T-108-01
Sentencia T-108/01
Sentencia T-108/01
DERECHO A LA
EDUCACION-Garantía estatal
de acceso
DERECHO A LA
EDUCACION-Obligatoria
prestación hasta los dieciocho años
PROCESO EDUCATIVO-Edad como factor relevante
SISTEMA EDUCATIVO-Deficiencias en su cobertura
Es innegable que el sistema educativo
nacional sigue presentando deficiencias, especialmente en cuanto a su
cobertura, pues se ha registrado que un porcentaje de la población, por
diferentes motivos, no ingresan al sistema educativo en la edad escolar, razón
por la que llegan a la edad adulta sin haber adquirido los conocimientos que se
imparten en la escuela. Ello se demuestra, entre otros, en los índices de
analfabetismo que registra el país, que por disposición del artículo 68 de la
Constitución, el Estado está obligado a erradicar. Este tipo de insuficiencias
en la educación básica y media vocacional, como lo ha planteado el propio
Ministerio de Educación, se pueden disminuir mediante los programas
compensatorios de educación para adultos, algunos de los cuales permiten que
personas mayores de dieciocho (18) años superen sus deficiencias educativas
adquiriendo un nivel formativo sino igual,  similar al de un egresado de la
educación media formal.
EDUCACION PARA
ADULTOS-Finalidad y
objetivos
EDUCACION PARA
ADULTOS-Requisito de edad
Esta clase de educación en razón a sus
objetivos, está dirigida a un grupo determinado de personas, es así como el
artículo 16 del decreto en mención, señala una serie de requisitos para acceder
a ella, cuyo elemento característico lo determina la edad de quien opta por
esta forma de educación. Esos mínimos de edad, razonables en principio, se
explican en la medida en que existe por parte del Estado la obligación de
garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de los menores de edad,
esto es, ofrecer los medios para que en la infancia y la juventud los menores
logren un desarrollo integral de su ser, aspecto éste que en gran medida se
logra si existe una adecuada formación, permitiendo que los menores en su edad
escolar asistan a los centros educativos que ofrecen un plan pedagógico
integral. En este contexto, resulta lógico que la reglamentación de la
educación para adultos, excluya la posibilidad de participación de los menores
de edad en estos programas, por cuanto la formación corresponde brindarla en
forma conjunta a la familia  y al Estado, a través del sistema educativo
formal. A lo anterior se agregan las diferencias que en términos pedagógicos
existen entre el proceso educativo de los niños en edad regular y los adultos,
que parten de la diversidad de circunstancias de orden psicológico y de
formación personal entre esos dos grupos.
TRABAJO INFANTIL-Erradicación, garantizando acceso a la
educación
TRABAJO INFANTIL-Metas de erradicación
PROSCRIPCION DEL
TRABAJO INFANTIL
La proscripción del trabajo infantil está
dirigida, principalmente, a evitar el ingreso o la permanencia de los menores
de edad en actividades que pongan en riesgo su bienestar y su desarrollo
integral, y uno de estos factores de riesgo lo constituye cualquier actividad
laboral que le imposibilite al menor acceder al sector educativo o lo aleje de
él “deserción educativa”.
TRABAJO INFANTIL
Y ESCOLARIDAD-Consecuencias
En materia de desarrollo psicológico de los
niños trabajadores, se constata en ellos un acelerado proceso de maduración.
Igualmente, en el plano de la salud y desarrollo físico, los niños se ven
afectados gravemente. Así mismo, se considera que el trabajo infantil y juvenil
es un factor que impide el ejercicio de los derechos humanos de los niños. En
este orden, las investigaciones señalan que lo que alienta a impulsar la
aceptación  del trabajo infantil, es precisamente su incidencia, aunque mínima
en los niveles globales de indigencia y pobreza, como su impacto favorable y
alto en las economías de los hogares con niños y adolescentes que trabajan. Sin
embargo, el esfuerzo que realizan los niños y adolescentes que trabajan y
estudian o que sólo trabajan, aumenta las necesidades nutricionales de éstos, y
consecuentemente si no obtienen ésta, se pone en riesgo sus condiciones de
salud. En cuanto se refiere a las consecuencias del trabajo infantil en
términos de atraso escolar los resultados son igualmente preocupantes. Los
niños y adolescentes que trabajan tienen mayores años de atraso en sus estudios
que aquellos que no trabajan. Adicionalmente, se establece que los menores que
no completan los niveles básicos de escolaridad recibirán, en promedio, un 20%
menos de ingresos mensuales durante 30 años de vida laboral, que una persona
que haya culminado dichos estudios, lo cual equivale a una pérdida de seis años
de ingresos. Además, la remuneración percibida por los adolescentes que
trabajan son, en general, la mitad de las obtenidas por los asalariados
adultos. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que  las familias a las que
pertenecen esos niños y adolescentes, aunque logren percibir estas pérdidas en
términos económicos, “experimentan necesidades tan urgentes de ingresos que las
presionan a aceptar su incorporación laboral temprana.”
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Armonización
entre educación del menor y su situación económica
Es obligación del juez constitucional
armonizar la tensión que se presenta  entre la garantía plena que el Estado
debe  dar a los derechos de los niños, uno de ellos, el derecho a la educación
- que supone que los menores han de desarrollarse en el ámbito escolar que les
corresponde - y la realidad social que hace que, en ciertos casos, las precarias
condiciones socio-económicas de la familia de un menor haga necesario su aporte
económico mediante la fuerza laboral. La ponderación que ha de realizar el juez
constitucional, entonces, debe hacerse teniendo en cuenta las circunstancias de
cada caso en concreto y ha de partir del principio según el cual es obligación
de la familia, de la sociedad y del Estado,  propender por la garantía efectiva
de los derechos de los niños, entre ellos el derecho a la educación, que en el
caso de los menores adquiere el carácter de fundamental por expresa disposición
constitucional, de manera que, salvo en casos excepcionales de comprobada
imposibilidad de acceso al sistema de educación formal para niños en edad
escolar, no es constitucionalmente posible excusar a los menores del ejercicio
pleno de su derecho a la educación, ni a las familias ni a la sociedad ni al
Estado de su deber correlativo  de garantizarlo.
DERECHO A LA
EDUCACION DEL NIÑO-Fundamental/INSPECTOR
LABORAL O DEFENSOR DE FAMILIA-Autorización para que menores puedan laborar
Referencia:
expedientes acumulados T-349336, T-351765, T-351767, T-357835 y T-385006
Acciones
de tutela instauradas por Natalia Arias contra el Colegio Ateneo Autónomo de
Colombia; Ayde Tovar Chavarro y Martha Elena Hernández contra el Colegio
Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa; Marcela Zapata Campos contra el Colegio El
Chairá del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y Susana Fernanda
Rodríguez contra el Colegio San José de Guanenta
Magistrada Ponente
(E):
Dra. MARTHA V.
SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., enero
treinta y uno (31) de dos mil uno (2001).
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Martha V.
Sáchica Méndez, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Neiva dentro de la acción de tutela instaurada por Natalia Arias contra el
Colegio Ateneo Autónomo de Colombia; el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Garzón (Huila), en el trámite de la acción de tutela iniciada por Aydé Tovar
Chavarro  contra el Colegio Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa; el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Garzón (Huila), en el trámite de la acción de tutela
iniciada por Martha Elena Hernández contra el Colegio Nocturno Jacinto Vásquez
Ochoa; el Juzgado Primero Promiscuo de Puerto Rico (Caquetá) dentro de la
acción de tutela promovida por Marcela Zapata Campos y el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de San Gil (Santander), respecto de la acción instaurada por
Susana Fernanda Rodríguez.
I.
ANTECEDENTES
1. Expedientes
T-349336 y T-385006
1.1.  Hechos
Las señoritas Natalia Arias y Susana Fernanda
Rodríguez presentaron ante los Juzgados Segundo Penal Municipal de Neiva y
Primero Civil Municipal de San Gil,  acciones de tutela contra el Colegio
Ateneo Autónomo de Colombia y el Colegio San José de Guanenta, respectivamente,
en razón a que los referidos centros educativos se han negado a concederles un
cupo para cursar los grados 11º y 8º, respectivamente, argumentando que siendo
centros de educación para adultos, deben seguir los parámetros del Decreto 3011
de 1997, de acuerdo con el cual, en dichos centros educativos, sólo quienes
tengan 18 años o más, pueden cursar los grados 10º y 11º,  y en el caso de
menores de edad, únicamente aquellos que  hayan dejado de estudiar por el
término de dos años.
La señorita Arias
tiene 17 años y nueve meses y no estudia desde el año de 1998, año en el que
terminó el grado 10º. Igualmente, manifiesta que está muy interesada en
vincularse al plantel accionado ya que allí podría cursar, en los días domingo,
el grado 11º que le falta para terminar el bachillerato, único día de la semana
que le puede dedicar al estudio, toda vez que se encuentra trabajando como
empleada del servicio doméstico en una casa de familia de lunes a sábado.
Por su parte la
señorita Rodríguez, de quince (15) años de edad, manifiesta que desde iniciado
el período lectivo se ha hecho presente en las aulas de la institución
accionada, cursando normalmente el ciclo correspondiente a octavo grado; que no
formalizó la matrícula en tiempo debido a que no contaba con recursos
económicos y a que estaba gestionando una ayuda ofrecida por la Alcaldía para
tales efectos. Manifiesta que pese a su asistencia a clases, el rector del
plantel se ha negado a expedirle un nuevo recibo de pago para la matrícula y le
ha solicitado que no siga asistiendo ya que el Colegio no puede admitir menores
en sus condiciones de escolaridad. Señala que por su precaria situación
económica se ve obligada a trabajar en horario hábil para costearse sus
estudios, por lo cual ha decidido estudiar en horario nocturno. Agrega que se
le he vulnerado su derecho a la igualdad por cuanto en el ciclo cuarto (octavo
grado), se encuentran matriculados otros estudiantes también menores de edad.
Enterados de las
acciones de tutela en contra de las respectivas instituciones, los Rectores de
los Colegios accionados manifestaron que no es posible conceder un cupo a las
accionantes, toda vez que por ser dichos planteles instituciones de educación
para adultos, deben ceñirse a los postulados del Decreto 3011 de 1997, cuyos
artículos 23 y 16, respectivamente, señalan que dentro de los programas de
educación para adultos, el nivel educativo de los grados 10º y 11º (ciclo 5 de
educación para adultos) puede ofrecerse únicamente a personas de 18 años o más,
y que sólo quienes siendo menores de edad hayan dejado de estudiar por el
término de dos años, pueden acceder a los ciclos de educación secundaria
(grados 6º a 8º). El Rector del Colegio Ateneo Autónomo de Colombia añade que
la Secretaría de Educación departamental ha enviado diferentes comunicaciones
en las que les recuerda a las directivas de los centros educativos para
adultos, la obligación de sujetarse a los parámetros del referido Decreto y la
responsabilidad en que pueden incurrir en caso de no acatar lo allí señalado.
Finalmente, señala que en el Colegio que dirige sólo hay un estudiante menor de
edad cursando grado 11º, debido a que su vinculación al Colegio fue anterior a
la expedición del Decreto 3011 de 1997.
1. 2. Pruebas
1.2.1. Expediente
T-349336
Obra como prueba
dentro del expediente, una carta enviada el 11 de marzo de 2000 por el rector
de Colegio Ateneo Autónomo de Colombia, Gustavo Briñez Villa, a la señora
Yasmis Arias, tía de la señorita Natalia Arias, en el cual le informa que su
solicitud de un cupo en grado 11º para su sobrina no podrá ser despachada
favorablemente, toda vez que "el Decreto 3011 de diciembre de 1997
expedido por el Ministerio de Educación Nacional, norma que rige el
funcionamiento de este tipo de colegios por ciclos, establece en su artículo 23
que la educación media (CLEIS 1 y 2), equivalente a los grados 10º y 11º, podía
ofrecerla  sólo a personas de 18 años o más."
También aparece
copia de una constancia en la cual Argenis Motta Castañeda certifica que "la
señorita Natalia Arias empezó a trabajar como empleada del servicio doméstico a
partir del día 24 de enero de 2000".
El Rector del
plantel demandado allegó al expediente copia del Decreto 3011 de 1997, de la
circular No. 12 de la Secretaría de Educación Departamental del Huila y de dos
comunicaciones de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Huila. De
todos estos documentos se desprende con claridad la veracidad de lo señalado
por el rector del Colegio accionado en cuanto a su imposibilidad legal de
autorizar la matrícula para grados 10º y 11º (1 y 2 de CLEIS) a personas
menores de 18 años. Las circulares y comunicaciones a que se hace referencia,
además de señalar la importancia de la educación no formal para adultos y las
particulares características de ésta (que la diferencian de la educación formal
para personas en edad escolar), son enfáticas al recordar a las directivas de
los centros de educación para adultos, el deber de cumplir con los mandatos de
la ley general de educación y del Decreto 3011 de 1997, so pena de incurrir en
las responsabilidades a que haya lugar.
Finalmente, obra en
el expediente copia de una comunicación enviada por la Secretaria de Educación
del Huila al Juzgado Segundo Penal Municipal de Neiva, en la que se reiteran
las limitaciones que por razones de la edad se han fijado para los centros de
educación para adultos. Igualmente, se señala que la actora en tutela podrá
matricularse en el Colegio accionado una vez que haya cumplido la mayoría de
edad.
1.2.2. Expediente
T-385006
- En declaración
rendida ante el juzgado sustanciador el día diez y nueve (19) de julio de dos
mil (2000), la demandante se ratificó en la tutela interpuesta y agregó que
cursó sexto grado en el año de 1998 y séptimo en el año de 1999. Igualmente,
indicó que el rector del Plantel accionado le informó que podría admitirle la
matrícula para la jornada diurna que ofrece el mismo colegio puesto que ella no
cumplía las condiciones para ser admitida en la nocturna.
- Por su parte, en
declaración rendida el día veinticuatro (24) de julio de dos mil (2000), el
rector del plantel señaló que atendiendo a lo señalado por la actora, según la
cual en el ciclo cuarto de educación nocturna se encuentran matriculados
menores en iguales condiciones a las suyas, el Colegio realizó una revisión de
los kardex de los diferentes alumnos, sin encontrar casos similares. Agregó que
debido a la insistencia de la menor en asistir a clases en la noche, el plantel
se vio en la necesidad de prohibirle el ingreso  a las instalaciones del mismo.
- La señora Beatriz
Jiménez, secretaria de la Institución, rindió declaración ante el juzgado el
día dos (2) de agosto de dos mil (2000). En ella señaló que por petición del
rector de la Institución realizó una revisión de las edades de los estudiantes
del ciclo cuarto, donde se pudo constatar que hay matriculados unos alumnos que
a la fecha de matrícula no cumplían los quince (15) años de edad.
- El Supervisor de
Educación de San Gil, Carlos Miguel Quesada, allegó al Juzgado un escrito fechado
el dos (2) de agosto de dos mil (2000), en el que señala que personalmente
sugirió al Rector del colegio accionado que permitiera a la menor Rodríguez
matricularse en la jornada nocturna en atención a que “si bien es cierto que
el artículo 16 del Decreto 3011 de 1997 reglamenta un requisito para el ingreso
a la educación para adultos (…), en el artículo 4 literal  d- se incluye a los
jóvenes para que se incorporen a estos procesos de formación”. Añade que
atendiendo a la condición económica de la menor y a su interés de estudiar, no
se le puede negar el derecho a la educación, impidiéndole el ingreso a la
educación para adultos.
1.3. Sentencias
objeto de revisión
1.3.1. Expediente
T 349336
Primera
instancia
Por medio de
sentencia del 29 de marzo de 2000, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Neiva
negó el amparo solicitado por la actora. Argumentó el fallador, que de acuerdo
con la información enviada por la Secretaría de Educación del Huila, para
ingresar al ciclo 2 (11º grado) de educación media en centros de la categoría
del accionado, se requiere haber cumplido 18 años o más y acreditar haber
cursado hasta 9º grado.
Consideró igualmente
que, conforme al artículo 23 del Decreto 3011 de 1997 y la Circular Nº 12 de la
Secretaría de Educación del Huila,  es requisito haber cumplido 18 años para
poder ingresar a un plantel educativo en los términos solicitados por la
actora. En este sentido, encuentra que la actitud del rector del plantel
accionado, antes que violatoria de los derechos fundamentales de la menor, se
encuentra ajustada a los parámetros de ley.
Finalmente, el
fallador señaló que la educación para adultos está diseñada bajo
características diferentes a la educación formal para niños y jóvenes en edad
escolar lo cual se debe a que en uno y otro momento, los requerimientos
psicológicos y académicos del educando son diferentes. En este sentido, no se
encuentra demostrado que las condiciones psicológicas y las necesidades
pedagógicas de la menor accionante sean más compatibles con las de las
personas mayores a ella, de manera que la decisión del Colegio acusado no es
violatoria de su derecho a la educación. Para concluir, señala que su
determinación se encuentra sustentada en la sentencia T-534 de 1997, proferida
por la Corte Constitucional.
Segunda
instancia
Mediante
sentencia del 12 de mayo de
2000, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva confirmó la sentencia
proferida por el juez de primera instancia, en los términos que siguen:
"La
sencillez del caso sometido a estudio por la joven Natalia Arias, la
justificación normativa dada por el señor Rector del Colegio Ateneo Autónomo de
Colombia a la negación de autorizar el ingreso de la demandante a dicho centro
educativo y la fundamentación legal y jurisprudencia que el a-quo dio al
abstenerse de tutelar el derecho a la educación de la nombrada titular, liberan
a este Juzgado de otro esfuerzo argumentativo para confirmar la decisión
apelada.
"Considera sí
necesario celebrar el interés vehemente de la joven Natalia Arias por educarse
a pesar de las dificultades económicas y temporales por las cuales atraviesa
actualmente. Sin embargo es importante que a ella le quede claro que si el
señor Rector del Colegio Ateneo Autónomo de Colombia le negó el ingreso a dicho
plantel, no lo hizo por capricho o por arbitrariedad, sino porque como miembro
de a comunidad educativa estaba obligado a aplicar los reglamentos que rigen la
educación especializada integral dirigida a adultos. Él más que nadie tiene
[que] dar ejemplo a sus educandos de respeto por el orden jurídico, de ahí que
no sea posible obligarlo a recibir a la accionante, quien debido a su
proximidad a cumplir los diez y ocho años, muy pronto podrá reanudar sus
estudios en cualquier plantel que ofrezca educación dominical para
adultos."
1.3.2. Expediente
T-385006
Primera
instancia
Mediante sentencia del tres (3) de agosto de dos mil
(2000), el Juzgado Primero Civil Municipal de San Gil negó el amparo
solicitado. A su juicio, la Constitución Política consagra el derecho a la
educación, derecho éste que no le ha sido negado a la actora, toda vez que el
propio rector del plantel accionado le ha manifestado que ella puede
matricularse, si lo desea, en el grado octavo de la jornada diurna. Agrega, que
conforme a la reglamentación de la materia, la menor no cumple con los
requisitos para cursar el ciclo cuarto de educación para adultos, de manera que
las directivas no han hecho cosa distinta que dar aplicación a tales preceptos.
A lo anterior agrega
que, dado el lapso pasado entre las fechas de matrícula del plantel y la de
interposición de la acción de tutela, no es dable pensar que exista una
preocupación actual por la ocurrencia de un daño perjuicio irremediable para la
actora. Señala igualmente, que la educación nocturna no es la más adecuada para
la menor ya que en ella necesariamente se desmejora la calidad académica.
Segunda Instancia
La actora impugnó la
sentencia de primera instancia, utilizando para ello los mismos argumentos
expuestos en el escrito de tutela.
Por medio de
providencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000), el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de San Gil decidió confirmar la sentencia del a
quo. Para resolver, consideró que la actora evidentemente no cumple con los
requisitos establecidos legalmente para poder acceder al ciclo cuarto de
educación para adultos, al tiempo que no logró demostrar dentro del proceso que
se encontrara laborando, para justificar su intención de estudiar en el horario
nocturno. Agregó que a la menor no se le ha negado el derecho a la educación,
toda vez que el propio plantel le ha ofrecido vinculación en la jornada diurna.
2. Expedientes
T-351767 y T-351765
2. 1. Hechos
Por escritos
separados, y ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tarquí (Huila), las
señoras Martha Elena Hernández - obrando en representación de su hija  de 14
años de edad Francy Elena Torres Hernández - y Ayde Tovar Chavarro -obrando en
representación de su hijo de 15 años de edad José Alverson Rivera Tovar -
instauraron acción de tutela contra el Colegio Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa
del Municipio de Tarquí.
Afirman las actoras,
que la institución educativa referida se ha negado a concederles un cupo para
que sus menores hijos culminen sus estudios de educación básica secundaria y
media vocacional, bajo el argumento que aquellos no cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo  16  del Decreto 3011 de diciembre de 1997, de
acuerdo con el cual, para ser admitido en los establecimientos de educación
para adultos en la jornada nocturna, debe contarse con un mínimo de dos años de
desescolarización y  una edad superior a 15 años.
La señora Hernández
manifiesta que la situación económica que atraviesan ella y su esposo no les
permite sufragar los gastos que demanda la educación de Francy Elena y de sus 4
hermanos menores. Por ello, agregan, la joven ha debido buscar trabajo y
retirarse de los estudios que cursaba en la jornada diurna del Colegio Esteban
Reyes Tovar. Señala que durante el año lectivo de 1999,  la menor cursó el
grado 9º, dejando pendiente el cumplimiento de los logros en español. Considera
que con la actitud asumida por la institución demandada, se vulnera el derecho
a la educación de su hija, toda vez que los requisitos impuestos por el Decreto
de 1997 son simples formalidades que no pueden coartar los deseos de superación
que la joven tiene.
Por su parte, la
señora Tovar manifiesta que habita en la vereda de San Francisco cercana a la
vereda el Vergel, aledaña a Tarquí y que la situación económica que atraviesan
ella y su esposo no les permite cubrir los gastos que demanda la educación de
José Alverson. Sostiene que derivan su sustento de los cultivos de café que
tienen en su pequeña parcela pero que debido a las constantes plagas que
azotan  el cultivo, la producción se ha visto mermada y con ella, sus ingresos.
Aclara que su esposo Aurelio Rivera Bermeo presenta problemas de salud que no
le permiten estar al frente de las labores que demanda el oficio del cultivo,
lo que ha ocasionado que José Alverson se haga cargo de las tareas en la finca
y no pueda seguir estudiando en la jornada diurna. De otra parte, señala que
cuando no es época de cultivo, José Alverson labora en otras fincas del lugar y
con la remuneración que por ello recibe ayuda a cubrir los gastos de
alimentación, vestido y transporte que demandan el hogar y sus otros dos
hermanos, quienes se encuentran realizando estudios de primaria y no pueden,
por su edad llevar a cabo trabajos materiales.
Agrega la señora
Tovar, que estudiar en la jornada diurna le significaría a José Alverson
trasladarse a vivir en el casco urbano, donde no tiene ningún familiar, lo que
le implicaría a la familia asumir unos costos que no están en capacidad de
sufragar. Por el contrario, si obtuviera un cupo en el colegio nocturno podría
viajar  a diario a la cabecera municipal  ya que en el Vergel hay un grupo de
personas que estudian en la misma institución y cuentan con ayuda de la administración
municipal para sufragar los gastos de transporte.
Al igual que la
señora Hernández, la actora considera que con la actitud asumida por la
institución se están vulnerando los derechos a la educación y al libre
desarrollo de la personalidad de su menor hijo.
Mediante oficio del
17 de febrero de 2000 y del 16 de marzo - respectivamente para cada proceso -,
el rector de la institución demandada precisa que al negar el cupo a los
menores está dando cumplimiento al Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997 el
cual establece unos requisitos para acceder a la educación nocturna que ninguno
de los menores cumple. El Proyecto Educativo Institucional del colegio, indica,
fue desarrollado teniendo en cuenta el Decreto 3011, de manera que no se puede
decir que por el hecho de cumplir la ley, se de origen a la vulneración de los
derechos reclamados por las actoras.
2.2. Pruebas
Dentro de ambos
procesos obran como prueba una copia del Decreto 3011 de 1997 emanado del
Ministerio de Educación, copia del Manual de Convivencia del Colegio Jacinto
Vásquez Ochoa, copia de la Resolución de Aprobación de Estudios del Colegio
Jacinto Vásquez Ochoa otorgado por la Secretaría de Educación del Huila, y
copia del oficio enviado por el rector del Colegio el 2 de febrero de 2000 a la
actora, en el que  le niega el cupo a la solicitante.
2.2.1. Expediente
T-351767
- El Juez Segundo
Promiscuo Municipal de Tarquí (Huila) citó a declaración a la actora, al padre
de la menor, señor Jesús María Torres Perdomo, a los señores Lino Antonio
Alvarado y  Leonel Alvarado Osorio - Rector y Coordinador del Colegio Jacinto
Vásquez Ochoa respectivamente -, al señor Adolfo Gómez Correa - Jefe del Núcleo
Educativo Nº 56 de Tarquí - y a las señores Nelly y Yaneth Torres Perdomo tías
de Francy Elena Torres Hernández.
- También obra
dentro del expediente, oficio dirigido por la Secretaría de Educación del
Huila  al Juzgado de primera instancia en el que la entidad manifiesta que la
menor Francy Elena Torres Hernández no reúne  los requisitos del Decreto 3011
de 1999, toda vez que a la fecha sólo cuenta con 14 años de edad y no acredita
los dos años de desescolarización exigidos. Indica también que la situación
económica de la madre no es elemento válido para justificar su deseo de que la
menor ingrese a la Educación Formal para adultos. Agrega que es al ente
territorial a quien le asiste la obligación de satisfacer, a través del
subsidio, las necesidades de la comunidad que se encuentra en situación
crítica. Para concluir, la Secretaría manifiesta que a la  menor  en ningún
momento se le está restringiendo el ingreso a la educación y que, por el
contrario,  se está dando prevalencia a sus derechos como niña.
- En su declaración,
la señora Martha Elena Hernández ratificó la demanda interpuesta y agregó, en
contestación a las preguntas formuladas por el despacho, que su hija "quiere
[estudiar en jornada nocturna]  porque ella mira la situación económica en que
nosotros estamos, yo no tengo trabajo, mi esposo es jornalero, trabaja al día,
tenemos tres hijos más aparte de Francy y uno que estoy esperando, tengo 5
meses, (...)". En síntesis, la demandante expresa que la pretensión
elevada tiene como objeto que la menor se supere y que colabore para sus
propios gastos y los de su hogar.
Por su parte, la menor
Francy Elena Torres Hernández señaló: "yo quiero [estudiar en la
jornada nocturna porque], yo miro la situación económica en la que está la
familia (...) yo quiero trabajar de día y poder ayudarme yo misma y ayudar a la
familia". Igualmente expresó que ya se ha desempeñado en labores
domésticas donde sus tías Yaneth y Nelly Torres Perdomo y que tales trabajos le
han permitido colaborar económicamente con sus propios gastos.
En igual sentido, el
padre de la menor señaló que "Ella quiere voluntariamente estudiar en
el nocturno, la razón es la situación económica en que vivimos; dependemos
únicamente de lo que yo me gano como jornalero, gano actualmente diez mil pesos
diarios, no trabajo todos los días (...), según ella piensa trabajar
voluntariamente, a ella nadie la obliga (...)"
- El señor Adolfo
Gómez Correa, Jefe del núcleo Educativo 56 de Tarquí (Huila), manifestó en su
declaración que tuvo conocimiento, a través de la rectoría del Colegio, de la
interposición de algunas acciones de tutela por estudiantes que no han sido
admitidos en la jornada nocturna de la institución por no reunir los requisitos
del Decreto 3011 de 1997. Al respecto aclaró que ante tales hechos, realizó una
consulta telefónica a la Secretaría de Educación del Huila, entidad que le
manifestó que "si el colegio estaba aprobado para educación de adultos
de acuerdo al Decreto 3011, debía de ceñirse al mismo por tanto la supuesta
modificación que se esperaba para este año donde se derogaban algunos
requisitos o algunos apartes no se había dado.(...)". Finalizó su
declaración sugiriendo al despacho elevar consulta al Ministerio de Educación
en relación con la vigencia del Decreto 3011.
- Por su parte, el
señor Lino Antonio Alvarado, Rector del Colegio Jacinto Vásquez Ochoa,
manifestó en su declaración que entre el 20 y el 29 de septiembre de 1999 el
colegio fue visitado por supervisores de la Secretaría Departamental de
Educación, a los que  puso en conocimiento la institución que  por orden del
juez de una tutela, se encontraba matriculado un alumno que no cumplía con los
requisitos del Decreto 3011 de 1997. Igualmente, señaló que frente a las
diferentes solicitudes presentadas por estudiantes que querían ingresar al
bachillerato nocturno, consultó a la Secretaría de Educación del Huila,
organismo que le respondió que no era posible admitir la vinculación académica
de menores que no cumplieran con los mencionados requisitos.
En igual sentido fue
la declaración rendida por el señor Leonel Alvarado Osorio,  Coordinador
del Colegio Jacinto Vásquez Ochoa, quien da cuenta de las mismas
circunstancias, hechos y acciones descritos tanto por el señor rector como por
el Jefe del Núcleo Educativo No. 56.
- De otro lado, las
señoras Nelly y Yaneth Torres, coinciden en afirmar que la menor ha laborado
ocasionalmente para ellas en trabajos domésticos. Señalan, así mismo, que
Francy Elena tiene "unos logros pendientes en el colegio diurno donde
estudiaba", pero que se ha “encaprichado” en no estudiar en el
día. Aducen que los padres de la menor son de escasos recursos y que por eso
ella quiere trabajar.
Por último, el
juzgado de instancia ordenó una diligencia de inspección judicial a la
residencia de la señora Martha Elena Hernández, que  se verificó el día 21 de
febrero del 2000, en la que se pudo constatar que la familia Torres Hernández
es de origen humilde, de escasos recursos y vive en condiciones precarias.
2.2.2. Expediente
T-351765
El Juez Segundo
Promiscuo Municipal de Tarquí (Huila) citó a declaración a la actora, al menor
José Alverson Bermeo, al padre del menor, señor Aurelio Rivera Bermeo, al señor
Lino Antonio Alvarado, Rector de la institución y a los señores Efrén Tovar y
Nando Murcia, residentes en la vereda San Francisco.
- La señora Ayde Tovar Chavarro ratificó la
demanda interpuesta. Igualmente señaló que  su menor hijo dejó de estudiar por
la difícil situación económica que atraviesa su familia "ya que no se
le podía pagar lo que es la alimentación, el arriendo de la pieza porque debía
estar entre semana acá en el pueblo; él después de que dejó de estudiar no
quedó debiendo logros”. Señaló igualmente, que la pretensión elevada tiene
como objeto que el menor pueda acceder al servicio de educación. Afirmó también
que tiene conocimiento de que la Alcaldía Municipal colabora con una parte de
los gastos de transporte en que incurren los estudiantes vinculados al plantel
demandado al tener que desplazarse a diario desde el Vergel hasta Tarquí y de
regreso. Añade que si se admitiera el ingreso de José Alverson a la institución
demandada, éste pasaría la noche en el Vergel y madrugaría para desplazarse a
San Francisco donde labora.
Por su parte, el
menor José Alverson señaló que sus padres no cuentan con recursos para sufragar
los gastos que le implicaría estudiar en la jornada diurna, de manera que él
prefiere trabajar de día y estudiar de noche ya que es la única fórmula que le
permitiría continuar con sus estudios. Expresa también, que la decisión de
estudiar en la jornada nocturna es suya y que voluntariamente a decidido ayudar
a sus padres. En atención a lo anterior, según señala, trabaja en la parcela de
sus padres o en las fincas vecinas como jornalero, en las cuales le pagan entre
$6000 y $7000 diarios. Agregó que lleva un año sin estudiar y que el último
grado que cursó fue 7º.
Finalmente, el señor
Aurelio Rivera Bermeo, padre del menor, manifestó en su declaración que no se
encontraba en capacidad económica de cubrir los gastos de educación de José
Alverson, menos aún en la jornada diurna, toda vez que ello implica el pago de
hospedaje y alimentación del menor en la cabecera municipal. Manifestó,
igualmente, que de permitírsele al menor estudiar en la jornada nocturna, él
podría colaborar en los oficios de la finca y desplazarse al colegio Jacinto
Vásquez Ochoa junto con el resto de estudiantes que habitan en el Vergel, pasar
la noche allí donde un familiar y madrugar para desplazarse a San Francisco. De
igual modo, el padre del menor manifiesta que en la vereda El Vergel, cercana a
la vereda San Francisco en  la que habita, hay una escuela “semipresencial” en
la cual su hija Liliana cursa grado 7º en horario diurno.
- Citados también a
declarar, los señores Nando Murcia y Efrén Tovar Chavarro (tío del menor)
coinciden en afirmar, que efectivamente José Alverson ha laborado de manera
ocasional para ellos en trabajos de cultivo y cosecha en las fincas de su
propiedad. Aseguran que el menor no está estudiando debido a la situación
económica que atraviesa. Así mismo, recalcan que el padre del menor presenta
problemas de salud que no le permiten estar al frente de las labores de la
parcela.
2.3.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
En sentencias
separadas, pero bajo las mismas consideraciones de fechas 25 de febrero y 21 de
marzo, respectivamente, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tarquí
(Huila) concedió el amparo al derecho fundamental a la educación y al libre
desarrollo de la personalidad invocados por las actoras.
Consideró el
fallador, que con la expedición del Decreto 3011 de 1997 "se busca
erradicar en gran parte el analfabetismo, proporcionar al adulto trabajador
facilidad para que se eduque e ingrese a un plantel educativo donde se formará
intelectual y socialmente. Sin embargo se olvidaron los creadores de la norma,
la situación de este país donde muchos años atrás los menores de edad han
abandonado el estudio en especial en la jornada diurna porque tienen que buscar
los medios económicos para obtener recursos que lo ayuden a subsistir al igual
que a su familia."
Agrega que es
ilógico el requisito que plantea el Decreto mencionado, de acuerdo con el cual
es necesario que el interesado en acudir a este tipo de establecimientos deba
demostrar 2 años de desescolarización cuando, en casos como el de Francy Elena
y José Alverson, se corre el riesgo de que la persona se habitúe sólo a
trabajar y se desinterese por las labores académicas. En ese orden de ideas,
ordenó al rector del Colegio Departamental Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa de
Tarqu (Huila), autorizar el ingreso y matrícula de los menores sin la exigencia
de más requisitos que los que prescriba el manual de convivencia o los que se
hayan establecido, que no sean estipulados en el Decreto 3011 de 1997.
Segunda
instancia
Mediante sentencias
del 3 y del 27 de abril de 2000, respectivamente, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Garzón (Huila), revocó los fallos proferidos en primera instancia y
en su lugar denegó las pretensiones de las actoras, afirmando que el Decreto
3011 de 1997 regula una modalidad educativa dirigida en principio a personas
mayores de edad, que se encuentren laborando en el día y que por tal
circunstancia no han logrado satisfacer la necesidad de formación académica.
Tal regulación, según manifiesta el ad quem, contempla una excepción en
el nivel de educación básica secundaria, que  es taxativa y permite a los
menores que reúnan los requisitos - contar con 15 años o más y haber estado por
fuera del servicio educativo dos años como mínimo - ingresar a este tipo de
centros educativos. En su sentir, la educación para los menores está regida por
parámetros y filosofía distintos a los que estructuran la educación para
adultos  y por eso ignorar los requisitos para acceder a ella afectaría tal
estructura.
Considera,
igualmente, que el hecho que los menores tengan que laborar para coadyuvar en
los gastos de sus hogares, no es un argumento válido para lograr un cupo en un
centro de educación para adultos, ya que, como lo indica la propia nominación
de las entidades de este tipo, éstas están diseñadas para la formación de
adultos. Adicionalmente, admitir dicho argumento implicaría aceptar el
desplazamiento de la responsabilidad que en ese sentido corresponden a los
padres de familia y, coetáneamente, equivaldría a negarle a los jóvenes su
desarrollo académico e intelectual en un ambiente adecuado y propicio para su
edad. Concluye señalando, que las familias de los actores no han agotado la
posibilidad de recurrir a organismos estatales que puedan prestarles su
colaboración para el sostenimiento de sus menores hijos, o para subsidiarles
los gastos de educación.
3. Expediente
T-357835
3.1. Hechos
La
menor Marcela Zapata Campos, de 17 años de edad, representada por su cónyuge
Juan Avila Herrera, instauró acción de tutela contra el Colegio El Chairá del
municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), por considerar violados sus
derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. El proceso correspondió
por reparto al Juzgado Unico Promiscuo Municipal de la misma población.
Como fundamento de
sus afirmaciones,  la menor sostuvo  que cursó el grado 9º en 1998 y 2 meses
del grado 10º en  1999, en la jornada diurna de la misma institución. En
febrero 28 del año 2000, agrega, empezó a asistir a las clases de la jornada
nocturna de la misma institución, pero en calidad de asistente, toda vez que
las directivas se han negado a sentar su matrícula por ser menor de edad y por
no cumplir con un mínimo de dos años de desescolarización, requisitos previstos
por el Decreto 3011 de 1997 emanado del Ministerio de Educación Nacional para
las personas que quieren acceder a la educación para adultos.
Indica que solicitó
de manera verbal a la Rectora del Colegio El Chairá el registro de su matrícula
y la expedición del certificado respectivo pero que ésta se negó, aduciendo que
ella no se encontraba matriculada y que tampoco tenía autorización para asistir
a las clases de la jornada nocturna.
Por último, afirma
que no se encuentra trabajando y que sus gastos de estudio los sufraga su
cónyuge. Concluye que con la actitud de la institución demandada, se conculca
su derecho a la igualdad pues conoce casos de compañeras suyas en la jornada
nocturna que son menores de edad y que sí han sido matriculadas en dicha jornada
en el mencionado colegio.
3.2.
Pruebas
El Juez Unico
Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá) citó a declaración a la
señora Martha Lucía Neira, Secretaria del Colegio El Chairá, a la señorita Ana
Brillith Motta Reinoso, compañera de estudios de la actora y al señor Juan
Avila Herrera, cónyuge de Marcela Zapata Campos.
La señora Martha
Lucía Neira expresó en su declaración, que ella informó a la actora que por su
edad  y el tiempo que apenas tenía de haber dejado de estudiar,  no podía estudiar
en la jornada nocturna ya que no cumplía con los requisitos que para ello
exigía el Decreto 3011 de 1997. Así mismo, manifestó que le había indicado a la
menor que podía disponer de un cupo para la jornada de la tarde, frente a lo
cual la señorita contestó que quería estudiar en la jornada nocturna.
Finalmente, señaló que ella autorizó a la menor para que ingresara como
asistente a las clases de la jornada nocturna mientras se definía su situación,
pero sin adquirir ningún compromiso con ella.
De otra parte
expresó que la existencia del Decreto 3011 de 1997 había sido difundida a todos
los estudiantes. En relación con los motivos que llevan a la demandante a
solicitar cupo en la jornada nocturna, aclaró que muchos de los estudiantes han
manifestado su interés en cambiarse a la jornada nocturna porque el estudio es
semestralizado y pueden cursar dos lectivos años en un año calendario.
- Por su parte, Ana
Brillith Motta Reinoso, compañera de estudios de la demandante en la jornada
nocturna, expuso que Marcela "está asistiendo a clases regularmente,
pero que está como asistente y no ha sido matriculada". De la misma
manera,  aclara que el colegio ha hecho conocer a todos los alumnos el
contenido del Decreto 3011 de 1997. Finalmente manifiesta que la actora vive
con su marido y que en el día se dedica a los oficios caseros.
- El señor Juan Avila Herrera, cónyuge de la
menor, manifestó convivir con ella desde hace aproximadamente cuatro meses.
Manifestó, igualmente, que desconoce los motivos por los que aquella se retiró
de la jornada diurna y agregó que en la actualidad la actora no está trabajando
por fuera de la casa, que en el día se encuentra ocupada con las labores de la
casa y que es él quien sufraga los gastos de su sostenimiento y estudio.
3.3.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
Mediante sentencia
proferida el diez y siete (17) de marzo de dos mil (2000), el Juzgado Unico
Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá) denegó el amparo a los
derechos fundamentales invocados por la actora, al considerar que “no existe
el compromiso por parte del plantel como es la matrícula,  acto con el cual se
obliga una y otra parte  y por otro lado por razones de tiempo y disponibilidad
[la menor] puede acceder a la jornada normal de estudio como son de 6 a 12 m  o
de 12:30 a 5 p.m. sin detrimento alguno de sus quehaceres como ama de casa”.  Agrega
que las directivas del colegio han actuado conforme a las normas legales que
regulan la educación para adultos que la institución ofrece en la jornada
nocturna y que este tipo de educación,  salvo casos excepcionales, debe ceñirse
en todo y en parte a los que prescribe el Decreto 3011 de 1997.
Segunda instancia
Mediante providencia proferida el veintisiete (27)
de junio de dos mil (2000), el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto
Rico (Caquetá) decidió confirmar el fallo proferido en primera instancia.
Sustentó su decisión, en que la determinación adoptada por la rectora del
instituto acusado, en el sentido de no matricular a la demandante para culminar
sus estudios de educación secundaria en la jornada nocturna,  se encuentra
ajustada a la normatividad prevista (Decreto 3011 de 1997),  toda vez que si bien
es cierto que la actora cumple con el requisito de ser mayor de 15 años de
edad, no sucede lo mismo con la condición de haber permanecido dos años mínimos
por fuera del sistema educativo. Siendo los anteriores requisitos
indispensables para que un menor pueda ingresar a estudiar los grados 10º y 11º
en una institución de educación para adultos, lo correcto es que si la
accionante no los cumple, no pueda acceder a tal fórmula educativa. Atender las
obligaciones domésticas y para con su cónyuge, son situaciones irrelevantes y
de conveniencia que la actora arguye para obtener una respuesta favorable y así
cursar ciclos académicos más cortos que los años lectivos corrientes.
No obstante,  el ad
quem reconoció la violación del derecho a la igualdad de la actora. En este
sentido, consideró que, conforme a lo señalado por la rectora del Colegio
accionado, en el grado 10º de la jornada nocturna se encuentra matriculada
Eunice Alvarez Echeverry, una menor de 17 años de edad, en virtud de un error
de la administración en el que  se incurrió por ignorancia de los parámetros
del Decreto 3011 de 1997. Señala el juzgado, que dicha situación pone de
manifiesto un trato discriminatorio para con la actora ya que, en las
circunstancias descritas, ninguna de las dos menores podría haber sido
matriculada en la jornada nocturna. En consecuencia, ordena compulsar copias
del proceso a la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá a fin de
que se inicie la investigación disciplinaria respectiva y se tomen los correctivos
del caso.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte es
competente, para resolver acerca de los asuntos presentes de conformidad con
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, y el Decreto 2591 de
1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a esta
Sala determinar, si la restricción contenida en el Decreto 3011 de 1997, según
la cual los menores de edad no pueden acceder a los ciclos de educación en los
niveles de educación básica secundaria y media diseñados para adultos, resulta
violatoria del derecho a la educación de aquellos menores de edad, en este
caso, en favor de quienes se impetró la acción de tutela, quienes argumentan la
necesidad de trabajar para cubrir sus propias necesidades y en algunos casos
las de su familia, en labores que sólo pueden ejercer en el horario que
legalmente se ha señalado para que éstos reciban su educación formal.  Para tal
efecto, la Corte habrá de analizar:
1.  Las
consideraciones legales, doctrinarias y de política social en cuanto se refiere
a la educación formal para menores y para adultos y la atinente a la
erradicación del trabajo infantil.
2. Si  las
condiciones socio-económicas de algunas familias ameritan la inaplicación de la
reglamentación que el Estado ha dictado para proteger el derecho a la educación
de los menores de edad como de aquella que propende por la eliminación del
trabajo infantil, a fin de garantizar, precisamente, el derecho a la educación
de los menores de edad trabajadores, en los términos constitucionales.
En este punto,
corresponde a la Corte resolver la tensión que se presenta entre el derecho a
la educación de un menor y su necesidad de laborar para lograr no sólo su
subsistencia sino la de su núcleo familiar, pues se entiende que el espacio
adecuado para el crecimiento y desarrollo de los niños es, precisamente,  el
ámbito escolar y familiar, en condiciones que permitan el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. En este sentido, no se concibe la presencia del menor
de edad en el sector productivo. Sin embargo, ese ideal contrasta con las
condiciones socio-económicas de un sinnúmero de familias,  que llevan a que los
jóvenes e incluso los niños tengan necesariamente que trabajar en la etapa
escolar.
3. El derecho a
la educación de que gozan los niños
Según lo ha señalado
en diferentes oportunidades esta Corporación, "la educación es una de
las herramientas elementales con que cuenta el ser humano para lograr su
proyección en la sociedad, al tiempo que le facilita la realización de derechos
esenciales. Por esta razón, el Estado está obligado a otorgar las garantías
necesarias para que cada persona tenga derecho a acceder a un establecimiento
educativo, y de no ser posible, a un sistema que le permita una adecuada
formación." (Sentencia T-534 de 1997).
El  artículo 44 de
la Constitución establece que el derecho a la educación es un derecho
fundamental de los niños, e interpretando armónicamente con el mandato del
artículo 67 constitucional, esta Corporación ha señalado que la prestación del
servicio público de educación es obligatoria hasta los diez y ocho (18) años,
edad que legalmente se considera como el tránsito de  la niñez a la adultez.
Por otra parte, la
Convención de los Derechos del Niño, que hace parte del bloque de
constitucionalidad y aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 12 de
1991, reconoce el derecho de todos  los niños a ser protegidos contra el
desempeño en labores riesgosas o la explotación laboral que obstaculice
su educación y desarrollo.
Así pues, como lo ha
sostenido esta Corporación, existe una clara intención constitucional en
proveer las condiciones que garanticen "el mejor desarrollo físico,
intelectual y moral del los niños y los jóvenes colombianos, para lo cual la
Carta ha determinado que dichas condiciones se revisten de la categoría de
derecho fundamental de los menores. En este contexto, el trabajo infantil que
se oponga a su proceso de educación y a sus derechos de  acceso a la cultura, a
la recreación y a la práctica del deporte, debe ser proscrito por la ley. Por
ello, la legislación nacional, en especial el Decreto 2737 de 1989  - Código
del Menor- acorde con este propósito superior contiene normas específicas
contra la explotación económica de los niños, y el desempeño de los menores en
trabajos peligrosos para su salud física o mental, o que impidan su acceso a la
educación" (Sentencia C-325 de 2000).
En este orden de
ideas, es deber de la sociedad colombiana en general, y del Estado en
particular, no sólo garantizar el derecho a la educación de los menores de
edad, sino buscar la erradicación de toda forma de trabajo infantil.
En estos términos,
la edad se ha tomado como uno de los elementos esenciales dentro del proceso educativo
y, en ese sentido, se  ha señalado que resulta necesario establecer promedios
de edad para cada nivel de educación regular, como respuesta a una serie de
factores objetivos que componen la fórmula educativa. Al respecto, esta
Corporación  señaló que "[L]os métodos de enseñanza, la pedagogía y
otros aspectos involucrados en el proceso formativo, están diseñados teniendo
en cuenta la capacidad y desarrollo psicológico del escolar. El proceso
educativo que se complementa con la convivencia e intercambio de experiencias
del alumno con el resto de la comunidad educativa y que le permite afianzar su
desarrollo y lograr así una formación integral, hace necesaria cierta
homogeneidad dentro del aula. Por tanto, no contribuye a un  adecuado proceso
de formación del menor y del adulto, el asimilarlos, sin tener en cuenta que de
su desarrollo emocional y psicológico, depende el diseño del modelo pedagógico
para los  unos y otros” (Sentencia T-534 de 1997).
Dentro de este
contexto, el derecho a la educación para los niveles elemental y básico goza de
especial protección por parte del Estado y su prestación se considera
prioritaria. En consecuencia, mientras para los menores de edad el derecho a la
educación tiene un carácter fundamental, en tratándose de adultos, este derecho
posee otra naturaleza, por cuanto "el Estado pasa a adquirir una
obligación de carácter prestacional, es decir, se le obliga a crear las
condiciones para lograr un acceso efectivo  a este derecho, pero no se le puede
reclamar su prestación directa e inmediata" (Sentencia T-534 de 1997).
Igualmente, conforme
a lo estipulado por el artículo 68 constitucional, el Estado está en la
obligación de erradicar el analfabetismo, obligación que puede cumplir no sólo
brindando enseñanza a los menores de edad, "sino creando los medios
necesarios para que aquellas personas adultas que, por distintos motivos, no
tuvieron acceso a ella durante su infancia y adolescencia, puedan obtener la
formación suficiente para mejorar de una u otra forma su calidad de vida y
lograr así un desarrollo integral." (Sentencia T-534 de 1997).
4. La educación
para adultos
El problema central
en el proceso de la referencia, consiste en determinar si los centros
educativos que ofrecen educación para adultos, pueden negar el ingreso a ellos
de menores de edad que,  por razones claras,  no han podido cursar alguno de
los ciclos de educación básica, media y media-vocacional en instituciones que
ofrecen estos ciclos en el sistema que la legislación ha denominado como
educación formal. Así las cosas, deben examinarse  los requerimientos
específicos de la educación para adultos.
En primera
instancia, vale la pena mencionar que buena parte de los esfuerzos de la
política educativa en los últimos tiempos, han estado encaminados no sólo a
reducir al máximo el número de niños que por una u otra razón no se hacen
partícipes del proceso educativo formal sino lograr que el servicio público de
educación básica primaria y secundaria, tenga una cobertura que  garantice a
todos los menores en edad escolar (6 años a 15 años), el derecho a la educación
consagrado en el artículo 65 de la Constitución. No obstante, es innegable que
el sistema educativo nacional sigue presentando deficiencias, especialmente en
cuanto a su cobertura, pues se ha registrado que un porcentaje de la población,
por diferentes motivos, no ingresan al sistema educativo en la edad escolar,
razón por la que llegan a la edad adulta sin haber adquirido los conocimientos
que se imparten en la escuela. Ello se demuestra, entre otros, en  los índices
de analfabetismo que registra el país, que por disposición del artículo 68 de
la Constitución,  el Estado está obligado a erradicar.
Este tipo de
insuficiencias en la educación básica y media vocacional, como lo ha planteado
el propio Ministerio de Educación, en su intervención en este proceso,  se
pueden disminuir mediante los programas compensatorios de educación para
adultos, algunos de los cuales permiten que personas mayores de dieciocho (18)
años superen sus deficiencias educativas adquiriendo un nivel formativo sino
igual,  similar al de un egresado de la educación media formal.
La Ley 115 de 1994,
Ley General de Educación, además de consagrar las condiciones y requisitos de
la educación formal para niños y jóvenes en edad escolar, establece diferentes
sistemas o formas educativas para responder a las necesidades y condiciones
propias de las personas, que en su edad escolar no accedieron a la educación
formal. Así, por ejemplo, se indica que la educación para adultos debe ofrecerse
a las personas de edad superior a la aceptada regularmente en la educación por
niveles y grados, esto es de 6 años a 15 años, educación ésta que contempla
entre otros, la validación, los programas semi-presenciales y los programas de
educación no formal (artículo 50).
Este tipo de
programas buscan proporcionar a los educandos una serie de conocimientos y
habilidades necesarios en los empleos más corrientes y no incluyen, en general,
las disciplinas y actividades orientadas a la formación personal porque se
parte del hecho que el educando ha cumplido su proceso de formación
psicosocial, adquiriendo la madurez propia del adulto. Por esta razón, en estos
programas, excepcionalmente, se acepta el ingreso de  menores de edad.
Bajo este entendido,
la Ley General de Educación (ley 115 de 1994) defina  la educación para adultos
como "aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor
a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio
público educativo, que deseen suplir o completar su  formación, o validar sus
estudios" (artículo 50). Los objetivos fundamentales de la educación
para adultos son, entre otros, que las personas que ingresan a este tipo de
programas adquieran y actualicen su formación básica y faciliten su acceso a
los distintos niveles educativos; erradicar el analfabetismo; actualizar los
conocimientos según el nivel de educación, y desarrollar la capacidad de
participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria
(artículo 51).
Para dar
cumplimiento a dichos objetivos, fue expedido el Decreto 3011 de 1997 "por
el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y
se dictan otras disposiciones". Según este decreto, la educación de
adultos es el "conjunto de procesos y acciones formativas organizadas
para atender de manera particular las necesidades potenciales de las personas
que por diversas circunstancias no cursaron niveles y grados del servicio
público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlo o
aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus
conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales"
(artículo 2). Bajo estos supuestos, la educación para adultos ofrece programas
de alfabetización, educación básica, educación media, educación no formal y
educación informal.
Esta clase de
educación en razón a sus objetivos, está dirigida a un grupo determinado de
personas, es así como el artículo 16 del decreto en mención, señala una serie
de requisitos para acceder a ella, cuyo elemento característico lo determina la
edad de quien opta por esta forma de educación. Se lee en esta norma:
"Podrán
ingresar a la educación para adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales
integrados:
1.     Personas con edades de trece (13) años o
más, que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria
o hayan cursado como máximo los tres primeros grados.
2.     Las personas con edades de quince (15) años
o más, que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren
que han estado por fuera del servicio público de educación formal, dos (2) años
o más."
Esos mínimos de
edad, razonables en principio, se explican en la medida en que existe por parte
del Estado la obligación de garantizar y hacer efectivo el derecho a la
educación de los menores de edad, esto es, ofrecer los medios para que en la
infancia y la juventud los menores logren un desarrollo integral de su ser,
aspecto éste que en gran medida se logra si existe una adecuada formación,
permitiendo que los menores en su edad escolar asistan a los centros educativos
que ofrecen un plan pedagógico integral. En este contexto, resulta lógico que
la reglamentación de la educación para adultos, excluya la posibilidad de
participación de los menores de edad en estos programas, por cuanto la
formación corresponde brindarla en forma conjunta a la familia  y al Estado, a
través del sistema educativo formal.
A lo anterior se
agregan las diferencias que en términos pedagógicos existen entre el proceso
educativo de los niños en edad regular y los adultos, que parten de la
diversidad de circunstancias de orden psicológico y de formación personal entre
esos dos grupos, tal como lo señala el Ministerio de Educación en una de las respuestas
que dio al cuestionario que, sobre le particular, le fue formulado por la
Magistrada ponente:
“En tanto que el
niño se encuentra en desarrollo progresivo del pensamiento formal, lo que en
términos de escolaridad equivale al grado noveno de educación básica, en la
persona adulta dicho pensamiento formal se encuentra plenamente desarrollado,
lo que a diferencia del niño le permite el planteamiento permanente de
hipótesis y la anticipación de resultados. Esta condición implica que el tiempo
de escolaridad necesariamente sea menor para el adulto, considerando que los
logros en las áreas básicas y fundamentales son equivalentes para unos y otros.
“Acorde con lo
expuesto en el numeral segundo, el niño requiere más tiempo de escolaridad por
cuanto no cuenta con la proporción de los aprendizajes previos de los que sí
goza el adulto”.
En este mismo orden,
los expertos del mencionado Ministerio afirman  que  ha de tenerse en cuenta
que el desarrollo emocional del niño, que  forma parte integral del proceso de
aprendizaje, es más lento, por lo que se requiere de un mayor tiempo de
presencia de éste en la escuela que el requerido por un adulto, pues el niño y
el joven han de tener más oportunidades de ajuste emocional, equilibrio que en
el adulto ya debe estar consolidado.
5. Trabajo
infantil. En la medida que el Estado puede garantizar el acceso de los menores
de edad a la educación formal, avanza en su compromiso de erradicar el trabajo
infantil
Los casos que ahora
ocupan la atención de la Sala, presentan un elemento común: la necesidad de
laborar de los menores que solicitan ser admitidos en los programas de
educación para adultos, pues del producto de su trabajo depende el sustento de
ellos o el de su familia, de donde se desprende una paradoja: sin trabajo no
hay estudio,  por cuanto carecen de los recursos para acceder a éste. Ello
obliga a la Corte a estudiar la problemática del trabajo infantil, como un
componente adicional dentro de los factores a tener en cuenta para la
resolución del problema planteado.
La  legislación
laboral colombiana prohibe, en principio, el trabajo de los menores de edad.
Así, el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que tienen
capacidad para celebrar contrato de trabajo las personas mayores de diez y ocho
(18) años. Por su parte, el artículo 30 del mismo estatuto establece que las
personas menores de edad requieren autorización expresa del inspector de
trabajo o de la primera autoridad local, previa solicitud de los padres, para
poder trabajar y  seguidamente señala que se prohibe el trabajo de los menores
de catorce (14) años y que "es obligación de los padres disponer que
acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a
circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los menores
de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar (...)"
Para la Corte es
claro, que la restricción en materia de trabajo infantil no es una
determinación caprichosa del legislador colombiano. Por el contrario, desde
hace varias décadas existe una preocupación mundial no sólo por reducir, hasta
erradicar definitivamente el trabajo infantil, sino por buscar mecanismos que
garanticen que los menores de edad dediquen su tiempo a la escuela, proceso éste
que les asegura no sólo una mayor preparación académica para enfrentar
posteriormente los retos de la vida laboral, sino que les permite la asistencia
a un espacio que, como el escolar, facilita  el desarrollo pleno de su
individualidad, lo que coadyuva en el proceso de formación personal y social de
toda persona.
En este sentido, a
nivel Latinoamericano y del Caribe se han producido diferentes documentos que
dan cuenta no sólo de las cifras de menores trabajadores, sino de las
consecuencias que el trabajo en edad temprana acarrea en la vida del individuo.
De acuerdo con los analistas de esta problemática, el proceso de
desescolarización de los menores que pasan al mercado laboral, genera no sólo
la perpetuación de la pobreza sino que se sustrae al menor del disfrute pleno
de sus derechos fundamentales.
En estos términos,
se ha destacado la importancia de una ampliación progresiva de la cobertura
educativa en todos los países, aunada a un mejoramiento de la calidad de la
educación, bajo el convencimiento que se logrará no sólo el desarrollo de los
menores, sino el crecimiento y desarrollo de los países de la región. En esta
perspectiva, se ha determinado que la ampliación cualitativa y cuantitativa de
la educación es una herramienta fundamental en el proceso de erradicación del
trabajo infantil a nivel mundial.
En relación con este punto, la Directora Ejecutiva del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, en la conferencia
internacional sobre trabajo infantil realizada en Oslo, el veintinueve (29) de
octubre de 1997, señaló que “[l]a educación, en resumen, es la herramienta
esencial, el instrumento más efectivo para eliminar el trabajo infantil. El
nexo entre el trabajo infantil y la educación debe ser visto en un millón de
niños que están siendo víctimas de la explotación en el trabajo precisamente
porque no tienen acceso a una educación de calidad - en tanto que miles de
otros niños no pueden ejercer sus derechos por causas asociadas al trabajo que
van desde largas jornadas laborales hasta muchos otros conflictos -. (…)
Alrededor de 250 millones de niños en edades de los 5 a los 14 años son
trabajadores, 120 millones de ellos tiempo completo. La mayor proporción de
niños trabajadores (alrededor del 40 por ciento), se encuentra en Africa, con
un 20 por ciento de ellos en América Latina y el Caribe.”
5.1.  Índices de
Trabajo infantil en América Latina y El Caribe
Conforme a las
estadísticas manejadas por el Programa para la Eliminación del Trabajo Infantil
- IPEC - de la Organización Internacional del Trabajo, OIT en América Latina y
El Caribe, para el año de 1995, trabajaban alrededor de 15 millones de niños
menores de 15 años. Cifra que se ve incrementada si  se adiciona el trabajo de
las personas entre los 15 años  y  18 años de edad, obteniendo un total
probable de más de 30 millones de niños y adolescentes trabajadores en la
región.
Según los informes
del IPEC y de UNICEF, las zonas marginales de las ciudades y  las áreas
rurales, son el foco de concentración del trabajo infantil y juvenil,
estimándose que en ellas se presenta por lo menos el 50% del trabajo prematuro.
Las actividades en las que se desempeñan estos menores, se concentran en las
labores agropecuarias, en el sector informal urbano y en el servicio doméstico,
con una presencia frágil en el sector moderno de la economía. Igualmente, las
estadísticas demuestran que el trabajo de los menores de edad, se realiza
mayoritariamente en condición de trabajo familiar no remunerado, en donde
éstos  trabajan básicamente para sus padres.
En estos términos,
la CEPAL ha indicado que en áreas urbanas, del total de adolescentes entre 13 a
17 años que trabajan, solamente el 25% asiste al colegio. Es decir que de cada
cuatro adolescentes trabajadores sólo uno asiste a las aulas escolares. Esta
situación se ve generalmente agravada en zonas rurales donde sólo el 15% de
adolescentes trabajadores estudia (Panorama Social de América latina - CEPAL
- 1995).
En el caso específico
de Colombia, el informe en comento plantea, que del total de la población
infantil y juvenil que trabaja, la proporción que puede combinar trabajo con
estudio es siempre menor a aquel porcentaje que solamente se dedica a trabajar.
Entre los 12 años  y los 14 años sólo trabaja el 11%; estudia y trabaja el 4%.
Entre los 15 años y los 17 años sólo trabaja el 25%; estudia y trabaja el 6%.
Al respecto, el documento “Trabajo Infantil-Juvenil en América Latina y el
Caribe: situación actual y perspectivas” producido en el año de 1998, por
la OIT y UNICEF, trae una  tabla ilustrativa de la magnitud del trabajo
infantil en Colombia, en donde se observa lo siguiente:
COLOMBIA
POBLACION TOTAL
CENSADA
33.109.840
POBLACION TOTAL
AJUSTADA
37.422.791
POBLACION 10 - 14
AÑOS
3.892.896
PEA 10 - 14 AÑOS
456.8941
PORCENTAJE DE
POBLACION 10 - 14 AÑOS  QUE TRABAJA
11.72
PORCENTAJE DE PEA
DE 10 - 14 AÑOS SOBRE PEA TOTAL
3,0%3
Fuentes: Encuesta
Nacional de Hogares 1995;
1.     PEA (Población Económicamente Activa) Total
de 10-14 años, de acuerdo con la definición tradicional de trabajo infantil.
2.     Porcentaje de población de 10-14 años que
trabaja, de acuerdo con la definición tradicional de trabajo infantil. Al
adicionar definición tradicional + oficios del hogar el porcentaje se
incrementa al 18,1; si se tienen en cuenta la definición tradicional + oficios
del hogar + trabajos secundarios, el porcentaje llega a 25,7.
3.     Porcentaje de PEA de 10-14 años sobre PEA
Total, con base en la definición tradicional de trabajo.
Las razones de la
participación de los niños y los adolescentes en el campo laboral son
múltiples. Así, por ejemplo, algunos trabajan porque los ingresos monetarios de
los adultos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas familiares;
otros, aunque en menor proporción, se dedican a trabajar porque ni ellos ni sus
padres consideran que la educación que se ofrece es útil para satisfacer sus
necesidades, factor éste que se ve agravado por las deficiencias cualitativas
de la educación pública y la educación privada, especialmente en zonas rurales
y campesinas.
En estos términos,
la fisura entre la oferta educativa, la realidad sociocultural y las
necesidades de los educandos que consideran importante ayudar en el trabajo a
sus padres, hace que parezca obvia la alternativa por la que optan los jóvenes
de laborar  antes que estudiar, especialmente en los sectores de bajos ingresos
económicos. Hecho éste que  agudiza las desigualdades entre los niños, llegando
a constituirse “una capa de niños que inmersos en socavones mineros,
basurales o cortando caña, no tienen la más mínima posibilidad de gozar su
infancia.”[1]
5.2.  Metas de
erradicación del trabajo infantil
El panorama que se
ha expuesto, ha generado diferentes esfuerzos internacionales, encaminados a la
erradicación o disminución de los niveles de trabajo infantil. Así, el Convenio
138  de la OIT señala en su artículo primero que "todo miembro para el
cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política
nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel
que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los
menores".
Igualmente, en las
Conferencias Internacionales sobre trabajo infantil celebradas  en Amsterdam y
Oslo, se ha planteado la necesidad de que los Estados otorguen "prioridad
a la inmediata separación de los niños y niñas de las formas más intolerables
(extremas) de trabajo infantil y a la rehabilitación física y psicológica de
los niños implicados", a la vez que se señala de manera tajante, que "todo
trabajo que dificulte la educación del niño deberá ser considerado
inaceptable".
En el mismo sentido,
la OIT promueve actualmente una discusión para la elaboración de un nuevo
convenio centrado en la proscripción de las formas más extremas de trabajo
infantil.
A nivel regional,
llama la atención el Acuerdo de Santiago, celebrado durante la Tercera Reunión
Ministerial sobre Infancia y Política Social en las Américas (agosto de 1996),
en el que se señala el trabajo infantil como uno de los problemas centrales de
la infancia en América Latina y el Caribe, realidad que, en términos del
Convenio, requerirá "esfuerzos especiales para su superación".
Este Acuerdo complementó y modificó algunas de las metas que se habían
establecido en el Compromiso de Nariño, suscrito en la Segunda Reunión sobre
Infancia y Política Social en las Américas (Santafé de Bogotá. 1994).
Dentro de las metas
en torno al trabajo infantil y juvenil, el Acuerdo de Santiago señala que para
el año 2.000 se espera “Erradicar las actividades de sobrevivencia altamente
peligrosas para todos los niños menores de 18 años, tales como el ejercicio de
la mendicidad, la recolección de basura, prostitución, etc.” y “Para los
menores de 14 años, erradicación de toda actividad que represente una
interferencia sustancial con el normal desarrollo del niño/niña,
particularmente con su educación". Así mismo, se propusieron
mecanismos para efectuar el seguimiento y la evaluación de dichas metas. En el
campo de la educación, se establecieron tanto metas cualitativas como
cuantitativas al punto de “Dar acceso universal a la educación primaria,
reduciendo las disparidades rurales/urbanas; aumentar a más del 80% y 70% el
porcentaje de niños y niñas que terminan 4º grado y primaria, respectivamente;
reducir a la mitad las tasas de repitencia (sic) en los dos primeros grados de
la primaria."[2]
Frente a esta
situación, UNICEF ha fijado las siguientes metas en punto a la eliminación o
disminución de los niveles de trabajo infantil en América Latina y el Caribe,
como propuesta mínima por grupos según la edad, elaborada por el UNICEF, [3] en el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño:
GRUPO ETARIO
PROPUESTA
ESTRATEGIA
0 - 12 años
Erradicación del
trabajo infantil
Política educativa
Recuperación de la
centralidad de la escuela como lugar privilegiado de construcción de la
ciudadanía
Programas de apoyo
familiar para generación de ingresos
13 - 14 años
Educación
profesional y trabajo en condición de aprendiz. Predominio de lo pedagógico
sobre lo laboral
Políticas de
educación para el trabajo Adaptación y conocimiento del mercado de trabajo
15 - 17 años
Profesionalización
y énfasis en la protección legal
Políticas de
articulación con sindicatos, empresarios y ministros de trabajo
Estas metas, como se
ve, responden a una política guiada fundamentalmente por los preceptos
señalados por la Convención sobre los Derechos del Niño, según los cuales "[l]os
Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social".
Como puede
concluirse de la lectura de todos estos documentos, no hay un rechazo
absoluto a la participación de las personas menores de 18 años en el campo
laboral, pues si bien se reconoce que los menores en su edad escolar deben
asistir a los centros educativos, se acepta que éstos laboren cuando “el
trabajo realizado es un vehículo de transmisión de conocimientos o entrenamiento
de habilidades, donde no se vulneran los derechos y posibilidades de desarrollo
de la infancia y adolescencia. Evidentemente, tales situaciones no pueden ser
motivo de crítica y políticas de eliminación.” En otros términos, la
proscripción del trabajo infantil está dirigida, principalmente, a evitar el
ingreso o la permanencia de los menores de edad en actividades que pongan en
riesgo su bienestar y su desarrollo integral, y uno de estos factores de riesgo
lo constituye cualquier actividad laboral que le imposibilite al menor acceder
al sector educativo o lo aleje de él “deserción educativa”.
6. El trabajo
infantil y la escolaridad:  consecuencias sociales y económicas de la
interferencia del primero en la segunda
Según el informe ya
comentado[4],
en materia de desarrollo psicológico de los niños trabajadores, se constata en
ellos un acelerado proceso de maduración.  Igualmente, en el plano de la salud
y desarrollo físico, los niños se ven afectados gravemente. Así mismo, se
considera que el trabajo infantil y juvenil es un factor que impide el
ejercicio de los derechos humanos de los niños. “En el área educativa, el
trabajo es uno de los factores que promueve el bajo rendimiento escolar y la
deserción. Investigaciones de la CEPAL basadas en las Encuestas de Hogares de
América Latina y el Caribe demuestran que del total de adolescentes entre 13 a 17
años que trabajan en áreas urbanas, solamente el 25% asiste al colegio.”[5]
Conforme a los
informes presentados por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el
Caribe, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), existe una clara relación entre el trabajo infantil, la
escolaridad y las consecuencias sociales y económicas de la interferencia del
primero en la segunda.[6]
Según se plantea en
dichos informes, "[l]a inversión en educación de niños, adolescentes y
jóvenes resulta tan rentable para ellos, sus hogares, la sociedad y la economía
que se justifica ampliamente su dedicación exclusiva a estudiar hasta alcanzar
por lo menos 10 años de estudio y preferentemente un nivel de educación
secundaria completa (12 años)." Lo anterior en tanto que “[u]na
educación adecuada y oportuna contribuye a romper la cadena de la pobreza y la
insalubridad”. Así, hay unanimidad frente a que “un componente de la
lucha contra la pobreza es la eliminación del trabajo infantil y el
fortalecimiento de la educación escolar como eje de la vida del niño. No habrá
desarrollo y bienestar alguno con millones de niños que por trabajar a corta
edad, hipotecan con ello su vida adulta, condenándose a reproducir el círculo
de pobreza.”
En estos términos,
se plantea que la escuela debe ser convertida en el espacio de desarrollo de
los niños, porque la educación es la columna vertebral de la formación del
infante, en donde la educación formal debe ser atractiva a efectos de lograr,
así sea en forma mínima,  la universalización de la educación primaria.
De hecho, según el
informe de UNICEF antes citado, las consecuencias de la desescolarización de
niños y adolescentes que ingresan al mercado laboral abandonando el estudio, se
refleja en sus futuros ingresos laborales. En este sentido,  el informe señala
que “[d]os años menos de educación implican alrededor de un 20% menos de
ingresos mensuales durante la vida activa." Con todo, no se puede
desconocer que, en cualquier evento, la participación de los menores en el
mercado laboral, que indudablemente reduce el nivel de educación alcanzado,
paradójicamente implica un aumento bien significativo para los hogares con
niños y adolescentes que trabajan que “ Si no contaran con ellos, la
incidencia de la pobreza aumentaría entre 10 y 20 puntos porcentuales y la de
la indigencia, entre 5 y 15 puntos en ese grupo de hogares."
En este orden, las
investigaciones señalan que lo que alienta a impulsar la aceptación  del
trabajo infantil, es precisamente su incidencia, aunque mínima en los niveles
globales de indigencia y pobreza, como su impacto favorable y alto en las
economías de los hogares con niños y adolescentes que trabajan.
Sin embargo, el
esfuerzo que realizan los niños y adolescentes que trabajan y estudian o que
sólo trabajan, aumenta las necesidades nutricionales de éstos, y
consecuentemente si no obtienen ésta, se pone en riesgo sus condiciones de
salud. En este sentido, se destaca que quienes están trabajando entre los 13 y
17 años “...despliegan un enorme esfuerzo: quienes sólo trabajan, laboran un
promedio de 46 horas semanales, pero si además estudian, igualmente trabajan 35
horas a la semana. Esta situación aumenta fuertemente sus necesidades
nutricionales, que no siempre son satisfechas, y pone en jaque su salud;
reciben salarios realmente bajos que, en general, representan sólo la mitad del
sueldo mensual de un asalariado adulto con 7 años de experiencia.”
En cuanto se refiere
a las consecuencias del trabajo infantil en términos de atraso escolar los
resultados son igualmente preocupantes. Los niños y adolescentes que trabajan
tienen mayores años de atraso en sus estudios que aquellos que no trabajan. A
manera ilustrativa, UNICEF señala que, por ejemplo “en el Brasil, del total
de la población entre 10 y 17 años, el porcentaje de atraso escolar es de 73%
en aquellos no trabajadores y de 86% entre aquellos que están trabajando. Los
resultados del censo nacional de Población de 1993 del Perú arrojan que entre
la población de 6 a 14 años, del total que no trabaja el 39% está atrasado en
sus estudios. Sin embargo, dicho atraso sube a 61% en aquella población que
tiene que trabajar.”
Finalmente, el
estudio plantea que el impacto macroeconómico del trabajo infantil no resulta
significativo ya que "[L]os ingresos por trabajo de los niños y
adolescentes resultan tan bajos, que en la mayoría de los países representan
sólo la mitad de lo percibido por los asalariados de 35-54 años de edad con
escasa escolaridad, como 7 años de estudio." Adicionalmente, se
establece que los menores que no completan los niveles básicos de escolaridad
recibirán, en promedio, un 20% menos de ingresos mensuales durante 30 años de
vida laboral, que una persona que haya culminado dichos estudios, lo cual
equivale a una pérdida de seis años de ingresos. Además, la remuneración
percibida por los adolescentes que trabajan son, en general, la mitad de las
obtenidas por los asalariados adultos. Ello no obsta, sin embargo, para
reconocer que  las familias a las que pertenecen esos niños y adolescentes,
aunque logren percibir estas pérdidas en términos económicos, “experimentan
necesidades tan urgentes de ingresos que las presionan a aceptar su
incorporación laboral temprana.”
7. Transmisión intergeneracional del
capital humano y movilidad social
Uno de los
indicadores manejados para la medición y análisis de política social,  es el
referente a factores de "transmisión intergeneracional de movilidad
social", que  hace referencia a la correlación que existe entre el
estatus socioeconómico del padre –nivel educativo, tipo ocupación y nivel de
ingresos- y el estatus de sus hijos. Así, se ha planteado que "la
transmisión intergeneracional de la desigualdad del capital humano" es un
factor importante "a tomar en cuenta cuando se piensa evaluar y diseñar
políticas económicas de equidad y cuando la intervención gubernamental procura
proponer criterios y normas de igualdad de oportunidades de bienestar."[7]
Así las cosas, señala el Informe Sobre Desarrollo Humano
para Colombia (DNP - PNUD - Misión Social 1999), "si la diferencia
entre los niveles de educación alcanzados por padres e hijos es significativa,
de forma tal que permita a los hijos superar el nivel de educación de sus
padres el hijo tendrá una ampliación de sus oportunidades de bienestar y un
mayor progreso social. De ser así las cosas, se configuraría  una situación en
la cual la educación constituiría un motor importante de la movilidad social,
del ascenso en la posición social. Una movilidad ascendente significa que
existe acumulación de capital humano, permitiendo que las personas de las
nuevas generaciones se ubiquen en escalas superiores al nivel de sus padres. Si
en esta mejora participan los grupos pobres, contribuiría, en el largo plazo, a
la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso.
"La educación es una de los principales
determinantes de la distribución del ingreso. La dinámica de la estructura
educativa de un país, y la movilidad entre niveles educativos, están asociadas
a la estructura de la distribución de los ingresos de un país, es decir, la
brecha educativa entre grupos e intragrupo es una potencial variable
explicativa de la desigualdad de los ingresos y de la riqueza" En
estos términos "La persistencia de los niveles de pobreza y desigualdad
en la distribución del ingreso puede ser explicada por la desigualdad
educativa (BID 1998) (CEPAL 1998). Al mismo tiempo, la persistencia de la
desigualdad puede ser explicada por la  escasa movilidad del nivel educativo de
los pobres."[8]
En este sentido, se
ha afirmado que la capacitación adquirida en la escuela es remunerada en el
mercado de trabajo, lo cual significa que "quienes se capacitan de una
u otra forma y logran mediante ello aumentar su productividad, perciben
salarios más altos que las personas que no lo han hecho".
En este punto,
encuentra entonces la Sala, una razón adicional para apoyar la promoción
gubernamental en la ampliación de la cobertura educativa para los jóvenes y
niños colombianos, y en los diferentes procesos tendientes a garantizar su
asistencia a centros de educación formal de todos aquellos menores que se
encuentran en edad escolar.
8. Magnitud del
trabajo infantil en América Latina y el Caribe y su impacto en la educación. El
caso colombiano.
Conforme a los
estudios realizados por UNICEF y CEPAL[9],
en gran parte de los países de la región es alta la participación de niños y
adolescentes en el mercado laboral, oscilando entre 6% y 32% en las zonas
urbanas y entre 15% y 55% en las zonas rurales. Esta circunstancia, según
estadísticas de las mismas entidades, conlleva a una disminución en el promedio
de los años de escolaridad de los menores trabajadores frente a aquellos que no
laboran. De hecho, "entre los 13 y 17 años de edad, los varones que
trabajan tienen 1 a 2 años menos de educación que los que no trabajan, mientras
que entre las niñas y adolescentes las diferencias más frecuentes se ubican
entre 0.5 y 1.5 años de estudio. Estas pérdidas representan entre 10% y 25% del
total de años de estudio alcanzado a esas edades. Además, quienes sufren estas
diferencias entre los 13 y 17 años terminarán acumulando un déficit educacional
superior a 2 años de estudio con respecto a los que se incorporarán al mundo
laboral entre los 18 y 24 años."
En términos
estadísticos, el documento señala que “[l]a magnitud del trabajo infantil y
adolescente[10]
es considerable en gran parte de los países, oscilando entre 6% y 32% en las
zonas urbanas y entre 15% y 55% en las zonas rurales. En las áreas urbanas el
conjunto de hogares con niños y adolescentes de 13 a 17 años[11] que
trabajan representan en el total de hogares entre 3% y 17% según los países,
como consecuencia de que trabajan entre 6% y 32% de los niños y jóvenes entre
13 y 17 años. Entre ellos, tres de cada cuatro abandonan sus estudios.
Argentina, Colombia y Uruguay son los países en que menos trabajan los que
estudian: entre 24 y 32 horas. Los países donde más trabajan son Bolivia,
Brasil, Honduras y Venezuela: entre 38 y 44 horas semanales.”
Esto, en términos de
cumplimiento de metas educativas para la región, según el documento “Equidad en
el logro de las metas para la infancia”, volumen II (UNICEF - CEPAL 1998),  se
refleja en la siguiente tabla:
EVALUACION DE LA META DE TERMINO DE LA
EDUCACION PRIMARIA DE
ACUERDO A SU DURACION EFECTIVA
Países (*)
Cumplimiento de la meta al año 2000
Zonas urbanas
Zonas rurales
Argentina (7)
Si
Si
Brasil (8)
No
No
Chile (8)
Si
Si
Colombia (9)
No
No
Venezuela (9)
No
No
* Entre paréntesis
se indica el número de años que comprende la educación primaria.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano
para Colombia, "el índice de condiciones de vida, ICV, es un indicador
más completo que combina variables de posesión de bienes físicos
(características de la vivienda y acceso a servicios públicos), con variables
que miden el capital humano presente y potencial (años de educación de jefes de
hogar y de mayores de 12 años, asistencia escolar de niños y jóvenes) y
variables de composición del hogar (hacinamiento y proporción de niños menores
de seis años)." En estos términos, el mismo informe establece que en
los dos últimos años (1997-1999) se ha presentado un estancamiento en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. "El
promedio nacional que había aumentado de 70.8 a 72.3 entre 1993 y 1996, avanza
a 73.2 en 1997 y se mantiene igual en 1998. Por zonas el estancamiento es claro
en la urbana, y en la rural incluso disminuye en 1998."
En relación con la escolaridad, el informe
arrojó los siguientes resultados:
1993 Censo
1996 EH
1997 EH
1998 EH
Urb
Ru
Nal
Urb
Rur
Nal
Urb
Rur
Nal
Urb
Rur
Nal
EDUCACION Y CAPITAL HUMANO
Educación jefe del hogar
7.3
4.0
6.5
7.4
4.0
6.3
7.5
4.0
6.4
7.6
3.8
6.4
Escolaridad promedio para personas de 12 y mas años
8.3
4.4
7.3
8.5
4.4
7.3
8.7
4.6
7.5
8.8
4.3
7.5
Proporción de asistencia escolar jóvenes entre 12-18
años
4.7
3.6
4.4
5.1
4.0
4.7
5.1
4.1
4.8
5.1
4.1
4.8
Proporción de asistencia  escolar de niños entre
5-11 años
7.5
6.2
7.2
7.9
6.9
7.6
7.9
7.1
7.7
7.9
6.9
7.6
Fuente: Cálculos Misión Social DNP, con base en
Dane, Censo de 1993, y Encuestas de Hogares de Septiembre de cada año.
En el mismo informe,
se indica la participación de la población joven en el total de los ocupados
por departamento. En los departamentos de Boyacá, Nariño, Caquetá, Cauca, Meta,
Santander, Norte de Santander y en el Chocó, entre un 7 y 11 por ciento son
menores de diecisiete (17) años. Así mismo, se destaca el hecho que los
salarios percibidos por los trabajadores menores de edad se ubican muy por
debajo del promedio, al punto que para 1998 el grupo más joven de ocupados, en
ningún departamento, percibía salarios superiores a un mínimo. En los
departamentos de la Guajira, Córdoba y Nariño, los menores trabajadores reciben
los salarios más bajos del país. En lo referente al área rural, el informe
señala que los jóvenes entre 10 y 24 años son los trabajadores que perciben
salarios más bajos. Las finanzas, la minería y los servicios varios son las
actividades en las que se ocupa la población más joven.
La participación de
los jóvenes en el campo laboral ha presentado una disminución entre los años de
1991 a 1997 en todas las regiones. Para 1997, la población entre los  10 años
y los 17 años ha disminuido su participación en el mercado laboral  urbano, al
tiempo que se presenta un aumento en la tasa de asistencia escolar. Con todo,
para el año de 1998 la asistencia escolar de niños entre los 12 y 17 años se
redujo en un  3.1% respecto al año anterior.
Se reconoce,
igualmente,  una efectiva disminución de la tasa de analfabetismo en el país.
Con todo, la diferencia por zonas del país ha ido en aumento: "en 1985,
el analfabetismo rural era 3.1 veces el urbano; en 1993, 3.5 veces y en 1997,
4.1 veces mayor. En 1997, en la zona urbana, 5 de cada 100 son analfabetas, y en
la zona rural, lo son 19 de cada 100." Según el estudio, el
analfabetismo se concentra en los grupos poblacionales de mayor edad (tanto a
nivel rural como urbano); en la zona urbana disminuye continuamente, y en la
zona rural disminuye como resultado de una mayor educación de los más jóvenes.
La edad de acceso a
la fuerza de trabajo está directamente asociada con los niveles educativos
alcanzados, al igual que sucede en toda América Latina y el Caribe. Así,
quienes ingresan a la fuerza de trabajo más tardíamente y disfrutaron de la
posibilidad de aumentar su capital humano a través de la educación, tienen
mejores posibilidades de empleo y de recibir salarios más altos. Por el
contrario, quienes se iniciaron en el mercado laboral a una edad inferior a los
once años perciben los salarios promedios más bajos.
Adicionalmente, es
considerable la cifra de población infantil en edad escolar que no asiste a
centros educativos. El siguiente cuadro muestra los niveles de asistencia
escolar en el país, de menores entre los 5 y 6 años de edad:
Colombia Asistencia
escolar de los niños de 5 y 6 años. Cobertura de Preescolar.
Total
nacional por zona. 1993-1997[12]
Zona y año
Asistencia Población 5-6 años
Cobertura de Preescolar
No Asisten
Asisten
Tasa
Bruta
Tasa
Neta
Diferencia
TB-TN
Extraedad
> 6 años
Ninguna
Total
Preescolar
Primaria
Total
1993
Total
36.5
41.0
35.2
23.8
59.0
39.2
31.6
7.6
7.6
Cabecera
22.5
27.6
45.6
26.8
72.4
50.4
41.8
8.6
8.6
Resto
64.6
68.6
13.6
17.8
31.4
7.5
11.7
5.7
5.7
1997
Total
28.0
29.0
37.7
33.3
71.0
41.7
37.6
4.1
4.1
Cabecera
17.0
18.2
45.8
36.1
81.8
49.2
45.7
3.5
3.5
Resto
49.6
50.5
21.6
27.9
49.5
26.8
21.6
5.2
5.2
Fuente: Cálculos de la Misión Social del DNP con
base en Dane, Censo de Población 1993 y Encuesta de hogares de septiembre de
1997.
En cuanto a los niños en edades entre los 7 años y 11 años que
deben estar inscritos dentro de la educación primaria, el informe señala que es
la población con mayor nivel de asistencia al sistema educativo, índice que ha
crecido del  85% al  93%, entre 1993 y 1997. "La tasa bruta de
cobertura pasó 110% al 114% mostrando un aumento en el esfuerzo nacional por
atender a los niños de primaria."
Colombia.
Asistencia escolar de los niños de 7 a 11 años. Cobertura de Primaria. Por
zona. 1993-1997[13]
Asistencia Población 7-11 años
Cobertura de Primaria
No Asisten
Asisten
Tasa
Bruta
Tasa
Neta
Diferencia
TB-TN
Extraedad
Ninguna
Total
Preescolar
Primaria
Secundaria
Total
< 7
> 11
1993
Total
8.6
15.0
3.2
9.7
2.1
85.0
110.4
75.2
35.2
8.3
26.9
Cabecera
4.0
9.2
3.6
84.3
2.9
90.8
115.5
80.3
35.2
9.6
25.6
Resto
17.7
26.6
2.4
70.4
0.6
73.4
102.0
66.1
35.9
6.1
29.8
1997
Total
4.1
7.2
1.6
83.6
7.6
92.8
114.8
83.5
31.3
13.4
17.9
Cabecera
2.3
4.7
1.4
83.6
10.3
95.3
110.2
83.6
26.7
14.6
12.1
Resto
7.7
12.1
2.1
83.5
2.4
87.9
123.7
83.4
40.2
11.0
29.2
Fuente: Cálculos de la Misión Social
del DNP con base en Dane, Censo de Población y la Encuesta de Hogares de
Septiembre de 1997.
En este grupo de edad y en este nivel educativo, según se
señala, es donde menos diferencias urbano rurales se observan; la asistencia
escolar en este espacio, entre 1993 y 1997, se incrementó del 91% al 95% en la
zona urbana, y del 73% al 88%, en la zona rural.
Y, según el informe, "en la población que aún no
asiste [al sistema] pesan más las restricciones familiares o personales que la
oferta de cupos escolares. En 1997, los principales motivos de inasistencia
eran económicos (altos costos, necesita trabajar, 45%); falta de motivación o
percepción de costo de oportunidad (17%); los motivos relacionados con factores
de oferta como la falta de cupos o de establecimientos cerca (capacidad) y
pérdida del año o expulsión (eficiencia) (21%). El predominio de razones de
demanda es consecuente, pues la capacidad del sistema o cupos actuales permitirían
cubrir la totalidad de este grupo de población. En la zona urbana, en 1997, la
no asistencia se explica principalmente por razones económicas (56%). En la
zona rural, aunque también tienen mayor peso relativo (38%), la falta de cupos
y establecimientos cerca, explican más de una quinta parte de los no asistentes
(23% frente al 12% en la zona urbana)."
En lo que respecta a los jóvenes entre los 12 y 17 años de
edad, este es el grupo donde se  presentan mayores tasas de inasistencia,
deserción y repetición de grados escolares. Y es también en este grupo de edad,
y en la educación secundaria, "donde se observan las mayores
diferencias, en contra de los jóvenes del campo y de las regiones más pobres.
Por zona, la asistencia de los jóvenes residentes urbanos aumentó del 77% al
84% y entre los residentes rurales, del 47% al 60%. Es decir, para 1997, la
inasistencia de los jóvenes rurales era 2.7 veces la de los jóvenes de las
cabeceras municipales. Entre 1993 y 1997, la asistencia escolar en este grupo
de edad  aumentó del 68% al 77%."
"Las razones de inasistencia
son principalmente de falta de recursos (46%), seguidas de un preocupante 36%,
por falta de motivación y necesidad de trabajar. Pesan menos que en la
primaria, la falta de cupos o de establecimientos cerca (5%). El importante
peso de las razones de no asistencia ligadas con restricciones económicas y
motivación, es, un reflejo de los que muestra el mercado laboral donde la tasa
de rentabilidad de la educación secundaria es baja y ha disminuido. Sin
embargo, es necesario realizar mayor investigación parta determinar la posible
falta de pertinencia de los contenidos para el grupo de jóvenes".
Colombia. Asistencia
escolar de los jóvenes de 12 a 17 años. Cobertura de Secundaria por zona.
1993-1997[14]
Asistencia Población 12-17 años
Cobertura de Secundaria
No Asisten
Asisten
Tasa
Bruta
Tasa
Neta
Diferenc
TB-TN
Extraedad
Ninguna
Primaria
Secund
Total
Primaria
Secund.
Super.
Total
< 12
> 17
1993
Total
3.7
21.7
6.8
32.2
24.3
43.0
0.4
67.8
68.0
47.8
20.2
2.2
18.1
Cabecera
1.8
13.1
7.9
22.9
22.1
54.4
0.6
77.1
86.5
60.7
25.8
2.9
23.0
Resto
7.8
41.0
4.2
53.0
29.4
17.6
0.0
47.0
27.2
19.3
7.9
0.7
7.2
1997
Total
2.0
15.4
6.0
23.3
14.5
61.0
1.1
76.7
80.4
61.1
19.3
6.4
12.9
Cabecera
1.1
7.9
6.9
15.9
9.3
73.3
1.5
84.1
96.5
73.2
23.3
8.3
15.0
Resto
4.1
32.5
3.8
40.3
26.5
33.1
0.1
59.7
43.6
33.1
10.5
2.3
8.3
Fuente: Cálculos de la Misión Social del DNP
con base en Dane, Censo de Población y la ENH-Sept 97.
A pesar de que la cobertura de educación secundaria ha
aumentado, ésta aún no ha alcanzado el 100%, lo que implica que aún existe una
oferta insuficiente frente a la población. Sin embargo, ello no parece
representar preocupación para las familias ya que muchas no reclaman el
servicio educativo a este nivel. “(...) la explicación se debe a que la
oferta de secundaria ha aumentado de manera acelerada, en el cuatrienio 1993-97,
(del 68% al 80% de la población objetivo). El aumento se ha dado a un ritmo
anual de 4.2%, muy superior al de la población. 1%.[15] Otra
parte de la explicación se encuentra en la tendencia de los jóvenes a incorporarse
al mercado de trabajo por razones de preferencia o de falta de ingresos.  Es
notoria la diferencia de cobertura bruta entre la zona urbana y la zona rural,
en 1997, la urbana alcanzaba 96%, mientras que la rural a pesar de haber
crecido notablemente, 16 puntos porcentuales en cuatro años, solo alcanza el
43% en 1997." Por su parte, "la deserción en este nivel de
educación, bajó del 28 al 21%; quienes se retiran tienen ahora más educación:
del total que no asiste, el porcentaje que se retiró con algún grado de
secundaria, aumentó del 21% y al 26%, entre 1993 y 1997. Por zonas, la
disminución fue mayor en la zona rural, nueve puntos porcentuales, pero la tasa
de 1997 es aún 2.5 veces más alta que en la urbana. La educación acumulada
antes del retiro, es mayor en la zona urbana donde 44%, se retira con algún año
de secundaria, mientras que en la rural 81% se retira con primaria."
Lo mismo ha ocurrido con la repetición de los grados de educación secundaria.
Ahora bien, atendiendo a las insuficiencias presentadas en
materia de cobertura y niveles de acceso a  educación secundaria, con la
financiación del Banco Mundial se ha desarrollado el proyecto "Programas
de Ampliación de la Cobertura de la Educación Secundaria"[16] - PACES[17] -, para mejorar la retención
de los menores en los centros educativos, especialmente de jóvenes con
problemas económicos y orientado a apoyar a los estudiantes pobres a través de
becas para sus estudios en los  grados 6° al 11°. Este programa, desde  1992 "ha
cubierto 216 municipios y cerca de 90.000 estudiantes en mas de 1800 colegios
privados, hasta 1997. La mayoría de los colegios participantes están ubicados
en áreas urbanas. Los 10 municipios más grandes tienen el 55% de los
estudiantes con becas y el 62% de los colegios participantes, de acuerdo con el
diseño inicial del programa."
9. Acceso a la educación y nivel de ingresos
El informe al que se ha hecho refrencia, plantea que existe
una clara relación entre el nivel de ingreso familiar y las posibilidades de
acceso a la educación de algunos menores. En este sentido, señala que la
asistencia a centros educativos, en relación con el nivel de ingresos, muestra
que los más "discriminados" son los niños de 5 y 6 años y los mayores
de 18 a 24 años de los hogares más pobres.  "En consecuencia, la
educación superior y la educación preescolar son un privilegio de los hogares
de mayores ingresos. Para los menores, la asistencia en los hogares más ricos
es más del doble que la de los más pobres (87% y 40%) y el triple, en el caso
de los adultos (60% y 20%). Por contraste la distribución de la asistencia de
los de 12 a 17 años y de los niños de 7 a 11 años, es la menos regresiva."
En los mismos
términos, se plantea la relación entre la cobertura de cada nivel educativo y
el nivel de ingresos. Así, conforme con los datos presentados en el informe,
"la cobertura neta de la educación superior en el quintil de mayores
ingresos es 23 veces su cobertura en el quintil más pobre (53% y 2%
respectivamente); la cobertura neta de preescolar en el quintil superior de
ingresos es casi tres veces su cobertura en el quintil de menores ingresos (63%
y 25%);  por último, la cobertura neta de secundaria en quintil más pobre es la
mitad de aquella en el quintil más rico (43% y 86%, respectivamente). La menor diferencia
en cobertura neta se presenta en primaria: 80% en los hogares pobres y 86%, en
los hogares ricos."
10.  Los casos
bajo estudio
Si bien es cierto,
como se ha tratado de reseñar en la presente providencia, que existen
innumerables instrumentos nacionales e internacionales enfocados en el
propósito de eliminar toda forma de trabajo infantil y lograr una cobertura
total del servicio educativo para los niños y jóvenes en edad escolar, no lo es
menos que la realidad económica del país conduce a que el desempleo y el bajo
poder adquisitivo de los salarios de los adultos, incidan de manera
determinante en que los niños y los jóvenes deban trabajar para complementar
los ingresos de su núcleo familiar y satisfacer así sus propias necesidades.
Sin embargo, a
juicio de la Corte, este no es un argumento suficiente para avalar el trabajo
infantil ni para respaldar el hecho que los menores en edad escolar dejen de
asistir a los programas de educación formal para niños y jóvenes, que está
obligado a ofrecer el Estado. Una cosa es que los ingresos que recibe el menor
trabajador puedan ser determinantes para la consolidación de una mejor calidad
de vida de su familia y la suya propia - muchas de ellas inmersas en la
pobreza absoluta -, lo que hace loable el esfuerzo del menor trabajador  y
otra,  muy diferente, es que se utilice este argumento para sustraer a los
menores del ámbito escolar, propio de la edad en que requieren de un desarrollo
integral de su ser - capacitación, esparcimiento, interactuar con sus semejantes,
etc-.
Es obligación del
Estado garantizar a los menores el disfrute de todos sus derechos, entre ellos
el de la educación. Para ello, se ha establecido que ésta,  en  los ciclos de
primaria y media básica debe ser gratuita para permitir que los menores asistan
regularmente a los centros educativos en el sistema formal de educación, lo que
obliga, igualmente al propio Estado, a tomar otras acciones que hagan viable
éste y a su vez otros derechos. Piénsese, por ejemplo, en un niño o joven que
no puede alimentarse en debida forma o sencillamente no se alimenta, obviamente
tampoco podrá atender en forma adecuada  sus responsabilidades académicas,
razón ésta que obliga al Estado a ofrecer los medios necesarios para que los
menores de edad puedan gozar del pleno de sus derechos  fundamentales sin
necesidad de  entrar en el mercado laboral para lograr el goce efectivo de
alguno de éstos.
Los derechos
fundamentales de los niños, en este sentido, han de ser tomados en serio por el
Estado y si bien exigen acciones positivas por parte de la administración,
éstas no pueden obviarse, sobre todo cuando el mínimo vital de los menores está
involucrado.
En este contexto, y
volviendo al caso que ocupa la atención de esta Sala, es evidente que por razón
de la situación económica del país, también la de un sinnúmero de familias
resulta precaria, de donde los ingresos que pueda obtener un menor, producto de
su trabajo, generalmente resultan significativos para la economía familiar y
para su propia subsistencia. En este orden, la Sala no puede desconocer la
realidad nacional y la de estas familias, realidad que tampoco resulta ser
razón suficiente para avalar el desconocimiento de los derechos de los niños.
En consecuencia, es
obligación del juez constitucional armonizar la tensión que se presenta  entre
la garantía plena que el Estado debe  dar a los derechos de los niños, uno de
ellos, el derecho a la educación - que supone que los menores han de
desarrollarse en el ámbito escolar que les corresponde - y la realidad
social que hace que, en ciertos casos, las precarias condiciones
socio-económicas de la familia de un menor haga necesario su aporte económico
mediante la fuerza  laboral.
La ponderación que
ha de realizar el juez constitucional, entonces, debe hacerse teniendo en
cuenta las circunstancias de cada caso en concreto y ha de partir del principio
según el cual es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado,
propender por la garantía efectiva de los derechos de los niños, entre ellos el
derecho a la educación, que en el caso de los menores adquiere el carácter de
fundamental por expresa disposición constitucional (art. 44, C.P.), de manera
que, salvo en casos excepcionales de comprobada imposibilidad de acceso al
sistema de educación formal para niños en edad escolar, no es
constitucionalmente posible excusar a los menores del ejercicio pleno de su
derecho a la educación, ni a las familias ni a la sociedad ni al Estado de su
deber correlativo  de garantizarlo.
Así, en la medida en
que el juez constitucional pueda valorar todas las circunstancias que llevan a
un menor de edad a solicitar su ingreso a un programa de educación para
adultos, sopesara éstas para determinar si se debe inaplicar la reglamentación
que se ha expedido sobre el particular. La orden del juez, en este contexto,
tendrá como objeto el garantizar el derecho a la educación del menor. En este
orden, y en el evento en que efectivamente la situación económica de las familias
de los menores  resulten apremiante y resulte indispensable para éstas  el
aporte económico de las menores, habrá de ser el inspector laboral o la primera
autoridad local como el defensor de familia, quienes decidan sobre su permiso
para laborar, y una vez obtenido éste, entonces sí se podrá solicitar el
ingreso del menor a un programa de educación que se adecue a sus necesidades
cuando su trabajo no le permita asistir a un programa de educación formal.
En este sentido, el
inspector laboral o la primera autoridad local, como el defensor de familia han
de velar porque los derechos del menor no resulten desconocidos, en especial,
se velará porque el derecho a la educación no sufra mengua alguna. En
consecuencia, cuando se expida la autorización que deben extender estos
funcionarios, también se realizarán las gestiones que sean necesarias para que
estos menores no suspendan su formación académica y cuando ello sea necesario,
las normas que prohiben el ingreso de los menores a los programas de educación
para adultos serán inaplicadas.
En este orden de
ideas, ha de analizarse cada uno de los casos de la referencia.
10. 1 Expediente
T 349336
La Sala encuentra
que los hechos que dieron lugar a la acción de tutela interpuesta por Natalia
Arias,  constituyen un hecho superado, si se tiene en cuenta que la razón por
la que la actora no fue admitida para matricularse en el grado 11º dentro del
ciclo de educación para adultos que ofrece el Colegio Ateneo Autónomo de
Colombia fue fundamentalmente porque  al momento  de tal solicitud, la señorita
Arias no tenía cumplidos los diez y ocho (18) años de edad.
Según señala el
artículo mencionado, a la educación media para adultos podrán acceder las
personas que hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato básico
por haber cumplido satisfactoriamente con todos los ciclos lectivos especiales
integrados de la educación básica para adultos o a aquellas de diez y ocho (18)
años o más que acrediten haber culminado el noveno grado de educación básica.
Sin embargo,
conforme a los datos que operan dentro del expediente, la actora  cumplió el
día trece (13) de junio de dos mil (2000) la mayoría de edad, de manera que a
la fecha de la presente sentencia, y conforme a los postulados del Decreto 3011
de 1997, no existe ningún impedimento para que la señorita Arias sea admitida
en el ciclo cinco de educación para adultos.
Así las cosas, se
revocará, por las razones expuesta, el fallo de instancia y se ordenará al
Colegio accionado que, de no haberlo hecho ya, autorice la matrícula de la
señorita Natalia Arias para cursar  el ciclo cinco (décimo grado) de educación
para adultos.
10.2.
Expedientes  T 351767 y T 385 006
La señora Martha
Elena Hernández - obrando en representación de su hija Francy Elena Torres Hernández
de 14 años de edad - instauró acción de tutela contra el Colegio Nocturno
Jacinto Vásquez Ochoa del Municipio de Tarquí (Huila), bajo el argumento de que
la institución educativa referida se ha negado a concederle un cupo para que su
hija culmine los estudios de educación básica secundaria y media vocacional en
el sistema de educación para adultos que presta esa institución, porque no
tiene la edad requerida por las normas legales para tal efecto.
Manifiesta la actora
que la situación económica por la que atraviesa ella y su esposo no les permite
sufragar los gastos que demanda la educación de Francy Elena y la de sus 4
hermanos menores, por lo que la joven ha debido buscar trabajo y retirarse de
los estudios que cursaba en la jornada diurna del  Colegio Esteban Reyes Tovar.
Señala que durante el año lectivo de 1999 la menor cursó el grado 9. En la
actualidad, según se desprende del expediente, la menor se desempeña en labores
del servicio doméstico en la residencia de algunas de sus tías.
Por su parte, la señorita Susana Fernanda Rodríguez,
de 15 años de edad, instauró acción de tutela contra el Colegio San José de
Guanenta, toda vez que iniciado el período lectivo y pese a haberse hecho
presente en las aulas, cursando normalmente el ciclo de educación para adultos
correspondiente a octavo grado de secundaria, no se le ha permitido formalizar
la matrícula, bajo el argumento de que no cumple con los requisitos
establecidos por el artículo 16 de Decreto 3011 de 1997. Señala, que por su
precaria situación económica, se ve obligada a trabajar en horario hábil para
costearse sus estudios, no obstante en el expediente no obra prueba alguna de
su vinculación laboral. Agrega, que además de su derecho a la  educación,  se
le ha vulnerado su derecho a la igualdad, por cuanto en el ciclo cuarto al cual
asiste, se encuentran matriculados otros estudiantes también menores de edad.
Para resolver estos
dos casos, es importante recordar que el sistema jurídico colombiano, y muy
especialmente la Constitución de 1991, consagran en favor de los menores una
serie de derechos fundamentales que cuentan con un plus para su
protección. Dentro de tales derechos, está el derecho a la educación que, en
los términos de la jurisprudencia de esta Corporación  implica el derecho de
todo menor a formar parte de los programas de educación formal que ofrece el
servicio público de educación, el cual está conformado por un año de educación
preescolar y nueve años de educación básica primaria y secundaria (sentencia
SU-624 de 1999). Así las cosas, y conforme a las consideraciones generales
realizadas en la primera parte de la presente providencia, es claro para la
Corte el deber que le asiste a la familia, a la sociedad y al Estado de
propender porque los menores que se encuentran en edad escolar asistan
regularmente a los centros educativos de educación básica y no inviertan sus
esfuerzos en el mercado laboral, pese a que en algunos eventos especiales es
posible admitir que el menor trabaje. Ello, sin embargo, en sentir de la Corte,
no obsta para que los menores puedan ser sustraídos del ejercicio del derecho a
la educación, sin que  la familia, la sociedad o el Estado, hubiesen tomado
todas las medidas necesarias para que ello no suceda.
Por tanto, no basta
la simplemente alusión a una difícil situación económica de las familias de las
actoras, para que éstas puedan acceder a sus pretensiones de apartarse  del
sistema educativo formal, y poder así laborar durante el día y estudiar en las
horas de la noche. Precisamente, para atender los eventos de una comprobada
necesidad de trabajar, es que la legislación laboral ha previsto que se pueda
autorizar el trabajo de menores, eso sí, con las restricciones propias que
implica la consideración especial a la edad del trabajador, a fin de que el
ejercicio de sus derechos fundamentales y de sus derechos como niño y
adolescente no resulten afectados por causa o con ocasión del trabajo, y si
existe afección, que ésta sea la menor posible. Ello supone, entonces, que en
cualquier evento, habrá de garantizarse que, pese a la condición de trabajador,
el menor podrá ejercer plenamente el derecho a la educación que le asiste.
En estos términos,
no le es dable a la Corte conceder los amparos solicitados por las actoras, por
cuanto no está demostrado que exista el permiso para laborar otorgado por las
autoridades respectivas, permiso que a su vez,  analizadas las condiciones de
cada menor ha de servir para que los menores accedan al servicio público de
educación en condiciones de igualdad con todos los menores que se encuentran en
edad escolar y dentro del grado que les corresponda, según su nivel de
escolaridad.
Por tanto, en lo que
se refiere al derecho a educación de las jóvenes del caso bajo examen, la Corte
reitera que es deber de la familia, la sociedad y el Estado, velar por su
efectivo goce, de manera que las respectivas familias habrán de realizar los
esfuerzos que estén a su alcance,  a fin de garantizarles el disfrute de este
derecho, en las condiciones planteadas por esta Corporación. Al efecto, y en el
evento de que las condiciones económicas así lo exijan, antes que autorizar la
desvinculación del sistema educativo de un menor, los estamentos mencionados
están en la obligación de tramitar ante las autoridades los auxilios a los que
haya lugar para lograr la permanencia del menor en el sistema educativo formal.
Sólo cuando estas etapas se agoten, las autoridades autorizarán que el menor
entre en el mercado laboral, previendo que pueda seguir con su desarrollo
social e intelectual, acorde con su edad y niveles de escolaridad.
Así, llama la
atención a la Sala, que en el caso de la menor Martha Elena Hernández, sea la
propia familia la que ha dejado de  lado la obligación  de permitir el goce
efectivo de sus derechos, al ser ellos quienes la tienen laborando para sí,
desconociendo su deber de solidaridad para con ésta, por cuanto está demostrado
que trabaja al servicio de una de sus tías, quienes en lugar de colaborar con
la menor para que ésta pueda estudiar y desarrollarse libremente en su condición
de menor de edad, asistiendo a un centro educativo en una de las dos jornadas
diurnas que algunos de éstos ofrecen, le compra su fuerza laboral, lo que es a
toda luces reprochable.
Finalmente, en el
caso de la menor Susana Fernanda, encuentra la Corte que efectivamente se ha
vulnerado su derecho a la igualdad. Así, como lo señaló ella y lo ratificó la
Secretaria del colegio accionado en la declaración rendida ante el juzgado de
instancia, dado que en la jornada nocturna del plantel accionado se encuentran
matriculados otros menores que, al parecer, están en las mismas condiciones de
la actora. En atención a ello, se ordenará compulsar copias del presente
proceso a la Secretaría Departamental de Educación de Santander para que dicha
entidad realice las investigaciones que sean del caso, en aras a investigar y
sancionar, si a ello hubiere lugar, las irregularidades que se estén
presentando en el plantel.
10.3  Expediente
T 357835
La
menor  Marcela Zapata Campos,  de 17 años de edad (cumplidos en el mes de mayo
de 2000), instauró acción de tutela contra el Colegio El Chairá del municipio
de Cartagena del Chairá (Caquetá), por cuanto la institución educativa referida
se ha negado a concederle un cupo para que culmine sus estudios de educación
básica secundaria y media vocacional. La menor cursó el grado 9º en 1998 y 2
meses del grado 10º en  1999, en la jornada diurna de la misma institución.
Agrega que no se encuentra trabajando y que la razón por la que reclama un cupo
en la jornada nocturna radica en que hace vida conyugal y que su compañero se
ha ofrecido a costearle los estudios pero en la noche, porque en el día debe
atender las tareas del hogar - esta afirmación fue corroborada en la
declaración rendida ante el fallador de instancia por el compañero de la menor
-.
Como se desprende de
los hechos narrados, en el presente evento la tensión anteriormente planteada
entre el derecho a la educación de la menor y las situaciones económicas que la
obliguen a trabajar en horario escolar, no se presenta. Por el contrario, se
desprende que tanto la menor como su cónyuge, simplemente prefieren que
ella asista a la jornada nocturna, bajo el argumento de que durante el día ella
debe atender las tareas del hogar. Este argumento, a juicio de la Sala, resulta
absolutamente inaceptable como fórmula para sustraer a un menor de edad del
disfrute de su derecho a  participar de los programas de educación formal
ofrecidos por el servicio público de educación.
Como se ha señalado
ya en esta providencia, la reglamentación tanto en materia laboral como en lo
que se refiere a la materia educativa, responde a una doble preocupación de
política social, en punto a sustraer a los menores del mercado laboral, y a
garantizarles el pleno disfrute de sus derechos, en especial, el derecho a la
educación. Así las cosas, mal podría decirse que la idea de ingresar a los
programas de educación para adultos, reclamada por la actora en el presente
caso, encuentre justificación en el orden constitucional o legal, máxime si
ella misma reconoce que no son  razones económicas las que la obligan a
disponer del tiempo que habría de dedicarle al estudio dentro de las jornadas
de educación formal que ofrece el servicio público o privado de educación, sino
simplemente un requerimiento de su vida conyugal.
Al respecto, no deja
de sorprender a la Sala la convicción de la pareja de la menor,  con respecto a
negar su vinculación a un programa de educación formal que corresponda con los
requerimientos propios de su edad y nivel de escolaridad. Pretender que una
menor, en sus condiciones, se sustraiga del goce de sus derechos, sin que
exista una justificación constitucionalmente legítima para ello, resulta
inaceptable. Por su parte, y como acontece en el caso de los padres, en el
presente evento corresponde al compañero permanente de la menor velar por que
ella goce efectivamente de los derechos que le corresponden, y entre ellos, el
de brindarle las condiciones para que ingrese a un centro educativo apropiado
para su edad y correspondiente con su nivel de escolaridad, como lo son
aquellos que se encuentran inscritos dentro de los programas de educación
formal para menores en edad escolar.
Por otra parte, es
claro para la Sala que el plantel accionado no ha hecho cosa distinta que
aplicar la reglamentación propia de la educación para adultos, al negarse a
legalizar la matrícula de la menor en el ciclo correspondiente a los grados
10º y 11º, ya que, como se desprende también de los antecedentes señalados para
el presente caso, la menor no cumple con los requisitos señalados por el
artículo 16 del Decreto 3011 de 1997 que regula la materia, pues aunque tiene
más de 15 años de edad, no ha permanecido dos años por fuera del sistema
educativo. Ello, sin embargo, no sustrae a la institución educativa accionada
de la responsabilidad que le corresponde por la discriminación de que ha sido
objeto la actora. Como bien lo señaló en su proveído el juez de segunda
instancia, en el plantel accionado se encuentra matriculada la menor Eunice
Alvarez Echeverry, de 17 años de edad, dentro del programa de educación
nocturna para adultos, por causa de una irregularidad presentada en la
Secretaría del Colegio. En estos términos, es evidente que el derecho a la
igualdad de la menor se ha visto afectado, pero este hecho tampoco resulta
conducente para determinar la obligación de la institución en aceptar la
matrícula de la actora.
Por el contrario, es
claro para la Sala que la mencionada irregularidad habrá de ser investigada por
la autoridad competente a fin de establecer a responsabilidad que por tal hecho
corresponda al plantel.
Así las cosas, la
Sala confirmará la decisión adoptada por el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito
de Puerto Rico (Caquetá), mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia en la cual se negó el amparo solicitado por la actora. Igualmente, se
confirmará la orden impartida por dicho juzgado, en punto a compulsar copias
del proceso a la Secretaría Departamental de Educación para que dicha entidad
realice las investigaciones que sean del caso.
10.4  Expediente
351765
La madre del menor
José Alverson Rivera Tovar de quince (15) años de edad,  interpuso acción de
tutela contra el Colegio Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa, toda vez que el
mencionado plantel se ha negado a recibirle la matrícula de su hijo para el
ciclo correspondiente al grado octavo de educación secundaria, por no cumplir
el menor con requisitos señalados por el artículo 16 del Decreto 3011 de 1997.
Manifiesta la señora que  habita en la vereda de San Francisco cercana a la
vereda el Vergel, aledaña al municipio de Tarquí y que la situación económica
que atraviesan ella y su esposo no les permite sufragar los gastos de la
educación de José Alverson. Sostiene que derivan su sustento de los cultivos de
café y aclara que su esposo presenta problemas de salud que no le permiten
estar al frente de las labores del cultivo, por lo cual José Alverson se ha
hecho cargo de ello. Agrega que cuando no es época de cultivo, José Alverson
labora en otras fincas del lugar y con la remuneración que por ello recibe,
ayuda a cubrir los gastos del hogar.
Los padres del menor
no cuentan con recursos para sufragar los gastos que implicarían que él
estudiara en la jornada diurna, ya que para tal fin tendría que trasladarse a
vivir al municipio de Tarquí. Si ingresa a estudiar al plantel accionado, por
el contrario, podría recibir el subsidio de transporte que ofrece la alcaldía a
los estudiantes de dicho colegio que habitan en la Vereda del Vergel. El menor
señaló que él prefiere trabajar de día y estudiar de noche ya que es la única
fórmula que le permitiría continuar con sus estudios. Agregó que lleva un año
sin estudiar y que el último grado que cursó fue 7º.
Preguntada la
Secretaría de Educación Departamental del Huila sobre la cobertura de educación
básica primaria y secundaria en el área rural del departamento, y
específicamente del municipio de Tarquí, la Secretaría informó a la Corte que
desde el mes de septiembre de 1997 se adoptó el programa Educación Post Primaria
Rural para ofrecer educación básica primaria y secundaria en el área rural del
departamento, procurando  cubrir así el acceso y la permanencia de los niños
del campo en el sistema educativo durante un año de educación preescolar y
nueve años de educación básica. En relación con las veredas del El Vergel y San
Francisco del municipio de Tarquí, la Secretaría señaló que “en la vereda El
Vergel (…) existe el Colegio Básico Rural el Vergel como programa Post
Primaria, el cual cuenta con una población escolar de 184 alumnos y con un
grado preescolar, los cinco grados de primaria y sexto y séptimo grado de
secundaria. En la vereda San Francisco sólo se cuenta con un Centro Docente
Rural San Francisco, el cual atiende una población escolar de 42 alumnos en los
cinco grados de primaria”.
Así las cosas,
parece claro para la Sala que en el presente evento la difícil situación
económica por la que atraviesa la familia del menor, según argumenta su madre,
se suma al hecho de que, efectivamente, la cobertura del servicio público de
educación en su lugar de residencia es precaria y no le ofrece al joven José
Alverson la posibilidad de acceder a él en el grado para el cual está
preparado. De hecho, según manifestó el joven, cursó ya el grado 7º de la
educación secundaria por lo que  reclama un cupo en un centro de educación para
el grado 8º. Y como queda claro del concepto emitido por la Secretaría de
Educación del Huila, los centros de educación aledaños a su residencia, tanto
en la Vereda san Francisco como en la Vereda El Vergel, sólo ofrecen educación
secundaria hasta el grado 7º. Siendo esto así, se prueba que  para el joven, la
única posibilidad de acceder a la educación formal secundaria que corresponde
al grado de su escolaridad, sería desplazarse diariamente a la cabecera
municipal, vale decir al Municipio de Tarquí, lo cual, conforme a la
descripción hecha por la actora, resulta sumamente costoso, toda vez que le
implica desplazarse de San Francisco al Vergel y de allí a Tarquí.
En este orden de
ideas, y atendiendo a lo planteado hasta el momento, negar el amparo solicitado
por la madre del menor, en el presente caso, equivaldría a negarle a éste su
derecho a la educación, no tanto por el hecho de que sus condiciones económicas
le impidan tener acceso a los ciclos de educación formal en el horario escolar
tradicional, sino por el hecho de que en su lugar de residencia no existen las
condiciones necesarias para que él continúe sus estudios. Así las cosas, es
claro que existe una deficiencia en la prestación del servicio público de
educación en la zona rural del municipio de Tarquí, que obliga a los jóvenes
con grado de escolaridad secundaria superiores al grado 7º a buscar
alternativas diferentes para completar su educación básica y media vocacional.
Por este motivo, la Corte concederá el amparo solicitado por la madre de José
Alverson, para que a dicho menor se le permita ser matriculado en el Colegio
Nocturno Jacinto Vasquez Ochoa, en el ciclo de educación para adultos
correspondiente al grado 8º de educación secundaria y los siguientes, según sus
avances académicos, entre tanto, la Secretaría Departamental de Educación no
provea lo necesario para ofrecer todos los ciclos del servicio de educación
básica secundaria y media vocacional en las veredas de San Francisco y El
Vergel del municipio de Tarquí. En este sentido, se advertirá a la mencionada
Secretaría que disponga lo pertinente para ampliar la cobertura del servicio
público de educación en las áreas rurales del departamento, y en especial que
disponga lo necesario para que los pobladores de las veredas El Vergel y San
Francisco tengan acceso a todos los grados de educación básica (primaria y
secundaria) que ordena la Carta Fundamental.
Con todo, hay un
asunto que inquieta a la Sala. Si bien es cierto que las condiciones de
deficiente cobertura del servicio público de educación en la zona rural de
residencia del menor José Alverson impiden que éste continúe con sus estudios
en un centro educativo cercano a su lugar de residencia, y que son grandes las
dificultades económicas que le plantea la posibilidad de desplazarse a diario
hasta el municipio de Tarquí para estudiar allí - lo cual permite a la Corte
avalar su ingreso al centro educativo accionado aún sin el cumplimiento de los
requisitos señalados por el Decreto 3011 de 1997 -, no lo es menos que ello no
justifica que el menor se vea sometido a jornadas laborales extensas, no sólo
en la parcela de propiedad de su familia, sino en las fincas vecinas en calidad
de jornalero.
Como se señaló, en
principio no existe una justificación constitucionalmente válida para que los
menores de edad se sustraigan del disfrute de sus derechos fundamentales,
especialmente, para el caso en estudio, del goce de su derecho a la educación.
Así las cosas, y conforme a legislación vigente sobre la materia, la Corte hará
un llamado a la familia del menor José Alverson para que evite que el menor
trabaje, más aún, en cuanto se refiere al trabajo como jornalero en las fincas
aledañas a la suya. Ello por cuanto como se señaló anteriormente, el trabajo
infantil, sin previa autorización del inspector del trabajo o de la primera
autoridad local, está prohibido por la legislación colombiana. Al respecto vale
recordar que es la familia, en primera instancia, la encargada de velar por el efectivo
goce de los derechos por parte de los menores, de manera que es deber de ella,
en el caso bajo estudio, velar por que el menor se desarrolle en un ambiente
apropiado para su desarrollo psicológico e intelectual, y no ingrese
tempranamente al mercado laboral.
Lo anterior, por
supuesto, no obsta para que el menor participe de las tareas propias de la
parcela de propiedad de su familia, siempre que tal función no le impida su
pleno desarrollo como infante y el disfrute pleno de sus derechos, en especial,
para que como en el caso bajo examen, no interfiera con el ejercicio de su
derecho a la educación. Los trabajos agrícolas de los menores de edad, en las
zonas rurales, cuando éstos no son excesivos y por el contrario contribuyen a
su proceso de crianza y formación personal, son admitidos expresamente en el
numeral 3 del artículo 5 del convenio 138 de la OIT (que regula la edad mínima
de admisión al empleo), según el cual “[l]as disposiciones del presente
Convenio deberán ser aplicadas, como mínimo a: minas, (…) y plantaciones y
otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al
comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones
que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores
asalariados”.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el fallo proferido por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, el doce (12) de mayo de dos mil
(2000), mediante el cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Neiva, dentro del proceso de tutela iniciado por Natalia
Arias, que denegó el amparo solicitado por ésta.
Segundo.- CONFIRMAR por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el fallo proferido por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tarquí (Huila), el tres (3) de abril de
dos mil (2000), mediante el cual revocó el fallo proferido en primera instancia
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tarquí (Huila), dentro del
proceso iniciado por la señora Martha Elena Hernández, en representación de su
menor hija Francy Elena Torres Hernández.
Tercero.- ADVERTIR a los padres y demás
familiares de la menor Francy Elena Torres adoptar las medidas necesarias para
que la menor no trabaje y, en caso que se compruebe por las autoridades
competentes que su trabajo es necesario, se comprometan a garantizar el goce
efectivo de su derecho a la educación, permitiendo su asistencia a una de los
dos jornadas diurnas que ofrecen distintos centros educativos de la localidad
donde reside la menor y sus familiares.
Cuarto.-
CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de San Gil, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000),
mediante el cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil
Municipal de San Gil, que denegó el amparo dentro de la acción de tutela
instaurada por Susana Fernanda Rodríguez.
Quinto.- ORDENAR que por Secretaría General se compulsen
copias de la presente providencia y del expediente T 385006 a la Secretaría
Departamental del Educación de Santander, para que se realicen las
investigaciones correspondientes, conforme a lo señalado en la parte motiva de
la presente sentencia.
Sexto.- ADVERTIR a los padres de la menor Susana Fernanda
Rodríguez, adoptar las medidas necesarias para que la menor no trabaje y, en
caso que se compruebe por las autoridades competentes que su trabajo es
necesario, se comprometan a garantizar el goce efectivo de su derecho a la
educación, en los términos planteados en la parte motiva de la presente
providencia.
Séptimo.-
CONFIRMAR en su integridad,
por las razones expuestas en esta providencia, el fallo proferido por el
Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Rico  (Caquetá), del veintisiete
(27) de junio de dos mil (2000), mediante el cual se confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá, dentro
del proceso iniciado por la señorita Marcela Zapata Campos.
Octavo.- REVOCAR la sentencia proferida por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tarquí (Huila), el veintisiete (27) de
abril de dos mil (2000), mediante la cual se denegaba  el amparo solicitado por
la señora Aidee Tovar Chavarro, en representación de su menor hijo José
Alverson. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado y ORDENAR al
rector del Colegio Nocturno Jacinto Vásquez Ochoa, que autorice la matrícula
del menor, en la jornada nocturna, para cursar el ciclo de educación para
adultos correspondiente al grado 8º de educación secundaria y los siguientes, según
sus avances académicos, entre tanto la Secretaría Departamental de Educación
del Huila no provea lo necesario para ofrecer todos los ciclos del servicio de
educación básica secundaria y media vocacional en las veredas de San Francisco
y El Vergel del municipio de Tarquí.
Noveno.- URGIR a la Secretaría Departamental del Educación
del Huila que disponga lo pertinente para ampliar la cobertura del servicio
público de educación en las áreas rurales del departamento y, en especial,  que
disponga lo necesario para que los pobladores de las veredas El Vergel y San
Francisco tengan acceso a todos los grados de educación básica (primaria y
secundaria) que ordena la Carta Fundamental.
Décimo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA  SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
IVAN H. ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
Documentos de Política, Nº 1, Mayo de 1996 -
UNICEF - REGIONAL OFFICE FOR LATIN AMERCA AND THE CARIBBEAN - OFICINA REGIONAL
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
[2]
Para documentar más este aspecto se pueden consultar los informes sobre
“Equidad en el logro de las metas para la infancia”, volumen I y II, UNICEF -
CEPAL 1998.
[3]
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "Informe final.
Reunión de Puntos Focales. Área Derechos del Niño", Paipa, Colombia, 6 a 9
de diciembre de 1993.
[4]
Documentos de Política, Nº 1, Mayo de 1996 -
UNICEF - REGIONAL OFFICE FOR LATIN AMERCA AND THE CARIBBEAN - OFICINA REGIONAL
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
[5]
UNICEF, 1996, op.cit.
[6] Documentos de Política, Nº 1, Mayo de 1996 - UNICEF -
REGIONAL OFFICE FOR LATIN AMERCA AND THE CARIBBEAN - OFICINA REGIONAL PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
[7]
Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión Social 1999.
[8]
Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión Social 1999.
[9]
Documentos de Política, Nº 1, Mayo de 1996 -
UNICEF - REGIONAL OFFICE FOR LATIN AMERCA AND THE CARIBBEAN - OFICINA REGIONAL
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
[10]
Si bien el estudio del trabajo infantil y adolescente resulta de sumo interés
tanto con respecto a las personas de 13 a 17 años de edad como a las de 10 a 12
años, razones de disponibilidad y confiabilidad de la información aconsejan
realizarlo sólo para el primer grupo. Este resulta de todas formas una buena
aproximación a la situación de actividad de los niños (13 y 14 años) y de los
adolescentes (15 a 17 años), los que se analizan en conjunto para contar con un
número de casos muestrales suficientes para las desagregaciones requeridas por
el análisis.
[11]
Asimismo, los hogares con niños y adolescentes de 13 a 17 años,
independientemente de que trabajen o no, representan entre 25% y 50% del total
de hogares. Si esos hogares no contaran con el ingreso de sus adolescentes que
trabajan, la pobreza aumentaría entre 2 y 5 puntos porcentuales y la indigencia
se elevaría entre 1 y 4 puntos (véase el cuadro 5 del anexo).
[12]
Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión Social 1999
[13]
Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión Social 1999
[14]
Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión Social 1999
[15]  DNP. Boletín No. 19. SISD. 1999.
[16]
Citado en Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia DNP – PNUD - Misión
Social 1999
[17]  El resumen de este programa se
extrae de Sarmiento, A. 1999. Op. cit