T-426-19
Sentencia
T-426/19
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PRESTACIONES ECONOMICAS PENSIONALES-Reglas
jurisprudenciales para la procedencia
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia
de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO
FALLECIDO-Requisito de dependencia económica frente al causante
La
dependencia económica supone un estado de necesidad, de manera que los recursos
suministrados por el causante sean imprescindibles para la subsistencia del
beneficiario. Por consiguiente, su definición se enmarca dentro del concepto de
autosuficiencia, es decir, la imposibilidad de mantener el mínimo existencial
que les permita a los padres subsistir de manera digna. Por ende, la pensión de
sobrevivientes busca proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana, lo cual no se limita a una consideración simplista de ausencia
de recursos sino que, por el contrario, exige el análisis particular de la
necesidad de los mismos de cara al apoyo brindado por el causante y las
necesidades del beneficiario. En suma, esta Corporación ha establecido que,
para acceder a la pensión de sobrevivientes, los padres de los afiliados que
fallecen deben probar que, sin los recursos que antes proveía el causante, las
condiciones de vida desmejoran de tal forma que los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la dignidad humana se ven amenazados.
DEPENDENCIA ECONOMICA-Reglas
para determinarla
PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO
FALLECIDO-Dependencia económica que deben acreditar los padres del
hijo fallecido puede ser parcial o total
El
requisito de dependencia económica exigido a los padres del fallecido con el
fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no requiere
ser total y absoluta respecto del causante. En efecto, el beneficiario puede
recibir un salario mínimo, o ser acreedor de otra pensión, percibir un ingreso
ocasional o incluso poseer un predio y, pese a ello, ser beneficiario de tal
prestación. No obstante, los beneficiarios sí deben estar subordinados
materialmente, así sea parcialmente, al causante, esto es, debe existir la
necesidad de recibir la ayuda financiera que proveía para que los derechos al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas no se vean amenazados.
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
DERECHO DE PETICION-Procedencia de manera directa por ser
derecho fundamental de aplicación inmediata
DERECHO DE PETICION-Respuesta
debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva
PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO FALLECIDO-Orden
a Fondos de Pensiones reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes
Referencia: Expedientes
acumulados: (i) T-7.274.643; (ii) 7.359.286.
Acciones de tutela instauradas, por
separado, por (i) Gilma Aurora Castro García e (ii) Irma López de Vásquez contra
Porvenir S.A.
Procedencia: (i) Juzgado Primero Civil del
Circuito de Florencia; (ii) Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali.
Asunto: Reconocimiento y pago de pensión
de sobrevivientes.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., doce (12) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, integrada
por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina
Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia proferido el 23 de noviembre de 2018[1]
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, que revocó la sentencia
emitida el 13 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la
misma ciudad, por medio de la cual se negó el amparo constitucional solicitado
por Gilma Aurora Castro García y, en su lugar, declaró que no era procedente
por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Este asunto llegó a la Corte Constitucional en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por
remisión que efectuó la Secretaría del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Florencia, el 7 de febrero de 2019[2].
El 10 de abril de 2019, la Sala de Selección de Tutelas número Cuatro escogió
el presente caso para su revisión[3].
Igualmente, es objeto de revisión la sentencia proferida
el día 12 de marzo de 2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali[4],
que confirmó la decisión de primera instancia emitida el 1 de febrero de 2019
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de la misma
ciudad, en la que se declaró que la tutela era improcedente por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.
La Sala de Selección de Tutelas número Cinco escogió
este segundo asunto para su revisión el 31 de mayo de 2019[5].
I.
ANTECEDENTES
Expediente T-7.274.643
A.   Hechos y pretensiones
1. La señora Gilma Aurora Castro García es
madre del señor Alexander Valderrama Castro, quien nació el 28 de febrero de
1989[6].
De conformidad con las afirmaciones de la accionante[7], siempre
vivió junto a su hijo, quien velaba por su bienestar y le proveía sustento
económico.
2. El 20 de octubre de 2017, el señor Alexander
Valderrama, quien estaba afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A.[8],
falleció[9].
Al momento de su muerte, no tenía sociedad conyugal, unión marital de hecho o
hijos.
3. El 18 de enero de 2018, la señora Gilma
Aurora Castro reclamó el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes
ante Porvenir S.A.[10].
4. El 10 de abril de 2018, la entidad en
mención negó la solicitud de la accionante porque, a su juicio, no existían
pruebas que acreditaran que dependía económicamente de su hijo[11].
5. El 21 de junio de 2018[12], la
solicitante interpuso recurso de reposición ante Porvenir S.A., en el que
controvirtió la falta de dependencia alegada para denegar el reconocimiento
pensional. En particular, por medio de declaraciones con fines extraprocesales
y un contrato de arrendamiento de vivienda que la accionante suscribió como
arrendataria y su hijo como codeudor[13],
indicó que siempre compartió techo con el señor Alexander Valderrama. Además,
su hijo pagaba el canon de arrendamiento de la vivienda que compartían y velaba
por su situación económica. Por consiguiente, adujo que tiene derecho a recibir
una pensión de sobrevivientes debido a que, además de la dependencia económica
descrita, su hijo, al momento de su muerte, no tenía sociedad conyugal, unión
marital de hecho o hijos.
6. El 6 de julio de 2018[14] Porvenir
S.A. resolvió el recurso de reposición. La entidad afirmó que, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se cumplía “con el requisito
de semanas de cotización en el Sistema General de Pensiones a fecha de
siniestro (sic), previsto en el artículo 46 de la ley 100 de 1.993”; sin
embargo, la accionante no demostró dependencia económica. Por lo anterior,
únicamente aprobó la devolución de saldos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 78 de la Ley 100 de 1993.
7. El 3 de agosto de 2018[15], la señora
Gilma Aurora Castro interpuso acción de tutela en la que denunció la violación
de sus derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso por parte de Porvenir
S.A., al no reconocer en su favor la pensión de sobrevivientes reclamada. Consecuentemente,
solicitó que se le ampararan los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados y se le ordenara a la entidad accionada reconocer y pagar la pensión
de sobrevivientes en su favor.
B.   Actuación procesal y contestación de las
entidades accionadas y vinculadas
El 6 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Florencia conoció la acción de tutela en primera instancia y
admitió la solicitud de amparo[16].
La autoridad judicial ofició a Porvenir S.A. para que se pronunciara sobre los
hechos que sustentan la acción.
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
El 8 de agosto de 2018, la entidad accionada contestó
la acción de tutela y solicitó que se desestimara la tutela por ser
improcedente[17].
En particular, Porvenir S.A. afirmó que la
improcedencia radicaba en la existencia de otro medio de defensa judicial. A su juicio, la
accionante puede acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para que se
evalúe si tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes. Adicionalmente, afirmó que, una vez analizó la situación de la
peticionaria, determinó que no dependía económicamente del afiliado y, por lo
tanto, no ostentaba la calidad de beneficiaria de una pensión de sobrevivientes[18].
Superintendencia Financiera
El 6 de noviembre de 2018, la autoridad, luego
de ser vinculada al trámite en segunda instancia[19], aseguró que no
encontró queja o reclamación alguna formulada por la señora Gilma Aurora Castro
García con respecto a los hechos narrados en la acción de tutela.
En segundo lugar afirmó que, si bien Porvenir S.A. era
una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, este hecho no
significaba que debía ser vinculada en todo tipo de acciones constitucionales.
Lo anterior, debido a que dicha institución no se entendía como un superior
jerárquico de sus vigiladas porque dicha facultad no se le otorgó ni en la
Constitución ni en la ley.
Por lo anterior, solicitó ser desvinculada de la
presente acción de tutela.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Luego de haber sido vinculada al trámite en segunda
instancia, el 7 de noviembre de 2018[20],
esta entidad aseguró que la accionante no formuló ninguna petición ante sus
dependencias. También afirmó que el Ministerio de Hacienda “no tiene a su
cargo ni la gestión de derechos pensionales, ni la gestión de nómina, ni mucho
menos actividades asociadas a pagos de mesadas u otros derechos pensionales”[21]. Por
lo anterior, señaló que no es de su competencia establecer si la solicitante cumple
con los requisitos legales para que pueda ser considerada beneficiaria de una
pensión de sobrevivientes.
Por otra parte, solicitó que la acción de tutela se
declarara improcedente. Conforme a sus argumentos, la tutela no puede ser
utilizada para obtener el reconocimiento de derechos de carácter económico,
como el que persigue la peticionaria.
Asimismo, requirió que se desestimaran las
pretensiones de la tutela en lo que tiene que ver con la Oficina de Bonos
Pensionales y/o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en tanto no había
vulnerado los derechos fundamentales de la señora Gilma Aurora Castro.
C.   Decisiones de instancia
Sentencia de primera instancia
El 13 de noviembre de 2018[22], el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Florencia amparó los derechos al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas de la señora Gilma Aurora Castro. Para llegar a
dicha conclusión determinó que (i) la accionante era una mujer de 73 años de
edad, viuda y afiliada al régimen subsidiado de salud en el nivel 1; (ii) la
actora aportó las declaraciones extrajudiciales de personas que conocieron a su
hijo, y todos, sin excepción, afirmaron que Alexander Valderrama y Gilma Aurora
Castro vivían bajo el mismo techo y esta última dependía económicamente de su
hijo; (iii) el afiliado cotizó un mínimo de 50 semanas dentro de los 3 últimos
años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, tal y como lo dispone el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993; y (iv) la tutelante fue diligente al momento
de reclamar la pensión de sobrevivientes, pues solicitó esta prestación el 18
de enero de 2018 e interpuso recurso de reposición, el cual fue negado el 6 de
julio de 2018.
En atención a lo anterior, el juez le ordenó a la
entidad accionada reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora
Gilma Aurora Castro.
Impugnación
El 4 de septiembre de 2018[23], Porvenir
S.A. impugnó la sentencia de primera instancia. En particular, argumentó que
dicha decisión constituye una vía de hecho por defecto sustantivo porque la
accionante no cumplió con el requisito de dependencia económica establecido en
el artículo 74 de la Ley 100 de 1993. A su juicio, esta norma dicta que, a
falta de cónyuge, compañero permanente o hijos, los padres son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes si dependen económicamente de “forma total y
absoluta” del afiliado. En atención a lo anterior, la peticionaria no puede
ser beneficiaria de esta prestación económica.
Igualmente, afirmó que no se cumplió el principio de
subsidiariedad. Citó una sentencia de esta Corporación que no identificó para
afirmar que “la Corte Constitucional ha considerado que la protección del
derecho a la seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de
reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del juez
(…) al juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones
que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión[24]”. Por
otra parte, consideró que no existe un perjuicio inminente o próximo a suceder
que deba evitarse.
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del 23 de enero de 2019[25],
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declaró que la acción de tutela era
improcedente. En su criterio, aunque la actora tenía 73 años de edad y, por lo
tanto, era sujeto de especial protección constitucional, no se evidenciaban
requisitos adicionales que probaran que estuviera en una situación de
vulnerabilidad. En este sentido, no se demostró su condición de salud mediante
historia clínica, exámenes médicos, patologías, etc., ni algún tipo de
enfermedad crónica o terminal que potencializaran la vulneración de sus
derechos fundamentales.
Igualmente, en tanto la dependencia económica fue
acreditada mediante declaraciones extrajuicio, el juez consideró que acudir a
la jurisdicción ordinaria laboral era la vía adecuada para determinar si se
cumplía el requisito.
En razón a lo anterior, el juez de segunda instancia adujo
que no se evidenciaban supuestos de riesgo que permitieran establecer que la
accionante se encontrara en una situación concreta de vulnerabilidad. Tampoco
se acreditó “la no capacidad para trabajar y proveerse de lo necesario para
su subsistencia”[26].
Adicionalmente, resaltó que la solicitante tenía más hijos adultos con el deber
legal de brindarle alimentos, lo cual mitigaba su situación de pobreza mientras
agotaba la vía judicial ordinaria.
Por consiguiente, concluyó que la acción de tutela
interpuesta no cumplía el requisito de subsidiariedad y, por lo tanto, no era
procedente.
Expediente T-7.359.286
A.   Hechos
1. La señora Irma López de Vásquez, de 90 años
de edad[27],
es madre del señor Jorge Humberto Vásquez López, quien nació el 8 de
julio de 1946[28].
2. El 1 de febrero de 2017[29], el señor Jorge
Humberto Vásquez López declaró ante la Notaría 8 del círculo de Bogotá que no
convivía hacía cuatro años con la señora Mónica Roldán Jiménez. En
consecuencia, ya no compartía ningún vínculo con ella.
3. El 19 de abril de 2018[30], el señor Jorge
Humberto Vásquez López rindió declaración juramentada y dirigida a Porvenir
S.A. en la Notaría 73 de Bogotá, en la que manifestó que la accionante estaba
bajo su custodia y cuidado, no estaba vinculada laboralmente a ninguna entidad
pública o privada y dependía económicamente de él. Por consiguiente, deseaba
que, en caso de su fallecimiento, la pensión que recibía fuera otorgada a su
madre.
4. El señor Jorge Humberto Vásquez López
falleció el 12 de agosto de 2018[31].
De conformidad con las afirmaciones de la peticionaria[32], al momento
de la muerte de su hijo, él era quien se encargaba de su sostenimiento y
manutención, no tenía cónyuge o compañero/a permanente y, si bien dejó dos
hijos, son mayores de 25 años y gozan de buena salud física y mental.
5. El 19 de septiembre de 2018[33], la actora reclamó ante Porvenir S.A. que
se reconociera y pagara “el ahorro cuenta individual existente en nombre de
JORGE HUMBERTO VASQUEZ LOPEZ (…) en favor de la señora IRMA LOPEZ DE VASQUEZ
(…) en calidad de MADRE”. Para ello, adjuntó la declaración extrajuicio de
su hijo, rendida en la Notaría 73 de Bogotá el 19 de abril de 2018.
6. El 26 de noviembre de 2018[34], la entidad no accedió
a la solicitud porque, a su juicio, existían otros beneficiarios con mejor
derecho “de acuerdo al grado de consanguinidad según el artículo 74”. Como
fundamento de su decisión, citó los artículos 73 a 76 de la Ley 100 de 1993,
que regulan diferentes aspectos de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo,
no identificó ni hizo alguna referencia sobre los beneficiarios a los que
aludió.
7. El 21 de enero de 2019[35], la señora Irma López
de Vásquez interpuso acción de tutela por medio de apoderada judicial, en la
que denunció la violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social por parte de Porvenir S.A., al no reconocerle el pago de la
pensión de sobrevivientes. Específicamente afirmó que, contrario a lo
argumentado por la entidad, no existían beneficiarios con mejor derecho que
ella para acceder a esta prestación; por lo cual, solicitó que se le ordenara a
Porvenir S.A. reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en su favor.
Como prueba del derecho pensional que reclama y la
violación de sus derechos fundamentales aportó como anexos de la tutela: (i)
declaraciones con fines extraprocesales rendidas por el causante Jorge Humberto
Vásquez López y la señora Mónica Roldán Jiménez, en las cuales manifestaron que
vivieron en unión marital de hecho durante 34 años, pero hacía más de 12 años
que no tenían vida marital y hacía 4 que no convivían bajo el mismo techo[36]; (ii) la declaración
rendida por su hijo, en la que manifestaba que la accionante dependía
económicamente de él y, por esa razón, deseaba que, en caso de fallecer, su pensión
fuera otorgada a su madre; y (iii) declaraciones con fines extraprocesales
rendidas por Elie Cadosh Delmar Vásquez y Blanca Inés Daza Ardila[37], en las que afirmaban
que la tutelante dependía económicamente de su hijo al momento de su muerte,
que el señor Jorge Humberto Vásquez no hacía vida marital con persona alguna y
que, si bien tenía dos hijos, ambos eran mayores de 25 años y gozaban de buena
salud física y mental.
B.   Actuación procesal y contestación de las
entidades accionadas
El 22 de enero de 2019, el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali recibió la solicitud de amparo[38]. En el auto admisorio
(i) vinculó a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES); (ii) ordenó correr traslado de la acción de tutela a Porvenir
S.A. y a la vinculada para que presentaran los argumentos de defensa que
consideraran pertinentes; y (iii) requirió a la accionante para que informara
al despacho cómo se componía su grupo familiar y los ingresos económicos o
bienes de capital con los que contaba.
Administradora de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES)[39]
La entidad solicitó negar el amparo requerido en relación con la entidad y, por
ende, desvincularla del trámite de la acción de tutela. Como fundamento de la
solicitud, la ADRES explicó que la entidad no ha vulnerado “los derechos
fundamentales del actor”[40].
C.   Decisiones de instancia
Sentencia de primera instancia
El 1 de febrero de 2019[41], el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali desvinculó a la
ADRES de la acción de tutela y la declaró improcedente.
En primer lugar, la autoridad judicial destacó que la
peticionaria no hizo manifestación alguna en relación con la composición de su
núcleo familiar o sus condiciones económicas. Asimismo, señaló que si bien Porvenir
S.A. no contestó el requerimiento hecho por el juez de tutela, tendría en
cuenta la respuesta que la entidad le dio a la accionante. En particular,
recordó que el fondo de pensiones negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes debido a la presunta existencia de beneficiarios con mejor
derecho. Esta consideración no fue desvirtuada por la solicitante, quien
tampoco aportó prueba de algún daño generado por la falta de pago de la
prestación reclamada.
En segundo lugar, argumentó que la peticionaria no era
sujeto de especial protección constitucional. A pesar de tener 90 años de edad,
no acreditó la falta de ingresos o recursos económicos. Tampoco probó que el no
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afectara de forma directa su
mínimo vital y, finalmente, no expuso las razones por las cuales se le
dificultaba adelantar las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes
para acceder a dicha prestación económica, o por qué estos mecanismos
resultaban ineficaces para proteger sus derechos fundamentales. De hecho, el
juez hizo hincapié en que la accionante actuaba en el proceso por medio de
apoderado judicial, por lo que dedujo que no se encontraba en estado de
vulnerabilidad.
En atención a lo anterior, decidió “negar por
improcedente” la acción la tutela al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, y desvinculó a la ADRES del proceso.
Impugnación
El 6 de febrero de 2019[42], la tutelante
impugnó la sentencia de primera instancia. En particular, hizo énfasis en el
hecho de que tenía 90 años y, por ende, era sujeto de especial protección
constitucional. Además, adujo que no contaba con recursos económicos o
capacidad laboral para proveerse medios de subsistencia.
Adicionalmente aseguró que, de las pruebas aportadas,
podía concluirse que dependía económicamente de su hijo. Por consiguiente, con
el fallecimiento del causante, vio afectado su derecho al mínimo vital.
Por último, precisó que, como consecuencia de su
avanzada edad, su estado de salud había desmejorado. Específicamente, padece de
problemas auditivos, hipertensión arterial y diabetes. Por lo tanto, la
exigencia de que se le reconozca la pensión de sobrevivientes radica también en
la necesidad de atender sus problemas de salud.
Con base en los argumentos descritos, la accionante
solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
protegieran sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en
condiciones dignas.
Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 12 de marzo de 2019[43],
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali
confirmó la decisión de primera instancia.
El juez no acogió la posición del a quo en
relación con la exigencia de acreditar la falta de recursos económicos; no
obstante, advirtió que la accionante pertenecía al régimen contributivo de
salud. A raíz de este hecho, concluyó que recibía ingresos, los cuales incluso
aparecían reportados para deducir de estos la cotización de las prestaciones
sociales.
A juicio del ad quem, esta situación demeritaba
el perjuicio irremediable alegado por la peticionaria que le impedía acudir a
la instancia ordinaria diseñada para atender su petición. Entonces, también
consideró que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela.
II.
ACTUACIONES
LLEVADAS A CABO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN
Expediente T-7.274.643
El 20 de mayo de 2019, la magistrada sustanciadora
profirió auto en el que solicitó información a Porvenir S.A. sobre (i) los
protocolos que seguía para determinar si el padre o la madre de un afiliado
tenía derecho a acceder a una pensión de sobrevivientes; (ii) su conocimiento
de la Sentencia C-111 de 2006 y la aplicación de esta providencia en sus
protocolos; y (iii) si ya se habían devuelto los saldos a la señora Gilma
Aurora Castro García, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 100
de 1993.
De igual manera comisionó al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Florencia para que citara a la accionante y a sus hijos, y
rindieran declaraciones en relación con (i) el estado de salud de la
peticionaria; (ii) su forma de afiliación al sistema general de salud en vida
del señor Alexander Valderrama; (iii) la composición del núcleo familiar de
cada uno de los hijos de la solicitante; (iv) la situación socioeconómica de la
familia; (v) la ayuda económica que recibía la tutelante en vida del señor
Alexander Valderrama y (vi) la posible ayuda que recibe actualmente por cuenta
de sus hijos.
Respuesta de Porvenir S.A.[44]
Porvenir S.A. explicó el protocolo que la
entidad sigue para determinar si el padre o la madre de un afiliado tienen
derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes.
i.
En primer lugar, la
entidad recibe la reclamación pensional, en la que los posibles beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes diligencian su información personal en relación
con su afiliación al sistema de seguridad social y sus ingresos.
ii.
En segundo lugar, un
operador externo realiza una investigación en la que se verifica la situación
del causante al momento de su fallecimiento y de quienes reclaman la pensión de
sobrevivencia. Específicamente, el operador evalúa:
a.     Núcleo familiar y dependencia económica con
dicho núcleo.
b.     Relación de bienes del causante.
c.      Relación del causante con el reclamante.
d.     Situación económica del posible
beneficiario
e.      Situación laboral del reclamante.
f.       Afiliación al sistema de seguridad social.
Asimismo, la entidad aclaró que en sus
protocolos tiene en cuenta la Sentencia C-111 de 2006, que declaró inexequible
la expresión “de forma total y absoluta” del literal d) del artículo 74
de la Ley 100 de 1993. Aseguró que, al respecto, valida cada caso con el fin de
determinar el grado de dependencia de los padres del afiliado. De igual forma,
no sólo verifica la relación particular del hijo fallecido con sus padres, sino
también analiza la situación económica de los padres en relación con sus
ingresos provenientes de alguna prestación económica del sistema de seguridad
social, situación laboral, bien inmueble o alguna otra fuente. Finalmente,
evalúa la afiliación del posible beneficiario al sistema de seguridad social y
si dentro de su núcleo familiar estaría protegido por el deber alimentario de
otros hijos. Gracias a este examen, Porvenir S.A. establece si el padre del fallecido
es autosuficiente económicamente y, consecuentemente, no hay lugar al
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
Una vez Porvenir S.A. explicó el protocolo
que sigue para evaluar si el padre o madre de un afiliado tiene derecho a
acceder a una pensión de sobrevivientes, se pronunció sobre el caso particular
de la señora Gilma Aurora Castro García. Primero, destacó que tiene 4 hijos,
los cuales, a su juicio, le deben alimentos conforme a los artículos 251 y 411
de la Ley 75 de 1968. En segundo lugar, demostró que la hija de la peticionaria,
Blanca Edith Valderrama, reside en su misma dirección. Posteriormente, citó la
Sentencia T-685 de 2014 con el fin de resaltar la definición de la pensión
alimentaria y los requisitos que deben presentarse para acceder a la misma, a
saber:
“(i) que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente,
requiera los alimentos que demanda; (ii) que la persona a quien se le piden
alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que exista
un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien
tiene la necesidad y quien tiene los recursos. De esa forma, con fundamento en
los principios de proporcionalidad y solidaridad el derecho de alimentos
consulta tanto la capacidad económica del alimentante como la necesidad
concreta del alimentario, y se impone principalmente a los miembros de la
familia”.
Así las cosas, la entidad concluyó que, efectivamente,
siguió los lineamientos legales y jurisprudenciales cuando no reconoció la
pensión de sobrevivientes reclamada por la accionante. Lo anterior, debido a
que determinó que la peticionaria contaba con 4 hijos con capacidad económica
que tenían la obligación de brindarle alimentos. Al respecto afirmó que “las
entrevistadas manifiestan que no “le colaboran” por tener un grupo familiar
propio, pero no por no tener capacidad económica para hacerlo, hijos que además
tienen el deber de brindar cuidado a su madre y por ende ayudarla
económicamente”[45].
Finalmente, confirmó haber devuelto los saldos a la
señora Gilma Aurora Castro García el día 5 de marzo de 2019, por un valor de
$10.917.994.
Declaraciones rendidas en sede de revisión
En cumplimiento de la comisión ordenada en esta sede,
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Florencia remitió las declaraciones
rendidas el 13 de junio de 2019 por la señora Gilma Aurora Castro García y los
señores Miguel, Nancy, Abel
y Alfredo Valderrama Castro[46].
Declaración de la señora Gilma Aurora Castro García
La accionante señaló que tiene 75 años, no trabaja y
cursó hasta 4º grado de educación primaria.
Con respecto a sus condiciones de salud dio cuenta de
un dolor constante que siente en los brazos y una rodilla. Asimismo, en
relación con su régimen de salud aseguró haber sido la beneficiaria de su hijo
mientras vivía. Sin embargo, desde su fallecimiento, sus medios de subsistencia
se han reducido sustancialmente, pues sobrevive gracias a un nieto con quien
comparte techo y trabaja y estudia simultáneamente. Actualmente, su nieto es
quien sufraga los gastos de arriendo, alimentación, servicios públicos y demás
necesidades mensuales.
Seguidamente, afirmó que es propietaria de un bien
inmueble ubicado en El Paujil, Caquetá.
Finalmente, respecto a su hijo Alexander Valderrama
Castro, la accionante contestó que, antes de morir, sus ingresos mensuales
ascendían a $1.400.000, de los cuales se destinaban $400.000 al pago del canon
de arriendo, $250.000 a alimentación y $60.000 al pago de servicios públicos.
Declaración de Miguel Valderrama Castro
El señor Miguel Valderrama Castro tiene 47 años de
edad, vive en Santander de Quilichao, es administrador de una finca desde hace
6 años y estudió hasta 3º grado de educación primaria.
En relación con su situación económica, aseguró que
devenga un salario mínimo mensual vigente, el cual se utiliza para sufragar los
gastos de alimentación de su familia y la educación de sus cuatro hijos.
Posteriormente, afirmó que no posee ningún bien mueble
o inmueble, aunque vive en la finca donde trabaja; por lo tanto, no paga
servicios públicos o arriendo.
Por último, aseveró que no tiene los medios económicos
para sostener a la señora Gilma Aurora Castro García.
Declaración de la señora Nancy Valderrama Castro
La señora Nancy Valderrama Castro tiene 40 años, vive
en Jamundí y trabaja como empleada de servicio doméstico. Asimismo, aclaró que
su nivel educativo es el de bachiller.
Segundo, afirmó ser madre soltera de 2 menores de edad
y devengar mensualmente poco menos del mínimo, aproximadamente, $650.000. Este
ingreso mensual lo recibe del trabajo que realiza en “casas de familia”. Al
respecto dijo que no es un trabajo fijo, sino que “un día me sale en una
parte (…) haciendo aseo y las labores de la casa”[47]. Este
ingreso lo utiliza para pagar $280.000 de arriendo, $80.000 de servicios
públicos y $250.000 de alimentación mensualmente.
Seguidamente, mencionó que no tiene bienes muebles o
inmuebles y que pertenece al régimen subsidiado de salud.
Finalmente, aseguró que el señor Alexander Valderrama
era quien corría con todos los gastos de la manutención de su madre y que,
actualmente, debido a sus condiciones socioeconómicas, no puede apoyar a la
accionante.
Declaración de Abel Valderrama Castro
El declarante tiene 44 años de edad, vive en la vereda
Aguablanca, Caquetá, es mayordomo de una finca hace 7 años y cursó hasta 4º
grado de educación primaria.
En primer lugar, afirmó que vive con su esposa y con
uno de sus dos hijos. Asimismo, aseveró que recibe un salario de $900.000, el
cual se distribuye mensualmente de la siguiente manera: $400.000 en
alimentación, $200.000 en transporte, $100.000 en servicios públicos, $150.000
en educación y $300.000 en arriendo.
En segundo lugar, aseguró que no posee ningún bien
mueble o inmueble.
Finalmente, coincidió con los demás declarantes en que
Alexander Valderrama era quien podía velar por su madre y que él, en el
momento, no tiene los medios para apoyarla económicamente.
Declaración de Alfredo Valderrama Castro
El señor Alfredo Valderrama Castro dijo que tiene 34
años de edad, vive en el municipio de Buenos Aires, Cauca, se dedica al
comercio informal hace aproximadamente 10 años y cursó hasta 9º grado de
educación secundaria.
En su declaración afirmó que su núcleo familiar se
compone de su esposa y dos hijos. De igual forma, dijo que, mensualmente,
recibe un ingreso equivalente al salario mínimo mensual vigente o un poco
menos. Este se usa para cubrir los gastos de su familia.
Seguidamente, aclaró que pertenece al régimen
subsidiado de salud.
Por último, declaró que no está en la capacidad de
apoyar económicamente a su madre, pues, de hecho, la ve muy poco en razón a que
viven en departamentos distintos.
Expediente T-7.359.286
Primer auto de decreto de pruebas
El 27 de junio de 2019, la magistrada sustanciadora
profirió auto en el que ordenó a Porvenir S.A. que informara sobre (i) el
protocolo que sigue para establecer, en un caso concreto, quién tiene derecho a
acceder a una pensión de sobrevivientes; (ii) las medidas que ha implementado
para actualizar la información personal de sus afiliados; (iii) el procedimiento
que siguió para identificar a los beneficiarios con mejor derecho que la señora
Irma López Vásquez para obtener pensión de sobrevivientes; y (iv) si dentro de
este procedimiento tuvo en cuenta la declaración con fines extraprocesales del
9 de febrero de 2017 dirigida a Porvenir S.A., por medio de la cual el señor
Jorge Humberto Vásquez López afirmó que hacía 4 años no convivía, ni compartía
lecho o vínculo permanente e ininterrumpido con la señora Mónica Roldán
Jiménez.
Igualmente, solicitó a la señora Irma López de Vásquez
que contestara interrogantes relacionados con (i) su estado actual de salud;
(ii) la composición de su núcleo familiar; (iii) sus ingresos económicos; (iv)
sus gastos mensuales; y (v) de qué manera su hijo le aportaba recursos para su
sostenimiento.
Respuesta de Porvenir S.A.
Mediante escrito del 2 de julio de 2019[48], Porvenir S.A. dio
respuesta a los interrogantes formulados por la Magistrada sustanciadora. En
este sentido, primero describió el procedimiento que ha establecido para
decidir si una persona tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Los pasos
que la entidad sigue son:
i.
Agendamiento telefónico
de cita para recibir asesoría personalizada sobre la documentación e
información requerida para la radicación de la solicitud pensional.
ii.
Entrega del formulario para
formalizar la reclamación de pensión.
iii.
Una vez se radica la
solicitud de pensión, Porvenir S.A. publica en un diario de amplia circulación
nacional un edicto emplazatorio con el fin de que las personas que crean que
tienen mejor derecho hagan parte de la reclamación pensional.
iv.
Se verifica la relación
de eventuales beneficiarios de pensión y, en los casos de sustitución
pensional, se revisa la conformación del núcleo familiar informado por el
pensionado.
v.
Se adelanta un trámite
administrativo interno, en el cual se verifica la veracidad y autenticidad de
los documentos e información allegados a la reclamación.
vi.
Finalmente, la entidad
estudia el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes.
En segundo lugar, aclaró la manera en que mantiene
datos personales exactos, imparciales, completos y actualizados de sus
afiliados. En relación con lo anterior, los recolecta a partir de la
información suministrada por los titulares. Asimismo, adelanta campañas de
actualización de datos, remite cada trimestre extractos a sus afiliados y, en
general, cada vez que la persona se contacta con la entidad se solicita la
confirmación de su información.
Seguidamente explicó que, cuando recibe diferentes
reclamaciones de pensión respecto de un mismo afiliado, la situación se pone en
conocimiento de todos los reclamantes, pues le es imposible tomar una decisión
de fondo si esta depende de situaciones de hecho que son desconocidas para la
entidad.
Ahora bien, al pasar al recuento del caso concreto, Porvenir
S.A. señaló que, con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Humberto
Vásquez, sus hijos Juan Sebastián y Ella Vanessa Vásquez Roldán se presentaron
con el fin de reclamar sus derechos pensionales. En lo que respecta a la señora
Irma López de Vásquez, la entidad aclaró que no reclamó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes. En su lugar, se limitó a presentar tres
peticiones cuyas pretensiones consistían en que se le reconociera y pagara el
ahorro cuenta individual existente y el bono pensional a nombre del causante.
Estas se remitieron los días 19 de septiembre, 14 de noviembre y 10 de
diciembre de 2018 y, además de la declaración extrajuicio que el causante
rindió el 19 de abril de 2018 ante la Notaría 73 de Bogotá, la accionante
adjuntó el formulario de reclamación de pensión de sobrevivientes en su segunda
petición[49].
Por lo anterior, Porvenir S.A. no realizó un estudio
de pensión de sobrevivientes en favor de la solicitante, sino de la procedencia
o no de la devolución de estos saldos. En este sentido, con la escritura
pública de sucesión en la que se adjudicó el 100% de los dineros que se
encontraban en la cuenta del causante a favor de los señores Ella Vanessa y
Juan Sebastián Vásquez Roldán, el formulario de sobrevivencia que
diligenciaron, sus manifestaciones sobre el hecho de que la accionante no
dependía económicamente de su hijo y demás pruebas recaudadas y valoradas,
concluyó que los beneficiarios de la devolución de saldos eran los hijos del
señor Jorge Humberto Vásquez López.
Finalmente, la entidad accionada expuso las siguientes
conclusiones:
·     “Existe entre la señora IRMA LÓPEZ DE
VÁSQUEZ y los señores JUAN SEBASTIÁN y ELLA VANESSA VÁSQUEZ ROLDÁN un conflicto
económico respecto a la titularidad de la devolución de los aportes y bono
pensional del causante.
·     Existe una clara controversia en cuanto a
si la señora IRMA LÓPEZ DE VÁSQUEZ dependía o no económicamente de su fallecido
hijo por dos razones i) Las manifestaciones de los señores VÁSQUEZ-ROLDÁN en
cuanto a su no dependencia económica del causante y ii) su calidad de
pensionada por parte de la Administradora de pensiones COLPENSIONES.
No obstante en el evento de concluirse por
parte de esa Corporación que contrario a las afirmaciones de los hijos del
causante acredita el requisito de Dependencia Económica habría lugar por parte
de esta Administradora al reconocimiento de la sustitución pensional.
·     No existe claridad respecto de la
liquidación de la Sociedad Patrimonial de hecho existente entre el causante y
la señora MONICA ROLDAN, quien al momento del reconocimiento de la pensión de
vejez fue reportada por el señor JORGE HUMBERTO VASQUEZ como su compañera
permanente.
·     Existe un trámite de sucesión en firme el
cual concede a los hijos del causante en su calidad de herederos la
adjudicación del ahorro pensional y bono pensional del causante”[50].
Respuesta de Irma López de Vásquez[51]
El 8 de julio de 2019, la señora Irma López
de Vásquez, por medio de apoderada judicial, dio respuesta a los interrogantes
formulados por la Magistrada sustanciadora.
En primer lugar, aclaró que está afiliada
al régimen contributivo de salud gracias a una pensión y se encuentra en un
estado aceptable de salud.
Seguidamente, afirmó que los ingresos
mensuales del señor Jorge Humberto Vásquez ascendían a $3.900.000, de los
cuales $1.600.000 se destinaban al pago de sus necesidades.
De esta manera, destacó que a partir de la
muerte del pensionado ha sobrevivido gracias a la pensión de la que es
beneficiaria, cuya suma es de $700.000, y a la ayuda que le brinda su hija
Consuelo Vásquez. No obstante, sus gastos mensuales ascienden a $2.800.000.
Igualmente, afirmó que es propietaria de un
inmueble, sin embargo, está ubicado en una zona roja de Dagua, Valle; por lo
tanto, no le reporta ningún tipo de ingreso.
Finalmente, aseguró que vive con su hija en
un inmueble estrato 2 en Bogotá, kilómetro 6 vía La Calera, camino al Meta,
primer sector.
Ahora bien, en escrito enviado el 2 de
agosto de 2019[52],
la representante judicial de la accionante complementó sus argumentos. A este
respecto, adjuntó reporte de la comisaría de familia de Chapinero, en el cual se
consigna que la relación entre el señor Jorge Humberto Vásquez y sus hijos es
distante y conflictiva. Asimismo, remitió comunicaciones de parte de Colsanitas,
mediante las cuales se informa que ha sido imposible establecer contacto con
los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán, con el fin de
brindarle cuidado y apoyo al causante, quien padecía un estado de salud frágil.
Por último, hizo llegar un informe de la Comisaría Segunda de Familia,
Chapinero, enviado a la Clínica Universitaria Colombia, en la que consta la
imposibilidad de ubicar el núcleo familiar del señor Jorge Humberto Vásquez
López.
Segundo auto de decreto de pruebas
A raíz de las respuestas emitidas por las
partes, el 17 de julio de 2019[53],
la Magistrada sustanciadora profirió un segundo auto en el que vinculó a los
señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán para que expresaran lo que
estimaran conveniente sobre los hechos que sustentan la solicitud de amparo. A
este respecto, ordenó que informaran si tenían conocimiento sobre lo siguiente:
(i) la declaración rendida por el señor Jorge Humberto Vásquez López en la Notaría 73 de
Bogotá el 19 de abril de 2018, en la que manifestó que su madre dependía
económicamente de él y, por ello, deseaba que, en caso de fallecer, su pensión
fuera otorgada a su madre; (ii) cómo se compone el núcleo familiar de la
tutelante; (iii) qué tipo de
ayuda recibía la accionante de parte de su hijo; (iv) si la solicitante recibía
apoyo de algún tercero; (v) el hecho de que la señora Irma López de Vásquez
consideraba tener derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes con ocasión
de la muerte de su hijo; y (vi) las peticiones que remitió la actora ante Porvenir
S.A. con esta solicitud.
También requirió a los vinculados para que
contestaran (i) cuáles fueron las razones por las cuales consideraron tener
derecho a la devolución de saldos de la cuenta individual de ahorro pensional
del señor Jorge Humberto Vásquez López; (ii) qué trámite siguieron para reclamar
estos saldos; (iii) por qué razón tramitaron su solicitud en la ciudad de Cali;
y (iv) si ya habían recibido los saldos requeridos.
De otro lado, ofició a Porvenir S.A. para
que remitiera los expedientes completos -incluyendo
las pruebas aportadas por los peticionarios-, correspondientes a las
reclamaciones de devolución de saldos presentadas por la accionante y por Ella
Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán.
Asimismo, ordenó que (i) describiera cada una de las
etapas que sigue la entidad para el reconocimiento y pago de devolución de saldos de una
cuenta individual de ahorro pensional; (ii) identificara las actuaciones que
adelantó dentro del trámite de reconocimiento y pago de devolución de saldos de
la cuenta individual de ahorro pensional del causante, a favor de los señores
Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán; (iii) indicara si ya había
devuelto estos saldos a los hermanos Vásquez Roldán; (iv) describiera cada uno
de los elementos que valoró al momento de estudiar esta petición; (v) confirmara
si había notificado a la señora Irma López de Vásquez durante el proceso
administrativo que adelantó para verificar la procedencia de devolución de
saldos de la cuenta de ahorro pensional del señor Jorge Humberto Vásquez López;
(vi) definiera las circunstancias fácticas y las pruebas que tuvo en cuenta
para dar respuesta a las peticiones radicadas por la accionante los días 19 de
septiembre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 2018; (vii) reseñara el
protocolo que sigue cuando identifica un conflicto entre presuntos
beneficiarios del reconocimiento y pago de una misma pensión de sobrevivientes
o de devolución de saldos; (viii) explicara las razones e indicara los
fundamentos jurídicos en los cuales se basó para conceder la devolución de
saldos en favor de los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán, y
(ix) aclarara de qué manera solucionó el conflicto presentado entre los
distintos reclamantes de los saldos de la cuenta individual de ahorro pensional
del señor Jorge Humberto Vásquez López.
Respuesta de Porvenir S.A.
Mediante escrito enviado el 19 de julio de
2019[54],
la representante legal judicial de este fondo dio respuesta a los interrogantes
de la Magistrada sustanciadora.
En primer lugar, reseñó el estudio que
realiza la entidad ante una reclamación de pensión de sobrevivientes, tal como
ya lo había descrito en respuesta al auto de decreto de pruebas del 27 de junio
de 2019.
Posteriormente, identificó las actuaciones que adelantó
en relación con el trámite de reconocimiento y pago de devolución de saldos de
la cuenta individual de ahorro pensional del señor Jorge Humberto Vásquez
López.
Primero publicó un edicto en un diario de alta
circulación con el fin de que se presentaran las personas que consideraran
tener derecho a esta reclamación. Luego validó las declaraciones hechas por los
señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán, mediante las cuales
aseguraban que la accionante no dependía económicamente del causante. Finalmente,
solicitó que se llevara a cabo el juicio de sucesión para la adjudicación y
distribución de los rubros acumulados en la cuenta de ahorro pensional del afiliado.
A este respecto, Porvenir S.A. aclaró que no se ha
reconocido aún la devolución de saldos a favor de los hijos del pensionado,
debido a la existencia de un conflicto entre ellos y la señora Irma López de Vásquez.
Por otra parte, los elementos que valoró al momento de
estudiar la petición de devolución de saldos radicada por los señores Ella
Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán fueron: (i) sus declaraciones, en las
que manifestaron que la accionante no dependía económicamente del causante[55]; (ii) la escritura
pública de sucesión[56];
y (iii) las comunicaciones remitidas por la accionante[57]. Al efectuar el
correspondiente análisis, la entidad suspendió el proceso de devolución de
saldos.
Seguidamente, el fondo confirmó que, dentro del
proceso administrativo que adelantó en relación con la devolución de saldos
bajo estudio, la única información que remitió a la señora Irma López de
Vásquez fue el escrito del 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se le
manifestó que existían otros beneficiarios de ley con el derecho a reclamar estos
dineros. Sin perjuicio de lo anterior, el 26 de diciembre de 2018 la entidad también
le informó que el ejercicio del derecho de petición no era el medio idóneo para
reclamar una prestación económica; en consecuencia, la invitó a que se acercara
a una de las oficinas de Porvenir S.A. para recibir asesoría al respecto[58].
Por último argumentó que, cuando identifica un
conflicto entre presuntos beneficiarios del reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes o de la devolución de saldos, se abstiene de emitir
pronunciamientos de fondo. En su lugar, insta a los reclamantes a que inicien
el proceso correspondiente ante la jurisdicción ordinaria para que el juez
natural determine a quién le asiste el derecho a reclamar estas prestaciones
económicas.
Respuesta de los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián
Vásquez Roldán
El 30 de julio de 2019[59], los hijos del señor
Jorge Humberto Vásquez López dieron respuesta al auto de decreto de pruebas
emitido por la Magistrada sustanciadora.
Primero hicieron referencia a la declaración rendida
por el causante en la Notaría 73 de Bogotá el 19 de abril de 2018. Al respecto,
manifestaron que llegaron a tener conocimiento de este documento meses después
de la muerte de su padre, luego de acudir ante Porvenir S.A. para preguntar por
el estado del trámite de devolución de saldos que habían iniciado.
En relación con lo anterior, también afirmaron que no
tenían conocimiento del hecho de que la solicitante dependiera del señor Jorge
Humberto Vásquez López. De ser así, su padre nunca les informó al respecto.
Seguidamente aseguraron que, conforme a las
afirmaciones del causante, los nietos de la accionante Susana y Lilo Cadosh la
apoyaban con el pago del canon de arrendamiento y alimentación.
Particularmente, el contrato de arrendamiento del inmueble en el que vivía la
señora Irma López de Vásquez estaba a nombre de la señora Susana Cadosh.
También explicaron que decidieron solicitar la
devolución de saldos de la cuenta individual de ahorro pensional de su padre
por las siguientes razones: (i) el señor Jorge Humberto Vásquez López les
comunicó la existencia de dichos saldos; (ii) el 21 de octubre de 2014, el
causante y la señora Mónica Roldán Jiménez rindieron declaración extrajuicio
ante la notaría 52 de Bogotá, por medio de la cual manifestaron que no
convivían bajo el mismo techo hacía 10 años; y (iii) su padre no tenía hijos
menores de 25 años o en situación de discapacidad, cónyuge, compañero/a
permanente o padres que dependieran económicamente de él. A este respecto,
aclararon que, para el momento en que solicitaron la devolución de saldos, la
señora Irma López de Vásquez no había iniciado ningún trámite judicial ni había
puesto en conocimiento algún documento diligenciado por el causante.
Posteriormente, argumentaron que una vez Porvenir S.A.
“nos dio vía libre” iniciaron proceso de sucesión, que se llevó a cabo
en la Notaría 69 del Círculo de Bogotá. Luego, reunieron los documentos
pertinentes y los radicaron ante la entidad[60].
El 26 de diciembre de 2018, Porvenir S.A. envió
notificación a los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán en la
que comunicó que se había dado inicio a su trámite de devolución de saldos.
Finalmente, aclararon que mientras ellos surtieron la
petición de devolución de saldos en la ciudad de Bogotá, la accionante lo
realizó en Cali. A este respecto, también aseveraron que tuvieron conocimiento
de las pretensiones de la señora Irma López de Vásquez cuando Porvenir S.A. les
informó que había interpuesto acción de tutela en contra de la entidad.
III.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión,
las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y planteamiento del problema
jurídico
Expediente T-7.274.643
2. La señora Gilma Aurora Castro García presentó acción
de tutela[61]
en contra de Porvenir S.A., en la que adujo que este fondo vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital y al debido proceso, al no reconocerle la pensión
de sobrevivientes.
Particularmente señaló que elevó solicitud de
reconocimiento de esta prestación el día 18 de enero de 2018. Sin embargo, la
entidad accionada no accedió a su solicitud, pues no demostró la dependencia
económica. La peticionaria impugnó la decisión y, si bien adjuntó una serie de
declaraciones extrajudiciales en las cuales sus hijos y personas conocidas
afirmaron que dependía económicamente del señor Alexander Valderrama, Porvenir
S.A. confirmó su decisión.
En sede de tutela, la peticionaria alegó
que, contrario a lo afirmado por el fondo de pensiones, siempre vivió con su
hijo bajo el mismo techo, él fue quien veló por sus necesidades y pagó el canon
de arrendamiento de la vivienda que compartían. En consecuencia, solicitó como
medida de restablecimiento de sus derechos fundamentales que se le reconozca y
pague la pensión de sobrevivientes.
Por el contrario, Porvenir S.A. contestó
que procedió de manera correcta a la hora de negar el reconocimiento y pago de
esta prestación, pues no se demostró que la accionante hubiera dependido económicamente
de su hijo y este último nunca aportó contribuciones significativas a la
manutención de la accionante.
3. De acuerdo con los hechos expuestos, una vez
verificada la procedencia de la presente acción de tutela, la Sala deberá
resolver el siguiente problema jurídico:
¿Porvenir S.A. vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de la señora Gilma Aurora
Castro García, al negarle el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes,
a pesar de que la tutelante aportó pruebas que daban cuenta de que dependía
económicamente de su hijo?
Expediente T-7.359.286
4. La señora Irma López de Vásquez interpuso acción de
tutela en contra de Porvenir S.A., en la que denunció que esta entidad vulneró
sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
Lo anterior, debido a que la accionante considera que dependía
económicamente de su hijo Jorge Humberto Vásquez. Además, el 19 de abril de
2018, el causante rindió declaración con fines extraprocesales ante la Notaría
73 de Bogotá, dirigida a Porvenir S.A. En esta afirmó que su madre dependía de
él económicamente, razón por la cual, “es mi deseo que en caso de mi
fallecimiento la pensión que recibo sea otorgada a mi señora madre IRMA LÓPEZ
DE VÁSQUEZ”[62].
En razón a que el señor Jorge Humberto
Vásquez murió el 12 de agosto de 2018, la accionante solicitó ante Porvenir
S.A. el pago del “ahorro
cuenta individual existente en nombre de JORGE HUMBERTO VASQUEZ LOPEZ (…) en
favor de la señora IRMA LOPEZ DE VASQUEZ (…) en calidad de MADRE”[63]. No obstante, la entidad no accedió a su
pretensión, pues aseguró que existían “otros beneficiarios de ley”[64].
En consecuencia, la señora Irma López de
Vásquez interpuso acción de tutela, en busca de que se le reconociera la
pensión de sobrevivientes. Como fundamento de su pretensión adjuntó
declaraciones con fines extraprocesales que daban cuenta de los siguientes
hechos: (i) el señor Jorge Humberto no tenía cónyuge o compañera/o permanente
(ii) si bien tuvo dos hijos, estos son mayores de 25 años y con un buen estado
de salud física y mental; y (iii) en vida del causante, la solicitante dependió
económicamente de él.
En el marco del trámite de revisión, se
decretaron diversas pruebas de las que se concluyó lo siguiente:
i.
De forma simultánea a
las peticiones que radicó la accionante ante Porvenir S.A., los señores Ella
Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán solicitaron la devolución de saldos de
la cuenta individual de ahorro pensional del causante.
ii.
El 10 de diciembre de 2018,
estos saldos fueron incluidos en la masa sucesoral y adjudicados a los hijos
del señor Jorge Humberto Vásquez López.
iii.
El 26 de noviembre de
2018, Porvenir S.A. informó a la accionante que el ejercicio del derecho de
petición no era el medio idóneo para reclamar una prestación pensional, por lo
que la invitaba a acercarse a una de sus oficinas para que fuera debidamente
asesorada.
iv.
El 14 de diciembre de
2018, los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán remitieron a Porvenir
S.A. los documentos requeridos para iniciar el trámite de reclamación de
saldos. La señora Irma López de Vásquez no fue vinculada a este proceso.
v.
El 26 de febrero de
2019, los hijos del causante declararon ante Porvenir S.A. que la actora no
dependía económicamente del señor Jorge Humberto Vásquez López En efecto, sus
nietos Lilo y Susana Cadosh le brindaban sustento. Específicamente, el contrato
de arrendamiento del inmueble donde residía la solicitante estaba a nombre de
Susana Cadosh.
5. Por lo anterior, una vez verificada la
procedencia de la tutela, la Sala debe determinar lo siguiente: ¿Porvenir S.A.
vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de
la señora Irma López de Vásquez al negarle el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes, a pesar de que la accionante alegó que dependía
económicamente del causante y no existen otros beneficiarios a esta prestación
pensional?
6. En atención a que los dos casos bajo estudio
comparten similitud en sus hechos y problemas jurídicos planteados, resulta
necesario abordar los siguientes temas en relación con ambos procesos: (i) la procedencia
de la acción de tutela; (ii) la naturaleza y regulación legal de la pensión de
sobrevivientes; y (iii) los principios constitucionales que rigen la
competencia y las funciones de los fondos de pensiones. Adicionalmente, en
relación con la señora Irma López de Vásquez, se analizará la naturaleza y
regulación del derecho de petición. Finalmente, la Sala se pronunciará sobre
los casos concretos.
Examen de procedencia de la acción de tutela
Legitimación por activa
7. El artículo 86 de la
Constitución establece que cualquier persona podrá presentar acción de tutela
ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o particular. Por su parte, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para el ejercicio de la acción de
tutela. En este sentido, la solicitud de amparo puede ser presentada (i) a
nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de
apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso.
8. En el presente caso, la señora Gilma
Aurora Castro García interpuso acción de tutela a nombre propio con el fin de
que se ampararan sus derechos al mínimo vital y al debido proceso. Por su
parte, la señora Irma López de Vásquez reclama la protección de sus derechos al
mínimo vital y a la seguridad social por medio de apoderada judicial. En
consecuencia, la legitimación por activa se encuentra probada en ambos casos, porque
la acción de tutela se promovió por las titulares de los derechos cuya
protección se reclama, directamente y con apoderada, respectivamente.
Legitimación por pasiva[65]
9. La legitimación en la causa por pasiva
hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción
de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración
o amenaza del derecho fundamental invocado una vez se acredite la misma en el
proceso[66].
Conforme a los artículos 86 de la
Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública y contra particulares. A su vez, los artículos 5º y
42 de este Decreto disponen que la acción procede contra acciones
y omisiones de particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o ante
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
En
relación específicamente con los fondos de pensiones, esta Corporación ha
establecido que, en tanto son prestadoras del servicio público de seguridad
social, deben responder las solicitudes que les formulen sus afiliados respecto
al reconocimiento de las prestaciones que amparan las contingencias aseguradas.
De lo contrario, se supone la infracción de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al derecho de petición y al debido proceso administrativo[67].
10. Por lo anterior, Porvenir S.A. está legitimada
como parte pasiva en esta acción de tutela. En primer lugar, esta entidad es la
encargada del reconocimiento de prestaciones pensionales que hacen parte del derecho
a la seguridad social. En este sentido, es un ente privado encargado de la
prestación de un servicio público y, por ende, en caso de no atender
debidamente los requerimientos de sus afiliados o pensionados, puede vulnerar
distintos derechos fundamentales. En segundo lugar, las accionantes se
encuentran en estado de indefensión, pues están sujetas a las decisiones que
tome Porvenir S.A. Finalmente, la legitimación está acreditada en la medida en
que a Porvenir S.A. se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
en discusión al negar el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a las
peticionarias.
Inmediatez[68]
11. Esta Corporación ha resaltado que,
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no
tiene término de caducidad. Sin embargo, la solicitud de amparo debe formularse
en un término razonable desde el momento en el que se produjo el hecho
vulnerador.
Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción
constitucional que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la
inmediata intervención del juez constitucional. Por lo tanto, cuando ha
transcurrido un periodo de tiempo considerable y desproporcionado entre la
ocurrencia del hecho vulnerador o la amenaza a los derechos fundamentales y la
presentación de la acción de tutela, se entiende prima facie que su
carácter apremiante fue desvirtuado, siempre que no se hayan expuesto razones
que muestren en términos de derechos fundamentales el paso del tiempo para
utilizar el mencionado instrumento constitucional.
El requisito de inmediatez pretende entonces que exista “una
correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial
vulnerador de los derechos fundamentales”[69], de
manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un
remedio de aplicación urgente que demanda protección efectiva y actual de los
derechos invocados[70].
12. En el primer caso, mediante escrito
del 10 de abril de 2018[71], Porvenir S.A. le negó a la
accionante Gilma Aurora Castro García el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Por lo tanto, el 21 de junio de 2018 la tutelante interpuso
recurso de reposición[72] y mediante acto expedido el 6 de
julio de 2018[73], Porvenir S.A. confirmó la decisión
tomada.
13. Agotadas las actuaciones emitidas en
sede administrativa, la solicitante interpuso acción de tutela el 3 de agosto de
2018[74], es decir, tan sólo un mes después
de haber recibido la negativa de Porvenir S.A.
14. En
el segundo caso, la señora Irma López de Vásquez radicó diversas peticiones en
las que solicitó el reconocimiento y pago del “ahorro cuenta individual
existente en nombre de JORGE HUMBERTO VÁSQUEZ LÓPEZ”[75] así
como del bono pensional correspondiente[76].
En respuesta a sus peticiones del 19 de septiembre, 14 de noviembre y 10 de
diciembre de 2018, Porvenir S.A. negó sus solicitudes bajo el argumento de que
existían “otros beneficiarios de ley”[77].
Por consiguiente, mes y medio después de haber interpuesto la última petición,
esto es, el 21 de enero de 2019, decidió recurrir a la acción de tutela.
En atención a las
consideraciones expuestas, la Sala considera que el presupuesto de inmediatez
está acreditado. En ambos casos, las accionantes acudieron a la vía de tutela
poco tiempo después de que recibieran la respuesta por parte de la entidad
accionada, en la que negaba el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Dicho de otro modo, el tiempo transcurrido entre la negativa de
Porvenir S.A. a acceder a las pretensiones de las accionantes y la interposición
de la acción de tutela corrobora el carácter apremiante que las tutelantes
consideran tiene esta acción.
Subsidiariedad[78]
15. El inciso 4 del artículo 86 de la
Constitución Política establece el principio de subsidiariedad como requisito
de procedencia de la acción de tutela así: “[E]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
De este modo, la norma determina que si hay otros mecanismos de
defensa judicial que sean idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
ellos y no a la acción de tutela. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional[79]
al afirmar que, cuando una persona acude a la administración de justicia con el
fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales, no puede desconocer
las acciones judiciales ordinarias contempladas en el ordenamiento jurídico.
16. La
inobservancia de tal principio es causal de improcedencia de la tutela, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 86 Superior y el numeral 1 del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991[80].
La consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede decidir
el fondo del asunto planteado si el accionante cuenta con otros medios de
defensa judicial.
Sin embargo, en virtud de
lo establecido en  las mismas normas referidas, aunque exista un mecanismo
ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran
vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que: (i) este no es idóneo
ni eficaz, o (ii) “siendo
apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de
la tutela”[81].
En el primer supuesto, la aptitud del medio
de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración
a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental
involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de
tutela cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado[82]. Por el contrario, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que un medio de defensa no es idóneo
cuando este no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto en toda
su dimensión constitucional[83].
En caso de que no ofrezca una protección completa y eficaz, el juez puede
conceder el amparo constitucional de forma definitiva o transitoria según las
circunstancias particulares que se evalúen[84].
Con respecto al segundo supuesto, esta Corporación ha
establecido que el perjuicio irremediable se presenta “cuando existe un
menoscabo moral o material injustificado que es irreparable, debido a que el
bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el punto que ya no puede ser
recuperado en su integridad.”[85]
Respecto a sus características esenciales, en primer lugar, el daño debe
ser inminente, es decir, que esté por suceder y no sea una mera
expectativa ante un posible perjuicio, aunque el detrimento en los derechos aún
no esté consumado. Segundo, las medidas necesarias para evitar la ocurrencia
del perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante la
posibilidad de un daño grave, el cual es evaluado por la
intensidad del menoscabo material a los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados. Finalmente, se exige que la acción de tutela sea impostergable,
para que las actuaciones de las autoridades públicas o particulares del
caso respectivo sean eficaces y puedan asegurar la debida y cabal protección de
los derechos fundamentales comprometidos[86].
Reiteración del principio de subsidiariedad de la
acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de acreencias
pensionales
17. Esta Corporación ha establecido que la procedencia de la acción de tutela para
el reconocimiento de prestaciones pensionales se sujeta a las siguientes
reglas:
“(i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la
prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a la especial situación del peticionario[87];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario
dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a
las especiales circunstancias del caso que se estudia[88].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la
tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela
es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos[89].”[90]
En este sentido, la Sentencia
T-087 de 2018[91]
especificó que el amparo constitucional procede cuando la falta de pago de la
prestación genera un alto grado de vulneración de los derechos fundamentales
del afectado y se ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial por
el interesado.
Asimismo, la Sentencia
T-222 de 2018[92] recordó
los criterios que el juez debe valorar para establecer si los medios para
solicitar la prestación social son eficaces e idóneos[93]:
“(i) la edad del
accionante, puesto que las personas de la tercera edad son sujetos de especial
protección constitucional; (ii) su estado de salud y las condiciones de
vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la composición de su núcleo
familiar; (iv) las circunstancias económicas en las cuales se encuentra; (v)
que se haya agotado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a
obtener el reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la
primera solicitud y la interposición del amparo constitucional; (vii) su grado
de formación escolar y el posible conocimiento que tenga acerca de la defensa
de sus derechos y, por último, (viii) que tenga cierto nivel de convicción
sobre la titularidad de los derechos reclamados.”
Por lo tanto, el juez de
tutela debe valorar cuáles son las circunstancias personales del accionante
para determinar si las herramientas judiciales ordinarias son idóneas y
efectivas. En caso de que no lo sean, el peticionario puede reclamar por vía
del amparo constitucional el derecho a percibir el pago de prestaciones
pensionales, puesto que pueden verse afectadas garantías superiores. En efecto,
en relación con los sujetos de especial protección constitucional y aquellos
que por su condición económica, física o mental se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, esta Corporación ha indicado que someterlos a los rigores
de un proceso judicial puede resultar desproporcionado y lesivo de sus derechos[94].
18. En atención a los criterios que ha
establecido la Corte Constitucional para que el reconocimiento y pago de
derechos pensionales puedan ser decididos mediante una acción de tutela, a
continuación se analizan las características específicas de los casos en estudio.
Se cumple el requisito
de subsidiariedad en el expediente T-7.274.643
19. En primer lugar, la Sala
recuerda que, por regla general, todo conflicto relacionado con
el reconocimiento y pago de prestaciones económicas debe desatarse por las jurisdicciones
ordinaria o contencioso administrativa, excepto cuando tales vías judiciales no
sean idóneas o eficaces, o concurra un perjuicio irremediable ante el cual deba
actuar con urgencia el juez constitucional[95].
En
el caso sub examine, la señora Gilma Aurora Castro solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes; sin embargo, por medio
de los escritos del 10 de abril y 6 de julio de 2018, Porvenir S.A. no accedió
a su pretensión. Conforme a lo anterior, la interposición de una demanda laboral es, en
principio, la vía ordinaria para controvertir la decisión tomada por Porvenir
S.A., en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2° del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[96],
que radica en cabeza de la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de
“(…)[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos”.
Ahora bien, identificado el mecanismo
judicial ordinario al alcance de la accionante, debe determinarse la idoneidad
del mismo y revisar que tenga la capacidad para proteger de forma efectiva e
integral los derechos fundamentales cuya protección se reclama. En especial,
resulta imperativo verificar si el reclamo de la accionante puede ser tramitado
y decidido de forma adecuada por la vía ordinaria o si, por su situación particular,
no puede acudir a dicha instancia.
20. A este respecto, esta
Sala destaca que, en varias oportunidades, la Corte ha afirmado que las
personas de la “tercera edad”, los “adultos mayores” o los “ancianos”
son titulares de una especial protección por parte del Estado, cuando el
perjuicio sufrido afecta la dignidad humana[97], la subsistencia en condiciones
dignas[98],
la salud[99],
el mínimo vital[100],
o cuando resulta excesivamente gravoso someterlas a los trámites de un proceso
judicial ordinario[101].
De otro lado, en la Sentencia T-252 de 2017[102],
al reiterar la T-567 de 2014[103], la Corte recordó que
la Constitución, en sus artículos 13 y 46, contempla la especial protección del
Estado y la sociedad a las personas mayores, de acuerdo con el principio de
solidaridad y los preceptos del Estado Social de Derecho que inspiran el
ordenamiento superior. En especial, el artículo 46 pone en cabeza de las
familias, la sociedad y el Estado mismo deberes de protección y asistencia en favor
de los adultos mayores, que conlleven su integración en la vida comunitaria.
De este modo, esa providencia aclaró que la Corte ha valorado
la edad como un factor de vulnerabilidad para establecer la procedencia de la
acción de tutela en materia pensional, por cuanto ha estimado que los adultos
mayores se encuentran en una posición de debilidad e indefensión, en tanto se
encuentran limitados para obtener ingresos económicos que les permitan
disfrutar de una vida digna. Este análisis debe ser complementado con otros
aspectos que pueden ahondar en la vulnerabilidad de este grupo poblacional, pues
“la omisión de proporcionar especial amparo a las personas colocadas en
situación de indefensión bien sea por razones económicas, físicas o mentales
puede incluso equipararse a una medida discriminatoria”[104].
En consecuencia, la necesidad de proteger especialmente al
adulto mayor deviene del hecho de que estos individuos se enfrentan a
circunstancias de debilidad por causa del natural deterioro de su salud. Por
este motivo, es fundamental que se otorgue un trato preferencial a las personas
mayores. De esta manera, hará posible:
“que estos dejen de
experimentar situaciones de marginación y carencia de poder en los espacios que
los afectan. Ello debe verse como un resultado de la materialización del
artículo 46º de la Constitución y de los deberes de solidaridad que se
encuentran en cabeza del Estado, las familias y los ciudadanos, responsables de
suplir las necesidades que adquieren los adultos mayores por el paso natural de
los años. Las instituciones, entonces, deben buscar maximizar la calidad de
vida de estas personas, incluyéndolas en el tejido social y otorgándoles un
trato preferencial en todos los frentes”[105].
21. En atención al anterior
análisis, esta Sala encuentra la señora Gilma Aurora Castro García reúne las
características esenciales que hacen procedente la tutela, a pesar de la
existencia de una vía judicial ordinaria. En primer lugar, la accionante es un
adulto mayor de 73 años que merece una protección especial por parte del
Estado.
Aunado a lo anterior, sus
condiciones de vida han desmejorado con ocasión de la muerte de su hijo. En
relación con este asunto, la Sala advierte que el señor Alexander Valderrama
era quien pagaba el canon de arrendamiento de la vivienda que compartían, tal
como se encuentra acreditado mediante el contrato de arrendamiento[106] y la
declaración con fines extraprocesales del arrendador Javier Orlando Velasco[107].
Asimismo, por medio de las declaraciones extraproceso de Wilberth Francisco
García Sánchez[108],
Édgar Jiménez Gutiérrez[109],
Humberto Rodríguez Rojas[110],
Jorge Eliécer López Alvarado[111],
Yamile Andrea Reyes Silva[112],
Miguel Valderrama Castro[113],
Abel Valderrama Castro[114],
Alfredo Valderrama Castro[115]
y Nancy Valderrama Castro[116],
la accionante demostró que su hijo Alexander Valderrama le suministraba lo
necesario para vivir en condiciones dignas, lo cual incluía alimentación,
medicamentos y demás gastos de su diario vivir.
Como consecuencia de lo
anterior, la tutelante se ha visto obligada a depender de uno de sus nietos,
quien actualmente cubre sus gastos, pues la solicitante no tiene la capacidad
para proveerse, por sí sola, los medios necesarios para su subsistencia. Las
precarias circunstancias económicas de la señora Gilma Aurora Castro se
complementan con las declaraciones que ella y sus hijos rindieron ante el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Florencia. Efectivamente, de los cinco hijos
de la accionante, el señor Alexander Valderrama era quien devengaba un mayor
salario y, además, era el único que no tenía compañero/a permanente, cónyuge o
hijos. Por el contrario, todos los demás hijos de la accionante tienen su
propio núcleo familiar y devengan aproximadamente un salario mínimo mensual o
incluso menos. De esta forma, la Sala concluye que, a pesar del amplio núcleo
familiar de la señora Gilma Aurora Castro García, este hecho no desvirtúa la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Finalmente, la solicitante
acudió ante Porvenir S.A. con el fin de que se le reconociera la pensión de
sobrevivientes y, al ver que su petición fue negada, interpuso un recurso de
reposición. Por consiguiente, adelantó actuaciones de forma diligente antes de
interponer la presente acción de tutela.
22. Consecuentemente, no son
de recibo los argumentos que el juez de segunda instancia esgrimió para
declarar improcedente la tutela. Al respecto, es oportuno recordar que la
jurisprudencia constitucional ha establecido, en relación con aquellas personas
que han alcanzado la edad suficiente para pensionarse, que es desproporcionado
ordenar que prueben su incapacidad para trabajar, pues, precisamente, se
presume lo contrario. Así lo ha puesto de presente esta Corporación al afirmar
que no se pueden desconocer los constantes inconvenientes que tienen que afrontar
los adultos mayores cuyas condiciones físicas: “(i) les impiden trabajar,
(ii) les ocasiona restricciones originadas en las prohibiciones legales que
hacen obligatorio el retiro forzoso de su trabajo al arribar a cierta edad, y
en consecuencia, (iii) los inhabilita para poder proveerse sus propios gastos”[117].
Adicionalmente, si bien es cierto que la edad del accionante,
por sí sola, no lleva a concluir que se cumple con el requisito de
subsidiariedad, la señora Gilma Aurora Castro dio cuenta de su situación
socioeconómica mediante declaraciones extraprocesales que no fueron tenidas en
cuenta por el juez de segunda instancia ni siquiera como pruebas indiciarias. A
esta situación se suma el hecho de que la actora tiene un puntaje de 42.03 en
el SISBEN, lo cual demuestra que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad.
También, la afirmación que hace el ad quem respecto de
la existencia de otros cuatro hijos distintos del causante que tienen el deber
legal de proveerle alimentos, no es suficiente para concluir que no se cumple
con el principio de subsidiariedad. Conforme a los artículos 251 y 411 del
Código Civil, los hijos están obligados a cuidar de los padres “en su ancianidad, en el
estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren
sus auxilio”. Sin embargo, la existencia de esa obligación legal no
descarta las condiciones de vida de la peticionaria demostradas en esta sede, las
cuales son relevantes en el examen de procedencia.
23. Así las cosas, al aplicar
los criterios indicados por la jurisprudencia para establecer si los medios
para solicitar prestaciones sociales son eficaces e idóneos, esta Sala
evidencia que la accionante cuenta con el medio ordinario establecido en el
numeral 4 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social, pero este no es idóneo para la protección de sus derechos fundamentales
por las circunstancia demostradas en esta sede, a saber: (i) la accionante es
un adulto mayor que merece especial protección constitucional; (ii) sus
condiciones socioeconómicas se han visto afectadas con ocasión de la muerte del
señor Alexander Valderrama, las cuales no han podido ser suplidas por los demás
parientes de la accionante; y (iii) adelantó actuaciones en sede
administrativa, lo que demuestra que la señora Gilma Aurora Castro ha sido
diligente.
24. En razón de lo anterior,
esta Corporación concluye que obligar a la accionante a acudir a la vía
ordinaria para solicitar el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes es desproporcionado y gravoso de sus derechos; por ende, la
intervención del juez constitucional es necesaria para amparar los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados.
No se cumple el requisito
de subsidiariedad en el expediente 7.359.286
25. En este caso, si bien la
señora Irma López de Vásquez presenta ciertas características que la hacen
sujeto de especial protección constitucional, también es cierto que carece de
otras condiciones que son indispensables para que sea procedente la acción de
tutela. En este sentido, la accionante tiene 90 años de edad, por lo tanto, es
un adulto mayor que merece una protección especial. Sin embargo, la composición
de su núcleo familiar y sus circunstancias socioeconómicas no dan cuenta de la
existencia de un perjuicio irremediable que deba evitarse en esta sede.
En efecto, la accionante
alega que sus derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas se han
visto afectados como consecuencia de la muerte de su hijo, quien, de acuerdo
con sus afirmaciones, era quien cubría todos sus gastos y pagaba el canon de
arrendamiento del inmueble en el que vivía. No obstante, al vincular a los
hijos del causante en sede de revisión, expresaron que la señora Irma López de
Vásquez recibía ayuda económica de sus nietos Susana y Lilo Cadosh. De hecho,
el contrato de arrendamiento del inmueble donde vivía estaba a nombre de la
señora Susana Cadosh. Por otro lado, además de sus nietos, también cuenta con
la ayuda de su hija Consuelo Vásquez y con una pensión que asciende a $700.000.
26. En razón de lo anterior,
esta Sala concluye que no existen condiciones de vulnerabilidad que acrediten
la configuración de un perjuicio irremediable que torne procedente la acción de
tutela. A pesar de que la accionante tiene una edad avanzada, no existen otras
circunstancias que hagan apremiante la procedencia del amparo constitucional.
27. Aunado a lo anterior, la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir el conflicto que existe
entre la tutelante y los hijos del causante. A este respecto, por un lado están
las declaraciones de la señora Irma López de Vásquez y, por otro, las
afirmaciones contrapuestas de los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez
Roldán. En este sentido, ambas partes alegan derechos sobre los saldos de la
cuenta individual de ahorro pensional del señor Jorge Humberto Vásquez López.
28. Así las cosas, debido a
que el derecho sobre estos saldos es objeto de debate, el proceso ordinario
establecido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[118] es el mecanismo idóneo
para esclarecer quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de
la devolución de saldos, según sea el caso. Lo anterior, por cuanto ese es un
proceso contencioso, dentro del cual cada parte puede hacer valer sus
argumentos y contradecir los de la contraparte. Por el contrario, la acción de
tutela es un proceso breve y sumario cuyo fin es proteger derechos
fundamentales, por lo que resolver este tipo de debates, que deben surtirse
ante el juez natural con la plenitud de las formas y garantías legales
previstas para este efecto, es ajeno a su naturaleza. Precisamente, en la Sentencia
T-040 de 2018[119], esta Corporación recordó:
Teniendo en cuenta que la acción de tutela se invoca con el
objetivo de superar en forma pronta y eficaz la vulneración incoada, para que
el juez constitucional pueda impartir órdenes de protección dirigidas a
materializar las garantías fundamentales involucradas, resulta primordial la
certeza y carácter indiscutible de las acreencias laborales con las que se
lograría la realización efectiva de dichos derechos. De manera más
concreta, la jurisprudencia ha establecido que la protección de derechos
fundamentales que dependen del cumplimiento de obligaciones laborales, requiere
que se trate de derechos indiscutibles reconocidos por el empleador y que
sean ordenados por las normas laborales o declarados por medio de providencias
judiciales en firme”[120] (negrilla fuera del texto).
29. En consecuencia, conforme a lo establecido en el numeral 4
del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el
juez natural que debe conocer del conflicto suscitado entre la accionante y los
señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán es la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral. Por ende, la actora debe acudir a dicho
medio judicial para que se valoren las pruebas que alleguen las partes y se
profiera una decisión motivada en relación con su dependencia económica y su
eventual derecho a la pensión de sobrevivientes.
30. No obstante, en sede de revisión, esta Sala advirtió que,
como respuesta a las peticiones que la señora Irma López de Vásquez radicó los
días 19 de septiembre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 2018, Porvenir S.A.
afirmó que existían “otros beneficiarios de ley”[121],
sin especificar quiénes y si habían adelantado algún trámite al respecto.
En atención a esta situación, la tutelante ejerció su derecho de petición
y, si bien no alegó su vulneración, conforme a las facultades extra petita de
las que goza la Corte, esta Sala considera pertinente estudiar la manera en que
la entidad accionada contestó a las peticiones de la accionante.
31. Ahora bien, al analizar el requisito de subsidiariedad de una
acción de tutela en la que se alega la violación del derecho de petición, la
Corte ha establecido que el ordenamiento jurídico colombiano no prevé un medio
de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela. De este
modo, quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental no
dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita materializar
el mismo[122].
32. Conforme a lo anterior, frente a una posible vulneración del
derecho de petición, la señora Irma López de Vásquez no cuenta con otro medio
judicial para reclamar su protección. Adicionalmente, las actuaciones que infrinjan
este derecho pueden asimismo afectar el trámite de reclamación de la pensión de
sobrevivientes, su derecho al debido proceso y demás derechos relacionados,
como lo son al mínimo vital y a la seguridad social. Por consiguiente, esta
Sala declara que la acción de tutela es procedente en relación con el derecho
de petición de la solicitante.
33. En suma, la Sala concluye que la tutela interpuesta por la
señora Gilma Aurora Castro García es procedente en relación con los derechos al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. Lo
anterior, debido a que (i) presentó la acción a nombre propio; (ii) la accionante es un
adulto mayor que merece especial protección constitucional; (iii) sus
condiciones socioeconómicas se han visto afectadas con ocasión de la muerte del
señor Alexander Valderrama; (iv) si bien tiene 4 hijos más, no tienen la
capacidad de brindarle ayuda económica; y (iv) adelantó actuaciones en sede
administrativa, lo que demuestra que la señora Gilma Aurora Castro ha sido
diligente.
En cambio, la acción
de tutela formulada por la señora Irma López de Vásquez no es procedente en
relación con los derechos al mínimo vital y a la seguridad social. En este
caso, (i) la
señora Irma López de Vásquez tiene 90 años de edad, por consiguiente, es un
sujeto de especial protección constitucional; sin embargo, (ii) presuntamente,
sus nietos Lilo y Susana Cadosh cubrían parte de sus gastos en vida del señor
Jorge Humberto Vásquez López; (iii) actualmente vive con su hija Consuelo
Vásquez, quien la apoya económicamente; y (iv) recibe una pensión de $700.000.
No obstante,  de las
pruebas obrantes en el expediente, la Sala determina que la tutela de esta
accionante sí es procedente respecto al derecho de petición. Esto, porque no
existe otro mecanismo judicial que sea idóneo y eficaz para proteger este
derecho y las
actuaciones que lo infrinjan pueden asimismo afectar el trámite de reclamación
de la pensión de sobrevivientes, su derecho al debido proceso y demás derechos
relacionados de la solicitante, como lo son el mínimo vital y la seguridad
social.
34. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar de fondo, por
un lado, la acción de tutela formulada por la señora Gilma Aurora Castro García
en relación con los derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida
en condiciones dignas y, por otro, la acción de tutela interpuesta por la señora
Irma López de Vásquez respecto al derecho de petición.
Naturaleza y alcance
del derecho a la pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia [123]
35. El artículo 48 de la Constitución
Política establece que la seguridad social es un servicio público y un derecho
de carácter irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con
fundamento en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación. Con la finalidad de desarrollar este
mandato constitucional, el Legislador profirió la Ley 100 de 1993 mediante la
cual creó y estructuró el Sistema General de Seguridad Social Integral, que
está conformado por los regímenes generales para pensiones, salud, riesgos
laborales y los servicios sociales complementarios.
De manera específica, el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones establece una serie de prestaciones
asistenciales y económicas que amparan los riesgos de vejez, invalidez, o
muerte. Asimismo, desarrolla los derechos a la sustitución pensional, a la
pensión de sobrevivientes y a la indemnización sustitutiva, entre otras[124].
Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que el derecho a la pensión de sobrevivientes, pese
a ser de naturaleza económica y de carácter irrenunciable, tiene un rango de
fundamental, no sólo por su estrecha relación con el  mínimo vital y la vida en
condiciones dignas, en tanto del reconocimiento y pago de las respectivas
mesadas pensionales depende la satisfacción de las necesidades básicas de los
beneficiarios[125]; sino también porque, en la mayoría
de casos, estos individuos son sujetos de especial protección constitucional,
como adultos mayores, niños y personas en condición de discapacidad[126].
36.
Ahora bien, el derecho a la pensión de
sobrevivientes es “(…) la garantía que
le asiste al grupo familiar de una persona que fallece siendo afiliada al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para reclamar la prestación
que se causa precisamente con tal deceso”[127]. Busca
evitar que las personas que dependían económicamente del causante se enfrenten
a un desamparo en sus derechos fundamentales, particularmente en su derecho al
mínimo vital y a la subsistencia en condiciones dignas puestos
en peligro por la ausencia súbita de los recursos que les proveía el causante.
A este respecto, la Sentencia T-1036 de 2008[128] indicó:
“(…) la finalidad de
la pensión de sobrevivientes, se reitera, es suplir la ausencia repentina del
apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y,
por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Una decisión administrativa que desconozca esa realidad, e implique
por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono,
indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por
desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital
y a la dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los
principios constitucionales de solidaridad y protección de quienes se
encuentran en situación de debilidad manifiesta, como soportes esenciales del
Estado Social de Derecho”.
37.
De este modo, la Corte Constitucional ha identificado tres principios
cardinales que la fundamentan: (i) el principio de estabilidad económica, que
busca al menos el mismo grado de seguridad social y económica del que el
beneficiario gozaba en vida del pensionado o afiliado fallecido; (ii) el
principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, en
cuanto esta prestación se otorga en favor de ciertas personas que sostuvieron
una relación afectiva, personal y de apoyo con el causante; y (iii) el
principio de universalidad del servicio público, pues el ámbito de aplicación
de la pensión de sobrevivientes se amplía a favor de quienes estarían en
incapacidad de mantener las condiciones de vida que llevaban antes de la muerte
del pensionado o afiliado[129].
38. En conclusión, la pensión de
sobrevivientes es una expresión del derecho fundamental a la seguridad social.
Esta acreencia económica tiene como finalidad primordial proteger a los
beneficiarios del causante, quienes por su fallecimiento pueden ver afectados
sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
Requisito de dependencia económica respecto
de los padres como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia[130]
39. El
artículo 74 de la Ley 100 de 1993 presenta los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes[131].
Específicamente, el literal d) de esta disposición establecía: “A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este” (negrilla fuera del texto). Mediante Sentencia
C-111 de 2006[132], la
Corte estudió la constitucionalidad de la expresión “de forma total y
absoluta” y la declaró inexequible. Al respecto, indicó que la
dependencia económica no supone una carencia total de recursos propios. Por el
contrario, basta con demostrar la afectación del mínimo existencial, es decir,
que los padres del fallecido no cuenten con los ingresos suficientes que
garanticen una subsistencia digna.
40. En atención a la importancia que
acarrea la dependencia económica en el examen del caso bajo examen, a
continuación se cita textualmente la manera en que en esta sentencia se definió
el requisito de dependencia económica:
“(…) para poder
acreditar la dependencia económica, no es necesario demostrar la carencia total
y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de
desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el contrario,
basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para
subsistir de manera digna.
(…)
Por lo anterior, la dependencia
económica ha sido entendida como la falta de condiciones materiales que les
permitan a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, suministrarse
para sí mismos su propia subsistencia, entendida ésta, en términos reales y no
con asignaciones o recursos meramente formales.”
De lo anterior se concluye que
la dependencia económica supone un estado de necesidad, de manera que los
recursos suministrados por el causante sean imprescindibles para la
subsistencia del beneficiario. Por consiguiente, su definición se enmarca
dentro del concepto de autosuficiencia, es decir, la imposibilidad de
mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera
digna. Por ende, la pensión de sobrevivientes busca proteger los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, lo cual no se limita a
una consideración simplista de ausencia de recursos sino que, por el contrario,
exige el análisis particular de la necesidad de los mismos de cara al apoyo
brindado por el causante y las necesidades del beneficiario.
41. En suma, esta
Corporación ha establecido que, para acceder a la pensión de sobrevivientes,
los padres de los afiliados que fallecen deben probar que, sin los recursos que
antes proveía el causante, las condiciones de vida desmejoran de tal forma que
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana se ven
amenazados. Por esta razón, la Sentencia C-111 de 2006 recordó
los criterios que se han establecido jurisprudencialmente para determinar si
una persona es dependiente o no, a saber:
1.
“Para tener independencia económica los recursos deben ser
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia
y la vida digna[133].
2.
El salario mínimo no es determinante de la independencia económica[134].
3.
No constituye independencia económica recibir otra prestación[135]. Por ello, entre otras cosas, la
incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la
Ley 100 de 1993[136].
4.
La independencia económica no se configura por el simple hecho de
que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso
adicional[137].
5.
Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es
necesario percibir ingresos permanentes y suficientes[138].
6.
Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar
independencia económica[139]”[140].
42. A partir de esta sentencia, en
diferentes pronunciamientos la Corte se ha ocupado de precisar el alcance de la
dependencia económica al analizar casos concretos.
43. Por ejemplo, la Sentencia T-479 del 2008[141] analizó
la solicitud de amparo interpuesta por una accionante contra Protección S.A., el
cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque la
accionante no acreditó la dependencia económica total y absoluta de su difunto
hijo. En esa oportunidad, la Corte indicó que la dependencia económica atañía a
la imposibilidad de los padres para solventar de forma autónoma sus propios
gastos; es decir, se traducía
en la falta de recursos suficientes para asumir todas las necesidades presentes
en la vida cotidiana. Así las cosas, el hecho de que los padres percibieran un
ingreso no desvirtuaba el requisito de dependencia, a menos que fuera suficiente
para cubrir sus propios gastos.
44. De
manera idéntica, mediante la Sentencia T-619 de 2010[142] la Corte afirmó que la dependencia
económica suponía un criterio de necesidad y
respondía a un juicio de autosuficiencia. En relación con lo anterior, sostuvo
que
“la necesidad
se deriva de la sujeción al auxilio recibido de parte del causante, el cual se
torna indispensable para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al
no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en
calidad de beneficiarios; y, por otra parte, el juicio de autosuficiencia
responde a la situación personal en que se encuentre cada beneficiario, la cual
deberá ser valorada de manera integral por el juez de tutela”.
45. Asimismo,
en la Sentencia T-140 de 2013[143],
reiterada por la T-326 de 2013[144],
se estableció que existe dependencia económica en los eventos en los que (i) se
hubiese dependido de forma completa o parcial del causante; (ii) no se puede
satisfacer las necesidades básicas a causa de la falta de ayuda financiera que
el fallecido proveía; o (iii) se afecta la condición económica o el nivel de
vida que mantenían los padres con ocasión de la muerte del afiliado.
Seguidamente,
esta Corporación hizo hincapié en la importancia que adquiere la pensión de
sobrevivientes cuando los padres del afiliado son los beneficiarios de dicha
prestación, pues las condiciones de edad u otras situaciones de debilidad
manifiesta les impide obtener los recursos e ingresos para vivir en condiciones
dignas.
46. Finalmente, en la Sentencia T-725 de 2017[145] la Corte estudió
si los padres de un causante tenían derecho a acceder a una pensión de
sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo, a pesar de que (i) el
causante gozaba de una pensión de invalidez, pero ascendía a $644,350 y dicha
suma se utilizaba para pagar el arriendo del apartamento en el que vivía, cuyo
valor era de $500.000, y para sufragar su alimentación y medicamentos; (ii) el
señor Juan Herrera vivía en Bogotá D.C, mientras que sus progenitores habitaban
un inmueble propio, ubicado en Floridablanca; (iii) contaban con 9 hijos que, si
bien tenían sus propios núcleos familiares, contribuían al cuidado y la
manutención de los solicitantes; y (iv) ambos peticionarios pertenecían al
régimen contributivo de salud.
Para resolver
el caso, esta Corporación primero recordó que la pensión de sobrevivientes es
aquella prestación pensional que responde a la necesidad de que sus
beneficiarios mantengan el mismo grado de seguridad social y económica que
tenían en vida del pensionado o del afiliado y, asimismo, de solventar aquellas
cargas materiales que se tornan insoportables con su muerte.
Posteriormente
aclaró que la dependencia económica no debe ser total y absoluta; sin
embargo, no quiere decir que desaparezca la subordinación material que da
fundamento a esta prestación. En efecto, afirmó que la dependencia económica no
se traduce en una mera colaboración o contribución que los hijos pueden otorgar
a sus padres. Por el contrario, este concepto es “la necesidad de una
persona del auxilio o protección de otra”[146].
En ese orden de ideas, los beneficiarios de esta prestación deben estar
supeditados al ingreso que le brindaba el causante para salvaguardar sus
condiciones de subsistencia. En suma,
“si en el caso
concreto el juez de tutela advierte que los padres del fallecido no tenían una
relación de subordinación material frente al ingreso que en vida les otorgaba
su descendiente, no resultaría procedente reconocer la pensión de
sobrevivientes o la sustitución pensional”.
En este sentido, al
analizar el caso concreto, la Corte concluyó que no había existido una
verdadera subordinación material respecto de la ayuda económica que los actores
recibían del causante. En su lugar, la ayuda que recibían del afiliado
únicamente constituía una colaboración, pues su contribución para satisfacer
sus necesidades básicas era irrisoria.
47. En síntesis, el requisito de
dependencia económica exigido a los padres del fallecido con el fin de obtener
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no requiere ser total y
absoluta respecto del causante. En efecto, el beneficiario puede recibir un
salario mínimo, o ser acreedor de otra pensión, percibir un ingreso ocasional o
incluso poseer un predio y, pese a ello, ser beneficiario de tal prestación. No
obstante, los beneficiarios sí deben estar subordinados materialmente, así sea
parcialmente, al causante, esto es, debe existir la necesidad de recibir la
ayuda financiera que proveía para que los derechos al mínimo vital y a la vida
en condiciones dignas no se vean amenazados.
El derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia[147]
48. El derecho de petición es una garantía ius
fundamental consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de
1991. De conformidad con esta disposición superior “[t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
49.
De acuerdo con las características previstas en la Carta Política, esta Corporación[148] ha
definido el derecho de petición como la facultad que tiene toda persona en el
territorio colombiano[149]
para formular solicitudes –escritas o verbales[150]-, de modo
respetuoso[151]
a las autoridades públicas y, en ocasiones, a los particulares y, al mismo
tiempo, para esperar de ellas la respuesta congruente con lo pedido.
La
facultad de presentar solicitudes y esperar una respuesta exigible está
íntimamente relacionada con los fines del Estado, en tanto a través de ella las
personas pueden participar activamente en las decisiones que les afectan y
procurar el cumplimiento de los deberes de la administración[152], de modo
que genera un ambiente democrático y de diálogo con las diversas instituciones
estatales y entre los particulares, pues les permite interactuar en relación
con fines privados o públicos.
50.
Si bien la aplicación del derecho de petición es inmediata, el Legislador lo reguló
mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015 y la Corte Constitucional ha
reconocido que tiene un papel trascendental en la democracia participativa y un
“carácter instrumental”[153]
que puede estar relacionado con el ejercicio de otros derechos fundamentales.
51.
En todo caso, conforme lo señaló la Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia
C-007 de 2017[154],
la respuesta debe cumplir con las siguientes características para considerar
satisfecho el derecho de petición:
(i)      Prontitud.
Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación
de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos
fijados por la Ley 1755 de 2015. En aras de fortalecer esta garantía, el
Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a “falta para
el servidor público y (…) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el
régimen disciplinario.”[155]
(ii)     Resolver de
fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir,
inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa, de modo que atienda lo
solicitado y excluya información impertinente para evitar respuestas evasivas o
elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado, de tal forma
que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina,
caso en el cual no puede concebirse como una petición aislada.
(iii)    Notificación.
No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en
conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela, ello debe ser
acreditado.
Esta Corporación ha
destacado, además, que la satisfacción del derecho de petición no depende, en
ninguna circunstancia, de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo que
se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido
negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas, se ha
distinguido y diferenciado el derecho de petición del “derecho a lo pedido”[156], que se
emplea con el fin de destacar que “el ámbito de protección constitucional de
la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una
contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la
solicitud como tal”[157].
52.
Una de las características de la respuesta que se espera del destinatario de
una solicitud efectuada en ejercicio del derecho de petición, es la congruencia.
Esta característica se presenta “si existe coherencia entre lo respondido y
lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un
tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información
adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”[158].
53.
Por otra parte, esta Corporación ha encontrado que las entidades llamadas a
satisfacer el derecho de petición, lo comprometen cuando se abstienen de emitir
una respuesta congruente a los recursos de reposición o apelación que se
formulan contra sus decisiones.
En
la Sentencia T-682 de 2017[159],
la Sala reiteró que los recursos de reposición y apelación contra los actos
administrativos son una expresión del derecho de petición[160]. Esto, debido
a que “a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública
una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la
modificación o la revocación de un determinado acto”[161].
De este modo, a la decisión que resuelva tales recursos le son aplicables los
requisitos de la respuesta al derecho de petición, entre los cuales está la
congruencia.
54.
En conclusión, si una entidad pública o un particular que cumple funciones
públicas no responde a las peticiones o recursos que se formulan contra sus
actuaciones de manera congruente, precisa, inteligible y de fácil comprensión incurre
en violación del derecho de petición. Igualmente, vulnerará este derecho si no contesta
en debida forma los argumentos planteados por el administrado, al formular los
recursos de reposición o apelación contra sus actos administrativos.
Análisis de los casos concretos
Expediente T-7.274.643
55. En
el presente caso, la señora Gilma Aurora Castro García pretende el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso, pues considera
que fueron vulnerados con la negativa de Porvenir S.A. a reconocerle la pensión
de sobrevivientes. Particularmente, identificó como actuación transgresora la
respuesta emitida el día 10 de abril de 2018, la cual fue confirmada el 6 julio
de 2018, en la que la entidad aseguró que la accionante no demostró dependencia
económica y, además, tenía 4 hijos más con el deber legal de brindarle
alimentos. Por esta razón, interpuso acción de tutela para que la entidad reconozca
y pague esta prestación.
En
sede de tutela, el Juzgado de primera instancia solicitó a Porvenir S.A. rendir
informe respecto de los hechos expuestos y dar a conocer los argumentos que
utilizó para negar la pretensión de la tutelante. Como respuesta, la entidad
alegó que no reconoció y pagó la pensión de sobrevivientes reclamada porque la
señora Gilma Aurora Castro García no demostró que hubiera dependido
económicamente del señor Alexander Valderrama. Además, el causante no
contribuía a la manutención de la solicitante con aportes significativos. Por
ende, solicitó que la acción se declarara improcedente.
Luego
de recibir las respuestas de las partes, el juez de primera instancia amparó
los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana de la accionante y ordenó a
Porvenir S.A. conceder la pensión de sobrevivientes. No obstante, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Florencia revocó la sentencia de primera instancia y
declaró improcedente la tutela. Lo anterior, debido a que, a su consideración, la
solicitante (i) no se encontraba en una situación de vulnerabilidad; (ii) no
demostró incapacidad para trabajar; y (iii) tenía cuatro hijos más con el deber
legal de proveerle alimentos mientras acudía a la Jurisdicción Ordinaria.
56. Durante
el trámite de revisión, la Corte recibió pruebas adicionales mediante las
cuales verificó lo siguiente: (i) la señora Gilma Aurora Castro no percibe
ingresos de ningún tipo; (ii) actualmente vive con uno de sus nietos, quien la
ha apoyado desde la muerte del señor Alexander Valderrama; (iii) tiene cuatro
hijos, los cuales tienen su propio núcleo familiar, dos de ellos viven fuera de
Florencia y cada uno devenga alrededor de un salario mínimo mensual vigente, o
incluso menos; (iv) finalmente, la peticionaria tiene un puntaje de 42,03 en el
SISBEN, lo cual demuestra que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
57. En
atención a las circunstancias expuestas, le corresponde a la Sala establecer si
Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales de la señora Gilma Aurora
Castro García, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.
58. A
este respecto, la Sala encuentra que, contrario a lo que consideró Porvenir
S.A., la accionante sí acreditó el requisito de dependencia ante la entidad. En
consecuencia, la decisión que tomó Porvenir S.A. el 10 de abril de 2018, por
medio de la cual le negó el acceso a la pensión de sobrevivientes por no
cumplir con el requisito de dependencia económica, vulneró sus derechos
fundamentales.
59. Las
pruebas que allegó la accionante en sede de reposición fueron las siguientes:
(i) las declaraciones con fines extraprocesales rendidas por los señores Blanca
Edith Valderrama Castro, Edgar Jiménez Gutiérrez, Humberto Rodríguez Rojas,
Jorge Eliecer López Alvarado, Yamile Andrea Reyes Silva, Miguel Valderrama
Castro, Abel Valderrama Castro, Alfredo Valderrama Castro y Nancy Valderrama
Castro, mediante las cuales los comparecientes afirmaron que la peticionaria y
el señor Alexander Valderrama vivían bajo el mismo techo, y este último cubría
todos los gastos de la solicitante; (ii) el contrato de arrendamiento de la
vivienda que la actora compartía con su hijo, en el que ella aparece como
arrendataria y su hijo como codeudor; y (iii) una declaración extrajuicio
rendida por el señor Edgar Jiménez Gutiérrez, en la que asegura que el señor
Alexander Valderrama Castro pagaba el canon de arrendamiento del apartamento
que él les arrendaba.
De las
pruebas reseñadas se deduce, primero, que el señor Alexander Valderrama
compartió techo con su madre mientras vivía y le brindó lo necesario para vivir
en condiciones dignas. De lo anterior dan cuenta las múltiples declaraciones extrajuicio
y el contrato de arrendamiento aportados. En segundo lugar, la accionante no
está en la capacidad de proveerse los medios necesarios para subsistir. Lo
anterior, porque (i) debido a su avanzada edad no está en capacidad de trabajar;
(ii) debe recurrir a un nieto que, mientras estudia, le brinda lo necesario
para alimentarse y pagar el canon de arrendamiento; (iii) no recibe ninguna
otra prestación económica o salario; y (iv) si bien posee un predio en El
Puejil, este no le reporta ningún ingreso.
Por
consiguiente, desde el fallecimiento de causante, las condiciones socioeconómicas
de la accionante han desmejorado de tal forma que sus derechos al mínimo vital
y a la dignidad humana se han visto amenazados. Por ende, esta Sala considera
que se cumplen los presupuestos legales y constitucionales para determinar que la
señora Gilma Aurora Castro García, efectivamente, dependía económicamente de su
hijo Alexander Valderrama.
60. En
relación con lo anterior, al realizar el estudio administrativo de la situación
socioeconómica de la accionante, Porvenir S.A. concluyó que, dado que tenía 4
hijos más con el deber legal de proveerle alimentos, no tenía derecho a acceder
a la pensión de sobrevivientes. A este respecto, no hay lugar a argumentar lo
anterior, pues la reclamación de la pensión de sobrevivientes es una pretensión
independiente que depende únicamente de la relación que el presunto
beneficiario mantenía con el causante. En su lugar, la entidad debió analizar la
manera en que la señora Gilma Aurora Castro vivía mientras compartía techo con
su hijo Alexander Valderrama y contrastar dicha situación con las condiciones
en las que vive hoy en día.
61. En
atención a lo anterior, la Sala revocará la
sentencia del 23 de enero de 2019 proferida por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Florencia. En su lugar, confirmará la decisión de primera
instancia, proferida el 13 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Florencia, que decidió amparar los derechos al mínimo vital y a la
dignidad humana de la señora Gilma Aurora Castro García. En consecuencia, ordenará
a Porvenir S.A. reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a su favor.
Adicionalmente,
en razón a que ya se hizo efectiva la devolución de saldos, la Sala también le
advertirá a Porvenir S.A. que podrá descontar de las mesadas reconocidas de la
pensión de sobrevivientes a la señora Gilma Aurora Castro García el valor de
los saldos que devolvió a la accionante. De cualquier modo, los descuentos que
realice la entidad no pueden hacerse de forma tal que afecten su derecho al
mínimo vital.
Expediente
T-7.359.286
62. La
señora Irma López de Vásquez busca que se le protejan sus derechos al mínimo
vital y a la seguridad social presuntamente vulnerados por Porvenir S.A., al
negarse a reconocerle la pensión de sobrevivientes. A raíz de lo anterior,
solicita que la entidad advierta que no existen beneficiarios con mejor derecho
que ella para reclamar dicha prestación.
De
manera específica, los días 19 de septiembre, 10 de noviembre y 14 de diciembre
de 2018, la tutelante remitió peticiones en las cuales reclamaba la devolución
de saldos de la cuenta individual de ahorro pensional de su hijo fallecido y
causante Jorge Humberto Vásquez López. Como respuesta, el día 26 de noviembre
de 2018 Porvenir S.A. negó las pretensiones de la accionante en razón a que
existían “otros beneficiarios de ley”[162].
63. Esta
Sala advirtió que en relación con los derechos al mínimo vital y a la seguridad
social, el recurso establecido en el numeral 4 del artículo 2º del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social era el medio idóneo para
controvertir las actuaciones de las administradoras de pensiones, razón por la cual,
declaró improcedente la tutela (fundamentos 25-29). Por consiguiente, a
continuación concentrará su análisis en si la entidad accionada vulneró el
derecho de petición de la actora en razón a la manera en que contestó las
solicitudes radicadas.
64. De
la comunicación emitida por Porvenir S.A. el día 26 de noviembre de 2018, la
Sala deduce que la entidad, en efecto, violó este derecho. A este respecto, se
limitó a afirmar que existían otros beneficiarios de ley, sin identificar que estos
habían iniciado un trámite simultáneo para reclamar los mismos saldos sobre los
cuales la accionante consideraba tener derecho. Por consiguiente, esta
respuesta no resolvió de fondo la petición de la accionante. Si el objetivo de
la señora Irma López de Vásquez era reclamar el pago de los saldos de la cuenta
individual de ahorro pensional de su hijo, el fondo debió responder de tal
forma que la solicitante pudiera conocer las razones por las cuales se le
negaba su solicitud y saber cómo actuar en consecuencia. En ese sentido, al no
identificar el trámite iniciado por los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián
Vásquez Roldán, la accionante no tuvo acceso a la información que daba cuenta
del conflicto de beneficiarios que se estaba presentando en relación con los
dineros del causante. El carácter evasivo de la contestación impidió que la tutelante
tuviera los elementos necesarios para saber ante cuál trámite se encontraba y
de qué manera debía proceder.
65. Por
otra parte, esta Corporación también encuentra reprochable que la entidad no
notificara a la solicitante sobre el trámite de reclamación de devolución de
saldos que los señores Ella Vanessa y Juan Sebastián Vásquez Roldán adelantaron
desde septiembre de 2018. Si la tutelante reclamó el pago de los mismos saldos
de forma simultánea a los hijos del causante, Porvenir S.A. debió vincularla al
proceso administrativo con el objetivo de que pudiera hacer valer sus
argumentos y controvertir las afirmaciones de los hijos del señor Jorge
Humberto Vásquez.
En
relación con lo anterior, el derecho al debido proceso administrativo se
compone de varios presupuestos, dentro de los cuales se encuentran: (i) la
notificación oportuna y de conformidad con la
ley (ii) que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta
su culminación; (iii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; y (viii) el derecho a solicitar,
aportar y controvertir pruebas[163].
Así las cosas, a causa de que no se comunicó a la señora Irma López de Vásquez
que existía un trámite en relación con los saldos de la cuenta individual de
ahorro pensional de su hijo, la solicitante no tuvo la posibilidad de
participar en dicho proceso y contradecir las pruebas de la contraparte.
Asimismo, Porvenir S.A. tiene la obligación de garantizar la
corrección y acceso a la información que reposa en sus archivos, conforme a los
artículos 15, 20 y 74 de la Constitución Política. Sobre el particular, la
jurisprudencia ha entendido que “los datos personales, la información
laboral, información médica, información financiera y de otra índole
contenida en archivos y bases de datos, son la fuente primaria para determinar
el acceso o el alcance de ciertos derechos o el cumplimiento de los requisitos
para el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales”[164].
En ese orden de ideas, en aplicación del derecho al acceso a la
información, la Corte ha considerado que la ausencia de la materialización de
este derecho tiene una incidencia grave en los derechos prestacionales de los
afiliados[165].
66. En
razón a las omisiones acarreadas por la entidad accionada, la Sala ordenará a Porvenir
S.A. que emita una respuesta clara, precisa y congruente a las peticiones
radicadas por la señora Irma López de Vásquez. En este sentido, deberá identificar
todas las circunstancias relevantes en relación con la reclamación que radicó
los días 19 de septiembre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 2018. De igual
modo, dará la información suficiente para iniciar el trámite de reclamación de
pensión de sobrevivientes.
Conclusiones
67. En la
presente oportunidad, la Corte revisó dos casos en los que las accionantes
reclamaron la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de sus hijos. Porvenir
S.A. negó el reconocimiento y pago de esta prestación pensional a la señora
Gilma Aurora Castro García, pues, a su juicio, no acreditó el requisito de
dependencia económica del causante. Por otra parte, este fondo consideró que la
señora Irma López de Vásquez no tenía el derecho a acceder a los saldos de la
cuenta individual de ahorro pensional del afiliado porque existían “otros
beneficiarios de ley”. Como consecuencia de la respuesta negativa de la
entidad administradora de pensiones, las solicitantes interpusieron acciones de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso. El análisis de cada uno de
los casos se realizó de forma independiente.
68. Al analizar de fondo la acción de tutela interpuesta por la
señora Gilma Aurora Castro, la Sala examinó la respuesta que Porvenir S.A.
envió a la actora en sede administrativa, luego de que acreditara su
dependencia económica del causante mediante un contrato de arrendamiento y
declaraciones con fines extraprocesales. En relación con este asunto, la Sala
concluyó que Porvenir S.A. tuvo los elementos suficientes para deducir que,
efectivamente, la señora Gilma Aurora Castro García había dependido
económicamente de su hijo. Lo anterior, debido a que (i) compartió techo con el
señor Alexander Valderrama; (ii) su hijo era quien cubría sus gastos y pagaba
el canon de arrendamiento; (iii) sus condiciones económicas han desmejorado
desde el fallecimiento de su hijo, pues no está en capacidad de trabajar y se
ha visto obligada a  depender de un nieto que, mientras estudia, la apoya
económicamente; (iv) no recibe ninguna otra prestación económica o salario; y
(v) si bien posee un predio en El Puejil, este no le reporta ingresos.
Por lo anterior, la Corte amparará los derechos al mínimo
vital y a la dignidad humana de la señora Gilma Aurora Castro García, y ordenará
a Porvenir S.A. conceder la pensión de sobrevivientes. También advertirá a esta entidad que podrá descontar de las mesadas
reconocidas de la pensión de sobrevivientes a la señora Gilma Aurora Castro
García el valor de los saldos que devolvió a la accionante. De cualquier modo,
los descuentos que realice la entidad no pueden hacerse de forma tal que
afecten su derecho al mínimo vital.
69. Luego, la Corte analizó si el derecho de petición de la
señora Irma López de Vásquez había sido vulnerado dentro del proceso seguido
por Porvenir S.A. En este punto, verificó que la entidad no resolvió de fondo
las peticiones remitidas por la accionante. Esto, pues no comunicó que se
estaba llevando a cabo un trámite simultáneo en el que terceras personas habían
reclamado los saldos sobre los cuales la peticionaria consideraba tener
derecho.
En consecuencia, declarará la violación del derecho de
petición de la señora Irma López de Vásquez y ordenará a Porvenir S.A. que emita una respuesta
clara, precisa y congruente a las peticiones radicadas por la actora. En este
sentido, deberá identificar todas las circunstancias relevantes en relación con
la reclamación que radicó los días 19 de septiembre, 14 de noviembre y 10 de
diciembre de 2018. De igual modo, le dará la información suficiente para
iniciar el trámite de reclamación de pensión de sobrevivientes.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 23 de enero
de 2019 por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Florencia. En su lugar, CONFIRMAR la decisión de
primera instancia, proferida el 13 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Florencia, que decidió CONCEDER los derechos al
mínimo vital y a la vida digna de la señora Gilma Aurora Castro García.
Segundo.-
En
consecuencia, ORDENAR a Porvenir S.A. que, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, reconozca y pague la totalidad de la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Gilma Aurora Castro García.
Tercero.- ADVERTIR a Porvenir S.A. que podrá descontar de las
mesadas reconocidas de la pensión de sobrevivientes a la señora Gilma Aurora
Castro García el valor de los saldos que devolvió a la accionante. De cualquier
modo, los descuentos que realice la entidad no pueden hacerse de forma tal que
afecten su derecho al mínimo vital.
Cuarto.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de
2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Cali, que a su vez confirmó la sentencia del 1 de febrero de 2019 emitida por
el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, las
cuales declararon improcedente la tutela interpuesta por la señora Irma López
de Vásquez, en relación con los derechos al mínimo vital y a la seguridad
social.
Quinto.- CONCEDER el derecho de petición de la señora Irma
López de Vásquez.
Sexto.- Por consiguiente, ORDENAR a Porvenir
S.A. que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente
fallo, emita una respuesta clara, precisa y congruente a las peticiones
radicadas por la señora Irma López de Vásquez.
Séptimo.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1]
Expediente T-7.274.643.
[2]
Folio 11, primer cuaderno de la Corte.
[3]
Folios 2-21, primer cuaderno de la Corte.
[4]
Expediente T-7.359.286.
[5]
Folios 24-42, primer cuaderno de la Corte.
[6]
Folio 14, primer cuaderno.
[7]
Para ello, la peticionaria aportó una serie de declaraciones extrajudiciales de
personas que conocieron a su hijo y a ella. Folios 22-34, primer cuaderno.
[8]
Folios 18 y 36, primer cuaderno.
[9]
Folio 15, primer cuaderno.
[10]
Folios 1-2, primer cuaderno.
[11]
Folio 3, primer cuaderno.
[12]
Folios 4-9, primer cuaderno.
[13]
Folios 12-33, primer cuaderno.
[14]
Folios 10-11, primer cuaderno.
[15]
Folios 37-49, primer cuaderno.
[16]
Folio 51, primer cuaderno.
[17]
Folios 54-56, primer cuaderno.
[18]
Seguidamente, el 5 de octubre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Florencia declaró la nulidad de todas las actuaciones adelantadas en el trámite
constitucional por falta de vinculación de la Superintendencia Financiera y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, devolvió las
diligencias al juez de primera instancia para que estas entidades se
manifestaran sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, “y en
especial frente a la acreditación o no de la condición de beneficiaria de la
accionada y si ante ellas como entes de control se adelantó algún tipo de
reclamación de carácter administrativo en agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios en el caso concreto”.
[19]Folios
109-110, primer cuaderno.
[20]
Folios 94-99, primer cuaderno.
[21]
Folio 94, primer cuaderno.
[22]
Folios 111-119, primer cuaderno.
[23]
Folios. 72-74, primer cuaderno.
[24]
Folio 73, primer cuaderno.
[25]
Folios 3-11, tercer cuaderno.
[26]
Folio 11, tercer cuaderno.
[27]
La accionante aportó su cédula de ciudadanía, en la que consta que nació el 4
de septiembre de 1928.
[28]
Folio 23, primer cuaderno.
[29]
Folio, 28, primer cuaderno.
[30]
Folio 29, primer cuaderno.
[31]
Folio 22, primer cuaderno.
[32]
Para ello, la peticionaria aportó dos declaraciones con fines extraprocesales.
Folios 30-33, primer cuaderno.
[33]
Folios 19-20, primer cuaderno.
[34]
Folio 21, primer cuaderno.
[35]
Folios 1-18, primer cuaderno.
[36]
Folios 26-28, primer cuaderno.
[37]
Folio 30, primer cuaderno.
[38]
Folio 42, primer cuaderno.
[39]
Folios 67-71, primer cuaderno. La Sala aclara que la respuesta aportada
al expediente se refiere al accionante “Walter Wilson Ladino Vera” contra
Coomeva EPS.
[40]
Folio 72, primer cuaderno.
[41]
Folios 72-75, primer cuaderno.
[42]
Folios. 82-83, primer cuaderno.
[43]
Folios 12-14, segundo cuaderno.
[44]
Folios 34-38, primer cuaderno de la Corte.
[45]
Folios 37-38, primer cuaderno de la Corte.
[46]
CD adjunto al primer cuaderno de la Corte.
[47]
CD enviado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Florencia. Folios 46-48,
cuaderno de la Corte.
[48]
Folios 104-133, primer cuaderno de la Corte.
[49]
Folio 118, primer cuaderno de la Corte.
[50]
Folios 110-111, primer cuaderno de la Corte.
[51]
Cuaderno de la Corte, folios 51-53.
[52]
Folios 61-66, segundo cuaderno de la Corte.
[53]
Folios 137-143, cuaderno de la Corte.
[54]
Folios 151-153, cuaderno de la Corte.
[55]
Folios 160-161, cuaderno de la Corte.
[56]Folios
180-187, cuaderno de la Corte.
[57]Folios
202-203; folios 222-223, cuaderno de la Corte. También advierte esta Sala que Porvenir
S.A. remitió la declaración con fines extraprocesales que realizó el causante
ante la Notaría 73 de Bogotá, en la que manifestó que su madre dependía
económicamente de él y, por ende, deseaba que, en caso de fallecer, fuera
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes (Folio 226, cuaderno de la Corte).
Asimismo, la entidad adjuntó el formulario “sobrevivencia sólo padres” que
diligenció la accionante (Folios 227-229, cuaderno de la Corte).
[58]
Folios 219-221, cuaderno de la Corte.
[59]
Folios 293-296, primer cuaderno de la Corte.
[60]
Estos documentos fueron:
i.
Formulario de trámite por sobrevivencia
ii.
Fotocopia de cédula de afiliado.
iii.
Copia auténtica del registro civil y del registro de defunción del
afiliado.
iv.
Fotocopia de cédula de los herederos.
v.
Copia de certificado de cuenta bancaria de los herederos.
vi.
Copia de escritura pública completa de sucesión
[61]
Folios 37-49, primer cuaderno.
[62]
Folio 29, primer cuaderno.
[63]
Folio 19, primer cuaderno.
[64][64][64]
Folio 21, primer cuaderno.
[65]
Este acápite se toma de la Sentencia T-047 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[66]
Ver sentencias T-1015 de 2006, MP Álvaro Tafur
Galvis; T-780 de 2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098
de 2016 ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre
otras.
[67]
Sentencia T-079 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[68]
Sentencias T-222 de 2018, y T-444 de 2018, MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[69]
Sentencia SU-241 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado
[70]
Sentencia T-091 de 2018, MP Carlos Bernal Pulido.
[71]
Folio 3, primer cuaderno.
[72]
Folios 4-9, primer cuaderno.
[73]
Folios 10-13, primer cuaderno.
[74]
Folios 37-49, primer cuaderno.
[75]
Folio 19, primer cuaderno. Folio 116, cuaderno de la Corte.
[76]
Folio 118, cuaderno de la Corte.
[77]
Folio 21, primer cuaderno.
[78]
Consideraciones tomadas de la Sentencia T-444 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[79]
Ver sentencias T-091 de 2018, MP Carlos Bernal Pulido; T-471 de 2017, MP Gloria
Stella Ortiz Delgado; T-541 de 2015, MP María Victoria Calle Correa, entre
otras.
[80]
“Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentre el solicitante (…) Se entiende por irremediable el
perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización”.
[81]
Sentencia T-705 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt.
[82]
Ver sentencias T-471 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-373 de 2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado; T-594 de 2006, MP Clara Inés
Vargas Hernández y T-441 de 1993, MP José Gregorio Hernández Galindo.
[83]
Ver sentencias T-375 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado; T-091 de 2018, MP
Carlos Bernal Pulido; T-471 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz; T-230 de 2013, MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.
[84]
En este caso, se cita la Sentencia SU-961 de 1999, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[85]
En este caso, se citó la Sentencia T-225 de 1993, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[86]
Sentencia T-956 del 2014, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado, la cual reitera lo establecido en la Sentencia T-808 de 2010, MP Juan
Carlos Henao Pérez
[87]
Sentencias T–800 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–859 de 2004 MP Clara
Inés Vargas.
[88]
Sentencias T–800 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–436 de 2005 MP Clara
Inés Vargas, y T–108 de 2007, MP Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[89]
Sentencias T–328 de 2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004, MP
Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003, MP Manuel José
Cepeda Espinosa, entre otras.
[90]
Sentencia T-471 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[91]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[92]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[93]
Esta sentencia indica que este planteamiento ha sido
reiterado pacíficamente en las sentencias T-634 de 2002, MP Eduardo Montealegre
Lynett; T-649 de 2011 y T-079 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva; y T-379 de
2017, MP Alejandro Linares Cantillo
[94]
Sentencia T-194 de 2016, MP Jorge Ignacio Pretelt.
[95]
Sentencia T-371 de 2018, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[96]
Este artículo fue modificado por el artículo 622 de la Ley
1564 de 2012.
[97]
Ver Sentencia C-177 de 2016, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
la cual cita las sentencias T-738 de 1998, MP Antonio Barrera Carbonell; y
T-801 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[98]
Sentencia C-177 de 2016, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que
cita las sentencias T-116 de 1993, MP José Gregorio Hernández Galindo; T-351 de
1997, MP Fabio Morón Díaz; T-099 de 1999, MP Alejandro Beltrán Sierra; T-481 de
2000, MP José Gregorio Hernández Galindo; T-042A de 2001, MP Eduardo
Montealegre Lynett; y T-458 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[99] Sentencia C-177 de 2016, MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, que cita las sentencias T-518 de 2000, MP Álvaro Tafur Galvis;
T-443 de 2001, MP Jaime Araujo Rentería; y T-360 de 2001, MP Alfredo Beltrán
Sierra.
[100]
Sentencia C-177 de 2016, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que
cita las sentencias T-351 de 1997, MP Fabio Morón Díaz; T-313 de 1998, MP Fabio
Morón Díaz; SU-062 de 1999, MP Vladimiro Naranjo Mesa; T-827 de 2000, MP
Alejandro Martínez Caballero; T-101 de 2000, MP José Gregorio Hernández Galindo;
y T-018 de 2001, MP Alfredo Beltrán Sierra.
[101]
Sentencia C-177 de 2016, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que cita las
sentencias T-1752 de 2000, MP Cristina Pardo Schlesinger; y T-482 de 2001, MP
Eduardo Montealegre Lynett.
[102]
MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[103]
MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[104]
Sentencia T-378 de 1997, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, citada en la Sentencia
T-252 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[105]
Sentencia T-252 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[106]
Folio 16, primer cuaderno.
[107]
Folio 23, primer cuaderno.
[108]
Folio 17, primer cuaderno.
[109]
Folio 23, primer cuaderno.
[110]
Folio 24, primer cuaderno.
[111]
Folios 25-26, primer cuaderno.
[112]
Folios 27-28, primer cuaderno.
[113]
Folio 29, primer cuaderno.
[114]
Folios 30-31, primer cuaderno.
[115]
Folio 32, primer cuaderno.
[116]
Folio 33, primer cuaderno.
[117]
Sentencia T-252 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo. Esta Sala aclara
que la prohibición legal que hace obligatorio el retiro forzoso se encuentra en
el artículo 1° de la Ley 1821 de 2016, que establece los 70 años como la edad
máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones
públicas.
[118]
Numeral 4, artículo 2º.
[119]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado
[120]
Esta Sentencia, a su vez, cita la SU-995 de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz.
[121]
Folio 21, primer cuaderno.
[122]
Sentencia T-077 de 2018, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
[123]
La reiteración de jurisprudencia relacionada con la pensión de
sobrevivientes se toma de las sentencias SU-005 de 2018, MP Carlos Bernal
Pulido; y T-307 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[124]
T-018 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[125]
Sentencia T-124 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[126]
Sentencia T-662 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[127]
Sentencia T-018 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[128]
MP Rodrigo Escobar Gil
[129]
Sentencia T-110 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva, citada
en la Sentencia T-245 de 2017, MP José Antonio Cepeda Amarís.
[130]
La reiteración de jurisprudencia relacionada con la dependencia económica de
los padres como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se toma
parcialmente de la Sentencia T-456 de 2016, MP Alejandro Linares Cantillo.
[131]
Los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son. a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte; b) En forma temporal,
el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años
de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal
a). Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años,
antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; c) Los hijos
menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales,
mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay
invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de
1993; A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e
hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de este; e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de este”.
[132]
MP Rodrigo Gil Escobar.
[133]
“Sentencia T-574 de 2012, M.P. Rodrigo Gil Escobar”.
[134]
“Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
[135]
“Sentencia T-282 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
[136]
“Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá
recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
[137]
“Sentencias T-574 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y
T- 996 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Del mismo modo, la Corte Suprema de
Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia,
además de las consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente
acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de
manera ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su
cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea
autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó. (Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia
del 11 de mayo de 2004, MP Carlos Isaac Nader”.
[138]“Sentencia
T-076 de 2003, (M.P Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil)”.
[139]
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360”.
[140]
Sentencia C-111 de 2006, MP Rodrigo Gil Escobar.
[141]
MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[142]
MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[143]
MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[144]
MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[145]
MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[146]
En esta ocasión, la Sala cita la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral, radicación No. 14.455, Sentencia del 26 de septiembre de 2000, MP
Germán G. Valdés Sánchez.
[147]
Este acápite es reiterado de la Sentencia T-015 de 2019, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[148]
Sentencia C-007 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[149]
Sentencia C-818 de 2001, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[150]
En
principio la posibilidad de ejercer el derecho de petición en forma verbal
derivo de la inexistencia de norma estatutaria que restringiera su uso
(Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La ausencia de norma jurídica
- legal, reglamentaria o estatutaria - que obligue a la peticionaria a
presentar en forma escrita la solicitud de afiliación a la entidad demandada,
le resta fuerza y validez a la argumentación del juez de tutela, quien estima
improcedente la interposición de la acción de tutela por no haberse dado a la
autoridad la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de inscripción. La
tendencia racionalizadora de la actividad estatal, que propugna la
formalización de los asuntos que se suscitan entre el Estado y los
particulares, debe ser morigerada, en lo posible, con la posibilidad
constitucional y legal de ejercer verbalmente o por escrito el derecho fundamental
de petición conforme cabe esperar del estado social de derecho y de la
consideración de los funcionarios como servidores públicos, amén de que el
principio de la buena fe ampara, en principio, salvo norma positiva en
contrario, la invocación verbal de petición.”). Tras la expedición de la
Ley 1755 de 2015, la solicitud verbal quedó legalmente consagrada como una de
las modalidades del ejercicio del derecho de petición, en el entendido de que
debe haber constancia de aquella.
[151]
Sentencia C-951 de 2014, MP Martha Victoria Sáchica Méndez.
[152]
Sentencia T-139 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[153]Sentencia C-007 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[154]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[155]
Ley 1755 de 2015. Artículo 31.
[156]
Sentencias T-242 de 1993, MP José Gregorio
Hernández Galindo; C-510 de 2004, MP Álvaro Tafur Galvis; T-867 de 2013, MP
Alberto Rojas Ríos; C-951 de 2014, MP Martha Victoria Sáchica Méndez y T-058 de
2018, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
[157]
Sentencia C-007 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[158]
Sentencias T-587 de 2006, MP Jaime Araújo
Rentería; T-556 de 2013, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-682 de 2017, MP
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[159]MP
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[160]
Al respecto adujo que “La citada posición fue
adoptada desde el año 1994 en Sentencia T-304, M.P. Jorge Arango Mejía, por
medio de la cual la Corte al referirse a los recursos interpuestos en la vía
gubernativa y su relación con el derecho de petición, consideró que el uso de
los recursos señalados por las normas del Código Contencioso, para controvertir
directamente ante la administración sus decisiones, constituye el desarrollo
del derecho de petición, pues, ‘a través de ellos, el administrado eleva ante
la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener
la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto. Siendo
esto así, es lógico que la consecuencia inmediata sea su pronta resolución’//
Además, en la Sentencia T-316 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se
indicó que no existe razón lógica para afirmar que la interposición de recursos
ante la administración no sea una de las formas de ejercitar el derecho de
petición, pues este último aparte de habilitar la participación de los sujetos
en la gestión de la administración, autoriza ‘como desarrollo de él’, la
controversia de sus decisiones.”
[161]
Sentencia T-304 de 1994, MP Jorge Arango Mejía.
[162]
Folio 21, primer cuaderno.
[163]
Sentencia C-980 de 2010, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[164]
Sentencia C-401 de 2016, MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[165]
Sentencia T-376 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.