C-110-17
Sentencia C-110/17
DEMANDA CONTRA
EL ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA-Expresión “pobres” no
constituye trato peyorativo o discriminatorio en la denominación de las
personas que requieren asistencia jurídica/EXPRESION “POBRES” EN EL
ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA-No quebranta los principios de
dignidad humana e igualdad por cuanto carece de trato peyorativo o
discriminatorio para las personas que tienen recursos insuficientes para
sufragar los costos de un abogado de confianza
La
Sala Plena concluyó que la expresión “pobres” consignada en el artículo 1º de
la Ley 583 de 2000 no quebranta los principios de dignidad humana e igualdad,
por cuanto carece de un uso peyorativo y discriminatorio para las personas que
tienen recursos insuficientes para sufragar los costos de un abogado de
confianza. En realidad, la locución “pobres” se usa para referenciar una
garantía que significa la eliminación de una barrera del acceso de la
administración de justicia, protección que suple la condición de negación de
Derechos Civiles y Políticos, así como Sociales, Económicos y Culturales que
padece esa población vulnerable. El empleo de la palabra por parte del
legislador recoge la función que ésta ha tenido en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, posición que hace énfasis en un enfoque de derechos humanos que
otorga un mensaje reivindicador de derechos y de resistencia a la dominación.
Lo anterior, descarta que exista un trato discriminatorio entre la denominación
de las personas que requieren de asistencia jurídica en las Leyes 583 de 200,
600 de 2000 y 941 de 2005, porque esa referencia disímil no afecta la igualdad,
pues ninguna se constituye como un trato peyorativo, discriminatorio o
cosificador de los “pobres”. El término “pobres” se encuentra fijado en el
artículo 1º de la Ley 583 de 2000, estatuto que regula el ámbito de competencia
de los consultorios jurídicos universitarios y permite a los abogados no
titulados litigar en causa ajena, siempre que estén inscritos a una de esas
instituciones. La función de la norma consiste en brindar asesoría y asistencia
jurídica a las personas que por ausencia de recursos no pueden proveérsela por
sí mismos. En esa categoría se hallan las personas “pobres”, quienes por su
condición encuentran una barrera de acceso a la administración de justicia.
Inclusive, el precepto legal impone la obligación que se verifique la capacidad
económica de los usuarios con el fin de acceder a los servicios legales.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
NORMAS CON
VOCABLOS QUE CONTIENEN CARGAS EMOTIVAS E IDEOLOGICAS CONTRARIAS A LA
CONSTITUCION-Control
de constitucionalidad
DEMANDA CONTRA
LA EXPRESION “POBRES” PARA DENOMINAR A LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ASISTENCIA
JURIDICA-Control
de constitucionalidad sobre
el lenguaje legal
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL LENGUAJE LEGAL-Alcance
JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD FRENTE A USOS LINGÜISTICOS LEGALES-Carácter
excepcional cuando
lenguaje es ambiguo, discriminatorio o peyorativo que compromete la igualdad y
dignidad humana
JUICIO ABSTRACTO
DE CONSTITUCIONALIDAD DEL USO LEGAL DEL LENGUAJE-Carácter
excepcional
LENGUAJE-Alcance/LENGUAJE-Efecto jurídico
normativo y poder simbólico/LENGUAJE-Usos/LENGUAJE JURIDICO-Intervención
del juez constitucional cuando se constituye en un acto discriminatorio
SIGNOS
LINGÜISTICOS DE ENUNCIADOS LEGALES-Desatención de la Constitución y
desconocimiento del deber de neutralidad al entablar trato peyorativo
DEMANDA CONTRA
EXPRESIONES POR SU SIGNIFICADO COMO LENGUAJE Y NO POR SU CONTENIDO NORMATIVO-Jurisprudencia
constitucional/DEMANDA CONTRA EXPRESIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION-Fundamentos/DEMANDA
CONTRA EXPRESIONES LINGÜISTICAS LEGALES QUE ENTRAÑEN TRATO DESPECTIVO,
DISCRIMINATORIO Y PEYORATIVO CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA E IGUALDAD-Competencia de
la Corte constitucional
EXPRESION “POBRES”
EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Utilización
DERECHO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Definición del vocablo “pobres”/DERECHO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Relevancia de la lucha contra la pobreza/DERECHO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Derecho al nivel de vida adecuado y
medios de subsistencia para
luchar contra la miseria
POBREZA-Negación de
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales/POBREZA-Énfasis
en los derechos humanos/POBREZA-Implicaciones/POBREZA-Efectos/POBREZA-Forma
de discriminación/POBREZA-Relevancia
EXPRESION
“POBRES”-Utilización/EXPRESION
“POBRES”-Instrumentos internacionales
PRINCIPIOS SOBRE
EXTREMA POBREZA Y DERECHOS HUMANOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE DERECHOS
HUMANOS-Erradicación/PRINCIPIOS
SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS DERECHOS HUMANOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS-Definición/PRINCIPIOS SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS
DERECHOS HUMANOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS-Finalidad/PRINCIPIOS
SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS DERECHOS HUMANOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS-Derechos de las personas “pobres
EXPRESION
“POBRES” EN LA CONSTITUCION POLITICA-Utilización/EXPRESION
“POBRES” EN LA CONSTITUCION POLITICA-Alcance
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Uso de la expresión “pobres”
EXPRESION “POBRES”
EN EL ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA-Función enunciativa o referencial
frente al acceso a la administración de justicia de personas en situación de
pobreza/EXPRESION “POBRES”-Corresponde a la idea de luchar contra
la exclusión de los menos favorecidos en la sociedad/EXPRESION “POBRES”-Empleada
con el objeto de otorgar beneficios y derribar obstáculos para el goce de
derechos fundamentales de personas en condición de pobreza/EXPRESION “POBRES”-Hace
referencia a la condición de pobreza/EXPRESION “POBRES” EN EL
ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA-Define la función social que
desarrollan los estudiantes adscritos a consultorio jurídico
Referencia:
Expediente D-11527
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 583 de 2000.
Demandantes:
Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra Bibiana Jiménez Ojeda.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá,
D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES:
1.
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra Bibiana
Jiménez Ojeda formularon demanda de inconstitucionalidad contra la palabra “pobres”
contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000, por la supuesta vulneración:
(i) del Preámbulo y los artículos 2, 4, 13 constitucionales; y (ii) los
artículos 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2.
Mediante
providencia del veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016), el despacho
del Magistrado Sustanciador consideró que la demanda formulada contra la
expresión “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 por
supuesta vulneración del Preámbulo y los artículos 2, 4, 13 constitucionales,
así como los preceptos 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, incumplió los requisitos fijados en la ley y la jurisprudencia para
estudiar las demandas de inconstitucionalidad. Ello sucedió, porque los
censores no desarrollaron el concepto de violación sobre el segmento
cuestionado. En realidad, se limitaron a señalar que el aparte demandado
establecía una discriminación, conclusión que queda descartada con una simple
lectura de enunciado legal atacado. Ante esa situación, se otorgaron tres (3)
días hábiles para corregir el escrito introductorio del libelo.
3.
Una
vez analizado el escrito de corrección de la demanda, el Magistrado Sustanciador
estimó que los actores habían subsanado parcialmente los yerros de su censura. Así,
determinó que el ataque que se justificó en el desconocimiento de los
principios de igualdad y de dignidad humana, normas que los ciudadanos
identificaron en el Preámbulo y los artículo 13 de la Constitución, así como
los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, había
observado los requisitos necesarios para iniciar un juicio de
constitucionalidad sobre la expresión cuestionada.
En contraste, inadmitió el libelo presentado en
contra de la citada disposición, censura que se había sustentado en el
desconocimiento de los artículos 2 y 4 Superiores, así como el artículo 8
Declaración Universal de Derechos Humanos, en razón de que los demandantes
guardaron silencio sobre la corrección de dicho cargo, omisión que significó la
ausencia de formulación del concepto de violación.
4.
En
el auto admisorio del libelo, se invitó a participar a las Facultades de
Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de
Colombia, de Los Andes, Libre y del Rosario, con el objeto de que emitieran
concepto en relación con la constitucionalidad de la norma demandada, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
5.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la
Corte entra a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.
LAS
NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se trascribe la disposición demandada.
“LEY 583 DE 2000
(Junio 12)
Diario Oficial No. 44.042, del 13 de junio de
2000
Por la cual se modifican los artículos 30 y 9
del Decreto 196 de 1971.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
“ARTICULO 1o. El artículo 30 del Decreto 196 de 1971 quedará
así: Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los
alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo
funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de
Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios
jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de
los abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán
actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se
establezca.
Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos
de las facultades de derecho, son abogados de pobres y como tales
deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud,
acompañarán la correspondiente autorización del consultorio jurídico a las
respectivas actuaciones judiciales y administrativas.
La prestación del servicio del consultorio jurídico en
ningún caso será susceptibles de omisión ni homologación.
Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos
consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando
como abogados de pobres”
III.      DEMANDA
Los ciudadanos Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra
Bibiana Jiménez Ojeda solicitaron la inexequibilidad de la expresión “pobres”
que se encuentra en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000, porque quebranta
la dignidad humana y la igualdad, al identificar con una denotación peyorativa
a las personas de escasos recursos económicos. Resaltaron que el lenguaje tiene
una carga simbólica que puede ser fuente de exclusión, al punto que el vocablo
cuestionado se iguala con los términos de infeliz, desdichado, triste, mendigo
o limosnero.
Precisaron que el ataque se circunscribe a cuestionar
el uso del signo lingüístico “pobres” por parte del legislador, porque “se
etiqueta a un grupo de personas de escasos recursos, es inexacto que tiende a
marcar los miembros de una comunidad específica que en nada los exalta sino que
contrario sensu, los apoca (sic) o minimiza equiparándolos con mendigos,
pordioseros, infelices”[1].
Además, censuraron que el legislador no utilizara
ese mismo calificativo en otros casos. Por ejemplo en la Ley 941 de 2005, norma
que organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública, se previó que ese
modelo atenderá a las personas que por sus condiciones económicas o sociales se
encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí
mismas, la defensa de sus derechos. Inclusive, advirtieron que el artículo 2º ibídem
determinó que “para los efectos de la presente ley, se entiende por
persona en imposibilidad económica, aquella que carece de recursos suficientes
para proveer su defensa técnica y por persona en imposibilidad social, aquella
que por discriminación u otra circunstancia excluyente no pueda acceder a un
defensor particular”. Denunciaron que lo propio sucede con la Ley 600 de
2000, estatuto que asigna a los indiciados de un proceso penal un defensor de
oficio en el evento en que se hallan imposibilitados para costear un abogado.
Subsidiariamente, los censores pidieron que dicho
segmento fuese declarado exequible de manera condicionada, al interpretar su
significado y alcance.
IV.      INTERVENCIONES
1.
De
las entidades públicas
Ministerio de
Justicia
Diana
Alexandra Remolina Botía, apoderada del Ministerio de Justicia, pidió que la
Corte se inhiba de fallar la demanda, dado que carece de certeza.
Subsidiariamente, la profesional en derecho solicitó que el contenido normativo
censurado sea declarado exequible, debido a que se encuentra ajustado a la
Constitución.
En
primer lugar, el Ministerio consideró que la demanda incumple con los
requisitos que permiten a la Corte realizar un juicio de constitucionalidad. Lo
anterior, en razón de que los censores formularon una demandada que se había
fundamentado en una interpretación subjetiva de los mismos. Inclusive, reprochó
que los actores hubiesen escogido algunos de los significados del término “pobre”,
selección que excluye otras definiciones que respetan la norma superior y la
dignidad de las personas de escasos recursos.
En
segundo lugar, la apoderada de la autoridad advirtió que el signo lingüístico
censurado respetaba la Constitución, dado que se refiere a un concepto
económico propio del lenguaje común y designa a las personas que requieren el
apoyo del Estado para acceder a la administración de justicia.
2.
Intervenciones
de las entidades de educación superior
2.1.
Universidad del Bosque
En
representación de la Universidad del Bosque, las ciudadanas Diana Milena Murcia
Riaño, Rocío del Pilar Trujillo Sosa, Maryury Vanesa Jiménez Beltrán y Juan
Sebastián Arboleda Currea, miembros del Consultorio Jurídico de esa institución
de educación superior, solicitaron a la Corte que la expresión demandada sea
declarada exequible de manera condicionada, bajo el entendido que incluye a los
sujetos de especial protección constitucional que acuden a los consultorios
jurídicos. Esa postura se sustentó en los siguientes argumentos.
Inicialmente,
los representantes del centro educativo indicaron que la demanda no implica la
configuración de la cosa juzgada en relación con la Sentencia C-143 de 2001,
providencia que analizó la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 583 de
2001, disposición que autorizaba a los estudiantes de los consultorios litigar
en causa ajena. Lo anterior, en razón de que, en esa ocasión, esta Corporación
no concentró su juicio en el desconocimiento del derecho a la igualdad. Además,
aseveraron que la presente censura se dirige a cuestionar la expresión “pobres”,
debido a que ésta es peyorativa.
Acto
seguido, señalaron que la demanda observaba los requisitos necesarios para que
la Corte se pronuncie de fondo, puesto que cuestiona el lenguaje usado por el
legislador para proferir una Ley, asunto que puede ser objeto de ataque en una
acción de inconstitucionalidad.
Más
adelante, adujeron que el vocablo cuestionado respeta la norma superior, por
cuanto es una categoría de la economía que se utiliza para designar a las personas
de escasos recursos o que se hallan privados del goce de servicios públicos.
Además, la palabra “pobres” desarrolla un elemento descriptivo de una
prescripción jurídica, de modo que carece de la pretensión de agraviar a los
sujetos destinatarios. Es más, la expresión censurada “no tiene una carga
peyorativa y por el contrario, el signo lingüístico pobres cumple una función
denotativa o referencial la cual delimita los individuos de los que se predican
los efectos jurídicos establecidos en las normas sobre consultorios jurídicos”.
Una muestra de la neutralidad del singo lingüístico atacado corresponde con
el uso repetido de esa expresión de la Relatora Especial para la Extrema Pobreza[2].
Por
último, reseñaron que el precedente constitucional ha avalado que los
estudiantes de la carrera de los dos últimos años puedan defender causas de
terceros[3],
en la medida en que reduce la desigualdad de las personas de escasos recursos
que acuden ante las diversas jurisdicciones. A su vez, consideraron adecuado
que los beneficiarios de los consultorios jurídicos se extiendan a los sujetos
de especial protección constitucional, ampliación que se sustenta en la
materialización del derecho a la igualdad.
2.2.
Universidad Libre
El
Director del Observatorio Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad
de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, Jorge Kenneth Burbano Villamarin[4], pidió que
el contenido legislativo demandado sea declarado constitucional, porque la
expresión no vulnera norma superior alguna.
Para
la interviniente, solo puede expulsarse un término plasmado en la ley por parte
del legislador, cuando éste sea denigrante y degradante, al punto que despojen
a los seres humanos de su dignidad. Inclusive, precisó que la Corte tiene la
competencia para declarar inexequible un vocablo, siempre que: i) no exista una
interpretación constitucional del mismo; y ii) se pueda ponderar el efecto
negativo del lenguaje sobre la norma. Al respecto, citó in-extenso la
jurisprudencia de la Corte Constitucional[5].
A
su juicio, la palabra pobres hace referencia a un segmento de la población que
requiere una discriminación positiva para facilitarle el acceso a la
administración de justicia. La acepción utilizada por el legislador debe
comprenderse en el contexto en que se encuentra en la Ley, el cual corresponde
con un beneficio a una población vulnerable.
2.3.
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Leonardo Acevedo Valencia, Director del
Observatorio Constitucional de la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, solicitó a esta Corporación que se inhiba para conocer de fondo
la demanda, como quiera que no cumple los requisitos exigidos en la
jurisprudencia para analizar una norma por presunta vulneración del derecho de
la igualdad. El interviniente indicó que los grupos objeto de comparación son
los mismos, toda vez que los dos colectivos carecen de recursos para sufragar
los costos de un abogado. Además, la censura de los actores radica en una
interpretación subjetiva que jamás desconoce la Carta Política.
De manera subsidiaría y en caso que se
supere el estudio de forma del libelo, pidió que el segmento “pobres” contenido
en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 sea declarado exequible, en razón de
que desarrolla el principio de acceso a la administración de justicia
reconocido en el artículo 229 de la Carta Política, al facilitar a las personas
acudir ante la jurisdicción.
2.4.
Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Juanita María Ospina Perdomo, Directora
General del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, pidió que la
expresión “pobres” consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 sea
declarada inexequible. A continuación se reseña una síntesis de su
intervención:
La institución de educación superior
reseñó que en múltiples decisiones la Corte Constitucional ha determinado que
varias expresiones o términos son inexequibles, en la medida en que tienen una
connotación peyorativa y discriminatoria[6].
Ello, por cuanto el lenguaje puede tener expresiones emotivas que desvaloran a
las personas, situación contraria a la Carta Política.
En el caso sub-judice, la
Universidad estimó que el vocablo “pobres” vulnera la Constitución, por
cuanto tiene un contenido emotivo que se torna peyorativo y excluyente para un
grupo de personas que requiere protección. La designación que trae el artículo
1º de la Ley 583 de 2000 evidencia “múltiples definiciones de este término,
tiende a ofender y a valorar al sujeto por su condición económica calificándolo
como único término que lo define y limita desconociendo su dignidad humana”. Indicó
que la expresión “pobres” debe ser expulsada del ordenamiento jurídico y
reemplazado por “personas de escasos recursos”, puesto que se requiere
modificar la autodenominación de los usuarios de los consultorios jurídicos con
los valores y fines del Estado Social de Derecho
2.5.
Universidad
Externado de Colombia
En representación de la Universidad
Externado de Colombia, María Julieta Villamizar de la Torra, Directora del
Consultorio Jurídico de esa institución de educación superior, solicitó a la
Corte que la expresión “pobres” sea declarada exequible, como quiera que
no resulta peyorativa ni ofensiva, garantiza la adecuada aplicación de la regla
de derecho y no implica la transmisión de un mensaje discriminatorio paralelo.
La institución de educación precisó que
el control de constitucionalidad sobre los actos lingüísticos que contienen las
leyes se restringe a su estudio en un contexto determinado o a la posibilidad
de que transmita un mensaje discriminatorio paralelo. Entonces, el juicio de
validez de un término no corresponde con efectuar un estudio semántico del
mismo.
En el signo “pobres”, la
representante manifestó que éste pretende incluir a los sujetos de escasos
recursos como beneficiarios del servicio de los consultorios jurídicos. El uso
de la palabra mencionada garantiza los derechos fundamentales de acceso de la
administración de justicia y debido proceso, al poner al alcance de personas
vulnerables los jueces de la República. Además, resaltó que el vocablo
cuestionado no tiene un mensaje paralelo discriminatorio, peyorativo u ofensivo.
En realidad, la palabra atacada tiene un uso único descriptivo que sirve para
establecer la competencia de los consultorios jurídicos universitarios, ámbito
que se identifica con atender a las personas que carecen de recursos para
pagarle a un abogado. Finalmente, subrayó que la utilización de esa palabra ha
sido históricamente usada en textos legales y constitucionales[7].
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto No. 6172 del 28 de mayo de 2016, el Procurador General
de la Nación invitó a la Corte que se declare inhibida para fallar la demanda,
debido a que sustentó su cargo de inconstitucionalidad en una interpretación
errónea de la norma, yerro que impide que se genere una duda sobre la validez
del vocablo acusado. La vista fiscal estimó que el término “pobre” tiene
diversos significados, verbigracia algunos de ellos corresponden con “infeliz,
desdichado o triste”, empero la ley no recoge esas denotaciones. La norma
censurada describe la condición material que requieren los beneficiarios de los
consultorios jurídicos, al relatar una situación fáctica. Por ende, la
prescripción jurídica no atenta contra la dignidad de las personas que cuentan
con el capital insuficiente para sufragar los costos de un abogado de confianza.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia de la Corte
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para
conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de
la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la
República, en este caso, de la Ley 583 de 2000.
Cuestión preliminar: estudio de aptitud sustantiva de la
demanda
2.
Los ciudadanos Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra
Bibiana Jiménez Ojeda consideraron que la expresión “pobres” contenida
en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 es contraria a los principios de la
dignidad humana y de la igualdad, dado que establece un trato peyorativo y
discriminatorio para las personas de escasos recursos, quienes no pueden
proveerse un abogado de confianza. Resaltaron que su censura cuestiona dicho
signo lingüístico, toda vez que tiene una carga simbólica que torna ese vocablo
en una fuente de exclusión. Además, reprocharon que el legislador, en las Leyes
600 de 2000 y 941 de 2005, no hubiese utilizado ese misma palabra para
referirse a personas que se encontraban en idéntica situación que los
beneficiaros de los consultorios jurídicos.
3.
Las posiciones de los intervinientes estuvieron divididas
entre: exequibilidad, inexequibilidad e inhibición.
Las Universidades
Libre de Bogotá y Externado de Colombia consideraron que la palabra demandada
no vulneraba norma constitucional alguna, porque carece de significado peyorativo
y/o discriminador. Advirtieron que el uso del vocablo asigna un beneficio a una
población vulnerable, de acuerdo con el contexto de la ley. Inclusive, adujeron
que el segmento “pobres” describe la competencia de los consultorios
jurídicos, ámbito
que se identifica con la atención de las personas que carecen de recursos para
pagarse un abogado de confianza. La institución educativa de nivel superior El
Bosque agregó que la expresión censurada tiene una función referencial, de modo
que no cuenta con una carga emotiva que la torne inconstitucional. Aunado a lo
anterior, solicitó que la locución demandada sea declarada
exequible de manera condicionada, bajo el entendido que incluye a los sujetos
de especial protección constitucional que acuden a los consultorios jurídicos.
En contraste, el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario pidió que la palabra “pobres” fuese declarada
inexequible, porque quebranta los principios de dignidad humana e igualdad
consignados en la Carta Política, al tener un contenido emotivo que se torna
peyorativo y excluyente para un grupo poblacional vulnerable. Por ende, indicó
que el segmento censurado debe ser reemplazado por “personas de escasos
recursos”¸ cambio que eliminaría un trato discriminatorio contrario a la
Constitución.
En una tercera vía,
el Ministerio Publico y el Instituto Politécnico Grancolombiano aseveraron que
la Corte debe inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la demanda, como
quiera que los actores partieron de una interpretación subjetiva del artículo
1º de la Ley 583 de 2000, hermenéutica que no desconoce la norma superior.
Precisaron que el precepto cuestionado describe una situación fáctica y no
atenta contra la dignidad de las personas que poseen un capital insuficiente
para sufragar un abogado de confianza.
4.
La Sala Plena evidencia que existe una discusión sobre la
aptitud del cargo, toda vez que algunos intervinientes consideraron que la
censura cumple los requisitos para iniciar un juicio de validez de la expresión
atacada, mientras otros manifestaron que la demanda parte de una interpretación
errada, yerro que producía una decisión inhibitoria. Ante ese escenario, la
Corte procederá a analizar previamente este aspecto formal.
4.1.
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 reguló los
requisitos que debe contener toda demanda de inexequibilidad, uno de los cuales
es el registrado en el numeral tercero de la citada disposición, a saber: el
señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales
invocadas se consideran violadas. La Corte Constitucional se ha pronunciado de
manera reiterada sobre esta exigencia y ha advertido que la acción pública de
inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la
informalidad[8]. Sin embargo, en esa
herramienta procesal deben existir requisitos y contenidos mínimos que permitan
a este Tribunal realizar de manera satisfactoria el estudio de
constitucionalidad, es decir, el cargo debe ser susceptible de generar una
verdadera controversia constitucional, como advierte el numeral 3º de la
disposición en mención.
La acción pública de
inconstitucionalidad se materializa con una acusación de un ciudadano contra
una norma legal con base en unas disposiciones superiores que se consideran infringidas
y con la explicación de las razones por las cuales dichos textos se estiman
violados, pues lo contario conllevaría a una sentencia inhibitoria por
ineptitud sustantiva de la demanda. Entonces, el ordenamiento exige del
ciudadano la especial responsabilidad de ser diligente a fin de que la
Corporación pueda cumplir eficiente y eficazmente con el ejercicio del control
de constitucionalidad. Así, se ha determinado que dicha censura debe cumplir
con atributos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
El cargo es claro
cuando se presentan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. Además, los censura de la demanda es cierta en el evento
en que recae sobre una proposición normativa real así como existente[9], y no sobre una deducida por el
actor, o implícita[10]. El juez constitucional debe
tener la posibilidad de verificar el contenido de la norma demandada con el fin
de que la pueda contrastar con la Carta Política. El ataque debe ser
específico, lo cual consiste en que el actor explique por qué la disposición acusada
desconoce o vulnera la Constitución. Así mismo, el cargo debe ser pertinente,
atributo que hace referencia a que los argumentos del actor sean de naturaleza
constitucional y no meras discusiones legales, doctrinarias o de conveniencia.
Por último, la demanda debe tener cargos suficientes, los cuales deben generar
un verdadero debate constitucional, al punto que pongan en duda la validez de
la norma impugnada[11].
4.2.
En materia de aptitud sustantiva de las demandas dirigidas
a cuestionar el uso de los signos lingüísticos fijados en la Ley, esta
Corporación ha manifestado que se encuentra facultada para ejercer control
constitucional sobre los vocablos, en la medida en que tienen una connotación y
una carga emotiva que podría implicar la transmisión de mensajes paralelos o
implícitos a la prescripción de derecho que establece la disposición[12].
Algunos de los sentidos de las expresiones legales podrían ser contrarios a la
Carta Política, debido a que el legislador sobrepasa la obligación
constitucional de ser neutral en el lenguaje regulativo del derecho. La función
de este Tribunal corresponde en identificar si el Congreso Nacional ha
desbordado los principios o valores superiores, al fijar en las normas vocablos
que posean enunciados implícitos que contengan cargas emotivas e ideológicas
contrarias a la Constitución.
5.
Para la Sala, el cargo formulado por los demandantes
contra la expresión “pobres” observa los requisitos necesarios con el
fin de iniciar un juicio de validez sobre el vocablo citado, según los
parámetros configurados por la jurisprudencia en el control del uso de los
signos legales.
En primer lugar, la
censura es clara, debido a que los actores construyeron en la demanda
argumentos comprensibles que permiten entender que el uso de la palabra “pobres”
desconoce la Constitución, al ser un vocablo peyorativo y discriminatorio que
estableció el legislador para referirse a las personas que carecen de los
recursos para sufragar un abogado de confianza. A su vez, formularon razones diáfanas
que sustentaron su petición de inexequibilidad del signo cuestionado.
En segundo lugar, en
relación con la certeza, esta Corporación evidencia que los censores
advirtieron un posible mensaje oculto en la disposición cuestionada, sentido
que tiene la virtualidad de derivarse de la expresión “pobres” y
desconocer normas superiores. Lo anterior, en razón de que ese signo
posee algunas acepciones que en principio muestran connotaciones negativas para
una persona, por ejemplo mendigo o infeliz.
Además, es cierto
que el legislador denominó de diferente manera a los beneficiarios de los
consultorios jurídicos y a otras personas que requieren de asistencia legal
gruita derivada de su imposibilidad de proveerse su defensa, tal como
referencian las leyes 600 de 2000 y 941 de 2005.
En tercer lugar, el
cargo es específico, dado que los demandantes presentaron argumentos sobre la
denotación peyorativa del término “pobres”, y advirtieron que ese
significado era contrario a la igualdad y la dignidad humana. También indicaron
las disposiciones constitucionales que contienen las normas utilizadas como
parámetros de constitucionalidad, es decir, el preámbulo y el artículo 13 de la
Carta Política, así como los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Adicionalmente, cuestionaron dicho vocablo en un contexto
social así como normativo determinado. Tales elementos permiten ejemplificar
una tensión entre el lenguaje legal y la Constitución. Nótese que el juez
constitucional se encuentra facultado para ejercer el control constitucional
sobre las expresiones legales.
En cuarto lugar, se
cumple con el requisito de pertinencia, como quiera que los ciudadanos
formularon un ataque que se fundamentó en premisas de orden constitucional, por
ejemplo precisaron que el enunciado legal cuestionado quebrantaba los
principios de dignidad humana y de igualdad de la norma superior.
En quinto lugar, la
demanda sobrepaso el requisito de suficiencia, toda vez que las razones
formuladas por los censores logran prima facie generar una duda sobre la
validez de la locución “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley
583 de 2000. De ahí que, en principio, exista una incertidumbre sobre la
competencia que tiene el legislador para identificar a las personas
beneficiarias de los servicios de los consultorios jurídicos como “pobres”
6.
Por consiguiente, la Corte estudiará de fondo la demanda
presentada contra el segmento cuestionado, en tanto el cargo cumple con las
exigencias requeridas para iniciar un control de constitucionalidad sobre el
lenguaje legal.
Problema jurídico
7.
De
conformidad con el debate planteado por los demandantes y los intervinientes en
este juicio, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿
la palabra o expresión “pobres” contenida en el 1º de la Ley 583 de 2000
es inconstitucional, al violar los derechos de la igualdad y de la dignidad
humana, porque ese signo lingüístico puede ser considerado peyorativo y/o
excluyente en un contexto social determinado para referirse a las personas que
carecen de recursos para sufragar los costos de un abogado de confianza?
Vale precisar que la respuesta a ese
cuestionamiento determinará si la diferencia de denominación de las personas
que requieren asistencia legal gratuita reconocida en las Leyes 583 de 2000,
600 de 2000 y 941 de 2005 conculca el principio de igualdad, por cuanto la
existencia de un trato diferente injustificado depende de la facultad que tiene
el legislador para utilizar el término “pobres” con el fin de referenciar
a los sujetos que no pueden proveerse su defensa técnica en cualquier juicio.
Entonces, es innecesario e inocuo plantear un problema jurídico en torno a la
posible vulneración del artículo 13 superior producto de una diversa
identificación de individuos.
8.
Para resolver ese interrogante de derecho, la Sala
adoptará la siguiente metodología: (i) se pronunciará sobre el alcance del
control de constitucionalidad sobre el lenguaje legal; (ii) la utilización de
la expresión “pobres” en el derecho internacional de los derechos
humanos y la Constitución; iii) el uso así como significado de la palabra “pobres”
en la jurisprudencia de esta Corporación; y (iv) resolverá el cargo de la
demanda.
Alcance del control
constitucional al uso del lenguaje legal
9.
La Corte Constitucional ha precisado que, por regla
general, el control abstracto solo procede contra normas o enunciados de
contenido prescriptivo. No obstante, el juicio de constitucionalidad se ejerce
de manera excepcional frente a los usos lingüísticos legales. Ello sucede
cuando el lenguaje fijado en la Ley es ambiguo, vago o evidencia acepciones
discriminatorias o peyorativas que comprometen la igualdad, la dignidad humana
o desatienden derechos fundamentales.
9.1.
La tesis del exclusivo escrutinio judicial de las
proposiciones jurídicas se fundamenta en que aquel se concreta en revisar las
facetas regulativas de las disposiciones[13]. Así, prima facie, carecía
de sentido evaluar la constitucionalidad de una palabra aislada, dado que no
tiene por sí misma relevancia normativa. Por ello, esa posición advirtió que serían
enjuiciadas las expresiones que tienen un significado prescriptivo o que
produzcan efectos jurídicos[14].
9.2.
Sin embargo, como regla excepcional, el juez
constitucional tiene la potestad de someter a un juicio abstracto el uso legal
del lenguaje. Dicha opción surge de la idea de que los signos lingüísticos
expresan visiones de mundo[15], estructuras ideológicas[16],
prefiguran la realidad[17] y construyen sujetos[18].
El lenguaje
se trasforma en un depósito objetivo de realidades que designa reconocimientos de
imágenes que se transmiten a generaciones fututas[19].
A menudo, esas representaciones heredadas del pasado son contrarias al nuevo
marco axiológico de la Constitución de 1991, puesto que perturban la dignidad
humana o la igualdad, al cosificar al individuo y fijar una locución que
entraña una discriminación.
Inclusive, el
lenguaje permite la configuración del discurso, ámbito que genera verdades
incluyentes y excluyentes para el individuo, al punto que tiene efectos sobre
el trato y los derechos de las personas.  La Corte no puede ser un cuerpo
pasivo ante la idea de que “el discurso contribuye a la
reproducción de la desigualdad y la justicia social determinando quienes tiene
acceso a estructuras discursivas y de comunicación aceptables y legitimadas por
la sociedad”[20]. El juez constitucional debe corregir los consensos sociales generados por
la persuasión de los actos lingüísticos, acuerdos que son discriminatorios en
muchos casos[21].
Esta Corporación ha
sido consciente de la relevancia del lenguaje para sociedad y la construcción
de subjetividades[22]. Así, ha reconocido que éste
tiene un efecto jurídico normativo y un poder simbólico. La segunda
consecuencia pone de presente que el lenguaje legitima prácticas sociales,
prefigura realidad y sujetos, condición que evidencia que la lucha por quién
dicta las formas de comunicación se convierte en la disputa por el poder. “En
ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante, discriminatorio o insultante,
tiende a legitimar e incluso constituir prácticas sociales o representaciones
simbólicas inconstitucionales”[23]. De ahí que esa
producción no pueda quedar fuera de la órbita de la Corte. Sobre el particular
se ha indicado que:
“legislador
al formular una regla de derecho determinada puede
interferir derechos fundamentales de las personas y por ello el juez
constitucional se halla legitimado para resolver los problemas constitucionales
que se deriven de ello y que le sean planteados en ejercicio de la acción
pública e informal de inconstitucionalidad. Y cuando el juez constitucional
asume esta función, lejos de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera
legítima, con la tarea que se le ha encomendado: Defender la integridad y
supremacía de la Carta Política”[24].
Adicionalmente, se requiere la
intervención del juez constitucional en los evento en que el lenguaje jurídico
o institucional se constituye en un acto discriminatorio, o bien en una “conducta,
actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar
o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a
preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado
la violación de sus derechos fundamentales”[25].
En
Sentencia C-458 de 2015, la Sala Plena indicó que los signos lingüísticos de
los enunciados legales pueden transmitir mensajes implícitos, adicionales o
paralelos a los enunciados prescriptivos, representaciones que en ciertos
eventos desatienden la Constitución y desconocen el deber de neutralidad que
ésta atribuye al legislador en competencia de expedir las leyes. En la referida
providencia se concluyó que:
“los signos
lingüísticos contenidos en un enunciado legal no solo cumplen una función
referencial, sino que también tienen una connotación y una carga emotiva, su
utilización dentro de las prescripciones jurídicas podría implicar la
transmisión de mensajes paralelos o adicionales a la regla jurídica establecidas en el enunciado, y la
emisión de algunos de ellos por parte del legislador podría estar prohibida en
virtud del deber de neutralidad que el sistema constitucional le asigna al
Congreso Nacional. Por ello los cuestionamientos de los accionantes a las
expresiones demandadas sí son susceptibles de ser valorados en el escenario del
control abstracto de constitucionalidad, y la función de los tribunales
constitucionales consiste entonces en identificar estos enunciados implícitos
que se transmiten a través de signos lingüísticos con altas cargas emotivas e
ideológicas, y verificar si su emisión configura una violación a la Carta
Política”.
Con base en esa
postura teórica, este Tribunal ha estudiado demandas
de inconstitucionalidad contra palabras consignadas en la ley por su significado
como lenguaje y no por su contenido normativo.
En algunas ocasiones, se procedió a expulsar del
ordenamiento jurídico los siguientes vocablos, a saber: i) “robo”[26],
“amo-sirviente” o “criado”[27],
“si la locura fuere furiosa” o “loco”[28],
“furiosos locos”, “mantecatos”, “imbecibilidad idiotismo y
locura furiosa”, “casa de locos”[29], “tuviere
suficiente inteligencia para la administración de sus bienes”[30],
hijo “legítimo”[31], “cómplice” de
la mujer adúltera[32], “hombre”[33]
que se encontraban en el Código Civil; ii) “recursos humanos”[34],
expresión consagrada en la Ley Estatutaria de la Administración de justicia
para designar el personal al servicio de la rama judicial; iii) “minusvalía”,
“persona con limitaciones”, “limitado”, “población minusválida”[35],
las cuales se utilizaban para referirse a las personas con una capacidad
funcional diversa a efectos pensionales, y de otras protecciones consagradas en
las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 1114 de 2006, así
como 1438 de 2011; y iv) “cretinos” “idiotas” o “baldados”[36]
que se consignaron en una norma que impedía la entrada de extranjeros al país.
En todos los casos, esa decisión se fundamentó en que esas palabras eran
contrarias a la dignidad humana y a la igualdad, por cuanto cosificaban a los
destinatarios de ese símbolo y entablaban un trato peyorativo.
En otras oportunidades, se concluyó que las palabras que
se enuncian a continuación no desconocían normas constitucionales ni eran
opuestas al entramado axiológico de la Carta Política de 1991, como ocurrió con
los signos lingüísticos de: i) “inferioridad”[37]
que opera en la atenuación de las sanciones de las conductas
constitutivas de acoso laboral; ii) “comunidades negras”[38],
vocablos utilizadas para referirse a los grupos afrodescendientes en la
Ley 70 de 1993; y iv) “ancianos”[39], el cual se usa para
identificar a los beneficiarios del deber de solidaridad de acompañar a esos
sujetos en el cruce las calles de las ciudades, de acuerdo con la Ley 769 de
2002.
9.3.
Para la Sala, el análisis descrito no es una tarea fácil,
dado que en ocasiones puede incurrirse en el error de evaluar de manera
abstracta el término lingüístico, estudio que no se corresponde con un juicio
de constitucionalidad. En realidad, ese escrutinio debe tener en cuenta los
elementos históricos, sociológicos y el uso en la vida cotidiana del idioma con
el objeto de determinar si la expresión es contraria al marco axiológico de la
Constitución[40]. La inconstitucionalidad de
la expresión se presenta por su relación con los interlocutores de la
comunicación y no por la expresión lingüística intrínsecamente considerada[41].
En el balance
constitucional actual de la materia, se puede identificar el siguiente
iter-metodológico para evaluar la compatibilidad de una palabra en relación con
la Norma Superior de 1991:
“(i) La
contextualización de las expresiones demandadas en las normas; (ii) La
realización de un análisis de las diferentes acepciones de las palabras o
expresiones acusadas, teniendo en cuenta la evolución histórica en su
utilización; (iii) Haciendo un examen sobre la posible contradicción con la
norma superior; (iv) considerando la necesidad de adecuar los efectos de la
declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada y la finalidad
constitucionalmente válida que pudiera tener la norma”[42].
Aunado a lo
anterior, en Sentencia C-042 de 2017, la Sala Plena sostuvo que debe valorarse
la función, el contexto y el fin perseguido por la locución y la norma donde se
inscribe, al momento en que se identifique que una expresión representa una
categoría sospechosa de discriminación, cosificación o exclusión.
Por ejemplo, en
atención a esos criterios, en la Sentencia C-253 de 2013, la Corte consideró
que el uso de la expresión “comunidades negras” para designar a la
población afrodescendiente no era discriminatorio ni peyorativo, puesto que, en
el contexto normativo de los estatutos censurados en esa oportunidad[43],
se establecía una protección a esos sujetos y el legislador se limitó a
transcribir un vocablo empleado en la Constitución. Además, el término negro
dejó su connotación racista y adquirió un sentido de reivindicación que
evidencia la lucha de esa población.
Lo propio sucedió en
algunas de las disposiciones demandadas en la Sentencia C-458 de 2015[44],
fallo en que se declaró exequibles las expresiones “inválido,
inválida, invalidez, invalidarse, sordo o con capacidad excepcionales” entre
otras, debido a que carecían de connotación peyorativa, al ser vocablos que se
refieren a definiciones requeridas para acceder a derechos o prestaciones de la
seguridad social. La función de los términos mencionados correspondía con el
objetivo de proteger a las personas en condición de discapacidad y no con
agraviarlos o restarles dignidad.
En contraste, en
otros artículos de los censurados en la providencia Ibídem[45],
esta Corte consideró que eran peyorativas y contrarias al Derecho
Internacional de Derechos Humanos las expresiones de “los discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales, minusvalía, los discapacitados, población
minusvalía, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas,
limitado auditivo” entre otras, porque esas palabras fueron seleccionadas
para referirse a ciertos sujetos o situaciones sin respetar la dignidad humana,
al introducir una marginación sutil en expresiones reduccionistas que radican
la discapacidad en el individuo. Ese escenario no reconoce a las personas en
condición de discapacidad como sujetos plenos de derechos.
De similar forma, en
Sentencia C-258 de 2016, se estimó que el legislador quebrantó la dignidad
humana, al usar las expresiones de “idiotas”, “cretinos” o “baldados”
en el artículo 7º de la Ley 48 de 1920 para la prohibir la entrada de
extranjeros al país, toda vez que eran expresiones ofensivas y excluyentes en el
Estado Social de Derecho.
9.4.
En suma, la Corte Constitucional tiene la competencia para
realizar un escrutinio sobre las expresiones lingüísticas legales, dado que
pueden tener un mensaje paralelo, adicional o implícito que entrañe un trato
despectivo, discriminatorio y peyorativo contrario a la dignidad humana y el
principio de igualdad. Para identificar esas situaciones inconstitucionales,
esta Corporación debe realizar un análisis histórico, lingüístico y social que
permita evidenciar si el legislador sobrepaso sus competencias, al consignar
una locución o representación con alta carga emotiva e ideológica que podría
violar la Carta Política de 1991.
La expresión  “pobres”
en el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Política
de Colombia
10.
La palabra “pobres” en el derecho internacional de
los derechos humanos y en la constitución ha estado ligada al concepto de
pobreza y a las medidas que deben adoptarse para atender esa situación. La
interacción entre los símbolos referidos se circunscribe a una lógica de
privación de derechos humanos y a la obligación de los Estados de restablecer
dichas libertades. En el ámbito universal, diferentes órganos del Sistema de
Organización de Naciones Unidas han utilizado la expresión cuestionada en
resoluciones y documentos de seguimiento para identificar a personas que se
hallan condiciones de pobreza. En el escenario interno, el Constituyente ha
empleado ese vocablo para referirse a los destinatarios de la ayuda del Estado
con el fin de que garanticen sus condiciones mínimas de subsistencia.
10.1.    De un lado, en la esfera del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, no existe una definición expresa del vocablo “pobres” ni
se hace referencia del mismo en declaraciones o pactos internacionales. Sin
embargo, los organismos encargados de verificar el cumplimiento de esos
tratados han usado esa expresión para enfrentar la problemática de la pobreza,
de modo que la palabra cuestionada sirve para designar a las personas que se
hallan en esa situación, la cual se define como la “condición humana que se
caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad,
las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de
vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales”[46].
El courpus
iuris del derecho internacional de los derechos humanos ha advertido sobre
la relevancia de la lucha contra la pobreza, por ejemplo en el preámbulo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la “inherente
dignidad de todas las personas” y la importancia de que los seres humanos
se vean "liberados de la miseria”. Además, se ha identificado que
ese fenómeno es el principal desafío que debe afrontar el mundo en la
actualidad.
En ese mismo
ámbito, se ha reconocido en diferentes instrumentos el derecho al nivel de vida
adecuado y medios de subsistencia para luchar contra el flagelo de la miseria.
De ahí que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[47]
, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales[48], el artículo 13 de la Carta
Social Europea[49] y el artículo XI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[50]
son normas que manifiestan que las personas tienen la potestad de exigir
ciertas prestaciones para que no sean afectadas sus condiciones materiales de
existencia.
La
comprensión de la pobreza como negación de derechos civiles y políticos, así
como sociales, económicos y culturales ha puesto a ese problema un acento y
énfasis en los derechos humanos. Ello implica el empoderamiento de las personas
que viven en la pobreza para participar en la construcción de políticas
sociales que luchen contra ese grave problema. Cabe resaltar que varios
organismos han precisado que la pobreza produce exclusión de las personas que
la padecen. Además, han insistido que esa condición es una forma de
discriminación. Por ello, se ha considerado que la asignación de derechos
humanos a las personas en condiciones de marginación es la respuesta para que
salgan de esa condición, por cuanto, con esa atribución, las personas pueden
exigir a los Estados y a los privados la materialización de esos principios.
La relevancia
de la pobreza significó que se hubiesen creado organismos específicos de
control para atender ese grave problema de escases de recursos, verbigracia la
Relatoría Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.
En ese
contexto, se ha utilizado la expresión “pobres” para designar a las
personas que padecen de pobreza, es decir, quienes sufren de negación de Derechos
Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y Culturales. Las personas
que padecen esa condición son los titulares de ciertas potestades que atribuyen
a los Estados algunas obligaciones. Por ende, los instrumentos de derechos
humanos y los organismos de supervisión de esos acuerdos se refieren a los “pobres”
para asignarles facultades o imponer a los gobiernos deberes de eliminación
barreras al goce de los derechos de tales individuos.
Una muestra
de ello es la Resolución 70/218, aprobada por Asamblea General de las Naciones
Unidas el 22 de diciembre de 2015. En ese documento, se reconoció que: i) el
crecimiento económico debe favorecer a los “pobres[51]”y;
ii) la importancia de empoderar a ese grupo poblacional[52].
En ese
sentido, el 27 de septiembre de 2012, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por
consenso los Principios sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos para
erradicar ese flagelo del planeta. En ese documento, se definió la extrema
pobreza como “una combinación de escasez de ingresos, falta de desarrollo
humano y exclusión social”. Además, se resaltó que la pobreza se convierte
en una barrera física, social, económica y culturar para que las personas
ejerzan sus derechos, por ejemplo los “pobres” sufren privaciones que se
interrelacionan y se refuerzan “como las condiciones de trabajo peligrosas,
la insalubridad de la vivienda, la falta de alimentos nutritivos, el acceso
desigual a la justicia, la falta de poder político y el limitado acceso a la atención
de salud”. También, referenció los beneficios de vida para los sectores más
“pobres” de la población[53] y recordó que los principios
tenían la finalidad de hacer efectivos los derechos de esas personas[54].
En relación
con los derechos de las personas “pobres”¸ el documento precisó lo
siguiente: i) la proscripción de la discriminación de esos individuos por la
condición que padecen[55]; ii) la necesidad de que las
políticas públicas estén diseñadas para beneficiar a los más “pobres” de
la sociedad[56]; iii) la inclusión de esos
sujetos en la participación del Estado y la promoción de los derechos humanos[57];
iv) la importancia de reducir la concentración del ius-puniendi del Estado y
del proceso de estigmatización del sistema penitenciario en esa población[58];
y v) la relevancia de aumentar el acceso al agua de esos individuos, quienes
habitan en zonas de difícil disfrute de ese líquido[59].
Por su parte,
en el informe sobre los períodos de sesiones vigésimo quinto, vigésimo sexto y
vigésimo séptimo de 2001, el Comité de Derechos, Sociales Económicos y
Culturales hizo referencia a la expresión “pobres” con el fin de identificar
las medidas que los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales han implementado para asegurar su
cumplimiento[60]. Así mismo, el Comité empleó
en el estudio por país dicho vocablo con el objeto de: i) advertir sobre
preocupaciones de ese organismo, por ejemplo la exclusión de personas que
pertenecen a esos grupos de los programas del Estado[61],
iii) señalar los individuos que sufren la pobreza, los colectivos de donde
proceden y el porcentaje[62]; y iv) emitir
recomendaciones de adopción de medidas en relación con esos sujetos[63].
Además, recogió las ideas de los expertos internacionales frente al avance de
las estrategias de solidaridad con los “pobres”[64],
o de las actuaciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional[65]. Finalmente, se usó dicha
locución en los anexos de las declaraciones que había efectuado el Comité[66].
Por último,
la Sala Plena de la Corte Constitucional quiere reseñar los documentos en que
la Relatoría para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos hizo referencia a
la palabra “pobres”. Por ejemplo, ello sucedió en el informe que
presentó el citado organismo para mejorar el proyecto de lo que serían los
principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos[67].
Lo propio
ocurrió con diferentes informes que advierten el proceso de estigmatización que
sufren los más “pobres” por padecer esa condición[68],
o la existencia de barreras y obstáculos que esas personas tienen para acceder
ante la justicia[69]. Así, se adujo que:
“El acceso a la
justicia es fundamental para hacer frente a la pobreza y proteger los derechos
humanos de las personas que viven en la pobreza. Hasta las democracias
consolidadas en las que las instituciones estatales funcionan bien y que tienen
unos sistemas jurídicos inclusivos y justos deben esforzarse por garantizar un
acceso a la justicia verdaderamente equitativo a quienes viven en la pobreza.
Cuando los pobres no pueden acceder a la justicia de manera
equitativa y sin discriminación, no pueden ejercer sus derechos humanos ni
reivindicarlos, ni tampoco intentar obtener soluciones jurídicas en caso de que
se violen sus derechos. Esto puede empeorar su situación o frustrar sus
intentos de salir de la pobreza”[70] (subrayado y negrilla fuera
del original)
A su vez, otros
informes[71] señalaron la vulneración de ese
grupo social por: i) la corrupción del Estado; ii) las situaciones de las
mujeres que hacen parte de esa franja poblacional[72];
iii) la evidencia de que las políticas asistenciales no llegan a éstos; iv) la
necesidad de afrontar un enfoque de derechos que promueva la participación[73];
y v) el escenario de déficit de derechos de educación y salud entre otros. En esos
documentos, se hace un llamado a formular políticas que cumplan con un mínimo
de protección social y se reafirma la idea de que:
“[L]as
soluciones tecnocráticas no funcionarán, por mucho que sean innovadoras y estén
basadas en datos, a menos que empoderen de verdad a las personas a las que
deben ayudar. En ese sentido, la extrema pobreza es un caso clásico de la
importancia fundamental de la dignidad humana como principio rector de los
derechos humanos. Los pobres, según nos han dicho hasta la
sociedad nuestros políticos y otras personas, suelen tener la culpa de su
propia situación, ya sea por vagancia, incompetencia, falsedad, o cualquier
otro motivo. Esos estereotipos injustificados ofrecen una justificación más para
preferir enfoques tecnocráticos para medir a los pobres y planear
la forma de hacer lo mínimo por ellos, al menos a largo plazo. Como nos recordó
Keynes, a largo plazo moriremos todos. Las personas que viven en la pobreza
extrema tardarán menos aún en morir, así que las soluciones a largo plazo
podrían ser poco más que una ilusión. Lo que se necesita es empoderamiento a
corto plazo y respeto. Tenemos que reafirmar nuestra humanidad común, las
responsabilidades compartidas y la importancia fundamental de la dignidad huma”[74] (subrayado y negrilla por
fuera del texto original)
Por
consiguiente, de los ejemplos reseñados del marco Internacional de los Derechos
Humanos –sistema universal-, esta Corporación estima que la acepción “pobres”
ha sido utilizada para: i) identificar a las personas que se encuentran en
condición de pobreza; ii) describir la condición de esos individuos y mostrar
su situación de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos
Sociales y Culturales; iii) atribuir derechos a los grupos poblacionales
afectados con ese escenario, potestades que son exigibles a los Estados; y iii)
recomendar o instar a los gobiernos la implementación de medidas que
materialicen las obligaciones de lucha contra esa marginación de las personas.
10.2.    De otro lado, en la Constitución Política de Colombia de
1991, la expresión “pobres” apareció con el acto legislativo 04 de 2007
y se encuentra dirigida a identificar los beneficiarios prioritarios de la
prestación de los servicios que garantizan las condiciones mínimas de subsistencia,
en el marco del reparto de dineros y competencias del Sistema General de
Participaciones.
Antes de la
reforma constitucional 04 de 2007, la palabra atacada no se encontraba en
nuestra norma superior. Sin embargo, esa ausencia jamás indica que el
constituyente fuese indolente con las situaciones de pobreza en nuestro país.
Es más, las circunstancias de miseria de algunos sectores de la población
colombiana sirvió para justificar la adopción de un Estado Social de Derecho
como forma de organización política[75]. La expresión “pobre”
se empleó para identificar el grupo de personas que se hallan en condiciones de
necesidades insatisfechas[76], por lo que sería
destinatarios de la ayuda del Estado en atenciones de políticas sociales[77],
asistencia legal[78], la descentralización[79]
o el reconocimiento de la propiedad comunitaria[80].
El Acto
Legislativo 04 de 2007[81], norma que modificó los
artículos 356 y 357 de la Carta Política, introdujo al ordenamiento superior la
expresión “pobres”. La referida disposición constitucional contiene el
Sistema General de Participaciones, modelo que distribuye la prestación de los
servicios entre la Nación y las Entidades locales –Departamentos, Municipios y
Distritos-, al igual que realiza las transferencias de recursos
correspondientes para el desempeño de esa labor[82].
Inclusive, por medio de ese instrumento, las entidades territoriales ejercen su
derecho a participar en las rentas nacionales[83].
Dicha norma
consagró el término cuestionado en el inciso 4. y en su literal a) del artículo
356 Superior, al indicar que las transferencias tendrán un énfasis para atender
a la población “pobre”. Así, el Congreso Nacional en su función de
reforma constitucional empleó la expresión referida para otorgar una
orientación retributiva al Sistema General de Participaciones, dado que
atenderá a uno de los grupos sociales más vulnerables de Colombia. En Sentencia
C-1154 de 2008, la Sala Plena hizo evidente ese cambio de la siguiente manera:
“Bajo el nuevo
esquema constitucional, el Acto Legislativo No. 4 de 2007 dispuso expresamente
que los recursos del SGP de los departamentos, distritos y municipios ‘se
destinarán a la financiación de los servicios públicos a su cargo, dándoles
prioridad al servicio de salud, los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y media, y servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico, garantizando la prestación y ampliación de coberturas con
énfasis en la población pobre’ (art.1º). En este punto, la
reforma consagra una nueva participación social destinada específicamente a
“saneamiento básico y agua potable”, que hasta ahora estaba comprendida de
manera global en la participación de propósito general. Además, la reforma
enfatiza en el criterio de ‘población pobre’ para la ampliación
de la cobertura de esos servicios”. (Subrayado y resaltado fuera del
original)
Así las
cosas, en la Constitución, se ha empleado el vocablo “pobres” para
identificar a las personas que deben ser objeto de atención especial por parte
del Estado en la prestación de los servicios y formulación de políticas
sociales.
10.3.    Por consiguiente, la expresión “pobres” ha sido
utilizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la
Constitución como una referencia para identificar a personas que carecen de satisfacción
de necesidades básicas y que se encuentran en un estado de negación de Derechos
Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y Culturales. También se ha
empleado esa locución para describir esa condición y evidenciar las barreras
que se encuentran esos individuos para el goce de sus derechos, verbigracia
obstáculos de participación y de acceso a la administración de justicia. Finalmente,
el usó de dicho vocablo ha servido para atribuir derechos a las personas y
asignar obligaciones para los Estados, por ejemplo en políticas sociales o en
reparto de rentas entre entidades territoriales.
El uso de la palabra
“pobres” en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
11.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha empleado
el término “pobres” para identificar a los destinatarios de una
protección o a los beneficiarios de la eliminación del acceso de derechos de
esa comunidad. Tales medidas se han relacionado con la titularidad de una
prestación, la salud, el acceso a la administración de justicia, la
distribución de cargas impositivas del sistema tributario o las políticas del
espacio público.
11.1.    En primer lugar, esta Corporación ha usado la palabra
citada para referenciar a las personas que deben ser destinatarias de medidas
que eliminen las barreras y los obstáculos que existen para gozar de derechos.
Ello ha sucedido en la identificación de personas beneficiarias de programas
que permiten el acceso focalizado de servicios, la exoneración de copagos u
cuotas moderadoras en el sistema de salud, la prohibición de traslados de
cargas desproporcionados a los ciudadanos en esas materias y la eliminación de
requisitos de acceso a la administración de justicia.
Las
diferentes Salas de Revisión[84] de esta Corporación han
utilizado el vocablo mencionado para evidenciar que el sistema de
identificación de beneficiarios al régimen subsidiado de salud contribuye a la
vulneración de derechos fundamentales de las personas pobres, debido a su
ineficiencia en la identificación de los individuos que requieren la atención
prioritaria del Estado. Ello se ha presentado en los eventos en que se niega un
servicio de salud a una persona que no ha sido calificada por el SISBEN o tuvo
un resultado superior a su capacidad económica. Así, se ha precisado que:
“la regulación del SISBEN “es ineficiente y contraria al
orden público de la salud, por las mismas razones que la hacen dar lugar a
violaciones sistemáticas del derecho a la igualdad: a) no permite recolectar
los datos relevantes para diferenciar las personas que están expuestas al
riesgo de sufrir una u otra enfermedad, de las que han sido efectivamente
contagiadas o contraído la enfermedad por otra vía, y no posibilita distinguir
entre las personas que sufren un padecimiento, a las afectadas de manera
temporal de las enfermas crónicas, permanentes y terminales; de esa manera, el
funcionario departamental o municipal encargado de decidir a quiénes se otorgará
la calidad de beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad social en
salud, no puede - aunque quiera hacerlo -, promover las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, ni adoptar medidas a favor de grupos
discriminados o marginados;  b) hace nugatorio el derecho de defensa de quienes
resultan discriminados o pertenecen a uno de los grupos que lo vienen siendo,
pues para cambiar su calificación, sólo les permite solicitar una nueva
aplicación de los mismos formularios, que no puede arrojar resultados distintos
a los originales hasta que el daño sea irremediable.”[85]
En esa
posición jurisprudencial, se ha ordenado que se efectúe una nueva calificación
socio-económica, en la medida en que ésta no corresponde con la realidad de la
persona y de su núcleo familiar.
En otra
hipótesis, se encuentra la inaplicación del desembolso de dinero
requerido para acceder a un servicio de salud. En el sistema de salud se
estableció que los copagos, las cuotas moderadoras y de recuperación son
desembolsos que se cobran a los usuarios, con el fin de financiar el modelo de
atención o controlar los abusos en que se pueden incurrir en el uso del mismo[86].
La Corte ha reconocido que esas cargas económicas son constitucionales, siempre
que no se conviertan en una barrera para el acceso al servicio a la salud de
los más pobres[87]. Así, en los eventos en que
esos desembolsos se erigen como un obstáculo para el goce derecho, el juez
constitucional releva a las personas de asumir dichos costos.
Además, en
Sentencia T-379 de 2015, la Sala Octava de Revisión[88]
precisó que las prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de que
las atenciones no impliquen una carga desproporcionada en términos económicos
de los hogares más pobres en relación con los más ricos. En esa oportunidad, se
ordenó cambiar el suministro de oxígeno eléctrico a pipetas, debido a que el
primer insumo había causado que el paciente tuviera que cancelar los gastos
adicionales del recibo de la luz del funcionamiento de aparato médico, expensas
que no podía cubrir por su limitada capacidad económica.
En una línea
diferente de eliminación de obstáculos para el ejercicio de derechos, la Corte
ha advertido la necesidad de facilitar el acceso a la justicia de las personas
en condición de pobreza[89]. En ese contexto, precisó en
una demanda de inconstitucionalidad que censuró el requisito de conciliación
para acceder a la jurisdicción que “es posible que el análisis del
cumplimiento de condiciones materiales requiera un examen más detallado, cuando
las partes en conflicto se encuentren en situaciones de extrema pobreza, o
cuando la conciliación obligatoria afecte particularmente a grupos marginados
de la población, o tenga un impacto negativo frente a personas colocadas en
situaciones de desigualdad manifiesta”[90]. Sin embargo, la
Sala Plena declaró exequible dicha condición en materia civil, familia y
contencioso administrativa, dado que el cargo cuestionado no se fundaba en
discriminación o desigualdad de las personas “pobres”.
11.2.     En segundo lugar, este Tribunal Constitucional ha
indicado que los “pobres” son destinatarios prioritarios de la atención
del Estado, de modo que la realización de gasto del sistema impositivo debe
estar dirigido a satisfacer sus necesidades básicas derivado del principio de
solidaridad[91]. Además, ha señalado que la
otra cara de ese mandato implica que no se grave tributariamente a los más “pobres”
de manera desproporcionada, puesto que ello desatendería los principios de
equidad y progresividad en la configuración del tributo. En atención a esa
regla, en la Sentencia C-776 de 2003, se manifestó que:
“el ejercicio de la
potestad impositiva del Estado no puede estar encaminado ni tener el claro
significado de empujar a los estratos bajos hacia la pobreza y a los “pobres”
hacia la indigencia, ni mantenerlos debajo de tales niveles, habida cuenta de
la insuficiencia de medidas de gasto social efectivas que compensen la
afectación del mínimo vital de las personas más necesitadas. Como se recordó,
la Corte ha señalado desde sus primeras sentencias que corresponde al
legislador velar por la "efectiva idoneidad" de los sujetos obligados
por las normas tributarias, de tal manera que no se impongan cargas sobre personas
cuyo nivel de ingresos "se agota en la satisfacción de sus necesidades
vitales mínimas"[92]. En efecto, las normas
tributarias no pueden ‘poner en grave riesgo a personas de bajos recursos’[93],
dada su precaria capacidad contributiva que no puede ser equiparada a su
capacidad adquisitiva”. (Subrayado y resaltado fuera del original)
Más adelante,
la regla jurisprudencial descrita sirvió de sustento para justificar el
establecimiento de topes de las pensiones mal altas del sistema público de la
seguridad social, como quiera que se precisó que el monto elevado de esas
prestaciones significaba que el Estado renunciara a atender a la población “pobre”
por subsidiar al grupo socioeconómico más rico[94].
De manera
reciente, en Sentencia C-209 de 2016, la Corte subsanó la omisión legislativa
relativa en que incurrió el Congreso Nacional, al no incluir dentro de la
exclusión del impuesto al consumo a los contratos de alimentación celebrado con
recursos públicos y destinados al sistema de atención social para los más “pobres”
de la sociedad, porque ese escenario generaba una desigualdad negativa sin
justificación suficiente.
11.3.    En tercer lugar, el vocablo mencionado se ha utilizado para
indicar que los “pobres” cuentan con una protección especial frente a
las decisiones de las autoridades. Así, ha indicado que las políticas del
espacio público no pueden afectar el derecho al mínimo vital de las personas
más “pobres” de la sociedad. Esa regla de derecho ha justificado las órdenes
de devolución de mercancías decomisadas a vendedores ambulantes[95]
o de implementación de un plan de reubicación del afectado para esos individuos[96].
Aunado a lo
expuesto, la palabra “pobres” se ha empleado para designar a personas
que tienen un trato preferente en acceso a los servicios de salud[97].
En esas ocasiones, se han desechado los argumentos de la Empresa Promotora de
Salud de ausencia de cupo para afiliar a una persona de SISBEN I.
11.4.    En consecuencia, esta Corporación ha utilizado la
expresión “pobres” en su jurisprudencia para identificar los titulares
de una protección prioritaria por parte del Estado, de la eliminación de
obstáculos del ejercicio de derechos de esa comunidad, y de la destinación del
gasto público así como como configuración de los tributos.
Resolución del cargo
y análisis de constitucionalidad del vocablo “pobres”, contenido en el
artículo 1º de la Ley 583 de 2000
12.
Los ciudadanos Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra
Bibiana Jiménez Ojeda consideraron que la expresión “pobres” contenida
en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 es contraria a los principios de la
dignidad humana y de la igualdad, dado que establece un trato peyorativo y
discriminatorio para las personas de escasos recursos, quienes no pueden
proveerse un abogado de confianza. Cuestionaron dicho signo lingüístico, toda
vez que tiene una carga simbólica que torna ese vocablo en una fuente de
exclusión. Además, reprocharon que el legislador, en las Leyes 600 de 2000 y
941 de 2005, no hubiese utilizado ese misma palabra para referirse a personas
que se encontraban en idéntica situación que los beneficiaros de los
consultorios jurídicos.
12.1.    Las Universidades Libre de Bogotá y Externado de Colombia manifestaron
que la palabra demandada no vulneraba norma constitucional alguna, porque
carece de significado peyorativo y/o discriminador. Advirtieron que el uso del
vocablo asigna un beneficio a una población vulnerable, de acuerdo con el
contexto de la ley. Inclusive, adujeron que el segmento “pobres” describe
la competencia de los consultorios jurídicos, ámbito que se identifica con la
atención de las personas que carecen de recursos para pagarse un abogado de
confianza. La institución educativa de nivel superior El Bosque agregó que la
expresión censurada tiene una función referencial, de modo que no cuenta con
una carga emotiva que la torne inconstitucional. Aunado a lo anterior, solicitó
que la
locución demandada sea declarada exequible de manera condicionada, bajo el
entendido que incluye a los sujetos de especial protección constitucional que
acuden a los consultorios jurídicos.
En contraste, el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario pidió que la palabra “pobres” fuese declarada
inexequible, porque quebranta los principios de dignidad humana e igualdad
consignados en la Carta Política, al tener un contenido emotivo que se torna
peyorativo y excluyente para un grupo poblacional vulnerable. Por ende, indicó
que el segmento censurado debe ser reemplazado por “personas de escasos
recursos”¸ cambio que eliminaría un trato discriminatorio contrario a la
Constitución.
12.2.    Esta Corporación recuerda que debe determinar si: ¿La
palabra o expresión “pobres” contenida en el 1º de la Ley 583 de 2000 es
inconstitucional, al quebrantar los derechos de la igualdad y de la dignidad
humana, porque ese signo lingüístico puede ser considerado peyorativo y/o
excluyente en un contexto social determinado para referirse a las personas que
carecen de recursos para sufragar los costos de un abogado de confianza?
12.3.    El análisis que debe efectuarse en esta oportunidad
advierte una alta dificultad inherente del escrutinio judicial del lenguaje
legal. En ese aspecto, esta Corporación manifestó que tiene la competencia para
realizar un escrutinio sobre las expresiones lingüísticas fijadas en la ley,
dado que pueden tener un mensaje paralelo, adicional o implícito que entrañe un
trato despectivo, discriminatorio y peyorativo contrario a la dignidad humana y
el principio de igualdad. Para identificar esas situaciones inconstitucionales,
esta Corporación debe realizar un análisis histórico, lingüístico y social que
permita evidenciar si el legislador sobrepaso sus competencias, al emitir una
idea o representación con alta carga emotiva e ideológica que podría violar la
Carta Política de 1991 (Supra 9.4). Una discusión como la actual no puede ser
resuelta acudiendo al significado literal de la palabra en su sentido natural y
obvio, pues la Corte evalúa un uso de la locución en el marco de un discurso
que representa estructuras de discriminación.
En relación
con el objeto de control, la Corte encontró que la expresión “pobres” ha
sido utilizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la
Constitución como una referencia para identificar a personas que carecen de
satisfacción de necesidades básicas y que se encuentran en un estado de
negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y
Culturales. También se ha empleado esa locución para describir esa condición y
evidenciar las barreras que tienen esos individuos para el goce de sus
derechos, verbigracia obstáculos de participación y de acceso a la
administración de justicia. Finalmente, el usó de dicho vocablo ha servido para
atribuir derechos a las personas y asignar obligaciones a los Estados, por
ejemplo en políticas sociales o en reparto de rentas entre entidades
territoriales (Supra 10.3).
Por su parte,
en su jurisprudencia, esta Corporación ha utilizado la expresión “pobres” para
identificar los titulares de una protección prioritaria por parte del Estado,
de la eliminación de obstáculos del ejercicio de derechos de esa comunidad, y
de la destinación del gasto público así como como configuración de los tributos
(11.3).
12.4.    En la causa sub-judice, la Sala Plena estima que la
expresión consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 no quebranta los
principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un uso
peyorativo y cosificador para las personas que tienen recursos insuficientes
para sufragar los costos de un abogado de confianza. En realidad, la locución “pobres”
se usa para referenciar una garantía que significa la eliminación de una
barrera del acceso de la administración de justicia, protección que suple la
condición de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Sociales, Económicos
y Culturales que padece esa población vulnerable. El empleo de la palabra por
parte del legislador recoge la función que ésta ha tenido en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, posición que hace énfasis en un
enfoque de derechos humanos.
El término “pobres” se encuentra fijado en el
artículo 1º de la Ley 583 de 2000, estatuto que regula el ámbito de competencia
de los consultorios jurídicos universitarios y permite a los abogados no
titulados litigar en causa ajena, siempre que estén inscritos a una de esas
instituciones[98]. La función de la norma
consiste en brindar asesoría y asistencia jurídica a las personas que por
ausencia de recursos no pueden proveérsela por sí mismos. En esa categoría se
hallan las personas “pobres”, quienes por su condición encuentran una
barrera de acceso a la administración de justicia. Inclusive, el precepto legal
impone la obligación que se verifique la capacidad económica de los usuarios
con el fin de acceder a los servicios legales. En Sentencia C-143 de 2001, la
Sala Plena de la Corte reseñó la finalidad de la Ley ibídem de la siguiente
manera:
“La posibilidad de
litigar en causa ajena, para quienes aún no ostentan su título de abogados, y
están en los últimos dos años de la carrera, se circunscribe a quienes
pertenecen a un consultorio jurídico que tutela, guía y supervisa su actividad,
y con el único objeto de brindar posibilidades de acceso a la administración de
justicia a quienes, por su situación económica, requieren ese apoyo de las
instituciones educativas en el campo del Derecho”.
La
disposición utiliza la expresión cuestionada para referirse a dos tipos de
defensores, a saber: i) el abogado que dirige el consultorio jurídico; y ii) el
estudiante de la carrera derecho que defenderá a la persona que acude a la
institución bajo la dirección de un profesional. La denominación reseñada
evidencia que la locución “pobres” tiene una función enunciativa,
referencial o descriptiva para desarrollar la prescripción de la norma, que es
facilitar el acceso a la jurisdicción a las personas en situación de pobreza.
Para la Sala,
la palabra atacada no pretende agraviar o insultar a las personas de escasos
recursos ni disminuir su dignidad humana. En realidad, la expresión empleada
por el legislador pone nombre a un benefició que tiene la finalidad de derruir
uno de los principales obstáculos que enfrenta la población pobre para el
ejercicio de sus derechos, es decir, la dificultad de esos individuos de
acceder a la administración de justicia. La carga emotiva del lenguaje queda
desvirtuada cuando éste se usa para atribuir una garantía a un grupo
beneficiario de una protección prioritaria. Es más, la expresión cuestionada no
transmite un mensaje negativo oculto, en la medida en que el legislador
comprendió que debe restablecer un derecho que se ve afectado. La función del
vocablo corresponde con la idea de luchar contra la exclusión de los menos
favorecidos en la sociedad.
Como se
precisó en la presente providencia, en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos se ha utilizado la expresión “pobres” para explicar el fenómeno
de la pobreza y evidenciar muchas barreras que tiene esa población. En
específico, el término se ha empleado para denunciar los obstáculos del acceso
de la administración de la siguiente manera:
“Algunos de los
obstáculos a los que se enfrentan las personas que viven en la pobreza por
ejemplo el coste del asesoramiento letrado, las tasas administrativas y otros
costes secundarios, están directamente relacionados con su falta de recursos
económicos. Otros obstáculos, por ejemplo la falta de acceso a la información y
la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica, surgen de la
discriminación de las personas más pobres y marginadas. Además,
el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de justicia plantean
obstáculos institucionales y estructurales como la insuficiencia de capacidad y
recursos de los tribunales, la policía y el ministerio público, la corrupción
en estos cuerpos, así como la ubicación de los tribunales y las comisarías. El
mal funcionamiento de los sistemas de justicia afecta especialmente a los pobres,
ya que para ellos acudir a la justicia supone un esfuerzo y una inversión mucho
mayores en recursos económicos y tiempo, mientras que tienen menos
posibilidades de que las sentencias sean justas y favorables. Las privaciones a
las que hacen frente las personas que viven en la pobreza a lo largo de sus
vidas —la falta de acceso a una educación de calidad, el menor acceso a la
información, y una voz política y un capital social limitados— se traducen en
niveles más bajos de alfabetización jurídica y conocimiento de sus derechos,
que crean obstáculo sociales cuando se busca obtener reparaciones”[99]. (Subrayado fuera del texto original)
Entonces,
existe un uso similar entre la Ley cuestionada y los pronunciamientos de los
organismos del sistema universal de derechos humanos, paridad que evidencia una
constitucionalidad de la expresión lingüística cuestionada, al punto que ésta
no perturba la dignidad humana así como la igualdad.
Dicho
respaldo también se halla en la Constitución de 1991, como quiera que esa
locución se incluyó en la Carta Política, en el acto legislativo 04 de 2007,
después de que el legislador profirió la Ley 583 de 2000. La Sala recuerda que
“los términos contenidos en disposiciones de menor jerarquía, que
transcriben expresiones consagradas en la Constitución, no son
inconstitucionales”[100]. En su función de
reforma de la norma superior, el Congreso Nacional insertó la palabra “pobres”
en el Sistema General de Participaciones para que el modelo de distribución
de rentas y de competencias en la prestación de algunos servicios hiciera
énfasis en la población que padece de pobreza. Por ende, la propia Carta
Política estima que el término “pobres” carece de una connotación
peyorativa o cosificadora, cuando se erige para establecer una protección prioritaria
a dicho sector de la sociedad.
En igual
sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha empleado la expresión
cuestionada con el objeto de otorgar beneficios a dicha población y derribar
obstáculos para el goce de derechos fundamentales de las personas que se
encuentran en condición de pobreza, como sucede en la Ley censurada.
La Sala
resalta que el manejo de la expresión “pobres” no tiene una connotación
peyorativa en la actualidad, pues se utiliza para atribuir garantías para un
grupo social, tal como se indica en el Derecho Internacional Humanitario, la
Constitución y la jurisprudencia de Corte. Se reitera que esa palabra continua
utilizándose en la actualidad, según se halla consignada en pronunciamientos de
organismos internacionales, en la jurisprudencia constitucional y en la Carta
Política.
Además, con
base en un análisis diacrónico, se concluye que el vocablo cuestionado tampoco
tenía una connotación negativa al momento de la expedición de Ley 583 de 2000.
Lo antepuesto, en razón de que bajo el sistema de adjudicación vigente a
comienzos del siglo XXI no se censuraba o cuestionaba el manejo de esa palabra.
Es más, en pronunciamiento del Comité de Derechos Sociales Económicos y
Culturales se empleaba dicha alocución. Lo propio sucedía en el control
abstracto de constitucionalidad sobre el artículo 1º de la Ley Ibídem[101].
Una vez
contextualizado el uso término atacado, esta Corte manifiesta que la palabra “pobres”
hace referencia a la condición de pobreza, fenómeno que se caracteriza por
la negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Sociales Económicos y
Culturales de esa población. El vocablo cuestionado no se relaciona con la
connotación y calificación de una persona que se base en un elemento del ser,
identificación que permita una discriminación de una persona por el hecho de
ser “pobre”, ni se asemeja con una cualidad inherente al individuo, por
ejemplo el mendigo. La pobreza es un estado que depende de una situación de
privación de derechos humanos y no de una esencia de la persona.
Los censores
propusieron una acepción de la expresión “pobres” que se alejó de un
significado que tuviera en cuenta su contexto jurídico, historio y social, de
modo que se restringieron a un concepto lingüístico. Así mismo, obviaron que la
palabra atribuye acciones afirmativas a un grupo, medidas que pretenden derruir
las barreras del acceso de la administración de justicia, al punto que es
concordante con la Constitución, pues desarrolla su artículo 229. La Sala
arribó a esa conclusión, al analizar las diferentes acepciones al vocablo
censurado y su evolución histórica en su utilización.
Conjuntamente,
la utilización de la expresión demandada se dirige a ubicar las personas que
requieren atención prioritaria por parte del Estado. El uso del término
cuestionado constituye un eje de orientación constitucional para identificar la
filosofía legal inmersa en la conformación de los consultorios jurídicos. De
ahí que emplear ese adjetivo carece de conexidad lingüística con el sentido
peyorativo que los demandantes pretenden darle. En contraste, la consagración
de la expresión “pobres” en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 tiene
la finalidad de ayudar a definir la función social que desarrollan los
estudiantes adscritos a un consultorio jurídico.
Con esta
decisión, la Corte no pasa por alto que el lenguaje construye subjetividades y
recubre el ejercicio del poder, así como la discriminación. Tampoco soslaya que
el análisis de los signos lingüísticos y del discurso permite al individuo
develar las relaciones de sujeción y evidenciar la violencia que se eufemiza
con las palabras y los mensajes. A su vez, este juez comprende que el lenguaje
puede ser fuente de resistencias y de reivindicaciones de las diferentes
visiones de mundo. En el contexto histórico, social y jurídico contemporáneo,
la locución “pobres” adquirió un enfoque de derechos humanos, dimensión
que empodera a esa población, le otorga voz y le atribuye derechos exigibles a
los Estados.
12.5.    En suma, la Sala Plena concluye que la expresión “pobres”
consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 no quebranta los
principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un uso
peyorativo y cosificador para las personas que tienen recursos insuficientes
para sufragar los costos de un abogado de confianza. En realidad, la locución “pobres”
se usa para referenciar una garantía que significa la eliminación de una
barrera del acceso de la administración de justicia, protección que suple la
condición de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Sociales, Económicos
y Culturales que padece esa población vulnerable. El empleo de la palabra por
parte del legislador recoge la función que ésta ha tenido en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, posición que hace énfasis en un
enfoque de derechos humanos que otorga un mensaje reivindicador de derechos y
de resistencia a la dominación.
Lo anterior,
descarta que exista un trato discriminatorio entre la denominación de las
personas que requieren de asistencia jurídica en las Leyes 583 de 200, 600 de 2000 y 941 de 2005, porque esa referencia disímil no afecta la
igualdad, pues ninguna se constituye como un trato peyorativo, discriminatorio
o cosificador de los “pobres”.
Síntesis de la decisión
13.
De
conformidad con los fundamentos precedentes, esta Corporación considera que:
13.1.    Tiene la competencia para realizar un escrutinio sobre las
expresiones lingüísticas fijadas en la ley, dado que pueden tener un mensaje
paralelo, adicional o implícito que entrañe un trato despectivo,
discriminatorio y peyorativo contrario a la dignidad humana y al principio de
igualdad. Para identificar esas situaciones inconstitucionales, esta
Corporación debe realizar un análisis histórico, lingüístico y social que
permita evidenciar si el legislador sobrepaso sus competencias, al emitir una
idea o representación con alta carga emotiva e ideológica que por su contenido
vulnere la Carta Política de 1991.
En relación
con el objeto de control, la Corte encontró que la expresión “pobres” ha
sido utilizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la
Constitución como una referencia para identificar a personas que carecen de
satisfacción de necesidades básicas o que se encuentran en un estado de
negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y
Culturales. También se ha empleado esa locución para describir esa condición y
evidenciar las barreras que tienen esos individuos para el goce de sus
derechos, verbigracia obstáculos de participación y de acceso a la
administración de justicia. Finalmente, el usó de dicho vocablo ha servido para
atribuir derechos a esas personas y asignar obligaciones a los Estados, por ejemplo
en políticas sociales o en reparto de rentas entre entidades territoriales.
Por su parte,
en su jurisprudencia, esta Corporación ha empleado la expresión “pobres” para
identificar los titulares de una protección prioritaria por parte del Estado,
de la eliminación de obstáculos del ejercicio de derechos, y de la destinación
del gasto público así como como configuración de los tributos.
13.2.    En el caso concreto, la Sala Plena concluyó que la
expresión “pobres” consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 no
quebranta los principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un
uso peyorativo y discriminatorio para las personas que tienen recursos
insuficientes para sufragar los costos de un abogado de confianza. En realidad,
la locución “pobres” se usa para referenciar una garantía que significa
la eliminación de una barrera del acceso de la administración de justicia,
protección que suple la condición de negación de Derechos Civiles y Políticos,
así como Sociales, Económicos y Culturales que padece esa población vulnerable.
El empleo de la palabra por parte del legislador recoge la función que ésta ha
tenido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución de
1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, posición que hace énfasis
en un enfoque de derechos humanos que otorga un mensaje reivindicador de
derechos y de resistencia a la dominación.
Lo anterior,
descarta que exista un trato discriminatorio entre la denominación de las
personas que requieren de asistencia jurídica en las Leyes 583 de 200, 600 de 2000 y 941 de 2005, porque esa referencia disímil no afecta la
igualdad, pues ninguna se constituye en trato peyorativo o discriminatorio de
los “pobres”.
13.3.    Por consiguiente, se declarará EXEQUIBLE la
expresión “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000,
por los cargos estudiados en esta providencia.
VII.-
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLE el uso de la expresión “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000,
por los cargos estudiados en esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-110/17
Referencia: Expediente D-11527
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial), por la
cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 296 de 1971.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
1.
Comparto la decisión de declarar exequible la expresión “pobres”, contenida en
el artículo 1º de la Ley 583 de 2000, en la que se prevé la obligación de las
facultades de derecho oficialmente reconocidas, de establecer consultorios
jurídicos con alumnos de los últimos semestres o años lectivos.
2.
Los demandantes cuestionaban el uso de la expresión “pobres”, por considerarla
peyorativa, discriminatoria o incompatible con la dignidad humana. La
Corporación expresó que no es inconstitucional que el legislador utilice esta
palabra, así como unas afines, como “pobreza”, siempre, con el propósito de
establecer medidas, normas o políticas destinadas a mejorar la calidad de vida
de las personas y, por lo tanto, a permitirles el goce pleno de los derechos
humanos, meta que supone la garantía de mínimos materiales de subsistencia.
Así
entonces, la erradicación de la pobreza es una meta de la comunidad
internacional y de nuestro orden constitucional.
3.
Pero el uso generalizado de una expresión, incluso en tratados o normas que
definen estándares de derechos humanos, y en la Constitución Política, no
implica que esta sea inocua desde el punto de vista del principio de no
discriminación y que su validez no pueda ser cuestionada, especialmente, a
medida que cambia la percepción social sobre el vocablo. Así, por ejemplo, ya
es claro para la Corte que otras expresiones utilizadas en el orden
constitucional para referirse a las personas con discapacidad (y que prefiero
no citar) son contrarias a su dignidad y autonomía, por lo que progresivamente
ha propugnado y, en ocasiones ordenado, dar paso a nuevos enunciados, basados
no sólo en esa forma en que el lenguaje avanza como un instrumento vivo de
comunicación, sino también, en las exigencias de las personas que han sido
designadas de una u otra forma desde el derecho, aún contra o sin su voluntad.
4.
Por ese motivo, me parece que la Corte Constitucional pudo indicar que, si bien
la expresión demandada, “pobres”, no es actualmente inconstitucional, sí es
importante que comience la reflexión sobre la posibilidad de dar paso al uso de
otros vocablos o enunciados, como “personas en situación de pobreza” o, mejor, “personas
con escasos recursos económicos”.
La
razón radica en que, a pesar de su uso extendido en diversas fuentes
normativas, existen dos problemas semánticos con la expresión “pobres”.
En el contexto actual, desde un punto de vista lexicográfico (es decir, el que
recogen los diccionarios reconocidos), la palabra es polisémica y puede indicar
un conjunto de falencias que van mucho más allá de la esfera económica. Y,
mientras que la pobreza, como es utilizada en el orden internacional
para referirse a una “enemiga” de la vigencia de los derechos, no hace
referencia a una persona, sino a un complejo fenómeno social. La expresión pobres,
en cambio, en el contexto normativo cuestionado por el actor o funciona
como un adjetivo que califica directamente a los seres humanos, o en su uso
cotidiano termina por convertirse en el sustantivo genérico para las personas
que enfrentan carencias económicas.
La
forma de evitar ambas situaciones consiste en acuñar o acudir a una expresión
más descriptiva y menos valorativa, que se refiera a un hecho objetivo, como
ocurre con “escasos recursos económicos”.
Fecha
ut supra,
María
Victoria Calle Correa
[1] Folio 17, escrito de corrección de la demanda.
[2] Organización de Naciones Unidas, Asamblea General “La
extrema pobreza y los derechos humano”, 9 de agosto de 2012, párrafo 12.
[3] Sentencias C-744 de 1998, C-492 de 1996, C-049 de 1996
y C-592 de 1993.
[4] En la elaboración del concepto participaron los
estudiantes Yuli Katherine Alvarado Camacho, Maura Constanza Hernández
Santisteban y Juan José Pardo Villanueva
[5] Sentencias C-458 de 2015, C-066 de 2013, C-506 de 2004
y C-1088 de 2004
[6] Sentencias C-1088 de 2004 y C-478 de 2003
[7] Inciso 5º del artículo 356 de la Constitución Política
de Colombia y su literal a).
[8]Auto del 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
[9]En Sentencia
C-362 de 2001, la Corte concluyó que no existían cargos porque los argumentos
dirigidos a reprochar la disposición partían de proposiciones que no se
derivaban de la norma acusada.
[10] Mediante
Sentencia C-504 de 1995, la Corte concluyó que la disposición acusada no
correspondía a la realmente consagrada por el legislador.
[11] Sentencias C-242 de 2006, C-402 de 2007, C-1299 de
2005, C-048 de 2006 y C-1194 de 2005.
[12] Sentencias C-177 de 2016, C-458 de 2015 y C-253 de
2013
[13] Ver Sentencias C-910 de 2012, C-966 de 2012 y C-105 de
2013
[14] Sentencias C-320 de 1997, C-507 de 2004, C-1298 de
2001, C.534 de 2005, C-804 de 2009 y C-066 de 2013.
[15] Wittgnestein, Ludwig,Tratado lógico-filosófico.
Logisch-philosophische Abhandlung. Edición crítica de TS 204. Introducción y
traducción de Jesús Padilla Gálvez. Valencia: Tirant lo Blanch. 2016, p. 52
[16] Foucault, Michelle, el orden del discurso, Gedisa
editorial. Lección inaugural en la Escuela de Altos Estudios de París en 1970.
Advierte que “La doctrina efectúa una doble sumisión: la de los sujetos que
hablan a los discursos, y la de los discursos al grupo, cuando menos virtual,
de los individuos que hablan”. P. 27
[17]Berguer, Peter y Leckmann Thomas, La Constitución
social de la Realidad, Amirrirtu editores. Dichos escritores precisaron que “el
mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los
miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente
significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y
acciones, y que está sustentado como real por éstos” p. 36. Inclusive, ese
espacio de la vida cotidiana se prefigura a partir del lenguaje y se comenta
con medio de éste. Así, “el lenguaje usado en la vida cotidiana me
proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden
dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene
significado para mí”. P 56
[18] Foucault, Michelle, La verdad y las formas jurídicas,
Gedisa editorial. En texto el autor francés indicó que “[L]as condiciones
políticas y económicas de existencia no son un velo o un obstáculo para el
sujeto de  conocimiento sino aquello a través de lo cual se forman los sujetos
de conocimiento y,  en consecuencia, las relaciones de verdad. Sólo puede haber
ciertos tipos de sujetos de  conocimiento, órdenes de verdad, dominios de
saber, a partir de condiciones políticas, que son como el suelo en que se
forman el sujeto, los dominios de saber y las relaciones con la verdad. Una
historia de la verdad será posible para nosotros sólo si nos desembarazamos de
estos grandes temas del sujeto de conocimiento, al mismo tiempo originario y
absoluto, utilizando eventualmente el modelo nietzscheano”. Pp 26 y 28
[19] Op, cit, Luckman y Berger, p. 56
[20]Van Dijk. Teun, Cuadernos de Maestría en Lingüística
No. 2 Octubre de 1994. Págs. 5-6.
[21] Ibídem p. 14. En el mismo sentido Wodak Ruth y Meyer
Michael, Métodos de Analisis Crítico del Discurso., capitulo 1 p 29
[22] Sentencia C-804 de 2006 y C-078 de 2007.
[23] Sentencia C-078 de 2007
[24] Sentencia C-1088 de 2004.
[25] Sentencia T-098 de 1994.
[26] Sentencia C-007 de 2001.  En esa oportunidad, se
estudió la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión robo,
palabra que se existía en el artículo 140 del Código Civil para explicar la
nulidad del matrimonio, cuando la mujer había sido robada. Dicha connotación se
consideró contraria a los derechos de dignidad y de igualdad de las mujeres,
por cuanto se trataba a esas personas como una cosa. Por tanto, se declaró
inexequible la palabra referida y reemplazo por rapto.
[27] Sentencia C-1235 de
2005. . Demanda contra la expresión contenida en el artículo 2349 del
Código Civil.
[28] Sentencia C-1088 de
2004.. Demanda de inconstitucionalidad contra la
expresión contenida en el artículo 548 del Código Civil.
[29] Sentencia C-478 de 2003. Demanda de inconstitucionalidad parcial de los
artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código
Civil.
[30] Sentencia C-983 de 2002. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil.
[31]Sentencia C-105 de
1994.; C-595 de 1996 y C-800 de 2000.
[32]Sentencia C-082 de 1999. Demanda contra la expresión contenida en el artículo 140
del Código Civil.
[33]Sentencia c-804 de 2006. Demanda dirigida
[34] Sentencia C-037 de 1996. Control previo de
constitucionalidad P.E.-008 R del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95
Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
[35]Sentencia C-458 de 2015.
[36]Sentencia C-258 de 2016. De manda de
inconstitucionalidad del vocablo contenido en los literales a) y b) del
artículo 7º de la Ley 48 de 1920.
[37]Sentencia C-078 de 2007. Demanda de
inconstitucionalidad formulada con esa palabra consignada en el literal e) del
artículo 3º de la Ley 1010 de 2006.
[38] Sentencia C-253 de 2013. Demanda de
inconstitucionalidad propuesta contra la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2374 de
1993.
[39]Sentencia C-177 de 2016. Demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra en contra de la palabra contenida en el
artículo 59 de la Ley 769 de 2002
[40] Sentencias C-253 de 2013, C-458 de 2015 y C-177 de
2016
[41] Sentencia C-458 de 2015
[42] Sentencias C-253 de 2015 y C-177 de 2016
[43] Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el
artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, la Ley 649 de 2001 “Por
la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”,
el Decreto 1332 de 1992, “Por el cual se crea la comisión especial para las
comunidades negras, de que trata el artículo transitorio número 55 de la
Constitución Política, sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y
culturales; económicos, políticos y sociales del pueblo negro de Colombia; y se
establecen las funciones y atribuciones de la misma”, el Decreto 2374 de
1993 “Por el cual se adiciona el Decreto 2128 de 1992”
[44] En el numeral primero de esa decisión, se declaró
exequible las siguientes expresiones: a “inválida” contenida en el artículo 38
de la Ley 100 de 1993; “inválido” e “inválidos” en los artículos 39 y 44 de la
Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de
2003) y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; “invalidez” contenida en el
título del Capítulo III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44 y 45 de
la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003), en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el 18 de la Ley
1562 de 2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
b. “con capacidades excepcionales” contenida en el artículo 1º de la Ley 115 de
1994 y “con excepcionalidad” del artículo 16 de la Ley 361 de 1997; c. “sordo”
del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos” del artículo 7º  y “población
sorda” del artículo 10, todos de la Ley 324 de 1996.
[45] En el numeral segundo de la Sentencia C-458 de 2015,
se declaró la exequibilidad condicionada de las siguientes expresiones: a. “los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales” contenida en el artículo 26 de
la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse por “personas en
situación de discapacidad física, psíquica y sensorial”. B “y minusvalía” de
los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1562 de 2012;
“minusvalía” “y minusvalías” de los artículos 7º y 8º de la Ley 361 de 1997,
respectivamente, en el entendido de que deberán reemplazarse por las
expresiones “e invalidez” o “invalidez”. C. “los discapacitados” contenida en el
artículo 157 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “persona en situación de discapacidad”. d. “personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo 1º; “personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales” y
“personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales” –ambas
contenidas en el artículo 46-; todas estas expresiones contempladas en la Ley
115 de 1994, en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión
“personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica”. e.               “personas
con limitaciones” contenida en el título del Capítulo I, en los artículos 47 y
48 de la Ley 115 de 1994 en el entendido de que deberá reemplazarse por la
expresión “personas en situación de discapacidad”. f.“personas discapacitadas”
del artículo 4º de la Ley 119 de 1994, en el entendido que debe reemplazarse
por la expresión “personas en situación de discapacidad”. g. “limitado
auditivo” contenida en los artículos 1º y 11 “limitados auditivos” del artículo
10º, todos de la Ley 324 de 1996, en el entendido de que esas frases deberán
reemplazarse por las expresiones “persona con discapacidad auditiva” y
“personas con discapacidad auditiva”. h.       “personas con limitación”,
“personas con limitaciones”, “persona con limitación”, “población con
limitación” o “personas limitadas físicamente”, “población limitada” contenidas
en el título y en los artículos 1º, 3º, 5º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 54, 59, 66,
69 y 72 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por
las expresiones “persona o personas en situación de discapacidad. i.
“limitación”, “limitaciones” o “disminución padecida” contenidas en los
artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45,
50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán
reemplazarse por las expresiones “discapacidad” o “en situación de
discapacidad”. j. “limitados” o “limitada” contenidas en los artículos 13, 18,
19, 21, 26, 33, 40 y 42 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán
reemplazarse por la expresión “personas en situación de discapacidad”. k.     “población
minusválida” y “minusválidos” del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 546 de
1999 y del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, en el entendido de que deberá
reemplazarse por la expresión “personas en situación de discapacidad”.  l.
“discapacitado” y “discapacitados” contenidas en el artículo 66 de la Ley 1438
de 2011, en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión “persona
en situación de discapacidad”.
[46]Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU. (Comité DESC)  Declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Febrero2001), Párr. 13
[47] Organización
Universal de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y
proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de
diciembre de 1948. “Artículo
251. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.”
[48] Organización Universal de las Naciones Unidas, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultures, Adoptado y abierto a
la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Artículo 11. “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el
presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que
se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y
distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos
técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento
o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y
la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una
distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.
[49] Consejo de Europa, Carta Social Europea 18 de octubre
de 1961, “Artículo 13. Derecho a la asistencia social y médica. Para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y médica,
las partes contratantes se comprometen: 1. A velar por que toda persona que no
disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su
propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de
prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia
adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado. 2. A velar
por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese
motivo disminución alguna en sus derechos políticos y sociales. 3. A disponer
lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de servicios
adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios
para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar.
4. Aplicar las disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente
artículo, en condiciones de igualdad con sus nacionales, a los de las restantes
partes contratantes que se encuentren legalmente en su territorio, conforme a
las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica,
firmado en París el 11 de diciembre de 1953”
[50] Organización de Estados Americanos, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en año 1948.
“Derecho a la preservación de la salud y al bienestar Artículo XI: Toda
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad”.
[51]Organización de Naciones Unidas, Asamblea General,
Resolución aprobada el 22 de diciembre de 2015, No 70/218. Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017). “Reconociendo
que las tasas de crecimiento económico varían según los países y que esas
diferencias deben abordarse mediante, entre otras medidas, la promoción de un
crecimiento que favorezca a los ‘pobres’ y de la protección social”,
[52] Ibídem. “Reconociendo la importancia de apoyar a
los países en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y promover el
empoderamiento de los ‘pobres’ y las personas en situaciones
vulnerables, en particular las mujeres, los niños y los jóvenes, los pueblos
indígenas, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes y
los refugiados y los desplazados internos”. Y párr. 30.
[53]Organización de las Naciones Unidas, Consejo de
Derechos Humanos, Resolución 21/11 del 27 de septiembre de 2012, Los Principios sobre
la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Prefacio Párr 10, “Los Estados
que tengan leyes e instituciones que incluyan activamente a las personas que
viven en la extrema pobreza podrán contar con la participación social y la
contribución de toda su población. Y la comunidad internacional también se
beneficiará del hecho de que un mayor número de Estados logre la cohesión
social, un mejor nivel de vida para los sectores más “pobres” de
la población, el empoderamiento de las personas que viven en la pobreza y su
integración en sistemas de derechos y obligaciones”.
[54] Ibídem, II objetivos, párr. 12.
[55] Ibídem, III principios básicos párr. 18
[56] Ibídem, párr. 37
[57] Ibídem, párr. 38
[58] Ibídem, párr. 65
[59] Ibídem, párr. 77
[60] COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
INFORME SOBRE LOS PERÍODOS DE SESIONES VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO Y
VIGÉSIMO SÉPTIMO (23 de abril a 11 de mayo de 2001, 13 a 31 de agosto de 2001 y
12 a 30 de noviembre de 2001) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DOCUMENTOS OFICIALES,
2002  SUPLEMENTO N.º 2. Informe sobre Honduras en la implementación de
subsidios y vivienda a la población más “pobre” párr. 113.
[61]Ibídem, Examen dela República de Corea, párr. 233. En
el mismo sentido, ocurrió en el examen de Alemania párr. 669
[62] Ibídem. Examen de senegal. Párr 355: “Preocupa al
Comité que en el año 2000 el 30% de la población del Senegal viviera en la
pobreza absoluta, que el 70% de los pobres procedieran del campo y fueran
mujeres, y que la pobreza vaya en aumento”.
[63] Ibídem. Examen sobre la situación en Japón. párr. 634.
De igual forma, la recomendación de ampliación de subsidios de vivienda para la
población más “pobre” del país en el examen de caso de Colombia, párr.
791
[64] Ibídem, párr. 975
[65] Ibídem, párr. 989
[66] Declaración del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados, La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, párr. 3, 6, 10, 14, 21
[67]Organización de
las Naciones Unidad, Relatora para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos,
Informe de la experta independiente encargada de la cuestión de los derechos
humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, sobre el proyecto de
principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Documento
del 6 de agosto de 2010, A/HRC/15/41.
[68] Organización de las Naciones Unidad, Relatora para la
Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente encargada
de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Sexagésimo tercer
período de sesiones Tema 67 b) del programa provisional Promoción y protección
de los derechos humanos: cuestiones relativas a los derechos humanos,
incluidos distintos criterios para mejorar el goce  efectivo de los derechos
humanos y las libertades  fundamentales. Documento del 13 de agosto de 2008.
A/63/274
[69] Organización de
las Naciones Unidad, Relatora para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos,
Informe de La extrema pobreza y los derechos humanos Sexagésimo séptimo período
de sesiones Tema 70 c) del programa provisional* Promoción y protección de los
derechos humanos: situaciones de derechos humanos e informes de relatores y
representantes especiales, Documento del 9 de agosto de 2012 No, A/67/278
[70] Ibídem, párr. 92
[71] Organización de las Naciones Unidad, Relator para la
Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Informe ante la Asamblea General de la
extrema pobreza y los derechos humanos, Sexagésimo noveno período de sesiones
Tema 69 b) del programa provisional Promoción y protección de los derechos
humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el
goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Documento
del 11 de agosto de 2014, No A/69/297
[72] Organización de las Naciones Unidad, Relatora para la
Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Informe, La extrema pobreza y los
derechos humanos, Sexagésimo octavo período de sesiones  Tema 69 c) del
programa provisional*  Promoción y protección de todos los derechos humanos:
situaciones de derechos humanos e informes de relatores y representantes
especiales. Documento del 9 de agosto de 2013 No A/68/293.
[73] Organización de las Naciones Unidad, Relatora para la
Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, en el
Consejo de Derechos Humanos 23º período de sesiones Tema 3 de la agenda Promoción
y protección de todos los derechos humanos,  civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Documento del 11 de
marzo de 2013 No A/HRC/23/36
[74] Opcit., Relator para la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos. Informe del 11 de agosto de 2014, No A/69/297, párr. 52
[75] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
78, Bogotá D.C. martes 21 de mayo 1991.
[76] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
082, Bogotá D.C. sabado 25 de mayo 1991. En esa ocasión, varios constituyentes
denunciaron que los sectores más pobres de la sociedad conforman la
mayoría de la población carcelaria del país.
[77] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
100, Bogotá D.C.  lunes 21 de junio 1991. En el mismo sentido, Gaceta
Constitucionalidad 90, Bogotá D.C., miércoles 5 de junio de 1991.
[78] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
52, Bogotá D.C. martes 21 de mayo 1991. En esa sesión, se propuso que la
Procuraduría General de la Nación manejara la defensoría pública en favor de
los “pobres” y desvalido”.
[79] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
46, Bogotá D.C. Lunes 15 de abril 1991. Se resaltó que las políticas de
descentralización deben concentrarse en atender a los sectores más “pobres” de
la población.
[80] Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional
29, Bogotá D.C. sábado 29 de marzo 1991. En dicha sesión, se discutió sobre la
destinación de las tierras para las comunidades campesinas “pobres” del
país.
[81] Congreso de la República de Colombia, Acto Legislativo
04 de 2007 “por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política”. “Artículo  1°. El inciso 4° del artículo 356 de
la Constitución Política quedará así: Los recursos del Sistema General de
Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la
financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de
salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la
población pobre. Artículo  2°. El literal a) del artículo 356 de
la Constitución Política quedará así: a) Para educación, salud y agua potable y
saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población
urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la
distribución por entidad territorial de cada uno de los componentes del Sistema
General de Participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la
población pobre, en los términos que establezca la ley”.
[82]Sentencia C-369 de 2006.
[83] Sentencia C-1154 de 2008. Frente a su composición, la
Corte ha precisado que: “El SGP está constituido por los recursos que la
Nación transfiere a las entidades territoriales para atender los servicios a su
cargo y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. El
Acto Legislativo No. 1 de 2001 dispuso que los recursos del SGP de los
departamentos, distritos y municipios, se destinarían ‘a la financiación de los
servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de
educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación
de los servicios y a ampliación de cobertura’. Su configuración puntual fue
dada en la Ley 715 de 2001, según la cual el SGP estaría conformado por: (1)
una participación con destinación específica para el sector educación, (2) una
participación con destinación específica para el sector salud, y (3) una
participación de propósito general”.
[84] Sentencias T-177 de 1999, T-185 de 2000, T-190 de
2001, T-1119 de 2002, T-472 de 2003, T-579 de 2004, T-121 de 2005, T-596 de
2006 y T-639 de 2008,
[85] Sentencias T-639 de 2008
[86] Tales valores se cobran dependiendo del régimen al que
pertenece el paciente, a saber: i) los usuarios del régimen contributivo deben
cancelar copagos y cuotas moderadoras; y ii) los afiliados al régimen
subsidiado de salud deben pagar los copagos y las cuotas de recuperación
[87] Sentencias T-1075 de 2004, T-548 de 2004, T-567 de
2006 , T-225 de 2007, T-648 de 2008, T-627 de 2001, T-845 de 2011, T-725 de 2010, T-924 de 2011, T-388 de 2012,
T-500 de 2013 y T-105 de 2014
[88] En el mismo sentido ver Sentencias T-199 de 2013 y
T-501 de 2013.
[89] Sentencia T-522
de 1994,
[90] Sentencia C-1195 de 2001.
[91] Sentencia C-258 de 2013
[92] Sentencia C.333 de 1993
[93] Sentencia C-094 de 1993
[94] Sentencia C-258 de 2013
[95] Sentencia T-607 de 2015
[96] Sentencia T-244 de 2012, T-386 de 2013, T-231 de 2014.
T-335 de 2015
[97] Sentencia T-1226 de 2003
[98] Sentencia C-143 de 2001.
[99]Opcit, Relatora para la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos, Informe de La extrema pobreza y los derechos humanos Sexagésimo
séptimo período de sesiones Tema 70 c) del programa provisional* Promoción y
protección de los derechos humanos: situaciones de derechos humanos e informes
de relatores y representantes especiales, Documento del 9 de agosto de 2012 No,
A/67/278, párr. 17
[100] Sentencia C-253 de 2013
[101] Sentencia C-143 de 2001