T-616-00
Sentencia T-616/00
Sentencia
T-616/00
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental
SALARIO-Sumas que deben integrarse para efectos
del significado y pago oportuno
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA PARA RECLAMO DE SALARIOS-Prueba requerida de que existe perjuicio irremediable
REMUNERACION
MINIMA VITAL Y MOVIL-No
debe limitarse protección a retribución mínima de trabajo
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Determinación
de cantidades debidas y órdenes del juez
Referencia:
expediente T-293645 y T-295470
Acciones
de tutela instaurada por José López y Jorge Gómez contra el Municipio de
Salamina.
Procedencia: Juzgado
2° Civil Municipal de Salamina
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Santa
Fe de Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo del dos mil (2000).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales,
Ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo adoptado por el Juzgado 2° Civil Municipal de Salamina,
dentro de la acción de tutela instaurada por José López contra el Municipio de
Salamina; y en los fallos del Juzgado Segundo Civil Municipal y Civil del
Circuito de Salamina en la tutela de Jorge Gómez contra el mismo Municipio.
ANTECEDENTES
Por tratarse de
casos semejantes cuya acumulación se ordenó, se simplifica la relación de los
hechos.
1. HECHOS en la
T-293645 y en la T-295470
1.1.
José Fabián López Trujillo,
obrero al servicio del municipio de Salamina desde hace seis años, no ha
recibido los sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
1998, las primas de navidad, semestral  y vacacional, los sueldos de septiembre
y octubre de 1999, la quincena de noviembre de 1999, la prima semestral de
1999. Devenga $378.000,oo mensuales.
1.2.
Jorge Eduardo Gómez González,
también es obrero al servicio del municipio de Salamina, desde hace 17 años,
devenga $520.000,oo mensuales, labora de noche tres días a la semana y está
disponible “para hacer alguna vuelta”, en el resto de días. No ha
recibido los sueldos de septiembre a diciembre de 1998, la prima de navidad y
semestral y los sueldos de septiembre y octubre de 1999.
1.3.
Afirman ambos  que el único
ingreso es el salario y que con él se sostienen ellos y sus familias.
1.4.
En el caso de López Trujillo
los dependientes son el padre y dos hermanas que estudian. Dice que le está
debiendo a la Universidad lo de un semestre y a tres personas más
aproximadamente un millón en conjunto. Paga $100.000,oo de arriendo y debe ocho
meses.
1.5.
En el caso de Gómez González,
ayuda a la madre y a los dos hijos. La esposa trabaja en el magisterio. Agrega
que está debiendo plata a tres personas por valor aproximado a los tres
millones de pesos. Paga $200.000,oo mensuales de arriendo a la madre; y la
esposa está pagando una casa a cuotas.
1.6.
Indican que en caso similar la
Corte Constitucional falló a favor de un compañero de trabajo de los
peticionarios. (Al parecer se trata de Fernando Narváez).
1.7.
Aclara López Trujillo que en
año anterior tuvo que interponer una tutela porque no le pagaban el salario
durante 1998, que fue fallada el 19 de abril de 1999 en forma negativa,  pero
que no le han pagado aún  y ahora lo hace también  por lo correspondiente a 1999.
1.8.
En el Presupuesto Municipal,
en los gastos de funcionamiento, hay soporte para el pago de salarios y
prestaciones.
2. PRUEBAS en la
T-293645 (José López Trujillo)
2.1.
Dentro de la acción de tutela
el juez ordenó la declaración bajo juramento del señor José Fabián López
Trujillo quien ratificó lo relacionado en el punto 1.1. de los hechos.
2.2.
Informe del Tesorero de
Salamina diciendo que a López Trujillo se le debe no solo desde septiembre de
1999 sino de agosto a diciembre de 1998. Y que en esta situación están también
los jubilados.
2.3.
Declaración juramentada de Ana
de Jesús Loaiza de Arias, arrendadora de López Trujillo, quien corrobora lo de
la deuda por cánones de arrendamiento.
2.4.
Declaración de Martha Libia
García de Usma, sobre lo que le adeuda López Trujillo.
2.5.
Declaración de Nidia Loaiza de
Manrique sobre la deuda de López Trujillo por compra de alimentos (legumbres).
3.
PRUEBAS  en la T-295470
(Jorge Gómez González)
3.1.
Resolución de nombramiento
3.2.
Declaración juramentada ante
el juez de tutela, por parte de Jorge Gómez González, corroborando lo dicho en
la solicitud de tutela.
3.3.
Un acta de acuerdo con el
sindicato para pagar lo debido y comunicación del sindicato exigiendo el pago
de salarios atrasados.
3.4.
Declaración juramentada de
Olga Martínez Diaz, esposa de quien instaura la tutela diciendo que gana
$560.000,oo mensuales como maestra, que está estudiando a distancia, y que ella
está pagando una casa que puso en arrendamiento pero no le pagan los cánones
últimamente.
4. SENTENCIAS QUE
SE REVISAN
4.1. La del 9 de
diciembre de 1999 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Salamina, en el caso
de Fabián López Trujillo, concediendo la tutela por remuneración mínima vital,
vida, honra y buén nombre y ordenándole al Alcalde que en el término de quince
días cancele lo debido.
4.2. En el caso de
Jorge Eduardo Gómez González, la sentencia de primera instancia del Juzgado 2º
Civil Municipal de Salamina de 25 de noviembre de 1999 denegó la tutela porque,
en sentir del funcionario, no se afectó el mínimo vital ya que la esposa del
peticionario gana el doble del salario mínimo vital y tiene casa. Impugnada la
decisión, el Juzgado Civil del Circuito de Salamina, el 25 de enero del 2000,
confirmó la decisión del a-quo por idénticas razones a las expresadas en el
fallo de primera instancia.
CONSIDERACIONES
JURIDICAS
COMPETENCIA
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991 y
demás disposiciones pertinentes y por la escogencia de los casos hecha por la
Sala de Selección y por la acumulación decretada.
TEMAS JURIDICOS
1. Pago oportuno
del salario
En principio, la
tutela no está establecida para reclamar acreencias laborales, especialmente si
existe el juicio ejecutivo laboral; sin embargo, si la mora ocasiona un
perjuicio irremediable y se tiene en cuenta, como lo dice la SU-995/99,  que el
pago oportuno del salario es un derecho fundamental porque implica
reconocimiento de la dignidad humana, del mínimo vital que puede concretarse en
el libre desarrollo de la personalidad, del amparo de la familia, del
reconocimiento de la igualdad y el orden justo; y, además, se relaciona con el
derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad social; se concluye
que  hay un cúmulo de disposiciones constitucionales que sirven de ayuda para
garantizar el pago oportuno del salario. Normas constitucionales que se
integran, en bloque de constitucionalidad con el Convenio 95 de la OIT,
referente al salario.
2. Ambito
constitucional del término salario
La SU-995/99
consideró que la voz “salario” para la protección judicial constitucional en
cuanto a su pago cumplido, debe componerse con todas las cantidades que tienen
origen en la relación laboral y constituyen remuneración (primas, vacaciones,
cesantías, horas extras). Por supuesto que para efectos de la protección
tutelar debe estar consolidado el derecho  y probado el no pago  y debe tener
las incidencias y connotaciones que posteriormente se indicarán.
3. Subsidiariedad
de la tutela y prueba requerida para demostrar que hay perjuicio irremediable
En cuanto a la
viabilidad de la acción de tutela, como mecanismo transitorio,  para
reclamar los salarios en mora, la Corte consideró en la SU-995/99 que ello es
posible si se está ante un perjuicio irremediable que pone en peligro el
derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos, “en
todos los casos en los que no se encuentre debidamente acreditado que el
trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su
trabajo”. Aunque la frase es clara, la
Corte precisó: “Sólo en los casos en los que esté acreditado que el actor
cumple con los requisitos  establecidos por las leyes tributarias para estar
obligado a presentar declaración de renta y complementarios, es del caso que el
juez de amparo juzgue qué tan largo debe ser el lapso durante el cual la
omisión del pago de su salario no le causa un perjuicio irremediable que
amerite la procedencia de la tutela”. Y, al final de la sentencia la Corte
recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, que el actor no queda
exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del decreto 2591 de
1991, especialmente de los artículos: 18, 20, 21, 22.
Es decir, que en
primer lugar debe estar demostrado que el solicitante es trabajador y que el
empleador está en mora de pagar el salario (para esto último basta la
afirmación en la solicitud de tutela, le corresponde al empleador la prueba en
contrario.
En segundo lugar,
para demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben señalar los hechos
concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio; el juez no se los
puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos sacramentales, pero
al menos alguna indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que
en verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su
familia.
Respecto al mínimo
vital: si hay elemento de juicio que indica que el trabajador tiene otros
ingresos suficientes que le permiten subsistir dignamente sin el salario, la
tutela no prospera. La Corte no ha dicho que el trabajador tenga que probar que
no tiene otros ingresos porque se llegaría a la prueba diabólica. Si el
trabajador afirma que el salario es su único ingreso se considera que es una
manifestación de buena fe (que obviamente puede admitir prueba en contrario).
4. Mínimo vital
La posición de la
Corporación en la SU-995/99, fue la siguiente:
“La idea o principio que anima la garantía de percibir los salarios y
las demás acreencias laborales, se asienta en una valoración cualitativa, antes
que en una consideración meramente cuantitativa. Las aspiraciones del
trabajador a un mejor nivel de vida, y las posibilidades de planear la
distribución de sus ingresos,  todo a partir de la asignación económica
establecida en la ley o el contrato de trabajo, son razones que impulsan y
respaldan al funcionario judicial para exigir del empleador un estricto
cumplimiento de la obligación al pago oportuno y completo de la remuneración
asignada a cada empleado…..
Además, resulta claro que para los trabajadores, los ingresos que
reciben por concepto de salario son el resultado justo de la ejecución de una
relación contractual, en la que ellos han cumplido las obligaciones y deberes
que les corresponden, de modo que resulta lógico, proporcionado y éticamente
plausible, exigir también del empleador, la realización completa de sus
compromisos a través de la cancelación cumplida de lo que en derecho y justicia
les debe."
5. La orden
Respecto
a la orden que en la parte resolutiva pueda dar un juez de tutela respecto a la
protección al salario mínimo vital, la sentencia SU-995/99 precisó que para lograr la completa protección de
los derechos fundamentales comprometidos, la orden  debe extenderse no solo a
las sumas adeudadas sino a la garantía de pago de las futuras. Y, tratándose de
entidades públicas, si hay carencia de recursos, también el juez de tutela debe
ordenar que se cree la partida presupuestal correspondiente.
ANALISIS DE LOS
CASOS CONCRETOS
Está demostrado que
las dos personas que instauran la tutela son trabajadoras del municipio de
Salamina, devengan exiguas sumas  y no se les han cancelado los salarios de
septiembre, octubre y noviembre de 1999 y parte de los salarios de 1998 con las
primas correspondientes. No hay prueba de que ellos no dependen única y
exclusivamente del salario.
En ambos casos los
trabajadores han requerido de préstamos para solucionar urgentes necesidades.
En el caso de José
Fabián López Trujillo es patente que toda su familia se ha visto perjudicada
por no recibir salarios el trabajador, de manera que fue acertada la decisión
del juez que es objeto de la presente revisión. Por supuesto que la decisión
solo se podrá referir a la protección al mínimo vital y a la dignidad y no a
los otros derechos mencionados en la solicitud de tutela. Y la orden sólo se
referirá a los meses no pagados durante el año de 1999, porque sobre lo debido
en 1998 ya hubo tutela al respecto y la Corte no entra a revisar lo que no ha
sido seleccionado. En cuanto a las primas, sólo se protegerá la prima semestral
de 1999 porque sobre las otras ya hubo pronunciamiento.
En cuanto a la
situación de Jorge Eduardo Gómez González también prospera la tutela aunque su
esposa reciba como maestra una cifra aproximada a los dos salarios mínimos. Es
obvio que si el marido no recibe salario esto afecta gravemente la situación
del núcleo familiar (incluidos los padres del trabajador). Además, la
valoración del mínimo vital no es cuantitativa sino cualitativa. Está probado
que Gómez tiene dos hijos que estudian, una madre anciana (85 años) y una
hermana que de él dependen. Se ha endeudado. El hecho de que paguen una casa a
cuotas no significa que sean tan pudientes como para que no se afecte el mínimo
vital. Y la obligación respecto al sostenimiento y manutención de los hijos es
obligación de la pareja no solo de la madre. Por otro aspecto, no es razonable
que si Gómez trabaja y tiene derecho al pago oportuno de su exiguo salario, se
le diga que no se le afecta el mínimo vital porque su esposa lo puede con mucho
esfuerzo sostener a él, a sus hijos y a su progenitora con los dos salarios
mínimos que recibe como maestra. Luego, se revocarán las decisiones de
instancia.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las
sentencias objeto de revisión en el caso de JORGE EDUARDO GOMEZ GONZALEZ (la
del 25 de noviembre de 1999 del Juzgado 2° Civil Municipal de Salamina y la del
25 de enero del 2000 del Juzgado Civil del Circuito de Salamina) y en su lugar ORDENAR
que el Alcalde de SALAMINA, si es que no lo ha hecho, pague en el término de
quince días los meses debidos y relacionados en las respectiva petición,
(sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998, prima
de navidad de 1998, sueldos de septiembre, octubre y noviembre de 1999 y prima
semestral de ese año). Y, PREVENIR para que en adelante no se vuelva a
incurrir en dilaciones que demoren el pago de salarios de los accionantes.
SEGUNDO.
CONFIRMAR la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 1999 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Salamina, en el caso de JOSE FABIAN LOPEZ TRUJILLO, pero por las razones indicadas
en el presente fallo.
TERCERO. Por Secretaría líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO
MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria