C-408-94
Sentencia No
Sentencia No.
C-408/94
SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza jurídica
La seguridad
social es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de
un servicio público de carácter obligatorio.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
La Corte
Constitucional ha amparado el derecho a la seguridad social, para casos
concretos, en la medida en que resulta tan directa su relación con un derecho
fundamental, cuya garantía no sería posible, por vía de la tutela, sin la
protección de aquél; y, no en razón de que se considerase fundamental de manera
general el comentado derecho.
ASISTENCIA PUBLICA
Mención especial
merece el carácter de derecho fundamental que la Constitución de 1991 otorga a
la asistencia pública, en el inciso final de su artículo 13.  Revisados los
contenidos de la Ley 100 se observa que entre ellos no existen regulaciones que
amplien o limiten los contenidos de su núcleo esencial, que pudieran hacer
parte de la Constitución, sino que, se aprecian en ella elementos que haciendo
parte de ese derecho fundamental, por su carácter reglamentario pueden ser
objeto de las competencias propias del legislador ordinario.
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza/LEY ESTATUTARIA-Improcedencia
Es claro para la
Corte que esta normatividad sobre la seguridad social, no debe ser objeto de
reglamentación mediante la vía legal exceptiva de las leyes estatutarias por no
corresponder a los elementos de derechos fundamentales que quiso el constituyente
someter a dicha categoría legal, por tratarse de elementos de tipo asistencial
que provienen,  en oportunidades, de la existencia de una relación laboral, y
en otras, de la simple participación en el cuerpo social, y derechos gratuitos
en oportunidades y onerosos en la mayoría de los casos.  La gratuidad, no puede
entenderse, en los titulares de estos derechos, como un ingrediente que pueda
mutar la naturaleza de los mismos para transformarlos en derechos
fundamentales; pues no son más que desarrollos de contenidos propios del Estado
social de derecho.  Y así lo declarará esta Corte, rechazando el cargo por
razones de forma, planteado en la demanda contra la Ley 100, según el cual los
contenidos de ésta  imponían su expedición mediante el trámite de leyes
estatutarias.
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Funcion legislativa/EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO-Creación legal
No es cierto como
lo sostiene el libelista que la Carta señala en "forma expresa y
taxativa" cuáles son las "únicas" funciones del Congreso de la
República, pues esta Corporación tiene competencia general legislativa en todo
aquello que, en lo referido a esa función, no esté expresamente atribuído a
otro órgano del Estado.  Con respecto a la misma afirmación sobre las asambleas
y los concejos, basta para desvirtuar lo sostenido por el actor que, estas
últimas corporaciones públicas, además de las funciones que les señala la
Carta, cumplirán las que les fije la ley.  La circunstancia de que no se
hablase en la Carta, de la posible existencia de personas jurídicas de derecho
público especiales, no quiere decir que éstas no pudiesen existir, tal el caso
de las "Empresas Sociales del Estado" a que se refieren los artículos
en este aparte examinados. Pues no se requeriría una facultad expresa de la ley
para que ésta ordenare la creación de una persona jurídica de derecho público.
LEY MARCO
Las leyes marco,
son una técnica legislativa que partiendo de la colaboración armónica de los
poderes públicos, organiza una concurrencia entre el poder legislativo y el
poder ejecutivo, de manera que el primero dictará normas generales y señalará
objetivos y criterios, y el segundo adecuará las anteriores materias a las
necesidades de ejecución mediante decretos reglamentarios que deben someterse a
aquellas.  La flexibilidad exigida en este tipo de funciones, sumada a las
exigencias  casuísticas y extremas de la regulación que debe ordenarlas, ha
justificado la adopción de la mentada técnica legislativa; pero no puede
entenderse ésta como un privilegio legislativo del Gobierno sobre el órgano
legislativo, el cual conserva la competencia para avanzar en la elaboración de
las leyes  marco hasta el detalle, fijando objetivos y criterios que según la
generalidad propia de ese tipo de leyes puede ser de mayor o menor alcance. La
distribución de competencias entre el legislativo y el Gobierno en las materias
en que pueden expedirse leyes marco, no obedece a una delimitación estricta y
rigurosa en virtud de la cual se asignase  al primero ciertos grados de
generalidad y al segundo ciertos grados de particularidad.
REF:    Expediente
No. D-544
Acción de
inconstitucionalidad contra la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", y
contra los artículos de la misma: 11, 13 literal d), 14, 17, 18 párrafo 3o.,
20, 29, 44, 48, 53, 60 literal c, 161, 168, 194 a 197, 204, 236, 242 (parcial),
273, 279 (parcial) y 288.
Actores:
LUIS CARLOS PEREZ,
WILLIAM  BOTERO RUIZ, JAVIER VALENCIA, SAMUEL RAUL RESTREPO, OSCAR WILLIAM
QUEVEDO, CARLOS GUILLERMO BEDOYA RAMIREZ, MARIA  GEICEL CARDONA G., JOSE NAUDIN
ZULETA QUINTERO
Magistrado
Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
Santafé de Bogotá,
D.C., septiembre quince (15) de mil novecientos  noventa y cuatro (1994)
I.   ANTECEDENTES
El señor CARLOS
ALBERTO BALLESTEROS BARON, obrando en su propio nombre, y en nombre y
representación de los ciudadanos: LUIS CARLOS PEREZ, WILLIAM BOTERO RUIZ,
JAVIER VALENCIA, SAMUEL RAUL RESTREPO, OSCAR WILLIAM QUEVEDO, CARLOS GUILLERMO
BEDOYA RAMIREZ, MARIA  GEICEL CARDONA G., JOSE NAUDIN ZULETA QUINTERO, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, reglamentada en el Decreto 2067 de
1991, acusó de inexequible la totalidad del articulado de la Ley 100 de 1993,
pretensión que se formula como principal; artículos 11 (parcial), 13 literal
d), 14, 17, 18 párrafo 3o., 20, 29, 44 (parcial), 48, 53, 60 literal c), 161,
168, 194 a 197, 204, 236, 242 (parcial), 273, 279 (parcial), y  288.
II. LA NORMATIVIDAD ACUSADA
Se adjunta  el texto
de la Ley  100 de 1993:
LEY 100 DE 1.993
(Diciembre 23)
POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
D E C R E T A
PREAMBULO
La Seguridad Social Integral es el conjunto
de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen
para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las
que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del
territorio nacional,  con el fin de lograr el bienestar individual y la
integración de la comunidad.
TITULO PRELIMINAR
SISTEMA  DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO  1.‑ Sistema de Seguridd
Social Integral.
El sistema de seguridad social integral
tiene por objeto  garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana,
mediante la protección de las contingencias que la afecten.
El sistema comprende las obligaciones del
Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar
la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente
en el futuro.
ARTICULO  2.‑ Principios.
El servicio público esencial de seguridad
social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación:
a. EFICIENCIA. Es la mejor utilización
social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
b. UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la
protección para todas las personas, sin ninguna discriminación,  en todas las
etapas de la vida.
c. SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua
ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las
regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.
Es deber del Estado garantizar la
solidaridad en el régimen de Seguridad Social mediante su participación,
control y dirección del mismo.
Los recursos provenientes del erario
público en el sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos de
población más vulnerables.
d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas
las contingencias que afectan  la salud, la capacidad económica y en general
las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien
contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus
contingencias amparadas por esta ley.
e. UNIDAD. Es la articulación de políticas,
instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines
de la seguridad social, y
f. PARTICIPACION. Es la intervención de la
comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la
organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del
sistema en su conjunto.
PARAGRAFO.‑ La seguridad social se
desarrollará en forma progresiva, con el objeto de amparar a la población y la
calidad de vida.
ARTICULO  3.‑ Del Derecho a la
Seguridad Social.
El Estado garantiza a todos los habitantes
del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Este servicio será prestado por el Sistema
de Seguridad Social Integral, en orden a la ampliación progresiva de la
cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos
por la presente ley.
ARTICULO  4.‑ Del Servicio Público de
Seguridad Social.
La Seguridad Social es un servicio público
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y
que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y
condicioness establecidos en la presente ley.
Este servicio público es esencial en lo
relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con respecto
al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades
directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.
CAPITULO II
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
ARTICULO  5.‑ Creación.
En desarrollo del artículo 48o. de la
Constitución Política, organízase el Sistema de Seguridad Social Integral cuya
dirección, coordinación y control estará a cargo del Estado, en los términos de
la presente ley.
ARTICULO  6.‑ Objetivos.
El Sistema de Seguridad Social Integral
ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Garantizar las prestaciones económicas y
de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente
para afiliarse al sistema.
2. Garantizar la prestación de los
servicios sociales complementarios en los términos de la presente ley.
3. Garantizar la ampliación de cobertura
hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que
en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que
sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y
trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias,
accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.
El Sistema de Seguridad Social Integral
está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas,
para obtener las finalidades propuestas en la presente ley.
ARTICULO  7.‑ Ambito de Acción.
El Sistema de Seguridad Social Integral
garantiza el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud, y la
prestación de servicios sociales complementarios, en los términos y bajo las
modalidades previstos por esta ley.
ARTICULO  8.‑ Conformación del Sistema
de Seguridad Social Integral.
El Sistema de Seguridad Social Integral es
el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos
y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones,
salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se
definen en la presente ley.
ARTICULO  9.‑ Destinación de los
recursos.
No se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a
ella.
LIBRO PRIMERO
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO  10.‑ Objeto del Sistema
General de Pensiones.
El Sistema General de Pensiones tiene por
objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones.
ARTICULO  11.‑ Campo de Aplicación.
El Sistema General de Pensiones, con las
excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley,  se aplicará a
todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la
fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.
Para efectos de este artículo se respetarán
y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a
disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho
de denuncia que le asiste a las partes y de que el tribunal de arbitramento
dirima las diferencias entre las partes.
ARTICULO  12.‑ Regímenes del Sistema
General de Pensiones.
El Sistema General de Pensiones está
compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:
a.  Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida.
b. Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad.
ARTICULO  13.‑ Características del
Sistema General de Pensiones.
El Sistema General de Pensiones tendrá las
siguientes características:
a. La afiliación es obligatoria salvo lo
previsto para los trabajadores independientes.
b. La selección de uno cualquiera de los
regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte
del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al
momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona
natural o jurídica que desconozca éste derecho en cualquier forma, se hará
acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la
presente ley.
c. Los afiliados tendrán derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invali­dez, de
vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
d. La afiliación implica la obligación de
efectuar los aportes que se establecen en esta ley.
e. Los afiliados al Sistema General de
Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez
efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por
una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en
la forma que señale el Gobierno Nacional.
f. Para el reconocimiento de las pensiones
y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma
de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al
Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos,
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.
g. Para el reconocimiento de las pensiones
y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de
las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos.
h. En desarrollo del principio de
solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12o. de la presente
ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima
en los términos de la presente ley.
i. Existirá un Fondo de Solidaridad
Pensional destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de
población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen
acceso a los sistemas de seguridad social, tales como campesinos, indígenas,
trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias.
j. Ningún afiliado podrá recibir
simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez.
k. Las entidades administradoras de cada
uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarán sujetas al
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO  14.‑ Reajuste de Pensiones.
Con el objeto de que las pensiones de vejez
o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente,
serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se
incremente dicho salario por el Gobierno.
CAPITULO II
AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO  15.‑ Afiliados.
Serán afiliados al Sistema General de
Pensiones:
1. En forma obligatoria:
Todas aquellas personas vinculadas mediante
contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas
en esta ley.  Así mismo, los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicass sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios
a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales.
2. En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes y en
general todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos
domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios
y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley.
Los extranjeros que en virtud de un
contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún
régimen de su país de origen o de cualquier otro.
PARAGRAFO.‑ Las personas a que se
refiere el numeral segundo del presente artículo podrán afiliarse al régimen
por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los tres meses
siguientes a la vigencia de esta ley.
ARTICULO  16.‑ Incompatibilidad de
Regímenes.
Ninguna persona podrá distribuir las
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de
Pensiones.
Lo dispuesto en el inciso anterior se
entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados para contratar o ser
partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del Sistema
General de Pensiones.
PARAGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Nacional
reglamentará en el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia
de la presente ley, la integración y funciones de una comisión permanente de
trabajadores, empleadores y pensionados, para analizar las fallas en la
prestación del servicio administrativo de seguridad social, para que con un
enfoque de rentabilidad social mantenga el objetivo básico de redistribución de
la riqueza.
CAPITULO III
COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES
ARTICULO  17.‑ Obligatoriedad de las
Cotizaciones.
Durante la vigencia de la relación laboral
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema
General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el
salario que aquellos devenguen.
Salvo lo dispuesto en el artículo 64o. de
esta ley, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los
requisitos para acceder a la pensión  mínima de vejez, o cuando el afiliado se
pensione por invalidez o anticipadamente.
Lo anterior será sin perjuicio de los
aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador
en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad.
ARTICULO  18.‑ Base de Cotización de
los trabajadores dependientes de los sectores privado y público.
La base para calcular las cotizaciones a
que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.
El salario mensual base de cotización para
los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el
Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para
los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo
dispuesto en la ley 4a. de 1992.
En ningún caso la base de cotización podrá
ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo lo
dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico conforme a la ley 11 de 1988.
Cuando se devengue mensualmente más de 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser
limitada a dicho monto por el Gobierno Nacional.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya
remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre
el 70% de dicho salario.
PARAGRAFO 1.‑ En aquellos casos en
los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las
cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario
devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán para todos los
efectos de esta ley.
PARAGRAFO 2.‑ A partir de la vigencia
de la presente ley se eliminan las tablas de categorías y aportes del Instituto
de Seguros Sociales y de las demás entidades de previsión y seguridad social.
En consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario
devengado por el afiliado.
PARAGRAFO 3.‑ Cuando el Gobierno
Nacional limite la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos, el monto
de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá
ser superior a dicho valor.
ARTICULO  19.‑ Base de Cotizacióhn de
los trabajadores independientes.
Los afiliados  al sistema que no estén
vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, cotizarán
sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, y serán
responsables por la totalidad de la cotización.
Cuando se trate de personas que el Gobierno
Nacional haya determinado que deban ser subsidiadas temporalmente en sus
aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el
subsidio recibido.
Los afiliados a que se refiere este
artículo, podrán autorizar a quien realice a su favor pagos o abonos en cuenta,
para que efectúe la retención de la cotización y haga los traslados
correspondientes.
En ningún caso la base de cotización podrá
ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
ARTICULO  20.‑ Monto de las
Cotizaciones.
La tasa de cotización para la pensión de
vejez, será del 8% en 1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996, calculado
sobre el ingreso base y se abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el
caso de los fondos de pensiones.  En el caso del ISS, dichos porcentajes se
utilizarán para el pago de pensiones de vejez y capitalización de reservas,
mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente a
dichos efectos.
Para pagar la pensión de invalidez, la
pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida
la prima del reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será, tanto en el ISS
como en los fondos de pensiones, del 3.5%.
Sin embargo, en la medida en que los costos
de administración y las primas de los seguros se disminuyan, dichas reducciones
deberán abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro de los
trabajadores o de las reservas en el ISS, según el caso.
La cotización total será el equivalente a
la suma del porcentaje de cotización para pensión de vejez y la tasa de que
trata el inciso anterior.
Los empleadores pagarán el 75% de la
cotización total y los trabajadores, el 25% restante.
Para financiar las pensiones de invalidez y
de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se podrá
trasladar de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y
sobrevivientes un monto equivalente al que se obtendría por el bono de
reconocimiento de conformidad con esta ley.
El Gobierno Nacional reglamentará el
funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales, de
manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos de las reservas de
pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.
Los afiliados que tengan un ingreso mensual
igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
tendrán a su cargo un aporte adicional de un punto porcentual (1%) sobre su
base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional, previsto por
los artículos 25 y siguientes de la presente ley.
La entidad a la cual esté cotizando el
afiliado deberá recaudar y trasladar al Fondo de Solidaridad Pensional, el
punto porcentual adicional a que se refiere el inciso anterior, dentro de los
plazos que señale el Gobierno Nacional.
ARTICULO  21.‑ Ingreso Base de
Liquidación.
Se entiende por ingreso base para liquidar
las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para
el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente
con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base,
ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral
del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250
semanas como mínimo.
ARTICULO  22.‑ Obligaciones del
Empleador.
El empleador será responsable del pago de
su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio.  Para tal efecto,
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las
cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya
autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad
elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro
de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad
del aporte aún en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al
trabajador.
ARTICULO  23.‑ Sanción Moratoria.-
Los aportes que no se consignen dentro de
los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del
empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios.
Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las
cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades
del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de
los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con
arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público
será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago
del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación,
trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.
ARTICULO  24.‑Acciones de Cobro.
Corresponde a las entidades administradoras
de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado,, prestará
mérito ejecutivo.
CAPITULO IV
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ARTICULO  25.‑ Creación del Fondo de
Solidaridad Pensional.
Créase el Fondo de Solidaridad Pensional,
como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en
fiducia  por las sociedades fiduciarias de naturalezaa pública, y
preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o
por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social
solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la
presente ley.
PARAGRAFO.‑ El Gobierno Nacional
reglamentará la administración, el funcionamiento y la destinación de los
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con lo previsto en la
presente Ley.
El Fondo de Solidaridad Pensional contará
con un consejo asesor integrado por representantes de los gremios de la
producción, las centrales obreras y la confederación de pensionados, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.  Este Consejo deberá ser oído previamente, sin carácter vinculante,
por el Consejo Nacional de Política Social para la determinación del plan anual
de extensión de cobertura a que se refiere el artículo 28o. de la presente ley.
ARTICULO  26.‑ Objeto del Fondo.
El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por
objeto subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los
trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que
carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales
como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos,
la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos,
psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y
otras formas asociativas de producción, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
El subsidio se concederá parcialmente para
reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este último en caso
de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario
mínimo como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción
del subsidio de que trata este inciso.
Los beneficiarios de estos subsidios podrán
escoger entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero en el evento de seleccionar
esta última opción, sólo podrán afiliarse a fondos que administren las
sociedades administradoras que pertenezcan al sector social solidario, siempre
y cuando su rentabilidad real sea por lo menos igual al promedio de los demás
fondos de pensiones de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Para hacerse acreedor al subsidio el
trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del Régimen General de
Seguridad Social en Salud, y pagar la porción del aporte que allí le
corresponda.
Estos subsidios se otorgan a partir del 1o.
de enero de 1.995.
PARAGRAFO.‑ No podrán ser
beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan una cuenta de ahorro
pensional voluntario de que trata la presente ley, ni aquellos a quienes se les
compruebe que pueden pagar la totalidad del aporte.
ARTICULO  27.‑ Recursos.
El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá las
siguientes fuentes de recursos:
a.La cotización adicional del 1% sobre el
salario, a cargo de los afiliados al Régimen General de Pensiones cuya base de
cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
b.Los aportes del presupuesto nacional.
Estos no podrán ser inferiores a los obtenidos anualmente por concepto de las
cotizaciones adicionales a que se refiere el literal anterior, y se liquidarán
con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente
anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE.
c.Los recursos que aporten las entidades
territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos
territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados.
d.Las donaciones que reciba, los
rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez, y en general los demás
recursos que reciba a cualquier título.
e.Las multas a que se refieren los
artículos 111o. y 271o. de la presente ley.
PARAGRAFO .‑ Anualmente, en el
Presupuesto General de la Nación, se incluirá la partida correspondiente a los
aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo.
ARTICULO  28.‑ Parcialidad del
Subsidio.
Los subsidios a que se refiere el presente
capítulo serán de naturaleza temporal y parcial, de manera que el beneficiario
realice un esfuerzo para el pago parcial del aporte a su cargo.
El monto del subsidio podrá ser variable
por períodos y por actividad económica, teniendo en cuenta además la capacidad
económica de los beneficiarios y la disponibilidad de recursos del Fondo.
El Consejo Nacional de Política Social
determinará el plan anual de extensión de cobertura que deberá incluir
criterios de equilibrio regional y los grupos de trabajadores beneficiarios de
este subsidio, así como las condiciones de cuantía, forma de pago y pérdida del
derecho al subsidio.
PARAGRAFO.‑ El subsidio que se
otorgue a las madres comunitarias o trabajadoras solidarias de los hogares
comunitarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar será mínimo el 50%
de la cotización establecida en la presente ley.
ARTICULO  29.‑ Exigibilidad del
Subsidio.
Cuando el afiliado que haya recibido
subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional exceda de los sesenta y cinco (65)
años de edad y no cumpla con los requisitos mínimos para acceder a una pensión
de vejez, la entidad administradora respectiva devolverá el monto de los
aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros a dicho
Fondo.
Las entidades administradoras deberán
llevar cuentas separadas de los aportes recibidos del Fondo y establecerán los
mecanismos de seguimiento de los beneficiarios.
ARTICULO  30.‑ Subsidio a
Trabajadores del Servicio Doméstico.
Los aportes del presupuesto Nacional de que
trata la ley 11 de 1988, para el subsidio en los aportes de los trabajadores
del servicio doméstico, se girarán al Fondo de Solidaridad, en cuentas
separadas, para que éste traslade el subsidio correspondiente a la entidad que
haya seleccionado el trabajador.
TITULO II
REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA
CON PRESTACION DEFINIDA
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO  31.‑ Concepto.
El régimen de Prima Media con Prestación
Definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización,
previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente Título.
Serán aplicables a este régimen las
disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo
del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y
excepciones contenidas en esta ley.
ARTICULO  32.‑ Características.
El Régimen de Prima Media con Prestación
Definida tendrá las siguientes características:
a.Es un régimen solidario de prestación
definida.
b.Los aportes de los afiliados y sus
rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza
el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada
vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de
reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
c.El Estado garantiza el pago de los
beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.
CAPITULO II
PENSION DE VEJEZ
ARTICULO  33.‑ Requisitos para
Obtener la Pensión de Vejez.
Para tener derecho a la Pensión de Vejez,
el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1.Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000)
semanas en cualquier tiempo.
PARAGRAFO 1.‑ Para efectos del
cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia
con lo establecido en el literal f) del artículo 13o. se tendrá en cuenta:
a. El número de semanas cotizadas en
cualesquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones.
b. El tiempo de servicio como servidores
públicos remunerados.
c. El tiempo de servicio como trabajadores
vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie
con posterioridad a la vigencia de la presente ley.
d. El número de semanas cotizadas a cajas
previsionales del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y
pago de la pensión.
e.Derógase el parágrafo del artículo
séptimo (7o) de la Ley 71 de 1988.
En los casos previstos en los literales c)
y d), el computo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según
el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente
del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora.
PARAGRAFO 2.‑ Para los efectos de las
disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el
período de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes
se hará sobre el número de días cotizados en cada período.
PARAGRAFO 3.‑ No obstante el
requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el
trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5
años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los
requisitos si fuere el caso.
PARAGRAFO 4.‑ A partir del primero
(1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la
pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer y
sesenta y dos (62) años si es hombre.
PARAGRAFO 5.‑ En el año 2013 la
Asociación Nacional de Actuarios, o la entidad que haga sus veces, o una
comisión de actuarios nombrados por las varias asociaciones nacionales de
actuarios si las hubiere, verificará, con base en los registros demográficos de
la época, la evolución de la expectativa de vida de los colombianos, y en
consecuencia con el resultado podrá recomendar la inaplicabilidad del aumento
de la edad previsto en este artículo, caso en el cual dicho incremento se
aplazará hasta que el Congreso dicte una nueva ley sobre la materia.
ARTICULO  34.‑ Monto de la Pensión de
Vejez.
El monto mensual de la pensión de vejez,
correspondiente a las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al
65% del ingreso base de liquidación.  Por cada 50 semanas adicionales a las
1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando
a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación.  Por cada
50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará
en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base
de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser
superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión
mínima de que trata el artículo siguiente.
ARTICULO  35.‑ Pensión Mínima de
Vejez o jubilación.
El monto mensual de la pensión mínima de
vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal
mensual vigente.
PARAGRAFO. Las pensiones de jubilación
reconocidas con posterioridad a la vigencia de la ley 4a de 1.992 no estarán
sujetas al límite establecido por el artículo 2o. de la ley 71 de 1.988, que
por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas
en el artículo 279 de esta Ley.
ARTICULO  36.‑ Régimen de Transición.
La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez,
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el
Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados.  Lass demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, ses regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de
vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de
diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice
de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.  Sin embargo,
cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión
será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para
las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y
cinco (35) o más años dee edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se
sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la
presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación o de vejezs conforme a normas favorables anteriores, auncuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los
derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales
requisitos.
PARAGRAFO.‑ Para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del
presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector
público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera
sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
ARTICULO  37.‑ Indemnización
Sustitutiva de la Pensión de Vejez.
Las personas que habiendo cumplido la edad
para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas;
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
CAPITULO III
PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN
ARTICULO  38.‑ Estado de Invalidez.
Para los efectos del presente capítulo se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional,
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral.
ARTICULO  39.‑ Requisitos para
obtener la Pensión de Invalidez.
Tendrán derecho a la pensión de invalidez,
los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean
declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando
al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento
de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez.
PARAGRAFO.‑ Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
ARTICULO  40.‑ Monto de la Pensión de
Invalidez.
El monto mensual de la pensión de invalidez
será equivalente a:
a. El 45% del ingreso base de liquidación,
más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas  de cotización que
el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas
(500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea
igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación,
más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el
afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800)
semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o
superior al 66%.
La pensión por invalidez no podrá ser
superior al 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a
solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva,
desde la fecha en que se produzca tal estado.
ARTICULO  41.‑ Calificación del
Estado de Invalidez.
El estado de invalidez será determinado de
conformidad con  lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el
manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno
Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de la capacidad laboral.
ARTICULO  42.‑ Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez.
En las capitales de departamento y en
aquellas ciudades en las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se
conformará una comisión interdisciplinaria que calificará en primera instancia
la invalidez y determinará su origen.
Las comisiones estarán compuestas por un
número impar de expertos, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, quienes actuarán de conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Gobierno Nacional.
Los honorarios de los miembros de la
comisión serán pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la
sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante.
ARTICULO  43.‑ Junta Nacional de
Calificación de Invalidez.
Crease la Junta Nacional para la
Calificación de los Riesgos de Invalidez con sede en la capital de la
República, integrada por un número impar de miembros designados por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Junta, que será interdisciplinaria,
tiene a su cargo la resolución de las controversias que en segunda instancia
sean sometidas para su decisión por las juntas regionales o seccionales
respectivas.
Los honorarios de los miembros de la Junta
serán pagados, en todo caso por la entidad de previsión o seguridad social
correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará la
integración, financiación y funcionamiento de la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, de su secretaría técnica y de las Juntas regionales o
seccionales, el procedimiento de apelación,  el manual único para la
calificación de la invalidez y demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento.
PARAGRAFO.‑ Los miembros de la Junta
Nacional y los de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de que
trata el artículo anterior, no tienen el carácter de servidores públicos.
ARTICULO  44.‑ Revisión de las
Pensiones de Invalidez.
El estado de invalidez podrá revisarse:
a. Por solicitud de la entidad de previsión
o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar,
modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar.
Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas
de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un plazo de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la
respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el
pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá
el pago de la pensión.  Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma
fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva
pensión prescribirá.
Para readquirir el derecho en forma
posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un
nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el
afiliado.
b. Por solicitud del pensionado en
cualquier tiempo y a su costa.
ARTICULO  45.‑ Indemnización
Sustitutiva de la Pensión de Invalidez.
El afiliado que al momento de invalidarse
no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá
derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le
hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente ley.
CAPITULO IV
PENSION DE SOBREVIVIENTES
ARTICULO 46.‑ Requisitos para obtener
la Pensión de Sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del
afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
a.Que el afiliado se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte.
b.Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.‑ Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
ARTICULO  47.‑ Beneficiarios de la
Pensión de Sobrevivientes.
Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos
para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y
haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con
anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido.
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante,
mientras subsistan las condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
ARTICULO  48.‑ Monto de la Pensión de
Sobrevivientes.
El monto mensual de la pensión de
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que
aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de
sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de
liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales
de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que
exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá
ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido
en el artículo 35 de la presente ley.
No obstante lo previsto en este artículo,
los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al
régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la
fecha de vigencia de la presente ley equivalente al 65% del ingreso base de
liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por
dicho instituto.
ARTICULO  49.‑ Indemnización
Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes.
Los miembros del grupo familiar del
afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos
para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución,
una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37
de la presente ley.
CAPITULO V
PRESTACIONES ADICIONALES
ARTICULO  50.‑ Mesada adicional.
Los pensionados por vejez o jubilación,
invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto
con la mesada del mes de Noviembre, en la primera quincena del mes de
Diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión.
ARTICULO  51.‑ Auxilio Funerario.
La persona que compruebe haber sufragado
los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir
un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al
valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso,
sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.
Cuando los gastos funerarios por
disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de
seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector
público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por
las sumas que se paguen por este concepto.
CAPITULO VI
ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE
PRIMA MEDIA
CON PRESTACION DEFINIDA
ARTICULO  52.‑ Entidades
administradoras.
El régimen solidario de prima media con
prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad
social existentes, del sector público o privado, administrarán éste régimen
respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio
de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos
en esta ley.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad
social existentes, del sector público o privado, estarán sometidas a la
vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO  53.‑ Fiscalización e
Investigación. Las entidades administradoras del régimen solidario de
prestación definida tienen amplias facultades de fiscalización e investigación
sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, para
asegurar el efectivo cumplimiento de la presente ley. Para tal efecto podrán:
a.Verificar la exactitud de las
cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren necesario.
b.Adelantar las investigaciones que estimen
convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
no declarados.
c.Citar o requerir a los empleadores o
agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que
rindan informes.
d.Exigir a los
empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros,
la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros
estén obligados a llevar libros registrados.
e.Ordenar la exhibición y examen de los
libros, comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las
cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la correcta
y oportuna determinación de las obligaciones.
ARTICULO  54.‑ Inversión y
rentabilidad de las reservas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP). La inversión de las reservas de IVM y
ATEP del Instituto de Seguros Sociales y del Fondo de Pensiones Públicas del
nivel nacional, se manejarán mediante contrato de fiducia con las entidades del
sector financiero especializado en este servicio o en títulos de la nación
donde se busque obtener la rentabilidad mínima de que trata el artículo 101 de
la presente ley.
En caso de no garantizarse la rentabilidad
señalada en el inciso anterior, las reservas de IVM y ATEP del Instituto de
Seguros Sociales y del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional se
colocarán en una cuenta de la Tesorería General de la Nación que les garantizará
una rentabilidad que preserve su poder adquisitivo.
Dichas entidades podrán efectuar retiros de
la cuenta de la Tesorería General de la Nación para celebrar nuevos contratos
de fiducia o para invertir en Títulos de deuda de la nación colocados en el
mercado de capitales. Cuando dentro del plazo de un (1) año la rentabilidad de
los títulos de deuda de la nación no mantenga el poder adquisitivo de las
reservas, la nación efectuará la compensación necesaria para ccumplir el
mandato del artículo 48 de la Constitución Política, mediante apropiación y
giro del Presupuesto General de la Nación.
PARAGRAFO.‑ Las reservas de las
cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público que conforme a
lo dispuesto en la presente ley, administren el régimen de prima media conn
prestación definida, deberán manejarse mediante encargo fiduciario o títulos de
la nación, con arreglo a las normas que sobre inversión, rentabilidad y control
determine el Gobierno Nacional.
ARTICULO  55.‑ Exoneración de intereses.
Los empleadores que a 31 de Julio de 1.993
adeudaban sumas al I.S.S. por concepto de aportes o cotizaciones a los seguros
de Enfermedad General y Maternidad y Accidente de Trabajo y Enfermedad
Profesional, quedarán exonerados de los intereses moratorios y de la sanción
por mora correspondientes a tales deudas, así como de las sanciones por mora
correspondientes al capital adeudado por los Seguros de Invalidez, Vejez y
Muerte, siempre y cuando cancelen la deuda dentro de los cuatro meses
siguientes a la vigencia de la presente ley.
Para gozar del beneficio de que trata el
presente artículo, el empleador deberá cancelar la totalidad de las sumas
adeudadas al momento del pago.
ARTICULO  56.‑ Castigo de Cartera.
El Consejo Directivo del Instituto de Seguros
Sociales podrá castigar aquella cartera de dudoso recaudo cuando ésta tenga un
atraso superior a 24 meses, utilizando para el efecto criterios similares a los
que rigen en el sistema bancario.  En ningún caso el castigo de cartera
implicará la condonación de la deuda.
ARTICULO  57.‑ Cobro Coactivo.
De conformidad con el artículo 79 del
Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1.992, las
entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos.
ARTICULO  58.‑ Publicidad.
Las entidades administradoras del régimen
solidario de prestación definida podrán adelantar programas de publicidad,
comunicación y promoción de sus actividades conforme, en lo pertinente, a la
reglamentación que para el efecto expida la Superintendencia Bancaria. Tal
publicidad solamente podrá contratarse con cargo al presupuesto de gastos
administrativos de la entidad.
TITULO  III
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD
CAPITULO  I
NORMAS GENERALES
ARTICULO  59.‑ Concepto.
El régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los
cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las
pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con
lo previsto en este Título.
Este Régimen está basado en el ahorro
proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la
solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al fondo de
solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades
administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario,
que libremente escojan los afiliados.
ARTICULO  60.‑ Características.
El Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad tendrá las siguientes características:
a. Los afiliados al Régimen tendrán derecho
al reconocimiento  y  pago  de  las  pensiones  de  vejez, de invalidez y de sobrevivientes,
así como de las indemnizaciones contenidas en este título, cuya cuantía
dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos
financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar.
b. Una parte de los aportes mencionados en
el literal anterior, se capitalizará en la cuenta individual de ahorro
pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas de
seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la
asesoría para la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de
Solidaridad Pensional y cubrir el costo de administración del Régimen.
Las cuentas de ahorro pensional, serán
administradas por las entidades que se autoricen para tal efecto, sujetas a la
vigilancia y control del Estado.
c. Los afiliados al sistema podrán escoger
y trasladarse libremente entre entidades administradoras, y seleccionar la
aseguradora con la cual contraten las rentas o pensiones.
d. El conjunto de las cuentas individuales
de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los
afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del
patrimonio de la entidad administradora.
e. Las entidades administradoras deberán
garantizar una rentabilidad mínima del fondo de pensiones que administran.
f.El patrimonio de las entidades
administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el
literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de
pensiones.
g. El Estado garantiza los ahorros del
afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga derecho, cuando las
entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, en los
términos de la presente ley, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades
administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento, de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
h. Tendrán derecho al reconocimiento de
bonos pensionales los afiliados al Régimen que hayan efectuado aportes o
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o
entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o
trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus
trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial
correspondiente.
i. En desarrollo del principio de
solidaridad, el Estado aportará los recursos que sean necesarios para
garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la capitalización de los
aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes, y
aquellos cumplan las condiciones requeridas para el efecto.
j.El control y vigilancia de las entidades
administradoras de los fondos de pensiones corresponde a la Superintendencia
Bancaria.
ARTICULO  61.‑ Personas Excluidas del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Están excluidos del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad:
a. Los pensionados por invalidez por el
Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector
público.
b. Las personas que al entrar en vigencia
el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres,
o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar
por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será
obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.
ARTICULO  62.‑ Cotizaciones
Voluntarias.
Los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad  podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores
superiores a los límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con
el fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro
pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.
ARTICULO  63.‑ Cuentas Individuales
de Ahorro Pensional.
Las cotizaciones obligatorias y voluntarias
se abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado. Cada
afiliado sólo podrá tener una cuenta.
Las administradoras deberán enviar a sus
afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las sumas
depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones
cobradas y de las primas pagadas.
Las sumas existentes en las cuentas
individuales de ahorro pensional, sólo podrán ser utilizadas para acceder a las
pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los artículos 85 y 89
de la presente ley.
CAPITULO II
PENSION DE VEJEZ
ARTICULO  64.‑ Requisitos para
obtener la Pensión de Vejez.
Los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad
que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro
individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley,
reajustado anualmente según la variación porcentual del Indice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos
para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador
opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las
cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o
reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60)
años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.
ARTICULO  65.‑ Garantía de Pensión
Mínima de Vejez.
Los afiliados que a los sesenta y dos (62)
años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan
alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la
presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas
(1150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio
de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha
pensión.
PARAGRAFO.‑ Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
ARTICULO  66.‑ Devolución de Saldos.
Quienes a las edades previstas en el
artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no
hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos
igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado
en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el
valor del bono pensional, si a este hubiere lugar, o a continuar cotizando
hasta alcanzar el derecho.
ARTICULO  67.‑ Exigibilidad de los
Bonos Pensionales.
Los afiliados que tengan derecho a recibir
bonos pensionales, sólo podrán hacer efectivos dichos bonos, a partir de la
fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el
artículo 65 de la presente ley.
ARTICULO  68.‑ Financiación de la
Pensión de Vejez.
Las pensiones de vejez se financiarán con
los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos
pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la nación en los
casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de
pensión mínima.
CAPITULO III
PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN
ARTICULO  69.‑ Pensión de Invalidez.
El estado de invalidez, los requisitos para
obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su calificación en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por las disposiciones
contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente ley.
ARTICULO  70.‑ Financiación de la
Pensión de Invalidez.
Las pensiones de invalidez se financiarán
con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si
a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el
capital que financie el monto de la pensión.  La suma adicional estará a cargo
de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de
sobrevivientes.
El monto acumulado en las cuentas
individuales de ahorro pensional, en virtud de cotizaciones voluntarias, no
hará parte del capital para financiar las pensiones de invalidez, salvo que así
lo disponga el afiliado, o cuando ello sea necesario para acceder a la pensión
mínima de invalidez. El pensionado por invalidez podrá disponer del monto de
las cotizaciones voluntarias no utilizado.
Cuando de conformidad con lo previsto en el
artículo 44 de la presente ley se determine la cesación del estado de
invalidez, la compañía de seguros deberá reintegrar a la cuenta individual de
ahorro pensional, el saldo no utilizado de la reserva para pensiones, en la
parte que corresponda a capital más los rendimientos, de la cuenta de ahorro
individual y al bono pensional.
En los eventos de que trata el inciso
anterior, los afiliados tendrán derecho a que el Estado les habilite como
semanas cotizadas aquellas durante las cuales gozaron de la respectiva pensión.
Esta habilitación del número de semanas será aplicable solo cuando el Estado
deba pagar garantía de pensión mínima.
PARAGRAFO.‑ El afiliado podrá
contratar la pensión de invalidez con una aseguradora distinta de la que haya
pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de este artículo.
ARTICULO  71.‑ Garantía Estatal de
Pensión Mínima de Invalidez.
En desarrollo del principio de solidaridad,
el Estado garantizará los recursos necesarios para que los afiliados al Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad, tengan acceso a una pensión mínima de
invalidez, cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual
conforme a lo establecido en el articulo 35 de la presente ley.
La garantía estatal de pensión mínima
operará de conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 84 de esta ley.
ARTICULO  72.‑ Devolución de Saldos
por Invalidez.
Cuando el afiliado se invalide sin cumplir
con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la
totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional,
incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono
pensional si a ello hubiera lugar.
No obstante, el afiliado podrá mantener un
saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para constituir el
capital necesario para acceder a una pensión de vejez.
CAPITULO IV
PENSION DE SOBREVIVIENTES.
ARTICULO  73.‑ Requisitos y monto.
Los requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad así
como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46
y 48, de la presente ley.
ARTICULO  74.‑ Beneficiarios de la
Pensión de Sobrevivientes.
Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos
para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo, que haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido.
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante,
mientras subsistan las condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de éste.
ARTICULO  75.‑ Garantía Estatal de Pensión
Mínima de Sobrevivientes.
En desarrollo del principio de solidaridad,
el Estado garantiza el complemento para que los sobrevivientes tengan acceso a
una pensión mínima de sobrevivientes, cuyo monto mensual será equivalente al
100% del salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en el artículo
35 de la presente ley.
ARTICULO  76.‑ Inexistencia de
Beneficiarios.
En caso de que a la muerte del afiliado o
pensionado, no hubiere beneficia­rios de la pensión de sobrevivientes, las
sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, harán parte de la
masa sucesoral de bienes del causante.
En caso de que no haya causahabientes hasta
el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de
ahorro pensional se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la
presente ley.
ARTICULO  77.‑ Financiación de las
Pensiones de Sobrevivientes.
1.La pensión de sobrevivientes originada
por la muerte del afiliado, se financiará con los recursos de la cuenta individual
de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional
si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para
completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional
estará a cargo de la aseguradora.
El monto acumulado en las cuentas
individuales de ahorro pensional, en razón de cotizaciones voluntarias, no
integrará el capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas
por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la
pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para incrementar
el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los
beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del
causante.
2.Las pensiones de sobrevivientes causadas
por la muerte de un pensionado, se financian con los recursos previstos para el
pago de la pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese
recibiendo el causante al momento de su fallecimiento.
Cuando la pensión de sobrevivientes sea
generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro
programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del
saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario
para financiar la pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para incrementar
el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los
beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del
causante.
PARAGRAFO.‑ Los sobrevivientes del
afiliado podrán contratar la pensión de sobrevivientes con una aseguradora
distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso
primero de este artículo.
ARTICULO  78.‑ Devolución de Saldos.
Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con
los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus
beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro
pensional, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensional si a este
hubiera lugar.
CAPITULO V
MODALIDADES DE PENSION
ARTICULO  79.‑ Modalidades de las
Pensiones de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivientes.
Las pensiones de vejez, de invalidez y de
sobrevivientes, podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a elección
del afiliado o de los beneficiarios, según el caso:
a.Renta vitalicia inmediata;
b.Retiro programado;
c.Retiro programado con renta vitalicia
diferida; o
d.Las demás que autorice la Superintendencia
Bancaria.
ARTICULO  80.‑ Renta Vitalicia
Inmediata.
La renta vitalicia inmediata, es la
modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata
directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una
renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes
en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho.  Dichas
rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo
constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión
mínima vigente del momento.
La administradora a la que hubiere estado
cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la
obtención de una pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado,
los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva aseguradora.
ARTICULO  81.‑ Retiro Programado.
El retiro programado es la modalidad de
pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios, obtienen su pensión de la
sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y
al bono pensional a que hubiera lugar.
Para estos efectos, se calcula cada año una
anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el
saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para
financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios.
La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad.
El saldo de la cuenta de ahorro pensional,
mientras el afiliado disfruta de una pensión por retiro programado, no podrá
ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus
beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será
aplicable cuando el capital ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a
él, conduzcan a una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso
a la garantía estatal de pensión mínima.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos
que queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando
una pensión por retiro programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no
hubiere causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la
garantía estatal de pensión mínima.
ARTICULO  82.‑ Retiro Programado con
Renta Vitalicia Diferida.
El retiro programado con renta vitalicia
diferida, es la modalidad de pensión por la  cual un afiliado contrata con la
aseguradora de su elección, una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales
a partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro
pensional, los fondos suficientes para obtener de la administradora un retiro
programado, durante el período que medie entre la fecha en que ejerce la opción
por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser
pagada por la aseguradora.  La renta vitalicia diferida contratada tampoco
podrá en este caso, ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente.
CAPITULO VI
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PENSIONES
MINIMAS
ARTICULO  83.‑ Pago de la Garantía.
Para las personas que tienen acceso a las
garantías estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del
momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea
inferior a doce veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a
contratar con el capital disponible, sea inferior a la pensión mínima vigente.
La administradora o la compañía de seguros
que tenga a su cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión,
será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites necesarios
para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.
ARTICULO  84.‑ Excepción a la
Garantía de Pensión Mínima.
Cuando la suma de las pensiones, rentas y
remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea
superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la
garantía estatal de pensión mínima.
CAPITULO VII
PRESTACIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES
ARTICULO  85.‑ Excedentes de Libre
Disponibilidad.
Será de libre disponibilidad, desde el
momento en que el afiliado opte por contratar una pensión, el saldo de la
cuenta individual de ahorro pensional, más el bono pensional, si a ello hubiere
lugar, que exceda del capital requerido para que el afiliado convenga una
pensión que cumpla con los siguientes requisitos:
a. Que la renta vitalicia inmediata o
diferida contratada, o el monto del retiro programado, sea mayor o igual al
setenta por ciento (70%) del ingreso base de liquidación, y no podrá exceder de
quince (15) veces la pensión mínima vigente en la fecha respectiva.
b. Que la renta vitalicia inmediata, o el
monto del retiro programado, sea mayor o igual al ciento diez por ciento (110%)
de la pensión mínima legal vigente.
ARTICULO  86.‑ Auxilio Funerario.
La persona que compruebe haber sufragado
los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir
un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al
valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso,
sin que pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.
El auxilio deberá ser cubierto por la
respectiva administradora o aseguradora, según corresponda.
Las administradoras podrán repetir contra
la entidad que haya otorgado el seguro de sobrevivientes respectivo, en el cual
se incluirá el cubrimiento de este auxilio.
La misma acción tendrán las compañías de
seguros que hayan pagado el auxilio de que trata el presente artículo y cuyo
pago no les corresponda por estar amparado este evento por otra póliza
diferente.
ARTICULO  87.‑ Planes Alternativos de
Capitalización y de Pensiones.
Los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad podrán optar por planes alternativos de
capitalización, que sean autorizados por las Superintendencia Bancaria. Los
capitales resultantes del plan básico y de dichas alternativas de
capitalización, podrán estar ligados a planes alternativos de pensiones que
sean autorizados por la misma Superintendencia.
El ejercicio de las opciones de que trata
este artículo, está sujeto a que los afiliados hayan cumplido metas mínimas de
capitalización.  Los planes aprobados deberán permitir la movilidad entre
planes, administradoras y aseguradoras, y deben separar los patrimonios y
cuentas correspondientes a capitalización y seguros, en la forma que disponga
la Superintendencia Bancaria. El Gobierno Nacional señalará los casos en los
cuales el ingreso a planes alternativos implica la renuncia del afiliado a
garantías de rentabilidad mínima o de pensión mínima.
PARAGRAFO.‑ Lo dispuesto en el
presente artículo no exime al afiliado ni al empleador, del pago de las
cotizaciones previstas en la presente ley.
ARTICULO  88.‑  De otros planes
alternativos de pensiones.
Las Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones, podrán invertir en contratos de seguros de vida individuales con
beneficios definidos y ajustados por inflación, las cantidades que permitan
asegurar un monto de jubilación no menor al monto de la pensión mínima
establecida por la ley.
Las mencionadas pólizas de seguros de vida,
deberán cubrir los riesgos de invalidez y sobrevivencia y serán adquiridas con
cargo a la cuenta de ahorro individual de la cual se invertirá el porcentaje
necesario que garantice por lo menos la pensión mínima arriba mencionada.
El Gobierno Nacional reglamentará el
porcentaje máximo del portafolio que podrán invertir los fondos de pensiones en
estos tipos de pólizas.
ARTICULO  89.‑ Garantía de Crédito y
Adquisición de Vivienda.
El afiliado que haya acumulado en su cuenta
individual de ahorro pensional el capital requerido para financiar una pensión
superior al 110% de la pensión mínima de vejez, podrá emplear el exceso de
dicho capital ahorrado, como garantía de créditos de vivienda y educación, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida.
CAPITULO VIII
ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL
CON SOLIDARIDAD
ARTICULO  90.‑ Entidades
Administradoras.
Los fondos de pensiones del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad serán administrados por las Sociedades
Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya creación se autoriza.
Las sociedades que de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales vigentes administren fondos de
cesantía,  están facultadas para administrar simultáneamente fondos de
pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
ley.
Las entidades de derecho público del sector
central o descentralizado, de cualquier nivel territorial, podrán promover la
creación o ser socias de Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones.
También podrán promover la constitución o
ser socias de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones las
entidades del sector social solidario, tales como cooperativas, organizaciones
sindicales, fondos mutuos de inversión, bancos cooperativos, fondos de
empleados y las Cajas de Compensación Familiar.
Las Cajas de Compensación Familiar
directamente o a través de instituciones de economía solidaria podrán promover
la creación, ser socias o propietarias de sociedades administradoras de fondos de
pensiones y/o cesantía, en los términos de la ley. A efectos de lograr la
democratización de la propiedad, las Cajas de Compensación Familiar deberán
ofrecer a sus trabajadores afiliados en término no mayor a cinco años la
titularidad de por lo menos el 25% de las acciones que posean en las
respectivas administradoras, conforme a los reglamentos. El plazo de cinco años
se contará a partir de la constitución de la sociedad administradora.
Las Cajas de Compensación Familiar podrán
destinar recursos de sus excedentes para el pago de los aportes a las
sociedades administradoras.
Las compañías de seguros podrán ser socias
de las entidades a que se refiere el presente artículo, pero solo podrán
participar directamente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
mediante los planes de seguros que se adopten en esta ley.
ARTICULO  91.‑ Requisitos de las
Entidades Administradoras.
Además de los requisitos establecidos en la
ley 45 de 1990 para las sociedades de servicios financieros, las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, deberán cumplir con los siguientes
requisitos especiales:
a.Constituirse bajo la forma de sociedades
anónimas, o de instituciones solidarias.
b. Disponer de un patrimonio igual al
cincuenta por ciento (50%) exigido para la constitución de una corporación
financiera, el cual respaldará exclusivamente el desarrollo del negocio de
administración de fondos de pensiones.
El patrimonio asignado a la administración
de los fondos de pensiones previstos en esta ley, podrá estar representado en
las inversiones que al efecto se autoricen, y no será computable para el
cumplimiento de los requisitos patrimoniales que tenga la respectiva sociedad
para el desarrollo de sus demás negocios.  Del mismo, deberá llevarse
contabilidad en forma separada, de conformidad con lo que sobre el particular
establezca la Superintendencia Bancaria.
c. Desde el momento de su constitución y
por el término de 5 años deberán ofrecer públicamente acciones, para que las
entidades del sector social solidario a que refiere el inciso cuarto del
artículo anterior, puedan llegar a suscribir mínimo el 20% de su capital
social.
Los afiliados y pensionados del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, de conformidad con los reglamentos, podrán
ser socios de las sociedades administradoras y dicha participación será tenida
en cuenta para efectos del cómputo del porcentaje referido en el inciso anterior.
Los porcentajes de participación que tanto
el sector social solidario, como los afiliados y pensionados adquieran en la
propiedad de la respectiva administradora, de conformidad con lo previsto en
este literal, serán abonables o imputables a las obligaciones de oferta pública
de venta de participaciones que impongan las normas de democratización,
aplicables a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y a las de
pensiones y  cesantía. De la misma manera se abonará el valor de las acciones
que se hayan vendido por oferta pública en desarrollo de la Ley 50 de 1990 y
demás normas complementarias, hasta completar el porcentaje establecido en el
presente artículo sobre el total del capital exigido por la presente ley.
d. Disponer de capacidad humana y técnica
especializada suficiente, para cumplir adecuadamente con la administración
apropiada de los recursos confiados, de acuerdo con la naturaleza del plan de
pensiones ofrecido.
PARAGRAFO.‑ Las administradoras
podrán ser autorizadas para constituir y administrar simultáneamente varios
planes de capitalización o de pensiones dentro del régimen, siempre y cuando
acrediten ante la Superintendencia Bancaria la capacidad administrativa
necesaria para el efecto.
ARTICULO  92.‑ Monto Máximo de Capital.
Con el fin de evitar la concentración
económica, las sociedades que administren fondos de pensiones no podrán tener
un capital superior a diez (10) veces el monto mínimo establecido.
Este límite podrá ser modificado por el
Gobierno Nacional de acuerdo con la evolución del régimen.
ARTICULO  93.‑ Fomento para la
Participación en el Capital Social de las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
El Gobierno Nacional, con cargo a los
recursos del presupuesto nacional, establecerá dentro de los 6 meses siguientes
a la iniciación de la viggencia de esta ley los mecanismos de financiación
necesarios para que las entidades a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 90 de la presente ley, puedan completar los recursos que les permitan
participar en el capital social de las entidades administradoras del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad.
El Gobierno Nacional, para fijar el monto
del estímulo, tendrá en cuenta la necesidad de apoyo financiero de cada entidad
y la capacidad de pago para responder por el mismo.
ARTICULO  94.‑ Niveles de
Patrimonio.
El Gobierno Nacional fijará la forma en la
cual se garantice que las administradoras y aseguradoras mantengan niveles
adecuados de patrimonio, de acuerdo a los distintos riesgos asociados a su
actividad.
En todo caso, el nivel de activos manejados
por una administradora no podrá exceder en más de cuarenta (40) veces su
patrimonio técnico.
ARTICULO  95.‑ Aprobación de los
Planes de Pensiones.
Las entidades autorizadas para actuar como
administradoras o aseguradoras del sistema, deberán someter a la aprobación de
la Superintendencia Bancaria los planes de capitalizacióhsn y de pensiones que
pretendan administrar.
ARTICULO  96.‑ Requisitos para la
Aprobación de los Planes de Pensiones.
Todo plan de pensiones que sea sometido a
consideración de la Superintendencia Bancaria para su aprobación, deberá
amparar a los afiliados y pensionados contra todos los riesgos a que hace
referencia esta ley, y señalar las condiciones específicas de cada amparo. Los
planes aprobados no podrán modificarse posteriormente desmejorando cualesquiera
de las condiciones establecidas anteriormente.
ARTICULO  97.‑ Fondos de Pensiones
como Patrimonios Autónomos.
Los fondos de pensiones, conformados por el
conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional y los que resulten de
los planes alternativos de capitalización o de pensiones, así como los
intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los
integren, constituyen  patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados,
independientes del patrimonio de la administradora.
La contabilidad de los mismos, se sujetará
a las reglas que para el efecto expida la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO  98.‑ Participación de los
Afiliados en el Control de las Sociedades Administradoras.
Los afiliados y accionistas de las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones elegirán el revisor fiscal
para el control de la administración del respectivo fondo. Además, los
afiliados tendrán dos (2) representantes, elegidos por ellos mismos, para que
asistan a todas las juntas directivas de la Sociedad Administradora, con voz y
sin voto, quienes con el revisor fiscal velarán por los intereses de los
afiliados de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno
Nacional.
PARAGRAFO.‑ Las sociedades que
administren fondos de pensiones y de cesantía tendrán en total dos (2)
representantes de los afiliados.
ARTICULO  99.‑ Garantías.
Las administradoras y aseguradoras,
incluidas las de planes alternativos de pensiones, deberán constituir y
mantener adecuadas garantías, para responder por el correcto manejo de las
inversiones representativas de los recursos administrados en desarrollo de los
planes de capitalización y de pensiones.
Las administradoras deberán contar con la
garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus
propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas
individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la
respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento
por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos
sus respectivos intereses y rendimientos, y de ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las
garantías en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas por la
Superintendencia Bancaria para las instituciones del Sistema Financiero.
ARTICULO  100.‑ Inversión de los
Recursos.
Con el fin de garantizar la seguridad,
rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras los
invertirán en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto
establezca el Gobierno a través de la Superintendencia Bancaria, previo
concepto, que no será vinculante, de una comisión del Consejo Nacional Laboral
o el organismo que haga sus veces.
En cualquier caso, las inversiones en
Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%)
del valor de los recursos de los fondos de pensiones, y dichos títulos deberán
cubrir la desvalorización monetaria y permitir el pago de intereses reales que
reflejen la tasa del mercado financiero, certificada por la Superintendencia
Bancaria para períodos trimestrales.
La Superintendencia de Valores deberá
definir los requisitos que deban acreditar las personas jurídicas que sean
destinatarias de inversión o colocación de recursos de los fondos de pensiones.
Cuando la Superintendencia de Valores
autorice la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos
valores diferentes a los documentos oficiales de deuda pública, deberá exigir a
los destinatarios, que cumplan con las normas destinadas a contener fenómenos
de concentración de propiedad e ingresos.
El Gobierno podrá reglamentar las
transacciones diferentes a la suscripción de títulos primarios, para que se
efectúen por intermedio de las bolsas de valores.
Las administradoras de fondos de pensiones
y cesantía de cualquier naturaleza podrán descontar actas y cartera en las
condiciones y en la proporción que fije el Gobierno Nacional, para que en todo
caso la inversión sea de máxima seguridad.
ARTICULO  101.‑ Rentabilidad Mínima.
La totalidad de los rendimientos obtenidos
en el manejo de los fondos de pensiones será abonado en las cuentas de ahorro
pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en
cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.
Las sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías deberán garantizar a sus afiliados de unos y otros una
rentabilidad mínima, que será determinada por el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado que
sean comparables.  Esta metodología deberá buscar que la rentabilidad mínima
del portafolio invertido en títulos de deuda no sea inferior a la tasa de
mercado, definida teniendo en cuenta el rendimiento de los títulos emitidos por
la Nación y el Banco de la República.  Además deberá promover una racional y
amplia distribución de los portafolios en papeles e inversiones de largo plazo
y equilibrar los sistemas remuneratorios de pensiones y cesantía.
En aquellos casos en los cuales no se
alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán
responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de
estabilización de rendimientos que se defina para estas sociedades.
ARTICULO  102.‑ Rentabilidad Mínima
en caso de Liquidación, Fusión o Cesión de la Administradora o por Retiro del
Afiliado.
En caso de liquidación, cesión o fusión de
una administradora, los recursos que formen parte de la cuenta especial de que
tratan los artículos anteriores, se abonarán en las cuentas individuales de
ahorro pensional de sus afiliados.
Así mismo, en caso de retiro definitivo de
un afiliado, por traslado a otra administradora o porque contrate con una
entidad aseguradora el pago de una pensión, se le deberá reconocer la
rentabilidad mínima exigida, mediante el pago inmediato de las cuantías que de
la cuenta especial de estabilización resulten proporcionalmente a su favor.
ARTICULO  103.‑ Publicación de
Rentabilidad.
Las administradoras deberán publicar la
rentabilidad obtenida en los planes de capitalización y de pensiones ofrecidos,
en la forma y con la periodicidad que para el efecto determine la
Superintendencia Bancaria.
ARTICULO  104.‑ Comisiones.
Las administradoras cobrarán a sus
afiliados una comisión de administración cuyos montos máximos y condiciones
serán fijadas por la Superintendencia Bancaria, dentro de los límites
consagrados en el artículo 20 de esta ley.
El Gobierno reglamentará las comisiones de
administración por el manejo de las cotizaciones voluntarias.
ARTICULO  105.‑ Contratos con
Establecimientos de Crédito.
Las administradoras podrán celebrar
contratos con instituciones financieras u otras entidades, con cargo a sus
propios recursos,  con el objeto de que éstos se encarguen de las operaciones
de recaudo, pago y transferencia de los recursos manejados por las primeras, en
las condiciones que se determinen, con el fin de que dichas operaciones puedan
ser realizadas en todo el territorio nacional.
ARTICULO  106.‑ Publicidad.
Toda publicidad o promoción de las
actividades de las administradoras deberá sujetarse a las normas que sobre el
particular determine la Superintendencia Bancaria, en orden a velar porque
aquella sea veraz y precisa, tal publicidad solamente podrá contratarse con
cargo al presupuesto de gastos administrativos de la entidad.
En todo caso, todas las administradoras
deberán publicar, con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la
misma Superintendencia, el costo de las primas que sean pagadas por concepto de
seguros y el valor de las comisiones cobradas.
El gobierno eliminará privilegios
provenientes de grupos con capacidad de control de medios masivos, y en su caso
impedir que sean los beneficiarios quienes directa o indirectamente absorban
costos de publicidad.
ARTICULO  107.‑ Cambio de Plan de
Capitalización o de Pensiones y de Entidades Administradoras.
Todo afiliado al régimen y que no haya
adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor
de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de
pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.
Los cambios autorizados en el inciso
anterior no podrán exceder de una vez en el semestre respectivo, previa
solicitud presentada por el interesado con no menos de treinta (30) días
calendario de anticipación.
ARTICULO  108.‑ Seguros de
Participación.
Los seguros que contraten las
administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar
las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de
participación.
La contratación de dichos seguros deberá
efectuarse utilizando procedimientos autorizados por la Superintendencia
Bancaria que aseguren la libre concurrencia de oferentes.
Así mismo, las aseguradoras que asuman
cualquier tipo de rentas vitalicias adoptarán para ello la modalidad de seguros
de participación en beneficio de los pensionados.
ARTICULO  109.‑ Garantía Estatal a
las Pensiones Contratadas con Aseguradoras.
Sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de los reaseguradores, la Nación garantizará el pago de
las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la
compañía aseguradora responsable de su cancelación de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto se expedida. Para este efecto, el Gobierno
Nacional podrá permitir el acceso de la compañía aseguradora a la garantía del
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En este caso, la compañía
aseguradora asumirá el costo respectivo.
PARAGRAFO.‑ En todos los eventos en
los que exista defraudación o malos manejos por parte de los administradores de
los fondos de pensiones o de las aseguradoras, para eludir sus obligaciones con
los ahorradores, deberán responder penalmente por su actos.  Para estos
efectos, los aportes de los ahorradores se asimilarán al carácter de dineros
del tesoro público.
ARTICULO  110.‑ Vigilancia y
Control.
Corresponderá a la Superintendencia
Bancaria el control y  vigilancia de las entidades administradoras de los
planes de capitalización y de pensiones a que se refiere esta ley.
ARTICULO  111.‑ Sanciones a las
Administradoras.
Sin perjuicio de la aplicación de las demás
sanciones que puede imponer la Superintendencia en desarrollo de sus facultades
legales, cuando las administradoras incurran en defectos respecto de los
niveles adecuados de patrimonio exigidos, la Superintendencia Bancaria
impondrá, por cada incumplimiento, una multa en favor del Fondo de Solidaridad
Pensional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor
del defecto mensual, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno
punto cinco por ciento (1.5%) del monto requeri­do para dar cumplimiento a tal
relación.
Así mismo, cuando el monto correspondiente
a la Reserva de Estabilización sea inferior al mínimo establecido, la
Superintendencia Bancaria impondrá una multa en favor del Fondo de Solidaridad
Pensional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor
del defecto mensual presentado por la respectiva administradora.
En adición a lo previsto en los incisos
anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá todas las órdenes que
resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los niveles
adecuados de patrimonio o de la Reserva de Estabilización, según corresponda.
ARTICULO  112.‑ Obligación de Aceptar
a todos los Afiliados que lo Soliciten.
Las personas que cumplan los requisitos
para ser afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no podrán
ser rechazados por las entidades administradoras del mismo.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS REGIMENES
DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
CAPITULO I
TRASLADO ENTRE REGIMENES ‑ BONOS
PENSIONALES
ARTICULO  113.‑ Traslado de Régimen.
Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo
de la presente ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las
siguientes reglas:
a. Si el traslado se produce del Régimen de
Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al
reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos
siguientes.
b. Si el traslado se produce del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida,se
transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los
rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo
con el salario base de cotización.
ARTICULO  114.‑ Requisito para el
Traslado de Régimen.
Los trabajadores y servidores públicos que
en virtud de lo previsto en la presente ley se trasladen por primera vez del
régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual
con solidaridad, deberán presentar a la respectiva entidad administradora
comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha
tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.
Este mismo requisito es obligatorio para
los trabajadores vinculados con los empleadores hasta el 31 de Diciembre de
1990 y que decidan trasladarse al régimen especial de cesantía previsto en la
ley 50 de 1.990, para lo cual se requerirá que adicionalmente dicha
comunicación sea rendida ante notario público, o en su defecto ante la primera
autoridad política del lugar.
ARTICULO  115.‑ Bonos Pensionales.
Los bonos pensionales constituyen aportes
destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar
las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Tendrán derecho a bono pensional los
afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con
solidaridad cumplan algunos de los siguientes requisitos:
a. Que hubiesen efectuado cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector
público.
b. Que hubiesen estado vinculados al Estado
o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos.
c. Que estén vinculados mediante contrato
de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las
pensiones.
d.Que hubiesen estado afiliados a cajas
previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el
reconocimiento y pago de pensiones.
PARAGRAFO.‑ Los afiliados de que
trata el literal a. del presente artículo que al momento del traslado hubiesen
cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no tendrán derecho a bono.
ARTICULO  116.‑ Características.
Los bonos pensionales tendrán las
siguientes características:
a. Se expresarán en pesos;
b. Serán nominativos;
c. Serán endosables en favor de las
entidades administradoras o aseguradoras, con destino al pago de pensiones;
d. Entre el momento de la afiliación del
trabajador y el de redención del bono, devengarán, a cargo del respectivo
emisor, un interés equivalente a la tasa DTF, sobre saldos capitalizados, que
establezca el Gobierno y,
e. Las demás que determine el Gobierno
Nacional.
ARTICULO  117.‑ Valor de los Bonos
Pensionales.
Para determinar el valor de los bonos, se
establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se
calculará así:
a. Se calcula el salario que el afiliado
tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre,
como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de
Junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha
fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su
ingreso al Sistema según la variación porcentual del Indice de Precios al
Consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional
a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el
salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha.
Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE.
b. El resultado obtenido en el literal
anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes
porcentajes:
45%, más un 3% por cada año que exceda de
los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3% por
cada año que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o
sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al
sistema.
La pensión de referencia así calculada, no
podrá exceder el 90% del salario que tendría el afiliado al momento de tener
acceso a la pensión, ni de quince salarios mínimos legales mensuales.
Una vez determinada la pensión de
referencia, los bonos pensionales se expedirán por un valor equivalente al que
el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el período
que haya efectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor público o haya
estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el
momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación,
hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y
para sobrevivientes, a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres por
un monto igual a la pensión de referencia.
En todo caso, el valor nominal del bono no podrá
ser inferior a las sumas aportadas obligatoriamente para la futura pensión con
anterioridad a la fecha en la cual se afilie al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad.
El Gobierno establecerá la metodología,
procedimiento y plazos para la expedición de los bonos pensionales.
PARAGRAFO 1. El porcentaje del 90% a que se
refiere el inciso quinto, será del 75% en el caso de las empresas que hayan
asumido el reconocimiento de pensiones a favor de sus trabajadores.
PARAGRAFO 2. Cuando el bono a emitir
corresponda a un afiliado que no provenga inmediatamente del Instituto de
Seguros Sociales, ni de Caja o fondo de previsión del sector público, ni de
empresa que tuviese a su cargo exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores,
el cálculo del salario que tendría a los 62 años si son hombres y 60 años si
son mujeres, parte de la última base de cotización sobre la cual haya cotizado
o del último salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado
a la fecha de ingreso al Sistema, según la variación porcentual del Indice de
Precios al Consumidor del DANE.
PARAGRAFO 3. Para las personas que ingresen
por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992,
el bono pensional se calculará como el valor de las cotizaciones efectuadas más
los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado.
ARTICULO  118.‑ Clases.
Los bonos pensionales serán de tres clases:
a. Bonos  pensionales expedidos por la
Nación.
b. Bonos pensionales expedidos por las
Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el
Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III
del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se
complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora.
c. Bonos pensionales expedidos por empresas
privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan
asumido exclusivamente  a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya
denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la
entidad emisora.
ARTICULO  119.‑ Emisor y
Contribuyentes.
Los bonos pensionales serán expedidos por
la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado
antesdd de entrar al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, siempre y
cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya
sido igual o mayor a cinco (5) años.
Cuando el tiempo de cotización o de
servicios en la última entidad pagadora de pensiones, sea inferior a cinco (5)
años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones, en
la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido
el mayor tiempo de servicio.
En los casos señalados en el artículo 121
de la presente ley, la Nación expedirá los bonos a cargo de tales entidades.
ARTICULO  120.‑ Contribuciones a los
Bonos Pensionales.
Las entidades pagadoras de pensiones a las
cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional,
tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora del bono pensional,
con la cuota parte correspondiente.
El factor de la cuota parte será igual al
tiempo aportado o servido en cada entidad, dividido por el tiempo total de
cotizaciones y servicios reconocido para el cálculo del bono.
ARTICULO  121.‑ Bonos Pensionales y
Cuotas Partes a Cargo de la Nación.
La Nación expedirá un instrumento de deuda
pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las
características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al
Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al
Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a
cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas
partes a cargo de estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se expedirán
con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la
presente ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha
fecha.
ARTICULO  122.‑ Fondos para Pago de
Cuotas Partes y Bonos Pensionales de las Cajas, Fondos o Entidades Públicas no
Sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
Las Cajas, Fondos o Entidades del sector
público que no hayan sido sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, destinarán los recursos necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de sus correspondientes bonos pensionales y de las
cuotas partes que les correspondan, mediante la constitución de patrimonios
autónomos manejados por encargo fiduciario de acuerdo con las disposiciones que
expida la Superintendencia Bancaria y las garantías que exija el Gobierno
Nacional.
Estos fondos estarán sometidos a la
vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.
Los recursos se apropiarán con cargo
prioritario a las cotizaciones previstas en la presente ley, y cuando sea
necesario también con cargo a los recursos propios de las entidades.
La Nación podrá subrogar las obligaciones
de que trata este artículo, para asegurar el pago de las mismas a los
beneficiarios del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y los afiliados
a las entidades del régimen de prestación definida, cuando la entidad tenga
incapacidad temporal para asumirlas, en las condiciones que se establezcan para
el efecto.
ARTICULO  123.‑ Recursos y garantía
para el pago de los bonos y obligaciones pensionales a cargo de las entidades
territoriales.
Las entidades territoriales podrán emitir
títulos de deuda pública a fin de acceder a los recursos de los fondos de
pensiones en los términos previstos en el artículo 100 de esta ley.   Las
transferencias del presupuesto nacional se podrán pignorar a fin de garantizar
las obligaciones que resulten de esta operación.  Los recursos se destinarán a
la redención de los bonos pensionales y al pago de las pensiones a su cargo.
El Gobierno Nacional reglamentará esta
materia teniendo en cuenta que las entidades territoriales deberán hacer un
esfuerzo para acrecentar la participación de los recursos propios para el pago
de las pensiones a su cargo y en todo caso deberán contar con la aprobación de
la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO  124.‑ Fondos para Pago de
Cuotas Partes y Bonos Pensionales de las Empresas que Tienen a su Cargo
Exclusivo las Pensiones de sus Empleados.
Para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes, a
cargo de las empresas que tienen a su cargo exclusivo els pago de las pensiones
y de las cajas de previsión del sector privado, se deberán otorgar las
garantías que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Cuando el monto de las obligaciones de que
trata el inciso anterior, exceda lass proporciones de los activos que para el
efecto se establezca, se deberá constituir patrimonios autónomos manejados por
encargo fiduciario, sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia
respectiva.
Los aportes a los fondos de que trata este
artículo, serán deducibles de la renta de los contribuyentes en cuanto no se
hayan deducido con anterioridad.
PARAGRAFO 1.‑  Se exceptúan de la
obligación prevista en este artículo, los recursos destinados al pago de los
beneficios de carácter pensional diferentes a los contemplados en esta ley, que
acuerden o hayan acordado los empleadores y trabajadores del sector privado.
PARAGRAFO 2.‑  Se excepcionan de la
obligación prevista en este artículo, aquellas empresas que constituyan las
reservas actuariales de conformidad con las normas expedidas por la
superintendencia respectiva.
ARTICULO  125.‑ Adquisición de Acciones
de Empresas.
Los bonos pensionales, de los afiliados que
hayan acumulado en sus cuentas individuales de ahorro pensional el capital
necesario para obtener una pensión de vejez superiorr al 110% de la pensión
mínima de vejez vigente, podrán ser destinados para la adquisición, en
condiciones preferenciales, de acciones de empresas públicas.
En tal caso, los administradores de los
fondos representarán a los tenedores de los bonos pensionales frente a los
emisores de las acciones, previa autorización expresa del afiliado y de acuerdo
con la reglamentación que el Gobierno Nacional expida.
ARTICULO  126.‑ Créditos
Privilegiados.
Los créditos causados o exigibles por
concepto de los bonos y cuotas partes de que trata este capítulo, pertenecen a
la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo
privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales o
indemnizaciones laborales.
ARTICULO  127.‑ Títulos de Deuda
Interna.
Autorizase al Gobierno Nacional para
expedir los Bonos Pensionales a cargo de la Nación y títulos de deuda pública
interna de la Nación, hasta por el valor necesario para pagar las pensiones que
queden a su cargo en virtud de lo dispuesto en esta ley, más las obligaciones
correspondientes a dichos bonos y a las cuotas partes con las cuales hayas de
contribuir a los bonos pensionales expedidos por los demás emisores de bonos
pensionales.
La emisión de los títulos que por la
presente ley se autoriza, sólo requerirá concepto previo de la Junta Directiva
del Banco de la República y Decreto del Gobierno Nacional, med­iante el cual se
señalen las clases, características y condi­ciones financieras de emisión,
colocación y administración de los títulos.
La Nación, a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, podrá administrarr directamente los títulos de
deuda pública que por la presente ley se autorizan. Así mismo, podrá autorizar
celebrar con entidades nacionales o extranjeras contratos para la agencia,
emisión, edición, colocación, garantía, administración y servicio de los
respectivos títulos.
Tales contratos sólo requerirán para su
celebración, validez y perfeccionamiento, de la firma de las partes y su
publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la
orden impartida por el Director General de Crédito Público.
CAPITULO II
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES
PUBLICOS
ARTICULO  128.‑ Selección del
Régimen.
Los servidores públicos afiliados al
Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse,
lo cual deberá informarse al empleador por escrito.
Los servidores públicos que se acojan al
régimen de prestación definida, podrán continuar afiliados a la caja, fondo o
entidad de previsión a la cual se hallen vinculados. Estas entidades
administrarán los recursos y pagarán las pensiones conforme a las disposiciones
de dicho régimen previstas en la presente ley.
Los servidores públicos que no estén
afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión o seguridad social, aquellos
que se hallen afiliados a alguna de estas entidades cuya liquidación se ordene,
y los que ingresen por primera vez a la fuerza laboral, en caso de que
seleccionen el régimen de prestación definida, se afiliarán al Instituto de
Seguros Sociales.
Los servidores públicos nacionales
cualquiera sea el régimen que seleccionen, tendrán derecho a bono pensional.
PARAGRAFO.‑ La afiliación al régimen
seleccionado implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para
acceder a las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes.
CAPITULO III
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
ARTICULO  129.‑ Prohibición General.
A partir de la vigencia de la presente ley,
se prohíbe la creación de nuevas cajas, fondos o entidades de previsión o de
seguridad social del sector público, de cualquier orden nacional o territorial,
diferentes a aquellas que de conformidad con lo previsto en la presente ley, se
constituyan como entidades promotoras o prestadoras de servicios de salud.
ARTICULO  130.‑ Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.
Creáse el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, cuyos recursos se administrarán mediante encargo
fiduciario.
El Fondo sustituirá a la Caja Nacional de
Previsión Social en lo relacionado con el pago de las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, y a las demás cajas
de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional, que el
Gobierno determine y para los mismos efectos. El Gobierno Nacional establecerá
los mecanismos requeridos para el pago de las pensiones reconocidas o causadas
con anterioridad a la presente ley.
A partir de 1.995, todas las obligaciones
por concepto de pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes,
reconocidas por la Caja Nacional de Previsión, serán pagadas por el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
El Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, creado por la Ley 33 de 1985 continuará siendo responsable del
reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivientes, y de los servicios de salud de los congresistas y de los
empleados del Congreso y del Fondo que aporten para los sistemas de pensiones y
de salud de conformidad con las normas de la presente ley.
ARTICULO  131.‑ Fondo para pagar el
pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones
oficiales de educación superior de naturaleza territorial.
Cada una de las instituciones de educación
superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en
la cual esta ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho
pasivo que no esté constituido en reservas en las Cajas de Previsión, o Fondos
autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las
instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto
en la presente ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados
o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la
presente ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta
en el presupuesto de cada institución. Será financiado por la nación, los
departamentos, los distritos y los municipios, que aportarán en la misma
proporción  en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva
universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio
de los cinco (5) últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación
de la vigencia de la presente ley.
Los aportes constarán en bonos de valor
constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga
exigible el pago de las obligaciones pensionales  de acuerdo con las
proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad con la
reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Dentro del año siguiente a la iniciación de
la vigencia de la presente ley, las universidades y las instituciones  de
educación superior referidas en este artículo, elaborarán o actualizarán los
estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este
requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen los
aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los dos (2)
primeros años de la vigencia de la presente ley.
ARTICULO  132.‑ Separación de
Riesgos.
A partir de la vigencia de la presente ley,
las cajas, fondos y entidades  del sector público, en todos sus órdenes,
deberán financiar y administrar en forma independiente y en cuentas separadas,
las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, del régimen de
protección contra los riesgos profesionales y del régimen de amparo contra
enfermedad general y maternidad.  Deberán además administrar las mismas en
cuentas separadas con respecto a las cuentas y conceptos restantes utilizadas
por la administración respectiva.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES DEL SISTEMA GENERAL
DE PENSIONES
ARTICULO  133.‑ Pensión Sanción.
El artículo 267 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
El trabajador no afiliado al Sistema
General de Pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea
despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10)
años o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho
empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene
cumplidos sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años
de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad
al despido.
Si el retiro se produce por despido sin
justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión se
pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de
edad si es hombre, o cincuenta (50) años de edad si es mujer, o desde la fecha
del despido, si ya los hubiere cumplido.
La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor certificada
por el DANE.
PARAGRAFO 1. Lo dispuesto en el presente
artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la
calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.
PARAGRAFO 2. Las pensiones de que trata el
presente artículo podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.
PARAGRAFO 3.‑  A partir del 1o. de
enero del año 2.014 las edades a que se refiere el presente artículo, se
reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57)
años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para
el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y
a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer,
cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios.
ARTICULO  134.‑ Inembargabilidad.
Son inembargables:
1.Los recursos de los fondos de pensiones
del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2.Los recursos de los fondos de reparto del
régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
3.Las sumas abonadas en las cuentas
individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con
solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4.Las sumas destinadas a pagar los seguros
de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual
con solidaridad.
5.Las pensiones y demás prestaciones que
reconoce esta ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos
por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6.Los bonos pensionales y los recursos para
el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente ley.
7.Los recursos del fondo de solidaridad
pensional.
PARAGRAFO.‑ No obstante los dispuesto
en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos
financieros solo gozarán de los mismos beneficios que la ley concede a las
cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad.
ARTICULO  135.‑ Tratamiento
tributario.
Los recursos de los fondos de pensiones del
régimen de ahorro individual con solidaridad, los recursos de los fondos de
reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los recursos de los
fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y los
recursos del fondo de solidaridad pensional, gozan de exención de toda clase de
impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional.
Estarán exentos del Impuesto sobre la renta
y complementarios:
1.El Instituto de Seguros Sociales.
2.La Caja Nacional de Previsión y las demás
cajas y fondos de previsión o seguridad social del sector público, mientras
subsistan.
3.Las sumas abonadas en las cuentas
individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con
solidaridad y sus respectivos rendimientos.
4.Las sumas destinadas al pago de los
seguros de invalidez y de  sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual
con solidaridad.
5.Las pensiones estarán exentas del
impuesto sobre la renta. A partir del 1o. de Enero de 1.998 estarán gravadas
solo en la parte que exceda de veinticinco (25) salarios mínimos.
Estarán exentos del impuesto a las ventas:
1.Los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de
Prima Media con Prestación Definida.
2.Los servicios de seguros y reaseguros que
prestan las compañías de seguros, para invalidez y sobrevivientes contemplados
dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.
Estarán exentos del impuesto de timbre los
actos o documentos relacionados con la administración del Sistema General de
Pensiones.
PARAGRAFO 1.‑ Los aportes
obligatorios y voluntarios que se efectúen al sistema general de pensiones no
harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y
serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional. Los aportes a cargo del empleador serán deducibles de su renta.
PARAGRAFO 2.‑  Las disposiciones a
que se refiere el presente artículo y el artículo anterior, serán aplicables,
en lo pertinente, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de
1987 y a los seguros privados de pensiones.
PARAGRAFO 3.‑ En ningún caso los
pagos efectuados por concepto de cesantía serán sujetos de retención en la
fuente por parte de la nación.
ARTICULO  136.‑ Tratamiento
Tributario de los excedentes de libre disponibilidad.
El retiro de los excedentes de libre
disponibilidad, en la parte que corresponda a rentabilidad real de las cuentas
de ahorro pensional, para fines diferentes a la financiación de pensiones,
estará gravado con el impuesto sobre la renta.
ARTICULO  137.‑ Faltantes a Cargo de
la Nación.
La Nación asumirá el pago de pensiones
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, la Caja Nacional de Previsión
y otras cajas o fondos del sector público sustituidos por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, incluido este último, en cuanto se agotasen las
reservas constituidas para el efecto y sólo por el monto de dicho faltante.
ARTICULO  138.‑ Garantía Estatal en
el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
El estado responderá por las obligaciones
del Instituto de Seguros Sociales para con sus afiliados al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, cuando los ingresos y las reservas de dicha
entidad se agotasen, siempre que se hubiesen cobrado las cotizaciones en los
términos de ésta ley.
ARTICULO  139.‑ Facultades Extraordinarias.
De conformidad con lo previsto en el
ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al
Presidente de la República de precisas facultades extraordina­rias por el término
de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley
para:
1.Determinar la estructura, administración,
recursos, y demás disposiciones necesarias para el funcionamiento de la
Delegatura exclusiva para la vigilancia de Administradoras de Fondos de
Pensiones y/o Cesantía y demás entidades de previsión social de la
Superintendencia Bancaria y armonizarla con el resto de su estructura.
Estas facultades incluyen la de modificar
la denominación de la Superintendencia. El Superintendente delegado para estas
funciones, deberá reunir las mismas condiciones y requisitos que las exigidas
para el Superintendente Bancario.
2.Determinar, atendiendo a criterios
técnico‑científicos y de salud ocupacional, las activi­dades de alto
riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de
semanas de cotización y el monto de la pensión.  Las demás condiciones y
requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones
previstas en esta Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán
menos exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar y ajustar las
normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas
con tarjeta profesional.
Esta facultad incluye la de establecer los
puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador y el
trabajador, según cada actividad.
3.Establecer un régimen de fondos
departamentales y municipales de pensiones públicas, que sustituya el pago de
las pensiones a cargo de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas
productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles
territoriales. Se podrá retener de las transferencias, de la respectiva entidad
territorial, para garantizar el pago de tales pensiones, solo mediante acuerdo
con su representante legal.
4.Establecer la manera como las Cajas,
Fondos o entidades del sector privado que subsistan, deben adaptarse a las
disposiciones contenidas en la presente ley, señalando las funciones
adicionales a la Superintendencia Bancaria, y a la de Salud, a fin de que
dichas entidades adapten sus estatutos y reglas de funcionamiento.
5.Dictar las normas necesarias para la
emisión de los bonos pensionales, su redención, la posibilidad de transarlos en
el mercado secundario, y las condiciones de los bonos cuando deban expedirse a
personas que se trasladen del régimen de prima media al régimen de
capitalización individual.
6.Establecer las normas que fueren
necesarias para autorizar la constitución de sociedades sin ánimo de lucro,
sujetas a la reglamentación del Gobierno Nacional y bajo la vigilancia de la
entidad que éste determine, cuyo objeto social sea asumir los riesgos derivados
de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo.
7.  Revisar las cotizaciones sobre nómina,
con excepción de las del ICBF, destinadas a actividades diferentes a las
consagradas en esta ley, y de la pequeña empresa, rural o urbana.
8.  Establecer el régimen jurídico y
financiero de las sociedades administradoras de fondos de pensiones.
9.  Establecer un Fondo de Actualización
Pensional para los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y
sobrevivientes, del sector público, en el sector privado y del Instituto de
Seguros Sociales, cuyas pensiones se hubiesen reconocido antes del 1º de enero
de 1989, de tal manera que permita atender los siguientes compromisos:
a)El reajuste anual contenido en el Decreto
2108 de 1992.
b)La mesada pensional adicional de que
trata el artículo 142 de la presente ley.
c)El reaforo de rentas y la adición
presupuestal de que trata el artículo 267 de esta ley.
En ejercicio de las facultades establecidas
en el presente numeral, se establecerá la estructura, administración, recursos
y demás disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo.
La actualización de las pensiones en el
sector público del nivel departamental y municipal, se hará en la medida en que
los presupuestos respectivos así lo permitan, y previa decisión de las
Asambleas Departamentales y Concejos respectivos.
10.Establecer los mecanismos para que la
Nación consolide y asuma total o parcialmente la deuda de ésta y de los demás
organismos y entidades del Estado por concepto de la inversión y manejo de
reservas del Instituto de Seguros Sociales vigentes hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley y fije los procedimientos para su pago.
11.Dictar las normas necesarias para
organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como
un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización
continuará a cargo de los empleadores.
PARAGRAFO.‑ Para el ejercicio de las
facultades a que se refiere el numeral 2o. del presente artículo, el Gobierno
deberá escuchar el concepto no vinculante de dos (2) representantes del
Congreso, dos (2) representantes de los trabajadores y dos (2) representantes
de los empleadores.
ARTICULO  140.‑ Actividades de alto
riesgo de los servidores públicos.
De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el
Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en
actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o
un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran
para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos
porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y
el trabajador, según cada actividad.
ARTICULO  141.‑ Intereses de Mora.
A partir del 1o. de enero de 1994, en caso
de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente
en el momento en que se efectúe el pago.
ARTICULO  142.‑ Mesada adicional para
actuales pensionados.
Los pensionados por jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, del sectores públicos, oficial, semioficial, en todos
sus ordenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como
los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o) de
enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de
la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo,
que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez del orden
nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el decreto 2108 de 1992,
recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada adicional
solo a partir de junio de 1996.
PARAGRAFO.‑  Esta mesada adicional
será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que
exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.
ARTICULO  143.‑ Reajuste pensional
para los actuales pensionados.
A quienes con anterioridad al 1o. de enero
de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o
muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual
equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la
aplicación de la presente ley.
La cotización para salud establecida en el
sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de
estos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante
su período de vinculación laboral.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud podrá reducir el monto de la cotización de los pensionados en proporción
al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no exceda de tres
(3) salarios mínimos legales.
PARAGRAFO TRANSITORIO.‑ Solo por el
año de 1993, los gastos de salud de los actuales pensionados del ISS se
atenderá con cargo al Seguro de IVM y hasta el monto de la cuota patronal.
ARTICULO  144.‑ Pensiones por muerte
reconocidas antes de 1990.
Las pensiones de sobrevivientes reconocidas
por el Instituto de Seguros Sociales a los ascendientes, como únicos
beneficiarios de asegurados fallecidos hasta el 17 de abril de 1.990,
continuarán vigentes en los mismos términos en que fueron reconocidas.
ARTICULO  145.‑ Recursos para el pago
de pensiones en las entidades territoriales.
De los recursos adicionales que, a partir
de 1997, reciban los departamentos y los municipios como transferencias por los
recursos provenientes del impuesto de renta y la contribución sobre la
producción de las empresas de la industria petrolera en la zona Cusiana‑Cupiagua,
destinarán por lo menos un 5% a un fondo para pago de pensiones, sin perjuicio
que dichas entidades territoriales continúen cumpliendo sus obligaciones
contraídas en materia pensional.
Los saldos que mantenga este fondo se
invertirán exclusivamente en papeles de deuda pública emitidos por la Nación o
el Banco de la República.
ARTICULO  146.‑ Situaciones jurídicas
individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales.
Las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en
disposiciones Municipales o Departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse  con
arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este
artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los
requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente ley no afecta
ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán
desde la fecha de la sanción de la presente ley.
ARTICULO  147.‑ Garantía de pensión
mínima para desmovilizados.
Los colombianos que acogiéndose a procesos
de paz se hayan desmovilizado o lo hagan en el futuro, podrán pensionarse en
las edades establecidas en la presente ley, con garantía de pensión mínima en
el régimen de prima media con prestación definida, siempre que hayan cotizado
por lo menos 500 semanas.
ARTICULO  148.‑ Deportistas
destacados de escasos recursos.
El Gobierno Nacional mediante
reglamentación previa podrá garantizar las pensiones de los deportistas de
escasos recursos, que obtengan medallas en los juegos olímpicos de verano del
Comité Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales. El monto de la
pensión no podrá exceder de tres salarios mínimos mensuales y adicionalmente
deberán cumplir con los requisitos para adquirir el mencionado derecho de
acuerdo con la ley.
ARTICULO  149.‑ Beneficiarios del
fondo de pensiones de las empresas productoras de metales preciosos y EMPOS.
Las pensiones de los beneficiarios del
Fondo de Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos creado
mediante la Ley 50 de 1990, y las de las Empresas de Obras Sanitarias
liquidadas serán pagadas en adelante por el Instituto de Seguros Sociales, el
cual también asumirá la prestación del servicio médico asistencial siempre y
cuando el pensionado cotice para salud.
El Gobierno Nacional apropiará anualmente
en el presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo, y hará las correspondientes transferencias al
Instituto de Seguros Sociales.
ARTICULO  150.‑ Reliquidación del
monto de la pensión para funcionarios y empleados públicos.
Los funcionarios y empleados públicos que
hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan
retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para
calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la
fecha de notificación de la resolución.
PARAGRAFO.‑ No podrá obligarse a
ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo hecho
de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a
la edad de retiro forzoso.
ARTICULO  151.‑ Vigencia del Sistema
General de Pensiones.
El Sistema General de Pensiones previsto en
la presente ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994.  No obstante, el
Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos
de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la
presente ley, a partir de la vigencia de la misma.
PARAGRAFO.‑ El Sistema General de
Pensiones  para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y
distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.
LIBRO SEGUNDO
EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, FUNDAMENTOS Y CARACTERISTICAS DEL
SISTEMA
ARTICULO  152.‑ Objeto
La presente ley establece el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen,
determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas
administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de
su aplicación.
Los objetivos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y
crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los
niveles de atención.
Las competencias para prestación pública de
los servicios de salud y la organización de la atención en salud en los
aspectos no cobijados en la presente ley se regirán por las disposiciones
legales vigentes, en especial por la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993. Las
actividades y competencias de salud pública se regirán por las disposiciones
vigentes en la materia, especialmente la ley 9 de 1979 y la ley 60 de 1993,
excepto la regulación de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en la
presente ley.
ARTICULO  153.‑ Fundamentos del
Servicio Público.
Además de los principios generales
consagrados en la Constitución política, son reglas del servicio público de
salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las
siguientes:
1. EQUIDAD. El Sistema General de Seguridad
Social en Salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual calidad a
todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de pago.
Para evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo, el Sistema
ofrecerá financiamiento especial para aquella población mas pobre y vulnerable,
así como mecanismos para evitar la selección adversa.
2. OBLIGATORIEDAD. La afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud  es obligatoria para todos los  habitantes
en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus
trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes
carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago.
3. PROTECCION INTEGRAL. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud  brindará atención en salud integral a la
población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad,
oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto  en el
artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud.
4. LIBRE ESCOGENCIA.  El Sistema General de
Seguridad Social en Salud  permitirá la participación de diferentes entidades
que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo
las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios libertad en
la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones
Prestadores de Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las
condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se
harán acogedores a las sanciones previstas en el articulo 230 de esta ley.
5. AUTONOMIA DE INSTITUCIONES.  Las
instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán, a partir del tamaño y
complejidad que reglamente el gobierno, personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos en la
presente ley.
6. DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA.  La
organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud  será
descentralizada y de ella harán parte las direcciones seccionales, distritales
y locales de salud. Las instituciones públicas del orden nacional que
participen del sistema adoptarán una estructura organizacional, de gestión y de
decisiones técnicas, administrativas y financieras que fortalezca su operación
descentralizada.
7. PARTICIPACION SOCIAL.  El Sistema
General de Seguridad Social en Salud  estimulará la participación de los
usuarios en la organización y control de las instituciones del Sistema General
de Seguridad Social en Salud  y del sistema en su conjunto. El Gobierno
Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las
entidades que conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los
representantes de las comunidades de usuarios en las juntas directivas de las
entidades de carácter público.
8. CONCERTACION. El sistema propiciará la
concertación de los diversos agentes en todos los niveles y empleará como
mecanismo formal para ello a los Consejos Nacional, departamentales,
distritales y municipales de Seguridad Social en Salud.
9. CALIDAD. El sistema establecerá
mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios calidad en
la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de
acuerdo con estandares aceptados en procedimientos y práctica profesional. De
acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno, las Instituciones
Prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.
ARTICULO  154.‑ Intervención del
Estado.
El Estado intervendrá en el servicio
público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de
que trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y
365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará
principalmente el logro de los siguientes fines:
a.Garantizar la observancia de los
principios consagrados en la Constitución y en los artículos 2 y 153 de esta
ley.
b.Asegurar el carácter obligatorio de la
Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos los
habitantes de Colombia.
c.Desarrollar las responsabilidades de
dirección, coordinación, vigilancia y control de la Seguridad Social en Salud y
de la reglamentación de la prestación de los servicios de salud.
d.Lograr la ampliación progresiva de la
cobertura de la Seguridad Social en Salud permitiendo progresivamente el acceso
a los servicios de educación, información y fomento de la salud y a los de
protección y recuperación de la salud a los habitantes del país.
e.Establecer la atención básica en salud
que se ofrecerá en forma gratuita y obligatoria, en los términos que señale la
ley.
f.Organizar los servicios de salud en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
g.Evitar que los recursos destinados a la
seguridad social en salud se destinen a fines diferentes.
h.Garantizar la asignación prioritaria del
gasto público para el servicio público de Seguridad Social en Salud, como parte
fundamental del gasto público social.
PARAGRAFO. Todas las competencias
atribuidas por la presente ley al Presidente de la República y al gobierno
nacional, se entenderán asignadas en desarrollo del mandato de intervención
estatal de que trata este artículo.
ARTICULO  155.‑ Integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud .
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud  está integrado por:
1. Organismos de Dirección, Vigilancia y
Control:
a.Los Ministerios de Salud y Trabajo
b.El Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud
c.La Superintendencia Nacional en Salud
2. Los Organismos de administración y
financiación:
a.Las Entidades Promotoras de Salud.
b.Las Direcciones Seccionales, Distritales
y Locales de salud.
c.El Fondo de Solidaridad y Garantía.
3.Las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas
4.Las demás entidades de salud que, al
entrar en vigencia la presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud
y Trabajo.
5.Los empleadores, los trabajadores y sus
organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema
contributivo y los pensionados.
6.Los beneficiarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud  en todas sus modalidades.
7.Los Comités de Participación Comunitaria
"COPACOS" creados por la ley 10 de 1990 y las organizaciones
comunales que participen en los subsidios de salud.
PARAGRAFO: El Instituto de Seguros Sociales
seguirá cumpliendo con las funciones que le competan de acuerdo con la ley.
ARTICULO  156.‑ Características
Básicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud  tendrá las siguientes características:
a. El Gobierno Nacional dirigirá,
orientará, regulará, controlará y vigilará el servicio público esencial de
salud que constituye el Sistema General de Seguridad Social en Salud .
b. Todos los habitantes en Colombia deberán
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago
de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con
recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes
territoriales.
c.Todos los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud  recibirán un Plan Integral de protección de la
salud, con atención preventiva, médico‑quirúrgica y medicamentos
esenciales, que será denominado el Plan Obligatorio de Salud.
d. El recaudo de las cotizaciones será
responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social‑Fondo de
Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo pertinente esta función en las
Entidades Promotoras de Salud.
e.Las Entidades Promotoras de Salud tendrán
a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de
los servicios de las Instituciones Prestadoras. Ellas están en la obligación de
suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5 del artículo
180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el
subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud, en los términos que
reglamente el gobierno.
f.Por cada persona afiliada y beneficiaria,
la Entidad Promotora de Salud recibirá una Unidad de Pago por Capitación ‑UPC‑
que será establecida periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud.
g. Los afiliados al sistema elegirán
libremente la Entidad Promotora de Salud, dentro de las condiciones de la
presente ley. Así mismo, escogerán las instituciones prestadoras de servicios
y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la Entidad
Promotora de Salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.
h.Los afiliados podrán conformar alianzas o
asociaciones de usuarios que los representarán ante las Entidades Promotoras de
Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
i.Las Instituciones Prestadoras de Salud
son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias,
organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades
Promotoras de Salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos
para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la
organización de grupos de práctica profesional y para las Instituciones
Prestadoras de Servicios de tipo comunitario y Solidario.
j.Con el objeto de asegurar el ingreso de
toda la población al Sistema en condiciones equitativas, existirá un régimen
subsidiado para los mas pobres y vulnerables que se financiará con aportes
fiscales de la Nación, de los departamentos, los distritos y los municipios, el
Fondo de Solidaridad y Garantía y recursos de los afiliados en la medida de su
capacidad.
k.Las Entidades Promotoras de Salud podrán
prestar servicios directos a sus afiliados por medio de sus propias Instituciones
Prestadoras de Salud, o contratar con Instituciones Prestadoras y profesionales
independientes o con grupos de práctica profesional, debidamente constituídos.
l.Existirá un Fondo de Solidaridad y
Garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las disposiciones de esta ley,
garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos y la
solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud , cubrir los
riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones complementarias
señaladas en esta ley.
m.El Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, a que hacen referencia los artículos 171 y 172 de esta ley, es el
organismo de concertación entre los diferentes integrantes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Sus decisiones serán obligatorias, podrán ser
revisadas periódicamente por el mismo Consejo y deberán ser adoptadas por el
Gobierno Nacional
n.Las entidades territoriales, con cargo a
los fondos seccionales y locales de salud cumplirán, de conformidad con la ley
60 de 1993 y las disposiciones de la presente ley la financiación al subsidio a
la demanda allí dispuesta y en los términos previstos en la presente ley.
o. Las entidades territoriales celebrarán
convenios con las Entidades Promotoras de Salud para la administración de la
prestación de los servicios de salud propios del régimen subsidiado de que
trata la presente ley.  Se financiarán con cargo a los recursos destinados al
sector salud en cada entidad territorial, bien se trate de recursos cedidos,
participaciones o propios, o de los recursos previstos para el fondo de
solidaridad y garantía. Corresponde a los particulares aportar en proporción a
su capacidad socioeconómica en los términos y bajo las condiciones previstas en
la presente ley.
p.La Nación y las entidades territoriales,
a través de las instituciones hospitalarias públicas o privadas en todos los
niveles de atención que tengan contrato de prestación de servicios con él para
este efecto, garantizarán el acceso al servicio que ellas prestan a quienes no
estén amparados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud , hasta
cuando éste logre la cobertura universal.
CAPITULO II
DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA
ARTICULO  157.‑ Tipos de
Participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
A partir de la sanción de la presente ley,
todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud que
permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su
condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en
forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud:
1.Los afiliados al Sistema mediante el régimen
contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los
servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al
Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I
del título III de la presente ley.
2.Los afilidados al Sistema mediante el
régimen subsidiado de que trata el artículo 211 de la presente ley son las
personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización.
Serán subsidiada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la
población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán
particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres
durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los
menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de
65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y
sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción,
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad
de pago.
B. Personas vinculadas al Sistema.
Los participantes vinculados son aquellas
personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser
beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención
de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan
contrato con el Estado.
A partir del año 2.000, todo Colombiano
deberá estar vinculado al Sistema a través de los regímenes contributivo o
subsidiado, en donde progresivamente se unificarán los planes de salud para que
todos los habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de
Salud de que habla el artículo 162.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional
establecerá un régimen de estímulos, términos, controles y sanciones para
garantizar la universalidad de la afiliación.
PARAGRAFO 2. La afiliación podrá ser
individual o colectiva, a través de las empresas, las agremiaciones, o por
asentamientos geográficos, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se
expida. El carácter colectivo de la afiliación será voluntario, por lo cual el
afiliado no perderá el derecho a elegir o trasladarse libremente entre
Entidades Promotoras de Salud.
PARAGRAFO 3. Podrán establecerse alianzas o
asociaciones de usuarios, las cuales serán promovidas y reglamentadas por el
Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la capacidad negociadora, la
protección de los derechos y la participación comunitaria de los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas agrupaciones de usuarios
podrán tener como referencia empresas, sociedades mutuales, ramas de actividad
social y económica, sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de
asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación.
PARAGRAFO 4. El Consejo Nacional de
Seguridad Social definirá y reglamentará los grupos de afiliación prioritaria
al subsidio.
ARTICULO  158.‑ Beneficios para
Desmovilizados
Los colombianos que, acogiéndose a procesos
de paz, se hayan desmovilizado, o lo hagan en el futuro, tendrán derecho a los
beneficios del régimen subsidiado en salud contenido en la presente ley,
mientras no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de
contrato de trabajo.
ARTICULO  159.‑ Garantías de los
afiliados
Se garantiza a los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del
servicio público de salud, en los siguientes términos:
1. La atención de los servicios del Plan
Obligatorio de Salud del artículo 162 por parte de la Entidad Promotora de
Salud respectiva a través de las Instituciones Prestadoras de servicios
adscritas.
2.La atención de urgencias en todo el
territorio nacional.
3. La libre escogencia y traslado entre
Entidades Promotoras de Salud, sea la modalidad de afiliacion individual o
colectiva, de conformidad con los procedimientos, tiempos, límites y efectos
que determine el gobierno nacional dentro de las condiciones previstas en esta
ley.
4. La escogencia de las Instituciones
Prestadoras de Servicios y de los profesionales entre las opciones que cada
Entidad Promotora de Salud ofrezca dentro de su red de servicios.
5.La participación de los afiliados,
individualmente o en sus organizaciones, en todas las instancias de asociación,
representación, veeduría  de las entidades rectoras, promotoras y prestadoras y
del Sistema de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  160.‑ Deberes de los
Afiliados y Beneficiarios.
Son deberes de los afiliados y
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los siguientes:
1.Procurar el cuidado integral de su salud
y la de su comunidad.
2.Afiliarse con su familia al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
3.Facilitar el pago, y pagar cuando le
corresponda, las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar.
4.Suministrar información veraz, clara y
completa sobre su estado de salud y los ingresos base de cotización.
5.Vigilar el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los empleadores a las que se refiere la presente
ley.
6.Cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones de las  instituciones y profesionales que le prestan atención en
salud.
7.Cuidar y hacer uso racional de los
recursos, las instalaciones, la dotación, así como de los servicios y
prestaciones sociales y laborales.
8.Tratar con dignidad el personal humano
que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes.
ARTICULO  161.‑ Deberes de los
Empleadores.
Como integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o
institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:
1.  Inscribir en alguna Entidad Promotora
de Salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea ésta,
verbal o escrita, temporal o permanente. La afiliación colectiva en ningún caso
podrá coartar la libertad de elección del trabajador sobre la Entidad Promotora
de Salud a la cual prefiera afiliarse, de conformidad con el reglamento.
2. En consonancia con el artículo 22 de
esta ley, contribuir al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social
en Salud , mediante acciones como las siguientes:
a.Pagar cumplidamente los aportes que le
corresponden, de acuerdo con el artículo 204.
b.Descontar de los ingresos laborales las
cotizaciones que corresponden a los trabajadores a su servicio.
c. Girar oportunamente los aportes y las
cotizaciones a la Entidad Promotora de Salud, de acuerdo a la reglamentación
que expida el gobierno.
3. Informar las novedades laborales de sus
trabajadores a la entidad a la cual están afiliados, en materias tales como el
nivel de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores.
Asimismo, informar a los trabajadores sobre los garantías y las obligaciones
que les asisten en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. Garantizar un medio ambiente laboral
sano, que permita prevenir los riesgos de trabajo y enfermedad profesional,
mediante la adopción de los sistemas de seguridad industrial y la observancia
de las normas de salud ocupacional y seguridad social.
PARAGRAFO. Los empleadores que no observen
lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones
previstas en los artículos 22 y 23 del libro primero de esta ley. Además, los
perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la
subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono. La atención de los
accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general,
maternidad y ATEP serán cubiertos en sus totalidad por el patrono en caso de no
haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las
cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente.
CAPITULO III
EL REGIMEN DE BENEFICIOS
ARTICULO  162.‑ Plan Obligatorio de
Salud.
El Sistema General de Seguridad Social de
Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos
los habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá
la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en
las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de
uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.
Para los afiliados cotizantes según las
normas del régimen contributivo, el contenido del Plan Obligatorio de Salud que
defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud será el contemplado por
el decreto‑ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la
provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Para los
otros beneficiarios de la familia del cotizante, el Plan Obligatorio de Salud
será similar al anterior, pero en su financiación concurrirán los pagos
moderadores, especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del
artículo 188 de la presente ley.
Para los afiliados segun las normas del
regimen subsidiado, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud diseñará
un programa para que sus beneficiarios alcancen el plan obligatorio del sistema
contributivo, en forma progresiva antes del año 2.001. En su punto de partida,
el plan incluirá servicios de salud del primer nivel por un valor equivalente
al 50% de la unidad de pago por capitacion del sistema contributivo. Los
servicios del segundo y tercer nivel se incorporarán progresivamente al plan de
acuerdo con su aporte a los años de vida saludables.
PARAGRAFO 1. En el periodo de transición,
la población del regimen subsidiado obtendrá los servicios hospitalarios de
mayor complejidad en los hospitales públicos del subsector oficial de salud y
en los de los hospitales privados con los cuales el estado tenga contrato de
prestación de servicios.
PARAGRAFO 2. Los servicios de salud
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud serán actualizados por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los cambios en la
estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico nacional, la
tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del
sistema.
PARAGRAFO 3. La Superintendencia Nacional
de Salud verificará la conformidad de la prestación del Plan Obligatorio de
Salud por cada Entidad Promotora de Salud en el territorio nacional con lo
dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el gobierno
nacional.
PARAGRAFO 4. Toda Entidad Promotora de
Salud reasegurará los riesgos derivados de la atención de enfermedades
calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social como de alto costo.
PARAGRAFO 5. Para la prestación de los
servicios del Plan Obligatorio de Salud, todas las Entidades Promotoras de
Salud establecerán un sistema de referencia y contrarreferencia para que el
acceso a los servicios de alta complejidad se realizace por el primer nivel de
atención, excepto en los servicios de urgencias. El gobierno nacional, sin
perjuicio del sistema que corresponde a las entidades territoriales,
establecerá las normas
ARTICULO  163.‑ La Cobertura
Familiar.
El Plan de Salud Obligatorio de Salud
tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema
el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya
unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los
cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de
éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que
tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan
económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los
padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional
reglamentará la inclusión de los hijos que, por su incapacidad permanente,
hagan parte de la cobertura familiar.
PARAGRAFO 2. Todo niño que nazca después de
la vigencia de la presente ley  quedará automáticamente como beneficiario de la
Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliada su madre. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud reconocerá a la Entidad Promotora de Salud la
Unidad de Pago por Capitación correspondiente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 161 de la presente ley.
ARTICULO  164.‑ Preexistencias.
En el Sistema General de Seguridad en
Salud, las Empresas Promotoras de Salud no podrán aplicar preexistencias a sus
afiliados.
El acceso a la prestación de algunos
servicios de alto costo para personas que se afilien al Sistema podrá estar
sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún caso podrán exceder 100
semanas de afiliación al sistema, de las cuales al menos 26 semanas deberán
haber sido pagadas en el último año. Para períodos menores de cotización, el
acceso a dichos servicios requerirá un pago por parte del usuario, que se
establecerá de acuerdo con su capacidad socioeconómica.
En el régimen subsidiado, no se podrán
establecer períodos de espera para la atención del parto y los menores de un año.
En este caso, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que atiendan
tales intervenciones repetirán contra la subcuenta de solidaridad del Fondo de
Solidaridad y Garantía, de acuerdo con el reglamento.
PARAGRAFO. Cuando se encuentre que alguna
Entidad Promotora de Salud aplique preexistencias a algún afiliado, la
Superintendencia de Salud podrá aplicar multas hasta por dos veces el valor
estimado del tratamiento de la enfermedad excluida. Este recaudo se destinará
al Fondo de Solidaridad y Garantía. Cada vez que se reincida, se duplicará el
valor de la multa.
ARTICULO  165.‑ Atención Básica
El Ministerio de Salud definirá un plan de
atención básica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio
de Salud de esta ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estará
constituido por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la
colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tienen altas
externalidades, tales como la información pública, la educación y el fomento de
la salud, el control de consumo de tabaco, alcohol y sustancias sicoactivas, la
complementación nutricional y planificación familiar, la desparasitación
escolar, el control de vectores y las campañas nacionales de prevención,
detección precoz y control de enfermedades transmisibles como el sida, la
tuberculosis y la lepra, y de enfermedades tropicales como la malaria.
La prestación del Plan de atención básica
será gratuita y obligatoria. La financiación de este Plan será garantizada por
recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada con recursos de los
entes territoriales.
ARTICULO  166.‑ Atención Materno
Infantil.
El Plan Obligatorio de Salud para las
mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control
prenatal, la atención del parto, el control del postparto y la atención de las
afecciones relacionadas directamente con la lactancia.
El Plan Obligatorio de Salud para los
menores de un año cubrirá la educación, información y fomento de la salud, el
fomento de la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la
prevención de la enfermedad, incluyendo inmunizaciones, la atención
ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los medicamentos esenciales;
y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en la
presente ley y sus reglamentos.
Además del Plan Obligatorio de Salud, las
mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños menores de un año del
régimen subsidiado recibirán un subsidio alimentario en la forma como lo
determinen los planes y programas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y con cargo a éste.
PARAGRAFO 1. Para los efectos de la
presente ley, entiéndase por subsidio alimentario la subvención en especie,
consistente en alimentos o nutrientes que se entregan a la mujer gestante y a
la madre del menor de un año y que permiten una dieta adecuada.
PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional
organizará un programa especial de información y educación de la mujer en
aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas menos desarrolladas
del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes. Para el
efecto se destinarán el 2% de los recursos anuales del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a que se refiere el paragrafo 1o.
del artículo 10o. de la ley 60 de 1993 y el porcentaje de la subcuenta de
promoción del fondo de solidaridad y garantía que defina el Gobierno Nacional
previa consideración  del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El
gobierno nacional reglamentará los procedimientos de ejecución del programa. La
parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se ejecutará por
este mismo instituto.
ARTICULO  167.‑ Riesgos Catastróficos
y Accidentes de Tránsito.
En los casos de urgencias generadas en
accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o
artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al cubrimiento
de los servicios médico‑quirúrgicos, indemnización por incapacidad
permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro
asistencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la
Institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el
Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO 1. En los casos de accidentes de
tránsito, el cubrimiento de los servicios médico‑quirúrgicos y demás
prestaciones continuará a cargo de las aseguradoras autorizadas para
administrar los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito con las
modificaciones de esta ley.
PARAGRAFO 2. Los demás riesgos aquí
previstos serán atendidos con cargo a la subcuenta del Fondo de Solidaridad y
Garantía, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 3. El Gobierno nacional
reglamentará los procedimientos de cobro y pago de estos servicios.
PARAGRAFO 4. El Sistema General de
Seguridad Social en Salud podrá establecer un sistema de reaseguros para el
cubrimiento de los riesgos catastróficos.
ARTICULO  168.‑ Atención Inicial de
Urgencias.
La atención inicial de urgencias debe ser
prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que
presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la
capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo
de estos servicios será pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en los
casos previstos en el artículo anterior, o por la Entidad Promotora de Salud al
cual esté afiliado, en cualquier otro evento.
PARAGRAFO. Los procedimientos de cobro y
pago, así como las tarifas de estos servicios serán definidos por el gobierno
nacional, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud.
ARTICULO  169.‑ Planes
Complementarios.
Las Entidades Promotoras de Salud podrán
ofrecer planes complementarios al Plan de Salud Obligatorio de Salud, que serán
financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las
cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley.
PARAGRAFO.‑ El reajuste del valor de
los planes estará sujeto a un régimen de libertad vigilada por parte del
Gobierno Nacional.
CAPITULO IV
DE LA DIRECCION DEL SISTEMA
ARTICULO  170.‑ Dirección del
Sistema.
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud está bajo la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y control
del gobierno nacional y del Ministerio de Salud y atenderá las políticas,
planes, programas y prioridades del gobierno en la lucha contra las enfermedades
y en el mantenimiento y educación, información y fomento de la salud y la salud
de conformidad con el plan de desarrollo económico y social y los planes
territoriales de que tratan los artículos 13 y 14 de la ley 60 de 1993.
ARTICULO  171.‑ El Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud.
Créase el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como organismo de dirección
del Sistema General de Seguridad Social en Salud , de carácter permanente,
conformado por:
1.El Ministro de Salud, quien lo presidirá;
2.El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, o su delegado;
3.El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, o su delegado;
4.Sendos representantes de las entidades
departamentales y Municipales de salud;
5.Dos (2) representantes de los
empleadores, uno de los cuales representará la pequeña y mediana Empresa y
otras formas asociativas;
6.Dos (2) representantes por los
trabajadores, uno de los cuales representará los pensionados;
7.El representante legal del Instituto de
los Seguros Sociales;
8.Un  (1) representante por las Entidades
Promotoras de Salud, diferentes del ISS;
9.Un (1) representante de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud;
10.Un (1) representante de los
profesionales del área de la salud, de la asociación mayoritaria;
11.Un (1) representante de las asociaciones
de usuarios de servicios de salud del sector rural.
PARAGRAFO 1. El Consejo tendrá un
secretario técnico que será el Director General de Seguridad Social del
Ministerio de Salud, cargo que se creará para el efecto, o quien haga sus
veces.  A través de esta secretaría se presentarán a consideración del Consejo
los estudios técnicos que se requieran para la toma de decisiones.
PARAGRAFO 2. El Gobierno reglamentará los
mecanismos de selección de los representantes no gubernamentales entre sus
organizaciones mayoritarias, así como su período.
PARAGRAFO 3. Serán asesores permanentes del
Consejo un representante de la Academia Nacional de Medicina, uno de la
Federación Médica colombiana, uno de la Asociaciónn Colombiana de Facultades de
Medicina, uno de la Asociación Colombiana de Hospitales y otro en
representación de las Facultades de Salud Pública.
PARAGRAFO 4. Los Consejos Territoriales
tendrán, en lo posible, análoga composición del Consejo Nacional, pero con la
participación de las entidades o asociaciones del orden departamental,
distrital o Municipal.
ARTICULO  172.‑ Funciones del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud.
El Consejo Nacional de Seguridad Sociall en
Salud tendrá las siguientes funciones:
1. Definir el Plan Obligatorio de Salud
para los afiliados según las normas de los regímenes contributivo y subsidiado,
de acuerdo con los criterios del capítulo tercero del primer título de este
libro.
2.Definir el monto de la cotización de los
afiliados del Sistema, dentro de los limites previstos en el artículo 204 de
esta ley.
3.Definir el valor de la Unidad de Pago por
Capitación según lo dispuesto en el artículo 182 del presente libro.
4.Definir el valor por beneficiario dell
régimen de subsidios en salud.
5.Definir los medicamentos esenciales y
genéricos que harán parte del Plan Obligatorio de Salud.
6.Definir los criterios generales de
selección de los beneficiarios del régimen subsidiado de salud por parte de las
entidades territoriales, dando la debida prioridad a los grupos pobres y
vulnerabless y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993.
7.Definir el régimen de pagos compartidos
de que tratan el numeral 3 del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la
presente ley.
8.Definir el régimen que deberán aplicar
las Entidades Promotoras de Salud para el reconocimiento y pago  de las
incapacidades originadas en enfermedad general y de las licencias de maternidad
a los afiliados según las normas del régimen contributivo.
9.Definir las medidas necesarias para
evitar la selección adversa de usuarios por parte de las Entidades Promotoras
de Salud y una distribución inequitativa de los costos de la atención de los
distintos tipos de riesgo.
10.Recomendar el régimen y los criterios
que debe adoptar el gobierno nacional para establecer las tarifas de los
servicios prestados por las entidades hospitalarias en los casos de riesgo
catastrófico, accidentes de tránsito y atención inicial de urgencias.
11.Reglamentar los Consejos Territoriales
de Seguridad Social en Salud.
12.Ejercer las funciones de Consejo de
Administración del Fondo de Solidaridad y Garantía.
13.Presentar ante las Comisiones séptimas
de Senado y Cámara, un informe anual sobre la evolución del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
14.Adoptar su propio reglamento.
15.Las demás que le sean asignadas por ley
o que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo.
PARAGRAFO 1. Las decisiones anteriores que
tengan implicaciones fiscales y sobre la calidad del servicio público de salud
requerirán el concepto favorable del Ministro de Salud.
PARAGRAFO 2. El valor de pagos compartidos
y de la Unidad de Pago por Capitación ‑UPC serán revisados, por lo menos
una vez por año, antes de iniciar la siguiente vigencia fiscal. En caso que no
se haya revisado la UPC al comenzar el año, ésta se ajustará en forma
automática en una proporción igual al incremento porcentual del salario mínimo
aprobado por el Gobierno Nacional el año inmediatamente anterior.
PARAGRAFO 3. Las definiciones de que tratan
los numerales 1, 4, 5, 7, Y 11 del presente artículo deberán ser adoptados por
el Gobierno Nacional.
ARTICULO    173.‑ De las funciones
del Ministerio de Salud.
Son funciones del Ministerio de Salud,
además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, especialmente
la ley 10 de 1990, el decreto ley 2164 de 1992 y la ley 60 de 1993, las
siguientes:
1.Formular y adoptar, en coordinación con
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las políticas, estrategias,
programas y proyectos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de
acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental
que apruebe el congreso de la república.
2.Dictar las normas científicas que regulan
la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo, que son de
obligatorio cumplimiento por todas las Entidades Promotoras de Salud y por las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y
locales de salud.
3.Expedir las normas administrativas de
obligatorio cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud, por las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y
locales de salud.
4.Formular y aplicar los criterios de
evaluación de la eficiencia en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud
y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y
locales de salud.
5.Elaborar los estudios y propuestas que
requiera el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en el ejercicio de
sus funciones.
6.Ejercer la adecuada supervisión,
vigilancia y control de todas las entidades comprendidas en los literales b) a
h) del artículo 181 de la presente ley y de las direcciones seccional,
distrital y local de salud, excepto la Superintendencia Nacional de Salud.
7.El Ministerio de Salud reglamentará la
recolección, transferencia y difusión de la información en el subsistema al que
concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema de seguridad
social de salud independientemente de su naturaleza jurídica sin perjuicio de
las normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de
comercio. La inobservancia de este reglamento será sancionada hasta con la revocatoria
de las autorizaciones de funcionamiento.
PARAGRAFO.‑ Las funciones de que
trata el presente articulo sustituyen las que corresponden al articulo 9 de la
ley 10 de 1990, en los literales a), b), e), j).
ARTICULO  174.‑ El Sistema General de
Seguridad Social en Salud  a Nivel Territorial.
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud integra, en todos los niveles territoriales, las instituciones de
dirección, las entidades de promoción y prestación de servicios de salud, así
como el conjunto de acciones de salud y control de los factores de riesgo en su
respectiva jurisdicción y ámbito de competencia.
De conformidad con las disposiciones
legales vigentes, y en especial la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993,
corresponde a los departamentos, distritos y municipios, funciones de dirección
y organización de los servicios de salud para garantizar la salud pública y la
oferta de servicios de salud por instituciones públicas, por contratación de
servicios o por el otorgamiento de subsidios a la demanda.
Para el ejercicio de sus competencias, las
entidades territoriales se sujetarán, a partir de la vigencia de esta ley, al
servicio público de salud aquí regulado, que precisa y desarrolla los términos,
condiciones principios y reglas de operación de las competencias territoriales
de que trata la ley 60 de 1993 y la ley 10 de 1990. En desarrollo de lo
anterior, la estructura actual de los servicios de salud del subsector oficial
en las entidades territoriales se adaptará e integrará progresivamente al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El sistema General de Seguridad Social en
Salud que crea esta ley amplía la órbita de competencia de los sistemas de
dirección en salud de los departamentos, distritos y municipios para garantizar
la función social del estado en la adecuada prestación y ampliación de
coberturas de los servicios de salud. Las direcciones de salud en los entes
territoriales organizarán, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley,
el sistema de subsidios a la población mas pobre y vulnerable, realizando
contratos para la atención de los afiliados de salud con las Entidades
Promotoras de Salud que funcionen en su territorio  y promoviendo la creación
de empresas solidarias de salud. Asímismo, apoyarán la creación de Entidades
públicas Promotoras de Salud y la transformación, de acuerdo con lo dispuesto
en esta ley, de los hospitales en Instituciones Prestadoras de Servicios con
capacidad de ofrecer servicios a las diferentes Entidades Promotoras de Salud.
La oferta pública de servicios de salud,
organizada por niveles de complejidad y por niveles territoriales, contribuye a
la realización de los propósitos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, a su organización y a su adecuado funcionamiento.
En el Sistema General de Seguridad Social
en Salud los recursos de destinación especial para la salud que arbitre
cualquiera de los niveles de gobierno en los términos de la presente ley
concurren a la financiación de los subsidios para la población mas pobre y
vulnerable de cada entidad territorial.
PARAGRAFO. Durante el período de transición
requerido para lograr la cobertura universal de seguridad social en salud, los
hospitales públicos y aquellos privados con quienes exista contrato para ello
continuarán prestando servicios a las personas pobres y vulnerables que no
estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ARTICULO  175.‑ Consejos
Territoriales de Seguridad Social en Salud.
Las entidades territoriales de los niveles
seccional, distrital y local, podrán crear un Consejo Territorial de Seguridad
Social en Salud que asesore a las Direcciones de Salud de la respectiva
jurisdicción, en la formulación de los planes, estrategias, programas y
proyectos de salud y en la orientación de los sistemas Territoriales de
Seguridad Social en Salud, que desarrollen las políticas definidas por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  176.‑ De las Funciones de
la Dirección Seccional, Distrital y Municipal del Sistema de Salud.
Las Direcciones seccional, distrital y
municipal de salud, además de las funciones previstas en las leyes 10 de 1990 y
60 de 1993 tendrán las siguientes funciones:
1.Preparar los estudios y propuestas que
requiera el Consejo territorial de Seguridad Social de Salud en el ejercicio de
sus funciones.
2.Preparar para consideración del Consejo
territorial de Seguridad Social en Salud los instrumentos y metodologías de
focalización de los beneficiarios del régimen subsidiado en el área de su
jurisdicción y orientar su puesta en marcha.
3.Administrar los recursos del subsidio
para la población mas pobre y vulnerable en los términos previstos en la
presente ley, con los controles previstos en el numeral 7 del artículo 153.
4. La inspección y vigilancia de la
aplicación de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras
que expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección
y vigilancia atribuidas a las demas autoridades competentes.
5.Velar por el cumplimiento de las normas
sobre pasivo prestacional de los trabajadores de la salud en su respectiva
jurisdicción.
TITULO II
LA ORGANIZACION
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
CAPITULO I
DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
ARTICULO  177.‑ Definición.
Las Entidades Promotoras de Salud son las
entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del
recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y
Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y
girar, dentro de los términos previstos en la presente ley, la diferencia entre
los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las
correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y
Garantía, de que trata el titulo III de la presente ley.
ARTICULO  178.‑ Funciones de las
Entidades Promotoras de Salud.
Las Entidades Promotoras de Salud tendrán
las siguientes funciones:
1. Ser delegatarias del Fondo de
Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes de los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Promover la afiliación de grupos de
población no cubiertos actualmente por la Seguridad Social.
3. Organizar la forma y mecanismos a través
de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de
salud en todo el territorio nacional.  Las Empresas Promotoras de Salud tienen
la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y cumpla con
los requisitos de ley.
4. Definir procedimientos para garantizar
el libre acceso de los afiliados y sus familias, a las Instituciones
Prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su área de
influencia o en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad
del afiliado y su familia.
5. Remitir al Fondo de Solidaridad y
Compensación la información relativa a la afiliación del trabajador y su
familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los
desembolsos por el pago de la prestación de servicios.
6. Establecer procedimientos para controlar
la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios
prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
7. Las demás que determine el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  179.‑ Campo de Acción de
las Entidades Promotoras de Salud.
Para garantizar el Plan de Salud
Obligatorio a sus afiliados, las Entidades Promotoras de Salud prestarán
directamente o contratarán los servicios de salud con las Instituciones
Prestadoras y los profesionales. Para racionalizar la demanda por servicios,
las Entidades Promotoras de Salud podrán adoptar modalidades de contratación y
pago tales como capitación, protocolos o presupuestos globales fijos, de tal
manera que incentiven las actividades de promoción y prevención y el control de
costos. Cada Entidad Promotora deberá ofrecer a sus afiliados varias
alternativas de Instituciones Prestadoras de Salud, salvo cuando la restricción
de oferta lo impida, de conformidad con el reglamento que para el efecto expida
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO. Las Entidades Promotoras de
Salud buscarán mecanismos de agrupamiento de riesgo entre sus afiliados, entre
empresas, agremiaciones o asociaciones, o por asentamientos geográficos,  de
acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.
ARTICULO  180.‑ Requisitos de las
Entidades Promotoras de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud
autorizará como Entidades Promotoras de Salud a entidades de naturaleza
pública, privada o mixta, que cumplan con los siguientes requisitos:
1.Tener una razón social que la identifique
y que exprese su naturaleza de ser Entidad Promotora de Salud
2.Tener personería jurídica reconocida por
el Estado
3.Tener como objetivos la afiliación y
registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el
recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación, y control de
los servicios de salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios con las
cuales atienda los afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles
consagrados sobre el particular en la Constitución y la ley.
4.Disponer de una organización
administrativa y financiera que permita:
a. Tener una base
de datos que permita mantener información sobre las características socio‑económicas
y del estado de salud de sus afiliados y sus familias.
b. Acreditar la
capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus
funciones, y verificar la de las Instituciones y Profesionales prestadores de
los servicios.
c.Evaluar sistemáticamente
la calidad de los servicios ofrecidos.
5. Acreditar periódicamente un número
mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan escalas viables de operación y
se logre la afiliación de personas de todos los estratos sociales y de los
diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el gobierno
nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y
financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de Salud
6. Acreditar periódicamente el margen de
solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la Entidad Promotora de Salud,
que será fijado por el gobierno nacional.
7.Tener un capital social o Fondo Social
mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera de la Entidad,
determinados por el Gobierno Nacional.
8.Las demás que establezca la ley y el
reglamento, previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.
PARAGRAFO.‑ El gobierno nacional
expedirá las normas que se requieran para el fiel cumplimiento de los dispuesto
en el presente artículo.
ARTICULO  181.‑ Tipos de Entidades
Promotoras de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud podrá
autorizar como Entidades Promotoras de Salud, siempre que para ello cumplan con
los requisitos previstos en el artículo 180, a las siguientes entidades:
a.El Instituto de Seguros Sociales.
b. Las Cajas, Fondos Entidades o empresas
de Previsión y Seguridad Social del sector público, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 236 de la presente ley.
c. Las entidades que por efecto de la asociación
o convenio entre las Cajas de Compensación Familiar o la existencia previa de
un programa especial patrocinado individualmente por ellas se constituyan para
tal fin.
d.Las entidades que ofrezcan programas de
medicina prepagada o de seguros de salud, cualquiera sea su naturaleza
jurídica.
e.Las Entidades Promotoras de Salud que
puedan crear los departamentos, distritos y municipios y sus asociaciones. Para
ello podrán también asociarse con entidades hospitalarias públicas y privadas.
f. Los organismos que hayan sido
organizados por empresas públicas o privadas para prestar servicios de salud a
sus trabajadores con anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre que
se constituyan como personas jurídicas independientes.
g. Las organizaciones no gubernamentales y
del sector social solidario que se organicen para tal fin, especialmente las
empresas solidarias de salud, y las de las comunidades indígenas.
h.Las entidades privadas, solidarias o
públicas que se creen con el propósito específico de funcionar como Entidad
Promotora de Salud.
PARAGRAFO 1. Cuando una Institución
Prestadora de Servicios de Salud sea de propiedad de una Entidad Promotora de
Salud, la primera tendrá autonomía técnica, financiera y administrativa dentro
de un régimen de delegación o vinculación que garantice un servicio mas
eficiente. Tal autonomía se establecerá de una manera gradual y progresiva, en
los términos en que lo establezca el reglamento.
PARAGRAFO 2. Corresponde al Ministerio de
Salud y a las Direcciones Seccionales y Locales de Salud la promoción de
Entidades Promotoras de Salud donde los usuarios tengan mayor participación y
control, tales como las empresas solidarias de salud, las cooperativas y las
microempresas médicas.
PARAGRAFO 3. Las empresas que presten los
servicios de salud en la forma prevista por el literal f podrán reemplazarlo,
contratando dichos servicios con las Entidades Promotoras de Salud adscritas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  182.‑ De los Ingresos de
las Entidades Promotoras de Salud.
Las cotizaciones que recauden las Entidades
Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud
.
Por la organización y garantía de la
prestación de los servicios incluidos en el Plan de Salud Obligatorio para cada
afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud  reconocerá a cada
Entidad Promotora de Salud un valor percápita, que se denominará Unidad de Pago
por Capitación ‑UPC. Esta Unidad se establecerá en función del perfil epidemiológico
de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de
prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y
hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud.
PARAGRAFO 1. Las Entidades Promotoras de
Salud manejarán los recursos de la seguridad social originados en las
cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas independientes del resto de
rentas y bienes de la entidad.
ARTICULO  183.‑ Prohibiciones para
las Entidades Promotoras de Salud.
Las Entidades Promotoras de Salud no
podrán, en forma unilateral, terminar la relación contractual con sus
afiliados, ni podrán negar la afiliación a quien desee ingresar al régimen,
siempre y cuando garantice el pago de la cotización o del subsidio
correspondiente, salvo los casos excepcionales por abuso o mala fe del usuario,
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional podrá
reglamentar parámetros de eficiencia y fijar el régimen de inversión y
organización de las Empresas Promotoras de Salud que no sean prestadoras de
servicios. Cuando presten simultáneamente servicios, podrá establecer límites
por concepto de gastos administrativos y operativos de la actividad de
promoción.
PARAGRAFO 2. Están prohibidos todos los
acuerdos o convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas que,
directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre escogencia dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
ARTICULO  184.‑ De los incentivos
para un mejor servicio
Con el fin de obtener calidad y eficiencia
en la provisión de los servicios de salud contemplados por la ley, se aplicarán
sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos al control de costos,
al aumento de productividad y a la asignación de recursos utilizando criterios
de costo‑eficiencia. De la misma manera, se aplicarán sistemas de
incentivos a la demanda con el fin de racionalizar el sistema de referencia y
contrarreferencia de pacientes, ampliar el conocimiento y manejo del sistema de
parte de los beneficiarios y promover un servicio de mayor calidad al usuario.
CAPITULO II
DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD.
ARTICULO  185.‑ Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.
Son funciones de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de atención
correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y
principios señalados en la presente ley.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios
deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y tendrán
autonomía administrativa, técnica y financiera.  Además propenderán por la
libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente
y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de posición dominante en el
sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades científicas,
y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera
de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear
el juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o
impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud.
Para que una entidad pueda constituirse
como Institución Prestadora de Servicios de salud deberá cumplir con los
requisitos contemplados en las normas expedidas por el Ministerio de Salud.
PARAGRAFO. Toda Institución Prestadora de
Servicios de Salud contará con un sistema contable que permita registrar los
costos de los servicios ofrecidos. Es condición para la aplicación del régimen
único de tarifas de que trata el artículo 241 de la presente ley, adoptar dicho
sistema contable. Esta disposición deberá acatarse a más tardar al finalizar el
primer año de vigencia de la presente ley. A partir de esta fecha será de
obligatorio cumplimiento para contratar servicios con las Entidades Promotoras
de Salud o con las entidades territoriales, según el caso, acreditar la
existencia de dicho sistema.
ARTICULO  186.‑ Del Sistema de
Acreditación.
El Gobierno Nacional propiciará la
conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y
promover su mejoramiento.
ARTICULO  187.‑ De los Pagos Moderadores.
Los afiliados y beneficiarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud  estarán sujetos a pagos compartidos,
cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se
aplicarán con el exclusivo objetivo  de racionalizar el uso de servicios del
sistema. En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se
aplicarán también para complementar la financiación del Plan Obligatorio de
Salud.
En ningún caso los pagos moderadores podrán
convertirse en barreras de acceso para los mas pobres. Para evitar la
generación de restricciones al acceso por parte de la población mas pobre,
tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con
la estratificación socioeconómica y la
antigüedad de afiliación en el Sistema, según la reglamentación que adopte el
Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.
Los recaudos por estos conceptos serán
recursos de las Entidades Promotoras de Salud, aunque el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud podrá destinar parte de ellos a la subcuenta de
Promoción de la Salud del Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Las normas sobre procedimientos de
recaudo, definición del nivel socioeconómico de los usuarios y los servicios a
los que serán aplicables, entre otros, serán definidos por el Gobierno
Nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  188.‑ Garantía de Atención
a los Usuarios.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios
no podrán discriminar en su atención a los usuarios.
Cuando ocurran hechos de naturaleza
asistencial que  presuntamente afecten al afiliado respecto de la adecuada
prestación de los servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
estos podrán solicitar reclamación ante el comité técnico‑científico que
designará la entidad de salud a la cual este afiliado. En caso de
inconformidad, podrá solicitar un nuevo concepto por parte de un comité similar
que designará la Dirección Seccional de Salud de la respectiva entidad
territorial en donde está afiliado. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.
ARTICULO  189.‑ Mantenimiento
Hospitalario.
Los hospitales públicos y los privados en
los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades
territoriales representen más del treinta porciento (30%) de sus ingresos
totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.
ARTICULO  190.‑ Evaluación
Tecnológica.
El Ministerio de Salud establecerá las
normas que regirán la importación de tecnologías biomédicas y definirá aquellas
cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el desarrollo de
programas de alta tecnología, de acuerdo con Planes Nacionales para la atención
de las patologías.
Las normas que se establezcan incluirán,
entre otras, metodologías y procedimientos de evaluación técnica y económica
así como aquellas que permitan determinar su más eficiente localización
geográfica. Las normas serán aplicables tanto en el sector público como en el
privado.
ARTICULO  191.‑ De las Prioridades de
Dotación Hospitalaria.
Los municipios darán prioridad en su
asignación de recursos de inversión para la salud al fortalecimiento del
sistema de centros y puestos de salud, de forma tal que se fortalezca la
dotación básica de equipo y de personal que defina el Ministerio de Salud y
amplíe, progresivamente y de acuerdo con la demanda, sus horarios de atención
al público, hasta llegar a tener disponibilidad las 24 horas de Centros de
Salud bien dotados. El servicio social obligatorio de los profesionales del
área de la salud se desempeñará prioritariamente en la atención de los centros
y puestos de salud del área rural.
Los requerimientos de dotación que tendrán
los puestos, centros de salud y los hospitales oficiales de cualquier nivel de
atención, así como la red de servicios a nivel territorial serán establecidos
por el Ministerio de Salud. El Ministerio ejercerá el control técnico sobre la
dotación de tales entidades, directamente o a través de una autoridad delegada.
ARTICULO  192.‑ Dirección de los
Hospitales Públicos.
Los directores de los hospitales públicos
de cualquier nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva
entidad territorial que haya asumido los servicios de salud, conforme a lo
dispuesto en la ley 60 de 1993 y a la reglamentación que al efecto expida el
Gobierno Nacional, de terna que le presente la junta directiva, constituida
según las disposiciones de la ley 10 de 1990, por períodos mínimo de tres (3)
años prorrogables. Sólo podrán ser removidos cuando se demuestre, ante las
autoridades competentes, la comisión de faltas graves conforme al régimen
disciplinario del sector oficial, faltas a la ética, según las disposiciones
vigentes o ineficiencia administrativa definidas mediante reglamento del
Gobierno Nacional,
PARAGRAFO 1. Esta norma entrará en vigencia
a partir del 31 de marzo de 1995.
PARAGRAFO 2. Los directores de hospitales
del sector público o de las empresas sociales del estado se regirán en materia
salarial por un régimen especial que reglamentará el Gobierno Nacional dentro
de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, teniendo en
cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del respectivo hospital.
ARTICULO  193.‑ Incentivos a los
Trabajadores y Profesionales de la Salud.
Con el fin de estimular el eficiente desempeño
de los trabajadores y profesionales de la salud y su localización en las
regiones con mayores necesidades, el gobierno podrá establecer un régimen de
estímulos salariales y no salariales, los cuales en ningún caso constituirán
salario. Tembién podrá establecer estímulos de educación contínua, crédito para
instalación, equipos, vivienda y transporte. Igualmente, las Entidades
Promotoras de Salud auspiciarán las prácticas de grupo y otras formas de
asociación solidaria de profesionales de la salud. El Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud determinará las zonas en las cuales se aplicará lo
dispuesto en el presente artículo.
Para los empleados públicos de la salud del
orden territorial el Gobierno Nacional establecerá un régimen salarial especial
y un programa gradual de nivelación de salarios entre las diferentes entidades.
El régimen salarial especial comprenderá la
estructura y denominación de las categorías de empleo, los criterios de
valoración de los empleos y los rangos salariales mínimos y máximos
correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos,
o grupos de empleados que considere el Gobierno Nacional.
El gobierno nacional establecerá un proceso
gradual para nivelar los límites mínimos de cada rango salarial entre las
diferentes entidades territoriales. Esta nivelación se realizará con arreglo al
régimen gradual aquí previsto y por una sola vez, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 6 de la ley 60 de 1993. Esta nivelación debe
producirse en las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo con la
disponibilidad de recursos del situado fiscal y de las demás rentas del sector
en los diferentes departamentos y municipios con quienes deberá concertarse el
Plan específico de nivelación. Para la vigencia de 1994, puede adelantarse la
nivelación con arreglo a las disponibilidades presupuestales y al reglamento.
Para la fijación del régimen salarial
especial y la nivelación de que trata el presente artículo, se consideraran los
criterios establecidos en el artículo 2 de la ley 4 de 1992, con excepción de
las letras k y ll. Igualmente, deberá considerarse la equidad regional y el
especial estímulo que requieran los empleados públicos que presten sus
servicios en zonas marginadas y rurales, de conformidad con el reglamento.
PARAGRAFO 1. Los convenios docente‑asistenciales
que se realicen con ocasión de residencia o entrenamiento de profesionales de
la salud en diferentes especialidades que impliquen prestación de servicios en
las instituciones de salud deberán consagrar una beca‑crédito en favor de
tales estudiantes y profesionales no menor de dos salarios mínimos mensuales.
Al financiamiento de este programa concurrirán el Ministerio de Salud y el
ICETEX conforme a la reglamentación que expida el gobierno. El crédito podrá
ser condonado cuando la residencia o entrenamiento se lleve a cabo en las áreas
prioritarias para el desarrollo de la salud pública o el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y/o la contraprestación de servicios en las regiones
con menor disponibilidad de recursos humanos, de acuerdo con la definición que
expida el Ministerio de Salud.
PARAGRAFO 2. Las Entidades Promotoras de
Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud podrán establecer modalidades de
contratación por capitación con grupos de práctica profesional o con
profesionales individuales con el fin de incentivar la eficiencia y la calidad
de la prestación de servicios de salud.
PARAGRAFO 3. El Instituto de Seguros
Sociales podrá establecer un sistema de prima de productividad para los
trabajadores, médicos y demás profesionales asalariados, de acuerdo con el
rendimiento de los individuos o de la institución como un todo, la cual en
ningún caso constituirá salario. El Consejo Directivo del Instituto
reglamentará su aplicación.
PARAGRAFO 4. Las Instituciones Prestadoras
de Salud privadas podrán implementar programas de incentivos a la eficiencia
laboral para los médicos, demás profesionales y trabajadores asalariados de la
salud, que tenga en cuenta el rendimiento de los individuos, de los grupos de
trabajo o de las instituciones como un todo.  El Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud definirá la modalidad de los estímulos a que se refiere este
parágrafo.
CAPITULO III
REGIMEN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ARTICULO   194.‑ Naturaleza
La prestación de servicios de salud en
forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará
principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen
una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o
por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico
previsto en este capítulo.
ARTICULO  195.‑ Régimen jurídico
Las Empresas Sociales de Salud se someterán
al siguiente régimen jurídico:
1.El nombre deberá mencionar siempre la
expresión "Empresa Social del Estado"
2.El objeto debe ser la prestación de los
servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del
servicio público de seguridad social.
3.La junta o consejo directivo estará
integrada de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de la ley 10 de 1990
4.El director o representante legal será
designado según lo dispone el artículo 192 de la presente ley.
5.Las personas vinculadas a la empresa
tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a
las reglas del capítulo IV de la ley 10 de 1990.
6.En materia contractual se regirá por el
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la
administración pública.
7.El régimen presupuestal será el que se
prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de
forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de
reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la
presente ley.
8.Por tratarse de una entidad pública podrá
recibir transferencias directas de los presupuestos de la Nación o de las
entidades territoriales.
9.Para efectos de tributos nacionales, se
someterán al régimen previsto para los establecimientos públicos.
ARTICULO  196.‑ Empresas Sociales de
Salud de carácter nacional.
Transfórmese todas las entidades
descentralizadas del orden nacional cuyo objeto sea la prestación de servicios
de salud, en empresas sociales de salud.
ARTICULO  197.‑ Empresas sociales de
salud de carácter territorial
Las entidades territoriales deberán disponer,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, la
reestructuración de las entidades descentralizadas cuyo objeto principal sea la
prestación de servicios de salud, con el fin de adecuarlas a lo dispuesto en
este capítulo.
CAPITULO IV
DE LOS USUARIOS.
ARTICULO  198.‑ Información a los
Usuarios.
Las Instituciones Prestadoras de Salud
deberán garantizar un adecuado sistema de información de sus servicios y
atención a los usuarios, mediante la implementación de una línea telefónica
abierta con atención permanente 24 horas.
ARTICULO  199.‑ Información de los
Usuarios.
El Ministerio de Salud definirá normas de
calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas como tiempos
máximos de espera por servicios y métodos de registro en listas de espera, de
acuerdo con las patologías y necesidades de atención del paciente.
PARAGRAFO. El Ministerio de Salud
solicitará la información que estime necesaria con el objeto de establecer
sistemas homogéneos de registro y análisis que permitan periódicamente la
evaluación de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.
ARTICULO  200.‑ Promoción de
Asociaciones de Usuarios.
Para aquellas poblaciones no afiliadas al
régimen contributivo, el gobierno promoverá la organización de las comunidades
como demandantes de servicios de salud, sobre la base de las organizaciones
comunitarias de que trata el artículo 22 de la ley 11 de 1986, y el Decreto
1416 de 1990, los cabildos indígenas y, en general, cualquier otra forma de organización
comunitaria.
TITULO III.
DE LA ADMINISTRACION Y FINANCIACION DEL
SISTEMA
ARTICULO  201.‑ Conformación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el Sistema General de Seguridad Social
en Salud  coexisten articuladamente, para su financiamiento y administración,
un régimen contributivo de salud y un régimen de subsidios en salud, con
vinculaciones mediante el Fondo de Solidaridad y Garantías.
CAPITULO I
DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO
ARTICULO  202.‑ Definición.
El régimen contributivo es un conjunto de
normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema
General de Seguridad Social en Salud , cuando tal vinculación se hace a través
del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo
financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su
empleador.
ARTICULO  203.‑ Afiliados y
Beneficiarios.
Serán afiliados obligatorios al régimen contributivo
los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157.
PARAGRAFO. El Gobierno podrá establecer los
sistemas de control que estime necesarios para evitar que los afiliados
obligatorios al régimen contributivo y las personas de altos ingresos se
beneficien de los subsidios previstos en la presente ley.
ARTICULO  204.‑ Monto y Distribución
de las Cotizaciones.
La cotización obligatoria que se aplica a
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud  según las normas
del presente régimen, será máximo del 12% del salario base de cotización, el
cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la
cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del
trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y
Garantía para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen
subsidiado.
El Gobierno Nacional, previa aprobación del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, definirá el monto de la
cotización dentro del límite establecido en el inciso anterior y su
distribución entre el Plan de Salud Obligatorio y el cubrimiento de las
incapacidades y licencias de maternidad de que tratan los artículos 206 y 207,
y la subcuenta de las actividades de Promoción de Salud e investigación de que
habla en artículo 222.
PARAGRAFO 1. La base de cotización de las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos,
afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud , será
la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta ley.
PARAGRAFO 2. Para efectos de cálculo de la
base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información
sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades
económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Asimismo,
la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.
PARAGRAFO 3. Cuando se devenguen
mensualmente más de 20 salarios mínimos legales vigentes, la base de cotización
podrá ser limitada a dicho monto por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.
ARTICULO  205.‑ Administración del
Régimen Contributivo.
Las Entidades Promotoras de Salud
recaudarán las cotizaciones obligatorias de los afiliados, por delegación del
Fondo de Solidaridad y Garantía. De este monto descontarán el valor de las
Unidades de Pago por Capitación ‑UPC‑ fijadas para el Plan de Salud
Obligatorio y trasladará la diferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía a más
tardar el primer día hábil siguiente a la fecha límite establecida para el pago
de las cotizaciones. En caso de ser la suma de las Unidades de Pago por
Capitación mayor que los ingresos por cotización, el Fondo de Solidaridad y
Garantía deberás cancelar la diferencia el mismo día a las Entidad Promotora de
Salud que así lo reporten.
PARAGRAFO 1. El Fondo de Solidaridad y
Garantía está autorizado para suscribir créditos puente con el sistema bancario
en caso que se presentenh problemas de liquidez al momento de hacer la
compensación interna.
PARAGRAFO 2. El Fondo de Solidaridad y
Garantía sólo hará el reintegro para compensar el valor de la Unidad de Pago
por Capitación de aquellos afiliados que hayan pagado integra y oportunamente
la cotización mensual correspondiente. La Superintendencia Nacional de salud
velará por el cumplimiento de esta disposición.
ARTICULO  206.‑ Incapacidades.
Para los afiliados de que trata el literal
a del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades
generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud
podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en
enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las
Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos
destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de
acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
ARTICULO  207.‑ De las Licencias por
Maternidad.
Para los afiliados de que trata el literal
a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una de
las Entidad Promotora de Salud, la licencia por maternidad, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será
financiado por el Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como
una transferencia diferente a las Unidades de Pago por Capitación ‑UPC.
ARTICULO  208.‑ De la Atención de los
Accidentes de Trabajo y la Enfermedad Profesional.
La prestación de los servicios de salud
derivados de enfermedad profesional y accidente de trabajo deberá ser
organizada por la Entidad Promotora de Salud. Estos servicios se financiarán
con cargo a la cotización del régimen de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, que se define en el libro tercero de la presente ley.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional
reglamentará los procedimientos de cobro y pago de estos servicios. La
Superintendencia Nacional de Salud vigilará y controlará el cumplimiento de
tales normas.
ARTICULO  209.‑ Suspensión de la
Afiliación.
El no pago de la cotización en el sistema
contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la
atención del Plan de Salud Obligatorio.  Por el período de la suspensión, no se
podrán causar deuda ni interés de ninguna clase.
ARTICULO  210.‑ Sanciones para el
Empleador.
Se establecerán las mismas sanciones
contempladas en los artículos 23 y 271 de la presente Ley para los empleadores
que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a
escoger libre y voluntariamente la Entidad Promotora de Salud a la cual desee
afiliarse. También le son aplicables las sanciones establecidas para quien
retrase el pago de los aportes.
PARAGRAFO. Ningún empleador de sector
público o privado está exento de pagar su respectivo aporte al Sistema General
de Seguridad Social en Salud .
CAPITULO II
DEL REGIMEN SUBSIDIADO
ARTICULO  211.‑ Definición.
El régimen subsidiado es un conjunto de
normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema General de
Seguridad Social en Salud , cuando tal vinculación se hace a través del pago de
una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de
solidaridad de que trata la presente ley.
ARTICULO  212.‑ Creación del Régimen.
Créase el régimen subsidiado que tendrá
como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y
vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. La
forma y las condiciones de operación de este régimen serán determinadas por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Este régimen de subsidios será
complementario del sistema de salud definido por la ley 10 de 1990.
ARTICULO  213.‑ Beneficiarios del
Régimen.
Será beneficiaria del régimen subsidiado
toda la población pobre y vulnerable, en los términos del artículo 157 de la
presente ley.
El Gobierno Nacional, previa recomendación
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá los criterios
generales que deben ser aplicados por las entidades territoriales para definir
los beneficiarios del Sistema, según las normas del régimen subsidiado. En todo
caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una proporción variable de la
Unidad de Pago por Capitación, se establecerá según la capacidad económica de
las personas, medida en función de sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la
familia y la situación sanitaria y geográfica de su vivienda.
Las personas que cumplan con los criterios
establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como posibles
beneficiarios del régimen de subsidios se inscribirán ante la Dirección de
Salud correspondiente, la cual calificará su condición de beneficiario del
subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, bajo los
lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, establecerá un
régimen de focalización de los subsidios entre la población más pobre y
vulnerable del país, en el cual se establezcan los criterios de cofinanciación
del subsidio por parte de las entidades territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará la
proporción del subsidio de que trata el inciso anterior para aquellos casos
particulares en los cuales los artistas y deportistas merezcan un
reconocimiento especial.
ARTICULO  214.‑ Recursos del Régimen.
El Régimen Subsidiado se financiará con los
siguientes recursos:
a. 15 Puntos como mínimo de las
transferencias de inversión social destinadas a salud de que trata el numeral 2
del artículo 22 de la ley 60 des 1993. Los 10 puntos restantes deberán
invertirse de conformidad con el numeral 2 del artículo 21 de la ley 60 de
1993, exceptuando el pago de subsidios. Adicionalmente, durante el período 1994‑1997
10 puntos de la transferencia de libre asignación de que trata el parágrafo del
artículo 22 de dicha ley deberán destinarse a dotación, mantenimiento y
construcsción de infraestructura de prestación de servicios.
b.Los recursos propios y aquellos
provenientes de ECOSALUD que los departamentos y municipios destinen al régimen
de subsidios en salud;
c.Los recursos del situado fiscal y de las
rentas cedidas a los departamentos que se requieran para financiar al menos las
intervencioness de segundo y tercer nivel del Plan de Salud de los afiliados al
régimen subsidiado, conforme a la gradualidad de que trata los artículos 161 y
240 del presente libro.
d. Los recursos para subsidios del Fondo de
Solidaridad y Garantía que se describen en el artículo 221 de la presente ley.
e.El 15% de los recursos adicionales que a
partir de 1997 reciban los municipios, distritos y departamentos  como
participaciones y transferencias por concepto del impuesto de renta sobre la
producción de las empresas de la industria petrolera causada en la zona de
Cupiagua y Cusiana.
PARAGRAFO 1. Los recursos que, conforme a
este artículo, destinen  las direcciones seccionales, distritales y locales de
salud al régimen de subsidios en salud, se manejarán como una cuenta especial
aparte del resto de recursos dentro del respectivo fondo seccional, distrital y
local de salud.
PARAGRAFO 2. A partir del primero de enero
de 1995, el presupuesto de inversión de los recursos de libre asignación
destinados a salud por el literal a. de este artículo deberá ser aprobado por
la autoridad departamental de salud. Si la autoridad departamental de salud certifica
que la infraestructura de prestación de servicios del respectivo municipio está
debidamente dotada, podrá autorizar la destinación de los recursos para
inversión a las otras finalidades de que trata la ley 60 de 1993.
ARTICULO  215.‑ Administración del
Régimen Subsidiado.
Las direcciones locales, Distritales o
Departamentales de salud suscribirán contratos de administración del subsidio
con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del
subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de
Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se
destinen para el efecto.
Las Entidades Promotoras de Salud que
afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o
indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud Obligatorio.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá
los requisitos que deberán cumplir las Entidades Promotoras de Salud para
administrar los subsidios.
ARTICULO  216.‑ Reglas Básicas para
la Administración del Régimen de Subsidios en Salud.
1. La Dirección Seccional o local de Salud
contratará preferencialmente la administración de los recursos del subsidio con
Empresas Promotoras de Salud de carácter comunitario tales como las Empresas
Solidarias de Salud.
2. Cuando la contratación se haga con una
entidad que no sea propiedad de los usuarios como las Empresas Solidarias de
Salud, la contratación entre las direcciones Seccionales o Locales de salud con
las Entidades Promotoras de Salud se realizará mediante concurso y se regirá
por el régimen privado, pudiendo contener cláusulas exorbitantes propias del
régimen de derecho público.
3. Un representante de los beneficiarios
del régimen subsidiado participará como miembro de las juntas de licitaciones y
adquisiciones o del órgano que hace sus veces, en la sesión que defina la
Entidad Promotora de Salud con quien la Dirección Seccional o Local de Salud
hará el contrato. El Gobierno Nacional reglamentará la materia especialmente lo
relativo a los procedimientos de selección de los representantes de los
beneficiarios.
4. Si se declara la caducidad de algún
contrato con las Entidades Promotoras de Salud que incumplan las condiciones de
calidad y cobertura, la entidad territorial asumirá la prestación del servicio
mientras se selecciona una nueva Entidad Promotora.
5. Los beneficiarios del sistema subsidiado
contribuirán a la financiación parcial de la organización y prestación de
servicios de salud, según su condición socio‑económica, conforme a la
reglamentación que expida el Consejo de Seguridad Social en Salud.
6. Las Direcciones locales de Salud, entre
sí o con las direcciones seccionales de salud podrán asociarse para la
contratación de los servicios de una Entidad Promotora de Salud.
7.Las Entidades Promotoras de Salud que
afilien beneficiarios del régimen subsidiado recibirán de los fondos
seccionales,  distritales y locales de salud, de la cuenta especial de que
trata el parágrafo del artículo 214, por cada uno de los afiliados hasta el
valor de la unidad de pago por capitación correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 213 de la presente ley. Durante el período de
transición el valor de la Unidad de Pago por Capitación será aquel
correspondiente al plan de salud obligatorio de que trata el parágrafo 2 del
artículo 162 de la presente ley.
PARAGRAFO 1. Los recursos públicos
recibidos por las Entidades Promotoras de Salud y/o las instituciones
prestadoras de servicios se entenderán destinados a la compra y venta de
servicios en los términos previstos en el artículo 29 de la ley 60 de 1993.
PARAGRAFO 2. El 50% de los recursos del
subsidio para ampliación de cobertura se distribuirá cada año entre los
beneficiarios del sector rural y las comunidades indígenas, hasta lograr su
cobertura total.
ARTICULO  217.‑ De la Participación
de las Cajas de Compensación Familiar.
Las Cajas de Compensación Familiar
destinarán el 5% de los recaudos del subsidio familiar que administran, para financiar
el régimen de subsidios en Salud, salvo aquellas Cajas que obtengan un
cuociente superior al 100% del recaudo del subsidio familiar del respectivo
año, las cuales tendrán que destinar un 10%. La aplicación de este cuociente,
para todos sus efectos, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 67
de la ley 49 de 1990, y a partir del 15 de febrero de cada año.
Las Cajas de Compensación Familiar podrán
administrar directamente, de acuerdo con la reglamentación que se expida para
el efecto, los recursos del régimen subsidiado de que trata el presente
artículo. La Caja que administre directamente estos recursos constituirá una
cuenta independiente del resto de sus rentas y bienes. Las Cajas de
Compensación Familiar que no cumplan los requisitos definidos en la
reglamentación, deberán girar los recursos del subsidio a la subcuenta de
solidaridad del fondo de solidaridad y garantía.
PARAGRAFO. A partir de la vigencia de la
presente ley, el 55% que las Cajas de Compensación deben destinar al subsidio
en dinero, se calculará sobre el saldo que queda después de deducir el 10% de
gastos de administración, instalación y funcionamiento, la transferencia
respectiva del fondo de subsidio familiar de vivienda, la reserva legal y el
aporte a la Superintendencia del Subsidio Familiar y la contribución a que hace
referencia el presente artículo.
CAPITULO III
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
ARTICULO  218.‑ Creación y Operación
del Fondo.
Créase el Fondo de Solidaridad y Garantía,
como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por encargo
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública de que trata el artículo 150 de la Constitución
Política.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud determinará los criterios de utilización y distribución de sus recursos.
ARTICULO  219.‑ Estructura del Fondo.
El Fondo tendrá las siguientes subcuentas
independientes:
a.De compensación interna del régimen
contributivo.
b.De solidaridad del régimen de subsidios
en salud.
c.De promoción de la salud.
d.Del seguro de riesgos catastróficos y
accidentes de tránsito, según el artículo 167 de esta ley.
ARTICULO  220.‑ Financiación de la
Subcuenta de Compensación.
Los recursos que financian la compensación
en el régimen contributivo provienen de la diferencia entre los ingresos por
cotización de sus afiliados y el valor de las Unidades de pago por capitación ‑UPC‑
que le serán reconocidos por el sistema a cada Entidad Promotora de Salud. Las
entidades cuyos ingresos por cotización sean mayores que las Unidades de Pago
por Capitación reconocidas trasladarán estos recursos a la subcuenta de
compensación, para financiar a las entidades en las que aquellos sean menores
que las últimas.
PARAGRAFO. La Superintendencia Nacional de
Salud realizará el control posterior de las sumas declaradas y tendrá la
facultad de imponer las multas que defina el respectivo reglamento.
ARTICULO  221.‑ Financiación de la
Subcuenta de Solidaridad.
Para cofinanciar con los entes
territoriales los subsidios a los usuarios afiliados según las normas del
régimen subsidiado, el Fondo de Solidaridad y Garantía contará con los
siguientes recursos:
a.Un punto de la cotización de solidaridad
del régimen contributivo, según lo dispuesto en el artículo 203. Esta
cotización será girada por cada Entidad Promotora de Salud directamente a la
subcuenta de solidaridad del fondo.
b.El monto que las Cajas de Compensación
Familiar, de conformidad con el artículo 217 de la presente ley, destinen a los
subsidios de salud.
c.Un aporte del presupuesto nacional de la
siguiente forma:
1. En los años 1994, 1995 y 1996 no deberá
ser inferior a los recursos generados por concepto de los literales a) y b)
2. A partir de 1997 podrá llegar a ser
igual a los recursos generados por concepto del literal a) del presente
artículo.
d.Los rendimientos financieros generados
por la inversión de los anteriores recursos.
e.Los rendimientos financieros de la
inversión de los ingresos derivados de la enajenación de las acciones y
participaciones de la nación en las empresas públicas o mixtas que se destinen
a este fin por el CONPES.
f.Los recursos provenientes del impuesto de
remesas de utilidades de empresas petroleras correspondientes a la producción
de la zona Cusiana y Cupiagua. Estos recursos se deducirán de la base de
cálculo de los ingresos corrientes a que hace referencia la ley 60 de 1993.
g.Los recursos del IVA social destinados a
los planes de ampliación de la cobertura de seguridad social a las madres
comunitarias del ICBF de que trata la ley 6o. de 1992.
PARAGRAFO 1. Los recursos de solidaridad se
destinarán a cofinanciar los subsidios para los colombianos más pobres y
vulnerables, los cuales se transferirán, de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto adopte el Gobierno Nacional, a la cuenta especial que deberá
establecerse en los fondos seccionales, distritales y locales para el manejo de
los subsidios en salud.
PARAGRAFO 2. Anualmente, en el Presupuesto
General de la Nación, se incluirá la partida correspondiente a los aportes que
debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo de Solidaridad y Garantía. Para
definir el monto de las apropiaciones se tomará como base lo reportado por el
Fondo de Solidaridad y Garantía en la vigencia inmediatamente anterior al de
preparación y aprobación de la ley de presupuesto y ajustados con base en la
variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE. El
Congreso de la República se abstendrá de dar trámite al proyecto de presupuesto
que no incluya las partidas correspondientes. Los funcionarios que no dispongan
las apropiaciones y los giros oportunos incurrirán en causal de mala conducta
que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
ARTICULO  222.‑ Financiación de la
Subcuenta de Promoción de la Salud.
Para la financiación de las actividades de
educación, información y fomento de la salud y de prevención secundaria y
terciaria de la enfermedad, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
definirá el porcentaje del total de los recaudos por cotización de que trata el
artículo 204 que se destinará a este fin, el cual no podrá ser superior a un
punto de la cotización del regimen contributivo de que trata el artículo 204 de
la presente ley. Estos recursos serán complementarios de las apropiaciones que
haga el Ministerio de Salud para tal efecto.
Los recursos previstos en el presente
artículo se podrán destinar al pago de las actividades que realicen las
Entidades Promotoras de Salud y que el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud considere son las que mayor impacto tienen en la prevención de
enfermedades.
ARTICULO  223.‑ Financiación de la
Subcuenta de Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tránsito.
El cubrimiento de las enfermedades
catastróficas definidas en el artículo 166 de la presente ley se financiará de
la siguiente forma:
a.Los recursos del FONSAT, creado por el
Decreto‑Ley No. 1032 de 1991, de conformidad con la presente ley.
b.Una contribución equivalente al 50% del
valor de la prima anual establecida para el seguro obligatorio de accidente de
tránsito, que se cobrará en adición a ella.
c.Cuando se extinga el Fondo de Solidaridad
y Emergencia Social de la Presidencia de la República, los aportes
presupuestales de este fondo  para las víctimas del terrorismo se trasladarán
al Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Estos recursos serán
complementarios a los recursos que para la atención hospitalaria de las
urgencias destinen las entidades territoriales.
ARTICULO  224.‑ Impuesto social a las
armas y municiones.
A partir del 1 de enero de 1996, créase el
impuesto social a las armas de fuego que será pagado por quienes las porten en
el territorio nacional, y que será cobrado con la expedición o renovación del
respectivo permiso y por el término de éste.  El recaudo de este impuesto se
destinará al Fondo de Solidaridad previsto en el artículo 221 de esta ley.  El
impuesto tendrá un monto equivalente al 10% de un salario mínimo mensual.
Igualmente, créase el impuesto social a las municiones y explosivos, que se
cobrará como un impuesto ad‑valorem con una tasa del 5%. El gobierno
reglamentará los mecanismos de pago y el uso de estos recursos: el plan de
beneficios, los beneficiarios y los procedimientos necesarios para su
operación.
PARAGRAFO. Se exceptúan de este impuesto
las armas de fuego y municiones y explosivos que posean las fuerzas armadas y
de policía y las entidades de seguridad del Estado.
TITULO IV
DE LA VIGILANCIA
Y CONTROL DEL SISTEMA
ARTICULO  225.‑ Información
Requerida.
Las Entidades Promotoras de Salud,
cualquiera sea su naturaleza, deberán establecer sistemas de costos, facturación
y publicidad. Los sistemas de costo deberán tener como fundamento un
presupuesto independiente, que garantice una separación entre ingresos y
egresos para cada uno de los servicios prestados, utilizando para el efecto
métodos sistematizados. Los sistemas de facturación deberán permitir conocer al
usuario, para que este conserve una factura que incorpore los servicios y los
correspondientes costos, discriminando la cuantía subsidiada por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud .
La Superintendencia exigirá en forma
periódica, de acuerdo con la reglamentación que se expida, la publicación de la
información que estime necesaria de la entidad y de ésta frente al sistema,
garantizando con ello la competencia y transparencia necesarias. Igualmente, deberá
garantizarse a los usuarios un conocimiento previo de aquellos procedimientos e
insumos que determine el Ministerio de Salud.
ARTICULO  226.‑ Información para la
vigilancia del recaudo
La afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud podrá hacerse en forma independiente a la afiliación
al régimen general de pensiones.
La Superintendencia Nacional de Salud podrá
solicitar a las entidades rectoras del régimen general de pensiones la
información que permita determinar la evasión y elusión de los aportes por
parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Así mismo, podrá solicitar información a la
administración de impuestos nacionales, a las entidades recaudadoras
territoriales y a otras entidades que reciban contribuciones sobre la nómina
orientada a los mismos efectos . En todo caso, esta información observará la
reserva propia de la de carácter tributario.
ARTICULO  227.‑ Control y Evaluación
de la Calidad del Servicio de Salud.
Es facultad del Gobierno Nacional expedir
las normas relativas a la organización de un sistema obligatorio de garantía de
calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica, de obligatorio
desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de garantizar la
adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida
será de conocimiento público.
ARTICULO  228.‑ Revisoría Fiscal.
Las Entidades Promotoras de Salud,
cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la
Asamblea general de accionistas, o por el órgano competente. El revisor fiscal
cumplirá las funciones previstas en el libro II, título I, capítulo VII del
Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo
prescrito en otras normas.
Corresponderá al Superintendente Nacional
de Salud dar posesión al Revisor Fiscal de tales entidades. Cuando la
designación recaiga en una asociación o firma de contadores, la diligencia de
posesión procederá con relación al contador público que sea designado por la
misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La posesión solo se
efectuará una vez el Superintendente se cerciore acerca del carácter, la
idoneidad y la experiencia del peticionario.
PARAGRAFO. Para la inscripción en el
registro mercantil del nombramiento de los revisores fiscales, se exigirá por
parte de las Cámaras de Comercio copia de la correspondiente acta de posesión.
ARTICULO  229.‑ Control Fiscal.
El control fiscal de las entidades de que
habla esta ley, se hará por las respectivas Contralorías para las que tengan
carácter oficial y, por los controles estatutarios para las que tengan un
carácter privado.
ARTICULO  230.‑ Régimen
Sancionatorio.
La Superintendencia Nacional de Salud,
previa solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las
normas contenidas en los artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225
y 227, por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la subcuenta de
Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.
El certificado de autorización que se le
otorgue a las Empresas Promotoras de Salud podrá ser revocado o suspendido por
la Superintendencia mediante providencia debidamente motivada, en los
siguientes casos:
1.Petición de la Entidad Promotora de
Salud;
2. Cuando la entidad deje de cumplir
cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
autorización;
3. Cuando la entidad no haya iniciado su
actividad en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de
otorgamiento del certificado de autorización;
4. Cuando la entidad ejecute prácticas de
selección adversa.
5. Cuando se compruebe que no se presta
efectivamente los servicios previstos en el Plan de Salud Obligatorio.
PARAGRAFO 1. El Gobierno reglamentará los
procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos
y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar y otros mecanismos
aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la
adecuada prestación del servicio de salud a que hace referencia la presente
ley, protegiendo la confianza pública en el sistema.
PARAGRAFO 2. La Superintendencia Nacional
de Salud ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto de
las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
ARTICULO  231.‑ Veedurías
Comunitarias.
Sin perjuicio de los demás mecanismos de
control, y con el fin de garantizar cobertura, eficiencia y calidad de
servicios, la prestación de los servicios mediante el régimen de Subsidios en
salud será objeto de control por parte de veedurías comunitarias elegidas
popularmente, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
ARTICULO  232.‑ Obligaciones de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
A las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud se les aplicará las disposiciones contenidas en los artículos
225, 227 y 228 de que trata la presente ley, de acuerdo con la reglamentación
que se expida para el efecto. El Ministerio de Salud definirá los casos
excepcionales en donde no se exigirá la revisoría fiscal.
ARTICULO  233.‑ De la
Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es un
organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.
Adiciónase el artículo 7o. del Decreto 2165
de l992, que establece las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud,
con los siguientes numerales:
1.Interrogar bajo juramento y con
observancia de las formalidades previstas para esta base de pruebas en el
código de procedimiento civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda
resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de
sus funciones.
En desarrollo de esta facultad podrá exigir
la comparecencia, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para
este efecto en el código de procedimiento civil.
2.Imponer a las instituciones respecto de
las cuales tenga funciones de inspección y vigilancia, administradores,
empleados o revisor fiscal de las mismas, previa solicitud de explicaciones,
multas sucesivas hasta de 1.000 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de la sanción cuando desobedezcan las instrucciones u órdenes que
imparta la superintendencia;
3.Emitir las órdenes necesarias para que se
suspendan de inmediato prácticas ilegales o no autorizadas y se adopten las
correspondientes medidas correctivas y de saneamiento;
4.Velar porque las entidades vigiladas
suministren a los usuarios la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a
través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones
del mercado;
5.Publicar u ordenar la publicación de los
estados financieros e indicadores de las entidades sometidas a su control, en
los que se demuestre la situación de cada una de éstas y la del sector en su
conjunto;
6.Fijar las reglas generales que deben
seguir los hospitales en su contabilidad, sin perjuicio de la autonomía
reconocida a éstos para escoger y utilizar métodos accesorios, siempre que
éstos no se opongan, directa o indirectamente, a las instrucciones generales
impartidas por la Superintendencia;
7.Practicar visitas de inspección a las
entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integran de su
situación financiera del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que
se requieran.
8.Velar porque se realicen adecuadamente
las provisiones en materia previsional y prestacional de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y las instituciones de utilidad común que
contraten con el estado.
9.Inspeccionar y vigilar las Entidades
Promotoras de Salud en los términos previstos en la presente ley y en las demás
normas que regulan la estructura y funciones de la superintendencia.
El Gobierno Nacional podrá delegar total o
parcialmente la inspección y vigilancia de las Entidades Promotoras de Salud en
los jefes de las entidades territoriales.
La Superintendencia Nacional de Salud será
la entidad encargada de resolver administrativamente las diferencias que se
presenten en materia de preexistencias en el sector salud. Para el efecto la
Superintendencia deberá tener en cuenta la opinión de un comité integrado para
cada caso por un especialista designado por la Superintendencia, un
especialista designado por la entidad y un especialista designado por el
usuario.  Los especialistas serán llamados a cumplir con su función en forma
gratuita y obligatoria frente a la Superintendencia. El procedimiento para
resolver la controversia será fijado por el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1. Deróganse el artículo 3o,
numerales 1, 2, 16, 17 18 y artículo 38 del Decreto 2165 de l992.
PARAGRAFO 2. El procedimiento
administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se
consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria.  Los
actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de Salud no
producirán efectos legales mientras no se publiquen en el boletín del
Ministerio de Salud, Capítulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual
podrá ser editado y distribuido a través de esta.
PARAGRAFO 3. Para el cumplimiento de su
función de inspección y vigilancia sobre el Fondo de Solidaridad y Garantía y
sobre las Entidades Promotoras de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud
podrá contratar con firmas de auditoría colombianas la realización del programa
o labores especiales.
TITULO V
LA TRANSICION DEL SISTEMA
ARTICULO  234.‑ Régimen de
Transición.
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud  con todas las entidades y elementos que lo conforman tendrá un plazo máximo
de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para
iniciar su funcionamiento, salvo los casos especiales previstos en la presente
ley.
Créase la Comisión Técnica para la
Transición, la cual estará encargada de la asesoría al Gobierno Nacional, con
la debida consulta a los diversos grupos partícipes del Sistema, para la puesta
en marcha del nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud dentro del plazo
previsto en el presente artículo. Estará compuesta por 5 expertos en la materia,
y su organización y funcionamiento serán reglamentados por el Gobierno
Nacional. El Gobierno Nacional hará las apropiaciones presupuestales necesarias
para su financiación.
PARAGRAFO.‑ Las Entidades Promotoras
de Salud que se creen en desarrollo de esta ley tendrán desde el comienzo de su
operación cobertura familiar para sus afiliados.
ARTICULO  235.‑ Del Instituto de
Seguros Sociales.
No obstante lo previsto en el artículo
anterior, las obligaciones de afiliación y cotización consagradas en las leyes
vigentes serán exigibles para empleadores y trabajadores durante el período de
transición.
Quienes al momento de entrar en vigencia la
presente ley, se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, podrán
trasladarse a otra Entidad Promotora de Salud debidamente aprobada sólo cuando
la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, de que habla
el artículo 220 de esta ley, se encuentre efectivamente operando.
La extensión de la cobertura familiar para
quienes continúen o decidan afiliarse al Instituto de Seguros Sociales se hará
en forma progresiva, en un período máximo de 1 año a partir de la operación
efectiva del Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Los trabajadores del Instituto
de Seguros Sociales mantendrán el carácter de Empleados de la Seguridad Social.
ARTICULO  236.‑ De las Cajas, Fondos
y Entidades de Seguridad Social del Sector Público, Empresas y Entidades
Públicas.
Las cajas, fondos y entidades de seguridad
social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier
orden, que con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley presten
servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos de enfermedad general y
maternidad, tendrán dos años para transformarse en empresas promotoras de
salud, adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación, de acuerdo
con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.
La transformación en Entidad Promotora de
Salud será un proceso donde todos los trabajadores recibirán el Plan de Salud
Obligatorio de que trata el artículo 162 y, en un plazo de cuatro años a partir
de la vigencia de esta ley, éstos pagarán las cotizaciones dispuestas en el
artículo 204, ajustándose como mínimo en un punto porcentual por año, y la
Entidad Promotora de Salud contribuirá al sistema plenamente con la
compensación prevista en el artículo 220. Cuando el plan de beneficios de la
entidad sea mas amplio que el Plan de Salud Obligatorio, los trabajadores
vinculados a la vigencia de la presente ley y hasta el término de la
vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán
recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los
términos del artículo 169. Las dependencias que presten servicios de salud de
las cajas, fondos, entidades previsionales o entidades públicas con otro objeto
social podrán suprimirse o convertirse en Empresas Sociales del Estado, que se
regirán por lo estipulado en la presente ley.
Las entidades públicas antes referidas, que
a juicio del Gobierno Nacional no requieran transformarse en empresas
promotoras de salud, ni liquidarse podrán continuar prestando los servicios de
salud a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en
la fecha de iniciación de vigencia de la presente ley y hasta el término de la
relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen
haciendo. Estas entidades deberán no obstante, ajustar gradualmente su régimen
de beneficios y financiamiento, al previsto en los artículos 162, 204 y 220 de
esta ley, en un plazo no mayor a cuatro (4) años, de tal manera que participen
en la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía. De
conformidad con lo anterior, las entidades recaudarán mediante retención a los
servidores públicos, en forma creciente y explícita, las cotizaciones
establecidas en el artículo 204 de la presente ley, la cual aumentará como
mínimo en un punto porcentual por año.
En caso de liquidación, de las cajas,
fondos, entidades previsionales y empresas del sector público, los empleadores
garantizarán la afiliación de sus trabajadores a otra Entidad Promotora de
Salud y, mientras estos logren dicha afiliación, tendrán que garantizar la
respectiva protección a sus beneficiarios.
Para las instituciones del orden nacional
se aplicarán por analogía las disposiciones laborales de que trata el  capitulo
2 del Decreto 2147 de 1992, en especial para preservar los derechos de los
trabajadores y pagar las indemnizaciones que resulten de la supresión de los
empleos. Igualmente, se harán  extensivas las disposiciones consagradas en el
decreto 2151 de 1992 para garantizar la adaptación laboral de los empleados
que, por obra de lo aquí dispuesto, se les supriman sus cargos.
Para las instituciones de otro orden
distinto al nacional, la respectiva entidad territorial o la junta directiva de
los entes autónomos, expedirá la norma correspondiente, observando los
principios establecidos en el presente artículo.
PARAGRAFO 1. En todo caso, los servidores
públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley se
afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de
Salud, según lo dispuesto en esta ley.
PARAGRAFO 2. Las enajenaciones derivadas de
los procesos de reorganización aquí mencionados estarán exentos de los
impuestos correspondientes.
PARAGRAFO 3. Las instituciones de seguridad
social del orden nacional podrán ser liquidadas cuando así lo solicite la mitad
mas uno de los afiliados que se expresarán de conformidad con el mecanismo que
para el efecto defina el decreto reglamentario. Lo anterior sin perjuicio de
que todas las instituciones se sometan a las disposiciones consagradas en la
presente ley.
ARTICULO  237.‑ De la transición para
el sector agropecuario
La obligación de los empleadores y
trabajadores del sector agropecuario de afiliarse a los organismos encargados
de prestar el Servicio de Seguridad Social en Salud regulado en esta ley,
deberá cumplirse en el momento en que se disponga de la oferta de servicios en
la respectiva región.
ARTICULO  238.‑ De la Financiación de
los Hospitales Públicos que Reciben Aportes de la Nación y/o de las Entidades
Territoriales.
En lo sucesivo y de acuerdo al programa de
conversión gradual que para el efecto se establezca, las Direcciones
Seccionales, Distritales y Locales de Salud garantizarán la celebración de
contratos de compra‑venta de servicios con los hospitales para atender la
población que se les asigne o con las Entidades Promotoras de Salud, sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley 10 de 1990 y en la Ley 60 de 1993.
Para las vigencias fiscales de 1995 y 1996,
las entidades territoriales, sin perjuicio de lo que trata el numeral 7 del 115
artículo 18 de la ley 60 de 1993 tomaran como referencia para la programación
presupuestal de las entidades públicas que prestan servicios de salud el valor
en pesos constantes a ellas asignadas en la vigencia fiscal de 1994.
Durante los primeros tres años de vigencia
de la ley, las instituciones de prestación de servicios de salud que reciben
recursos públicos a cualquier título, continuarán recibiendo como mínimo una
suma igual en términos reales a la obtenida durante el año fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de la presente ley. Una vez concluido este
término se acogerá el programa de conversión concertado entre el Ministerio de
Salud y las entidades territoriales de que trata el artículo 239 de la presente
Ley.
ARTICULO  239.‑ De las Entidades
Territoriales
En forma gradual, las entidades
territoriales organizarán el régimen de subsidios en un plazo máximo de dos (2)
años a partir de la vigencia de esta ley, de tal forma que una parte creciente
de los ingresos de las instituciones prestadoras provenga de la venta de
servicios de los planes de salud del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Para este fin, las Direcciones Seccionales,
Distritales Y Municipales deberán presentar al Ministerio de Salud como parte
del plan de ampliación de coberturas, mejoramiento de calidad y
descentralización de que trata el artículo 13 y 14 de la ley 60 de 1993, las
condiciones y términos de transición para la sustitución de transferencias por
la contratación de servicios y la implementación de los subsidios a la demanda
en salud.
ARTICULO  240.‑ De las Cajas de
Compensación Familiar.
Las Cajas de Compensación Familiar que sin
haberse transformado en Entidades Promotoras de Salud opten por prestar los
servicios propios de estas entidades, tendrán el mismo plazo contemplado en el
artículo 234 para adoptar los programas regulados para el Sistema General de
Seguridad Social en Salud  de que trata la presente ley.
En cualquier caso las Cajas de Compensación
Familiar tendrán que garantizar la actual protección a sus beneficiarios
durante el período de transición de que trata el artículo 234 a las Entidades
Promotoras de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Durante
este período, las Cajas de Compensación Familiar destinarán al régimen de
subsidios según lo dispone el artículo 217 únicamente la diferencia entre el
cinco porciento (5%) o el diez porciento (10%) según sea el caso de que trata
el artículo 217 y el costo de la atención en salud de los familiares que no
estén afiliados a dicho sistema. Las cajas destinarán estos recursos para
atender beneficiarios del régimen subsidiado que se afilien a la misma o a la
atención de los grupos prioritarios definidos en el artículo 157 literal b,
según la forma y modalidades que el Gobierno Nacional reglamente, previo el
concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO. Durante el período en el cual
los afiliados del ISS no puedan trasladarse a otras Entidades Promotoras de
Salud, la atención de las familias de los trabajadores podrá ser cubierta por
las Cajas de Compensación Familiar o por cualquier otra Entidad Promotora de
Salud, de acuerdo con la elección que haga el afiliado cotizante. Para ello,
recibirán una parte de la cotización de que trata el artículo 204, según lo
establezca el Gobierno Nacional previo el concepto del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
ARTICULO  241.‑ El Régimen de
Tarifas.
Un año después de la vigencia de la
presente ley, se unificará el régimen de tarifas que aplicarán las
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud en la venta de sus
servicios o uso de su capacidad a cualquier entidad promotora de servicios o
asociación de profesionales, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto
se expida.
TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO  242.‑ Fondo Prestacional
del Sector Salud.
El fondo del pasivo prestacional para el
sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantía netas
acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de
diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de
la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta ley
tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los
fines previstos en ésta, será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y
las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que
establece la misma ley.
A partir de la vigencia de la presente ley
no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud,
retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
En el caso de que las instituciones a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y para los efectos allí
previstos, estén reconociendo por un régimen especial un sistema pensional
distinto al exigido por la entidad de previsión social a la cual se afilien o
se encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensión será
garantizada por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales,
hasta el momento en que el trabajador reúna los requisitos exigidos por la
entidad de previsión y los diferenciales de pensión serán compartidos y
asumidos por el Fondo, las entidades territoriales y la mencionada entidad
previsional, en la proporción que a cada cual le corresponda.
Las entidades del sector salud deberán
seguir presupuestando y pagando las cesantía y pensiones a que están obligadas
hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se
establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades
territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993.
PARAGRAFO. Para los efectos de lo dispuesto
en el presente artículo, entiéndese por cesantía netas, las cesantía acumuladas
menos las pagadas a 31 de diciembre de 1993.
ARTICULO  243.‑ Amnistía a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Para la cabal aplicación de lo dispuesto en
el inciso 5 del articulo 19o. de la ley 60 de 1993 sobre los pagos por
prestaciones sociales del personal de salud de las entidades previstas en el
numeral 2 del articulo 33 de la misma ley, el Instituto de Seguros Sociales y
el Fondo Nacional del Ahorro deberán afiliar a los servidores públicos del
sector salud, una vez se haya definido el pago de la deuda acumulada por
cesantía y el pasivo pensional incluídos los intereses corrientes.
Cuando se trate de las entidades públicas
previstas en el literal a) del segundo numeral del artículo 33 de la ley 60 de
1993, el ISS, el FNA, el ICBF, el SENA y la ESAP condonarán las multas y otras
erogaciones distintas al saneamiento del pasivo pensional y los intereses
corrientes que adeuden por su falta de afiliación o pago antes de diciembre de
1993.
Cuando se trate de entidades incursas en
causal de liquidación, en los términos previstos en los literales b) y c) del
artículo mencionado, los Consejos u Organos Directivos del ISS, el FNA, el
ICBF, el SENA y la ESAP estarán facultados para condonar las multas y
erogaciones previstas en el inciso anterior.
ARTICULO  244.‑ Sobre el
Funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Por el cual se introducen las siguientes
modificaciones al Decreto 663 de 1993.
1.Agréguese el numeral 5 al artículo 192.
Las Compañías Aseguradoras que operan el
seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de
tránsito, destinarán el 3.0 por ciento de las primas que recauden anualmente a
la constitución de un fondo administrado por ellas para la realización conjunta
de campañas de prevención vial nacional, en coordinación con las entidades
estatales que adelanten programas en tal sentido.
2.El artículo 194 numeral 1, literal a)
quedará así:
a. A
certificación sobre la ocurrencia del accidente.  El Gobierno Nacional
reglamentará la forma en que habrá de demostrarse la ocurrencia de éste. Será
prueba del mismo la certificación que expida el médico que atendió inicialmente
la urgencia en el centro hospitalario.
3.El artículo 194 numeral 2, quedará así:
En caso de muerte de la víctima como
consecuencia de accidente de tránsito y para los efectos de este estatuto serán
beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las personas señaladas en el
artículo 1.142 del código de comercio. En todo caso a falta de cónyuge, en los
casos que corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal el compañero o
compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto señale el Gobierno Nacional.  La
indemnización por gastos funerarios y exequias se pagará a quien demuestre haber
realizado las correspondientes erogaciones.
4.El inciso 2o. numeral 1, del artículo
195, quedará así:
El Gobierno Nacional determinará las
tarifas a que deben sujetarse los establecimientos hospitalarios y clínicos, de
los subsectores oficial y privado de que trata el artículo 5o. de la Ley 10 de
1990, en la prestación de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria a las víctimas de los accidentes de tránsito.  Las tarifas que
establezca el Gobierno Nacional serán fijadas en salarios mínimos legales.
5.Agrégase el numeral 5o. al artículo 195.
Las compañías aseguradoras que incurran en
conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de la indemnización
de que trata el presente artículo se verán abocadas a las sanciones de carácter
pecuniario que para el efecto establezca el Gobierno Nacional sin perjuicio de
las demás previstas en la Ley.
6.Agrégase el numeral 6 al artículo 195.
Cuando las compañías aseguradoras
encuentren que existen serios motivos de objeción a la reclamación que
presenten las entidades clínicas hospitalarios, deberán poner en conocimiento
del reclamante tales objeciones, dentro del término previsto para el pago de la
indemnización.  No obstante, deberá en todo caso la aseguradora paga como
anticipo imputable a lap indemnización, una suma equivalente al porcentaje que
reglamente el Gobierno Nacional, siempre que la reclamación se haya presentado
de conformidad con lo dispuesto en las normas que la regulan.
7.El literal b) del numeral 4o. del
artículo 199, quedará así:
Agotado el límite de la cobertura de gastos
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios otorgada por las compañías
aseguradoras o el FONSAT, a la atención de las víctimas politraumatizadas de
accidentes de tránsito o a la rehabilitación de las mismas en los términos del
reglamento del Gobierno Nacional, según directrices del Consejo Nacional de
Seguridad.
8.El literal c) del numeral 4o. del
artículo 199, quedará así:
c) A partir de la vigencia de la presente
ley y atendidas las erogaciones anteriores, a la atención de las víctimas de
catástrofes naturales y de actos terroristas de conformidad con la
reglamentaciónd del Gobierno Nacional según directrices fijadas por el Consejo
Nacional de Seguridad Social.  El saldo existente en la fecha se destinará
según las normas anteriores.
9.Por el cual se modifica la parte final de
los incisos 1 y 4 del artículo 199, numeral 2o.
Inciso 1o.  Transferencias de los recursos
administrados por las entidades aseguradoras al "FONSAT".  Las
entidades aseguradoras que cuenten con autorización para la operación del ramo
de seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes
de tránsito transferirán bimestralmente el 20% del valor de las primas emitidas
por cada una de ellas, en el bimestre inmediatamente anterior, al Fondo del
Seguro Obligatorio  de Accidentes de Tránsito "FONSAT".  Dicha
transferencia deberá efectuarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles
del mes correspondiente.
Inciso 4.  La determinación del resultado
del período anual se efectuará dentro de los dos (2) meses siguientes al corte
correspondiente.  La transferencia deberá realizarse dentro de los quince (15)
primeros días hábiles del mes correspondiente.
ARTICULO  245.‑ El Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Créase el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las
políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos,
dispositivos y elementos médico‑quirúrgicos, odontológicos, productos
naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de
diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y
colectiva.
El Gobierno Nacional reglamentará el
régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y
control de calidad de los productos de que trata el objeto del INVIMA, dentro
del cual establecerá las funciones a cargo de la nación y de las entidades
territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos.
PARAGRAFO. A partir de la vigencia de la
presente ley, la facultad para la formulación de la política de regulación de
precios de los medicamentos de que goza el Ministerio de Desarrollo Económico,
de acuerdo con la ley 81 de 1987, estará en manos de la Comisión Nacional de
Precios de los Medicamentos.
Para tal efecto, créase la Comisión
Nacional de Precios de medicamentos compuesta, en forma indelegable, por los
Ministros de Desarrollo Económico y Salud y un delegado del Presidente de la
República. El Gobierno reglamentará el funcionamiento de esta comisión.
Corresponde al Ministerio de Desarrollo
hacer el seguimiento y control de precios de los medicamentos, según las
políticas fijadas por la comisión.
Corresponde al Ministerio de Salud el
desarrollo de un programa permanente de información sobre precios y calidades
de los medicamentos de venta en el territorio nacional, de conformidad con las
políticas adoptadas por la comisión.
ARTICULO  246.‑ Difusión y
Capacitación para el Desarrollo de la Ley.
El Ministerio de Salud organizará y
ejecutará un programa de difusión del nuevo Sistema General de Seguridad Social
en Salud  y de capacitación a las autoridades locales, las Entidades Promotoras
e Instituciones Prestadoras, trabajadores y, en general, los usuarios que
integren el Sistema General de Seguridad Social en Salud . Este programa
incluirá acciones específicas para capacitar y apoyar a los profesionales de la
salud en el proceso de adecuación a las modalidades de organización,
contratación, remuneración y prestación de servicios, que requiere el nuevo
Sistema de Salud con base en la universalización solidaria de la seguridad
social.
ARTICULO  247.‑ Del ofrecimiento de
programas académicos en el Area de Salud por parte de las Instituciones de Educación
Superior.
Para desarrollar programas de pregrado o
postgrado en el Area de Salud que impliquen formación en el campo asistencial,
las instituciones de Educación Superior deberán contar con un Centro de Salud
propio o formalizar convenios docente‑asistenciales con instituciones de
salud que cumplan con los tres niveles de atención médica, según la complejidad
del programa, para poder realizar las prácticas de formación.  En tales
convenios se establecerán claramente las responsabilidades entre las partes.
Los cupos de matrícula que fijen las
instituciones de Educación Superior en los programas académicos de pregrado y
postgrado en el Area de Salud, estarán determinados por la  capacidad que
tengan las instituciones que prestan los servicios de salud.
Los convenios mencionados en el inciso
primero deberán ser presentados ante el Ministerio de Educación Nacional por
intermedio del ICFES, con concepto favorable del Consejo Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud al momento de notificar o informar
la creación de los programas.
Los programas de especializaciones
medicoquirúrgicas que ofrezcan las instituciones Universitarias y las
Universidades, tendrán un tratamiento equivalente a los programas de maestría,
conforme a lo contemplado en la Ley 30 de 1992, previa reglamentación del
Consejo de Educación Superior.
ARTICULO  248.‑ Facultades
Extraordinarias.
De conformidad con lo previsto en el
ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revistase al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el
término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la
presente ley para:
1.Reestructurar al Instituto Nacional de
Salud, y al Ministerio de Salud de acuerdo con los propósitos de esta Ley.
2.El Gobierno Nacional podrá modificar la
estructura y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud con el
exclusivo propósito de efectuar las adecuaciones necesarias para dar eficaz
cumplimiento a lo dispuesto en esta ley. En el evento de que deban producirse
retiros de personal como consecuencia de la modificación de la estructura y
funciones de la superintendencia, el Gobierno Nacional establecerá un plan de
retiro compensado para sus empleados, el cual comprenderá las indemnizaciones o
bonificaciones por el retiro y/o pensiones de jubilación.
3.Determinar la liquidación de las Cajas,
Fondos o entidades de seguridad o previsión social del orden nacional que
presten servicios de salud que por su situación financiera deban ser liquidadas
por comprobada insolvencia.
4.Expedir un régimen de incompatibilidades
e inhabilidades y las correspondientes sanciones para los miembros de junta
directiva u organismos directivos y para los representantes legales y empleados
de las entidades prestadoras y promotoras de servicios estatales y las
instituciones de utilidad común o fundaciones que contraten con el estado la
prestación de servicios o las que reciban aportes estatales.
5. Expedir un estatuto orgánico del sistema
de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar, integrar,
incorporar y armonizar en un sólo cuerpo jurídico las normas vigentes en
materia de salud, así como las que contemplen las funciones y facultades
asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud. Con tal propósito podrá
reordenar la numeración de las diferentes disposiciones, incluyendo esta ley,
sin que en tal caso se altere su contenido. En desarrollo de esta facultad
podrá eliminar las normas repetidas o superfluas.
6.Facúltase al Gobierno Nacional para que
en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la presente ley,
organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al
personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en lo atinente a:
a.Organización
estructural.
b.Niveles de
Atención Médica y grados de complejidad.
c.Organización
funcional.
d.Régimen que
incluya normas científicas y administrativas.
e.Régimen de
prestación de servicios de salud.
7.Precisar las funciones del INVIMA y
proveer su organización básica. Facúltase al Gobierno Nacional para efectuar
los traslados prespuestales necesarios que garanticen el adecuado
funcionamiento de la entidad.
8.Reorganizar y adecuar el Instituto
Nacional de Cancerología, los Sanatorios de Contratación y de Agua de Dios y la
Unidad Administrativa Especial Federico Lleras Acosta, que prestan servicios de
salud para su transformación en Empresas Sociales de Salud. Para este efecto
facúltase al Gobierno Nacional para efectuar los traslados prespuestales
necesarios.
LIBRO TERCERO
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
CAPITULO I
INVALIDEZ POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ARTICULO  249.‑ Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Profesional.
Las pensiones de invalidez originadas en
accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán rigiéndose por las
disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación con el sistema de
calificación del estado de invalidez y las pensiones de invalidez integradas a
que se refieren los artículos siguientes.
ARTICULO  250.‑ Calificación del
Estado de Invalidez.
La calificación del estado de invalidez
derivado de accidente de trabajo o enfermedad  profesional se sujetará  a lo
dispuesto en esta ley para la calificación de la invalidez por riesgo común.
ARTICULO  251.‑ Pensiones de
Invalidez Integradas.
En el régimen de ahorro individual con
solidaridad, los seguros para amparar la invalidez por riesgo común y la
invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, podrán ser
contratados de manera conjunta con una misma compañía de seguros, cuando los
trabajadores y empleadores así lo decidan. En este evento, el amparo para el
riesgo de invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, deberá
ser equivalente o superior, al otorgado por el seguro de accidente de trabajo y
enfermedad profesional a cargo del Instituto de Seguros Sociales o del que
actualmente les aplica, en el caso de los trabajadores de la rama jurisdiccional.
La compañía de seguros señalará el monto de
la cotización para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
a cargo del empleador, y dejará de ser obligatoria la cotización al Instituto
de Seguros Sociales por dicho concepto.
ARTICULO  252.‑ Normas Comunes.
Cuando el seguro para amparar el riesgo por
accidente de trabajo o enfermedad profesional se contrate en la forma prevista
en el artículo anterior, le serán aplicables en lo pertinente las disposiciones
de los seguros de invalidez por riesgo común.
ARTICULO  253.‑ Devolución de Saldos.
Cuando un afiliado al régimen de ahorro
individual con solidaridad se invalide por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, además de la pensión por invalidez que cubre la cotización a cargo
del empleador, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta
individual de ahorro pensional y en este caso no habrá lugar a bono pensional.
ARTICULO  254.‑ Prestaciones Médico
Asistenciales.
Los servicios de salud derivados de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, serán prestados por las
Entidades Promotoras de Salud de que trata la presente ley, quienes repetirán
contra las entidades encargadas de administrar los recursos del seguro de
accidente de trabajo y enfermedad profesional a que esté afiliado el respectivo
trabajador.
CAPITULO II
PENSION DE SOBREVIVIENTES ORIGINADA POR
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
ARTICULO  255.‑ Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Profesional.
La pensión de sobrevivientes originada en
accidente de trabajo o enfermedad profesional continuará rigiéndose por las
disposiciones vigentes, salvo que se opte por el manejo integrado de estas
pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de esta ley.
ARTICULO  256.‑ Devolución de Saldos
por Muerte Causada por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.
En caso de muerte del afiliado al sistema
de ahorro individual con solidaridad, derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, no habrá lugar a bono pensional y el saldo de la cuenta
individual de ahorro pensional podrá utilizarse para incrementar el valor de la
pensión que se financia con la cotización del empleador, si el afiliado así lo
hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan.
En caso contrario hará parte la masa
sucesoral del causante. Si no hubiere causahabientes dichas sumas se destinarán
al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima.
LIBRO CUARTO
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
ARTICULO  257.‑ Programa y
Requisitos.
Establécese un programa de auxilios para
los ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos:
a.Ser Colombiano;
b.Llegar a una edad de sesenta y cinco o
más años;
c.Residir durante los últimos diez años en
el territorio nacional;
d.Carecer de rentas o de ingresos
suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema
pobreza o indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida
el Consejo Nacional de Política Social.
e.Residir en una institución sin ánimo de
lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y
que no dependan económicamente de persona alguna. En estos casos el monto se
podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y el nivel de
cobertura.  En este evento parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva
institución.
PARAGRAFO 1.‑ El Gobierno Nacional
reglamentará el pago de los auxilios para aquellas personas que no residan en
una institución sin ánimo de lucro y que cumplan los demás requisitos
establecidos en este artículo.
PARAGRAFO 2.‑ Cuando se trate de
ancianos indígenas que residan en sus propias comunidades, la edad que se exige
es de cincuenta (50) años o más. Esta misma edad se aplicará para dementes y
minusválidos.
PARAGRAFO 3.‑ Las entidades
territoriales que establezcan este beneficio con cargo a sus propios recursos,
podrán modificar los requisitos anteriormente definidos.
ARTICULO  258.‑ Objeto del Programa.
El programa para los ancianos tendrá por
objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo legal
mensual vigente, a las personas que cumplan las condiciones señaladas en el
artículo anterior y de conformidad con las metas que el CONPES establezca para
tal programa.
El programa se financiará con los recursos
del presupuesto general de la nación que el Conpes destine para ello
anualmente, y con los recursos que para tal efecto puedan destinar los
departamentos, distritos y municipios.
PARAGRAFO.‑ El Gobierno Nacional reglamentará
los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo el programa de que trata el
presente artículo, contemplando mecanismos para la cofinanciación por parte de
los departamentos, distritos y municipios. El programa podrá ser administrado y
ejecutado de manera descentralizada. Así mismo, el Gobierno podrá modificar los
requisitos dependiendo de la evolución demográfica y la evolución de la
población beneficiaria del programa.
ARTICULO  259.‑ Pérdida de la
Prestación Especial por Vejez.
La prestación especial por vejez se pierde
:
a.Por muerte del beneficiario.
b.Por mendicidad comprobada como actividad
productiva.
c.Por percibir una pensión o cualquier otro
subsidio.
d.Las demás que establezca el Consejo
Nacional de Política Social.
ARTICULO  260.‑ Reconocimiento,
administración y control de la prestación especial por vejez.
El reconocimiento de la prestación especial
por vejez, su administración y control serán establecidos por el Gobierno
Nacional.
Para efectos de la administración de la
prestación especial por vejez se podrán contemplar mecanismos para la
cofinanciación por parte de los departamentos, municipios y distritos.
Los municipios o distritos así como las
entidades reconocidas para el efecto que presten servicios asistenciales para
la tercera edad, podrán administrar la prestación de que trata el artículo 258
de la presente ley siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo
siguiente.
ARTICULO  261.‑ Planes Locales de
Servicios Complementarios.
Los municipios o distritos deberán
garantizar la infraestructura necesaria para la atención de los ancianos
indigentes y la elaboración de un plan municipal de servicios complementarios
para la tercer edad como parte integral del plan de desarrollo municipal o distrital.
ARTICULO  262.‑ Servicios Sociales
Complementarios para la Tercera Edad.
El Estado a través de sus autoridades y
entidades, y con la participación de la comunidad y organizaciones no
gubernamentales prestarán servicios sociales para la tercera edad conforme a lo
establecido en los siguientes literales:
a. En materia de educación, las autoridades
del sector de la educación promoverán acciones sobre el reconocimiento positivo
de la vejez y el envejecimiento.
b. En materia de cultura, recreación y turismo,
las entidades de cultura, recreación, deporte y turismo que reciban recursos
del Estado deberán definir e implantar planes de servicios y descuentos
especiales para personas de la tercera edad.
c. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social promoverá la inclusión dentro de los programas regulares de bienestar
social de las entidades públicas de carácter nacional y del sector privado el
componente de preparación a la jubilación.
ARTICULO  263.‑ Autorización para el
Subsidio al Desempleo.
Autorizase a las entidades territoriales
para que creen y financien con cargo a sus propios recursos planes de subsidio
al desempleo.
LIBRO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO  264.‑ Disposiciones
Presupuestales.
El gobierno presentará al Congreso de la
República, el Proyecto de Presupuesto de Seguridad Social conjuntamente con el
Proyecto de Presupuesto Nacional y de los establecimientos públicos del orden
nacional.
El Proyecto de Presupuesto estará integrado
así:
a. Presupuesto anual de las entidades
públicas del orden nacional en el cual se refleje la proyección de ingresos y
pagos de cada seguro económico durante la vigencia.
b. La situación financiera a largo plazo de
los seguros económicos manejados por entidades publicas o privadas de cualquier
orden nacional o territorial, en la cual se refleje el valor presente de los
ingresos y gastos potenciales del sistema de previsión social.
c. Las fuentes de financiamiento de los
faltantes o el destino de los excedentes de los seguros económicos de acuerdo
con lo establecido en la presente ley.
PARAGRAFO.‑ En el caso del Instituto
de Seguros Sociales, se presentará un informe al Congreso de la República sobre
lo contemplado en los literales a, b y c del presente artículo, aplicándosele
en el trámite presupuestal, solamente, lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación.
ARTICULO  265.‑ Presupuestos de las
Entidades.
El Proyecto de Presupuesto anual de las
entidades públicas del orden nacional, se presentará al Congreso de la
República clasificado en gastos de funcionamiento e inversión de cada seguro
económico.
El Presupuesto anual de las entidades
públicas de seguridad social del orden nacional se regirá por lo dispuesto en
el estatuto orgánico del presupuesto, sin perjuicio de lo establecido en esta
ley.
ARTICULO  266.‑ Componentes del Gasto
Público Social en el Presupuesto Nacional.
Los gastos que efectúen las entidades
públicas de seguridad en el orden nacional se agruparán como componentes del
gasto público social a que hace referencia el artículo 350o. de la Constitución
Política.
ARTICULO  267.‑   Estimación del
Pasivo Pensional y reaforo de rentas
El Gobierno Nacional calculará antes del 31
de diciembre de 1994 el pasivo pensional con relación a sus servidores públicos
y el de las entidades territoriales con sus respectivos servidores, causada a
31 de diciembre de 1993.
El costo para calcular dichos pasivos lo
absorberá la Nación, para lo cual el Gobierno Nacional esta autorizado para
efectuar las adiciones y traslados requeridos en el Presupuesto General de la
Nación.
Para atender el pago de las pensiones y de
las mesadas atrasadas a cargo de la Caja Nacional de Previsión, el Presupuesto
General de la Nación se adiciona en Sesenta Mil Millones de Pesos, con recursos
de crédito interno.  Además, los recursos de reaforo de rentas de la Caja
Nacional de Previsión, por Veinte Mil Millones de Pesos, se incorporan a su
presupuesto para el mismo fin y para el pago de servicios de salud a su cargo.
ARTICULO  268.‑ Recursos para el pago
de aportes de los municipios.
En aquellos municipios que presenten
dificultades para pagar los aportes de esta ley, el CONPES social autorizará
para tal fin, que s e disponga de una parte de los ingresos previstos en los
numerales 2 y 16 del artículo 21 de la Ley 60 de 1993.
ARTICULO  269.‑ Transferencia de
cotizaciones.
Los dineros provenientes de las
cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social de las entidades
estatales y de los servidores públicos, podrán ser  entregados a las entidades
administradoras del Sistema a través de  encargos fiduciarios o fiducias.
ARTICULO  270.‑ Prelación de
Créditos.
Los créditos exigibles por concepto de las
cotizaciones y los intereses a que hubiere lugar, tanto en el Sistema General
de Pensiones como en el Sistema de Seguridad Social en Salud, pertenecen a la
primera clase de que trata el artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo
privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales.
ARTICULO  271.‑ Sanciones para el
Empleador.
El empleador, y en general cualquier
persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el
derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e
instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en
cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada
caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder
cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo
de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse
nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.
El Gobierno Nacional reglamentará los
mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores
migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por
prestación de servicios.
ARTICULO  272.‑ Aplicación
Preferencial.
El Sistema Integral de Seguridad Social
establecido en la presente ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando
menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores.
En tal sentido, los principios mínimos
fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán
plena validez y eficacia.
ARTICULO  273.‑ Régimen Aplicable a
los Servidores Públicos.
El Gobierno Nacional, sujetándose a los
objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente ley y en
particular a lo establecido en los artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar,
respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aún a los
congresistas, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
La seguridad social procurará ser universal
para toda la población colombiana.
ARTICULO  274.‑ Asesoría y elección a
través de las Organizaciones Sindicales.
Las confederaciones, las federaciones y las
organizaciones sindicales de primer grado, y los empleadores, podrán asesorar a
los trabajadores en las decisiones de libre escogencia que correspondan a cada
uno de estos, relativas a la afiliación y selección de organismos e
instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral.
Las organizaciones sindicales quedan
facultadas para tomar las decisiones que en principio correspondan a cada
trabajador, relacionadas con la afiliación y selección de organismos e
instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral. En tal caso, la
organización sindical decidirá por mayoría de sus trabajadores afiliados y la
decisión solo se será aplicable a los afiliados interesados que voten
afirmativamente, quienes dentro de los términos de esta ley conservan la
facultad de trasladarse de un sistema a otro.
ARTICULO  275.‑ Del Instituto de
Seguros Sociales
El Instituto de Seguros Sociales es una empresa
industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y el régimen de sus cargos será el contemplado en el
Decreto Ley 1651 de 1977 y podrá realizar los contratos de que trata el numeral
5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
El Presidente del Instituto de Seguros
Sociales será nombrado por el Presidente de la República de terna presentada
por el Consejo Directivo del Instituto.
Sin perjuicio de la facultad discrecional
del Presidente de la República, el Consejo Directivo, por mayoría absoluta de
votos podrá solicitarle al Presidente la remoción del Presidente del ISS, por
el no cumplimiento de las metas anuales de gestión previamente determinadas por
el consejo directivo.
Así mismo, el consejo directivo señalará
las directrices generales para elegir el personal directivo del Instituto
PARAGRAFO 1.‑ Respecto de los
servicios de salud que presta, actuará como una Entidad Promotora y Prestadora
de Servicios de Salud con jurisdicción nacional. El Consejo Directivo del
Instituto determinará las tarifas que el instituto aplicará en la venta de
servicios de salud.
PARAGRAFO 2.‑ Para efectos
tributarios el ISS se regirá por lo previsto para los establecimientos
públicos.
PARAGRAFO 3.‑ En un plazo de un año a
partir de la vigencia de la presente ley, y de acuerdo con la reglamentación
que expida el consejo directivo, el instituto garantizará la descentralización
y la autonomía técnica, financiera y administrativa de las unidades de su
propiedad que presten los servicios de salud.
ARTICULO  276.‑ Venta de Activos del
Instituto de Seguros Sociales
La venta de activos del Instituto de
Seguros Sociales no podrá afectar su patrimonio y tendrá como finalidad el
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral.
ARTICULO  277.‑ Composición del
Consejo Directivo del ISS
El Consejo Directivo del Instituto de
Seguros Sociales tendrá una composición tripartita, integrada por
representantes del Gobierno, de los empleadores, de los cuales uno será
representante de la pequeña o mediana empresa, y de los trabajadores, uno de
los cuales será representante de los pensionados.
El Gobierno determinará el número de
integrantes y reglamentará la forma como serán designados, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la vigencia de esta ley.
Este nuevo Consejo Directivo tomará la
decisión definitiva, sobre el proceso de reestructuración de la planta de
personal del Instituto de Seguros Sociales.
ARTICULO  278.‑ Carácter de los
subsidios.
Los subsidios de que trata esta ley no
tendrán el carácter de donación o auxilio, para los efectos del artículo 355 de
la Constitución Política.
ARTICULO  279.‑ Excepciones.
El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de
1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de
bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de
las empresas que al empezar a regir la presente ley, estén en concordato
preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos
especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo
concordato.
Igualmente, el presente régimen de
Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa
Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma.  Quienes con
posterioridad a la vigencia de la presente ley, ingresen a la empresa
Colombiana de Petróleos ‑ Ecopetrol, por vencimiento del término de
contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de
Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual
o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que
conduzca a la equivalencia entre el sistema que los amparka en la fecha de su
ingreso y el existente en Ecopetrol.
PARAGRAFO 1.‑ La empresa y los
servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los
aportes de solidaridad previstos en esta ley.
Las entidades empleadoras referidas en el
presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos
correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere
lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.
PARAGRAFO 2.‑ La pensión gracia para
los educadores de que trata las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933,
continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus
obligaciones pensionales.
PARAGRAFO 3.‑ Las pensiones de que
tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la ley 71 de 1988, continuarán
vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.
ARTICULO  280.‑  Aportes a los fondos
de solidaridad.
Los aportes para los fondos de solidaridad
en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos 27 y 204 de
esta ley serán obligatorios en todos los casos y sin excepciones. Su
obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las instituciones,
regímenes y con respecto también a las personas que por cualquier circunstancia
gocen de excepciones totales o parciales previstas en esta ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de
1994, el aporte en salud pasará del 7 al 8% y cuando se preste la cobertura
familiar, el punto de cotización para solidaridad estará incluído, en todo
caso, en la cotización máxima del 12%.
ARTICULO  281.‑ Afiliación de
trabajadores de la Construcción y de las empresas de transporte público
terrestre.
A partir de la vigencia de la presente ley
y conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional,
las licencias de construcción y de transporte público terrestre se otorgarán
previa acreditación de la afiliación de la respectiva empresa a los organismos
de seguridad social.
Los funcionarios competentes para el
otorgamiento de los anteriores permisos que omitan exigir la acreditación de la
afiliación, incurrirán en causal de mala conducta.
Las entidades, agremiaciones, corporaciones
u otras sociedades de derecho privado que administran recursos de la Nación o
parafiscales, exigirán a sus afiliados que acrediten la afiliación de los
trabajadores a su cargo a los organismos de seguridad social.
La violación a lo dispuesto en el presente
artículo, será sancionada de conformidad con el reglamento que para tal efecto
se expida, que podrá incluir desde multas hasta la revocatoria de la
administración de los recursos de que trata el inciso anterior o la suspensión
de las licencias respectivas.
ARTICULO  282.‑ Obligación de
Afiliación de Contratistas del Estado.
Ninguna persona natural podrá prestar
directamente sus servicios al estado, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios, sin afiliarse a los sistemas de pensiones y salud
previstos en la presente ley.
ARTICULO  283.‑  Exclusividad.
El Sistema de Seguridad Social Integral,
con cargo a las cotizaciones previstas en la presente ley, pagará
exclusivamente las prestaciones consagradas en la misma.
Los recursos destinados para el pago de las
prestaciones  diferentes a las consagradas en la presente ley para el sector
público, se constituirán como patrimonios autónomos administrados por encargo
fiduciario, cuando las reservas requeridas para dichas prestaciones, excedan
las proporciones de activos que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Aquellas convenciones que hacia el futuro
se llegaren a pactar en condiciones diferentes a las establecidas en la
presente ley, deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en
la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores.
Esta ley no vulnera derechos adquiridos
mediante convenciones colectivas del sector privado o público, sin perjuicio
del derecho de denuncia que asiste a las partes.
ARTICULO  284.‑ Aportes de los
profesores de los establecimientos particulares.
Los profesores de establecimientos
particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado por el
período escolar, tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral por la totalidad del período calendario
respectivo, que corresponda al período escolar para el cual se contrate.
ARTICULO  285.‑  Arbitrio Rentístico
de la Nación
El artículo 42 de la Ley 10 de 1990 quedará
así:
ARTICULO 42.‑ ARBITRIO RENTISTICO DE
LA NACION.   Declárase como arbitrio rentístico de la Nación la explotación
monopólica, en beneficio del sector salud, de las modalidades de juegos de
suerte y azar diferentes de las loterías y apuestas permanentes existentes y de
last rifas menores aquí previstas.
La concesión de permisos para la ejecución
de rifas que no sean de carácter permanente, cuoy plan de premios no exceda
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales y se ofrezcan al público
exclusivamente en el territorio del respectivo municipio o distrito será
facultad de los alcaldes municipales y distritales.
Las sumas recaudadas por concepto de
permisos de explotación o impuestos generados por estas rifas se transferirán
directamente al Fondo Local o Distrital de Salud.
PARAGRAFO.El Gobierno nacional reglamentará
la organización y funcionamiento de estas rifas, así como su régimen tarifario.
ARTICULO  286.‑ Disposición de
activos de las entidades públicas.
Cuando una entidad pública de seguridad
social decida enajenar o arrendar bienes muebles o inmuebles dará condiciones
preferenciales trazadas por la Junta Directiva del organismo, a las personas
jurídicas conformadas por sus exfuncionarios o en las que ellos hagan parte.
Adicionalmente se ofrecerán condiciones especiales de crésdito y plazos que
faciliten la operación.
Igualmente se podra dar en administracion
la totalidad o parte de las entidades de seguridad social a las personas
juridicas previstas en el inciso anterior, en condiciones preferenciales.
Cuando se contrate la prestacion de
servicios de salud, en lugares en los cuales no exista la suficiente
infraestructura estatal, las personas juridicas previstas en el inciso 1 no
tendran trato preferencial con respecto a otros oferentes.
Las entidades públicas en reestructuración
podrán contratar con las personas jurídicas constituídas por sus exfuncionarios
o en las que estos hagan parte, a los cuales se les haya suprimido el empleo,
pagado indemnización o pagado bonificación.
A las personas previstas en este artículo
que suscriban contrato no se les exigirá el requisito de tiempo de
desvinculación para efecto de las inhabilidades de ley.
PARAGRAFO TRANSITORIO.‑ Mientras se
consolida la contratación integral, las entidades públicas prestadoras de
servicios de salud, en proceso de reestructuración, que no pueden suspender la
prestación de los servicios, podrán contratar con exfuncionarios de la misma
entidad, aunque sean personas naturales a quienes se les haya suprimido el
empleo, pagado indemnización o pagado bonificación.
También podrán contratar con personas
jurídicas conformadas por funcionarios de la misma entidad a quienes se les
suprimirá el empleo y se hayan constituído como personas jurídicas para tal
fin.
A las personas previstas en este artículo
que suscriban contratos no se les exigirá el requisito de tiempo de
desvinculación para e fectos de las inhabilidades de ley.
ARTICULO  287.‑ Actividades propias
de los intermediarios en las Entidades de Seguridad Social.
Las entidades de Seguridad Social, las
Entidades Promotoras de Salud y las Sociedades Administradoras de Fondos de
Cesantía y/o de Pensiones podrán realizar las actividades de promoción y
ventas, la administración de la relación con sus afiliados, el recaudo, pago y
transferencia de los recursos por intermedio de instituciones financieras,
intermediarios de seguros u otras entidades, con el fin de ejecutar, las
actividades propias de los servicios que ofrezcan.
El Gobierno reglamentará la actividad de
estos intermediarios, regulando su organización, actividades,
responsabilidades, vigilancia y sanciones a que estarán sujetos.
ARTICULO  288.‑ Aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores.
Todo trabajador privado u oficial,
funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la
vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida
que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre
la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta
ley.
ARTICULO  289.‑ Vigencia y
Derogatorias.
La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a.
de 1966, el artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7o. de
la Ley 71 de 1988, los artículos 260o., 268o., 269o., 270o., 271o y 272o. del
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen.
Siguen firmas
III.  LA DEMANDA
Los actores
encuentran fundadas sus pretensiones en los razonamientos siguientes:
-        La
pretensión principal se fundamenta en violación de los artículos  152, 153 y 56
de la Constitución Política, así:
-        Que la
nueva Carta clasificó las leyes en: a) Leyes ordinarias; b) Leyes marco
(artículo 150 num. 19); c) Leyes orgánicas (art. 151); y, leyes estatutarias
(art. 152).
-        Que en lo
que respecta a las leyes estatutarias, su trámite es el previsto en el artículo
153 superior, el cual siempre deberá cumplirse cuando se trate de las materias
a que se refiere el artículo 152 de la C.N..
"Esto significa
que lo que define que una ley sea estatutaria no es la denominación o forma que
se le dé sino la materia que regule.  Cualquier ley que regule alguna de las
materias señaladas, necesariamente ha de reglarse mediante  una ley
estatutaria".
-        Que la Ley
100 regula la seguridad social. Derecho que es fundamental si se tiene en
cuenta que "El preámbulo mismo de la Carta Suprema señala como uno de los
fines del nuevo ordenamiento constitucional "el asegurar a los integrantes
de la Nación la vida ... dentro de un marco jurídico que garantice un orden
político, económico y SOCIAL JUSTO...".  "A su vez, los artículos 11,
13 y  25 señalan los derechos a la vida, a la igualdad y protección por parte
de las autoridades, especialmente en favor de los grupos discriminados y
marginados, y  aquellas personas que por su condición económica, física y
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; también, el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas".
"Estas normas
se encuentran en el título II de la Constitución:  'DE LOS DERECHOS, GARANTIAS
Y LOS DEBERES', capítulo I  titulado: "DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES".
"Así mismo, el
artículo 44 hace referencia a  los derechos fundamentales de los niños, dentro
de los cuales destaca la salud y la seguridad social"; el art. 48 de la
C.P. define la seguridad social como un servicio público de carácter
obligatorio, y la salud es definida en los mismos términos por el art. 49".
-        Que el
artículo 50 de la Carta señala que todo niño menor de un año tiene derecho a
recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban
aportes del Estado.
-        Que el
estatuto del trabajo debe contener la "garantía a  la seguridad
social" (artículo 53 C.N.).
-        Que los
artículos constitucionales forman  parte del título II capítulo 2o. de la C.N.,
"DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES."
"De lo anterior
se infiere que en principio estamos en presencia de un derecho  fundamental."
-        Que
"la Corte Constitucional en múltiples oportunidades ha considerado a la
seguridad social como un derecho fundamental al derivarlo del derecho al
trabajo, destaco las siguientes providencias:  T-481 de 1992; T-234/93; T-239
de 1993", citando apartes de las mismas.
-        Que la ley
se refiere "al derecho fundamental" a la seguridad social y al
derecho fundamental de la salud en varios de sus preceptos.  Por lo tanto ha
debido expedirse mediante el trámite de ley estatutaria.
-        Que la Ley
100 de 1993, viola el artículo 56 de la Carta, por cuanto esta norma indica
"que cualquier política laboral y salarial debe ser concertada o por lo
menos intentarse, lo que no ocurrió al dictarse la ley,  lo que contraría
indudablemente con el marco constitucional".
"No puede
excusarse el mismo legislador en el hecho de que aún no se haya expedido  la
ley que regule esta temática, pues  es y era su obligación el haber expedido la
ley correspondiente".
-        Que el
artículo 14 de la Ley, genera "una diferenciación injusta, pues a título
de ejemplo: el incremento  en el I.P.C. correspondiente al año 1993 fue
superior al que tuvo el salario mínimo mensual presentándose consecuencialmente
un  alejamiento entre el pensionado con el salario mínimo frente al que devenga
una pensión superior al mismo salario así la diferencia en principio haya sido
mínima".  (art.  13 de la C.N.).
-        Que el
artículo 6o. en su parte final hace "exclusiones absolutas.  Esa es
precisamente parte de la sabiduría que debe caracterizar al legislador".
-        Que según
el artículo 273, "la norma sólo se aplicará a los servidores públicos y
aún a los Congresistas cuando el gobierno lo decida, y según el resto del
ordenamiento jurídico desde la vigencia se aplica a todos los habitantes con
las únicas excepciones con las únicas excepciones que son las consagradas en el
artículo 279".
"Desde este
punto de vista se viola el artículo 13 de la Constitución en concordancia con
el art. 48, ya que se crearía una diferenciación odiosa al excluir a los congresistas
de la aplicación del sistema".
-        Que el
artículo 273 como quedó redactado "tuvo su autoría en la comisión
accidental consagrada en el artículo 161  de la Carta, la cual según el mismo
texto debe estudiar las discrepancias que surgieren en ambas cámaras".
"Por eso, en
este aspecto la comisión sólo podía corregir o pulir la redacción  pero nunca
generar una exclusión que no se presentó ni en el Senado ni en la Cámara.  Al
señalar que el Gobierno podrá incorporar aún a los Congresistas que es como
quedó  finalmente la ley, se está excluyendo en su aplicación inmediata a una
categoría no excluída en ninguna de las etapas legislativas.  Por estas
razones, el artículo 273 de la ley  viola los artículos 48 y 161 de la Carta
Suprema".
-        Que las
excepciones contenidas en el artículo 279, cuando no se trate de exclusión
temporal del régimen  establecido en la ley, son inconstitucionales.
-        Que el
artículo 44 viola el artículo 48 de la C.N., toda vez que "no se compadece
con el espíritu del mandato constitucional el que se cobre al pensionado los
gastos de cualquiera de los dictámenes periciales pues se genera una
discriminación odiosa".
-        Que el
artículo 11 de la ley, viola los artículos 53 en su parte final, y  56 de la
Carta. "Pareciera negar el derecho a la huelga pues plantea como única
solución del presunto conflicto el tribunal de  arbitramento, lo que es a todas
luces restrictivo. Otro aspecto que desconoce la ley es el relativo al derecho
de negociación consagrado constitucionalmente...", y agrega que:
"establece la posibilidad de desmejorar condiciones pactadas o acordadas
comercialmente, lo que no es posible con mayor énfasis desde la vigencia de la
actual Constitución y especialmente con lo dispuesto en la parte final del art.
53 de la Carta Suprema."
-        Que con el
artículo 168 de la Ley 100 se viola el artículo 49 de la Constitución Política.
"La ley no
previó ciertas situaciones que en la práctica hacen que no tenga aplicación el
principio deseado por el constituyente en las cuales ningún ente queda con
responsabilidad para el pago de la urgencia correspondiente, vr. gracia, un
accidente casero de una persona sin capacidad de pago, que por lo mismo no se
encuentra afiliada a una empresa promotora de salud".
-        Que las
condiciones dignas  y justas que promueven  los artículos  25 y 53 de la C.N.,
se violan  en el artículo 193 de la ley, pues como "se puede hablar de un
régimen de estímulos salariales que "en ningún caso constituirán
salario",  esto es atentar contra el principio de la "remuneración
mínima  vital y móvil".
-        Que con los
arts. 194 a 197, inclusive, se están violando los artículos 150, 300 y 313 de
la Constitución Política. Ya que en este último conjunto  normativo se ha
atribuído la función de crear empresas sociales del Estado "por una
sencilla razón, esta figura no tiene  origen constitucional" y al no
tenerlo "no puede  existir válidamente".  La expresión "otras
entidades" no existe en el artículo 313 de la C.N., para el orden
municipal.
-        Que el
artículo 13 literal d) de la Ley 100 desconoce el artículo 53 de la Carta.
"Se está exigiendo a todos los afiliados al sistema la cotización
correspondiente, olvidando que la gran mayoría de servidores públicos han
obtenido tales derechos sin necesidad de cotizar para obtenerlo, esto ha
generado un derecho, ya sea mediante acto emanado de la entidad territorial o
mediante acuerdo convencional que es  menoscabado por esta disposición".
-        Que por las
mismas razones los artículos 17, 18 párrafo 3o., 20, 60 literal c), 204 y 236,
violan el artículo 53 superior.  "La ley  pues en este caso menoscaba
derechos de los trabajadores, conquistados por convención colectiva de
trabajo u otorgados por alguno de los actos gubernamentales ya
mencionados".
-        Que se
desconoce el artículo 55 de la C.N. en el tercer párrafo del artículo  242 de
la ley, pues "se establece un limitante absoluto para efecto de cualquier
negociación hacia el futuro, lo que es inconcebible y afecta la  norma
constitucional ya mencionada".
-        Que de
acuerdo con el artículo 150 numeral 19, "todo lo relacionado con el
régimen salarial y  prestacional de los empleados públicos se debe
regular mediante la ley marco consagrada en el artículo 150, numeral 19,
literal e) de la Constitución".  Contradicen lo anterior los artículos 11,
17, 18 párrafo 3o., 20, 60 numeral 3o., 204, 236, 288, "y demás normas que
regulan de alguna manera a los empleados públicos ya que la regulación en
relación a ellos tiene que ser mediante una norma  marco".
IV.   INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
1.      El señor
Ministro de Salud, por intermedio de apoderado, interviene en el proceso de la
referencia con el propósito de exponer las siguientes razones y consideraciones
que sustentan la constitucionalidad de la Ley 100 de 1993:
-        Que la
Constitución Política de 1991 estableció una categoría de leyes, cuyas
características se encuentran señaladas en su artículo 152, concordado con el
artículo 138 ibídem.
-        Que en
Colombia existe separación de funciones entre las diversas ramas del poder
público.  "Por tanto, si bien el control de constitucionalidad de una ley
estatutaria, es en realidad un control sobre un proyecto de ley, ello no
implica que  esa H. Corporación sea colegisladora.  En otras palabras, la
naturaleza jurídica del objeto estudiado, no conlleva un cambio en la
naturaleza de la función judicial".
-        Que
cualquiera que sea el criterio  que se emplee para identificar un derecho
fundamental, "con algunas salvedades y matices; la categoría de 'Derechos
Fundamentales' remitiría esencialmente a los enunciados  en el capítulo I
Título II de la Carta, y a los derechos fundamentales de los niños de que trata
el artículo 44  de la misma.  No serían propiamente derechos fundamentales, los
derechos a la paz y al trabajo (artículos 22 y 25), por no ser de aplicación
inmediata (artículo 85)".
-        Que en
varias disposiciones la Carta se refiere a la seguridad social, "aunque
sin  dar de ella una noción o concepto que permita identificar su contenido
exacto". (Artículos 44, 46, 48, 50, 53).
-        Que
corresponde al legislador precisar los contenidos del servicio  público de la
seguridad social.
"De lo anterior
resulta que la seguridad social no es un derecho fundamental, pues  no
está incluído en el Capítulo I del Título II de la Carta; no se trata de un
derecho que se derive directamente de la Constitución; pues depende plenamente
del desarrollo legal y de las acciones estatales; no es de aplicación inmediata
(art. 85), y además pertenece por su ubicación en el texto de la Constitución
Política,  a los llamados derechos económicos, sociales y culturales (derechos
de segunda generación).  Unicamente se podría considerar como derecho
fundamental, en el caso de los derechos de los niños de que trata el artículo
44".
-        Que
"dado que los derechos relativos a la salud y al trabajo son en su
totalidad derechos económicos, sociales y culturales, su tratamiento como
elementos de la seguridad social, no autorizan tratarla o considerarla como
derecho fundamental".
-        Que cuando
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha amparado derechos vinculados a
la seguridad social, como el derecho a pensiones de invalidez, ha sido
protegida por ese instrumento no por tratarse propiamente de un derecho
fundamental originario, sino por sus vínculos con otros derechos evidentemente
fundamentales que la Carta protege en forma inmediata como el derecho a la vida
o el derecho a la salud.
-        Que el
artículo 56 de la C.N. "no significa que se haya adicionado al sistema de
expedición de las leyes un requisito adicional consistente en que el Congreso
dependería de los acuerdos previamente concertados en esta comisión".
-        Que no
existe violación del artículo 13 de la Carta en concordancia con los artículos
48, 53 y 161 de la misma, en la norma que dispone el reajuste de las pensiones
cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo.  "Lo que existe en la ley
es un vacío o laguna de regulación que el Legislador deberá llenar
oportunamente".
-        Que la ley somete
a los Congresistas al régimen que establece.
-        Que la
violación al artículo 48 de la C.N., se hace residir en que el artículo 44
establece que algunos gastos  deben ser pagados por el  pensionado.  Esto,
como  es obvio, es parte de la regulación normativa  que se aplica a todos los
que se encuentren en la misma situación, de tal manera que no es
discriminatoria. Además, constitucionalmente la seguridad social no es un
derecho gratuito, aunque si solidario".
-        Que resulta
"absurda" la violación que encuentra el demandante  en el artículo 11
de la Ley, de los artículos 53 y 56 de la C.N., pues en aquella se respetan los
derechos adquiridos conforme a la ley anterior, pacto o convención  colectiva
de trabajo y el inciso segundo no hace más que consagrar el derecho de las
partes a someter su controversia a un sistema de justicia como es el arbitral.
-        Que el
artículo 193 de la ley no infringe los artículos 25 y 53 de la C.N., "pues
la dignidad y justicia del derecho al trabajo, se respeta tengan o no carácter
salarial los estímulos autorizados.  En todo caso, esos estímulos aumentan los
ingresos reales de los trabajadores".
-        Que los
artículos 194 a  197 de la Ley no violan los artículos 150, 300 y 313 de la
Carta, en razón  de que esas entidades autónomas o descentralizadas,
"están autorizadas por la Constitución" (artículos 150 numeral 7o.,
331, 49, 76, 77, 69).
-        Que
conforme al artículo 365 de la C.N., los servicios públicos estarán sometidos
al régimen jurídico que fije la ley, el cual puede contener "categorías o
modalidades especiales de entidades públicas o privadas para su
prestación".  (art. 369 de la C.N.).
-        Que el
literal  d) del artículo 13 de la ley, en concordancia con los artículos 17, 18
párrafo 3o., 20, 60 numeral  3 y 204 de la misma, no violan la parte final del
artículo 53 de la C.N., si se tiene en cuenta que "el sistema de seguridad
social no es por disposición constitucional gratuito, de tal manera que la ley
puede establecer un régimen de cotizaciones, como siempre ha existido".
Lo mismo puede decirse de lo establecido en el artículo 236 de la ley.  Que
tampoco  violan los preceptos de la ley antes citados el artículo 55 superior,
pues "tales normas no desconocen derechos adquiridos".
-        Que el
artículo 242 de la ley no desconoce derechos adquiridos, "pues se aplica
exclusivamente a nuevos servidores del sector salud y no a los existentes que
conservan todos sus derechos  y prerrogativas adquiridas".
-        Que no es
cierto que los artículo 11, 17, 18 párrafo 3o., 20, 60 numeral 3, 204, 208 y
236 de la ley violan el  numeral 19, literal e) del artículo 150 de la
Constitución, "pues lo que se está regulando en la Ley  100 de 1993 no son
las prestaciones sociales de los empleados, sino la forma  como se hace
efectivo un derecho constitucional como la  seguridad social".
"...que es más general".
2.    El señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social por intermedio de apoderado,  quien
también actúa en su propio nombre, interviene en el proceso para defender la
Constitucionalidad de la Ley 100 de 1993,  con fundamento en las razones
siguientes:
-        Que
"las leyes estatutarias desarrollan aspectos de los derechos fundamentales
que  podrían haber sido regulados por el constituyente, pero en aras a evitar
una Constitución reglamentarista, fueron delegados al legislador para que los
expidiera  con valor constitucional sujetándose a un trámite más exigente y
riguroso."
"Que el
legislador expida normas con valor constitucional, sin el trámite de una
reforma de este tipo, es una situación excepcionalísima, que debe estar
circunscrita a los precisos límites fijados por la Carta, pues se corre el
riesgo de llevar a rango constitucional materias   legales o reglamentarias ni
siquiera previstas  por la Constitución."
-        Que
"la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de la seguridad social
integral, tiene con fundamento la competencia legislativa ordinaria de que
trata  el artículo 150-22 (sic), relativa a la regulación de la prestación de
un servicio público como lo es la seguridad social, según definición del
artículo 48".
-        Que ya
existe desarrollo jurisprudencial sobre el contenido de las leyes estatutarias
(Corte Constitucional. sentencia C-13 de 1993).
-        Que la
"jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional entiende las leyes
estatutarias como una excepción al sistema general o de mayoría que domina el
proceso legislativo.  Por lo tanto, no toda regulación relativa a derechos
fundamentales es materia de ley estatutaria".
-        Que la
"seguridad social es un servicio público y un derecho fundamental conexo.
En cuanto a servicio público  la ley debe regular las obligaciones del Estado y
las instituciones que lo prestan, mientras que en relación con el  derecho una
ley estatutaria podrá desarrollarlo y complementarlo".
-        Que lo
dispuesto en el artículo 56 de la C.N., contiene un requisito obligatorio para
la expedición de la legislación  de seguridad social o del trabajo.
-        Que el
artículo 48 superior se refiere a "recursos 'destinados' al pago de
pensiones y no a las pensiones mismas.  Esto es, medidas de conservación de
los  dineros para  el pago de las pensiones, y no, el incremento en la cuantía
de la obligación pensionaria."
"El legislador,
en virtud de la cláusula general de competencia, adoptó dos fórmulas para el
reajuste de pensiones:  una de carácter general consistente en la aplicación
anual del Indice de Precios  al Consumidor  del año inmediatamente anterior; y
otra mediante el reajuste automático de pensiones mínimas en igualdad de
condiciones que el salario mínimo legal".
-        Que
"la ley puede regular aspectos tales como los gastos  que debe asumir el
usuario cuando no haya ejercido oportunamente su derecho".
-        Que el
artículo 11 de la Ley no viola la Carta, puesto que "los derechos
adquiridos se respetarán sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste  a
las partes, se está reiterando la facultad de acceder a la justicia para
revisar la  legitimidad de los derechos que se denuncian". .... "De
otro lado,  no puede aceptarse que se vulnera el derecho a la huelga, pues éste
es siempre  ejercitable una vez que se cumplan los presupuestos de ley".
-        Que el
artículo 242 acusado, regula situaciones cuya ocurrencia es posterior a la
vigencia de la ley, lo que implica, sin lugar a dudas que no afecta situaciones
anteriores o derechos adquiridos.
-        Que el
artículo 168 de la ley, no vulnera "el derecho a la salud, establece  los
casos de  prestación obligatoria del servicio y la procedencia de los recursos
para esta atención. Ahora bien, en el caso de que no exista claridad  de la
procedencia de los recursos, esto no significa que no se vaya a incumplir con
la obligación de prestar el servicio".
-        Que el
artículo 193 acusado no viola los artículos 25 y 53 de la C.N., puesto que
"permite al Gobierno establecer estímulos que no constituirán salario, el
demandante hace consistir la violación constitucional en el  desconocimiento de
la remuneración mínima vital".
-        Que el
cargo contra los artículos 194 a 197, no es válido.  "El artículo 150-7
faculta al Congreso para determinar la estructura de la administración Nacional
y crear otras entidades del orden nacional.  Igualmente, el artículo 210
precisa que la  ley establecerá el régimen jurídico de las entidades
descentralizadas".
"En cuanto al
régimen territorial, debe recordarse que las entidades gozan de  autonomía en
virtud de los artículos 1o. y 287 de la C.N., dentro de los límites que señale
la ley".
-        Que
"es competencia de la ley fijar el régimen jurídico de la prestación de un
servicio público, lo cual incluye  la posibilidad de establecer aportes,
tarifas y erogaciones por su prestación".
- "Que una
misma ley puede regular un servicio público, determinar la estructura de la
administración nacional y crear  entidades descentralizadas dotándolas  de un
régimen jurídico, así como fijar los criterios generales que deberá desarrollar
el Gobierno en materias relativas a prestaciones de los servidores públicos.
De esta forma se realiza el principio de economía."
V.  INTERVENCION CIUDADANA
El ciudadano JESUS
VALLEJO MEJIA, compareció en el proceso para impugnar la demanda de la
referencia, en representación de los ciudadanos Luís Carlos Pérez y otros, con
base en las razones siguientes:
-        Que la Ley
100 de 1993, "como se advierte en la demanda, regula en forma exhaustiva
y casuística eventos ligados a los derechos fundamentales que se enuncian,
y no los principios generales cuyo desarrollo abstracto sería  tema de ley
estatutaria,  conforme al tenor de la sentencia", de la Corte
Constitucional C-13 del  21 de enero de 1993, con ponencia del H. Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.
-        Que los
procedimientos excepcionales como las leyes estatutarias son de interpretación
restrictiva.
"Se  sigue de
lo dicho que no todo lo que se refiera a derechos y deberes fundamentales, o a
procedimientos y recursos para su protección, exige ser tratado por  ley
estatutaria, pues si así ocurriese prácticamente toda la legislación quedaría
sometida a ese trámite especial y de ese modo se impondría una traba tan
engorrosa para el legislador que el constituyente  razonablemente no se habría
atrevido  a establecer."
-        Que la
seguridad social es un servicio público que se prestará en los términos que
establezca la ley.
"Se ve a las
claras entonces que es la ley ordinaria el medio jurídico previsto
específicamente por la Constitución para el ordenamiento de la prestación de
este servicio público, según el artículo 48 mencionado, pues si el
constituyente hubiese pretendido que todas estas medidas se tomasen por ley
estatutaria, así  lo habría dicho".
-        Que
"en parte alguna le ha asignado la Constitución a la Comisión prevista por
el artículo 56 el carácter de colegisladora, ni le ha atribuido iniciativa
legislativa, ni ha dispuesto que la legislación laboral deba someterse
previamente a su visto bueno."
-        Que
"la disposición acusada no ha dispuesto que el índice de reajuste de ese
salario deba ser siempre inferior al del IPC.  Bien podría ser superior, y en
tal caso la norma  beneficiaría a los titulares de pensiones mínimas.  Además,
con esta disposición se busca mantener la equidad entre el trabajador activo y
el pensionado, pues de otra manera  se presentaría una situación injusta en
perjuicio del primero."
-        Que el mandato
del artículo 44 de la Ley no es contrario al espíritu del artículo 48 de la
Carta, pues aquel "dispone sobre el cobro al pensionado de gastos de
dictámenes periciales, sin cumplir  con el requisito formal de la demanda de
señalar precisamente el concepto de violación".
-        Que la
"interpretación que hace la parte actora de los artículos 11 y 242 de la
ley es francamente excesiva, pues en ellos no se vulnera la garantía del
derecho de huelga, ni la de negociación colectiva, ni la de no menoscabar los derechos
de los trabajadores".
"Si en algún
caso concreto las disposiciones de una nueva ley laboral vulneran derechos
concretos, la vía para protegerlos no es la declaratoria de
inconstitucionalidad sino la no aplicación retroactiva y el respeto por los derechos
adquiridos, de conformidad con los principios claramente enunciados por el
artículo 58".
-        Que los
actores incurren en interpretación incorrecta del artículo 168 de la ley,
"porque el hecho de que ésta regule determinadas situaciones no significa
que por otros medios  no se pueda atender  a las necesidades de quienes no
encajen dentro de las hipótesis previstas por  la norma."
"Con la curiosa
lógica de los demandantes, toda norma reguladora de  una situación dada tendría
vicios de inconstitucionalidad por no disponer de la misma manera sobre todo
posible evento análogo".
La acusación de que
la ley  dispone que determinadas prestaciones no constituyen salario, "no
cumple los requisitos de indicar con seriedad el motivo  de violación de las
disposiciones constitucionales señaladas por el actor".
-        Que de
acuerdo  con el artículo 150 superior, el Congreso por medio de la  ley puede
"referirse a todos los ramos de la legislación".
-        Que el
"principio según el cual las leyes expedidas por motivo de utilidad
pública o interés social prevalecen hacia el futuro sobre intereses
particulares, consagrado por el artículo 58 de la Constitución Política también
es aplicable a la materia laboral, en cuanto no se menoscaben derechos
adquiridos de los trabajadores, cuestión ésta que debe dilucidarse en cada caso
concreto".
-        Que
"la expedición de nuevas disposiciones laborales no necesariamente debe
considerarse como menoscabo de derechos adquiridos de los trabajadores, y de
que la ley puede regular la negociación colectiva hacia el futuro en los
términos que considere más acordes con la utilidad pública o el interés
social.    Por consiguiente, no se advierte la infracción del artículo 55 de la
Constitución  que señala la parte actora".
-        Que el
actor "interpreta inadecuadamente el alcance que debe darse a las leyes
marco. Según el criterio  que expone en esta glosa, además en forma que no
concreta con precisión un concepto de violación identificable, las leyes reguladoras
de las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores tendrían que ser
tan generales que carecieran prácticamente de contenido específico".
VI.    CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador
General de la Nación, en el oficio No. 417 del 13 de mayo de 1993, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución
Política, rindió concepto en el asunto de la referencia, dentro del término
señalado en el artículo 7o. del Decreto 2067 de 1991, en el cual solicita a la
Corporación lo siguiente: "1.  Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre
los artículos 29, 44 (en lo acusado), 48, 53, 161, 236 y 279. 2.  Declarar
INEXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 242. 3.  Declarar EXEQUIBLE la Ley
100 de 1993, por no violar el trámite establecido en el artículo 153 de la
Constitución.  4.  Declarar EXEQUIBLES los artículos 11 inciso tercero, 13
literal d), 14 (en lo acusado), 17, 18 inciso tercero, 60-3, 194, 20, 168, 193
(en lo acusado), 194, 195, 196, 197, 204, 273 y 288.", con fundamento en
las razones que se resumen a continuación:
- Que la
"Constitución Política no cataloga ni clasifica a la seguridad social per
se, como un derecho constitucional fundamental. Tan sólo en forma muy
particular, la seguridad social se cuenta entre los derechos fundamentales de
los niños (artículo 44 de la C.P.)".
- Que la Corte
Constitucional "ha puesto en duda el carácter de derecho fundamental de la
seguridad social, entendida ésta en un sentido genérico y programático. No
obstante, le ha reconocido tal naturaleza para casos específicos en los cuales
ella entra en conexión con derechos fundamentales".
"Lo mismo
acontece con el derecho a la pensión y el derecho a la salud, que cuando están
ligados con derechos fundamentales como la vida y el trabajo ha llevado a que
el alto tribunal, para eventos concretos, les reconozca su estirpe de derechos
fundamentales."
-        Que
"la seguridad social y la salud son definidos expresamente por la
Constitución no sólo como derechos sino también como servicios  públicos (arts.
48 y 49 de la C.P.), cuya regulación y régimen jurídico le corresponde fijarlo
a la ley ordinaria (conc. art. 365 de la C.P.)".
-        Que la
seguridad social es un típico derecho de prestación "que requiere un
desarrollo legal para ser efectivo".
-        Que el
legislador consideró la Ley 100 como reguladora de un servicio público y no de
un derecho fundamental.
-        Que los
límites entre servicio público y derecho fundamental son difíciles de
establecer.  Lo mismo el establecimiento de si el derecho a la salud es
fundamental o nó.
-        Que
"existe dificultad para construir unos criterios universales con los
cuales se pueda realizar el deslinde entre los contenidos normativos de una ley
estatutaria y una ordinaria, en punto a los derechos fundamentales".
(Corte Constitucional, sentencia No. C-145/94).
-        Que si se
concluye la necesidad de una ley estatutaria para la normatividad en cuestión,
"el legislador se encontraría maniatado para regular los servicios
públicos y fijar su régimen, lo cual se traduciría evidentemente en el
incumplimiento de una de las finalidades sociales del Estado, como es la
prestación eficiente de los servicios públicos".
-        Que la
regla general es la expedición de leyes ordinarias, y las excepciones son de
interpretación restrictiva.
-        Que el
inciso tercero del artículo 242 de la ley "es inexequible, porque si bien
en materia laboral la tendencia legislativa de los  últimos años ha sido la de
congelar las cesantías como una forma de aliviar las cargas que por tal
concepto pesan sobre los hombros  de los empleadores, este no es pretexto para
que el legislador desconozca el derecho constitucional de negociación colectiva
que le asiste a los trabajadores (art. 55 de la C.P.),  quienes a través de ese
instrumento están en libertad para acordar con sus patronos la reivindicación
de mejores condiciones de trabajo".
-        Que la
parte acusada del artículo 11, es constitucional, "en el entendido de que
ni la denuncia de la convención ni los tribunales de arbitramento -cuyas
funciones se limitan a dirimir controversias  jurídicas  o  económicas  susceptibles
de  transacción- no (sic) pueden poner en (sic) tela de juicio derechos
ciertos e indiscutibles, es decir los derechos adquiridos en leyes, pactos
o convenciones colectivas so pena de quebrantar los principios  de la
intangibilidad de los derechos laborales y de la irrenunciabilidad de los
beneficios  mínimos establecidos en las normas laborales, consignados en el
artículo 53 superior".
-        Que el
artículo 14 acusado es motivo de examen dentro del expediente D-529 y debe
estarse a lo que allí se resuelva.
-        Que el
cargo al artículo 273, no es fundado, "porque la intención del legislador
fue la de que servidores públicos y congresistas estuvieran obligatoriamente
afiliados a los sistemas generales de pensiones y salud, según quedó consignado
en los artículos 15-1 y 157-A-1 de la Ley 100 de 1991."
"También fue
consciente de que por mandato del artículo 150-19-e, de la Constitución, la
implementación de esta medida no era de su competencia sino del Gobierno, y por
ello en el artículo acusado concibió el mecanismo de la incorporación".
Tanto así que expidió el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994.
-        Que en
cuanto al cargo al artículo 279, "el argumento acusador adolece de exactitud
(sic) en el señalamiento de las excepciones "permanentes" que
desconocerían el artículo constitucional en cita (art. 13 C.N.), "razón
por la cual el Despacho se abstiene de efectuar algún tipo de consideración al
respecto; lo mismo hará en el caso del artículo 44  de la Ley 100 de 1993 sobre
la revisión de las pensiones de invalidez, porque sin mediar explicación el
petente cuestiona el fragmento relacionado con la obligación que tiene el
afiliado de pagar los gastos del nuevo dictamen, cuando pretenda readquirir su
derecho".  En consecuencia, solicita a la Corte inhibirse de fallar  sobre
esta última norma.
-        Que el
artículo 168 de la ley no quebranta el 49 superior pues ordena la prestación
del servicio "a todas las personas independientemente de su capacidad de
pago".
-        Que aquello
que no constituye salario es precisamente el estímulo no salarial (art. 193 de
la Ley 100/93).
-        Que los
artículos 194 a 197, de la ley encuentran soporte en las normas de la Carta que
considera el actor infringidas (150-7, 300-7 y 313-6). "La Clasificación
de dichos entes es entonces un asunto del resorte del legislador, quien deberá
adecuarlas a las particularidades de los servicios o actividades que con ellas
se pretende atender".
-        Que el
cargo a los artículos 13 literal d), 17, 18 inciso tercero, 20, 60-3 y 204 de
la ley no tiene fundamento en razón de que la financiación de la seguridad
social se logra con los aportes o cotizaciones de los afiliados y de que la ley
al regular  el  servicio público puede establecer los dichos aportes o
cotizaciones.
-        Que en la
acusación al artículo 236, el actor no formuló proposición jurídica completa.
-        Que sobre
el contenido de los artículos 11, 17, 18 inciso 3o., 20, 60-3, 204 y 288 de la
Ley 100, "debe precisarse que conforme al artículo 150-19 literal e) de la
Constitución únicamente el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos es objeto de una ley marco.  Es decir que lo que no tenga ese carácter
es materia de regulación por medio de una ley ordinaria".
-        Que
"el actor también acusa los artículos  29, 48, 53 y 161 de la Ley 100 1993
sin indicar las normas constitucionales que se consideran infringidas ni las
razones de la violación.  En consecuencia, se le solicitará a la Corte que
respecto de ella se inhiba de efectuar  un pronunciamiento de mérito".
VII.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
a)  La
Competencia
Es competente la
Corte Constitucional para conocer de la presente acción, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241 de  la Constitución Política, por cuanto la
preceptiva acusada es una ley de la República.
b) Las Leyes
Estatutarias y los Derechos Fundamentales
El constituyente de
1991, estableció además de las leyes ordinarias, categorías de leyes, entre las
que se encuentran las leyes orgánicas (artículo 151), las leyes marco (artículo
150 numeral 19), la ley del Plan Nacional de Inversiones (artículo 341), leyes
de facultades extraordinarias (art. 150-10), las leyes de presupuesto (arts.
345 y ss) y las leyes estatutarias (152).  Esta lógica de categorización de las
leyes proviene de la especialidad de las materias de que se ocupan ellas en
nuestro tiempo y de la relación  jerárquica que  establecen frente a la
Constitución.  En veces, la necesidad de otorgar a determinados reglamentos
jurídicos un grado de estabilidad o disponer precauciones en su elaboración,
cuando no la de restringir o de aumentar las competencias del poder legislativo,
o de diseñar modelos ampliados de funcionamiento estatal que permitan espacios
suficientemente flexibles a la acción ejecutiva, vinieron gradualmente a
justificar distintas categorías de leyes.
Según los preceptos
de la Carta, las leyes estatutarias, de especial interés en la presente causa,
regularán, de manera exclusiva, los derechos y deberes fundamentales de las
personas y los procedimientos y recursos para su protección; la administración
de justicia; la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos,
el estatuto de la oposición; las funciones electorales; las instituciones y los
mecanismos de participación ciudadana;  y los estados de excepción.
La expedición de la
normatividad sobre esas materias tiene un trámite especial, toda vez que
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse
dentro de una sola legislatura.  La propia Carta Política define la
"legislatura" como los dos períodos de sesiones ordinarias, en que se
reúne el Congreso.  El primer período de sesiones comienza el 20 de julio  y
termina el 16 de diciembre, y el segundo del 16 de marzo  al 20 de junio
(artículo 138 C.N.).   La importancia de las materias propias de las leyes
estatutarias,  justifica la previsión constitucional en  el sentido de que el
trámite de su elaboración comprenda la  revisión previa, por parte de la Corte
Constitucional, de la exequibilidad del proyecto, estando habilitado, por
derecho político expreso, cualquier ciudadano, para defender  o impugnar su
constitucionalidad.
De entre esas
materias, por su complejidad, ofrece serias dificultades para su precisión, la
referente a los derechos y deberes fundamentales de las personas y la de los
procedimientos y recursos para su protección.  La razón estriba en el hecho de
que, de manera más próxima o lejana, toda la legislación tiene que ver con los
derechos fundamentales.  En el Estado liberal, estos derechos están en la base
de su existencia y en la justificación de sus fines, siendo, como su nombre lo
indica, un Estado para la libertad, cuya expresión más esencial, está
constituída por lo que el derecho público denomina los derechos fundamentales
de la persona humana. Además, este postulado informa todo el ordenamiento
jurídico.
En consecuencia,
cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia de que
se realice mediante una ley estatutaria, debe entenderse limitada a los
contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho, ya que se dejaría,
según interpretación contraria, a la ley ordinaria, regla general legislativa,
sin la posibilidad de existir; toda vez que,  se repite, de algún modo, toda la
legislación de manera más o menos lejana, se encuentra vinculada con los
derechos fundamentales.  Se ha sostenido, por ejemplo, que todos los derechos
asistenciales no serían más que proyecciones del fundamental derecho a la vida
en sus contenidos comprensivos del derecho a "vivir bien".  Y, en
cuanto a los derechos denominados por la doctrina y la jurisprudencia derechos
de la "tercera generación", han sido entendidos como emanaciones del
clásico derecho a la seguridad.  Si se mantiene la expresión de Montesquieu,
según la cual la libertad es la conciencia que cada cual tiene de su seguridad,
se registra claramente su relación con los derechos fundamentales.  Pues, es
allí, en esos derechos, a la paz, al desarrollo, al ambiente y al patrimonio
común de la humanidad, en donde se encuentra, en nuestro  tiempo, la necesidad
consciente del hombre  de su propia seguridad, en tanto requisito indispensable
para el ejercicio de sus libertades individuales o públicas.
Lo que hace
imperativo que en cada derecho fundamental, sea permitido un ejercicio razonado
en la interpretación de sus contenidos, para delimitar la competencia propia de
la ley estatutaria que de él se ocupe, y los contenidos  del mismo regulables
por la ley ordinaria.
De otra parte, en
las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, al examinarse el  tema
de las leyes estatutarias, el informe-ponencia para primer debate en la
plenaria, se expuso lo siguiente:
"Se pensó,
entonces, que una ley estatutaria podría proporcionar la estructura legal
adecuada para regular materias atinentes a los derechos fundamentales...
añádese a lo anterior que un mandamiento de esa naturaleza tiene la virtud de
liberar el texto constitucional de la regulación detallada.
"Por su rango
superior a la  ley ordinaria, su estabilidad y permanencia proporcionada por su
particular sistema de aprobación, modificación y derogación; por su trámite
excepcional, que no podrá exceder de una legislatura, y el requisito de
revisión previa de constitucionalidad del proyecto antes de su
perfeccionamiento, deja bien claro el pensamiento de los miembros de la
Comisión acerca de la particular naturaleza jurídica con la cual se la dota.
"Su carácter
aparece, pues, definido tanto por el método de aprobación de la norma como por
su contenido.
"Ahora bien,
tratándose de los derechos fundamentales que se adopten en la Carta su alcance
será desarrollarlos y complementarlos.  Tarea en la cual la ley estatutaria
está llamada a cumplir una labor adicional como es la de vincular estrictamente
al Congreso con la efectiva promoción y protección de los derechos de las
personas en una forma integral."
"La ley
estatutaria representa una oportunidad para desarrollar cabalmente no sólo los
mandamientos constitucionales sino también la legislación internacional en
aquellos casos que requieran desenvolvimientos concretos en nuestro orden
interno".  (Gaceta Constitucional, No. 79, 22 de mayo de 1991, pág. 13).
Partiendo del texto
anterior, esta Corte, al abordar el tema, en sentencia reciente afirmó:
"Como norma de
excepción al sistema general o de mayoría que domina el proceso legislativo,
su  interpretación no podrá extender el alcance de las leyes estatutarias más
allá de los límites enderezados a velar por su tutela y protección. La
Constitución se fundamenta en una democracia basada en el juego de las mayorías
y sólo incorpora excepcionalmente el sistema de mayoría cualificada
"Ahora bien,
como se menciona en la transcripción del Informe-Ponencia, las leyes
estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y
complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen
aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley
estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia del
legislador ordinario. La misma Carta autoriza al Congreso para expedir, por la
vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación. El Código Penal
regula facetas de varios derechos fundamentales cuando trata de las medidas de
detención preventiva, penas y medidas de seguridad imponibles, etc. Los Códigos
de Procedimiento sientan las normas que garantizan el debido proceso. El Código
Civil se ocupa de la personalidad jurídica y de la capacidad de las personas.
En resumen, mal puede sostenerse que toda regulación de estos temas haga
forzoso el procedimiento previsto para las leyes estatutarias.
"Las leyes estatutarias
están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y
garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del
ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento
ligado a los derechos fundamentales.
"Así, una ley
estatutaria deberá desarrollar, para el caso del derecho al trabajo, el
concepto del trabajo como obligación social, lo qué se entiende por
"condiciones dignas y justas", la determinación de las distintas
modalidades del trabajo que gozan de la especial protección del Estado y,
en fin, enriquecer el contenido de este derecho con base en los desarrollos que
surjan de los tratados y convenios internacionales.
"Por su parte,
corresponde al Estatuto del Trabajo, que el artículo 53 de la Constitución
ordena expedir al Congreso, regular detalladamente los aspectos laborales,
teniendo en cuenta los principios allí enunciados de igualdad de oportunidades
a los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el
empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, etc. Esta norma constitucional destaca el carácter concreto de la
ley estatutaria; de dársele una interpretación como la pretendida por el
demandante, aquélla carecería absolutamente de sentido." (Corte
Constitucional, sentencia No. C-013/93, enero 21 de 1993, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
c. Naturaleza
Jurídica de la Seguridad Social
De manera amplia la
Constitución Política de 1991, a diferencia  del régimen constitucional anterior,
se ocupa en forma expresa de la seguridad social.  En la  Carta de 1886, sólo
en amparo  bastante limitado, se disponía expresamente el derecho a la llamada
entonces asistencia pública, consagrada en su artículo 19.  Hoy por el
contrario la preceptiva es extensa y omnicomprensiva.
La Carta dispone la
facultad del legislador para regular los contenidos  de la seguridad social,
entendiendo por tal, a un tiempo, un "servicio público de carácter
obligatorio" y "un derecho irrenunciable".  Técnicamente esta
antinomia resulta irreconciliable.  Sin embargo, la interpretación integradora
de distintos elementos concurrentes en determinadas realidades
constitucionales, permite afirmar que la seguridad social es un derecho de la
persona que se materializa mediante  la prestación de un servicio público de
carácter obligatorio.
Desde el artículo
1o., la Carta aborda el derecho a la seguridad social, al organizar la
República como un Estado Social de Derecho.  Esta forma del Estado trae
implícito el comentado derecho a la seguridad social. Comprende la solidaridad
colectiva que hace  resaltar la obligación del poder público, de la Sociedad y
del propio  hombre, de asistir a los ciudadanos a fin de procurarles una mejor
forma de vivir.  Luego, de ese desarrollo de principio, varios artículos del
capítulo 2 del título II, "De los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales", determinan con mayor claridad los contenidos de la seguridad
social. Se preceptúa allí: la protección integral de la familia (art. 42);  la
protección de la mujer durante el embarazo y después del parto (art. 43); se
incluye entre los derechos fundamentales de los niños la obligación de la
familia, la sociedad y el Estado, de asistirlos y protegerlos (art. 44); los
niños menores de un año tienen derecho incluso  más allá de los límites de la
simple seguridad social, a recibir atención gratuita en todas las instituciones
de salud que reciban aportes del Estado (art. 50); los adolescentes tienen
derecho a su protección y formación integral, y la garantía de su participación
en los organismos públicos y privados que tengan  a su cargo la protección,
educación y progreso de la juventud (art. 45);  la protección y asistencia de
las personas de la tercera edad, su seguridad social integral y el subsidio alimentario
en caso de indigencia (art. 46); la atención especializada a los disminuídos
físicos, psíquicos y sensoriales (art. 47); el derecho de los colombianos a la
salud y al ambiente (art. 49); el derecho a la vivienda digna (art. 51); el
derecho a la recreación (art. 52).
La Carta adopta
pues, un concepto ampliado de la seguridad social que incluye el mayor número
de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, diferenciándose
de la escuela que la limita a lo básico.  Un conjunto de derechos cuya eficacia
compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona,  gradualmente deben
quedar comprendidos en la seguridad social. También muestra la norma superior
con claridad el derecho de los particulares en la realización de la seguridad  social.
Sin perjuicio de que la tarea superior en la dirección, coordinación,
reglamentación y vigilancia, corresponde al Estado, los particulares tienen el
derecho y el deber concomitante de participar en la ampliación de la cobertura
y en la ejecución de las prestaciones que les son propias.
El servicio público
se prestará, por mandato superior, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, que definirá,
como en efecto lo hace, la ley. EFICIENCIA, es la mejor utilización social y
económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles
para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en
forma adecuada, oportuna y suficiente. UNIVERSALIDAD, es la garantía de la
protección para todas  las personas, sin ninguna discriminación, en todas las
etapas de la  vida.  SOLIDARIDAD, Es la práctica de la mutua ayuda entre las
personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones  y las
comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil;
es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen  de seguridad
social mediante su participación, control y dirección del mismo; los recursos
provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre
a los grupos de población más vulnerables. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de
todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en
general las condiciones de vida de toda la población.  Para este  efecto cada
quien contribuye según su capacidad y recibe lo necesario para atender sus
contingencias; UNIDAD, es la articulación de políticas, instituciones,
regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la
seguridad social; PARTICIPACION, es la intervención de la comunidad a través
de los beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.  Estos
conceptos, sumados al de la progresividad que retoma el legislador en la
ley que  se revisa, aportan una mejor comprensión de los alcances que de los
mismos se fija en las disposiciones de la Carta sobre seguridad social.
En la ponencia para
segundo debate al proyecto de ley número 155 Senado, 204 Cámara de 1992,
"por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y adoptan
otras disposiciones", se expuso lo siguiente:
"Nuestra
Constitución, como toda Carta Política, contempla una serie de derechos,
algunos de ellos fundamentales, otros de carácter económico, cultural y social
y los de carácter colectivo, conocidos en la doctrina internacional como
derechos de  Primera, Segunda y Tercera Generación, respectivamente.
"Conforme a
esta clasificación, son derechos de primera generación aquellos derechos
inherentes a la persona humana, considerados como fundamentales en los
desarrollos constitucionales sobre el tema.
"Los derechos
de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales,
corresponden a la noción de derecho-prestación.  Tal es el caso del derecho a
la Seguridad  Social.
"Finalmente,
los derechos de tercera generación que son los llamados derechos colectivos,
son aquellos que se caracterizan porque su titularidad es conjunta, como los
derechos a la información y al medio ambiente.
"El concepto de
los derechos fundamentales tiene un contenido axiológico e inherente a la
persona humana.  Son entendidos por la doctrina como un grupo  especial de
facultades otorgadas al individuo, cuya jerarquía obedece a una preocupación
generalizada en este siglo, de ubicar en un nuevo plano a los miembros de la
sociedad civil frente al Estado.  Su eficacia es directa, la sola consagración
en la Carta otorga al particular  la facultad de ejercerlo y al Estado la correlativa
obligación de respetarlo.
"En el capítulo
segundo de nuestra Carta se encuentran los derechos sociales, económicos y
culturales o de segunda generación, que a diferencia de los individuales
caracterizados por exigir del Estado un no hacer, un respeto a la autonomía de
la persona, lo comprometen a desarrollar un conjunto de programas tendientes a
llevar bienestar a sus asociados.
"El derecho a
la Seguridad Social parte de los llamados derechos de segunda generación que
son en estricto sentido derechos-prestación que exigen de desarrollo
legislativo para poderse hacer efectivos, por ello no pueden considerarse como
fundamentales.  Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en su sentencia
T-406 de junio de 1992, con ponencia del Magistrado Ciro Angarita Barón,
'...está claro que no puede  ser fundamental un derecho cuya eficacia depende
de decisiones políticas eventuales'.
"A lo anterior
se agrega que por la contundencia de los hechos, en caso de violación de un
derecho fundamental, los mecanismos para su defensa son breves y sumarios
(acción de tutela), puesto que no hay controversia por dirimir, ni complejidad
por aclarar, son entonces de aplicación directa.  Muy diferente de lo que
ocurre con los derechos sociales, y en particular con el derecho a la Seguridad
Social, puesto que su examen debe absolver una situación variable en el tiempo
y compleja en su fundamento jurídico, todo lo cual debe ser definido por la
ley.
"Por otra
parte, el inciso 2o. del artículo 48 de la Constitución Política, establece:
'Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social'. Es un enunciado estructuralmente diferente al que puede tener un
derecho fundamental, puesto que en este caso, el derecho no se adquiere tan
sólo por la disposición constitucional.
"Este derecho
económico-social existe como concesión del Estado, cuyo grado de variabilidad
puede hacer que en el tiempo y en el espacio se desarrollen una multiplicidad
de formas muy diferentes para su prestación. La doctrina considera que '...las
normas constitucionales tienen todas la misma naturaleza jurídica aunque no son
todas del mismo tipo; los derechos sociales... no son reglas acabadas, son los
fundamentos de una regulación posterior cuya responsabilidad recae en el
legislador'1.
"Es claro
entonces, que la naturaleza del derecho a la seguridad social, lejos de ser un
derecho fundamental es un derecho social de prestación, sobre el cual el
Estado, en toda caso, debe prestar  la mayor disposición para desarrollarlo a
través de las normas legales."  (Gaceta del Congreso, Año II, No.  281, 19
agosto/93, pags. 3 y 4).
Tal como lo
entendieron el Constituyente y el Legislador, la Corte considera en principio,
el derecho a la seguridad social como un derecho asistencial  o prestacional
que la Carta sitúa en su capítulo 2o. del título II, de los derechos sociales,
económicos y culturales.  Se trata de un derecho calificado por el tenor
literal de la Carta como de la Segunda Generación; tiene además por su
contenido material una naturaleza asistencial o prestacional que no permite su
eficacia con la sola existencia de la persona titular, sino que, requiere una
reglamentación que lo organice y una agencia pública o privada autorizada que
le suministre los bienes y servicios  que lo hacen realidad.  Adicionalmente,
un aspecto relacionado con la capacidad fiscal o financiera del ente encargado
de la asistencia o prestación, le da a este derecho a la seguridad social un carácter
temporo-espacial, reconocido por el constituyente, que en proyecciones sentadas
por la propia Carta (art. 48), lo viene a diseñar con una cobertura progresiva
que comprenda todos los servicios que, como parte de él, determine la ley.
Sin perjuicio de lo
anterior, la Corte Constitucional en varias salas de revisión de tutelas ha
amparado el derecho a la seguridad social, para casos concretos, en la medida
en que resulta tan directa su relación con un derecho fundamental, cuya
garantía no sería posible, por vía de la tutela, sin la protección de aquél; y,
no en razón de que se considerase fundamental de manera general el comentado
derecho.
A este respecto la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ha reiterado el concepto de
la seguridad social como derecho fundamental, cuando se cumplen los siguientes
supuestos:
".....
"Sinembargo,
debe aclararse que la seguridad social se considera derecho fundamental sólo
sobre la base de los siguientes supuestos: primero, que opere en conexión con
otro derecho fundamental; segundo, entendida como la asistencia pública que
debe prestarse ante una calamidad que requiera, de manera urgente, la
protección del Estado y de la sociedad, por afectar de manera grave e inminente
la vida humana o la salud; tercero, ante casos de extrema necesidad, y cuarto,
que se pueda prestar de acuerdo con las posibilidades reales de protección de
que disponga el Estado para el caso concreto.
"......
"...Por tanto,
ni el Estado ni la sociedad civil pueden permitir que uno de sus miembros se
abandone a la fatalidad de vivir sin las condiciones mínimas de apoyo que se le
deben brindar a un ser humano, sobre todo cuando se encuentra, según se ha
dicho, en estado de extrema necesidad por su evidente invalidez mental. Este es
uno de los avances más notables de la Carta Política, que establece la primacía
de la realidad, en el sentido de evitar que los derechos fundamentales y las
garantías sociales sean meros enunciados abstractos. Por el contrario, el
espíritu de la Constitución se inspira en la efectividad de los derechos
fundamentales, pues ellos fundamentan la legitimidad del orden jurídico, por
ser esenciales a la dignidad de la persona, fin del orden jurídico universal.
Los derechos a la vida y a la salud están en íntima conexión con la efectividad
de la seguridad social, ya que todo ser  humano tiene derecho a una existencia
digna.
".....
"Cuando una
persona padece el estado de extrema necesidad, no se le puede excluir de
la protección eficaz a la dignidad personal a que tiene derecho, sino
extenderle toda la ayuda posible, incluso otorgarle prelación en la destinación
de bienes y servicios, de acuerdo con el artículo 11 superior. Si rige entre
nosotros un Estado Social de Derecho, se deben destinar universalmente los
bienes y servicios, de suerte que nadie quede excluído de la seguridad social.
No puede haber excusa válida para la miseria y el abandono de los asociados. La
inspiración social de la Carta Política no es un enunciado abstracto, se
repite; es una de las finalidades esenciales del Estado Social de Derecho, y la
Corte constitucional tiene el deber de defender  la guarda e integridad
de la Constitución. Por ello, para esta Corporación la seguridad social implica
la coherencia entre validez y eficacia. De nada sirve a la comunidad que estén
consagradas las garantías, si éstas no se realizan. La perfección
significa realización de las finalidades de un ente. Es la realidad la pauta de
la perfección (que viene del latín perfectio, realizado)." (Corte
Constitucional, sentencia No. T-290 de junio 21 de  1994. M.P. D. Vladimiro
Naranjo Mesa).
Tratamiento especial
otorga la Carta a algunos elementos integrantes de la seguridad social, tal el
caso de la preminencia  que confiere a la seguridad social de los niños, pues
esta prevalece sobre la que tiene como titular a los adolecentes, los adultos y
las personas de la tercera edad.  El adjetivo de fundamental como se ha
sostenido por esta Corporación, debe destacarse como un  tratamiento
privilegiado o de primacía de los derechos de los niños; coadyuva en esa
dirección el que el constituyente hubiese ubicado la preceptiva del artículo 44
en el Capítulo I de los derechos fundamentales y hubiese incluído el precepto
entre los derechos de  aplicación inmediata.
Tampoco otorga el
carácter de fundamental, la obligatoriedad de plano, según lo dispuesto en el
orden superior (art. 50), en cuanto impone que  todo niño menor de un año, que
no esté cubierto por algún tipo de protección o seguridad social, tendrá
derecho a la atención gratuita en las instituciones de salud que reciban
aportes del Estado.  Se trata aquí de una reglamentación directa de la
Constitución, conforme al sistema que establece en la materia.
Mención especial
merece el carácter de derecho fundamental que la Constitución de 1991 otorga a
la asistencia pública, en el inciso final de su artículo 13.  Revisados los
contenidos de la Ley 100 se observa que entre ellos no existen regulaciones que
amplien o limiten los contenidos de su núcleo esencial, que pudieran hacer
parte de la Constitución, sino que, se aprecian en ella elementos que haciendo
parte de ese derecho fundamental, por su carácter reglamentario pueden ser
objeto de las competencias propias del legislador ordinario.
La Ley 100 de 1993,
por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones, define desde su preámbulo los alcances de la seguridad social
integral como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante
el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias,
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integración de la comunidad.  En consecuencia, contiene la ley
normas sobre principios generales  del sistema de la seguridad social; objeto,
características, afiliación, cotizaciones, fondo de solidaridad del sistema
pensional; pensión de vejez; pensión de invalidez por riesgo común; pensión  de
sobrevivientes; prestaciones adicionales; entidades administradoras del régimen
solidario de prima media con prestación definida; régimen de ahorro individual
con solidaridad; modalidades de   pensión; pensiones mínimas; prestación y
beneficios adicionales; entidades administrativas del régimen de ahorro individual
con solidaridad; bonos pensionales; disposiciones aplicables a los servidores
públicos; el sistema general  de seguridad social en salud;  de los afiliados
al sistema; del régimen de beneficios; de la dirección del sistema y de la
seguridad social en salud; de las instituciones prestadoras de servicios de
salud; régimen de la empresas  sociales del Estado; de los usuarios; del
régimen contributivo; del régimen  subsidiado; del fondo de solidaridad y
garantía; de la vigilancia y control del sistema;  y normas sobre transición
del sistema y otras disposiciones afines o complementarias; sistema general de
riesgos profesionales, accidente y enfermedad profesionales,  y servicios
sociales complementarios.
Es claro para la
Corte que esta normatividad sobre la seguridad social, no debe ser objeto de
reglamentación mediante la vía legal exceptiva de las leyes estatutarias por no
corresponder a los elementos de derechos fundamentales que quiso el
constituyente someter a dicha categoría legal, por tratarse de elementos de
tipo asistencial que provienen,  en oportunidades, de la existencia de una
relación laboral, y en otras, de la simple participación en el cuerpo social, y
derechos gratuitos en oportunidades y onerosos en la mayoría de los casos.  La
gratuidad, no puede entenderse, en los titulares de estos derechos, como un
ingrediente que pueda mutar la naturaleza de los mismos para transformarlos en
derechos fundamentales; pues no son más que desarrollos de contenidos propios
del Estado social de derecho.  Y así lo declarará esta Corte, rechazando el
cargo por razones de forma, planteado en la demanda contra la Ley 100, según el
cual los contenidos de ésta  imponían su expedición mediante el trámite de
leyes estatutarias.
La demanda formula
un segundo cargo, por razones de forma, consistente en la violación del
artículo 56 de la Carta, pues no se concertó la política laboral o salarial,
con anterioridad a la expedición  de la ley. La comisión permanente integrada
por el gobierno, los empleadores y los trabajadores para fomentar las buenas
relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos del
trabajo, y concertar las políticas salariales y laborales, es un escenario
dispuesto por el constituyente como un instrumento de adecuación de las
relaciones del trabajo al marco general del Estado pluralista (art. 1o.), cuyo
elemento esencial más sobresaliente es el de la adopción de mecanismos en
procura de una democracia consensual, en la cual los intereses en juego, en
este caso de tipo laboral, tengan la posibilidad de expresarse, y, en la medida
de las posibilidades de las partes, reconciliar y compatibilizar sus intereses,
contribuyendo de ese modo a bajar el nivel de los conflictos, provocados por su
propia existencia.  No puede la concertación entenderse, como lo hacen los
demandantes, como una pre-condición para que las autoridades públicas,
entiéndase el Congreso de la República, desarrollen sus funciones.  De manera
que no puede entenderse la comisión del artículo 56 superior como un paso
obligatorio en el trámite de la elaboración de las leyes, pues sería aceptar
una limitación de la autonomía propia del poder legislativo, contraria al
principio de la separación de poderes que, de esa manera, admitida la tesis de
los accionantes, sería una limitación a las decisiones legislativas, por
actuaciones de aquella comisión.
Para un mejor examen
de la constitucionalidad de las normas  acusadas,  éste se realizará sobre cada
una de ellas, teniendo como punto de partida necesario el concepto de la
violación esgrimido en la demanda.
Artículo 14.
En relación con el
artículo 14 demandado, se ha producido el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.  En efecto, en virtud de la sentencia No. C-387 de septiembre
1o. del año en curso, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado
Carlos Gaviria Díaz, resolvió:
"Declarar
EXEQUIBLE el aparte final del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que prescribe:
'No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo
legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo
porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno', con la
condición señalada en la parte motiva de esta providencia, es decir, que en el
caso de que la  variación porcentual del índice de precios al consumidor,
certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior a aquél en que se
vaya a efectuar el reajuste de las pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que
se incremente el salario mínimo mensual, las personas cuya pensión sea igual al
salario mínimo mensual vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente
conforme a tal índice."
Por tanto, respecto
de la demanda a este artículo, se decidirá estarse a lo resuelto en la
mencionada sentencia.
Artículos 273 y
279
Acusa el libelista
lo preceptuado en el artículo 273 de la ley por resultar a su juicio contrario
a la disposición constitucional (art. 48) que pretende la aplicación del
sistema de seguridad social a la totalidad de los colombianos  según lo dispone
el artículo 6o. de la Ley 100, que dice: "El sistema de seguridad  social
integral está instituído para  unificar la normatividad y la planeación de la
seguridad social, así como para  coordinar a las entidades prestatarias de las
mismas, para obtener  las finalidades propuestas en la  presente ley".
Pues, el artículo 273, a su juicio, además de ser contradictorio con el resto
del ordenamiento, deja en manos del Gobierno la posibilidad de incluir a los
servidores públicos, incluso a los Congresistas, al régimen previsto en la ley,
desvirtuando el principio antes referido.
El artículo 273,
confiere facultades  al Gobierno para incorporar a los servidores públicos,
"aún a los Congresistas, al sistema general de pensiones y al sistema
general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos por
dichos servidores, según leyes anteriores, y conforme a lo previsto en los
artículos 11 y 36 de la ley".
En primer lugar, se
registra que la norma es de transición, lo que se desprende de su propio texto
y por la concordancia que dispone el mismo con otros artículos de la ley.  Lo
anterior permite colegir que respeta la norma el principio de  universalidad ya
que  procura la integración de los servidores  públicos al sistema que estatuye
la ley.  Pero, el principio de la universalidad, no se puede entender
racionalmente como una  regulación igual o común para todas las personas, sino
en el sentido de que éstas en su totalidad se encuentren  protegidas, sin
ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida, aceptando sus
especiales condiciones materiales de existencia.
De otra parte, la
exclusión del artículo 273, tal como se expresa en el concepto del Jefe del
Ministerio Público, respeta lo establecido en el artículo 150 numeral 19-e de
la Constitución, en tanto es competencia del Gobierno la implementación de esa
medida, otorgándole la posibilidad de incluir a los servidores públicos al
sistema de la ley.  Dice expresamente el mencionado concepto: "Lo anterior
es tan cierto, que el gobierno en desarrollo de las previsiones  contenidas en
el artículo impugnado  expidió el Decreto 691 del 29 de marzo  pasado, por
medio del cual incorporó a los servidores públicos de la rama ejecutiva en
todos sus órdenes, y a los del Congreso, rama judicial y organismos de control
al sistema general de pensiones".
El hecho de que el
proyecto  fuese  considerado en la Comisión accidental prevista en el artículo
161 de la Carta, y que allí hubiese el texto sufrido modificaciones, es una
variación expresamente permitida en la Carta, según se desprende de la
expresión superior:  "prepararán el texto" que  seguirá el trámite
allí dispuesto.  Luego no resulta justificable, la acusación formulada por ese
respecto en la demanda.
En cuanto al
artículo 279, los actores se  limitan a afirmar que la norma contempla dos
situaciones:  las excepciones en la aplicación y la exclusión temporal, sin
precisar en qué consiste el cargo.  Razón por la cual se inhibirá esta
Corporación de fallar sobre su constitucionalidad, pues  no existe concepto de
la violación.
Artículo 44
Los actores
consideran que el artículo 44 de la ley, viola el artículo 48 de la
Constitución Política, por no compadecerse con el espíritu del mandato
constitucional el que se cobre al pensionado los gastos de cualquiera de los
dictámenes periciales, pues se genera una discriminación odiosa.  La norma
establece una prescripción de la pensión de invalidez dentro de condiciones
detalladas y precisas.  Pues se prescribe la posibilidad de revisar el estado
de invalidez, por solicitud de la entidad de  previsión o seguridad social,
cada tres años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el
dictamen  que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y procede a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a
ello hubiere  lugar.  Si el pensionado en un plazo de tres (3) meses no se
presenta, salvo fuerza mayor,  se producen dos (2) consecuencias:  1) Se le
suspende el pago de la pensión; y 2) Transcurridos doce (12) meses desde la
solicitud, si no se presenta, prescribe la acción.  Esta  disposición busca
evitar que se pueda incurrir  en la inequitativa circunstancia de que alguien
pueda ser titular de una pensión de invalidez, sin ser inválido.  Sin embargo,
se permite al interesado  romper la prescripción, si con posterioridad, y a su
costa, luego de alegación sobre permanencia en invalidez, se somete a nuevo
examen.  No resulta contraria al espíritu de la Constitución esta disposición,
pues se trata de evitar fraudes al sistema de pensión de invalidez o por lo
menos de controlar la real circunstancia de permanencia en invalidez de sus
beneficiarios. Cumplir estas medidas, salvo los casos de fuerza mayor,  le
impone una carga al interesado, completamente legítima, toda vez que dentro  de
los deberes de los ciudadanos está el de contribuir al financiamiento de los
gastos  e inversiones del Estado dentro  de conceptos de justicia y equidad
(art. 95-9  C.N.).  De otra parte,  es claro que el servicio público, puede ser
oneroso tal como lo prevé la propia Carta en su artículo 367, sin exonerar de
esa posibilidad a la seguridad social.
Artículo 11.-
Se sostiene que el
artículo 11 de la ley es violatorio de la parte final del artículo 53 en
concordancia con la primera parte del artículo 56 de la Constitución, porque
"pareciera" negar el derecho de huelga, pues plantea como única
solución del presunto conflicto el tribunal de arbitramento, lo que es a todas
luces restrictivo.
Dispone el artículo
11 subexámine, sobre el campo de aplicación de la ley, preceptuando en sus dos
incisos finales lo siguiente: "para efectos de este artículo se respetarán
y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a
disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva del
trabajo."
Lo que está en
perfecta armonía y es desarrollo del inciso final del artículo 53 de la Carta
que establece la imposibilidad de la ley, los contratos, los acuerdos y
convenios  de trabajo de menoscabar la libertad, la dignidad humana y los
derechos de los trabajadores. Luego, no se entiende, de donde extrae su
argumento el libelista, para deducir que el inciso final del artículo 11 que
dice:  "Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le
asiste a las partes  y de que el tribunal de arbitramento dirima las
diferencias entre las partes", puede atentar contra el derecho de huelga
consagrado en el artículo 56 de la C.N..  Pues el derecho de denuncia (artículo
479 del  C.S. del T., modificado D.L. 616 de 1954 art. 14), es independiente
del derecho de huelga y se rige igualmente por los mandatos  constitucionales y
legales. Sobre los efectos de la denuncia de las convenciones colectivas, son
prolijas la jurisprudencia y la doctrina nacionales y no es del caso detenerse
aquí para explicar sus connotaciones, que en ningún caso son incompatibles con
el derecho de huelga, y, como lo expresa el precepto, tampoco lo son con los
derechos adquiridos de los trabajadores.
Por otra parte, el
arbitramento también es un instituto del derecho laboral, cuya regulación (art.
452 C.S.T.), establece claramente las oportunidades de su procedencia,
indicando que los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los
servicios públicos  y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo
directo o por conciliación, se solucionarán por vía arbitral.
Por su parte el
derecho de huelga, en la Carta Política de 1991, se extiende a los servicios
públicos, salvo los de carácter esencial, expresamente  definidos por la ley
(art. 56 C.N.).
Como se observa
claramente las figuras  de la huelga, el arbitramento, la denuncia de las
convenciones colectivas, tienen un marco legal, cuyos perfiles el propio
constituyente y el legislador no sólo definen sino que delimitan en sus
órbitas de aplicación.
Luego resultan
infundados los argumentos del accionante. La norma acusada no hace más que
enunciar los institutos comentados.
Artículo 242.
No es claro el
cargo, pero puede inferirse la acusación del contexto, en el sentido de que el
artículo 242 de la ley viola los derechos adquiridos de los trabajadores.
Prescribe la norma la posibilidad de variar el régimen de cesantías de los
nuevos servidores del sector salud.  Lo primero que debe señalarse para
desestimar el criterio de la demanda es que los trabajadores nuevos no tienen
derechos adquiridos y lo lógico, normal y razonable es que las nuevas
relaciones de trabajo, consulten elementos sociales y económicos, considerados
por el legislador, al disponer que no podrán reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantías a
ellos aplicables. Téngase en cuenta que la cuestión  aparece muy clara y
precisa en el inciso de este artículo. Se refiere la norma a un régimen legal
propio de los servidores del servicio público de salud, escapando de su órbita
reguladora la capacidad negociadora del sector laboral, y en este sentido no
tiene razón el señor Procurador en sus conceptos  al respecto. Lo cierto es que
la tendencia legislativa de los últimos años  es contraria a la retroactividad
de las cesantías, luego de encontrar válidas operaciones econométricas que
justifican tal tendencia, por lo que no se ve claro a qué se refiere el
demandante. Si lo que se pretende es la retroactividad de las cesantías de los
nuevos empleados del sector salud, la definición del punto corresponde al
legislador resultando por este aspecto igualmente constitucional el artículo
242.
Artículo   168.
Este precepto en
desarrollo de una amplia cobertura de ciertos servicios de salud, dispone la
obligación en todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de
salud, de suministrar la atención inicial de urgencias, a todas las personas
independientemente de su capacidad de pago.  Agrega el precepto que el costo de
estos servicios será pagado por el "Fondo de Solidaridad y Garantía"
(arts. 155, 156),  en los casos previstos en el artículo 167, o por la entidad
promotora de salud a la cual esté afiliado en cualquier otro evento.  Pues
bien, de lo anterior no pueden extraerse elementos normativos atentatorios
contra el artículo 49 fundamental como se pretende.  Este último mandato
dispone sobre el cubrimiento de la salud una facultad en favor de la ley para
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y para determinar los aportes a su cargo, "en los términos y
condiciones" que preceptúe; y, agrega, que "señalará los términos en
los  cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria".
Tanto la prestación, como la competencia legal, están  fijadas y autorizadas en
la Carta, luego no resulta inconstitucional la norma examinada.
Artículo 193.
La demanda sostiene
que esta norma viola las condiciones dignas y justas que deben rodear al trabajo
según la Carta (artículo 25), desarrolladas en el artículo 53 superior, puesto
que no "se puede hablar  de un régimen de estímulos salariales que
"en ningún caso constituirán salario", esto es atentar contra el
principio de la "remuneración mínima vital y móvil".  No es
comprensible la lógica interpretativa  según la cual "estímulos
salariales", distintos al salario, puedan considerarse contrarios a las
condiciones dignas y justas del trabajo o a la remuneración mínima vital y
móvil", pues es todo lo contrario, o sea  que los ingresos adicionales
autorizados en la norma mejoran las condiciones de trabajo en amparo de la
dignidad y justicia que deben rodear al trabajo. Es exequible entonces la norma
demandada.
Artículos 194 a
197
Se acusan estos
preceptos de violar los artículos 150, 300 y 313 de la Constitución Política.
No es cierto como lo
sostiene el libelista que la Carta señala en "forma expresa y
taxativa" cuáles son las "únicas" funciones del Congreso de la
República, pues esta Corporación tiene competencia general legislativa en todo
aquello que, en lo referido a esa función, no esté expresamente atribuído a
otro órgano del Estado.  Con respecto a la misma afirmación sobre las asambleas
y los concejos, basta para desvirtuar lo sostenido por el actor que, estas
últimas corporaciones públicas, además de las funciones que les señala la
Carta, cumplirán las que les fije la ley.  La circunstancia de que no se
hablase en la Carta, de la posible existencia de personas jurídicas de derecho
público especiales, no quiere decir que éstas no pudiesen existir, tal el caso
de las "Empresas Sociales del Estado" a que se refieren los artículos
en este aparte examinados. Pues no se requeriría una facultad expresa de la ley
para que ésta ordenare la creación de una persona jurídica de derecho público.
Más aún, y de manera
expresa el artículo 150 en su numeral 7o., otorga competencia al Congreso de la
República para crear personas jurídicas que no correspondan a la tipología
hasta ahora existente, cuando afirma que podrá mediante ley determinar "la
estructura de la administración nacional", con la creación, supresión o
fusión de "otras entidades del orden nacional". Además, tiene la ley
la competencia de otorgar a las asambleas departamentales y a los concejos
municipales funciones como las ordenadas en los artículos examinados, de
disponer, que las entidades territoriales a través de esas últimas
corporaciones creen, transformen o reestructuren las entidades encargadas de la
prestación de servicios  de salud, en empresas sociales del orden departamental
o municipal, pues ellas están autorizadas para cumplir las funciones que les
señale la ley, según lo dispone la Carta en los  artículos 300-11 y 313-10,
respectivamente.
De lo anterior,
fluye lo infundado del cargo.
Artículo  13
literal d)
Este precepto
dispone que dentro de las características del sistema general de pensiones está
la de que "la afiliación implica la obligación de  efectuar los aportes
que se establecen en esta ley."  En sentir de los actores, viola el
precepto el artículo 53 de la Carta en su aparte que dice:  "La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios  de trabajo no podrán menoscabar la libertad,
la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores", pues la ley
establece una situación mucho más gravosa, que implica menoscabo de derechos
consagrados en tales actos, en beneficio de los trabajadores y en general de
los servidores públicos.
Iguales razonamientos
justifican la inconstitucionalidad demandada de los artículos 17, 18 párrafo 3,
20, 60 numeral  3, 204 y 236.
Las anteriores
acusaciones resultan carentes de fundamento si se tiene en cuenta el sistema de
la ley y su campo de aplicación, que conserva adicionalmente "todos los
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores".  Luego, son
injustificadas las pretensiones de los actores  y corresponderá a la justicia
ordinaria, el ejercicio interpretativo de precisar la norma aplicable para cada
caso concreto, definiendo las condiciones más favorables para el trabajador.
Artículos 11, 17,
18 párrafo 3o., 20, 60 numeral 3o., 204, 288, 236 ("y demás normas que regulan de alguna manera a
los empleados públicos, ya que la regulación en relación a ellos tiene que ser
mediante una ley marco").
Las leyes marco, son
una técnica legislativa que partiendo de la colaboración armónica de los
poderes públicos, organiza una concurrencia entre el poder legislativo y el
poder ejecutivo, de manera que el primero dictará normas generales y señalará
objetivos y criterios, y el segundo adecuará las anteriores materias a las
necesidades de ejecución mediante decretos reglamentarios que deben someterse a
aquellas.  La flexibilidad exigida en este tipo de funciones, sumada a las
exigencias  casuísticas y extremas de la regulación que debe ordenarlas, ha
justificado la adopción de la mentada técnica legislativa; pero no puede
entenderse ésta como un privilegio legislativo del Gobierno sobre el órgano
legislativo, el cual conserva la competencia para avanzar en la elaboración de
las leyes  marco hasta el detalle, fijando objetivos y criterios que según la
generalidad propia de ese tipo de leyes puede ser de mayor o menor alcance.
La distribución de
competencias entre el legislativo y el Gobierno en las materias en que pueden
expedirse leyes marco, no obedece a una delimitación estricta y rigurosa en
virtud de la cual se asignase  al primero ciertos grados de generalidad y al
segundo ciertos grados de particularidad.
La fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso y de la fuerza pública, debe entenderse como un acto de ejecución
reglamentario que no puede limitar en ningún caso la función legislativa a
cargo del Congreso,  como lo pretenden los demandantes.
Adicionalmente
resulta equivocado el cargo, ya que la ley no regula el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, sino, un derecho constitucional  como
la seguridad social, que se refiere no solamente a los trabajadores, sino a
toda persona, aunque no tenga esa condición.
La Sala encuentra
que no existe concepto de la violación en la demanda, sobre los artículos 29,
48, 53 y 161 de la ley 100 de 1993, por lo cual se declarará inhibida para
fallar.
Previas las
anteriores consideraciones la Corte Constitucional, en Sala Plena,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero.  Declarar exequible la Ley 100 de 1993, en
cuanto no era necesario que el Congreso le diera el trámite de ley estatutaria.
Segundo. Estese a lo resuelto en la sentencia No.
C-387/94 de septiembre 1o. de 1994, en cuanto al artículo 14 de la Ley 100 de
1993, que  declaró   "Declarar EXEQUIBLE el aparte final del artículo 14
de la Ley 100 de 1993, que prescribe: 'No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por el Gobierno', con la condición señalada en la parte motiva de esta
providencia, es decir, que en el caso de que la  variación porcentual del
índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para el año
inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de las
pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que se incremente el salario mínimo
mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo mensual vigente,
tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice."
Tercero.  Declarar EXEQUIBLES, el artículo 11 en la
parte que dice:  "Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia
que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las
diferencias entre las partes."; 13 literal d); 17; 18 párrafo 3; 20; 44,
en la parte que dice:  "...Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados
por el afiliado", .... "...a su costa"; 60 literal c);  168;
193, en la parte que dice: "el Gobierno podrá establecer un régimen de
estímulos salariales y no salariales los cuales en ningún caso constituirán
salario"; 194; 195; 196;  197; 204; 236 en la parte que dice: "en un
plazo de cuatro años  a partir de la vigencia de esta ley, éstos pagarán las
cotizaciones dispuestas en el artículo 204", y en la parte que dice:
"con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo
169."; 242 en la parte que dice: "A partir de la vigencia de la
presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del
sector salud, retroactividad en el régimen de cesantías a ellos
aplicable."; 273 y 288 de la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
Cuarto. INHIBIRSE de fallar en relación con los
artículos 29, 48, 53, 161 y 279 de la Ley 100 de 1993.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
JORGE ARANGO MEJÍA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
1 KARL LARENZ; Metodología de
la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1980, p.32