SU648-17
Sentencia SU648/17
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA RESTITUCION DE TIERRAS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Contenido y
alcance
En Colombia, la restitución de tierras es un derecho fundamental que
permite a las víctimas del conflicto armado retornar a los predios que debieron
abandonar por causa de la violencia. Esta garantía jurídica hace parte de
las medidas de reparación que debe procurar el Estado, para alcanzar el “restablecimiento de la víctima
a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una
situación de garantía de sus derechos fundamentales”.
VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección
constitucional
Se ha reconocido la acción de tutela como el mecanismo de defensa judicial
de protección principal para las personas víctimas de desplazamiento forzado.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
RESTITUCION
DE TIERRAS COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA REPARACION DE LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Para efectos de superar el daño acaecido como consecuencia de los actos
de violencia, la protección del derecho a la restitución de tierras emerge como
componente esencial para lograr una reparación integral.
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Comprende los
derechos a la reparación y a la restitución
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION-Contenido y
alcance
ACCESO
EFECTIVO A LA TUTELA JUDICIAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Protección a
las víctimas debe comenzar desde el acceso mismo a la acción de tutela, desde
la evaluación de los requisitos de procedencia de la misma
PROTECCION
FRENTE A LA REVICTIMIZACION DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO-Especial
protección del Estado
RECLAMOS DE
RESTITUCION DE TIERRAS-Normas legales
SEGUNDOS
OCUPANTES-Garantías
a terceros de buena fe
Las garantías a terceros de buena fe que
vienen ocupando o explotando terrenos dados en restitución, en el contexto de
la Ley 1148 de 2011, han sido defendidas por la Corte Constitucional (sentencia
C-330 de 2016). En el análisis de vulneración a derechos humanos de las
víctimas, dichas garantías pueden ser aplicadas a las víctimas en los
incidentes de justicia y paz, a pesar que la Ley 1592 de 2012 no lo haya
establecido así expresamente. Una interpretación sistemática, en favor de las
víctimas, permite llegar a esa conclusión.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por defecto material o sustantivo por aplicación de norma derogada
Se usó la norma derogada como un referente normativo aplicable
importante, que ayudaba a definir el estándar de prueba al que se sometería el
reclamo de restitución de los accionantes, quienes reclaman su condición de
víctimas del conflicto armado
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Vulneración
por cuanto autoridad judicial negó reclamo aplicando una norma insensible a la
proteccion de los derechos de las víctimas de despojo, en lugar de recurrir a
las reglas que se ocupan de garantizar los derechos de las víctimas del
conflicto armado
Una autoridad judicial viola el derecho al debido
proceso de un reclamante de tierras en el contexto del conflicto armado al
negar su reclamo por aplicar, así sea como parámetro general y no directo, una
norma insensible a las protecciones de los derechos de las víctimas de despojo
(en especial si se trata de una norma derogada o sin sustento democrático
amplio) en lugar de recurrir con prelación a las reglas y principios
constitucionales o legales que se ocupan de garantizar los derechos de las
víctimas del conflicto armado ante el reclamo de sus tierras. Asimismo, una
autoridad judicial viola el derecho fundamental al debido proceso de un
reclamante de tierras, al no valorar debidamente el contexto violento de la
venta de predios –contexto reconocido judicialmente–, y al no partir su
análisis partir de las presunciones legales aplicables en favor de las
víctimas, sino de un alto estándar de prueba que exige prueba directa del nexo
causal. Finalmente, no es razonable que una autoridad judicial aplique un
estándar probatorio más alto a las personas reclamantes de tierras en el marco
de la Ley de Justicia y Paz que el que se aplica a las personas reclamantes en
el marco de la Ley de Tierras o Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).
Referencia: Expediente
T-5.844.534
Acción de tutela instaurada
por Carlos Yamil Páez y otros contra la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de
dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del
veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó en segunda instancia la
decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
que negó la protección de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes. El proceso fue repartido a la Sala Séptima de Revisión[1] y, posteriormente, su
conocimiento fue asumido por la Sala Plena de la Corporación.[2]
I. ANTECEDENTES
El expediente seleccionado contiene la acción
de tutela interpuesta contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia por varias personas (los señores Carlos Yamil Páez Díaz, Alfranio
Manuel Solano, Rosemberg Ibáñez Ortega, Dionisio Terán Blanco, Manuel Antonio
Díaz Vargas, Tibaldo Enrique Díaz González y Vidal Durán Jiménez). Los
peticionarios solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la reparación integral
y a la restitución de tierras, presuntamente afectados con la decisión del
trece de abril de dos mil dieciséis, por medio de la cual les fue negada la
restitución de sus predios en la vereda Guacamayas, corregimiento Belén de
Bajirá, municipios de Mutatá y Turbo, departamento de Antioquia. Por esta
razón, solicitan que dicha providencia sea anulada, para en su lugar ordenar la
entrega de sus inmuebles y garantizar el retorno a sus tierras.
1. Hechos
y solicitud
1.1. Según los hechos contenidos en el
expediente, los peticionarios sostienen que se vieron forzados a vender sus
predios en el departamento de Antioquia, como
consecuencia de la incursión paramilitar del bloque comandado por Arlex Hurtado,
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Raúl
Emilio Hasbún Mendoza. Exponen que en la actualidad, casi
la totalidad de los inmuebles se encuentran bajo la titularidad de la sociedad
Las Guacamayas Ltda., que se aprovechó de las condiciones de violencia “y de
la incursión paramilitar en la región, pagando precios irrisorios, acumulando
propiedades que habían sido adjudicadas por el INCORA, e incumpliendo con su
deber legal de verificar la existencia de condiciones aptas de seguridad para
adquirir estas tierras”, y uno de los predios
reclamados se encuentra bajo la propiedad de la señora Martha Irene Hurtado.[3] Por esta razón, a través de la Fiscalía Veinticinco
Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz adelantaron un trámite incidental dentro del proceso en el
que se investiga al ex jefe paramilitar Hasbún Mendoza, con el fin de obtener
la restitución de los inmuebles.[4]
1.2. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia negaron su petición en ambas instancias. Ambas decisiones sostuvieron que
no se demostró el nexo causal entre la venta de los predios y las supuestas
intimidaciones ejercidas por los miembros del grupo armado con presencia en la
zona. Así, consideran que estas decisiones violan su derecho al debido proceso
al menos por tres razones.
1.2.1. Defecto material o sustantivo por
aplicación de norma derogada e interpretación normativa que vulnera derechos
fundamentales y defecto material o sustantivo por violación de principios
constitucionales. En primer lugar, porque se incurre en un defecto material
al afirmar que se debía probar el nexo causal con el grupo paramilitar con base
en una norma derogada, a saber, el artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. Sostienen
que la Sala de Casación Penal fundó su decisión “en una norma inaplicable,
realizó interpretaciones normativas que vulneran derechos fundamentales e
inaplicó normas y principios de rango constitucional”.[5] Asimismo, indican que
la entidad accionada no realizó una interpretación pro homine en su
caso, sino que exigió a las víctimas demostrar “probatoriamente dicha
calidad bajo unos altos estándares probatorios y además que acreditemos la
existencia de un nexo causal del daño con el accionar del grupo armado”.[6] En este sentido,
afirman que se violó el marco jurídico en la materia, por cuanto “la Ley
1448 de 2011, la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, NO establecen un estándar probatorio
tan alto para acreditar la condición de víctimas”.[7] Finalizan su argumento
con la siguiente declaración:
“Esa
situación vulnera el principio constitucional de legalidad como componente del debido proceso, pues se exige que las víctimas
probemos que el daño sufrido tiene un nexo de causalidad con el accionar del
grupo armado ilegal (Frente Arlex Hurtado – Raúl Emilio Hasbún Mendoza), basado
en el derogado Decreto 4760 de 2005; dicha exigencia no se encuentra en
las normas vigentes que regulan especialmente la restitución de tierras y por
ende es violatorio de nuestros derechos fundamentales hacer requerimientos que
no tienen sustento en normas vigentes, (…) || Así las cosas al NO encontrarse
consagrado en la Ley 1592 de 2012 o sus decretos reglamentarios el requisito de
probar el nexo de causalidad entre el daño y el accionar del grupo armado
ilegal específico que operó en el sector, como erróneamente lo asegura la Sala
Penal de la Corte Suprema, se debe acudir al principio pro homine y lo
consignado en las normas especiales de restitución de tierras, que establecen
la obligación de aplicar la Ley 1448 de 2011 siempre que sea en favor de las
víctimas, y no acudir a la aplicación de la jurisprudencia interna que fue
emitida antes de la Ley 1592 de 2012.”[8]
En tal medida, para los accionantes, la
violación al derecho fundamental al debido proceso involucra el desconocimiento
de principios y reglas constitucionales claramente aplicables al caso. Al
respecto, indicaron que:
“[…]
la Corte Suprema de Justicia no aplica el concepto de víctima establecido por
la Ley 1448 de 2011 y desarrollado por la Corte Constitucional en sentencias
como la C-099 de 2013, C-253A, C-715 y C-718 de 2012, sino que se reduce a
exigir la demostración de amenazas y pruebas del desplazamiento forzado,
tampoco aplica principios como el de pro víctima, que señala la aplicación e
interpretación de normas en favor de la víctimas.”[9]
La acción de tutela concluye su alegato al
respecto así:
“[…]
la Sala Penal de la Corte Suprema en la providencia cuestionada, al no tener en
cuenta los estándares internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y al vulnerar directamente nuestros derechos fundamentales,
incurre nuevamente en un defecto material o sustantivo por violación de
principios constitucionales, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional
en sentencias como la SU-918 de 2013 o la C-590 de 2005, vulnerando nuestros
derechos fundamentales.”[10]
1.2.2. Defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio. En segundo lugar, porque la Sala de
Casación Penal incurrió en defecto fáctico al dejar de valorar y tener en
cuenta elementos probatorios esenciales para resolver el caso. Señalan que la entidad
accionada decidió no valorar “(…) la incidencia que tuvo el contexto de
violencia generalizada en las negociaciones que se realizaron entre las
víctimas del conflicto armado y los empresarios, también descarta el evidente
temor y zozobra en el que nos encontrábamos que fue aprovechado por los
empresarios para adquirir las fincas.”[11]
Luego de analizar la providencia cuestionada, los accionantes concluyen lo
siguiente:
“Así
las cosas, para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no resulta
relevante en términos probatorios, el contexto de violencia de la región y el
hecho de que los compradores hubiesen adquirido las fincas conociendo la grave
situación de orden público que se presentaba y que el miedo o temor que
sentíamos por la incursión armada nos llevara a salir de la región y terminar
vendiendo a precios bajos, calificando de adecuados y normales dichas
negociaciones; (…)”.[12]
“[…]
para la Sala Penal no existe ninguna trascendencia o reparo que en el proceso
esté probado que los compradores conocieran la situación de violencia de la
zona al adquirir los predios, que realizaran acumulación de tierras, que en
algunos casos no se pagara completo lo acordado, que existiera desplazamiento
en predios circunvecinos y ni siquiera analiza que estas personas hayan
adquirido los bienes inmuebles a través de mecanismos proscritos por el
ordenamiento jurídico como la acumulación de tierras baldías (art. 72 de la Ley
160 de 1994, art. 161 de la Ley 1152 de 2007), en detrimento de la propiedad y
el acceso a los campesinos de la tierra (art. 60 y 61 de la CP).”[13]
1.2.3. Violación directa a la Constitución,
por violación al principio de igualdad. En la argumentación inicial de la
acción de tutela, se advierte un tercer argumento, a saber: la providencia
acusada desconoce directamente la Constitución al haber violado el principio de
igualdad. Alegan que las personas incursas en el trámite incidental del proceso
de justicia y paz contenido en la Ley 1592 de 2012 tienen “una exigencia
probatoria superior frente a aquellas cuyas solicitudes serán de competencia de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y de los Jueces y Magistrados Civiles Especializados en Restitución
de Tierras”.[14]
Ilustran que en casos similares de despojo en la zona de sus predios, los jueces
y magistrados concedieron la restitución material de inmuebles colindantes a
los suyos, los cuales fueron vendidos en condiciones semejantes a las que ellos
afrontaron. Como ejemplo, citan el siguiente caso del reclamante Santiago
Manuel Peña Amante, donde se acreditaron los presupuestos fácticos y legales de
la restitución de tierras sin que la opositora demostrara la buena fe exenta de
culpa. Al respecto, agregan que:
“Por
ejemplo, en el caso del reclamante el señor Santiago Manuel Peña Amante, cuyo
opositor fue la señora Martha Irene Hurtado (una de las opositoras en este
incidente judicial) se acreditó por parte del reclamante los presupuestos
fácticos y legales de la restitución de tierras sin que la opositora demostrara
la buena fe exenta de culpa.[15]
Se
demostró en este proceso judicial que el señor Santiago Peña y su cónyuge
fueron víctimas del conflicto, valiéndose entre otras, de las declaraciones que
éstos rindieron, las cuales se encuentran prevalidas de la buena fe (artículo 5
de la Ley 1448 de 2011) probándose sumariamente el daño sufrido,[16] lo cual no se aplica
en la decisión judicial que se cuestiona, pues la Sala Penal descarta de
entrada la veracidad de las declaraciones de nosotros, casi yéndose al extremo
que el despojo sólo puede ocurrir bajo la existencia de amenazas directas,
suprimiendo la incidencia que tuvo en las negociaciones el contexto
generalizado de violencia que se presentaba en el sector, sin darle ningún
valor probatorio (…).”[17]
1.3. Con fundamento en los argumentos
previos, solicitan que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la justicia, a la reparación integral y a la restitución de
tierras, al haber sido desconocidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, mediante la providencia AP2 130-2016. En consecuencia, declarar
la nulidad de la providencia en cuestión y de todas las actuaciones
posteriores, ordenando a la Sala de Casación Penal no dejar de considerar los
elementos materiales probatorios relevantes presentados.
2. Respuesta de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia
Mediante escrito presentado el primero de
agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado Fernando Alberto Castro Caballero,
ponente de la decisión que se revisa, solicitó declarar improcedente la acción
de tutela. Presentó las siguientes razones para sustentar su petición:
2.1. En primer lugar, afirmó que confirmó la
decisión del Tribunal Superior de Medellín, porque “los argumentos de los
impugnantes carecieron de ‘vocación de prosperidad (…) de entidad
suficiente para derruir las presunciones que afirman la legalidad y el acierto’
de la cuestionada providencia judicial”.[18] En este sentido,
sostuvo que los accionantes no acreditaron la vulneración de derechos
fundamentales, por ello no lograron entrar dentro de las condiciones
excepcionalísimas para acciones de tutela que buscan controvertir decisiones
judiciales.
2.2. En segundo lugar, aseguró que la Sala de
Casación Penal no incurrió en un defecto material o sustantivo cuando citó el
artículo 14 del Decreto 4760 de 2005, “pues la referencia que se hizo a ese
respecto en el auto AP2130-2016 de 13 de abril de 2016, mal puede ser entendida
como la que rigió para definir el asunto”.[19]
En su opinión, el propósito de esa cita era mostrar “cómo el criterio de la
Sala para decidir en casos precedentes imponía hacerlo de igual manera en el
sometido estudio”,[20]
razón por la cual fue redactada en tiempo pasado y en ningún momento constituyó
la base de la decisión. Además, afirmó que para acceder a la reparación que
solicitan los accionantes, es necesario demostrar “la condición de víctima y
el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, a la vez
que aparezcan probados los elementos objetivos del tipo penal”,[21] los cuales no fueron
probados por ellos, especialmente porque la Ley 1592 de 2012 contiene unos
estándares de prueba que son más exigentes.
2.3. En tercer lugar, aseveró que no existió
defecto fáctico en la valoración de las pruebas aportadas al proceso, toda vez
que las mismas fueron analizadas en doble instancia junto a los distintos
medios de persuasión allegados por la Fiscalía. Así, adujo que la inconformidad
de la parte actora radica en el desconocimiento de la incidencia que tuvo el
contexto de violencia generalizada en las negociaciones de los predios objeto
de reclamación, lo cual deja ver “que se quiere llevar a una tercera
instancia la discusión sobre esos medios de prueba, pretendiendo imponer la
particular concepción que se tiene de los mismos a despecho de lo que ya fue
examinado en el procedimiento regular cumplido”.[22] En este sentido,
expresó que las citas utilizadas por los peticionarios en su escrito de tutela
no corresponden con el verdadero sentido argumentativo dado por la Sala de
Casación Penal, sino que hacen parte de comentarios descontextualizados, como
puede apreciarse con la supuesta desatención que se presentó con las
presunciones del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, respecto de la cual, la
Sala Penal explicó que: “no se pueden tener por ciertas debido a que sus
premisas estructurales aparecen desvirtuadas con los medios de prueba
comentados, de forma tal que las consecuencias jurídicas aplicables por virtud
legal no son procedentes en la forma que se predica por la Fiscalía y los
reclamantes”.[23]
3. Intervención del Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, Antioquia
Mediante escrito presentado el diez de agosto
de dos mil dieciséis, el Juez Oscar Orlando Guarín Nieto, expuso sus
consideraciones respecto al proceso de la referencia. Adujo que los
peticionarios presentaron acción de tutela con el fin de controvertir una
decisión adoptada al interior de la jurisdicción de justicia y paz y no de la
jurisdicción civil especializada en restitución de tierras. No obstante,
manifestó que parte de los fundamentos fácticos “se proponen como situación
semejante a la que se ha instruido y fallado en esta segunda jurisdicción”.[24] En su criterio, ello
conduce a determinar la necesidad de exigir a los actores “la legitimación
para cuestionar las actuaciones y decisiones del proceso de Restitución de
Tierras en la demanda de tutela”, aunque, concretamente, debe afirmarse que
“el proceso con radicado 2008-83300 no corresponde a la Jurisdicción Civil
Especializada en Restitución de Tierras, en tanto que ésta surgió apenas en el
año 2011 con la expedición de la Ley 1448 del mismo año”; pero sí lo es
aquel con radicado 2013-653.[25]
4. Respuesta de la Fiscalía 25 Delegada de
la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz – Subunidad Élite de
Persecución de Bienes para la Reparación a las Víctimas
El primero de agosto de dos mil dieciséis, el
señor Moisés Sabogal Quintero, Fiscal de esta unidad, presentó escrito por el
cual manifestó que los hechos relatados por los accionantes deben probarse.
Además, expresó que se estará a lo resuelto por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
5. Respuesta de la Sala de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Medellín
El día primero de agosto de dos mil dieciséis,
Olimpo Castaño Quintero, en calidad de Magistrado con Funciones de Control de
Garantías de este tribunal, presentó escrito por el cual solicitó negar la
protección constitucional invocada. Aseveró que “la acción de tutela
no puede ser utilizada como una tercera instancia a la que se pueda recurrir en
procura de encontrar una decisión acorde a sus intereses”.[26] Adicionalmente,
manifestó que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “este
trámite constitucional no es una tercera instancia, no está instaurado como una
jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la jurisdicción a la que se
acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías ordinarias
han sido desfavorables”.[27]
6. Respuesta de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
El primero de agosto de dos mil dieciséis, la
señora Paola Andrea Cadavid, en calidad de Directora Territorial de Antioquia,
presentó escrito en el cual realizó un recuento de la acción procesal
administrativa adelantada sobre la reclamación de los accionantes. También,
explicó las razones por las que se tomó la determinación de no realizar la
inscripción de las mismas dentro del Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente. En este sentido, manifestó lo siguiente:
6.1. Que en virtud de la Ley 1448 de 2011, se
verificaron los requisitos para iniciar las labores de micro focalización en el
Corregimiento de Macondo, en el Municipio de Turbo, Antioquia, con el fin de
realizar los trámites necesarios para resolver las solicitudes a que hubiere
lugar. De esta manera, mediante Resolución No. RGA 0001 del 14 de diciembre de
2012, se dio inicio a la intervención para dicha entidad territorial, la cual
contó con 199 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Dentro de la zona micro focalizada, se
estudiaron los predios: Villa Fanny, La Fabiola, Carmen Alicia, No Hay Como
Dios, Finca El Descanso, La Candelaria y Deja que Diga. No obstante, los
predios: Santa María, Fundación, Fundación Uno y Fundación Dos quedaron por
fuera de la zona, “en atención a las normas que rigen el procedimiento
administrativo respectivo no pueden adelantarse decisiones administrativas al
respecto hasta tanto se micro focalice la zona geográfica en la que se ubican”.[28]
6.2. Por otra parte, la Directora Territorial
de Antioquia manifestó que los peticionarios adelantaron el incidente de
reclamación con el propósito de obtener la cancelación de unos títulos
fraudulentos que se encuentran en cabeza de la empresa GUACAMAYAS S.A. (ASA
INMOBILIARIA – NAVITRANS S.A.). Sobre este asunto, mencionó que el día
veintisiete de mayo del año dos mil trece, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia decidió que la competencia para conocer este proceso
recaía sobre el Magistrado con Función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien resolvió denegar las
pretensiones planteadas por los accionantes. Agregó que esta determinación fue
confirmada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, razón por la cual:
“[T]odas
las reclamaciones que se hagan sobre los predios que fueron fallados por la
Corte Suprema de Justicia, no pueden ser estudiados por la Unidad de
Restitución de Tierras, toda vez que existe cosa juzgada y fue además fallada
la pérdida de competencia para la Unidad de Restitución en estos casos”.[29]
7. Respuesta del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER)
El diez de agosto de dos mil dieciséis, el
señor Carlos Alberto Chavarro Martínez, en calidad de Jefe de la Oficina
Jurídica de esta entidad, presentó escrito por el cual se refirió a los hechos
y pretensiones contenidos en la acción de tutela. Inicialmente, manifestó que
el INCODER no vulneró los derechos fundamentales de los reclamantes, toda vez
que “ha desplegado todo lo que está a su alcance para emitir la información
adecuada al accionante y actuar conforme a la ley”, razón por la cual,
solicitó su desvinculación de este proceso. En este mismo sentido, presentó las
siguientes razones para reforzar su defensa: en primer lugar, que frente a esta
entidad existe falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que los hechos
narrados en el proceso “no aluden a acciones u omisiones administrativas de
este Instituto”;[30]
y, en segundo lugar, que la acción de tutela es improcedente, por cuanto no se
configura alguna de las causales de perjuicio irremediable respecto a las
actuaciones adelantadas por el INCODER en el marco de esta reclamación.
8.  Guacamayas S.A. – Ahora Inversiones
ASA SAS
A
través del Auto de fecha 28 de julio de 2016[31]
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenó enterar de la
instauración y admisión de la acción de tutela de la referencia a “los
intervinientes en el proceso penal promovido contra Raúl Emilio Hasbún Mendoza”
para que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción. El 1º de
agosto de 2016 se profirió Auto de Notificación de la admisión de la acción
constitucional, dirigida al señor Richard Gorky Granada Usuga, Inversiones ASA
S.A.S., Calle 33 No. 78-45, oficina 302 de Medellín, Antioquia, enviado a
través de los Servicios Postales Nacionales S.A.[32] Ahora bien, es preciso
señalar que la Sociedad Guacamayas – Inversiones ASA, fue notificada del fallo
de primera instancia, de la impugnación presentada por los accionantes y de la
sentencia de segunda instancia.[33]
9. Decisiones judiciales
9.1. Decisión de primera instancia – Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Mediante sentencia proferida el cuatro de agosto
de dos mil dieciséis, esta entidad negó la protección de los derechos
fundamentales invocados, al concluir que los accionantes hicieron uso de la
acción de tutela como mecanismo de tercera instancia. En el fundamento de su
decisión, la Sala de Casación Civil expresó que no se configuró alguna causal
de procedencia que ameritara la intervención excepcional del juez
constitucional, toda vez que la decisión tomada por la accionada “no puede
calificarse como arbitraria, en tanto que se basa en una ponderación respetable
de los medios de prueba allegados al trámites de justicia y paz, lo cual, desde
luego, no puede ser alterado por esta vía”. Agregó que en virtud de las
pruebas testimoniales y documentales practicadas en la investigación, la Sala
de Casación Penal determinó que las distintas compraventas que realizó la
sociedad Las Guacamayas Ltda. con los peticionarios, “no se realizaron con
el propósito de despojarlos de los mismos”. De igual forma, en su opinión, tampoco
se logró demostrar el nexo entre dicha compañía y los grupos paramilitares que
operaban en el Municipio de Turbo, Antioquia, “razón por la cual la
cancelación de los registros y la restitución material y jurídica de tales
predios no era procedente en el caso”. De esta manera, resumió, “la
aplicación de la ley y la valoración de los elementos de convicción practicados
en una determinada causa judicial es una tarea en la que, en principio, debe
respetarse la autonomía e independencia del juez natural”.[34]
9.2. Impugnación
El doce de agosto de dos mil dieciséis, los
accionantes presentaron escrito por medio del cual expresaron sus
inconformidades con la decisión de primera instancia. Al respecto, manifestaron
que la Sala de Casación Civil no se detuvo a examinar la incidencia del
contexto de violencia generalizada que se presentaba en la región de la cual
tuvieron que salir expulsados, es decir, que “no determinó si existió o no
una vía de hecho por defecto fáctico tras la indebida valoración probatoria”.
Asimismo, alegaron que se descartó la posibilidad de realizar un examen sobre
la correcta aplicación de las normas, para el caso concreto de las personas que
se quedaron por fuera del trámite consagrado en la Ley 1448 de 2011 y debieron
entrar al procedimiento judicial establecido para justicia y paz, “como si
el juez de tutela no pudiese verificar que ante la indebida aplicación de la
normatividad procede la acción de tutela por defecto sustantivo”.[35]
9.3. Decisión de segunda instancia – Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
Mediante sentencia del veintiuno de septiembre
de dos mil dieciséis, la Sala de Casación Laboral confirmó la decisión de
primera instancia, por las siguientes razones:
9.3.1. En primer lugar, sostuvo que la Sala
de Casación Penal consideró que no existió conexión entre “la reconocida y
no debatida conflictividad en el territorio de Urabá” y el “desplazamiento
de habitantes de la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá”, así como
tampoco, que haya existido “despojo de sus tierras consecuencial a los actos
de violencia ejecutados ni por los enfrentamientos o ataques de dichas
autodefensas, entre los años 1996 a 1998 primordialmente”.[36] Por ello, señaló que
quedó en firme la convicción acerca de la “legalidad de las negociaciones
que desarrolló la absorbida sociedad Las Guacamayas Ltda.”, razón por la
cual:
“[Advertido]
el cuidado y exhaustivo control de gastos y pagos a los intermediarios y
vendedores de los terrenos, que harían parte de la finca donde se asentaría el
proyecto de ganadería, lo que muestra la seriedad de la gestión empresarial,
que en manera alguna se ha conocido se llevase a término de manera oculta o con
trabas para el común del público”.[37]
9.3.2. En segundo lugar, frente al
desplazamiento forzado sufrido por los accionantes, expresó que la Sala de Casación
Penal llegó a la conclusión que no se cumplieron los elementos legales del
despojo forzado, es decir, aprovecharse, por cualquier medio, de la situación
de violencia generada en una zona con el fin de privar arbitrariamente a una o
varias personas de su propiedad. Explicó que la Sala Penal determinó que el
pago realizado por la sociedad Las Guacamayas Ltda. contuvo una suma de dinero
significativa por doce predios, sobre los cuales se desarrolló una transacción
respaldada con recibos y comprobantes girados a favor de los reclamantes, sin
que fuera posible que la Fiscalía lograra demostrar el nexo de esos recursos
con los grupos de autodefensas asentados en la zona. De esta manera, sostuvo
que:
“[L]a
Sala encartada coligió que del estudio de las diligencias, a la estructuración
del nexo causal entre aquellos ilícitos comportamientos y la suscripción de los
negocios jurídicos de compraventa, que se materializaron para llegar a la
transferencia del dominio de los bienes objeto de la reclamación que se debate,
porque, se itera, han sido las pruebas analizadas individual y colectivamente”.[38]
9.3.3. En este orden de ideas, declaró que el
examen de la Sala de Casación Penal “se fundamentó en premisas fácticas y
normativas, a la vez que se examinaron todas las cuestiones sometidas a su
consideración, sin que figure un yerro de entendimiento manifiesto”. Por lo
tanto, afirmó que la decisión fue adoptada con estimación de todo el material
probatorio aportado al proceso, “lo que descarta una vía de hecho, en tanto
no se trató de una decisión carente de motivación, caprichosa, ni subjetiva”.[39]
10. Actuaciones surtidas en sede de revisión
10.1. Una vez asumido el conocimiento de este
proceso por parte del despacho sustanciador, se procedió a proferir diversos
autos en los cuales se realizaron requerimientos a la Fiscalía Veinticinco
Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz
-Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación a las Víctimas-, a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas.[40]
Concretamente, se solicitó la siguiente información:
“5.1.
La ubicación geográfica específica y la pertenencia administrativa de cada uno
de los predios que se reclaman. En el expediente se observa que los accionantes
expresan que sus tierras se encuentran ubicadas en el corregimiento de Macondo,
municipio de Turbo, departamento de Antioquia. Sin embargo, la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín sostiene que la vereda Guacamayas está
situada en el corregimiento Belén de Bajirá, municipios de Mutatá y Turbo,
departamento de Antioquia. De esta forma, se hace necesario precisar y delimitar
la zona sobre la cual recae la reclamación de los accionantes, para con ello
tener claridad respecto del contexto que se va a valorar en este proceso.
5.2.
Una vez precisada la información anterior, ilustrar sobre la existencia de
violencia en la zona de ubicación de los predios que se reclaman,
concretamente: (i) Villa Fanny (72 HA 9.700 M2); (ii) La Fabiola (40 HA 7.000
M2); (iii) Carmen Alicia (60 HA 4.750 M2); (iv) Santa María (33 HA 8.063 M2);
(v) Santa Fe (50 HA 2.250 M2); (vi) No Hay Como Dios (35 HA 5.100 M2); (vii)
Deja que Sigan (16 HA 8.528 M2); (viii) El Descanso (60 HA 9.500 M2); (ix)
Fundación (54 HA 8.500 M2); (x) Fundación 1 (35 HA 45 M2); (xi) Fundación 2 (35
HA 3.498 M2); y (xii) La Candelaria (168 HA 1.300 M2). Informar si luego del estudio
de micro focalización realizado mediante Resolución RGA 0001 del catorce de
diciembre de dos mil doce, se han continuado las investigaciones con el fin de
determinar si los predios Santa María, Fundación, Función 1 y Fundación 2 hacen
parte de esta categoría.
5.2.
Indicar si los señores Humberto Duque Peláez, Rubén Darío Ruíz Pérez y Luis Alberto
Vallejo, quienes constituyeron las sociedad Las Guacamayas Ltda., así como la
señora Martha Irene Hurtado
Agudelo, se encuentran o se han encontrado incursas en otros procesos de
reclamación de tierras o desplazamiento forzado adelantados en cualquier zona
del país. Aclarar si se han tomado decisiones que les hayan ordenado devolver
predios en el marco de un proceso de restitución.
5.3.
De igual forma, señalar si se presentó un contexto de violencia en contra de la
población civil en la zona de ubicación de los predios, que hubiese ocasionado
desplazamiento forzado en la región. Para ello deberán aportarse las
estadísticas o informes aproximativos que se tengan y que ilustren sobre el
número de afectados, el porcentaje de solicitudes de reclamación de tierras
despojadas, el porcentaje de predios restituidos hasta la fecha, entre otros elementos
que ayuden a describir con claridad el grado de amenaza que afrontaba la
población para la época de los hechos.”
10.2. De igual forma, se ordenó poner en
conocimiento de esta acción de tutela a la Procuraduría General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Colombiana de Juristas, con el fin que
expresaran lo conveniente.
11. Respuesta de la Fiscalía Veinticinco
Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz - Subunidad
Élite de Persecución de Bienes para la Reparación a las Víctimas
11.1. El treinta y uno de marzo de dos mil
diecisiete, el señor Moisés Sabogal Quintero, Fiscal Veinticinco Delegado ante
el Tribunal de Justicia Transicional, presentó escrito por el cual dio
respuesta a los cuestionamientos planteados por este despacho.[41] Inicialmente, realizó
una descripción de la ubicación geográfica de los inmuebles que se reclaman, en
la cual ilustró que los predios: Villa Fanny, La Fabiola, Carmen Alicia, Santa
María, Santa Fe, No Hay como Dios y La Candelaria se encuentran en la vereda
Guacamayas, municipio Mutatá, Antioquia. Asimismo, explicó que los predios Deja
que Digan, El Descanso, Fundación I y Fundación II se encuentran en la vereda
Eugenia Arriba, Belén de Bajirá, municipio de Mutatá; mientras que el predio Fundación
se ubica en el “paraje Tierra Adentro”, Belén de Bajirá, municipio de Mutatá.
11.2. En relación con la segunda pregunta
planteada en el auto del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Fiscal
realizó una descripción del Informe de Policía Judicial sobre Despojo y
Abandono Forzado dentro de la estructura paramilitar del Frente Arlex Hurtado
(Bloque Bananero).[42]
En este documento se explica lo siguiente:
“Es
así como el terror que le causó a las víctimas pobladoras de la vereda de
Guacamayas la incursión violenta de los grupos armados al margen de la ley, a
través de homicidios y desapariciones forzadas de sus vecinos, fue determinante
para el desplazamiento o el abandono forzado de sus predios, y la posterior
negociación de los mismos como la única opción para obtener recursos para la subsistencia
de sus familias fuera de sus tierras. Debe tenerse en cuenta que los hechos que
dieron lugar a las ventas fraudulentas realizadas por las víctimas desplazadas
o que se vieron forzadas a abandonar sus predios, se enmarcan en un contexto de
violencia que vivió la región de Urabá antioqueño como consecuencia de la
incursión en esa zona de las autodefensas // Una de las metas de los hermanos
Castaño al iniciar el grupo de autodefensas fue adquirir el dominio de la zona
de Urabá por ser una región geoestratégica // En efecto, los predios objeto de
esta solicitud se encuentran situados en la zona de la vereda de Guacamayas y
veredas vecinas en un triángulo conformado por los corregimientos de Belén de
Bajirá, Blanquicet y Barranquillita, con tres rutas de acceso: 1. Vía
Chigorodó- Barranquillita – Nuevo Oriente 2. Vía Chigorodó – Barranquillita . Blanquicet
– Macondo 3. Vía Mutatá – Bajirá 4. Carretera iniciada por miembros del frente
Arlex Hurtado”.[43]
11.3. En la misma línea de esa descripción,
el Fiscal Veinticinco aseguró que en las reclamaciones presentadas por los
accionantes, es posible observar un patrón de conducta, “consistente en el
desplazamiento de campesinos como consecuencia de las amenazas de los grupos
armados al margen de la ley con dominio en la región”. En su opinión, esto produjo
una serie de negociaciones fraudulentas, “realizadas con campesinos
atemorizados quienes al no tener una opción diferente a la del éxodo de sus
tierras, venden sus parcelas destinadas a monocultivos o a cultivos artesanales,
a una empresa, concentrándose la propiedad en esa sociedad que engloba las
tierras”. En este sentido, recordó que entre los efectos generados por la llegada
de los paramilitares al Urabá antioqueño, se presentó “el cambio de los
cultivos artesanales por cultivos industriales de palma africana o explotación
extensiva de la ganadería por parte de grandes terratenientes”.[44]
11.4. Para dar solidez a sus afirmaciones, el
Fiscal Veinticinco citó algunos apartes de la declaración rendida por el
postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza en la investigación de Justicia y Paz. De
ellas sostuvo que el ex jefe paramilitar “indicó que la zona con más
presencia subversiva era Blanquicet o el sector de las Guacamayas. Esa era una
zona que sirvió de escenario para la desmovilización de un grupo de guerrilla
que operó en el sector”.[45]
En este mismo sentido, señaló que si bien el investigado manifestó que nunca se
dio la orden de desplazar a la comunidad, pues ese no era el objetivo, sí fue “consciente
que muchos pobladores se desplazan en un enfrentamiento militar entre la
guerrilla y los paramilitares pero no era una política que desalojaran las tierras,
se desplazan por temor a un enfrentamiento”.[46] Así, concluye lo
siguiente:
“El
modus operandi común a los casos que se presentaron por esta Fiscalía Delegada,
es la incursión violenta del grupo paramilitar de los 40 o grupo de choque al
mando del postulado Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, en la vereda de
Guacamayas, área rural de los corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquicet y
Barranquillita, lo cual dio lugar a homicidios y desapariciones selectivas de
campesinos de la región catalogados por los paramilitares como colaboradores de
la guerrilla, milicianos o financiadores, estos hechos violentos dieron lugar
al éxodo de muchos pobladores, muchos de ellos amenazados posteriormente para
que vendieran sus parcelas a terceros inversionistas que llegan a la región en
esa época de expansión paramilitar para llevar a cabo un proyecto de
explotación ganadera extensiva, negocian con campesinos quienes venden sus predios
a bajos precios para obtener un sustento que les permita vivir fuera de sus
tierras y de sus familias, luego estos inversionistas le venden a la sociedad
Guacamayas Ltda., quien posteriormente se transforma en Inmobiliaria e
Inversiones ASA S.A.”.[47]
12. Respuesta de la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Mediante escrito presentado el veintisiete de
abril de dos mil diecisiete, el señor Vladimir Martín Ramos, apoderado de esta
entidad, manifestó que no tiene competencia para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados por este despacho.
13. Respuesta de Comisión Colombiana de
Juristas
13.1. El veintiocho de mayo de dos mil
diecisiete, la señora Jhenifer Mojica Flórez, en compañía de los señores Julián
González Escallón y Juan Francisco Soto Hoyos, integrantes de esta organización,
presentaron escrito por medio del cual afirmaron que la decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes. Para sustentar su tesis, realizaron una
exposición sobre los regímenes especiales contemplados en las leyes 1448 de
2011 y 1592 de 2012, respecto de los cuales, afirmaron que si bien existen
muchas similitudes, también se presentan divergencias en “el modelo procesal
y en las figuras propias de cada ley”. De esta manera, si bien es cierto
que ambas se encuentran dirigidas a “tramitar institucionalmente el estado
de conflicto con algunos factores armados hacia la convivencia pacífica”, no
es menos cierto que “no son exactamente pares en lo relativo a la forma en
que pretenden realizar este cometido”. Concretamente, en relación con la
Ley 1592 de 2012 (modificatoria de la Ley 975 de 2005), los intervinientes explicaron
lo siguiente:
“[La]
estructura procesal que se plasmó en la ley 975 de 2005 fue de naturaleza
especial. // Por supuesto, durante este proceso las víctimas tienen una
participación determinada. Pero siguiendo la lógica penal imperante en este
procedimiento, es el fiscal quien ejerce la acción penal. // [La] forma en la
que la llamada Ley de Justicia y Paz buscó incardinar sus posiciones fue a
través de un trámite en su naturaleza más profunda: penal. Es así como la
Fiscalía tiene un rol fundamental en la misma, y se conservan instancias,
términos y garantías existentes dentro del procedimiento y la forma sustancial
del derecho punitivo. En suma, esta ley tiene un ánimo largamente correccional,
que observaba en algunos aspectos el rol de las víctimas en este proceso, pero
valúa el castigo a través del sistema legal por encima de otros posibles
núcleos”.[48]
13.2.
Frente al régimen especial consagrado en la Ley 1448 de 2011, la Comisión
sostuvo que se trata de un marco más ajustado a las víctimas, donde el enfoque
principal se dirige a resarcir los daños que ellas sufrieron por el despojo. Al
respecto, mencionaron lo siguiente:
“[La]
ley 1448 de 2011 entraña un propósito, que si bien tiene mucho que ver con el
estado de conflicto armado, se perfila hacia la situación de las víctimas
particularmente. // Esta ley procura que existan mecanismos claros, suficientes
y accesibles para que todas aquellas personas que sean víctimas del conflicto
colombiano puedan recurrir a instancias estatales con el fin de ver sus
derechos resarcidos (en lo posible). Así mismo, la ley 1448 de 2011 establece
el procedimiento mediante el cual las víctimas pueden acceder a la restitución
jurídica y material de los predios de los que se vieron despojados por la
situación de orden público a nivel nacional, con el procedimiento tanto administrativo
como jurisdiccional que protege la materialidad de los derechos. // En este
sentido, la ley 1448 de 2011 no se ocupa de criminalizar a los responsables de
los actos de despojo y violencia, sino procura resarcir los daños que los
civiles sufrieron por el rigor de las circunstancias”.[49]
13.3. La Comisión también sostuvo que en la
actualidad existen “dos regímenes transicionales de restitución de tierras
en la legislación nacional”. Para esto explicó que la Ley 1592 de 2012 “creó
una excepción a la remisión general de las solicitudes de restitución de
tierras de la ley 975 de 2005 a los procesos establecidos en la ley 1448 de
2011”. Por esta razón, el artículo 38 “de dicha ley estipuló un trámite
excepcional de restitución de tierras en el marco de la ley 975 de 2005”, el
cual permite a la autoridad de Justicia y Paz continuar con el conocimiento de las
solicitudes de restitución que estaban en curso para el momento de entrar en
vigor la nueva ley. Así, para destacar una de las diferencias existentes entre
ambos marcos jurídicos, expresó que en materia probatoria, en la Ley 1448 de
2011 la carga de prueba “favorece la restitución de tierras, y la UAEGRTD
recolecta material probatorio suficiente que es tomado como fidedigno; además,
la carga de prueba se traslada al opositor, en razón de las presunciones de despojo
que favorecen a las víctimas”. Por su parte, en la Ley 975 de 2005, “no
hay tal facilidad”, ya que son “las víctimas las que tienen la carga de
la prueba de los hechos de desplazamiento forzado y despojo”.[50] En este sentido, la
Comisión concluyó lo siguiente:
“Por
tal motivo, actualmente existen dos procesos transicionales de restitución de
tierras en la legislación colombiana. // [L]os dos regímenes transicionales de
restitución de tierras presentan diferencias sustanciales de orden procesal y
sustantivo que implican un trato diferenciado entre solicitantes de restitución
de tierras y también entre otros actores como los terceros que participan de
los trámites. Esta realidad, conlleva a que los derechos fundamentales a la
igualdad, el acceso igual a un recurso judicial efectivo al debido proceso, y
al derecho a la restitución de tierras de los solicitantes que surten su
trámite en el marco de la ley 975 de 2005 puedan ser vulnerados si no media una
incorporación armónica de los preceptos de la ley 1448 de 2011 aplicables a la
materia, imposibilitando la superación de un déficit de igualdad”.[51]
14. Intervención del
accionante Alfranio Manuel Solano
14.1. El peticionario
presentó escrito el 18 de mayo de 2017, mediante el cual realizó una
descripción de la ubicación geográfica de los inmuebles que se reclaman. Manifestó
que cada una de las fincas “están ubicadas en la zona sur del Municipio de
Turbo (Antioquia), en el Corregimiento de Macondo, en zona limítrofe con el
norte del Municipio de Mutatá (Antioquia)”. También, aseguró que esa vereda
“actualmente se encuentra micro focalizada (DECRETO 599 DE 2012) por medio
de Resolución RDA 0001 del 14 de diciembre de 2012 expedida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”. Para
dar claridad al asunto y corregir la información presentada por la Fiscalía
Veinticinco Delegada ante el Tribunal de Justicia Transicional, explicó lo
siguiente:
“Se
aclara además que las veredas que conforman el corregimiento de Macondo son las
siguientes: Eugenia Arriba, Eugenia Media, California, Cuchillo Blanco,
Guacamayas, Villa Eugenia, Cuchillo Negro, Villa Rosa, Tumaradocito, de las
cuales hay varias micro focalizadas también por medio de la Resolución RDA 0001
del 14 de diciembre de 2012 expedida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas // De manera que la información
suministrada por el Doctor Moisés Sabogal Quintero, Fiscal 25 Delegado ante el
Tribunal de Justicia Transicional – Grupo Bienes, es incorrecta, pero dicho
error en el que se tiende a incurrir tiene una explicación que consiste en que
en los Folios de Matrícula Inmobiliaria que identifican a cada uno de los
predios se consigna como Municipio de ubicación de los predios el Municipio de
Mutatá y no el Municipio de Turbo, de igual forma también se puede explicar
esta situación por la cercanía o colindancia que tiene la Vereda Guacamayas del
Municipio de Turbo con el norte del Municipio de Mutatá // Ahora bien, luego de
realizarse el trabajo de campo con la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas se pudo identificar que geográficamente la
ubicación más exacta es la ya indicada, es decir Municipio de Turbo
(Antioquia), en el Corregimiento de Macondo, Vereda Guacamayas”.[52]
14.2. Asimismo, el peticionario insistió en
la necesidad de valorar otros procesos de reclamación de predios, en los cuales
se han vinculado a la sociedad Las Guacamayas Ltda. y a la señora Martha Irene
Hurtado Agudelo. Como ejemplo, citó la Sentencia del veinte de enero de dos mil
dieciséis, radicado 050453121001201300653, proferida por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en
la que se ordenó la restitución de inmuebles que fueron transferidos a través
de “ventas que se dieron en el mismo contexto que las que realizamos los
siete reclamantes”. En este sentido, mencionó lo siguiente:
“De
igual forma se tiene conocimiento que hay varias solicitudes presentadas por
víctimas en las que se vinculan como opositores los mismo sujetos pasivos que
se encuentran dentro de este proceso judicial y otras personas ajenas a este
litigio del Corregimiento de Macondo, Municipio de Turbo, en las Veredas
Guacamayas y en otras Veredas circunvecinas como Eugenia Arriba, Eugenia Media,
California, Cuchillo Blanco, Villa Eugenia, Cuchillo Negro, Villa Rosa,
Tumaradocito. Algunas de estas solicitudes se encuentran pendientes por
resolver por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas o por los Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución
de Tierras Itinerante de Antioquia, y por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia”.
15. Respuesta de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia a los conceptos allegados por las distintas
entidades requeridas en el auto del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete
El Magistrado Fernando Alberto Castro
Caballero, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil
diecisiete, aseguró que la decisión que se pretende cuestionar a través de esta
acción de tutela “no adolece de alguno de los defectos previstos por la
jurisprudencia constitucional para su excepcional procedencia”. Explicó que
confirmó el fallo del Tribunal Superior de Medellín, toda vez que “las solicitudes
orientadas a obtener la restitución material y jurídica de los bienes inmuebles
y la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, debían ser examinadas
en el marco del proceso especial de justicia y paz”. Esto imponía la necesidad
que se demostrara “la condición de víctima del peticionario o interesado, y
el nexo causal del daño inferido con las actividades del grupo armado ilegal; a
la vez que apareciesen probados los elementos objetivos del tipo penal”.
Por esta razón, cito nuevamente sus conclusiones respecto a los cargos
planteados por la Fiscalía Veinticinco Delegada:
“[Con]
base en el acopio probatorio, su examen conjunto e individual, como destacó la
decisión confutada, ciertamente son conclusiones acerca de la presencia en la
zona de presuntos grupos paramilitares, pero no por eso y de por sí se
convierten los reclamantes en sus víctimas, resultando imperioso determinar que
el postulado en la presente actuación participó en los actos de despojo de los
predios, no aportando las partes pretendientes la evidencia para arribar a un
juicio definitivo declarativo de convicción judicial de esa naturaleza”.
16. Respuesta de la Unidad de Restitución
de Tierras Despojadas
16.1. El nueve de junio de dos mil diecisiete,
el señor Rubén Darío Revelo Jiménez, Director Jurídico de esta entidad, presentó
escrito por el cual expuso las respuestas a los cuestionamientos planteados por
este despacho. Al respecto, manifestó que los predios objeto de reclamación “se
ubican físicamente dentro de la vereda Guacamayas del corregimiento de Macondo,
municipio Turbo – Antioquia”.[53]
Sin embargo, aclaró que los predios Fundación I, Fundación II y Santa Marta “se
ubican en el corregimiento de Bajirá (Antioquia)”.[54] En el marco de esta
descripción, explicó que “el corregimiento de Macondo en Turbo, se encuentra
dentro del conflicto territorial que sostiene el departamento del Chocó con el
departamento de Antioquia por el municipio de Belén de Bajirá”.[55]
16.2. Respecto a la existencia de conflicto
armado en la zona referenciada, sostuvo que “no se posee información
pormenorizada como quiera que la Unidad de Restitución de Tierras no realizó el
proceso administrativo conducente a la inscripción de los predios reclamados”.
Además, mencionó que esta reclamación fue analizada mediante proceso incidental
fallado por el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que negaron la restitución y ordenaron no incluir
esos predios dentro del Registro de Tierras. En este sentido, adujo que:
“[T]odas
las reclamaciones que se hagan sobre los predios respecto de los cuales se
emitieron fallos por la Corte Suprema de Justicia, no pueden ser estudiados por
la Unidad de Restitución de Tierras, toda vez que existe cosa juzgada y fue
además fallada la pérdida de competencia para la Unidad de Restitución en estos
casos”.
16.3. Finalmente, aseguró que “[en] la
zona de ubicación de los predios se presentó un contexto de violencia que
ocasionó desplazamiento forzado en la región”. En particular, la vereda
Guacamayas tiene “69 predios y el 63 por ciento de dichos predios han sido
solicitados en restitución o dicho de otra forma se elevaron solicitudes
respecto de 44 de ellos”. Para estos efectos aportó los siguientes
documentos: (i) estudio de contexto realizado por la Unidad de Restitución de
Tierras sobre el corregimiento Macondo, municipio de Turbo, “que está
conformado por 10 veredas incluyendo Guacamayas”; (ii) informe técnico de
la jornada de recolección de información comunitaria en la vereda Guacamayas; y
(iii) documento “de contexto de violencia presentado ante los jueces y
magistrados de restitución de tierras // los cuales fueron tenidos en cuenta
como prueba para las respectivas sentencias que los decidieron”.[56]
17. Guacamayas S.A. – Inversiones ASA
S.A.S.
Sin desconocer la vinculación al proceso de
tutela realizada por la autoridad de primera instancia (Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia) de la Sociedad Guacamayas a través del Auto de fecha 1º de
agosto de 2016, la Magistrada Ponente, a través del auto de fecha 1º de junio
de 2017, ordenó poner en conocimiento de la Sociedad Guacamayas Ltda., entre
otros, “de la acción de tutela contenida en el Expediente T-5.844.534”
para que expresara lo que considerara conveniente.[57] No obstante lo
anterior, ya el apoderado judicial de la sociedad “Inmobiliaria e
Inversiones ASA” había intervenido en el proceso de la referencia, remitiendo
el poder que le fue conferido por el representante legal para actuar y
presentando algunas “reflexiones y consecuentes peticiones”.[58]
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
y procedibilidad
1.1. Competencia.
En virtud de las facultades conferidas por el artículo 86 y el artículo
241, numeral 9º, de la Constitución Política de 1991, la Sala Plena de la Corte
Constitucional es competente para avocar el conocimiento del proceso en la
referencia. La revisión procede de conformidad con la selección realizada por
la Sala de Selección Número Uno de esta Corporación, del reparto verificado en
la forma establecida por el reglamento interno de la misma, y de la decisión
del Pleno de la Corte de asumir el conocimiento del presente caso.
1.2. Procedibilidad: la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para garantizar derechos fundamentales de personas que
presentan solicitudes de restitución de tierras en el marco del conflicto
armado en Colombia. En Colombia, la restitución de tierras es un derecho
fundamental que permite a las víctimas del conflicto armado retornar a los
predios que debieron abandonar por causa de la violencia.[59] Esta garantía jurídica
hace parte de las medidas de reparación que debe procurar el Estado, para
alcanzar el “restablecimiento de la víctima a
la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una
situación de garantía de sus derechos fundamentales”.[60]
Así, por la relevancia que tiene este derecho, la Corte Constitucional ha
señalado que la restitución es “componente preferente y principal de la reparación integral a
víctimas”, el cual debe estar acompañado de “la indemnización, la rehabilitación y garantías de no repetición”.[61]
Por esta razón, la Corte ha sostenido que las víctimas “requieren un instrumento
judicial ágil y eficaz que les brinde la posibilidad de acceder a una pronta y
justa reparación, características que al ser propias de la acción de tutela,
configuran su procedencia”.[62]
1.2.1. Así, la protección de las víctimas del conflicto armado contempla el
derecho a acceder a la justicia de manera adecuada y oportuna, para lograr una
protección efectiva de los derechos fundamentales, ante violaciones derivadas
del conflicto armado.[63]
Y justamente, una de las maneras de hacer una realidad este derecho
constitucional es asegurar el acceso a la acción de tutela de forma
prioritaria. Por eso, son muchos los casos en los cuales la jurisprudencia ha
considerado que la acción de tutela es un medio idóneo para que las víctimas
del conflicto armado presenten reclamos para la protección de sus derechos
fundamentales, a pesar de su carácter excepcional.[64] Concretamente, se ha
reconocido la acción de tutela como el mecanismo de defensa judicial de
protección principal para las personas víctimas de desplazamiento forzado.[65] En efecto,
expresamente ha sostenido la jurisprudencia que “(…) dada la inexistencia en
el ordenamiento jurídico colombiano de un medio judicial expedito para la
garantía de los derechos fundamentales de los que son titulares las personas
víctimas de desplazamiento forzado, jurisprudencialmente se ha admitido que la
acción de tutela constituye el mecanismo adecuado para su protección, ya que,
en efecto, se trata de sujetos que gozan de un estatus constitucional de
especial protección; por lo que resultaría desproporcionado imponerles la carga
de agotar los recursos ordinarios para garantizar la procedencia del mecanismo
constitucional”.[66]
Para la jurisprudencia en la materia es tan
clara la protección que se debe a las personas que han sufrido los rigores de
la guerra y del conflicto armado, que recientemente ha sostenido que “(…) si
en gracia de discusión se aceptara que no se agotaron los medios de defensa
judicial disponibles, es claro que el juez constitucional debe realizar un
análisis más flexible del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el
caso analizado, pues los accionantes, reclamantes de tierras, son sujetos de
especial protección constitucional, en su calidad de víctimas de la violencia,
y, en esa medida, es necesario tener en cuenta su particular situación de
vulnerabilidad, que exige una protección pronta y oportuna de los derechos que
consideran vulnerados”.[67]
1.2.2. La petición que se analiza en esta
ocasión se desarrolla sobre los márgenes de protección reforzada que les asiste
a las víctimas del conflicto armado en Colombia, dentro de un contexto que
comporta referencias de intimidación y violencia generalizada en los municipios
de Mutatá y Turbo, Antioquia. De los informes, conceptos y conclusiones
contendidos en este expediente, es posible observar que la zona referenciada
por los accionantes ha tenido influencia considerable y notoria de grupos
insurgentes (guerrillas y paramilitares), con descripción de actos amenazantes
que generaron zozobra en la zona del Urabá antioqueño. Las declaraciones
rendidas por el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza dentro del proceso de
investigación de justicia y paz, que han sido citadas por la Fiscalía
Veinticinco Delegada en el trámite de revisión de esta acción de tutela,
relatan una serie de hechos de violencia contra la población civil en esta
parte de Urabá, que no pueden pasar inadvertidos por esta Corporación para valorar
la procedibilidad de este medio de defensa judicial.
1.2.3. La jurisprudencia
constitucional ha decantado y aplicado de forma consistente y pacífica los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, cuyo cumplimiento determina si la providencia judicial acusada
puede ser objeto de estudio por el juez de tutela.[68]
Estos seis requisitos pueden ser enumerados así: (i) Que el tema sujeto a
discusión sea de relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de una situación constitucionalmente relevante, como evitar la consumación
de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental o de un sujeto de
especial protección constitucional o persona en situación de sujeción que no
fue bien representado. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
valorando las concretas y específicas condiciones del caso y de las personas
que reclaman la protección. (iv) En el evento de hacer referencia a una
irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la persona o personas accionantes. (v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. (vi) Que no se
trate de sentencias de tutela.[69]
1.2.4. Una revisión de los requisitos de
procedibilidad de las acciones de tutela en contra de providencias judiciales,
teniendo en cuenta las condiciones fácticas y de contexto ya mencionadas del
presente caso, permite concluir, al igual que los jueces de instancia,[70] que la acción de
tutela de la referencia sí puede ser objeto de revisión por el juez de tutela.
(i) Relevancia
constitucional del asunto. La protección de los derechos a la tierra de las
personas que han sufrido el rigor del conflicto armado, como se mostró, es un asunto
al cual la jurisprudencia le ha reconocido importancia constitucional. La
condición de sujetos de especial protección, debido a su situación de debilidad
e imposibilidad de adecuada defensa de sus intereses en un contexto de
violencia, implica que el debido acceso a la justicia y la protección del
derecho al debido proceso sean asuntos de importancia cardinal,
constitucionalmente.
(ii) No existe
otro medio de defensa judicial. En el presente caso los accionantes
intentaron un incidente de restitución cuyo resultado controvirtieron por el
medio judicial adecuado. Ahora, insatisfechos por considerar que la decisión
del superior jerárquico no controló la violación sino que la permitió, recurren
de forma excepcional, y como último recurso, a la acción de tutela. En efecto,
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de negar la “cancelación
de títulos fraudulentos y la restitución de las tierras”. Como lo dicen los
accionantes, la acción de tutela fue presentada en contra de una providencia
judicial que resuelve un recurso de apelación en contra de una decisión que no
es una sentencia y que, por tanto, en su contra no caben los recursos
extraordinarios de casación o revisión, “tal como se resalta en la decisión que
se cuestiona, y reposa en el Oficio 11352 del 28 de abril de 2016, en el que se
remitió copia de la decisión, por lo tanto no procede ninguna otra acción”. En
todo caso, como se indicó que ha señalado la jurisprudencia, incluso si sí
existiera otro medio de defensa judicial, correspondería al juez de tutela
establecer si ese medio alternativo es realmente efectivo para garantizar los
derechos constitucionales de las víctimas que, se insiste, deben tener la mayor
prioridad para ser asegurados y protegidos efectivamente. En este caso, por
ejemplo, el poder acceder al recurso extraordinario de casación en modo alguno
sería una razón para que un reclamo de tierras por despojo o desplazamiento sea
desatendido por el juez de tutela, al menos como recurso transitorio de
protección.
(iii) Inmediatez.
La acción de tutela de la referencia fue presentada el 25 de julio de 2016 en
contra de una providencia judicial proferida el 13 de abril de 2016. Esto es,
entre los hechos que dieron lugar al reclamo judicial y el momento en que se
presentó, transcurrió algo más de tres meses. Por tanto, es claro que los
accionantes procedieron a formular su reclamo de tutela con celeridad, al poco
tiempo de haber sido vulnerados sus derechos. No obstante, es preciso decir que
por las consideraciones previas, es claro que la valoración que debe hacer el
juez de tutela de este criterio de inmediatez en casos que involucran derechos
fundamentales de víctimas, debe ser flexible y considerar su especial
condición. Así, es claro que este aspecto también se cumple en el caso
concreto.
(iv) Se alega
un defecto procedimental que afecta la decisión de fondo a tomar. Las
violaciones al debido proceso alegadas en el presente caso por los accionantes,
son de aquellas que afectarían eventualmente la decisión adoptada que se
cuestiona. En efecto, el dejar de aplicar las normas y reglas que a juicio de
los accionantes han debido ser aplicadas, así como el dejar de valorar aspectos
del acervo probatorio, como se alega, son actos que tienen clara incidencia en
el fondo de la decisión adoptada, en relación con el reclamo de tierras que fue
resuelto judicialmente. En tal medida, se trata de un criterio que también se
verifica en el caso concreto.
(v) Se identifican
las cuestiones de inconstitucionalidad, que ya habían sido alegadas en el
proceso ordinario. Los hechos y actuaciones que dieron lugar a la
violación, según lo alegado, son claramente identificados y señalados en la
acción de tutela. Además, se trata de argumentos que fueron presentados en las
instancias, y no de posiciones estratégicas que sólo surgen al final del
proceso como forma de tratar de revertir una decisión judicial adversa. En
efecto, los reclamos de los accionantes ante los jueces ordinarios se fundaron
justamente en pedir protección frente a la decisión de no valorar adecuadamente
el contexto de violencia. Ese reclamo de sustento constitucional, no atendido
en los recursos ordinarios, es justamente el que ahora se reclama ante el juez
de tutela. No son cargos nuevos, estratégicos, que buscan reabrir el proceso.
(vi) No se
cuestiona una sentencia de tutela. Finalmente, en este caso la acción de
tutela de la referencia controvierte una providencia judicial que no es una
acción de tutela, tal como lo ha exigido la jurisprudencia al respecto.
1.2.5. Concluye entonces la Sala de Revisión
que la acción de tutela de la referencia plantea un cuestionamiento en contra
de una providencia judicial que sí puede ser conocido y resuelto por el juez de
tutela. Una vez resuelta la cuestión de que la acción de tutela sí procede,
pasa entonces la Sala a conocer de fondo el caso. Esto es, plantear los
problemas jurídicos que suscita y resolverlos.
2. Problema jurídico
2.1. De acuerdo con la jurisprudencia, una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, un juez de
tutela puede conocer de fondo una tutela en contra de una providencia judicial,
cuando se alega una violación al derecho al debido proceso constitucional de
gravedad considerable. Concretamente, la Sala Plena ha identificado las
causales para que el amparo de tutela proceda de fondo para acciones de tutela
contra providencias judiciales así: (i) defecto orgánico, cuando el juez no es
el competente para resolver el caso; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii)
defecto fáctico, cuando el juez realiza una indebida valoración probatoria;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando el juez aplica una norma que no se
ajusta al caso; (v) defecto por error inducido, cuando el juez fue víctima de
un engaño por el cual tomó una decisión que vulneró derechos fundamentales;
(vi) defecto por falta de motivación de la decisión; (vii) defecto por
desconocimiento del precedente constitucional; y (viii) defecto por violación
directa de la Constitución.[71]
2.2. Teniendo en cuenta los reclamos
presentados por los accionantes, así como las respuestas de los despachos
judiciales y demás personas y entidades consultadas durante el proceso, la Sala
de Revisión considera que en el presente caso se deben resolver tres problemas jurídicos
referentes a eventuales violaciones al derecho fundamental al debido proceso,
en el contexto de procesos judiciales en el que personas reclaman la
restitución de tierras que tuvieron que dejar o tuvieron que vender con ocasión
del conflicto armado. Los problemas se fundan en alegar que se incurrió,
respectivamente, en un defecto sustantivo, un defecto fáctico y una violación
directa de la Constitución.
2.2.1. En primer lugar, la Sala deberá
resolver el siguiente problema jurídico: ¿una autoridad judicial[72] viola el derecho al
debido proceso de un reclamante de tierras en el contexto del conflicto armado,
al negar la petición de cancelar registros fraudulentos y la restitución de los predios reclamados, por haber aplicado una
norma derogada que no contempla las protecciones de los derechos de las
víctimas de despojo (artículo 14 del Decreto 4760 de 2005) [defecto
sustantivo],[73]
a pesar de que la autoridad judicial alega que la norma en cuestión en la
providencia acusada no se consideró como regla directamente aplicable al caso,
sino como mero parámetro jurídico de comparación?
2.2.2. El segundo problema jurídico a
resolver, surgiría de la respuesta afirmativa del primer problema. En efecto,
si se acepta que la regla aplicable al caso en el contexto de justicia y paz es
exigir una clara relación de nexo causal entre la venta del terreno y la
afectación violenta (establecida, en parte, por referencia al Decreto 4760 de
2005), el problema jurídico consistiría en determinar lo siguiente: ¿viola una
autoridad judicial el derecho fundamental al debido proceso de un reclamante de
tierras, al no valorar debidamente el contexto fáctico de presión de la venta
de los predios en cuestión,[74]
el cual ya ha sido reconocido judicialmente en otros procesos de restitución de
tierras [defecto fáctico], a pesar de que la autoridad judicial
respectiva alegue que en el contexto especifico de un proceso de justicia y
paz, las reglas probatorias aplicables son distintas y exigen que la víctima
demuestre el nexo causal entre la violencia y la venta de la tierra?
2.2.3. En tercer lugar, los accionantes
presentarían este último problema: ¿se desconocen los derechos fundamentales a
la igualdad y al recurso judicial efectivo de las víctimas del conflicto armado
que reclaman sus tierras en el contexto de un proceso de justicia y paz, con
base en las normas legales aplicables para un trámite incidental (consagrado en
el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012), teniendo en cuenta que personas que se
encuentran en una situación fáctica similar (en el mismo contexto y lugar),
pero que presentaron su reclamo mediante un proceso de restitución de tierras
(según la Ley 1448 de 2011) reciben un trato que protege mejor sus derechos,
como lo es, la inversión de la carga de la prueba o la mayor valoración del
contexto [violación directa de la Constitución]?
2.3. Con el fin de resolver las cuestiones
planteadas, en primer lugar, se hará referencia los derechos de las víctimas de
conflicto armado bajo el orden constitucional vigente (que incluye, por
supuesto, el bloque de constitucionalidad). En segundo lugar, se hará
referencia al procedimiento del incidente de reclamación de tierras contenido en
el régimen para la reinserción de grupos armados organizados al margen de la
Ley (Ley 975 de 2005 y Ley 1592 de 2012), para luego compararlo con los
derechos y las cargas procesales de las víctimas incursas en procesos de
restitución de tierras bajo el procedimiento establecido en la Ley de víctimas
(Ley 1448 de 2011). En tercer lugar se hará referencia a la jurisprudencia
constitucional relevante sobre la materia para, finalmente, pasar a analizar
los problemas jurídicos señalados.
3. La restitución de tierras como elemento
esencial de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia
La Constitución Política de 1991 establece
una serie de valores y principios que ofrecen garantía contra violaciones a los
derechos humanos y afectaciones graves al derecho internacional humanitario. En
este marco, del cual hacen parte los tratados internacionales que integran el
bloque de constitucionalidad, se consagran a favor de las víctimas del conflicto
armado los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías
de no repetición, con el fin de restablecer su situación al estado anterior de
la afectación y permitirles retornar a una vida en condiciones de dignidad.[75] Así, para efectos de
superar el daño acaecido como consecuencia de los actos de violencia, la
protección del derecho a la restitución de tierras emerge como componente
esencial para lograr una reparación integral.[76]
De esta manera, en Colombia, los procesos de justicia transicional adelantados
con grupos armados organizados dieron como resultado la creación de dos
regímenes jurídicos dirigidos a evacuar las reclamaciones que en el marco del
conflicto hicieran las víctimas, los cuales se concentran esencialmente en las
leyes 975 de 2004, 1448 de 2011 y 1592 de 2012.[77]
3.1. El margen descrito tiene su fundamento
en el principio de respeto a la dignidad humana consagrado en el artículo 1º de
la Constitución Política, el cual impone al Estado la obligación de “proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades” (artículo 2º), así como “[v]elar
por la protección de las víctimas” que se encuentran inmersas en una
reclamación de tipo penal (artículo 250, num. 7). Por esto, a partir de la
interpretación armónica del texto superior con los tratados que hacen parte del
bloque de constitucionalidad (artículo 93), hoy día en Colombia se reconocen los
derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no
repetición de las personas afectadas con el conflicto armado interno. La
afectación u obstrucción en el acceso a alguno de estos derechos genera
consecuencias semejantes sobre los demás y, en ese mismo sentido, impide que se
materialice el restablecimiento integral de derechos que guardan una conexión
intrínseca con ellos, como la vida en condiciones de dignidad.
3.2. La Sala Plena
de la Corte ha presentado las reglas jurisprudenciales sobre protección a las
víctimas del conflicto armado en Colombia, identificando los márgenes que
enmarcan el deber que tiene el Estado de procurar la efectividad de los
derechos de verdad, justicia y reparación de las personas afectadas con los
actos violentos.[78]
3.2.1. Respecto al
derecho a la justicia de las víctimas la Sala identificó trece reglas básicas:
“(i) la obligación del Estado de
prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se
trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento
forzado interno; || (ii) la obligación del estado de luchar contra la
impunidad; || (iii) la obligación de establecer mecanismos de acceso ágil,
oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de
los derechos de las víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación
del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las
personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer
valer los intereses de las víctimas en el juicio; || (iv) el deber de
investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves
violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado; || (v) el
respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan
con respeto del mismo; || (vi) la obligación de establecer plazos razonables
para los procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos
desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del
derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa
reparación; || (vii) el deber de iniciar ex officio las
investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos humanos; || (viii)
el mandato constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos
tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales
como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad; || (ix) el establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de
los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como
el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las
penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;
|| (x) la determinación de límites frente a figuras de exclusión de
responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición,
en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y
por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a
los responsables de los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado
la Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en
los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se
restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación
integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los
crímenes se repitan; || (xi) la legitimidad de la víctima y de la sociedad, en
casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el fin
de obtener la verdad y la reparación del daño; || (xii) la importancia de la
participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los
artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos; || (xiii) la garantía indispensable del derecho a la
justicia para que se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la
reparación de las víctimas”.[79]
3.2.2. Frente al
derecho a la verdad que le asiste a las víctimas del conflicto, la Sala Plena
recogió las siguientes once reglas básicas:
“(i) El derecho a la verdad, se
encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber
de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a la
imagen; || (ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de
derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo
ocurrido; || (iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus
familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión
individual y una colectiva; || (iv) la dimensión individual del derecho a la
verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los
hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el
derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el
patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último,
implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave
violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa
humanidad; || (v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte,
significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia
historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la
divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la
obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos; || (vi) el
derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser
garantizado en todo tiempo; || (vii) con la garantía del derecho a la verdad se
busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real; || (viii) este
derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a
la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra
vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es
posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de
investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas
por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción; || (ix) De otra parte, el derecho a la verdad se
encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de
lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de
reparación; || (x) Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho
a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de las
investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de
las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho
del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles,
inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos
penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o
cualquier otra causa); || (xi) finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la
Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar
investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal
individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos
alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la
verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y
sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales
antes mencionados”.[80]
3.2.3. Finalmente, en
materia de protección del derecho a la reparación integral de las víctimas del
conflicto armado, la Sala Plena identificó las siguientes siete reglas:
“(i) La restitución debe entenderse
como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas al ser
un elemento esencial de la justicia restitutiva. || (ii) La restitución es un
derecho en sí mismo y es independiente de que las víctimas despojadas,
usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios, retornen o no de
manera efectiva. || (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una
compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución
fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y
voluntaria optare por ello. || (iv) Las medidas de restitución deben respetar
los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario,
podrán acceder a medidas compensatorias. || (v) La restitución debe propender
por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación
anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por
la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales
que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes. || (vi) En
caso de no ser posible la restitución plena, se deben adoptar medidas
compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se
pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de
indemnización como compensación por los daños ocasionados. || (vii) El derecho
a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el
marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un
elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo
de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente”.[81]
3.3. Teniendo en cuenta los parámetros
constitucionales, es claro que dentro de la órbita del derecho a la reparación,
la restitución de tierras es una piedra angular sobre la cual se asegura la
protección de muchas de las garantías básicas para personas que fueron
despojadas de sus tierras o que tuvieron que salir de ellas por causa de la
violencia.[82]
Se debe garantizar, en la mayor medida posible, que las personas que han sido
víctimas de tales actos, puedan retornar a sus tierras en unas condiciones
similares a las que tenían antes de la ocurrencia de los delitos.[83] Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha calificado el derecho a la restitución como “componente
esencial del derecho a la reparación”; un ‘derecho fundamental’ de
aplicación inmediata. Desde el año 2012, al analizar la Ley 1448 de 2011,[84] expresamente la Corte
dijo al respecto lo siguiente:
“En
relación con el marco jurídico nacional, la restitución se ha reconocido
igualmente como el componente preferente y principal del derecho fundamental a
la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Por tanto, el
derecho a la restitución como componente esencial del derecho a la reparación y
su conexión con los restantes derechos de las víctimas a la justicia, a la
verdad y a las garantías de no repetición (arts. 2, 29, 93, 229. 250 numeral. 6
y 7) son derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. De esta
forma, tanto la Constitución Política como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional son consonantes en cuanto a que es deber del Estado proteger los
derechos de las víctimas de abandono, despojo o usurpación de bienes a la
restitución.”[85]
3.4. La jurisprudencia constitucional desde el año 2004, con
ocasión de la decisión estructural sobre los derechos de las personas en
situación de desplazamiento, ha sido enfática en sostener que las víctimas del
conflicto armado interno tienen
“todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa
condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos
y obtenga de los autores del delito una reparación”.[86] En
este sentido, el examen de la Corte en materia de
protección a las víctimas del conflicto armado en Colombia, ha permitido
desplegar una interpretación en favor del ser humano (pro homine) en
acciones de tutela donde se ha negado u obstruido el acceso de estas personas a
sus derechos constitucionales. Así, los reclamantes de tierras perdidas durante
el conflicto armado, de acuerdo con la jurisprudencia, son sujetos de especial
protección. Sus derechos han sido protegidos en diferentes contextos y
escenarios constitucionales, de los cuales se mencionan a continuación los más
relevantes para el presente caso.[87]
3.4.1. Acceso efectivo a la tutela
judicial. De acuerdo con la jurisprudencia, la protección a las víctimas
debe comenzar desde el acceso mismo a la acción de tutela, desde la evaluación
de los requisitos de procedencia de la misma.[88]
3.4.2. Protección frente a la
revictimización. La jurisprudencia ha constatado que existen muchas
condiciones en las cuales las personas que han sido víctimas de la violencia
del conflicto armado pueden ser ‘revictimizadas’, lo cual implica una especial
protección del Estado. Por ejemplo, se ha reconocido que cuando las personas
que son víctimas acuden a los procesos de justicia y paz a denunciar su
caso, se exponen nuevamente a ser revictimizadas, por cuanto son objeto de
nuevas amenazas, lo cual se constituye en una barrera y un obstáculo para el
goce efectivo de su derecho de acceso a la justicia. Esto es especialmente
grave cuando se trata de personas que, además, son sujetos de especial
protección constitucional.[89]
En estos casos se han tomado medidas de protección individuales, pero también
generales.[90]
3.4.3. Aplicación y remisión de las reglas
legales generales, siempre y cuando se ajusten a la protección especial de las
víctimas. La jurisprudencia ha considerado que las instituciones legales
generales propias del derecho privado se pueden aplicar en el contexto de
restitución de tierras, pero ajustándolas al contexto propio de la protección
de las víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, a propósito de la aplicación
de la figura del ‘desistimiento’, se advirtió que “(…) la restitución
va más allá de reconocer el derecho de propiedad sobre los predios a restituir,
pues se enfoca en la búsqueda de la verdad de los hechos que dieron origen al
despojo y en garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición.”[91]
3.4.4. Protección para que la ley sea
interpretada razonablemente de acuerdo con la Constitución Política, no de
forma rígida. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los jueces
de restitución de tierras deben interpretar las reglas y principios jurídicos
aplicables en favor de los derechos de las personas afectadas. Se debe
propender por garantizar, al más alto nivel posible, el goce efectivo del
derecho constitucional fundamental a la restitución. Las autoridades encargadas
de hacer realidad este derecho deben tener en cuenta al momento de leer y
determinar el alcance de las normas, permanentemente, la finalidad de protección
del goce efectivo del mismo. En otras palabras, no es dado al intérprete de una
ley que busca respetar, proteger o garantizar el derecho a la restitución,
dejar de lado el espíritu de la ley, para apegarse a su letra.
3.4.4.1. Son varias las sentencias que se han
ocupado de la protección a personas que no pudieron acceder a sus derechos como
víctimas del conflicto, debido a interpretaciones rígidas de las normas en
materia de reparación a las víctimas por parte de entidades involucradas en
estos procesos. Por ejemplo, se han tutelado los derechos de un grupo familiar
desplazado a quien le habían negado la inscripción en el registro de víctimas
(RUV), porque supuestamente no existía violencia generalizada en la zona de
donde se desplazó.[92]
Se han tutelado los derechos de personas a quienes la Administración (la UARIV)
les negó el registro como víctimas (en el RUV), porque habían sido desplazadas
por bandas criminales (BACRIM), una organización que técnicamente no tenía
carácter de ‘insurgente’ como expresamente, se alegaba, lo exigía la
letra de la ley.[93]
Se ha reconocido el carácter de víctima a familiares de personas secuestradas y
asesinadas[94]
y se ha ordenado el pago de la indemnización que no se había querido entregar
porque el victimario había sido admitido como postulado en justicia y paz y,
por eso, sus bienes habían pasado a ser administrados por tal entidad.[95]
3.4.4.2. Pero no sólo la Administración puede
violar los derechos de las víctimas por no interpretar las normas que buscan
garantizar la reparación de forma sustantiva y efectiva. Los jueces encargados
de tales decisiones violan el derecho fundamental al debido proceso y a la
restitución de una persona cuando dejan de aplicar normas legales para la
protección de sus derechos como víctima, en clave constitucional. Así, por
ejemplo, la jurisprudencia ha tutelado los derechos de una persona en un
proceso de restitución, por cuanto el juez ordinario, con base en una
interpretación “irrazonable”, se negó a modular la sentencia y asegurar
los derechos involucrados.[96]
De forma similar, se ha protegido a las víctimas de funcionarios
administrativos o judiciales que violen sus derechos al debido proceso y al
adecuado acceso a la administración y a la justicia, por aplicar las normas
legales con exceso ritual manifiesto.[97]
3.4.5. Protección frente a la demora o
inacción de las autoridades competentes. La Corte ha tutelado los derechos
de una persona en situación de desplazamiento que busca el retorno a sus
tierras, cuando la Administración (la Unidad de Restitución, en este caso) no
ha hecho el estudio de microfocalización y tampoco responde los derechos de
petición donde se solicita que se adelanten las gestiones para garantizar el
retorno a su predio.[98]
3.4.6. Protección a segundos ocupantes de
predios dados en restitución. Al ser un tema que la legislación no trató de
forma correcta y suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia, se ha obligado a
los jueces a tomar medidas de protección adecuadas y necesarias.[99]
3.4.7. Protección frente a trámites
adicionales. La jurisprudencia ha cuestionado expresamente el impacto que
tiene sobre el derecho de acceso a la justicia de los reclamantes de tierras,
el exigir trámites administrativos, no contemplados legalmente, como requisito
para poder invocar la protección de un derecho. Así, en un caso concreto
reciente se dijo al respecto:
“(…)
las providencias judiciales cuestionadas incurren en los defectos sustantivo y
procedimental, pues fundamentan la negativa de darles trámite a las solicitudes
de restitución de tierras de los accionantes en el incumplimiento de requisitos
formales previstos en normas inaplicables al caso concreto, que se refieren al trámite
administrativo de inscripción de víctimas y predios en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y no a la solicitud de restitución de
tierras ante los jueces, regulada por el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.
Esa exigencia, a juicio de esta Sala de Revisión, representa además un exceso
ritual manifiesto que afecta los derechos al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso de los solicitantes.”[100]
3.4.8. Protección del principio de
adecuación. El principio de adecuación de los trámites propios de una
justicia transicional, supone que la aplicación de los procedimientos
judiciales no sea rígida ni estática. Se deben ‘adecuar’ los procedimientos a
las condiciones concretas y específicas que permitan asegurar y materializar el
goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas.[101]
3.4.9. Protección frente a ausencia de
procedimientos para ejercer un derecho. Se violan los derechos de las víctimas,
cuando por la falta de un procedimiento administrativo que debería existir, se
ponen en riesgo sus derechos, en especial, el derecho a la propiedad y a la
tierra. Expresamente, recogiendo su jurisprudencia, la Corte ha señalado al
respecto:
“Cuando una
autoridad municipal adelante el cobro de un impuesto predial a nombre de una
víctima de desplazamiento forzado, respecto de un inmueble objeto de abandono a
causa del conflicto armado, sin que se apliquen medidas de alivio tributario en
razón a la condición victimizante, bajo el argumento de que la localidad no
cuenta con un Acuerdo adoptado por el concejo municipal en el que se incorporen
dichas medidas, se desconoce el principio constitucional de solidaridad, y por
esa vía se vulneran al peticionario los derechos fundamentales a la igualdad
material y protección especial de la población desplazada, por hacer recaer
sobre la víctima las consecuencias de la omisión administrativa en que ha
incurrido tanto el alcalde, por no presentar ante el concejo respectivo un
proyecto de acuerdo que incorpore los mecanismos de flexibilización tributaria
—por ejemplo condonación o exoneración—, como el mismo concejo municipal por
abstenerse de tramitar de manera efectiva un Acuerdo en el que se adopten tales
mecanismos, en cumplimiento, además, de la obligación legal contenida en el
artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y de los precedentes jurisprudenciales de
esta Corporación.[102]”[103]
Esta posición judicial concuerda con la
adoptada recientemente por Salas de Revisión de la Corte, que siguen un camino
de solución similar.[104]
3.5. En síntesis, los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición son derechos fundamentales de aplicación
inmediata para personas que han sufrido los daños de la violencia generada por
el conflicto armado. Tanto la Constitución Política, como el marco
internacional de protección a los derechos humanos y la jurisprudencia
constitucional han reconocido el deber que tiene el Estado de brindar
mecanismos para restablecer los derechos en condiciones de dignidad. Concretamente,
el derecho a la restitución de tierras es una piedra angular del derecho a la
reparación que tiene toda víctima, el cual se ha protegido, al menos, en las
dimensiones mencionadas. Buena parte de los derechos de las víctimas han sido
desarrollados mediante un marco legal que tiene el propósito de imprimir mayor
eficiencia a los procesos de desmovilización y reparación de daños sufridos por
el conflicto. Estos márgenes legales se encuentran entre otras normas, en la
Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1592 de 2012, las cuales tienen diferencias
importantes,[105]
tanto sustancial como procedimentalmente, en materia de justicia retributiva y
justicia restaurativa. A continuación se resaltan algunas de estas diferencias.
4. Normas legales relevantes para
presentar reclamos de restitución de tierras
4.1. Ley 975 de 2005, ‘Por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios’.
4.1.1. El proceso de desmovilización que se
llevó a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) abrió la puerta para
la investigación y juzgamiento de una multitud de delitos cometidos en el marco
del conflicto armado. Para dar respuesta a un reto judicial de esta envergadura,
el legislador expidió la Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia y
Paz, con el propósito de “facilitar los
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.[106]
Posteriormente, la Ley 1592 de 2012, ‘por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005’, estableció la necesidad de aplicar “criterios
de priorización en la investigación y el juzgamiento” de las respectivas
conductas. Así, mediante estas leyes de naturaleza mixta se estructuró un
proceso penal especial distinto al proceso penal ordinario, en el cual los
miembros de grupos armados pueden aspirar a una pena privativa de la libertad entre
5 y 8 años, a cambio de contribuir efectivamente a la materialización de los
derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
4.1.2. El régimen
especial de justicia y paz se encuentra ajustado a la necesidad de ofrecer una
herramienta para la desmovilización efectiva de los grupos armados organizados.
La Ley 975 de 2005, con sus reformas, busca asegurar el goce efectivo del “derecho
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho
al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. La Ley,
que es de naturaleza mixta, contempla reglas y principios de investigación y
juzgamiento. Es una ley con elementos de carácter penal que contempla
mecanismos propios de una justicia transicional. Así, la Ley 975 de 2005
establece un procedimiento que se desarrolla en 8 etapas: (1) la
desmovilización, (2) la postulación, (3) el llamado a versión libre, (4) la
audiencia de formulación y aceptación de cargos, (5) la fase de investigación y
verificación por parte de la Fiscalía General, (6) la audiencia de formulación
de imputación, (7) el incidente de reparación integral a las víctimas y,
finalmente, (8) la sentencia.
4.1.3. En las
diferentes ocasiones en las que la Corte se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, ha tenido la posibilidad de resaltar
el carácter de justicia de transición que tiene esta política legislativa, como
legítimo instrumento de consecución de la paz, pero a la vez la necesidad de
que se aplique de forma tal que sirva para asegurar y materializar el goce
efectivo de los derechos de las personas que hayan sido víctimas del conflicto.
En efecto, para la Corte es razonable que el Legislador busque alternativas de
sanción a las clásicas penas privativas de la libertad, como medio para lograr
la paz, siempre y cuando al hacerlo se busque asegurar el goce efectivo a los
derechos de las víctimas; razón por la cual al estudiar su constitucionalidad algunas
normas fueron condicionadas.[107]
Se trata de un ordenamiento de carácter mixto, que sí pensaba en proteger los
derechos de las víctimas, pero no de la manera tan amplia y decidida como lo
hará posteriormente la Ley de Víctimas.
4.2. Ley de víctimas, (Ley 1448 de 2011) herramientas
para progresar en la protección de los derechos de las víctimas
4.2.1. La Ley 1448 de 2011, también llamada
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, constituye un avance en materia de
reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. A través de este
marco jurídico, el legislador adaptó elementos procedimentales a las
necesidades propias de las personas afectadas y dispuso una mayor participación
para ellas dentro de todo el proceso de reclamación. Con base en la experiencia
y el conocimiento adquirido, esta nueva política legislativa adopta medidas
para asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas. El artículo 1°
de la Ley 1448 de 2011 expresa claramente su objeto:
“La
presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio
de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación
con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de
víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales.”
La Ley es una caja de herramientas. Un
conjunto de medidas en beneficio de las víctimas. Las herramientas son de
diverso tipo y se les dan a diversas autoridades y personas. Permiten
actuaciones individuales, pero también colectivas. Pueden ser judiciales, pero
también administrativas o, por supuesto, ambas. Pueden ser medidas de carácter
social, pero también económico. Todo ello con un fin claro: ‘hacer efectivo
el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía
de no repetición’. Pero la Ley es aún más específica. Indica que el medio
que se usa para reconocer a las personas que han sido víctimas y dignificarlas,
es la materialización de sus derechos constitucionales. Una y otra vez el
Legislador lo establece: no es la protección retórica o en el papel de una ley
o de un programa público el que permitirá proteger a las personas que son
víctimas. Es a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
En tal medida, la Ley 1448 de 2011 encuentra su ‘fundamento axiológico’
en lo que es quizá el elemento estructural del estado social y democrático de
derecho: la dignidad humana.[108]
El trato digno a las personas, el acompañamiento y la comprensión de sus
situaciones y angustias. El trabajo efectivo, justo, ponderado, pero activo y
decidido de las autoridades es un elemento esencial para materializar los
mandatos constitucionales y legales.
4.2.2. El Legislador buscó, entre otros
fines, coherencia de la política legal de restitución de tierras, tanto con las
políticas generales de paz del Estado, como con las políticas y normas
concretas que se ocupan de la cuestión. En términos de la Ley se busca coherencia
externa, esto es, se “procura complementar y armonizar los distintos
esfuerzos del Estado para garantizar los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas, y allanar el camino hacia la paz y la
reconciliación nacional.” (art. 11, Ley 1448 de 2011). Pero también se
busca coherencia interna, en tanto se “procura complementar y
armonizar las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, con miras a allanar el camino hacia
la paz y la reconciliación nacional.” (art. 12, Ley 1448 de 2011).
4.2.3. La Ley establece cuáles son las
víctimas a las que concreta y específicamente se dirigen las medidas de
reparación. A saber: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.”[109]
Concretamente, se ocupa de regular cuáles son las víctimas a las que
expresamente se les reconoce el derecho a la restitución, a saber: “Las
personas que fueran propietarias o poseedoras de predios,
o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación,
que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a
abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren
las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de
enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la
restitución jurídica y material de las tierras
despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este
capítulo.”[110]
4.2.4. Con el fin de permitir a las víctimas
ejercer su derecho a un recurso judicial efectivo, la Ley 1448 de 2011 introdujo
importantes avances en materia sustancial y procesal dentro de los procesos de
reparación. Por ejemplo, la mención expresa de presunción de buena fe a favor
de las víctimas; la posibilidad de acceder a la restitución a través de prueba
sumaria; la facultad de las víctimas y sus familiares de adelantar por sí
mismas o por representación el trámite de reclamación; la extensión de las
alternativas de reparación con la introducción del proceso administrativo; la
facultad que tiene el juez de restitución de anular decisiones judiciales o
administrativas con el fin de garantizar la restitución del bien; entre otras. Es
un funcionario judicial con las herramientas suficientes y necesarias para
poder tomar decisiones a favor de las víctimas. Romper los nudos gordianos del
entramado legal, judicial y administrativo que impide el goce efectivo de los
derechos de las víctimas, en ocasiones incluso deliberadamente.
4.2.5. La ley de Víctimas incorporó dentro
del orden jurídico una serie de presunciones aplicables a “los predios
inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente” que
son parte importante del conjunto de herramientas para materializar el derecho
a la restitución de las víctimas del conflicto armado (art. 77, Ley 1448 de
2011). A saber:
(1) Presunciones
de derecho en relación con ciertos contratos, en especial, la presunción de
‘ausencia de consentimiento o de causa lícita’ de entregar o disponer de
la tierra.[111]
Esta cuestión se detalla ampliamente, ocupando no solo el primer numeral de la
norma, sino también el segundo. Así, se contempla una presunción de ausencia de
consentimiento o de causa lícita, que no impone a la víctima la carga de probar
que en su predio específico se produjeron directamente los actos de violencia o
de intimidación. Como la norma expresamente lo advierte se presume la “ausencia
de consentimiento o de causa lícita” en actos jurídicos como la
compraventa, mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho
real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles, por ejemplo, “en cuya
colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de
desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos”
para el momento en que, se alega, ocurrieron las amenazas o hechos de violencia
que llevaron al despojo o el abandono. De forma similar, en inmuebles “colindantes
de aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a las
amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera
producido un fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o
más personas, directa o indirectamente” o “inmuebles vecinos de aquellos
donde se hubieran producido alteraciones significativas de los usos de la tierra
como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos,
ganadería extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que
ocurrieron las amenazas, los hechos de violencia o el despojo.” [112]
(2) Presunciones
legales sobre ciertos actos administrativos; concretamente, la presunción
de que los actos que hayan pretendido legalizar una situación jurídica
contraria a los derechos de la víctima son nulos.[113]
(3) Presunción
del debido proceso en decisiones judiciales. Una vez probada la propiedad,
posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no se puede
desconocer porque hayan hecho tránsito a cosa juzgada la o las decisiones
judiciales que avalaran el despojo, “si el respectivo proceso judicial fue
iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el
desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso de que
trata esta ley.” Se presume que la violencia impidió a la persona
defenderse judicialmente de forma adecuada y, por tanto, las decisiones
judiciales previas pueden ser revocadas.[114]
(4) Presunción de
inexistencia de la posesión. Finalmente, la Ley 1448 de 2011, advierte que
cuando se hubiese iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución
durante el periodo previsto (entre el 1o de enero de 1991 y el término de
vigencia de la Ley), se presumirá que “dicha posesión nunca ocurrió”.
4.2.6. Así, esta ley, también de carácter
mixto, establece reglas y principios jurídicos en un contexto de transición. Específicamente,
esta ley se dedica a construir y ofrecer mecanismos que permitan hacer
efectivos los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la restitución
de tierras de quienes fueron despojados de sus tierras o tuvieron que
abandonarlas por temor, pues, la Sala insiste, el derecho a la restitución es
una parte estructural del derecho fundamental a la reparación.
4.3. Armonización de los regímenes
aplicables para la protección del derecho de restitución de tierras a las
víctimas del conflicto
La expedición de la Ley 1448 de 2011, la Ley
de Víctimas, no constituyó una reforma o modificación al régimen contenido en
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), el cual mantiene su vigencia con
las modificaciones introducidas posteriormente. La Ley 1448 de 2011 creó un
marco legal amplio y dedicado de forma precisa a las necesidades de las
víctimas del conflicto, particularmente, para aquellas que habían tenido que
afrontar el despojo o abandono de sus tierras por causa de la violencia. De
esta forma, como se dijo, quedaron dos caminos para lograr la reclamación del
derecho a la restitución. Por una parte, un incidente de restitución en el
marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), o un proceso de
restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). A
raíz de esta situación, el legislador profirió la Ley 1592 de 2012, con el
propósito de sincronizar ambos regímenes y tratar de superar los vacíos en
materia de protección que a su parecer quedaron expuestos luego de la entrada
en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.[115] Varias medidas
existen al respecto.
4.3.1. Armonización de los derechos de las
víctimas. Primero, se sincronizó el nivel y estándar de protección de los
derechos de las víctimas así:
“ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 6o de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así: Artículo 6o. Derechos de las víctimas. Las
víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. La
definición de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011.
Para estos efectos las víctimas tendrán derecho a participar de manera directa
o por intermedio de su representante en todas las etapas del proceso a las que
se refiere la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de
2011. La magistratura velará porque así sea.”[116]
4.3.2. Medidas para el esclarecimiento de
los hechos. En materia probatoria, para poder dar cuenta de los hechos
ocurridos en el contexto de violencia que hubieran llevado a afectar los
derechos de las víctimas, la Ley 1592 de 2012 incorporó un nuevo artículo a la
Ley de Justicia y Paz que dice lo siguiente:
“ARTÍCULO 11. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 15A del
siguiente tenor: Artículo 15A. Esclarecimiento del fenómeno de despojo de
tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Cuando la víctima haya denunciado el despojo o abandono forzado de sus
bienes por parte de los miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, el fiscal delegado en coordinación con las autoridades de policía judicial
y de conformidad con los criterios de priorización, dispondrá la realización de
las labores investigativas necesarias con el objetivo de esclarecer el patrón
de macrocriminalidad de despojo y abandono forzado de tierras. Lo mismo
procederá oficiosamente ante presuntos despojos o abandonos forzados de bienes
identificados por la Fiscalía General de la Nación.
Cuando
de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente
obtenida, la Fiscalía General de la Nación encuentre información relevante para
el proceso de restitución de tierras, la pondrá a disposición de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el
fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de
los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley 1448 de 2011.”[117]
El legislador impuso así, de forma expresa,
realizar “labores investigativas necesarias con el objetivo de esclarecer el
patrón de macrocriminalidad de despojo y abandono forzado de tierras”, lo
cual conlleva un claro deber de valorar adecuadamente el contexto de violencia
en que ocurrieron los hechos del caso. El segundo inciso por su parte, es
revelador de la intención del Legislador al ordenar que se comparta la información
obtenida. Si bien entiende y comprende que las reclamaciones de tierras se
pueden dar en virtud de los incidentes de Justicia y Paz o de los procesos
propios de la Ley de Víctimas y Restitución, esto es por dos caminos
diferentes, debe buscarse armonía entre los dos tipos de procesos. No solamente
lo buscó el Legislador al hacer modificaciones que permiten integrar
directamente la protección de los derechos fundamentales de las víctimas más
eficazmente, sino también al establecer el hecho de que la información recogida
debería ser compartida. En otras palabras, se busca una armonía entre el
destino de los derechos de las víctimas en una y otra ruta, no sólo con
relación a cuáles son los estándares aplicables normativos aplicables, sino
también por cuales son los elementos probatorios con que se cuenta para
decidir. Respetando las competencias funcionales y las diferencias de uno y
otro proceso, se busca que al compartir información los resultados en unos y
otros procesos sean razonablemente similares. Que los esfuerzos investigativos
que se dan en un lado sirvan para tomar mejores decisiones en el otro y,
además, que no se tengan que replicar.
4.3.3. Regla de remisión para la
restitución. Específicamente se modificó la manera como se comprendía el
derecho a la restitución de tierras. Originalmente, el artículo 46 de la Ley
975 de 2005 establecía la ‘restitución’ en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
46. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la
devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos.
Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia
y la devolución de sus propiedades. [de ser posible.]”
El aparte final de la norma originalmente
establecía que la ‘restitución’ incluía “la devolución de sus propiedades
de ser posible.” No obstante la Corte Constitucional decidió
declarar inexequible esta frase y tres expresiones similares, por limitar
desproporcionadamente los derechos de las víctimas. Esto dijo la Corte:
“[…] Así,
la persona que busca el beneficio de la ley, debe declarar la totalidad de los
bienes que puede aportar para reparar a quienes han sufrido por su causa.
Frente a este deber, la ley no puede avalar con expresiones ambiguas que se
oculten bienes con el fin de evadir el deber de reparar a las víctimas. || […]
Será entonces el juez quien defina la suerte de tales bienes e incluso de
aquellos otros que no fueron indicados al Estado en su debido momento pero que
hacen parte del patrimonio del procesado o que son bienes de procedencia
ilícita que este no denunció. Al respecto no sobra recordar que el derecho, en
un Estado democrático, tiene ya incorporados mecanismos que sirven
simultáneamente para evitar el fraude a la ley de quienes oculten sus bienes
sin exigir lo imposible. Son reglas básicas que guían la actividad del juez
pero cuya ambigua consagración en la ley bajo estudio genera importantes dudas
de constitucionalidad. Ciertamente, tal y como lo señalan los demandantes,
algunos intervinientes y el Procurador, las cláusulas parcialmente demandadas
pueden ser interpretadas de forma tal que al desmovilizado no se le exige
esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar su
patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente
identificados pero que no se encuentran en su poder. Este comportamiento no
honra en absoluto la obligación de reparar que la Constitución, las normas
civiles y los tratados internacionales exigen. Por esta razón, la Corte
declarará inexequibles las expresiones "cuando se disponga de ellos"
del numeral 11.5 del artículo 11, "si los tuvieren" del inciso
segundo del artículo 17, y "de ser posible" contenida en el
artículo 46.” [118]
Mediante el artículo 30 de la Ley 1592 de
2012 se actualizó la mención al derecho de restitución de las víctimas así:
“ARTÍCULO 30. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 46. Restitución. La
restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados
se llevará a cabo mediante el proceso establecido en la Ley 1448 de 2011 y las
normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Con
el objeto de integrar las medidas de justicia transicional, no habrá
restitución directa en el desarrollo de los procesos judiciales de que trata la
presente ley.”
Esta remisión amplia y general a la Ley 1448
de 2011 busca claramente igualar las protecciones a las víctimas en su derecho
de reparación, en su dimensión de derecho a la restitución de las tierras que
fueron perdidas en el conflicto.
4.3.4. Excepción limitada a la regla de
remisión. No obstante lo anterior, el legislador dispuso una excepción a la
regla general de remisión consagrada en el artículo 30 de la Ley 1592 de 2012
para la que las restituciones de tierras sean tramitadas según la Ley 1448 de
2011. La norma dice:
“ARTÍCULO 38. TRÁMITE EXCEPCIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL MARCO
DE LA LEY 975 DE 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley,
existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u
ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de
2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de
dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley
1448 de 2011.”
La Corte tuvo la oportunidad de estudiar la
constitucionalidad de remitir estos procesos de restitución de tierras en el
contexto de la Ley de Justicia y Paz a los procesos de tierras propios de la
Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Para la Corte esta remisión no es contraria
a la Carta.[119]
La excepción en sí misma considerada no fue objeto de controversia en esa
oportunidad.
No obstante, esta excepción a la remisión a
la Ley 1448 de 2011 no es total. De hecho, el artículo siguiente de la Ley 1592
de 2012 da las siguientes precisiones en cuanto a la restitución de bienes y
cancelación de registros:
“ARTÍCULO 39. RESTITUCIÓN DE BIENES Y CANCELACIÓN DE TÍTULOS Y
REGISTROS OBTENIDOS EN FORMA FRAUDULENTA. Cuando se configure la situación
excepcional de que trata el artículo 38 anterior, el magistrado con funciones
de control de garantías, en audiencia preliminar, surtirá el trámite de
restitución bajo las siguientes reglas:
Para
decidir sobre la restitución de los bienes despojados o abandonados
forzosamente y la cancelación de los títulos y los registros fraudulentos, el
magistrado con funciones de control de garantías dispondrá el trámite de un
incidente que se surtirá de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del artículo 17C de la Ley 975 de 2005, para garantizar el ejercicio del
derecho de contradicción y oposición de los terceros afectados, quienes deberán
demostrar su buena fe exenta de culpa. En caso de que los terceros logren
acreditar su buena fe exenta de culpa, el magistrado ordenará en su favor el
pago de las compensaciones previstas en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011,
con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas.
Durante
el trámite del incidente que se surtirá para la restitución de bienes
despojados o abandonados forzosamente, se podrán aplicar las presunciones de
despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, aunque los predios
no se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente. De igual forma, será aplicable la figura de las compensaciones en
especie y reubicación en los casos en que no sea posible restituir a la víctima
el predio despojado según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011,
con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas.
El
auto que ordene la restitución deberá contener los aspectos relacionados en el
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. A esta audiencia se deberá citar a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas– o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según
sea el caso.http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1592_2012.html
- top”
Así, los reclamantes de predios despojados o
abandonados continúan bajo los parámetros establecidos por el marco de justicia
y paz, pero con referencias y remisiones constantes a los estándares de
protección propios generales para las víctimas. Esto es, a partir de la Ley
1592 de 2012 se siguen llevando a cabo los incidentes de restitución en el
marco de los procesos de Justicia y Paz, pero con el deber de aplicar en tales
casos los parámetros propios de la Ley 1448 de 2011. La primera regla, que vale
la pena destacar, es que en el incidente de restitución de la Ley 975 de 2005 se
mantiene la posibilidad de dar a las víctimas la compensación contemplada en la
Ley 1448 de 2011, bajo el supuesto de que los “terceros afectados”
cumplan el deber de demostrar “su buena fe exenta de culpa”. La segunda
regla, importante para el proceso de tutela de la referencia, establece que se
pueden aplicar en el incidente “las presunciones de despojo previstas en el
artículo 77 de la Ley 1448 de 2011”, incluso si los predios no se
encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente.
En síntesis, es cierto que la Ley 1592 de
2012 incluyó una excepción a la remisión a la Ley 1448 de 2011 para adelantar
reclamos de restitución de tierras, conservando una diferencia de trato procesal
a un grupo de reclamantes, que deben acudir a las reglas procesales propias de
Justicia y Paz. No obstante, como lo muestra la última norma citada, la
intención del Legislador era que esta diferencia de trato procesal no se
tradujera en una diferencia en los estándares de protección. En otras palabras,
si bien el camino procesal es distinto, la importancia y el valor de los
derechos objeto de protección judicial en una y otra vía tienen la misma
importancia constitucional y se debe asegurar y garantizar su goce efectivo de
forma con el mismo celo.
4.3.5. Consciente de las cargas y efectos que
las legítimas protecciones a las víctimas pueden generar en los derechos de
terceros, la Ley 1448 de 2011 adoptó varias medidas con miras a proteger a
personas que hayan actuado con buena fe exenta de culpa. Así, se podrán
presentar oposiciones a las reclamaciones de tierras, aportando las pruebas de
“la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de
culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer
valer el opositor en el proceso”.[120]
Al estudiar la constitucionalidad de la expresión ‘exenta de culpa’ la Corte se
refirió expresamente a la tensión de derechos que pueden generar los procesos
de restitución de tierras con, por ejemplo, los segundos ocupantes. Dijo al
respecto:
“La
expresión ‘exenta de culpa’ contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la
Ley de víctimas y restitución de tierras es un elemento relevante del diseño
institucional del proceso, que obedece a fines legítimos e  imperiosos:
proteger los derechos fundamentales de las víctimas en materia de restitución
de tierras, revertir el despojo y desenmascarar las estrategias legales e
ilegales que se articularon en el contexto del conflicto armado interno para
producirlo.  ||  Sin embargo, esa medida general puede traducirse en una carga
desproporcionada o inequitativa para una población específica, protegida por el
derecho internacional de los derechos humanos, y acerca de la cual el
Legislador guardó silencio. Esa población está constituida por los segundos
ocupantes (personas que habitan en los predios objetos de restitución o derivan
de ellos su mínimo vital), que se encuentran en condición de vulnerabilidad y
que no tuvieron ninguna relación (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el
abandono forzado del predio.
Dada
la complejidad de los casos de restitución de tierras, en [términos] fácticos y
normativos, la Sala considera que corresponde a los jueces de tierras estudiar
estas situaciones de manera diferencial, tomando en consideración el conjunto
de principios constitucionales que pueden hallarse en tensión, entre los que se
cuentan los derechos de las víctimas y la obligación de revelar las distintas
estrategias del despojo, en el marco del derecho civil y agrario; el principio
de igualdad material; la equidad en la distribución, acceso y uso de la tierra;
el derecho a la vivienda digna, el debido proceso, el trabajo y el mínimo vital
de quienes concurren al trámite. […]”[121]
La Sala concluyó que existe un problema de
discriminación indirecta que afecta exclusivamente a los segundos ocupantes en
situación de vulnerabilidad y que no tuvieron relación (ni directa, ni indirecta)
con el despojo o el abandono forzado del predio objeto de restitución;
consideró, además, que este problema debe ser tomado en cuenta por los jueces
de tierras en el marco de sus competencias; e incorporó un conjunto de
criterios para la aplicación conforme de la ley de tierras a la Carta Política,
tomando en consideración que, en virtud de la complejidad de las tensiones
constitucionales que se dan en estos trámites y debido a la ausencia de un
órgano de cierre en la justicia de tierras, los funcionarios judiciales
requieren un conjunto de criterios orientadores para solucionar la situación
constitucionalmente problemática que se analizó en aquella providencia.[122]
La Ley 1448 establece que la sentencia que
resuelva la petición de restitución deberá decretar “las compensaciones a
que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de
culpa dentro del proceso”. En efecto, expresamente advierte que la
sentencia que se dicte deberá referirse “de manera explícita y
suficientemente motivada” a las órdenes que sean “necesarias para
garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso
sean compensadas cuando fuera del caso”, en los términos establecidos en la
Ley.[123]
El valor de las compensaciones deberá ser pagado a través del Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.[124]
4.3.6. Finalmente cabe mencionar que la Ley
1592 de 2012 también estableció relaciones con la Ley 1448 de 2011 a propósito
de la imposición de medidas cautelares sobre bienes para efectos de la
extinción de dominio, [125]
de medidas para saneamiento jurídico de los bienes frente a deuda tributarias,[126] y de medidas para la
protección de la memoria histórica contenida en los expedientes.[127]
4.3.7. En conclusión, la Corte Constitucional
advierte que mediante la Ley 1592 de 2012 el Congreso buscó armonizar la
protección del derecho de restitución de tierras, como parte esencial del
derecho fundamental a la reparación que tiene toda persona que ha sido víctima
del conflicto armado. En la mayoría de casos, los reclamos son tramitados por
las reglas propias de la Ley 1448 de 2011 especialmente diseñada para ello. No
obstante, existen algunos casos excepcionales, como el que se analiza en esta
ocasión, en el que los peticionarios entran dentro de la regla aplicable (art. 38,
Ley 1592 de 2012) que ordena adelantar tales reclamos de restitución a través
del incidente que para el efecto había contemplado la Ley 975 de 2005. En estos
eventos, los funcionarios judiciales respectivos deben ser especialmente
sensibles al deber de protección de los derechos de las víctimas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1592 de 2012, que remite
constantemente a los estándares de la Ley 1448 de 2011. Por tanto, los
funcionarios judiciales en estos eventos deben tener especial atención a las
tensiones y las dificultades que puedan surgir para materializar el goce
efectivo al derecho a la restitución. Teniendo en cuenta los hechos del caso,
las participaciones presentadas y las consideraciones hechas hasta ahora,
pueden identificarse algunas de las tensiones que los funcionarios que
adelanten excepcionalmente incidentes de restitución deben considerar y
valorar.
Naturaleza del
proceso y de la acción. El régimen procesal
contenido en la Ley 1592 de 2012 y la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es
de naturaleza mixta, pues establece un mecanismo con dimensiones penales, pero ajustado
a los estándares internacionales de justicia transicional. Da un lugar protagónico
a la Fiscalía General de la Nación y establece un nivel de rigor y formalidad
propia de un proceso en el cual está en juego la libertad de una persona, lo
cual puede implicar barreras una reclamación de restitución.
Alternativas de
reparación. Aunque el incidente de restitución en
el marco de Justicia y Paz no contemplaba la amplitud de medios que ahora
contempla la Ley 1448 de 2011, la Ley 1592 de 2012 se encargó de dejar abiertas
compuertas para la remisión y sincronización de las medidas a tomar en estos
excepcionales procesos con la Ley del 2011.
Facultades
judiciales. Los funcionarios judiciales encargados
de adelantar los excepcionales incidentes de restitución, deberán considerar
las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los caros derechos
fundamentales que son objeto de protección. Así, por ejemplo, con el fin de
brindar materialmente a todas las víctimas de despojo la misma protección
efectiva de sus derechos, se debe considerar aplicar las normas más pertinentes
y adecuadas llegando, incluso, a inaplicar una norma legal con base en una excepción
de inconstitucionalidad.
Definición de
víctima. En el marco de Justicia y Paz, la
categoría de víctima se centra en aquellas personas que fueron lesionadas de
manera directa por un acto tipificado en la ley penal y cometido por un grupo
armado organizado. Es preciso entonces, tener en cuenta la Ley 1448 de 2011 que
entiende esta categoría de forma más amplia, pues dentro de las víctimas no
sólo se incluyen a personas que sufrieron un daño directo por hechos violentos
del conflicto, sino también por haber sufrido afectaciones que constituyen “infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos”. La Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras permite presumir “la
buena fe de las víctimas”.
Mecanismos probatorios. En el marco de Justicia y Paz, las víctimas deben aportar los
medios de prueba que demuestren el daño directo sufrido como consecuencia de un
acto delictivo cometido en el marco del conflicto. Esto implica desplegar una labor
procesal que pruebe el nexo causal directo entre el despojo, abandono o venta
forzada y los actos intimidantes de los grupos armados organizados. Por
supuesto esto contrasta con la Ley 1448 de 2011, la cual permite que los
reclamantes puedan “acreditar el daño
sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado”. Por eso, se advierte que “bastará a la víctima
probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para
que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba”. Asimismo, la Ley de
Víctimas y Restitución impone el deber a los jueces de “acudir a reglas de
prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y
aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas”. En este
sentido, los funcionarios que excepcionalmente tramitan incidentes de
restitución de tierras en el marco de la Ley de Justicia y Paz deben acudir a
la definición del despojo o abandono forzado y a la Ley de Víctimas y
Restitución en lo que sea pertinente para asegurar el fin de la ley: asegurar el
goce efectivo del derecho a la restitución de las víctimas. Evitar que los
reclamos se pierdan y ahoguen en vericuetos procesales y administrativos.
Carga de la prueba. La estructura
penal que enmarca al régimen de Justicia y Paz pone la carga de la prueba en la
Fiscalía General de la Nación, lo cual implica que en buena medida la suerte de
la reclamación depende de las capacidades que tenga esa institución para demostrarle
al juez el nexo causal entre el despojo, abandono o venta forzosa, y los hechos
intimidantes por parte delos grupos armados organizados. Además, al tratarse de
un proceso que involucra a personas con ánimos de desmovilización, una parte importante
de lo probado se funda en los relatos que exponen los postulados y en los
hechos en los cuales quieran admitir su responsabilidad. En contraste, para la
Ley 1448 de 2011, que dispone que la recolección del material probatorio se encuentra
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y que cuyas afirmaciones gozan de plena presunción de buena
fe, la carga de la prueba se invierte. Dice al respecto:
“ARTÍCULO 78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la
prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como
desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del
despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se
opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución,
salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados
del mismo predio.”[128]
Es una aplicación de
la figura de la carga dinámica de la prueba, en la cual se reconoce la precaria
situación en la que se encuentran las víctimas del conflicto. Precisamente por
esa razón, la protección probatoria se aplica también a la persona a la que se
le reclama el predio, cuando estas personas también hayan sido víctimas de
despojo.
Presunciones de despojo. Es cierto, desde un punto de vista literal, que la
Ley 1592 de 2012 en su artículo 39 da al Juez la posibilidad de aplicar las
presunciones de la Ley 1448 de 2011, mientras que el artículo 77 de esta Ley de
Víctimas de 2011 advierte que en relación con los
predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente “se tendrán en cuenta” las presunciones. Es decir, mientras
que en el texto de la Ley de Víctimas se deja claro que se ‘deben’ tener en cuenta, en la Ley 1592 de 2012 se establece que el juez ‘puede’. Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos de
las personas que han sido víctimas del despójo son los mismos, sin importar cuál
sea el estatuto procesal que los garantice, se ha de interpretar armónicamente
ambas disposiciones. Así, cuando se dice que el funcionario judicial ‘puede’,
en el marco de la Ley de Justiticia y Paz (Ley 975 de 2005) según fue
modificada por la Ley 1592 de 2012, se ha de entender que se hace referencia a que el juez tiene la facultad, esto es, tiene la la competencia para aplicar las presunciones de la Ley 1448 de 2011, en el incidente de
restitución. Para esta Sala, la intención del artículo 39 de la Ley es dejar en
claro que en el incidente de restitución de la Ley de Justicia y Paz el
funcionario judicial tiene la competencia para para aplicar las presunciones. Por supuesto, tiene sentido que por
respeto a las competencias judiciales y a la independencia, se conceda al juez
la posibilidad de valorar los hechos y argumentos presentados, y no se impongan
las presunciones como una camisa de fuerza. No obstante, para la Sala es claro
que no se trata de una mera discrecionalidad. El que el juez ‘pueda’ aplicar
las presunciones no implica apelar a su voluntad y a su libre arbitrio. El
‘podrá’ hace referencia a una facultad judicial que ha de aplicarse
razonadamente, no a discreción, y siempre en función de la protección efectiva
de los derechos de las personas que hayan sido víctimas del conflicto. Es claro
que la posibilidad de tramitar excepcionalmente una restitución de tierras en
el contexto de la Ley de Justicia y Paz impone a los funcionarios judiciales un
especial deber de protección de los derechos fundamentales de las personas que
alegan haber sido afectadas por el conflicto armado. El trato procesal
diferente entre los incidentes de Justicia y Paz y los procesos de restitución
de la Ley de Víctimas no puede llevar a un doble estándar de protección constitucional.
Desde el punto de vista constitucional, las víctimas tienen derecho a una igual
protección de sus derechos sin discriminación alguna. Eso reclama la
Constitución y las leyes aplicables. Por último, cabe resaltar que estas
presunciones se extienden a las reclamaciones de tierras que se tramitan en el
contexto de la Ley de Justicia y Paz como un trámite aparte, no al ámbito de la
definición de la responsabilidad penal, dentro del cual se requiere de plena
prueba.
Protección a segundos ocupantes. Por último, como se dijo, las garantías a
terceros de buena fe que vienen ocupando o explotando terrenos dados en
restitución, en el contexto de la Ley 1148 de 2011, han sido defendidas por la Corte
Constitucional (sentencia C-330 de 2016).[129] En el análisis de vulneración
a derechos humanos de las víctimas, dichas garantías pueden ser aplicadas a las
víctimas en los incidentes de justicia y paz, a pesar que la Ley 1592 de 2012
no lo haya establecido así expresamente. Una interpretación sistemática, en
favor de las víctimas, permite llegar a esa conclusión.
4.3.8. En virtud de
lo expuesto, se puede observar que la Ley 1592 de 2012 logró armonizar las
garantías contenidas en la Ley 1448 de 2011 para víctimas incursas en procesos
de restitución de tierras. No obstante, este avance no cobijó a los
solicitantes que estaban incursos en procesos de reclamación de tierras en el contexto
de Justicia y Paz y, al momento en que entró en vigencia la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, se había dado el supuesto que daba da lugar a la
excepción de tener que tramitar el incidente de restitución de la Ley 975 de
2005. Así, a pesar que el margen de protección haya sido extendido con el fin
de unificar criterios y garantías, actualmente existe un grupo de personas que excepcionalmente
continúan bajo un régimen legal que en principio exige una diligencia
probatoria con estándares propios del derecho punitivo. Es preciso que en uso
de las especiales competencias concedidas en la Ley 1592 de 2012 y la
Constitución Política, los funcionarios judiciales competentes tomen las
medidas adecuadas y necesarias para asegurar el fin constitucional imperioso de
asegurar el goce efectivo del derecho, hasta donde sea posible, a las víctimas
del conflicto armado.
4.4. Vistos los
aspectos básicos del sistema de protección legal vigente del derecho de
restitución de tierras, como desarrollo del derecho de reparación, relevantes
para resolver el caso de la referencia, pasa la Sala a resolver las cuestiones
planteadas.
5. Los derechos
al debido proceso de los accionantes fueron desconocidos por la providencia que
resolvió confirmar la decisión de negarles la petición que habían presentado en
el trámite de un incidente de restitución de tierras, bajo la Ley de Justicia y
Paz (Ley 975 de 2005)
5.1. Para la Sala Plena de la Corte
Constitucional, los derechos de los accionantes fueron violados por la
providencia judicial acusada. La decisión de segunda instancia de haber negado
el reclamo de restitución de tierras, se tomó empleando estándares (legales y
judiciales) previos a los desarrollos normativos de protección de los derechos
de las víctimas. No se siguió el propósito del legislador de asegurar el goce
efectivo a la protección de los derechos de las personas que presentan un
reclamo de tierras, en desarrollo de los derechos constitucionales
fundamentales en juego. En su lugar se aplicó una norma de carácter
reglamentario previa. Como resultado del dejar de aplicar los estándares
jurídicos pertinentes, se impuso una carga probatoria inadecuada para una víctima
y contraria a sus derechos procesales y, en consecuencia, se afectó la
valoración apropiada del acervo probatorio y se dejó de brindar una protección
efectiva a los derechos de los accionantes.
Como se pasará a mostrar a continuación, la
respuesta al primer problema jurídico que fue planteado con relación a este
caso es afirmativa. Esto es, una autoridad judicial viola el derecho al debido
proceso de un reclamante de tierras en el contexto del conflicto armado, al
negar una petición de cancelar registros fraudulentos y la restitución de los
predios reclamados, cuando aplica como parte del marco regulativo básico, una
norma derogada que no contempla las protecciones de los derechos de las
víctimas de despojo (artículo 14 del Decreto 4760 de 2005) [defecto
sustantivo]. En tales casos, corresponde darle prelación a la aplicación de
reglas y principios constitucionales o legales cuyo objeto principal es
asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado
ante el reclamo de sus tierras.
5.2. Tal como lo sostienen
los accionantes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidió el caso de la referencia empleando, entre otras, una norma que se
encontraba derogada. En efecto, una de las normas que resalta la providencia
acusada al momento de determinar cuál es el marco legal aplicable al caso, es el
artículo 14 del Decreto 4760 de 2005, ‘Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 975 de 2005’ (diciembre 30).[130] Esta
norma, a pocos meses de expedida fue derogada parcialmente por el Decreto 3391
de 2006, también denominado ‘Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975
de 2005’ (septiembre 29).[131]
Finalmente, hace cuatro años, el Decreto 4760 de 2005 fue completamente
derogado por un decreto nuevo, que se ocupa de regular armónicamente la
legislación en materia de restitución de tierras en el marco del conflicto
armado, a saber, el Decreto 3011 de 2013, ‘por el cual se reglamentan las
Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012’. A diferencia del decreto
de 2005 que regulaba sólo la Ley de Justicia y Paz, el del 2013 reglamenta
aquella de manera integral con la Ley de Víctimas de 2011 y con la que armonizó
ambas en el 2012 (Ley 1592). En este caso la derogatoria fue total:
“Decreto 3011 de 2013, Artículo 99. Vigencia y derogatorias. El presente
decreto rige a partir de su promulgación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los
Decretos 4760 de 2005, 3391 de 2006, 2898 de 2006, 4417 de 2006, 3460 de 2007,
423 de 2007, 551 de 2007, 176 de 2008, 880 de 2008, 1364 de 2008, 614 de 2009 y
299 de 2010.”
5.2.1. Es claro
entonces, que asiste la razón a los accionantes cuando alegan que la
providencia acusada empleó una norma derogada. Como lo evidencia el texto de la
providencia acusada, es claro que sí se usó la norma derogada como un referente
normativo aplicable importante, que ayudaba a definir el estándar de prueba al
que se sometería el reclamo de restitución de los accionantes, quienes reclaman
su condición de víctimas del conflicto armado. Luego de (i) indicar que los derechos
de las víctimas ‘en las actuaciones judiciales del proceso penal de justicia y
paz’ se desarrollan según la Ley 975 de 2005, (ii) de hacer mención al artículo
30 de la Ley 1592 de 2012, y (iii) de referirse a la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sobre el derecho de restitución,
establece el estándar probatorio al que se someterán las víctimas del proceso
así:
“Por manera que es criterio de esta Sala, que quien pretenda
la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen
de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal
del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no siendo suficiente
enunciar tal calidad, lo cual resulta del todo consonante con el contenido del
artículo 14 del Decreto 4760 de 2005, reglamentario, que consagró:
Cuando la víctima considere que fue despojada
ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho
real o precario sobre un bien como consecuencia de una conducta punible
cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que
se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005 y pretenda
la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de
reparación integral, cuyo trámite decisión y efectividad se regirán por lo
dispuesto en la citada ley.”[132]
5.2.2. No se trató
de un uso casual o accesorio, pues se trataba de una norma que había sido
definida como parte esencial del marco normativo aplicable al caso. En el
apartado 2.1 de las consideraciones de la providencia acusada, se aborda la
cuestión así:
“Surtidos los debates de rigor en el acaecer legislativo se
aprobó y promulgó la Ley 975 de 2005, ‘Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.’ || Se condensan en ese
cuerpo legal las reglas jurídicas que gobiernan lo que se ha denominado proceso
de justicia transicional o proceso penal de justicia y paz, con sucesivas
reformas o complementaciones para su implementación y ejecución, entre las
cuales valga mencionar por su trascendencia en aspectos de la esencia de dicho
proceso las leyes 1424 de 2010, 1448 de 2011 y 1592 de 2012; y los decretos
4760 de 2005, 2898, 3391 y 4417 de 2006; 315 y 423 de 2007, 174 [sic],[133] 880,
1290, 1364 y 4719 de 2008; 1733 de 2009
Y de manera destacada el Decreto 3011 de 2013, que se expidió
con el fin de articular lo previsto en los otros previos citados, y asegurar la
aplicación coherente del sistema normativo.”[134]
Pese a destacar la
importancia del Decreto 3011 de 2013, la providencia acusada no advierte que ocho
de los decretos citados como marco normativo de los derechos de restitución de
las víctimas fueron derogados, precisamente, por el Decreto 3011 de 2013. A
saber: los Decretos 4760 de 2005, 2898 de 2006, 3391 de 2006, 4417 de 2006, 423
de 2007, 176 de 2008, 880 de 2008, 1364 de 2008.[135]
Tampoco advierte la providencia acusada que el Decreto 3011 de 2013 no tiene
como función asegurar la aplicación coherente de esas normas que se acababan de
identificar como el ‘sistema normativo de justicia y paz’, sino la aplicación
coherente de esas normas con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley
1448 de 2011) y la ley de armonización de ambos sistemas de protección (Ley
1592 de 2012). Así, en tanto la providencia no advierte que los Decretos en
cuestión están derogados, además del artículo 14 del Decreto 4760 de 2005,
también usa el artículo 2° del Decreto 3391 de 2006.[136]
5.2.3. La Sala destaca
que las sentencias citadas como marco del derecho de restitución a las víctimas
en el marco de Justicia y Paz son anteriores a la Ley 1592 de 2012. Dice al respecto:
“Es
por eso por lo que respecto del derecho a la restitución a favor de las
víctimas, siguiendo la referida regulación, se puntualizó en CSJ SP, 30 mar.
2011, rad. 34415; CSJ SP, 8 jun. 2011, rad. 35185; CSJ SP, 1 feb. 2012, rad.
37972; y CSJ SP, 21 mar. 2012, rad. 38178, entre otros proveídos lo siguiente:
[…] || […]
Entonces, lo primero que debe demostrar quien pretenda, entre otras
cosas, la reparación de los agraviados inferidos por un grupo ilegal, es la
condición de víctima, porque no basta con afirmar tal circunstancia.”[137]
La sentencia más
reciente que se cita como marco jurisprudencial que se debe tener en cuenta es
de 21 de marzo de 2012,[138]
lo que quiere decir que es un análisis jurisprudencial que no tuvo en cuenta la
Ley 1592 de 2012, pues la misma se expidió el 3 de diciembre de aquel año. Por
supuesto, es una posición jurisprudencial que tampoco pudo tener en cuenta el
posterior Decreto 3011 de 2013.
5.3. Esta
preferencia por aplicar normas reglamentarias derogadas, en lugar de recurrir a
las normas constitucionales y legales pertinentes para la definición del
alcance del derecho a la restitución de las personas que alegan haber sido
desojadas de sus tierras durante el conflicto armado, llevó a la decisión
judicial acusada a imponer un estándar probatorio muy alto, lo que implicó
someter a los accionantes a un rigor procesal que no se compadece con las
decisiones constitucionales y legales de asegurar y materializar el goce
efectivo del derecho a la reparación de las víctimas, en especial de su derecho
de restitución.
5.3.1. De esta
manera, dejó de lado las presunciones diseñadas con el fin de invertir la carga
de la prueba, para que no sean los trabajadores agrarios y los pequeños
propietarios los que tengan que demostrar su dicho, sino que sean los grupos
ilegales o los actores públicos o privados que interactuaban en la zona, los
que asuman la carga de la prueba. Así, por ejemplo, no se exigía que se
desvirtuaran las presunciones o los alegatos de los accionantes, sino que era a
ellos a quienes se les exigía probar. La Sala de Casación Penal consideró que
la providencia del incidente de restitución que en segunda instancia les
correspondió analizar, no incurrió en violación alguna, porque concluyó
adecuadamente que no se había demostrado lo dicho por los accionantes.
Concretamente dijo al respecto:
“[…] las conductas que en este caso se atribuyen a los
irregulares que operaban en la zona de la vereda Guacamayas del corregimiento
Belén de Bajirá en el municipio de Mutatá – Antioquia, pertenecientes al Bloque
Arles Hurtado de las Autodefensas Campesinas del Urabá, al mando de Raúl Emilio
Hasbún Mendoza y Dalson López Simanca, en si la ejecución del delito de
desplazamiento forzado de personas y sus grupos familiares, no aparecen
probadas conforme el análisis previo y teniendo como obligatorio referente el
texto legal que define ese reato, el artículo 180 del Código Penal.
[… no se encontraron] en el expediente allegado referentes de
prueba que permitan aseverar que es cierto que los mencionados ahora
reclamantes padecieron esa infracción, si se remita atención a otras personas
de la vereda Guacamayas que por idéntica época en la que se produjo el
desarrollo del proyecto de la sociedad ‘Las Guacamayas Ltda.’ Vivía allí y
afrontaron las mismas circunstancias que los interesados en este trámite.
[…] || […]
[…] la representación de Inmobiliaria e Inversiones ASA SA,
[indicó] que la Fiscalía no probó cuantos predios conformarían la vereda
Guacamayas, ni cuántos de ellos fueron adquiridos por la sociedad ‘Las
Guacamayas Ltda’; ni otros medios de convicción para poder calcular con
objetividad, el posible fenómeno ilícito del desplazamiento forzado en esa
comarca.
[…] || No se probó que los reclamantes fueron objeto de
despojo de sus bienes inmuebles, a pesar de lo que adujeron repetidas veces la
Fiscalía y los apoderados de las presuntas víctimas, no delimitando con
precisión esa posible consecuencia del delito de desplazamiento,”
5.3.2. La Sala de
Casación Penal acepta lo evidente, a saber, “la presencia en la zona de
presuntos grupos paramilitares”, pero advierte que “no por eso y de por
sí se convierten los reclamantes en sus víctimas, resultando imperioso
determinar que el postulado en la presente actuación participó en los actos de
despojo de los predios, no aportando las partes pretendientes la evidencia para
arribar a un juicio definitivo declarativo de convicción judicial de esa
naturaleza.”[139]
Esto es, para la Sala de Casación Penal eran las víctimas las llamadas a probar
cada uno de sus dichos. Es claro entonces el impacto de haber derivado un
estándar de prueba a partir de normas reglamentarias derogadas y sentencias anteriores
a la Ley 1592 de 2012, cuyo objeto fue, precisamente, armonizar las reglas de
protección en los procesos de restitución. Así, a los accionantes se le impuso
en este caso un estándar de prueba que impone barreras y obstáculos para el
acceso a la justicia y al goce efectivo de sus derechos. Para las cancelaciones
de los títulos solicitadas por los accionantes, por ejemplo, se consideró que:
“[…] resultaba indispensable que se arribara a la
demostración de los elementos objetivos del tipo penal motivante de la
fraudulenta inscripción en el registro inmobiliario, careciendo la instancia
judicial de la posibilidad de hacer esa declaración en cada uno de los casos
expuestos, pues, se itera, las falencias e inconsistencias derivadas del examen
interno como externo de los medios de prueba acopiados, no permite aseverar
configurados los ingredientes objetivos del ilícito de desplazamiento forzado.
|| A ese efecto, reitérese que ese delito implica una conducta arbitraria que
para el caso requería demostrar hubiese sido cometida por parte del postulado o
algún(s) integrante(s) del grupo armado ilegal bajo su guía, no acreditándose
en los términos conocidos por las presuntas víctimas o por otros medios de
conocimiento, la caprichosa disposición de actos de crimen, intimidación,
terror, etc., de manera injusta e indiscriminada contra la población de la
vereda Guacamayas de Mutatá – Antioquia, lo que no lleva a descartar aquellos
hechos de naturaleza delictiva narrados por algunos de los reclamantes que, sin
embargo, se muestran específicamente orientados en contra de los pertenecientes
a indistintas y también ilegales agrupaciones guerrilleras, tildados enemigos
naturales de las autodefensas.
Entonces, no es posible afirmar, sin lugar a equívoco, que
esas acciones aisladas, aun vistas en conjunto, tendieran decididamente a
afectar a toda la población de la zona, sin distingo, así fuera que solamente
uno o algunos de ellos cambiaran el lugar de su residencia.”[140]
5.3.3. Así pues,
ante la imposibilidad de probar su dicho, la Sala de Casación concluye que las
personas accionantes quieren hacer pensar que se les sometió a violencia a la
que realmente no se les sometió. La fuerte acusación en su contra, por tanto,
consiste en indicar que los accionantes engañaron a la justicia, en tanto, “(…)
asumieron posturas tendientes a hacer creer que padecieron el flagelo de la
violencia paramilitar, con influjo en la libre disposición de los terrenos
antaño de su propiedad, para alcanzar por este medio excepcional el
restablecimiento de los derechos legal y regularmente trasferidos.”[141] Este
tipo de afirmaciones deben ser evitadas por los jueces de restitución, salvo
que se tenga plena prueba de su certeza, en tanto pueden convertirse en formas
de revictimización de las personas que sufrieron el rigor del conflicto armado.
5.3.4. Finalmente,
cuando ya está concluyendo la providencia judicial acusada, la Sala de Casación
Penal resuelve considerar las presunciones en favor de reclamantes de tierras
de la Ley 1448 de 2011, en los siguientes términos:
“En reforzamiento de lo dicho en precedencia, llega la Sala a
concluir que consecuencia lógica de todo lo que se viene de explicar es que las
presunciones de que trata el artículo 77-2 literales a. b. y d. de la Ley 1448
de 2011, no se pueden tener por ciertas debido a que sus premisas estructurales
aparecen desvirtuadas con los medios de prueba comentados, de forma tal que las
consecuencias jurídicas aplicables por virtud legal no son procedentes en la
forma que se predica por la Fiscalía y los reclamantes.”[142]
En lugar de aplicar
desde un comienzo las presunciones a que los reclamantes de tierras tienen
derecho e imponer a los demás, salvo las excepciones consideradas, que las
desvirtuaran y probaran lo contrario, se aplicó un alto nivel de prueba que
debía ser cumplido. Al no haberse cumplido el nivel probatorio, la providencia
acusada señala que las pruebas aportadas llevan a concluir que las personas
acusadas no incurrieron en los actos que se les indilgaron. Finalmente, y sólo
cuando se ha ‘demostrado’ que no hay lugar a la restitución con base en ese
alto estándar, es que la providencia resuelve considerar las presunciones a
favor de las víctimas de reclamos tierras. Por supuesto, al ya haberse
concluido el debate probatorio en contra de los reclamantes, simplemente se
advierte que las presunciones ya fueron desvirtuadas.
5.3.5. La Sala de
Casación Penal resolvió dar amplia credibilidad a las declaraciones del señor
Hasbún Mendoza,[143]
de Dalson López Simanca,[144]
y de los socios y empleados de ‘Las Guacamayas’,[145] las
cuales no se contrastan de manera amplia con el contexto, pues se buscan
pruebas del nexo causal directo. A la vez, la providencia pareciera minimizar las
declaraciones de los accionantes, como ocurre por ejemplo, con relación a las
condiciones en las cuales se llevaron a cabo los negocios, precisamente porque
no cumplen los altos estándares de prueba fijados.[146]
5.4. Para la Sala
Plena de la Corte Constitucional los argumentos de la Fiscalía dentro del
proceso, muestran un contexto no valorado adecuadamente en razón al alto
estándar de prueba fijado. Aunque no se presentan sus argumentos de manera
completa, lo recogido en la providencia cuestionada en el presente proceso de
tutela evidencia los razonamientos que muestran la tensión a la que se ha hecho
referencia.
5.4.1. En la
providencia cuestionada por los accionantes, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, retoma la participación de la Fiscalía para indicar
las razones que se presentan para mostrar que existen elementos de juicio que
permiten concluir la afectación a los accionantes.[147]
Según el resumen de la providencia en cuestión, la Fiscalía no discutió “la
incursión violenta de las autodefensas en el Urabá antioqueño” pues es “un
hecho notorio exento de prueba”. No obstante, expresamente aceptó que “era
necesario demostrar” que al llegar los paramilitares, se “alteró
gravemente el orden público con permanentes desapariciones de personas,
homicidios, torturas y amenazas, que generaron miedo en los campesinos
obligándolos a abandonar su tierras”; esto debido a que “el postulado
Raúl Emilio Hasbún Mendoza negó que los enfrentamientos con la Guerrilla en la
vereda ‘Guacamayas’ causaran el desplazamiento forzado de sus habitantes en los
años 1996 y 1997”. A partir de todos los medios de prueba allegados, de lo
dicho por Hasbún Mendoza, Iván Darío Vélez Correa, los gestores de las
transacciones y las víctimas reclamantes, advierte la providencia acusada, la
Fiscalía señaló que el grupo comandado por Hasbún Mendoza buscaba el dominio
territorial y militar de la zona, por lo cual tomó acciones violentas al
respecto. Las ventas censuradas se hicieron “entre los meses de mayo de 1996
y agosto de 1997, justamente cuando los irregulares incursionaron allí, y no
antes cuando había presencia guerrillera, coincidiendo en todo caso con la
época que el proyecto de ganadería extensiva promovido por Lopera Galindo se
empezaba a gestar.”
5.4.2. La
providencia acusada también puso de presente que la Fiscalía fundó su reclamo
de apoyo a la restitución de la tierras de los accionantes en el presente
proceso en el informe de contexto de la Comisión Colombiana de Juristas (2009),
“aportado para estudio, que enseña que el conflicto por tierras es
estructural en el caso del conflicto colombiano y que entre 1995 y 1997 los
grupos ilegales que actuaron en Urabá se dedicaron al despojo masivo mediante
atentados contra la vida e integridad personal y de las familias de los que se
negaron a ceder sus parcelas a cambio de irrisorias cantidades de dinero,
abocándose el desplazamiento; lo cual también fue constatado, dice, por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999, sin precisar el origen o
la posibilidad de corroborar esa afirmación.”[148]
5.4.3. Según la
providencia cuestionada, la Fiscalía resaltó que aunque el jefe paramilitar de
la zona dijo que “no ordenó el desalojo de tierras ni el desplazamiento de
campesinos”, también reconoció que “indeterminadas personas decidieron
marcharse de la zona por miedo a los enfrentamientos entre la guerrilla y las
autodefensas”. Aunque algunos de los hechos ocurridos en la zona no han
podido ser esclarecidos con precisión, la Fiscalía hizo referencia a la
evidencia con la que se cuenta al respecto.[149] Así, la providencia indicó el
señalamiento del ente acusador a que “según los datos del Sistema de
Información de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en el
corregimiento de Belén de Bajirá en 1996 se presentaron 23 casos de
desplazamientos y/o constreñimiento ilegal, 10 homicidios y 4 desapariciones,
mientras que en 1997 los números de dichos delitos, en el mismo orden, fueron
de 43, 26 y 5.”[150]
5.4.4. Como lo
retoma la providencia cuestionada en sus antecedentes, la Fiscalía reconoce que
el señor Hasbún Mendoza dice no haber recibido apoyo alguno del proyecto
agroindustrial Las Guacamayas, pero a la vez, resalta que existen afirmaciones
de la misma persona que llevan a conclusiones diferentes.[151]
5.4.5. De las
declaraciones aportadas al proceso, advierte la providencia acusada, la
Fiscalía concluyó que “antes de la incursión paramilitar la comunidad de la
vereda Guacamayas se dedicaba a labores agrícolas, había guerrilla pero la
convivencia era tranquila y la población podía movilizarse libremente tanto en
la zona urbana como rural.” También permitieron concluir al ente acusador
que en “1996 con la llegada de las autodefensas, por su crueldad extrema
llamados los ‘mocha cabezas’, se genera un estado de pánico en toda la región
por la desaparición de personas, secuestros, torturas, amenazas o asesinatos,
que causan el desplazamiento masivo de habitantes […]”.[152] La
Fiscalía expuso razones que, a su juicio, evidencian un contexto de negociación
viciado e indicios concretos en algunos de los casos específicos que se
estudian.[153]
5.4.6. Finalmente,
la providencia acusada indica que en el caso concreto, para la Fiscalía, no se
dan las condiciones de buena fe exenta de culpa a favor de los compradores del
proyecto Las Guacamayas.[154]
Para el ente acusador, en el presente caso no se configura el concepto de buena
fe cualificada, a la luz de los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional (se cita la sentencia C-740 de 2013); “no bastaba con
realizar el estudio de los títulos de propiedad, pues debieron hacerse
averiguaciones que permitieran establecer la voluntad real de los vendedores de
transferir el derecho de dominio”, en especial cuando “era de público
conocimiento que las tierras negociadas pertenecían a personas humildes que
fueron víctimas de desplazamiento forzado producto del conflicto armado entre
la guerrilla y los paramilitares”.[155]
5.4.7. No
corresponde a esta Sala evaluar las pruebas aportadas al incidente de
restitución que dio lugar al reclamo de tutela de la referencia. No es de su
competencia. Por eso, ninguna de las afirmaciones recogidas en esta sentencia,
bien sea que las haya hecho esta Sala u otra persona o institución, puede
entenderse como una valoración acerca de los hechos del caso. Analizar los
hechos del caso y llegar a una decisión es deber del juez natural, no del juez
de tutela.  Lo que sí le corresponde a esta Sala es verificar que el alto estándar
de prueba que se exigió en el proceso analizado, impidió valorar adecuadamente
el contexto fáctico en el cual ocurrieron los hechos, así como también impidió dar
aplicación cabal a las presunciones y demás beneficios procesales para las
víctimas, para asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Se
busca evitar discriminaciones en el trato de los derechos de las víctimas que
recurren a los procesos de Restitución de Tierras y los incidentes de
restitución en el marco de Justicia y Paz.
5.5. En conclusión,
Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, los derechos de los accionantes
fueron violados por la providencia judicial acusada de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues se tomó empleando estándares
(legales y judiciales) previos a los desarrollos normativos de protección de
los derechos de las víctimas, en vez de seguir el propósito del legislador de
asegurar el goce efectivo a la protección de los derechos de las personas que presentan
un reclamo de tierras. Como resultado del dejar de aplicar los estándares
jurídicos pertinentes, se impuso una carga probatoria inadecuada para una
víctima y contraria a sus derechos procesales. Se afectó la valoración
apropiada del acervo probatorio y se dejó de brindar una protección efectiva a
los derechos de los accionantes. Esto quiere decir que tanto el defecto
sustantivo como el defecto fáctico alegados, se verificaron en el presente
caso.
5.6. Por último, el
tercer problema jurídico también se resuelve de forma afirmativa. Esto es, se desconoce el derecho fundamental a la igualdad y al
recurso judicial efectivo de las víctimas del conflicto armado que reclaman sus
tierras en el contexto de un proceso de justicia y paz (con base en las normas
legales aplicables para el trámite incidental respectivo),[156] cuando a personas que
se encuentran en una situación fáctica similar (en el mismo contexto y lugar), se
les da una protección efectiva mayor, en especial, en las reglas sobre
valoración de las pruebas, por la única razón de que su reclamo lo presentaron mediante
un estatuto procesal distinto (proceso de reclamación de tierras, según la Ley
1448 de 2011). Es una violación directa de la Constitución.
5.6.1. La protección
judicial del goce efectivo de los derechos fundamentales de dos personas que
fueron víctimas, en las mismas circunstancias fácticas y en el mismo contexto,
no puede ser diferente únicamente en razón a que se trata de personas que cuyos
derechos están siendo tramitados por reglas procesales diferentes. Como se
mostró, tanto la jurisprudencia constitucional como la legislación han
reconocido que bajo el orden constitucional vigente la especial protección de
la dignidad de las víctimas supone, entre otros aspectos, garantizarles un
trato igual. La protección que se les dé se ha de hacer sin discriminación. En
especial, cuando la dignidad de la persona depende de la garantía de facetas
prestacionales de un derecho fundamental, que deben avanzar progresiva y
programáticamente, pero siempre sin discriminación.
5.6.2. La
jurisprudencia constitucional ha reconocido de forma pacífica y reiterada el
amplio margen de configuración del legislador en materia de procedimientos.[157] Es
su facultad y función establecer las reglas procedimentales que considere
adecuadas y convenientes para asegurar el goce efectivo del derecho de acceso a
la justicia, y de los demás derechos que se instrumentalizan y garantizan a
través de éste. Por eso, a primera vista (prima facie) no parece
inconstitucional que el derecho de dos personas, que fueron víctimas del
conflicto armado, sea tramitado por medios de procedimientos diferentes. Aunque
la Sala no está adelantando un juicio de
constitucionalidad, sí puede advertir que a la luz de la jurisprudencia, la
existencia de diversos procesos para proteger a la víctimas, por sí misma (per
se) no es inconstitucional.
5.6.3. El
legislador, desarrollando normativamente los derechos de las personas que
fueron víctimas del conflicto armado, dejó expresa su voluntad: establecer una
diferencia de trato entre las víctimas en cuanto al procedimiento a seguir para
reclamar sus tierras, con base en el criterio de si el proceso de reclamación
ya estaba en trámite y ya se habían tomado decisiones y medidas previas con
respecto a la tierra en controversia, siempre y cuando se otorgara el mismo
nivel de protección efectiva a los derechos. En efecto, como se mostró
previamente en las consideraciones de esta sentencia (ver capítulo 4, tercera
sección) el primer procedimiento establecido fue el de
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), el segundo fue el de la Ley de
Víctimas (Ley 1448 de 2011), que estableció el criterio de cuándo debía
adelantarse un proceso y cuando el otro. Posteriormente, el legislador profirió
la Ley 1592 de 2012 para unificar los criterios de uno y otro proceso y
asegurar la igual protección judicial al goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas que hubiesen sido víctimas. Como se resaltó, la
Ley 1592 de 2012 armonizó el alcance de los derechos de las personas que
hubiesen sido víctimas del conflicto armado (art. 6). Modificó el primero de
los procedimientos establecidos para asegurar que las pruebas e información
recaudada en uno sirvan en el otro procedimiento también, de tal manera que se
brinde protección efectiva a las personas que sean afectadas por los mismos contextos de violencia (art. 11). Estableció
el segundo procedimiento de restitución (el de la Ley 1448 de 2011) como el principal,
de tal suerte que los que se adelanten por la vía procesal anterior (Ley de
Justicia y Paz) serán casos excepcionales y residuales, que se llevan por esa
vía, en tanto ya eran procesos en una etapa avanzada (arts. 30 y 38). Pero el
trato igual no sólo se debe dar a aquellas personas que fueron víctimas del
conflicto armado y ahora tienen derecho a reclamar sus tierras. También, se
pretende dar un mismo nivel de protección a aquellas personas que terminan
siendo afectadas en sus derechos, de buena fe y exentas de culpa (art. 39). En
síntesis, es claro que el legislador dio un trato diverso en cuanto a qué
procedimiento seguir para reclamar la tierra, entre los accionantes y otras
personas de la región que han adelantado reclamos de restitución de tierras,
pero advirtiendo que se debe dar un nivel de protección igual a unas y otras
personas víctimas, por cuanto sus derechos son iguales y merecen igual
protección. Tanto de quienes reclaman la tierra como de aquellas adquirientes
de buena fe exentas de culpa, las cuales deberán ser reparadas en los mimos
términos.
5.6.4. A la Sala, se
insiste, no le corresponde hacer un juicio de constitucionalidad abstracta de
las leyes aplicadas. Para ello se requeriría que se hubiera admitido una
demanda que presentara los cargos de inconstitucionalidad al respecto, lo cual
no es el caso. La cuestión que ahora compete a la Sala es determinar si ese
cambio de procedimiento pudo llevar a la providencia judicial acusada por los
accionantes, a darles un tratamiento probatorio diferente al que se le dio a
otras personas que fueron victimizadas en el mismo contexto fáctico del
conflicto armado, afectando el nivel de protección al goce efectivo de sus
derechos. A continuación pasa la Sala a analizar la razonabilidad del trato
diferente.
5.6.5. La acción de
la referencia busca que se le tutele a los accionantes el derecho a la igual
protección de la ley procesal a las personas que han sido víctimas del
conflicto armado en contextos fácticos similares y, así, evitar que se les dé
un trato menos garantista como reclamantes de tierras mediante la Ley de
Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que el que se les da a quienes tramitan su reclamación de tierras por
la Ley de Tierras (Ley 1448 de 2011). En tanto se trata de analizar el impacto
en el goce efectivo de caros derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional en razón a su situación de debilidad (los derechos de
personas víctimas del conflicto armado), en un aspecto central de su derecho a
la reparación (la restitución de las tierras perdidas), el juicio que procede
es estricto. Es decir, un trato diferente en la protección judicial efectiva que
ofrecen las normas procesales a las personas víctimas del conflicto armado al
reclamar sus tierras perdidas es razonable constitucionalmente si propende por
un fin imperioso, a través de un medio que sea legítimo y necesario y no
sacrifique desproporcionadamente los derechos de estas personas.[158] En
el presente caso, como se pasa a mostrar, no se cumplen tales supuestos. El
trato diferente dado a los accionantes en el presente caso estaría justificado
en tener que cumplir un fin imperioso, a saber: cumplir la ley y su mandato de
tramitar el reclamo de los accionantes según los parámetros de la Ley de
Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y no de la llamada Ley de Tierras (Ley 1448 de
2011). Toda autoridad judicial competente en temas de reclamación de tierras en
el contexto del conflicto armado debe tener en cuenta que un propósito esencial
de la Ley 975 de 2005, según la modificación de la Ley 1592 de 2012, es
garantizar a los reclamantes de tierras en el marco de Justicia y Paz los
mismos derechos que se garantiza a quienes han sido víctimas de despojo de
tierras, así como a los terceros de buena fe exentos de culpa.
5.6.6. Este
desconocimiento a una igual protección por parte de la ley procesal se constató
en el presente caso. Mientras que hay personas de la región cuyos reclamos han sido
tramitados mediante la Ley 1448 de 2011 bajo un estándar probatorio que parte
de reconocer su situación de debilidad, a los accionantes que debieron seguir
adelantando su reclamo en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se les sometió
a un estándar probatorio más alto y menos favorable a su condición. Es decir,
se dio un tratamiento diferente en el estándar de prueba dado a dos personas
que, por ley, deben ser tratadas de forma igual al respecto, sin importar si
los procedimientos concretos que deben ser adelantados son distintos.
5.6.7. En resumen,
no es razonable que una autoridad judicial aplique un estándar probatorio más
alto a las personas reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Justicia y
Paz que el que se aplica a las personas reclamantes en el marco de la Ley de
Tierras o Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) con el fin de dar cabal
cumplimiento a la ley, cuando la propia ley, expresamente, advierte que se debe
garantizar un igual nivel de protección en el goce efectivo de los derechos de
las víctimas, sin importar cuál de los dos caminos procesales sea el que siga
su reclamo de tierras (Ley 1592 de 2012). Así, la respuesta al tercer problema
jurídico también es afirmativa; el derecho a la igualdad también fue
desconocido.
5.7. En conclusión,
la providencia judicial acusada desconoció el derecho al debido proceso a la
luz de los tres cargos que fueron presentados por los accionantes. En consecuencia,
se dejará sin efectos jurídicos la providencia acusada, así como las demás
actuaciones que hubiesen tenido lugar después de ésta, y se ordenará que se
proceda a proferir una nueva decisión, teniendo en cuenta las reglas
constitucionales y legales aplicables, así como la jurisprudencia
constitucional pertinente. En especial, se deberá valorar y proteger las
garantías procesales que en materia probatoria tienen las personas que,
alegando ser víctimas del conflicto armado, presentan reclamos de restitución
de tierras.
III. DECISIÓN
Para la Sala Plena de la Corte (i) una
autoridad judicial viola el derecho al debido proceso de un reclamante de
tierras en el contexto del conflicto armado al negar su reclamo por aplicar,
así sea como parámetro general y no directo, una norma insensible a las
protecciones de los derechos de las víctimas de despojo (en especial si se
trata de una norma derogada o sin sustento democrático amplio) en lugar de
recurrir con prelación a las reglas y principios constitucionales o legales que
se ocupan de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado ante
el reclamo de sus tierras. Asimismo, (ii) una autoridad judicial viola el
derecho fundamental al debido proceso de un reclamante de tierras, al no
valorar debidamente el contexto violento de la venta de predios –contexto
reconocido judicialmente–, y al no partir su análisis partir de las
presunciones legales aplicables en favor de las víctimas, sino de un alto
estándar de prueba que exige prueba directa del nexo causal. Finalmente, (iii) no es razonable que una autoridad judicial aplique un
estándar probatorio más alto a las personas reclamantes de tierras en el marco
de la Ley de Justicia y Paz que el que se aplica a las personas reclamantes en
el marco de la Ley de Tierras o Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos y Revocar
las sentencias proferidas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia (del 21 de septiembre de 2016) y por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (del 15 de septiembre de
2016), ambas dentro del proceso de la referencia y en su lugar TUTELAR
el derecho fundamental al debido proceso de Carlos Yamil Páez Díaz, Alfranio
Manuel Solano, Vidal Durán Jiménez, Rosemberg Ibáñez Ortega, Dionisio Terán
Blanco, Manuel Antonio Díaz Vargas y Tibaldo Enrique Díaz González.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO jurídico la providencia de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, del 13 de abril de 2016 (MP Fernando
Alberto Castro Caballero) AP2130-2016, Radicación n° 43707, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación dentro del incidente de restitución de tierras
respectivo, así como cualquier otra actuación posterior, adelantada dentro del
proceso de la referencia y, en consecuencia, proferir
una nueva providencia. En la nueva decisión que se
adopte se deberá tener en cuenta las reglas
constitucionales y legales aplicables, así como la jurisprudencia
constitucional pertinente. En especial, se deberá valorar y proteger las
garantías procesales que en materia probatoria tienen las personas que,
alegando ser víctimas del conflicto armado, presentan reclamos de restitución de
tierras.
TERCERO.- LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes a través del juez de primera instancia –la Sala de
Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
Ausente
con excusa
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Ausente
con excusa
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número
Uno de esta Corporación, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, profirió auto el día veintisiete de enero
de dos mil diecisiete, por medio de cual escogió, para efectos de su revisión,
el proceso de la referencia.
[2] En sesión realizada el día nueve (09) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), la Sala Plena de esta Corporación asumió el conocimiento del proceso de la
referencia.
[3] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 109-112. Uno de los
predios reclamados por el señor Alfranio Manuel Solano Morales se encuentra
bajo propiedad de la señora Martha Irene Hurtado.
[4] Sobre esta afirmación, los accionantes presentan una relación de
los predios que se reclaman. (i) Vidal Durán Jiménez: Villa Fanny (72 HA 9.700
M2), La Fabiola (40 HA 7.000 M2), Carmen Alicia (60 HA 4.750 M2); Alfranio
Manuel Solano Morales: Santa María (33 HA 8.063 M2), Santa Fe (50 HA 2.250 M2);
Rosemberg Ibáñez Ortega: No Hay Como Dios (35 HA 5.100 M2); Dionisio Terán y
Eulalia Cortés: Deja que Sigan (16 HA 8.528 M2); Manuel Antonio Díaz Vargas: El
Descanso (60 HA 9.500 M2); Tibaldo Enrique Díaz González: Fundación (54 HA
8.500 M2), Fundación 1 (35 HA 45 M2), Fundación 2 (35 HA 3.498 M2); Carlos Yamil
Páez: La Candelaria (168 HA 1.300 M2). En la descripción que exponen aparece la
empresa Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. como propietaria de todos los
predios.
[5] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 111.
[6] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 115.
[7] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 115.
[8] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 116.
[9] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 122.
[10] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 122 y 123.
[11] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 123.
[12]Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 124. Como ya habían
dicho: “[…] la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia NO puede exigir que se acredite el nexo causal
entre los hechos y el accionar de un grupo armado en concreto sino que se
acredite la existencia de un aprovechamiento de la situación de violencia para
privar arbitrariamente a un persona de su propiedad, ya sea de hecho o mediante
negocio jurídico, y que estos hechos sean consecuencia de violaciones directas
o indirectas de los derechos humanos” Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno,
Fl. 117.
[13] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 126.
[14] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 117-118.
[15] Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, Sentencia N° 03 (R) de enero 20 de 2016, Radicado N°
050453121001201300653.
[16] Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, Sentencia N° 03 (R) de enero 20 de 2016, Radicado N°
050453121001201300653, página 20.
[17] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 118.
[18] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[19] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[20] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[21] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[22] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[23] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 158-171.
[24] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 174.
[25] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fl. 174.
[26] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 184-185.
[27] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 184-185. En esta
parte se cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia de Tutela 54.282, febrero 21 de 2006.
[28] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 264-265.
[29] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 264-265.
[30] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 316-318.
[31] Auto de admisión de la acción de tutela de la referencia, de
fecha 28 de julio de 2016, proferido por el Presidente (e) de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Primer cuaderno, Fl. 133.
[32] Expediente T-5.844.534. primer cuaderno, Fl. 303. Pasado el término para dar respuesta a
la acción de tutela, Guacamayas S.A. – hoy Inversiones ASA S.A.S. no presentó
documento alguno.
[33] La Sociedad
Guacamayas – Inversiones ASA, fue notificada del fallo de primera instancia en
sede de tutela, a través de la providencia de fecha 5 de agosto de 2016,
emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil; de la
impugnación presentada por los accionantes a través de la providencia de fecha
18 de agosto de 2016, proferida por la misma Sala de Casación; y de la
sentencia de segunda instancia en providencia del 27 de septiembre de 2016,
emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[34] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 307-313.
[35] Expediente T-5.844.534. Primer cuaderno, Fls. 342-343.
[36] Expediente T-5.844.534. Segundo cuaderno, Fls. 3-8.
[37] Expediente T-5.844.534. Segundo cuaderno, Fls. 3-8.
[38] Expediente T-5.844.534. Segundo cuaderno, Fls. 3-8.
[39] Expediente T-5.844.534. Segundo cuaderno, Fls. 3-8.
[40] El día veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado
(e) Aquiles Arrieta Gómez profirió auto en el cual se requirió a la Fiscalía
Veinticinco Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la
Paz -Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación a las
Víctimas-, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, al Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. Posteriormente, una vez se corrió traslado
a las partes sobre los conceptos allegados a esta Corporación, se recibieron
escritos de contestación a los mismos. Luego, la Magistrada Cristina Pardo
Schlesinger, profirió auto el primero de junio de dos mil diecisiete, por medio
del cual requirió a la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de tierras Despojadas la misma información contenida en el auto del veintiuno
de marzo, con excepción del numeral (5.2.).
[41] En su respuesta, la Fiscalía Veinticinco Delegada ante el
Tribunal de Justicia Transicional aportó los siguientes documentos: (i) Informe
de Policía Judicial sobre Despojo y Abandono Forzado dentro de la estructura
paramilitar del Frente Arlex Hurtado (Bloque Bananero); (ii) matriz de
desplazamiento forzado en la zona de Urabá; (iii) matriz de despojo y abandono
forzado en la zona de Urabá; (iv) Informe de Despojo y Abandono Forzado del
Bloque Bananero (Frente Turbo).
[42] El Informe de Policía Judicial sobre Despojo y Abandono Forzado
dentro de la estructura paramilitar del Frente Arlex Hurtado (Bloque Bananero)
fue realizado por el señor Dumar Otálora Hernández, Fiscal Treinta y Siete de
Bienes.
[43] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 27.
[44] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 32.
[45] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 33.
[46] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 34.
[47] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 54.
[48] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 79-80.
[49] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 81.
[50] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 88-89.
[51] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 84. En
este punto, la Comisión Colombiana de Juristas presentan un cuadro comparativo
de ambos regímenes de restitución de tierras, en el cual exponen las
diferencias en materia de: (i) normativa y carácter de las acciones; (ii)
trámite administrativo; (iii) legitimación por activa y por pasiva; (iv)
calidad de las víctimas; (v) relación con los inmuebles que se reclaman; (vi)
despojo y abandono forzado; (vii) régimen probatorio y carga de la prueba;
(viii) presunciones de despojo; (ix) régimen procesal y recursos judiciales;
(x) régimen de ocupantes secundarios; (xi) poderes del juez; y (xii) alcance de
la restitución.
[52] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 142-143.
[53] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 212.
[54] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 212-213.
En este mismo sentido, el Director Jurídico de la Unidad manifestó que en
relación con el predio Santa Fe, “[é]sta unidad no encontró dato alguno”. Lo
mismo sucedió con el predio Santa María, “pero se consideró incluir los datos
correspondientes al predio Santa Marta que se ubica en la zona, por tratarse al
parecer del mismo predio”.
[55] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fl. 212 Sobre
la disputa territorial que sostienen los departamentos de Chocó y Antioquia por
el municipio de Belén de Bajirá, la Unidad de Restitución de Tierras explica
que en el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el Concejo
Municipal de Río Sucio, Antioquia, expidió el Acuerdo 001, por medio del cual
creó dicha entidad territorial. Sin embargo, después la Asamblea Departamental
del Chocó expidió la Ordenanza 011 del año dos mil, que incorporó este
municipio a su territorio.
[56] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 214-215.
La Unidad de Restitución presenta las siguientes sentencias para sustentar su
afirmación: (i) Sentencia del ocho de abril de dos mil quince, Rad.
050453121001-2013-00571-01 (MP Vicente Landinez Lara); (ii) Sentencia del doce
de junio de dos mil quince, Rad. 050453121001-2013-00654-01 (MP Benjamín de J.
Yepes Puerta; SPV Javier Enrique Castillo Cadena); (iii) Sentencia del veinte
de enero de dos mil dieciséis, Rad. 050453121001-2013-00653-00 (MP Benjamín de
J, Yepes Puerta); (iv) Sentencia del doce de abril de dos mil dieciséis, Rad.
05053121002-2013-00020-00 (MP Benjamín de J. Yepes Puerta); (v) Sentencia del
dieciocho de abril de dos mil dieciséis, Rad. 050453121001-2014-00072-00 (MP
Benjamín de J. Yepes Puerta); (vi) Sentencia del veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, Rad. 0504531210001-2014-00069-00 (MP Benjamín de J. Yepes Puerta).
En estos seis fallos se acumularon un total de doce predios ubicados en el
corregimiento de Macondo, municipio de Turbo. Sobre ellos se aporta el “auto
que moduló las sentencias, las cuales habían ordenado la compensación a favor
de los campesinos reclamantes, cambiando el contenido del fallo a restitución
material de los bienes inmuebles”.
[57] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 200-204.
[58] Expediente T-5.844.534, primer cuaderno de pruebas, Fls. 145-195.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). En este fallo, la Sala Tercera de Revisión de Tutelas declaró
el estado de cosas inconstitucional en materia de protección a la población
desplazada víctima del conflicto armado en Colombia. En relación con el retorno
de estas personas a las tierras que tuvieron que desocupar, la Sala explicó que
tienen “derecho a retornar en condiciones de
seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a
reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional”.
[60] Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). En este caso se estudió la
constitucionalidad de varios artículos de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”.
[61] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[62] Corte Constitucional, sentencia T-085 de 2009 (MP Jaime Araújo
Rentería). En este fallo, la Sala Primera de Revisión de Tutelas concluyó que
los mecanismos que disponen las víctimas del conflicto armado, tanto en materia
administrativa (Decreto 1290 de 2008) y como en
materia ordinaria (Ley 975 de 2005), no constituyen herramientas idóneas para
la protección oportuna de personas que requieren atención prioritaria del
Estado. Al respecto, la Sala expuso los siguiente: “[e]n lo que atañe a la
formulación de la acción de tutela a fin de obtener la satisfacción del derecho
a la reparación de los daños sufridos por las víctimas del desplazamiento
forzado, esta Sala considera que los medios procesales existentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria no
resultan ser idóneos, pues quienes solicitan el amparo son sujetos de especial
protección constitucional, con fundamento en sus condiciones de debilidad
manifiesta (art.13 C. Pol.), y víctimas de violaciones a derechos fundamentales,
por lo que requieren un instrumento judicial ágil y eficaz que les brinde la
posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación, características que al
ser propias de la acción de tutela, configuran su procedencia” (en este fallo
se citan, entre otras, las varias sentencias (T-025 de 2004, T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de
2005, T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de
2006) con el propósito de fundamentar el carácter
directo de las acciones de tutela para la protección de personas que han tenido
que desplazarse de sus tierras por causa de la violencia de conflicto armado).
[63] En consideraciones posteriores de esta providencia, la Sala hace
un recuento sobre los derechos de las víctimas, aplicables y más relevantes
para el presente caso.
[64] En varias ocasiones se han estudiado acciones de tutela en contra
de decisiones judiciales sobre tierras, presentadas por personas que
reivindican su calidad de víctima; así, entre otras, ver las sentencias SU-235
de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa, SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-244 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-367 de 2016 (MP Alberto
Rojas Ríos), T-380 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Luis Guillermo
Guerrero Pérez), SU-426 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa), T-549 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[65] La procedencia de la acción de tutela promovida por las personas
víctimas de desplazamiento forzado ha sido reconocida
en muchas oportunidades; entre otras, en las sentencias SU-1150 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-025 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); T-813 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes); T-136 de 2007 y T-787 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño);
T-869 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo); T-215 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) y T-085 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa). La victimización de las personas en situación de
desplazamiento se
materializa en el momento concreto del desarraigo, pero se
extiende en el tiempo por las consecuencias que necesariamente se derivan de
este hecho, como lo son la superación de diversos obstáculos “para lograr
acceder a los servicios estatales y asegurar su participación en la sociedad
desde una posición marginal”
(Corte Constitucional, sentencia T-282 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV
Mauricio González Cuervo).
[66] Corte Constitucional, sentencia T-380 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En este caso se tutelaron los
derechos de una víctima frente a cobros tributarios que se le estaban haciendo
a pesar de su condición de víctima.
[67] Corte Constitucional, sentencia T-404 de 2017 (MP Carlos Bernal
Pulido). En este caso se consideró que la tutela sí era procedente y, además,
fue concedida, ordenando que se tramitarán solicitudes de restitución de
tierras.
[68] Al respecto ver: Corte Constitucional,
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[69] Al respecto ver por ejemplo, entre
muchas otras, las sentencia T-1276 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-213 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa).
[70] La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en
primera instancia, negar la acción de tutela, no rechazarla por improcedente.
La Sala Laboral, en segunda instancia, confirmó esa decisión.
[71] Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño). Como se indicó previamente, esta sentencia ha sido
reiterada amplia y pacíficamente por las diversas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional desde entonces.
[72] En este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[73] La decisión adoptada en el proceso de la referencia el 13 de abril de 2016.
[74] Las presiones
violentas ejercidas en la zona por el Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Sucre (ACCU)]
[75] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa;
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). En este fallo, la Sala Plena resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1448 de 2011,
artículos 28 numeral 9 (parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2, 4, y 5
(parciales); 73 numeral 1 y 2 (parciales); 74 inciso 6 (parcial); 75
(parcial); 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales);
78 (parcial); 84 parágrafo 2 (parcial); 91 inciso 1 (parcial); 99,
120 inciso 3 y 207. Dentro de las conclusiones de la sentencia, la Sala
explica que el derecho a la restitución es componente fundamental del derecho a
la reparación, el cual se encuentra fundamentado en los siguientes valores y
principios constitucionales: (i) en el mandato según el cual los derechos y
deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el
Constituyente ha otorgado rango constitucional a los derechos de las víctimas
(Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y
las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos
de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos
(Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos
a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio
del Estado Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la
intervención de las víctimas tanto en los procesos judicial como
administrativos para obtener su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la
administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos
y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los
jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la
adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias;(vii) en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra
una cláusula general de responsabilidad del Estado; (viii) en el derecho de acceso a la
administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (ix) en el derecho a no ser
objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12); (x) así como en la
obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido
proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los
cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia,
integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto”.
[76] Sobre el derecho de restitución como componente esencial del
derecho a la reparación integral, pueden verse, entre otras sentencias de la
Corte Constitucional, las siguientes: T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa); C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa; Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); C-180 de 2014 (MP
Alberto Rojas Ríos; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo); C-795 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez); T-679 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En estos fallos
se establece la necesidad de tomar medidas indemnizatorias que ayuden a superar
el daño causado en eventos donde no hay posibilidad de restituir materialmente
el bien.
[77] Las leyes 1448 de 2011 y 1592 de 2012 se encuentran reglamentadas
por el Decreto 3011 de 2013.
[78] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa;
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[79] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa;
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[80] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa;
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[81] Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; María Victoria Calle Correa;
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[82] Cabe señalar que cuando es materialmente imposible reponer el predio abandonado o uno en
semejantes condiciones, el legislador dispuso la posibilidad de entregar una
indemnización monetaria equivalente al daño afrontado, como medida
compensatoria para restablecer el derecho del reclamante afectado.
[83] Sobre el derecho a la restitución como elemento esencial de reparación
a las víctimas del conflicto armado, pueden verse, entre otros instrumentos
internacionales, los siguientes: (i) Declaración Universal de Derechos Humanos
(Arts. 1, 2, 8 y 10); (ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts.
1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63); (iii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Arts. 2, 3, 9, 10, 14 y 15); (iv) Principios sobre la
restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; (v)
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng) del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; y (vi) Principios sobre la
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas
Desplazadas (Principios Pinheiro) del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
[84] Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.
[85] Corte Constitucional, sentencia C-715 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[86] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[87] Otros de los contextos y de las sentencias en las que han sido
protegidos diversos derechos de las víctimas, son: protección a víctimas
reubicadas en lugares que no han superado las condiciones de violencia [T-244
de 2014 (MP Mauricio González Cuervo; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; y
T-525 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa)]; pago de deudas tributarias
[T-347 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo); T-911 de 2014 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez); T-380 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-278 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez)]; pago de
la compensación militar [T-414 de 2014 (MP Andrés Mutis Vanegas)]; pago de
deudas privadas [T-477 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos)]; comunidades étnicas
[T-601 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Aquiles Arrieta Gómez)];
notificaciones por parte del Juez [T-034 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado); relación con procesos sucesorales [T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas
Ríos; AV José Antonio Cepeda Amarís)]. Uno de los ámbitos de mayor protección
jurisprudencial se ha dado frente a la falta de
respuesta oportuna de peticiones relacionadas con trámites de reparación [entre otras, las sentencias T-702 de 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva); SU-254 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
Mauricio González Cuervo; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-370 de 2013 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio); T-427 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa);
T-888 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-929 de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo); T-006 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo); T-493 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo); T-534 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez;
AV Jorge Iván Palacio Palacio); T-863 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez); T-083 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo)].
[88] Desde la sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
es clara la importancia del derecho de las víctimas del conflicto armado a
acceder a la justicia. Recientemente al respecto puede verse la sentencia T-404
de 2017 (MP Carlos Bernal Pulido); en este caso se advierte que incluso si
existe otro medio de defensa judicial efectivo, la acción de tutela debe ser
procedente, dada la importancia y urgencia de protección que se debe dar a las
víctimas, sujetos de especial protección constitucional.
[89] Al respecto ver por ejemplo, la sentencia T-496 de 2008 (MP Jaime
Córdoba Triviño), en la cual se protegió a un grupo de mujeres víctimas de la
violencia, que se enfrentaban a ser nuevamente víctimas por participar en los
procesos de justicia y paz reclamando sus derechos a la verdad, la justicia y
la reparación. En el mismo sentido pueden verse la sentencia T-585A de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) [se estudia una tutela contra el Estado colombiano
por no haber adoptado las medidas de protección ordenadas por la CIDH para un
grupo de mujeres víctimas del conflicto armado, quienes siguieron recibiendo
intimidaciones por parte de un grupo reincidente llamado Águilas Negras] y la
sentencia T-234 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [En este caso se
ampararon los derechos de una persona víctima de abuso sexual y desplazamiento
forzado en el marco del conflicto armado, que no estaba recibiendo las medidas
de protección que requería ante circunstancias de revictimización].
[90] En la sentencia T-496 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño) se
ordenaron medidas de protección individual para las accionantes y, además, se
dispuso lo siguiente: “Las entidades demandadas
realizarán las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral
del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz,
a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra
8) que conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional deben
orientar y contener una estrategia integral de protección satisfactoria de las
víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad
o criminalidad de sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de
esclarecimiento judicial de Justicia y Paz.”
[91] Corte Constitucional, sentencia T-244 de
2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); en esta ocasión se decidió que “las providencias proferidas por el Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, no incurrieron en un
defecto sustantivo al negar la solicitud de desistimiento presentada por el [accionante] y su familia. Lo anterior,
debido a que el desistimiento en materia civil no puede ser aplicado como una
causal de terminación del proceso de restitución de tierras por su carácter
excepcional, al encontrarse dentro de un contexto de justicia transicional,
cuyos intereses transcienden al reconocimiento de los derechos particulares de
las partes procesales y por considerarse una medida de protección a los
derechos de las víctimas. (…)”
[92] Corte Constitucional, sentencia T-517 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[93] En varios casos la Corte Constitucional ha estudiado situaciones
de este estilo. Por ejemplo, en la sentencia T-834 de 2014 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), se estudió un caso en el que la Administración, siguiendo una
interpretación apegada a la letra de la ley, no una interpretación favorable a
la víctima, alegó que su actuar debía enmarcarse en la ley de forma precisa.
Expresamente, señala la sentencia, la administración dijo que no es función de
la entidad que representa “incluir en el registro de Población Desplazada a la
población vulnerable sino a aquellas que por circunstancias ajenas a su
voluntad se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia o domicilio,
efectos que tienen su causa única y exclusivamente en la violencia o conflicto
armado interno de nuestro país, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 387
de 1997. Y siempre que ello se haga de acuerdo con los presupuestos de ley,
para el presente caso que la situación se enmarque dentro de las circunstancias
descritas por la ley”. (Ver los antecedentes de la sentencia). Al respecto ver
también, entre otras, las sentencias T-087 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-236 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez), T-364 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo) y T-290 de 2016
(MP Alberto Rojas Ríos).
[94] Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[95] Corte Constitucional, sentencia T-054 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[96] Corte Constitucional, sentencia T-315 de
2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez); en este caso se concluyó que “la decisión del Tribunal de negar la eventual modulación de la
providencia de restitución del 18 de julio de 2013, para analizar la
caracterización de la accionante como segundo ocupante con fundamento en la
falta de entidad de dicha situación para enervar los efectos de la sentencia,
sí configuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable. || (…) la Ley de Víctimas, en
particular su artículo 102, le permite al funcionario judicial conservar su
competencia después de la sentencia “(…) para dictar todas aquellas medidas
que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes
por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados
predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus
familias.” || Esta
facultad, implicaba que el Tribunal pudiera emitir nuevas y posteriores órdenes
a la providencia (…) con el
propósito de garantizar (…) el
derecho a la restitución de las víctimas que como consecuencia de la ocupación
secundaria de los accionantes no habían logrado su retorno y (…) la edificación de remedios jurídicos
a los segundos ocupantes para cumplir con los propósitos constitucionales de la
justicia transicional, esencialmente el de la paz. ||
(…) el artículo 102 como disposición infraconstitucional
debió haberse interpretado por el Tribunal accionado a la luz de los postulados
de rango constitucional que han inspirado las políticas de restitución y la
importante labor que los jueces de tierras están haciendo como promotores de
ella. Si esto hubiese sido así, el Tribunal Superior de Cartagena no habría
minimizado el reclamo de la actora que, además de la reivindicación que hacía
de sus derechos como segundo ocupante, aparejaba importantes contenidos
superiores ligados a la restitución: la recomposición del tejido social y la
reconciliación; así como la estabilización y la seguridad jurídica en tanto
caminos para llegar a arreglos estables y evitar la reproducción de la
conflictividad rural.”
[97] Sobre protección de personas ante circunstancias
de exceso ritual manifiesto de las entidades
involucradas en procesos de reparación a las víctimas, pueden verse, entre
otras sentencias de la Corte Constitucional, las siguientes: T-049 de 2008 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), en la cual se tutelaron
los derechos de las víctimas a quienes la Fiscalía
negaba entrada a las audiencias de justicia y paz, a no ser que ya hubiesen demostrado el daño; T-650 de 2012 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio),
en la cual se tuteló a mujer
indígena desplazada por la violencia, porque el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social no quiso inscribirla como víctima, a raíz de haber
presentado de manera extemporánea la solicitud); T-692 de 2014 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se concede protección de derechos de un menor desplazado, a quien la
UARIV le había negado el
registro en el registro de víctimas (RUV) porque
solicitaba que la madre aportara la copia de la custodia que certificara que el
menor estaba a su cargo [al respecto ver también la
sentencia T-068 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado)].
[98] Corte Constitucional, sentencia T-798 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). De forma
similar, en la sentencia T-679 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) se tutelaron los derechos de una
señora de 70 años que tuvo que salir desplazada de su
predio, pero que la Unidad de Restitución de Tierras iba
a hacerla esperar hasta el año 2021 para
microfocalizar el terreno.
[99] Al respecto ver la sentencia ya citada T-315 de 2016 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), así como también las sentencia T-367 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos) y T-529 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). La cuestión fue abordada también
por la Sala Plena en un juicio abstracto de constitucionalidad, en la sentencia
C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva).
[100] Corte Constitucional, sentencia T-404 de 2017 (MP Carlos Bernal
Pulido).
[101] Corte Constitucional, sentencia T-404 de 2017 (MP Carlos Bernal
Pulido); en esta ocasión la Sala de Revisión consideró que “(…) la exigencia de
requisitos adicionales a los previstos en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011
va en contravía del principio de adecuación de las actuaciones de los jueces a
la justicia transicional, que demanda una flexibilización de los
procedimientos, en aras de garantizar la prevalencia del derecho material sobre
el formal, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial del
proceso de restitución de tierras, a favor de las víctimas de la violencia. En
esa media, se reitera que esta Corporación, en el Auto 373 de 2016, proferido
por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, solicitó que
los jueces de restitución de tierras avancen en caminos interpretativos que
afiancen la primacía del derecho material sobre el formal, para agilizar,
simplificar y descongestionar el proceso de restitución de tierras.”
[102] Sentencias T-347 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; y T-911
de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[103] Corte Constitucional, sentencia T-380 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En este caso se resolvió,
entre otras cosas, ordenar la expedición de los reglamentos administrativos
correspondientes, a través de los procedimientos establecidos para el efecto.
Entre otras cosas se ordenó al Alcalde presentar el proyecto de Acuerdo y al
Concejo Municipal tramitarlo.
[104] Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2017 (MP Carlos Bernal
Pulido); en este caso se resolvió tutelar “los derechos fundamentales”
del accionante, sujeto de especial protección (trabajador agrario de más de
ochenta años), que al regresar a su tierra, luego de que pasaran las
condiciones de violencia que lo habían desplazado, había perdido su tierra por
no haber podido tramitar la media de protección frente a pasivos de las
víctimas. El deber legal dejado de cumplir por la administración territorial
que dio lugar a la violación de las garantías constitucionales fue “las
autoridades municipales de Dolores no han desarrollado en su normativa local el
mandato de la Ley 1448 de 2011, artículo 121, por lo cual no se ha dado una
respuesta de fondo a la petición del accionante. || De
manera que en este caso la garantía efectiva del derecho fundamental de
petición del tutelante depende de que el alcalde del municipio de Dolores
presente con prontitud el proyecto de Acuerdo requerido para que el Concejo
adopte la reglamentación que haga operativo el mecanismo de protección previsto
en la Ley 1448 de 2011, y de esta manera el municipio, a través del Alcalde,
pueda dar una respuesta de fondo, la cual deberá ajustarse a los principios
constitucionales y legales establecidos en favor de las víctimas del conflicto
armado.”
[105] Dentro del Informe de Ponencia para Primer debate al Proyecto de
Ley 193 de 2011 Senado, 096 de 2011 Cámara (que dio como resultado la Ley 1592
de 2012), el legislador explicó lo siguiente: “[l]a Ley 975 de 2005, junto con
otros mecanismos que se enmarcan dentro de la Justicia Transicional,
especialmente los contenidos en las Leyes 418 de 1997 y sus prórrogas, 1424 de
2010 y 1448 de 2011, se erige como un balance de la tensión que podría
advertirse entre mecanismos de justicia retributiva y de justicia
restaurativa”.
[106] Ley 975 de 2005, artículo
1º.
[107] Corte Constitucional, sentencia C-370 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso se
resolvió, entre otras cosas, declarar la
constitucionalidad del artículo 3°, en el entendido de
que la “colaboración con la justicia” a la que hace referencia la norma debe
estar encaminada al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición. Para la
Corte, la alternatividad, es “un beneficio que incorpora una
rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo
armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de
reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos.” La Corte decidió que la denominada pena alternativa, “como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la
Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña
una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado
por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los
límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se
ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple
los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de
la condena.” Sin embargo, consideró que algunas expresiones del artículo 3°
que podían poner en riesgo los derechos de las víctimas como el condicionar la suspensión
de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, a la
“colaboración con la justicia”. Para la Corte, esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de
contenido específico, no satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo
de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición. Esta colaboración podría limitarse a suministrar alguna información
sobre las conductas de otros miembros de un grupo armado ilegal, en lugar de
consistir en revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los
cuales fueron cometidos los delitos por los cuales se aspira a recibir el
beneficio de la alternatividad. Así entendida, la colaboración no respetaría el
derecho de las víctimas a la verdad. Lo mismo podría decirse del derecho a la
reparación. La colaboración con la justicia podría consistir en entregar los
bienes ilícitos producto de la actividad delictiva, lo cual sería
manifiestamente insuficiente para asegurar el goce efectivo del derecho de las
víctimas a la reparación. La alternatividad penal parecería una afectación
desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración con la
justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y
si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones
concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos, que
parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005.
[108] Ley 1448 de 2011, artículo 4°. Dignidad.
El fundamento axiológico de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las
víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán
en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información,
asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus
derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la
dignidad. || El Estado se
compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento
de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y
reparación establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperarlas como
ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
[109] Ley 1448 de 2011, artículo 3°. En la
sentencia C-250 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) se consideró que “Finalmente la limitación temporal no resulta desproporcionada
respecto de los derechos de las víctimas pues, por una parte, la fecha del
primero de enero de 1985 precisamente cobija el período histórico en el cual se
produce el mayor número de víctimas y se agravan las violaciones al derecho
internacional humanitario y en las normas internacionales de derechos humanos,
por otra parte las víctimas anteriores a ese período resultan cobijadas por
otro tipo de medidas de reparación, señaladas en el parágrafo cuarto del
artículo tercero de la ley, a saber: el derecho a la verdad, medidas de
reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la
presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean
individualizadas. En la sentencia C-781 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa) se resolvió, entre otras cosas, declarar
exequibles las expresiones “ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno”.
[110] Ley 1448 de 2011, artículo 75. Titulares del derecho a la
restitución. En la sentencia C-250 de 2012 se resolvió, entre otras cosas,
declarar exequible la expresión entre el primero de
enero de 1991 y el término de vigencia de la ley, contenida en el artículo
75 de la ley 1448 de 2011, por el cargo examinado.
Por otra parte, también se consideró que “el primero de enero de 1991 no es una
fecha que resulte manifiestamente arbitraria y por lo tanto ha de respetarse el
margen de configuración del legislador”; se verificó que establecía un trato
diferente con base en razones objetivas, que permitían alcanzar un fin
constitucionalmente imperioso: materializar los derechos a la restitución de la
mayoría de las víctimas más afectadas.
[111] Ley 1448 de 2011, artículo 77: “(…) 1. Presunciones
de derecho en relación con ciertos contratos.
Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de
derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios
y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se
prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble
objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo
75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los
familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las
personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación
de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su
denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos
hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. La ausencia
de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en este numeral
genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad absoluta
de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o
una parte del bien. || […]”
[112] El numeral 2 del artículo 77 de la Ley
1448 de 2011 dice: “[…] Salvo prueba en contrario,
para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en
los siguientes negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa
lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los
cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la
ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación
está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos: a. En cuya colindancia hayan ocurrido
actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado
colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que
ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo
o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de
protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos
autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido
desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente,
los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes. || b. Sobre inmuebles colindantes de
aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a las amenazas,
se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un
fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas,
directa o indirectamente; sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran
producido alteraciones significativas de los usos de la tierra como la
sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos,
ganadería extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que
ocurrieron las amenazas, los hechos de violencia o el despojo. || c. Con personas que hayan sido
extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos
hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. || d. En los casos en los que el valor
formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente pagado, sean
inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya
titularidad se traslada en el momento de la transacción. || e. Cuando no se logre desvirtuar la
ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en alguno de
los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se trate será
reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren
sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad absoluta. || f. Frente a propiedad adjudicada de
conformidad con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 561 de 1989, a empresas
comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con posterioridad
al desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios
integrantes de la empresa.”
[113] Ley 1448 de 2011, artículo 77: “(…) ||
3. Presunciones legales sobre ciertos actos
administrativos. Cuando la parte hubiere probado
la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble,
no podrá negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo
posterior legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la
víctima. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume
legalmente que tales actos son nulos. Por lo tanto, el juez o Magistrado podrá
decretar la nulidad de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el
decaimiento de todos los actos administrativos posteriores y la nulidad de
todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad
del bien o sobre parte del mismo. || […]”
Originalmente la norma decía “Cuando la parte opositora (…)”, pero esta expresión final que se
resalta fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-715 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV María Victoria Calle Correa, Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[114] Ley 1448 de 2011, artículo 77: “(…) || 4. Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. Cuando
el solicitante hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el
posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con
fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó,
transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un tercero, o
que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, si el respectivo proceso
judicial fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que
originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el
proceso de que trata esta ley. || Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se
presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su
derecho fundamental de defensa dentro del proceso a través del cual se legalizó
una situación contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez
o Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a través de las cuales se
vulneraron los derechos de la víctima y a ordenar los ajustes tendientes a
implementar y hacer eficaz la decisión favorable a la víctima del despojo. […]” La constitucionalidad, parcial, de esta norma se estudió en
la sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV María Victoria
Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[115] Dentro del Informe de Ponencia para Primer debate al Proyecto de
Ley 193 de 2011 Senado, 096 de 2011 Cámara (que dio como resultado la Ley 1592
de 2012), el legislador explicó lo siguiente: “Con la expedición de la Ley 1448
de 2011 se creó un régimen especial en cuanto a las medidas de reparación a las
víctimas del conflicto en el marco de la justicia transicional, lo cual hace
imperante que dicha normatividad haya de ser armónica procesalmente con la
puesta en marcha de los procesos judiciales que la Ley de Justicia y Paz y Ley
975 de 2005 creó”.
[116] La norma original de la Ley 975 de 2005
decía: “ARTÍCULO 6. DERECHO A LA JUSTICIA. De acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar
una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción
de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos
armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el
acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las
medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones. || Las autoridades públicas que
intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley
deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.”
[117] La sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María
Victoria Calle Correa) estudió parcialmente la constitucionalidad de esta
norma.
[118] Corte Constitucional, sentencia C-370 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Antonio Sierra Porto).
[119] Corte Constitucional, sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas
Ríos; SPV María Victoria Calle Correa).
[120] La norma completa establece: “ARTÍCULO 88. OPOSICIONES.-  Las oposiciones se deberán
presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la
solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se
presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes.
Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada
con su intervención deberá ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o
Magistrado.  ||  La Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando
no haya actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de
restitución.  ||  Al escrito
de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como
prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta
de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer
valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de
la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la
solicitud de restitución o formalización.  ||  Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de
conformidad con lo previsto en este capítulo y no se presenten opositores, el
Juez o Magistrado procederá a dictar sentencia con base en el acervo probatorio
presentado con la solicitud.”
[121] La Corte añadió al respecto: “Dada la inexistencia de un órgano de cierre en la justicia de
tierras, y la consecuente imposibilidad de que se establezca un sistema de
precedentes sólidos y reglas jurisprudenciales sentadas desde la cúspide del
sistema jurídico, la Sala avanzó algunos criterios mínimos a ser tenidos en
cuenta por los jueces de tierras para cumplir su delicada misión
constitucional, sin ánimo de exhaustividad, y resaltando siempre que la regla
general es la buena fe exenta de culpa, y que cualquier aplicación flexible del
requisito debe estar acompañada de una motivación clara, transparente y suficiente.
Esta posibilidad no debe cobijar a quienes se encuentran en una situación
ordinaria, o a quienes detentan poder económico, como empresarios o
propietarios de tierras.” Corte Constitucional,
sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio
Palacio; Luis Ernesto Vargas Silva).
[122] Expresamente se resolvió, primero,
declarar “EXEQUIBLE la
expresión ‘exenta de culpa’ contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la
Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un estándar que debe ser
interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos
ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido
relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en
la parte motiva de esta providencia”. Además se
resolvió EXHORTAR al
Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de
establecer e implementar una política pública comprensiva acerca de la
situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional. Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio Palacio; Luis Ernesto Vargas Silva).
[123] Ley 1448 de 2011, ARTÍCULO 91.- CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la
propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y
decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que
probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la
sentencia constituye título de propiedad suficiente.
||  La sentencia deberá referirse a los siguientes
aspectos, de manera explícita y suficientemente motivada, según el caso: […] r. Las órdenes necesarias para
garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso
sean compensadas cuando fuera del caso, en los términos establecidos por la
presente ley; […].
[124] Ley 1448 de 2011, ARTÍCULO 98.- PAGO DE COMPENSACIONES. El valor
de las compensaciones que decrete la sentencia a favor de los opositores que
probaron la buena fe exenta de culpa dentro del proceso, será pagado por el
Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas. En ningún caso el valor de la compensación o compensaciones
excederá el valor del predio acreditado en el proceso.
||  En los casos en que no sea procedente adelantar
el proceso, y cuando de conformidad con el artículo 97 proceda la compensación
en especie u otras compensaciones ordenadas en la sentencia, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá
competencia para acordar y pagar la compensación económica correspondiente, con
cargo a los recursos del fondo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  ||  El valor de las compensaciones
monetarias deberá ser pagado en dinero.  ||  […]  ||  ARTÍCULO 105. FUNCIONES DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.
Serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas las siguientes: […] 6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las
sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe
exenta de culpa.
[125] Ley 1592 de 2012, ARTÍCULO 16. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17B del
siguiente tenor: Artículo 17B. Imposición de medidas
cautelares sobre bienes para efectos de extinción de dominio. Cuando el postulado haya ofrecido bienes de su
titularidad real o aparente o denunciado aquellos del grupo armado organizado
al margen de la ley al que perteneció, o la Fiscalía haya identificado bienes
no ofrecidos o denunciados por los postulados, el fiscal delegado dispondrá la
realización de las labores investigativas pertinentes para la identificación
plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con
la posesión, adquisición y titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la
Reparación de las Víctimas – participará en las labores de alistamiento de los
bienes susceptibles de ser cautelados, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11C, y suministrará toda la información disponible sobre los mismos.
Esta información será soportada ante el magistrado con función de control de
garantías en la respectiva audiencia para la decisión sobre la imposición de
medidas cautelares. || […] || PARÁGRAFO 2o. Cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los
cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, tales bienes y la
solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para
efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley
1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el
levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura. || PARÁGRAFO 3o. Si los bienes entregados,
ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía
General de la Nación en los términos del presente artículo, tuvieren solicitud
de restitución ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
Víctimas–, el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y
una vez decretada ordenará el traslado de la solicitud de restitución y los
bienes de manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a
través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su
normatividad complementaria. || […].”
[126] Ley 1592 de 2011, artículo 32.- La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 46B del siguiente tenor: Artículo 46B. Saneamiento jurídico de
bienes. Con el fin de contribuir a la satisfacción del derecho de las
víctimas a la reparación integral, las asambleas departamentales y los concejos
municipales o distritales implementarán programas de condonación y compensación
de los impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o
restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011. En caso de que sean condonadas
deudas en virtud del presente artículo, los departamentos, municipios o
distritos no podrán ser penalizados, ser objeto de ningún tipo de sanción o ser
evaluados de forma negativa para la obtención de créditos, con motivo de una
reducción en el recaudo tributario respectivo. En la
sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle Correa)
se dijo al respecto: “[…] Esta norma no afecta el
derecho de las víctimas a la reparación, pues por el contrario, permite el
saneamiento de las deudas tributarias de los inmuebles sujetos a procesos de
restitución o reparación, lo cual se explica en la medida que después del
despojo pudieron existir grandes periodos de tiempo en los cuales no se pagaron
impuestos. || La remisión
realizada a la Ley 1448 de 2011 se presenta teniendo en cuenta que en virtud de
la Ley 1592 de 2012, la restitución de tierras se realiza según el
procedimiento contemplado en la primera, lo cual, como ya se señaló, no se
considera inconstitucional pues: (i) permite la realización de un procedimiento
propio de la restitución de tierras, (ii) otorga competencia a un juez especializado
en el tema, (iii) contempla unos términos reducidos, (iii) consagra un sistema
de presunciones especiales para favorecer a las víctimas y (iv) puede ser más
ágil que el proceso de justicia y paz, ya que solamente define lo relacionado
con los inmuebles y no el resto de asuntos que deben decidirse en el proceso de
la Ley 975 de 2005, lo cual se encuentra demostrado, pues a la fecha se han
proferido más de mil sentencias sobre restitución de tierras. || En consecuencia la expresión demandada
no afecta, sino que por el contrario, favorece los derechos de las víctimas,
por lo cual será declarada exequible por el cargo formulado por los
demandantes.”
[127] Ley 1592 de 2012, artículo 34.- La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 56A con el siguiente
contenido: Artículo 56A. Deber judicial de memoria. Los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, a través de la correspondiente secretaría,
deberán organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y
circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de
cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar la memoria
judicial. […] || En virtud
del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial podrán, a fin de fortalecer la construcción de la memoria histórica,
encomendar la custodia de los archivos a los que se refiere el presente
artículo al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes
territoriales. […]”
[128] Las expresiones “la propiedad, posesión u ocupación” fueron
declaradas exequibles en la sentencia C-715 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), por los cargos analizados.
[129] Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[130] Decreto 4760 de 2005, artículo 14.- Derecho de las víctimas a
denunciar bienes no entregados. Cuando la víctima considere que fue despojada
ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho
real o precario sobre un bien, como consecuencia de una conducta punible
cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que
se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005, y
pretenda la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el
incidente de reparación integral, cuyo trámite, decisión y efectividad se
regirán por lo dispuesto en la citada ley. || Para efectos de reconocer a las
víctimas los respectivos derechos sobre los bienes, la autoridad judicial
deberá valorar la situación de extrema vulnerabilidad de las mismas en los
casos en que esta implique dificultades probatorias respecto de la titularidad
del dominio y demás derechos reales, incluso a título precario. Con el mismo
fin, podrá solicitar información a las oficinas de registro de instrumentos
públicos, catastro, notarías, autoridades de la respectiva entidad territorial
y a cualquier otra que estime pertinente. || En el evento de que el bien no
haya sido previamente en listado y entregado con destino a la reparación de la
víctima, y existiendo prueba de tal despojo tampoco se produzca la entrega
efectiva del bien, la autoridad judicial procederá a compulsar copias para que
se inicien los procesos penales y de extinción de dominio a que haya lugar de
conformidad con las normas vigentes al momento de la realización de la conducta,
dentro de los cuales la víctima podrá hacer valer sus derechos.”
[131] Decreto 3391 de 2006, artículo 22.- Vigencia y derogatorias.
El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los artículos 1°,
inciso 3° del artículo 5° y el inciso 20 de su parágrafo, inciso 6°
del artículo 8°, artículo 7°, 12, 13, inciso 2° del artículo 14 del Decreto
4760 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias.
[132] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 55 y 56.
[133] En este caso, en realidad, se hace referencia al Decreto 176 de
2007 ‘por el cual se reglamentan los artículos 51, numeral 52.7; 52 y 53 de la
Ley 975 de 2005’.
[134] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 47 y 48.
[135] Ver: Decreto 3011 de 2013, artículo 99 (previamente citado).
[136] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Página 48; si cita para identificar contenidos esenciales del sistema de
Justicia y Paz.
[137] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 54 y 55. Aunque la providencia no lo aclara, la cita proviene de: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 8 de junio de 2011 (MP Sigifredo
Espinosa Pérez). Radicación n° 35185. La cita original señala lo siguiente:
“Tampoco cabe duda acerca de que la citada Ley 975 privilegia a las víctimas
dentro de ese proceso de reconciliación nacional y, en razón de ello, consagra
una serie de mecanismos tendientes a garantizarles la verdad, la justicia y la
reparación de los daños causados, estos últimos no sólo desde el punto de vista
material, sino en relación con los aspectos físico y moral. || En efecto, el
artículo 8 ibídem señala que las acciones de reparación propenden por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no
repetición de las conductas. || La restitución, está definida en la misma
disposición como la realización de las acciones que tiendan por regresar a la
víctima a la situación anterior a la comisión del delito; y, el artículo 46
ídem, señala que “La restitución implica la realización de los actos que
propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación
de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su
lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.” || Entonces, lo
primero que debe demostrar quien pretenda, entre otras cosas, la reparación de
los agravios inferidos por un grupo armado ilegal, es la condición de víctima,
porque no basta con afirmar tal circunstancia. Y, a MANUEL
JOSÉ CARVAJAL, la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional
de Justicia y Paz delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, le reconoció,
por auto del 27 de septiembre de 2010, la calidad de víctima de los delitos de
desplazamiento forzado y secuestro extorsivo.”
[138] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 21 de marzo de
2012 (MP Julio Enrique Socha Salamanca). Radicación n° 38178.
[139] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Página 150.
[140] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 151 y 152.
[141] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 152 y 153.
[142] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Continúa la sentencia: “Para mayor comprensión de esa conclusión, diríjase
atención a que las presunciones legales corresponden a un ejercicio intelectivo
que encuentra su fruto si coinciden sus elementos configurativos, de manera que
|| Producen una certeza provisional mientras no se presente prueba en
contrario. Son presunciones destructibles. Son las presunciones que aceptan los
norteamericanos como se puede observar en la definición: ‘La presunción
puede ser definida como una regla legal que requiere que la existencia de un
hecho (un hecho presumido), se dé por establecida cuando uno o más hechos (hechos
básicos) estén establecidos, a menos y hasta que ciertas condiciones
específicas sean presentadas.’ [Parra Quijano, Jairo. Reflexiones
sobre las presunciones. Pág. 13.] || Asiste razón
en este tema a la Magistratura de Garantías, porque la sindéresis sobre la
inviabilidad de dar aplicación del artículo 77 citado, surge, ni más ni menos,
de haberse acopiado, a iniciativa de las partes, precisamente, diversos medios
de prueba, recabándose atención a los cuestionados reclamantes que dejaron
halito de carencia de credibilidad, tal como lo precisó esta Sala en los
acápites respectivos del apartado 7. de las consideraciones, a cuyo tenor se
remite en este punto la decisión.” Páginas 153 y 154.
[143] Teniendo en cuenta que si Raúl Emilio Hasbún Mendoza incurrió en
alguna mentira pierde los beneficios, la providencia acusada señala: “En el
presente evento, de todas las intervenciones de Hasbún Mendoza se puede recoger
unívoca e invariable mención acerca de que la organización criminal ilegal bajo
su mando, esto es, el frente Arles Hurtado de las Autodefensas Campesinas de
Urabá, no ejerció presiones ni era su política desplazar a los campesinos
habitantes de la vereda Guacamayas de Mutatá, concretamente, ni menos tenían
por propósito apoderarse, material o jurídicamente, de las tierras de personas
dueñas de fincas o predios en esa vereda ya porque quedaran abandonadas dada la
salida masiva o individual de los habitantes, o por la directa coacción o
constreñimiento en su contra desplegado para ese fin. || Empero, sí reconoció
la ejecución de múltiples y variados crímenes por medio de los cuales se
pretendía erradicar de la región la presencia guerrillera que de años atrás se
había asentado; coherente y asertivo en esos aspectos, también lo ha sido al
decir que no conoció ni tuvo relación alguna con la empresa “Las Guacamayas
Ltda.”, ni sus socios o empleados, entre quienes se le inquirió por Humberto
Duque Peláez, Rubén Darío Ruiz Pérez, Juan Fernando Mejía Montoya, Luis Alberto
Vallejo Ochoa y Jairo Alberto Lopera Giraldo, destacando que éste último no fue
miembro de su organización. || A la par, ratificó en uno y otro de estos
procesos, que importantes y reconocidos ganaderos y empresarios de Urabá como
Jaime Uribe Castrillón y Arley Muñoz, sí fueron activos aportantes de recursos
de distinta especie usados para financiar las actividades de la agrupación de
autodefensas bajo su mando; como también aportó extenso y completo listado de
personas y empresas que participaron de igual forma dando soporte económico,
sin que allí aparezca ninguna de las vinculadas en esta actuación. || Negó rotundamente,
se añade, que los dirigentes máximos de las organizaciones de autodefensa,
entre los cuales se incluían los hermanos Castaño, y otras personas como lo
dijo Elkin Castañeda, (quien no compareció a declarar en este caso), se
hubieran reunido para fijar pautas a los frentes con influencia en la zona de
Belén de Bajirá, localidad de Mutatá, con el ánimo de desplazar a sus moradores
y/o despojarlos de sus fincas. || De lo conocido en este trámite, ninguno de
los bienes que son objeto de reclamación ha sido entregado, denunciado o
descubierto en la investigación como uno de los que contribuiría a la
reparación de las víctimas. || En síntesis, con base en sus distintas
aserciones no surge la necesaria conexión entre la reconocida y no debatida
conflictividad en el territorio de Urabá por la presencia de grupos al margen
de la ley, del tipo denominado autodefensas, y el desplazamiento de habitantes
de la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá – Antioquia; tampoco el despojo
de sus tierras consecuencial a los actos de violencia ejecutados ni por los
enfrentamientos o ataques de dichas autodefensas, entre los años 1996 a 1998,
primordialmente.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de
abril de 2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación
n° 43707. Página 84 a 86.
[144] Al respecto dice la providencia: “Igual conclusión dimana de lo
expresado por Dalson López Simanca, reconocido con los alias de “Lázaro”, “Mono
pecoso” o “Chilapo”, que si bien parco y menormente prolífico en sus respuestas
que lo hiciera Hasbún Mendoza, en calidad de jefe militar del frente por éste
dirigido ratificó, desde su perspectiva de combatiente en campo, lo que se
viene de exponer, sin que sus afirmaciones puedan ser desechadas como ajenas a
la verdad, pretensión de algunos apelantes, por el interés personal que le
asiste de no comprometerse en hechos punibles al no haberse interesado, para la
época de su intervención en este expediente, en los beneficios del proceso
alternativo de la Ley 975 de 2005. || Esa percepción particular es rebatida de
manera frontal por el propio López Simanca puesto que antes que negar su
incursión en actividades ilícitas como miembro de las autodefensas, aceptó su
status de jefe de un grupo de combatientes contra la insurgencia guerrillera en
el área de operaciones que lideraba Raúl Emilio Hasbún Mendoza, y mencionó sus
funciones, descartando entre ellas el desplazamiento de los pobladores o la
desposesión de sus pertenencias” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, 13 de abril de 2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016;
Radicación n° 43707. Página 87.
[145] Dijo al respecto la providencia: “Los socios y empleados o
enviados de la persona jurídica ‘Las Guacamayas Ltda.’, al declarar fueron de
la misma forma uniformes en negar cualesquier clase de actividades indebidas o
ilegales en que se pudiera haber incurrido en la consecución de los predios que
tenían la finalidad de hacer parte de la explotación ganadera extensiva que
surgió de la iniciativa de Jairo Alberto Lopera Galindo, que en mayo de 1997 da
a conocerla mediante un escrito del que no puede extraerse la concepción de una
idea sustentada en ilícitos procederes propios o de terceros, como infieren la
Fiscalía y los reclamantes, por la inclusión de la frase ‘…El proyecto tiene
su origen básicamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la
zona por casusas que son de público conocimiento…’. || Esa expresión
consignada en la ‘presentación del negocio’, acerca del aprovechamiento
de las nuevas condiciones de seguridad reinantes en el sector de Guacamayas, de
por sí no resulta suficiente prueba del vínculo con la organización armada
ilegal, salvo que se llegare a demostrar que era reflejo del consuno o
connivencia con dicha organización, producto de una mancomunada empresa
criminal con un predefinido designio, cosa que no ha acontecido en este
procesamiento, ni por vía inferencial se logra construir acorde con el esquema
de esa categoría de raciocinio, esto es, que de los hechos indicadores surja,
si y solo si, conclusión unívoca e incuestionable en ese sentido.”
[146] Sobre el caso de uno de los terrenos involucrados dice la
providencia: “Si, como se sabe, el objetivo principal de las Autodefensas
Campesinas de Urabá era exterminar a sus enemigos naturales -la guerrilla-, no
es creíble que Ibáñez Ortega hubiera sido señalado como integrante o
colaborador de una agrupación de esa índole y, sin motivo alguno conocido, se
le perdonara la vida con la imposición de una guardia nocturna que le impidiera
emprender la fuga, menos aún si lo aparentemente pretendido era despojarlo de
sus tierras, objetivo que podrían haber alcanzado esas autodefensas sin mayor
dificultad, en gracia de discusión, dado el temor infundido por sus actos de
marcada violencia || Significativa situación que poco creíble se muestra en el
contexto conocido, porque como lo puntualizaron Raúl Emilio Hasbún Mendoza y
Dalson López Simanca, pretendía la agrupación ilegal bajo su mando la
erradicación de la zona de su influencia de la guerrilla o sus colaboradores,
no reparando en eliminar de su camino a quienes fueran señalados de serlo. ||
Asevera al paso el reclamante que los actos de intimidación y la insistencia en
la “venta” de su finca, fueron ejecutados por los paramilitares que
permanentemente lo visitaban; sin embargo, a ellos no les aceptó la oferta de
compra, sino que lo hizo con Jairo Lopera Giraldo, sin reparar en establecer si
él tenía alguna relación con dicho grupo armado. || Se encuentra, entonces, que
en la primera declaración que Rosember Ibáñez Ortega rindió ante la Fiscalía[146],
dijo que le pidió a Jairo Lopera $1.000.000 por hectárea, mientras que en sus
otras intervenciones procesales afirmó que valoró el costo de esa unidad en
$300.000ºº, pero al final tuvo que aceptar los $200.000ºº que ofreció el
comprador; tales situaciones, narradas por él mismo, muestran que tuvo la
posibilidad de negociar el precio a pesar que al fin y al cabo acogió la
cantidad ofrecida por el interesado comprador. || De esas manifestaciones, se
advierte que alberga inconformismo al considerar que vendió muy barata su
tierra, que hizo un mal negocio y en su intención de recuperar a toda costa el
terreno otrora suyo para mejorar su condición económica, ha llegado al extremo
de invadirlo, acudiendo a las vías de hecho en actitud que dista mucho de la
corrección y cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas de respeto a la ley.”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de 2016 (MP
Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707. Páginas
115 y 116.
[147] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 20 a 30.
[148] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Página 22.
[149] Al respecto, la providencia acusada mediante tutela advierte que
la Fiscalía dijo: “Dalson López Simanca, comandante del grupo de choque
conocido como ‘los 40’, incursionó en la vereda Guacamayas y ordenó varios
crímenes que causaron el desplazamiento masivo de campesinos, pero su decisión
de no acogerse a la Ley de Justicia y Paz ha impedido determinar los graves
delitos que cometió; no obstante, por las denuncias que se han formulado en su
contra se establece que entre los años 1996 y 1997, al parecer participó en 22
homicidios y 35 desapariciones forzadas y se le señala responsable de la
masacre de ‘Aracatazo’, ocurrida en Chigorodó el 12 de agosto de 1995.” Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de 2016 (MP Fernando
Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707. Páginas 22 a 23.
[150] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 24.
[151] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 24 a 25. Dice la providencia acusada al respecto: “[La Fiscalía añade] que
Hasbún Mendoza dijo desconocer a las personas relacionadas con el proyecto
agroindustrial denominado ‘Las Guacamayas’, como a éste mismo, no obstante que
aseguró que el 97% de los ganaderos de la región dieron aportes voluntarios a
las autodefensas; mientras que los socios del proyecto agroindustrial negaron
haber brindado algún tipo de ayuda a ese grupo armado, por lo que se colige que
una de las dos partes está mintiendo, salvo que la situación se enmarque en el
3% restante según el mencionado postulado, situación considerada poco probable,
dado que la sociedad ‘Las Guacamayas’ compró 12 fincas de gran extensión y, por
ende, lo más lógico es que sus integrantes informaran su actividad económica a
los paramilitares, pidieran autorización para desarrollarla y, para estar
protegidos de las acciones de la guerrilla, contribuyeran a su financiación.”
[152] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 25 a 26. La Fiscalía advirtió que la situación
de violencia era conocida por Juan
Fernando Mejía Montoya y Rubén Darío Ruíz Pérez, administrador y socio del
proyecto ‘Las Guacamayas’, respectivamente, que aceptaron los graves problemas
de orden público que tenía la zona. Para la Fiscalía esto implicó el sacar ventaja de la situación de temor que agobiaba a
la población civil, pudiendo
comprar los “terrenos a un bajo precio de $200.000 por hectárea.”
[153] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 26 a 27. La
providencia que se acusa dice que el ente acusador: “[argumentó]
que es cierto que las promesas de compraventa, recibos de pago, escrituras y
demás aportados por la ‘Inmobiliaria e Inversiones ASA SA.’ muestran que se
cumplieron los requisitos legales, pero puede decirse que el consentimiento de
los vendedores está viciado por el elemento de la fuerza, puesto que en cada
caso la negociación no fue fruto de un acto voluntario sino que obedeció al
temor de la presencia de los paramilitares.” Para la Fiscalía
se obligó a algunos de los campesinos de la vereda Guacamayas a firmar documentos sin permitirles
revisar su contenido; prueba clara de ese vicio, lo que ocurrió con la finca
‘La Candelaria’, donde la suscripción de documentos se hizo ante hombres que
portaban armas de fuego y acompañaron a los compradores; y el notario encargado
de Chigorodó, sin ningún motivo valido, se desplazó hasta el predio y recogió
la firma de Victo Páez Medrano y no le enteró del texto de la escritura pública
respectiva.”
[154] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 27 a 28. Para la Fiscalía no puede considerarse que los miembros de la sociedad ‘Las
Guacamayas’ actuaron de buena fe exenta de culpa, “porque las adquisiciones de las fincas destinadas al proyecto
agroindustrial se realizó en la época de la violencia generalizada que causó la
incursión paramilitar y a sabiendas que los campesinos, para salvar sus vidas,
tuvieron que vender al precio que les ofrecieron.”
[155] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de abril de
2016 (MP Fernando Alberto Castro Caballero). AP2130-2016; Radicación n° 43707.
Páginas 28 a 29.
[156] Ver el artículo 38 de la Ley 1592 de
2012.
[157] Entre muchas otras sentencias ver por ejemplo las siguientes: C-927
de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra), C-248 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo) o, recientemente, C-007 de 2017 (Gloria Stella Ortiz Delgado).
[158] Sobre esta jurisprudencia y su evolución ver, entre otras, las siguientes sentencias: C-022 de 1996 (MP Carlos
Gaviria Díaz), C-093 de 2001 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-673 de 2001
(MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araújo Rentería, Alvaro Tafur
Galvis), C-354 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-104 de 2016 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto
Vargas Silva), C-115 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo, con AV; SV Alberto
Rojas Ríos).