T-679-16
Sentencia
T-679/16
DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Caso en que establecimiento
educativo no cuenta con infraestructura física requerida para la movilidad de
niño en silla de ruedas
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-No
impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia
de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones
NIÑOS Y NIÑAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección y sus derechos prevalecen
sobre los derechos de los demás
PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS MENORES
DE EDAD-Consagración
constitucional e Instrumentos internacionales de Derechos Humanos
La Sala concluye que el catálogo de garantías a
través del cual la Constitución, y los instrumentos internacionales establecen
normas tendientes a materializar el interés superior del menor, constituyen un
parámetro obligatorio de interpretación que debe ser atendido por las
autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, al momento de
resolver las controversias suscitadas a propósito del enfrentamiento de
derechos. Ello significa que cuando se presente una tensión entre la protección
de los niños y cualquier derecho de otra índole, deberá prevalecer la primera
en aplicación del principio pro infans.
DERECHO A LA EDUCACION-Alcance
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección en la normatividad nacional e
internacional
Normas nacionales y foráneas protegen el derecho a la educación en
condiciones de igualdad y, concretamente, el acceso a la formación secundaria
aun cuando los educandos se encuentren en situación de discapacidad, exigiendo
la creación y desarrollo de programas de enseñanza especiales e incluyentes.
EDUCACION INCLUSIVA-Concepto y
alcance
DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Obligación de garantizar acceso a
la educación en aulas regulares de estudio
Los niños y niñas son titulares del derecho fundamental a la
educación en condiciones de igualdad, independientemente de las limitaciones
físicas, cognitivas o de cualquier otro tipo que presenten. De este modo, ante
una situación que genere discapacidad, el Estado debe eliminar las barreras que
impidan el goce y disfrute efectivo de esa garantía, a través de la inclusión
en el sistema tradicional, o en el especializado cuando las circunstancias lo
ameriten (i.e. cuando sea imposible garantizar la disponibilidad, el acceso, la
aceptabilidad, la permanencia o adaptabilidad).
POLITICA PUBLICA EN EDUCACION INCLUSIVA-Prioridad a la
enseñanza de población vulnerable, entre ellas, personas en situación de
discapacidad
POLITICA PUBLICA EN EDUCACION INCLUSIVA-Parámetros de
prestación del servicio
DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a Secretaría de Educación
asigne cupo y ruta escolar, previo estudio de instituciones educativas con
programas de inclusión de enseñanza flexible, y con planta física de fácil
acceso a menor en silla de ruedas
Referencia: Expediente T-5.675.943
Acción
de tutela instaurada por Miguel Antonio Caro Huertas en representación del
menor Miguel Ángel Caro Buitrago contra la Secretaría de Educación Distrital.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Aquiles Arrieta Gómez (e) y Jorge Iván Palacio
Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de
la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto Estatutario 2591 de
1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por
el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, que adicionó el emitido por el
Juzgado Veintidós Penal Municipal de la misma ciudad, en el proceso de tutela
de la referencia.
I.
Antecedentes
Miguel Antonio
Caro Huertas, en representación de su hijo menor de edad Miguel Ángel Caro
Buitrago,
promovió acción de tutela contra la Secretaría de
Educación Distrital, al considerar vulnerado los derechos fundamentales a la
educación y a la igualdad.
Para
sustentar su solicitud de amparo relata los siguientes:
1.
Hechos.
1.1   Señala el
demandante que trabaja en una empresa de transporte integrado para Transmilenio
S.A., es padre cabeza de hogar porque hace 43 meses su esposa falleció y tiene
dos hijos menores de edad: la mayor, María Paola Caro Buitrago de 17 años,
quien ha estado incapacitada a consecuencia de una cirugía de columna por “artrodesis
occipito cervical” realizada el 19 de febrero de 2016; y el menor, Miguel
Ángel Caro Buitrago de 13 años, quien se encuentra en silla de ruedas porque
padece parálisis infantil y por recomendación médica, debe estar escolarizado ya
que su condición no es obstáculo para estudiar en el colegio.
1.2
Menciona
que hasta el año 2015 los niños estudiaban en el Colegio Toberín, María Paola
en la sede A en el grado 8º y Miguel Ángel en la sede B en 5º de primaria. En
el año 2016, el menor pasó a bachillerato y está matriculado en la sede A en la
jornada de la tarde, pero no ha podido asistir a clase porque la institución
académica no cuenta con la infraestructura adecuada para que ingrese en silla
de ruedas.
1.3
Afirma
que el 16 de febrero de 2016 elevó una petición ante la Dirección de Cobertura
de la Secretaría de Educación Distrital, poniendo en conocimiento la situación
de su hijo y solicitó reubicar a los menores en un colegio con infraestructura
y ruta escolar.
1.4
Manifiesta
que el 24 de febrero de 2016 la entidad contestó su solicitud, informándole la
disponibilidad de cupos en el Colegio Agustín Fernández. Sin embargo, cuando el
demandante asistió a esa institución educativa no le permitieron realizar la
matrícula debido a la falta de instalaciones adecuadas para la movilidad en
silla de ruedas de Miguel Ángel.
1.5
Sostiene
que varias veces ha acudido a la Secretaría de Educación Distrital con el fin
de buscar un colegio para sus hijos sin obtener respuesta de fondo, ya que
siempre lo remiten a valoración sicopedagógica y al final no definen el
establecimiento educativo al que pueden asistir los menores y, lo ideal sería,
que ambos estudien en la misma institución para que se apoyen y cuiden mientras
el actor trabaja.
1.6
Asevera
que la entidad pública no ha resuelto su situación, en otras palabras, no ha
definido a que colegio pueden acudir sus hijos, vulnerándoles los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación.
1.7
Por
lo anterior, solicita ordenarle a la Secretaría Distrital de Educación
garantizar el acceso a la educación de Miguel Ángel Buitrago, emitiendo
respuesta de fondo “para que el Colegio le permita su ingreso y garantice su
educación en las mismas condiciones que los demás niños de su edad”.
2. Pruebas aportadas con la demanda.
2.1 Documentales
2.1.1. Copia de las tarjetas de
identidad de María Paola Caro Buitrago y Miguel Ángel Caro Buitrago, quienes
nacieron el 6 de febrero de 1999 y el 28 de diciembre de 2002, respectivamente
(fls. 10 y 12, cdno 1).
2.1.2. Copia de la historia clínica de
María Paola Caro Buitrago en la Fundación Cardioinfantil, según la cual, el 19
de febrero de 2016 se le practicó a la menor una “cirugía artrodesis
occipito cervical” para corregir una “subluxación con estenosis del
canal neural” (fls. 13 y 14, cdno 1).
2.1.3. Copia del “Informe de
evaluación intelectual” efectuado el 28 de octubre de 2015 a María Paola
Caro Buitrago en la Clínica Nuestra Señora de la Paz, cuyas conclusiones
fueron: “La paciente obtuvo un Coeficiente Intelectual Total (CTI) de 42
en esta prueba, lo cual quiere decir que su nivel intelectual se encuentra por
debajo del promedio de desempeño para su edad cronológica, presentando
específicamente un Déficit Intelectual de Tipo Moderado. Esta puntuación
obtenida tiene un intervalo de confianza de 95%, lo cual quiere decir que su
CTI puede encontrarse entre los valores 39 a 49. En las escalas de Comprensión
verbal, Razonamientos perceptual, Memoria de trabajo y velocidad de
procesamiento las puntuaciones de CI se encuentran por debajo del promedio con puntuaciones
muy bajas y deficientes”. (fls. 15 a 18, cdno 1) (negrillas del texto)
2.1.4. Copia del “Informe de valoración
Neuropsicológica” realizado entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 2015 a
Miguel Ángel Caro Buitrago en el Hospital Universitario Mayor Méderi, cuya
conclusión fue la siguiente: “Paciente masculino de 12 años de edad quien
ante evaluación actual de sus funciones corticales superiores presenta
dispersión de los datos entre procesamiento verbal vs. manipulativo que reducen
el CI total. Considerando este contexto: el cuadro se orienta más a un perfil
de alteración generalizada del aprendizaje que es compatible con un Trastorno
de Desarrollo Neurocognitivo en grado leve (RM) sin desórdenes del
comportamiento asociado y con mayor alteración en el procesamiento de
información no verbal. Tal cuadro se beneficia sensiblemente de intervenciones
pedagógicas y de capacitación. En función de control de episodios convulsivos
el desempeño cognitivo tiende a permanecer estable en el tiempo” (fls. 19 a
22)
2.1.5. Copia de la “Consulta estado
del alumno” de la Dirección de Cobertura de la Subsecretaría de Acceso y
Permanencia de la Secretaría de Educación Distrital, donde consta que para el
año 2016, Miguel Ángel Caro Buitrago está matriculado en el Colegio Toberín
-IED- en el grado 6º en la jornada de la tarde. (fls. 23 y 24, cdno 1)
2.1.6. Copia de la “Consulta estado
del alumno” de la Dirección de Cobertura de la Subsecretaría de Acceso y
Permanencia de la Secretaría de Educación Distrital, donde consta que para el
año 2016, María Paola Caro Buitrago está matriculado en el Colegio Toberín
-IED- en el grado 9º en la jornada de la tarde. (fl. 25, cdno 1)
2.1.7. Copia del Oficio de 22 de enero
de 2016, por medio del cual el Director Local de Educación de Usaquén atendió
la solicitud del demandante encaminada a que se efectúe a sus hijos la
valoración pedagógica, informándole los documentos que debe presentar y el lugar
donde debían presentarse (fl. 29, cdno 1).
2.1.8. Copia del “Informe de
Evaluación Pedagógica” efectuado a María Paola Caro Buitrago en el Colegio
General Santander -IED- el 16 de febrero de 2016, donde con base en los
antecedentes médicos y/o clínicos de “Déficit intelectual de Tipo Moderado,
Alteración de la unión cráneo cervical, con cirugía programada para viernes 19
de febrero; Luxación congénita de cadera izquierda (pierna izquierda más corta);
escoliosis; síndrome convulsivo con tratamiento” (mayúsculas del texto),
concluyó lo siguiente:
“5. Observaciones y recomendaciones
generales:
·
María Paola presenta muy buena disposición
durante la evaluación, se le nota animada y dispuesta para realizar la
evaluación.
·
Ante la posibilidad de uso de silla de
ruedas, luego de su operación, es importante recordar que el colegio General
Santander, aunque de un solo piso, no cuenta con rampas para pasar de los
salones al patio; y el piso en general presenta alteraciones, pues las áreas
comunes están en ladrillo de cemento irregular.
·
Teniendo en cuenta lo evaluado, y de acuerdo
con los reportes médicos entregados, María Paola requiere de flexibilización
curricular, que respete su ritmo de aprendizaje. Se le deben realizar adecuaciones
curriculares pertinentes para su inclusión educativa. Por lo tanto, es
necesario mencionar que el colegio General Santander, no cuenta con docente de
apoyo a la inclusión educativa, en la jornada de la tarde.
·
Se recomiendan las valoraciones y/o
recomendaciones de Fisioterapia, Oftalmología y Fonoaudiología.
·
Así mismo, es urgente realizar las
valoraciones y seguir las recomendaciones de Terapia Ocupacional y Psicología,
para encaminar las habilidades de María Paola y desarrollar un proyecto de vida,
adecuado a sus habilidades y necesidades, teniendo en cuenta su edad
cronológica relacionada con su déficit intelectual.
·
Es importante resaltar el excelente
compromiso familiar evidenciado durante el proceso de evaluación.
6. Concepto:
·
Por lo observado en la entrevista y
valoración, se recomienda que María Paola continúe su escolarización en
condiciones inclusivas adecuadas a sus necesidades.
·
Se deben tener en cuenta las condiciones
médicas de su operación y la posible utilización temporal de una silla de
ruedas.
·
María Paola debe continuar en grado noveno
con flexibilización curricular en todas las áreas de desempeño”. (fls. 32 y 33, cdno 1)
2.1.9. Copia del “Informe de
Evaluación Pedagógica” efectuado a Miguel Ángel Caro Buitrago en el Colegio
General Santander -IED- el 16 de febrero de 2016, donde con base en los
antecedentes médicos y/o clínicos de “Parálisis cerebral de hemiprasia
derecha; Síndrome convulsivo controlado; Trastorno del desarrollo
neurocognitivo”, concluyó lo siguiente:
“5. Observaciones y recomendaciones
generales:
·
Miguel Ángel presenta muy buena disposición
durante la evaluación. Se le nota algo cansado, probablemente porque llega de
terapia física.
·
En el momento utiliza silla de ruedas, debido
a que recientemente se le practicó una cirugía de miembros inferiores. Por tal
motivo, es importante tener en cuenta que el colegio General Santander, aunque
de un solo piso, carece de rampas para pasar de los salones al patio; y el piso
en general presenta alteraciones, pues las áreas comunes están en ladrillo de
cemento irregular.
·
Debido a los diagnósticos presentados, y
teniendo en cuenta lo evaluado, Miguel Ángel requiere de flexibilización
curricular, que respete su ritmo de aprendizaje y se realicen las adecuaciones
pertinentes para su inclusión educativa. Se resalta que el colegio General
Santander, no cuenta con docente de apoyo a la inclusión educativa, en la
jornada de la tarde.
·
Así mismo, el colegio tampoco cuenta con el
mobiliario adecuado, pues los grupos de grado sexto (tarde), están ubicados en
los salones de preescolar (mañana) y tanto sillas como mesas son muy pequeñas.
Además de lo anterior, en este momento el colegio se encuentra en emergencia de
instalaciones físicas, pues se realiza una reparación general de aulas.
·
Se recomiendan las valoraciones y/o
recomendaciones de Fisioterapia, Oftalmología, Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional y Psicología, entre otros, para establecer estado general de salud
y las acciones a seguir para su correcto proceso inclusivo.
·
Es de resaltar el excelente compromiso
familiar evidenciado durante el proceso de evaluación.
6.
Concepto:
·
Por lo observado en la entrevista y
valoración, se recomienda que Miguel Ángel continúe su escolarización en
condiciones inclusivas adecuadas a sus necesidades.
·
Debe ingresar a sexto grado.
·
Dada su condición física de limitación en su
desplazamiento y movilidad y la necesidad de flexibilización curricular
adecuada, es necesario que Miguel Ángel esté en un ambiente escolar que le
proporcione todas las ayudas técnicas y profesionales adecuadas a su ritmo y
estilo de aprendizaje. Se debe tener presente, que la inclusión educativa no es
solamente el ingreso a un salón de clases, sino toda una serie de estrategias
pertinentes según cada caso”. (fls. 34 y 35, cdno
1).
2.1.10. Copia de la petición radicada
por el señor Miguel Antonio Caro Huertas en la Dirección de Cobertura de la
Secretaría de Educación Distrital el 16 de febrero de 2016, por medio de la
cual solicita la reubicación en otro colegio de sus dos hijos menores. (fls. 26
y 27, cdno 1)
2.1.11. Copia del Oficio No.
4100-S-2016-31127 de 24 de febrero de 2016 suscrito por el Director de
Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital, por medio del cual atiende
la anterior solicitud, informándole al demandante que no hay cupos en el
Colegio General Santander, pero si en el Agustín Fernández IED que cuenta con
los docentes de apoyo para acompañar los procesos pedagógicos de los menores,
de acuerdo con las necesidades educativas, por lo que debe acudir a la
Dirección Local de Educación de Usaquén para el efecto. (fl. 28, cdno 1)
3.       Actuaciones de instancia.
3.1.
Admisión de la tutela
3.1.1. Mediante auto del 9 de marzo de 2016 el Juzgado Veintidós Penal
Municipal de Bogotá, admitió la acción de tutela y corrió traslado a la
Secretaría de Educación Distrital. (fl. 44, cdno 1)
3.2.
Respuesta
de la entidad demandada.
3.2.1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación
Distrital contestó la tutela solicitando declarar la improcedencia de la acción
por carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que la entidad le
asignó a los menores María Paola y Miguel Ángel Caro Buitrago cupo en el
colegio Chorrillos -IED- ubicado en la localidad de Suba, para cursar los
grados 9º y 6º, respectivamente. Y adicionalmente le otorgó a Miguel Ángel Caro
Buitrago el beneficio de movilidad escolar que consiste en una trasferencia
monetaria para que el menor y un acompañante puedan sufragar los
desplazamientos para los trayectos vivienda - establecimiento educativo y
viceversa, debido a la imposibilidad técnica de que una ruta escolar realice
los desplazamientos (fls. 48-52, cdno 1).
3.3.
Pruebas
allegadas por la entidad demandada
3.3.1. Copia de la “Consulta estado del alumno” de la Dirección de
Cobertura de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la Secretaría de
Educación Distrital, donde consta que para el año 2016, María Paola Caro Buitrago
está matriculado en el Colegio Chorrillos -IED- en el grado 9º en la jornada de
la tarde. (fls. 54, cdno 1)
3.3.2. Copia de la “Consulta estado del alumno” de la Dirección de
Cobertura de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la Secretaría de
Educación Distrital, donde consta que para el año 2016, Miguel Ángel Caro
Buitrago está matriculado en el Colegio Chorrillos -IED- en el grado 6º en la
jornada de la tarde. (fls. 54, cdno 1)
3.3.3. Copia del Oficio No. S-2016-44171 de 16 de marzo de 2016, por medio
del cual el Director de Bienestar Estudiantil de la Secretaría Distrital de
Educación le informó al demandante que a su hijo, Miguel Ángel Caro Buitrago,
le fue asignado el subsidio escolar doble, por lo que debe matricular al menor
en el colegio fijado y, posteriormente, formalizar el beneficio asignado para
diligenciar la correspondiente acta de compromiso (fl. 63, cdno 1).
3.4.
Primera
instancia.
3.4.1.
El
Juzgado Veintidós Penal Municipal de Bogotá mediante sentencia de 29 de marzo
de 2016 declaró que en el presente caso se presentó hecho superado y, en
consecuencia, negó la protección solicitada. Además, previno a la Secretaría de
Educación Distrital  para que en lo sucesivo conteste las peticiones en forma
oportuna.
3.4.2.
El
A quo planteó el problema jurídico desde la óptica de la vulneración del
derecho de petición elevado por el actor ante la Dirección de Cobertura de la
Secretaría de Educación Distrital, concluyendo en el asunto sub examine,
la entidad atendió en debida forma la solicitud presentada, en la medida que
el 24 de febrero de 2016 le fue notificada al demandante la respuesta clara,
precisa y congruente, al asignarles cupo a los menores en el colegio Chorrillos
-IED-, así como el subsidio de transporte doble. (fls. 65-68, cdno 1)
3.5.
Impugnación.
3.5.1.
La anterior decisión fue impugnada por el
demandante bajo el argumento de que el juez de primera instancia adoptó la
sentencia con base en lo expresado por la Secretaría de Educación al considerar
que dada la asignación de los cupos escolares a los menores, no obstante, según
la “Consulta estado del alumno” el colegio Chorrillos -IED- es
únicamente para primaria y sus hijos están en bachillerato. Lo anterior fue
corroborado por el actor, quien se presentó en el establecimiento educativo
señalado y allí le confirmaron que es para primaria.
3.5.2.
El accionante afirmó que sus hijos son sujetos
de “protección reforzada” dada su condición de discapacidad y merecen un
trato especial, de modo que la ayuda de la ruta escolar es imprescindible para
ellos porque no cuentan con una persona que los acompañe y ellos por sí solos
no pueden realizar los desplazamientos debido a sus problemas de salud.
3.5.3. Asimismo reiteró que la solicitud de que estudien en la jornada de
la tarde es porque en la mañana asisten a terapia en la Fundación CIRED y el
Hospital Méderi, lo cual resulta conveniente con el turno de trabajo del
demandante en el servicio integrado de transporte Transmilenio S.A., quien es
el responsable de cuidarlos porque es viudo y no cuenta con el apoyo de otras
personas para ayudarle ni con el dinero para sufragar el pago de una empleada
doméstica.
3.5.4. Por lo anterior, el demandante concluye que en el presente caso no
existe hecho superado porque los menores se encuentran en la casa sin asistir
al colegio, por lo que solicita que continúen en el colegio Toberín -IED- sede
A en la jornada de la tarde, que es donde estudiaba María Paola, institución
educativa que ya conocen y queda relativamente cerca de su lugar de residencia,
o en su defecto a otro cercano. Además, resaltó que a Miguel Ángel no se le
permitió continuar en ese colegio porque no cuentan con la infraestructura, sin
que el A quo se haya pronunciado al respecto. (fls. 72-99, cdno 19)
3.6.
Actuaciones
en Segunda Instancia
3.6.1.
Copia del “Informe de valoración pedagógica”
del Servicio de Orientación y Educación Inclusiva del Colegio Veintiún Ángeles
-IED- efectuado a Miguel Ángel Caro Buitrago entre el 15 y 20 de abril de 2016,
cuyas conclusiones fueron las siguientes:
“Apreciación Pedagógica:
Miguel Ángel es un estudiante que puede continuar escolaridad en el
grado sexto dentro del programa de inclusión escolar con flexibilización
curricular moderada (encaminada a optimizar procesos de atención,
concentración, memoria de trabajo, actividades pedagógicas cortas y
secuenciales), acompañamiento terapéutico secuencial en psicología, terapia
física, terapia ocupacional y fonoaudiología. Se debe ubicar en una institución
que garantice la accesibilidad del menor.
Fortalecer la relación familiar para la construcción de hábitos y
rutinas cotidianas, manejo de actividades de forma secuencial y con
cumplimiento de metas, manejo de reforzamientos basados en el afecto y las
buenas relaciones.
Enfocar el trabajo pedagógico en el desarrollo de procesos
psicomotores que permitan un mejor dominio de control postural, coordinación
motora gruesa (se requieren las recomendaciones del fisiatra) y fina, tareas
secuenciales por etapas que le permitan al niño iniciar y terminar una tarea
corta para pasar a la siguiente fase, reforzando positivamente la realización
de la actividad con el fin de fortalecer su autoestima y aumentar sus periodos
de atención y concentración en una actividad funcional. Empleo de computador
para registrar los apuntes de clase, facilitando los procesos escriturales
garantizando (sic) una oportunidad para incrementar periodos de atención y
reducir la fatigabilidad.
Desarrollar habilidades de manejo temporal, relaciones de
asociación, discriminación y memorial visual, auditivo y conceptual.
Trabajar conceptos espaciales, temporales, de descripción de objetos
y situaciones, secuencias de eventos, planteamiento y resolución de problemas
de la vida cotidiana.
Recomendaciones:
El estudiante tiene promoción para sexto grado, requiere reforzar
algunos conceptos básicos de matemáticas y lenguaje, igualmente se encuentra
ansioso por ubicarse en una institución que le dé la bienvenida y le garantice
la accesibilidad a sus instalaciones”. (fls. 20-23,
cdno 2)
3.6.2.
Copia del “Informe de valoración pedagógica”
del Servicio de Orientación y Educación Inclusiva del Colegio Veintiún Ángeles
-IED- efectuado a María Paola Caro Buitrago entre el 15 y 20 de abril de 2016,
cuyas conclusiones fueron las siguientes:
“Apreciación pedagógica:
María Paola es una estudiante que se beneficia de un programa de
Aula Diferenciales (encaminada a optimizar procesos de atención, concentración,
memoria de trabajo, actividades pedagógicas por frases y de manera secuencial),
al tener dificultades en memoria de trabajo es relevante realizar tareas
pequeñas varias veces para que se genere un esquema mental estable que pueda
luego recuperar en futuras actividades del mismo tipo (MLP: Memoria de Trabajo
a Largo Plazo)
Plantearle tareas secuenciales por etapas que le permitan a la joven
iniciar y terminar una tarea para pasar a la siguiente fase, reforzando
positivamente la realización de la actividad con el fin de fortalecer su
autoestima y aumentar sus periodos de atención y concentración en una actividad
funcional. La estudiante presenta un alto grado de ansiedad que afecta su
desempeño y requiere trabajar aspecto pre vocacionales que le permitan
construir un proyecto de vida funcional.
Recomendaciones:
Continuar con el apoyo terapéutico en terapia ocupacional, fonoaudiología
y psicología. Acompañamiento por psiquiatría para el manejo de la ansiedad y
trabajo familiar que trabaje el desarrollo de habilidades de independencia para
la joven”. (fls. 25-27, cdno 2)
3.6.3.
El 26 de abril de 2016 el demandante radicó ante
la Secretaría de Educación Distrital la valoración pedagógica hecha a los
menores por el colegio Veintiún Ángeles, requerida para que les sea asignado el
cupo en el colegio acorde con sus necesidades.
3.6.4.
Mediante auto de 13 de mayo de 2016, el Juzgado
Treinta Penal del Circuito de Bogotá ofició a la Secretaría de Educación
Distrital a fin de que informara si el colegio Chorrillos -IED- cuenta con
bachillerato, es decir los grados de sexto a once. (fl. 16, cdno 2)
3.6.5.
La Secretaría de Educación Distrital atendió el
anterior requerimiento dando cuenta de que el colegio Chorrillos -IED- cuenta
con educación básica que va de sexto a noveno, y educación media, es decir
décimo y once (fls. 14 y 15, cdno 2).
3.7.
Sentencia
de segunda instancia.
3.7.1. El Juzgado Treinta
Penal del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 16 de mayo de 2016, confirmó
parcialmente y adicionó la decisión del A quo en el sentido de: (i) negar el
amparo de los derechos a la igualdad y educación de Miguel Ángel Caro Buitrago;
y (ii) conminar a la Secretaría de Educación Distrital para que en el momento
de fijar el monto del valor del subsidio de transporte tenga en cuenta la
condición de discapacidad del menor. Finalmente, requirió al Juzgado que
profirió el fallo de primera instancia para que “en lo sucesivo resuelva de
fondo las solicitudes planteadas por los accionantes, abordando los temas
puestos bajo su conocimiento y no simplemente haciendo un estudio aparente del
caso”.
3.7.2. Abordó el análisis del caso
determinando dos problemas jurídicos a resolver: (i) la entidad distrital
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de Miguel
Ángel Caro Buitrago al no contar con el servicio educativo de secundaria; y
(ii) si el menor representado por el actor tiene derecho a que le asignen ruta
escolar o el subsidio de transporte.
3.7.3. En relación con el derecho
fundamental a la educación, el Ad quem concluyó que el colegio
Chorrillos asignado a los hijos menores del actor, cuenta con los grados de básica
y media, por lo que está satisfecho el derecho de acceso a la escolaridad. En
cuanto al subsidio de transporte concluyó que la Secretaría de Educación
Distrital mediante Resolución No. 2016-44171 de 16 de marzo de 2016 le otorgó
el subsidio escolar doble, por lo que debía realizar el trámite de matrícula
para formalizar la entrega del dinero correspondiente a la movilidad
estudiantil.
3.7.4. No obstante lo anterior, el juez
de instancia consideró que la Secretaría de Educación Distrital deberá valorar
la situación especial del menor Miguel Ángel Caro Buitrago, quien por su
discapacidad no puede hacer uso del transporte público y con base en ello fije
el monto del valor del subsidio de transporte. (fls. 8-13, cdno 2)
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
1.1.    Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Planteamientos de la acción y problema jurídico.
2.1. Para
la Corte el reclamo del demandante se centra en que la Secretaría de Educación
Distrital no le ha asignado cupo en un colegio oficial de Bogotá a su hijo,
Miguel Ángel Caro Buitrago -13 años de edad-, quien se encuentra en situación
de discapacidad porque presenta antecedentes de “Parálisis cerebral de
hemiprasia derecha; Síndrome convulsivo controlado; Trastorno del desarrollo
neurocognitivo” y, a consecuencia de ello, utiliza silla de ruedas. Adicionalmente,
requiere que el establecimiento educativo ofrezca un programa de inclusión
escolar con flexibilización curricular, que satisfaga las necesidades
cognitivas y físicas del menor.
2.2. No obstante, a lo largo del
año 2016, la entidad accionada le ha otorgado cupo en distintas instituciones
escolares no aptas para el adolescente, bien sea porque no cuenta con la
infraestructura física requerida para la movilidad de personas en condición de
discapacidad, o porque no cuenta con los docentes y demás personal requerido
para atenderlo.
2.3. De otra parte, el actor
advierte la necesidad de que se le otorgue a su hijo el cupo en una institución
académica junto con la ruta escolar que lo traslade desde la vivienda hasta el
colegio y viceversa; y en lo posible que sea en el mismo establecimiento
educativo al que asiste su hermana, María Paola Caro Buitrago, para que se
presente apoyo y acompañamiento mutuo.
2.4. María Paola Caro Buitrago
tiene 17 años, cursa el grado 9º de bachillerato y presenta antecedentes de “Déficit
intelectual de Tipo Moderado, Alteración de la unión cráneo cervical, con
cirugía programada para viernes 19 de febrero; Luxación congénita de cadera
izquierda (pierna izquierda más corta); escoliosis; síndrome convulsivo con
tratamiento”, por
lo que también requiere de programa de inclusión
escolar con flexibilización curricular.
2.5. En instancia, los jueces declararon
que en el asunto sub examine hubo hecho superado, bajo en entendido de
que la Secretaría de Educación Distrital le asignó cupo a los dos menores en el
colegio Chorrillos y, a Miguel Ángel le otorgó un subsidio de transporte doble
para cubrir los desplazamientos desde el lugar de residencia hasta el colegio y
al contrario.
2.6. Ateniendo a lo anterior, la
Corte observa que si bien es cierto que la acción de tutela fue promovida por
el demandante con el fin de proteger las garantías superiores del menor Miguel
Ángel Caro Buitrago, también lo es que dadas las particularidades del caso,
esto es, por la condición especial del niño –que necesita acudir al mismo
colegio que su hermana, María Paola, porque entre ambos se prestan apoyo y
compañía-, y porque la menor María Paola también requiere de un programa de
educación inclusiva flexible, la Sala efectuará un pronunciamiento acerca de
los dos menores, a fin de evaluar si hay lugar o no a la protección de sus
derechos fundamentales a la educación en condiciones de igualdad.
2.7. Con base en lo expuesto, le
corresponde a la Sala Sexta de Revisión determinar si con base en los elementos
expuestos, en el caso concreto se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado dada la actual situación de los hijos del actor. Y en todo caso,
deberá establecer si la Secretaría de Educación Distrital vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación de los menores María Paola y
Miguel Ángel Caro Buitrago, al no garantizar de manera efectiva el acceso a la
educación especial que por sus condiciones de discapacidad requieren.
2.8. A fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Corte abordará el análisis de (i)  la acción de
tutela y la carencia actual de objeto por hecho superado; (ii) la protección a
los menores en el ámbito del derecho; (iii) el derecho a la educación; y (iv)
resolverá el caso concreto.
3.
La acción de tutela y la carencia
actual de objeto por hecho superado.
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que a través
de la acción de tutela toda persona puede reclamar ante los jueces “en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, o de
los particulares en los casos previstos en la ley y en la Constitución. Sin
embargo, el amparo solamente procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, o la utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. No obstante, “cuando tal vulneración o amenaza cesa,
esta Corporación ha estimado que el amparo pierde su razón de ser como
mecanismo de defensa judicial, en la medida en que cualquier decisión que el
juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carece de fundamento
fáctico”.[1]
3.2.
Al respecto, este Tribunal ha desarrollado la
tesis de la “carencia actual de objeto”, aceptando su ocurrencia en dos casos a saber: i)
el hecho superado y ii) el daño consumado. Ambos fueron explicados en la
sentencia T-449 de 2008 y reiterada en la T-536 de 2013, de la siguiente
manera:
“Ahora
bien, esta Corte en diferentes pronunciamientos[2] ha
señalado que el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto puede
generarse por la ocurrencia de un hecho superado o de un daño consumado. Se
presenta una carencia actual de objeto por la ocurrencia de un hecho superado cuando
el objeto jurídico de la acción de tutela, cesa, desaparece o se supera por
causa de la reparación del derecho vulnerado o amenazado, impidiendo que el
juez de tutela entre a emitir una orden respecto de la situación fáctica que
impulsó la interposición de la acción de tutela pero, facultándolo para
proferir un fallo en el que haga un estudio de fondo del caso. Por el
contrario, hay una carencia actual de objeto por la presencia de un daño
consumado cuando, al igual que en la hipótesis anterior, se constata que las
condiciones de hecho que generan la supuesta amenaza o violación de los
derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan pero, sin
existir una reparación del derecho.”
3.3.
En cuanto al hecho superado, señaló que esa
situación “no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la
Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo
vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía
constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela. Si bien,
en estos eventos no se emiten órdenes ante la ineficacia de las mismas, si la
decisión proferida por el juez de tutela contraría los postulados
constitucionales, la Corte debe revocarla”.[3]
3.4.
Igualmente, la
Corte advirtió que en estos casos procede el estudio de fondo, “sobre todo
si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos
del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí
resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es,
que se demuestre el hecho superado.”[4]
En suma, este Tribunal ha establecido que tratándose
de asuntos en los que se presenta un hecho superado, el juez de tutela puede
estudiar el fondo del asunto a fin de verificar si hubo infracción de los
derechos fundamentales y, si en efecto, ocurrió el fenómeno jurídico de la
carencia actual de objeto, pudiendo revocar la decisión que así lo declara (cuando
se evidencie que la vulneración persiste) o incluso para prevenir a la
autoridad o particular que infringió las garantías superiores a fin de que en
el futuro no se repita.
4.
La protección a los menores en el
ámbito del derecho.
4.1. Protección
a los niños, niñas y adolescentes en la Constitución.
4.1.1. La Constitución en el artículo 44
dispone que los derechos de los niños[5]
prevalecen sobre las garantías de los demás y, además, prevé la protección especial
de la que son objeto por parte de la familia, la sociedad y el Estado, quienes
tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, entre los cuales
destaca como fundamentales la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
4.1.2. Asimismo, el artículo en mención estipula que los niños serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso
sexual y explotación, y que gozarán de todos los demás derechos consagrados en
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia.
4.1.3.
En igual sentido, el artículo 45 superior establece que los adolescentes tienen
derecho a la protección y formación integral, para lo cual, el Estado y la
sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.
4.1.4.
La Carta Política a lo largo de su articulado mantiene el
marco de salvaguarda al desarrollar y hacer mención a la protección de los
niños en los diferentes ámbitos de la vida, al establecer que la familia es el
núcleo esencial e institución básica de la sociedad[6]
y que de tal principio se derivan mandatos específicos de protección integral
al prohibir la discriminación por razones de origen familiar, el deber del
Estado de promover condiciones para lograr una igualdad real y efectiva, y
adoptar medidas a favor de los grupos marginados o discriminados[7].
Igualmente sanciona la tortura, los tratos inhumanos y degradantes[8], y la violencia intrafamiliar; e
instituye los derechos a la vida[9], la personalidad jurídica[10], la libertad de expresión[11], la intimidad familiar y la obligación
de respetarla[12], el libre desarrollo de la
personalidad[13], la libertad personal[14],
el patrimonio, la honra, la dignidad, la armonía y unidad familiar[15], entre otros.
4.1.5.
Bajo este contexto normativo, la Sentencia C-1064 de 2000[16] sostuvo
que el Estado social de derecho asigna al aparato público el deber de adoptar
acciones “que permitan a los menores de edad alcanzar un desarrollo armónico
e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, síquico, intelectual,
familiar y social. La población infantil es vulnerable y la falta de
estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento
agravan su indefensión”. En virtud de ello, el Estado tiene como fin el
diseño de políticas especiales de protección para alcanzar la efectividad de
los derechos y garantías que les asisten como seres reales, autónomos y en
proceso de evolución personal, titulares de un interés jurídico que irradia
todo el ordenamiento[17].
4.2.
La protección a los niños, niñas y adolescentes en los
instrumentos jurídicos internacionales.
4.2.1.
La vigencia de la protección
a los derechos de los menores no solo se debe a su consagración en la
Constitución, sino que también está contenida en varios instrumentos jurídicos
internacionales sobre derechos humanos, prevalecientes en el orden interno al
estar ratificados por el Estado colombiano[18], entre ellos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1946; la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966[19];
la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"
de 1969[20]; el Protocolo
adicional a los convenios de Ginebra de 1977[21]; Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de
1990[22]; la Convención sobre la Prevención y el Castigo
de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes
Diplomáticos de 1973[23]; el Convenio relativo a la protección del niño
y a la cooperación en materia de adopción internacional de 1993[24]; el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador" de 1988[25]; la Convención Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias de 1989[26]; el Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre
la República de Colombia y la República de Chile de 1991[27]; y el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de los niños en la pornografía de 2000[28]; entre otros.
4.2.2.
En 1924 la Sociedad de las Naciones motivada
por la situación de los infantes víctimas de la Primera Guerra Mundial y
preocupada por la necesidad de que existiese una protección especial para
ellos, adoptó la Declaración de Ginebra[29], texto en que por primera vez se reconoce y afirma la existencia
de garantías para ellos, al establecer que “la humanidad debe al niño lo mejor que ésta
puede darle, sin considerar su raza, nacionalidad o creencia”[30].
4.2.3. Antecedida por la historia[31] y la Declaración de los Derechos Humanos, en
1959 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño[32], en la cual reconoce que los infantes por su
falta de madurez física y mental requieren de protección y cuidado especiales e
incluso, la debida asistencia legal, antes y después del nacimiento, a fin de
que puedan gozar de una infancia feliz, con los derechos y libertades
reconocidos; para lo cual insta a los hombres y las
mujeres individualmente y, a las organizaciones particulares, autoridades
locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan tales garantías y luchen por
su observancia, con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente.
4.2.4.
En 1989 la Asamblea General
de las Naciones Unidad aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño,
incorporada en la legislación interna mediante la Ley 12 de 1991, cuyo mandato
es que todas las medidas legislativas y administrativas concernientes a los menores, que adopten las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, consulten de manera primordial el interés superior
del menor.
4.2.5. Además
de reiterar los derechos de los niños, en el artículo 19[33]
dispone que “los Estados
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo”. Por tanto, deben
establecerse procedimientos eficaces que permitan proporcionar la asistencia
necesaria a los niños y a quienes cuidan de ellos, así como “otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”
4.2.6. La Sala
concluye que el catálogo de garantías a través del cual la Constitución, y los
instrumentos internacionales establecen normas tendientes a materializar el
interés superior del menor, constituyen un parámetro obligatorio de
interpretación que debe ser atendido por las autoridades públicas, tanto
administrativas como judiciales, al momento de resolver las controversias
suscitadas a propósito del enfrentamiento de derechos. Ello significa que
cuando se presente una tensión entre la protección de los niños y cualquier
derecho de otra índole, deberá prevalecer la primera en aplicación del
principio pro infans.
5.
El derecho a la
educación
5.1. Alcance del
derecho a la educación
5.1.1. De
conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 69 de la Carta, la educación[34] es un derecho
de contenido prestacional porque hace parte de los derechos sociales,
económicos y culturales; lo cual implica que su efectividad está ligada a la
disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura
organizacional[35].
Sin embargo, también es una garantía de rango fundamental cuando se trata de
educación primaria y básica[36]
y, de manera excepcional, de educación superior.[37]
Asimismo, en virtud del artículo 365 Superior, se trata de un servicio público[38]
regulado por la Ley 30 de 1992[39]
y por el Decreto 1075 de 2015[40].
Además, es un derecho-deber[41],
ya que implica obligaciones y
derechos causados por la relación entre los prestadores del servicio y los
usuarios, es decir, “las obligaciones que se generan por parte de los
planteles educativos –públicos o privados- con los estudiantes y la obligación
que tienen éstos a cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil”[42].
5.1.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el núcleo
esencial del derecho a la educación abarca las siguientes dimensiones[43]:
(i)
disponibilidad, que consiste en la
existencia de los medios para que se satisfaga la demanda educativa de las
personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de
enseñanza, entre otros;[44]
(ii)
accesibilidad, que pone en cabeza del Estado
el deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera
obligatoria y gratuita;[45]
(iii)
permanencia en el sistema educativo, que
protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan criterios de
exclusión irrazonables[46] y finalmente,
(iv)
calidad, que consiste en brindarle a los
estudiantes una educación que les permita adquirir y producir conocimientos
suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel
socioeconómico[47].
5.1.3. De
conformidad con el artículo 67 de la Constitución[48],
la educación obligatoria “comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Lo anterior, revela que es imperativo que el estado
brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro de secundaria que
comprende la educación básica[49]. Sin embargo, no exime al Estado
de la responsabilidad de brindar la disponibilidad respecto de todas las etapas
de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior) [50].
5.1.4. En ese orden, la educación hace parte de aquellos
derechos denominados como esenciales. En efecto, las sentencias T-666 de 2013 y
T-592 de 2015 señalaron el porqué:
(i)      su núcleo supone
un elemento de desarrollo individual y social, que asegura el pleno desarrollo
de todas las potencialidades del ser humano;
(ii)    es un factor de
cohesión entre el individuo y su comunidad, así como un elemento sustancial
para el desarrollo de la sociedad;
(iii) permite que el
individuo alcance un mayor desarrollo acorde con el medio y la cultura que lo
rodea;
(iv)
es
factor determinante para que los menores de edad, atendiendo los principios
sustanciales de dignidad humana e igualdad ante la ley, se integren
progresivamente al mercado laboral;
(v)
como
mecanismo de acceso a la información garantiza el desarrollo individual y
colectivo, entendido éste como el bienestar del ser humano;
(vi)
confirma
la primacía de la igualdad  consagrada en el preámbulo y en los artículos 5º,
13, 68 y 69 de la Constitución, lo que posibilita el acceso de todos los
individuos, y;
(vii)
materializa
el acceso efectivo al conocimiento y demás valores sustanciales para el
desarrollo digno del ser humano[51].
5.1.5.
No obstante, el derecho a la educación no es absoluto, a pesar de que, “en
cumplimiento del principio de progresividad que se encuentra contemplado por el
derecho internacional de los derechos humanos, la cobertura del sistema
educativo, así como la permanente mejora en la calidad de la educación
impartida ha de ser la constante y una de las principales responsabilidades a
cargo del Estado, la sociedad y la familia, la cual encuentra de todos modos
algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros
principios”.[52]
5.1.6.
Así las cosas, la Corte ha considerado que la relatividad y/o las limitaciones
razonables que se imponga al ejercicio del derecho a la educación, estarán
justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de
carácter constitucional, siempre y cuando no se vulneren los componentes
esenciales igualmente protegidos por el ordenamiento jurídico.[53]
5.1.7.
En suma la educación, vista como un servicio público y un derecho, es un
mecanismo eficiente por medio del cual se dignifica al ser humano, al
posibilitar el mejoramiento de su calidad de vida, y se constituye en un factor
de desarrollo personal y de la comunidad a la que pertenece, y cuyo ejercicio
debe garantizarse sin ningún tipo de limitación, más allá del respeto de otras
garantías constitucionales y del cumplimiento de los requisitos propios de cada
modelo de educación.[54]
5.2.
La educación como derecho en el
ámbito internacional
5.2.1. Múltiples instrumentos internacionales,
parte del bloque de constitucionalidad, expresamente hacen referencia al
derecho de acceso a la educación de los menores de edad. La Convención de los Derechos de los Niños, adoptada por la Ley 12
de 1991, en el artículo 28, dispone lo siguiente:
“1.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular:
a)
Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b)
Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria,
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia
financiera en caso de necesidad;
c)
Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad,
por cuantos medios sean apropiados;
d)
Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e)
Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar.
2.
Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque
la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana
del niño y de conformidad con la presente Convención.
3.
Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto,
se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.
5.2.2. A su turno, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13 reitera la
accesibilidad a la educación secundaria, así:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;”
5.2.3. El artículo 13 del Protocolo de San Salvador hace referencia al
derecho a la educación, la accesibilidad a la secundaria y específicamente, se
refiere a la necesidad de que se establezcan programas de enseñanza
diferenciada para personas en condición de discapacidad:
“1. Toda persona tiene derecho a la
educación.
2. Los Estados Partes en el presente
Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las
libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del
mantenimiento de la paz.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la
educación:
a. La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b. La enseñanza secundaria en sus
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
e. Se deberán establecer programas de
enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial
instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias
mentales”.
5.2.4.
Con base en lo expuesto, se concluye que normas
nacionales y foráneas protegen el derecho a la educación en condiciones de
igualdad y, concretamente, el acceso a la formación secundaria aun cuando los
educandos se encuentren en situación de discapacidad, exigiendo la creación y
desarrollo de programas de enseñanza especiales e incluyentes.
5.3.
El derecho de acceso a la educación incluyente
5.3.1.
De conformidad con el artículo 44 Superior y demás instrumentos
aplicables, corresponderá al Estado, la sociedad y la familia, asegurar que
todos los menores de edad accedan a la educación sin limitación alguna, y de
manera oportuna y permanente, al ser el objetivo principal de la implementación
de la política pública de educación. En este sentido, las sentencias T-529 de
2015 y T-546 de 2013 trajeron a colación la Observación General No.1 del Comité
de Derechos de los Niños, en la cual el parágrafo 1°
del artículo 29 de la Convención sobre los derechos de los niños[55],
estableció que los Estados deben:
“(…) ‘[p]romover, apoyar y proteger el valor supremo de la
dignidad humana y los derechos del niño, habida
cuenta de sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas capacidades
en evolución’.
Dicha observación también insiste en la necesidad de que la educación gire en
torno al niño, le sea favorable y lo habilite para la vida cotidiana, lo cual
se logra fortaleciendo sus capacidades, desarrollando sus aptitudes, su
aprendizaje, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este
contexto, la observación determinó que para lograr esta finalidad es necesario
adoptar medidas que posibiliten la realización del contenido de adaptabilidad
como característica elemental del derecho a la educación, entre las cuales se
encuentra ‘propender por el desarrollo de la
personalidad de cada niño, de forma tal que tome en cuenta sus dotes naturales,
características, intereses y capacidades únicas, y necesidades de aprendizaje
propias. Por lo tanto, el programa de estudios debe guardar una relación
directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus
necesidades presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en
evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades
de los distintos niños.”
5.3.2. Por lo anterior, resulta importante que confluyan las
cuatro dimensiones que sustentan el servicio público de educación, ya que estas
aseguran el ejercicio pleno de este derecho, en especial por parte de menores
de edad, de modo que no existe razón que justifiquen la interferencia o
limitación al ejercicio de dicho derecho, en especial cuando quien reclama su
protección es un niño o adolescente.[56]
5.3.3. La accesibilidad es un componente estructural del derecho a
la educación, y este garantiza que todos los individuos, y principalmente los
menores de edad, puedan ingresar al sistema educativo
en condiciones de igualdad y comprende lo siguiente:
“i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos,
de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los
grupos más vulnerables;
ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con
instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas;[57]
iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la
educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y
superior gratuita”[58].
5.3.4. Ahora bien, atendiendo la particular protección del derecho
a la educación, debe recordarse que su protección es aún más importante cuando
quien pretende ejercer tal derecho es un sujeto de especialísimas
características, como son los menores de edad en condición de discapacidad.
5.3.5. Lo anterior partiendo de la condición de sujeto de especial
protección constitucional de los infantes o adolescentes, reiterando lo
expuesto en el artículo 44 Superior que establece el principio pro infans,
en virtud del cual, los derechos de los niños deben protegerse y materializarse
de manera preferente y en todo caso, deberá garantizar el
desarrollo armónico e integral y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
5.3.6. En relación con el derecho a la educación[59],
el artículo 67 Superior dispone que “El Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica”. Lo anterior, bajo el
cumplimiento estricto de dos presupuestos previstos en la misma disposición, a
saber: “[Que] La educación será gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”[60]
y, adicionalmente, en atención a la obligación del Estado de “garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.[61]
5.3.7.
La especial garantía y protección que tienen
todos los derechos de los niños, también prevé el derecho a la educación, de
tal manera, cuyo ejercicio no puede limitarse o restringirse, ya que el Estado
tiene el deber de propugnar por que la permanencia en el sistema de educación
formal, lo cual implica, incluso, la flexibilización de sus esquemas a efectos
de asegurar la permanencia de los infantes y adolescentes, la mayor cantidad de
tiempo posible, con el único fin de que su proceso formativo en todas sus esferas
de desarrollo humano, se puedan adelantar y agotar atendiendo a su edad, y
acompañados del grupo social acorde con su desarrollo personal.[62]
5.3.8.
Tratándose de menores de
edad que se encuentren en un especial estado de vulnerabilidad por su condición
de discapacidad física, cognitiva o de cualquier otro tipo, en virtud de lo
expuesto en el artículo 13 Superior que establece el derecho y principio a la
igualdad, son acreedores de tal garantía, lo cual implica que su proceso de
enseñanza se adelante con un enfoque diferenciado, a fin de satisfacer las
necesidades propias de los niños y adolescentes.
5.3.9.
La Corte en la sentencia
T-826 de 2004, afirmó que no existen razones para considerar que menores de
edad con limitaciones físicas, cognitivas u otras, tengan menos derecho que los
demás a recibir educación. Como sustento de su afirmación, el fallo en cita
trajo a colación la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad[63] señala que “[l]os
Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas”. También
estipula que “los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
(…) [y en ese sentido] 3. [l]os Estados Partes
brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad”[64].
5.3.10.
Sin embargo, a pesar de los
instrumentos de derecho que obligan al Estado colombiano a propender por la
igualdad, el derecho de los niños y su garantía a acceder a la educación, la
Corte a lo largo de su jurisprudencia ha sostenido que no puede desconocerse el
trato discriminatorio al que han sido sometidos[65]. Con base en ello, este Tribunal ha señalado
algunas directrices para guiar la aplicación de los derechos de los niños y las
niñas a la educación, las cuales han sido sintetizadas en la Sentencia T-139 de
2013 y reiteradas en otras posteriores, así:[66]
(i)      El hecho incontrovertible de la vulnerabilidad
en la que se encuentran los menores con problemas de discapacidad, debido a la
discriminación histórica que han sufrido. Por ello, el Estado, la sociedad y la
familia “están obligados a adoptar acciones afirmativas a su favor
orientadas a garantizar la integración social y el total disfrute de los
derechos”[67].
(ii) La relación entre
discapacidad y los contextos sociales intolerantes, los cuales “dan origen a las situaciones concebidas por la
sociedad como ‘discapacitantes’”[68].
De conformidad con el literal e) del
preámbulo de la Convención sobre las personas con
discapacidad, este concepto “resulta de la interacción entre las personas
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”. A partir de ello, la dimensión “social”,
concibe a las personas con discapacidad “como un grupo humano con diversidad
funcional que debe ser abordado desde el punto de vista de su capacidad humana
y no solamente desde su limitación”[69].
Por lo que las acciones del Estado y la sociedad deben propender porque esa
población alcance el mayor nivel posible de autonomía y participación en todas
las decisiones que los afecten.
Ello indica que el goce
efectivo del derecho a la educación de las personas que presentan una reducción
en sus capacidades físicas o cognitivas requiere “las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”[70]. Ello implica el aporte de la sociedad en
general para la constitución de un nuevo paradigma de los derechos de personas
en condición de discapacidad: el de la participación en la construcción de la
sociedad. Como se expuso en la Sentencia T-109 de 2012, la discapacidad era
afrontada desde tres perspectivas:
(1) la prescindencia,
según la cual la discapacidad era el resultado del castigo de los dioses, por
practicar la brujería, razón por la cual la persona quedaba maldita y la
sociedad debía condenarla al ostracismo[71] o a su eliminación.
(2) la marginación, que
constituyó a estas personas como seres anormales, sin autonomía que
dependen de otros y cuyo cuidado correspondía a un acto de caridad y de
asistencia por parte del Estado.
(3) el enfoque médico o
de rehabilitación, “concibe la
discapacidad como la manifestación de diversas condiciones físicas,
fisiológicas o psicológicas que alteran la normalidad orgánica de la persona.
Desde ese punto de vista, como es natural, las medidas adoptadas se cifran en
el tratamiento de la condición médica que se considera constitutiva de la
discapacidad”[72].
De este modo, el antiguo
paradigma sobre la discapacidad implicaba etiquetar a las personas con
limitaciones físicas o cognitivas “como malditas, incapaces o enfermas y,
por lo tanto, incompetentes para vivir en sociedad”[73]. Sin embargo, a la luz de la Constitución, los
instrumentos internacionales, la jurisprudencia de esta Corte y de la dogmática
moderna, la terminología de discapacidad implica reconocer a estos seres
humanos, como sujetos de derechos, libres, iguales y dignos, sobre los cuales
la sociedad tiene un deber de solidaridad, para propender que gocen de manera
plena de todos sus derechos fundamentales en las condiciones más favorables
posibles.[74]
(iii) La prevalencia del
modelo inclusivo de educación para niños y niñas con limitaciones físicas o
cognitivas frente al especializado, porque “la regla general es la garantía
de la posibilidad de acceder al sistema educativo en aulas regulares de estudio
(…). La educación especial debe entenderse como la última opción, es decir,
debe operar de forma excepcional”[75].
La Convención sobre
personas con discapacidad, en el artículo 24 dispone que con el fin de hacer
efectivo el derecho a la educación “sin discriminación y sobre la base de la
igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la
enseñanza a lo largo de la vida (…)” y a su vez, señala que los Estados
deben garantizar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del
sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad”.
En materia legal, el
artículo 46 de la Ley 115 de 1994, “Ley General de Educación”, estipula
que “La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. || Los
establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio,
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social de dichos educandos”.
A su vez, el artículo 11
de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”,
señala que “En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie
podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de
educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de
formación. // Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo
siguiente, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con
limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos que se
organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no
gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias
para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un
Proyecto Educativo Institucional. // Las entidades territoriales y el Gobierno
Nacional, a través del Sistema Nacional de Cofinanciación, apoyarán estas
instituciones en el desarrollo de los programas establecidos en este capítulo y
las dotará de los materiales educativos que respondan a las necesidades
específicas según el tipo de limitación que presenten los alumnos”.
5.3.11.      De conformidad con estos mandatos y en armonía
con los principios constitucionales, esta Corporación en Sentencia T-443 de
2004, concluyó que el Estado debe garantizar el derecho a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad y solo en casos excepcionales debe
brindarla en aulas especializadas. En ese sentido, estableció un conjunto de
reglas para el acceso al servicio de educación inclusiva, esto es, en aulas
regulares, las cuales pueden observarse a continuación:
“a) La acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la
protección del derecho a la educación de los menores discapacitados.
b) La educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se
ordenará a través de la acción de tutela solo cuando valoraciones médicas,
psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer
efectivo el derecho a la educación del menor.
c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede
ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo.
d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el
menor requiera ese tipo de instrucción, ésta no solo se preferirá sino que se
ordenará.
e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se
ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la
familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor
discapacitado.”[76].
5.3.12. A partir de ello, la educación inclusiva constituye la
regla general para garantizar este derecho. No obstante, su goce efectivo
depende de la satisfacción de los siguientes presupuestos:
“a. Disponibilidad o asequibilidad: El Estado está obligado a ofertar programas que
permitan la integración educativa en establecimientos educativos públicos, o
brindar educación especializada en circunstancias en que sea necesario.
b. Acceso: Ello significa la eliminación de barreras económicas y
sociales que impiden que las personas con limitaciones físicas o cognitivas
puedan ejercer su derecho fundamental a la educación.
c. Aceptabilidad: El Estado debe garantizar que los profesores tengan el
conocimiento idóneo para impartir clase a niños y niñas con limitaciones
físicas o cognitivas en escuelas ordinarias y especializadas. A su vez, implica
que las familias de los menores sean capacitados para facilitar el proceso
educativo.
d. Permanencia o
adaptabilidad. El Estado debe eliminar
las barrera físicas (i.e. ramplas (sic) para sillas de ruedas) o de lenguaje
(educación por lenguaje de señas, lectura braille, etc) en los establecimientos
educativos a fin de permitir que los niñas y niñas con limitaciones físicas o
cognitivas puedan ejercer su derecho a la educación[77].”[78]
5.3.13. En suma, los niños y niñas son titulares del derecho
fundamental a la educación en condiciones de igualdad, independientemente de
las limitaciones físicas, cognitivas o de cualquier otro tipo que presenten. De
este modo, ante una situación que genere discapacidad, el Estado debe eliminar
las barreras que impidan el goce y disfrute efectivo de esa garantía, a través
de la inclusión en el sistema tradicional, o en el especializado cuando las
circunstancias lo ameriten (i.e. cuando sea imposible garantizar la
disponibilidad, el acceso, la aceptabilidad, la permanencia o adaptabilidad).
6.
Caso concreto
6.1. Síntesis del caso
6.1.1. De conformidad
con los hechos expuestos y con baso en el planteamiento del caso, los hijos del
demandante son sujetos de especial protección constitucional porque son menores
de edad y ambos se encuentran en condición de discapacidad: (i) Miguel Ángel
Caro Buitrago tiene 13 años, quien tiene antecedentes
de “Parálisis cerebral de hemiprasia derecha; Síndrome convulsivo
controlado; Trastorno del desarrollo neurocognitivo” y, a consecuencia de
ello, utiliza silla de ruedas; y (ii) María Paola Caro Buitrago tiene 17 años y
se reporta “Déficit intelectual de Tipo Moderado, Alteración de la unión
cráneo cervical, con cirugía programada para viernes 19 de febrero; Luxación
congénita de cadera izquierda (pierna izquierda más corta); escoliosis;
síndrome convulsivo con tratamiento”.
6.1.2. De acuerdo con las múltiples valoraciones
pedagógicas que se les han practicado a los menores durante el año 2016, sendos
informes recomiendan en ambos casos que el establecimiento educativo ofrezca un
programa de inclusión escolar con flexibilización curricular, que
satisfaga las necesidades cognitivas y físicas de Miguel Ángel y María Paola.
6.1.3. Durante este año lectivo, los
hermanos Caro Buitrago han intentado cursar los grados 6º y 9º de bachillerato
en los colegios Toberín, Agustín Fernández, Chorrillos, Veintiún Ángeles y
Friedrich Nauman, salvo en la última institución educativa, en las demás fueron
rechazadas sus matrículas por no contar con la infraestructura física requerida
para la movilidad de personas en condición de discapacidad, o por falta de
docentes y demás personal requerido para atenderlos.
6.1.4. Actualmente, María Paola y Miguel
Ángel se encuentran estudiando en el colegio Friedrich Nauman -IED-, ubicado en
la carrera 7ª con calle 171 y, según pudo constatarse mediante llamada
telefónica con el demandante, los menores están en riesgo porque debido a que
no disponen de una ruta escolar, deben atravesar la calle sin que cuenten con
un familiar o algún adulto que pueda brindarles su apoyo. Además, el accionante
afirma que no ha recibido el subsidio que le fue asignado, lo que quiere decir
que en la práctica no tiene asegurado el transporte escolar.
6.1.5. Por ello, el actor reitera la
necesidad de que se les otorgue el cupo en una institución académica junto con
la ruta escolar que lo traslade desde la vivienda hasta el colegio y viceversa;
y en lo posible que sea en el mismo establecimiento educativo al que asiste su
hermana, María Paola Caro Buitrago, para que se presente apoyo y acompañamiento
mutuo.
6.2.
Cuestión previa. El hecho superado
6.2.1.
En instancia, los jueces negaron el amparo
invocado por carencia actual de objeto por hecho superado, bajo el supuesto de
que la Secretaría de Educación Distrital le asignó cupo a los dos menores en el
colegio Chorrillos y, a Miguel Ángel le otorgó un subsidio de transporte doble
para cubrir los desplazamientos desde el lugar de residencia hasta el colegio y
al contrario.
6.2.2.
Con base en lo expuesto, le corresponde a la
Sala Sexta de Revisión determinar si con base en los elementos expuestos, en el
caso concreto se configura una carencia actual de objeto por hecho superado
dada la actual situación de los hijos del actor.
6.2.3. Como ha
expuesto esta Corporación[79],
la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de
proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud
de amparo, ha cesado, al desaparecer toda posibilidad de amenaza o vulneración
a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay carencia de objeto la
protección pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a proteger el derecho
fundamental invocado.[80]
6.2.4. En el asunto
sub examine, mal podría hablarse de un hecho superado cuando la realidad
indica que si bien, después de casi un año de recorrer distintas instituciones
educativas donde les fue negada la matrícula por razón de su discapacidad, como
si se tratara de un carrusel de rechazo, los menores están inscritos en el
colegio Friedrich Nauman, al cual asisten en la actualidad sin ruta escolar que
los recoja y a pesar de que le fue asignado un subsidio de transporte al menor
Miguel Ángel Caro Buitrago, no le ha sido desembolsado el dinero para cubrir
los desplazamientos. Circunstancias que evidencian la necesidad de la
intervención del juez constitucional a fin de proteger los derechos
fundamentales de los menores.
6.3.
Procedencia de la acción
6.3.1.
Para resolver este caso, la Sala deberá dilucidar de
manera previa, la procedibilidad formal de la acción de tutela, esto es,
constatar si cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
6.3.2.
Frente a la inmediatez, es preciso mencionar que el
recurso de amparo no prevé un término de caducidad, sin embargo, la
Corte ha precisado que dicho mecanismo debe ejercerse dentro de un término
justo, oportuno y razonable, toda vez que debe ser un dispositivo de reacción
judicial eficaz frente a la vulneración o amenaza grave, actual y vigente uno o
varios derechos fundamentales. Dicha situación obliga al juez de tutela a
evaluar la razonabilidad del tiempo transcurrido, con los hechos de cada caso
concreto[81],
para determinar si el amparo resulta o no improcedente.
6.3.3. En consecuencia, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada por la
urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a
modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en
el tiempo”[82],
condiciones que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar un
tiempo irrazonable para reclamar sus derechos.
6.3.4. En el
presente asunto, los hechos que originaron la tutela ocurrieron en febrero de
2016, cuando iniciaba el año lectivo de los menores María Paola y Miguel Ángel Caro
Buitrago y se enteraron que no podían continuar su escolarización en el colegio
en el que venían estudiando, desde entonces, el demandante ha presentado
derechos de petición ante la Secretaría de Educación del Distrito, pero ante la
falta de una respuesta clara, precisa y definitiva, el 8 de marzo del mismo
año, acudió a la acción de tutela. Ello evidencia que el actor fue diligente en
sus actuaciones, por lo que cumple con el requisito de la inmediatez.
6.3.5. En cuanto
al requisito de la subsidiariedad, la Sala precisa que está asociado a
que la acción de tutela no sea utilizada para desplazar otros mecanismos
judiciales de defensa de los derechos cuya protección se invoca. En esa medida,
le corresponde al juez constitucional, verificar si en el asunto bajo estudio
los reclamantes contaban con otros recursos o acciones judiciales que tuviesen
la virtualidad de otorgar el real, inmediato y eficaz amparo de las garantías
afectadas o bajo amenaza; o que se trate de una situación que viabilice de manera
transitoria la salvaguardia a fin de evitar un perjuicio irremediable.
6.3.6.  En el sub
judice el señor Miguel Antonio Caro Huertas, en representación de sus
menores hijos, ha acudido ante la administración distrital y la Defensoría del
Pueblo para hacer valer los derechos de María Paola y Miguel Ángel Caro
Buitrago, sin obtener más que dilaciones, sin dejarle más opción que acudir
ante el juez constitucional para que resuelva su caso. Por lo cual, la acción
de tutela se erige como el mecanismo idóneo de protección de sus derechos
fundamentales.
6.3.7. Ahora
bien, una vez verificada la inexistencia de carencia actual de objeto por hecho
superado y satisfechos los presupuestos de procedibilidad formal de la presente
acción de tutela, la Sala entrará estudiar el fondo del asunto sometido a su
revisión.
6.4.
Resolución del caso.
6.4.1. De conformidad
con las distintas evaluaciones realizadas a Miguel Ángel y María Paola es
necesario que ambos estén vinculados a un programa de inclusión escolar. Y
según la pretensión del demandante, lo ideal es que ambos menores asistan al
mismo colegio en la jornada de la tarde -en lo posible en el colegio Toberín al
que asistían antes-, porque en la mañana asisten a terapias en el Hospital
Méderi y en la Fundación CIRED. En ese horario el accionante puede asistirlos y
acompañarlos a dichas actividades, por lo que convendría que su educación sea
por la tarde, lapso durante el cual el actor trabaja.
6.4.2. Con base en lo
expuesto en líneas atrás, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
proteger el derecho a la educación en condiciones de igualdad de los menores
María Paola y Miguel Ángel. Si bien es cierto que actualmente están
escolarizados, lo cierto es que el padre de familia -demandante- manifiesta su
preocupación ante dos hechos. (i) las aulas de clase cuentan con
aproximadamente 40 estudiantes, por lo que se presume que difícilmente puede el
docente atender sus necesidades especiales dentro del programa de educación
inclusiva; y (ii) la ruta escolar, ya que al niño le fue asignado un subsidio
de transporte, pero según lo afirmado por el demandante, aún no lo ha recibido
y además, la necesidad de los menores es un transporte escolar porque dadas sus
condiciones familiares, no cuentan con un acompañante que los asista, por lo
que ahora, la mayoría de las veces, deben atravesar solos una calle tan
transitada como la 7ª.
6.4.3. La política
pública nacional de educación está diseñada para dar prioridad a la enseñanza
de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a los discapacitados, a través
del Plan de Revolución Educativa el cual plantea que dicho grupo poblacional es
prioritario, lo cual implica que  los establecimientos educativos se
transformen y modifiquen su cultura de atención desde el punto de vista directivo,
académico, administrativo y comunitario. “Así pues, la política de inclusión
de la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para
garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad
cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva
por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja
visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular
y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos”.[83]
6.4.4. De
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional  y la política pública en
mención, los programas de inclusión educativa necesariamente requieren el
desarrollo de estructuras curriculares que se articulen con las ya establecidas
a fin de no llevar a una segregación o algo que termine por afectar aún más a
la población discapacitada. Por tanto, se requiere de estrategias pedagógicas
que  faciliten el diálogo entre los diferentes niveles educativos; y atiendan
la especificidad de cada estudiante; asimismo es necesario disponer de
infraestructura física y de materiales didácticos alineados con el proyecto
pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para que
efectivamente puedan desarrollar el currículo, y dialogar y entender las
expectativas y necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles
locales.[84]
6.4.5. En
ese orden, la inclusión en la educación significa:
“[A]tender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades
comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido
necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones
éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de
valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza
flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce
estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en
consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa
diferentes niveles de competencia.
La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa
a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o
culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y
cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de
aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los niños y niñas de
una comunidad determinada puedan estudiar juntos.
La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática,
tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal
común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una
estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la exclusión,
dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de
la educación como un derecho”.
El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y
jóvenes tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes
oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas,
independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus
diferencias en las habilidades y capacidades²... Aquí cabe la pregunta: ¿por
qué el niño o la niña con discapacidad no puede educarse en la misma
institución a la que va su hermanito? Ellos también son sujetos de derechos. Se
trata de generar ambientes inclusivos en todas las escuelas, por medio de la
provisión de un conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte
de una red escolar integrada y mediante la articulación con otros servicios
sociales³.
Los estándares básicos de competencias propician un conjunto de criterios
comunes acerca de lo que todos los estudiantes pueden lograr en su paso por el
sistema educativo; con estos criterios los docentes diseñan estrategias
pedagógicas pertinentes para lograr que sus estudiantes las desarrollen. Si
estos estudiantes tienen discapacidades, las estrategias deberán tenerlas en
cuenta.
En este sentido la política de educación inclusiva se propone
atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el
ciclo educativo, desde la educación inicial hasta la superior. La inclusión
pretende que dichas poblaciones desarrollen sus competencias para la vida en
todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de
evaluación, con apoyos particulares. Por ejemplo, con un intérprete de lengua
de señas para los sordos, un lector para los ciegos, más tiempo y tutoría, para
que la población con discapacidad cognitiva, e inclusive que se envíen las
pruebas a los municipios en donde habitan quienes tengan dificultad para
desplazarse”.[85]
6.4.6. Mediante
la Resolución No.2565 de 24 de octubre de 2003, “Por la cual se establecen
parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población
con necesidades educativas especiales”[86], el
Ministerio de Educación Nacional estableció los parámetros de prestación del
servicio de educación inclusiva, disponiendo que cada
entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la caracterización y
determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de
identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con
miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación
pertinente. Asimismo, “se requiere que en los municipios se articulen los
servicios de salud y de protección: EPS, ICBF, Desarrollo Social, atendiendo el
Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del
Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y las orientaciones
pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidades y con
talentos excepcionales, construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de
Planeación y los Ministerios de Educación y de la Protección Social”.[87]
6.4.7. Una vez conocida la situación de discapacidad por parte de
las autoridades territoriales, las Secretarías de Educación deben asignar la
institución que les garantice los apoyos más pertinentes, enmarcados en los
proyectos educativos institucionales los cuales, por naturaleza, son dinámicos
y deben evolucionar no sólo para lograr educación inclusiva, sino para alcanzar
buenos resultados de todos los estudiantes. Los colegios en donde se matriculen
alumnos con discapacidad deben revisar todos los ámbitos de su gestión escolar,
con miras a reorganizar o reorientar sus procesos en función de la inclusión.
Es fundamental que las estrategias pedagógicas y de evaluación sean pertinentes
para el tipo de discapacidad que presentan los estudiantes matriculados.
Además, es necesario promover en las instituciones nuevas formas de relación
entre los compañeros con el fin de lograr la aceptación de las diferencias y el
apoyo y la solidaridad de los mismos.[88]
6.4.8. Lo expuesto evidencia que la Secretaría de Educación
Distrital vulneró el derecho a la educación en condiciones de igualdad de los
menores Miguel Ángel y María Paola Caro Buitrago, porque los sometió a una
incansable espera de definición de cupo escolar, debiendo recorrer más de cinco
colegios para finalmente obtener la matrícula.
6.4.9. En la actualidad los menores están matriculados y
estudiando en el colegio Friedrich Naumann, institución
educativa que según la Secretaría de Educación, satisface las necesidades de
los niños, no solo en cuanto a la formación incluyente flexible sino porque las
instalaciones del establecimiento educativo se adecúan a los requerimientos de
los menores. No obstante, la Sala adoptará medidas encaminadas a identificar el
lugar más idóneo para Miguel Ángel u María Paola.
6.4.10.
En consecuencia, se
revocarán las decisiones de instancia que declararon el hecho superado y, en su
lugar, se protegerá el derecho a la educación en condiciones de igualdad de los
menores representados por el demandante.
6.4.11. Se ordenará a la Secretaría de Educación Distrital que en
un lapso de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la
sentencia, efectúe un estudio que comprenda las instituciones educativas del
distrito disponibles con programas de inclusión de enseñanza flexible, donde
puedan continuar el próximo año lectivo sus estudios los menores María Paola y
Miguel Ángel Caro Buitrago, para lo cual deberá tener en cuenta que la planta
física se adecúe a las necesidades de desplazamiento en silla de ruedas y que
permitan un fácil acceso a través de una ruta escolar u otro plan que garantice
a los dos educandos la asistencia al colegio en condiciones de seguridad, para
lo que deberá tener en cuenta las particularidades de su situación familiar.
6.4.12. Además, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, la Secretaría de Educación Distrital deberá
notificarle al demandante la oferta escolar disponible para que sea él quien
elija cuál de las instituciones educativas disponibles se ajustan más a sus
necesidades y con base en ello, la entidad procederá a asignarles el cupo junto
con el beneficio de la movilidad escolar.
6.4.13. Finalmente, se ordenará a la Secretaría de Educación Distrital que, una vez vencidos
cada uno de los dos plazos señalados en los numerales 6.4.11 y 6.4.12, rendir
ante el Juzgado Veintidós Penal Municipal de Bogotá, un informe detallado de cada una de las actuaciones que
despliegue a fin de dar cumplimiento a las órdenes de la presente decisión.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR
la sentencia de
16 de mayo de 2016, proferida por el
Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó parcialmente y
adicionó la decisión de primera instancia, expedida por el Juzgado Veintidós
Penal Municipal de la misma ciudad, que a su vez declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado  y negó la tutela invocada. En su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad de
los menores de edad Miguel Ángel y María Paola Caro Buitrago, representados por
su padre, Miguel Antonio Caro Huertas.
SEGUNDO.-
ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que en el término
de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, efectúe un estudio y rinda un concepto que comprenda las
instituciones educativas del distrito disponibles con programa de inclusión de
enseñanza flexible, donde puedan continuar sus estudios el próximo año lectivo los
menores María Paola y Miguel Ángel Caro Buitrago, teniendo en consideración la
exigencia de que la planta física se adecúe las necesidades de desplazamiento en
silla de ruedas y que permita un fácil acceso a través de una ruta escolar u
otro plan que garantice a los dos educandos la asistencia al colegio en
condiciones de seguridad, para lo cual deberá tener en cuenta las
particularidades de su situación familiar.
TERCERO.-
ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que en un término
de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, le
notifique al demandante la oferta escolar con inclusión educativa flexible
disponible, mencionada en el numeral segundo de este fallo, para que Miguel Antonio
Caro Huertas sea quien elija cuál de las instituciones académicas disponibles
se ajustan más a sus necesidades y con base en ello, la entidad procederá a
asignarles el cupo junto con el beneficio de la movilidad escolar para el
siguiente año lectivo que será en el 2017, conforme a los parámetros señalados
en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO.-
ORDENAR a
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que,
una vez vencidos cada uno de los dos plazos señalados en los numerales segundo
y tercero de esta sentencia, rendir ante el Juzgado Veintidós
Penal Municipal
de Bogotá
un informe detallado de cada una de las actuaciones que haya
desplegado a fin de dar cumplimiento a las órdenes de la presente decisión.
QUINTO.-
Líbrense
por Secretaría General las comunicaciones previstas en el Artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXTO.- Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
Ausente en comisión
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-953 de 2011.
[2] Ver sentencia SU-540 de 2007.
[3] Sentencias T-523 de 2016,  T-536
de 2013 y T-085 de 2011
[4] En el mismo sentido ver la
sentencias T-953 de 2011 y T-515 de 2007.
[5] De acuerdo con el artículo 1º de la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, se entiende por niño todo ser humano menor
de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.
[6] Art. 5.
[7] Art. 13.
[8] Art. 12.
[9] Art. 11.
[10] Art. 14
[11] Art. 20
[12] Art. 15.
[13] Art. 16
[14] Art. 28
[15] Art. 42.
[16] Estudió la constitucionalidad
del artículo 148 (parcial) del Decreto
Extraordinario 2737 de 1989 (Código del Menor).
[17] Cfr. sentencias
T-408 de 1995 y T-514 de 1998
[18] Artículo 93 de la
Constitución Política.
[19] Aprobado mediante Ley 74 de
1968.
[20] Aprobado mediante Ley 16 de 1972.
[21] Promulgado
mediante Decreto 509 de 1996.
[22] Aprobada
mediante Ley 146 de 1994.
[23] Aprobada
mediante Ley 169 de 1994.
[24] Aprobado
mediante Ley 265 de 1996.
[25] Aprobado
mediante Ley 319 de 1996.
[26] Aprobada
mediante Ley 449 de 1998.
[27] Aprobado
mediante Ley 468 de 1998.
[28] Aprobado mediante Ley
765 de 2002.
[29] http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/
[30] Versión original en francés “Déclaration de Genève” “Préambule.
Par la présente Déclaration des droits de l’enfant, dite déclaration de Genève,
les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l’humanité
doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en
dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance.”
[31]Tras la Segunda Guerra Mundial,
las Naciones Unidas creó la UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, cuya función inicialmente consistía en ayudar a los jóvenes víctimas
de la guerra, sin embargo, a partir de 1953 amplió su rango de acción a países
en vía de desarrollo y creó programas para que los infantes tuvieran acceso a
salud, educación, agua potable y alimentos.
http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html
En 1947 fue creado y a partir de 1953 se le concedió
el estatus de organización internacional permanente.
[32] http://www.apega.org/attachments/article/277/historiaderechosdeinfanciacast.pdf
[33] La
Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha
precisado en varias direcciones los alcances del artículo 19 de la Convención
Americana y la Convención de los Derechos de los Niños, reiterando la
protección especial de la que gozan los niños, niñas y adolescentes por razón
de su vulnerabilidad, así como la obligación de los Estados de adoptar medidas
de tipo administrativo, legislativo, judicial y en general todas aquellas que
sean necesarias para asegurar la satisfacción de las garantías para ellos
establecidas, v. g. en el caso de “Los niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999; en el
caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003; en el caso
de los Hermanos Gómez Paquiyauiri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004; en
el caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, sentencia de 2 de
septiembre de 2004; en el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia,
sentencia de 1 de julio de 2006; en el caso González y otras (“Campo
Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009; en el caso de la
Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia de 24 de noviembre de 2009;
en el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010;
caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010; caso
Contreras y otros vs. El Salvador, sentencia de 31 de agosto de 2011; Caso
Fornerón e hija vs. Argentina, sentencia de 27 de abril de 2012; Caso Masacre
de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012; caso
Mendoza y otros vs. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013; caso de las
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica
(Operación Génesis) vs. Colombia, sentencia de 20 de noviembre de 2013; caso
Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, sentencia de 25 de noviembre de 2013; Caso
Veliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de mayo de 2014; Caso
Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de agosto de
2014; entre otros.
[34] Sobre esta
caracterización, la Corte ha sostenido que la educación:“(E)s
considerada en primer lugar, como derecho de todas las personas que guarda una
estrecha relación con la posibilidad de garantizar el desarrollo de los
individuos y a su vez es un servicio público con función social, vigilado e
inspeccionado por el Estado con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus
fines, su calidad, permanencia y las condiciones necesarias para garantizar su
acceso. Así las cosas, se entiende que el Estado, en relación con el derecho
fundamental a la educación, debe propender a su prestación en forma adecuada,
no solo por tratarse de un derecho fundamental que está obligado a garantizar,
sino también, porque su obligación se encamina a crear y desarrollar mecanismos
que garanticen este derecho, además de fomentar y permitir el acceso al mismo.
(…).
Sentencia T-1026 de 2012.
[35] Sentencia
T-1026 de 2012.
[36] La
jurisprudencia constitucional ha instituido que el carácter fundamental de un
derecho no está dado exclusivamente por su consagración en la Carta Política,
sino por su relación intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello,
ha otorgado ese carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la
prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 44 superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de
nivel de básica primaria (Sentencia T-743 de 2013 y T-428 de 2012).
[37]
Sentencias T-068 de 2012, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de
1999.
[38] Artículo 365. “Los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. // Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que
fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.(…)”
[39] “Por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior”.
[40] Este es el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación, que reglamenta la educación superior en el
Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Educativo, Parte 5. Reglamentación de
la educación superior. Publicado en el Diario Oficial 49.523 el 26 mayo de
2015.
[41] Sentencias T 465 de 2010 y T-642
de 2001.
[42] Sentencia T-153 de 2013.
[43] De acuerdo con la sentencia
T-356 de 2011: “Estos fueron planteados por primera vez en el informe
preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora
Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999 y han sido
acogidos tanto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, como por esta
Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la figura del bloque de
constitucionalidad”. Cfr.
Sentencias T-153 de 2013, T-306 de 2011, T-787 de 2006, T-550 de 2007,
T-805 de 2007 y T-1227 de 2005, entre otras.
[44]
Titilo II, Capitulo 2 de la Constitución Política de Colombia. “Derechos
Sociales Económicos y Políticos”, en el inciso 5 del Artículo 67: (…)garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…) Con
respecto a la Disponibilidad o La asequibilidad del servicio, la sentencia
T-1259 de 2008 la explicó cómo “(…) la obligación del Estado de crear y
financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de
todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre
otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar
colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de
asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio(…)”;
[45]
Pacto Internacional de Derechos Humanos. (en adelante PIDESC). Artículo 13
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente; (…)” En el mismo sentido, los artículos 41 y
42 del Código de Infancia y Adolescencia, contemplan las obligaciones del
Estado y de las Instituciones Educativas frente al derecho a la educación de
los menores. Entre estas, se señala en los numerales 1 y 2 del Artículo 42 las
siguientes: Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema
educativo y garantizar su permanencia y brindar una educación pertinente y de
calidad.
[46] Al
respecto en la sentencia T-290 de 2006, la Corte estudió el caso de una niña a
la que le negaban el cupo para el grado décimo, después de haber cursado los
grados 7 y 8 en ese colegio, porque era de monjas y la menor era gestante
soltera. Estimó la Corte, en esa oportunidad que “La efectividad del derecho
fundamental a la educación exige que, en primer lugar, se tenga acceso a un
establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se
garantice la permanencia del educando en el sistema educativo.
[47]
Sentencias T- 433 de 1997 T-433 de 1997. En esta
oportunidad la Corte al revisar el caso de varios estudiantes de medicina que
solicitaban el amparo del derecho a la educación que consideraban había sido
vulnerado por la Universidad como quiera que habían tenido un débil y
deficiente proceso de formación práctica, no acorde con los objetivos del mismo
según los reglamentos vigentes, desarrolló el componente de calidad en la
educación y señaló: “Una educación de baja calidad, soportada en procesos de
formación débiles y carentes de orientación y dirección, no solo afecta el
derecho fundamental a la educación de quien la recibe, sino el derecho de la
sociedad a contar con profesionales sólidamente preparados que contribuyan con
sus saberes específicos a su consolidación y desarrollo, mucho más cuando
provienen de instituciones públicas financiadas por el Estado.”
[48] Artículo 67. “La educación es
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.// La educación formará al colombiano
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. // El Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica. // La educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos. // Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
(…)”
[49] Literal b del artículo 11 de la
Ley 115 de 1994.
[50] SentenciaT-068
de 2012. “(S)i bien éste último no tiene una obligación directa de procurar
el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa
que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de
las personas al sistema educativo”
[51] Sentencia T-966
de 2011.
[52] Sentencia T-529 de 2015.
[53] Sentencias T-529 de 2015 y T-666
de 2013.
[54] Sentencia T-529 de 2015.
[55] “Artículo 29 1. Los Estados
Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a)
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto
de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de
los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y
de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una
vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al
niño el respeto del medio ambiente natural. 2. Nada de lo dispuesto en el
presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de
la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación
impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba
el Estado.” Texto obtenido en la página electrónica http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0021
[56] Sentencia T-529 de 2015.
[57] El Código de Infancia y
Adolescencia le impone al Estado la obligación de “garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su
nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones
educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que
garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos”.
[58]Sobre la
materia, esta Corporación en la sentencia T-1704 de 2000, sostuvo: “(...)
Existe otra consecuencia de la educación como derecho fundamental de los
menores consagrada en el artículo 44 de la Constitución: Si un menor se
encuentra en grados de educación media (10 y 11), sigue existiendo un amparo
constitucional claro. La especial
protección de la educación de los menores se reafirma en el artículo 67
parágrafo quinto cuando se consagra que el Estado debe asegurar a los menores
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo”.
[59] Sentencia T-743 de 2013.
[60] Sentencia C-376 de 2010.
[61] Sentencia T-592 de 2014.
[62] Ídem.
[63]  Art. 1 “Para los efectos
de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad” // Artículo 28 “1.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular (…)”.
[64] Artículo 24.
[65] Ver Sentencia T-826 de 2004.
[66] Reiterada en sentencia T-529 de
2015.
[67] Sentencia T-139 de 2013. Además
pueden consultarse las
sentencias T-495 de 2012, T-1248 de 2008 y T-608 de 2007, entre otras.
[68] Sentencia T-109 de 2012.
[69] Sentencia T-139 de 2013.
[70] Artículo 2º de la Convención
sobre las personas con discapacidad.
[71] Excluir a la persona de la
comunidad.
[72] Sentencia T-109 de 2012.
[73] Ibíd.
[74] Sentencia T-529 de 2015.
[75] Sentencia T-974 de 2010.
[76] Sentencia T-443 de 2004.
[77] Cfr. Sentencia T-139 de 2013.
[78] Sentencia T-529 de 2015.
[79] Sentencia T-245 de 2016.
[80] Sobre el particular
se pueden ver, entre otras, las sentencias T-1100 de 2004, T-093 de 2005, T-137
de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de
2006, y T-431 de 2007.
[81] Sentencias
T-792 de 2007, T-189 de 2009, T-265 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
T-328 de 2010, entre otras
[82] Sentencia T-158
de 2006. Reiterada por la sentencia T-691 de 2009.
[83] http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340087.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html
[84] Ídem
[85] Ídem.
[86] http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85960_archivo_pdf.pdf
[87] Ídem.
[88] http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85960_archivo_pdf.pdf