores artesanales y pisicultores.
k)
Población receptora (se considera como vulnerable por las afectaciones que
puede ocasionar la presión de nueva población en su territorio).
l) Madres
cabeza de familia.
m) Adultos
mayores jefes de hogar.
n) Población
ubicada en el área de ronda de protección del embalse.
o) Otros
grupos poblacionales afectados
1.2.3. En
la actualización a 2009 del censo de la población que deriva sus ingresos del
AID, incluir las actividades económicas afectadas por tipo de población
(areneros, paleros, volqueteros, transportadores privados -de carga y
pasajeros-, comercializadores, lecheros y demás), dimensionando el impacto en
términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de
manejo, durante el primer año de ejecución del proyecto, contado a partir de la
expedición de la licencia ambiental.”[14]
En el mismo numeral décimo del
acto administrativo citado, se refiere ampliamente al componente social
aprobado por el Ministerio así:
“3.
COMPONENTE SOCIAL
3.1.
Programa de Información y Participación
3.1.1. El
proceso de reasentamiento, las compensaciones que serán efectuadas, y los
programas y proyectos sociales que serán implementados deben incluir, en lo
posible, los acuerdos entre los diferentes actores involucrados
(comunidades, instituciones y autoridades locales y regionales); donde se
definirá conjuntamente las estrategias para el cumplimiento de los objetivos
planteados en los programas y proyectos, los compromisos presupuestales, los
cronogramas de ejecución y las condiciones requeridas para garantizar su
sostenibilidad.
3.1.4. El
Proyecto deberá establecer canales de comunicación constantes con los
diferentes actores sociales de la región que participaron en este proceso, y
establecer reuniones periódicas para la rendición de informes y el
planteamiento de las posibles problemáticas que esté generando el Proyecto.
(…)
3.1.10. Las
acciones del programa de información y participación se deberán desarrollar
durante la fase de obras preliminares, durante los cuatro (4) años de la fase
de construcción del Proyecto y dos años de la fase de operación bajo el esquema
planteado en este programa.
3.2.2.
Consultar y concertar previamente con la comunidad todas las modalidades de
reasentamiento, en escenarios participativos donde se acuerde el traslado
colectivo, estableciendo el lugar elegido, los procedimientos y el
acompañamiento que será realizado. Dichos acuerdos deberán ser suscritos entre
las personas o grupos familiares objeto de reasentamiento y la Empresa, que
deberá solicitar a las Personería municipales el acompañamiento.
3.3.
Proyecto de Desarrollo Económico de las Familias Objeto de Reasentamiento
3.3.1. Para
todos los casos de desplazamiento involuntario (asentamientos y actividades
productivas) total o parcial, la Empresa adelantará e implementará las
actividades que garanticen el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas
de las familias afectadas, incluyendo las establecidas en las mesas de
concertación y en el Plan de Manejo Ambiental. Entre otros, se tendrán en
cuenta como beneficiarios los siguientes grupos poblacionales: Arrendatarios,
mayordomos, paleros, areneros, partijeros, transportadores, comerciantes,
contratistas, pescadores artesanales y piscicultores. Las personas afectadas
que integren los anteriores grupos poblacionales, deberán acreditar que
detentan tal condición con anterioridad a la Resolución No. 321 de septiembre 1
de 2008 del Ministerio de Minas, mediante la cual se declaró la utilidad
pública del Proyecto.
Adicional a
lo anterior, la Empresa deberá actualizar la información correspondiente al
censo de grupos poblacionales, para lo cual deberá solicitar el acompañamiento
de las Alcaldías y Personerías. Los resultados serán publicados en dichas
entidades.
(…)
Contra algunas de las
determinaciones anteriores, la empresa EMGESA S.A. E.S.P. presentó recurso de
reposición ante el Ministerio. Este fue resuelto mediante resolución 1628 de
agosto 21 de 2009, que accedió a algunas de las reclamaciones de la interesada
y rechazó otras. Es de destacar aquí que este último acto administrativo
modificó el numeral 1.2.2 del artículo 10 de la resolución 899 del 2009,
estableciendo que: “ EMGESA S.A. E.S.P. deberá incluir en la actualización
del Censo para 2009 las categorías identificadas en los grupos poblacionales
descritos en el cuadro denominado “Cuadro de Compensaciones por
Reasentamiento”, así como las siguientes: Areneros, paleros, Mayordomos,
Jornaleros, Transportadores, Arrendatarios de predios, Grandes arrendatarios de
predios con vinculación de mano de obra, Partijeros. Contratistas, Comerciantes
o productores que hacen parte de las cadenas productivas, Pescadores
artesanales y piscicultores, Población receptora (se considera como vulnerable
por las afectaciones que puede ocasionar la presión de nueva población en su
territorio), Madres cabeza de familia,  Adultos mayores jefes de hogar,
Población ubicada en el área de ronda de protección del embalse, Otros grupos
poblacionales afectados.”
Con posterioridad, el 17 de
septiembre de 2010, se dictó un nuevo acto administrativo haciendo algunos
ajustes, por vía de seguimiento, a la licencia ambiental. Se trata de la
resolución 1814 de ese año.
Luego,  la Corporación Autónoma
de Alto Magdalena-CAM-, en ejercicio de la facultad de prevención ambiental que
le otorga la ley, mediante Resolución 1349 de 14 junio de 2011, impuso a EMGESA
S.A. medidas preventivas consistentes en la suspensión de algunas actividades
que, consideró la Corporación, ponían en riesgo el medio ambiente del área de
las obras de El Quimbo. Ese mismo día  y en el mismo sentido, por medio de la
Resolución 1096 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial también tomó unas medidas provisionales, ordenándole al titular de
la licencia ambiental la suspensión inmediata de las actividades de compra de
predios afectados por el proyecto y que parara la extracción de materiales en
la vereda Domingo Arias del municipio de Paicol, hasta tanto presentara medidas
para mitigar el impacto ambiental de tal actividad. Estos mismos hechos dieron
lugar a que el ministerio iniciara, mediante auto 2870 de 13 de septiembre de
2011, una investigación ambiental contra la empresa. Sin embargo,
posteriormente, por medio de resoluciones 1826 de 12 de septiembre y 123 de 29
de noviembre de 2011, se decidió levantar dichas medidas.
La situación en la zona, por la
construcción de la represa, no ha sido pacífica. Desde finales del 2009 ha habido protestas por parte de habitantes inconformes con la construcción del proyecto en
general y con la forma en la que se efectuó el censo de las personas afectadas.
Dentro de este contexto, en varias oportunidades ha habido manifestaciones,
bloqueos de carreteras[15]
e incluso enfrentamientos con la autoridad pública en las que ha habido
heridos.[16]
Como se observa en uno de los expedientes, han sido varias las oportunidades en
las que EMGESA ha acudido a las autoridades locales para denunciar supuestas
invasiones y solicitar de desalojos, en especial en la vereda Domingo Arias del
municipio de Paicol.[17]
Como es el caso de los aquí
actores, muchos residentes del área consideran que la hidroeléctrica no trae
beneficios sino todo lo contrario: que sus fuentes de subsistencia se están
viendo afectadas, en especial por el desvío del río, y que, de manera general
El Quimbo va a transformar drásticamente y para mal sus vidas.
En relación con el censo de los
impactos socioeconómicos y culturales, este, de acuerdo con lo ordenado en la
licencia ambiental, se actualizó en los seis municipios impactados por la obra
entre septiembre de 2009 y enero de 2010.[18]
Para tal efecto se realizó la convocatoria pública, a través de medios, para
que las personas que tuvieran interés y no se encontraran el las listas
preliminares acudieran a las oficinas de la empresa.  Los listados –señala
EMGESA- fueron divulgados también a las autoridades locales y a los órganos de
control. Una vez cerrado el proceso, estos fueron protocolizados ante notario,
en escrituras de 11 y 27 de diciembre de 2010.
De lo anterior es pertinente
resaltar, a manera de conclusión, que.
1.    El
proyecto hidroeléctrico de El Quimbo se enmarca dentro de una política
energética que, desde tiempo atrás, ha considerado esta y otras obras de
similares características como un elemento importante para el desarrollo del
país.
2.    Por
sus dimensiones, El Quimbo afecta directa e indirectamente a un grupo grande de
colombianos, algunos de los cuales se oponen al proyecto.
3.    El
Quimbo surtió el trámite de licenciamiento ambiental previsto en la ley 99 de
1993 y las normas que la complementan y modifican. En este, se previeron los
impactos sociales de la ejecución de la obra. Ahora bien, el seguimiento de las
obligaciones contraídas por la empresa mediante la resolución 899 de 2009 ha sufrido algunos traspiés, entre ellos  por lo menos uno relacionado con  el impacto de la
obra.
Visto el contexto general, la
Corte pasará a explicar cada uno de los casos acumulados y las sentencias que
revisa:
2.     Dentro
del trámite del expediente T-3490518
2.1
Hechos en el expediente T-3490518
El señor Álvaro Lizcano Rodríguez demanda en sede de tutela al Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y EMGESA S.A. Señala que desde hace
veintisiete años vive en el municipio de Hobo, Huila, en la zona aledaña al
margen del río Magdalena, donde se dedica a la pesca artesanal. Indica que de
dicha actividad deriva su sustento y el de su familia de cinco personas, tres
de las cuales son menores de edad.
Denuncia
que la construcción de la represa de El Quimbo amenaza seriamente su
subsistencia como pescador; en especial en relación con el desvío del río
Magdalena, luego del cual no tendrá donde ejercer su trabajo.  También alega
que existe una grave afectación ambiental en el lugar de ejecución de la obra y
que, hasta el momento, él no ha recibido por parte de la empresa responsable de
la misma, EMGESA S.A. E.S.P, ningún tipo de compensación por la grave
afectación que deriva de esta.
Solicita
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna y
pide al juez de tutela que tome todas las decisiones pertinentes para evitar el
desvío del río y la consecuente desaparición del medio de su subsistencia.
Igualmente que suspenda toda licencia o permiso de operación en la zona de El
Quimbo hasta se solucione la situación de violación de sus derechos.
2.2 Trámite de instancia en el expediente T-3490518
2.2.1 Mediante auto de quince
(15) de febrero  de 2011, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva admite a trámite la acción de tutela y dispone la
vinculación al mismo de la Coporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena –CORMAGDALENA-, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
–CAM-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales .ANLA-la Alcaldía
Municipal de Paicol, la dirección de Justicia Municipal de Paicol y la
Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila.
2.2.2 En escrito de dieciséis
(16) de febrero de 2012, EMGESA S.A solicita denegar el amparo reclamado por el
actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios de subsidiaridad
y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó previamente las
acciones existentes para controvertir la legalidad de la licencia ambiental en
la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó transcurrir más de dos años
desde que concluyó el censo de población afectada; esto es, en enero de 2010.
También adujo que el actor habita
en El Hobo, municipio que está por fuera del área de impacto directo de la obra
y que, pese a que entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a
la población del sector para ser incluida en el censo de afectados, el
demandante no se hizo presente. Indica que la elaboración del enunciado conteo
de personas se hizo con suficiente difusión, por lo que el señor Lizcano mal
podía haberla ignorado.
Por último explicó que el proceso
de licenciamiento ambiental se ha hecho con arreglo a las leyes, en especial a
la 99 de 1993 y los decretos que la reglamentan.
2.2.3 El mismo día dieciséis (16)
de febrero de 2012, la Alcaldía Municipal de Paicol  se opuso a la solicitud de
amparo. Explicó que sus actuaciones se han limitado a hacer cumplir la
legalidad de lo dispuesto en la resolución 899 de 2009.
2.2.4 De igual manera, el
diecisiete (17) de febrero de 2012, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA- pidió al juez de tutela denegar las pretensiones de la
demanda. La Agencia explicó por qué todas las actuaciones administrativas que
dieron como resultado el licenciamiento ambiental del proyecto El Quimbo fueron
legales, de acuerdo con lo estipulado en la ley 99 de 1993. Señaló que el
demandante no había sido identificado dentro del grupo de población de
pescadores artesanales afectados con la ejecución de la obra. También explicó
que el impacto sobre el recurso íctico y un proyecto de apoyo a las operaciones
piscícolas fueron previstos en el proceso de autorización ambiental, como parte
de las medidas de compensación.
2.2.5 Ese mismo día, la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Huila dio contestación a la
demanda. Consideró que la acción no resultaba procedente por contar el actor
con otros mecanismos de defensa judicial para lograr lo reclamado en sede de
tutela. Por otro lado consideró que durante el trámite del proceso de
licenciamiento ambiental, las autoridades nacionales y descentralizadas
implicadas habían cumplido cabalmente con su cometido.
2.2.6 También el 17 de febrero de
2012 CORMAGDALENA solicitó ser desvinculada del trámite del proceso, por no
existir pretensión directa de protección de derecho fundamental alguno que la
implicara. Señaló que el debate giraba en torno a la aplicación del proceso de
licenciamiento derivado de la ley 99 de 1993, con el que la Corporación nada
tiene que ver.
2.2.7
En esa misma  fecha, la CAM solicita al juez de tutela negar el amparo
reclamado. Primero considera que el actor no aporta prueba alguna de la
violación de sus derechos. Adicionalmente, indica que el señor Lizcano cuenta
con la acción de cumplimiento para hacer efectivas las obligaciones derivadas
de la licencia ambiental, por lo que la acción de tutela resulta improcedente
en este caso. También señaló que el debate planteado por el actor gira
en torno al proceso de licenciamiento ambiental a cargo de las autoridades
nacionales en la materia, con el que la Corporación nada tiene que ver.
2.3 Sentencia de primera
instancia.
Mediante sentencia de veintiocho (28) de febrero de 2012, la
Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva declaró improcedente el amparo reclamado.
Consideró que si bien el actor había acreditado su
condición de pescador artesanal –mediante el carné No. 03885 del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural-, contaba con otros mecanismos de defensa
judicial para lograr lo pedido en sede de tutela. Se refirió, en el sentido de
lo anterior, a las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho, trámite este último en el que es posible pedir la suspensión
provisional del acto administrativo. También adujo que el señor Lizcano no
había probado la existencia de una afectación al mínimo vital ni la de un
perjuicio irremediable.
2.4 Impugnación.
Inconforme con la anterior
decisión, el cinco (5) de marzo de 2012, el señor Álvaro Lizcano Rodríguez
presentó impugnación. Fundamentó esta en el hecho de que el Tribunal no había
considerado que su pretensión principal no era controvertir la legalidad de los
actor administrativos de licenciamiento, sino que se encaminaba a evitar el
perjuicio irremediable al que se veía expuesto por la grave modificación del
curso del río, de donde deriva su sustento.
Relató cómo, en los días que duró
el trámite de la acción de tutela, fuerzas policiales se hicieron presentes en
las márgenes del río para evacuarlos a él y a otros miembros de la comunidad.
También relata que el desvío del río ya se hizo efectivo y que han sido
presentadas varias demandas de nulidad en contra de los actos administrativos
que componen la licencia ambiental de El Quimbo.
2.5 Sentencia de segunda
instancia.
En decisión de diecisiete (17) de
abril de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
confirmó el fallo de primera grado. Consideró, al igual que el juez de primera
instancia, que no se satisfacía el principio de subsidiaridad en la acción de
tutela.
3.
Dentro del trámite del expediente T-3493808.
3.1 Hechos en el expediente T-3493808.
Rafael
Antonio García Lotero considera que EMGESA S.A. E.S.P violó sus derechos fundamentales
a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y al debido proceso, al no
incluirlo en el censo de personas afectadas por la construcción de la
hidroeléctrica El Quimbo. Solicita la protección constitucional y que, por
ende, se ordene a la empresa incluirlo en dicho censo y pagarle las
compensaciones a las que hubiere lugar.
Relata
que se desempeña desde hace años como transportador informal de “víveres o de
insumos y/o semovientes”[19] en la zona de la construcción de la represa.
Indica que estuvo, durante años anteriores, en varias reuniones con
funcionarios de la empresa demandada, quienes les manifestaron no preocuparse
por los impactos negativos de la construcción de esta. Sin embargo –relata-
estas promesas fueron vanas, ya que él y otros compañeros transportadores
informales no aparecen en el censo. Según narra EMGESA justificó la decisión al
considerar que para él y otros en su misma situación no existía afectación,
dada la construcción de nuevas vías de reposición que a futuro permitiría
mejorar la conectividad de las veredas ubicadas en la parte perimetral del
embalse y, por ende, la actividad del transporte informal.
3.2 Trámite de instancia en el proceso T-3493808.
3.2.1
Mediante auto de tres (3) de mayo de 2012, el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de
Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga veinticuatro (24) horas a
EMGESA para que se pronuncie en relación con la demanda.
3.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A. solicita denegar el amparo reclamado
por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios de
subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
También adujo que, pese a que
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población del
sector para ser incluida en el censo de afectados. Indica que la elaboración
del enunciado conteo de personas se hizo con suficiente difusión, por lo que el
actor  mal podía haberla ignorado.
3.3 Sentencia única de instancia
En
fallo de ocho (8) de mayo de 2012 el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Gigante,
Huila, niega la acción de tutela iniciada por J Rafael Antonio García Lotero
contra EMGESA S.A. E.S.P.
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, ya
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo.
4.
Dentro del trámite del expediente T-3505191.
4.1  Hechos en el expediente T-3505191.
José
Darío Horta Sánchez considera que EMGESA S.A. E.S.P. violó sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y al debido
proceso, al no incluirlo en el censo de personas afectadas por la construcción
de la hidroeléctrica El Quimbo. Solicita la protección constitucional y que,
por ende, se ordene a la empresa incluirlo en dicho censo y pagarle las
compensaciones a las que hubiere lugar.
Relata
que se desempeña desde hace años como “palero”[20] en algunas veredas del
municipio de Gigante, Huila. Indica que estuvo, durante años anteriores, en
varias reuniones con funcionarios de la empresa demandada, quienes les
manifestaron no preocuparse por los impactos negativos de la construcción de la
represa. Sin embargo –relata- estas promesas fueron vanas, ya que él y otros
compañeros “paleros” no aparecen en el censo. Según narra EMGESA justificó tal
decisión al considerar que para él y otros en su situación no existía
afectación, dada la construcción de nuevas vías de reposición que a futuro
permitiría mejorar la conectividad de las veredas ubicadas en la parte perimetral
del embalse y, por ende, la actividad de extracción de arena.
4.2 Trámite de instancia en el proceso T-3505191
4.2.1
Mediante auto de tres (3) de mayo de 2012, el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de
Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga veinticuatro (24) horas a
EMGESA para que se pronuncie en relación con la demanda.
4.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A solicita denegar el amparo
reclamado por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
Afirma que no le consta que el
demandante efectivamente se desempeñe como “palero” También adujo que, pese a
que entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población
del sector para ser incluida en el censo de afectados. Indica que la
elaboración del enunciado conteo de personas se hizo con suficiente difusión,
por lo que el actor  mal podía haberla ignorado.
4.3 Sentencia única de instancia
En
fallo de nueve (9) de mayo de 2012 el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de
Gigante, Huila, niega la acción de tutela iniciada por José Darío Horta Sánchez
contra EMGESA S.A. E.S.P..
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, dado
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo.
5.     Dentro del trámite del expediente T-3638910.
5.1  Hechos en el expediente
T-3638910.
El señor Luis Ernesto Cumbre
González  considera que EMGESA S.A E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible violan sus derechos a la vida digna, al trabajo, a la
igualdad, a no ser discriminado, a la salud, a la educación y al mínimo vital
móvil.
Señala que se dedica a la
actividad de constructor en la zona de impacto de la de la represa El Quimbo.
Aduce que por causa de dicha obra, desde hace dieciocho meses no tiene trabajo,
situación que afecta gravemente su subsistencia. Da cuenta de su perplejidad a
constatar que otras actividades similares a la suya, como la de los “paleros”,
“areneros” y “volqueteros” sí fueron previstas dentro del grupo a ser incluido
en el censo de población afectada que reconoció la resolución Núm. 899 de 2009.
Indica que la exclusión de los constructores implica una discriminación,
violatoria de su derecho a la igualdad.
Solicita ser incluido en el citado censo e indemnizado.
5.2 Trámite de instancia en el proceso T-3638910.
5.2.1
Mediante auto de diecisiete (17) de julio de 2012, el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga dos (2) días a
EMGESA y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se
pronuncien en relación con la demanda.
5.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A solicita denegar el amparo
reclamado por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
También adujo que, pese a que
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población del
sector para ser incluida en el censo de afectados. Indica que la elaboración
del enunciado conteo de personas se hizo con suficiente difusión, por lo que el
actor  mal podía haberla ignorado.
5.2.3 El Ministerio demandado no
rindió su informe en el término concedido para tal efecto.
5.3  Sentencia de primera instancia.
En
fallo de veinticuatro (24) de julio de 2012 el Juzgado 1º Promiscuo Municipal
de Gigante, Huila, niega la acción de tutela iniciada por Luis Ernesto
Cumbre González  contra EMGESA S.A. E.S.P y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, dado
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo. Indica que no
existe prueba en el sentido de que al actor se le haya impedido desarrollar su
actividad como constructor por causa de la ejecución de las obras de El Quimbo.
5.4 Impugnación.
El
interesado presentó impugnación contra el fallo de primera instancia.
Fundamentó el recurso alegando que las decisiones del Ministerio de Ambiente
posteriores a la expedición de 899 de 2009 en relación con el punto, en
especial la Resolución Noúm. 0025 de 2011 que exige la actualización de la
información en lo atinente a la vulnerabilidad de la población de la zona,
desvirtuaban la falta al principio de inmediatez, dado que la afectación  en
los derechos suyos y de la comunidad seguía siendo actual.
5.5  Sentencia de segunda instancia.
En
fallo de tres (3) de septiembre de 2012, el Juzgado 1º Penal del Circuito de
Garzón, Huila, resuelve confirmar la decisión de primera instancia. Reitera los
argumentos de su inferior funcional.
6.     Dentro del trámite del expediente T-3639886.
6.1 Hechos en el expediente
T-3639886.
El señor Reinel Castañeda
Mayorga  considera que EMGESA S.A E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible violan sus derechos a la vida digna, al trabajo, a la
igualdad, a no ser discriminado, a la salud, a la educación y al mínimo vital
móvil.
Señala que se dedica a la
actividad de constructor en la zona de impacto de la  represa El Quimbo. Aduce
que por causa de dicha obra, desde hace dieciocho meses no tiene trabajo,
situación que afecta gravemente su subsistencia. Da cuenta de su perplejidad a
constatar que otras actividades similares a la suya, como la de los “paleros”,
“areneros” y “volqueteros” sí fueron previstas dentro del grupo a ser incluido
en el censo de población afectada que reconoció la resolución No. 899 de 2009.
Indica que la exclusión de los constructores implica una discriminación,
violatoria de su derecho a la igualdad.
Solicita ser incluido en el citado censo e indemnizado.
6.2 Trámite de instancia en el proceso T-3639886.
6.2.1
Mediante auto de dieciocho (18) de julio de 2012, el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga dos (2) días a
EMGESA y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se
pronuncien en relación con la demanda.
6.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A. solicita denegar el amparo
reclamado por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
También adujo que, pese a que
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población del
sector para ser incluida en el censo de afectados. Indica que la elaboración
del enunciado conteo de personas se hizo con suficiente difusión, por lo que el
actor  mal podía haberla ignorado.
6.2.3 El Ministerio demandado no
rindió su informe en el término concedido para tal efecto.
6.3 Sentencia de primera instancia.
En
fallo de treinta (30) de julio de 2012 el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de
Gigante, Huila, niega la acción de tutela iniciada por Reinel Castañeda
Mayorga contra EMGESA S.A. E.S.P. y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, dado
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo. Indica que no
existe prueba en el sentido de que al actor se le haya impedido desarrollar su
actividad como constructor por causa de la ejecución de las obras de El Quimbo.
6.4  Impugnación.
El
interesado presentó impugnación contra el fallo de primera instancia.
Fundamentó el recurso alegando que las decisiones del ministerio de ambiente
posteriores a la expedición de 899 de 2009 en relación con el punto, en
especial la Resolución Núm. 0025 de 2011 que exige la actualización de la
información en lo atinente a la vulnerabilidad de la población de la zona,
desvirtuaban la falta al principio de inmediatez, dado que la afectación  en
los derechos suyos y de la comunidad seguía siendo actual.
6.5  Sentencia de segunda instancia.
En
sentencia de veintitrés (23) de agosto de 2012, el Juzgado 2º Civil del
Circuito de Garzón, Huila, resuelve confirmar la decisión de primera instancia.
Reitera los argumentos de su inferior funcional.
7. Dentro del trámite del expediente T-3662191
7.1 Hechos en el expediente
T-3662191.
El señor Fermín Caballero
considera que EMGESA S.A E.S.P. viola sus derechos a la vida digna, al trabajo,
a la igualdad, a no ser discriminado, a la salud, a la educación y al mínimo
vital móvil.
Señala que se dedica a la
actividad de constructor en la zona de impacto de la  represa El Quimbo. Aduce
que por causa de dicha obra, desde hace dieciocho meses no tiene trabajo,
situación que afecta gravemente su subsistencia. Da cuenta de su perplejidad a
constatar que otras actividades similares a la suya, como la de los “paleros”,
“areneros” y “volqueteros” sí fueron previstas dentro del grupo a ser incluido
en el censo de población afectada que reconoció la resolución No. 899 de 2009.
Indica que la exclusión de los constructores implica una discriminación,
violatoria de su derecho a la igualdad.
Solicita ser incluido en el citado censo e indemnizado.
7.2 Trámite de instancia en el proceso T-3662191
7.21.1
Mediante auto de diecisiete (17) de julio de 2012, el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga dos (2) días a
EMGESA para que se pronuncien en relación con la demanda.
7.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A solicita denegar el amparo
reclamado por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
También adujo que, pese a que
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población del
sector para ser incluida en el censo de afectados el demandante no fue censado.
Indica que la elaboración del enunciado conteo de personas se hizo con
suficiente difusión, por lo que el actor  mal podía haberla ignorado.
7.3 Sentencia única de instancia.
Mediante
providencia de veinticuatro (24) de julio de 2012 el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Gigante, Huila, niega la acción de tutela iniciada por Fermín
Caballero contra EMGESA S.A. E.S.P..
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, dado
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo. Indica que no
existe prueba en el sentido de que al actor se le haya impedido desarrollar su actividad
como constructor por causa de la ejecución de las obras de El Quimbo.
8. Dentro del trámite del expediente  T-3670098
8.1 Hechos en el expediente
T-3670098.
El señor Leonardo Macías Sepúlveda
considera que EMGESA S.A E.S.P. viola sus derechos a la vida digna, al trabajo,
a la igualdad, a no ser discriminado, a la salud, a la educación y al mínimo
vital móvil.
Señala que se dedica a la
actividad de constructor en la zona de impacto de la  represa El Quimbo. Aduce
que por causa de dicha obra, desde hace dieciocho meses no tiene trabajo,
situación que afecta gravemente su subsistencia. Da cuenta de su perplejidad al
constatar que otras actividades similares a la suya, como la de los “paleros”,
“areneros” y “volqueteros” sí fueron previstas dentro del grupo a ser incluido
en el censo de población afectada que reconoció la resolución Núm. 899 de 2009.
Indica que la exclusión de los constructores implica una discriminación,
violatoria de su derecho a la igualdad.
Solicita ser incluido en el citado censo e indemnizado.
8.2 Trámite de instancia en el proceso T-3670098.
8.2.1
Mediante auto de dieciséis (16) de julio de 2012, el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Gigante, Huila, admite la acción de tutela y otorga dos (2) días a
EMGESA para que se pronuncien en relación con la demanda.
8.2.2
En escrito de contestación, EMGESA S.A. solicita denegar el amparo
reclamado por el actor. Opone como excepciones a su prosperidad los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.  Al respecto señala que el actor no agotó
previamente las acciones existentes para controvertir la legalidad de la
licencia ambiental en la jurisdicción contencioso administrativa y que dejó
transcurrir más de dos años desde que concluyó el censo de población afectada;
esto es, en enero de 2010.
También adujo que, pese a que
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 la empresa convocó a la población del
sector para ser incluida en el censo de afectados. Indica que la elaboración
del enunciado conteo de personas se hizo con suficiente difusión, por lo que el
actor  mal podía haberla ignorado.
8.3 Sentencia de primera instancia.
En
fallo de veinticuatro (24) de julio de 2012 el Juzgado 1º Promiscuo Municipal
de Gigante, Huila, niega la acción de tutela iniciada por Leonardo
Macías Sepúlveda contra EMGESA S.A. E.S.P..
Considera
el juez que de acuerdo con el material probatorio del que dispone, es evidente
que el actor no se presentó entre los meses de septiembre de 2009 y enero de
2010 como candidato para ser parte del censo de población afectada. Observa que
la presentación de la demanda de tutela falta al principio de inmediatez, dado
que han transcurrido más de dos años desde que se concluyó el proceso de conteo
hasta el momento de presentación de la solicitud de amparo. Indica que no
existe prueba en el sentido de que al actor se le haya impedido desarrollar su
actividad como constructor por causa de la ejecución de las obras de El Quimbo.
8.4 Impugnación.
El
interesado presentó impugnación contra el fallo de primera instancia.
Fundamentó el recurso alegando que las decisiones del ministerio de ambiente
posteriores a la expedición de 899 de 2009 en relación con el tema, en especial
la Resolución Núm. 0025 de 2011 que exige la actualización de la información en
lo atinente a la vulnerabilidad de la población de la zona, desvirtuaban la
falta al principio de inmediatez, dado que la afectación  en los derechos suyos
y de la comunidad seguía siendo actual.
8.5 Sentencia de segunda instancia.
En
sentencia de diecisiete (17) de agosto de 2012, el Juzgado 2º Civil del
Circuito de Garzón, Huila, resuelve confirmar la decisión de primera instancia.
Reitera los argumentos de su inferior funcional
II. PRUEBAS.
La Sala se referirá a las pruebas
relevantes que obran en los expedientes en el capítulo de esta sentencia en el
que efectúa el análisis del caso concreto.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para
dictar sentencia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Asunto a tratar.
De acuerdo con los antecedentes descritos la Sala
considera que el universo de casos acumulados para decidir mediante la presente
sentencia debe ser abordado desde el aspecto relacionado con los derechos
fundamentales de las personas afectadas por la construcción del proyecto. Por
contera, dejará de lado las irregularidades técnico-ambientales relacionadas
con el proceso de licenciamiento ambiental que se surtió en la hidroeléctrica
denominada El Quimbo. Para efectos de la presente, solo serán relevantes en la
medida en la que constituyan un argumento para evidenciar si existe o no
violación de los derechos de las personas.
Dos razones soportan esta perspectiva. La primera de ellas
es que el objeto de las acciones de tutela tiene que ver principalmente con la
violación de derechos fundamentales tales como el mínimo vital, la
participación, la vivienda digna y la dignidad humana. La segunda tiene que ver
con el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela: es la
jurisdicción contencioso administrativa la llamada a resolver las ilegalidades
que hayan podido surgir en relación con los múltiples actos administrativos que
se han producido como parte del proceso de licenciamiento ambiental en este caso.
En ese sentido debe establecer la Sala si existe o no
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los demandantes, en
especial de los derechos a la vida digna, a la participación y al mínimo
vital,  teniendo en cuenta que EMGESA S.A no los ha inscrito en el censo de
población afectada por causa de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo
y que alegan que su medio de subsistencia ha desaparecido por culpa de la obra.
Para resolver la pregunta así planteada, la Corte deberá tener en cuenta que
tal recuento se efectuó entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010 y
que la empresa accionada alega que la oportunidad para ser incluido en tal
beneficio venció.
Ahora bien, para la Sala, de la
lectura integral de los hechos surgen inquietudes en relación con los
siguientes asuntos que deberán presentarse de manera general para abordar la
resolución de los casos concretos. En primer orden de ideas, la Corte deberá
reiterar su jurisprudencia acerca de los i) espacios de participación y
concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos, para luego estudiar
las ii) repercusiones que el desarrollo de un proyecto como El Quimbo tiene en
los derechos fundamentales de las personas impactadas por él. Como se dijo ya,
se hablará principalmente en impactos distintos al eminentemente ambiental. En
este acápite el Tribunal enunciará lo pertinente de su propia jurisprudencia,
el resultado de estudios sobre la materia, el contenido de la Observación
General Núm. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por último efectuará un análisis
de los casos concretos.
3.     Tensión
entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de los
derechos fundamentales de las personas. Los espacios de participación y concertación en el diseño y
desarrollo de megaproyectos
En un estado
social y democrático de derecho como el que consagra el artículo 1º de nuestra
constitución, no se puede dar una
prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del
“desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura, cuando
estas afectan los derechos fundamentales de las personas. De esta manera, como
lo señaló la Corte en la sentencia T-129 de 2011, “el carácter axiológico de
la Constitución impone la necesidad de equilibrar la importancia relativa de
los valores protegidos por la norma constitucional como la  diversidad o
el pluralismo y aquellos tutelados por las normas legales imperativas”.
Por consecuencia, el derecho a la
participación de los grupos de población potencialmente afectados por causa de
un proyecto de tal índole, constituye una de las formas en las que el Estado
puede y debe prevenir que visiones generales del “interés general” generen
graves afectaciones en los derechos de las personas. Al ejecutar una
megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una
región afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al
empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la participación
podrá evitar que se lesionen sus derechos.
El derecho a la participación se encuentra previsto en la Constitución como una manifestación del
principio democrático del Estado Social de Derecho. Asimismo, se deriva del
artículo 2º de la Carta, que indica que, entre los fines esenciales del Estado,
se encuentra el “de facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación. En el mismo sentido, el artículo 40 constitucional consagra, para
todo ciudadano, el derecho de participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político
Este derecho también está
reconocido en el ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos Por ejemplo, la Declaración Universal de 1948, en su artículo 21,
dispone que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes directamente elegidos. En el mismo
tenor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su
artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, del derecho a
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
representante libremente elegidos, a votar y ser elegido en elecciones
públicas, y a tener acceso a las funciones públicas. En el ámbito del sistema
interamericano,  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
consagra en los artículos 13, 20, 21 y 22, los derechos a ser parte de las
decisiones de quienes gobiernan, el derecho a reunirse y asociarse y a
presentar peticiones respetuosas. En el mismo contexto, el artículo 6º de la
Carta Democrática reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones
relativas a su propio desarrollo; y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 23 reconoce varios derechos políticos entre los cuales
se encuentra el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos.
En el marco de la toma de decisiones sobre
megaproyectos, la participación en las decisiones ambientales es un derecho que
reconocido a las personas por la Constitución misma. En efecto, se encuentra
garantizado en el artículo 79 de la Carta:
“Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. (subrayas propias)
Como lo señaló esta Corporación en la
sentencia T-348 de 2012:
La importancia de garantizar los espacios
de participación de la comunidad en el diseño y ejecución de megaproyectos que
intervienen recursos del medio ambiente, se fundamenta además en que el medio
ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido en el que concurren
varias dimensiones: es un principio que irradia todo el orden jurídico en
cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo,
procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con la
protección de los recursos naturales, es un derecho constitucional de cada individuo
como ciudadano y puede ser exigido por vía judiciales, es origen de la
obligación a cargo del Estado de prestar saneamiento
ambiental como un servicio público, como la
salud, la educación y el agua, cuya protección garantiza al mismo tiempo la
calidad de vida de los habitantes, y finalmente, es “una prioridad dentro de
los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado
al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental y la adopción de las medidas de protección”
En este orden de ideas, la Corte dejó
establecido que “en la construcción de megaproyectos que implican la
afectación o intervención de recursos naturales, las autoridades estatales
tienen la obligación de garantizar espacios de participación que conduzcan, de
un lado, a la realización de diagnósticos de impacto comprensivos, y de otro, a
concertaciones mínimas en las que tanto los intereses del proyecto u obra a
realizar como los intereses de la comunidad afectada se vean favorecidos.”
La ley 99 de 1993, regula los procesos de
otorgamiento de licencia ambiental Estipula en el artículo 49, que esta es “la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad,
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que
la misma establezcan relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada”  Además, el
artículo 57 de contempla la necesidad de realizar un “Estudio de Impacto
Ambiental” como un requisito indispensable para el trámite. Este –según la
norma- debe contener “información
sobre la localización del proyecto, y los elementos
abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y
la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño
de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos
y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad” .
Ahora, al momento de evaluar tales impactos
socioeconómicos la participación de las personas probablemente afectadas se
vuelve de suma importancia. La información que estas suministran permite llevar
a cabo una evaluación integral. A este respecto explicó la Corte:
“Es así como, según cada caso y la decisión
que se esté adoptando, deben analizarse cuáles son las comunidades que se verán
afectadas, y por ende, a quienes debe garantizársele los espacios de
participación y de concertación oportunos para la ejecución de determinada
decisión. En ese orden de ideas, cada vez que se vaya a realizar la ejecución
de una obra que implica la intervención de recursos naturales –tomando el caso
concreto-, los agentes responsables deben determinar qué espacios de
participación garantizar según los sujetos que vayan a verse afectados; si se
trata de comunidades indígenas o afrodescendientes, o si se trata de una
comunidad, que a pesar de que no entra en dichas categorías, su subsistencia
depende del recurso natural que se pretende intervenir, y en esa medida,
también será obligatoria la realización de espacios de participación,
información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado.”.[21]
4. La construcción de represas. Consecuencias en los
derechos fundamentales de las personas
4.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
materia
4.1.1 Desde tiempo atrás la construcción de represas para
la ejecución de proyectos hidroeléctricos ha planteado problemas ambientales y
sociales que no han sido ajenos a la jurisprudencia de esta Corporación. Por
ejemplo, la Corte se ha pronunciado en algunas oportunidades[22] en relación
con la existencia de causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales en procesos cuyo objeto era la reparación de daños
generados por las aguas de los embalses. Sin embargo, hasta el momento, el
asunto que más ha generado pronunciamientos sobre la materia por parte de la
Corporación ha sido el de la situación de las comunidades impactadas por la
construcción de la central hidroeléctrica Urrá, en el Alto Sinú, departamento
de Córdoba. La construcción enunciada ha dado lugar a tres sentencias: T-652 de
1998, T-194 de 1999 y T-1009 de 2000.
4.1.2 En el primero de los fallos enunciados, la Sala
Cuarta de Revisión de Tutelas constató la violación de los derechos de
supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la
participación y al debido proceso de la comunidad étnica demandante. La Corte
encontró probado entonces que durante el trámite que se adelantó para la
expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de Urrá I, se
omitió realizar la consulta previa a la comunidad indígena, respecto del
contenido y efectos del proyecto hidroeléctrico que se planeaba desarrollar en
su territorio. Tal omisión, aunada a los tremendos efectos medioambientales que
generó la construcción efectiva de las obras, no sólo trajo como consecuencia
la vulneración de los derechos al debido proceso y a la participación de los
Embera-Katio, sino que contribuyó a poner en jaque sus posibilidades de
supervivencia física, ya que las obras alteraron, entre otros, el curso de los
sistemas fluviales e ictiológicos de los cuales los indígenas derivaban su
sustento. Por ende ordenó, entre otras cosas, a la Empresa Multipropósito Urrá
s.a. que indemnizara al pueblo Embera-Katio del Alto Sinú, mientras esta
elaboraba los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no podía
escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta
violación de la Constitución y la ley vigentes, les negaron la oportunidad de
optar.
En relación con dicha orden se produjo la sentencia T-1009
de 2000, nuevamente dictada por la Sala Cuarta de Revisión. Lo que pretendían
los actores –varias de las comunidades del pueblo Embera-Katio afectadas por la
construcción- con la presentación de la segunda demanda, era precisamente que
se honrara lo dispuesto por la Corte y que se les indemnizara debidamente. Se
dirigían en esta oportunidad contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería, que había rechazado de plano el inicio de una regulación de
perjuicios de la T-652 de 1998, bajo el entendido de que este solamente podía
tramitarse hasta seis meses después de proferido el fallo de tutela. La
Corporación accedió también en esta oportunidad a la solicitud de amparo y consideró
que la determinación del Tribunal accionado era violatoria del los derechos al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la
participación y a la supervivencia física y cultural de los actores. Ordenó, en
consecuencia, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, diera
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia T-652 de 1998, en el sentido de iniciar el trámite del incidente de
regulación de perjuicios promovido por los peticionarios.
4.1.3 Ahora bien, dentro del mismo contexto de la
construcción de Urrá I, se presentó una demanda de tutela que se diferencia de
las anteriores porque no tiene que ver con las comunidades étnicas ni con el
derecho de consulta previsto en el artículo 6º del Convenio 169 de OIT e
integrado a nuestra constitución por vía del bloque. La sentencia T-194 de 1999
(dictada también por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas) abordó los
problemas jurídicos derivados de la afectación que la ejecución de la obra tuvo
sobre la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga
Grande de Lorica –ASPROCIG. Según la accionante, la construcción había tenido
serias repercusiones en los recursos ícticos del río Sinú, resultando
comprometidas en su subsistencia unas cuatrocientas comunidades rurales de
campesinos y pescadores, con una población aproximada de 300.000 personas.
El problema entonces se derivaba del hecho de que la
empresa responsable de la construcción de la represa no había adelantado
estudios de impacto social y económico sobre tal grupo de la población,
afirmaba la asociación demandante.
La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales
a la participación y a un medio ambiente sano de los afiliados a ASPROCIG.
Constató la Corporación que la entidad demandada y las autoridades municipales
implicadas habían inflingido un daño al entorno natural de los accionantes y
que este, así como la disminución del recurso íctico,  era previsible. Señaló:
“Lo que resulta más preocupante para esta
Corporación, es que el cambio de la Constitución Nacional por la Carta Política
de 1991 no se reflejó en la actividad que cumplen las autoridades de los
catorce municipios de la hoya hidrográfica y las del Departamento de Córdoba,
para quienes parece no existir el deber social del Estado (C.P. art. 2),
consagrado como principio fundamental y obligación de éste y de los
particulares en el artículo 8 Superior, de proteger las riquezas naturales de la
Nación. Esas autoridades no sólo han permitido la desecación de los cuerpos de
agua y la apropiación particular de las áreas secas resultantes, sino que en
muchos casos las han promovido y financiado”
Es pertinente resaltar lo que dijo en aquel
evento la Sala en relación con la conculcación del derecho a la participación
de los afectados. Se refirió así al tema:
“Sin embargo, no todo lo que tiene que ver
con el impacto de la hidroeléctrica sobre el recurso íctico del Medio y Bajo
Sinú queda de esa manera debidamente considerado. La prevención, modulación,
compensación y resarcimiento de múltiples efectos del embalse sobre la cuenca,
sus recursos y sus habitantes son objeto del proceso de consulta y concertación
que se viene adelantando, en el cual están llamados a participar los miembros
de ASPROCIG.
En el marco de ese proceso de consulta y
concertación, se llegó a un acuerdo provisional de los pescadores, el
Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación de Córdoba y la CVS (folios 8-9
del segundo cuaderno), por medio del cual esas entidades se comprometieron,
entre otras cosas, a ejecutar programas de limpieza de caños empleando a los
pescadores demandantes; la Empresa Multipropósito fue la única de esas
entidades que honró su compromiso según reconoció la Defensoría del Pueblo en
la solicitud de tutela; por tanto, en la parte resolutiva de esta providencia
se ordenará a las demás entidades obligadas que procedan a cumplir con los
programas acordados con la comunidad afectada.
También reclamó la Defensoría del Pueblo en
su solicitud de amparo, que los entes oficiales que participan en el proceso de
consulta y concertación con las comunidades afectadas por el impacto
medioambiental de la hidroeléctrica, vienen haciendo nugatorio el derecho de
participación de las últimas (C.P. art. 79), pues para el estudio y financiación
de los programas propuestos por ellas, se les está exigiendo vertirlos en
formatos con refinadas exigencias técnicas normalizadas por Planeación
Nacional, que están lejos de poder ser debidamente tramitados por los
pescadores y campesinos de las zonas afectadas. Esta Sala encuentra que asiste
razón a la Defensoría del Pueblo en este asunto, y ordenará que el Ministerio
del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de
Córdoba, la Empresa Multipropósito Urrá S.A., y los entes territoriales que
recibirán regalías por la operación de la hidroeléctrica Urrá I, concurran a
financiar la asesoría que requieran las comunidades afectadas con la obra en
ejercicio del derecho a la participación efectiva que les otorga la
Constitución Política.”
Como consecuencia de lo anterior decidió:
“ ORDENAR a los Personeros, Alcaldes y Concejales de Tierralta,
Valencia, Montería, Cereté, Lorica, San Bernardo del Viento, Purísima, Chimá,
San Pelayo, Ciénaga de Oro, San Carlos, Momil, San Antero y Moñitos, que
procedan de inmediato a: 1) suspender toda obra de relleno y desecación de
pantanos, lagunas, charcas, ciénagas y humedales en el territorio de esos
municipios, salvedad hecha de las
que sean indispensables para el saneamiento; 2) adelantar las actuaciones administrativas de su competencia e
instaurar las acciones procedentes para recuperar el dominio público sobre las
áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por
particulares; 3) regular la manera en que se hará exigible en esos municipios
cumplir con la función ecológica que le es inherente a la propiedad (C.P. art.
58), establecer y cobrar las obligaciones que de tal función se desprendan para
los particulares y entes públicos; y 4) revisar los planes y programas de
desarrollo económico y social, para dar prioridad a las necesidades que se
derivan de : a) el tratamiento y vertimiento de las aguas negras, b) la
recolección y disposición de basuras, y c) la recuperación de los cuerpos de
agua. Se ordenará también a la Gobernación  del Departamento de Córdoba
que proceda de igual forma, y coordine el cumplimiento de tales tareas por
parte de los municipios  mencionados, sometiéndose a las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente sobre la materia….” (subraya en el texto original)
4.1.3. Más recientemente este
Tribunal abordó la problemática relacionada con  un minero del río Cauca
inscrito en el censo que realizó la Hidroeléctrica Ituango para determinar la
cantidad de personas y familias que se verían impactadas con la construcción
del proyecto Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango. Se trata de la sentencia
T-447 de 2012.
En esa ocasión, el demandante
solicitó el pago de la compensación mensual minera a la que tenía derecho por
haber sido inscrito en el censo. La entidad demandad le negó el pago,
argumentando que se encontraba en un proceso de empalme y verificación de
información del censo con Hidroituango.
La Sala Segunda de Revisión
de la Corte consideró que en este caso la petición de amparo resultaba
improcedente. Adujo en la sentencia que en ese caso el accionante tenía la
posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria para controvertir la afectación
que generó la empresa demandada, al no pagarle el reconocimiento económico.
4.2 Las declaraciones de Manibeli, Curitiba, Rasi Salani y
Temaca.
Como se dijo ya, las preocupaciones por los impactos
ambientales y sociales de las grandes represas no son nuevas. Desde los años 80
numerosas ONGs en todo el mundo hicieron sentir su voz de protesta en relación
con la ejecución de este tipo de proyectos, en especial en aquellos financiados
por el Banco Mundial.
En junio de 1994 más de 2000 organizaciones suscribieron la
Declaración de Manibeli,[23][24]
Consideraron quienes firmaron el documento que “desde 1948 el Banco Mundial
ha financiado grandes proyectos de construcción de represas que han forzado al
desplazamiento de unos diez millones de personas de sus casas y tierras”[25]
Que el mismo órgano multilateral  “admite que la vasta mayoría de mujeres,
hombres y niños desalojados por proyectos financiados por el banco nunca
recuperaron sus ingresos anteriores y no han recibido beneficios directos de
las represas por las que fueron forzados a sacrificar sus hogares y tierras”[26]
En relación con el impacto de tales obras sobre los recursos naturales
manifestaron que “las grandes represas tienen extensos impactos ambientales,
destruyendo bosques, humedales, pesca y el hábitat de especies amenazadas  y en
peligro, y aumentando la difusión de enfermedades trasmitidas por el agua”
Por ello, la Declaración exigió que el Banco Mundial estableciera una
“revisión independiente y completa de todos los proyectos financiados por el
Banco para construir represas grandes”[27].
Sin embargo, dicha revisión no se llevó a cabo
inmediatamente en los años posteriores[28].  Por ello, en 1997 se reunió la
primera conferencia internacional de personas afectadas por las represas,
celebrada en Curitiba, Brasil. Este encuentro dio lugar a la “Declaración de
Curitiba afirmando el derecho a la vida y a la cultura de las poblaciones
afectadas por las represas”.[29]
Este manifiesto, suscrito por “gente de veinte países”, reunida
en la ciudad brasileña, “representando organizaciones de poblaciones
afectadas por represas y de movimientos de oposición a las represas
destructivas”,   exigió  que los gobiernos, las agencias internacionales y
los inversionistas implementaran  suspensión inmediata de la construcción ese
tipo de proyectos hasta que:
“a) Se detengan todas las formas de
violencia e intimidación contra las poblaciones afectadas por las represas y
las organizaciones que se oponen a éstas.
b) Se garanticen las indemnizaciones,
incluyendo la provisión de tierra adecuada, de viviendas e infraestructura
social, para los millones de personas cuyos modos de vida ya han sufrido a
causa de las represas.
c) Se actúe para restaurar los ecosistemas
dañados por las represas, aún cuando esto requiera la remoción de las represas.
d) Se respeten totalmente los derechos
territoriales de las poblaciones indígenas y tradicionales afectadas por las
represas, mediante la provisión de territorios que les permita recomponer las
condiciones culturales y económicas previas -aunque también sea necesario el
desmantelamiento de las represas.
e) Se establezca una comisión internacional
independiente para conducir una amplia revisión de todas las grandes represas
financiadas o respaldadas por las agencias internacionales de ayuda y crédito,
y que las políticas derivadas de sus conclusiones se implementen. Los
procedimientos de la revisión deben estar sujetos a la aprobación y el control
de los representantes del movimiento internacional de las poblaciones afectadas
por las represas.
f) Sea encomendada una revisión
independiente y amplia de todos los proyectos de las agencias nacionales y
regionales que financiaron o respaldaron la construcción de las represas de
grandes impactos, y que se implementen las políticas derivadas de las
conclusiones de este trabajo. Estas revisiones deben llevarse a cabo con la
participación de los representantes de las organizaciones de las poblaciones y
personas afectadas.
g) Se implementen políticas energéticas y
de recursos hídricos que promuevan el uso de tecnologías y prácticas de manejo
sustentable y apropiado, utilizando la contribución de la ciencia moderna y del
conocimiento tradicional. Es necesario también que estas políticas desalienten
el derroche y el consumo excesivo, y que garanticen la satisfacción equitativa
de las necesidades básicas”.
Con posterioridad a Curitiba  ha habido otros dos encuentros
internacionales de afectados por represas, que han dado lugar a sendas
declaraciones: la de Rasi Salani (2003) y la de Temaca (2010). Ambas han
reafirmado los principios y demandas de las declaraciones de Curitiba. En Rasi
Salani, Tailandia, se construyó la represa del mismo nombre. La declaración de
Temaca manifiesta la solidaridad con los pueblos de Temacapulín, Acasico y
Palmarejo, en México, impactados por causa de la construcción del proyecto “El
Zapotillo”.
Estas declaraciones, si bien no tienen valor normativo, constituyen una
declaración de principios y el testimonio de primera mano que se origina en el
reclamo de los directamente afectados con la ejecución de proyectos de grandes
represas.
4.3 La Observación General Núm. 7 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Casi en simultánea con la Conferencia de Curitiba, durante
el 16º periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de Naciones Unidas, que sesionó en Ginebra,
Suiza, del 28 de abril a 16 de mayo de 1997, se adoptó la Observación General
Núm. 7 acerca de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. En ella el Comité interpretó el alcance del parágrafo 1
del artículo 11 de dicho instrumento en relación con la vivienda digna y el
desalojo forzoso. Se refirió a la problemática derivada de la construcción de
represas en dos numerales. Primero, al precisar el concepto de desalojo
forzoso, señaló:
“Hay otros casos de desalojos forzosos que
tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en relación con
conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura
como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en
gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana,
rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de
tierras para fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la
celebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos
Olímpicos.”[30]
Y más adelante precisa:
“13. Antes
de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que
afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que
se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que
permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la
fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los
afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también
por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización
por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este
respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen
"un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido
violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
14. Cuando
se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con
estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas
internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la
razón y la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la Observación
general Nº 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la injerencia en
el domicilio de una persona sólo puede tener lugar "en los casos previstos
por la ley". El Comité observó que en tales casos la ley debía
"conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto".
El Comité señaló también que "en la legislación pertinente se deben
especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse
esas injerencias".
15. Aunque
la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son
aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia
para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con
muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos
humanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que se deberían
aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica
oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y
razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la
fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un
plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso,
a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de
funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente
cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las
personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal
tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g)
ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible
a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
16. Los
desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda
o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por
el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las
medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda.
17. El
Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por instituciones
internacionales en los territorios de Estados Partes han originado desalojos
forzosos. Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación general Nº 2
(1990) que dice, entre otras cosas, que "los organismos internacionales
deberían evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que, por
ejemplo [...] fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o
grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión o
desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la
protección y compensación adecuadas [...] En cada una de las fases de los
proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible para que se tengan en
cuenta los derechos reconocidos en los Pactos (6).
18. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han aprobado directrices en materia
de reubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los sufrimientos humanos
causados por los desalojos forzosos. Esas prácticas suelen ser el corolario de
proyectos de desarrollo en gran escala, como la construcción de presas y otros
proyectos importantes de producción de energía. Es esencial la plena observancia
de esas directrices, en la medida en que reflejan las obligaciones contenidas
en el Pacto, tanto por los propios organismos como por los Estados Partes en el
Pacto. A este respecto, el Comité recuerda lo señalado en la Declaración y
Programa de Acción de Viena en el sentido de que: "el desarrollo propicia
el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de desarrollo no puede
invocarse como justificación para limitar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos" (parte I, párr. 10).”
4.4 El informe de la Comisión Mundial de Represas de 2000.
Con posterioridad a la Conferencia de Curitiba, a finales
de los años noventa, finalmente hubo eco de las demandas contenidas en las
declaraciones de 1994 y 1997, y se organizó la Comisión Mundial de Represas (en
adelante CMR), con el objetivo de evaluar este tipo de proyectos de grandes
presas.
El Banco Mundial y la UICN[31] invitaron a unos 40 representantes de
la industria constructora de represas, gobiernos, instituciones académicas,
ONGs y movimientos de personas afectadas por éstas para analizar el impacto de
tales proyectos.
El informe de la CMR, un extenso documento de casi 400
páginas, se concluyó y publicó en 2000[32], después de analizar información de
125 represas en el mundo, estudiar en detalle el impacto de ocho de ellas,
hacer dos análisis de país, preparar 18 documentos de análisis, realizar
consultas en todo el mundo y recibir más de 900 comentarios. Identifica los
daños ambientales y sociales más importantes y da recomendaciones que deberían
tenerse en cuenta para evitar que el desarrollo de grandes represas cause
impactos negativos. De acuerdo con el reporte, las conclusiones a las que llegó
la Comisión en relación con la ejecución de este tipo de obras, se presentan
así[33]:
-
Las represas han hecho una importante y
significante contribución al desarrollo humano, y los beneficios derivados de
ellas han sido considerables.
-
En demasiados casos  se ha pagado un
precio inaceptable y frecuentemente innecesario para asegurar dichos
beneficios, especialmente en términos sociales y ambientales, por parte de
personas desplazadas, comunidades ribereñas, contribuyentes y el medio
ambiente.
-
La falta de equidad en la distribución
de beneficios ha llamado a cuestionarse el valor de muchas represas para
satisfacer las necesidades de desarrollo en cuanto a agua y energía cuando son
comparadas con otras alternativas.
-
Al traer a la mesa a todos aquellos
cuyos derechos están involucrados y  soportan los riesgos asociados con
diferentes opciones de desarrollo de agua y energía son creadas las condiciones
para una resolución positiva de los intereses en competencia y conflictos.
-
Los resultados de las negociaciones
mejorarán extremadamente la efectividad del desarrollo de proyectos de agua y
energía, eliminando proyectos desfavorables en una etapa temprana, y ofreciendo
como alternativa solo aquellas opciones que las partes interesadas claves en el
proceso acuerden que representan las mejores para satisfacer las necesidades en
cuestión.
En relación con los impactos ambientales, de acuerdo con la
CMR las grandes represas en general producen una serie de consecuencias que son
más negativas que positivas y, en muchos casos, han conducido a la pérdida
irreversible de especies y ecosistemas[34]
La CMR señaló que –esto para el año 2000- aproximadamente
el 60% de las cuencas de los grandes ríos del planeta habían sido alteradas por
la construcción de este tipo de proyectos. Estas alteraciones pueden dar lugar
–explica- a la pérdida de ecosistemas, contaminación de fuentes de agua dulce,
reducción significativa en poblaciones de peces, producción de cantidades
perjudiciales de gases de efecto invernadero y hasta el aumento de riesgos
sísmicos.[35]
Señaló la Comisión que muchos de dichas consecuencias están
relacionadas con “la falta de atención en cuanto a prever y evitar los
impactos, a la calidad deficiente y a la incertidumbre de las predicciones, la
dificultad de hacer frente a todos los efectos, y a la ejecución y éxito sólo
parcial de medidas de mitigación”[36].
En relación con
los impactos sociales de este tipo de proyectos[37], la CMR concluyó que el
desarrollo inadecuado de la construcción de grandes represas puede resultar en
la violación de los derechos humanos de las personas
y las comunidades afectadas, así como de algunos de sus derechos colectivos.
Tales violaciones son diversas y contemplan desde el
posible desplazamiento forzado, las amenazas y hostigamientos a quienes
defienden sus tierras,  incluyendo la ocurrencia de masacres. Señala la Comisión[38]
que los beneficios directos ofrecidos a las comunidades impactadas suelen
reducirse a cifras económicas que sirven para análisis pero no se rinden en
términos humanos.
Concluye que, para finales del anterior siglo, entre 40 y
80 millones de personas habían sido desplazadas por causa de construcción de
represas. Ello significa que, tomando en consideración la población actual del
planeta,    aproximadamente una de cada 100 personas que viven actualmente en
la tierra habría sido desplazada por el desarrollo de un proyecto un embalse
grande.
Los pueblos indígenas y las mujeres –informa la CMR- han
sufrido desproporcionadamente los impactos de las represas, a la vez que en
muchos casos han sido excluidos de los beneficios. El reasentamiento ha
producido penurias económicas extremas, la desintegración de las comunidades y
un incremento en los problemas de salud mental y física. Millones de personas
que viven río abajo de los embalses han derivado asimismo impactos como
resultado de las enfermedades, la alteración del caudal del río y la pérdida de
los recursos naturales, incluido el recurso íctico
El informe de la Comisión resalta que ya desde la fase de
planeación y diseño existe un importante impacto social que se da entre el
momento en que se toma la decisión de desarrollar el proyecto y el comienzo de
la construcción. Las represas –explica- a menudo son discutidas durante años
antes del desarrollo del proyecto, y  cuando un sitio es identificado como
lugar de construcción se puede generar lo que el informe llama una "plaga
de planificación" ya que existe la posibilidad de que gobiernos, empresas,
agricultores y otros se nieguen a emprender nuevas inversiones productivas en
las zonas que, posteriormente, podrían ser inundadas. Las comunidades pueden
sufrir durante décadas la falta de desarrollo e inversiones sociales.
Con posterioridad, ya en el momento en el que empieza la
ejecución de la obra, la construcción requiere un gran número de trabajadores
no especializados y cantidades más pequeñas pero significativas de expertos.
Son creados, por ende, nuevos puestos de trabajo tanto para mano de obra
calificada como no calificada. Sin embargo, el beneficio para las comunidades
locales con frecuencia suele ser significativo pero corto, a menos de que
exista una adecuada planificación de este. Las nuevas carreteras, las líneas
eléctricas y  otro tipo de  infraestructura instalada por causa de la
edificación de una represa  proporcionan  entrada a zonas anteriormente de
difícil acceso, lo que permite el asentamiento y la conexión local de economías
a los mercados nacionales.
Lo anterior, observa la Comisión,  tiene tanto efectos
positivos como impactos sociales negativos: expuestos a la economía nacional,
los pueblos indígenas y los grupos vulnerables pueden ver sus tierras y medios
de subsistencia amenazados por fuerzas más allá de su comprensión o control;
algunas poblaciones se han encontrado incluso expuestas a mayores problemas de
salud (incluyendo la  malaria, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH)
y a una pérdida de cohesión social , generada por la gran afluencia de
forasteros.
Ahora bien, el informe de la CMR hace algunas
consideraciones puntuales como el del desplazamiento generado por la ejecución
de este tipo de proyectos. Para la Comisión, ese fenómeno no solo está referido
al punto de cómo la gente impactada por la construcción de una represa se ve
obligada a dejar sus hogares y sus tierras para buscar nuevos lugares de
habitación, sino que considera también de qué manera la construcción obliga al
traslado de comunidades por causa de los efectos de la represa en sus
tradicionales formas de sustento.  Vale la pena trascribir aquí las
consideraciones de la CMR al respecto[39]:
“Muchas de las intervenciones de desarrollo
para transformar recursos naturales, en particular los proyectos de
infraestructura a gran escala,  implican alguna forma de desplazamiento de  las
personas de sus formas de sustento y de sus  hogares. Las grandes presas son
quizás únicas entre los proyectos de este tipo que pueden tener un impacto
generalizado y de amplio espectro en el ecosistema, debido simplemente al
bloqueo de un río. El resultado es una serie de consecuencias terrestres,
acuáticas y ribereñas que no sólo afectan a los ecosistemas y la biodiversidad
sino que también suelen tener consecuencias graves para las personas que viven
cerca y lejos del sitio de la presa. Una base de recursos grande y
multi-funcional como lo es un río y sus alrededores, se caracteriza por una
compleja red de diversos, interconectados, implícitos y explícitos roles
funcionales, dependencias e interacciones. En consecuencia, las implicaciones
sociales y culturales de poner un dique en tal paisaje son espacialmente
significativas, perturbadoras de lo local, duraderas y a menudo irreversibles.
Las grandes represas han alterado
significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos
destructivos, duraderos y, por lo general, involuntarios, en los medios de vida
y las fundaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven
en estas regiones. Los impactos de la construcción de represas en las personas
y sus  medios de vida – aguas arriba y abajo - han sido particularmente
devastadores en Asia, África y América Latina, donde los sistemas fluviales
existentes servían de soporte a las economías locales y a la forma cultural de
vida de un población grande que contiene diversas comunidades.
El desplazamiento se define aquí como una
referencia tanto al “desplazamiento físico” como al desplazamiento por
"medio de vida "(o privación). En un sentido restringido, el
desplazamiento resulta en el desplazamiento físico de las personas que viven en
el depósito u otra área del proyecto. Esto ocurre no sólo por la inundación de
yacimientos sino también por causa de la instalación de otras instalaciones del
proyecto, asociadas a su infraestructura. La base de datos de la CMR registra
que con demasiada frecuencia este desplazamiento físico es involuntario e
implica coerción y el uso de la fuerza - en algunos casos incluso el homicidio.
Sin embargo, la inundación de las tierras y
la alteración de los ecosistemas fluviales - ya sea aguas arriba o aguas abajo
- también afectan los recursos disponibles para las actividades productivas
terrestres y ribereñas. En el caso de las comunidades que dependen del cultivo
de la tierra y de los recursos naturales, esto a menudo resulta en la pérdida
de acceso a los medios tradicionales de subsistencia, incluida la producción agrícola,
la pesca, el pastoreo de ganado, la recolección de leña y de productos
forestales, para nombrar unos pocos. Esto no sólo interrumpe las economías
locales, sino que en la práctica desplaza personas - en sentido amplio - del
acceso a una serie de recursos naturales y de insumos para su sustento. Esta
forma de desplazamiento priva a las personas de sus medios de producción y
disloca su medio socio-cultural medio. El término «afectados» por lo tanto se
aplica a las personas que enfrentan cualquier tipo de desplazamiento.
Los efectos en el tiempo de estos impactos
sociales varían, dependiendo de la causa próxima. En la caso de pérdida del
hogar y sustento debido a el llenado de un depósito, los impactos sociales son
bastante inmediatos. Las implicaciones para los medios de vida aguas abajo, sin
embargo, se presentan sólo después de la finalización de la presa. En este
punto se pueden dar en forma rápida, cómo los cambios en el flujo del río  y su
impacto recesivo en la agricultura; o lentamente, como son los cambios físicos
y químicos que se traducen en la degradación de los ecosistemas y la pérdida de
la biodiversidad.”
En referencia a la anterior problemática, la CMR concluyó
que en la etapa de planeación de la construcción de una represa, por regla
general, se subestima el número de personas directa e indirectamente afectadas
por causa del proyecto. Las encuestas realizadas para establecer el grupo de
impactados han demostrado ser inadecuadas y el espectro de definición de quién
resulta dañado ha sido limitado. Por lo general –puntualiza- resultan
especialmente excluidas las poblaciones que habitan aguas abajo del desarrollo
del proyecto, los que no tienen títulos sobre las tierras que habitan, los que
resultan impactados por la construcción de infraestructura auxiliar del
proyecto  y los pueblos indígenas. En cuanto a este último aspecto, cita como
paradigmático el caso de la construcción de la represa Urrá I, en Colombia,
donde –alega- fueron desplazados 12.000 indígenas y afectados en su
subsistencia más de 60.000 pescadores tradicionales.
Señala también los inconvenientes generados por el
reasentamiento, la mitigación de las consecuencias y la compensación de las
personas desplazadas, bien sea porque habitaban el lugar inundado o por  la
desaparición de sus formas tradicionales de sustento.
Las personas reasentadas – indica el informe- rara vez han
recuperado sus formas de sustento, ya que los programas se han enfocado en la
reubicación física antes que el desarrollo económico y social de los
desplazados. Las oportunidades de desarrollo han sido negadas a las comunidades
durante décadas y ha sido poca o ninguna la participación significativa de la
gente afectada en la planificación y ejecución de los proyectos de represas, incluyendo
el reasentamiento y la rehabilitación.
La compensación monetaria –concluye la CMR- suele ser, en
el mejor de los casos, demorada y usualmente no logra reemplazar las formas
tradicionales de sustento que se han perdido. La Comisión indicó que muchos de
los proyectos de grandes represas han tenido compensaciones inadecuadas, una
mitigación inapropiada, y falta de medios para reclamo. Los impactados, en
muchos casos han sido obligados a reasentarse alrededor del embalse en zonas
cuyos recursos ya están agotados y el medio ambiente deteriorado. La reposición
de la tierra agrícola, los servicios básicos y la infraestructura en los sitios
de reasentamiento rara vez llega a darse, o ha sido inadecuada, o retrasada
durante muchos años. Sin ninguna forma de ganarse la vida, las personas
afectadas han sido obligadas nuevamente a abandonar los sitios de
reasentamiento y emigrar.
La CMR, luego de la evaluación exhaustiva de los impactos
de la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, se permite hacer
algunas recomendaciones;
“La prioridad para un sector energético
mundial que sea sostenible y equitativo es que todas las sociedades aumenten la
eficiencia en su uso de energía y utilicen fuentes renovables. Las sociedades
de altos niveles de consumo también deberán reducir su uso de combustibles
fósiles. Las opciones descentralizadas en pequeña escala, sobre la base de
fuentes renovables locales ofrecen el mayor potencial a corto plazo y
posiblemente también a largo plazo en las zonas rurales”.[40]
Las opciones que destaca la Comisión incluyen la biomasa,
la energía eólica, solar, geotérmica, de la energía del océano y la
cogeneración.
Diez años después de la publicación del informe de la CMR,
la organización ambientalista International Rivers[41] realizó una
evaluación de las recomendaciones en él contenidas. En su reporte concluyó que “la
evidencia continúa señalando que estas obras –a menos que se desarrollen con
los más estrictos estándares ambientales y sociales-, representan un costo
significativo para la gente y el planeta”[42] Hizo énfasis en que:
“Los principios expresados por la Comisión
Mundial de Represas representan valores fundamentales de los derechos humanos y
la sustentabilidad. Estos incluyen: la realización de evaluaciones de opciones
integrales; el respeto de los derechos de las comunidades afectadas mediante la
negociación de acuerdos legalmente vinculantes; asegurar el consentimiento
libre, previo e informado de los pueblos indígenas; la garantía de que las
comunidades afectadas son las primeras en beneficiarse; la solución de los
problemas provocados por proyectos ya existentes antes de construir nuevos; el
suministro de caudales ambientales que aseguren el mantenimiento de los
ecosistemas río abajo y de los medios de subsistencia; y la exigencia de planes
de cumplimiento fundados y ejecutables.
Aunque el informe de la CMR ha generado
debate, sus principios fundamentales se han reflejado cada vez más en normas
jurídicas. Por ejemplo, han sido incorporados a la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a las políticas de
salvaguarda del Banco Asiático de Desarrollo, a la Directiva Marco del Agua de la
Unión Europea, así como a legislaciones y políticas nacionales de China,
Colombia, Nepal, Noruega, Vietnam y otros países. Sin embargo, la aplicación
efectiva de estas normas está lejos de ser completa en estos y otros países.
(…).
A menudo existen mejores alternativas a las
grandes represas, en particular para satisfacer las necesidades de agua y
energía de las comunidades vulnerables o pobres. Estas alternativas son cada
vez más viables en el sentido económico y en algunos casos superan el
desarrollo de nuevas represas. En 2009, por ejemplo, se desarrolló mayor
capacidad eólica que hidroeléctrica a nivel mundial, según el Informe 2010 de
la situación global de las Energías Renovables de la REN21.
(…)
Cuando se identifica una represa como la
mejor solución luego de un proceso integral de evaluación de opciones
transparente y participativo, es importante que se respeten estrictamente los
criterios para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y proteger
el medio ambiente.
(…)
En el 10º aniversario de la Comisión
Mundial de Represas, reafirmamos los principios basados en los derechos
adoptados por el informe de la CMR y por numerosos convenios, leyes, políticas
y reglamentos.”[43]
4.5 El estudio del caso latinoamericano por parte de la
AIDA[44].
Durante el año 2009, a manera de complemento al ya reseñado informe de la Comisión Mundiales de Represas, se elaboró, con fundamento en
el estudio de caso de la construcción de cinco grandes proyectos de esta índole
en el continente americano,  el reporte  “Grandes represas en América, ¿peor
el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos
humanos y posibles alternativas”. Este fue preparado por por la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, en colaboración con
International Rivers. Contribuyeron las organizaciones participantes de AIDA:
Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), Centro de Derechos
Humanos y Ambiente (CEDHA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
Earthjustice, Ecojustice, ECOLEX Corporación de Gestión y Derecho Ambiental,
Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA), y las organizaciones Sobrevivencia de Paraguay, el Instituto
Socioambiental (ISA) de Brasil y de la Asociación para la Conservación y el
Desarrollo (ACD) de Panamá.[45]
Como se dijo, la metodología de trabajo incluyó cinco casos
emblemáticos de diversas regiones del continente, representativos de los
impactos más comúnmente asociados con tales proyectos. Fueron los siguientes:
“1. Yacyretá (Argentina y Paraguay),
proyecto binacional implementado en los años 80s, cuyos daños ambientales y
sociales fueron identificados desde el comienzo de la construcción, y han sido
ampliamente documentados incluso por el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). A pesar de haber afectado gravemente a miles de personas,
y que las medidas integrales de mitigación y compensación aún están pendientes
de implementación, actualmente los gobiernos buscan aumentar el nivel de la
represa, situación que generará nuevos impactos negativos.
2. Río Madeira (entre Bolivia y Brasil),
también es un proyecto con impacto nacional de gran magnitud, que contempla
varias hidroeléctricas y cuya implementación tendría significativos impactos en
comunidades indígenas y campesinas de la región, afectando a miles de personas.
Este proyecto hace parte de la Iniciativa de Integración de Infraestructura
Regional de Sur América (IIRSA).
3. Baba (Ecuador), ubicado en los Andes del
Norte, es un proyecto multipropósito que pretende la construcción de una
grandes represa para hacer el trasvase de aguas del Río Baba, hacia la
hidroeléctrica Daule-Peripa, ya en operación pero con problemas de
productividad. La Corte Constitucional Ecuatoriana ordenó revisar el Estudio de
Impacto Ambiental, debido a las graves fallas y la falta de consulta e
información apropiada con las comunidades afectadas. A pesar de que no se han
hecho las revisiones ordenadas por la Corte, la construcción del proyecto
continúa.
4. Chan-75 (Panamá), un proyecto
hidroeléctrico desarrollándose en territorio de las comunidades indígenas
Ngöbe, quienes no han sido consultadas ni informadas apropiadamente. Además, va
a afectar el Parque Binacional La Amistad, una zona declarada como Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su gran riqueza de
biodiversidad.
5. La Parota (México), incluido como
evidencia de las fallas en los procesos de consulta pública a comunidades
indígenas y campesinas afectadas (cerca de 25,000 personas), así como graves
falencias en el estudio de impacto ambiental que, entre otros, ignoran los
posibles riesgos sísmicos que el proyecto podría causar. Debido a la presión
popular y al éxito de dos acciones legales que evidenciaron los problemas en la
consulta, el gobierno mexicano ha suspendido la construcción del proyecto por
varios años. En todo caso, otras acciones legales interpuestas desde hace más
de cuatro años, denunciando irregularidades en la aprobación del proyecto,
continúan sin resolverse.”[46]
El estudio resumió algunas de las más importantes
violaciones al ordenamiento internacional de los derechos humanos que la
construcción de grandes represas puede causar de manera repetida y sistemática.
Destacó los siguientes aspectos:
“a. Daños irreversibles a comunidades por
la afectación al derecho a un ambiente sano, la pérdida de hábitats, salud
humana, formas de vida y fuentes de alimentación;
b. Desplazamiento forzado de comunidades
afectadas sin la posibilidad de participación y sin la formulación de planes de
reubicación y compensación requeridos para éstas;
c. Ausencia de evaluación de impactos
ambientales y sociales, integral y previa a la aprobación y al comienzo de las
obras, que considere la gravedad de los daños a causar y las posibles acciones
para evitarlos, incluyendo las alternativas al proyecto;
d. Falta de consulta previa y participación
pública, adecuada, oportuna e integral, a las comunidades y otros actores
afectados;
e. Violaciones a los derechos territoriales
de los pueblos indígenas y tribales;
f. Falta de acceso a la información y a la
justicia;
g. Criminalización de la protesta de las
comunidades y personas afectadas, incluyendo presiones que han ocasionado
incluso asesinatos, amenazas y hostigamientos”[47].
Como lo hiciera la CMR, este informe resalta el desplazamiento
de personas, familias como una de las violaciones a los derechos humanos más
graves provocadas por proyectos de grandes represas. Este fenómeno –explica-
implica perjuicios considerables para los afectados. Al respecto señaló:
“Tan sólo los cinco casos de proyectos presentados en este
informe causarían, si todos son llevados a cabo, el desplazamiento de entre
91,000 y 170,000 personas, la mayoría de ellos familias y personas que ya
fueron afectados por el Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá entre Argentina y
Paraguay (cap. V.C).Es importante resaltar que el reasentamiento de personas,
aunque necesario en la construcción de la gran mayoría de las grandes represas,
no conlleva ineludiblemente el desplazamiento forzado y la violación de
derechos humanos."[48]
Resulta de especial interés lo dicho respecto a la
participación pública en este contexto. Considera el informe que se trata de
una obligación aplicable para cualquier tipo de estos proyectos y requerida por
diversos instrumentos internacionales particularmente cuando se prevé un
desplazamiento o desalojo.[49]
Señala que, en la práctica, a  pesar de los  previsibles efectos del desarrollo
de este tipo de proyectos, solamente pocas veces se realiza un proceso de
consulta con las comunidades y poblaciones afectadas. Tampoco se les permite
una participación efectiva. Con buen sentido indica que estas faltas son
contrarias a normas del derecho internacional:
La protección de los derechos de las comunidades y personas
afectadas a la participación en asuntos públicos, consagrado en el artículo 25
del PIDCP y el artículo 23 de la Convención Americana, exige procesos adecuados
que garanticen una consulta y participación pública efectiva. Este derecho no
se limita a la garantía del sufragio, sino también incorpora un sentido más
amplio de participación. Como planteó el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
la participación pública también incorpora el participar “en la dirección de
los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo
públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta
participación se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y
asociación.
Específicamente en relación con proyectos de desarrollo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido: “La participación
pública en la toma de decisiones permite, a quienes tienen en juego sus
intereses, expresar su opinión en los procesos que los afectan. La
participación del público está vinculada al artículo 23 de la Convención
Americana, donde se establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho
de ‘participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos’, así como al derecho de recibir y
difundir información. … si bien la acción ecológica requiere la participación
de todos los sectores sociales, algunos, como las mujeres, los jóvenes, las
minorías y los indígenas, no han podido participar directamente en dichos
procesos por diversas razones históricas. Sería menester informar a los individuos
afectados y oír su opinión respecto a las decisiones que los afectan”
El derecho internacional ambiental también acuña los
fundamentos de la participación pública, por ejemplo, el Principio 10 de la
Declaración de Río plantea: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales
es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener… la oportunidad de
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos”. [50]
Desde estas interpretaciones –concluye-  se puede deducir
que una participación pública efectiva en el caso de la construcción de una
represa, debe incluir como mínimo: “la garantía que las personas
interesadas, incluidas las mujeres, niños y niñas, puedan (1) recibir y
difundir información previamente a la toma de la decisión, y que la información
se presente de una forma adecuada y clara, (2) tener suficiente tiempo para
revisar y presentar comentarios, y (3) tener acceso a la información y
justificación motivada de la decisión de la autoridad respecto del asunto que
se trate. Además, si las comunidades afectadas son pueblos indígenas o
tribales, otras obligaciones son requeridas respecto a la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado”
4.5 Cómo la construcción de una represa puede violar
derechos fundamentales. Conclusiones de este capítulo.
En síntesis, debe señalarse que la construcción de una gran
represa implica el surgimiento de una situación extraordinaria para el grupo de
personas, que se enfrentan a una modificación grande de sus vidas. Ese cambio,
que surge por causa de una decisión gubernamental,  que tiene que ver con una
visión del interés general (con ella se busca satisfacer las necesidades
energéticas de todo el país), amenaza por sí misma  derechos fundamentales de
dichas personas y puede ponerlos en situación de violación. Es bien sabido que
la prevalencia del interés general es un principio constitucional (artículo 1º
de la Carta). Sin embargo, también se sabe de sobra que la prevalencia de dicho
interés no puede ser pretexto para la violación de los derechos fundamentales
de las personas.
No puede la Corte discutir la importancia que tiene la
ejecución de proyectos como El Quimbo. Primero, porque no es de su resorte
hacerlo, y adicionalmente porque  no está llamada a juzgar en la presente
tutela cuál debe ser la política energética del Estado colombiano. Sin embargo,
sí está en el  deber de señalar que a nivel mundial –lo demuestran informes,
declaraciones, observaciones y estudios como los citados- la amenaza que se
cierne sobre un conglomerado al ejecutar una obra de este talante es
previsible. Por ello, las autoridades administrativas encargadas de salvaguardar
en estos casos los derechos fundamentales de la población impactada tienen un
especial grado de responsabilidad, tanto en la fase de diseño como en el de
implementación, para que las obligaciones de mitigación de las consecuencias
sociales previstas en la licencia ambiental se honren cabalmente. Igualmente,
es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de este tipo de obras sobre
las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman
las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras
alternativas, como las propuestas por la CMR.
De la lectura de los pasajes anteriores de esta sentencia
vale destacar que el grupo de derechos principalmente amenazados y
potencialmente violados, comprende, entre otros, el derecho (i) a tener una
vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, al (iv) trabajo y
a la (v) seguridad alimentaria. También existe, como se vio, un potencial
riesgo de afectación del (vi) derecho a un medio ambiente sano. Por último cabe
destacar que se puede afectar gravemente el derecho a la participación pública
efectiva, consagrado en los artículos 40-2 de nuestra Constitución y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[51] y 23 de la
Convención Americana[52],
que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Ahora
bien, no solamente las autoridades ambientales tienen un especial grado de
cuidado en relación con la mitigación de los impactos sociales de la obra. Este
deber especial también atañe directamente a la empresa interesada en la obra.
La actividad que desarrollan implica un riesgo grave para muchas personas, por
lo que, aun antes de que empiece su ejecución, antes incluso de que se surta el
trámite de licenciamiento ambiental, deben prestar especial atención a la
salvaguarda del derecho a la participación pública efectiva, aunque no se esté
en una situación que invoque la realización forzosa de la consulta previa
prevista en convenio 169 de la OIT.
Como
quedó dicho en un pasaje superior de la sentencia esta Corte ha dicho que según
cada caso y la decisión que se esté adoptando, deben analizarse cuáles son las
comunidades que se verán afectadas, y por ende, a quienes debe garantizársele
los espacios de participación y de concertación oportunos para la ejecución de
determinada decisión. Se recuerda entonces que,  cada vez que se vaya a
realizar la ejecución de una obra que implica la intervención de recursos
naturales, los agentes responsables deben determinar qué espacios de
participación garantizar según qué personas vayan a verse afectadas; si se
trata de comunidades indígenas o afrodescendientes, o si se trata de una
comunidad, que a pesar de que no entra en dichas categorías, su subsistencia
depende del recurso natural que se pretende intervenir, y en esa medida,
también será obligatoria la realización de espacios de participación,
información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado.
Una vez
así garantizada en las fases previas la participación, al efectuar el censo de
la población afectada, para no incurrir en violaciones de otros derechos
fundamentales, solo se podrá requerir de quien solicite ser incluido en dicho
censo el cumplimiento de los trámites y requisitos expresamente previstos en la
ley  o en la licencia ambiental y, en virtud del principio de buena fe, deben
tenerse como ciertas, a menos de que se demuestre lo contrario, las
declaraciones y pruebas aportadas por quien considera que deriva afectación de
la construcción del proyecto. En este sentido, si la empresa considera que la
declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así.
Finalmente, exigir que una persona alegue la condición dentro de   un término
definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado,
en atención a las razones que, como se vio en otro pasaje de esta sentencia, la
afectación por causa del proyecto puede surgir paulatinamente.
5 Análisis de los casos concretos.
5.1. Los señores
Álvaro Lizcano Rodríguez (T-3490518), Rafael Antonio García Lotero (T-3493808),
José Darío Horta Sánchez (T-3505191), Luis Ernesto Cumbre González (T-3638910),
Reinel Castañeda Mayorga (T-3639886), Fermín Caballero (T-3662191) y Leonardo
Macías Sepúlveda (T-3670098), demandan a EMGESA S.A. E.S.P y, en algunos casos
también al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A la actuación
de la demanda interpuesta por el señor Lizcano fueron vinculadas de manera
oficiosa las Corporaciones Autónomas  Regionales del Río Magdalena
“CORMAGDALENA” y del Alto Magdalena “CAM”, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales “ANLA”, la Alcaldía y la Dirección de Justicia Municipal de Paicol
y la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila.
Los actores consideran que sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y al trabajo, entre otros, fueron
violados por EMGESA S.A. E.S.P. por no haberlos incluido en el censo de
población afectada por causa de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo.
Indican que se dedican a diversas actividades laborales, de donde derivan su
sustento, que se han visto afectadas con el desarrollo del proyecto. Piden ser
incluidos en el listado de perjudicados y que, como consecuencia de ello, les
sean otorgados los beneficios derivados de esa condición. En uno de los casos,
el del señor Lizcano Rodríguez, adicionalmente solicita que se deje sin efectos
el acto administrativo de licenciamiento ambiental de El Quimbo. La empresa
aduce  el censo se finalizó en enero de 2010 y que los actores no se hicieron
parte de ese proceso, por lo que la acción de tutela no está llamada a
prosperar. Solicita, en todos los casos, que se niegue el amparo reclamado.
5.2 Como se señaló ya al presentar los asuntos, la Corte se
abstendrá de referirse a la legalidad de los actos administrativos que hacen
parte del proceso de licenciamiento ambiental de El Quimbo y concentrará la
resolución del caso en lo que concierne a la falta de inclusión de los demandantes
en el censo. Ello tiene que ver con el carácter subsidiario y residual
de la acción de tutela: es la jurisdicción contenciosa administrativa la
llamada a resolver las ilegalidades que hayan podido surgir en relación con la
resolución 899 de 2009 y todas las que la complementan y modifican.
Adicionalmente, anota la Sala que son ya varias las acciones legales que fueron
presentadas y se encuentran en curso en relación con este aspecto.
Así las cosas,
advierte la Corte que en las siete demandas de tutela acumuladas habrá de
otorgar el amparo reclamado por los actores. Aplicando las reglas decantadas en
las consideraciones generales de esta sentencia –como se pasa a explicar a
continuación-, evidencia que existen suficientes elementos de juicio como para
considerar que efectivamente los actores en dichos procesos debieron ser
incluidos en el censo de población afectada por la represa de El Quimbo.
De manera
general debe señalarse, en primer orden de ideas que no se constata en el
presente caso la existencia de un verdadero proceso de participación que diera
lugar a que se protegiera tal derecho de los aquí actores ni de un número
indeterminado de personas. Esta afectación, observa la Sala, se surte en dos
niveles. En primer orden de ideas, con respecto a la ejecución del proyecto en
sí y, en segundo, en relación con la elaboración del censo de personas
afectadas.
Por un lado se observa en la resolución 899 de 2009, lo siguiente:
“…durante el presente trámite este Ministerio no sólo ha garantizado
los diferentes mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 99 de
1993, sino también ha solicitado a la empresa que, ante todo, consulte el interés
de la comunidad para que sea ésta la que identifique los impactos que se
generarán como consecuencia del proyecto, a fin de establecer conjuntamente las
respectivas compensaciones. En efecto, el Grupo de Evaluación de la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio, en el
Concepto Técnico No. 277 de 22 de febrero de 2008, se pronunció así acerca de
la importancia de la participación de la comunidad, no sólo en la etapa de
identificación de los impactos ambientales, sino durante todo el desarrollo del
proyecto:
“Lineamientos de participación
Frente a los efectos ocasionados sobre la estructura económica,
social y cultural de las poblaciones ubicadas en el área de influencia del
embalse Quimbo, es necesario asumir como lineamientos de participación, no sólo
las jornadas de información sobre el proyecto y sus implicaciones, sino todas
las etapas de su desarrollo. Con el fin de cumplir con este propósito no se
debe partir de posturas asistenciales, donde los impactos hayan sido ya
definidos. El análisis de impactos debe surgir de la percepción de los
habitantes a partir de un diagnóstico situacional participativo, un proceso de
análisis reflexivo, que involucre a los diferentes actores sociales presentes
en el área de influencia (autoridades regionales, ciudadanos y comunidades
organizadas). Se deben priorizar los impactos identificados por la población y
planificar conjuntamente
el abordaje de las medidas de manejo para el componente social,
teniendo en consideración tanto los actores involucrados como las redes
sociales, sus motivaciones y estrategias relacionales, para la elaboración de
propuestas de intervención que prioricen las situaciones críticas mediante
medidas creativas de concertación social.
Durante este proceso podrán encontrarse diferentes opiniones con
respecto al proyecto, que obedecen a intereses particulares. Sin embargo,
conocer estos intereses posibilita un proceso abierto donde se pueden proponer
objetivos sociales, alianzas económicas y propósitos de conservación ambiental
conjunta.
Es preciso estimar el nivel organizativo de los campesinos presentes
en el área afectada por el proyecto El Quimbo y la necesidad de articularlos al
proyecto mediante dinámicas participativas. Los lineamientos participativos no
pueden culminar con el proceso de información. Durante toda la ejecución del
proyecto, los actores sociales deberán ser partícipes de las medidas de manejo
propuestas siendo involucrados como posibles potenciadores del proyecto hidroeléctrico
y no como desplazados de un territorio construido ancestralmente.
El Estudio de Impacto Ambiental debe constituirse como la base para
la construcción de un proceso de integración que evite dinamizar
manifestaciones de malestar social ocasionadas por procesos exclusivos. Para
ello, la Empresa deberá dar importancia a los diferentes intereses, realizando
una labor activa de gestión interinstitucional y creando alianzas para generar
una verdadera dinámica de desarrollo local.”
Así las cosas, desde el inicio del trámite para el otorgamiento de la
Licencia Ambiental solicitada por EMGESA S.A. E.S.P., este Ministerio ha
advertido la
importancia de la participación de la comunidad, y por consiguiente,
ha impuesto a la empresa una serie de exigencias encaminadas a que sean las
comunidaes afectadas las actoras principales en el proceso de evaluación y
determinación de los impactos ambientales y de las correspondientes
compensaciones
.
Este Ministerio reitera, que la participación ciudadana no debe
agotarse en la etapa previa de evaluación de los impactos y determinación de
compensaciones, sino que debe garantizarse que a lo largo de la ejecución del
proyecto se desarrollen estrategias que involucren a los diferentes actores
sociales en las decisiones que puedan llegar a afectarlos.”[53]
Sin embargo, la
realidad dista de lo anotado así por el Ministerio. En contra de los principios
consagrados en la licencia, ella se niega a considerar que, por el avance de la
obra y por los factores que se han expuesto en esta sentencia, la afectación
por causa de una obra de esta envergadura es dinámica y va generando impacto en
el tiempo. No puede hablarse de un censo cerrado, concluido y llevado a
escritura pública sin violar la participación de las personas impactadas, ya
que parte del proceso de participación- dinámico- conlleva la necesidad de
poder plantear estas nuevas afectaciones que van surgiendo con el discurrir del
tiempo.
En lo referente
a la elaboración del censo mismo, no considera la Sala que se hayan empleado
los medios razonables para que la participación pueda considerarse efectiva.
Elaborar unos listados y hacer unas convocatorias por medios, que fue
esencialmente lo que se hizo, resulta insuficiente cuando hay muchos intereses
de tantas personas de por medio, en especial en sitios rurales donde las
comunicaciones muchas veces son precarias.
Es cierto que el proyecto es de amplio
conocimiento público por las noticias en los periódicos y noticieros regionales
y nacionales, y por este hecho, la empresa alega que eran hechos notorios la
zona de las actividades del proyecto y las labores que se realizarían. Sin
embargo, la Sala anota que en ninguna medida puede esto reemplazar la
interacción directa con las comunidades afectadas, y tampoco puede ser razón
para afirmar que era evidente el conocimiento de la hidroeléctrica por parte de
todos los afectados.
Precisamente los siete actores son
afectados por esa doble falta a la participación efectiva de la comunidad. A
continuación pasa la Sala a estudiar el caso de cada uno de ellos, aplicando
las reglas de inclusión en el censo que ya fueron expuestas antes: solo se podrá requerir de quien solicite ser incluido en
dicho censo el cumplimiento de los trámites y requisitos expresamente previstos
en la ley  o en la licencia ambiental y, en virtud del principio de buena fe,
deben tenerse como ciertas, a menos que se demuestre lo contrario, las
declaraciones y pruebas aportadas por quien considera que deriva afectación de
la construcción del proyecto. En este sentido, si la empresa considera que la
declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así.
Finalmente, exigir que una persona alegue la condición dentro de   un término
definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado,
en atención a las razones que, como se vio en otro pasaje de esta sentencia, la
afectación por causa del proyecto puede surgir paulatinamente.
5.3 En relación
con el asunto del señor Lizcano Rodríguez observa esta Sala que, efectivamente
acredita su condición de pescador artesanal mediante carné expedido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollos Rural[54].
Aunque el actor habita en el municipio de Hobo, que queda fuera área de
influencia directa de El Quimbo, hace constar que su actividad se extiende
hasta tramos del río que sí se encuentran en dicha zona.
En consecuencia,
la Sala revocará los fallos que revisa y, en su lugar, concederá el amparo a
los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo del actor, ordenando
a EMGESA S.A. E.S.P. su inclusión en el censo de afectados por El Quimbo y, en
consecuencia, que les sean otorgados los beneficios previstos en la resolución
899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
5.4. En cuanto a la situación del señor Rafael Antonio García Lotero
su calidad de transportador informal de “víveres o de insumos y/o semovientes”[55]
en la zona a la construcción de la represa también está acreditada. Así por un
certificado expedido por un concejal municipal[56],  otro dado por la Junta de
Acción comunal del barrio de Gigante donde vive y varias referencias laborales
En consecuencia,
la Sala revocará el fallo único de instancia que revisa y, en su lugar,
concederá el amparo a los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al
trabajo del actor, ordenando a EMGESA S.A. E.S.P. su inclusión en el censo de
afectados por El Quimbo y, en consecuencia, que les sean otorgados los beneficios
previstos en la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
5.5 En el caso  de José Darío Horta Sánchez su trabajo como “palero”
afectado está soportado en el expediente. Ello mediante dos certificados
expedidos por particulares que señalan que lo distinguen “de vista, trato y
comunicación desde hace diez años en su profesión de o palero”[57].
En consecuencia,
la Sala revocará el fallo único de instancia que revisa y, en su lugar,
concederá el amparo a los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al
trabajo del actor, ordenando a EMGESA S.A. E.S.P su inclusión en el censo de
afectados por El Quimbo y, en consecuencia, que les sean otorgados los
beneficios previstos en la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y
modifican.
5.6 Así mismo, el señor Luís
Ernesto Cumbre González  demuestra su condición de constructor o “maestro de
obra” en la zona de impacto de la de la represa El Quimbo.
Considera la
Sala que, aunque la categoría constructor no fue expresamente reconocida en  la
resolución Núm. 899 de 2009,  la actividad que desarrolla el señor Cumbre se
acomoda a la de “jornalero” o “contratista” que sí están consagradas en el
numeral 1.2.2 del numeral 10 de dicha resolución. Su actividad se encuentra
probada mediante certificados que dan cuenta de que se dedica a “la rusa” desde
hace más de quince años.[58]
En consecuencia,
la Sala revocará los fallos que revisa y, en su lugar, concederá el amparo a
los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo del actor, ordenando
a EMGESA S.A. E.S.P. su inclusión en el censo de afectados por El Quimbo y que,
por ende, le sean otorgados los beneficios previstos en la resolución 899 de
2009 y las que la complementan y modifican.
5.7 En cuanto al señor Reinel
Castañeda Mayorga también está demostrada su calidad de constructor, maestro de
obra o contratista. Esto mediante constancias arrimadas al proceso. Por una
parte, una expedida por el Secretario de Planeación Municipal de Gigante,
Huila, que da cuenta de que el señor Castañeda “se encuentra inscrito en el
libro No. 02 de maestro de obras contratistas”[59].
Además aporta otros certificados que dan cuenta de lo mismo.[60]
Así,  la Sala
revocará los fallos que revisa y, en su lugar, concederá el amparo a los
derechos al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo del actor, ordenando a
EMGESA S.A. E.S.P su inclusión en el censo de afectados por El Quimbo y, en
consecuencia, que le sean otorgados los beneficios previstos en la resolución
899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
5.8 El señor Fermín Caballero
también demuestra su calidad de maestro de obra, constructor o contratista en
el área de impacto del proyecto El Quimbo. Así, por medio de un certificado
suscrito por un ingeniero civil que da cuenta de ello, indicando que el señor
Caballero ejerce dicho oficio desde hace unos cinco años con “lujo de
competencia, de manera responsable”.[61]
Visto lo
anterior, la Sala revocará el fallo único de instancia que revisa y, en su
lugar, concederá el amparo a los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al
trabajo del actor, ordenando a EMGESA S.A. E.S.P. su inclusión en el censo de
afectados por El Quimbo y que, como resultado de la violación de sus derechos,
le sean otorgados los beneficios previstos en la resolución 899 de 2009 y las
que la complementan y modifican.
5.9 Por último, el señor Leonardo
Macías Sepúlveda  también acredita dedicarse al oficio de constructor, maestro
de obra o contratista en la zona de influencia de El Quimbo. Lo hace mediante
varios documentos, entre los que se encuentra una constancia de la Junta de
Acción Comunal del Barrio El Sosimo Suárez del Municipio de Gigante, que da
cuenta del desarrollo de su actividad como “oficial de construcción” desde 1992
hasta 2012.[62]
La Sala
revocará los fallos de instancia que revisa y, en su lugar, concederá el amparo
a los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo del actor,
ordenando a EMGESA S.A. E.S.P su inclusión en el censo de afectados por El
Quimbo y, en consecuencia, que les sean otorgados los beneficios previstos en
la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
5.10 Para
finalizar, esta Sala dispondrá, como medida de protección de otros paleros,
pescadores, trasportadores y constructores, entre otros, que se encuentren en
similar situación que los actores, que EMGESA, en un término de quince (15)
días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie la
elaboración un nuevo censo aplicando lo postulados de esta sentencia y
respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los
habitantes de la zona. Para completar el censo aquí ordenado contará con seis
(6) meses, contados a partir del vencimiento de los primeros quince (15) días.
En relación con este punto también ordenará a la Agencia Nacional Ambiental
–ANLA- que  haga efectivos los procesos de participación de manera continua, en
los términos arriba transcritos y expresados en la Resolución No. 899 de 2009
Igualmente solicitará la Procuraduría Regional del Huila que supervise lo así
decidido.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo proferido el diecisiete (17) de abril de 2012 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual
confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior del Distrito de Neiva, el veintiocho (28) de febrero de
2012, por la cual decidió negar por improcedente el amparo en la acción de
tutela instaurada por Álvaro Lizcano Rodríguez  contra EMGESA S.A. E.S.P. y el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con vinculación oficiosa
de las Corporaciones Autónomas  Regionales del Río Magdalena “CORMAGDALENA” y
del Alto Magdalena “CAM”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
“ANLA”, la Alcaldía y la Dirección de Justicia Municipal de Paicol y la
Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila.
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y, en consecuencia, le sean otorgados los beneficios
previstos en la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
SEGUNDO.- REVOCAR
el fallo único de instancia proferido ocho (8) de mayo de 2012 por el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Gigante,
Huila, por la cual decidió negar la
acción de tutela iniciada por Rafael Antonio García Lotero contra EMGESA S.A.
E.S.P..
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y le sean otorgados los beneficios previstos en la
resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
TERCERO.- REVOCAR
el fallo único de instancia proferido nueve (9) de mayo de 2012 por el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Gigante, Huila,
por la cual decidió negar la acción
de tutela iniciada por José Darío Horta Sánchez contra EMGESA S.A. E.S.P..
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y le sean otorgados los beneficios previstos en la
resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
CUARTO.- REVOCAR el fallo
proferido el tres (3) de septiembre de 2012 por el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Garzón, Huila, mediante el cual confirmó la sentencia de primera
instancia dictada por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Gigante, el
veinticuatro (28) de julio  2012, por la cual decidió negar el amparo en la
acción de tutela instaurada por Luis Ernesto Cumbre González contra EMGESA S.A. E.S.P. y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial.
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y le sean otorgados los beneficios previstos en la
resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
QUINTO.- REVOCAR el fallo
proferido el veintitrés (23) de agosto de 2012 por el Juzgado 2º Civil del
Circuito de Garzón, Huila, mediante el cual confirmó la sentencia de primera
instancia dictada por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Gigante, el treinta
(30) de julio  2012, por la cual decidió negar el amparo en la acción de tutela
instaurada por Reinel Castañeda Mayorga contra
EMGESA S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y le sean otorgados los beneficios previstos en la
resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
SEXTO.- REVOCAR el
fallo único de instancia proferido veinticuatro (24) de julio de 2012 por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Gigante,
Huila, por la cual decidió negar la
acción de tutela iniciada por tutela iniciada por Fermín Caballero contra EMGESA S.A. E.S.P..
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y le sean otorgados los beneficios previstos en la
resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
SÉPTIMO.- REVOCAR
el fallo proferido el diecisiete (17) de agosto de 2012 por el Juzgado 2º Civil
del Circuito de Garzón, Huila, mediante el cual confirmó la sentencia de
primera instancia dictada por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Gigante, el
veinticuatro (24) de julio  2012, por la cual decidió negar el amparo en la
acción de tutela instaurada por Leonardo Macías Sepúlveda contra EMGESA S.A. E.S.P. y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial.
En su lugar, CONCEDER
al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo. Como resultado de la protección otorgada, ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, incluya al demandante en el censo de
afectados por El Quimbo y, en consecuencia, le sean otorgados los beneficios
previstos en la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.
OCTAVO.- ORDENAR a
EMGESA S.A. E.S.P, que en un término de quince (15) días contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, inicie la  elaboración de un nuevo
censo, aplicando los postulados de esta sentencia y respetando, en especial, el
derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona. Para
completar el censo aquí ordenado contará con seis (6) meses, contados a partir
del vencimiento de los primeros quince (15) días.
NOVENO.-
ORDENAR a la Agencia Nacional Ambiental –ANLA- que  haga efectivos los
procesos de participación, de manera continua, en los términos de esta
sentencia y expresados en la Resolución No. 899 de 2009.
DÉCIMO.- SOLICITAR
la Procuraduría Regional del Huila que supervise lo aquí decidido.
UNDÉCIMO.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] “La Obligación de Energía Firme (OEF) es un producto diseñado para garantizar
la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios
eficientes.
Cuando el
precio de bolsa supera, al menos por una hora del día, al Precio de Escasez,
reflejando así una situación crítica de abastecimiento de electricidad, el generador
al que se le asignó una OEF debe generar, según el despacho ideal, una cantidad
diaria determinada de energía.
Las OEF serán
adquiridas por la demanda mediante transacciones centralizadas a través del
ASIC, y subastadas y asignadas única y exclusivamente entre los agentes que
tengan o planeen tener activos de generación, con su correspondiente energía
firme, a partir de una fecha determinada, y que resulten seleccionados en la
subasta.” En http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/obligacion_energia_firme/obligacion_energia_firme.htm
[2] http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/3320.pdf
[3] http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=71
[4] Para mayor información referirse a los siguientes portales en
Internet: http://www.gigante-huila.gov.co; http://www.elagrado-huila.gov.co; http://www.garzon-huila.gov.co; http://www.tesalia-huila.gov.co; http://altamira-huila.gov.co; http://www.paicol-huila.gov.co
[5] Ver, por ejemplo, Boletín de arqueología - FIAN - Año 6 - No 3 – 1991.
Heidy Margarita Correcha Suárez; Reconocimiento Arqueológico en el Valle del
Río Suaza, inspección de La Jagua, Municipio de Garzón-Huila
[6] En http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
[7] http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2179.pdf?view=1
[8]Aportados en el trámite del proceso T-3490518.  Se pueden observar en http://www.youtube.com/watch?v=3uQC6aGEmEg&list=UUIhVFrofPSKV9kskwRhb6hw&index=7
[9] Se encuentra disponible para consulta pública en http://www.anla.gov.co/documentos/res_0899_150509.pdf
o http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Portals/0/documents/Resolucion_899.pdf
[10] Resolución 899 de 2009, páginas 29-32
[11]
[12] Resolución 899 de 2009, página 32
[13] Ídem. Páginas 38-39.
[14] Ídem. Páginas 234-236.
[15] http://www.lanacion.com.co/2013/02/24/afectados-por-el-quimbo-entre-el-desarraigo-y-la-incertidumbre/
[16] http://www.semana.com/nacion/articulo/protesta-contra-hidroelectrica-el-quimbo-deja-25-heridos/262901-3
[17] Expediente T-3490518, cuaderno 1A
[18] Un primer censo se efectuó el mes de junio de 2007.
[19] Folio 21 del expediente.
[20] La actividad del “palero” consiste en ayudar a cargar arena en las  volquetas
en las playas de ríos como el Magdalena.
[21] T-348 de 2012.
[22] Ver sentencias T-274 de 2012, T-811 de 2005,
T-442 de 2005.
[23] Puede ser consultada en inglés en http://www.internationalrivers.org/es/resources/manibeli-declaration-4334.
[24] Manibeli fue un pueblo ubicado en el Valle Narmada en la India, gravemente afectado por la construcción de la represa Sardar Sarovar Dam. Para
mayor información sobre este proyecto (en inglés): http://aidindia.org/sahyog/history_0.html
[25] Traducción libre de la Corte.
[26] Traducción libre de la Corte.
[27] Traducción libre de la Corte.
[28] Sin embargo, al parecer sí existió un informe sobre el tema del
Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial que no fue hecho
público. Ver: http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcdguide-s.pdf
[29] Se puede consultar el texto en http://tallerecologista.org.ar/menu/archivos/DeclaracionCuritiba.pdf
[30] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CESCR+Observacion+general+7.Sp?OpenDocument
[31] La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una organización internacional medioambiental. Fue fundada en octubre de 1948, en
el marco de una conferencia internacional celebrada en Fontainebleau, Francia.
Cuanta con más de 1.200 organizaciones miembro en alrededor de 160 países,
incluyendo 200 organizaciones gubernamentales y 800 no gubernamentales. Para más información visitar:
http://www.iucn.org/es/
[32] World Commission in Dams; Dams and Development: A New Framework
for Decision-Making: THE REPORT OF THE WORLD COMMISSION ON DAMS; Earthscan
Publications Ltd, London and Sterling, VA: 2000. Tomado
de:
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
[33] Ídem. Pág. Xxviii. Traducción libre de la Corte.
[34] Ídem. Pág. XXXIII
[35] El informe dedica todo el capítulo 3º a estudiar el impacto ambiental.
Ver páginas 72 a 95.
[36] Ídem. Traducción de la Corte.
[37] Consultar el capítulo 4º del informe. Páginas
97-133
[38] Ídem, Pág. 97
[39] Ídem. Páginas 102 y 103. Traducción libre de la Corte.
[40] Ídem. Página 143. Traducción libre de la Corte.
[41] International Rivers es una organización
creada en 1985  http://www.internationalrivers.org/
[42]http://www.internationalrivers.org/es/resources/protecci%C3%B3n-de-r%C3%ADos-y-derechos-diez-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-del-informe-de-la-comisi%C3%B3n-mundial-de
[43] Ídem
[44] Según la información disponible en la página
web de la organización: “Fundada en 1998, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) es una organización
internacional no gubernamental de derecho ambiental que trabaja atravesando
fronteras para defender a los ecosistemas amenazados y a las comunidades que
dependen de ellos. El equilibrio ambiental y los derechos humanos ya no pueden
ser protegidos dentro de las barreras políticas de las naciones individuales:
los 35 países de nuestro hemisferio están unidos bajo una bandera ambiental común.
Los problemas internacionales requieren respuestas internacionales, y AIDA
desarrolla estrategias transnacionales para enfrentar los retos ambientales y
de derechos humanos de cara al siglo 21” Ver: http://www.aida-americas.org/es/about.
[45]El texto completo del reporte puede ser consultado en: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/InformeAIDA_GrandesRepreseas_BajaRes_1.pdf
[46] Ídem. Páginas iv,  v.
[47] Ídem. Página 22.
[48] Ídem. Página 25.
[49] Ídem. Página 26.
[50] Ídem. Página 29.
[51] Señala la norma citada: “Artículo 25:
Todos los
ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a)
Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) Votar y
ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores;
c) Tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.”
[52] Dice la norma: “Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos
los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos. b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
2. La ley
puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal.”
[53] Página 32 de la resolución citada.
[54] Folio 14.
[55] Folio 21 del expediente T-3490518
[56] Folio 1 del expediente T-3493808
[57] Folios 27 y 28 del expediente T-3505191
[58] Folios 09 y 11 del expediente T-3638910
[59] Folio 9 del expediente T-3639886
[60] Folios 11-15 del expediente T-3639886
[61] Folio 10 del expediente T-3662191
[62] Folio 10 del expediente T-3670098