T-715-17
Sentencia T-715/17
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Garantía
esencial del debido proceso/IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Término para
interponerla
El principio de la doble instancia es un elemento
fundamental del derecho al debido proceso. Dicho principio se materializa,
principalmente, mediante el recurso de apelación o de impugnación, toda vez que
permite la controversia de una decisión judicial por parte de quien tiene
interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del
superior jerárquico. Por su relevancia e intrínseca relación con el debido
proceso, la Corte le ha reconocido a la doble instancia una triple condición: derecho, garantía y principio. El artículo 86 de
la Constitución Política prevé el recurso de impugnación del fallo de tutela
ante el Juez competente. Igualmente, los artículos 31 y 32 del Decreto
2591 de 1991 disponen, en su orden, el término otorgado por la ley para
impugnar el fallo de tutela –durante los tres días siguientes a la
notificación–, los legitimados para hacerlo y el trámite que deberá seguirse.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
DERECHO A LA EDUCACION-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO A LA EDUCACION-Tratamiento
constitucional con doble connotación como derecho y como servicio
RETENCION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS POR EL NO PAGO DE
OBLIGACIONES ECONOMICAS
En
los casos de retención de títulos y documentos académicos por el no pago de
obligaciones económicas, el representante del estudiante debe demostrar lo
siguiente para que proceda el amparo del derecho a la educación: (i) que, como
consecuencia de un hecho sobreviniente y constitutivo de justa causa, estuvo en
imposibilidad de honrar sus obligaciones financieras; y (ii) que hizo todo lo
razonablemente posible para cumplirlas, lo que incluye, por ejemplo, la
suscripción de un acuerdo de pago. Por el contrario, si se advierte que la
acción de tutela ha sido utilizada para evadir el cumplimiento de las
obligaciones pecuniarias adquiridas con la institución, no procederá la
protección constitucional.
DERECHO A LA EDUCACION-No
vulneración por retención de certificados de grado puesto que no se demostró la
existencia de un hecho sobreviniente que impidiera cancelar las obligaciones
económicas y no se acreditó voluntad de pago
DERECHO A LA EDUCACION-No
vulneración por cuanto Colegio no interrumpió abruptamente el desarrollo de las
clases de la estudiante y permitió la culminación de su año lectivo
Referencia:
Expediente T-6.361.171
Acción
de tutela instaurada por Luz Adriana Ángel Ríos en contra del Colegio de la
Sagrada Familia - Hermanas Terciarias Capuchinas de Armenia.
Magistrado
Ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá,
D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial
de la prevista en el artículo 241.9 de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión del fallo de tutela de primera instancia proferido el 9 de mayo de
2017 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia, mediante el cual se
amparó el derecho fundamental a la educación de las menores Kylie Valeria y
Britney Catalina Barragán Ángel. Dentro de la actuación, las jóvenes han estado
representadas por su madre, Luz Adriana Ángel Ríos.
I.
ANTECEDENTES
1.
El
25 de abril de 2017, la señora Luz Adriana Ángel Ríos presentó demanda de
acción de tutela en contra del Colegio de la Sagrada Familia - Hermanas
Terciarias Capuchinas de Armenia (en adelante, el Colegio). Esta acción se
ejerció con el propósito de proteger los derechos fundamentales de sus hijas
menores de edad a la educación, a la igualdad, al buen nombre, al libre
desarrollo de la personalidad, a la información y al debido proceso.  En su
criterio, estos derechos se vulneraron, de un lado, por la negativa del Colegio
de recibir a una de sus hijas para el período académico del año 2017 y, del
otro, por la decisión de la misma institución de retenerle, a su otra hija, los
documentos de grado, después de la aprobación del programa de básica
secundaria. A pesar de que la accionante reconoció que no ha cumplido
integralmente con el pago de todas las obligaciones económicas, estimó que la
postura del Colegio ha sido arbitraria e injustificada.
1.
Hechos
2.
La
señora Luz Adriana Ángel Ríos es la madre de Britney Catalina y Kylie Valeria
Barragán Ángel y, en esta condición, actuó como representante legal de sus
hijas dentro del presente trámite de tutela.  Para el momento de la
presentación de la demanda, las menores tenían 17 y 14 años de edad,
respectivamente[1].
3.
Desde
el año 2012, las jóvenes Britney Catalina y Kylie Valeria ingresaron a estudiar
al Colegio accionado. La primera de ellas culminó “sus estudios de Básica
Secundaria el año pasado 2016, año en que se graduó de bachiller”. Por
su parte, Kylie Valeria, durante el mismo período académico del 2016, “cursó
y aprobó sus estudios de Noveno Grado, pasando a cursar para el año 2017 el
curso de Décimo Grado”.
4.
Para
el 14 de septiembre de 2015, la accionante adeudaba las pensiones causadas
durante los meses de febrero a septiembre de ese mismo año, por los servicios
educativos prestados a sus dos hijas. Así, respecto de la menor Britney, Luz
Adriana Ángel adeudaba la suma de $2.493.000 y, por parte de Kylie Valeria,
registraba un saldo de $1.952.928[2].
Debido a esta situación, el Colegio trasladó su caso a la sociedad Consultoría
Jurídica Integral en Recuperación de Cartera y Administración del Talento
Humano S.A.S (en adelante, Consutalento S.A.S), con el propósito de adelantar
las gestiones de cobro de estas obligaciones, entre las que se encuentra
negociar las obligaciones vencidas derivadas de los contratos de servicios
educativos.
5.
El
15 de septiembre de 2015[3],
Consutalento S.A.S envió una comunicación escrita a la señora Ángel
requiriéndola para el pago de estos valores.
6.
El
4 de abril de 2016, Luz Adriana Ángel suscribió dos actas de compromiso[4] –una por
cada estudiante- con el representante legal de Consutalento S.A.S, en las que
se definieron las condiciones y fechas de pago de los valores adeudados por
concepto de pensiones durante el año 2015.
7.
En
relación con la joven Britney, el compromiso de pago dispuso que la última
cuota debía cancelarse el 20 de noviembre de 2016 y respecto de Kylie, lo
propio debía hacerse hasta el 20 de diciembre del mismo año. Si bien durante el
año 2016 se hicieron varios abonos[5],
la señora Ángel Ríos no cumplió integralmente con los compromisos de pago, toda
vez que, según se relató en la demanda de tutela, “pud[o] dar
un buen manejo a los pagos para el Acuerdo de Pago” hasta el 30 de junio de
2016, fecha de terminación de su contrato de prestación de servicios con la
Casa del Consumidor. En consecuencia, al saldo pendiente acumulado por
los anteriores compromisos, se sumaron las cifras causadas durante el período
académico del 2016 por concepto de pensiones[6],
que tampoco fueron canceladas en su oportunidad.
8.
Según
lo relata la accionante, “[e]n el mes de febrero [de 2017] acud[ió] al
Colegio a hablar con la nueva rectora señora Claudia Patricia, y realizar el
acuerdo de pago y por tanto la matrícula para [su] hija menor KYLIE VALERIA”[7]. No
obstante, “la hermana [le] indicó que no podía tenerla en el plantel ni
siquiera como asistente (…) y que no podía volver a llevarla hasta que no
resolviera la situación con el colegio”[8].
Además, Luz Adriana Ángel señaló que en una nueva reunión realizada con la
directora, ésta le manifestó que “tenía como mínimo que cancelar $1.000.000
(De lo adeudado del año 2016 por mi hija menor Kylie) y pagar en dos cuotas el
restante”[9].
9.
Si
bien la accionante aceptó la anterior fórmula de pago, en la demanda relató que
“no fue posible conseguir el $1.000.000 antes proyectado”[10]. Según
Luz Adriana Ángel, solo “hasta el 3 de abril de 2017”[11] pudo
realizar un abono parcial por la suma de $996.016[12]. Por lo
tanto, después de este último pago, su obligación ascendía a los siguientes
valores, relatados así en su demanda: “[p]or Brtiney [adeuda] $5.196.621,
Por Kylie (…) $4.031907 para un total por ambas niñas de $9.188.528”[13].
10.
El
21 de abril de 2017, Luz Adriana Ángel dialogó nuevamente con la rectora de la
Institución, con el propósito de insistir en matricular a su hija menor. Según
la accionante, el Colegio le indicó que para poder matricular a la menor, Kylie
Barragán Ángel, era necesario que “pagar[a] tanto matrícula como pensión por
los meses de febrero, marzo y abril lo cual asciende a $1.253.446 (…) Y además
[debía llevar] un paz y salvo por parte del abogado, en el que se certifiqué ya
pagó lo adeudado al colegio”[14].
La accionante calificó la actitud del accionado como “demasiado coercitiva y
estricta, pues es ilógico que (…) le lleve un Paz y Salvo a un Acuerdo de Pago
que apenas se va a firmar”[15].
11.
El
24 de abril de 2017, Luz Adriana Ángel acudió a Consutalento S.A.S y discutió
su caso con una de las asesoras. Según la demanda, en esa oportunidad esta sociedad
le informó que “[l]a Hermana Claudia Patricia ha accedido a no cobrarle
intereses (…) [y] que el acuerdo de pago que se realicé (sic) se haga con una
cuota inicial de ($2.756.000) lo cual es el 30% de lo adeudado por las dos
niñas lo cual asciende a ($9.188.528)”[16].
Con este nuevo compromiso, “los papeles de ambas niñas se le entregarían
para que usted pueda optar a matricularlas a BRITNEY en la Universidad y a
KYLIE en otro colegio diferente de las Capuchinas”[17]. Sin
embargo, en relación con esta nueva propuesta, la accionante manifestó su
desacuerdo.
12.
Según
la demanda, Luz Adriana Ángel es madre soltera y abogada de profesión. En
cuanto a su ejercicio profesional, relató las dificultades que ha tenido para obtener
los ingresos necesarios que aseguren su sostenimiento y el de su familia, sin
embargo, reconoció que ha desempeñado varios cargos, así: (i) trabajó “durante
los años 1997 al año 2013 en la Cámara de Comercio de Armenia”; (ii)
en los años siguientes, “empe[zó] a litigar”[18];
(iii) para los años de 2014 a 2016 –hasta el 30 de junio- “pud[o]
vincular[se] como Contratista en la oficina llamada la Casa del Consumidor –
Superintendencia de Industria y Comercio”[19];
y (iv) hasta “el 7 de septiembre del año 2016, pud[o] optar por nuevo puesto
de trabajo”[20].
Adicionalmente, de acuerdo con la certificación de 1 de septiembre de 2016,
mediante el “Decreto 000826 del 31 de agosto de 2016, se le nombr[ó] con
carácter de libre nombramiento y remoción, para el cargo de Jefe de
Fiscalización y Liquidación adscrito a la Secretaría de hacienda del
Departamento del Quindío”[21].
Para el momento de la presentación de la demanda, su asignación salarial
básica era de $3.247.000 mensuales[22]
y actualmente es de $3.466.000[23].
13.
Habida
cuenta de su nueva remuneración, la accionante sostuvo que de sus ingresos
mensuales “deb[e] descontar [sus] gastos fijos que son entre otros;
arrendamiento $600.000, servicios públicos (Agua, Energía, Parabólica,
Internet, Gas y pago de celular) un aproximado mensual de $230.000, más
alimentación para [sus] hijas y para [ella] y los gastos normales para un
mantenimiento adecuado y digno, lo cual asciende aproximadamente a $500.000, es
decir que [sus] gastos netos mensuales ascienden a $1.330.00”. Por esto,
manifestó que sus condiciones económicas no le permitían firmar un nuevo
acuerdo de pago, toda vez que “no [se encontraba] en las posibilidades de
cumplirlo”[24].
14.
Por
último, la demandante expuso otras razones por las que su hija menor debe
permanecer en la misma Institución Educativa. Primero, el traslado de su hija a
otro Colegio le implicaría asumir mayores gastos como uniformes y transporte,
más cuando su sitio de residencia queda cerca del Colegio. Segundo, dado que su
hija “escasamente tiene 3 amigas de la totalidad del curso”[25] y “es
una niña muy selectiva para sus amistades”[26],
sería muy difícil su adaptación “a un nuevo plantel educativo y nuevos
compañeros de clase (…)”[27].
Tercero, la calidad de la formación educativa del Colegio demandado, pues
si bien “existen otras instituciones donde pueda ingresar a [su] hija Kylie
de buen grado educacional, no lo existen siempre comportamental, por lo que le
[ha] reiterado a la hermana Claudia Patricia Chaux Rojas, que no es [su] deseo
cambiar a [su] hija de colegio (…)”[28].
15.
El
31 de mayo de 2017[29],
el Colegio suscribió un acta con la señora Ángel Ríos mediante la cual se dejó
constancia de la entrega de la totalidad de los documentos de grado y títulos
académicos de sus hijas Britney Catalina y Kylie Valeria Barragán. En relación
con la última menor, se informó que también se entregó “la constancia de
comportamiento y constancia del retiro del SIMAT de la estudiante, a efectos de
que la matricule en otra institución, documentos que aceptó recibir a entera
satisfacción”[30].
16.
De
acuerdo a lo informado por la accionante[31],
en el año 2017 su hija mayor comenzó a cursar un pre-médico en la Universidad
del Quindío y su hija menor no pudo ser matriculada en otra institución
educativa para ese año lectivo.
17.
El
28 de julio de 2017[32],
Consutalento S.A.S, en representación del Colegio, suscribió un nuevo
compromiso de pago con la accionante, que comprendió todas sus obligaciones
adeudadas hasta ese momento y reemplazó los compromisos anteriores. Este nuevo
acuerdo fue celebrado por la suma de $9.398.761, que se cancelará en 28 cuotas,
a partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 20 de diciembre de 2019.
2.       Pretensiones de la demanda
18.
En
la demanda de tutela, la accionante solicitó el amparo del derecho fundamental
a la educación y conexos de sus hijas y, en consecuencia, se ordene al Colegio
que:
(i)
Acceda
a realizar un nuevo compromiso de pago, “de conformidad con [su] situación
socio económica”[33].
(ii)
Acepte
a la menor Kylie Valeria, para que curse sus estudios de décimo grado durante
el año 2017, “sin necesidad de pagar las pensiones por los meses ya
transcurridos a partir de la fecha de la matrícula y así mismo se realicen todas
las acciones tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus
obligaciones académicas (…) Igualmente que se estudie la posibilidad de que la
menor de edad pueda optar por una beca en el citado colegio y/o un descuento en
el valor de la pensión a pagar por este año”[34].
(iii)
Dé
“un trato digno y sin discriminación alguna a [su] hija menor Kylie, tan
pronto ella acceda a estudiar en el colegio y así mismo se tenga en cuenta para
los estímulos dados por el colegio sin exigir más requisitos de los señalados
en el Manual de Convivencia”[35].
(iv)
Entregue
todos los documentos de sus hijas, en particular los de la joven Britney
Catalina, para que pueda continuar con sus estudios universitarios.
3.       Admisión
y contestación de la demanda
19.
El
26 de abril de 2017[36],
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia admitió la referida demanda y,
adicionalmente, vinculó al trámite a la Secretaría de Educación Municipal de
Armenia, a la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, al Ministerio
de Educación Nacional y a Consutalento S.A.S.
3.1. Secretaría
de Educación Departamental del Quindío
20.
El
3 de mayo de 2017[37],
el Secretario Departamental solicitó su desvinculación de este trámite. En su
criterio, esta entidad no tuvo ninguna injerencia, ni por acción u omisión, en
los hechos que originaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Esto, por cuanto “el municipio de Armenia se convirtió en
entidad territorial certificada en la prestación del servicio educativo, motivo
por el cual adquirió competencia para la prestación autónoma de dicho servicio
en su territorio (…)”. En consecuencia, a su juicio, la Secretaría
Departamental carece de legitimación por pasiva, toda vez que no podría “hacer
frente a las eventuales órdenes que se llegaren a imponer por parte de la
autoridad judicial”. (Destacado incluido en el texto).
21.
Adicionalmente,
señaló que las instituciones educativas “son autónomas en el desarrollo de
las funciones educativas”, siempre y cuando no vulneren derechos
fundamentales de los estudiantes. En este sentido, resaltó que el artículo 12
de la Resolución 18904 de 2016 permite a las instituciones retener los informes
de evaluación –incluyendo los certificados y diplomas-, por el no pago de los
costos educativos –como matrícula y pensiones-. A menos que los responsables de
estas obligaciones puedan “demostrar la imposibilidad de pago por justa
causa, en los términos del parágrafo1 del artículo 2 de la Ley 1650 de 2013”[38].
3.2. Secretaría
de Educación Municipal de Armenia
22.
El
mismo 3 de mayo[39],
el Secretario Municipal solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela. Inicialmente, señaló que, con fundamento en la Ley 115 de 1994
–arts. 168 y ss.- y los Decretos 1860 de 1994 –art. 61-, 907 de 1996 y 1075 de
2015, la Nación y las entidades territoriales tienen el deber de ejercer las
funciones de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos, tanto
públicos como privados. En consecuencia, a la Secretaría de Educación Municipal
le corresponde velar por el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio
educativo, sin que “mengue (sic) y atente en contra de la autonomía escolar
propia de cada institución Educativa, sino que por el contrario, se les
garantiza en todos los casos el desarrollo de las prerrogativas y
facultades que les otorga la Ley (…)”.
23.
Posteriormente,
agregó que solo cuando el educando no acredite su situación de imposibilidad de
pago, de conformidad con el procedimiento previsto en el parágrafo 1 del
artículo 2 de la Ley 1650 de 2013, la institución educativa podrá retener los
títulos como sanción. Sin embargo, en su opinión, “la norma hace alusión a
la retención de títulos como sanción, sin establecer o discriminar otro tipo de
actuaciones administrativas propias del ambiente escolar a título sancionatorio”.
Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de las
Resoluciones 15883 de 2015 y 18904 de 2016, según los cuales “[e]n ningún
caso los establecimientos educativos podrán impedir a los estudiantes
participar en el proceso educativo, lo que incluye actividades académicas y
evaluaciones”. (Destacado incluido en el texto).
3.3. Colegio de
la Sagrada Familia
24.
Mediante
el escrito de 3 de mayo de 2017[40],
el Colegio solicitó que se denieguen las pretensiones formuladas en la demanda
de tutela. Esta petición la realizó con base en las siguientes consideraciones:
(i)
La
institución “no está obligada a renovar o a suscribir un nuevo contrato de
prestación de servicios educativos”, con fundamento en “el principio de
autonomía educativa”, “la reglamentación de la institución” y
el “derecho de admisión”. En este caso, la decisión de no
renovación se justificó en el incumplimiento injustificado del pago de los
emolumentos educativos por parte de la accionante, causados durante los años
2015 y 2016.
(ii)
La
señora Luz Adriana Ángel no cumplió con el acuerdo de pago suscrito. Por el
contrario, el Colegio constató que ella sigue una cultura de no pago. A su
juicio, el pago de las obligaciones generadas por los servicios educativos “no
es [la] prioridad financiera” la accionante. Al respecto, manifestó que la
accionante ha incumplido sistemáticamente su obligación de pagar los
emolumentos educativos. Señaló que, en los años 2013 y 2014, el colegio debió
desplegar varias gestiones tendientes a lograr la satisfacción de estas
acreencias. Situación que se reitera en la actualidad.
(iii) El
Colegio evidenció “la mala fe e intención de la tutelante en engañar al
despacho bajo una supuesta difícil situación económica”[41]. La misma
demandante anotó que, durante los años 2014 a 2016, tuvo diferentes fuentes de
ingresos, debido a su vinculación como contratista y a su ejercicio profesional
como abogada. Sin embargo, durante este mismo período no realizó el pago
oportuno de los emolumentos educativos, que sumaron, por los años 2015 y 2016,
la cifra de $9.188.528, y tampoco “demostró ante la institución ninguna
circunstancia sobreviniente que afectara su situación económica”.
(iv) El
último acuerdo propuesto exoneraba a la accionante del pago de intereses y
dividía el pago del saldo adeudado en una primera cuota equivalente al 30% y
cuotas mensuales hasta diciembre de 2017. Una vez se cumpliera con el pago de
la obligación, se procedería a entregar la documentación de sus hijas.
Precisamente, “la resolución No. 18904 del 2016 expedida por el Ministerio
de Educación Nacional establece la autorización legal de la retención de los
certificados de evaluación de los estudiantes de los establecimientos
educativos privados, en caso del no pago oportuno de los cobros pactados al
momento de la matrícula, o en su defecto demuestre una justa causa para el no
pago”.
3.4.
Consutalento S.A.S
25.
Por
medio del escrito de 4 de mayo de 2017[42],
su representante legal solicitó que se denegaran las pretensiones formuladas en
la demanda de tutela. Inicialmente, precisó que, en cumplimiento del contrato
de prestación de servicios 018 de 2010, se adelantaron “las labores de
cobranza pre-jurídica y jurídica de las obligaciones civiles y comerciales
contraídas por los acudientes, padres de familia y representantes legales de
los estudiantes”. En desarrollo de este mandato, desde el 14 de septiembre
de 2015, se conoció el caso de la señora Luz Adriana Ángel y desde ese momento
fue contactada, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o cartas,
con el propósito de lograr el pago integral de las obligaciones adeudadas[43].
26.
Consutalento
S.A.S calificó la actitud de la accionante como “evasiva”[44],
debido a que en ningún momento “demostró ante nuestra empresa, alguna
circunstancia que permitiera inferir que tuvo un hecho sobreviniente que le
impidiera cumplir con las obligaciones pecuniarias con la institución (…)”[45]. Por
último, señaló que ni el Colegio ni la empresa que representa han vulnerado
algún derecho fundamental de la actora o de sus hijas, toda vez que el
procedimiento de cobro fue respetuoso y considerado.
3.5. Ministerio
de Trabajo
27.
Mediante
el escrito de 4 de mayo de 2017[46],
esta entidad solicitó su desvinculación a este trámite de tutela, ante su falta
de competencia para ejercer las funciones de inspección y vigilancia respecto
de las instituciones educativas. Al respecto señaló que “[l]os departamentos
y municipios que fueron certificados recibieron la administración de los
servicios educativos, por disposición de la Ley 715 de 2001. Corresponde
entonces al Ministerio de Educación Nacional fijar las políticas educativas que
deben ser adoptadas en relación con la educación preescolar, básica y media,
más no la administración de los establecimientos educativos, lo cual es
competencia de las entidades territoriales certificadas”[47] (Subrayas
incluidas en el texto).
4. Decisiones
objeto de revisión
4.1. Sentencia
de primera instancia
28.
El
9 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia  profirió
sentencia de primera instancia mediante la cual amparó los derechos
fundamentales a la educación de las jóvenes Britney Catalina y Kylie Valeria
Barragán Ángel[48].
29.
En
este fallo, se ordenó al Colegio de la Sagrada Familia que “dentro de los
dos (2) días siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a ENTREGAR
a BRITNEY CATALINA BARRAGÁN ÁNGEL los documentos de grado que le fueron
retenidos, así como cualquier otro que requiera para acreditar su historia
educativa (…)”. Adicionalmente, el a quo ordenó “MATRICULAR
en dicha institución a KYLIE VALERIA BARRAGÁN ÁNGEL en el grado correspondiente
y en el presente año lectivo. La demandada deberá realizar todas las acciones
tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones
académicas sin traumatismo que dificulten su normal ciclo educativo, no podrá
imponer sanciones académicas a la menor accionante derivadas de la suspensión
en sus estudios (…)”.
30.
Con
fundamento en la sentencia SU-624 de 1999, el Juzgado de primera instancia
concluyó que, a partir de los hechos analizados, debe prevalecer el derecho a
la educación sobre el derecho a la autonomía de los establecimientos
educativos. En su criterio, se cumplen los tres requisitos definidos por la
jurisprudencia constitucional, para resolver los casos de tensión entre estos
dos derechos. Primero, encontró demostrado “la imposibilidad del
hogar de la estudiante de cumplir las obligaciones financieras actualmente
pendientes de pago con el establecimiento educativo”. Esto se constató con
las pruebas aportadas al expediente, dado que los gastos propios para su
manutención exceden los recursos que recibe de su única fuente de ingresos.
31.
Segundo,
advirtió la existencia de “una justa causa para el incumplimiento de las
obligaciones con el establecimiento educativo como lo fue la terminación del
contrato de prestación de servicios profesionales de la madre de las
demandantes con la SIC a finales de 2016 porque así lo manifestó en la demanda
y tal circunstancia no fue controvertida ni desvirtuada por la demandada”.
Además, a pesar de que en su momento se adquirieron compromisos de pago en
razón de las obligaciones pendientes de pago de los períodos lectivos 2013 y
2014, estos fueron cancelados en su totalidad. Y, en lo correspondiente al año
2015, la accionante cumplió parcialmente con sus obligaciones, en la medida de
sus posibilidades económicas.
32.
Tercero,
la representante de las estudiantes celebró varios acuerdos de pago y “en la
actualidad tiene ánimo conciliatorio y ha buscado llegar a un acuerdo de pago
para solucionar su deuda e impedir que esto afecte la normalidad académica de
su hija pero la Institución Educativa se niega a aceptarlo”. Adicionalmente,
“la institución no acreditó que la desvinculación del proceso educativo se
debiera al desempeño académico disciplinario de la alumna”, sino solo por
el incumplimiento de los acuerdos de pago. Sin embargo, contrario a lo sostenido
por la entidad accionada, “no se trata en este caso de un abuso del derecho
por parte de la madre de las demandantes que fomente la cultura del no pago
pues hay circunstancias de fuerza mayor que condujeron a ello y dentro de sus
posibilidades ha pagado y aspira pagar la deuda que reconoce a la institución”.
33.
En
consecuencia, en la sentencia se concluyó que “[e]l actuar de la institución
educativa es reprochable y no es congruente con los principios enunciados en su
manual de convivencia”. Por esta razón, no es admisible la negativa
del Colegio de matricular a la estudiante en el año lectivo correspondiente y
tampoco la medida de retener los documentos de grado de la estudiante Britney
Catalina Barragán Ángel. En relación con este último aspecto, el a quo agregó
que el Colegio “coacciona ilegítimamente a la madre y a la estudiante para
el pago de una obligación económica”, a pesar de que “dispone de las
garantías documentales y de las acciones judiciales correspondientes”, para
lograr el pago de estas acreencias.
34.
Por
último, en cuanto a la pretensión de la accionante de ordenarle al Colegio la
suscripción de un acuerdo de pago que sea coherente con su capacidad de pago,
el a quo la resolvió de manera desfavorable. Esto, por cuanto “tal
decisión incumbe única y exclusivamente a la voluntad de los órganos de
dirección y administración de la institución y su facultad de cobro persiste
precisamente como fundamento para la procedencia de la presente acción de
tutela (…)”.
4.2. Impugnación
35.
El
15 de mayo de 2017, el Colegio presentó escrito de impugnación en contra del
fallo de primera instancia con argumentos similares a los expuestos en su
escrito de contestación a la demanda de tutela[49].
Adicionalmente, resaltó lo siguiente:
36.
Primero,
la sentencia impugnada “está abriendo un boquete bastante grave, vulnerando
el derecho al trabajo y a la libre empresa”, al desconocer que la
financiación de los colegios privados, en su condición de entidades con ánimo
de lucro, depende del pago oportuno de los servicios educativos que prestan. En
consecuencia, no se puede obligar a estos establecimientos educativos a “tener
(…) a estudiantes, desarrollando actividades de forma gratuita como si
estuvieran en Colegios Públicos”. Por lo tanto, “con las consideraciones
de este fallo, se le abre las puertas a cualquier otra persona que no tenga las
capacidades económicas a ingresar a una institución educativa privada y a
permanecer en ella, utilizando cualquier tipo de maniobras engañosas y
malintencionadas, argumentando el derecho a la educación de sus hijos,
condenando sencillamente a una institución a su inviabilidad financiera y
académica”.
37.
Segundo,
no solo el Estado y la sociedad deben garantizar el adecuado ejercicio del
derecho a la educación, sino también los padres de familia, “que deben de
completar esta labor y cumplir con las responsabilidades económicas que acarrea
brindar una educación de carácter privado en nuestro país”. Por lo
tanto, el Colegio no desconoció el derecho a la educación de las menores con
las medidas adoptadas, sino fue la accionante quien contribuyó a su
vulneración. En efecto, la representante de las menores “pudo acceder a otro
colegio del sector privado donde los valores a cancelar fuesen mas (sic)
accequibles (sic) o en su defecto en uno de los muchos colegios públicos del
(sic) ciudad”, pero se negó a hacerlo.
38.
Tercero,
el manual de convivencia prevé como requisito para matricularse, encontrarse a
paz y salvo. También dispone que el pago de las cuotas del servicio educativo
debe realizarse dentro de los diez primeros días de cada mes, lo cual
constituye un deber y una responsabilidad de los padres de familia.
Adicionalmente, la condición de estudiante se pierde por “[f]alta de apoyo
de los padres de familia al colegio en las exigencias del manual”[50]. En
consecuencia, con fundamento en las anteriores disposiciones, la institución
tiene “la capacidad de decidir quién puede hacer parte del colegiado y quien
no cumple los requisitos necesarios para ingresar”. En este caso,
para el año lectivo de 2017, la estudiante y sus acudientes “no tienen
vínculo contractual ni académico con la institución educativa, toda vez que (…)
no han regularizado la situación financiera”.
39.
Finalmente,
la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito entre la
accionante y la Casa del Consumidor, adscrita a la Superintendencia de
Industria y Comercio, a finales del año 2016, “nunca fue demostrada o
evidenciada ante la institución, máxime cuando la señora ÁNGEL RIOS. (sic)
argumenta en su escrito, que con posterioridad a dicha terminación, continuó
efectuando sus labores como abogada litigante y después se vinculó como
funcionaria de la Gobernación del Quindío, circunstancia que no evidencia la
justa causa de pago”. Todo lo anterior demuestra que “la tutelante
siempre tuvo grado de estabilidad laboral, pudiendo sostener y pagar las
obligaciones contractuales con la institución”, por lo que, en
opinión del Colegio, con las medidas ordenadas en el fallo solo se incentiva la
cultura del no pago. Además, “[t]ampoco existió aprovechamiento indebido de
la protección constitucional por parte de la Institución, ya que se le
brindaron [a la accionante] todas las formas y facilidades de pago”.
4.3. Segunda
Instancia
40.
Mediante
el auto de 2 de junio de 2017[51],
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia (en adelante, el Juzgado
Tercero del Circuito) resolvió “INADMITIR” la impugnación
formulada a nombre del Colegio. Al respecto, precisó que la “representación
supuestamente es otorgada por la Hermana HERLINDA INES MAESTRE GAMEZ, quien
dice actuar en calidad de superiora provincial de las Hermanas Terciarias
Capuchinas de la sagrada familia provincias sagrado corazón de Jesús, en
Bogotá-Colombia, no se no (sic) allegan los documentos que prueben la calidad
en que esta actúa”. En este sentido, se debió haber aportado al
expediente “el certificado de existencia y representación legal de la
entidad o la resolución de nombramiento y/o acta de posesión o el poder, para
demostrar la referida calidad”. En consecuencia, se incumplió lo
dispuesto en los artículos 10, 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991, que se aplica “cuando
se trata de representante legales y/o apoderados judiciales”.
5. Actuaciones
en sede de revisión
41.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante el Auto de 26
de septiembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Nueve de la
Corte Constitucional[52]
y se repartió al despacho del Magistrado Ponente de la presente providencia.
5.1. Pruebas
decretadas en sede de revisión
42.
Mediante
el auto de 10 de noviembre del presente año[53],
este Despacho ordenó oficiar, por intermedio de la Secretaría General de esta
Corte, a las siguientes entidades con el fin de obtener esta información:
2.1. Al Colegio
para que informe (i) si ya entregó los documentos de grado de Britney Catalina
Barragán; (ii) si, en relación con Kylie Valeria Barragán, la menor aún tiene
algún vínculo académico con este Establecimiento; (iii) el estado actual de
cumplimiento de los dos compromisos de pago suscritos el 4 de abril de 2016;
(iv) si existieron otros acuerdos de pago, anteriores o posteriores al
mencionado previamente y cuál es su estado actual; (v) si, durante el año
lectivo de 2016, la accionante puso en conocimiento alguna circunstancia
sobreviniente que impidiera el pago oportuno de sus obligaciones financieras
con el Colegio; y (vi) se allegue el certificado de existencia y representación
legal o cualquier otro documento que demuestre su constitución y la persona
delegada para asumir las facultades de representación legal durante los años
2016 y 2017.
2.2 A la
accionante para que informe los mismos temas tratados en los primeros cinco
puntos anteriores y, adicionalmente, por los ingresos recibidos para el año
2016 por su ejercicio profesional como abogada litigante.
2.3 A
Consutalento S.A.S para que informe acerca del estado actual de cumplimiento de
los acuerdos de pago suscritos el 4 de abril de 2016, si se suscribieron
compromisos en fecha posterior al anterior y si se han ejercido acciones
legales o gestiones de cobro adicional para lograr el pago de las obligaciones
adeudadas por la accionante a favor del Colegio.
2.4 A la Casa
del Consumidor de Armenia – Superintendencia de Industria y Comercio, a la
Gobernación del Quindío y a la Cámara de Comercio de Armenia para que informen
si la accionante ha tenido alguna relación laboral o contractual con estas
entidades, su cargo, tipo de vinculación, período durante el cual prestó sus
servicios y su remuneración económica.
2.5 Al a quo
para que informe si se pudo constatar el cumplimiento de las órdenes dictadas
en la sentencia proferida el 9 de mayo de 2017. De ser así, se solicitó remitir
copia de todas las actuaciones surtidas.
5.2. Respuesta
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia
43.
El
23 de noviembre de 2017[54],
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia allegó copia del cuaderno que
contiene el incidente de desacato promovido por Luz Adriana Ángel en contra del
Colegio accionado. Dentro de esta actuación, se observa el escrito de 24 de
mayo de 2017, presentado por el Colegio accionado, en el que informa que, en
relación con la joven Britney Catalina, el 17 de mayo anterior se cumplió con
la entrega de los certificados de los grados académicos cursados por la
estudiante. En ese momento, solo hizo falta su diploma de grado del último año,
el cual debe ser impreso nuevamente, dado que debe ser firmado por la nueva
directora de la institución. En relación con Kylie Valeria, la institución
indicó que se cumpliría con la orden de matricularla “una vez el juez de
segunda instancia se pronuncie sobre la impugnación presentada y el mismo
despacho decida confirmar dicha decisión”.
44.
Esto,
por cuanto mediante el auto de 24 de mayo de 2017, el a quo abrió un
incidente de desacato en contra de Claudia Patricia Chaux Rojas, en su
condición de rectora y superiora del Colegio accionado. Además, durante el
término de traslado, esta institución presentó el 1 de junio de 2017 un nuevo
escrito, en el que informó que todos los títulos académicos correspondientes a
la estudiante Britney Catalina ya habían sido entregados. En relación con Kylie
Valeria, el Colegio indicó que su acudiente, Luz Adriana Ángel, “aceptó
recibir la totalidad de los documentos de la estudiante correspondiente a los
certificados de los grados 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, la constancia de comportamiento
y constancia del retiro del SIMAT de la estudiante, a efectos de que la
matricule en otra institución, documentos que aceptó recibir a entera
satisfacción”.
45.
Con
fundamento en las pruebas acopiadas durante el incidente, el 14 de julio de
2017 el a quo declaró en desacato a la rectora y superiora del Colegio
accionado. Adicionalmente, le impuso la sanción de arresto por el término de
cuatro días, así como el pago de una multa equivalente a cuatro salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Esta decisión fue confirmada el 28 de julio
siguiente por el Juzgado Tercero del Circuito, al surtirse el grado
jurisdiccional de consulta.
46.
El
21 de julio de 2017, la directora del Colegio accionado solicitó la revocatoria
del auto que decidió el incidente de desacato. En su escrito señaló que fue la
representante de la menor Kylie Valeria quien manifestó su voluntad de
vincularla en otra institución educativa. Por esta razón, el Colegio hizo
entrega a la accionante de todos los certificados de estudios de la joven y un
informe dirigido al Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas, en
el cual la señora Ángel inició un nuevo proceso de matrícula para su hija. Por
su parte, mediante el escrito del 28 de julio, del mismo modo, Luz Adriana
Ángel le solicitó al a quo la terminación del trámite de tutela y el
levantamiento de las sanciones impuestas en contra de la directora del Colegio
accionado. En razón de lo anterior, mediante el auto de 11 de agosto de 2017,
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia ordenó el levantamiento de la
anterior sanción de desacato.
5.3. Respuesta
del colegio accionado
47.
Por
medio del escrito de 28 de noviembre de 2017[55],
el Colegio informó lo siguiente: (i) el día 31 de mayo de este año, se
entregaron todos los documentos de grado de la estudiante Britney Barragán a su
acudiente; (ii) la estudiante Kylie Barragán actualmente no se encuentra
vinculada a esta institución y la decisión de no renovar su matrícula fue
comunicada a su representante el 5 de febrero de 2017; (iii) el 28 de julio de
2017, se suscribió un nuevo acuerdo de pago con Luz Adriana Ángel Ríos; (iv)
con anterioridad al 4 de abril de 2016, simplemente se requería a la señora
Ángel para que cumpliera con sus obligaciones pendientes de pago; y (v) Luz
Adriana Ángel no informó al Colegio de la ocurrencia de algún hecho
sobreviniente que impidiera el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y tampoco
esta situación fue comunicada a la firma Consutalento S.A.S.
48.
A
dicho memorial, el Colegio adjuntó copia de las resoluciones mediante las
cuales se le concedió licencia de funcionamiento y se reconocieron los ciclos
de educación básica y media prestados en la institución. Igualmente, se aportó
con su escrito, la certificación expedida por la Arquidiócesis de Bogotá que da
cuenta de la existencia de la congregación religiosa de las Hermanas Terciarias
Capuchinas y de la persona natural designada para ejercer su representación
legal, así como la certificación suscrita por la representante de esta orden
religiosa, en la que se señala que la Hermana Claudia Patricia Chaux Rojas
ostenta la condición de rectora y representante del Colegio accionado. Este
escrito es similar al aportado en su momento por la institución educativa con
la contestación de la demanda.
5.4. Respuesta
de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
49.
Por
medio del escrito de 23 de noviembre de 2017[56],
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío informó que Luz Adriana Ángel
estuvo vinculada con esa entidad, mediante un contrato de trabajo a término
indefinido, desde el 22 de septiembre de 1997 hasta el 30 de abril de 2013. Su
retiro obedeció a la decisión voluntaria de la señora Ángel Ríos y para ese
momento desempeñaba el cargo de asesora jurídica, con una remuneración mensual
de $1.639.809.
5.5. Respuesta
de la accionante, señora Luz Adriana Ángel Ríos
50.
Mediante
el escrito de 24 de noviembre de 2017[57],
Luz Adriana Ángel Ríos aportó la siguiente información: (i) el 31 de mayo de
2017, recibió los certificados de los grados aprobados por su hija Britney en
el Colegio accionado; (ii) su hija Britney actualmente cursa un pre-médico en
la Universidad del Quindío; (iii) su hija Kylie no pudo ingresar a una nueva
institución educativa para este año; (iv) el 28 de julio de 2017, se suscribió
un nuevo compromiso de pago con Consutalento; (v) el representante legal de
esta firma ofreció su colaboración para que su hija ingresara en una nueva
institución, a pesar de que aún no cuenta con el paz y salvo del Colegio
accionado; (iii) en relación con el nuevo compromiso de pago ha cancelado las
cuotas pactadas para los meses de julio y octubre de 2017; (iv) el 24 de marzo
de 2015, celebró directamente con la hermana rectora “un acuerdo de pago por
valor de $5.475.670, por las sumas adeudadas de pensiones anteriores al año
2015, acuerdo que se finiquitó porque canceló las mismas”; (v) en el mes de
julio de 2016, informó personalmente al Colegio y a la firma de abogados de su
terminación del contrato de prestación de servicios suscrito con la
Superintendencia de Industria y Comercio; (vi) ejerció como abogada independiente
desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 2 de julio de 2014. Antes de la primera
fecha, no podía litigar debido a su contrato de trabajo y con posterioridad a
esta última fecha, no lo pudo hacer por razones de tiempo. Con este escrito,
aportó copia de los compromisos de pago suscritos en abril de 2016 y julio de
2017, los recibos de los dos pagos realizados este año, el acta de entrega de
los documentos de grado y su certificado de ingresos y retenciones del año
2016.
5.6. Respuesta
de la Superintendencia de Industria y Comercio
51.
El
24 de noviembre de 2017[58],
esta entidad informó que suscribió los siguientes contratos con Luz Adriana
Ángel, cuyo objeto era la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
LA GESTIÓN JURÍDICA DE LAS CASAS DEL CONSUMIDOR, SU REGIÓN Y ZONA DE
INFLUENCIA”, así: (i) contrato No 304 de 2014 suscrito el 3 de julio de
2014 y con fecha de terminación de 31 de diciembre del mismo año. El valor
total del mismo era de $13.200.000; (ii) contrato No 81 de 2015 suscrito el 16
de enero de 2015 y con fecha de terminación de 4 de junio del mismo año. Su
valor era por la suma de $11.000.000; (iii) contrato No 704 de 2015 suscrito el
24 de junio de 2015, el cual finalizó el 31 de diciembre del mismo año. Su
valor era de $15.106.666; y (iv) contrato No 574 de 2016, suscrito el 8 de
febrero de 2016, con fecha de terminación de 30 de junio de 2016 y por un valor
total de $14.466.666.
5.7. Respuesta
de Consutalento S.A.S
52.
El
27 de noviembre de 2017[59],
el representante de Consutalento S.A.S informó que el 28 de julio de 2017 su
firma suscribió un nuevo compromiso de pago con la accionante, que comprendió
todas las obligaciones adeudadas por la señora Ángel Ríos al Colegio accionado
hasta ese momento y reemplazó los compromisos anteriores. Este nuevo acuerdo
fue celebrado por la suma de $9.398.761, que se cancelará en 28 cuotas, a
partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 20 de diciembre de 2019.
5.8. Respuesta
de la Gobernación del Quindío
53.
El
12 de diciembre de 2017[60],
el Director de Talento Humano de esta entidad informó que Luz Adriana Ángel
Ríos fue nombrada, mediante el Decreto 0000824 de 30 de agosto de 2016, “en
el cargo de libre nombramiento y remoción de Jefe de Liquidación y
Fiscalización, Código 006 Grado 01, adscrito a la Secretaría de Hacienda del
Departamento del Quindío, Acta de Posesión No. 538 del 7 de septiembre de 2016,
cargo en el cual sigue en la actualidad (…) Que el tiempo de servicio de la
funcionaria mencionada, es a la fecha, aproximadamente 15 meses, continuando
activa en el mismo, con un sueldo mensual actual de $3.466.000”.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
54.
Esta
Sala de Revisión es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro
del trámite de la referencia. La competencia que se ejerce está prevista en el
inciso 2° del artículo 86 y en el numeral 9° del artículo 241 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas
jurídicos
55.
Habida
cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta actuación, le
corresponde a esta Sala pronunciarse y responder los siguientes problemas
jurídicos, tres de carácter procesal y uno de fondo. Los relacionados con
asuntos procesales son:
55.1. ¿Resulta procedente el ejercicio de la acción de tutela
en este caso?
55.2. ¿Se incurrió en alguna causal de nulidad con la
decisión del ad quem de “inadmitir” el recurso de impugnación
interpuesto por el Colegio accionado y negarse a dar trámite a la segunda
instancia? En tal caso ¿Hay lugar a retrotraer las actuaciones y devolver el
presente asunto al Juez Tercero Civil del Circuito de Armenia?
55.3. ¿La entrega de los títulos académicos correspondientes
a la estudiante Britney Catalina Barragán por parte del Colegio configura una
situación de carencia actual de objeto en relación con estos hechos?
56.
Si bien en la demanda se señaló que varios derechos
fundamentales fueron vulnerados (ver párr. 1), lo cierto es que, según
los hechos y argumentos en que se funda la solicitud de amparo, la contestación
de la entidad demandada, el fallo objeto de revisión, las intervenciones de las
instituciones vinculadas, así como del material probatorio recaudado, la Sala
evidencia que la cuestión a resolver en el caso concreto versa sobre si la
entidad demandada vulneró el derecho a la educación de las hijas de la
accionante. Por esta razón, el problema jurídico relacionado con el fondo del
asunto es el siguiente:
56.1.    ¿El Colegio vulneró el derecho a la educación de la
estudiante Britney Barragán Ángel, al retener sus certificados de estudios por
la mora en el pago de sus obligaciones económicas en favor de la institución, y de Kylie Barragán Ángel, al no renovar su matrícula para el
año lectivo de 2017 por la misma razón?
57.
Para
resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala seguirá la siguiente
metodología. Primero, se estudiarán los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela en este caso, con particular énfasis en las reglas de
procedencia frente a los particulares que prestan el servicio público de
educación. Segundo, se reiterará la jurisprudencia sobre el principio de doble
instancia y el recurso de impugnación en el trámite de la acción de tutela. En
esta sección se analizará el segundo problema jurídico procesal. Tercero, habida
cuenta del aparente cumplimiento del fallo de primera instancia, se revisará la
jurisprudencia constitucional sobre carencia actual de objeto y se determinará
si se configura en el presente caso.
58.
Cuarto,
se presentará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación,
así como las subreglas definidas para resolver las tensiones que se presenten entre
este derecho y el derecho que tienen las instituciones a recibir el pago de los
servicios educativos que prestan. En concreto, se analizarán los casos de
retención de los títulos académicos y la no renovación de la matrícula para el
año lectivo siguiente. Finalmente, con base en los argumentos desarrollados en
las anteriores secciones, esta Sala resolverá el caso concreto.
3. Requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela
59.
De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En
relación con estos últimos, el mismo artículo dispone que la acción de tutela
procede siempre que sean encargados de la prestación de un servicio público,
que afecten grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se
esté en situación de indefensión o subordinación[61]. Finalmente, la acción
de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable.
60.
Los
siguientes son los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela.
3.1. Legitimación en la causa: activa y pasiva
61.
La
acción de tutela debe ser promovida por el titular de los derechos
fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados, sea directamente o por su
representante, por quien actúa a su nombre en calidad de agente oficioso, por
el Defensor del pueblo o el Personero Municipal[62]. Y, a su vez, esta
acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un
particular.
62.
Los
menores de edad pueden interponer la acción de tutela directamente o por
intermedio de sus representantes. Al respecto, el artículo 62 del Código Civil
dispone que los padres ejercerán conjuntamente la patria potestad de sus hijos
menores de 18 años. Por su parte, el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991
prevé, en términos generales, que la “persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales” podrá actuar “por sí misma o a través
de representante”. (Subrayas fuera del texto). De allí que la
jurisprudencia constitucional ha aceptado de manera uniforme que “pueden
los padres como representantes legales acudir directamente ante los jueces en
procura de la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de
los menores, en atención a la prevalencia y a la trascendencia de sus derechos
frente a la Constitución y a la regulación de la acción de tutela (…)”[63].
63.
En
relación con la acción de tutela en contra de particulares, la Sala resalta que
el artículo 86 de la Constitución Política dispone que esta acción procede en
contra de particulares cuando (i) presten un servicio público, (ii) su conducta
afecte grave y directamente un interés colectivo, o (iii) cuando se predique
respecto de ellos la existencia de un estado de indefensión o subordinación.
Por su parte, el artículo 67 constitucional dispone que la educación es “un
servicio público que tiene una función social” y el artículo 42.1 del
Decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela procede en contra de las
actuaciones y omisiones de los particulares, entre otras, “[c]uando
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de educación”.
64.
Lo
anterior se explica dado que la vulneración a los derechos fundamentales no
siempre proviene de las autoridades públicas, por el contrario, “los particulares
como agentes del sector privado pueden, en ocasiones, detentar más poder que
aquél y, en consecuencia, sus acciones u omisiones pueden lesionar derechos que
gocen de la condición de fundamentales”[64].
Es por esto que la acción de tutela “constituye [un] mecanismo
idóneo para controvertir los actos académicos de los establecimientos
educativos en general, pues ‘en un Estado Social de Derecho las
actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los derechos
fundamentales’ (…) Sin embargo, ha dejado claro la jurisprudencia que el juez
constitucional debe respetar la autonomía de los docentes, salvo cuando
advierta un ejercicio arbitrario de la misma, o la violación flagrante de
garantías constitucionales”[65].
65.
Adicionalmente,
la jurisprudencia ha sostenido que una de las hipótesis de subordinación,
entendida como una relación jurídica de dependencia, se configura respecto de “los
estudiantes frente a sus profesores o ante los
directivos del establecimiento al que pertenecen”.[66]
3.1.1 Legitimación
en la causa por activa
66.
En
este caso, la acción de tutela fue ejercida por la representante legal de las
dos estudiantes menores de edad, cuyos derechos fundamentales se alegan como
vulnerados. A la demanda de tutela se adjuntaron los registros civiles de nacimiento
de Britney y Kylie Barragán Ángel, así como el documento de identificación de
su progenitora. Con base en estos documentos, esta Sala constata que Luz
Adriana Ángel Ríos es la madre y, en consecuencia, la representante legal de
las dos menores de edad. Por lo tanto, se cumple con el requisito de
legitimación en la causa por activa.
3.1.2 Legitimación
en la causa por pasiva
67.
En
cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, las pruebas acopiadas en el
expediente evidencian que Britney y Kylie Barragán estudiaron desde el año 2012
hasta el año 2016 en el Colegio accionado y aprobaron, en este último año, los
grados 11º y 9º de educación secundaria, respectivamente. Así lo afirmó Luz
Adriana Ángel en su demanda de tutela y lo reconoció la entidad accionada en su
escrito de contestación de la demanda. Adicionalmente, este vínculo civil y
académico se acredita con las actas de matrícula, los cupos asignados a las
estudiantes para el año 2016, los compromisos de pago suscritos por la señora
Ángel, las comunicaciones enviadas por el Colegio y Consutalento S.A.S a la
accionante en las que se solicita el cumplimiento de sus obligaciones
económicas, los correos electrónicos enviados por la accionante a la directora
del Colegio, entre otros[67].
68.
En
consecuencia, la acción de tutela fue promovida en contra de la institución educativa
que retuvo los certificados de grado de Britney Barragán y se negó a renovar la
matrícula de Kylie Barragán, para el año lectivo siguiente. En estas
condiciones, dado que con las actuaciones y omisiones del Colegio demandado en
el presente asunto se estiman vulnerados los derechos fundamentales de estas
dos jóvenes, se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva.
3.2. Inmediatez
69.
La
acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y
proporcional respecto del momento de la amenaza o de la vulneración de los
derechos fundamentales[68].
En consecuencia, en cada caso, el Juez de tutela “debe
tomar en cuenta las condiciones del accionante, así como las circunstancias que
rodean los hechos para determinar lo que debería considerarse como plazo
razonable. Para ello, debe valorar las pruebas aportadas de acuerdo a los
principios de la sana crítica, con el fin de determinar si hay una causal que
justifique la inactividad del accionante.”[69]
70.
En
el caso concreto, la Sala advierte que las últimas gestiones de cobro,
desarrolladas por Consutalento S.A.S. con la accionante, datan del 3 y 11 de
abril de 2017. En estas fechas, Luz Adriana Ángel manifestó, vía telefónica,
que se acercaría “a la oficina esta semana para realizar pago”[70].
Posteriormente, ella misma, de manera personal, le manifestó a una de las
asesoras de aquella sociedad que envió un “derecho de petición a la
institución educativa a efectos de que le resuelvan su situación financiera y
académica de sus hijas”[71].
71.
Por
su parte, la señora Ángel relató en su demanda de tutela que el “viernes 21
de abril de 2017, la hermana le atendió y esto fue debido a un Derecho de
Petición que interpuse el pasado viernes 7 de abril de 2017”[72]. Y como
resultado de esta reunión, se acercó nuevamente el 24 de abril de 2017 a
Consutalento S.A.S, con el fin de suscribir un acuerdo de pago y matricular a
su hija Kylie Barragán[73].
Este mismo hecho fue reconocido por el Colegio en su escrito de
contestación[74].
72.
La
demanda de tutela fue presentada pocos días después de estas reuniones y
contactos telefónicos, esto es, el 25 de abril de 2017. Por lo tanto, habida
consideración de las diversas actividades que realizaron las partes para que
cesara la pretendida vulneración del derecho a la educación de las menores, esta
Sala advierte que la interposición de la demanda de tutela se realizó dentro de
un término razonable y proporcional y, por lo tanto, se cumple también con el
requisito de inmediatez.
3.3
.    Subsidiariedad
73.
La
acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, idóneo y eficaz, para la protección de sus derechos
fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza como
mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
El carácter subsidiario de esta acción “impone
al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en
marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.”[75]
74.
Por
regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que no existe otro medio de
defensa judicial para resolver los conflictos que puedan surgir entre los
derechos del estudiante y los derechos de las instituciones educativas y, por
lo tanto, la acción de tutela resulta procedente en estos casos. En particular,
la procedencia de la acción de tutela resulta manifiesta en las solicitudes de
amparo del derecho a la educación en casos de retención de títulos y documentos
académicos, así como de permanencia o retiro de los estudiantes del plantel
educativo. En estos escenarios, habida cuenta de la condición de las entidades
demandadas, de la naturaleza de los derechos en colisión, del objeto del
litigio y de la solicitud de amparo, la acción de tutela es el mecanismo idóneo
de defensa judicial[76].
75.
Ahora
bien,
habida cuenta de la doble dimensión, académica y financiera[77], del contrato de
prestación de servicios educativos suscrito entre las instituciones educativas
y los padres, los acudientes o los estudiantes, si entre las partes surgen
controversias de naturaleza eminentemente contractual o económicas, lo cierto
es que el ordenamiento jurídico prevé distintas acciones legales –por
ejemplo, la acción ejecutiva-, propias de la jurisdicción ordinaria, para
resolver estas diferencias. En consecuencia,
los litigios relacionados con las obligaciones económicas propias de la
relación entre padres, acudientes y el Colegio deben tramitarse ante la jurisdicción
ordinaria.
76.
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala advierte que la presente
acción de tutela supera el examen de subsidiariedad. Dado que no se discute el
alcance, el contenido o la exigibilidad de las obligaciones económicas
derivadas de los actos de matrícula de las estudiantes, lo pretendido por la
accionante se ajusta al objeto y finalidad de la acción de tutela. En efecto,
como se indicó en la demanda de tutela, las decisiones del Colegio de no
renovar la matrícula para el siguiente año lectivo de una estudiante, y de
retener los documentos de grado de otra, presuntamente han vulnerado el derecho
a la educación y conexos de las dos menores de edad. Precisamente, para este
tipo de controversias, relacionadas con presuntas amenazas o vulneraciones del
derecho a la educación, resulta procedente la acción de tutela.
4. Principio de la
doble instancia e impugnación del fallo de tutela
77.
El
principio de la doble instancia es un elemento fundamental del derecho al
debido proceso. Dicho principio se materializa, principalmente, mediante el
recurso de apelación o de impugnación, toda vez que permite la controversia de
una decisión judicial por parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable,
para que sea revisada por parte del superior jerárquico. Por su relevancia e
intrínseca relación con el debido proceso, la Corte le ha reconocido a la doble
instancia una triple condición: derecho, garantía y principio[78].
78.
Ante
la importancia del principio de doble instancia, y de otros derechos que se
garantizan mediante la interposición de los recursos legales, como los de contradicción,
defensa y debido proceso, el juez “deberá adelantar
las actuaciones necesarias a fin de que el recurrente incorpore al proceso
aquello que la autoridad judicial respectiva considere necesario para poder
resolver de fondo el recurso interpuesto”[79].
Es
decir, para asegurar la efectividad de estos derechos fundamentales, si el juez
tiene alguna duda acerca, por ejemplo, de la legitimidad del recurrente o de la
procedencia del recurso, debe desarrollar todas las actividades que le permitan
superar la incertidumbre y dar trámite a la respectiva instancia procesal.
79.
El
artículo 86 de la Constitución Política prevé el recurso de impugnación del
fallo de tutela ante el Juez competente. Igualmente, los artículos 31[80] y 32[81] del Decreto 2591 de
1991 disponen, en su orden, el término otorgado por la ley para impugnar el
fallo de tutela –durante los tres días siguientes a la notificación–, los
legitimados para hacerlo y el trámite que deberá seguirse[82]. Con fundamento en las
anteriores disposiciones y la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha
sostenido que, prima facie, los requisitos que debe verificar el juez para
resolver la impugnación, son los relativos a la interposición del recurso
dentro de la oportunidad legal[83]
y la legitimación en la causa del recurrente[84].
80.
En
consecuencia, cuando se pretermite la segunda instancia por motivos distintos
de los anteriores o se rechaza la impugnación solo con base en criterios
formalistas que no tienen fundamento en el Decreto 2591 de 1991, inicialmente debe
decretarse la nulidad de la actuación. Así lo dispone el artículo 4 del Decreto
306 de 1992, que, para la interpretación de las disposiciones contenidas en el
Decreto 2591 de 1991, remite a “los principios
generales del Código de Procedimiento Civil” (hoy, Código
General del Proceso). En particular, en aplicación del
artículo 133.2 del Código General del Proceso, prima facie, debe
declararse la nulidad del proceso cuando se pretermita íntegramente la
respectiva instancia.
81.
En
el caso concreto, mediante el Auto de 2 de junio de 2017, el Juzgado Tercero
del Circuito dispuso “INADMITIR” la impugnación presentada a nombre del
Colegio accionado, debido a que su directora y representante, la Hermana
Superiora Claudia Patricia Chaux Rojas no allegó los documentos que demuestran
la calidad en la que actúa, no obstante que afirmó que dicha representación “es
otorgada por la Hermana HERLINDA INES MAESTRE GAMEZ, quien dice actuar
en calidad de superiora provincial de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la
sagrada familia provincias sagrado corazón de Jesús, en Bogotá-Colombia, no se
no (sic) allegan los documentos que prueben la calidad en que esta actúa”. Por
esta razón, el ad quem se abstuvo de dar trámite a dicha impugnación y,
de contera, pretermitió la segunda instancia.
82.
En
criterio de esta Sala, con esta decisión (i) se desconoció el acervo probatorio
obrante en el expediente, y (ii) se conculcaron los principios de informalidad,
oficiosidad y de segunda instancia en este trámite. Primero, en la demanda de
tutela se indicó que fueron las actuaciones y decisiones adoptadas por la
Hermana Superiora Claudia Patricia Chaux Rojas, las que materializaron la
vulneración del derecho a la educación de las estudiantes Britney y Kylie
Barragán. Incluso, la propia accionante identificó a la hermana Chaux como la
rectora y representante legal de la institución accionada[85].
83.
Adicionalmente,
con su escrito de contestación, la hermana Chaux aportó una certificación
expedida por la Hermana Provincial de la Orden Religiosa de las Hermanas
Terciarias Capuchinas[86],
en la que se da cuenta de su condición de rectora y representante legal del
Colegio accionado. Téngase en cuenta que, en el manual de convivencia de la
institución, se indica que el Colegio es de propiedad de esta congregación
religiosa[87].
Los anteriores documentos fueron aceptados como pruebas por el a quo y
motivaron el reconocimiento de la Hermana Chaux Rojas como la directora y
representante del Colegio y, posteriormente, a su apoderada[88], con el fin de que
participara en las declaraciones recibidas el 8 de mayo de 2017, dentro de este
trámite de tutela.
84.
Los
mismos documentos fueron empleados para acreditar la condición de rectora y
representante legal de la Hermana Superiora Chaux Rojas en la apertura del
incidente de desacato y el requerimiento realizado que se le realizó en su
condición de rectora. Es más, en el grado de consulta de la decisión
sancionatoria del incidente de desacato, el mismo Juzgado Tercero del Circuito
no realizó ninguna observación en relación con la legitimidad de la Hermana
Chaux Rojas para actuar dentro del trámite, a pesar de que la certificación
expedida por la hermana provincial de la orden religiosa era la misma que, en
su momento, descartó para dar curso a la impugnación.
85.
Segundo,
la decisión de inadmitir la impugnación interpuesta por la hermana Chaux en
contra de la sentencia de primera instancia conculcó los principios de
informalidad, de oficiosidad y de segunda instancia en el asunto sub judice.
En efecto, a partir de una interpretación limitada y sesgada del acervo
probatorio, el ad quem exigió documentos y certificaciones que ya
obraban en el expediente, y que, en caso contrario, esto es, de no obrar, ha
debido, en ejercicio de sus facultades oficiosas, allegar al proceso. Por el
contrario, con la decisión de inadmitir el recurso de impugnación hizo
nugatorio el derecho a la segunda instancia del sujeto procesal en contra de
quien se profirió la sentencia recurrida y quien, con posterioridad, fue
sancionada en el incidente de desacato.
86.
Dado
lo anterior, y en atención a lo señalado en el párr. 78 de esta
providencia, en el asunto sub judice se incurrió en la causal de nulidad
prevista en el artículo 133.2 del Código General del Proceso. No obstante, lo
cierto es que, en atención al principio de protección efectiva de los derechos
fundamentales, y, en aras de evitar dilaciones en la resolución del caso, esta
Sala se pronunciará de fondo en el presente asunto. Al respecto, lo cierto es
que, ante diversas hipótesis de nulidad acaecidas en los trámites de instancia,
la Corte ha señalado que hay lugar a que la Corte resuelva de fondo el asunto siempre
que “retrotraer todas las actuaciones y devolver el expediente al
juez de primera instancia afecte desproporcionadamente los derechos
fundamentales”[89].
87.
En
este sentido, en los Autos 113 de 2012[90]
y 271 de 2002[91],
la Corte señaló que, frente a nulidades procesales, podría proferir decisiones
de fondo siempre que la declaratoria de las mismas, así como la consiguiente
orden de retrotraer las actuaciones, desencadenen graves lesiones a los
derechos fundamentales que se pretendían amparar. Es más, en la sentencia T-661
de 2014, la Corte decidió que, si bien en principio resulta procedente declarar
la nulidad por la pretermisión de la impugnación, emitiría una decisión de
fondo, habida cuenta de la urgencia constitucional de amparar los derechos de
la accionante.
88.
En
dicha providencia, la Corte señaló que si bien la revisión eventual de la Corte
Constitucional no reemplaza la impugnación, “los
jueces constitucionales no pueden ser indolentes frente a los déficits de
justicia material, máxime cuando esa indiferencia significa permitir que la
eventual sentencia quede en el vacío, pues no habrá nada que hacer con relación
a los derechos de la petente, cuando se culminé el presente año. Declarar la
nulidad del caso lleva a que la joven Méndez Niño quede sin derechos, es decir,
en un estado más allá de una desprotección de sus garantías esenciales.”
89.
Pues
bien, en el asunto sub judice, la Corte advierte la configuración de la
urgencia constitucional ex ante de protección del derecho a la educación
de las demandantes, ambas menores de edad. En efecto, según se relató en el
texto de la demanda y se confirmó con las pruebas allegadas en sede de
revisión, las menores demandantes no continuaron su proceso educativo formal
durante el presente año. A la fecha de esta decisión, según el dicho de su
madre, su hija mayor no ha accedido a la educación superior –cursa un
pre-universitario-, y la menor no ha podido continuar con su educación media.
Por lo tanto, en aras proferir una decisión de fondo que, de haber lugar a
ello, conjure la presunta vulneración de su derecho a la educación y con ello
evite que, de configurarse, continúe en el tiempo, la Corte emitirá una
decisión de fondo en el presente asunto. En todo caso, el carácter ex ante
de dicha urgencia constitucional deja a salvo la competencia de la Corte para
analizar si, en el presente asunto, se configura o no la presunta vulneración
alegada por las demandantes.
90.
Además,
lo cierto es que la orden de retrotraer el proceso al trámite de segunda
instancia solo generaría una prolongación injustificada de la actuación que
amenazaría el acceso efectivo a la administración de justicia, dado que las
partes aún tendrían que esperar un lapso significativo para obtener una solución
al conflicto que suscitó el ejercicio de la presente acción de tutela. En estos
términos, decretar la nulidad en la presente actuación devendría en una
dilación injustificada en la toma de la decisión judicial de fondo y definitiva
del presente asunto, contraria por completo a la protección, pronta, eficiente
y oportuna, de derechos fundamentales pretendida mediante el amparo.
91.
En
el caso concreto, habida cuenta de las actuaciones desarrolladas por esta Sala
en sede revisión, la accionante y el accionado, así como las demás autoridades
vinculadas, han tenido la oportunidad de ejercer - y así lo han hecho-
sus derechos procesales a plenitud. Por lo demás, en esta sede, se tendrán en
cuenta los argumentos expuestos por el Colegio en su escrito de impugnación.
Con todo, la irregularidad procesal acaecida en este trámite con ocasión de la
indebida “inadmisión” del recurso de impugnación ha cesado sus efectos
respecto del debido proceso. Por lo tanto, además de inconveniente para la
protección célere y oportuna de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, devendría superfluo e inocuo que esta Sala se abstuviera de emitir
pronunciamiento de fondo en el presente asunto.
92.
Dado
lo anterior, la Sala continuará con su análisis de conformidad con la
metodología trazada en el párr. 57.
5. Carencia
actual de objeto
93.
La
jurisprudencia constitucional ha entendido que el hecho superado tiene lugar
cuando desaparece la afectación al derecho fundamental cuya protección se
solicita y se satisfacen las pretensiones del accionante[92].  En estas
condiciones, “la acción de tutela pierde eficacia e
inmediatez y, por ende su justificación constitucional”[93]. Esta
circunstancia puede ser consecuencia de “la observancia de las pretensiones
del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor”[94],
lo cual acaece entre la interposición de la acción de tutela y la decisión
del juez constitucional[95].
94.
En
pronunciamientos recientes, se ha estimado que la hipótesis de carencia actual
de objeto por hecho superado se configura “cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por
completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir, que por
razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la
causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario”[96].
(Subrayas fuera del texto).
95.
En
este caso, de un lado, se verificó que el Colegio entregó los títulos
académicos de la estudiante Britney Barragán, en cumplimiento de la sentencia
de primera instancia. No obstante, dicha entrega de los documentos devino como
consecuencia de la orden judicial del a quo; es más, la entrega de estos
documentos solo se realizó tras el incidente de desacato promovido en contra de
la Hermana Superiora Chaux Rojas. Inconforme con la orden del fallo de tutela,
la rectora interpuso el recurso de impugnación, el cual fue indebidamente
inadmitido, tal como se señaló párrafos atrás. En tales términos, a pesar del
cumplimiento de la orden, difícilmente se podría sostener que, en relación con
la solicitud de amparo en favor de la estudiante Britney Barragán, se ha superado
el interés litigioso de ambas partes.
96.
De
otro lado, lo cierto es que, tal como está acreditado en el expediente, la
estudiante Kylie Barragán no ha sido admitida en el Colegio accionado de nuevo
y, según la demandante, este año no atiende institución educativa alguna. Por
lo tanto, de presentarse vulneración alguna de su derecho a la educación, la
intervención judicial conserva vigencia y devendría oportuna: no caería en
el vacío. En tales términos, el litigio en favor de la estudiante Kylie
Barragán tampoco se ha superado, conserva actualidad y, por lo tanto, demanda
un pronunciamiento judicial de fondo.
97.
Dado
lo anterior, en relación con ninguna de las dos pretensiones de amparo se
advierte litigio superado alguno. Por lo tanto, no es posible declarar en este
caso la carencia actual de objeto. En su lugar, resulta procedente que esta
Sala resuelva de fondo el problema jurídico sustancial del presente asunto.
6. Derecho a la
Educación. Reiteración de jurisprudencia
98.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la
educación tiene una doble condición: derecho fundamental y servicio
público[97].
Su naturaleza de derecho fundamental está reconocida en los ordenamientos
internacional[98]
y doméstico[99].
En ambos ámbitos su reconocimiento como derecho fundamental se explica por su
estrecho vínculo con “la esencia del hombre”[100]
y por su intrínseca relación con la dignidad humana, así como con otros
derechos fundamentales como la igualdad y el libre desarrollo de la
personalidad, entre otros. Así mismo, su naturaleza iusfundamental se
justifica en el especial rol de la educación en el proceso de formación
integral de una persona, toda vez que proporciona las herramientas necesarias
que contribuyen a la realización personal y profesional del individuo, así como
a su integración efectiva en la sociedad[101].
99.
La
educación también es un servicio público con una especial función social, el
cual debe cumplir, por lo menos, con las garantías de asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. La asequibilidad alude “a la
satisfacción de la demanda educativa por dos vías: impulsando la oferta pública
y facilitando la creación de instituciones educativas privadas”[102]. La
accesibilidad, por su parte, “protege el derecho individual de ingresar al
sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la
eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el
acceso al mismo”[103].
La adaptabilidad implica que el servicio de educación debe prestarse de
manera tal que se “se adapte a las necesidades de los alumnos, valorando el
contexto social y cultural en que se desenvuelven, con miras a evitar la
deserción escolar”[104].
Finalmente, la aceptabilidad conlleva que los programas académicos y los
métodos de estudio sean aceptables, “pertinentes, adecuados culturalmente y
de buena calidad”[105].
100.
El derecho a la educación comprende, entre otros, el acceso y
la permanencia en el sistema educativo. El ejercicio de estos derechos está
sujeto a ciertos límites, que se desprenden de la “cobertura del sector
educativo”[106], del cumplimiento de
los deberes académicos o disciplinarios, entre otros. En relación con la faceta
de permanencia en el sistema educativo, la Corte ha determinado que
“[d]esde el punto de vista académico, el educando tiene derecho a recibir
normalmente las clases, a exigir una calidad en la educación, y en general a
estudiar en un medio apto para su formación integral”[107].
101.
La misma Corte ha señalado que es posible excluir a un
estudiante del sistema educativo con base en situaciones de naturaleza
académica, disciplinaria o, en general, por razones objetivas, que deberán ser
analizadas a partir de las normas previstas en el reglamento o manual de
convivencia del establecimiento educativo[108]. En este sentido, la educación
“no sólo representa beneficios para el alumno sino también
responsabilidades”[109].
Esto permite advertir que no solo el Colegio tiene
obligaciones y deberes que cumplir en razón del contrato de prestación de
servicios educativos, sino que surgen
“obligaciones
correlativas para todos y cada uno de los actores del proceso educativo”[110].
102.
Estas facultades y obligaciones recíprocas entre el Colegio,
el estudiante, sus familiares o acudientes, y el Estado, revelan la doble
condición del derecho fundamental a la educación, es decir, su naturaleza de derecho-deber.
Así, el establecimiento educativo debe
prestar una educación de calidad, cumplir cabalmente con las obligaciones
académicas y civiles que se desprenden del contrato de prestación de servicios
y definir con claridad las normas que regularán sus relaciones con los alumnos.
El estudiante, quien es, en estricto sentido, el beneficiario del servicio de
educación, debe colaborar activamente en su proceso de formación integral. Así
mismo, debe acatar los deberes y obligaciones definidos autónamente por las
instituciones educativas –aunque sujetas a la Constitución y a la Ley–. Los padres o acudientes deben respetar las disposiciones
fijadas por los establecimientos educativos y, de escoger una enseñanza
privada, deberán asumir todos los costos que se desprenden del contrato
educativo. Por último, el Estado también desempeña un rol específico en el marco del sistema educativo, para lo cual asume
directamente o autoriza a particulares para que presten dicho servicio público,
y ejerce funciones de inspección, vigilancia y control en su prestación.
103.
Tales derechos de acceso y permanencia en la educación resultan,
en ocasiones, comprometidos con las decisiones de los establecimientos
educativos relativas a la retención de los títulos académicos y al retiro de
estudiantes o a la interrupción de sus clases. Justamente estas hipótesis son
objeto del asunto sub judice, por lo cual se abordará a continuación con
el propósito de resolver el problema jurídico sustancial.
6.1.
Retención de documentos de grado
104.
La jurisprudencia constitucional sobre retención de títulos
académicos se puede clasificar en dos etapas. En la primera etapa, comprendida
entre los años 1992 a 1999, con fundamento en el derecho a la educación, la
Corte, de manera generalizada, ordenaba la entrega de los títulos académicos
retenidos por parte del Colegio en razón del incumplimiento de las obligaciones
económicas en su favor[111].
En una segunda etapa, que inició con la sentencia SU-624 de 1999 y que continúa
vigente, se ha modulado la anterior subregla, y se han definido dos condiciones
para que proceda el amparo del derecho a la educación en estos casos. Estas
condiciones son: (i) que el accionante demuestre la imposibilidad real de pago
y (ii) que acredite su intención de honrar y cumplir con las obligaciones
económicas a su cargo. Con recientes fallos, esta subregla se ha complementado
y ajustado[112].
105.
A partir de la sentencia SU-624 de 1999, la Corte advirtió que,
con ocasión de la jurisprudencia constitucional de la primera etapa, los padres
de familia y acudientes en ocasiones invocaban la protección reforzada
reconocida al derecho a la educación para evadir el cumplimiento de los
compromisos económicos a su cargo[113].
En dicha sentencia, la Corte señaló que lo que “jurisprudencialmente está
garantizado es la educación y no el dolo directo y malicioso de quien teniendo
cómo pagar se torna incumplido. Ese aprovechamiento grave y escandaloso, a
conciencia, se torna en anómalo y es inadmisible porque le ocasiona a otro un
daño injustificado”[114]. Por lo tanto, la Corte
concluyó que, para evitar la promoción de la “cultura del no pago”[115],
en estos casos excepcionales, la decisión del Colegio de no renovar la
matrícula de sus estudiantes y de retener sus documentos académicos resulta
justificada.
106.
Dado lo anterior, en cada caso debe analizarse si el padre de
familia puede atender o no sus obligaciones económicas y si pretende hacer “de
la tutela una disculpa para su incumplimiento”[116].
Por lo tanto, para que sea amparada su solicitud de entrega de los documentos y
títulos académicos retenidos por el incumplimiento de sus obligaciones
económicas, el responsable o acudiente del estudiante deberá demostrarle al
juez que: (i) sufrió una imposibilidad sobreviniente que hace razonable el
incumplimiento del pago de los emolumentos educativos, y (ii) está
adoptando las medidas necesarias para “cancelar lo debido (como sería por
ejemplo acudir al ICETEX para obtener préstamo)”[117].
107.
Además de esta subregla, en algunas sentencias se han tenido
en cuenta otros elementos de juicio adicionales, con el fin de determinar la
existencia de una verdadera imposibilidad de pago[118].
Por ejemplo, en ciertos fallos se verificó si la situación de imposibilidad se
fundamentó en una justa causa y si el deudor adelantó “gestiones dirigidas a
lograr un acuerdo de pago o el cumplimiento de la obligación dentro del ámbito
de sus posibilidades”[119]. En otras[120],
se constató, adicionalmente, “que el deudor haya intentado gestionar ante
entidad de carácter estatal o privada la solicitud de crédito para dar cabal
cumplimiento a sus obligaciones”[121]. Además, en algunos
casos, la Corte ha condicionado la protección del derecho a la educación a la
suscripción de un nuevo acuerdo de pago o, en otros, ha amparado este derecho
tras verificar que la institución educativa tiene reales posibilidades de
perseguir judicialmente el pago de sus obligaciones, sea por la constitución de
alguna garantía o la cesión de su cartera a un tercero, entre otras
posibilidades[122].
108.
En concordancia con esta jurisprudencia, se han expedido,
entre otras, la Ley 1650 de 2013 y las Resoluciones 15883 de 2015 y
18904 de 2016 del Ministerio de Educación. En esta normativa se dispone una
prohibición general para los establecimientos educativos de retener los
certificados y documentos de un estudiante “por no encontrarse el interesado
a paz y salvo en sus obligaciones con la institución”. Sin embargo, se prevé
que la anterior prohibición solo es predicable frente a una comprobada imposibilidad
de pago, derivada de una justa causa.
109.
En este sentido, el parágrafo primero del artículo
2 de la Ley 1650 de 2013 dispuso que el interesado en que, pese a su
incumplimiento con las obligaciones económicas, se le entreguen los documentos
académicos retenidos por la institución, deberá: “1. Demostrar que haya
ocurrido un hecho que con justa causa afecte económicamente al interesado o a
los miembros responsables de su manutención. 2. Probar la ocurrencia del hecho
por cualquier medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo
suficientemente conducente, adecuada y pertinente. 3. Que el responsable del
pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias para lograr el
cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva institución”.
110.
Al
respecto, la Corte ha señalado que la aplicación de estas normativas no puede
implicar la instrumentalización de la educación con el fin de obtener el pago
de una deuda[123].
Por lo tanto, “la aplicación de las referidas normas debe ajustarse a las
reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional y, a su vez, a la
prohibición de interrumpir el derecho a la educación de los niños, en los
términos de la regla establecida en el inciso 3º del artículo 67 de la
Constitución que dispone lo siguiente: ‘El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica’”[124].
111.
En conclusión, en los casos de retención de títulos y
documentos académicos por el no pago de obligaciones económicas, el
representante del estudiante debe demostrar lo siguiente para que proceda el
amparo del derecho a la educación: (i) que, como consecuencia de un hecho
sobreviniente y constitutivo de justa causa, estuvo en imposibilidad de honrar
sus obligaciones financieras; y (ii) que hizo todo lo razonablemente posible
para cumplirlas, lo que incluye, por ejemplo, la suscripción de un acuerdo de
pago. Por el contrario, si se advierte que la acción de tutela ha sido
utilizada para evadir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias
adquiridas con la institución, no procederá la protección constitucional.
Pese al incumplimiento de las
obligaciones económicas, procede la orden de entrega de los títulos
académicos al estudiante siempre que esté acreditado:
1
Que el incumplimiento de las
obligaciones económicas se presentó como consecuencia de un hecho
sobreviniente, constitutivo de justa causa.
2
Que el estudiante,
sus padres y acudientes, tienen voluntad real de pagar las obligaciones
adquiridas.
112.
En relación con el primer requisito, esta Corte ha entendido
que: (i) se trata de un hecho que afecta económicamente los proveedores de la
familia, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, la quiebra de la
empresa, entre otras[125];
(ii) que constituya una circunstancia adversa que impidan el pago[126];
(iii) que implique ausencia de recursos económicos[127];
y (iv) que tengan fundamento en una justa causa[128].
En ocasiones, se ha concluido que dicho requisito implica (v) que se hubiere
demostrado, o por lo menos afirmado, que el incumplimiento devino por un suceso
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito[129]. Por supuesto que la justa
causa exigida por la jurisprudencia constitucional para estos casos no se
equipara al fenómeno de la causa extraña, aunque los supuestos de la segunda
puedan configurar hipótesis concretas de la primera.
113.
En relación con el segundo requisito, la Corte ha reiterado
que es necesario acreditar que: (i) se realizaron los pasos necesarios para
cancelar lo debido, como la solicitud de un crédito[130];
(ii) no se trata de una situación de renuencia del pago o mala fe, enderezada a
obtener un aprovechamiento de la jurisprudencia[131];
y (iii) se suscribió algún título valor a favor de la institución educativa o se
buscó algún acuerdo de pago[132].
6.2.
Retiro del estudiante y cancelación del cupo
114.
La Corte también tiene jurisprudencia decantada en relación
con el amparo del derecho a la educación de los estudiantes ante decisiones de
retiro del plantel educativo, cancelación del cupo o no renovación de matrícula
para el año lectivo. Ante el incumplimiento de las obligaciones económicas por
parte de los padres o acudientes de un estudiante, la Corte ha distinguido dos
hipótesis. Primero, el colegio no puede interrumpir abruptamente el desarrollo
del año lectivo de un estudiante, por lo que no puede retirarlo o cancelar su
cupo durante el desarrollo del correspondiente grado académico, debido a que
ello implica una afectación grave al desarrollo integral de una persona, más
cuando ocurre por razones distintas a las académicas.
115.
Segundo,
ante el incumplimiento de las obligaciones económicas a favor del Colegio, la
cancelación o la no renovación de matrícula de un estudiante es una decisión “completamente válida y legítima”[133]
siempre que se produzca al finalizar el
año lectivo[134].
En efecto, de persistir el incumplimiento con las obligaciones económicas a su
favor, el Colegio podrá determinar, válidamente, si mantiene el vínculo
contractual y académico con el estudiante para el grado siguiente o decide
terminarlo. Al respecto, la Corte ha reiterado de manera uniforme que “[o]bligar
a recibir indefinidamente un estudiante a un plantel educativo es desconocer
que existen otras personas que concurren al cumplimiento de esta garantía
constitucional”[135].
116.
Estas subreglas se definieron desde los primeros años de la
jurisprudencia constitucional[136]
y se recogió en la sentencia SU-624 de 1999. De acuerdo con este último pronunciamiento,
esta solución concilia los derechos del estudiante y del establecimiento
educativo en conflicto, toda vez que no significa que “los padres de familia
tengan vía libre para ser morosos, sino que el niño que ha quedado matriculado
para determinado año no puede ser retirado por la culpa voluntaria o
involuntaria de sus padres que incurren en mora. Por supuesto que el colegio no
está obligado a matricularlo al año siguiente y, además, el Ministerio de
Educación debe controlar que no se engañe al colegio afectado permitiéndose que
al siguiente año se matricule el alumno sin paz y salvo en otra institución
privada”[137].
117.
En
suma, en materia de cancelación de cupo académico y retiro del estudiante del
plantel educativo por el incumplimiento de las obligaciones económicas en favor
de este último, la Corte ha desarrollado las siguientes subreglas:
La
decisión de cancelación del cupo académico, retiro del estudiante y no
renovación de la matrícula:
1
No procede antes de que culmine el
año lectivo; está proscrita la interrupción abrupta o el retiro de las clases
del estudiante por el incumplimiento de las obligaciones económicas derivadas
del contrato de servicios educativos.
2
Procede, y es una
decisión válida y legítima de la institución, al finalizar el periodo lectivo
correspondiente, de persistir el incumplimiento de las obligaciones
económicas en favor del Colegio.
7.
Caso concreto
118.
De
acuerdo con los anteriores fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos, esta
Sala resolverá el problema jurídico de fondo formulado en este caso, así:
7.1. Retención
de documentos de grado de la estudiante Britney Barragán
119.
En
su demanda, la accionante solicitó que se ordenara al Colegio la entrega de los
documentos de grado de su hija Britney Barragán Ángel, los cuales le fueron
retenidos después de la culminación de sus estudios de básica y media
secundaria. Señaló que la retención de esos documentos vulnera los derechos
fundamentales de su hija, en particular, la educación (ver
párr. 56).
Por su parte, en su escrito de contestación, el Colegio señaló que la retención
de estos documentos se fundaba en que la actora ha incumplido con el pago de
las obligaciones económicas a su cargo y a favor del Colegio, por concepto de
la educación de su hija.
120.
En
el fallo de primera instancia se amparó el derecho fundamental a la educación
de la estudiante Britney Barragán y se ordenó la entrega inmediata de todos los
certificados de notas y documentos de grado. El fundamento del a quo fue
el siguiente: “[E]l actuar de la madre de las demandantes no ha sido evasivo
sino conciliatorio en la medida de sus capacidades y por ello la institución
educativa al retener los documentos de grado coacciona ilegítimamente a la
madre y a la estudiante para el pago de una obligación económica para la cual
dispone de las garantías documentales y de las acciones judiciales
correspondientes (…)”[138].
121.
Como
se indicó en el párr. 111, ante el incumplimiento de las obligaciones
económicas, la protección constitucional de la educación en materia de entrega
de documentos y títulos académicos por parte de la institución educativa, exige
que la accionante demuestre dos elementos: (i) la imposibilidad sobreviniente
de pagar, que sea constitutiva de justa causa, y (ii) la intención de honrar las
obligaciones económicas, derivadas del contrato de prestación de servicios
educativos. Como se expondrá a continuación, la accionante no los acreditó. Por
el contrario, estos elementos están desvirtuados con el acervo probatorio
recaudado.
122.
La
accionante manifestó que es la única persona que vela por el bienestar y
sostenimiento de sus hijas menores de edad y para ello destina los honorarios
que recibe de su ejercicio profesional como abogada litigante[139] y de otros contratos
suscritos con diversas entidades públicas y privadas. Adicionalmente, señaló
que la mora en el pago de las pensiones de los años 2015 y 2016 a favor del
Colegio obedeció a la terminación del contrato de prestación de servicios
profesionales que ella había suscrito con la Casa del Consumidor, lo cual ocurrió
el 30 de junio de 2016.
123.
Inicialmente,
debe destacarse que el Colegio acreditó que en los años 2013 y 2014 la
accionante también incurrió en sendas situaciones de mora en las pensiones
causadas durante esos períodos. En efecto, el Colegio aportó una comunicación
de 17 de julio de 2013, dirigida a la accionante, mediante la cual se le requirió
para que normalizara el pago de las pensiones acumuladas desde el mes de
febrero de ese año[140].
Igualmente, aportó la copia de los pagarés suscritos el 20 de enero de 2014,
así como de otros títulos valores firmados en los meses de enero de 2015, abril
y mayo de 2016[141],
así como de una comunicación de “cobro pre jurídico” de 15 de septiembre
de 2015 enviada por Consutalento S.A.S a la señora Ángel Ríos[142].
124.
Contrario
a lo afirmado por la accionante, estas pruebas acreditan que el incumplimiento
de sus obligaciones económicas a favor del Colegio no obedeció a un hecho
sobreviniente acaecido a mediados del año 2016, derivado de la terminación de
su contrato de prestación de servicios. Por el contrario, dicho incumplimiento
se muestra reiterado en el tiempo, a tal punto que inició un año después del
ingreso de sus dos hijas al Colegio accionado, en el año 2012, y permaneció
hasta el año 2016, con un saldo acumulado a favor del Colegio por valor de
$9.398.761, como lo refleja el compromiso de pago suscrito entre Consutalento S.A.S.
y Luz Adriana Ángel el 28 de julio de 2017.
125.
Por
su parte, la accionante no allegó prueba alguna que acreditara la imposibilidad
sobreviniente de efectuar el pago de las obligaciones académicas a favor de la
institución. Sin embargo, con el material probatorio recaudado, especialmente
en Sede de Revisión, se acreditó que ella ha estado vinculada con las
siguientes entidades, así: (i) entre el 22 de septiembre de 1997 y 30 de abril
de 2013, la accionante tenía un contrato de trabajo a término indefinido con la
Cámara de Comercio de Armenia y su último cargo fue el de asesora jurídica. Su
remuneración, para este momento, era de $1.639.809, más prestaciones legales; (ii)
entre el 3 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2016, celebró sucesivos
contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con la
Superintendencia de Industria y Comercio, para apoyar la gestión jurídica de
las casas del consumidor de Armenia. Su último contrato fue suscrito el 8 de
febrero de 2016, con fecha de terminación de 30 de junio de 2016 y por un valor
total de $12.466.666; y (iii) desde el 7 de septiembre de 2016 a la fecha, se desempeña
en el cargo de Jefe de Fiscalización y Liquidación de la Secretaría de Hacienda
del departamento del Quindío. Su asignación mensual para el año 2017 era por la
suma de $3.466.000. Además, según su propio dicho, ha ejercido la profesión de
manera independiente como abogada litigante.
126.
Finalmente,
a pesar de que la accionante afirmó en su demanda que “fueron varios meses
sin ingreso alguno”[143],
se constata con las certificaciones anteriores que solo estuvo cesante
durante un período breve, esto es, de poco más de dos meses, como ella
finalmente lo reconoce en su escrito de 24 de noviembre de 2017 dirigido a la
Corte[144].
Ahora bien, dado el carácter liberal de su profesión, según su propio dicho, se
ha dedicado a actividades profesionales independientes como litigio. Con todo,
lo cierto es que no está acreditado y, por el contrario, está desvirtuado que
la accionante hubiere afrontado una imposibilidad sobreviniente, que constituya
justa causa, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones económicas a
favor del Colegio. Con esto basta para que no prospere su solicitud de amparo
en relación con la entrega de los documentos retenidos.
127.
En
gracia de discusión de haberse acreditado dicha imposibilidad, lo cierto es que
no se acreditó la intención de la accionante de honrar las obligaciones
económicas a su cargo. Al respecto, Consutalento S.A.S informó que durante los
meses de octubre a diciembre de 2015 inició las gestiones de cobranza con la
accionante, “sin obtener resultados positivos”[145]. Posteriormente,
debido a la suscripción de los dos compromisos de pago del 4 de abril de 2016 y
al incumplimiento de los términos del acuerdo, “ya que solamente cubrió de
forma parcial y en fechas diferentes las cuotas que ella mismo fijó”[146], nuevamente
se retomó el contacto con la accionante para obtener el pago de sus
obligaciones.[147].
128.
En
el detalle de esas conversaciones, Consutalento S.A.S anotó, por ejemplo, que “[n]o
hubo contacto (…) [n]o contesta (…) [s]e deja mensaje en su correo de voz a
efectos de recordarle el pago del acuerdo suscrito (…) la señora Luz Adriana
responde correo informando que el 20 de noviembre genera abono para hacer nuevo
acuerdo de pago sobre esta cuenta[148]
(…) se envía correo electrónico para verificar acuerdo con el colegio ya que no
se presento nuevamente y no contesta el celular (…) señora Luz Adriana Ángel
dice que en el colegio le dieron plazo hasta mediados de enero[149]. Se verificó con
la institución y se corroboró que no le fue otorgado ningún plazo adicional (…)
[c]ontesta la llamada pero apenas nos identificamos no habla y corta la
llamada, se intenta obtener comunicación nuevamente, pero no no (sic) responde
(…)”[150].
129.
Por
su parte, el Colegio indicó que, desde el año 2013, ha convenido distintas
fórmulas de arreglo con Luz Adriana Ángel para que se ponga al día con las
obligaciones financieras derivadas de los contratos de servicios. Dichas
formulas se han plasmado en múltiples compromisos de pago en los años 2015,
2016 y 2017. Incluso, el 28 de julio de 2017, el Colegio celebró con la
accionante un nuevo acuerdo de pago, por valor de $9.398.761, por los saldos
insolutos del período académico del año 2015 y por concepto de pensiones de las
dos estudiantes, causadas durante el año 2016, del cual ha pagado algunas
cuotas.
130.
Tales
consideraciones cuestionan altamente la intención de la accionante de pagar las
obligaciones que le adeuda a la institución educativa demandada. Es más,
contrastadas con su actividad profesional, en particular con los contratos que
ha suscrito, los cargos que ha desempeñado y su ejercicio independiente de la
profesión de abogada, la Sala no encuentra acreditada la voluntad de la
accionante de honrar sus obligaciones plasmadas en los acuerdos de pago que ha
suscrito e incumplido, y, por el contrario, si se evidencia renuencia frente a
los múltiples requerimientos de pago. Además, es preciso resaltar que durante
los lapsos en los que, según las pruebas, se desempeño como contratista, el
incumplimiento de sus obligaciones fue también persistente, y que, a pesar de
sus “mejores ingresos”, ello no repercutió en el cumplimiento efectivo
de sus obligaciones.
131.
En
suma, esta Sala de Revisión no encuentra acreditadas las condiciones necesarias
que le permitan conceder el amparo solicitado relativo a la entrega de los
documentos retenidos. Por lo tanto, a pesar de lo señalado en el párr. 95,
se revocará, sobre este particular, el fallo de única instancia. Para esta Sala
es claro que, en su fallo de única instancia, el a quo no valoró
integral y objetivamente el acervo probatorio del caso sub examine.
132.
En
resumen, en este caso se constató lo siguiente:
Subregla
Caso de Luz
Adriana Ángel
Verificación
Que el incumplimiento de las obligaciones económicas se presentó
como consecuencia de un hecho sobreviniente, constitutivo de justa causa.
- Su actividad laboral y
profesional da cuenta de cierta estabilidad en sus ingresos.
- Quedó cesante solo por dos
meses, debido a su reciente nombramiento en un cargo público.
- Su retraso en los pagos es
anterior a la terminación de su contrato suscrito con la Superintendencia de
Industria y Comercio.
- No demostró la existencia de
alguna situación económica precaria, ocurrida de manera intempestiva o que
hubiera alterado significativamente sus ingresos.
No cumple
Que el estudiante, sus padres y acudientes,
tienen voluntad real de pagar las obligaciones adquiridas.
- Incluso en época de
normalidad económica, la mora en sus obligaciones era persistente.
- No se cumplió con el acuerdo
de pago de 2015 en las fechas y montos convenidos y no atendió paralelamente
las pensiones causadas durante el año 2016.
- A pesar de los “mejores
ingresos” obtenidos con su último trabajo, no avanzó significativamente
en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Evasivas ante las gestiones
de recaudo realizadas por Consutalento S.A.S.
No cumple
7.2. Cancelación
del cupo para el año lectivo siguiente a la estudiante Kylie Barragán
133.
En
su demanda, la accionante afirmó que, al no renovar la matrícula para el grado
décimo por el incumpliendo de las obligaciones económicas a su favor, el
Colegio vulneró los derechos fundamentales de su hija Kylie Valeria Barragán
Ángel, en particular, la educación (ver párr. 56). Por su
parte, la representante del Colegio señaló que, habida cuenta del reiterado
incumplimiento de sus obligaciones económicas, la accionante no puede asegurar
el pago de los emolumentos educativos que se causarán en los años siguientes.
De concederse el amparo, se le impondría al Colegio una carga desproporcionada
consistente en continuar con la prestación del servicio sin la correlativa
remuneración. El Colegio señaló que una orden en ese sentido también implicaría
un trato inequitativo para aquellos padres o acudientes que sí cumplen con sus
obligaciones pecuniarias.
134.
En
el fallo de primera instancia, el a quo tuteló el derecho a la
permanencia educativa de la estudiante Kylie Valeria con base en las siguientes
razones: (i) la accionante celebró varios acuerdos de pago, desde el año 2013,
sin embargo, solo ha podido cumplirlos parcialmente, “debido a la
terminación de su contrato de prestación de servicios a finales de 2016”[151]; (ii)
actualmente, la accionante “está siendo sujeta del correspondiente cobro”[152]; (iii) la
accionante es “madre cabeza de hogar y el sustento familiar depende del
salario que percibe actualmente como empleada de la Gobernación del Quindío”[153].
135.
Como
se advirtió en el párr. 117, el pago de las pensiones y otras
erogaciones constituye una de las obligaciones que surge del contrato de
prestación de servicios educativos[154].
Ante la mora o incumplimiento del pago de estas obligaciones, la
institución educativa tiene la facultad de cancelar el cupo o no renovar la
matrícula, pero solo una vez el estudiante termine el año lectivo. Esto, debido
a la prohibición impuesta a los establecimientos de educativos de retirar o
suspender de las clases a un estudiante durante el periodo académico lectivo.
Igualmente, la institución no puede desplegar ningún mecanismo de presión en
contra del estudiante, con el fin de provocar la interrupción o retiro de las
clases.
136.
De
las pruebas allegadas al expediente, incluidas aquellas ordenadas durante el
trámite de revisión, se constató que el Colegio, en razón del incumplimiento de
las obligaciones financieras por parte de la accionante, no renovó la matrícula
de la menor Kylie Barragán, para que continuara en décimo grado. Sin embargo, se
evidenció que, en este caso, el Colegio efectivamente permitió que la
estudiante culminara el grado noveno. En efecto, la institución permitió la
asistencia y terminación de todas las materias, incluyendo su grado para el
curso noveno, habida cuenta de que, durante el año 2016, la accionante adeudaba
las pensiones causadas por el año anterior e, incluso, las generadas por ese
mismo año.
137.
Bastan
las anteriores consideraciones para que esta Sala deniegue el amparo solicitado
dado que la decisión del Colegio relativa a no renovar la matrícula de la
estudiante Kylie Valeria Barragán Ángel fue, a todas luces, justificada.
138.
El
Colegio accionado, en su momento, le otorgó diversas opciones y facilidades de
pago a la representante de la estudiante, para ponerse al día con sus
obligaciones. El incumplimiento ha sido persistente, a tal punto que desde el
año 2013 hasta, incluso, el 2017 –con la celebración del último acuerdo-, se
han debido desplegar distintas actividades y gestiones de cobro, tendientes a
obtener el pago de estas acreencias. A inicios del año 2017, solo por la menor
Kylie Barragán, los saldos acumulados por estos períodos, ascendían a la suma
de $4.500.000. Con todo, no se advierte que la actuación del Colegio hubiere
sido infundada o sorpresiva para la accionante ni, mucho menos, injustificada.
139.
Por
otra parte, tampoco se advierte que el Colegio hubiera desplegado algún
mecanismo de presión dirigido a provocar el retiro de la menor antes de tiempo.
La accionante no da cuenta de ello ni se infiere de pieza alguna obrante en el
expediente. Por el contrario, los certificados de estudios y notas entregados a
la menor Kylie Valeria, evidencian que la institución educativa garantizó la
permanencia de la estudiante durante todo el año lectivo 2016. Si bien es
cierto que la accionante solicitó, en la demanda de tutela, ordenar al Colegio
el reconocimiento de todos los estímulos académicos a los que tiene derecho su
hija, en ningún momento se dio cuenta de algún mecanismo de presión,
desestimulo o trato discriminatorio en su contra. Por el contrario, la
apoderada del Colegio explicó, en su declaración del 8 de mayo de 2017, que la
selección de la estudiante ganadora de una beca parcial se realiza siempre al
azar[155].
140.
En
suma, en este caso, la decisión del Colegio de no renovar la matrícula de la
menor Kylie Barragán se encuentra constitucionalmente justificada porque: (i)
no fue intempestiva, arbitraria o desproporcionada, (ii) estuvo antecedida de
la búsqueda de distintas fórmulas de solución para el pago de las pensiones
adeudadas, las cuales no fueron cumplidas por la accionante, (iii) no
interrumpió el desarrollo del periodo lectivo de la estudiante, (iv) se produjo
solo cuando la estudiante terminó su periodo lectivo, y (v) se produjo como
consecuencia del incumplimiento reiterado de la accionante en relación con las
obligaciones económicas a favor del Colegio. Por lo tanto, no hay lugar a
conceder el amparo solicitado.
141.
Sobre
este particular, para esta Sala también es claro que el a quo desconoció
el precedente constitucional, en particular el fijado a partir de la SU 624 de
1999, en relación con las decisiones de cancelación del cupo o no renovación de
matrícula por el incumplimiento de las obligaciones económicas a favor de las
instituciones educativas. De haberlo hecho, hubiera constatado que el Colegio no
vulneró derecho alguno y procedió conforme la jurisprudencia constitucional lo
exige.
142.
Por
las razones anteriores, en relación con este aspecto, la Sala de Revisión
también revocará la sentencia dictada el 9 de mayo de 2017 y, en su lugar,
denegará la protección constitucional invocada. De acuerdo con lo anterior, en
este caso se puede advertir lo siguiente:
Subregla
Caso de Luz
Adriana Ángel
Verificación
El retiro del estudiante no procede antes de que culmine el año
lectivo.
Está proscrita la interrupción abrupta o el retiro de las clases del
estudiante, por el incumplimiento de las obligaciones económicas
Se le garantizó a la estudiante
Kylie Barragán la continuidad del programa académico cursado para el año 2016,
hasta su finalización.
Cumple
La no renovación del cupo es una decisión
válida y legítima de la institución, al finalizar el periodo lectivo
correspondiente, de persistir el incumplimiento de las obligaciones
económicas en favor del Colegio.
Se permitió que la estudiante
Kylie Valeria Barragán cursara el grado noveno, hasta su aprobación. Y la no
renovación de la matrícula operó a partir del año siguiente.
Cumple
8. Síntesis de
la decisión
143.
Luz
Adriana Ángel Ríos presentó acción de tutela en contra del Colegio de la
Sagrada Familia – Hermanas Terciarias Capuchinas de Armenia. En su demanda, solicitó
la protección de los derechos fundamentales de sus hijas
menores de edad, en particular, a la educación. Según manifestó,
estos derechos fueron lesionados como consecuencia de las decisiones
arbitrarias adoptadas por el Colegio de retener los documentos de grado de su
hija mayor y cancelar el cupo para el año lectivo siguiente de su hija menor.
144.
El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia concedió la protección constitucional
del derecho fundamental a la educación de ambas menores de edad. En su criterio,
se
cumplen los tres requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional,
para resolver los casos de tensión entre el derecho a la educación del
estudiante y el derecho del Colegio a obtener la remuneración de sus servicios.
Estos son, la imposibilidad del hogar de cumplir con las obligaciones
financieras, la existencia de una justa causa y la celebración de varios
acuerdos de pago. Por su parte, tras la impugnación de este fallo, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Armenia resolvió “INADMITIR” el recurso, toda vez
que la persona que acude como representante del Colegio, no acreditó en debida
forma la calidad en la que actúa.
145.
En
relación con la procedencia de la acción de tutela en este caso, se encontraron
acreditados todos sus requisitos. Adicionalmente, en cuanto a la impugnación presentada
por la hermana superiora del Colegio, la decisión adoptada por el ad quem de
inadmitir el recurso no se ajustó a derecho, por desconocer el acervo
probatorio, y los principios de informalidad, oficiosidad y segunda instancia,
que caracterizan la acción de tutela. En relación con la carencia actual de
objeto, se estimó que el litigio existente entre las partes aún persistía, por
lo que la presente sentencia no caería en el vacío.
146.
En
el caso concreto, esta Sala de Revisión no constató la presunta amenaza o
vulneración del derecho fundamental a la educación invocado por la accionante,
en relación con el problema jurídico sustancial formulado en este caso. En
relación con la retención de los documentos de grado de Britney Barragán, la
señora Ángel Ríos no demostró la existencia de un hecho sobreviniente,
constitutivo de justa causa, que le hubiere imposibilitado de pagar sus
obligaciones económicas. Además, no se acreditó la voluntad de cumplir dichas
obligaciones y honrar los compromisos de pago.
147.
En
relación con la no renovación de la matrícula de Kylie Barragán para el año
siguiente, la Sala de Revisión constató que, pese al incumplimiento de las
obligaciones a su favor, el Colegio no interrumpió abruptamente el desarrollo
de las clases de la estudiante y permitió la culminación de su año lectivo,
conforme lo exige la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, no ejerció
ningún mecanismo de presión dirigido a provocar el retiro de la menor antes de
la terminación de su grado académico. En este sentido, la decisión del Colegio
fue válida y legítima, motivada por el incumplimiento sistemático e
injustificado de las obligaciones económicas adquiridas por la accionante. En
tales términos, en este caso no se constata vulneración alguna del derecho a la
educación.
148.
En
consecuencia, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia que concedió
el amparo solicitado en el presente asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la
sentencia de 9 de mayo de 2017, mediante la cual se concedió el amparo
solicitado por Luz Adriana Ángel Ríos en contra del Colegio de la Sagrada
Familia – Hermanas Terciarias Capuchinas de Armenia, por las razones expuestas
en los considerandos de esta sentencia. En su lugar, DENEGAR el amparo
solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase.
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] Cno. 1. Fls. 9,
11 y 12. Registros civiles de nacimiento y tarjetas de identidad de las
menores.
[2] Cno. 1. Fl.
108. Escrito de contestación de la demanda de tutela, presentado por
Consutalento S.A.S.
[3] Cno. 1. Fl. 64.
[4] Cno. 1.
Fls. 20, 21 y 49. El acta de compromiso de pago suscrito por la estudiante BCBA
mostraba un saldo adeudado, para esa fecha, de $3.501.000. En relación con la
estudiante KVBA, el monto de la obligación era de $2.742.550. Dentro de estos
valores, ya se encontraban incluidos los honorarios causados por la gestión de
cobranza de Consutalento S.A.S.
[5] En la
demanda de tutela, la accionante da cuenta de varios abonos, los cuales suman
$2.650.000. Este mismo valor es confirmado por Consutalento S.A.S que lo
discrimina de la siguiente manera: $1.900.000 pagado a la cuenta de la
estudiante BCBA y $750.000 a la cuenta de la estudiante KVBA. En consecuencia,
a diciembre de 2016, quedó un saldo pendiente para cada estudiante de
$1.601.000 y $1.992.550, respectivamente.
[6] Como lo señala
tanto la accionante como Consutalento, para el año 2016, por la joven BCBA,
debía cancelar por concepto de pensión la suma de $329.886 y por
KVBA un valor de $258.421. Como estas obligaciones se causaron por 10 meses, la
cifra adeudada era de $3.298.860 y 2.584.210, respectivamente. Cfr. Cno 1. Fls.
3 y 112.
[7] Cno. 1. Fl.
3Vto.
[8] Id.
[9] Id.
[10] Cno. 1. Fl.
3Vto.
[11] Id.
[12] Cno. 1. Fl. 25.
[13] Cno. 1. Fl.
4Vto.
[14] Con. 1.
Fls. 3Vto – 4.
[15] Cno 1.
Fl. 4.
[16] Cno. 1. Fl. 4.
[17] Id.
[18] Id.
[19] Id. Por
otra parte, en la certificación allegada por esta entidad, que obra a folios
106 a 114 del Cuaderno de Revisión, se informó que el último contrato de
prestación de servicios suscrito con Luz Adriana Ángel fue el No 574 de 2016,
firmado el 8 de febrero de 2016, con fecha de terminación de 30 de junio de
2016 y por un valor total de $14.466.666.
[20] Cno. 1.
Fl.
3.
[21] Cno. 1. Fl. 19.
[22] Cfr.
Comprobante de pago generado por la Gobernación del Quindío. Cfr. Cno. 1. Fl.
26.
[23] Cno de
Revisión. Fl. 132.
[24] Cno 1.
Fl. 3.
[25] Cno. 1. Fl.
4Vto.
[26] Id.
[27] Id.
[28] Cno. 1. Fls 3 –
3Vto.
[29] Cno de
Revisión. Fls. 40-41
[30] Cno de
Revisión. Fl. 40.
[31] Cno de
Revisión. Fls. 61-73.
[32] Cno de
Revisión. Fls. 82-84.
[33] Cno 1.
Fl. 7.
[34] Cno 1.
Fls. 7-7Vto.
[35] Cno 1.
Fl. 7Vto.
[36] Cno 1.
Fl. 29.
[37] Cno 1.
Fls 38–40.
[38] Art. 2.
Resolución 18904 de 2016 proferida por el Ministerio de Educación Nacional.
[39] Cno. 1.
Fls. 41 – 43.
[40] Cno. 1. Fls. 48 –
62.
[41] Cno. 1.
Fl. 50.
[42] Cno. 1. Fls. 107
– 115.
[43] En la
contestación de la demanda, se transcribió el resultado de cada una de las
gestiones de cobro adelantadas por sus asesores. Así, por ejemplo, en el
detalle de algunas de las llamadas realizadas a la accionante, se anotó que la
señora Ángel “responde correo informando que el 20 de noviembre genera abono
para hacer nuevo acuerdo de pago (…) NO CONTESTA (…) ESTA A ESPERA DE ACUERDO CON
EL COLEGIO PARA CANCELAR (…) SE ENVIA CORREO ELECTRONICO PARA VERIFICAR ACUERDO
CON EL COLEGIO YA QUE NO SE PRESENTO NUEVAMENTE Y NO CONTESTA EL CELULAR (…)
[c]ontesta la llamada pero apenas nos identificamos no habla y corta la
llamada, se intenta obtener comunicación nuevamente, pero no responde (…)
manifiesta que apenas inicio nuevamente a trabajar en el mes de febrero
agregando que se estará acercando a las oficinas de Consutalento este mes para
llevar abono (…) la titular contesta y cuelga, se deja mensaje de voz (…)”.
[44] Cno. 1.
Fl. 114.
[45] Id.
[46] Cno. 1.
Fls. 138 – 140.
[47] Cno 1.
Fl. 140.
[48]
Cno. 1. Fls 141 – 144.
[49]
Cno 1. Fls 151 - 156.
[50] Cno. 1.
Fl. 153.
[51]
Cno 2. Fl. 3.
[52] Cno de
Revisión. Fls. 3-10.
[53] Cno de
Revisión. Fls. 13-15.
[54] Cno de Revisión.
Fls. 25-60.
[55] Cno de
Revisión. Fls. 88-104.
[56] Cno de
Revisión. Fls. 116-118.
[57] Cno de
Revisión. Fls. 61-73.
[58] Cno de
Revisión. Fls. 106-114.
[59] Cno de
Revisión. Fls. 75-86.
[60] Cno de
Revisión. Fl. 132.
[61] Decreto 2591 de
1991. Art. 42.
[62] Al respecto, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
Así se explica, por ejemplo, en la sentencia SU-377 de 2014: “No es
necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo,
pues un tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener
una de las siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos,
(ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal. En
específico: (i) representante puede ser, por una parte, el representante legal
(cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto
o persona jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos).
Para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción
debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general
respectivo. (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular
de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la
solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los
personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la
jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté indefenso”.
[63] Corte
Constitucional. Sentencia T-256 de 1993.
[64] Corte
Constitucional, Sentencia T-266 de 2006.
[65] Corte
Constitucional. Sentencia T-341 de 2003.
[66] Corte
Constitucional. Sentencia T-290 de 1993.
[67] Cno. 1. Fls.
27, 28, 63-73 y 121-131.
[68] Corte
Constitucional. SU-499 de 2016.  Por su parte, en relación con los
fines del principio de inmediatez, en la sentencia SU-189 de 2012 sostuvo que: “(…)
se pueden identificar dos fines esenciales del Principio de la Inmediatez.
Por un lado, con la exigencia de ese requisito temporal se pretende garantizar
que la tutela preserve su naturaleza jurídica, como una garantía judicial
constitucional subsidiaria, residual y destinada a proteger las posiciones
jurídicas iusfundamentales de las personas, frente a atentados
ciertos, graves o inminentes. De otro lado, la inmediatez procura salvaguardar
la seguridad jurídica como un bien objetivo de valor trascendental en el Estado
Social de Derecho.”
[69] Corte
Constitucional. Sentencia SU-189 de 2012.
[70] Cno. 1. Fl.
112.
[71] Id.
[72] Cno. 1.
Fl. 3Vto.
[73] Cno. 1.
Fl. 4.
[74] Cno. 1. Fl.
53.  El Colegio accionado señaló en su escrito de contestación que, en el mes
de enero de 2017, la directora de la institución le informó a la accionante que
“para efectos de que su hija KYLIE VALERIA BARRAGÁN ÁNGEL, pudiera continuar
estudiando en la institución, debía realizar la cancelación total de los
emolumentos (…) correspondientes a los años 2015 y 2016”. Adicionalmente,
reconoció que a la accionante “se le atendió el 21 de Abril de 2017”, en
la cual se reiteró “las condiciones para su matrícula”.
[75] Corte
Constitucional. Sentencia SU-037 de 2009.
[76] Corte
Constitucional. Sentencias T-339 de 2008, T-938 de 2012, T-102 y 380A de 2017,
entre otras.
[77] Corte
Constitucional. Sentencia T-208 de 1996. En esta oportunidad, la Sala de
Revisión señaló que “tratándose de la educación se
distingue, al lado de su dimensión académica, una dimensión contractual
representada en un convenio ‘que goza de libertad para su celebración y
perfeccionamiento, de manera que el simple compromiso adquirido conforme a su
objeto y organización estatutaria del centro docente lo perfeccionan. Este
compromiso se concreta usualmente en el acto de matrícula’ y de él emanan
derechos y obligaciones para el estudiante, que suele ser su beneficiario, para
el plantel y, obviamente, para los padres o acudientes”.
[78] Corte
Constitucional. Sentencia T-388 de 2015. Su condición de derecho se explica porque “cuando
el ordenamiento jurídico le confiere a una persona la potestad o prerrogativa
de hacer uso de un recurso contra una providencia judicial, ante el superior
jerárquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer
efectivo dicho poder”. Su condición de garantía, al “salvaguardar bienes más
caros al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia o la credibilidad y confianza de la administración de justicia”. Y
su condición de principio, toda vez que “orienta la lectura las
disposiciones procesales y, en particular las disposiciones de orden
sancionatorio”.
[79] Corte
Constitucional. Auto 253 de 2013. En el mismo sentido, se encuentra el Auto 220
de 2012.
[80] “Impugnación
del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública
o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato. //Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente
a la Corte Constitucional para su revisión”.
[81] “Trámite
de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. //El juez que conozca de la impugnación, estudiará el
contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El
juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la
práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la
recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo
ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión”.
[82] Corte
Constitucional. Sentencia T-410 de 1993 reiterada en el Auto 253 de 2013.
[83] Corte
Constitucional. Auto 033 de 2000, Auto 078 de 2001, Auto 091 de 2002, Auto 156
de 2006, Auto 132 de 2007, entre otros.
[84] Corte
Constitucional. Sentencia T-661 de 2014.
[85] Cno. 1.
Fl. 5Vto.
[86] Cno. 1.
Fl. 106.
[87] Cno. 1.
Fls. 74-102.
[88] Cno. 1.
Fl. 136. Poder conferido por la hermana Claudia Patricia Chaux Rojas a la
abogada Monika Jheisenlaik Ceballos Medina.
[89] Corte
Constitucional, Auto 017A de 2013 y A071A de 2016, entre muchos otros.
[90] Corte Constitucional, Auto 113 de 2012. “Esta Corte en el auto ya
citado dispuso dos formas para  subsanar la nulidad por indebida
conformación del contradictorio, al respecto señaló: “Cuando la nulidad por
falta de notificación en los procesos de tutela se detecta en sede de revisión,
la Corte Constitucional ha señalado que existen dos caminos a seguir: i) Declarar
la nulidad de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y
ordenar la devolución del expediente al despacho judicial de primera instancia
para que una vez subsanada la irregularidad, se surtan de nuevo las actuaciones
pertinentes, o, ii) Proceder en revisión a integrar directamente el
contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el
asunto.”
[91] Id.
[92] Corte
Constitucional, Sentencia SU 540 de 2007: “el hecho superado se presenta
cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la
tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en la tutela.”
[93] Corte
Constitucional. Sentencia T-265 de 2004.
[94] Corte
Constitucional, Sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
[95] Corte
Constitucional, Sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016.
[96] Corte
Constitucional. Sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido, se encuentra la
sentencia T-154 de 2017.
[97] Como
servicio público, la educación debe cumplir, por lo menos, con las garantías de
asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
Sobre estas características, la sentencia T-743 de 2013 sostuvo lo siguiente: “El
componente de asequibilidad alude a la satisfacción de la demanda educativa por
dos vías: impulsando la oferta pública y facilitando la creación de instituciones
educativas privadas. Pero, además, supone que dichas instituciones y los
programas correspondientes estén disponibles para los estudiantes (…) La
dimensión de accesibilidad protege el derecho individual de ingresar al sistema
educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de
cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo
(…)  El requisito de adaptabilidad cuestiona la idea de que son los estudiantes
quienes deben ajustarse a las condiciones de prestación del servicio educativo
que imperan en cada establecimiento, y exige, en contraste, que sea el sistema
el que se adapte a las necesidades de los alumnos, valorando el contexto social
y cultural en que se desenvuelven, con miras a evitar la deserción escolar (…)
La Observación General Número 13 del Comité Intérprete del PIDESC (Comité DESC)
exige que la forma y el fondo de la educación, incluyendo los programas de
estudio y los métodos pedagógicos, sean aceptables. Esto supone que sean pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad. También, que se ajusten a los
objetivos de la educación mencionados en el artículo 13 del pacto y a
las normas mínimas que apruebe cada Estado en materia de enseñanza”.
[98] A
nivel internacional se encuentra el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74 de 1968,
Art. 13), el Protocolo adicional de San Salvador a la Convención Americana de
Derechos Humanos (Ley 319 de 1996, Art. 13), la Declaración Universal de
Derechos Humanos (Art. 26), la Convención sobre los
Derechos del Niño (Ley 12 de 1991, Art. 28), la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981, Art. 10), entre otros.
[99] En el ámbito nacional, el artículo 67 de la Constitución
Política reconoce la condición de fundamental del derecho a la educación. Esta
disposición prevé que la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años
de edad y “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica”. Sin embargo, a partir de una interpretación sistemática
de distintas disposiciones constitucionales, entre ellas del artículo 44
constitucional, la Corte ha sostenido que “no
desaparece la obligación constitucional de garantizar para los menores de edad
la culminación de sus compromisos académicos básicos”. Lo anterior significa que la protección
constitucional reforzada no podrá restringirse a los grados de educación
obligatoria, sino debe ser extensiva a todos los menores de edad, así adelanten
ciclos de básica media, que comprende los grados décimo y undécimo. Esta
lectura también es coherente con el principio pro
infans, según el cual se debe seleccionar la interpretación normativa que “otorgue
la mayor protección y sea la más respetuosa de los derechos de los niños”.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-087 de 2010, T-203 de 2009 y
T-1704 de 2000.
[100] Corte
Constitucional. Sentencias T-380A de 2017 y  T-339 de 2008.
[101] En
reiteración de la sentencia T-666 de 2013, la Corte Constitucional en sentencia
T-592 de 2015 explicó que el derecho a la educación es esencial por cuanto: “(i) su
núcleo supone un elemento de desarrollo individual y social, que asegura el
pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser humano; (ii) es un
factor de cohesión entre el individuo y su comunidad, así como un elemento
sustancial para el desarrollo de la sociedad; (iii) permite que el
individuo alcance un mayor desarrollo acorde con el medio y la cultura que lo
rodea; (iv) es factor determinante para que los menores de edad,
atendiendo los principios sustanciales de dignidad humana e igualdad ante la
ley, se integren progresivamente al mercado laboral; (v) como mecanismo
de acceso a la información garantiza el desarrollo individual y colectivo,
entendido éste como el bienestar del ser humano; (vi) confirma la
primacía de la igualdad  consagrada en el preámbulo y en los artículos 5º,
13, 68 y 69 de la Constitución, lo que posibilita el acceso de todos los
individuos, y; (vii)      materializa el
acceso efectivo al conocimiento y demás valores sustanciales para el desarrollo
digno del ser humano”.
[102] Corte
Constitucional. Sentencia T-743 de 2013.
[103] Id.
[104] Id.
[105] Id.
[106] Corte
Constitucional. Sentencia T-186 de 1993.
[107] Corte
Constitucional. Sentencia T-612 de 1992.
[108] Corte
constitucional. Sentencia T-203 de 2009, T-698 de 2010, entre otras.
[109] Corte
Constitucional. Sentencia T-323 de 1994.
[110] Corte
Constitucional. Sentencia T-203 de 2009.
[111] Ver sentencias
T-612 de 1992, T-027 de 1994, T-573 de 1995, T-607 de 1995, T-208 de 1996,
entre otras. Ahora bien, en esa primera etapa de
la jurisprudencia, se sostuvo que frente a este tipo de tensiones siempre debía
prevalecer el derecho a la educación. En consecuencia, la subregla definida
para este momento en relación con la entrega de los certificados escolares era
que constituía “un deber del colegio, [por lo] que no puede retener tales
documentos so pretexto de que no se le hayan cancelado las sumas
correspondientes a la pensión”. Según la Corte, el proceso de formación de
una persona, en particular de un menor de edad, no podía suspenderse solo para
satisfacer los intereses económicos del establecimiento educativo. Además, el
Colegio cuenta con otros mecanismos para lograr el pago de sus acreencias, como
sería el ejercicio de las respectivas acciones legales –entre ellas, la acción
ejecutiva-, en razón de las garantías que generalmente respaldan su
cumplimiento y del mismo contrato donde constan las facultades y obligaciones
recíprocas de las partes. De todas maneras, la jurisprudencia, para ese
momento, aclaró que lo anterior no obsta para que los representantes o acudientes
de los estudiantes cumplan cabalmente con sus obligaciones financieras. En
efecto, los particulares tienen la libertad de fundar instituciones educativas
y perseguir un lucro económico. Igualmente, los padres de familia tienen la
facultad de seleccionar el tipo de educación que consideren más conveniente
para sus hijos menores, incluida la educación privada que es de carácter
oneroso. Por lo tanto, si se decide escoger esta última opción, una de las
obligaciones obvias que surge de este tipo de contratos sinalagmáticos, es el
pago de las erogaciones educativas, que debe ser asumido como parte de las
obligaciones asumidas en el acto de matrícula o del acuerdo de voluntades entre
las partes. Por eso se le ha reconocido al derecho a la educación una doble dimensión,
una académica y otra civil.
[112] Ver
sentencias T-1227 de 2005, T-339 de 2008, T-459 de 2009, T-860 de 2013, T-531
de 2014, T-102 de 2017, entre otras.
[113] Ver
sentencias SU-624 de 1999, T-038 de 2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003, T-135
de 2004, T-727 de 2004, T-845 de 2005, T-1107 de 2005, T-868 de 2006, T-086 de
2008, T-339 de 2008, T-426 de 2010, T-700 de 2016, entre otras.
[114] Corte
Constitucional. Sentencia SU-624 de 1999.
[115]
Id.
[116]
Id.
[117]
Id.
[118] Corte
Constitucional. Sentencias T-038 de 2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003, T-135
de 2004, T-727 de 2004, T-845 de 2005, T-1107 de 2005, T-868 de 2006, T-086 de
2008, T-339 de 2008, T-426 de 2010, T-700 de 2016, entre otras.
[119] Corte
Constitucional. Sentencia T-531 de 2014.
[120] Corte
Constitucional. Sentencias T-659 de 2012
[121] Corte
Constitucional. Sentencias T-1107 de 2005, T-459 de 2009, T-349 de 2010, T-659
de 2012, entre otras.
[122] En las
sentencias T-1227 de 2005, T-087 de 2010, T-349 de 2010, T-616 de 2011, T-997
de 2012, entre otras, se tuteló el derecho fundamental a la educación y se
ordenó que, previa suscripción de un acuerdo de pago, se dispusiera la entrega
de los certificados respectivos. Cfr. Es
decir, como no es posible suspender indefinidamente el proceso educativo de una
persona por razones económicas, la jurisprudencia constitucional ha abierto la
puerta a la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo de pago que asegure el
posterior recaudo de las obligaciones financieras por parte del Colegio. En
consecuencia, a pesar de que, incluso, en algunos casos no se acredita el
cumplimiento de los dos anteriores presupuestos y no es posible tutelar el
derecho a la educación, de todas maneras, se ha ordenado la suscripción de un
nuevo compromiso de pago por el saldo adeudado, para así permitir la entrega de
los certificados de notas o documentos de grado. Cfr. sentencias
T-938 de 2012 y T-380A de 2017.
[123] Id.
[124] Corte
Constitucional. Sentencia T-380ª de 2017.
[125] Corte
Constitucional. Sentencia SU-624 de 1999.
[126] Corte
Constitucional. Sentencias T- 102 de 2017, T-531 de 2014 y T-1227 de 2005. Si estas afirmaciones no se desvirtuaron por el accionado, se
invierte la carga de la prueba, por constituir una negación indefinida.
[127] Corte
Constitucional. Sentencia T-339 de 2008.
[128] Corte
Constitucional. Sentencia T-459 de 2009.
[129] Corte
Constitucional. Sentencia T-380ª de 2017.
[130] Corte
Constitucional. Sentencia SU-624 de 1999.
[131] Corte
Constitucional. Sentencia T-1227 de 2005.
[132] Corte
Constitucional. Sentencia T-339 de 2008.
[133] Corte
Constitucional. Sentencia T-208 de 1996. En esta sentencia se revisó la tutela
promovida por el padre de dos menores de edad, en contra de la decisión de la
institución educativa de retirar a las estudiantes de sus respectivas clases,
hasta tanto no se cumpliera con el pago de las pensiones adeudadas.
Adicionalmente, según manifestó el accionante, la Institución también decidió
cancelar el cupo para el año lectivo siguiente. Después de revisar las pruebas
allegadas al expediente, la Sala concluyó, por el contrario, que el Colegio si
permitió que las estudiantes culminaran con el año lectivo cursado durante el
año de 1995 y fue su padre quien decidió retirarlas, por lo que no concedió la
protección constitucional solicitada. Además, recordó que “a los padres de familia les atañe un altísimo grado de
responsabilidad durante todo el proceso educativo de sus hijos, deberes de los
cuales es imposible liberarlos haciendo recaer todo el peso de la educación de
los menores en los establecimientos educativos que los han aceptado”.
[134] En la sentencia SU-624 de 1999 se indicó que la aplicación de
esta subregla se circunscribía a los grados de educación obligatoria previstos
en la Constitución. Sin embargo, en la sentencia T-356 de 2001, y en otros
fallos posteriores, si un menor hace parte del sistema educativo,
independientemente de su grado de escolaridad, la institución educativa no
puede impedir su asistencia a clases, por el incumplimiento de las obligaciones
económicas.
[135] Corte
Constitucional. Sentencia T-356 de 2001.
[136] Corte
Constitucional. Sentencias T-208 de 1996, T-235 de 1996, T-452 de 1997, entre
otras. En este último fallo, se analiza una cláusula del reglamento de un
establecimiento educativo, que permitía la terminación del contrato de
matrícula de manera extemporánea, por el retraso en el pago de pensiones por
dos o más meses. Al respecto, después de estimar la anterior disposición como contraria
de la Constitución Política, se concluyó que “el centro educativo demandado,
puede asegurar el cobro formal y directo de la suma adeudada por el padre del
peticionario, utilizando las vías legales previstas en la normatividad civil,
sin necesidad de frustrar el acceso al colegio y por ende  obstaculizar el
derecho a la educación del menor; se advierte sin embargo al padre de éste, que
la orden de tutela no lo libra de la obligación de pagar lo debido al plantel”.
[137] Corte
Constitucional. Sentencia SU-624 de 1999.
[138] Cno. 1. Fl.
143Vto.
[139] En la
demanda de tutela, la señora Ángel Ríos parece indicar que su actividad
económica como litigante la ha ejercido de manera paralela a la ejecución de
sus otros contratos de prestación de servicios. No obstante, en su escrito de
24 de noviembre de 2017, la circunscribe solo a un período aproximado de 14
meses.
[140] Cno. 1. Fl. 63.
[141] Cno. 1. Fls.
65, 66, 68 y 70.
[142] Cno. 1. Fl. 64.
[143] Cno. 1. Fl. 3.
[144] Al respecto,
debe advertirse algunas de las contradicciones en las que incurre la accionante
frente a su fuente de ingresos, sus posibilidades económicas para atender sus
obligaciones y su estabilidad laboral. En la demanda de tutela, la accionante
señaló que “[t]eniendo en cuenta que en el nuevo puesto de trabajo (Soy
servidora pública) pues no puedo litigar y me vi en la necesidad de
renunciar a todos los poderes y procesos que estaba llevando por lo que ahí
se evidencia también una baja en mis ingresos”[144].
(Negrillas y subrayas fuera del texto). Es decir, la accionante aludió a su
reciente contratación con el Departamento del Quindío, la cual, en su opinión,
no mejora sino agrava su situación económica, por suponer una disminución en
sus ingresos. Sin embargo, un panorama distinto evidenció la accionante en su
declaración rendida el 8 de mayo de 2017, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Armenia. En esta oportunidad sostuvo, a record 33.46 de la grabación, que “en
esos años era más dispendioso, ahora es mucho más fácil, por qué? Porque ya
tengo un nuevo trabajo, tengo mejores ingresos y puedo optar por otras
opciones (…)”.  (Negrillas y subrayas fuera del texto). En todo
caso, lo cierto es que Luz Adriana Ángel comenzó a percibir estos ingresos
desde el mes de septiembre de 2016, por lo que no se advierte la existencia de
una imposibilidad sobreviniente, constitutiva de una justa causa, para haber
incurrido en la mora de sus obligaciones desde el año 2015 e, incluso, como lo
relató en el Colegio, desde el año 2013.
[145] Cno. 1. Fl.
108.
[146] Cno. 1. Fl.
109. Por la estudiante Britney Barragán, se adeudada, por el año lectivo de
2015, la suma de $3.501.000 y se canceló $1.900.000. En relación con Kylie
Barragán, por el mismo período, se suscribió el compromiso de pago por valor de
$2.742.550 y se canceló $750.000.
[147] Cno. 1. Fls.
110 - 112. En su escrito de contestación, se relató el resultado de cada una de
las llamadas y correos electrónicos enviados por esta sociedad a la accionante
desde el 10 de octubre de 2016 hasta el 11 de abril de 2017.
[148] Como anexo, se
adjuntó copia de las comunicaciones electrónicas enviadas por Luz Adriana el 3
y 22 de noviembre de 2016. Cfr. Cno. 1. Fls. 129 - 130.
[149] Se
allegó copia de este correo electrónico, enviado por Luz Adriana Ángel el 16 de
diciembre de 2016. Cfr. Cno. 1. Fl. 129.
[150] Cno. 1. Fls.
110 - 111.
[151] Cno. 1. Fl.
143.
[152] Id.
[153] Id.
[154] En el
manual de convivencia del Colegio, uno de los compromisos de los padres de
familia alude a “Pagar las cuotas de servicio educativo los diez primeros
días de cada mes”. Cno. 1. Fl. 143.
[155] El
artículo 54 del Manual de convivencia del Colegio enlista los diferentes
reconocimientos otorgados a los estudiantes, entre los que se encuentra la beca
de honor, concedida a los estudiantes condecorados con el “Perfil Capuchino”
y la matrícula de honor, entregada los estudiantes que hayan sido merecedores
de “la Excelencia”. En ambos casos, este estímulo es otorgado “por
sorteo”.