C-018-93
Sentencia No
Sentencia C-018/93
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Interpretación
Se han
establecido criterios para la definición de los derechos constitucionales
fundamentales, entre los que se destaca el que el derecho sea esencial para la
persona, todo ello partiendo del supuesto según el cual la división en títulos
y capítulos de la Constitución y el orden del articulado no es una norma
constitucional vinculante sino indicativa para el intérprete, pues ello no fué
aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente conforme al procedimiento
establecido en su Reglamento
SUSPENSION
PROVISIONAL-Efectos
La suspensión
provisional suspende los efectos de un acto negativo pero no tiene la virtud de
hacer producir un acto positivo, ni mucho menos puede indemnizar o reparar un
perjuicio ocasionado.
ACCION
POPULAR/ACCION DE TUTELA
Tratándose de
elementos contemplados en el artículo 88 de la Constitución respecto de los
cuales pueda darse el caso de daño concreto a las personas en sus derechos
fundamentales (v. gr. medio ambiente), la acción popular cabe para defender el
derecho colectivo, pero no excluye la acción de tutela para proteger el derecho
fundamental efectivamente vulnerado.
REVISION FALLO DE
TUTELA
Es más
importante, en razón de su contenido y alcances, la revisión eventual que la
obligatoria, porque justamente la labor de la Corte en materia de tutela es de
orientación, consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional,
todo lo cual se logra más eficientemente con unos fallos preseleccionados por
su importancia y su carácter paradigmático, que con toda una suerte de
sentencias obligatorias y numerosas, la mayoría de las cuales terminarían
siendo una repetición de casos idénticos, que convertirían a la Corte
Constitucional en una tercera instancia ahogada en un mar de confirmaciones de
sentencias.
JURISPRUDENCIA DE
TUTELA-Unificación
La jurisprudencia
de la Corte debe ser universal, coherente y consistente, con el ánimo de
realizar el principio de igualdad material, en virtud del cual se debe conferir
igual tratamiento a situaciones similares, así como propiciar un mínimo de
certeza en el tráfico jurídico. Tales atributos de la jurisprudencia
constitucional requieren de la existencia de un mecanismo de unificación. La
revisión de sentencias de tutela por parte de la Corporación es eventual, esto
es, no se revisan todas las sentencias sino tan sólo aquellas que sean seleccionadas
por tener un carácter paradigmático. Tal carácter tiene dos implicaciones: es
obligatorio y es didáctico. Mal haría la Corte en contribuír a la didáctica
constitucional mediante sentencias contradictorias, que antes que educar
desorientan y crean confusión. Para ello entonces se creó el mecanismo
unificador regulado en la norma acusada.
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL
La jurisdicción
constitucional, por medio de su jurisprudencia y su doctrina, es un importante
mecanismo de integración política y social. Las decisiones de tutela de la
Corte Constitucional no se limitan a resolver el conflicto particular sino que
tienen un efecto pedagógico que afianza y arraiga el papel rector de la
Constitución en el arbitraje social y la regulación de la vida en comunidad. La
jurisprudencia constitucional de derechos fundamentales cumple así una triple
función legitimadora: es marco de referencia para las autoridades y los
particulares, asegura la efectividad de los derechos, principios y deberes
consagrados en la Constitución y genera el consenso social indispensable para
la convivencia pacífica.
REF: Demanda N°
D-043
Procesos
acumulados N° D-043, D-050,  D-095, D-100, D-122 y D-128
Norma acusada:
Decreto 2591 de 1.991
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., enero veinticinco (25) de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En las demandas de
acción pública de inconstitucionalidad  acumuladas contra el Decreto 2591 de
1.991, radicadas con el No. D-043.
I. ANTECEDENTES
1. La nueva
Constitución Política de Colombia de 1.991 disolvió el Congreso de la República
y, mientras se elegía y reunía un nuevo Congreso, dispuso un régimen de
transición en los artículos transitorios de la Carta.
2. En virtud de
dicho régimen se expidió el Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1.991,
"por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política".
3. Contra dicho
Decreto se presentaron seis (6) demandas en acción pública de
constitucionalidad, así:
Radicación: D-043
Norma acusada:
artículo 40 (parcial) Decreto 2591 de 1991.
Actor : Hernán
Antonio Barrero Bravo
Radicación: D-050
Norma acusada:
artículos 1º, 11, 34 y 40 del Decreto de 1991.
Actor : Pedro Pablo
Camargo
Radicación: D-095
Norma acusada:
artículos 1º (parcial), 2º (parcial), 11 (parcial), 12, 32 (parcial), 33 y 40
(parcial), del Decreto 2591 de 1991.
Actor: Luis Carlos
Sotelo Cortés
Radicación: D-100
Norma acusada:
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991.
Actor : Jorge Luis
Pabón Apicella
Radicación D-122
Norma acusada:
artículo 6º (parcial) del Decreto 2591 de 1991.
Actor : Luis Ferney
Gómez Osorio y Oscar Fredy Bran Ossa
Radicación: D-128
Norma acusada:
artículo 2, 6 (parcial), 8, 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991.
Actor : Carmen Elena
Pérez García
4. La Corte
Constitucional, en su oportunidad, acumuló, admitió y tramitó las demandas de
la referencia.
5. Las normas del
Decreto 2591 que fueron acusadas son las siguientes, en la parte subrayada:
DECRETO NUMERO 2591 de 1991
Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el
literal b) del artículo transitorio 5 de la Constitución Nacional oída y
llevado acabo el trámite de que trata el artículo transitorio 6°, ante la
Comisión Especial,
DECRETA
Artículo 1º: Objeto.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por
la acción y omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela. (D-095)
La acción de tutela
procederá aun bajo los estados de excepción. Cuando la medida excepcional se
refiere a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para defender su
contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución
autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los
estados de excepción. (D-050)
Artículo 2º:
Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos
constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a
un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero
cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional
le dará prelación en la revisión a esta decisión. (D-095, D-122)
Artículo 6º:
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por
irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante
indemnización. (D-128)
3. Cuando se
pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trate de impedir un perjuicio irremediable. (D-122)
Artículo 8º: La
tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro
medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el caso
anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice
para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.
En todo caso el
afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a
partir del fallo de tutela.
Si no se
instaura, cesarán los afectados de éste.
Cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela
también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de los demás
precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos
casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no aplique el acto
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso.   (D-128)
Artículo 11:
caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la
dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un
proceso, lo cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia
correspondiente. (D-050, D-095, D-100,    D-128)
Artículo 12:
Efectos de la caducidad. La caducidad de la acción de tutela no será obstáculo
para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible
hacerlo  de conformidad con la ley. (D-095, D-128)
Artículo 32: Trámite
de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente.
El juez que conozca
de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el
acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición d aparte,
podrá solicitar informe y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo
dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio
el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de
segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional,
para su eventual revisión. (D-095)
Artículo 33:
Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de
sus  Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su
criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado
de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo
de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar  el
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no
sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción,
deberán ser decididos en el término de tres meses.   (D-095)
Artículo 34:
Decisión en Sala: La Corte Constitucional designará los tres Magistrados de su
seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de
conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito
judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala
Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente. (D-050)
Artículo 40:
Competencia especial. Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales
que pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los
tribunales, la Corte Suprema de Justicia y  el Consejo de Estado, amenacen o
vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de
tutela el superior jerárquico correspondiente.     (D-043, D-100)
Cuando dichas
providencias emanen de Magistrados , conocerá el Magistrado que le siga en
turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o
sección. (D-100)
Tratándose de
sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le
sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la sala plena
correspondiente de la misma Corporación. (D-100)
PARAGRAFO 1º. La
acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo procederá cuando la
lesión del derecho sea consecuencia directa de ésta por deducirse de manera
manifiesta y directa de su parte resolutiva, se hubieren agotado  todos los
recursos en la vía judicial y no exista otro mecanismo idóneo para reclamar la
protección del derecho vulnerado o amenazado. Cuando el derecho invocado sea el
debido proceso, la tutela deberá interponerse conjuntamente con el recurso
procedente. (D-100)
Quien hubiere
interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa judicial, podrá
solicitar también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. También podrá hacerlo quien, en el caso
concreto, careciere de otro mecanismo de defensa judicial, siempre y cuando la
acción sea interpuesta dentro de los 60 días siguientes a la firmeza de la
providencia que hubiere puesto fin al proceso. (D-050, D-095, D-100)
La tutela no
procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir
pruebas. (D-100)
PARAGRAFO 2º. El
ejercicio temerario de la acción de tutela sobre sentencias emanadas de
autoridad judicial por parte del apoderado será causal de sanción
disciplinaria. Para efectos, se dará traslado a la autoridad correspondiente. (D-100)
PARAGRAFO 3º. La
presentación de la solicitud de tutela no suspende la ejecución de las
sentencias o de la providencia que puso fin al proceso.     (D-100)
PARAGRAFO 4º. No
procederá la tutela contra fallos de tutela." (D-095, D-100)
6. Los argumentos
principales de las demandas son los siguientes, los cuales se agrupan en
función de las normas acusadas:
a) artículo 1º:
En las demandas
radicadas con los números D-050, D-095 y D-122 se ataca el artículo 1º con base
en los siguientes:
Se tacha de
inconstitucionalidad la expresión "en los casos que señale este
Decreto", contenida en su inciso primero, porque se considera que la misma
es restrictiva del artículo 86 de la Constitución Política, al circunscribir
los casos en que procede la acción de tutela a los reseñados por el Decreto,
limitación que no corresponde a la facultad reglamentaria con que fue investido
el Presidente de la República por el literal b) del artículo transitorio 5º de
la Constitución.
Se ataca también el
aparte final del segundo inciso de este artículo que prescribe "cuando la
medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo
menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones
que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria
de los estados de excepción", porque se estima que desconoce la
prohibición constitucional de suspender los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los estados de excepción, contenida en el artículo 214 numeral
2 de la Carta.
b) artículo 2º:
En las demandas
radicadas con los números D-095 y D-122 se ataca el artículo 2º con base en los
siguientes argumentos:
El aparte final de
esta norma, al sentir de los actores, es violatorio del artículo 86 Superior,
ya que hace extensiva la acción de tutela a derechos que no son fundamentales
constitucionales, pero cuya naturaleza permite su tutela para casos concretos;
se amplía así la aplicación de esta acción, cuando la misma solo se consagra
por la Constitución para proteger derechos fundamentales, en forma "única
y exclusiva".
c) artículo 6º
numeral 1º:
En la demanda
radicada con el número D-128 se ataca el artículo 6º numeral primero con base
en los siguientes argumentos:
Para el actor esta
disposición desconoce el artículo 86 Constitucional, pues simplemente "la
acción de tutela no procede cuando el interesado tenga otro medio de defensa
judicial... Además la verificación de si existen o no medios de defensa
judicial -añade el demandante-, no puede ser subjetiva sino objetiva." Así
mismo se dice que la institución de la suspensión provisional consagrada en
materia contencioso administrativa prevalece sobre la acción de tutela. Además,
se anota finalmente, debe protegerse el principio de la cosa juzgada.
d) artículo 6º
numeral 3º:
En la demanda
radicada con el número D-122 se ataca el artículo 6º numeral tercero con base
en los siguientes argumentos:
Con esta norma,
sostiene el actor, se violan las disposiciones 86 inciso primero y 22 de la
Carta, "pues una norma constitucional que consagra la protección, por
medio de la acción de tutela para los derechos fundamentales de una manera
general, su reglamentación no puede disminuir su carácter constitucional para
aplicarlo de una forma específica." Agrega el ciudadano que "aunque
la citada norma violatoria, en su parte final vuelve a reintegrar al titular de
la acción de la tutela la posibilidad para que la solicite en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos, se contradice así (sic) misma
puesto que dicha norma suprime la acción de tutela y más adelante la misma
norma reivindica la posibilidad de solicitarla...". Se concluye que el
constituyente se equivocó al clasificar la paz como un derecho constitucional
fundamental.
e) artículo 8º:
En la demanda
radicada con el número D-128 el actor repite las tachas de inconstitucionalidad
formuladas a propósito del numeral 1º del artículo 6º precitado (vid supra
acápite "c").
f) artículo 11:
En las demandas
radicadas con los números D-050, D-095, D-100 y D-128 se ataca el artículo 11
con base en los siguientes argumentos:
Se acusa de
inconstitucional esta disposición en cuanto regula la caducidad y los efectos
de la misma frente a la tutela, desconociendo el precepto 86, que consagra un
derecho in abstracto de toda persona para interponer la acción de tutela ante
los jueces "en todo momento". El legislador extraordinario no estaba
entonces facultado para limitar la acción de tutela ratione tempore. Se
añade por parte de uno de los actores que "las sentencias ejecutoriadas hacen
tránsito a cosa juzgada y por lo mismo no son objeto de acción de tutela."
g) artículo 12:
En las demandas
radicadas con los números D-095 y D-128 se ataca el artículo 12 con base en los
argumentos señalados para el artículo 11 (vid supra).
h) artículo 32:
En la demanda
radicada con el número D-095 se ataca el artículo 32 con base en los siguientes
argumentos:
Se acusa la palabra
"eventual", consignada en la parte final de su segundo inciso, al
considerarse que con la misma se vulneran los artículos 241 inciso 1º y numeral
9; 243 inciso 1º; 6º y 2º de la Carta, con base en las siguientes cuatro
consideraciones:
1) Que existe
prevalencia de unas normas sobre otras en el mismo texto constitucional. Al
respecto se asegura que aunque la palabra "eventual" acusada aparece
también consagrada en el artículo 86 de la Constitución, la Corte incurriría en
responsabilidad por omisión (artículo 6º ibídem), si no observa la preceptiva
del artículo 241.9, que le impone el revisar, en la forma que determine la ley,
las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales, revisión que le imprime con su fallo el valor de cosa juzgada
constitucional a la controversia, de conformidad con el artículo 243
constitucional.
2) El criterio
plasmado en el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 permite establecer que la norma
del numeral 9º del artículo 241 prima sobre el precepto 86 también
constitucional, porque es posterior, teniendo ambas disposiciones la misma
especialidad.
3) Según la
prevención del numeral 9º del artículo 241, la Corte Constitucional no puede
dejar de revisar esas decisiones judiciales, pues esta norma le asigna la
función de realizar la revisión, sin darle la posibilidad de que lo haga en
unos casos y en otros no, y sin que la ley tampoco pueda darle esa opción.
4) Se acudió también
"al criterio sobre la mayor importancia de la disposición por razón de su
contenido y alcances". En este sentido, y con referencia a los fines
esenciales del Estado señalados por el artículo 2º de la Carta, se asevera que
con la obligatoriedad consignada en el artículo 241 se obtiene una protección
cierta y con efectos de cosa juzgada de los derechos fundamentales y se cumple
además con la guarda integral del ordenamiento Superior que él mismo le señala
a la Corte Constitucional como función.
i) artículo 33:
En la demanda
radicada con el número D-095 se ataca el artículo 33 con base en los siguientes
argumentos:
Se dice que en su
totalidad este artículo es violatorio de los artículos 241 inciso 1º; 241.9,
243, 6º y 2º, por las mismas razones predicadas respecto a la eventualidad de
que trata el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
j) artículo 34:
En la demanda
radicada con el número D-050 se ataca el artículo 34 con base en los siguientes
argumentos:
Se acusa la
proposición de esta norma según la cual "los cambios de jurisprudencia
deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del
proyecto del fallo correspondiente", por contrariar el artículo 230 de la
Carta Política, en cuanto prevé que la jurisprudencia, al igual que la equidad,
la doctrina y los principios generales del derecho, es criterio auxiliar de la
actividad judicial. Y la disposición acusada lo que pretende es imponer una
jurisprudencia obligada, entendiendo por ésta el conjunto de decisiones que
adopta la Corte Constitucional en materia de acción de tutela por vía de
revisión.
k) artículo 40:
En las demandas
radicadas con los números D-043, D-050, D-095 y D-100 se ataca el artículo 40
con base en los siguientes argumentos:
1) La expresión
"superiores" contenida en el inciso primero es limitativa del derecho
de tutela, vulnera los artículos 86, 228 y 13 de la Carta Política, porque
desconoce en primer término que todos los jueces, sean o no "jueces
superiores", dictan sentencias y providencias judiciales y unos y otros
son "autoridad pública" que puede vulnerar por acción u omisión
derechos constitucionales fundamentales. En segundo término, la justicia es una
sola, unos y otros jueces dictan sentencias independientes por mandato del
artículo 228 y, finalmente, al ser restrictiva desconoce también el precepto
constitucional que consagra el derecho a la igualdad, pues niega la protección
de la tutela a los sujetos procesales que adelanten una acción ante jueces no
superiores.
2) Se estima
inconstitucional el texto "siempre y cuando la acción sea interpuesta
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firmeza de la providencia que
hubiere puesto fin al proceso", contenida en el parágrafo 1º, porque viola
el artículo 86 de la Constitución, al establecer un término para hacer uso de
la acción de tutela, cuando el precepto superior citado autoriza a toda persona
a promoverla en todo momento y lugar, sin hacer excepción alguna.
3) Respecto del
parágrafo cuarto, se considera inconstitucional todo su texto, por ser
violatorio de los artículos 86 y 243 de la Carta, "ya que mientras no
exista fallo de la Corte Constitucional que haga tránsito a cosa juzgada
constitucional, son demandables en acción de tutela todos los actos u omisiones
de cualquier autoridad pública que vulneren o amenacen los derechos
fundamentales constitucionales".
4) Por último,
respecto del artículo 40 en su conjunto, una de las demandas (la D-100), formula
acusaciones y contra argumentos a las mismas, bajo el título de "aducción
confrontadora", que oscilan entre el predicado de su inconstitucionalidad,
en cuanto otorgan dichos artículos acción de tutela contra "sentencias
judiciales", desconociendo el valor de cosa juzgada de los mismos, hasta
"contra- argumentar" que la acción de tutela como procedimiento
especial, destinado preferentemente a la protección inmediata de los derechos
fundamentales constitucionales, tanto por vulneración como por amenaza provenientes
de cualquier autoridad (incluídos los jueces), es constitucional protege la
supremacía de la Carta.
7. Intervención
Institucional
Se presentaron dos
escritos en el proceso de la referencia, en ejercicio del derecho de
intervención institucional de que trata el Decreto 2067 de 1991, a saber:
a) Intervención de Humberto de la Calle
Lombana, Ministro de Gobierno, Fernando Carrillo Flórez, Ministro de Justicia,
Fabio Villegas Ramírez, Secretario General de la Presidencia de la República, y
Manuel José Cepeda Espinosa, Consejero para el Desarrollo de la Constitución,
en el que se solicita se declare la constitucionalidad de todas las normas
acusadas en los procesos de la referencia.
b) Intervención del Ministerio de Justicia,
por conducto de apoderado especial, doctor Raúl Alejandro Criales Martínez,
también con el objeto de defender la constitucionalidad de las normas acusadas.
8. Concepto del
Procurador General de la Nación
El Señor Procurador
General de la Nación, mediante los oficios Nº 029 y 067, del 27 de mayo y del 7
se septiembre de 1992, respectivamente, emitió la Vista Fiscal de rigor.
El Ministerio
Público, textualmente, "solicita a la Corte Constitucional declarar que
son EXEQUIBLES las disposiciones acusadas del Decreto 2591 de 1991", salvo
la frase "tales como la paz", contenida en el numeral tercero del
artículo 6° de dicho Decreto, la cual debe ser declarada INEXEQUIBLE.
El Procurador, luego
de señalar las normas acusadas, las disposiciones constitucionales infringidas
y los conceptos de violación en cada una de las normas, entra a estudiar las
consideraciones que fundamentan su concepto.
En el primero
de los conceptos reseñados, dentro de las reflexiones del Ministerio Público se
encuentran tres series de argumentos, a saber: los lineamientos
constitucionales de orden conceptual, unas reflexiones marginales de
oportunidad y la evaluación de constitucionalidad de cada una de las normas
acusadas.
En primer lugar, en
cuanto a los lineamientos conceptuales de orden constitucional, el Procurador
General de la Nación sostiene lo siguiente:
"Corolario de
este panorama que nos servirá para el examen de los artículos acusados del
Decreto 2591 de 1991, es que los derechos y libertades reconocidos por la Carta
vinculan a todos los poderes públicos y, si los jueces ordinarios han de
tutelar los derechos fundamentales demarcados por la Constitución, quiere decir
que esta será la norma a aplicar en dicho proceso de tutela. Por lo que en materia
de derechos y de sus mecanismos de protección, lo que se espera es una
regulación legal que no pueda desconocer el ámbito preciso de los
derechos".
En segundo lugar,
bajo el acápite "consideraciones marginales",  la Vista Fiscal
realiza unas reflexiones sobre lo que ella califica como "defectos de
conveniencia" del Decreto 2591 de 1991. De orden Político, dichas
reflexiones no serán tenidas en cuenta en esta sentencia.
Y en tercer lugar,
la Procuraduría evalúa la constitucionalidad de cada una de las normas
atacadas, así:
a) Sobre el
artículo 1º:
En cuanto a la frase
"en los casos que señala este Decreto", del inciso 1º, el Procurador
considera que "no es de manera alguna restrictiva del contenido del
artículo 86 Superior, ni ajena por ello a la habilitación con que fue investido
el Presidente de la República por la misma Constitución".
Y en cuanto al
inciso 2º en su parte final, se señala que "no es contrario en sentir de
este Despacho a la norma constitucional referida y por ende tampoco al artículo
86 del mismo ordenamiento porque con él en ningún momento, se prevé la
suspensión de estas garantías."
b) Sobre el
artículo 2º:
Sobre la parte final
del artículo 2º, el Ministerio Público conceptúa que "es ajustada a la
Constitución", pues ésta es una Carta abierta de derechos según el
artículo 94 idem, los cuales pueden ser precisados jurisprudencialmente.
c) Sobre los
artículos 11, 12 e inciso segundo del parágrafo primero del artículo 40:
Estas tres
disposiciones son analizadas en forma conjunta por el Procurador, para el cual
la caducidad "es conforme en sentir de esta Agencia Fiscal a las
previsiones constitucionales... una interpretación racional del texto con los
demás del Ordenamiento Superior, en especial con los artículos 5 Transitorio y
241-9 nos enseñan, que la misma Carta defirió en el legislador la posibilidad
de reglamentar este novedoso instrumento para la garantía de los derechos
constitucionales, reglamento en el cual se halla ínsita la facultad para
determinar la oportunidad en que deberá intentarse la misma".
d) Sobre los
artículos 32 y 33:
Para el Ministerio
Público estos dos artículos "se adecúan al marco constitucional de la
tutela", ya que la Corte Constitucional tiene un papel orientador en la
protección de los derechos constitucionales a través de su doctrina.
f) Sobre el
artículo 34:
La Vista Fiscal
también aboga por la constitucionalidad de esta norma, argumentado que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional no es obligatoria sino orientadora.
g) Sobre el artículo
40:
Por último, el
Procurador General de la Nación sostiene que, en cuanto a la palabra
"superiores" del inciso primero, ella no es contraria al precepto 86
constitucional, "porque así consignada no limita la violación de los
derechos fundamentales a las decisiones de los jueces superiores de los
Tribunales, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ni las que
profieran las demás instancias y jurisdicciones vinculadas con la
justicia", sin decir las razones de esta afirmación.
En cuanto al
parágrafo cuarto de este artículo, tampoco observa el Ministerio Público
violación alguna del texto constitucional, debido a la confianza que depositó
la Carta en el sistema judicial.
En el segundo
de sus conceptos, la vista fiscal reiteró sus argumentos sobre las normas
objeto de su primer pronunciamiento y estimó lo siguiente respecto de los
nuevos artículos acusados:
a) Sobre el
artículo 6º numeral 1º:
El juez de tutela
debe estudiar no sólo las normas sino también la eficacia de los derechos, que
es uno de los fines del Estado social de derecho, de suerte que él debe
estudiar qué tan idóneo es, o no, el mecanismo alternativo de defensa judicial,
resultando de ello la conformidad del texto acusado con la Carta Política.
En cuanto a la
tutela como mecanismo transitorio, ella apunta a garantizar la efectividad del
derecho sustancial, en este caso por razones de urgencia, lo cual justifica la
constitucionalidad de la norma acusada.
b) Sobre el
artículo 6º numeral 3º:
El Procurador estima
que la frase "tales como la paz" es inconstitucional y que el resto
de la disposición es conforme con la Constitución.
En efecto, para la
vista fiscal el derecho a la paz, de que trata el artículo 22 de la Carta,
"es más un valor que sirve de norte interpretativo de todo el ordenamiento
jurídico... el constituyente quiso a través de su consagración como derecho,
que la paz fuera sólo un fin ?ideal?, sino que de alguna forma se garantizara
su existencia y permanencia en la sociedad, y siendo la acción de tutela a
nivel jurisdiccional el único medio eficaz para satisfacer tal cometido, no es
posible que la ley pueda variar su carácter de derecho fundamental asignado por
la Carta".
c) Sobre el
artículo 8º:
Se reitera aquí por
parte de la vista fiscal lo dicho a propósito de la constitucionalidad del
artículo 6.1 del Decreto (acápite "a" de este segundo concepto del
Ministerio Público), como quiera que el tema objeto de estudio es también la
tutela como mecanismo transitorio.
Cumplidos, como
están, los trámites procesales, entra la Corte Constitucional a resolver el
negocio de la referencia con base en las siguientes consideraciones.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. De la
Competencia
1. De conformidad
con los artículos 241 y 10 Transitorio de la Constitución, esta Corporación es
competente para resolver de manera definitiva sobre la constitucionalidad del
Decreto 2591 de 1991, expedido por el Gobierno Nacional en virtud de la
autorización conferida por el artículo 5° transitorio literal b) de la
Constitución.
En efecto, el
artículo transitorio 10 dice:
"Artículo
transitorio 10. Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las
facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su
control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional."
B. De las
Nociones Generales
2. El artículo 86 de
la Constitución dice así:
"Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El  fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días
entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá
los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.
3. La acción de
tutela en general puede ser definida como un mecanismo para hacer efectivos los
derechos constitucionales de las personas.
La sola definición
indica que, de un lado, el objetivo último de los instrumentos judiciales no es
otro que propender por la dignidad humana, al tenor del artículo 1º de la
Constitución.
De otro lado, se
observa el deseo de lograr la efectividad de los derechos, que es justamente
uno de los fines esenciales del Estado, según el artículo 2º idem.
4. La acción de
tutela, tal como lo ha establecido ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en reiteradas ocasiones, opera cuando, primero, se vulnere o amenace un derecho
constitucional fundamental, a juicio del juez de tutela en el caso concreto, y
segundo, no se disponga de otro medio judicial de defensa verdaderamente idóneo
para la protección efectiva de tales derechos.
5. Fué incluso
voluntad del Constituyente establecer un instrumento de protección efectiva de
los derechos, que permitiera tutelar las agresiones provenientes no sólo de
cualquier autoridad sino también de los particulares.
La importancia de un
mecanismo como la tutela es de primer orden. En efecto, con la tutela se puede
lograr la eficacia de los derechos humanos, lo que le permitiría pasar de una
consagración formal y literal de los derechos a una realización concreta de
los mismos, en el marco de un Estado Social de derecho, como Colombia, al tenor
del artículo 1º de la Carta.
De allí que un
particular celo debe animar al juez constitucional en tratándose de la defensa
de una de las normas más importantes y democráticas de la Constitución como lo
es el artículo 86.
C. Del examen
de Constitucionalidad.
6. A continuación
esta Corporación procede a confrontar cada una de las normas atacadas con las
disposiciones de la Constitución.
a) Examen del
artículo 1º:
7. En cuanto al
ataque a la expresión "en los casos que señale este Decreto",
contenida en el inciso primero y alusiva a la procedencia de la tutela contra
particulares, los actores aducen que ella restringe el alcance de la tutela en
forma inconstitucional. La Corte Constitucional no comparte este concepto y,
por el contrario, estima que la disposición es ajustada a la Carta, ya que el
inciso final del artículo 86 superior dice: "la ley establecerá los
casos en los que la acción de tutela procede contra particulares...", y
fija para ello unos parámetros, de suerte que el legislador extraordinario,
cuando afirma en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 que se señalarán los
casos en los que procede la tutela contra particulares, sin indicar aún cuáles
son tales caos, no ha hecho sino anunciar que va a desarrollar el mandato
constitucional.
8. De este mismo
artículo primero se acusa igualmente casi todo el inciso segundo, relativo al
ejercicio de la tutela en los estados de excepción, porque, según los actores, viola
la prohibición constitucional de suspender los derechos humanos en dichos
estados. La Corte Constitucional no acoge este criterio y estima que la norma
acusada no es contraria a la Carta, pues ciertamente no predica la
"suspensión" de los derechos humanos ni de las libertades
fundamentales ni las reglas del derecho internacional humanitario, al tenor del
numeral 2º del artículo 214 de la Constitución, sino que tal norma tan sólo
dice que "la acción de tutela se podrá ejercer por lo menos para defender
su contenido esencial" -el de los derechos-, en los estados de excepción.
En otras palabras no es que se esté limitando la tutela durante los
estados de excepción sino, por el contrario, sólo se está diciendo que ni
siquiera en dichos estados podrá eliminarse de plano la tutela. No es pues
en sentido negativo, sino positivo, que es preciso leer esta disposición. Ella
en últimas protege el mecanismo de la acción de tutela y, con él, los derechos
humanos en períodos en los que el gobernante goza de poderes constitucionales
extraordinarios.
b) Examen del
artículo 2º:
9. Se tacha de
inconstitucional la parte de este artículo que consagra la facultad del juez
para tutelar otros derechos distintos a los que la Constitución califica como
fundamentales porque, al sentir de los actores, tal dimensión extensiva de los
derechos no está permitida por la Carta. Para la Corte Constitucional este
precepto no viola la Constitución sino que incluso se inscribe perfectamente en
su sistema axiológico que pretende por un Estado social de derecho flexible y
dinámico, abierto a proteger cada vez más las diferentes aristas de la dignidad
humana. De hecho el tema de la definición de los derechos constitucionales
fundamentales ya ha sido abordado por esta Corporación en diferentes sentencias
de las Salas de Revisión de los fallos de tutela. Allí se han establecido
criterios para la definición de los derechos constitucionales fundamentales,
entre los que se destaca el que el derecho sea esencial para la persona, todo
ello partiendo del supuesto según el cual la división en títulos y capítulos de
la Constitución y el orden del articulado no es una norma constitucional
vinculante sino indicativa para el intérprete, pues ello no fué aprobado por la
Asamblea Nacional Constituyente conforme al procedimiento establecido en su
Reglamento.1
c) Examen del
numeral 1º del artículo 6º:
10. Se demanda la
primera causal de improcedencia de la tutela, que hace alusión a la tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque, afirma los
actores, la acción no procede cuando el peticionario disponga de otro medio de
defensa judicial, según el artículo 86 de la Carta. Así mismo sostienen que la
suspensión provisional del contencioso administrativo, por ejemplo,
prevalecería en caso de coexistencia con la tutela. Para la Corte
Constitucional estas consideraciones no son de recibo, pues el propio artículo
86 en su inciso tercero permite la procedencia de la acción de tutela aún
cuando el actor disponga de otro medio judicial de defensa, cuando
"aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable." De hecho la redacción de este numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, en su primera oración, es exactamente igual a
la redacción del inciso tercero del artículo 86, precitada, y, huelga decirlo,
una norma de orden legislativo que reproduzca el texto constitucional no
podría, por imposibilidad tautológica, violar este último.
En cuanto a la
suspensión provisional, si bien su referencia aquí es a título ilustrativo, en
tanto que es sólo un posible medio de defensa judicial alternativo, esta
Corporación ya se ha pronunciado acerca de los nexos tutela-suspensión
provisional, cuando sostuvo que "la suspensión provisional suspende los
efectos de un acto negativo pero no tiene la virtud de hacer producir un acto
positivo, ni mucho menos puede indemnizar o reparar un perjuicio
ocasionado".2
d) Examen del
numeral 3º del artículo 6º:
11. Del mismo
artículo 6º se tacha de inconstitucional la tercera causal de improcedencia de
la tutela, relativa a la protección de los derechos colectivos, como la paz,
pues, sostienen los demandantes, la reglamentación de una norma constitucional
no puede restringir los alcances más amplios de la Carta.
El Procurador por su
parte solicita igualmente se declare inexequible la frase "tales como la
paz", por argumentos similares.
No obstante observa
esta Corporación que en realidad esta disposición no hace sino repetir el
inciso tercero del artículo 86 (vid supra), ya que finalmente ella se limita a
decir que para la protección de derechos colectivos, como la paz, existen
"las acciones populares" de que trata el artículo 88 de la
constitución en forma expresa. Luego, existiendo otros medios judiciales de
defensa, la acción de tutela, en principio, no procede en estos casos. Y la
propia norma acusada repite el artículo 86 superior al agregar que sí procede
la tutela, aún existiendo instrumentos alternativos de  defensa
judicial, cuando, ya por vía de excepción, se solicite como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Además debe
anotarse, como ya lo ha dicho esta Corte en fallo de revisión, que tratándose
de elementos contemplados en el artículo 88 de la Constitución respecto de los
cuales pueda darse el caso de daño concreto a las personas en sus derechos
fundamentales (v. gr. medio ambiente), la acción popular cabe para defender el
derecho colectivo, pero no excluye la acción de tutela para proteger el derecho
fundamental efectivamente vulnerado3 .
Luego los derechos
colectivos en general y la paz en particular no se encuentran desprotegidos por
el ordenamiento jurídico, sino que la posibilidad de recurrir a la tutela para
proteger tales derechos se encuentra limitada para los eventos en los que a
juicio del juez de tutela exista razonablemente un "perjuicio
irremediable".
e) Examen del
artículo 8º:
12. Se demanda la
regulación de la tutela como mecanismo transitorio, por los motivos que los
actores esgrimieron a propósito del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, ya analizado (vid supra acápite "c, argumento Nº 12). La Corte no
comparte dichas acusaciones por los motivos expresados en su oportunidad, a
cuya lectura se remite.
f) Examen del
artículo 11:
13. Esta norma
desapareció del mundo jurídico al haber sido declarada inexequible por parte de
la Corte Constitucional4 , de suerte que al respecto esta
Corporación se estará a lo ya resuelto, al tenor del artículo 243 de la Carta y
46 del Decreto 2067 de 1991.
g) Examen del
artículo 12:
14. Esta norma
tampoco existe ya porque fué declarada inexequible5 y, en
consecuencia, esta Corporación se estará a lo resuelto.
h) Examen del
artículo 32:
Se acusa la revisión
eventual de los fallos de tutela por parte de la Corte Constitucional. El actor
invoca cuatro argumentos, a saber:
15. En primer lugar
sostiene el demandante que, como existe prevalencia de unas normas sobre otras
en el mismo texto constitucional, el artículo 241.9, que no permite la
eventualidad de las revisiones, debe primar sobre el artículo 86, que sí la
permite.
En realidad para
esta Corporación este concepto no es de recibo porque el propio 241.9 dice que
la revisión será "en la forma que determine la ley" y, en este caso,
el Decreto Ley 2591 de 1991 ha efectivamente determinado, en armonía con el
inciso 2º del artículo 86 superior, que la revisión que la Corte Constitucional
haga de las sentencias de tutela sea eventual.
16. En segundo lugar
el actor invoca la Ley 57 de 1887, artículo 5º, para afirmar que la norma
posterior (241.9) prima sobre la anterior (86). Tampoco acoge la Corte estos
argumentos porque la competencia de la Corporación se ejerce "en los
estrictos y precisos términos"que le fija la Constitución, de suerte que
criterios expansivos de competencia de orden legislativo no pueden ampliar un
margen de funciones de orden constitucional. Además, aún primando el artículo
241.9, y sólo en gracia de discusión, habría que advertir que, como se anotó,
allí se remite a la ley y la ley -en sentido material- ha establecido la
eventualidad de las revisiones.
17. En tercer lugar
se sostiene por el actor que el artículo 241.9 no consagra en ninguna parte la
posibilidad de que la Corte Constitucional revise unos de tutela y otros no.
Ciertamente, observa esta Corporación, allí no se dice tal cosa. Pero allí se
dice que la revisión se hará "en la forma que determine la ley" y
ésta, en su margen de discrecionalidad, se limitó a repetir otra norma constitucional,
esto es, el artículo 86, el cual sí permite en forma expresa y clara la
eventualidad de las revisiones.
18. Y en cuarto
lugar el ciudadano ha invocado el criterio relativo a la mayor importancia de
la disposición por razón de su contenido y alcances, en este caso a la mayor
importancia del artículo 241.9. La Corte estima conducente repetir que en
ninguna parte del 241.9 se está consagrando la obligatoriedad de la revisión de
todos los fallos de tutela y que, sólo en gracia de discusión, entrará a
rebatir los argumentos del actor, así: es más importante, en razón de su
contenido y alcances, la revisión eventual que la obligatoria, porque
justamente la labor de la Corte en materia de tutela es de orientación,
consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional, todo lo cual se
logra más eficientemente con unos fallos preseleccionados por su importancia y
su carácter paradigmático, que con toda una suerte de sentencias obligatorias y
numerosas, la mayoría de las cuales terminarían siendo una repetición de casos
idénticos, que convertirían a la Corte Constitucional en una tercera instancia
ahogada en un mar de confirmaciones de sentencias.
i) Examen del
artículo 33:
19. Se ataca
nuevamente la revisión eventual de las sentencias de tutela que realiza la
Corte Constitucional, y por las mismas razones. Esta Corporación no acoge estos
argumentos, como se anotó a propósito del acápite inmediatamente anterior, a
cuya lectura se remite, no sin antes anotar que los artículo 32 y 33 del Decreto
2591 de 1991 conforman una unidad jurídica completa.
j) Examen del
artículo 34:
20. Se tacha
igualmente de inconstitucionalidad la unificación de la jurisprudencia de
tutela por parte de la Corte Constitucional, pues, al sentir de los actores,
ello contraría el artículo 230 de la Carta, según el cual la jurisprudencia es
criterio auxiliar pero no obligatorio para los jueces.
La Corte
Constitucional no comparte la tesis de los actores y, por el contrario, estima
que la norma se aviene a la preceptiva constitucional, de conformidad con los
siguientes argumentos.
En la norma acusada
se regula el tema relativo a las sentencias de la Corte Constitucional en
materia de revisión de tutelas y no a los demás asuntos de constitucionalidad
de que trata el artículo 241 de la Carta.
Con el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991 se busca específicamente unificar las
sentencias de revisión de tutela de la Corporación.
Ello por cuanto la
jurisprudencia de la Corte debe ser universal, coherente y consistente, con el ánimo
de realizar el principio de igualdad material (art. 13 de la carta), en virtud
del cual se debe conferir igual tratamiento a situaciones similares, así como
propiciar un mínimo de certeza en el tráfico jurídico.
Tales atributos de
la jurisprudencia constitucional requieren de la existencia de un mecanismo de
unificación, toda vez que la Corte Constitucional, de conformidad con los
artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, falla los asuntos de tutela mediante
las diferentes salas de revisión, cada uno de ellas encabezada por uno de
los Magistrados de la Corporación, de suerte que existen tantas salas de
revisión de sentencias de tutela como Magistrados de la Corte. Por eso no es de
extrañar que en un punto concreto del discurso jurídico constitucional no
exista unidad de criterios entre una y otra sala de la Corporación. Tal
fenómeno es perfectamente viable y natural. Para resolver entonces la falta de
unidad que producirían pronunciamientos disímiles de las distintas salas de
revisión de tutela es que se ha establecido justamente la norma acusada. De
allí su pertinencia, su razonabilidad y su constitucionalidad.
Lo anterior adquiere
mayores dimensiones si se tiene en cuenta que la revisión de sentencias de
tutela por parte de la Corporación es eventual, esto es, no se revisan
todas las sentencias sino tan sólo aquellas que sean seleccionadas por tener un
carácter paradigmático. Tal carácter tiene dos implicaciones: es
obligatorio y es didáctico. Lo obligatorio proviene de los artículos 243 de la
Carta y 46 del Decreto 2067 de 1991; lo didáctico del artículo 41 idem. Por
tanto mal haría la Corte en contribuír a la didáctica constitucional mediante
sentencias contradictorias, que antes que educar desorientan y crean confusión.
Para ello entonces se creó el mecanismo unificador regulado en la norma que nos
ocupa.
Ahora bien, del
hecho de que la Corte disponga de instrumentos para solucionar los problemas
resultantes de sentencias contradictorias no se sigue necesaria y fatalmente
que los demás jueces de la República tengan forzosamente que seguir dicha
jurisprudencia. Una cosa no conduce a la otra.
Por otra parte la
norma acusada es concordante con el artículo 243 de la Constitución, que dice:
Los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional.
Advierte la Corte
que en el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada "cosa juzgada
constitucional", en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad
de la Corte Constitucional, a diferencia de toda otra sentencia de cualquier
juez o tribunal de la República, presentan las siguientes características:
- Obligan para todos
los casos futuros y no sólo para el caso concreto.
- Como todas las
sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por
los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin
embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada tiene fundamento
constitucional    -art. 243 CP- y no simplemente fundamento legal -arts. 175
del código contencioso administrativo, 15 del código de procedimiento penal y
332 del código de procedimiento civil-.
- Los fallos de
constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada material con efectos erga
omnes, mientras que los demás fallos sólo tienen efectos inter partes.
En efecto, las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto
de exequibilidad como de inexequibilidad, no pueden ser nuevamente objeto de
controversia porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con
toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le
asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la
Carta. Lo anterior sin perjuicio del carácter relativo de algunos pronunciamientos
de la Corporación en casos específicos, como por ejemplo en materia de
objeciones presidenciales (arts. 241.8 de la Carta y 35 del Decreto 2067 de
1991) y de vicios de procedimiento (parágrafo del art. 241 de la Constitución y
art. 45 del Decreto 2067).
- Todos los
operadores jurídicos de la República, al interpretar la norma objeto de un
pronunciamiento de la Corte Constitucional proferido en ejercicio del control
de constitucionalidad, quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada
material de las sentencias de la Corte.
Se observa en
consecuencia que entre una sentencia de constitucionalidad de la Corte
Constitucional y cualquier otra sentencia media una diferencia cualitativa:
tienen diferente fuerza jurídica.
Ahora bien, la fuerza
jurídica de las sentencias de revisión de tutela de la Corte está
relacionada con la función que cumple la jurisdicción constitucional en materia
de defensa y protección de los derechos fundamentales.
La competencia de
revisión eventual y autónoma (CP art. 241.9) depositada en la Corte
Constitucional -como cabeza de la jurisdicción constitucional, supremo guardián
y máximo intérprete de la Carta-, hace que el interés principal de las
sentencias de revisión no sea resolver el caso específico sino sentar una doctrina
cuyo destinatario es el país entero, de forma que la sujeción a ésta por parte
de las autoridades y los particulares vaya forjando una cultura de respeto de
los derechos fundamentales.
Aún cuando los
efectos jurídicos emanados de la parte resolutiva de un fallo de revisión
solamente obligan a las partes, el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos
o consideraciones de estas sentencias trasciende el asunto revisado. La
interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y alcance
de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del "imperio de la
ley" a que están sujetos los jueces según lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución.
La Corte
Constitucional ejerce una función democrática primordial al revisar las sentencias
de tutela y al fijar con su doctrina los valores políticos acogidos por el
constituyente, de forma que los derechos fundamentales sean actualizados
constantemente y se racionalice la solución de los conflictos sociales.
La jurisdicción
constitucional, por medio de su jurisprudencia y su doctrina, es un importante
mecanismo de integración política y social. Las decisiones de tutela de la
Corte Constitucional, se reitera, no se limitan a resolver el conflicto
particular sino que tienen un efecto pedagógico que afianza y arraiga el papel
rector de la Constitución en el arbitraje social y la regulación de la vida en
comunidad. La jurisprudencia constitucional de derechos fundamentales cumple
así una triple función legitimadora: es marco de referencia para las
autoridades y los particulares, asegura la efectividad de los derechos,
principios y deberes consagrados en la Constitución y genera el consenso social
indispensable para la convivencia pacífica. En este contexto y no en otro es
que debe entenderse la fuerza jurídica de las sentencias de revisión que
profiere la Corte Constitucional.
k) Examen del
artículo 40:
21. Esta disposición
ya no existe, como quiera que fué declarada inexequible por parte de la Corte
Constitucional6, de suerte que al respecto esta
Corporación dispondrá estar a lo resuelto en fallo del 1º de octubre de 1.992.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: En lo relacionado con los artículos 11, 12,
y 40 del Decreto 2591 de 1.991, estése a lo decidido por la Corte
Constitucional en fallo del 1º de octubre de 1.992.
Segundo:  Declarar EXEQUIBLE los artículos 1º, 2º,
6º (numerales 1º y 3º), 8º, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, en los
apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su oportunidad.
Cúmplase, cópiese,
publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
Dada en Santafé de
Bogotá, D.C., el día veinticinco (25) del mes de enero mil novecientos noventa
y dos (1.993).
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO ANGARITA
BARON                            EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
ALEJANDRO MARTINEZ                                                                                    CABALLERO
Magistrado
Magistrado
FABIO  MORON
DIAZ                                  JAIME SANIN GREFFEINSTEIN
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Cfr. Sentencia de la Sala Cuarta de Revisión. proceso T-644.
Sentencia T-02 del 8 de mayo de 1992.
2 Veáse Sentencia de la Sala Cuarta de Revisión de la corte
Constitucional. Proceso T-1378.
3 Cfr, Sentencia Nro. T-437 de la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional de fecha junio 30 de 1.992. Magistrado Sustanciador José
Gregorio Hernández Galindo.
4 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional en los procesos N°
D-056 y D-092, del 1° de octubre de 1992
5 Idem.
6 Idem