C-570-16
Sentencia
C-570/16
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Salvaguarda de
una manifestación cultural, social, arquitectónica e histórica/LEY QUE
RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Adopción de medidas de
financiación para su fomento, apoyo y promoción
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Declaración
expresa sobre la importancia religiosa, resulta inconstitucional por quebrantar
la neutralidad del Estado
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Inexequebilidad
de las expresiones “y religiosa” y “religiosa y” que implican un componente
religioso al afectar el carácter laico y
pluralista del Estado
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro actione/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
MODELO
DE ESTADO LAICO Y PLURALISTA A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1991-Facultad
del congreso para expedir leyes de honores, conmemoraciones y reconocimientos
institucionales con contenido religioso
MODELO
DE ESTADO LAICO Y PLURALISTA A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1991-Separación
entre el Estado y las iglesias/MODELO DE ESTADO LAICO Y PLURALISTA A PARTIR
DE LA CONSTITUCION DE 1991-Libertad religiosa e igualdad de derecho de las
religiones frente al Estado y ordenamiento jurídico
PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO-Separación entre
iglesia y Estado/PRINCIPIO DE
LAICIDAD DEL ESTADO-Neutralidad frente a las distintas
religiones y prohibición de favorecimiento
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1991-Componentes
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Principio de laicidad y pluralismo
religioso
LEYES
DE HONORES, CONMEMORACIONES Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES CON CONNOTACION
RELIGIOSA-Jurisprudencia
constitucional
LEYES
DE HONORES, CONMEMORACIONES Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES CON CONNOTACION
RELIGIOSA-Naturaleza
secular
LEYES
DE HONORES, CONMEMORACIONES Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES CON CONNOTACION
RELIGIOSA-Si
bien su naturaleza secular, pueden tener vínculos con alguna religión siempre
que no desconozcan el carácter laico del Estado
FACTOR
SECULAR DE NORMATIVIDAD PARA EXALTAR MANIFESTACIONES RELIGIOSAS-Jurisprudencia
constitucional
PROTECCION
Y PROMOCION DE MANIFESTACIONES CULTURALES CON CONNOTACION RELIGIOSA-Fundamento
cultural para no afectar los principios de laicidad y neutralidad religiosa
DEBER
DE NEUTRALIDAD EN MATERIA RELIGIOSA-Jurisprudencia
constitucional
DEBER
DE NEUTRALIDAD FRENTE A EROGACIONES PATRIMONIALES-Relación del
Estado con expresiones artísticas y culturales de carácter religioso
DEBER
DE NEUTRALIDAD EN MATERIA RELIGIOSA-Impide medidas
legislativas que prevean tratamientos favorables o perjudiciales a un credo
particular
LEYES
DE HONORES, CONMEMORACIONES Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES-Facultad
del Congreso para autorizar gasto público
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Facultad para autorizar gasto público/INCLUSION
DE GASTO PUBLICO EN EL PRESUPUESTO-Competencia del Gobierno Nacional
MANIFESTACIONES
CULTURALES-Financiación del Estado
CULTURA-Respaldo
constitucional
PATRIMONIO
CULTURAL Y ARQUEOLOGICO-Régimen constitucional de protección
CONGRESO
Y GOBIERNO NACIONAL-Salvaguarda de las manifestaciones
culturales que incluye la posibilidad de
adoptar medidas de financiación para su fomento, apoyo y promoción
ASIGNACION
DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA SALVAGUARDAR UNA MANIFESTACION CULTURAL CON
CONTENIDO RELIGIOSO FRENTE AL PRINCIPIO DE ESTADO LAICO Y DE PLURALISMO
RELIGIOSO-Criterio
secular
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Contenido
normativo
EXALTACION
DE MANIFESTACIONES CULTURALES CON CONNOTACIONES RELIGIOSAS POR EL CONGRESO-Condiciones
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Exalta una
manifestación material alusiva a la religión católica
MONUMENTO
A CRISTO REY-Caracterización y regulación
PROYECTO
DE LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO
REY DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Debates
evidenciaron el elemento religioso y secular asociados a la importancia como
símbolo de paz, reconciliación y expresión cultural, arquitectónica y turística
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Importancia
cultural
CONSTITUCION
CULTURAL-Consagración
constitucional/CONSTITUCION CULTURAL-Relevancia de la promoción de la
cultura y protección de las manifestaciones culturales y el patrimonio cultural
de la Nación
MANIFESTACIONES
CULTURALES-Régimen constitucional de protección/PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Protección del estado
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-No vulnera los
principios de laicidad, neutralidad, pluralidad religiosa e igualdad de derecho
de las confesiones religiosas frente al Estado y ordenamiento jurídico
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Norma no busca
adoptar una religión o iglesia como oficial
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Norma no
promueve la religión católica
Referencia:
Expedientes D-11320
y D-11327
Asunto:
Demandas de
inconstitucionalidad contra el artículo 1º y la totalidad de la Ley 1754 de 2015
“Por
la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo
Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan
otras disposiciones”.
Demandante:
Paula Andrea
Sánchez Camargo
Cristian Julián Carreño
Piragauta
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá
D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil doce (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242
de la Constitución Política, los ciudadanos Paula Andrea Sánchez Camargo y
Cristian Julián Carreño Piragauta, en forma separada, presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 1º y contra la totalidad de la Ley 1754
de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural
del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de
Caldas, y se dictan otras disposiciones”, respectivamente. A la demanda
presentada por la ciudadana Paula Andrea Sánchez Camargo, le correspondió
el radicado D-11320 y, a la presentada por el ciudadano Cristian Julián Carreño
Piragauta, el radicado D-11327. Sin embargo, según constancia secretarial del 8
de abril de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión realizada
el día 6 de abril del mismo año, resolvió acumular el expediente D-11327 al
D-11320, para que las demandas en ellos contenidas fueran tramitadas y falladas
conjuntamente.
Mediante Auto
del veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado
Sustanciador admitió las demandas presentadas por encontrarlas ajustadas a los
requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 2° del Decreto 2067 de
1991.
En
la misma providencia, el Magistrado Sustanciador dispuso la fijación en lista
y, simultáneamente, correr traslado de las demandas al señor Procurador General
de la Nación para que rindiera el concepto de la referencia. Así mismo ordenó
comunicar las demandas a los Ministerios del Interior, de Justicia, de
Hacienda, Crédito Público y de Cultura, a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, al Director de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las
Universidades Javeriana, de Caldas, Rosario, Libre, Nacional y Atlántico, para
que, si lo consideran conveniente intervinieran dentro del proceso, con el
objetivo de impugnar o defender la constitucionalidad de la norma acusada.
Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca
de las demandas de la referencia.
II.      TEXTO
DE LA NORMA ACUSADA
A
continuación se transcribe el texto de la norma demandada, Ley 1754 de 2015 “ Por
la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo
Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan
otras disposiciones”.
LEY
1754 DE 2015
(Junio 25)
Diario Oficial No. 49.554
de 25 de junio de 2015
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por la cual se reconoce la
importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de
Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. ARTÍCULO 1o. Reconózcase
la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio
de Belalcázar, departamento de Caldas.
ARTÍCULO 2o. En el
ámbito de sus competencias, las Entidades Públicas encargadas de proteger el
patrimonio cultural, concurrirán para la organización, protección y
conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey, ubicado
en el municipio de Belalcázar, Caldas.
El
Ministerio de Cultura prestará asesoría técnica en lo de su competencia.
ARTÍCULO 3o. Autorízase
al Gobierno nacional, para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación,
restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el
reconocimiento del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de
Belalcázar, Caldas.
ARTÍCULO 4o. El
Gobierno nacional, el departamento de Caldas y el municipio de Belalcázar,
quedan autorizados para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos
adicionales o complementarios a los que se autorizaren apropiar en el
Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinados al objeto
que se refiere la presente ley.
ARTÍCULO 5o. La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
[Siguen firmas]”.
III.
LA
DEMANDA
1.     Normas
constitucionales que se consideran infringidas
La demandante Paula Andrea Sánchez Camargo dirige
su acusación contra el artículo 1º de la Ley 1754, sobre la base de considerar que el mismo vulnera
los artículos 13 y 19 de la Constitución Política. Por su parte, el
accionante Cristian Julián Carreño Piragauta, demanda la totalidad de la Ley antes citada, tras
considerar que a través de ella se trasgreden los artículo 2º, 13 y 19 de la
Carta Política.
2.     Fundamentos de
la demanda
2.1. Expediente
D- 11320
Como ya se
mencionó, la accionante dirige su acusación contra el artículo 1º de la Ley
1754 de 2015. Sostiene que dicha norma, “al reconocerle importancia
religiosa y cultural al monumento de Cristo Rey el cual es representativo de la
religión católica, está privilegiando a esta religión frente a los demás cultos
religiosos existentes en el país”, lo cual contraría el principio
pluralista y el carácter laico del Estado Social de Derecho consagrado en la
Constitución Política.
Al respecto,
explica que la Norma Superior “establece el carácter pluralista del Estado
social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los
componentes más importantes”. Señala que, igualmente, “la Carta excluye
cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el
tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la
invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un
carácter general y no referido a una iglesia en particular”. Considera
que tal hecho “implica entones que en el ordenamiento constitucional
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa
es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la
coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas
(Sentencia C-350 de 1994)”.
Sobre esa base, aduce
que, de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Carta Política, corresponde
al Estado, garantizar a todos los ciudadanos la libertad de profesar libremente
su religión, razón por la cual, afirma, citando la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, que “no resultan admisibles medidas
legislativas como la prevista en la norma acusada, “que tiendan a
desincentivar, y menos conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de
desventaja, contra las personas o comunidades que no comparten la práctica
religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no comparten
ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda dimensión
trascendente”[1].
Concluye la
accionante que la norma demandada, al exaltar la importancia cultural y
religiosa del monumento de Cristo Rey, que es representativo de la religión
católica, configura una desventaja para quienes profesan otros cultos, por cuanto
les impone aspectos representativos de la religión que profesa la mayoría
poblacional.
En consecuencia,
con fundamento en los argumentos expuestos, solicita se declare la
inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 1754 de 2015.
2.2. Expediente
D- 11327
En el caso de la
demanda contenida en el expediente D-11327, la acusación se dirige contra la
totalidad de la Ley 1754 de 2015, a través de un cargo general en su contra.
Expone el
accionante que la Ley objeto de censura constitucional, en la medida en que
reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, y
autoriza al Gobierno Nacional y regional de Caldas para contribuir a la
financiación que demande el referido monumento, transgrede los artículos 2º, 13
y 19 de la Carta Política.
Sostiene que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en cumplimiento de
los fines del Estado, corresponde a las autoridades públicas actuar bajo
criterios de neutralidad en materia religiosa, de manera que aquel tiene prohibido,
entre otras, realizar cualquier actuación que vulnere el principio de
separación entre la iglesia y el Estado, adoptando políticas o desarrollando
acciones que beneficien o perjudiquen una determinada religión frente a las
otras igualmente libres ante la ley.
De igual forma, considera
que la ley acusada vulnera el principio de igualdad, porque impone un trato
preferente a la religión católica y le brinda un beneficio presupuestal frente
a las demás religiones que se profesan en el país. En consecuencia, si bien es
cierto que se deben fijar partidas presupuestales para fomentar la cultura en
cualquiera de sus manifestaciones, resulta para el actor, ampliamente
inconstitucional, dirigir recursos del Presupuesto Nacional en beneficio de una
religión por encima de las demás.
Por último,
agrega que la disposición demandada es violatoria del artículo 19 de la
Constitución Política al darle un tratamiento preferente y privilegiado a la
religión católica sobre las demás.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Ministerio
del Interior
El
jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, intervino en
la presente causa para solicitarle a la Corte que declare la exequibilidad de
la ley demandada.
A
juicio del interviniente, los accionantes realizaron una lectura parcializada
de la norma acusada al interpretar que la misma privilegiaba una religión en
particular, la católica, cuando su objetivo principal es el de proteger el
patrimonio cultural del país y mantener la expresión cultural, que en el caso
particular, proviene de una parte de la población que profesa tal religión, sin
que ello signifique, bajo ninguna circunstancia, favorecer o beneficiar un
credo en particular.
Habiendo
hecho claridad sobre la finalidad de la disposición acusada, destaca el
interviniente que la cultura comprende diferentes expresiones, entre ellas, la artística,
religiosa o científica, siempre que estas hagan parte de los rasgos distintivos
de una sociedad. En consecuencia, señala, el Estado Colombiano, al ser
pluralista e incluyente, tiene la obligación de proteger todas aquellas obras,
expresiones o, como es el caso que nos ocupa, monumentos, que hacen parte de la
identidad de una sociedad y permite que cualquier ciudadano pueda acceder a
este, independientemente de la fe que profese.
En
virtud de lo anterior, sostiene, la norma no impide que otras religiones
postulen propuestas y realicen los trámites administrativos correspondientes
para demostrar que sus prácticas o bienes deben ser declarados de interés
cultural y, de esta forma, el Estado deba cumplir con la obligación legal de
destinar los recursos necesarios para salvaguardar el bien considerado valioso
desde el punto de vista cultural[2].
En
consecuencia, concluye el interviniente que la norma acusada pretende la “promoción
y protección de una obra que se ha considerado una expresión humana que
exige exaltación y protección legal”[3],
y no el favorecimiento de un sentir religioso, ni un trato desigual o
discriminatorio con las demás expresiones religiosas.
2.    Ministerio de
Cultura
El Ministerio de
Cultura interviene en el presente juicio para solicitarle a esta Corporación “que
se declare inhibida para pronunciarse sobre la demanda de la referencia o que,
en su defecto, declare la exequibilidad de los artículos acusados”, con
fundamento en los siguientes argumentos:
El interviniente
inicia por presentar una breve caracterización del monumento a Cristo Rey, destacando
aspectos relacionados con su ubicación geográfica, construcción, importancia
histórica, valor arquitectónico y cultural. En esa orientación, señala que se
trata de una obra monumental, semejante a la estatua de la libertad, la cual “se
ha convertido en un ícono o referente identitario de la población donde se
encuentra instalada, a tal punto que es parte de sus símbolos y se reconoce al
municipio como el ‘balcón del paisaje’, debido a dicha obra”.  Destaca
igualmente que, si bien “la fisonomía de la efigie posee una connotación
religiosa, la obra tiene un sentido utilitario como mirador”, motivo por el
cual “[n]o se tiene que profesar ninguna confesión religiosa determinada
para hacer uso de la misma”.
Con fundamento
en un análisis de jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho a la
libertad de cultos, el interviniente sostiene que “[e]l pluralismo religioso
es la primera característica que identifica un Estado laico que encuentra
soporte en el reconocimiento del pluralismo consagrado en el artículo 2, la
valoración positiva de la diversidad prevista en el artículo 7, así como en la
libertad de conciencia y la libertad religiosa contemplada en los artículos 18
y 19 de la Constitución”.  No obstante ello, señala que “el hecho que un
Estado no se identifique con una religión en particular y que mantenga su
neutralidad, no significa que sea antireligioso, de hecho la protección del
sistema de creencias religiosas de las personas y conciencia, incluyendo su
proyección colectiva e institucional, parte de reconocer su naturaleza de
derecho fundamental”[4].
Asegura al
respecto, que la “separación entre Iglesia y Estado y el mandato de
neutralidad connatural al Estado laico, son ante todo medios para garantizar en
condiciones de igualdad la libertad de conciencia y de cultos, así como para
evitar injerencias indebidas del Estado enderezadas a fomentar una determinada
religión o culto”. En ese contexto, agrega que, “en contraste con las
intervenciones directas del Estado en la esfera de la libertad de cultos, se
debería esperar un escrutinio menos severo frente a las intervenciones en otras
materias distintas a la religiosa propiamente dicha, en desarrollo de otras
competencias atribuidas al Estado, así tangencialmente toquen una materia de
valor religioso, cuando: (i) dichas intervenciones no posean una clara
finalidad religiosa, como sí de otro tipo y, (ii) cuando las medidas adoptadas,
no comporten una afectación relevante a la libertad de cultos en el seno de una
sociedad pluralista y democrática”.
Con fundamento
en lo anterior, concluye el interviniente que la Ley 1754 de 2015 no vulnera
los artículos mencionados por los accionantes sino que, por el contrario,
pretende la protección y conservación de una obra civil de gran importancia
para el país, que, no obstante tener una connotación religiosa, denota un
símbolo de paz en la región y que podría llegar a ser un atractivo turístico
que permita el impulso económico de la zona. A su juicio, no es posible
confundir, como lo plantea la demanda, “la protección del patrimonio
cultural, que puede estar representado en obras de índole religiosa, con la
identificación del Estado con una religión determinada, ya que se trata de dos
asuntos distintos”[5].
3.
Academia
Colombiana de Jurisprudencia
La
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a través de uno de sus académicos,
intervine en el presente juicio para solicitarle a este Tribunal que declare la
constitucionalidad de la disposición demandada.
El
interviniente describe el monumento a Cristo Rey como una expresión cultural
comparable con otros monumentos en el mundo que hacen parte del patrimonio
cultural, el cual “permite a través de 154 escalones ascender internamente,
a través del cuerpo hasta la cabeza, para desde ella, contemplar el panorama
impresionante del encuentro limítrofe entre los departamentos de Quindío,
Risaralda y Valle o el curso de los ríos Cauca y Risaralda o, además avistar el
majestuoso obstáculo del “parque los nevados” y en él, detallar las cumbres de
los del Ruiz, el Tolima, o el Santa Isabel, entre otros”.
Destacando
la importancia cultural y turística del monumento objeto de protección a través
de la ley demandada, sostiene que la medida de conservación responde a lo
establecido en el artículo 7 de la Constitución, el cual ordena al Estado
proteger la diversidad étnica y cultural de la nación y, en el artículo 8 del
mismo ordenamiento Superior, que consagra la obligación del Estado y las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En ese
sentido, afirma, el monumento a Cristo Rey debe ser entendido como una
expresión cultural objeto de protección estatal a través de la destinación de recursos
para su protección, conservación y restauración.
Sobre
las bases descritas, el interviniente concluye que las medidas adoptadas en la
ley demandada no quebrantan los fines del Estado de Derecho, la igualdad y la
libertar de cultos, porque, debido a su importancia cultural y turística, el
acceso al monumento a Cristo Rey está abierto a todo el público sin distinción
de nacionalidad, género o creencia religiosa y sin obligar a sus visitantes
realizar apología a la religión católica.
4.
Universidad
Nacional de Colombia
La
Universidad Nacional de Colombia, con la asesoría de uno de sus profesores de
Derecho Internacional Público, participa en este proceso, solicitándole a la
Corte que declare la inexequibilidad de la Ley 1754 de 2015.
El interviniente
inicia por señalar que la ley acusada le atribuye al monumento a Cristo Rey el
carácter de bien “de importancia cultural y religiosa”, categoría que no
existe en la ley general de cultura, la Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los Artículos
70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se
crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
Aduce que dicha ley, en el artículo 4,
define el patrimonio cultural de la nación y utiliza la categoría de “bien
de interés cultural” como todos aquellos bienes que hacen parte de la “expresión
de la nacionalidad colombiana”. No obstante lo anterior, la disposición
antes citada no hace referencia a la categoría  de “bien de importancia
cultural y religiosa” tal como se usa en la ley objeto de censura
constitucional. En ese orden de ideas, asegura que “las iniciativas para que
se otorgue protección cultural especial a un bien material, lo cual puede
incluir, por ejemplo, una iglesia colonial, deben agotar el trámite establecido
en la Ley General de Cultura, incluyendo obviamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos para tales efectos, con la finalidad de que tal
monumentos sea incluido en la categoría específica de ‘bien de interés
cultural’, con las consecuencias legales que se derivan de tal declaratoria, no
como bien de importancia cultural y religiosa”[6].
En consecuencia, el interviniente solicita
a esta Corporación se declare la inexequibilidad de la ley acusada por considerar
que “[a]dmitir en el ordenamiento jurídico colombiano la categorización
establecida por la Ley 1754 de 2015, sería propiciar inestabilidad e
inseguridad jurídica”[7]. Teniendo en cuenta lo anterior, asegura
que “[n]o sería exagerado prever una proliferación de leyes en las cuales se
estableciera protección especial para iglesias (de cualquier credo) y monumentos de todos los
rincones de la geografía colombiana, por vía de la ‘novedosa’ categoría de bien
de importancia cultural y religiosa”[8].
Concluye señalando que, “[m]uy
seguramente, el Monumento a Cristo Rey seguirá gozando del fervor religioso de
sus feligreses en el Municipio de Belalcázar, Caldas y de otros municipios,
sentimiento absolutamente respetable, pero sin necesidad de una declaratoria
especial por parte del legislador que establece una discriminación religiosa
violatoria de la Constitución Política”.
5.
Universidad
de Caldas
El
Consultorio Jurídico de la Universidad de Caldas, realiza su intervención en la
presente actuación, plantando, inicialmente, una posible ineptitud sustantiva
de la demanda, por incumplimiento de los requisitos de certeza, especificidad y
pertinencia. Subsidiariamente, le solicita a esta Corporación que se declare la
constitucionalidad de la ley acusada, o en su defecto, la exequibilidad
condicionada, en el entendido de que “el carácter religioso que resalta la
Ley 1754 de 2015 no conlleva exaltación de la religión católica ni ninguna
religión de naturaleza cristiana sino el significado objetivo que Jesucristo de
Nazareth tiene en la cultura nacional y global”[9].
Las anteriores solicitudes las fundamenta en los siguientes argumentos:
Inicia
señalando que los argumentos presentados por los accionantes en las respectivas
demandas de inconstitucionalidad, carecen de certeza, pertinencia, claridad,
suficiencia y especificidad, pues los mismos resultan ser meras apreciaciones
personales, y en ellos no se lleva a cabo una estudio detallado de las razones
por las cuales se considera inconstitucional la ley, absteniéndose de realizar
una interpretación sobre el alcance de la disposición más allá de la mera valoración
personal.
Sobre
los aspectos de fondo, considera que la norma acusada trata de la exaltación de
un monumento cultural y arquitectónico relevante para la Nación, mediante la
adjudicación de un presupuesto específico para lograr su conservación y
protección. Lo anterior, sin pretender darle preferencia o promoción a un credo
específico y sin que se genere una afectación al principio de neutralidad,
“sino dando un reconocimiento a una estructura y un símbolo humano, que si bien
tiene una estrecha relación con el catolicismo, por otro lado tiene un rasgo
importante para las diversas comunidades religiosas a los largo del mundo, y
para la comunidad científica y literaria”[10].
6.
Pontificia
Universidad Javeriana
La
Universidad Javeriana, por intermedio de uno de los integrantes del Grupo de
Acciones Públicas del Departamento de Derecho Público, interviene en el
presente juicio, solicitándole a la Corte que declare la exequibilidad de la
Ley 1754 de 2015.
El interviniente
considera que la ley acusada tiene un carácter predominantemente cultural y no
religioso, en ese sentido, lo que la disposición hace es reconocer la tradición
de una determinada población en Colombia y, en consecuencia, el carácter
religioso de la obra entra a ocupar un segundo plano, por lo tanto, “el
Congreso, al establecer en las leyes de honores, homenaje o similares, lo que
en últimas hace es recalcar el valor cultural que representa dicha actividad,
monumento o celebración en la población Colombiana, sin llegar a desconocer
arbitrariamente el principio de neutralidad en materia religiosa”[11].
Agrega
que de acuerdo con los argumentos de los accionantes, la jurisprudencia
constitucional, a través de la Sentencia C- 817 de 2011, consagró la
prohibición del Estado de adoptar decisiones o actuaciones que favorezca una
religión. Sin embargo, aclara el interviniente que el mismo fallo estableció
que “el análisis constitucional no conduce a entender que la neutralidad
estatal implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses
del Estado”. Con fundamento en ese precedente, concluye que no se encuentra
afectación alguna del principio de neutralidad en materia religiosa por cuanto
la ley acusada no está reconociendo actos de impliquen la adhesión del Estado a
una religión.
Frente
a la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y la libertad de cultos,
considera que no tiene ocurrencia, por cuanto la norma no está consagrando un
trato favorable ni se están asignando partidas presupuestales preferentes a la
religación católica. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 4 de la
ley demandada pretende la implementación de “una serie de medidas orientadas
a la protección de un monumento que por demostrar cierta importancia cultural,
social, arquitectónica e incluso artística para el distrito de Belalcázar, ha
de protegerse”[12].
7.
Universidad
del Bosque
La
universidad del Bosque realiza su intervención en la presente actuación a
través del Decano de la Facultad de Derecho, con la participación de docentes
de Derecho constitucional y miembros del Consultorio Jurídico de dicha
Universidad. Dicha institución, solicita a la Corte que declare la exequibilidad
de la Ley 1754 de 2015, salvo la expresión “patrimonio religioso”
contenida en el título y en el artículo primero.
Las
interviniente sustenta su solicitud, exponiendo que, conforme a la
interpretación sistemática del Preámbulo y los artículo 1,13 y 19 de la
Constitución Política, Colombia, es un Estado pluralista y laico, regido por el
principio de neutralidad, el cual tiene como deber garantizar en igualdad de
condiciones, las diferentes manifestaciones religiosas existentes en el país.
Lo anterior se materializa a través de la implementación de medidas estatales
que proporcionen en igualdad de condiciones, la protección de todas las
creencias sin tener en consideración el número de creyentes que tenga una
determinada religión.
Con
fundamento en lo anterior, considera el interviniente necesario resolver en el
presente caso “si el reconocimiento de la importancia religiosa y cultural
del monumento a Cristo Rey de Belalcázar es un trato preferencial e
injustificado a favor de la religión católica”[13].
Al respecto, sostiene que si bien el Estado no puede realizar ninguna
actuación para impulsar, patrocinar o favorecer a cualquier confesión
religiosa, este si se encuentra en la obligación de proteger e implementar
herramientas para la conservación y restauración de obras o monumentos que por
su trascendencia social, encuentran coincidencia entre el elemento cultural y
religioso, convirtiendo este último, en un elementos accidental y accesorio.
Por
lo tanto, la intención del legislador en la ley acusada es la protección de uno
de los monumentos y mirador con forma de cristo más alto del mundo, el cual
tiene un valor arquitectónico histórico y cultural muy importante para el país.
En consecuencia “el monumento tiene un elemento secular preponderante y trascendental”[14]
y “el objetivo de la ley es la conservación de este monumentos y por
ende la decisión del legislador es constitucionalmente admisible”.[15]
No
obstante lo anterior, respecto de la expresión “importancia religiosa”
contenida en los artículos 2, 3 y 4 de la ley censurada, el interviniente
sostiene que dicha expresión desconoce la prohibición que la jurisprudencia
constitucional le ha dado al Estado, de identificarse de manera formal con una
religión “ pues al exaltar mediante una Ley de la República la importancia
religiosa del monumento a Cristo Rey, se estaría vinculando al Estado con un
reconocimiento de la importancia de la religión católica, lo que, reiteramos
contraría las garantías constitucionales de pluralismo y neutralidad pues “las
diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por
parte del Estado”[16]”[17].
Por los motivos antes expuestos, considera que la expresión antes censurada
deberá ser declarada inconstitucional por contrariar los artículos 2, 13 y 19
de la Constitución Política.
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en concepto número 61723 presentado a esta Corporación el
16 de junio de 2016, solicita a este Tribunal la declaratoria de exequibilidad de
la Ley 1754 de 2015, con base en los siguientes argumentos:
Sostiene que la
disposición acusada es respetuosa “del ordenamiento superior, tanto en lo
relativo al acto de reconocimiento del monumento en cuestión como una obra de
relevancia culturar (en sus dimensiones artística y religiosa); como en lo
relativo a la asignación de partidas presupuestales para su conservación”,
toda vez que la ley censurada pretende el cumplimiento del deber Estatal de
conservar y proteger el patrimonio cultural de la nación.
Al respecto,
expone, que el legislador, al expedir una ley que tenga como objetivo principal
el de reconocer la importancia cultural y religiosa de un monumento que se
encuentra ubicado en el municipio de Belalcázar, el cual es el más alto que
existe en el mundo en su género y tiene una gran trascendencia social,
histórica y cultural en el país, realiza un reconocimiento de su importancia y,
en consecuencia, implementa los instrumentos necesarios para su promoción y
protección, en virtud de su función de garante de la cultura y el arte,
conforme a los parámetros establecidos en el artículo 72 de la Carta Política.
Con fundamento
en lo anterior y, teniendo en cuenta lo sostenido por esta Corporación en la
Sentencia SU-626 de 2015 y en la Sentencia C- 088 de 1994, en la cual se
realizó control previo de la Ley Estatutaria 133 de 1994, por la cual se
reglamenta la libertad de cultos, el representante del Ministerio Público
considera que “lo que resulta en una verdadera violación de la Constitución,
es afirmar que las manifestaciones culturales con connotaciones religiosas
deban tener un tratamiento diverso de aquellas manifestaciones culturales sin
connotación religiosas o, lo que sería lo mismo, que aquellas deban estar
excluidas de toda interacción o conocimiento en el ámbito público y confinadas
o relegadas al ámbito meramente privado”[18].
Frente a la
presunta vulneración al derecho a la igualdad, expone que, conforme a lo
sostenido por la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos, para
entrar a valorar la presunta vulneración de este principio constitucional, es
necesario realizar un juicio de comparación. En ese sentido, para formular el
cargo de afectación al derecho a la igualdad, los accionantes debieron
presentar en su demanda de inconstitucionalidad alguno de estos dos supuestos:
“que el Estado no reconociera la relevancia cultural a otros fenómenos de la
misma relevancia, en razón a su pertenencia a otro credo; o por el contrario
que el Estado, en forma arbitraria despojara la connotación relevante de un
fenómeno cultural precisamente por su connotación religiosa”[19]. Sin
embargo, del análisis integral de la norma no se desprende ninguno de estos dos
supuestos, en razón a que la ley no pretende la exaltación de una religión en
particular ni tampoco un tratamiento desfavorable a una confesión o grupo
determinado de personas.
Por último,
expone que la destinación de recursos públicos para la conservación del
monumento obedece al deber constitucional del Estado de realizar todas las
actuaciones tendientes a fomentar, proteger y preservar todas aquellas
manifestaciones culturales de relevancia nacional, con el fin de permitir el
acceso de todos los ciudadanos a todas aquellas obras que permite la creación
de una identidad común en todos los colombianos, lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los artículos 2, 70, 71 y72 de la Constitución Política.
En consecuencia,
sostiene, que “sustraer al Estado de su deber de proteger y promover al
arte, cuando este tenga algún contenido religioso, no sólo es contrario a los
deberes señalados sino que, además, implica una clara discriminación con
fundamentos en un criterio sospechosos como es la religión, de hecho, si el
Estado promueve únicamente ciertos patrimonios públicos y culturales, como son
precisamente lo que no tienen ninguna dimensión religiosa, pierde totalmente su
debida neutralidad en esta materia e incluso más que una postura indiferente se
adopta una actitud contraria a ella y puede terminar afectando las creencias y
valores de las personas”[20].
Por último, el
jefe del Ministerio Público, a partir de lo expuesto, presenta una solicitud
respetuosa a la Corte, para que proceda a modificar el precedente jurisprudencial
fijado en la Sentencia C- 224 de 2016, en la cual se sostuvo que las
manifestaciones religiosas no podían ser consideradas como Patrimonio Cultural
de la Nación y, en consecuencia, no resulta posible asignar recursos públicos
para su conservación. A su juicio, “es cierto que el Estado tiene el deber
de proteger y promover la cultura aun cuando esta posea un raigambre religioso”[21], no
obstante lo cual, no comparte que en la sentencia antes referida “se diga
que exista una prohibición absoluta para destinar recursos públicos para la
promoción de aquellas manifestaciones culturales que resulten relevantes sólo
por el hecho que estos tengan o supongan elementos religiosos”[22].
VI.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.
Competencia
De conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política,
esta Corporación es competente para decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que se formulan contra la Ley 1754 de 2015.
2.
Alcance
de las demandas
En el asunto
sometido a la consideración de la Corte, los actores le solicitan a la
Corporación que declare inexequible la Ley 1754 de 2015, “[p]or la cual se
reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del
municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras
disposiciones”.
Quien actúa como
demandante en el expediente D-11320, dirige la acusación contra el artículo
primero de la referida ley, por considerar que dicha norma, al reconocerle
importancia religiosa y cultural al monumento de Cristo Rey, el cual es
representativo de la fe católica, está privilegiando a esta religión frente a
los demás cultos existentes en el país, lo que resulta contrario al principio
pluralista, al carácter laico del Estado colombiano y el derecho a la igualdad
de trato en materia religiosa (C.P. arts. 2, 13 y 19).
Por su parte, el
actor en el expediente D-11327, direcciona su demanda contra los cinco
artículos que componen la citada Ley 1754 de 2015, sobre la base de entender que
dichas normas, en la medida en que reconocen importancia religiosa y cultural
del monumento a Cristo Rey, y autorizan al Gobierno Nacional y regional de
Caldas para apoyar y contribuir a la financiación que demande el referido
monumento, transgreden el principio pluralista, al carácter laico del Estado
colombiano y el derecho a la igualdad de trato en materia religiosa (C.P. arts.
2, 13 y 19), pues al ser tal monumento una manifestación representativa de la
fe católica, se está privilegiando a esta religión frente a los demás cultos
existentes en el país.
Advierte la
Corte, entonces, que los cargos presentados en ambas demandas, coinciden en el
fundamento argumentativo, cual es el cuestionar las medidas contenidas en la
Ley 1754 de 2005, a partir de considerar que las mismas están reconociendo
privilegios y beneficios públicos a una manifestación de la fe católica,
afectando la neutralidad religiosa del Estado y la igualdad de trato en materia
confesional.
En relación con
la anterior acusación, el Ministerio Público y el grupo mayoritario de
intervinientes, del que hacen parte el Ministerio del Interior, el Ministerio
de Cultura, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad de Caldas
y la Universidad Javeriana, le solicitan a la Corte que declare la
exequibilidad de la ley impugnada, tras considerar que las medidas en ella
adoptadas tienen
un carácter predominantemente cultural y no religioso, dirigidas a proteger y
exaltar una obra civil de importante valor cultural y arquitectónico para la
región cafetera y para el país en general.
En contraste,
quien interviene en representación de la Universidad Nacional de Colombia, le pide a este
Tribunal que declare la inexequibilidad de la Ley 1754 de 2015. Básicamente,
sobre la base de entender que la ley acusada le atribuye al
monumento a Cristo Rey una declaratoria especial, el carácter de bien “de
importancia cultural y religiosa”, siendo esta una categoría que no existe
en la ley general de cultura y que establece una discriminación religiosa
contraria a la Constitución.
Una posición
intermedia a las anteriores presenta quien interviene en representación de la
Universidad del Bosque. Dicha institución educativa le solicita
a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 1754 de 2015, salvo la
expresión “patrimonio religioso”, contenida en el título y en el
artículo primero, tras entender que si bien las medidas adoptadas en dicha ley
buscan proteger una manifestación material de importante valor arquitectónico
histórico y cultural, razón por la cual se ajustan a la Constitución, la
exaltación del monumento como de “importancia religiosa” si estaría
vinculando al Estado con un reconocimiento a la religión católica, lo que
contraría las garantías superiores de pluralismo y neutralidad.
No obstante los
planteamientos de fondo presentados, quien interviene en representación de la
Universidad de Caldas, le plantea a la Corte, como petición principal, la
existencia de una presunta ineptitud sustantiva de las demandas, derivada de la
falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en sus acusaciones,
pues considera que las mismas surgen de meras apreciaciones personales y sin
llevar a cabo un estudio detallado de las razones de inconstitucionalidad.
Frente a la
petición principal esbozada por la Universidad de Caldas, aprecia la Corte que,
aun cuando los textos de las demandas presentan inconsistencias  e
insuficiencias argumentativas, en todo caso, las mismas cumplen con los
requisitos mínimos de procedibilidad previstos en el artículo 2° del Decreto
2067 de 1991, toda vez que de las acusaciones en ellas formuladas puede
extraerse la adecuada estructuración de al menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad basado en razones claras, ciertas, pertinentes,
suficientes y específicas[23].
En efecto, a
juicio de la Corte, no obstante advertirse cierto déficit de estructuración en
la formulación de las demandas bajo estudio, quienes la promueven si presentan,
por lo menos, una acusación consistente de inconstitucionalidad contra la ley
pugnada. En efecto, los demandantes, a través de los cargos formulados,
plantean un problema jurídico constitucionalmente relevante, en cuanto
reprochan las medidas contenidas en la Ley 1754 de 2015, por considerar que
estas, en cuanto reconocen la importancia religiosa y cultural del monumento a
Cristo Rey, y autorizan al Gobierno Nacional y regional de Caldas para apoyar y
contribuir a la financiación que demande el referido monumento, transgreden el
principio pluralista, al carácter laico del Estado colombiano y el derecho a la
igualdad de trato en materia religiosa, pues le están reconociendo privilegios
a una manifestación representativa de la fe católica, por encima de los demás
cultos existentes en el país.
Sobre esa base,
la acusación cuenta con un grado mínimo de coherencia y solidez, que permite
llevar a cabo una confrontación objetiva entre la ley acusada y la
Constitución, pues, prima facie, la misma permite despertar una duda
razonable sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, derivada, a su
vez, de la necesidad de establecer si tales disposiciones desconocen, en
realidad, el principio de neutralidad religiosa, la libertad de cultos y la
igualdad de trato que se predica de todos los credos frente al Estado y frente
a la ley.
En consecuencia,
en virtud del principio pro actione, para la Corte es claro que la
acusación formulada se ampara en razones claras, ciertas, pertinentes,
suficientes y específicas, en la medida en que la misma: (i)
permite entender el sentido de la demanda y lo que con ella se persigue, (ii)
se dirige a controvertir directamente el contenido de las normas impugnadas, (iii)
algunos de los argumentos en que se basa son de naturaleza estrictamente
constitucional, (iv) contiene igualmente elementos fácticos que buscan
poner en duda la constitucionalidad de las medidas normativas cuestionadas, e (v)
intenta mostrar la manera como las preceptivas acusadas puedes contrariar la
Constitución.
Así las cosas,
estima esta Corporación que en la presente causa se está en presencia de
demandas en forma, motivo por el cual debe proferirse el respectivo
pronunciamiento de fondo.
3.
Problema
jurídico
3.1. Teniendo
en cuenta el contenido de las demandas formuladas y las distintas
intervenciones, en esta ocasión le corresponde a la Corte establecer si las medidas
adoptadas en la Ley 1754 de 2015, en cuanto exaltan una manifestación
representativa de la fe católica e imponen cargas públicas con respecto a ella,
vulneran los principios constitucionales de laicidad y pluralismo religioso, y la igualdad
de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al
ordenamiento jurídico.
3.2. Concretamente,
deberá la Corporación determinar si el legislador desbordó su ámbito de
configuración normativa, al reconocerle importancia religiosa y cultural al
monumento a Cristo Rey, y al autorizar al Gobierno Nacional y regional de
Caldas para contribuir a la financiación que demande el referido monumento y
para adoptar medidas de apoyo al mismo.
3.3. Para
resolver el anterior problema jurídico, la Corte abordará los siguientes temas:
(i) el modelo de Estado laico que impera en Colombia y los criterios
fijados por la jurisprudencia frente a la facultad del Congreso para expedir
leyes que exalten y promuevan bienes a los que se les reconozca un valor
cultural  o de otro orden y que tengan como base una connotación religiosa; (ii)
la facultad
del Congreso para autorizar gasto público en leyes que exalten y
promuevan bienes a los que se les reconozca un valor cultural o de otro orden y
que tengan un contenido religioso; (iii) para finalmente, con base en
los criterios anteriores, evaluar la constitucionalidad de las normas impugnadas.
4.     El
modelo de Estado laico y pluralista que impera en Colombia.
Criterios de jurisprudencia frente a la facultad del Congreso para expedir
leyes de honores, de conmemoraciones y de reconocimientos
institucionales con contenido religioso
4.1. Esta
Corporación, en un número considerable de pronunciamientos, ha tenido
oportunidad de analizar medidas legislativas que involucran al Estado, a través
de decisiones públicas, con expresiones o manifestaciones sociales, artísticas,
culturales e históricas que tienen o pueden tener como base fenómenos con
cierta connotación o implicación religiosa, y frente a las cuales las
instituciones públicas han asumido responsabilidades generalmente relacionadas
con la imposición de erogaciones presupuestales o de gasto público.
4.2. Tales les decisiones, han sido
adoptadas, entre otros, en el contexto de las llamadas leyes de honores, de
conmemoraciones y de reconocimientos institucionales en general, entendiendo
por tales, aquellas leyes cuyo objeto o finalidad puede ser, o bien exaltar o
enaltecer a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacados
públicamente por promover significativamente valores de interés constitucional,
o bien promocionar, respaldar y/o apoyar ciertos bienes -materiales e
inmateriales-, monumentos, eventos, situaciones o manifestaciones que tengan o
se les reconozca un valor cultural, social o histórico determinado[24].
4.3. En
el estudio que la Corte ha realizado sobre ese tipo de medidas legislativas, la
Corporación ha abordado el análisis de constitucionalidad desde la perspectiva
del modelo de Estado laico y pluralista que impera en Colombia
a partir de la expedición de la Constitución de 1991, caracterizado
por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y en
el que se garantiza la plena libertad religiosa y la igualdad
de derecho de todas las confesiones religiosas frente al propio Estado y frente
al ordenamiento jurídico.
4.4. Ha destacado la jurisprudencia que, si bien la laicidad
del Estado no fue incorporada expresamente en la Carta, mediante norma
explícita, se trata de un principio que hace parte del orden constitucional a
partir de la interpretación sistemática y genealógica sobre los cambios
producidos por la Constitución de 1991 en relación con la Constitución Centenaria
de 1886, a través del cual se propugna por la separación entre iglesia y
Estado, la neutralidad del Estado frente a las distintas religiones y la
prohibición de favorecimiento a algunas de ellas[25].
4.5. El anterior planteamiento ha sido explicado, señalando
la Corte que el Estado Social de derecho que rige en Colombia por decisión del
Constituyente de 1991, tiene entre sus componentes más importantes: (i)
el pluralismo religioso; (ii) la prohibición de medidas que identifiquen
al Estado con una confesión determinada -prohibición del confesionalismo-; (iii)
la libertad religiosa; y (iv) la igualdad entre las distintas
confesiones. Aclarando la misma Corporación que la “invocación a la ‘protección
de Dios’, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no
referido a una iglesia en particular”[26].
4.6. En ese sentido, lo ha reconocido la propia jurisprudencia, el
Constituyente de 1991 abandonó el modelo adoptado por la Constitución de 1886
que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación
confesional, derivado de la protección preferente que le reconocía a la Iglesia
Católica, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa,
caracterizado, como se ha dicho, por una estricta separación entre el Estado y
las iglesias, y por la igualdad de derechos de todas las confesiones
religiosas.
4.7. Conforme con ello, los principio de laicidad y pluralismo
religioso, que identifican el Estado Social de Derecho, imponen que las
diferentes creencias tengan idéntico reconocimiento y protección por parte del
Estado, lo que conlleva, a su vez, que, prima face, resulten
constitucionalmente inadmisibles aquellas medidas legislativas o de otra
naturaleza que tengan como propósito específico desincentivar o desfavorecer a
las personas o comunidades que no compartan la práctica religiosa mayoritaria,
ya sea porque pertenecen a otros credos, porque no se asocian a ninguno, o,
simplemente, por la circunstancia de manifestarse en oposición a cualquier
dimensión religiosa, espiritual y en todo caso trascendente[27].
4.8. De ese modo, lo ha reconocido la
jurisprudencia en forma unánime, se entiende reivindicado el carácter laico del Estado
colombiano, alejado, por tanto, de la posibilidad de adscribirse a una doctrina
oficial en materia religiosa, y comprometido con el deber de neutralidad en
virtud del cual no es
posible la promoción, patrocinio o incentivo religioso.
4.9. Sobre
esas bases, las decisiones más relevantes en punto a las leyes que exaltan,
promueven, promocionan y respaldan personas, manifestaciones artísticas,
culturales, históricas o sociales, y que tienen connotación religiosa, han
tenido lugar en los siguientes pronunciamientos:
-
Sentencia
C-568 de 1993, donde la Corte declaró exequibles algunas disposiciones
de la Ley 37 de 1905, de la
Ley 57 de 1929, de la Ley 6a. de 1945, del Código Sustantivo de Trabajo  y
de la Ley 51 de 1983, en las cuales se establecieron días festivos coincidentes con
fiestas católicas.
-
Sentencia
C-350 de 1994, donde la Corte adoptó las siguientes decisiones: (i)
declaró exequibles los artículos 3º y 4º de la Ley 33 de 1927, a través
de los cuales el Estado declaraba de utilidad pública el monumento del Templo
del Voto Nacional y el 5º de la Ley 1ª de 1952, que prevé el
establecimiento de un día de descanso obligatorio durante la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús; y (ii) declaró inexequible el artículo
2º de la Ley 1ª de
1952 que asociaba al Estado a la consagración del país al Sagrado Corazón de
Jesús. En dicho fallo, la Corte consideró que la consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús
desconocía el nuevo ordenamiento constitucional, donde se “establece un
Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad
religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas”.
-
Sentencia
C-766 de 2010, donde la Corte analizó la objeción gubernamental presentada al Proyecto de ley 195
de 2008 - Senado y 369 de 2009 - Cámara, “[p]or medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la
coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La
Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”, y en la que se declaró “inconstitucional”
el referido proyecto de ley.
-
Sentencia
C-817 de 2011, donde la Corte declaró inexequible la Ley 1402 de 2010, “[p]or la cual la Nación se
asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se
declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del
Tolima”.
-
Sentencia T-139 de 2014, donde la Corte llevó a
cabo la revisión de una acción de tutela promovida contra la Gobernación de
Santander, por la aparente vulneración de los derechos a la igualdad y a la
libertad religiosa, al haber contratado la referida entidad territorial la
ejecución de una obra alegórica a un ser superior dentro del proyecto turístico
“Ecoparque cerro del Santísimo”. En dicho pronunciamiento, la Corte
concluyó que el proyecto no desconocía los derechos invocados, en cuanto
el mismo no tenía una finalidad religiosa sino turística y cultural.
-
Sentencia
C-948 de 2014, donde la Corte, de manera general, declaró exequible
Ley 1710 de 2014, “por
la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre
santa colombiana”, e inexequibles los artículos 3º, 4º, la
expresión “como la
cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo
moderno”, contenida en el artículo 6º y el parágrafo del
artículo 8º  de la misma ley.
-
Sentencia
C-224 de 2016, donde la Corte declaró inexequible el artículo 8º de la
Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”;
norma que, en el contexto de la citada ley, autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el al fomento, promoción, difusión,
conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural material e
inmaterial de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de Santander.
-
Sentencia
C-441 de 2016, donde la Corte declaró exequibles
los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, "[p]or medio de
la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración
de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones";
preceptivas que,
en el contexto de la
citada ley, autorizaban, de un lado, al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación las
apropiaciones requeridas para contribuir a la celebración de la Sama Santa en
Tunja, y, del otro, a la administración municipal de dicha ciudad para asignar
también partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, con destino
al mismo fin.
4.10.
En tales decisiones, la Corte ha venido fijando las reglas a partir de las
cuales deben ser evaluadas las medidas legislativas que comprometen al
Estado -fundamentalmente en materia presupuestal o de gasto público-, con
expresiones o manifestaciones sociales, artísticas, culturales e históricas en
la que confluye la cuestión religiosa, teniendo como premisa fundamental que el principio de
separación entre las Iglesias y el Estado impone neutralidad de las autoridades
frente a las manifestaciones religiosas e impide que el Estado adhiera o
promueva una determinada religión.
4.11. Con ese criterio,
la Corte ha rescatado la legitimidad constitucional de las leyes que rinden
homenajes, las que celebran aniversarios de municipios colombianos y las que
hacen conmemoraciones o reconocimientos institucionales en general, poniendo de
presente que
el Congreso de la República, en virtud de la cláusula general de competencia y
por expreso mandato del numeral 15 del artículo 150 de la Carta Política, se
encuentra ampliamente facultado para adoptar ese tipo de medidas, cuyo
propósito, como ya ha sido anotado, es el reconocimiento estatal a personas,
hechos o instituciones que merecen ser destacados públicamente, así como
también a ciertos bienes, monumentos, eventos o situaciones a los que se les
reconozca un valor cultural, social o histórico determinado, e incluso
arquitectónico o turístico.
4.12. En esa orientación, la
jurisprudencia ha precisado que esa clase de leyes, conforme a los principios
que informan el estado social de derecho, si bien deben tener una clara
connotación social, cultural, histórica o turística, destacándose en ellas su
naturaleza secular, pueden también tener como base fenómenos vinculados con
alguna religión, siempre que ello no implique desconocer el carácter laico del
Estado colombiano.
4.13. Sobre ese particular, ha
puesto de presente que en el régimen constitucional colombiano es
posible que en una ley de las connotaciones señaladas coincidan el elemento
cultural, histórico o social y el elemento religioso. Sin embargo, dentro del
propósito de hacer prevalecer los principios de laicidad y
neutralidad del Estado frente a las distintas religiones y la prohibición de
favorecimiento a algunas de ellas, la causa principal de la medida
legislativa debe ser la de naturaleza secular, de manera que el componente o
aspecto religioso, derivado, en su generalidad, del origen o la naturaleza
propia de la manifestación que se pretende exaltar, no sea el protagonista,
evitando con ello que se promocione una determinada práctica confesional, lo
cual es inadmisible desde el punto de vista constitucional.
4.14. En apoyo a dicha regla, la Corte,
en la Sentencia C-766 de 2010, refiriéndose a ese tipo de medias legislativas,
destacó que “el análisis
constitucional no conduce a entender que la neutralidad estatal implica un
total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado”, sino
a entender que, en todo caso, “las actividades que desarrolle el Estado en
relación con la religión deben tener como único fin el establecer los elementos
jurídicos y fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto
de las personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las
funciones públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones
religiosas, siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de
su ideología, su promoción y difusión”. Ello, tras considerar que “no puede ser
el papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar
cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que
se practique en su territorio.”
4.15. Conforme con
ello, en el mismo fallo se precisó que “el Estado podría promocionar, promover,
respaldar o tener acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de
manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e
incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad
de personas dentro del territorio  colombiano”, caso en el cual el elemento
cultural “deberá ser el protagonista de dicha manifestación. Son ejemplo de
este tipo expresiones culturales las festividades populares en las que se
exalta un santo o un acontecimiento religioso –Fiestas de San Francisco de Asís
en Quibdó o las Fiestas de San Pedro en el Huila-, pero que, sin lugar a dudas,
involucran como elemento fundacional y principal una manifestación de la
cultura de dicha población.”
4.16. La posición adoptada en la
Sentencia C-766 de 2010, ha sido reiterada en la Sentencias C-817 de 2011,
C-948 de 2014, C-224 de 2016 y, más recientemente, en la Sentencia C-441 de 2016.
En efecto, en la Sentencia C-817 de 2011, la Corte explicó que,  “si bien resulta
admisible prima facie que el Estado exalte manifestaciones sociales que
tengan un referente religioso, para que esto resulte válido desde la
perspectiva constitucional, se requiere que la normatividad o medida
correspondiente tenga un factor secular, el cual (i) sea suficientemente
identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no solo simplemente
accesorio o incidental”. Con base en dicho criterio, precisó que aquellas normas
jurídicas mediante las cuales el Estado promueve una práctica religiosa
específica, que carezcan del factor secular o que existiendo, el mismo sea
apenas marginal y no principal, son contrarias al Estado laico, al pluralismo
religioso y a la libertad de cultos, y por tanto contrarias a la Constitución,
en tanto se entiende que el fundamento de la disposición es la promoción de
dicho credo.
4.17. En plena correspondencia
con lo anterior, en la Sentencia C- 224 de 2016, la Corte manifestó que, “si bien es cierto que el Legislador está
legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones
culturales, aún si tienen alguna connotación religiosa, también lo es que el
fundamento cultural debe ser el protagonista, y no a la inversa, porque en tal
caso se afectarían los principios de laicidad y neutralidad religiosa, pilares
esenciales de un Estado social de derecho que pregona el pluralismo y el
respeto por la igualdad de todas las confesiones”.
4.18. En desarrollo de lo dicho, se expresó en el mismo
pronunciamiento que “es posible que en una ley converja una dimensión religiosa con el
reconocimiento o exaltación de elementos culturales, históricos o sociales; por
ejemplo, en aquellas que pretenden rendir homenajes a ciudadanos, celebrar
aniversarios de municipios o hacer conmemoraciones institucionales. Sin
embargo, en tales eventos, para evitar que los principios de laicidad y
neutralidad del Estado se vulneren, la jurisprudencia ha sido categórica en
exigir que el fundamento religioso sea ‘meramente anecdótico o accidental en
el telos de la exaltación’”.
4.19. Con base en ello, en la citada sentencia C- 224 de
2016, la Corte destacó que el análisis de constitucionalidad de normas que
relacionen al Estado, específicamente frente a erogaciones patrimoniales, con
expresiones artísticas y culturales que revistan carácter religioso, impone
tener en cuenta los siguientes dos criterios: (i) que la medida sea
susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones; y (ii)
que el aparato estatal no incurra en algunas de las prohibiciones identificadas
en la Sentencia C-152 de 2003, en virtud de las cuales las autoridades públicas
no pueden: “(i) establecer una
religión o iglesia como oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con
una iglesia o religión; (iii) realizar actos de adhesión, así sean simbólicos,
con una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones que tengan una
finalidad religiosa; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto
primordial sea promover, beneficiar o afectar a una religión en particular;
(iv) aprobar medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias,
es decir, que se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o
iglesia”.
4.20. De ese modo, la
jurisprudencia ha dejado en claro que, siendo Colombia un Estado laico, basado
en la libertad religiosa y en la igualdad de trato en materia confesional, no
es posible adoptar medidas legislativas o de otra naturaleza, que consagren
tratamientos más favorables o perjudiciales a una religión en particular, a
partir del hecho determinante de buscar promocionar su práctica o rechazo.
Ello, sin embargo, no significa que la ley no pueda exaltar, promocionar o
patrocinar manifestaciones religiosas que, por las trazas
culturales, sociales e históricas que las prácticas confesionales han dejado
con el paso del tiempo,
merezcan
ser destacadas y apoyadas por el Estado. Lo que
significa es que, en tales casos, debe ser el componente secular o laico, es
decir, la connotación social, cultural, histórica, económica, arquitectónica e
incluso turística, la razón principal de la adopción de la medida legislativa
correspondiente, la cual a su vez debe ser verificable, consistente y
suficiente.
4.21. Ahora bien, dentro del propósito de definir la
constitucionalidad de medidas legislativas de exaltación o apoyo donde hay
participación de elementos religiosos, la misma jurisprudencia[28] ha señalado que los criterios de
interpretación literal, histórica y de contexto de dicha ley, pueden aportar
insumos importantes para efectos de establecer si se está en presencia o no de efectos seculares
preponderantes. En plena correspondencia con ello, también ha precisado este
Tribunal que resulta igualmente relevante analizar la disposición acusada desde
una perspectiva integral, lo que implica evaluarla, a partir de las medidas en
ella adoptadas y en el ámbito en el que se desarrollan, tomando en
consideración su motivación y finalidad. En busca de tal propósito, resulta
útil acudir a otros elementos probatorios que coadyuven en el propósito de
determinar si existe el factor secular preponderante, manifestado en elementos
que puedan ser identificados y que tengan carácter principal tales como, la
cultura, la historia, la arquitectura, el turismo y los efectos económicos.
4.22.
Bajo esas premisas, la Corte ha avalado aquellas normas en las cuales, a pesar
de incorporarse un elemento religioso, se ha podido establecer que el propósito
legislativo, antes que dirigido a promocionar o privilegiar una determinada
confesión, busca destacar otros propósitos seculares que resultan
constitucionalmente admisibles, los cuales a su vez son evidentemente
prevalentes en el contexto de las medidas adoptadas. Así ocurrió, por ejemplo,
en el caso de la Sentencia C-568 de 1993, donde
la Corte declaró la exequibilidad de algunas disposiciones de la Ley 37 de 1905, de la Ley 57 de 1929, de la Ley
6a. de 1945, del Código Sustantivo de Trabajo  y de la Ley 51 de 1983, en las
cuales se establecieron días
festivos coincidentes con fiestas católicas. También en la Sentencia C-948 de 2014,
en la cual la Corte, con excepción hecha de algunas regulaciones menores,
declaró exequible Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya
Upegui, como ilustre santa colombiana”. Y en la Sentencia C-441 de 2016, en la que la
Corporación declaró exequibles los artículos 6 y 7 de la Ley
1767 de 2015, "[p]or medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja,
Boyacá y se dictan otras disposiciones"; preceptivas que, en el contexto de la citada ley, autorizaban, de
un lado, al Gobierno Nacional para
incorporar al Presupuesto General de la Nación las apropiaciones requeridas
para contribuir a la celebración de la Sama Santa en Tunja, y, del otro, a la
administración municipal de dicha ciudad para asignar también partidas
presupuestales de su respectivo presupuesto anual, con destino al mismo fin.
4.23.
Por oposición a lo anterior, y con fundamento en las mismas reglas de
jurisprudencia, la Corte ha decidido retirar del ordenamiento jurídico aquellas
medidas legislativas en las cuales ha encontrado que su propósito ha sido el de
privilegiar el componente religioso por encima de los elementos seculares
existentes en la medida, sean estos sociales, culturales, históricos o de otra
naturaleza, al advertir en sus preceptivas un claro, abierto y franco
desconocimiento a los principios de laicidad y neutralidad del Estado, así como
también a los derechos a la libertad religiosa y la igualdad de
trato de todas las confesiones religiosas frente al propio Estado y frente al
ordenamiento jurídico. En esa dirección, cabe mencionar la Sentencia
C-350 de 1994, donde se declaró inexequible el artículo 2º de la Ley 1ª de 1952 que
asociaba al Estado a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Se puede relacionar,
igualmente, la Sentencia C-766 de 2010, donde este Tribunal analizó la objeción gubernamental
presentada al Proyecto de ley 195 de 2008 - Senado y 369 de 2009
- Cámara, “[p]or
medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen
de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y
se dictan otras disposiciones”, y en la que se declaró la inconstitucionalidad del referido
proyecto de ley. En la misma línea, cabe citar la Sentencia
C-224 de 2016, donde la Corte declaró inexequible el artículo 8º de la
Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”;
norma que, en el contexto de la citada ley, autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el al fomento, promoción, difusión,
conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural material e
inmaterial de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de
Santander.
4.24.
En ese orden de ideas, en virtud del modelo de Estado laico y pluralista que
impera en Colombia y dentro del propósito de garantizar la
plena libertad religiosa y la igualdad de derecho de todas las confesiones
religiosas, el Estado no puede: (i) adoptar una religión o iglesia como oficial; (ii)
identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii)
realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia,
religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o adoptar medidas que
tengan una finalidad religiosa, en especial, si la misma comporta una
manifestación de preferencia por una determinada religión o credo; (v)
adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial sea promover,
beneficiar o afectar a una religión en particular; y (vi) aprobar
medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es decir, que
se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o iglesia.
4.25. Conforme con
ello, frente a medidas legislativas dirigidas
a salvaguardar una manifestación cultural, social, histórico o de otro orden
con contenido religioso, la constitucionalidad de las mismas
dependerá de que en ellas (vii) se pueda identificar un criterio secular
principal o predominantemente, el cual debe ser verificable, consistente y
suficiente; e igualmente, (viii) que quede a salvo la posibilidad
de conferir medidas de esa misma naturaleza a otros credos, en igualdad de condiciones.
5.     Facultad
del Congreso para autorizar gasto público en leyes de
honores, de conmemoraciones y de reconocimientos
institucionales con contenido religioso
5.1. La
jurisprudencia constitucional ha sostenido[29], de manera uniforme, que
el Congreso de la República se encuentra facultado constitucionalmente para
autorizar gasto público mediante ley. Ello, a partir de considerar que, de
acuerdo con la Carta Política, en particular con lo
dispuesto en los numerales 11 y 12 de su artículo 150, no se requiere
iniciativa gubernamental para todas las leyes que decreten gasto. No
obstante, dentro del ámbito de la aludida competencia, también ha precisado la
misma jurisprudencia que la decisión a cerca de la inclusión de dicho gasto en
el presupuesto, le corresponde adoptarla directamente al Gobierno Nacional o,
en su defecto, a los gobiernos territoriales, según sea el caso, por ser en
ellos en quien reside la iniciativa general en
materia de gasto público.
5.2. Sobre el
particular, la Corte ha puesto de presente que la
vocación de la ley que decreta un gasto es la de constituir un título jurídico
para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto,
siendo esta última actividad una atribución exclusiva y excluyente del
Gobierno, la cual, por tanto, no le puede ser impuesta ni exigida por el
Congreso de la República[30].
5.3. Ha explicado al respecto que, aun cuando el Congreso haya
incluido la autorización del gasto en una ley, es al Gobierno a quien compete
incorporar las partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pudiendo
también abstenerse de hacerlo si así lo considera, pues cuenta con un margen de
maniobra en la materia que le permite actuar de esa forma, “de acuerdo con la
disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre de la
mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan Nacional de
Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que
organizan el régimen territorial repartiendo las competencias entre la Nación y
las entidades territoriales”.[31]
En la Sentencia
C-290 de 2009, la Corte se refirió al punto, en los siguientes términos:
“La asignación presupuestal para la realización de gastos
autorizados por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le
corresponde al Gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar
al Gobierno a que incluya en el presupuesto alguna partida específica y, por
ello, cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con
carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presupuesto
las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley o el
proyecto de ley están afectadas por un vicio de inconstitucionalidad derivado
del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público
entre el legislador y el Gobierno.[32]
“Dado que el Congreso autoriza el gasto, pero no puede ordenar que
el Gobierno deba asignar las sumas de dinero destinadas a ejecutarlo, la Corte
procede a analizar si el artículo cuya constitucionalidad se analiza en razón
de la objeción formulada por el Gobierno Nacional, contiene una simple
autorización o “presiona el gasto” mediante el establecimiento de la orden de
incorporar en el presupuesto general de la Nación las partidas para ejecutar el
gasto previsto”.
5.4. Cabe
destacar, que la competencia reconocida al Congreso para autorizar gasto
público, en las condiciones definidas por la jurisprudencia, se entiende
extendida a las medidas legislativas expedidas para la financiación pública de
manifestaciones culturales, sociales e históricas, las cuales pueden estar
comprendidas en las llamadas leyes de honores, de conmemoraciones
o de reconocimientos institucionales en general. Dicha
atribución, encuentra fundamento específico en el
amplio conjunto de disposiciones constitucionales que protegen la cultura y su
diversidad -lo que le ha permitido a dicho bloque recibir el calificativo de “Constitución
Cultural”-, a partir del cual resulta razonable inferir que el Estado, a
través del Congreso de la República, se encuentra habilitado para autorizar la
financiación de manifestaciones culturales.
5.5. En efecto, tal y como la reconocido esta Corporación[33],
la cultura y su promoción, encuentra respaldo constitucional: (i)
en el artículo 2º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la
participación de todos en la vida cultural de la Nación; (ii) en
los artículos 7º y 8º, que le imponen al Estado el deber de proteger la
diversidad y las riquezas culturales de la Nación; (iii) en el
artículo 44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; (iv)
en el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar
los valores culturales de la Nación; (v) en el artículo 70, que
obliga al Estado a promover y fomentar el acceso a la cultura de los
colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como
fundamento de la nacionalidad; (vi) en el artículo 71 que también
le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las
manifestaciones culturales; (vii) en artículo 95-8 que señala
como uno de los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los
recursos culturales y naturales; y (viii) en los artículos 311 y
313-9, que encomiendan de manera especial a los municipios, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes.
5.6. De igual manera, en lo que se refiere a la defensa del
patrimonio cultural y arqueológico y al régimen constitucional de protección,
su fundamento surge directamente del (ix) artículo 63, en el que
se consagra que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y, de manera
especial, del (x) artículo 72, que prevé que el patrimonio
cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo que
establece que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. En plena armonía con las citadas
disposiciones, (xi) el artículo 313-10 del mismo ordenamiento
Superior, le atribuye a los Concejos Municipales la función de expedir las
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio, mientras que (xii) el
articulo 333 deja en manos de la ley la delimitación del alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación.
5.7. Sobre esas
bases, como se ha dicho, el Estado, a través del Congreso y el Gobierno, se
encuentran comprometidos con la salvaguarda de las manifestaciones culturales,
compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de financiación para
su fomento, apoyo y promoción. Ahora, según se ha explicado, en lo respecta a
la competencia del Congreso en la materia, la misma se limita a la autorización
del gasto público mediante ley, correspondiendo al Gobierno la decisión de incorporar
la respectiva partida en el presupuesto si así lo considera. Tal criterio, fue
reiterado en la Sentencia C-948 de 2014, proferida, precisamente, en el
contexto del estudio de constitucionalidad de una ley de honores, la Ley 1710
de 2014, “[p]or la cual se rinde honores a la
Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”, y a propósito de la autorización que el
Congreso le dio al Gobierno en dicha ley, con el fin de
destinar las partidas necesarias para la construcción de una carretera entre
los municipios de Pueblo Rico y Jericó (Antioquia).
5.8.
En el aludido fallo,
se hizo claridad en torno a la competencia constitucional que le asiste al
Congreso para incorporar medidas que impliquen gasto público, en particular
frente a las leyes de honores, a condición de que se trata de simples
autorizaciones que no comprometan al Gobierno, pues es a este último a quien
corresponde definir la inclusión de las respectivas partidas en
el presupuesto al momento de ejercer su iniciativa en materia de
gasto público. Al respecto, dijo la Corte:
“En lo concerniente a la incorporación de medidas que impliquen o
puedan generar gastos del erario en leyes de honores, la Corporación tiene
plenamente definida una regla de decisión, según la cual el Congreso de la
República no puede incorporar en ellas apropiaciones o partidas no previstas en
las normas de presupuesto, pero sí puede autorizar gastos, en el ejercicio de
su potestad de configuración del derecho, pues, según lo ha precisado esta Corporación,
tales gastos podrán ser efectuados o no por el Gobierno Nacional, quien
determinará si define las partidas y apropiaciones necesarias al momento de
ejercer su iniciativa en materia de gasto público.”
5.9. En el mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia
C-224 de 2016, al al llevar a cabo el estudio de constitucionalidad del
artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la
Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se
dictan otras disposiciones”, norma mediante la cual se autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el fomento y promoción de las
procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de Santander. Sobre el
particular, se afirmó en la sentencia:
“En este sentido, el Congreso de la República, en uso de sus
facultades constitucionales, tiene la competencia de autorizar, mas no de
obligar al Gobierno Nacional o sus entidades territoriales para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual para el cumplimiento
de lo dispuesto en una ley que declara una manifestación cultural como de
patrimonio cultural inmaterial de la Nación”.
5.10. En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el Congreso se encuentra facultado para autorizar gasto público,
particularmente en relación con leyes de honores, de conmemoraciones
o de reconocimientos institucionales en general, sin que dicha facultad comprenda la posibilidad de ordenar, con carácter imperativo o
perentorio, apropiar en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar
el gasto autorizado, pues esa es una atribución exclusiva y excluyente del
ejecutivo, a nivel nacional o territorial, que ejerce como titular de
la iniciativa general en materia de gasto y que, por tanto, no le puede ser impuesta por el legislativo. Sobre esa base, lo ha
dicho la Corte, “cuando una ley le otorga la facultad al Gobierno o lo autoriza
para hacer las apropiaciones en su presupuesto con un objetivo específico, se
debe entender que el Congreso no le está dando una orden, y por lo tanto no
vulnera la regla constitucional de iniciativa gubernamental en materia de gasto
público”[34]. Por el contrario, si lo que hace la
ley es ordenarle al Gobierno llevar a cabo las respectivas apropiaciones, la
referida medida estaría afectada por un vicio de inconstitucionalidad derivado
del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público
entre el legislador y el Gobierno.
5.11. En relación con esto
último, resulta de mayor importancia precisar que, tratándose de la asignación
de partidas presupuestales dirigidas a salvaguardar una manifestación cultural,
social, histórico o de otro orden con contenido religioso, “es relevante
analizar dicha competencia bajo la óptica del principio de Estado laico y del
pluralismo religioso en la Constitución colombiana, con el objetivo de
determinar si dicho título presupuestal tiene un fin constitucional admisible”[35]. En ese caso, conforme ha sido
explicado en el apartado anterior, la constitucionalidad de la
medida legislativa dependerá de que en ella se pueda identificar un criterio principalmente
secular, que sea verificable, consistente y suficiente.
5.12. Precisamente, en la
Sentencia C-441 de 2016, este Tribunal, reiterando lo dicho en decisiones
anteriores, destacó que el anterior criterio de interpretación constitucional
se predica también de aquellas medidas legislativas en las que se asignan recursos del presupuesto de las entidades
públicas para promover manifestaciones culturales, sociales, históricas o de
otra naturaleza que puedan tener connotación o implicación
religiosa. En dicho fallo, se sostuvo que, “si
una Constitución reconoce la libertad religiosa, la libertad de cultos y la
libertad de conciencia, como en efecto lo hizo la Carta Política de 1991, la
mejor forma de garantizar esas libertades por parte del Estado es procurando su
neutralidad”, de manera que “[l]a adopción de signos religiosos por parte del
Estado, la promoción de una religión en particular, la financiación de un credo
o festividad religiosa con dineros públicos, terminan por afectar esas
libertades religiosas porque altera el plano de igualdad en el que se
encuentran las distintas religiosas”. Tal situación solo es admisible desde el
punto de vista constitucional, si en las medidas que en tal dirección de
adopten “se encuentra un criterio predominantemente secular que la[s]
justifique”.
6.     Resolución de la
acusación planteada contra la Ley 1754 de 2015
6.1.
La medida legislativa acusada es la Ley 1754 de 2015. Dicha ley anuncia en su
título la materia principal de la que se ocupa, como es la de reconocer la
importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de
Belalcázar, en el Departamento de Caldas. En ese contexto, el referido
ordenamiento consta de cuatro artículos con contenido sustantivo y un artículo
relativo a su vigencia.
6.2.
El artículo primero, materializa el objetivo propuesto por
la citada ley, en el sentido de reconocer formalmente la importancia
cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey. Sobre esa base, los tres
artículos siguientes establecen compromisos concretos al Estado relacionados con
el aludido reconocimiento.  Así, bajo tal reconocimiento, el artículo
segundo, responsabiliza a las Entidades Públicas encargadas de
proteger el patrimonio cultural, para que, en el ámbito de sus competencias,
concurran para la organización, protección y conservación arquitectónica e
institucional del monumento a Cristo Rey, imponiéndole al Ministerio de
Cultura prestar asesoría técnica en lo de su competencia. En ese mismo orden,
el artículo tercero autoriza al Gobierno Nacional para que
contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración,
divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del
monumento a Cristo Rey. Finalmente, el artículo cuarto, de
forma concurrente, autoriza al Gobierno nacional, al departamento de
Caldas y al municipio de Belalcázar, para impulsar y apoyar ante otras
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de
recursos económicos adicionales o complementarios a los que se autorizaren
apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal,
destinados al objeto que se refiere la ley bajo estudio.
6.3. Al respecto, cabe recordar que la
acusación que se estructura contra la Ley 1754 de 2015, parte de considerar que
las medidas legislativas en ella adoptadas, permiten una
vinculación formal y material del Estado con una manifestación representativa
de la fe católica, el Cristo Rey de Belalcázar, lo que a juicio de los
demandantes conlleva un claro desconocimiento de los principios
constitucionales de
laicidad y pluralismo religioso, y de igualdad de trato de todas las
confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.
6.4. Como ha sido
explicado, la jurisprudencia ha considerado constitucionalmente admisible que
el Congreso exalte manifestaciones sociales, culturales, históricas o de otro
orden, que tengan una connotación religiosa, a condición de que en ellas (i) se
pueda identificar un criterio secular principal o predominantemente, el cual
debe ser verificable, consistente y suficiente; e igualmente, (i)
que no comprometa la posibilidad de conferir medidas de esa misma naturaleza a
otros credos, en igualdad de
condiciones.
6.5. Dentro del propósito de definir en cada caso
concreto, si se está en presencia
o no de efectos seculares importantes, lo ha dicho la Corte, el juez constitucional
debe entrar a analizar la norma que se acusa desde una perspectiva integral.
Ello le permite evaluarla, por ejemplo, teniendo en cuenta el criterio de interpretación histórica, el cual consiste
en analizar
las
propuestas y los debates que se dieron en el proceso de formación de la ley
para reconstruir de esa manera la intención aproximada del órgano legislativo
con su expedición. También puede el juez constitucional, observar y buscar la
caracterización de la medida, a partir de su propio contenido, y en el contexto
en el que esta se desarrolla, buscando entender su finalidad y motivaciones,
para lo cual podrá acudir a otros elementos probatorios, tales como la cultura,
la historia, la arquitectura y el turismo, que contribuyan al propósito de
identificar la
existencia del criterio secular principal, y si este es verificable,
consistente y suficiente.
6.6.
En relación con esto último, es importante destacar que de las medidas
adoptadas en la Ley 1754 de 2015, se extraen aspectos que son relevantes para
dar solución a la problemática planteada. Un primer aspecto tiene que ver con
el hecho de que mediante el mencionado ordenamiento (i) se
vincula a la Nación, representada en el Gobierno Nacional, en las Entidades
Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural y en los
gobiernos Departamental de Caldas y municipal de Belalcázar, en la exaltación
de una manifestación material alusiva a la religión católica, como lo es el monumento a
Cristo Rey.
Que dicha vinculación, a su vez, se hace efectiva, de una parte, (ii)
a través de actos de contenido formal, como es precisamente el reconocimiento
de la importancia cultural y religiosa del aludido monumento; y, de
otra, (iii) mediante acciones materiales en su favor, que pueden
tener repercusiones económicas con cargo a los recursos del Estado, en caso de
ser atendidas por las autoridades comprometidas. Es el caso, precisamente, a)
del llamado que se hace a las Entidades Públicas encargadas de proteger el
patrimonio cultural, y al Ministerio de
Cultura, para participar de la organización, protección y conservación
arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey; b) de la autorización que
se hace al Gobierno Nacional para que contribuya al fomento, promoción,
protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación
que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey; y c) de la autorización
también al Gobierno nacional, al departamento de Caldas y al municipio
de Belalcázar, para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas la
obtención de recursos económicos adicionales destinados al reconocimiento del
monumento a Cristo Rey.
6.7. De
lo dicho se colige, que la Ley 1754 de 2015 busca exaltar
una manifestación material alusiva a la religión católica, el monumento Cristo
Rey, al que se le reconoce un valor religioso y cultural, y en el que se busca
comprometer al Estado
para
contribuir al fomento, promoción, protección, restauración y conservación
arquitectónica del mismo.
6.8. Sobre
esa base, siguiendo
el precedente metodológico fijado por la jurisprudencia constitucional,
encuentra la Corte relevante acudir a la caracterización del  monumento del
Cristo Rey[36], a los
antecedentes legislativos[37]
y al propio contenido de las normas acusadas, a efectos de establecer cuál de
los elementos, el secular o el religioso, fue considerado como el más
importante por el legislador para justificar la expedición de la Ley 1754 de
2015.
6.9.
El monumento a Cristo Rey, que es materia de regulación en la Ley 1754 de
2015, se erige en el municipio de Belalcázar, al sur-occidente del Departamento
de Caldas, sobre la Colina antes conocida como “El alto del Oso”. Dicho
monumento, que también se identifica con el nombre de “Corcovado de Caldas”, fue construido a
iniciativa del presbítero Antonio José Valencia Murillo, “como una plegaria
por la Paz de Colombia, y sobre todo del Occidente del Departamento, tan
golpeado, en esa década, por la violencia partidista”[38], motivada
en los cruentos hechos del 9 de abril de 1948.
6.10. La planeación y construcción del monumento
estuvo a cargo del arquitecto Libardo González y del ingeniero Alfonso Hurtado
Sarria, sobre terrenos donados
por algunas familias de la región. El
monumento, que tuvo un costo de 300.000 pesos, se elaboró en concreto reforzado
y representa la imagen de Jesucristo de Nazaret asentado sobre un pedestal,
dirigiendo su mirada hacia el municipio de Belalcázar. Su construcción duró
seis años, entre 1948 y 1954, siendo inaugurado el día 12 de enero de 1954[39]. Las
circunstancias en que se llevó a cabo la construcción del referido monumento,
es descrita por los historiadores señalando que: “[e]n el empeño de esa
construcción, en el Alto del Oso, iniciada en 1948, se comprometió cada uno de
los belalcazaritas. No fue trabajo de unos cuantos. Se trataba de un panal en
que colaboran hombres, mujeres, jóvenes y niños, en actividades tan
desacostumbradas como subir, en baldes, desde las cañadas, el agua para hacer
la mezcla de la arena y el balasto con el cemento ya que los pueblos de esa
Cuchilla se han caracterizado, desde su fundación, por la escasez de agua
corriente. La subida del agua se hacía por medio de una larga cadena de
personas que se pasaban una a una las pesadas vasijas”.[40]
6.11. En cuanto a las
características de la obra, se destaca que la misma alcanza una altura aproximada
de 45.5 metros, que incluye la imagen del
cristo que tiene 37 metros -equivalente a un edificio de 12 pisos- y el
pedestal que lo soporta que cuenta con una altura de 8.5 metros. Las manos de este Cristo se encuentran abiertas y
extendidas, formando y simulando los brazos de la cruz. Con su mano derecha
señala el sol naciente y con su mano izquierda el sol poniente. En el
primer piso se ubica “la capilla del Señor Caído” y en los pasillos de
los balcones donde están las puertas de ingreso se encuentra grabado el nombre
de su gestor e impulsor en conmemoración a su labor. En su interior cuenta con
163 escalas para su recorrido y espacios amplios donde se puede apreciar el
paisaje. El monumento a Cristo Rey, es el único
de su tipo que permite el acceso por el interior de la estatua, pudiéndose ingresar
a través de un par de escaleras en forma de caracol hasta la cabeza de la misma
y desde allí contemplar el majestuoso paisaje que se erige, el cual también es
posible divisar, incluso, a través de los orificios que conforman los ojos y la
nariz del cristo.
6.12. En el interior, a lo largo de sus diferentes
alturas, se, repite, es posible observar la diversidad de paisajes concurrentes
que ofrece la vista. Desde su cabecera se divisan los nevados del Ruíz, Cisne y
Santa Isabel; así como también territorios de los departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindío y norte del Valle, abarcando la vista desde el Parque
Natural de los Nevados, al oriente, hasta el Parque Natural del Tatamá, al
occidente. Como parte de los referidos territorios, se pueden observar desde la
cabeza del Cristo los municipios de Cartago, La Virginia, Viterbo, San José,
Anserma, Manizales, Palestina, Santuario, Balboa, fuera de caseríos y veredas
de esos y otros municipios. Se observan igualmente los inmensos cafetales de la
zona, y dos ríos que, por la ocurrencia de accidentes naturales acaecidos a
través del tiempo -cataclismos, corren en distintas direcciones. Son estos el
río Cauca que atraviesa el Valle de su mismo nombre y se encañona al salir de
La Virginia, corriendo de sur a norte. Y el río Risaralda que nace por
Mistrató, Belén y Anserma y desemboca en el río Cauca, corriendo de
noroccidente a sur[41].
6.13. La majestuosa vista que ofrece el monumento a Cristo
Rey, ha dado lugar a que el municipio de Belalcázar sea distinguido a nivel
nacional e incluso internacional, con el apelativo de “El balcón del
paisaje”.
6.14. El monumento a Cristo Rey, con sus 45.5 metros,
se constituye además en uno de los más alto del mundo en su género. A nivel
internacional, supera, entre otros: (i) al “Cristo de la
Concordia”, que se erige en una colosal estatua de Jesucristo, ubicada en
el Cerro de San Pedro de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y que alcanza una
altura máxima aproximada de 40.44 metros, incluyendo los 34. 20 metros del
cristo y los 6.24 metros del pedestal; (ii) a la famosa estatua “Cristo
Redentor”, situado a 709 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro del
Corcovado, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el cual tiene una altura de
38 metros, incluido el cristo de 30 metros y el pedestal de 8 metros; y, entre
otros, (iii) la estatua de “Cristo Rey de Swiebodzin”,
situada en Swiebodzin, Polonia, que cuenta con 36 metros, incluyendo su corona
sobrepuesta.
6.15. Atendiendo a su historia y características, el
monumento a Cristo Rey, más que una manifestación religiosa, derivada de su
relación originaria con la fe católica, es en realidad un símbolo de paz y
reconciliación, y una expresión cultural, arquitectónica, histórica y turística
de importancia para el país. Desde ese punto de vista, dicho monumento tiene,
ante todo, un propósito u objetivo secular.
6.16. Como fue explicado, su construcción surgió a la
manera de un proyecto común de los miembros de la sociedad de Belalcázar, y
también de otros sectores de la región cafetera, como reacción a la violencia
partidista que siguió al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Desde esa
perspectiva, dicho monumento es un componente importante de cohesión social, tradición
y memoria colectiva de los habitantes de Belalcázar, y referente de la
identidad de los “belalcazaritas”, hasta el punto de formar parte de sus
símbolos oficiales, pues dicho monumento se encuentra integrado al escudo
oficial del municipio y es también parte de la letra de su himno.
6.17. Se trata, además, de una obra monumental, de
inocultable valor arquitectónico y paisajístico con un gran significado
cultural, histórico y turístico. Desde sus contornos, es posible apreciar y
conocer aspectos de la cultura regional y disfrutar de los encantos que ofrece
la naturaleza. Se constituye, así, en una expresión turística y cultural que
lleva más de 60 años de desarrollo y que ha requerido de una infraestructura
vial, hotelera y de atención en beneficio de los pobladores de la región y de
los turistas nacionales y extranjeros.
6.18. El
Monumento a Cristo Rey es, entonces, un símbolo para los habitantes del
municipio de Belalcázar, y para muchos colombianos y extranjeros, quienes
escogen este sitio no solo como lugar de peregrinación, sino también y
principalmente como destino turístico. Desde ese punto de vista, el mencionado
monumento, durante sus más de 60 años de desarrollo como expresión turística y
cultural, se ha convertido en un bien de uso público, respecto del cual surge
la necesidad de brindarle protección estatal.
6.19. Los aspectos descritos, fueron considerados
en el curso del trámite legislativo del proyecto que
dio paso a la Ley 1754 de 2015. Ciertamente,  aun cuando en el curso de los
debates se hizo evidente el elemento religioso, también se destacaron elementos
seculares asociados a la importancia del monumento de Cristo Rey como símbolo de paz y reconciliación, y como expresión cultural, arquitectónica y turística.
6.20. Así, en la
exposición de motivos del proyecto que dio paso a la expedición de la Ley 1754
de 2015, y en los informes de ponencia que se presentaron a lo largo de los
cuatro debates se destaca[42],
como fundamento constitucional del proyecto, la obligación impuesta al Estado
de proteger el patrimonio cultural. Al respecto, se menciona: “[e]l
artículo 72 de la Constitución Política señala que el patrimonio
cultural de la Nación está bajo la protección del Estado y que los
bienes culturales conforman la identidad nacional, la cual pertenece a la
Nación”.
A continuación, tanto en la exposición de motivos como en los distintos
informes de ponencia, se hace referencia al objetivo del proyecto, señalando
que “[l]a iniciativa busca reconocer la importancia religiosa y cultural del
monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, Caldas, y
autoriza al Gobierno Nacional para contribuir al fomento, promoción,
protección, restauración y conservación arquitectónica del mismo”. Más
adelante se realiza un relato de la historia, características e importancia del
monumento a Cristo Rey -a lo que ya se ha hecho referencia-, destacando, entre
otros aspectos, que: (i) el “monumento
fue levantado como un símbolo de paz, en una actitud de protección y súplica
religiosa por motivo de la cruda violencia que azotó la región a mediados del
siglo XX”; (ii) que “[l]a construcción inició en el año de 1948, concluyendo en
1954”; (iii) que “es el
más grande del mundo, (…) [con] una altura de 45,5 metros”; y (iv)
que desde su cabecera a la cual se ingresa por unas escaleras en forma de
caracol, puede “observarse un majestuoso paisaje conformado por los
municipios de La Virginia, Viterbo, Santuario, Balboa, Anserma, Palestina,
Manizales, El Águila, Cartago y Anserma Nuevo, los nevados del Ruiz, Cisne y
Santa Isabel, así como los Ríos del Cauca y Risaralda que corren en sentido
inverso”. Para finalmente concluirse en los
referidos textos que se trata de un monumento “visitado
por muchas personas con fines religiosos y siendo hoy signo de paz y sus brazos
abiertos son una llamada a la reconciliación por una Colombia en paz”, el
cual “[r]eviste además un significado cultural, propio de la identidad de
los belalcazaritas, ya que la imagen de Cristo Rey hace parte del escudo
del municipio”. (Negrillas fuera de texto).
6.21.
Los elementos tenidos en cuenta durante el proceso de adopción de la Ley 1765
de 2015, son coincidentes con las consecuencias que se derivan de la
caracterización del monumento a Cristo Rey, en el sentido de considerar que el
mismo hace parte de la historia del municipio de Belalcázar y de la tradición,
memoria colectiva e identidad de los “belalcazaritas”. Atendiendo a la
importancia reconocida a dicho monumento, el propósito del legislador para
expedir la citada ley no fue la de favorecer la religión católica, sino
proteger y promover la conservación de la obra y evitar su deterioro, tomando
en consideración que se trata de una obra civil de interés cultural, histórico,
arquitectónico y turístico.
6.22.
El monumento a Cristo Rey, por sus características y destinación, permite que
las personas y turistas, independientemente de cual sea la religión que estos
profesen y sin ningún tipo de restricción relacionada con el credo católico,
hagan uso del mismo y puedan disfrutar de los beneficios culturales y
paisajísticos que ofrece. En ese sentido, coincidiendo con lo manifestado por algunos
de los intervinientes, es posible que seguidores de todos los cultos, sean
ellos, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, ateos o agnósticos, tengan acceso
libre al monumento y puedan disfrutar, desde una perspectiva secular, de sus
ventajas turísticas y culturales.
6.23.
La importancia cultural del monumento, como criterio definitorio en la decisión
del legislador para expedir la Ley 1754 de 2015, surge también del propio
cuerpo normativo del citado ordenamiento, pues es claro que la mayoría de las
medidas allí adoptadas se centran, precisamente, en la trascendencia e
importancia cultural del mismo. En efecto, sobre la base de reconocer su
importancia, específicamente a nivel cultural, el artículo segundo, se
refiere a la “organización, protección y conservación arquitectónica e
institucional del monumento a Cristo Rey”, responsabilizando de dichas
funciones, precisamente, a las Entidades Públicas encargadas de proteger el
patrimonio cultural. Del mismo modo, la autorización que el Congreso le
reconoce al Gobierno en el artículo tercero, es, exclusivamente,  para
que “contribuya al fomento, promoción, protección, conservación,
restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el
reconocimiento del monumento a Cristo Rey”. Y en plena correspondencia con
ello, la otra autorización del Congreso al Gobierno Nacional, al Departamento
de Caldas y al Municipio de Belalcázar,  es para impulsar y apoyar ante otras
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de
recursos económicos adicionales con destino al  objeto de la ley, es decir, a
la organización,
protección y conservación arquitectónica del monumento a Cristo Rey.
6.24. Como ya ha
sido señalado, de conformidad con la Constitución Política, el Estado, a través
del Congreso y el Gobierno, se encuentran comprometidos con la salvaguarda de
las manifestaciones culturales, compromiso que incluye la posibilidad de
adoptar medidas de financiación para su fomento, apoyo y promoción. El conjunto de disposiciones constitucionales, que conforman
la llamada “Constitución Cultural”, lideradas por el mandato expreso
contenido en el artículo 72 Superior, no dejan duda que la promoción de la
cultura y la protección de las manifestaciones culturales y del patrimonio
cultural de la Nación, tiene especial relevancia, “en tanto que éste constituye
un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias
o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus
límites y dimensiones[43]”, para lo cual, “la salvaguarda
estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después
de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad
de un grupo social en un momento histórico”[44].
6.25. En oportunidades diversas, la Corte ha resaltado, no sólo la
importancia del régimen constitucional de protección a las manifestaciones
culturales, “sino también  la  obligación que asiste a todos, y en particular
al Estado, de asegurar la conservación y recuperación de los bienes que
conforman dicho patrimonio cultural y arqueológico”[45].
Ha recordado este Tribunal que, para tales efectos, es la propia Carta Política
la que le impone al Estado el deber de proteger el patrimonio cultural de la
Nación (C.P. art. 72).[46]
6.26.
Lo dicho permite concluir, entonces, que con la expedición de la Ley 1754 de
2015, no se vulneraron los principios de laicidad, neutralidad y pluralidad
religiosa, así como tampoco la igualdad de derecho de todas las
confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico (C.P.
arts. 2, 13 y 19).
6.27.
La Ley 1754 de 2015, al reconocer la importancia cultural al monumento de
Cristo Rey, no está buscando adoptar una religión o iglesia como oficial. Tampoco
persigue identificar al Estado colombiano con la religión católica, ni realizar
actos oficiales de adhesión a dicho credo. Como ha sido explicado, la decisión
de reconocerle importancia al monumento a Cristo Rey, no tiene como finalidad exaltar
una religión, pues su objetivo principal se orienta a promover la conservación
del monumento y a impedir su deterioro, teniendo en cuenta que se trata de una
obra civil de importancia cultural, histórica, arquitectónica y turística. De
igual manera, no tiene como propósito promover la religión católica, puesto que,
no obstante que el monumento representa una figura propia del catolicísimo, este
tiene una importancia mayor que va más allá de las consideraciones religiosas,
como su impacto cultural, materializado, a su vez,  se repite, en su
importancia arquitectónica, histórica, turística e incluso económica, lo cual
muestra de manera consistente y suficiente, que el criterio secular es el
predominante.
6.28. Conforme con
ello, y acorde con lo expuesto, frente a las medidas legislativas de la citada
ley, se advierte también que las mismas están dirigidas a salvaguardar una manifestación cultural, social,
arquitectónica e histórica, el monumento a Cristo Rey, que no obstante su
connotación religiosa, es su razón principal, siendo el criterio secular el
predominante, el cual es a su vez verificable, consistente y suficiente.
En efecto, aun cuando las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 1015, tienen un
impacto religioso, este, además de no ser primordial, se convalida en el
propósito de conseguir y alcanzar  un objetivo constitucionalmente relevante
como lo es la protección del patrimonio cultural.
6.29.
Finalmente, en cuanto a las medidas de autorización al Gobierno Nacional y
regional del Departamento de Caldas, para incluir partidas dirigidas a
contribuir a la financiación de las medidas de fomento, promoción y protección,
restauración y conservación arquitectónica del monumento a Cristo Rey, las
mismas se ajusta estrictamente a los criterios definidos por la jurisprudencia
constitucional, en el sentido que el Estado, por intermedio del Congreso y el
Gobierno, se encuentra comprometido con la salvaguarda de las manifestaciones
culturales, compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de
financiación para su fomento, apoyo y promoción. Ahora bien, según se ha
explicado, en lo que respecta a la Competencia del Congreso en la materia, la
misma se limita a la autorización del gasto público mediante ley, correspondiendo
al Gobierno (Nacional y regional) la decisión de incorporar, si así lo
considera, la respectiva partida presupuestal, siendo este el contexto en que
quedaron definidas las medidas de gasto público contenidas en la Ley 1754 de
2015.
6.30.
En el entendido que es la importancia cultural del monumento de Cristo Rey, el
criterio predominante de las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, razón
por la cual considera la Corte que las mismas se ajustan a la Constitución
Política, la declaración expresa que hace el legislador sobre la importancia religiosa
del referido monumento, en el título de la citada ley y en su artículo 1°,
resulta entonces inconstitucional por quebrantar la neutralidad del Estado
Colombiano.
6.31. En efecto,
según quedo explicado, la Sala pudo establecer que las medidas contenidas en la
ley bajo estudio, en favor del monumento al Cristo Rey, fueron adoptadas, predominantemente,
en virtud de su componente secular, materializado en la importancia
cultural, social, arquitectónica e histórica que el mismo representa. Siendo
ello así, expresiones normativas que en alguna medida impliquen destacar el
componente religioso del monumento, generan equívocos en torno a una posible
identificación formal o explicita con un determinado credo (la religión
católica), lo que sin duda afecta el carácter laico y pluralista del Estado
colombiano.
6.32.
Por las razones expuestas, la Corte procederá a declarar la exequibilidad de la
Ley 1754 de 2015, únicamente por los cargos generales analizados en esta
sentencia, salvo las expresiones “religiosa y” y “y religiosa” contenidas
en el título y en el artículo 1° de la citada ley, respectivamente, que se
declararan inexequibles.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLE la
Ley 1754 de 2015, únicamente por los cargos generales analizados en esta
sentencia, salvo las expresiones “y religiosa” y “religiosa y”
contenidas en el título y en el artículo 1° de la ley, respectivamente, que se
declaran INEXEQUIBLES.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con
aclaración de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
salvamento de voto
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
Con
aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con
permiso
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-570/16
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Exequibilidad
debió predicarse de la Ley en su conjunto por su indiscutible componente
secular derivado de la tradición histórica y
cultural (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE IGUALDAD ANTE LA LEY-Límite de la interferencia estatal
respecto a las creencias de los ciudadanos (Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE
NEUTRALIDAD DEL ESTADO-No puede adoptar una creencia religiosa especial
(Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO-Relaciones
entre el Estado y los ciudadanos en el ámbito de la libertad religiosa
(Salvamento de voto)
LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS-Jurisprudencia constitucional
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO FRENTE A LAS RELIGIONES-Privilegio de la
religión católica no justifica que se desconozca la influencia cultural y
turística que refuerza el desarrollo
económico (Salvamento de voto)
DERECHO
A LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Deber estatal de proteger a
iglesias y confesiones religiosas y facilitar su participación en la
consecución del bien común (Salvamento de voto)
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Ejercicio
pluralista de la libertad religiosa (Salvamento de voto)
CONFERENCIA
IBEROAMERICANA DE CULTURA-Importancia creciente del sector
cultural como factor de desarrollo sustentable y generador de empleo de primer
orden (Salvamento de voto)
CONVENIO
106 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL DESCANSO SEMANAL-Ámbito
de protección a la cultura, tradiciones y costumbres religiosas (Salvamento de
voto)
MANIFESTACIONES
SOCIALES-Componente
religioso y cultural (Salvamento de voto)
ESTADO-Carácter
pluralista (Salvamento de voto)
TRADICIONES
CULTURALES-Si bien tienen un contenido religioso, no se agotan
o limitan en éste (Salvamento de voto)/TRADICIONES CULTURALES-No vulneran
el principio de neutralidad estatal que rige las relaciones iglesia-estado
dentro de un Estado laico (Salvamento de voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA-Estado debe propender hacia la
coexistencia de cultos (Salvamento de voto)
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Inexequibilidad
niega implícitamente el deber de cooperación, asistencia y soporte del Estado y
encierra una forma de discriminación negativa (Salvamento de voto)
TRATO
DIFERENCIADO EN EL LENGUAJE DE LAS NORMAS O PRACTICAS INSTITUCIONALES O
SOCIALES CONTRARIO A LA DIGNIDAD HUMANA Y LA IGUALDAD-Criterios
sospechosos (Salvamento de voto)/CRITERIOS SOSPECHOSOS-Referente
histórico para subvalorar o poner en desventaja a ciertas personas o grupos
(Salvamento de voto)/CRITERIOS SOSPECHOSOS-Definición (Salvamento de
voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA-Expresión cultural (Salvamento de voto)/DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA-Protegida por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos
(Salvamento de voto)
LIBERTAD
RELIGIOSA-Expresión
mediante manifestaciones colectivas constituye un derecho humano como garantía
integral y válida de su ejercicio en el marco de un Estado Democrático
(Salvamento de voto)
LEY
ESTATUTARIA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA-Alcance
(Salvamento de voto)
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Exclusión de la
palabra "religiosa" atenta contra la dignidad humana configurándose
en un criterio sospechoso de discriminación y limitando las expresiones
culturales tradicionales e históricas (Salvamento de voto)/LEY QUE RECONOCE
LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE
BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Atenta contra la Ley Estatutaria de la
Libertad Religiosa (Salvamento de voto)/LEY ESTATUTARIA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA-Proscribe la discriminación por motivos de sexo, raza, origen,
nacionalidad, lengua, religión, opinión, política o filosófica (Salvamento de
voto)
EXPRESION
RELIGIOSA-Ejercida
de forma colectiva o individual es un derecho y una garantía inherente al ser
humano y no debe ser limitada por las leyes promulgadas por los Estados
(Salvamento de voto)
LEY
QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-No desconoce la
libertad religiosa dado que no limita ni excluye el desarrollo de las
manifestaciones de otras religiones o creencias (Salvamento de voto)
Referencia: Expedientes
D-11320 y d-11327. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1o
y la totalidad de la Ley 1754 de 2015, "por la cual se reconoce la
importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de
Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones".
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Discrepo parcialmente de la decisión de
la mayoría que declaró exequible la Ley 1754 de 2015 e inexequible la palabra "religiosa",
por
cuanto el reconocimiento de la "importancia religiosa" del monumento
a Cristo Rey en Belalcázar, municipio del departamento de Caldas, a no dudarlo,
se deriva de la tradición histórica y cultural de esta población, cuyo indiscutible
componente secular se resalta ampliamente en la sentencia. Estas particulares
circunstancias me llevan a sostener que, en este caso, la exequibilidad ha
debido predicarse de la Ley 1754 de 2015 en su conjunto.
Lo cierto es que frente a decisiones análogas
a la presente he considerado que la Corte ha asumido una posición radical que
desconoce la realidad de diversas motivaciones o incidencias sociales que si
bien pueden tener orígenes religiosos no por ello dejan de revestir innegables
implicaciones de otro tipo que en modo alguno se pueden dejar de reconocer y
proteger. En ese sentido he discrepado de lo decidido por la Corte en las
sentencias C-766 de 22 de septiembre de 2010[47], C-948 de 4 de
diciembre de 2014[48], C-960 de 10 de diciembre de 2014, C-091
de 2015 y C-224 de 2016[49]' en las que esta Corporación, se
pronunció sobre temas coincidentes, por lo que seguidamente, reitero el
criterio, esbozado en las oportunidades señaladas.
"En efecto,
considero que el límite de la interferencia estatal respecto a las creencias de
los ciudadanos, está relacionado con el principio de igualdad ante la ley, lo
que le impone al Estado el acogimiento de una posición neutral, a menos que la
exteriorización ocasione algún tipo de daño al orden, a la moral pública y/o a terceros.
Dentro de este contexto el Estado no puede adoptar una creencia religiosa
especial, por consiguiente, la forma en que deben transitar las relaciones
entre el Estado y los ciudadanos, en el ámbito de la libertad religiosa[50],
deben fundarse en el principio de la neutralidad del Estado, pero, dejando
claro que frente a las actividades de tipo religioso, no se puede ignorar o
abandonar lo que ellas representan en el ámbito de la realidad social, menos
aún, cuando esa incidencia redunda positivamente en la vida cultural y
económica de la comunidad. Una perspectiva semejante a la expresada fue acogida
por esta Corporación en las sentencias C-568[51] de 1995 y C-088[52] de 1996, las
cuales incorporan en sus motivaciones, en lo pertinente, estas
reflexiones":
"En relación
con el inciso que establece que el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente
ante los sentimientos religiosos de los colombianos, es preciso señalar que
ello significa que el Estado no profesa ninguna religión, tal como lo consagra
el inciso primero del artículo, y que su única interpretación válida es la de
que todas las creencias de las personas son respetadas por el Estado,
cualquiera sea el sentido en que se expresen o manifiesten, y que el hecho de
que no sea indiferente ante los distintos sentimientos religiosos se refiere a
que pueden existir relaciones de cooperación con todas las iglesias y
confesiones religiosas por la trascendencia inherente a ellas mismas, siempre
que tales relaciones se desarrollen dentro de la igualdad garantizada por el
Estatuto Superior. "
La voluntad del Legislador expresada en
la presente ley y en sus homologas, "denota una realidad innegable,
constituida por la incidencia trascendental que tiene el factor religioso en la
vida actual, y detenerse a mirarlo como un privilegio a la religión católica,
invocando el principio de neutralidad del Estado frente a las religiones, no
justifica que se desconozca, la marcada influencia cultural y turística que
refuerza el desarrollo económico, entorno a la celebración" de estos
eventos culturales y religiosos.
"A mi modo de ver, el Estado, debe
ser un garante imparcial de la práctica de las creencias religiosas, sobre la
base de valores y principios universales, en defensa de los derechos humanos,
la democracia, la educación, la solidaridad y el desarrollo socio-económico,
por cuanto ello es una respuesta al deber estatal de proteger a las iglesias y
confesiones religiosas y de facilitar la participación de todas en la
consecución del bien común, como lo establece el artículo 2o de la
Ley 133 de 1994, estatutaria del derecho de libertad religiosa y de
cultos".
"Ciertamente, la transformación del
Estado Liberal en un Estado Social y Democrático de Derecho, ha hecho cada vez
más necesario que este transite de una actitud de total indiferencia hacia el
fenómeno religioso, a una cooperación con los individuos y las comunidades para
facilitarles el ejercicio pluralista de su libertad religiosa, como base de un
ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto que esta se configura
como marco de una convivencia humana justa y pacífica. Tal actitud 'vendría
exigida por la dimensión objetiva de todo derecho fundamental que obliga a los
poderes públicos a optimizar las condiciones del ejercicio de la libertad
religiosa'[53]".
En este punto, es
"necesario resaltar la importancia creciente del sector cultural como
factor de desarrollo sustentable y generador de empleo de primer orden, tal y
como se declaró en la VII Conferencia Iberoamericana de Cultura, realizada en
Cochabamba, Bolivia en el mes de octubre de 2003. Allí hubo una participación
activa del Ministerio de Cultura de Colombia y se dejó sentado que: 'En Iberoamérica,
complejos procesos de exclusión generaron formas de coexistencia que aún
mantienen estructuras nacionales inequitativas. Este es el origen de varias de
las situaciones actuales que mantienen en la pobreza y marginalidad a una
significativa parte de las poblaciones iberoamericanas''. Por consiguiente,
todos los gobiernos en Iberoamérica se comprometieron a impulsar la inclusión
en procura de encaminar soluciones a tales problemáticas, desde el campo de la
cultura frente a da imperiosa necesidad de elevar de manera sustantiva
la contribución de las políticas culturales a la generación de condiciones de
mayor integración social. La diversidad cultural, en el marco del respeto de
los derechos humanos, es clave para garantizar la cohesión social, la
democracia, la justicia social y la paz, como valores fundamentales para la
construcción de la Comunidad Iberoamericana. El reconocimiento de la validez y
legitimidad de patrones culturales múltiples, nos lleva a afirmar que
sociedades incluyentes requieren del desarrollo de la persona y de la
construcción ciudadana y multifacética de sentidos colectivos. En este
contexto, la relación entre cultura y economía como una aproximación necesaria
del reconocimiento de la diversidad cultural, favorece la competitividad y la
inclusión social en nuestros países. De esta manera, también se hace efectivo el
reconocimiento concreto y formal de las condiciones de multiculturalidad,
multietnicidad y plurilingüismo vigentes en la mayoría de nuestros
países'".
"En el mismo
sentido se encuentra ampliado el ámbito de protección a la cultura, tradiciones
y costumbres religiosas en el Convenio 106 de la Organización Internacional del
Trabajo, ratificado por Colombia sobre el descanso semanal (comercio y
oficinas), el cual instituye en los numerales 3 y 4 del artículo 6 que: "3.El
período de descanso semanal 'coincidirá, siempre que sea posible, con el día de
la semana consagrado al descanso por la tradición o las costumbres del país o
de la región " y "4. Las tradiciones y las costumbres
de las minorías religiosas serán respetadas, siempre que sea posible'".
"A mi juicio, si bien en estas
manifestaciones sociales el componente religioso existe, está presente y puede
ser muy importante, como se mencionó, no por ello, se torna nugatorio el
elemento cultural que gravita en torno a las mismas y que le impregna unidad,
cohesión e identidad a la comunidad respectiva, realidad, en este caso más que
centenaria, que el Estado no puede desconocer y que, por el contrario, le
impone el deber de preservar, máxime si se tiene en cuenta su repercusión
turística que genera tantos beneficios, incluidos los económicos, para el
desarrollo de un municipio y sus habitantes, en general.
Considero que el carácter pluralista del
Estado colombiano, consagrado en el artículo 1o
de la Constitución Política, implica asumir una posición tolerante y respetuosa
de las tradiciones culturales de una población, que si bien tienen un contenido
religioso, no se agotan o limitan en éste, razón por la cual no constituyen
fuente de vulneración del principio de neutralidad estatal que rige las
relaciones iglesia-estado dentro de un Estado laico.[54]
En tratándose del ejercicio del derecho a
la libertad religiosa, el Estado debe propender hacia la coexistencia de
cultos, por lo tanto,1 la declaratoria de inexequibilidad de
precepto demandado niega implícitamente el deber de cooperación, asistencia y
soporte que tiene el Estado y además encierra una forma de discriminación
negativa".
Cualquier trato diferenciado, que se
presente en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o
sociales y que resulte contrario a los valores constitucionales de la dignidad
humana y la igualdad, en tanto impone una carga no exigible jurídica ni
moralmente a la persona, son motivos o criterios utilizados para efectuar actos
discriminatorios, los cuales han sido denominados por esta Corporación como
"sospechosos", en la medida que han sido el referente histórico para
subvalorar o poner en desventaja a ciertas personas o grupos. Sobre el
particular, en la sentencia C-371 de 2000 se dijo:
Los criterios
sospechosos son, en últimas, categorías que:
(ii)
Se fundan en rasgos permanentes de las personas, de
las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su
identidad.
(i)     Han estado
sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas.
(iii) No constituyen, per se, criterios
con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional
y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales.
El derecho a la libertad religiosa como
expresión cultural, es una categoría protegida por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos
humanos que señalan:
>
Declaración Universal de Derechos Humanos.
"Artículo
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
A mi juicio, es
claro que la expresión de la libertad religiosa, mediante manifestaciones
colectivas constituye un derecho humano, ello es una garantía integral y válida
de su ejercicio en el marco de un Estado Democrático.
>      Convención Americana
Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, Costa Rica del 7 al 22 de
noviembre de 1969. // PARTE I -Deberes de Los Estados y Derechos Protegidos. //
Capítulo I -Enumeración de Deberes.
"Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es
todo ser humano”.
"Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a)    permitir a alguno
de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor
medida que la prevista en ella;
b)     limitar el
goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c)      excluir otros derechos
y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno, y
d)
excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza ".
En el derecho interno, la Ley 133 de
1994, estatutaria de la Libertad Religiosa en su artículo 2, establece que "el Estado
no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los
colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así
como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de
éstas y aquellas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá
relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones
religiosas existentes en la sociedad colombiana”.
Partiendo del contenido de los precepto
convencionales, y fundamentado en una interpretación del principio pro homine, en mi criterio,
la exclusión de la palabra "religiosa" de la ley demandada, por el
hecho de su significación, atenta contra la dignidad humana, porque desecha el
valor del elemento religioso en las costumbres y culturas de un pueblo,
configurándose con claridad un criterio sospechoso de discriminación y
limitando las expresiones culturales tradicionales e históricas de sus
habitantes, lo cual, atenta además, contra el artículo 13 constitucional y la
Ley Estatutaria de Libertad Religiosa, normativa que proscribe la
discriminación, por motivos de sexo, raza, origen, nacionalidad familiar,
lengua, religión, opinión, política o filosófica.
La expresión religiosa, ejercida de forma
colectiva o individual es un derecho y una garantía inherente al ser humano,
por lo que nunca deber ser limitada por las leyes promulgadas por los Estados.
Si ello ocurre como en el caso que nos
ocupa, deviene en un incumplimiento de "los compromisos internacionales
adquiridos por Colombia, entre otros, en la Declaración sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las
convicciones, la cual establece, en su artículo 3o:
Ha
discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones
constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de
la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales
de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y
pacíficas entre las naciones'".
Es innegable que el factor religioso,
generalmente es una parte muy importante de la vida de los conglomerados
sociales por ser inherente a la persona humana, fortaleciendo además los
aspectos culturales, turísticos y económicos de los pueblos, y constituyendo
una de las expresiones del pluralismo protegido por el régimen constitucional
colombiano.
La protección al elemento religioso que promulga
el Estado Colombiano abarca el ámbito privado, y de forma especial el ámbito
colectivo en cumplimiento de la obligación Estatal de la consecución del bien
común, a través de la protección e impulso de la cultura, el turismo y el
desarrollo socio-económico de la Nación, que para estos casos, está
inmutablemente ligado al factor religioso.
"Por las razones esbozadas, en mi
criterio, la diversidad cultural y el diálogo interreligioso ajustado a los
valores y preceptos constitucionales es una condición esencial para el
desarrollo de una sociedad caracterizada por la integración con pleno respeto
de sus derechos humanos, puesto que ello claramente ayuda a establecer los
vínculos y bases comunes entre las distintas culturas, fomentando la
interacción, la comprensión y la cohesión social, borrando fronteras y
prejuicios religiosos y culturales, lo que requiere el apoyo del poder público
en ese sentido y así avanzar hacia una sociedad más democrática y plural".
Así es dable llegar a la conclusión de
que el precepto demandado no contraría la constitución, por cuanto no desconoce
la libertad religiosa dado que su contenido no limita, ni excluye el desarrollo
de las manifestaciones de otras religiones o creencias.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA
SENTENCIA C-570 de 2016
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE
LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY
DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Discrepancia en la forma como se
reconstruye la jurisprudencia reciente, en torno a la constitucionalidad de
normas legales que autorizan asignar recursos públicos a manifestaciones
culturales con referentes religiosos (Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE
LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY
DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Lo que hace la sentencia C-570/16 es
enunciar principios distintos a los unificados en la sentencia C-567/16, pero
en realidad no los tiene en cuenta a la hora de resolver el problema de fondo
(Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE
LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY
DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-La sentencia aplica otros criterios
que, expresamente, no menciona dentro de sus consideraciones (Aclaración
de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE
LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY
DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-La sentencia C-570/16 se trata de un
claro caso en el cual el alcance de la decisión no puede definirse con arreglo
a los principios que enuncia explícitamente dentro de la parte motiva, sino que
debe determinarse con fundamento en el caso y la decisión adoptada, leídos en
el marco de la jurisprudencia antecedente, y en especial de la sentencia
C-567/16 (Aclaración de voto)
Referencia:
Expedientes D-11320 y D-11327
Asunto:
Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 1º y la totalidad
de la Ley 1754 de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia
religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar,
en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Paula Andrea Sánchez Camargo
Cristian Julián Carreño Piragauta
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Suscribo
esta decisión, pero aclaro el voto con el debido respeto por cuanto discrepo de
la forma como se reconstruye la jurisprudencia reciente, en torno a la
constitucionalidad de normas legales que autorizan asignar recursos públicos a
manifestaciones culturales con referentes religiosos.
1.
La sentencia C-570 de 2016, respecto de la cual aclaro el voto, señala que el
Estado solo puede subvencionar, con recursos públicos, manifestaciones
culturales con connotaciones religiosas cuando, entre otros requisitos, se pueda identificar un “criterio secular
principal o predominantemente”, el cual debe ser verificable, consistente y
suficiente, si además el elemento religioso es “meramente anecdótico o
accidental”
en el telos de la exaltación.
Sin embargo, en la sentencia C-567 de 2016, esta Corte había resuelto
precisamente enunciar los principios de modo distinto. Sostuvo que no era
indispensable que el motivo secular fuera “principal o predominante”, ni
resultaba tampoco preciso que el aspecto religioso fuera “anecdótico o
accidental”. Bastaría entonces –según la sentencia C-567 de 2016- con que
la justificación secular sea “importante, verificable,
consistente y suficiente”, así no sea principal o predominante, y
aunque el elemento religioso no sea puramente anecdótico o incidental. En la
sentencia C-567 de 2016, la Corte resaltó lo siguiente sobre el particular:
“como se advirtió, hay ciertas diferencias terminológicas,
conceptuales, metodológicas y prácticas en torno al último criterio planteado
en la sentencia C-152 de 2003, toda vez que según este “6) las
connotaciones religiosas constitucionalmente prohibidas son las que tienen
ciertas características: son únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una
determinada confesión o religión. […]”. En efecto, las sentencias C-766 de 2010, C-817
de 2011, C-224 de 2016 y C-441 de 2016 han señalado que cuando una ley autorice
la financiación pública de bienes o manifestaciones conexas a lo religioso,
puede considerarse inconstitucional pese a que la connotación religiosa no sea
única y necesaria sino concurrente con motivos seculares, en la medida en que
estos sean accesorios o incidentales, y no principales. En otras palabras, la
connotación secular de la medida no puede tener cualquier peso sino que este
debe ser decisivo.
[…] Esto es conceptualmente diferenciable de la exigencia
jurisprudencial de que la connotación secular deba ser principal en las
leyes asociadas positivamente al hecho religioso. Este último criterio
planteaba, sin embargo, exigencias excesivas al legislador para proteger el
patrimonio cultural, pues no solo se limitaba a exigir que el elemento secular
fuera principal o protagónico, sino que además esto suponía lógica y
necesariamente que el elemento religioso debía ser “meramente anecdótico o accidental”, y
de hecho llevó a la Corte a sostener que “no
resulta razonable la promoción y protección del patrimonio cultural, o
cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos que sean
asociados predominantemente con alguna confesión religiosa” (C-766 de 2010), con lo cual se eliminaba en
la práctica un amplio rango de medidas de salvaguardia sobre el patrimonio
cultural inmaterial de religiones vivas. Un criterio semejante no se aplica, en
términos generales, en buenas prácticas comparadas de laicismo. […]
29. En consecuencia, este requisito creado por la
jurisprudencia debe unificarse en términos que, equilibradamente, garanticen un
respeto estricto por los principios constitucionales de laicidad del Estado,
sin desproteger injustificadamente el patrimonio cultural inmaterial legado por
la práctica religiosa de las comunidades nacionales. El otro elemento del test
en estos casos sería entonces que 6) la medida controlada tenga una
justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente. El
que sea ‘importante’ implica que deben poder ofrecerse razones para justificar
esa valoración a la luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de
esas razones debe ser además ‘verificable’, y ha de ser entonces posible
controlar razonablemente los hechos y motivos que soportan la valoración de la
medida. La importancia de la justificación secular debe ser también
‘consistente’, lo cual indica que no puede ser contradictoria, puramente
especulativa o desprovista de fuerza. Finalmente, debe tratarse de una
justificación secular ‘suficiente’ para derrotar los efectos de la incidencia
que tienen estas medidas en el principio de laicidad del Estado. La suficiencia
viene determinada por el principio de proporcionalidad, y así la medida debe
entonces ser idónea para alcanzar el fin secular que persigue, pero además
necesaria y proporcional en sentido estricto. […]”
2.
Pese a esto, la sentencia C-570 de 2016 parece plantear los principios
constitucionales relevantes en un lenguaje distinto, con una carga semántica
también diferente, que habría de suponer entonces un apartamiento de la
jurisprudencia unificada en la sentencia C-567 de 2016. Dice, sin exponer
razones para departir de la unificación, que para subvencionar con recursos
públicos una manifestación con connotaciones religiosas, debe haber una
motivación secular “principal o predominante”, y que el aspecto
religioso debe ser “meramente anecdótico o accidental”. Esta variación
injustificada de criterios en tan poco tiempo es por sí misma problemática,
pues erosiona la seguridad jurídica y la confianza legítima. Sin embargo, es
aún más llamativo que tras enunciar estos criterios, luego la sentencia C-570
de 2016 en realidad se abstenga de aplicarlos. En este caso, la connotación
secular no predominaba sobre la religiosa, ni la religiosa era puramente
anecdótica o accidental. Por el contrario, el monumento a Cristo Rey es una
construcción que exalta de manera majestuosa un símbolo religioso, y es al
tiempo portadora de valores culturales, además de que propicia el turismo y
promueve la economía. No es posible decir que el aspecto religioso de Cristo
Rey sea puramente accidental. El componente secular y el religioso tienen rol
co-protagónico, de importancia equivalente. Luego, si se hubiera evaluado
conforme a los criterios de esta sentencia, la norma demandada habría tenido que
juzgarse contraria a la Constitución. Pero el resultado fue distinto, lo cual
significa que pese a enunciar esos criterios, luego la sentencia no los aplicó.
¿Cuáles decidió aplicar entonces?
3.
La norma era ciertamente exequible conforme a los criterios constitucionales
fijados en la sentencia C-567 de 2016. El elemento secular quizás no era
predominante, ni el religioso era anecdótico o accidental. Pero la
justificación secular sí era importante, verificable, consistente y suficiente,
y según la sentencia C-567 de 2016 esto era suficiente para superar, en lo
pertinente, el test de constitucionalidad. Lo que hace la sentencia C-570 de
2016 es entonces enunciar principios distintos de los unificados en la
sentencia C-567 de 2016, pero en realidad no los tiene en cuenta a la hora de
resolver el problema de fondo. En contraste, aplica precisamente otros
criterios que, expresamente, no menciona dentro de sus consideraciones. Se
trata entonces de un claro caso en el cual el alcance de la decisión no puede definirse
con arreglo a los principios que enuncia explícitamente dentro de la parte
motiva, sino que debe determinarse con fundamento en el caso y la decisión
adoptada, leídos en el marco de la jurisprudencia antecedente, y en especial de
la sentencia C-567 de 2016.[55]
Por
estos motivos, decidí aclarar el voto.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-570/16
Referencia: Expediente D-l
1320 y D-l 1327
Asunto:
Demandas
de inconstitucionalidad contra el artículo 1o y la totalidad de la
Ley 1754 de 2015 "Por la cual se reconoce la importancia religiosa
y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el
departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones ".
Demandantes:
Paula Andrea Sánchez Camargo Cristian Julián Carreño
Piragauta
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
En el presente caso, la Corte debía
establecer si las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, vulneran los
principios constitucionales de laicidad y pluralismo religioso y la igualdad de
derechos de todas las confesiones religiosas contenidos en los artículos 1, 19
y 13 de la Constitución.
En el caso
concreto la Corte debió analizar:
(i)   El modelo de
Estado laico que impera en Colombia y los criterios fijados en la
jurisprudencia constitucional frente a la facultad del Congreso para expedir
leyes que exalten y promuevan bienes a los que les reconozcan un valor
cultural, histórico, turístico y arquitectónico en donde converja y confluya
elementos religiosos;
(ii) La facultad del
Congreso de autorizar gasto público en leyes que exalten y promuevan bienes a
los que se les reconozcan un valor cultural y que al mismo tiempo tengan un
contenido religioso; y
iii) Evaluar con
base en esto la constitucionalidad de la norma bajo revisión.
Esta Corporación al realizar el recorrido
jurisprudencial en este tipo de leyes evidenció que Colombia al ser un Estado
laico, basado en la libertad religiosa y en la igualdad de trato en materia
confesional, no puede en principio adoptar medidas legislativas que consagren
tratamientos más favorables o perjudiciales a una religión. No obstante,
existen casos en donde las manifestaciones religiosas que, por las trazas
culturales, sociales e históricas que las prácticas confesionales han dejado
con el paso del tiempo, merecen ser apoyadas por el Estado. Lo anterior cuando
se constate que la connotación social, cultural, histórica, económica,
arquitectónica e incluso turística es la principal y predominante sobre la
religiosa, circunstancia que justificaría la adopción de la medida legislativa,
que en todo caso debe ser verificable, consistente y suficiente.
Adicional a esto la mayoría de la Corte
consideró que la ley cumplía con algunos parámetros como son: i) que se puede
identificar un criterio secular principal o predominante, el cual debe ser
verificable, consistente y suficiente y; ii) que quede a salvo la posibilidad
de conferir medidas de esa misma naturaleza a otros credos, en igualdad de
condiciones.
De igual forma verificó que el Congreso
tiene la facultad de autorizar gasto público, pero en tratándose de la
asignación de partidas presupuéstales dirigidas a salvaguardar una
manifestación cultural, social, histórica o de otro orden con contenido
religioso, "debe analizarse esa competencia bajo el
principio de Estado laico y de pluralismo religioso con el objetivo de
determinar si dicho título presupuestal tiene fin admisible"[56].
La Corte al analizar la
constitucionalidad de la Ley 1754 de 2015, consideró que el Monumento a Cristo
Rey, es un símbolo para los habitantes del municipio de Belalcázar, y para
muchos colombianos y extranjeros, quienes escogen este sitio no solo como lugar
de peregrinación, sino también como destino turístico. Considerando que el
monumento, durante más de 60 años, ha sido forma de expresión cultural y de
desarrollo turístico, y se ha convertido también en bien de uso público
respecto del cual surge la necesidad de brindarle protección estatal[57].
Teniendo en cuenta estos argumentos la
mayoría de la Corte estableció que la ley demandada era constitucional.
Sobre esta decisión tomada por la mayoría
de la Corte, salvo el voto ya que en mi opinión la Ley 1754 de 2015 debió ser
declarada inexequible. Las razones de mi desacuerdo con la mayoría, se fundan
principalmente en que estimo que con dicho Ley se violaron los artículos 10
y 19 de la CP., los cuales especifican que Colombia es un estado laico y neutro
en materia religiosa, y que además se vulneró el artículo 13 de la CP que
consagra el derecho a la igualdad.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
dispuesto desde la Sentencia C-350 de 1994 que en Colombia "se
establece un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la
plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas
(...)". De la misma manera en la Sentencia C-766 de 2010, se
estableció que para que el Estado pueda otorgar recursos a ceremonias en donde
confluyen aspectos religiosos, culturales e históricos, se debe verificar si
el carácter principal de la actividad, representación o bien y la causa de la
misma son de naturaleza secular y no religiosa.
En igual sentido en la Sentencia C-817 de
2011 se dijo que asimilar una religión o un culto especifico al concepto
"cultural", plantea serias "dificultades y graves riesgos",
puesto que excluye a las minorías, que no hacen parte de la religión que está
siendo beneficiada, violando de este modo el principio de igualdad de trato,
laicidad, y neutralidad religiosa consagrada en la Constitución Política.
En el mismo sentido debe destacarse la
Sentencia C-224 de 2016 que conoció de la inconstitucionalidad contra el
artículo 80 de la Ley 1645 de 2013, "por la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en Pamplona, departamento de
Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones". En esta Sentencia
se especificó que no se le debe permitir al Estado, a cualquier título, o en
cualquier nombre subvencionar o financiar actividades religiosas con dineros
públicos, sino se comprueba que prima el aspecto secular de una manera clara,
verificable, consistente y suficiente
En este caso estableció que, "(...)
resulta difícil encontrar un contenido secular identificable y primordial en la
norma acusada (...)", y que ya que no se identificó que una
manifestación de carácter inmaterial, como la celebración de una semana santa,
tenga un contenido primordialmente cultural e histórico, sobre lo religioso.
Sobre esta ley la Corte determinó que en la promoción de esta actividad y en la
protección de los bienes que ellas se utilizan lo que se pretende es fortalecer
la fe católica, siendo esto contrario a la naturaleza laica del Estado
colombiano.
Teniendo en
cuenta esta serie de precedentes el análisis de constitucionalidad de la Ley
1754 de 2015 que establece la posibilidad de que el Gobierno Nacional y
regional de Caldas permita la contribución, promoción, protección conservación
que demande el monumento Cristo Rey ubicado en el municipio de Belalcázar,
debió centrarse en determinar si el aspecto secular era el predominante sobre
el religioso, para la obtención de los recursos públicos.
En mi opinión, no se comprobó de una
manera suficiente, verificable y consistente que un monumento cuya figura es un
icono principal de la religión católica, tenga un carácter cultural o histórico
que prime sobre lo religioso, y que la connotación secular sea la primordial
para de esta manera asignar recursos públicos destinados al fomento, promoción,
protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación
que demande este monumento.
De otro lado
considero que la decisión cambia el precedente dispuesto en la Sentencias C-766
de 2010, C-817 de 2010 y C- 224 de 2016, que establecieron que para que se
destinen recursos públicos a monumentos religiosos, representaciones o
manifestaciones materiales o inmateriales se debe comprobar la preeminencia del
carácter secular. En mi opinión la Corte no estásiendo coherente en sus fallos
con relación al tema de neutralidad religiosa y laicidad, generando disparidad
de criterios frente a supuestos fácticos similares.
Por otra parte
estimo que a pesar que este monumento permite a las personas que lo visitan
apreciar el paisaje de la región y destinarlo a fines turísticos y recreacionales,
además de los religiosos, lo cierto es que la imagen del monumento representa
la figura de Cristo, que es el símbolo principal de la religión católica,
circunstancia que evidencia que el Estado colombiano estaría favoreciendo a una
religión en particular sobre las otras.
Además debe resaltarse que cuando se
trata de dirimir conflictos que tienen que ver con los vínculos entre el Estado
y la religión existen algunos criterios que se deben valorar para determinar si
se puede llegar a financiar una actividad, una representación o un bien de
carácter religioso con recursos públicos. Entre estos están: i) la medida es
susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones y ii) que
entre otras circunstancias, no se realicen actos de adhesión así sean
simbólicos, con una creencia, religión o iglesia determinada, porque de ser así
violaría la neutralidad del estado y se daría preeminencia de una religión
sobre las otras, violando de este modo el principio de igualdad[58].
Siguiendo esta regla jurisprudencial
cuando en una ley como la estudiada confluyen un elemento religioso con
aspectos culturales, históricos, turísticos, arquitectónicos entre otros, el
elemento religioso "debe ser meramente accidental o accesorio",
situación
que en este caso no es clara ya que no puede catalogarse que el carácter
histórico, arquitectónico, cultural y turístico prima sobre el religioso.
Por otro lado, considero que debió
seguirse los procedimientos requeridos en la Ley 1185 de 2008, en los Decretos
1313 de 2008 y 763 de 2009 y en la Resolución 0983 de 2010 que regula el
procedimiento para la declaratoria de un bien como Patrimonio Cultural de la
Nación de carácter material. En este caso no se debió evadir el cumplimiento de
estos requisitos legales para que un monumento como es el caso del Cristo Rey
de Belalcázar pueda ser considerado "Patrimonio Cultural de la
Nación" y de esta manera obtener financiación pública para su
conservación y preservación.
Finalmente, la exequibilidad de esta ley
puede traer como consecuencia que se creen varias iniciativas similares que
busquen de forma directa reconocer un bien material o manifestación de tipo
cultural e inmaterial de manera directa, evadiendo el procedimiento existente
para ello con el fin de buscar recursos del Estado para financiar, preservar y
promocionar manifestaciones y construcciones arquitectónicas que tienen
representaciones religiosas.
Fecha ut supra,
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-570/16
PRINCIPIO
DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Debe corresponder con
un Estado que promueve activamente todas las creencias, incluso el ejercicio
negativo de las mismas (Aclaración de voto)
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Debe salvaguardar que el Estado tenga herramientas para asegurar que las
personas puedan ejercer su religión sin interferencias de ningún tipo, con los
límites regulares a ese tipo de manifestaciones como la seguridad, el interés
general y el respeto por los derechos de terceros en el contexto de la laicidad
estatal (Aclaración de voto)
PLURALISMO
CONSTITUCIONAL-Implica deberes positivos para
asegurar el pleno ejercicio de libertad, dentro de los que se encuentra la
posibilidad del fomento del hecho religioso, siempre que se dé en igualdad de
condiciones para todos los credos y bajo el respeto de los derechos de los
terceros (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente D-11320 AC
Asunto: Demandas de inconstitucionalidad contra el
artículo 1º y la totalidad de la Ley 1754 de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del
monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de
Caldas, y se dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Paula
Andrea Sánchez Camargo  y Cristian Julián Carreño Piragauta
Magistrado Sustanciador:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
1. Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones por las cuales aclaro mi voto en la decisión que
adoptó la Sala Plena en sesión del 19 de octubre de 2016, en la cual se
profirió la Sentencia C-570 de 2016.
2. En esta
providencia la Corte declaró la exequibilidad de “la Ley 1754 de
2015, únicamente por los cargos generales analizados en esta sentencia, salvo
la expresión “religiosa” contenida en el título y en el artículo 1º de esta
ley, que declara INEXEQUIBLE”. Esa decisión analizó si las medidas
adoptadas mediante las normas acusadas[59], al exaltar una
manifestación representativa de la fe católica e imponer cargas públicas
respecto a la misma, violaban los principios constitucionales de laicidad y
pluralismo religioso y la igualdad de derecho de todas las confesiones
religiosas frente al Estado y al ordenamiento jurídico, de acuerdo con los
artículos 2°, 13 y 19 de la Constitución.
La
sentencia estableció que la ley acusada no viola los mencionados principios ni
los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa. De conformidad con los
precedentes sobre la materia, concluyó que, con excepción del reconocimiento de
la importancia religiosa del monumento, la determinación del Legislador
de promover bienes a los que se les reconozca un valor cultural con una
connotación religiosa y la autorización del uso de recursos públicos que
contribuyan a su promoción y salvaguarda se encuentra dentro de su amplio
margen de configuración normativa.
Para
la posición mayoritaria de la Sala Plena, el reconocimiento de la importancia
cultural del monumento de Cristo Rey no busca adoptar una iglesia o credo como
el oficial, ni identifica al Estado con la religión católica mediante actos de
adhesión a la misma. Igualmente, la decisión estableció que el objetivo de la
normativa es promover la conservación de una obra civil de importancia
cultural, histórica, arquitectónica y turística e impedir su deterioro.
Adicionalmente, consideró que las disposiciones no buscan promover dicha
religión, ya que aun cuando se trata de un monumento de una figura propia del
catolicismo éste tiene una importancia cultural que desborda el aspecto
religioso, es decir, su elemento secular es predominante.
De
otra parte, determinó que la autorización al Gobierno Nacional y regional del
Departamento de Caldas para incluir partidas dirigidas a contribuir a la
financiación de las medidas de fomento, promoción, protección, restauración y
conservación arquitectónica del monumento se ajusta a los criterios definidos
por la jurisprudencia. Lo anterior, pues la salvaguarda de las manifestaciones
culturales incluye la posibilidad de adoptar formas de financiación para su fomento,
apoyo y promoción. Además, se trata de una medida que se limita a ser una
autorización legislativa que el Gobierno podría incorporar o no, luego no
establece una apropiación directa. Sin embargo, señaló que la
expresión “religiosa”, que se declaró inexequible, si quebrantaba la
neutralidad del Estado en materia religiosa.
3. Como lo he
anunciado en sentencias anteriores[60]
que han abordado la tensión entre laicismo y neutralidad estatal, y promoción y
financiación de manifestaciones culturales y religiosas, la decisión respecto a
la cual aclaro mi voto también es deficiente en dilucidar obligaciones
positivas del Estado en materia de libertad de cultos, libertad de conciencia y
de religión.
La
providencia reitera el principio de neutralidad, al tiempo que se refiere a que
el Estado está basado en la libertad religiosa y en el ejercicio
pleno de la misma. Esa tensión ha conducido a que, en general, la
jurisprudencia constitucional identifique obligaciones de abstención,
específicamente la de la adhesión oficial o el fomento de alguna confesión.
Igualmente, la sentencia reitera la regla según la cual los límites al margen
de configuración del Legislador admiten medidas legislativas que otorguen un
reconocimiento estatal a personas, hechos o instituciones que merecen ser
destacados públicamente, así como también a ciertos bienes, monumentos, eventos
o situaciones a los que se les reconozca un valor cultural, social o histórico
determinado, arquitectónico o turístico, cuando confluyen con el elemento
religioso. No obstante, “dentro del propósito de hacer prevalecer los
principios de laicidad y neutralidad del Estado frente a las distintas
religiones y la prohibición de favorecimiento a algunas de ellas, la causa
principal de la medida legislativa debe ser la de naturaleza secular, de manera
que el componente o aspecto religioso, derivado, en su generalidad, del origen
o la naturaleza propia de la manifestación que se pretende exaltar, no sea el
protagonista, evitando con ello que se promocione una determinada práctica
confesional, lo cual es inadmisible desde el punto de vista constitucional”[61].
La anterior posición no reconoce que,
como todo derecho-libertad, el Estado tiene otras obligaciones de intervención
para la protección de la libertad religiosa, sin que eso necesariamente
signifique la adhesión a una doctrina confesional. En este orden de ideas, la
jurisprudencia vigente que la Sentencia C-570 de 2016 reiteró no
responde claramente a estos interrogantes: ¿el reconocimiento y la garantía
plena para ejercer la libertad religiosa y de cultos no implican para el Estado
obligaciones
positivas tendientes a garantizar la manifestación religiosa de las personas
que así lo decidan? ¿Cómo se garantiza la igualdad real, en torno a las
condiciones de ejercicio de la religión o el culto?
4. Nuestro país no
ha tenido que afrontar en forma extendida casos de discriminación basada en
motivos religiosos, como puede ocurrir y ha ocurrido en otras partes del mundo.
Sin embargo, el juez constitucional debe salvaguardar que hacia futuro el
Estado tenga las herramientas para asegurar que las personas puedan ejercer de
manera pública su religión sin interferencias de ningún tipo, con los límites
regulares a ese tipo de manifestaciones como la seguridad, el interés general y
el respeto por los derechos de terceros en el contexto de la laicidad estatal.
Es poco probable que este objetivo se logre simplemente mediante la adopción de
medidas de abstención por el Estado. Por ejemplo, la protección de las
religiones de las comunidades indígenas o afrocolombianas respecto a la
injerencia de las misiones evangelizadoras que penetran en sus sociedades[62]
no puede garantizarse sólo a través de prohibiciones hacia el Estado. Al mismo
tiempo, si hubiese reacciones radicales contra las religiones que pueden
profesarse públicamente, en términos constitucionales, cómo debe impedirse que
el Estado intervenga para garantizar esa práctica y difusión religiosa.
En
mi concepto, un esquema de libertades que se protege exclusivamente mediante
obligaciones negativas es insuficiente para proteger el pluralismo en materia
religiosa. Esta posición no es ajena a lo dicho por esta Corporación acerca del
tema en varias oportunidades. La Sentencia C-350 de 1994, dijo:
“En
síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado
social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los
componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de
confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a
la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y
no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el
ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y
las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del
Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos
aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las
distintas confesiones religiosas.
Como
es obvio, lo anterior no significa que el Estado no pueda establecer
relaciones de cooperación con diversas confesiones religiosas -siempre y cuando
se respete la igualdad entre las mismas-, puesto que, como lo precisó el
constituyente Juan Carlos Esguerra, la posibilidad de celebrar convenios con la
iglesia católica "no produce un Estado confesional pues eso se ha
eliminado del preámbulo", por lo cual "ninguna confesión tendrá
carácter de estatal"[63][64].
(Negrilla añadida).
En los anteriores términos, la esencia
de la neutralidad en la relación Estado – iglesias se traduce en el trato igual
para todos los credos, no en anular cualquier tipo de fomento estatal de las
manifestaciones de la espiritualidad. El pluralismo de la Constitución de 1991
reconoce la diferencia, el derecho a pensar de otra manera y la alteridad como
uno de los fundamentos de la riqueza cultural de la Nación y del Estado Social
de Derecho. Por eso, no sólo acepta las distintas religiones con sus
pretensiones particulares de verdad, sino considera elementos esenciales de la
Carta Política la posibilidad de adscribirse a las mismas, vivir bajo aquellas
y el respeto de esta elección y de su ejercicio.
En
consecuencia, la protección de tal pluralismo también debe sostenerse en el
reconocimiento de los hechos religiosos y su promoción en igualdad de
condiciones, con el objetivo de otorgar un espacio para todas esas formas de
pensamiento, con lo cual se asegura la efectividad de los derechos a la
libertad de culto, de conciencia y de expresión. Lo anterior, siempre que
ninguna se imponga sobre la otra, exista un favorecimiento por parte del Estado
o alguna permee el actuar estatal más allá de este ámbito. Así pues, considero que
la garantía de estos derechos mediante obligaciones positivas no solo impulsa
la tolerancia y la diversidad, sino el reconocimiento de nuestras diferencias
como seres humanos integrales en el respeto por todos los aspectos de la vida.
Por
lo anterior, en mi criterio es necesario que el Estado intervenga de manera
activa promocionando el “hecho religioso” en igualdad de condiciones para
quienes libremente toman esas decisiones. De lo contrario, se crea un incentivo
negativo respecto al fenómeno religioso, y como lo he sostenido en varias
oportunidades, nuestra Constitución no es atea ni agnóstica, es decir, no es
contraria o indiferente al “hecho religioso”, cuando desde su preámbulo invoca
la protección de Dios.
5. En esa medida,
la interpretación del principio de neutralidad religiosa debe corresponder con
un Estado que promueve activamente todas las creencias, incluso el ejercicio
negativo de las mismas. Al fin y al cabo, nuestro Estado se funda en el
principio de dignidad humana que reconoce la capacidad que tenemos todos los
seres humanos para buscar la verdad en todos los aspectos de la vida, pues,
como se advirtió, también reconoce que el ser humano es un ser integral.
6.
En suma, considero que la jurisprudencia vigente, reiterada por esta decisión,
desconoce que la protección y garantía de la libertad religiosa en relación con
la laicidad y la separación entre el Estado y las iglesias[65], de la
cual se derivan las prohibiciones de favorecimiento a alguna religión o
creencia y su fomento o adhesión estatal, no puede entenderse exclusivamente
desde la imposición de obligaciones negativas para el Estado. El pluralismo
reconocido por la Constitución de 1991 también implica deberes positivos para
asegurar el pleno ejercicio de esta libertad, dentro de los que se encuentra la
posibilidad del fomento del hecho religioso, siempre que se dé en igualdad de
condiciones para todos los credos y bajo el respeto de los derechos de
terceros.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Sentencia C- 817 de 2011.
[2] El interviniente sustenta lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley 397 de 1997, el cual prevé que: “Las funciones los servicios del Estado en
relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el
Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política
estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la
Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que
desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos
locales, regionales y nacional”.
[3]
Folio 42.
[4]
Folio 84.
[6]
Folio 105.
[7]
Folio 105.
[8]
Ibídem
[9]
Folio 127
[10]
Folio 125.
[11]
Folio 59.
[12]
Folio 61.
[13]
Folio 66.
[14]
Folio 74.
[15]
Ibídem.
[16]
Sentencia C- 817 de 2011.
[17]
Folio76.
[18]
Folio 133.
[19]
Folio 134.
[20]
Folio 137.
[21]
Folio 138.
[22]Ibídem.
[23]
De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, esta Corporación, en
múltiples pronunciamientos sobre la materia, ha dejado en claro que, para que
exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar la respectiva decisión de
fondo, es necesario que el escrito de acusación contenga: (i) las normas
que se acusan como inconstitucionales y (ii) las disposiciones
superiores que se estiman violadas, siendo además imprescindible la (ii)
formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, el cual,
a su vez, debe estar respaldado en razones “claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes”. La Misma jurisprudencia constitucional, de
manera particular en la Sentencia C-1052 de 2001, ha explicado que existen
razones “(i) claras, cuando la acusación formulada
por el actor es comprensible y de fácil entendimiento, (ii) ciertas,
si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada
y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii)
específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera
como la norma vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes,
cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no
razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v)
suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos
y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad,
de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la
constitucionalidad del precepto impugnado”.
[24]
Consultar, entre otras, las Sentencias C-057 de 1993 y C-817
de 2011.
[25]
Cfr. entre otras, las Sentencias C-350 de 1994 y C-948 de
2014.
[26]
Sentencia C-350 de 1994.
[27]
Cft. Sentencias C-224 de 2016 y C-441 de 2016.
[28]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
C-948 de 2014, C-441 de 2016 y C-224 de 2016.
[29]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
C-490 de 1994, C-360 de 1996, C-197 de 2001, C-782 de 2001, C-373 de 2010,
C-755 de 2014 y C-948 de 2014.
[30]
Cft. Sentencia C-290 de 2009.
[31]
Sentencia C-782 de 2001.
[32] Sentencia
C-197 de 2001.
[33]
Cfr. Sentencias C-366 de 2000 y  C-082 de 2014.
[34]
Sentencia C-224 de 2016.
[35]
Sentencia C-224 de 2016.
[36] Para la elaboración de este aparte de la Sentencia se tomaron como
fuente las siguientes fuentes: (i) texto “Belalcázar (Caldas)
abre los brazos”, escrito por el Historiador Octavio Hernández Jiménez; (ii)
artículo “Belalcázar, pinceladas de historia”, autor Juan Alberto Rivera
Gallego, Miembro de la Academia Caldense de Historia, poeta, periodista,
investigador, Diario del Otún – Sección Cultura, edición del día miércoles 5 de
octubrede2016, Pereira–Colombia; (iii) página                 internet
elcristomasalto.files.wordpress.com/2011/03/principal1.jpg;(iv) Gacetas
del Congreso 630 de 2013, 697 de 2013, 204 de 2014, 521 de 2014 y 704 de 2014.
[37] Antecedentes
legislativos de la Ley 1754 de 2015. Exposición de motivos, Gaceta del Congreso
630 de 2013. Informe de ponencia para primer debate, Senado, Gaceta 697 de
2013. Informe ponencia segundo debate Senado, Gaceta 204 de 2014. Informe de
ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 521 de 2014. Informe de
ponencia segundo debate Cámara, Gaceta 704 de 2014.
[38] Cita tomada del texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”,
escrito por el Historiador Octavio Hernández Jiménez.
[39] Cft. Diario del Otún – Sección Cultura, edición del día miércoles 5
de octubre de 2016, Pereira – Colombia, artículo “Belalcázar, pinceladas de
historia”, autor Juan Alberto Rivera Gallego, Miembro de la Academia
Caldense de Historia, poeta, periodista, investigador.
[40] Texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”, escrito por el
Historiador Octavio Hernández Jiménez.
[41]
Cft. Texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”;
artículo Diario del Otún, “Belalcázar, pinceladas de historia”; página internet
elcristomasalto.files.wordpress.com/2011/03/principal1.jpg; Gacetas del Congreso 630 de 2013, 697 de 2013, 204 de 2014, 521 de
2014 y 704 de 2014.
[42]
Antecedentes
legislativos de la Ley 1754 de 2015. Exposición de motivos, Gaceta del Congreso
630 de 2013. Informe de ponencia para primer debate, Senado, Gaceta 697 de
2013. Informe ponencia segundo debate Senado, Gaceta 204 de 2014. Informe de
ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 521 de 2014. Informe de
ponencia segundo debate Cámara, Gaceta 704 de 2014.
[43] Sentencia C-742
de 2006.
[44] Sentencia
Ibídem.
[45]
Sentencia C-082 de 2014.
[46] Ver Sentencia
C-474 de 2003, así como, entre otras,  las sentencias C-339 de 2002. Fundamento
6.2,       C-091 de 2001, y 366 de 2000.
[47]En esta
providencia se estudió la constitucionalidad de las Objeciones Gubernamentales
al proyecto de Ley No. 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara, "Por medio
del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de
nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se
dictan otras disposiciones.
[48]En la Sentencia
C-948 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1710 de 2014,
"por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como
ilustre santa colombiana", por los cargos analizados en esta providencia,
con excepción de algunas expresiones o enunciados en algunos numerales, que se
declararon inexequibles, lo cual se reiteró en las sentencias C-960 de 2014 y
C-091 de 2015.
[49]Mediante la
sentencia C-224 de 2016, la Corte declaró inexequible el artículo 8o
dé la Ley 1645 de 2013, "por el cual se declara patrimonio cultural, inmaterial
de la Nación la Semana Santa en Pamplona, departamento de Norte de Santander, y
se dictan otras disposiciones".
[50]Constitución
Política de 1991. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona
tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley.
Derecho a la Libertad Religiosa.
Reconocida por el Derecho Internacional. Artículo 18 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; artículo 18 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; artículo 27 de este mismo pacto garantiza
a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la
misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su art.
14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
[51] Mediante la
sentencia C-568 de 1993, la Corte Constitucional declaró exequibles el artículo
lo. de la Ley 37 de 1905; artículo lo. de la Ley 57 de 1929; artículo 7o. de la
Ley 6a. de 1945; los artículos 172 a 176 del C.S.T. y los artículos lo. y 2o.
de la Ley 51 de 1983, referidos a los días festivos en fiestas religiosas del
catolicismo, la libertad religiosa y de cultos.
[52]
En la sentencia C-088 de 1994, la Corte Constitucional estudió la
adecuación constitucional del proyecto de ley estatutaria "Por la cual se
desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política", analizando el primer inciso del
artículo 2° del estatuto.
[53]Alaez Corral,
Benito. Símbolos religiosos y derechos fundamentales...cita, pp. 89.
[54]En ese sentido me
pronuncie en el salvamento de voto a la sentencia C-766 de 2010 en la que la
Corte realizó la revisión constitucional de las Objeciones Gubernamentales al
proyecto de Ley No. 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara, "por medio del
cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra
señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan
otras disposiciones".
[55] Llewellyn, Karl. The Bramble Bush. Oxford University Press. 1996, p. 46.
Twining, William y David Miers. How to do things with rules.
Londres. Butterworths. 1999, p. 340; entre otros
[56]
Sentencia C-224 de 2016
[57] Sentencia C-570
de 2016
'Sentencia C-766 de 2010
[59]
Del título se extrae que la materia principal de la ley es reconocer la
importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey del municipio de
Belalcázar, en el Departamento de Caldas. Este propósito que se reitera en el
artículo 1º. Por su parte, en el artículo 2º se asignan responsabilidades a las
Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural, para que, en
el ámbito de sus competencias, concurran para la organización, protección y
conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey,
imponiéndole al Ministerio de Cultura prestar asesoría técnica en lo de su
competencia; mientras que el artículo 3º autoriza al Gobierno Nacional para que
contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración,
divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del
monumento a Cristo Rey y el artículo 4º autoriza al Gobierno nacional, al
departamento de Caldas y al municipio de Belalcázar, para impulsar y apoyar
ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a los que se
autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia
fiscal, destinados al objeto que se refiere la ley bajo estudio
[60]
Ver por ejemplo la AV a la Sentencia C-576 de 2016 M.P. María Victoria Calle
Correa, de la cual se toman apartes en esta aclaración.
[61]
Sentencia C-570 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: “En apoyo a
dicha regla, la Corte, en la Sentencia C-766 de 2010, refiriéndose a ese tipo
de medias legislativas, destacó que “el análisis constitucional no conduce a
entender que la neutralidad estatal implica un total aislacionismo de la
religión respecto de los intereses del Estado”, sino a entender que, en todo
caso, “las actividades que desarrolle el Estado en relación con la religión
deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y fácticos que
garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las personas, sin que
se encuentre fundamento legítimo para que las funciones públicas se mezclen con
las que son propias de las instituciones religiosas, siendo ejemplo de estas
últimas las que atienden a la definición de su ideología, su promoción y
difusión”. Ello, tras considerar que “no puede ser el papel del Estado
promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de
incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su
territorio.”
[62]
Es el caso estudiado en la sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[63]Comisión
Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Juan
Carlos Esguerra en la misma Sesión del 24 de abril de 1.991. Ver también
Gaceta Constitucional. No 130. p 4.
[64]
Sentencia C-350 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[65]
Sentencias C-350 de 1994 y C-948 de 2014