T-501-16
Sentencia
T-501/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Requisitos de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia
excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés
público
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE
SEGUROS-Procedencia
excepcional cuando el margen de desigualdad existente entre las partes es tal
que establece una situación de indefensión
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE
SEGUROS-Subreglas para
determinar en qué eventos el juez de tutela adquiere competencia para
pronunciarse sobre relaciones contractuales en circunstancias que pueden
afectar los derechos fundamentales del asegurado
La jurisprudencia reiterada de la Corte ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias
surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo, (i) se
verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de
especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con
una considerable pérdida de su capacidad laboral y que, además, no tienen
ningún tipo de ingreso; o (ii) también en aquellos casos en que por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten a la
aseguradora, a pesar de la clara e inequívoca demostración del derecho
reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del reclamante.
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO
DE SEGURO
La reticencia se vincula con la inexactitud en la información entregada
por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato, básicamente por
desconocer los mandatos del principio de la buena fe y no declarar “sinceramente” los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo,
generando una distorsión en el
carácter aleatorio que identifica al contrato de seguro.
ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-Improcedencia por incumplir requisito de
subsidiaridad
No se cumplen las condiciones para
que por vía de tutela se ordene el pago del seguro, por lo que el amparo
resulta improcedente ante la existencia de otros medios de defensa judicial.
Referencia: Expediente T-5.542.290
Asunto: Acción de tutela
instaurada por la señora Nathalia Lopera Pérez en contra de Seguros de Vida
Suramericana S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de
tutela proferidos por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Tuluá y por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma
ciudad, correspondientes al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada,
a través de apoderado judicial, por la señora Nathalia Lopera Pérez en contra
de Seguros de Vida Suramericana S.A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. La accionante tiene 24 años de edad[1]
y fue la compañera permanente del señor Juan Gabriel López Romero hasta el día de
su muerte[2].
1.1.2. Tal como consta en el expediente, en
la unión marital no se procrearon hijos propios. No obstante, la señora Lopera
Pérez es madre de un menor de cuatro años de edad, de quien, según se manifestó
en la demanda, su compañero permanente se ocupaba económicamente; así como lo
hizo, en vida, respecto de ella y de sus padres que son personas de la tercera
edad y que también viven en su misma residencia[3]. En relación con estos últimos, se
destaca que el padre de la actora es una persona en situación de discapacidad, ya
que, además de ser diagnosticado con una enfermedad tromboembólica venosa, padece
un trauma en la columna que le genera fuertes dolores lumbares y dificultades
para movilizarse[4].
1.1.3. El señor Juan Gabriel López Romero
falleció el 13 de febrero de 2015[5] como consecuencia de una herida en el
tórax producida con arma de fuego que le ocasionó anemia aguda y lesión
vascular[6].
1.1.4. Antes de su muerte, el 8 de octubre
de 2014, el señor López Romero había contratado un seguro de vida individual con
la compañía Seguros Suramericana S.A., por un valor de 200 millones de pesos,
cuya beneficiaria principal, con un porcentaje del 100%, era la señora Nathalia
Lopera Pérez (la accionante) y, de forma contingente, en igual porcentaje, la
señora Anabeiba Pérez de Álzate (esto es, la madre de la accionante)[7].
1.1.5. Luego de la muerte del señor López
Romero, la tutelante solicitó a Seguros Suramericana el pago del seguro. Al
respecto, en comunicación del 28 de abril de 2015, se objetó la reclamación con
fundamento en el artículo 1058 del Código de Comercio[8], al
estimar que en el caso existió reticencia por parte del asegurado.
Puntualmente, se alegó que en la historia clínica
del señor López Romero, la cual se encuentra en el “Hospital Tomás Uribe
Uribe de Tuluá”, aparece un antecedente de que desde hace veinte años es
consumidor de marihuana, circunstancia que no se informó en su momento al
diligenciar la declaración de asegurabilidad, sino que, por el contrario,
cuando se le interrogó en relación con el consumo de drogas estimulantes, su
respuesta fue negativa[9].
1.1.6. Con posterioridad, el 3 de
noviembre de 2015, Suramericana contestó un requerimiento en contra de la
anterior decisión. En esta oportunidad, la compañía explicó que la actuación
del asegurado de omitir información relevante generó una nulidad relativa del
contrato de seguro, “al haberse perfeccionado bajo una base contraria a la
buena fe contractual y a lo establecido en el Código de Comercio”[10],
situación frente a la cual carece de relevancia si las circunstancias que
condujeron a la muerte guardan o no conexión con la ocurrencia del siniestro.
Para sustentar esta posición, se citó la
Sentencia C-232 de 1997[11], en donde la Corte examinó la
constitucionalidad del artículo 1058 del Código de Comercio, manifestando que:
“La relación causal que
importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, como sostienen los
demandantes, la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la
génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento
del asegurador.”[12]
1.2. Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos expuestos, la accionante
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo
vital, a la salud y a la protección de la familia, los cuales consideró
vulnerados ante la negativa de la entidad accionada de pagar el seguro de vida adquirido
por su difunto compañero permanente.
En la demanda de tutela, se alegó que la accionante se
encuentra en una situación de indefensión, pues tanto ella como el resto de su
núcleo familiar dependían del señor López Romero. Además, se expuso que ella se
dedicaba a labores del hogar, teniendo para la época de la presentación de la
solicitud de amparo un trabajo temporal, consistente en cubrir una licencia de
maternidad, por lo que técnica-mente se trata de una persona “desempleada”[13].
Por lo demás, se puso de presente que el señor López Romero era comerciante
independiente[14]
y que había adquirido el seguro de vida para evitar dejar a su familia desamparada
económicamente si llegaba a faltar, pues no cotizaba ni a salud ni a pensiones.
Para la accionante, no hay lugar a esperar la definición de un proceso civil
que puede demorarse uno o dos años, pues el núcleo familiar depende de un
ingreso mínimo para vivir.
Por último, se manifestó que el señor López Romero no
era consumidor de drogas alucinógenas y que, incluso de haberlo sido, no murió
a raíz de una sobredosis ni de un paro derivado por su uso. Esta circunstancia,
a juicio de la accionante, indica “la incoherencia y la dilación dolosa por
parte de la aseguradora”, con miras formalizar el pago de una obligación de
la cual depende el ingreso y la ayuda económica de una familia. Por lo demás, en
relación con lo expuesto, se señaló que al momento de adquirir la póliza nunca
le realizaron exámenes a su compa-ñero permanente y que, a la fecha de celebración
del contrato, no tenía ningún problema crónico que haya sido dictaminado.
Con fundamento en lo anterior, pidió que se ordene a
Suramericana SA reconocer y pagar el seguro individual de vida que fue
contratado, junto con la cancelación de los respectivos intereses moratorios.
1.3. Contestación de Seguros de Vida Suramericana S.A.[15]
En escrito del 4 de enero de 2016, el representante
legal de la citada compañía afirmó que el señor Juan Gabriel López Romero
incumplió con su obligación legal y contractual de obrar con buena fe en la
celebración del contrato de seguro, en tanto que no proporcionó información
veraz y real, en lo relativo a la declaración del estado de riesgo. Por esta
razón, en el asunto bajo examen, el contrato de encuentra viciado y es nulo.
Por último, expuso que su negativa no tiene ningún
impacto en el derecho al mínimo vital de la accionante, ya que “no es la
aseguradora como extremo contractual la llamada a resolver su presunto
escenario, situación por la cual existe una carencia de objeto constitucional,
falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la acción de
tutela”[16].
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
2.1. Primera instancia
En sentencia del 6 de enero de 2016, el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tuluá decidió declarar
la improcedencia de la presente acción de tutela, al estimar que, en el caso
concreto, existen otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción
ordinaria. Aunado lo anterior, señaló que no es posible abstraer que la
accionante se encuentra ante la posible configuración de un perjuicio
irremediable. Para tal efecto, advirtió que: “si bien se allegan soportes
como la consulta de puntaje al SISBEN y que la misma se encuentra estratificada
en el rango número uno, en ese mismo sentido se expone que la misma es
potencial beneficiaria para acceder a las diferentes ayudas que ofrece el Gobierno
Nacional, para población como ella (…). Así, entonces, no está total-mente
desprotegida, ni padece de algún tipo de invalidez que no le permita realizar
una labor determinada, prueba de ello es (…) reconoce desde la génesis de la
tutela que (…) se encuentra efectuando un remplazo de licencia de maternidad,
trabajo que si bien puede ser temporal, demuestra que la actora está en uso de
todas sus facultades para ejercer una labor de acuerdo a sus capacidades.”[17]
2.2. Impugnación
En oficio radicado el 13 de enero de 2015, la
accionante alegó que, a diferencia de lo afirmado por el a-quo, el
puntaje de SISBEN debe ser tenido en cuenta como un elemento suficiente para
acreditar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra tanto ella como
su familia, en especial si se advierte que no ha sido ni es beneficiaria de
ninguna de las ayudas del Estado. De manera adicional, sostuvo que se debe
considerar que es madre cabeza de familia a cuyo cuidado se halla, desde la
muerte de su compañero permanente, un menor de edad y dos adultos de la tercera
edad con padecimientos graves de salud.
2.3. Segunda instancia
En sentencia del 16 de febrero de 2016, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá decidió confirmar el fallo de
primera instancia, siguiendo para el efecto los mismos argumentos expuestos por
el a-quo.
III. PRUEBAS
En el expediente se encuentran las
siguientes pruebas relevantes:
3.1. Copia de la cédula de ciudadanía de
la señora Nathalia Lopera Pérez[18] y del señor Juan Gabriel López Romero[19].
Al igual que la copia del Registro Civil de Defunción de este último, en el
cual consta que falleció el 13 de febrero de 2015 en el municipio de Tuluá, departamento
del Valle del Cauca[20].
3.2. Copia del informe rendido el 20 de
octubre de 2014 por Suramericana S.A. al señor Juan Gabriel López Romero, sobre
el estado de su póliza de vida. Del mismo se advierte que el seguro se tomó el
8 de octubre de 2014, por un valor de 200 millones de pesos[21],
a favor de la señora Nathalia Lopera Pérez como beneficiaria principal en un
porcentaje del 100% y, como beneficiaria contigente, en igual porcentaje, se
dejaba a la señora Anabeiba Pérez de Álzate, en calidad de suegra[22].
El monto de la anual de la prima se fijó en $ 1.162.000 pesos, con una cuota
mensual de $ 105.742[23]. Por otra parte, se advierte que la
póliza inicialmente contratada tenía un valor de $ 150.000.000 millones de
pesos[24],
la cual fue modificada con la suma anteriormente señalada a los cuatro días de
haberse iniciado su cobertura[25].
3.3. Copia de la constancia proferida por
la Fiscalía General de la Nación el 8 de octubre de 2015, en la cual se señaló
que el Fiscal 28 Seccional Delegado adelantó indagación ante los Jueces Penales
del Circuito de Tuluá, en relación con el delito de homicidio del cual fue
víctima el señor Juan Gabriel López Romero, suceso que ocurrió el 13 de febrero
de 2015 en el corregimiento de Agua Clara. En lo que atañe a las circunstancias
fácticas que rodearon el ilícito, se expuso que la Policía encontró el cadáver
ante un llamado de la comunidad que alertó sobre la existencia de un cuerpo sin
vida en un zanjón cerca de un cañaduzal. A lo anterior se añadió que se trató
de una muerte violenta, causada por un proyectil de arma de fuego que le generó
una herida en el tórax y, como consecuencia de ello, se produjo una anemia
aguda y lesión vascular. Por último, se advirtió que el asunto se
encontraba en investigación, toda vez que no existía claridad sobre la
totalidad de las circunstancias fácticas que rodearon el siniestro[26].
3.4. Copia de los certificados del SISBEN de
la señora Nathalia Lopera Pérez (con un puntaje de 28,97), de su padre y su
madre (a quienes se les otorgó un puntaje de 38,91)[27].
En el documento correspondiente a la accionante, se precisó que, de acuerdo con
su puntaje, es potencial beneficiaria de los siguientes programas sociales: “-
Régimen subsidiado en salud // - Jóvenes rurales emprendedores // - Subsidio de
vivienda rural // - Subsidio integral de tierras y programa de oportunidades
rurales // - Exención en el pago para la expedición del duplicado de la cédula
de ciudadanía // - BEPS (Beneficios Económicos Periódicos)”[28].
3.5. Copia de una declaración juramentada
rendida el 2 de marzo de 2015 por el
señor Alan Camilo Delgado Alvarado y por la señora Aura María Patiño Quintana ante
la Notaría Primera de Tuluá. En este documento se manifiesta, entre otras
cosas, que hace siete años conocían al señor Juan Gabriel López Romero, que
éste vivía en unión libre con la señora Nathalia Lopera Pérez, cubriendo todos
los gastos del hogar. De igual forma, se señala que la pareja no procreó hijos[29].
3.6. Copia del documento en el que consta
una valoración médica realizada en noviembre del 2015 al señor Juan Manuel
Lopera Caño, padre de la accionante, en el Centro Médico Cristo Rey en Tuluá.
De dicha evaluación se puede establecer que el citado señor que padece de una enfermedad
tromboembólica venosa y que tiene un trauma en la columna que le genera fuertes
dolores lumbares[30].
3.7. Copias de las dos respuestas enviadas
por Seguros de Vida Suramericana S.A. a la señora Nathalia Lopera Pérez, la
primera el 28 de abril de 2015[31] y la segunda el 3 de noviembre del año
en cita[32], en las que se niega el pago de la póliza
reclamada alegando la existencia de una reticencia en el tomador, en los
términos descritos en el acápite de antecedentes[33].
3.8. Copia de un recibo de gas en donde se
relaciona que existen dos facturas sin cancelar, la suma a pagar corresponde al
valor de $ 66.809 pesos, sobre un saldo pendiente a capital de $ 657.537 pesos[34].
El recibo aparece a nombre de una tercera persona, distinta de la accionante,
con una dirección que no concuerda con aquella manifestada por el señor López
Romero en la declaración de asegurabilidad[35].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento
en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El
expediente fue seleccionado por medio de Auto del 27 de mayo de 2016 proferido
por la Sala de Selección Número Cinco.
4.2. Trámite en sede de
revisión
4.2.1. En Auto del 12 de julio de 2016, se
requirió a la señora Nathalia Lopera Pérez y a Seguros de Vida Suramericana
S.A., con el fin de precisar algunos aspectos relacionados con las
circunstancias fácticas que rodean el caso concreto.
4.2.2. En primer lugar, se ordenó a la
señora Nathalia Lopera Pérez responder varios interrogantes respecto de sus
condiciones de vida. Así, en escrito del 21 de julio del año en curso, al
referirse a su situación personal, señaló que está a cargo de su hijo de cuatro
años de edad y de sus padres que son personas de la tercera edad, estos últimos
padecen varias afectaciones en salud.
En relación con su situación económica, indicó
que actualmente se encuentra recibiendo un salario mínimo para el sostenimiento
de su hogar, como resultado de un contrato laboral suscrito de manera “verbal
y a término indefinido”[36]
con la empresa Cristalera El Repuesto del Mellizo. En este orden de
ideas, manifestó que contar sólo con el ingreso de un salario mínimo ha
representado dificultades en su calidad de vida y la de su núcleo familiar, ya
que cuando el señor López Romero se encontraba con vida tenía una renta de
aproximadamente $ 2.500.000, con los cuales se podía cubrir los gastos del
hogar que ascienden a $2.000.000 pesos.
Destacó que hasta la fecha no se le ha
otorgado ningún tipo de ayuda en materia de educación y vivienda por parte del
Estado, circunstancia que se agrava si tiene en cuenta que no son propietarios
de ningún bien inmueble, y que sólo cuentan con “tres camas, dos armarios de
metal gastados, una grabadora, sus vestimentas, una estufa, ollas, platos,
cubiertos y un televisor pequeño”[37].
Finalmente, especificó que si bien ella y
su hijo se encuentran actualmente en el régimen contributivo por razón del
trabajo que desempeña, sus padres reciben atención en salud por el régimen subsidiado,
sin que hasta el momento se haya otorgado a su favor algún tipo de ayuda por
parte del Estado.
4.2.3. En segundo lugar, se pidió a
Seguros de Vida Suramericana que informara los requisitos, exámenes y
documentos que se tuvieron en cuenta para la celebra-ción del contrato de
seguro con el señor Juan Gabriel López Romero. En respuesta del 21 de julio de
2016, se señaló que:
“(…) en la declaración de
asegurabilidad, [el señor López Romero] manifestó NO padecer enfermedad,
afección o practicar alguna actividad riesgosa. Al momento de indagársele sobre
si consumía sustancias alucinógenas marcó NO. No obstante, cuando se le
inquirió si maneja motocicleta y si su ocupación requiere labor manual que
implique riesgo de lesión, amputación y/o aplastamiento marcó SI. Una vez
obtenida esta información y conforme al principio de buena fe consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política, que caracteriza al contrato de seguro,
se expidió la póliza de vida individual No. 3674545, es decir, a juicio de la
compañía, el estado de riesgo del señor López no ameritaba un estudio de riesgo
complejo o la no expedición de la póliza por lo que se celebró y perfeccionó el
contrato de seguro sin otro requisito.”[38]
De igual forma, aclaró que la póliza
tomada por el señor López Romero se expidió con base en la declaración por él
realizada, como lo permite para este tipo de seguros el Código de Comercio[39],
incurriendo en dicho acto en una omisión a su deber contractual y legal de
aportar sinceramente toda la información relevante para establecer su verdadero
estado de riesgo, circunstancia que puso en una clara desventaja contractual a
la aseguradora generado los efectos del artículo 1058 del citado Código.
Por lo demás, señaló que la declaración de
asegurabilidad contaba con “preguntas claras, precisas y comprensibles”[40],
por lo que la única conclusión posible cuando el asegurado respondió de forma
negativa respecto del consumo de drogas estimulantes, es que “faltó a la
verdad y a la buena fe, ocultando información relevante para determinar el
estado del riesgo”[41],
y no porque se presentaran ambigüedades en los interrogantes.
En cuanto a la procedencia de la acción de
tutela, la aseguradora manifestó que no se cumple con el principio de
subsidiariedad, toda vez que las pretensiones de la parte actora tienen un
carácter enteramente económico, asociadas con una relación contractual
contenida en una póliza de seguro, de ahí que la competencia para resolver esta
controversia se encuentra en cabeza de la jurisdicción ordinaria y no del juez constitucional.
A lo anterior agregó que si bien excepcionalmente
“la Corte (…) ha concedido la protección de derechos fundamentales, tales
como, la vivienda digna y el mínimo vital en materia de seguros de vida
deudores asociados a créditos hipotecarios y en algunos casos a créditos de
consumo”, dicha circunstancia no se presenta en el caso bajo examen, pues
el seguro de vida adquirido responde a un acto de mera liberalidad, el cual,
por su carácter claramente contingente, por ninguna razón puede asociarse con
la garantía del mínimo vital. Al respecto, se afirmó que: “La accionante no
demuestra encontrarse en uno de los denominados grupos de especial protección
constitucional, de igual forma, de ser así, no podría la aseguradora tener que
suplir las carencias de la accionante, mediante una póliza de vida individual.
De ser declarado de esta forma se entendería que las personas que no cuentan
con un seguro de vida individual en Colombia se encuentran en situación de
desprotección y este tendría que convertirse en obligatorio.”[42]
Por último, la aseguradora sostuvo que de
los documentos allegados por la actora en el proceso de amparo, no se desprende
la posibilidad de configuración de un perjuicio irremediable que amenace sus
derechos fundamentales, pues en la actualidad está vinculada laboralmente, y
por ende, recibe ingresos mensuales.
4.2.4. En tercer lugar, en desarrollo del
Auto del 12 de julio de 2016, la empresa aseguradora suministró la siguiente
información adicional. Se observa la solicitud de diligenciamiento del seguro,
en la que consta que el señor López Romero tenía como oficio la labor de
chatarrero, en una supuesta “empresa” de su propiedad y con ingresos mensuales
que ascendían a $ 1.500.000 pesos[43].
Esta declaración se realizó el día 7 de octubre de 2014, en la que consta que
el asegurado marcó de forma negativa la casilla relativa al consumo de “drogas
estimulantes”[44],
situación manifiestamente contraria a lo que ocurrió con la labor de conducir
moto, al igual que sobre si su ocupación implicaba riesgos de lesión, amputación
y/o aplastamiento[45].
También se anexó copia de la historia clínica
del señor Juan Gabriel López Romero enviada el 1 de abril de 2015 por el
Gerente del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez a la compañía Suramericana[46].
Entre los elementos de juicio se destacan que el asegurado tenía la condición
de vinculado a cargo de la Secretaría de Salud Municipal y que los motivos de
consulta estuvieron relacionados con heridas con vidrio por manipular bolsas,
así como por una mordedura de perro. Por otra parte, aparece copia de una
vinculación transitoria al régimen subsidiado en la EPS Caprecom, realizada el
4 de enero de 2011 por parte del INPEC[47].
Cabe aclarar que en los documentos que
fueron enviados no se encuentra referencia sobre el supuesto consumo de
marihuana alegado por la compañía. A pesar de ello, no puede realizarse una
deducción definitiva sobre el particular, ya que la reticencia se alegó a
partir la historia clínica del Hospital Tomas Uribe Uribe y la que fue anexada
corresponde al Hospital Rubén Cruz Vélez, ambos ubicados en el municipio de
Tuluá. Ninguna de las partes brindó más información sobre el particular.
Al margen de lo anterior, se aprecia que, para
enero de 2013, los profesionales tratantes del Hospital Rubén Cruz Vélez se
refieren al señor López Romero como un “habitante de la calle”, sin que
se haya dado más información[48].
Finalmente, se envió copia de la inspección técnica realizada el 14 de febrero
de 2015 por la Fiscalía General de la Nación, en la que se exteriorizó la misma
información que ya expuesta en el acápite de pruebas[49].
4.2.5. En cuarto lugar, en el mismo auto
previamente mencionado, se ofició a las empresas de seguridad social a las que está
afiliada la accionante, para que brindaran información sobre su estado de
afiliación y sobre otros aspectos relevantes al caso. Inicialmente, Coomeva EPS
precisó que la actora se encuentra como afiliada activa desde el 1 de mayo de
2016, en calidad de dependiente de la empresa Angie Leandra Betancourt y
con un ingreso fijo de $ 689.455 pesos[50].
Por su parte, Positiva Compañía de Seguros
S.A. allegó un certificado en el que se constata que la señora Nathalia Lopera
Pérez se encuentra afiliada a riesgos profesionales como dependiente de Angie
Leandra Betancourt, que es la representante legal de Cristalera El
Repuesto del Mellizo, desde el 20 de mayo de 2016[51]. Por lo
demás, se puso de presente que la accionante estuvo afiliada con anterioridad
por otro empleador (esto es, el señor Carlos Augusto Villada Hoyos)
desde el 9 de abril de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016.
4.2.6. Para concluir, en Auto del 15 de
julio de 2016, se requirió a la Fiscalía 28 Seccional Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Tuluá para que, en el menor tiempo posible, brindara
información sobre el presunto homicidio del señor Juan Gabriel López Romero y
el avance de la investigación penal. Dicha autoridad dio respuesta el día 28 del
mes y año en cita, sin presentar datos adicionales sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrió el ilícito, diferentes a aquellas que ya
habían sido presentadas en los informes resumidos en el acápite de antecedentes[52].
4.3. Problema jurídico y
esquema de resolución
4.3.1. A partir de las circunstancias fácticas
que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las decisiones
adoptadas en las instancias judiciales y de la información obtenida en sede de
revisión, esta Corporación debe entrar a resolver si Seguros de Vida
Suramericana S.A. vulneró los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la
señora Nathalia Lopera Pérez, como consecuencia de su negativa a pagar la
póliza de vida de la cual es beneficiaria en un 100% y que fue adquirida por su
compañero permanente el 8 de octubre de 2014, al invocar la existencia de una
reticencia en la información referente al estado de riesgo, por cuanto se
omitió declarar por el tomador el antecedente de ser un supuesto consumidor de
marihuana desde hace 20 años.
4.3.2. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala inicialmente examinará el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, en especial, en lo referente
a la satisfacción del principio de subsidiariedad, dada la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para dirimir la controversia planteada. De
suerte que, sólo una vez se supere dicho examen, se procederá con el estudio
del asunto de fondo, en aspectos relativos a la relación de aseguramiento y el
fenómeno de la reticencia.
4.4. De la procedencia de la acción de
tutela
4.4.1. En cuanto a la legitimación por activa, cabe destacar que toda persona puede encausar una
acción de tutela, ya sea directamente o por interpuesta persona, con miras a
asegurar la protección de sus derechos fundamentales[53]. Esta última posibilidad
admite diferentes escenarios de actuación, como lo son el ejercicio de la
acción a través del representante legal, de un apoderado judicial, de la
agencia oficiosa o de las atribuciones especiales que se otorgan a la
Defensoría del Pueblo. En todo caso, cuando el amparo se ejerce mediante un
apoderado judicial se deberá anexar poder, el cual se presumirá auténtico, en
concordancia con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[54].
En el caso bajo examen, esta Sala de
Revisión considera plenamente acreditado este primer requisito de procedencia del
amparo constitucional, en tanto que la demanda fue presentada por la señora
Nathalia Lopera Pérez, a través de apodera-da judicial, con el fin de
garantizar sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital. De
esta manera, se acredita que la accionante tiene la condición de persona
natural, que de ella se desprende la violación de los derechos alegados y que para
la actuación judicial otorgó poder a un abogado con nota de presenta-ción
personal, el cual consta como anexo de la demanda[55].
4.4.2. Respecto de la legitimación
por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de
tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los
particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley[56].
En el asunto objeto de estudio, es claro
que Seguros de Vida Suramericana S.A. es un particular, de ahí que, resulta
necesario determinar si frente a dicha compañía se cumple con alguno de los
presupuestos que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela en
su contra. En este orden de ideas, tanto en la Constitución Política como en el
Decreto 2591 de 1991, se prevén las siguientes hipótesis de procedencia, a
saber: (i) cuando el particular se encuentra encargado de la prestación de un
servicio público; (ii) cuando con su conducta afecta de manera grave y directa
el interés colectivo; o (iii) cuando existe un estado de subordinación o
indefensión entre el solicitante del amparo y quien supuestamente incurrió en
la violación de un derecho fundamental[57].
4.4.2.1. De acuerdo con los antecedentes
del caso, es indiscutible que las dos primeras hipótesis no se presentan en la
cuestión bajo examen. Ello es así, por una parte, porque no existe una
afectación al interés colectivo; y por la otra, porque de conformidad con el
artículo 335 de la Constitución, si bien la actividad aseguradora es de interés
público, ello no implica que pueda ser categorizada necesariamente como un
servicio público, pues –como ocurre en este caso– la póliza que se reclama no
corresponde a una actividad que debe ser prestada de forma regular, permanente
y continua[58],
sino al objeto de un contrato dirigido a amparar la ocurrencia de un siniestro[59].
Por ello, es preciso establecer si en el asunto objeto de estudio se
materializa la tercera posibilidad que le otorga viabilidad procesal a la
acción de tutela, esto es, que la persona se halle en un estado de
subordinación o indefensión respecto de quien supuestamente incurrió en una
transgresión de un derecho ius fundamental.
4.4.2.2. Como lo ha sostenido este
Tribunal, en el caso de las relaciones que surgen del contrato de seguro se
presenta un desequilibrio natural, por virtud del cual el cliente o usuario se
encuentra, por regla general, en una posición de disparidad económica e
inferioridad frente a las empresas con las cuales contrata sus servicios.
Precisamente, a través de la suscripción de contratos de adhesión, son estas
últimas las que fijan el valor de las primas, el monto de los deducibles, el
régimen de garantías y las exclusiones que niegan el pago del riesgo asegurado.
Esta situación se traduce en una posición dominante de las citadas empresas
frente a sus usuarios[60],
cuyas actuaciones son objeto de control, de modo habitual, a través del marco
regulatorio que rige la actividad aseguradora y mediante la supervisión
permanente que frente a dichas compañías se ejerce por el Estado.
Ahora bien, en ciertos casos, la posición
dominante que ejercen las empresas aseguradoras sobre sus usuarios conduce a
que las primeras esquiven o dilaten la satisfacción de sus compromisos, en
contra de un interés asegurado que, a partir de las características que le son
propias, puede conducir a la afectación cierta y directa de derechos fundamentales
como el mínimo vital y la salud, e incluso, en situaciones especiales, la
vivienda digna.
En este orden de ideas, si bien es cierto, como lo sostiene
Suramericana S.A., que un contrato comercial de seguro no tiene por objeto
salvaguardar las condiciones de subsistencia de una persona y de su hogar, a
diferencia de lo que ocurre con las prestaciones que se derivan del Sistema
Integral de Seguridad Social o de los programas de asistencia que brinda el
Estado, no deja de ser una realidad que los seguros de vida, más aún cuando se
contratan de forma individual, se explican no sólo como una forma de amparar la
propia existencia y las contingencias que puedan afectar su desarrollo
(enfermedades graves, accidentes o una invalidez), sino también como una
herramienta para asignarle recursos a quienes con la muerte o incapacidad del
asegurado puedan verse sometidos a un perjuicio económico, tal como ocurre con
los cónyuges, compañeros permanentes, hijos, padres y demás familiares
cercanos, hipótesis en la cual, a partir de las circunstancias de cada caso,
puede llegar a existir un impacto directo en la garantía del mínimo vital. Así
lo admite el artículo 1137 del Código de Comercio, cuando al referirse a los
seguros de personas, dispone que: “Toda persona tiene interés asegurable: 1.-
En su propia vida; 2.- En la de las personas a quienes legalmente pueda
reclamar alimentos; 3.- En la de aquellas cuya muerte o incapacidad
pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una
evaluación cierta. (…)”[61].
Esta última circunstancia es la que
advierte en el caso sometido a decisión, pues a partir de las condiciones
particulares del tomador y de su familia, se aprecia que el seguro de vida
contratado no busca servir como un instrumento para otorgar recursos
adicionales a quienes ya los tienen, sino como un elemento específica-mente
dirigido a compensar el perjuicio económico derivado de la imposibilidad de
continuar velando por su familia, como en vida lo había venido realizando el
señor Juan Gabriel López Romero. Precisamente, como se advierte de la información
que reposa en el RUAF[62],
este último nunca cotizó a pensiones, por lo que cabe, como se afirma en la
demanda, que la contratación del seguro respondiera a la intención de crear una
ayuda económica para que la familia pudiese salva-guardar su derecho al mínimo
vital, pues el valor de la póliza podría ser utilizado para “montar un
negocio y tener con que comprar una casa y subsistir digna-mente [a pesar de
la] ausencia [del señor López Romero], teniendo en cuenta el estado de salud
del suegro, estado de invalide[z], y el bienestar del niño (…)”[63].
En tal sentido, cabe resaltar que, dentro
los objetivos que tiene el seguro contratado, Plan Sucapital Clásico, se destaca el referente a que “permite garantizar un capital de respaldo
para [la] familia en caso de fallecimiento, invalidez o enfermedad de alto
costo”, siendo la muerte
del asegurado (accidental o violenta), la cobertura principal que se ofrece[64].
En desarrollo de lo anterior, observa la
Sala que la presente acción cumple el requisito de legitimación por pasiva,
toda vez que del relato de la accionante se infiere su posición de indefensión
frente al comportamiento de la aseguradora, quien presuntamente está incumpliendo
la obligación de pago derivada del seguro individual de vida suscrito en el año
2014, lo cual va en contra del interés asegurado y, a su juicio, pone en riesgo
sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, al tratarse de
una madre cabeza de familia con escasos recursos económicos, y que tiene a su
cargo el cuidado de un menor de edad y dos sujetos de la tercera edad, uno de
ellos, según se alega, con afectaciones serias de salud. Aunado a que la póliza
se adquirió por su compañero permanente, precisamente, para cubrir la
satisfacción de las necesidades básicas de su familia, en caso de producirse su
muerte, tal como finalmente ocurrió.
La situación de indefensión
derivada del vínculo que en este caso parece existir entre la prestación
reclamada y la garantía del mínimo vital, no constituye una regla que se
aplique en todos los casos de seguro de vida, ya que ello depende, como ocurre
en el asunto bajo examen, del rol que tenía el asegurado, del objeto de la
póliza suscrita y de los ingresos de la familia. Precisamente, frente a este último
punto, se pudo acreditar que con anterioridad a la muerte de su compañero
permanente, la señora Lopera Pérez no había ejercido ninguna actividad laboral
y que su subsistencia siempre estuvo ligada a los ingresos de su pareja, motivo
que, al parecer, condujo a este último a adquirir una póliza a su favor. Visto
entonces que se satisface el requisito de la legitimación por pasiva, se
procederá con el examen del resto de condiciones de procedencia.
4.4.3. En desarrollo de lo expuesto, es
claro que la viabilidad de la acción de tutela también exige que su
interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del
momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental,
de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un
instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras
a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o
amenaza[65].
Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio
de inmediatez.
En criterio de este Tribunal, si con la
acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos
fundamentales, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco
de ocurrencia de la amenaza o violación de dichos derechos. Una actuación en
sentido contrario, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la
acción, pues cuando el accionante no actúa con prontitud en la solicitud del
amparo, se infiere que éste no requiere de una protección urgente, efectiva e
inmediata, más allá de que también pueda convertirse en un factor de inseguridad
jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros[66].
En relación con el caso objeto de
estudio, la actora instauró el recurso de amparo el 22 de diciembre de 2015 y
la última respuesta dada por Seguros de Vida Suramericana S.A., a través de la
cual reiteró su negativa al pago de la póliza, se dio el 3 de noviembre del año
en cita. Esto significa que, en la práctica, transcurrió poco más de un mes
para que la demandante acudiera ante el juez constitucional, término que se
ajusta a la razonabilidad que explica la procedencia de la tutela.
Queda entonces por examinar lo referente
al cumplimiento del principio de subsidiaridad, respecto del cual –por su
trascendencia en relación con el caso planteado– se realizará un acápite
separado.
4.5. De la procedencia de la acción de
tutela para dirimir controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro.
Del principio de subsidiaridad del amparo constitucional
4.5.1. El precitado artículo 86 de la
Constitución Política señala que la acción de amparo constitucional sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable[67].
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo
de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de
que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios
para asegurar su protección”[68].
El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios constitucionales
de independencia y autonomía de la actividad judicial.
No obstante, aun existiendo otros
mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha
admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita
que los mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo
integral, o no son lo adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia
SU-961 de 1999[69],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea,
circunstancia en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa,
como mecanismo de protección definitiva de los derechos fundamentales[70].
En relación con el primer supuesto, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se
presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental
susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible[71].
Este amparo es eminentemente temporal, como lo reconoce el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso anterior,
el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente
sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para
decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”[72].
En cuanto al segundo evento, se entiende
que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver
un asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto
en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al
derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que: “el
requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del
principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización
de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[73]. La aptitud
del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[74].
Finalmente, reitera la Sala que en
atención a la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, esta
Corporación también ha establecido que la misma no está llamada a prosperar
cuando a través de ella se pretenden sustituir los medios ordinarios de defensa
judicial[75].
Al respecto, la Corte ha señalado que: “no es propio de la acción de tutela el
[de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona
protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos
constitucionales fundamentales”[76].
4.5.2. Ahora bien, en tratándose de
controversias relacionadas con contratos de seguros, este Tribunal ha sostenido
que dichos conflictos, en principio, deben ser resueltos ante la jurisdicción
ordinaria civil, en tanto el legislador previó la posibilidad de acudir a varias
clases de procesos para solucionarlos, los cuales se encuentran básicamente
previstos en el Código General del Proceso y dependen del tipo de controversia
originada en la relación de aseguramiento[77].
Ellos se caracterizan por contemplar instrumentos y herramientas para que los
interesados tengan la oportunidad de reclamar sus derechos y, si es del caso,
formular oposiciones frente a las actuaciones de las partes involucradas en el
negocio jurídico objeto de la litis. Por lo demás, en dichas vías se
otorgan amplias oportunidades para solicitar o controvertir pruebas y si se
considera necesario interponer recursos.
Ante esta realidad, la jurisprudencia
reiterada de la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de
tutela para pronunciarse sobre controversias surgidas con ocasión del contrato
de seguro, cuando, por ejemplo, (i) se verifica una grave afectación de los
derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, como
ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida de su capacidad
laboral y que, además, no tienen ningún tipo de ingreso; o (ii) también en
aquellos casos en que por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que
le asisten a la aseguradora, a pesar de la clara e inequívoca demostración del
derecho reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del
reclamante.
La
línea previamente expuesta se reiteró por la Sala Tercera de Revisión[78], al conocer
del caso de una persona con cirrosis por hepatitis autoinmune, con un 59.45% de
pérdida de capacidad laboral, madre de dos menores de edad, a quien se le
inició un proceso jurídico para el cobro de las cuotas dejadas de cancelar por
un crédito hipotecario. Al momento de pronunciarse sobre el caso sometido a
decisión, esta Sala consideró que la acción de tutela era el mecanismo idóneo
para solucionar el conflicto planteado, en la medida en que la controversia
tenía efecto directo sobre los derechos fundamentales a la vida digna y al
mínimo vital de la accionante, cuya condiciones particulares le dificultaban
acudir a las vías ordinarias previamente expuestas. Concretamente se estableció
que:
“Con base en lo anterior, en el asunto sub
examine, la Corte observa que la acción de tutela se convierte en el
mecanismo idóneo de protección, pues la controversia que se plantea tiene un
efecto directo sobre los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo
vital, pues la condición física que padece la accionante le impide continuar
trabajando y, por ende, obtener los recursos necesarios para cancelar las
cuotas correspondientes al crédito de vivienda, frente a las cuales ya existe
un proceso judicial en curso en el que se pretende hacer efectiva su garantía
hipotecaria, así como asegurar su congrua subsistencia y la de sus menores
hijos.”[79]
Además de las hipótesis previamente expuestas, (iii)
la Corte también ha decidido estudiar de fondo los casos en los que se
encuentra de por medio una controversia originada en un contrato de seguros,
cuando se evidencia que más allá de la disputa económica que le sirve de origen
y que puede impactar en los derechos al mínimo vital y a la vida digna, existe
un problema de naturaleza constitucional que debe ser estudiado por el
juez de tutela, vinculado con la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso[80]
o a la salud[81].
Así, por ejemplo, la Corte ha otorgado el
amparo en los siguientes tipos de casos:
(a)
Cuando las compañías de seguros niegan el pago de la prestación asegurada por
contabilizar el tiempo de la prescripción desde un momento diferente de aquél
que dispone la ley. Al respecto, en la Sentencia T-309A de 2013[82], la Corte conoció de un
caso en el que una aseguradora se negó a reconocer una póliza al contar los
términos de prescripción desde la fecha de estructuración de la invalidez y no
desde el momento en que se profirió el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Para este Tribunal, en el asunto sub-judice, la aseguradora desconoció
el principio de la buena fe, ya que cuanto se estructuró la invalidez el
accionante no conocía su condición invalidante[83].
En este mismo sentido se pronunció la Sala Tercera de Revisión en la Sentencia
T-557 de 2013[84],
en un caso en que una aseguradora
negó el pago del seguro, con fundamento en las mismas razones previamente
expuestas.
(b)
Cuando en el contrato de seguro existen cláusulas ambiguas y estas son
interpretadas por la aseguradora en contra del reclamante de la póliza. Así,
por ejemplo, cuando en el clausulado no existe un parámetro claro para definir
el grado de incapacidad o invalidez del tomador para que se constituya el
riesgo, esta Corporación ha considerado que deberá garantizarse como mínimo el
estándar del régimen de seguridad social en pensiones, esto es, que la
incapacidad supere el 50%[85].
(c)
Cuando en materia de seguros de salud, si antes de suscribir un contrato de
medicina prepagada o un contrato de seguro médico, la compañía no practica el
examen de ingreso, caso en el cual no puede abstenerse de prestar o cubrir un
servicio que no aparece expresamente excluido del negocio jurídico, teniendo en
cuenta la naturaleza del riesgo que ampara y su pericia en dicha materia[86].
Para
que este deber resulte exigible a las aseguradoras, es indispensable que en el
cuestionario en el que se determinen las condiciones de asegurabilidad, el tomador
manifieste en su declaración, ante una pregunta específica, que padece algún
tipo de enfermedad, pues en activación del principio de la buena fe, se
entiende que el silencio de las compañías sobre el alcance de las coberturas
envuelve su decisión de allanarse a asumir aquellos riesgos que, una vez
conocidos, no hayan sido expresamente excluidos[87]. En efecto, ante el
conocimiento del estado de salud del tomador (asegurado), es innegable que las compañías
tienen la posibilidad de realizarle algún tipo de examen médico o de revisar su
historia clínica, con el objeto de determinar si se celebra o no el negocio
jurídico o si hace necesario estipular unas condiciones contractuales distintas
y más onerosas. De no ocurrir lo anterior, como ya se dijo y lo ha sostenido la
Corte, se concluye que no es posible alegar exclusiones o preexistencias
distintas a aquellas que aparezcan explícitamente contenidas en el acto o
contrato.
Por
el contrario, si el tomador no suministra la información requerida en el
cuestionario propuesto, es claro que la compañía de seguros está autorizada
para calificar el estado del riesgo a partir de la declaración realizada, sin
tener que realizar exámenes médicos o revisar la historia clínica, escenario en
el cual, de presentarse una inexactitud frente a la realidad, se podría estar
en presencia de una hipótesis de reticencia, uno de cuyos efectos es el de generar
la nulidad relativa del contrato de seguro, como más adelante se explicará.
4.5.3.
Ahora bien, en el caso de los seguros de vida o de daños, la relación de
aseguramiento se guía por el principio de autonomía de la voluntad privada, lo
que exige verificar que se cumpla con el clausulado acordado por las partes, sin
que quepa imponer límites adicionales a los contenidos en la ley. Así, por
ejemplo, en el caso específico de los seguros de vida, salvo pacto en
contrario, deberá atenderse a la disposición contenida en el artículo 1158 del
Código de Comercio que en su tenor literal dispone: “Aunque el
asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá
considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 [obligación
de veracidad en la declaración del tomador sobre el estado del riesgo], ni
de las sanciones a que su infracción de lugar”[88].
De
acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad privada, obsérvese como la
norma en cita permite disponer sobre la exigibilidad del examen médico para la
celebración del contrato de seguro de vida. Dicha autorización legal se explica
si se tiene en cuenta que una de las características principales del contrato
de seguro es la de ser un negocio fundado en el principio de la máxima buena fe
(uberrimae bona fidei), según el cual las partes han de obrar lealmente durante
las fases precontractual, contractual y poscontractual para cumplir a cabalidad
con el objeto perseguido mediante la celebración del negocio jurídico[89].
Precisamente,
entre otros momentos, dicha buena fe se manifiesta cuando el tomador (asegurado)
se allana a contratar un seguro y declara el estado del riesgo que sólo él
conoce íntegramente, para que conforme a esa información se determine por la
aseguradora si hay lugar a establecer condiciones más onerosas o, incluso, en
casos extremos, para que decida no contratar, siempre que no se incurra en un
abuso de la posición dominante que implique la violación de derechos
fundamentales[90].
De suerte que, si se desdibuja la obligación de declarar sinceramente el estado
del riesgo, exigiendo siempre –a pesar del mandato legal previamente
transcrito– la carga de realizar un examen médico y, por ende, de asumir los
siniestros por enfermedades no declaradas, se estaría desconociendo el citado
principio que debe regir la actuación de los contratantes, dando lugar a una
relación minada por la desconfianza y por la necesidad de descubrir aquello que
la otra parte no está interesada en dar a conocer[91].
4.5.4.
Por último, si bien algunas Salas
de Revisión se han pronunciado de fondo en casos en los cuales las aseguradoras
alegan reticencias para negar el pago de pólizas[92], lo cierto
es que en dichos casos siempre se ha preservado la regla sobre la procedencia
excepcional de la tutela, vinculada con la necesidad de resolver un problema de
naturaleza constitucional, por lo general en el ámbito del amparo de los derechos al mínimo vital, a la salud o a la vida
digna.
Para
esta Sala de Revisión, la consideración sobre la procedencia excepcional del
amparo constitucional en casos de reticencia tiene especial importancia, si se
tiene en cuenta que la ocurrencia del citado fenómeno se vincula con la inexactitud
en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el
contrato, básicamente por desconocer los mandatos del principio de la buena fe
y no declarar “sinceramente” los hechos o circunstancias que determinan
el estado de riesgo, generando una distorsión en el carácter aleatorio que identifica al contrato
de seguro. Por ello, desde la doctrina, se ha identificado que la reticencia
consagrada en el artículo 1058 del Código de Comercio, se fundamenta en dos
características esenciales: (i) el principio de extrema buena fe[93]
y (ii) la necesidad de proteger la naturaleza aleatoria del contrato de seguro.
En otras palabras, este negocio jurídico se estructura
sobre la ocurrencia de un riesgo, que puede o no suceder, a partir del cual la
aseguradora se obliga a asumir el cumplimiento de una determinada prestación
(v.gr. cancelar una suma de dinero). En tal virtud, la etapa precontractual
juega un papel esencial en la determinación del objeto y costo del contrato,
toda vez que es el momento en el que el tomador de la póliza pondrá en
conocimiento del asegurador el estado del riesgo que se pretende garantizar y,
a su vez, éste podrá calcular el valor de prima. Ello supone necesariamente un
deber cualificado de información en el tomador, consistente en poner de
presente todas aquellas circunstancias de su vida cotidiana que podrían
impactar en el estado del riesgo, con el propósito no sólo de que la aseguradora
pueda realizar una apreciación sincera y real sobre la probabilidad de
ocurrencia del siniestro, sino también sobre la capacidad para asumir su pago a
partir del monto total de coberturas preexistentes; lo cual, en concordancia
con el principio de la buena fe, busca asegurar la integridad, exactitud y
libertad del consentimiento proferido por las partes de la relación contractual[94].
Por esta razón, es que la jurisprudencia constitucional ha admitido que el
principio de la buena fe es parte esencial e intrínseca del contrato de seguro[95]
y que, al preverse, como efecto principal de la reticencia, la nulidad relativa
del contrato, el legislador no hace nada distinto a sancionar “la mala fe en
el comportamiento del declarante”[96].
Ahora bien, como en muchas ocasiones se torna difícil
para el tomador determinar la relevancia de ciertas circunstancias de su vida
personal y cotidiana para que la aseguradora pueda establecer con certeza el
estado del riesgo, se ha admitido que es a las compañías del sector a las que
les corresponde, como ya se mencionó, aclararle al tomador sobre los aspectos
que debe informar, utilizando, para tal efecto, diferentes metodologías. Precisamente,
es normal que las empresas de seguros adopten cuestionarios con preguntas
específicas que integran lo que se conoce como la declaración del estado del
riesgo.
Bajo este panorama, el fenómeno de la reticencia
pretende evitar el desequilibrio contractual que podría derivarse de la omisión
de la información brindada por el tomador, respecto del estado del riesgo a
asegurar. Es por ello que, siempre que en el cuestionario dispuesto para el
efecto se incurra en una inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, “conocidas
por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a
estipular condiciones más onerosas”[97],
se produce la nulidad relativa del seguro[98].
A pesar de ello, en caso de que se decida no hacer uso
de un cuestionario, el régimen sustancial igualmente sanciona con nulidad
relativa el contrato, cuando la reticencia o inexactitud en la información que
se otorga, se refiere a “hechos o circunstancias que impliquen [la]
agravación objetiva del estado del riesgo”, siempre que en tal proceder
medie la culpa del tomador.
Como excepciones al mecanismo correctivo de la
anulación, por una parte, se dispone los casos en que la inexactitud o
reticencia proviene de un error inculpable del tomador, hipótesis en la cual “el
asegurador sólo estará obligado, [de producirse] el siniestro, a pagar un
porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima
estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada
al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160” del
Código de Comercio[99];
y por la otra, cuando se logra acreditar que el asegurador, antes de celebrar
el contrato, “ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre
[los] que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato,
se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”[100],
circunstancias en las cuales no cabe la imposición de ninguna sanción.
En todo caso, en criterio de la Corte, cabe aclarar
que la nulidad relativa del contrato pretende castigar la mala fe en el
comportamiento del tomador, motivo por el cual la relación contractual no podrá
ser declarada nula por la sola omisión en el suministro de cualquier
información, pues lo que se exige es que la inexactitud en la declaratoria se
origine en un actuar contrario a los postulados de la buena fe[101], que tenga
la entidad de retraer el negocio celebrado o que, de ser conocida por el
asegurador, hubiese llevado a estipular condiciones más onerosas.
En virtud de lo anterior, este Tribunal ha admitido
que es deber de la aseguradora demostrar que la inexactitud tendría la entidad
suficiente para, de haber sido conocida, conducir al desistimiento de la
celebración del contrato o hacerlo más oneroso[102], sin
perjuicio –como lo dispone la ley– de advertir que la sanción de nulidad no
aplica si el asegurador, antes de celebrar el contrato, “conocía o podía
conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”[103]; al igual
que si las partes se allanan a subsanar los vicios, si la compañía aseguradora
los acepta expresa o tácitamente o si se está en presencia de un error
inculpable por parte del tomador[104].
En este contexto, en criterio de esta Sala, es claro
que las controversias que se originan por las inexactitudes en que se haya
incurrido por el tomador, para efectos de determinar si procede o no la nulidad
relativa del seguro, desbordan el ámbito de la tutela y conducen por regla
general a su improcedencia, al no tener esta acción las características de los
procesos judiciales que se tramitan ante la justicia ordinaria (procesos
declarativos), en donde las partes, en igualdad de condiciones, tienen la
posibilidad de intervenir, de aportar pruebas y de controvertir aquellas que se
usen en su contra. Precisamente, por su carácter informal, el amparo constitucional
tiene como objeto la protección de derechos funda-mentales dentro de un proceso
que se caracteriza por su sumariedad y celeridad, lo cual se contrapone –desde su
misma concepción– a un proceso judicial tradicional, en el cual es posible
verificar con la certeza propia de una amplia etapa probatoria, los efectos que
en términos de afectación al consentimiento de la aseguradora, se requieren
para que se acredite la existencia de la reticencia.
Por ello, a juicio de la Corte, no cabe duda de que la
acción de tutela no es la vía idónea para pronunciarse sobre el citado fenómeno,
cuando se brindan elementos de juicio que advierten sobre la existencia de una
discusión respecto de la veracidad de las declaraciones realizadas sobre el estado
del riesgo, en un contexto en el que debe verse afectado el consentimiento de
la aseguradora. En efecto, en la medida en que en este tipo de casos el asunto
adquiere un alcance controversial y litigioso que desborda el carácter sumario
e informal del amparo constitucional, el cual exige un nivel mínimo de certeza
o de convencimiento respecto del derecho reclamado, es claro que el amparo
constitucional resulta improcedente. Por ello, tal como se reseñó en la
Sentencia T-523 de 1998[105]
y se reiteró en la Sentencia T-1683 de 2000[106],
es innegable que el juez de tutela no puede disponer el reconocimiento u
ordenar el pago de “un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de
la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que
debe resolverse en la jurisdicción competente”.
Tan sólo por vía de excepción es posible que el juez
de tutela asuma el conocimiento de este tipo de casos, para ello, además de
advertir (i) la existencia de una discusión de relevancia constitucional, es
preciso que (ii) se observe con suficiencia, claridad y de manera inequívoca
que, en el asunto bajo examen, se dan los requisitos para acceder al
reconocimiento de la prestación asegurada, de acuerdo con la demostración de la
condición de beneficiario. Por lo demás, también debe acreditarse (iii) que no concurren
los supuestos que avalan la existencia de la reticencia alegada o que, en caso
de que efectivamente se haya omitido información, la misma, a partir del examen
del estado del riesgo, carezca de algún tipo de incidencia en su valoración, de
suerte que no pueda verse comprometida la voluntad de la aseguradora y que, en
el fondo, lo que se encuentra es un actuar arbitrario de esta última
consistente en abstenerse de reconocer y pagar un derecho indiscutible, como
consecuencia de la ventaja que le otorga su posición contractual privilegiada. Así
ha procedido esta Corporación, por ejemplo, (a) cuando no se observa una
efectiva relación causal entre los hechos o circunstancias no declaradas y las
condiciones del contrato que dieron lugar al consentimiento de la aseguradora[107],
o (b) cuando esta última, de forma evidente y palmaria, brinda algún elemento
de juicio para considerar que la inexactitud fue conocida antes de celebrar el
contrato de seguro[108].
Estos dos eventos puestos de presente en el párrafo
anterior, se enmarcan dentro de las excepciones que le permiten a un juez de
tutela conocer de fondo sobre una controversia contractual relacionada con la
figura de la reticencia, ya que se trata de escenarios en los que, ante la
comprobación de la vulneración de un derecho fundamental, excluyen la
posibilidad de decretar la nulidad relativa del citado negocio jurídico, de
acuerdo con lo expuesto anteriormente.
Precisamente, (i) aquella en la que no se observa una
efectiva relación causal entre los hechos o circunstancias no declaradas y las
condiciones del contrato que dieron lugar al consentimiento de la aseguradora, supone
un contexto contractual en el que la aparente reticencia o inexactitud resulta
irrelevante para determinar si el asegurador se hubiese retraído de celebrar el
negocio o de estipular condiciones más onerosas, toda vez que se trata de
hechos no susceptibles de alterar el estado del riesgo, por lo que no
cabe entrar a realizar apreciaciones respecto de la sinceridad o no con la que
obró el tomador. En otras palabras, si bien la figura de la reticencia pretende
restablecer el desequilibrio contractual que se produce en la etapa final del
desarrollo de un contrato de seguro, ello no habilita a la aseguradora para
dejar de cumplir con sus compromisos, cuando simplemente los hechos no
conocidos o las inexactitudes que se presentan carecen de cualquier tipo de
impacto frente al riesgo cubierto. En efecto, como lo ha explicado esta
Corporación, la sanción de nulidad no se predica de la existencia de una
relación causal de los hechos omitidos frente a las causas del siniestro, sino
en relación con el nivel de riesgo creado, por virtud del cual, a partir de las
condiciones del negocio, se entienda deformado el consentimiento de la
aseguradora[109].
Si ello no ocurre, como se deriva de la ley, la consecuencia es que esta última
debe asumir la satisfacción plena de las obligaciones suscritas.
Por su parte, (ii) en cuanto al segundo criterio,
también se está en presencia de una actuación de la aseguradora contraria a la
buena fe, ya que si esta última conoció de la inexactitud de las condiciones
aseguradas antes de proceder con la celebración del contrato, debe entenderse
que tales aspectos caben dentro del estado del riesgo amparado,
excluyendo la posibilidad de exonerarse de cumplir con las prestaciones
asumidas. Con base en los elementos expuestos, se procederá entonces a examinar
la satisfacción del principio de subsidiaridad en el caso concreto.
4.6.
Del examen del principio de subsidiaridad en el caso concreto
4.6.1.
Respecto del asunto objeto
de estudio, cabe destacar que, en esta ocasión, la acción de tutela se promueve
en el marco de una controversia surgida entre la señora Nathalia Lopera Pérez y
la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A., como resultado de la negativa de
esta última de cancelar el valor de la póliza de vida individual adquirida el 8
de octubre de 2014 por su compañero permanente, el señor Juan Gabriel López
Romero, de la cual es beneficiaria principal, en un porcentaje del 100%.
En este sentido, la controversia sometida
a decisión envuelve una discusión en torno a que, sin perjuicio de que ocurrió el
siniestro que activa la obligación condicional de pago del seguro de vida, como
lo fue la muerte del citado señor el 13 de febrero de 2015, la compañía demandada
alegó la nulidad relativa del contrato por la ocurrencia de una reticencia. En
concreto, señaló que en la Historia Clínica que consta en el “Hospital Tomás
Uribe Uribe de Tuluá”, se encontró un antecedente de que el tomador fue
consumidor de marihuana, circunstancia que no fue declarada en el cuestionario dispuesto
para evaluar el estado del riesgo, ya que al momento de ser preguntado sobre el
uso de “drogas estimulantes”, marcó de forma negativa la casilla
dispuesta para tal fin.
De esta manera, con sujeción a lo
expuesto, es claro que el problema que se suscita guarda relación con la
supuesta inexactitud en la información entregada por el señor López
Romero, al momento de suscribir dicho negocio jurídico, frente a la cual, según
se alega en la demanda, la accionante expone que, por una parte, nunca se le
realizó por la compañía de seguros un examen médico a su compañero permanente
que determinara la preexistencia de la circunstancia alegada; y por la otra,
que no es verdad que haya sido consumidor de drogas y que, incluso de haberlo
sido, su muerte no se produjo por dicha causa, si no de forma violenta por
medio de un proyectil de arma de fuego ocasionando “anemia aguda y tensión
vascular”.
4.6.2. Frente a la controversia
planteada, en principio, existe la posibilidad de iniciar un proceso
declarativo ante la jurisdicción ordinaria civil, con la finalidad de obtener
el cumplimiento de la prestación asegurada. No obstante, excepcional-mente cabe
el recurso de amparo con miras a pronunciarse de fondo sobre un asunto relacionado
con el fenómeno de la reticencia, como ya se dijo, cuando (i) se está en
presencia de una amenaza o vulneración de un derecho fundamental; (ii) se
observa con suficiencia, claridad y de manera inequívoca que se dan los requisitos
para obtener el reconocimiento de la prestación asegurada, de acuerdo con la
demostración de la condición de beneficiario; y finalmente, no concurren (iii)
los supuestos que acreditan la existencia de la reticencia alegada o, en caso
de que efectivamente se haya omitido información, la misma, a partir del examen
del estado del riesgo, carece de algún tipo de incidencia en su valoración, de
suerte que no pueda verse comprometida la voluntad de la aseguradora.
4.6.3. Lo primero que se advierte por
parte de este Tribunal, es que no cabe el alegato realizado por la accionante,
referente a que su compañero permanente no fue sometido a un examen médico con
anterioridad al otorgamiento de la póliza. En efecto, la decisión de la
aseguradora de limitarse a verificar el estado del riesgo con un
cuestionario dirigido a precisar las condiciones de salud del tomador, sin
proceder con la práctica previa de exámenes o con la revisión de su historia
clínica, se fundamentó en la atribución consagrada en el artículo 1158 del
Código de Comercio[110],
cuyo tenor normativo –como ya se explicó– permite disponer sobre la
exigibilidad del examen médico para la celebración del contrato de seguro de
vida, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada, al entender
que dicho negocio se fundamenta en los mandatos del principio de la buena fe
(CP art. 83), lo que permite confiar en la sinceridad de la declaración
realizada.
En este orden de ideas, ningún reproche
le asiste sobre el particular a la compañía de Seguros de Vida Suramericana
S.A., toda vez que su proceder se ajustó a lo previsto en la ley, a partir de
las reglas básicas de diligencia, decoro y honestidad que rigen este acto
jurídico, tal como lo advirtió esta Corporación en la Sentencia C-232 de 1997[111].
4.6.4. Descartada la primera alegación
realizada por la accionante, esta Sala debe entrar a verificar si se dan las
condiciones de procedencia de la acción de tutela para casos de reticencia en
materia de seguros, para lo cual, se comprobará si existe o no una hipótesis de
amenaza o violación del derecho al mínimo vital[112], si se acreditan
los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho alegado, y si
concurren las circunstancias que dan origen a la inexactitud invocada y que,
por razón de su entidad, pueden llegar a comprometer el consentimiento de la
aseguradora. El examen de estas condiciones de procedencia debe realizarse a
partir de la otra alegación realizada, consistente en que no es verdad que el
señor López Romero haya sido consumidor de drogas o que, incluso de haberlo
sido, su muerte no se produjo por dicha causa, si no de forma violenta por
medio de un proyectil de arma de fuego ocasionando “anemia aguda y tensión
vascular”.
4.6.4.1. De los requisitos expuestos, en
principio, se observa que se acredita el referente a tener derecho a solicitar
el reconocimiento de la prestación asegurada, por cuanto ocurrió el siniestro
(la muerte del señor López Romero) y se verificó la condición de beneficiaria,
pues al constatarse el contenido de la póliza aparece la accionante en calidad
de beneficiaria principal, con un porcentaje del 100%[113]. Por lo
demás, la tutela se promueve directamente por la interesada, previo
otorga-miento de un poder especial para el efecto[114].
4.6.4.2. En cuanto a la inexactitud
alegada, como ya se advirtió, la negativa de la entidad demandada se fundamentó
en una supuesta reticencia por parte del tomador, esto es, del señor Juan
Gabriel López Romero, al informar sobre el estado del riesgo. En efecto, la
entidad accionada indicó que había encontrado en la historia clínica remitida
por el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, un antecedente de que el
citado señor consumía marihuana desde hace 20 años, circunstancia que no había
sido puesta de presente al momento de diligenciar la declaración de
asegurabilidad, y que, incluso, cuando se le interrogó en relación con el
consumo de drogas estimulantes, su respuesta fue negativa.
Dos argumentos se exponen por la
accionante para controvertir la mencionada decisión. Así, en el primero, se
plantea que el señor Juan Gabriel López Romero no fue consumidor de marihuana;
y en el segundo, se señala que no existe una relación de causalidad entre la
causa de la muerte (anemia aguda y lesión vascular causadas por
un homicidio con arma de fuego) y la información supuestamente omitida, de
suerte que no es procedente negar el otorgamiento de la prestación asegurada.
En cuanto al primer punto, ninguna de las
dos partes suministró elementos de juicio que le permitan al juez de tutela
tener certeza sobre si en realidad existió o no la inexactitud en la
información suministrada por parte del tomador. En efecto, tanto en la demanda
de tutela[115]
como en sede de revisión[116],
se anexó la historia clínica del Hospital Rubén Cruz Vélez, cuando la
inconsistencia en los datos que fueron suministrados se remite a la indagación realizada en el Hospital Tomas
Uribe Uribe, ambas instituciones en salud que están ubicadas en el municipio de
Tuluá. En este punto, la
Corte entiende que, ante el incumplimiento de la carga mínima de prueba y dada
la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre
asuntos relacionados con el contrato de seguro, no están dados los supuestos
que permitan concluir con exactitud si se produjo o no la omisión en la
información alegada, por lo que el asunto se torna claramente litigioso y
controversial, desbordando el carácter sumario e informal del amparo
constitucional, pues es innegable que el juez de tutela no puede reconocer u
ordenar el pago de derechos inciertos y discutibles, cuya órbita de discusión
debe realizarse ante la jurisdicción competente[117].
Por lo demás, frente al segundo de los
argumentos expuestos, la Corte encuentra que el examen de causalidad no se
deriva de la fuente generadora del siniestro, sino de las condiciones del contrato
que dieron lugar al consentimiento de la aseguradora, como lo advirtió este
Tribunal en la Sentencia C-232 de 1997[118],
al declarar la exequibilidad del artículo 1058 del Código de Comercio. Por lo
anterior, no cabe el análisis que se sugiere por la accionante, toda vez que lo
determinante es conocer si el eventual consumo de marihuana, en caso de haber
existido y de haber sido conocido por la aseguradora, tendría la entidad
suficiente para afectar el estado del riesgo y, por ende, retraer el negocio
celebrado o inducir a estipular condiciones más onerosas, a partir de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello pudo tener ocurrencia. Por
ejemplo, no es lo mismo un uso médico esporádico para aliviar dolores derivados
de un accidente o de una lesión física, en donde no se observa su consumo como
agente estimulante[119],
a los casos en que su empleo se motiva con fines diferentes, en donde cabe
analizar si se trata de un consumidor social o permanente, más allá de las
circunstancias vinculadas con su adquisición, al no tratarse de un producto de
libre venta[120].
El examen sobre el particular desborda el carácter sumario de la acción de
tutela, requiriendo de un escenario amplio de discusión judicial, en el que se
puedan presentar pruebas y acreditar las condiciones particulares en que pudo
haberse dado el hecho que se considera fue omitido en la declaración de
asegurabilidad.
4.6.4.3. Finalmente, tampoco se advierte
una situación de amenaza o violación del derecho al mínimo vital. Para tal
efecto, se debe recordar que la citada garantía constitucional ha sido admitida
como un derecho fundamental ligado estrecha-mente con la dignidad humana
(principio del cual se desprende el derecho a la vida digna), pues constituye
la porción de ingresos que le permiten a una persona financiar sus necesidades
básicas y, en ciertas ocasiones, las de su familia, como son la alimentación,
la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la
atención en salud y otras prerrogativas vinculadas con la congrua subsistencia.
Con el fin de determinar si existe o no
una afectación de esta garantía constitucional, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que el mínimo vital de una persona debe ser analizado
desde una perspectiva cuantitativa (esto es, referente a la cantidad de
ingresos que tiene un sujeto o su familia), así como desde una perspectiva cualitativa,
cuyo contenido depende de las condiciones particulares de cada individuo y se
relaciona con la posibilidad de asegurar un nivel de vida razonablemente
cercano al que la persona o familia tenía con anterioridad al acaecimiento de
una contingencia, como la muerte, la vejez o la invalidez[121], sin que
pueda llegar a ser el mismo, toda vez que la ocurrencia de uno de tales
fenómenos, indudablemente genera efectos en la calidad de vida de un hogar. Por
ejemplo, en el caso de la vejez, las pensiones no son totalmente asimilables a
un salario, por lo que las rentas se ven reducidos a partir del valor adoptado
como ingreso de liquidación, así como de la tasa de reemplazo utilizada.
Atendiendo a lo mencionado, frente al
caso concreto se evidencia que, desde el punto de vista cuantitativo, la
accionante no tiene una relación de dependencia frente al reconocimiento de la
prestación asegurada, en cuanto, hoy en día, tiene un trabajo estable en el que
recibe una asignación mensual correspondiente al salario mínimo legal vigente.
De esta manera, si bien el señor Juan
Gabriel López Romero era quien asumía los gastos del hogar con anterioridad a
la ocurrencia del siniestro, mientras la señora Lopera Pérez se dedicaba a las
labores domésticas, como se infiere de la declaración extrajuicio allegada al
proceso de tutela[122],
desde que se produjo la muerte de su compañero permanente, esto es, a partir
del 13 de febrero de 2015, la actora prácticamente obtuvo un trabajo
remunerado, con miras a garantizar un ingreso que le permitiera satisfacer sus
necesidades básicas y las de su familia.
Al observar las certificaciones otorgadas
por las instituciones de seguridad social, se advierte que la señora López
Romero tuvo un vínculo laboral temporal desde el 8 de abril de 2015 hasta el 31
de marzo de 2016, el cual concuerda en fechas con el reemplazo que se puso de
presente en la acción de tutela[123],
ingresando por un mes al régimen subsidiado, hasta cuando se produjo su actual
vinculación con la empresa Cristalera El Repuesto del Mellizo, a partir
del mes de mayo de 2016[124].
De esta última relación, la actora puso de presente que se trata de un “contrato
verbal a término indefinido”[125],
por el cual devenga un salario mínimo legal mensual vigente.
Como se aprecia de lo expuesto, la
accionante ya no se encuentra desamparada económicamente, ni tampoco tiene un
vínculo laboral precario, como lo sostuvo en la demanda de tutela, por cuanto
recibe un ingreso mensual permanente, a partir de un trabajo en el que se
encuentra vinculada con cierto grado de estabilidad[126], el cual le
permite asumir las cargas inherentes al desarrollo de un proceso civil, más aún
si se tiene en cuenta que es una persona joven, de 24 años de edad[127],
sin ningún tipo de barrera física que limite su capacidad laboral.
No se acredita la existencia de deudas en
la familia, más allá de una factura de la empresa de gas por valor de $ 657.527
pesos, en la que se menciona la mora de dos períodos[128]. Sin
embargo, el valor mensual a pagar asciende a $ 66.809 pesos, seguramente como
resultado de un acuerdo de pago, suma que no compromete el ingreso que
actualmente tiene y que tampoco guarda proporción frente al valor de seguro que
se reclama, el cual, como se ha dicho, corresponde a 200 millones de pesos. Finalmente,
no existen procesos en curso contra la accionante o su familia de los cuales
pueda inferirse una afectación en su patrimonio.
De manera adicional, tampoco se observa
una afectación al mínimo vital desde el punto de vista cualitativo, por
las siguientes razones: en primer lugar, a pesar de que la accionante señala
que los gastos del hogar ascienden a $ 2.000.000 de pesos, lo cierto es que no
se brindó ningún elemento de juicio para verificar dicha suma; por el
contrario, lo que consta es que el señor Juan Gabriel López Romero, en el
formulario de la solicitud de póliza diligenciado, manifestó que sus ingresos
mensuales, con los cuales velaba por las necesidades de la familia, ascendían a
la suma de $ 1.500.000 de pesos[129].
Con cargo a estos recursos también cancelaba la prima mensual del seguro cuyo
valor era de $ 105.742 pesos.
Aun cuando nominalmente esa suma parece
superior al salario mínimo que recibe la accionante, en el fondo se presenta
una compensación que equilibra los ingresos del hogar, preservando un nivel de
vida razonablemente cercano al existente antes de la muerte del señor López
Romero. Nótese que, con los recursos que percibía este último, se debían asumir
los gastos de cinco personas y cubrir el valor de la prima del seguro; mientras
que, con el salario de la accionante, se garantiza las condiciones de vida de
cuatro personas y, adicionalmente, se reciben prestaciones sociales que mejoran
en términos reales su ingreso, como lo son el auxilio de transporte[130],
las primas de mitad y fin año, las cesantías, las vacaciones, etc. De igual
manera, se accede a las coberturas que se brindan por las cajas de
compensación, en donde se puede reclamar el subsidio familiar por tener hijos a
cargo.
En segundo lugar, la accionante y su hijo
están afiliados al sistema de seguridad social en salud en el régimen
contributivo; al tiempo que sus padres están inscritos en el régimen
subsidiado. Aun cuando uno de ellos corresponde a una persona en condición de
discapacidad, no se aprecia que le estén negando algún servicio o que tenga que
asumir con su propio peculio el valor de un tratamiento o procedimiento, por lo
que, en la actualidad, son suficientes las coberturas que brinda el sistema.
Por último, no se percibe que el valor de
la póliza esté llamado a cubrir alguna urgencia por parte de la familia, más
allá del impacto que la suma aseguradora podría tener en sus condiciones de
vida. Sin embargo, por la situación actual de la familia y de la accionante, esa
suma no guarda correspondencia con la garantía del mínimo vital, el cual se
encuentra cubierto con los ingresos permanentes que se obtienen por la señora
Lopera Pérez, de acuerdo con las condiciones previa-mente expuestas, las cuales
guardan correspondencia con las que existían antes de la muerte del señor López
Romero.
4.6.5. En definitiva, no se cumplen las
condiciones para que por vía de tutela se ordene el pago del seguro, por lo
que, como se manifestó por los jueces de instancia, el amparo resulta
improcedente ante la existencia de otros medios de defensa judicial. En este
orden de ideas, se procederá a confirmar la decisión del 16 de febrero de 2016 adoptada
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, que resolvió confirmar el
fallo de primera instancia proferido el 6 de enero del año en cita por el
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de dicha ciudad,
por las razones expuestas en esta providencia.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2016
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, que resolvió
confirmar el fallo de primera instancia adoptado el 6 de enero del año en cita
por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de dicha
ciudad, en la cual se declaró la improcedencia del amparo propuesto por la
señora Nathalia Lopera Pérez, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-501/16
ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-Improcedencia por incumplir requisito de
subsidiaridad (Aclaración de voto)
En el presente asunto no se cumplen las condiciones para que por
vía de tutela se ordene el pago del seguro.
Referencia:
Expediente T-5.542.290 Acción de tutela instaurada Nathalia Lopera Pérez contra
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
No obstante que en casos análogos hemos
asumido una posición marcadamente protectora del asegurado frente al contrato
de seguros, debo aclarar que comparto la decisión[131] y ordenes
proferidas en el presente asunto, pues, en efecto, según el acervo probatorio
acopiado, no se cumplen las condiciones para que por vía de tutela se ordene el
pago del seguro.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Folio
15, cuaderno 2. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Nathalia Lopera
Pérez.
[2] No
existe en el expediente ningún de elemento de juicio que permita establecer el
tiempo de duración de la unión marital.
[3] Folio
20, cuaderno 2. Copia de la declaración juramentada rendida por el señor Alan
Camilo Delgado Alvarado y Aura María Patiño Quintana el 2 de marzo de 2015 ante
la Notaría Primera de Tuluá (Valle del Cauca), en la que se manifestó, entre
otras cosas, que el señor Juan Gabriel López Romero vivía en unión libre con la
señora Nathalia Lopera Pérez, asumía todos los gastos del hogar y no procreó
hijos en común.
[4] En el
expediente se allegó copia del documento en el que consta una valoración médica
realizada en noviembre del 2015 al señor Juan Manuel Lopera Caño (padre de la
accionante) en el Centro Médico Cristo Rey en Tuluá (Valle del Cauca). Folio
21, Cuaderno 2.
[5] Folio
13, cuaderno 2. Copia del Registro de Defunción del señor Juan Gabriel López
Romero. Al momento en que se produjo su fallecimiento tenía 36 años.
[6] Folio
14, cuaderno 2. Copia de la constancia proferida por la Fiscalía General de la
Nación con fecha del 20 de octubre de 2015, en la que se realiza la
identificación de la víctima y una reseña de los hechos ocurridos en relación
con el homicidio.
[7] Folios
10 a 12, cuaderno 2. Copias de los informes sobre el estado del seguro que
fueron expedidos por Seguros Suramericana el 15 y 20 de octubre de 2014.
[8] El
artículo 1058 del Código de Comercio dispone: “ARTÍCULO
1058. Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o
reticencia. El tomador está obligado a declarar
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo,
según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o
la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador,
lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular
condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. // Si la
declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado
del riesgo. // Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable
del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado,
en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada
equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente
respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo,
excepto lo previsto en el artículo 1160. // Las sanciones consagradas en este
artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha
conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.” (Se subraya
fuera del texto original).
[9] Folios
22 y 23, cuaderno 2. Puntualmente, se dijo que: “Concluido el estudio de la
reclamación presentada por el fallecimiento del señor Juan Gabriel López Romero
el día 13 de febrero de 2015 le informamos que Seguros de Vida Suramericana
S.A. objeta formalmente la solicitud de indemnización. La causa de la negación
está sustenta-da en el Código de Comercio artículo 1058 (…). En el evento que
nos ocupa y revisada la historia clínica del Hospital Tomas Uribe Uribe, según
registro médico, se encuentra antecedente Consumidor de Marihuana desde hace 20
años[,] condición que no fue informada a la compañía en el momento de
diligenciar la declaración de asegurabilidad [del] 07 de octubre de 2014 .
Adicionalmente, le manifestamos que esta compañía no conoció el verdadero
estado de salud al ingreso a la póliza de Sucapital Clásico (…) conforme a la
obligación contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio y en las
condiciones de la póliza, toda vez que en la declaración de asegurabilidad
tramitada por el señor Juan Gabriel López Romero se le pregunto “consumo de
drogas estimulan-tes”, donde contestó negativamente (…)”.
[10] Folio
26, cuaderno 2.
[11] M.P.
Jorge Arango Mejía.
[12] En esta
sentencia expresamente se aclara que lo allí resuelto no implica un juicio
sobre los contratos de medicina prepagada y con los que se derivan del Sistema
de Seguridad Social.
[13] Folio 1,
cuaderno 2.
[14] En la
declaración de asegurabilidad se afirma por el señor López Romero, como se
expondrá más adelante, que su ocupación u oficio es la de “chatarrero”.
[15] Folios
36 a 43, cuaderno 2.
[16] Folio
37, cuaderno 2.
[17] Folio
52, cuaderno 2.
[18] Folio
15, cuaderno 2.
[19] Folio
9, cuaderno 2.
[20] Folio
13, cuaderno 2.
[21] El
seguro contratado se denomina “Sucapital Clásico”, el cual, al tiempo
que permite generar un ahorro para fortalecer el patrimonio hacia el futuro,
cubre varias contingencias vinculadas con la muerte accidental o violenta,
enfermedades graves, invalidez, pérdida funcional y desmembración por accidente
o enfermedad. Cada amparo tiene un valor asegurado distinto, para el caso de la
muerte se trata de los 200 millones previamente referenciados.
[22] Folios
10 y 11, cuaderno 2.
[23] Folio
43, cuaderno principal.
[24] Folios
44 y 45, cuaderno principal.
[25] Folios
46 y 47, cuaderno principal.
[26] Folio
14, cuaderno 2.
[27] Folios
16 a 18, cuaderno 2.
[28] Folio
16, Cuaderno 2.
[29] Folio
20, Cuaderno 2.
[30] Folio
21, Cuaderno 2.
[31] Folios
22 y 23, Cuaderno 2.
[32] Folios
25 y 26, Cuaderno 2.
[33] Véase,
al respecto, el acápite 1.1 sobre hechos relevantes.
[34] Folio
19, cuaderno 2.
[35] En el
recibo aparece la dirección Cl 1 Kr 1 MZ X Casa 01, Urbanización El Paraiso;
mientras en la declaración de asegurabilidad se dice que la residencia está
ubicada en la Cr 27 # 20 a 17.
[36] Folio
102, cuaderno principal.
[37] Folio
102, cuaderno principal.
[38] Folio
20, cuaderno principal.
[39] El artículo 1158
del Código de Comercio dispone que: “Aunque el asegurador prescinda del
examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a
que se refiere el artículo 1058 (…)”.
[40] Folio
29, cuaderno principal.
[41] Folio
29, cuaderno principal.
[42] Folio 31,
cuaderno principal.
[43] Folio
44, cuaderno principal.
[44] Folio
44, cuaderno principal.
[45] Folio
46, cuaderno principal.
[46] Folios
49 a 65 y 69 a 91, cuaderno principal.
[47] Folio
82, cuaderno principal. Según la información que allí reposa el retiro se
produjo el 18 de junio de 2013.
[48] Folio
89, cuaderno principal.
[49] Folios
66 a 68, cuaderno principal.
[50] Folios
105 y 106, cuaderno principal.
[51] Folio
115, Cuaderno principal.
[52] Folios
121 y 122, cuaderno principal.
[53] El
artículo 86 de la Constitución Política establece que: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[54]“Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.” Énfasis por
fuera del texto original.
[55] Folio
8, cuaderno 2.
[56] El
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia de
la acción de tutela contra particulares.
[57] Al
respecto, entre otras, se pueden consultar las Sentencias T-233 de 1994, T-457
de 1995, T-100 de 1997, T-1386 de 2000, T-143 de 2000, T-317 de 2001, T-874 de
2001 y T-163 de 2002, T-385 de 2002, T-595 de 2003, T-108 de 2005 y T-661 de
2008.
[58] Así,
por ejemplo, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo define a los
servicios públicos como: “toda actividad organizada que tienda a satisfacer
necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un
régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas”. Por su parte, el artículo 3 de la
Ley 80 de 1993, reitera la misma definición al considerar a los servicios
públicos como aquellos “que están destinados a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección,
regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el
Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines”. Por
lo anterior, en la Sentencia T-215 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, se
explicó que: “en el marco de la Constitución vigente, bien puede
afirmarse, que no toda actividad de interés público es servicio público y
(…) ha de estar sujeta necesariamente a las reglas del servicio público”. De
esta manera, a manera de ilustración, el seguro obligatorio de accidentes de
tránsito sí ha sido categorizado como servicio público, en razón de su alcance,
objeto y cobertura. Al respecto, véase la Sentencia T-105 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[59] El artículo 1072
del Código de Comercio dispone que: “Se denomina siniestro la realización
del riesgo asegurado”.
[60] Sentencia
T-813 de 2012, M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[61] Énfasis
por fuera del texto original.
[62]
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/
[63] Folio
1, cuaderno 2.
[64]
https://www.sura.com/soluciones-personas/plan-sucapital-clasico.aspx
[65] Precisamente,
el artículo 86 dispone que: “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. Énfasis
por fuera del texto original.
[66] Sentencia
T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[67] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-336 de 2009,  T-436 de 2009, T-785 de 2009,
T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[68] Sentencia
T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[69] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[70] Véanse,
además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de
2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de
2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de
1995.
[71] Sentencia
T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[72] Para
determinar la configuración de un perjuicio irremediable, en criterio de este
Tribunal, deben concurrir los siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente,
esto es, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren para
conjurarlo han de ser urgentes, tanto por brindar una solución adecuada
frente a la proximidad del daño, como por armonizar con las particularidades
del caso; (iii) el perjuicio debe ser grave, es decir, susceptible de
generar un detrimento transcendente en el haber jurídico (moral o material) de
una persona; y la (iv) respuesta requerida por vía judicial debe ser impostergable,
o lo que es lo mismo, fundada en criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable. En desarrollo de lo
expuesto, en la Sentencia T-747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se
consideró que cuando el accionante pretende la protección transitoria de sus
derechos fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de
“presentar y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el
perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento
hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la acción de
tutela.”
[73] Véanse,
entre otras, las sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[74] Sentencia
T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75] Igual
doctrina se encuentra en las sentencias T-203 de 1993, T-483 de 1993 y T-016 de
1995.
[76] Sentencia
C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[77] Sobre
las vías adecuadas para dirimir las controversias surgidas con ocasión del
contrato de seguro, en la Sentencia T-442 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, la Sala Tercera de Revisión sostuvo lo siguiente: “los medios
judiciales adecuados para tramitar las controversias que puedan originarse con
ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los procesos declarativos
que, en el contexto del Código General del Proceso, incluirían el verbal o el
verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a 385, así como 390 a 394, y
398 del Código General del Proceso) o el proceso ejecutivo (artículo 422
ibídem) en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio.”
En igual sentido se refirió la Sentencia T-058 de 2016, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[78]
Sentencia T-557 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Énfasis por fuera
del texto original.
[79] En el
mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-751 de 2012,
T-70 de 2013, T-007 de 2015.
[80] En
la Sentencia T-902 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, se explicó que: “El
derecho fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.), como lo ha entendido la
Corte para los casos en los cuales se examina la actuación de una aseguradora,
estipula que las determinaciones acerca de si se reconoce o no un derecho deben
estar basadas en las condiciones previamente pactadas, sin desconocimiento del
marco legal.”
[81] Para
ahondar sobre los escenarios en los que la Corte ha concedido el amparo frente
a este tipo de situaciones puede consultarse la Sentencia T-058 de 2016, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[82] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[83] Sobre
el particular se dijo que: “El razonamiento hecho por la aseguradora
accionada, resulta absurdo en la medida en que se da efectos retroactivos a una
situación que solo surgió y por ende se hizo exigible cuando se emitió el
dictamen que declaró la invalidez. Razón por la cual, esta Sala considera que
tener como fecha de la ocurrencia del siniestro la estructuración de la
invalidez, contraría el principio de la buena fe, el cual debe estar presente
dentro del contrato de seguro, pues en ese momento el señor Rodríguez Rueda no
conocía de su estado de invalidez y, por tanto, no podía hacer exigible los
derechos derivados del acaecimiento del riesgo amparado.”
[84] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[85]
Sentencias T-490 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  y T-007 de 2015, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[86]
Concretamente, en la Sentencia T-152 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil,  se
abordó el caso de una persona que había adquirido un seguro familiar de salud
con las coberturas y exclusiones que figuraban en el contrato, y al que se le
tenía que practicar cirugía de “Varicocele Izquierdo”. La aseguradora accionada
respondió que el procedimiento no sería autorizado, por cuanto dicha patología
era preexistente al ingreso del asegurado y, por tanto, estaba excluida de la
cobertura. En criterio de esta Corporación, no era factible que una aseguradora
alegara preexistencias en esta clase de contratos, pues es ella quien tiene la
posibilidad de conocer el verdadero estado de salud del asegurado.
[87] En el
mismo sentido ver Sentencia T-570 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[88]
Subrayado por fuera del texto original.
[89] Desde
sus inicios, siguiendo a la doctrina, esta Corporación ha considerado que
dicho  principio constitucional es un componente fundamental del citado negocio
jurídico. Así lo concibió en la Sentencia C-232 de 1997, M.P. Jorge Arango
Mejía, al sostener que: “aseverar que el contrato de seguro es uberrimae
bona fidei contractus, significa sostener que en él no bastan simplemente la
diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los
contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima
calidad, esto es, llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de
seguro se celebre con esta buena fe calificada, vincula por igual al tomador y
al asegurador.”
[90] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-073 de 2002 y T-763 de 2005.
[91] Desde
el punto de vista económico, la ausencia de confianza entre los contratantes
llevaría a que ambas partes deban incurrir en costos adicionales a través de
los cuales se intente, cuando menos, morigerar la asimetría en la información
que cada parte conoce, lo cual además haría lento el proceso de negociación de
esta modalidad de seguro.
[92] La
reticencia está contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio que, en su
tenor literal, dispone: “Declaración del estado del riesgo y sanciones
por inexactitud o reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente
los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones
más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. // Si la declaración no
se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la
inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos
o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. // Si
la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el
contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro,
a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o
la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima
adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo
1160. //Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el
asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los
hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente.” Subrayado por fuera del texto original.
[93] El
principio de la buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Constitución
Política, en los siguientes términos: “Las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.” Igualmente, en materia
comercial, dicho mandato de optimización se reitera en el artículo 871 del
Código de Comercio, el cual dispone que: “Los contratos deberán celebrarse y
ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los
mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”
[94] En tal
sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil se pronunció en
Sentencia del 18 de octubre de 1995, Expediente No.
4640-1, al afirmar que: “(…) en efecto, en lo tocante al contrato de seguro
el concepto de buena fe adquiere mayor severidad porque, a diferencia de muchos
otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a
obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta
noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su
ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las partes, que muchas
veces no implican verificación previa. Generalmente estas manifestaciones en lo
que respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que
exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verídicas y que no haya
callado ni ocultado circunstancias que de conocerlas el asegurador, no habría
consentido en el contrato, o habría consentido en él bajo otras condiciones.”
[95] Como ya
se advirtió, esta consideración se expuso en la Sentencia C-232 de 1997, M.P.
Jorge Arango Mejía, al sostener que: “Naturalmente, la necesidad
de que el contrato de seguro se celebre con esta buena fe calificada, vincula
por igual al tomador y al asegurador. Sin embargo, la Corporación centra su
interés en la carga de información precontractual que corresponde al tomador,
pues es en relación con ésta que pueden surgir las nulidades relativas
contempladas en el artículo 1058 del Código de Comercio. // Para la Corte
Constitucional, es claro que el régimen rescisorio especial para las
reticencias e inexactitudes relevantes, surge de bases objetivas, determinadas
por la naturaleza de las cosas: la ineludible necesidad de contratar en masa,
que constriñe a la empresa aseguradora, y la correlativa imposibilidad física
de inspeccionar todos y cada uno de los riesgos contratados, que explica por
qué el asegurador queda supeditado a la honradez del tomador, y por qué éste
debe asumir, en todo momento, una conducta de máxima buena fe. // Finalmente,
la justicia conmutativa hace fácil entender que si el asegurador, como se ha
visto, está normalmente obligado a proceder con base en una extrema confianza
respecto de la persona y las declaraciones del tomador, es equitativo y
razonable que la traición de esa inusual confianza se castigue con sanciones
que excedan los niveles ordinarios.”
[96]
Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[97] Código
de Comercio, art. 1058.
[98] En
palabras de la doctrina: “[c]ualquier desfase cualitativo y
cuantitativo relevante (…) supondrá que las prístinas bases contractuales se
alteren o menoscaben, con las consabidas consecuencias de carácter jurídico y
patrimonial para el asegurador que, confiado en la veracidad y objetividad de
lo declaro por el candidato a tomador a) finalmente determinó contratar, y b)
mensuró, en tal virtud, el precio de la protección ofrecida, circunstancias que
reclaman, en muestra de clara justicia contractual, la intromisión de un
mecanismo correctivo del desequilibrio propiciado por la formulación de una
declaración distorsionada, a su vez que sancionatorio de una práctica, acto o
conducta contra legem, ajena al nombre y altruista deseo de todo
ordenamiento consistente en que las actuaciones de los sujetos de derechos sean
iuxta legem: la nulidad del negocio jurídico, mejor aún, su anulación.” JARAMILLO
JARAMILLO, Carlos Ignacio, Derecho de Seguros, Tomo II, Editorial Temis
y Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 668.
[99] Código
de Comercio, art. 1058. La norma en cita dispone que: “Transcurrido dos años
en vida del asegurado, desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, el
valor del seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la
declaración de asegurabilidad”
[100] Ibídem.
[101] Sentencia
T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[102] Sentencia
T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] Sentencia
T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: “(…) el
tomador está compelido a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
lo determinan y los efectos adversos por inexactitud se reducen a su hay error
inculpable o se desvanecen por inadvertir el asegurador las serias señales de
alerta sobre inconsistencias en lo que aquél aporta.” Sentencia SC2803
del 4 de marzo de 2016. Radicado 05001-31-03-003-2008-00034-01, M.P. Fernando
Giraldo Gutiérrez.
[104] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2803 del 4 de marzo de
2016. Radicado 05001-31-03-003-2008-00034-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[105] M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[106] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[107] Por
ejemplo, en la Sentencia T-720 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
la Sala Tercera de Revisión consideró que no había lugar a efectuar juicios
valorativos sobre la buena o mala fe de la accionante al omitir declarar las
enfermedades que padecía, en tanto éstas no tenían el porcentaje suficiente
para ocasionar la invalidez de la accionante y las que verdaderamente la
invalidaban eran inciertas.
[108] Sentencia
T-393 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldan.
[109] Así se
pronunció esta Corporación al declarar la exequibilidad del artículo 1058 del
Código de Comercio, con fundamento en un cargo que pretendía vincular la
reticencia con la causa del siniestro. Sobre el particular, en la Sentencia
C-232 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía, en varios de sus apartes, este Tribunal
manifestó que: “Como se deduce del acta número 73 [referente a los
antecedentes del Código de Comercio], para que la
nulidad relativa pueda declararse (...) no hay necesidad de establecer relación
ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro”. “En
efecto, cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar
sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del
riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación
asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o
temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa,
salga del ámbito jurídico. // Esto, con prescindencia de extemporáneas
consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga
relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente
porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual
roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al
acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que, para estos efectos,
debe existir, no es, como sostienen los demandantes, la que enlaza la
circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la
que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. En este
sentido, el profesor Ossa escribió: ‘Debe, por tanto, existir una relación
causal entre el vicio de la declaración (llámese inexactitud o reticencia) y el
consentimiento del asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al
celebrarlo en determinadas condiciones sólo ha podido explicarse por la
deformación del estado del riesgo imputable a la infidelidad del tomador.
Ello no significa, en ningún caso, como algunos lo han pretendido, que la
sanción sólo sea viable jurídicamente en la medida en que el hecho o
circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como causas
determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no, proveniente de una u otra
causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde el punto de vista de la
formación del contrato.” (J. Efrén Ossa G., ob. cit. Teoría General del Seguro
- El Contrato, pág. 336).’ (…)”. Sombreado por fuera del texto
original.
[110] La
norma en cita dispone que: “Aunque el asegurador prescinda del examen
médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se
refiere el artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción dé lugar”.
[111] M.P. Jorge
Arango Mejía.
[112] El caso
se aborda a partir del citado derecho fundamental por la invocación que sobre
el mismo se realiza en la demanda y por las condiciones particulares que fueron
alegadas en el trámite de la acción.
[113] Folios
41 y 41, cuaderno principal.
[114] Folios
8 y 15, cuaderno 2.
[115] Folios
29 a 31, cuaderno 2
[116]. Folios
49 y subsiguientes, cuaderno principal.
[117] Así las
cosas, en la Sentencia T-571 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa se
expuso que: “[Si]
bien la tutela tiene como una de sus características la informalidad, esto no
significa que el juez pueda sustraerse del deber que tiene de constatar la
veracidad de las afirmaciones realizadas por las partes. La Corte ha señalado
en reiterada jurisprudencia que la decisión judicial ‘no puede ser
adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha
de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está
amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso
particular es improcedente la tutela.’ // Las anteriores razones le permiten
concluir a la Corte,  que en el presente caso no es procedente la acción
de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de la prima técnica reclamada
por los accionantes, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, toda vez
que de la evaluación del caso concreto no hay afectación al mínimo vital, y no
obra prueba en el expediente que sustente el derecho reclamado ni el trato
discriminatorio alegado, por lo que hay razones más que suficientes para
desestimar el amparo solicitado, pues en virtud del principio de subsidiariedad
los actores cuentan con otros medios de defensa idóneos para reclamar la
acreencia laboral pretendida.”
[118] M.P. Jorge
Arango Mejía.
[119] Decreto
2467 de 2015, “Por el cual se reglamentan los aspectos
de que tratan los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley 30 de 1986”; y
Ley
1787 de 2016, “Por medio del cual se reglamenta el Acto
legislativo 02 de 2009”. En el artículo 1 de la ley en cita, se
señala que: “Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto
crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso
médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional
colombiano.”
[120] El
inciso 5 del artículo 49 de la Constitución establece que: “El porte y el
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo
prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá
medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o
terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a
esas medidas y tratamientos requiere el consenti-miento informado del adicto”.
[121] Sobre
este punto se puede consultar la Sentencia T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[122] Folio
20, cuaderno 2.
[123] Folio
1, cuaderno 2.
[124] Folios
111 a 117, cuaderno principal.
[125] Folio
102, cuaderno principal.
[126] La
Corte ha señalado que todo trabajador es titular de una estabilidad laboral
precaria, por virtud de la cual la terminación de una relación de trabajo
depende del mutuo acuerdo o de la ocurrencia de una justa causa, so pena de
tener que asumir el reconocimiento de una indemnización.
[127] Folio
15, cuaderno 2.
[128] Folio 19,
cuaderno 2.
[129] Folio
45, cuaderno 2.
[130] Para el 2016 es
de $ 77.700 pesos.
[131] La Sala Tercera de
Revisión confirma la providencia del 16 de febrero de 2016, en la cual se
declaró la improcedencia del amparo.