T-324-17
Sentencia T-324/17
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
En sentencia SU-173 de 2015, esta Corte reiteró que la configuración de la agencia oficiosa requiere
necesariamente: (i) la manifestación de actuar en esa calidad de agente
oficioso y (ii) que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas o mentales para promover su propia defensa.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
De manera muy excepcional, esta Corporación ha avalado
la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, por
lo cual fijó unívocamente que en ese evento, la demanda debe cumplir los
requisitos generales -procesales- y, además, demostrar la ocurrencia algún
requisito específico de naturaleza sustancial.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
En cuanto al defecto sustantivo, esta Corporación ha
decantado que se configura cuando los
jueces ignoran las normas aplicables al caso puesto a su conocimiento en forma arbitraria y
caprichosa de forma tal que vulnera o amenaza derechos fundamentales de los
sujetos procesales, esto
es, cuando la providencia cuestionada se basa en una disposición
inaplicable para el caso bajo análisis, bien porque perdió vigencia, es
inconstitucional o no guarda conexidad material con los supuestos de hecho que
originaron la controversia.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto fáctico versa sobre el ejercicio propio de
valoración de las pruebas en cada caso, que en principio es libre y autónoma dentro de
los límites de la sana crítica. En aras de preservar independencia, la
autonomía de los jueces y el principio de inmediación, esta Corte ha
restringido su uso a aquellos casos en los que el error en el juicio valorativo de la prueba es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene una incidencia directa en la decisión.
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional/SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Procedencia
excepcional de la tutela para sujetos cobijados por una protección
constitucional reforzada
La jurisprudencia constitucional es pacífica en cuanto
a la naturaleza de derecho fundamental, independiente y autónomo de la
seguridad social en pensiones, lo que ha habilitado su protección
constitucional y excepcional mediante la acción de tutela. A efectos de determinar la procedencia excepcional el
juez debe analizar las condiciones particulares del actor y establecer si el medio de
defensa judicial ordinario es lo suficientemente idóneo para proteger de manera
integral sus derechos fundamentales, ya que, en caso de no serlo el conflicto
planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema
de carácter constitucional. Sin embargo, cuando el interesado es una persona sujeto de especial
protección la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad
del medio judicial ordinario para protegerlo se presume.
SEGURIDAD SOCIAL-Concepto
El artículo 48 superior prescribe que
“se garantiza a todos
los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”, definiéndola como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado y como una garantía irrenunciable de todas las personas,
por lo que puede ser reclamada en cualquier momento. Esta se encuentra
materializada en la cobertura de (i) pensiones, (ii) salud, (iii) riesgos profesionales
y (iv) los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley. Ello,
a través de la afiliación al sistema general de seguridad social que se refleja
necesariamente en el pago de prestaciones sociales estatuidas.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental y autónomo
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION
PENSIONAL-Naturaleza jurídica
y finalidad
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Beneficiarios
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden de prevalencia de los beneficiarios
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Requisitos
PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA
HERMANOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Requisitos
SUSTITUCION PENSIONAL PARA BENEFICIARIOS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Según el orden de prelación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE
SUSTITUCION PENSIONAL-Improcedencia por no configurarse defectos sustantivo y fáctico
alegados por accionante
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a favor del
agenciado
Referencia:
Expedientes T-5.910.855 y T- 5.959.719.
Acciones de tutela interpuestas por Ruth Cecilia
Ballesteros Londoño, en representación de Vilma Patricia Ballesteros Londoño,
contra el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Primera Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (T- 5.910.855) y, por la
Procuradora Veintiocho Judicial para Defensa de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia y la Familia, en agencia oficiosa del señor José Raúl Macareno
Méndez, contra el Banco de Bogotá (T-5.959.719).
Magistrado (e.):
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e.), Alberto Rojas Ríos e Iván
Humberto Escrucería Mayolo (e.), quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
por la Sala de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia (T-5.910.855)
y el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja y el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad (T-5.959.719).
La Sala de Selección número 2 profirió el Auto del 14
de febrero de 2017, mediante el cual seleccionó los expedientes T-5.959.719 y
T-5.910.855 y los acumuló por presentar unidad de materia para que fueran
fallados en una sola providencia.
I. ANTECEDENTES.
1. Expediente T-5.910.855[1].
La señora Ruth Cecilia Ballesteros Londoño, en
representación legal (curadora) de Vilma Patricia Ballesteros Londoño (55 años[2]),
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 19 Laboral del Circuito de
Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, por considerar que a través de las sentencias del 19 de marzo de 2015
y del 24 de noviembre del mismo año, respectivamente, dictadas dentro del
proceso laboral ordinario contra Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A., vulneraron
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud,
a la vida y los derechos de las personas en circunstancia de debilidad
manifiesta.
1.1 Hechos relevantes y pretensiones.
1.1.1. La señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño
nació el 15 de julio de 1962 con hipoxia cerebral, lo cual generó un retardo en
el desarrollo y una enfermedad mental definitiva.
1.1.2. Su hermano, el señor León Darío Ballesteros
Londoño, disponía de la totalidad de la pensión que recibía de Seguros de Vida
Alfa S.A para su sostenimiento, el de su madre Carmen Londoño de Ballesteros y
de su hermana en condición de discapacidad Vilma Patricia Ballesteros Londoño,
suministrando vivienda, alimentación, servicios públicos, vestuario y medicinas.
1.1.3. Afirma que esa dependencia económica se
prolongó hasta el fallecimiento del señor Ballesteros Londoño, el 13 de marzo
de 2009[3].
1.1.4. El 11 de junio de 2010, Coomeva calificó la
pérdida de capacidad laboral de la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño en
51.10%, a partir de la niñez[4].
1.1.5. En julio de 2010 Seguros de Vida Alfa S.A. sustituyó
dicha pensión a la madre del causante desde la fecha de su fallecimiento[5].
Al respecto, aduce que la señora Carmen Londoño Ballesteros fue la única en
hacer la reclamación tras el fallecimiento del causante, por asesoría de los
funcionarios del fondo de pensiones[6].
1.1.6. Detalló que gracias a ese ingreso, la señora
Carmen Londoño procuró sus gastos así como los de su hija en situación de
discapacidad, Vilma Patricia Ballesteros Londoño, quien por su condición no tiene
la facultad de proveerse un mínimo vital.
1.1.7. El 9 de marzo de 2012 la beneficiaria de la
sustitución pensional falleció[7].
1.1.8. El 12 de mayo de 2011, el Juzgado Octavo de
Familia de Medellín declaró la interdicción de Vilma Patricia Ballesteros, designando
como curadora a su hermana, Ruth Cecilia Ballesteros Londoño[8].
1.1.9. En calidad de curadora de Vilma Patricia
Ballesteros solicitó a Seguros de Vida Alfa S.A. y Porvenir S.A. la sustitución
de la pensión de León Darío Ballesteros Londoño, toda vez que al momento de la
muerte de este cumplía con los requisitos para ser beneficiaria, recibiendo una
respuesta desfavorable.
1.1.10. El 23 de mayo de 2012 Seguros de Vida Alfa S.A
negó la petición bajo el argumento que a la peticionaria no le asiste el
derecho porque la prestación se sustituyó a alguien con mejor derecho según el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, a la madre del causante que se
encuentra en primer orden de beneficiarios. Adicionalmente, precisó que al
morir la única beneficiaria de dicha asignación económica se extinguía.
1.1.11. El 14 de noviembre de 2012, Seguros de Vida
Alfa S.A. calificó la pérdida de capacidad laboral del 51.15% y el origen en la
hipoxia cerebral neonatal de la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño[9].
1.1.12. Proceso laboral.
1.1.12.1. Demanda. A raíz de lo anterior, se
inició un proceso laboral en contra de Seguros de Vida Alfa S.A. y Porvenir S.A,
para que se reconozca la sustitución pensional del señor León Darío Ballesteros
Londoño que señalaba que debió haber sido reconocida desde un inicio a favor de
Vilma Patricia Ballesteros Londoño, quien se encontraba legitimada para
reclamar en su calidad de hermana en condición de discapacidad y dependiente
económicamente. Explicó que sólo la señora Carmen Londoño de Ballesteros -madre
del causante- inició el trámite correspondiente según la asesoría que recibió
de la entidad demandada, en lugar de buscar beneficiar también a la hermana que
dependía económicamente del fallecido.
1.1.12.2. Contestación.  Los demandados, por su
parte, contestaron que actuaron conforme al tenor literal del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, en su literal e), dispone que “a falta de cónyuge,
compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste”. Con base en esta norma, argumentaron que la norma precitada
impone un orden excluyente de beneficiarios de la sustitución pensional,
razón por la cual al beneficiar a la madre del causante se excluyó de manera
automática a la hermana.
Adicionalmente, indicaron que la reclamante no
demostró la condición de discapacidad con
anterioridad a la muerte del causante inicial, por lo que no podía haber sido
reconocida como beneficiaria. Por otra parte, adujeron que tampoco era
dependiente económica de la beneficiaria, toda vez que desde el 12 de mayo de
2011 estaba a cargo de su curadora, mas no de su madre.
1.1.12.3. Trámite de primera instancia. El Juzgado
19 Laboral del Circuito de Medellín practicó pruebas testimoniales de Sandra
Patricia Ramírez Ballesteros -sobrina del causante- y Doris Helena Ballesteros
Londoño -hermana del causante-, quienes indicaron que este convivía con su
madre y sus hermanas, Ruth Cecilia y Vilma, a quienes les proporcionaba todo lo
necesario para su sostenimiento (servicios, alimentación, etc.). Respecto de
esta última indicaron que es una persona discapacitada mental, que nunca ha
trabajado ni tiene ninguna propiedad, por lo que el causante se hacía cargo de
ella sin la ayuda económica de nadie más. Respecto del causante indicaron que
no tuvo pareja ni hijos al momento de su fallecimiento.
1.1.12.4. Fallo del a-quo. En fallo del 19 de
marzo de 2015 el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín negó las
pretensiones de la demanda fundamentando que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993
dispone una prelación entre grupos de beneficiarios de la sustitución pensional
que son excluyentes entre sí: (i) cónyuges y compañeros permanentes, hijos
estudiantes y dependientes económicos, (ii) padres dependientes económicos y
(iii) hermanos en condición de discapacidad que acrediten también la
dependencia económica.[10]
Anotó que “ello quiere decir que para que los hermanos inválidos que
dependan económicamente del causante tengan derecho, debe ocurrir lo siguiente:
no debe haber cónyuge o compañero permanente, hijos ni madre ni madre con
derecho”[11].
En ese sentido precisó que “ si el afiliado o
pensionado fallecido ha dejado como supervivientes a sus padres con derecho a
la pensión de sobrevivientes por cumplir con las exigencias de ley para acceder
a ese beneficio económico, ellos excluyen de plano el eventual derecho
de los hermanos inválidos”[12].
Con base en lo anterior resolvió que al haberse
reconocido la pensión de sobrevivientes a la madre del causante, Vilma Patricia
Londoño Ballesteros, en calidad de hermana en condición de discapacidad del
causante, no tiene derecho a acceder a la pretensión pretendida, máxime cuando
desde la demanda se aceptó que quien percibió la pensión de sobrevivientes
dependía económicamente del causante. En ese orden de ideas se sostuvo que no
se cuestionó el derecho de la beneficiaria sino que se pretendía un
reconocimiento concurrente que no está previsto en la ley.
1.1.12.5. Dicha decisión no fue impugnada. Sin
embargo, el expediente fue remitido en grado de consulta a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín[13].
1.1.12.6. Fallo del a-quem El 24 de noviembre
de 2015, la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín confirmó la decisión del a-quo, con base en el siguiente “Análisis
jurídico de la providencia”:
“De lo visto resulta tan claro que la
demandante reclama pensión de sobrevivientes en la calidad de hermana inválida
del causante, esto es en los términos del literal e del artículo 47 de la Ley
100 de 1993. No obstante, el orden en el que se enlistan los beneficiarios de
una pensión de este tipo no es fortuito, todo lo contrario, corresponde a un
orden lógico en el que se clasifica el mejor derecho de los aquellos familiares
más allegados afiliado o pensionado fallecido, encontrándose que allí
únicamente cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos; y, fue el
legislador que privilegió a los cónyuges, compañeros permanentes e hijos como concurrentes
en un primer orden, a los padres que dependían económicamente del causante en
un segundo orden excluyente, y finalmente en tercero a los hermanos inválidos
que dependían del causante.
En efecto, para que estos hermanos
inválidos que dependían económicamente del causante pudiesen llegar a ser
considerados beneficiarios de la prestación económica de sobrevivencia no
pueden existir por encima de ellos otros beneficiarios con mejor derecho como
lo son los cónyuges o compañeros permanentes, actuando de manera principal o en
concurrencia con los hijos, y viceversa, así como los padres que dependían
económicamente del afiliado o pensionado fallecido. Dado que ya se surtió un
trámite administrativo pensional ante la administradora del fondo de pensiones
Porvenir S.A. donde le fue reconocido el derecho a la señora Carmen Londoño de
Ballesteros en calidad de madre supérstite del causante y que al ser excluyente
esos ordenes entre sí, resulta evidente que la demandante jamás tuvo la
oportunidad real de acceder a la pensión que reclama así la hubiese reclamado
conjuntamente con su madre.
Además, según la prueba testimonial
recaudada, compuesta por las declaraciones de Sandra Patricia Londoño
Ballesteros y Doris Ballesteros Londoño quedó demostrado en el juicio que la
señora Carmen como su hija Vilma dependían económicamente de León Darío
Ballesteros, quien sufragaba todos los gastos del hogar y satisfacía todas la
necesidades que su mamá y su hermana requerían, ayudas sin las cuales estas
personas no hubiesen podido subsistir en debida forma. Lo atestado por estos
testigos ratifica el reconocimiento pensional que en su momento se hizo a favor
de la madre, Carmen Londoño, toda vez que la dependencia y subordinación
económica de madre e hijo nunca se puso en duda, y por tal razón se disfrutó de
ese derecho, pues el ingrediente o elemento que se introdujo como nuevo en este
proceso judicial es la también dependencia económica que existía entre el
causante y su hermana inválida. Pero al no ser concurrentes estas
beneficiarias, la madre excluye de manera definitiva a la hermana inválida,
esto es a Vilma Patricia Ballesteros Londoño.
Este es el criterio judicial que impera
en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia del 18 de
agosto de 1999 (…), reiterada luego en sentencia del 23 de octubre de 2007 (…),
donde se señaló: ‘por consiguiente, es forzoso concluir que la ley ha dispuesto
ordenes excluyentes para su reconocimiento a quienes pretenden ser
beneficiarios, de tal manera que el cónyuge o compañero permanente
sobreviviente y los hijos excluyen a los padres, y estos a los hermanos, que se
demuestren depender económicamente del fallecido’.
Pues cosa distinta hubiera sido la
demostración de la no dependencia económica de la madre respecto del hijo, lo
cual sin lugar a dudas habilitaría a la señora Vilma Patricia Ballesteros
Londoño para acceder a la pensión deprecada, logrando hacer caer los elementos
del acto administrativo que reconoció la pensión a la madre del causante. Pero
como tal supuesto no se demostró en este trámite judicial, la sentencia de
primera instancia debe confirmarse en su integridad por encontrarse la providencia
ajustada a derecho.
(…)
En mérito de lo expuesto, (…) confirma la
sentencia objeto de consulta (…)”.
1.1.13. El 2 de junio de 2016, la curadora Ruth
Cecilia Londoño Ballesteros presentó la acción de tutela, mediante apoderado, porque
las decisiones del proceso laboral resultan, a su juicio, en un defecto
sustantivo por aplicar una interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993
que deja de lado la garantía de derechos fundamentales de personas sujeta sa
especial protección y, además, en defecto fáctico porque no reconocen la
situación de discapacidad de su representada, la señora Vilma Patricia Londoño,
vulnerando así los derechos fundamentales invocados[14].
1.1.14. Indica que la curadora no tiene un empleo, no
percibe rentas, pensiones ni ingresos que le permitan ayudar a su hermana.
1.2. Pruebas allegadas al trámite de tutela
De las pruebas documentales que obran en el
expediente, que fueron parte del proceso laboral sobre el cual recae la acción
de tutela que se estudia[15],
se encuentran:
-
Sentencia del 12 de
mayo de 2011, el Juzgado Octavo de Familia de Medellín declaró la interdicción
de Vilma Patricia Ballesteros, designando como curadora a su hermana, Ruth
Cecilia Ballesteros Londoño[16].
-
Declaración extra
procesal de la señora Carmen Londoño de Ballesteros del 18 de mayo de 2010 ante
la Notaria Tercera del Circulo de Medellín, en la cual afirma que es quien
asiste económicamente en todo a su hija Vilma Patricia Ballesteros Londoño, la
cual es discapacitada y vive con ella, que no recibe ingresos de ningún tipo[17].
-
Certificado de
Coomeva del 11 de junio de 2010, en el que calificó la pérdida de capacidad
laboral de la señora Ballesteros Londoño en 51.10%, a partir de la niñez[18].
-
Certificado de
Seguros de Vida Alfa S.A. de la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño, del
14 de noviembre de 2012, en el cual indica la pérdida de capacidad laboral del
51.15% y el origen en la hipoxia cerebral neonatal[19].
-
Historias clínicas de
la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño expedidas por: (i) la Empresa
Social del Estado Metrosalud; (ii) el Hospital Mental de Antioquia; (iii)
Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús[20].
-
Sentencia del Juzgado
19 Laboral del Circuito de Medellín del 19 de marzo de 2015[21].
-
Sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, proferida el
24 de noviembre de 2015[22].
1.3. Respuesta de la entidad accionada
Dentro del término del traslado las autoridades
judiciales demandadas guardaron silencio.
Seguros de Vida Alfa S.A. se opuso, alegando la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por su parte,
Porvenir S.A., de manera extemporánea, adujo que mediante la acción de tutela
se pretende reabrir el debate resuelto en la jurisdicción ordinaria,
desconociendo el carácter subsidiario. Así mismo, argumentó que las autoridades
judiciales demandandas no incurrieron en ninguna de las causales de vía de
hecho que ha identificado la jurisprudencia constitucional.
1.4. Decisiones objeto de revisión.
1.4.1. Primera instancia.
En sentencia del 15 de junio de 2016, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo porque la
parte demandante no recurrió la decisión en sede de casación previamente,
siendo este el escenario natural para reclamar la sustitución pensional que es
objeto de la tutela.
Tampoco advirtió arbitrariedad en los fallos los
cuales están suficientemente motivados al tenor literal del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que impone un orden
excluyente entre los posibles beneficiarios. Por lo tanto, concluyó que al
haberse sustituido la pensión a la madre no podía accederse a la pretensión
actual de Vilma Ballesteros Londoño.
1.4.2. Impugnación.
La demandante impugnó la anterior decisión sin
presentar argumentos distintos a los expresados en la demanda.
1.4.3. Segunda instancia.
En fallo del 9 de noviembre de 2016, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión recurrida. Explicó
que no se observaba la necesidad de la intervención del juez constitucional
porque la sustitución pensional que se discute ocurrió hacía 7 años, por lo
cual no se percibe urgencia en el asunto.
2. Expediente T-5.959.719
La Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de
los Derechos de la Infancia y Adolescencia y la Familia, en agencia oficiosa
del señor José Raúl Macareno Méndez (58 años[23]),
instauró acción de tutela contra el Banco de Bogotá, por considerar que vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social, el debido proceso, a la salud
y el derecho a la vida, por no conceder la sustitución de pensión de la
prestación que gozaba su padre, a pesar de encontrarse en situación de
discapacidad absoluta.
2.1. Hechos relevantes y pretensiones
2.1.1. Refirió que el señor José Raúl Macareno Méndez presenta
un déficit cognitivo[24],
motivo por el cual mediante sentencia del 25 de abril de 2014, fue declarado
interdicto y se designó a Clara Emilia Macareno Méndez y a Carlos Hernán
Macareno Méndez (hermanos) como sus curadores, quienes asumieron el cargo en la
audiencia realizada ante dicha autoridad judicial.
2.1.2. A causa de la enfermedad toda su vida ha estado
en la imposibilidad de proveer para su subsistencia y estuvo bajo la tutela de
sus padres; en un primer momento a cargo de José Macareno Cruz quien recibía
una pensión de vejez a cargo del Banco de Bogotá, la cual disfrutó hasta su
deceso, esto es, el 1º de marzo de 1996. Desde entonces la madre, Rosa Emma
Méndez de Macareno, quien la entidad demandada reconoció como beneficiaria de
dicha pensión de sobrevivientes, asumió su cuidado.
2.1.3. Sin embargo, tras el fallecimiento de la señora
Méndez de Macareno -el 19 de septiembre de 2014-, Clara Emilia Macareno Méndez
en calidad de curadora, el 1 de octubre de 2014 presentó una solicitud al Banco
de Bogotá a fin de que reconociera y pagara dicha pensión a José Raúl Macareno
Méndez, en calidad de hijo del causante, allegando para tal efecto los
documentos que acreditaban el parentesco – registro civil de nacimiento del
interesado-, la discapacidad y la calidad de guardadora –sentencia de
interdicción del 24 de abril de 2014 del Juzgado Segundo de Familia de Tunja,
así como la dependencia económica de José Raúl Macareno Méndez de José Macareno
Cruz – declaraciones extra judiciales de las señora Gloria Suárez de Castro y
Ana Lucía Galvis de Méndez.
2.1.4. En respuestas del 20 de abril, 20 de mayo y el
28 de septiembre de 2015, el Banco de Bogotá negó la petición bajo los mismos
argumentos, estos son: (i) el interesado no se presentó a reclamar el derecho
por lo que fue reconocida la sustitución pensional en la totalidad a la cónyuge
supérstite; (ii) el peticionario no demostró su condición de hijo en estado de
discapacidad; y, (iii) este no dependía económicamente del causante inicial,
toda vez que tiene un patrimonio propio, lo cual encuentra fundamento en lo
consignado en el acta de la diligencia de Inventario y Avalúo de los bienes y
rentas del pupilo elevada en el marco del proceso de interdicción[25].
2.1.5. Interpuso la acción de tutela el 14 de julio de
2016, por considerar que el Banco de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a
la seguridad social, la vida, el debido proceso, a la salud y el derecho a la
vida de José Raúl Macareno Méndez, por no adjudicarle la sustitución de pensión
de vejez que gozaba su padre fallecido, argumentado que los bienes
inventariados en el proceso de interdicción no pueden ser interpretados de
manera arbitraria como un capacidad económica del peticionario, máxime cuando
el resultado de aquél proceso judicial fue declarar la discapacidad absoluta de
este, y de la misma se infiere necesariamente la dependencia económica respecto
de sus familiares.
2.2. Pruebas allegadas al trámite de tutela
De las pruebas documentales que obran en el
expediente, se destacan:
-
Registro Civil de
nacimiento del señora José Raúl Alberto Macareno Méndez[26].
-
Registros civiles de
defunción de los señores José Macareno Cruz y Rosa Emma Méndez de Macareno[27].
-
Sentencia de
Interdicción proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, del 24 de
abril de 2014[28].
-
Declaraciones
extra-judiciales rendidas por las señoras Gloria Suárez Castro y Ana Lucía
Galvis de Méndez ante la Notaría Tercera de Tunja, quienes afirman que José
Raúl Macareno Méndez dependía económicamente de su padre y tras su
fallecimiento de madre por su condición de discapacidad. [29]
-
Solicitudes
presentadas por la señora Clara Emilia Macareno Méndez ante el Banco de Bogotá,
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de José Raúl
Alberto Macareno Méndez, del 1 de octubre de 2014, 5 de febrero de 2015, junio
23 y 5 agosto del mismo año, en las que se aportaron el registro civil del
peticionario, el registro de defunción de la beneficiaria de la sustitución
pensional, las declaraciones sobre la dependencia económica del solicitante
respecto de la beneficiaria y la sentencia que lo declara interdicto, entre
otros.
-
Respuestas negativas
de la entidad del 20 de abril y 20 de mayo de 2015[30], en las
cuales se informa que el 100% de la pensión del señor Josué Duarte Díaz se
sustituyó a la cónyuge supérstite por ser la única reclamante, ya que el
peticionario no acreditó su calidad de beneficiario como hijo en condición de
discapacidad.
-
Respuesta
desfavorable a la petición de sustitución pensional del 28 de septiembre de
2015, en la cual en Banco de Bogotá fundamentó que el peticionario no dependía
económicamente del causante inicial toda vez que cuenta con un patrimonio
propio, registrado en el acta de posesión y guarda del proceso de interdicción.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 797 de 2003, no
cumple con una de las condiciones para ser el beneficiario de la sustitución
pensional.
2.3. Respuestas de las entidades accionadas
2.3.1. El Banco de Bogotá solicitó que se declare la
improcedencia de la acción toda vez que la parte demandante pretende desplazar
los medios ordinarios de defensa en la jurisdicción laboral. Por una parte,
adujo que no cumple con el requisito de inmediatez porque transcurrieron 18
meses entre el momento en el que aparentemente fue negada la petición de
sustitución y la interposición de la acción de tutela. Anotó que tampoco demostró
la existencia o posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, haciendo
imposible que se evalué como mecanismo transitorio.
2.3.2. Por otra parte, afirmó que de los hechos
expuestos no se infiere la vulneración de ningún derecho fundamental, por cuanto
“el sistema pensional no admite la transmisión del derecho pensional de
manera indefinida o indeterminada como lo interpretan los actores”[31].
Sobre este aspecto, explicó que la señora Rosa Emma Méndez fue la única
beneficiaria de la sustitución pensional, siendo improcedente una nueva
sustitución a favor de José Raúl Macareno Méndez, quien no dependía del
causante y tiene otros medios de subsistencia[32].
2.4. Decisiones objeto de revisión
2.4.1. Trámite en primera instancia
En primera medida, el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Tunja ordenó la declaración de parte de la señora Clara Emilia Macareno, en su
calidad de curadora. En dicha diligencia, el 26 de julio de 2016, expresó que José
Raúl Macareno Méndez se encuentra en una situación de discapacidad absoluta debido
a un accidente, del cual quedó con un déficit cognitivo grave y comprometió su
desarrollo desde los 4 o 5 años. Dado que no ha podido laborar ni desarrollar
ninguna actividad por su condición de salud, sus padres se hicieron cargo de él
inclusive en la edad adulta. Sobre este punto, relató que la pensión de vejez
que el Banco de Bogotá reconoció a su padre y sustituyó a su madre, equivalente
a un salario mínimo mensual legal vigente, se disponía en su totalidad para
cubrir sus gastos médicos.
Por otro lado, indicó que el Hospital San Rafael reconoció a su madre
una pensión, que posteriormente sustituyó al joven, pero esta no es suficiente
para cubrir sus necesidades básicas. Añadió que no se adelantó el proceso de
interdicción cuando José Raúl era menor porque no era común en esos tiempos y
que tampoco se le hizo parte en el proceso de sustitución pensional porque al
resultar beneficiaria su madre, él también se favorecería.
2.4.2. Fallo de primera instancia
En sentencia del 26 de julio de 2016, el Juez de
Pequeñas Causas y competencia Múltiple de Tunja concedió el amparo de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Observó que el señor Macareno Méndez presenta un
déficit cognitivo desde pequeño, que dependió económicamente de sus padres y
que su estado de discapacidad “estuvo latente desde mucho tiempo antes a que
se diera la muerte de su señor padre”[33].
Para resolver el asunto, fundamentó que los derechos a la sustitución
pensional no dependen de que el interesado cuente con un mínimo vital y, por lo
tanto, encontró que los argumentos del Banco de Bogotá no tienen asidero
jurídico.
Sin embargo, anotó que el dictamen médico con base en
el cual se decidió la interdicción no indica la fecha en que inició la
discapacidad ni el porcentaje de pérdida de capacidad. Por consiguiente, ordenó
al Banco de Bogotá que asuma la realización del examen de calificación de
pérdida de capacidad laboral del señor José Raúl Macareno Méndez y en caso que
la invalidez igual o superior al 50% de la pérdida de capacidad laboral se haya
originado con anterioridad a la muerte del causante reconozca a su favor la
sustitución pensional.
2.4.3. Impugnación
El apoderado de la parte demandada impugnó aduciendo
que el juez de primera instancia erró al no declarar la improcedencia de la
acción porque en el caso sub-examine tratan de subsanar la inactividad de
presentarse como beneficiario al momento de la muerte del causante. De igual
modo, enfatiza que el peticionario cuenta con una renta mensual, por lo que no
existe un perjuicio irremediable que habilite la transitoriedad de este medio
judicial.
2.4.4. Fallo de segunda instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, en sentencia
del 2 de septiembre de 2016 revocó la decisión de primera instancia, negando el
amparo porque estimó que era improcedente. En este sentido, aseguró que no se
evidenció alguna situación que represente un perjuicio irremediable haciendo
imperativo dilucidar el asunto ante la jurisdicción laboral.
II- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2. Planteamiento de los casos y el problema jurídico
La Sala de Selección número 2 profirió el Auto del 14
de febrero de 2017, mediante el cual seleccionó los expedientes T-5.959.719 y
T-5.910.855 y los acumuló por presentar unidad de materia para que fueran
fallados en una sola providencia. Ello, en razón a que en ambos casos se debate
el orden de prelación de los beneficiarios en los casos de la sustitución
pensional. No obstante, debido a las particularidades de cada asunto, la Sala
expondrá cada caso por aparte y fijara los problemas jurídicos correspondientes.
2.1. Expediente T-5.910.855
En síntesis, en el caso del expediente T-5.910.855,
(i) al momento de la muerte de León Darío Ballesteros Londoño, Vilma Patricia
(su hermana) dependía económicamente de él y se encontraban en estado de discapacidad. No obstante lo anterior, la pensión de
sobrevivientes fue reconocida a favor de la madre del causante. Tras su
fallecimiento, Seguros de vida Alfa S.A. negó la sustitución pensional a favor
de Vilma Patricia toda vez que no le asistía el derecho, puesto que se otorgó
la pensión a quien se encontraba en el primer orden de beneficiarios excluyendo
su derecho. Bajo ese entendido, indicó que su pretensión refleja el esquema de
“sustitución de sustitución”.
Dicha negativa fue cuestionada ante la jurisdicción ordinaria,
en la cual el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Primera
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín fallaron que en
efecto no asistía derecho a la demandante, toda vez que el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 establece una serie de beneficiarios así como un orden de
prelación inalterable y excluyente, motivo por el cual al favorecer a la madre,
que está en el primer orden, necesariamente se excluía a la hermana del
causante, que a pesar de encontrarse en condición de discapacidad, se encuentra
en el tercer orden.
A juicio de la parte demandante, dichas instancias
judiciales incurrieron en defecto sustantivo y defecto fáctico porque aplicaron
una interpretación del artículo precitado que desconoce la obligación de
protección del Estado a las personas en estado de discapacidad y no reconoció
la condición de discapacidad de
la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño.
2.2. Expediente T- 5.959.719
Al momento del fallecimiento del señor José Macareno
Cruz quien gozaba de una pensión de vejez a cargo del Banco de Bogotá, el señor
José Raúl Macareno Méndez, su hijo, dependía económicamente de él porque a raíz
de su situación de discapacidad nunca
estuvo en condiciones para laborar.
Posteriormente, la entidad demandada sustituyó dicha pensión
en su totalidad a Clara Emilia Macareno Méndez, en calidad de cónyuge
supérstite. Tras su fallecimiento, el Banco de Bogotá negó la solicitud de
sustitución pensional presentada a favor de José Raúl Macareno Méndez, bajo el
argumento que no se presentó a reclamar su derecho al momento del fallecimiento
del señor Macareno Cruz, no demostró la condición de discapacidad para esa
fecha y, que no acreditó la dependencia económica respecto del causante, al
contar con un patrimonio propio.
2.3. Problemas jurídicos.
Conforme a lo expuesto, la Sala de Revisión debe
responder a los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Procede excepcionalmente la acción de tutela
para solicitar la sustitución pensional cuando el peticionario es un sujeto de
especial protección constitucional? (Expedientes T-5.910.855 y T- 5.959.719)
(ii) Si las autoridades judiciales incurrieron (i) en
defecto sustantivo al negar que la pensión de sustitución a favor de una persona
en situación de discapacidad (hermano
del causante), al argumentar que el orden de beneficiarios establecido por el
artículo 47 de la Ley 797 de 2003 es excluyente, por lo que al favorecer a la
progenitora dependiente y supérstite se excluye a los demás órdenes, y además,
(ii) en defecto fáctico por no hallar probada la condición de discapacidad con base en la sentencia de interdicción
para exigir la calificación de pérdida de capacidad laboral, vulnerando los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital (Expediente
T-5.910.855).
(iii)  ¿Vulneró la entidad pensional el derecho a la
seguridad social y al mínimo vital de la demandante al negar la sustitución
pensional en calidad de hijo en condición de discapacidad del causante, bajo el
argumento que (i) se sustituyó la prestación al cónyuge supérstite excluyendo ipso
facto al peticionario y, (ii) que no acreditó los requisitos de invalidez y
dependencia económica, a pesar de que demostró su condición de discapacidad y
vínculo familiar con el causante? (Expediente T- 5.959.719)
2.4. Método de resolución del caso
En aras de responder a los problemas jurídicos
planteados, en un primer momento, la Sala reiterará los requisitos de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, luego, se referirá a la jurisprudencia constitucional sobre el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de sujetos de especial
protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
Posteriormente, a fin de resolver los problemas
jurídicos relacionados con el derecho a la sustitución de la pensión, expondrá
consideraciones sobre: (i) la agencia oficiosa, (ii) el derecho a la seguridad
social haciendo alusión a su naturaleza y finalidad; enseguida, (iii) expondrá
el derecho a la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes puntualizando
los presupuestos para acceder a ellas; para, finalmente, (iv) desarrollar cómo
vía tutela se ha reconocido este derecho a favor del hijo y del hermano del
causante que se encuentra en condición de discapacidad. A partir de lo
anterior, (v) la Sala resolverá los casos concretos.
3. La agencia oficiosa.
3.1. El artículo 10° del Decreto Estatutario 2591 de 1991[34]
prevé la interposición de la acción de amparo de distintas maneras:
directamente por la persona afectada, por intermedio de un representante,
mediante agente oficioso -cuando el interesado no se encuentre en condiciones
de promover su propia defensa- y por el defensor del pueblo o por los
personeros municipales.
3.2. Respecto de la agencia oficiosa, la jurisprudencia constitucional
ha detallado que ocurre cuando una persona, sin ser apoderado judicial, ni el
titular de los derechos fundamentales presuntamente afectados o amenazados,
presenta la demanda a nombre de otro individuo que está ausente o impedido para
hacerlo directamente[35].
Por tanto, por regla general el agenciado es un sujeto de especial protección[36]: menores de
edad;[37]
personas de la tercera edad;[38] personas amenazadas ilegítimamente en su
vida o integridad personal;[39]
individuos en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o
sensorial;[40]
personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales[41].
Esta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de
vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonomía de la voluntad de la
persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales
por sí misma[42].
3.3. En sentencia SU-173
de 2015, esta Corte reiteró que la
configuración de la agencia oficiosa requiere necesariamente: (i) la
manifestación de actuar en esa calidad de agente oficioso y (ii) que el titular
del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover
su propia defensa.
Al
mismo tiempo, indicó no es imperativo que exista una relación formal entre el
agente y los agenciados titulares de los derechos, ni la ratificación oportuna
por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el
escrito de acción de tutela por el agente, para su configuración y validez.
3.4.
A manera de conclusión, la acción de tutela puede ser interpuesta en beneficio
de otra persona cuando el titular
de los derechos fundamentales presuntamente afectados o amenazados está ausente
o impedido para hacerlo directamente, tal es el caso de personas en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial[43].
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[44].
4.1. De manera muy excepcional, esta Corporación ha avalado la
procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, por lo
cual fijó unívocamente que en ese evento, la demanda debe cumplir los
requisitos generales –procesales-[45]
y, además, demostrar la ocurrencia algún requisito específico de naturaleza
sustancial.
4.1.1. En relación con los requisitos generales, se debe recalcar que
la acción de tutela puede presentarse por cuenta propia, por agente oficioso y
a través de representante legal (legitimación por activa), en contra de
cualquier actuación u omisión de autoridades públicas, incluidas las judiciales[46],
o por parte de particulares[47]
(legitimación por pasiva); siempre que amenacen o vulneren derechos
fundamentales, los medios de defensa administrativos y judiciales sean inidóneos
o ineficaces[48]
(subsidiariedad), y se acuda a este mecanismo de manera pronta porque requieran
medidas urgentes para conjurar la situación (inmediatez).
Esta herramienta constitucional no puede ser utilizada de manera
reiterada para discutir los mismos hechos y las mismas pretensiones
(temeridad), ni está prevista como mecanismo para oponerse a sentencias de
tutela.
4.1.2. En lo atinente al requisito de subsidiariedad, el
artículo 9º del Decreto Estatutario 2591 de 1991 establece que no es necesario
agotar la vía gubernativa para interponer la acción de tutela[49]. La Corte
tampoco exige que se agoten todos los mecanismos defensa judicial previo a
recurrir a este mecanismo constitucional, puesto que la sola existencia de otro
medio no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia, sino
que el juez debe evaluar la posible eficacia de protección del instrumento
ordinario en las circunstancias específicas del caso examinado[50].
En desarrollo de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha propugnado el principio de cautela, “para
asegurar la vigencia de los derechos de las personas que por sus condiciones
físicas no se encuentran en condiciones de igualdad con la generalidad de la
población, está fundamentada en el carácter prevalente que la propia axiología
constitucional le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como
soporte y razón de ser del Estado social de derecho”[51].
Con base en esta herramienta jurídica, este mecanismo constitucional
adquirió la virtud de convertirse en el mecanismo idóneo para asegurar el
respeto de los derechos de las personas sujetas a especial protección
constitucional.
Lo anterior encuentra asidero en la ineficacia de otros medios
judiciales para obtener la garantía de sus derechos, dado que no se muestran expeditos
ni operantes, menos efectiva. En efecto, se
ha aceptado que no le es exigible a los sujetos de especial protección
constitucional, en determinados casos agotar los recursos extraordinarios, toda
vez que sería desproporcionado someterlos a la mora de la administración
judicial. A manera de ilustración, la
Sala Sexta de Revisión insistió en la sentencia T-417 de 2016, que “En lo ateniente a los
mecanismos judiciales ordinarios, la jurisprudencia constitucional ha admitido
que bajo algunas circunstancias no se erigen como un medio eficaz o idóneo para
garantizar el goce del derecho fundamental invocado, cuando existe evidencia de
un perjuicio irremediable o cuando la mora judicial de la jurisdicción implica
un agravio desproporcionado para el solicitante”.
4.1.3. De igual modo, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado
que esta herramienta constitucional debe cumplir con el presupuesto de
inmediatez, esto implica que debe ser utilizada en un tiempo razonable y
proporcional desde el hecho vulnerador[52].
De manera pacífica se ha sostenido que este presupuesto: “(i) tiene
fundamento en la finalidad de la
acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho
constitucional fundamental; (ii) persigue la protección de la seguridad
jurídica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya
interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las
circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma
rigurosa cuando la acción se dirige contra providencias judiciales”[53].
El término oportuno y
razonable para iniciar la demanda se determina según las particularidades del caso, puesto que en caso de
una acción tardía se debe evaluar si existe una justificación para la demora[54]
y (ii) que existe una vulneración continua y actual y/o cuando es un sujeto de
especial de protección[55].
En ese sentido, se ha determinado que en los casos que
la acción de tutela incoa una decisión judicial, del plazo oportuno se verifica
según:
“(i) determinación
de si existe un motivo válido para la inactividad del accionante;
(ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión;
(iii) si existe
un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado;
(iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición”[56].
Así mismo se ha establecido que:
“Es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el
hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo
dos circunstancias específicas:
“(i) Se demuestra que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.
(ii) Que la especial situación de aquella persona a quien se le
han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros”[57].
Ahora bien, de manera puntual, se ha fijado que en aquellos eventos en
los que se reclama una prestación pensional se puede
predicar una vulneración continua por la imprescriptibilidad
del derecho a seguridad social, y
por contera, el análisis de inmediatez se supera[58]. Por
ejemplo, en sentencia
T-427 de 2011 se reiteró la jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de
la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional como una consecuencia
del carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, y concluyó que “una persona
que cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiario de
una pensión de sobrevivientes o sustitutiva, no pierde el derecho a favorecerse
de la pensión por no haberla reclamado en el momento en el que se causó la
prestación”.
4.2. Por la otra parte, se han limitado los requisitos específicos de
la siguiente manera:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.”
4.3. En conclusión, la acción de tutela formulada
contra providencia judicial debe cumplir con la totalidad de los requisitos
generales y, además, debe demostrar a cabalidad uno de los requisitos
específicos.
5.
Breve caracterización de los defectos sustantivo y fáctico como causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. En cuanto al defecto sustantivo, esta Corporación ha
decantado que se configura cuando los jueces
ignoran las normas aplicables al caso puesto a su conocimiento en forma arbitraria y
caprichosa de forma tal que vulnera o amenaza derechos fundamentales de los
sujetos procesales, esto
es, cuando la providencia cuestionada se basa en una disposición
inaplicable para el caso bajo análisis, bien porque perdió vigencia, es
inconstitucional o no guarda conexidad material con los supuestos de hecho que
originaron la controversia.
En la sentencia T-344 de 2015 se identificaron los siguientes eventos
en los cuales se verifica la ocurrencia del defecto sustantivo:
“(i) cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es
aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió
vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución,
e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se
adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada,
por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el
legislador; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro
del margen de interpretación razonable o
“la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica
de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y
de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) cuando no
se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes, (iv) cuando la disposición aplicada se torna injustificadamente
regresiva o contraria a la
Constitución; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento
jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la
decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso o (vii) cuando se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso concreto. Existe defecto sustantivo
igualmente cuando (viii) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se afectan derechos
fundamentales; (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial y, (x) cuando
el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”.
A propósito del defecto sustantivo por interpretación irrazonable, la
Sala Plena explicó recientemente que pueden existir distintas vías jurídicas
para resolver un caso concreto que son admisibles, razón por la cual esta vía
de hecho únicamente se configura cuando “el funcionario judicial en
forma arbitraria y caprichosa desconoció lineamientos constitucionales y
legales de forma tal que produjo la vulneración o amenaza derechos
fundamentales de los sujetos procesales.”[59]
5.2. Por otro lado, el defecto fáctico versa sobre el ejercicio
propio de valoración de las pruebas en cada caso, que en principio es libre y autónoma dentro de
los límites de la sana crítica. En aras de preservar independencia, la autonomía de los
jueces y el principio de inmediación, esta Corte ha restringido su uso a
aquellos casos en los que el error en el juicio valorativo de la prueba es ostensible, flagrante y
manifiesto, y tiene una incidencia directa en la decisión[60].
De manera más reciente y en idéntica línea la
excepcionalidad de este requisito se erigió así: “el supuesto error o defecto
fáctico posea unas características claramente estructuradas, que superen la
prevalencia de aquellos principios orientados por la inmutabilidad de las
decisiones que ponen fin a un proceso, como son, entre otros, los de cosa
juzgada, estructura autónoma y funcional de la administración de justicia y
seguridad jurídica”[61].
La Corte ha destacado que este defecto únicamente ocurre cuando el juez adopta una decisión
sin que se encuentren plenamente comprobados los hechos que la fundamentan, revelando
una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, la valoración
irrazonable o contra evidente de los medios probatorios, o la suposición de
pruebas.
Así mismo, se
manifiesta en “una dimensión positiva -que comprende los supuestos de valoración contra evidente o irrazonable de las pruebas y la fundamentación
de una decisión en pruebas ineptas para ello, como en una dimensión negativa relacionada con la omisión en la
valoración de una prueba determinante o en el decreto
de pruebas de carácter esencial.”[62]
5.3. En conclusión, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
u omisiones de particulares o entidades públicas depende de la conjunción de
los requisitos generales, mientras que si es contra providencias judiciales
depende de la verificación de la configuración de todos los requisitos
generales y, al menos, de una causal específica de procedibilidad, según sus
particularidades.
En el evento que se alegue el defecto
sustantivo por interpretación
irrazonable se debe demostrar que el funcionario judicial emitió una decisión
abiertamente arbitraria y caprichosa, sin atender preceptos constitucionales
vulnerando o amenazando así los derechos fundamentales de los sujetos
procesales. Mientras que en caso de alegar el defecto fáctico, corresponde
probar que el supuesto de hecho de la norma que fundamenta la decisión no fue
plenamente dilucidado, por lo que no hay correspondencia entre lo decidido y el
acervo probatorio.
6. Procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento de la sustitución pensional[63].
6.1. En el marco de las reclamaciones pensionales, en un primer
momento, el interesado debe acudir a la vía administrativa ante la entidad o
fondo de pensiones correspondiente, y de no ser favorable la decisión deberá
ser recurrida en la vía judicial, esto es, la jurisdicción contencioso
administrativa o en la jurisdicción laboral, según corresponda al caso.
No obstante, la Constitución Política impone al Estado la obligación de ejercer
un trato diferente respecto de personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, a fin de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales
(art.2°). Así mismo, el artículo 13 superior instituye la obligación de
protegerlas de manera especial y, el deber de sancionar los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.
6.2. Para el caso de los sujetos de
especial protección constitucional, dentro de los cuales se encuentran las personas
en situación de discapacidad física y síquica, la Corte ha considerado que los
requisitos de procedibilidad excepcional de la acción de tutela deben ser
analizados de manera menos restrictiva, cuando los mecanismos con los que
cuenta quien se considere afectado por el no reconocimiento de un derecho
pensional, no sean eficaces ni idóneos o que se encuentre frente a la ocurrencia
de un perjuicio irremediable[64].
En consecuencia, la acción de tutela procede cuanto el peticionario es
una persona vulnerable, conforme al
principio de solidaridad. En sentencia SU-298 de 2015, esta Corporación reiteró que en atención al deber de especial protección
de las personas en condición de debilidad
manifiesta, el Estado debe actuar con mayor enfoque para garantizar los derechos pensionales de los sujetos de especial protección.
6.3. Recientemente,
la Corte, en sentencia T-128 de 2016, en relación con la eficacia del recurso
sostuvo que “aun existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el
asunto, siempre que este resulte ineficaz para hacer cesar la amenaza o la
vulneración a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias
en que se encuentra el solicitante (Numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto
2591 de 1991). En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y
definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una
protección real y cierta por otra vía”.
Respecto del amparo del derecho a la seguridad social, la Corte
Constitucional permitió en un inicio la procedencia de la acción de tutela en
dos eventos excepcionales: i) cuando la vulneración del derecho a la seguridad
social conllevaba la violación de derechos fundamentales autónomos (argumento
de la conexidad[65])
y, ii) cuando el peticionario era un sujeto de especial protección
constitucional[66].
En ese sentido, en la sentencia T-730 de 2012 la Corte estatuyó que “el derecho a la
seguridad social – dentro del cual se inscribe el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión –, es un derecho fundamental y que, la acción de tutela puede ser usada para
protegerlo”, siempre y cuando se verifiquen los requisitos de
procedibilidad de este mecanismo procesal y se esté ante alguna de las
siguientes circunstancias: (i) cuando exista una regulación legislativa y
reglamentaria y se pretenda lograr la efectiva protección de estos derechos
fundamentales cuando quiera que este se encuentre amenazado de vulneración o
haya sido conculcado; o, (ii) cuando la inexistente regulación termina por desconocer por
entero la conexión existente entre la falta de protección de los derechos
fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad,
especialmente de sujetos de especial protección.
Sin embargo, en la jurisprudencia constitucional ha prevalecido que por
la calidad de sujetos de especial protección, como también la estrecha relación
entre el derecho pensional y el mínimo vital es posible amparar dichos
derechos: (i) de manera transitoria cuando, a pesar de que pueden invocarse
otros medio de defensa judicial idóneos y eficaces, esta se promueve para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable; y, (ii) como mecanismo
definitivo cuando no existen mecanismo judiciales idóneos ni eficaces que permitan
proteger los derechos fundamentales[67].
6.4. A manera de conclusión, la jurisprudencia
constitucional es pacífica en cuanto a la naturaleza de derecho fundamental,
independiente y autónomo de la seguridad social en pensiones, lo que ha
habilitado su protección constitucional y excepcional mediante la acción de
tutela. A efectos de determinar la procedencia excepcional el juez debe analizar las
condiciones particulares del actor y establecer si el medio de defensa
judicial ordinario es lo suficientemente idóneo para proteger de manera
integral sus derechos fundamentales, ya que, en caso de no serlo el conflicto
planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema
de carácter constitucional. Sin embargo, cuando el interesado es una persona sujeto de especial
protección la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad
del medio judicial ordinario para protegerlo se presume.
7. El alcance del derecho a la seguridad social.
7.1. El artículo 48 superior
prescribe que “se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”,
definiéndola
social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado y como una garantía irrenunciable
de todas las personas, por lo que puede ser reclamada en cualquier momento.
Esta se encuentra materializada en la cobertura de (i) pensiones, (ii) salud, (iii)
riesgos profesionales y (iv) los servicios sociales complementarios definidos
en la misma ley. Ello, a través de la afiliación al sistema general de
seguridad social que se refleja necesariamente en el pago de prestaciones
sociales estatuidas[68].
7.2. La concepción de este derecho en
el ordenamiento jurídico colombiano y la jurisprudencia de esta Corporación ha
sido marcada por el desarrollo teórico del derecho constitucional, que en un
primer momento reconoció su carácter prestacional para luego otorgar el
carácter iusfundamental, autónomo e independiente.
7.2.1. En un comienzo la protección
del derecho a la seguridad social a través de la acción de tutela se restringió
a aquellos casos en los cuales se evidenciaba la violación de un derecho
fundamental
por su clasificación dentro de los derechos sociales y económicos[69].
Respecto del derecho a la seguridad
social que le asiste a las personas en situación de discapacidad, se destacó la
relación con el goce del derecho al mínimo vital y con
la dignidad humana, ya que su desconocimiento constituye la privación de conseguir lo esencial para
atender las necesidades básicas, cuando además no cuentan con ninguna fuente de
ingresos[70].
Visto lo anterior la protección
constitucional se erigió en el nexo inescindible que ostenta con otros derechos
fundamentales tales como la vida y la salud, lo cual se denominó “tesis de la
conexidad” o de transmutación de los derechos sociales, “en virtud de la
cual, cuando su contenido era desarrollado a nivel legal o reglamentario, tales
derechos superaban su calidad de indeterminación y se convertían en verdaderos
derechos fundamentales autónomos capaces de ser protegidos por vía de acción de
tutela”[71].
En
esa misma orientación la sentencia T-1083 de 2001 manifestó lo siguiente:
“La
controversia sobre el reconocimiento de los derechos pensionales adquiere la
dimensión de un problema constitucional cuando su no reconocimiento viola o
amenaza violar derechos fundamentales diversos entre ellos el derecho de
igualdad ante la ley, el derecho a la familia o su protección especial y los
derechos fundamentales de los niños, y los medios judiciales no son eficaces
para su protección teniendo en cuenta las circunstancias particulares del
actor, o la intervención del juez constitucional se hace necesaria para impedir
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.”
En el mismo sentido, en la sentencia
C-453 de 2002, la Corte proclamó que la afiliación de los trabajadores al
sistema de seguridad social “no solo constituye un desarrollo de la garantía
de condiciones dignas y justas, se trata de una garantía destinada a la
protección de varios derechos también de orden constitucional: la vida, la
salud y la seguridad social en sí misma”.
El vínculo de la pensión
de sobrevivientes con otros derechos fundamentales fue destacado mediante
sentencia T- 692 de 2006, en la que se indicó:
“…la relación expuesta entre
protección de derechos fundamentales y necesidad de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes resulta acreditada cuando (i) la prestación económica
que percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento
económico de su grupo familiar dependiente y (ii) los beneficiarios de la
pensión carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros
medios para garantizarse su subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un
perjuicio irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al
mínimo vital.”
7.2.2. Posteriormente, el desarrollo jurisprudencial condujo al
reconocimiento del derecho a la seguridad social como un derecho autónomo e
independiente. Esto se evidenció en la sentencia T-468 de 2007 en la cual la
Corte afirmó que: “[U]na vez ha sido provista la estructura básica sobre la
cual ha de descansar el sistema de seguridad social, lo cual, además de los
elementos ya anotados -prestaciones y autoridades responsables-; a su vez
supone el establecimiento de una ecuación constante de asignación de recursos
en la cual están llamados a participar los beneficiarios del sistema y el
Estado como último responsable de su efectiva prestación; la seguridad social
adquiere el carácter de derecho fundamental, lo cual hace procedente su
exigibilidad por vía de tutela”.
Este viraje sobre la naturaleza del derecho también se consolidó en
sentencia T-742 de 2008, donde fundamentó que por su relación intrínseca con la
dignidad humana:
“la seguridad social es un verdadero derecho fundamental
autónomo –calificado como ‘derecho irrenunciable’ según el inciso 2° del artículo 48
constitucional; consagrado como ‘derecho de toda persona’ de acuerdo al artículo 9° del
PIDESC, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad; y, finalmente,
definido como ‘derecho
humano’ por parte del CDESC en la observación general número 19-. Por
tal razón, si bien hasta ahora la Corte ha empleado la figura de la conexidad
al momento de resolver este tipo de controversias, la Sala estima que la
acreditación de este vínculo con otro derecho fundamental resulta redundante y,
en consecuencia, innecesario toda vez que el derecho a la seguridad social
recoge per se una
garantía iusfundamental independiente, razón por la
cual su eventual vulneración ocurrida de manera autónoma puede ser
enmendada por vía de tutela”.
En
esta misma orientación, la Sala Plena manifestó lo siguiente: “el derecho a
la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para
garantizar a todas las personas su dignidad humana es un verdadero derecho
fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas
que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100
de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional
(artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una
categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana,
razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra
sometida a contenidos sustanciales preestablecidos”[72]. Así también, en
la sentencia T-730 de 2012, la Corte estatuyó que “el derecho a la
seguridad social – dentro del cual se inscribe el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión –, es un derecho fundamental y que, la acción de tutela puede ser usada para
protegerlo”.
7.3. En definitiva, el derecho a la seguridad social era
amparado de manera residual, en un principio, siempre y cuando tuviera una
relación estrecha con la protección de otro derecho de índole fundamental,
puesto que la primera connotación que se le otorgó fue de derecho prestacional.
No obstante, jurisprudencialmente lo reconoció como derecho autónomo e
independiente susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela, al
reconocer una relación intrínseca con la dignidad humana y acompasándose al bloque
de constitucionalidad. Igualmente, realzó el derecho a la pensión de
sobrevivientes para personas discapacitadas física o
mentalmente. Por su calidad
de derecho iusfundamental consolidado, actualmente son susceptibles de
ser amparado vía tutela.
8. El derecho a la pensión de sobrevivientes o la sustitución
pensional y el orden de beneficiarios. Reiteración de jurisprudencia[73].
8.1. La sustitución pensional o
pensión de sobrevivientes se enmarca dentro del derecho a la seguridad social
consagrado en el artículo 48 superior.
Ahora bien, también previó la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional para cubrir el riesgo por muerte del afiliado o pensionado para las
personas cercanas afectadas por el hecho de su deceso, esto es, que no queden
en el desamparo o la desprotección[74],
puesto que “principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las
personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la
prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad
al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido”[75]. Además opera tanto en el régimen de prima media con prestación
definida como en el de ahorro individual con solidaridad, y ha sido regulada
especialmente por la Ley 100 de 1993, en los capítulos IV de los respectivos
títulos II y III de dicho estatuto.
8.2. La prestación en cuestión consiste en satisfacer la necesidad de
subsistencia económica que persiste para quien sustituye a la persona que
disfrutaba de una pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez
producido el fallecimiento de ésta y mientras dure la condición que le impide
proveerse de ingresos propios, en razón a la desprotección que se genera por
esa misma causa. De ahí que cuando dicho reconocimiento constituye la única fuente de
ingresos de sus beneficiarios, de manera que puedan suplir los gastos que se asocian al goce
efectivo de otros derechos - la vida, la salud, la educación, entre otros- esta
adquiere la condición de derecho fundamental y es susceptible de ser
reclamada a través de la acción de tutela[76].
8.3. En nuestra legislación la sustitución pensional se encuentra
regulada en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 “Por la
cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales” que
prescribe en su artículo 12 lo siguiente:
“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o
invalidez por riesgo común que fallezca”.
De la norma precitada, la
jurisprudencia constitucional distingue dos modalidades para hacerse beneficiario de la
prestación en cuestión; por una parte, la subrogación de los miembros del grupo
familiar en el pago de la prestación que venía recibiendo su titular - pensionado por vejez o invalidez-, por lo que
ocurre strictu sensu una sustitución pensional. Por otra parte, el
reconocimiento y pago de una nueva prestación de la que no gozaba el causante,
quien era un afiliado, caso en el cual, “se trata, entonces, del cubrimiento
de un riesgo con el pago de una prima que lo asegure y no del cambio de titular
de una prestación ya causada como en el evento anterior”[77].
8.4. Vale la pena recabar
que si el solicitante se encuentra en uno de los grupos con derecho a
la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, también se deberá
verificar además si reúne la calidad de beneficiario, la cual está prevista en
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modifica los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993, que señalan quiénes son los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes. Al respecto prescribe, entre otros:
“Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, *tenga 30 o más años de edad*. En caso
de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido *no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte*[78];
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años
de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal
a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo[79]. Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente[80];[81]
c) Los
hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años[82],
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por
el artículo 38 de la Ley 100 de
1993[83];
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente[84] e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este[85];
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente[86],
padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos[87] inválidos[88] del causante **si dependían
económicamente de éste**[89].
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que
el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en
el Código Civil.”
La disposición normativa transcrita estableció la
prelación y la proporción asignada a beneficiarios de la pensión de
sustitución, así:
En
primer orden:
Por
mitades entre
(i)
el cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y, (ii) los hijos:
·
menores de 18 años;
·
mayores de 18 años y hasta los 25 años[90], incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes;
·
en condición de
discapacidad si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de discapacidad
En
segundo orden:
Si no hay cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente o hijos, serán beneficiarios los progenitores si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte.
En
tercer orden:
Si
no hay cónyuge o compañero (a) permanente supérstite, hijos con derecho ni
padre o madre con derecho, los hermanos en condición de discapacidad pueden
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes.
Respecto de este orden legal, la doctrina ha reiterado de manera
unánime que el legislador ha establecido órdenes excluyentes y sucesivos para
reclamar la pensión de sobrevivientes, de tal manera que existen miembros del
grupo familiar con mejor derecho que otros, toda vez que “la pensión, como
gasto público social, debe estar contemplado en una de las partidas del
Presupuesto Nacional, pero sin perder de vista, que la capacidad presupuestal
del Estado es limitada, por lo que hay que buscar un punto de equilibrio entre
el derecho garantizado y el costo que ello implica”[91].
8.5. A
propósito de esta disposición,
la Corte ha interpretado que la prelación y el orden excluyente allí
establecido es indispensable para la defensa de la estabilidad económica y
financiera del sistema general de pensiones, por dos motivos principalmente:
“Por una parte, se restringe el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los miembros del grupo familiar que, por lo general, en
atención a la convivencia, cercanía o dependencia económica con el causante,
requieren efectivamente de una prestación económica para asegurar su digna
subsistencia. De manera que, por fuera de los beneficiarios legalmente
reconocidos, o aún en el caso de que ellos existan, pero no logren acreditar
los requisitos previstos en la ley para legitimar el reconocimiento y pago de
la pensión, los familiares del causante tan sólo tendrán derecho, en el
caso del régimen de prima con prestación definida, a una indemnización
sustitutiva, o en tratándose del régimen de ahorro individual con solidaridad,
a la devolución de saldos.
Por otra parte, el acatamiento de las condiciones señaladas para
cada beneficiario, según el orden de prelación legal, busca igualmente la
protección de los intereses del grupo familiar, ante la posible reclamación
ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a
recibirla con justicia. En este sentido, “es claro que la norma pretende evitar
la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes”[92].
8.6. El literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 ha sido objeto de
pronunciamiento de esta Corporación en varias oportunidades.
Primero, fue
objeto de estudio de la sentencia C-869 de 2006, en la cual declaró
exequible la
expresión “hermanos inválidos” contenida en el literal e) del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 por el cargo de igualdad respecto de los hermanos no inválidos,
toda vez que (“i) la situación de los hermanos inválidos que dependían
económicamente de los afiliados o pensionados del régimen pensional de prima
media que fallecen no es comparable a la de aquellos no inválidos que también
dependían económicamente de los mismos; (ii) el permitir que sólo los primeros
puedan reclamar la pensión de sobrevivientes (a) desarrolla los mandatos
constitucionales de protección especial de las personas en estado de debilidad
manifiesta y de promoción de la integración social de los inválidos, y (b)
promueve la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en aras de la
garantía de los derechos fundamentales de todos sus afiliados y beneficiarios,
y (iii) el legislador cuenta con amplia libertad de configuración en materia de
seguridad social, lo que obliga al juez constitucional a respetar sus
decisiones, la Sala declarará la exequibilidad de la expresión demandada.”
En esa ocasión, reiteró
que el sistema de pensiones está diseñado de manera tal que pueda asegurar el
pago de esta prestación a los miembros del núcleo familiar más próximos del
causante, de modo que en aplicación del principio de aseguramiento y del
principio de estabilidad financiera el acceso a las prestaciones está
supeditado a un orden y prelación definida por el legislador legítimamente.
Segundo, fue analizado por la sentencia
C-066 de 2016. Es preciso anotar que originalmente
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 condicionaba el reconocimiento como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a los hijos en condición de
discapacidad que cumplieran con la dependencia económica y además se
encontraran “sin ingresos adicionales”.
Sin embargo,
esta condición fue declarada inexequible porque a juicio de la Corte se trata
de una condición que limita el acceso de este grupo poblacional a un trabajo o al ejercicio de
una profesión u oficio porque demostrar la inexistencia de ingresos adicionales
se constituye como “una barrera de acceso para la superación personal” que limita
irrazonablemente el derecho a gozar de esta prestación económica. Con base en
lo expuesto explicó que a pesar de que es legítimo que
el legislador configure el sistema pensional, dicha condición implicaba afectar
las garantías constitucionales al mínimo vital, la dignidad humana y la
seguridad social de los hijos en situación de discapacidad.
8.7. De la norma estudiada se extrae que para
acceder a la pensión de sobrevivientes por parte de un solicitante que alega su
condición de discapacidad -hijos o           hermanos-, es
necesario que
concurran 3 elementos:
(i) el parentesco, que se comprueba con el registro civil de nacimiento[93];
(ii) el estado de discapacidad del solicitante, que se demuestra ya sea a través del dictamen de pérdida de
capacidad laboral en
más de un 50% y su origen, proferido por el ISS –hoy Colpensiones–, las ARL,
las EPS o las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y, de cualquier otro documentos
diferentes al que prueben la discapacidad, por ejemplo, un dictamen de medicina legal o una sentencia
de interdicción[94].
(iii) la
dependencia económica, entendida
como la falta de condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia
subsistencia en condiciones dignas, entendida ésta, en términos reales y no con
asignaciones o recursos meramente formales[95].
8.8. En conclusión, de la jurisprudencia
reiterada se desprende que esta Corporación ha sostenido, tanto en sede de
control abstracto como de control concreto, que la pensión de sobrevivientes establece que las
personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en muchos
casos compartían con él su vida, pueden recibir una pensión para satisfacer sus
necesidades mínimas.
Ahora bien, si el reclamante es el hijo en condición de discapacidad,
debe acreditar que a la fecha del fallecimiento del causante cumplía con los
requisitos esbozados (parentesco, dependencia económica condición de discapacidad). En tal caso puede acceder al 50% de la prestación si hay
cónyuge o compañera permanente o al 100% si
no hay cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente.
Por
su parte, si el reclamante es el hermano en condición de
discapacidad no basta únicamente con demostrar el parentesco, la dependencia
económica y la condición de discapacidad para hacerse beneficiario, puesto que
no deben existir personas dentro del primer y segundo orden que presenten la
reclamación. Es decir que en caso de cumplir con los presupuestos objetivos
para reclamar la pensión de sobrevivientes, su derecho queda condicionado a que
no exista cónyuge o compañera permanente, hijos menores dependientes
económicamente, ni padres en la misma condición, de lo contrario, su derecho
prevalece.
9. La sustitución pensional para las personas en
situación de discapacidad según el orden de beneficiarios y en la
jurisprudencia constitucional.
9.1. En esta oportunidad, la Sala centrará su estudio en los
literales c) y e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993
la norma citada, en especial lo referente a las reclamaciones de pensión de
sustitución presentadas por hijos y hermanos en
condición de discapacidad, por ser éstos los presupuestos en los que se
enmarcan las casos bajo examen.
9.2. A continuación se constatará que la Corte ha sido consistente
en i) la exigencia de verificación objetiva del cumplimiento de los requisitos con
anterioridad a la muerte del causante; y, ii) la prelación y naturaleza
excluyente entre grupos de beneficiarios establecidos por el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993.
9.2.1. En sentencia T-378 de 1997, la Corte
estudió el caso de Elizabeth León Bello, una mujer de 32 años de edad que en razón de
padecer desde la infancia una enfermedad denominada "síndrome mental
orgánico crónico", es absolutamente incapaz y, por ello, le era imposible
desempeñarse en el campo laboral. Esta no había sido reconocida como
beneficiaria de la pensión de sobreviviente de su padre, puesto que la Caja de
Previsión Social Municipal de Ibagué otorgó el derecho de sustitución pensional
al cónyuge supérstite, quien, pese a conocer el estado de salud de su hija, no
la incluyó en la reclamación.
En esa oportunidad, la entidad
demandada alegó que una vez fallecida la persona beneficiaria de una
sustitución pensional - en este caso la madre de la actora -, la pensión no
podía volverse a sustituir en otro beneficiario. Frente a esto, la Corte
precisó que frente a la muerte del causante, la cónyuge y el hijo en situación
de discapacidad están en el mismo orden de prelación, por lo que desde un inicio también debió
reconocerse a incapaz absoluto como beneficiario concurrente.
En términos de la Sala Tercera de Revisión: “lo que
se solicitaba no era una ‘sustitución de sustitución’. Se trataba simplemente
de reclamar un derecho que ab initio debió haber sido reconocido. En otras
palabras, no es la muerte de María Inés Bello lo que le otorga a la actora el
derecho a recibir la pensión de su padre, y los derechos conexos - como la
atención médica -, sino la satisfacción plena de las condiciones de hecho que
exigían las normas vigentes al morir su progenitor. Ahora bien, fallecida la
madre, tal y como lo establecen las normas vigentes, Elizabeth León adquirió el
derecho a gozar del 100% de la pensión.”
Con fundamento en lo expuesto, se
ordenó a la entidad
demandada proferir el acto administrativo a través del cual se reconoce y
sustituye a favor de la demandante del derecho a la pensión mensual vitalicia
de jubilación que venía disfrutando su padre, y que fue inicialmente sustituido
al cónyuge sobreviviente.
9.2.2. En sentencia T-1283 de 2001 se
precisó que en caso de duda sobre la existencia de la condición de discapacidad a la fecha del fallecimiento
a causa de la contradicción entre los elementos probatorios, el juez constitucional
debe tomar las medidas tendientes a dilucidar su objeción. Ello por cuanto las
condiciones de dependencia e invalidez deben estar presentes al momento de la
muerte del causante y la continuidad del pago de la prestación requiere que
tales condiciones persistan a lo largo del tiempo, por ende, si desaparece la
condición de discapacidad o si se deja de estudiar o cumpla más de 25 años, en el caso de
los hijos, se extingue el derecho a la pensión.
En el caso examinado, la accionante
que había sido
declarada interdicta
definitiva por causa de demencia de origen congénito con base en la historia clínica y
un dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Barranquilla, no
obstante la junta de calificación de invalidez indicó una fecha posterior a la
muerte del causante. La entidad negó la prestación fundamentando la
inexistencia de la condición de discapacidad al momento del fallecimiento. A raíz del
análisis parcializado de las pruebas que efectuó la junta calificadora, la Corte
estableció que las pruebas sobre la condición de discapacidad debían haber sido analizadas en conjunto
y concluyó que “el no reconocimiento de la
sustitución pensional, sin haber tenido en cuenta la totalidad del acervo
probatorio, tratándose de una persona que presenta una discapacidad mental
severa, constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante y un desconocimiento de la obligación de prestar especial protección
a la misma, teniendo en cuenta su condición síquica.” En
consecuencia, ordenó de manera transitoria el pago de la prestación hasta que hasta que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo decidiera de manera definitiva.
9.2.3. En sentencia T-859 de 2004
la Corte encontró que los derechos fundamentales de seguridad social y del
mínimo vital del demandante habían sido quebrantados por la negativa de
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, porque la entidad
demandada adujo que la condición de discapacidad se estructuró con
posterioridad a la muerte del causante basándose en la fecha indicada en el
dictamen de la junta de calificación de discapacidad, a pesar de que
existieran medios de prueba que indicaban que era de origen congénito. La
vulneración radicó en la omisión de la historia clínica que obraba en el
expediente en la que constaba la valoración psicológica -1996-, la evaluación
psiquiátrica del Instituto de Medicina Legal -2002, en las cuales se anotó que la
condición de discapacidad es de origen genético.
Adicionalmente, respecto a la prueba
de la condición de discapacidad fijó que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral no es
el único medio de prueba en los siguientes términos:
“(…) para efectos de
establecer la fecha de estructuración de la enfermedad, deben tenerse en cuenta
pruebas como la historia clínica del afectado y demás exámenes practicados…”, por cuanto “[e]l no reconocimiento de la sustitución pensional, sin haber
tenido en cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose de una persona
que presenta una discapacidad mental severa, constituye una vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante y un desconocimiento de la obligación
de prestar especial protección a la misma, teniendo en cuenta su condición
síquica”.
9.2.4. Enseguida, en la sentencia T-453 de 2007 se concedió
el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a
la vida en condiciones dignas, del vital del demandante, a quien el fondo de
pensiones había negado el reconocimiento de pensión de sobrevivientes, en
calidad de hermano en
condición de discapacidad del causante, bajo el argumento de no haberse
probado que dependía del fallecido.
En esa ocasión,
la Sala dio por verificado este requisito valorando que se afirmó no tener
ningún ingreso y que era posible inferir que tras el fallecimiento de sus
padres había dependido del causante, dado que había sido declarado interdicto
por discapacidad desde el nacimiento, lo cual no fue controvertido en el
proceso judicial.
9.2.5. En desarrollo de lo anterior, en sentencia T-043 de 2008 la Sala Segunda de Revisión examinó un caso en el que FOPEP
sustituyó el 50% de la pensión al hijo invalido y el 50% restante a la cónyuge
supérstite y el pago al primero se supeditó a que allegara sentencia de
interdicción pese a que había aportado una calificación de la junta calificadora de
invalidez regional Barranquilla, que certificó la pérdida de capacidad laboral
del 79.85%, estructurada desde la fecha de su nacimiento, el 13 de noviembre de
1970.
Con base en lo expuesto, en relación con la
acreditación del estado de discapacidad,
se indicó que el proceso de interdicción
judicial es el mecanismo idóneo para reactivar el pago de la pensión de
sobrevivientes reconocida a favor de hijo en condición de discapacidad, así como para obtener el pago
retroactivo de las mesadas pensionales causadas y no pagadas. En consecuencia
ordenó inicial el proceso de interdicción y que a partir del auto admisorio se
reanudara el pago, y que una vez emitida la sentencia final se efectuara el
pago retroactivo.
9.2.6. Por otra parte, en sentencia
T-701 de 2008, a propósito de la prueba de la condición de discapacidad, se puntualizó que las entidades encargadas de determinar el estado de discapacidad son las juntas regional
y nacional de calificación que, “para determinar cuando hay invalidez
se aplica el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993” y deben justificar técnicamente
cada uno de los resultados de su experticia.
En esa oportunidad el empleador dejó
de pagar la pensión de sobreviviente al hijo en situación de discapacidad
porque debido a que la estructuración de la condición de discapacidad sólo se dictaminó 18
años después de la muerte del causante, lo que -a juicio del empleador-
contraviene los requisitos dispuestos para acceder a la prestación. No
obstante, la Sala encontró que la entidad calificadora violó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la integridad, a la vida digna y al mínimo
vital, al indicar como fecha de estructuración una que no
correspondía con la evidencia médica psiquiatrita que refería que se había
originado desde hacía 25 años, así como testimonios y la historia clínica del
actor, lo cual coincidía con los hechos que fundaron la sentencia de
interdicción. Por tanto, concedió el amparo como mecanismo transitorio hasta
que en la jurisdicción ordinaria se discuta la idoneidad de dichos dictámenes
en lo relativo a la fecha de estructuración de la invalidez del actor.
9.2.7. Más adelante, en la sentencia
T-806 de 2011[96] la Sala Primera de Revisión analizó
una acción de tutela instaurada por una persona de 81 años de edad con algunos
problemas de salud a quien se le negó el reconocimiento de la sustitución
pensional derivada de la muerte de su hermano, quien era pensionado por vejez
del Ministerio de Defensa Nacional y de quien dependía económicamente para satisfacer sus necesidades básicas.
Al evaluar el caso concreto la Sala
consideró que la negativa de la entidad demandada se extraía al tenor literal
de la norma, porque
no contempla a los hermanos del causante mayores de 18 años como beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes. No obstante, fundamentó que la exclusión de un
grupo de beneficiarios de una prestación que ha sido prevista para personas que
se encuentran en la misma situación de hecho constituye una violación al
derecho a la igualdad, lo cual ocurre a través de la diferenciación por edad de
la norma aplicable, que rige las decisiones sobre reconocimiento de
prestaciones sociales por medio de las cuales se hace efectivo el derecho a la
seguridad social.
En otras palabras, sin perjuicio de la existencia del
orden y prelación de quienes tienen derecho a reclamar la pensión de
sobrevivientes, dentro de cada categoría de beneficiarios debe imperar el
principio de igualdad y, por contera, resulta injustificado beneficiar a los
hermanos dependientes económicos del causante siempre que sean menores de edad,
por cuanto aun superando edad es posible que se encuentre bajo la misma situación de
vulnerabilidad - por su avanzada edad, escasez de ingresos económicos para
procurarse una vida en condiciones mínimas de dignidad, debilidad en su
situación de salud y dependencia económica de su hermano fallecido-.
Por lo expuesto, en el caso
concreto justificó una protección urgente materializada en el reconocimiento
como beneficiaria de la sustitución pensional, indicando que el Ministerio de
Defensa no había tenido en cuenta el grave impacto que tenía la decisión de
negar el reconocimiento pensional sobre el mínimo vital de una persona de la
tercera edad. Por lo anterior, se concedió el amparo en forma definitiva y
ordenó proferir un nuevo acto administrativo reconociendo la sustitución
pensional a favor de la peticionaria.
9.2.8. Posteriormente, en sentencia T-354 de 2012, la Corte ajustó los
lineamientos relacionados con la parte probatoria, estatuyendo que: (i) el certificado del
registro civil de nacimiento es la prueba idónea para acreditar la relación de
parentesco entre padres e hijos, el cual a su vez goza de presunción de
autenticidad y pureza ; (ii) respecto de la
dependencia económica, se debe acreditar previo a la muerte del causante y
también que razonablemente , a falta de la ayuda financiera del cotizante o
pensionado fallecido, el peticionario experimentaría una dificultad relevante
para garantizar sus necesidades básicas; y (iii) respecto del estado de discapacidad estableció que se debe
determinar según lo previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que
considera inválida a una persona cuando “por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido más del 50% o más de su capacidad laboral”
9.2.9. Así también
en sentencia T-730 de 2012 la Corte resolvió dos casos. En el
primero, se cuestionó si la suspensión por parte del Instituto de Seguros Sociales
del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes constituye una
vulneración a los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, respecto del peticionario, porque supuestamente no acreditó la calidad
de estudiante, en tanto, a pesar de haber cursado todas las asignaturas del
pénsum académico, aún conserva tal calidad y se encuentra matriculado hasta
tanto complete los requisitos de grado. En el segundo asunto bajo examen,
analizó la vulneración de los mismos derechos fundamentales mencionados,
teniendo en cuenta que la prestación fue denegada al peticionario por haber
cumplido la mayoría de edad y no haber acreditado su condición de estudiante, a
pesar de presentar incapacidad absoluta.
Respecto del
segundo caso[97],
encontró que la suspensión de la pensión de sobreviviente
adquirida por el actor, al cumplir la mayoría de edad, por falta de dictamen
médico de pérdida de la capacidad laboral con fecha de estructuración de la condición
de discapacidad en los términos del
artículo 38 de la Ley 100 de 1993 – previsto para la pensión de invalidez – sin tener en
cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose de una persona que
presenta una discapacidad mental severa, constituye una exigencia
desproporcionada que configura una vulneración de los derechos fundamentales
del accionante y un desconocimiento de la obligación de prestar especial
protección a la misma, teniendo en cuenta que su condición psíquica fue
ampliamente demostrada por otros elementos probatorios[98].
En esa oportunidad, respecto de la
prueba de la condición de discapacidad, la Corte determinó que “si bien es cierto que, de
conformidad con lo expuesto, la ley es clara en establecer que es mediante el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral –que puede ser adelantado por EPS,
ARP o juntas de calificación de invalidez- que se prueba la incapacidad de las
personas con afecciones mentales, no lo es menos, que un dictamen expedido por
una entidad oficial como el Instituto Nacional de Medicina Legal o una
sentencia judicial que declare la interdicción de una persona constituyen
pruebas de su incapacidad sin que, existiendo éstas, se pueda exigir de todas
maneras la valoración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, menos aún,
cuando quiera que se trate de problemas congénitos.”
9.2.10. En sentencia T-471 de 2014 reiteró que no se
deben exigir pruebas impertinentes y la inexistencia de una tarifa legal para
demostrar los 3 requisitos:
“La exigencia
de documentos adicionales, cuando los mismos no tienen un soporte previsto en
el ordenamiento jurídico, se convierten en un obstáculo de carácter meramente
formal que conduce a una vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, al tiempo que acarrea una afectación grave al mínimo vital y a
la vida digna, pues –como ya se dijo– la pensión de sobrevivientes responde a
la finalidad de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de quienes
dependían económicamente del causante para atender sus necesidades básicas. (…) Por lo anterior, no cabe duda
de que más allá de los documentos que el marco jurídico vigente permite
solicitar para proceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (sin
que técnicamente exista tarifa legal), el resto de exigencias probatorias deben
someterse al criterio de necesidad, conforme al cual tan sólo resultarán válidas
aquellas que tengan la virtualidad de dar por demostrado alguno de los
requisitos de los cuales depende la obtención del mencionado derecho
prestacional”.
9.2.11. En la sentencia T-735 de 2015 la Sala
Primera de Revisión resolvió el caso de una señora de 81 años de edad que tenía
una pérdida de capacidad laboral del 74.08%, dictaminada por la junta regional
de calificación de invalidez. Pese a que dicha persona cumplía con los
requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes de su hermana, de quien
dependía y falleció después de que fuera estructurada su invalidez, la entidad
accionada (UGPP) adujo que la solicitante no había aportado todos los
documentos requeridos, a saber, copia auténtica y no autenticada del dictamen
médico.
Respecto a las exigencias probatorias, la Corte señaló
que no tenía fundamento legal y que resultaba desproporcionada y lesiva, “teniendo
en cuenta que (i) ya acreditó dicha exigencia con un medio de prueba conducente
y pertinente en un contexto de libertad probatoria y (ii) la entidad accionada
podía fácilmente acceder al documento exigido, considerando además las
especiales limitaciones de la accionante para aportarlo”.
Al observar que no existía una persona con un mejor
derecho para reclamar la sustitución pensional (porque la sustitución pensional
no había sido objeto de algún tipo de controversia por parte de alguna persona
diferente) y que la demandante acreditó conjuntamente (i) el parentesco
mediante el registro civil de nacimiento, (ii) la situación de discapacidad a través del dictamen para
calificación de la pérdida de la capacidad laboral, (iii) así como la
dependencia económica por la incapacidad laboral causada por la enfermedad
congénita y la carencia de otros recursos para procurarse la vida en
condiciones dignas, la Sala concedió el amparo y ordenó el pago de las mesadas
y del retroactivo pensional durante los 15 días siguientes.
9.2.12. De igual
modo, en sentencia T-187 de 2016 se reforzó el carácter fundamental del
derecho a la pensión de sobrevivientes para personas
en condición de discapacidad física o mentalmente, ya que esta Corporación “ha sido enfática al
afirmar que el derecho a la seguridad social es de carácter fundamental y
resulta tutelable cuando el impago de una prestación social compromete el
mínimo vital del actor o de su núcleo familiar, así como otro de sus derechos
fundamentales, como la educación, la salud o la vida en condiciones dignas,
entre otros. En el caso específico de la pensión de sobrevivientes, las diferentes
Salas de Revisión han sostenido, igualmente, que la pensión de sobrevivientes
puede pasar de ser una simple prestación social, a convertirse en un derecho
fundamental autónomo e inalienable.”
9.2.13. Finalmente, en sentencia T-281 de 2016 se revolvió el caso en el que la
Gobernación de Córdoba negó la sustitución pensional a Miryam Judith Lara Argumedo, quien
padece desde niña esquizofrenia mental que no le permite valerse por
sí misma, sustentado que no acreditó el requisito de la dependencia económica
con el causante y la presentación supuestamente tardía de la solicitud de
sustitución pensional, pues la misma se radicó varios años después de la muerte
de su madre que había sustituido al padre fallecido en la pensión. En ese
sentido explicó que la actora debió solicitar la sustitución pensional de forma
“simultánea” con su cónyuge supérstite, a fin de compartir la pensión.
En lo ateniente a la presentación
tardía, la Sala sostuvo que la entidad demandada “desconoció el carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la seguridad social, al
considerar que por el paso del tiempo el derecho a la sustitución pensional se
pierde. Como ya se dijo, la jurisprudencia ha sostenido que este derecho
pensional es una prestación que: (i) puede ser solicitada en cualquier tiempo; y (ii) se debe reconocer siempre que quien aspire a ser beneficiario de la
misma, o su representante, demuestre la relación filial, la pérdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50% y que existía dependencia económica, y ordenó el
reconocimiento del 100% de la prestación a favor de hija en situación de
discapacidad.”
Por otra parte, concibió que a partir de la
discapacidad mental que padece, que implicó
la afectación de sus capacidades cognitivas de juicio y raciocinio y le
priva de la posibilidad de auto-determinarse, es suficiente prueba para que la
Sala concluya que dependía económicamente de su padre fallecido.
9.3. Conclusión
9.3.1. La sustitución pensional o
pensión de sobrevivientes han sido objeto de diversos pronunciamientos por
parte de la Corte en las que reconoció el vínculo intrínseco de este derecho y
del mínimo vital cuando el reclamante es un sujeto de especial protección.
Aunado a lo anterior, se ha decantado que como quiera que es un derecho
imprescriptible e irrenunciable es susceptible de ser reclamado en cualquier
momento.
9.3.2. Además, reiteró que el
legislador previó que el derecho a la sustitución pensional del cónyuge o
compañera/o permanente y el hijo en condición de discapacidad pueden ser concurrentes
permanente o de manera individual a falta de los primeros. Para que los hijos en
condición de discapacidad obtengan la pensión de sobrevivientes o la sustitución
pensional, deberán acreditar el parentesco con el causante, la dependencia
económica sobre el padre pensionado al momento de su muerte y su condición de discapacidad.
9.3.3. Por otro lado, el derecho a la
pensión de sobrevivientes del hermano en condición de discapacidad nace cuando
no existe una persona con mejor derecho, es decir, del primer o segundo orden
de prelación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (cónyuge o compañeros
permanentes supérstites, hijos con derecho y progenitores,) y, además, acredita
los requisitos de parentesco, condición de discapacidad y dependencia económica
al momento del deceso del causante. Dicho de otro modo, si el reclamante es el hermano en
condición de discapacidad no basta únicamente con demostrar el parentesco, la dependencia económica
y la condición de discapacidad para hacerse
beneficiario, puesto que tampoco deben existir personas dentro del primer y
segundo orden que reclamen la sustitución pensional, esto es, una solicitud por
parte del
cónyuge o el compañero o compañera permanente supérstite y los hijos menores de
18 años y aquellos mayores de edad hasta los 25 años, que estuvieran estudiando
y dependieran del causante al momento de su muerte ni de los padres del
causante que dependían de él.
10. CASOS CONCRETOS.
10.1. Acción de tutela interpuesta por Ruth Cecilia
Ballesteros Londoño, en representación de Vilma Patricia Ballesteros Londoño,
contra el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín - Exp. T-5.910.855.
10.1.1. Síntesis del caso.
10.1.1.1. En síntesis, al momento de la
muerte de León Darío Ballesteros Londoño, Vilma Patricia (hermana) dependía
económicamente de él y se encontraban en estado de discapacidad. No obstante lo anterior, la pensión de
sobrevivientes fue reconocida a favor de la madre del causante. Tras su
fallecimiento, Seguros de vida Alfa S.A. negó la sustitución pensional a favor
de Vilma Patricia toda vez que no le asistía el derecho, puesto que se otorgó
la pensión a quien se encontraba en el primer orden de beneficiarios excluyendo
su derecho. Bajo ese entendido, indicó que su pretensión refleja el esquema de “sustitución
de sustitución”.
10.1.1.2. Dicha negativa fue cuestionada
ante la jurisdicción ordinaria, en la cual el Juzgado 19 Laboral del Circuito
de Medellín y la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad fallaron que no asistía derecho a la demandante,
toda vez que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, establece una serie de
beneficiarios así como un orden de prelación inalterable y excluyente, motivo
por el cual al favorecer a la madre, que está en el primer orden,
necesariamente se excluía a la hermana en condición de discapacidad del causante, que se encuentra en el
tercer orden.
10.1.1.3. A juicio de la parte
demandante, dichas instancias judiciales incurrieron en defecto sustantivo y
fáctico porque aplicó una interpretación del artículo precitado que desconoce
la obligación de protección a las personas en estado de discapacidad que le
asiste al Estado y no reconoció la condición de discapacidad de la señora Vilma Patricia Ballesteros
Londoño, respectivamente.
10.1.2. Análisis de procedencia.
10.1.2.1. La Sala efectúa el respectivo análisis de
procedibilidad de la acción de tutela en el caso de la referencia, con base en
las consideraciones expuestas en los acápites 3 y 4, por lo que tratándose de una tutela contra
providencia judicial, se analizarán los requisitos generales y específicos:
(i) legitimidad por activa: según el parámetro jurisprudencial,
la acción de tutela mediante agencia oficiosa requiere (i) la manifestación de actuar en esa calidad de
agente oficioso y (ii) que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa.
En
el caso concreto se verifican estas condiciones, toda vez que la demanda fue interpuesta por Ruth
Cecilia Ballesteros en representación de Vilma Ballesteros Londoño, quien
demostró la calidad de curadora mediante la sentencia de interdicción que la
designó y el acta de posesión, además, se evidenció que la titular de los
derechos se encuentra en la imposibilidad de agenciar sus derechos por haber
sido declarada interdicta.
(ii) legitimidad por pasiva: según lo
establecido en los artículos 5º, 13 y 42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991,
este mecanismo de amparo procede contra cualquier acción u omisión en que
incurra una autoridad pública o un particular, en los casos determinados por la
ley, cuando se les atribuye la vulneración de un derecho fundamental. Por tanto
la acción presentada contra el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito de esa ciudad es procedente.
(iii) inmediatez: la acción de tutela fue
interpuesta el 1 de junio de 2016 contra las sentencias proferidas el 19 de
marzo de 2015 y el 24 de noviembre de 2015, es decir que transcurrieron 8 meses
previo a recurrir al mecanismo constitucional. Ahora bien, conforme a las
consideraciones expuestas sobre el análisis de la inmediatez cuando la tutela
se interpone contra decisiones judiciales, hay que traer a colación que en
casos que el interesado se encuentra en un estado de indefensión se entiende
justificado el tiempo que transcurrió para accionar.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que se discute la
vulneración del derecho pensional, a través del acceso a la pensión de sobrevivientes
a favor de una persona sujeto de especial protección debido a su condición de
interdicción.
Para esta Sala es claro que la posible trasgresión a
las garantías fundamentales de carácter prestacional es continua, toda vez que
desde la solicitud al fecha la demandante no ha percibido dicha prestación, que
consiste en un derecho imprescriptible, inembargable e inalienable, por lo que
es susceptible de ser reclamado en cualquier momento.
(iv) subsidiariedad: según la jurisprudencia
constitucional: (i) la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia, sino que la autoridad
judicial debe evaluar la eficacia de protección que proporciona el instrumento ordinario
en las circunstancias específicas del caso examinado, para que con base en ello
evalúe la urgencia y la necesidad de otorgar una protección como mecanismo
definitivo o transitorio; (ii) las personas de la tercera edad y aquellas en
estado de discapacidad pueden solicitar prestaciones económicas a través de la
acción de tutela sólo cuando están estrechamente ligadas a derechos
fundamentales tales como la seguridad social cuando se pone en riesgo el acceso
al mínimo vital.
Por una parte, se evidencia que la curadora ha
acudido a la vía ordinaria previamente para reclamar el derecho prestacional,
de ahí que cuestiona las decisiones proferidas como resultado de dicho proceso.
Ahora bien, si bien es cierto que podrían acudir al recurso de casación, lo cierto
es que por las particularidades del caso, dicho mecanismo resulta inidóneo para
responder a la protección urgente que el Estado debe frente a los sujetos de
especial protección constitucional.
Adicionalmente, según se afirmó en la tutela,
Vilma Patricia Ballesteros Londoño carece de ingresos, no percibe ningún otro
tipo de pensión, por lo que la sustitución pensional negada en el proceso
laboral representa la única fuente para sufragar sus necesidades básicas.
Aunado a lo anterior, se puede inferir que a causa de sus enfermedades y no
disponer de su fuerza de trabajo le asiste una presunción de falta de ingresos.
Conjuntamente,
dado el deterioro del estado de salud mental de la señora Ballesteros Londoño,
la Sala estima que la premura con la que recurrieron a la acción de tutela se
encuentra justificada. Ello, en razón a que tanto los mecanismos judiciales
resultan inidóneos e ineficaces para proporcionar una respuesta pronta y evitar
el perjuicio irremediable que se vislumbra en la falta de acceso a la pensión
de invalidez, siendo esta la única fuente de ingresos que garantiza y repercute
directamente en la vida digna de los peticionarios.
(v) temeridad: no se ha presentado previamente
otra reclamación por el mismo medio, con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Contrario a ello, se evidenció que se recurrió a un proceso
laboral, cuya naturaleza dista de la acción de tutela.
(vi) requisito específico: La tutela identificó
que las decisiones recurridas incurrieron en defecto sustantivo y fáctico.
10.1.2.2. Habida cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial y
se encuentran acreditados tanto los requisitos generales como señalados dos
requisitos específicos, la Sala encuentra mérito para declarar la procedencia
de la acción y estudiar el fondo del asunto.
10.1.3. Análisis sustancial del caso.
10.1.3.1. Como ya fue
puesto de presente, el problema jurídico a solucionar consiste en determinar si
el Juzgado 19 Laboral del
Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín
vulneraron los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño, incurriendo en un defecto sustantivo y
fáctico, al negar la prestación con fundamento en que: (i) el orden de
beneficiarios establecido en el artículo 47 de la Ley 797 de 2003 es
excluyente, por lo que el derecho del progenitor dependiente económicamente del
causante excluye al hermano en situación de discapacidad; y (ii) no se demostró la situación de discapacidad a falta de una calificación de pérdida de
capacidad laboral la cual no puede ser substituida por una sentencia de
interdicción.
En lo concerniente a la presunta vulneración del derecho a la
seguridad social y al mínimo vital, a partir de la aplicación del artículo 47
de la Ley 100 de 1993 por parte de las autoridades judiciales del proceso
laboral, la Sala analizará de manera separada los defectos sustantivo y fáctico
a continuación.
10.1.3.2. Análisis del defecto sustantivo.
Por una parte, conforme a las consideraciones expuestas, el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece 3 grupos de beneficiarios: El
primer grupo está constituido por el cónyuge, compañera/o permanente e hijos
con derecho, mientras que el segundo está conformado por los padres, y
finalmente el tercero abarca a los hermanos en situación de discapacidad que
dependían de afilado o pensionado fallecido. De esta manera para ser
beneficiario de una pensión de sustitución es necesario que no haya un
reclamante en un orden de prelación superior y, además, acreditar la
circunstancia de discapacidad.
Así mismo, conforme a la sentencia C-111 de 2006 estos tres conjuntos
fueron establecidos por el legislador, quien dentro de su libertad de
configuración estableció válida y legítimamente un orden de prelación y,
además, que son excluyentes entre sí.
En el presente caso, el
Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín coincidieron en fundamentar que al
tenor literal del artículo 47 precitado, la hermana en condición de discapacidad (3º orden) no podía ser beneficiaria porque Seguros de Vida Alfa S.A
favoreció a la progenitora del causante (2º orden), por tener mejor derecho
sobre la pensión de sobrevivientes.
En ese sentido, el ad-quo sostuvo que “si el
afiliado o pensionado fallecido ha dejado como supervivientes a sus padres con
derecho a la pensión de sobrevivientes por cumplir con las exigencias de ley
para acceder a ese beneficio económico, ellos excluyen de plano el
eventual derecho de los hermanos inválidos”[99]. Por su parte,
el ad-quem fundamentó que “En efecto, para que estos hermanos
inválidos que dependían económicamente del causante pudiesen llegar a ser
considerados beneficiarios de la prestación económica de sobrevivencia no
pueden existir por encima de ellos otros beneficiarios con mejor derecho como
lo son los cónyuges o compañeros permanentes, actuando de manera principal o en
concurrencia con los hijos, y viceversa, así como los padres que dependían
económicamente del afiliado o pensionado fallecido”[100].
Se observa que dichas
autoridades judiciales no erraron en su apreciación puesto que es cierto que al
existir la reclamación por parte de la madre dependiente económicamente del
causante se excluye a la hermana en condición de discapacidad, inclusive si cumple con los requisitos para ser
beneficiaria, toda vez que se encuentran en distintos órdenes de prelación que
privilegia a la madre del causante, conforme a la interpretación que esta
Corporación ha dado al artículo 47 en cuestión.
De ello se deriva que las
autoridades judiciales no incurrieron en defecto sustantivo por error de
interpretación porque sus decisiones, que fueron cuestionadas mediante la
acción de tutela, se ajustan al precedente constitucional.
10.1.3.3. Análisis del
defecto fáctico.
Por otra parte, la Sala
observa que en razón del error advertido, las autoridades judiciales demandadas
no entraron a valorar el estado de discapacidad de la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño. Ello,
en razón a que al encontrarse una persona con mejor derecho sobre la sustitución
pensional, resultaba inocuo verificar los requisitos que debía acreditar la
hermana en
condición de discapacidad, para
que en caso de no haber un beneficiario con mejor derecho, pudiera acceder a la
prestación. De ahí que no se verificó si al momento del fallecimiento de León
Darío Ballesteros Londoño, su hermana, Vilma Patricia, se encontraba
dependiendo económicamente de él y si el estado de discapacidad ya se había consolidado a la fecha.
De cualquier manera, conforme
a la jurisprudencia constitucional, en los casos en los que se reclama la
pensión de sobrevivientes por parte de una persona en estado de discapacidad y
ha sido declarada interdicta por una condición de salud congénita, con fundamento
en exámenes médicos e historia clínica, no es exigible por parte de un
particular ni de autoridades judiciales que se allegue una calificación de
pérdida de capacidad laboral.
Visto lo anterior,
esta Sala halla que en el caso sub examine no se verificó la ocurrencia
del defecto sustantivo por error de interpretación ni del defecto fáctico
invocado en la demanda de tutela. De ahí que al no encontrar mérito en las
pretensiones de la acción de tutela, se negará el amparo al derecho a la seguridad
social y mínimo vital.
10.1.3.4. Teniendo
en cuenta que las decisiones de instancia negaron por improcedencia la acción
de tutela, acorde a las consideraciones de los capítulos 4, 5, y 6, la Sala confirmará la
sentencia de instancia de tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que negó el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital,
por las razones expuestas en esta providencia.
En este sentido quedarán en firme las
decisiones cuestionadas a través de la acción de tutela, esto es, el fallo
expedido el 19 de marzo de 2015 el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín
y aquel dictado el 24 de noviembre de la misma anualidad por la Sala Primera
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en el
proceso laboral iniciado por Ruth Cecilia Ballesteros Londoño en representación
de Vilma Patricia Ballesteros Londoño contra Seguros de Vida Alfa S.A.
10.1.3.5. De cualquier manera,
la Sala advierte la necesidad de adoptar medidas para materializar el deber de
protección constitucional respecto del derecho al mínimo vital de la señora
Vilma Patricia Ballesteros Londoño, como quiera que son inciertas las
posibilidades económicas con las que esta cuenta para satisfacer sus
necesidades básicas y atender su enfermedad. Aunado a lo anterior, se advirtió
que tampoco cuenta con el apoyo financiero de su hermana, Ruth Cecilia
Ballesteros Londoño, puesto que se encuentra desempleada.
Por ende, la Sala remitirá copia
de la providencia a la Defensoría del Pueblo de Medellín a fin de que cense y
visite a la señora Vilma Patricia Ballesteros Londoño y a su curadora, de
manera tal que determine las necesidades básicas que no tiene garantizadas y,
conforme a ello, brinde de forma inmediata toda la asistencia jurídica y social
para que sea inscrita y beneficiada efectivamente de los programas de la
Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín que permitan cubrirlos.
Por último, a fin de
consolidar la especial protección constitucional que le asiste a la demandante,
por su condición de discapacidad y la
necesidad que se le garantice el acceso al servicio de salud y su continuidad,
la Sala verificó y observó que la demandante se encuentra afiliada en el
régimen subsidiado desde el 16 de julio de 2012, según la información
registrada en el Sistema Integral de la Protección Social- Registro Único de
Afiliaciones. Al respecto, se torna innecesario adoptar alguna medida adicional
toda vez que ello implica que tiene acceso al servicio de salud, el cual debe
ser prestado conforme a los principios de eficiencia, integralidad,
solidaridad, entre otros[101].
10.2. Acción de tutela interpuesta por la Procuradora Veintiocho Judicial en
defensa de los derechos de la Infancia y Adolescencia y la Familia, en agencia
oficiosa del señor José Raúl Macareno Méndez contra el Banco de Bogotá - Exp.
T-5.959.719.
10.2.1. Síntesis del caso.
10.2.1.1 Al momento del fallecimiento del señor José
Macareno Cruz quien gozaba de una pensión de vejez a cargo del Banco de Bogotá,
el señor José Raúl Macareno Méndez, era su hijo dependiente económicamente
debido a la condición de discapacidad que
presentaba. No obstante lo anterior, la pensión de sobrevivientes fue otorgada
en su totalidad a Clara Emilia Macareno Méndez, en calidad de cónyuge
supérstite.
10.2.1.2 Tras su fallecimiento, el Banco de Bogotá
negó la solicitud de sustitución pensional presentada a favor de José Raúl
Macareno Méndez, bajo el argumento que no se presentó a reclamar su derecho al
momento del fallecimiento del causante, no demostró su condición de
discapacidad para la fecha y, en que no cumplía con el requisito de dependencia
económica del causante, toda vez que cuenta con un patrimonio propio.
10.2.2. Análisis de procedencia.
10.2.2.1 De conformidad con
las consideraciones de los acápites 3 y 4, la Sala estima:
(i) legitimidad por activa: según el parámetro jurisprudencial,
la acción de tutela mediante agencia oficiosa requiere (i) la manifestación de actuar en esa calidad de
agente oficioso y (ii) que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa.
En este caso, la Procuradora Veintiocho Judicial
para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y Familia
actuó como agente oficiosa de José Raúl Macareno Méndez, quien fue declarado
interdicto. Por tal razón, la Sala estima que este no puede actuar de manera
directa y la funcionaria materializó el deber de especial protección de las
personas en situación de discapacidad, que es objeto de los artículos 2º y 13
superiores.
(ii) legitimidad por pasiva: El Banco de Bogotá
es susceptible de ser la parte demandada vía tutela según lo establecido en los
artículos 5, 13 y 42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, ya que se le
atribuye la vulneración de derechos fundamentales.
(iii) inmediatez: de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, la vulneración del derecho a la seguridad social,
como es el caso de la pensión de invalidez que fue solicitada en el caso
examinado es latente porque se trata de un derecho imprescriptible,
inembargable e inalienable.
Pese a que la acción de tutela fue interpuesta el 14
de julio de 2016 y la negativa de la sustitución pensional ocurrió 28 de
septiembre de 2015, es decir que entre ellas transcurrieron 14 meses, para esta
Sala es claro que la posible trasgresión a las garantías fundamentales de
carácter prestacional es continua. Por tanto, en el caso bajo estudio es
posible desprender la inmediatez en la interposición de la acción de tutela en
cualquier momento.
Conjuntamente,
el alto grado de deterioro del estado de salud del demandante, dada la
condición de discapacidad, encuentra
la Sala que la parte demandante recurrió en un tiempo razonable a la acción de
tutela por lo que se encuentra justificada.
(iv) subsidiariedad: Con fundamento en lo
expuesto en el fundamento 4.1.2., se observa que José Raúl Macareno Méndez es
un sujeto de especial protección constitucional, toda vez que es una persona
con disminución de capacidad que condujo a la declaratoria de su interdicción
mediante providencia del 24 de abril de 2014 del Juzgado Segundo de Familia de
Tunja, por lo cual someter a la demandante a agotar la jurisdicción ordinaria
resulta desproporcionado. Por tal motivo, la acción de tutela se consolida como
el mecanismo eficaz e idóneo para sus reclamaciones.
(v) temeridad: En ninguno de estos casos se ha
presentado previamente otra reclamación por el mismo medio, con identidad de
partes, hechos y pretensiones.
10.2.1.2. Por lo expuesto colige que la acción de
tutela cumple de lleno con todos los requisitos generales de procedencia, por
lo que se entrará a analizar el asunto de fondo.
10.2.3. Análisis del caso[102].
10.2.3.1. El hecho indicado corresponde
a la negativa del Banco de Bogotá de reconocer la pensión de sobrevivientes a
favor de José Raúl Macareno Méndez con base en tres motivos: (i) que no se
presentó a reclamar tras el fallecimiento del causante por lo que se reconoció
la pensión de manera exclusiva a la cónyuge supérstite del señor Macareno Cruz;
(ii) no demostró la condición de discapacidad previo a este hecho puesto que la
sentencia de interdicción data del 24 de abril de 2014 y el causante falleció
el 1 de marzo de 1996; y, (iii) que cuenta con un patrimonio propio por lo cual
se infiere que no era dependiente económico del causante, según consta en el
acta de inventario del proceso de interdicción.
10.2.3.2. Para
la Sala el primer motivo alegado en la negativa no es de recibo por cuanto desconoce en
forma flagrante el artículo 48 de la Carta, así como la extensa y reiterada
jurisprudencia de esta Corporación relacionada con el carácter imprescriptible
e irrenunciable de las prestaciones pensionales, la cual constituye una
interpretación clara, unívoca, constante y uniforme de la garantía fundamental
a la seguridad social[103].
Sobre este punto debe aclararse que en caso que la cónyuge
supérstite (Clara Emilia Macareno Méndez) y el hijo en condición de discapacidad
(José Raúl Macareno Méndez) hubieran
reclamado de manera concurrente, correspondía reconocer a ambos como
beneficiarios y una asignación proporcional, puesto que como se explicó en la
parte dogmática de esta providencia los potenciales beneficiarios son: i) el cónyuge o compañero o
compañera permanente supérstite y los hijos menores de 18 años y aquellos
mayores de edad hasta los 25 años, que estuvieran estudiando y dependieran del
causante al momento de su muerte así como los hijos – estudiantes hasta los 25
años o en situación de discapacidad- que dependieran económicamente del
causante; ii) los padres del causante y iii) sus hermanos en condición de
discapacidad, si
dependían de él. Concretamente, ambos son beneficiarios del primer
orden establecido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, de ahí que los dos
gozaban del mismo derecho.
Segundo, tampoco es cierto que el estado de discapacidad se hubiera configurado con posterioridad
al deceso del señor Macareno Cruz. Si bien es cierto que la sentencia de
interdicción es posterior (18 años), en ella consta que la incapacidad absoluta
de José Raúl Macareno Méndez data desde su nacimiento.
Tercero, la Sala advierte que la entidad bancaria
excusó su negativa en una consideración que tampoco es válida a la luz de la
jurisprudencia constitucional, toda vez que la condición de que inicialmente
contenía el literal e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el sentido que
condicionaba
el reconocimiento a los hijos en condición de discapacidad como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que cumplieran
con la dependencia económica y además se encontraran “sin
ingresos adicionales”, fue declarada inexequible[104].
10.2.3.3. Visto lo anterior, la entidad
demandada no tenía fundamento jurídicamente válido para negar la sustitución
pensional a favor de José Raúl Macareno Méndez y, por contera, la Sala
verificará si este cumple con los requisitos para acceder a dicha prestación al
momento de la muerte del causante. La Sala encuentra que:
a) Respecto
a la relación familiar, en el expediente obra copia del registro civil de
nacimiento de José Raúl
Macareno Méndez de la Notaría Segunda del municipio de Tunja de fecha 2 de marzo
de 1958, en el cual consta que su padre era José Macareno Cruz quien es
causante de la prestación económica alegada, tal como se demostró al radicar la
solicitud de sustitución pensional.
Por tal razón, encontrándose
acreditado el parentesco entre José Raúl Macareno Méndez y el
causante, además que la entidad territorial no lo cuestionó durante la actuación
administrativa ni en el trámite de la presente acción de tutela, esta Sala considera satisfecho este
requisito.
b) En cuanto a
la situación de discapacidad del señor Macareno Méndez, se profirió sentencia de interdicción el 24 de abril de 2014 por el Juzgado
Segundo de Familia de Tunja, de lo cual, a partir del precedente constitucional
se presume que le impide laborar y proveerse sus proprio sustento. Dicho
proceso de interdicción tampoco fue cuestionado por la entidad demandada, por
lo que esta Sala le confiere plena credibilidad y da por cumplida tal
exigencia.
c) Por último,
se infiere de los elementos probatorios que José Raúl Macareno Méndez dependía
económicamente y su padre fallecido, y luego de su madre. Sus progenitores le
proveyeron lo necesario para su congrua subsistencia, disponiendo los ingresos
que percibían de la pensión.
Teniendo en cuenta que el actor padece de un deterioro de su salud
mental que lo imposibilita a agenciar y administrar sus bienes y desarrollar
las actividades diarias por sí mismo desde su nacimiento, para la Sala resulta
obvio que esta nunca ha estado en condiciones para desempeñar algún oficio para
ganarse su sustento.
10.2.3.4. Por otra
parte, es menester reiterar que la condición de “sin ingresos adicionales”
inicialmente prevista en el artículo 47 de le Ley 100 de 1993 respecto de los
hijos en
condición de discapacidad fue declarada inexequible en la
sentencia C-066 de 2016, por considerar que limitaba irrazonablemente el
derecho a gozar la pensión de sobrevivientes.  Por lo tanto, encuentra la Corte
que la negativa de reconocer al demandante como beneficiario del Banco de
Bogotá en razón a que cuenta con un patrimonio propio no se ajusta a la
jurisprudencia constitucional.
10.2.3.5. De acuerdo a
lo anterior, se cumplen los requisitos constitucionales y legales para que José Raúl
Macareno Méndez, en situación de discapacidad, sea beneficiario de la sustitución
pensional de su padre, dado que: (i) se
encuentra acreditada su relación filial o parentesco con el causante su padre
José Macareno Cruz; (ii) se halla en situación de discapacidad
previo al fallecimiento del causante; y (iii) hay certeza sobre la
dependencia económica que tenía de su padre inicialmente, y luego de su madre
quien fue beneficiaria de la sustitución pensional, desde el 1 de marzo de 1996
(fecha de la muerte del causante).
En consecuencia, se ordenará al Banco de Bogotá reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes a favor del señor José Raúl Macareno Méndez en un término no
mayor a un mes desde la notificación de este fallo.
10.2.3.6. En atención de lo anterior, la Sala
revocará la sentencia del ad-quem y confirmará la del ad-quo que
amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida el 9 de noviembre de 2016,
proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal, que confirmó el
fallo del 15 de junio de 2016, en primera instancia por la Sala de Casación
Laboral de la misma Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por Ruth
Cecilia Ballesteros Londoño, en representación de Vilma Patricia Ballesteros
Londoño, contra el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala
Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por
las razones expuestas en esta providencia (T- 5.910.855).
SEGUNDO.- REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo de
Medellín a fin de que cense y visite a la señora Vilma Patricia Ballesteros
Londoño y a su curadora, de manera tal que determine las necesidades básicas
que no tiene garantizadas y, conforme a ello, se brinde de forma inmediata toda
la asistencia jurídica y social que requiera para que sea inscrita y
beneficiada efectivamente de los programas de la Secretaría de Inclusión Social
y Familia de Medellín que permitan cubrirlos(T- 5.910.855).
TERCERO.- REVOCAR la sentencia del 2 de septiembre de 2016 proferida en
segunda instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de
Tunja, y CONFIRMAR el fallo dictado el 26 de julio de 2016, en primera
instancia, por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja
dentro de la acción de tutela promovida por la Procuradora Veintiocho Judicial
para Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y la Familia, en
agencia oficiosa del señor José Raúl Macareno Méndez, contra el Banco de Bogotá,
que amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimos vital,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia, ORDENAR al Banco de Bogotá que proceda a reconocer y pagar
la pensión de sobrevivientes a favor del señor José Raúl Macareno Méndez en un
término no mayor a un mes desde la notificación de este fallo (T-5.959.719).
CUARTO.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E.)
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E.)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILÍAN
Secretaria (E.)
[1] Para mayor claridad se exponen de manera conjunta los
hechos referidos en la demanda y los acreditados en el acervo probatorio.
[2] Fl. 50.
[3] Fl. 19.
[4] Fl. 162.
[5] Fls. 53-54, 116 y 120.
[6] Por este motivo, la señora Londoño de Ballesteros
habría declarado ante Porvenir que desconocía la existencia de otras personas
con mejor o igual derecho para reclamar, esto es, para cumplir con una
formalidad del trámite (Fl. 144).
[7] Fl. 51.
[8] Fls. 60-67.
[9] Fls. 29-30.
[10] Fl. 163. CD 2.
[11] ídem.
[12] Idem.
[13] Transcripción de la audiencia del 24 de noviembre de
2015, en la que explica el contexto procesal de la decisión en grado de
consulta: “La sentencia responde al conflicto jurídico a establecer si la
señora Vilma Patricia Londoño Ballesteros le asiste el derecho de reclamar la
pensión de sobrevivientes en calidad de hermana del causante, León Darío
Ballesteros Londoño, conforme a lo preceptuado el literal f del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Al
respecto, debe decirse que la base fáctica y jurídica del distanciamiento ha
sido plenamente conocida y discutida por las partes, así como la sentencia
dictada por la juez de primer grado, a folio 166 y 177, en virtud de la cual se
desestimaron las pretensiones formuladas en la demanda y absolviendo en
consecuencia a las codemandadas. Lo anterior por considerar que la normatividad
que regula que el orden de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
tienen unos ordenes excluyentes entre sí. Por lo tanto, para que la demandante
pudiese acceder a la pensión en calidad de hermana inválida del demandante,
este no podía tener cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos
con derecho. Sin embargo, al estar demostrado en el plenario que esta
prestación económica se otorgó previamente a la señora Carmen Londoño de
Ballesteros, madre del causante y a su vez de la demandante, es claro que la
actora resultó excluida de este orden pensional como posible beneficiaria y así
sea cierto que la señora Carmen hubiera fallecido en el año 2012, la pensión de
sobrevivencia se reconoce una sola vez a quien demostró el mejor derecho en su
momento. Lo que resulto por la juzgadora de instancia no fue objeto de
apelación por ninguna de las partes, pero en vista de que la sentencia fue
completamente adversa a los intereses de la parte demandante, se dispuso su
remisión del proceso a este Tribunal para que se surta el grado jurisdiccional
de consulta, conforme a lo previsto con el artículo 69 del Código de Procesal
del Trabajo y la Seguridad social. (…)”.
[14] En sus propias palabras, las sentencias cuestionadas “violan
de manera directa la Constitución toda vez que se dejó de interpretar y aplicar
la disposición legal de conformidad con la Constitución Política y los
principios que gobiernan el sistema de seguridad social (solidaridad y
universalidad), igualmente no se analizó de manera concreta y específica de la
señora Vilma Patricia”. (Fl.
13).
[15] Proceso iniciado por Ruth Cecilia Ballesteros Londoño,
como curadora de Vilma Patricia Ballesteros Londoño, contra Seguros de Vida
Alfa y Porvenir, radicado 2013-1136.
[16] Fls. 60-67.
[17] Fl. 160
[18] Fl. 162.
[19] Fls. 29-30.
[20] Fls. 147-155
[21] Fl. 163. CD 2.
[22] ídem. CD 3.
[23] En el 2014, tenía 54 años según sentencia del 25 de
abril de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja (Fl.36).
[24] Dentro del proceso de interdicción en la jurisdicción
voluntaria, radicado 2013-00416, el Juzgado Segundo de Familia de Tunja decretó
de oficio una valoración psiquiátrica de José Raúl Macareno Méndez. En ella se
concluyó que este “presenta déficit cognitivo que comprende su desarrollo y
funcionamiento básico y el cual no es susceptible de mejoría bajo tratamiento.
No está en condiciones de administrar ni manejar bienes y requiere de terceros
para su subsistencia. Discapacidad absoluta”. Esta valoración corroboró el
concepto del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, donde se determinó
que el señor José Raúl Macareno Méndez es “un paciente que presenta déficit
cognitivo que compromete su desarrollo y funcionamiento básico y el cual no es
susceptible de mejoría bajo tratamiento. No está en condiciones de administrar
ni manejar bienes y requiere de terceros para su subsistencia. Discapacidad
mental absoluta.” (Fl.36)
[25] Indicó que en ella se
relacionó la quinta parte de un inmueble ubicado en Tunja, un C.D.T. por la
suma de $11’674.000 pesos, la designación de la señora Rosa Emma Méndez de
Macareno como beneficiario de la sustitución pensional que esta recibía como
beneficiaria de su cónyuge fallecido y padre de José Raúl Macareno Méndez, José
Macareno Cruz (Fl. 29).
[26] Fl. 5.
[27] Fls. 6-7.
[28] Fls. 8-13
[29] Fls. 14-15.
[30] Fls. 16-25.
[31] Fl. 43.
[32] En sus propias palabras, “el señor José Raúl
Macareno percibe una renta mensual, razón de sobra que permite concluir la
infalibilidad jurídica de que el citado reclamante sea beneficiario de la
sustitución pensional que reclama, máxime si se tiene en consideración que
nuestra legislación no permite la sustitución de la sustitución pensional”. (Fl.
34).
[33] Fl. 51.
[34] “Artículo 10.- Legitimidad e
interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.//También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.// También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[35] Aunque el número de pronunciamientos en los
que la Corte se ha referido a la agencia oficiosa es muy amplio, estos son
algunos sobre su fundamento constitucional, elementos normativos, finalidad y
efectos: T-397 de 2014, T-094 de 2013, T-388 de 2012, T-312 de 2009, T-898 de
2003, T-301 de 2003, T-531 de 2002, T-451 de 2001, SU-707 de 1996.
[36] Sentencia SU-055 de 2015.
[37] Sentencia T-439 de 2007.
[38] Sentencias T-961 de 2009 y T-095 de 2005.
[39] Sentencia T-786 de 2003.
[40] Sentencias T-443 de 2007 y T-223 de 2005.
[41] Sentencia T-113 de 2009.
[42] Sentencias T-700 de 2014 y T-503 de 1998, entre otras.
[43] Sentencias T-443 de 2007 y T-223 de 2005.
[44] La base argumentativa y jurisprudencial expuesta en
este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010, SU-195 de 2012,
SU-515 de 2013 y SU-769 de 2014. Por tanto, mantiene la postura uniforme y
reciente de esta Corporación sobre la materia.
[45] La sentencia C-590 de 2005 distinguió los requisitos generales de
procedencia de las causales específicas. Los primeros, de naturaleza procesal,
deben ser acreditados en conjunto: “(i) la relevancia constitucional del
asunto; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y,
(vi) que no se cuestionen sentencias de tutela.” Cfr. Sentencias SU-054 de 2015, SU-770 de 2014, SU-915 de
2013, SU-918 de 2013, entre otras.
[46] En sentencia C-543 de 1992 se explicó la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en las que
por actos u omisiones de los jueces surge un quebranto o amenaza de un derecho
fundamental. Esta tesis fue desarrollada posteriormente en sentencia C-590 de
2005.
[47] Artículo 86. C.P: “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. (…)”.
[48] En este sentido el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de 1991 dispone la
improcedencia de la acción de tutela esta cuando existan otros medios de
defensa judiciales, salvo se advierta la falta de eficacia de estos, atendiendo
a las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
[49] “No será necesario interponer previamente la
reposición y otro recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela.
El interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de
que ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela.”
[50] Sentencia SU-377 de 2014. En la misma línea, la Sala
Sexta de Revisión insistió en la sentencia T-417 de 2016, que señaló: “le corresponde al juez constitucional determinar si en
el caso concreto la utilización del recurso de amparo, más allá de buscar la salvaguarda
de derechos fundamentales vulnerados al interior de una actuación
administrativa, pretende enmendar la falta de agotamiento de la vía gubernativa
y con ello habilitar el estudio de la controversia en un escenario judicial.
Evento en el cual, la acción de tutela se torna improcedente.// En lo
ateniente a los mecanismos judiciales ordinarios, la jurisprudencia
constitucional ha admitido que bajo algunas circunstancias no se erigen como un
medio eficaz o idóneo para garantizar el goce del derecho fundamental invocado,
cuando existe evidencia de un perjuicio irremediable o cuando la mora judicial
de la jurisdicción implica un agravio desproporcionado para el solicitante”. En relación con el
estudio que corresponde al juez constitucional, la Sentencia T-669 de 2013
expresa que, “para determinar la concurrencia de estas dos características,
deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso, estudiando aspectos
tales como si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente
tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la
acción de tutela; el tiempo que tarda en resolverse la controversia en la
jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del
derecho fundamental durante el trámite, la existencia de medios procesales a
través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con la
protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que excusen o
justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los
mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de sujeto de
especial protección constitucional del peticionario, que exige una especial
consideración de su situación, entre otras”.
[51] Sentencia T-1752 de
2000.
[52] Sentencia C-590 de 2005.
[53] Sentencia SU-0168 de
2017.
[54] Sentencia T-328 de
2010.
[55] Sentencias T-060 de 2016, T-1028 de 2010 y T-158 de
2006, entre otras.
[56] Sentencia T-060 de 2016. Ver también, sentencias T-060
de 2016, T-1028 de 2010, T-328 de 2010 y T-158 de 2006, entre otras.
[57] Sentencia T-060 de
2016, que reiteró las reglas fijadas en sentencia T-158 de 2006.
[58] Sentencia SU-428 de 2016.
[59] Sentencia SU-050 de 2017.
[60] Sentencia SU-768 de 2014.
[61] Sentencia SU-489 de 2016.
[62] Sentencia SU-222 de
2016.
[63] La Corte reseña algunas consideraciones de las sentencias
T-525 de 2016 y T-805 de 2012.
[64] En tal
sentido, esta Corporación, en la sentencia T- 456 de 2004: “(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción
en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales
competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el
carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuandoquiera
que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados*, ancianos, miembros de grupos minoritarios o
personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización
de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos
rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.
*Entiéndase persona en situación de discapacidad, conforme a la Sentencia C-043
de 2017.
[65] Sentencias T-495 de 2003, T-1014 de 2004, T-354 de
2005, T-338 de 2004.
[66] Cfr. sentencias T-229 de 1997, SU-062 de 1999, T-429
de 2002 y T-020 de 2003.
[67] Sentencias T-651 de
2016, T-467 de 2015 y T-558 de 2010, entre
otras.
[68] El artículo 22 de la Ley 100 de 1991 prescribe que
“el empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores
a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al
momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las
voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y
trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las
correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine
el gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el
evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.”
[69] Sentencias T-406 de 1992 y T-055 de 1995.
[70] Sobre este aspecto, consultar sentencias
T-125 de 1994, T-323 de 1996 y T-378 de 1997.
[71] Sentencia T-474 de 2010.
[72] Sentencia C-1141 de 2008. En esa oportunidad, la Sala
se pronunció sobre el derecho a la seguridad social con ocasión del estudio de
constitucionalidad de una norma que establecía el derecho a recibir una
indemnización en caso de incapacidad permanente parcial. Esta tesis ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias T-473 de 2006, T-395 de 2008, T-580
de 2006 y T-517 de 2006.
[73] Véase, entre otras, las sentencias T-730 de 2012, C-111 de
2006, C-1094 de 2003, T-049 de 2002, C-617 de 2001, C-1176 de 2001, C-002 de
1999 y C-080 de 1999.
[74] Sentencia C-336 de 2014.
[75] Sentencia T-190 de 1993.
[76] Ver, Sentencias
T-525 de 2016, T-996 de 2005, T 1185 de 2004, entre otras.
[77] Sentencia C-617 de 2001.
[78] Los apartes que se refieren a la “compañera o
compañero permanente” fueron declarado exequibles condicionalmente por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-336 de 2008 y las expresiones señaladas entre
* * fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-1094 de 2003, en relación con los cargos analizados en la misma.
[79] Esta oración fue declarada
exequible condicionalmente por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-1035 de 2008, “en el
entendido que además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o
compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.
[80] La última frase fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-336 de 2014.
[81] Este literal fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1094 de 2003, en relación con los cargos
analizados en la misma
[82] La expresión “hasta los 25
años” fue declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-451 de 2005.
[83] Las expresiones inválidos “las
condiciones de invalidez” e “invalidez” fueron declaradas exequibles por los
cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-458 de 2015.
[84] La expresión “compañero o
compañera permanente” fue declarada exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-336 de 2008.
[85] Literal declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006, salvo la expresión “de forma total y
absoluta” que calificaba la dependencia económica.
[86] El aparte fue declarado
exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-336 de 2008.
[87] El término “hermanos” fue declarado exequible por los
cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-896 de 2006.
[88] El término inválidos fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-458 de 2015 porque no fue utilizado con
fines discriminatorios sino como parte del lenguaje técnico jurídico que
pretende definir una situación legal y no hacer una descalificación subjetiva
de ciertos individuos.
[89] La expresión señalada en
negrilla y entre ** fue declarada exequible por los cargos analizados por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-66 de 2016.
[90] La expresión “hasta los 25 años” fue declaradas
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-451 de 2005.
[91] “Tensión entre el principio de sostenibilidad
financiera y el principio de la condición más beneficiosa en la pensión de
sobrevivientes”. Jaramillo Campo, Kamila. Diálogos de Derecho y Política \\
Número 13 \\ Año 6 \\ ISSN 2145-2784 \\ Enero – Abril de 2014. Pág. 72
[92] Sentencia
C-111 de 2006.
[93] Sentencias T-281 de 2016, T-354 y T-730 de 2012.
[94] ídem.
[95] El análisis y
lineamientos sobre la verificación de la dependencia económica que la Corte
decantó respecto de la condición de dependencia económica, contenida en el
literal d, se pueden hacer extensivos a los demás beneficiarios que también
deben acreditar esta condición, en aplicación del principio de igualdad. En
sentencia C-111 de 2006, la Corte estudió la condición de dependencia
económica, contenida en el literal d, que establecía que: “A falta del
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, serán beneficiarios los
padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de
este”. Al respecto, explicó que debía prevalecer la verificación de un
criterio de necesidad financiera por parte de los progenitores, de sometimiento
o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, que no les permita, después
de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia económica, en lugar de
la verificación de la inexistencia objetiva de ingresos. Por ello, fijó que no
se debe descartar la dependencia económica del beneficiario si este recibe un
ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una
pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), en aplicación del
principio constitucional de proporcionalidad, siempre y cuando éstas no los
conviertan en autosuficientes económicamente, despareciendo así la subordinación
material que da fundamento a la citada prestación. En razón de lo anterior,
otorgó a los jueces de la República la responsabilidad de que en cada caso
concreto determinen la autosuficiencia económica, para lo cual se deberá
evaluar la subordinación material que da fundamento a la pensión de
sobrevivientes prevista en la norma legal demandada. Esta consideración sobre
la dependencia económica es aplicable a las demás categorías de beneficiarios,
en aplicación del principio de igualdad.
[96] Caso resuelto bajo un régimen especial definido por el
Decreto 1214 de 1990.
[97] La Corte solo retomará la resolución del segundo caso
por conservar más semejanza al caso que se analiza, esto es la petición de
sustitución pensional por parte de un hijo en situación de discapacidad.
[98] En ese caso se refirió al examen médico pericial practicado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal, dictamen de médico particular y sentencia
de interdicción definitiva por discapacidad mental.
[99] Fl. 153. CD 2.
[100] Fl. 153. CD. 3
[101] Artículo 2 de la Ley
100 de 1993.
[102] El problema jurídico
planteado sobre el asunto de la referencia consiste en determinar si la
negativa por parte de entidades pensionales de reconocer la sustitución
pensional a una persona que demuestra su condición de discapacidad y vínculo
familiar del causante, bajo el argumento que (i) dicha prestación económica
benefició inicialmente al cónyuge supérstite excluyendo ipso facto al
peticionario (hijo) y (ii) no acreditó los requisitos de invalidez y
dependencia económica, vulnera el derecho a la seguridad social y al mínimo
vital de la demandante.
[103] Sentencia SU-428 de 2016.
[104] Fundamento 8.6.