T-045-21
Sentencia T-045/21
Referencia
expediente T-7.630.024
Acción de tutela instaurada por Yilmer
Fernando Torres Erazo y otros contra el Tribunal Administrativo del Quindío.
Magistrado
Sustanciador:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C. veinticinco (25) de febrero
de dos mil veintiuno (2021)
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
integrada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos, la Magistrada Diana Fajardo
Rivera y el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
Los ciudadanos Yilmer Fernando Torres Erazo, María
Zulema Erazo Arredondo, Jhojan Alexander Velázquez Erazo, Sorangel Torres
González, Yolanda Torres González y Fabio Alexander Torres González
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Consideran vulnerados su derechos
fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia y a la
igualdad, con ocasión de la indebida valoración probatoria realizada por la
autoridad judicial accionada y la omisión de trato preferente en razón de la
situación de discapacidad del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
Hechos relevantes dentro del proceso penal adelantado
contra el señor Yilmer Fernando Torres Erazo
1.
El 12 de julio de 2012, antes de abordar el
vuelo a la ciudad de Madrid – España, las autoridades de policía capturaron el
señor Yilmer Fernando Torres Erazo en el Aeropuerto El Edén de Armenia
al encontrar en su maleta “609.3 gramos, positivos preliminarmente para
Alcaloide Cocaína y/o sus derivados”[1].
A raíz de ello se inició un proceso por el presunto delito de transporte de
estupefacientes[2].
2.
El 13 de julio de 2012 se llevó a cabo la audiencia
preliminar de control de captura, imputación y medida de aseguramiento. El
señor Yilmer Fernando Torres Erazo no aceptó la imputación. La Fiscalía solicitó
como medida de aseguramiento detención preventiva en centro penitenciario. La
defensa solicitó detención preventiva en el domicilio “en razón al estado de
cuadriplejia del imputado”[3].
El Juzgado Sexto Penal Municipal de Armenia impuso medida de aseguramiento en
la residencia del señor Torres Erazo[4].
Su decisión la fundamentó así:
“El delito requiere de detención
preventiva. De los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida
y asegurada o de la información obtenida legalmente se puede inferir
razonablemente que el imputado puede ser el autor o participe de la conducta
delictiva que se investiga y se dan los fines del artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal. La necesidad o no de la medida de aseguramiento se deriva
del resultado de la valoración que para el efecto se hace de los medios de
pruebas, de las características del delito y de las circunstancias que rodearon
su ejecución como expresión de la personalidad del imputado, pero se llega a la
convicción que para que se cumplan los fines de la medida de aseguramiento es
suficiente la reclusión en el lugar de su residencia según lo normado en el
numeral 4 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido que
debe estar en condiciones de higiene, seguridad y confiabilidad para el mismo
imputado y que más que su familia que ha venido entendiéndolo. Considera
entonces el despacho que siendo la familia la que en este momento debe ser la
dispensadora para que esté en condiciones dignas, se accede a esa sustitución
por la detención domiciliaria y se considera también que la vigilancia puede
ejercerse por parte del Estado a través del INPEC para evitar que siga
desarrollando una actividad delictiva de esta índole; pero se le hace saber a
Yilmer Fernando Torres Erazo que ante cualquier incumplimiento de esta
decisión, se sustituirá por la detención en establecimiento carcelario”.
3.
El 09 de agosto de 2012 se convocó a audiencia
de formulación de acusación para el 24 de agosto de 2012. El mismo día de la
audiencia la defensa solicitó su aplazamiento “por cuanto la fiscalía
estudia nuevos elementos que modificaran las razones para realizar la audiencia
programada”[5].
El juez accedió a la solicitud.
4.
El 18 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la
audiencia de formulación de acusación. La Fiscalía descubrió sus pruebas. La
defensa no solicitó la exhibición de los elementos de prueba relacionados por
la Fiscalía, tampoco mostró elementos de prueba reservándolos para la audiencia
preparatoria[6].
El juez fijó el 08 de octubre de 2012 como fecha para llevar a cabo la
audiencia preparatoria.
5.
El 5 de octubre de 2012 la defensa solicitó
aplazar la audiencia ya que “en estos momentos se desarrollan entre el
procesado y la fiscalía los trámites pertinentes para el eventual ejercicio del
principio de oportunidad (…)”[7].
La audiencia se reprogramó para el 03 de diciembre de 2012.
6.
El 30 de noviembre la defensa solicitó aplazar
la audiencia “por cuanto el procesado, la defensa y el Fiscal seccional
encargado de la causa penal, estamos a la espera de instancias superiores
frente a la posibilidad o no, de dar aplicación al principio de oportunidad
como excepción legal al de legalidad formal”[8].
Anota el abogado de la defensa que es consciente de “las consecuencias que
como defensa tendría por el aplazamiento de la diligencia en mención”[9].
La audiencia fue reprogramada para el 6 de febrero de 2013.
7.
En esa fecha se realizó la audiencia preparatoria
de juicio oral (art. 355 CPP). Tanto la fiscalía como la defensa descubrieron
las pruebas. El juez decretó seis (6) testimonios. Se citó audiencia de juicio
oral[10].
8.
El 24 de abril de 2013[11] se llevó a
cabo audiencia de juicio oral (art. 366 CPP)[12].
En primer lugar el señor Torres Erazo se declara inocente. Posteriormente la
fiscalía presenta las estipulaciones[13]:
(i) informe de policía de vigilancia FPJ-5 del 12-07-2012; (ii)
formato de incautación de elementos del 12-07-2012; (iii) informe de
investigador de campo FPJ-11 12-07-2012; (iv) informe de laboratorio número
6488 del 16-08-2012; (iv) formato de interrogatorio a indiciado FPJ-12
del 30-07-2012 de Yilmer Fernando Torres[14];
(v) formato de interrogatorio de indiciado FPJ-12 del 30-07-2012 de
Yolanda Torres González[15].
Adicionalmente se practicó el testimonio del PT. Edison Alexander Cortes
Guzmán. Luego, la defensa presentó el testimonio del señor Torres Erazo y de la
señora María Zulema Erazo Arredondo y se incorporaron como pruebas documentales
(i) informe del investigador de campo FPJ-9, (ii) cinco (5) folios en fotocopia
de una conversación y (iii) una fotografía[16].
La Fiscalía solicitó la condena al tiempo que el defensor pidió la
absolución. El juez emitió sentido del fallo de carácter absolutorio[17],
ordenó la libertad del señor Torres Erazo[18]
y programó audiencia de lectura del fallo para el 2 de julio de 2013.
9.
En la decisión el juez absolvió al señor
Yilmer Fernando Torres Erazo de todos los cargos formulados y compulsó copias
para que se iniciara la investigación pertinente sobre la participación de
otros sujetos en la conducta imputada al señor Torres Erazo. Consideró que si
bien se acreditó la materialidad de la conducta de transporte de estupefacientes,
no se acreditó la responsabilidad del acusado ni el dolo. En su concepto, el
grado de conocimiento exige que no haya duda del conocimiento y voluntad de transportar
sustancias sicoactivas. Así las cosas, si bien de las pruebas aportadas al
proceso se podría desprender una probabilidad, no hay plena certeza de la
configuración de la conducta punible. Por lo tanto, no se le puede atribuir
responsabilidad penal[19].
Hechos relevantes
de la acción de reparación directa[20]
10.
El
18 de julio de 2014 Yilmer Fernando Torres Erazo[21], María
Zulema Erazo Arredondo[22],
Jhojan Alexander Velázquez Erazo[23],
Sorangel Torres González[24],
Yolanda Torres González[25]
y Fabio Alexander Torres González[26]
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación en razón de la privación injusta de la libertad
del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
11.
Indicaron
que Yilmer Fernando Torres Erazo, de 24 años de edad para esa fecha, tiene un
diagnóstico de cuadriplejia como consecuencia de la enfermedad denominada “meningitis”.
Con el proceso se adjuntó historia clínica del señor Torres Erazo del 14 de
enero de 2013. De esta se desprende la siguiente información: (i) “Enfermedad
actual: paciente postrado cuadripléjico hace 5 años, como secuela de
meningitis, sonda permanente (…)”.
12.
Del
12 de julio de 2012 al 24 de abril de 2013 -nueve meses aproximadamente- fue
objeto de la medida de aseguramiento denominada detención domiciliaria por el
delito de transporte de estupefacientes. Como consecuencia de la sentencia
absolutoria a favor del señor Torres Erazo él y sus familiares consideran que
se configuró una privación injusta de la libertad lo cual constituye un daño
antijurídico que debe ser indemnizado.
13.
Solicitaron
al juez administrativo (i) declarar responsables a la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración
Judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Yilmer
Fernando Torres Erazo; (ii) condenarlos a pagar como daño emergente la suma de
$4.000.000[27];
por perjuicios morales $400.000.000; y por la alteración grave en las
condiciones de existencia la suma de 240 salarios mínimos.
Los perjuicios
morales los sustentan en los prejuicios que debió soportar Yilmer Fernando
Torres Erazo, tales como, comentarios malintencionados de su entorno, daño en
su imagen, el dolor que le ocasionó estar incurso en el proceso, la
incertidumbre y zozobra durante el tiempo que duró el proceso, la vergüenza de
tener que salir de su residencia custodiado por funcionarios del INPEC y los
dos días que tuvo que estar en un centro de reclusión[28] los cuales
le generaron múltiples traumatismos. Los perjuicios por la alteración grave
en las condiciones de existencia los fundamentan en la imposibilidad de reunión
con la familia y en la pérdida de oportunidad de adquirir la nacionalidad
española[29].
14.
Como
fundamentos de derecho indicaron (i) que la acción se enmarca bajo un título de
imputación objetiva, “en el cual el demandante está relevado de demostrar el
dolo o la culpa en que hubiese podido incurrir el funcionario judicial”. Además
(ii) el Consejo de Estado ha sostenido que “si el imputado no resulta
condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación a cargo del Estado
de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se
encuentre en el deber jurídico de soportarlos -cosa que puede ocurrir, por vía
de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a
que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento-”[30].
15.
La
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial respondió a la
demanda. En primer lugar defendió las actuaciones adelantadas en el proceso
penal dado que (i) la fiscalía presentó una teoría del caso solida y con una estructura
probatoria fuerte para respaldar dicha solicitud; (ii) la medida de
aseguramiento respondió al análisis normativo de los presupuestos objetivo
(hecho tipificado) y subjetivo (captura en flagrancia); (iii) la condición
física del señor Torres Erazo no lo exime de responsabilidad pues contaba con
plena conciencia; (iv) el abogado defensor no se opuso a la medida de
aseguramiento; y (v) la sentencia absolutoria se sustentó en el principio in
dubio pro reo. En segundo lugar propuso como eximente de responsabilidad
(i) el hecho de un tercero ya que fue la fiscalía la que presentó el caso ante
el juez; (ii) la culpa exclusiva de la víctima al faltar a su deber de
diligencia y cuidado en cuanto al contenido de su maleta para viajar al
exterior; y (iii) ausencia del título jurídico de responsabilidad en tanto la
absolución obedeció al principio in dubio pro reo y no a un error
judicial.
16.
La
Fiscalía General de la Nación afirmó que su actuación respondió a lo dispuesto
en la Ley 906 de 2004. Aseguró que la indemnización solamente es procedente si
se demuestra la configuración de una falla, situación que no se evidencia en el
caso. Solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimidad en tanto
la medida de seguridad fue adoptada por el juez y no por la fiscalía.
17.
El
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia conoció en
primera instancia el asunto[31].
El 15 de agosto de 2018 declaró administrativamente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue
víctima el señor Yilmer Fernando Torres Erazo y la condenó a pagar
indemnizaciones a título de daño moral así: a Yilmer Torres y a Zulema Erazo 56
salarios mínimos, al hermano de la víctima 28 salarios mínimos y a las tías y
tío 19.6 salarios mínimos. Para fundamentar esa conclusión presentó los
siguientes argumentos.
Primero. A
partir de dos decisiones del Consejo de Estado sobre la legitimación de la Fiscalía
en casos de privación injusta de la libertad concluyó que “si bien el juez
penal de control de garantías es la única autoridad competente para imponer las
medidas privativas de la libertad, actúa por solicitud de la fiscalía General
de la Nación y con fundamento en el material probatorio recaudado por el ente
acusador”. Por ello, negó la excepción de falta de legitimación en la causa.
Segundo. Luego
de citar un pronunciamiento del Consejo de Estado del año 2007 concluyó que “el
régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de privación injusta de la
libertad es el de ‘responsabilidad objetiva’ en uso del título jurídico de
imputación de daño especial; empero, esto no impide la declaratoria de
responsabilidad del Estado bajo el régimen de falla en el servicio siempre que
sus elementos se encuentren demostrados, ni tampoco exime al juez de revisar
las condiciones fácticas y jurídicas en que se produjo la privación con miras a
descartar la ocurrencia de causales eximentes de responsabilidad”.
Tercero. Consideró
que el juez penal “se ajustó a los criterios legales establecidos por el
procedimiento penal a efectos de imponer la medida de aseguramiento [en el
caso] era evidente la inferencia razonable de autoría (…)”. Lo mismo
evidenció en la actuación de la fiscalía al solicitar la medida de
aseguramiento.
Cuarto. Sin
embargo, encontró responsable a la Fiscalía porque desde el 13 de julio de 2012
la entidad conoció los testimonios de Yilmer Fernando y de Yolanda Torres los
cuales responsabilizaban a otra persona de los hechos que generaron la captura.
Así “a pesar de las posibles dudas que generaban las versiones al señalar
puntualmente con nombre e identificación plena a la persona que sería la
responsable, decidió proseguir con la acción penal sin ahondar en el asunto
(…)”desconociendo el principio de presunción de inocencia. Todo ello generó la
prolongación en el tiempo de la privación injusta de la libertad de forma
innecesaria.
Quinto. Descartó
la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima “por cuanto
no existe prueba que comprometa el comportamiento desplegada por el demandante
o un tercero como fuente del daño antijurídico antes reseñado”. Sostuvo que
“no podía exigirse al demandante (…), en condición probada de
discapacidad, que fuera 100% responsables del contenido de su equipaje, y mucho
menos que asumiera frente a una familiar situación de desconfianza tal que lo
llevara a verificar el contenido de los elementos en los que se camufló la
sustancia ilícita, máxime cuando, a simple vista, se trataba de elementos
nuevos y sellados”.
18.
La
Fiscalía apeló el fallo[32].
Aseguró que la carga de presentar y hacer valer el testimonio de la persona
señalada por los procesados está en cabeza de la defensa del investigado. Resaltó
“el silencio y la pasividad de la parte investigada [la cual] resultó
pasmosa y desconcertante, máxime cuando se estaba tratando de la libertad de
una persona discapacitada, con su familia más cercana viviendo fuera del país y
quien aparentemente estaba siendo víctima de un engaño perpetrado por su propia
familia”. Aclaró que la conducta imputada al señor Torres Erazo fue el transporte
de sustancias estupefacientes y, por lo tanto, “no importa si dicha
responsabilidad había sido compartida con otras personas aún no imputadas bajo
otros verbos rectores”. Planteó que la defensa pudo solicitar la
revocatoria de la medida de aseguramiento según lo dispuesto en el artículo 318
de la Ley 906 de 2004 y, en lugar de ello, presentó sistemáticas y reiteradas
solicitudes de aplazamiento. Expuso que la valoración de las declaraciones le
correspondía al juez y no a la fiscalía. Finalmente insistió en la eximente de
responsabilidad culpa exclusiva de la víctima teniendo en cuenta que la captura
había sido en flagrancia.
19.
El
29 de noviembre de 2018 el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío
-Sala Tercera de Decisión-[33]
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa. Consideró que no se configuró
un daño antijurídico y aún ante la existencia de daño antijurídico existió
culpa exclusiva de la víctima por cuanto el señor Yilmer Fernando Torres Erazo
omitió el mínimo de diligencia al no revisar el equipaje.
20.
Para
fundamentar la ausencia de daño antijurídico expuso las siguientes razones:
Primero. Las
reglas en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación
injusta de la libertad suponen que es necesario (i) identificar la antijuridicidad
del daño; (ii) verificar si quien fue privado de la libertad actuó con culpa
grave o dolo y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la
subsecuente imposición de la medida de aseguramiento; (iii) si existió culpa o
dolo se debe establecer cual es la autoridad del Estado llamado a reparar el
daño; y (iv) orientar el análisis del asunto bajo las premisas del título de
imputación pertinente.
Segundo. La
medida de aseguramiento fue impuesta en atención a cada uno de los presupuestos
legales, cumplió los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia y
tuvo en cuenta el diagnóstico del señor Torres Erazo. En este punto resaltó que
la defensa no solicitó levantamiento de la medida de aseguramiento ni su revocatoria.
Tercero. No es
correcta la afirmación de la juez de primera instancia sobre la inacción de la
fiscalía al investigar a la persona señalada como culpable. La Fiscalía sí
intentó ubicar a la señalada y “el solo hecho de que en el proceso penal se
haya mencionado a un tercero como posible autor de la conducta penal, no
llevaba a que obligatoriamente tuviera que solicitar la preclusión del mismo,
toda vez que existían otros elementos materiales probatorios con los que en su
criterio puede sustentar la acusación y formular su teoría del caso,
correspondiéndole la valoración probatoria al juez de conocimiento en el juicio
oral para determinar si existía o no la responsabilidad penal”.
Cuarto. La culpa
exclusiva de la víctima se evidencia en el hecho de que el comportamiento del
señor Torres Erazo lo expuso al daño y por lo tanto, debe asumir las
consecuencias de su actuación[34].
Consideró el tribunal:
“En este caso, teniendo en cuenta que
Yilmer Fernando Torres Erazo se iba a desplazar a otro país, los deberes de
conducta y el mínimo de diligencia que le imponía el ordenamiento jurídico eran
los de revisar los elementos que iba a transportar en su equipaje, más aún
cuando provenían de terceras personas para evitar conductas ilícitas, máxime
cuando en Colombia ha sido una conducta repetitiva y puesta en conocimiento por
las autoridades la utilización de la confianza de familiares o amigos para
concretar ilícitos como el transporte de estupefacientes.
Así pues, resulta totalmente inexcusable
que el señor Yilmer Torres Erazo no haya realizado una revisión de los
elementos que le encomendó presuntamente su familiar para transportar a Madrid,
España, pues si los hubiera revisado con la diligencia exigida hubiera evitado
el daño, es decir, que fue él mismo que con su conducta gravemente culposa se
expuso a sufrir la privación de la libertad de la que fue objeto, y por lo
tanto, debe asumir las consecuencias del mismo” [35].
Hechos
relevantes de la acción de tutela[36]
21.
Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del
Quindío “le impuso una obligación físicamente imposible de realizar a YILMER
FERNANDO en razón de su condición de cuadriplejia”[37].
Aseguran que en el proceso contencioso se presentó como hecho relevante la
cuadriplejia de Yilmer Fernando, situación que no tuvo en consideración la
autoridad judicial accionada.
22.
La
acción de tutela propone la configuración de un defecto fáctico en la
providencia del el Tribunal Administrativo del Quindío. Aseguran que fue
arbitraria al valorar el acervo probatorio pues pese a que la demanda
hizo referencia explícita a la condición de discapacidad del señor Yilmer
Fernando la sentencia no hizo referencia alguna a este hecho. Además, partió
de una premisa falsa al considerar que Yilmer Fernando Torres Erazo estaba
en condiciones físicas de acceder a su equipaje y realizar la revisión personal
de los elementos que iba a transportar en su viaje. Adicionalmente, omitió
valorar la historia clínica y no realizó el mínimo estudio para
determinar en qué consiste una cuadriplejia.
23.
Finalmente,
en su concepto, “no es admisible exigir a una persona que no puede mover más
que la cabeza que revise su propio equipaje”. Esta exigencia lesiona el
derecho a la igualdad de Yilmer Fernando Torres Erazo pues se le impone una
obligación equiparable a la que tiene cualquier persona que goza de salud
física, como si se encontraran en la misma situación fáctica. Además, “desconoce los estándares en materia de derechos
humanos, de acuerdo con los cuales las decisiones del Estado, entre ellas, la
de los jueces debe considerar el enfoque diferencial, el cual ha sido definido
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los
derechos humanos (...)”[38]. Igualmente se opone a  la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo
así como a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad.
Trámite
procesal de la acción de tutela
24.
Mediante auto del 01 de abril de 2019, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección C, avocó el conocimiento de la acción de tutela, vinculó al proceso
a la Nación - Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y dispuso correr traslado de la
misma al accionado y a los vinculados. Asimismo, solicitó al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia allegar el expediente ordinario. Por
último, suspendió los términos hasta tanto el expediente solicitado fuera
allegado al despacho.
Respuesta del
demandado y los vinculados
25.
La Fiscalía General de la Nación[39]
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Los accionantes han
debido explicar por qué, pese a existir otros mecanismos judiciales idóneos no
hicieron uso de ellos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo
del Quindío. Tampoco no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable para
efectos de hacer procedente la acción de tutela de manera transitoria. Además,
el escrito de tutela no sustentó la configuración del presunto defecto en
el que habría incurrido la autoridad judicial accionada[40].
26.
El Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío,
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela[41].
Frente a la
causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima en asuntos
de privación injusta de la libertad resaltó que, acorde con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, “la absolución del procesado en el trámite penal no
implica de suyo la configuración de responsabilidad del Estado, pues ya en el
escenario del proceso contencioso administrativo, el juez debe analizar la
conducta del entonces procesado y, si en ella hubo culpa grave o dolo, se
genera la absolución para la Administración, porque si bien esa culpa no tiene
la connotación suficiente para considerar que se ha incurrido en un delito, en
el plano del proceso de reparación sí exonera patrimonialmente al Estado”[42].
En el caso concreto, se demostró que el señor Yilmer Fernando Torres Erazo
tenía la carga de asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.
27.
El
Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, Quindío, relató las actuaciones
que en ese Despacho se adelantaron[43].
Decisiones de tutela objeto de revisión
28.
El 06 de mayo de 2019, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela. Consideró que
la sentencia cuestionada se basó en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y 63
del Código Civil, así como en la jurisprudencia relativa al “hecho exclusivo
de la víctima”[44].
Para el caso, el juez accionado (i) advirtió que el señor Yilmer
Fernando Torres Erazo transportaba en su equipaje sustancias prohibidas y que
omitió el mínimo de diligencia al no revisar dicho equipaje; (ii) valoró qué le
es exigible a un persona que viaja al exterior la revisión de su equipaje;
(iii) consideró que la cuadriplejia no imposibilita de forma absoluta cumplir
este deber; y (iv) advirtió que “es públicamente conocido que terceras
personas se valen de la confianza de familiares y amigos para cometer ilícitos
como el transporte de estupefacientes”[45].
En ese sentido, no encontró configurado el defecto fáctico por
cuanto el juez accionado tuvo en cuenta el material probatorio determinante
para el proceso. Por ello, “no era necesario que el juez considerara las
condiciones de cuadriplejia que padece la víctima directa de la privación de la
libertad para determinar el elemento interno que entraña la culpa exclusiva en
el caso concreto (…)”[46].
29.
Los accionantes impugnaron el fallo reiterando
los argumentos del escrito de tutela.
30.
El 14 de agosto de 2019, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que la
sentencia acusada “no incurrió en defecto fáctico, pues si bien no se hizo
un análisis concreto de la historia clínica, lo cierto es que esta no desvirtúa
la existencia del hecho de la víctima”[47].
Aseguró que la historia clínica del señor Yilmer
Fernando Torres Erazo “no tiene la virtualidad de modificar la conclusión
del tribunal demandado”, por dos razones. Primero, porque es del 14 de
enero de 2013, es decir, de fecha posterior a la cual fue privado de la
libertad (12 de julio de 2012). Si bien la misma asegura que se trata de un
paciente “cuadripléjico hace 5 años”, lo cierto es que esa historia
clínica solo refleja consultas médicas realizadas durante el mes de enero de
2013 y ninguna con fecha anterior al 12 de julio de 2012. Segundo, la historia
clínica no da cuenta del grado de discapacidad ni es concluyente sobre la
existencia de una imposibilidad absoluta para revisar el equipaje.
Actuaciones en sede de revisión
31.
Mediante auto del 5 de diciembre de 2019 el
Magistrado Sustanciador solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Armenia, Quindío, remitir el expediente relativo al proceso de reparación
directa. De la misma forma solicitó al Juez Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Armenia, remitir en calidad de préstamo y con
destino al trámite de revisión el expediente relacionado con el proceso penal
adelantado en contra de Yilmer Fernando Torres Erazo por el delito de
transporte de estupefacientes.
32.
Mediante oficio del 13 de diciembre de 2019 la Secretaría General
informó que vencido el término otorgado al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Armenia y al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Armenia “no se recibió comunicación alguna”.
Posteriormente, el 17 de enero de 2020 la Secretaría General de la Corte
Constitucional remitió un oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia enviando en calidad de préstamo el
expediente 63001333375320140021501.
33.
Pese a que en el expediente del proceso de reparación directa
reposaba copia del expediente relativo al proceso penal adelantado por el
delito de transporte de estupefacientes, el despacho advirtió que no contenía
la totalidad de los cd contentivos de las audiencias dentro del proceso. Por lo
anterior, mediante auto del 5 de febrero de 2020 el Magistrado Sustanciador
requirió al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Armenia para que remitiera el expediente referido. Así mismo, dispuso la
suspensión de los términos por dos meses contados a partir de la recepción de
las pruebas solicitadas en dicho proveído.
34.
El 17 de septiembre de 2020[48] la Secretaría General
informó al despacho que vencido el término probatorio dispuesto en el auto del
5 de febrero de 2020 se recibió oficio remitido por María Carolina Hoyos Leyva,
Juez Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, mediante el cual
remite el expediente requerido. Además, surtido el traslado de pruebas se
recibió  escritos fechado del 16 de septiembre de 2020 de la señora María
Zulema Erazo Arredondo y  de la señora Leddy Johanna Pinto García funcionaria
de la Fiscalía General de la Nación.
35.
El 14 de octubre de
2020 el Despacho recibió tanto el expediente del proceso penal
6300600000020120008700 como los escritos relacionados en el párrafo anterior. En
consecuencia, mediante auto del 23 de octubre de 2020 la Sala de Revisión
ordenó el levantamiento de términos a partir de la notificación de la
providencia[49].
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala
Octava de Revisión es competente para analizar los fallos materia de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Formulación del problema jurídico
2. De acuerdo con los hechos expuestos le corresponde a la Sala
Octava de Revisión determinar si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De encontrarlos satisfechos, debe establecer (en relación con los
requisitos específicos de procedencia) si el Tribunal Contencioso
Administrativo del Quindío, omitió valorar las pruebas relacionadas con la
situación de discapacidad del actor y si, en efecto, las mismas habrían tenido
una incidencia directa o repercusión sustancial en la decisión judicial
adoptada.
3. Para solucionar los anteriores problemas jurídicos, la Sala Octava
de Revisión (i) aludirá a la jurisprudencia relativa a la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, refiriéndose de manera
particular al defecto fáctico. También, (ii) reiterará lo dispuesto en la
sentencia SU-072 de 2018 sobre el régimen de la responsabilidad del Estado en
casos de privación injusta de la libertad, así como la línea jurisprudencial
del Consejo de Estado sobre el mismo asunto. Posteriormente, (iii) aplicará
estas reglas jurisprudenciales para solucionar el caso concreto.
La acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia[50]
4. La
acción de tutela contra providencias judiciales constituye un instrumento
residual y excepcional de protección de los derechos fundamentales frente a
actuaciones y omisiones de las autoridades judiciales que los puedan lesionar
en el desarrollo de un proceso de esa naturaleza. Este mecanismo de amparo
encuentra respaldo directo en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por
Colombia[51].
5. De
acuerdo con la primera disposición toda persona puede acudir a la acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quién actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de “cualquier autoridad
pública”. La Convención, por su parte, establece que toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención,
“aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio
de sus funciones oficiales”.
6. Sin
embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales resulta residual y
excepcional por varios motivos. Por una parte, los procesos judiciales
constituyen en sí mismos instrumentos de protección y realización de derechos,
incluidos los fundamentales y, por lo tanto, es en esos escenarios que se deben
resolver prima facie las disputas que envuelven su aplicación a un caso
concreto, a través de los recursos ordinarios y extraordinarios que establece
el respectivo trámite. Así mismo, el principio de independencia judicial busca
impedir que al momento de adoptar sus decisiones los jueces naturales del
proceso se vean coaccionados por elementos ajenos a su discernimiento y al
imperio de la ley. Por último, los postulados de cosa juzgada y seguridad
jurídica dotan de inmutabilidad e intangibilidad a las decisiones judiciales en
su condición de instancias de resolución definitiva de conflictos y de cierre
de disputas jurídicas que, por consiguiente, el ordenamiento superior persigue
salvaguardar como elementos necesarios para la convivencia pacífica.
7. Pese a
lo anterior, la acción de tutela contra providencias judiciales cumple valiosos
propósitos en el marco del Estado Social de Derecho. A través de este
instrumento se garantiza el respeto y realización definitiva de los derechos
fundamentales en el escenario judicial (art. 2 C. Pol.) y, por esa vía, la
supremacía y fuerza vinculante de la Constitución (art. 3 C. Pol.). La revisión
eventual de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional
materializa el principio de igualdad, ya que la labor de unificación
jurisprudencial que realiza este Tribunal consolida la lectura estable de las
cláusulas de derecho fundamental, ante las diversas posturas que se puedan presentar
frente a las mismas dado su carácter abierto e indeterminado (art. 241-9).
Igualmente, la tutela contra sentencias supone un medio adecuado para irradiar
en el derecho legislado, aplicable en los trámites judiciales ordinarios, la
perspectiva de los valores, principios, derechos y fines esenciales consagrados
en la Constitución. La fuerza expansiva de las normas de derecho fundamental,
consecuencia de su estructura e importancia sustantiva, imponen a las
autoridades un verdadero deber de asegurar que la interpretación de todas las
fuentes formales del derecho ordinario se lleve a efecto a partir de la
consideración y aplicación de los contenidos constitucionales relevantes. Se
concreta así, una de las dimensiones del deber constitucional de asegurar la
supremacía de la Constitución (arts. 2 y 4 C. Pol.).
8. Bajo
ese entendido, en el Estado Constitucional colombiano la armonización de los
principios de independencia judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, por un
lado, y primacía y efectividad de los derechos fundamentales, por otro, se
alcanza a través de la procedencia excepcional y residual de la acción de
tutela contra providencias judiciales, conforme a las reglas decantadas por
esta Corporación. La sentencia C-590 de 2005 consolidó la jurisprudencia sobre
la materia y distinguió entre los requisitos de procedibilidad formal y los
presupuestos de procedencia material o de fondo de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En general, sin hacer de la acción un recurso
excesivamente técnico, estos elementos fijan la metodología y las pautas de
admisibilidad del amparo y establecen el alcance y límites del escrutinio del
juez constitucional.
9. En
relación con los requisitos de procedibilidad formal, previa verificación
de la legitimación en la causa por activa y pasiva, es necesario acreditar:
i) Que la cuestión que se discuta resulta de evidente
relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que el juez de tutela carece de competencia para dirimir
disputas de índole estrictamente legal, económicas o de conveniencia, es
necesario que el asunto sometido a su conocimiento verse sobre cuestiones
relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales y que planteen un
verdadero debate fáctico y normativo de naturaleza constitucional. No puede
tratarse de una relevancia constitucional genérica que permita que todas las
posibles críticas de una decisión judicial sean planteadas como una infracción
del derecho al debido proceso o de acceso a la administración de justicia. Se
trata de algo más: el problema llevado a la jurisdicción constitucional debe
suscitar una discusión constitucional específica.
ii) Que se han agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Este presupuesto impide que la acción
de tutela desplace los mecanismos ordinarios de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces, y que sea empleada para revivir términos vencidos por
negligencia de las partes. Esta exigencia implica, además, que de haber
existido oportunidad, el problema constitucional específico se haya propuesto y
discutido en el curso del proceso. De este modo se garantiza el carácter
subsidiario y residual de la acción, se protegen las competencias de los jueces
de las demás jurisdicciones así como los terceros que pueden afectarse con la
revisión constitucional de una providencia judicial.
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De esta manera, el sometimiento de la
acción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el
tiempo transcurrido entre la posible transgresión y la presentación del amparo
constitucional concilia los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y
el mandato de efectividad de los derechos fundamentales, pues admite el
ejercicio de la acción siempre que esta no se interponga en cualquier tiempo
sino en un plazo que, sin ser perentorio, se encuentre justificado[52].
iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal
quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. En ese sentido
no cualquier error o equivocación en el trámite ordinario da lugar a la
procedibilidad de la acción, ya que el mismo debe tener una entidad suficiente
para incidir probablemente en el resultado del proceso y en la afectación del
derecho fundamental invocado.
v) Que el accionante identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. En
esa dirección, el solicitante debe exponer los hechos que generaron la posible
afectación, el fundamento de la violación alegada y dar cuenta de que la misma
fue planteada al interior del proceso ordinario, siempre que ello hubiere sido
posible.
vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales por vía de tutela tienen su cierre en
las sentencias que adopta esta Corporación en ejercicio de su función de
revisión eventual o en la decisión de no selección de las decisiones proferidas
en las instancias. En ambos casos las respectivas sentencias hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional[53].
vii) Que no se trate de acciones de tutela contra
sentencias de la Corte Constitucional ni, por regla general contra las del
Consejo de Estado como resultado de la acción de nulidad por
inconstitucionalidad[54].
10. En todo caso, el examen de estos requisitos se debe realizar
atendiendo a las condiciones del caso concreto y, en particular, a las
circunstancias en que se encuentre el solicitante (arts. 13 y 228 C. Pol. y
art. 6-1 Decreto Ley 2591 de 1991). Por ejemplo, si la acción de tutela se
interpone contra una decisión de una alta corte el escrutinio debe ser más
restrictivo en tanto se trata de órganos judiciales que definen y unifican la
jurisprudencia en su respectiva jurisdicción. Empero, si el amparo es pedido
por un sujeto de especial protección constitucional el juez de tutela debe
valorar la incidencia que sus específicas condiciones materiales de existencia
pudieron tener en el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad
y en el ejercicio efectivo de su derecho al acceso a la administración de
justicia. En ese sentido, no se debe perder de vista que las reglas decantadas
en la sentencia C-590 de 2005 son producto de una ponderación estándar de los
principios de independencia judicial, cosa juzgada, seguridad jurídica y
primacía y efectividad de los derechos fundamentales. Por lo tanto, es posible
que la ponderación de estos principios dé lugar a soluciones distintas en
asuntos concretos en que sea necesario otorgar mayor peso a una faceta
específica de un derecho fundamental en juego y, por lo tanto, suponer
adecuaciones a las reglas generales de procedibilidad e incluso excepciones a
las mismas[55].
11. Finalmente, frente a las causales de procedencia material o de
fondo la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se debe
comprobar la ocurrencia de al menos un defecto constitucional con trascendencia
suficiente para comportar la lesión de un derecho fundamental. Estos pueden
ser: i) defecto orgánico; ii) defecto procedimental absoluto; iii) defecto
fáctico; iv) defecto material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin
motivación; vii) desconocimiento del precedente; viii) violación directa de la
Constitución o ix) exceso ritual manifiesto[56].
Atendiendo al carácter instrumental y metodológico de estas causales es posible
que una misma situación de lugar a la ocurrencia de uno o más defectos al mismo
tiempo, pues no existe un límite indivisible entre ellos.
12. En
definitiva, los presupuestos generales de procedibilidad y las causales
específicas de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la
competencia del juez constitucional al momento de examinar una acción de tutela
propuesta contra una decisión judicial. Los mismos tienen por objeto realizar
el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de
respeto por los principios de autonomía e independencia judicial, cosa juzgada
y seguridad jurídica. De ahí que el juez constitucional carezca de competencia
para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado
o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio
en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales. Su
papel se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de
los derechos fundamentales en los trámites judiciales, conforme a las reglas
señaladas en esta sentencia.
Defecto fáctico.
Reiteración de jurisprudencia[57]
13. La
jurisprudencia constitucional[58]
ha señalado que el defecto fáctico se presenta cuando el funcionario judicial
emite una providencia “(…) sin que los hechos del
caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la
determina[59],
como consecuencia de una omisión en el decreto[60] o valoración de las
pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”.
14. Se puede estructurar a partir de una dimensión negativa y otra
positiva. Según la Corte “[l]a negativa surge de las omisiones o descuido de los
funcionarios judiciales en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin
justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el
proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii)
resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión[61]; y (iii) por no ejercer la
actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica
de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan”[62].
15. Será positiva cuando se trata de acciones del juez. Se incurre en
ella “(i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas,
siempre que estas sean el fundamento de la providencia”[63]; o cuando el juez decida “(ii)
con pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto
de la decisión”[64].
16. La Corte ha precisado que una valoración probatoria puede
cuestionarse mediante la acción de tutela únicamente cuando ha sido arbitraria.
Ello significa que el yerro en la valoración de los medios de convicción, “debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, en la medida que el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”[65].
17. En sentencia SU-768 de 2014 mantuvo esa línea al indicar: “entendiendo
que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis
probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de
irrazonabilidad y trascendencia[66]:
(i) El error denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’[67],
y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o
’repercusión sustancia” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir
que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”[68].
18. En principio, la estimación que de las pruebas hace el juez
natural se encuentra comprendida por su autonomía, y no puede ser desautorizada
invocando únicamente un criterio distinto. Al respecto, en sentencia SU-489 de
2016 expresó la Corte:
“La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por
el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto
por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden
que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material
probatorio.
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación
de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El
juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que
sus actuaciones están amparados por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquel es razonable y legitima”[69].
19. Al respecto, la intervención del juez de tutela frente a las
consideraciones del juez natural “es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido”[70].
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba
no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos, en tanto el juez
del proceso “no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas
por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima”[71].
20. Recapitulando, el defecto fáctico se estructura cuando la decisión
judicial es producto de un proceso en el cual (i) se omitió el decreto o
la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto; (ii) se
practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y (iii) los
medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser
palmario e incidir directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
El precedente constitucional vinculante:
la sentencia SU-072 de fecha 5 de julio de 2018 y la definición de la responsabilidad
del Estado en casos de privación injusta de la libertad derivada de
providencias judiciales
21.
En la sentencia SU-072 de 2018 la Sala Plena de la
Corte Constitucional se ocupó de analizar dos asuntos en los cuales se
objetaban providencias judiciales proferidas dentro de procesos de reparación
directa por privación injusta de la libertad[72].
22. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados[73]
la Sala Plena se preguntó si de acuerdo con
el artículo 90 de la Constitución y en atención a la interpretación de la
sentencia C-037 de 1996 respecto del artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de
1996, “para decidir un proceso de reparación directa por la privación
injusta de la libertad, se debe aplicar un único régimen de responsabilidad”[74]. A continuación, se enuncian las principales
conclusiones de la sentencia.
23. Primero.
La Sala Plena refirió que en la sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional
se pronunció sobre la expresión “injustamente” contenida en el
artículo 68 del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria
de la Administración de Justicia”. Dicho artículo establecía “[q]uien
haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado
reparación de perjuicios”. Estableció entonces que la expresión “injustamente”
implica definir si la providencia a través de la cual se restringe la libertad
de una persona mientras es investigada y/o juzgada es proporcionada y
razonada, previa la verificación de su conformidad con el Derecho. En
atención a ello, la decisión de la Corte precisó el alcance de dicha expresión
indicando:
“(…) el término “injustamente” se refiere a una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni
apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si
ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en
que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva,
aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la
reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado,
que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de
la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad
estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro
de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis
razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la
detención”.
24. Segundo. Partiendo de ello, encontró
necesario destacar  los requisitos para proferir una medida de aseguramiento.
En este sentido la sentencia de unificación citó la Ley 906 de 2004 cuyo
artículo 308 prescribe:
“ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a
petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida
de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se
pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la
seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá
al proceso o que no
cumplirá la sentencia.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el
artículo 2 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> La calificación jurídica provisional contra el
procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de
obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que
no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de
manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para
decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente
la conducta punible que se investiga”.
25. Precisó la Sala Plena que la detención
preventiva es una figura distinta a la pena y, en consecuencia, los
presupuestos para la procedencia de cada una de ellas también son diferentes.
Así, el artículo 381 del actual Código de Procedimiento Penal -Ley 906/2004-
exige para condenar “el conocimiento más allá de toda duda, acerca del
delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas
debatidas en el juicio”. Con esta precisión, concluyó que “los
esquemas procesales penales han establecido una lista de requisitos para
imponer la medida de aseguramiento las cuales difieren en el grado de
convicción probatoria, frente a las exigencias para emitir sentencia
condenatoria”.
26. Tercero. En el proceso de reparación
directa le corresponde al juez administrativo determinar “si la privación de
la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida”. Con tal
fin “debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y
ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de
1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos,
impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si
la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los
presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”
(negrillas no originales).
27. Cuarto. La Corte estableció que la
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad definen la actuación judicial,
no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo
excepcional). A su juicio, la responsabilidad por la actividad judicial depende
exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un
título de imputación definitivo, pues simplemente define que el Estado
responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los
particulares.
28. Quinto. La Sala Plena resaltó que el
artículo 90 establece un régimen general de responsabilidad y prescribe que la
naturaleza del daño debe ser antijurídico. Ello no obsta para que se
evalúen “los demás supuestos constatables a la hora de definir la
responsabilidad, esto es, la necesidad de acreditar que se presentó un hecho
o una omisión atribuible al Estado o a uno de sus agentes, elementos cuya
relación se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación”
(negrillas no originales).
29. Sexto. La sentencia C-037 de 1996 “no
se adscribe a un título de imputación específico”. Sin embargo, a juicio de
la Sala Plena, ello no impide que se creen reglas que fijen
criterios uniformes que orienten las decisiones de los jueces. Ellas deben ser
el resultado de “un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no a una
generalización apenas normativa que no tome en cuenta las diversas
posibilidades que giran en torno de dichas fuentes”.
30. Séptimo. En cada caso
concreto el juez administrativo podrá elegir cual es el título de imputación
más idóneo para establecer si el daño sufrido por el ciudadano devino de una
actuación irrazonable y desproporcionada que el ciudadano no tenía el deber de soportar.
De las
reglas dispuestas en la sentencia SU-072 de 2018 la Sala resalta las siguientes:
-
Determinar,
como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no
haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad
subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir
de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que
determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada  o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional vinculante derivado de la sentencia
C-037 de 1996.
A pesar del criterio aplicado
por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está frente a un
caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su
absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un
título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se extiende a la
nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en
el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden
a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados.
-
Con
independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y
que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en
otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad
administrativa.
31.  La Sala Plena tomo las
siguientes determinaciones. (i) En el expediente T-6.304.188[75]
revocó las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado en
primera y en segunda instancia mediante las cuales se negó la tutela de los
derechos a la igualdad y al debido proceso invocados por la Fiscalía General,
dada la ocurrencia de un defecto material o sustantivo por desconocimiento de
una sentencia con efectos erga omnes (C-037 de 1996). En consecuencia
dejó sin efecto los fallos expedidos en primera y segunda instancia en del
proceso de reparación directa. (ii) En el expediente T-6.390.556[76]
se negó la protección de los derechos a obtener indemnización por daños
antijurídicos causados por privación injusta de la libertad. Consideró que con
independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y
que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado.
Estado de la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado respecto de la responsabilidad del Estado en
casos de privación injusta de la libertad
32.  Determinar
la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad no
ha sido una cuestión pacífica en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ante
las divergencias, mediante fallo de unificación del 17 de octubre de 2013
(expediente 23.354) estableció que cuando una persona privada de la libertad (i)
es absuelta porque el hecho investigado no existió, no era constitutivo de
delito, no lo cometió el sindicado  se aplica la figura in dubio pro reo
o  (ii) es precluida la investigación al demostrarse alguna causal de exoneración
de responsabilidad penal, se configura un evento de detención injusta y, por
tanto, lo procedente sería declarar la responsabilidad del Estado, en virtud
del artículo 90 de la Constitución Política.
33. Dicha postura jurisprudencial
se mantuvo hasta el 15 de agosto de 2018 fecha en la cual la Sección Tercera
del Consejo de Estado modificó “su jurisprudencia en relación con el régimen
de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en
los cuales se reclama la reparación de daños irrogados con ocasión de la
privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca
dicha medida” [77].
34. En esta decisión el Consejo de Estado
coincidió con la posición de la Corte Constitucional al determinar que no es
suficiente que una persona sea privada de su libertad y, luego de ello, debido
a la preclusión de la investigación o a la declaratoria de su inocencia alegue
el derecho a ser indemnizado por reparación directa[78].
En tal sentido estableció la necesidad de demostrar que el daño (la detención) fue
antijurídico. Es decir, con base en estándares convencionales, constitucionales
y/o legales el juez contencioso debe evaluar si la situación concreta se
subsume en alguna de las excepciones que aceptan la restricción a la libertad
personal.
35. Las premisas del fallo del año 2018 se
dirigen a cuestionar las consideraciones de la decisión de unificación del año
2013. A continuación se identifica su alcance.
36. La
decisión del Consejo de Estado del año 2013 afectaba gravemente la autonomía e
independencia de los funcionarios judiciales. Al
respecto, la nueva posición consideró que, contrario a lo reiterado hasta la
fecha, la autonomía y el cumplimiento de los deberes del agente pueden verse
afectados con la teoría hasta ahora vigente, “pues es evidente que aquél (el
agente) debe debatirse entre imponer la medida de detención preventiva cuando
se den las condiciones o requisitos que al efecto indican las disposiciones
legales –sea el Decreto 2700 de 1991, la Ley 600 de 2000 o la 906 de 2004- o,
por el contrario, desacatar la ley y hasta la Constitución Política y
abstenerse de imponerla, toda vez que, si se inclina por la primera opción y el
proceso culmina sin una condena en contra del procesado, se puede generar una
acción de responsabilidad frente a la administración y, por consiguiente, hasta
la posibilidad de que se repita en contra suya, esto es, de quien impuso a
medida y, en cambio, si acoge la segunda opción, pueden tanto él como la
administración ser llamados a responder, esta vez por la omisión en el
cumplimiento de sus funciones”.
37. La
sentencia del 2013 confería un alcance equivocado a la presunción de inocencia. La sentencia de 2018 del Consejo de Estado rectificó la tesis
conforme a la cual la medida de aseguramiento de detención preventiva, pese a
ser constitucional, pugna con la presunción de inocencia. Primero, el Consejo
de Estado dispuso que la libertad no es un derecho absoluto. Y segundo, consideró
que la restricción de la libertad como medida de aseguramiento no tiene
relación alguna con la presunción de inocencia pues hasta que no se profiera
una sentencia condenatoria, la inocencia del implicado se mantiene intacta[79].
Con relación a este punto el Consejo de Estado precisó
que el derecho a la libertad es fundamental y su restricción es excepcional.
Sin embargo, la misma Constitución (art. 28) dispone que las personas pueden
ser detenidas o arrestadas en virtud de mandato escrito del juez, “con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. Es por
esto que la detención debe atender al estricto cumplimiento de los requisitos
que la ley exige, mientras se define la responsabilidad del investigado[80].
En otras palabras, si el juez de la reparación directa verifica que se
cumplieron los deberes y exigencias convencionales, constitucionales y legales
que corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a una
persona -como aquellos de que tratan los artículos 28 y 250 constitucionales “mal
puede imponer una condena en contra de este último”.
38. Por
último, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto del deber del
juez del proceso de reparación directa de verificar, incluso de oficio, “si quien fue privado de la libertad
actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio
lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que, para los
eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el
artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) ‘se entenderá
como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa
grave o dolo’, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima
esté provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad
del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la
determinante del daño”.
39. En
síntesis, según la sentencia del 15 de agosto de 2018, cuando la autoridad
competente revoque la medida restrictiva de la libertad debido a que el hecho
no existió, el sindicado no cometió el ilícito, la conducta investigada no
constituyó un hecho punible, o debe aplicarse el principio in dubio pro reo,
“será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la
Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño”.
Además, dijo la providencia, el juez de la reparación directa debe “verificar,
imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad
actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o
dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la
subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva”.
40. Cabe advertir que mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre
de 2019 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección “B”, resolvió: “SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso tramitado bajo el número de radicado No. 2011-00235-01
(46947) y ordenar a dicha autoridad judicial que, en el término de 30 días,
profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto y
teniendo en cuenta las consideraciones que sustentan esta decisión valore la
culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de la accionante”.
41. En cumplimiento del fallo, el 06 de agosto de 2020 el Consejo de
Estado emitió nueva providencia en la cual determinó que no era “necesaria
la valoración de la culpa exclusiva de la víctima, como causal eximente de
responsabilidad, tal como lo indicó el fallo de tutela que ha ordenado emitir
este nuevo pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se superó el
supuesto de acreditar el título de imputación , aspecto que es necesario para
el análisis ordenado”. Vale la pena aclarar que este pronunciamiento no tuvo
por objeto unificar jurisprudencia.
42. La decisión del 15 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, fue
seleccionada para revisión en la Corte Constitucional con el radicado
T-7.785.966. A la fecha está pendiente de decisión.
Caso concreto
La acción de tutela cumple parcialmente con los
presupuestos generales de procedencia
(i)
Legitimación activa: Los accionantes interponen
acción de tutela en nombre propio lo cual avala su legitimación.
(ii)
Legitimación pasiva: el artículo 86 de la Carta
establece que la tutela puede ser interpuesta ante la acción u omisión de
cualquier autoridad pública. Por lo tanto, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Quindío están legitimado como parte pasiva del
proceso.
(iii)
Relevancia constitucional del asunto. El caso propone el análisis de asuntos
que revisten relevancia constitucional. En efecto la discusión versa sobre el
derecho fundamental al debido proceso en relación con la aplicación de la
jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, por la supuesta configuración de un defecto fáctico en un caso que
involucra a una persona en condición de discapacidad. En la situación analizada
convergen dos dimensiones de análisis, objetiva y subjetiva, que evidencian -más
allá de una relevancia genérica- una cuestión constitucional que pueden tener
una trascendencia específica.
(iv)
Agotamiento de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Los accionantes agotaron todos los mecanismos
judiciales de defensa que se encontraban a su alcance para lograr una decisión
favorable a sus intereses. Como puede advertirse del recuento fáctico, en el
proceso de reparación directa se interpuso el recurso de apelación que fue
decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío, sin que proceda otro
recurso ordinario o extraordinario. Si bien la Ley 1437 de 2011[81]-, consagra
causales de revisión, ninguna de ellas es -prima facie- aplicable al
caso que nos ocupa. Así las cosas, los accionantes activaron todos los
mecanismos judiciales aptos para controvertir la valoración probatoria
realizada por los jueces ordinarios.
(v)
Inmediatez. La
decisión de segunda instancia, con la cual finalizó el proceso de reparación
directa y que es objeto de la acción de tutela fue expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 29 de noviembre de 2018.
La acción de tutela fue repartida el 29 de marzo de 2019, esto es, cuatro meses
después de proferida la sentencia que se controvierte en este trámite. Así las
cosas el término se estima razonable si se tiene en cuenta la naturaleza del
debate que se propone en sede de tutela, el cual exige un análisis y esfuerzo
argumentativo distinto al que se expone durante el trámite del proceso
ordinario.
(vi)
En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, debe tener incidencia directa en la decisión que
resulta vulneradora de los derechos fundamentales. Este requisito
no es aplicable ya que las anomalías que se alegan son de carácter fáctico.
(vii)
Identificación de los hechos que generan
la violación y que se hayan alegado en el proceso judicial en caso de haber
sido posible. En
términos generales, los alegatos de los accionantes giran en torno a la
configuración de un defecto fáctico por ausencia de valoración de la historia
clínica del señor Torres Erazo. La identificación de los elementos relevantes
por parte de los accionantes fue adecuada.
Por otra parte, del escrito de tutela podría
desprenderse un alegato relacionado la vulneración del derecho a la igualdad
por inaplicación de instrumentos internacionales que, según el demandante,
exigen dar un enfoque diferencial a decisiones donde las partes sean personas
en situación de discapacidad. A juicio de la Sala este alegato no cuenta con
una explicación suficiente.
Los accionantes se limitaron a mencionar como
desconocidos (i) los estándares en materia de derechos humanos definidos por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos
humanos; (ii) la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
y su protocolo facultativo; y (iii) la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad.
Esta referencia es apenas general. No es específica
con relación al caso concreto y, por lo tanto, no establece la conexión entre la
vulneración del derecho a la igualdad por la inaplicación de los instrumentos
invocados al caso concreto. Lo propio cabe afirmar respecto de la invocación de
sentencias de la Corte Constitucional que protegen derechos fundamentales de
personas en situación de discapacidad. Lo anterior es suficiente para sustraer de la demanda
la configuración de un defecto sustantivo que desencadenó en vulneración del
derecho a la igualdad. Sin perjuicio de las amplias facultades del juez
constitucional para delimitar la cuestión iusfundamental de los casos
que son puestos a su consideración, en el contexto de la acción de tutela
contra providencias judiciales no puede reemplazar por completo al accionante.
Ello es así teniendo en cuenta, de una parte, (i) que el precedente de esta
Corte ha establecido que en el escrito de tutela deben identificarse de
manera razonable los derechos vulnerados requiriendo entonces una mínima
explicación del modo en que ello tiene lugar de manera y, de otra, (ii) que de
no actuar con prudencia en la delimitación de las cuestiones a tratar podría
afectarse gravemente el debido proceso de los derechos de los otros sujetos
procesales.
(viii)  Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. La
providencia que se censura hizo parte de un proceso contencioso administrativo
de reparación directa.
En la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
del Quindío no se configuró una causal de procedencia específica de la acción
de tutela contra providencias judiciales
43. La
Sala Octava de Revisión considera que el “error probatorio” alegado no
es trascendente porque, independientemente del mismo, la decisión del Tribunal
seguiría siendo la misma: que el Estado no era responsable por privación
injusta de la libertad, porque se demostró que el daño no fue antijurídico,
asunto que no cuestionaron los accionantes. Adicionalmente, la decisión acusada
siguió el precedente dispuesto por la Corte Constitucional sobre la actuación
del juez administrativo en el escenario de la reparación directa por privación
injusta de la libertad.
44. A manera de síntesis el Tribunal no encontró
configurado el daño antijurídico porque la medida de aseguramiento de privación
de la libertad atendió cada uno de los presupuestos legales para ello, cumplió
los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia y tuvo en cuenta el
diagnóstico del señor Torres Erazo. Sobre la culpa exclusiva de la víctima
afirmó que el comportamiento del señor Torres Erazo lo expuso al daño y por lo
tanto, lo procedente era que asumiera las consecuencias de su actuar[82].
45. La acción de tutela solicita la protección del
derecho al debido proceso ante la configuración de un defecto fáctico. A juicio
de los accionantes el tribunal accionado debió analizar la configuración de la
culpa exclusiva de la víctima en atención a la historia clínica del accionante.
Al no hacerlo incurrió en un defecto fáctico y generó “una obligación
físicamente imposible de realizar a YILMER FERNANDO en razón de su condición de
cuadriplejia”[83],
esto es, la revisión del equipaje.
46. La
acción de tutela no se dirige en contra del análisis inicial del Tribunal
Administrativo del Quindío, esto es, la inexistencia de daño antijurídico. Este
asunto es relevante ya que, aún si su planteamiento prosperará, ello no sería
suficiente dejar sin apoyo la decisión que mediante la acción de tutela se
objeta.
47. Tal
como se estableció en las consideraciones, la Corte Constitucional y  el
Consejo de Estado exigen, como primer requisito para declarar la
responsabilidad por privación injusta de la libertad, la demostración del daño
antijurídico. En efecto, la privación de la libertad dentro de un proceso penal
que termina con una sentencia absolutoria no es suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado, pues se debe determinar si la medida
restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico
imputable a la administración. Así, el daño es antijurídico cuando la orden de
restricción devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y
por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
48. La
Sala considera que el análisis del Tribunal accionado acoge la regla expuesta
en el párrafo anterior. Ello es así porque tanto el juez de primera instancia (Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Armenia) como el de segunda instancia (Tribunal
Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión-) del proceso
contencioso administrativo consideraron que la medida de aseguramiento impuesta
al accionante correspondió “a cada uno de los presupuestos legales
establecidos en la ley 906 de 2004, cumpliéndose con los requisitos objetivos y
subjetivos para su procedencia y teniendo en consideración la grave enfermedad
que padece el señor Yilmer Fernando Torres Erazo”. Ello con fundamento en
las siguientes razones:
a)
La pena mínima del delito que fue objeto de investigación
es de noventa y seis (96) meses, excediendo los cuatro (4) años de que trata el
artículo 313 numeral 2 de la Ley 906 de 2004[84].
b)
De acuerdo con el artículo 308 de la Ley 906
de 2004[85]
era posible inferir razonablemente la autoría o participación del señor Torres
Erazo en la conducta que se le investiga, toda vez que fue capturado en
flagrancia. Para ello tuvo como pruebas (i) el informe de la policía del 12 de
junio de 2012, y (ii) la prueba científica que determinó que la sustancia hallada
en el equipaje del señor Torres Erazo correspondía con cocaína.
c)
Conforme al numeral 2 del artículo 308 de la
Ley 906 de 2004, consideró el juez que el imputado para ese momento constituía
un peligro para la sociedad y la salud pública, ya que por el delito era
probable su vinculación con organizaciones criminales relacionadas con el
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
d)
Con todo, atendiendo a la cuadriplejia
secundaria a una meningitis, conforme al numeral 4 del artículo 314 de la Ley
906 de 2004[86],
el juez sustituyó la medida de detención en establecimiento carcelario por la
del lugar de residencia del imputado.
49. Lo
anterior, a juicio de la Sala, responde a la aplicación razonable de la
Ley 906 de 2004 con relación a las medidas de aseguramiento. En efecto, según
la valoración que de las pruebas del proceso penal realizó la autoridad
judicial (i) el señor Torres Erazo fue capturado en flagrancia por transporte
de sustancias ilegales hecho que permitía inferir razonablemente la necesidad
de imponerle medida de aseguramiento ya que (ii) el delito que se le imputó
tiene una pena de más de 96 meses y (iii) los hechos permitían inferir
razonablemente la posible relación del capturado con más personas implicadas. Ahora
bien, con relación al estado físico del señor Torres Erazo el juez evaluó esta
circunstancia a tal punto de establecer medida de detención en el lugar de
residencia.
50. Debe
recordarse que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, juez
de primera instancia en el proceso contencioso, declaró administrativamente
responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
libertad del señor Yilmer Fernando Torres Erazo y le impuso la obligación de
indemnizar. El juez concluyó que la prolongación de la privación de la libertad
del señor Torres Erazo constituía daño antijurídico, imputable exclusivamente a
la Fiscalía General de la Nación. En su concepto, dicha entidad ha debido
precluir la investigación una vez obtuvo las declaraciones del señor Torres
Erazo y de su tía en las cuales aclararon que fue una tercera persona quién les
pidió llevar los desodorantes donde se ocultaba la sustancia ilícita.
51. El
Tribunal Administrativo del Quindío se opuso a las consideraciones del juez de
primera instancia en el proceso contencioso. Con relación a la prolongación de
la medida de aseguramiento el Tribunal aseguró que fue consecuencia de hechos
no atribuibles a la Fiscalía si se tiene en cuenta, por ejemplo, que (i) durante
el proceso no se configuró alguno de los presupuestos dispuestos en el artículo
317 de la Ley 906 de 2004 para hacer procedente la libertad[87]; (ii) el
abogado de la defensa solicitó en diferentes oportunidades aplazamiento de la
audiencia; (iii) la formulación de acusación de la fiscalía se basó en pruebas
testimoniales, documentales y declaraciones de los indiciados; y (iv) la
defensa nunca solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento tal como lo
permite el artículo 318 de la Ley 906 de 2004[88].
52. Con
relación a que las declaraciones de los indiciados eran suficientes para
determinar que ellos no cometieron la conducta pues señalaron a otra persona como
culpable del hecho, el Tribunal aseguró que la Fiscalía intentó, sin éxito,
ubicar a los terceros señalados por los indiciados. Advirtió que la sola
declaración de los detenidos no era suficiente para precluir la investigación.
53. El análisis del Tribunal Superior del Quindío resulta suficiente
para demostrar que si bien se configuró un daño -privación de la libertad- éste
no fue antijurídico. Al contrario, la medida de seguridad de privación de la
libertad en la residencia del imputado, respondió no solo a la legislación
dispuesta para ello sino a criterios de razonabilidad y proporcionalidad al
considerar la condición médica del señor Torres Erazo. Esto, entonces, sería
suficiente para descartar el derecho a la indemnización reclamada por ausencia
de antijuridicidad.
54. Ahora bien, el Tribunal dispuso que “si en gracia de discusión
se llegara a la conclusión de que existe un daño antijurídico, en todo caso se
configuraría una culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de
responsabilidad”. Luego de ello, procedió a verificar la configuración o no
de dicho eximente de responsabilidad.
Concluyó que “teniendo en cuenta que Yilmer Fernando Torres
Erazo se iba a desplazar a otro país, los deberes de conducta y el mínimo de
diligencia que le imponía el ordenamiento jurídico eran los de revisar los
elementos que iba a transportar en su equipaje, más aún cuando provenían de
terceras personas para evitar conductas ilícitas, máxime cuando en Colombia ha
sido una conducta repetitiva y puesta en conocimiento por las autoridades la
utilización de la confianza de familiares o amigos para concretar ilícitos como
el transporte de estupefacientes”. Según el Tribunal resultaba inexcusable
que el accionante “no haya realizado una revisión de los elementos que le
encomendó presuntamente su familiar para transportar a Madrid, España, pues si
los hubiera revisado con la diligencia exigida hubiera evitado el daño, es
decir, que fue él mismo que con su conducta gravemente culposa se expuso a
sufrir la privación de la libertad de la que fue objeto, y por lo tanto, debe
asumir las consecuencias del mismo” [89].
55. Alrededor
de esta consideración gira la acción de tutela. Se reitera que los accionantes
alegan que el tribunal no tuvo en cuenta la historia clínica y, a partir de
ello le impuso una obligación de actuar sin ningún tipo de atención sobre su
estado físico, pese a ser un sujeto de especial protección constitucional.
Según tal planteamiento,  si el Tribunal hubiese considerado la historia
clínica habría constatado que le estaba exigiendo un comportamiento imposible
de asumir por su diagnóstico, como lo es “revisar los elementos que iba a
transportar en su equipaje”.
56. En principio la Sala advierte que aceptar una afirmación de esta
naturaleza cerraría cualquier tipo de debate sobre la responsabilidad penal de
una persona diagnosticada con cuadriplejia en un delito como el de transporte
de estupefacientes. A su vez, en el ámbito de responsabilidad del Estado
implicaría eliminar la posibilidad de análisis del eximente de responsabilidad denominado
“culpa exclusiva de la víctima” cuando quien sufrió el daño es una
persona diagnosticada con cuadriplejia.
57. Con independencia de ello y acorde con las consideraciones
expuestas en esta providencia, para que se configure un defecto fáctico es
necesario que el error en la valoración probatoria (i) sea ostensible,
flagrante y manifiesto y, adicionalmente, (ii) tenga una incidencia directa en
la decisión. Tales exigencias evitan que el juez de tutela se convierta en una
instancia de revisión de la evaluación probatoria del juez ordinario[90].
58. Sobre
el caso concreto la Sala considera que no se configuró defecto fáctico ya que
el Tribunal Administrativo del Quindío sí tuvo en cuenta la historia clínica
del señor Torres Erazo y su análisis no resulta ser arbitrario o irrazonable. Adicionalmente,
la ausencia de referencia expresa a tal documento al analizar la culpa
exclusiva de la víctima no incide en la decisión, pues la regla de decisión
para negar la indemnización fue la ausencia de daño antijurídico.
En efecto, del proceso contencioso se desprende que en el acápite
de pruebas el tribunal expuso que reposaba en el expediente la historia clínica
del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. Además, al evaluar la antijuridicidad
del daño el tribunal hizo referencia a dicho documento y determinó que al imponer
la medida de seguridad ésta se había considerado al punto de optar por la
medida de detención en la residencia del señor Torres Erazo.
59. Ahora bien, al analizar la configuración de la culpa exclusiva de
la víctima el Tribunal no hizo una referencia explícita a la condición de
cuadriplejia del señor Torres Erazo. Sin embargo, a juicio de la Sala, esto no
es suficiente para configurar un defecto fáctico porque la historia clínica (i)
tiene fecha posterior a la fecha de la detención y (ii) no es concluyente sobre
el diagnóstico del accionante ni sobre las “limitaciones” que produce el
diagnóstico.
Primero, la historia clínica aportada al proceso contencioso tiene
fecha del 14 de enero de 2013; fecha posterior a la privación de la libertad
del (12 de julio de 2012). Si bien en ella se indica sobre el señor Torres
Erazo “paciente postrado cuadripléjico hace 5 años, como consecuencia de
meningitis” no cuenta con una referencia específica sobre las consecuencias
del diagnóstico para la fecha de la captura (julio de 2012).
Segundo, si bien la historia clínica refiere “paciente postrado
cuadripléjico” también menciona “paciente (…) cuadraparésico”.
Para la Sala resulta relevante determinar si estos conceptos médicos son iguales
o si sus diferencias son importantes al momento de establecer las capacidades
del señor Torres Erazo[91].
La duda que se desprende de la misma historia clínica es importante pues permite
concluir que la historia clínica aportada al proceso no era suficiente para
demostrar la imposibilidad del señor Torres Erazo de revisar su equipaje.
Tercero, una investigación básica del diagnóstico de cuadriplejia arroja
la imposibilidad física de movilizarse pero, tal como lo afirmó la Sección
Cuarta del Consejo de Estado al resolver en segunda instancia del proceso de
tutela, ni el diagnóstico “cuadriplejia” ni la historia clínica aportada
al proceso dan cuenta del grado de discapacidad. Tampoco son concluyentes sobre
la existencia de una imposibilidad absoluta para revisar el equipaje. Si bien
la historia clínica refiere paciente “postrado” ello, prima facie, no es
suficiente para catalogar al accionante dentro de alguno de los diferentes
tipos de cuadriplejia, los cuales oscilan entre el tipo más leve hasta el mas
grave.
Cuarto, aún si se hubiera demostrado que el diagnóstico del señor
Torres Erazo era del tipo más grave, que no lo demuestra con contundencia la
historia clínica de fecha posterior a la detención, este diagnóstico no
imposibilita al viajero para adoptar las decisiones pertinentes para evitar lo
ocurrido. Para el caso que nos ocupa el señor Torres Erazo reconoció haber
revisado su equipaje, con ayuda de la tía, y confirmó aceptar transportar unos
elementos en su maleta de viaje a Madrid. El Tribunal accionando consideró que
le era exigible al señor Torres Erazo revisar con mayor cuidado los elementos
ajenos que llevaría en su maleta. La Sala Octava considera que esta valoración
no es irrazonable pues varias opciones tenía para cuidarse de incurrir en el
comportamiento por el cual fue detenido.
Adoptar una de estas posibilidades lejos están de ponerlo en una
situación de desventaja con personas sin diagnóstico de cuadriplejia. Se trata
de un deber de cuidado exigible a todas las personas con capacidad cognitiva,
como es el caso del señor Torres, para prever las consecuencias a las que
podrían enfrentarse de aceptar llevar en su equipaje elementos de los cuales no
tenía certeza sobre su origen. Tal como se demostró el señor Torres Erazo
contaba con varias opciones para evitar el hecho que terminó en su captura,
opciones similares para una persona que, sin el diagnóstico, podría asumir.
60. Adicionalmente, aún si se concluyera que el Tribunal no tuvo en
cuenta la prueba relativa a la historia clínica, la omisión no tiene una “incidencia
directa”, “transcendencia fundamental” o “repercusión sustancial”
en la decisión judicial adoptada, pues de haberse considerado hubiese sido la
misma[92].
Ello es así porque el tribunal primero descartó la configuración del daño
antijurídico, consideración suficiente para negar la indemnización reclamada
por los demandantes en el proceso contencioso.
61. En síntesis, la sentencia proferida el 29 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío -Sala
Tercera de Decisión-[93]
que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación
injusta de la libertad no incurrió en el defecto fáctico alegado por los aquí
accionantes.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
62. El señor Yilmer Fernando Torres Erazo fue detenido
por transportar estupefacientes en un viaje con destino a Madrid. El juez de
control de garantías ordenó como medida de aseguramiento detención domiciliaria,
para ello consideró que: (i) el señor Torres Erazo fue capturado en flagrancia
(ii) el delito que se le imputó tiene una pena de más de 96 meses y (iii) los
hechos permitían inferir razonablemente la posible relación del capturado con
más personas implicadas. Con relación al estado físico del señor Torres Erazo
el juez evaluó esta circunstancia a tal punto de establecer medida de detención
en el lugar de residencia.
63. El proceso penal culminó con la absolución del señor
Torres Erazo. El juez consideró que si bien se acreditó la materialidad de la
conducta de transporte de estupefacientes, no se acreditó la responsabilidad
del acusado ni el dolo. Así las cosas, si bien de las pruebas aportadas al
proceso se podría desprender una probabilidad, no había plena certeza de la
configuración de la conducta punible. Por lo tanto, no se le podría atribuir
responsabilidad penal.
64. En virtud de la decisión absolutoria el señor Yilmer
Fernando Torres Erazo y sus familiares presentaron acción de reparación directa
por privación injusta de la libertad. En primera instancia el juez
administrativo accedió a sus pretensiones. En segunda instancia el Tribunal
Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión revocó la
decisión por ausencia de daño antijurídico y, subsidiariamente, determinó que
se configuró culpa exclusiva de la víctima al no adoptar las medidas necesarias
para evitar que su equipaje fuera el medio de transporte sustancias ilícitas.
65. Contra esta providencia los accionantes presentaron
acción de tutela alegando la configuración de un defecto fáctico al no valorar
la historia clínica del accionante donde se diagnostica con “cuadriplejia”.
En concepto de los accionantes no podía el Tribunal Contencioso Administrativo
del Quindío dar por probada la culpa exclusiva de la víctima porque el
diagnóstico del señor Torres Erazo le impedía revisar su equipaje con el cuidado
necesario para evitar configurar el delito por el cual lo detuvieron. En
primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
negó la acción de tutela. En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado confirmó la providencia.
66. Luego de reiterar lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, la Sala Octava de Revisión decidió
confirmar los fallos de instancia.
67. En primer lugar, la Sala advirtió que la decisión
proferida por el Tribunal accionado coincide con el precedente de la Corte
Constitucional y con la línea jurisprudencial que el Consejo de Estado asumió
desde el año 2018. En tal sentido, el juez contencioso administrativo debe
definir si la providencia a través de la cual se restringe la libertad de una
persona mientras es investigada y/o juzgada es proporcionada y razonada, previa
la verificación de su conformidad con el derecho. En el caso, el Tribunal
accionado verificó la legalidad de la medida y concluyó que se ajustaba a
derecho; adicionalmente advirtió que la prolongación de la medida de
aseguramiento obedeció a las dilaciones de la defensa, quién, además, nunca
solicitó modificar la medida de aseguramiento contra el señor Torres Erazo.
68. En segundo lugar, la acción de tutela invocó un
defecto fáctico para cuestionar el análisis del eximente de responsabilidad
denominado “culpa exclusiva de la víctima” y nada dijo sobre el análisis del
daño antijurídico; esto implica que aún de encontrarse configurado el defecto al
analizar dicha causal, el argumento de la ausencia de daño antijurídico
continuaría en firme y, por tanto, la decisión no se modificaría.
69. En tercer lugar, se logró determinar que el tribunal
sí consideró la historia clínica a pesar de no mencionarla directamente en el
aparte en el que analiza la culpa exclusiva de la víctima. Además, la Sala
encontró que la historia clínica no tiene la entidad suficiente para probar la
incapacidad total del señor Torres Erazo para adoptar decisiones respecto de
los elementos que decidió llevar en su equipaje.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR
la decisión proferida el 14 de agosto de 2019 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que confirmó la decisión del 06 de mayo de 2019
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
negó la acción de tutela.
Segundo: DEVOLVER al Juzgado Tercero Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Armenia el expediente contentivo del proceso penal
adelantado en contra de Yilmer Fernando Torres Erazo por el delito de
transporte de estupefacientes radicado con el número 630016000000201200087.
Tercero: DEVOLVER al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia el
contentivo del proceso de reparación directa adelantado por Yilmer Fernando
Torres Erazo y otros radicado con el número 63001333375320140021501.
Cuarto: LÍBRESE por la Secretaría General de
la Corte Constitucional la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver folio 1 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[2] En el escrito de acusación presentado se expuso que la conducta
del señor Torres Erazo “encaja dentro del Código Penal, Libro Segundo,
Título XIII, artículo 376, Inciso segundo (2º) dada la cantidad de sustancia
prohibida decomisada, la cual establece una pena de 64 a 108 meses de prisión y
multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición
de autor y responsable a título de dolo, delito que hace referencia a tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes. Lo anterior en armonía con el artículo
14 de la ley 890 de 2004. En el caso concreto de TRANSPORTAR dicha sustancia
(…)” .
[3] Ver folio 6 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[4] Ver folio 6 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[5] Ver folio 15 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[6] Ver folio 24 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[7] Ver folio 32 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[8] Ver folio 39 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[9] Ver folio 39 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[10] Ver folios 45 y 46 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[11] Por error, el Centro de Servicios Judiciales no condujo al señor
Torres Erazo a la audiencia motivo por el cual tuvo que ser reprogramada para
el 24 de abril de 2013.
[12] Ver folios 71 y 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[13] Ver folios 73 y 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[14] Ver folios 85 al 87 del expediente 63001600000020120008700
proceso transporte de estupefacientes. Aquí el señor Torres Erazo relata los
hechos que dieron lugar a la captura. Reconoce que una familiar le pidió llevar
un paquete a España, luego de ver el contenido de la bolsa encontró seis
desodorantes envueltos y pidió a su tía guardarlo en la maleta.
[15] Ver folios 88 al 90 del expediente 63001600000020120008700
proceso transporte de estupefacientes. Aquí la señora Yolanda Torres González
confirma la versión del señor Torres Erazo.
[16] En el desarrollo de una actividad investigativa el señor Torres
Erazo le entregó a la policía judicial “unas hojas con unos escritos al parecer
tomados de una Blackberry (…)”. En dicha conversación, al parecer, alguien se
inculpa de los hechos que conllevaron a la detención del aquí accionante. Ver
folios 91 al 97 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de
estupefacientes.
[17] Ver folio 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[18] Ver folio 104 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes.
[19] En el folio 10 del expediente 63001600000020120008700 proceso
transporte de estupefacientes reposa cd con la audiencia de lectura de fallo.
[20] Todos los hechos que se relatan en este capítulo son extraídos
del escrito de tutela.
[21] Sujeto de la privación de la libertad.
[22] Madre del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
[23] Hermano del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
[24] Tía del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
[25] Tía del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
[26] Tío del señor Yilmer Fernando Torres Erazo.
[27] En el folio 31 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa
radicado 63001333375320140021500 reposan dos constancias de pago al abogado por
la suma señalada.
[28] Los días 14 y 15 de junio el señor Torres Erazo en centro de
reclusión. Ver folio 27 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa
radicado 63001333375320140021500.
[29] En el folio 32 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa
radicado 63001333375320140021500 reposa constancia de la cita asignada al señor
Yilmer Fernando Torres Erazo para el día 27 de septiembre de 2012 con el fin de
iniciar los trámites de adquisición de la nacionalidad española.
[30] Cita las sentencias proferidas dentro de los expedientes 33.806 y
15.463 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
[31] Ver folios 504 al 520 del cuaderno 1 del proceso de reparación
directa radicado 63001333375320140021500.
[32] Ver folios 525 al 542 del cuaderno 1 del proceso de reparación
directa radicado 63001333375320140021500.
[33] Ver folios 569 al 584 del cuaderno 1 del proceso de reparación
directa radicado 63001333375320140021500.
[34] Según la providencia “[e]n estos casos, la causal exonerativa
de responsabilidad consiste en que el comportamiento gravemente culposo o
doloso de la víctima lo ha expuesto al daño, por lo tanto, debe asumir las
consecuencias de actuar, es un corolario del principio general del derecho,
según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’”.
[35] Ver folio 58 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa
radicado 63001333375320140021500.
[36] Ver folios 2 al 8 del cuaderno de instancia.
[37] Folio 3 del cuaderno de instancia del proceso de tutela.
[38] Ibídem.
[39] Folios 18 al 23 del cuaderno de instancia del proceso de tutela.
[40] En este sentido hace referencia a la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección "B" del Consejo de Estado, del 27 de
febrero de 2019.
[41] Folios 25 al 28 del cuaderno de instancia del proceso de tutela.
[42] Folio 34 del cuaderno de instancia.
[43] Folios 42 y 43 del cuaderno de instancia del proceso de tutela.
[44] Folio 51 del cuaderno de instancia.
[45] Folio 52 del cuaderno de instancia.
[46] Ibídem.
[47] Folio 76 del cuaderno de instancia.
[48] El tardío cumplimiento del auto de pruebas obedeció a la
suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521,
PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532,
PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11597 de
2020. Adicionalmente, una vez levantados los términos, el Consejo Superior de
la Judicatura restringió el acceso a sedes judiciales del país mediante
acuerdos PCSJA20-11597, PCSJA20-11614 y PCSJA20-11622.
[49] El 20 de noviembre de 2020 se notificó mediante estado 309/20. A
partir de esta fecha la levantaron los términos.
[50] En esta oportunidad la Sala Octava de Revisión reiterará la
jurisprudencia sobre la materia contenida en las sentencias C-590 de 2005,
T-211 de 2009, T-315 de 2010, T-214 de 2012, SU-415 y SU-627 de 2015, T-732 de
2017, SU-004, SU-035 y SU-539 de 2018 y SU-268 de 2019, entre otras. Esta
consideración se acoge a lo dispuesto en la sentencia T-297 de 2020.
[51] La acción de tutela –en general- también encuentra sustento en i)
el principio de dignidad humana (art. 1 C. Pol.), el cual constituye el
fundamento de los derechos fundamentales (T-227 de 2003 y C-288 de 2012) cuya
protección se persigue a través de la acción de amparo constitucional; ii) los
principios de efectividad de los derechos fundamentales y supremacía
constitucional (arts. 2 y 3 C. Pol.); y iii) el derecho de acceso a la
administración de justicia (art. 229 C. Pol). Así mismo, si bien la sentencia
C-543 de 1992 determinó que prima facie la acción de tutela no procede
frente a sentencias judiciales, precisó que “nada obsta para que por vía de
la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales…”. A partir de dicha providencia se edificó la doctrina de la
vía de hecho en materia de tutela contra sentencias y, posteriormente, la misma
fue superada por la dogmática relativa a las causales genéricas de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Una síntesis de dicho tránsito se
puede consultar en las sentencias SU-014 de 2001 y C-590 de 2005, entre otras.
[52] En ese sentido, la sentencia C-543 de
1992 consideró contrario a la Constitución el término de dos meses de caducidad
que había fijado el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 para el ejercicio de
la acción de tutela contra “sentencias o providencias judiciales que pongan
fin a un proceso”. Al respecto señaló: “Como se observa, aplicado a las acciones, el
término de caducidad es el que -señalado por la ley- una vez transcurrido,
aunque no debe confundirse con la prescripción extintiva, impide que la
correspondiente acción se ejerza. || Lo cual significa que prever un tiempo de
caducidad para el ejercicio de la acción de tutela implica necesariamente que
tan solo dentro de él puede tal acción interponerse. En otras palabras,
quiere decir la norma cuestionada que la acción de tutela cuando se dirija
contra sentencias que pongan fin a un proceso no puede ejercerse en cualquier
tiempo sino únicamente dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria. ||
En la presente providencia se resolverá también si procede la tutela contra
fallos ejecutoriados pero, independientemente de ello, resulta palpable la
oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la
acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que
ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para
declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible
el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”.
[53] Sentencia SU-1219 de 2001. La Corte precisó en la sentencia T-322
de 2019 que “[l]a acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza
puede proceder de manera excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta”. Según esa providencia “la
demanda debe cumplir los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales y demostrar que (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
[54] Ver la sentencia SU-391 de 2016. Es importante advertir que en la
sentencia SU-355 de 2020 la Corte Constitucional indicó: “En ese orden de
ideas, con el propósito de asegurar el esquema de control constitucional
existente en la Carta en los términos ya enunciados, debe concluirse que por regla
general la acción de tutela no procede para controvertir providencias
judiciales producto del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado. Sin embargo, por esa
misma razón, existen dos excepciones que exigen la intervención de la Corte
Constitucional y que se configuran cuando el fallo dictado por el Consejo de
Estado (i) desconoce la cosa juzgada constitucional; o (ii) su
interpretación genera un “bloqueo institucional inconstitucional” al autorizar
la pérdida de operatividad de órganos del poder público y/o la eficacia de
normas constitucionales o incluso de órganos que articulan la estructura misma
de la Carta, de tal forma que le quiten su sentido útil. En tales casos la
acción de tutela debe ser procedente, precisamente por la necesidad inexcusable
que tiene esta Corporación como guardiana de la Carta, de proteger la
estructura constitucional y su fuerza normativa, así como el esquema de control
previsto por la Norma superior”.
[55] De este modo, la Corte ha señalado que la existencia de medios
ordinarios de defensa judicial al interior de un proceso ordinario debe
valorarse atendiendo a la eficacia e idoneidad que estos tienen para procurar
la protección de un derecho fundamental eventualmente amenazado o vulnerado. En
esa dirección, teniendo en cuenta que durante varios años la Corte Suprema de
Justicia consideró que la indexación de la primera mesada pensional no era
procedente frente a pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Constitución Política de 1991, esta Corporación inaplicó el requisito de
subsidiariedad en relación con las acciones de tutela formuladas contra
sentencias de segunda instancia que negaban la referida garantía pensional
(T-259 de 2012, SU-1073 de 2012 y SU-415 de 2015). También lo hizo en el
contexto de tutelas contra sentencias que involucraban la personalidad jurídica
y el estado civil de las personas (T-329 de 1996, T-411 de 2004 y T-156 de
2009) o cuando el accionante vio lesionada su garantía a una defensa técnica en
el marco de un proceso penal (T-567 de 1998 y T-068 de 2005), o cuando el
solicitante hacía parte de un colectivo históricamente discriminado (T-717 de
2011) o cuando el empleo del recurso de casación comportaba una carga
desproporcionada frente a las condiciones materiales de existencia del
peticionario y la magnitud de la amenaza ius fundamental (T-629 de
2015). Del mismo modo, ha flexibilizado el presupuesto de inmediatez en
relación con tutelas formuladas contra sentencias que involucran el
reconocimiento de una prestación pensional (T-1028 de 2010, SU-407 de 2013 y
SU-499 de 2016) y ha analizado defectos constitucionales que no fueron
invocados expresamente por los solicitantes dentro de los trámites ordinarios
en que se profirió la decisión cuestionada (SU-195 de 2012, T-115 de 2015,
T-515 de 2016, T-119 y T-577 de 2017). Por último, cabe precisar que si bien en
la mayor parte de las anteriores decisiones estaba de por medio el amparo de
derechos fundamentales de sujetos de especial protección y se trataba de
asuntos que involucraban cuestiones importantes de justicia material y de
prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C. Pol.), la Corte también ha
emprendido un examen dúctil de los requisitos formales de procedibilidad en
tutelas contra sentencias que condenaron al pago de sumas dinerarias a
entidades estatales sumidas en un estado de cosas inconstitucional (T-546 de
2014, T-606 de 2016, SU-427 de 2015 y T-521 de 2017) e incluso en tutelas
contra sentencias de tutela en las que se promovía la salvaguarda del
patrimonio público frente a situaciones de carácter fraudulento (T-218 de 2012,
T-951 de 2013, SU-627 de 2015 y T-322 de 2019).
[56] El alcance y requisitos de cada uno de estos defectos ha sido
construido por la jurisprudencia constitucional en diferentes decisiones. Una
síntesis inicial de los mismos puede ser consultada en las sentencias SU-159 de
2002, T-057 de 2004 y T-315 y C-590 de 2005. De forma más reciente se pueden
revisar las sentencias SU-268 y SU-453 de 2019.
[57] Se reitera la base argumentativa de las sentencias T-018 de 2018,
SU-035 de 2018 y T-195 de 2019.
[58] Sentencia T-587 de 2017.
[59] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el
defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los
hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[60] Cabe resaltar que si esta omisión
obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una
de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio
del derecho de contradicción.
[61] Sentencia C-590 de 2005.
[62] Sentencia SU-355 de 2017.
[63] Sentencia SU-159 de 2000.
[64] Sentencia SU-455 de 2017 y T-1082 de 2007, entre otras.
[65] Sentencias T-442 de 1994.
[66] Sentencia T-060 de 2012.
[67] Sentencias T-064, T-456, T-217, T-067 y T-009 de 2010. En similar
sentido, las sentencia T-505 de 2010 y T-014 de 2011.
[68] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de
2010 y T-466 de 2012.
[69] Cfr. Sentencias T-314 de 2013 y T-214 de 2012.
[70] Sentencia T-590 de 2009.
[71] Ibídem.
[72] Por una parte, la Fiscalía General presentó acción de tutela
argumentando que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el
régimen de responsabilidad objetiva en un caso de privación injusta de la
libertad en el cual el investigado fue absuelto en atención al principio in
dubio pro reo (expediente T-6.304.188). En la otra acción de tutela los
accionantes plantearon que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, al pronunciarse  sobre la acción
de reparación directa que promovieron por la privación injusta de la libertad
de una persona absuelta por atipicidad subjetiva, omitió tener en consideración
la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado,
según la cual la responsabilidad del Estado en tales casos es objetiva, sin que
en su caso particular fuera procedente concluir que hubo culpa exclusiva de la
víctima (expediente T-6.390.556).
[73] (i) ¿El Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al
aplicar un régimen de responsabilidad objetiva para resolver una demanda de
reparación directa interpuesta por quien había sido privado de la libertad y
posteriormente absuelto en virtud del principio in dubio pro reo? (ii) ¿El
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al acudir a los supuestos
fácticos del derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, vulnerando de
esa manera los derechos al debido proceso y a la igualdad, así como el
principio de sostenibilidad fiscal?. (iii) ¿El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto orgánico al asumir en primera instancia la
decisión de un asunto resuelto por un juzgado administrativo del circuito, en
lugar de desatar el recurso de apelación?; (iv) ¿El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico al no valorar la prueba documental
allegada al  proceso de reparación directa por no estar autenticada aun cuando
en la segunda instancia no se exigió dicho requisito formal?. ¿El Consejo de
Estado, al resolver un proceso de reparación directa por quien había sido
privada de la libertad y posteriormente absuelta por atipicidad subjetiva,
incurrió en un defecto sustantivo al aplicar la causal excluyente de responsabilidad
estatal “culpa exclusiva de la víctima”, desconociendo su precedente de
unificación del 17 de octubre de 2013, según el cual debe aplicarse un régimen
objetivo para definir la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad?.
[74] Para ello, abordó los siguientes tópicos: (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la
igualdad en las decisiones judiciales; (iii) la historia de la responsabilidad
del Estado y los antecedentes legislativos sobre dicha responsabilidad cuando
tiene lugar la privación injusta de la libertad; (iv) los principios, elementos
y regímenes de responsabilidad del Estado (v) las fuentes internacionales y la
legislación comparada sobre la reparación de perjuicios por privación injusta
de la libertad; (vi) la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional sobre la responsabilidad estatal por privación injusta de
la libertad.
[75] La Fiscalía General presentó acción de tutela argumentando que el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar un régimen de
responsabilidad objetiva en un caso de privación injusta de la libertad en el
cual el investigado fue absuelto en atención al principio in dubio pro reo
(expediente T-6.304.188).
[76] Los accionantes plantearon que el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, al resolver el proceso de reparación
directa que promovieron por la privación injusta de la libertad de la señora Clemencia
García de Useche (QEPD), quien fue absuelta por atipicidad subjetiva, omitió
tener en consideración la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013,
según la cual la responsabilidad del Estado en tales casos es objetiva, sin que
en su caso particular fuera procedente concluir que hubo culpa exclusiva de la
víctima (expediente T-6.390.556).
[77] En esa oportunidad el Consejo de Estado conoció de una acción de
reparación directa por privación injusta de la libertad. La Sala consideró que
si bien la demandante no cometió ningún delito al punto que la Fiscalía
precluyó la investigación, sí ejecutó conductas que llevaron inicialmente a la
Fiscalía a inferir de manera razonable que podía ser eventualmente responsable
de una conducta penal. Por ello, la Sección Tercera determinó que, si bien la
privación de la libertad que padeció la demandante no fue la consecuencia de la
comisión de un delito, tuvo su origen en una conducta inadecuada suya, negando
así las pretensiones.
[78] Esta regla se sigue en las sentencias
del año 2020 dentro de los procesos 13001-23-31-000-2011-00599-01(53085),
18001-23-31-000-2011-00401-01(63277), 19001-23-31-000-2011-00599-01(57716),
25000-23-26-000-2011-00515-01(54015), 25000-23-36-000-2014-00781-01(57867),
41001-23-31-000-2002-01227-01(53516), 41001-23-31-000-2010-00609-01(54587),
54001-23-31-000-2010-00121-01(54958), 66001-23-31-000-2011-00235-01(46947),
68001-23-31-000-2012-00064-01(56019), 70001-23-31-000-2010-00247-01(58454),
70001-23-31-000-2011-02233-01(57984), 70001-33-31-000-2007-00244-01 (58394),
76001-23-31-000-2011-00671-01(53953), 76001-23-31-000-2011-01587-01(52262),
76001-23-31-000-2011-01752-01(52263), 76001-23-31-000-2011-01818-01(56387),
76001-23-31-000-2012-00043-01(51943), 81001-23-31-003-2011-00036-01(58813),
85001-23-31-000-2012-00029-02(58999). Del año 2019 se pueden consultar:
05001-23-31-000-2011-01354-01(49447), 08001-23-31-000-2003-00987-01(49251),
13001-33-31-000-2009-00394-01(58547), 15001-23-31-000-2006-03059-01
(54968)25000-23-26-000-2008-00395-01(45602),
25000-23-26-000-2010-00073-01(47456), 25000-23-26-000-2012-01022-01(51707),
27001-23-31-000-2004-00651-01 (55673), 44001-23-31-000-2009-00059-01(43797),
44001-23-31-000-2009-00108-01(47063), 47001-23-31-000-2010-00374-01(49379),
66001-23-31-000-2008-00323-01(42232), 70001-23-31-000-2012-00213-01 (57848),
73001-23-31-000-2012-00034-01(48595), 76001-23-31-000-2011-00826-01(49196),
3001-23-33-000-2013-00244-02(59978), 68001-23-31-000-2009-00286-01(49042),
68001-23-31-000-2009-00340-01(48954) y 76001-23-31-000-2009-00722-01(48583). De
forma concreta en la sentencia 57848 el magistrado ponente pese a manifestar su
desacuerdo con el precedente de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de
Estado, dispuso la aplicación de dichos precedentes.
[79] Así las cosas, “si la terminación del proceso responde a su
preclusión y si, por igual razón, la inocencia de la persona se sigue
presumiendo, no hay cabida a hablar de un daño (mucho menos antijurídico) ni de
una privación injusta de la libertad sobre la cual se pueda edificar un deber
indemnizatorio fundamentado exclusivamente en la vulneración de dicha
presunción. Por esta razón, pretender que la imposición de una medida de aseguramiento,
como la detención preventiva, se funde en la recaudación de una plena prueba de
responsabilidad penal no es otra cosa que la contraposición a los postulados
procesales dispuestos para tal fin por el legislador y a las atribuciones que
la Constitución ha otorgado con ese mismo propósito a los jueces y a los
órganos de investigación”.
[80] Por lo tanto, “la medida de detención preventiva de una
persona no está condicionada a la existencia de una prueba categórica e
indefectible de su responsabilidad penal, sino a que medie un mandamiento
escrito de la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
un motivo previamente definido en la ley (como la existencia de indicios en su
contra), requisitos sin los cuales su imposición sí se torna injusta e,
incluso, ilícita y da lugar a que se declare la responsabilidad
extracontractual del Estado”.
[81] Artículo 250. 1. Haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.// 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados.// 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de
peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.// 4.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.// 5. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.//6.
Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar. //7. No tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida.// 8. Ser la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso
se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[82] Según la providencia “[e]n estos casos, la causal exonerativa
de responsabilidad consiste en que el comportamiento gravemente culposo o
doloso de la víctima lo ha expuesto al daño, por lo tanto, debe asumir las
consecuencias de actuar, es un corolario del principio general del derecho,
según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’”.
[83] Folio 3 del cuaderno de instancia del proceso de tutela.
[84] “ARTÍCULO 313. PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA.
Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención
preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: (…) 2. En
los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por
la ley sea o exceda de cuatro (4) años”. y
otrosa﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽nistraa ferido porinstancia que negaron la
accien su equipaje. exclusiva de la vñiorigen.
[85] “ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a
petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida
de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se
pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
1. Que la medida de
aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un
peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el
imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.
[86] “ARTÍCULO 314. SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. La
detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del
lugar de la residencia en los siguientes eventos: (…) 4. Cuando el imputado o
acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos
oficiales”.
[87] “Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores
artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo
establecido en el parágrafo 1º del artículo 307 del presente código sobre las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o
acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la
pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya
decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la
aplicación del Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las
cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
4. Cuando transcurridos sesenta
(60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado
el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en
el artículo 294.
5. Cuando transcurridos ciento
veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.
6. Cuando transcurridos ciento
cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de
juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente”.
[88] “Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la
sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el
juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos
materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan
inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra
esta decisión no procede recurso alguno”. Ver sentencia C-456 de 2006.
[89] Ver folio 58 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa
radicado 63001333375320140021500.
[90] Sentencias T-442 de 1994.
[91] Estos dos conceptos médicos son diferentes. La cuadriparesia se
distingue de la cuadriplejia en que en esta última hay inmovilidad en vez de
simplemente debilidad.
[92] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de
2010 y T-466 de 2012.
[93] Ver folios 569 al 584 del cuaderno 1 del proceso de reparación
directa radicado 63001333375320140021500.