T-580-19
Sentencia T-580/19
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR-Vulneración
al impedir a estudiantes su graduación, por tener pagos pendientes por concepto
de matrícula
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Límites constitucionales
Esta Corporación ha
puntualizado que el principio de autonomía universitaria tiene como límite el
respeto por los derechos fundamentales, en particular por el derecho a la
educación.
Adicionalmente,
entre los límites que se ha trazado a la actividad autónoma que pueden
desarrollar las universidades, se encuentra el del respeto del debido proceso,
pues este Tribunal ha sido claro en establecer que la autonomía no puede, bajo
ninguna circunstancia ser sinónimo de arbitrariedad.
PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA Y LA BUENA FE EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR-Vulneración por no otorgar
la ESAP el título de especialistas
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA FRENTE AL PRINCIPIO DE BUENA FE Y CONFIANZA LEGITIMA
DERECHO
A LA EDUCACION Y DERECHO A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Juicio de ponderación
(i) No puede negársele
el grado a un estudiante universitario que ha cumplido con todos los requisitos
académicos para la obtención del título, pero que no se encuentra a paz y salvo
con la institución; (ii) […]; (iii) se vulnera el derecho a
la educación cuando una institución registra o certifica una actividad del
estudiante de forma errada y esto, le trae consecuencias negativas a la hora de
inscribir materias, matricularse u obtener el grado; (iv) no es
posible posponer de manera indefinida la continuación del proceso educativo de
una persona por razones de índole económica, pero ello tampoco implica
desconocer la deuda del estudiante, en estas circunstancias, se debe proceder a
realizar un acuerdo de pago con el deudor sin restringirle la permanencia en el
estudio
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Orden a la ESAP que, una vez se acrediten la totalidad de los requisitos
académicos, otorgue el respectivo título de especialistas a los accionantes
Referencia: Expediente T-7.206.659
Acción de tutela presentada por Aida Mildred
Chacón Banbague y otros en contra de la Escuela Superior
de Administración Pública –ESAP–
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo
Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, pronuncia la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo de
Mocoa, el 2 de noviembre
de 2018, y en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Tercera de Decisión del Sistema Oral, el 6 de diciembre de 2018, dentro del
proceso de tutela iniciado por Aida Mildred Chacón Banbague y otros en contra
de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres,
mediante auto proferido el 15 de marzo de 2019 y notificado el 1 de abril de
2019[1].
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
Aida Mildred Chacón Banbague, Andrea
Carolina Bravo Vallejo, Ángela María Castro Castro, Carlos Mauricio Cuarán
Medicis, Claudia Marcela Villacorte López, Claudia Yaneth Loaiza Valencia,
Diana Marcela Gómez Silva, Gail Lizeth Riascos Palacios, Gloria Eliana Morán
Paucar, Ivanna Janethe Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez,
Jineth del Carmen Villota Daza, Juan Pablo Ramírez Zambrano, Luz Viviana
Alegría Cuellar, María Camila Arcos Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady
Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja
López, Sandra Yaneth Guerra Toro, Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Segundo
Andrés Coral Herrera, Víctor Favián Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro Romo
Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y Yury Vanessa Quiroz Castrillón,
presentaron acción de tutela en contra de la Escuela Superior de Administración
Pública –ESAP–. Lo anterior, con el propósito de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la confianza
legítima, al estimarlos vulnerados en razón de la decisión de la ESAP de
exigirles el pago total de la matrícula financiera de la especialización en
derechos humanos cursada en el Centro Territorial de Administración Pública
–CETAP– Mocoa en los períodos 2017-2 y 2018-1, como requisito previo para la
obtención del título de especialistas, bajo el argumento de que los accionantes
no cumplieron con las exigencias establecidas en el Acuerdo No. 005 del 9 de
mayo de 2017, expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, para
obtener el beneficio de exoneración de la matrícula financiera[2].
A continuación, se exponen los hechos más
relevantes que fueron descritos en la demanda:
1.1. Los accionantes manifestaron ser
egresados de la especialización en derechos humanos ofrecida por la ESAP en el Centro
Territorial de Administración Pública –CETAP– Mocoa, en los períodos académicos
2017-2 y 2018-1; además, que la mayoría cumplió con todos los requisitos
establecidos por la institución educativa, encontrándose únicamente a la espera
de recibir las actas y los diplomas de grado que los acredite como
especialistas.
1.2. El Consejo Directivo Nacional de la
ESAP, mediante el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, concedió la
exoneración del pago de matrícula financiera para los períodos 2017-2 y 2018-1
a los estudiantes activos del CETAP Mocoa, Putumayo, en la modalidad de
pregrado en administración pública territorial, y para el período 2017-2 en la
modalidad posgrado a distancia. Lo anterior, a raíz de la tragedia sufrida en
Mocoa en la noche del viernes 31 de marzo de 2017, que generó que el Presidente
de la República declarara el estado de emergencia económica, social y
ecológica, por medio del Decreto 601 de 2017.
1.3. Con el conocimiento del acuerdo
expedido por la institución, los accionantes elevaron petición verbal y escrita
ante la Dirección Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, con la
finalidad de que se aplicara el beneficio de exoneración del pago de matrícula
financiera en consideración a que eran víctimas directas e indirectas de la
avalancha ocurrida en Mocoa el 31 de marzo de 2017. La petición escrita fue
realizada en forma grupal el 12 de julio de 2017 y dirigida al correo
electrónico de la directora territorial, Martha Cecilia Piza Losada, martha.piza@esap.edu.co.
1.4. El 14 de julio de 2017 fueron
expedidos por parte de la ESAP los recibos de la matrícula financiera correspondientes
al primer semestre de la especialización en derechos humanos, por un valor
total de cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos
($4.426.300), el cual variaba por concepto de descuentos en razón de
condiciones especiales tenidas en cuenta para algunos aspirantes.
1.5. Señalaron que el coordinador del CETAP
Mocoa, Alex Fernando Osorio, y la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la entidad, Martha Cecilia Piza Losada, les indicaron que se
abstuvieran de realizar el pago de la matrícula financiera toda vez que el
trámite de exoneración se encontraba bajo estudio. Además, que el coordinador
del CETAP Mocoa les había señalado por mensaje de voz enviado vía WhatsApp, que
la decisión de la institución educativa daba lugar a la exoneración del 100% del
costo de la matrícula financiera de los dos semestres de la especialización que
estaban a portas de cursar.
1.6. Como consecuencia de lo anterior,
fueron expedidos nuevos recibos de pago de la matrícula financiera del primer
semestre de la especialización en derechos humanos (2017-2), con fecha del 19
de julio de 2017, que arrojaron como valor total a pagar “CERO PESOS ($0
M/CTE) por concepto de DESCUENTO EXONERACIÓN MOCOA” (mayúsculas originales),
y que incluían una anotación que señalaba “no pagar el valor de esta
liquidación es de cero pesos ($0,00)”. En razón de ello, los accionantes asumieron
que la información suministrada por los funcionarios de la ESAP antes
indicados, se confirmaba, y que, por lo tanto, eran beneficiarios de la
exoneración regulada por el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017.
1.7. Explicaron que los documentos exigidos
para el proceso de matrícula académica del primer semestre fueron cargados con
total normalidad en la plataforma que se encontraba habilitada en ese momento
para tal fin (ACADEMUSOFT), y que los originales fueron entregados en físico al
coordinador del CETAP Mocoa, Alex Fernando Osorio, según su directriz, para su
radicación en la Dirección Territorial correspondiente. Entre ellos, fueron
anexados los recibos de la matrícula financiera del primer semestre de la
especialización en derechos humanos (2017-2), por un valor de cero pesos. Las
clases iniciaron el 18 de agosto de 2017 y culminaron el 9 de diciembre del
mismo año, según afirmaron, con total normalidad.
1.8. Agregaron que una vez se abrieron las
inscripciones para cursar el segundo semestre de la especialización (2018-1),
iniciaron el proceso de matrícula académica y al descargar los recibos de la
matrícula financiera aparecía registrado un valor a pagar de cuatro millones seiscientos
ochenta y siete mil quinientos pesos ($4.687.500), el cual variaba por concepto
de descuentos en razón de condiciones especiales tenidas en cuenta para algunos
estudiantes. Nuevamente realizaron consulta a la Dirección Territorial Huila,
Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP acerca de la exoneración del pago de
matrícula financiera, obteniendo respuesta el 24 de enero de 2018, con la
expedición de los recibos de matrícula ordinaria para el segundo semestre en “CERO
PESOS ($0 M/CTE) por concepto de 50- EXONERACIÓN MOCOA” (mayúsculas
originales).
1.9. El segundo semestre inició en el mes
de febrero y finalizó en junio de 2018 y, según informaron, no se presentó
ningún contratiempo. Así, agregaron, los estudiantes que cumplieron todos los
créditos del programa académico, incluyendo el trabajo de grado, descargaron
los recibos de pago por concepto de derechos de grado, los cuales fueron
cancelados oportunamente y cargados en la plataforma junto con la demás documentación
requerida por la institución.
1.10. Mencionaron las siguientes
particularidades en relación con algunos estudiantes: Roberth Milley Imbachi
Rodríguez, fue exonerado del pago de los derechos de grado al concedérsele matrícula
de honor en el semestre de 2018, de acuerdo con la Resolución No. 15-616 del 24
de julio de 2018 expedida por la ESAP. Aida Mildred Chacón Banbague, tenía
pendiente por cursar la materia análisis de casos a la que no pudo asistir
debido a una calamidad doméstica.
1.11. Con todo, señalaron que en una
reunión programada por la nueva coordinadora del CETAP Mocoa, Ilia Cristina
Moncayo, con el tema “ceremonia de grado”, y realizada el 31 de agosto
de 2018, se les informó a los asistentes que tenían que cancelar el valor del
segundo semestre del programa de posgrado cursado y aprobado. Y días después,
el 12 de septiembre del mismo año, a través de correo electrónico suscrito por
la directora de la Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, se envió un
comunicado a los estudiantes en el que les solicitaba que informaran el por qué
sus obligaciones económicas del primer semestre de 2017 (2017-2) y del segundo
semestre de 2018 (2018-1) no se encontraban al día, además de requerirles la
cancelación de la totalidad de los valores de los semestres mencionados, suma
equivalente a nueve millones ciento trece mil ochocientos pesos ($9.113.800),
con variaciones según circunstancias particulares de algunos estudiantes. En el
comunicado se les advirtió que contaban con tres días, a partir de su recepción,
para explicar y sustentar la respuesta, so pena de proceder al cobro de la
obligación por las vías legales correspondientes.
1.12. Narraron que a partir de ese momento
hubo un cruce de comunicaciones con la institución educativa con ocasión de un
derecho de petición interpuesto por los accionantes, en las que se les requería
la acreditación de los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 005 de 2017
para efectos de aplicar la exoneración del pago de matrícula financiera, y que
tenían la única finalidad de impedir su graduación en la ceremonia de grado
programada para el 26 de octubre de 2018. Finalmente, el 10 de octubre de 2018,
la ESAP emitió respuesta de fondo exigiéndoles el pago total de la matrícula de
los dos semestres cursados de la especialización en derechos humanos, como
prerrequisito al acto de graduación, pese a que entendían que esa obligación se
encontraba superada con la expedición de los recibos de pago en cero pesos.
1.13. En razón de lo anterior, a través de
la acción de tutela solicitaron que se ordenara a la ESAP exonerar a los demandantes
del pago total de la matrícula financiera; cesar cualquier cobro coactivo que
hubiera iniciado en su contra; eliminar, en caso de haberlo, cualquier reporte
negativo en la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia –CIFIN– que los pudiera afectar; y expedir los
respectivos paz y salvo por concepto de matrícula financiera, y hacer entrega
de las actas y los diplomas de grado que los acredite como especialistas en
derechos humanos.
1.14. Adicionalmente, y partiendo del
entendimiento de que se encuentran a paz y salvo académica y financieramente
con la ESAP, solicitaron como medida provisional que se ordenara a la ESAP
incluir a los accionantes en el listado de graduandos para la ceremonia de
grado que se celebraría el 26 de octubre de 2018 en Mocoa.
En el Anexo 1 se relacionan las
pruebas documentales que fueron aportadas en la demanda por los accionantes.
2. Respuesta de las entidades demandada y
vinculadas
2.1. El Juzgado Segundo Administrativo de
Mocoa, mediante auto del 23 de octubre de 2018, admitió la acción de tutela,
vinculó al proceso al Departamento Administrativo de la Función Pública y al
Ministerio de Educación y decretó la medida provisional solicitada por los
accionantes, consistente en ordenar a la ESAP que los incluyera en el listado
de graduandos para la ceremonia de grado que se celebraría el 26 de octubre de
2018[3].
2.2. La anterior decisión fue cuestionada
por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP[4], mediante comunicación
del 24 de octubre de 2018, en la que solicitó la revocatoria de la medida
provisional decretada. Sostuvo que a los accionantes no se les está causando un
perjuicio irremediable debido a que también hay programada una ceremonia de
grado para el mes de noviembre de 2018, por lo que no se configura la
inminencia de la acción constitucional[5].
2.3. Mediante auto del 25 de octubre de
2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, declaró improcedente la
solicitud de revocatoria de la medida cautelar y requirió a la ESAP “para
que remita inmediatamente informe de cumplimiento allegando los soportes
documentales pertinentes, respecto de la medida provisional decretada”[6].
2.4. El 25 de octubre de 2018, el
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–[7] solicitó declarar
improcedente la acción de tutela presentada por los estudiantes en lo que tiene
que ver con dicha entidad, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que la ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento
público del orden nacional de carácter universitario, adscrito al DAFP, que
cuenta con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa y académica, por lo que es a dicha institución a quien compete
regular y verificar los requisitos que deben ser cumplidos en los programas de
formación por ella impartidos[8].
2.5. El 26 de octubre de 2018, la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP solicitó negar las
peticiones de los accionantes debido a que no se presentó vulneración o amenaza
a derecho fundamental alguno, ya que las actuaciones de la entidad, que goza de
autonomía universitaria[9],
se ciñeron a la normativa aplicable al caso concreto[10]. Adicionalmente,
reiteró la ausencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela, debido a que también se prevé una ceremonia de graduación para el
mes de noviembre de 2018. Sustentó su oposición en los siguientes argumentos:
-
En el caso concreto no
existe el “derecho adquirido” que reclaman los accionantes debido a que
no eran sujetos beneficiarios del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, “por
el cual se concede la exoneración del pago de matrícula financiera, para los
períodos 2017-2, 2018-1 a los estudiantes activos del CETAP de Mocoa -
Putumayo, en la modalidad de Pregrado en Administración Pública Territorial, y
2017-2 modalidad de posgrado a distancia”, expedido por el Consejo
Directivo Nacional de la escuela[11],
toda vez que a la fecha de expedición del acto “no ostentaban la calidad de
estudiantes ACTUALMENTE activos de la ESAP”[12] (mayúsculas
originales).
-
El Acuerdo No. 002 del
23 de enero de 2008, “por el cual se expide el Reglamento General
Estudiantil para los programas curriculares de la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP”[13],
establece en el artículo 2 la calidad de estudiante de la ESAP, como “quien
ha sido formalmente admitido y se ha matriculado en un programa de educación
formal, con sujeción a las normas establecidas en el […] reglamento y en las
particularidades del programa curricular respetivo”[14]. Adicionalmente, el
artículo 11 regula la matrícula como “el acto por el cual el aspirante
oficialmente admitido adquiere la condición de estudiante y, en consecuencia,
se convierte en sujeto de los derechos y deberes establecidos en el […]
Reglamento y en el Reglamento Académico de su programa curricular”[15].
-
No obstante lo
anterior, la Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, en procura
de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación,
requirió a los accionantes para que acreditaran el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Acuerdo No. 005 de 2017, en lo que tiene que ver
con (i) ser “estudiantes actualmente activos en programas de posgrado
en la modalidad a distancia, en el CETAP Mocoa” (artículo primero); y (ii)
demostrar que fueron afectados familiar y económicamente, de forma grave, por
la tragedia (parágrafo, artículo segundo). Pese a ello, los anteriores
requisitos exigidos para efectos de la aplicación del Acuerdo No. 005 no fueron
satisfechos. Se precisó el caso del estudiante Wilson Albeiro Romo Guerrero,
quien acreditó su calidad de afectado y damnificado por la tragedia sufrida en
Mocoa, según el Registro Único de Damnificado otorgado por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio –CMGRD–[16].
-
Si bien se expidieron
los recibos de pago de la matrícula financiera en cero pesos ($0), los mismos
resultaban ser contrarios al Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, puesto que
para la fecha de expedición del acto los accionantes no eran estudiantes
activos del CETAP Mocoa, razón por la que fueron requeridos para el pago de la
matrícula financiera correspondiente a la especialización en derechos humanos
cursada de los períodos 2017-2 y 2018-1. Agregó que a los estudiantes se les
permitió tomar las clases y obtener las notas, pero que nunca se les exoneró
del pago de las respectivas matrículas financieras.
-
Finalmente, señaló que
los estudiantes se deben poner a paz y salvo con la entidad para efectos de
cumplir con todos los requisitos orientados a la obtención del grado.
2.6. El 26 de octubre de 2018, la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo[17]
informó que “[p]ara el cumplimiento del mandato judicial, […], la Escuela
Superior de Administración Pública – ESAP, expidió el Acta de Grado General No.
084 de fecha 26 de octubre de 2018, a la cual se le dio lectura en ceremonia de
grado en la que participaron los accionantes y que se celebró en el Hotel
Kawari de la ciudad de Mocoa Putumayo […]”[18].
En dicha ocasión se le confirió el título de especialistas en derechos humanos a
los siguientes alumnos (22 en total): Andrea Carolina Bravo Vallejo, Ángela María Castro Castro, Carlos
Mauricio Cuarán Medicis, Claudia Marcela Villacorte López, Claudia Yaneth
Loaiza Valencia, Diana Marcela Gómez Silva, Gail Lizeth Riascos Palacios,
Ivanna Janethe Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez, Jineth del
Carmen Villota Daza, Luz Viviana Alegría Cuellar, María Camila Arcos Bermeo,
María Sonia Zambrano Pérez, Milady Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley Imbachi
Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja López, Sandra Yaneth Guerra Toro, Sandro
Daniel Alvarado Rodríguez, Víctor Favián Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro Romo
Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y Yury Vanessa Quiroz Castrillón[19].
En
dicho documento se lee:
“Verificado
el cumplimiento de los requisitos institucionales, se pudo observar que los
mismos no fueron acatados, toda vez que los anteriores ciudadanos no han
cumplido con sus obligaciones pecuniarias para con la Escuela Superior de
Administración Pública, referentes al pago de sus matrículas para los períodos
2017-II y 2018-I.
Así
mismo, los procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 002 del 23 de enero de
2008, “por el cual se expide el reglamento General Estudiantil para los
Programas Curriculares de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP”,
en especial [el] contenido en el parágrafo 1º del artículo 49, fueron omitidos
en aras de dar cumplimiento a la medida provisional adoptada, por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, bajo el Radicado No.
860013333002-2018-00386, dentro de la Acción de Tutela promovida por AIDA
MILDRED CHACÓN BANBAGUE y otros, en contra de la [ESAP]”[20].
2.7. El 26 de octubre de 2018, el jefe de
la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación[21] solicitó desvincular a
dicha cartera del proceso constitucional que cursa, teniendo en cuenta que
carece de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse acerca del
conflicto jurídico que se plantea entre la ESAP y los accionantes[22].
3. Decisión que se revisa del juez de
tutela de primera instancia
El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa,
mediante sentencia del 2 de noviembre de 2018[23],
tuteló los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la
confianza legítima de los accionantes, al considerar que “la conducta
permisiva de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP y más
exactamente del coordinador [del] CETAP - Mocoa y de la Directora Territorial
de Huila, Caquetá y bajo Putumayo, generó en los accionantes la fundada
expectativa de haber sido beneficiados con la exoneración del pago de [la]
matrícula financiera”[24].
Y Agregó: “En efecto, los accionantes invirtieron tiempo y dedicación en
satisfacer los requisitos académicos indispensables para obtener su título como
especialistas a través del cumplimiento de los requisitos académicos en su
condición de estudiantes matriculados del ente universitario. Igualmente, puede
acreditarse dentro del plenario la exigencia de la [ESAP], al pago de los
valores correspondientes a derechos de grado, los cuales fueron aportados por
los accionantes y recibidos por esta”[25].
En consecuencia, ordenó al director general
de la ESAP: (i) cesar cualquier tipo de cobro pecuniario contra los
accionantes derivado del pago de matrícula financiera para los períodos 2017-2
y 2018-1 de la especialización en derechos humanos, ofrecida en el CETAP Mocoa.
(ii) Emitir a favor de los accionantes los paz y salvo por ser
destinatarios de la exoneración del pago de matrícula financiera para el
período 2017-2 y 2018-1, sin eximirlos de tener que acreditar que se encuentran
a paz y salvo en el pago de derechos pecuniarios distintos a la matrícula financiera
frente al ente universitario. (iii) Otorgar a los accionantes que hayan
cumplido con el pleno de los requisitos académicos y derechos pecuniarios
distintos a la matrícula financiera exigidos por el ente universitario como
requisitos para la obtención del título de especialistas, las actas de grado y
los diplomas de grado correspondientes a la especialización en derechos
humanos; precisando que en el caso concreto de Aida Mildred Chacón Banbague,
Gloria Eliana Morán Paucar, Juan Pablo Ramírez Zambrano, Segundo Andrés Coral
Herrera y Delia Gilón Dorado[26],
estos deberán acreditar ante la ESAP el cumplimiento de los requisitos
académicos y el pago de los derechos pecuniarios distintos a la matrícula
financiera exigidos para la obtención del título de especialistas.
4.
Impugnación
El 9 de noviembre de 2018, la directora
la ESAP Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo[27]
le solicitó al juez de segunda instancia revocar la sentencia del Juzgado
Segundo Administrativo de Mocoa, de un lado, porque la acción de tutela resulta
improcedente para decidir un asunto de naturaleza económica, en donde, además,
no se observa la existencia de un perjuicio irremediable. De otro lado, porque no
existió vulneración de los derechos invocados por los accionantes ya que las
actuaciones de la entidad se ciñeron a la normativa aplicable al caso concreto,
y sus pretensiones desbordaron “la buena fe de la administración”, conduciéndola
a proferir actos administrativos sin la acreditación de los requisitos
establecidos en el Acuerdo No. 005 de 2017[28]. Adicionalmente,
expuso los siguientes argumentos:
Primero, la ESAP ha ceñido sus
actuaciones a los lineamientos, reglamentos y acuerdos académicos de la
institución, que indicaban que no era viable otorgar la exoneración del pago de
matrícula financiera a los accionantes, y menos cesar cualquier tipo de cobro
pecuniario en su contra, debido a que no cumplían los requisitos para que
fueran considerados beneficiarios de la prerrogativa contemplada en el Acuerdo
05 del 9 de mayo de 2017,
ya que cuando este fue expedido no tenían la calidad de estudiantes activos,
sino de “aspirantes”. Por ello, no es posible atribuirle a la entidad la
vulneración del derecho al debido proceso de los accionantes.
Los artículos 1 y 2 del referido
acuerdo fijaron el alcance y los requisitos para la exoneración del pago de matrícula
financiera, así:
“ARTÍCULO PRIMERO. DESTINATARIOS DE
LA EXONERACIÓN. La ESAP exonerará del pago de la matrícula a los estudiantes
actualmente activos en el programa de Administración Pública Territorial en el
CETAP de MOCOA, por los períodos académicos 2017-2 y 2018-1; y a los estudiantes
actualmente activos en programas de posgrado en la modalidad distancia, en
el CETAP - MOCOA, por el período 2017-2.
PARÁGRAFO PRIMERO. Este beneficio no
aplica a otros derechos pecuniarios, distintos al pago de matrícula académica,
de los semestres académicos mencionados en el presente acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUISITOS. Para
ser beneficiarios de la exoneración de la matrícula autorizada mediante el
presente acuerdo, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Ser estudiante activo del CETAP
- MOCOA.
2. Presentar por escrito solicitud de
la exoneración ante la Dirección Territorial en la cual se encuentra adscrito
el CETAP - MOCOA.
3. Surtir el proceso de matrícula
académica correspondiente con los soportes y presentarlos en las fechas
establecidas a la Dirección Territorial.
4. No estar incurso en sanción
disciplinaria (parágrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo 002 de 2008).
5. No haber perdido la calidad de
estudiante (artículo 17 del Acuerdo 002 de 2008).
PARÁGRAFO. La
presente exoneración podrá ser concedida a aquellos estudiantes que estando
activos en CETAP de otras territoriales, demuestren que han sido afectados
familiar y económicamente, de forma grave, por esta tragedia.
En este caso deberá acreditar su
calidad de estudiante activo del CETAP al que pertenezca, los demás requisitos
indicados en el presente artículo que le apliquen y sustentar bajo el principio
de buena fe la grave afectación” (negrillas originales).
Segundo, a los estudiantes se les permitió
ejercer su derecho al debido proceso, ya que la administración les brindó los
espacios para que se pronunciaran y acreditaran los requisitos establecidos en
los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 005 de 2017 para la obtención del beneficio
de la exoneración del pago de matrícula financiera. No obstante, han sido los
propios accionantes quienes se han negado a demostrar el derecho que, según
ellos, les confiere la disposición mencionada.
En virtud de lo anterior, mal haría
la ESAP al “otorgar un beneficio en donde no han sido satisfechos sus
requisitos, configurando así un posible desequilibrio de las cargas públicas y
un enriquecimiento sin causa a favor de los accionantes, producto de [una
presunta mala intención] (engaño) de unos ciudadanos, pues como entidad pública
se propende por la protección y conservación de los recursos públicos”[29].
Tercero, en relación con la presunta
vulneración del derecho a la educación, pese a que no se cumplieron los
requisitos para obtener el beneficio de exoneración del pago de matrícula
financiera, la ESAP les permitió a los accionantes que asistieran a clases y
obtuvieran las notas, y a la gran mayoría, así fuera por orden judicial, se les
otorgó el título de especialistas.
Cuarto, la administración no actuó a
espaldas o de manera abusiva con los estudiantes, al contrario, adoptó el
camino que la ley establece para obtener la revocatoria del acto administrativo
al solicitarles que demostraran con evidencias que su caso se encontraba en el
marco de lo establecido en el Acuerdo No. 005 de 2017, sin que se obtuviera
respuesta de los requeridos. En razón de ello, no se vulneró el principio de
confianza legítima ya que los accionantes en ningún momento demostraron que se
encontraran amparados por el derecho otorgado en el acuerdo referido.
Quinto, las contradicciones que se han
presentado entre el auto que admitió la acción de tutela y la decisión de
primera instancia vulneran los derechos fundamentales de la ESAP, ya que, en
esta última, se prohíbe el cobro de la suma adeudada por los accionantes por
concepto de matrículas financieras de
la especialización en derechos humanos para los períodos 2017-2 y 2018-1.
5. Decisión que se revisa del juez de tutela de
segunda instancia
El Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral, mediante
sentencia del 6 de diciembre de 2018[30], revocó el fallo del 2 de noviembre de
2018 del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, y, en su lugar, declaró
improcedente la acción de tutela, al concluir que se trata de un litigio de
carácter económico entre los accionantes y la ESAP que no puede ser objeto de
debate en sede de tutela, toda vez que no se observa la existencia de un
perjuicio irremediable[31]. Al respecto sostuvo:
“Del análisis del acervo probatorio,
advierte la Sala, que los accionantes no solo no cumplen con el lleno de los
requisitos que exige el Acuerdo 05 del 9 de mayo de 2017, expedido por el
Consejo Directivo Nacional de la [ESAP], para que se los exonere del pago de la
matrícula financiera de la especialización en Derechos Humanos, puesto
que dicha prerrogativa fue destinada para los estudiantes activos que hayan
resultado damnificados de la tragedia ambiental ocurrida en Mocoa el 31
de marzo de 2017, y, en el presente asunto, no se encuentra acreditado que los
accionantes hayan resultado directamente afectados de dicha desventura, y, por
el contrario, se evidencia que para la fecha de expedición del Acuerdo 05 de
2017, los actores únicamente ostentaban la calidad de aspirantes y no de
estudiantes activos, como se requería, sino que quienes tutelan no hicieron
ningún esfuerzo por demostrar que cumplían con las circunstancias que los
hacían merecedores del beneficio.
En cuanto a la presunta vulneración al
principio de confianza legítima que alegan los tutelantes, existe certeza en
este asunto, que no se allegó prueba alguna que permita deducir que los
accionantes hubieran adquirido un derecho, y que posteriormente se les hubiera
arrebatado, pues no existe acto administrativo por medio del cual se los haya
reconocido como beneficiarios del Acuerdo 05 de 9 de mayo de 2017, ni sustentos
documentales para ello, y, por el contrario, únicamente se vislumbra la errónea
emisión de unos recibos de matrícula por “CERO PESOS M/Cte.”, lo cual hace
imposible deducir que quienes pretenden el amparo eran propietarios de un
derecho, menos aún, cuando no se identificó ningún daño irremediable, debido a
que la [ESAP] les brindó la posibilidad de asistir a clases y cumplir con todo
el programa académico para acceder a su título de posgrado.
Es necesario advertir, que contrario al
derecho que sin elementos demostrativos se reclama, podía la entidad accionada,
al percatarse del error cometido, corregirlo a través de la solicitud de pago
de las matrículas financieras a los accionantes, sobre todo porque, como se
dijo, los accionantes no probaron su derecho, o que se encontraran en
incapacidad de realizar el pago que se les requería”[32] (cursivas originales).
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. La Sala Quinta de Revisión, mediante
auto del 10 de julio de 2019[33],
decretó algunas pruebas con la finalidad de obtener elementos
de juicio que le permitieran adoptar una decisión más informada en el caso
objeto de estudio, a la vez que suspendió los términos del presente proceso.
Así, solicitó a la Escuela Superior de
Administración Pública –ESAP–, Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, que
informara: (i) el estado de las actuaciones adelantadas en el marco de
las reclamaciones de Aida Mildred Chacón Banbague, Andrea Carolina Bravo
Vallejo, Ángela María Castro Castro, Carlos Mauricio Cuarán Medicis, Claudia
Marcela Villacorte López, Claudia Yaneth Loaiza Valencia, Diana Marcela Gómez
Silva, Gail Lizeth Riascos Palacios, Gloria Eliana Morán Paucar, Ivanna Janethe
Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez, Jineth del Carmen Villota
Daza, Juan Pablo Ramírez Zambrano, Luz Viviana Alegría Cuellar, María Camila
Arcos Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady Idalia Liñán Chávez, Roberth
Milley Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja López, Sandra Yaneth Guerra
Toro, Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Segundo Andrés Coral Herrera, Víctor Favián
Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro Romo Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y
Yury Vanessa Quiroz Castrillón; (ii) si las personas anteriormente mencionadas
efectivamente eran estudiantes activos en el CETAP Mocoa en un programa de
posgrado en la modalidad a distancia, en el período 2017-2, o en un CETAP de
otras territoriales, indicando en cuáles, y si cumplían con los demás
requisitos fijados en el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, expedido por el
Consejo Directivo Nacional de la ESAP; (iii) si se han iniciado los
trámites administrativos y financieros pertinentes contra los accionantes
tendientes a la recuperación de los montos económicos a que haya lugar, por
concepto del valor de la matrícula financiera del programa especialización en
derechos humanos por los períodos 2017-2 y 2018-1; y (vi) cualquier otro
hecho que se considere sea necesario tener en cuenta para la decisión del caso
estudiado.
Adicionalmente, le solicitó a la Secretaría
General de la Corporación poner a disposición de la parte accionante las
pruebas una vez recepcionadas para que se pronunciaran sobre las mismas. Lo
anterior, en cumplimiento de lo consagrado en el inciso primero del artículo 64
del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional”.
6.2. El 22 de julio de 2019, una vez venció
el término otorgado en el auto que decretó pruebas, la Secretaría General de la
Corporación allegó al despacho la respuesta remitida por la ESAP[34]. Adicionalmente,
informó que descorrido el traslado concedido en el auto del 10 de julio de 2019
a la parte accionante, no se recibió pronunciamiento alguno.
6.3. El director (e) de la Territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la Escuela Superior de Administración Pública
–ESAP–[35]
dio respuesta a los cuestionamientos formulados en el auto del 10 de julio de 2019[36], así:
(i)
La entidad, de conformidad con la medida provisional decretada por el Juzgado
Segundo Administrativo de Mocoa, el 23 de octubre de 2018, procedió a dar
cumplimiento a lo ordenado en relación con la inclusión de los accionantes que
se encontraran a paz y salvo con la cancelación de los derechos de grado para
la obtención del título de especialistas en derechos humanos (CETAP Mocoa,
períodos 2017-2 y 2018-1), en el listado de graduandos de la ceremonia de
grados que se llevaría a cabo en Mocoa el 26 de octubre de 2018. En
consecuencia, en dicha fecha se celebró la ceremonia de graduación presidida
por la directora de la territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, y se les
confirió el título de especialista en derechos humanos a los siguientes
alumnos (en total 22): Andrea Carolina Bravo Vallejo, Ángela María Castro
Castro, Carlos Mauricio Cuarán Medicis, Claudia Marcela Villacorte López,
Claudia Yaneth Loaiza Valencia, Diana Marcela Gómez Silva, Gail Lizeth Riascos
Palacios, Ivanna Janethe Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez,
Jineth del Carmen Villota Daza, Luz Viviana Alegría Cuellar, María Camila Arcos
Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley
Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja López, Sandra Yaneth Guerra Toro,
Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Víctor Favián Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro
Romo Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y Yury Vanessa Quiroz Castrillón[37].
Precisó que en relación con los estudiantes
Aida Mildred Chacón Banbague, Gloria Eliana Morán Paucar, Juan Pablo Ramírez
Zambrano, Segundo Andrés Coral Herrera y Delia Gilón Dorado, esta última que no
es parte de la presente acción de tutela, no fueron incluidos en el Acta de Grado
No. 084 de 2018[38]
debido a que no habían cumplido los requisitos académicos y derechos
pecuniarios, distintos a la matrícula financiera, necesarios para la graduación.
En razón de la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral,
el 6 de diciembre de 2018, a través de la cual se revocó la sentencia de
primera instancia, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela, la ESAP Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo “viene
adelantando los trámites administrativos que permitan respetar los derechos de
audiencia y defensa (debido proceso), para lo cual se ha oficiado a todos y
cada uno de los accionantes, que expresen su consentimiento de manera clara,
puntual, precisa y por escrito, respecto de la revocatoria del Acto
Administrativo (expreso o ficto), mediante el cual se le concedió como
beneficio la exoneración del pago de la matrícula para los períodos 2017-2 y
2018-1, al ser este contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto no se
[encontraban] cobijados por lo normado en el Acuerdo No. 005 de 2017”[39]. Agregó que se les
advirtió que de no recibir el consentimiento, bien sea a favor o en contra de
la revocatoria del acto administrativo durante el plazo fijado, se entenderá
que niegan su consentimiento, de acuerdo con los artículos 93 al 97 de la Ley
1437 de 2011, por lo que serán iniciados los medios de control pertinentes para
la recuperación de los dineros dejados de ingresar al presupuesto de la ESAP,
por concepto de la especialización en derechos humanos en el CETAP Mocoa en los
períodos 2017-2 y 2018-1.
(ii) Las personas relacionadas en el punto anterior, “para
la fecha 9 de mayo de 2017, en la que se emitió el Acuerdo No. 005 de 2017, NO
contaban con la calidad de estudiantes activos de la ESAP en el CETAP Mocoa”[40]. Teniendo en cuenta
que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo 002 del 23 de enero de 2008[41], “[e]s estudiante
de la ESAP quien ha sido formalmente admitido y se ha matriculado en un
programa de educación formal, con sujeción a las normas establecidas en el presente
reglamento y en las particularidades del programa curricular respectivo”.
Agregó que los accionantes surtieron su
proceso de matrícula[42]
en el programa de especialización en derechos humanos en la modalidad a
distancia, período 2017-2, “en los días comprendidos entre el 12 y el 18 del
mes de julio de 2017; situación que no les permitía cumplir con el primer
requisito del mencionado Acuerdo, para ser beneficiarios de la exoneración del
pago de matrícula”[43].
Adicionalmente, precisó “que el período académico 2017-2, de acuerdo al
calendario académico [fijado en la] Resolución No. 2895 del 28 de septiembre de
2016, inició sus labores académicas el día 18 de agosto y finalizó el día 9 de
diciembre de 2017; en tal sentido los referenciados estudiantes cursaron su
primer semestre de la especialización en el período académico 2017-2, pero no
por ello, eran estudiantes activos de la ESAP para la fecha 9 de mayo de 2017,
en la que se expidió el Acuerdo 005 de 2017”[44].
(iii) La ESAP, Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo,
mediante oficios del 4 de marzo de 2019, le solicitó a cada uno de los
estudiantes accionantes que se pronunciara, bien sea a favor o en contra,
acerca de la revocatoria del acto administrativo (expreso o ficto), durante los
diez días hábiles siguientes a la entrega de las respectivas comunicaciones.
Sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, por lo que se está
verificando con la empresa de servicio de correo 4/72, la fecha de recibo de
los escritos. Surtido el debido proceso, la dirección territorial, bajo la
orientación del área jurídica de la Sede Central de la ESAP, adelantará los
trámites administrativos y financieros pertinentes en contra de los accionantes
orientados a la recuperación de los montos económicos a que haya lugar.
(iv) Explicó que desde el 31 de agosto de 2018, la
Dirección Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo ha venido adelantando las
gestiones tendientes a la obtención del consentimiento para la revocatoria de
los actos administrativos expresos o fictos, para así poder recuperar los
dineros públicos. Así, envió a los estudiantes un primer comunicado, fechado el
24 de septiembre de 2018, a raíz del cual los requeridos elevaron un derecho de
petición que les fue resuelto adversamente a sus pretensiones. Con
posterioridad, fueron de nuevo requeridos mediante comunicado del 3 de octubre
de 2018. Con ocasión de tales comunicaciones se presentó la acción de tutela
que es objeto de decisión.
Finalmente, solicitó que se estudien los
resolutivos segundo y tercero de la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que le ordenaron a la ESAP
proceder a “cesar cualquier tipo de cobro pecuniario contra los accionantes
derivado del pago de matrícula financiera para los períodos 2017-2 y 2018-1 de
la Especialización de Derechos Humanos, CETAP Mocoa” y “emitir a favor
de los accionantes paz y salvos por ser destinatarios de la exoneración del
pago de matrícula financiera para el período 2017-2 y 2018-1”. Lo anterior,
porque la entidad en cumplimiento de la decisión referida, que imponía el
cumplimiento de una obligación de no hacer y el otorgamiento de los paz y salvo
económicos a los accionantes, se ve hoy obligada a “entrar en un desgaste
administrativo y judicial” que le permita revocar el acto administrativo
que les concedió a los estudiantes el beneficio de la exoneración del pago de
matrícula financiera de la especialización en derechos humanos ofrecida en el
CETAP Mocoa en los períodos 2017-2 y 2018-1.
Para soportar lo afirmado, adjuntó un CD
con la siguiente información[45]:
-
Copia del Acuerdo No. 005
del 9 de mayo de 2017, “[p]or el cual se concede la exoneración del pago de
matrícula financiera, para los períodos 2017-2, 2018-1 a los estudiantes
activos del CETAP de Mocoa - Putumayo, en la modalidad de Pregrado en
Administración Pública Territorial, y 2017-2 [en la] modalidad de posgrado
distancia”, emanado del Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior
de Administración Pública –ESAP–[46].
-
Pantallazos de la
información académica de los 26 estudiantes matriculados en la especialización
en derechos humanos en el CETAP Mocoa, programa a distancia, en el período
2017-2. Allí se observa como fecha de ingreso el mes de julio de 2017.
-
Copia de la Resolución
SC No. 2895 del 26 de septiembre de 2016, “[p]or la cual se establece el
calendario académico general nacional para la oferta y desarrollo de los
Programas curriculares de Pregrado y Posgrado, para el año 2017”. Para el
segundo período académico se indica que el inicio de clases en las
especializaciones sería el 18 de agosto de 2017.
-
Copia del Acta No.
DT-15 del 31 de agosto de 2018 en relación con la reunión realizada entre la
directora de la ESAP, Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha
Cecilia Piza Losada, el coordinador académico, Samuel Vásquez Ávila, y algunos
estudiantes de la especialización en derechos humanos del CETAP Mocoa, en donde
se informó acerca de los requisitos que debían cumplir para poder graduarse del
programa de especialización en derecho humanos del CETAP Mocoa, el 26 de
octubre de 2018, incluyendo “el pago de los derechos de matrícula”[47].
-
Copia de diferentes
comunicaciones enviadas a la estudiante Ángela María Castro Castro, así: (i)
comunicación del 24 de septiembre de 2018: respuesta al derecho de petición por
ella radicado el 14 del mismo mes y año, con asunto “Requerimiento”, en
el que se le solicita informar si para el 9 de mayo de 2017, y conforme a lo
señalado en los artículos primero y segundo del Acuerdo No. 005 de 2017,
ostentaba la calidad de “estudiante activo” de la ESAP y, en particular,
si para el período 2017-1 era “estudiante activo” de un programa de
posgrado de la ESAP, además, si cumplido el requisito de ser “estudiante
actualmente activo” de la ESAP, solicitó la exoneración del pago de
matrícula financiera ante la Dirección Territorial[48]. (ii) Comunicación
del 3 de octubre de 2018: respuesta al derecho de petición por ella radicado el
14 del mismo mes y año, con asunto “Segundo requerimiento”, en el que se
le solicita allegar copia del reconocimiento como víctima del suceso ocurrido
la madrugada del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en la ciudad de Mocoa, y su
respectivo radicado ante la Dirección Territorial, de acuerdo con el artículo
segundo del Acuerdo No. 005 de 2017, así como de la constancia que la acredita
como “estudiante activo” del programa de posgrado de la ESAP para el
período 2017-1[49].
(iii) Comunicación del 9 de octubre de 2018: respuesta al derecho de
petición por ella radicado el 14 del mismo mes y año, con asunto “Respuesta
de fondo derecho de petición de la referencia”, en el que se “establece
con claridad absoluta, que para la fecha del 09 de mayo de 2017, usted NO
ostentaba la calidad de Estudiante Activo del Programa de Posgrado
Especialización en Derechos Humanos de la ESAP, CETAP Mocoa Putumayo”
(mayúsculas originales), y que “para el período 2017-1 […] solo ostentaba la
condición de aspirante al programa académico”, es decir, que “no estaba
matriculada en el programa de la Especialización en Derechos Humanos CETAP
Mocoa”, razón por la que no cumplía con el primer requisito establecido en
el artículo segundo del Acuerdo No. 005 de 2017. En esa oportunidad se le
indicó que para llevar a cabo “el grado de Especialista en Derechos Humanos
CETAP Mocoa, Cohorte 2017-2; es necesario insistir que se registra un valor
pendiente de pago por concepto de matrícula 2017-2 y 2018-1, de NUEVE MILLONES
CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS ($9.113.800) M/CTE, que no permite
expedir a su nombre un PAZ y SALVO, como uno de los requisitos, para gestionar
el grado […]” (mayúsculas originales). Adicionalmente, se precisó: “Con
motivo al no cumplimiento del requisito de ser estudiante activo, con respecto
a la fecha de expedición del Acuerdo 005 del 09 de mayo de 2017, la solicitud
de exoneración del pago de matrícula suscrita de manera grupal por los
admitidos al programa de especialización en Derechos Humanos, CETAP Mocoa, para
el período académico 2017-2, NO era dable el trámite de la comunicación, como
efectivamente ocurrió” (mayúscula originales)[50]. (iv)
Comunicación del 4 de marzo de 2019: con asunto “Solicitud de autorización
revocatoria directa”. En el documento se lee la siguiente petición: “[…]
una vez garantizado sus derechos de audiencia y defensa (debido proceso), me
permito solicitarle exprese su consentimiento de manera clara, puntual, precisa
y por escrito, respeto de la revocatoria del Acto Administrativo (expreso o
ficto), mediante el cual se le concedió como beneficio la exoneración del pago
de la matrícula para los períodos 2017-2 y 2018-1, al ser este contrario al
ordenamiento jurídico, por cuanto usted no se encuentra cobijado por lo normado
en el Acuerdo No. 005 de 2017, y en consecuencia de ello deberá cancelar la
suma líquida de dinero de: || Por capital: La suma de NUEVE MILLONES CIENTO
TRECE MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.113.800), más los correspondientes
intereses que se generen. || De no recibir su consentimiento, bien sea a favor
o en contra de la Revocatoria del Acto Administrativo (expreso o ficto),
durante los próximos diez (10) días hábiles, se entenderá que ‘niega su
consentimiento’ para la revocatoria del Acto Administrativo, y por ende se
iniciarán las acciones judiciales pertinentes en su contra”[51].
-
Copia de la comunicación del 15 de
julio de 2019 remitida al director (e) de la Territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo, Nelson Darío Rincón
García, por parte de la oficina
Ventanilla Única de la ESAP, a través de la que se envía copia de la orden de
servicio No. 11481008 del 8 de marzo de 2019, de la empresa 4/72 encargada de
la entrega de la correspondencia de la entidad, y copia de las certificaciones
de recibo de la misma por parte de los destinatarios. En esa oportunidad se
aclaró que quedaba pendiente la entrega a seis de los mismos, cuyas
comunicaciones fueron devueltas por la causal “no reside” en la
dirección señalada en el oficio a entregar. Estos son: Andrea Carolina Bravo
Vallejo, Diana Marcela Gómez Silva, Jineth del Carmen Villota Daza, Juan Pablo
Ramírez Zambrano, Milady Idalia Liñán Chávez y Yuley Nayibe Rodríguez Tobón.
-
Copia del acta de grado
No. 084 del 26 de octubre de 2018, firmada por la secretaria general (e) de la
ESAP, Betty Constanza Lizarazo Araque.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Examen de procedencia de la acción de tutela
Antes de la formulación del problema
jurídico relacionado con la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, la Sala debe analizar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Para ello,
estudiará si en el presente asunto se demuestran los presupuestos de: (i)
legitimación en la causa, por activa y por pasiva; (ii) subsidiariedad;
y (iii) inmediatez. Una vez se verifique su observancia, si es del caso,
se procederá a formular el respectivo problema jurídico que permita dar
solución al caso concreto.
2.1. Legitimación en la causa
2.1.1. Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir
cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. En ese marco, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[52] establece que “[l]a acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante”.
En el caso objeto de revisión, Aida Mildred Chacón Banbague, Andrea
Carolina Bravo Vallejo, Ángela María Castro Castro, Carlos Mauricio Cuarán
Medicis, Claudia Marcela Villacorte López, Claudia Yaneth Loaiza Valencia,
Diana Marcela Gómez Silva, Gail Lizeth Riascos Palacios, Gloria Eliana Morán
Paucar, Ivanna Janethe Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez,
Jineth del Carmen Villota Daza, Juan Pablo Ramírez Zambrano, Luz Viviana
Alegría Cuellar, María Camila Arcos Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady
Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja
López, Sandra Yaneth Guerra Toro, Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Segundo
Andrés Coral Herrera, Víctor Favián Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro Romo
Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y Yury Vanessa Quiroz Castrillón,
presentaron la acción de tutela a
nombre propio, por ser las personas directamente afectadas con la presunta
violación de los derechos fundamentales alegados, a raíz de las actuaciones de la Escuela Superior de Administración
Pública –ESAP–.
Por lo anterior, se concluye que el
requisito de legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecho.
2.1.2. Legitimación en la causa por
pasiva. El
mismo artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1 y 6 del Decreto
2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública e incluso contra particulares “encargados
de la prestación de un servicio público”[53]. Así, la legitimación por pasiva se
entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental, cuando alguna resulte demostrada.
En el caso objeto de análisis, se
advierte que la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, que es la
entidad a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de
los accionantes, es un establecimiento público del orden nacional, de carácter
universitario, creado por la Ley 19 de 1958 y adscrito al Departamento
Administrativo de la Función Pública. Por lo
tanto, es una autoridad pública y está legitimada por pasiva para
actuar en este proceso.
2.2. Subsidiariedad
De acuerdo con los artículos 86 de la
Constitución y 6 del Decreto
2591 de 1991, la acción de
tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de
subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente
siempre que (i) no exista otro medio de defensa judicial; o aunque
exista, (ii) este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso
concreto, o (iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional
para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los
derechos constitucionales.
En efecto, en aquellos asuntos en que
exista otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de este Tribunal ha
determinado que caben dos excepciones que justifican su procedencia, siempre y
cuando también se verifique el requisito de inmediatez:
(i) A pesar de existir otro medio de defensa
judicial, este no es idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales
invocados, caso en el cual las órdenes impartidas en el fallo de tutela tendrán
carácter definitivo.
(ii) A pesar de existir otro medio de defensa
judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable[54], caso en el cual la acción de tutela
procede, en principio, como mecanismo transitorio. Con todo, la Corte ha
reconocido que en ciertos eventos, si el peticionario está en situación de
debilidad manifiesta, el juez constitucional puede realizar el examen de la
transitoriedad de la medida, en atención a las especificidades del caso, en
particular, a la posibilidad de exigirle al accionante que acuda después al
medio de defensa judicial ordinario, y concluir que resulta desproporcionado
imponerle dicha carga[55].
Pasa la Sala a hacer la verificación de
las anteriores condiciones.
Aunque en el caso que se estudia, para el
momento de la presentación de la acción de tutela (22 de octubre de 2018), los accionantes podían valerse de uno de los medios
de control de legalidad de la actuación administrativa para controvertir las
decisiones de la ESAP relacionadas con la exigencia del pago total de la matrícula financiera de
la especialización en derechos humanos cursada en el CETAP Mocoa en los
períodos 2017-2 y 2018-1, para efectos de acceder a la ceremonia de grados
programada para el 26 de octubre de 2018 y, con ello, obtener el título de
especialistas; para la Sala el
medio de control no era idóneo ni eficaz.
De un lado, en relación con la idoneidad
del medio de control, en octubre de 2018, a los accionantes se les estaba
exigiendo el pago de una matrícula financiera de la cual tenían la convicción
que habían sido exonerados a partir de las propias actuaciones desplegadas por
la administración, pago que se fijó como requisito previo para incluirlos en la
ceremonia de grados del 26 de octubre y que no tenían presupuestado ya que,
precisamente, se animaron a cursar la especialización a partir del hecho de que
no les implicaría costos de matrícula. Ahora, una vez cursado y aprobado todo
el plan de estudios del programa y pagados los derechos de grado, con excepción
de cuatro estudiantes[56], se veían enfrentados a un cobro que les hacía la ESAP,
de cuya satisfacción dependía su pretensión de acceder al título de
especialistas. Y no solo eso, porque a partir del entendimiento de que la
decisión de la institución educativa era violatoria de sus derechos
fundamentales, podían verse en la necesidad de asumir unos costos que no tenían
calculados, a efectos de hacer la reclamación pertinente ante la jurisdicción
contencioso administrativa. En este orden de ideas, se considera
desproporcionado exigirles que acudieran al juez natural.
Adicionalmente, al menos en el caso de tres
de los accionantes, sus condiciones aparecerían más gravosas, si se tiene en
cuenta que habían sufrido las consecuencias directas derivadas de la “grave
calamidad pública humanitaria, económica, social y ecológica”[57], a raíz de la avalancha ocurrida en la
ciudad de Mocoa, Putumayo, el viernes 31 de marzo de 2017[58].
De otro lado, el medio de control de legalidad
de la actuación administrativa  resultaba ser un mecanismo ineficaz para
obtener de forma expedita la pretensión orientada a la obtención del título de
especialistas en derechos humanos de la ESAP en la ceremonia programada para el 26 de octubre de
2018, tratándose de quienes
ya habían cumplido con todos los requisitos académicos y el pago de los
derechos de grado[59]. Lo anterior, porque el proceso
contencioso administrativo tiene términos más prolongados[60], que no habrían permitido proteger en
tiempo oportuno el derecho fundamental a la educación presuntamente afectado,
que tiene una implicación directa en otros derechos como el trabajo.
En ese sentido, obligar a los accionantes
a que acudieran a la jurisdicción contencioso administrativa para satisfacer su
petición, sería imponerles una carga desproporcionada que los podría haber
llevado a una situación más gravosa, al verse enfrentados a prolongar en el
tiempo su derecho a obtener el título de especialistas en derechos humanos,
luego de haber cursado y aprobado todo su plan de estudios y cancelado los
derechos de grado.
En consecuencia, en lo que tiene que ver
con la revisión que adelanta este Tribunal, en caso de que se amparen los
derechos de los accionantes, las órdenes que se adopten tendrán un carácter
definitivo.
Ahora bien, en relación con la
procedencia de la acción de tutela para reclamar adicionalmente la posible
vulneración del debido proceso administrativo y el principio de confianza
legítima, entiende la Sala que es el medio idóneo y eficaz como quiera que su
análisis está atado al argumento de desconocimiento del derecho fundamental a
la educación. Obsérvese que se cuestiona que la ESAP, que a partir de sus propias actuaciones generó
la expectativa legítima en los estudiantes de que serían exonerados del pago de
las matrículas financieras de la especialización en derechos humanos ofrecida
en el CETAP Mocoa en los períodos 2017-2 y 2018-1, una vez cursado y aprobado
el plan de estudios por la mayoría, los requiriera para que pagaran los
semestres adeudados, como condición de graduación, sin haber adelantado los
trámites pertinentes para la revocación de sus propios actos y, con ello,
interrumpiendo un ciclo académico que los accionantes entendían satisfecho. A
partir del anterior planteamiento, se comprende que las supuestas vulneraciones
tienen una íntima conexión toda vez que parten, primero, de una situación que
modificó la posición de los accionantes de forma intempestiva, segundo, sin
adelantar un debido proceso administrativo orientado a la revocación de sus
propias actuaciones, y, tercero, generando una supuesta afectación del derecho
a la educación.
2.3.  Inmediatez
La acción de tutela está instituida en la
Constitución Política como un mecanismo expedito que busca garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares.
Así, uno de los principios que rigen la procedencia
de la acción de tutela es la inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la
solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe
hacerse dentro un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador
de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de
que se determine su improcedencia[61].
En el caso bajo estudio la Sala advierte el cumplimiento del
requisito de inmediatez, dado que la acción de tutela fue presentada el 22 de octubre de 2018[62], luego de que el 9 de octubre de ese mismo año la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza
Losada, diera respuesta de fondo a los derechos de petición radicados por los
estudiantes dentro del mes de septiembre de 2018, a través de la que les exigía el pago total de la matrícula
financiera de la especialización en derechos humanos cursada en el CETAP Mocoa
en los períodos 2017-2 y 2018-1, bajo el argumento de que no cumplieron con los
requisitos establecidos en el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, expedido
por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP. Lo anterior, a efectos de acceder a la ceremonia de grado
programada para el 26 de octubre de 2018.
Se concluye, entonces, que la acción de
tutela fue presentada en un plazo consecuente con el criterio de inmediatez.
3. Planteamiento del problema jurídico
Acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela en el asunto de la referencia, corresponde a
la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿vulneró la
Escuela Superior de Administración Pública –ESAP– los derechos fundamentales a
la educación, al debido proceso y a la confianza legítima de los accionantes,
como consecuencia de su decisión de supeditar la ceremonia de graduación de la
especialización en derechos humanos cursada en el CETAP Mocoa en los períodos
2017-2 y 2018-1, al pago total de la matrícula financiera causada en esos
períodos, bajo el argumento de que no eran destinatarios de la exoneración de
dicho pago, de conformidad con el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017,
expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, a pesar de que la propia
institución expidió los recibos con un valor a pagar de cero pesos ($0) por “descuento
exoneración Mocoa”, los matriculó en el programa y les permitió cursar y
aprobar las materias previstas en el plan de estudios, sin hacerles
requerimiento alguno durante el tiempo en que adelantaron los estudios?
Para dar respuesta al anterior
interrogante, la Sala recordará las reglas fijadas en la jurisprudencia
constitucional sobre (i) los límites
del principio de autonomía universitaria; (ii)
la ponderación entre el ejercicio de la autonomía universitaria y el derecho a
la educación; y (iii) el principio de confianza legítima. Finalmente, (v)
resolverá el caso concreto.
4. Límites del principio de autonomía
universitaria[63]
4.1. El artículo 69 constitucional consagra
la garantía a la autonomía universitaria en el entendido de que las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
de acuerdo con la ley, lo que envuelve la capacidad de definir libremente su
filosofía y su organización interna. En efecto, la autonomía universitaria ha
sido definida por la Corte como “[…] la capacidad de autoregulación
filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que
presta el servicio público de educación superior”[64].
4.2. Este Tribunal ha establecido que el
contenido de la autonomía universitaria está dado principalmente por dos
grandes facultades: (i) la dirección ideológica del centro educativo, “lo
cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la
sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la
potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de
investigación”[65]; y (ii) la potestad de establecer
su propia organización interna, lo que significa concretamente que la
Universidad autónomamente adopta “las normas de funcionamiento y de gestión
administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la
administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes”[66].
Sin embargo, la autonomía universitaria no
es una potestad absoluta, pues existen límites a su ejercicio, que están dados
principalmente por la ley y el respeto a los derechos fundamentales de toda la
comunidad del centro universitario. Así, se ha señalado que:
“[l]a
discrecionalidad dada a los entes universitarios para fijar los procedimientos
antedichos se encuentra limitada por ‘(i) la facultad que el artículo 67
[constitucional] le otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer
la suprema inspección y vigilancia de la educación, y para garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio; (ii) la competencia que el artículo 69 le
atribuye al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a
las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, (iii) el amplio margen de configuración política que el
artículo 150-23 le reconoce al Congreso para expedir las leyes que regirán la
prestación efectiva de los servicios públicos, entre los que se cuenta el de educación,
y, finalmente, (iv) el respeto por
el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, derivado de la obligación
que el artículo 2° de la Carta le impone a las autoridades de la República para
garantizar y propender por la efectividad de todos los derechos ciudadanos’[67]”[68].
4.3. Entonces, esta Corporación ha
puntualizado que el principio de autonomía universitaria tiene como límite el
respeto por los derechos fundamentales, en particular por el derecho a la
educación. Así, ha señalado que este derecho es “(i) de vital importancia para las sociedades por
su relación con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la
construcción de una sociedad democrática; (ii) es además una herramienta
necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior,
en tanto potencia la igualdad de oportunidades; (iii) es un instrumento que
permite la proyección social del ser humano y la realización de sus demás
derechos fundamentales; (iv) es un elemento dignificador de las personas; (v)
es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico; (vi) es un
instrumento para la construcción de equidad social[69], y (vii) es una herramienta para el
desarrollo de la comunidad, entre otras características”[70].
4.4. Adicionalmente, entre los límites que
se ha trazado a la actividad autónoma que pueden desarrollar las universidades,
se encuentra el del respeto del debido proceso, pues este Tribunal ha sido
claro en establecer que la autonomía no puede, bajo ninguna circunstancia ser
sinónimo de arbitrariedad. El debido proceso, es entonces una garantía que debe
estar presente en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”[71], entre las que se incluyen evidentemente
todos los procedimientos que adelanten las universidades, pues si bien es
cierto que estos centros de estudio cuentan con una autonomía reconocida
directamente por la Constitución, ello no significa que puedan pasar por alto
el ordenamiento jurídico que estipula las bases de su funcionamiento, es decir,
que bajo ninguna circunstancia pueden dejar de lado “al conjunto de valores,
principios, derechos y deberes constitucionales, [así] como las prescripciones
contenidas en la ley”[72].
En concordancia con lo anterior, es
importante recordar que el principal objetivo del debido proceso es erradicar
las actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades públicas y, por lo
tanto, la buena fe “se encuentra evidentemente ligada a ese propósito, al
perseguir que las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un
considerable nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por
impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos”[73].
En ese sentido, el principio de buena fe
puede entenderse como un mandato de “honestidad, confianza, rectitud, decoro
y credibilidad que acompaña la palabra comprometida, [que] permite a las partes
presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de […] estabilidad al
tránsito jurídico y obliga a las autoridades a mantener cierto grado de
coherencia en su proceder a través del tiempo”[74].
4.5. Pues bien, de dicho principio, se
desprende el de la confianza legítima, según el cual la administración debe
abstenerse de modificar “situaciones jurídicas originadas en actuaciones
precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas)
en los ciudadanos, con base en la seriedad que –se presume–
informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de
buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al
estado constitucional de derecho”[75].
Entonces, este principio actúa como límite
a las actividades de las autoridades cuando alteran su manera tradicional de
proceder, atentando también contra el principio de la seguridad jurídica. Por
lo tanto, no resulta constitucionalmente admisible que ante un cambio repentino
de ciertas condiciones que habían generado una expectativa legítima, sean los
particulares, en este caso los estudiantes o profesores y trabajadores, según
sea el caso, quienes corran con todas las consecuencias que implica dicha
desestabilización.
4.6. En conclusión, las universidades
cuentan con un amplio espectro de autonomía para escoger libremente cuál va a
ser su filosofía, la manera en que van a funcionar administrativa y
académicamente, el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se incurra en
alguna falta, entre muchas otras facultades. Con todo, dicha autonomía no es
ilimitada, pues en el marco de un Estado social de derecho siempre deben ser
respetados los mandatos constitucionales y, en especial los derechos
fundamentales, tales como el debido proceso, que implica la observancia del
principio de legalidad y el de confianza legítima.
5. Ponderación entre el ejercicio de la autonomía universitaria
y el derecho a la educación. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La Corte Constitucional ha estudiado
algunos casos, a través de sus distintas Salas de Revisión, en los que se ha
presentado una tensión entre la autonomía universitaria y el derecho a la
educación, que le ha permitido construir una serie de reglas jurisprudenciales
que, en general, bajo ciertas condiciones específicas, la han llevado a
privilegiar el derecho a la educación. A continuación se exponen algunas de las
decisiones relevantes.
5.2. En la Sentencia T-1159 de 2004, la
Sala Sexta de Revisión estudió el caso de un joven que había realizado todo el
proceso de inscripción para ingresar a una universidad de Bogotá, la cual por
cuestiones administrativas le expidió el recibo de pago de matrícula de forma
extemporánea. El actor manifestó que en varias ocasiones la institución afirmó
que tenía su cupo asegurado e incluso empezó a asistir a clases, sin embargo,
de forma repentina le informó que no reunía los requisitos necesarios para
hacer parte del centro educativo. En esa oportunidad señaló:
“[…] las
universidades están obligadas a cumplir sus propios reglamentos internos, pero
[…] si encuentran que han incurrido en un error, pueden ejercitar las acciones
legales pertinentes para revocar las decisiones adoptadas. Así las cosas, si
una universidad encuentra que como consecuencia de su error se generó una
situación que dio lugar o a que un estudiante, amparado en la confianza
legítima, ejerciera actos particulares en su condición de tal, como asistir a
clases, presentar exámenes, trabajos e investigaciones, etc., cualquier
decisión que adopte deberá respetar el debido proceso y valorar la conducta del
estudiante conforme las circunstancias del caso, es decir, la universidad debe
buscar una solución que al tiempo que respete los reglamentos internos, atienda
a las peculiaridades del comportamiento del estudiante, valoradas a la luz de
la confianza que le generó el actuar de la universidad. Esta ponderación tiende
entonces a respetar la autonomía universitaria en la aplicación e
interpretación de sus reglamentos internos, el derecho de los estudiantes al
debido proceso y la confianza legítima que se genera en el sentido de que la
universidad actuó conforme a su normativa interna”[76].
Al resolver el caso concreto, la Sala
tuteló los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la
igualdad del accionante, pues encontró acreditado que la universidad se
extralimitó en las facultades que le otorgaba la autonomía universitaria,
incurriendo en una vulneración de los derechos fundamentales mencionados al no
respetar el principio de confianza legítima que amparaba las expectativas del
estudiante[77].
5.3.
En la Sentencia T-933 del 2005, la Sala Quinta de Revisión afirmó que
los derechos fundamentales pueden ser regulados y canalizados en sus diversas expresiones,
pero no desconocidos o desnaturalizados. De tal forma, cuando se esté en
presencia del fenómeno de concurrencia o coexistencia del derecho a la
educación del estudiante y de la autonomía universitaria, se deben analizar los
reglamentos que fijen requisitos con el objeto de determinar si se ha
restringido de modo injustificado, desproporcionado y arbitrario el derecho a
la educación. Al respecto, se precisó:
“Como ha quedado dicho, cuando
estos dos derechos entran en conflicto y no es posible su armonización, el juez
debe proceder a realizar un juicio de ponderación a favor del derecho a la
educación si la consecuencia del conflicto es su desconocimiento y negación. El
propósito de la ponderación no es excluir o eliminar el derecho a la autonomía
sino establecer una prelación en el tiempo a favor del derecho a la educación
en aras de impedir que sea suspendido o negado indefinidamente”[78].
Con
fundamento en el anterior entendimiento, la Sala concluyó que al analizar la
tensión entre estos dos derechos en un caso particular, se debía determinar que
cuando el reglamento, antes que buscar viabilizar el derecho a la educación u
optimizarlo, apuntaba a obstruir su legítimo ejercicio haciéndolo nugatorio, se
debía resolver la tensión a favor de este. Por ende, al resolver el problema
jurídico suscitado, relativo a un estudiante de derecho que pese a haber
cumplido con los requisitos académicos necesarios para la obtención del título
no había podido obtener su grado, por no estar a paz y salvo con la universidad,
señaló:
“[…] cabe reiterar que frente a los
conflictos económicos surgidos entre el estudiante y la institución educativa a
la cual pertenece, la posición de la jurisprudencia constitucional ha sido la
de privilegiar la protección de los derechos fundamentales del estudiante, en
particular los de educación, libre desarrollo de la personalidad, trabajo y
mínimo vital, dejando sin efecto aquellas medidas que los pongan en riesgo o
hagan nugatorio su ejercicio. La ponderación a favor de los derechos fundamentales
ha sido adoptada por la Corte, básicamente, bajo la consideración del carácter
prevalente de tales derechos y de que los intereses económicos de la
institución pueden ser garantizados y protegidos por vías menos gravosas e
invasivas de aquellos como son los procesos ordinarios o ejecutivos. Según esta
Corporación, para la protección de sus intereses económicos, las instituciones
educativas cuentan con las vías judiciales ordinarias, a efecto de lo cual
pueden también exigir la constitución de garantías para asegurar el pago de los
préstamos o créditos que otorgue, por ejemplo, a través de la suscripción y
firma de títulos valores como son cheques, letras de cambio o pagarés”[79].
5.4. En la Sentencia T-083 de 2009 la Sala Primera de
Revisión estudió el caso de una estudiante que inscribió, cursó y aprobó una
asignatura que por error de la universidad no fue registrada. La afectada
advirtió la irregularidad y oportunamente adelantó los trámites necesarios para
enmendarla, en razón de ello, la institución le aseguró que el error había sido
superado. Sin embargo, el siguiente semestre no pudo inscribir la materia
posterior, ya que aparecía perdida la asignatura en cuestión, que figuraba como
prerrequisito. Dicha situación puso en riesgo la continuidad de la accionante
en el centro educativo, pues la pérdida de una materia implicaba la privación
del crédito del ICETEX con el cual financiaba su matrícula. Al resolver el
asunto, la Sala concedió el amparo del derecho fundamental a la educación de la
estudiante, bajo el entendimiento de que “la autonomía universitaria no
puede constituir un subterfugio para que las formalidades (en este caso, una
constancia que se deja en un sistema informático) prevalezcan sobre lo que, en
este caso, resulta sustancial: que la alumna Ossa Padilla efectivamente asistió
y aprobó la materia “ortopedia I”[80].
5.5. En la Sentencia
T-180A de 2010, la Sala Novena de Revisión se ocupó de un caso en el que un
estudiante curso y aprobó todas las materias correspondientes al noveno semestre
de un programa de ingeniería industrial, pero no pagó en tiempo oportuno. El
accionante solicitó plazo para el pago, pero la universidad guardó silencio. En
el período siguiente se expidió el recibo de pago del semestre que continuaba,
el cual fue cancelado con el convencimiento de que se había resuelto de forma
positiva su petición. No obstante, al intentar inscribir las materias de su
último semestre, el estudiante encontró que su historia académica se encontraba
inactiva en el sistema y, pese a ello, los derechos de petición elevados ante
la institución para clarificar su situación nunca fueron atendidos. Al resolver
el caso en cuestión, la Sala amparó los derechos a la educación y al debido
proceso de estudiante, e inaplicó algunos artículos del Estatuto Estudiantil,
argumentando que, de acuerdo con el principio de buena fe, “cuando la
universidad convalida, mediante sus propias actuaciones, la matrícula irregular
o extemporánea del estudiante […] no resulta admisible que la institución anule
esa decisión de forma unilateral e intempestiva, aunque la validación de la
matrícula inicial sea incompatible con algunas normas del reglamento o estatuto
estudiantil”[81].
5.6. En la Sentencia T-929 de 2011, la Sala Novena de
Revisión conoció el caso de una estudiante universitaria que, por un error
administrativo en el registro de sus calificaciones, no había podido obtener el
título profesional. Resulta que el centro educativo se negaba a autorizar su graduación por la ausencia
de finalización de las materias del plan de estudios, a pesar de que una de las
dependencias de la universidad había certificado el cumplimiento pleno de los
requisitos de grado de la estudiante durante varios años.
Para resolver el asunto la Sala señaló que
el juez de tutela debía (i) “examinar la razonabilidad y proporcionalidad de las
previsiones contenidas en el reglamento estudiantil y, al mismo tiempo,
analizar el cumplimiento de los deberes por parte del estudiante”; y (ii) “determinar el
alcance que debe dársele al error de la universidad”, tomando en
consideración los principios de buena fe y primacía de lo sustancial sobre lo
formal. A partir de dichas premisas, concluyó que (iii) “se vulnera el derecho
a la educación cuando una institución educativa registra o certifica una actividad
del estudiante de manera errada, y esto le trae luego consecuencias negativas a
la hora de inscribir materias, matricularse u obtener el grado. No obstante,
solo podrá ordenarse a la Universidad que convalide la correspondiente
actividad o requisito cuando exista prueba suficiente de que ella ha sido
llevada a cabo satisfactoriamente por parte del estudiante. En este sentido, el
error o la negligencia de la institución educativa no subsanan la ausencia de
los requisitos académicos que debe cumplir el estudiante”[82].
En aplicación de las anteriores reglas, la
Sala encontró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, por las siguientes razones:
“[la] Sala encuentra que la Universidad
omitió su propio reglamento estudiantil y permitió que la accionante
inscribiera las asignaturas sin tener en cuenta el programa previsto por la
Universidad. Esto es problemático al menos por dos razones. La primera de ellas
es que, de haberse percatado oportunamente de los múltiples errores cometidos
al respecto, podrían haber informado oportunamente de la situación a la
estudiante y tomar los correctivos correspondientes tales como impedir la
práctica de la pasantía, el ECAES y el trabajo de grado. Es decir, habrían
podido evitar el conflicto que ahora se resuelve en sede de tutela. Y la
segunda razón es que el desdeño frente a los propios procedimientos por parte
de la Universidad genera un grado de inestabilidad jurídica al interior de la
institución educativa que pone en peligro las relaciones pacíficas y ordenadas
a su interior y obstaculizan el desarrollo de los procesos educativos. Como
consecuencia, se vulnera el derecho al debido proceso administrativo que busca
‘que cualquier actuación administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia
que regula la aplicación de los principios constitucionales’, de forma tal que
se puedan garantizar los derechos sustanciales”[83].
En consecuencia, la Sala tuteló el derecho al debido proceso
de la accionante y tomó las medidas de protección referentes al registro de los
requisitos efectivamente satisfechos. Sin embargo, negó la tutela de los
derechos a la educación y a la igualdad, pues entendió que “conforme a las reglas descritas en esta
providencia, tampoco pueden las equivocaciones de la Universidad tornarse en
ventajas para la accionante, como la de convalidar requisitos y materias que la
accionante no ha cumplido efectivamente, pues contrario a lo que sostuvo la
accionante, de ningún modo las situaciones irregulares generadas por la Universidad
podían generar en ella el convencimiento de que ya había cumplido todos los
requerimientos reglamentarios para obtener el grado”[84].
En la providencia referida, se indicó
que este Tribunal había estudiado la tensión existente entre, por un lado, la autonomía
universitaria concretada en una previsión del reglamento estudiantil y, por
otro lado, la situación del estudiante frente al sistema educativo en al menos
tres hipótesis fácticas[85], respecto de las que se debería
considerar que:
“[…] el juez constitucional
debe ponderar los límites a los que se puede exponer la autonomía universitaria
y el derecho a la educación, cuandoquiera que estos se ven en conflicto por
errores administrativos de las instituciones educativas. En todos los casos
debe tenerse en cuenta que las instituciones de educación superior no pueden
excusarse en la autonomía que les otorga la Constitución para abstenerse de
observar el debido proceso y la buena fe en sus actuaciones, llevando a cabo
actuaciones arbitrarias o negligentes. Pero, asimismo, ha considerado la Corte
que el estudiante no puede pretender que la solución de esos errores le genere
de manera automática la convalidación de materias o requisitos que no ha
cumplido de manera efectiva”[86].
5.7.
En la Sentencia T-068 de 2012, después de afirmar el carácter
fundamental del derecho a la educación, la Sala Séptima de Revisión concluyó
que “[…] si bien en
materia de educación superior las universidades materializan su derecho a la
autonomía universitaria a través de la creación de los reglamentos
estudiantiles y estatutos que rigen las relaciones académicas y contractuales
entre los estudiantes, los docentes y las directivas, dichas normas no
predominan sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, entre
ellos el de la educación, de forma que no pueden utilizarse como fundamento o
motivación para su desconocimiento”[87].
El
caso estudiado implicaba la presunta vulneración del derecho a la educación de
la accionante, debido a que la universidad le impidió realizar el curso CPG,
requisito necesario para graduarse como profesional en diseño industrial, al no
girársele el dinero correspondiente a las matrículas de los semestres 1 y 2 del
año 2005, por parte del ICETEX, obviando el hecho de que a pesar de que existía mora, la institución
continuó prestando los servicios, y que solo cuando la accionante pretendió el
grado se le informó de la deuda que tenía con la universidad. La Sala resolvió
ordenar al centro educativo que autorizara la inscripción de la estudiante en
el curso y que realizara un acuerdo de pago por las sumas adeudadas, al
considerar que
“[…] si bien, sí está justificada la
actuación de la Universidad, su conducta generó en la estudiante la confianza
de que los pagos se venían haciendo con normalidad. Esto se materializa en el
hecho de permitirle seguir cursando las materias del programa académico de
Diseño Industrial, pese a que el ICETEX no le estaba desembolsando el dinero
correspondiente a los dos periodos académicos del 2005. En efecto, la
estudiante se creó la expectativa legítima de que ante un incumplimiento en el
pago de los semestres que cursaba, la Universidad no prestaría sus servicios,
pues ésta es la forma en que habitualmente proceden las Instituciones
Educativas”[88].
5.8. Ahora bien, con el fin de garantizar la permanencia del
estudiante en el sistema educativo, en la Sentencia T-531 de 2014 la
Sala Tercera de Revisión fijó una serie de reglas a seguir cuando se evidencie
una tensión entre la autonomía universitaria y el derecho a la educación, en el
contexto del incumplimiento en el pago de las obligaciones pecuniarias
adquiridas[89]. Al
respecto, señaló:
“[…] en aras de
garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, se han
establecido por la Corte unos parámetros jurisprudenciales que le permiten al
juez de tutela identificar en qué casos un conflicto económico debe ceder ante
la necesidad de garantizar la continuidad en la educación. Para el efecto, se
ha señalado que es necesario acreditar (i) la imposibilidad de los padres o del
estudiante de cumplir con las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel
educativo; (ii) que dichas circunstancias encuentren fundamento en una justa
causa; y (iii) que el deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un
acuerdo de pago. Una vez el juez
de tutela examine que están acreditados los citados requisitos, deberá dar
primacía al derecho a la educación y ordenar las medidas que correspondan para
asegurar su debida protección”[90].
En ese sentido, en
la Sentencia T-749 de 2015, la Sala Cuarta de Revisión estableció que se
debe procurar que las medidas que limiten el derecho a la educación no pongan
en riesgo la permanencia del individuo en el sistema educativo hasta cumplir
con sus expectativas académicas, dado que ella constituye una parte fundamental
del núcleo esencial de este derecho[91].
En consideración a
lo anterior, le corresponde a las universidades y de manera subsidiaria a los
jueces de tutela, analizar de una forma más flexible los reglamentos internos y
el principio de autonomía, en casos en los que pueda verse truncado el derecho
a la educación de un estudiante por razones completamente ajenas a su voluntad,
como pueden ser las dificultades financieras[92].
5.9. Ahora bien,
fue en la Sentencia T-365 de 2015 que la Sala Octava de Revisión fijó
los parámetros para resolver las tensiones existentes entre la autonomía
universitaria y el derecho a la educación cuando existiera de por medio un
error de la universidad al haber generado una fundada expectativa. En
esa ocasión le correspondió a la Sala establecer si una universidad había
vulnerado los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso de la
accionante, primero, al negarse a retirar la materia latín, que la estudiante
incluyó como electiva en su plan de estudios en el segundo semestre del año
2000 y, segundo, al anular algunos exámenes preparatorios y el examen de
validación de una asignatura y disponer la pérdida definitiva de su cupo
académico, por incumplir los requisitos de reingreso, de conformidad con el
plazo de dos años otorgado por el Consejo Académico en sesión del 3 de
septiembre de 2009. Al resolver el asunto, concedió la tutela de los derechos
fundamentales a la educación y al debido proceso y dictó las órdenes necesarias
para salvaguardar la expectativa de ampliación del plazo para completar el plan
de estudios de la carrera de jurisprudencia que la universidad había generado
en la demandante, al haberle permitido realizar diferentes actividades
académicas con posterioridad al vencimiento del término otorgado para cumplir
en su integridad los requisitos de grado. La decisión tuvo sustento en las
siguientes ideas:
“[…] la Sala concluye que, (i) la Constitución
garantiza el principio de autonomía universitaria, el cual tiene como límite el
respeto por los derechos fundamentales, en particular, los de educación y
debido proceso administrativo; (ii) para solventar los conflictos originados
entre la autonomía universitaria y los derechos a la educación y debido
proceso, relacionados con errores administrativos de la universidad, el juez
constitucional debe (ii.1) examinar la razonabilidad y proporcionalidad de las
previsiones contenidas en el reglamento, así como el cumplimiento de los
deberes por parte del estudiante; (ii.2) determinar el alcance que debe dársele
al error de la universidad, tomando en consideración los principios de buena fe
y primacía de lo sustancial sobre lo formal y; (ii.3) proteger las expectativas
legítimas del estudiante, en especial si estas se originaron a partir de un
comportamiento administrativo errático de la universidad y; (iii) en todo caso,
el error o negligencia de la institución educativa no subsana la ausencia de
los requisitos académicos que debe cumplir el estudiante”[93].
5.10. En la Sentencia T-277 de 2016,
le correspondió a la Sala Tercera de Revisión determinar si una universidad
afectó los derechos fundamentales a la educación, al mínimo vital y a la
dignidad humana de un estudiante, además del principio de solidaridad, al
consagrar en su reglamento una regla que impedía, de manera general, revisar la
situación socioeconómica de los estudiantes con posterioridad a su ingreso a
efectos de reliquidar el valor de la matrícula. En esa oportunidad sintetizó
las reglas fijadas en la jurisprudencia de la Corporación, así:
“(i) no
puede negársele el grado a un estudiante universitario que ha cumplido con
todos los requisitos académicos para la obtención del título, pero que no se
encuentra a paz y salvo con la institución; (ii) […]; (iii) se
vulnera el derecho a la educación cuando una institución registra o certifica
una actividad del estudiante de forma errada y esto, le trae consecuencias
negativas a la hora de inscribir materias, matricularse u obtener el grado; (iv)
no es posible posponer de manera indefinida la continuación del proceso
educativo de una persona por razones de índole económica, pero ello tampoco
implica desconocer la deuda del estudiante, en estas circunstancias, se debe
proceder a realizar un acuerdo de pago con el deudor sin restringirle la
permanencia en el estudio”.
Con
fundamento en lo anterior, decidió inaplicar el aparte cuestionado del
reglamento de la institución, referente a la restricción prevista para
modificar el valor de la matrícula de los estudiantes con posterioridad a su
ingreso, por ser contrario a los postulados consagrados en la Constitución, y
tutelar como mecanismo definitivo los derechos fundamentales a la educación, al
mínimo vital, a la dignidad humana, y, a su vez, el principio de solidaridad
social del accionante. Como consecuencia de ello, le ordenó a la universidad
que liquidara de nuevo el valor de la matrícula del estudiante, para cuyo fin
debía tener en cuenta su pertenencia al nivel 1 del Sisbén y la capacidad
económica limitada de sus padres, sin que de ninguna manera, el nuevo monto
fijado pudiera llegar a afectar su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
5.11. En síntesis, cuando en el estudio de un caso concurre
la materialización del derecho a la educación y la garantía institucional a la
autonomía universitaria de manera tal que no sea posible su armonización, se
debe privilegiar el derecho a la educación aunque ello derive en la no
aplicación de la normativa interna de la institución educativa.
Con mayor razón, si de las circunstancias fácticas analizadas se pueda advertir
que las disposiciones de los reglamentos aplicadas con rigor, implican una
restricción desproporcionada, injustificada y arbitraria de los derechos del
estudiante.
6.
El principio de confianza legítima. Reiteración de jurisprudencia[94]
6.1. El principio de confianza legítima
rige la relación entre la administración pública y las personas naturales o
jurídicas. Su fundamento se encuentra en el principio de seguridad jurídica,
establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución, en el respeto del acto
propio y el principio de la buena fe, este último contenido en el artículo 83
Superior, según el cual “las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
Lo anterior implica que se debe actuar con
lealtad respecto de la relación jurídica vigente entre la administración y el
administrado, lo que a su vez comporta la expectativa de la misma lealtad y respeto
de la otra parte. En este sentido, una faceta de la buena fe es el respeto por
el acto propio que se traduce en el deber de comportarse de forma coherente con
las actuaciones anteriores, por lo que le está prohibido al sujeto que ha
despertado en otro confianza con su actuación, sorprender a la otra parte con
un cambio intempestivo que defrauda lo que legítimamente se esperaba.
Entonces, bajo el principio de confianza
legítima, la administración está obligada a respetar las expectativas legítimas
de las personas sobre una situación que modifica su posición de forma
intempestiva. No obstante, las expectativas deben ser serias, fundadas y
provenir de un periodo de estabilidad que permita concluir razonablemente que
efectivamente se esperaba un determinado comportamiento por parte de la
administración.
6.2. A través del principio de confianza
legítima se ha logrado un balance entre los intereses públicos y privados, al
permitir que la administración avance en el desarrollo de su gestión, y, al
mismo tiempo, proteja la buena fe que el administrado ha depositado en la
administración pública, de la que espera estabilidad en relación con las
condiciones vigentes. Con todo, en la relación entre la administración y el
administrado, se entiende que la primera tiene la facultad de cambiar las condiciones
mediante la adopción de medidas como políticas públicas, programas y proyectos
y, en general, actuaciones, siempre que lo haga bajo los parámetros legales y
constitucionales, y proteja las expectativas del administrado, esto es, cuando
se cumplen requisitos de estabilidad y buena fe[95].
De acuerdo con lo anterior, el principio de confianza
legítima exige que ante la verificación de una expectativa justificada del
administrado y de un cambio intempestivo de la administración, siempre que sea
legal y constitucional, esta adopte medidas transitorias para enfrentar el
cambio que impone. La adopción de estas medidas responde al respeto por los
compromisos, la seguridad jurídica y la protección de la estabilidad social,
que requiere que se mitigue el daño generado con la nueva situación.
6.3. En conclusión, la jurisprudencia de
esta Corporación refiere que es procedente la protección de los derechos
amparados en el principio de confianza legítima cuando: (i) la medida o actuación administrativa tiene el
objetivo de preservar un interés público superior; (ii) se verifica que
las conductas realizadas por los particulares se ajustaron al principio de
buena fe; y (iii) hay una desestabilización cierta, razonable y evidente
en la relación entre la administración y los administrados. Lo anterior, (iv)
hace necesaria la adopción de medidas transitorias que adecuen la actual
situación de los particulares a la nueva situación creada por el cambio
sorpresivo de actitud por parte de la administración[96].
7. Análisis del caso concreto
7.1. Pasa la Sala a analizar si
la Escuela Superior de
Administración Pública –ESAP– vulneró los derechos fundamentales a la
educación, al debido proceso y a la confianza legítima de los accionantes, como
consecuencia de su decisión de supeditar la ceremonia de graduación de la
especialización en derechos humanos cursada en el CETAP Mocoa en los períodos
2017-2 y 2018-1, al pago total de la matrícula financiera causada en esos
períodos, bajo el argumento de que no eran destinatarios de la exoneración de
dicho pago, de conformidad con el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017,
expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, a pesar de que la propia
institución expidió los recibos con un valor a pagar de cero pesos ($0) por “descuento
exoneración Mocoa”, los matriculó en el programa y les permitió cursar y
aprobar las materias previstas en el plan de estudios, sin hacerles
requerimiento alguno durante el tiempo en que adelantaron los estudios.
Para dar respuesta al anterior problema jurídico la Sala va a
aplicar las siguientes reglas: (i) bajo el principio de confianza legítima, la
administración está obligada a respetar las expectativas legítimas de las
personas en relación con una situación que modifica su posición de forma
intempestiva, siempre que estas sean serias, fundadas y provengan de un periodo
de estabilidad que permita concluir razonablemente que efectivamente se
esperaba un determinado comportamiento por parte de la administración. (iii) No
puede negársele el grado a un estudiante que ha cumplido con todos los
requisitos académicos para la obtención del título, pero, que no se encuentra a
paz y salvo con la institución por razones que están siendo objeto de
controversia.
Pasa la Sala a hacer el análisis
respectivo.
7.2. El día viernes 31 de marzo de 2017, a las 11:30 de la noche,
Mocoa, capital del departamento de Putumayo, fue sorprendida por la creciente
de varias quebradas y de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, avalancha que
acabó con la vida de 290 personas, dejó heridas a 332 más, afectó 1.518
familias y produjo la desaparición de aproximadamente 200 habitantes, según
Reporte General 001 del 4 de abril de 2017 de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A raíz del desastre natural (técnicamente conocido como avenida
torrencial) el Presidente de la República, por medio del Decreto 601 del 6 de
abril de 2017, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, en las áreas urbana y rural,
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la
vigencia del decreto.
Consecuente con lo anterior, la ESAP “en ejercicio de su
autonomía universitaria y su deber relacionado con el principio de solidaridad
social establecido en el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 1523 de 2012”[97],
a través del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, concedió la exoneración del
pago de matrícula financiera a los estudiantes activos del CETAP Mocoa,
Putumayo, para los períodos 2017-2 y 2018-1, en la modalidad de pregrado en
administración pública territorial, y para el período 2017-2, en la modalidad
de posgrado a distancia. Así, decidió:
“ARTÍCULO PRIMERO. DESTINATARIOS DE LA EXONERACIÓN. La ESAP
exonerará del pago de la matrícula a los estudiantes actualmente activos en el
programa de Administración Pública Territorial en el CETAP de MOCOA, por los
períodos académicos 2017-2 y 2018-1; y a los estudiantes actualmente activos
en programas de posgrado en la modalidad a distancia, en el CETAP - MOCOA, por
el período 2017-2.
PARÁGRAFO PRIMERO. Este beneficio no aplica a otros
derechos pecuniarios, distintos al pago de matrícula académica, de los
semestres académicos mencionados en el presente acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUISITOS. Para ser
beneficiarios de la exoneración de la matrícula autorizada mediante el presente
acuerdo, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser estudiante activo del CETAP - MOCOA.
2. Presentar por escrito solicitud de la exoneración ante la
Dirección Territorial en la cual se encuentra adscrito el CETAP - MOCOA.
3. Surtir el proceso de matrícula académica correspondiente con
los soportes y presentarlos en las fechas establecidas a la Dirección
Territorial.
4. No estar incurso en sanción disciplinaria (parágrafo 3 del
artículo 63 del acuerdo 002 de 2008).
5. No haber perdido la calidad de estudiante (artículo 17
del Acuerdo 002 de 2008).
PARÁGRAFO. La presente exoneración podrá ser
concedida a aquellos estudiantes que estando activos en CETAP de otras
territoriales, demuestren que han sido afectados familiar y económicamente, de
forma grave, por esta tragedia.
En este caso deberá acreditar su calidad de estudiante activo del
CETAP al que pertenezca, los demás requisitos indicados en el presente artículo
que le apliquen y sustentar bajo el principio de buena fe la grave afectación.
ARTÍCULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de
su expedición”[98] (subrayas fuera de texto).
7.3. De conformidad con la anterior regulación, quienes fueran
estudiantes activos del CETAP Mocoa al momento de la expedición del Acuerdo No.
005 del 9 de mayo de 2017, eran destinatarios de la exoneración del pago de
matrícula financiera (i) en la modalidad de pregrado en administración
pública territorial, para los períodos 2017-2 y 2018-1, y (ii) en la
modalidad de posgrado a distancia, para el período 2017-2. Ahora, dicho
beneficio también se hacía extensivo a aquellos estudiantes que estando activos
en CETAP de otras territoriales, demostraran que habían sido afectados familiar
y económicamente, de forma grave, por la tragedia, además de cumplir con los
requisitos descritos en el artículo segundo del Acuerdo.
Entonces, para el caso de los estudiantes del posgrado a distancia
especialización en derechos humanos, era necesario acreditar la calidad
de estudiantes activos de la ESAP en el período 2017-1 para gozar de la
exoneración de pago de matrícula financiera para el período 2017-2, único que,
según el Acuerdo, contemplada el referido beneficio.
7.4. Una vez conocido el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017,
los accionantes, quienes estaban interesados en cursar la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[99], elevaron petición verbal y escrita
ante la Dirección Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, con la
finalidad de que les fuera aplicado el beneficio de exoneración del pago de
matrícula financiera, en consideración a que eran víctimas directas e
indirectas de la avalancha ocurrida en Mocoa el 31 de marzo de 2017[100].
La petición escrita fue realizada en forma grupal el 12 de julio de 2017 y
dirigida al correo electrónico de la directora territorial, Martha Cecilia Piza
Losada[101].
La anterior solicitud nunca fue contestada por la Dirección
Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP.
7.5. Con posterioridad a la anterior solicitud, el 14 de julio de
2017, fueron expedidos por
parte de la ESAP los recibos de la matrícula financiera correspondientes al
primer semestre del programa de especialización en derechos humanos, créditos a
distancia[102],
por un valor total de cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos
pesos ($4.426.300), el cual variaba por concepto de descuentos específicos para
algunos aspirantes[103].
Pese a ello, el coordinador del CETAP Mocoa, Alex Fernando Osorio, y la
directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la entidad, Martha
Cecilia Piza Losada, les indicaron a los aspirantes que se abstuvieran de
realizar el pago de la matrícula financiera toda vez que el trámite de
exoneración se encontraba en estudio. Además, el coordinador del CETAP Mocoa
les había señalado por mensaje de voz enviado vía WhatsApp, que la decisión de
la institución educativa era la exoneración del 100% del costo de la matrícula
financiera de los dos semestres de la especialización que pretendían cursar[104].
Días después fueron expedidos nuevos recibos de pago
de la matrícula financiera del primer semestre de la especialización en
derechos humanos (2017-2), con fecha del 19 de julio de 2017, con un valor
total a pagar cero pesos ($0) por concepto de “descuento exoneración Mocoa”,
y que incluían una anotación que señalaba “NO PAGAR! EL VALOR DE ESTA
LIQUIDACIÓN ES DE CERO PESOS ($0,00)”[105]
(mayúsculas originales). A raíz de ello los estudiantes enviaron, en esa misma
fecha, una carta de agradecimiento a la directora territorial Martha Cecilia
Piza Losada, por atender su solicitud y darles los cupos disponibles para
cursar el programa de posgrado[106].
Una vez matriculados en el programa de especialización
en derechos humanos, créditos a distancia, en el CETAP Mocoa[107], los accionantes
iniciaron clases el 18 de agosto de 2017 y culminaron el 9 de diciembre del
mismo año (primer semestre del programa correspondiente al período 2017-2).
7.6. La anterior dinámica se repitió en el
segundo semestre del programa (período 2018-1). Una vez se abrieron las
inscripciones, los accionantes iniciaron el proceso de matrícula y al descargar
los recibos de la matrícula financiera, con fecha de expedición del 24 de enero
de 2018, apareció registrado un valor a pagar de cuatro millones seiscientos
ochenta y siete mil quinientos pesos ($4.687.500), el cual variaba por concepto
de descuentos específicos para algunos estudiantes. Nuevamente realizaron
consulta a la ESAP acerca de la exoneración del pago de la matrícula financiera[108], obteniendo respuesta
el 24 de enero de 2018, con la expedición de los recibos de pago de la matrícula
ordinaria para el segundo semestre en cero pesos ($0) por concepto de “descuento
exoneración Mocoa”[109].
Una vez matriculados en el segundo semestre del
programa de especialización (correspondiente al período 2018-1), los
accionantes iniciaron clases en el mes de febrero de 2018 y culminaron en junio
del mismo año. Así, quienes ya habían cumplido con todos los créditos del
programa (24 créditos en total), incluyendo la aprobación del trabajo de grado,
empezaron las gestiones para obtener su título de especialistas en la ceremonia
de grado que estaba programada para el día 26 de octubre de 2018, para lo cual
pagaron los derechos por dicho concepto y cargaron en el aplicativo ARCA, y
entregaron físicamente, la documentación requerida por la institución[110].
Sin embargo, en una reunión programada por la nueva
coordinadora del CETAP Mocoa, Ilia Cristina Moncayo, con el tema “ceremonia
de grado”, y realizada el 31 de agosto de 2018, se les informó a los
asistentes que tenían que cancelar el valor del segundo semestre del programa
de posgrado cursado y aprobado.
7.7. Posteriormente, mediante oficio
remitido por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la
ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a cada uno de los estudiantes de la
especialización en derechos humanos, fechado el 12 de septiembre de 2018, se les solicitó que informaran el por qué sus
obligaciones económicas del primer semestre de 2017 (2017-2) y del segundo
semestre de 2018 (2018-1) no se encontraban al día, además se les requirió la
cancelación de la totalidad de los valores de los semestres mencionados. En el
comunicado se les advirtió que contaban con tres días, a partir de su
recepción, para explicar y sustentar la respuesta, so pena de proceder al cobro
de las obligaciones por las vías legales correspondientes. Adicionalmente, se
señaló que “el no encontrarse al día con sus obligaciones, no le[s]
permitiría continuar con su proceso de grado”[111].
A partir de ese momento se
dio un intercambio de comunicaciones que siguió con el asunto “Respuesta
a oficio de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, fechado
en septiembre de 2018, dirigido por los estudiantes al director nacional (E) de
la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la directora territorial Martha
Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En
dicho documento se da respuesta en el sentido de señalar que cumplieron a
cabalidad con sus deberes y las cargas impuestas por la institución, por lo que
se niegan a aceptar los valores que, según la comunicación, adeudan por
concepto de matrículas financieras de los dos semestres de la especialización
cursados y aprobados. Adicionalmente, elevaron las siguientes peticiones: 1)
que se tenga por cumplido el requerimiento realizado a través del oficio del 12
de septiembre de 2018, sin que se afecte el proceso académico que adelantan
ante la ESAP; 2) que se respeten los derechos adquiridos y la buena fe generada
en cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización, de acuerdo a la
información suministrada y las actuaciones desplegadas por la institución, y se
encuentren justificadas las razones por las cuales no se realizó el pago de las
matrículas financieras de los semestres 2017-2 y 2018-1; 3) que se libre a su
favor paz y salvo por todo concepto y se continúe con el trámite necesario para
llevar a cabo el grado de especialistas en derechos humanos del CETAP Mocoa,
cohorte 2017-2; 4) que se respete el debido proceso y el principio de buena fe
en todas las actuaciones y situaciones administrativas; 5) que no se haga el
reporte de sus datos en las centrales de riesgo, debido a que no tienen ninguna
deuda económica con la ESAP; y 6) que una vez se cumplan todos los requisitos,
tales como la aceptación del trabajo de grado y el pago de los derechos
respectivos, se realice la ceremonia de grado sin ningún tipo de dilaciones
injustificadas o requerimientos adicionales[112].
7.8. Como respuesta a la anterior comunicación, la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza
Losada, con fecha de septiembre de 2018, envió un “Requerimiento” a los
estudiantes, con la finalidad de solicitar complementación en el sentido de
informar: 1) si para el 9 de mayo de 2017, y conforme a lo preceptuado en los
artículos primero y segundo del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017,
ostentaban la calidad de estudiantes activos de la ESAP; 2) si para el período
2017-1 eran estudiantes activos del programa de posgrado de la ESAP, de acuerdo
con los artículos primero y segundo del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017;
y 3) si cumplido el requisito de ser “estudiante activo” de la ESAP en
el período descrito, solicitaron la exoneración ante el director territorial,
demostrando para el efecto la afectación sufrida, de conformidad con el
artículo segundo del Acuerdo No. 005 de 2017. Adicionalmente, de acuerdo con el
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, se indicó que el trámite del derecho de
petición quedaba suspendido hasta tanto dieran respuesta a la nueva solicitud
de información[113].
Al anterior “Requerimiento”, siguió la respuesta dada por
los estudiantes con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha […] de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, fechado en septiembre de 2018. En
dicha comunicación manifestaron su oposición a las solicitudes 1 y 2 dado que
es en la institución educativa en donde reposa la información referente a su
calidad estudiantil. En lo que tiene que ver con el punto 3, señalaron que con
el derecho de petición por ellos presentado anexaron como prueba el oficio
fechado el 12 de julio de 2017, con el asunto “Solicitud beneficio de
exoneración de matrícula” que fuera enviado al correo electrónico de la
directora territorial (martha.piza@esap.edu.co)
con copia al coordinador del CETAP Mocoa (alexosorio33@hotmail.com),
del cual nunca se obtuvo respuesta, luego de lo cual la ESAP procedió a emitir
los recibos de matrícula financiera corregidos por el valor de cero pesos. Con
fundamento en lo anterior, afirmaron que la ESAP dio validez a la matrícula y
culminación de la especialización, por lo que impedir el grado una vez
cumplidos con todos los requisitos académicos, desconoce los principios de
buena fe y confianza legítima y el respeto por el acto propio, además
constituye una vulneración del debido proceso[114].
7.9. La directora territorial Martha Cecilia Piza Losada envió a
los estudiantes un “Segundo requerimiento”, fechado en octubre de 2018,
en donde les reiteró la solicitud de 1) presentar copia del reconocimiento como
víctimas y su respectivo radicado ante la sede territorial Huila, Caquetá y
bajo Putumayo, y 2) arrimar constancia y/o certificación de su calidad de
estudiantes activos del programa de posgrado de la ESAP para el período 2017-1.
Adicionalmente, precisó que “los documentos que se le[s] han solicitado NO
reposan en la [ESAP], y es por ello que, resulta necesario que los allegue[n] a
la mayor brevedad posible, a fin de atender su pedimento”[115]
(mayúsculas originales).
Luego los estudiantes remitieron a la directora territorial nueva
comunicación con asunto: “Respuesta a su oficio S/N de fecha […] de octubre
de 2018 con asunto: segundo requerimiento”, fechado en octubre de 2018. En
dicha oportunidad manifestaron su inconformidad con el nuevo requerimiento
debido a que ello constituye una dilación injustificada para dar respuesta de
fondo a su derecho de petición. No obstante, en relación con las solicitudes
realizadas, respondieron: 1) acerca de la presentación de copia del
reconocimiento como víctima y su respectivo radicado ante la territorial, con
el fin de demostrar la condición de afectados en forma grave a raíz de la
tragedia sufrida en Mocoa, de conformidad con el parágrafo del artículo segundo
del Acuerdo No. 005 de 2017, dicho requisito es exigido única y exclusivamente
para estudiantes activos de territoriales diferentes al CETAP de Mocoa, razón
por la que no les es aplicable en su condición de estudiantes del CETAP Mocoa.
2) En relación con la presentación de la constancia de la calidad de
estudiantes activos del programa de posgrado de la ESAP para el período 2017-1,
recordaron que dicha información reposa en los archivos de la institución
educativa, aun así precisaron que para el período 2017-2 y 2018-1, ostentaron
la calidad de estudiantes activos del CETAP Mocoa[116].
7.10. Finalmente, en octubre de 2018, con asunto “Respuesta de
fondo derecho de petición” de septiembre de 2018, la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, precisó que fue
establecido que para el 9 de mayo de 2017 los accionantes no ostentaban la
calidad de estudiantes activos del programa de posgrado especialización en
derechos humanos de la ESAP, CETAP Mocoa, Putumayo, y que para el período
2017-1 solo tenían la calidad de aspirantes a dicho programa académico, de
conformidad con los artículos 11 del Acuerdo No. 002 del 23 de enero de 2008[117]
y 15 del Acuerdo No. 003 del 4 de marzo de 2014[118].
Adicionalmente, señaló que según el Acuerdo No. 005 de 2017, no cumplían el
primer requisito de ser estudiantes activos del programa de posgrado
especialización en derechos humanos de la ESAP, CETAP Mocoa, Putumayo. Concluyó
que debido al no cumplimiento del anterior requisito, no era posible el trámite
de la solicitud de exoneración del pago de matrícula suscrita de manera grupal
por los admitidos al programa descrito para el período académico 2017-2.
A continuación, procedió a dar respuesta de fondo a las peticiones
formuladas por los estudiantes en los siguientes términos: 1) las explicaciones
ofrecidas no constituyen una respuesta válida para no dar cumplimiento a sus
deberes con la ESAP, que permitan dar trámite al proceso de grado. 2) En el
caso bajo análisis, no es posible hablar de un derecho adquirido debido a que
el Acuerdo No. 005 de 2017 solo es aplicable para los estudiantes activos del
CETAP Mocoa en el momento en que fue expedido, esto es, el 9 de mayo de 2017.
3) En relación con la expedición de los paz y salvo por todo concepto, para que
se lleve a cabo el grado, se insiste en que se registran unos valores pendientes
de pago por concepto de matrícula de la especialización en derechos humanos en
los períodos 2017-2 y 2018-1. En razón de ello, no es posible expedir los paz y
salvo solicitados, como uno de los requisitos para gestionar el grado de
especialista en derechos humanos de la cohorte 2017-2. 4) La ESAP durante todas
sus actuaciones ha garantizado el debido proceso, pero ello implica el
cumplimiento de sus deberes como estudiantes de la escuela, establecidos en los
Acuerdos No. 002 de 2008 y 003 de 2014. 5) En relación con el reporte de datos
a los centrales de riesgo, la ESAP actuará de acuerdo al marco normativo para
el debido recaudo de sus derechos pecuniarios. 6) El grado se programará una
vez cumplan con los deberes estatuidos como requisitos para acceder al grado de
especialistas en derechos humanos[119].
7.11. Como puede observarse, la conducta de la ESAP generó una
expectativa justificada en los accionantes en el sentido de que habían sido
beneficiados con la exoneración de las matrículas financieras de la
especialización en derechos humanos de los períodos 2017-2 y 2018-1, lo que se
traduce en la existencia de una confianza legítima inspirada por la institución
a sus estudiantes a partir de las actuaciones desplegadas. Veamos:
7.11.1. No dio respuesta oportuna a la petición escrita realizada
en forma grupal por los accionantes el 12 de julio de 2017 y dirigida al correo
electrónico de la directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la
ESAP, Martha Cecilia Piza Losada[120],
con la finalidad de que se aplicara el beneficio de exoneración del pago de
matrícula financiera en consideración a que eran víctimas directas e indirectas
de la avalancha ocurrida en Mocoa el 31 de marzo de 2017. En ese momento
oportuno pudo precisarse que los aspirantes a cursar el programa de
especialización en derechos humanos, modalidad a distancia, en el CETAP Mocoa,
para el período 2017-2, no quedaban beneficiados por la exoneración de la matrícula
financiera debido a que no eran estudiantes activos en el momento en que entró
en vigencia el Acuerdo No. 005 de 2017.
7.11.2. Los propios funcionarios de la ESAP, esto es, el coordinador del CETAP Mocoa, Alex
Fernando Osorio, y la directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de
la entidad, Martha Cecilia Piza Losada, vía WhatsApp, les manifestaron a los aspirantes que no hicieran el pago del
valor de la matrícula financiera correspondiente al período 2017-2, que
aparecía en los recibos de pago fechados el 14 de julio de 2017, ya que el
trámite de exoneración se encontraba en estudio[121].
7.11.3. Expidió, el 19 de julio de 2019, nuevos recibos de pago de
la matrícula financiera para el período 2017-2, con un valor a pagar de cero
pesos ($0) por concepto de “descuento exoneración Mocoa” y con una nota
que indicaba “No pagar! El valor de esta liquidación es de cero pesos
($0,00)”[122].
7.11.4. Permitió que los accionantes se matricularan en el
programa de especialización en derechos humanos, modalidad a distancia, para el
semestre I, en el período 2017-2, y cursaran y aprobaran las materias del pénsum
académico, sin que durante dicho período las autoridades de la institución
educativa hubieran requerido a los estudiantes en razón del no pago de la matrícula
financiera. De hecho, permitieron que los estudiantes avanzaran al segundo
semestre del programa, cursado en el período 2018-1, sin solicitarles ningún
tipo de pago.
7.12. Así las cosas, la institución accionada convalidó, mediante sus propias actuaciones,
la matrícula de los estudiantes que, en principio, pudiera entenderse irregular
en razón del no pago de las matrículas financieras del programa de
especialización efectivamente cursado, ya que no estaban cobijados por el
beneficio contemplado en el Acuerdo No. 005 de 2017.
Bajo ese entendimiento, para
la Sala no resulta admisible que en un momento tan tardío, cuando ya la mayoría de los estudiantes
habían cumplido con la totalidad de los créditos del programa (24 en total[123]),
incluyendo el trabajo de grado, y pagado los derechos de grado[124],
es decir, cuando tenían la convicción de que habían superado todos los
requisitos académicos y pecuniarios para obtener su título de especialistas, la
institución los requiriera para que hicieran el pago de unos valores que en el transcurso del
programa nunca fueron generados ni cobrados, correspondientes a las matrículas
financieras de los períodos 2017-2 y 2018-1, como requisito para graduarlos
como especialistas en derechos humanos.
7.13.
Como ya fue señalado por la Sala en el acápite 6, el principio de confianza legítima busca proteger a las
personas, particularmente a los administrados, de modificaciones intempestivas
de situaciones que, sin que constituyan derechos adquiridos, si generen
perspectivas de durabilidad o permanencia en el tiempo[125]. Así, según
la jurisprudencia de este Tribunal, con base en dicho principio “no le es
dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza que su acción u
omisión había generado en los particulares, máxime cuando ello compromete el
ejercicio de sus derechos fundamentales”[126].
Entonces, cuando una institución educativa convalida mediante sus
propias actuaciones una matrícula irregular de un estudiante, no resulta
admisible que revoque o anule la decisión de forma unilateral e intempestiva.
En estos casos, corresponde a la entidad asumir las consecuencias del error, en
lugar de transferirlas al estudiante, que es la parte más débil de la relación,
además, porque en él se ha generado una expectativa justificada de que sus
actuaciones se realizaron de conformidad con la voluntad institucional[127].
Con todo, si la institución
educativa encuentra que ha incurrido en un error, puede ejercitar las acciones
legales pertinentes para revocar las decisiones adoptadas, siempre bajo los lineamientos del debido
proceso (art. 29 C.P.).
Así las cosas, si encuentra
que como consecuencia de su error se generó una situación que dio lugar o a que
un estudiante, amparado en la confianza legítima, ejerciera actos particulares
en su condición de tal, como asistir a clases, presentar exámenes, trabajos e
investigaciones, etc., cualquier decisión que adopte deberá respetar el debido
proceso y valorar la conducta del estudiante conforme con las circunstancias
del caso. Es decir, la entidad debe buscar una solución que al tiempo que
respete la normativa que la rige, atienda a las peculiaridades del
comportamiento del estudiante, valoradas a la luz de la confianza que le
generaron sus propias actuaciones. Esta ponderación tiende a respetar la autonomía
universitaria (que, como se indicó en el acápite 4, no puede afectar derechos
fundamentales) en la aplicación e interpretación de sus reglamentos internos,
el derecho de los estudiantes al debido proceso y la confianza legítima que se
genera en el sentido de que la institución educativa actuó conforme a su
normativa interna[128].
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que
la fundada expectativa y la confianza legítima, están estrechamente
relacionadas con la buena fe (art. 83 C.P.)[129],
de forma tal que el juez de tutela debe “determinar el alcance que debe
dársele al error de la universidad, tomando en consideración los principios de
buena y primacía de lo sustancial sobre lo formal”[130].
7.14. Entonces, en el caso
concreto, las decisiones
sorpresivas adoptadas por la Dirección Territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, en el sentido de exigir el pago de las matrículas
financieras de los estudiantes como requisito previo a la graduación, pese a
que en ellos se había generado una expectativa justificada y, en ese sentido,
legítima, generó un conflicto que vulneró sus derechos a la educación, al
debido proceso y a la confianza legítima.
A la educación, en la medida en que la negación de la posibilidad
de acceder al título de especialistas, luego de haber cursado y aprobado todos
los créditos del programa y pagado los derechos de grado, constituye un obstáculo
para sus logros académicos y de proyección social, que puede tener incidencia
en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo.
Al debido proceso, en razón de que la ESAP no adelantó el procedimiento
adecuado para recomponer sus propias actuaciones, sino que
sorprendió a los accionantes con un requerimiento de pago de unas obligaciones
que, en principio, no habían sido previstas. Y a la confianza legítima, al
eliminar súbitamente las expectativas creadas en los estudiantes y
sorprenderlos con la exigencia del pago de las matrículas financieras de los
períodos 2017-2 y 2018-1 como requisito para concederles el título de
especialistas en derechos humanos.
Ahora bien, es claro que
corresponde a la ESAP recomponer
sus propias actuaciones administrativas para evitar un posible detrimento fiscal para la entidad. Pero,
para hacerlo deberá acudir a los procedimientos legales, administrativos
y/o judiciales, con respeto del debido proceso.
7.15. Bajo ese entendimiento, la Sala considera razonables las
decisiones del Juzgado Segundo
Administrativo de Mocoa,
primero, al decretar la medida provisional solicitada por los
accionantes, consistente en ordenar a la ESAP que los incluyera en el listado
de graduandos para la ceremonia de grado que se celebraría el 26 de octubre de
2018, por medio del auto del 23 de octubre de 2018[131]; y, segundo, al
tutelar los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la
confianza legítima de los accionantes, mediante la sentencia del 2 de noviembre
de 2018[132].
7.16. Ahora, debe precisarse que, como lo
informó el director (e) de la Territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la
Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–[133], la entidad en
cumplimiento de la medida provisional decretada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Mocoa, el 23 de octubre de 2018, concedió el título de
especialistas en derechos humanos (CETAP Mocoa, períodos 2017-2 y 2018-1), a
los accionantes que se encontraban a paz y salvo con la cancelación de los
derechos de grado en la ceremonia que se llevó a cabo en Mocoa el 26 de octubre
de 2018, a saber: Andrea Carolina Bravo Vallejo, Ángela María Castro Castro,
Carlos Mauricio Cuarán Medicis, Claudia Marcela Villacorte López, Claudia
Yaneth Loaiza Valencia, Diana Marcela Gómez Silva, Gail Lizeth Riascos
Palacios, Ivanna Janethe Obando Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez,
Jineth del Carmen Villota Daza, Luz Viviana Alegría Cuellar, María Camila Arcos
Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley
Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja López, Sandra Yaneth Guerra Toro,
Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Víctor Favián Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro
Romo Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y Yury Vanessa Quiroz Castrillón[134] (22 de los
accionantes).
Quedando pendientes por obtener el grado los
estudiantes Aida Mildred Chacón Banbague, Gloria Eliana Morán Paucar, Juan
Pablo Ramírez Zambrano y Segundo Andrés Coral Herrera, debido a que no habían
cumplido algunos requisitos académicos y/o derechos pecuniarios, distintos a la
matrícula financiera, necesarios para la graduación. Así, la concesión del
título de especialistas dependerá de que cumplan con esos requisitos que están
pendientes, y, en todo caso, no podrá supeditarse al pago total de las
matrículas financieras en cuestión.
7.17. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 6 de diciembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Tercera de Decisión
del Sistema Oral, que declaró improcedente la acción de tutela, y confirmará
parcialmente la sentencia del 2 de noviembre de 2018 del Juzgado Segundo
Administrativo de Mocoa, solo en lo que tiene que ver con los resolutivos
primero y cuarto en cuanto concedieron la tutela de los derechos fundamentales
a la educación, al debido proceso y a la confianza legítima de los accionantes,
y garantizaron su derecho a recibir su título de especialistas en derechos
humanos[135].
Adicionalmente, ordenará a la Escuela
Superior de Administración Pública –ESAP– que (i) continúe los procedimientos legales, administrativos
y/o judiciales, para recomponer sus actuaciones con respeto del debido proceso; y, (ii) otorgue el respectivo
título de especialistas a los estudiantes Aida Mildred Chacón Banbague, Gloria Eliana Morán
Paucar, Juan Pablo Ramírez Zambrano y Segundo Andrés Coral Herrera, una vez estos acrediten la totalidad de
los requisitos académicos del programa de especialización en derechos humanos y
paguen los derechos de grado,
sin lugar a exigirles el pago total de las matrículas financieras en cuestión.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada
dentro del trámite de revisión mediante Auto del 10 de julio 2019.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral, que declaró improcedente
la acción de tutela, y confirmar parcialmente la sentencia del 2 de noviembre
de 2018 del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, solo en lo que tiene que
ver con los resolutivos primero y cuarto en cuanto concedieron la tutela de los
derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la confianza
legítima de los accionantes, y garantizaron su derecho a recibir su título de
especialistas en derechos humanos.
TERCERO.- ORDENAR
a la Escuela
Superior de Administración Pública –ESAP– que continúe
los procedimientos legales, administrativos y/o judiciales, para recomponer sus
actuaciones con respeto del debido proceso.
CUARTO.- ORDENAR a la Escuela
Superior de Administración Pública –ESAP– que, una vez sean acreditados la totalidad de los
requisitos académicos del programa de especialización en derechos humanos y
pagados los derechos de grado, otorguen el respectivo título de especialistas a
los estudiantes Aida Mildred
Chacón Banbague, Gloria Eliana Morán Paucar, Juan Pablo Ramírez Zambrano y
Segundo Andrés Coral Herrera, sin lugar a exigirles el pago total de las
matrículas financieras en cuestión.
QUINTO.- PREVENIR a la Escuela Superior de Administración
Pública –ESAP– que, en lo
sucesivo, se abstenga de incurrir en actuaciones que resultan incompatibles con
el derecho a la educación, regulado en el artículo 67 de la Constitución
Política.
SEXTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO
1. Pruebas documentales aportadas en la demanda de tutela.
Aida
Mildred Chacón Banbague
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035825341). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[136]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de “exoneración
Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago 000001527152). Fecha
de expedición 24 de enero de 2018[137].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Aida Mildred Chacón, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el
que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.983.670) y 2018-1 ($4.218.750), para un total pendiente de pago de
$8.202.420. A continuación, se lee: “Por tal motivo, resulta imperioso
solicitarle de la manera más cordial, nos informe por qué su obligación no se
encuentra al día, recuérdese que es un deber del estudiante ESAPISTA,
contribuir con las cargas económicas impuestas, máxime cuando al ingresar a
la Institución Educativa, Usted las aceptó. || Conforme lo anterior, se le
concede un término de tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la
presente comunicación con el fin de explicar y sustentar su respuesta. Una
vez transcurrido el anterior lapso, sin que la Escuela reciba alguna
explicación sobre el particular, procederemos al cobro de la obligación por
las vías legales correspondientes. || Recuerde que el inicio de las acciones
administrativas o judiciales, le acarrearía el pago de intereses, gastos
administrativos, de honorarios, y demás estipendios que la ley permita para
su cobro, incluso el reporte ante las centrales de riesgo. || Así mismo, el
no encontrarse al día con sus obligaciones, no le permitiría continuar con su
proceso de grado”[138].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Aida Mildred Chacón Banbague al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicho documento se da respuesta al oficio del
12 del mismo mes y año, en el sentido de señalar que cumplió a cabalidad con
sus deberes y las cargas impuestas por la institución, por lo que se niega a
aceptar los valores que, según la comunicación, adeuda por concepto de
matrículas financieras de los dos semestres cursados y aprobados.
Adicionalmente, elevó las siguientes peticiones: 1) que se tenga por cumplido
el requerimiento realizado a través del oficio del 12 de septiembre de 2018,
sin que se afecte el proceso académico que adelanta ante la ESAP; 2) que se
respeten los derechos adquiridos y la buena fe generada en cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización, de acuerdo a la información
suministrada y las actuaciones desplegadas por la institución, y se
encuentren justificadas las razones por las cuales no se realizó el pago de
las matrículas financieras de los semestres 2017-I y 2018-II; 3) que se libre
a su favor paz y salvo por todo concepto y se continúe con el trámite
necesario para llevar a cabo el grado de especialista en derechos humanos del
CETAP Mocoa, cohorte 2017-2; 4) que se respete el debido proceso y el
principio de buena fe en todas las actuaciones o situaciones administrativas;
5) que no se haga el reporte de sus datos en las centrales de riesgo, debido
a que no tiene ninguna deuda económica con la ESAP; y 6) que, una vez termine
de cursar la materia que tiene pendiente (análisis de casos)[139], sea aceptado su trabajo de
grado, pague lo pertinente por concepto de derechos de grado y cargue los
documentos requeridos con dicho fin, se realice el grado sin ningún tipo de
dilaciones injustificadas o requerimientos adicionales. En dicho documento
afirmó que realizó su inscripción al programa académico como víctima de la
tragedia sufrida en Mocoa[140].
- Fotocopia de la respuesta a la anterior comunicación con
asunto “Requerimiento”, dirigido a la estudiante por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza
Losada, con fecha del 24 de septiembre de 2018. En dicho documento se le
requiere complementación de la respuesta en el sentido de informar: 1) si
para el 9 de mayo de 2017, y conforme a lo preceptuado en los artículos
primero y segundo del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, ostentaba la
calidad de “estudiante activo” de la ESAP; 2) si para el período 2017-1 era
estudiante activo del programa de posgrado de la ESAP, de acuerdo con los
artículos primero y segundo del Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017; 3) si
cumplido el requisito de ser “estudiante activo” de la ESAP en el
período descrito, solicitó la exoneración ante el director territorial,
demostrando para el efecto la afectación sufrida, de conformidad con el
artículo segundo del Acuerdo No. 005 de 2017. Adicionalmente, de acuerdo con
el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, se indicó que el trámite del derecho
de petición quedaba suspendido hasta tanto diera respuesta a la nueva
solicitud de información[141].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018. En dicha comunicación manifiesta su oposición a las solicitudes 1 y 2
dado que es en la institución educativa en donde reposa la información
referente a su calidad estudiantil. En lo que tiene que ver con el punto 3,
señaló que con el derecho de petición por ella presentado el 13 de septiembre
de 2018, anexó como prueba el oficio fechado el 12 de julio de 2017, con el
asunto “Solicitud beneficio de exoneración de matrícula” que fuera
enviado al correo electrónico de la directora territorial (martha.piza@esap.edu.co)
con copia al coordinador del CETAP Mocoa (alexosorio33@hotmail.com),
del cual nunca se obtuvo respuesta, luego de lo cual la ESAP procedió a
emitir los recibos de matrícula financiera corregidos por el valor de cero
pesos[142]. Señaló: “[…] situación que
denota como la Universidad a través de su misma directora territorial y el
Coordinador Cetap Mocoa ratifican tal información, dando a conocer la
respuesta a mí favorable con la expedición del Acto Administrativo particular
del recibo de matrícula para el período 2017-2 con valor de cero pesos a
pesar de haber emitido inicialmente un recibo por valor de $4.426.300 M/Cte,
misma situación que se dio para el período académico 2018-1”[143]. Con fundamento en lo anterior,
afirmó que la ESAP dio validez a la matrícula y culminación de la
especialización, por lo que impedir el grado una vez sean cumplidos todos los
requisitos académicos, desconoce los principios de buena fe y confianza
legítima y el respeto por el acto propio, además constituye una vulneración
del debido proceso[144].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018. En dicha comunicación manifiesta su
inconformidad con el nuevo requerimiento debido a que estima que constituye
una dilación injustificada para dar respuesta de fondo a su derecho de
petición. No obstante, en relación con las solicitudes realizadas, respondió:
1) acerca de la presentación de copia del reconocimiento como víctima y su
respectivo radicado ante la territorial, con el fin de demostrar la condición
de afectado en forma grave a raíz de la tragedia sufrida en Mocoa, de
conformidad con el parágrafo del artículo segundo del Acuerdo No. 005 de
2017, dicho requisito es exigido única y exclusivamente para estudiantes
activos de territoriales diferentes al CETAP de Mocoa, razón por la que no le
es aplicable ya que es estudiante del CETAP Mocoa. 2) En relación con la
presentación de la constancia de la calidad de estudiante activo del programa
de posgrado de la ESAP para el período 2017-1, recordó que dicha información
reposa en los archivos de la institución educativa, aun así precisó que para
el período 2017-2 y 2018-1, ostentó la calidad de estudiante activo del CETAP
Mocoa[145].
- Fotocopia del oficio fechado el 11 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido en la entidad el 14 del mismo mes y año, dirigido por la
directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza
Losada, a la estudiante. En el documento se precisó que se establece con
absoluta claridad que para el 9 de mayo de 2017 no ostentaba la calidad de
estudiante activo del programa de posgrado especialización en derechos
humanos de la ESAP, CETAP Mocoa, Putumayo, y que para el período 2017-1 solo
tenía la calidad de aspirante a dicho programa académico, de conformidad con
los artículos 11 del Acuerdo No. 002 del 23 de enero de 2008 y 15 del Acuerdo
No. 003 del 4 de marzo de 2014. Adicionalmente, señaló que según el Acuerdo
No. 005 de 2017, no cumplía el primer requisito de ser estudiante activo del
programa de posgrado especialización en derechos humanos de la ESAP, CETAP
Mocoa, Putumayo. Se concluyó que debido al no cumplimiento del anterior
requisito, no era posible el trámite de la solicitud de exoneración del pago
de matrícula suscrita de manera grupal por los admitidos al programa descrito
para el período académico 2017-2. A continuación, se procedió a dar respuesta
de fondo a las peticiones formuladas por la estudiante en los siguientes
términos: 1) las explicaciones ofrecidas no constituyen una respuesta válida
para no dar cumplimiento a sus deberes con la ESAP, que permitan dar trámite
al proceso de grado. 2) En el caso bajo análisis, no es posible hablar de un
derecho adquirido debido a que el Acuerdo No. 005 de 2017 solo es aplicable
para los estudiantes activos del CETAP Mocoa en el momento en que fue
expedido, esto es, el 9 de mayo de 2017. 3) En relación con la expedición a
su nombre de un paz y salvo por todo concepto, para que se lleve a cabo el
grado, se insiste en que se registra un valor pendiente de pago por concepto
de matrícula de la especialización en derechos humanos en los períodos 2017-2
y 2018-1, de $8.202.420. En razón de ello, no es posible expedir el paz y
salvo solicitado, como uno de los requisitos para gestionar el grado de
especialista en derechos humanos de la cohorte 2017-2. 4) La ESAP durante
todas sus actuaciones ha garantizado el debido proceso, pero ello implica el
cumplimiento de sus deberes como estudiante de la escuela, establecidos en
los Acuerdos No. 002 de 2008 y 003 de 2014. 5) En relación con el reporte de
datos a los centrales de riesgo, la ESAP actuará de acuerdo al marco
normativo para el debido recaudo de sus derechos pecuniarios. 6) El grado se
programará una vez cumpla con los deberes estatuidos como requisitos para
acceder al grado de especialista en derechos humanos[146].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas del semestre 1 de la
especialización en derechos humanos del 19 de febrero de 2018, con nota 0.0
en la materia análisis de casos (I y II nivel internacional y nacional[147].
Andrea
Carolina Bravo Vallejo
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $3.762.400,00, después del descuento, con fecha
límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035728211)[148]. En el documento aparece un
descuento por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001619552). Fecha de expedición 25 de enero de 2018[149].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Ángela María Castro Castro, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[150].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
14 de septiembre de 2018, dirigido por Andrea Carolina Bravo Vallejo al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas y que se resumen así: 1)
se respeten los derechos adquiridos y la buena fe generada en cada uno de los
estudiantes, teniendo en cuenta la información suministrada y las actuaciones
desplegadas por la institución educativa, conllevando al no cobro de los dos
semestres de la especialización en derechos humanos cursada en el CETAP
Mocoa; 2) se expida paz y salvo por todo concepto y se continúe con el
trámite pertinente para la programación de la ceremonia de grado; 3) se
respete el debido proceso administrativo; 4) no se hagan reportes de datos a
las centrales de riesgo; y 5) se realice la ceremonia de grado de la
especialización cursada, programada para el 26 de octubre de 2018.
Adicionalmente, precisa que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia
del pénsum académico[151].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[152]. El requerimiento fue enviado a
cada uno de los estudiantes en el mismo sentido en que fue descrito en líneas
anteriores.
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 5 de octubre de 2018[153]. En dicho escrito se reiteran las
explicaciones y las solicitudes descritas en líneas anteriores.
- Fotocopia del formato de solicitud de grado (sin fecha) y del
recibo de pago de los derechos de grado por valor de $210.200, con sello
bancario de pagado[154].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos del 14 de septiembre de 2018[155].
Ángela
María Castro Castro
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035713771)[156].
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035825271). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[157]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001503052). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[158].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Ángela María Castro Castro, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[159].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
14 de septiembre de 2018, dirigido por Aida Mildred Chacón Banbague al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[160].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[161]. El requerimiento fue enviado a
cada uno de los estudiantes en el mismo sentido en que fue descrito en líneas
anteriores.
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 28 de septiembre de
2018[162]. En dicho escrito se reiteran las
explicaciones y las solicitudes descritas en líneas anteriores.
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018, en donde le reitera la
solicitud de 1) allegar copia del reconocimiento como víctima y su respectivo
radicado ante la sede territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, y 2)
arrimar constancia y/o certificación de su calidad de estudiante activo del
programa de posgrado de la ESAP para el período 2017-1. Adicionalmente, se
precisó que “los documentos que se le han solicitado NO reposan en la
[ESAP], y es por ello que, resulta necesario que los allegue a la mayor
brevedad posible, a fin de atender su pedimento”[163].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 5 de octubre de 2018[164]. En dicho escrito se reiteran las
explicaciones y las solicitudes descritas en líneas anteriores.
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en la entidad en esa misma fecha, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante. En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que
está pendiente de pago por valor de $9.113.800[165]. La misma respuesta fue enviada a
cada uno de los estudiantes, pero precisando las particularidades económicas
correspondientes a cada caso.
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[166].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos del 14 de septiembre de 2018[167].
Carlos
Mauricio Cuarán Medicis
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035713201)[168]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035825591). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[169]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Carlos Mauricio Cuarán Médicis, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[170].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Carlos Mauricio Cuarán Médicis al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[171].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de septiembre
de 2018[172].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 28 de septiembre de
2018[173].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por el estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 8 de octubre de 2018[174].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018, en donde le reitera la
solicitud de 1) allegar copia del reconocimiento como víctima y su respectivo
radicado ante la sede territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, y 2)
arrimar constancia y/o certificación de su calidad de estudiante activo del
programa de posgrado de la ESAP para el período 2017-1. Adicionalmente, se
precisó que “los documentos que se le han solicitado NO reposan en la
[ESAP], y es por ello que, resulta necesario que los allegue a la mayor
brevedad posible, a fin de atender su pedimento”[175].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido en la entidad el 14 del mismo mes y año, dirigido por la
directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza
Losada, al estudiante. En dicha oportunidad, se insiste en la obligación
financiera que está pendiente de pago por valor de $9.113.800[176].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 22 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[177].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas del semestre 1 de la
especialización en derechos humanos, del 19 de septiembre de 2018[178].
Claudia
Marcela Villacorte López
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Claudia Marcela Villacorte López, fechado el 17 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vio reflejado el pago del período 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $4.687.500. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[179].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
S/N de fecha 17 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con
fecha del 25 de septiembre de 2018, dirigido por Claudia Marcela Villacorte
López al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a
la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador
académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan
todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la
precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[180].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 28 de
septiembre de 2018[181].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 28 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 17 de octubre de
2018[182].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 5 de
septiembre de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por
valor de $210.200, con sello bancario de pagado[183].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 19 de octubre de 2018[184].
- Fotocopia de la solicitud de reintegro al segundo semestre de
la especialización en derechos humanos en el CETAP Mocoa y solicitud de
exoneración de pago de matrícula, fechada el 27 de noviembre de 2017. En la
comunicación no se especifica el período en que se cursó el primer semestre
del programa académico[185].
Claudia
Yaneth Loaiza Valencia
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035713841)[186]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826471). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[187]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001507052). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[188].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Claudia Yaneth Loaiza Valencia, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[189].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
14 de septiembre de 2018, dirigido por Claudia Yaneth Loaiza Valencia al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[190]. En dicha oportunidad se anexan en CD los mensajes
de voz vía WhatsApp emitidos por Alex Fernando Osorio y Martha
Cecilia Piza Losada, que dan cuenta de la exoneración del pago de matrícula
financiera descrita por los accionantes[191].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[192].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[193].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[194].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[195].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $9.113.800[196].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[197].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 19 de octubre de 2018[198].
Diana Marcela
Gómez Silva
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.319.800,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035796721)[199]. Fecha de expedición 17 de julio
de 2017. En el documento se especifican dos descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600) y, otro, por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826471). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[200]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001498952). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[201].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Diana Marcela Gómez Silva, fechado el 12 de septiembre de 2018, en
el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con anterioridad
a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en derechos
humanos en el CETAP Mocoa[202].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
17 de septiembre de 2018, dirigido por Diana Marcela Gómez Silva al director
nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico Huila,
Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera algunas de las peticiones arriba referidas, con la
precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[203].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[204].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[205].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[206].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[207].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 17 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $6.835.350[208].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 16 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[209].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 31 de agosto de 2018[210].
- Fotocopia del recibo de pago por concepto de “inscripción para
nuevos” en el programa de especialización en derechos humanos, período
2017-2, por valor de $79.673,00, expedido el 10 de mayo de 2017. Aparece
constancia de pago del 11 de mayo de 2017. Adicionalmente, en el documento se
indica la categoría de “ASPIRANTE” (mayúsculas originales) de Diana Marcela
Gómez Silva[211].
Gail
Lizeth Riascos Palacios
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.319.800,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035729271)[212]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifican dos descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600) y, otro, por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035827421). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[213]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001511152). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[214].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Gail Lizeth Riascos Palacios, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[215].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Gail Lizeth Riascos Palacios al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[216].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[217].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[218].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[219].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 11 de octubre de 2018[220].
- Fotocopia del oficio fechado el 11 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante. En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que
está pendiente de pago por valor de $6.835.350[221].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[222].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 31 de agosto de 2018[223].
Gloria
Eliana Morán Paucar
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826611). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[224]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001513352). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[225].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Gloria Eliana Morán Paucar, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.983.670) y 2018-1 ($4.218.750), para un total pendiente de pago de
$8.202.420. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[226].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Gloria Eliana Morán Paucar a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila y al director nacional (E) de la ESAP, Giovany
Javier Chamorro Ruales. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas[227].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[228].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 28 de septiembre de
2018[229].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[230].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a su oficio
S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 5 de octubre de 2018[231].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición”, dirigido por la
directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza
Losada, a la estudiante. En dicha oportunidad, se indica que la estudiante
registra un valor pendiente de pago de $8.202.420 por concepto de matrículas
de los períodos 2017-2 y 2018-1[232].
- Fotocopia del recibo de pago por concepto de “inscripción para
nuevos” en el programa de especialización en derechos humanos, período
2017-2, por valor de $79.673,00, expedido el 15 de mayo de 2017. Aparece
constancia de pago del 22 de mayo de 2017. En el documento aparece la
categoría de “ASPIRANTE” (mayúsculas originales) de Gloria Eliana Morán
Paucar[233].
Ivanna
Janethe Obando Sinisterra
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.319.800,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035728851)[234]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifican dos descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600) y, otro, por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826791). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[235]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001521952). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[236].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Ivanna Janethe Obando Sinisterra, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[237].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 […] y derecho de petición”, con fecha
del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Ivanna Janethe Obando Sinisterra a
la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila y al director nacional (E) de la ESAP, Giovany
Javier Chamorro Ruales. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[238].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[239].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[240].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[241].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[242].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición”, dirigido por la
directora territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza
Losada, a la estudiante. En dicha oportunidad, se indica que la estudiante
registra un valor pendiente de pago de $3.319.725 por concepto de matrícula
2017-2. Adicionalmente, se precisa que en el período 2018-1 tiene un
descuento del 100% de la matrícula[243].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 16 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[244].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del certificado de haber ingresado al programa de
especialización en derechos humanos en el CETAP Mocoa en el período 2017-2,
cursando y aprobando 24 créditos correspondientes al plan de estudios, con
fecha de expedición del 1 de octubre de 2018[245].
- Fotocopia del recibo de pago por concepto de “inscripción para
nuevos” en el programa de especialización en derechos humanos, período
2017-2, por valor de $79.673,00, expedido el 11 de mayo de 2017. Aparece
constancia de pago del 11 de mayo de 2017. En el documento aparece la
categoría de “ASPIRANTE” (mayúsculas originales) de Ivanna Janethe Obando
Sinisterra[246].
Jaslly
Daihan Cardona Gutiérrez
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035825101). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[247]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001519552). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[248].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[249].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 […] y derecho de petición”, con fecha
del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[250].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[251].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[252].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[253].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 5 de octubre de 2018[254].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $9.113.800[255].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 31 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[256].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado; del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 22 de octubre de 2018; y del
certificado de haber ingresado al programa de especialización en derechos
humanos en el CETAP Mocoa en el período 2017-2, cursando y aprobando 24
créditos correspondientes al plan de estudios, con fecha de expedición del 24
de septiembre de 2018[257].
Jineth del
Carmen Villota Daza
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.983.700,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
0000357293411)[258]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifica un descuento por concepto de
certificado electoral ($442.600).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035827811). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[259]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001500652). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[260].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Jineth del Carmen Villota Daza, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($3.983.670) y 2018-1 ($4.218.750), para un total pendiente de pago de
$8.202.420. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[261].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Jineth del Carmen Villota Daza al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[262].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[263].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[264].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[265].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[266].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante. En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que
está pendiente de pago por valor de $8.202.420[267].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[268].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 14 de septiembre de 2018[269].
- Fotocopia del certificado expedido por el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD– del municipio de Mocoa, el 12 de
septiembre de 2018, en el que se indica que “una vez revisada la base de
datos del Registro Único de Damnificados - RUD, del municipio de Mocoa -
Departamento de Putumayo, para el evento (Avenida torrencial), ocurrido el
31/03/2017, la señora JINETH DEL CARMEN VILLOTA DAZA, se encuentra registrada
bajo el formulario  No. 5156 […]” (mayúsculas originales)[270].
Juan Pablo
Ramírez Zambrano
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001541152). Fecha de expedición 25 de enero de 2018[271].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Juan Pablo
Ramírez Zambrano, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($4.426.300) y 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $9.113.800. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[272].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 notificado vía e-mail y derecho de petición”,
con fecha del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Juan Pablo Ramírez
Zambrano al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales,
a la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador
académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan
todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas[273].
Luz
Viviana Alegría Cuellar
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.319.800,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035728071)[274]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifican dos descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600) y, otro, por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035824601). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[275]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001496852). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[276].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Luz Viviana Alegría Cuellar, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[277].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Luz Viviana Alegría Cuellar al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[278].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[279].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[280].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[281].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[282].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante. En dicha oportunidad, se indica que la estudiante registra un
valor pendiente de pago de $6.835.350[283].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[284].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 20 de agosto de 2018[285].
María
Camila Arcos Bermeo
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035728141)[286]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035824781). Al final
del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de esta
liquidación es de cero pesos ($0,00)”[287].
Fecha de expedición 19 de julio de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001502452). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[288].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante María Camila Arcos Bermeo, fechado el 12 de septiembre de 2018, en
el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[289].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 notificado vía e-mail y derecho de petición”,
con fecha del 14 de septiembre de 2018, dirigido por María Camila Arcos
Bermeo al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a
la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador
académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan
todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la
precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[290].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[291].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[292].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[293].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[294].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $9.113.800[295].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 17 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[296].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 19 de octubre de 2018[297].
María
Sonia Zambrano Pérez
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $1.106.600,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035710491)[298]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifican tres descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600), otro, por concepto de egresados ($663.900), y, el
último, por “descuento Ley 1551 de 2012 posgrado” ($2.213.200).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 0000355827991). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[299]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001510152). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[300].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante María Sonia Zambrano Pérez, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($1.106.600) y 2018-1 ($1.171.875), para un total pendiente de pago de
$2.278.475. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[301].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por María Sonia Zambrano Pérez al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas[302].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[303].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[304].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[305].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[306].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con asunto
“Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre de 2018,
recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $2.278.475[307].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 16 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[308].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 20 de agosto de 2018[309].
Milady
Idalia Liñán Chávez
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar luego de los descuentos de $3.319.800,00, con
fecha límite de pago ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago
000035728601)[310]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017. En el documento se especifican dos descuentos, uno, por certificado
electoral ($442.600) y, otro, por concepto de egresados ($663.900).
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826301). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[311]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001502552). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[312].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Milady Idalia Liñán Chávez, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($3.319.725) y 2018-1 ($3.515.625), para un total pendiente de pago de
$6.835.350. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[313].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Milady Idalia Liñán Chávez al director
nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico Huila,
Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[314].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[315].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[316].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[317].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[318].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $6.835.350[319].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[320].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la especialización
en derechos humanos, del 17 de agosto de 2018[321].
Roberth
Milley Imbachi Rodríguez
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035728531)[322]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826221). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[323]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001501752). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[324].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Roberth Milley Imbachi Rodríguez, fechado el 12 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos
2017-2 ($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[325].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 notificado vía e-mail y derecho de petición”,
con fecha del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Roberth Milley Imbachi
Rodríguez al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro
Ruales, a la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al
coordinador académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que
realizan todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con
la precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[326].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[327].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[328].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[329].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por el estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[330].
- Fotocopia del oficio fechado el 10 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial Huila,
Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante. En dicha
oportunidad, se indica que hay una obligación financiera que está pendiente
de pago por valor de $4.426.300, por concepto de la matrícula del período
2017-2, debido a que se hizo merecedor de la matrícula de honor que lo
exoneró del pago del período académico 2018-1[331].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 16 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[332].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del certificado de haber ingresado al programa de
especialización en derechos humanos en el CETAP Mocoa en el período 2017-2,
cursando y aprobando 24 créditos correspondientes al plan de estudios, con
fecha de expedición del 24 de septiembre de 2018[333].
Sandra
Marcela Pantoja López
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035729101)[334]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826931). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[335]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001516552). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[336].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Sandra Marcela Pantoja López, fechado el 12 de septiembre de 2018,
en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[337].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 notificado vía e-mail y derecho de petición”,
con fecha del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Sandra Marcela Pantoja
López al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a
la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador
académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan
todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la
precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[338].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[339].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[340].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[341].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[342].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $9.113.800[343].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 17 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[344].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 31 de agosto de 2018[345].
Sandra
Yaneth Guerra Toro
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035728461)[346]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035825981). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[347]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001504852). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[348].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Sandra Yaneth Guerra Toro, fechado el 12 de septiembre de 2018, en
el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP
encontraron que no se vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2
($4.426.300) y 2018-1 ($4.687.500), para un total pendiente de pago de
$9.113.800. La comunicación reitera las solicitudes descritas con
anterioridad a cada uno de los estudiantes que cursaron la especialización en
derechos humanos en el CETAP Mocoa[349].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018 notificado vía e-mail y derecho de petición”,
con fecha del 14 de septiembre de 2018, dirigido por Sandra Yaneth Guerra
Toro al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a
la directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador
académico Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan
todos los estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la
precisión de que para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum
académico[350].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[351].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[352].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[353].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[354].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido en esa misma fecha, dirigido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante.
En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que está
pendiente de pago por valor de $9.113.800[355].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[356].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 31 de agosto de 2018[357].
Sandro
Daniel Alvarado Rodríguez
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2016-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $3.723.000,00 luego del descuento (referencia
de pago 000031187991)[358]. Aparece un descuento por
certificado electoral ($413.700). Fecha de expedición 6 de julio de 2016.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001742652). Fecha de expedición 26 de enero de 2018[359].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, fechado el 13 de septiembre de
2018, en el que se le informa que una vez analizadas las bases de datos de la
ESAP se encontró que no se vio reflejado el pago para el  período 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $4.687.500. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[360].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 13 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Sandro Daniel Alvarado Rodríguez al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[361].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[362].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[363].
- Fotocopia del oficio fechado el 16 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 17 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante. En dicha oportunidad, se indica que hay una obligación financiera
que está pendiente de pago por valor de $4.687.500, por concepto de la
matrícula del período 2018-1[364]. Además, se agrega: “[…] es
necesario recordarle que Usted NO es estudiante perteneciente a la Cohorte
2017-2, pues Usted mismo afirma haber dado inicio en el período 2016-2 y
cursar su segundo semestre en el período 2018-1”[365].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 17 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200, con sello bancario de pagado[366].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado; del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 20 de octubre de 2018; y del
certificado de haber ingresado al programa de especialización en derechos
humanos en el CETAP Mocoa en el período 2016-2, cursando y aprobando 12
créditos correspondientes al plan de estudios, con fecha de expedición del 18
de abril de 2018[367].
- Fotocopia del certificado expedido por el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD– del municipio de Mocoa, el 11 de
enero de 2018, en el que se indica que “una vez revisada la base de datos
del Registro Único de Damnificados - RUD, del municipio de Mocoa -
Departamento de Putumayo, para el evento (Avenida torrencial), ocurrido el
31/03/2017, el señor SANDRO DANIEL ALVARADO RODRÍGUEZ, se encuentra
registrado bajo el formulario  No. 9137 […]” (mayúsculas originales)[368].
Segundo
Andrés Coral Herrera
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035728391)[369]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
00000159252). Fecha de expedición 25 de enero de 2018[370].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Segundo Andrés
Coral Herrera, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($4.426.300) y 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $9.113.800. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[371].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Segundo Andrés Coral Herrera al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas[372].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[373].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[374].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[375].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por el estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: requerimiento”,
fechado el 16 de octubre de 2018[376].
- Fotocopia del oficio fechado el 18 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido el 17 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante. En dicha oportunidad, se indica que hay una obligación financiera
que está pendiente de pago por valor de $9.113.800, por concepto de las matrículas
de los períodos 2017-2 y 2018-1[377].
- Fotocopia del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 22 de octubre de 2018[378].
Víctor
Favián Ordóñez Vallejo
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035826861). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[379]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001498352). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[380].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Víctor Favián Ordóñez
Vallejo, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($3.319.725) y 2018-1
($3.515.625), para un total pendiente de pago de $6.835.350. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[381].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
15 de septiembre de 2018, dirigido por Víctor Favián Ordóñez Vallejo al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[382].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[383].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 27 de septiembre de
2018[384].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[385].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por el estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[386].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 15 de septiembre
de 2018, recibido ese mismo día, dirigido por la directora territorial Huila,
Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante. En dicha
oportunidad, se indica que hay una obligación financiera que está pendiente
de pago por valor de $6.835.350, por concepto de las matrículas de los
períodos 2017-2 y 2018-1[387].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado con fecha del 27
de agosto de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por
valor de $210.200, con recibo de pago bancario[388].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 19 de octubre de 2018[389].
Wilson
Albeiro Romo Guerrero
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $4.426.300,00, con fecha límite de pago
ordinario del 18 de julio de 2017 (referencia de pago 000035726131)[390]. Fecha de expedición 14 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035827671). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[391]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001517952). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[392].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, al
estudiante Wilson Albeiro
Romo Guerrero, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($4.426.300) y 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $9.113.800. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[393].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
14 de septiembre de 2018, dirigido por Wilson Albeiro Romo Guerrero al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[394].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido al estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[395].
- Fotocopia de la respuesta dada por el estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[396].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[397].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por el estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[398].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 14 de septiembre
de 2018, recibido ese mismo día, dirigido por la directora territorial Huila,
Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, al estudiante. En dicha
oportunidad, se indica que hay una obligación financiera que está pendiente
de pago por valor de $9.113.800, por concepto de las matrículas de los
períodos 2017-2 y 2018-1[399].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado (sin fecha) y
copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de $210.200, con
sello bancario de pagado[400].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 14 de septiembre de 2018[401].
- Fotocopia del certificado expedido por el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD– del municipio de Mocoa, el 26 de mayo
de 2017, en el que se indica que “una vez revisada la base de datos del
Registro Único de Damnificados - RUD, del municipio de Mocoa - Departamento
de Putumayo, para el evento (Avenida torrencial), ocurrido el 31/03/2017”,
el núcleo familiar del señor Wilson Albeiro Romo Guerrero (jefe o cabeza de
hogar) “se encuentra registrado bajo el formulario  No. 3485”[402].
Yuley
Nayibe Rodríguez Tobón
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $0,00 (pago ordinario) por concepto de
“exoneración Mocoa” de la suma de $4.687.500 (referencia de pago
000001522452). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[403].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Yuley Nayibe
Rodríguez Tobón, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($4.426.300) y 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $9.113.800. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[404].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Yuley Nayibe Rodríguez Tobón al
director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[405].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[406].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 26 de septiembre de
2018[407].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[408].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 3 de octubre de 2018 con asunto: segundo requerimiento”,
fechado el 4 de octubre de 2018[409].
- Fotocopia del oficio fechado el 9 de octubre de 2018, con
asunto “Respuesta de fondo derecho de petición” del 13 de septiembre
de 2018, recibido el 14 del mismo mes y año, dirigido por la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante. En dicha oportunidad, se insiste en la obligación financiera que
está pendiente de pago por valor de $9.113.800[410].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 21 de agosto
de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por valor de
$210.200[411].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 17 de octubre de 2018[412].
Yury
Vanessa Quiroz Castrillón
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2016-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $3.723.000,00 luego del descuento (referencia
de pago 000031191041)[413]. Aparece un descuento por
certificado electoral ($413.700). Fecha de expedición 6 de julio de 2016.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2017-2, semestre I,
por un valor total a pagar de $0,00 por concepto de “descuento exoneración
Mocoa” de la suma de $4.426.300 (referencia de pago 000035827001). Al
final del documento aparece una nota que indica: “No pagar! El valor de
esta liquidación es de cero pesos ($0,00)”[414]. Fecha de expedición 19 de julio
de 2017.
- Copia del recibo de pago de los derechos de matrícula de la
especialización en derechos humanos de la ESAP, período 2018-1, semestre II,
por un valor total a pagar de $4.687.500,00 (pago ordinario) (referencia de
pago 000001527952). Fecha de expedición 24 de enero de 2018[415].
- Fotocopia del oficio remitido por la directora territorial
Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, a la
estudiante Yury Vanessa
Quiroz Castrillón, fechado el 12 de septiembre de 2018, en el que se le informa
que una vez analizadas las bases de datos de la ESAP encontraron que no se
vieron reflejados los pagos para los períodos 2017-2 ($4.426.300) y 2018-1
($4.687.500), para un total pendiente de pago de $9.113.800. La comunicación
reitera las solicitudes descritas con anterioridad a cada uno de los
estudiantes que cursaron la especialización en derechos humanos en el CETAP
Mocoa[416].
- Fotocopia de la comunicación con asunto “Respuesta a oficio
de fecha 12 de septiembre de 2018, y derecho de petición”, con fecha del
13 de septiembre de 2018, dirigido por Yury Vanessa Quiroz Castrillón
al director nacional (E) de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, y al coordinador académico
Huila, Samuel Vásquez Ávila. En dicha comunicación, que realizan todos los
estudiantes, reitera las peticiones arriba referidas, con la precisión de que
para la fecha no tiene pendiente ninguna materia del pénsum académico[417].
- Fotocopia
de la respuesta a la anterior comunicación con asunto “Requerimiento”,
dirigido a la estudiante por la directora territorial Huila, Caquetá y bajo
Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza Losada, con fecha del 24 de
septiembre de 2018[418].
- Fotocopia de la respuesta dada por la estudiante a la anterior
solicitud, con asunto “Respuesta a su oficio S/N de fecha 24 de septiembre
de 2018 con el asunto: requerimiento”, con fecha del 28 de septiembre de
2018[419].
- Fotocopia de la comunicación enviada por la directora
territorial Martha Cecilia Piza Losada, a la estudiante, con asunto “Segundo
requerimiento”, fechado el 3 de octubre de 2018. Se reiteran los puntos
descritos en líneas anteriores[420].
- Fotocopia de la comunicación dirigida por la estudiante a la
directora territorial Martha Cecilia Piza Losada, con asunto: “Respuesta a
su oficio S/N de fecha 11 (sic) de octubre de 2018 con asunto: segundo
requerimiento”, fechado el 18 de octubre de 2018[421].
- Fotocopia del formato de solicitud de grado del 3 de
septiembre de 2018 y copia del recibo de pago de los derechos de grado por
valor de $210.200, con sello bancario de pagado[422].
- Fotocopia del concepto de trabajo de grado de posgrado con
nota de aprobado y del histórico de notas de los semestres 1 y 2 de la
especialización en derechos humanos, del 4 de septiembre de 2018[423].
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-580/19
PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA Y LA BUENA FE EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR-Se debió declarar
improcedencia de la acción de tutela respecto al desconocimiento del principio
de confianza legítima y el derecho al debido proceso administrativo (Salvamento
de voto)
Referencia: Expediente T-7.206.659
Acción de tutela presentada por Aida
Mildred Chacón Banbague y otros, contra la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP)
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento la razón que me conduce a salvar
el voto en la Sentencia T-580 de 2019, adoptada por la mayoría de la
Sala Quinta de Revisión, en sesión del 2 de diciembre de ese mismo año.
1. Al respecto, manifiesto que si bien estoy de
acuerdo con que en este caso se ampare el derecho fundamental a la educación de
los accionantes, pues la Escuela Superior de Administración Pública (en
adelante ESAP) no podía condicionar su
graduación al pago de las matrículas académicas, estimo que
la providencia no debió tutelar el derecho al debido proceso administrativo ni
advertir quebrantado el principio de confianza legítima, pues ello desconoce
los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, en particular, el
presupuesto de subsidiariedad. Para sustentar esta conclusión, expreso los
siguientes argumentos:
2. La Sentencia T-580 de 2019 estudió el caso
de 26 estudiantes que presentaron
acción de tutela en contra de la ESAP, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la educación,
debido proceso administrativo y al principio de confianza legítima, al
estimarlos vulnerados en razón de la decisión de la ESAP de exigirles el pago total de la matrícula de la
especialización en derechos humanos cursada en el centro
territorial de Mocoa en los períodos 2017-2 y 2018-1, como requisito previo
para la obtención del título de especialistas. Lo anterior, bajo el argumento de que no cumplieron con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 005 del 9 de mayo de 2017,
expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, para obtener
el beneficio de exoneración de la matrícula financiera, esto es: (i)
encontrarse activos en programas de posgrado en la modalidad a distancia y (ii)
demostrar que fueron afectados familiar y económicamente por el desastre
natural que ocurrió en Mocoa durante el 31 de marzo y 1º de abril de 2017.
Al respecto, es importante recordar
que, debido a un error de la oficina
administrativa de la ESAP y sin que se acreditaran los requisitos señalados en
el Acuerdo 005 de 2017, se
expidieron los recibos de matrícula para el primer semestre de la especialización
(2017-2) por un valor total de cero pesos. Posteriormente, ocurrió lo
mismo con los recibos de matrícula del segundo semestre, aun cuando la
exoneración solo se previó para el primer semestre.
Con base en lo anterior, la providencia de la que me
aparto plantea el siguiente problema jurídico:
¿Vulneró la Escuela Superior de Administración Pública
–ESAP– los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la
confianza legítima de los accionantes, como consecuencia de su decisión de supeditar
la ceremonia de graduación de la especialización en derechos humanos cursada en
el CETAP Mocoa en los períodos 2017-2 y 2018-1, al pago total de la matrícula
financiera causada en esos períodos, bajo el argumento de que no eran
destinatarios de la exoneración de dicho pago, de conformidad con el Acuerdo
No. 005 del 9 de mayo de 2017, a pesar de que la propia institución expidió los
recibos con un valor a pagar de cero pesos ($0), los matriculó en el programa y
les permitió cursar y aprobar las materias previstas en el plan de estudios,
sin hacerles requerimiento alguno durante el tiempo en que adelantaron los
estudios?
Al verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, la sentencia en comento afirma
que el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho, porque el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo ineficaz para obtener de forma expedita la
pretensión orientada a la obtención del título de especialistas en derechos
humanos.
De otro lado, la providencia precisa que “en relación con la procedencia de la
acción de tutela para reclamar adicionalmente la posible vulneración del debido
proceso administrativo y el principio de confianza legítima, entiende la Sala
que es el medio idóneo y eficaz como quiera que su análisis está atado al
argumento de desconocimiento del derecho fundamental a la educación”[424].
Al resolver el caso concreto, la sentencia concluye que aun cuando los estudiantes
lograron graduarse en razón de una medida provisional decretada por el juez de
tutela de primera instancia, se vulneraron sus derechos a la educación, al
debido proceso administrativo y al principio de confianza legítima, pues la
conducta de la ESAP generó una
expectativa en los accionantes, en el sentido de que fueron beneficiados con la
exoneración de las matrículas financieras de la especialización en derechos
humanos de los períodos 2017-2 y 2018-1.
3. Como lo sostuve al
inicio de este escrito, si bien comparto que en el presente asunto
se tutelara el derecho fundamental a la educación de los accionantes, no estoy
de acuerdo con el análisis
elaborado en torno a la  procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo
subsidiario, en virtud del cual se llegó a la conclusión de que en el caso
concreto,  la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es idónea y
eficaz ante el reclamo del derecho fundamental al debido proceso administrativo
y al principio de confianza legítima, presuntamente vulnerados a los
estudiantes.
4. Específicamente, respecto de la acción de tutela
contra actos administrativos de carácter particular y concreto, la Corte ha
indicado que la
excepcionalidad del recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto
no es el mecanismo idóneo para atacarlos, pues por su propia naturaleza se
encuentran amparados por el principio de legalidad, en tanto se parte del
presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un
acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se
encuentra subordinada[425].
En este sentido, la Corte ha determinado que la acción
de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición
de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable[426].
De conformidad con lo anterior, la persona que
solicita el amparo deberá demostrar: (i) que se
está ante un perjuicio inminente o próximo a suceder,
(ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la
afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente
significativo para la persona, (iii) se requieran de medidas urgentes para
superar el daño, y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables,
lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia,
que eviten la consumación del daño irreparable.[427]
5. No obstante lo anterior, en este caso los estudiantes no
alegaron la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el
amparo para garantizar su derecho fundamental al debido proceso administrativo
y al principio de confianza legítima y, en todo caso, la sentencia de la que me
aparto tampoco constató la posible configuración del mismo. En esa medida,
estimo que el escenario idóneo para debatir la legalidad del acto
administrativo que ordenó a cada estudiante la cancelación de la totalidad de los valores de los semestres
es la jurisdicción contencioso administrativa.
Precisamente, en
el escenario de dicha jurisdicción es donde debe debatirse si la exigencia del
pago de las matrículas desconoció el principio de confianza legítima, o si por
el contrario este no fue desatendido, en tanto los estudiantes conocían de antemano los requisitos que el
Acuerdo 005 de 2017 estipulaba para hacerse acreedores de la exoneración de la
matrícula, y más bien fueron ellos quienes se aprovecharon de la equivocación
de la administración.
6.Ahora bien, el fundamento expuesto en la sentencia
en comento, según el cual la acción de tutela es el medio para garantizar el
derecho al debido proceso administrativo y el principio de confianza legítima “como
quiera que su análisis está atado al argumento de desconocimiento del derecho
fundamental a la educación”[428],
no le resta eficacia e idoneidad al mecanismo ordinario de defensa, en
tanto la valoración del desconocimiento del derecho a la educación se
circunscribió a la prevalencia que prima facie tiene esta
prerrogativa sobre el pago de las prestaciones económicas por el servicio
educativo y no a consideraciones relacionadas con el error involuntario en el
que incurrió la administración de la ESAP al expedir los recibos de matrícula
en cero pesos.
7. En esa medida, se observa que la providencia de la
que me aparto para analizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
asume los preceptos de educación, debido proceso y confianza legítima como un
todo inescindible, cuando no es así. Por ello, de cara a cada una de las
pretensiones de los accionantes, la sentencia debió efectuar el análisis de
subsidiariedad de forma separada, con el fin de determinar si más allá de
resultar procedente el amparo para obtener el título de especialistas, la
acción de tutela era el mecanismo idóneo y eficaz para “exonerar a los
demandantes del pago total de la matrícula financiera; cesar cualquier cobro
coactivo que se hubiera iniciado en su contra”[429]. En mi opinión, es
claro que es diferente solicitar la protección del derecho a la educación para
obtener el grado académico, que pedir la exoneración del pago de las
matrículas, mediante la protección del debido proceso o la confianza legítima.
8. Asimismo, considero que en el presente caso se
evidencia la existencia de una pretensión económica -no pago de matrícula-,
respecto de la cual no se allega material probatorio alguno que permita inferir
razonablemente la inminente afectación de alguna garantía fundamental. Con
todo, estimo que los eventuales menoscabos económicos que podría generar el
pago de la matrícula de los dos semestres no constituyen, en sí mismos, un perjuicio irremediable
que tornen procedente la acción de tutela, pues es claro que se trata de un
detrimento económico que puede ser prevenido con el decreto de una medida cautelar,
mediante la acción judicial correspondiente ante la jurisdicción contencioso
administrativa, con mayor razón si esta Corporación ha sido enfática en
sostener que la tutela no procede para debatir controversias de puro contenido
económico.
9. A su vez, la sentencia no analiza
si la situación particular de los tutelantes pueda llevar a considerar que se
trata de personas en situación de vulnerabilidad y tampoco demuestra que,
de presentarse dicha condición, la misma les impida acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para cuestionar legalidad del acto
administrativo que les exigió el pago de las matrículas. Así reitero que en el
presente caso no se está en presencia de
un supuesto de perjuicio irremediable y, por ende, estimo relevante señalar que
la acción de tutela no puede sustituir los medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues quienes la integran tienen
la competencia para resolver con una visión constitucional los  conflictos
jurídicos puestos a su conocimiento.
10. En tal
sentido, lo que resultaba pertinente, a mi juicio, era declarar la improcedencia de la acción de tutela
respecto del desconocimiento del principio de confianza legítima y del derecho
al debido proceso administrativo, pues en vista de que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable, en tanto que el título académico ya se
había ordenado expedir, el debate relacionado con la exoneración del pago de
los semestres debe definirse en la jurisdicción contencioso administrativa, por
tratarse de una controversia exclusivamente económica.
En estos términos quedan expuestas
las razones que me llevaron a salvar el voto con respecto a algunas de las
consideraciones y decisiones adoptadas en la Sentencia T-580 de 2019.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folios 2 al 26 del cuaderno de revisión.
[2] La demanda obra a folios 1 al 29 del cuaderno uno.
[3] El auto obra a folios 369 al 373 del cuaderno dos. El resolutivo
quinto del auto establece: “ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA - ESAP, que en el término improrrogable de dos (2) días, incluya a los
accionantes que a la fecha hayan cumplido con todas las formalidades y el lleno
de los requisitos académicos y pecuniarios en relación a encontrarse a paz y
salvo con la cancelación de los derechos de grado para la obtención del título de
Especialistas en Derechos Humanos, en el listado de graduados de la Ceremonia
de Grados que se llevará a cabo en la ciudad de Mocoa el día 26 de octubre de
2018” (folio 373 ibíd.).
[4] Doctora Martha Cecilia Piza Losada.
[5] El escrito y sus anexos obran a folios 381 al 420 del cuaderno dos.
[6] Folio 422 del cuaderno dos.
[7] Por conducto del asesor del despacho y coordinador del Grupo de
Defensa Judicial de la entidad, Camilo Escovar Plata.
[8] Folios 425 al 426 del cuaderno dos.
[9] Conforme con el artículo 69 de la Constitución Política y los
artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
[10] El escrito de respuesta y sus anexos obran a folios 427 al 513 del
cuaderno dos.
[11] De acuerdo con la directiva presidencial que se estableció con la
expedición del Decreto 601 del 6 de abril de 2017.
[12] Folio 431 del cuaderno dos.
[13] A folios 489 al 510 del cuaderno dos obra el Acuerdo No. 002 del 23
de enero de 2008.
[14] Folio 490 del cuaderno dos.
[15] Folio 492 del cuaderno dos.
[16] El certificado obra a folio 513 del cuaderno dos.
[17] Doctora Martha Cecilia Piza Losada.
[18] Folio 514 del cuaderno dos.
[19] A folios 516 al 518 aparece el acta de grado referida, firmada por
la secretaria general (e) de la ESAP, Betty Constanza Lizarazo Araque.
[20] Folio 517 del cuaderno uno.
[21] Doctor Luis
Gustavo Fierro Maya.
[22] El escrito y
sus anexos obran a folios 519 al 524 del cuaderno dos.
[23] El fallo obra a folios 1 al 10 del cuaderno de impugnación.
[24] Folio 8 del cuaderno de impugnación.
[25] Folio 8, reverso, del cuaderno de impugnación.
[26] Se precisa que Delia Gilón Dorado no aparece como accionante en la
presente solicitud de amparo constitucional.
[27] Martha Cecilia Piza Losada. La resolución de nombramiento obra a
folios 53 al 56 del cuaderno de impugnación y el acta de posesión a folio 58 ibíd.
[28] El escrito obra a folios 12 al 44 del cuaderno de impugnación.
[29] Folio 20 del cuaderno de impugnación.
[30] El fallo obra a folios 71 al 78 del cuaderno de impugnación.
[31] La Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral estuvo conformada por
los magistrados Sandra Lucía Ojeda Insuasty, Álvaro Montenegro Calvachy y
Beatriz Isabel Melodelgado Pabón. Los dos primeros presentaron aclaración de
voto.
[32] Folio 77 del cuaderno de impugnación. El magistrado Álvaro
Montenegro Calvachy compartió la decisión de la Sala, pero aclaró su voto en el
siguiente sentido: “[…] si bien no se trata de dirimir un conflicto de carácter
económico entre las partes, también lo es que debió de aclararse que habida
cuenta que los actores no acreditaron la afectación de los derechos
fundamentales que invocaron, tendrán que cancelar los valores económicos que
por la exoneración del pago de matrícula financiera por el período académico
correspondiente no hicieron; toda vez que se trata de recursos económicos que
requiere la entidad accionada los cuales al ingresar a su presupuesto, se
constituyen en recursos públicos que inciden en la misión educativa de carácter
universitario que ejerce la ESAP, razón por la cual la institución deberá
adelantar los trámites administrativos y financieros pertinentes contra los
actores para la recuperación de los montos económicos a que haya lugar” (folio
79 del cuaderno de impugnación). Por su parte, la magistrada Sandra Lucía Ojeda
Insuasty aclaró que una vez graduados los estudiantes, “la controversia ya no
gira sobre derechos fundamentales, sino sobre sumas de dinero, para lo cual
existen otros mecanismos para ventilar este tipo de conflictos” (folio 87 ibíd.).
[33] Folios 30 al 32 del cuaderno de revisión.
[34] Folio 29 del cuaderno de revisión.
[35] Doctor Nelson Darío Rincón García.
[36] Folios 40 al 44 del cuaderno de revisión.
[37] Folio 41 del cuaderno de revisión.
[38] Ver copia del acta de grado No. 084 del 26 de octubre de 2018,
firmada por la secretaria general (e) de la ESAP, Betty Constanza Lizarazo
Araque, en el CD anexo obrante a folio 45 del cuaderno de impugnación.
[39] Folio 42 del cuaderno de revisión.
[40] Folio 43 del cuaderno de revisión.
[41] “Por el cual se expide el Reglamento General Estudiantil para los
programas curriculares de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP”
(folio 42, reverso, del cuaderno de revisión).
[42] Precisó que el artículo 11 del Acuerdo 002 de 2008 establece: “De
la matrícula. La matrícula es el acto por el cual el aspirante oficialmente
admitido adquiere la condición de estudiante y, en consecuencia, se convierte
en sujeto de los derechos y deberes establecidos en el presente Reglamento y en
el Reglamento Académico de su programa curricular” (folio 42, reverso, del
cuaderno de revisión).
[43] Folio 43, reverso, del cuaderno de revisión.
[44] Ibídem.
[45] Folio 45 del cuaderno de revisión.
[46] Folios 72 y 73 del cuaderno de revisión.
[47] Folios 74 y 75 del cuaderno de revisión.
[48] La comunicación es firmada por la directora de la territorial de
Huila, Caquetá y bajo Putumayo, Martha Cecilia Piza Losada.
[49] La comunicación es firmada por la directora de la territorial de
Huila, Caquetá y bajo Putumayo.
[50] La
comunicación es firmada por la directora de la territorial de Huila, Caquetá y
bajo Putumayo.
[51] La
comunicación es firmada por la directora de la territorial de Huila, Caquetá y
bajo Putumayo.
[52] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[53] El inciso quinto del artículo 86 de la Constitución precisa que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
[54] Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable que
pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha
establecido las siguientes características: (i) que el perjuicio sea inminente,
es decir que no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el
daño; (ii) que las medidas que se requieren para evitar la configuración del
perjuicio, sean urgentes; (iii) que el perjuicio que se cause sea grave, lo que
implica un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iv) que la
acción de tutela sea impostergable, es decir que de aplazarse, se corra el
riesgo de que esta sea ineficaz por inoportuna. Ver
Sentencias T-1316 de 2001, T-702 de 2008, T-494 de 2010, T-232 de 2013, T-527
de 2015, entre muchas otras.
[55] Corte Constitucional, Sentencias T-373 de 2015 y T-344 de 2018.
[56] Aida Mildred Chacón Banbague, Gloria Eliana Morán Paucar, Juan
Pablo Ramírez Zambrano y Segundo Andrés Coral Herrera.
[57] Según la llamó el Acuerdo No. 005 de 2017, emanado del Consejo
Directivo Nacional de la ESAP (folio 72 del cuaderno de revisión).
[58] En el expediente de tutela aparecen certificados expedidos por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD– del municipio de
Mocoa, en el que se indica que los accionantes Jineth del Carmen Villota Daza
(folio 417 del cuaderno uno), Sandro Daniel Alvarado Rodríguez y Wilson Albeiro
Romo Guerrero (folios 60 y 170 del cuaderno dos) se encuentran registrados en
la base de datos del Registro Único de Damnificados - RUD, del municipio de
Mocoa - Departamento de Putumayo, para el evento (avenida torrencial) ocurrido
el 31 de marzo de 2017.
[59] Se recuerda que los accionantes que habían cumplido con todos los
requisitos de grado lograron ser incluidos en el listado de graduandos para la
ceremonia de grado que se celebraría el 26 de octubre de 2018, gracias a la
medida provisional decretada por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa,
mediante auto del 23 de octubre de 2018.
[60] Si bien es posible que, con fundamento en el artículo 231 de la Ley
1437 de 2011, se solicite desde la demanda la medida cautelar de suspensión
provisional del acto administrativo que se pretende anular, debe dársele el
trámite contemplado en el artículo 233, que prevé que el juez o magistrado
ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordene correr traslado de la
solicitud de la medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella
en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en
forma independiente al de la contestación de la demanda. Si se observa, y dado
que la acción de tutela fue presentada el 22 de octubre de 2018, con la
finalidad de lograr la graduación el 26 del mismo mes y año, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no habría sido posible
alcanzar tal objetivo perseguido por los accionantes.
[61] En ese sentido, puede consultarse Corte Constitucional, Sentencias
T-526 de 2005, T-834 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905 de 2006,
T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007,  T-243 de 2008,
T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-887 de 2009, T-328
de 2010, T-805 de 2012, entre muchas otras.
[62] Folio 1 del cuaderno uno.
[63] Se sigue de cerca la Sentencia T-141 de 2013 en la que la Sala
Novena de Revisión reiteró la jurisprudencia de la Corporación en relación con
la autonomía universitaria, los límites constitucionales a la misma y la
confianza legítima.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-310 de 1999. Esa definición fue
completándose con el tiempo hasta ser definida como “una garantía institucional
de la que gozan los centros de educación superior, que consiste en la
posibilidad de autorregularse ideológicamente y de darse su propia organización
interna, sin injerencias indebidas del Estado o de los particulares” (Sentencia
T-929 de 2011).
[65] Corte Constitucional, Sentencia T-310 de 1999.
[66] Ibídem.
[67] Sentencia T-933 de 2005. Cita
original.
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-020 de
2010.
[69] Sentencia C-170 de 2004. Cita original.
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-929 de 2011.
[71] Artículo 29 Constitución Política.
[72] Corte Constitucional, Sentencia  C-008 de 2001.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010.
[74]  C-131 de 2004; en el mismo sentido, T-248 de 2008.
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-180A de 2010.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-1159 de 2004.
[77] Al respecto señaló: “Ahora bien, en cuanto al segundo
argumento, la Universidad no demostró que durante el trámite de inscripción, el
accionante haya contrariado el principio de la buena fe, pues dentro del
término establecido por la Universidad diligenció y presentó el formulario y
sus anexos, indicando claramente en el mismo su condición de mejor Bachiller de
colegio oficial del Municipio de Baoavita - Boyacá, con los cuales creyó haber
dado cumplimiento en debida forma a todas las exigencias de la Universidad, en
especial a la relacionada  con la de ser mejor Bachiller de Colegio Distrital
de Bogotá. Por tal razón, si el centro docente no se encontraba conforme con el
lleno de tales requisitos, ha debido adoptar las medidas necesarias e
inmediatas para [exigirlos] o para rechazar la admisión por falta de los
mismos, pero no podía anunciarle en forma tardía que los documentos presentados
eran deficientes o inexistentes, en tanto que el accionante tenía un derecho
adquirido derivado de su admisión mediante actos emanados de la propia
administración”.
[78] Corte
Constitucional, Sentencia T-933 del 2005.
[79] Ibídem.
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2009.
[81] Sostuvo que, de acuerdo con las Sentencias
T-974 de 1999, T-672 de 1998 y T-194 de 2008, “cuando la universidad convalida,
mediante sus propias actuaciones, la matrícula irregular o extemporánea del estudiante
[…], no resulta admisible que la institución anule esa decisión de forma
unilateral e intempestiva, aunque la validación de la matrícula inicial sea
incompatible con algunas normas del reglamento o estatuto estudiantil. || En
esos casos, corresponde a la Universidad asumir las consecuencias del error, en
lugar de transferirlas al estudiante, que es la parte más débil de la relación
y porque en él se ha generado una expectativa justificada de permanencia en el
ente educativo”.
[82] Corte Constitucional, Sentencia T-929 de 2011.
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-929 de
2011.
[84] Ibídem.
[85] Los tres casos en los que la Corporación
ha estudiado la posible tensión existente entre la autonomía universitaria y el
derecho a la educación, son: (i) cuando las instituciones de educación superior imponen
sanciones a los estudiantes con base en el reglamento estudiantil, que son
acusadas de injustas e irrazonables; (ii) cuando las universidades exigen
requisitos para obtener el grado o para pasar al siguiente nivel educativo, sin
que ellos estuvieran previstos en el reglamento al momento de inscribirse en el
programa, o que no eran suficientemente conocidos por los estudiantes y (iii) cuando
las instituciones de educación superior cometen errores o irregularidades de
orden administrativo, que se tornan en obstáculos para que los estudiantes
obtengan su grado o realicen otras actividades propias del sistema educativo.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-929 de 2011.
[87] Esa consideración fue reiterada de manera
similar en la Sentencia T-603 de 2013, en la que concluyó que: “Así que las
actuaciones de los entes educativos en las que se encuentren implicados
derechos fundamentales tienen la obligación de velar por la prevalencia de las normas
constitucionales, sin sacrificar derechos fundamentales ante una tensión con
garantías como la autonomía universitaria”.
[88] Corte Constitucional, Sentencia T-068 de 2012.
[89] En esa oportunidad le correspondió a la Sala de Revisión determinar
si una universidad había vulnerado el derecho fundamental a la educación del
accionante, como consecuencia de su decisión de negar su reintegro al programa
de odontología hasta tanto no se encontrara a paz y salvo financiero, pese a
que este había manifestado su intención de realizar un acuerdo de pago con la
institución que le permitiera cubrir la totalidad de la obligación adeudada.
Resolvió amparar el derecho fundamental a la educación del demandante y ordenar
a la universidad que lo reintegrara en el siguiente período lectivo a la
carrera de odontología, manteniendo las mismas condiciones de financiamiento de
las que había sido beneficiario, y que suscribiera un acuerdo de pago respecto
de la deuda vigente, que consultara y respondiera a la capacidad económica del estudiante
y de su familia.
[90] Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2014.
[91] En esa oportunidad le correspondió a la Sala de Revisión determinar
si una universidad había vulnerado el derecho a la educación del accionante, a
raíz de la negativa en aprobarle una solicitud de reingreso que presentó a
efectos de terminar dos materias que tenía pendientes en su pénsum académico y que le impedían obtener
el título profesional al que aspiraba, a pesar de que ya había culminado los
diez semestres exigidos. Lo anterior, por cuanto con la entrada en vigencia del
nuevo reglamento interno de la institución, estaba prohibido materializar tales
pedimentos cuando el estudiante había dejado transcurrir más de dos años desde
su retiro. Resolvió amparar el derecho fundamental del demandante y ordenar a
la institución educativa que lo reintegrara en calidad de estudiante para el
primer periodo académico del año 2016, a efectos de poder inscribir y cursar
las dos asignaturas que tenía pendientes en el programa elegido y,
eventualmente, acceder al título profesional.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 2016.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-365 de 2015.
[94] El siguiente apartado se toma de la Sentencia T-344 de 2018. En esa
oportunidad la Sala Sexta de Revisión estudió dos casos en los que el ICETEX
negó el pago del subsidio de sostenimiento, con fundamento en que los
accionantes no tenían el puntaje SISBEN requerido para acceder a ese beneficio
al momento de la adjudicación del crédito educativo. En el marco del estudio
del principio de confianza legítima, sostuvo que “[e]n materia de créditos y
subsidios otorgados por el ICETEX, cuyo objetivo es garantizar la educación
superior, esta Corporación ha dicho que ‘el principio de la confianza legítima
se ha aplicado cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y
fundada de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos
excepcionales de los particulares, serán consecuentes con sus actos precedentes,
lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones’” (Sentencia
T-715 de 2014).
[95] Corte Constitucional, Sentencias T-617 de 1995, T-398 de 1997,
C-478 de 1998, SU-360 de 1999 y SU-498 de 2016.
[96] Corte Constitucional, Sentencias T-342 de 2015 y T-344 de 2018. En
la Sentencia SU-360 de 1999 el Tribunal precisó los tres presupuestos implicados en el
principio de confianza legítima: “En primer lugar, la necesidad de preservar de
manera perentoria el interés público; en segundo lugar, una desestabilización
cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los
administrados; por último, la necesidad de adoptar medidas por un período
transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto,
el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares
mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a
los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la
situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas
propias del tráfico jurídico, como quiera que ‘así como la
administración pública no puede  ejercer sus potestades defraudando la
confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado
puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas’” (cursivas
originales). La anterior posición fue reiterada en las Sentencias T-729 de
2006, T-437 de 2012, T-908 de 2012 y T-204 de 2014. En relación con los
presupuestos de la confianza legítima, también pueden verse las Sentencias
T-364 de 1999, SU-601 de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-961 de 2001,
T-046 de 2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-034 de 2004, T-483 de 2004,
T-642 de 2004, T-1204 de 2004, T-892 de 2006 y T-021 de 2008, entre muchas
otras.
[97] Ver considerando del Acuerdo No. 005 de 2017 (folio 72, reverso,
del cuaderno de revisión). El numeral 3º del artículo 3 de la Ley 1523 de 2012,
“por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”, regula: “3. Principio de solidaridad social: Todas
las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o
privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y
peligro para la vida o la salud de las personas”.
[98] Folio 73 del cuaderno de revisión.
[99] Según el instructivo de inscripción a programas de especialización
para el segundo período académico de 2017 de la ESAP, que aparece en el CD
obrante a folio 179 del cuaderno uno, el calendario de las actividades fue el
siguiente: divulgación de la oferta académica en página web del 24 de abril al
21 de mayo de 2017; inscripciones posgrado del 24 de abril al 21 de mayo de
2017; pago de inscripción posgrado del 24 de abril al 22 de mayo de 2017;
cargue documentos requisito de inscripción en el sistema del 24 de abril al 29
de mayo de 2017; publicación lista de convocados a proceso de selección
posgrado 13 de junio de 2017; desarrollo proceso de selección posgrado del 15
al 30 de junio de 2017; publicación página web lista de admitidos posgrados 10
de julio de 2017; matrícula financiera ordinaria admitidos primer semestre
posgrado del 12 al 18 de julio de 2017; matrícula financiera extraordinaria
admitidos primer semestre posgrado del 22 al 24 de julio de 2017; y solicitud
de financiaciones estudiantes nuevos posgrado del 10 al 13 de julio de 2017
(matrícula ordinaria) y del 13 al 19 de julio de 2017 (matrícula
extraordinaria).
[100] En el expediente de tutela aparecen certificados expedidos por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD– del municipio de
Mocoa, en el que se indica que los accionantes Jineth del Carmen Villota Daza
(folio 417 del cuaderno uno), Sandro Daniel Alvarado Rodríguez y Wilson Albeiro
Romo Guerrero (folios 60 y 170 del cuaderno dos) se encuentran registrados en
la base de datos del Registro Único de Damnificados - RUD, del municipio de
Mocoa - Departamento de Putumayo, para el evento (avenida torrencial) ocurrido
el 31 de marzo de 2017.
[101] En el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno aparece la
comunicación referida, con el asunto “Solicitud beneficio de exoneración de
matrícula, fechada el 12 de julio de 2017, y dirigida a la directora
territorial ESAP Neiva, Martha Piza. En la comunicación se lee: “Los abajo
firmantes, escribimos esta carta con el único motivo de que nos apoyen en la
gestión para el beneficio de exoneración de matrícula de acuerdo al siguiente
comunicado de prensa de la ESAP (http://www.esap.edu.co/portal/index.php/2017/05/22/la-esap-exonera-de-matricula-a-estudiantes-de-mocoa/)
[…] || Mediante el presente documento damos a conocer nuestro interés de hacer
parte de este maravilloso proyecto y deseamos con todas nuestras fuerzas el
poder iniciar esta especialización, como lo dice el comunicado de prensa de la
ESAP, en su párrafo primero, dice que tendrán este derecho los estudiantes de
programas de posgrado en la modalidad a distancia, para el segundo período de
2017, por lo que consideramos que tenemos derecho a este beneficio y que
constan de treinta y seis (36) cupos para posgrados del segundo período de 2017
y siendo los únicos en Posgrado en el municipio de Mocoa, solicitamos
cordialmente nos vinculen a este beneficio […]”. En el mismo CD obra archivo
titulado “Pantallazo envío solicitud 12-07-2017 Exoneración Estudiantes DDHH
Mocoa - Ivanna.pdf” y que fuera remitido al correo electrónico martha.piza@esap.edu.co.
[102] En los recibos se lee la siguiente información: Unidad: CETAP
Mocoa; Programa: especialización en derechos humanos - créditos a distancia;
Modalidad: posgrado - especialización - distancia; Período: 2017-2; Semestre 1
(folio 89 del cuaderno uno).
[103] En diferentes recibos revisados se indican descuentos por concepto
de egresados ($663.900), por certificado electoral ($442.600) y por Ley 1551 de
2012 posgrado ($2.213.200). Folios 207, 247, 278, 374, 420, 497 y 541 del
cuaderno uno, y 33, 99 y 173 del cuaderno dos.
[104] En el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno aparece un archivo
titulado “WhatsApp Audio Alex Fernando Osorio”, en el que se escucha: “Doctores
muy buenos días, me place mucho informarles que la universidad ya tomó la
decisión de exonerarles el 100% del pago del costo de los dos semestres de la
especialización, no tienen que hacer absolutamente nada ya viene con el primero
y con el segundo semestre la exoneración en el pago. Por favor, aquellas
personas que alcanzaron a pagar envíenme de carácter urgente el recibo para que
Neiva a través de Bogotá haga la respectiva reversión del pago. Felicitaciones
a todos y bienvenidos a la ESAP” (folio 179 del cuaderno uno). Adicionalmente, aparece
el archivo titulado “WhatsApp Audio Martha Piza”, en el que se escucha: “Mi
querida niña, espérense no paguen estamos en el proceso con Bogotá porque como
la exoneración la crea es Bogotá con la resolución entonces yo no tengo acceso
a eso. Los que tienen beneficios Ley 1551, los que son del 100%, pues apliquen
el beneficio porque ese les sirve para toda la carrera, los otros no les va a
servir sino solamente para este semestre y el próximo semestre, bueno ustedes
de especialización no tienen ningún problema porque les sirve los dos
semestres, o sea pueden acogerse de una vez, pero el tema es que sistemas tiene
que crear en el sistema la exoneración, el ícono para que se pueda activar y
que todos los recibos salgan en cero, cero, cero. Ya se habló con Bogotá y
estamos a la espera, entonces para que notifiques a los muchachos que no paguen
todavía hasta que no nos creen eso y podamos […] los que ya pagaron tocará
devolverles la plata, pero que Bogotá nos lo cree porque yo no tengo acceso al
sistema ni puedo nada, no puedo reversar nada hasta que no declare Bogotá ya
por sistema […] como es la situación de la exoneración y automáticamente les
salga a ustedes en cero. Quedo pendiente y cualquier cosa te vuelvo a marcar”.
[105] Folio 90 del cuaderno uno.
[106] La carta está firmada por los delegados de los estudiantes de la
especialización en derechos humanos en el CETAP Mocoa, semestre I, Leddy
Jacqueline Ramos Urrestre, Ivanna Janethe Obando Sinisterra y Segundo Andrés
Coral Herrera, estos dos últimos accionantes en la presente solicitud de
amparo. Puede verse en el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno.
[107] El listado de los matriculados en el programa para el período
2017-2 puede verse en el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno.
[108] En el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno aparece copia de una
comunicación con el asunto “Solicitud de matrícula aplicativo ARCA -
Especialización en DDHH”, fechada el 23 de enero de 2018, y dirigida por Ivanna
Janethe Obando Sinisterra al director académico territorial de la ESAP Neiva,
Samuel Vásquez. En dicho documento se solicita el apoyo de la entidad para la
habilitación del aplicativo con miras a la realización de la matrícula del
segundo semestre de la especialización correspondiente al período 2018-1;
adicionalmente, se manifiesta que los estudiantes cuentan con el beneficio de
exoneración de matrícula. La anterior petición reitera una realizada el 18 de
enero de 2018, con asunto: “Solicitud apertura de la plataforma para Matrícula
Académica y Financiera ordinaria”, también dirigida por la estudiante Ivanna
Janethe al director académico territorial de la ESAP Neiva, con copia a la directora
territorial Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP, Martha Cecilia Piza
Losada, y al coordinador del CETAP Mocoa, Martín Enrique Valencia Paz. En el CD
referido obra constancia del envío de la anterior solicitud.
[109] Folio 91 del cuaderno uno.
[110] En el CD obrante a folio 179 del cuaderno uno aparece copia de la
respuesta dada a través de correo electrónico por la funcionaria de apoyo
académico de la ESAP, Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez, a los accionantes con
asunto “Solicitud de grado octubre de 2018”, con fecha de envío del 16 de
agosto de 2018. En dicha comunicación se lee: “Comedidamente me permito enviar
los siguientes documentos relacionados con el proceso de solicitud de grado
programado para el día 26 de octubre de 2018. || - Instructivo Solicitud de
grado || - Formato Solicitud de grado en la versión vigente || -
Memorando-CDS-actualizado-POSGRADO-2018-2 || Es importante que los estudiantes
aspirantes a grado cumplan con los requisitos académicos y financieros para
realizar la solicitud, dentro del plazo establecido que es del 10 de agosto al
10 de septiembre de 2018. || En un rato les envió escaneados los formatos de
CONCEPTO TRABAJO DE GRADO POSTGRADO, que fueron entregados por los docentes. ||
Una vez cargados los documentos en el aplicativo ARCA, se debe remitir a la
Coordinación Académica de la Territorial Huila dirección Calle 10 No. 5-92
Neiva, el correspondiente CD. || […]” (mayúsculas originales).
[111] Folio 92 del cuaderno uno.
[112] En ese momento se indicó que la estudiante Aida Mildred Chacón
Banbague tenía pendiente por cursar la materia análisis de casos. Folio 44 del
cuaderno uno.
[113] En los folios 49 al 51 del cuaderno uno se puede ver la
comunicación enviada a la estudiante Aida Mildred Chacón Banbague, la que se repite a cada uno de los
accionantes. Ver cuadro de pruebas aportadas por los accionantes.
[114] En los folios 52 al 55 del cuaderno uno se puede ver la
comunicación enviada por la estudiante Aida Mildred Chacón Banbague, la que repiten cada uno de los
accionantes. Ver cuadro de pruebas aportadas por los accionantes.
[115] En el folio 103 del cuaderno uno se puede ver la comunicación
enviada a la estudiante Ángela
María Castro Castro, la que se repite a los otros accionantes. Ver cuadro de
pruebas aportadas por los accionantes.
[116] En los folios 56 al 58 del cuaderno uno se puede ver la
comunicación enviada por la estudiante Aida Mildred Chacón Banbague, la que repiten cada uno de los
accionantes. Ver cuadro de pruebas aportadas por los accionantes.
[117] El Acuerdo No. 002 del 23 de enero de 2008, “por el cual se expide
el Reglamento General Estudiantil para los programas curriculares de la Escuela
Superior de Administración Pública, ESAP”, regula en el artículo 11 la
matrícula como “el acto por el cual el aspirante oficialmente admitido adquiere
la condición de estudiante y, en consecuencia, se convierte en sujeto de los
derechos y deberes establecidos en el […] Reglamento y en el Reglamento Académico
de su programa curricular” (folio 492 del cuaderno dos).
[118] El Acuerdo No. 003 del 24 de marzo de 2014, “por el cual se adopta
el Reglamento Estudiantil de los Programas Curriculares de Especializaciones”,
establece en el artículo 15: “MATRÍCULA. La matrícula se protocoliza y
perfecciona con la firma del registro correspondiente por parte del estudiante
en el Grupo de Registro y Control Académico o quien haga sus veces en las sedes
territoriales, mediante la entrega de la documentación requerida en las fechas
establecidas en el calendario académico. || PARÁGRAFO 1. Según lo señalado en
los parágrafos 5 y 7 del artículo 11 del Acuerdo 002 de 2008, el proceso de
matrícula podrá ser ordinario, extraordinario y extemporáneo. Las matrículas
ordinarias y extraordinarias deberán realizarse en fechas anteriores a la
iniciación de clases” (mayúsculas originales).
[119] En los folios 59 al 65 del cuaderno uno se puede ver la
comunicación enviada a la estudiante Aida Mildred Chacón Banbague, la que se repite a cada uno de los
accionantes. Ver cuadro de pruebas aportadas por los accionantes.
[120] La comunicación referida puede verse en el CD obrante a folio 179
del cuaderno uno.
[121] Los audios pueden escucharse en el CD obrante a folio 179 del
cuaderno uno.
[122] Folio 90 del cuaderno uno.
[123] Folio 115 del cuaderno uno.
[124] Se precisa que los estudiantes Aida Mildred Chacón Banbague, Gloria
Eliana Morán Paucar, Juan Pablo Ramírez Zambrano y Segundo Andrés Coral Herrera
para ese momento tenían pendientes algunos requisitos académicos y el pago de
los derechos de grado, por lo que no entran en el grupo de los accionantes que
ya habían satisfecho todos los requisitos académicos y pecuniarios, distintos a
la matrícula financiera, exigidos para la obtención del título de
especialistas.
[125] Corte Constitucional, Sentencias C-478 de 1998 y T-248 de 2008.
[126] Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2008.
[127] Corte Constitucional, Sentencia T-180A de 2010.
[128] Corte Constitucional, Sentencia T-1159 de 2004.
[129] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2010. Esta Corporación, en
repetidas ocasiones, ha acudido al principio de la confianza legítima cuando se
trata de un conflicto que involucra decisiones sorpresivas de la
administración, las que, en atención al postulado de la buena fe, no fueron
previstas por el ciudadano. Ver Sentencias T-295 de 1999, T-660 de 2002 y T-642
de 2004.
[130] Corte Constitucional, Sentencia T-365 de 2015, reiterando la
posición fijada en la Sentencias T-929 de 2011.
[131] El auto obra a folios 369 al 373 del cuaderno dos. El resolutivo
quinto del auto establece: “ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA - ESAP, que en el término improrrogable de dos (2) días, incluya a los
accionantes que a la fecha hayan cumplido con todas las formalidades y el lleno
de los requisitos académicos y pecuniarios en relación a encontrarse a paz y
salvo con la cancelación de los derechos de grado para la obtención del título
de Especialistas en Derechos Humanos, en el listado de graduados de la
Ceremonia de Grados que se llevará a cabo en la ciudad de Mocoa el día 26 de
octubre de 2018” (mayúsculas originales) (folio 373 ibíd.).
[132] El fallo obra a folios 1 al 10 del cuaderno de impugnación.
[133] Doctor Nelson Darío Rincón García. Folios 40 al 44 del cuaderno de
revisión.
[134] Ver copia del acta de grado No. 084 del 26 de octubre de 2018,
firmada por la secretaria general (e) de la ESAP, Betty Constanza Lizarazo
Araque, en el CD anexo obrante a folio 45 del cuaderno de impugnación.
[135] A través de la sentencia del 2 de noviembre de 2018, el Juzgado
Segundo Administrativo de Mocoa resolvió, en lo pertinente: “PRIMERO. TUTELAR
los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y confianza legítima
de los señores [Aida Mildred Chacón Banbague, Andrea Carolina Bravo Vallejo,
Ángela María Castro Castro, Carlos Mauricio Cuarán Medicis, Claudia Marcela
Villacorte López, Claudia Yaneth Loaiza Valencia, Diana Marcela Gómez Silva,
Gail Lizeth Riascos Palacios, Gloria Eliana Morán Paucar, Ivanna Janethe Obando
Sinisterra, Jaslly Daihan Cardona Gutiérrez, Jineth del Carmen Villota Daza,
Juan Pablo Ramírez Zambrano, Luz Viviana Alegría Cuellar, María Camila Arcos
Bermeo, María Sonia Zambrano Pérez, Milady Idalia Liñán Chávez, Roberth Milley
Imbachi Rodríguez, Sandra Marcela Pantoja López, Sandra Yaneth Guerra Toro,
Sandro Daniel Alvarado Rodríguez, Segundo Andrés Coral Herrera, Víctor Favián
Ordóñez Vallejo, Wilson Albeiro Romo Guerrero, Yuley Nayibe Rodríguez Tobón y
Yury Vanessa Quiroz Castrillón], dentro de la acción de tutela interpuesta
contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP en cabeza del
Director General GIOVANY JAVIER CHAMORRO RUALES, –o quien haga sus veces– por
las razones referidas en la parte motiva de la presente sentencia” (mayúsculas
originales). “CUARTO. ORDENAR al Director General de la ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, GIOVANY JAVIER CHAMORRO RUALES, –o quien haga
sus veces– para que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes de la notificación de esta decisión, proceda a otorgar a los
accionantes que hayan cumplido con el pleno de los requisitos académicos y
derechos pecuniarios distintos a la matrícula financiera exigidos por el ente
universitario como requisitos para la obtención del título de especialistas,
las actas de grado y los diplomas de grado correspondientes a la
Especialización de Derechos Humanos” (mayúsculas originales).
[136] Folio 32 del cuaderno uno.
[137] Folio 33 del cuaderno uno.
[138] Folio 34 del cuaderno uno.
[139] Folio 67
del cuaderno uno.
[140] Folios 35 al 48 del cuaderno uno.
[141] Folios 49 al 51 del cuaderno uno.
[142] Folios 52 al 55 del cuaderno uno.
[143] Folio 53 del cuaderno uno.
[144] Al respecto, reiteró “[…] ya que la universidad fue quien emitió
los recibos en cero pesos, conforme a nuestra solicitud de exoneración de pago,
generando una situación particular, concreta y definida, lo que le impide
modificar de manera unilateral sus decisiones, por cuanto como estudiante
realicé los dos semestres confiada en el beneficio otorgado, con la convicción
y seguridad de haber obtenido una posición jurídica definitiva a través de un
acto que creó situaciones particulares y concretas a mi favor, lo que no le
permite a la ESAP, en este momento trasgredir las expectativas jurídicas legítimas
que su actuar generó en los estudiantes, cambiando intempestivamente el sentido
de sus decisiones […]” (folio 54 del cuaderno uno).
[145] Folios 56 al 58 del cuaderno uno.
[146] Folios 59 al 65 del cuaderno uno.
[147] Folios 66 y 67 del cuaderno uno. A folios 71 al 86 obran varias
solicitudes y respuestas referidas a la repetición de la materia análisis de
casos.
[148] Folio 173 del cuaderno dos.
[149] Folio 174 del cuaderno dos.
[150] Folio 175 del cuaderno dos.
[151] Folios 176 al 187del cuaderno dos.
[152] Folios 188 y 189 del cuaderno dos.
[153] Folios 190 al 194 del cuaderno dos.
[154] Folios 195 y 198 del cuaderno dos.
[155] Folios 197 y 199 del cuaderno dos.
[156] Folio 89 del cuaderno uno.
[157] Folio 90 del cuaderno uno.
[158] Folio 91 del cuaderno uno.
[159] Folio 93 del cuaderno uno.
[160] Folios 93 al 97 del cuaderno uno.
[161] Folio 98 del cuaderno uno.
[162] Folios 99 al 102 del cuaderno uno.
[163] Folio 103 del cuaderno uno.
[164] Folio 109 del cuaderno uno.
[165] Folios 106 al 109 del cuaderno uno.
[166] Folios 110 y 113 del cuaderno uno.
[167] Folios 112 y 114 del cuaderno uno.
[168] Folio 120 del cuaderno uno.
[169] Folio 121 del cuaderno uno.
[170] Folio 123 del cuaderno uno.
[171] Folios 124 al 132 del cuaderno uno.
[172] Folios 133 y 134 del cuaderno uno.
[173] Folios 135 al 138 del cuaderno uno.
[174] Folios 140 y 141 del cuaderno uno.
[175] Folios 142 y 143 del cuaderno uno.
[176] Folios 144 al 150 del cuaderno uno.
[177] Folios 151 y 153 del cuaderno uno.
[178] Folios 152 y 154 del cuaderno uno.
[179] Folio 204 del cuaderno dos.
[180] Folios 205 al 216 del cuaderno dos.
[181] Folios 217 al 219 del cuaderno dos.
[182] Folios 220 al 224 del cuaderno dos.
[183] Folios 202 y 228 del cuaderno dos.
[184] Folios 227 y 230 del cuaderno dos.
[185] Folio 236 del cuaderno dos.
[186] Folio 161 del cuaderno uno.
[187] Folio 162 del cuaderno uno.
[188] Folio 163 del cuaderno uno.
[189] Folio 164 del cuaderno uno.
[190] Folios 165 al 181 del cuaderno uno.
[191] Folio 179 del cuaderno uno.
[192] Folios 182 al 184 del cuaderno uno.
[193] Folios 185 al 188 del cuaderno uno.
[194] Folio 189 del cuaderno uno.
[195] Folios 190 y 191 del cuaderno uno.
[196] Folios 192 al 198 del cuaderno uno.
[197] Folios 199 y 202 del cuaderno uno.
[198] Folios 201 y 203 del cuaderno uno.
[199] Folio 207 del cuaderno uno.
[200] Folio 208 del cuaderno uno.
[201] Folio 209 del cuaderno uno.
[202] Folio 210 del cuaderno uno.
[203] Folios 211 al 216 del cuaderno uno.
[204] Folios 217 al 219 del cuaderno uno.
[205] Folios 220 al 223 del cuaderno uno.
[206] Folios 224 y 225 del cuaderno uno.
[207] Folios 226 al 229 del cuaderno uno.
[208] Folios 230 al 236 del cuaderno uno.
[209] Folios 237 y 240 del cuaderno uno.
[210] Folios 239 y 241 del cuaderno uno.
[211] Folio 244 del cuaderno uno.
[212] Folio 247 del cuaderno uno.
[213] Folio 248 del cuaderno uno.
[214] Folio 249 del cuaderno uno.
[215] Folio 250 del cuaderno uno.
[216] Folios 251 al 256 del cuaderno uno.
[217] Folios 257 al 259 del cuaderno uno.
[218] Folios 260 y 261 del cuaderno uno.
[219] Folio 262 del cuaderno uno.
[220] Folios 263 al 265 del cuaderno uno.
[221] Folios 266 al 269 del cuaderno uno.
[222] Folios 270 y 273 del cuaderno uno.
[223] Folios 272 y 274 del cuaderno uno.
[224] Folio 278 del cuaderno dos.
[225] Folio 279 del cuaderno dos.
[226] Folio 281 del cuaderno dos.
[227] Folios 282 al 292 del cuaderno dos.
[228] Folio 293 del cuaderno dos.
[229] Folios 294 al 301 del cuaderno dos.
[230] Folios 302 y 303 del cuaderno dos.
[231] Folios 304 al 306 del cuaderno dos.
[232] Folios 307 al 313 del cuaderno dos.
[233] Folios 314 y 315 del cuaderno dos.
[234] Folio 278 del cuaderno uno.
[235] Folio 279 del cuaderno uno.
[236] Folio 280 del cuaderno uno.
[237] Folio 281 del cuaderno uno.
[238] Folios 282 al 293 del cuaderno uno.
[239] Folios 294 y 295 del cuaderno uno.
[240] Folios 296 y 297 del cuaderno uno.
[241] Folio 298 del cuaderno uno.
[242] Folios 299 al 301 del cuaderno uno.
[243] Folios 302 al 306 del cuaderno uno. En relación con la exoneración
del 100% de la matrícula correspondiente al período 2018-1, se lee: “[…] en su
caso, se hace merecedora del descuento del 75% del valor de la matrícula al
Programa de Especialización en Derechos Humanos del CETAP Mocoa del Período
Académico 2018-1, agregado por ser egresada del programa APT de la ESAP un
descuento de otro 15% y un 10% adicional, por haber presentado el certificado
electoral, como lo establece el artículo 8 del Acuerdo No. 0006 del 16 de
agosto de 2016, expedido por la ESAP” (folio 305, reverso).
[244] Folios 307 y 310 del cuaderno uno.
[245] Folios 309 y 311 del cuaderno uno.
[246] Folio 313 del cuaderno uno.
[247] Folio 318 del cuaderno uno.
[248] Folio 319 del cuaderno uno.
[249] Folio 325 del cuaderno uno.
[250] Folios 322 al 337 del cuaderno uno.
[251] Folios 338 al 340 del cuaderno uno.
[252] Folios 341 al 344 del cuaderno uno.
[253] Folios 345 y 346 del cuaderno uno.
[254] Folios 347 al 349 del cuaderno uno.
[255] Folios 350 al 356 del cuaderno uno.
[256] Folios 357 y 360 del cuaderno uno.
[257] Folios 359, 361 y 362 del cuaderno uno.
[258] Folio 374 del cuaderno uno.
[259] Folio 375 del cuaderno uno.
[260] Folio 376 del cuaderno uno.
[261] Folio 377 del cuaderno uno.
[262] Folios 378 al 388 del cuaderno uno.
[263] Folios 389 al 391 del cuaderno uno.
[264] Folios 392 al 395 del cuaderno uno.
[265] Folios 396 y 397 del cuaderno uno.
[266] Folios 398 al 400 del cuaderno uno.
[267] Folios 402 al 408 del cuaderno uno.
[268] Folios 409 y 412 del cuaderno uno.
[269] Folios 411 y 413 del cuaderno uno.
[270] Folio 417 del cuaderno uno.
[271] Folio 328 del cuaderno dos.
[272] Folio 319 del cuaderno dos.
[273] Folios 320 al 327 del cuaderno dos.
[274] Folio 420 del cuaderno uno.
[275] Folio 421 del cuaderno uno.
[276] Folio 422 del cuaderno uno.
[277] Folio 423 del cuaderno uno.
[278] Folios 424 al 435 del cuaderno uno.
[279] Folios 436 y 437 del cuaderno uno.
[280] Folios 438 al 441 del cuaderno uno.
[281] Folios 442 y 443 del cuaderno uno.
[282] Folios 444 al 447 del cuaderno uno.
[283] Folios 448 al 454 del cuaderno uno.
[284] Folios 455 y 458 del cuaderno uno.
[285] Folios 457 y 459 del cuaderno uno.
[286] Folio 463 del cuaderno uno.
[287] Folio 464 del cuaderno uno.
[288] Folio 465 del cuaderno uno.
[289] Folio 465 del cuaderno uno.
[290] Folios 467 al 473 del cuaderno uno.
[291] Folios 475 al 477 del cuaderno uno.
[292] Folios 478 y 479 del cuaderno uno.
[293] Folio 480 del cuaderno uno.
[294] Folios 481 y 482 del cuaderno uno.
[295] Folios 483 al 489 del cuaderno uno.
[296] Folios 490 y 493 del cuaderno uno.
[297] Folios 492 y 494 del cuaderno uno.
[298] Folio 497 del cuaderno uno.
[299] Folio 498 del cuaderno uno.
[300] Folio 499 del cuaderno uno.
[301] Folio 500 del cuaderno uno.
[302] Folios 501 al 511 del cuaderno uno.
[303] Folios 512 y 513 del cuaderno uno.
[304] Folios 514 al 518 del cuaderno uno.
[305] Folios 519 y 520 del cuaderno uno.
[306] Folios 521 al 524 del cuaderno uno.
[307] Folios 525 al 531 del cuaderno uno.
[308] Folios 532 y 535 del cuaderno uno.
[309] Folios 534 y 536 del cuaderno uno.
[310] Folio 540 del cuaderno uno.
[311] Folio 541 del cuaderno uno.
[312] Folio 542 del cuaderno uno.
[313] Folio 543 del cuaderno uno.
[314] Folios 544 al 549 del cuaderno uno.
[315] Folios 550 y 551 del cuaderno uno.
[316] Folios 552 y 553 del cuaderno uno.
[317] Folio 554 del cuaderno uno.
[318] Folios 555 y 556 del cuaderno uno.
[319] Folios 557 al 560 del cuaderno uno.
[320] Folios 561 y 564 del cuaderno uno.
[321] Folios 563 y 565 del cuaderno uno.
[322] Folio 570 del cuaderno uno.
[323] Folio 571 del cuaderno uno.
[324] Folio 572 del cuaderno uno.
[325] Folio 573 del cuaderno uno.
[326] Folios 574 al 579 del cuaderno uno.
[327] Folios 580 y 581 del cuaderno uno.
[328] Folios 582 y 583 del cuaderno uno.
[329] Folio 584 del cuaderno uno.
[330] Folios 585 y 586 del cuaderno uno.
[331] Folios 587 al 591 del cuaderno uno.
[332] Folios 592 y 595 del cuaderno uno.
[333] Folios 592 y 596 del cuaderno uno.
[334] Folio 605 del cuaderno uno.
[335] Folio 606 del cuaderno uno.
[336] Folio 607 del cuaderno uno.
[337] Folio 608 del cuaderno uno.
[338] Folios 609 al 624 del cuaderno uno.
[339] Folios 625 al 627 del cuaderno uno.
[340] Folios 628 al 631 del cuaderno uno.
[341] Folios 632 y 633 del cuaderno uno.
[342] Folios 634 al 636 del cuaderno uno.
[343] Folios 637 al 643 del cuaderno uno.
[344] Folios 644 y 647 del cuaderno uno.
[345] Folios 646 y 648 del cuaderno uno.
[346] Folio 3 del cuaderno dos.
[347] Folio 4 del cuaderno dos.
[348] Folio 5 del cuaderno dos.
[349] Folio 6 del cuaderno dos.
[350] Folios 7 al 14 del cuaderno dos.
[351] Folios 15 y 16 del cuaderno dos.
[352] Folios 17 y 18 del cuaderno dos.
[353] Folio 19 del cuaderno dos.
[354] Folios 20 y 21 del cuaderno dos.
[355] Folios 22 al 25 del cuaderno dos.
[356] Folios 26 y 29 del cuaderno dos.
[357] Folios 28 y 30 del cuaderno dos.
[358] Folio 33 del cuaderno dos.
[359] Folio 34 del cuaderno dos.
[360] Folio 35 del cuaderno dos.
[361] Folios 37 al 41 del cuaderno dos.
[362] Folios 43 al 45 del cuaderno dos.
[363] Folios 46 y 49 del cuaderno dos.
[364] Folios 50 al 54 del cuaderno dos.
[365] Folios 53 y 54 del cuaderno dos.
[366] Folios 56 y 67 del cuaderno dos.
[367] Folios 55, 57 y 58 del cuaderno dos.
[368] Folio 60 del cuaderno dos.
[369] Folio 244 del cuaderno dos.
[370] Folio 245 del cuaderno dos.
[371] Folio 246 del cuaderno dos.
[372] Folios 247 al 257 del cuaderno dos.
[373] Folios 258 y 259 del cuaderno dos.
[374] Folios 260 al 263 del cuaderno dos.
[375] Folio 264 del cuaderno dos.
[376] Folios 265 al 268 del cuaderno dos.
[377] Folios 269 al 274 del cuaderno dos.
[378] Folios 166 y 167 del cuaderno dos.
[379] Folio 332 del cuaderno dos.
[380] Folio 333 del cuaderno dos.
[381] Folio 334 del cuaderno dos.
[382] Folios 335 al 345 del cuaderno dos.
[383] Folios 346 al 348 del cuaderno dos.
[384] Folios 379 y 380 del cuaderno dos.
[385] Folios 351 y 352 del cuaderno dos.
[386] Folios 353 al 355 del cuaderno dos.
[387] Folios 356 al 362 del cuaderno dos.
[388] Folios 363 y 366 del cuaderno dos.
[389] Folios 365 y 367 del cuaderno dos.
[390] Folio 131 del cuaderno dos.
[391] Folio 132 del cuaderno dos.
[392] Folio 133 del cuaderno dos.
[393] Folio 134 del cuaderno dos.
[394] Folios 135 al 148 del cuaderno dos.
[395] Folios 146 y 147 del cuaderno dos.
[396] Folios 148 al 151 del cuaderno dos.
[397] Folios 152 y 153 del cuaderno dos.
[398] Folios 154 al 156 del cuaderno dos.
[399] Folios 157 al 163 del cuaderno dos.
[400] Folios 169 y 167 del cuaderno dos.
[401] Folios 166 y 167 del cuaderno dos.
[402] Folio 170 del cuaderno dos.
[403] Folio 71 del cuaderno dos.
[404] Folio 72 del cuaderno dos.
[405] Folios 73 al 78 del cuaderno dos.
[406] Folio 79 del cuaderno dos.
[407] Folios 80 y 81 del cuaderno dos.
[408] Folio 82 del cuaderno dos.
[409] Folios 83 y 84 del cuaderno dos.
[410] Folios 85 al 88 del cuaderno dos.
[411] Folios 89 y 93 del cuaderno dos.
[412] Folios 91 y 93 del cuaderno dos.
[413] Folio 99 del cuaderno dos.
[414] Folio 100 del cuaderno dos.
[415] Folio 101 del cuaderno uno.
[416] Folio 102 del cuaderno dos.
[417] Folios 103 al 110 del cuaderno dos.
[418] Folios 111 y 112 del cuaderno dos.
[419] Folios 113 al 116 del cuaderno dos.
[420] Folio 117 del cuaderno dos.
[421] Folios 118 y 119 del cuaderno dos.
[422] Folios 120 y 123 del cuaderno uno.
[423] Folios 122 y 124 del cuaderno dos.
[424] Fundamento
jurídico 2.2.
[425] Al respecto
ver Sentencia T-332 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[426] Sentencia T-912 de 2006, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[427] Sentencias T-161 de 2017, M.P. (e) José
Antonio Cepeda Amarís.
[428] Fundamento
jurídico 2.2.
[429] Ítem 1.13
de los antecedentes del caso.