T-530-98
Sentencia T-530/98
Sentencia T-530/98
ACCION DE TUTELA-Legitimidad e interés
ACCION DE TUTELA
INTERPUESTA POR ABOGADO-Necesidad
del poder/FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado sin poder
para actuar
Referencia:
Expediente T-160311
Peticionario: Tito
Augusto Gaitán Crespo
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29)
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
I. ANTECEDENTES.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso
correspondiente a la acción de tutela instaurada por Tito Augusto Gaitán
Crespo, contra el Tribunal Superior Militar, con fundamento en los artículos 86
inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
1. Los hechos.
1.1. En la mañana del 28 de marzo de 1995 y
en uno de los lugares de acceso al Centro Comercial denominado “Plaza de las
Américas” de esta ciudad fueron muertos, con arma de fuego, los ciudadanos
Edgar Amilkar Grimaldos Barón y Carlos Reyes Niño.
1.2. Los homicidas huyeron a bordo de una
motocicleta que dejaron  abandonada en cercanías del sector y escaparon en un
campero rojo.
1.3. Iniciada la investigación se pudo
establecer que la motocicleta en cuestión, pertenecía al Ejército Nacional y
estaba asignada a la Brigada 20, y entregada para el cumplimiento de funciones
propias del servicio al suboficial Cesar Augusto Giraldo Cardona.
1.4. A la correspondiente investigación se
vinculó al citado suboficial, y se le decretó medida de aseguramiento,
consistente en detención preventiva, como sindicado del delito de homicidio.
1.5. El Comandante de la Unidad Militar a
la cual estaba adscrito el suboficial encartado, propuso colisión de
competencia al instructor de la Justicia Ordinaria, lo que determinó la
remisión del proceso al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en providencia de 11 de mayo de 1995, dirimió el conflicto y
radicó en la Justicia Penal Militar el conocimiento del asunto. En tal virtud,
la respectiva instrucción y el juzgamiento quedaron a cargo de ésta.
1.6. El abogado Tito Augusto Gaitán Crespo,
en representación de los afectados, se constituyó en parte civil dentro del
proceso penal, e invocando lo decidido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-358 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), solicitó la remisión
del expediente a la justicia ordinaria, por considerar que en virtud de dicha
sentencia había cesado la competencia de la Justicia Penal Militar para conocer
del referido proceso.
1.7. El Tribunal Superior Militar, a raíz
del conocimiento de la apelación del auto de corte procedimental (cesación de
procedimiento), se pronunció en el sentido de afirmar la competencia de la
Justicia Penal Militar, por considerar que la providencia de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que había
dirimido  el conflicto de jurisdicción, tenía el valor de cosa juzgada.
1.8. El auto de corte procedimental fue
revocado por el Tribunal Superior Militar, y ordenó la convocatoria del Consejo
Verbal de Guerra, a lo cual se procedió.
2. La pretensión.
Aspira el demandante, Tito Augusto Gaitán
Crespo, quien instaura la tutela no en representación de los afectados por el
ilícito, sino en nombre propio, la protección del derecho al debido proceso y,
consecuentemente, que se ordene al Tribunal Superior Militar el envío del
proceso penal a la justicia ordinaria.
II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA.
Sentencia de Unica Instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá pronunció, con fecha 18 de febrero próximo pasado, sentencia
adversa a las súplicas de la demanda, con fundamento en consideraciones que
pueden resumirse así:
1. La decisión del Tribunal Superior
Militar que negó el envío del proceso a la Jurisdicción Ordinaria, no es
producto de un acto contrario a la Ley, sino fruto de la decisión emitida en
oportunidad (11 de mayo de 1995) por el Consejo Superior de la Judicatura, al
definir la colisión de jurisdicción surgida de tiempo atrás.
2. Estima acertada la  decisión
cuestionada, con base en la interpretación que hizo el Consejo Superior de la
Judicatura de la sentencia C-358/97, cuando al pronunciarse sobre situación
similar dijo, en providencia de fecha 4 de diciembre de1997:
“Por otra parte es
indispensable que la Sentencia de la Corte Constitucional N° C-358/97 mediante
la cual se definió la constitucionalidad de algunos artículos del Código Penal
Militar en la parte pertinente relativa a las frases “con ocasión del servicio
o por causa de este o de funciones inherentes a su cargo o deberes oficiales”,
contenidos en varios artículos de ellos, tiene tres destinatarios específicos:
la Justicia Penal Ordinaria, la Justicia Penal Militar y la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura.”
“A las dos primeras,
para evitar que se produzcan colisiones sin objeto y que solamente contribuyan
a dilatar innecesariamente el respectivo proceso y a la Sala Disciplinaria,
para que en su función constitucional y legal de dirimir conflictos entre
distintas jurisdicciones, someta sus decisiones a una clara interpretación del
texto respectivo”.
“Pero aún cuando la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimiera determinada
colisión de jurisdicción en manifiesta contradicción de lo expuesto en la parte
motiva de la Sentencia de la Corte Constitucional, serían los magistrados
intervinientes los que deben responder de sus actos disciplinaria y penalmente;
pero en este hipotético caso la definición de la jurisdicción sería ley del
proceso no susceptible de desconocimiento por parte de ninguna autoridad o
ciudadano”.
III. ACTUACION PROCESAL DURANTE LA
REVISION.
Mediante auto de julio 15 de 1998, la Sala
ordenó la integración de listis consorcio y dispuso que se citara al proceso a
los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura que profirieron la providencia en virtud de la cual se desató el
conflicto de jurisdicción.
Igualmente mediante auto de agosto 25 de
1998 se ordenó al Tribunal Superior Militar la suspensión del proceso penal,
mientras se resolvía lo pertinente en relación con la revisión del proceso de
tutela.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1. El problema jurídico planteado.
Lo primero que debe establecer la Sala es
si el demandante, en su condición de apoderado de la parte civil dentro del
proceso penal, se encuentra legitimado para promover directamente la acción de
tutela. En caso de establecerse que el demandante si se encuentra legitimado
para actuar, procederá la Corte a resolver si en el presente caso procede o no
la protección que se impetra.
2. La solución al problema.
2.1. Del examen minucioso del expediente,
se aprecia que el demandante en este asunto, Tito Augusto Gaitán Crespo, incoa
la acción de tutela prevalido de su calidad de apoderado de la parte civil, en
el proceso penal que se adelanta contra César Augusto Giraldo Cardona,
Suboficial del Ejército Nacional para la época de ocurrencia de los hechos.
2.2. Igualmente se observa que la actuación
de Tito Augusto Gaitán Crespo en este asunto, ha sido a título eminentemente
personal, es decir, de su propia iniciativa, pues de una parte no allegó poder
suficiente para actuar conferido por los perjudicados con el punible, materia
de investigación por la justicia castrense, y tampoco actuó en calidad de
agente oficioso de los mismos, pues no invoca esta calidad.
Da la sensación que el actor pensó que su
calidad de apoderado de la parte civil lo habilita para demandar, por la vía de
la tutela, la protección del derecho al debido proceso de que son titulares los
afectados dentro del proceso penal.
2.3. Por lo anterior, es necesario
determinar si el actor demandante se encuentra legitimado en la causa para
promover la acción de tutela. Sobre el punto son valederos los siguientes
razonamientos:
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
reglamentario de la acción de tutela establece:
“Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
“También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
Confrontada la norma legal con la situación
fáctica arriba indicada se aprecia que el petente no se encontraba habilitado
para intentar la acción. En efecto, no es el titular del derecho fundamental
que se estima vulnerado y cuya protección se solicita; tampoco es apoderado o
representante de los afectados con dicha violación, y no ha invocado la calidad
de agente oficioso, mediante la observancia de las correspondientes
formalidades, que lo hubiera podido habilitar para solicitar el amparo.
2.4. Aunque podría pensarse que su calidad
de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho
menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el
sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la
representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun
cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para
ejercitar la acción de tutela.
Dicho de otra forma, la personería adjetiva
de que goza para representar a la parte civil en el penal, en manera alguna lo
habilita para la actuación que ha dado lugar a este proceso.
No sobra recordar que el artículo 65 del
C.P.C modificado por el Decreto 2282/89 artículo 1° numeral 23 establece en su
inciso 2° que “En los poderes especiales, los asuntos se determinarán
claramente, de modo que no puedan confundirse con otros”. Lo anterior, para
reafirmar que el demandante carece por completo de personería para actuar en
representación de las personas verdaderamente legitimadas.
2.5. La Corte en múltiples oportunidades[1] se ha pronunciado sobre
el particular en el sentido de no admitir la actuación en este tipo de procesos
de quienes carecen de poder específico para actuar.
Uno de dichos
pronunciamientos se encuentra contenido en la sentencia T-207/97[2], en la cual se expresa
:
“Al respecto se
reitera:
"La acción
de tutela puede ser intentada, según lo dispone el artículo 86 de la
Constitución, por la persona afectada, "...por sí misma o por quien actúe
a su nombre...". De allí se deduce que no es indispensable obrar
directamente y que, por tanto, puede otro actuar en representación de la
persona que ve conculcados o amenazados sus derechos fundamentales”.
“No obstante,
esto no significa que toda persona pueda asumir de manera indeterminada y sin
límite la representación de cualquiera otra para ejercer, a nombre de ésta, la
acción de tutela”.
“La cuestión
referente a cómo se puede actuar a nombre de alguien en esta materia no
fue definida directamente por el Constituyente y, por tanto, correspondía al
legislador la reglamentación del precepto”.
“El artículo
transitorio 6º de la Constitución confirió al Presidente de la República
facultades extraordinarias para "reglamentar el derecho de tutela" y
fue en desarrollo de estas autorizaciones que el Ejecutivo dictó el Decreto
2591 de 1991, en cuyo artículo 10º se dice:
(….)
“Se sigue de ello
que quien actúe por otro para ejercer la acción de tutela habrá de presentar el
correspondiente poder, que se presumirá auténtico, o deberá expresar en la
demanda de protección que obra en calidad de agente de derechos ajenos cuyo
titular carece de posibilidades para iniciar directamente el proceso".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-128 del 30 de
marzo de 1993)”.
"Ahora bien,
cuando la persona no ejerce directamente la acción de tutela, puede ser
representada por otra, bien en ejercicio de representación judicial (Ej.: por
su representante legal tratándose de una persona jurídica o por los padres en
virtud de la Patria Potestad), ya en desarrollo de agencia oficiosa cuando el
titular del derecho violado o amenazado no esté en condiciones de asumir su
propia defensa (Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991)”.
“Del expresado
carácter informal de la acción se desprende que quien la ejerza no requiere
ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un
procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la
Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces,
"...por sí misma o por quien actúe a su nombre...", la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una
acción con características singulares que, en razón de su objeto, han sido trazadas
por la misma Carta Política, de lo cual resulta que no podrían el legislador ni
el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente
por la ley para otro tipo de acciones”.
“Asimismo,
tampoco tendría sentido que se exigiera que quien representa a otro para el
ejercicio de la acción de tutela -a título de agente oficioso o en virtud de
una representación legal- fuera abogado o que cumpliese determinados
requerimientos propios del litigio en las distintas ramas del Derecho -por
ejemplo, tener la Tarjeta Profesional- pues con ello se desvirtuaría la
informalidad propia de la tutela y se pondría en peligro la efectividad de la
protección judicial a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Esto
implicaría una traba innecesaria y carente de todo fundamento constitucional”.
“Caso distinto es
el de quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título
profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal
caso actúa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la
profesión de abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según las
normas aplicables (Decreto 196 de 1971)”.
“Ello no
solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se
concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los
intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo
apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias
judiciales y que responderá por su gestión”.
(…)
“El caso
específico de los procesos de tutela ha sido regulado directamente por la
Constitución (artículo 86) en los ya expresados términos, pero en concreto
sobre la representación judicial no estableció norma alguna, luego en ese
aspecto son aplicables las reglas generales que establecen como principio el de
que toda representación judicial -salvo los casos determinados en la ley-
únicamente tendrá lugar a través de abogado”.
“El artículo 38,
inciso 2º, del Decreto 2591 de 1991 dispone: El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar".
“Esta disposición
no tendría sentido ni podría ser aplicada si no se entendiera, como lo hace la
Corte, que para ejercer la representación con base en mandato judicial y
actuando el apoderado a título profesional, así sea en materia de tutela, es
indispensable que aquel sea abogado titulado y en ejercicio, de conformidad con
las normas del Decreto 196 de 1971. (Cfr. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-550 del 30 de noviembre de 1993)”.
2.6. Es entonces perfectamente claro que,
careciendo el abogado demandante de los atributos requeridos para actuar en
nombre propio y de poder suficiente que bastanteare su representación, no ha
debido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá dar
curso a la demanda que dio origen al proceso.
Con fundamento en lo expuesto, habrá de
confirmarse la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, pero por las razones indicadas en este
proveído.
DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia emitida por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá de fecha 18 de
febrero de 1998.
Segundo. REVOCAR, la orden de
suspensión del proceso penal impartida al Tribunal Superior Militar mediante
providencia de agosto 25 de 1998. Por la Secretaría ofíciese en este sentido.
Tercero. Líbrense por la Secretaría
General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] T-361/95 M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-499/96 M.P. Jorge
Arango Mejía; T-01/97, T-207/97 y  T-575/97 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[2] M.P. José Gregorio hernandez Galindo.