T-122-17
Sentencia
T-122/17
PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Caso en que uno de los beneficiarios del derecho
pensional fue quien provocó la muerte dolosa de la causante
PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Finalidad/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Protección
especial a la familia como núcleo fundamental de la sociedad
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Contenido y alcance
LABOR
INTERPRETATIVA DEL JUEZ DE TUTELA ANTE LAGUNAS AXIOLOGICAS EN LA APLICACION DE
LA NORMA AL CASO CONCRETO
Cuando la aplicación de la norma legal al caso específico provoca una
consecuencia jurídica incompatible con los derechos, principios y valores
previstos en la Constitución y, por lo mismo, resulta injusta e irrazonable
para el juez de tutela, se puede considerar que tal disposición normativa
presenta una laguna axiológica frente al caso particular y concreto. Llegado ese punto, el juez cuenta
con la discrecionalidad suficiente para fallar el caso utilizando los elementos
dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los criterios auxiliares que
considera relevantes y pertinentes para adoptar su decisión, la cual, en todo
caso, deberá justificarse de forma adecuada y suficiente.
LAGUNA
AXIOLOGICA-Concepto
La Corte ha denominado laguna axiológica
a la falta de una norma jurídica justa. Dicho vacío se presenta porque, en
efecto, no hay una disposición legal en el ordenamiento jurídico que regule el
supuesto fáctico controvertido, o bien porque existiendo, la aplicación de tal
precepto al caso específico ocasionaría un resultado notoriamente injusto e
incompatible con la Constitución. En otras palabras, se presenta cuando el caso
está regulado por el derecho pero de forma axiológicamente inadecuada, ya que
el legislador no previó una distinción especial que conduciría a que la
respuesta jurídica fuera distinta.
PRINCIPIO
NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA-Contenido y naturaleza
Una persona no es digna de ser oída ni
menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta
reprochable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la
protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está
conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no
tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante lo
anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla
general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por
ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace
otra cosa que actuar con fundamento en la legislación.
PRINCIPIO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS-Nadie puede
alegar a su favor su propia culpa
La Corte Constitucional ha mantenido una línea
jurisprudencial respecto del aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans”, a través de la cual sostiene que el juez no puede amparar situaciones
donde la vulneración de los derechos fundamentales del actor se deriva de una
actuación negligente, dolosa o de mala fe. Cuando ello ocurre, es decir, que el
particular o la autoridad pública pretende aprovecharse del propio error, dolo
o culpa, se ha justificado la aplicación de este principio como una forma de
impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento
jurídico. Por lo que la persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener
beneficios originados de su actuar doloso.
APLICACION
DEL PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA EN PENSION DE SOBREVIVIENTES-Caso en
que uno de los beneficiarios del derecho pensional fue quien provocó la muerte
dolosa de la causante
INDIGNIDAD
PENSIONAL EN PENSION DE SOBREVIVIENTES-No se puede
beneficiar de una conducta dolosa, recibiendo la pensión de la persona por la
que fue penalmente responsable de su muerte
PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Orden a Fondo de Pensiones reconocer a favor de
hijos de la causante el 100% de la pensión de sobrevivientes
Referencia:
Expediente: T-5.485.856
Asunto: Acción de
tutela instaurada por
José y la señora Fernanda, en
representación de la menor Lucero, contra el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. y el señor Mauricio.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., 27 (veintisiete) de febrero de dos mil
diecisiete (2017).
La
Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos de tutela dictados el 31 de agosto de 2015 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja (Boyacá), en primera
instancia, y el 20 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento del mismo distrito judicial, en segunda
instancia, en
la acción de tutela instaurada por José y la señora Fernanda, en
representación de la menor Lucero, contra el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección S.A.) y el señor Mauricio.
I. ANTECEDENTES
1. Aclaración previa
Teniendo en
cuenta que el presente asunto involucra los derechos de una menor de edad, la
Sala adoptará, como medida de protección de su intimidad, la decisión de
excluir los nombres de la menor y los de sus familiares, así como los datos e
informaciones que permitan conocer su identidad[1]. En
consecuencia, para efectos de identificar a las personas que se relacionan con
este proceso, sus nombres completos serán reemplazados de la siguiente manera:
-
La
menor: Lucero
-
Curadora
de la menor: Fernanda
-
Hermano
de la menor: José
-
Padre
de la menor: Mauricio
-
Madre
de la menor: Renata
2. Hechos
2.1. De acuerdo con lo establecido en providencia
judicial[2],
los señores Mauricio y Renata contrajeron matrimonio y de esa
unión nacieron sus hijos José[3]
y Lucero[4],
quienes en la actualidad tienen 21 y 14 años de edad, respectivamente.
2.2. El 18 de enero de 2009, en medio de una
discusión, el señor Mauricio propinó varias heridas en el cuerpo de la
señora Renata causándole su muerte[5].
Como consecuencia de lo sucedido, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, mediante providencia del 19
de octubre de 2009, declaró penalmente responsable al señor Mauricio por
el homicidio agravado de su esposa y lo condenó a la pena principal de 16 años
y 8 meses de prisión[6].
Para la época de los hechos, José tenía 12 y Lucero 6 años de
edad.
2.3. El 31 de agosto de 2009, la señora Fernanda,
tía materna de los entonces menores José y Lucero, presentó
solicitud a Protección S.A. para el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes en beneficio de los hijos de la señora Renata. Sin
embargo, la entidad se negó a las pretensiones formuladas tras considerar que
no se cumplían los requisitos de ley para el reconocimiento de dicha prestación.
En su lugar, accedió a la devolución de saldos, pero en vista de que los
menores no contaban con un curador, Protección S.A. decidió suspender el
trámite hasta tanto se allegara el fallo definitivo de nombramiento del mismo.
2.4. La señora Fernanda inició el trámite de
privación de patria potestad contra el señor Mauricio ante el Juzgado
Segundo de Familia de Tunja, autoridad que el 22 de abril de 2013 emitió providencia
judicial, en la cual concluyó que en el caso se configuraba una de las causales
para la pérdida de la patria potestad, en atención a que con el homicidio
agravado cometido por el señor Mauricio sobre su esposa y madre de los
accionantes se rompió toda armonía y unidad familiar[7].
2.5. En virtud de tales consideraciones, dentro del
proceso de jurisdicción voluntaria de fijación de guardador, el 24 de
septiembre de 2013, el Juzgado Segundo de Familia de Tunja ordenó designar como
curadora de los hermanos José y Lucero a su tía materna Fernanda,
quien se posesionó el 16 de marzo de 2015, únicamente como curadora de la menor
Lucero, porque para esa fecha José ya había cumplido la mayoría
de edad[8].
2.6. Una vez declarada su designación como curadora,
la señora Fernanda en representación de la menor y José, actuando
en nombre propio, presentaron una primera acción de tutela contra Protección
S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Pretensión que luego de ser negada por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Oralidad de Tunja[9],
fue concedida por fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de la misma ciudad el 29 de mayo de 2015[10].
2.7. En cumplimiento del fallo de tutela, el 31 de
julio de 2015, Protección S.A. procedió a reconocer el 50% de la pensión de
sobrevivientes en forma proporcional a los hermanos José y Lucero
en calidad de hijos de la causante. Sin embargo, ordenó dejar en “reserva el
50% del beneficio pensional reconocido correspondiente al cónyuge de la afiliada”[11],
decisión que es el objeto de la presente acción de tutela.
3. Fundamentos
de la solicitud de tutela
3.1. Con fundamento en los anteriores
hechos, la señora Fernanda, en representación de la menor Lucero,
y el señor José, ambos a través de apoderado judicial, presentaron la
acción de tutela que actualmente se analiza, con el fin de
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad
social y vida digna, así como la prevalencia del interés superior del menor, pretendiendo
el reconocimiento del 100% de la pensión de sobrevivientes, toda vez que el
señor Mauricio no se encontraría legitimado para ser beneficiario de dicha
prestación, en calidad de cónyuge supérstite de Renata, dado que éste fue
el penalmente responsable del homicidio de la causante.
Al respecto, consideran que reconocer la
pensión de sobrevivientes en favor de una persona que de manera dolosa acabó
con la vida de la causante y con la unidad familiar, resultaría
desproporcionado y contrario a los fines constitucionales que persigue el
Sistema General de Pensiones.
3.2. Igualmente, aducen que otorgar tal prestación
en favor del penalmente responsable del homicidio de la señora Renata,
desconoce el principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. A la luz de lo expuesto, solicitan que el juez de tutela declare
la excepción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, inaplique la
normatividad consagrada en la Ley 100 de 1993, con el fin de darle prevalencia
a las garantías constitucionales vulneradas por el accionado.
3.3. Alegan que, como consecuencia de la conducta
delictiva desplegada por el señor Mauricio sobre la humanidad de quien
fuera su esposa, los accionantes han sido alejados de su núcleo familiar de
manera violenta, generando consecuencias psicológicas difíciles de reparar. Por
otro lado, han tenido que ver afectada sus condiciones de vida, pues
actualmente solo perciben el 25% de la pensión de sobrevivientes que equivale a
la suma de ciento setenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos ($172.363)[12],
monto que a todas luces no permite cubrir sus gastos en alimentación, vestido,
educación y recreación.
3.4. Sumado a lo anterior, sostienen que el señor Mauricio,
desde que se encuentra privado de la libertad, no ha realizado ningún aporte
para procurar el sostenimiento de sus hijos, quienes actualmente se encuentran
estudiando, razón por el cual, la curadora de éstos ha tenido que proveer su
mantenimiento, encontrándose en dificultades económicas para garantizar el
mínimo vital de su núcleo familiar.
3.5. Por último, destacan que Protección S.A. omitió
realizar el pago de los intereses de mora causados desde el 18 de enero de
2009, lo cual “vulnera el derecho al debido proceso de los actores, toda vez
que al reconocerles el derecho a la pensión de sobrevivientes, es omisivo en
liquidar los intereses de mora previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993, por el no pago oportuno de las mesadas pensionales generadas desde el 18
de enero de 2009”[13].
4. Actuaciones
adelantadas dentro del trámite de tutela
4.1. La acción de tutela fue asignada al Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja, quien mediante
Auto del 14 de agosto de 2015, procedió a correr traslado a la entidad
accionada[14].
Sin embargo, cumplido el término para tal efecto, Protección S.A. guardó
silencio sobre los hechos y pretensiones de la demanda.
4.2. A través del mismo auto, el mencionado juzgado
ordenó librar
despacho comisorio ante el Juzgado Penal Municipal de Acacias-Meta, para que
efectuara la notificación y posible intervención del señor Mauricio,
quien se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Acacias[15].
Sin embargo, la notificación no pudo llevarse a cabo, toda vez que, en
respuesta realizada por el Instituto Penitenciario y Carcelario- INPEC el
pasado 21 de agosto de 2015, la entidad informó que el condenado “fue
trasladado del EPMSC Acacias al EPMSC Choconta, mediante Resolución No.
100.00235 de fecha 23/02/2015, motivo: descongestión”[16].
5. Decisión de
Primera Instancia
El Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja, en sentencia del 31 de agosto
de 2015, declaró improcedente la acción de tutela impetrada por los
accionantes tras considerar que no se agotaron las vías judiciales idóneas y
eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales que se
encuentran presuntamente vulnerados. Sobre el
particular, consideró el ad quo que el conflicto presentado debe
dirimirse ante la jurisdicción laboral para que sea en dicha instancia donde se
discuta la redistribución de la pensión de sobrevivientes y sea allí el
escenario en el que se analice si el señor Mauricio tiene derecho o no a
recibir el 50% de la prestación, por el hecho de haberle causado la muerte a su
cónyuge y madre de los accionantes.
6. Impugnación
6.1. Dentro del término legal previsto
para tal efecto, los accionantes impugnaron la decisión, manifestando que,
contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, la acción de tutela
resulta procedente para proteger los derechos de los niñas, niños y
adolescentes, toda vez que, en el presente caso, se busca la salvaguarda de los
derechos fundamentales de quienes, por mandato constitucional, son sujetos de
especial protección, al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.
6.2. En virtud de lo anterior, señalaron que
Protección S.A. está afectando sus derechos fundamentales al no realizar el
pago de los intereses de mora de la pensión de sobrevivientes que se han
causado desde 2009, dinero que resulta de importancia para garantizar su mínimo
vital, si se observa que actualmente reciben una mesada inferior al salario
mínimo legal mensual vigente y no cuentan con los recursos suficientes para
cubrir los gastos de educación, vestido y alimentación.
6.3. Por otro lado, sostuvieron que el juez de
primera instancia no se pronunció sobre la solicitud de excepción de
inconstitucionalidad, ignorando que dicha petición encuentra sustento en el
artículo 44 de la Constitución, el cual consagra la prevalencia de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás sujetos que componen la
sociedad. Con base en lo anterior, reiteraron su solicitud de inaplicar las
normas contenidas en la Ley 100 de 1993 y, en su lugar, por analogía de las disposiciones
que se refieren a la indignidad para heredar, contenidas en el Código Civil,
negar el derecho al señor Mauricio de obtener la pensión de
sobrevivientes por ser penalmente responsable del homicidio de su esposa.
6.4. Dicho lo anterior, recordó que la pensión de
sobrevivientes es una prestación que se funda en los principios de solidaridad
y universalidad, con lo cual se busca garantizar que los familiares de la
persona fallecida tengan una estabilidad económica suficiente para asegurar su
subsistencia en condiciones dignas, máxime cuando dicha prestación es la única
fuente de ingreso de sus beneficiarios. En esa medida, y teniendo en cuenta que
el señor Mauricio alteró de manera violenta la unidad de su núcleo
familiar, a juicio del recurrente, los únicos legitimados para obtener el
reconocimiento de dicha prestación serían los hijos de la causante.
7. Sentencia de Segunda Instancia
El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Tunja, mediante providencia del 20 de octubre de 2015, confirmó
en su integridad el fallo de primera instancia, al considerar que el
reconocimiento pensional hasta ahora efectuado por Protección S.A. se realizó
en plena concordancia con la normatividad vigente a ese respecto. A partir de
lo expuesto, de existir inconformidad por parte de los accionantes, éstos deben
acudir al juez natural para que dirima, en últimas, la procedencia de la
concesión total de la pensión en favor de José y Lucero en
calidad de hijos de la causante.
8. Pruebas relevantes que obran en el
expediente
A continuación se hará una relación de los elementos
de prueba que fueron aportados por el apoderado de los accionantes y que obran
en el expediente de tutela:
- Copia del Registro Civil de defunción de la señora
Renata[17].
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de José[18].
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de la menor
Lucero[19].
- Copia del acta de posesión de curador legítimo
llevado a cabo el 16 de marzo de 2015[20].
- Copia de la respuesta hecha por Protección S.A. el
31 de agosto de 2009 a la solicitud de reconocimiento pensional[21].
- Copia de la primera solicitud de reconocimiento
pensional en favor de los hermanos José y Lucero llevado a cabo
el 11 de junio de 2009[22].
- Copia de la sentencia condenatoria proferida el 19
de octubre de 2009 por el Juzgado 9 Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bogotá[23].
- Copia de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo de Familia de Tunja el 22 de abril de 2013 dentro del proceso de
privación de la patria potestad[24].
- Poder conferido por José y la señora Fernanda
en representación de la menor Lucero para efectos de la representación
judicial en el trámite de la acción de tutela[25].
- Copia de la certificación emitida el 16 de marzo
de 2015 por el SENA, la cual establece que el joven José se encuentra
realizando un programa técnico[26].
- Copia de la certificación emitida el 25 de octubre
de 2016 por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, en la que se
informa que el joven José está cursando el programa de Ingeniería
Ambiental ofertado por la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias y del Medio
Ambiente –ECAPMA[27].
- Copia de la sentencia proferida el 29 de mayo de
2015 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja en el proceso de acción
de tutela impetrada por la señora Fernanda en contra de Protección S.A[28].
- Copia de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo de Familia de Tunja el 24 de septiembre de 2013 a través del cual se
designa a la señora Fernanda como curadora en representación de sus
sobrinos José y Lucero[29].
- Copia de las certificaciones emitidas el 26 de
marzo de 2015[30]
y el 24 de octubre de 2016[31]
por una Institución Educativa de Boyacá, la cual hace constar que la menor Lunero
se encuentra matriculada cursando básica secundaria.
- Copia de la comunicación emitida por Protección
S.A. el 31 de julio de 2015, a través del cual reconoce el 50% de la pensión de
sobrevivientes en favor de José y Lucero en forma proporcional y
se deja en reserva el 50% del beneficio pensional correspondiente al cónyuge de
la causante[32].
9. Actuaciones realizadas en sede de
revisión
9.1. Comoquiera que en el trámite de la acción de
tutela el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Tunja libró despacho comisorio con el fin de lograr la vinculación del señor Mauricio
sin alcanzar mayor resultado, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional
ordenó notificarlo, mediante Auto del 4 de agosto de 2016, “adjuntando
copia de la acción de tutela identificada con el número T-5485856, del auto
admisorio y de los fallos de instancia, para que se entienda notificado de este
proceso y […] se pronuncie acerca de los hechos y pretensiones en que se
funda la solicitud de amparo”[33]. Lo
anterior, con el propósito de garantizar el debido proceso de quien
en este caso puede resultar afectado con las decisiones proferidas por los
jueces constitucionales. Adicionalmente, en la misma providencia, se
ordenó suspender los términos para fallar el asunto de la referencia, de
conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[34].
9.2. Vencido el término otorgado para tal efecto, no
se recibió respuesta alguna del establecimiento carcelario. Por ese motivo, a
través de Auto del 30 de septiembre de 2016, el Magistrado Sustanciador ordenó
requerir al Instituto Penitenciario de Mediana Seguridad de Chocontá y al
Instituto Penitenciario y Carcelario-INPEC para que, a través de dichas
entidades, se lograra vincular al señor Mauricio al trámite de la
presente actuación[35].
Pasado el plazo fijado, sin embargo, tampoco se allegó comunicado de las
entidades requeridas.
9.3. Conviene señalar al respecto que el 28 de
octubre de 2016, mediante escrito presentado ante esta Corporación[36], los
accionantes informaron al Magistrado Sustanciador que, desde el mes de mayo de
2016 el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
concedió el beneficio de prisión domiciliaria al señor Mauricio, quien
se encontraba residiendo en la ciudad de Bogotá.
9.4. Por tal motivo, la Sala Segunda de Revisión, a
través del Auto del 3 de noviembre de 2016[37],
ordenó requerir nuevamente al director del INPEC para que surtiera el trámite
de vinculación del señor Mauricio. Adicionalmente, se ofició a
Protección S.A. con el fin de que informara a la Sala si el accionado “se
encuentra adelantado, en su favor, los trámites para el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge,
(…)”[38].
9.5. Cumplido el término establecido para tales
efectos, Protección S.A., a través de comunicación presentada a esta
Corporación, informó al Magistrado Sustanciador que “ante el fallecimiento
de la señora [Renata], el señor [Mauricio], en
calidad de cónyuge de la afiliada fallecida, radicó solicitud de prestación
económica por sobrevivencia ante Protección S.A. el día 13 de septiembre de 2016
[la cual se encuentra] en trámite y una vez finalizada la verificación de
los requisitos establecidos en la legislación vigente, [la] administradora
procederá a reconocer y pagar la prestación económica a que haya lugar con
ocasión al fallecimiento de la señora [Luisa]”[39].
9.6. Al no recibirse respuesta alguna del INPEC, la
Sala Segunda de Revisión, a través de Auto del 27 de enero de 2017[40],
ordenó librar despacho
comisorio al Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la
ciudad de Bogotá
para que, a través de éste, se procediera con la notificación de la acción de
tutela al señor Mauricio en calidad de accionado y “[c]omo
medida provisional para proteger los derechos invocados por los actores, [se
ordenó] al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. SUSPENDER de
inmediato el trámite de reconocimiento de la pensión de sobreviviente iniciado
por [Mauricio] en calidad de cónyuge de la causante [Renata]
o,
en el caso que la misma haya sido reconocida, suspender el pago de dicha
prestación, hasta tanto la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional dicte fallo en el presente proceso”[41].
9.7. Finalmente, en cumplimiento de las órdenes
impartidas en el citado auto, el 5 de febrero de 2017, el Juzgado 29 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá procedió a
notificar al señor Mauricio sobre el trámite de la presente actuación,
sin que éste rindiera manifestación alguna sobre los hechos y pretensiones
formulados por los accionantes[42].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y el
Decreto 2591 de 1991.
2. Análisis de
procedencia de la acción de tutela
De manera previa
al examen de fondo del presente caso, la Sala Segunda de Revisión de esta
Corporación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela previstos en la Constitución de 1991 y desarrollados
por el Decreto 2591 de 1991, en los términos descritos por la jurisprudencia
constitucional.
2.1.
Legitimación por activa
2.1.1
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha sostenido que la acción de tutela puede ser impetrada: i) por
la persona titular de los derechos fundamentales que se consideran amenazados o
vulnerados, ii) por su representante legal, en los casos en donde los sujetos
involucrados estén en situación de discapacidad, interdicción o sean menores de
edad, iii) por su apoderado judicial, quien debe ostentar la calidad de
abogado titulado y anexar, en la demanda de tutela, el poder especial para
actuar en el respectivo trámite, iv) por su agente oficioso, cuando el
afectado en los derechos constitucionales no esté en condiciones físicas o
psicológicas para promover la tutela de sus propios intereses y, finalmente, v)
por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales en los casos
autorizados por la ley[43].
2.1.2. La Sala
observa que en el presente caso se encuentra acreditado el cumplimiento de este
requisito, pues el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, a través de la Sentencia
del 24 de septiembre de 2013, designó a la señora Fernanda como curadora
de la menor Lucero, condición que la legítima para que, en su
representación y por medio de apoderado judicial, acuda ante el juez de tutela
en procura de la defensa de sus derechos fundamentales. Igualmente, se allega
el poder especial otorgado por José, para que el abogado, por ellos
designado, represente los intereses jurídicos presuntamente desconocidos por el
actuar de Protección S.A. Bajo este panorama, la Corte no advierte problemas de
legitimación frente a los aquí accionantes.
2.2.
Legitimación por pasiva
2.2.1. Con
fundamento en los artículos 86 de la Carta Política y 42 del Decreto 2591 de
1991, esta Corporación también ha reiterado que la acción de tutela puede interponerse
contra cualquier actuación u omisión de las autoridades públicas o particulares
que vulneren o amenacen los derechos fundamentales. Respecto de las relaciones
entre particulares, la jurisprudencia constitucional adicionalmente ha
enfatizado la procedencia del recurso de amparo en los siguientes escenarios: i)
cuando aquellos están encargados de la prestación de un servicio público, ii)
cuando la persona que solicita el amparo constitucional se encuentra en una
relación de subordinación o indefensión con la organización privada o un
particular y iii) cuando su conducta afecta de manera grave y ostensible
los intereses colectivos[44].
2.2.2. En esta
ocasión, la legitimación del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.,
como parte pasiva en el proceso de tutela, no genera dificultad alguna, por ser
la entidad encargada de administrar los recursos que constituyen el objeto de
la prestación económica reclamada por los accionantes. Así, no cabe duda de
que, acorde con el artículo 48 superior, Protección S.A. presta a los
demandantes el servicio público de la seguridad social.
2.2.3. Tampoco
presenta problemas la legitimación por pasiva del señor Mauricio, pues
se evidencia una relación especial de indefensión de los demandantes respecto
de quien, en principio, tiene la titularidad del 50% de la pensión de
sobrevivientes en la calidad de cónyuge supérstite de la señora Renata. La
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la indefensión, como
escenario que admite la procedencia de la acción de tutela, parte de la
demostración de la relación asimétrica de fuerzas entre las partes, donde una “ha sido
puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente
las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular”[45].
La
incapacidad jurídica y fáctica de los hermanos José y Lucero se
explica por su condición de marginación económica y social, la situación de
desprotección por la pérdida de su núcleo familiar y la corta edad, cuyos
elementos, analizados en conjunto, los ubican en una posición de clara
desventaja frente al señor Mauricio, su padre, quien aún privado de la
patria potestad y condenado a la pena privativa de la libertad, le fue reconocido
por parte de Protección S.A. el beneficio de la reserva de la pensión de
sobrevivientes.
Es más,
la admisibilidad de la acción de tutela frente al señor Mauricio se
justifica porque, según información que obra en el expediente, este sujeto en
la actualidad se encuentra adelantando todas las gestiones administrativas
tendientes al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que aquí disputan
los accionantes, por lo que la decisión adoptada por la Sala, en un sentido u
otro, influye directamente en la pretensión radicada por éste ante Protección
S.A.
2.2.4. En
vista de tales circunstancias, la Sala considera que se encuentra acreditada la
legitimación por pasiva de Protección S.A. y el señor Mauricio.
2.3. Inmediatez
2.3.1. La
inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida en un plazo razonable,
contado a partir del momento en que se produce la amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales. El límite temporal se explica porque, de conformidad
con el artículo 86 de la Carta Política, el recurso de amparo tiene como
propósito esencial proteger efectiva e inmediatamente las
prerrogativas consagradas en la Constitución de 1991. Aunque la inmediatez no se
asocia con un término explícito de caducidad para presentar la demanda de
tutela, la Corte ha sostenido que debe ejercerse de forma oportuna y coherente
con las finalidades del propio mecanismo y la urgencia de protección de los
derechos presuntamente quebrantados. De aquí que, este recurso no pueda ser
empleado por las partes como una herramienta para provocar inseguridad jurídica
o recompensar la negligencia o desidia de las personas vinculadas en su trámite[46].
2.3.2. La Sala
advierte que el requisito de inmediatez se encuentra superado en el asunto objeto
de examen, pues los demandantes promovieron la acción de tutela en un plazo
razonable, esto es, menos de un mes de ocurrido el presunto hecho generador del
menoscabo de los derechos fundamentales. En efecto, conforme con los elementos
probatorios allegados al proceso, se observó que la demanda de tutela fue radicada
el 13 de agosto de 2015[47], luego de
que Protección S.A, a través de comunicación del 31 de julio de 2015,[48]
decidiera dejar en reserva el 50% de la pensión de sobrevivientes a favor del
señor Mauricio, pese a que los demandantes alegaban que el mismo era el
penalmente responsable del homicidio de la afiliada.
2.4. Subsidiariedad
2.4.1. El propio
artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991 consagran el carácter
residual y excepcional de la acción de tutela, por lo que sólo procede para
proteger los derechos fundamentales en el caso que i) el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, como excepción a esta
regla general y de conformidad con las disposiciones normativas citadas, esta
Corporación ha considerado que también resulta viable constitucionalmente i)
cuando la
tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, caso en el cual la decisión del juez se mantendrá vigente de
forma transitoria, hasta el momento que la autoridad judicial competente adopte
la decisión de fondo dentro del proceso ordinario instaurado por el interesado
y iii) cuando los medios judiciales ordinarios no
resulten idóneos ni eficaces para enfrentar el riesgo o vulneración de los
derechos invocados. En este último presupuesto, la decisión del juez de tutela
tendrá un carácter definitivo.
2.4.2. Para
determinar la idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial ordinario,
esta Corporación ha manifestado que, con fundamento en el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela goza de la plena potestad para valorar
en cada caso si la vía ordinaria cuenta con la aptitud material para brindar la
protección oportuna, integral y definitiva que requiere el derecho fundamental comprometido[49]. A
partir de dicho criterio, además, se han enunciado una serie de pautas para
considerar la concurrencia de estas dos características en los asuntos que,
como sucede con el reconocimiento de los derechos pensionales, la necesidad de salvaguarda
llevaría a admitir la procedencia de la acción de tutela.
Así como ha
ocurrido con las subsiguientes pautas jurisprudenciales: i) la situación
de los sujetos de especial protección constitucional involucrados en el trámite
de la demanda de tutela; ii) la convicción de que el mecanismo ordinario
ofrece la solución integral y oportuna que requiere el actor, por lo que se
evita colocar a la persona afectada en una situación de prolongada espera; iii)
el análisis de los derechos que demandan una salvaguarda inmediata, como
cuando la falta de pago o la disminución de las mesadas pensionales ocasiona un
alto grado de afectación al mínimo vital; iv) las circunstancias que
excusan o justifican al actor para no promover los mecanismos ordinarios que
tenía a su alcance, así como la valoración de los hechos que demuestran el agotamiento
de cierta actividad administrativa o judicial con el objetivo de que fueran previamente
concedidas las pretensiones y, finalmente, v) el hecho de que el diseño
del medio de defensa judicial y el ámbito de competencia del juez ordinario
aseguren una protección similar a la que se concedería a través del recurso de
amparo. En otras palabras, que la ruta ordinaria tenga la entidad para resolver
el conflicto en su dimensión constitucional, resultando previsible la decisión
respecto del caso planteado[50].
2.4.3. En el
presente asunto, los jueces de instancia declararon la improcedencia de
la acción de tutela tras afirmar que el conflicto presentado por los
accionantes debe dirimirse ante la jurisdicción ordinaria laboral. A su juicio,
dicho escenario resulta idóneo y eficaz para discutir la redistribución de la
pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, adoptar la decisión que
corresponda frente al 50% de la prestación que, en principio, estaría en
cabeza del señor Mauricio.
2.4.4. Sin embargo, contrario a lo sostenido
por los jueces de instancia y de conformidad con los criterios
jurisprudenciales atrás referenciados, esta Sala considera que el procedimiento
ordinario laboral, consagrado en los artículos 74 y subsiguientes del Código
Procesal del Trabajo, no resulta el medio judicial más idóneo y eficaz para salvaguardar
los derechos fundamentales aquí comprometidos, por las razones que se pasan a
explicar.
2.4.5. Para comenzar, el asunto objeto
de revisión por parte de la Corte tiene como propósito esencial amparar los
derechos fundamentales de sujetos catalogados como de especial protección
constitucional, a raíz de su situación socioeconómica, la pérdida del núcleo
familiar y la condición de menores de edad. Por tal propósito, en esta
oportunidad, los requisitos de procedencia de la acción de tutela se deben valoran
con un parámetro menos restrictivo, a fin de garantizar que la menor Lucero y
el joven José reciban una respuesta acorde con sus necesidades específicas
de protección[51].
No sobra recordar que la situación
expuesta en la demanda de tutela, aún con los matices que se hayan podido
presentar, ubica a los accionantes en un escenario complejo de vulnerabilidad. Desde
la época del fallecimiento de la señora Renata, los hermanos José y
Lucero sufrieron el quebranto de la unidad familiar, tanto por la muerte
de su progenitora como la declaración de pérdida de la patria potestad por
parte del señor Mauricio. Por esa razón, la indefensión que suele
indicarse sobre los menores de edad, en este caso particular fue
ostensiblemente más grave, al punto de que los niños quedaron huérfanos y con
secuelas psicológicas difíciles de superar.
El hecho de que los hijos de la señora Renata
cuenten con el apoyo de su tía materna tampoco significa que la condición
de vulnerabilidad de los accionantes haya cesado. La información que obra en el
expediente, por el contrario, refleja las precarias condiciones socioeconómicas
de estos jóvenes y las dificultades a las que diariamente se ve expuesta la
señora Fernanda para proveer el sustento de su núcleo familiar y de sus
sobrinos. Es más, el hecho de que sus ingresos provengan del monto de la
pensión de sobrevivientes, que a todas luces resulta insuficiente, demuestra la
urgencia de una intervención estatal oportuna e integral.
Bajo esta lógica, la Sala no considera
razonable la postura de los jueces de instancia, de trasladar el conflicto a la
jurisdicción ordinaria, pues conocido el caso por parte del juez de tutela, tal
decisión solo prolonga el escenario de indefensión y vulnerabilidad de sujetos
que se supone están amparados por una protección reforzada de naturaleza
constitucional, la cual obliga a todas las autoridades públicas a adoptar una
postura activa respecto del goce pleno y efectivo de sus derechos fundamentales
(art. 44 C.P.).
2.4.6. Por otra parte, la Corte advierte
que la demanda interpuesta por los hermanos José y Lucero plantea
que la decisión adoptada por Protección S.A., de dejar en reserva el 50% de la
pensión de sobrevivientes a favor del señor Mauricio, pese a que fue el
penalmente responsable de la muerte de la causante y madre de los accionantes, para
ellos, constituye un postura inconstitucional que afecta sus derechos
fundamentales.
La solicitud de amparo, entonces, no
formula un problema derivado del desconocimiento de las normas legales
asociadas a la pensión de sobrevivientes, ni se funda en una discrepancia de
carácter legal relacionada con la calidad de beneficiario del señor Mauricio,
pues la aplicación exegética del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 define
con claridad que el cónyuge o compañero permanente tendrá derecho a la pensión
de forma vitalicia o temporal. Situación que, incluso, es advertida por el
propio apoderado judicial de los demandantes.
Por el contrario, los interesados fundan
sus pretensiones en un escenario constitucional orientado a demostrar que, aun
cuando Protección S.A. hace uso de la normatividad vigente para reservar el 50%
de la pensión de sobrevivientes, valora de forma irreflexiva y desproporcionada
la calidad del señor Mauricio, lo que ocasiona un trato
discriminatorio frente a los interesados, quienes ostentan la condición de
sujetos de especial protección constitucional.
Como muestra de sus afirmaciones, la
parte actora expone hechos a partir de los cuales, desde su punto de vista, se
puede concluir que Protección S.A., pese a los costos de la decisión sobre el
goce efectivo de los derechos fundamentales de los actores, emite la
comunicación del 31 de julio de 2015 provocando un déficit de protección
injustificado, el cual sólo se anularía con el reconocimiento de los derechos
conculcados por parte del juez de tutela.
En consecuencia, la demanda de tutela
formulada por los hermanos José y Lucero no tiene la pretensión
de tramitar reclamaciones de orden legal únicamente. Más allá de esto, la
solicitud de amparo pretende lograr la protección efectiva de derechos y
principios de rango constitucional, como sería el principio de prevalencia del
interés superior del menor.
2.4.7. Adicionalmente, la Sala considera
que el cauce ordinario resulta ineficaz para la protección de los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital de los accionantes, en la medida que resulta
previsible que el conflicto sea asumido por el juez ordinario como un asunto
que puede ser resuelto por la aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
De hecho, lo que se debate en esta oportunidad es la aplicación irreflexiva de
las normas de seguridad social que llevan a concluir, a juicio de la parte actora,
que el señor Mauricio, aun cuando es la persona penalmente responsable
de la muerte de la afiliada, resultaría beneficiándose de su conducta dolosa,
con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que realizó Protección
S.A. bajo mandatos legales.
En vista de que la Corte no tiene
certeza de que la vía ordinaria brindará la protección oportuna e integral que
requieren los hermanos José y Lucero, ni que resolverá las
pretensiones ofreciendo una valoración similar a la que se realizaría por parte
del juez de tutela, esta Sala no puede entrar a afirmar que el procedimiento
ordinario resulta siendo el mecanismo idóneo y eficaz en esta oportunidad.
2.4.8. Por
último, la Sala no puede ser indiferente ante el hecho de que los accionantes
desplegaron cierta actividad administrativa y judicial previa para el
reconocimiento del 100% de la pensión de sobrevivientes. No obstante lo
anterior, acorde con los elementos de prueba, las autoridades judiciales y
Protección S.A. omitieron valorar el asunto planteado por los aquí demandantes.
Nótese al respecto que, tanto en el trámite de la primera acción de tutela,
como al momento de presentar la solicitud de reconocimiento pensional ante
Protección S.A., los accionantes requirieron el 100% de la pensión de
sobrevivientes bajo el argumento de que el señor Mauricio no se
encuentra legitimado para recibir dicha prestación, en razón a que fue la
persona que causó de manera dolosa la muerte de la causante. Sin embargo, tales
autoridades deliberadamente dejaron de pronunciarse sobre dicha prestación, lo
que llevó a que la parte demandante, ante la urgencia de protección de sus
derechos, acudiera de nuevo al juez de tutela.
2.4.9. En este orden de ideas, la Sala
considera que la acción de tutela presentada contra Protección S.A. y el señor Mauricio,
en procura de la protección de los derechos al mínimo vital, la seguridad
social y la vida digna, resulta el medio adecuado para obtener la defensa de
los intereses de los hermanos José y Lucero, al no existir otro
mecanismo con la aptitud para resolver de forma efectiva y oportuna la
vulneración de los derechos fundamentales ahora comprometidos. En consecuencia,
se estima que el requisito de subsidiariedad se encuentra también cumplido,
procediendo la Sala con el estudio de fondo de la tutela interpuesta.
3. Presentación del
caso, planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión
3.1. Para los accionantes resulta
desproporcionado y contrario a los fines constitucionales que el señor Mauricio
se encuentre legitimado para recibir la pensión de sobrevivientes, siendo
la persona que acabó de manera dolosa con la vida de la causante, terminó de
forma violenta con su núcleo familiar y los expuso, desde el fallecimiento de
la señora Renata, a un grave escenario de vulnerabilidad no solo en razón
de la edad, sino además, en atención a las dificultades económicas que han
tenido que afrontar y su estado de orfandad.
Por estas razones solicitan al juez
constitucional que inaplique la normatividad consagrada en la Ley 100 de 1993,
para que en su lugar, Protección S.A. disponga el reconocimiento del 100% de la
referida prestación a favor de los accionantes, en calidad de hijos de la
señora Renata, y proceda a pagarla con los intereses de mora causados
desde el 18 de enero de 2009.
3.2. Visto el contexto en el que se
inscribe el amparo invocado, sin embargo, esta Sala advierte que los hermanos José
y Lucero lo que en el fondo plantean es un problema de interpretación de
las normas que consagran la pensión de sobrevivientes y que, desde su punto de
vista, vulnera los derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida digna,
así como la prevalencia del principio de interés superior del menor.
Su discrepancia no se relaciona con la
indeterminación de la norma aplicable, en el entendido que hay acuerdo sobre
que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 es el que establece cuáles son las
personas que pueden ser beneficiarias de la referida prestación. El conflicto
surge entonces en cómo debe ser interpretada dicha disposición frente al caso
particular, en donde el señor Mauricio, aun cuando resulta beneficiario
de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite de la señora Renata,
fue el penalmente responsable del homicidio de la afiliada y madre de los
accionantes.
Bajo este entendido, el caso plantea
interrogantes de tipo general, tal como ocurre con la forma de articulación de
la norma y el asunto examinado con los postulados fijados en la Constitución de
1991; el hecho de si, en efecto, el legislador tuvo la intención de regular el
supuesto fáctico aquí alegado; e inclusive, la manera correcta de interpretar
judicialmente el tema.
Con todo, para la Sala, el problema
principal gira en torno a la decisión de Protección S.A. De hecho, se debe
determinar si la decisión proferida por la entidad demandada, de abstenerse a
reconocer el 100% de la pensión de sobrevivientes a los accionantes, en calidad
de hijos de la causante, bajo el argumento de que el cónyuge supérstite, aun
cuando fue
quien causó la muerte dolosa de la señora Renata, tiene el estatus de
beneficiario, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de
1991, desconoce
los derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida digna de lo
accionantes, así como la prevalencia del principio de interés superior del
menor.
3.3. Para resolver el problema expuesto, la Sala
comenzará señalando i) la finalidad de la pensión de sobrevivientes a la
luz de la Constitución de 1991, luego de lo cual ii) se reiterarán
algunas pautas jurisprudenciales frente al principio de interés superior del
menor, iii) la labor interpretativa del juez de tutela ante lagunas
axiológicas y iv) el papel de la regla general del derecho: No se
escucha a quien alega su propia culpa, para con estos elementos,
finalmente, v) resolver el caso concreto.
4. La pensión de sobrevivientes tiene
como finalidad esencial proteger a la familia, en tanto constituye el núcleo
fundamental de la sociedad
4.1. Según los elementos consagrados en el artículo
48 de la Constitución, la seguridad social tiene la doble naturaleza de derecho
irrenunciable y servicio público de carácter esencial. En el primer caso el
Estado colombiano asume la carga de garantizar a todos los habitantes
del territorio nacional la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales
que resulten indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad[52], en
tanto que el segundo persigue el acceso a prestaciones económicas y
sociales, a través de instituciones públicas o privadas que, bajo la dirección
y coordinación del Estado, favorezcan la cobertura ante contingencias procedentes
de riesgos de origen común o laboral.
4.2. A partir de los preceptos establecidos en la
Carta, el legislador diseñó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual propende
por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y, en general,
de la propia comunidad, a través de la cobertura progresiva a prestaciones
económicas, de salud y de servicios laborales complementarios. De hecho, en la
Ley 100 de 1993, el sistema se encuentra estructurado por medio de un conjunto
amplio de instituciones, normas y procedimientos que buscan proteger a la
población frente a contingencias derivadas de la edad, la enfermedad o el
desempleo, mayoritariamente, a través de cuatro subcomponentes: i) el Sistema
General de Pensiones, ii) el Sistema General de Salud, iii) el
Sistema General de Riesgos Laborales y iv) los Servicios Sociales
Complementarios[53].
4.3. Por medio del Sistema General de
Pensiones, que es el tema que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad,
el legislador reguló prestaciones económicas a favor de todos los habitantes
del territorial nacional, con la finalidad de que afronten con dignidad
situaciones derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, para
que, una vez ocurridas dichas contingencias y bajo el cumplimiento de unos
requisitos legales, se dé lugar al reconocimiento de las pensiones de
jubilación, invalidez y sobrevivientes de los afiliados o de los beneficiarios
de éstos, según sea el caso (arts. 10 al 13 de la Ley 100 de 1993)[54].
4.4. En lo relacionado
con la pensión de sobrevivientes, la ley además prevé que tendrán derecho a
recibirla los miembros del grupo familiar del pensionado o afiliado al sistema
que fallezca, bajo un determinado orden de prelación y demostrado, en cada caso,
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad[55].
En particular, el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala quiénes serán los beneficiarios de dicha
prestación. De un lado, los literales a) y b) estipulan que serán los cónyuges
o compañeros permanentes supérstites, para lo cual deberán acreditar, en primer
término, que hicieron vida marital con el causante hasta su muerte y, en
segundo lugar, que convivieron con la persona fallecida no menos de cinco años
continuos con anterioridad a su defunción. El literal c), por su parte,
consagra como beneficiarios a todos los hijos menores de 18 años, para lo cual
bastará con demostrar la filiación; mientras que los mayores de edad y hasta
los 25 años, aparte deberán certificar la imposibilidad para trabajar en razón
de la condición de invalidez o los estudios académicos.
Dado el mismo orden de
prelación entre el cónyuge o compañero supérstite y los hijos del causante, el
Decreto 1889 de 1994 estableció con claridad, en su artículo 8, que la pensión
de sobrevivientes o sustitutiva será distribuida en partes iguales, es decir,
el 50%
para el cónyuge o compañero supérstite y el otro 50% para los hijos del
pensionado o afiliado al sistema. A propósito de la “falta de cónyuge o
compañera o compañero permanente o cuando su derecho se pierda o se extinga”,
la norma también señaló que en tales casos “la totalidad de la pensión corresponderá
a los hijos con derechos por partes iguales”.
4.5. A partir de las
reglas fijadas por el legislador es que la Corte Constitucional ha considerado que
la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad esencial impedir
que, tras la muerte de la persona afiliada al régimen de seguridad social, su
grupo familiar más próximo se vea expuesto a un ostensible menoscabo de los
derechos fundamentales. Lo anterior, comoquiera que, a la luz de la Carta
Política, al dejar de contar con los recursos económicos que tal persona
aportaba, las condiciones de la familia tienden a transformarse, al punto que quedan
desprotegidos frente a las necesidades que requiere cada uno de sus integrantes
para proseguir con el proyecto de vida[56].
El propósito de esta prestación,
entonces, es ayudar a soportar los riesgos económicos derivados de la viudez y
la orfandad por la ausencia repentina de la persona que, en la mayoría de los
casos, sostenía al grupo familiar[57].
Un escenario fáctico distinto, en el cual se desconoce la prestación, en no
pocos casos implica una carga económica para la familia, que no está en la
capacidad de soportar y, por lo tanto, sus integrantes terminan en situaciones
de desamparo y vulnerabilidad, inclusive, frente a sujetos catalogados como de
especial protección constitucional, tal como ocurre con los menores de edad,
personas en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres cabeza de hogar[58].
4.6. Es bajo esta lógica que, la Sala
considera que la pensión de sobrevivientes tiene como interés jurídico
fundamental a la institución familiar, la cual, según los términos previstos en
el artículo 42 de la Carta Política, se constituye como un derecho y núcleo
fundamental de la sociedad[59].
De hecho, asegurar la pensión a los sujetos más próximos al causante, que
dependían y compartían la vida con aquel, se erige en una garantía para la
propia familia, en el sentido que, como institución social, la misma se funda
en la vida en común, la ayuda mutua, el sostenimiento y la comprensión entre
los integrantes que permanecen[60].
4.7. Esta garantía a los integrantes del
grupo familiar no significa, de ninguna manera, que el legislador les otorgó un
derecho pensional propiamente dicho, sino la calidad de beneficiarios de la
prestación económica del causante[61].
Es decir, en estricto sentido legal, lo que se reconoce a los miembros del
núcleo familiar del causante es su legitimidad para reemplazar al difunto en el
disfrute de la pensión que éste ya recibía o estaba cotizando[62].
A la hora de definir la legitimidad para
suceder al causante en casos difíciles y de escaso desarrollo legal, la Corte
Constitucional ha defendido la tesis de aplicar criterios materiales que
se acompasan con la finalidad de protección de la familia, desde la concepción
amplia de esta institución.
Conviene señalar al respecto, los
conflictos entre cónyuges supérstites y compañeros permanentes. En estos casos,
la Corte ha indicado que el factor determinante en la aplicación del literal a)
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 es “el hecho del compromiso efectivo y
de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno
de sus integrantes”[63].
En otras palabras, se ha considerado que la convivencia constituye uno de los
elementos centrales para determinar quién es la persona beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes. Interpretación que además resulta congruente con la
institución familiar que se busca proteger a través de tal prestación. Por lo
que, para la Corte, no resulta razonable desplazar a la persona que realmente
convivía con el fallecido, y con la cual, de hecho, existía cercanía,
compromiso y dependencia económica[64].
Recientemente, este Tribunal se ha
pronunciado sobre la protección a las familias que surgen de hecho y han sido
denominadas por la doctrina constitucional como familias de crianza. Se ha
considerado, bajo ciertos supuestos fácticos que, los miembros de una familia
de crianza se encuentran legitimados para beneficiarse de la pensión de
sobrevivientes de la persona con la cual convivían y existía dependencia
económica, en razón a que la familia, además de conformarse por vínculos
jurídicos o de consanguinidad, también lo es, en últimas, por los vínculos de amor, respeto
y solidaridad entre sus miembros, cuyos elementos la caracterizan como una
unidad de vida que liga íntimamente a cada uno de sus integrantes más próximos[65].
4.8. Es en este orden de ideas que la
Sala concluye que, tanto la legislación colombiana como la jurisprudencia
constitucional han planteado que, la pensión de sobrevivientes es una figura
jurídica con la capacidad para proteger a la institución familiar, en tanto
ésta constituye el núcleo fundamental de la sociedad y, por lo mismo, sus
integrantes no pueden verse expuestos a un ostensible menoscabo de los derechos
fundamentales, como consecuencia de la muerte de la persona que, en la mayoría
de los casos, garantizaba su digna subsistencia. Así, en vista de que la
protección a la familia constituye la finalidad esencial de esta prestación, la
legitimidad para suceder al causante no solo se define por elementos formales,
sino además, por criterios materiales que la caracterizan.
5. El principio
de interés superior del menor. Contenido y alcance ante situaciones de
vulnerabilidad acentuada
5.1. Este principio se encuentra
contemplado en el artículo 44 de la Carta Política que, en armonía con la
protección fijada para la familia (art. 42), tiene por finalidad garantizar la
prevalencia y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes. En consecuencia, le asiste al Estado y los componentes sociales
más próximos al menor, la doble obligación de garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales[66].
Fue en atención a este precepto
constitucional que el Congreso de la República promulgó el actual Código de la
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), precisando que el interés
superior del menor ha de entenderse como el imperativo jurídico que obliga a
todas las personas a satisfacer los derechos humanos de la niñez de manera
simultánea e integral (art. 8). Pero, además, el carácter prevalente de sus
derechos ha de implicar que toda decisión o medida, cualquiera sea su
naturaleza, debe adoptarse de tal forma que prevalezcan sus derechos e
intereses superiores frente a los conflictos que se presenten con otras
personas (art. 9)[67].
5.2. De ahí que esta Corporación le
reconozca a la niñez y a la adolescencia la calidad de sujetos de especial
protección constitucional por parte del Estado, la sociedad y la familia. Este
estatus, de un lado, ha permitido robustecer la obligación de garantizar el
ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales del menor, a fin de
que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente. Y, de otro lado,
ha llevado a la adopción de medidas específicas a favor de los niños, niñas y
adolescentes, para que puedan desenvolverse de manera adecuada en las esferas
públicas y privadas que los rodean[68].
5.3. Sin embargo, la aplicación de este
principio en los casos donde se discute la protección de los derechos fundamentales
no ha estado despojado de dificultades valorativas. Razón por la cual, desde
tiempo atrás, esta Corporación ha desarrollado un conjunto de pautas fácticas y
jurídicas con la finalidad de determinar su alcance en cada caso.
El elemento fáctico tiene
relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ubican al menor en
un escenario de vulnerabilidad e indefensión, así como la valoración del
contexto general en el que se despliega el problema jurídico. En cierto modo,
el hecho de que cada persona sea única e irrepetible, es lo que ha llevado a la
Corte a considerar que, a partir de los hechos específicos del caso, puede
determinarse lo que necesita el niño para su bienestar armónico e integral[69].
Las condiciones jurídicas, por su
parte, hacen referencia a la aplicación de pautas previamente establecidas en
el ordenamiento jurídico que robustecen el propósito de promover el bienestar
integral y armónico del menor. Uno de los aspectos que se ha relacionado con
este criterio es el del equilibrio entre los derechos del niño y del padre.
Como parámetro jurisprudencial, el mismo propende por la armonización de los
derechos constitucionales en el caso en concreto, pero cuando dicho equilibrio
se altera y no resulta factible su resolución equitativa, esta pauta sostiene
que el ejercicio de los derechos de los progenitores no puede representar el riesgo
de prerrogativas del menor asociadas a la vida, salud, estabilidad y su
desarrollo armónico e integral[70].
5.4. De hecho, frente al riesgo en el
que están los menores por la causa natural del proceso de desarrollo de sus
facultades y atributos personales, la Corte ha sostenido que, en algunos casos,
se suman escenarios de vulnerabilidad acentuada,[71] frente a
los cuales el deber de protección por parte del Estado se intensifica, en tanto
se asocian con conductas que promueven su maltrato físico, emocional o
psicológico, así como escenarios claramente prohibidos, como sucede con la
orfandad[72],
la explotación económica, el abandono o el reclutamiento forzado, por señalar
algunos casos[73].
Cabe aquí señalar que la Observación
General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (2013) “sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial”, refuerza la idea de que la
situación concreta de vulnerabilidad, al momento de evaluar y determinar el
interés superior, proporciona la orientación necesaria para que las
instituciones del Estado, incluso los particulares, adopten las decisiones de
forma responsable y en procura del restablecimiento de las esferas que
específicamente afectan al menor[74]. Para
el Comité, “el interés superior de un niño en una situación
concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la
misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la
toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de
vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe
evaluarse de acuerdo con su condición única (…)”.
5.5. Es de considerar, entonces, que el deber de asistencia y protección a
cargo de la familia, la sociedad y el Estado, en algunos casos, no se agota con
la actuación de quienes, en primer lugar, están obligados a la satisfacción
plena y efectiva de sus derechos, sino que, por el contrario, en tales casos, la
autoridad pública encargada de resolver algún asunto relacionado con la
garantía de sus derechos fundamentales, le asiste un grado especial de
diligencia para lograr alcanzar el bienestar integral de los menores de edad requieren
atención[75].
6. La labor interpretativa del juez de tutela ante lagunas
axiológicas en la aplicación de la norma al caso concreto
6.1. Cuando la
aplicación de la norma legal al caso específico provoca una consecuencia
jurídica incompatible con los derechos, principios y valores previstos en la
Constitución y, por lo mismo, resulta injusta e irrazonable para el juez de
tutela, se puede considerar que tal disposición normativa presenta una laguna
axiológica frente al caso particular y concreto[76].
Llegado ese punto, el juez cuenta con la discrecionalidad suficiente para
fallar el caso utilizando los elementos dispuestos en el ordenamiento jurídico,
así como los criterios auxiliares que considera relevantes y pertinentes para
adoptar su decisión, la cual, en todo caso, deberá justificarse de forma
adecuada y suficiente.
6.2. Conviene subrayar que, la
Corte ha denominado laguna axiológica a la falta de una norma jurídica justa. Dicho
vacío se presenta porque, en efecto, no hay una disposición legal en el
ordenamiento jurídico que regule el supuesto fáctico controvertido, o bien
porque existiendo, la aplicación de tal precepto al caso específico ocasionaría
un resultado notoriamente injusto e incompatible con la Constitución[77]. En
otras palabras, se presenta cuando el caso está regulado por el derecho pero de
forma axiológicamente inadecuada, ya que el legislador no previó una distinción
especial que conduciría a que la respuesta jurídica fuera distinta.
6.3. Aun cuando se presente una laguna
axiológica que, se insiste, tiene origen en la falta de la norma jurídica que
distinga el caso materialmente diverso, el juez de tutela no puede menos que
fallar, en razón a que le asiste el deber jurídico de adoptar una decisión que
proteja de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales conculcados o
amenazados (art. 86)[78].
Como se ha indicado desde tiempo atrás, para justificar su decisión, el juez
cuenta con las fuentes del derecho colombiano y, seguidamente, con los
criterios auxiliares de justicia, para fijar su postura frente a si la conducta
resulta jurídicamente aceptada o prohibida[79].
Como concepto dinámico, el
sistema de fuentes corresponde con el conjunto de elementos del derecho
positivo que son previstos, en un momento determinado, para resolver los
problemas jurídicos y alcanzar la adecuada resolución de los casos[80]. Hace
parte del sistema i) la Constitución, fuente principal de la eficacia y
validez del ordenamiento jurídico, luego de declarar en su artículo 4° la condición
de norma de normas y, por ello, su carácter prevalente y superior. Este
elemento incluye, además, los tratados y convenios internacionales sobre
derechos humanos, que a partir de la ratificación del Estado colombiano,
integran el denominado bloque de constitucionalidad en sentido estricto
(art. 93 C.P.). También lo constituye, a partir del desarrollo jurisprudencial
de este Tribunal, ii) el precedente judicial, bajo el entendido de que
son ciertas decisiones las que guardan fuerza vinculante, en razón de su
relevancia para la vigencia de un orden político, económico y social justo y la
incidencia en la efectividad de los derechos y garantías consignadas en la
Constitución (arts. 1, 13, 83 y 230 C.P). En consecuencia, para la Corte, “existe una obligación prima facie de seguirlo y,
en el caso de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer una
justificación suficiente”[81].
Así también hace parte del sistema iii) la ley, comprendida ésta
como toda disposición jurídica –ley, decreto, resolución y demás normas-, adoptada
por la autoridad competente y bajo el procedimiento fijado previamente para la
producción normativa. Es más, la aplicación de la analogía constituye
una forma de sometimiento a la ley (art 230 C.P.)[82].
Cuando tales elementos se agotan sin que el juez pueda determinar
la solución del caso o cuando pretenda reforzar su razonamiento judicial, el
ordenamiento jurídico, acorde con lo previsto en el artículo 230 superior,
reconoce la aplicación de criterios extra sistémicos a los que puede acudir
para cumplir con su deber jurídico de fallar. Además de la jurisprudencia, se
ha otorgado dicho carácter a: i) la equidad, por medio de la cual
se busca, esencialmente, “evitar una
injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto” [83];
ii) los principios generales del derecho, que aún como concepto
indeterminado, pretenden asegurar un estándar ideal del derecho, integrar de
forma armónica los enunciados jurídicos existentes y aclarar las dudas ante ambigüedades
presentes y, finalmente, iii) la doctrina jurídica, que es de los
elementos auxiliares la que “referencia al conjunto de trabajos científicos que
en relación con el Derecho en general, con una de sus áreas, o con un
específico ordenamiento jurídico, elaboran autores expertos”[84].
6.4. De tales elementos, cabe indicar que, para el caso
aquí examinado, la analogía, como expresión de la propia ley, ha de
comprenderse como la forma de interpretación judicial que logra determinar la
consecuencia jurídica del caso que no está explícitamente resuelto en el
ordenamiento vigente, a partir del estudio de situaciones fácticas que fueron tratadas
por el legislador y que guardan similitud con el asunto tratado[85]. Se han planteado dos modalidades de razonamiento per
analogiam. La analogía legis, por medio de la cual se valoran las
disposiciones normativas que guardan identidad entre sí, con el propósito de extraer
la forma de regulación aplicable al problema jurídico de dudosa o de difícil resolución[86].
Por su parte, cuando el juez razona a través de la analogía iuris, además
de extraer la consecuencia jurídica de aquellas situaciones que ciertamente
fueron previstas por el legislador, la autoridad judicial tiene como propósito inferir
cuál fue la regla general del derecho común a los casos analizados y que
constituye la razón esencial de la norma.[87]. La
Corte ha precisado dos fases de su desarrollo. “En la primera, se seleccionan
las disposiciones específicas pertinentes (ninguna de la cuales comprende la
situación sub judice). En la segunda, se abstrae una regla implícita en las
disposiciones confrontadas, a partir de la cual se resuelve el caso sometido a
evaluación. La tarea del intérprete, de análisis y síntesis al tiempo, se
encamina al logro de un único propósito: explicitar lo que está implícito en el
sistema y que ha de servir de fundamento a la decisión. La complejidad de la
tarea no escamotea, entonces, la base positiva del fallo. Cuando el juez falla
conforme al proceso descrito no ha rebasado, pues, el ámbito de la
legislación”.[88]
Así, cuando se aplica una regla general del derecho, derivada de la analogía
iuris, se entiende que la autoridad judicial resuelve el caso con fundamento
en la propia legislación y de conformidad con la Constitución.
6.5. Bajo este panorama, la Sala puede concluir que el deber jurídico que
le asiste al juez de fallar lo obliga a adoptar una decisión compatible con los
valores, principios y derechos previstos en la Constitución, en especial,
frente a lagunas axiológicas donde la aplicación literal de la norma llevaría a
decisiones irracionales desde la perspectiva constitucional. El juez, entonces,
no puede menos que interpretar y utilizar los elementos previstos en el
ordenamiento jurídico para adoptar la decisión judicial que más se adecue a la
Carta Política y las reglas generales del derecho que caracterizan, en últimas,
al mismo ordenamiento jurídico.
7. Contenido y naturaleza de la
regla general del derecho, según la cual, “No se escucha a quien alega su propia
culpa”.
7.1. La Corte Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial
respecto del aforismo “Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans”, a través de la cual sostiene que
el juez no puede amparar situaciones donde la vulneración de los derechos
fundamentales del actor se deriva de una actuación negligente, dolosa o de mala
fe. Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad pública
pretende aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se ha justificado la
aplicación de este principio como una forma de impedir el acceso a ventajas
indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por lo que la persona
está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener beneficios originados
de su actuar doloso[89].
Según ese principio, una
persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien
jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede
presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la
conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que
persigue la misma norma[90].
7.2. Este principio no
tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante lo
anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla
general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris.
Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no
hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación[91].
7.3. A partir de dicho
criterio es que esta Corporación ha considerado que la regla general del
derecho de que no
se escucha a quien alega su propia culpa guarda compatibilidad con
los postulados previstos en la Constitución de 1991, en particular, con el “deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”
consagrado en el artículo 95 de la Carta Política. Por una parte, porque la
Norma Superior define con claridad que la actuación de un individuo no puede
servir para dañar, de forma injusta e ilegítima, los derechos que el Estado ha
otorgado a favor de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, en
sí mismo los derechos tienen un límite sustancial, según el cual, para la
primacía de un orden justo se requiere el ejercicio simultáneo de los derechos
propios y ajenos[92]. Y, por
otra parte, en razón a que la Carta Política establece la obligación de ejercer
los derechos constitucionales y legales en consonancia con el espíritu, fin y
sentido que le son propios. Así, las personas tienen el deber de actuar de
forma justa, lo que significa que no pueden desvirtuar el objetivo que persigue
la norma, llevándola a resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico
vigente[93].
En la misma perspectiva, esta regla se ciñe al principio de buena fe,
luego de que el artículo 83 de la Constitución de 1991 presupone que en todas
las gestiones que adelanten los particulares y las autoridades públicas, debe
incorporarse, como presupuesto ético de las relaciones sociales con
trascendencia jurídica, la confianza de que el comportamiento de todos los
sujetos del derecho se cimienta sobre la honestidad, rectitud y credibilidad de
su conducta[94].
7.4. Por consiguiente,
para este Tribunal, la regla general del derecho, según la cual no se escucha a
quien alega su propia culpa (bajo el aforismo nemo auditur suam turpitudniem allegans) hace parte del ordenamiento jurídico y resulta compatible con
los postulados previstos en la Constitución de 1991, en la medida que tiene por
fin imposibilitar el acceso a ventajas que se consideran indebidas o
inmerecidas jurídicamente[95]. Así, existe el deber de negar toda pretensión cuya fuente sea el
propio error, dolo o culpa[96].
III. ANALISIS DEL CASO CONCRETO
El señor
Mauricio no puede beneficiarse de su conducta dolosa, recibiendo la pensión de
la persona por la que fue penalmente responsable de su muerte. Por el
contrario, se reputa su indignidad pensional
1. Como ya se indicó, la cuestión
fundamental a resolver en este caso es si resulta razonable, desde la
perspectiva constitucional, reconocer el 100% de la pensión de sobrevivientes a
los hermanos José y Lucero en la calidad de hijos de Renata, en
virtud de que el señor Mauricio, aun cuando tiene el status de
beneficiario por la condición de cónyuge supérstite, de conformidad con lo
previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no se encontraría legitimado
para recibir dicha prestación económica, por ser la persona penalmente
responsable de la muerte dolosa de la causante y madre de los accionantes.
2. Para la Sala y de conformidad
con las reglas jurisprudenciales expuestas ut supra, la respuesta a esta
pregunta sólo puede ser afirmativa. En efecto, los hermanos José y Lucero
se hallan legitimados para reemplazar a la señora Renata en el
disfrute del 100% de la pensión que ella cotizaba ante Protección S.A., en
razón a que el señor Mauricio no puede ser recompensado por su crimen,
recibiendo la pensión de la persona a la que él causó la muerte. A esta
conclusión llega la Sala a partir de las siguientes consideraciones:
3. Es cierto que el legislador
reguló, en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, quiénes pueden, bajo un
determinado orden de prelación y el cumplimiento de requisitos previstos en la
propia ley, beneficiarse de la pensión de sobrevivientes. Bajo este entendido,
en principio, tanto José y Lucero, en la calidad de hijos de la
causante, como el señor Mauricio, cónyuge supérstite de Renata, gozarían
de la condición de beneficiarios de la pensión que ella cotizó. Así, en
estricto sentido legal y como concluyó Protección S.A. después de corroborar el
acatamiento de las exigencias de ley, mientras cada uno de los accionantes tendría
derecho al 25% de la referida pensión, el señor Mauricio resultaría
beneficiario del 50% restante. Por esta razón, la reserva de este porcentaje a
favor del demandado sería una postura acorde con la normatividad en materia
pensional.
4. Sin embargo, aplicar dicha
regulación al escenario fáctico aquí planteado, según el cual, el propio
beneficiario causó de manera dolosa la muerte de la causante, ocasionaría una
consecuencia jurídica injusta, irrazonable e incompatible con la Constitución. De
hecho, esta Corporación considera que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 presenta
una laguna axiológica frente a este caso excepcional, en el cual el señor Mauricio
fue el penalmente responsable de la muerte de la señora Renata, en
la medida que subsumir el caso en los presupuestos legales del Sistema General
de Pensiones provocaría una consecuencia incompatible con i) la
finalidad esencial de la pensión de sobrevivientes y ii) el principio de
interés superior del menor.
De ahí que, se concluya que el legislador estableció el
alcance de la pensión de sobrevivientes o sustitutiva desde el escenario
fáctico de uso común y generalizado. Es decir, bajo la regla de que prima
facie todo integrante del núcleo familiar del causante, a partir de un
determinado orden de prelación y demostrado el cumplimiento de los requisitos
de ley, goza de la calidad de beneficiario. El legislador ni valoró las
circunstancias especiales o excepcionales a la regla, como la aquí planteada,
ni tampoco fijó las consecuencias jurídicas a aplicar ante su ocurrencia. Por
lo que, desde esta óptica, no resulta razonable suponer que el escenario en el
cual el señor Mauricio, en calidad de beneficiario, causó con
intención la muerte de la afiliada a Protección S.A., pueda decidirse con la
simple aplicación de la norma atrás referida.
5. Como se
explicó con anterioridad, la pensión de sobrevivientes constituye una garantía
esencial para la familia, al instituirse en el núcleo fundamental de la
sociedad, por lo que su conformación no solo se determina por los aspectos
formales, sino también, bajo los criterios materiales que la caracterizan. Así
las cosas, para la Sala, resulta irrazonable considerar que la persona que mató
a su esposa y destruyó el hogar, por la aplicación literal del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, pueda beneficiarse de la pensión de sobrevivientes en
calidad de cónyuge supérstite.
Cabe resaltar que, como quedó
demostrado en el proceso, aun cuando el señor Mauricio fuere el cónyuge
de la señora Renata al momento de su muerte y del mismo se esperaba
cuidado y respeto por su pareja, la conducta por éste desplegada sobre la
humanidad de la que fuera su esposa quebrantó su derecho fundamental a la vida,
inviolable desde de la vista constitucional, así como el resto de prerrogativas
que concurren a partir de la propia existencia. Al arrebatarle de forma
violenta la vida a la señora Renata no solo acabó con el proyecto de
vida de ésta, sino que además, causó un perjuicio irremediable sobre sus hijos
y la propia institución familiar. Ambos sufrieron la pérdida de su madre, las
consecuencias sobre la patria potestad respecto del padre y la separación
abrupta de su grupo familiar, del que se supone emergen las primeras y más
sólidas garantías para su desarrollo armónico e integral.
Así las cosas, no resulta
compatible con la institución familiar que consagra la Constitución, ni con las
finalidades que de ésta se desprenden frente a la pensión de sobrevivientes,
afirmar que, en razón a que las normas de seguridad social fijan quiénes son
las personas beneficiarias de tal prestación, Protección S.A. omita sin
justificación, como el señor Mauricio incumplió los deberes con la
pareja y con la propia institución familiar, a raíz del crimen cometido sobre uno
de sus integrantes.
Es más, el caso que ahora llama
la atención de la Sala se inscribe en un claro hecho de violencia contra la
mujer en las relaciones intrafamiliares, en la medida que el señor Mauricio tuvo
la manifiesta intención de causarle a su víctima un profundo sufrimiento, al
punto de arrebatarle su vida de forma violenta e inhumana. Por lo que, de
conformidad con la Ley 1257 de 2008, a través de la cual se fijan las medidas
de sensibilización, prevención y sanción contra este tipo de violencia, el
comportamiento del demandado transgredió todas las garantías y derechos
que se establecieron a favor de la pareja, así como los deberes que prohíben el
maltrato en sus múltiples formas (Arts. 2 y 14).
El inscribir esta conducta en el
contexto que prohíbe la ocurrencia de prácticas discriminatorias, además, hace
que se refuerce la imposibilidad jurídica de que el señor Mauricio se
beneficie de su propia conducta dolosa, pues resulta inconstitucional y
socialmente reprochable que la violencia contra la mujer, al contrario de
castigarse severamente, provoque para el victimario, como algún tipo de
recompensa, la pensión que cotizaba la víctima[97].
6. De igual forma, como se
explicó con anterioridad, la aplicación literal del artículo 47 de la Ley 100
de 1993 llevaría a una consecuencia contraria al principio de interés superior
del menor, dado que, para el caso específico, otorgarle la pensión de
sobrevivientes a la persona que ubicó a sus propios hijos en un escenario
complejo de vulnerabilidad, desde cuando tenían 6 y 12 años de edad, desconoce
el hecho de que priman los derechos fundamentales del menor y su goce efectivo.
Como se indicó, el deber de asistencia y protección a la niñez y la adolescencia,
en algunos casos, no se agota con la actuación de quienes, en primer lugar, están obligados a la
satisfacción plena y efectiva de sus derechos, sino que, además, exige del
Estado un grado especial de diligencia a fin de garantizar el desarrollo
integral y armónico de los sujetos que están desprotegidos.
Como se ha demostrado en el
proceso de tutela, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los
accionantes, a partir de la conducta desplegada por el señor Mauricio sobre
quien fuera su esposa, no solo ha generado secuelas psicológicas difíciles de
superar para los hijos de la causante, sino que además, los envolvió en un
permanente escenario de indefensión, desde el año 2009 a la actualidad. La Sala
no es indiferente al hecho de que José ya cumplió la mayoría de edad,
sin embargo, las circunstancias que soportaron los accionantes, siendo menores
de edad, los ha conducido a varias dificultades económicas y sociales para
rehacer sus proyectos de vida.
Es por ello que, para la Sala, no
otorgarles la pensión de sobrevivientes a los hermanos José y Lucero
conduciría a agravar las circunstancias de personas catalogadas como de
especial protección constitucional en razón de la edad, además de sus
condiciones socioeconómicas y la orfandad.
7. Frente a esta laguna
axiológica que, se reitera, se ocasiona por la consecuencia injusta e
irrazonable de aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al caso específico,
esta Sala recurrió a situaciones análogas que ya fueron reguladas por el
legislador, para encontrar la solución al presente caso.
En nuestro ordenamiento jurídico
existen varias disposiciones normativas que guardan similitud con el caso ahora
controvertido aunque se inscriban en ramas del derecho ciertamente distintas. En
el civil, base de nuestro ordenamiento, por ejemplo, se fija el precepto
general de que todo contrato o acto jurídico se reputa válido a menos que tenga
un objeto o causa ilícita. La ilicitud, desde la creación del Código Civil, ha
sido entendida como la promesa o el hecho de dar algo en recompensa por un
crimen o una conducta inmoral. Por lo que, como consecuencia de la causa
ilícita, la sanción ha sido la declaratoria de nulidad o extinción del derecho
u obligación civil (art. 1524 C.C.).
Resulta ejemplar de lo anterior y
considerablemente semejante con la situación jurídica aquí examinada, las
figuras de indignidad sucesoral y desheredamiento. En el primer caso, de nuevo,
existe una disposición general, según la cual toda persona se considera digna y
capaz de suceder al difunto, sin embargo, cuando el beneficiario fue quien
cometió o intervino en el homicidio de la causante, para el legislador, la
persona deberá declararse indigna para sucederlo (arts. 1018 y 1025 C.C.). La
figura del desheredamiento, aunque materialmente distinta a la anterior,
también estipula la pérdida del legado cuando la persona comete injuria grave
contra el testador tanto en su honra como en su propia persona (art. 1266
C.C.). En ambos casos resulta evidente que el legislador estableció una excepción
a la regla general para suceder, bajo la consideración de que al beneficiario
no se le puede recompensar por su conducta dolosa dirigida a causar
ilícitamente la sucesión o legado, a raíz de la propia muerte del causante.
En el derecho comercial, de más
reciente creación, igualmente, se consagran reglas jurídicas que, en términos
generales, ratifican la validez de los negocios o contratos comerciales,
excepto por la configuración de una causa ilícita, como sucede con el
enriquecimiento sin justa causa y a expensas de otro (arts. 831 y 899 C.CO) Frente
al tema de seguros de vida, en particular, el legislador impuso como sanción la
imposibilidad de reclamar el valor asegurado cuando el propio beneficiario haya
participado, como autor o participe y de forma intencional, en la muerte de la
persona asegurada (arts. 1150 C.CO). Es decir, el legislador dejó claro que el
beneficiario del seguro no se podía favorecer de su propia conducta delictiva.
8. Tales excepciones legislativas
al escenario fáctico de uso común y generalizado, en el que prima facie todos
resultan beneficiados de la sucesión, el legado o seguro, tiene implícita la
consideración de la regla general del derecho, según la cual no se escucha a
quien alega su propia culpa[98].
En efecto, tales disposiciones
normativas tienen en común un propósito de corrección ética por parte del
legislador, en el sentido que si bien, en principio, todos eran beneficiarios
de la ocurrencia de un determinado acto o negocio jurídico, lo cierto es que, a
raíz de su participación en la comisión de un delito, por medio del cual no solo
se produce su beneficio, sino que además, se causa la muerte de la persona de
la cual se deriva, en últimas, dicha situación jurídica, ese acto constituiría
un transgresión injustificable del derecho a la vida, inviolable desde cualquier
perspectiva, por lo que sería ilícito beneficiarse de su propia conducta
criminal e inmoral.
Como se indicó con anterioridad,
la regla general del derecho que establece que no se escucha a quien alega
su propia culpa tiene como propósito armonizar el ordenamiento jurídico, en
el sentido de impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas, a raíz de
la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines
que persigue la misma norma, sino, por el contrario, tiene origen en su propio
error, dolo o culpa. Desde esta óptica, resulta razonable resolver el caso bajo
la aplicación de esta regla general, la cual es expresión de la propia ley,
según ha sostenido esta Corporación y que resulta, además, compatible con los
postulados constitucionales que establecen el deber de respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y el principio de la buena fe[99].
9. En consecuencia, para esta
Corporación, es inconstitucional que el señor Mauricio se encuentre
legitimado para recibir la pensión de sobrevivientes de la persona por la que fue
declarado penalmente responsable del delito de homicidio agravado, y sobre la
prestación económica que además tiene por finalidad esencial proteger a la
institución familiar.
Por las consideraciones
anteriormente expuestas es que esta Corte concluye que en cabeza del señor Mauricio
nunca se radicó la posibilidad de reemplazar a la señora Renata en el
disfrute de la pensión que ella cotizó, pues su comportamiento doloso conllevó
la pérdida de la calidad de beneficiario.
Frente a este punto, la Sala
considera oportuno aclarar que esta consecuencia jurídica no representa una
nueva sanción frente a su conducta penal, ni significa la pérdida de derechos
para el señor Mauricio. Lo anterior, en vista de que dicha prestación,
como se ha explicado, funda su existencia en principios que propenden por la
solidaridad y la protección a la familia y, en segundo término, porque a través
de la pensión de sobrevivientes no se discute un derecho propiamente dicho,
sino la calidad de la persona para reemplazar al causante.
En la medida que el señor Mauricio
no se encuentra legitimado para recibir la pensión de sobrevivientes, esta
Corporación considera que la totalidad de dicha prestación estaría a favor de
los hermanos José y Lucero, en calidad de hijos de la causante,
no solo en aplicación del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 que consagra tal
beneficio para los hijos ante la pérdida o extinción de la calidad por parte
del cónyuge supérstite, sino además, en consideración del principio de interés
superior del menor.
10. En este orden de ideas, en el
presente caso, la Sala concluye que resulta razonable y compatible con la
Constitución de 1991, reconocerles a los hermanos José y Lucero
la totalidad de la pensión de sobrevivientes, en la medida que el señor Mauricio
no puede ser recompensando por su crimen, recibiendo la pensión de la persona
a la que él mismo asesinó. Una postura distinta por parte de esta Sala no sólo
constituiría un razonamiento contrario a las finalidades constitucionales de la
pensión de sobrevivientes, sino que, además, desconocería la regla implícita de
nuestro ordenamiento jurídico, manifiestamente compatible con la Constitución,
según la cual no se escucha a quien alega su propia culpa. Así, en razón
a la privación de la calidad de cónyuge supérstite que el señor Mauricio se
causó, solo resulta razonable considerar, en aplicación de la propia
legislación y el principio de interés superior del menor, que la totalidad de
la pensión de sobrevivientes les correspondería, por partes iguales, a los
hijos de la causante.
Este amparo constitucional no
envuelve la pretensión de la parte actora relacionada con el reconocimiento de
los intereses de mora, por el no pago oportuno de las mesadas pensionales
generadas desde el 18 de enero de 2009, cuya solicitud es de carácter económico
y, por lo mismo, puede ser debatida en el procedimiento judicial ordinario, al
no representar una amenaza o vulneración cierta de los derechos fundamentales
comprometidos, como sí sucedió y se corroboró en este trámite de tutela, frente
a la negativa de la entidad demandada a reconocer el 100% de la pensión de
sobrevivientes a los hijos de la señora Renata.
11. En
consecuencia, la Corte Constitucional concederá la tutela de los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de los hermanos José
y Lucero, por lo que ordenará que se les el 100% de la pensión de sobrevivientes como hijos beneficiarios
de Renata desde el momento de su fallecimiento y hasta que sea compatible
con su reconocimiento legal. Esto implica que se otorgará a su favor (i) el
100% del retroactivo pensional y (ii) las mesadas pensionales que se dejaron en
reserva a favor del señor Mauricio, equivalente al 50% restante de la pensión
de sobrevivientes.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo de segunda instancia, proferido por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Tunja el veinte (20) de octubre de
dos mil quince (2015), en el que se resolvió confirmar en todas sus partes la
sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tunja, que declaró
improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER el amparo los
derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de los hermanos José
y Lucero.
Segundo.- ORDENAR a Protección S.A. que, en el término improrrogable de quince (15)
días calendario contados a partir de la notificación de esta sentencia,
reconozca a favor de José y Lucero el 100% de la pensión de
sobrevivientes como hijos beneficiarios de Renata desde el momento de su
fallecimiento y hasta que sea compatible con su reconocimiento legal. Esto
implica que se otorgará a su favor (i) el 100% del retroactivo pensional y (ii)
las mesadas pensionales que se dejaron en reserva a favor del señor Mauricio,
equivalente al 50% restante de la pensión de sobrevivientes, valores que
deberán ser actualizados.
Tercero.- ORDENAR
a Protección S.A. que, en el término de treinta (30) días calendario
contados a partir de la notificación de esta sentencia, remita a este despacho
copia de los documentos en los que se acredite el reconocimiento y la
cancelación de la suma adeudada, así como las medidas adoptadas al interior de
la entidad para que casos como el aquí examinado no se vuelvan a presentar.
Cuarto.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Esta decisión ha sido
adoptada en las Sentencias T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420 de 1996, T-1390
de 2000, T-1025 de 2002 y T-510 de 2003, entre otras.
[2] Cuaderno 2, folio 14: De
acuerdo con la Sentencia proferida
el 19 de octubre de 2009 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, el señor Mauricio “para la época de
los hechos laboraba en una empresa de cultivo de flores en el municipio de
Funza, estaba casado con la víctima con quien procreó dos hijos actualmente
menores de edad”.
[3] Cuaderno 2, folio 11:
Registro Civil de Nacimiento, José nació el 8 de octubre de 1996.
[4] Cuaderno 2, folio 12:
Registro Civil de Nacimiento, Lucero nació el 26 de marzo de 2003.
[5] Cuaderno 2, folio 15.
Sentencia del 19 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Noveno Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
[6] Cuaderno 2, folios 13-19:
Ibídem.
[7] Cuaderno 2, folio 24.
[8] Cuaderno 2, folios 38-39.
[9] Cuaderno 2, folio 57:
Sentencia del 20 de abril de 2015.
[10] Cuaderno 2, folios 57-63.
[11] Cuaderno 2, folio 42.
[12] Cuaderno 1, folio 39.
[13] Cuaderno 2, folio 7.
[14] Cuaderno 2, folios 45-46.
[15] Cuaderno 2, folio 45.
[16] Cuaderno 2, folio 82.
[17] Cuaderno 2, folio 10.
[18] Cuaderno 2, folio 11.
[19] Cuaderno 2, folio 12.
[20] Cuaderno 2, folio 41.
[21]Cuaderno 2, folio 55-56.
[22] Cuaderno 2, folio 54.
[23] Cuaderno 2, Folios 13-19.
[24] Cuaderno 2, folios 24-34.
[25] Cuaderno 2, folio 1.
[26] Cuaderno 2, folios 20-22.
[27] Cuaderno 3, folio 44.
[28] Cuaderno 2, folios 57-64.
[29] Cuaderno 2, folios 35-39.
[30] Cuaderno 2, folio 23.
[31] Cuaderno 3, folio 45.
[32] Cuaderno 2, folios 42-43.
[33] Cuaderno 1, folio 20.
[34] Ibídem.
[35] Cuaderno 1, folios 24-25.
[36] Cuaderno 1, folios 39-41.
[37] Cuaderno 1, folios 53-56.
[38] Cuaderno 1, folio 55.
[39] Cuaderno 1, folio 60.
[40] Cuaderno 1, folios 72-75.
[41] Cuaderno 1, folio 74.
[42] Cuaderno 1, folios 80-87.
[43] Sentencia T- 482 de 2013.
[44] Sentencias T-514 de 2016
y T-185 de 2017.
[45] Sentencias T-277 de 1999, T-663 de 2002 y T-1040 de 2006.
[46] Sentencias
T-418 de 1992, T-392 de 1994, T- 575 de 2002, T-900 de 2004 y T- 678 de 2006.
[47] Cuaderno 2, folio 44.
[48] Cuaderno 2, folios 42 y
43.
[49] Sentencias T-722 de 2002,
T-1069 de 2012 y T 326 de 2013.
[50] Sentencia T-822 de 2002, T-569 de 2011, T-1069 de 2012,
T-326 de 2013, T-604 de 2013, T-034 de 2013 y T-150 de 2016.
[51] Sentencias T-122 de 2010,
T-729 de 2011 y T-428 de 2014.
[52] Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 22.
[53] Sentencia SU-130 de 2013.
[54] Sentencia SU-428 de 2016.
[55] Sentencia C-389 de 1996.
[56] Sentencia C-002 de 1999 y
SU-428 de 2016.
[57] Sentencia C-080 de 1999,
T-1036 de 2008 y T-187 de 2016.
[58] Sentencia T-047 de 2013,
T-996 de 2005 y T-701 de 2006.
[59] Sentencia C-451 de 2005 y
T-597 de 2017.
[60] Sentencia T-972 de 2016.
[61] Sentencia C-891 de 1999.
[62] Sentencia T-187 de 2016.
[63] Sentencia C-081 de 1991.
[64] Sentencias T-190 de 1993,
T-553 de 1994, C-081 de 1999 y C-111 de 2006.
[65] Sentencia T-074 de 2016.
[66] Sentencia C-262 de 2016.
[67] Sentencia T-277 de 2002.
[68] Sentencias T-556 de 1998,
T-277 de 2002, C-468 de 2009, SU-696 de 2015 y T-196 de 2016.
[69] Sentencia T-277 de 2002,
T-510 de 2003 y C-804 de 2009.
[70] Sentencia C-683 de 2015.
[71] Sentencias C-172 de 2004
y SU-696 de 2015.
[72] Sentencias T-1054 de 2008.
[73] Sentencia T-277 de 2002.
[74] El Comité tiene la función de interpretar la Convención de los
Derechos del Niño, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad, en
virtud del artículo 93 de la Constitución, por lo que sus decisiones
constituyen un criterio hermenéutico relevante.
[75] Sentencias T-029 de 1994,
T-559 de 1998, T- 277 de 2002, SU-696 de 2015 y T-196 de 2016.
[76] Sentencias C-284 de 2015
y C-054 de 2016.
[77] Sentencias C-888 de 2002
y C-1040 de 2005.
[78] Sentencias C-083 de 1995
y C-820 de 2006.
[79] Sentencias C-083 de 1995
C-284 de 2015,
[80] Ibídem.
[81] Sentencia C-284 de 2015.
[82] Sentencias C-083 de 1993
y C-820 de 2006
[83] Sentencia C-284 de 2015.
[84] Sentencia C-284 de 2015.
[85] Sentencia C-083 de 1993.
[86] Sentencias C-083 de 1995
y C-284 de 2015.
[87] Ibídem.
[88] Sentencias C-083 de 1995.
[89] En particular, en la Sentencia
C-083 de 1993, la Corte tuvo la oportunidad de analizar la compatibilidad
de los criterios auxiliares de justicia fijados en el artículo 8 de la Ley 153
de 1887 y los postulados previstos en el artículo 230 de la Constitución de
1991. A partir de ese examen, en relación con el tema aquí expuesto, el
Tribunal consideró que el aforismo nemo propriam turpitudinem allegans potest,
de hecho, constituye un regla general que hace parte del sistema de fuentes del
derecho, en tanto proviene de la analogía iuris. A juicio de la Corte, no hay
duda de que quien alega su propia culpa falta a la buena fe, fin amparado por
la Carta Política. /// Con posterioridad, en la Sentencia SU-624 de
1999, al analizar el caso de una persona que a través de la acción de tutela
buscaba mantener a su hijo en el colegio sin pagar lo debido, estando en
condiciones para hacerlo, la Corte afirmó que constituye un deber
constitucional el no abusar del derecho propio, por lo que no existe
justificación frente al dolo indirecto y malicioso del sujeto que, a sabiendas
de su inconducta, pretende validar su incumplimiento. /// En la Sentencia
C-670 de 2004, en la que se declaró exequible el inciso 4 del artículo 12
de la Ley 820 de 2003, por medio del cual se prohíbe a los arrendatarios en el
proceso de restitución de inmueble alegar su indebida notificación, la Corte
también consideró que la medida legislativa además de perseguir un fin
constitucionalmente legítimo, cual es, imprimir mayor celeridad a los procesos
judiciales, se soporta en el principio nemo propriam turpitudinem allegans
potest, ya que las partes no pueden invocar en su beneficio su propia culpa,
como se evidencia con la falta de diligencia para informar oportunamente el
cambio de dirección señalada en su momento en el texto del contrato de
arrendamiento. /// En la Sentencia T-213 de 2008, la Corte
nuevamente analiza la regla nemo propriam turpitudinem allegans potest, frente
al caso en el que el apoderado judicial presenta la tutela por la decisión
desfavorable del recurso de apelación en el trámite ordinario, al no haber
presentado a tiempo las expresas facultades del mandante. Respecto de la
aplicación de esta regla, la Corporación expuso que los jueces están en el
deber de negar las suplicas cuya fuente es la incuria, el dolo o la mala fe, de
acuerdo con esta regla general del derecho.
[90] Sentencia T-213 de 2008.
[91] Sentencia C-083 de 1995.
[92] Sentencia T-630 de 1997.
[93] Sentencia C-258 de 2013.
[94] Sentencia C-1194 de 2008.
[95] Sentencia T-1231 de 2008
[96] Sentencia T-213 de 2008.
[97] En el derecho comparado casos como el aquí examinado por la
Corte se han resuelto desde la perspectiva social de lucha contra la violencia
de género. En España, por ejemplo, la Ley 40 de 2007, por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de seguridad social fija, en su artículo 30, una
cláusula relacionada con estas víctimas. Expresamente, la norma señala que,
“quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito
doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la
condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro
del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la
causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre
ellos. En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse
incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal
incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de
Seguridad Social de que se trate”. En Estado Chileno, igualmente, se debate la
inclusión de la excepción legal al reconocimiento de la pensión de
sobrevivencia frente al delito de feminicidio. Ver:  http://www.senado.cl/
[98] Ronald Dworkin desarrolló en su
libro “Los derechos en serio” un análisis extenso del caso Riggs vs. Palmer, en
el que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York resolvió el problema de si un
nieto que asesina a su abuelo puede heredarle su fortuna. A través de este
caso, Dworkin expuso que cuando el juez no puede subsumir con facilidad el
hecho específico en la norma, la aplicación de principios, como el que decidió
dicho Tribunal, - A nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio
fraude o tomar ventaja de su propio error-, desempeña un papel fundamental
para llegar a una solución jurídica adecuada. Así, el derecho no solo se
compone de reglas, sino también de principios que los jueces deben aplicar.  Dworkin, R., (1984), Los derechos en serio.
Barcelona, España: Editorial Ariel S.A., página 80.
[99] En esta oportunidad, la Sala
comparte la mayoría de consideraciones efectuadas en el salvamento de voto de
la Sentencia T-270 de 2016, en el que se sustentó la aplicación de la analogía
iuris como la forma correcta de resolver judicialmente el problema frente al
hecho de que el beneficiario de la pensión de sobrevivientes fuera la persona
que causó de manera dolosa la muerte de la causante. No por ello, esta Sala
deja de considerar que el caso expuesto en tal oportunidad carece de
fundamentación, por el contrario, el deber constitucional de no abusar del
derecho, como se explicó en dicha sentencia, constituye uno de los fundamentos
constitucionales de la regla general del derecho, según la cual, nadie puede
beneficiarse de la propia culpa; el principio de interés superior, igualmente,
resulta el parámetro constitucional de análisis a la hora de adoptar una
decisión de esta naturaleza; y la equidad, de hecho, refuerza el razonamiento
judicial en torno a la inconstitucionalidad de otorgar dicha prestación
económica al que causó injustamente la muerte del causante.