T-744-14
Sentencia T-744/14
(Bogotá,
D.C., octubre 8)
PODER PARA
INTERPONER ACCION DE TUTELA-Requisitos/APODERAMIENTO
JUDICIAL EN TUTELA-Requisitos
DERECHOS DE
PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES-Improcedencia
por cuanto por los mismos hechos ya hay pronunciamiento con efectos inter
comunis modulados en sentencia T-648/13, en cuyo caso procede incidente de
desacato
ACCION DE
TUTELA-Improcedencia por omisión en el cumplimiento
de los requisitos del apoderamiento judicial e incumplir requisito de
inmediatez
Referencia: expedientes
T-4.311.252 y T- 4.400.975
Fallos de
tutela objeto revisión: T-4.311.252
Sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano – Bolívar, del día 19 de
noviembre de 2013. T-4.400.975 Providencia del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Aguachica – Cesar,
del 16 de diciembre de 2013.
Accionantes: T-4.311.252 Oscar David Ochoa González
actuando como apoderado de los ciudadanos Cecilia del Carmen Mercado Pertuz y
otros. T-4.400.975 Orlando Díaz Rojas actuando como apoderado de los
ciudadanos Melva Díaz Otero y otros.
Accionados: T-4.311.252  la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo y Desastres UNGRD y la Alcaldía Municipal de Zambrano – Bolívar. T-4.400.975
el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y la Alcaldía Municipal de San Martín – Cesar.
Magistrados de la Sala Segunda de
Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demandas de tutela.
1.1. Elementos y pretensiones de los casos T-4.311.252[1]
y T-4.400.975[2].
1.1.1. Derechos fundamentales invocados:
niñez, igualdad, debido proceso, mínimo vital, vida digna y vivienda
digna.
1.1.2. Conducta que causa la
vulneración: El no pago por parte de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD, de la ayuda económica
ofrecida por el gobierno nacional a los damnificados directos de la segunda ola
invernal comprendida entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
1.1.3. Pretensión: En ambos
expedientes los accionantes solicitaron al juez de tutela que le
ordenara a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y
Desastres UNGRD, o a quien haga sus veces, pagarles el subsidio por
valor de $1.500.000 anunciado por el Gobierno Nacional por ser damnificados de
la segunda ola invernal ocurrida de septiembre a diciembre del año 2011.
1.2. Fundamentos de la pretensión:
1.2.1. Hechos del expediente T-4.311.252.
1.2.1.1. Los
accionantes manifestaron que son residentes del Municipio de Zambrano (Departamento de Bolívar); el cual fue
afectado por el fenómeno de la niña ocurrido en los meses de septiembre a
diciembre de 2011, lo que les causó la pérdida de animales, cultivos y otros
elementos.
1.2.1.2. Debido
a la situación vivida con la ocurrencia de la ola invernal, el Gobierno
Nacional expidió la Resolución 074 de 2011, con el fin de otorgar una ayuda
económica equivalente a un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) a las
familias que resultaron afectadas.
1.2.1.3. Los
accionantes aseguraron que fueron censados por parte de las autoridades
municipales y pese a estar incluidos en el censo y a encontrarse en igualdad de
condiciones con otras familias que ya fueron beneficiarias de la ayuda,
aseguran que no han recibido dicho beneficio.
1.2.1.4. A su
vez, manifestaron que las entidades accionadas no llevaron a cabo el
procedimiento establecido en la Resolución 074 de 2011 y, la ayuda económica
allí contenida se constituye en una obligación de estado que hasta tanto no se
cancele, se entiende que hay una afectación de tracto sucesivo.
1.2.1.5. Los
tutelantes informaron que ya habían presentado una acción de tutela por los
mismos hechos y con el mismo objeto, la cual fue concedida en primera instancia
y revocada en segunda, sin embargo, aseguran que no hay temeridad debido a que
posteriormente la Corte Constitucional profirió una sentencia en la que
analizaba la misma situación fáctica y procedió a confirmar el fallo de tutela
del Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba – Bolívar, en el cual se ampararon
los derechos fundamentales invocados.
1.2.2. Hechos del expediente T-4.400.975.
1.2.2.1. Los
accionantes residen en el Municipio de San Martín (Departamento
del Cesar) y aseguran estar incluidos en el Registro
Único de Damnificados REUNIDOS 2010 – 2011.
1.2.2.2. Afirmaron
que la alcaldía municipal convocó a algunos de los afectados con el fenómeno de
la ola invernal y que les pagaron la ayuda de $1.500.000 otorgada por el
gobierno nacional y a los accionantes quienes se encuentran en igualdad de
condiciones no se les ha cancelado, a pesar de haber presentado varias
reclamaciones.
1.2.2.3.
Aseguraron que el subsidio es una oportunidad para mejorar las condiciones de
vida, pues les serviría para emprender un nuevo negocio o fortalecer las
actividades agrícolas, bovinas y demás que desarrollan y que se vieron
afectadas con la ocurrencia de la ola invernal.
1.3.
Respuesta de las entidades accionadas.
1.3.1.
Unidad Nacional para la Prevención y Atención de Desastres UNGRD[3].
1.3.1.1.
Expediente T-4.311.252[4]
Zambrano - Bolívar.
El Jefe de
la Oficina Jurídica de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo señaló que el
apoderado de los accionantes de manera expresa reconoce que los accionantes ya
presentaron acción de tutela por los mismos hechos, lo que evidencia que existe
temeridad de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-713 de 2006, en la que se expresó que el uso abusivo e indebido de
la acción de tutela, se concreta con la presentación de la misma acción de
tutela, por la misma persona o representante y hechos ante varios jueces o
tribunales, conducta que deberá ser sancionada con la decisión desfavorable de
todas las solicitudes y la suspensión de la tarjeta profesional. Debido a lo
anterior, solicitó que la tutela sea declarada improcedente y adicionalmente,
que se ordene la investigación del abogado ante el Consejo Superior de la
Judicatura.
De otra
parte, la UNGRD anexó el reporte de la página de Reunidos en donde se observa
que los accionantes fueron afectados con anterioridad al 30 de junio de 2011,
lo que implica que no cumplen con el requisito de temporalidad establecido en
el artículo primero de la Resolución No. 074 de 2011, el cual era para los damnificados
directos de la segunda ola invernal, comprendida del 1 de septiembre al 10 de
diciembre de 2011. A su vez, aseguró que del registro aportado por los damnificados
como prueba se evidencia que se realizó con ocasión del fenómeno de la niña
2010-2011 el cual se dio del 10 de abril de 2010 al 30 de junio de 2011, el
cual es distinto a la segunda ola invernal para la que se ofreció una ayuda
equivalente a $1.500.000.
Aclaró que
el fenómeno de la niña y la segunda ola invernal son diferentes, debido a la
diferencia temporal entre uno y otro y al apoyo humanitario otorgado, pues el
primer evento hidrometereológico fue atendido con diez líneas de acción
establecidas en el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 4579 de 2010 y que
comprendían:
“1) Asistencia Humanitaria a las
familias afectadas con alimentación y elementos de dormitorio, aseo y cocina,
durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional necesario en el
desarrollo del proceso de recuperación, 2) Administración y manejo de albergues
y/o subsidios de arrendamiento temporal, para las familias que evacuaron sus
viviendas, 3) Agua potable y saneamiento básico, 4) Salud integral, control y
vigilancia epidemiológica, 5) Recuperación de vivienda (Averiada y destruida),
6) Incentivos del sector agropecuario, 7) Reactivación económica y social de la
zona acordes con las líneas que el Departamento Nacional de Planeación
establezca, 8) Ordenamiento territorial, 9) Alertas tempranas, y 10) Obras de
emergencias (reforzamiento de terraplenes, obras de control) y obras de
prevenci6n y mitigación en la zona”.
Y para la segunda temporada de lluvias mediante la
Resolución 074 de 2011, se anunció un apoyo económico de hasta por $1.500.000,
que para ser beneficiario del mismo era necesario estar comprendido por la
definición de damnificado directo[5]
y además cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado acto
administrativo, los cuales son:
“ a) Estar residiendo en sitio
afectado por fenómeno hidrometereológico.
b) Que el fenómeno
hidrometereológico que lo afectó tuvo ocurrencia entre el 1 de septiembre y el
10 de diciembre de 2010.
c) Que es damnificado directo,
con el sentido y alcance que a tal expresión le da la propia Resolución
074 de 2011, vale decir que sufrió daños en su vivienda y/o en sus muebles o
enseres al interior de ésta.
d) Que es cabeza de núcleo
familiar (Circular del 16 de diciembre de 2011).
e) Que, sobre la base de cumplir
los requisitos anteriores, su nombre e identidad aparecieran en el listado de
“damnificados directos” enviado por el CLOPAD a esta Unidad”.
De lo anterior, se desprende que es obligación del juez
verificar que cada uno de los accionantes cumplan con los requisitos
establecidos en la Resolución 074 de 2011, y si por falta de pruebas no es
posible constatar la condición de damnificado directo deberá declarar
improcedente la acción de tutela, más aun cuando los tutelantes tratan de
confundir al juez con la ocurrencia de los dos fenómenos naturales, con el fin
de apropiarse de unos recursos que no les pertenecen y de esta manera incurrir
en el de delito de “fraude a subvención”  por lo tanto, solicitan que se
compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General
de la Nación.
Por último, aseguró que el municipio de Zambrano no reportó
ningún damnificado de la segunda ola invernal, razón por la cual no se canceló
el apoyo económico de la Resolución 074 de 2011.
De otra parte, la Unidad informó que la Corte Constitucional
mediante Auto del 31 de mayo de 2013 y del 5 de julio de 2013,
adoptó como medida provisional ordenándole a la UNGRD y al Banco agrario
abstenerse de pagar la ayuda reconocida por el Gobierno Nacional a través de la
Resolución 074 de 2011, cuando el pago haya sido ordenado por los jueces de
tutela en los municipios de Córdoba y San
Jacinto del Cauca (departamento de Bolívar), Majagual y San Marcos  (departamento de
Sucre), La Gloria (departamento de Cesar), Pedraza (Magdalena) y Margarita -Mompox (Bolívar) en atención a que
los jueces de tutela accedieron a la pretensión de los accionantes, consistente en solicitar el pago de
la ayuda económica por un valor de un
millón quinientos mil pesos; basándose en el material probatorio que en la mayoría de los casos se limita a la fotocopia de la cédula
de ciudadanía, el documento que acredita estar en el Sisben y el carné de
“reunidos”, y al observarse a primera vista posibles irregularidades en dichos
trámites.
Debido a que en el presente caso se siguen presentado las
pruebas referidas por la Corte Constitucional, las cuales no demuestran que los
actores cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 074 de 2011,
solicitó se nieguen las acciones de tutela.
Por último, la Unidad solicitó que la acción de tutela sea
declarada improcedente por las siguientes razones: (i) los actores no aportaron
pruebas encaminadas a demostrar que son damnificados de la segunda ola
invernal; (ii) aseguró que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, pues ha trascurrido más de un año desde la ocurrencia de los hechos
hasta la interposición de la acción de tutela; (iii) no hay cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolución 074 de 2011 por parte de los
tutelantes; (iv) no se puede asegurar la vulneración del derecho a la igualdad,
puesto que los accionantes no se encuentran en igualdad de condiciones respecto
de las personas que si recibieron la ayuda del $1.500.000 al haber cumplido con
todos los requisitos de la Resolución 074 de 2011; (v) la acción de tutela no
procede cuando lo que se pretende es netamente económica; (vi) no se cumple con
el requisito de subsidiariedad, debido a que los actores no acudieron ante la
jurisdicción contencioso administrativa y; (vii) no está demostrada la
ocurrencia de un daño grave, inminente e irreparable, lo que además queda
desvirtuado con el tiempo que ha transcurrido desde finales del año 2011, hasta
cuando se interpuso la acción de tutela.
1.3.1.1. En el expediente T-4.400.975 San Martín – Cesar.
La UNGRD
guardó silencio.
1.3.2. Respuesta de las diferentes
Alcaldías.
1.3.2.1. Expediente T-4.311.252 Alcaldía de Zambrano - Bolívar[6].
El señor Sebastián Cañas Asís, en calidad
de alcalde afirmó que el municipio no tiene ninguna responsabilidad en el pago
del subsidio otorgado por el Gobierno Nacional a través de la resolución No.
074 de 2011. A su vez, informó que la anterior administración no realizó el
censo de damnificados en las fechas que exigía la Resolución 074, sin embargo
al iniciar su administración conoció de un censo general de la ola invernal
2010-2011, el cual le fue entregado por la Defensa Civil de Zambrano y en el
mes de marzo de 2012 fue remitido a la Unidad Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres, con el fin que esta entidad realizara las acciones
pertinentes y en consecuencia ponga en conocimiento de las autoridades
competentes la situación de dichas personas.
Aclaró que el municipio en otro proceso de
tutela que fue conocido por el mismo despacho judicial que en esta ocasión y en
el cual se le informó que no se ha realizado ningún otro censo y este es el
único que la administración actual conoce y del cual envía copia.
En cuanto a los fallos judiciales emitidos
por otros despachos y que son anexados por los tutelantes, asegura que no le
corresponde pronunciarse sobre dichos hechos.
1.3.2.2. Expedientes T-4.400.975 San
Martín – Cesar.
La entidad
accionada guardó silencio.
1.4. Decisiones de tutela objeto de
revisión:
1.4.1. Expediente T-4.311.252 Zambrano – Bolívar.
1.4.1.1. Sentencia del Juzgado Promiscuo
Municipal de Zambrano -
Bolívar, del 19 de noviembre de 2013[7].
En primer lugar,
expresó que para que se configure una actuación temeraria debe existir
identidad fáctica, de sujetos: accionantes y accionados, de objeto, en el
entendido que en las distintas acciones de tutela se pretenda la satisfacción
de la misma pretensión y, la ausencia de justificación al interponer la nueva
acción, lo que se traduce en una conducta de mala fe o abuso del derecho.
En el presente
caso el apoderado de los tutelantes manifestó que los accionantes  ya habían
presentado una acción por los mismos hechos, contra la misma entidad demandada
y solicitando una pretensión idéntica, sin embrago, la presentación de esta
nueva tutela no puede ser considerada temeraria, debido a que, con
posterioridad la Corte Constitucional se pronunció sobre un caso idéntico en el
que confirmó el fallo de un juez de Córdoba - Bolívar en el que se habían
tutelado los derechos fundamentales de los accionantes -  información
corroborada por el despacho - y agregó que la misma fue excluida de revisión
por parte de la Corte.
De lo anterior, aseguró
que en la actual tutela se puede aseverar que se cumple con los primeros
requisitos para que exista una actuación temeraria, esto es, identidad fáctica
y de sujetos procesales, sin embargo, en cuanto al requisito de la mala fe o
abuso del derecho, la Corte en su jurisprudencia ha asegurado que existen
excepciones a este requisito entre las que se encuentran, entre otras, cuando
aparecen nuevos hechos con posterioridad a la interposición de la acción de
tutela o cuando esta corporación profiere una sentencia de unificación  cuyos
efectos se hacen extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones.
Con posterioridad
a los fallos de instancia, la Corte Constitucional se pronunció en diferentes
sentencias, entre ellas la T-292 de 2013, T-295 de 2013, T-163 de 2013 y T-355
de 2013, en las cuales analizó problemas jurídicos similares a los acá
estudiados y tutelo el derecho al debido proceso. Debido a  lo anterior, el
juez aseveró que no hay temeridad pues se está frente a una de las excepciones
planteadas por la Corte Constitucional.
En segundo lugar,
en cuanto al principio de subsidiariedad afirmó que se puede acudir a la acción
de tutela cuando no existan otros mecanismos judiciales de defensa o que
existiendo no son idóneos ni eficientes, al estar frente a la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, lo anterior lo sustentó citando apartes de sentencias
de la Corte Constitucional. A su vez, aseguró que no existe otro mecanismo
judicial al que puedan acudir los accionantes, debido a que someter a los
actores a interponer una demanda de reparación directa contra la administración
municipal resulta desproporcionado, así como exigirles que interpongan una
acción de cumplimiento de la Resolución 074 de 2011, que además seria
improcedente de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
En tercer lugar,
al referirse a la inmediatez aseguró que según la abundante jurisprudencia de
la Corte Constitucional la acción de tutela se debe interponer dentro de un
plazo razonable, sin embargo, este criterio no es absoluto debido a que, en los
casos en que se da una violación continúa de los derechos fundamentales se
permite que haya pasado un mayor tiempo sin que se acuda a este mecanismo
constitucional, criterio que se aplica cuando las altas cortes expiden una
nueva jurisprudencia sobre el asunto en discusión.
Adicionalmente,
consideró que las afectaciones a las viviendas de los accionantes son actuales
y continuas, por lo tanto, el apoyo económico ofrecido por el gobierno nacional
es necesario para que puedan superar la situación calamitosa en la que quedaron
a raíz de sufrir las consecuencias de la segunda ola invernal del año 2011.
En cuarto lugar, fue
de público conocimiento que el municipio de Zambrano resulto afectado con la
temporada de lluvias, lo cual se puede corroborar con las fotos anexadas al
expediente y con la copia del periódico de fecha 15 de febrero de 2012 donde se
informó que dicho municipio estaba a la espera de la ayuda económica anunciada
por el Estado.
De otra parte, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 074, se evidencia que
le correspondía al CLOPAD en cabeza del alcalde municipal  realizar el registro
de las planillas de apoyo económico y enviarlo a la UNGRD, para lo cual tenían
plazo hasta el 30 de enero de 2012. De la respuesta dada por la Unidad se tiene
que el CLOPAD nunca envió la información correspondiente, lo que implica por
parte de la Alcaldía una falta de sus deberes constitucionales y legales. Así
mismo, reprocho el hecho de que la alcaldía se justificara diciendo que esa
labor le correspondía a la administración anterior, pues la actual también
incumplió sus deberes debido a que había plazo de enviar las planillas hasta el
30 de enero de 2013.
A su vez, la
alcaldía informó que en cumplimiento de la tutela del 3 de diciembre de 2012
remitió a la UNGRD el listado de damnificados realizado por la defensa civil,
el cual fue recibido por la Unidad el 12 de febrero de 2013. Adicionalmente, el
despacho indicó que dicho listado no se realizó de manera correcta pues solo
indicó el número de cédula, el tipo de bien y su ubicación sin contener toda la
información exigida por la circular del 16 de diciembre de 2011. En conclusión,
solo hasta el 12 de febrero de 2013, y en cumplimiento de una orden de tutela
la administración municipal envió las planillas que fueron hechas de manera
errada, en consecuencia deberán corregir sus falencias.
De otra parte, la
Unidad manifestó que los accionantes no cumplen con el requisito de
temporalidad exigido en la mencionada resolución, respecto de este punto el
juez aseguró que el hecho que hayan sido víctimas de la primera ola invernal,
no implica que no hayan sufrido las consecuencias de la segunda temporada de
lluvias. A su vez, según la Resolución 074 de 2011, la unidad no tiene la
facultad para decidir quién es damnificado, pues esta potestad esta en cabeza
de los CLOPAD.
Debido a todo lo
anterior, el Juez tuteló los derechos invocados por los accionantes  y le
ordenó a la Alcaldía Municipal de Zambrano que en término de 10 días proceda a
verificar si los accionantes cumplen con los requisitos establecidos en la
Resolución 074 de 2011, y una vez realizado este procedimiento proceda a la
remisión de las planillas a la UNGRD para que este en un lapso máximo de 10
días realice los trámites necesarios para otorgar el apoyo económico previsto
en la mencionada resolución.
1.4.1.2. Impugnación[8].
La Unidad reiteró los argumentos expuestos
frente a la temeridad, así como lo manifestado en la contestación de la demanda
de tutela y vuelve a cuestionar las pruebas aportadas por los accionantes
asegurando que de ellas no se deriva que los actores hayan resultado
damnificados por la segunda ola invernal, la cual fue de septiembre a diciembre
de 2011 y que por lo tanto sean beneficiarios de la ayuda económica establecida
en la Resolución 074 de 2011. A su vez, reprochó que el juez siga fallando
acciones de tutela de manera favorable después que la Corte expidió los Autos
del 31 de mayo de 2013 y del 5 de julio del mismo año.
Nuevamente advierte sobre la ocurrencia en
el delito de fraude a subvención de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26
de la Ley 1474 de 2011, y finaliza asegurando que la sentencia objeto de
reproche incurrió en un defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio.
Debido a los argumentos expuestos solicitó
revocar la sentencia de instancia.
1.4.1.3. Mediante oficio del 26 de
noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano, Bolívar, negó la
impugnación debido a que fue presentada de manera extemporánea, puesto que la
sentencia fue notificada el 19 de noviembre y la impugnación fue allegada hasta
el 25 de noviembre de 2013, tiempo que excede el contemplado en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
1.4.2. Expedientes T-4.400.975 San
Martín – Cesar.
1.4.2.1. Sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica –
Cesar, del 16 de diciembre de
2013[9].
Una vez realizada
la descripción del procedimiento previsto en la Resolución 074 de 2011, para
adquirir la ayuda económica allí contemplada, el juez enlistó a los accionantes
que no adjuntaron el certificado del censo que los acreditaba como damnificados
de la ola invernal, ciudadanos que por lo tanto no podrán acceder a dicho
beneficio hasta tanto no acreditaran la condición de damnificados, una vez demostraran
esto la alcaldía municipal deberá proceder al reconocimiento y pago.
De otra parte, la
alcaldía municipal de San Martín y la UNGRD guardaron silencio, razón por la
cual se tendrán por ciertos los hechos aludidos por los accionantes en la
demanda de tutela acorde con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 2591
de 1991, en consecuencia amparó los derechos fundamentales invocados por los
accionantes y le ordenó al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres del municipio de San Martín – Cesar, que en el término de 48 horas
autorice el subsidio de emergencia invernal equivalente a $1.500.000 y a los
tutelantes que acreditaron ser damnificados en esta acción de tutela.
1.4.2.2. Impugnación[10].
El representante del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres del municipio de San Martín – Cesar, aseguró que no
fueron notificados de forma legal, lo que se puede constatar con la ausencia en
el expediente del envío de oficio respectivo y de recibido por parte de la
administración municipal.
De otra parte,
aclaró que la acción de tutela fue dirigida contra el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres del municipio de San Martín – Cesar, y que
en el municipio funciona la oficina  de Gestión de Riesgo de Desastres, la cual
está adscrita a la oficina de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento
del Cesar, la cual es independiente al Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y por lo tanto tienen funciones distintas.
Aseveró que el
censo que sirve para identificar a los afectados es el elaborado por la oficina
de gestión de riesgo de desastres del municipio, el cual fue “enviado por la
oficina gestión de riesgo departamental para hacer tenido en cuenta en lo
pertinente”[11]
y, después de ser avalado por el CLOPAD se remite al CREPAD quien a su vez lo
manda a la oficina del sistema nacional de prevención y atención de desastres
la cual realiza el envió de los recursos de manera directa al Banco Agrario.
Por otro lado,
aseguró que una vez analizado el listado de los tutelan se estableció que: (i)
de las 166 familias relacionadas en la tutela 2 están repetidas; (ii) y solo 71
personas son damnificadas de acuerdo al censo referenciado.
Adicionalmente,
aclaró que el valor del subsidio no es de $1.500.000, sino que este será fijado
por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, de acuerdo al
censo mencionado y a los daños sufridos por cada persona.
En conclusión, el
municipio de San Martín no realiza giros de su presupuesto para los
beneficiarios del subsidio, puesto que el dinero proviene de los recursos del
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, quien a su vez los
envía de manera directa al Banco Agrario para que realice el pago de acuerdo con
el censo. Debido a lo anterior, solicitó que la sentencia de primera instancia
sea revocada, al considerar que hubo una aplicación errónea de las normas
aplicables al caso y además, una falta de valoración de las pruebas aportadas
al proceso.
1.4.2.3. Mediante oficio del 31 de
enero de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica - Cesar, negó la
impugnación que fue presentada el 30 de enero de 2014, es decir, de manera
extemporánea. Lo anterior, se debe a que la sentencia objeto de reproche fue
notificada en la Alcaldía Municipal de San Martín, el día 24 de enero de 2014,
lo que consta a folio 259 del expediente, y no el 27 de enero del mismo año
como lo afirmó el apoderado de la entidad demandada, es decir, que el término
para presentar la impugnación venció el 29 de enero de 2014.
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales
mencionadas, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo
desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31
a 36-[12].
2.
Procedencia de la demanda de tutela.
2.1. Derechos fundamentales invocados: igualdad, debido proceso, mínimo vital, vida digna y vivienda digna.
2.2.
Legitimación activa: La acción de tutela es
interpuesta aproximadamente por mil cuatrocientas personas (1400), quienes
actúan a través de apoderado judicial. Lo anterior encuentra su
fundamento constitucional en el artículo 86[13]
de la Carta, el cual establece que toda persona que considere que sus derechos
fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá interponer
acción de tutela en nombre propio o de un representante que actúe en su nombre;
el Decreto 2591 en el artículo 10 reitera lo anterior y establece que los
poderes se presumirán auténticos.
La  acción de tutela tiene como propósito proteger de
forma preponderante y expedita los derechos fundamentales de los colombianos,
sin embargo, cuando esta acción es interpuesta a través de apoderado judicial
es necesario que se cumpla con ciertos requisitos para que
exista legitimación en la causa por activa.
En primer lugar, el poder es un acto formal que se debe realizar
por escrito y por tratarse de una acción de tutela éste se presume auténtico.
Además, debe ser especial, es decir que se otorga una vez y para un fin
determinado relacionado con unos hechos específicos y el apoderado
necesariamente tiene que ser abogado titulado y tener la capacidad para ejercer
la profesión, situación que se acredita con la tarjeta profesional vigente[14].
De otro lado, el poder debe contener (i)
los nombres, datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado; (ii)
la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de
tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio; (iv) el
proceso o la acción mediante la que se pretende proteger un derecho y, (v)
el derecho fundamental que se procura salvaguardar y garantizar[15].
De lo expuesto, se evidencia que pese a que
la acción de tutela es de carácter informal, cuando ésta es interpuesta a
través de apoderado judicial debe cumplir con ciertos requisitos; con el fin de
evitar que sea declarado improcedente el amparo de los derechos invocados al no
estar demostrada la legitimación en la causa por activa.
En el expediente T-4.311.252 de Zambrano– Bolívar,
está el escrito de tutela en el que mencionan que anexan como prueba entre
otras los poderes para actuar, sin embargo estos no se encuentran en el
expediente que fue enviado a esta Corporación, razón por la cual esta acción de
tutela será declarada improcedente.
2.3. Legitimación pasiva: En el expediente T-4.400.975 San Martín- Cesar, las
entidades demandadas son el Sistema
Nacional de Prevención y Atención de Desastres y el Municipio de San Martín-
Cesar. Ambas son autoridades públicas[16]. En el expediente T-4.311.252 Zambrano – Bolívar, la tutela se promovió contra la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD y la Alcaldía Municipal
de Zambrano – Bolívar, ambas entidades públicas.
2.4.
Inmediatez: Acorde con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela no cuenta con
un término de prescripción[17],
sin embargo, la Corte Constitucional al interpretar este artículo ha
manifestado que el juez en cada caso concreto tiene la obligación de constatar
cuál es la conducta que causa la vulneración de los derechos fundamentales
invocados y al cuanto tiempo se interpuso la tutela para solicitar la
protección de los mismos; pues se considera que debe existir una congruencia
razonable entre el acto de vulneración y la finalidad de solicitud de amparo.
Al respecto, la sentencia T-288 de 2011 aseveró:
“Si el elemento
de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los
derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con
tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo:
la interposición oportuna y justa de la acción”
Es así, que la
acción de tutela tiene como finalidad otorgar una protección inmediata de los
derechos fundamentales de las personas, esto implica que debe ejercerse acorde
con esta naturaleza, es decir, que su interposición debe realizarse de manera
oportuna; por el contrario, cuando la acción de tutela no ha sido interpelada
dentro de un término razonable, el juez de tutela deberá entrar a analizar,
entre otros aspectos, si existe una razón válida que justifique la inactividad
del accionante.
En el presente
caso, se evidencia que los accionantes pretenden reclamar el apoyo económico
otorgado por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 074 de 2011, para
esto era indispensable que los CLOPAD en cabeza del Alcalde del respectivo
municipio enviara las planillas de apoyo económico a la UNGRD hasta el 30 de
enero de 2012, según lo dispuesto en la Resolución 02 de 2012.
La Sala
considera que en el caso de San Martín- Cesar,
-expediente T-4.400.975-  no se cumple con este requisito, pues
independientemente de que la falla en el trámite administrativo para reclamar
el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 074 de
2011, no sea imputable a los accionantes, si se evidencia una falta de interés
y de oportunidad en la interposición de la acción de tutela, pues esta fue
presentada hasta el día 23 de octubre de 2013, cuando el último plazo para
enviar la información a la UNGRD era hasta el 30 de enero de 2012, debido a
esta circunstancia esta acción será declarada improcedente.
2.5.  Subsidiariedad:
esta misma Sala de Revisión expidió la Sentencia
T-648 de 2013, en la que estudió diferentes casos en la que los accionantes aseguraron ser víctimas de la segunda ola invernal
ocurrida en distintas regiones del país como la región caribe, entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011. Debido a la catástrofe natural y a las
graves consecuencias que este fenómeno natural desató, el Gobierno Nacional
decidió otorgar un subsidio equivalente a un millón quinientos mil pesos
(1.500.000) a los damnificados directos que cumplieran con los requisitos
establecidos en la resolución 074 de 2011.
La Sentencia
T-648 de 2013, fue expedida con efector inter
comunis para todas las que personas que cumplan con los siguientes
supuestos:
“1. Siendo habitantes de un municipio afectado por la segunda ola
invernal de 2011, y habiendo demostrado su condición de damnificado directo de
acuerdo con la definición de la resolución 074 de 2011.
2. Ciudadanos que estando en el Censo, este no fue enviado o  llegó
de manera extemporánea a la UNGRD.
3. Censo enviado en tiempo pero que no se haya realizado el pago a
los damnificados.
4. Y personas que hayan interpuesto acción de tutela por estos
mismos hechos o similares al momento de la notificación de esta acción de
tutela”.
Es decir, que si
los accionantes de los expedientes T-4.311.252  y T-4.400.975 se encuentra
dentro de alguna de las circunstancias descritas, ya fueron protegidos por esta
Corte y en caso que consideren que sus derechos fundamentales están siendo
vulnerados el mecanismo de defensa sería el desacato.
III. CONCLUSIONES.
1. Síntesis
del caso.
Los accionantes
que son aproximadamente mil cuatrocientas personas
(1400), aseguraron que son víctimas de la segunda ola
invernal ocurrida en distintas regiones del país, entre el 01 de septiembre y
el 10 de diciembre de 2011. Debido a la catástrofe natural y a las graves
consecuencias que este fenómeno natural desató, el Gobierno Nacional decidió
otorgar un subsidio equivalente a un millón quinientos mil pesos (1.500.000) a
los damnificados directos que cumplieran con los requisitos establecidos en la
resolución 074 de 2011.
Los accionantes
consideran vulnerados sus derechos, porque dicho subsidio, por un mal manejo
administrativo de las alcaldías, no han sido entregados.
2. Razón de la decisión
La acción de tutela será declarada
improcedente cuando: (i) sea presentada a través de apoderado judicial y no se
adjunten los poderes y (ii) cuando no sea presentada dentro de un lapso
razonable.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR
la decisión adoptada en el expediente T-4.311.252,  del
día 19 de noviembre de 2013 por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Zambrano - Bolívar, y
en su lugar, declarar IMPROCEDENTE el amparo solicitado.
SEGUNDO.- REVOCAR
la decisión adoptada en el expediente T-4.400.975,
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica – Cesar, del 16 de diciembre de 2013, y en su
lugar, declarar IMPROCEDENTE el amparo solicitado.
TERCERO.- Por la Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el  artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente
en comisión
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1] Acción de tutela presentada el 5 de noviembre de 2013, por el señor Oscar
David Ochoa González, como apoderado de los ciudadanos Cecilia del Carmen
Mercado Pertuz y otros contra la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de
Desastres y la Alcaldía Municipal de Zambrano– Bolívar. (Folios 1 al 25 del
cuaderno No. 1).
[2] Acción
de tutela presentada el 23 de
octubre de 2013, por el señor Orlando
Díaz Rojas, como apoderados de
los ciudadanos Edwing Palomino Díaz y otros, contra la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres y la Alcaldía Municipal de San Martín - Cesar.
(Folios 1 al 8 del cuaderno No. 1).
[3] La Unidad nacional para la prevención y atención de desastres
UNGRD, fue vinculada de la siguiente manera: expediente T-4.311.252, el Juzgado Promiscuo
Municipal  de Zambrano– Bolívar, mediante oficio  No. 0551 del 5 de noviembre
de 2013 admitió la acción de tutela y vinculó a la UNGRD y al Municipio de
Zambrano, Bolívar. (Folio 209 y 210 del cuaderno No. 1)
T-4.400.975,
el Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Aguachica – Cesar, mediante
escrito del 26 de noviembre de 2013 admitió la tutela y vinculó a la UNGRD y al
Municipio de San Martín – Cesar. (Folio 231 del cuaderno No. 1)
[4] Expediente T-4.311.252 (Zambrano - Bolívar).  Respuesta
de la UNGRD. (Folio 217 a 233 del cuaderno No.
1)
[5] Resolución 074 de 2011, Artículo Primero, parágrafo:  “Entiéndase
por concepto de damnificado directo para efectos de la presente resolución lo
siguiente: Familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento del
evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior
del mismo, ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la segunda
temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional”.
[6] Respuesta de la Alcaldía de Zambrano – Bolívar. (Folio 262 al 264 del cuaderno No. 1)
[7] Expediente T-3.812.680 sentencia de única
instancia. (Folio 3126 a 3160 del cuaderno No. 5)
[8] Expediente T-4.311.252. Impugnación
presentada por la UNGRD. (Folio 459 a 469, del cuaderno No. 1).
[9] Expediente T-4.400.975 sentencia
de instancia del 16 de diciembre de 2013. (Folio 236 a 246 del cuaderno No. 1).
[10] Expediente T-4.400.975 Impugnación presentada por la Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres del municipio de San Martín – Cesar. (Folio
262 a 265, del cuaderno No. 1).
[11] Afirmación realizada en la impugnación (Folio 264 del cuaderno
No.1)
[12] En auto del treinta (30) de abril de 2014,
la Sala de Selección de tutela No 4 de la Corte Constitucional, dispuso la
revisión del Expediente T-4.311.252. Posteriormente, la Sala de
Selección No 6 de la
Corte Constitucional, mediante Auto del veinticinco (25) de junio de 2014 dispuso la selección del expediente: T- 4.400.975 y
acumulación de los expedientes al presentar unidad de materia.
[13]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”
[14] Sentencia T-001 de 1997
[15] Sentencia T-679 de 2007
[16]
Constitución Política de Colombia, Artículo 86.
[17] Sentencia T-993 de 2005, T-328 de 2010,
T-288 de 2011 entre otras.