C-537-16
Sentencia
C-537/16
SANEAMIENTO DE NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCION O
COMPETENCIA-No configura una vulneración del debido proceso y
acceso a la justicia/NULIDADES
PROCESALES EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Prorrogabilidad
e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia/NULIDADES PROCESALES
POR FALTA DE JURISDICCION Y COMPETENCIA EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Medidas
no vulneran el derecho al juez natural sino que hacen efectivo el acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva, dando prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal y concretizando los principios de celeridad y
economía
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
A LA NULIDAD INSANEABLE DERIVADA DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ POR EL
FACTOR SUBJETIVO O FUNCIONAL-Cumplimiento del requisito de certeza
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
A LA PROHIBICION DEL NON REFORMATIO IN PEJUS-Cargo carece de
certeza
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
A LA PROHIBICION DE SUSPENDER DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DURANTE LOS
ESTADOS DE EXCEPCION-Cargo carece de especificidad
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
A LA VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL-Cumplimiento
de requisitos mínimos
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE NULIDAD POR
INCOMPETENCIA-Ineptitud del cargo por inoperancia de argumentos
relativos al desconocimiento de precedentes fijados en sentencias de tutela/DEMANDA
CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE AL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO AL
JUEZ NATURAL-Ineptitud del cargo por no existir cosa juzgada
DEMANDA CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE
AL DESCONOCIMIENTO DEL MANDATO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESION-Ineptitud
del cargo por no referirse a la efectividad del derecho al juez natural sino al
régimen jurídico de las nulidades por falta de jurisdicción y de competencia
DERECHO AL JUEZ COMPETENTE RESPECTO DEL REGIMEN
JURIDICO DE LA NULIDAD POR INCOMPETENCIA DEL JUEZ-Efectividad
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Alcance/DERECHO
AL JUEZ NATURAL-Garantía del debido proceso/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Instrumentos
internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad en sentido
estricto/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Vínculo con el derecho de acceso a la
justicia/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Sometimiento ante juez competente
garantiza y materializa el principio de igualdad
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Interpretaciones
en cuanto al juez competente
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación
en cuanto al juez competente
JUEZ COMPETENTE-Determinación
por la Constitución y la ley/FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO Y JUEZ
COMPETENTE-Amplio margen de configuración normativa del legislador/CONSTITUCION
POLITICA-Establece el juez natural de determinado asunto/MARGEN DE
CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR FRENTE A LAS FORMAS PROPIAS DE CADA
JUICIO Y JUEZ COMPETENTE-Limites
COMPETENCIA DE LOS JUECES-Características
GARANTIA DEL JUEZ NATURAL-No
puede desligarse del cumplimiento de las formas propias de cada juicio/GARANTIA
DEL JUEZ NATURAL-Expresión del principio de juridicidad propio de un Estado
de Derecho/JUEZ NATURAL Y FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Carácter
inescindible
LEGISLADOR-Determina el
régimen jurídico de las nulidades procesales
COMPETENCIA-Alcance/JUEZ-Declaratoria
de nulidad de las decisiones adoptadas sin competencia/COMPETENCIA-Parte
esencial del debido proceso/GARANTIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-No
podría determinar que cualquier irregularidad procesal conduzca a la nulidad de
lo actuado/CARACTER INSTRUMENTAL DE LAS FORMAS PROCESALES-Prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal/PREVALENCIA SUSTANCIAL Y DERECHO AL
JUEZ NATURAL-Instrumentos del derecho de acceso a la justicia
LEGISLADOR-Margen de
configuración normativa en materia de nulidades procesales
PRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA-Significado
INCOMPETENCIA POR LOS FACTORES SUBJETIVO Y
FUNCIONAL-Nulidad
insaneable
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA JUSTICIA EN
EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Eficacia
NULIDADES PROCESALES EN EL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO-Eficacia
del debido proceso y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales
NULIDADES PROCESALES POR FALTA DE JURISDICCION Y
COMPETENCIA EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Precedente
constitucional vinculante/NULIDADES PROCESALES EN MATERIA DE JUEZ COMPETENTE
EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Precedente constitucional vinculante
GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO, JUEZ NATURAL Y
PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL-Precedente constitucional
vinculante
Expediente: D-11271
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 132, 133
(parcial), 134 (parcial), 135 (parcial),  136 (parcial), 138 (parcial) y 328
(parcial) de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
Actor: Jorge Luis Pabón Apicella
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.5 de la
Constitución, una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la Acción Pública consagrada en el artículo 241, numeral 5, de la
Constitución Política, el ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella solicitó a este
tribunal que se declare la inexequibilidad de los artículos 16; 132; 133 y
especialmente su numeral 1; 134, inciso 1; la expresión “ni quien después de
ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”, prevista en
el inciso 2 del artículo 135; 136, parágrafo; 138, incisos 1 y 2; y la
expresión “Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”, prevista
en el inciso 5 del artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso.
Mediante providencia del 4
de abril de 2016, el Magistrado sustanciador dispuso: admitir la demanda contra
los artículos demandados, “en lo que concierne a la posible vulneración
de los artículos 2, 4, 29, 31, 93, 214, num. 2, 241 y 243 de la Constitución
Política; el art. 1, 8, n. 1, 26 y 29, literales a, b y d, de la Convención
Americana de Derechos Humanos y los artículos 2, numerales 1 y 2 y 14, numeral
1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, al
constatar que, respecto de estos cargos, se reunían los requisitos exigidos por
el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991; correr
traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera su concepto
en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución; fijar en
lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o
defendiera la norma y comunicar, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2067
de 1991, la iniciación del mismo al Presidente de la República, para los fines
previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al Presidente del Congreso y
al Ministro de Justicia y del Derecho.
Se
invitó a participar en el presente juicio a las Facultades de Derecho de las
Universidades Externado de Colombia, de los Andes, del Rosario, Javeriana,
Libre, de Caldas, del Cauca, del Norte y Nacional. Se cursó igualmente
invitación a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal.
En
el mismo auto se inadmitió la demanda contra las normas en cuestión “en lo que concierne a la posible vulneración de los artículos 1,  6, 13,  53, 83, 123, 228, 230 de la Constitución”, al constatar que estos cargos no reunían los requisitos exigidos
por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Por consiguiente, se concedió un
término de tres (3) días al demandante para corregir la demanda en este
aspecto. La demanda no fue corregida en término[1] y, en consecuencia, mediante Auto del
18 de abril de 2016, el Magistrado sustanciador rechazó la demanda[2], en lo que
respecta a los cargos que fueron previamente inadmitidos.
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la presente demanda.
A. NORMAS
DEMANDADAS
El
siguiente es el texto de los artículos 16, 132, 133, 134, 135,  136, 138 y 328
de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (CGP), según aparece
publicado en el Diario Oficial 48.489 de 12 de julio de 2012. Se resaltan los
apartes demandados[3]:
LEY 1564 DE 2012
(julio 12)
Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
“ARTÍCULO
16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA.
La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta
de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o
funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de
jurisdicción o de competencia será nulo.
La
falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es
prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del
proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el
proceso se remitirá al juez competente.
ARTÍCULO
132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso
el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios
que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo
que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes,
sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.
ARTÍCULO
133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es
nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1.
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia.
2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3.
Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de
interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la
oportunidad debida.
4.
Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien
actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5.
Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley
sea obligatoria.
6.
Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un
recurso o descorrer su traslado.
7.
Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los
alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8.
Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así
lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier
otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando
en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO.
Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.
ARTÍCULO
134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera
de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella.
(…)
ARTÍCULO
135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que
alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la
causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer.
No
podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien
omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni
quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
(…)
El juez
rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de
las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como
excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien
carezca de legitimación.
ARTÍCULO
136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se
considerará saneada en los siguientes casos:
1.
Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin
proponerla.
(…)
PARÁGRAFO.
Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la
respectiva instancia, son insaneables.
ARTÍCULO
138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA
NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de
jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo
actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
La
nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que
resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada
dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de
quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas
cautelares practicadas.
El
auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.
ARTÍCULO
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
(…)
El
juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
B. LA DEMANDA
El ciudadano Jorge
Luis Pabón Apicella solicita a esta Corte declarar la inexequibilidad de las
disposiciones demandadas al considerar que desconocen los artículos 2, 4, 29,
31, 93, 209, 214, num. 2, 241 y 243 de la Constitución Política; el art. 1, 8,
n. 1, 26 y 29, literales a, b y d, de la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH) y los artículos 2, numerales 1 y 2 y 14, numeral 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Alega que no
prever, como sí lo hacía el Código de Procedimiento Civil, la falta de
competencia funcional y la falta de jurisdicción, como causal de nulidad
insaneable, desconoce el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, así como en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 8, numeral 1) y en el artículo 14, numeral 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que estas normas prevén el
derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, establecido con
anterioridad por la ley. Considera el demandante que se trata de un derecho “cuyo
ejercicio debe ser PLENO”. Por lo tanto, no sancionar la incompetencia
funcional del juez, al prever la posibilidad de subsanar el vicio, desconocería
el artículo 2 de la Constitución, que precisa como fin esencial del Estado, la
efectividad de los derechos. También considera que al permitir el carácter
subsanable del vicio, se desconoció el artículo 29, literales a, b, c y d de la
CADH que prohíbe interpretar los derechos de tal manera que resulten limitados
o excluidos en su goce y ejercicio. Agrega que al tratarse de un derecho
fundamental reconocido por tratados internacionales, ratificados por Colombia,
las normas acusadas desconocen los artículos 93 y 214, numeral 2 y el artículo
4 de la Constitución. En esta medida, considera que el legislador excedió los
límites a su “libertad de configuración”.
Sostiene que la búsqueda
de celeridad en los procesos no es razón suficiente para limitar este derecho
y, por lo tanto, sostiene que se trata de una limitación desproporcionada. Afirma
además que la norma desconoce el principio de progresividad y no regresión de
los artículos 26 de la CADH y el artículo 2, numeral 1 del Pacto Internacional
de Derechos civiles y Políticos, al limitar una garantía que, en el anterior
Código, era más amplia porque siempre se declaraba la nulidad insaneable por
falta de jurisdicción y competencia y ahora, a más de permitir sanearla, sólo
se invalida lo actuado luego de la declaratoria de nulidad. Sostiene que la
disminución alegada de las garantías es inconstitucional porque es irrazonable
y desproporcionada. Agrega que de acuerdo con el precedente constitucional
establecido en las sentencias C-739-01, T-357-03 y T-235-09, la nulidad por
incompetencia funcional es insubsanable, por razones constitucionales,
principalmente porque permitir que sea subsanable desconocería el derecho a la
defensa. De esta manera, el legislador habría desconocido el precedente
constitucional obligatorio, el que es límite a la configuración legislativa,
según alega, por lo que el desconocimiento de estos fallos jurisprudenciales
habría contrariado los artículos 241 y 243 de la Constitución.
También alega
que las normas demandadas desconocen la garantía de non reformatio in pejus,
prevista en el artículo 31 de la Constitución porque considera que con las
normas demandadas del CGP se le “permite efectivamente al juez superior
lograr, con el saneamiento de la nulidad por falta de competencia funcional,
que quede en firme y valedera una decisión judicial agravante de la pena
impuesta al apelante único”. Considera que la prohibición de agravar la
situación del apelante único significa incompetencia funcional para el superior
para esta materia, por lo que, al permitir subsanar el vicio de incompetencia
funcional, se permitiría que la decisión que vulnere la non reformatio in
pejus, sea subsanada, lo que afectaría este derecho fundamental. Agrega que
la prohibición contenida en el artículo 31 de la Constitución no sólo se
desconoce al permitir subsanar la incompetencia funcional, respecto de la sentencia,
sino también respecto de autos, porque sostiene que también un auto del
superior puede agravar la situación del apelante.
Considera el
demandante que la posibilidad de subsanar la nulidad por incompetencia
funcional contraría los principios previstos en el artículo 209 de la
Constitución, que él considera aplicables también a la administración de
justicia.
De manera
concreta, considera que las normas citadas son vulneradas por las demandadas,
en la siguiente forma:
·
Respecto
del artículo 16 y 138 del CGP, al limitar los efectos de la nulidad por falta
de jurisdicción y de competencia funcional, a la sentencia, al disponer el
artículo 16 que “Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la
falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o
funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de
jurisdicción o de competencia será nulo” y al disponer el artículo 138 que
“Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por
el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso
se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado
sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo comprenderá la actuación
posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este.”.
·
Respecto
del artículo 132 del CGP, al precisar que los vicios son saneados si no se
alegaron en la etapa correspondiente, al disponer que “salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.”
·
Respecto
del artículo 133 del CGP, al omitir incluir en la lista de las causales de
nulidad insaneable, la falta de jurisdicción y de competencia funcional, al
disponer que el proceso es nulo solamente “1. Cuando el juez actúe en el
proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. (…)
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas
si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
·
Respecto
del artículo 134 del CGP, al impedir alegar la falta de jurisdicción y de
competencia funcional, luego de la sentencia, al disponer que “Las nulidades
podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia
o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella”, lo que determina que si no
fueron alegadas a tiempo, se subsanan.
·
Respecto
del artículo 135 del CGP, al permitir subsanar la falta de jurisdicción y competencia
subjetiva o funcional, ya que “No podrá alegar la nulidad (…) ni
quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”.
·
Respecto
del artículo 136 CGP: omite en la lista de las nulidades insubsanables, la
falta de jurisdicción y de competencia funcional, al disponer en su parágrafo
que “Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del
superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la
respectiva instancia, son insaneables”.
·
Respecto
del artículo 328 CGP, al disponer la subsanación de los vicios cuando no hayan
sido alegados durante la audiencia, a pesar de limitar los poderes del superior
en el sentido de la non reformatio in pejus, pero al disponer, en el
inciso final, que “Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
C.
INTERVENCIONES
1. De entidades públicas
a. Ministerio de Justicia y del
Derecho
En nombre del
Ministerio de Justicia y del Derecho[4],
se solicita que los artículos demandados sean declarados exequibles ya que, en
lugar de desconocer el derecho al juez natural, dichas normas lo garantizan de
manera adecuada. Explica que las normas demandadas prevén que la nulidad debe
ser declarada de oficio o alegadas por la parte, en cualquiera de las
instancias, y que la sentencia viciada de incompetencia no será válida en
ningún caso. Agrega que al declararse la nulidad por falta de jurisdicción o
por falta de competencia, el asunto deberá ser remitido al juez competente. En este
sentido, si la sentencia dictada por el juez con falta de jurisdicción o de
competencia será inválida y, declarada la nulidad, el asunto deberá remitirse
al competente, se garantiza plenamente, según el interviniente, el derecho al
juez natural. En su concepto, las normas demandadas buscan, en realidad, que se
pueda subsanar el vicio de incompetencia en lo que no implique la resolución
del asunto, esto en nombre de los principios de economía, celeridad y
efectividad.
2. Intervenciones de las universidades
y organizaciones académicas
a. Universidad Externado de
Colombia
En nombre del Departamento de Derecho
Procesal de la Universidad Externado de Colombia, el interviniente[5]
solicita
la inhibición de la Corte Constitucional por ineptitud sustancial de la demanda
o, en subsidio, que se declare la exequibilidad de las normas demandadas.
Justifica la
solicitud de inhibición en indebidas interpretaciones de las normas demandadas
hechas por parte del demandante ya que, considera equivocadamente que la
nulidad por falta de jurisdicción o de competencia en el Código General del
Proceso es saneable. A juicio del interviniente esta conclusión no se deduce
del Código el que, por el contrario, prevé expresamente la improrrogabilidad de
la competencia por los factores subjetivo y funcional; “Esto quiere decir
que aunque no se proponga la respectiva excepción previa, dicha irregularidad
no se sanea y el juez que carezca de las mismas no podrá dictar sentencia
válidamente”. Confirma esta interpretación al explicar que el artículo 138
del mismo Código dispone que la sentencia dictada con ausencia de jurisdicción
o de competencia, deberá ser invalidada. Concluye entonces que, contrario a la
interpretación dada por el demandante, de las normas demandadas se deduce que
las nulidades por falta de jurisdicción o de competencia son insaneables y el
juez no podrá dictar válidamente sentencia. Agrega que la sentencia dictada sin
competencia o sin jurisdicción, deberá ser anulada, el vicio se debe reconocer
de oficio y podrá ser alegado mediante los recursos ordinarios o
extraordinarios contra la misma. Considera también que resulta de una
interpretación indebida la conclusión a la que arriba el demandante, en el
sentido de que el Código General del Proceso suprimió la prohibición de reforma
en perjuicio del apelante único. En este sentido, la demanda carecería de
certeza.
También sostiene
que la demanda no cumple con las cargas argumentativas exigidas por esta Corte
para realizar un juicio de constitucionalidad al no presentar razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de la inconstitucionalidad de
las normas ya que considera que no existió una verdadera explicación del
concepto de la violación.
La solicitud
subsidiaria de declaratoria de constitucionalidad la sustenta en que las normas
demandadas garantizan la vigencia del principio del juez natural. Considera que
el carácter saneable o insubsanable de las causales de nulidad resulta de “la
imposibilidad de otorgar efectos jurídicos a los actos procesales realizados en
contravención de ciertas reglas de procedimiento que son consideradas de tal
trascendencia que puedan afectar la validez de algunos aspectos del proceso”, es
decir que esta naturaleza no se deriva del hecho de estar incluido o excluido
de la lista del artículo 136 del Código General del Proceso. Por otra parte,
sostiene que lo que pretenden las normas demandadas al disponer que las
actuaciones procesales distintas a la sentencia conservarán validez, es
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia “evitando
maniobras dilatorias y trámites innecesarios en el curso del proceso”. De
esta manera, la norma buscaría asegurar una justicia pronta, dándole
prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, al evitar rehacer todo lo
actuado por el juez incompetente, lo que afectaría no sólo a las partes, sino a
la administración de justicia misma.
b. Universidad del Rosario
En nombre de la Universidad del Rosario,
el director de la especialización en derecho procesal de la facultad de
jurisprudencia[6]
solicita que las normas demandadas sean declaradas constitucionales o, en su
defecto, que se pronuncie una constitucionalidad condicionada de los artículos
16, 133, 136, parágrafo y 138, inciso 1, del Código General del Proceso.
Para defender la constitucionalidad de
las normas, el interviniente considera que lo que buscaba el legislador al
suprimir como causal de nulidad de lo actuado el haber interpuesto la demanda
ante una jurisdicción o ante un juez incompetente era garantizar el acceso
efectivo a la justicia. Considera que como la jurisdicción es una sola, no
existe razón para restarle eficacia a las actuaciones de jueces que, “por
razones de organización administrativa interna”, resultan pertenecientes a
otra jurisdicción o incompetentes para decidir ese asunto por los factores
subjetivo o funcional. Agrega que independientemente del juez que lo tramite,
el procedimiento será el mismo, lo que justifica que no resulte viciado en
razón de la incompetencia del órgano por los factores subjetivo y funcional. Desde
su punto de vista, se trata de una manera adecuada de conciliar el acceso a la
justicia, la garantía de juez o tribunal competente y la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal.
La solicitud subsidiaria se basa en el
hecho de que efectivamente el artículo 136 y especialmente su parágrafo omiten
la inclusión de la falta de jurisdicción o de competencia como nulidades
insaneables, pero este carácter se puede deducir de una interpretación
sistemática del Código, en particular de las otras normas demandadas (artículos
16 y 133 del Código General del Proceso). Por consiguiente, solicita que se
declare que el artículo 136 es exequible bajo el entendido de que la falta de
jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo o funcional también
generan una nulidad insaneable.
c. Universidad de Caldas
En representación del programa de
Derecho de la Universidad de Caldas, los intervinientes[7] solicitan que
las normas demandadas sean declaradas exequibles.
A pesar de considerar que en la demanda
“el actor pareciera caer en subjetivismos, argumentos circulares y
redundantes, en ocasiones ampliamente vagos, sí logra crear un margen de duda
que conlleva necesariamente a que estos preceptos acusados deban ser analizados
e interpretados a la luz de la Constitución (…)”. Agregan que de los
argumentos expuestos por el demandante, se pueden deducir consecuencias que prima
facie “podría pensarse que vulneran esta garantía constitucional”.
Empero, para defender la
constitucionalidad de las normas, los intervinientes recuerdan el carácter
taxativo de las nulidades en el sistema procesal colombiano las que, no
obstante, no se encuentran todas en el artículo 133 del Código General del
Proceso. Fundamentan el carácter taxativo de las causales de nulidad en la
búsqueda de seguridad jurídica, al excluir el subjetivismo del juez y permitir
que este instrumento sea utilizado como medio de dilación del proceso. Explican
que de acuerdo con el Código, la falta de competencia por factores distintos al
subjetivo o al funcional, por ejemplo, por el factor territorial, será
subsanable, es decir, que la competencia será prorrogable. Consideran que, por
el contrario, la nulidad generada por falta de jurisdicción o competencia por
el factor subjetivo o funcional genera una nulidad insaneable que, por consiguiente,
puede ser alegada en cualquier momento, incluso en la segunda instancia y debe
ser reconocida, de oficio, por el juez, en ejercicio de su deber de control
permanente de legalidad. En su concepto, si se obligara a rehacer todo lo
actuado por el juez incompetente, se afectarían el principio de economía
procesal, celeridad y el derecho de acceso a la justicia, que son obligatorios
constitucionalmente. En su sentir, la opción tomada por el CGP resulta de una
ponderación entre estos postulados y el derecho al debido proceso. Además,
sostienen que conservar la validez de lo actuado antes de la sentencia se
justifica en el hecho de que todos los jueces cuentan con jurisdicción, por lo
que no se afectan los derechos de los justiciables.
En su concepto, para declarar la
constitucionalidad de las normas demandadas, es necesario realizar una
interpretación sistemática de las mismas para concluir que la nulidad por falta
de jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo o funcional son insaneables.
Recuerdan que este carácter fue reconocido en la sentencia C-037 de 1998. En
este sentido, sostienen que no existió cambio entre el tratamiento normativo
dado al vicio de la sentencia en el CPC y en el CGP, razón por la cual el cargo
relativo a la regresividad de la norma debe ser rechazado. Dicho cambio se
verifica en el artículo 138 relativo a los efectos de la declaración de falta
de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada, pero esta norma no
tiene por objeto “limitar los derechos inherentes a quienes acuden a la
jurisdicción con la intención de dirimir conflictos”. De esta manera los
intervinientes consideran que a pesar de que las normas demandadas permiten
varias interpretaciones, la que realiza el demandante es “desde su peor
acepción, lo cual no es nada conveniente al momento de analizar la norma, ya
que en realidad hay múltiples posibilidades, entre ellas, unas más beneficiosas
y garantistas de los derechos de los individuos”.
Agregan que cuando el artículo 135
demandado prevé la oportunidad y el saneamiento de la nulidad por actuación de
la parte, con posterioridad a la ocurrencia de la nulidad, no se refiere a las
nulidades insaneables, como la generada por falta de jurisdicción o competencia
por los factores subjetivo o funcional. De nuevo indica que esta norma debe ser
interpretada de manera sistemática para evitar concluir, equivocadamente, que
estos vicios son ahora saneables. Consideran que el parágrafo del artículo 136
demandado, no tiene por objeto enumerar taxativamente las causales de nulidad
que resultan insaneables, lo que sería contrario al mismo artículo 16, el que
prevé el carácter insaneable del vicio discutido en el presente asunto.
Terminan su intervención con un test
estricto de proporcionalidad entre la posible disminución que sufrirían, en su
concepto, los derechos a la defensa y a la contradicción, y la necesidad de
economía procesal, para determinar la constitucionalidad de la opción adoptada
por el legislador al conservar la validez de lo actuado por el juez
incompetente, salvo la adopción de la sentencia o la actuación posterior a la
declaratoria de nulidad. En su concepto, esta previsión legislativa es
constitucional al no afectar el núcleo esencial de los derechos a la defensa y
a la contradicción.
d. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
En representación del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, el interviniente[8]
solicita que las normas demandadas sean declaradas exequibles. Precisa que el
Código General del Proceso mantuvo un sistema de causales taxativas de nulidad
para los actos procesales, como sanción máxima al desconocimiento de formas
procesales esenciales para el respeto del debido proceso. Lo que significa que
por fuera de dichas causales, no es posible anular los actos procesales por
razones diferentes. En este sentido, explicó que la falta de jurisdicción y de
competencia constituye una causal de nulidad únicamente respecto de la
sentencia y de las actuaciones procesales posteriores a la declaratoria de
nulidad por esta causa. Explica que esto se denomina improrrogabilidad de la
jurisdicción y de la competencia según la cual si un asunto fue atribuido por
error a un determinado juez incompetente, no podrá “extender el ejercicio de
la función jurisdiccional para resolver ese asunto”. En su concepto, la
conservación de la validez procesal de los actos anteriores a la sentencia se
explica en razón del “principio de protección o salvación del acto procesal”,
contrario a lo que preveía el artículo 144 del derogado Código de Procedimiento
Civil, el que determinaba la pérdida total de validez de todo lo actuado,
contrariando así el derecho de acceso a la justicia al conducir a la toma de
decisiones en términos irrazonables. Concluye que las normas demandadas no
desconocen el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez competente ya que,
necesariamente será éste quien falle de fondo el asunto.
3. Intervenciones ciudadanas
a. Uriel Salcedo Figueroa
Antes del término previsto para la
intervención ciudadana[9],
el ciudadano Uriel Salcedo Figueroa[10]
realiza un recuento de los argumentos expuestos en la demanda. Considera que la
decisión de inadmitir parcialmente la misma respecto de ciertos cargos es
equivocada porque, en su concepto, “Estas aseveraciones del magistrado
sustanciador son GLOBALES, sin examen particular y demostrativo a nivel
particular de cada alegación considerada insuficiente; es una FÓRMULA DE
COMODÍN, condenada y prohibida – por cierto – por la misma Corte
Constitucional en sus fallos de tutela” (negrillas, mayúsculas y
subrayas originales).
En este sentido, su intervención va
dirigida a controvertir los autos inadmisorio y de rechazo parcial de la
demanda y, por consiguiente, solicita que sean analizados todos los cargos
inicialmente formulados en la demanda.
D. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos
242.2 y 278.5 de la Constitución Política, emitió en su oportunidad el Concepto
6113, por medio del cual solicita la inhibición de la Corte Constitucional al
considerar que la “demanda está construida en ideas inconexas, circunstancia
que lleva a concluir que los cargos no fueron formulados adecuadamente”. Según
el concepto fiscal la demanda realiza afirmaciones que no sustenta de manera
alguna. Afirma que el demandante ignora la autonomía del legislador para
configurar los procesos judiciales, con los límites propios del respeto del
derecho al debido proceso. El Procurador concluye que el demandante “se
limitó a expresar, como argumento, algunas opiniones subjetivas que en realidad
no constituyen argumento de constitucionalidad”.
II. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
1.      En
virtud de lo dispuesto por el artículo 241.5 de la Constitución Política, este
tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse
contra preceptos contenidos en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
Es decir, se trata
de una norma con rango y fuerza de ley, controlable, por lo tanto, por esta
Corte.
B. LA APTITUD DE LA DEMANDA
2.      El
interviniente de la Universidad Externado de Colombia solicita la inhibición de
la Sala Plena de la Corte Constitucional, por considerar que el demandante
interpreta equivocadamente las normas, lo que lo conduce a concluir,
equivocadamente a juicio del interviniente, que la nulidad por falta de
competencia subjetiva o funcional, es saneable. Teniendo en cuenta que el
artículo 136 del CGP regula lo relativo al saneamiento de las nulidades y, en
su parágrafo dispone que
“Las
nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia,
son insaneables” (negrillas no originales), sin incluir
en esta lista de nulidades insaneables la derivada de la falta de competencia
del juez, por los factores subjetivo o funcional, la interpretación adoptada
por el demandante tiene, a primera vista, sustento. Además, la interpretación
adoptada por el demandante es coincidente con un sector de la doctrina
especializada[11],
pero contraria a otra parte de la misma[12].
En este sentido, el cargo cumple con el requisito de certeza, por lo que, en
este aspecto, la demanda es apta.
3.      El
mismo interviniente también cuestiona la aptitud de la demanda en lo que
concierne al posible desconocimiento de la prohibición de reforma peyorativa,
prevista en el inciso 2 del artículo 31 de la Constitución Política. El
razonamiento del demandante consiste en que, a su juicio, la non reformatio
in pejus es una limitación de la competencia funcional del juez de la
segunda instancia y, en este sentido, se le estaría autorizando para agravar la
situación del apelante único mediante autos, ya que la única prohibición para
que el juez incompetente por el criterio funcional actúe, consistiría en la
adopción de la sentencia. Teniendo en cuenta que la prohibición de agravar la
situación del apelante único se refiere a lo decidido por el juez de primera
instancia y los autos proferidos por el juez de segunda instancia no tienen la
facultad de modificar la sentencia recurrida, el cargo carece de certeza y, por
lo tanto, en ausencia de aptitud, esta Corte no se pronunciará a este respecto.
4.      Respecto
del cargo relativo al posible desconocimiento del artículo 214, numeral 2 de la
Constitución Política, la Corte tampoco realizará un pronunciamiento de fondo,
ya que éste se refiere a la prohibición de suspender derechos y libertades
fundamentales durante los Estados de Excepción. Teniendo en cuenta que la norma
demandada no se enmarca en Estado de Excepción alguno y, por el contrario, se
introduce en el Código General del Proceso, de vigencia ordinaria, no se
alcanza a comprender la manera como podría resultar desconocido en el caso en
cuestión. Por faltar entonces a la especificidad exigida en el cargo, no habrá
un pronunciamiento de fondo en esta materia.
5.      Por
último, en el concepto del Procurador General de la Nación se solicita la inhibición
general respecto de toda la demanda por considerarla completamente inepta. Esta
solicitud no es totalmente de recibo ya que, aparte de lo excluido líneas atrás
(vulneración de los artículos 31 y 214 de la Constitución y cargos contra el
artículo 328 del CGP), el cargo formulado y, admitido en la sustanciación de la
demanda, relativo a la posible vulneración del debido proceso y, en particular,
del derecho al juez natural sí reúne los requisitos necesarios para plantear un
juicio de fondo sobre la constitucionalidad de las normas controvertidas[13]. Es cierto
que el demandante utiliza un lenguaje y una estructura gramatical y
argumentativa densa, pero sin constituir en un obstáculo insalvable para que
esta Corte logre entender los cargos formulados. A tal punto la demanda exige
un pronunciamiento de fondo, que varios de los intervinientes comprendieron
plenamente las problemáticas planteadas y formularon un concepto de fondo. En
este sentido, mal haría la Corte Constitucional en considerar que la demanda es
inepta y, por consiguiente, en inhibirse, por considerar que no existe cargo
contra la norma, cuando ésta permitió un verdadero debate sustancial entre los
intervinientes.  Por esta razón, la Corte se pronunciará de fondo respecto del
cargo relativo a la vulneración del debido proceso y, en particular, del derecho
al juez natural.
6.      Por
el contrario, los cargos relativos a (i) el posible desconocimiento de
precedentes constitucionales en materia de nulidad por incompetencia y (ii)  aquel
que concierne el desconocimiento del mandato de progresividad y no  regresión,
no serán estudiados por las razones que pasan a explicarse:
(i) El cargo
relativo al desconocimiento de precedentes constitucionales en materia de
nulidad por incompetencia
7.      Alega
el demandante que las normas bajo control son inconstitucionales por desconocer
los precedentes contenidos en las sentencias C-104 de 1993; C-739 de 2001,
T-357 de 2002; T-357 de 2003; C-336 de 2008; T-235 de 2009; C-174 de 2009 en
los que, afirma, la Corte ha determinado de manera obligatoria que la nulidad
derivada de la falta de competencia es insaneable. Por esta vía, la
inconstitucionalidad se derivaría del desconocimiento de los artículos 241 y
243 de la Constitución Política. Teniendo en cuenta que el artículo 241 de la
Constitución se refiere a las funciones de la Corte Constitucional y el 243 a
la cosa juzgada constitucional, derivada de las sentencias de
constitucionalidad, los argumentos relativos al desconocimiento de precedentes
fijados en sentencias de tutela resultan aquí inoperantes. Por demás, respecto
de las normas demandadas, por el cargo formulado relativo al desconocimiento
del derecho al juez natural, no existe cosa juzgada ni formal, ni material,
cuyo desconocimiento pueda materializarse en las normas demandadas. El
desconocimiento de precedentes constitucionales es un argumento pertinente en
cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[14], mas no en
lo que respecta la constitucionalidad de las leyes. Por esta razón, el cargo es
inepto y no podrá ser estudiado en el presente juicio abstracto de
constitucionalidad.
(ii) El cargo
relativo a la no regresión, progresividad y la reforma al régimen de las
nulidades procesales
8.      El
accionante alega que las normas demandadas son regresivas en la protección del
derecho fundamental al juez natural y, por lo tanto, desconocen el mandato de
progresividad que se deriva del componente prestacional de los derechos
fundamentales.
9.
La
sentencia C-251 de 1997 se refirió al mandato de progresividad y la prohibición
de regresión en la protección que el Estado colombiano debe otorgar a los
derechos económicos, sociales y culturales, al controlar la constitucionalidad
del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San
Salvador”, el que desde su preámbulo establece que se adopta “(…) con la
finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la
misma otros derechos y libertades (…)” (negrillas no originales). Por su
parte, el artículo 1 del Protocolo crea en los Estados miembros, la obligación
de adoptar medidas “(…) a fin de lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos
que se reconocen en el presente Protocolo” (negrillas no originales). Para
declarar la exequibilidad de las normas incluidas en el instrumento
internacional, la Corte Constitucional las identificó como derivadas de la
cláusula de Estado Social de Derecho, que implica que “el Estado debe
realizar progresivamente los llamados derechos económicos, sociales y
culturales. El Estado tiene frente a los particulares no sólo deberes de
abstención sino que debe igualmente realizar prestaciones positivas, sobre todo
en materia social, a fin de asegurar las condiciones materiales mínimas, sin
las cuales no es posible vivir una vida digna”. Pero ya en esta sentencia
se abría la puerta a reconocer la vigencia de este mandato-prohibición respecto
de derechos distintos a los económicos, sociales y culturales, ya que se
consideró que “la garantía de los derechos civiles supone en muchos casos
deberes de intervención de las autoridades”. Por esta razón, la sentencia
SU-624 de 1999 hizo una aplicación de la progresividad en cuanto al componente
prestacional del derecho fundamental a la educación.
10. En
aplicación de un juicio de progresividad y no regresión, la sentencia C-1165 de
2000 censuró la reducción presupuestal de los recursos para la seguridad social
en salud, en concreto, de los recursos para el régimen subsidiado de salud. Por
su parte, la sentencia C-727 de 2009 precisó que una vez se ha avanzado en el
mejoramiento prestacional de los derechos económicos, sociales y culturales, no
es posible regresar, salvo que se demuestre “que existen imperiosas razones
que hacen necesario un paso regresivo en el desarrollo de un derecho social
prestacional”. La presunción de inconstitucionalidad de la regresión, así
como la necesidad de realizar un juicio estricto de la constitucionalidad de la
misma, había sido establecida por la sentencia C-671 de 2002.
11. Esto quiere
decir que para determinar la constitucionalidad de una medida legislativa
regresiva, en materia de derechos sociales, económicos o culturales o respecto
del contenido prestacional de los derechos fundamentales, es necesario realizar
un juicio de constitucionalidad, llamado en ocasiones test de no regresividad[15], en el que
se logre identificar que la medida (i) persigue una finalidad
constitucionalmente imperativa; (ii) que el instrumento utilizado para alcanzar
ese fin es ciertamente idóneo; (iii) que la medida es necesaria, es decir, que
no existen otros medios menos regresivos para alcanzar ese fin; y (iv) que la
medida es proporcional en sentido estricto[16],
sin afectar, no obstante, el núcleo mínimo del derecho.
12.  En el presente
caso se censura el desconocimiento del mandato de progresividad y no regresión
en cuanto a un derecho fundamental, el debido proceso y, en particular, el
derecho al juez natural, por lo que para determinar la aptitud del cargo, es
necesario identificar si el reproche concierne el contenido prestacional del
mismo.  Tal sería el caso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la puesta a
disposición de recursos y estructuras jurisdiccionales para hacer efectivo el
derecho fundamental de acceso a la justicia. Este no es el presente caso ya
que, el cargo formulado por el accionante no se refiere a las acciones o
prestaciones que debe emprender u ofrecer el Estado para hacer efectivo el
derecho, sino al régimen jurídico de las nulidades por falta de jurisdicción y
de competencia, lo que no hace parte del contenido prestacional del derecho
fundamental. En este sentido, se trata de un cargo inepto que no permite
realizar un juicio material de constitucionalidad.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
13. Las
normas controvertidas se encuentran incluidas en la Ley 1564 de 2012, Código
General del Proceso. Todas tienen en común que regulan distintos aspectos de la
validez de la actuación procesal en los procesos regidos por este Código.
Disponen que la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores
subjetivo y funcional son improrrogables, lo que no obsta para que lo actuado
por el juez incompetente, antes de la declaratoria de nulidad (artículo 133, n.
1), salvo la sentencia, conserve validez (artículos 16 y 138). Al tiempo prevén
que la causal de nulidad no alegada en la etapa procesal en la que ocurrió el
vicio, se entenderá saneada (artículo 132 y parágrafo del artículo 133), lo
mismo que si la parte actúa después de su ocurrencia, sin proponer la nulidad
(artículo 135). Agregan que las nulidades sólo pueden alegarse antes de
proferirse la sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma
(artículo 134). Finalmente, establecen unas causales de nulidad del proceso en
las que se encuentra la hipótesis de la actuación del juez, después de declarar
la falta de jurisdicción o de competencia (artículo 133, n. 1) y una lista de
nulidades insaneables, en la que no se incluye la derivada de la falta de
competencia del juez, por los factores subjetivo o funcional (parágrafo del
artículo 136).
14. Para
el demandante, estas normas desconocen el debido proceso, en su componente de
derecho al juez competente, reconocido tanto por la Constitución Política, como
por instrumentos internacionales ratificados por Colombia al permitir: por una
parte, que lo actuado por el juez incompetente no sea anulado y, por otra parte
que la nulidad derivada de la falta de competencia del juez sea saneable. Con
esta manera de regular el régimen de las nulidades procesales, en su concepto,
el legislador estaría desconociendo el deber de hacer efectivos los derechos y
garantías constitucionales. A este respecto, los intervinientes que formulan un
concepto de fondo, consideran que las normas deben ser declaradas
constitucionales en cuanto, en realidad, el CGP no desconoció el derecho a ser
juzgado por el juez competente, a pesar de que algunas de las normas demandadas
podrían dar lugar a una interpretación contraria. Por esta razón, uno de los
intervinientes solicita que la Corte pronuncie una declaratoria de
constitucionalidad condicionada.
15. En
estos términos, le corresponde a la Corte resolver el siguiente problema
jurídico:
a.
¿Afectó
el legislador la efectividad del derecho a ser juzgado por un juez competente
al permitir que el vicio de incompetencia sea saneable y al determinar que
conservan validez las actuaciones anteriores a la declaratoria de la nulidad?
Para
responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la
constitucionalidad de las normas demandadas, esta Corte analizará la
efectividad del derecho al juez competente respecto del régimen jurídico de la
nulidad por incompetencia del juez.
D. LA
EFECTIVIDAD DEL DERECHO AL JUEZ COMPETENTE Y LA NULIDAD POR INCOMPETENCIA
1. El derecho al juez natural
16. En el Estado
Social de Derecho no sólo importa el qué, sino también el cómo. Igualmente, no
basta con la vigencia formal de los derechos, sino su efectividad es un deber y
un fin esencial del Estado (artículo 2 de la Constitución Política). El debido
proceso se constituye así en una garantía particularmente relevante para la
adopción de decisiones administrativas y jurisdiccionales. Una de las primeras
garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso es la de que el
asunto sea juzgado por un juez competente, garantía establecida por la
Revolución francesa[17]
y hoy en día prevista tanto por el artículo 29 de la Constitución Política,
como por instrumentos internacionales que integran el Bloque de
Constitucionalidad en sentido estricto (artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos). Esta garantía, vinculada con el derecho de acceso a la justicia[18], es la que
se conoce como de juez natural y exige: (i) la preexistencia del juez, (ii) la
determinación legal y previa de su competencia en abstracto, incluso si es una
competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de que no será excluido
del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente competencia[19], aunque una
modificación legal de competencia pueda significar un cambio de radicación del
proceso en curso, sin que se entienda que se desconoce el derecho al juez
natural, al tratarse de una “garantía no absoluta y ponderable”[20]. Esta
garantía orgánica e institucional busca excluir, en condiciones ordinarias, la
existencia tanto de jueces ad hoc[21],
“por fuera de alguna estructura jurisdiccional”[22], como
los creados ex profeso, con posterioridad al hecho[23], cuyas
garantías, particularmente de independencia[24]
e imparcialidad, puedan ser puestas en duda[25].
Esto quiere decir que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto
sea sometido ante un juez competente es la de evitar la arbitrariedad del Estado
a través de la acción de jueces que no ofrezcan garantías y materializar el
principio de igualdad, a través del deber de juzgar ante los mismos jueces, sin
privilegios, ni animadversiones frente al justiciable[26]. Así “dicho
principio opera como un instrumento necesario de la rectitud en la
administración de justicia”[27].
Se trata, en este sentido, de un mecanismo del Estado de Derecho que, no
obstante su importancia, no garantiza por sí solo el respeto del debido proceso.
17. En
cuanto al contenido mismo del derecho al juez natural, éste pareciera permitir
dos interpretaciones. Una primera, según la cual, la garantía consiste en que
el asunto sea juzgado por el juez competente, es decir, que la decisión de
fondo sobre el asunto planteado sea adoptada por quien recibió esta atribución
del legislador. En esta interpretación, el derecho garantizado es que el juez
competente profiera la sentencia “esto es, que la valoración jurídica sea
llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, de
modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones que de
ella se derivan”[28]
(negrillas no originales). Esta interpretación, adoptada en ocasiones por esta
Corte[29],
pareciera resultar del tenor literal del artículo 29 de la Constitución
Política, según el cual: “Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio” (negrillas no originales): inciso 2
del artículo 29 de la Constitución.
18. Una
segunda interpretación consiste en que el derecho al juez natural implica que
sea el juez competente no sólo quien decide el asunto, sino quien instruye el
proceso. En este sentido, “El derecho al juez natural, es la garantía de ser
juzgado por el juez legalmente competente para adelantar el trámite y
adoptar la decisión de fondo respectiva”[30] (negrillas
no originales). Esta segunda interpretación resulta concordante con el tenor
literal de los instrumentos internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, que el demandante consideran vulnerados
en el caso bajo examen. Así, el numeral 1 del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “1. Todas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter
civil (…)” (negrillas no originales) y, de manera coincidente, el numeral 1
del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: “1.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter” (negrillas no originales).
19. En la interpretación
de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que
ser juzgado por juez incompetente implica que no se dieron los presupuestos
para el debido proceso, en otras palabras, que “se está ante un
procedimiento viciado desde su origen, lo cual implica que no tuvo acceso a las
garantías judiciales”[31].
Así, consideró que se violó el derecho al juez natural porque, a más de que la
ley atribuía competencia al tribunal militar, para juzgar a civiles, en primera
y segunda instancia, este órgano no ofrecía las garantías de independencia
exigidas[32].
Por consiguiente, ha considerado que cuando la justicia penal militar no
resulta competente, no hay necesidad incluso de analizar si se ofrecieron
suficientes garantías, a pesar de que también ha denunciado la violación al
resto de garantías procesales[33].
Ahora bien, también ha resaltado que el derecho al juez competente debe
analizarse en concreto respecto de las garantías procesales que éste ofrece[34]. Por esta vía, la
Corte Interamericana consideró que se violaron las garantías judiciales porque
“fue enjuiciada y condenada por un procedimiento excepcional en el que,
obviamente, están sensiblemente restringidos los derechos fundamentales que
integran el debido proceso”[35].
En otras decisiones ha considerado que todo el proceso está viciado per se
por permitir juzgar ante un tribunal militar a civiles, ya que considera que la
garantía “no se refiere únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal,
sino fundamentalmente a la propia investigación”[36]. No obstante, no debe
perderse de vista que todos los pronunciamientos de la CIDH respecto del juez
natural se han referido a la materia penal, particularmente a la justicia penal
militar, en la que la garantía de ser investigado y juzgado por un juez
competente es especialmente relevante para que existan garantías de debido
proceso.
2. Las formas legales propias de
cada juicio y el juez competente
20. La determinación
previa y abstracta del juez competente para instruir y decidir un asunto es una
competencia normativa atribuida a la Constitución y a la ley[37] colombianas[38], para cuyo
ejercicio el legislador goza de un margen de configuración normativa amplio[39], aunque limitado:
a más de los casos en los que directamente es la Constitución la que establece
el juez natural de determinado asunto[40],
así como de la previsión de jurisdicciones especiales, como la indígena[41], de las
que el respeto de sus competencias es un imperativo constitucional, la
determinación legal de la competencia debe ser una decisión razonable y
proporcionada[42],
que implica, por ejemplo, la necesidad de razón suficiente, de especialidad,
para que un asunto sea distraído de la jurisdicción ordinaria[43]. También existen
otros límites como la prohibición de que la determinación del juez competente
quede al arbitrio del juez o de las partes[44],
que los particulares sean juzgados por militares[45] (inciso
final del artículo 213 de la Constitución) o por autoridades administrativas en
materia penal, las que ni siquiera pueden instruir el sumario (inciso 3 del
artículo 116, de la Constitución), pero sí pueden actuar como ente acusador[46] y ser
jueces competentes de otros asuntos[47]
y la exclusión de que violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la
justicia penal militar[48],
la que no obstante es, según las circunstancias, juez natural de ciertos
comportamientos[49].
El respeto de los fueros constitucionales también hace parte del derecho al
juez natural[50].
Así, dentro del campo de configuración normativo determinado por estos límites,
el legislador puede determinar que el “juez natural” de determinado asunto
puede ser una autoridad administrativa o una autoridad judicial, tal como lo ha
reconocido tanto esta Corte[51],
como la CIDH[52].
En el caso de que el juez natural sea un juez, el legislador recurre a una
serie de criterios o factores de competencia, los que “tienen como objetivo
fundamental, definir cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que
va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un
determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de
justicia”[53].
Las
características de la competencia de los jueces, han sido identificadas por
esta Corte de la siguiente manera:
“ (i) legalidad, en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de obligatoria observancia y no se
puede derogar por la voluntad de las partes; (iii) inmodificabilidad, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del
proceso (perpetuatio
jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que no puede ser cedida o delegada por la autoridad que
la detenta legalmente; y (v) es de orden público, en razón a que se sustenta o fundamenta en principios y criterios
que se relacionan con la prevalencia del interés general”[54] (negrillas originales).
21. Esta
garantía de juez natural no puede desligarse de la del derecho a que se cumplan
las formas propias de cada juicio, es decir, los términos, trámites,
requisitos, etapas o formalidades establecidas por el legislador, de acuerdo
con los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política, para la
adopción de una decisión por parte del juez competente[55].
Se trata de otra expresión del principio de juridicidad propio de un Estado de
Derecho en el que los órganos del poder público deben estar sometidos al
ordenamiento jurídico, no sólo en la función (competencia), sino en el trámite
(procedimiento) para el ejercicio de dicha función. Ambos elementos hacen,
determinados el uno por el otro, que se desarrolle un debido proceso. Es
justamente en la determinación de las consecuencias procesales del trámite de
la actuación procesal, por parte de un juez incompetente, en donde se pone en
evidencia el carácter inescindible del juez natural y las formas propias de
cada juicio.
3. El legislador determina el
régimen jurídico de las nulidades procesales
22. La
competencia, entendida como vinculación positiva y vinculación negativa del
juez para el ejercicio de sus poderes, es un elemento de la validez de las
decisiones que adopta, en el contexto de un Estado de Derecho. La manera de
garantizar el sometimiento efectivo de éste al ordenamiento jurídico es a
través de la declaratoria de nulidad de las decisiones adoptadas sin
competencia[56].
Ahora bien, la garantía del respeto de las formas propias de cada juicio no podría
determinar que cualquier irregularidad procesal conduzca necesariamente a la
nulidad de lo actuado, lo que contrariaría el carácter instrumental de las
formas procesales[57],
cuyo fundamento constitucional se encuentra en el deber de dar prevalencia al
derecho sustancial sobre el procesal (artículo 228 de la Constitución Política).
Este deber de prevalencia sustancial, acompañado del derecho al juez natural,
son instrumentos del derecho fundamental de acceso a la justicia[58]. Es entonces
al legislador a quien le compete, en desarrollo del artículo 29 de la
Constitución Política, determinar “las formas propias de cada juicio” y,
en desarrollo de esta función, determinar las irregularidades que generan
nulidad para garantizar la vigencia de las garantías del debido proceso. Es
sólo por excepción que la Constitución Política toma directamente una decisión
en la materia, cuando el inciso final del artículo 29 dispone que: “Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En este sentido, esta Corte ha reconocido que “corresponde
al legislador dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo
a criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través de las
correspondientes fórmulas normativas las formas o actos procesales que deben
ser cumplidos para asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la
regulación del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos criterios y
obedeciendo al principio de la proporcionalidad normativa, las causales o
motivos que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso”[59]. Así, en
ejercicio de esta competencia normativa, tanto el CPC (artículo 140), derogado,
como el CGP (artículo 133), vigente, determinan las causales de nulidad
procesal, cuyo carácter taxativo fue declarado constitucional por esta Corte[60]. En este
mismo sentido, también hace parte del margen de configuración normativa del
legislador en la materia, la determinación de las hipótesis en las que el vicio
puede ser subsanado o convalidado y las que no[61],
así como la precisión de las consecuencias que la nulidad procesal acarrea.
Esto quiere decir que el legislador establece, por esta vía, una gradación de
la importancia concreta de las formas procesales para determinar (i) los
defectos procesales que generan nulidad y los que no; (ii) el carácter saneable
o insaneable de determinado vicio procesal[62];
y (iii) las consecuencias de la declaratoria de nulidad procesal. Se trata de decisiones
que hacen parte de la competencia del Congreso de la República para diseñar los
procesos judiciales[63]
y, de esta manera, establecer el proceso como uno de los instrumentos
esenciales para la eficacia del derecho fundamental de acceso a la justicia[64] y para la
realización de la justicia[65]
y la igualdad materiales[66].
23. En
desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General
del Proceso, el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en
los procesos que se rigen por este Código y dispuso que la falta de
jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo[67] y
funcional[68]
son improrrogables (artículo 16), es decir, que la nulidad que su
desconocimiento genera es insaneable. Implícitamente dispuso, por consiguiente,
que la incompetencia por los otros factores de atribución de la competencia,
como el objetivo, el territorial y el de conexidad, sí es prorrogable y el
vicio es entonces saneable, si no es oportunamente alegado. En los términos
utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa
que, a pesar de no ser el juez competente, el vicio es considerado subsanable
por el legislador y el juez podrá válidamente dictar sentencia, si la parte no
alegó oportunamente el vicio. En este sentido, la determinación de las formas
propias del juicio por parte del legislador consistió en establecer una primera
diferencia: la asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo
dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al
juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este
hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue
alegado, mientras que, la asunción de competencia con desconocimiento de la
competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y funcional, sí
genera necesariamente nulidad de la sentencia. También, en ejercicio de su
competencia legislativa, el Congreso de la República dispuso que, salvo la
sentencia, lo actuado por el juez incompetente, antes de la declaratoria de
nulidad (artículo 133, n. 1), conserve validez, (artículos 16 y 138). De manera
concordante, estableció unas causales de nulidad del proceso, en cuya lista se
encuentra la hipótesis de la actuación del juez, después de declarar la falta
de jurisdicción o de competencia (artículo 133, n. 1). Se trató de determinar
legislativamente las consecuencias que genera la nulidad y establecer, dentro
del margen de configuración legislativa atribuido al Congreso de la República,
que la nulidad declarada no tiene efectos retroactivos, sino solamente hacia el
futuro, con la salvedad de que la conservación de la validez no cubrirá la
sentencia misma.
24. Al
tiempo, el legislador previó que la causal de nulidad no alegada por la parte en
la etapa procesal en la que ocurrió el vicio, se entenderá saneada (artículo
132 y parágrafo del artículo 133), lo mismo que si la parte actúa después de su
ocurrencia, sin proponer la nulidad correspondiente (artículo 135). También,
estableció que las nulidades sólo pueden alegarse antes de proferirse la
sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (artículo
134). Una interpretación sistemática del régimen de las nulidades en el CGP
lleva fácilmente a concluir que la posibilidad de sanear nulidades por la no
alegación o por la actuación de parte, sin alegarla, se refiere necesariamente a
las nulidades saneables.  A este respecto, el parágrafo del artículo 136 del
CGP establece una lista de nulidades insaneables, la que no incluye la derivada
de la falta de jurisdicción o de competencia del juez, por los factores
subjetivo y funcional. También establece, en el artículo 133, que las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente y en la lista de las nulidades que no se entienden subsanadas, no
se encuentra la de actuar en el proceso y dictar sentencia con falta de
jurisdicción y de competencia por los factores subjetivo y funcional. La
combinación de estas dos normas, a primera vista, podría dar lugar a concluir,
de manera concordante con el demandante, que ésta es saneable. Sin embargo,
como quedó establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con el artículo 16
del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez[69] el que se
percatará del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de
legalidad del proceso (artículo 132) y la competencia es improrrogable, es
decir, que el juez no podrá dictar válidamente sentencia, la que expresamente
se dispone que será nula[70].
En estos términos, habrá que concluirse, de manera concordante con varios de
los intervinientes que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de
nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el artículo
136[71]
y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores
subjetivo y funcional, es insaneable.
25. El análisis
histórico de la norma contribuirá a explicar su contenido y las distintas
opciones tomadas en su momento por el legislador. Así, la Ley 105 de 1931
establecía, en el numeral 1 del artículo 448, como causal de “nulidad en
todos los juicios” la incompetencia de la jurisdicción, a la vez que el
numeral 1 del artículo 449 establecía que “No puede alegarse nulidad por
incompetencia de jurisdicción en los casos siguientes: 1o. Si la jurisdicción
es prorrogable y las partes han intervenido en el juicio sin hacer reclamación
oportuna. (…) 3o. Si la jurisdicción es improrrogable, y se ratifica
expresamente lo actuado (…)”. Por su parte, el Decreto Ley 1400 de
1970, Código de Procedimiento Civil, en su versión dada por el Decreto Ley 2282
de 1989 disponía que el proceso es nulo solamente en los siguientes casos: “1.
Cuando corresponde a distinta jurisdicción. 2. Cuando el juez carece de
competencia”. Así, al igual que el régimen anterior, el Código de
Procedimiento Civil, ahora derogado, preveía la posibilidad del saneamiento de
la nulidad generada por la falta de competencia en su artículo 144 al disponer que:
“La
nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos: (…) 5.
Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como
excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso”, y
el inciso final del mismo artículo disponía: “No podrán sanearse las
nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente
de falta de jurisdicción o de competencia funcional”. El CPC fue más
detallado que la legislación anterior, al establecer los efectos de la nulidad
declarada, en el artículo 146 así: “La nulidad sólo comprenderá la actuación
posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin
embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y
tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. El
auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse, y
condenará en costas a la parte que dio lugar a ella”. Por su parte,
el inciso final del artículo 148, relativo a las declaratorias y conflictos de
competencia, disponía que: “La declaración de incompetencia no afecta la
validez de la actuación cumplida hasta entonces”.
26. De las normas
referidas se puede concluir que tanto la norma de 1931, como la de 1970,
modificada en 1989, permitían el saneamiento del vicio derivado de la falta de
competencia del juez, pero el CPC excluyó de esta posibilidad la falta de
jurisdicción y de competencia del juez por los factores subjetivo y funcional.
Por su parte, el CPC disponía expresamente la conservación de validez de las
pruebas practicadas por el juez incompetente y dejaba en manos del juez, la
determinación de la actuación procesal que debía repetirse, lo que suponía que
el juez realizara un análisis en concreto de la validez de lo actuado, más allá
de la falta de jurisdicción o de competencia del juez. Por esta razón, también
disponía que cuando el juez se declarara incompetente, se preservaría la
validez de lo actuado. Una interpretación sistemática de las dos normas
conducía a concluir que la nulidad no generaba, per se, la nulidad de
todo lo actuado con anterioridad. La verdadera modificación consiste en
establecer de manera clara, la conservación de la validez de lo actuado por el
juez declarado incompetente y no dejar al arbitrio del juez la determinación de
los efectos de la nulidad. La repetición innecesaria de lo actuado, era un
obstáculo para la eficacia del debido proceso y para la tutela efectiva del
derecho sustancial[72].
Ahora bien, la conservación de la validez de lo actuado no obsta para que se
pueda declarar su nulidad, cuando en su trámite se hubiere incurrido en una causal
de nulidad diferente.
4. Las normas demandadas se
integran en un sistema que busca la eficacia del acceso a la justicia y del
derecho al debido proceso
27. Las normas que
se encuentran bajo control de constitucionalidad hacen parte de un sistema en
el que las consecuencias del error en la identificación de la jurisdicción o
del juez competente se han suavizado, en pro de la eficacia en conjunto del
debido proceso y de la prevalencia del derecho sustancial, sobre las formas
procesales. Así, (i) cuando el juez recibe una demanda que sea competencia de
una jurisdicción diferente o, a pesar de pertenecer a su jurisdicción, él no
sea competente, deberá rechazarla, pero enviarla inmediatamente al competente[73]; (ii)
cuando luego de haber admitido la demanda, prospera la excepción de falta de
jurisdicción o de falta de competencia, el juez deberá enviarla al competente,
pero lo actuado conservará validez[74];
(iii) cuando la nulidad procesal comprenda el auto admisorio de la demanda, no
se afectará la interrupción de la prescripción, ni la inoperancia de la
caducidad, si la nulidad no es atribuible al demandante[75], como
cuando resulta de un error en la identificación del juez competente por complejidad
del régimen o error de reparto; (iv) cuando en curso de un proceso, la
competencia se altera, lo actuado conserva validez[76]; (v) por
último, si se declara la nulidad procesal por falta de jurisdicción o de
competencia, el juez no podrá seguir actuando válidamente, pero lo actuado con
anterioridad conserva validez[77].
28. Este conjunto de
disposiciones reflejan la exigencia constitucional de dar prevalencia al
derecho sustancial sobre el procesal, de garantizar un acceso efectivo a la
justicia y de hacer efectivas las garantías del debido proceso para que el
rigor extremo de la aplicación de los trámites procesales, no vaya en desmedro
de un proceso que cumpla su finalidad, en un plazo razonable, al tiempo que
garantiza una actuación procesal de calidad y garantista. Es por esta razón que
varias de estas normas procesales determinan que la pérdida de competencia, la
variación de la misma o la nulidad procesal por incompetencia, no comprometen
la validez de lo actuado con anterioridad por el juez y, por consiguiente,
indican que el juez que asumirá en adelante competencia no deberá iniciar de
nuevo toda la actuación.
5. Las normas demandadas
encuentran fundamento en precedentes jurisprudenciales de esta Corte
29. La
conservación de validez de lo actuado por el juez incompetente o perteneciente
a otra jurisdicción distinta de la competente, salvo la sentencia, fue una
decisión tomada por el legislador, pero inspirada de cerca en precedentes
jurisprudenciales. En efecto, la sentencia C-037 de 1998 declaró la
exequibilidad de varias normas del Código de Procedimiento Civil cuyos
contenidos, si bien no son materialmente idénticos con los que son objeto de
control de constitucionalidad en el presente caso, por lo que no podría
plantearse la existencia de cosa juzgada material, sí tienen contenidos
cercanos. Por esta razón, los argumentos tomados en consideración por esta
Corte, son precedentes vinculantes para el presente juicio de
constitucionalidad.  En lo que nos interesa ahora, algunas de las normas
demandadas del CPC habían sido introducidas por la reforma realizada por el
Decreto Ley 2282 de 1989 el que, en su artículo 84, reformó el artículo 156 del
CPC, que en adelante se numeraría como 144, para disponer en el numeral 5 que
la nulidad se considera saneada “Cuando la falta de competencia distinta de
la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el
juez seguirá conociendo del proceso”. También se examinaba el artículo 86
del Decreto, que modificaba el artículo 158 del CPC que, en adelante sería el
146 y disponía: “Efectos de la nulidad declarada. La nulidad sólo
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte
afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación
conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad
de contradecirla”. También la reforma del artículo 140, que en adelante
sería el 148 y disponía: “La declaración de incompetencia no afecta la
validez de la actuación cumplida hasta entonces”. Igualmente la reforma del
artículo 144, en adelante 152: “(…) La actuación del funcionario, anterior a
la recusación propuesta o a su declaración de estar impedido, es válida”.
La del artículo 151, en adelante 159: “El auto que rechace de plano, niegue
o decrete la acumulación, es apelable. Si el superior revoca el auto que
decretó la acumulación, será válida la actuación del inferior subsiguiente al
auto revocado”. Todas estas normas fueron declaradas exequibles, al considerar
que no vulneraban ninguna de las garantías del debido proceso, incluida la de
juez natural y, por el contrario, encontraban sustento en el principio de
economía procesal. Así, consideró la Corte Constitucional que “Otra
consecuencia de la aplicación de este principio – de economía procesal -, es la
institución del saneamiento de las nulidades.  En el Código, ésta se funda en
la consideración de que el acto, aun siendo nulo, cumplió su finalidad.  Que,
en consecuencia, no se violó el derecho de defensa (…) En virtud de la
economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la
conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio,
señalado como causal de nulidad”. También consideró la Corte que “(…) dentro
de la libertad de configuración del proceso  que tiene el legislador, puede
considerar que, por haberse prorrogado la competencia, no se ha vulnerado el
debido proceso, y puede, por consiguiente, establecer el saneamiento de la
nulidad”. Finalmente precisó que “(…) al conservarse la actuación
cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia, se evitan dilaciones
innecesarias”. Este precedente constitucional sería, así, suficiente para
declarar la constitucionalidad de las normas demandadas. Sin embargo, la
constitucionalidad resulta soportada, además, por otros precedentes
jurisprudenciales.
30. En
efecto, la sentencia C-662 de 2004 declaró la inexequibilidad del numeral 2°
del artículo 91 del CPC, que disponía que no se considerará interrumpida la
prescripción y operará la caducidad cuando el proceso termine por haber
prosperado la excepción de falta de jurisdicción. En esta ocasión, la Corte
Constitucional consideró que la consecuencia atribuida a un error en la
identificación del juez competente, por parte del demandante, o en la
determinación o reparto del asunto, era desproporcionada frente al derecho de
acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución) y sacrificaba el derecho
sustancial en pro de las formas procesales (artículo 228 de la Constitución),
más aún en consideración de la complejidad en concreto y las dificultades que
existen en ciertos casos, para identificar el juez competente para determinado
asunto. Por lo tanto, consideró que una vez ha prosperado la excepción de falta
de jurisdicción, el juez ahora reconocido como incompetente, debía enviar el
asunto al competente y, por lo tanto, se conservaba el efecto propio de la
presentación de la demanda. En otras palabras, la declaratoria de falta de
competencia del juez no determinaba la invalidez de los efectos de la
presentación de la demanda, a pesar de haber sido presentada a un juez
incompetente. De esta manera se equipararon las consecuencias de la falta de
jurisdicción y de la falta de competencia. No obstante, la sentencia dejó salva
la competencia del legislador en la configuración de los procesos judiciales: “el juez
ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el
legislador no regule de manera distinta el tema” (negrillas no
originales). La sentencia pretendió garantizar el derecho al juez natural, “sin afectar los
derechos del demandante y sin extender en el tiempo sus atribuciones en
detrimento de los derechos del demandado”[78].
Se trató de una manera de conciliar distintos elementos del debido proceso, en
pro de su eficacia en conjunto.
31. Por su parte, la sentencia C-227
de 2009 consideró que era una carga desproporcionada para el demandante que si
se declaraba la falta de jurisdicción o de competencia y la nulidad cobijaba el
auto admisorio de la demanda, no se entendía interrumpida la prescripción y
operaba la caducidad. Consideró la Corte Constitucional que “La consecuencia
procesal que la norma impugnada hace recaer sobre el demandante diligente, resulta
desproporcionada cuando el error en la selección de la competencia y/o la
jurisdicción no le es imputable a él de manera exclusiva, sino que puede ser el
producto de múltiples factores, que escapan a su control, como pueden ser las
incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y
jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción, y sin
embargo, la carga y censura procesal sólo se imponen a él”. Por
consiguiente, declaró la exequibilidad condicionada del numeral 3 del artículo
91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de
2003, “en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la
operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa
del demandante”. Se trató del reconocimiento de que, según las
circunstancias, la determinación del juez competente es compleja y los errores
pueden no ser imputables a la falta de diligencia del demandante. Por esta
razón, no resultaba proporcionado que soporte las consecuencias desfavorables
de la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia.
32. La sentencia C-662 de 2004, fue
antecedente de la sentencia C-807 de 2009, en la que juzgó la
constitucionalidad del artículo 85 del CPC, (modificado por el numeral
37 del artículo 1 del Decreto 2282 de 1989), según el cual: “en los
demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin
necesidad de desglose”, y fue declarado exequible en el entendido de que en
“los casos de rechazo de demanda por falta de jurisdicción, ésta se enviará
al juez competente y con jurisdicción, de forma análoga a como ocurre en los
casos de rechazo por falta de competencia”. Lo que se pretendió con
este condicionamiento fue, de nuevo, no cargar al demandante con las
consecuencias generadas por un error en la determinación de la jurisdicción
competente y, por el contrario, con el envío directo del asunto al juez
competente, sin la devolución de la demanda y de sus anexos, evitar mayores
dilaciones en la resolución del asunto[79].
Esta regla jurisprudencial fue inicialmente recogida por el legislador en el
artículo 85 de la Ley 1395 de 2010 que, en la materia, reformó el CPC. En este
sentido, la posición adoptada por el legislador en el CGP constituye una
continuidad y profundización de los postulados que inspiraron este movimiento
jurisprudencial. Así, el artículo 16 del CGP, ahora objeto de control de
constitucionalidad, dispuso que “Cuando se declare, de oficio o a petición
de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores
subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se
hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente”.
33. La finalidad
perseguida es coincidente con la que inspiró al juez constitucional en los
precedentes referidos. Se trata de medidas que pretenden hacer efectivo el
derecho al juez natural o competente, así como el acceso a la justicia, sin que
su respeto signifique el sacrificio de otros elementos del derecho fundamental
al debido proceso y de otros imperativos constitucionales[80]. Así, la
decisión tomada por el legislador, dentro de su margen constitucional de
configuración normativa para hacer efectivo el debido proceso[81], resultó
de una conciliación de los imperativos que confluyen en la configuración legal
del proceso y tomó en consideración que la instrucción del proceso llevada a
cabo por el juez que en su momento se consideró como competente para hacerlo,
fue realizada con el respeto de las garantías del debido proceso y llevado a
cabo por un juez de la República, provisto de las garantías orgánicas y
estatutarias de su cargo[82].
La medida en cuestión parte de reconocer el carácter insustancial del vicio que
se derivaría de la instrucción del asunto[83]
por parte de un juez que en su momento se consideró competente, es decir, que
la repetición por parte del segundo juez de los actos procesales realizados,
incluidas las pruebas practicadas, en nada mejoraría las garantías de
independencia, imparcialidad, defensa y contradicción que ya fueron ofrecidas
por un juez de la República, legalmente estatuido. Ahora bien, el carácter
improrrogable de la competencia del juez por los factores subjetivo y funcional
determina que, a pesar de preservar la validez de lo actuado, en la materia
regida por el CGP, que no incluye los asuntos penales, y para respetar el
derecho al juez natural, sin sacrificar otros derechos, no opera en todos los
casos la regla perpetuatio jurisdictionis, la que conduciría a que una
vez asumida competencia por el juez, independientemente de si esta atribución
fue adecuada o no, su competencia se prorroga o extiende hasta la sentencia
misma. Por el contrario, la manera como el legislador, válidamente desde el
punto de vista constitucional, quiso realizar el derecho al juez natural
consistió en determinar que (i) una vez se declare la falta de jurisdicción o
la falta de competencia del juez, éste deberá remitir el asunto al juez
competente; (ii) el juez que recibe el asunto debe continuar el proceso en el
estado en el que se encuentre, porque se conserva la validez de lo actuado;
(iii) estará viciado de nulidad todo lo actuado después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia; y (iv) el juez incompetente no podrá dictar
sentencia y, por lo tanto, la sentencia proferida por el  juez incompetente
deberá ser anulada y el vicio de ésta no es subsanable.
34. En este régimen,
el legislador tomó en consideración, según las circunstancias, que la
determinación del juez competente en los asuntos regidos por el CGP es compleja
y la instrucción del asunto, por parte del juez incompetente, no resulta de una
intención de disminuir garantías procesales, ni tiene este efecto, lo que sería
reprochable. De esta manera, el derecho al juez natural resulta plenamente
garantizado. La conservación de validez de la actuación procesal, antes de la
declaratoria de incompetencia, es una medida válida que pretende la eficacia
del derecho de acceso a la justicia, con la obtención de una decisión en
términos razonables[84],
con respeto del principio constitucional de celeridad de la administración de
justicia[85],
economía procesal[86],
la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial, sobre el
adjetivo, ya que evitará repetir, sin razón de garantías, lo actuado en debida
forma por el juez ahora declarado incompetente y excluye la declaratoria de
nulidad, por esta causal, como un mecanismo de dilación del proceso. Así, la
norma también es una medida razonable para evitar la congestión de la justicia.
En otras palabras, lo que se busca con esta medida es evitar el desgaste
innecesario de la administración de justicia, en detrimento de los
justiciables, para que, a pesar de haber instruido adecuadamente un proceso, no
deba rehacerlo cuando, a parte del factor de competencia, las actuaciones
realizadas fueron desarrolladas adecuadamente. Por el contrario, si el proceso
fue irregular y se desconocieron garantías, existirá un vicio que conducirá a
la nulidad de la actuación desarrollada. El mantenimiento de la validez de lo
actuado, se explica además por el carácter instrumental de las formas
procesales (del que se deriva la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal), el que explica que la nulidad procesal solamente se declarará luego
de determinar el efecto que produjo la irregularidad frente a las resultas del
proceso o frente a las garantías de los justiciables.
35. Este sistema es
concordante con el precedente fijado en la sentencia C-328 de 2015, en el que
la Corte Constitucional declaró que era exequible, a la luz del derecho al juez
natural, que la instrucción de un asunto de competencia de un juez plural,
fuera confiada solamente a un magistrado del tribunal, a pesar de que la
competencia para la adopción de la decisión era de la sala o el tribunal
completo. Consideró esta Corte que se trataba de “una medida que desarrolla
la Constitución y que se inscribe en el ámbito de las amplias facultades
reconocidas al legislador para regular los procesos judiciales, amparada a su
vez en un principio de razón suficiente, que no afecta la participación del
disciplinado en el proceso ni sus garantías sustanciales y procesales”
(negrillas no originales). Tanto la opción tomada por el legislador en el
presente caso, como el que fue objeto de control por esta Corte en la referida
sentencia del 2015, fueron inspiradas en la necesidad de imprimir eficiencia y
eficacia a la administración de justicia sin, no obstante, disminuir las
garantías procesales propias de la dialéctica del juicio[87]. Por esta
razón, al no significar una disminución de garantías procesales, sino una mejor
manera de realizar la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, no
resulta lógico realizar un test de proporcionalidad, como el propuesto en su
intervención por los docentes de la Universidad de Caldas, entre el derecho al
juez natural y los derechos a la defensa, la contradicción y la economía
procesal. El test de proporcionalidad es un instrumento para dilucidar la
constitucionalidad de una norma que pone en tensión dos elementos
constitucionales, para determinar si la afectación del uno, resulta
proporcionada y, por lo tanto, constitucional. Esto supone partir de una
afectación real de derechos, que genere la tensión a dilucidar, la que no se
verifica en el presente caso.
36. En estos
términos, al no ser medidas que vulneren el derecho al juez natural, sino que
propenden, en realidad, para hacer efectivo el acceso a la justicia y a la
tutela judicial efectiva, al tiempo que le dan prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal y concretizan los principios constitucionales de
la función jurisdiccional de celeridad y economía, los apartes demandados de
las normas bajo control, son constitucionales.
III. DECISIÓN
En
mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Único.-
Declarar
EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los
apartes demandados de los artículos 16; 132; 133; el inciso 1 del artículo 134;
la expresión “ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el
proceso sin proponerla”, prevista en el inciso 2 del artículo 135; el
parágrafo del artículo 136; el inciso 1 y los apartes demandados del inciso 2
del artículo 138 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Vicepresidente
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Informe de Secretaría General del 12 de abril de 2016. Folio 43 del
expediente.
[2] Folio 49 del expediente.
[3] Debe aclararse que si bien el demandante formuló cargos específicos
respecto de los apartes de las normas demandadas, no los resaltó, al momento de
cumplir con el requisito de transcribirlas. Resaltar los apartes cuya
constitucionalidad se encuentra cuestionada no es un requisito de las demandas
de inconstitucionalidad; sólo es necesario transcribir las normas y precisar
los cargos formulados, algo que resultó cumplido en el presente caso. Así, en
cumplimiento del deber de todo juez de la República de interpretar la demanda
y, con el fin de delimitar el objeto del presente juicio de constitucionalidad,
la Sala resaltará los apartes demandados, ya que éstos resultan claramente
identificables a partir de la demanda misma. La delimitación de los apartes
demandados de las normas transcritas se evidencia en la demanda, en particular,
en los apartes visibles en los folios 7, 8 y 22 del expediente.
[4] A través de Fernando Arévalo Carrascal. Folios 84-88 del
expediente.
[5] Camilo Valenzuela Bernal, investigador del Departamento de Derecho
Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Folios 72-78 del expediente.
[6] Gabriel Hernández Villarreal. Folios 92-97 del expediente.
[7] Equipo de trabajo liderado por Milton César Jiménez y los
asistentes docentes del Consultorio Jurídico, Daniel Gutiérrez y Gustavo Mejía.
Folios 100-117 del expediente.
[8] Horacio Cruz Tejada. Folios 80-83 del expediente.
[9] Informe de secretaría del 21 de abril de 2016, folio 53 del
expediente.
[10] Folios 46-51 del expediente.
[11] “(…) en virtud del control de legalidad ordenado por el
artículo 25 de la Ley 1285 de 2010, todos los vicios que puedan engendrar
nulidad procesal ocurridos antes de realizar el respectivo control se
consideran saneados y por consiguiente no pueden ser invocados en etapas
posteriores, lo que equivale a decir que ya no hay causales de nulidad
insaneable”: Miguel Enrique Rojas Gómez, El Proceso Civil
Colombiano, 4 edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, p.
403.
[12] “Esta
norma ha sido interpretada por algunos equivocadamente en el sentido de señalar
que ella permite sanear incluso aquellas nulidades insaneables que se han
configurado antes de realizar el control de legalidad (…) A decir
verdad, el control de legalidad solamente sanea lo saneable”: Henry
Sanabria Santos, “Comentarios sobre el nuevo régimen de nulidades en el Código
General del Proceso”, en XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad Libre, Bogotá, 2012, p. 152.
[13] Es cierto que esta Corte ha desagregado los criterios para
verificar la aptitud de la demanda. Sin embargo, “3.3. La consagración de
estos requisitos mínimos no puede entenderse, entonces, como una limitación a
los derechos políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al
identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos
elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un
pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el
ejercicio de este derecho político.  Esto supone que el demandante de una norma
cumpla con una carga mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la
Corte sobre la norma que se acusa, los preceptos constitucionales que resultan
vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es
competente para pronunciarse sobre la materia”: Corte Constitucional,
sentencia C-1052/01.
[14] Corte Constitucional, sentencia SU-053/15.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2004.
[16] “Cuando
una medida regresiva es sometida a juicio constitucional, corresponderá al
Estado demostrar, con datos suficientes y pertinentes, (1) que la medida busca
satisfacer una finalidad constitucional imperativa; (2) que, luego de una
evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente
conducente para lograr la finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis de
las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin
propuesto; (4) que no afectan el contenido mínimo no disponible del derecho
social comprometido; (5) que el beneficio que alcanza es claramente superior al
costo que apareja”: Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2011.
[17] “El orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser
alterado, ni los justiciables distraídos de sus jueces naturales, por ninguna
comisión, ni por otras atribuciones o avocaciones distintas de aquellas
determinadas por la ley”: artículo 17 de la Ley francesa de los 16 y 24 de
agosto de 1790, relativa a la organización judicial.
[18] Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
[19] Esto implica “que una vez asignada –debidamente- competencia
para conocer un caso específico, no les sea revocable el conocimiento del caso,
salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una
institución”: Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
[20] Sentencia C-755/13 que declaró la constitucionalidad del artículo
625 numeral 8 (parcial) de la Ley 1564 de 201, CGP, que dispone que para el
tránsito legislativo, los procesos de responsabilidad médica en curso ante la
jurisdicción ordinaria laboral, deberán ser enviados a los jueces civiles, en
el estado en el que se encuentren.  En esta sentencia, la
Corte Constitucional reconoció que la competencia del legislador para diseñar
los procesos, le permite variar incluso la competencia de procesos en curso, si
persigue un fin legítimo y el medio es adecuado para el mismo. Una medida
parecida prevista en el art. 2 del Decreto 2001 de 2002 fue declarada exequible
en la sentencia C-1064/02.
[21] Cfr. CIDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, sentencia del 5
de agosto de 2008, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C,
n. 182, párr. 50.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-180/14.
[23] En este sentido: Corte Constitucional, sentencia C-180/14.
[24] “Constituye un principio básico relativo a la independencia de
la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de
justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”: CIDH,
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de
1999, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, n. 52, párr. 129.
[25] Corte Constitucional, sentencia C- 200/02. En este sentido, “la
garantía del juez natural tiene una finalidad más sustancial que formal, en
razón a que su campo de protección no es solamente el claro establecimiento de
la jurisdicción encargada del juzgamiento, previamente a la consideración del
caso, sino también la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías
para las partes”: Corte Constitucional, sentencia C-328/15.
[26] “(…) la aplicación concreta del principio de igualdad. En virtud
de este principio se garantiza a todos los justiciables el acceso a unos mismos
jueces, eliminando toda suerte de privilegios o discriminaciones, y se excluye
naturalmente el juzgamiento de algunas personas por jueces pertenecientes a una
jurisdicción especial”: Corte Constitucional, sentencia C-392/00.
[27] C-328/15
[28] Corte Constitucional, sentencia T-386/02.
[29] “garantía de toda persona a que su causa sea juzgada y definida
por un juez o tribunal competente”: Corte Constitucional, sentencia
C-358/15.
[30] Corte Constitucional, sentencia C-594/14. Idéntico considerando se
encuentra en la sentencia C-496/15.
[31] CIDH, caso Cantoral Benavides vs Perú, sentencia del 18 de
agosto de 2000, fondo, Serie C, n. 69, párr. 115.
[32] CIDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, sentencia del
30 de mayo de 1999, Fondo, reparaciones y costas, serie c, n. 52, párr. 161.
[33] CIDH, caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana,
sentencia de 24 de octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 191.
[34] “84. (…) la circunstancia de que se trate de una
jurisdicción militar no significa per se que se violen los derechos
humanos que la Convención garantiza a la parte acusadora. 85. De los
elementos de convicción que se han rendido en este asunto, se desprende
que el señor Raymond Genie Peñalba pudo intervenir en el
procedimiento militar, ofrecer pruebas, ejercitar los recursos respectivos y
finalmente acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, a la que corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia
criminal y determinar, en su caso, la existencia de violaciones procesales
concretas. Por tanto, respecto del afectado no puede afirmarse que la aplicación
de los decretos sobre enjuiciamiento militar hubiese restringido sus derechos
procesales protegidos por la Convención”: CIDH, Caso Genie Lacayo Vs.
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, Fondo, Reparaciones y Costas,
Serie C, n. 45, párr. 84 y 85.
[35] CIDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú, sentencia del 17 de
septiembre de 1997, Fondo, serie c, n 33, párr. 62. Agrega la sentencia que “Estos
procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo ya que no se
reconoce la presunción de inocencia; se prohíbe a los procesados
contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita la
facultad del defensor al impedir que éste pueda libremente comunicarse
con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del
proceso. El hecho de que la señora María Elena Loayza Tamayo haya
sido condenada en el fuero ordinario con fundamento en pruebas supuestamente
obtenidas en el procedimiento militar, no obstante ser éste incompetente,
tuvo consecuencias negativas en su contra en el fuero común”.
[36] CIDH Caso Fernández Ortega y otros vs México, sentencia del 30 de
agosto de 2010, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, serie c
n 215, párr. 177. Este considerando fue reiterado en un caso de una indagación
preliminar contra militares por una agresión a un civil: CIDH, Caso Vélez
Restrepo y familiares contra Colombia, sentencia del 3 de septiembre de
2012, excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, Serie C, n. 248,
párr. 238.
[37] “(…) no teniendo rango constitucional, la radicación de
competencias, es del resorte ordinario del legislador regularla”: Corte
Constitucional, sentencia C-208/93. “(…) siempre y cuando el constituyente
no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u
órganos del Estado.”: Corte Constitucional, sentencia C-111/00. También
puede consultarse: Corte Constitucional, sentencia C-429-01 y C-154/04.
[38] La CIDH ha reconocido la competencia de
la ley de cada país para determinar el juez competente: “(…) en un
Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes,
la competencia de los juzgadores”: CIDH, caso Barreto Leiva vs.
Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009, Fondo, Reparaciones y
Costas, Serie C, n. 206, párr. 76.
[39] “(…) mientras el legislador, no ignore, obstruya o
contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de
discreción para establecer las formas propias de cada juicio”
(negrillas no originales): Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[40] Por ejemplo, el numeral 6 del artículo 250 de la Constitución,
atribuye a los jueces la adopción de las medidas para la reparación de las víctimas,
a solicitud de la Fiscalía. Por esta razón fue declarada inexequible el inciso
2 del art. 24 de la Ley 1592 de 2012 al disponer que el juez remitirá el asunto
a autoridades administrativas: Corte Constitucional, sentencia C-180/14. La
reciente sentencia C-232/16 identificó las materias en las que
constitucionalmente existe reserva judicial y, por lo tanto, otorgar
competencia para ello, a autoridades administrativas, significaría desconocer
el derecho al juez natural. Por ejemplo, la intervención, al menos posterior
del juez, en la expropiación, es una exigencia constitucional (inciso 4 del
art. 58 de la Constitución Política). Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-229/03.
[41] Según los criterios de competencia para esta jurisdicción especial,
distraer al indígena de la competencia de la jurisdicción especial indígena,
constituye una violación al derecho al juez natural: Corte Constitucional,
sentencia T-266/99.
[42] “(…) juez natural competente con arreglo a la naturaleza de la
relación jurídica y los actos jurídicos que se controvierten”: Corte
Constitucional, sentencia C-1072/02 que declaró exequible el artículo 2,
numeral 4 de la Ley 712 de 2001, que atribuía en bloque la competencia de
litigios de seguridad social a la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la
Seguridad Social y, por lo tanto, retiraba funciones de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
[43] Corte Constitucional C-415/02.
[44] “(…) la regulación que estructura un procedimiento sin declarar
cuál es la estructura jurisdiccional competente, o que deja al arbitrio de las
partes su determinación, sería abiertamente inconstitucional”: Corte
Constitucional, sentencia C-415/02. En el caso decidido por esta sentencia de
2002, se declaró la constitucionalidad condicionada del inciso 3 del artículo
148 de la Ley 446 de 1998 que disponía de manera antitécnica que: “Los actos
que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no
tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin
embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la
del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas”. La
norma fue derogada por el Código General del Proceso.
[45] “El traslado de competencias de la justicia común a la
justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de
traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el
conocimiento de estas causas”: CIDH, Caso Castillo Petruzzi y
otros Vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999, Fondo, Reparaciones y
Costas, Serie C, n. 52, párr. 128.
[46] “Atendiendo
la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el
legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a
otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso,
la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”: parágrafo
2º del artículo 250 de la Constitución Política, adicionado por el art. 2 del
Acto Legislativo 006 de 2011.
[47] Por no cumplir con el carácter excepcional y preciso de las
funciones jurisdiccionales de la administración, la sentencia C-156/13 declaró
inexequibles las funciones jurisdiccionales atribuidas al Ministerio de
Justicia y del Derecho.
[48] CIDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23
de noviembre de 2009, Excepciones prelimitares, fondo, reparaciones y costas,
Serie C, n. 209, párr. 273; CIDH Caso Fernández Ortega y otros.
vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010, Excepciones
prelimitares, fondo, reparaciones y costas, Serie C n. 215, párr 176; CIDH,
caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia
de 26 de noviembre de 2010, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Serie C, n. 220, párr. 198.
[49] La justicia penal militar “(…) constituye una excepción al principio
del juez natural ordinario, a partir de las diferencias existentes entre los
deberes y las responsabilidades que tienen los ciudadanos y las que
constitucionalmente deben asumir los integrantes de la Fuerza Pública”:
Corte Constitucional, sentencia C-338/16. Este considerando se inspira de la
sentencia C-084/16.
[50] Por ejemplo, respecto del juzgamiento del Presidente de la
República: artículos 178 y 199 de la Constitución Política.
[51] Por ejemplo, respecto de las funciones disciplinarias del
Procurador General de la Nación, autoridad administrativa, como juez natural en
materia disciplinaria: Corte Constitucional, sentencia C-429/01.
[52] CIDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de
2005, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, n. 127,
párr. 149.
[53] Corte Constitucional, sentencia C-328/15.
[54] Corte Constitucional, sentencia C-328/15.
[55] Corte Constitucional, sentencias C-562/97 y C-383/05.
[56] “La competencia es parte esencial del debido proceso y
presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad
expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo”: Corte
Constitucional, sentencia C-429-01.
[57] “(…) el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y
estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la
finalidad superior de lograr la convivencia pacífica de los asociados”:
Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[58] Corte Constitucional, sentencia C-193/16.
[59] Corte Constitucional, sentencia C-491-95.
[60] “Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la
facultad para determinar los casos en los cuales un acto procesal es nulo por
carencia de los requisitos formales y sustanciales requeridos para su formación
o constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la
Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por el legislador”:
Corte Constitucional, sentencia C-491/95.
[61] “(…) es precisamente el legislador el llamado a definir los
hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de
estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de
actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse”:
Corte Constitucional, sentencia C-217/96.
[62] “El Código de Procedimiento Civil que
nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal,
señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que
dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda
irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si
oportunamente no se corrigen a través de los recursos”: Corte Constitucional, sentencia C-491/95.
[63] Entre otras sentencias puede consultarse las sentencias C-227/09 y
C-144/10.
[64] El acceso al a justicia implica, entre otros, la previsión de
elementos orgánicos tales como la existencia de cobertura del aparato judicial
y procesales que faciliten y no limiten de manera desproporcionada el derecho
fundamental. C-426 de 2002  C-227/09
[65] Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016.
[66] “(…) la Constitución confió en el legislador la
competencia para diseñar, de manera discrecional, las estructuras procesales en
las distintas materias, siempre y cuando respetara, con dichos procedimientos,
garantías fundamentales del debido proceso (artículo 29 de la Constitución), el
acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución) y el principio de
igualdad (artículo 13 de la Constitución) y velara porque dicho proceso
propenda por la realización de los fines esenciales del Estado, en concreto la
justicia y la igualdad material de todos (artículo 2 de la Constitución), a
través de formas procesales razonables y proporcionadas que garanticen la
prevalencia del derecho sustancial, sobre el procesal (artículo 228 de la
Constitución)”: Corte Constitucional, sentencia C-205/16.
[67] Se trata del criterio de atribución de competencia en razón del
sujeto procesal. Es este factor el que atribuye competencia por los fueros de
juzgamiento. Se encuentra previsto en los artículos 29 y 30 n. 7 del CGP.
[68] Hace referencia al criterio de atribución de competencia por etapas
o momentos procesales. Así, la competencia del juez de primera y segunda
instancia, lo mismo que del juez de los recursos extraordinarios y del juez
comisionado resulta de la competencia funcional.
[69] El artículo 16 del CGP dispone que “Cuando se declare, de
oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de
competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará
validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula (…)”
(negrillas no originales).
[70] Artículos 16 y 138 del CGP.
[71] También el numeral 1 del artículo 107 del CGP prevé la causal de
nulidad de la audiencia o de la diligencia en la que no se encuentran presente
el juez o los magistrados que componen el órgano jurisdiccional competente. Por
su parte, el inciso 6 del artículo 121 del CGP prevé que “Será nula de pleno
derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia
para emitir la respectiva providencia”, por el vencimiento de los términos
máximos de duración del proceso. Por demás, también hay que recordar la nulidad
de pleno derecho de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso,
prevista en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política.
[72] “Tal
forma de aplicar la ley, que por decenios imperó, generó unas circunstancias
aberrantes de impunidad debido a que al declararse la nulidad y dejar sin valor
la actuación, era menester acudir al juez competente e iniciar el proceso
presentando la correspondiente demanda; cuando esto sucedía normalmente ya
estaba prescrita la acción”: Hernán Fabio López Blanco, Código General
del Proceso, Dupré Editores, Bogotá, 2016, p. 921.
[73] “El
juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o
cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos
primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en
el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose”: inciso
2 del art. 90 del CGP.
[74] “Si
prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el
expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez”:
inciso 7 del art. 101 del CGP.
[75] “5.
Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de
la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea
atribuible al demandante”: numeral 5 del art. 95 del CGP.
[76] “Cuando
se altere la competencia con arreglo a lo dispuesto en este artículo, lo
actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien
resulte competente”: inciso 3 del art. 27 del CGP.
[77] Artículos 16; 133, n. 1; y 138 del CGP.
[78] Corte Constitucional, sentencia C-662/04.
[79] El desconocimiento de esta regla constituye un defecto sustantivo
por desconocimiento de precedente: Corte Constitucional, sentencia T- 337/10.
[80] Uno de los objetivos del proyecto de CGP era el de “Erradicar
los factores normativos que dificultan la eficacia de la función
jurisdiccional, con base en la experiencia acumulada por la gestión judicial en
el marco del régimen procesal vigente”. Para esto, estableció “un
sistema restringido de nulidades, en el que se opta por rescatar la validez de
la mayor cantidad de actuaciones posible”: Informe de Ponencia Segundo
Debate, Proyecto de Ley 159 de 2011 - Senado, 196 de 2011 Cámara, Por
la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones,
Gaceta 261/12.
[81] El que le “permite al legislador fijar las reglas a partir de
las cuales se asegura la plena efectividad de los derechos al debido proceso y
al acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 29 y 229 C.P.)”:
Corte Constitucional, sentencia C-328/15. La amplitud de la competencia del
legislador en materia procesal ha sido reconocida por esta Corte, entre otras
sentencias en: C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000,
C-927 de 2000, C-1717 de 2000, C-927de 2000 OJOOOOOOOO
[82] Corte Constitucional, sentencia C-154/16.
[83] Un vicio se entiende sustancial o
insustancial, dependiendo de los efectos que acarree en las resultas del asunto
o en cuanto al respeto de las garantías. La no sanción de los vicios
insustanciales se fundamenta en la prevalencia del derecho sustancial, sobre el
procesal (artículo 228 de la Constitución). Esta lógica es la que inspira el
numeral 4 del artículo 136 del CGP al disponer que “La nulidad se
considerará saneada en los siguientes casos: (…) 4. Cuando a pesar del
vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”.
[84] El derecho al plazo razonable, reconocido
en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
garantía del debido proceso, es el que fundamenta el principio de economía
procesal, sustentado, a la vez, en el orden constitucional, en la expresión “Los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”, del artículo 29 de la Constitución Política.
[85] El principio constitucional de celeridad, fue reconocido por varias
sentencias de esta Corte, que fueron sistematizadas en la sentencia C-543/11.
[86] “El principio de la economía procesal consiste, principalmente,
en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración
de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia
(…) Otra consecuencia de la aplicación de este principio, es la
institución del saneamiento de las nulidades.  En el Código,
ésta se funda en la consideración de que el acto, aun siendo nulo, cumplió su
finalidad.  Que, en consecuencia, no se violó el derecho de defensa (…) En
virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue
la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado
vicio, señalado como causal de nulidad” (negrillas no
originales): Corte Constitucional, sentencia C-037/98.
[87] La sentencia concluye que “la medida cuestionada no desconoce
las garantías procesales básicas, pues su implementación no afecta la
presunción de inocencia, ni el derecho de defensa, ni la práctica y solicitud
de pruebas, ni la posibilidad y oportunidad de controvertirlas, así como
tampoco el derecho a impugnar las decisiones judiciales a través de los
mecanismos y recursos que se encuentran previstos para el efecto”: Corte
Constitucional, sentencia C-328/15.