T-373-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-373/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de sujetos de especial protección
constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos que debe acreditar el hijo inválido para ser beneficiario
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NEGO SUSTITUCION
PENSIONAL-Procedencia por ocasionarse un perjuicio
irremediable a hijo en situación de discapacidad
PROCESO DE INTERDICCION DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
MENTAL-Valor de las pruebas que se aportan en dicho
trámite
PROCESO DE INTERDICCION DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
MENTAL-Certificado médico que acompaña la demanda
es un dictamen pericial y no se somete a contradicción
PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA COMO ELEMENTO DEL DEBIDO PROCESO
El derecho al debido proceso, que también rige los procedimientos
administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por la ley en
el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento administrativo se
rige por el principio de libertad probatoria, el cual constituye en una
garantía procesal de aplicación inmediata que deriva del debido proceso en
materia administrativa, y debe ser observado por la administración.
PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Si
judicialmente el hijo inválido ha sido declarado interdicto por discapacidad
mental absoluta, la autoridad administrativa deberá aceptar, valorar y
controvertir la decisión judicial
PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Vulneración
del debido proceso, al exigir dictamen expedido por una junta regional de
calificación como único medio de prueba para demostrar la pérdida de capacidad
requerida para ser beneficiario como hijo inválido
La Sala observa que la UGPP vulneró el derecho fundamental al
debido proceso del accionante, porque a pesar de que éste presentó distintos
documentos, que demostraban su pérdida de capacidad laboral, omitió
contradecirlos y optó por descartarlos porque no se presentó un dictamen
expedido por una junta de calificación de invalidez. La actuación de la entidad
demandada desconoció las garantías que rigen el procedimiento administrativo, y
pretendió imponer un medio de prueba como el único conducente para demostrar la
pérdida de capacidad laboral del accionante. Tal interpretación desconoce el
principio de libertad probatoria que rige los trámites de esta naturaleza y, en
esa medida, transgrede el derecho fundamental al debido proceso.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUSTITUCION PENSIONAL-Desconocimiento cuando se exige que se prueben circunstancias
adicionales a las que están previstas en la ley
El Congreso determinó que el hijo de un pensionado, que presente
una pérdida de capacidad superior al 50% y dependiera económicamente de su
padre fallecido, tiene derecho a la sustitución pensional. Lo anterior implica
que en el trámite que se adelante para decidir sobre una solicitud de este
tipo, los fondos de pensiones solamente verifican que se cumpla con los
presupuestos contenidos en la norma y no están facultados para exigir que se
acrediten condiciones adicionales a las que fueron previstas por el Legislador.
Por ende, cuando un fondo de pensiones exige que se acredite una circunstancia
diferente del parentesco, la pérdida de capacidad laboral y la dependencia
económica -entendida como no tener ingresos adicionales-, transgrede el derecho
fundamental a la seguridad social.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUSTITUCION PENSIONAL-Vulneración por exigir como requisito para reconocer sustitución
pensional a hijo inválido, que no haya personas que le deban alimentos
Referencia: Expediente T-4.786.938
Procedencia: Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Asunto: Acción de tutela presentada por Atilio Alberto De la Cruz
Gómez, en representación de Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, contra la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado
por la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, el 1º de diciembre de 2014, que revocó la decisión adoptada
por el Juzgado Séptimo Oral de Familia de Barranquilla el 10 de septiembre de
2014, en el proceso de tutela promovido por el señor Atilio Alberto De la Cruz
Gómez, en representación de Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, contra la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Tres de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala
de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
El 11 de agosto de 2014, el señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez, obrando en representación de su
padre interdicto, el señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, de quien es
guardador, interpuso acción de tutela contra la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –en adelante UGPP-, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de
su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la
igualdad, a la seguridad social y a la salud. Lo anterior, en razón a que la
citada entidad negó el reconocimiento de la sustitución pensional de la señora
Tilda Beltrán de De la Cruz, a favor de su padre, en razón a que éste tenía derecho
a recibir alimentos de otras personas, y no aportó un certificado de pérdida de
capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación.
A. Hechos y pretensiones
1.  El señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, de 64 años de
edad[1], es hijo de Tilda Beltrán
Méndez y Atilio Alberto De la Cruz Orozco[2].
2.  El 19 de enero de 1972[3], el señor De la Cruz
Beltrán tuvo un hijo con la señora Judith Gómez[4], su nombre es Atilio
Alberto De la Cruz Gómez.
3.  En el año 1977, el señor De la Cruz Beltrán empezó a
recibir tratamiento psicológico en el Hospital Mental Departamental CARI, en la
ciudad de Barranquilla[5].
4.  El 16 de marzo de 1985, el accionante fue internado en el
Hospital Mental Departamental de Barranquilla tras sufrir un episodio de
agresividad con sus familiares. En la historia clínica aportada al proceso se
encuentran los informes médicos de la evolución del paciente, en particular uno
del 10 de abril de 1985 en el que el que se evidencia que el señor De la Cruz
Beltrán fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide aguda.[6]
5.  Mediante Resolución No. 007580 del 26 de octubre de 1992[7], la Caja Nacional de
Previsión Social reconoció la pensión de jubilación, a favor de la señora Tilda
Beltrán de De la Cruz, a partir del 1º de mayo de 1989.
6.  El 23 de enero de 2011 la señora Beltrán de De la Cruz,
falleció[8].
7.  El 8 de agosto de 2013, el señor Atilio Alberto De la Cruz
Gómez presentó demanda de interdicción por discapacidad mental, con el fin de
que se declarara la interdicción de su padre, el señor De la Cruz Beltrán.[9]
8.  El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado
Noveno de Familia de Barranquilla, que mediante auto del 22 de agosto de 2013[10], la admitió, decretó la
interdicción provisoria del señor De la Cruz Beltrán, ordenó al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se practicara un dictamen
por peritos médicos y designó como curador provisional a su hijo, Atilio
Alberto De la Cruz Gómez.
9.  Posteriormente, en sentencia del 19 de diciembre de 2013[11], el juzgado declaró la
interdicción por discapacidad mental absoluta de Atilio Alberto De la Cruz
Beltrán y designó al señor De la Cruz Gómez como su guardador principal definitivo
y a la señora Margarita Eloísa De la Cruz Beltrán, como guardadora suplente.
La anterior decisión se
fundamentó en las siguientes pruebas: (i) la certificación expedida por un
médico psiquiatra[12]
y la historia clínica del accionante; (ii) el examen pericial rendido por el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre el examen practicado al
actor[13],
(iii) un informe elaborado por la trabajadora social del Juzgado Noveno de
Familia de Barranquilla, sobre la visita domiciliaria realizada a la vivienda
del señor De la Cruz Beltrán, en la que constató las condiciones de vida del
accionante y entrevistó a Atilio Alberto De la Cruz Gómez y a su esposa, a un
amigo de la familia, y a la hermana del accionante[14].
Con base en tales documentos, la
Juez Novena de Familia de Barranquilla encontró probada la discapacidad mental
del señor De la Cruz Beltrán.
10.  Afirma el accionante, que el 28 de enero de 2014, mediante
apoderado judicial, radicó una solicitud ante la UGPP[15] en la que solicitó el
reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor del señor De la Cruz Beltrán,
como beneficiario de la señora Tilda Beltrán. Lo anterior, en consideración a
que padece de esquizofrenia indiferenciada y dependió económicamente de su
madre hasta que ella murió, el 23 de enero de 2011.
11.  Sostiene que la UGPP solicitó al accionante que allegara
una calificación de pérdida de capacidad laboral, expedida por una junta médica
regional de calificación de invalidez[16].
12.  El 17 de febrero de 2014, el apoderado del accionante radicó
un escrito ante la entidad[17],
en el que manifestó: (i) que mediante el certificado médico de psiquiatría que
fue aportado con la solicitud, se probó que el señor De la Cruz Beltrán recibe
atención psicológica a partir del 15 de marzo de 1977 y fue diagnosticado con
esquizofrenia indiferenciada crónica en el año 1985; (ii) que se allegó también
un informe pericial de Medicina Legal, que fue decretado por el juez de familia
en el trámite del proceso declarativo de interdicción por discapacidad mental,
en el que se certificó que el señor De la Cruz Beltrán padece de esquizofrenia
indiferenciada y que se trata de una enfermedad crónica; y (iii) que el hijo
del señor De la Cruz Beltrán está facultado para tramitar la solicitud de
sustitución pensional para su padre, pues mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2013 fue nombrado como su guardador definitivo. En este orden de
ideas, indicó que lo anterior era suficiente para que la UGPP encontrara
probada la discapacidad de su padre.
13.  Mediante Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014[18], la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión solicitada. La entidad consideró que la
documentación aportada evidenciaba (i) que no existía un certificado de
calificación de invalidez expedido por una junta regional de calificación, y
(ii) que mediante las pruebas aportadas, se demostró que de la unión marital de
hecho del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán y Judith Gómez Arzuza, nació
el señor De la Cruz Gómez, motivo por el cual no existía certeza sobre el
estado civil del solicitante, debido a que la unión marital de hecho podría
estar vigente.
En ese sentido, la entidad afirmó
que “(…) teniendo en cuenta que el interesado sostiene una unión marital de
hecho, es su COMPAÑERA PERMANENTE la que tiene la obligación de alimentos y no
la causante quien era su MADRE, de conformidad con el artículo 411 del código
civil [sic].”[19]
Por lo anterior, la UGPP encontró que se desvirtuaba la dependencia económica
entre el solicitante y la causante, que exige la Ley 797 de 2003 para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y negó la solicitud.
14.  En
consecuencia, el apoderado del actor presentó un escrito mediante el cual interpuso
el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución.[20]
Para sustentar el recurso, se
dijo que en las pruebas aportadas (en particular en el informe de psiquiatría
del hospital que ha llevado el caso, el dictamen de Medicina Legal y la
sentencia de interdicción), consta que el señor De la Cruz Beltrán es separado,
vive solo, y por causa de su cuadro de esquizofrenia indiferenciada, ha sufrido
múltiples pérdidas, incluida su pareja. Así, se aclaró que debido a sus
problemas de agresividad, el señor De la Cruz Beltrán nunca convivió con la
señora Arzuza Gómez[21],
y que a partir del año 2004 la señora reside en el estado de Zulia, Venezuela.
Para probar este hecho se adjuntó una declaración juramentada de la señora
Arzuza[22].
Por otra parte, sostuvo el
apoderado que exigir la calificación de invalidez resultaba "inaceptable
e improcedente", pues la discapacidad mental absoluta del señor De la
Cruz Beltrán fue comprobada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Asimismo, determinó que el dictamen de una junta de calificación
de invalidez, determina el grado de pérdida de capacidad de la persona que ha
sufrido algún tipo de accidente o discapacidad psicomotriz, y no una
discapacidad mental.
Además, reiteró que el señor De
la Cruz Beltrán convivió con su madre desde que empezó a ser tratado por su
enfermedad en el año 1977, hasta su muerte en el año 2011.
Por último, indicó que el derecho
a la pensión no prescribe.
15.  Mediante
Resolución RPD012663 del 21 de abril de 2014[23],
la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, resolvió
el recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 9621
del 20 de marzo de 2014.
Lo anterior, en consideración a que (i) la
declaración de la señora Amparo Judith Arzuza Gómez no estaba firmada, motivo
por el cual no tenía validez; (ii) no obraba un dictamen que calificara la
pérdida de capacidad del accionante, en el que se indicara un porcentaje y una
fecha de estructuración; y (iii) el hijo del solicitante tiene la obligación de
"(...) velar por el sustento y congrua subsistencia del señor ATILIO
ALBERTO DE LA CRUZ BELTRÁN (solicitante); razón por la cual se desvirtúa la
dependencia económica del solicitante respecto de la causante, y por lo tanto
se impone confirmar el acto recurrido toda vez que no reúne los requisitos
legales para acceder a la prestación incoada."[24]
16.  Posteriormente, en Resolución RPD017526 del 3 de junio de
2014[25],
la Directora de Pensiones de la UGPP, resolvió el recurso de apelación
presentado contra la Resolución 9621 del 20 de marzo de 2014, y confirmó en
todas sus partes el acto administrativo mencionado.
En particular, consideró que no
obraba un dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por alguna junta regional
de calificación, el cual es el documento “idóneo” para establecer la invalidez
que exige la ley para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor de un hijo inválido.
Además, indicó que no se demostró
fehacientemente la dependencia económica del señor De la Cruz Beltrán a su
madre, porque el señor De la Cruz Gómez tiene la obligación de darle alimentos,
"de manera que no se predica la dependencia del apelante respecto de la
señora TILDA BELTRÁN VIUDA DE DE LA CRUZ, por lo que no se accede al
reconocimiento deprecado."[26]
17.  Señala el accionante, que el señor De la Cruz Beltrán
presenta una discapacidad mental absoluta y dependía económicamente de su
madre, motivo por el cual, tras su muerte, no ha contado con los recursos
necesarios para su sostenimiento. En este orden de ideas, considera que está
probado que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder al
reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de “hijo inválido”.
Agrega que, según la Ley 1306 de
2009, su padre merece una especial protección por parte del Estado, debido a su
situación de discapacitado mental absoluto y a la imposibilidad de valerse por
sí mismo.
Por lo tanto, solicita el amparo de los
derechos fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a
la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, y a la salud.
Específicamente, pide al juez de tutela, conceder el amparo “de manera
definitiva, provisional o transitoria”[27] y, en
consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a
favor del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, como hijo interdicto de la
señora Tilda Beltrán.
B. Actuación procesal
Mediante auto del 27 de agosto de 2014, el
Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla, avocó el conocimiento de la
acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridad demandada, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, para que ejerciera sus derechos de defensa y
contradicción.
Respuesta de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales
Mediante escrito recibido por el juzgado el 3
de septiembre de 2014[28],
el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP respondió la tutela y solicitó
declarar su improcedencia. En particular, indicó que el actor cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial para controvertir los actos administrativos
mediante los cuales se resolvió su petición de reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente.
En este orden de ideas, la entidad manifestó
que el juez de tutela no tiene competencia para revocar, anular o dejar sin
efectos un acto administrativo, pues es el juez contencioso administrativo el
que está facultado para pronunciarse sobre su legalidad.
Por otra parte, manifestó que no se trata de
un caso en el que excepcionalmente proceda la tutela, porque (i) no se requiere
la intervención urgente del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, debido a que el señor De la Cruz Beltrán “(…) tiene
un hijo mayor que en la presente acción lo representa y que debe atender a su
padre mientras que se resuelve el conflicto de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes”[29];
(ii) el medio judicial ordinario es eficaz para salvaguardar los derechos
fundamentales del representado; y (iii) corresponde al accionante ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para determinar con
certeza si el señor De la Cruz Beltrán tiene derecho a la prestación pensional
que reclama.
C. Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 10 de septiembre de 2014[30],
el Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla concedió el amparo de forma
definitiva, con fundamento en los siguientes argumentos:
Primero, determinó que el actor es una persona con una
discapacidad, motivo por el cual merece una especial protección constitucional.
En particular, presenta una esquizofrenia indiferenciada, por lo que fue
declarado interdicto por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, “(…)
de lo que se infiere su impedimento para obtener su propio sostenimiento
económico”[31].
Segundo, consideró el juez de primera instancia que, si bien las
controversias relacionadas con el reconocimiento de una pensión sustitutiva se
deben resolver por las jurisdicciones ordinaria laboral o contencioso
administrativa, esta exigencia resulta desproporcionada para el señor De la
Cruz Beltrán. Lo anterior ocurre porque está comprobado que no tiene ingresos
económicos y se trata de una persona en situación de discapacidad, de manera
que sus necesidades vitales desvirtúan la eficacia del medio ordinario. De ahí
que la tutela sea procedente como mecanismo definitivo para salvaguardar los
derechos del representado.
Tercero, determinó que en este caso se cumple con los requisitos
para que el señor De la Cruz Beltrán obtenga el reconocimiento de la
sustitución de la pensión que percibía la señora Tilda Beltrán. En efecto:
(i)
No existe cónyuge o compañero permanente de la
señora Beltrán, de manera que se trata de su único posible beneficiario.
(ii)
El guardador informó que su representado
dependía económicamente de la pensión de su madre, lo cual se probó mediante la
sentencia de interdicción, en la que el juez manifestó que el señor De la Cruz
Beltrán no tiene ingresos, vive solo, su lugar de habitación es pequeño y
desaseado, y que su hijo y su hermana le proporcionan lo necesario para su
subsistencia de forma discontinua.
(iii)
Ante la disolución de la unión marital de
hecho con la señora Arzuza Gómez, y la falta de capacidad económica del hijo,
“(…) se debe acudir, según el orden de preferencia establecido en el artículo
416 del Código Civil, a la ascendiente de próximo grado que lo es [sic] la
causante Tilda Beltrán Viuda de De la Cruz, quien en vida proveía de
condiciones de subsistencia a su hijo discapacitado gracias a la mesada
pensional adquirida (…) por cuanto a través de la sustitución pensional de la
cual sería beneficiario directo el señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán como
hijo inválido, que [sic]éste lograría tener los recursos económicos necesarios
para tener una vida digna y justa.”[32]
(iv)
Se trata de una persona con discapacidad
mental absoluta, lo cual está probado con el informe pericial de psiquiatría
rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para
llegar a tal conclusión, el juez consideró que, al igual que los dictámenes
expedidos por las juntas regionales de calificación de invalidez, se trata de
una evaluación técnico-científica en la que se determinan “(…) la etiología,
el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad que padece, con indicación de
sus consecuencias en la capacidad para administrar sus bienes y disponer de
ellos, de lo cual se puede colegir que el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral supera el 50%, que la invalidez es originada a causa de una enfermedad
crónica de naturaleza biológica, psicológica y social, estructurada a partir
del 15 de marzo de 1977.”[33]
En consecuencia, el juzgado concedió el amparo y ordenó a la UGPP
que expidiera las resoluciones definitivas de reconocimiento y pago de la
pensión sustitutiva a favor de Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, como hijo
inválido de la causante Tilda Beltrán de De la Cruz.
Impugnación
Mediante oficio radicado el 8 de octubre de 2014[34],
el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP impugnó la sentencia de primera
instancia. Para fundamentar el recurso, reiteró los argumentos contenidos en la
contestación de la tutela, relativos a la improcedencia de la acción.
Además manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados
por el accionante, en razón a que la entidad encontró probado que no existía
una dependencia económica del solicitante, porque tenía una unión marital de
hecho vigente y un hijo, de manera que eran su descendiente y su compañera
permanente, quienes estaban encargados de su sostenimiento.
Por otra parte, indicó que el accionante no aportó un dictamen de
calificación de invalidez, que pudiera determinar su grado de pérdida de
capacidad laboral.
Por último, solicitó que, en caso de que se ordenara el
reconocimiento de la pensión, se concediera el amparo transitoriamente y se
conminara al actor para que ejerciera el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. De este modo, sería el juez natural quien
definiría si había lugar a la sustitución pensional.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 1º de diciembre de 2014[35],
la Sala Segunda de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
negó el amparo.
Lo anterior, por considerar que de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (en particular se cita la sentencia
T-701 de 2008), el señor De la Cruz Beltrán no cumple con los requisitos para
acceder al derecho a la pensión de sobreviviente. Específicamente, se requiere
que el accionante demuestre (i) el parentesco, (ii) el estado de invalidez, y
(iii) la dependencia económica respecto del causante.
El ad quem determinó que en este caso no se daban los
requisitos para reconocer la pensión, por cuanto, a pesar de que se probó la
discapacidad mental del interdicto, “(…) no aparece acreditada la fecha
de su estructuración, por lo que se impone revocar el proveído impugnado y en
su lugar no conceder el amparo solicitado.”[36]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Con fundamento en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido en el proceso de la referencia.
Asunto objeto de análisis y problema jurídico
2.  El 11 de agosto de 2014, el señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez, obrando como guardador de su
padre interdicto, interpuso acción de tutela contra la
UGPP, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida
digna, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud. Lo anterior, porque mediante
distintos actos administrativos la entidad negó el reconocimiento de la
sustitución pensional del señor De la Cruz Beltrán, como hijo inválido
beneficiario de su madre fallecida, debido a que éste (i) tenía derecho a
recibir alimentos de otras personas, y (ii) no aportó un certificado de pérdida
de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación.
El señor De la Cruz Beltrán
padece de esquizofrenia indiferenciada y fue declarado interdicto por
discapacidad mental absoluta mediante una decisión judicial. Tras la muerte de
la pensionada Tilda Beltrán, el accionante solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de su
representado en calidad de hijo inválido, y pretendió probar la pérdida de
capacidad laboral de su padre con la historia clínica, la sentencia de
declaratoria de interdicción por discapacidad mental, y el dictamen pericial de
Medicina Legal que sirvió como prueba en el proceso de interdicción.
No obstante, la entidad le indicó que tales
documentos no eran suficientes para demostrar la invalidez, pues para el efecto
era preciso aportar un dictamen de pérdida de capacidad expedido por una junta
regional de calificación de invalidez, el cual constituye una prueba “idónea”
para el reconocimiento de la sustitución pensional de los hijos inválidos. Además,
la UGPP señaló que el señor De la Cruz Beltrán tenía un hijo y había tenido una
compañera permanente, circunstancias que bastaban para desvirtuar la
dependencia económica alegada, por cuanto estos estaban obligados a garantizar
su sostenimiento.
El accionante pide al juez de tutela, conceder
el amparo como mecanismo transitorio o definitivo y, por consiguiente, ordenar
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor del señor
Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, como hijo interdicto de la señora Tilda
Beltrán.
3.  La situación fáctica exige a la Sala determinar si procede la
tutela para controvertir los actos administrativos mediante los cuales el fondo
de pensiones decidió negar el reconocimiento de la sustitución pensional
solicitada por el accionante, a pesar de que el actor podría acudir a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir su legalidad.
En caso de ser procedente, será preciso entrar a analizar el fondo
del asunto, el cual plantea dos interrogantes que se explican a continuación.
4.  En primer lugar, mediante los actos administrativos que
resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014, se
confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional solicitada por el accionante, en razón a que no se había aportado un
dictamen expedido por una junta regional de calificación de invalidez, en el
que se determinara la disminución de la capacidad laboral del actor.
En efecto, a pesar de que el guardador presentó copias de la
historia clínica, del informe de Medicina Legal que sirvió como prueba en el
proceso de jurisdicción voluntaria, y de la sentencia de interdicción por
demencia; la UGPP consideró que el mecanismo “idóneo” para probar la pérdida de
capacidad del señor De la Cruz Beltrán era un dictamen expedido por una junta
de calificación de invalidez.
La situación anterior, conlleva el siguiente problema: ¿se
desconoce el derecho al debido proceso y, en
particular, el principio de libertad probatoria, cuando un fondo de pensiones
exige a un interdicto por discapacidad mental absoluta, presentar un
certificado expedido por una junta regional de calificación de invalidez como
único medio de prueba para demostrar la pérdida de capacidad requerida para ser beneficiario de la sustitución pensional
de uno de sus padres?
5.  En segundo lugar, las resoluciones mencionadas se fundamentaron,
además, en que no estaba probada la dependencia económica del causante respecto
de su madre, porque existían otras personas que legalmente le debían alimentos.
En este orden de ideas, a pesar de que fueron aportadas dos declaraciones
juramentadas en las que el hijo y la madre de este último afirmaban que el
señor De la Cruz Beltrán dependía económicamente de Tilda Beltrán, la entidad
consideró que, debido a que había un descendiente y existió una compañera
permanente, estaba desvirtuada la dependencia económica alegada.
Los hechos antes descritos permiten formular esta pregunta: ¿se
vulneran los derechos a la seguridad social y a la igualdad, cuando un fondo de
pensiones niega el derecho a la sustitución pensional del hijo con discapacidad
mental, con fundamento en una presunta falta de dependencia económica, debido a
que existen parientes obligados a dar alimentos?
6.  Para resolver los cuestionamientos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela en el caso que se
analiza; ii) la naturaleza del proceso de interdicción y el valor de las
pruebas que se aportan en dicho trámite; iii) el principio de libertad
probatoria como elemento del derecho fundamental al debido proceso; iv) el
contenido del derecho a la seguridad social, en particular, en lo que tiene que
ver con la sustitución pensional de los hijos con discapacidad; y v) se hará
una breve referencia al derecho a la igualdad y las acciones afirmativas a
favor de las personas en situación de discapacidad.
Examen de procedencia de la acción de tutela
-
Legitimación activa
7.  El artículo 86 de la Constitución establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
a su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados.
La legitimidad para el ejercicio de esta acción está prevista en
el artículo 10[37]
del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que ésta puede ser presentada (i) directamente por el afectado, (ii) a través de su
representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) por medio de
un agente oficioso.[38]
8.  El artículo 52 de la Ley 1306 de 2009[39]
dispone que a las personas con discapacidad mental absoluta mayores de edad, que
no estén sometidas a patria potestad, se les debe nombrar un curador, que se
denomina guardador, el cual tiene a su cargo el cuidado del pupilo y la
administración de sus bienes.
Además, los artículos 88 y 89 de la misma normativa, establecen
que el curador tiene la obligación de representar al pupilo en todos los actos
judiciales y extrajudiciales que le conciernen, y realizar todas las actuaciones
que se requieran en su representación.
9.  En este caso, el señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez manifiesta
expresamente que interpone la tutela en representación de su padre, y presenta
la copia de la sentencia de interdicción, proferida por el Juzgado Noveno de
Familia de Barranquilla el 19 de diciembre de 2013, en la que dicha autoridad
judicial declaró la interdicción
por discapacidad mental absoluta de su padre y lo designó como su guardador
principal definitivo.
Por los anteriores motivos, el señor De la Cruz Gómez está legitimado para interponer la tutela en
representación del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, de quien es
guardador.
-
Legitimación pasiva
10.  La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la
aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.[40]
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece
que la tutela procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es
posible concluir que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada por pasiva
en el caso que se analiza.
-       Subsidiariedad
11.  El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución consagra el
principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del texto de la norma se evidencia que, si existen otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración
de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer
las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender
que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de
un determinado asunto radicado bajo su competencia.[41]
No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo
ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran
vulnerados, la tutela es procedente si se acredita (i) que el mecanismo no es
idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo apto para conseguir la protección, en
razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para
garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la
Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.”[42]
12.  Con respecto al primer supuesto, la aptitud del medio de defensa
ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las
características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado.
Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela,
cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[43]
En relación con la procedencia de la tutela para controvertir
actos administrativos, en sentencia T-822 de 2002[44],
esta Corporación determinó que en ciertas circunstancias, la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo.
En este orden de ideas, para determinar si esta acción principal es
idónea, “se deben tener en cuenta tanto el objeto de la acción
prevalente prima facie, como su resultado previsible, en relación con la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, dentro del
contexto del caso particular.” (Negrillas en el texto original)
En esa medida, si el juez considera que en el caso concreto la
preservación de la legalidad trae como resultado el restablecimiento pleno y
oportuno de los derechos fundamentales vulnerados, la tutela es improcedente.
En contraste, si advierte que el mecanismo de defensa judicial aparentemente
prevalente no es idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados
de manera eficaz y oportuna, la tutela es procedente.
En particular, la tutela puede desplazar a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, ante la incidencia del tiempo sobre los derechos
fundamentales, pues mientras que el juez administrativo se pronuncia sobre la
legalidad de los actos supuestamente transgresores de las garantías
fundamentales del accionante, la falta de protección efectiva y oportuna sobre
el ejercicio de los derechos podría conllevar su afectación.
Lo anterior ocurre por alguna de las siguientes circunstancias:
“a) Porque la prolongación del procedimiento contencioso afectaría
desproporcionadamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados o,
b) porque para el momento en que el juez contencioso adopte una
decisión, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede
restablecerse, y esta situación sólo puede ser resarcida económicamente.”
13.  En relación con el
segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando la tutela se interpone como
mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial principal, se debe
demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio se
caracteriza: “(i) por ser
inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente;(ii) por ser grave,
esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.”[45]
Esta Corporación se
ha pronunciado en relación con la procedencia excepcional de la tutela para
controvertir los actos administrativos que niegan el derecho a la sustitución
pensional de los hijos con discapacidades, cuando se está ante la inminencia de
un perjuicio irremediable.
Por ejemplo, en sentencia T-401 de 2004[46] la Corte estudió la acción de tutela instaurada por una
mujer en representación de su hermano interdicto por discapacidad mental contra
CAJANAL, con el fin de obtener el reconocimiento de la sustitución pensional
como beneficiario de un hermano fallecido, de quien dependía económicamente.
En esa oportunidad, la Sala determinó que el
accionante estaba en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable con motivo de
los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, puesto
que (i) del reconocimiento de la sustitución pensional a la cual alegaba tener
derecho, dependía la satisfacción de su derecho al mínimo vital, y (ii) se
trataba de una persona con una discapacidad y de avanzada edad, motivo por el
cual las autoridades estaban en la obligación constitucional de proteger sus
derechos, “con especial celo y diligencia, sin oponer requisitos de tipo
formal como obstáculo para cumplir con tal deber”.
En ese sentido, se estableció que
la mera remisión del accionante a la jurisdicción contencioso administrativa
por parte de los jueces de tutela, desconocía su condición particular, pues implicaba
someter a una persona de la tercera edad y con una discapacidad, a las cargas
procesales, personales y temporales que implicaba adelantar un proceso de esa
naturaleza.
Además, la Corte determinó que en
consideración a las circunstancias particulares del peticionario, debía
estudiarse la procedencia de la acción de tutela, no sólo como mecanismo
transitorio para prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino como
medida definitiva para garantizar a una persona en condición de debilidad
manifiesta, los únicos ingresos con los que contaba para satisfacer sus
necesidades más básicas de sustento y salud.
En consecuencia, la Sala concedió
la tutela como mecanismo definitivo y ordenó a la entidad accionada revocar la
resolución que negó la sustitución pensional y proferir un nuevo acto
administrativo mediante el cual resolviera nuevamente y de manera favorable el
derecho del accionante.
Adicionalmente, en sentencia T-692 de 2006[47], la Corte conoció el
caso de una mujer de 75 años, quien presentó la tutela contra el Fondo del
Pasivo Pensional de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. La entidad había
negado el reconocimiento a la pensión sustitutiva como beneficiaria de su esposo
pensionado fallecido, con fundamento en que la accionante había percibido la
prestación por dos años y la regulación vigente al momento de la muerte del
causante no preveía el reconocimiento de tal prestación de forma vitalicia.
En aquella ocasión, la Corte determinó que aunque los actos administrativos expedidos por la
entidad demandada podían ser cuestionados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, para que la acción de tutela impetrada resultara
procedente debía estarse ante la inminencia de un perjuicio irremediable que
permitiera conceder el amparo.
Específicamente,
estableció que cuando el accionante es una persona en situación de debilidad
manifiesta, la evaluación sobre la inminencia de que ocurra un perjuicio
irremediable es más amplia. Así pues, el demandante que presente tales
circunstancias es beneficiario de una discriminación positiva, que consiste en
que el examen sobre el acceso a los medios y recursos judiciales ordinarios, se
hace en atención a las condiciones del asunto sometido a estudio del juez de
tutela, a fin de conservar la igualdad material entre quienes aspiran a la
solución de sus conflictos.
Por lo tanto,
la Sala concluyó que las circunstancias particulares de la accionante
demostraban que estaba ante la inminencia de un perjuicio irremediable y por
tanto la tutela era procedente.
La Corte
concedió el amparo de los derechos invocados, con fundamento en que se debía
inaplicar la norma que preveía el reconocimiento de la sustitución pensional de
forma temporal, por inconstitucionalidad manifiesta, anteriormente mencionada.
Además, se decidió que las órdenes tendrían un carácter definitivo
porque a pesar de que ante la existencia de otros mecanismos judiciales de
protección la tutela tiene naturaleza transitoria, dadas las circunstancias
excepcionales del caso, relacionadas con el estado de debilidad manifiesta de
la afectada, procedía la protección definitiva de los derechos fundamentales
invocados.
14.  En síntesis, cuando a pesar de que exista un mecanismo idóneo para
obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, la tutela se
declara procedente para obtener el amparo ante la inminencia de que ocurra un
perjuicio irremediable, por regla general las órdenes tienen un carácter
transitorio con el fin de que el demandante acuda a los mecanismos principales
de defensa para que se decida sobre sus pretensiones.
No obstante, si el peticionario está en situación de debilidad
manifiesta, el juez constitucional realizará el examen de la transitoriedad de
la medida, en atención a las particularidades del caso, en particular a la
posibilidad de exigir al accionante que acuda después a los medios y recursos
judiciales ordinarios. Así pues, el juez constitucional puede concluir que,
dadas las circunstancias subjetivas del accionante, resulta desproporcionado
imponerle la carga de acudir al mecanismo judicial principal.
15.  En el caso que se analiza, de
conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra los actos
administrativos proferidos por la UGPP, mediante los cuales se negó el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional y se resolvieron los
recursos de reposición y apelación interpuestos, sería procedente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber sido expedidos con
infracción de las normas en que deberían fundarse.
En este sentido, el medio de defensa principal parece ser idóneo
porque, en caso de prosperar, se declararía la nulidad los actos
administrativos, y si el demandante lo solicitara, a título de restablecimiento
del derecho el juez valoraría las pruebas y establecería si en este caso se
cumple con los requisitos previstos en la ley. Entonces, en caso de que el juez
encontrara acreditados los presupuestos mencionados, podría ordenar a la UGPP
expedir un nuevo acto en el que se reconociera el derecho a la sustitución
pensional.
Así pues, a primera vista tanto el objeto del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (prevalente para controvertir los actos
administrativos que presuntamente violan las garantías del actor), como su
resultado previsible, conllevarían el restablecimiento de los derechos del
accionante.
16.  No obstante, para su caso particular la prolongación del
procedimiento contencioso afectaría desproporcionadamente el ejercicio efectivo
de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. En efecto, de las
pruebas que obran en el expediente se puede deducir que la situación económica
de sus familiares es precaria, y la falta de recursos amenaza su derecho
fundamental al mínimo vital, porque su hijo apenas tiene recursos para
proveerle lo necesario para vivir.
Además, del informe de la trabajadora social del Juzgado Noveno de
Familia de Barranquilla que es citado en la sentencia de interdicción se puede
deducir la amenaza del derecho fundamental a la salud del actor, quien a la
fecha de la sentencia llevaba aproximadamente un año sin acudir al médico
tratante.
Por consiguiente, la Sala considera que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho no es idóneo para conseguir el amparo inmediato de
los derechos que se invocan en esta oportunidad. En consecuencia, ante la falta
de claridad sobre la idoneidad del mecanismo principal, la tutela es procedente
y en caso de que se amparen los derechos del accionante, las órdenes adoptadas
tendrán un carácter definitivo.
17.  Lo anterior sería suficiente para declarar que en este caso la
tutela es procedente. No obstante, la Sala considera pertinente agregar que, en
todo caso, de las pruebas aportadas al proceso se demuestra que se está ante la
inminencia de que el accionante sufra un perjuicio irremediable.
Tal como se constata en la sentencia de interdicción proferida por
el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, en la cual se hace referencia al
informe de la trabajadora social que fue solicitado en el proceso, el señor De
la Cruz Beltrán soporta condiciones muy difíciles.
Específicamente la sentencia señala que en el informe mencionado
se estableció (i) que el accionante vive solo en una
vivienda pequeña, “sucia y desaseada”, (ii) que los que se acercan al
presunto interdicto son únicamente su hijo y hermana para proporcionarle sólo
lo necesario para su subsistencia, (iii) que la familia está desintegrada, (iv)
que a pesar de que el accionante necesita tratamiento médico regular, éste no
le ha sido proporcionando, lo cual se comprueba con el hecho de que sus
medicamentos no han sido actualizados, (v) sus condiciones de vida “son muy
malas, es atendido en forma no continua”, y (vi) existen problemas
financieros no resueltos entre la hermana y el hijo, que hacen que el señor De
la Cruz Beltrán “se encuentre desprotegido ya que carece de ingresos,
depende económicamente de su familia para llevar una vida digna.”
De
los hechos anteriores se demuestra que los derechos al mínimo vital y a la
salud del accionante están sometidos a una amenaza a) que está por suceder pronto; b) que en caso
de suceder, el menoscabo sería de gran intensidad; c) las
medidas que se requieren para conjurar el posible perjuicio irremediable son
urgentes; y d) la acción de tutela es impostergable a fin
de garantizar que ésta sea adecuada para restablecer el orden social justo.
Además, en caso de que se concediera la tutela, las órdenes
deberían tener un carácter definitivo, puesto que se trata de un sujeto de la
tercera edad, con una discapacidad y que no percibe ningún ingreso. En este
sentido, resulta procedente excepcionalmente el amparo definitivo, porque el
deber de interponer la acción constituiría una carga desproporcionada que no
tendría en cuenta las capacidades subjetivas del accionante.
El proceso de interdicción y el valor de las pruebas que se
aportan en dicho trámite.
18.
El artículo 47 Superior dispone que el Estado
tiene la obligación de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
En cumplimiento del mandato mencionado, el Congreso
profirió la Ley 1306 de 2009[48], la cual establece el deber de protección e inclusión social de
toda persona con discapacidad mental y el régimen de la representación legal de
“incapaces emancipados”, a través de guardas, consejerías y
sistemas de administración patrimonial.
El artículo 5° de la normativa mencionada, establece
que son obligaciones de la sociedad y del Estado, entre otros, la protección de
las personas con discapacidad mental y la garantía del disfrute pleno de todos
sus derechos, de conformidad con su capacidad de ejercicio.
Asimismo, los artículos 17 y
25 de la Ley determinan que la interdicción es una medida de restablecimiento
de derechos de quienes están en situación de discapacidad mental absoluta, es
decir, quienes sufren una afección o patología severa o profunda de
aprendizaje, de comportamiento, o de deterioro mental.
19.  La interdicción por discapacidad mental absoluta se decreta en un
proceso de jurisdicción voluntaria, en el que no se resuelve una controversia,
sino que simplemente se declara que una persona no está en plenas condiciones
mentales para desempeñarse por sí misma. El trámite se adelanta ante un juez de
familia, de conformidad con las formalidades previstas en la Ley 1564 de
2012, “[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y
se dictan otras disposiciones”.
En particular, el artículo 586 del Código General del Proceso
prevé unas reglas especiales para el proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción de personas con discapacidad mental absoluta, de las
cuales resultan relevantes las que se citan a continuación:
“1. A la demanda se acompañará un certificado de un
médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto.
(…)
3. En el auto admisorio de la demanda se ordenará
emplazar, en los términos previstos en este código, a quienes se crean con
derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico
o psiquiátrico sobre el estado del paciente.
4. En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico
se deberá consignar:
a) Las manifestaciones características del estado
actual del paciente.
b) La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de
la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente
para administrar sus bienes y disponer de ellos, y
c) El tratamiento conveniente para procurar la
mejoría del paciente.
5. Realizada la citación, se decretarán las pruebas
necesarias y se convocará a audiencia para interrogar al perito y para practicar
las demás decretadas, luego de lo cual el juez dictará sentencia y si decreta
la interdicción en aquella hará la provisión del guardador testamentario,
legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en el Código Civil.
(…)
6. En el curso de la primera instancia se podrá
decretar la interdicción provisoria del discapacitado mental absoluto, de
conformidad con lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta el certificado
médico acompañado a la demanda. En el auto que decrete esta medida se designará
el curador provisorio.
(…)”
20.  En relación con el certificado médico al que hace referencia la
norma antes transcrita, el artículo 28 de la Ley 1306 de 2009 establece que en todo
proceso de interdicción definitiva, se debe contar con un dictamen completo y
técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta, realizado por un
equipo interdisciplinario. En tal dictamen se debe precisar la naturaleza de la
enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y
tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo.
Sobre este tema, la Corte Constitucional ha determinado que, de
conformidad con el artículo 228 de la Constitución -que establece el principio
de instrumentalidad de las formas que rige la administración de justicia-, la
exigencia de que la demanda en este tipo de procesos se acompañe de un
certificado médico, no es una mera formalidad exigida por la ley procesal para
su admisión.[49]
En efecto, tal requisito “(i) constituye un soporte probatorio
insustituible para que el juez competente tenga los elementos de juicio
necesarios para proveer sobre la admisión de una demanda de interdicción; y,
(ii) se erige en una garantía fundamental para el demandado, dado que no todas
las personas deben soportar un proceso de esta naturaleza, sino solamente
aquellas sobre las cuales se acredita una condición de discapacidad que
amerite, por lo menos, la apertura del proceso.”[50]
En ese orden de ideas, esta Corporación ha determinado que el
certificado médico exigido por la ley, no puede suplirse con otros medios
probatorios, como por ejemplo testimonios, la epicrisis, o resúmenes finales de
historias clínicas. Así pues, se trata “[d]el documento que acredita
el estado de salud de una persona, constituyéndose en la prueba técnica o
pericial que por anticipado debe llevarse al proceso a fin de darle soporte a
la solicitud de interdicción, certificado que según se exige debe ser expedido
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la sola firma.
Lo anterior no significa, sin embargo, que en el curso del proceso, el juez no
pueda valorar la prueba pericial junto con otras (…)” (Negrillas en el
texto original)[51]
21.
En consecuencia, es posible concluir que el
certificado médico que acompaña la demanda de interdicción es un dictamen
pericial aportado por una parte al proceso, siempre que se realice de
conformidad con los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso.
Por tratarse de una prueba allegada en un proceso de jurisdicción
voluntaria, el certificado médico no se somete a contradicción, de modo que el
valor probatorio de la sentencia de interdicción en caso de que ésta se aporte
a otro proceso, está dado por la validación que hace el juez de familia al
dictamen. Lo anterior quiere decir que, la sentencia de interdicción puede ser
presentada como prueba en otro proceso, y será válida siempre que la
contraparte tenga oportunidad de controvertirla.
El principio de libertad probatoria como elemento del debido
proceso
22.  El artículo 29 de la Constitución Política
dispone que las actuaciones judiciales y administrativas deben desarrollarse
con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del debido proceso.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado el contenido y alcance del
derecho fundamental al debido proceso. En particular, en sentencia T-001 de
1993[52],
estableció que se trata del conjunto de garantías que protegen al ciudadano que
se somete a cualquier proceso y aseguran la recta y cumplida administración de
justicia, el respeto por la seguridad jurídica y la fundamentación de las
resoluciones judiciales conforme a derecho. Así pues, es “debido” todo proceso
que satisface los requerimientos, condiciones y exigencias para garantizar la
efectividad del derecho material.
Asimismo, el debido proceso es un derecho fundamental con carácter
vinculante para todas las autoridades (judiciales y administrativas), en razón
a que tiene como fin proteger a las personas de arbitrariedades que se deriven
del ejercicio del poder.
Específicamente, el derecho al debido proceso comporta la
obligación correlativa a cargo de la administración, de llevar a cabo procesos
justos y adecuados, lo cual implica que cada acto que
se dicta en el curso de un procedimiento administrativo, debe observar las
garantías procesales y los principios constitucionales que rigen la función pública
(artículo 209 Superior).[53]
De ahí que, del debido
proceso administrativo se deriven otros derechos para los administrados, tales
como conocer las actuaciones de la administración, solicitar y controvertir las
pruebas, ejercer con plenitud su derecho de defensa, impugnar los actos
administrativos y gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.[54]
23.
La cláusula general
de competencia prevista por los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Carta
Política, radica en el Legislador la facultad de regular, entre otros, los
procedimientos judiciales y administrativos.
Sobre el particular, esta Corporación ha indicado que corresponde
al Congreso regular los siguientes elementos procesales: (i) los recursos y medios de defensa que pueden intentar los
administrados contra los actos que profieren las autoridades; (ii) las etapas
procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada proceso;
(iii) la radicación de competencias en una determinada autoridad judicial; (iv)
los medios de prueba; y (v) los deberes,
obligaciones y cargas procesales de las partes, del  juez y aún de los terceros
intervinientes.[55]
24.
En ejercicio de la competencia antes descrita,
se profirió la Ley 1437 de 2011[56],
que regula, entre otros, el procedimiento administrativo. De conformidad con el
artículo 40 de la normativa mencionada, durante la
actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo
en un procedimiento administrativo, se podrán aportar, pedir y practicar
pruebas y serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil.
Se debe entender que la remisión que se
hace al Código de Procedimiento Civil, se dirige a los medios de prueba
contenidos en el Código General del Proceso, que actualmente es la norma
vigente que regula la materia.
En particular, el artículo 165 del Código General del Proceso[57]
determina que son medios de prueba la declaración de
parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen
pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier
otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.
Adicionalmente, el artículo 176 del mismo Código[58]
dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos.
La norma anterior reprodujo el artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil[59],
cuyo alcance fue analizado por esta Corporación en diversas oportunidades.
Específicamente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el
ordenamiento jurídico colombiano excluye el sistema de tarifa legal y adopta
los principios de libertad probatoria y apreciación de la prueba según las
reglas de la sana crítica.
Los principios mencionados aseguran la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, porque permiten que se realice una valoración
crítica en la que se dé prevalencia a la verdad sobre las apariencias, y
aseguran que las partes dispongan de una amplia libertad para que en las
decisiones impere la justicia material.[60]
25.  En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los
procedimientos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas
por la ley en el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento
administrativo se rige por el principio de libertad probatoria, el cual
constituye en una garantía procesal de aplicación inmediata que deriva del
debido proceso en materia administrativa, y debe ser observado por la
administración.
El principio de libertad probatoria en el procedimiento de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
26.  De conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
-que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993-, son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, entre otros, los hijos “inválidos” si dependen
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
La misma norma señala que para determinar cuándo hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que
dispone: “Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”
El artículo 40 de esa normativa dispone que el estado de invalidez
será determinado así: (i) por las empresas prestadoras de salud, las
aseguradoras de riesgos laborales, o los fondos de pensiones, (ii) en caso de
que haya discusión sobre la calificación, corresponderá a las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez del orden regional decidir el asunto, y (iii) si
se apela la anterior decisión, resolverá la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.
Las instancias anteriores adoptarán sus decisiones de conformidad
con el manual único para la calificación de invalidez vigente a su realización.
Este manual es expedido por el Gobierno Nacional y debe contemplar los
criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el
afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.
27.  Las normas antes citadas, deben ser analizadas en concordancia con
el principio de libertad probatoria, que deriva del debido proceso
administrativo. En efecto, aunque los artículos que regulan el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a favor de un hijo en situación de discapacidad,
señalan que es “inválido” quien presenta una pérdida de capacidad laboral
superior al 50% y tal circunstancia se prueba mediante un dictamen expedido por
las autoridades ya mencionadas, esto no obsta para que la autoridad
administrativa admita la presentación de otros medios que sean igualmente
conducentes para demostrar la pérdida de capacidad laboral y que la fecha de
estructuración es anterior al fallecimiento del causante.
Así pues, si el hijo “inválido” ha sido declarado interdicto por
discapacidad mental absoluta, es decir, un juez ha determinado que sufre una
afección o patología severa o profunda que impide que administre sus bienes;
tal decisión judicial y las pruebas que sirvieron como fundamento para adoptar
dicha sentencia, deberán ser aceptadas, valoradas y controvertidas por la
autoridad administrativa que conozca del procedimiento y resuelva la solicitud.
Desconocimiento del principio de libertad probatoria en el caso
concreto
28.  En el caso que se analiza, está demostrado que la UGPP expidió la
Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014, mediante la cual negó el
reconocimiento y pago de la pensión solicitada, porque el peticionario no
aportó un certificado de calificación de invalidez expedido por una junta
regional, con el fin de demostrar su pérdida de capacidad laboral.
El acto administrativo mencionado fue confirmado por las
resoluciones RPD012663 del 21 de abril de 2014 y RPD017526 del 3 de junio de
2014, que resolvieron los recursos de reposición y apelación elevados por el
peticionario, respectivamente. En ambos actos, la UGPP indicó (i) que el señor
De la Cruz Beltrán debía presentar un dictamen expedido por una junta regional
de calificación, en el que se indicara un porcentaje de pérdida de capacidad y
la fecha de estructuración, y (ii) que ese documento era el medio idóneo para
determinar la “invalidez” que requiere la ley, con el fin de obtener el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de un hijo en situación de
discapacidad.
La Sala considera que, al exigir un dictamen expedido por una
junta regional de calificación como único medio de prueba para demostrar la
invalidez, la UGPP desconoció el principio de libertad probatoria, que como se
estableció, es un elemento del derecho fundamental al debido proceso.
En este caso, la administración contó con los elementos que
conducían a demostrar la pérdida de capacidad del señor De la Cruz Beltrán y
omitió valorarlos. En particular, el solicitante aportó los siguientes
documentos:
(i)
Apartes de la historia clínica, en los que
consta que el señor presenta esquizofrenia, la cual fue diagnosticada a partir
del año 1985 y tratada hasta el mes de diciembre de año 2010.[61]
(ii)
Un certificado médico, suscrito por un
psiquiatra del hospital que ha tratado la enfermedad, en el que se resume la
información contenida en la historia clínica y se establece que el peticionario
presenta esquizofrenia indiferenciada crónica.[62]
(iii)
Un informe pericial de psiquiatría que fue
decretado por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, y practicado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que la
psiquiatra que realizó la valoración estableció que se trata de “(…) una persona
con funcionamiento anormal , no acorde con los parámetros de la realidad
externa, con compromiso de sus funciones mentales superiores, con una marcada
ideación paranoide, con pérdida de la idea directriz y de las asociaciones
normales, por todas estas consideraciones concluyo que el diagnóstico del
examinado (…) es ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA, cuya etiología es biológica,
psicológica y social, enfermedad crónica y que produce gran deterioro, lo que
la hace patología de mal pronóstico. El examinado (…) no está en capacidad de
administrar sus bienes, ni disponer de ellos.”[63]
(iv)
La sentencia de interdicción, en la que el
Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla encontró probado que el señor De la
Cruz Beltrán padece de una “incapacidad mental”, motivo por el cual requiere
que otros lo representen y administren sus bienes.[64]
De los anteriores documentos es posible concluir: primero, que el
señor Atilio Alberto de la Cruz Beltrán presenta una enfermedad crónica que
presenta mal pronóstico; segundo, que la pérdida de capacidad laboral es significativa,
pues no solo requiere de otras personas que lo representen y administren sus
bienes, sino que está totalmente incapacitado para trabajar; y tercero, que la
fecha de estructuración, por lo menos data de 1985, año en el que se
diagnosticó la enfermedad (es decir, antes de que falleciera la madre
pensionada).
29.  La Sala observa que la UGPP vulneró el derecho fundamental al
debido proceso del accionante, porque a pesar de que éste presentó distintos
documentos, que demostraban su pérdida de capacidad laboral, omitió
contradecirlos y optó por descartarlos porque no se presentó un dictamen
expedido por una junta de calificación de invalidez.
La actuación de la entidad demandada desconoció las garantías que
rigen el procedimiento administrativo, y pretendió imponer un medio de prueba
como el único conducente para demostrar la pérdida de capacidad laboral del
accionante. Tal interpretación desconoce el principio de libertad probatoria
que rige los trámites de esta naturaleza y, en esa medida, transgrede el
derecho fundamental al debido proceso.
El derecho a la seguridad social y el principio de solidaridad.
30.  El
artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la
seguridad social y, específicamente, hace referencia a la seguridad social en
pensiones. De conformidad con el artículo mencionado, la seguridad social tiene doble connotación i) se trata de un
servicio público de carácter obligatorio, cuya cobertura se debe ampliar
progresivamente y se encuentra bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, a quien corresponde desarrollarlo a través de leyes y, ii) es un
derecho fundamental que se garantiza a todos los habitantes, cuyo contenido está íntimamente ligado la dignidad humana.[65]
En relación con el primero de estos elementos, el artículo 48
Superior dispone que los requisitos y beneficios para
adquirir el derecho a cualquier tipo de prestación y, en particular, la pensión
de sobrevivencia, serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones.
31.  El artículo 48 Superior y el artículo 2º de la Ley 100 de 1993
establecen que el servicio público de seguridad social se debe prestar con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Para el
caso que se analiza, resultan relevantes los dos últimos.
El principio de universalidad conlleva que se proteja a todas las
personas, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida.
Este principio se ve reflejado en el objeto del Sistema General de
Pensiones, que tiene como finalidad (i) garantizar a la población el amparo
contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones, y (ii) propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos
con un sistema de pensiones.[66]
Por otra parte, artículo 2º de la Ley 100 de 1993
define la solidaridad como la práctica de la mutua ayuda entre las personas,
las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, bajo
el principio de cooperación del más fuerte hacia el más débil. De ahí que, el
Estado tenga la obligación de garantizar la solidaridad en el régimen de
Seguridad Social mediante la participación, control y dirección del mismo.
Adicionalmente, los recursos provenientes del erario en el sistema deben
destinarse siempre a los grupos de población más vulnerables.
32.  Los principios de universalidad y solidaridad que rigen la
seguridad social llevaron al Legislador a consagrar la pensión de
sobrevivientes, la cual tiene como finalidad proteger a los beneficiarios del
trabajador de las contingencias generadas por su muerte. En efecto, se trata de
una prestación que se reconoce a quien dependía económicamente de una persona
pensionada o afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, con
el fin de que enfrente el desamparo resultante de su deceso.[67]
Los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, prevén el derecho a la
pensión de sobrevivientes, determinan quiénes pueden ser beneficiarios de esta
prestación y cuáles son los requisitos para su reconocimiento.
La norma diferencia dos posibles
condiciones del causante al momento de su muerte: ser afiliado al sistema o
pensionado. Las prestaciones a las que pueden acceder los beneficiarios que
dependían del trabajador fallecido son distintas dependiendo de si se trata de
un afiliado o un pensionado, pues los beneficiarios del primero acceden a la
pensión de sobrevivientes y los del segundo a la sustitución pensional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que la sustitución pensional “(…) es un derecho que permite a
una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación
económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del
derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que
venía gozando de este derecho”[68],
y la pensión de sobrevivientes es aquella que “propende porque la
muerte del afiliado no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”[69].
En este sentido, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 dispone que
tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar
(i) del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, y (ii)
del afiliado al sistema fallezca bajo ciertas circunstancias y acredite
un tiempo de cotización específico.
Entonces, para obtener el reconocimiento de la sustitución
pensional no hay lugar a exigir determinadas semanas de cotización o fidelidad
al sistema, y basta con que el causante tuviera ese derecho pensional, para que
los miembros del grupo familiar estén legitimados para reemplazarlo.[70]
Por otra parte, el artículo 13 de la misma normativa determina las
circunstancias que deben acreditar los beneficiarios, tanto de la pensión de
sobrevivientes, como de la sustitución pensional.
Para resolver el caso objeto de estudio es pertinente hacer
referencia al literal c), según el cual son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes “[l]os hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años
y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.” (Negrillas
fuera del texto)
De conformidad con las normas descritas, la Corte[71]
ha establecido que, para obtener la sustitución pensional o la pensión de
sobrevivientes, los hijos “inválidos” deben acreditar: i) el parentesco, ii) el
estado de “invalidez” del solicitante y iii) la dependencia económica respecto
del causante.
Desconocimiento del derecho a la seguridad social cuando se exige
que se prueben circunstancias adicionales a las que están previstas en la ley.
33.  Tal como se estableció, el Legislador tiene a su cargo el
desarrollo del servicio público y derecho a la seguridad social. En ejercicio
de dicha competencia, el Congreso profirió la Ley 797 de 2003, en la que fijó
los requisitos para que los hijos en condición de discapacidad accedan al
derecho a la sustitución pensional.
Así pues, el Congreso determinó que el hijo de un pensionado, que
presente una pérdida de capacidad superior al 50% y dependiera económicamente
de su padre fallecido, tiene derecho a la sustitución pensional. Lo anterior
implica que en el trámite que se adelante para decidir sobre una solicitud de
este tipo, los fondos de pensiones solamente verifican que se cumpla con los
presupuestos contenidos en la norma y no están facultados para exigir que se
acrediten condiciones adicionales a las que fueron previstas por el Legislador.
Por ende, cuando un fondo de pensiones exige que se acredite una
circunstancia diferente del parentesco, la pérdida de capacidad laboral y la
dependencia económica -entendida como no tener ingresos adicionales-,
transgrede el derecho fundamental a la seguridad social.
34.  En el caso objeto de estudio, las resoluciones de la UGPP negaron
el reconocimiento de la sustitución pensional al accionante en consideración a
que no estaba probada la dependencia económica del beneficiario respecto de su
madre, porque existían otras personas que legalmente le debían alimentos. En
efecto, a pesar de que fueron aportadas dos declaraciones juramentadas en las
que el hijo y la madre de éste[72]
afirmaban que el señor De la Cruz Beltrán dependía económicamente de Tilda Beltrán,
la entidad consideró que, debido a que había un descendiente y existió una
compañera permanente, estaba desvirtuada la dependencia económica alegada.
Entonces, a pesar de que se presentaron declaraciones juramentadas
en las que se probó la dependencia económica del hijo respecto de la causante,
la entidad no las valoró y adujo que tal requisito no estaba probado porque
había personas que legalmente debían alimentos al beneficiario.
La Sala advierte que la argumentación de la UGPP no es admisible,
por tres razones:
Primero, en razón a que la dependencia económica a la que hace
referencia la ley, consiste en no tener ingresos adicionales a los que percibía
el causante. En este orden de ideas, la UGPP confunde los ingresos con el derecho
de alimentos. Este último es aquél que le asiste a una persona para reclamar de
quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia,
cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios.[73]
Por consiguiente, el hecho de que el hijo en situación de
discapacidad tenga derecho a recibir alimentos, no puede ser considerado como
un “ingreso” adicional que percibiera al momento en que su madre falleció, pues
la posibilidad de reclamar el pago de tal acreencia no tiene ninguna relación
con la percepción de ingresos al momento de la muerte del causante.
Segundo, porque el hecho de que alguien deba alimentos a la
persona con discapacidad no significa que esta última no dependa económicamente
de alguien más. Así, cuando la entidad afirma que el accionante no dependía
económicamente de la causante porque según la ley algunos familiares están obligados
a darle alimentos, incurre en una falacia, porque de dicho deber legal no se
sigue que el hijo con discapacidad efectivamente recibiera un dinero a título
de alimentos y no se desvirtúa que su sostenimiento estuviera a cargo del
causante.
Tercero, debido a que desconoce los requisitos fijados por la Ley
797 de 2003, porque en la práctica impone una carga adicional al hijo con
discapacidad, quien debería demostrar además, que no existe alguna persona que
legalmente le daba alimentos.
En consecuencia, cuando se exige que no exista alguna persona
obligada a dar alimentos a la persona con discapacidad, se establece un nuevo
requisito que no fue previsto por el Legislador, y de esa manera se transgrede el
derecho fundamental a la seguridad social. En este sentido, la UGPP vulneró esta
garantía al señor De la Cruz Beltrán, quien de conformidad con la ley, sólo
debía probar que concurrían los requisitos previstos en las normas antes
reseñadas.
35.  Además, la Sala encuentra probado que en este caso el accionante
acreditó los requisitos previstos por la ley para ser beneficiario del derecho
a la sustitución pensional, veamos:
En primer lugar, se probó el parentesco. En efecto, a la solicitud
de pensión de sobrevivientes se anexaron las copias de la Partida de Bautismo,
la Cédula de Ciudadanía y el Registro de Defunción de la señora Tilda Beltrán
viuda de De la Cruz[74],
y del Registro Civil de Nacimiento y la Cédula de Ciudadanía de Atilio Alberto
De la Cruz Beltrán; mediante los cuales se demostró que el señor Atilio Alberto
De la Cruz Beltrán es hijo de Tilda  Beltrán, quien percibía una pensión de
vejez reconocida a partir del 1 de mayo de 1989.
En segundo lugar, se demostró la pérdida de capacidad, pues de las
pruebas aportadas, es posible deducir que el accionante presenta una
discapacidad mental absoluta, generada por una enfermedad que fue diagnosticada
a partir del año 1985 y que tal situación produjo su declaratoria de
interdicción (ver fundamento 11 de esta sentencia).
En tercer lugar, el accionante acreditó la dependencia económica
respecto de su madre fallecida, mediante los siguientes documentos:
(i)
Las declaraciones juramentadas de su hijo[75]
y de la madre de este último[76],
en las que ambos afirmaron que el señor De la Cruz Beltrán vivió con la señora
Tilda Beltrán y dependió económicamente de ella hasta su fallecimiento.
(ii)
La historia clínica, de la que se evidencia
que el accionante vivía con su madre y ésta lo acompañaba a las citas médicas
en el periodo en el que fue atendido por su enfermedad, esto es, desde el año
1977 hasta el año 2010[77].
(iii)
La sentencia de interdicción[78],
en la que se estableció que en la visita realizada por la trabajadora social
del Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla se demostró: a) que el
señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán vive solo y depende económicamente de
la caridad de sus familiares, b) existen problemas económicos sin
resolver entre la hermana del accionante y el hijo de éste, en relación con las
propiedades que dejó la señora Tilda Beltrán, y c) a la fecha de la
decisión judicial, se puedo constatar que el accionante no había asistido a una
cita médica desde hacía un año.
36.
En conclusión, los documentos que el
peticionario anexó a la solicitud presentada a la UGPP, eran suficientes para
probar que en su caso concurrían los requisitos contenidos en la ley para
obtener el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional.
Por consiguiente, esta Sala de Revisión dejará sin efecto las
resoluciones expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el
reconocimiento de la prestación referida y ordenará a la entidad proferir un
nuevo acto administrativo en el que reconozca el derecho a la sustitución
pensional del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, como hijo en condición
de discapacidad, beneficiario de la señora Tilda Beltrán.
Breve referencia al derecho a la igualdad y las acciones
afirmativas a favor de las personas en situación de discapacidad
37.  De conformidad con el Preámbulo de la Constitución, la igualdad
constituye uno de los valores fundantes del Estado colombiano. Además, el
artículo 13 Superior prevé el derecho a la igualdad en sus dos facetas: formal
y material.
Desde el punto de vista formal, esta prerrogativa comporta la
obligación de tratar a todos los individuos con la misma consideración y
reconocimiento. En ese sentido, el Estado tiene el deber de abstenerse de
concebir normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o
adoptar decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o
perpetuar la situación de exclusión, marginación o discriminación de grupos
tradicionalmente desventajados en la sociedad.[79]
Por otra parte, la igualdad en sentido material apunta a superar
las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente discriminados o
marginados. Para lograr esta finalidad, el Estado tiene la obligación de
adoptar acciones afirmativas, es decir, medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades que los afectan, o de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, tengan una mayor representación, y así, estén en condiciones
de igualdad en dignidad y derechos.[80]
38.
La Corte[81]
ha señalado que la omisión del Estado de adoptar medidas diferenciales a favor
de grupos vulnerables, marginados o históricamente discriminados, vulnera su
derecho a la igualdad.
En relación con los sujetos con discapacidad mental,
el artículo 5º de la Ley 1306 de 2009, establece que son obligaciones de la
sociedad y del Estado colombiano en relación con este grupo, entre otros,
garantizar el disfrute pleno de todos sus derechos e implementar acciones
afirmativas que promuevan la igualdad real.
En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta
Corporación ha entendido que, cuando se omite implementar acciones afirmativas
en favor de este grupo que merece especial protección, se incurre en una forma
de discriminación, debido a que tal omisión perpetúa la estructura de exclusión
social e invisibilidad a la que han sido sometidas históricamente las personas
en condición de discapacidad, y obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales.[82]
39.  En el caso que se analiza, la UGPP negó el reconocimiento de la
pensión a favor del accionante, en consideración a que (i) el único medio
conducente para probar la pérdida de capacidad laboral un dictamen expedido por
una junta de calificación de invalidez, y (ii) el accionante tenía un hijo y había
tenido una compañera permanente, motivo por el cual era posible concluir que
existían personas que le debían alimentos y, por tanto, no dependía
económicamente de su madre fallecida.
De conformidad con las obligaciones que impone el derecho a la
igualdad al Estado y a la sociedad, los actos administrativos proferidos por la
UGPP desconocieron la obligación a su cargo de proteger a las personas que
presentan una discapacidad mental. En efecto, el fondo de pensiones estableció
unos requisitos que no estaban previstos por el Legislador y de este
modo entorpeció el reconocimiento de una prestación a la que tenía derecho un
sujeto con discapacidad mental, que según la Constitución y las leyes, merece una
protección especial.
Por consiguiente, la UGPP vulneró el derecho fundamental a la
igualdad del accionante, porque al exigir unos requisitos que no estaban previstos
por el Legislador, impidió que accediera a una prerrogativa que tiene por
objeto proteger a un grupo vulnerable y superar las desigualdades que se
presentan como consecuencia de la imposibilidad que tienen las personas con un
alto grado de falta de capacidad laboral, de percibir ingresos.
Conclusiones y decisión a adoptar
40.
Del análisis del caso planteado, se derivan
las siguientes conclusiones:
-
Un fondo de pensiones desconoce el derecho al debido
proceso y en particular el principio de libertad probatoria, cuando exige a
un interdicto por discapacidad mental absoluta, presentar un certificado
expedido por una junta regional de calificación de invalidez, como único medio
de prueba para demostrar la pérdida de capacidad requerida para ser
beneficiario de la sustitución pensional de uno de sus padres.
Lo anterior ocurre porque conforme al principio de
libertad probatoria que rige los procedimientos administrativos, los fondos de
pensiones no pueden imponer un medio de prueba como el único adecuado para
demostrar la pérdida de capacidad laboral y deben admitir la presentación de
otros medios que sean igualmente conducentes para demostrar la pérdida de
capacidad laboral y que la fecha de estructuración fue anterior a la muerte del
causante.
En este sentido, la UGPP vulneró el derecho fundamental
al debido proceso del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán y en particular,
el principio de libertad probatoria, porque a pesar de que éste presentó
distintos documentos que demostraban su pérdida de capacidad laboral, omitió
contradecirlos y optó por descartarlos con fundamento en que no se presentó un
dictamen expedido por una junta de calificación de invalidez.
-
Un fondo de pensiones vulnera el derecho a la seguridad
social, cuando niega el derecho a la sustitución pensional del hijo con
discapacidad mental, con fundamento en una presunta falta de dependencia
económica, debido a que existen parientes obligados a dar alimentos.
En efecto, en el trámite que se adelanta para decidir
sobre una solicitud de este tipo, los fondos de pensiones solamente verifican
que se cumpla con los presupuestos contenidos en la norma y no están facultados
para exigir que se acrediten condiciones adicionales a las que fueron previstas
por el Legislador. Por consiguiente, cuando se exige que no exista alguna
persona obligada a dar alimentos a la persona con discapacidad, se establece un
nuevo requisito, que no fue previsto por la ley y así se vulnera el derecho
fundamental a la seguridad social.
En particular, la UGPP desconoció el derecho
fundamental a la seguridad social del señor De la Cruz Beltrán porque ignoró
los requisitos fijados por la Ley 797 de 2003 y exigió que demostrara un
requisito adicional que no estaba previsto en ésta para obtener el derecho a la
sustitución pensional.
- De conformidad con las obligaciones que impone el
derecho a la igualdad al Estado y a la sociedad, los actos
administrativos proferidos por la UGPP desconocieron la obligación a su cargo
de proteger a las personas que presentan discapacidad mental.
Así pues, cuando un fondo de pensiones exige unos
requisitos que no están previstos por el Legislador, e impide que una persona
con una discapacidad acceda a una prerrogativa que tiene por objeto proteger a
un grupo vulnerable y superar las desigualdades que se presentan como
consecuencia de la imposibilidad que tienen las personas con un alto grado de
discapacidad de percibir ingresos, viola su derecho fundamental a la igualdad.
41.  Por otra parte, de las pruebas aportadas al proceso, en particular
el informe de la trabajadora social citado por la sentencia de interdicción, la
Sala advirtió que a la fecha de esa providencia, el señor Atilio Alberto De la
Cruz Beltrán no había recibido atención médica hacía un año.
En esa medida, se debe resaltar que el hecho de que se conceda la
pensión de sustitución, no excluye la solidaridad que le debe su núcleo
familiar. En ese orden de ideas, el hijo del accionante, su hermana y los demás
potenciales obligados a dar alimentos, deben cumplir con sus deberes, los
cuales incluyen asistir al accionante en sus necesidades, asegurarse de que sea
tratado médicamente y posibilitar su vida digna.
42.  Según el artículo 18[83]
de la Ley 1306 de 2009, corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y
jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de
oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad.
Además, de conformidad con la disposición mencionada, las normas
sobre vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento
de los derechos contenidas en la Ley 1098 de 2006, “[p]or la cual se expide
el Código de la Infancia y la Adolescencia”, son aplicables a las personas
con discapacidad mental absoluta, en cuanto sean pertinentes y adecuadas a su
situación. Por consiguiente, las normas relativas a la competencia para
promover los procesos de restablecimiento de derechos (artículos 96 a 99[84]
de dicha normativa), son aplicables ante la posible vulneración de las
garantías de las personas con este tipo de discapacidad.
En consecuencia, la Corte instará al ICBF, para que verifique si el
hijo del accionante está cumpliendo con sus obligaciones como guardador
principal de su padre, y en caso de que no sea así, informe de la situación al
Defensor de Familia del lugar de residencia del señor De la Cruz Beltrán, para que,
si lo considera pertinente, este último (i) adelante un proceso de
restablecimiento de derechos y, (ii) promueva un proceso de remoción de
guardador.
43.  Por ende, es preciso confirmar la decisión de primera
instancia, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia Oral
de Barranquilla, que concedió el amparo de forma definitiva, pero por las
razones contenidas en esta sentencia.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Segunda de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, el 1º de diciembre de 2014, que revocó la sentencia de primera
instancia que concedió la tutela. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia
del 10 de septiembre de 2014, proferida por el Juzgado
Séptimo de Familia Oral de Barranquilla, por las razones contenidas en esta
providencia.
SEGUNDO. ADVERTIR al señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez, que de acuerdo con el
principio de solidaridad tiene a su cargo la obligación de suministrar la
subsistencia de su padre, quien no puede hacerlo por sí mismo. Lo anterior implica
asistir al accionante en sus necesidades y asegurarse de que sea tratado
médicamente.
TERCERO. INSTAR al ICBF, para que verifique si el hijo del accionante está
cumpliendo con sus obligaciones como guardador principal de su padre, y en caso
de que no sea así, informe de la situación al Defensor de Familia del lugar de
residencia del señor De la Cruz Beltrán, para que, si lo considera pertinente,
este último (i) adelante un proceso de restablecimiento de derechos y, (ii)
promueva un proceso de remoción de guardador.
CUARTO. Por Secretaría General
líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] A folio 20 del Cuaderno de Primera Instancia, se encuentra la copia
de la Cédula de Ciudadanía del señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, en la
que consta que nació el 20 de octubre de 1950.
[2] A folio 37 ibídem, se encuentra la copia del Registro Civil de
Nacimiento de Atilio Alberto De la Cruz Beltrán, en el que consta la identidad
de sus padres.
[3] A folio 21 ibídem, se encuentra la
copia de la Cédula de Ciudadanía del señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez.
[4] A folio 42 ibídem, se encuentra la
copia del Registro Civil de Nacimiento de Atilio Alberto De la Cruz Gómez, en
el que consta la identidad de sus padres.
[5] A folio 44 ibídem, se encuentra una
certificación del 21 de enero de 2014, expedida por un médico psiquiatra del
Hospital Universitario C.A.R.I. E.S.E.
[6] Folio 63 ibídem, historia clínica,
informe del 10 de abril de 1985. En el informe médico no está identificada la
persona que lo realizó.
[7] Folios 30-33, ibídem.
[8] A folio 27 ibídem, se encuentra la
Copia del Registro de Defunción de la señora Tilda Beltrán viuda de De la Cruz,
No. 06859914, correspondiente al Certificado de Defunción No. 80823940-5 (Notaría
10 de Barranquilla).
[9] Se trata del proceso identificado
con el número de radicado 08001311000920130030000. Consultado en el Sistema de
Consulta de Procesos de la Rama Judicial.
[10] Folios 39-40, ibídem.
[11]  Folios 79-81 ibídem. En esta
sentencia se decide: "1. Declárese la INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA, al [sic] señor ATILIO ALBERTO DE LA CRUZ BELTRÁN. // 2.
Declárese que el señor ATILIO ALBERTO DE LA CRUZ BELTRÁN, no tiene libre
administración de sus bienes.// 3. Desígnese al hijo, señor ATILIO ALBERTO DE
LA CRUZ GÓMEZ como GUARDADOR DEFINITIVO PRINCIPAL del señor ATILIO ALBERTO DE
LA CRUZ BELTRÁN, y a la hermana, señora MARGARITA ELOÍSA DE LA CRUZ BELTRÁN
como GUARDADORA DEFINITIVA SUPLENTE, quienes lo representarán en sus actos
judiciales y extrajudiciales. Déseles la debida posesión y discernimiento del
cargo." (Fl. 81)
[12] La sentencia de interdicción hace referencia a un certificado
expedido por el psiquiatra Carlos H. Borges, pero el documento mencionado no se
encuentra en el expediente.
[13] En el dictamen mencionado se establece que el señor Atilio Alberto
De la Cruz Beltrán es “una persona con funcionamiento anormal, no acorde con
los parámetros de la realidad externa, con compromiso de sus funciones mentales
superiores, con una marcada ideación paranoide, con pérdida de la idea
directriz y de las asociaciones normales, por todas estas consideraciones,
concluyo que el del examinado (…) es ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA, cuya
etiología es biológica, psicológica y social, enfermedad crónica y que produce
gran deterioro, lo que la hace patología de mal pronóstico. El examinado (…) no
está en capacidad de administrar sus bienes, ni disponer de ellos.”
[14] El informe de la trabajadora social no está en el expediente del
proceso de tutela, pero su contenido es referido en detalle en la sentencia de
interdicción.
[15] Radicada con el No. 2014-514-015323-2. Folios 7-17,
ibídem. Esta solicitud fue acompañada de los
siguientes anexos: (i) formulario único de solicitudes prestacionales; (ii)
poder especial otorgado por el guardador (Atilio Alberto De la Cruz Gómez) al
abogado Juan Heredia Fernández, (iii) copia del acta de posesión de Atilio
Alberto De la Cruz Gómez como curador provisional del señor De la Cruz Beltrán,
del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de
Barranquilla, (iv) copia del Registro de Defunción de la señora Tilda Beltrán
viuda de De la Cruz,  No. 06859914 y del Certificado de Defunción No.
80823940-5 del 23 de enero de 2011 (Notaría 10 de Barranquilla), (v) Cédula de
Ciudadanía de Tilda Beltrán, (vi) Copia de la Resolución No. 007580 del 26 de
octubre de 1992, mediante la cual se reconoce la pensión de jubilación a favor
de la señora Tilda Beltrán de De la Cruz a partir 1º de mayo de 1989, (vii)
copia de la Partida de Bautismo de Tilda Elena Beltrán Méndez, nacida el 12 de
abril de 1926, (viii) copia del Registro Civil de Nacimiento de Atilio Alberto
De la Cruz Beltrán, (ix) copia del auto admisorio de la demanda de
interdicción, en el que se decreta la interdicción provisoria y se designa como
curador provisional al señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez (x) copia del
Registro Civil de Nacimiento del señor Atilio Alberto De la Cruz Gómez, hijo de
Atilio Alberto De la Cruz Beltrán y Judith Gómez, (xi) certificación del 21 de
enero de 2014 de médico psiquiatra en la que determina que el señor De la Cruz
Beltrán presenta ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA CRÓNICA desde el año 1985 (xii)
copia del informe pericial de psiquiatría proferido por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Barranquilla (xiii) acta
de la declaración juramentada del señor De la Cruz Gómez ante la Notaría
Segunda de Barranquilla, en la que afirma que su padre vivía y con la señora
Tilda Beltrán de De la Cruz, y dependía económicamente de ella.
[16] No se encuentra ningún escrito que
demuestre el requerimiento realizado por la UGPP.
[17] Folios 75-76 ibídem.
[18] Folios 83-85 ibídem.
[19] Folio 84R ibídem.
[20] Folios 88-95 ibídem. El escrito no
tiene fecha de radicación.
[21] A pesar de que en el Registro Civil
de Nacimiento de Atilio Alberto De la Cruz Gómez figura como madre  la señora
Judith Gómez Arzuza, en el trámite del reconocimiento pensional se hace
referencia a la misma señora, con el nombre Amparo Judith Arzuza Gómez.
[22] A  folio 97 ibídem, se encuentra la
declaración extrajudicial de “Amparo Judith Arzuza Gómez”, ante el Consulado de
Colombia en Maracaibo en la que manifiesta lo siguiente: "(…) que de la
relación sexual entre el señor Atilio Alberto De la Cruz Beltrán (…) y yo nació
nuestro hijo Atilio Alberto De la Cruz Gómez el día 19 de enero de 1972 (…) por
lo anterior aclaro que en ningún momento hemos llegado a tener vida marital
alguna y que de la misma se haya creado patrimonio alguno. Asimismo, declaro
que mi domicilio actual es Barrio la gran sabana, calle 155 con vereda 56,
Municipio San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, desde el año 2004 hasta la
presente fecha, de igual manera expreso que el señor Atilio Alberto De la Cruz
Beltrán (...) padece de una enfermedad de Esquizofrenia y siempre ha estado
conviviendo y dependiendo económicamente bajo el mismo techo y lecho mientras
estuvo en vida de su madre Tilda Beltrán viuda de De la Cruz (...) y también
declaro que no convivo con el señor desde el año 1972 y no hemos tenido vida
marital."
(MANIFIESTA NO SABER FIRMAR)”
[23] Folios 100-103, ibídem.
[24] Folio 103, ibídem.
[25] Folios 105-107, ibídem.
[26] Folio 106, ibídem.
[27] Folio 5, ibídem.
[28] La contestación de la UGPP se encuentra a folios 144-147 ibídem.
[29] Folio 146R, ibídem.
[30] Folios 171-179, ibídem.
[31] Folio 177, ibídem.
[32] Folio 178, ibídem.
[33] Folio 178, ibídem.
[34] Folios 190-193, ibídem.
[35] Folios 4-10, Cuaderno de Segunda Instancia
[36] Folio 10, Cuaderno de Segunda Instancia.
[37] ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. “La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[38] Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[39] “Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[40] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se
estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia
con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[42] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[43] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[44] M.P. Rodrigo Escobar Gil. Esta
decisión fue reiterada por la sentencia T-892A de 2006
[45] Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa
[46] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[48] “Por la cual se dictan normas
para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen
de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[49] En
particular, en la Sentencia T-1103 de 2014 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte
Constitucional estudió la tutela instaurada por una mujer contra el Juzgado 10º
de Familia de Bogotá, por considerar que el auto mediante el cual se decretó su
interdicción provisional y designó como curadora a su hermana, había incurrido
en una vía de hecho, por cuanto los demandantes en el proceso de jurisdicción
voluntaria de interdicción por discapacidad mental, no aportaron un certificado
médico que acreditara su estado de salud. Además, la accionante afirmaba que
mediante un dictamen de Medicina Legal, practicado con posterioridad a que se
decretara su interdicción provisional, se había demostrado su sanidad mental. La Sala Novena de Decisión concluyó que la Juez
10 de Familia de Bogotá incurrió en una vía de hecho porque admitió una demanda
de interdicción por demencia sin que ésta estuviera acompañada de un
certificado médico, y omitió notificar el auto admisorio de la demanda de
interdicción a quien sería declarada interdicta, a pesar que desde hacía
aproximadamente 8 años no presentaba una crisis de esquizofrenia.
[50] Sentencia T-1103 de 2014.
[51] Ibídem.
[52] Magistrado Ponente: Jaime Sanín Greiffenstein. El contenido de la
decisión mencionada ha sido reiterado en sentencias T-345 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-731 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[53] Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-640 de 2002,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] Sentencia T-746 de 2005; M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Aquella
decisión es reiterada en la sentencia C-1189 de 2005; M.P. Huberto Antonio
Sierra Porto.
[55] Ver sentencia C-183 de 2007; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[57] ARTÍCULO 165. “MEDIOS
DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la
inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera
otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas
en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o
según su prudente juicio, preservando los principios y garantías
constitucionales.”
[58] ARTÍCULO 176. “APRECIACIÓN DE LAS
PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba.”
[59] ARTÍCULO 187. “APRECIACION DE LAS
PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la
ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba.”
[60] Ver sentencias C-243 de 2001 y T-1066 de
2007; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[61] Folios 45-63, Cuaderno de primera
instancia.
[62] Folio 44, Cuaderno de primera
instancia.
[63] Folios 70-71, Cuaderno de primera
instancia.
[64] Folios 79-81, Cuaderno de primera
instancia.
[65] Ver la sentencia T-658 de 2008, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[66] El objeto del
Sistema General de Pensiones está definido en el artículo 10 de la Ley 100 de
1993.
[67] Ver las sentencias C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
C-002 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y C-1094 de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[68] Sentencia T-431 de 2011. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[69] Sentencia T- 957 de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[70] Ver Sentencia
t-597 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[71]Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-941 de 2005, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-595 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y
T-674 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[72] En la declaración juramentada que
obra a folio 97 del Cuaderno Principal, consta que en la ciudad de Maracaibo,
el 14 abril 2014 compareció ante el cónsul de Colombia en aquella ciudad, la
señora Amparo Judith Arzuza Gómez identificada con Cédula de Ciudadanía
22417008, quien manifestó no saber firmar. En este orden de ideas, a pesar de
que la declaración no está suscrita, la autoridad dio fe pública de que quien
compareció a rendir la declaración extra proceso fue la señora Arzuza Gómez.
Por lo tanto, la Sala considera que la declaración debe ser tenida como prueba
válida en este proceso.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido
[73]Ver sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada
por la sentencia C-029 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[74] No. 06859914 del 23 de enero de
2011, registrado en la Notaría 10 de Barranquilla.
[75] Folio 74, Cuaderno de primera instancia.
[76] Folio 97, Cuaderno de primera
instancia. En el mencionado documento consta que en el consulado de Colombia en
Maracaibo se verificó la identidad de Amparo Judith Arzuza Gómez, por lo tanto
la declaración extra proceso es válida a pesar de que la señora manifestó no
saber firmar.
[77] Folios 45-63, Cuaderno de primera
instancia.
[78] Folios 79-81, Cuaderno de primera
instancia.
[79] Sentencia T-770 de 2012; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[80] Ibídem.
[81] Ver sentencias C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-551 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82] Sentencia C-401 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[83] “Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por
intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a
los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por
denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad.
El
funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que reciba noticia o denuncia
sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta que requiera asistencia,
deberá informar inmediatamente al Defensor de Familia, a efectos de que este
proceda a tomar las medidas administrativas de restablecimiento de derechos o a
interponer las acciones judiciales pertinentes.
PARÁGRAFO.
Las normas sobre vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de
restablecimiento de los derechos contenidas en el Código de la Infancia y la
Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta,
en cuanto sea pertinente y adecuado a la situación de estas.”
[84] ARTÍCULO 96. “AUTORIDADES
COMPETENTES. Corresponde a los defensores de familia y comisarios de
familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en
el presente Código.
El
seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por
los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo
coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”
ARTÍCULO
97. “COMPETENCIA TERRITORIAL. Será competente la autoridad del lugar donde
se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera
del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última
residencia dentro del territorio nacional.”
ARTÍCULO
98. “COMPETENCIA SUBSIDIARIA. “En los municipios donde no haya Defensor de
Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el
comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al
defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía. (…)”
ARTÍCULO
99. “INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. “El representante legal del
niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia,
podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante
el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá
hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.
Cuando
el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía
tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los
derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes,
abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso
contrario avisará a la autoridad competente. (…)”