T-264-09
{PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA}
Sentencia T-264/09
JURISPRUDENCIA DE TUTELA-Unificación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Finalidad
La
tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de un
estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional sobre
los derechos fundamentales. Como se sabe, las cláusulas de derechos son
especialmente amplias e indeterminadas, así que la precisión de su contenido
por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional asegura la
vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de derechos
constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica, y asegura
que los jueces cumplan con la obligación de propender por la justicia material,
representada en la vigencia de los derechos inalienables del hombre, cuando
puedan verse afectados en el proceso de aplicación de la ley. Por otra parte,
la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias judiciales estén
amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su
inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e
independencia al decidir los casos de los que conocen.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Papel protagónico de los requisitos generales de
procedencia formal de la acción, subsidiaridad e inmediatez en la preservación
de los principios
En
la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los
requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e
inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el
peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos
previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte, evita que se dé
una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues
preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que,
transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un
supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la
cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en
la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de
justicia material.
CORTE CONSTITUCIONAL-Principal y máximo órgano en el control constitucional
JUEZ CONSTITUCIONAL-No puede entrometerse en asuntos puramente litigiosos, en la
escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas y en las
amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos formales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos sustanciales para la procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Situaciones de procedencia
DEFECTO FACTICO-Dimensiones
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-No puede el juez desconocer la justicia material por
un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho
sustancial
JUEZ CIVIL-Deber
legal de decretar pruebas de oficio
El
decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad
postestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario
deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer
valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de
la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material. Como lo ha expresado la Corte
Suprema de Justicia, la facultad oficiosa del juez, deviene en un deber derivado
de su papel como director del proceso y de su compromiso por hallar la verdad
como presupuesto de la justicia, especialmente, si se toma en cuenta que la ley
no impuso límites materiales al decreto de pruebas por parte del juez, como sí
ocurre en el caso de las partes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia de defecto fáctico
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por omisión de decretar pruebas de oficio
que resultaba imprescindible para adoptar un fallo ajustado a la realidad en
proceso ordinario por responsabilidad civil extracontractual
EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Referencia:
expediente T-2.112.744
Acción de tutela de Luz Mary Jaimes Carvajal en contra del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil.
Magistrado
Ponente:
Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
Bogotá,
D.C., tres (3) de abril de dos mil nueve (2009).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo proferido sobre el asunto de la referencia
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en primera
instancia el veintidós (22) de agosto de dos mil ocho (2008), y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos
mil ocho (2008), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda.
Luz Mary Jaimes Carvajal, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, por considerar que dicha
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al proferir el fallo de
segunda instancia en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual
iniciado por la señora Jaimes Carvajal en contra del señor Pablo Antonio Muñoz
Garzón y la empresa Transportes Expreso Cundinamarca Limitada y Cia. S.C.A.
1. De los hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad
civil extracontractual.
1.1 El señor Gustavo Angarita Carreño, esposo de la
peticionaria y padre de sus hijos, falleció el día siete (7) de agosto de mil
novecientos noventa y seis (1996) en un accidente de tránsito ocurrido cuando el
vehículo que guiaba por la carretera que de Facatativá se dirige a Bogotá,
colisionó con un vehículo de servicio público, dirigido por el señor José
Hernando Hidalgo Linares, de propiedad del señor Pablo Antonio Muñoz, y
adscrito a la empresa Transportes Expreso Cundinamarca Limitada y Cia. S.C.A.
1.2
Por tales hechos, el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Facatativá
adelantó un proceso penal por homicidio culposo en contra del señor José
Hernando Hidalgo Linares, que culminó con sentencia de veintisiete (27) de
octubre de dos mil (2000), en la que se declaró la responsabilidad penal del
señor Hidalgo, y se le condenó al pago de una indemnización por daños y perjuicios
morales y materiales a la señora Luz Mary Jaimes Carvajal y sus menores hijos.
1.3
La sentencia fue recurrida por la señora Jaimes Carvajal, con el fin de
solicitar que se declarara como terceros civilmente responsables al señor Pablo
Antonio Muñoz, propietario del vehículo de servicio público, y a la empresa
Transportes Expreso Cundinamarca Limitada y Cia. S.C.A.
1.4
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante
providencia de doce (12) de febrero de dos mil uno (2001) decidió confirmar el
fallo de instancia y modificar el monto de los perjuicios morales en favor de
la peticionaria y sus hijos. Advirtió que, si bien la solicitud de condenar a
terceros no resultaba procedente, la interesada podría acudir a la Jurisdicción
Civil para buscar la declaratoria de responsabilidad de terceros, por la muerte
de su esposo.
1.5
En atención a lo dispuesto por el fallo del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala de Decisión Penal, la peticionaria inició un
proceso ordinario de mayor cuantía, por responsabilidad civil extracontractual,
en contra del señor Pablo Antonio Muñoz Garzón y de la empresa Transportes
Expreso Cundinamarca Ltda. y Cia S.C.A.
2. De las sentencias proferidas en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual.
2.1.
Del fallo de primera instancia en el proceso ordinario de responsabilidad civil
extracontractual.
El
Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de veintiséis (26)
de junio de dos mil siete (2007), accedió a las pretensiones de la demanda. En
el fallo se determinó que se configuraron los elementos propios de la
responsabilidad civil (daño, acción que lo ocasiona, nexo causal y culpa), por
lo que se declaró a los demandados civilmente responsables por la muerte del
señor Gustavo Angarita Carreño y se les condenó al pago de $42.784.962 por
concepto de daños materiales, y 600 gramos oro por perjuicios morales.
Resulta
pertinente señalar que la parte demandada propuso la excepción de “ilegitimidad
de personería de la demandante para demandar”, la cual fue rechazada por el
Juez, quien consideró que el interés jurídico de los demandantes para actuar
como cónyuge e hijos herederos del causante, se acreditó a través del fallo
penal.
2.2
Del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del Juzgado
Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá.
Los
demandados interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia
reseñada, alegando que el juez debió analizar de oficio los elementos que
configuran el daño y pronunciarse sobre la compensación de culpas, pues el
fallo proferido en el proceso penal no es prueba suficiente de que se haya
materializado un daño desde del punto de vista civil.
La
peticionaria –demandante en el proceso de civil- intervino con el fin de
solicitar que se denegara el recurso, pues la censura efectuada al experticio
que sirvió de base para la condena económica, no fue convincente, clara ni
profunda.
2.3.
Del fallo de segunda instancia en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual. (providencia atacada por vía de tutela).
La
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
decidió revocar el fallo de primera instancia mediante sentencia de nueve (9)
de junio de dos mil ocho (2008), con base en dos consideraciones centrales: (i)
la falta de legitimidad por activa de la peticionaria pues, aparte de las
afirmaciones de la demanda, no se aportó prueba alguna sobre la relación de
parentesco con el señor Angarita Carreño; y (ii), la falta de legitimidad por
pasiva del señor Pablo Antonio Muñoz Garzón, pues el vehículo de servicio
público que se encontraba en el accidente, actualmente no es de su propiedad
sino que pertenece al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña.
Sobre
el primer punto, agregó que la legitimación no se puede acreditar mediante las
copias de las sentencias penales allegadas al proceso, pues estas carecen de
valor probatorio y no demuestran nada diferente a las actuaciones surtidas dentro
de un proceso penal. Se transcriben algunas consideraciones del Tribunal:
“En las condiciones anotadas emerge, con absoluta
claridad, la ausencia absoluta de pruebas que posibiliten éxito a las
pretensiones pues ni siquiera se acredita la legitimación que le asiste a  los
actores para impetrar las súplicas que formulan ya que si bien se adujo
ostentar la condición de cónyuge y de hijos, respectivamente del fallecido, no
se aportaron los documentos que así lo acrediten” (…) “No sobra advertir que
las copias de los fallos penales allegados con la demanda no acrediten (sic)
las exigencias que se hechan (sic) de menos, pues ellos no constituyen medios
de prueba, tan solo reflejan lo ocurrido en la actuación penal y las decisiones
adoptadas en esa oportunidad, nada más”
El
magistrado Ariel Salazar Ramírez salvó su voto, por considerar que la Sala de
Decisión debió ejercer las facultades oficiosas que le otorga la ley en materia
de decreto de pruebas, especialmente si se toma en cuenta que, como ocurrió el
caso bajo estudio, la responsabilidad extracontractual fue comprobada en un
proceso penal y en la primera instancia del proceso civil. Para el Magistrado,
revocar el fallo después de 5 años de actuaciones judiciales por motivos
formales no resulta razonable.
3. De la acción de tutela.
El
peticionario interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, por considerar que al
proferir la sentencia de segunda instancia, esa autoridad vulneró derechos
constitucionales y patrimoniales de Luz Mary Jaimes Carvajal y sus hijos. A
continuación se sintetiza la argumentación expuesta en la demanda:
3.1
(i) El Tribunal vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la
peticionaria al proferir sentencia sin observar el principio de consonancia,
pues los demandados nunca desconocieron el interés de la peticionaria para
actuar en el proceso civil como cónyuge sobreviviente y madre de los hijos del
señor Gustavo Angarita Carreño; (ii) si, en concepto de la Sala de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los registros
civiles eran imprescindibles para llegar a una decisión de fondo, debió ordenar
que fueran anexados en aplicación de los artículos 179 y 180 del Código de
Procedimiento Civil, relativos a las facultades oficiosas del juez en materia
de pruebas; (iii) o si, por otra parte, el mismo Despacho consideraba que la
carencia de los registros era causal de nulidad, debió declararla de oficio; en
la medida en que esto no ocurrió, cualquier nulidad debe considerarse saneada
en aplicación del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil; (iv) la
sentencia atacada, además, presenta defectos de carácter probatorio pues no dio
ningún valor a las sentencias judiciales aportadas al proceso, lo que supone un
desconocimiento del artículo 264[1] del Código de
Procedimiento Civil y del principio de cosa juzgada.
3.2
Una valoración adecuada de la prueba habría llevado a la conclusión de que el
interés para actuar se hallaba comprobado pues, si en un proceso penal surtido
en dos instancias y cuyas decisiones se encuentran en firme, se le otorgó la
calidad de parte civil a la accionante fue porque aportó los registros civiles,
así que no hacía falta volver a hacerlo.
3.3
En adición a lo expuesto, el apoderado de la peticionaria reprodujo los
argumentos del magistrado disidente en el fallo de primera instancia, en lo
atinente a las facultades oficiosas del juez civil en la recolección de las
pruebas y en el sentido de que la decisión de revocar la sentencia de primera
instancia, producida después de 11 años (no cinco, como lo señaló el magistrado
citado) de actuaciones judiciales por un motivo formal, resulta
desproporcionada.
Finalmente,
argumentó que la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá se equivocó al considerar que no se encontraba acreditada la
legitimidad por pasiva, pues la demanda se interpuso en contra del señor Pablo
Antonio Muñoz Garzón, propietario del vehículo al momento del accidente. El
señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña, contra quien consideró el Tribunal que debió
dirigirse la demanda, al parecer recibió como herencia el automotor, pero el
demandado sólo podía ser el dueño del vehículo al momento del accidente. Para
el profesional del derecho, revocar “en tres renglones” once años de
actuaciones judiciales comporta un desconocimiento de los artículos 228 y 229
de la Carta, por obstruir el acceso a la administración de justicia y dar
prevalencia a las normas procesales sobre las sustantivas, y una vulneración del
artículo 29 superior, por establecer exigencias procesales ajenas a la
Constitución y la Ley.
4.
La demanda fue admitida el once (11) de agosto de dos mil ocho (2008), por la Sala
de Decisión Civil de la Corte Suprema de Justicia.
5.
Intervención del Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá.
El
Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá solicitó al juez de tutela
denegar el amparo solicitado por el actor, por considerar que, tanto en el
fallo proferido en primera instancia, como en el fallo del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, se efectuó un análisis
probatorio adecuado y se observaron las normas procedimentales que regulan la
materia, por lo que no puede afirmarse que se haya configurado una vía de hecho
judicial.
6.
Intervención del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Decisión Civil.
La
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se
abstuvo de intervenir en el trámite de la acción de tutela.
7.
Del fallo de primera instancia.
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de
primera instancia en el asunto sub júdice decidió denegar la tutela
mediante sentencia de primera instancia de veintidós (22) de agosto de dos mil
ocho (2008), con base en las siguientes razones:
7.1
La procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales debe
estructurarse en presupuestos que evidencien la presencia de defectos de orden
sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental “que son, en suma, los que
constituyen la llamada vía de hecho”.
7.2
A pesar de que el peticionario alega que la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá actuó con ligereza por no
decretar de oficio una prueba que consideraba imprescindible para acreditar la
legitimación para actuar de la demandante y sus hijos, al revisar el expediente
no se encuentra un error grosero en la sentencia atacada, capaz de ocasionar la
vulneración o amenaza al debido proceso.
7.3
La legitimación en la causa no es un presupuesto del proceso, sino una cuestión
inherente a la titularidad del derecho de acción o contradicción, así que lo
que pretende el accionante es realizar un nuevo examen de una cuestión  litigiosa
por vía constitucional. En la medida en que el juez constitucional no puede
sustituir al juez natural en la apreciación de las pruebas, y la tutela no es
una tercera instancia, el amparo no puede prosperar.
8.
Impugnación al fallo de primera instancia.
El
apoderado de la peticionaria impugnó la decisión de primera instancia. En su
concepto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
sí incurrió en una vía de hecho y una vulneración al debido proceso al decidir
sobre aspectos que no fueron objeto de la apelación interpuesta por los
demandados, violando el principio procesal de consonancia.
Por
otra parte, el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil establece, en su
numeral 5º, que a la demanda debe acompañarse prueba “de la calidad de
heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad y albacea con
que actúe el demandante o se cite al demandado”, y el artículo 85 ibídem
establece que de no acompañarse los anexos ordenados por ley deberá rechazarse
la demanda.
En
la medida en que el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito admitió la demanda  y,
ni en el trámite de la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil ni al dictar sentencia de primera instancia encontró vicios
o nulidades que afectaran el proceso, un eventual defecto de la demanda se
hallaba saneado. Pero, en caso de que el Tribunal considerara lo contrario, es
decir que el vicio permanecía, lo procedente no era revocar la sentencia de
primera instancia sino decretar la nulidad para preservar el derecho al debido
proceso de la demandante.
9.
Fallo de segunda instancia.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar el
fallo de primera instancia, en sentencia de siete (7) de octubre de dos mil
ocho (2008). Para la Corte, en el fallo acusado de vulnerar  los derechos
constitucionales de la peticionaria no se evidencia la vía de hecho que se le
endilga, pues “la interpretación de los juzgadores acusados … no se mira
irrazonable, aunque la conclusión eventualmente pudiera ser diferente si se
analizara desde otra óptica interpretativa admisible o con elementos de
persuasión distintos … sobre el punto materia del cuestionamiento formulado a
través del instrumento de defensa de los derechos fundamentales.”
10.
Pruebas ordenadas por la Corte Constitucional.
El
tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009), el Magistrado Sustanciador mediante
auto para mejor proveer, solicitó la remisión de los fallos de primera y
segunda instancia proferidos en el proceso penal adelantado en contra de José
Hernando Hidalgo Linares por el homicidio culposo del señor Gustavo Angarita
Carreño. Los fallos fueron recibidos en la Secretaría de la Corte el 10 y 6 de
marzo del presente año, respectivamente, y el sentido de los mismos fue reseñado
en el acápite de antecedentes.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento
del auto de nueve (9) de diciembre de dos mil ocho (2008), expedido por la
Sala de Selección número doce (12) de esta Corporación, que seleccionó este
asunto para revisión.
a.
Problema jurídico planteado.
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional debe determinar si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Decisión Civil, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la peticionaria, como
consecuencia de haber incurrido en defectos de carácter fáctico y procedimental
al proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de responsabilidad
civil extracontractual al que se ha hecho referencia, por las siguientes
razones: (i) desconocer el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho
sustancial en las actuaciones judiciales; (ii) fallar en contra del principio
de consonancia; (iii) omitir el decreto oficioso de una prueba determinante
para fallar, y/o (iv) incurrir en errores de hecho y derecho en la estimación
del alcance probatorio de dos sentencias penales que hicieron tránsito a cosa
juzgada.
Para
abordar el estudio del problema descrito, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia
de esta Corporación en relación con los requisitos generales y especiales de
procedencia de tutela contra sentencias judiciales; (ii) efectuará una breve
caracterización del defecto fáctico; (iii) realizará una breve caracterización
del defecto procedimental absoluto y del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto; (iv) se referirá a la relevancia constitucional del
decreto oficioso de pruebas en el proceso civil; dentro de ese marco
jurisprudencial, (v) estudiará el caso concreto.
1.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.
1.1
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha
desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un
equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la
prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser
primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio
se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de
supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[2].
1.2
Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales constituye
un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos
constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se encuentra en los
artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los
derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-, que establece
en cabeza del Estado la obligación de proveer un recurso efectivo para la
protección de los derechos humanos[3].
1.3
La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de
un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional
sobre los derechos fundamentales[4]. Como se sabe, las
cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[5],
así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación
de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de
seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de
propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos
inalienables del hombre, cuando puedan verse afectados en el proceso de
aplicación de la ley[6].
1.4
Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias
judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que
prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias,
autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen.
1.5
En la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los
requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e
inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el
peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos
previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte,  evita que se dé
una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva
la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido
un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto
desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa
juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la medida
en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia
material.
1.6
En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas
ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de
otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la
jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores
infundados.
De
acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la Corte ha
distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en
sentido funcional[7]. Desde el primer punto de
vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la
Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los
jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la
jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando
ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la
Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior.
La
objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por
desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de
cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la
jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual
afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere
pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de
la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos mencionados y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal.
Por
ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente
litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente
válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración
del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de
los derechos constitucionales.
1.7
Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la
Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la
acción.
1.7.1
Requisitos formales (o de procedibilidad)[8]: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[9];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[10];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[11].
1.7.2
Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente
alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[12]
sustantivo[13], procedimental[14]
o fáctico[15]; error inducido[16];
decisión sin motivación[17];  desconocimiento
del precedente constitucional[18]; y violación directa
a la constitución[19].
En
relación con las causales genéricas de procedencia, ha manifestado la Corte que
no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la
aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente
constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales;
o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación
indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para
la solución de un caso específico[20].
1.8
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la
sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía
de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los
principios de seguridad jurídica e independencia judicial[21].
De
acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de
la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que
concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad
de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[22]
2.
Breve caracterización del
defecto fáctico.
2.1
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[23],
este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle
plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina[24],
como consecuencia de una omisión en el decreto[25] o valoración de las
pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios.
2.2 Para la Corte, el defecto fáctico puede darse
tanto en una dimensión positiva[26], que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación
de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión
negativa[27], es decir, por la omisión
en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas
de carácter esencial[28].
2.3 El fundamento de la intervención radica en que, a
pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para
el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los
principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y
racionales. Así, en la sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló:
“(…) si bien el juzgador goza de un gran poder
discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su
decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente”[29]
2.4
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente
reducida pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez
natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen
exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997[30], determinó que, en lo
que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra
mayor valor y trascendencia.
2.5
En similar sentido, ha reiterado la Corte que las diferencias de valoración en
la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos pues, frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar,
conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones
se presumen de buena fe[31]. En consecuencia, el
juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como
de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural:
“(…) al paso que el juez ordinario debe
partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo
de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de
poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada
de plenas garantías”[32].
2.6
Por último, para que la tutela resulte procedente por la configuración de un error
fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[33]
(Resaltado fuera del original).
3.
Breve caracterización del defecto procedimental. Reiteración de jurisprudencia.
3.1
Esta causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales encuentra fundamento normativo en los artículos 29 y 228 de la
Constitución. El primero, incorpora el conjunto de garantías conocidas como debido
proceso, entre las cuales se destacan el principio de legalidad, el derecho
de defensa y contradicción, y la consecuente obligación de “observar las
formas propias de cada juicio”; el segundo, por su parte, consagra el
derecho al acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones judiciales.
Como
puede verse, las citadas cláusulas de derecho fundamental establecen diversas
garantías que se complementan entre sí. Sin embargo, puede generarse una
tensión aparente entre el respeto por la plenitud de las formas del juicio y la
prevalencia del derecho sustancial, que supone una subordinación de los
procedimientos al derecho material. La solución a esta tensión se encuentra en
la concepción de las formas procedimentales como un medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos, y no como fines en sí mismas.
En
atención a lo expuesto, como regla general, el defecto procedimental sólo se
presenta cuando se da un desconocimiento absoluto de las formas del juicio. Sin
embargo, de manera excepcional, la Corte ha considerado que puede producirse
por un exceso ritual manifiesto que lleva al juzgador a obstaculizar la
efectividad de los derechos constitucionales por motivos formales. A
continuación, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre el defecto
procedimental absoluto y el exceso ritual manifiesto.
3.1.1
El defecto procedimental absoluto se produce cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de
un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al
pertinente (desvía el cauce del asunto[34]), o (ii) pretermite
etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[35]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso.
3.1.2.
Por otra parte, a partir del derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia, y de la obligación de dar prevalencia al derecho sustancial (artículo
228 de la Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia,
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque
lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los
derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen
la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia[36]
y de los derechos materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para
alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos.
De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia.
La
línea jurisprudencial relativa al exceso ritual manifiesto tuvo su inicio
en la sentencia T-1306 de 2001[37]. En este fallo, la Corte
conoció del caso de un ciudadano que, tras haber cumplido los requisitos legales
para acceder a la pensión de vejez, acudió a la jurisdicción con el fin de
lograr la materialización del derecho. En sentencia de segunda instancia, su
petición fue denegada con base en una interpretación de las normas que regulan
los regímenes de transición ajena a la sostenida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral. El apoderado del accionante acudió entonces
al recurso de casación para controvertir la decisión mencionada.
La
Corte Suprema de Justicia decidió no casar el fallo de segunda
instancia, por considerar que el actor habría incurrido en fallas técnicas al
presentar el recurso. Sin embargo, notó que la interpretación del ad-quem resultaba
inaceptable, por lo que procedió a hacer la corrección doctrinaria pertinente,
a partir de la cual resultaba evidente que el peticionario sí había cumplido
los requisitos para acceder a la pensión, en aplicación de disposiciones
legales anteriores a la ley 100 de 1993, con fundamento en el régimen de
transición.
La
Corte Constitucional, al conocer en sede de revisión el fallo citado, consideró
que si bien los requisitos formales y técnicos de la casación son
constitucionalmente legítimos en razón a los fines específicos de ese recurso
extraordinario, en el caso concreto no resultaba admisible que la Corte Suprema
de Justicia, órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, tras constatar que
el peticionario cumplía con los requisitos para acceder a un derecho de
raigambre constitucional, decidiera no casar el fallo que lo desconoció
por razones formales.
En
ese proceso, como se puede ver, la Corte no consideró que la decisión de la
Corte Suprema de Justicia constituyera una vía de hecho, ni que su
sentencia tuviera fundamentos irrazonables. Por el contrario, la Corte constató
que se basaba en la concepción tradicional del recurso de casación, concepción
que, además, es ajustada a la Constitución[38]. Sin embargo, estableció
que tales características del recurso extraordinario debían armonizarse con la
vigencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.), el carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º C.P.), y la prevalencia de los derechos inalienables
del ser humano (artículo 5º C.P.).
Al
margen de la posición que tengamos sobre la procedencia de la tutela contra
órganos judiciales de cierre, que no constituye el thema decidendum, es
pertinente evocar que a partir de esa oportunidad, la Corte se ha referido al
defecto por exceso ritual en eventos en los cuales el juzgador incurre en una
vulneración del mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, o del derecho
al acceso a la administración de justicia por (i) dejar de inaplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de
forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir
cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se
encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas[39].
En
relación con la dimensión probatoria del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, es de recibo reiterar lo señalado por la Corte en la
sentencia T-973 de 2004. En esa oportunidad, la Corte analizó un caso en el
cual, en un proceso civil por responsabilidad extracontractual en el que las
partes eran dos sociedades comerciales, el juez decretó la perención del
proceso por la inasistencia del suplente del representante legal de una de las
entidades, aunque la entidad afectada intentó demostrar, mediante un acta de la
Asamblea de Accionistas, que el mencionado suplente había sido removido del
cargo, más de dos años antes de la fecha programada para la celebración de la
audiencia. Para el juez, tal prueba no era idónea, pues la decisión resultaba
inoponible hasta su inscripción en el registro mercantil.
La
Corte, tras reiterar la ratio decidendi de la sentencia T-1306 de 2001
–citada- señaló que, si bien los jueces gozan de libertad para valorar las
pruebas dentro del marco de la sana crítica, no pueden desconocer la justicia
material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del
derecho sustancial; que el sistema de libre apreciación es proporcional,
mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes, y que “tiene
operancia” aun tratándose de actos sujetos a formas sustanciales:
“(A)nte la falta de escritura pública en un
contrato de compraventa  (…) el juez no puede decretar la existencia de dicho
acto, pero sí puede determinar que existieron como hechos el acuerdo sobre la
cosa y el precio”.
Por
lo tanto, concluyó la Corte, la correcta administración de justicia supone:
“(1º) Que en la aplicación del sistema probatorio
de libre apreciación no se incurra,  (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii)
ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal
y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la
existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un
hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente.
(2º) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los
contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por
ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”.
En
síntesis, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque
el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación
que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de
justicia.
Cabe
señalar, sobre esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias, que se presenta en íntima relación con problemas de hecho y de
derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas
sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución
cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos
constitucionales.
Tanto
en el evento en que se discuta la ocurrencia de un defecto procedimental
absoluto, como en aquellos en que se alega la configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, la procedencia de la tutela se
sujetará a la concurrencia de los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con
el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de
los derechos fundamentales[40]; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico[41]; y (iv) que como
consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”.[42]
4.
Relevancia constitucional de las pruebas de oficio en el proceso civil.
4.1
El decreto de pruebas de oficio es un asunto que genera amplio interés y controversia
en el ámbito de la teoría del proceso[43]. Estas controversias se
relacionan, principalmente, con (i) la posibilidad -teórica o práctica- de
alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y (ii) la relevancia o
necesidad de la prueba en el marco de los fines del proceso.
4.2
En cuanto al primer problema, la discusión se ubica en el plano de la
posibilidad (o imposibilidad) teórica y práctica de alcanzar algún tipo de
conocimiento que pueda considerarse verdadero. Desde un punto de vista
filosófico y epistemológico, se discute la existencia misma de la verdad, y
desde un punto de vista práctico se considera que, aun en caso de aceptar que
algún tipo de verdad es posible, esta no puede ser alcanzada dentro de un
proceso judicial, debido a las limitaciones normativas y fácticas impuestas al
juez. Finalmente, se cuestiona la relevancia de la verdad, pues el juez puede
adoptar sus decisiones a partir de las narraciones de las partes o bien, con su
percepción jurídica sobre la mejor forma de componer los intereses en pugna.
4.3
Frente a esta posición que afirma la imposibilidad cognitiva o escepticismo
ante la determinación veraz de los hechos, se encuentra una orientación que
considera que, si bien la verdad como entidad metafísica puede ser inalcanzable
o inexistente, en el proceso sí es posible acceder a algún tipo de verdad
relativa sobre los hechos[44].
Esta
verdad se construye en dos etapas. En la primera, el juez debe obtener la mayor
cantidad de información jurídicamente relevante para la resolución del caso
sometido a su estudio. Esta información comprende los relatos de las partes,
los dictámenes científicos y técnicos, las opiniones de expertos, los testimonios
sobre la ocurrencia de los hechos, los elementos legalmente determinados para
la prueba de determinado evento. De forma más amplia, la primera etapa consiste
en la incorporación de todo medio de convicción, sin importar su denominación
técnica, que se refiera a la ocurrencia de un hecho determinado y que tenga
relevancia jurídica, mientras no se trate de uno proscrito por expresa
disposición legal[45].
A
partir de la información mencionada es posible proponer hipótesis susceptibles
de una comprobación y análisis racional que, si bien no conduce a una certeza
absoluta sobre alguna de las hipótesis –como sí lo pretende la demostración o
comprobación científica-, sí permite inferir la ocurrencia de un hecho, determinar
la mayor o menor probabilidad de un evento, y la mayor o menor verosimilitud de
una hipótesis determinada. La evaluación de estas hipótesis, y el análisis de
conjunto de la información recogida en el proceso, son las bases para una
decisión o un juicio bien fundamentado sobre los hechos y las hipótesis que
sobre ellos se erigen como premisas fácticas de la decisión judicial.
El
segundo paso, concerniente al análisis de la información acopiada en el proceso
para efectuar el juicio definitivo sobre los hechos, supone una perspectiva
metodológica a la vez compleja y flexible: el empleo de la lógica formal permite
al juez determinar la validez o corrección de los argumentos expresados en las
narraciones y los testimonios de las partes; mediante los principios de no
contradicción, identidad y tercero excluido, así como a partir de las reglas
clásicas de inferencia, será posible excluir o confirmar determinadas hipótesis;
la lógica inductiva le brinda al juez la posibilidad de llegar a conclusiones
que van más allá de lo aportado por las partes con base en la experiencia y el
sentido común, pero que precisamente por ir más allá de la información
incorporada solo permiten juzgar sobre la probabilidad de un hecho o la verosimilitud
de una hipótesis; el análisis semiótico y las reglas de la argumentación
permiten una evaluación crítica de las versiones y los testimonios que lleva a
determinar su fuerza y capacidad de persuasión; y, finalmente, la regulación
legal de las pruebas lleva al juez al campo de la interpretación jurídica para
la determinación del valor de una prueba[46].
La
verdad así construida, como se ha expresado, es de tipo relativo, contextual, y
limitada legal y fácticamente, pero cualquier decisión judicial debe partir de
las conclusiones obtenidas en ese proceso de análisis si no se quiere que la
sentencia  sea absurda o inicua.[47]
Por
ello, frente a una posición común que señala que la actividad del juez difiere
en cuanto al método de la que utiliza el científico, debido a que el primero no
cuenta con la posibilidad de la experimentación; y que se asemeja a la del
historiador, en cuanto pretende comprobar la veracidad de hechos pasados,
responde con acierto Taruffo[48] que la actividad
probatoria y de verificación de hipótesis llevada a cabo por el juez puede no
tener la intensidad metodológica de la que adelanta el científico, o que las semejanzas
con la actividad del historiador no son tan marcadas pues el segundo persigue
fines muy diversos, es posible afirmar que las semejanzas y diferencias aludidas
no son de carácter esencial u ontológico, sino de orientación, finalidad y
relevancia.
El
juez entonces acude cada vez más a la ciencia y a la técnica para conocer la
realidad; aplica a la información recogida todos los medios de evaluación
racional que tiene a su disposición y que, en términos generales, son los
mismos que se encuentran al alcance del resto de la sociedad, pues de otra
forma sus conclusiones escaparían al control social; su análisis, empero, debe
ser riguroso si pretende dar una base fáctica adecuada a su decisión; y el
único límite y a la vez norte de su actividad es la relevancia jurídica del
material probatorio que, como se expresó, es lo que diferencia su actividad de
la de otros profesionales interesados por la determinación de los hechos, o por
efectuar juicios sobre la veracidad de enunciados referidos a los hechos.[49]
4.4
El segundo problema, en cambio, se relaciona directamente con la ideología con
la que se conciba el proceso civil[50]. Al respecto, es posible
distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un
carácter plenamente dispositivo[51], y otra que propugna por
dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de
carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia
concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y
definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los
intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia
destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material[52].
La
verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede
convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de
términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones
intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un
acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la
verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y
eficiencia del proceso.
Desde
el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es
justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En
este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo
se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en
un fundamento fáctico confiable y veraz.
Las
pruebas de oficio en el proceso civil en Colombia.
4.5
Para determinar el papel de las pruebas de oficio en el proceso civil, es
preciso señalar que en Colombia se presenta un sistema de carácter mixto. Es
decir, en parte dispositivo y en parte inquisitivo[53].
Así, por un lado, el derecho de acción, es decir, la iniciativa de acudir a la
jurisdicción, recae en las partes, quienes, además, tienen la obligación de ser
diligentes en el cuidado de sus asuntos y de brindar al juez todos los
elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus  pretensiones (o
de sus excepciones); el juez, sin embargo, no es un simple espectador del
proceso como sucede en sistemas puramente dispositivos, pues la ley le asigna,
entre otras, las funciones de dirigir el proceso, de adoptar todas las medidas
que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, de
eliminar los obstáculos que le impiden llegar a decisiones de fondo, y de
decretar las pruebas de oficio que considere necesarias, tanto en primera como
en segunda instancia (artículos 37.1, 37.4, 179 y 180 del C.P.C.).
Las
funciones atribuidas al juez permiten afirmar, entonces, que el hecho de que el
sistema procesal sea mixto no implica que exista algún tipo de ambigüedad sobre
los fines perseguidos por el proceso. En ese sentido, la Corte ha establecido
claramente que el proceso se dirige a la vigencia del derecho sustancial, la
búsqueda de la verdad y la solución de controversias mediante decisiones justas[54].
4.6
En esta oportunidad, la Sala considera pertinente adelantar algunas
consideraciones adicionales sobre la relación necesaria que se encuentra entre
el valor de la verdad (o su búsqueda dentro del proceso) y la efectividad del
derecho material, recalcando que una sentencia justa solo se alcanza si el Juez
parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, al menos en cierta
medida, verdadera. Esa base de conocimiento es una condición necesaria, aunque
no suficiente, para la consecución de la justicia pues, evidentemente, la
justicia de la sentencia depende también de la forma en que se interpreten y
apliquen las normas legales, y del respeto por el debido proceso de las partes.
En
primer lugar, resulta claro que la defensa de la verdad (o su búsqueda) en el
proceso no requiere de la adopción de ninguna posición frente a las
orientaciones filosóficas que plantean la imposibilidad de acceder al
conocimiento. Estas posiciones no son necesariamente ciertas, pues existen
otras, igualmente plausibles, que consideran que es posible acceder a la verdad,
o a verdades relativas, contextuales, fáctico-procesales, etc.
Como
se ha expresado, es posible defender la posibilidad de llevar a cabo una
verificación racional y hasta cierto punto confiable de las afirmaciones sobre
los hechos, apoyándose en la ciencia, la lógica, la experiencia, y las
herramientas estadísticas que permiten determinar la mayor o menor probabilidad
de la ocurrencia de un evento. La verdad del proceso siempre será relativa,
ubicada en un contexto determinado y limitado, pero ello ocurre en cualquier
actividad que se interese por el estudio de la realidad.
Una
vez aclarado el hecho de que los obstáculos cognoscitivos no son un hecho
cierto, sino una posición epistemológica, frente a la cual el derecho no puede
adoptar una posición definitiva, es viable señalar que el ordenamiento
colombiano no es indiferente a la verdad desde un punto de vista ideológico, como
lo demuestra el valor dado a la prueba como elemento del debido proceso
constitucional, el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial en las
actuaciones judiciales, y la obligación de los funcionarios de evitar fallos
inhibitorios que erosionan el derecho al acceso a la administración de justicia
(T-134 de 2004), removiendo los obstáculos que le impidan llegar a una decisión
de mérito.
Así,
el artículo 29 de la Constitución establece como elemento del debido proceso la
posibilidad de aportar y controvertir pruebas, así como el principio de
exclusión de la prueba ilícita. En el plano legal, el principio de necesidad de
la prueba se encuentra íntimamente ligado al derecho fundamental al debido
proceso, pues se dirige a evitar cualquier tipo de decisión arbitraria por
parte de las autoridades (núcleo esencial de la garantía constitucional
citada); y, además, porque la valoración dada a las pruebas, o el juicio sobre
los hechos, debe materializarse en la sentencia para que su motivación sea
adecuada.[55]
El
interés dado por el Constituyente al tema probatorio y su relación con el
debido proceso, solo se explica si se valora la verdad como objetivo o
finalidad de las actuaciones judiciales. De no ser así, poco importarían el
principio de necesidad, la motivación de la valoración probatoria o la
posibilidad de aportar y controvertir pruebas, pues el juez podría adoptar sus
decisiones con base en los alegatos de las partes o, sencillamente,  en su
criterio sobre la adecuada composición de los intereses en conflicto.
En
segundo lugar, el artículo 228 de la Constitución consagra la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales. El derecho sustancial es aquel
que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al
derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero[56].
En un Estado de derecho, se considera que la justicia se logra precisamente
mediante la aplicación de la ley sustancial. El Estado Constitucional, además,
establece límites a la ley y condiciona la justicia al respeto de los derechos
constitucionales y de los demás derechos humanos que el Estado, como miembro de
una comunidad internacional fundada en el respeto por la dignidad humana, se ha
comprometido a garantizar y proteger. Por lo tanto, la justicia y el derecho
sustancial, -legal y constitucional- coinciden en el Estado Constitucional de
Derecho.
Ahora
bien. De acuerdo con una formulación ampliamente aceptada, las normas jurídicas
pueden tener el carácter de reglas o de principios. En el primer caso, pueden
ser representadas mediante una estructura hipotética en la cual a un supuesto
de hecho se le imputa una consecuencia jurídica (Si a, entonces b). Pues bien,
la correcta atribución de una consecuencia jurídica implica una adecuada
determinación del supuesto de hecho, es decir, la posibilidad de que el juez
verifique la veracidad de los hechos alegados por las partes. En otras
palabras, si el juez es indiferente a la verdad, corre el riesgo de aplicar
consecuencias jurídicas a supuestos que no se corresponden legalmente con
ellas, o a no  aplicar tales consecuencias cuando debería hacerlo[57].
En
el caso de los principios, estos indican que hay un objetivo que debe cumplirse
en el máximo nivel posible jurídica y fácticamente. La eficacia de los
principios puede verse limitada por la obligación del juez de buscar la
eficacia de otros principios que puedan hallarse en conflicto en un caso concreto.
En tales eventos, el juez debe determinar cual principio debe prevalecer en el
contexto del caso concreto, garantizando la menor afectación posible del
principio que deba ceder. Este proceso se conoce como ponderación y equivale a
la determinación del peso específico de cada principio en el caso concreto.
Para
realizar un ejercicio de ponderación legítimo, el juez debe contar con
información confiable sobre las circunstancias del caso[58],
pues si la que posee es insuficiente, inadecuada, o abiertamente falsa, las
relaciones de precedencia que establezca entre los principios en conflicto será
arbitraria e injusta.
Lo
expuesto permite aseverar que la correcta aplicación del derecho, bien sea
mediante la atribución de consecuencias jurídicas a determinadas situaciones de
hecho, bien sea mediante la ponderación de principios en un caso concreto, solo
se logra si se parte de una base fáctica adecuada. Por lo tanto, la verdad es
un presupuesto de la vigencia del derecho material o, dicho de otra forma, de
la justicia de las decisiones. Como lo ha reiterado la Corte, el derecho
procesal, en el marco de un estado constitucional de derecho, debe buscar la
solución de conflictos, pero desde una base justa y no sólo eficiente, basada
en el establecimiento de la verdad.
4.7 Como conclusión, se puede afirmar que, para la
Constitución Política, arribar a la verdad es algo posible y necesario; que la
Jurisdicción tiene como finalidad la solución de conflictos de manera justa; y que
esa solución supone la adopción de las decisiones judiciales sobre una
consideración de los hechos que pueda considerarse verdadera.
Una vez establecidas las consideraciones precedentes sobre
los fines del proceso, y la relación entre la verdad y la justicia, resulta
claro que el decreto oficioso de pruebas constituye una manifestación del deber
de juez de indagar la verdad de los hechos antes de tomar una decisión
determinada, con pleno sustento en la adopción de la forma política del Estado
Social de Derecho, en donde el juez deja de ser un frío funcionario que aplica
irreflexivamente la ley, para adoptar el papel de garante de los derechos
materiales[59].
4.8 Resulta relevante, sin embargo,  referirse a dos
posibles objeciones al decreto oficioso de pruebas: por una parte, se considera
que podría convertirse en un obstáculo para la solución oportuna de las
controversias sociales, y por otra, se dice que lleva a que el juez pierda su
imparcialidad.[60].
En cuanto a la primera objeción, debe señalarse que la
solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, porque el
establecimiento de la verdad puede ser un método adecuado para la solución de
las controversias. Desde un punto de vista práctico podría señalarse, además,
que una solución de los conflictos que no se fundamente en la indagación de los
hechos puede resultar contraproducente, pues genera desconfianza en el derecho
y un riesgo para la paz social, en caso de que las partes decidan acudir a la
violencia en busca de lo que el derecho injustificadamente les niega.
En relación con la segunda objeción, debe recalcarse que
el juez no desplaza a las partes ni asume la defensa de sus intereses privados.
Desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar
pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con
el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. Por ello, el decreto de
pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede
decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le
ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción[61].
El temor por la pérdida de imparcialidad del juez por el
decreto oficioso de pruebas, no es diferente al temor que puede tenerse frente
a cualquier actuación arbitraria del funcionario. Suponer que al decretar
pruebas el juez asume los intereses de las partes, es como suponer que este
prejuzga, que puede desviar la correcta aplicación de las normas para favorecer
a alguna de las partes; o, en fin, que utiliza su poder correccional para
intimidar a los litigantes o, específicamente, a uno de ellos. El juez debe
parcializarse en favor de la verdad, manteniendo enhiesta e incólume su
imparcialidad en la aplicación de la ley sustancial al caso concreto.
Aquellas
suposiciones repugnan al principio de buena fe y a una de sus manifestaciones
más importantes, la lealtad procesal. Si el juez realiza conductas ajenas a su
misión constitucional, puede que sea llevado al terreno del derecho
sancionatorio, en sus distintas modalidades, pero esto no ocurre por la
atribución de una facultad determinada, sino por efectuar un uso inadecuado,
irregular o ilegal de la misma.
Lo expuesto demuestra la relevancia constitucional del
decreto de pruebas, pero no significa que siempre que el juez omita el decreto
de una prueba que alguna de las partes considere conveniente, incurra en una
actuación irregular, o que su sentencia se vea afectada por un defecto fáctico
(insuficiencia de pruebas), sustantivo (falta de aplicación de los artículos
179 y 180 del C.P.C.), o procedimental (por no buscar la prevalencia del
derecho sustancial o negar el acceso a la administración de justicia). Ello se
debe a que los principios de autonomía e independencia judicial le dan al juez
un amplio margen para la dirección del proceso, especialmente en lo que hace a
la evaluación sobre la conducencia, pertinencia o necesidad de una prueba.
4.9
En síntesis, el decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una
atribución o facultad postestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En
efecto, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a
partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas
pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero
a seguir; o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede
apartar su decisión del sendero de la justicia material.
Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, la
facultad oficiosa del juez, deviene en un deber derivado de su papel como
director del proceso y de su compromiso por hallar la verdad como presupuesto
de la justicia, especialmente, si se toma en cuenta que la ley no impuso
límites materiales al decreto de pruebas por parte del juez, como sí ocurre en
el caso de las partes[62].
4.10
En cuanto a la posibilidad de que la omisión en el decreto de pruebas sea
analizada en sede de tutela, es menester establecer la siguiente consideración:
en la medida en que la omisión en el decreto de pruebas puede tener como origen
o como consecuencia, la configuración de alguna de las causales de procedencia
de la acción de tutela y, especialmente, puede relacionarse con los defectos
fáctico y procedimental, la procedencia de la acción está condicionada a que se
cumplan los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para cada
una de las causales referidas, y al cumplimiento de los requisitos formales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
5.
Del caso concreto.
A
continuación, la Sala analizará la procedencia de la acción impetrada por Luz
Mary Jaimes Carvajal estudiando, en primer término, el cumplimiento de los
requisitos formales de procedibilidad de la acción; y, en segundo lugar, la
procedencia material del amparo.
5.1.
Análisis de procedibilidad de la acción:
en este acápite, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos formales
de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales (Ver, Supra,
fundamento 3.1 de esta decisión). De acuerdo con los antecedentes del caso,
resulta especialmente necesario determinar el ­ agotamiento de los recursos
judiciales, y la relevancia constitucional del problema sometido a su
consideración.
5.1.1.
Relevancia Constitucional: el asunto
planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia constitucional, pues se
refiere a la presunta violación a los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, así como al desconocimiento del
principio constitucional que ordena a las autoridades judiciales dar prevalencia
al derecho sustancial. Es decir, el problema jurídico atañe a la eficacia y
respeto por los artículos 29 (debido proceso) y 228 (acceso a la administración
de justicia) de la Constitución Política, y pone sobre el escenario la relación
entre estos principios y el papel del juez en el Estado Social de Derecho.
5.1.2.
El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
De
acuerdo con el trámite procesal brevemente reseñado en los antecedentes de este
fallo, la peticionaria ha perseguido el resarcimiento del daño ocasionado por
la muerte de su esposo en instancias penales y civiles. El proceso civil por
responsabilidad extracontractual fue iniciado, precisamente, con base en la
sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala de Decisión Penal, en la que se confirmó la
responsabilidad penal del señor Hidalgo Linares en el homicidio culposo de su
esposo y se le condenó al pago de perjuicios materiales y morales. El fin de la
demanda civil era la declaración de responsabilidad del propietario del
automotor y de la empresa de transportes a la que se hallaba adscrito el
vehículo conducido por el señor Hidalgo Linares.
En
fallo civil proferido en primera instancia por el Juzgado Trece (13) Civil del
Circuito, el veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007), se condenó a los
demandados a pagar una suma de aproximadamente 43 millones por concepto de
lucro cesante, y 600 gramos oro -25 millones de pesos aproximadamente- por
perjuicios morales[63]. Es decir, el juez de
primera instancia estimó los perjuicios en una suma cercana a los 70 millones
de pesos. Posteriormente, en fallo de segunda instancia, la Sala Civil de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la
sentencia de primera instancia.
Para
verificar que se cumpla el requisito de procedibilidad de agotar los recursos
judiciales disponibles, la Sala considera preciso determinar si la peticionaria
debió acudir en primer lugar al recurso extraordinario de casación, o si
existen serias razones que legitimen la no interposición del mismo, dadas las
circunstancias del caso concreto.[64] La Sala evaluará
entonces, si prima facie, el recurso era procedente en razón de la
cuantía del asunto estimada por el juez de primera instancia (Juzgado 13 Civil
del Circuito de Bogotá).
En
tal sentido, como lo señaló la Sala Tercera de Revisión en la sentencia T-898
de 2003, a falta de otro criterio que permita determinar con precisión la  cuantía
del proceso, el fallo judicial de primera instancia sirve como una pauta para
determinar si resultaba razonable la interposición del recurso[65].
De
acuerdo con el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía para
acudir al recurso extraordinario de casación debe ser igual o superior a 425
salarios mínimos, monto que a la fecha del fallo ascendía a algo más de 190
millones de pesos, es decir, más del doble de lo establecido por el juez de
primera instancia por daños morales y materiales. En consecuencia la Sala
considera razonable que el peticionario no haya hecho uso de esta vía judicial
antes de acudir a la acción de tutela.
Es
pertinente recordar que el agotamiento de los recursos judiciales es una
manifestación del principio de subsidiariedad que tiene dos finalidades
primordiales: (i) preservar el reparto de competencias establecidas
constitucional y legalmente entre las diferentes autoridades judiciales, y (ii)
verificar que el peticionario demuestre diligencia en la defensa de sus
derechos, pues de lo contrario se pone en duda que se enfrente a un perjuicio
de carácter iusfundamental.
Por
ello, la exigencia procedimental consiste en que se agoten los recursos, o que
se demuestre que existieron buenas razones para omitir la interposición de
alguno de ellos. En este caso, la estimación de la cuantía del proceso llevada
a cabo a partir del fallo de primera instancia, es una razón lo suficientemente
fuerte para su no interposición, por lo que el requisito se encuentra cumplido.
5.1.3.
El principio de inmediatez.
En
la presente oportunidad no hace falta un amplio análisis para dar por
acreditado el requisito, pues el fallo del Tribunal fue proferido el nueve (9)
de junio de dos mil ocho (2008)  y la tutela fue interpuesta el seis (6) de
agosto de dos mil ocho (2008), es decir, menos de dos meses después de
proferida la sentencia que se controvierte. Aún sin reparar en la fecha de
notificación del fallo, el tiempo de dos meses resulta razonable para la
preparación de la demanda, y no supone una afectación insoportable para la
seguridad jurídica[66].
5.1.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
La
acción objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades procesales y
fácticas que se habrían producido en el fallo del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá: en la demanda se afirma que la inadecuada
valoración de las pruebas, la omisión en el decreto de las mismas, o la
inactividad del ad-quem para sanear una eventual nulidad fueron la causa
de una decisión que violó los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia de la peticionaria. De acuerdo con los fundamentos
de la sentencia atacada por vía de tutela, tal como se registró en los
antecedentes de esta decisión, uno de los fundamentos del fallo fue la falta
de legitimidad, por no existir prueba que acreditara la relación de
parentesco entre la demandada y el difunto Gustavo Angarita Carreño. En caso de
que los cargos presentados por la peticionaria tengan sustento, evidentemente,
ese fundamento de la decisión del Tribunal perdería su valor. Por lo tanto, el
requisito se encuentra acreditado.
5.1.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
Sin
duda, el actor ha identificado plenamente tales hechos. En su concepto, los hechos
o actuaciones atribuidos al Tribunal y causantes de la vulneración a sus
derechos constitucionales, son: (i) que el tribunal no haya utilizado sus
facultades oficiosas para decretar pruebas que consideraba imprescindibles;
(ii) que haya fallado por fuera del ámbito de su competencia funcional como
juez de segunda instancia; (iii) que no haya decretado la nulidad por la
ausencia de un requisito formal, en caso de considerarlo necesario, sino que
haya decidido denegar el acceso a la administración de justicia revocando
definitivamente el fallo de primera instancia; (iv) que no haya dado valor de
pruebas a las sentencias judiciales allegadas a proceso. Sin  embargo, tales
irregularidades se habrían configurado al momento de proferirse la sentencia de
segunda instancia por la cual se dio por terminado el proceso, así que no
pudieron ser discutidas al interior del mismo[67].
5.1.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Al respecto, basta señalar que la sentencia judicial
que se considera vulneratoria de los derechos fundamentales se produjo en un
proceso ordinario por responsabilidad civil extracontractual.
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo.
5.2.
De la procedencia material del amparo.
El
peticionario elevó cuatro cargos en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil. En
primer lugar, (i) argumentó que dicha autoridad vulneró el principio de
consonancia al declarar de oficio la falta de legitimidad por activa de la
accionante; en segundo lugar, (ii) alegó que la sentencia controvertida
incurrió en defectos fácticos por (i) falta de apreciación de las sentencias
judiciales aportadas al proceso; y (ii) el desconocimiento del alcance dado por
la ley procesal a esas pruebas y al principio de cosa juzgada (artículo 264 del
C.P.C.); por último, (iii) señaló que la omisión en el decreto de pruebas de
oficio necesarias para fallar, o bien, el no haber decretado la nulidad de lo
actuado para incorporar esas pruebas, que encajaban en lo que la ley describe
como anexos de la demanda implicó un desconocimiento de los derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la peticionaria.
La
Sala reitera, como se indicó en los fundamentos (Ver considerando 1.7), que
las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales, suelen relacionarse entre sí y que no es posible establecer
barreras infranqueables entre estas.
En
este caso, esa relación es evidente, pues el problema planteado alude al
alcance o aplicación de las normas que regulan el recaudo de pruebas y al valor
dado por la ley a algunos medios de prueba; pero, además, toca el aspecto
procedimental de la decisión, pues se refiere a la necesidad de remover
obstáculos para dar prevalencia al derecho sustancial y garantizar el acceso a
la administración de justicia, a partir de los procedimientos legalmente
establecidos.
Para
evitar que la relación entre los aspectos fácticos, sustanciales y
procedimentales lleve a una confusión en el análisis del caso, la Sala
encuentra pertinente efectuar una breve precisión: la interrelación entre las
causales de procedibilidad de tutela en el caso concreto obedece a que el tema
probatorio es, de un lado, una parte del derecho procesal así que su manejo se
relaciona con el respeto por los procedimientos legales y con la vigencia del
debido proceso; pero, de otro lado, cuando la ley establece el valor de un
medio probatorio, proscribe la utilización de otro, establece presunciones, consagra
principios y reglas para la valoración de las pruebas, su recaudo, etc., tal
regulación le transmite un carácter legal al manejo de la prueba, al punto que,
en sistemas cerrados de tarifa legal, los problemas probatorios son en realidad
problemas de interpretación y aplicación del derecho.
En
la medida en que la acción de tutela no está sujeta a complejas exigencias
técnicas -como sucede por ejemplo con la casación-, sino que rige el principio
de informalidad, la Sala abordará el estudio de la forma que considera más
cercana a las acusaciones elevadas por el apoderado de la peticionaria.
En
virtud de lo expuesto, la exposición se adelantará dentro de este esquema: (i)
el desconocimiento del principio de consonancia, a partir de la causal
defecto procedimental absoluto; (ii) los defectos relativos a la falta de
apreciación o a la apreciación errónea –por motivos tanto de hecho como de
derecho- de las pruebas, desde la perspectiva del defecto fáctico; y (iii) la
acusación relativa a la omisión en el decreto de pruebas de oficio y la no
corrección de la eventual nulidad, desde el  punto de vista del exceso ritual
manifiesto, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho al acceso a la
administración de justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que la Sala acuda
a precisiones de carácter normativo cuando la exposición así lo exija.
5.2.1.
Inexistencia de defecto procedimental por vulneración al principio de
consonancia.
En
términos sencillos, puede afirmarse que el principio de consonancia[68]
establece que la competencia funcional del juez se restringe al pedido de las
partes; es decir, a las súplicas de la demanda y a las excepciones propuestas
por el demandado (salvo aquellas que, excepcionalmente, el Juez puede decretar
de oficio por mandato legal). El juez de segunda instancia, por su parte, debe
decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que fueron
objeto de impugnación. En ese orden de ideas, el apoderado de la peticionaria
considera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desconoció
este principio al declarar de oficio la ausencia de legitimidad de la demandante,
a pesar de que este aspecto no fue discutido en el recurso de apelación.
La
Sala constata que, en concepto de la Corte Suprema de Justicia, la legitimidad
para actuar no es un simple requisito formal del proceso, sino un elemento
inherente a la titularidad del derecho de acción y contradicción[69].
Dentro de esa concepción de la legitimación, resulta natural para la Alta
Corporación citada que el juez de segunda instancia pueda pronunciarse de
oficio sobre un asunto que estaría ligado a las cuestiones materiales, o de
fondo del proceso, como la titularidad del derecho en controversia[70].
Esta
Sala acoge la doctrina del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y
considera que, desde esta perspectiva, el principio de consonancia no se vio
vulnerado por la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Decisión Civil.
5.2.2.
Análisis de los cargos relativos a la ocurrencia de un defecto fáctico.
A
continuación, la Sala determinará si en la sentencia proferida por la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá se configuró un defecto fáctico
por (i) la falta de apreciación de las sentencias judiciales aportadas al
proceso; o (ii) el desconocimiento del alcance dado por la ley procesal
(artículo 264 del C.P.C.) a esas pruebas y al principio de cosa juzgada. Los
argumentos del peticionario se pueden concebir desde dos perspectivas. En
primer lugar, desde una hipótesis en la que se propone la continuidad entre los
procesos penal y civil; y, por otra parte, desde el punto de vista del
desconocimiento de mandatos normativos relativos al alcance probatorio de los
fallos mencionados. Pasa la Sala a analizar cada una de estas hipótesis:
En
primer lugar, el apoderado de la señora Jaimes Carvajal aduce que, en virtud de
las sentencias penales aportadas al proceso, resultaba forzoso (esto es, lógicamente
necesario) concluir que la peticionaria se hallaba legitimada para actuar
en el proceso de responsabilidad civil extracontractual. Considera que al no
dar por probado este hecho, el Tribunal incurrió en un error que puede situarse
en el desconocimiento de los principios de la sana crítica.
En
desarrollo de esa idea, el profesional del derecho señala que la prueba de la
relación de parentesco se deriva de una inferencia lógica, así: (i) la
constitución en parte civil dentro de un proceso penal requiere de la
presentación de los registros civiles que acrediten el interés de la parte;
(ii)  la peticionaria se constituyó en parte civil en un proceso penal que
culminó accediendo a sus pretensiones, mediante fallo judicial que hizo
tránsito a cosa juzgada; (iii) por lo tanto, la relación de parentesco se
hallaba judicialmente comprobada. Estando comprobado de esa forma el
parentesco, (iv) resultaba superfluo aportar al proceso civil la copia de los
registros civiles de la peticionaria y sus hijos.
Desde
el punto de vista de la lógica, el argumento del apoderado resulta bien
estructurado. Desde el punto de vista normativo, empero, presenta dos
problemas: en primer lugar, omite señalar que existe una regla de carácter
legal que prescribe que el estado civil se prueba (únicamente) mediante el
registro civil[71]; por otra parte, no hace
referencia a la regla general según la cual la carga de la prueba incumbe al
actor[72]. En virtud de tales
reglas, en un proceso como el asumido por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, la única prueba conducente del
parentesco era la copia de los registros civiles que, además, debían ser
aportados, en principio, por la demandante[73].
En
cuanto a la segunda hipótesis, el peticionario considera que la autoridad
judicial accionada desconoció el valor dado por la ley a las sentencias como
medios de prueba y, por esa vía, transgredió a la vez el principio de cosa
juzgada. Si el artículo 264 del C.P.C. señala el alcance probatorio de los
documentos públicos, y además, como en este caso, ese documento público
incorpora una norma jurídica particular (una sentencia judicial), entonces el
juez civil no podría ignorar tales pruebas sin transgredir la ley.
El
argumento también se muestra sugerente, pero nuevamente choca con la regla
jurídica que prescribe un medio específico para la prueba del estado civil. De
acuerdo con la Ley -se reitera- el medio conducente para probar el estado civil
es el registro civil, y no las sentencias judiciales. Por otra parte, imponer
al Tribunal Superior del Distrito Judicial, en calidad de juez de segunda
instancia en un proceso civil, acoger de forma absoluta los resultados de un
proceso penal, se enfrenta con la autonomía y la independencia judicial.
No
puede por lo tanto afirmarse que esa autoridad desconoció los fallos penales,
pues aquellos, como se sabe, solo surtieron efectos inter-partes. La
posición del Tribunal, según la cual resultaba preciso efectuar un análisis
probatorio independiente del llevado a cabo en el proceso penal, puede ser
discutible, pero no es de ninguna manera irrazonable. La valoración de las
pruebas, además, se ajustó a lo prescrito por la ley en cuanto al estado civil.
A
partir de lo expuesto, se arriba a la siguiente conclusión: desde un punto de
vista formal, la actuación del Tribunal en la apreciación de las pruebas no
adolece de los defectos imputados por el accionante. Ahora bien, resta
determinar si la actuación del tribunal pudo derivar en un defecto de tipo
procedimental por un exceso ritual.
5.2.3
Configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
La
peticionaria, a través de su apoderado, planteó como una violación al debido
proceso, la omisión en el decreto de pruebas por parte de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. En su concepto, el juez de
segunda instancia debió acudir a sus facultades oficiosas en caso de considerar
que los registros civiles eran una prueba imprescindible para pronunciarse de
fondo en el proceso; o bien, proceder a decretar la nulidad de lo actuado, pues
el juez de primera instancia debió haber rechazado la demanda y solicitado la
incorporación de tales documentos, en virtud de lo establecido por los
artículos 77 y 85 del Código de Procedimiento Civil.
Estas
acusaciones pueden enmarcarse dentro del presupuesto del defecto procedimental
por exceso ritual, pues atañen a la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales, y al derecho al acceso a la administración de justicia,
así que el análisis de este cargo se efectuará con base en los acápites 3º y 4º
de los fundamentos de esta decisión.
El
problema presentado a la Sala por el último cargo puede ser reformulado de esta
manera: ¿incurrió el juez de segunda instancia en un defecto procedimental o
fáctico, al no decretar de oficio las pruebas que, de acuerdo con el material
aportado por las partes, resultaban imprescindibles para la adopción de un
fallo de fondo?
Previo
el análisis del cargo, debe recordarse que, como se expresó al estudiar el primer
cargo, la ausencia de legitimación es considerada por la Corte Suprema de
Justicia -órgano de cierre de la jurisdicción civil- como un presupuesto de la
pretensión que, en consecuencia, puede ser verificado de oficio por los
falladores de primera y segunda instancia en el proceso civil. Si el juez
encuentra comprobado que el actor carece de legitimación debe desestimar las
súplicas de la demanda o, en segunda instancia, revocar la decisión estimatoria
del a-quo. En tal sentido, la decisión controvertida es, a primera
vista, una decisión de fondo, contraria a los intereses de los demandantes y no
un fallo inhibitorio.
Ahora
bien, en el caso objeto de estudio, el Tribunal no se basó en la comprobación
de la ausencia de legitimidad de la actora. El fundamento de su decisión fue la
ausencia de la única prueba necesaria para comprobar el parentesco entre
ella, sus hijos, y el señor Angarita Carreño. Aunque puede parecer obvio, no
sobra resaltar que no es lo mismo sustentar un fallo en la comprobada
falta de legitimación que en la ausencia de prueba sobre este aspecto.
Es
relevante mencionar que la razón por la que la ausencia de prueba solo se
evidenció en el fallo de segunda instancia fue la decisión del a-quo
-explícita en su fallo (ver, supra, antecedentes, 2.1)-, en el sentido
de dar por acreditada la personería para demandar, con base en las
sentencias penales allegadas al proceso. En los términos en que se analizó el
primer cargo de la demanda, el juez de primera instancia acogió la tesis de la continuidad
entre los procesos penal y civil.
Así
las cosas, el fallo atacado no se fundamentó en el problema material de la
falta de legitimación de la demandante sino en un problema probatorio que, de
acuerdo con la ley procesal, pudo corregirse en el trámite de las instancias,
como lo evidenció el salvamento de voto a la sentencia desestimatoria proferida
por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
Ahora
bien. La decisión del juez podría considerarse ajustada a derecho si partiera
de una evaluación sobre la necesidad del medio de prueba, y de allí concluyera
que no hacía falta decretarlo para decidir con una base fáctica sólida. Sin
embargo, la autoridad accionada no adelantó ningún tipo de evaluación como la
descrita, a pesar de que existían en el expediente serios elementos de juicio
para generar en el juzgador la necesidad de esclarecer algunos aspectos de la
controversia y para concluir que, de no ejercer  actividades inquisitivas en
búsqueda de la verdad, la sentencia definitiva podía traducirse en una
vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la peticionaria, y en un desconocimiento de la
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial y evitar fallos inicuos, en
tanto desinteresados por la búsqueda de la verdad.
La
necesidad ineludible de decretar pruebas de oficio se puede inferir, además, de
las circunstancias en las que el juez de segunda instancia conoció el proceso:
la demandante aportó sentencias judiciales de carácter penal que constituían un
elemento de juicio importante en cuanto a la configuración de la
responsabilidad ­civil extracontractual (o aquiliana); las partes, además,
adelantaron una controversia sobre elementos propios de la responsabilidad y el
daño, como la fuerza mayor, el caso fortuito y la eventual concurrencia de
culpas. Por ello, si bien es cierto que las sentencias mencionadas no eran
conducentes para la prueba del registro civil, sí acreditaban un hecho muy
relevante para perseguir una decisión basada en el acopio de las pruebas
necesarias: la existencia de esas sentencias demostraba que la peticionaria
debió aportar  al proceso penal las pruebas que hacían falta en el proceso de
responsabilidad civil extracontractual, por lo que resultaba plausible
suponer que tales pruebas podían ser fácilmente incorporadas al proceso civil.
Las
sentencias penales y la actividad de las partes constituían, entonces, razón
suficiente para crear en el juez civil el deber de decretar pruebas de
forma oficiosa. La decisión de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, en cambio,
fue la de considerar que, en la medida en que la ley establece que el estado
civil se prueba con el registro civil, nada correspondía hacer al juzgador para
contribuir a esclarecer ese hecho, secundario incluso para las partes. Se trata
de una actuación plenamente marcada por un exceso ritual manifiesto,
pues es posible percibir cómo el juez de segunda instancia se mostró
indiferente al derecho sustancial y, por esa ruta, a la emisión de un fallo
justo.
La
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, una vez constató que
hacía falta un medio probatorio imprescindible para adoptar una decisión
apegada al derecho material como lo indicaban todos los demás elementos del
proceso, en lugar de adoptar las medidas necesarias para suplir esa necesidad
y, especialmente, para cumplir con su tarea de solucionar los conflictos que se
someten a su consideración desde una base fáctica adecuada, requisito necesario
para proferir una decisión justa (supra, acápite 4º), prefirió revocar
el fallo de primera instancia y cerrar definitivamente las puertas de la
jurisdicción civil a la demandante, actuación que comporta negarle el acceso
material a la administración de justicia.
Para
adoptar una decisión conforme con lo ordenado por el artículo 228 de la
Constitución, en la cual se diera prevalencia del derecho material, la
autoridad accionada no requería decretar una nulidad ni retrotraer el proceso a
su fase inicial como lo sugirió el representante de la peticionaria. Lo único
que debía hacer era decretar de oficio las pruebas que resultaban
imprescindibles para adoptar un fallo ajustado a la realidad que se insinuaba a
partir de los elementos aportados al proceso.
Como
ha ocurrido en otros eventos en los cuales la Corte se ha referido al exceso
ritual manifiesto, la conducta de la Sala de Decisión Civil del  Tribunal Superior
de Bogotá, indiferente a la efectividad del derecho sustancial, se convirtió en
una violación a los derechos fundamentales al debido proceso y  acceso a la
administración de justicia. La decisión atacada por vía de tutela solo podría
considerarse un fallo avenido con la verdad y, por lo tanto justo, si la
autoridad judicial hubiera comprobado la falta de interés para actuar de
la peticionaria o si no existiera ningún elemento como los reseñados en
párrafos anteriores para generar la necesidad de la prueba.
Situaciones
similares a la sucedida en esta oportunidad han llevado a la Corte a referirse
a los fallos inhibitorios manifiestos e implícitos. La
Corporación ha explicado que el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia comporta la garantía de la obtención de una
respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan
obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en obstáculos formales,
impidan la vigencia del derecho material o de los derechos subjetivos. Esto
ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma manifiesta como en
aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la apariencia de
un pronunciamiento de mérito (sentencia T-134 de 2004, citada).
Debido
a la relación que existe entre la vigencia y prevalencia del derecho material,
y la necesidad de que el juez civil ejerza sus funciones inquisitivas para
hallar la verdad, se puede concluir que en el presente caso se presentó una
situación análoga a la referida por la sentencia citada: la Sala de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, bajo el manto de
una sentencia de fondo desestimatoria, es decir, contraria a las pretensiones
de la actora en virtud de su falta de legitimidad para actuar, escondió una
sentencia inicua, en razón al desinterés de la autoridad judicial por acercarse
a la verdad real.
Una
sentencia como ésta, si bien no es de carácter inhibitorio, tiene el mismo
efecto, pues  impide la prevalencia del derecho sustancial y deniega el acceso
material a la administración de justicia de la peticionaria. Contrasta de forma
evidente la actitud de la autoridad judicial accionada con aquella prescrita
por el artículo 228 de la Constitución, que ordena al juez la adopción de todas
las medidas conducentes y necesarias para arribar a una decisión de fondo y
apegada a la justicia material.
Las
consideraciones precedentes permiten concluir que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, actuó en contra de su
papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el
ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica
de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos
que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al
derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente
las puertas de la jurisdicción a la peticionaria,  olvidó su papel de garante
de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como
presupuesto para la adopción de decisiones justas.
Como
lo expresó la Corte en la citada sentencia T-134 de 2004, la autonomía del juez
tiene límites. Concretamente, esta no lo faculta para denegar justicia.
Del
alcance del amparo.
Con
el fin de preservar la prevalencia del derecho sustancial y de garantizar el
acceso a la administración de justicia de la señora Luz Mary Jaimes Carvajal,
esta Sala de Revisión dejará sin efecto el fallo proferido por la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que
esta autoridad abra un término probatorio adicional con el fin de ejercer sus deberes
para arribar a la verdad y adoptar un fallo de mérito basado en la
determinación de la verdad real. La autoridad decidirá sobre la duración del
período probatorio indicado sin que, en todo caso, éste exceda de cuarenta
días. Una vez cumplido el término referido, el Tribunal deberá dictar sentencia
de segunda instancia en el término legal para fallar.
La
Sala advierte que esta decisión, adoptada en sede de revisión de tutela, no incide
ni determina el sentido del fallo que deberá proferir el Tribunal. El sentido
de la decisión será el que la autoridad accionada, como juez natural del
proceso, determine en derecho, una vez cuente con todos los elementos de juicio
necesarios para que su sentencia se ajuste a lo prescrito por el artículo 228
constitucional.
III. DECISIÓN.
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REVOCAR las sentencias de tutela
proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
primera instancia el veintidós (22) de agosto de dos mil ocho (2008), y la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de
dos mil ocho (2008), en segunda instancia y, en su lugar, CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia de la señora Luz Mary Jaimes Carvajal.
Segundo:
DEJAR SIN EFECTO la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el nueve (9)
de junio de dos mil ocho (2008), al conocer en segunda instancia del proceso
ordinario por responsabilidad civil extracontractual adelantado por la
peticionaria en contra del señor Pablo Antonio Muñoz y la empresa Transportes
Expreso Cundinamarca Ltda. y CIA S.C.A.
La
autoridad accionada deberá decretar un período probatorio adicional en el cual
hará uso de sus facultades inquisitivas para dictar un fallo en los términos
indicado en la parte motiva de esta providencia, cuyo término no podrá exceder
de 40 días. Una vez cerrado este período probatorio adicional, la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, deberá dictar sentencia en los
términos previstos por el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil.
Tercero:
Por Secretaría General líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] El artículo
citado establece: “Artículo 246. Alcance Probatorio: los documentos públicos
hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos
haga el funcionario que los autoriza.
Las
declaraciones que hagan los interesados en escritura pública, tendrán entre estos
y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 258 respecto
de terceros; se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”.
[2] Ver sentencias
T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de 1993 T-231 de 1994 relativas a la
doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias
SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido) y T-1180 de
2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que
se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran
a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina de las
causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004, doctrina que fue
sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005, que en esta ocasión
se reitera.
[3] Cfr. C-590
de 2005.
[4] Sobre la
función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver la
sentencia C-018 de 1993. y los autos A-034 de 1996 y A-220 de 2001.
[5] Sobre la
estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente ilustrativas
las sentencias T-576 de 2008 y T-760 de 2008, relativas al carácter fundamental
del derecho a la salud.
[6] Sobre la
importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su relación
con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de 2001 y
T-566 de 1998.
[7] Ver, sentencias
C-560 de 1999 y C-1290 de 2001.
[8] Siempre,
siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.
[9] Ver sentencias
T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[10]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[11]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[12]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[13]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[14] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[15]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[16]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[17] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[18]
“(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[19]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[20] Ver Sentencia
T-701 de 2004.
[21] Es
decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material,
representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[22]
Sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004.
[23] Ver, entre
otras, las sentencias T-231 de 1994, T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de
1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639  de 2006, T-737 de
2007   y T-458 de 2007.
[24] Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[25] Cabe resaltar
que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una
prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental,
que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[26] Cfr. Sentencias
SU-159 de 2002, T-538 de 1994   y T-061 de 2007.
[27] Ver sentencias
T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002  , T-244 de
1997.
[28]
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
[29]
Sentencia T-442 de 1994.
[30] Ver también la
sentencia T-008 de 1998.
[31] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336
de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.
[32] Sentencia T-008
de 1998 y T-636 de 2006.
[33]
Ibídem.
[34] Ver sentencia
T-996 de 2003.
[35]
Cfr. Sentencias
T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. “(se pretermiten etapas) señaladas
en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen
a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el
derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación
del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen
todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben
serles notificadas”. (Tomado de la SU-159 de 2002).
[36] La
Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia,
supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias
planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las
medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de
forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en
apariencia de mérito. Cfr. Sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
[37]
La cual, a su vez, tuvo fundamento en la C-029 de 1995 relativa a la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
[38]
Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de casación, ver las sentencias
C-252 de 2001, T-321 de 1998, C-446 de 1997, ­C-215 de 1994.
[39] Los pronunciamientos más relevantes sobre el exceso
ritual manifiesto, aparte de la mencionada sentencia T-1306 de 2001 y de la 973
de 2004, que será referida en el cuerpo de la sentencias son: la sentencia
T-1323 de 2002, en la cual la Corte conoció de un caso en el cual el abogado de
500 ciudadanos que se encontraban reclamando el derecho a la pensión, dirigió
por error la demanda a los jueces civiles del circuito. El juez del circuito al
que le correspondió en reparto la demanda la envió a los jueces laborales del
circuito, por competencia. El juez laboral del circuito a quien correspondió el
caso ordenó la corrección de la demanda y de 500 poderes incorporados en ella,
en el término de cinco días. El abogado corrigió la demanda, pero solicitó un
plazo adicional para anexar los 500 poderes, pues no todos sus mandates se
encontraban en la misma región del país. La Corte consideró que la exigencia
impuesta por un juez laboral del circuito en un término de cinco días, y su
negativa a la ampliación del término, se encontraban enmarcadas en el supuesto
del exceso ritual manifiesto. Tras reparar en que se hallaba de por
medio el derecho a la pensión de un amplio número de ciudadanos, esta
Corporación indicó que, con el fin de dar prevalencia al derecho sustancial, el
juez debió inaplicar las normas sobre términos legales para la corrección de
los poderes, o bien, dar valor a la inequívoca expresión de voluntad contenida
en los poderes rechazados; la sentencia T-289 de 2005 fallo en que la Corte se
pronunció sobre la petición de amparo de un ciudadano que había interpuesto la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante un Tribunal de la
jurisdicción contencioso-administrativa. La autoridad judicial rechazó la
acción argumentando la caducidad de la misma, decisión que el afectado impugnó
mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del
auto de rechazo. El Tribunal rechazó nuevamente el recurso por considerar que,
de acuerdo con la normativa del proceso contencioso, el único recurso
procedente era el de súplica. La Corte consideró que el juez administrativo
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual, dado que en la medida en
que los recursos tenían el mismo objeto, y el término para interponerlos era el
mismo, el juez debió obviar el encabezado y dar trámite al recurso procedente;
la sentencia T-950 de 2003, pronunciamiento en el que la Corte consideró que un
juez civil incurrió en un defecto procedimental al decretar la perención de un
proceso de responsabilidad extracontractual debido a la inasistencia del
demandante, pues el funcionario judicial no tuvo en cuenta que este se
encontraba interno en la cárcel La Picota de Bogotá, y fue notificado de la
audiencia, a realizarse en Valledupar, un día antes de su celebración. Para la
Corte, la actuación del juez civil fue por completo irrazonable y
desproporcionada, especialmente porque conocía plenamente la situación del
peticionario.
[40]
Ibídem.
[41] Sentencia C-590
de 2005.
[42] Ver, entre
muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
[43] En
relación con los temas tratados en este aparte, y concretamente, el papel de la
verdad en el proceso, ver Proceso civil e ideología. Un prefacio, una
sentencia, dos cartas y quince ensayos. Juan Montero Aroca. Editorial
Tirant lo Blanch. Valencia, 2006. También se hará referencia a las obras Racionalidad
e ideología en las pruebas de oficio. Jairo Parra Quijano. Editorial Temis.
Bogotá, 2004. Capítulos I a VII; y La prueba de los hechos. Michele
Taruffo. Editorial Trotta, Madrid. 2002. Especialmente, los capítulos I, III.1
y V.
[44] Al
respecto, Cfr. Jairo Parra Quijano. Op Cit. Capítulos I y II.
[45]
Sobre este tema, Cfr. Jairo Parra Quijano. Ibídem. Capítulos VI y VII.
[46] Sobre
este proceso, ver el concepto de lógica dialéctica en Parra Quijano. Op cit.
Capítulos VI al VIII.
[47] Estos
medios de acceder al conocimiento se mencionan de forma ilustrativa, pues en un
sistema de libertad probatoria y sana crítica, el juez puede acudir a cualquier
otro medio de convicción y utilizar cualquier tipo de razonamiento que resulte
apropiado para la evaluación de las pruebas, siempre que no sea ajeno a la
cultura media de la sociedad, pues de ello depende que pueda ejercerse un
control sobre la determinación de los hechos por el juez. Para un extenso
análisis sobre la determinación de la verdad en el proceso y la prueba
jurídica, ver, Taruffo, Op. Cit. Capítulos III y V.
[48] Ibídem. Capítulo V.
[49] Ibídem.
[50] La
semblanza más completa del debate sobre las pruebas de oficio en el proceso
civil se encuentra en Juan Montero Aroca. Proceso civil e ideología. Un
prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Ver, especialmente,
la introducción en las páginas 15-26 de la obra.
[51] Sobre la
propuesta dispositiva, Juan Montero Aroca. Op cit. Pgs. 293-353.
[52]
Ver, Parra Quijano, Op. Cit. Capítulo I.
[53]
Sobre las características del proceso civil en Colombia, ver la sentencia C-873
de 2004.
[54]  Así, ha afirmado la Corte que “…El derecho
procesal se constituye en un factor principal en la preservación del orden
social, pues se trata de la aplicación de la justicia, tal como lo ha expuesto la
Corte en varias ocasiones” (C-102 de 2005, y C-548 de 1997); o, en sentido
similar, que “Hoy en día, el proceso civil es de interés público, busca la
verdad real y la realización de la justicia. Es decir, que no obstante que
existan asuntos que corresponden al ámbito particular de las partes, tales como
la decisión de acudir a la jurisdicción con el fin de iniciar una demanda
civil, o manifestaciones de voluntad como cuando el demandado decide allanarse
a las pretensiones de la demanda, o las partes de renunciar a términos, que son
manifestaciones del principio dispositivo del proceso civil, pero que, a su
vez, al estar previstas en la ley, realizan el concepto de que “las normas
procesales son de orden público (…)”” (Sentencia C-102 de 2005). Aunado a
lo expuesto, indicó la Corporación en la sentencia C-874 de 2003 que:  “Como
quiera que el Estado a través de la administración de justicia busca o tiene
como finalidad primordial no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también
lograr la efectividad de los derechos de las personas, ha dotado al juez de
mecanismos y herramientas procesales para que la verdad procesal  coincida con
la verdad real y para ello ha consagrado la institución procesal de la prueba
oficiosa, que es aquella que el juez decreta y practica no a petición de parte,
sino porque considera conducente y pertinente a la verificación de los hechos”.
Por último, en la sentencia C-029 de 1995, relativa a la prevalencia del
derecho sustancial, estableció la Corporación: “Cuando los intereses
individuales o colectivos tutelados por el derecho objetivo no se satisfacen
espontáneamente por aquellos obligados por la norma, el Estado provee a su
realización por medio de la actividad jurisdiccional.  El objeto de esta
es "la declaración de certeza o la realización colectiva y concreta de los
intereses tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo, cuando,
por falta de certeza o por inobservancia de las dichas normas, no quedan ellos
directamente satisfechos por aquellos a quienes se dirigen las normas
jurídicas". (Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.
48, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1969)”.
[55] La
relación entre la motivación y el debido proceso también ha sido recalcada por la
Corte Constitucional, al punto de incluir entre las causales de procedencia de
la tutela contra sentencias, la ausencia de motivación del fallo (Ver sentencia
T-114 de 2002).
[56]
Ver, sentencia C-029 de 1995.
[57] Si
bien en la teoría del derecho existe se plantean controversias sobre la
posibilidad de reconducir todas las normas jurídicas a estructuras hipotéticas
condicionales, así como la distinción entre reglas y principios, en términos
generales, la concepción que se explica, proveniente de los trabajos de Hans Kelsen
(Teoría Pura del Derecho), Ronald Dworkin (Los derechos en serio) y
Robert Alexy (Teoría de los derechos fundamentales), es ampliamente
aceptada y describe de una manera adecuada aunque esquemática la labor de
aplicación del derecho.
[58]
Especialmente, en lo que se conoce como juicio de proporcionalidad estricta.
Es decir, el nivel de vulneración de un principio por la aplicación del
otro.
[59]
Ver, sentencia C-159 de 2007.
[60]
Sobre la imparcialidad del juez como elemento del debido proceso, ver  las
sentencias T-001 de 1993 y C-102 de 2005.
[61]
Sentencia C-159 de 2007.
[62] Así, la Corte Suprema de Justicia señaló en principio
que el decreto oficioso de pruebas es a la vez una facultad y un deber del
Juez. En sentencias de 12 de febrero de 1977, 26 de octubre de 1988. y de marzo
de 1997 y 8 de noviembre de dos mil, expresó la Alta Corporación: “Y no solo
está facultado el juez de segunda instancia para decretar pruebas de oficio
antes de fallar, sino que ese es su deber… En un trascendental viraje en
materia de derecho probatorio, el actual estatuto procedimental se despojó del
principio dispositivo y acogió el inquisitivo, fundado en la lógica y obvia
razón de que a pesar de que en el común de los procesos se controvierten
intereses privados, la justicia no puede volverle la espalda al establecimiento
de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una
posición eminentemente pasiva, si encuentra que decretando pruebas de oficio
puede a la postre mediante ellas verificar los hechos alegados por las partes y
lograr que en definitiva brille la verdad y, por tanto, se imponga la justicia.
Fundado en este criterio, no es facultativo del juzgador decretar pruebas de
oficio, sino que en toda ocasión, en la debida oportunidad legal, en que los
hechos alegados por las partes requieren ser demostrados, así la parte que los
alega hubiese sido desidiosa en esa labor, es un deber del juzgador utilizar
los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es este
el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los artículos 37-4, 179 y 180
del Código de Procedimiento Civil.  Ha precisado, además, la Corte Suprema
que el juez no solo está facultado para decretar pruebas, sino que carece de las
limitaciones que afrontan las partes. “Frente al ordenamiento procesal que
gobierna hoy la facultad de deducir pruebas, esta no es de iniciativa exclusiva
de las partes. Hoy el juez tiene la misma iniciativa y más amplia, pues las
limitaciones que la ley impone a las partes en el punto, no lo cobijan a él,
puesto que su actividad no está guiada por un interés privado como el de los
contendientes, sino por uno público, de abolengo superior, cual es la
realización de la justicia, uno de los fines esenciales del Estado moderno”. (Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de octubre de
1988).
Por
último, ha establecido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
que la omisión en el decreto de pruebas “da lugar al recurso de casación si
debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas
objetivamente y ajenas por lo demás a cualquier manipulación fraudulenta de las
partes, el uso de aquellas facultades se torna ineludible pues lejos de mediar
razón atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde
el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o
tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una
decisión jurisdiccional absurda,, imposible de conciliar con dictados
elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta
reducida moldura y para los fines propios del recurso de casación, ante
situaciones que no tengan la entidad apuntada no puede configurarse yerro
probatorio de derecho porque, en opinión del censor, era factible alguna forma
de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses”. (Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia de 4 de marzo de 1998).
[63] Se
toma como referencia para establecer el monto de los daños morales, el valor
del gramo oro para el día en que se profirió el fallo de primera instancia (26
de junio de 2007). De acuerdo con la información pública que ofrece el Banco de
la República en su sitio de Internet (http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_met_prec_bus.htm),
el precio de compra era de $40.938,37, y el precio de venta era de 39.914,91.
Tomando como referencia el valor más alto, 600 gramos oro equivalían a $
24.653.022.
[64] En
concepto de la Sala no hace falta hacer referencia al recurso extraordinario o
acción de revisión que opera en contra de sentencias ejecutoriadas, pues sus
causales se orientan a corregir fallos que puedan resultar inicuos en virtud de
la aparición de nuevas pruebas, o de hechos ocurridos por fuera del proceso y
que desviaron el curso normal del mismo. En este proceso, en cambio, se
plantean asuntos de hecho y de derecho ocurridos al interior del proceso, lo
que se encuentra por fuera del ámbito de la acción de revisión. (Cfr. Código
de Procedimiento Civil, artículo 380).
[65] En
esa oportunidad el monto de la condena impuesta por el juez de primera
instancia equivalía apenas a la octava parte del monto exigido para recurrir en
casación. Por ello, para la Corte resultó evidente que la exigencia de acudir a
la Casación como requisito formal de procedibilidad de la acción resultaba
inadmisible.
[66] En efecto, la disposición que establecía un término
para la interposición de la acción de tutela (artículo 11 decreto 2591 de
1991), fue declarada inexequible en la sentencia C-543 de 1992. Esta
disposición, en efecto, prescribía que la Acción debía interponerse dentro de
los dos meses siguientes a la expedición del fallo, y la Corte consideró que el
término no resultaba ajustado a la protección de los derechos constitucionales,
de forma que corresponde al juez de tutela apreciar si la acción se interpuso
dentro de un término razonable. Si bien la Corte ha señalado que la inmediatez
no se debe observar desde criterios objetivos sino a partir de las
particularidades del caso, el término de dos meses parece a todas luces
prudente.
[67]
Podría objetarse que la irregularidad pudo ser discutida en sede de casación,
pero esta objeción ya fue analizada en el acápite 4.1.2. sobre el
agotamiento de los recursos judiciales.
[68] Sobre la aplicación del principio en materia civil,
consultar los artículos 305 y 368 del C.P.C.
[69]
Así lo expresó la misma autoridad judicial (C.S.J, Sal. Cas. Civ.) al actuar
como juez de instancia en el presente proceso
[70] Así, por ejemplo, en sentencia de 23 de abril de
2007, citando a la vez un fallo de 2003, expresó la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia: “La conclusión anterior está en armonía con lo que
ha venido sostenido la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que la
legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepción
sino que es uno de los requisitos necesarios e imprescindibles para que se
pueda dictar providencia de mérito, ora favorable al actor o bien desechando
sus pedimentos, porque entendida esta “como la designación legal de los sujetos
del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye
uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea
estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte
activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de
mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio; de allí que
se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte
demandante para formular la pretensión” (sentencia de casación N° 051 de 23 de
abril de 2003, expediente 76519).
[71]
Sobre el particular, la Sala remite a los artículos 100 a 109 del Decreto 1260
de 1970.
[72]
Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Inciso 1º “Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”.
[73] En
el último aparte del estudio del caso concreto se estudiará si la prueba podía
o debía ser decretada de oficio.