C-365-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-365/12
COMERCIALIZACION
DE AUTOPARTES HURTADAS-Contenido normativo
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites
CONSTITUCION
POLITICA-Límite invariable y fuente de inspiración y dirección del
legislador en materias penales y sancionatorias/LEGISLADOR-Debe ceñirse
a valores, preceptos y principios en la elaboración de normas penales
PRINCIPIO
DE NECESIDAD EN DERECHO PENAL-Mínima intervención y última ratio
La
Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de
mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria
criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado. Esta
preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente
todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no
ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los
individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un
comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de
sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que
la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la
pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado
para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta
medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo
cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la
comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia
como la última ratio del derecho sancionatorio.
DERECHO
PENAL-Instrumento de última ratio
La
Corte Constitucional ha reconocido que el derecho penal debe ser un
instrumento de última ratio para garantizar la pacífica convivencia de los
asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias
sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un
momento determinado.
DERECHO
PENAL-Principio de protección de bienes jurídicos/PRINCIPIO DE
PROTECCION DE BIENES JURIDICOS-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD EN DERECHO PENAL/RESERVA DE LEY-Tipificación de la
conducta punible y su sanción
La reserva legal, como
expresión de la soberanía popular y del principio democrático (Arts. 1º y 3º C.
Pol.), en virtud de la cual la definición de las conductas punibles y sus
sanciones, que constituyen una limitación extraordinaria a la libertad
individual, por razones de interés general, está atribuida al Congreso de la
República como órgano genuino de representación popular, lo cual asegura que
dicha definición sea el resultado de un debate amplio y democrático y que se
materialice a través de disposiciones generales y abstractas, impidiendo así la
posibilidad de prohibiciones y castigos particulares o circunstanciales y
garantizando un trato igual para todas las personas.
PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD-Alcance respecto del legislador y del juez
En virtud de los principios de
legalidad  y tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer
claramente en que circunstancias una conducta resulta punible y ello con el fin
de que los destinatarios de la norma  sepan a ciencia cierta  cuándo responden
por las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de
la imprecisión o vaguedad   del texto respectivo,  la posibilidad de remplazar  la
expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el  principio de
separación de  las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de
Derecho.
PRINCIPIO
DE CULPABILIDAD-Consecuencias/DERECHO PENAL DE ACTO/DERECHO PENAL DE
AUTOR Y DERECHO PENAL DE ACTO-Distinción
El principio de culpabilidad,
derivado de artículo 29 de la
Carta Política y que en nuestro ordenamiento tiene las siguientes
consecuencias: (i) El Derecho penal de acto, por el cual “sólo se permite
castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es,
ni por lo que desea, piensa o siente. (ii) El principio según el cual no hay
acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del
delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano es valorado
como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado
si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una
persona capaz de comprender y de  querer. (iii) El grado de culpabilidad es uno
de los criterios básicos de imposición de la pena es, de tal manera que a su
autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del
juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de
culpabilidad.
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA-Criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y estricta legalidad como límites materiales/PRINCIPIOS DE
RACIONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL-Aplicación/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance
Ha precisado la
Corte que dicha competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente
limitada por los principios constitucionales, y en particular por los
principios de racionalidad y proporcionalidad. Dichas limitaciones, ha dicho la
Corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están
en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y
prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como
el derecho a la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la
Corte ha explicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de
configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en
consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por
ello se encuentra vedada la intervención de la
Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del
ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.
NORMAS
PENALES-Bloque de constitucionalidad y normas constitucionales a tener en
cuenta
LIBERTAD
ECONOMICA-Contenido/LIBERTAD ECONOMICA EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD ASEGURADORA-Limitación/CONSTITUCION POLITICA-Sub principios
derivados de la libertad económica/SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR-Conformación
La libertad económica se
encuentra consagrada en el art. 333 de la
Constitución de Colombia y ha sido definido por esta Corporación como una
facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico,
con la finalidad de crear, mantener o incrementar un patrimonio. Este principio
está limitado desde el punto de vista material por razones de seguridad,
salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social y desde el punto de
vista adjetivo por toda forma de intervención del Estado en la economía y por
el establecimiento de monopolios o la calificación de una determinada actividad
como servicio público, la regulación del crédito, de las actividades
comerciales e industriales. Adicionalmente, la
Constitución también consagra una serie de sub principios derivados de la
libertad económica: (i) La libertad de empresa, que se encuentra consagrada en
el art. 333 de la Constitución y “le otorga a toda persona el derecho de
ejercer y desarrollar una determinada actividad económica, de acuerdo con el
modelo económico u organización institucional”. Esta libertad implica para la
Corte Constitucional que “los empresarios pueden tomar decisiones más o menos
drásticas para regular las relaciones dentro de su empresa, de conformidad con
los intereses legítimos que persiguen o pretenden promover”. Sin embargo, esta
actividad tiene límites derivados de su función social, especialmente
fundamentados para proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el
patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien común.
La libertad de empresa implica la libertad de creación de empresas y de
acceso al mercado; la libertad de organización de la empresa a través de la
elección de nombre, emplazamiento, forma de organización y composición de sus
órganos de dirección; y la libertad de dirección de su producción, inversión,
política comercial, precios, competencia leal y contratación. (ii) La libertad
sindical, que implica que los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. (iii) La
libertad de llevar a cabo actividades económicas y la libre iniciativa privada,
las cuales están limitadas por el interés general. (iv) La regulación del
mercado para asegurar el interés general, consagrada igualmente en la
Constitución en diversas normas, dentro de ellas el art. 333, según el cual,
la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el
bien común. Estos principios son plenamente aplicables al sistema financiero y
asegurador, el cual se encuentra conformado por: “Establecimientos de crédito,
Sociedades de servicios financieros, Sociedades de capitalización, Entidades
aseguradoras e Intermediarios de seguros y reaseguros”.
ACTIVIDAD
ASEGURADORA-Objeto social
LIBERTAD DE
EMPRESA Y LA
INICIATIVA PRIVADA-Protección especial en la actividad aseguradora/AUTONOMIA
DE LA VOLUNTAD Y LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA DE SEGUROS-Garantía
constitucional/AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA DE
SEGUROS-Limites
La autonomía de la voluntad y
la libertad contractual en el ejercicio de las relaciones privadas en materia
de seguros gozan de garantía constitucional, sin embargo, se encuentran
limitadas o condicionadas por las exigencias propias del Estado Social de
Derecho, el interés público y el respeto de los derechos fundamentales de los
asegurados-beneficiarios. Si bien las actividades financiera y aseguradora son
de interés público y se cimientan en la consensualidad, la libertad contractual
y la autonomía privada, los valores y principios constitucionales y el respeto
de los derechos fundamentales son sus limitantes. Por ello, a efectos de
garantizar que estos límites no sean desbordados por la actividad aseguradora,
se hace necesaria  la intervención del Estado para preservar el interés
público, pero también para garantizar la protección de la parte más débil en la
relación contractual como es el asegurado y beneficiario.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ECONOMICA-Alcance/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE LIBERTAD ECONOMICA-Criterios/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE LIBERTAD ECONOMICA-Criterios aplicables a
la tipificación de delitos
La
Corte Constitucional señaló una serie de criterios que deben adoptarse
siempre que se pretenda restringir la libertad económica: “Por ende para
establecer la legitimidad de las restricciones del Legislador, la
Corte debe evaluar (i) si la limitación, o prohibición, persiguen una
finalidad que no se encuentre prohibida en la
Constitución; (ii) si la restricción impuesta es potencialmente adecuada para
conseguir el fin propuesto, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación,
esto es que la restricción no sea manifiestamente innecesaria o claramente
desproporcionada. Adicionalmente (iv) debe la
Corte examinar si el núcleo esencial del derecho fue desconocido con la
restricción legal o su operatividad se mantiene incólume”. En jurisprudencia
posterior la Corte ha sistematizado los requisitos formales y materiales de la
intervención del Estado en materia económica cuando limita la libertad de
económica y ha señalado que tal intervención: i) necesariamente debe llevarse a
cabo por ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la
libertad de empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que
justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al
principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad”. En consecuencia, cualquier limitación de la
libertad económica en la actividades financiera y aseguradora debe cumplir con
estos parámetros, los cuales también son aplicables a la tipificación de
delitos, pues los mismos no solamente implican mandatos de imposición de
sanciones, sino también normas de prohibición frente a determinadas conductas
que se pretenden evitar, a través de un mandato de prevención general negativa
que busca que la sociedad no desarrolle determinados comportamientos. En este
sentido, cuando una norma penal consagra un determinado comportamiento como
delictivo también está restringiendo su realización a nivel general y limitando
el ejercicio de una actividad económica, situación que exige que se analicen
estos parámetros para determinar si dicha restricción es proporcional y
razonable.
DELITO DE
RECEPTACION-Alcance/RECEPTACION-Derecho comparado/DELITO DE RECEPTACION
EN COLOMBIA-Evolución normativa
ENAJENACION
DE SALVAMENTOS EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Contenido/VENTA DE SALVAMENTOS-Actividad
plenamente admitida en el derecho de seguros, si bien no se encuentra regulada
de manera específica en el Código de Comercio/PERDIDA DEFINITIVA Y PERDIDA
TOTAL DE VEHICULO-Definición/ENAJENACION DE VEHICULOS DECLARADOS EN
PERDIDA TOTAL-No prohibición
TRANSFERENCIA
O UTILIZACION A CUALQUIER TITULO DE DOCUMENTOS, LICENCIAS O NUMEROS DE
IDENTIFICACION DE VEHICULOS DECLARADOS EN PERDIDA TOTAL-Vulneración de la
norma de principios de legalidad  y constitucionales del derecho penal
VENTA DE
SALVAMENTOS-Actividad financiera que puede ser realizada dentro del objeto
social de las compañías de seguros
NORMA
ACUSADA-No cumple con los requisitos exigidos por la
Corte Constitucional para la restricción de la libertad económica
NORMA
ACUSADA-Aplicación presenta consecuencias desproporcionadas e innecesarias
político criminalmente frente a la actividad aseguradora y frente a los
derechos de los beneficiarios de las pólizas de seguros
Referencia:
expediente D-8798
Demanda de
inconstitucionalidad contra el  parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., dieciséis
(16) de mayo de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo –quien la preside-, María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Adriana Guillén Arango,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Humberto Antonio Sierra
Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jaime Córdoba
Triviño demandó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011, porque considera que desconoce los artículos 1º, 29 y 333 de
la
Constitución Política.
Mediante auto del  veinticuatro (24) de octubre
de dos mil once (2011), el Despacho del Magistrado Sustanciador admitió la
demanda presentada, por cuanto cumplía con los requisitos que exige el Decreto
2060 de 1991 y la jurisprudencia de la
Corporación.
En
atención a lo anterior, el despacho consideró pertinente poner en conocimiento
de la demanda al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Bancaria, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia-DIAN-
, a la Federación de Aseguradores Colombianos- FASECOLDA- , a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia e invitar a participar en este asunto a
las Facultades de Derecho de las Universidades del Sinú, Pontificia Bolivariana
de Montería, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, Sergio Arboleda y a la
Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
1.1.
NORMAS
DEMANDADAS
El texto de los apartes demandados es el siguiente (se
subraya lo acusado):
“Artículo  27. Adiciónese a la
Ley 599 de 2000 el artículo 447 A, el cual quedará así:
Artículo 447A. Comercialización de autopartes
hurtadas. Quien comercie con autopartes de vehículos automotores  hurtadas
incurrirá en la misma pena del artículo anterior.
Parágrafo. El que transfiera o utilice a
cualquier título los documentos, licencias, números de identificación de los
vehículos automotores declarados en pérdida total, incurrirá en la pena en
prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis
(6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.”
1.2.
DEMANDA
En criterio del
ciudadano Jaime Córdoba Triviño, el parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011,  desconoce lo dispuesto por los artículos 1, 29 y 333 de la
Constitución Política.  Su solicitud se basa en los siguientes argumentos:
1.2.1. Para el actor, esta previsión
normativa penaliza una conducta que, tradicionalmente ha sido desarrollada en
el marco de la actividad aseguradora de vehículos por parte de las compañías
que se dedican a esta tarea.
1.2.2. Añade que no solo expone al
poder punitivo aquellas personas vinculadas a estas empresas, sino también
aquellos usuarios de los servicios de seguros de vehículos, cuando desarrollan
tareas relacionadas con la comercialización de automotores.
1.2.3.  Señala que el legislador
excedió su margen de configuración al optar por un diseño normativo de norma en
blanco que no respeta los parámetros de la jurisprudencia constitucional para
este tipo de disposiciones.
1.2.4. Aduce que la tipificación
penal de la conducta contenida en el parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000 no respeta los estándares  relacionados con el principio de
lesividad en materia penal, en la medida que la norma  no protege claramente un
bien jurídico particular cuya afectación conlleve en todos los casos, la lesión
de bienes constitucionalmente garantizados.
1.2.5.  Menciona que la conducta
tipificada  en el parágrafo demandado viola los principios de razonabilidad y
proporcionalidad de la pena, puesto que  no siempre las posibilidades de
incurrir en la conducta tipificada, necesariamente conllevan un reproche social
que amerite una sanción de carácter penal, como ocurre respecto de quienes
participan en la comercialización de salvamentos en el marco de la actividad
aseguradora de vehículos automotores. Para estos últimos la sanción contenida
en la disposición cuestionada, resulta un exceso punitivo que vulnera la
orientación constitucional que para el derecho penal ha previsto la carta.
1.2.6. Indica que el diseño de la
norma implica una restricción a la garantía constitucional de la presunción de
inocencia, ya que prácticamente de manera objetiva, está atribuyendo una
sanción penal a quien incurra en la conducta tipificada, sin distinguir que
existen eventos en los cuales las personas pueden cometer válidamente esta
conducta.
1.2.7. Teniendo en cuenta lo
anterior, manifiesta  que la norma acusada afecta el principio de la buena fe,
puesto que están siendo penalizadas conductas  que no solo no han tenido
reproche social-penal, sino que además cuentan con una justificación a nivel
jurisprudencial y se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, por lo
cual su penalización constituye un atentado y una afectación sensible a la
confianza legitima  de quienes las desarrollan.
1.2.8.
Por estas razones concluye el actor que la ley demandada
conlleva  una restricción irrazonable y desproporcionada de la libertad de
empresa y de la libertad económica en el sistema asegurador, que se caracteriza
por una fuerte intervención Estatal, pero con garantía de la iniciativa
privada.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1. Dirección de Impuesto y
Aduanas Nacionales- DIAN-.
Dentro del término
concedido, la apoderada de la DIAN, intervino en el proceso y solicitó a la
Corporación declarar la EXEQUIBILIDAD de la disposición atacada
ya que estima que se encuentra plenamente justificado que el legislador
establezca una sanción para quienes transfieran o utilicen a cualquier título
los documentos, licencias, números de identificación de los vehículos
automotores declarados en pérdida total, por las siguientes razones:
1.3.1.1.   Señala que si bien
es cierto, tal y como lo afirma el demandante, es claro que de acuerdo con los
pronunciamientos jurisprudenciales y la doctrina de la
DIAN, la venta  de salvamentos genera el cobro del IVA, es necesario tener en
cuenta que existen otros aspectos que afectan los intereses del fisco y que se
ven vulnerados con la conducta descrita en el parágrafo objeto de esta acción.
1.3.1.2.   En efecto, la
experiencia ha demostrado que en muchos casos, los documentos entregados en
remates de vehículos declarados en pérdida total están siendo utilizados de
manera ilegal para respaldar, en los deshuezaderos, la tenencia de repuestos de
origen ilícito, ya sea porque proceden de vehículos hurtados o del contrabando
de autoparte, como quiera que con base en el acta de entrega de éstos, se
ampara la venta ilegal de autopartes fruto de su fraccionamiento, o la
introducción ilegal al territorio nacional de las mismas.
1.3.1.3.   En segundo lugar, indica
que la ley impugnada tiene una justificación económica y social, puesto que se
ha demostrado que la fuente directa de la comercialización de autopartes de
origen ilícito ( y que son amparados con documentos de los que trata la norma
demandada), se encuentra no solo relacionada con la de hurto  de vehículos para
su fraccionamiento, si no también con el contrabando de repuestos; situaciones
éstas que vulneran el derecho de propiedad y el patrimonio y afectan de manera
directa los intereses del fisco.
1.3.1.4.   Añade que por
regla general se puede concluir que la comercialización de autopartes usadas de
origen nacional o extranjero tienen origen ilícito, como quiera que es el
sector formal el que comercializan autopartes nuevas y la importación de vehículos
y sus piezas usadas se encuentra restringida por la legislación aduanera
vigente y, solo de manera excepcional se pueden introducir legalmente al país
vehículos y autopartes usadas.
1.3.1.5.    De lo anterior se
concluye que en la práctica, la fuente directa de las autopartes usadas de
origen ilícito y amparadas con documentos de que trata el parágrafo objeto de
estudio y que posteriormente se comercializan, se encuentra relacionada con
conductas tipificadas penalmente como el hurto de vehículos para su
fraccionamiento y el contrabando de repuestos.
1.3.1.6.   Manifiesta que la
comercialización de repuestos usados de origen extranjero amparado con estos
documentos, transgrede la normatividad aduanera vigente y por tanto coadyuva
con el flagelo del contrabando, lo cual genera evasión fiscal, puesto que la
comercialización de estas autopartes, por regla general no son facturadas,
evadiendo así el recaudo del IVA y de los derechos de aduana.
1.3.1.7.   Para finalizar,
solicita se preserve la norma impugnada declarando su constitucionalidad como
herramienta para disminuir los delitos relacionados con la comercialización de
autopartes usadas provenientes de actividades ilícitas como el contrabando y el
hurto, y que son amparadas con documentos obtenidos con ocasión de los
salvamentos de vehículos declarados en pérdida total.
1.3.2.  Ministerio de Transporte.
El apoderado del Ministerio de Transporte, una vez realizado el
recuento de la norma acusada, considera que la
Corte Constitucional debe declarar la
EXEQUIBILIDAD de la
disposición, por las siguientes razones:
1.3.2.1.   El interviniente
en primer lugar,  procede a realizar una síntesis de las normas que regulan la
materia en cuestión.
1.3.2.2.   Señala que la
disposición se arraiga en la legalidad del tránsito y del transporte, la cual
permite establecer el contexto de su aplicación y evidenciar que las normas
superiores se encuentran debidamente soportadas en este bloque. Adicionalmente
la lectura interpretativa de la misma al hacerse completa como no lo hace la
parte accionante, genera la certeza interpretativa con la cual se identifican
los propósitos de conjurar conductas delictuales dentro de los cuales no puede
salvo afirmación de contrasentido incluirse en el texto de la norma,
actividades sociales de producción licitas.
1.3.2.3.   Indica que la lectura del parágrafo demandado, enseña claramente
que la conducta tipificada, a través de los verbos rectores de “transferencia”
o “utilización” a cualquier titulo, los documentos, licencias de identificación
de los vehículos automotores declarados en pérdida total; se inscriben dentro
de las conductas de comercialización ilícita que vulneran el bien jurídico de
la recta impartición de justicia, dado que la “pérdida total” tiene como efecto
inmediato la “cancelación de la matricula”, de tal manera que la transferencia
o utilización de documentos de un automotor que física o administrativamente
debe ser sustraído de la movilidad y del comercio, constituye una conducta de
encubrimiento.
1.3.2.4.   Aduce que se ha demostrado que el parágrafo del artículo 447-A de
la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011, desarrolla y a su vez tiene desarrollo en
la Resolución No. 004775 de 2009, regla de transporte y tránsito, con lo cual
se establece el texto completo de tipo penal. De igual manera, se ha demostrado
que la dialéctica inconsulta del contexto en que se expide el tipo penal dentro
de la ley 599 de 2000 y el desconocimiento focal del texto del tipo penal en
las normas de transito  de la resolución mencionada han llevado al empleo de
concepciones indemostradas sobre la presunta vulneración de los principios y
garantías constitucionales.
1.3.2.5.   De conformidad con lo anterior y expuestas las razones de defensa de
constitucionalidad solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma
acusada.
1.3.3.  Superintendencia
Financiera
En el término
previsto, el apoderado judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia, solicita a la
Corte que declare la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada,
basándose en los siguientes argumentos:
1.3.3.1.   El interviniente
en un inicio, realiza un análisis del marco jurídico aplicable y el carácter de
intervención de la
Superintendencia Financiera de Colombia, su labor de supervisión, inspección y
vigilancia.
1.3.3.2.   Sostiene que los
cargos formulados en la demanda no encuentran respaldo constitucional y legal
para solicitar que se declare inexequible el aparte del precepto acusado, pues
tanto desde la perspectiva del manejo del negocio de los seguros en relación
con los salvamentos y comercialización en el derecho colombiano, como del
análisis concerniente a los límites a la libertad de configuración legislativa
en materia penal no se encuentran afectados por lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011, ante la ausencia de definición legal de pérdida total.
1.3.3.3.   Añade que es claro
que la actividad aseguradora en lo concerniente con la comercialización de
salvamentos, es una actividad mercantil permitida, válida y regulada por el
ordenamiento jurídico, la cual no se encuentra afectada por lo dispuesto en la
norma demandada en la presente acción.
1.3.3.4.   Indica que para la Superintendencia resulta claro que la redacción de la norma no impacta la actividad permitida
legalmente a las compañías de aseguradoras en materia de salvamentos, cuando la
misma puede ser adelantada válidamente por disposición legal, atendiendo la
presunción de inocencia, el principio de buena fe, la libertad de empresa y el
debido proceso, establecidos en la
Constitución.
1.3.3.5.   Manifiesta que la
norma acusada de inconstitucionalidad, tal y como quedó redactada, no contraría
las disposiciones constitucionales que invoca el actor y en forma alguna afecta
el mercado que maneja el sector de las compañías aseguradoras, toda vez que, no
limita la libertad de comercialización de salvamentos y la libre capacidad para
negociar las cláusulas contractuales de los contratos que normalmente han
regido en este campo de los seguros, motivo por el cual solicita que la norma
acusada sea declara  EXEQUIBIBLE.
1.3.3.6.   Para finalizar,
señala que sin perjuicio de que buscando la no afectación de la
comercialización de salvamentos, las instancias correspondientes pueden
considerar una acepción del concepto de pérdida total que permita establecer
los linderos de los asuntos que tienen implicaciones penales de los que son
legalmente amparados.
1.3.4. Ministerio de Justicia y
del Derecho
En el término
previsto, la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la
Corte Constitucional la declaración de EXEQUIBILIDAD del parágrafo del
artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011, de conformidad con los siguientes argumentos:
1.3.4.1.   La interviniente
en primer lugar, realiza un recuento de los antecedentes de la norma impugnada,
la tipificación de las conductas punibles y la jurisprudencia constitucional.
1.3.4.2.   Después de
realizar el análisis correspondiente, concluye que en el presente caso no se
vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia, por cuanto al
momento de tipificar una modalidad especial de comercialización de autopartes
hurtadas, no se parte de una presunción de culpabilidad del acusado, aclarando
que la carga de demostrar la procedencia ilícita de las autopartes usadas de
vehículos automotores que se comercian, ha de ser asumida por el Estado, a
través de la Fiscalía General de la Nación.
1.3.4.3.   Con base en lo
expuesto, el Ministerio solicita que se declare la
EXEQUIBILIDAD  de la norma demandada en este caso.
1.3.5.      Federación
de Aseguradores Colombianos –FASECOLDA
En el término
previsto, la apoderada de FASECOLDA, solicitó a la
Corte que declare la INEXEQUIBILIDAD de la norma acusada,
basándose en los siguientes argumentos:
1.3.5.1.   En primer lugar,
procede a realizar una síntesis de las normas que regulan la materia en
cuestión.
1.3.5.2.   Posteriormente,
indica que la prohibición de comercializar  salvamentos de vehículos declarados
en pérdida total por parte de las compañías de seguros, no constituye un medio
razonable y proporcionado para evitar la comercialización de autopartes
hurtadas, que seguramente es el propósito perseguido por el legislador con la
consagración del parágrafo, por cuanto la desplegada por las aseguradoras no
encaja dentro de esos postulados.
1.3.5.3.   Señala que con
fundamento en lo anterior, la limitación a la libertad de empresa de las
entidades aseguradoras que podría derivarse del parágrafo del artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011, no cumple con los parámetros fijados por la
Corte Constitucional en lo referente a la limitación al derecho consagrado en
el artículo 333 de la Constitución, razón por la cual debe declararse
inexequible.
1.3.5.4.   Indica que
Colombia no cuenta con una estructura legal ni física adecuada para el proceso
de desintegración de los vehículos. Resalta que la situación sería caótica si
el número de vehículos a ser desintegrados se incrementara como podría suceder
en caso de no poder comercializar las actuales pérdidas totales por daños.
1.3.5.5.   Aduce que la norma
demandada impondría a los ciudadanos una serie de cargas que seguramente
fueron inadvertidas en la redacción de la misma, tales como “costos de
separación, recogida, transporte, almacenamiento y acondicionamiento del
residuo antes de su tratamiento y procesado etc.”,  lo que sería una razón
más para declarar la inexequibilidad de la norma.
1.3.5.6.   Añade que la
declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, estaría dando solución a
un problema de desigualdad material que ha creado esta disposición, en el
entendido que, tanto aquél cuyo vehículo está asegurado, como el particular
cuyo vehículo no está amparado por una póliza, que pretendan transferir su
derecho de propiedad sobre vehículo, no se encuentran en igualdad de
condiciones. En efecto, mientras uno puede transferir libremente su derecho de
propiedad, el otro debe permanecer con la zozobra de ser investigado penalmente
como consecuencia de dicha enajenación, conforme a lo estipulado en el
parágrafo demandado.
1.3.5.7.   Finaliza su
intervención, señalando que la política criminal del Estado encaminada a
sancionar la comercialización de autopartes hurtadas es justificada, pero no
resulta razonable ni proporcionado que para cumplir con ese cometido el Estado
limite el desarrollo de una actividad que no tiene por objeto la
comercialización de autopartes hurtadas, sino por el contrario bienes cuya
tenencia se obtiene de conformidad con los mandatos del ordenamiento jurídico,
es decir, de manera absolutamente lícita.
2.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dentro del término
legalmente previsto, emitió el concepto de su competencia, en el cual solicitó
a la Corte que se declare         INHIBIDA  para pronunciarse de fondo
sobre la exequibilidad del parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, toda vez que la demanda no satisface las condiciones
necesarias para que la Corte se pronuncie de fondo sobre su
constitucionalidad.  Esto, con base en las siguientes consideraciones:
2.1.
Señala el Procurador General de la
Nación que al analizar la demanda, encuentra el Ministerio Público, que ésta
no se satisfacen los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia, pues no
parte de una confrontación directa entre las normas constitucionales invocadas
y la norma legal demandada, sino de una serie de consideraciones legales,
doctrinales y subjetivas del actor sobre la conveniencia del tipo penal
demandado.
2.2.
Indica que la demanda en realidad no se dirige contra el parágrafo de la
artículo 447-A del Código Penal, sino contra su eventual indebida aplicación y,
en ese contexto no se despierta siquiera duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma demandada.
2.3.
Añade que el actor no se centra en cuestionar la constitucionalidad del
tipo penal demandado, o ni siquiera la prohibición de tal conducta, sino que
defiende la licitud de comercializar los salvamentos en el marco de la
actividad aseguradora de vehículos automotores, pues asume que esta práctica
está prohibida y penalizada en la norma demandada, lo que considera un
despropósito.
2.4.
Expresa que lo que se penaliza con la norma demandada es la
transferencia o el uso, a cualquier titulo de documentos, licencias o números
de identificación de vehículos automotores declarados en pérdida total y debe
destacarse que cuando ocurre la pérdida total de un vehículo, al tenor de lo
dispuesto en la Resolución 004775 del 1 de octubre de 2009 del Ministerio del
Transporte, su matricula debe cancelarse. Por lo tanto, si algún elemento material
o artefacto de un vehículo declarado como pérdida total es aprovechable, la
norma demandada no implica,  en estricto sentido, que su comercialización esté
prohibida o penalizada, a menos que se trate de una pieza que esté vinculada a
un documento, a una licencia o a un número de identificación. Lo que significa
que el salvamento de vehículos, que hacen las compañías aseguradoras, es
posible dentro del anterior contexto, incluso en vigencia de la norma
demandada.
2.5.
Concluye diciendo que el actor equivocadamente asume que la norma
demandada penaliza los salvamentos de vehículos, y para ello invoca normas
constitucionales que no contrastan con la norma legal demandada, la demanda no
satisface las condiciones necesarias para que la
Corte se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad del parágrafo
demandado.
2.6.
Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la
Corte que se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre la exequibilidad
del parágrafo del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, por los cargos
analizados.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La
Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
4 del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra el  parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
El
accionante señala que la norma demandada vulnera los principios básicos del ius
puniendi  y la libertad económica de la actividad aseguradora al
sancionarse con la misma conductas permitidas por el ordenamiento jurídico.
Para abordar este problema
jurídico esta Corporación analizará: (i)  los límites a la libertad de
configuración del legislador en materia penal, (ii) El alcance del delito de
receptación (iii) La libertad económica en el ejercicio de la
actividad aseguradora, (iv) la evolución del delito de receptación y finalmente
se realizará un (v) estudio sobre la norma demandada.
3.3.
LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN
MATERIA PENAL
El legislador tiene un
amplio margen de apreciación y una libertad de configuración para determinar el
contenido concreto del derecho penal, en desarrollo de la política criminal del
Estado[1].
Esta facultad se deriva de  la cláusula general de competencia contemplada en
los artículos 114 y 150 de la Constitución y le permite crear o excluir
conductas punibles, fijar la naturaleza y la magnitud de las sanciones, lo
mismo que las causales de agravación o de atenuación de éstas, dentro del marco
de la política criminal que adopte[2].
Sin embargo, la Constitución es un límite invariable y una fuente
de inspiración y dirección del legislador en materias penales y sancionatorias[3]. Por
lo cual, la Carta Fundamental establece  valores,
preceptos y principios a los cuales debe ceñirse el legislador en la
elaboración de normas penales[4]:
3.3.1.  En primer
lugar, el principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez
con el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del Derecho penal[5]. De
acuerdo al principio de subsidiariedad “se ha de
recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro
del sistema estatal antes de utilizar el penal”[6]; según el principio de última ratio “el Estado sólo puede
recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles” y
finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad “el Derecho penal
solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes
jurídicos”[7].
Sobre este aspecto la
Corte Constitucional ha señalado:
“La
Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima
intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal
debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado. Esta
preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente
todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no
ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los
individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un
comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de
sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que
la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la
pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para
reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida,
la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando
se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad.
De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última
ratio del derecho sancionatorio”[8].
Estos axiomas desarrollan el principio de mínima
intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal
debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado[9].
En este
sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho penal debe ser un
instrumento de última ratio para garantizar la pacífica convivencia de
los asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las
circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la
sociedad en un momento determinado[10].
3.3.2.  En segundo lugar,
encontramos el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos de acuerdo
con el cual, el Derecho penal está instituido exclusivamente para la protección
de bienes jurídicos[11],
es decir, para la protección de valores esenciales de la sociedad[12].
Sobre este
principio la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones:
“3.2.2 Para efectos de la
presente sentencia resulta relevante  recordar que en esta materia la
Corte ha  hecho énfasis en que es al Legislador a quien corresponde determinar
la política criminal del  Estado[13]
y que desde esta perspectiva, a él compete, por principio, efectuar  una valoración en torno de los bienes jurídicos que ameritan
protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en tales
bienes, el grado de gravedad de la lesión que de lugar a la aplicación del ius
puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse”.
3.3.3.  En tercer lugar, se
encuentra el principio de legalidad[14],
de acuerdo con el cual, cuando haya lugar a una limitación, los requisitos
deberán ser fijados por la ley, ya que al ser una libertad personal,  la
Constitución establece una estricta reserva legal[15]:
“La reserva
legal, como expresión de la soberanía popular y del principio democrático
(Arts. 1º y 3º C. Pol.), en virtud de la cual la definición de las conductas
punibles y sus sanciones, que constituyen una limitación extraordinaria a la
libertad individual, por razones de interés general, está atribuida al Congreso
de la República como órgano genuino de representación popular, lo cual asegura
que dicha definición sea el resultado de un debate amplio y democrático y que
se materialice a través de disposiciones generales y abstractas, impidiendo así
la posibilidad de prohibiciones y castigos particulares o circunstanciales y
garantizando un trato igual para todas las personas”[16].
El principio
de legalidad está compuesto a su vez por una serie de garantías dentro de las
cuales se encuentran: la taxatividad[17]
y la prohibición de la
aplicación de normas penales retroactivamente (salvo sean más favorables para
el reo)[18]. En este marco cobra particular
importancia el principio de taxatividad,
según la cual, las
conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente
definidas por la ley[19]. En
este sentido:
“En virtud
de los principios de legalidad  y tipicidad el legislador se encuentra obligado
a establecer claramente en que circunstancias una conducta resulta punible y
ello con el fin de que los destinatarios de la norma  sepan a ciencia
cierta  cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley. No puede
dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad   del texto
respectivo,  la posibilidad de remplazar  la expresión del
legislador, pues ello pondría en tela de juicio el  principio de
separación de  las ramas del poder público, postulado esencial del Estado
de Derecho”[20].
3.3.4.  En cuarto lugar, el
principio de culpabilidad, derivado de artículo 29 de la
Carta Política y que en nuestro ordenamiento tiene las siguientes
consecuencias:
(i)      El
Derecho penal de acto, por el cual “sólo se permite castigar al
hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo
que desea, piensa o siente”[21].
Sobre este principio la Corte Constitucional ha señalado:
“La
Constitución colombiana consagra el Derecho Penal de acto, en cuanto erige un
Estado Social de Derecho, que tiene como uno de sus pilares el respeto de la
dignidad humana (Art. 1º), asigna el carácter de valor fundamental a la
libertad de las personas (preámbulo) en sus diversas modalidades o
manifestaciones, destaca que todas las personas nacen libres (Art. 13) y que
toda persona es libre (Art. 28) y preceptúa específicamente en relación con la
responsabilidad penal que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni
detenido sino por motivo previamente definido en la ley (Art. 28) y que nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al “acto que se le
imputa”, como también que toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado judicialmente “culpable”(Art. 29)” [22].
“En
la doctrina penal se distingue entre el Derecho Penal de autor y el Derecho
Penal de acto. i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus
condiciones sicofísicas o su personalidad, que se consideran peligrosos para la
sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con un criterio
determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a
sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto, de modo fatal o
inevitable. En este orden de ideas no es relevante que aquel cometa
infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas. ii) En el segundo,
el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión
de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente
en la ley como contrarias a bienes fundamentales de  la sociedad y de sus
miembros y que hacen a aquel merecedor de una sanción. Esta clase de Derecho,
inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad humana, ha sido
acogido por los regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en
varios preceptos de la Constitución colombiana, entre ellos el Art. 29. Por sus
fundamentos filosóficos y políticos, la responsabilidad derivada de esta última
concepción del Derecho Penal es necesariamente subjetiva, es decir, exige la
existencia de la culpabilidad, en alguna de las modalidades previstas en la
ley, en la comisión de la conducta”[23].
(ii)   El principio según el
cual no hay acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento
subjetivo del delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano
es valorado como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede
ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y
voluntad por una persona capaz de comprender y de  querer[24].
(iii) El grado de culpabilidad es uno de
los criterios básicos de imposición de la pena es, de tal manera que a su autor
se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de
exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad[25].
3.3.5.  En cuarto lugar, los
principios de racionabilidad y proporcionalidad en materia penal[26],
de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y
represión del delito con derechos fundamentales de las personas como el derecho
a la libertad y al debido proceso:
“Ha
precisado la Corte que dicha competencia, si bien es amplia, se encuentra
necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular
por los principios de racionalidad y proporcionalidad. Dichas limitaciones, ha
dicho la Corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este
campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la
represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las
personas como el derecho a la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la
Corte ha explicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de
configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en
consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por
ello se encuentra vedada la intervención de la
Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del
ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales”[27].
3.3.6.  Por último encontramos
al bloque de constitucionalidad y a otras normas constitucionales que
deben ser tenidas en cuenta en la redacción de las normas penales:
“Además de los límites explícitos, fijados directamente
desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de
los valores y principios consagrados en la
Carta, la actividad del Legislador está condicionada a una serie de normas y
principios que, pese a no estar consagrados en la
Carta, representan parámetros de constitucionalidad de obligatoria
consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial
fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los
artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen parte del llamado bloque
de constitucionalidad”[28].
De esta manera, el control
que el juez constitucional ejerce sobre esas definiciones legislativas es un
control de límites respecto del cumplimiento de estos principios[29].
3.4.
La limitación de la libertad económica en
el ejercicio de la actividad aseguradora
La libertad económica se
encuentra consagrada en el art. 333 de la
Constitución de Colombia[30]
y ha sido definido por esta Corporación como una facultad que tiene toda
persona de realizar actividades de carácter económico, con la finalidad de
crear, mantener o incrementar un patrimonio[31].
Este principio está limitado desde el punto de vista material por razones de
seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social y desde el
punto de vista adjetivo por toda forma de intervención del Estado en la
economía y por el establecimiento de monopolios o la calificación de una
determinada actividad como servicio público, la regulación del crédito, de las
actividades comerciales e industriales[32].
Adicionalmente, la
Constitución también consagra una serie de sub principios derivados de la
libertad económica:
(i)    La libertad de
empresa, que se encuentra consagrada en el art. 333 de la Constitución[33] y “le
otorga a toda persona el derecho de ejercer y desarrollar una determinada
actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización
institucional”[34].
Esta libertad implica para la
Corte Constitucional que “los empresarios pueden tomar decisiones más o
menos drásticas para regular las relaciones dentro de su empresa, de
conformidad con los intereses legítimos que persiguen o pretenden promover”[35].
Sin embargo, esta actividad tiene límites derivados de su función social[36],
especialmente fundamentados para proteger la salubridad, la seguridad, el medio
ambiente, el patrimonio cultural de la
Nación, o por razones de interés general o bien común[37].
La libertad de empresa implica
la libertad de creación de empresas y de acceso al mercado; la libertad de
organización de la empresa a través de la elección de nombre, emplazamiento,
forma de organización y composición de sus órganos de dirección; y la libertad
de dirección de su producción, inversión, política comercial, precios,
competencia leal y contratación[38].
(ii)
La libertad sindical, que implica que los trabajadores y empleadores
tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del
Estado[39].
(iii)
La libertad de llevar a cabo actividades económicas y la libre
iniciativa privada, las cuales están limitadas por el interés general[40].
(iv)
La regulación del mercado para asegurar el interés general, consagrada
igualmente en la Constitución en diversas normas, dentro de ellas el art. 333,
según el cual, la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así
lo exija el bien común.
Estos
principios son plenamente aplicables al sistema financiero y asegurador, el
cual se encuentra conformado por: “Establecimientos de
crédito, Sociedades de servicios financieros, Sociedades de capitalización,
Entidades aseguradoras e Intermediarios de seguros y reaseguros”[41].
La actividad
aseguradora es realizada por las compañías y cooperativas de seguros
cuyo objeto social fundamental es “la realización de operaciones de seguro,
bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente, aparte de aquellas
previstas en la ley con carácter especial”[42].
El sector
asegurador es fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna, pues
permite un manejo racional del riesgo y la protección de la comunidad de
asegurados, razón por la cual se ha declarado como una actividad de interés
público[43].
Este sentido, el seguro permite la adopción de técnicas preventivas que
contribuyan a bloquear, total o parcialmente, las consecuencias derivadas de un
daño eventual[44],
lo cual facilita la prevención y distribución de los riesgos en casi todas las
actividades de la sociedad moderna como el transporte, la salud, las
operaciones financieras, la construcción y en general cualquier actividad que
pueda tener un riesgo asegurable.
Por lo
anterior, la libertad de empresa y la iniciativa privada deben protegerse de
manera especial en la actividad aseguradora y solamente pueden limitarse por
razones de interés público que resulten razonables y proporcionales, pues lo
contrario se puede afectar masivamente a toda la comunidad de asegurados.
En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado:
“La autonomía de la voluntad y
la libertad contractual en el ejercicio de las relaciones privadas en materia
de seguros gozan de garantía constitucional, sin embargo, se encuentran
limitadas o condicionadas por las exigencias propias del Estado Social de
Derecho, el interés público y el respeto de los derechos fundamentales de los
asegurados-beneficiarios. Si bien las actividades financiera y aseguradora son
de interés público y se cimientan en la consensualidad, la libertad contractual
y la autonomía privada, los valores y principios constitucionales y el respeto
de los derechos fundamentales son sus limitantes. Por ello, a efectos de garantizar
que estos límites no sean desbordados por la actividad aseguradora, se hace
necesaria  la intervención del Estado para preservar el interés público,
pero también para garantizar la protección de la parte más débil en la relación
contractual como es el asegurado y beneficiario”[45].
En
consecuencia, la libertad económica aplicable en la actividad aseguradora debe
ser tutelada y solamente puede ser limitada por motivos de interés público,
razonables y proporcionales a sus finalidades.
En este
aspecto, la Corte Constitucional señaló una serie de criterios que deben
adoptarse siempre que se pretenda restringir la libertad económica:
“Por
ende para establecer la legitimidad de las restricciones del Legislador, la
Corte debe evaluar (i) si la limitación, o prohibición, persiguen una finalidad
que no se encuentre prohibida en la
Constitución; (ii) si la restricción impuesta es potencialmente adecuada para
conseguir el fin propuesto, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación,
esto es que la restricción no sea manifiestamente innecesaria o claramente
desproporcionada. Adicionalmente (iv) debe la
Corte examinar si el núcleo esencial del derecho fue desconocido con la
restricción legal o su operatividad se mantiene incólume”[46].
En jurisprudencia posterior, esta Corporación agregó una serie de
requisitos especiales para la procedencia de dicha limitación
“En jurisprudencia posterior la
Corte ha sistematizado los requisitos formales y materiales de la intervención
del Estado en materia económica cuando limita la libertad de económica y ha señalado
que tal intervención: i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de
la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii)
debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación
de la referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v)
debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”[47].
En
consecuencia, cualquier limitación de la libertad económica en la actividades
financiera y aseguradora debe cumplir con estos parámetros, los cuales también
son aplicables a la tipificación de delitos, pues los mismos no solamente
implican mandatos de imposición de sanciones, sino también normas de
prohibición frente a determinadas conductas que se pretenden evitar[48], a
través de un mandato de prevención general negativa que busca que la sociedad
no desarrolle determinados comportamientos[49].
En este sentido, cuando una norma penal consagra un determinado comportamiento
como delictivo también está restringiendo su realización a nivel general y
limitando el ejercicio de una actividad económica, situación que exige que se
analicen estos parámetros para determinar si dicha restricción es proporcional
y razonable.
3.5.
EL ALCANCE DEL DELITO DE RECEPTACIÓN
La norma
demandada se encuentra dentro del tipo penal de receptación de partes o
autopartes, por lo cual se estudiará a continuación su evolución en la doctrina
nacional y comparada para delimitar sus alcances y los bienes jurídicos que
afecta.
3.3.1. La
receptación en el derecho comparado
La receptación es
una conducta punible consagrada en múltiples legislaciones penales y que tiene
por objeto sancionar la comercialización de objetos que provienen de la
comisión de un delito, en especial del delito de hurto:
3.5.1.1.   En Alemania se
sancionan tres (3)  modalidades de receptación: la receptación propiamente
dicha[50],
la receptación profesional[51]
y la receptación profesional por bandas[52],
los cuales se encuentran en la Sección
vigesimoprimera del Código Penal, denominada “Favorecimiento y receptación”. El tipo básico de
receptación sanciona a: “Quien compre, o de otra
manera obtenga para si o para un tercero, comercialice, o ayude a comercializar
una cosa, que otro se haya robado o de otra manera haya obtenido por medio de
un hecho antijurídico dirigido contra el patrimonio ajeno de un tercero, con el
fin de enriquecerse o enriquecer a un tercero, será castigado con pena
privativa de la libertad hasta cinco años o con multa”[53].
3.5.1.2.   En
Argentina la receptación se sanciona como una forma de encubrimiento que se
tipifica en el capítulo XIII del título XI Código penal, el cual sanciona los
delitos contra la administración pública. El numeral 3º del artículo 277
sanciona a quien “Adquiriere, recibiere u
ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o
interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si
el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble”,
mientras que el artículo 278 sanciona a quien de acuerdo con las circunstancias
debía sospechar que los objetos adquiridos, recibidos u ocultados eran
provenientes de un delito”[54].
3.5.1.3.   En
Francia, la receptación se incluye dentro del título II del Código penal denominado
“De los demás atentados contra los bienes” y tiene una forma de
tipificación bastante compleja en la cual se castigan 5 modalidades: la
receptación propiamente dicha[55],
la receptación cometida de manera habitual o por una banda organizada[56], la
receptación de bienes de un menor de edad que comete habitualmente delitos, la
omisión del registro de venta de objetos muebles usados o adquiridos por
aquella persona que se dedica profesionalmente a este negocio[57] y
la  realización de menciones inexactas en el mismo[58].
La receptación simple sanciona “el hecho de ocultar, tener o transmitir una cosa o actuar como
intermediario con el fin de transmitirla, a sabiendas de que dicha cosa procede
de un crimen o un delito”[59]
3.5.1.4.   En México, la receptación se encuentra contemplada dentro de los delitos
en contra de las personas en su patrimonio[60]
y sanciona “al que comercialice en forma habitual objetos robados, a sabiendas
de esta circunstancia y el valor intrínseco de aquéllos sea superior a quinientas
veces el salario, se le sancionará con una pena de prisión, de seis a trece
años y de cien a mil días multa”[61].
3.5.1.5.   En Portugal, la receptación se castiga como un delito contra el
patrimonio económico y el Código Penal dos (2) modalidades: la primera sanciona
a quien “con la intención de obtener, para sí o para
otra persona, ventaja patrimonial, disimula cosa que fue obtenida por otro
mediante hecho ilícito típico contra el patrimonio, recibia en prenda, adquiera
a cualquier título, o tiene, conserva, transmite o contribuye a transmitir, o
de cualquier forma asegura, para sí o para otra persona su posesión””[62] y
la segunda a quien “sin previmanente tener asegurada la legítima procedencia,
adquiere o recibe, a cualquier título, cosa que, por sus cualidades o por la
condición de quien la ofrece, o por el monto del precio propuesto, hace
razonablemente sospechar que proviene de un hecho ilícito típico contra el
patrimonio”[63].
3.5.1.6.   En España el delito de receptación se sanciona dentro del título de
los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico[64] y
sanciona una conducta punible muy similar a la consagrada en Colombia:
“El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes,
sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él
o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en
la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del
tanto al triple del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o
tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por
tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o
definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su
duración no podrá exceder de cinco años”[65].
3.5.1.7.   En Perú, el delito de receptación es una conducta punible contra el
patrimonio económico que sanciona a quien “adquiere, recibe en donación o en
prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia
delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito”[66].
En
consecuencia, en el derecho comparado la receptación es un delito que afecta la
administración de justicia y el patrimonio económico en el cual es
imprescindible que el sujeto activo conozca el origen ilícito del objeto,
situación que delimita esta conducta punible de actuaciones lícitas neutras
como la mera adquisición o tenencia de un bien frente al cual no se conoce si
es el fruto o el objeto material de otro delito.
3.3.2.  Evolución
de la receptación en Colombia
En Colombia,
el Código penal ha tipificado el delito de receptación dentro de la mayoría de
legislaciones penales de su historia teniendo una evolución bastante amplia:
3.3.2.1.   El
Código Penal de 1890 calificaba la receptación como una modalidad de
encubrimiento: “Son encubridores: 1 ) los que espontáneamente, sin concierto
anterior a la perpetración del delito, receptan o encubren después la persona
de alguno o algunos de los autores, cómplices o auxiliadores; o los que
protegen los defienden o les dan auxilio o noticias para se precavan o se
fuguen; u ocultan alguna de sus armas, o alguno de los instrumentos o
utensilios  con que se cometió el delito, o alguno de los efectos en que
éste consista; o compran, expenden o distribuyen algunos de dichos
efectos, sabiendo que aquellas armas, instrumentos o utensilios han
servido para el delito, o que de él han provenido aquellos efectos”[67]
( negrilla y subrayado fuera de texto).
3.3.2.2.   Por
su parte, el Código Penal de 1936 tipificó el delito de receptación de manera
autónoma de la siguiente manera: “El que fuera de los casos de concurso en
el delito, ocultare o ayudare a ocultar o asegurar el producto o fruto del
mismo, o lo comprare o expendiere a sabiendas de su
procedencia, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de
veinte a dos mil pesos”[68].
( negrilla y subrayado fuera de texto ).
3.3.2.3.   Años
más tarde, el Código Penal de 1980 consagró también la receptación de la
siguiente manera:  “Receptación. El que fuera de los casos de
concurso en el delito, oculte o ayude a ocultar o a asegurar el objeto material
o el producto del mismo, o lo adquiera o enajene, incurrirá en prisión de seis
meses a cinco años y multa de un mil a cien mil pesos”[69].
3.3.2.4.   Durante
la vigencia de este Código esta conducta punible se reformó en varias
ocasiones, dentro de las cuales la primera se llevó a cabo en la ley 190 de
1995, la cual estableció una regulación mucho más amplia de esta conducta
punible que incluso incluiría algunas hipótesis de lavado de activos: “El
que fuera de los casos de concurso en el delito oculte, asegure, transforme,
invierta, transfiera, custodie, transporte, administre o adquiera el objeto
material o el producto del mismo o les dé a los bienes provenientes de dicha
actividad apariencia de legalidad o los legalice, incurrirá en pena de prisión
de tres (3) a ocho (8) años, siempre que el hecho no constituya delito
sancionado con pena mayor”[70].
Así mismo esta
ley estableció una serie de causales de agravación relacionadas con el valor
del objeto material y con las modalidades de la conducta punible:
“(…)
La pena
imponible será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión si el valor de los
bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible es
superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de la consumación del hecho.
La pena
imponible con base en los incisos anteriores se aumentara de la mitad (1/2) a
las tres cuartas (3/4) partes en los siguientes casos:
1. Si los
bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible
provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de cualquiera de los
delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986.
2. Cuando
para la realización de la o las conductas se efectúen operaciones de cambio o
de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al territorio aduanero
nacional o se celebren contratos con personas sujetas a la inspección,
vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores.
3. Si la
persona que realiza la conducta es importador o exportador de bienes o
servicios, o es director, administrador, representante legal, revisor fiscal u
otro funcionario de una entidad sujeta a la inspección, vigilancia o control de
las Superintendencias Bancaria o de Valores, o es accionista o asociado de
dicha entidad en una proporción igual o superior al diez por ciento (10%) de su
capital pagado o del valor de los aportes cooperativos”.
3.3.2.5. La Ley 228 del de 1995 “Por la cual se determina el
régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras
disposiciones”, consagró como contravención una modalidad de receptación en
la cual se incurría por el solo hecho de no demostrar la procedencia ilícita
del bien:
“Ofrecimiento
o enajenación de bienes de procedencia no justificada. El que en lugar público
o abierto al público ofrezca para su enajenación bien mueble usado, cuya
procedencia no esté justificada, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho
(18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con
pena mayor.
PARAGRAFO.
Cuando se trate de establecimientos de comercio cuyo objeto social sea el de
compraventa con pacto de retroventa de que hablan los artículos 1939 y
siguientes del Código Civil Colombiano, el contrato escrito ajustado a la ley y
firmado por las partes que intervengan en él, se tendrá como prueba de la
procedencia de que habla el presente artículo"[71].
Sin embargo,
esta ley fue declarada inconstitucional  en la sentencia C-626 de 1996 por
vulnerar la presunción de inocencia al sancionar la oferta de enajenación de un
bien cuya procedencia no esté justificada.
3.3.2.5.   Al
año siguiente, se modificó el delito de receptación a través de la
Ley 365 de 1997 “Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la
delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones” agregando la
exigencia de que el sujeto activo no hubiera participado en la ejecución del
delito[72].
3.3.2.6.   El
Código penal de 2000 consagra dentro del capítulo VI del
título XVI del Código penal 3 modalidades de encubrimiento: el favorecimiento
en el que incurre “El que tenga conocimiento de la comisión de
la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la
autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente”[73], la
receptación, que se comete por “El que sin haber tomado parte en la
ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito” y
por último la comercialización de autopartes hurtadas.
3.3.2.7.
La ley 738 de 2002 consagró una modalidad especial de receptación en el
artículo 447 A del Código penal en la cual incurre: “Quien comercie con
autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre su procedencia
lícita, incurrirá en la misma pena del artículo anterior”[74].
Sin embargo, esta norma que fue declarada inconstitucional en la
sentencia C - 205 de 2003 por considerarse que vulnera el derecho a la
presunción de inocencia. En esta sentencia, la
Corte realizó un análisis completo de esta conducta punible:
(i)
En primer lugar, consideró que se vulneró el
principio de legalidad al sancionar una actividad económicamente legítima como
es comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores aunque sin
conservar la factura de los mismos:
“En
suma, el legislador al momento de tipificar una nueva modalidad de receptación
violó el principio de legalidad en la medida en que con su actividad no se
terminó protegiendo un determinado bien jurídico constitucionalmente válido, ya
que el ilícito comienza su ejecución al comerciar con autopartes usadas de
vehículos automotores sin conservar la factura de los mismos, lo que puede
constituir una actividad económica legítima. Se estableció asimismo un tipo
penal basado no en el acto sino en el autor violándose de está manera también
el artículo 29 constitucional”[75].
(ii)
En segundo lugar, se señala que se vulnera el principio de
proporcionalidad pues se podría sancionar penalmente a quien
comercia lícitamente con un bien, pero incumple el deber de demostrar su
procedencia:
“En el caso concreto, debido a la inexistencia de un bien jurídico
tutelado, por cuanto, se insiste, si el simple comercio de autopartes usadas de
vehículos automotores no lesiona bienes constitucionalmente garantizados, la
medida penal resulta ser manifiestamente desproporcionada, porque permite
sancionar a un ciudadano que realiza una conducta socialmente adecuada ( vender
autopartes usadas de procedencia lícita es un riesgo permitido ) que por
cualquier circunstancia no logra demostrar la procedencia lícita de los bienes.
Es decir: se podría sancionar penalmente a quien comercia lícitamente con
un bien, pero incumple el deber de demostrar su procedencia”[76].
(iii)
En tercer lugar, se considera que la norma es irrazonable pues se está
exigiendo al ciudadano demostrar, en todos los casos, el origen lícito de un
bien con el cual está comerciando,  aunque no se cuente con los debidos
soportes documentales.
(iv)
En cuarto lugar, se señalaba que el legislador está descargando al
Estado de su deber constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia que
favorece al sindicado y en su lugar consagraba una presunción de culpabilidad:
“En efecto, el legislador está descargando al Estado de su deber
constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia que favorece al
sindicado, al haber operado, desde la estructuración misma del tipo penal, una
inversión de la carga de la prueba en detrimento de los derechos del acusado, a
quien ab initio se le presume su responsabilidad, lo que implica que puede
abrírsele investigación, dictarle medida de aseguramiento o incluso resolución
de acusación, pues aquélla sólo se desvirtúa si logra demostrar la procedencia
lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores con las que comercia.
De tal manera se contraría el postulado consagrado en  nuestro
ordenamiento constitucional, según el cual está proscrita la obligación del
sindicado de demostrar su inocencia” [77].
(v)
Finalmente, esta Corporación consideró que no se estaban vulnerando los
principios de dignidad humana y presunción de buena fe por la norma demandada.
3.3.2.8.
La Ley 1453 de 2011 tipificó por su parte dos (2) nuevas formas
especiales de receptación dentro del delito de comercialización de autopartes
hurtadas:
La primera es similar al delito contemplado en la ley 738 de 2002
aunque con una diferencia fundamental, pues ya no se invierte la carga de la
prueba al no exigirse como elemento del tipo penal que no demuestre su
procedencia lícita, por lo tanto será el Estado a través de la
Fiscalía quien tenga que demostrar que el objeto es hurtado:
“Quien comercie con autopartes de vehículos automotores hurtados
incurrirá en la misma pena del artículo anterior”.
Esta norma no se encontraba en el proyecto inicial presentado por el
Ministerio del Interior y de Justicia, sino que fue incluida y aprobada en el
texto aprobado en primer debate por la
Cámara de Representantes con la siguiente redacción:
“Artículo 83. Adiciónese a la
Ley 599 de 2000 el artículo 447 A. el cual quedará así:
Artículo 447 A. quien comercie autopartes de vehículos automotores
hurtados o transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias,
números de identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida
total, incurrirá en la misma pena del artículo anterior”
Posteriormente, en el texto para discusión en segundo debate en la
Cámara de representantes este tipo penal se dividió en dos segmentos creándose
un parágrafo en el cual se incluyó la disposición demandada:
“Artículo 30. Adicionase a la
Ley 599 de 2000 el artículo 447 A, el cual quedará así:
“Artículo 447 A. Quien comercie con autopartes de vehículos
hurtados incurrirá en la misma pena del artículo anterior.
Parágrafo. El que transfiera o utilice a cualquier título los
documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores
declarados en pérdida total, incurrirá en la pena de prisión de cuatro (4) a
doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta
(750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Finalmente, en el trámite de conciliación del proyecto la norma fue
aprobada con el mismo texto aprobado en el segundo debate de la
Cámara de Representantes. De esta manera, puede concluirse que el parágrafo
estaba incluido como una modalidad de comercialización de vehículos hurtados,
pero que finalmente se incluyó de manera autónoma en el parágrafo de la norma,
lo cual afectó claramente su naturaleza y estructura.
3.4.
Análisis de la norma demandada
3.4.1.
La enajenación de salvamentos en el contrato de seguros
Una de las obligaciones del asegurado en el contrato de seguros
es el deber de salvamento, consistente en la obligación de aminorar las
consecuencias del siniestro[78].
En Colombia, el deber de salvamento se encuentra contemplado en el artículo
1074 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual: “Ocurrido el siniestro,
el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer
al salvamento de las cosas aseguradas”[79].
Sobre el
salvamento la doctrina ha señalado que “se inscribe en el deber recíproco de
colaboración o cooperación de las partes de la relación sustancial, en el caso
para evitar el daño o disminuir sus consecuencias”[80]. La
importancia de esta figura es resaltada por la doctrina de la siguiente manera:
“De no
existir esta carga –agrega-, ningún asegurador querría afrontar el riesgo si el
asegurado no asumiera el deber consistente en hacer cuanto pudiera por atenuar
los daños del siniestro. Las previsiones sobre las que se calculó la tarifa de
las primas, quedarían desmentidas y al arbitrio del asegurado, si pudiera él
inejecutar la carga.”[81]
En virtud de
lo anterior, después de la ocurrencia del siniestro pueden permanecer indemnes
algunos objetos que en el derecho de los seguros son también denominados
salvamentos y que pueden transferirse de acuerdo a lo señalado en el contrato,
actuación que se funda en la subrogación que opera a favor del asegurador,
contemplada el artículo 1096 del Código de Comercio:
“Las normas
que rigen el contrato de seguro contenidas en el título v del libro cuarto del
código de comercio, no regulan de manera específica el procedimiento ni los
criterios que deben establecer las compañías de seguros en la selección de las
ofertas en la venta de salvamentos.
En tal
virtud, las entidades aseguradoras gozan de plena libertad para determinar por
la vía de manuales o instructivos internos el procedimiento que se debe
adelantar para efectos de elegir la oferta que resulte más conveniente a sus
intereses.
Lo anterior
tiene fundamento en el ejercicio del derecho a la subrogación a favor del
asegurador establecido en los artículos 1096 y siguientes del Código de
Comercio. En efecto, el artículo señalado dispone que “El asegurador que pague
una indemnización se subrogará por ministerio de la ley y hasta concurrencia de
su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del
siniestro”[82].
Por lo anterior,
la venta de un salvamento es una actividad plenamente admitida en el derecho de
seguros, si bien no se encuentra regulada de manera específica en el Código de
Comercio:
“De otra parte, por lo que hace referencia al procedimiento
de venta de los salvamentos de las compañías aseguradoras, conviene precisar
que las normas que rigen el contrato de seguro contenidas en el mencionado
Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio, no regulan de manera
específica los criterios que deben seguir para tal propósito.
En este orden de ideas, las entidades aseguradoras gozan de
plena libertad para determinar por la vía de manuales o instructivos internos
el procedimiento que se debe adelantar en este sentido, así como para la
devolución de sumas de dinero a los asegurados en el evento de vender el
salvamento por un valor superior a la suma indemnizada.
Finalmente, si usted considera que por razón del
procedimiento adoptado por la compañía aseguradora fueron lesionados sus
intereses y en esa medida se le causaron perjuicios, debe advertirse que esta
Entidad, por su carácter de autoridad administrativa, no posee competencia para
dirimir conflictos surgidos entre los particulares y las compañías de seguros
sometidas a su inspección y vigilancia, con ocasión de los procedimientos
adoptados en la recuperación y venta de salvamentos por estas últimas,
correspondiéndole esa misión, por la naturaleza de su actividad, a la rama
jurisdiccional2.»[83]
Dentro de los
eventos de siniestro relacionados con el seguro de vehículos se encuentran la
pérdida definitiva y la pérdida total, cuyas definiciones se han tomado
tradicionalmente de la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de Transporte, si
bien el objeto de esta norma es el registro de vehículos y no la definición del
siniestro[84].
La pérdida definitiva se presenta  “Cuando se pierde la tenencia y posesión
de un vehículo como consecuencia de un hurto”, mientras que la pérdida
total se presenta “cuando en el siniestro un vehículo no pierde su capacidad
de funcionamiento técnico-mecánico que le impida realizar transacciones
comerciales y no obliga a la cancelación de su matrícula o registro”.
De esta
manera, la pérdida total no es aquella que impide realizar transacciones
comerciales, sino por el contrario, aquella en la cual podría ser posible
efectuarlas, por lo cual prohibir la realización de transacciones en los
eventos de pérdida total es contraria a su propia definición.
Esta situación
se confirma por el hecho de que la cancelación de la matrícula de un vehículo
automotor procede por pérdida definitiva, destrucción total del vehículo
automotor, exportación, reexportación, hurto o desaparición documentada, más no
por pérdida total[85].
Así mismo, otras normas especiales en materia de cancelación de matrícula no se
refieren a eventos de pérdida total sino de destrucción total, o de pérdida
definitiva[86].
De esta manera
en Colombia no se encuentra prohibida la enajenación de vehículos declarados en
pérdida total, sino en otra serie de eventos en los cuales sí se debe proceder
a la cancelación de la matrícula.
Por lo
anterior la redacción de la norma demandada puede llevar a tres (3) situaciones
insostenibles que vulneran claramente el principio de legalidad:
(i)    Asumir que el
concepto de pérdida total mencionado en el parágrafo del artículo 447
A es el contemplado en la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de
Transporte. Sin embargo, esta solución genera una grave contradicción
interpretativa, pues de acuerdo a esa resolución la pérdida total sería aquella
en la cual se pueden efectuar transacciones, mientras que el parágrafo del
artículo 447 A sanciona que se efectúen estas transacciones.
(ii)  No asumir la definición de
pérdida total contemplada en la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de
Transporte y al no existir ninguna otra norma que la defina su interpretación
dependería de la redacción de cada contrato de seguros, lo cual vulneraría
claramente el principio de reserva legal, pues no se configuraría un tipo penal
en blanco que remita a una norma extrapenal,  sino una conducta punible que
depende de la mera liberalidad de las partes.
(iii)      No
asumir la definición de pérdida total contemplada en la resolución 4995 de 2009
del Ministerio de Transporte y construir una definición de pérdida total por el
juez en cada caso concreto lo cual además de vulnerar gravemente el principio
de legalidad afectaría la seguridad jurídica y el principio de igualdad, pues
en cada caso los jueces podrían adoptar conceptos diversos.
En los tres
(3) casos se desconocería la figura del salvamento como un elemento de gran
importancia para el contrato de seguro, alterándose de manera sustancial el
funcionamiento de la actividad económica del aseguramiento en Colombia, lo cual
afectaría desproporcionadamente la libertad de empresa para prevenir una forma
de criminalidad que puede ser sancionada a través de otras conductas punibles
que tipifican de manera directa a quien utilice fraudulentamente los
documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores
declarados en pérdida total.
En este sentido
si bien en algunos casos la utilización de estos documentos puede afectar
bienes jurídicos como la hacienda pública, tal como señala la
DIAN, o el patrimonio económico, tal como señala el Ministerio de Justicia y
del Derecho, en estos eventos el operador judicial podría aplicar delitos tales
como la receptación, el favorecimiento, la defraudación a las rentas de aduana
o el propio hurto, bien sea de manera directa o a través de dispositivos
amplificadores como la tentativa o la complicidad.
En consecuencia, si existe un tipo penal para reprimir una determinada
forma de criminalidad debe preferirse su aplicación estricta antes que la
tipificación de nuevos delitos que limiten las garantías de terceros que no
tienen una relación directa con la conducta punible.
3.4.2.
La vulneración de la norma de los principios constitucionales del
Derecho penal
Esta Corporación considera que la norma demandada es inconstitucional,
pues vulnera los principios constitucionales esenciales del derecho penal:
3.4.2.1.
En primer lugar la norma no cumple con el principio de necesidad, pues
no desarrolla el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio
del derecho penal. En este sentido, el parágrafo del artículo 447
A no solamente no es subsidiario frente a otras formas de control social menos
gravosas como el derecho sancionatorio, sino que además contradice lo
establecido en el propio derecho de seguros, lo cual impide que su consagración
sea subsidiaria y además genera la situación insostenible de penalizar una
conducta admitida, regulada y desarrollada por otro sector del ordenamiento
jurídico.
En este sentido, la doctrina ha señalado que “sería
una contradicción axiológica insoportable, y contradiría además la
subsidiariedad del Derecho penal como recurso extremo de la política social,
que una conducta autorizada en cualquier campo del Derecho no obstante fuera
castigada penalmente”[87].
3.4.2.2.
En segundo lugar, la norma tampoco desarrolla el principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos, pues su tipificación no se orienta directamente
a la protección de los bienes jurídicos que podría tutelar el delito de
receptación como la administración de justicia o el patrimonio económico, sino
que se dirige a facilitar la sanción de otras conductas punibles a través de un
mecanismo que lesiona de manera desproporcionada e innecesaria la libertad
económica, pues los salvamentos emitidos en virtud de la pérdida total de un
vehículo se presentan en el marco de la actividad aseguradora que ninguna
relación tiene con la comisión de las conductas punibles que se pretenden
reprimir.
El contrabando o la receptación de vehículos o autopartes hurtadas con
conductas punibles muy graves que deben ser sancionadas penalmente, pero para
ello existen en el Código Penal otros delitos específicos para sancionarlos.
Lo anterior se corrobora con la propia redacción del tipo penal, que
no solamente incluye la transferencia del documento, sino su propio uso, lo
cual impediría al propio usuario y a la aseguradora realizar los trámites
exigidos para el pago de la indemnización, pues es en virtud de la utilización
de la declaración de pérdida total que el asegurado obtiene el pago de la
misma.
3.4.2.3.
En tercer lugar, la norma no cumple con el principio de taxatividad,
pues señala una descripción tan amplia y ambigua que no permite definir el
supuesto de hecho, pues no establece la relación de esta conducta punible con la
Comercialización de autopartes hurtadas sin que pudiera señalarse con certeza,
por ejemplo, que exista un nexo entre el uso o la transferencia del documento y
la comercialización de la parte de un vehículo hurtada.
Tampoco existe plena claridad en Colombia sobre el concepto de pérdida
total, existiendo una resolución del Ministerio que es contradictoria con el
propio parágrafo del artículo 447 A y que además no tiene por objeto directo la
regulación de los siniestros sino establecer el manual de trámites para el
registro o matrícula de vehículos automotores y no automotores en todo el
territorio nacional, situación que afecta de manera evidente el principio de
legalidad, pues la interpretación de este elemento podría depender de la mera
discrecionalidad del operador judicial.
Una interpretación estricta de este parágrafo implicaría que desde un
punto de vista netamente subjetivo el sujeto que comete este delito puede ni
siquiera tener el conocimiento de que con su conducta está favoreciendo la
receptación de la parte hurtada de un vehículo, mientras que una interpretación
amplia orientada al bien jurídico exigiría que sí lo conociera, situación de
duda que no puede permitir de ningún modo el principio de legalidad y podría
generar soluciones completamente desiguales. Tampoco se justificaría en este
caso que la Corte Constitucional realizara una interpretación condicionada,
pues los defectos de la norma no son circunstanciales ni se remiten a eventos
específicos sino que serían tantos los aspectos que deben concretarse de la
norma que terminaría redactándose un nuevo tipo penal, función que solamente
corresponde al Congreso de la República.
3.4.2.4.   Por último, un criterio de razonabilidad exige que el Estado utilice
de manera racional las conductas punibles que trae el Código penal que permiten
sancionar de manera estricta a quienes participan en el robo de partes de
vehículos, tales como los delitos de favorecimiento, receptación, concierto
para delinquir y hurto, pero no utilizar el derecho penal como una herramienta
simbólica frente a comportamientos que ya puede reprimir sin necesidad de
desconocer las garantías de terceros que no tienen ninguna relación con la
conducta punible.
La venta de salvamentos ha sido definida por la Superintendencia Financiera como una actividad financiera que puede ser realizada dentro del
objeto social de las compañías de seguros[88].
En este sentido, el sistema financiero es un «instrumento neutro» que sirve
para canalizar los capitales que fluyen al mercado, cuyo funcionamiento no se
ve alterado por el «origen» de los capitales[89].
Por esta razón, se trata de una conducta neutra que de manera directa y sin que
el sujeto activo conozca el origen ilícito del bien no puede causar un
resultado lesivo frente a los bienes jurídicos de la administración de justicia
o el patrimonio económico.
Solamente podría plantearse una lesividad de la conducta de manera muy
mediata y a través de la intervención dolosa de un tercero que las utiliza para
introducir en el mercado un objeto robado o la evasión de impuestos, situación
que puede ser sancionada a través de otras conductas punibles como el
favorecimiento, el concierto para delinquir, los delitos  aduaneros o la propia
receptación. En este sentido, esta conducta punible ni siquiera podría ser
calificada como un delito de peligro abstracto.
3.4.2.5.
Finalmente debe agregarse que la norma demandada tampoco cumple con los
requisitos exigidos por esta Corporación para la restricción de la libertad
económica[90],
pues: (i) establece una restricción que no es potencialmente
adecuada para conseguir el fin propuesto, al no tener una relación directa con
la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos de la administración de
justicia ni del patrimonio económico; (ii) es manifiestamente desproporcionada,
pues se está afectando una actividad lícita y permitida por el ordenamiento
jurídico sin que la misma esté directamente relacionada con los fraudes que se
pretenden evitar y ; (iii) resulta innecesaria ante la existencia de otros
tipos penales que permiten la represión de los fraudes cometidos a través de la
utilización ilegal de documentos de vehículos declarados en pérdida definitiva
como la falsedad, la receptación, el fraude procesal o la modalidad básica del
comercio de autopartes usadas consagrada en el primer inciso del artículo 447
A del Código Penal.
Por lo anterior, esta Corporación debe señalar que los fraudes que
pueden cometerse a través de la utilización fraudulenta de documentos,
licencias o números de identificación de los vehículos automotores declarados
en pérdida total con el fin de encubrir la receptación de vehículos o favorecer
el contrabando se consideran lesivos socialmente pero pueden ser sancionados a
través de delitos como el fraude procesal, la falsedad documental, el
favorecimiento o la receptación, entre otras conductas punibles y no de normas
como la demandada cuya aplicación presenta consecuencias desproporcionadas e
innecesarias político criminalmente frente a la actividad aseguradora y frente
a los derechos de los beneficiarios de las pólizas de seguros.
DECISIÓN
Con fundamento en las
consideraciones precedentes, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 447-A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la
Ley 1453 de 2011.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ADRIANA GUILLÉN ARANGO
(E)
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-1404 de 2000,
M.P. Carlos Gaviria Diaz y
Alvaro Tafur Galvis; C-173 de 2001,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-551 de 2001,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-226 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-393 de 2002,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-916 de 2002,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-248 de 2004,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-674 de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-077 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-210 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-210 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-355 de 2006,
M.P.: Dr. Jaime Araújo
Rentería; Dra. Clara Inés Vargas  Hernandez; C-425 de 2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-317 de 2002,
M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C-822 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988
de 2006, M.P. Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa; C-417 de 2009,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-575 de 2009,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-636 de 2009,
M.P. Mauricio González Cuervo; T-962 e 2009,
M.P. María Victoria Calle Correa; C-983 de 2010,
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[2] Sentencia de la
Corte Constitucional C-238 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria. En similar sentido: Sentencia C-077 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Renteria.
[3] PAGLIARO, Antonio: Principi di Diritto penale. Parte
generale, Milán, Milano – Dott. A. Giuffrè editore, 1998, p. 228; BRICOLA, Franco: Teniche di tutela penale e teniche
alternative di tutela. En Funcioni e Limiti del Diritto penale, alternative di
tutela. CEDAM – CASA EDITRICE DOTT ANTONIO MILANI, Padova, 1984, p. 24; ROXIN, Claus, op. cit. pp. 55 y
ss.;  SCHÜNEMANN, Bernd: El principio de protección de bienes jurídicos como
punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación,
en: HEFENDEHL, Ronald: La teoría del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007,
pp. 197 y ss.; KUHLEN, Lothar: La interpretación conforme a la
Constitución de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 147;
DONNINI, Massimo, El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad, Ara
editores, Lima, 2010, pp. 86 y ss.
[4] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-173 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis;  C-226 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-317 de 2002,
M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C-238 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-822 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-636 de 2009,
M.P. Mauricio González Cuervo; C-575 de 2009,
M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Lecciones de
Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, pp. 65 y ss.
[6] BUSTOS RAMÍREZ, Juan, op. cit., p. 66.
En similar sentido ROXIN, Claus: Derecho penal, Parte general I (traducción de
Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Miguel Díaz y García Conlledo, y de Javier de Vicente
Remesal), Madrid, Civitas, 1997, pp. 49 y ss; JESCHECK, Hans-Heinrich /
WEIGEND, Thomas: Tratado de Derecho penal, Parte general (traducción de Miguel
Olmedo Cardenete), Granada, Comares, 2002, pp. 56 y ss.
[7] BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Lecciones de
Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, p. 66. En
similar sentido, ROXIN, Claus, op. cit., p. 65; JESCHECK, Hans-Heinrich /
WEIGEND, Thomas, op. cit., pp. 56 y ss.
[8] Sentencia de la
Corte Constitucional C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[9] Sentencia de la
Corte Constitucional C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Ver también AGUADO CORREA,
Teresa: El principio de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid,
1999, p. 159.
[10] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-636 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo. En igual forma: Sentencia C-647 de 2001,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-226 de 2002
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-370 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-762
de 2002 MP: Dr. Rodrigo Escobar Gil; C-489 de 2002
M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-312 de 2002,
M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-355 de 2006,
M.P. Jaime Araújo Rentería, M.P. Clara
Inés Vargas  Hernandez; C-897 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-575
de 2009, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[11] ROXIN, Claus, op. cit., pp. 52 y ss.;
SCHÜNEMANN, Bernd: El principio de protección de bienes jurídicos como punto de
fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación,
en: HEFENDEHL, Ronald: La teoría del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007,
pp. 197 y ss; AGUADO CORREA, Teresa, op. cit., 1999, p. 159.
[12] MIR PUIG, Santiago: Bases
constitucionales del Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, p. 111.
[13] Al respecto la
Corte en la sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño señaló: “Si
bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del
poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no
puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de
comportamientos no sólo es legítima frente a la
Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino
también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio
democrático.  Es una conquista del mundo civilizado que normas tan
trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican
conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o
partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas
políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el
ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no
se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.
De
este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el
diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la
tipificación de conductas punibles.  Sin embargo, es evidente que no se trata
de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no
existen poderes absolutos.  En el caso de la política criminal, no obstante
contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán
concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento
jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.  Esto
es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica
ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste que se halle
sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental.
Entonces,
el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería
susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando
ha conducido a la emisión de normas que controvierten el Texto Fundamental.  No
obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo
de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su
contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de
retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no
el criterio de política criminal que involucran.” En similar sentido ver la
sentencia C- 646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Sentencia de la
Corte Constitucional: C – 730 de 2005,
MP: Dr. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido: T-079 de 1993,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-565
de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-591
de 1993 M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz; T-139 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-308
de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-428 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-146 de 1995,
M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; T-155
de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1339
de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU.1722
de 2000 MP(e): Dr. Jairo Charry Rivas; C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-974 de 2001,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-312 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-433 de 2002,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1064 de 2002,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-530 de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-499 de 2003,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-431 de 2004, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-1001 de 2005,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-284 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-649 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-072 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-433 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2004,
M.P. Jaime Araújo Rentería; C-897
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-391 de 2007
M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa; C-117 de 2006,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-040 de 2006,
M.P. Jaime Araújo Rentería; T-171 de 2006,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Alvaro Tafur Galvis;  T-1249 de 2008,
M.P: Jaime Córdoba Triviño; C-1198 de 2008,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
C-801 de 2009, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-200 de 2010
M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto; C-936 de 2010
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-442 de 2011,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[15]
Sentencias de la Corte Constitucional: C-872
de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; C – 730 de 2005,
M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido: C-1173
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-334 de 2007, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-186 de 2011, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[16] Sentencia de la
Corte Constitucional C-238 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria.
[17] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1144
de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002,
M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C – 925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: C-1080 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-820
de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-996
de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1260
de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-676 de 2006,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[18] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 925
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En igual sentido: C-371 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[19] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-996 de 2000, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; C-1144 de 2000,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002,
M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C-1080 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C – 925
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En el mismo sentido: T-676 de 2006, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-843 de 1999,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-238 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-820
de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1260
de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[20] Sentencia de la
Corte Constitucional C-173 de 2001, M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[21] Sentencia de la
Corte Constitucional C-239 de 1997. En igual sentido: Sentencia C-179 de 1997,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-228 de 2003,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[22] Sentencia de la
Corte Constitucional C-077 de 2006, M.P. Jaime Araujo Renteria,
[23] Sentencia de la
Corte Constitucional C-077 de 2006, M.P: Jaime Araujo Renteria.
[24] Sentencia de la
Corte Constitucional C-239 de 1997. En el mismo sentido: C-616
de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; C-928 de 2005, M.P. Jaime Araujo
Renteria.
[25] Sentencia de la
Corte Constitucional C-239 de 1997,
M.P. Carlos Gaviria
Diaz.
[26] Sobre la aplicación específica de estos
principios en materia penal, ver: MIR PUIG, Santiago: Bases constitucionales
del Derecho penal, op. cit, pp. 94 y ss y AGUADO CORREA, Teresa: El principio
de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, p. 149 y ss.
[27] Sentencia de la
Corte Constitucional C-247 de 2004, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[28] Sentencia de la
Corte Constitucional C-488 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[29] Sentencias de la
Corte Constitucional: C-226 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis. En similar
sentido C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-962 de 2009,
M.P. María Victoria Calle
Correa; C-248 de 2004, M.P: Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005,
M.P: Alvaro Tafur Galvis.; C-355 de 2006,
M.P. Jaime Araújo Rentería; Clara
Inés Vargas  Hernandez; C-822 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-575 de 2009,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Art. 333 de la
Constitución de Colombia: “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional”.
[31] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 269 de 2000,
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[32] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 269 de 2000,
M.P: Alvaro Tafur Galvis.
[33] Art. 333 de la
Constitución de Colombia: “La actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La
libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará
el desarrollo empresarial”.
[34] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 524 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[35] Sentencia de la
Corte Constitucional T – 579 de 1995,
M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz .
[36] Sentencias de la
Corte Constitucional: C – 063 de 1994,
M.P. Alejandro Martinez Caballero y C – 524 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[37] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 524 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[38] ARIÑO
ORTIZ, Gaspar: Principios de Derecho público económico, Comares, Granada, 2004, p. 260.
[39] Art. 39 de la
Constitución de Colombia: “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de
constitución”.
[40] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 332 de 2000,
M.P. Fabio Morón
Díaz.
[41] Sentencia de la
Corte Constitucional C-1125 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[42] Artículo 38.3 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.
[43] Sentencia de la
Corte Constitucional C-232 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía: La actividad aseguradora es de interés público
y su ejercicio requiere de una autorización previa del Estado (Superintendencia
Bancaria), conforme a la ley. Por el contrario, el interés público mencionado
en la disposición, concuerda más con la defensa de la actividad aseguradora y,
por consiguiente, de la comunidad de asegurados, así como con las sanciones a
los tomadores que no declaran sinceramente el estado del riesgo, que con la
indiferencia estatal alrededor de esos mismos temas.
[44] STIGLITZ, Rubén S. Derecho de seguros.
Cuarta edición, I Tomo. Buenos Aires, Argentina. 2004, p. 1.
[45] Sentencia de la
Corte Constitucional T-490 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Sentencia de la
Corte Constitucional C-333 de 2000, M.P: Alejandro Martínez Caballero.
[47] Sentencia de la
Corte Constitucional C-392 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[48] Cfr. MIR PUIG, Santiago: Introducción
las bases del Derecho penal; B de F, Buenos Aires, 2002, p. 41 y 42; SILVA
SÁNCHEZ, Jesús María: Aproximación al Derecho penal contemporáneo, Bosch,
Barcelona, 1992, p. 311 y ss.
[49] En este sentido, cuando, por ejemplo,
una norma sanciona el delito de captación masiva y habitual no solamente
establece una norma secundaria para el juez que le obliga a aplicar una pena a
aquellas personas que incurren en este tipo penal, sino que también limita
justificadamente la actividad económica al prohibir que se realicen
determinadas actividades sin la autorización de las autoridades competentes.
[50] Artículo 259 del Código penal de Alemania.
[51] Artículo 260 del Código penal de Alemania.
[52] Artículo 260 A del Código penal de Alemania.
[53] Artículo 259 del Código penal de Alemania.
[54] Artículo
278 del Código penal de Argentina: “El que, con fin de lucro, adquiriere,
recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las
circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será reprimido con
prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad
habitual, la pena se elevará al doble”.
[55] Artículo 321-1 del Código penal de Francia.
[56] Artículo 321-2 del Código penal de Francia.
[57] Artículo 321-7 del Código penal de Francia.
[58] Artículo 321-8 del Código penal de Francia.
[59] Artículo 321 del Código penal
de Francia.
[60] Título
vigésimo segundo..
[61] Artículo 368 ter del Código Penal Federal de México.
[62] Artículo 231.1 del Código Penal de Portugal.
[63] Artículo 231.2 del Código Penal de Portugal.
[64] Título XIII del Código Penal.
[65] Art. 301.1 del Código Penal de España.
[66] Artículo 194 del Código Penal del Perú.
[67] Artículo 25 del Código Penal de 1890.
[68] Artículo 200 del Código Penal de 1936.
[69] Artículo 177 del Código Penal de 1980.
[70] Artículo 31 de la
Ley 19 de 1995.
[71] Artículo 9 de la
Ley 228 de 1995.
[72] Artículo 7 de la
Ley 365 de 1997: “El artículo 177 del Código Penal quedará así: “ARTICULO
177: Receptación. El que sin haber. tomado parte en la  ejecución de un
delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que
tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de
uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de
mayor gravedad.
“Si la
conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se
aumentará de una tercera parte a la mitad”.
[73] Artículo 446 de la Ley 599 de 2000.
[74] Artículo 1º de la ley 738 de 2002.
[75] Sentencia de la
Corte Constitucional C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[76] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 205 de 2003,
M.P: Clara Inés Vargas Hernández.
[77] Sentencia de la
Corte Constitucional C – 205 de 2003,
M.P: Clara Inés Vargas Hernández.
[78] JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo (Coord.):
Derecho Mercantil, Tomo II, Ariel, 2009, Barcelona, p. 702; MANTORELL, Ernesto
Eduardo: Tratado de derecho Mercantil, Tomo V, Ley, Buenos Aires, 2010, p. 449.
[79] Artículo 1074 del Código de Comercio.
[80] STIGLITZ, Rubén, op, cit., p. 447.
[81] STIGLITZ, Rubén, op. cit., p. 445.
[82] Concepto 20010401389 – 1 del 8 de marzo de 2002 de la Superintendencia Financiera.
[83] Concepto 2002038406-1 del 11 de octubre
de 2002 de la Superintendencia Financiera.
[84] Concepto de la Superintendencia Financiera en el presente expediente, p. 92 del
C. 1.
[85] Artículo 47 de la resolución 4995 de 2009 del
Ministerio de Transporte: “La matrícula de un vehículo automotor, se cancelará
a solicitud de su titular por pérdida definitiva, destrucción total del
vehículo automotor, exportación, reexportación, hurto o desaparición
documentada. Así mismo los vehículos rematados como chatarra, no podrán ser
registrados ante los Organismos de Tránsito.
Para la
cancelación de la matrícula de un vehículo automotor se dará cumplimiento a los
requisitos de carácter general previstos en la presente norma y los descritos
para cada caso”
[86] El artículo 48 de la resolución 4995 de 2009 se
refiere a la cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por
destrucción total; el artículo 49 se refiere a la cancelación de la matrícula
de un vehiculo automotor por hurto, desaparición documentada o pérdida
definitiva; el artículo 127 se refiere a la cancelación del registro de un
remolque, semirremolque, multimodular o similar; y el artículo 129 se refiere a
la cancelación del registro de un remolque, semirremolque, multimodular o
similar por pérdida definitiva, hurto o desaparición documentada, para colocar
sólo algunos ejemplos.
[87] ROXIN, Claus: Derecho penal, Parte
general I (traducción de Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Miguel Díaz y García
Conlledo, y de Javier de Vicente Remesal), Madrid, Civitas, 1997, p. 570.
[88] Concepto 20010401389 – 1 del 8 de marzo de 2002 de la Superintendencia Financiera.
[89] BLANCO CORDERO, Isidoro: El delito de
blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 121.
[90] Contemplados en las sentencias C-333 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) y C-392 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto) ya mencionadas.