T-387-20
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 344 del 28
de septiembre de 2020, el cual se anexa en la parte final, se corrige de oficio
el numeral 7 de la parte resolutiva de la presente providencia, en el sentido
de indicar que el juez de primera instancia a quien se devuelve el expediente
es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no la autoridad
judicial que se indicó en dicho ítem.
Sentencia T-387/20
Referencia:
Expediente T-7.488.614
Acción de tutela
instaurada por Hemil Ruperto Cuarán contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., tres
(3) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, el magistrado Alejandro
Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y
en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados en el asunto de la referencia por la Sala de Casación Civil, el
21 de marzo de 2019 en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 05 de junio de 2019, en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del
resguardo indígena de Males, interpuso acción de tutela contra la providencia
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
que resolvió un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria,
dentro de una investigación por violencia intrafamiliar. Según la providencia
cuestionada, este caso supera la órbita de la Jurisdicción Indígena dado que (i)
los delitos investigados comprometen un bien jurídico de suma importancia para
el derecho nacional y (ii) las autoridades tradicionales no ofrecen
garantías reales para la víctima y para obtener una decisión justa.
1. Hechos descritos en la tutela[1]
1.
La acción de tutela es interpuesta por Hemil
Ruperto Cuarán, Gobernador del resguardo indígena de Males, en contra de la
providencia judicial proferida el 05 de diciembre de 2018, mediante la cual se
resolvió el conflicto de jurisdicción, en favor de la Justicia Penal Ordinaria,
dentro de un proceso por violencia intrafamiliar.
2.
Según relata el Gobernador, el proceso penal se
originó por la denuncia presentada por María Tráncito Alpaz en contra de su
compañero sentimental, el señor Hilario Cuarán Perenguez, con quien habría
convivido en unión libre por aproximadamente 25 años, por el delito de
violencia intrafamiliar. Ambos son miembros de la comunidad indígena de Males,
ubicada en el municipio de Córdoba (Nariño).
3.
El Juzgado Primero Penal Municipal de Ipiales
expidió orden de captura el 29 de agosto de 2018, la cual se hizo efectiva el
19 de septiembre de esa anualidad. Una vez privado de la libertad, se
desarrolló la audiencia de legalización de la captura del señor Hilario Cuarán
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Nariño), el 20 de septiembre de
2018, por el delito de violencia intrafamiliar. En el trascurso de la
formulación de imputación, sin embargo, el defensor del capturado planteó un conflicto
de jurisdicciones, teniendo en cuenta la calidad de indígenas del presunto
victimario y la denunciante. El Gobernador -ahora accionante de tutela-
coadyuvó la solicitud, señalando que la resolución del caso por parte de las autoridades
ordinarias “operaría como un proceso de pérdida masiva de cultura”.[2]
4.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en sentencia del 05 diciembre de 2018, resolvió el
conflicto en favor de la Justicia Ordinaria.[3]
Consideró que si bien se encontraban probados los elementos (i) subjetivo y
(ii) territorial que habilitan la Jurisdicción Indígena, no ocurría lo mismo
con el (iii) objetivo e (iv) institucional. Respecto al componente objetivo,
adujo que el punible de violencia intrafamiliar atenta contra la salud, la
vida, la dignidad humana y la institución familiar, “la cual es el eje
fundamental de la sociedad, por lo cual degenera en una desafortunada inversión
de valores, que rebasa los linderos de los usos, costumbres y de la cosmovisión
indígena, trascendiendo en ámbitos que son de importancia no sólo a nivel local,
sino incluso nacional e internacional”.[4]
Y respecto al elemento institucional concluyó que “no se puede entrar
a deducir que la víctima y sus dos hijas tendrían protección seria y racional
por parte de la autoridad indígena, que ni siquiera se refirió a la señora
Tráncito Alpaz, no señaló un procedimiento para atenderla y brindar protección”.[5]
2. Acción de tutela
5.
El 08 de marzo de 2019, Hemil Ruperto Cuarán,
Gobernador del resguardo indígena de Males, presentó tutela en contra de la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el conflicto de
jurisdicciones. Sostiene que con dicho fallo se ha desconocido el artículo 246 superior
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha protegido la Jurisdicción
Especial Indígena, configurando así un defecto por violación directa de la
Constitución y un defecto fáctico por indebida valoración de las
pruebas.
6.
Argumenta que en este caso sí se cumplen los
criterios para habilitar la Jurisdicción especial. Respecto al elemento
institucional, manifiesta que el resguardo de Males cuenta con “(i)
autoridades propias de la comunidad, lo cual se corrobora con la presencia del
Gobernador indígena y sus corporantes; [y] (ii) la existencia de
usos, costumbres, normas y procedimientos que resultan aplicables por estas
autoridades”. Y frente al factor objetivo recuerda que “para las
comunidades indígenas la familia son los taitas y las mamas que conforman ese
núcleo fundamental del resguardo y que desde la cosmovisión indígena son de
mayor respeto por cuanto en el respeto de la familia recae la buena marcha del
cabildo. Además, si bien es cierto [que] el bien jurídicamente
tutelado es la familia y este es de gran envergadura para la sociedad
mayoritaria, también lo es para la jurisdicción indígena”.[6]
7.
A partir de lo anterior, solicita se tutelen los
derechos fundamentales a la diversidad cultural, la autonomía jurisdiccional,
la integridad étnica y cultural del resguardo indígena de Males, así como el
derecho fundamental al juez natural. En consecuencia, se deje sin efectos la
providencia del 05 de diciembre de 2018 dictada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se ordene al Juzgado Promiscuo
Municipal de Córdoba remitir el expediente del proceso penal a las autoridades
tradicionales indígenas.
8.
Junto con su escrito de tutela allegó (i) copia
del fallo del 05 de diciembre de 2018, proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante el cual se resolvió el conflicto de jurisdicciones y (ii)
el certificado del Ministerio del Interior que lo reconoce como Gobernador
indígena del resguardo de Males.
3. Contestación de la entidad
demandada y demás vinculados
9.
El magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago,
ponente de la providencia del 05 de diciembre de 2018 que resolvió el conflicto
de jurisdicciones, respondió al escrito de tutela oponiéndose a sus
pretensiones. En su entender, lo que pretende el accionante es “someter el
trámite ya finiquitado a otra instancia, abusando de este mecanismo excepcional”.[7]
10.
Para fundamentar su posición, reiteró las
consideraciones que llevaron al Consejo Superior de la Judicatura a resolver el
conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria. Explicó
que “el delito de violencia intrafamiliar como es el que se le imputa a
Hilario Cuarán Perenguez no es de poca monta, pues el mismo se constituye en un
fenómeno social complejo y de difícil erradicación, en la medida que afecta la
institución básica de la sociedad que es la familia, y en tal medida,
trasciende más allá de la etnia del presunto agresor y de la víctima”.[8]
11.
Consideró, además, que en este caso debe
aplicarse una perspectiva de género. Más aún, tratándose de una mujer y sus dos
hijas víctimas, “quienes han de contar con una protección seria y racional
por parte de las autoridades, en aras de no revictimizar a las mujeres
presuntamente sujetas al maltrato físico y psicológico durante tantos años”.[9]
12.
Por último, propuso hacer una analogía con la Justicia
Penal Militar en el sentido de que “si en ese ámbito el fuero debe aplicarse
exclusivamente a las conductas que pueden perjudicar la prestación del
servicio, en la jurisdicción especial indígena, el fuero debe limitarse a los
asuntos que conciernen únicamente a la comunidad”.[10]
13.
La representante de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior, por su parte,
solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva en lo que respecta a su entidad[11]. Sin embargo, presentó
algunas consideraciones sobre el asunto de fondo. Con respecto a la naturaleza
del bien jurídico protegido dentro del proceso penal, sostuvo que éste
pertenece tanto a la cultura mayoritaria como a la comunidad indígena, aunque
también advirtió que “usualmente el Consejo Superior de la Judicatura
procede a excluir de plano la competencia de la jurisdicción especial indígena,
cuando el delito representa especial gravedad para el derecho mayoritario”.[12]
14.
Afirmó que cuando la víctima se encuentra en
situación de indefensión o especial vulnerabilidad, “la evaluación y
verificación del elemento institucional debe ser especialmente riguroso”,
sin que ello signifique que el asunto escape automáticamente a la Jurisdicción Indígena.
En su parecer, lo importante en estos casos es “determinar con certeza que
la aplicación del fuero indígena no genere impunidad, y que el derecho propio
tenga la capacidad tanto de garantizar la protección de la víctima y la
efectividad de sus derechos, como la garantía al debido proceso del acusado”.[13] Por lo anterior, sugirió
decretar pruebas técnicas acerca de la experiencia de las autoridades del
resguardo en casos similares, con el propósito de determinar con certeza si las
autoridades tradicionales, sus usos, costumbres y procedimientos internos,
tienen la suficiente capacidad para sancionar al infractor y proteger a las
víctimas.
4. Decisiones de instancia en el
trámite de tutela
15.
Actuando como juez de tutela de primera
instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 21 de marzo de 2019, negó el amparo.[14] Luego de citar in
extenso los argumentos que expuso el Consejo Superior de la Judicatura,
concluyó que la comunidad “no tenía un marco institucional mínimo para
efectuar la investigación del punible endilgado y satisfacer en grado sumo los
derechos de las víctimas”. Coincidió en que este tipo de casos requería una
perspectiva de género, “pues se trata de un grupo históricamente
discriminado catalogado como inferior en relación con los hombres, situación
que para los victimarios justifica y apoya sus abusos”.
16.
El accionante impugnó el fallo. Reprochó que la
Corte Suprema asumiera “de primera mano una ineficacia del cabildo como
institución”.[15]
Al respecto, informó que el resguardo indígena de Males cuenta con un sistema
de justicia propio que se realiza con el Gobernador indígena y su Corporación.
Además, ofrece servicios de psicología, medicina general y medicina
tradicional.
17.
No obstante, en segunda instancia, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 05 de
junio de 2019 confirmó la decisión.[16]
Reiteró que la providencia atacada se soportó en argumentos razonables.
5. Actuaciones adelantadas en
sede de revisión
5.1. Primer Auto de pruebas
18.
Teniendo en cuenta que la Dirección de Asuntos Étnicos,
Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior sugirió decretar pruebas
técnicas, con el propósito de determinar con certeza los usos, costumbres y procedimientos
internos del resguardo indígena de Males, y que era necesario verificar el
estado del proceso penal en curso, la magistrada sustanciadora, mediante Auto
del 1º de octubre de 2019, decretó una serie de pruebas. Puntualmente, (i)
solicitó al Consejo Superior de la Judicatura enviar el expediente mediante el
cual se resolvió el conflicto de jurisdicciones; (ii) indagó a las autoridades
correspondientes sobre los avances y providencias proferidas dentro del proceso
penal que cursa en contra de Hilario Cuarán; y (iii) encomendó unos conceptos
técnicos para avanzar en la comprensión del derecho propio del resguardo indígena
de Males, incluyendo a las autoridades tradicionales, al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) y a varias universidades.
19.
El Consejo Superior de la Judicatura envió un
resumen de las actuaciones surtidas dentro del conflicto de jurisdicciones,
pero señaló que no tenía el expediente físico, dado que el mismo había sido
remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, Nariño, a quien se le
asignó la competencia del caso. El ICANH y la Escuela de Justicia Comunitaria
de la Universidad Nacional, por su parte, pidieron una prórroga para rendir el
concepto.[17]
A continuación, se resumen las intervenciones que allegaron las demás entidades
convocadas.
5.1.1. Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC)
20.
El representante legal de la ONIC[18] intervino para
coadyuvar el escrito de tutela. Luego de citar varias sentencias de la Corte sobre
los principios constitucionales que desarrolla la Jurisdicción Especial Indígena,
hizo énfasis en la maximización de la autonomía de las comunidades, como
un presupuesto esencial para resolver este tipo de casos y al mismo tiempo
preservar la supervivencia y diversidad cultural de los pueblos étnicos.
También allegó un concepto rendido por Eudo Cuarán, comunero indígena del resguardo
de Males y profesional en sociología,[19]
quien desarrolló los elementos centrales del derecho propio al interior de esta
comunidad.
21.
Según este concepto, la justicia propia
ancestral se ha hecho en “defensa de la madre tierra, en favor de la ley
natural en respeto a la luna, al agua como elemento constitutivo de la
complementariedad de lo femenino”. El cabildo es la autoridad que tiene la
facultad para llevar el Bastón de Mando, “considerado desde tiempos
milenarios como el símbolo de la naturaleza y la cultura, que representa la
dualidad femenina y masculina, llevando inmersos los valores y principios de la
rectitud, pulcritud, honestidad, reciprocidad, territorio y comunidad”. En
Males, como en otras comunidades del pueblo de los Pastos, “la autoridad
indígena no es solo una persona, es el hombre y la mujer acompañado de un
conjunto de conocimientos, creencias, usos y costumbres, es la autoridad
guiadora a cada instante en el caminar, en el tiempo y el espacio, es la que
retoma y sigue el camino de los espíritus y los ancestros”.[20]
22.
La autoridad indígena del Cabildo de Males es
conocida como “la honorable Corporación del Cabildo” y está compuesta
por doce miembros: tres regidores (primero, segundo y tercero), dos alcaldes
ordinarios (primero y segundo) y un gobernador; cada uno con sus respectivos
suplentes que son elegidos por la comunidad anualmente de acuerdo con la Ley 89
de 1890. Todos los miembros del Cabildo llevan los bastones de mando o vara de
justicia a los actos oficiales o sagrados. La comunidad también cuenta con un “Centro
de Resocialización y Armonización del Palacio de la Realeza Indígena” que
hace las veces de centro de reclusión. Este espacio fue creado en el año 2015 y
en la actualidad alberga nueve comuneros que fueron condenados por la Justicia
ordinaria, pero cuyas condiciones de reclusión y resocialización han venido
siendo reclamados por el resguardo “debido a que resulta aflictivo para el
cuerpo, y a la vez para el espíritu, el encierro violento y soportando de
manera adicional el hacinamiento que hace carrera en las cárceles del país”.[21]
5.1.2. Universidad Nacional – Facultad de Ciencias Humanas
23.
La Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional, a través de su Decana envió el concepto rendido por el
profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, quien ha trabajado con distintos
resguardos del Departamento de Nariño[22].
El concepto es categórico en señalar que los pueblos de los Pastos cuentan con herramientas
de coerción suficientes, de las cuales se sirve el Consejo Mayor de Justicia. Estas
incluyen trabajo comunitario, fuetazos,[23]
reclusión en centro de convivencia o, si este no existe, remisión temporal a
cárcel administrada por el INPEC, pérdida de los derechos particulares conforme
a la Ley de Origen, llamado de atención, solicitud de arrepentimiento público y
el destierro, entre otros.
24.
Una vez establecida la naturaleza del delito o “desequilibrio”
cometido, corresponde al Consejo Mayor restablecer el “buen vivir” de
las víctimas: su bienestar en plenitud y su integridad física y emocional,
aislándole de quienes les han agredido, proveyéndoles residencia temporal en
casa de alguien de la comunidad, alimentación, salud, etc.[24] El profesor Páramo
resaltó la importancia de la noción de equilibrio al interior de estas
comunidades, y que lleva a una concepción más armónica y de complementariedad
entre hombre y mujer. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos que
suponen las formas de violencia presentes en la sociedad mayoritaria y que han
permeado estos pueblos étnicos.
25.
De acuerdo con el concepto, un número
significativo de lideresas y líderes del pueblo de los Pastos, han hecho
carrera universitaria, y, en consecuencia, han asumido para su sociedad
principios del actual reconocimiento a las particularidades de género y el
respecto por la identidad sexual y la soberanía por el cuerpo propio. Lo
anterior significa que hoy en día no es sostenible argumento cultural alguno
que, soportado sobre una “tradición” que no se compadece con la Ley de
Origen, arguya algún tipo de legitimidad consuetudinaria con respecto a la violencia
de género.
5.1.3. Universidad de Nariño
26.
Dos profesores del Departamento de Sociología[25] rindieron concepto
conjunto en el que concluyeron que era necesario que la Corte avanzara en la
protección de grupos especialmente vulnerables, “pues dentro de sus
ordenamientos jurídicos indígenas no es posible hablar de la plena garantía de
los mismos, ya que su cosmovisión y forma de vivir en sociedad, son
patriarcales”.[26]
27.
Explicaron que si bien si bien la mujer cumple
un rol fundamental en los pueblos de los Pastos, en tanto parte constitutiva de
su cosmovisión y de su sistema de organización social y económica (la Chagra[27]), sus
derechos no se encuentran plenamente protegidos, ya que el sistema predominante
actual es patriarcal, “directamente influenciado por el pensamiento
occidental conllevando con ello a la subordinación y dominación de la mujer por
parte de los hombres”.[28]
28.
El concepto reconoce que existe un aparato
institucional de administración de justicia propia, que comienza por pedir que
los comuneros comparezcan ante la autoridad. Adicionalmente, se solicita una
valoración del médico para determinar los daños físicos y psicológicos
causados. Con base en estas evidencias, el Cabildo evalúa la situación y la
gravedad del asunto de acuerdo a sus usos y costumbres. Dentro del derecho
propio se contempla una falta como leve, grave o gravísima y en este sentido se
aplica el castigo correspondiente, un castigo que puede ser físico, látigo,
celda o calabozo. Pero estas instituciones no son suficientes –en opinión de
los intervinientes- para superar el fuerte sesgo patriarcal que ha hecho curso
en estas comunidades y que impide “hablar de protección seria y racional de
los derechos fundamentales de las mujeres”.[29]
5.1.4. Resguardo indígena de Males
29.
Hemil Ruperto Cuarán, actuando como Gobernador
del resguardo indígena de Males, intervino ante la Corte para profundizar en la
explicación de los elementos que conforman el sistema de derecho propio. Aseguró
que al interior de la comunidad ya se han resuelto casos de violencia entre
integrantes de una familia, originados por múltiples factores, tales como el
exceso de alcohol, sustancias estupefacientes, relaciones extramatrimoniales o
actos de intolerancia. En principio, las autoridades tradicionales intentan una
vía de conciliación entre las partes, a partir de una serie de compromisos que
pueden ir desde asumir ciertas reglas de comportamiento o cuando el asunto se
torna más complejo, retirar al victimario del núcleo familiar y prohibirle su
acercamiento. Pero si la aproximación inicial no logra frenar el conflicto, se
pasa al juzgamiento de la conducta, lo cual se hace de la siguiente manera:
“La oralidad es la
base fundamental para dirimir todo conflicto al interior de nuestra comunidad
Indígena, por ello los procesos que hemos dirimido han sido mediante un careo
de las partes en una asamblea bien sea interna de los involucrados y el
Honorable Cabildo o en presencia de comunidad, donde se escucha a las partes,
se anexan pruebas, testimonios o documentos que permitan esclarecer los hechos,
es decir son ellos quienes directamente exponen sus argumentos, pruebas,
testimonios y quien toma una determinación es el Honorable Cabildo, conformado
por 10 personas representantes de la comunidad de los diferentes sectores que
componen el resguardo, además el Gobernador, Regidores, alguaciles y si el
asunto es de extrema gravedad se reúne a los mayores, en este caso a los
exgobernadores”.[30]
30.
Con respecto a las medidas de protección a la
víctima, el Gobernador señaló que existen varias alternativas a considerar: el
abandono del núcleo familiar por parte de la persona que haya incurrido en la
conducta; la prohibición de acercarse a las víctimas; el apoyo
interinstitucional con profesionales de la corporación indígena o del Estado
que ayuden a solucionar el conflicto; y en caso de que la conducta sea
repetitiva y nada de lo anteriormente planteado funcione, con el acompañamiento
de la guardia indígena se detiene al agresor y se lo interna preventivamente en
las instalaciones del Centro de Armonización “Nueva Vida”.
31.
Finalmente, el Gobernador se refirió al rol de
la mujer en la comunidad, afirmando que no es posible desconocer “el papel
fundamental de nuestras mujeres, madres, esposas, compañeras e hijas, la
historia ancestral narrada por nuestros mayores y antepasados nos relatan cual
fue el papel tan trascendental que desempeñaron ellas en nuestras luchas por la
liberación y en la defensa del territorio”. Agregó que “las mujeres son
la base de nuestro sistema de convivencia pues gracias a ellas existimos y
gracias a ellas existen nuestros núcleos familiares que en su conjunto
conforman el resguardo de Males”. No obstante, también reconoció que “en
la época contemporánea es indiscutible que nuestra comunidad indígena ha sido
permeada por otras culturas y los problemas de ellas”, especialmente en
contra de las mujeres[31].
5.1.5. Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
(DARIM) del Ministerio del Interior
32.
El Director de la entidad explicó, en términos
generales, que dentro de sus competencias se encuentra realizar acciones
encaminadas al fortalecimiento de los procesos organizacionales de las
comunidades indígenas y consolidación de sus derechos étnicos y culturales.[32] Manifestó asimismo que
el Gobierno nacional se comprometió a dar cumplimiento a una agenda
programática de desarrollo integral de los pueblos de los Pastos y Quillasingas.
Sin embargo, no hizo ningún comentario específico respecto a los avances
que ha tenido la Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos “Laureano
Inampues Cuatín” a la que se refirió en su intervención en primera
instancia de tutela.
5.1.6. Fiscal 13 Local de Ipiales
33.
El Fiscal 13 Local de Ipiales (Nariño), a cargo
del proceso por violencia intrafamiliar en el que figura como víctima la señora
María Tráncito Alpaz, y como indiciado el señor Hilario Curarán Perenguez,[33] presentó a la Corte un
resumen de las principales actuaciones surtidas hasta el momento.
34.
De acuerdo con este informe, el 21 de septiembre
de 2018 se llevó a cabo audiencia de legalización de captura. Luego, el 07 de
mayo de 2019, se realizó la audiencia de formulación de imputación, en la cual
el indiciado no aceptó cargos y el juez negó la detención intramural pero
impuso la detención domiciliaria mientras se surte el proceso. El 04 de julio
de 2019, el Fiscal presentó escrito de acusación, y el 16 de octubre se llevó
la formulación de acusación ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Funes
(Nariño). El asunto en referencia se encuentra en etapa de juicio.
35.
El Fiscal a cargo también remitió la información
relevante del caso que obra en el expediente penal y que sirvió de fundamento a
la acusación contra el señor Hilario Cuarán. En los documentos allegados se
detallan los múltiples episodios de violencia que motivaron la interposición de
la denuncia, así como los testimonios y exámenes médicos practicados a la
presunta víctima.
5.2. Segundo auto de pruebas
36.
En atención a que los documentos allegados por
la Fiscalía referían episodios de violencia causados de tiempo atrás, se convocó
a María Tráncito y a su hija mayor para entender cómo había sido su interacción
con las autoridades del resguardo. Aunque estas no fueron vinculadas
formalmente al proceso de tutela iniciado por el Gobernador indígena contra la
decisión del Consejo Superior la Judicatura, la Corte decidió escucharlas para
conocer de primera mano su impresión sobre el proceso penal en curso y las dificultades
que pudieron haberse presentado con las autoridades tradicionales del
resguardo. Igualmente, se solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba enviar
copia del incidente que resolvió el conflicto de jurisdicciones. Finalmente, se
formularon algunos interrogantes adicionales a la Dirección de Asuntos Étnicos,
a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación. Con el fin de adoptar
una decisión informada y poder valorar el material allegado, se suspendieron
los términos del proceso.[34]
A continuación, se resumen las pruebas a partir del segundo auto de pruebas,
proferido por la Sala Segunda de Revisión el 19 de noviembre de 2019.
5.2.1. Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
(DARIM) del Ministerio del Interior
37.
Mediante escrito enviado el 26 de noviembre, el
Director de la entidad informó que tanto la menor Erika Andrea Cuarán Alpaz
como Marcela Jimena Hernández Alpaz, hijas de la señora María Tráncito Alpaz, aparecen
registradas en los auto-censos realizados por el resguardo indígena de Males en
los años 2015, 2017, 2018 y 2019. [35]
5.2.2. María Trancito Alpaz y su hija Marcela Jimena
Hernández Alpaz
38.
La señora María Tráncito manifestó que desde
2016 había comunicado a las autoridades del resguardo las agresiones que sufría
de parte de su expareja, “pero desde ese tiempo hasta los últimos hechos
ellos nunca [l]e han prestado atención ni han aplicado ningunas leyes o normas
indígenas para dar solución o reparar los daños que el señor Hilario Cuarán
[l]e ha causado”.[36]
Asegura que la única respuesta que recibió del Gobernador indígena fue el
acompañamiento para abandonar la casa en la que habitaba con su expareja;
propuesta que la señora María rechazó enfáticamente, al no querer renunciar al
patrimonio familiar por el cual había trabajado tantos años. Por todo lo
anterior, solicita que el proceso continúe ante el sistema penal ordinario,
pues asegura que de la justicia tradicional nunca ha recibido ningún beneficio
y “mi vida y las de mis hijas quedarían corriendo peligro”.[37]
39.
En el mismo sentido se pronunció su hija mayor,
Marcela Jimena Hernández Alpaz. Señala haber sido testigo estos años de cómo
las autoridades tradicionales “no han dado ninguna protección ni respaldo
sobre los daños y perjuicios ocasionados por el señor Hilario Cuarán”. En
su parecer, ello se explica por intereses políticos y económicos que han forjado
una protección indebida al agresor. Aduce que el señor Hilario en su condición
de Concejal y dueño de una ladrillera ha hecho donaciones a las autoridades del
municipio a cambio de mantener su inmunidad. Para soportar lo anterior, allega
en medio magnético un video en el que se observa un camión que transporta
ladrillos y que tiene escrito en su costado “Resguardo indígena de Males”,
mientras que una persona les reprocha que es de esta forma que el señor Hilario
ha ganado favores del Gobernador y las autoridades civiles, “regalando
ladrillos”.[38]
5.2.3. Procuraduría General de la Nación
40.
El Procurador Delegado para Asuntos Étnicos
respondió que dentro de la entidad no existen protocolos específicos para la
interacción con comunidades indígenas, pero señaló que mediante Resolución No.
254 del 08 de junio de 2017 se creó la Procuraduría Delegada para Asuntos
étnicos. Sin embargo, esta área “no participa en situaciones ajenas a la
concurrencia de vulneración de los derechos de los pueblos étnicos, vistos como
entes colectivos”.[39]
41.
De otra parte, declaró que las acciones
relacionadas con el artículo 246 superior se vienen debatiendo y concertando en
el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional
y la Jurisdicción Indígena (COCOIN), creada mediante el Acuerdo PSAA12-9614 del
19 de julio de 2012. Resalta que este espacio ha servido como un mecanismo de
interlocución, concertación, planeación y seguimiento de las políticas de la Rama
Judicial en materia de Jurisdicción Especial Indígena.
5.2.4. Fiscalía General de la Nación
42.
La Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación (FGN) remitió a la Corte un documento explicando los
aspectos centrales de la interacción que lleva a cabo el ente acusador con la Jurisdicción
Indígena. En particular, se refirió a la Directiva 0012 de 2016 que estableció
los lineamientos de competencia con respecto a esta jurisdicción especial. De
acuerdo con esta Directiva “ningún caso será tomado de forma automática por
la jurisdicción ordinaria, sin antes haber realizado un análisis serio de los
elementos propuestos por la Corte”.[40]
Agrega que en la práctica “este documento ha permitido que los conflictos de
competencia se disminuyan al máximo y que, cuando un comunero se encuentre
involucrado en algún tipo de delito, pueda pagar su medida de aseguramiento o
su pena en el territorio”.[41]
43.
También se refirió a la “Guía para la
atención a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas” cuyo
objetivo fue establecer los lineamientos de atención para miembros de los
pueblos indígenas, entendiéndolos como sujetos de especial protección. De
acuerdo con la entidad, esta Guía ha tenido un impacto positivo ya que ha
permitido fijar lineamientos de cooperación cuando las autoridades indígenas no
tienen los medios para adelantar la labor investigativa que realiza el CTI y la
Policía Judicial. Esto ha permitido que el cuerpo de investigación de la
Fiscalía apoye a las comunidades a través de soporte logístico, entrenamiento
de inteligencia, apoyo en terreno y todas aquellas acciones que puedan
contribuir a mejorar la investigación y judicialización de los responsables de
cometer delitos en sus comunidades.[42]
44.
Destaca como un caso exitoso de cooperación, el
trabajo armónico de la Seccional Cauca de la FGN con el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC). En marzo de 2017 se suscribió, con el acompañamiento
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, un acuerdo de entendimiento que ha permitido una “articulación más
fluida” en aspectos como: (i) la posibilidad de realizar interceptaciones
telefónicas y búsqueda selectiva en bases de datos ordenadas por una autoridad
indígena directamente al CTI; (ii) la posibilidad de que una autoridad indígena
ordene directamente cualquier experticia técnica que requiera de aspectos
científicos del CTI o de medicina legal;[43]
(iii) la materialización de órdenes de captura a sujetos que sean requeridos
por las autoridades indígenas. Destaca además que esto ha sido posible sin tener
que pasar por la autorización de un juez de control de garantías, dado el
reconocimiento constitucional que se hace a la autoridad jurisdiccional de los
pueblos indígenas y su sistema de derecho propio.[44] En la actualidad, se
adelantan otros programas piloto en las seccionales de Putumayo y Amazonas,
para poder replicar este modelo de cooperación.
5.2.5. Escuela de Justicia Comunitaria- Universidad
Nacional de Colombia
45.
La Escuela de Justicia Comunitaria presentó un
concepto elaborado por un equipo interdisciplinario y con el apoyo de algunos
miembros de la comunidad indígena de los Pasto.[45] De acuerdo con este informe,
si bien existe una subordinación de la mujer en esta comunidad indígena, como
resultado de lógicas de poder reproducidas desde el régimen Colonial y
adoptadas por algunas autoridades tradicionales, no es menos cierto que existen
iniciativas al interior de las mismas comunidades para que esa subordinación
sea superada y así retomar el ideal de complementariedad previsto en su derecho
propio. No reconocer la competencia del Cabildo para resolver este asunto e “interponer
irreflexivamente la intervención de la justicia occidental provocaría que: (i)
la cultura Pasto y su derecho propio se diluyan por ineficaces y (ii) las
iniciativas de participación que se están generando dentro de la comunidad para
incidir en las prácticas de la justicia propia por parte de las mujeres pierdan
fuerza”.[46]
46.
El documento hace énfasis en el concepto de dualidad,
entendido como una forma de complementariedad entre las fuerzas o energías,
rasgos del territorio y la geografía, y en los fenómenos naturales, incluidos
lo masculino y lo femenino. Sin embargo, esta armonía fue alterada como
resultado “de la colonización española y republicana se creó un desbalance
entre la mujer y el hombre, a partir del machismo propio de ambas
colonizaciones, donde la mujer era inexistente hasta hace muy poco”.[47] En todo caso, el
documento reitera que es posible reivindicar la perspectiva de género sin
desconocer las tradiciones ancestrales, logrando una armonía entre movimientos
sociales.
5.2.6. Intervenciones dentro del término de traslado
47.
Dentro del término de traslado, únicamente se
recibió un pronunciamiento adicional de parte del magistrado Pedro Alonso
Sanabria Buitrago, ponente de la providencia cuestionada a través de la acción
de tutela. Según su intervención, los conceptos y pruebas recaudadas confirman
la postura originalmente erigida por el Consejo Superior de la Judicatura. Reafirma
que la víctima y sus dos hijas no recibirían una protección seria y racional
por parte de la autoridad indígena, pues no son claros los procedimientos para
garantizar sus derechos, ni se cuentan con las garantías necesarias para
atenderlas, brindarles protección y acompañamiento. Muestra de ello son -asegura-
los nuevos señalamientos de agresiones y amenazas que se siguen presentando.[48]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
48.
De conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241-9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, la Corte Constitucional es competente para conocer de los fallos materia
de revisión.
2. La acción de tutela contra
providencias judiciales. Análisis de procedencia en el caso concreto
49.
Antes de entrar a considerar de fondo cuestión
alguna del caso, debe la Sala establecer si la presente acción de tutela
procede a la luz de la Constitución y si, por tanto, puede entrar a abordar de
fondo el asunto.
50.
En virtud de los principios de supremacía
constitucional y eficacia de los derechos fundamentales, así como del derecho a
disponer de un recurso judicial efectivo, entre otros, hoy en el ordenamiento
jurídico colombiano no hay dudas acerca de la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
explicado que “de conformidad con el concepto constitucional de ‘autoridades
públicas’, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les
corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales”.[49]
51.
Con todo, teniendo en cuenta que las
providencias judiciales: (a) son el escenario habitual de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales, (b) de ellas se predica el efecto de
cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en
un Estado democrático, y (c) están amparadas por el principio de respeto a la
autonomía e independencia de los jueces,[50]
la Corte Constitucional ha fijado una serie de requisitos para analizar este
tipo de demandas. No hace falta reiterar en detalle la evolución
jurisprudencial sobre este punto; basta con recordar que con la Sentencia C-590
de 2005[51]
se consolidó la postura de la Corte que representa una línea uniforme y actual
de esta Corporación.[52]
Allí, la Sala Plena explicó que hay dos tipos de requisitos, unos generales y
otros específicos.
52.
Los requisitos generales habilitan el
estudio de fondo por parte del juez constitucional. Estos son: (i) que la
cuestión discutida sea de relevancia constitucional; (ii) que se haya agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla con el
requisito de la inmediatez; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta sea decisiva o determinante en la providencia controvertida, de
modo que aparentemente afecte los derechos fundamentales del actor; (v) que la
parte accionante identifique razonablemente los hechos generadores de las
vulneración y los hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que sea
posible; y (vi) que la providencia atacada no sea una sentencia de tutela. Se
trata, entonces, de un grupo de requisitos previos a la constatación de la
presunta afectación o vulneración de las garantías fundamentales. Por tanto, no
implican una valoración y/o juzgamiento sobre el fondo del asunto.
53.
Respecto del segundo grupo de requisitos,
también llamados “causales especiales de procedencia”, la Corte, en la
precitada Sentencia C-590 de 2005, señaló que en el asunto concreto debe
configurarse alguno de los siguientes defectos, como condiciones para la
prosperidad del amparo constitucional: (i) orgánico, si el operador que
adoptó la providencia controvertida carecía de competencia para ello; (ii) procedimental
absoluto, si la autoridad judicial actuó al margen de los procedimientos
sustancial y formal establecidos, afectando los derechos fundamentales del
accionante; (iii) fáctico, si, por ejemplo, el juez carecía del apoyo
probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal en el que se
sustentó la decisión cuestionada; (iv) material o sustantivo, cuando,
por ejemplo, en el marco del proceso ordinario se ha tomado una decisión con
base en normas inexistentes o inconstitucionales, o se han omitido los
presupuestos normativos aplicables en el caso particular; asimismo, cuando se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
resolución del caso; (v) error inducido, cuando el juez o tribunal ha
sido víctima de un engaño que lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales); (vi) ausencia de motivación, implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídico-constitucionales de sus decisiones; (vii) desconocimiento
del precedente; y (viii) violación directa de la Constitución.
54.
Frente al caso concreto, de entrada esta
Corporación concluye que le corresponde adelantar un juicio de constitucionalidad
sobre el fondo del mismo, pues se encuentra demostrada la superación de los
requisitos generales, así:
55.
Relevancia constitucional. El recurso de amparo contra providencias judiciales está estrictamente
reservado a aquellos eventos en los que se evidencia, prima facie, una
trasgresión o amenaza de los derechos de quien invoca la salvaguarda. No se
trata entonces de la resolución de debates de mera legalidad, sin implicaciones
trascendentes en la realización de los derechos fundamentales, pues su propósito
es controlar la sujeción a la Carta Política de las decisiones judiciales. Esto
no obsta para tener en cuenta que, a la hora de verificar la importancia del
asunto, el juez de tutela deba ser especialmente cuidadoso de no adelantar un
prejuzgamiento sobre el mismo. Como ya se advirtió, es un requisito previo,
cuya verificación no está llamada a determinar el estudio de fondo que merezca
la solicitud de amparo.[53]
56.
En este caso concreto, el Gobernador indígena
que interpone la acción solicita el amparo de los derechos fundamentales a la
diversidad cultural, la autonomía jurisdiccional, la integridad étnica y
cultural del resguardo indígena de Males, así como el derecho fundamental al
juez natural para el acusado del delito de violencia intrafamiliar. Así, este
caso adquiere evidente relevancia constitucional en tanto que la providencia
que resolvió el conflicto de jurisdicción repercute directamente en el
principio de diversidad cultural que inspira la Constitución de 1991[54] y más específicamente en
el ejercicio de la autonomía jurisdiccional indígena consagrada en el artículo
246 superior.
57.
Subsidiariedad. La
providencia que se cuestiona es aquella mediante la cual el Consejo Superior de
la Judicatura resolvió el conflicto de jurisdicción. La Sala encuentra que el
accionante no tiene otro mecanismo de defensa que le permita solicitar la
protección del derecho que estima conculcado, ya que la decisión adoptada no es
susceptible de recurso alguno. Así las cosas, este requisito también se
encuentra cumplido, pues fueron agotados todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado.[55]
58.
Inmediatez. En
este caso, la decisión judicial fue adoptada por el Consejo Superior de la
Judicatura el 05 de diciembre de 2018. Según se observa en el sistema de
consultas de la Rama Judicial, dicha sentencia fue comunicada el 14 de febrero
de 2019 al señor Hemil Ruperto Cuarán, quien luego radicó la acción de tutela
el 8 de marzo de la misma anualidad.[56]
En este sentido, el actor tardó menos de un mes para interponer el mecanismo de
amparo, lo que claramente es un lapso razonable.
59.
No se invoca una presunta irregularidad
procesal. La acusación del accionante no se
relaciona con una falla del procedimiento, sino con el fondo de la decisión
adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que, en su parecer, desconoció la autonomía de la comunidad
indígena. Luego, no es necesario constatar este requisito.
60.
Formulación razonable de la acción de tutela. Aunque el escrito de tutela tiene problemas de fundamentación, la
Sala recuerda que se trata de una acción informa y sumaria, sin más requisitos
que se pueda comprender el reclamo ante una violación o amenaza de los
derechos. Concretamente, el texto no describe plenamente el contexto en que se enmarcan
los hechos del caso; en especial, omite considerar los múltiples escenarios de
violencia narrados por la presunta víctima y que fueron los que motivaron el
proceso penal en curso. El actor tampoco desarrolla a profundidad los argumentos
que explican la configuración de un defecto pues se limitó a señalar la violación
directa de la Constitución y un defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas, sin precisar a cuáles se refiere.
61.
Como esta Corporación ha señalado, no resulta indispensable
que el tutelante etiquete de modo formalmente exacto e infalible el supuesto
defecto, sobretodo tratándose de sujetos de especial protección constitucional,
para quienes se flexibilizan los requisitos de procedencia.[57] De hecho, si un juez
de tutela considera que la acción presentada no reúne los elementos necesarios
para poder ser analizada, pero tiene noticia de la posible violación o amenaza
a un derecho, lo que corresponde es que el juez tome las medidas necesarias
para convocar a las personas y aclarar aquellas cuestiones que así lo
requieran. La acción de tutela, insiste la Sala, es un procedimiento informal y
sumario, ajeno a los pasos y formalidades propias de los procesos judiciales
ordinarios. Impedir el acceso a la justicia constitucional por no cumplir
requisitos y formalidades es, en sí misma, una violación a ese derecho
fundamental. Lo anterior, en todo caso, no exime al interesado de satisfacer
una carga argumentativa mínima, especialmente en los casos de tutela contra
providencia judicial, ya que estos suponen una tensión automática con el
principio de seguridad jurídica.
62.
La flexibilización en los requisitos de
procedencia adquiere especial relevancia tratándose de las comunidades
indígenas pues existen barreras metodológicas evidentes entre el derecho propio
de algunas comunidades indígenas y el derecho mayoritario; lo cual explica la
dificultad que supone para muchos de estos pueblos acudir a las acciones
judiciales ordinarias y presentar sus reclamos en los términos fijados desde el
derecho mayoritario.
63.
Dicho lo anterior, la Corte considera que se
satisface este supuesto de procedibilidad, respecto a uno de los cargos
formulados. El escrito de tutela resulta deficiente para sustentar el defecto
fáctico, pues se limita a enunciar que la providencia atacada realizó una
valoración defectuosa del material probatorio, pero no precisa mínimamente cuál
o cuáles fueron los elementos probatorios que no fueron analizados en debida
forma. Tampoco le corresponde a esta Corporación revisar de manera oficiosa e integral
el análisis probatorio efectuado por el Consejo Superior de la Judicatura. Por
otro lado, sin embargo, de las alegaciones formuladas sí es posible concluir
que el reclamo central radica en el desconocimiento de la norma constitucional
que establece la jurisdicción indígena y la consecuente vulneración de los
derechos a la autonomía y diversidad cultural, tanto del resguardo indígena de
Males como del señor Hilario Cuarán, quien está siendo juzgado por el sistema
penal ordinario. En suma, se presentan únicamente los elementos mínimos para
conocer el cargo por violación directa de la Constitución.
64.
Por último, el recurso de amparo no se dirige
contra una sentencia de tutela, sino contra la decisión del Consejo
Superior de la Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones. En
virtud de lo anterior, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedencia, y es posible continuar con el estudio de fondo del caso, esto es,
establecer cuál es el problema que plantea y resolverlo.
3. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
65.  El expediente de la referencia versa sobre la acción de amparo
interpuesta por Hemil Ruperto Cuarán, en calidad de Gobernador del resguardo
indígena de Males, en contra de la providencia del Consejo Superior de la
Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal
Ordinaria dentro de un proceso por violencia intrafamiliar.[58] Según este fallo no se
cumplían los elementos objetivo e institucional que habilitan a la
Jurisdicción Indígena, por cuanto el caso involucra el punible de violencia
intrafamiliar -que atenta contra uno de los ejes centrales de la sociedad- y,
además, exige una perspectiva de género, la cual no puede ser garantizada por
las instituciones tradicionales del resguardo de Males (Nariño).
66.
Para el accionante, por el contrario, esta providencia
constituye una vía de hecho al desconocer el alcance conferido a la Jurisdicción
Especial Indígena por el artículo 246 Superior y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, configurando así un defecto por violación directa de la
Constitución, en detrimento de la diversidad cultural, la autonomía
jurisdiccional y la integridad étnica del resguardo indígena de Males, al cual
pertenecen la víctima y su agresor. En su opinión, la interferencia del sistema
judicial nacional “operaría como un proceso de pérdida masiva de cultura”.[59] El accionante también
hizo mención al defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas,
aunque no precisó aquellas que en su parecer fueron incorrectamente apreciadas
u omitidas por el fallador; por lo cual la Sala no analizará este segundo
cargo.
67.
En sede de revisión, la Corte decretó una serie
de pruebas técnicas sobre las instituciones del derecho propio que rigen al
pueblo de los Pastos y, en particular, sobre su concepción de justicia y del
rol de la mujer en su cultura. Además, se consultó a varias autoridades civiles
para entender mejor las circunstancias que rodean el caso. Finalmente, se
indagó directamente con las presuntas víctimas respecto a las razones que las
llevaron a acudir a la Jurisdicción Ordinaria, en lugar de a las autoridades
tradicionales.
68.
A partir de todo lo anterior, la Sala Segunda de
Revisión estima que el problema jurídico que le corresponder resolver en esta
ocasión es el siguiente: ¿Configura una violación directa a la
Constitución -específicamente a la autonomía, la supervivencia cultural y los
procesos de justicia propia del resguardo indígena de Males- la decisión del Consejo
Superior de la Judicatura que asignó un caso de violencia intrafamiliar a la Justicia
Penal Ordinaria, bajo el argumento de que (i) este tipo de delitos
comprometen un bien jurídico de suma importancia para el derecho nacional y (ii)
las autoridades tradicionales no ofrecen garantías reales para resolver el
conflicto en justicia y con la debida protección de las mujeres indígenas
víctimas, como ellas mismas lo reclaman?
69.
Para resolver este problema jurídico, la Sala
Segunda se referirá a la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena y su
importancia para el Estado Social de Derecho, a partir de los mandatos
dispuestos por la Constitución de 1991. Luego, entrará a resolver el caso
concreto y a decretar los remedios constitucionales que resulten pertinentes.
4. La competencia de la Jurisdicción
Especial Indígena y su importancia para el Estado Social de Derecho
70.
Uno de los grandes cambios que trajo consigo la
Carta Política de 1991 fue el reconocimiento y la exaltación de la diversidad,[60] aceptando saberes
distintos y formas de vivir y sentir radicalmente diversas.[61] Es por ello que, ante la
tentación recurrente de imponer un único modelo válido de cultura, asociado a
los valores y principios de la mayoría, la jurisprudencia ha reiterado que la
Constitución “rechaza posturas universalistas y de asimilación de la diferencia,
basadas en la homogeneidad en la comprensión de los derechos”.[62] De esa forma, el
Estado colombiano se descubre como un conjunto de grupos heterogéneos “que
valora positivamente esa diferencia y la considera un bien susceptible de
protección constitucional”.[63]
Desde esta perspectiva, las contradicciones que surgen en el seno de la
comunidad no son asumidas como una carga o un obstáculo a superar, sino “como
síntoma de fortaleza de una sociedad democrática y participativa.”[64]
71.
La diversidad se manifiesta de múltiples
maneras, desde el lenguaje y las tradiciones, hasta la forma misma en que una
comunidad decide organizarse económica, social y jurídicamente.[65] En particular, el
artículo 246 Superior reconoce la potestad de las “autoridades
de los pueblos indígenas” para ejercer “funciones jurisdiccionales”
en el marco de la Carta Política y las leyes de la República; lo que también
encuentra respaldo en el bloque de constitucionalidad.[66]
72.
Este reconocimiento tiene el propósito de hacer
efectivo la igualdad dentro de la diversidad y el pluralismo (cultural y
jurídico), en lo que ha sido denominada como una “Constitución multicultural.”[67]
El artículo 246 también encomendó al Congreso de la
República establecer la coordinación de esta especial jurisdicción con el
sistema judicial nacional. Sin embargo, la expedición
de dicha ley ha resultado particularmente difícil, y ello obedece en buena
medida a que el concepto mismo de pluralismo implica que “las comunidades indígenas
tienen formas muy distintas de concebir el derecho, y su contacto con el
derecho no indígena es más o menos amplio, así como las influencias que los
órdenes jurídicos proyectan entre sí.”[68]
73.
Ha sido entonces la jurisprudencia, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo Superior de la Judicatura, la que ha
venido estableciendo los criterios para determinar el marco de acción de la Jurisdicción
Indígena, velando por que se respeten los elementos básicos del debido proceso
y se garantice la protección a las víctimas. Como resultado de este desarrollo
jurisprudencial se han fijado cuatro elementos que deben considerarse al
momento de definir la competencia: (i) personal, (ii)
territorial, (iii) objetivo e (iv) institucional. Estos criterios
de análisis fueron sistematizados por la Sentencia T-617 de 2010[69] y luego acogidos por
la Sala Plena en Sentencia C-463 de 2014.[70]
A continuación, se resume lo expresado en dichos fallos sobre los elementos que
habilitan a la Jurisdicción Especial Indígena.
74.
Primero, el elemento personal hace
referencia a la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente
nocivo a una comunidad étnica. Para ello, es necesario revisar los certificados
sobre la condición de indígena que pueden aportar las autoridades tradicionales
o el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas,
ROM y Minorías (DARIM). Es importante aclarar que la adopción de prácticas o
tradiciones “occidentales” no erosiona automáticamente la condición étnica. La
Corte encontró que resultaba irrazonable, por ejemplo, inferir que un indígena
pierde su identidad o conciencia étnica por referirse a programas de televisión
“occidentales”, pues el contacto con estos es, actualmente, inevitable; y no es
razón suficiente para afirmar una supuesta “aculturización.”[71]
75.
El criterio personal también supone
revisar la pertenencia cultural de la eventual víctima o contraparte del
proceso, de manera que, en principio, la Jurisdicción Indígena no tiene
competencia sobre individuos ajenos a la comunidad.[72] Por supuesto, en
algunos escenarios excepcionales, la valoración conjunta del caso lleve a la
conclusión de que la Jurisdicción Especial Indígena es la competente, así una
de las partes sea ajena a la comunidad.[73]
76.
Segundo, el elemento territorial evalúa
que la conducta tenga ocurrencia dentro del espacio de una comunidad, y se
deriva de la literalidad del artículo 246 de la Constitución Política, en donde
se explica que los pueblos indígenas podrán aplicar usos y costumbres en su territorio.
Es importante resaltar que el ámbito territorial es el espacio donde se
ejercen la mayor parte de los derechos de autonomía de las comunidades; el cual
deriva de la posesión ancestral y no necesariamente del reconocimiento estatal.[74] Recientemente, esta
Corte explicó que “el concepto amplio de territorio incluye las zonas que
habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en
donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado
sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales”.[75] Así, el “ámbito territorial” se refiere
al hábitat donde se desarrolla la vida social de los pueblos indígenas,
incluyendo la aplicación de su derecho propio.[76]
77.
Tercero, el elemento objetivo remite a la
naturaleza del bien jurídico tutelado. Existen tres posibles opciones: (1) el
bien jurídico afectado tiene relevancia únicamente para una comunidad indígena;
(2) el bien jurídico lesionado pertenece exclusivamente a la cultura
mayoritaria; (3) el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la
que pertenece el sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria. De
los supuestos (1) y (2) se derivan soluciones claras: en el primero, el caso
corresponderá a la Jurisdicción Especial Indígena; y en el segundo, a la Justicia
Ordinaria. Sin embargo, en el evento (3), el elemento objetivo no resulta
determinante para definir la competencia en tanto existen intereses legítimos
enfrentados. El juez deberá entonces acudir a la verificación integral de los
elementos del caso concreto y los demás factores que definen la competencia.[77]
78.
En este punto se hace necesario precisar que “una
concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma absoluta y
exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades originarias”
desconoce la amplia autonomía que el orden constitucional les confiere.[78] La Jurisdicción Especial
Indígena no está restringida a los asuntos menores; ni tampoco debe
entenderse el elemento objetivo como una especie de umbral de nocividad,
a partir del cual el bien jurídico adquiere una importancia mayúscula para la
sociedad mayoritaria, y en consecuencia, la Jurisdicción Indígena pierde toda competencia.
Esto ha llevado, en algunos casos, a la equivocada idea de que, por ejemplo,
los delitos contra niños, niñas y adolescentes[79]
o las infracciones contra la vida[80]
desbordan automáticamente la Jurisdicción Indígena y deban ser siempre juzgados
por el sistema jurídico ordinario.
79.
El elemento objetivo “no resulta determinante
para definir la competencia”[81]
y, en tal virtud, deberá acudirse a la verificación de los demás factores del
fuero especial. Lo verdaderamente relevante, en casos como los mencionados -en
los que el bien jurídico concierne tanto a la comunidad como a la sociedad
mayoritaria- es que la aplicación del fuero no derive en impunidad. El examen
debe dirigirse a evaluar con mayor intensidad el elemento institucional,
pues de este depende la efectividad de los derechos de la víctima.
80.
Cuarto -y último-, el elemento institucional
se refiere a la existencia de autoridades, usos, costumbres y procedimientos
tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: (i)
cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii)
un concepto genérico de nocividad social. La Corte ha insistido que el
derecho propio de cada comunidad “debe concebirse como un sistema jurídico
particular e independiente, no como una forma incipiente del derecho occidental
o mayoritario”;[82]
por lo cual no es necesario que las comunidades adopten las formas procesales o
los estándares de juzgamientos de la sociedad mayoritaria. Basta entonces, en
principio, constatar la existencia de una institucionalidad que ejerce
su autoridad en un ámbito territorial determinado y la manifestación
inequívoca de la comunidad en el sentido de asumir un caso, sin que sea
necesario entrar a valorar el contenido de sus normas o juzgar su corrección.
En palabras de la Corte:
“En atención […]
al respeto por el principio de maximización de la autonomía, y en
consideración al amplio número de culturas diversas y de formas jurídicas que
en ellas se practican, el control (del juez de tutela o del juez encargado de
dirimir el conflicto) sobre el respeto por los derechos de las víctimas debe
orientarse, en principio, a verificar la existencia de una institucionalidad
que permita la participación de la víctima en la determinación de la verdad, la
sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a
sus derechos o bienes jurídicos vulnerados. La verificación del contenido
de los usos y costumbres de cada comunidad, escaparía entonces a una
evaluación previa sobre su conformidad con la Constitución. Una verificación de
tal entidad, señaló la Corte en la sentencia T-552 de 2003, solo sería
procedente ex post.”[83]
81.
Solo ante conductas delictivas de “extrema
gravedad”[84]
o cuando la víctima se encuentre en situación de indefensión o especial
vulnerabilidad, la verificación del elemento institucional debe ser más rigurosa;
acudiendo, por ejemplo, a la práctica de pruebas técnicas para determinar el
nivel organizativo y de respuesta al interior de una comunidad. En todo caso,
corresponde al juez verificar la institucionalidad desde la perspectiva del
derecho propio, es decir, que existan autoridades internas competentes para
adelantar el juzgamiento, sistemas y procedimientos conocidos y aceptados por
la comunidad que aseguren un principio elemental de legalidad,[85] así como instancias de
protección a las víctimas. Para la Corte, tal “institucionalidad es un
presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso –límite infranqueable
para la autonomía de los pueblos originarios- y para la eficacia de los
derechos de las víctimas”.[86]
Este requisito, sin embargo, no debe llevar a exigir un aparato institucional ideal,
pues ello sería desproporcionado y desconocería que “también el sistema
jurídico nacional tiene deficiencias y que –no sin algo de razón- muchas
víctimas lo consideran fuente de impunidad.”[87]
82.
Ahora bien, una vez descritos los cuatro
elementos que habilitan a la Jurisdicción Especial Indígena, es preciso señalar
que los mismos deben evaluarse de forma ponderada y razonable,[88] según las
circunstancias de cada caso.[89]
Si uno de estos factores no se satisface, ello no implica que de manera
automática el asunto corresponda al sistema jurídico nacional. Es deber del juez
ponderar en cada caso cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía
indígena, el debido proceso del acusado y los demás derechos involucrados,
especialmente los de las víctimas.[90]
83.
Finalmente, es perentorio resaltar que la
jurisprudencia constitucional ha dispuesto tres principios que deben orientar
la resolución de estos conflictos, especialmente en aquellos escenarios
complejos en los que tanto el derecho propio como el sistema jurídico nacional
pretenden avocar el conocimiento de un proceso. En palabras de la Sala Plena,
hay tres principios rectores:
“Principio de “maximización
de la autonomía de las comunidades indígenas” (o bien, de “minimización
de las restricciones a su autonomía”): de acuerdo con este criterio, las
restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas solo son admisibles
cuando (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía, en
las circunstancias del caso concreto; y (ii) sean las menos gravosas, frente a
cualquier medida alternativa, para el ejercicio de esa autonomía. (iii) La
evaluación de esos elementos debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las
particularidades de cada comunidad.
Principio de “mayor
autonomía para la decisión de conflictos internos”: la jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido que el respeto por la autonomía de los pueblos
indígenas es más amplia cuando se trata de conflictos que involucran únicamente
a miembros de una comunidad, que cuando afectan a miembros de dos culturas
diferentes (o autoridades de dos culturas diferentes), pues en el segundo caso
deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión,
como lo ha explicado la Corte.
Principio “a
mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía” […] Es decir
que, frente a comunidades con alto grado de conservación de sus costumbres, el
juez debe ser más cauteloso y enfrenta una necesidad mayor de valerse de
conceptos de expertos para aproximarse al derecho propio, mientras que ese
acercamiento puede efectuarse de manera menos rigurosa frente a comunidades que
hayan adaptado categorías y formas del derecho mayoritario. Sin embargo,
precisó la Corte, el grado de conservación cultural no puede llevar al operador
judicial a desconocer las decisiones autónomas de cada comunidad, incluidas
aquellas dirigidas a iniciar un proceso de recuperación de tradiciones, o a
separarse de algunas de sus tradiciones.”[91]
84.
Lo expuesto en este capítulo permite entender la
importancia que el orden constitucional ha dado a los conflictos de jurisdicción
que surgen entre el derecho mayoritario y los derechos propios de los más de cien
pueblos originarios distintos (con todas las variantes que se pueden dar entre
comunidades de un mismo pueblo) que habitan nuestro país. Lo que está en
discusión no es un asunto menor ni limitado al sector justicia, sino que impacta
en la supervivencia de estos pueblos[92]
y en la definición misma de Colombia como una república pluralista que aprecia
la diversidad como síntoma de una sociedad verdaderamente democrática y
participativa. De ahí que la resolución de un conflicto de jurisdicciones exija
ponderar los principios en tensión, a partir de los cuatro elementos descritos,
con el fin de preservar en la mayor medida posible la autonomía de los pueblos
indígenas y su armonía interna,[93]
sin sacrificar los derechos de las víctimas ni las garantías procesales mínimas.
5. Análisis de la decisión del
Consejo Superior de la Judicatura de mantener el caso de María Tráncito Alpaz
en la Jurisdicción Ordinaria
85.
Una vez definido el marco normativo y
jurisprudencial relevante, pasa esta Sala de Revisión a analizar el caso
concreto. Para ello, comenzará por presentar el relato de la víctima de
violencia intrafamiliar para así entender el contexto en el que se enmarca este
proceso, y las razones por las cuales la señora María Tráncito prefirió acudir
a las autoridades ordinarias. A continuación, revisará en la providencia del
Consejo Superior de la Judicatura cada uno de los elementos que habilitan la Jurisdicción
Indígena, para determinar si se desconoció el artículo 246 de la Constitución y
la jurisprudencia de esta Corporación. Finalmente, evaluará la necesidad de tomar
correctivos.
5.1. La historia completa de María Tráncito Alpaz[94]
86.
En la actualidad, María Tráncito Alpaz tiene 48
años, de los cuales -asegura- al menos los últimos quince han estado enmarcados
dentro de un grave contexto de violencia física y emocional, proveniente
principalmente de su expareja Hilario Cuarán Perenguez. Sostiene que a lo largo
de este tiempo muchas veces prefirió aguantar en silencio,[95] pero otras tantas se
llenó de valor para acudir ante las autoridades civiles y judiciales pues no
quería llegar “al punto de que me mate o mate a mi hija”.[96] Considera, sin embargo,
que sus denuncias no han sido tramitadas diligentemente por las autoridades
correspondientes. A continuación, se sintetizan los principales hechos narrados
por la víctima y de los cuales sería responsable, presuntamente, el señor
Hilario Cuarán Perenguez.
87.
María Tráncito e Hilario convivieron en unión
libre durante aproximadamente 25 años, residiendo en la vereda “El Salado
Alto”, municipio de Córdoba (Nariño), tiempo durante el cual procrearon una
hija llamada Erika, que nació en 2002. Sin embargo, para mediados de 2005, la
relación de la pareja se había tornado insostenible. Según María Tráncito, su
compañero la golpeaba o la encerraba durante días enteros, únicamente con
raciones de aguapanela. La pareja inició entonces un proceso de
separación, el cual se frustró, al parecer, por la insinuación del juez a cargo
de no continuar adelante con el trámite, pues Hilario era un “hombre buena
gente”.[97]
Poco tiempo después, María Tráncito volvió a ser golpeada cuando su pareja
llegó borracha. Ese día se lo llevaron a la Estación y luego de un tiempo lo
soltaron porque él se comprometió a no pegarle más. De estos hechos no existe
ningún registro oficial, pues la señora María Tráncito no fue al hospital,
prefiriendo curarse en casa.
88.
El primer examen médico legal que obra en el
expediente se remonta al 21 de agosto de 2014, cuando María Tráncito se
presentó en horas de la mañana en el servicio de urgencias del hospital
municipal con solicitud policial para valoración. De acuerdo con su relato,
había ido a buscar a su esposo a una cantina, cuando de repente el dueño del
establecimiento la agredió físicamente. El concepto médico describe que la “paciente
presenta lesiones a nivel del rostro y cabeza, brazos, dorso y región lumbar,
con múltiples laceraciones, y según refiere pérdida de pieza dental”.[98] Por estos hechos, se le
decretó una incapacidad legal de 15 días.
89.
Dos meses después, el 04 de noviembre de 2014,
Marcela Hernández Alpaz, mayor de edad e hija extramatrimonial de María
Tráncito, radicó denuncia penal ante la Fiscalía de Ipiales (Nariño) afirmando
que “el compañero permanente de mi madre es una persona demasiado agresiva,
y como tal agrede tanto verbalmente como físicamente a mi madre, lo mismo que a
mi hermana, hasta llevarlas al centro hospital de Córdoba para su tratamiento”.[99] Proceso que no prosperó
dado que la víctima no acudió directamente a ratificar la denuncia.
90.
Esta situación también era conocida por las
instituciones de familia de la región. De hecho, mediante oficio del 16 de
enero de 2015, la Comisaría de Familia de Ipiales solicitó al médico legista
realizar la valoración de María Tráncito por hechos ocurridos el día anterior y
que la víctima describió en los siguientes términos: “El día de ayer 15 de
enero de 2015 a las 10 de la noche aproximadamente, mi marido me golpeó. Esta
vez llegó tomado y me dijo que tenía que matarme, que lo había mandado un
cantinero del pueblo […] Ya lo denuncié una vez, hace más o menos 11
años y me separé de él, y me dijo que iba a cambiar pero no. Quiero separarme
de él”.[100]
De acuerdo con el examen médico practicado, María Tráncito presentaba lesiones
consistentes con el relato de los hechos.[101]
Se dispuso, en consecuencia, una incapacidad de 8 días.[102]
91.
No se conocen mayores avances en la
investigación sobre los hechos descritos anteriormente, pero lo que sí consta
en el expediente es una nueva denuncia penal, esta vez interpuesta directamente
por la señora María Tráncito, el 07 de diciembre de 2016, en la sede Ipiales de
la Fiscalía, por el delito de violencia intrafamiliar. Según la denunciante, en
esta ocasión no se trataba de un episodio de violencia física, pues “después
de que [el señor Hilario] fue elegido Concejal ya dejó de
agredirnos físicamente pero nos dice unas palabras muy hirientes que a veces es
preferible que nos pegue a que nos insulte”.[103]
92.
Días después, el 22 de diciembre, María Tráncito
radicó una denuncia similar ante la Comisaría de Familia del municipio de
Córdoba (Nariño), declarando “problemas de violencia, de agresiones físicas
hacia ella y su hija menor de edad”.[104]
Agregó que durante la última agresión, su ex compañero la amenazó diciéndole
que “si no se iba de la casa, él sabría qué hacer, porque al final no le
teme a la autoridad”.[105]
Ese mismo día la Comisaría de Familia de Córdoba dispuso, como medida cautelar,
oficiar al Comandante de la Estación de Policía Municipal para que atienda “cualquier
llamado de emergencia” de la señora María Tráncito, pues su excompañero “causa
actos de amedrantación [sic] y amenaza, agresiones verbales y
psicológicas a su núcleo familiar.”[106]
93.
La Comisaría de Familia también citó a la pareja
a una sesión de amonestación y compromisos el 29 de diciembre de 2016. Hilario
Cuarán negó enfáticamente haber golpeado a su compañera, pero aceptó haberla
agredido verbalmente dado que ella “no se mide en las reacciones y le hace
escándalos en público” pues es una mujer muy celosa[107]. La funcionaria
responsable amonestó al señor Cuarán, “quien se compromet[ió]
a no agredir a su ex compañera en cualquier lugar público o privado; a
responder por su hija adquiriendo una actitud de respeto, tolerancia y cuidado”.
El proceso fue remitido a la Fiscalía para lo de su competencia.
94.
Los compromisos, sin embargo, no parecieron
haber surtido efectos, pues a los pocos días, el 17 de enero de 2017, María Tráncito
llegó nuevamente por urgencias al centro de salud de Córdoba. Según relató, ese
día encontró a Hilario con una supuesta amante en la casa. Ante el reproche de
María Tráncito, quien le exigió cumplir los acuerdos logrados ante la Comisaría
de Familia, incluyendo no traer personas extrañas al hogar, este reaccionó
violentamente: “Me cogió del cuello del sacó y me patió con patadas en las
piernas y me dio puños en la cabeza”.[108]
El médico que la examinó ratificó que la paciente evidenciaba lesiones en cara
y extremidad inferior izquierda, por lo que decretó incapacidad de 10 días.[109]
95.
Al día siguiente, María Tráncito fue nuevamente
entrevistada por personal de Policía Judicial, a quienes les manifestó: “Todos
estos años han sido de sufrimiento para mí y para mi hija debido a las
agresiones físicas y psicológicas por parte de Hilario. No he tenido paz. Casi
todas las navidades me las he pasado golpeada, humillada, ultrajada por este
señor (…). Ya no aguanto más; no quiero llegar al punto de que me mate o
mate a mi hija.”[110]
96.
En febrero de 2017 la Fiscalía a cargo también
citó a las dos hijas de la señora María Tráncito. Erika Andrea, la más pequeña,
quien para el momento era menor de edad, declaró: “Desde que yo me acuerdo
mi papá ha sido agresivo, física y verbalmente con mi mamá,  mi hermana y
conmigo (…) Una vez por ejemplo, mi papá como siempre le gusta andar con
mujeres, el sacó plata y se la tiraba a mi mamá, diciéndole que eso se los va a
comer con las mosas, ese día le rajó la cabeza porque le dio con la pared”.
Aseguró haber sido víctima de su papá pues un día, al interceder en defensa de
su mamá, el señor Hilario “me tiró y me hizo golpear y lisiar el brazo”.[111] En el mismo sentido,
Marcela Jimena, la hija mayor, aseguró que Hilario Cuarán “siempre ha
maltratado a mi madre de todas las formas, patadas, puños, repelones. También
con insultos, malas palabras, muy vulgares de todas las formas”, razón por
la cual interpuso una denuncia penal en 2014, aunque no se adelantó ninguna
actuación por cuanto su madre no había acudido personalmente a ratificar los
presuntos hechos delictivos en su contra.[112]
97.
Pese a las denuncias penales en curso ante la
Fiscalía local, la medida cautelar decretada por la Comisaría de Familia de
Córdoba y el reclamo de la víctima ante el ente acusador por su inacción,[113] en julio de 2018 se
produjo el episodio de violencia más grave denunciado por María Tráncito,
aunque ya no vivía con su expareja. De acuerdo con su relato, el 17 de julio
fue al municipio de Córdoba en busca de un veterinario para la mascota de su
hija. Ese día Hilario Cuarán estuvo llamándola insistentemente a su celular, le
imploraba que se vieran, que necesitaba hablar con ella. Lo que sigue es el
relato rendido por María Tráncito ante la Fiscalía sobre lo ocurrido aquella
noche:
“Apenas llegué
[9.30 pm aproximadamente] me encontré con la puerta de la casa medio abierta y
yo entré y parecía no haber nadie. Entonces salí de la casa y le timbré a
Hilario, me parecía raro que después de tanta insistencia él no estaba en la
casa. Entonces cuando le timbré al celular, salió Hilario de la casa de donde
el hermano de él -de donde Mario- y salió y no me alcanzó a ver y como que
pensaba que yo estaba en el pueblo. Cuando de pronto sentí que él le dijo al
hermano ve ya llegó esa hijueputa. Él no me había visto todavía,
entonces el hermano de Hilario empezó a llamar a la esposa de él y a los hijos
que afanaran […] Hilario, cuando me miró, se sorprendió y me dijo que lo
esperara. Yo me afané a entrar y él me alcanzó y me haló de la ruana y me tiró
al piso y mi mascota voló lejos. Cuando estaba yo caída en el piso, Hilario lo
llamó a Mario y le dijo ve esta hijueputa ya está aquí en la casa, vení
rápido. Entonces ahí en ese momento llegó Mario con la esposa y los dos
hijos; la esposa de Mario le dijo a Hilario, Hilario, quitémosle primero el
celular a esta hijuepueta. Y entonces Mario me agarró del cuello. La esposa
de él me cogió de una mano y el hijo de ellos, Jhonny, me quitó el celular y
entre todos me escupían la cara y me llevaban arrastrada hacia la casa de
Mario, y me decían Hasta aquí llegaste gran hijueputa, ahí que se quede tu
puta fiscal limpiándose el culo con la denuncia que nos pusiste, porque esta
noche te vamos a desaparecer. Y Jhonny me insultaba y me gritaba que yo era
una prostituta, que Hilario me había sacado de un puteadero y me arrastraban
del cabello, me escupían en la cara, me tapaban la boca. Luchando contra ellos
me logré zafar porque en un momento Hilario se fue con Jhonny, según ellos para
buscar algo con que matarme, aun cuando no sea en mi casa; y entonces yo me
logré escapar de ellos y corrí hacia mi casa y cerré la puerta. Después llegó
Hilario y les reclamaba a todos diciendo que por qué me habían dejado escapar.
Entonces Mario le dijo que fueran a quebrar la puerta de mi casa y que me iban
a sacar para matarme, y entonces estaban todos tratando de tirar la puerta a
golpes, le daban patadas […] como ellos tenían mi celular, yo no tenía desde
donde llamar a la policía; y en medio del susto yo me inventé que tenía otro celular,
y me hice que llamaba al Fiscal y ellos seguían tratando de tumbar la puerta, y
me hacía la que llamaba desde adentro y gritaba duro como si estuviera hablando
por celular, y fue como que se atemorizaron y se fueron. Más o menos después de
una hora, yo salí despacito y me fui a buscar a una señora amiga [que] vive en
la vereda donde yo vivo. Y cuando llegué a la casa de ella, me brindó agua y
después de un rato, como a la 01.00 de la mañana, […] dijo que tenía minutos y
me dijo que llamara a mis hijas […]
Al día siguiente,
mis hijas habían viajado a Córdoba con un oficio de la Fiscalía dirigido al
comandante de la Estación de Córdoba donde tenía que dar un acompañamiento
donde yo estaba refugiada. Estando mi hija en la Estación, el Comandante le había
dicho que ellos no iban a recibir ningún oficio y que estaban ocupados, y el
policía las regañaba a mis hijas. Entonces mi hija había grabado con celular la
reacción de los policías y les había dicho que si no firmaban y hacían el
acompañamiento, iban a informar a la Fiscalía y al comandante. A regaños,
fueron con mis hijas a traerme.”[114]
98.
Según la historia clínica del Centro de Salud de
Córdoba, María Tráncito fue valorada el 18 de julio de 2018 por cuadro de
violencia de pareja, encontrándose múltiples lesiones en su cuerpo,[115] lo que le generó una
incapacidad médico legal de 15 días.[116]
Ante la gravedad del ataque, la hija mayor de la víctima decidió radicar una
nueva denuncia penal por violencia intrafamiliar, el 25 de agosto de 2018, en
la sede de Ipiales de la Fiscalía.[117]
Reiteró que “desde que yo me acuerdo, [Hilario] la maltrataba a ella
y a nosotras” y manifestó su preocupación por que estos hechos “nunca se
tomaron con importancia.”[118]
99.
De acuerdo con el informe más reciente que obra
en el expediente penal, rendido por el técnico investigador de Policía Judicial
el 27 de febrero de 2019, “es oportuno sugerir al despacho fiscal que se
tomen las medidas correspondientes a fin de prevenir posible feminicidio si se
tiene en cuenta los hechos acontecidos el día 17 de julio de 2018”.[119] En la actualidad, el
proceso se encuentra en etapa de juicio ante el Juzgado Promiscuo de Córdoba.
5.2. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura motiva
parcialmente su decisión en razones que desconocen la importancia y el alcance
de la Jurisdicción Especial Indígena, no violó el derecho al debido proceso
constitucional de la comunidad indígena al asignar la competencia del caso de
María Tráncito Alpaz a la Justicia Penal Ordinaria
100.
Para esta Sala de Revisión, los derechos
fundamentales del resguardo indígena de Males no fueron vulnerados ni se
encuentran amenazados, a causa de la decisión adoptada por la Corporación
cuestionada. Si bien el fallo hace afirmaciones que esta Sala no puede
acompañar, no hay lugar a conceder la protección de tutela invocada, tal como
se explica a continuación.
101.
El conflicto de jurisdicciones suscitado entre
el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Nariño) y el resguardo indígena de
Males, respecto a la investigación que se adelanta por el delito de violencia
intrafamiliar, fue resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia
del 05 diciembre de 2018, en favor de la Justicia Ordinaria. Según dicha
providencia, que ahora se cuestiona vía tutela, se cumplían los elementos (i)
subjetivo y (ii) territorial, pero no ocurría lo mismo en relación con
los elementos (iii) objetivo e (iv) institucional. A
continuación, la Sala Segunda de Revisión examinará cada uno de estos elementos
para así determinar si se ha respetado el alcance conferido constitucionalmente
a la Jurisdicción Especial Indígena, haciendo énfasis en los dos últimos, los
cuales suscitaron mayor controversia.
(i) Elemento subjetivo
102.
Para el Consejo Superior de la Judicatura, el elemento
subjetivo se encuentra acreditado. De conformidad con el oficio del 16
de octubre de 2018 que remitió la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y
Minorías del Ministerio del Interior, Hilario Cuarán Perenguez y María Tráncito
Alpaz son integrantes del Resguardo de Males.
103.
La Sala coincide en esta apreciación. De hecho,
en sede de revisión el Director de la entidad agregó que las jóvenes Erika
Andrea Cuarán Alpaz y Marcela Jimena Hernández Alpaz, hijas de la señora María
Tráncito, también figuraban en los auto-censos realizados por el resguardo
indígena de Males en los años 2015, 2017, 2018 y 2019. Así las cosas, aunque en
la actualidad pueda existir inconformidad de la señora María Tráncito y sus
hijas frente al proceder de las autoridades tradicionales, ello no anula su
pertenencia a la comunidad indígena de Males, siguiendo el criterio de auto
reconocimiento.
(ii) Elemento territorial
104.
El resguardo indígena de Males se ubica en la subregión del piedemonte amazónico
(suroccidente del departamento de Nariño), contando con una extensión de 8.604
hectáreas, en las que habitan aproximadamente 93.271 personas, dispuestas en
2.412 familias. Dentro de esta área se encuentra la vereda de “Salado Alto”, en
el municipio de Córdoba (Nariño), donde tenían su hogar María Tráncito Alpaz e
Hilario Cuarán Perenguez, y donde presuntamente habrían ocurrido los cuadros
violentos. La Sala Segunda coincide en este punto con el Consejo Superior de la
Judicatura, en el entendido que las conductas se presentaron dentro del lugar
geográfico del resguardo, así como en zonas aledañas comprendidas dentro del concepto
de ámbito territorial en el que la comunidad ejerce la mayor parte de
los derechos de autonomía.
(iii) Elemento objetivo
105.
Según la providencia cuestionada el caso no satisfacía
el elemento objetivo dado que el punible de violencia intrafamiliar -por
el cual se investigaba al señor Cuarán- atenta contra la vida, la dignidad
humana, así como contra la institución familiar, “eje fundamental de la
sociedad, por lo cual degenera en una desafortunada inversión de valores, que
rebasa los linderos de los usos, costumbres y de la cosmovisión indígena,
trascendiendo en ámbitos que son de importancia no sólo a nivel local, sino
incluso nacional e internacional”.[120]
Para el Consejo Superior, el delito de violencia intrafamiliar “no es de
poca monta, pues el mismo se constituye en un fenómeno social complejo y de
difícil erradicación, en la medida que afecta la institución básica de la
sociedad que es la familia”. De ahí que sea necesario que la Justicia Ordinaria
asuma el proceso siguiendo los estándares del derecho internacional,
especialmente la Convención de Belém do Pará.[121]
106.
La Sala Segunda de Revisión no puede convalidar tal
razonamiento, pues resultaría en una trasgresión del principio de autonomía y en
una subregla inadmisible según la cual el derecho propio de las comunidades
indígenas solo opera frente a asuntos menores o de “poca monta”. Si bien
es cierto que el punible de violencia intrafamiliar reviste una importancia mayúscula
para el ordenamiento jurídico y el Sistema Internacional de Derechos Humanos,
de ello no se sigue que todas las denuncias por estos delitos deriven
automáticamente en la Justicia Penal Ordinaria. Lo que ocurre, en realidad, es
que se torna más riguroso el examen sobre el elemento institucional, como se
explicará en el siguiente acápite. Por el momento, es necesario comenzar por
advertir el porqué la argumentación que trae el Consejo Superior es
insuficiente y puede erosionar las bases de la autonomía reconocida a las
comunidades indígenas.
107.
Cuando el Consejo Superior afirma que la
violencia intrafamiliar “rebasa los linderos de los usos, costumbres y de la
cosmovisión indígena”, está apelando a una idea ya superada por la
jurisprudencia constitucional, según la cual el “umbral de nocividad”
define por sí solo la jurisdicción. Según esta postura, deben excluirse de la
competencia especial indígena todas las conductas que involucren bienes
jurídicos universales o especialmente importantes. La Corte
Constitucional, por el contrario, ha reivindicado que el elemento objetivo no
es decisivo, considerado de forma aislada, para establecer la competencia
cuando el bien afectado puede considerarse un interés común tanto para el
derecho mayoritario como para el derecho propio, “porque la pretendida
exclusión de la jurisdicción indígena del conocimiento de casos que involucren
bienes jurídicos “universales” podría acarrear restricciones excesivas a la
autonomía indígena”.[122]
Por ello, este Tribunal ha reconocido que las comunidades puedan investigar y resolver
graves conductas punibles, por ejemplo, delitos sexuales contra menores de edad[123] u homicidios[124].
108.
Los complejos casos que pueden suscitar un
conflicto de jurisdicciones “no se resuelven mediante una generalización
según la cual las comunidades indígenas son incapaces para asumir estos
procesos (tal como durante el siglo pasado se consideraron incapaces para
negociar y adoptar decisiones autónomas sobre su modo de vida).”[125] De ser así, la Jurisdicción
Especial Indígena quedaría reducida a una concepción menor o inferior
del derecho, a cargo únicamente de los asuntos intrascendentes que solo interesan
a sus integrantes, vaciando con ello de contenido el artículo 246 de la
Constitución.
109.      La decisión del Consejo Superior de la Judicatura también resulta
problemática en la motivación, pues no se reunieron las experticias o
fundamentos necesarios para llegar a sostener que la institución de la familia
y el rol de la mujer eran menospreciados al interior del resguardo indígena de
Males. Aunque se solicitó un concepto general al ICANH, no se elevaron
preguntas específicas a esta entidad ni al resguardo mismo sobre estos puntos.
De esta manera, cuando la providencia cuestionada insinúa que la protección de
la familia y la perspectiva de género es un atributo exclusivo de la sociedad mayoritaria,
pareciera estar proyectando un prejuicio, según el cual los pueblos indígenas
han sido y siguen siendo estructuras patriarcales que oprimen a la mujer y que por
ello son incapaces de garantizarle una protección justa.
110.      Este análisis resulta problemático por dos razones: (i) en
primer lugar, ignora la cosmovisión que el pueblo de los Pastos ha venido
desarrollando sobre la mujer y su lugar en la comunidad, la cual se puede
armonizar con la perspectiva de género que esgrimen los jueces de instancia; (ii)
en segundo lugar, no tiene en cuenta las graves fallas que aún subsisten en la
sociedad mayoritaria respecto a la violencia de género y que impiden que el Estado
colombiano pueda situarse en una posición de superioridad moral.
111.
Las pruebas recolectadas en sede de Revisión -y
que se echan de menos dentro del trámite de conflicto de jurisdicciones-
permiten concluir que el pueblo de los Pastos,[126] del cual forma parte
el resguardo de Males,[127]
responde a una cosmovisión armónica del género, en la cual la mujer cumple
funciones determinadas, pero no se subordina sino que complementa al hombre. La
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Universidad
Nacional, la Universidad de Nariño y el propio resguardo de Males coinciden en
señalar que la ley natural y su derecho propio establecen un
principio universal de dualidad armónica, que se manifiesta, entre otros
aspectos, en las categorías que solemos denominar como femenino y masculino.
Según explicó la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional:
“La dualidad
plantea que, en las fuerzas o energías, rasgos del territorio y la geografía, y
en los fenómenos naturales, se puede identificar una dualidad como lo son el
día y la noche, lo cálido y lo frío, o lo masculino y femenino. Dicha dualidad
compone a uno solo, completo, ya que a partir de la complementariedad se
relacionan ambas caras del o dual, creando una armonía de lo natural. Los
Pastos consideran, entonces, a partir de su ley natural que debe existir una
armonía entre ambos lados en el marco de la dualidad y complementarse, en una
necesidad recíproca de cada cosa o concepto. La mujer por lo tanto es una sola
con el hombre, bajo el entendimiento de estos principios de la cultura Pasto,
es decir, desde el pensamiento ancestral el hombre no puede ser sin la mujer, y
viceversa. Ante la existencia de una dualidad y necesidad de complementariedad
en la naturaleza del cosmos, cualquier desbalance que rompa con la
complementariedad será injusta y atentará contra el conjunto social, puesto que
es la naturaleza de la comunidad la que se encuentra afectada y no solo los
individuos.”[128]
112.
Un símbolo de estas comunidades andinas es precisamente
el churo cósmico[129]
como imagen que representa la dualidad o la paridad, “no como una división
sino como energías que se complementan, que permiten una visión integral del
mundo; el mundo de arriba, el mundo de bajo, en el centro se encuentra la mujer
como dadora y protegida de vida.”[130]
En esta dirección, el propio Gobernador del Resguardo –y ahora accionante de
tutela- señala que “no podemos en ningún momento desconocer el papel
fundamental de nuestras mujeres, madres, esposas, compañeras e hijas, la
historia ancestral narrada por nuestros mayores y antepasados nos relatan cual
fue el papel tan trascendental que desempeñaron ellas en nuestras luchas por la
liberación y en la defensa del territorio”.[131]
El “churo cósmico” según los actuales indígenas del Resguardo de
Cumbal[132]
113.
Además de una visión armónica del género -que
contrasta con aquella extendida en las sociedades occidentalizadas-, los
conceptos rendidos ante la Corte también coinciden en otra idea: “como
producto de la colonización española y republicana se creó un desbalance entre
la mujer y el hombre, a partir del machismo propio de ambas colonizaciones,
donde la mujer era inexistente hasta hace muy poco”.[133] El equilibrio natural
que inspiró a las comunidades andinas de lo que hoy es el sur de Colombia no
admitía discriminación contra las mujeres; pero ello claramente “no
se compadece con un panorama harto distinto de maltrato y discriminación de
facto, presente en este pueblo como en general en casi todos los demás pueblos
indígenas de Colombia y en la sociedad nacional”.[134]
El Gobernador de Males también reconoció esta problemática admitiendo que “es indiscutible que nuestra comunidad indígena ha sido permeada por
otras culturas y los problemas de ellas en el mismo sentido [de] quejas en las que se ven afectados miembros de
nuestra comunidad, en especial mujeres”.[135]
114.
Resulta así paradójico acusar desde la sociedad
mayoritaria los escenarios de violencia machista en las comunidades indígenas,
ignorando que fueron las intromisiones que llegaron con la Colonia las que
alteraron el equilibrio original que pregonaban estos pueblos. Es posible que
el concepto mismo de género existiera ya en algunos pueblos indígenas y que
ello supusiera la diferenciación de labores e incluso de prestigio entre
hombres y mujeres,[136]
pero es innegable que “muchos de los prejuicios morales hoy percibidos como
propios de “la costumbre” o “la tradición”, aquellos que el
instrumental de los derechos humanos intenta combatir, son en realidad
prejuicios, costumbres y tradiciones ya modernos, esto es, oriundos del patrón
instalado por la colonial modernidad”.[137]
De ahí que cuando la sociedad mayoritaria cuestiona las prácticas opresoras de
algunas comunidades y se presenta como el adalid de la justicia de género,
existe una abierta contradicción: “el Estado entrega aquí con una mano lo
que ya retiró con la otra: entrega una ley que defiende a las mujeres de la
violencia a que están expuestas porque ya rompió las instituciones
tradicionales y la trama comunitaria que las protegía.”[138]
115.
La sociedad colombiana no puede predicar una
posición de superioridad moral en la protección de la mujer. Si bien el Estado
ha suscrito importantes instrumentos internacionales,[139] y a nivel interno se han
producido avances legales significativos,[140]
tales normas también son el correlato de una realidad todavía profundamente
violenta. Según el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina
Legal, en 2018 fueron asesinadas 1.042 mujeres (8,6% del total), se registraron
42.753 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja (86,08%
del total) y 22.794 casos de violencia sexual contra las mujeres (87,72% del
total).[141]
A pesar de que las estadísticas del Instituto de Medicina Legal solo reflejan
las valoraciones practicadas y no necesariamente el total de casos que ocurren
en el país, es alarmante la hipótesis que formula esta entidad en el sentido de
que “el principal riesgo para la vida de las mujeres en Colombia no es el
conflicto armado, sino las relaciones personales establecidas desde una cultura
patriarcal.”[142]
Lo anterior explica por qué, en la mayoría de casos, el presunto agresor fue un
familiar y el principal escenario de violencia fue la propia vivienda.
116.
Tales cifras dan cuenta de la real y preocupante
dimensión de este fenómeno en el país, pero la situación se agrava aún más al
examinar los niveles de judicialización de estas conductas por parte del
aparato de justicia nacional. En los casos en que la víctima se llena de valor
para denunciar un escenario de violencia de género, superando los estigmas y
dificultades que ello supone de cara a la sociedad y a su propia familia, la
respuesta del Estado no es del todo alentadora. De acuerdo con el último
informe de gestión entregado por la Fiscalía General,[143] en los procesos por
violencia sexual la tasa de imputación llega al 25.80%, mientras que la tasa de
condena cayó al 30.7%. En otras palabras, aunque los delitos sexuales han sido
priorizados por la Fiscalía General, del total de casos denunciados solo se
imputa una cuarta parte, y de esa parte tan solo uno de cada tres procesos termina
en una condena. Algo similar ocurre con los delitos de violencia intrafamiliar,
los cuales tienen una tasa de condena aún menor.[144]
117.
Lamentablemente, algunos de los funcionarios que
integran las comisarías de familia, estaciones de Policía, fiscalías y
despachos judiciales, proyectan en sus espacios de trabajo, prejuicios de
género y concepciones estigmatizantes contra las mujeres víctimas que acuden en
busca de una solución urgente.[145]
En varias ocasiones, la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención sobre el
“entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga
tradición de predominio del hombre sobre la mujer”,[146]
calificándolo incluso como un fenómeno de “violencia estructural”,[147]
en el que los funcionarios responsables de la judicialización también han
fallado al restar importancia a los casos,[148]
no tomar las medidas necesarias de protección[149]
o simplemente recrear estereotipos de género.[150]
La Corte Constitucional no ha sido indiferente a esta problemática,
y a través de su jurisprudencia ha advertido sobre: (i) los patrones
culturales y sociales que afectan especialmente a las mujeres en el marco del
conflicto armado interno y que se perpetúan por parte de algunos funcionarios;[151] (ii) la tardanza
injustificada del ente acusador para tramitar las denuncias por violencia de
género;[152]
(iii) la omisión de las autoridades responsables de tomar las medidas urgentes
de protección, frente a situaciones graves e inminentes de riesgo para la mujer;[153] (iv) los casos
en los que el accionar del funcionario público se convierte en una nueva forma
de violencia institucional que re-victimiza a la mujer.[154]
118.
Es más, la impunidad en casos de violencia
contra las mujeres constituye una falencia recurrente no solo de Colombia sino
de los demás países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por
ello, la CIDH ha expresado su gran preocupación ante el hecho de que la “mayoría
de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad,
perpetuando la aceptación social de este fenómeno”.[155]
119.
Ante este panorama, no es admisible que el
derecho nacional se presente con una superioridad moral frente a los pueblos
indígenas. Asumir que los derechos de las mujeres y la perspectiva de género
únicamente encuentran respaldo en la sociedad mayoritaria, “pasa por alto
que también el sistema jurídico nacional tiene deficiencias y que –no sin algo
de razón- muchas víctimas lo consideran fuente de impunidad”.[156] Desafortunadamente, el
derecho a una vida libre de violencias continúa siendo una promesa incumplida con
todas las mujeres, independientemente de si estas habitan en resguardos
indígenas, áreas rurales o grandes ciudades.
120.
Por lo expuesto hasta aquí, es preciso concluir
que, contrario a lo sostenido por el Consejo Superior, en el presente caso se
cumple con el requisito objetivo. En efecto, la protección de la mujer y la
familia reviste una importancia equivalente para la sociedad mayoritaria y para
el resguardo de Males. No hay razones fundadas para sospechar que esta
comunidad discrimina abiertamente a sus mujeres. Por el contrario, su
cosmovisión se funda en una noción universal de dualidad y complementariedad. Pese
a lo anterior, la gravedad de las conductas investigadas sí implica un análisis
más riguroso del componente institucional. Como ha señalado la Corte: “cuando
una conducta supera determinado umbral de gravedad social, lo relevante para
determinar si el asunto puede ser conocido por la jurisdicción especial
indígena es (i) que pueda establecerse de manera razonable que el ejercicio de
la autonomía jurisdiccional no se traducirá en impunidad y (ii), que se
verifique si el derecho propio prevé medidas de protección para la víctima.”[157]
(iv) Elemento institucional
121.
Para el Consejo Superior de la Judicatura, el resguardo
de Males no logró acreditar el elemento institucional que demostrara su
capacidad para tramitar correctamente la denuncia por violencia intrafamiliar. Señaló
que de las pruebas obrantes “no se puede entrar a deducir que la víctima y
sus dos hijas tendrían protección seria y racional por parte de la autoridad
indígena, que ni siquiera se refirió a la señora Tráncito Alpaz, no señaló un
procedimiento para atenderla y brindar protección y acompañamiento”.[158] Reprochó igualmente
que “no se tiene certeza de cuáles son los criterios aplicables para
restablecer la gravedad del caso, las herramientas de coerción en aras de hacer
efectiva la sanción, ni mucho menos reglas precisas para garantizar el debido
proceso del acusado y de la víctima […] por cuanto bien quedó establecido en el plenario, no poseen
codificación o plan de vida alguno.”[159]
122.
La Sala Segunda de Revisión coincide que en esta
ocasión no se encuentra acreditado el elemento institucional, pero difiere de
la motivación esbozada en la providencia. Para esta Sala es claro que el resguardo
Indígena de Males ha venido fortaleciendo y recuperando su derecho propio
para poder investigar y resolver conductas graves como las denunciadas por la
señora María Tráncito. Pero también resulta indiscutible que frente a los
episodios reiterados de violencia presuntamente cometidos por su expareja, las
autoridades tradicionales no desplegaron siquiera alguna de las herramientas
que consagra su derecho propio para restablecer el equilibrio. Devolver en este
punto la causa penal a la Jurisdicción Indígena, luego de que las autoridades
nacionales finalmente intervinieron, resultaría desproporcionado frente a los
derechos fundamentales de María Tráncito y sus hijas.
123.
Para empezar, urge recordar que no se puede
juzgar el componente institucional con base en estándares del derecho
occidental, puesto que ello conllevaría a la imposición de procedimientos, principios
y parámetros de justicia que las comunidades no necesariamente acogen. Por
ello, resulta extraño que el Consejo Superior reprochara que el resguardo no
hubiese aportado la “codificación” que demostrara sus herramientas de
juicio. La idea misma del derecho escrito y codificado es una aproximación
occidental que no puede imponerse a las comunidades. Al respecto, la Corte ha
explicado que el derecho propio de los pueblos indígenas está constituido
primordialmente a través de la tradición oral de las comunidades, por lo cual
el principio de legalidad no debe buscarse como una serie de normas escritas,
sino que en la Jurisdicción Especial Indígena dicho principio se concreta en la
predecibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las
autoridades, a partir de las costumbres de cada comunidad.[160]
124.
En este caso, el Gobernador del resguardo
confirma que la “oralidad es la base fundamental para dirimir todo conflicto
al interior de nuestra comunidad Indígena”; lo que no significa que no haya
un procedimiento establecido ni parámetros de justicia aplicables. De hecho, el
Gobernador asegura que ya se han tramitado conflictos entre los integrantes de
los núcleos familiares, buscando restaurar las fisuras que ello supone para las
familias y la comunidad misma. En concreto, el Gobernador resumen el
procedimiento aplicable de la siguiente forma:
a)
Inicialmente con las
autoridades cuando se presenta una queja visitamos o atendemos a las partes
bien sea en su vivienda o en la corporación.
b)
Cuando hay necesidad
que entren a acompañarnos otras entidades adscritas a la administración
municipal o al estado colombiano, solicitamos su intervención, en especial se
acude a ICBF, al acompañamiento de la Comisaría de Familia especialmente en el
apoyo Jurídico y Psicológico o acudimos a nuestra IPS Indígena que de igual
manera cuenta con profesionales calificados para adelantar esos
acompañamientos.
c)
En esa conciliación
elevamos una serie de compromisos que pueden ir desde asumir unas ciertas
reglas de comportamiento con la contraparte o cuando el asunto se torna más
complejo retirar al victimario del núcleo familiar y prohibirle acercarse a sus
integrantes, lo anterior hasta tanto se hayan cumplido con los compromisos que
se establezcan.
d)
Si el procedimiento
adelantado hasta el momento no ha permitido que el conflicto se frene ya
acudimos directamente al juzgamiento de la conducta reprochable y se hace de la
siguiente manera: la oralidad es la base fundamental para dirimir todo
conflicto al interior de nuestra comunidad indígena, por ello los procesos que
hemos dirimido han sido mediante un careo de las partes en una asamblea bien
sea interna de los involucrados y el Honorable Cabildo o en presencia de
comunidad, donde se escucha a las partes, se anexan pruebas, testimonios o
documentos que permitan esclarecer los hechos, es decir son ellos quienes
directamente exponen sus argumentos, pruebas, testimonios y quien toma una
determinación es el Honorable Cabildo, conformado por 10 personas
representantes de la comunidad de los diferentes sectores que componen el
resguardo, además el Gobernador, Regidores, alguaciles y si el asunto es de
extrema gravedad se reúne a los mayores en este caso a los exgobernadores.[161]
125.
El resguardo de Males también contempla medidas
de protección a las víctimas que incluyen, entre otras, las siguientes
restricciones al agresor: (i) orden de abandonar el núcleo familiar; (ii)
prohibición de amenazar o intimidar a las víctimas por cualquier medio; (iii)
en caso de que la conducta sea repetitiva y nada de lo anterior funcione, se
procede a la detención del agresor y su internamiento preventivo en las
instalaciones del Centro de Armonización "Nueva Vida", con el
acompañamiento de la guardia indígena.
126.
Una vez establecida la naturaleza del delito o desequilibrio
cometido, corresponde al Consejo Mayor garantizar el buen vivir de las
víctimas: su bienestar en plenitud y su integridad física y emocional,
aislándole de quienes les han agredido, proveyéndoles residencia temporal en
casa de alguien de la comunidad, alimentación, salud, etc.[162]
Y con respecto al comunero que es encontrado responsable, las
sanciones incluyen: escarnio público, fuete, trabajo comunitario, solicitud de
perdón público y compromiso de no repetición, sanción económica acorde con el
daño ocasionado, reclusión en el Centro de Armonización “Nueva Vida” y mingas
de pensamiento.[163]
127.      A la luz de lo anterior, para la Sala es claro que el resguardo
indígena de Males prevé procedimientos de juzgamiento, sanción al responsable y
un ambicioso conjunto de medidas protección a la víctima. Incluso se contemplan
herramientas más comprehensivas de justicia que el derecho mayoritario recién
está explorando en términos de justicia restaurativa. Pero el análisis del
elemento institucional no se restringe a las consideraciones generales y en
abstracto sobre el componente de justicia al interior de una comunidad
indígena, también tiene que ver con su eficacia real para garantizar los
derechos de una víctima en un caso concreto; es en este punto en el que la
Corte coincide con el Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido que las
autoridades tradicionales no ofrecieron un acompañamiento responsable y
oportuno a la señora María Tráncito y sus hijas, pese a los casi 15 años que
duraron estas conductas y que dada la connotación pública del presunto agresor
debieron haber sido conocidas y atendidas por las autoridades del resguardo.
128.
Aunque es el mismo derecho propio del resguardo
el que señala como medida de protección la posibilidad de retirar al victimario
del núcleo familiar y prohibirle acercarse a sus integrantes, y de ser necesario,
llevar el proceso ante el Honorable Cabildo, nada de esto operó en el caso de
María Tráncito. Y no es admisible esgrimir el desconocimiento de las
autoridades frente a estos hechos, pues los mismos se remontan a 2005 y por su
gravedad y la notoriedad pública del presunto agresor debieron ser conocidos y
atendidos. Todo este accionar violento se desencadenó dentro del espacio
geográfico del resguardo sin que las autoridades tradicionales tomaran medida
alguna, ni siquiera cuando María Tráncito acudía de urgencia al centro de
atención en salud; tampoco cuando la víctima y sus hijas presentaban las
denuncias ante la fiscalía local y la Comisaría de Familia. Es más, la señora
María Tráncito asegura que en 2016 se acercó personalmente a las autoridades del
resguardo para denunciar estos hechos, de lo cual solo recibió como respuesta
una invitación a abandonar el hogar que había construido con su expareja y retirar
todas sus pertenencias.
129.
Esta Sala no encuentra explicación alguna de
parte de las autoridades tradicionales sobre su ausencia y pasividad todos
estos años, pese a que era evidente el desequilibrio producido en el hogar de
María Tráncito y que afectaba a la comunidad en su conjunto. Tampoco se
entiende el motivo por el cual el Gobernador solo intervino en septiembre de
2018, una vez fue capturado Hilario Cuarán Perenguez, para ahora sí manifestar
su intención de conocer la denuncia por violencia intrafamiliar. Lo que sí se advierte
en el expediente es la preocupación expresada por la víctima y sus hijas, en el
sentido de que las autoridades indígenas “han respaldado al señor Hilario
Cuarán por intereses políticos, teniendo en cuenta que él es el Concejal y
tiene una ladrillera que crearon con mi madre, pero que ahora con ese bien él
ha hecho política regalando ladrillos para compra de votos”.[164] En efecto, en el
expediente obra constancia de la Registraduría Nacional de su elección como
Concejal por el municipio de Córdoba (Nariño) por el Partido Liberal Colombiano
para el periodo 2016-2019.[165]
130.
La posición social o notoriedad pública que tiene
el presunto agresor es uno de los factores a considerar respecto a la eficacia
del derecho propio. Según el concepto aportado por la Universidad Nacional, los
mecanismos propios de justicia suelen resultar menos eficaces tratándose de
personas que detentan una posición de poder en la comunidad, aumentando los
riesgos de impunidad:
“Sé de sanciones morales,
físicas y económicas que se han aplicado a esposos o padres maltratadores, en
algunos casos con bastante severidad (por ejemplo, relegando al maltratador
sistemática a la justicia ordinaria). Empero, conforme al estatus del
maltratador, la sanción puede ser mucho menor o hasta inexistente. Las
organizaciones políticas y jurídicas de los pueblos indígenas no están aisladas
de las redes clientelares y electorales de la política nacional, y, al
contrario, suelen estar sensiblemente entreveradas con éstas. Es mucho más
factible que se administre una justicia cabal contra un comunero o miembro del
resguardo con poca figuración social, política o económica, que contra una
autoridad por demás involucrada con la política regional, habitualmente
apadrinada a nivel departamental.”[166]
131.
No es gratuito entonces que la señora María Tráncito
y sus hijas manifiesten sus reservas ante las autoridades del resguardo y su preferencia
por el sistema jurídico nacional. Aunque la desconfianza de una víctima por el derecho
propio no es razón suficiente para desconocer la competencia de la Jurisdicción
Especial Indígena, sí es un criterio importante a considerar dentro del
análisis del elemento institucional. Puede servir, como ocurrió en este caso,
para evidenciar disonancias entre el contenido formal del derecho propio
y su eficacia real frente a un caso concreto.
132.
Resulta muy preocupante en este caso reconocer
que el derecho mayoritario tampoco actuó con la diligencia debida ante la
gravedad de los hechos. Las autoridades del Estado también le fallaron a María
Tráncito. Pese a haberse presentado tres denuncias penales -la primera de ellas
en 2014- y múltiples consultas ante las comisarías de familia de Córdoba e
Ipiales, no se tomaron acciones concretas para atender los graves reclamos, no
se implementaron las medidas urgentes de protección que consagra la Ley 1257 de
2008, ni se aplicaron a cabalidad los protocolos de investigación para los
casos de violencia de género que dispuso la propia Fiscalía desde 2016.[167] María Tráncito fue
sometida a un trámite tan largo como innecesario por distintas entidades locales
(Policía, hospital, Comisaría, Fiscalía) sin que se tomaran las medidas
apropiadas de protección. Varias veces tuvo que acudir de urgencia al hospital
municipal solo para recibir una incapacidad médico legal y tener que volver luego
a su hogar, donde convivía con el agresor; varias veces más tuvo que repetir
ante las autoridades su testimonio de violencia, al punto de suplicarles que: “Ya
no aguanto más. No quiero llegar al punto de que me mate o mate a mi hija”.[168] Para María Tráncito,
resultó frustrante e insoportable el lento proceder de la justicia:
“Después de mi
denuncia por violencia intrafamiliar en contra del señor Hilario Cuarán
Perenguez y las diligencias que realicé en el año 2016 en la Fiscalía, después
de esto la Fiscalía no ha hecho nada y me preocupa demasiado porque los
maltratos por parte de este señor continúan, sigue maltratándome con golpes y
malas palabras […] No sé qué está esperando la Fiscalía, que mi hija se mate o
que yo aparezca muerta a los golpes que él me da siempre que quiere. Necesito
que por favor me ayuden a que este señor desaloje la casa donde vivimos y nos
deje vivir en paz.”[169]
133.
El desenlace temido casi se produce la noche del
17 de julio de 2018, cuando según relata María Tráncito, se salvó por poco de
ser asesinada por su expareja y su familia. Situación que prendió las alarmas
de feminicidio tanto en el técnico del CTI que adelantaba las labores de
investigación sobre este caso,[170]
como en la Comisaría de Familia de Ipiales.[171]
Solo entonces parece que el expediente penal finalmente avanzó a la fase de
imputación y acusación. Aunque, según manifiesta la señora María Tráncito, se
han presentado nuevos obstáculos ya que en el transcurso del año pasado se aplazó
cinco veces la audiencia de juzgamiento.
134.
En estos últimos quince años María Tráncito ha sobrevivido
en un grave contexto de violencia, esperando en vano que cualquier autoridad -sea
nacional o tradicional- intervenga para proteger su vida, la de sus hijas, y el
patrimonio por el cual trabajó tanto tiempo. En varias ocasiones tocó las
puertas de comisarías, fiscalías, Policía y autoridades tradicionales, sin
encontrar una actitud empática y diligente por parte de ellas; exponiéndose a
los prejuicios sociales –que también han permeado las comunidades indígenas-
que se convierten en verdaderos obstáculos para las mujeres que denuncian
escenarios de violencia intrafamiliar, especialmente cuando el agresor ocupa
una posición de poder. De hecho, en un medio de prensa local, el presunto
victimario se defendió acusando a la señora María Tráncito de estar “enferma”
e inventar cosas, asegurando que “el 80% de los residentes de Córdoba
conocen que su exesposa está loca.”[172]
135.
Llegados a este punto resultaría
desproporcionado retrotraer la investigación penal para que en adelante se hagan
cargo las autoridades tradicionales del resguardo, quienes, como se demostró, permanecieron
pasivas e indolentes por mucho tiempo en este caso concreto. Aunque formalmente
el resguardo de Males prevé procedimientos de juzgamiento, sanción al
responsable y un ambicioso conjunto de medidas de protección a la víctima, nada
de esto se contempló en el caso concreto. Además, la forma misma en que el
Gobernador presentó el escrito de tutela, y la manera escueta en que narró los
hechos, confirma que las autoridades tradicionales subestiman la gravedad de lo
ocurrido, poniendo en entredicho el sentido de nocividad social que se
esperaba frente a este grave caso de violencia.
136.
En resumen, la Sala no encuentra satisfecho el
elemento institucional, que por tratarse de una conducta social sumamente grave
suponía una actitud más diligente de la comunidad indígena que ahora reclama su
jurisdicción. Aunque el resguardo indígena de Males acreditó formalmente las
distintas herramientas de derecho propio con que cuenta para tramitar este tipo
de denuncias, es innegable que en el caso concreto no se han dado las garantías
reales para que la denunciante obtenga un proceso y una decisión justa. Por el
contrario, se advierte que, pese a la gravedad de la conducta denunciada, las
autoridades tradicionales permanecieron pasivas por un largo tiempo y no
adoptaron de manera oportuna las medidas de protección que el derecho propio
de la comunidad ha establecido. Según manifestó la víctima, la inacción se
explicaría por el poder local que ostenta el presunto agresor. Dicha inacción,
además, es determinante para el análisis del componente institucional pues como
lo ha señalado esta Corporación, “la justicia eficaz
es la justicia pronta.”[173]
5.3. Remedio constitucional a impartir
137.
La Sala considera que la confirmación pura y
simple del fallo de tutela de instancia no resulta suficiente para resolver el asunto
y evitar que en el futuro se produzcan casos similares de violencia en el que
las autoridades responsables -sean nacionales o tradicionales- desatiendan sus
deberes, poniendo en riesgo, incluso, la vida de las denunciantes. Además, la
Corte no puede acoger íntegramente la argumentación que trae la decisión del
Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el conflicto de jurisdicciones,
en tanto incluye argumentos que desconocen la supervivencia cultural y el
derecho propio de los pueblos indígenas. Por ello, se confirmará el fallo de
tutela de instancia que, a su vez, convalidó la providencia del Consejo
Superior de la Judicatura, pero por las razones aquí expuestas.
138.
Adicionalmente, se dispondrán tres grupos de órdenes.
En primer lugar, se ordenará al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Nariño)
y al Fiscal Local 13 de Ipiales (Nariño), como las autoridades a cargo que,
dentro de sus competenciales legales, impulsen el proceso de la referencia para
que se obtenga una decisión justa y oportuna. Igualmente deberán valorar la
necesidad de adoptar medidas adicionales de protección a la señora María
Tráncito Alpaz y sus hijas, especialmente, aquellas dispuestas en la Ley 1257
de 2008. Ante la gravedad de los hechos narrados y las demoras en el trámite
judicial señaladas por la víctima, se solicitará el acompañamiento de la
Procuraduría General en el proceso penal, en el marco de sus competencias
legales.[174]
La Corte Constitucional ha señalado que no es necesario vincular al proceso de
tutela a las autoridades que tienen dentro de su deber legal y constitucional
cumplir la obligación que en dicho trámite se les impone.
139.
En segundo lugar, se compulsarán copias a la
Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus competencias, investigue
el accionar y las presuntas omisiones en que incurrieron los agentes de la
Estación de Policía de Córdoba y los funcionarios de la Comisaría de Familia
del Municipio de Córdoba que conocieron las denuncias y los pedidos de socorro
de la señora María Tráncito Alpaz y su hija Marcela Jimena Hernández Alpaz y,
al parecer, no tomaron las medidas urgentes de protección que demandaba la
situación.
140.
Finalmente, se pedirá al resguardo indígena de
Males que, en el marco de su autonomía, fortalezca los mecanismos de derecho
propio para prevenir y sancionar los desequilibrios que se produzcan por
conductas de violencia de género, privilegiando el liderazgo de las mujeres de
la comunidad, a partir de su propia cosmovisión. En este punto, es importante señalar
que la Corte ratifica los principios de “maximización de la autonomía” y
de “mayor autonomía para la decisión de conflictos internos”,[175] por lo que no estima
necesario “ordenar” a la comunidad alguna acción concreta dentro de un plazo
determinado, dada la mayor interferencia que ello supondría en la potestad de las “autoridades de los pueblos indígenas” para
ejercer “funciones jurisdiccionales”, según lo dispuesto en el artículo 246
superior. Tampoco se trata de un “exhorto”, como los
que se elevan a las autoridades públicas del Estado colombiano, y que suponen
un marco previamente establecido de competencias constitucionales y legales
delimitadas por el derecho mayoritario.
141.
Lo que la Corte busca en esta ocasión,
respetando la autonomía del resguardo de Males, es impulsar un proceso interno
de reflexión y fortalecimiento del derecho propio, de manera tal que la
comunidad cuente con mecanismos más eficaces para conjurar oportunamente los
escenarios de violencia y restablecer la armonía. Cumpliendo con ello su
obligación de protección hacia sus propios miembros y evitando que se repitan
casos como el de la señora María Tráncito Alpaz en el que la inactividad de las
autoridades tradicionales obliga a una víctima de violencia intrafamiliar a
buscar una protección adecuada más allá de su comunidad. Para lo anterior, el
resguardo de Males podrá solicitar el acompañamiento y la colaboración de la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DARIM) del Ministerio del Interior[176] y de otras organizaciones
especializadas como la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad
Nacional de Colombia, si así lo consideran.
6. Síntesis de la decisión
142.
El expediente de la referencia contiene la
tutela interpuesta por Hemil Ruperto Cuarán, en calidad de Gobernador del
resguardo indígena de Males, en contra de la providencia del Consejo Superior
de la Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia
Penal Ordinaria dentro de un proceso por violencia intrafamiliar. En su
parecer, la providencia cuestionada incurrió en un defecto por violación
directa de la Constitución al desconocer el alcance conferido a la Jurisdicción
Especial Indígena por el artículo 246 superior y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
143.
Para la Sala Segunda de Revisión el reclamo
constitucional es infundado. Aunque la Sala no comparte la totalidad de la
argumentación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto desconoce
el alcance del derecho propio de los pueblos indígenas, coincide en que,
dadas las particularidades del caso concreto, el resguardo de Males no ofrecía
garantías reales de obtener una decisión justa y con la debida protección a la
señora María Tráncito y sus hijas.
144.
Es necesario reconocer que en esta ocasión tanto
el derecho mayoritario como el derecho propio le fallaron a la señora María
Tránsito Alpaz, quien durante años denunció infructuosamente la violencia y agresiones
de que fue víctima en su hogar. No obstante, resultaría desproporcionado ahora,
luego de que el proceso penal finalmente ha llegado a la etapa de juicio,
retrotraer todas las actuaciones para que la Jurisdicción Especial Indígena
comience a revisar el asunto. En este caso concreto, es indispensable que el
Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba mantenga la competencia dado que: (i)
María Tráncito Alpaz es una mujer en una evidente situación de desprotección; (ii)
quien ha demostrado un riesgo grave e inminente para su vida y la de sus hijas;
(iii) frente a lo cual las autoridades tradicionales a lo largo de los
últimos quince años no ofrecieron una garantía real de protección, aunque
formalmente disponían de las herramientas de derecho propio para restablecer
el equilibrio que la violencia de género rompió; y (iv) aunque la
identidad cultural de la comunidad se ve afectada cuando se extraen casos de su
jurisdicción, este costo es razonable ante el riesgo extremo y actual que
supone para la vida e integridad de la víctima y sus hijas retrotraer los
avances realizados por la Justicia Penal Ordinaria.
145.
La Sala Segunda de Revisión concluye que el
Consejo Superior de la Judicatura, al resolver el conflicto de jurisdicciones no
desconoció la autonomía jurisdiccional y la supervivencia cultural del
resguardo indígena de Males. En este caso concreto se demostró que durante los
últimos 15 años las autoridades tradicionales no ofrecieron garantías reales
para resolver el conflicto con la debida protección a las víctimas, cuyas vidas
se pusieron en inminente y grave riesgo. Sin embargo, se corrige el argumento
expuesto por el Consejo Superior de la Judicatura según el cual las comunidades
indígenas no son competentes, de entrada, para resolver determinados delitos
que afectan un bien jurídico de suma importancia para el derecho nacional. Lo
cierto es que para el resguardo indígena de Males, entendido como una comunidad
ancestral, la mujer ocupa un lugar destacado en su concepción universal de dualidad,
por lo cual la perspectiva de género puede hacerse compatible con su
cosmovisión. Lo importante ahora es recuperar dicha tradición de respeto y
armonía natural para que, en futuros casos, la comunidad por sí misma
restablezca el equilibrio sin la interferencia de autoridades externas.
III. DECISIÓN
146.
Una autoridad judicial no viola los derechos
constitucionales a la autonomía, la supervivencia cultural y los procesos de
justicia propia de una comunidad indígena, al asignar un caso de violencia
intrafamiliar a la Justicia Penal Ordinaria, cuando las autoridades
tradicionales no han ofrecido garantías reales para resolver el conflicto en
justicia (según su derecho propio), de manera oportuna y con la debida
protección a las mujeres indígenas víctimas, como ellas mismas lo reclaman. No
es razón suficiente para dejar de reconocer la competencia de la Jurisdicción Indígena,
el que un delito comprometa un bien jurídico de suma importancia para el
derecho nacional.
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR los términos suspendidos en el proceso de tutela de
la referencia mediante Auto del 19 de noviembre de 2019, proferido por la Sala
Segunda de Revisión.
SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido, en segunda
instancia, por la Sala de Casación Laboral, mediante Sentencia del 05 de junio
de 2019 en el expediente de tutela de la referencia, por las razones aquí expuestas.
TERCERO.- ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Nariño) y al Fiscal 13
Local de Ipiales (Nariño), como las autoridades a cargo que, dentro de sus
competenciales legales, impulsen el proceso de la referencia. Igualmente
deberán valorar la necesidad de adoptar medidas adicionales de protección a la
señora María Tráncito Alpaz y sus hijas, especialmente, aquellas dispuestas en
la Ley 1257 de 2008. Ante la gravedad de los hechos narrados y las demoras en
el trámite judicial señaladas por la víctima, SE SOLICITARÁ el
acompañamiento de la Procuraduría General en el proceso penal de la referencia,
dentro de las acciones compatibles con las condiciones de aislamiento y bioseguridad
vigentes.
CUARTO.- COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que realice las
investigaciones que considere pertinentes a efectos de determinar si existió
responsabilidad penal por las presuntas omisiones en que incurrieron los agentes
de la Estación de Policía de Córdoba y los funcionarios de la Comisaría de
Familia del Municipio de Córdoba que conocieron las denuncias y los pedidos de
socorro de María Tráncito Alpaz y su hija Marcela Jimena Hernández Alpaz; y al
parecer no tomaron las medidas urgentes de protección que demandaba la
situación.
QUINTO.- PEDIR al resguardo indígena de Males que, en el marco de su autonomía,
fortalezca los mecanismos de derecho propio para prevenir y sancionar
los desequilibrios que se produzcan por conductas de violencia de género, privilegiando
el liderazgo de las mujeres de la comunidad, a partir de su propia cosmovisión.
SEXTO.- ORDENAR a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DARIM) del
Ministerio del Interior que, con la asesoría de la Escuela de Justicia
Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, acompañe al resguardo
indígena de Males, si estos así lo solicitan, en la elaboración de un plan de
recuperación y fortalecimiento del derecho propio del pueblo de los
Pastos, en particular del resguardo indígena de Males.
SÉPTIMO.- DEVOLVER
al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena el
expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se
retomen actividades normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional
deberá ENVIAR el expediente físico al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de
Cartagena.
OCTAVO.- Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y publíquese.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 344/20
Referencia: Sentencia T-387 de 2020
(Expediente T-7.488.614)
Acción de tutela instaurada por Hemil Ruperto Cuarán contra la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Javier Moreno Ortiz y Alejandro Linares Cantillo,
y por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a dictar el
presente auto con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
147.
Mediante sentencia T-387 de 2020, la Sala
Segunda revisó la tutela interpuesta por Hemil Ruperto Cuarán, en calidad de
Gobernador del resguardo indígena de Males, en contra de la providencia del
Consejo Superior de la Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones
en favor de la Justicia Penal Ordinaria, dentro de un proceso por violencia
intrafamiliar.
148.
El numeral séptimo del fallo de revisión dispuso
devolver el expediente al juez de primera instancia. Sin embargo, por error, en
dicha orden se hizo referencia al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de
Cartagena, y no a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la
que, actuando como juez de tutela, conoció de este proceso en primera
instancia. Por tanto, es preciso corregir el texto de la parte resolutiva en
este punto.
149.
El artículo 286 del Código General del Proceso
permite la corrección de errores cometidos por omisión
o cambio de palabras o alteraciones de éstas.[177] En consecuencia, de conformidad con este artículo, la Sala
procederá a corregir el numeral séptimo de la parte resolutiva de la Sentencia
T-387 de 2020.
RESUELVE:
Primero.- CORREGIR de oficio el numeral
séptimo de la parte resolutiva de la Sentencia T-387 de 2020, el cual quedará
así:
“SÉPTIMO.- DEVOLVER a
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el expediente
digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se retomen
actividades normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional deberá
ENVIAR el expediente físico Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.”
Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por aviso, de conformidad con el artículo 286 del
Código General del Proceso.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado (e)
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Esta descripción se basa, principalmente, en el relato plasmado en
el escrito de tutela. Como se verá más adelante en esta providencia, a partir
de las pruebas recaudadas en sede de revisión, los episodios de violencia
resultaron ser más complejos de aquellos que fueron inicialmente presentados
por el accionante.
[2] Cuaderno de primera instancia, folio 4.
[3] Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Providencia del 05 de
diciembre de 2018. Radicación 1100101022000201802833 00.
[4] Cuaderno de primera instancia, folio12.
[5] Cuaderno de primera instancia, folio 17.
[6] Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[7] Cuaderno de primera instancia, folio 36.
[8] Cuaderno de primera instancia, folio 12.
[9] Cuaderno de primera instancia, folios 39 y 44.
[10] Cuaderno de primera instancia, folio 41.
[11] Cuaderno de primera instancia, folio 93.
[12] Cuaderno de primera instancia, folio 57.
[13] Cuaderno de primera instancia, folio 55.
[14] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21
de marzo de 2019. MP. Luis Armando Tolosa Villabona.
[15] Cuaderno de primera instancia, folio 99.
[16] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del
05 de junio de 2019. MP. Rigoberto Echeverri Bueno.
[17] Pese a la extensión de plazo otorgada, el ICANH no allegó el
concepto solicitado. La Escuela de Justicia Comunitaria, por su parte, presentó
un concepto dentro del término concedido en el segundo auto de pruebas.
[18] Luis Fernando Arias.
[19] Egresado de la Universidad del Valle
[20] Cuaderno de Revisión, folio 65.
[21] Cuaderno de Revisión, folio 66.
[22] Profesor asociado al Departamento de Antropología, quien viene
adelantando trabajo etnográfico con distintos resguardos Pastos del
Departamento de Nariño desde hace una década y cuenta con suficientes
conocimientos de sus instituciones, organización social y política, cosmología
y derecho propio.
[23] Según el concepto, los “fuetazos nunca exceden un número
que resulte intolerable a quien es condenado, o que ponga en riesgo serio su
salud o integridad. Antes bien, el sistema cosmológico considera que esta
transmisión de fuerza es curativa y pedagógica”. Cuaderno de Revisión,
folio 73.
[24] Cuaderno de Revisión, folio 74.
[25] Carlos Esteban Cajigas, Director Jurídico, y Alba Jakeline Ruano
Jiménez.
[26] Cuaderno de Revisión, folio 80.
[27] “Dentro de la composición Pasto las mujeres son el centro del
sistema integral de la Chagra. La Chagra como la fuente de alimento y de vida
donde convergen las dimensiones social, política, cultural, económica y
espiritual, es un modelo de producción familiar ancestral propio de las
comunidades indígenas del sur de Nariño. La siembra de la Chacra es una
actividad de la mujer ya que son ellas quienes poseen el conocimiento y la
propiedad de las semillas. Desde esta cosmovisión el conocimiento se transmite
por línea materna, la mujer es dadora de vida, su vientre es el espacio de la
semilla y donde comienza la vida de las comunidades. Además sabe y desde donde
se transmiten los conocimientos, asimismo un símbolo representativo de estas
comunidades el churo cósmico como símbolo que presenta la dualidad o la paridad
andina, no como una división sino como energías que se complementan, que
permiten una visión integral del mundo; el mundo de arriba, el mundo de bajo,
en el centro se encuentra la mujer como dadora y protegida de vida”. Cuaderno
de Revisión, folio 79.
[28] Cuaderno de Revisión, folio 79.
[29] Ibidem.
[30] Cuaderno de Revisión, folio 125.
[31] Cuaderno de Revisión, folio 126-128.
[32] Ver Decreto 2340 de 2015, artículo 1.
[33] Noticia criminal 523566000516201601610.
[34] En virtud del inciso 2º del artículo 64 del Reglamento Interno de
la Corte Constitucional.
[35] Cuaderno de Revisión, folios 376-378.
[36] Cuaderno de Revisión, CD adjunto al folio 387.
[37] Ibídem.
[38] Del video no es posible identificar el lugar exacto, los intervinientes
ni la fecha de los hechos.
[39] Cuaderno de Revisión, folio 394.
[40] Cuaderno de Revisión, folio 410.
[41] Cuaderno de Revisión, folio 408.
[42] Cuaderno de Revisión, folio 410.
[43] Bajo este marco pueden solicitarse necropsias, experticia de armas,
consulta de antecedentes, entre otros.
[44] Cuaderno de Revisión, folio 411.
[45] Se realizaron cinco entrevistas: (i) Mariano Santos, integrante de
la Mesa de justicia de paz de la comunidad; (ii) Wilson Nicolás Benavidez,
integrante del resguardo Mallama; (iii) Lidia Moreno, profesora de colegio del
Resguardo Muellamues; (iv) Imelda Colimba, profesora de la Comunidad de Cumbal
y (v) Gloria, profesora. Estas tres últimas integrantes de la Mesa de mujeres
del pueblo de los Pastos.
[46] Cuaderno de Revisión, folio 446.
[47] Cuaderno de Revisión, folio 444.
[48] Cuaderno de Revisión, folio 459.
[49] Sentencia C-543 de 1992.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50] Ver, entre otras, las
sentencias T-381 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-565 de 2006. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño y SU-037 de
2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[51] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[52] Ver más recientemente las sentencias SU-050 de 2017. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; SU-050 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-037
de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez, y SU-226 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera, entre muchas otras.
[53] Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[54] Constitución Política, artículos 2, 7 y 70.
[55] Para casos similares en los que se analizó el requisito de
subsidiariedad ver sentencias T-081 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
y T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] Proceso con radicado número 110010102000201802833 00 consultado el
28 de febrero de 2020 en la dirección https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/
[57] Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[58] Este expediente fue escogido por la Sala de Selección número ocho,
en sesión 20 de agosto de 2019, siguiendo el criterio subjetivo: necesidad
de materializar un enfoque diferencial. Cuaderno de Revisión, folio 25.
[59] Cuaderno de primera instancia, folio 4.
[60] El artículo 2º superior señala que uno de los fines esenciales del
Estado es promover la participación en la vida cultural de la Nación. El
artículo 7º, por su parte, evita una concepción homogeneizadora del concepto de
“cultura”, al reconocer y proteger la diversidad de la Nación. En esta misma
dirección, el artículo 70 exalta la igualdad y la dignidad de todas las
culturas que conviven en el país. Del artículo 71, por último, se desprende la
obligación de incluir en los planes de desarrollo medidas para el fomento de la
cultura. A la luz de estas disposiciones, la Corte ha declarado una “Constitución
Cultural”, concepto que ha sido desarrollado en. Sentencias C-742 de
2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-434 de 2010. M.P Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y C-295 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[61] Sentencia C-295 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera (revisando la
objeción gubernamental por desconocimiento del deber de consulta previa a un
proyecto de ley que proponía un censo integral de las comunidades negras).
[62] Sentencia C-366 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (decisión
que declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, que modificaba el Código de Minas,
por haber omitido el deber de consulta previa).
[63] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva (caso en el que se reconoció la jurisdicción a una
comunidad indígena para resolver un presunto delito de abuso sexual contra
menor de edad).
[64] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa (decisión
que declaró inexequible una disposición de la Ley 89 de 1890 que facultaba a
los alcaldes civiles para resolver conflictos al interior de comunidades
indígenas).
[65] Sobre este punto la Sentencia T-129 de 2011 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), al analizar un caso de consulta previa frente a obras de
infraestructura y explotación de recursos naturales, sostuvo: “De otra
parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida
y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las
costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política,
social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual
refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a
la multiculturalidad y a las minorías”. La visión amplia de la diversidad
cultural y las distintas áreas en que repercute ha sido reiterada en sentencias
T-425 de 2014. M.P. Andrés Mutis Vanegas y T-307 de 2018. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[66] En particular, el Convenio 169 de la OIT, artículos 5(b); 8(1);
8(2); 13 y 17(1). Para una exposición detallada de cómo el marco internacional
de derechos humanos respalda la autonomía jurisdiccional de las comunidades
indígenas ver Sentencia T-548 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
[67] Sobre el concepto de Constitución multicultural se pueden consultar
las sentencias T-001 de 2012. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez y T-522 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[68] Sentencia T-661 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa (caso
de consulta previa relacionado con un complejo conflicto sobre la propiedad o
posesión de unas tierras ubicadas en el Departamento de la Guajira, donde
reside el pueblo wayúu y en torno a las cuales tres clanes disputan su
titularidad).
[69] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Caso
en el que se reconoció la jurisdicción a una comunidad indígena para resolver
un presunto delito de abuso sexual contra menor de edad.
[70] M.P. María Victoria Calle Correa. Decisión que declaró inexequible
una disposición de la Ley 89 de 1890 que facultaba a los alcaldes civiles para
resolver conflictos al interior de comunidades indígenas.
[71] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] En Sentencia T-208 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido), la Corte no
encontró acreditado el elemento personal dado que fue un grupo de ladrones
ajenos a la comunidad indígena quienes cometieron el robo.
[73] En Sentencia T-522 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la
Corte conoció de un proceso ejecutivo promovido por la
organización Roa Flor Huila, por la mora en el pago de unos insumos agrícolas
suministrados a los miembros de la comunidad indígena Yagura, a título
personal. Aunque la compañía evidentemente no era un sujeto indígena, la Corte
advirtió que la disputa afectaba los terrenos colectivos del resguardo, que
habían resultado parcialmente embargados. Por ello, se dispuso la coordinación
interinstitucional entre ambas jurisdicciones.
[74] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[75] Sentencia SU-123 de 2018. MM.PP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo
Uprimny Yepes (decisión de Sala Plena que unificó los principios y subreglas en
torno al derecho fundamental a la consulta previa).
[76] Sentencia T-548 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa (caso de
jurisdicción indígena en el que la Corte aplicó el concepto amplio de “ámbito
territorial”, pero negó la jurisdicción especial por no encontrar
satisfechos los elementos personal y objetivo).
[77] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[78] Ibidem.
[79] Sentencias T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-081 de
2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ambos casos tenían que ver con
presuntos delitos sexuales contra menores de edad que, según el Consejo
Superior de la Judicatura, escapaban a la órbita de la jurisdicción indígena.
Contrario a dicha postura, la Corte Constitucional reivindicó que, en
principio, no existen delitos excluidos de la jurisdicción indígena, aunque la
gravedad de una conducta sí aumenta la exigencia y rigurosidad del análisis
sobre el componente institucional. En esta última Sentencia, la Corte explicó
que: “la jurisprudencia constitucional ha señalado que resultan inadmisibles
aquellas interpretaciones que afirman que la jurisdicción indígena solo puede
conocer de aquellos asuntos que únicamente le interesan a ella misma, ya que “una
concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma absoluta y
exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades originarias,
ignora la importancia que la Constitución Política ha dado, en el marco del
derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de
distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un estado pluralista y
participativo. (C.P. preámbulo, artículos 1º y 2º)”[…] De esta
manera, el hecho de que el bien jurídico involucrado tenga una importancia
especial para la comunidad en general, y que, en consecuencia, la conducta
investigada revista una especial gravedad, no puede llevar al establecimiento
de una regla de competencia conforme a la cual en estos eventos siempre deba primar
la competencia de la jurisdicción ordinaria, lo cual acarrearía la imposición
de los valores de la cultura mayoritaria, sin consideración de aquellos que
hacen parte de la diversidad étnica”.
[80] Sentencia T-397 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (caso
en el que la Corte reconoció la jurisdicción a una comunidad indígena con
ocasión del proceso penal adelantado contra un presunto miembro de esa
comunidad por el delito de homicidio).
[81] Sentencias T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-397 de
2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[82] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[83] Ibidem.
[84] Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, violencia sistemática u
organizada.
[85] En términos de previsibilidad y predecibilidad.
[86] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[87] Ibídem.
[88] Sentencias T-522 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-208 de
2019. M.P. Carlos Bernal Pulido (ambos procesos resolviendo conflictos sobre el
alcance de la Jurisdicción Indígena).
[89] Sentencias T-522 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-365 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-208 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido (los tres
fallos resolviendo conflictos sobre el alcance de la Jurisdicción Indígena).
[90] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[91] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Cita
original con pies de página.
[92] Al resolver un conflicto en torno al alcance de la jurisdicción
indígena, la Sentencia T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) sostuvo que “Sólo
con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural”. Esta
relación estrecha entre el principio de maximización de la autonomía y la
supervivencia de los pueblos indígenas ha sido reiterada en múltiples
ocasiones. Al respecto ver, entre otras, la sentencias SU-510 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-552 de 2003. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-1026 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-365 de
2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[93] Sentencia T-617 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva): “de la
aceptación social y efectiva aplicación de las sanciones internas, y de la
idoneidad de las medidas de protección y reparación de las víctimas, depende
que se restaure el equilibrio y que no se produzcan venganzas internas entre
miembros y/o familias de la comunidad.”
[94] La narración de los hechos que a continuación se resume está basada
en los documentos probatorios allegados en las noticias criminales con radicado
523566000516201601610 y 5235661090643201800797 que cursan en la Fiscalía
General, y que tienen conexidad procesal por tratarse de hechos relacionados
con actos de violencia presuntamente cometidos contra la señora María Tráncito
Alpaz por parte de su expareja. Estas piezas procesales fueron allegadas por el
Fiscal 13 Local de Ipiales (Nariño) dentro del proceso de revisión.
[95] “(…) en el 2005 irme de la casa, cansada de este
maltrato. Las veces que me pegaba no asistí al hospital. En ese tiempo me
aguantaba, también cometía muchas cosas feas en contra mía, hasta el punto de
encerrarme por unos días en una choza… solo me daba aguapanela… esto no lo
denuncié, solo me aguantaba”. Entrevista realizada el 18 de enero de 2017
por funcionarios de la Fiscalía a la señora María Tráncito. Cuaderno de
Revisión, folio 196.
[96] Ibídem. folio 199.
[97] “Luego, en el mismo año 2005, fuimos donde el juez de nombre
Bayardo Castro e iniciamos una conciliación extrajudicial para separarme de este
señor. Después de esto, pasados unos días, me encontré con el juez en el parque
de Córdoba y me dijo que me invitaba un café y yo acepté. Empezó a hablarme de
Hilario. Me decía que él era un hombre buena gente, que por qué me separé, que
vuelva con Hilario, que continuemos por la niña. Me dijo también que no me
creía que Hilario me maltratara de esa manera… Es así que regresé a vivir en la
choza que en ese entonces teníamos”. Entrevista realizada el 18 de enero de
2017 por funcionarios de la Fiscalía a la señora María Tráncito. Cuaderno de
Revisión, folio 196.
[98] Valoración médico legal del 21 de agosto de 2014. Cuaderno de
Revisión, folios 165-167.
[99] Escrito de denuncia radicado el 04 de noviembre de 2014. Cuaderno
de Revisión, folio 173.
[100] Valoración médico legal del 16 de enero de 2015. Cuaderno de
Revisión, folio 176.
[101] Tumefacciones en regiones parietales, equimosis verdosa de 3x2cms
en región frontofacial derecha; equimosis violácea de 5x4 cms en cara lateral
derecha del abdomen.
[102] Cuaderno de Revisión, folio 176.
[103] “La última vez que me maltrató fue en la semana pasada, el día
martes. Le dijo a mi hija que era una china hijueputa malparida, que no era
banco de plata para darle 8 mil pesos. Esa era la plata que le pedía mi hija
para participar en el colegio en los carnavales… nos decía que éramos un par de
hijupuetas zánganas, muertas de hambre y que nos iba a sacar de la casa, y que
la casa se la iba a dar al hermano de él, y que si la vendía la plata se la iba
a gastar donde las putas… Él es bien agresivo”. Denuncia penal radicada el
07 de diciembre de 2016. Cuaderno de Revisión, folio 164.
[104] Denuncia ante Comisaría de Familia radicada el 22 de diciembre de
2016. Cuaderno de Revisión, folio 179.
[105] Ibídem.
[106] Cuaderno de Revisión, folio 182.
[107] Comisaría de Familia de Córdoba. Acta de Notificación, amonestación
y compromisos, Diciembre 29 de 2016. Cuaderno de Revisión, folio 185.
[108] Valoración médico legal del 17 de enero de 2017. Cuaderno de
Revisión, folio 219.
[109] Ibídem.
[110] Entrevista realizada el 18 de enero de 2017 por funcionarios de la
Fiscalía a la señora María Tráncito. Cuaderno de Revisión, folio 199.
[111] Entrevista realizada el 18 de enero de 2017 por funcionarios de la
Fiscalía a Erika Andrea Cuarán Alpaz. Cuaderno de Revisión, folio 203.
[112] “En 2014, demandé ante la Fiscalía el maltrato de este señor
hacia mi madre. La Fiscal me decía que mi madre tenía que ir a demandar, a lo
cual yo le dije a mi madre, y nunca fue por miedo a las amenazas de este señor”.
Cuaderno de Revisión, folio 208.
[113] “no sé qué está esperando la Fiscalía, que mi hija se mate o que
yo aparezca muerta a los golpes” Entrevista realizada el 29 de junio de
2018 por funcionarios de la Fiscalía a María Trancito. Cuaderno de Revisión,
folio 233.
[114] Entrevista realizada el 28 de enero de 2019 por funcionarios de la
Fiscalía a la señora María Tráncito. Cuaderno de Revisión, folios 293-294.
[115] “con lesiones descritas en el examen físico: escoriación de 4
cms en el torax, equimosis de 3cms en cara posterior del antebrazo izquierdo,
equimosis de 6 cms en cara lateral del muslo izquierdo, equimosis de 5 cms en
cara lateral del muslo derecho, equimosis de 4cms en región tibial izquierda,
equimosis de 3 cms en región tibial derecha, edema en región rotuliana
izquierda, se decide manejo ambulatorio con analgésicos”. Cuaderno de
Revisión, folio 252.
[116] Examen de medicina legal del 28 de agosto de 2018. Cuaderno de
Revisión, folio 252.
[117] Noticia número 523566109643201800797.
[118] Entrevista realizada el 31 de enero de 2019 por funcionarios de la
Fiscalía a Marcela Jimena Hernández Alpaz. Cuaderno de Revisión, folio 301.
[119] Cuaderno de Revisión, folio 289.
[120] Cuaderno de primera instancia, folio12.
[121] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, ratificada por Colombia a través de la Ley 248 de
1995.
[122] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[123] Sentencias T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-081 de
2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ambos casos tenían que ver con
presuntos delitos sexuales contra menores de edad que, según el Consejo
Superior de la Judicatura, escapaban a la órbita de la Jurisdicción Indígena.
[124] Sentencia T-397 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (caso
en el que la Corte reconoció la jurisdicción a una comunidad indígena con
ocasión del proceso penal adelantado contra un presunto miembro de esa
comunidad por el delito de homicidio).
[125] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[126] El pueblo de los Pastos tiene un carácter binacional, ya que sus
comunidades se encuentran asentadas en Colombia y Ecuador, en los departamentos
de Nariño, Putumayo y Valle del Cauca (Colombia) y en la provincia de Carchi
(Ecuador). En Colombia, los Pastos representa el 9.3% de la población indígena,
es decir 129.801 personas, de las cuales el 95% habita en el departamento de
Nariño. ICANH, Cuaderno de Revisión, folio 24.
[127] El resguardo de Males, por su parte, es de origen colonial y se
cree que fue constituido por los caciques Raimundo Chapuel y Francisca Chapuel,
quienes desde la institución del Cabildo ejercieron la justicia propia.
[128] Universidad Nacional de Colombia – Escuela de Justicia Comunitaria.
Cuaderno de Revisión, folio 444.
[129] La palabra “churo” de origen Quechua se refiere tanto a la forma
del rizo del pelo como a la concha del molusco. Ambas comparten el diseño
geométrico de la espiral o de la hélice cónica. El sentido cósmico de esta
imagen evoca las manifestaciones cíclicas de la naturaleza: en el retorno
diario y anual del sol, en las fases de la luna, en los momentos propicios para
la siembre y la cosecha. Quijano Vodniza, Armando José. El “Churo Cósmico”:
un estudio arqueo y etno astronómico de la espiral en la cultura Nariño.
Pasto: 2006.
[130] Universidad de Nariño. Cuaderno de Revisión, folio 79. Este
dualismo se hace evidente en varios mitos y leyendas del Pueblo de Pastos,
especialmente la leyenda de “El Chispas y El Guangas”. De acuerdo con este
relato El Chispas y El Guangas fueron dos seres sobrenaturales, cada uno de los
cuales tenía un gran poder. El Chispas había llegado de las tierras altas del
Ecuador por el cerro del Gualcalá, mientras que el Guangas había salido de las
tierras bajas del Amazonas. Estos dos personajes se encontraron en la llanura
de Guachucal, en donde se disponían a enfrentarse por aquel reino. Sin embargo,
ninguno de los dos pudo vencer. Entonces, convertidos en serpientes se unieron
y de esta manera crearon el territorio de los Pastos, convirtiéndose el Guangas
en montañas y el Chispas en llanura. Este dualismo también se manifiesta con la
presencia de dos caciques: uno masculino y otro femenino. Otras veces, aparece
como un volcán (fuego) y una laguna (agua), y en su forma astral se expresa a
través del sol y la Luna. Quijano Vodniza, Armando José. El “Churo Cósmico”:
un estudio arqueo y etno astronómico de la espiral en la cultura Nariño.
Pasto: 2006. págs. 70-71.
[131] Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del Resguardo Indígena de Males.
Cuaderno de Revisión, folio 128.
[132] Mural elaborado por los estudiantes del Colegio Técnico
Agropecuario Etnopedagógico “Cumbe”. Quijano Vodniza, Armando José. El
“Churo Cósmico”: un estudio arqueo y etno astronómico de la espiral en la
cultura Nariño. Pasto: 2006. pág. 18.
[133] Universidad Nacional de Colombia - Escuela de Justicia Comunitaria.
Cuaderno de Revisión, folio 444.
[134] Universidad Nacional- Facultad de Ciencias Humana. Cuaderno de
Revisión, folio 74.
[135] Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del Resguardo Indígena de Males.
Cuaderno de Revisión, folio 128.
[136] Dentro de la composición Pasto, las mujeres son el centro del
sistema integral de “la Chagra”, una especie de unidad de producción de
alimentos y convivencia. Pero La Chagra es más que la fuente de alimento,
también es el espacio “donde convergen las dimensiones social, política,
cultural, económica y espiritual, es un modelo de producción familiar ancestral
propio de las comunidades indígenas del sur de Nariño”. Universidad de
Nariño, Cuaderno de revisión, folio 79.
[137] Segato, Rita Laura (2011). “Género y colonialidad:
en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial” EN
Bidaseca, Karina (Coord.) Feminismos y poscolonialidad: descolonizando el
feminismo desde y en América Latina. Ediciones Godot: Buenos Aires, 2011.
Pág. 43. Según explica esta autora el dualismo presente en las sociedades
precoloniales fue reemplazado violentamente por el binarismo: “El género,
así reglado, constituye una dualidad jerárquica en la que ambos términos que la
componen, a pesar de su desigualdad, tienen plenitud ontológica y política. En
el mundo de la modernidad no hay dualidad, hay binarismo. Mientras en la
dualidad la relación es de complementariedad, la relación binaria es
suplementar, un género suplementa –y no complementa- el otro”. Pág. 40.
[138] Segato, Rita Laura (2011). Op. cit. Pág. 22.
[139] Se destaca a nivel regional la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem
Do Pará), ratificada por Colombia a través de la Ley 248 de 1995; y a nivel
global la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y aprobada por la Ley 51 de 1981; y el correspondiente
Protocolo facultativo aprobado mediante Ley 984 de 2005.
[140] Se destaca la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres; Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, incluyendo un enfoque diferencial para las mujeres (artículos
3,114); Ley 1482 de 2011, penaliza los actos de racismo o discriminación
incluido por razones como el sexo); Ley 1719 de 2014, por la cual se adoptan
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado;
Ley 1761 de 2015, Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como
delito autónomo y se dictan otras disposiciones (ley Rosa Elvira Cely).
[141] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis
2018: datos para la vida. Pág. 74.
[142] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis
2018. Op. Cit. pág. 77.
[143] Fiscalía General de la Nación. Informe de Gestión 2016-2019
“Fiscalía de la Gente”. Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/
[144] La tasa de imputación es del 27.4% y la tasa de condena sobre
imputación es de 24.9%.
[145] Para enfrentar estos problemas, entre otras acciones, la Fiscalía
General expidió la Resolución No. 0-1774 del 14 de junio de 2016 y Protocolo
anexo. Disponible en. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolo-de-investigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptados-final.pdf
[146] CSJ. Sentencia del 04 de marzo de 2015. M.P. Patricia Salazar
Cuellar. Radicado. 41.457. En este caso se encontró responsable al agresor del
delito de homicidio agravado por la condición de mujer.
[147] CSJ. Sentencia del 1 de octubre de 2019. M.P. Patricia Salazar
Cuellar. Radicación 52.394. En este caso se trataba de un escenario
generalizado de violencia intrafamiliar.
[148] CSJ. Sentencia del 1º de noviembre de 2017. M.P. Fernando León
Bolaños Palacios. Radicado 49.967. En este caso luego de que la pareja
terminara su relación sentimental, el agresor la amenazó, por lo cual la
víctima tomó la decisión de ir ante la fiscalía. Sin embargo, esta entidad la
remitió a la oficina de contravenciones de la policía donde el agresor
se comprometió a no causarle agresiones, insultos, amenazas o molestias.
Compromiso que no fue supervisado por ninguna autoridad pues poco tiempo
después le causó la muerte a su antigua pareja.
[149] Tanto los casos de violencia intrafamiliar como los feminicidios no
ocurren en un episodio único, sino que suelen ser el desenlace de un contexto
de violencia, que muchas veces es ignorado por las autoridades responsables,
hasta que se produce un desenlace fatal. Al respecto ver CSJ. Sentencia del 04
de marzo de 2015. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Radicado. 41.457; Sentencia
del 1º de noviembre de 2017. M.P. Fernando León Bolaños Palacios. Radicado
49.967; Sentencia del 11 de julio de 2018. M.P. José Luis Barceló Camacho.
Radicación 48.251; Sentencia del 19 de febrero de 2020. M.P. Patricia Salazar
Cuellar. Radicación 53.037, entre otros.
[150] En la Sentencia del 04 de marzo de 2015. M.P. Patricia Salazar
Cuellar. Radicado. 41.457, la víctima recibió 9 puñaladas de su expareja. pese
a lo cual, la Fiscalía le imputó únicamente “lesiones personales”. Luego de
este episodio, el agresor y la víctima siguieron conviviendo en el mismo hogar
hasta que se produjo el ataque fatal y definitivo que le quitó la vida.  Pese a
lo anterior, el Fiscal delegado ante la Corte sostuvo que no estaba seguro que
se tratara de un feminicidio, pues era un caso resultado celotipia del
procesado y no la condición de mujer de la víctima.
[151] Auto 092 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (en desarrollo
del estado inconstitucional de cosas proferido en materia de desplazamiento
forzado).
[152] Sentencia T-843 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (en
este caso, ante la denuncia por presuntos actos de violencia sexual contra
menor de edad, la Corte estableció que no podía ordenarle al Fiscal formular
cargos, pero sí lo exhortó a tomar una decisión dentro de un término
perentorio).
[153] Sentencia T-772 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (en
este caso, la Corte constató una “profunda crisis en la aplicación de las
medidas contempladas por la Ley 1257 de 2008 por parte de las autoridades
penales” luego de que una mujer víctima de su expareja denunciara tres
veces los episodios de violencia sin ninguna respuesta efectiva del Estado. La
sentencia señaló que las autoridades, una vez reciban una denuncia por
violencia intrafamiliar o violencia de género tienen posición de garante
frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no adoptarse las medidas).
[154] Sentencia T-735 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo (en este
caso, se concluyó que la falta de trámite a la solicitud de rectificación de la
información, la negativa a hacer efectivo el derecho a la no confrontación con
su agresor y las observaciones sobre la conducta de la accionante por parte de
la Comisaria de Familia constituían formas de violencia institucional en contra
de la accionante). Para otro caso similar, ver T-462 de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[155] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007.
OEA/Ser. L/V/II. Doc. 68. Párr.18. Disponible en http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
Más recientemente la Comisión reiteró que “ha continuado recibiendo
información dando cuenta de la persistencia de altos índices de impunidad, así
como de la prevalencia de múltiples obstáculos que las mujeres, adolescentes y
niñas accedan a una justicia equitativa, imparcial y con plazos razonables”
(Comisión IDH, “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”
2019, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233 Párr. 131. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
)”.
[156] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[157] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[158] Cuaderno de primera instancia, folio 17.
[159] Cuaderno de primera instancia, folio 16.
[160] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[161] Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del Resguardo Indígena. Cuaderno
de Revisión, folio 125.
[162] Universidad Nacional - Facultad de Ciencias Humana. Cuaderno de
Revisión, folio 74.
[163] Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del Resguardo Indígena. Cuaderno
de Revisión, folio 126.
[164] Declaración de Marcela Jimena Hernández. Cuaderno de Revisión, folio
389.
[165] Cuaderno de Revisión, folio 215.
[166] Universidad Nacional - Facultad de Ciencias Humana. Cuaderno de
Revisión, folio 75. En el mismo sentido, uno de los testimonios recopilados por
la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional explicó que: “se
presentan casos en que hay bastante acoso desde las autoridades, los cuales,
por el hecho de ser personas poderosas no se denuncian. No sé si es por
desconocimiento o por temor, o porque las autoridades tienen mucho poder.
Detentando ese poder se destruyen hogares”. Cuaderno de Revisión, folio
443.
[167] Resolución No. 0-1774 del 14 de junio de 2016 y Protocolo anexo.
Disponible en. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolo-de-investigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptados-final.pdf
[168] Fiscalía General de la Nación. Entrevista a María Tráncito
realizada el 18 de enero de 2017. Cuaderno de Revisión, folio 199.
[169] Fiscalía General de la Nación. Entrevista a María Tráncito
realizada el 29 de junio de 2018. Cuaderno de Revisión Folios 232-233.
[170] Investigador de policía judicial el 27 de febrero de 2019: “es
oportuno sugerir al despacho fiscal que se tomen las medidas correspondientes a
fin de prevenir posible feminicidio si se tiene en cuenta los hechos acontecidos
el día 17 de julio de 2018”. Cuaderno de Revisión, folio 289.
[171] Valoración psicológica realizada en la Comisaría de Familia de
Ipiales, el 21 de febrero de 2019: “se remite a la Fiscalía para lo de su
competencia solicitando actuaciones prontas ante el hecho ya que puede ser
víctima de feminicidio”. Cuaderno de Revisión, folio 354.
[172] Diario el Sur. “Acusan a concejal de Córdoba de violencia
intrafamiliar”. 10 de febrero de 2019.
Disponible en https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/acusan-concejal-de-cordoba-de-violencia-intrafamiliar-499193
[173] Sentencia T-196 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[174] Especialmente aquellas dispuestas en los artículos 109 y 111
del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
[175] Supra. Capítulo 4.
[176] Ver Decreto 2340 de 2015. “Artículo 1º: Funciones de la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. Son funciones de la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes: // 1. Asesorar, elaborar
y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los pueblos
indígenas y Rom en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y
consolidación de sus derechos étnicos y culturales.  // […] // 3. Propender por
la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos
tradicionales, en coordinación con las entidades y organismos competentes. //
[…] // 9. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los
procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom. // […] // 10.
Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres
de las comunidades indígenas y Rom.”
[177] Dicho artículo establece: “Toda providencia en que se haya
incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la
dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. ||
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se
notificará por aviso. || Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los
casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre
que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.” Con fundamento en esta disposición, la jurisprudencia ha admitido,
de forma excepcional, la corrección de sus sentencias en aquellos casos en los
que se presentan errores aritméticos o de palabras (omisión, cambio o
alteración de las mismas), en la parte resolutiva del fallo o en la parte
motiva que influya en aquélla. Ver, entre otros, autos 303 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; 503 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; 104 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; 191 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; y
225 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.