T-509-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-509/05
SINDICATO-Titularidad para interponer
tutela/LEGITIMACION POR ACTIVA DEL SINDICATO
LEGITIMACION POR PASIVA DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS-No era procedente
LEGITIMACION POR PASIVA DE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA ILEGALIDAD DEL CESE DE ACTIVIDADES-Improcedencia de tutela para discutir validez o limitar aplicación
Tratándose de un acto administrativo amparado por la presunción de
legalidad y respecto del cual se prevén en el ordenamiento mecanismos
judiciales para controvertirlo, la procedencia de la tutela, dado su carácter
residual y subsidiario, se encuentra condicionada no sólo a la demostración de
la vulneración de los derechos fundamentales, sino también a la falta de
idoneidad de los mecanismos ordinarios de defensa para garantizarlos. En este
orden de ideas, para la Sala resulta evidente que en el caso sometido a examen
no se ha señalado argumento alguno para demostrar la falta de idoneidad de los
mecanismos ordinarios previstos para resolver sobre los reproches formulados
contra el acto administrativo y que el examen sobre los mismos escapa por
completo de la competencia del juez constitucional. A esta conclusión se arriba
de manera forzosa si se tiene en cuenta que los fundamentos -de hecho y de
derecho- expuestos por la parte actora en relación con este punto y que
supuestamente dan lugar a la vulneración de sus derechos fundamentales, no son
asunto inherente al estudio que compete realizar mediante el mecanismo judicial
extraordinario, como quiera que hacen necesario el examen de la Resolución
Administrativa mediante la cual se declaró la ilegalidad de la suspensión
colectiva del trabajo, frente a tópicos relacionados con la valoración que de
los hechos hizo el Ministerio de la Protección Social, sin que a éste se le
pueda acusar de haber incurrido en una conducta arbitraria de la que derive un
conflicto de naturaleza constitucional. No corresponde al juez de tutela la
definición sobre si el cese de actividades se verificó en debida forma por los
inspectores del trabajo, si es imputable a ellos o a los trabajadores
involucrados con los hechos la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia, si
estuvo amenazada o efectivamente suspendida la prestación de los servicios
públicos esenciales a cargo de la empresa, si en cualquiera de estas
circunstancias procedía o no la declaratoria de ilegalidad y demás asuntos que
requieren de un debate probatorio extenso propio de la jurisdicción contencioso
administrativa en donde se determine con grado de certeza las responsabilidades
y la validez de las decisiones adoptadas. De manera que, a juicio de la Sala,
si se accediera al examen de estos asuntos en esta sede, ello acarrearía la
usurpación de una competencia asignada a otra jurisdicción, que en este caso es
la ordinaria laboral.
JUEZ DE TUTELA-No puede sustituir a la
autoridad administrativa en la competencia que a ésta le ha sido asignada
El juez de tutela no puede sustituir a la autoridad administrativa
en la competencia que a ésta le ha sido asignada en forma expresa por la ley
para la valoración fáctica y jurídica de los hechos materia de una decisión a
su cargo, menos aún cuando, como en este caso, no existe alguna circunstancia
que respalde su intervención, en tanto no hay evidencia sobre el ejercicio
arbitrario o abiertamente irregular de tal competencia. A juicio de la Sala,
consentir un procedimiento tal sería tanto como admitir que el juez de tutela,
aún cuando no cuente con la demostración sobre la vulneración de derechos
fundamentales y no tenga reproche alguno de carácter constitucional que hacer,
puede ejercer una suerte de potestad para señalar a la autoridad administrativa
el sentido de sus decisiones, respaldado en un nuevo examen sobre los hechos y
las normas, lo cual sin duda desborda su competencia.
LITIS CONSORCIO-Caso en que se requería
vinculación al proceso del Ministerio de la Protección Social
Se omitió por los jueces de instancia, la conformación del litis
consorcio necesario para resolver la tutela, pues requería la vinculación al
proceso del Ministerio de la Protección Social, pues si bien es cierto que el
eventual yerro u omisión en que pueda incurrir el accionante en lo que toca con
el señalamiento de la autoridad que supuestamente vulnera los derechos
fundamentales que invoca, no comporta que el juez de tutela pueda desestimar
sus pretensiones, no lo es menos que cuando su decisión puede afectar o de
hecho afecta a una autoridad no demandada, está en la obligación de vincularla
previamente al trámite a fin de garantizar su derecho a la defensa.
DESPIDO DE TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN CESE DE ACTIVIDADES-Ejercicio de la facultad prevista en artículo 450 num 2 del CST
Para la Sala resulta evidente que los trabajadores fueron citados a
la diligencia de descargos no en una, sino en dos oportunidades y que ellos no
podían dilatar su asistencia con el argumento de desconocer el procedimiento
que iba a realizarse, pues i.) sabían que el artículo 2º de la
Resolución No. 1696 de 2004, que declaró la ilegalidad del cese, condicionaba
la imposición de sanciones al procedimiento disciplinario que legalmente
correspondiera; ii.) conocían la razón por la que fueron citados iii.)
fueron informados sobre el propósito de la diligencia y el carácter
administrativo de la misma, por lo que resulta evidentemente infundado y
caprichoso que condicionaran su comparecencia a que se expresara en la citación
que el procedimiento sería el previsto en la Ley 734 de 2002 y iv.)
ninguno de los trabajadores objetó su vinculación al cese de actividades, es
decir, ninguno se opuso a que se le adelantara procedimiento; lo que hicieron
fue cuestionar el que se llevó a cabo, pero no negaron jamás su participación.
No sobra recordar que la aplicación de la Ley 734 de 2002, correspondería a la
Unidad Disciplinaria de la Empresa por ser la Dependencia competente para
adelantar el procedimiento de carácter disciplinario, regulado por esa ley, en
tanto que el procedimiento que la Empresa inició contra los trabajadores que
participaron en el cese declarado ilegal, tenía carácter administrativo
laboral, de manera que la decisión tuvo ese carácter en cuanto terminó
unilateralmente los contratos individuales de trabajo. Así las cosas, la Sala
considera que en el caso presente cada uno de los 49 trabajadores despedidos
tiene a su disposición, la posibilidad de ejercer la acción judicial que
considere pertinente para controvertir la decisión adoptada por la Empresa, de
dar por terminado sus contratos de trabajo, lo cual a su vez hace improcedente
el amparo para ordenar su reintegro frente a la existencia de otro mecanismo
judicial de defensa.
Referencia:
expediente T-985157
Acción
de tutela instaurada por SINTRAEMCALI contra EMCALI y otros
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá,
D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil cinco (2005).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández y Alvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión de los fallos adoptados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por el Sindicato Oficial de
Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali SINTRAEMCALI- contra las
Empresas Municipales de Cali -EMCALI-, E.I.C.E., E.S.P.; la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de la Protección Social.
I.       ANTECEDENTES
1.     Demanda
El presidente del Sindicato Oficial de Trabajadores de las Empresas
Municipales de Cali -SINTRAEMCALI-, actuando mediante apoderado, instauró
acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, en contra de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI- y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la asociación sindical, trabajo, debido proceso y
defensa, tanto del Sindicato como de sus miembros.
Justificó la solicitud del amparo transitorio en la necesidad de
evitar que EMCALI, “HACIENDO USO DE SU POSICIÓN DOMINANTE”, en
desarrollo de las facultades otorgadas en la Resolución No. 1696 del 2 de junio
de 2004[1]
y con base en lo dispuesto por el artículo 450-2 del Código Sustantivo del
Trabajo: i.) despidiera a los trabajadores y Directivos del Sindicato
que participaron en la “Asamblea Permanente” y ii.) solicitara la
cancelación de la personería jurídica del Sindicato, “SIN QUE [HUBIERA] MEDIADO
EL DERECHO A LA DEFENSA QUE DEBIO PERMITIRSELE AL SINDICATO (…)”.
-mayúsculas originales-
En consecuencia, solicitó se ordenara a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios “como Entidad Interventora” de EMCALI y
a EMCALI que se abstuvieran de dar aplicación a la Resolución No. 1696 de 2004,
comoquiera que, en su sentir, fue expedida incumpliendo los procedimientos
laborales relacionados con normas proferidas por el antiguo Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social[2]
y sin el debido proceso disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002.
De manera subsidiaria, solicitó al juez de tutela que en caso de
haberse despedido o sancionado a los trabajadores que participaron en dicha
Asamblea, se ordenara su reintegro, hasta que la Organización Sindical
tramitara las acciones jurídicas pertinentes contra la mencionada Resolución.
Todo lo anterior con base en los siguientes hechos:
El apoderado del Sindicato señaló que, el 26 de mayo de 2004,
SINTRAEMCALI, con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política y el
artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, realizó una “Asamblea
informativa y permanente de Trabajadores” con el propósito de analizar los
procesos que se estaban adelantando para lograr el levantamiento de la
intervención a EMCALI por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, “pues ya había sido firmada y depositada la Revisión
Convencional en la cual el Sindicato aceptó la reducción de beneficios
económicos para ayudar a la recuperación de la Empresa”.
Aclaró que esa Asamblea fue convocada y se realizó en el edificio
donde están las instalaciones administrativas[3]
de EMCALI, sin interrumpir la prestación de los servicios públicos. Aseguró que
los Directivos de la Empresa abandonaron las instalaciones del edificio“voluntariamente”,
procediendo a despachar “desde el edificio Boulevard del Río donde funcionan
también Areas (SIC) Administrativas de la Empresa”.
Informó que la Administración avisó inmediatamente a la Policía
Metropolitana del Valle, “quienes procedieron aproximadamente después de una
hora de iniciada [la Asamblea] a cercar las Instalaciones del CAM sin
permitir la entrada ni salida de persona alguna lo que impidió que las
diligencias normales del público en esa área fueran interrumpidas y en lo cual
no intervino para nada la Organización Sindical. Es mas (SIC) no se
permitió ni siquiera el acceso a los Inspectores del Trabajo para constatar el
supuesto paro”.
Agregó que la empresa no puede “convertir un acto legal y
democrático de los trabajadores en un supuesto paro y suspensión de los
servicios públicos que nunca existió”, por lo que concluyó que “se
obstruyó abiertamente el derecho de Sindicato de convocar a sus afiliados a
reuniones lícitas y el derecho de estos últimos a informarse lo que es
directamente violatorio del derecho de asociación sindical[[4]]
(…)”.
Sostuvo que
los intentos que ha hecho el Sindicato, mediante sus Asesores y Directivos,
para acercarse a solucionar el tema con las “Autoridades Nacionales que
manejan la Empresa, pues está intervenida”, a fin de evitar que se aplique
la Resolución No. 1696 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, han sido
infructuosos y que ahora “pretenden aplicar la Resolución 1064 de 1959 (…)
lo cual resulta imposible y viola el debido proceso pues la constatación a que
se refiere el Decreto Reglamentario 1469 de 1978 no se realizó porque la
Policía no dejó entrar a los inspectores (...)”.
Reiteró que
los servicios públicos a cargo de la Empresa no se suspendieron ni
interrumpieron con ocasión de la actividad realizada por el Sindicato[5] así
como tampoco hubo suspensión de la actividad administrativa de la Empresa,
tanto así, que ésta pagó dentro del término legal la segunda quincena de mayo a
sus trabajadores, sin efectuar descuentos o anteponer reservas.
Comentó que sólo hasta el sábado 29 de mayo de 2004, a
instancias del Alcalde de Cali, el Defensor del Pueblo, el Personero y el
Gobernador del Valle, previas diligencias ante el Gobierno Nacional, la Policía
permitió la salida pacífica de los trabajadores, quienes fueron requisados para
verificar que sólo llevaban consigo sus objetos personales. Además afirmó que,
el siguiente lunes 31 de mayo, se hizo entrega de las instalaciones en
presencia de un Fiscal y un delegado de la Empresa “quedando constancia de
que el Edificio estaba disponible para laborar normalmente”.
EMCALI
solicitó[6]
al Ministerio de la Protección Social, mediante apoderado, la declaratoria de
la ilegalidad de la “suspensión colectiva del trabajo realizada por los
trabajadores de EMCALI”. El Ministerio de Protección Social expidió la
Resolución No. 1696 del 2 de junio de 2004 mediante la cual declaró la
ilegalidad de la actividad “realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004 por
trabajadores de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI, E.I.C.E., E.S.P, en
las instalaciones ubicadas en la Torre Emcali del CAM”.
A juicio del demandante, la Resolución No. 1696 de 2004 fue expedida
con una fundamentación “desviada y errónea”, y es contentiva de “falsas
motivaciones”; que no permitió la defensa del Sindicato ni de los
trabajadores, razón por la cual insistió en que de ser aplicado ese acto
administrativo y el artículo 450-2 del Código Sustantivo del Trabajo, se
causaría un perjuicio irremediable al Sindicato y a los trabajadores, que no
podría evitarse a través de la acción prevista en el artículo 451 del mismo
Código, pues ese proceso podría demorarse “mínimo seis (6) años y llegaría
tardíamente cuando los perjuicios se hubieran causado”.
Además, aseguró que la Empresa, luego de la expedición de la
Resolución No. 1696 de 2004, ha citado a los trabajadores que participaron en
la Asamblea Permanente, a una “DILIGENCIA DE DESCARGOS (…) y no obstante los
trabajadores en uso del derecho a la información solicitaron aclarar este
aspecto la Empresa ha insistido en citarlos a dicha Diligencia”, desconociendo
el procedimiento disciplinario al que alude esa misma Resolución y que está
previsto en la Ley 734 de 2002.
Precisó que la vulneración del derecho al trabajo se dio “puesto
que la Empresa al dar aviso a la Policía Nacional y ésta a su vez impedir el
ingreso o retiro de persona alguna del C.A.M., Torre EMCALI impidió el acceso
de personas que debían laborar en ese Edificio y el Derecho al trabajo de las
personas que debían de dirigirse a las diferentes plantas a laborar una vez
terminada la lícita Asamblea convocada por el Sindicato”.
Insistió en que al no haberse constatado la realización del supuesto
paro por los inspectores de trabajo, dado que la Policía impidió su entrada, se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso y se incumplió con el
requisito necesario para poder expedir la declaratoria de ilegalidad de acuerdo
con lo previsto en el Decreto Reglamentario No. 1469 de 1978 y la Resolución
No. 1064 de 1959.
Añadió que también se han incumplido y desconocido los Convenios de
la OIT ratificados por Colombia, en especial el No. 151[7] en
los artículos 5, 7 y 8 donde se obliga a los Estados a organizar un ente
distinto del propio Estado “para definir las condiciones laborales y los
derechos de sindicación que entren en conflicto con ese mismo Estado entidad
que debe ser Neutral e Imparcial en los Conflictos del Estado Empleador y del
Estado Gobierno”, pues EMCALI es una Empresa Industrial y Comercial del
Estado y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que la tiene
intervenida, es una entidad de control dependiente del Gobierno Nacional,
circunstancia a partir de la cual concluyó que sus decisiones respecto de
SINTRAEMCALI no resultan imparciales.
2.      Trámite de instancia
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
mediante Auto No. 379 del 7 de julio de 2004, admitió la demanda y
ordenó notificar a la Superintendencia de Servicios Públicos y a las Empresas
Municipales de Cali -EMCALI- E.I.C.E., E.S.P.
3.      Intervención de las Entidades Demandadas
3.1.   La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, actuando
mediante apoderado judicial, mediante escrito del 13 de julio de 2004,
intervino en el proceso de tutela; se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó se declarara improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, se
emitiera un fallo “denegando las súplicas de la demanda”, con fundamento
en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
En primer término, señaló que la acción de tutela es improcedente
contra la Superintendencia por falta de legitimación por pasiva, “como
quiera que se pretende que responda por actos administrativos en los cuales no
tuvo participación alguna, como tampoco fueron emitidos por ella”. En
efecto, explicó que la Resolución No. 1696 de 2004, que generó la inconformidad
de la parte actora, fue expedida por el Ministerio de la Protección Social y su
ejecución corresponde a EMCALI, independientemente de las funciones del Agente
Especial de la Superintendencia que participa en el proceso de intervención de
esa Empresa. Sobre este particular aclaró que la actuación de ese Agente
Especial como representante legal de EMCALI no es responsabilidad de la
Superintendencia[8].
Por otra parte, manifestó que la acción de tutela en el presente
asunto es improcedente para i.) resolver la controversia surgida de la
interpretación y ejecución de la Resolución No. 1696 de 2004 del Ministerio de
la Protección Social, comoquiera que goza de presunción de legalidad y puede
ser demandada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante la
acción de nulidad y ii.) para evitar que sean despedidos los líderes
sindicales y trabajadores que participaron en el cese de actividades llevado a
cabo en una empresa de servicios públicos, ya que ese asunto es del resorte de
la justicia laboral, según afirmó apoyado en la sentencia SU-879 de 2000 de
esta Corte.
Para finalizar, con base en las sentencias C-179 de 1994 y C-450 de
1995 de esta Corte, aseguró que dada la comprobación por parte de la autoridad
competente de la existencia de un cese de actividades en una empresa a cargo de
la prestación de servicios públicos esenciales, como EMCALI, “surge como
evidente la trasgresión al ordenamiento jurídico constitucional y por ende, la
aplicación de las consecuencias legalmente establecidas para dicha conducta,
como efectivamente ocurrió con la expedición de la Resolución No. 1696 del 02
de junio de 2004 por el Ministerio de Protección Social.”
3.2.   Las Empresas Municipales de Cali -EMCALI-, E.I.C.E., E.S.P.
El representante legal de esta entidad intervino dentro del proceso
de tutela, mediante escrito del 13 de julio de 2004, y se opuso a las
pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones:
Para empezar, consideró que en el caso bajo examen se hizo un uso
indebido de la acción de tutela, toda vez que las pretensiones de la demanda
están dirigidas a que se “SUSPENDA LA APLICACIÓN DE UN ACTO
ADMINISTRATIVO QUE FUE EXPEDIDO LICITAMENTE Y QUE GOZA DE PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD, CUYO CUMPLIMIENTO ES INMEDIATO y en cuya contra solo proceden las
acciones ante el H. Consejo de Estado”. Con apoyo en varias
sentencias de esta Corte[9]
que trae en cita, concluyó que la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal de defensa para resolver conflictos empleador-trabajadores,
pues existen otros medios de defensa judicial. -Negrilla y mayúsculas
originales-
Comentó que la Empresa siempre ha sido respetuosa del derecho
fundamental de asociación sindical, de lo cual da cuenta la existencia del
Sindicato y su vigencia, así como las conquistas que éste ha logrado a través
de la negociación colectiva. A su juicio, lo que realmente ocurrió fue que “la
organización sindical legítimamente constituida y respetada y reconocida por la
empleadora incurrió en una prohibición de rango CONSTITUCIONAL, al
llevar a cabo un CESE DE ACTIVIDADES en una empresa de servicios públicos,
cuya consecuencia al tenor de lo determinado en el artículo 450 del C.S.T.
numeral segundo es el despido ipso facto de los trabajadores que hayan participado
en él”. -Negrilla y mayúsculas originales-
Advirtió que a pesar de que el mencionado artículo del Código
Sustantivo del Trabajo, no prevé en estos casos procedimiento alguno para
proceder al despido de los trabajadores, e inclusive releva al patrono de la
necesidad de solicitar permiso para despedir a los directivos sindicales
implicados en un cese ilegal de actividades, es decir trabajadores con fueron
sindical, la Empresa citó a todos ellos, no en una, sino en dos ocasiones para
considerar sus descargos y, aclaró que, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el despido no constituye sanción
alguna, como equivocadamente lo manifestó el apoderado de la parte accionante
cuando afirmó que la Empresa quedó habilitada para generar sanciones “incluido
el despido tanto de trabajadores como de directivos sindicales”.
-Negrilla original-
De otra parte, el representante legal del EMCALI transcribió apartes
de las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado en la sentencia del
28 de junio de 2001, que decidió sobre la acción de nulidad de la Resolución
que declaró la ilegalidad del cese de actividades llevado a cabo por el
Sindicato de la Empresa de Energía de Cundinamarca, destacando que en dicha
providencia se imputó al Sindicato la responsabilidad de las circunstancias que
impidieron la constatación del paro al destruir las actas que se levantaron con
dicho propósito. Esta referencia la hizo con el fin de llamar la atención en
que la organización sindical accionante, en esta oportunidad, incurrió en una
falta similar, pues “los funcionarios del Ministerio del Trabajo (SIC)
si (SIC) se hicieron presentes, pero dada la violencia de la situación
era humanamente previsible que no debían intentar ingresar a las dependencias,
donde habrían sido agredidos, pues todos los ocupantes se encontraban armados
de la denominada ‘cédula cafetera’ que es un bate de madera que puede
observarse en posesión de todos los participantes en la protesta ilegal”.
Concluyó que en el caso sometido a examen, tal como ocurrió en el
analizado en la sentencia referida del Consejo de Estado, no hubo una huelga o
Asamblea Permanente, sino un cese de actividades totalmente ilegal, con
actuaciones violentas como la toma de las oficinas a la fuerza, el cierre de
éstas al público y la permanencia en ellas con la parálisis de labores
fundamentales de la empresa en todos los órdenes, al punto que “la
facturación y recaudo hubo de postergarse en el tiempo dada la imposibilidad
que tuvo la empresa de funcionar normalmente”. -Negrilla original-
En cuanto al perjuicio irremediable advertido por el demandante,
señaló que no existe y, por lo tanto, no se justificaría la concesión del
amparo como mecanismo transitorio, pues el juez de tutela no tiene competencia
para disponer una medida que limite la consecuencia prevista en la ley frente a
una actuación o conducta ilegal como fue la llevada a cabo por el Sindicato;
menos aún cuando la Empresa no ha incurrido en arbitrariedades que puedan
considerarse vulneradoras de los derechos fundamentales de la Organización o de
sus asociados.
Citó la sentencia C-432 de 1996 de esta Corte, mediante la cual se
examinó la constitucionalidad del artículo 451 del Código Sustantivo del
Trabajo, y en la cual esta Corporación sostuvo que “no se restringe
indebidamente el derecho a la huelga, y por esta vía los derechos al trabajo y
de asociación sindical, cuando se radica en la administración la facultad para
determinar cuándo una suspensión colectiva de labores es ilegal, puesto que
esta decisión no es más que el desarrollo de la función de policía que la
Constitución encarga a la rama ejecutiva del poder público”.
Insistió en que la Resolución que declaró la ilegalidad del cese de
actividades que realizó SINTRAEMCALI encuentra claro fundamento en normas de
rango constitucional y legal y que de cualquier modo la discusión sobre su
legalidad corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De otro lado, puso de presente que la Empresa no había incurrido en
alguna conducta violatoria del derecho al trabajo, pues ni siquiera había
dispuesto el despido de algún trabajador involucrado en los hechos y, aún
cuando está autorizado por la ley (CST, art. 450-2), de llegar a hacerlo, su
decisión estaría respaldada por las normas y las pruebas con que cuenta la
Empresa para definir la situación, así como en las previsiones señaladas en la
Sentencia T-012 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que se hace
referencia a los procedimientos que deben garantizar el debido proceso de los
trabajadores en un caso de esa naturaleza. A lo anterior agregó que “presumir
que se van a hacer despidos, por parte del Sindicato, hecho confesado a
través de su apoderado, es sencillamente la lógica conclusión de quien ha
obrado ilegalmente y conoce las consecuencias de su conducta”. -Negrilla
original-
Además, aseguró que si hubo vulneración del derecho al trabajo de
algún trabajador, es atribuible a los trabajadores activistas del cese ilegal,
pues fueron ellos quienes impidieron el acceso a las instalaciones de la
Empresa.
Para finalizar, el representante legal de EMCALI puntualizó que las
acciones adelantadas por la Empresa, respecto a los hechos que dieron origen al
conflicto, fueron: i) solicitar la declaratoria de ilegalidad del cese
de actividades ante el Ministerio de la Protección Social, con fundamento en la
toma de instalaciones centrales de la Empresa por parte de los trabajadores, lo
cual, aseguró, puso en peligro la prestación de los servicios públicos
esenciales que tiene a su cargo la Empresa e ii.) iniciar las acciones y
procedimientos que de acuerdo con la ley laboral y las normas administrativas
correspondían, dada la expedición de la Resolución No. 1696 de 2004, expedida
por el Ministerio de la Protección Social que declaró la ilegalidad del cese de
actividades por parte de SINTRAEMCALI.
3.3.   El Ministerio de la Protección Social
Esta intervención fue allegada a la Corte Constitucional, luego del trámite
de nulidad que se surtió (ver capítulo 2. de las consideraciones de esta
sentencia), promovido por esta Sala de Revisión, comoquiera que aunque el
Ministerio de la Protección Social no fue demandado ni vinculado al proceso de
tutela en las instancias respectivas, sí fue quien expidió la Resolución No.
1696 del 2 de junio de 2004, que declaró la ilegalidad del cese de actividades
que llevó a cabo el Sindicato accionante.
En efecto la
Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas de ese
Ministerio, mediante escrito del 8 de marzo de 2005, informó sobre las
razones por las cuales se declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva de
trabajo realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004 por trabajadores del
Sindicato accionante.
Señaló que EMCALI, mediante escrito del 31 de mayo de 2004, solicitó
al Ministerio la declaratoria de ilegalidad de “la suspensión colectiva de
trabajo realizada por los trabajadores de EMCALI EICE ESP”.
Indicó que el Ministerio accedió a esa solicitud con fundamento en i.)
el artículo 54 de la Constitución Política, según el cual se garantiza el
derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por
el legislador; ii.) en la Ley 142, arts. 1º y 4º y iii.) en la
Ley 50 de 1990, art. 65, num. 1º, que subrogó el artículo 450 del C.S.T.
4.      Pruebas que obran en el expediente
4.1.   Aportadas por la parte demandante
·
Poder para actuar. (1 Fl.)
·
Certificado de existencia y representación legal
de SINTRAEMCALI, de fecha 11 de junio de 2004, suscrito por la Coordinadora del
Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social. (1 Fl.)
·
Copia de la Resolución No. 1696 del 2 de junio
de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social. (3 Fls.)
·
Copia de constancia suscrita por el Defensor del
Pueblo Regional del Valle del Cauca, de fecha 3 de junio de 2004. (1 Fl.)
·
Copia del oficio DA-716-1A-04 del 7 de junio de
2004, suscrito por el Alcalde Municipal de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
(1 Fl.)
·
Copia del oficio de fecha 7 de junio de 2004,
suscrito por el Secretario de Salud Municipal de Yumbo, Valle del Cauca. (1
Fl.)
·
Copia del oficio DP-213-04 del 7 de junio de
2004, suscrito por el Personero  Municipal de Yumbo, Valle del Cauca. (1 Fl.)
·
Copia del Oficio DSP-768 del 8 de junio de 2004,
suscrito por el Secretario de Salud Pública de Santiago de Cali, Valle del
Cauca. (1 Fl.)
·
Copia del oficio DG-00561 del 9 de junio de
2004, suscrito por el Gobernador del Valle del Cauca. (1 Fl.)
·
Copia de documentos sobre “protocolos de
servicios públicos” en diferentes puntos en los que EMCALI presta sus
servicios. (32 fls.)
·
Copia de oficio 362-DEBAR-466-04 suscrito por el
Jefe de Departamento de Bombeo de EMCALI, dirigido al Director de Aguas
Residuales de la misma entidad. (1 Fl.)
·
Copia de constancia suscrita por el Presidente y
otros miembros de la Asociación de Comuneros de Santiago de Cali. (1 Fl.)
·
Copia de la Resolución No. 864 del 16 de mayo de
2001 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (9 Fls.)
·
Copia de oficio de fecha 27 de mayo de 2004,
suscrito por el Jefe del Departamento de Personal de EMCALI. (1 Fl.)
·
Copia del Auto No. 600 del 27 de mayo de 2004,
suscrito por la Coordinadora del Grupo de Trabajo Empleo y Seguridad Social de
la Dirección Territorial de Trabajo del Valle del Cauca del Ministerio de la
Protección Social. (1 Fl.)
·
Copia del oficio del 27 de mayo de 2004,
suscrito por la Coordinadora del Grupo de Trabajo Empleo y Seguridad Social de
la Dirección Territorial de Trabajo del Valle del Cauca del Ministerio de la
Protección Social, dirigido a la Directora Territorial de Trabajo y Seguridad
del Valle del Cauca. (1 Fl.)
·
Copia de la Diligencia de constatación de cese
de actividades de fecha 26 de mayo de 2004, suscrita por la Inspectora de
Trabajo y el Jefe de Departamento de Personal de la Dirección Territorial de
Trabajo del Valle del Cauca del Ministerio de la Protección Social. (1 Fl.)
·
Copia de la Diligencia Administrativa de fecha
27 de mayo de 2004, suscrita por el Inspector de Trabajo del Grupo de Trabajo
Empleo y Seguridad Social de la Dirección Territorial de Trabajo del Valle del
Cauca del Ministerio de la Protección Social. (1 Fl.)
4.2.   Aportadas por la parte demandada
4.2.1. EMCALI
El representante legal de esta entidad allegó con la contestación de
la demanda las siguientes pruebas:
·
Copias de las solicitudes de autorización (8)
que elevó el Sindicato de EMCALI y de las cartas de autorización (en igual
número) de la Empresa para las actividades de la organización sindical en los
meses previos al cese de actividades”. Esas autorizaciones se dieron
para diferentes actividades y para las siguientes fechas: i.) el 24 de
febrero (Seminario); ii.) el 25 de febrero (Audiencia Pública sobre
Formulación de Tarifa); iii.) el 8 de marzo de 2004 (marcha
“movilización día Internacional de la mujer”); iv.) el 10 de marzo de
2004 (Asamblea General de Delegados); v.) el 29 de marzo (Asamblea
General de Afiliados); vi.) el 13 de abril de 2004 (Asamblea General de
Delegados); vii.) el 23 y 27 de abril de 2004 (Jornada de Capacitación
de los servicios que ofrece Comfenalco) y viii.) el 5 de mayo de 2004
(Asamblea General de Delegados). (24 Fls.)
·
Oficios (2) suscritos por el Director de
Tesorería de EMCALI, el 12 de julio de 2004, en los que informa al Agente
Especial designado por la SSPD (Gerente encargado de la Empresa) i.) sobre
la negativa del presidente de SINTRAEMCALI, el 27 de mayo de 2004, a trasladar
del edificio CAM al Boulevard, unas máquinas lectoras de los cupones que envían
los Bancos para aplicar los pagos de los usuarios, para evitar refacturaciones
que generaran intereses de mora y en algunos casos la suspensión de los
servicios y ii.) en la otra comunicación, adjunta oficio del
Coordinador, en el cual se informa que el valor total que se dejó de recaudar
en el edificio del CAM durante los días de la “asamblea permanente” es
del orden de “2.499 Millones” de pesos. (4 Fls.)
·
Copia del informe suscrito, el 11 de julio de
2004, por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia de EMCALI (de la
empresa GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD VALLE LTDA.), dirigido a la Secretaria
General de la misma entidad sobre los “hechos llevados a acabo por
Sintraemcali (SIC) durante la toma llevada a cabo el 29 de mayo”. (2
Fls.)
·
Copia del informe suscrito el 12 de julio de
2004, por el Jefe Operativo de la Zona Sur de la empresa de seguridad
“GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD VALLE LTDA.” sobre los mismos hechos. (2 Fls.)
·
Fotocopia de ocho (8) fotos que se titulan “EVIDENCIA
DE TOMA A LA TORRE DEL CAM”. (4 Fls.)
·
Copia de documentos del Departamento de
Peticiones, Quejas y Reclamos de EMCALI (5 Fls.)
·
Copia del Registro de Publicaciones que hace
EMCALI de las noticias en los diarios. (8 Fls.)
·
Copia del memorando, del 09 de junio de 2004,
que envió la Jefe de Departamento de Servicio al Cliente y PQR de EMCALI a la
Secretaria General de la misma entidad, informando sobre la suspensión de
términos que se decretó entre el 26 de mayo y el 2 de junio, por los hechos
sucedidos en la Torre del CAM EMCALI. (1 Fl.)
·
Fotocopia del aviso publicado el 2 de junio de
2004 en el diario El País, en el que se informó el cierre temporal y la
consecuente suspensión de términos en las oficinas del Departamento de Atención
al Cliente y PQR de EMCALI. (1 Fl.)
·
Copia de recortes de prensa en los cuales se
refiere a la situación de EMCALI en los días del cese de actividades. (13
Fls.)
·
Copia de la denuncia penal presentada por el
Director de la Oficina Disciplinaria de EMCALI, por los presuntos delitos de
destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, hurto calificado y
daño en bien ajeno, en algunos bienes de la empresa y por la pérdida de 40
expedientes y otros elementos durante la toma de la Torre CAM de EMCALI. (5
Fls.)
·
Copia de la denuncia penal presentada por la
Ayudante Administrativo I de la Oficina de Control Disciplinario de EMCALI, por
el presunto delito de hurto, por pérdida de dinero correspondiente a Caja
Menor. (2 Fls.)
·
Copia del informe realizado en 3 de junio de
2004, de la Policía Metropolitana de Cali sobre los hechos acaecidos en EMCALI
por el cese de actividades. (10 Fls.)
·
Copia de oficio enviado por el Agente Especial
Designado por la SSPD a la Directora Seccional de Fiscalías,. El 28 de mayo de
2004, poniendo en conocimiento la situación dela toma del Edificio del CAM de
EMCALI, para que se investigaran las conductas reprochables, dentro del ámbito
de sus competencias. (1 Fl.)
·
Copia de dos Diligencias Administrativas
realizadas, el 26 y 27 de mayo de 2004, por el Inspector del Trabajo y el Jefe
del Departamento de Personal de EMCALI, para constatar el cese de actividades
en EMCALI. (2 Fls.)
·
Fotocopia de la Resolución No. 003479 del 26 de
mayo de 2004 del Agente Especial y Representante Designado por la SSPD, “por
la cual se suspenden los términos para recibo, actuación y respuesta de la PQR”
de EMCALI, hasta que se normalizara la situación presentada en el Edificio
el CAM de EMCALI. (2 Fls.)
·
Fotocopia de la Resolución No. 003491 del 4 de
junio de 2004, del Agente Especial y Representante Designado por la SSPD, “por
la cual se reanudan los términos para recepción, trámite y respuesta de los Derechos
de Petición, Quejas y Recursos” de EMCALI. (1 Fl.)
·
Copia de cinco (5) videos filmados durante el cese
de actividades en el Edificio CAM TORRE EMCALI. La información que se
aprecia en esos cada casetes es la siguiente: i.) en el casete No. 1 se
observa el interior del Edifico del CAM de la Torre EMCALI en el cual se
destacan las personas gritando y sosteniendo en sus manos unos palos en forma
de bates, otros agitan pancartas (quienes resultan fáciles de identificar pues
sus rostros se ven claramente) y mientras un noticiero entrevista al Presidente
del SINTRAEMCALI, quien manifestó que no se moverían de allí hasta llegar a un
acuerdo con el Gobierno Nacional, parece que algo explotara adentro, sin causar
daños aparentemente. Se observa la presencia de medios de comunicación dentro
del Edificio; ii.) En el casete No. 2 se observan las instalaciones de
EMCALI desde afuera por la noche y alrededor están miembros de la Policía
Metropolitana de Cali; llegan al lugar al menos 5 buses muy grandes en los que
se montan las personas que van saliendo del Edificio, camufladas, con
pasamontañas y gritando. Luego se muestra al Gobernador del Valle llegando al
lugar de los hechos y los periodistas tratando de entrevistarlo; iii.)
en el casete No. 3 aparece filmado el Edificio del CAM desde afuera, durante 96
minutos, detallando a las personas que se asomaron y permanecieron en las
ventanas; algunos se asomaron tapándose parte de la cara, otros no y algunos
inclusive sin prenda alguna de la cintura para arriba. Esas personas gritaron
permanentemente y colgaron pancartas, desde adentro, afuera del Edificio. Luego
se muestra ala Policía Metropolitana de Cali acordonando todo el Edificio, en
el día; iv.) en el casete No. 4 la filmación empieza a las 10:15 a.m.
del 26 de mayo, en donde se observa gran aglomeración, afuera del edificio;
algunos parecen personas que trabajan en la Empresa, porque están usando el
palo en forma de bate, cargan pancartas y se hablan entre ellos; se agrupan y
luego se dispersan, se reparten, pero es posible identificarlos. Otras personas
parecen usuarios o simplemente particulares que observan la situación de
encontrar cerrado el acceso y se retiran del lugar. Se ve la presencia de
Policía antimotines; v.) el último casete, el No. 5, contiene apartes
del Noticiero del Pacífico, de varios días, en los que se refieren a la toma de
las instalaciones de EMCALI.
La Secretaria General de EMCALI, mediante oficio del 15 de julio de
2004, envió, adicionalmente, las siguientes pruebas:
·
Recortes de prensa en los que se informó sobre
los despidos en EMCALI, como consecuencia del cese ilegal de actividades. (3
Fls.)
·
49 oficios, dirigidos a diferentes trabajadores
de EMCALI que participaron en el cese ilegal de actividades, en los que se
comunica a cada uno de ellos la terminación unilateral del contrato individual
de trabajo con justa causa. (98 Fls.)
·
Fotografías tomadas después de “la toma”
en donde consta que para los trabajadores que estuvieron dentro del edificio
era una toma (fotografía No. 6) y además se ven los destrozos causados en el
edificio. (4 Fls.)
·
Copia del informe suscrito, el 11 de julio de
2004, por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia de EMCALI (de la
empresa GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD VALLE LTDA.), dirigido a la Secretaria
General de la misma entidad sobre los “hechos llevados a acabo por
Sintraemcali (SIC) durante la toma llevada a cabo el 29 de mayo”. (2
Fls.)
·
Copia del informe suscrito el 12 de julio de
2004, por el Jefe Operativo de la Zona Sur de la empresa de seguridad
“GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD VALLE LTDA.” sobre los mismos hechos. (2 Fls.)
Además, por solicitud de EMCALI en ese escrito del 15 de julio, el a
quo ordenó oficiar: i.) al Noticiero Noti5 para que remitiera“copia
fílmica de la edición del 14 de julio del presente año [2004]”, dentro de
la cual hay declaraciones del presidente de SINTRAEMCALI y ii.) al señor
Gobernador del Valle para que allegara copia del “Acuerdo para la entrega
del CAM-TORRE EMCALI EICE ESP” suscrito, el 29 de mayo de 2004,
entre el presidente del Sindicato, el Gobernador del Valle y el Alcalde de
Cali. Es preciso anotar que esas pruebas fueron aportadas con posterioridad a
la fecha en que el a quo profirió su fallo (el 22 de julio de 2004),
pues el casete (que contiene una entrevista que le hicieron al Presidente de
SINTRAEMCALI con duración de 2 minutos) fue remitido, mediante oficio NCG
102-04, por la Gerente del Noticiero Noti5 y se recibió el 23 de julio de
2004 y la copia autenticada del Acta de Acuerdo fue remitida, mediante
oficio DG-00863, por el Gobernador del Valle, y se recibió el 28 de julio de
2004 en el Tribunal.
5.      Sentencias objeto de revisión
5.1.   Primera Instancia
La Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cali, mediante providencia del 22
de julio de 2004, resolvió:
i.) Conceder el amparo transitorio del derecho de asociación sindical,
ordenando a EMCALI abstenerse de solicitar a la autoridad competente la
cancelación de la personería jurídica de SINTRAEMCALI mientras la parte
demandante iniciaba -dentro de un término no mayor a tres meses- y se decidía,
por la autoridad correspondiente, la demanda de nulidad contra la Resolución
No. 1696 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable a la Asociación Sindical.
ii.) Denegar la tutela del derecho al trabajo pues, a su juicio, ya se
causó el perjuicio irremediable que se quería evitar con la tutela, a saber, el
despido de los trabajadores involucrados en los hechos, lo cual constituye un
hecho consumado, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente en donde
constan las cartas de despido enviadas por la Empresa como consecuencia de los
hechos referidos. En consecuencia, les queda la opción a las personas
despedidas, si así lo desean, de acudir a las vías judiciales pertinentes para
solicitar la anulación del acto en que se fundamenta esa decisión, así como
para solicitar la reparación de perjuicios a la que hubiere lugar.
iii.) Denegar el amparo de los derechos al debido proceso y a la defensa
de los trabajadores despedidos, comoquiera que no hubo tal vulneración, pues,
de un lado, según las actas que levantaron los inspectores de trabajo, la
imposibilidad de constatar la realización del cese de actividades se debió a
razones imputables a los trabajadores y, de otro lado, la Empresa intentó
escuchar a cada uno de los trabajadores involucrados en los hechos, “a
través de la llamada diligencia de descargos, orientada sin duda a concretar la
posible responsabilidad de cada uno en el suceso, pero esa oportunidad de
defensa para el sindicato y los trabajadores, resultó fallida por la posición
asumida por los mismos que se abstuvieron de acudir a ella y trataron de
orientar y dirigir un procedimiento que la ley radica en cabeza del empleador
(…), procedimiento que, al menos, en principio y en este caso, se vislumbra
como una oportunidad clara del empleador de facilitar la defensa de los
trabajadores (…)”.
La Magistrada
Amparo Marmolejo Giraldo, integrante de la Sala de Decisión en esta instancia
del proceso, salvó parcialmente su voto respecto al primer punto de la parte
resolutiva de la sentencia, en el cual se concedió transitoriamente la tutela
del derecho fundamental de asociación sindical, considerando que: i.) la
acción de tutela es improcedente para la protección de ese derecho en el caso
concreto, pues “está reglado por la norma que para la cancelación de la
personería jurídica de una organización sindical deberá iniciarse ante la justicia
ordinaria laboral el respectivo proceso, lo cual significa que la declaratoria
de ilegalidad expedida por el Ministerio de protección social (SIC), por
si sola no produce efecto que constituya una vulneración del derecho de
asociación” y ii.) porque se definió la vulneración del derecho
fundamental de asociación sindical “limitando a la entidad accionada su
capacidad potestativa del uso del derecho de acción que le confiere la ley con
fundamento en la protección de un derecho fundamental cuyo núcleo esencial
permanece indefectible”.
5.2.   Impugnación
El 30 de
julio de 2004, el apoderado de la parte accionante impugnó el fallo del a
quo, en cuanto denegó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa de los trabajadores despedidos por la Empresa y,
en consecuencia, solicitó se ordenara “su reintegro al cargo que
desempeñaban en iguales condiciones de nivel y categoría con el propósito de
que se les siga, una vez reintegrados, el debido proceso ordenado por el
Artículo 2º. De (SIC) la Resolución 1696 del 2 de Junio de 2004 que no
es otro que el establecido en la Ley 734 de (SIC) 5 de Febrero de 2002”.
Así mismo,
insistió en que no hubo suspensión en la prestación de los servicios a cargo de
la empresa EMCALI en los municipios donde los proporciona y reiteró que el
Gobierno Nacional ha incumplido con lo expresado por el Comité de Libertad
Sindical de la OIT, en su Informe No. 309, con fundamento en el Acuerdo 151 de
la OIT, en el que le recomienda adoptar “medidas para que en el futuro, la
calificación de las huelgas sea realizada por un órgano independiente y no por
la autoridad administrativa”, pues sostuvo que el Ministerio de la
Protección Social ha actuado como juez y parte en la calificación de la
suspensión colectiva de trabajo.
Manifestó que
no comparte la decisión de negar el amparo de los derechos fundamentales al
trabajo y debido proceso de los trabajadores, por considerar “alejado de la
realidad procesal afirmar que los trabajadores se negaron asistir (SIC)
a las diligencias de descargos pues si se lee la respuesta de los trabajadores,
despedidos durante el trámite de esta Acción de tutela, es evidente que nunca
se negaron a comparecer a la citación pues inicialmente pidieron, acogiéndose
al derecho a la información, se les aclarara si se trataba de una diligencia
que iniciaba el proceso disciplinario al que se refiere el pronunciamiento de
la iniciativa del Jefe de Talento Humano. De la misma manera se elevó un
Derecho de Petición ratificando la disposición de comparecer a la diligencia de
versión libre a la que se refiere la Ley 734 del 05 de febrero de 2002 y
solicitando se le (SIC) fije fecha para ser escuchado (SIC).
Finalmente los trabajadores manifestaron también por segunda vez su voluntad de
asistir a rendir la versión libre sobre los hechos del 26 y 27 de mayo dentro
del proceso disciplinario vigente según indicación de la Resolución 1696 del 02
de junio de 2004.”
Apoyado en la
sentencia SU-036 de 1999 de esta Corte, indicó que la decisión adoptada en el
fallo no tuvo en cuenta la pretensión subsidiaria de la demanda, según la cual
se solicitó el reintegro de los trabajadores en caso de que fueran despedidos,
como en efecto ocurrió durante el trámite de la tutela, razón por la cual
consideró que el Tribunal no podía aducir válidamente que el perjuicio ya se
había consumado, como argumento para no pronunciarse sobre los derechos
fundamentales afectados con dicha decisión.
Para
Finalizar, aseguró que la situación descrita da lugar a un perjuicio irremediable
para los trabajadores despedidos, por cuanto el restablecimiento de los
derechos que han sido vulnerados tomaría más de cuatro años a través del
ejercicio de las acciones judiciales ordinarias y porque la situación de
desempleo a la que se han visto abocados impide la satisfacción de las
necesidades básicas propias de cada una de sus familias.
El a quo
concedió la impugnación formulada, mediante Auto interlocutorio No. 061 del 6
de agosto de 2004 y ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia.
5.3.   Segunda
instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 1º de septiembre de 2004, confirmó la decisión de
primera instancia con fundamento en las mismas consideraciones y agregó,
apoyado en la sentencia C-534 de 1992 de la Corte Constitucional, que “no es
dable que el juez que conoce de la solicitud de tutela, con desconocimiento del
principio constitucional de separación y autonomía de las jurisdicciones, se
entrometa dentro del ámbito de jurisdicción y competencia de un juez
ordinario”.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las providencias de tutela reseñadas, con base en la
Constitución Política (arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591
de 1991 (arts. 33 al 36) y en cumplimiento del Auto del ocho (08) de octubre
del año 2004, proferido por la Sala de Selección Número Diez de esta
Corporación.
2.      Trámite
ante la Corte Constitucional
El expediente llegó a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y, mediante Auto del 8 de octubre de 2004, proferido por la
Sala de Selección Número Diez de esta Corporación, fue seleccionado y repartido
al Despacho del Magistrado Ponente.
El 20 de
octubre de 2004, se recibió en el Despacho del Magistrado Ponente un
escrito del señor Ramiro Borja Ávila, en el cual manifestó que en su condición
de“ciudadano interesado en la integridad del orden jurídico y en la vigencia
real del Estado de Derecho” instauró acción de nulidad (de la cual anexó
copia), ante el Consejo de Estado, en contra de la Resolución No.1696 del 2 de
junio de 2004 expedida por el Ministerio de la Protección Social pues, a su
juicio, de ella se deriva la “causa de la violación al debido proceso en que
se fundamenta la tutela (…)”.
El ciudadano,
además, hizo una referencia a la sentencia C-432 de 1996 de esta Corte, de la
cual trae apartes, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 451 del
C.S.T. En su escrito manifestó su apoyo a la parte actora de este proceso y
señaló que con su intervención busca que se eviten perjuicios graves a los
empleados que ya fueron despedidos, al número indeterminado de los que están
por despedir, al propio Sindicato y al patrimonio público conformado por los bienes
de EMCALI, que será con los que se responda por los reintegros que va a tener
que hacer la Empresa por los despidos injustificados.
Mediante
escrito del 15 de diciembre de 2004, el apoderado especial de EMCALI,
E.I.C.E., E.S.P. solicitó que se confirmaran los fallos de instancia, en cuanto
denegaron por improcedente la tutela promovida por el Sindicato de Trabajadores
de EMCALI -SINTRAEMCALI- para la protección de los derechos al trabajo y al
debido proceso de los trabajadores despedidos por la Empresa, comoquiera que,
de un lado, existen otros medios de defensa judicial y, de otro, no se ha
quebrantado derecho fundamental alguno.
En su extenso
escrito, el apoderado de EMCALI argumentó su solicitud en temas como la
incompetencia del juez de tutela para pronunciarse sobre conflictos que
involucren derechos litigiosos laborales, como los planteados en la demanda de
tutela; la subsidiaridad de la acción de tutela sólo ante la ausencia de
mecanismos de defensa judiciales; la inexistencia de un perjuicio irremediable;
la improcedencia de la tutela para el reconocimiento de derechos prestacionales
de rango legal; la improcedencia de la tutela como mecanismo transitorio para
el caso concreto; la no vulneración los derechos cuya protección se reclama.
Reiteró en su
defensa los fundamentos que habían sido expuestos en la contestación de la
demanda y agregó, en una explicación detallada, paso a paso, el procedimiento
que adelantó para tomar la decisión de despedir a los trabajadores que identificó
como participantes del cese de actividades que se declaró ilegal por el
Ministerio de la Protección Social, y con apoyo en la jurisprudencia de esta
Corte, que trae en cita.
Para finalizar
informó que los directivos sindicales[10]
que fueron despedidos ya radicaron sus demandas de fuero sindical y acción de
reintegro, ante la justicia ordinaria, siendo repartidas en diferentes Juzgados
Laborales de la ciudad de Cali. Lo anterior, en su criterio, “viene a
reafirmar la convicción que tienen [los ex trabajadores] acerca de la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial y de la improcedencia de la
acción de tutela promovida por la organización sindical (…)”.
Estando el expediente en esta sede de revisión, se detectó que,
aunque la parte actora no demandó al Ministerio de la Protección Social, ni los
jueces de instancia lo vincularon al proceso de tutela, la inconformidad del
Sindicato se derivaba del contenido de la Resolución No. 1696 del 2 de junio de
2004, expedida por ese Ministerio y, por lo tanto, era necesario vincularlo a
este proceso de tutela, pues hacía parte del litis consorcio necesario
para resolver, ya que las decisiones que se adoptaran podrían afectar la
decisión que tomó en la mencionada Resolución.
Por lo tanto, esta Sala de Revisión, mediante Auto del 3 de
febrero de 2005, se abstuvo de revisar los fallos proferidos dentro del
proceso de tutela, devolvió las actuaciones al juez de primera instancia y
ordenó poner en conocimiento del Ministerio de la Protección Social el trámite
de la referencia y, de ser necesario, rehacer la actuación. Una vez cumplido lo
anterior, regresara el expediente a la Corte para continuar con su revisión.
La
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, mediante Auto No. 118 del 21 de
febrero de 2005, dispuso notificar al Ministro de la Protección Social de
la presente acción. No obstante, según informó el mismo Tribunal, mediante Auto
No. 158 del 3 de marzo de 2005, cumplida la vinculación del Ministerio,
éste no se pronunció dentro del término legal y, por lo tanto, consideró
innecesario rehacer la actuación, dado que no quedaban pruebas por evacuar. En
esas condiciones remitió nuevamente el expediente a la Corte, mediante oficio
del 4 de marzo de 2005 y fue recibido el 15 de marzo de 2005 en
el Despacho del Magistrado Ponente para continuar con la revisión.
Sin embargo,
mediante oficio del 1º de abril de 2005, se recibió en el Despacho del
Magistrado Ponente un oficio de la Secretaría General de esta Corte en el que
remitió el oficio No. 0129 del 14 de marzo de 2005, de la Secretaría de
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el cual, a su vez, remitió un
oficio suscrito por la Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales
Individuales y Colectivas, el 8 de marzo de 2005, en atención al Auto
del Tribunal, mediante el cual le notificó de la demanda de tutela (esta
intervención se sintetizó en el numeral 3.3. de los Antecedentes de esta
sentencia).
3.      Materia
sometida a revisión
El Sindicato accionante instauró la acción de tutela como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, contra la Empresa EMCALI y
otro, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales de asociación sindical,
trabajo, debido proceso y defensa, con la expedición de la Resolución No. 1696
del 2 de junio de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social
(mediante la cual se declaró la ilegalidad del cese de actividades que llevó a
cabo el Sindicato), comoquiera que facultaba a la Empresa demandada a despedir
a los trabajadores que participaron en ese cese de actividades y permitía
solicitar la cancelación de la personería jurídica del Sindicato.
El juez de primera instancia concedió el amparo transitorio del
derecho de asociación sindical, ordenando a la Empresa abstenerse de solicitar
la cancelación de la personería jurídica del Sindicato, mientras éste demandaba
en acción de nulidad la Resolución No. 1696 del 2 de junio de 2004, del
Ministerio de la Protección Social. En cuanto a los demás derechos, denegó el
amparo, toda vez que ya se había producido el perjuicio irremediable que se
pretendía evitar (pues la Empresa despidió a los trabajadores involucrados en
el cese ilegal).
Impugnada la anterior decisión por la parte actora, en cuanto a los
derechos que no protegió, el juez de segunda instancia decidió confirmar la
decisión con fundamento en las mismas consideraciones.
En
esas condiciones, el problema jurídico que corresponde resolver a la Sala, es
si es procedente la tutela transitoria de los derechos fundamentales invocados,
ante la eventual configuración de un perjuicio irremediable, con la expedición
de un acto administrativo y el ejercicio de las facultades derivadas del mismo,
aun existiendo mecanismos de defensa para su protección.
Específicamente,
en el caso concreto, se verificará si se pusieron en peligro o se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, como consecuencia de
la expedición de la Resolución No. 1696 del 2 de junio de 2004, por el
Ministerio de la Protección Social y del ejercicio de las facultades en ella
contenidas (junto con las establecidas en el artículo 450-2 del CST), por parte
de la empresa EMCALI y de su representante legal, esto es, el Agente Especial
designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[11],
al despedir a los trabajadores que participaron en los hechos del 26 y 27 de
mayo de 2004, así como al solicitar la cancelación de la personería jurídica de
SINTRAEMCALI.
En otras palabras, la solución del problema jurídico planteado
comporta establecer si, en el asunto sometido a examen, del ejercicio de las
mencionadas facultades puede deducirse la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que deba ser precavido con la intervención del juez constitucional
y si, atendiendo la pretensión subsidiaria planteada en la demanda y al haberse
ejercido efectivamente la facultad de despedir a los trabajadores involucrados
en los hechos, se brindó a la parte actora la protección suficiente de los
derechos fundamentales que invocó.
Dada
la aclaración manifestada por la Superintendencia accionada, sobre la
independencia entre el Agente Especial Designado para la Empresa demandada y
ella misma, así como de la reciente intervención por parte del Ministerio de la
Protección Social, la Sala examinará, en primer término, la legitimación en la
causa tanto de la parte actora como de la parte demandada dentro del presente
proceso y, en relación con ésta, las competencias que tenía frente a los hechos
que dieron origen al conflicto, las actuaciones que se acusan de generar un
perjuicio irremediable y la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
4.      Legitimación por activa y pasiva
4.1.   Por activa
Ha sido reiterado[12]
por la jurisprudencia de esta Corte que los sindicatos están legitimados para
instaurar la acción de tutela, toda vez que representa los intereses de sus
asociados. Al respecto cabe citar la sentencia SU-342 de 1995, M.P. Antonio
Barrera Carbonell:
“como el sindicato representa los intereses de la comunidad de los
trabajadores, con arreglo a las funciones generales que le son propias, según
el art. 372 del C.S.T su legitimación para instaurar la tutela no sólo proviene
de su propia naturaleza que lo erige personero de dichos intereses, sino de las
normas de los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991,
según los cuales la tutela puede ser instaurada por el afectado o por quien
actúe en su nombre o lo represente”.
En efecto, el representante legal del Sindicato de la Empresas
Municipales de Cali -SITRAEMCALI- está en capacidad de promover el amparo de
los derechos fundamentales de la persona jurídica, así como de representar los
intereses de los trabajadores involucrados en la actividad calificada de ilegal
por el Ministerio de la Protección Social, siempre que se trate de miembros
activos de la organización al momento de la ocurrencia de los hechos (el cese
de actividades).
Sin embargo, la Sala considera pertinente aclarar que la Corte
también ha precisado que, si bien el Sindicato puede ejercer la representación
de sus integrantes, no pueden estos pretender el amparo de los derechos de la
organización, como quiera que esta facultad corresponde en forma exclusiva al
representante legal de aquél. Al respecto, cabe reseñar:
“La
controversia materia de la demanda de tutela tiene como objetivo fundamental
definir una situación de carácter sindical; es decir, que existe más que la
simple intención de amparar unas situaciones de hecho, concretas y personales
de cada trabajador, el propósito de proteger los intereses del sindicato
como tal, cuales son, la definición del pliego de peticiones y la defensa de
los intereses propios de la organización sindical, por lo que quien ha debido
ejercer la acción y quien estaba legitimado para ello era el propio sindicato
como persona jurídica a través de su representante legal, y no como sucede en
el presente asunto, algunos de sus miembros sin el poder suficiente ni la
calidad exigida por la ley para actuar en nombre de éste. En tal virtud -el
no haber ejercido la acción de tutela el Sindicato de Trabajadores en procura
de la protección de los derechos colectivos-, encuentra la Corte que los
accionantes no estaban legitimados para actuar en defensa de los intereses del
Sindicato, por lo que por este aspecto la tutela es improcedente.”[13]
-Subraya fuera de texto-
4.2.   Por pasiva
Respecto
a la legitimación en la causa de los órganos señalados como accionados en la
demanda, se tiene lo siguiente:
4.2.1. En cuanto a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, es necesario aclarar que el Agente
Especial designado[14]
por ella para EMCALI es quien ejerce las funciones de representante legal de
esta Empresa[15]
y, por lo tanto, asume “bajo su inmediata responsabilidad” las
decisiones que adopte sobre la persona jurídica que representa, de acuerdo con
lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 291 del Estatuto Financiero,
aplicable a la toma de posesión de las empresas de servicios públicos
domiciliarios en concordancia con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 142
de 1994.
Además,
i.) el despido como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de un
cese de actividades le corresponde ordenarlo únicamente al empleador y ii.)
la solicitud de cancelación de la personería jurídica de la organización
sindical, por esa misma causa, es una atribución que corresponde al empleador
afectado, al Ministerio Público o al Ministerio de la Protección Social (Ley 50
de 1990, art. 52, que modificó el Art. 380 del C.S.T.), pero no a la autoridad
de control, inspección y vigilancia, que es la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (C.P., art. 370).
Así
pues, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no podía ser
sujeto pasivo de la acción, por cuanto no hubo acción u omisión de su parte que
hubiera puesto en peligro o vulnerado derecho alguno de SINTRAEMCALI o de
alguno de sus miembros, lo cual se evidencia porque las consecuencias que
pretendía evitar a través del ejercicio de la acción de tutela, esto es, la
solicitud de cancelación de la personería jurídica del Sindicato y el despido
de los trabajadores involucrados con los hechos, son acciones que no
corresponden a las competencias propias de dicha entidad, sino, en este caso,
al agente especial que fue designado por ella, que se desempeña como representante
legal de la Empresa accionada y que actúa con total independencia de la
Superintendencia.
De
manera que si cupiera alguna responsabilidad a la Superintendencia, frente al
caso objeto de estudio, esta sería en relación con la designación del agente
especial, pero comoquiera que en la demanda no se formuló reproche alguno al
respecto, debe concluirse, en consecuencia, que no está legitimada por pasiva
para responder por la tutela de la referencia.
4.2.2. El
Ministerio de la Protección Social
Resulta
claro concluir, de conformidad con los antecedentes que se expusieron en esta
sentencia, que era indispensable la participación del Ministerio de la
Protección Social en el proceso de esta tutela, pues fue esa entidad la que
expidió al Resolución de la cual se derivaron las facultades otorgadas y
ejercidas directamente por el representante legal de EMCALI, entidad demandada
en este proceso, con ocasión del cese de actividades llevado a cabo por el
sindicato de la entidad accionante. No en vano se ordenó por esta Sala de
Revisión que le pusiera en conocimiento del trámite de la tutela, para que
ejerciera su derecho de defensa, como en efecto lo hizo.
Quedando
claramente establecidas las partes dentro de este proceso, la Corte pasa a
revisar las decisiones proferidas por los jueces de instancia dentro del mismo.
5.      El fundamento normativo de las facultades asignadas al
empleador en los supuestos de la declaratoria de ilegalidad de la suspensión
colectiva cuando se trata de un servicio público esencial.
De conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política, el
artículo 430 y el literal a) del numeral 1º del artículo 451 del Código
Sustantivo del Trabajo, la huelga está prohibida cuando se trata de servicios
públicos esenciales. En efecto, el artículo superior mencionado dispone que “[s]e
garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales
definidos por el legislador” y añade que “[l]a ley reglamentará este
derecho.” En relación con esta norma la Corte ha expresado:
“El artículo 56 superior resulta de una
tensión valorativa, propia a todo Estado social de derecho, entre, de un lado,
el reconocimiento del derecho de los trabajadores a efectuar suspensiones del
trabajo para defender sus intereses y lograr un mayor equilibrio en las
relaciones laborales y, de otro lado, la necesidad que tiene el Estado de
garantizar la continuidad en la prestación de ciertos servicios públicos
esenciales, por los graves efectos que su interrupción total podría tener en
los derechos de los ciudadanos. Hay pues un conflicto eventual entre, de un
lado, los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales, que
sin ser parte en el conflicto laboral como tal, se pueden ver afectados y
perjudicados por ceses generales de actividades; y, de otro lado, los derechos
de los trabajadores que laboran en tales servicios, quienes se pueden ver
eventualmente despojados de instrumentos legítimos para la defensa de sus
intereses, como la huelga. Tal conflicto lo resuelve la Constitución no
garantizando la huelga en los servicios públicos esenciales, lo cual muestra
que fue voluntad expresa del Constituyente proteger los derechos de los
usuarios de los servicios públicos esenciales, que aparecen así como una
limitación constitucional al derecho a la huelga de los trabajadores”.[16]
Por su parte, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo
prevé que, de acuerdo con la Constitución, “está prohibida la huelga en los
servicios públicos”, al tiempo que el literal a) del numeral 1º del
artículo 450 de la misma codificación dispone, entre otros supuestos, que “[c]uando
se trate de un servicio público”, la suspensión colectiva de trabajo es
ilegal. La Corte examinó la constitucionalidad de estos preceptos y declaró la
exequibilidad de los mismos bajo el entendido de que la expresión servicios
públicos debe ser interpretada de conformidad con el artículo 56 de la
Constitución Política, esto es, que la restricción del derecho a la huelga se
refiere en forma exclusiva a los servicios públicos esenciales.
Sobre este particular la Corte tuvo oportunidad de señalar:
“La primera prohibición es constitucional, ya que la huelga no está
garantizada en los servicios públicos esenciales; esta prohibición legal se
adecua entonces al ordenamiento constitucional, ya que el Legislador puede
prohibir la huelga en los servicios públicos esenciales, con el fin de proteger
los derechos constitucionales fundamentales de los usuarios de tales servicios.
No corresponde a la Corte en esta sentencia adelantarse a señalar si la no
garantía de la huelga en los servicios públicos esenciales, prevista por el
artículo 56 superior, es directamente una prohibición constitucional de la
huelga en este campo, o si la Constitución simplemente ha establecido que la
autoridad facultada para regular la materia -en este caso únicamente el
Legislador- tiene la posibilidad de restringir el derecho de huelga en esas
actividades, e incluso, en determinadas circunstancias, prohibirlo, si lo considera
políticamente necesario y conveniente para proteger los derechos de los
usuarios. En efecto, como la demanda versa sobre una prohibición legal de la
huelga, corresponde a la Corte únicamente determinar si esa prohibición, en un
determinado ámbito de actividades (los servicios públicos esenciales), es o no
conforme a  la Constitución, sin que deba esta Corporación adelantar otros
criterios que puedan condicionar la libertad relativa de configuración del
Legislador en esta materia.
La segunda prohibición contenida en el inciso primero del artículo
430 del Código Sustantivo del Trabajo, y que se refiere a los servicios no
esenciales, se sitúa, por definición, por fuera del ámbito en donde es
restringible el derecho de huelga; ella no es entonces admisible desde el punto
de vista constitucional.
Consideraciones similares se pueden efectuar con respecto a la
declaratoria de ilegalidad de las suspensiones colectivas de trabajo en los
servicios públicos prevista por literal a del artículo 450 del Código Sustantivo
del Trabajo. Ella es exequible para aquellos servicios públicos que son
esenciales, pero no es admisible cuando se trate de servicios no esenciales,
caso en el cual no podrá darse aplicación al ordinal 2 de este mismo artículo.
Por consiguiente, la Corte, en la parte resolutiva de esta
sentencia, efectuará una constitucionalidad condicionada de las normas
impugnadas.”[17]
Frente al incumplimiento de la restricción que surge para el derecho
a la huelga cuando se trata de servicios públicos esenciales, el legislador ha
previsto en cabeza del Ministerio de la Protección Social la facultad de
declarar la ilegalidad de la misma a través de una providencia administrativa
que sólo puede ser impugnada mediante las acciones judiciales procedentes “ante
el Consejo de Estado” (C.S.T., Art. 451, Num. 1º).
Dicha facultad se aplica también cuando la declaratoria de
ilegalidad de la suspensión colectiva se funda en la constatación de los demás
supuestos previstos en el numeral 1º del artículo 450 del C.S.T., a saber: i)
el que con la suspensión se persigan fines distintos de los profesionales o
económicos, ii) cuando no se haya cumplido previamente con el
procedimiento de arreglo directo, iii) cuando no haya sido declarada por
la asamblea general de los trabajadores en los términos previstos en la ley, iv)
cuando se efectúa antes de los dos días o después de diez días hábiles a la
declaratoria de la huelga, iv) cuándo no se limite a la suspensión
pacífica del trabajo o v) cuando se promueve con el propósito de exigir
a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de
ellas.
El legislador ha previsto unas consecuencias jurídicas a partir de
dicha declaración que dependen de la voluntad del empleador. Así, de acuerdo
con el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, “[d]eclarada
la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en
libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren
intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el
fuero, el despido no requerirá calificación judicial.”[18]
(Subraya y destacado fuera de texto)
En relación con esta norma la Corte Constitucional ha tenido
oportunidad de precisar que el ejercicio de esta facultad está sujeto a la
aplicación de procedimientos que garanticen el debido proceso y el derecho de
defensa de los trabajadores que eventualmente serán despedidos. Al respecto, la
sentencia de unificación SU-036 de 1999[19]
dispuso:
“El numeral 2 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo
autoriza al empleador para despedir a los trabajadores que intervinieron o
participaron en el cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de
Trabajo, aun aquellos amparados por fuero sindical, evento en el que no se
requiere solicitar la calificación judicial previa a la que se ha hecho referencia
en otros acápites de esta providencia, pues, para estos efectos, la declaración
de ilegalidad se convierte en el acto que suple la mencionada calificación. Se
produce, por llamarlo de alguna manera, un levantamiento o suspensión de esta
garantía. Por esta razón, en el caso en estudio, no puede hablarse de un
desconocimiento de esta garantía ni de los derechos fundamentales a la
asociación y libertad sindical que ésta tiende a proteger.
(…)
Sin embargo, cuando el empleador opta por hacer uso de esta
facultad, no basta con la simple declaración de ilegalidad del cese de
actividades para dar por terminado el contrato o la relación laboral, pues
debe, previa a la aplicación de esta causal, agotar un procedimiento que
permita individualizar y determinar qué trabajadores intervinieron en la
suspensión colectiva de las actividades laborales declaradas ilegales, como el
grado de participación en la misma.
(…)
el empleador debe demostrar la participación de éste en la
suspensión colectiva de las actividades laborales, a través de un
procedimiento, si se quiere breve y sumario, en el que se permita la
intervención del empleado, a efectos de proteger los derechos al debido proceso
y a la defensa de éste, procedimiento que debe anteceder  la decisión de despido
correspondiente.
(…)
el no agotamiento de este procedimiento previo,  configura, por sí
solo, el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo, con el
reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes.
(…)
se distingue entre las varias conductas que puede asumir el
trabajador durante el cese colectivo de las actividades laborales, así:
a) La del trabajador que participa activamente, promoviendo,
dirigiendo u orientando el cese de actividades. b) La del empleado que toma
parte de la suspensión en forma pasiva y simplemente como consecuencia de su
obligación de acatar la decisión mayoritaria que ha optado por la huelga. Es el
caso de quienes terminan involucrados en el movimiento sin desearlo e incluso a
pesar de haber intervenido disidentemente; c) La de quienes, declarada la
ilegalidad de la suspensión de labores, persisten en ella, no regresan a sus
actividades o no acatan la orden de reiniciación de los trabajos. La
persistencia  no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador
implicado en ella.
(…)
El despido, en estos eventos, estará condicionado, entonces, al
grado de participación o intervención del trabajador en la suspensión de las
actividades laborales que ha sido declarada ilegal. De este hecho, nace la
exigencia para el empleador de agotar una actuación previa, en donde se permita
la participación del trabajador a efectos de garantizar sus derechos, pues de
no agotarse éste, se configurará un despido injustificado con las consecuencias
jurídicas que de ello se derivan. (…)El no agotamiento de esta etapa previa,
constituye una violación de los derechos al debido proceso y defensa del
empleado,  en razón al carácter sancionatorio que tiene esta clase de despido.
(…)
Es fundamental precisar que, en tratándose de los directivos
sindicales, se requiere igualmente el agotamiento de un procedimiento previo,
pues la pertenencia al sindicato y, concretamente a su junta directiva, no
exime al empleador de su deber de individualizar  y determinar el grado de
participación del directivo sindical en la suspensión colectiva de actividades.
El hecho de pertenecer a la junta directiva de un sindicato, no puede ser
elemento único y suficiente para la aplicación automática del numeral 2 del
artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
No hay en esta materia, el reconocimiento de ninguna clase de
presunción, pues bien puede suceder que, en los términos de la jurisprudencia
de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, un directivo sindical vote o
no por el cese de actividades que posteriormente es declarado ilegal, y asuma
durante su ejecución una conducta pasiva no sancionable.”
Asimismo, el numeral 3º del mencionado artículo 450 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone frente al mismo supuesto, esto es la
declaratoria de ilegalidad, que el propio Ministerio de la Protección Social,
el Ministerio Público o el empleador afectado pueden solicitar a la justicia
laboral la suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato,
conforme al procedimiento señalado en el artículo 52 de la Ley 50 de 1990. Al
examinar el procedimiento sumario al que alude el numeral 2º de la norma
mencionada, la Corte tuvo oportunidad de explicar que la misma no se oponía a
lo previsto en el artículo 4º del Convenio No. 87 de la O.I.T., conforme al
cual: “las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a
la disolución o suspensión por vía administrativa”.
Al respecto se expresó:
“Al preverse la posibilidad de acudir ante un juez para solicitar la
suspensión y cancelación de la personería jurídica de los sindicatos, no se
está vulnerando el Convenio antes mencionado ya que lo que prohíbe éste es la
disolución o suspensión por vía administrativa.”[20]
En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala se pretende
limitar las facultades que surgen para el empleador como consecuencia de la
declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, argumentando que el
ejercicio de las mismas constituía causa inmediata de la amenaza o vulneración
efectiva de los derechos fundamentales invocados (asociación sindical, trabajo,
debido proceso y defensa).
6.      El caso concreto
6.1.   Improcedencia de la tutela -aún en la modalidad transitoria-,
para discutir la validez del acto administrativo que declara la ilegalidad del
cese de actividades o para limitar total o parcialmente su aplicación
La Sala observa que la supuesta amenaza de los derechos
fundamentales planteada en la demanda se fundó en reproches de naturaleza
disímil: i) Los relacionados con los supuestos vicios en la expedición
del acto administrativo que declaró la ilegalidad del cese, que aluden
básicamente a la falta del cumplimiento del requisito de constatación del cese
de actividades y la supuesta indebida motivación del mismo y ii) a la
descalificación anticipada del ejercicio de las facultades que con fundamento
en dicho acto administrativo y lo dispuesto por el artículo 450 del CST podían
ejercerse por el empleador, tras asumir que las mismas iban a impedir el
derecho de defensa de los trabajadores involucrados con los hechos.
En relación con los primeros se tiene el Ministerio de la Protección
Social, previa solicitud del agente especial de la empresa EMCALI, expidió la
Resolución No. 1696 del 2 de junio de 2004, mediante la cual declaró la
ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo realizada los días 26 y 27 de
mayo de 2004 por trabajadores de las Empresas Municipales de Cali EMCALI, por
considerar que con dicha actividad se incumplió con la prohibición prevista en
el artículo 56 de la Constitución Política y en el literal a) del artículo 450
del Código Sustantivo del Trabajo.
Cabe señalar que el acto administrativo referido no dispuso el
despido de los trabajadores ni la obligación para el empleador de solicitar la
suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato. Estas son,
como se ha explicado, unas consecuencias previstas en la ley frente al supuesto
de la declaratoria de ilegalidad y que dependen de la voluntad del empleador, a
quien para aplicarlas se le exige el respeto de las garantías del debido
proceso.
En estas condiciones, bien podría pensarse que la orden que imparta
el juez de tutela a fin impedir el ejercicio de dichas facultades no afecta el
acto administrativo -en tanto éste no las prevé en forma expresa ni
imperativa-. Sin embargo, no puede entenderse así cuándo la orden y la decisión
que adopta el juez de tutela en este sentido se encuentra fundada en la
prosperidad de alguno de los argumentos planteados que apuntan a demostrar supuestas
irregularidades en la expedición o motivación de la resolución administrativa
que declara la ilegalidad del cese de actividades, pues ello comporta en forma
mediata que el acto administrativo -presupuesto esencial de las atribuciones
que la ley asigna al empleador-, no sirve de fundamento para que se
desplieguen, si esa es la voluntad del patrono, las facultades que la ley le
autoriza ejercer y despoja al precepto normativo de la consecuencia jurídica, a
pesar de ser ésta eventual.
En estas circunstancias y en la medida en que la decisión del juez
de tutela tiene la vocación de afectar la decisión administrativa, debe
constatarse un vicio de alcance constitucional en la expedición del acto al que
le sea atribuible la vulneración de derechos fundamentales y que justifique su
intervención.
Así, tratándose de un acto administrativo amparado por la presunción
de legalidad y respecto del cual se prevén en el ordenamiento mecanismos
judiciales para controvertirlo, la procedencia de la tutela, dado su carácter
residual y subsidiario, se encuentra condicionada no sólo a la demostración de
la vulneración de los derechos fundamentales, sino también a la falta de
idoneidad de los mecanismos ordinarios de defensa para garantizarlos.
En
este orden de ideas, para la Sala resulta evidente que en el caso sometido a
examen no se ha señalado argumento alguno para demostrar la falta de idoneidad
de los mecanismos ordinarios previstos para resolver sobre los reproches
formulados contra el acto administrativo y que el examen sobre los mismos
escapa por completo de la competencia del juez constitucional.
A esta conclusión se arriba de manera forzosa si se tiene en cuenta
que los fundamentos -de hecho y de derecho- expuestos por la parte
actora en relación con este punto y que supuestamente dan lugar a la
vulneración de sus derechos fundamentales, no son asunto inherente al estudio
que compete realizar mediante el mecanismo judicial extraordinario, como quiera
que hacen necesario el examen de la Resolución Administrativa mediante la cual
se declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo, frente a
tópicos relacionados con la valoración que de los hechos hizo el Ministerio de
la Protección Social, sin que a éste se le pueda acusar de haber incurrido en
una conducta arbitraria de la que derive un conflicto de naturaleza
constitucional.
En efecto, no corresponde al juez de tutela la definición sobre si
el cese de actividades se verificó en debida forma por los inspectores del
trabajo, si es imputable a ellos o a los trabajadores involucrados con los
hechos la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia, si estuvo amenazada o
efectivamente suspendida la prestación de los servicios públicos esenciales a
cargo de la empresa, si en cualquiera de estas circunstancias procedía o no la
declaratoria de ilegalidad y demás asuntos que requieren de un debate
probatorio extenso propio de la jurisdicción contencioso administrativa en
donde se determine con grado de certeza las responsabilidades y la validez de las
decisiones adoptadas. De manera que, a juicio de la Sala, si se accediera al
examen de estos asuntos en esta sede, ello acarrearía la usurpación de una
competencia asignada a otra jurisdicción, que en este caso es la ordinaria
laboral.
La Sala observa que tampoco se cumplen en este caso los requisitos
para que pueda concederse la tutela como mecanismo transitorio,[21]
pues la consecuencia adversa que la parte accionante pudiere estar soportando
como consecuencia de la decisión administrativa que le afecta, no puede ser
calificada como constitutiva de un perjuicio irremediable, si no es el
resultado del ejercicio irregular o arbitrario -antijurídico- de la competencia
desplegada por la autoridad. Al respecto esta misma Sala precisó en otra
oportunidad lo siguiente:
“En punto a verificar tales condiciones de procedibilidad, la Sala
observa que las decisiones administrativas pueden, en efecto, llegar a ser en
extremo gravosas para el sujeto jurídico llamado a soportarlas, pero esa
circunstancia por si sola no implica que tales consecuencias deban ser
calificadas como un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo.  De
manera que el perjuicio irremediable no puede establecerse a partir del grado
de adversidad que soporte el sujeto jurídico como consecuencia de una decisión
administrativa sino por la contrariedad de ésta con el orden constitucional.
Al respecto, es claro que hasta tanto no se identifique una
actuación arbitraria -vía de hecho- que genere dichas consecuencias, ha de
entenderse que las mismas son solo el resultado de la aplicación del orden
legal; una interpretación distinta que señalara el ejercicio de la función
administrativa como una amenaza a los derechos desconocería elementales
principios de derecho administrativo y constitucional tal como ha advertido en
forma invariable la jurisprudencia de esta Corte.”[22]
Ahora bien, los fallos de instancia no explicaron qué justificaba la
adopción de una medida “urgente e impostergable” de carácter transitorio
como la adoptada, pues ningún análisis o argumento se expuso para
demostrar la inminencia de la orden impartida. En estas condiciones, la Sala
considera importante recalcar y rescatar el que las decisiones que pueden
llegar a adoptarse en la jurisdicción de lo contencioso administrativo como
resultado del proceso que ante ella se adelante por estos hechos, a saber, la
suspensión provisional del acto administrativo, su eventual declaratoria de
nulidad y, por otra parte, el eventual reintegro de los trabajadores y la
estimación de los perjuicios que pudiera disponerse en la jurisdicción laboral,
ofrecen una amplia gama de garantías de los derechos fundamentales de la parte
accionante y satisfacerían en forma idónea las pretensiones formuladas en la
demanda de tutela, razón por la cual la intervención del juez constitucional no
tiene respaldo alguno.
Por otra parte, cabe señalar que el juez de tutela no puede
sustituir a la autoridad administrativa en la competencia que a ésta le ha sido
asignada en forma expresa por la ley para la valoración fáctica y jurídica de
los hechos materia de una decisión a su cargo, menos aún cuando, como en este
caso, no existe alguna circunstancia que respalde su intervención, en tanto no
hay evidencia sobre el ejercicio arbitrario o abiertamente irregular de tal
competencia.
A juicio de la Sala, consentir un procedimiento tal sería tanto como
admitir que el juez de tutela, aún cuando no cuente con la demostración sobre
la vulneración de derechos fundamentales y no tenga reproche alguno de carácter
constitucional que hacer, puede ejercer una suerte de potestad para señalar a
la autoridad administrativa el sentido de sus decisiones, respaldado en un
nuevo examen sobre los hechos y las normas, lo cual sin duda desborda su
competencia.
También
cabe reseñar que, a pesar de haber podido intentar la revocatoria directa de la
Resolución que declaró la ilegalidad del cese, la parte accionante se abstuvo
de solicitarla, procediendo a la formulación del amparo como si se tratara de
una vía alterna, poniendo de presente con este proceder su errado entendimiento
de la naturaleza de la acción de tutela.
De manera que frente a la ausencia de argumentos que respaldaran la
afectación mediata de algún derecho fundamental con la expedición del acto
administrativo y frente al hecho de que su legalidad no puede discutirse a
través de la tutela, no procedía la orden que se dio a la Empresa para que se
abstuviera de ejercer las facultades que con fundamento en dicha decisión administrativa
y en las normas pertinentes podía adoptar. En consecuencia, en la parte
resolutiva de la presente providencia se ordenará revocar dicha orden y, en su
lugar, se negará el amparo del derecho a la asociación sindical, por cuanto
existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo para controvertir la legalidad
de esa acto administrativo.
A todo lo anterior se suma el hecho de haberse omitido por los
jueces de instancia, la conformación del litis consorcio necesario para
resolver la tutela, pues requería la vinculación al proceso del Ministerio de
la Protección Social, pues si bien es cierto que el eventual yerro u omisión en
que pueda incurrir el accionante en lo que toca con el señalamiento de la
autoridad que supuestamente vulnera los derechos fundamentales que invoca, no
comporta que el juez de tutela pueda desestimar sus pretensiones, no lo es
menos que cuando su decisión puede afectar o de hecho afecta a una autoridad no
demandada, está en la obligación de vincularla previamente al trámite a fin de garantizar
su derecho a la defensa.[23]
6.2.   El ejercicio efectivo de la facultad de despedir a
trabajadores involucrados en el cese de actividades con fundamento en la
facultad prevista en el artículo 450 numeral 2º del Código Sustantivo del
Trabajo.
Se ha visto en el apartado anterior que por las razones relacionadas
con las supuestas irregularidades en la expedición del acto administrativo que
declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo, resultaba
improcedente conceder la tutela como mecanismo transitorio para impedir el
ejercicio de las facultades asignadas por la ley al empleador.
Resta entonces señalar que tampoco procede la desautorización para
el ejercicio de las mismas cuando ni siquiera habían sido ejercidas, como
sucedió al plantearse la demanda de tutela. Sin embargo, es preciso examinar si
atendiendo la pretensión subsidiaria formulada en la demanda, el despido que se
llevó a cabo durante el trámite de la tutela, de 49 trabajadores que
participaron en los hechos, se ajustó a los parámetros que sobre la materia ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, atrás referenciados.
De conformidad con lo establecido en el C.S.T., el empleador está
facultado para despedir a los trabajadores que hayan participado en el cese de
actividades que haya sido declarado ilegal: en efecto, en sentencia SU-036 de
1999, la Corte en pleno sostuvo:
“El Código Sustantivo del Trabajo autoriza al empleador para
despedir a los trabajadores que intervinieron o participaron en el cese de
actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, aun aquellos
amparados por fuero sindical, evento en el que no se requiere solicitar la
calificación judicial previa pues, para estos efectos, la declaración de
ilegalidad se convierte en el acto que suple la mencionada calificación. Se
produce, por llamarlo de alguna manera, un levantamiento o suspensión de esta
garantía. Por esta razón, no puede hablarse de un desconocimiento de esta
garantía ni de los derechos fundamentales a la asociación y libertad sindical
que ésta tiende a proteger.”
Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación se
exige al empleador que para hacer uso de la atribución prevista en el numeral
2º del artículo 450 del C.S.T., aquél debe agotar una actuación previa que le
permita al trabajador ejercer su derecho de defensa frente a la acusación de
haber participado en el cese de actividades.
Asimismo, siguiendo el criterio sentado por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia de esta Corporación
ha reiterado que la aplicación del mencionado numeral 2º del artículo 450 del
C.S.T. exige también establecer que la participación del trabajador en el cese
de actividades haya tenido lugar en por lo menos una de las siguientes
modalidades: i) de forma activa promoviendo, dirigiendo u orientando el
cese de actividades o, ii) que habiendo actuado de manera pasiva haya
persistido en el cese no regresando a sus actividades o no acatando la orden de
reiniciación de los trabajos.[24]
También dijo la Corte, en la sentencia antes citada, que es un acto
potestativo del empleador el despedir a los trabajadores que han participado en
un cese declarado ilegal, de modo que si decide hacer uso de su facultad,
deberá aplicar un procedimiento breve y sumario que garantice el derecho de
defensa y el debido proceso de los trabajadores, individualizándolos y
determinando su grado de participación en la actividad ilegal. En efecto, en
esa oportunidad la Corte expresó:
“4.5. Entiéndase que como acto potestativo del empleador, no siempre
que se produce la declaración de ilegalidad, éste adquiere la obligación
de despedir a los trabajadores que han participado en el cese. Pues ésta
es, por así decirlo, una causa legal que justifica la terminación unilateral
de  la relación laboral, sin que el empleador esté constreñido a hacer uso de
ella, si no lo estima pertinente.
4.6. Sin embargo, cuando el empleador opta por hacer uso de esta
facultad, no basta con la simple declaración de ilegalidad del cese de
actividades para dar por terminado el contrato o la relación laboral, pues
debe, previa a la aplicación de esta causal, agotar un procedimiento que
permita individualizar y determinar qué trabajadores intervinieron en la
suspensión colectiva de las actividades laborales declaradas ilegales, como el
grado de participación en la misma.
4.7. El Código Sustantivo del Trabajo no hace mención a este
procedimiento previo, pero ello no es óbice para exigir su agotamiento, en
aplicación del artículo 29 de la Constitución, según el cual “el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativa”. Por
tanto, la sola declaración de ilegalidad no es suficiente para despedir ipso
facto al trabajador, pues, para ello, el empleador debe demostrar la
participación de éste en la suspensión colectiva de las actividades laborales,
a través de un procedimiento, si se quiere breve y sumario, en el que se
permita la intervención del empleado, a efectos de proteger los derechos al
debido proceso y a la defensa de éste, procedimiento que debe anteceder la
decisión de despido correspondiente.
El despido, en este caso, resulta ser una sanción, producto de una
conducta determinada: participación o intervención de un trabajador en el
cese ilegal y colectivo de  las actividades laborales, que requiere
demostración previa y la intervención del empleado para controvertir los
elementos de juicio en los que el  empleador puede fundamentar su decisión de
finalizar la relación laboral.
En consecuencia, el no agotamiento de este procedimiento previo,
configura, por sí solo, el derecho del trabajador a ser reintegrado a su
trabajo, con el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes.
Es necesario recordar que en la jurisprudencia de esta Corporación,
se ha insistido en la necesidad de que previa a la aplicación de ciertas
causales que el legislador ha consagrado como justas para la terminación
unilateral de un contrato o relación laboral, se agote un procedimiento que
permita la defensa del trabajador (sentencias C-299 de 1998 y T-433 de 1998,
entre otras). Jurisprudencia que, para el caso del despido por la declaración
de ilegalidad del cese de actividades debe ser tenida en cuenta. Se ha dicho:
“Aunque la norma demandada autoriza al empleador para poner fin a la
relación laboral en forma unilateral, ello no implica que su decisión esté
cubierta por el ordenamiento incluso cuando es caprichosa o arbitraria. Para
efectos de su aplicación es necesario que se surta un procedimiento previo que
garantice al trabajador su derecho de defensa. La terminación del contrato de trabajo
debe ser una resolución justa, razonable y proporcionada con la conducta
asumida por el trabajador..” (Corte Constitucional. Sentencia C-299 de 1998.
Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz).”
Con arreglo a las pruebas que obran en el expediente, se tiene que
el Agente Especial Designado por la SSPD para ejercer las funciones de
representante legal de EMCALI citó, mediante el Jefe del Departamento de
Personal y Talento Humano de la Empresa, a aquellos trabajadores involucrados
en los hechos, previa identificación de los mismos en los videos que se
grabaron durante esos días, a fin de que expusieran sus descargos.
Los trabajadores citados, respondieron a esa citación mediante
escritos separados pero sustancialmente idénticos, en diferentes días del mes
de junio de 2004, en los que acusaron recibo de esa citación y solicitaron
aclaración sobre la clase de proceso que se adelantaría. Expresaron lo
siguiente:
“He tenido
conocimiento de la citación para una diligencia de descargos relacionada con
los presuntos hechos de mayo 26 y 27 de los corrientes [se refieren al mes de mayo de 2004].
Acogiéndome la derecho a la información, me permito solicitarle
aclarar si tal diligencia corresponde a la iniciación del proceso disciplinario
a que se refiere el artículo 2º de la Resolución 1696 de Junio 2/04, o se trata
de un procedimiento de su iniciativa como Jefe del Departamento de Talento
Humano de EMCALI E.I.C.E. ESP.
(...)”.
Estos derechos de petición fueron respondidos en documentos
individuales por el Jefe del Departamento de Personal y Talento Humano de la
Empresa, informando a cada trabajador que la diligencia de descargos para la
que habían sido citados “tuvo como único objetivo, practicar una diligencia
de carácter administrativo laboral, para escuchar su versión sobre los hechos
presentados en relación con su participación en una suspensión colectiva de
trabajo ocurrida en la Torre EMCALI en el CAM, los días 26 y 27 de mayo de
2004,que fue declarada ilegal por le Ministerio de la Seguridad Social y así
poder adelantar las acciones conforme a la ley”.
La anterior comunicación fue respondida por los trabajadores,
mediante escritos separados, al Jefe del Departamento de Personal y Talento
Humano de la Empresa, en los que expresaron “[m]anifiesto a Ustedes
mi voluntad de comparecer a rendir una versión libre sobre los hechos aludidos
de conformidad con el Artículo 2º (Segundo) de la Resolución1696 de Junio 2 de
2004 del Ministerio de la Protección Social y la Ley 734 de febrero 5 de 2002
lo cual estimo garantizaría mi derecho al a defensa siempre que se cumpla el
debido proceso según las normas constitucionales y legales.”
El Jefe del Departamento de Personal y Talento Humano de la Empresa
citó por segunda vez a los trabajadores para que rindieran descargos y recibió
como respuesta que “ratifico mi disposición a comparecer a ‘versión libre’
sobre los hechos del 26 y 27 de mayo de 2004, siempre que tenga la certeza que
tal diligencia es desarrolla en los términos del Artículo 2º de la Resolución
1696 de junio 2 de 2004, procedente del Ministerio de la Protección Social y la
Ley 734 del 5 de febrero de 2002”. Para finalizar, solicitaron se les
fijara fecha para llevar a cabo la versión libre en términos de la citada Ley.
El 14 de julio de 2004 se enviaron cartas, suscritas por el Agente
Especial Designado por la SSPD para EMCALI, a cada uno de los trabajadores
comunicándoles la decisión de la Empresa de dar por terminados los contratos
individuales de trabajo por justa causa, aludiendo a la facultad prevista en el
artículo 450-2 del CST, mediante el envío por correo certificado a cada una de
las direcciones de los trabajadores y la entrega personal del mismo documento.
En esas cartas se manifestó a cada trabajador que la Empresa tenía la “certeza
jurídica de su participación activa en el cese de actividades declarado ilegal”
así como que “en dos ocasiones usted fue citado a rendir descargos, en la
cual se le pondría de presente la prueba con la que cuenta la Empresa, a las
cuales usted no compareció negándose motu propio a ejercer su derecho de
defensa (...)” .
En ese orden de ideas, para la Sala resulta evidente que los
trabajadores fueron citados a la diligencia de descargos no en una, sino en dos
oportunidades y que ellos no podían dilatar su asistencia con el argumento de
desconocer el procedimiento que iba a realizarse, pues i.) sabían que el
artículo 2º de la Resolución No. 1696 de 2004, que declaró la ilegalidad del
cese, condicionaba la imposición de sanciones al procedimiento disciplinario
que legalmente correspondiera; ii.) conocían la razón por la que fueron
citados iii.) fueron informados sobre el propósito de la diligencia y el
carácter administrativo de la misma, por lo que resulta evidentemente infundado
y caprichoso que condicionaran su comparecencia a que se expresara en la
citación que el procedimiento sería el previsto en la Ley 734 de 2002 y iv.)
ninguno de los trabajadores objetó su vinculación al cese de actividades, es
decir, ninguno se opuso a que se le adelantara procedimiento; lo que hicieron
fue cuestionar el que se llevó a cabo, pero no negaron jamás su participación.
No sobra recordar que la aplicación de la Ley 734 de 2002,
correspondería a la Unidad Disciplinaria de la Empresa por ser la Dependencia
competente para adelantar el procedimiento de carácter disciplinario, regulado
por esa ley, en tanto que el procedimiento que la Empresa inició contra los
trabajadores que participaron en el cese declarado ilegal, tenía carácter administrativo
laboral, de manera que la decisión tuvo ese carácter en cuanto terminó
unilateralmente los contratos individuales de trabajo.
Así las cosas, la Sala considera que en el caso presente cada uno de
los 49 trabajadores despedidos tiene a su disposición, la posibilidad de
ejercer la acción judicial que considere pertinente para controvertir la
decisión adoptada por la Empresa, de dar por terminado sus contratos de
trabajo, lo cual a su vez hace improcedente el amparo para ordenar su reintegro
frente a la existencia de otro mecanismo judicial de defensa.
8.      Conclusión
Con base en
los fundamentos expuestos, la Sala considera improcedente la tutela de la
referencia y, en consecuencia, revocara tanto la decisión de los jueces de
instancia en cuanto concedieron el amparo parcial y transitorio de la tutela,
como la orden proferida a la Empresa EMCALI de abstenerse de aplicar las
facultades derivadas de la Resolución No. 1696 de 2004, del Ministerio de la
Protección Social, en concordancia con las previstas por el artículo 450
numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo.
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- LEVANTAR la suspensión
de términos decretada en este asunto.
Segundo.- REVOCAR las sentencias de
tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 1º de septiembre de 2004, y por Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, el 22 de julio de 2004, dentro de la acción de
tutela instaurada por el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales
de Cali -SINTRAEMCALI- contra la Empresas Municipales de Cali -EMCALI- E.I.C.E.
E.S.P., la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio
de la Protección Social, en cuanto concedieron el amparo transitorio del
derecho fundamental de asociación sindical y ordenaron a la Empresa accionada
abstenerse de aplicar las facultades derivadas de la Resolución No. 1696 del 2
de junio de 2004 del Ministerio de la Protección Social en concordancia con las
previstas por el artículo 450 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo.
Tercero.-En consecuencia, NEGAR el amparo del derecho fundamental de
asociación sindical y dejar sin efecto la orden referida.
Cuarto.- CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en esta
providencia, las demás decisiones adoptadas por los jueces de instancia en los
fallos revisados.
Quinto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Expedida por el Ministerio de la Protección Social y “Por la
cual se decide una solicitud de declaratoria de ilegalidad de una suspensión
colectiva de trabajo”.
[2] Citó los Decretos Reglamentarios 2164 de 1959; 1469 y 1069 de
1978; las Resoluciones 1064 de 1959; 1091 de 1959 y 342 de 1977 y la Circular
19 de 1991.
[3] En el Centro Administrativo Municipal -CAM-, Bloque 2.
[4] Derecho que, según afirmó el actor,
está establecido también en el Convenio 87 de la OIT -Ley 26 de 1976- y en el
Convenio 98 de la OIT -Ley 27 de 1976-.
[5] Lo cual pretendió probar adjuntando a la demanda de tutela
constancias y oficios en ese sentido suscritos por el Alcalde de Cali, el
Defensor del Pueblo Regional del Valle del Cauca, el Gobernador del Valle del
Cauca, el Personero Municipal de Cali, el Secretario de Salud Municipal de
Yumbo, el Personero Municipal de Yumbo y de los “Protocolos de
funcionamiento [de] los Servicios de la Empresa de los días 26 y 27 de
mayo.”
[6] Mediante escrito radicado en el Ministerio de la Protección
Social, bajo el No. 85685 del 31 de mayo de 2004.
[7] Ratificado por la Ley 411 de 1997.
[8] Según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 142 de
1994 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero al cual aquél remite y en el
que se prevé en los numeral 5 y 6 del artículo 291, modificado por el artículo
24 de la Ley 510 de 1999 que:
“5. Corresponderá al Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras designar al agente especial, quien podrá ser una
persona natural o jurídica, podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como
en la administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora con
representación de los acreedores en la forma que fije el Gobierno”
“6. Los agentes especiales desarrollarán
las actividades que les sean confiadas bajo su inmediata responsabilidad”.
[9] SU-995 de 1995, T-729 de 1998, SU-667 de 1998 y SU-879 de 2000.
[10] Nombró a Adolfo Marmolejo Camacho,
Carlos Antonio Ocampo Bernal, Fabio Bejarano Cáceres, Luis Antonio Hernández
Monroy y Oscar Figueroa Pachango.
[11] Designación efectuada como quiera que a través de la Resolución No.
002536 de abril de 2002, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de
las empresas municipales de Cali EMCALI, E.I.C.E., E.S.P., a través de la
Resolución suscrita por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
el 8 de octubre de 2002, adicionada por la No. 012831 del 18 de octubre del
mismo año.
[12] Ver entre otras, las sentencias T-330 de 1997; T-345, T-474 y T-681 de
1998; T-526, T-568 de 1999; T-480, T-649, T-755A, T-834, T-920, T-1211, T-1424
y T-1746 de 2000; T-527; T-594, T-878 y T-1303 de 2001; T-348, T-510, T-575,
T-920, T-929 de 2002; T-701, T-952 de 2003.
[13] Sentencia T-094 de 1994.
[14] Es pertinente aclarar que: La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios ordenó la toma de la posesión de los negocios, bienes y
haberes de EMCALI, mediante Resolución SSPD 002536 del 3 de abril de 2002 y que
de acuerdo con las leyes 142 de 1994 -y sus decretos reglamentarias- y 510 de
1999, en este tipo de procesos corresponde a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios designar un agente especial, como efectivamente lo hizo
para EMCALI.
[15] Según Resolución SSPD 012831 del 18 de octubre de 2002, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se
adiciona la Resolución SSPD 12736 del 8 de octubre de 2002 [“por la cual
se designa un agente especial para Empresas Municipales de Cali EMCALI,
E.I.C.E., E.S.P.”, de la misma Superintendencia.].
[16] Sentencia C-473 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[17] Ibídem.
[18] Disposición del Código Sustantivo del trabajo que, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 65 de la ley 50 de 1990, fue
declarada exequible frente a las normas de la Constitución Política de 1991, en
la sentencia No. 115 del 26 de septiembre de 1991 proferida por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
[19] En la sentencia SU-036 de 1999, con ponencia del Magistrado
Alfredo Beltrán Sierrra, la Corte tuteló el derecho al debido proceso de dos
trabajadores aforados que, tras haber participado en un cese ilegal de
actividades, fueron despedidos sin ser observado un procedimiento previo que
respetara su derecho a la defensa.
[20] Sentencia C-096 de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[21] Cfr. Sentencia T-253 de 1994.
[22] Sentencia T-145 de 2004.
[23] Cfr. Sentencia T-091 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz.
[24] La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 31 de octubre de 1986, diferenció tres tipos de actuaciones que
podían ejercer los trabajadores involucrados en un cese de actividades declarado
ilegal y dispuso, en criterio recogido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-036 de 1999, que sólo en las hipótesis a) y c) procede el despido
con fundamento en el numeral 2 del artículo 450 del CST.
“a) La del trabajador que participa
activamente, promoviendo, dirigiendo u orientando el cese de actividades.
b) La
del empleado que toma parte en la suspensión de labores en forma pasiva y
simplemente como consecuencia de su obligación de acatar la decisión
mayoritaria que ha optado por la huelga.  Es el caso de quienes terminan
involucrados en el movimiento sin desearlo e incluso a pesar de haber
intervenido disidentemente y
c) La de
quienes declarada la ilegalidad de la suspensión de labores, persisten en ella,
no regresan a sus actividades o no acatan la orden de reiniciación de los
trabajos.  La persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del
trabajador implicado en ella.”