T-265-15
Sentencia T-265/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
LEY MARCO DE VIVIENDA-Régimen de transición entre
UPAC y UVR
Con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del sistema
UPAC, mediante providencia C-700 de 1999, se generó un vacío legal que procuró
ser zanjado con la expedición de la Ley 546 de 1999 por medio de la cual se adoptó una
nueva figura económica denominada de “Unidad de Valor Real” (UVR).
LEY 546 DE 1999-Créditos hipotecarios pactados en UPAC deben ser reliquidados para
ser convertidos en contratos en UVR
SENTENCIA SU.813 DE 2007
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-La Corte unificó en la
Sentencia SU-813 de 2007 su criterio respecto de la aplicación del artículo 42
de la Ley 546 de 1999
En la Sentencia SU-813 de 2007 la Corte unificó su criterio
respecto de la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, aclarando
algunos apartes respecto de la suspensión de los procesos ejecutivos
hipotecarios adelantados por la incursión en mora de los obligados, indicando,
que existe el deber por parte de los jueces de conocimiento de dar por
terminados los procedimientos basados en el sistema UPAC que se encontraban en
curso al 31 de diciembre de 1999, luego de que fueran reliquidados.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Improcedencia por cuanto no se cumple con el requisito de
inmediatez
Referencia: Expediente T-3.025.186
Demandante: Ana Luz Pulido Ramos
Demandados: Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, Sala
Tercera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Superintendencia Financiera de Colombia y Central de
Inversiones S. A.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., siete
(7) de mayo de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio
Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el dictado por la
Sala de Casación Civil de la misma corporación, en el trámite de la acción de
tutela promovida por la señora Ana Luz Pulido Ramos, en contra del Juzgado
Trece Civil del Circuito de Barranquilla, la Sala Tercera de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Central de Inversiones S. A.
El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de
Selección número Cinco por medio de auto del 31 de mayo de 2011 y repartido a
la Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud
La demandante, Ana
Luz Pulido Ramos, por intermedio de apoderado judicial, interpuso la presente
acción de tutela en contra del Juzgado Trece Civil del
Circuito de Barranquilla, la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda,
posteriormente, Banco Granahorrar y Central de Inversiones S. A., por la presunta violación de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, transgresión
que se causó, a su juicio, con la falta de reestructuración de un crédito
hipotecario que adquirió para la compra de una vivienda, de conformidad con las
directrices legales previstas en la Ley 546 de 1999 y en las sentencias C-955
de 2000[1],
SU-813 de 2007[2]y
T-1240 de 2008[3]
proferidas por la Corte Constitucional.
Lo anterior, por
cuanto, al incurrir en mora, se le adelantó un proceso ejecutivo que fue
dirimido por las autoridades judiciales demandadas en el que, a su parecer, las
entidades financieras y la superintendencia accionada indujeron en un error a
los jueces lo que conllevó que se desconociera en su decisión los referidos
precedentes jurisprudenciales, que ordenan la restructuración de los créditos
bancarios obtenidos mediante el sistema UPAC, procedimiento que concluyó con la
orden de remate del inmueble dado en garantía de pago.
2. Hechos
La demandante, a
través de su apoderado, los narra, en síntesis, así:
2.1. Adquirió
con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, posteriormente, banco
Granahorrar S. A., un préstamo para la adquisición de vivienda por valor de $15’900.000,
equivalentes a 1820.9471 Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, pactando
su cancelación en 180 cuotas mensuales, equivalentes a 15 años.
2.2. Para
garantizar el pago de la precitada obligación, suscribió tres (3) pagarés de la
siguiente manera: el primero, el 7 de junio de 1996, bajo el No. 3943-0, el
segundo, el 31 de mayo de 1999, con el No. 478570003091-9 y, el tercero, el 31
de agosto de 2001, con el No. 478570037574. Igualmente, el 10 de abril de 1996,
suscribió la escritura pública de hipoteca No. 584 otorgada en la Notaria Sexta
del Círculo de Barranquilla, por medio de la cual entregó en garantía el
inmueble ubicado en la Calle 45 No. 9B-55, registrado en la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barranquilla, con matrícula inmobiliaria número
040-60127.
2.3. Sin
embargo, durante la vigencia de dicho crédito la entidad bancaria le cobró
sumas en exceso, toda vez que liquidó su obligación con base en DTF (Depósito a
Término Fijo) y no con base en el IPC (Índice de Precio al Consumidor),
situación que fue constatada dentro de tal sistema de financiación por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuerpo colegiado que, mediante sentencia
del 21 de mayo de 1999, anuló parcialmente el artículo 1° de la Resolución No.
18 de 1995[4],
emitida por el Banco de la República.
2.4. Con ocasión
de dicha inconsistencia, se volvió impagable su obligación constituyéndose en mora, razón por la que el Banco le inició un proceso
ejecutivo hipotecario, en el que hizo efectiva la cláusula aceleratoria
contenida en los pagarés firmados, cobrando el saldo insoluto de la obligación
contraída. Procedimiento que se tramitó ante el Juzgado 12° Civil del Circuito
de Barranquilla, autoridad judicial que libró mandamiento ejecutivo por la suma
de $26’178.709, más el valor de los intereses moratorios al 74.98% anual desde
el 7 de noviembre de 1998 hasta cuando se produzca el pago de la obligación y,
finalmente, a través de sentencia del 9 de abril de 2003 ordenó el embargo y
remate del bien.
2.5. El fallo
fue apelado y, en segunda instancia, conocido por la Sala Tercera de Decisión
Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, la cual, el
19 de noviembre de 2003, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 546 de 1999[5],
ordenó la suspensión del proceso, la reliquidación del crédito y, cumplido lo
anterior, decretó la terminación del mismo.
2.6. No obstante, la demandante volvió a incurrir en mora por lo que, con
posterioridad, la entidad financiera promovió un nuevo proceso ejecutivo, el 6
de febrero de 2004, por los saldos insolutos que habían resultado pendiente de
pago, los cuales no fueron cubiertos por la reliquidación efectuada, ni
cancelados por la actora.
2.7. Demanda
frente a la cual excepcionó alegando (i) prescripción de la acción
cambiaria, (ii) regulación y pérdida de intereses y (iii) falta
del título ejecutivo para iniciar el proceso, habida cuenta que carece de uno
de los requisitos sustantivos que refiere nuestro ordenamiento en materia
civil, pues la entidad financiera no le precisó a la peticionaria el estado en
que le quedó la deuda luego de que efectuara la reliquidación del crédito y de abonarle
el alivio que conforme a la ley debía aplicarse.
Demanda que le
correspondió al Juzgado 13° Civil del Circuito de Barranquilla, que, después del
análisis del caso, despachó de forma favorable las pretensiones de la
demandante y, en consecuencia, libró mandamiento ejecutivo por $45’104.742,
junto con los respectivos intereses moratorios y ordenó el embargo y secuestro
del inmueble hipotecado.
2.8. Apelada la
anterior decisión por parte de la actora, el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión Civil-Familia, modificó la
providencia del a quo en el sentido de declarar probada, parcialmente, la
excepción de prescripción de la acción cambiaria, en relación con las cuotas
comprendidas entre el 30 de junio de 1999 y el 30 de enero de 2001.
Sin embargo,
aduce la actora que, a pesar de que dentro de su memorial de alegatos solicitó
la terminación del proceso teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial que
reconoce en favor de los deudores hipotecarios el derecho a que se finalice el
proceso iniciado en su contra, la reliquidación de las obligaciones y la
aplicación de las reestructuración correspondiente, el fallador procedió a
confirmar integralmente el resto de la decisión y, consecuentemente, decretó la
subasta pública del inmueble.
2.9. Postura que,
a juicio de la accionante, afecta sus derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital y a la vivienda en condiciones dignas y que la motivó a acudir en
sede de tutela en procura de obtener el amparo de los mismos, presuntamente
vulnerados por: (i) las autoridades judiciales al desconocer el precedente
jurisprudencial, (ii) la Superintendencia Financiera al no ejercer el deber que
le viene impuesto de controlar y vigilar las situaciones surgidas de la relación
contractual bancaria y, (iii) las entidades financieras, al no realizarle la
reestructuración prevista en la Ley 546 de 1999 como lo ha indicado la Corte
Constitucional en sus fallos[6].
3.
Pretensiones
La demandante pretende que por medio de la
presente acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda en condiciones dignas y, como
consecuencia de ello, se ordene (i) dejar sin efectos el auto proferido por
el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, el 9 de febrero de 2004, por
medio del cual se ordenó el embargo de la propiedad que la actora hipotecó como
garantía de pago, (ii) se deje sin efectos la sentencia proferida por la
Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla que, a su
vez, confirmó parcialmente la proferida por el Juzgado 13 Civil de Circuito de
Barranquilla dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se promovió en su
contra y que ordenó la venta en subasta pública del inmueble ubicado en la Calle
45 No. 9B-55 y, finalmente, (iii) se ordene a quien corresponda efectuar
la reestructuración de la obligación financiera adquirida, de conformidad con
los mandatos legales y directrices jurisprudenciales.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-
Poder autenticado conferido a un abogado para
actuar en representación de la accionante en la presente acción de tutela (folio
14 del cuaderno 2).
-
Copia simple de la demanda interpuesta por el
banco Granahorrar dentro del proceso ordinario que le adelantó a la señora Ana
Luz Pulido Ramos (folios 15 al 17 del cuaderno 2).
-
Copia del pagaré No. 4787003091-9 suscrito el 31
de mayo de 1999, por la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda -Granahorrar,
y Ana Luz Pulido Ramos por valor de dos millones trescientos veinticinco mil
pesos ($2’325.000) (folio 18 del cuaderno 2).
-
Fotocopia del pagaré No. 478570037574, suscrito el
31 de agosto de 2001, entre la accionante y Granahorrar por valor de cinco
millones setecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos ($5’782.539.83)
(folio 19 y 20 del cuaderno 2).
-
Copia de la certificación de reliquidación,
proferida por el Banco Granahorrar (folio 21 y 22 del cuaderno 2).
-
Copia del poder conferido por la demandante a
una abogada para que la represente dentro del proceso ejecutivo interpuesto en
su contra (folio 23 del cuaderno 2).
-
Copia de la contestación de la demanda
interpuesta por el banco Granahorrar en contra de la demandante dentro del
proceso ordinario promovido por éste último (folios 24 al 30 del cuaderno 2).
-
Copia de los alegatos de conclusión presentados
por la apoderada de la parte demandada ante el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Barranquilla (folio 31 al 36 del cuaderno 2).
-
Copia simple de la sentencia de primera
instancia, dictada dentro del proceso ejecutivo promovido por el banco
Granahorrar en contra de la peticionaria, proferida el 24 de julio de 2009, por
el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla (folio 37 al 44 del
cuaderno 2).
-
Fotocopia simple de la sentencia que, en segunda
instancia, dictó la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior de
Barranquilla, en el proceso ordinario que se surtió en contra de la señora Ana
Luz Pulido (folios 46 al 54 cuaderno 2).
5. Respuestas
de las entidades accionadas
5.1.
Respuesta de Central de Inversiones S. A.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, Central de Inversiones S.A., en adelante
CISA, por intermedio de su apoderado general, dio respuesta los contenidos
expuestos en la demanda de tutela de referencia, manifestando que si bien adquirieron
las obligaciones por cesión del banco Granahorrar, lo cierto es que, con
posterioridad, dichos créditos fueron vendidos nuevamente a la Compañía de
Gerenciamiento de Activos Ltda., por lo que considera que carece de
legitimación en causa por pasiva y, en ese sentido, solicita que se le respete
su derecho fundamental al debido proceso y se proceda a vincular a la entidad
que corresponde, habida cuenta que no ha vulnerado ninguna garantía de las
deprecadas por la actora.
5.2.
Respuesta de la Superintendencia Financiera de Colombia
La
Superintendencia Financiera de Colombia, por intermedio del subdirector de
representación judicial y de funciones jurisdiccionales (E), presentó respuesta
a los requerimientos expuestos en el contentivo de la tutela impetrada por la
señora Pulido y, con relación al tema planteado, indicó que una vez revisadas
las bases de datos del sistema de Flujo Electrónico de Documentos -FED-, se pudo
establecer que la peticionaria no ha presentado ninguna queja, ni petición
encaminada a que esa superintendencia defina su situación frente a Central de
Inversiones S. A., en los términos previstos en la sentencia SU-813 de 2007.
Aclaró que no
han tenido una actitud pasiva con relación con la precitada sentencia de
unificación, como quiera que solo es viable su aplicación en los casos que (i)
traten sobre procesos ejecutivos hipotecarios de vivienda que fueron objeto
de la reliquidación de que trata la Ley 546 de 1999, iniciados antes del 31 de
diciembre de 1999, en los que no se haya registrado el auto que aprueba el
remate o adjudica el inmueble y, (ii) en los procesos ejecutivos
hipotecarios de vivienda que fueron objeto de reliquidación de que trata la Ley
546 de 1999, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, en los que, a pesar
de haberse registrado el auto que aprueba el remate o adjudica el inmueble,
entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, no se haya hecho
entrega material del mismo. Por lo que agregó que, de la anterior
interpretación, se deduce que la aludida sentencia de unificación está
relacionada, de manera exclusiva, con los procesos ejecutivos hipotecarios que
cumplan dichos supuestos.
Indicó que le
corresponde al juez civil a cargo del asunto resolver la inconformidad del
deudor frente a la reliquidación realizada por la entidad financiera, quien,
del mismo modo, debe, una vez definida la reliquidación, proceder de oficio a
dar por terminado el proceso y ordenar al acreedor que reestructure el saldo de
la obligación y si se presentaren discrepancias irreconciliables entre el
deudor y acreedor en torno a ella, será obligación de la superintendencia
definir lo relativo a ese asunto, por lo cual su competencia de se circunscribe,
exclusivamente, a la definición de la “restructuración” en caso de desacuerdo
entre las partes y a petición de ellas, por tanto, no está facultada para decidir
controversias contractuales surgidas entre los clientes y las instituciones
controladas, ni mucho menos para reconocer derechos.
Agregó que en
favor de la accionante se reporta un alivio por $5’626.294,4551 y,
posteriormente, otro por $115.567,2210 los cuales fueron cancelados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Del mismo modo,
señaló que la tutela de la referencia debe declararse improcedente como quiera
que la accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa judicial para
zanjar las diferencias planteadas. Dentro de los que se destacan, entre otros, el
proceso de redenominación o restructuración del contrato de mutuo suscrito
entre el actor y la entidad financiera y, además, puede acudir ante la
jurisdicción civil ordinaria a través del proceso declarativo o por medio del
procedimiento verbal a efectos de que se revise el tema del cobro y la
liquidación de intereses.
Finalmente,
manifestó que la reliquidación de la obligación financiera adquirida por la
peticionaria fue realizada de acuerdo con los lineamientos descritos en la Ley
546 de 1999 y las sentencias que, con relación al tema han sido proferidas por la
Corte Constitucional, dentro de las que se destacan la C-955 de 2000[7],
T-701 de 2004[8],
T-282 de 2005[9]
y SU-813 de 2007[10].
5.3.
Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de
Decisión Civil – Familia
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, dicho cuerpo colegiado, por intermedio de
la magistrada ponente del asunto ordinario objeto de la presente inconformidad,
respondió los requerimientos formulados por la demandante y, al final, solicitó
que se denegara el amparo impetrado, por las siguientes razones:
- Cuando resolvieron
la apelación presentada por la demandante y, al momento de fallar, estudiaron
todas las excepciones de mérito propuestas por la demandada “REGULACIÓN DE
INTERESES Y PÉRDIDA DE LOS MISMOS y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA” análisis
que les permitió arribar a la decisión de modificar parcialmente la excepción
de prescripción de la acción cambiaria en relación con las cuotas comprendidas
entre el 30 de junio de 1999 y 30 de enero de 2001, correspondientes al pagaré
No. 47857003091-9.
- Declararon no
probada la excepción de regulación y pérdida de intereses e infundada la
objeción presentada contra el dictamen pericial, decretaron la venta del
inmueble en subasta pública y que con su producto se pague el crédito en mora.
Dichas
actuaciones se ajustaron a derecho por lo que la Sala no ha incurrido en
ninguna vía de hecho dentro del trámite ordinario adelantado. Como soporte de
su afirmación trae a colación la Sentencia T-079 de 1993, en la que
textualmente se advierte:
“La tesis expuesta por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
para confirmar la sentencia que concediera la tutela contra una decisión
judicial es coherente con la doctrina constitucional acogida por esta
Corporación, según la cual, es procedente la acción de tutela cuando se ejerce
para impedir que la autoridades públicas, mediante vías de hecho, vulneren o
amenacen los derechos fundamentales. La actuación de la autoridad pública se
torna en una vía de hecho susceptible de control constitucional de la acción de
tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a
su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los
derechos fundamentales de las personas. Carece de fundamento objetivo la
actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley.”
Del mismo modo, advirtió
que la tutela impetrada carece del requisito de inmediatez, como quiera que fue
presentada 8 meses después de que fue proferida la última providencia dentro
del proceso ejecutivo que se cuestiona.
5.4.
Respuesta del Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla
Dentro del
escrito de respuesta allegado por dicho despacho judicial, la juez advierte que
recientemente se encuentra a cargo de ese juzgado por lo que no puede hacer una
relación detallada de lo acontecido dentro del expediente, sin embargo,
procedió a señalar las razones por las cuales considera que no debe accederse
al amparo deprecado, así:
La acción de
tutela no es un mecanismo para revivir etapas procesales finalizadas las cuales
no fueron exitosas para la accionante. En efecto, adujo que la Constitución
Política no concibe el mecanismo de amparo como un procedimiento alternativo de
defensa de los derechos fundamentales, frente a instrumentos que podrían
conseguir igual efecto, sino como un medio subsidiario y residual que opera
cuando, utilizadas las maneras ordinarias de reclamar los derechos
oportunamente, estas resultan ineficaces.
Por tanto, no es
viable acceder a lo pretendido en tanto que la accionante busca generar una
instancia más para que se revise nuevamente su petición de terminación del
proceso por no reestructuración del crédito, pedimento que, en su momento fue
negado, puesto que en el expediente se evidencia que la accionante suscribió
unos pagarés y que la demanda se generó por la nueva mora en que incurrió,
siendo, además, absolutamente claro que el banco reestructuró el crédito y
aplicó el alivio correspondiente.
Adicionalmente, advierte
que en este caso no se acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez
para acceder al amparo deprecado como quiera que entre la fecha de la sentencia
en la que se negó la petición de terminación del proceso por no
reestructuración del crédito y la fecha de presentación de la tutela
transcurrió más de un año y, además, de su contenido no se infiere algún suceso
que permita justificar esa tardanza luego cualquier daño que pueda alegarse se
desvirtúa con el transcurso considerable del tiempo.
Finalmente,
adujo que el escrito que argumenta la falta de reestructuración, corresponde a
una reproducción literal de lo que se señaló en los alegatos de conclusión, los
cuales fueron estudiados dentro de la oportunidad procesal correspondiente y
denegados, pues se demostró el cumplimiento de las obligaciones legales por
parte de la entidad financiera, luego lo que se advierte en este asunto es un
actuar temerario de la demandante en procura de dilatar el cumplimiento del
fallo.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia del 19 de enero de 2011,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
pretendido por la señora Ana Luz Pulido Ramos, al considerar que dentro del
proceso ordinario adelantado en su contra los jueces de instancia desvirtuaron
sus pretensiones según las cuales hubo falta de restructuración del crédito y
cobro de una obligación inejecutable, lo anterior en tanto que comprobaron que
luego de terminado el primer ejecutivo por parte del Juzgado Doce Civil del
Circuito de Barranquilla, la deudora incurrió nuevamente en mora, situación que
dio lugar a que le fuera iniciado otro procedimiento común tendiente a obtener
la cancelación de los nuevos valores adeudados, por lo que, a juicio del a
quo no se denota dentro del plenario una actuación antojadiza, arbitraria o
subjetiva que permita su controversia en sede de tutela.
Adicionalmente, adujo que el asunto de la
referencia carece de inmediatez habida cuenta que el fallo presuntamente
transgresor de las garantías fundamentales se produjo 7 meses atrás, hecho que
permite desvirtuar la inminencia del daño y la urgencia de la protección en
sede de tutela.
2.
Impugnación
La demandante, por intermedio de su apoderado judicial, impugnó el anterior
fallo señalando como única justificación que no comparte la decisión proferida.
3. Decisión
de segunda instancia
La decisión del a
quo fue confirmada mediante sentencia del 22 de febrero de 2011, por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el
recurso de amparo carece del requisito de inmediatez, como quiera que desde la
última providencia dictada en el proceso, transcurrieron más de 7 meses sin que
se acreditara alguna razón válida que permitiera justificar la pasividad de la
demandante.
Del mismo modo,
señaló que las inconformidades que la demandante pretende hacer valer respecto de
la entidad acreedora y la Superintendencia Financiera de Colombia, fueron
estudiadas y definidas en las sentencias de instancia sin que, del contenido
del expediente, se advirtiera una actuación caprichosa o arbitraria.
III. PRUEBAS
DECRETADAS POR LA CORTE
Esta Sala de
Revisión consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos
relevantes dentro del expediente y de esta forma ilustrar suficientemente su
decisión. Fue así como, por intermedio de diferentes autos, requirió a las
partes para que allegaran a esta Corporación el material probatorio que se
estimó faltante. Adicionalmente, en vista de que no se había integrado
debidamente el contradictorio, se procedió a poner en conocimiento de las
partes no vinculadas y con interés legítimo en los asuntos tratados el
contenido de la demanda de tutela y ante el inminente perjuicio alegado por la
demandante consolidado con el remate de su vivienda, procedió a decretar una
medida provisional de amparo consistente en suspender la diligencia de remate hasta
tanto se defina este asunto de manera definitiva. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
3.1. Vincular
a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.
“Primero.- ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento
de la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., el contenido del expediente
de Tutela No. T-3.025.186, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a
la notificación del presente Auto, dicha entidad se pronuncie respecto de los
hechos y las pretensiones que en ella se plantean y que sean de su competencia
o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9 del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil.”[11]
Mediante oficio[12]
remitido a esta Corporación, la Compañía de Gerenciamiento de Activos, por
intermedio de la directora jurídica, respondió los cuestionamientos esgrimidos
por el demandante en su escrito de tutela y, al respecto, indicó, que:
Los créditos
Nos. 478500039430, 478570037574 y 478570030919 a cargo de la señora Ana Luz
Pulido Ramos fueron adquiridos por la Compañía de Gerenciamiento de Activos SAS,
en Liquidación (antes Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.) a través de
compraventa de cartera e inmuebles celebrada con la entidad Central de
Inversiones SA., el 6 de julio de 2007.
Que con la
finalidad de administrar el referido portafolio, la Compañía de Gerenciamiento
de Activos SAS en Liquidación, suscribió con la Sociedad Covinoc SA., un
contrato de administración respecto de la cartera e inmuebles adquiridos a
Central de Inversiones SA.
El proceso
iniciado por Granahorrar respecto del crédito hipotecario No. 478500039430 fue
culminado con ocasión de lo establecido en la Ley 546 de 1999. Pero,
posteriormente, la misma entidad le otorgó un nuevo crédito con No.
478570037574 con el propósito de normalizar la obligación inicialmente
adquirida, el cual fue aceptado por la deudora, señalándose textualmente en el
pagaré: “(…) en el desarrollo de la estrategia denominada “reducción de
cuota” (…). La suma recibida, tiene como finalidad exclusiva abonar al saldo
que presenta la obligación hipotecaria No. 478400039430 (…)”
Según la
información suministrada por Central de Inversiones S.A., el crédito reconocido
a la accionante tuvo un alivio económico de $5’741.861, de conformidad con lo
estipulado en la Ley 546 de 1999 que, para la fecha de presentación de la
demanda, se encontraba debidamente aplicado y, por consiguiente, fue aprobado y
avalado por la Superintendencia Financiera, de acuerdo con la Circular Externa
No. 007 del 27 de enero 2000.
Debido a que la
accionante incurrió nuevamente en mora, Central de Inversiones impulsó el cobro
jurídico e interpuso otra demanda ejecutiva en la que se agotaron todas las
etapas procesales y las formas propias del juicio, ajustándose a derecho y con
apego a las garantías correspondientes.
Del mismo modo, advirtió
que, de manera reiterada, se le realizó la cobranza vía telefónica y
personalizada intentando llegar a un acuerdo de pago e informándole las
diferentes alternativas para asegurarle unas facilidades económicas que le
permitiesen ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones, actividad
que ha resultado infructuosa habida cuenta de que no han sido atendidos los
llamados por parte de la demandada ni ha demostrado intención de pago.
Advirtió que,
con ocasión del carácter privado de la compañía que representa, la cual se
encuentra sometida a la ley y a sus estatutos y, en virtud de la autonomía
negocial de que goza realizaron la venta del crédito al señor Mario Gimmo
Hernández Oliver a quien le cedieron los derechos que tenían sobre la
obligación quien fue reconocido como nuevo cesionario.
Luego de este
prolegómeno, la entidad solicitó que en el caso presente se declare la
improcedencia de la acción de tutela por carecer de inmediatez habida cuenta
que la decisión judicial que supuestamente transgredió las prerrogativas
fundamentales fue proferida más de 8 meses atrás sin que se denotara una
conducta diligente por parte de la accionante tendiente a refutar los hechos
que materializan el daño alegado.
También soportó la
declaratoria de improcedencia en la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico colombiano, por
medio de los cuales puede solicitar lo pretendido en sede de tutela.
Puntualmente,
consideró que:
- En el plenario
no se advierte una transgresión del debido proceso y, por ende, le corresponde
a la demandante hacer uso de su defensa en el escenario judicial pertinente,
evitando con dicho discurrir el paralelismo judicial y el doble examen por
parte de los jueces de la república, a fin de evitar la congestión judicial.
- Además, en el
interior del procedimiento ordinario la accionante propuso las excepciones de
terminación del proceso por falta de restructuración, prescripción de la acción
cambiaria y regulación de intereses, las cuales, en su momento, fueron
valoradas y se encontraron como no probadas, por lo que acudir a la acción de
amparo constitucional lo único que pretende es dilatar el proceso y el
cumplimiento de las decisiones proferidas por los operadores jurídicos de
instancia, sin demostrar una mínima intención de pago y cumplimiento de la
obligación suscrita.
- Muestra de lo
anterior, es que en el escrito de tutela simplemente se limitó a realizar la
transcripción textual de los alegatos de conclusión presentados en el proceso
ejecutivo adelantado, sin que se advierta la existencia de una vía de hecho en
las actuaciones del juez ordinario, pues las interpretaciones realizadas a la
norma se hicieron de conformidad con lo esbozado en diversos pronunciamientos
que los altos tribunales han realizado respecto la Ley 546 de 1999.
En relación con
el desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia SU-813
de 2007 señaló que no se avizora tal conducta en la decisión demandada como
transgresora de prerrogativas fundamentales como quiera que en tal
pronunciamiento la Corte sostuvo la necesidad de dar por terminados todos los
procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre
de 1999, pero, el proceso actual fue iniciado en el 2004, luego de que se le aplicó
el alivio que consagró la Ley 546 de 1999, el cual fue avalado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que, además de cumplirse con
los preceptos previstos por el legislador en la disposición mencionada, también
se acataron los diversos pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la
época en que ocurrieron los hechos.
Como
consecuencia de lo anterior, adujo que los argumentos esgrimidos por la  actora
carecen de fundamentación legal y fáctica, pues pretenden adaptar al caso
concreto exigencias que la ley no prevé con el único fin de crear un
convencimiento erróneo acerca de la legalidad de las actuaciones desplegadas
por el fallador en el proceso ordinario.
Finalmente, manifestó
que la parte legitimada por pasiva es el tercero de buena fe al que le fue
cedido el crédito y que tampoco existe una transgresión al derecho fundamental
a la vivienda, por cuanto existen diferentes modos de disfrutar de un vivienda
en condiciones dignas sin necesidad de que sea propia, tales como el arriendo, el
leasing habitacional, el usufructo o el derecho de uso.
3.2. Oficiar
al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla
“Primero.- Por Secretaría General, ofíciese al Juzgado Trece
Civil del Circuito de Barranquilla, para que, en el término de 3 días hábiles
contados a partir de la notificación del presente Auto, envíe a esta Sala, el
expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el Banco
Granahorrar S.A., anteriormente, Corporación Grancolombiana de Ahorro y
Vivienda Granahorrar contra la señora Ana Luz Pulido Ramos identificado con el
radicado No. 0023 de 2004.”[13]
Mediante oficio[14]
firmado por la secretaria del Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla,
fue remitido, en copias, el expediente respectivo.
3.3. Vinculación de Mario Gimmo Hernández Oliver
“ORDENAR que por conducto de la
Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento del señor Mario
Gimmo Hernández Oliver, el contenido del expediente de Tutela No. T-3.025.186,
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente
Auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se
plantean y actúe en los términos previstos en el numeral 9 del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil.”[15]
Por intermedio de apoderada judicial el señor Mario Ginno Hernández
Oliver, respondió los cuestionamientos formulados por la demandante en su
escrito de tutela y, con relación a los mismos, solicitó que:
Se declare improcedente la acción de tutela en tanto que no se
evidencia ninguna transgresión del derecho fundamental al debido proceso,
habida cuenta que la accionante tuvo todas las oportunidades procesales para
atacar la escritura de constitución de hipoteca y, según información
suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia: “(..) revisadas
las bases de datos no existe quejas, reclamos, petición alguna encaminada a que
esta superintendencia defina su situación con central de inversiones en los
términos de la SU-813 (…)”.
Advirtió que durante el procedimiento ordinario se permitió a la
accionante la presentación de todos los recursos de ley por medio de los cuales
pudo controvertir las inconformidades que ahora plantea en la tutela.
Pedimentos que, en su momento, fueron despachados de manera desfavorable luego
del estudio jurídico que realizaron los falladores de instancia, prosperando
parcialmente la prescripción de la acción cambiaria respecto de las cuotas
comprendidas entre el 30 de junio de 1999 y el 30 de enero de 2001,
correspondiente al pagaré No. 4785003091-9.
Concluyó resaltando que la acción de tutela carece de inmediatez,
toda vez que, entre la última sentencia que se profirió y su presentación
transcurrieron aproximadamente 8 meses.
3.4. Medida
provisional de suspensión del remate
Con el propósito
de asegurar que la decisión de fondo que adopte la Sala no perdiera eficacia
material en el evento de considerar procedente la solicitud de amparo deprecada
por la accionante y de proteger el derecho de quienes con la ejecución del
remate pudieran encontrarse inmersos en un perjuicio irremediable. La Sala Cuarta
de Revisión decidió:
“ORDENAR la suspensión provisional de la diligencia de remate
del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-60127. Decisión
judicial que fue adoptada por el Juzgado Trece Civil del Circuito de
Barranquilla dentro de proceso ejecutivo promovido por Granahorrar contra la
señora Ana Luz Pulido Ramos.
En consecuencia, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla
no podrá adoptar ninguna medida encaminada a rematar el inmueble ya
identificado, hasta tanto esta Corporación no haya adoptado una decisión de
fondo en el proceso de tutela de al referencia.”[16]
3.5.
Reiteración de medida provisional proferida en sede de tutela
Con ocasión de
una información allegada al expediente según la cual se fijó el 15 de junio de
2012 como fecha para adelantar la diligencia de remate del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-60127, esta Corporación dispuso:
“Recordarle al juez de conocimiento que mediante Auto del ocho (8)
de noviembre de dos mil once (2011) se adoptó la medida provisional consistente
en la suspensión provisional de la diligencia de remate del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 040-60127. Lo anterior, para que se
sirva tomar las providencias que sean menester y que permitan la efectividad de
dicha medida.”[17]
3.6. Oficiar
al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla
“Por Secretaría General, ofíciese al Juzgado Doce Civil del Circuito
de Barranquilla, para que, en el término de 3 días hábiles contado a partir de
la notificación del presente Auto, envíe a esta Sala, el expediente contentivo
del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por la Corporación Grancolombiana de
Ahorro y Vivienda, posteriormente GRANAHORRAR contra la señora Ana Luz Pulido
Ramos identificado con el radicado No. 0221/99.”[18]
Sin embargo,
transcurrido el término procesal, no fue recibido lo pedido en el auto de la
referencia ni comunicación alguna en torno al tema.
3.7. Requerimiento
al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla
Ante la falta de
acatamiento de la solicitud elevada previamente por esta Corporación, el
magistrado ponente nuevamente dispuso oficiar al Juzgado Doce Civil del
Circuito de Barranquilla a fin de que enviara el expediente contentivo del
proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra la accionante, así:
“Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR
al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, para que de forma
inmediata, una vez le sea notificada la presente providencia, se sirva dar
cumplimiento a lo ordenado en Auto de fecha 27 de noviembre de 2012, en el que
se solicitó enviar a esta Sala de Revisión, el expediente contentivo del
proceso ejecutivo hipotecario iniciado por la Corporación Grancolombiana de
Ahorro y Vivienda, posteriormente GRANAHORRAR contra la señora Ana Luz Pulido
Ramos identificado con el radicado No. 0221/99.”[19]
Mediante oficio[20]
suscrito por el secretario del Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla
se remitió el expediente requerido.
IV. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
En el presente
caso le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión establecer si con la decisión
proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil del
Tribunal Superior de Barranquilla que, a su vez, confirmó parcialmente la
dictada por el Juzgado Trece Civil de Circuito de Barranquilla dentro del
proceso ejecutivo hipotecario que se promovió en contra de la accionante por el
incumplimiento de una obligación económica, se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda en condiciones
dignas, como quiera que, ésta considera que en la actuación procesal mencionada
se desconocieron, entre otros, los precedentes jurisprudenciales fijados en las
Sentencias C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y T-1240 de 2008 de la Corte
Constitucional y las disposiciones legales previstas en la Ley 546 de 1999.
Para ello, la
Sala examinará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) el sistema UPAC y su cambio a UVR, (iii)
la reliquidación y aplicación del subsidio previsto en la Ley 546 de 1999,
reiteración de jurisprudencia en torno al artículo 42 de la precitada
disposición normativa y, para terminar, (iv) se resolverá el caso concreto.
4. La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Como se sabe, la
acción de tutela solo procede contra providencias judiciales de manera
excepcional debido al carácter subsidiario que la caracteriza, en los estrictos
términos del inciso 3° del artículo 86 Superior[21] y del artículo
6° del Decreto 2591 de 1991[22].
Tal restricción
se justifica por cuanto de permitirse en todos los casos su procedencia, se atentaría
contra el ordenamiento jurídico, habida cuenta que cada procedimiento ordinario
posee los medios y recursos necesarios para garantizar el debido proceso que
debe primar en todas las actuaciones judiciales, así como también, se afectaría
el acceso a la justicia de forma efectiva. En ese sentido, admitir
indiscriminadamente la acción de tutela en contra de providencias judiciales y consentir
de manera positiva la intervención del juez constitucional en los asuntos cuya
injerencia recae de manera exclusiva en los juzgadores ordinarios, transgrediría:
(i) el principio de la autonomía funcional de los jueces, previsto en
los artículos 228[23]
y 230[24]
de la Carta Suprema, (ii) el valor de la cosa juzgada de las sentencias
proferidas por las autoridades judiciales con el objeto de resolver de fondo la
controversia por la cual han acudido los ciudadanos a la justicia para su
solución, y (iii) el principio de la seguridad jurídica, el cual exige a
los administradores de justicia actuaciones legítimas y razonables.
En ese orden de
ideas, este Tribunal constitucional ha previsto la procedencia excepcional del
mecanismo de tutela para controvertir el contenido y los efectos de los fallos
contenidos en sentencias judiciales, señalando que se torna viable el recurso
de amparo, cuando la postura asumida por el juez ordinario en su providencia,
atente o quebrante derechos o garantías fundamentales y, además, se acredite el
cumplimiento de unos requisitos generales y especiales consagrados, entre
otras, en la sentencia C-590 de 2005[25].
La cual, clarificó las condiciones de índole general, así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[26].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[27].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[28].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[29].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[30].”
Ahora bien, en relación
con los condicionamientos especiales que se han señalado y que también fueron precisados
en la referida providencia, se ha indicado que el recurrente debe demostrar el
cumplimiento de al menos uno de los que a continuación se describen:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[31] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.[32]
i. Violación directa de la Constitución.”
Interesa en este caso ahondar en el defecto
fáctico bajo el entendido que este tiene lugar “cuando resulta evidente que
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma
es absolutamente inadecuado...”[33].
Del mismo modo, se ha indicado que el recurso de amparo basado en esta causal
procede en tanto se evidencie claramente que existió una valoración probatoria notoriamente
irrazonable por parte del operador jurídico, de forma tal que “el error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia...”[34].
Con la intención de dilucidar mejor el asunto,
este Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos
fácticos al interior de una actuación judicial, las cuales fueron descritas
textualmente en la Sentencia T-340 de 2011[35] de la siguiente manera:
“(…) dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y una dimensión positiva, que se
presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.
P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.”
Concluyó la Corte en la referida providencia, en
que se está frente un defecto fáctico en tanto que se acredite una de las
siguientes manifestaciones:
“1. Defecto fáctico
por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se
presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido[18].
2. Defecto fáctico
por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario
judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[19].
3.  Defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte
cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[20].”
Luego, a modo de
conclusión, se ha establecido por esta Corporación que solo en aquellos casos excepcionales
en los que con las actuaciones o decisiones dictadas en un procedimiento común
se atente contra las garantías fundamentales y, por ende, se contradiga el mandato
superior impuesto en el artículo 2 de la Carta[36],
el cual señala que se debe propugnar por la realización y efectividad de los
derechos y principios consagrados en la Constitución, se podrá recurrir a la acción
de tutela en tanto que, además, se cumplan las causales generales de
procedibilidad indicadas anteriormente y alguno de los condicionamientos
específicos.
5. El sistema
UPAC y su cambio a UVR
El estado
colombiano a comienzos de la década del 70, con el propósito de impeler el
crecimiento económico progresivo, promovió un plan nacional de desarrollo que
denominó “Las Cuatro Estrategias”, destacándose entre ellas, por su
pertinencia con el caso examinado, la primera, cuyo objetivo consistía en propugnar
por el desarrollo urbano, a través de la concentración de recursos en el sector
de la construcción, con la intención de materializar el derecho a la vivienda y
generar empleo, usando el ahorro privado para alcanzar dicho fin.
Por tanto, el
gobierno nacional, al elegir tal segmento como eje para asegurar que se abanderara
con éxito las proyecciones fijadas en el plan nacional, implementó un mecanismo
tendiente a estimular y promover el ahorro privado y, consecuentemente con
ello, canalizarlo en la industria de la construcción por lo que diseñó un
sistema de crédito a largo plazo para la adquisición de vivienda.
En ese sentido, impulsó
la creación legal de un “Sistema de Valor Constante”, Decreto 677 de 1972[37],
el cual sería aplicable a los ahorros y a los préstamos asumidos con el
propósito de adquirir vivienda y, a su vez, expidió el Decreto 678 de 1972[38],
a través del cual autorizó la constitución de corporaciones privadas de ahorro
y vivienda asignándoles la finalidad de promover el ahorro privado y
canalizarlo hacia la industria de la construcción,
dentro del sistema de valor constante.
Con dicho método
se procuró evitar daños o repercusiones económicas a los ahorradores, causados como
consecuencia del fenómeno inflacionario que genera la depreciación y la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, por medio de un procedimiento que, en su
finalidad, garantiza el mantenimiento del valor real del dinero aplicando un
mecanismo de corrección monetaria que permitía el ajuste periódico de los
ahorros y obligaciones financieras adquiridas, de acuerdo con las fluctuaciones
sufridas por la moneda en el mercado interno, mediante el índice de la Unidad
de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).
El sistema UPAC,
se destacaba, inicialmente, por incentivar el ahorro privado y los préstamos
para la compra o construcción de vivienda con el beneficio de conservarles el
valor constante de los dineros por medio de la aplicación de un mecanismo de
ajuste o corrección monetaria. Modelo que en sus inicios tuvo un éxito rotundo
por cuanto, como se comentó, fijaba el índice de los créditos de acuerdo con la
inflación (IPC). No obstante, tal propósito, con el discurrir del tiempo, fue
transfigurado como quiera que se adelantó un viraje en el marco legal, modificándolo,
principalmente, en lo que tiene que ver con la fórmula de cálculo del UPAC, que
era el índice aplicado para efectuar tal adaptación.
Debe tenerse en
cuenta que la UPAC, se identificó como una unidad de medida que se
caracterizaba porque el ajuste diario era calculado sobre la base exclusiva del
índice de precios al consumidor (IPC). Lo cual varió ostensiblemente con los
cambios que se realizaron al sistema, habida cuenta que, en un primer momento,
(1984-1991), se le dio prelación al IPC, pero, adicionándole otro componente a
la fórmula, cual era, las tasas de interés. Situación que se reforzó
posteriormente (1992 y 1998) preponderando de manera contundente la tasa de
interés para depósito a término fijo (DTF) como componente de la UPAC[39].
Así pues, en
1984 el cálculo de la UPAC dejó de tener como referente exclusivo la inflación
para efectos de realizar el ajuste, para permitirse la corrección de acuerdo a
las tasas de interés, hecho que se agravó años después con la introducción
preponderante de la DTF en la fórmula aplicable, lo que conllevó la
desestabilización del sistema.
Fue precisamente
en el periodo 1992-1998 cuando se realizó el ajuste más significativo a la
composición de la UPAC pues mediante el Decreto 678 de 1992 se estableció que
se calcularía con base en el 20% de la variación del IPC de los 12 meses
anteriores más el 50% del promedio de la tasa variable DTF para las 8 semanas
anteriores a la fecha de certificación, por ende, adquirió un porcentaje
significativo la DTF sobre el IPC. Adicionalmente, en ese mismo año, se expidió
la Ley 31 de 1992[40],
a través de la cual el legislador consagró que la fórmula para calcular el
valor de la corrección monetaria debía reflejar el comportamiento de la tasa de
interés existente en la economía colombiana[41].
Con ocasión de
todos los cambios precedidos, la junta directiva del Banco de la República, de conformidad
con las facultades que constitucionalmente le fueron asignadas en el artículo
372 Superior[42],
según las cuales es constituida como autoridad monetaria, cambiaria, y
crediticia, procedió a dictar una serie de resoluciones tendientes a regular la
fórmula de cálculo de la UPAC, cuales son:
-
Resolución
No. 06 de 1993.
-
Resolución
Externa No. 10 de 1993.
-
Resolución
No. 26 de 1994.
-
Resolución
No. 18 de 1995.
Ajustes que
desnaturalizaron la corrección monetaria inicialmente concebida, pues con las
distintas modificaciones realizadas a la fórmula del UPAC, se alteró sustancialmente
la finalidad del sistema que primó durante los primeros años de aplicación,
situación que se tornó gravosa y en detrimento de las finanzas de los
ahorradores y de quienes habían adquirido préstamos de dinero para la
adquisición de vivienda.
6. La
reliquidación y aplicación del alivio previsto en la Ley 546 de 1999. Reiteración
de jurisprudencia
La forma en que
evolucionó el sistema UPAC implicó un desequilibrio financiero en detrimento de
los derechos de los deudores, al punto que sus obligaciones se volvieron
impagables por la variación de la fórmula de liquidación lo que, aunado a
varios factores adicionales, propició la declaratoria de inexequibilidad, por
este Tribunal constitucional, de algunos apartes del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), en lo referente a la parte
estructural del UPAC, lo cual se ha analizado en distintos fallos de esta Corte[43].
Así las cosas, con
ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del sistema UPAC, mediante
providencia C-700 de 1999[44],
se generó un vacío legal que procuró ser zanjado con la expedición de la Ley
546 de 1999[45]
por medio de la cual se adoptó una nueva figura económica denominada de “Unidad
de Valor Real” (UVR).
Tal disposición
legal procuró servir como una respuesta a la crisis social y financiera
causada, entre otras cosas, por las comentadas deficiencias del sistema de
financiación de vivienda a largo plazo, las cuales provocaron un incremento
desbordado del valor de las obligaciones hipotecarias adquiridas y, la
consiguiente imposibilidad financiera de los deudores para continuar con su
cumplimiento, generándose una mora que condujo al inicio de un sin número de
procesos ejecutivos.
Dicha
intervención estatal en asuntos económicos de derecho privado, se encontró
justificada por esta Corte en el interés público y en la protección social de
los créditos de vivienda, injerencia que no pretendió anular la voluntad de las
partes sino que, por el contrario, lo que buscó fue el señalamiento de unas
reglas básicas que permitieron la libre empresa dentro de un marco de
competencia que asegurara a la comunidad sus intereses y sus derechos.
Por consiguiente,
el legislador colombiano, con la intención de evitar traumatismos o
alteraciones significativas de impacto financiero, determinó un régimen de
transición para los créditos que se encontraban en mora a 31 de diciembre de
1999, el cual estaba previsto en los artículos 38 al 49 de la disposición legal
mencionada.
La aludida norma
consagró un mandato en favor de (i) quienes se encontraran al día en sus
obligaciones y de (ii) los deudores morosos a quienes se les
había iniciado un procedimiento judicial por parte de sus acreedores, al 31 de
diciembre de 1999, en tanto que estableció la posibilidad de adelantar una
reliquidación a efectos de determinar el valor de un alivio económico por cuenta
del Estado, aplicable en sus créditos hipotecarios a efectos de solucionar el
incremento sobrevenido por las deficiencias del sistema.
Para los segundos,
esto es, los que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999 y se les
adelantaba un procedimiento judicial tendiente a obtener el pago de lo debido, se
reguló lo relativo a reliquidación y ajuste del alivio por medio del artículo
42 de la Ley 546 de 1999, en el que se previeron los efectos y los abonos
aplicados a sus créditos, estipulándose, en el parágrafo 3°, las condiciones exigidas
para que operara, en una primera fase, la suspensión y, en una segunda fase, la
terminación de los procesos ejecutivos en curso.
Sin embargo, dicha
regulación abrió paso a dos interpretaciones por parte de los operadores
judiciales en el sentido de considerar que existían posibilidades distintas
respecto de tales procedimientos, la primera, (i) suspender los procesos
ejecutivos iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 y, la segunda,
(ii) darlos por terminado.
Fue esa la razón
por la cual la Corte, al estudiar la constitucionalidad del artículo 42, aclaró
que la suspensión de los procesos ejecutivos persigue, como fin concreto,
efectuar la reliquidación, la cual, una vez realizada, debe necesariamente abrir
paso a la terminación del proceso y al archivo definitivo.
Al respecto, la
Sentencia C-955 de 2000[46],
textualmente, indicó:
“En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya
por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene
por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella,
debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite,
como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el
postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo
(Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del
derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia
(art. 229 C.P.)” (Subrayas propias)
No obstante, las
distintas posturas interpretativas adoptadas por los jueces de la república generaban
una inestabilidad para las personas que, por la falta de seguridad jurídica,
eran sometidas a unas condiciones abiertamente transgresoras de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda, entre otros.
Tal disparidad
de criterios dio lugar a que la Corte Constitucional abordara distintos casos en
sede de control concreto que versaban sobre inconformidades de las partes frente
a la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y, concretamente,
respecto de la reliquidación de los créditos hipotecarios.
En ese sentido,
esta Corporación empezó a fijar pautas tendientes a determinar con claridad la
procedencia de la acción de tutela frente al estudio de cuestiones litigiosas
fundamentadas en la aplicación de la aludida disposición legal habida cuenta
que, en la mayoría de los casos, se pretendía la prosperidad del recurso de
amparo constitucional para de dejar sin efectos una providencia judicial
proferida por el juez ordinario competente.
En sus distintas
decisiones este Tribunal analizó casos que, aunque versaban sobre la aplicación
del artículo 42, denotaban situaciones fácticas distintas.
Dicho proceso
permitió realizar una síntesis de las reglas a las que, en materia de
reliquidación de créditos de vivienda pactados en UPAC, arribó esta Corporación.
Al respecto cabe mencionar, entre otras, la Sentencia T-584 de 2006[47],
en la cual se exponen unas conclusiones y guías a aplicar en casos similares,
así:
“(…) i) El trámite previsto en el artículo 42 de la Ley 546 de
1999 procede para los procesos ejecutivos que se iniciaron por la mora
registrada antes del 31 de diciembre de 1999. (…)
ii) El abono a que hace referencia la ley, sólo beneficiaba a los
deudores hipotecarios con créditos de vivienda. (…)
iii) Todos los créditos hipotecarios pactados en UPAC debían ser
reliquidados para ser convertidos en contratos en UVR, inclusive, los
créditos que se encontraban en proceso de cobro ejecutivo hipotecario. En este
último evento, el juez de oficio o a petición de parte debía ordenar la
reliquidación del crédito. En sentencia C-955 de 2000, la Corte dijo que, aún
sin que el interesado lo solicite, el juez debía aplicar el trámite previsto en
el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. (…)
iv) Una vez efectuada la reliquidación del crédito,
independientemente de si el saldo resulta a favor o en contra de la entidad
bancaria acreedora, el proceso ejecutivo hipotecario termina por ministerio de
la ley. En otras palabras, la consecuencia inmediata y directa de la
reliquidación ordenada en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 debe ser la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario. (…)
v) La decisión judicial que ordena la continuación del proceso
ejecutivo hipotecario después de la reliquidación del crédito viola el derecho
fundamental al debido proceso. (…)
vi) Para solicitar la terminación del proceso ejecutivo
hipotecario, la acción de tutela conserva su carácter excepcional. Dicho de
otra manera, la acción de tutela procede para solicitar la terminación del
proceso ejecutivo hipotecario cuando, a pesar de haberse agotado todos los
recursos procedentes en el proceso correspondiente, éste no ha terminado porque
el juez competente no lo estima procedente. (…)
vii) Concluido el proceso ejecutivo y el deudor continúa sin
cancelar las cuotas retrasadas o si el deudor incumplió con los acuerdos
derivados de la reestructuración del crédito, la entidad bancaria puede iniciar
nuevamente el proceso ejecutivo que corresponda. Esa pauta interpretativa
surge de la lectura sistemática e integral del artículo 42 de la Ley 546 de
1999 y de la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional. En efecto, en
sentencia T-1220 de 2005, la Sala Cuarta de Revisión dijo que si la entidad
bancaria “considera que existe nueva mora o saldos no cancelados por parte del
peticionario, inicie un nuevo proceso ejecutivo con el fin de obtener el pago.
(…)”.
Sentencia
SU-813 de 2007
En dicha
providencia esta Corte unificó su criterio respecto de la aplicación del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, aclarando algunos apartes respecto de la
suspensión de los procesos ejecutivos hipotecarios adelantados por la incursión
en mora de los obligados, indicando, que existe el deber por parte de los
jueces de conocimiento de dar por terminados los procedimientos basados en el
sistema UPAC que se encontraban en curso al 31 de diciembre de 1999, luego de
que fueran reliquidados.
Del mismo modo,
indicó que la tutela solamente puede proceder en contra de una determinación
judicial que desconoce la obligación de terminar el proceso hasta el registro
del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la
tradición del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden
ser desconocidos por el juez constitucional. Aclarando que una vez realizado ese
registro la persona ha perdido la oportunidad de alegar en tutela pues ya
existe un derecho consolidado en cabeza de un tercero de buena fe que no puede
ser desconocido por el juez de tutela.
De acuerdo con
las anteriores consideraciones, la Sala entrará a decidir el caso concreto.
8. Caso concreto
La señora Ana
Luz Pulido Ramos adquirió unos créditos para la compra de vivienda bajo la
modalidad de UPAC con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda y como
garantía de pago suscribió tres (3) pagarés y la escritura pública de hipoteca
No. 584 en la Notaria Sexta del Círculo de Barranquilla, sobre un inmueble de
su propiedad.
Sin embargo, en
el desarrollo de dicha obligación la entidad bancaria le cobró sumas en exceso,
toda vez que liquidó su obligación con base en DTF y no en el IPC, por lo que
se volvió impagable su obligación y debido a su mora la entidad financiera le inició un proceso ejecutivo hipotecario.
De dicho proceso
le correspondió conocer al Juzgado 12° Civil del Circuito de Barranquilla,
autoridad judicial que libró mandamiento ejecutivo y ordenó el embargo y remate
del bien. No obstante, tal providencia fue apelada y la Sala Tercera de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, en virtud de lo
establecido en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999[48], ordenó la
reliquidación del crédito y decretó la terminación del proceso.
A pesar de lo anterior,
la demandante volvió a incurrir en mora por lo que el
banco le inició un nuevo proceso ejecutivo por los saldos insolutos que habían
resultado pendiente de pago a pesar de la reliquidación y los cuales no fueron
cancelados por la peticionaria. Es precisamente este último procedimiento el
que suscitó la solicitud de amparo aquí dilucidada.
En efecto, adujo
la demandante que durante la actuación ordinaria excepcionó frente a las
pretensiones de la entidad financiera, alegando la prescripción de la
acción cambiaria, la regulación y pérdida de intereses y la falta del
título ejecutivo para iniciar el nuevo proceso, por cuanto, a su juicio, los
aportados carecían de los requisitos sustantivos que refiere nuestro
ordenamiento en materia civil, como quiera que la entidad financiera no precisó
el estado en que quedó la deuda de la peticionaria luego de efectuada la
reliquidación del crédito y abonarle el alivio que conforme a la ley debía
aplicarse al crédito.
La aludida
acción contenciosa le correspondió Juzgado 13° Civil del Circuito de
Barranquilla, despacho judicial que decretó la prosperidad de las pretensiones
esgrimidas por el banco en su escrito de demanda y, en consecuencia, libró
mandamiento ejecutivo y ordenó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado.
Impugnada la
anterior decisión, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Tercera de
Decisión Civil-Familia, modificó el fallo del a quo para efectos de declarar
parcialmente probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria en
relación con unas cuotas, confirmó integralmente el resto de la decisión y
decretó la subasta del inmueble.
Determinación
que cuestiona la demandante alegando que, a su parecer, no tuvo en cuenta lo
señalado en su memorial de alegatos en el que solicitó la terminación del
proceso en sujeción a unos precedentes jurisprudenciales que reconocían en
favor de los deudores hipotecarios el derecho a que se dé por terminado el
proceso iniciado en su contra, la reliquidación de las obligaciones y la
aplicación del alivio correspondiente.
Tal fue la razón
por la cual, acudió al recurso de amparo procurando defender sus garantías
constitucionales presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales al
desconocer con de sus decisiones el precedente jurisprudencial (Sentencias
C-955 de 2000[49],
SU-813 de 2007[50]y
T-1240 de 2008[51]),
por la Superintendencia Financiera, al no ejercer su deber de controlar y
vigilar las situaciones surgidas de la relación contractual bancaria y, por
parte de las entidades financieras, al no practicar la reestructuración
indicada en la Ley 546 de 1999 de la manera como, lo ha indicado la Corte
Constitucional.
La acción
constitucional le correspondió, en primera instancia, a la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo colegiado que corrió traslado a
las entidades demandadas las cuales se opusieron a su prosperidad en los
términos ya reseñados.
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo pretendido por la señora Ana Luz Pulido
Ramos, al considerar que dentro del proceso que se le adelantó los juzgadores desvirtuaron
la falta de restructuración del crédito y el cobro de una obligación
inejecutable, toda vez que tal procedimiento se realizó en el transcurso del primer
ejecutivo mientras que el pleito actual tiene origen en una nueva mora, lo cual,
desvirtúa el desconocimiento del precedente y un actuar antojadizo, arbitrario
o subjetivo como se plantea en la tutela.
Adicionalmente soportaron su decisión en
la ausencia del requisito de inmediatez como quiera que transcurrió un periodo
considerable de tiempo entre la presentación de la tutela y la ocurrencia del
presunto hecho transgresor.
Planteamiento
que fue impugnado por la demandante con soporte únicamente en su inconformidad
respecto de la postura adoptada por el a quo.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada
alegando el incumplimiento del requisito de inmediatez pues no se justificó, en
modo alguno, la pasividad para actuar y, a la vez, sostuvo que las
inconformidades aducidas fueron estudiadas y definidas en las sentencias de
instancia sin que se evidencie un actuar caprichoso o arbitrario por los
operadores judiciales.
8.1. De ese
modo, esta Sala de Revisión procede a verificar el
cumplimiento de los requisitos generales que hacen viable la acción de tutela
contra providencias judiciales, constatando, en este caso, que:
No se cumple con
dos de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela: (i)
inmediatez y, (ii) el hecho que motiva la acción no fue invocado
oportunamente en las instancias del proceso ordinario, de manera que se recurre
al amparo como una instancia adicional.
8.1.1. En
efecto, el requisito de inmediatez no se cumple, porque la acción de tutela fue
interpuesta el 15 de diciembre de 2010, o sea, ocho (8) meses después de haber
sido proferida y notificada la sentencia de segunda instancia que resolvió el
recurso de apelación[52].
Efectivamente, la providencia de segunda instancia fue emitida por la Sala Tercera
de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 19 de
abril de 2010.
En esta ocasión es preciso recordar que la inmediatez funge como
criterio general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
por medio del cual se exige al recurrente que acuda a esta en un término
razonable a partir de la fecha en que se causó la presunta transgresión.
No actuar oportunamente sin que medie justificación, siquiera
sumaria de tal proceder, permite inferir que el demandante no se encuentra
frente a un perjuicio irremediable y que la inconformidad respecto del obrar
judicial no es claramente transgresora de sus derechos fundamentales.
Si bien no
existe una definición general de razonabilidad y proporcionalidad respecto al
tiempo de presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha encontrado en algunos
eventos que el término de seis (6) meses podría resultar suficiente para
declarar la tutela improcedente, sin embargo, en otras ocasiones a determinado
que dicho lapso no es un imperativo rígido sino que debe ser analizado de cara
a las circunstancias fácticas del caso concreto[53] y, en atención
a ello, flexibilizarlo.
En el presente
caso, la Sala no encontró ninguna razón que justificase una demora de ocho (8)
meses en acudir al amparo tutelar, máxime si se tiene en cuenta que la
peticionaria durante todo el proceso ordinario estuvo representada por un
apoderado judicial a quien le confirió poder.
En este sentido,
la exigencia de dicho requisito también se ciñe, según ha indicado la jurisprudencia
de esta Corte, a evitar que por medio del recurso de amparo se transgredan
principios primordiales de derecho como lo son el de cosa juzgada y seguridad
jurídica toda vez que permitir su uso meses o años después de la decisión
generaría un manto de duda e incertidumbre que desdibujaría la finalidad de los
mecanismos de defensa previstos por el legislador para la solución de
cuestiones litigiosas[54].
8.1.2. Adicionalmente,
para la Sala de Revisión la acción de tutela objeto de análisis tampoco resulta
procedente porque el hecho central que motiva el amparo no fue mencionado
oportunamente en las instancias idóneas del proceso ordinario,
constituyéndose en un hecho nuevo sobre el cual los jueces naturales no
tuvieron la oportunidad de pronunciarse, ni la contraparte de controvertirlo habida
cuenta que si bien lo señaló en el escrito de alegatos de conclusión, lo cierto
es que estos no constituyen la etapa procesal oportuna como quiera que son un
cúmulo de conclusiones jurídicas a las que arriban las partes fruto de su
discurrir al interior de la cuestión litigiosa y de discusión probatoria
ventilada dentro del mismo.
Por tanto, por
la forma en que son concebidos los alegatos de conclusión, no se puede inferir
que fungen como etapa procesal oportuna o idónea pues no prevé la posibilidad
de que la contraparte pueda controvertirlo, desvirtuarlo o atacarlo y, admitir
un pronunciamiento judicial con soporte en oposiciones que no han sido alegadas
en el proceso, podría implicar, en algunos casos, el desconocimiento de los
derechos de la contraparte.
Así las cosas, durante
el transcurso del proceso la demandante fue notificada en forma personal por
intermedio de apoderado judicial el 22 de abril de 2004, oportunidad en la que
se opuso a la prosperidad de la acción proponiendo dentro del término procesal
correspondiente las excepciones de mérito de regulación de intereses y pérdida
de los mismos y prescripción de la acción cambiaria[55].
Sin embargo, el
despacho judicial que conoció su caso declaró no probadas las excepciones
planteadas y, en consecuencia, ordenó la venta del inmueble hipotecado en
subasta pública decisión frente a la que interpuso recurso sin que fuera
justificado bajo algún soporte diferente a su inconformidad respecto de la
decisión asumida por el operador judicial.
Como se puede
apreciar, la pretensión de la actora en la acción de tutela objeto de revisión
cambia sustancialmente, respecto de lo que excepcionó en el proceso ejecutivo
hipotecario que se le adelantó, pues el centro de sus inconformidades se
limitaron a alegar dentro de las etapas procesales oportunas, una
inconsistencia en la regulación de intereses y pérdida de los mismos y
prescripción de la acción cambiaria, sin que se alegara en sus respuestas una
falencia respecto de la reliquidación, viraje que se notó marcado en la
presentación de la tutela, en la cual pasó a cuestionar la forma en que la
entidad bancaria había reliquidado el crédito de vivienda.
Así pues, su disensión
se contrae a la inconformidad frente a la reliquidación unilateral realizada
por la demandada, sin permitir su ejercicio del derecho de contradicción, y sin
obtener su consentimiento para la modificación de las circunstancias pactadas. En
ese sentido, en el presente caso la accionante está cuestionando la ocurrencia
en el año 2002 de un hecho que nunca discutió dentro de las etapas
procedimentales y respecto del cual, después de haber transcurrido cerca de ocho
años, aduce que le ocasionó un perjuicio irremediable.
En efecto, como
se indicó, la reliquidación es una figura regulada en los artículos 41 (para
los créditos que se encontraban al día) y 42 (para los créditos que se
encontraban en mora) de la Ley 546 de 1999[56],
la cual debe aplicarse a los créditos de vivienda individual a largo plazo que
se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999 sin importar el saldo,
tomando como base la UVR -concepto ligado al índice de precios al consumidor-
con el fin de eliminar el componente variable (DTF[57]) que su
fórmula de liquidación contenía.
En la práctica,
los créditos de vivienda otorgados en UPAC o en pesos con tasa referida a la
DTF que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999, fueron liquidados
nuevamente tomando como base la UVR. Para tal fin, se consideraron todos los
pagos realizados por la deudora y se aplicaron en las mismas fechas en que
habían sido recibidos sobre un saldo en UVR, de manera que los valores que
habían sido pagados por encima de la inflación se destinaban a reducir en cada
fecha el saldo de capital. Así, el saldo en pesos reliquidado al 31 de
diciembre de 1999 utilizando la UVR, se comparaba con el saldo en pesos que
presentaban a esa misma fecha los créditos otorgados en UPAC o en pesos. En los
casos en que este último fuese superior al primero, se realizaba un abono o
alivio al crédito equivalente a la diferencia entre ambos[58].
La falta de
notificación a la actora de la reliquidación efectuada por la entidad bancaria,
no fue planteada dentro del proceso ordinario de manera que ahora en aras de
reabrir un debate que ya se encontraba agotado ante la jurisdicción ordinaria,
pues se ejercieron todos los recursos legales, se recurre a la acción de tutela
para controvertir un asunto que debido a su carácter esencialmente económico,
como en efecto lo es el pago de una suma de dinero supuestamente adeudada, no
tendría en principio la vocación de ser resuelto mediante esta acción
constitucional.
Sobre este
particular, cabe recordar que esta Corporación ha advertido claramente sobre la
falta de idoneidad de la acción de tutela para dirimir derechos litigiosos de
contenido económico o contable, particularmente, para lograr la liquidación y
el descuento de las sumas de dinero que, a título de sanción, se deben aplicar
en el caso al cobro de intereses pactados en exceso o por encima de los topes
legales establecidos.[59]
Para la Corte, el escenario natural para la resolución de este tipo de
conflictos, no puede ser sino el de la jurisdicción ordinaria, la cual está
investida de expresas facultades para analizar y resolver cuestiones como las
planteadas por la actora, sin que la jurisdicción constitucional pueda
reemplazarla en forma arbitraria.
Así las cosas, la
acción de tutela objeto de análisis resulta improcedente porque además de no
haberse ejercido de manera oportuna, desconociendo el principio de inmediatez,
el hecho que motiva el amparo no fue mencionado oportunamente en las instancias
del proceso ordinario, sobre el cual los jueces de instancia no tuvieron la
oportunidad de pronunciarse. Por tanto, encuentra la Sala que la tutela ha sido
empleada en el presente caso como una tercera instancia para controvertir los
efectos de las providencias expedidas por los jueces ordinarios, y dirimir
derechos litigiosos de contenido económico, particularmente, para lograr la
liquidación y el descuento de las sumas de dinero que, a título de sanción, se
deben aplicar en el caso al cobro de intereses pactados en exceso o por encima
de los topes legales establecidos.
8.2. Sin
embargo, si en gracia de discusión se efectúa un estudio de fondo entorno al cuestionamiento
específico que alega la demandante dentro de su tutela, encaminado a demostrar
un desconocimiento del precedente constitucional fijado por esta Corte en las
sentencias C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y T-1240 de 2008, inevitablemente se
arribaría a la conclusión de que no le asiste la razón por lo siguiente:
Respecto de las
Sentencias C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y T-1240 de 2008, en la situación
crediticia hipotecaria de la demandante se dio cumplimiento a las directrices
jurisprudenciales descritas en los referidos pronunciamientos como quiera que
el proceso que se le adelantó con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, fue
suspendido por decisión judicial con el objeto de que se realizara la
reliquidación y, una vez realizada esta, se dio por terminado y se procedió a
su archivo sin más trámite.
En efecto, en su
situación se cumplieron a cabalidad las previsiones y reglas jurisprudenciales en
materia de reliquidación de créditos hipotecarios de vivienda pactados en el
sistema UPAC, indicadas en la parte motiva y compiladas por este Corte, como
quiera que:
Se dio
aplicación al trámite previsto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 al
proceso que le fue iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.
Fue beneficiaria
del alivio previsto en la aludida disposición legal en la medida en que se
efectuó el abono a su crédito hipotecario, de conformidad con las directrices
legales y con el aval de la Superintendencia Financiera, el cual no fue
recurrido por la demandante.
Su crédito
hipotecario pactado en UPAC fue reliquidado y convertido en UVR en cumplimiento
a las órdenes judiciales emitidas por el fallador ordinario que conoció el
ejecutivo inicial.
Una vez
realizada la reliquidación del crédito se dio por terminado el proceso
ejecutivo hipotecario inicial, en cumplimiento de los mandatos legales con
independencia de que el saldo le hubiera resultado a favor o en contra de la
entidad bancaria. Luego no existió ninguna decisión judicial que ordenara la
continuación del ejecutivo hipotecario pues lo que ocurrió en el presente caso
sobrevino por la nueva mora en que incurrió la demandante situación que no se
aviene con los presupuestos que informan los precedentes jurisprudenciales
invocados, razón por la cual carece de asidero la afirmación de que los mismos,
en el caso presente, fueron desacatados.
En consecuencia,
la Sala Cuarta de Revisión procederá a confirmar la sentencia proferida, 22 de
febrero de 2011, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que, a su vez, confirmó la dictada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 19 de enero de 2011, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida dentro del proceso de tutela en segunda instancia
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de
febrero de 2011 que, a su vez, confirmó la dictada en primera instancia por la
Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de enero de 2011.
TERCERO.- LEVANTAR
la medida provisional consistente en la suspensión
temporal de la diligencia de remate del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria Nº 040-60127, decretada el 8 de noviembre de 2011.
CUARTO.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-265/15
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Subreglas para determinar el
cumplimiento a pesar de que no exista un término de caducidad de la acción de
tutela (Aclaración de voto)
A pesar de que esta Corporación ha sostenido que tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales el juicio sobre la
razonabilidad del término ha de ser más riguroso en comparación con los otros
casos que se llevan ante la justicia constitucional, también ha precisado que
no existen parámetros que permitan establecer a priori cuál es el
término para presentar la acción de tutela, razón por la cual se debe acudir a
los factores que jurisprudencialmente se han señalado para determinar si la
acción de tutela fue ejercida dentro de un plazo razonable y proporcionado,
como son: (i) la existencia de motivos válidos que expliquen la inactividad del
accionante, caso en el cual este debe alegar y demostrar las razones que
justifican su inacción; (ii) que la inactividad vulnere derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo de causalidad entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados; (iv) que la vulneración o amenaza del derecho
fundamental se mantenga en el tiempo; y (v) que la carga de interposición de la
tutela sea desproporcionada en relación con la situación de debilidad
manifiesta del accionante. Considero que se debieron exponer más argumentos que permitieran
concluir que efectivamente el término de 8 meses que tardó la accionante en
presentar la acción de tutela no es razonable ni proporcional.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Considerar que seis (6) meses es un plazo irrazonable impone un
término de caducidad o prescripción prohibido por el art. 86 de la Constitución
(Aclaración de voto)
No es conveniente sentar un término fijo, como el de 6 meses, para
establecer si la acción de tutela fue interpuesta dentro de un tiempo razonable
y proporcionado, ya que ello contradice la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al respecto
Referencia: Expediente T-3.025.186
Acción de tutela
instaurada por Ana Luz Pulido Ramos en contra del Juzgado Trece Civil del
Circuito de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la Superintendencia Financiera
de Colombia y Central de Inversiones S.A.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la sentencia T-265 de
2015.
La señora Ana Luz Pulido Ramos adquirió
un crédito con garantía hipotecaria para la compra de vivienda bajo la
modalidad de UPAC con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda. Esta
obligación fue liquidada con base en el DTF y no en el IPC, lo que llevó a que
incurriera en mora y a que la entidad financiera iniciara el proceso ejecutivo
correspondiente.
En aquella oportunidad, la Sala Tercera
de Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, como juez de segunda
instancia, ordenó la reliquidación del crédito y decretó la terminación del
proceso.
La accionante incurrió nuevamente en mora
por lo que el banco le inició un nuevo proceso ejecutivo. En esta oportunidad
el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla libró mandamiento ejecutivo y
ordenó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado. En segunda instancia, el
Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión Civil-Familia,
declaró parcialmente probada la excepción de prescripción de la acción
cambiaría y ordenó que se procediera a la subasta del inmueble.
En contra de lo resuelto en esta
oportunidad, la actora presentó solicitud de amparo alegando que las
autoridades judiciales no tuvieron en cuenta lo señalado en su memorial de
alegatos. Dentro de los argumentos sentados en sede de tutela cuestiona la
forma en que la entidad bancaria había reliquidado el crédito de vivienda.
La ponencia respecto de la cual aclaro mi
voto establece que en este caso no se cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente los referentes a la inmediatez y no haber
invocado las circunstancias alegadas en sede de tutela en las instancias del
proceso ordinario.
Si bien comparto en términos generales la
improcedencia del amparo en este asunto, debo advertir que discrepo de la
argumentación establecida en relación con el presupuesto de inmediatez. La
posición mayoritaria establece que el requisito de inmediatez no se cumple,
porque la acción de tutela fue interpuesta 8 meses después de haber sido
proferida y notificada la sentencia atacada. Agrega la sentencia que a pesar de
no existir una definición general de razonabilidad y proporcionalidad respecto
al tiempo de presentación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional ha encontrado en algunos eventos
que el término de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la
tutela improcedente.
En este orden de ideas, la mayoría
consideró que en el caso bajo análisis el término de 8 meses para la
interposición de la acción de tutela no es razonable ni proporcional, sin dar
mayor explicación que el hecho de que la actora estuvo representada durante el
proceso por un apoderado judicial.
En relación con este aspecto debo
advertir que a pesar de que esta Corporación ha sostenido que tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales el juicio sobre la
razonabilidad del término ha de ser más riguroso en comparación con los otros
casos que se llevan ante la justicia constitucional[60], también ha
precisado que no existen parámetros que permitan establecer a priori cuál es el
término para presentar la acción de tutela[61], razón por la cual se debe acudir a
los factores que jurisprudencialmente se han señalado para determinar si la
acción de tutela fue ejercida dentro de un plazo razonable y proporcionado,
como son: (i) la existencia de motivos válidos que expliquen la inactividad del
accionante, caso en el cual este debe alegar y demostrar las razones que
justifican su inacción; (ii) que la inactividad vulnere derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo de causalidad entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados; (iv) que la vulneración o amenaza del derecho fundamental
se mantenga en el tiempo; y (v) que la carga de interposición de la tutela sea
desproporcionada en relación con la situación de debilidad manifiesta del
accionante[62].
De acuerdo a lo
anterior, considero que se debieron exponer más argumentos que permitieran
concluir que efectivamente el término de 8 meses que tardó la accionante en
presentar la acción de tutela no es razonable ni proporcional.
De igual forma
no es conveniente sentar un término fijo, como el de 6 meses, para establecer si
la acción de tutela fue interpuesta dentro de un tiempo razonable y
proporcionado, ya que ello contradice la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al respecto.
Fecha ut
supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] M. P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[2] M. P. Jaime Araujo
Rentería.
[3] M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[4] Que establecía: “El
Banco de la República calculará (...) el valor en moneda legal de la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante -UPAC- equivalente al setenta y cuatro por ciento
(74%) del promedio móvil de la tasa DTF efectiva de que tratan las resoluciones
42 de 1988 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la Junta Directiva
(...)”.
[5] Ley 546 de 1999: “Por la cual se dictan
normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones.” Texto normativo que en su artículo 42 señala
textualmente: “Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de
diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo
40, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a
reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a
dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación
de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del
artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito
de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. (…)”
[6] La demandante alega,
concretamente, el desconocimiento de las sentencias C-955 de 2000, SU-813 de
2007 y T-1240 de 2008.
[7] M. P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[8] M. P. Rodrigo Uprimny
Yepes.
[9] M. P. Rodrigo Escobar
Gil.
[10] M. P. Jaime Araujo
Rentería.
[11] Folio 50 del cuaderno
1.
[12] Folio 53 al 64 del
cuaderno 1.
[13] Folio 18 y 19 del
cuaderno 1.
[14] Folio 47 del cuaderno
1.
[15] Folio 68 del cuaderno
1.
[16] Folio 75 al 79 del
cuaderno 1.
[17] Folio 91 y 92 del
cuaderno 1.
[18] Folio 113 del cuaderno
1.
[19] Folio 117 del cuaderno
1.
[20] Folio 129 del cuaderno
1.
[21] Artículo 86 de la
Constitución Política, inciso 3°: “(…) la acción de tutela solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (Subrayado por fuera del texto original.)
[22] Decreto 2591 de 1991. Artículo 6°: “CAUSALES
DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos,
tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre
que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho
originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria
del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general,
impersonal y abstracto.” (Subrayado
por fuera del texto original).
[23] Constitución
Política de Colombia. Artículo 228: “La Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.” (Subrayado por fuera del texto
original).
[24] Constitución Política
de Colombia. Artículo 230: “Los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.” (Subrayado por fuera del texto original).
[25] M. P. Jaime Córdoba
Triviño.
[26] Corte Constitucional.
Sentencia T-504 de 2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[27] Corte Constitucional.
Sentencia T-315 de 2005. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[28] Corte Constitucional.
Sentencias T-008 de 1998. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2000. M. P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[29] Corte Constitucional.
Sentencia T-658 de 1998. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[30] Corte Constitucional.
Sentencias T-088 de 1999 M. P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-1219 de
2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] Corte Constitucional.
Sentencia T-522 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Corte Constitucional.
Sentencias T-462 de 2003 y SU-1184 de 2001 M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] Corte Constitucional. Sentencia T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[35] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[36] Constitución Política de Colombia.
Artículo 2: “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” (Subrayado por fuera del texto original).
[37] Decreto 677 de 1972. “Por
el cual se toman unas medidas en relación con el ahorro privado.”
[38] Decreto 678 de 1972. “Por el cual se toman unas medidas en relación con el ahorro
privado.”
[39] Para estudiar con
precisión los fenómenos presentados, con relación a la UPAC, en tales periodos
de tiempo, véase la Sentencia T-340 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[40] Norma que fue declarada
inexequible mediante Sentencia C-383 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] Del mismo modo, por las
constantes dudas respecto de la validez de los decretos que regulaban la
fórmula de la UPAC, el Congreso de la República, con la expedición de la Ley 31
de 1992, en su artículo 16, le dotó de una serie de atribuciones al Banco de la
República, dentro de las que se destacaba la de fijar la metodología para la
determinación de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante UPAC. Al respecto el texto de la disposición en comento, textualmente
transcribe lo siguiente: “Artículo 16. Atribuciones. Al Banco de la
República le corresponde estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias
y cambiarias para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del
mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos
de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal
efecto, la Junta Directiva podrá:
(…) f) Fijar la metodología para la
determinación de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante -UPAC-, procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa
de interés en la economía.
(…)”
[42] Constitución Política
de Colombia. Artículo 372. “La Junta Directiva del Banco de la República
será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones
que le asigne la ley. (…)”.
[43] Respecto al tema,
pueden observarse, entre otras, la sentencia C-584 de 1999.
[44] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[45] “Por la cual se
dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales deber sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones.”
[46] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[47] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[48] Ley 546 de 1999: “Por la cual se dictan
normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones.” Texto normativo que en su artículo 42 señala
textualmente: “Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de
diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo
40, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a
reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a
dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación
de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del
artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de
crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo
41. (…)”
[49] M. P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[50] M. P. Jaime Araujo
Rentería.
[51] M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[52] Al respecto puede
verse, entre otras, la sentencia T-178 de 2012. M.P. María Victoria Calle
Correa. En la que la Corte Constitucional estudió una demanda de tutela
interpuesta en contra de unas decisiones judiciales proferidas en el curso de
un proceso ejecutivo que se adelantó por el incumplimiento en las obligaciones
financieras adquiridas por el demandante para la adquisición de vivienda bajo
la modalidad UPAC. En esa ocasión, la Corte decretó la improcedencia de la acción
de tutela por la falta de inmediatez en tanto que entre la fecha de la decisión
de segunda instancia y la presentación de la tutela transcurrieron nueve (9)
meses sin que la peticionaria demostrara alguna razón que justificara su
pasividad.
[53] Al respecto, ver por
ejemplo, entre otras, las Sentencias T-033 de 2010. MP. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-178 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[54] Corte Constitucional. Sentencia
C-590 de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[55] Folios 25 al 27 del
cuaderno 2.
[56] “Por la cual se
dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones.”
[57] DTF son las iniciales de depósitos
a término fijo. La DTF es una tasa o porcentaje utilizada en el sistema
financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de
interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras,
corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial para
calcular los intereses que reconocerán a los certificados de depósito a término
(CDT) con duración de 90 días. www.banrepcultural.org
[58] Superintendencia
Financiera de Colombia. Concepto 2008029581-001, 6 de junio de 2008.
www.superfinanciera.gov.co
[59] Sentencia T-156 de 2010
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En sentido similar se pueden consultar
también las sentencias  T-197 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-1041 de
2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-585 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández); y T-304 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), entre otras.
[60] Sentencia T-140
de 2005.
[61] Sentencia T-954
de 2010.
[62] Corte
Constitucional. Sentencias SU-961 de 1999, T-1229 de 2000, T-173 de 2002. T-558
de 2002, T-797 de 2002, T-684 de 2003. T-1000 de 2006, T-1050 de 2006, T-1056
de 2006, T-185 de 2007, T-681 de 2007, T-364 de 2007. T-095 de 2009 y T-265 de
2009, T-954 de 2010, entre muchas otras.