T-435-16
Sentencia
T-435/16
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida
permanente y definitiva de la capacidad laboral
DERECHO
A LA VALORACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Entidades
competentes deberán realizar una valoración integral
PENSION
DE INVALIDEZ-Se deben contabilizar semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de invalidez para cumplir con el
requisito de las 50 semanas
DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACION-Obligación de las entidades públicas a
brindar información de manera oportuna y eficiente, según ley 1712/14
Las obligaciones que se derivan, para las entidades
públicas en esta materia, giran a partir de esa ley, en torno a: a)
Disponibilidad de la información, es decir, debe estar a disposición del
público la información pública a través de medios físicos, remotos o locales de
comunicación electrónica. b) proporcionar apoyo a los usuarios y ofrecer toda
clase de asistencia en relación con los trámites y servicios públicos que
ofrezcan. c) divulgar la información con criterio diferencial de accesibilidad,
en tal sentido deberá asegurarse el acceso a la información de los distintos
grupos étnicos y culturales del país, a través de su divulgación en diversos
idiomas, lenguas y en formatos alternativos comprensibles para dichos grupos.
Además, están obligados a la adecuación de los medios de comunicación para la
mejor comprensión de personas en situación de discapacidad.
DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACION-Administradoras de Fondos de pensiones
deben garantizar el derecho a la información, bajo estrictos criterios de buena
fe y veracidad
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden
a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez por cumplir con
requisitos
Referencia: expediente T-5.516.581 y
T-5.497.028
Acciones de
tutelas instauradas por Martín Marín- Martínez contra COLPENSIONES y Jenny
Milena Vargas Hernández contra COLFONDOS.
Procedencia: Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Barranquilla y Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá.
Asunto: derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital.
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
providencias proferidas dentro de los expedientes de tutela: i) T-5.516.581
promovida por Martin Marín Martínez contra COLPENSIONES, con sentencia de
primera instancia del 25 de septiembre de 2015, dictada por el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Barranquilla y de segunda instancia del 14 de enero de
2016, expedida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Cuarta Civil, Familia; y, ii) T-5.497.028 promovida por Jenny Milena
Vargas Hernández contra COLFONDOS, con fallo de única instancia del 14 de
diciembre de 2015, pronunciada  por el Juzgado 54 Civil Municipal de
Bogotá.
Los expedientes
fueron remitidos a esta Corporación en cumplimiento de los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera: i)
El expediente T-5.516.581, por oficio número 67 del 10 de febrero de 2016,
recibido en la Secretaría General de la Corte el 28 de abril de 2016[1]; y ii) el expediente
T-5.497.028, a través de oficio del 8 de abril de 2016, recibido en la
Secretaría General de esta Corporación el 19 de abril de 2016.
La Sala Quinta
de Selección de la Corte Constitucional, mediante auto del 13 de mayo de 2016,
resolvió: i) seleccionar para efectos de su revisión los expedientes
T-5.516.581 y T-5.497.028; y ii) acumular entre sí los mismos por presentar
unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
Los expedientes acumulados se
identifican con el tema de acceso a la pensión de invalidez de personas que han
realizado cotizaciones con posterioridad a la fecha de estructuración de la
misma y, al solicitar la mencionada prestación, se enfrentan a la negativa de
los Fondos Administradores de Pensiones que no toman en cuenta estos aportes
para el reconocimiento de los derechos pensionales reclamados. Conforme a lo
expuesto, cada expediente presenta especiales particularidades procedimentales
y fácticas, que exigen un estudio separado de sus antecedentes, para una mejor
comprensión.
A. Expediente T-5.516.581
El 10 de
septiembre de 2015, el señor Martín Enrique Marín Martínez formuló acción de
tutela contra COLPENSIONES, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, vida digna, seguridad social, debido proceso, “discapacidad”,
generada por la negativa de la entidad accionada a reconocer su pensión de
invalidez.
Solicitó se ordene a la parte demandada
que reconozca y pague su pensión de invalidez, el respectivo retroactivo y los
intereses moratorios a partir del 1º de abril de 2012, fecha en la que cesó su
capacidad de realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
Hechos relevantes
1. Manifestó el
actor que nació el 11 de noviembre de 1962 y que actualmente cuenta con 52 años
de edad[2].
2. Afirmó que en
su historia clínica laboral reposa el dictamen médico del 8 de septiembre de
2008, emitido por el doctor Jorge Luís Rivera Hernández, quien en su condición
de médico de pensiones Seccional Atlántico, concluyó que su diagnóstico era: “Cuadriplesia
secundario A Meningitis. Trastornos Cognitivos Secundario A Meningitis”[3], con una
pérdida de capacidad laboral del 61.60% y fecha de estructuración del 1º de
enero de 1969[4].
De igual manera, de la lectura de la historia clínica aportada se puede
observar que el actor padece de secuelas de meningitis neonatal lo que le
produce retardo sicomotor y déficit cognitivo[5].
3. Expresó que el
6 de octubre de 2008, presentó ante el Instituto de Seguros Sociales una
solicitud de reconocimiento y pago de pensión por invalidez, la cual fue
radicada bajo el número 23064[6].
4. Aseveró que el
14 de agosto de 2009, el ISS resolvió su solicitud mediante Resolución número
016578, a través de la cual negó la petición presentada por el actor, con
fundamento en que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 5º
del Decreto 3041 de 1966, modificado por el Acuerdo 019 de 1983, aprobado por
el Decreto 232 de 1984, esto es, acreditar 150 semanas de cotización dentro de
los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, que en el
caso del señor Marín Martínez, acaeció el 1º de enero de 1969[7].
5. Expuso que
contra el acto administrativo que negó su solicitud formuló recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución número 002876 del 10 de
noviembre de 2009, que confirmó la Resolución número 016578 del 14 de agosto de
2009, pues encontró acreditado que el solicitante cotizó cero (0) semanas
dentro de los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[8].
6. Declaró que solicitó
nuevamente la calificación de su invalidez ante la entidad responsable, hoy
COLPENSIONES, la cual mediante dictamen número 201463198 del 11 de julio de
2014, concluyó que el actor tiene “Secuelas de enfermedades inflamatorias del
sistema nervioso central”, con una pérdida de capacidad laboral del 61.23%,
estructurada desde el 11 de noviembre de 1969[9].
7. De otra parte,
aseguró el accionante que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico, profirió el dictamen número 17302 del 11 de septiembre de 2014, que le
diagnosticó “Síndrome Postencefalítico”, el cual fue aclarado por dictamen número
17303 de esa misma fecha, en el sentido de determinar la pérdida de capacidad
laboral en 61.23%[10].
8. El señor Martín
Enrique Marín Martínez formuló recurso de reposición y apelación contra el
dictamen mencionado anteriormente y su aclaración. La censura horizontal fue
resuelta por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, la
cual, a través del auto de 18 de diciembre de 2014, confirmó los conceptos
objeto de reproche. De igual manera, la alzada fue resuelta por la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez mediante dictamen número 8531915 del 8 de julio de
2015, que confirmó la calificación realizada por la Junta Regional[11].
9. Explicó el
actor que no obstante su discapacidad, se dedicó a la venta informal de dulces
en una calle de Barranquilla y sus ingresos no superaron los $150.000.oo pesos
mensuales, lo que le permitió pagar sus aportes a la seguridad social y algo de
sus gastos, pues actualmente no cuenta con más ayuda, pues su madre “vive de
lo mismo” y lo atiende[12].
Conforme al registro civil de nacimiento del accionante, su progenitora tendría
en la actualidad alrededor de 78 años de edad[13].
10. En el
expediente acreditó el periodo de cotizaciones desde el 1º de noviembre de 1997
hasta el 31 de mayo de 2010, para un total de 625,86 semanas cotizadas[14]. Sin
embargo, afirma que cotizó al Sistema General en Pensiones hasta el 31 de marzo
de 2012 con un total de 725 semanas[15].
De esta manera, adujo que para el momento en que solicitó su pensión de
invalidez ante el ISS en el año 2008, contaba con 563 semanas cotizadas, las
cuales superaban las exigidas por la ley para el reconocimiento y pago de su
prestación pensional[16].
11. Consideró que
al momento de presentar su solicitud, la entidad accionada debió aplicar la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, por lo que no le eran
aplicables los Decretos 3041 de 1966 y 433 de 1971.
Actuación
procesal y contestaciones de las entidades accionadas
Conoció de la
acción de tutela en primera instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla. El fallador de instancia avocó conocimiento por auto del 14 de
septiembre de 2015, ordenó notificar a las partes y ofició a COLPENSIONES para
que remitiera a ese despacho un informe relacionado con los hechos de la
solicitud de amparo[17].
La entidad accionada guardó silencio.
Decisiones
objeto de revisión
Primera
instancia
El Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Barranquilla profirió sentencia el 25 de
septiembre de 2015[18],
quien resolvió negar el amparo constitucional solicitado, con fundamento en que
la acción de tutela no se presentó como mecanismo transitorio ni se demostró
que el procedimiento ordinario carezca de eficacia o no sea lo suficientemente
expedito. Por consiguiente, encontró que en este caso el juez constitucional no
es el competente para resolver el conflicto pensional propuesto, ya que este
debe dirimirlo el juez ordinario, que además, cuenta con un término amplio para
tales fines[19].
Segunda
instancia
La Sala Cuarta
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[20], mediante
sentencia del 14 de enero de 2016, confirmó la providencia proferida en primera
instancia al considerar que la acción de tutela no superó el requisito de
subsidiariedad, puesto que no existe constancia de que el actor haya solicitado
nuevamente la pensión de invalidez ante COLPENSIONES[21].
Actuaciones en
sede de revisión
El actor radicó
ante la Secretaría General de esta Corporación, copia de la Resolución No.
189639 del 27 de junio de 2016, proferida por COLPENSIONES, por medio de la
cual resolvió la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones números
16578 del 14 de agosto de 2008 (sic) y 2876 del 10 de noviembre de 2009,
presentada por el afiliado el 21 de abril de 2016.
Para resolver la
petición de revocatoria directa, la entidad accionada consideró previamente los
siguientes documentos y pruebas: i) el dictamen número 8531915 del 8 de julio
de 2015, que calificó al actor con pérdida de capacidad laboral del 61.23%,
estructurada el 11 de noviembre de 1969; ii) a través de requerimiento interno
radicado bajo el número 2016-5577957, la entidad accionada solicitó al área de
Medicina Laboral indicar si el solicitante padece una enfermedad
degenerativa-progresiva. La respuesta a tal orden fue la siguiente: “De
conformidad con el concepto médico del doctor Heberto González, es enfermedad
progresiva y por el déficit cognitivo, requiere de terceras personas, es decir,
debe nombrarse curador (…)”[22]
Acreditado lo
anterior, COLPENSIONES realizó el análisis de la situación del usuario y la
necesidad de aplicar en este caso, el principio de condición más beneficiosa conforme
lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte. Finalmente resolvió: i) rechazar
la solicitud de revocatoria directa formulada por el actor el 21 de abril de
2016 contra las resoluciones números 16578 del 14 de agosto de 2008 (sic) y 2876
del 10 de noviembre de 2009; y, ii) negar el reconocimiento de la pensión de
invalidez, con fundamento en la falta de acreditación de los requisitos
establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en especial el régimen
excepcional para los menores de 20 años.
Esa entidad
consideró que la fecha real de la invalidez estaba determinada por su último
dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez del 8 de julio de 2015.
De esta manera,
concluyó que el señor Marín Hernández cumple con el requisito de las 26 semanas
cotizadas en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley
860 de 2003, es decir entre el 29 de diciembre de 2002 hasta el 29 de diciembre
de 2003, por cuanto a la fecha se encontraba activo y efectuó cotizaciones al
Sistema General de Pensiones. Sin embargo, el afiliado no cumplió con el
requisito de las 26 semanas cotizadas en el último año anterior a la fecha de
estructuración, es decir entre el 8 de julio de 2015 y el 8 de julio de 2014,
por cuanto la última cotización fue el 31 de marzo de 2012[23], razón por
la cual negó la prestación reclamada.
De otra parte,
la Sala pudo constatar que el señor Martín Marín Hernández se encuentra
afiliado al régimen subsidiado en salud  desde el 15 de mayo de 2015 y realizó
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde noviembre de
1997 hasta marzo del año 2012, a través del Fondo de Solidaridad Pensional[24]. De igual
manera, su señora madre Elvia Margarita Martínez Díaz se encuentra afiliada al
régimen subsidiado de salud y realiza aportes a pensiones a través del Fondo de
Solidaridad Pensional[25].
B. Expediente T-5.497.028
El 26 de noviembre de 2015, Jenny Milena
Vargas Hernández formuló, a través de agente oficiosa, acción de tutela contra
el Fondo de Pensiones COLFONDOS, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la igualdad, generada por la negativa de la entidad
accionada de reconocer su pensión de invalidez. Bajo ese entendido, solicitó se
ordene a la parte demandada que reconozca y pague la mencionada prestación.
Hechos relevantes
1. Manifestó la agente oficiosa
que su representada tiene 29 años de edad a la fecha de la presentación de la
acción de tutela y vive con su mamá, su hermano y su hermana. Adicionalmente,
se desempeñaba como trabajadora independiente de profesión fisioterapeuta y se
encuentra vinculada desde julio del año 2013 a la EPS COMPENSAR y en pensiones
al Fondo de Pensiones COLFONDOS.
2. Expresó que la agenciada desde
enero de 2014, se empezó a sentir enferma y su cara sufrió inflamaciones.
Realizados los exámenes médicos correspondientes determinaron que padecía de
creatinina alta y eliminación de proteínas en la orina. Su diagnóstico fue
nefropatía por IGA, en estado cinco “terminal”, con orden de diálisis inmediata
a la espera de encontrar un donante para realizarle un trasplante de riñón.
3. El 31 de marzo de 2015, se
realizó la cirugía de trasplante de riñón, lo que le generó más de 180 días de
incapacidad, por tal razón, fue remitida al Fondo de Pensiones COLFONDOS con la
finalidad de calificar la pérdida de su capacidad laboral.
4. Adujo que el Fondo de Pensiones
COLFONDOS mediante dictamen número 3101673 del 8 de marzo de 2015[26], determinó
que la accionante tenía un 61.28% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración de la invalidez el 29 de mayo de 2014 y de origen común.
5. Expuso que solicitó a COLFONDOS
el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, petición que fue
“objetada” por la entidad accionada con fundamento en que la agenciada no
cumplió con el requisito de haber cotizado 50 semanas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración, es decir, entre el 29 de mayo de 2011 hasta el 29 de mayo de
2014. En su lugar, le sugirió a la accionante acceder a la devolución de saldos
por invalidez de conformidad con el artículo 72 de la Ley 100 de 1993[27].
6. Aseguró que cotizó desde julio
de 2013 hasta noviembre de 2015, para un total de 125,29 semanas de aportes al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones[28] ,
realizadas a pesar de su condición de discapacidad.
Actuación
procesal y contestaciones de las entidades accionadas
Conoció de la
acción de tutela en única instancia el Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá. El
fallador de instancia avocó conocimiento por auto del 30 de noviembre de 2015,
ordenó notificar a las partes y a COLFONDOS para que se pronunciara sobre los
hechos de la solicitud de amparo. De igual manera, vinculó oficiosamente de la
EPS COMPENSAR. Las entidades accionadas fueron notificadas mediante oficios
números 2881 y 2880 ambos del 1º de diciembre de 2015.
La EPS COMPENSAR
presentó escrito ante la Secretaría del Juzgado de conocimiento el 4 de
diciembre de 2015, mediante el cual expresó que: i) La accionante se encuentra
afiliada a esa EPS en el Plan Obligatorio de Salud POS; ii) ha cumplido con los
procedimientos médicos y ha pagado las incapacidades de la usuaria, por lo que
no han puesto en riesgo la atención en salud de la paciente; y, iii) la entidad
encargada del reconocimiento y pago de la pensión de “vejez” (sic) es la
Administradora del Fondo de Pensiones COLFONDOS. Con base en lo expuesto,
solicitó al juez de tutela declarar la “excepción de responsabilidad” de esa
institución[29].
Por su parte, la
administradora del Fondo de Pensiones COLFONDOS guardó silencio durante el
término otorgado por ese despacho judicial.
Decisiones
objeto de revisión
Única instancia
El Juzgado 54
Civil Municipal de Bogotá profirió sentencia el 14 de diciembre de 2015[30], que
resolvió negar el amparo constitucional solicitado por la accionante con
fundamento en que la acción de tutela es improcedente para el reconocimiento y
pago de prestaciones pensionales, pues la solicitante cuenta con otros medios
de defensa ordinarios para la resolución del conflicto planteado. Además, para
ese despacho judicial no existió certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable
a los derechos fundamentales de la actora, mucho menos se demostró la
afectación de su mínimo vital[31].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar las sentencias
proferidas dentro de los expedientes de tutela de la referencia, con fundamento
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991.
Asunto bajo revisión
2. El señor Martín
Enrique Marín Martínez (Expediente T-5.516.581) y la señora Jenny Milena
Vargas Hernández (Expediente T-5.497.028) acudieron a la acción de
tutela para solicitar el reconocimiento y pago de pensión de invalidez, pues
las administradoras de Fondos de Pensiones (COLPENSIONES y COLFONDOS
respectivamente) les han negado el acceso a la misma, con base en que no
cumplen con el requisito legal de haber cotizado previamente a la fecha de
estructuración de la invalidez un número mínimo de semanas conforme al régimen
jurídico aplicable, con desconocimiento de que con posterioridad al evento que
configuró su enfermedad, realizaron aportes al Sistema General en Seguridad
Social en Pensiones.
Conforme a lo expuesto, en ambos
casos los accionantes solicitan que el juez de tutela ordene a las entidades
demandadas el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que afirman
tienen derecho y además, en el caso del señor Marín Martínez (Expediente
T-5.516.581), que se paguen los retroactivos e intereses moratorios.
De otra parte, COLPENSIONES y el
Fondo de Pensiones COLFONDOS (en calidad de accionadas) guardaron silencio
durante el término otorgado por los jueces de instancia para que ejercieran sus
derechos de defensa y contradicción.
Cuestión previa
a la formulación del problema jurídico
3. Las situaciones fácticas expuestas exigen
a la Sala que antes de la formulación del problema jurídico de fondo, determine
si la acción de tutela es procedente para ordenar el reconocimiento y pago de
prestaciones pensionales por invalidez. A tal efecto, la Sala analizará en
conjunto si las acciones de tutela de la referencia reúnen los presupuestos
necesarios para acreditar su procedibilidad para solicitar la pensión de
invalidez, como son: i) legitimación por activa; ii) legitimación por pasiva;
iii) subsidiariedad; e, iv) inmediatez.
Examen de procedencia de la acción de tutela
Legitimación por activa
4. Conforme al artículo 86 de la Carta, toda
persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular.
5. Por su parte, el artículo 10º del Decreto
2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela.
La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i)
a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de
apoderado judicial; o iv) mediante agente oficioso.
En consecuencia, se encuentra legitimado por activa quien
promueva una acción de tutela siempre que se presenten las siguientes
condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante
legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii)
procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
6. En los casos objeto de estudio, se
acredita que el señor Martín Marín Martínez (Expediente T-5.516.581) se
encuentra legitimado en la causa por activa para formular la acción de tutela
de la referencia, pues es mayor de edad, actúa en nombre propio y manifiesta la
actual violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna,
seguridad social, debido proceso y “discapacidad”.
De igual manera, la señora Jenny Milena Vargas Hernández (Expediente
T-5.497.028), está legitimada en la causa por activa para formular la
acción de tutela que analiza la Sala en esta oportunidad, pues es mayor de
edad, manifestó que la violación de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital, a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la
igualdad es actual y además, concurre a través de agente oficioso.
En relación con el ejercicio de la acción de tutela a través
de la figura procesal de la agencia oficiosa y la acreditación de la
legitimación por activa, esta Corte ha considerado que dicha institución
encuentra fundamento en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, al consagrar
que podrán agenciarse derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa”.
Ahora bien, este Tribunal ha establecido que la viabilidad
procesal de la agencia oficiosa está condicionada a la demostración de los
siguientes elementos: i) la manifestación del agente oficioso en el sentido de
actuar en dicha calidad; ii) la acreditación de la imposibilidad física o
mental del titular del derecho agenciado para procurarse la defensa de sus
derechos por sus propios medios; iii) la inexistencia de una relación formal
entre el agente y el agenciado titular de los derechos; y iv) la ratificación
posterior y oportuna por parte del agenciado de los hechos y pretensiones
contenidos en la solicitud de amparo, cuando ello fuere materialmente posible y
necesario[32].
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra que la señora
Jenny Milena Vargas Hernández presentó la solicitud de amparo a través de la
agente oficiosa Angee Joanna Vargas Hernández, quien afirmó ser hermana de la
agenciada y haber actuado en su nombre debido al estado debilidad manifiesta en
la que se encuentra, producto de su situación médica[33], por lo
que los presupuestos de esta institución de representación procesal se
encuentran acreditados, así como la legitimación en la causa por activa.
Legitimación por
pasiva
7. La legitimación en la causa por pasiva
dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es
el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se
acredite la misma en el proceso[34].
Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra
particulares.
8. En el expediente T-5.516.581, la
acción de tutela se dirige contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
la cual, según el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, es una empresa industrial y comercial del Estado del
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, cuyo objeto
consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación
definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos
de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.
Conforme a lo expuesto, se trata de una entidad pública que
tiene capacidad para ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa
por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º
del Decreto 2591 de 1991[35].
De
otra parte, en el expediente T-5.497.028, la solicitud de amparo se
dirigió contra COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías – COLFONDOS, empresa privada
identificada con NIT 800149496-2,
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia[36]. Se trata
entonces de una entidad de derecho privado que tiene por objeto social la
administración de fondos de pensiones y cesantías.
El
artículo 86 Superior establece que la solicitud de amparo se puede interponer
contra la acción y omisión de cualquier autoridad pública que amenace o dañe
los derechos fundamentales de su titular. De igual manera consagra, que la ley
definirá la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación de derechos
fundamentales provenga de particulares, en razón del servicio público que
prestan, o su acción contraria al interés colectivo o a los derechos de quienes
se encuentran en estado de subordinación e indefensión.
En
ese orden de ideas, la procedibilidad de la acción de tutela está condicionada
a la acreditación de alguno de los dos requisitos mencionados anteriormente. En
primer lugar, en relación con las empresas privadas que administran fondos de
pensiones, esta Corporación ha definido que las mismas prestan un servicio
público relacionado con la seguridad social. En efecto, en sentencia T-357
de 1998[37],
la Corte consideró que por disposición de los artículos 48 y 365 de la Carta,
los particulares participan en la prestación de algunos servicios públicos, en
especial la seguridad social, lo que permitió que el artículo 90 de la Ley 100
de 1993, regule la forma en que las sociedades anónimas, que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 91, presten el servicio público de
seguridad social y adquieran la naturaleza de sociedades administradoras de
fondos de pensiones, cuya actividad se encuentra bajo el control del Estado.
Frente
al segundo requisito, la Corte en sentencia T-1364 de 2000[38], afirmó
que los conceptos de subordinación o indefensión se han presumido de las
personas que aspiran a ser pensionados o ya tienen ese derecho reconocido
respecto de la entidad prestadora del servicio, debido su situación de
vulnerabilidad de desigualdad manifiesta.
De
acuerdo con lo anterior, encuentra esta Sala que COLFONDOS, es una entidad
privada prestadora del servicio público de seguridad social, por ser una
sociedad administradora de fondos de pensiones y que se encuentra en una
posición de superioridad frente a Jenny Milena Vargas Hernández, por ser la
encargada de decidir la pensión de invalidez requerida por la accionante, por
tal razón, está legitimada en la causa por pasiva conforme a los artículos 86
Superior y 42 del Decreto 2591 de 1991.
Inmediatez
9. Esta Corporación ha reiterado que uno de
los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la
inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse
en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[39], su
interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[40], bajo el
entendido que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
No
obstante, existen eventos en los que prima facie puede considerarse que
la acción de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente,
pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneración de los derechos
fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo.
En
estos casos, el análisis de procedibilidad excepcional de la petición de protección
constitucional se torna menos estricto y está condicionado a la verificación de
los siguientes presupuestos[41]:
i) la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal,
como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en
un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo[42], entre
otros; ii) cuando la vulneración de los derechos fundamentales es continua y
actual; iii) la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un
determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación
de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra,
contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13 Superior.
Estas
reglas jurisprudenciales, han sido observadas por la Corte en diferentes
pronunciamientos. En efecto, en sentencia T-485 de 2011[43], este
Tribunal expresó que la carga de imposición de la acción de tutela en un determinado
tiempo resulta desproporcionada cuando los accionantes son de la tercera edad[44] y se encuentran
en una situación de debilidad manifiesta originada por la precaria situación
económica que viven, debido a la falta de reconocimiento de la pensión que
reclamaban y a su delicado estado médico. En aquella oportunidad se reiteró que
la inmediatez no puede alegarse como excusa para eludir la protección constitucional
requerida por una persona que sufre serios deterioros en su salud[45].
En
sentencia T-383 de 2009[46],
esta Corporación consideró que la demora en la formulación de la acción de
tutela se debió a motivos válidos que le impidieron al actor solicitar la
protección constitucional en determinado plazo, pues se acreditó en el
expediente que se trataba de una persona de escasos recursos económicos, con
graves problemas de salud que le generaron la declaratoria de invalidez,
situaciones que justifican el paso del tiempo entre la vulneración acusada y la
presentación del amparo y hacen menos estricto el requisito de procedibilidad
atinente a la inmediatez.
Posteriormente
en sentencia T-805 de 2012[47],
la Corte consideró que el periodo de tiempo transcurrido para interponer el
amparo fue razonable, en atención a las especiales condiciones del actor, pues
se trató de una persona de la tercera edad (77 años), sin la posibilidad
económica para sufragar sus gastos de subsistencia y su precaria situación de
salud. Lo que además demostró que la amenaza de sus derechos fue continua y
actual.
10. Ahora bien, la verificación de este requisito en los
asuntos de la referencia comprende las siguientes consideraciones: En relación
con el expediente T-5.516.581, encuentra la Sala que la acción de tutela
fue interpuesta 5 años y 10 meses después de que el ISS profirió la Resolución
número 2876 del 10 de noviembre de 2009. Esta situación prima facie
implicaría la ausencia de inmediatez de la solicitud de amparo, y además
generaría la declaratoria de improcedencia de la misma.
Sin
embargo, el análisis del requisito de inmediatez no obedece a un ejercicio de
naturaleza silogística-cuantitativa, pues no se reduce a la mera medición de
lapsos de tiempo, sino que, debe verificarse si existen razones
constitucionalmente válidas que justifiquen la inactividad del actor para
ejercer la acción de tutela.
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala considera que en este caso se encuentran
acreditadas situaciones especiales del actor que configuran razones
constitucionalmente válidas que justifican su inactividad durante el largo
lapso de tiempo descrito. En efecto, el accionante acreditó que padece las
secuelas de una meningitis neonatal, lo que le ha producido retardo sicomotor y
déficit cognitivo[48]
y actualmente le genera limitaciones de movilidad[49], condición
que fue corroborada por COLPENSIONES mediante requerimiento interno número
2016-5577957, al diagnosticar que la enfermedad del usuario es progresiva y el
déficit cognitivo le ha generado la necesidad de valerse de terceras personas[50].
Además,
fue dictaminada su invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 61.60%,
estructurada desde el 1º de enero de 1969, es decir, cuando tenía 6 años de
edad[51].
Aunado
a lo anterior, expresó el accionante que no obstante su condición de
discapacidad, ha querido ser útil a la sociedad y se dedicó a vender dulces en
una esquina de la ciudad de Barranquilla, actividad económica que le generó
ingresos por $150.000.oo mensuales, que destinó para realizar aportes a la
seguridad social y atender algunos de sus gastos[52], lo que
acredita su precaria situación económica, ya que no cuenta con más ayuda, pues
su madre “vive de lo mismo” y lo atiende[53], y además,
su progenitora tendría en la actualidad alrededor de 78 años de edad[54].
De
la misma manera, la Sala pudo constatar que el actor y su señora madre se
encuentran afiliados en el régimen subsidiado de salud y las cotizaciones
realizadas por el señor Martín las realizo desde el año 1997 hasta el 2012, a
través del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual tiene por objeto
subvencionar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores
asalariado o independientes del sector rural y urbano que carezcan de
suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, entre los que se
encuentran las personas en situación de discapacidad física, psíquica y
sensorial[55].
Conforme
a la evidencia previamente expuesta, encuentra la Sala acreditado que si bien
ha transcurrido un largo lapso de tiempo desde las resoluciones que negaron la
pensión de invalidez en el año 2009 y la formulación de la presente acción de
tutela, las especiales condiciones de salud y la precaria situación económica
del accionante, configuran razones constitucionalmente válidas que justifican
su demora en la formulación del amparo constitucional. Exigirle de forma
estricta el requisito de inmediatez implicaría la imposición de una carga
procesal desproporcionada que desconoce el artículo 13 Superior, pues su
inactividad no obedeció a un actuar caprichoso, arbitrario, desinteresado o con
manifiesta desidia y negligencia, sino que, por el contrario, demuestra la
elección racional de una opción de vida encaminada a atender sus necesidades
básicas inmediatas a través del trabajo informal hasta que su condición de
discapacidad se lo permitió, la cual se insiste, le generó de manera progresiva
dificultades de movilidad y déficit cognitivo, pues actualmente debe valerse de
terceras personas. Para la Sala, esta situación le significaba una grave
afectación a su vida digna[56].
En otras palabras, la especial condición del actor en materia de salud, se
acreditó porque:
a) Padece de las secuelas de una meningitis neonatal;
b) Tiene retardo sicomotor, déficit cognitivo y limitaciones
de movilidad;
c) Requiere valerse de otras personas;
d) La fecha de estructuración de la enfermedad se produjo
cuando tenía 6 años de edad.
En
relación con la precaria situación económica del accionante, se demostró que:
a) Es un trabajador informal, dedicado a la venta ambulante de
dulces en una calle de la ciudad de Barranquilla;
b) Se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud;
c) Desde el año 1997 hasta el año 2012, realizó aportes en
pensiones a través del Fondo de Solidaridad Pensional, programa destinado a
otorgar subsidio a trabajadores independientes de escasos recursos y que se
encuentran en condición de discapacidad;
d) Su señora madre realiza la misma actividad del accionante y
es la encargada de atenderlo, además, se encuentra afiliada al régimen
subsidiado de salud y actualmente tiene 78 años de edad.
Bajo
ese entendido, la actitud del actor encuentra fundamento en la Carta y permite
acreditar el requisito de procedibilidad de inmediatez.
Adicionalmente,
se pudo constatar durante el trámite de la tutela, que el actor solicitó ante
COLPENSIONES el 21 de abril de 2016, la revocatoria directa de las Resoluciones
de números 16578 del 14 de agosto y 2876 del 10 de noviembre ambas del año 2009
proferidas por el ISS, la cual fue resuelta de manera negativa mediante Resolución
número 189639 del 27 de junio de 2016, lo que demuestra la vocación de
actualidad de las vulneraciones a los derechos fundamentales acusadas y refuerza
aún más la acreditación del requisito de inmediatez[57].
11.
De otra parte, en el expediente T-5.497.028, encuentra la Sala que el
requisito de inmediatez está acreditado, pues la acción de tutela fue
presentada el 26 de noviembre de 2015, es decir a los 5 meses y 16 días de
haberse proferido por parte de COLFONDOS la objeción de la solicitud de pensión
de invalidez del 10 de junio de 2015, término que se considera razonable.
Subsidiariedad
12. El principio de subsidiariedad, conforme
al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para
conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se
impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección.
13. En consecuencia, el análisis de procedibilidad
de la acción de tutela exige al juez la verificación de las siguientes reglas
jurisprudenciales: procede el amparo como i) mecanismo
definitivo, cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias,
no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se
estudia[58]; ii) Procede la tutela como mecanismo
transitorio: ante la existencia de un medio judicial que no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del
peticionario[59]. Además, iii) Cuando la acción de
tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional - como los niños, mujeres cabeza de familia, personas de
la tercera edad, entre otros - el examen de procedencia de la acción de
tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios,
pero no menos rigurosos[60].
14. Observa la Sala, que
los asuntos objeto de estudio superan el análisis de procedibilidad de la
acción de tutela en materia de subsidiariedad para reclamar excepcionalmente
derechos de naturaleza pensional, por las siguientes razones:
i) Procede
la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección de los derechos
fundamentales de los accionantes, puesto que está acreditado que el señor Marín
Martínez (Expediente T-5.516.581) agotó los recursos administrativos en
contra de las decisiones que negaron su prestación pensional en el año 2009 y
no estaba obligado a presentar una nueva solicitud a COLPENSIONES como lo
exigió el juez de segunda instancia, pues tal carga administrativa resulta
desproporcionada al menos por dos razones: a) su situación ya había sido
resuelta en el año 2009; y b) se encuentra en un estado de debilidad manifiesta
que le impide valerse por sí mismo, pues su enfermedad es progresiva, esto es,
a medida que pasan los años se hace mas gravosa. De igual manera, la señora
Jenny Milena (Expediente T-5.497.028) agotó la vía gubernativa, pues el
acto que resolvió negar su pensión de invalidez no anunció los recursos
ordinarios o extraordinarios que procedían en sede administrativa, lo que
generó la imposibilidad de formularlos por parte de la actora[61].
ii) Adicionalmente,
los medios judiciales ordinarios (procesos laborales), no son idóneos, ni
eficaces para la protección de los derechos constitucionales que se discuten en
sede de amparo. En efecto, tanto el señor Martín Marín como la señora Jenny
Milena, se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, debido a la
discapacidad física que padecen y que les representa una pérdida de capacidad
laboral del  61.23% y del 61.28%, respectivamente.
La exigencia general de acudir a los instrumentos
procesales y judiciales ordinarios, en estos casos particular, se torna
desproporcionada para los accionantes debido a sus especiales condiciones de
salud y económicas, que como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta
sentencia son precarias.
Aunado a lo anterior, el delicado estado clínico de los
accionantes exige la inmediata intervención del juez de tutela para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, al que se encuentran expuestos. En
efecto, la negativa del ISS hoy COLPENSIONES y de COLFONDOS de reconocer y
pagar la pensión de invalidez a los actores, reviste una afectación en su
mínimo vital, lo que configura la existencia de un perjuicio irremediable, ante
la falta de un medio de subsistencia de los mismos. El perjuicio irremediable
reviste carácter de: inminente, es decir, está por suceder; se requieren
medidas urgentes para conjurarlo; es grave, puesto que puede
trascender al haber jurídico de los señores Martín y Jenny Milena; y exige una
respuesta impostergable, que asegure la debida protección de los
derechos comprometidos[62].
Problema
jurídico
15. Conforme
a la demanda y las pruebas que obran en el expediente, considera la Sala que
los problemas jurídicos que debe resolver se circunscriben a establecer lo
siguiente ¿las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la
seguridad social y el mínimo vital de los accionantes, al negarles el
reconocimiento de la pensión de invalidez con base en que no acreditaron las
semanas cotizadas necesarias durante periodos anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez, sin tener en cuenta que los actores cesaron su
actividad laboral muchos años después de haberse constituido su incapacidad
para trabajar, aspectos no contemplados expresamente en las normas jurídicas
que regulan la materia?
Para
dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala de Revisión abordará
previamente el estudio de los siguientes asuntos: i) la protección
constitucional del derecho a la seguridad social y su relación con el mínimo
vital; ii) la fecha de estructuración de la invalidez y el retiro material y
efectivo del mercado laboral; y, iii) finalmente se analizarán los casos
concretos.
El derecho constitucional a
la seguridad social y su relación con el derecho fundamental al mínimo vital. Reiteración de
jurisprudencia
16.
Esta Corporación ha definido la naturaleza constitucional del derecho a la
seguridad social, con fundamento en el artículo 48 Superior, al establecer que
debe garantizarse a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social[63] y en especial los derechos
pensionales. El amparo de los derechos sociales fue admitido por esta
Corporación desde el año 1992[64], bajo la tesis de la “conexidad”,
cuando se demuestra un nexo inescindible entre el derecho social y un derecho
fundamental[65]. Sin embargo, actualmente la Corte
abandonó el análisis del carácter ius fundamental de los derechos
sociales a partir de argumentaciones ajenas a la naturaleza propia del derecho
como lo proponía la tesis de la conexidad[66], para
permitir su protección por vía de tutela, una vez se han definido, por el
Legislador o la administración en los distintos niveles territoriales, las
prestaciones debidas de forma clara y precisa, de manera que constituyan
derechos subjetivos de aplicación directa lo que hace procedente su
exigibilidad por vía de tutela[67].
17. En el sistema universal de protección de derechos humanos, el
artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (PIDESC), dispone la garantía del derecho a la seguridad social,
entendido de vital importancia para:
“(…) garantizar a todas las
personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan
de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto”[68]. [Además], “(…) el
derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con
el fin de obtener protección, en particular contra:  a) la falta de ingresos
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad,
accidente laboral, vejez o muerte de un familiar;  b) gastos excesivos de
atención de salud;  c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los
hijos y los familiares a cargo.”[69] (Negrillas fuera de texto)
18. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre[70], en el artículo XVI
establece el derecho a la seguridad social como la protección “(…) contra
las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”
En el numeral 1º del artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que el derecho a la seguridad
social tiene como finalidad proteger a las personas contra las consecuencias de
la invalidez, que obstaculiza la obtención de medios para llevar una vida digna
y decorosa.
19. En conclusión, es
innegable la relación que existe entre el derecho a la seguridad social, en
especial los derechos pensionales y el derecho fundamental al mínimo vital, más
aun, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión, y
son destinatarias de una especial protección constitucional, como aquellas en
condición de discapacidad e invalidez, pues su único sustento económico lo
derivan de la prestación social enunciada, ya que, debido a la situación de
invalidez, no pueden acceder al mercado laboral.
Fecha de
estructuración de la invalidez y el retiro material y efectivo del mercado
laboral
20. El artículo 3º del Decreto 917
de 1999[71], establece la forma en que debe
declararse la fecha en que acaeció para el calificado, de manera permanente y
definitiva, la pérdida de su capacidad laboral. A tal nivel de convencimiento
debe arribar el personal calificado y especializado, a partir del análisis
integral de la historia clínica y ocupacional, los exámenes clínicos y de las
ayudas diagnósticas que se requieran.
El establecimiento del momento en que el calificado pierde
definitivamente su capacidad laboral, debe armonizarse con el procedimiento
establecido en el artículo 4º del Decreto 917 de 1999[72].
En efecto, los dictámenes que emiten las Juntas de
Calificación deben exponer los fundamentos de hecho y de derecho, con los que
se declara el origen, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha
de estructuración de la invalidez. Los fundamentos de hecho, conforme al
artículo 9º del Decreto 2463 de 2001, son todos:
“(…) aquellos
que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual
incluye historias clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos
periódicos; y en general, los que puedan servir de prueba para certificar una
determinada relación causal, tales como certificado de cargos y labores,
comisiones, realización de actividades, subordinación, uso de determinadas
herramientas, aparatos, equipos o elementos, contratos de trabajo, estadísticas
o testimonios, entre otros, que se relacionen con la patología, lesión o
condición en estudio.” (Énfasis agregado) y los fundamentos de derechos son “todas las normas
que se aplican al caso de que se trate.”[73]
En ese sentido, la calificación
integral de la invalidez, de la que hace parte la fecha de estructuración,
deberá tener en cuenta los aspectos funcionales, biológicos, psíquicos y
sociales del ser humano[74], pues la finalidad es determinar el
momento en que una persona no puede seguir ofreciendo su fuerza laboral por la
disminución de sus capacidades físicas e intelectuales[75].
21. De esta misma
manera lo ha manifestado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, para quien una persona es inválida “(…) desde el día
en que le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia.”[76]
situación que no puede ser ajena a la valoración probatoria integral que deben
realizar los expertos.
22. Así las cosas, es razonable
exigir una valoración integral de todos los aspectos clínicos, y laborales que
rodean al calificado, al momento de establecer la fecha de estructuración de la
invalidez, debido al impacto que tal decisión tiene sobre el derecho a la
seguridad social, lo que determina su relevancia constitucional[77].
23. Ahora bien, generalmente la fecha de estructuración
coincide con la incapacidad laboral del trabajador, sin embargo, en ocasiones
la pérdida de capacidad laboral es progresiva en el tiempo y no concuerda con
la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, existe una diferencia
temporal entre la total incapacidad para continuar laborando y el momento en
que inició la enfermedad, presentó su primer síntoma u ocurrió el accidente
según sea el caso[78].
La falta de concordancia entre
la fecha de estructuración y el momento en que se presenta el retiro material y
efectivo del mercado laboral, puede explicarse por la presencia de enfermedades
crónicas, padecimientos de larga duración, enfermedades congénitas o
degenerativas, bien porque se manifestaron desde el nacimiento o a causa de un
accidente, lo que implica una pérdida de capacidad laboral generada de manera
paulatina en el tiempo[79] que en ocasiones no corresponde a la
fecha de estructuración dictaminada, pues aquella en los mencionados eventos se
limita a informar el momento en que acaeció la enfermedad y no la circunstancia
misma de la incapacidad para trabajar.
24. Esta situación puede generar
violación de los derechos de las personas que tienen una invalidez que se
agrava de manera progresiva, puesto que pueden continuar en el mercado laboral
y realizar los correspondientes aportes al sistema de seguridad social, por lo
que al momento de solicitar el reconocimiento y pago de su pensión de
invalidez, las entidades administradoras de los fondos de pensiones no tienen
en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración y bajo ese entendido, les niegan el reconocimiento de sus
derechos pensionales. Para esta Corporación tales prácticas también pueden
llegar a configurar un enriquecimiento sin justa causa,  ya que: “(…) no
resulta consecuente que el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad
a la estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión.”[80]
Conforme a lo expuesto, para la Corte, la invalidez que se
agrava progresiva y paulatinamente en el tiempo merece un tratamiento jurídico
especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios, que se concreta
en la obligación de reconocer la pensión de invalidez con base en todas las
semanas cotizadas por el usuario hasta el momento en que presentó su solicitud
de reconocimiento pensional.
Por ejemplo, en sentencia T-710 de 2009[81],
esta Corporación manifestó que existen casos en los que a pesar del carácter
progresivo y degenerativo de la enfermedad del actor, aquel conservó sus
capacidades funcionales, pudo continuar con su trabajo y aportó al sistema de
seguridad social por un periodo de tiempo posterior a la fecha señalada como
estructuración de su invalidez, es decir, se mantuvo activo en el mercado
laboral, realizó las cotizaciones a seguridad social y solo ante el progreso de
la enfermedad, tuvo la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y
realizar la correspondiente calificación de su pérdida de capacidad laboral.
Bajo ese entendido, la negativa de la administradora de pensiones de reconocer
los aportes realizados con posterioridad a la determinación de la invalidez
genera de una parte, la falta de reconocimiento de su derecho pensional y de
otra, un beneficio injustificado de los aportes realizados por el usuario.
Posteriormente, en sentencia T-163 de 2011[82],
este Tribunal afirmó que cuando una entidad está encargada de reconocer una
pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, a la que se le ha determinado una fecha de
estructuración de forma retroactiva, debe tener en cuenta los aportes
realizados al Sistema, en especial, durante el periodo de tiempo comprendido
entre dicha fecha y el momento en que el usuario pierde su capacidad para
continuar trabajando de forma permanente y definitiva.
Este criterio fue reiterado en sentencia T-420 de 2011[83],
en donde se concluyó que la falta de correspondencia entre la fecha de
estructuración de la invalidez y el momento en que se da la pérdida de
capacidad laboral ante la existencia de una enfermedad degenerativa, puede
acreditarse por: i) el paso del tiempo entre el presunto día en que se generó
la incapacidad para trabajar y la solicitud de la pensión; y ii) la cotización
con posterioridad al presunto evento incapacitante realizada por el usuario y
el desarrollo de su actividad laboral hasta el momento en que sus condiciones
de salud se lo permitieron.
De igual manera, en sentencia T-158
de 2014[84],
la Corte estableció que en un trámite de reconocimiento de pensión de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, se
debe tener como fecha real y efectiva el momento en que le fue imposible
continuar prestando su fuerza de trabajo, producto de la progresión de sus
padecimientos, por lo que será ese el momento en que perdió de forma definitiva
y permanente su capacidad laboral y a partir del cual se debe verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable en el
caso concreto.
Recientemente, en la sentencia T-486 de 2015[85],
este Tribunal expresó que la negativa de las entidades que administran los
fondos de pensiones a reconocer estos derechos prestacionales en las especiales
circunstancias descritas, generan una desprotección constitucional de los
ciudadanos que persiguen el reconocimiento de su prestación pensional, por tal
razón esta Corte ha establecido como regla jurisprudencial especial que la
verdadera fecha de estructuración de la invalidez surge el día en que la
persona pierde de forma definitiva y permanente su capacidad laboral, es decir,
en el momento en que presentó la reclamación de su pensión de invalidez, lo que
implica que las instituciones encargadas del reconocimiento pensional deben
tener en cuenta los aportes a pensiones realizados con posterioridad a la fecha
de estructuración determinada por la Junta de Calificación de Invalidez.
Además, este momento, en ocasiones, determina el régimen jurídico aplicable
pues la invalidez plena y real, es un hecho objetivamente verificable y se
produce en vigencia de una determinada norma jurídica que regula el acceso a la
pensión de invalidez, sin perjuicio de la aplicación del principio de la
condición más beneficiosa[86].
25. En conclusión, el acceso a la pensión de
invalidez de aquellas personas que sufren enfermedades que se agravan
paulatinamente en el tiempo, como consecuencia de su naturaleza crónica y
degenerativa, implica que las administradoras de fondos de pensiones tengan en
cuenta que: i) existe una diferencia temporal entre la fecha de estructuración
de la enfermedad dictaminada por las entidades competentes y el momento en que
el usuario pierde de forma definitiva y permanente su capacidad laboral, es
decir, al momento de presentar su solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez; ii) bajo ese entendido, deben tenerse en cuenta los
aportes realizados con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez hasta el momento en que se produce la real incapacidad para laborar
del solicitante que en ocasiones la configura la solicitud de reconocimiento de
la pensión ante el fondo competente; y iii) alguna veces, aquel momento también
determina el régimen jurídico aplicable y los requisitos que deben acreditarse.
Caso Concreto
A. Expediente T-5.516.581
26. En
el presente caso el actor formuló acción de tutela contra COLPENSIONES,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida
digna, seguridad social, debido proceso, “discapacidad”, generada por la
negativa de la entidad accionada de reconocer su pensión de invalidez
Solicitó se ordene a la parte demandada
que reconozca y pague su pensión de invalidez, el respectivo retroactivo y los
intereses moratorios a partir del 1º de abril de 2012, fecha en la que cesó su
capacidad de realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
En sede de revisión, el accionante
allegó la Resolución número 189639 del 27 de junio de 2016, proferida por
COLPENSIONES mediante la cual rechazó la solicitud de revocatoria directa de
las Resoluciones 16578 del 14 de agosto de 2008 (sic) y 2876 del 10 de
noviembre de 2009, y además, nuevamente negó el reconocimiento de la pensión de
invalidez solicitada por el usuario.
Durante el trámite procesal, la entidad
accionada no contestó la acción de tutela, por lo que la Sala dará aplicación a
la presunción de veracidad de los hechos expuestos por el actor conforme al
artículo 20 del decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta Corporación.
En efecto, en sentencia T-306 de 2010[87], la Corte reiteró que la presunción
de veracidad tiene sustento de una parte, en la necesidad de resolver con prontitud
la acción que busca proteger derechos fundamentales, pues se trata de la
violación de derechos fundamentales, pues de esta manera se efectivizan los
principios de inmediatez y celeridad y, de otra, en la obligatoriedad de las
providencias judiciales, las cuales no se pueden desatender, sin que tal
elusión genere consecuencias jurídicas y procesales[88].
27. A continuación la Sala
entra a realizar el estudio de este caso concreto. Para tal efecto, en primer
lugar verificará los hechos que se encuentran debidamente probados y
posteriormente establecer si COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
28. Ahora bien, en el
presente caso encuentra la Sala probados los siguientes hechos:
i) El accionante nació el 11 de noviembre de 1962 y
actualmente cuenta con 53 años de edad[89].
ii) Desde el
1º de noviembre de 1997 empezó a cotizar al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones y sólo está acreditado en el presente asunto que realizó aportes
hasta el 31 de mayo de 2010[90].
iii) El ISS,
mediante dictamen médico del 8 de septiembre de 2008, calificó al actor con una
pérdida de capacidad laboral del 61.60% y fecha de estructuración del 1º de
enero de 1969[91].
Además, de la historia clínica aportada al expediente, se observa que padece de
secuelas de meningitis neonatal lo que le produce retardo sicomotor y déficit
cognitivo[92].
iv) El actor
radicó solicitud de pensión de invalidez ante el ISS hoy COLPENSIONES. La
entidad accionada dio respuesta a la petición mediante Resoluciones números 016578
del 14 de agosto y 002876 del 10 de noviembre ambas del año 2009[93], las
cuales resolvieron negar la pensión de invalidez de origen no profesional, con
fundamento en que el solicitante no acreditó los requisitos establecidos en el
artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, puesto que cotizó 0 semanas con
anterioridad a la fecha de estructuración, esto es antes del 1º de enero de
1969.
v) COLPENSIONES
profirió la Resolución número 189639 del 27 de junio de 2016, mediante la cual
rechazó la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones números 16578
del 14 de agosto de 2008 (sic) y 2876 del 10 de noviembre de 2009, y además,
negó el reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Marín Martínez.
29.
Para esta Sala de Revisión, COLPENSIONES vulneró al accionante su derecho
constitucional de la seguridad social y afectó de manera grave su derecho
fundamental al mínimo vital en dos oportunidades: i) al negar la pensión de invalidez
del afiliado mediante Resoluciones 016578 del 14 de agosto y 2876 del 10 de
noviembre ambas del 2009; y, ii) cuando rechazó la solicitud de revocatoria
directa de los actos administrativos mencionados anteriormente y negó de nuevo
la pensión de invalidez al actor a través de la Resolución número 189639 del 27
de junio de 2016.
En efecto, las
actuaciones administrativas desplegadas en su momento por el ISS y
posteriormente por COLPENSIONES en el trámite pensional promovido por el actor,
se muestran como una afrenta al derecho fundamental a su mínimo vital, además
de actuar con abierto desprecio por las reglas que esta Corporación ha
construido a partir de su pacífica y consistente jurisprudencia, en materia de
reconocimiento de pensión de invalidez de personas que tienen padecimientos
crónicos y degenerativos, que se agravan con el paso paulatino del tiempo, y
sobre las que se ha dictaminado una fecha de estructuración con carácter
retroactivo, lo que les ha permitido cotizar un número importante de semanas al
sistema de Seguridad Social en Pensiones con posterioridad a la configuración
de la invalidez.
Conforme a lo
expuesto, cuando el actor solicitó por primera vez en el año 2009 su pensión de
invalidez, acreditó que desde el año 1997 cotizaba al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones y que su fecha de estructuración de la invalidez se produjo
el 1º de enero de 1969[94],
momento en el que tenía 6 años de edad. Por tal razón, la exigencia de la
entidad accionada, relacionada con la necesidad de que el afiliado acreditara
150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores, conforme lo establecía
el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, es contraria a los postulados mínimos
de la razón y desconoce criterios básicos y elementales de la lógica argumentativa
y probatoria, pues le impuso al usuario la irracional labor de acreditar un
hecho de imposible realización, puesto que tal exigencia demostrativa conminaba
al usuario a trabajar retroactivamente durante su infancia, práctica proscrita
por la Constitución y la ley, la cual no puede ser fomentada por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, a través de un completo desconocimiento
de las reglas jurisprudenciales construidas pacíficamente por esta Corporación,
y además, de la elusión consciente de una aplicación humanizante de las normas
que regulan el acceso a una prestación pensional.
Así las cosas,
esa institución en aquella oportunidad debió reconocerle al actor la pensión de
invalidez que reclamaba, puesto que no obstante haberse estructurado su invalidez
desde el 1º de enero de 1969, había cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
más de 13 años, pues realizó aportes desde 1997, hasta mayo del 2010. Eso
significa que para el momento en que solicitó el reconocimiento de su pensión
de invalidez el 6 de octubre de 2008, el actor contaba con un total de 569,28
semanas, incluso, posteriormente continuo cotizando, pues el sistema registró
un número total de 624 semanas, cifra que supera los montos exigidos por la ley
y por la jurisprudencia de esta Corporación.
Ahora bien, el
segundo momento en que se materializó la vulneración de los derechos
fundamentales acusados por el accionante, acaeció con la expedición de la
Resolución número 189639 del 27 de junio de 2016, mediante la cual COLPENSIONES:
i) rechazó la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones números
16578 del 14 de agosto de 2008 (sic) y 2876 del 10 de noviembre de 2009, por lo
que ratificó los argumentos expuestos en aquella oportunidad que justificaron
la negación de la pensión de invalidez del actor; y ii) nuevamente negó la
prestación reclamada por el usuario, con base en argumentos novedosos, pues con
fundamento en la aplicación del principio de condición más beneficiosa, asumió
como fecha real de la configuración de la invalidez el dictamen del 8 de julio
de 2015, por lo que, en su entender, procedía la aplicación del artículo 1º de
la Ley 860 de 2003, en dos sentidos. De una parte, con la acreditación de 26
semanas de cotización dentro del año anterior a la vigencia de la mencionada
ley y, de otra, con la demostración de 26 semanas de cotización dentro del año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración, que en el caso concreto
comprende el periodo del 8 de julio de 2014 al 8 de julio de 2015. En otras palabras,
la entidad, con base en el principio de condición más beneficiosa, aplicó el
régimen especial para menores de 20 años contenido en el parágrafo primero del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que consagra: “Los menores de veinte (20) años de edad sólo
deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.”
Las razones
expuestas por COLPENSIONES que justifican la negación del derecho pensional del
señor Marín Hernández son confusas y configuran una distorsión deliberada de la
jurisprudencia de esta Corporación, pues se alejan de las finalidades que
orientan la aplicación del principio de la condición más beneficiosa al momento
de reconocer una pensión por invalidez.
En efecto, esta Corporación ha expresado que los principios del derecho laboral, tienen su origen
en las relaciones asimétricas presentadas entre el trabajador y el empleador,
por lo que buscan el establecimiento de elementos que beneficien al empleado,
pues constituye la parte más débil de la relación, con el fin de que pueda
realizar sus derechos, si no en igualdad, si en equivalencia de condiciones.
En el marco de dicha conformación de las relaciones laborales, se busca
la consolidación de un sistema justo donde el trabajador cuente con garantías
que configuren un escenario más igualitario a partir del principio protector
que caracteriza la producción y la interpretación normativa.
Como derivación del principio protector están los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario y el de la condición más
beneficiosa, para orientar tanto al Legislador, como al juez laboral en la aplicación
de la ley[95],
las cuales se desprenden del artículo 53 superior[96].
El principio de favorabilidad, garantiza que ante la coexistencia de
normas que regulen una misma materia, se aplique al trabajador la más
favorable. Implica, por tanto, la elección de una norma, entre dos o más que
regulan un mismo caso, pues se trata de disposiciones que rigen la misma
materia, esto es, susceptibles de aplicarse, con plena validez y urgencia para
el caso[97].
De otra parte, el principio in dubio pro operario surge ante la
existencia de una norma aplicable al caso que admite dos o más
interpretaciones, de las cuales debe elegirse la interpretación más protectora
a los intereses del trabajador. Está condicionado a la existencia de una duda
en la interpretación judicial, por lo que debe existir incertidumbre para el
juez, de ahí que este principio no sea aplicable cuando la duda proviene de
otras fuentes[98].
Finalmente, frente a la materia propia del asunto objeto de estudio, el
principio de la condición más beneficiosa se refiere a aquella garantía
consagrada en el artículo 53 de la Constitución de 1991, en tanto puntualizó
prescriptivamente que “(…) la ley, los contratos, los acuerdos y convenios
de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los
derechos de los trabajadores”.
En sentencia T-737 de 2015[99],
la Corte estableció que la condición más beneficiosa supone la garantía que
tienen los trabajadores en materia laboral, en el sentido de que sus derechos
adquiridos y sus expectativas legítimas, serán protegidos frente a los
tránsitos legislativos que puedan sucederlos y afectarlos con el
establecimiento de condiciones más gravosas.
En tal sentido, su reconocimiento no implica la elección entre dos
normas susceptibles de ser aplicadas, lo cual caracteriza el principio de
favorabilidad; pues se refiere a un ejercicio de elección entre la norma
vigente para el momento de la estructuración de la invalidez, y aquella inmediatamente
anterior a ésta, por lo que demanda un ejercicio analítico sobre la legitimidad
de una expectativa creada con fundamento en una norma ya derogada. No podría
configurarse, entonces, un límite temporal preconcebido y universal para la
búsqueda de la norma aplicable, sino que la identificación de la misma depende
de que se haya configurado, o no, en el caso concreto una expectativa legítima
afectada con la normativa posterior.
En ese orden de ideas, este Tribunal en sentencia T-717 de 2014[100] sostuvo
que en los eventos en los cuales la persona que pretende el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, había cumplido los requisitos de densidad de
semanas cotizadas, restándole solo la ocurrencia del siniestro asociado a la
disminución de capacidad laboral, debe respetarse la expectativa legítima de
obtener la prestación, en los términos de la norma que el interesado satisfizo.
30.
Con base en lo expuesto, observa la Sala que COLPENSIONES hizo una selección
arbitraria y caprichosa del momento en que acaeció la real invalidez del
accionante, pues adoptó como fecha de estructuración el dictamen del 8 de julio
de 2015 y desconoció sin razones constitucionalmente válidas el primer momento
en que se presenta la reclamación por parte del usuario, esto es el 6 de
octubre de 2008. Esta situación afectó de manera directa la viabilidad jurídica
de la petición de pensión de invalidez, pues era claro que el afiliado no podía
cumplir con los requisitos exigidos por la ley, pues según COLPENSIONES, cotizó
hasta el año 2012.
Para tratar de
remediar tal situación y bajo una interpretación completamente desviada del
principio de condición más beneficiosa, COLPENSIONES analizó el caso del señor
Martín Marín a partir del tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la
Ley 860 de 2003, para imponerle sin justificación racional y constitucional, la
obligación de acreditar de forma conjunta: i) la cotización de 26 semanas entre
el 29 de diciembre de 2003 y de 2004; y ii) la demostración de 26 semanas de
aportes al Sistema durante el año anterior al 8 de julio de 2015. Concluyó esa
entidad que el actor solo acreditó el primer requisito, pero no el segundo,
razón por la cual se le negó su derecho nuevamente.
Esta
argumentación carece de toda razón constitucional, pues amparado en el
principio de condición más beneficiosa, COLPENSIONES: i) aplicó de forma
arbitraria un régimen jurídico excepcional, dirigido a regular casos especiales
relacionados con los menores de 20 años edad que a la fecha en que se solicita
el reconocimiento de la pensión de invalidez se hubiere estructurado la
invalidez y posteriormente no hubiese podido cotizar; ii) con fundamento en lo
anterior, le impuso al accionante la carga desproporcionada de acreditar dos
requisitos legales para acceder a la pensión, los cuales no regulan su especial
situación y por el contrario emergen como un castigo por su actuar diligente,
pues en su afán de reconocimiento de su pensión por invalidez, buscó una nueva
calificación de su incapacidad y reclamó nuevamente ante la entidad competente
el reconocimiento de su pensión, con el trágico resultado de que sus
actuaciones serían utilizadas como obstáculo para desconocer el derecho que fue
reclamado desde el año 2008.
31.
En conclusión, los argumentos expuestos por la entidad accionada en las dos oportunidades
en las que ha negado el reconocimiento de la pensión de invalidez son
violatorios del derecho constitucional a la seguridad social y afectan el
derecho fundamental al mínimo vital del actor, razón por la cual la Sala se
aparta de los mismos y procede a continuación a dar solución al caso concreto.
32.
Está acreditado en el expediente que las condiciones del actor en materia de
pérdida de capacidad laboral son las mismas en los años 2008 y 2015, pues el
dictamen proferido por la Junta Nacional de Invalidez del 8 de julio de 2015,
se limitó a ratificar las especiales condiciones del actor expuestas en el año
2008, esto es, una pérdida de capacidad laboral de más del 50% estructurada en
el año 1969. De tal suerte que, el señor Martín tiene derecho a la pensión de
invalidez desde la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional
ante el ISS – hoy COLPENSIONES, esto es, el 6 de octubre de 2008.
En ese orden de ideas,
según la certificación expedida por el ISS, en los tres (3) años anteriores al
6 de octubre de 2008, el actor tendría un total de 141,42 semanas cotizadas[101].
33. Además de lo
anterior, fue desproporcionado por parte de la entidad accionada exigir en un
primer momento los requisitos contenidos en el artículo 5º del Decreto 3041 de
1966 y de manera posterior, los requisitos especiales para la pensión de
invalidez de los menores de 20 años contenidos en el artículo 1º de la Ley 860
de 2003, puesto que la fecha de estructuración se verificó en el momento en que
perdió su capacidad real para trabajar y presentó su reclamación ante el ISS
hoy COLPENSIONES, esto es el 6 de octubre de 2008, momento para el cual regía
la Ley 100 de 1993, norma mucho más favorable al actor y respetuosa del
principio pro operario, aplicable a este caso especial. En efecto, el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003, establece los siguientes requisitos para acceder a la pensión de
invalidez:
“Tendrá derecho
a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:
1. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización
para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.”
34.  En consecuencia,
es claro que el accionante es titular de la pensión de invalidez, pese a lo
cual no le fue reconocida ni en su momento por el ISS ni recientemente por COLPENSIONES,
lo que genera la actual violación de sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital. En efecto, la entidad accionada debió en su momento, reconocer
y pagar la pensión de invalidez, puesto que de las pruebas allegadas al proceso
se concluye inequívocamente que el señor Martín Marín Martínez cumple con los
requisitos para ser beneficiario de dicha pensión, puesto que:
i) Tiene una pérdida de capacidad laboral del 61.60%, según
el dictamen del 8 de septiembre de 2008, emitido por el doctor Jorge Luis
Rivera Hernández, médico laboral del ISS y sobre el cual la entidad accionada
no presentó objeción alguna durante el trámite administrativo ni tampoco en el
proceso de tutela de la referencia; y,
ii) a la fecha de presentación de su solicitud de reconocimiento
pensional acreditó 141,42 semanas cotizadas al sistema de seguridad social,
durante los tres (3) años anteriores a la presentación de la solicitud de
pensión, realizada el 6 de octubre de 2008, pues, conforme a la norma citada
previamente, solo requería acreditar 50 semanas.
La negación de esta prestación social por parte de la entidad
accionada, tiene un grave impacto en el mínimo vital del accionante, razón por
la cual está acreditada la vulneración a los derechos fundamentales invocados y
procede la protección constitucional solicitada. En consecuencia, la Sala ordenará
a COLPENSIONES, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta sentencia, proceda a reconocer y pagar al accionante la pensión de
invalidez, conforme a los artículos 39 y siguientes de la Ley 100 de 1993, este
último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
35.
De otra parte, esta Sala de Revisión, ordenará el pago de los retroactivos a
que haya lugar, tal y como fue solicitado en la solicitud de amparo. Recuérdese
que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación la procedencia de la
acción de tutela para el reconocimiento de la pretensión de pago del
retroactivo, está condicionada además de los presupuestos generales, a que :
ii) exista certeza en la configuración del derecho pensional y ii) cuando exista
evidencia de afectación al mínimo vital, debido a que la pensión en la única
forma de garantizar la subsistencia del accionante y a que“… por una
conducta antijurídica de la entidad demandada, los medios económicos para vivir
han estado ausentes desde el momento en que se causó el derecho hasta la fecha
de concesión definitiva del amparo. Estas dos circunstancias hacen que el
conflicto que por naturaleza es legal y que posee medios ordinarios para su
defensa, mute en uno de índole constitucional, en donde los medios ordinarios
se tornan ineficaces para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados”[102]
Estos especiales
requisitos, se encuentran debidamente acreditados en el presente asunto, como
pasa a verse a continuación:
a) Existe certeza
acerca de la configuración del derecho pensional al retroactivo, puesto que se
acreditó en el presente caso que el accionante si cumplía con los requisitos
necesarios para acceder a la pensión de invalidez, esto es, una pérdida de la
capacidad laboral del 61.60% y 141,62 semanas cotizadas al sistema de seguridad
social en pensión, durante los últimos tres (3) años anteriores a la fecha real
de estructuración de su invalidez.
b) La
falta de reconocimiento del pago de los retroactivos al actor afecta su mínimo
vital, puesto que manifestó en el escrito de tutela que debido a su condición
de discapacidad tan avanzada ya no puede trabajar. Se evidenció por parte de la
Corte que la entidad accionada incurrió en una conducta antijurídica que afectó
los derechos fundamentales del accionante, puesto que los medios económicos
necesarios para su subsistencia han estado ausentes, por cuenta de la
injustificada omisión de COLPENSIONES para reconocer su pensión de invalidez.
Así las cosas, la accionada
deberá pagar al actor los retroactivos que no hayan prescrito para su cobro,
puesto que, como se ha advertido previamente, la negativa de la entidad a
otorgar el derecho reclamado y el paso del tiempo, no se debe a la negligencia
del afiliado, quien, no obstante su condición de discapacidad y su precaria
situación económica fue diligente en la reclamación de su derecho, sino que la
imposibilidad de acceder a la prestación acaeció por el actuar antijurídico,
caprichoso, desinteresado y negligente del ISS y posteriormente de COLPENSIONES.
36.
En relación con el pago de intereses moratorios sobre las mesadas pensionales
solicitado en el escrito de tutela, la Sala no accederá a dicha pretensión pues
la falta de reconocimiento del pago de los mismos no
afecta el mínimo vital del actor y además se trata de un asunto que debe ser
resuelto por la jurisdicción ordinaria en caso de existir litigio sobre el
mismo.
B. Expediente
T-5.497.028
La señora Jenny Milena Vargas Hernández
formuló, a través de agente oficiosa, acción de tutela contra el Fondo de
Pensiones COLFONDOS, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud, a la vida en condiciones
dignas y a la igualdad, generada por la negativa de la entidad accionada a
reconocer su pensión de invalidez, por no acreditar los requisitos del artículo
39 de la Ley 100 de 1993, esto es, no haber demostrado la cotización de 50
semanas entre el 29 de mayo de 2011 y el 29 de mayo de 2014. Bajo ese
entendido, solicitó se ordene a la parte demandada que reconozca y pague su
pensión de invalidez.
Durante el trámite procesal, la entidad
accionada no contestó la solicitud de amparo, por lo que la Sala dará
aplicación a la presunción de veracidad de los hechos expuestos por la actora
conforme al artículo 20 del decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta
Corporación.
37. A continuación la
Sala entra a realizar el estudio de este caso en concreto. Para tal efecto, en
primer lugar verificará los hechos que se encuentran debidamente probados, para
a continuación establecer si COLFONDOS vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
38. Ahora bien, en el
presente caso encuentra la Sala probados los siguientes hechos:
i) La accionante nació el 15 de
julio de 1986 y actualmente tiene 30 años de edad[103] y vive
con su mamá, su hermano y su hermana. Adicionalmente, se desempeñaba como
trabajadora independiente de profesión fisioterapeuta y se encuentra vinculada
desde julio del año 2013 a la EPS COMPENSAR y en pensiones al Fondo de
Pensiones COLFONDOS.
ii) La agenciada
desde enero de 2014, se empezó a sentir enferma y su cara se inflamó.
Realizados los exámenes médicos correspondientes determinaron que padecía de
creatinina alta y eliminación de proteínas en la orina y le diagnosticaron
nefropatía por IGA, en estado cinco “terminal”, por lo que le ordenaron
diálisis inmediata a la espera de encontrar un donante para realizarle un
trasplante de riñón[104].
iii) El 31 de marzo de 2015, se
realizó la cirugía de trasplante de riñón, lo que le generó más de 180 días de
incapacidad, por tal razón, fue remitida al Fondo de Pensiones COLFONDOS con la
finalidad de que dicha entidad calificara la pérdida de su capacidad laboral.
iv) El Fondo de Pensiones
COLFONDOS mediante dictamen número 3101673 del 8 de marzo de 2015[105],
determinó que la accionante tenía un 61.28% de pérdida de capacidad laboral,
con fecha de estructuración de la invalidez el 29 de mayo de 2014 y origen
común.
v) COLFONDOS objetó la solicitud
de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en que la
agenciada no cumplió con el requisito de haber cotizado 50 semanas al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, dentro de los 3 años anteriores a la
fecha de estructuración, es decir, entre el 29 de mayo de 2011 y el 29 de mayo
de 2014. En su lugar, le sugirió a la accionante acceder a la devolución de
saldos por invalidez, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 100 de 1993[106].
vi) Cotizó desde julio de 2013 hasta noviembre de
2015, para un total de 125,29 semanas de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones[107],
es decir, realizó cotizaciones con posterioridad a la fecha de estructuración
de la invalidez.
39.
Para esta Sala de Revisión, la entidad accionada desconoció a la accionante sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, con su decisión
de negar la pensión de invalidez a la actora, pues desconoció las reglas
jurisprudenciales construidas por esta Corte en relación con el reconocimiento
de la pensión de invalidez a personas que sufren enfermedades crónicas y
degenerativas y a las que se les ha establecido una fecha de estructuración de
la invalidez con carácter retroactivo y que han efectuado aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones con posterioridad a la configuración de la
enfermedad.
Conforme a lo
expuesto, la señora Jenny Milena Vargas Hernández cotizó al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones desde julio del 2013 hasta noviembre de 2015 y su fecha de
estructuración fue el 29 de mayo de 2014, establecida mediante dictamen No.
3101673 del 8 de marzo de 2015.
Bajo ese entendido,
COLFONDOS debió reconocerle a la accionante la pensión de invalidez que
reclamaba, puesto que no obstante haberse estructurado su invalidez desde el 29
de mayo de 2014, realizó aportes desde el año 2013, hasta noviembre del 2015,
es decir que para el momento en que fue resuelto de forma negativa el
reconocimiento de su pensión de invalidez (el 10 de junio de 2015) contaba con
un total de 102.96 semanas. Incluso, posteriormente continuó cotizando, pues el
sistema registró un número total de 125.29 semanas.
Para la Sala, el
momento en que la actora perdió su capacidad laboral de manera total se
materializó con la solicitud de reconocimiento pensional ante COLFONDOS, resuelta
el 10 de junio de 2015.
40. En ese orden
de ideas, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez son:
“Tendrá derecho
a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:
1. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización
para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.”
41.  Considera esta Sala
de Revisión, que la accionante es titular de la pensión de invalidez y esta ha
sido desconocida por COLFONDOS, por lo que su derecho a la seguridad social fue
vulnerado. En efecto, la entidad accionada debió reconocer y pagar la pensión
de invalidez, puesto que de las pruebas allegadas al proceso se infiere que la
señora Jenny Milena Vargas Hernández cumple con los requisitos para ser
beneficiaria de la prestación pensional, como se expone a continuación:
i) Tiene una pérdida de capacidad laboral del 61.28%, según
el dictamen número 3101673 del 8 de marzo de 2015, emitido por COLFONDOS,
ii) a la fecha de resolución de su solicitud de reconocimiento
pensional acreditó 102.96 semanas cotizadas al sistema de seguridad social,
durante los tres (3) años anteriores a la misma y la norma mencionada
anteriormente solo exige 50 semanas cotizadas en ese periodo de tiempo.
La negación de esta prestación social por parte de la entidad
accionada, tiene un grave impacto en el mínimo vital del accionante, razón por
la cual está acreditada la vulneración a los derechos fundamentales invocados y
procede la protección constitucional solicitada. En consecuencia, la Sala ordenará
a COLFONDOS, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, proceda a reconocer y pagar al accionante la pensión de
invalidez, conforme a los artículos 39 y siguientes de la Ley 100 de 1993, este
último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
42. De otra parte, considera la Sala
necesario referirse en torno a la sugerencia realizada por la entidad accionada
a la usuaria, relacionada con la devolución de saldos por invalidez con base en
el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, pues en este caso, tal actuación
constituyó una violación del derecho fundamental de acceso a la información de
la accionante, como pasa a verse a continuación.
Esta Corporación en sentencia T-885 de 2014[108], definió
en términos generales el derecho de acceso a la información con fundamento en
la Ley 1712 de 2014[109],
la cual, en su artículo 4° establece que:
“(…) toda persona puede
conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o
bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente
podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y
proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser
acordes con los principios de una sociedad democrática.
El derecho de acceso a la información
genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información
pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y
accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la
obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo
anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos
que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos
auténticos” (Negrillas
fuera de texto).
De la misma manera, el literal a) del
artículo 5º de la Ley estatutaria mencionada anteriormente, establece como
sujetos obligados a brindar de manera oportuna y eficiente la información a “Toda
entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental, municipal y distrital (…)”.
Las obligaciones que se derivan,
para las entidades públicas en esta materia, giran a partir de esa ley, en
torno a:
a. Disponibilidad de la información, es decir, debe estar a
disposición del público la información pública a través de medios físicos,
remotos o locales de comunicación electrónica[110].
b. Proporcionar apoyo a los usuarios y ofrecer toda clase de
asistencia en relación con los trámites y servicios públicos que ofrezcan[111].
c. Divulgar la información con criterio diferencial de
accesibilidad, en tal sentido deberá asegurarse el acceso a la información de
los distintos grupos étnicos y culturales del país, a través de su divulgación
en diversos idiomas, lenguas y en formatos alternativos comprensibles para
dichos grupos. Además, están obligados a la adecuación de los medios de
comunicación para la mejor comprensión de personas en situación de discapacidad[112].
Por su parte, el artículo 23 de la Ley 1724 de 2014, establece el
deber de la Procuraduría General de la Nación, de
velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la
mencionada norma.
43. Conforme a lo expuesto, las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, en ejercicio de función pública
derivada de su participación en el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, deben garantizar el derecho fundamental a la información por parte
de los afiliados, bajo estrictos criterios de buena fe, veracidad y a través de
mecanismos que garanticen la accesibilidad diferencial, en especial para
personas que se encuentran en situación de discapacidad.
44. Ahora bien, la sugerencia realizada por
COLFONDOS a la señora Jenny, en el sentido de acogerse a la devolución de
saldos ante la objeción presentada por esa entidad a su solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez, desconoció su derecho fundamental de
acceso a la información, pues la demandada presentó un contenido informativo a
la usuaria con la capacidad suficiente para inducirla a error, con lo que se
apartó de la obligación cualificada de observar los principios de buena fe y el
acceso diferencial derivado de la grave condición médica de la afiliada.
En efecto, quedó demostrado que la entidad accionada negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez a la usuaria, con desconocimiento
manifiesto de las reglas jurisprudenciales edificadas por esta Corporación, por
lo que, la accionante cumplía con los requisitos para acceder a la prestación
pensional. De esta suerte, no le era aplicable el artículo 72 de la Ley 100 de
1993 y la sugerencia de solicitar la devolución de saldos, es una actuación que
induce en error a la actora, pues de materializarse la elección de la opción
propuesta por la administradora de pensiones, implicaría la renuncia de su
derecho pensional, lo cual terminaría por agravar aún más su delicada situación
y generaría un déficit de protección de sus garantías fundamentales que en todo
caso debe ser prevenido por esta Corporación.
Además de lo anterior, las decisiones proferidas por las
administradoras de fondos de pensiones, se encuentran sometidos al control
judicial, bien sea por la vía ordinaria o a través del ejercicio de la acción
de tutela como en el caso de la referencia, por lo que la negación del
reconocimiento pensional realizado por esas entidades no es definitivo y no
pueden generarse sugerencias que impliquen la renuncia a su derecho pensional que
les asiste a los afiliados. Esta práctica no encuentra una justificación
constitucionalmente válida, pues reconduce la voluntad de los usuarios, quienes
además se encuentran en una situación manifiesta de vulnerabilidad causada por
su enfermedad degenerativa y su precaria situación económica, hacia un
escenario regresivo de sus derechos prestacionales, en especial su derecho a la
pensión, situación que impacta de manera directa en sus derechos fundamentales
al mínimo vital y a la información.
45. Con base en lo expuesto, la Sala ordenará
a COLFONDOS que en adelante se abstenga de sugerir a quienes soliciten el
reconocimiento de su pensión de invalidez, acogerse la devolución de saldos por
invalidez contenida en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, cuando existe duda
sobre la existencia del derecho.
Conclusiones
La Sala responde al problema jurídico formulado de la siguiente
manera:
46. En el expediente T-5.516.581, COLPENSIONES
vulneró los derechos fundamentales del actor porque no podía negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en la falta de
acreditación de semanas con anterioridad a la fecha de estructuración, pues
para ese momento tenía seis (6) años de edad y además, se trataba de
enfermedades crónicas y progresivas, que le permitieron al usuario realizar
aportes con posterioridad a la estructuración de su invalidez, las cuales
debieron ser tenidas en cuenta al momento de resolver su solicitud.
En el caso del expediente T-5.497.028, COLFONDOS desconoció los
derechos fundamentales de la señora Jenny Milena Vargas Hernández, al negarle
la pensión de invalidez con base en la supuesta falta de acreditación de los
requisitos legales, en especial, la falta de semanas cotizadas durante los 3
años anteriores a la configuración de su incapacidad, no obstante la accionante
acreditó que realizó aportes con posterioridad a la estructuración de su
invalidez.
47. A tal conclusión
llegó la Sala luego de reiterar las reglas jurisprudenciales de procedencia de
la acción de tutela para reclamar derechos pensionales, cuando los mecanismos
ordinarios no son idóneos ni eficaces; o se pretende evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.
48. De igual manera, se
reiteró la jurisprudencia de la Corte en relación con el derecho fundamental a
la seguridad social, su carácter constitucional y la íntima relación que guarda
con el derecho fundamental al mínimo vital, por lo que en su garantía cuando se
trata de personas en condición de discapacidad, adquiere una indiscutible
relevancia constitucional.
49. La Sala estableció que en ocasiones no
existe identidad entre la fecha de estructuración de la invalidez y el retiro
efectivo y material del mercado laboral del trabajador, puesto que se trata de
padecimientos que se agravan paulatinamente en el tiempo debido a su naturaleza
crónica y degenerativa, lo que implica que realizó cotizaciones con
posterioridad al momento médico en que se estableció su incapacidad laboral. En
estos casos la fecha de estructuración jurídica de la invalidez surge el día en
que la persona pierde de forma definitiva y permanente su capacidad laboral, es
decir, hasta cuando presentó su solicitud de reconocimiento pensional, lo que
implica que las instituciones encargadas del reconocimiento pensional deben
tener en cuenta los aportes a pensiones realizados con posterioridad a la fecha
de estructuración determinada por la Junta de Calificación de Invalidez, cuando
el trabajador ha realizado cotizaciones por largos periodos de tiempo.
En otras palabras, en materia de pensión de invalidez los
fondos administradores de pensiones al momento de resolver sobre el
reconocimiento de ese derecho pensional, están en la obligación constitucional
y legal de establecer o verificar las cotizaciones realizadas por el
solicitante con posterioridad a la fecha de la estructuración de su enfermedad
o accidente, para tenerlas en cuenta al proferir la decisión respectiva.
Decisión
Con fundamento
en lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- En relación con
el expediente T-5.516.581, REVOCAR la sentencia del 14 de enero de 2016,
proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Cuarta Civil, Familia, que a su vez había confirmado la
sentencia del 25 de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Barranquilla. En su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Martín Marín
Hernández.
Segundo.- ORDENAR a
COLPENSIONES que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, proceda a reconocer y pagar al accionante la pensión de
invalidez, conforme a los artículos 39 y siguientes de la Ley 100 de 1993, este
último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Tercero.- ORDENAR a COLPENSIONES que dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reconocer y pagar
al actor los retroactivos que no hayan prescrito para su cobro.
Cuarto.- En
relación con el expediente T-5.497.028, REVOCAR la sentencia del 14 de
diciembre de 2015, proferida en única instancia por el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá. En su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Jenny Milena
Vargas Hernández.
Quinto.- ORDENAR
a COLFONDOS que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, proceda a reconocer y pagar a la accionante la pensión de
invalidez, conforme a los artículos 39 y siguientes de la Ley 100 de 1993, este
último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Sexto.- ORDENAR
a COLFONDOS que de manera inmediata se abstenga de hacer sugerencias a los
usuarios que soliciten el reconocimiento de su pensión de invalidez,
relacionadas con acogerse a la devolución de saldos por invalidez con base en
el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, cuando la existencia del derecho se
considere dudosa.
Séptimo.- Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 2 cuaderno de revisión.
[2] Folios 1 y 23 cuaderno principal
que contiene fotocopia de la cédula de ciudadanía número 8.531.915 que
pertenece al actor.
[3] Folio 1 v cuaderno principal.
[4] Ibídem.
[5] Folio 27 cuaderno principal.
[6] Folio 1v cuaderno principal.
[7] Folio 33-34 del cuaderno
principal.
[8] Folio 36 del cuaderno principal.
[9] Folio 2v. cuaderno principal.
[10] Folio 2v cuaderno principal.
[11] Folios 2v-3 cuaderno principal.
[12] Folio 3 cuaderno principal.
[13] Folio 44 cuaderno principal.
[14] Folios 38-43 del cuaderno
principal.
[15] Folio 3v del cuaderno principal.
[16] Folios 5v y 6 cuaderno principal.
[17] Esta decisión fue comunicada
mediante oficio No. 1492 del 15 de septiembre de 2015, visible a folio 67 del
cuaderno principal.
[18] Folios 51-52 cuaderno principal.
[19] Folio 52 del cuaderno principal.
[20] Folios 6-9 cuaderno de segunda
instancia.
[21] Folio 8v cuaderno de segunda
instancia.
[22] Folio 22 cuaderno de revisión.
[23] Folios 24 y 24v cuaderno de
revisión.
[24] Información contenida en la
página http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx, consultada el 9 de
agosto de 2012.
[25] Información contenida en la
página http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx, consultada el 9 de
agosto de 2012.
[26] Folios 23-30 cuaderno principal.
[27] Folio 77v. cuaderno principal.
[28] Folios 31-35 cuaderno principal.
[29] Folios 133-134 cuaderno
principal.
[30] Folios 150-153 cuaderno
principal.
[31] Folio 152v cuaderno principal.
[32] Ver entre otras, Sentencias
T-549 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldan, T-777 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[33] Folio 2 cuaderno principal.
[34] Ver sentencias T-1015 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, entre otras.
[35] Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra
toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta
ley.
[36]https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20537#Ancla_1
[37] M.P. Fabio Morón Díaz.
[38] M.P. Fabio Morón Díaz
[39] Sentencia T-805 de 2012 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[40] Sentencia T-834 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[41] Sentencia T-485 de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[42] Sentencias T-1009 de 2006 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[43] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Sentencias
T-526 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. y T-692 de 2006 M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[45] Sentencia T-654 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[46] M.P. María Victoria Calle Correa
[47] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] Folio 27 cuaderno principal.
[49] Folio 3 cuaderno principal.
[50] Folio 22 cuaderno de revisión.
[51] Folio 33 cuaderno principal.
[52] Folio 3 cuaderno principal.
[53] Folio 3 cuaderno principal.
[54] Folio 44 cuaderno principal.
[55] Artículo 26 Ley 100 de 1993.
[56] Sentencia T-031 de 1998 M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[57] Aclara la Sala que la
argumentación presentada no desnaturaliza la esencia de la institución de la
revocatoria directa, la cual de ninguna manera configura un instrumento para
revivir términos y su procedibilidad es excepcional y está condicionada a la
acreditación de las especificas causales contenidas en el artículo 93 del
C.P.A.C.A.
[58] Sentencias T – 800 de 2012 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio., T – 436 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T – 108
de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
Sentencias
T – 800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T- 859 de 2004 M.P. Clara Inés
Vargas.
[60] Sentencias
T – 328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 456 de 2004 M.P. Jaime
Araújo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras.
[61] Folios 38-39 cuaderno principal.
[62] Ver, entre otras, las
sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010, reiterado en sentencia T-230 de 2013
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[63] Sentencia T–021 de 2010 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] Sentencia T–406 de 1992 M.P. Ciro
Angarita Barón.
[65] Sentencia T–021 de 2010 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[66] Sentencia T-859 de 2003 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[67] Sentencia T–1318 de 2005M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto. reiterado
en sentencia T–468 de 2007 con ponencia del mismo Magistrado. Ver también
sentencia T–760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-713 de 2014 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social, Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observación General No. 19 El derecho a la seguridad social (Artículo 9), 39ª
período de sesiones 5 – 23 de noviembre de 2007. Ginebra. Párrafo 1.
[69] Ibídem párrafo 2.
[70] Aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, 1948.
[71] El artículo en mención establece:
“Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en
su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio
por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas
de la invalidez.”
[72] El
artículo en mención establece: “Para efectos de la calificación de la invalidez, los calificadores
se orientarán por los requisitos y procedimientos establecidos en el presente
manual para emitir un dictamen. Deben tener en cuenta que dicho dictamen es el
documento que, con carácter probatorio, contiene el concepto experto que los
calificadores emiten sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la
invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en:
a) Consideraciones de orden
fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los
hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte,
indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales
sucedieron; y el DIAGNOSTICO CLINICO de carácter técnico-científico, soportado
en la historia clínica, la historia ocupacional y con las ayudas de diagnóstico
requeridas de acuerdo con la especificidad del problema.
b) Establecido el
diagnóstico clínico, se procede a determinar la PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL
del individuo, mediante los procedimientos definidos en el presente manual. En
todo caso, esta determinación debe ser realizada por las administradoras con
personal idóneo científica, técnica y éticamente, con su respectivo reconocimiento
académico oficial. En caso de requerir conceptos, exámenes o pruebas
adicionales, deberán realizarse y registrarse en los términos establecidos en
el presente manual.
c) Definida la pérdida de la
capacidad laboral, se procede a la CALIFICACION INTEGRAL DE LA INVALIDEZ, la
cual se registra en el dictamen, en los formularios e instructivos que para ese
efecto expida el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben
registrar por lo menos: el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte,
el grado de pérdida de la capacidad laboral causado por el accidente o la
enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la fundamentación con
base en el diagnóstico y demás informes adicionales, tales como el reporte del
accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.
d) El dictamen debe contener
los mecanismos para que los interesados puedan ejercer los recursos legales
establecidos en las normas vigentes, con el objeto de garantizar una
controversia objetiva de su contenido en caso de desacuerdo, tanto en lo
substancial como en lo procedimental.
PARAGRAFO. Las consecuencias
normales de la vejez, por sí solas, sin patología sobreagregada, no generan
deficiencia para los efectos de la calificación de la invalidez en el Sistema
Integral de Seguridad Social. En caso de co-existir alguna patología con dichas
consecuencias se podrá incluir dentro de la calificación de acuerdo con la
deficiencia, discapacidad y minusvalía correspondientes.”
[73] Sentencia T – 424 de 2007 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[74] Artículo 7 del Decreto 917 de
1999.
[75] Sentencia T – 561 de 2010 M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[76]  Casación de 17 de agosto de 1954, citada en Constaín,
Miguel Antonio. Jurisprudencia del Trabajo volumen II, edit. Temis, Bogotá
1967. Pág. 725. Citada a su vez en la sentencia de esta Corporación T – 561 de
2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[77] Sentencia T – 697 de 2013 M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, T-713 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] Sentencia T-158 de 2014 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[79] Ibídem.
[80] Sentencia T-699A de 2007 M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[81] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[82] M.P. María Victoria Calle.
[83] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[84] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[85] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[86] Al respecto ver las sentencias
T-737 de 2015, T-065 de 2016 ambas con ponencia de la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado y la T-080 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre
otras.
[87] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva
[88] Sentencia T-825 de 2008 M.P.
Mauricio González Cuervo.
[89] Folio 23 cuaderno principal que
contiene la cédula de ciudadanía número 8.531.915 que pertenece al actor.
[90] Folio 38-43 certificación
expedida por el ISS periodo de informe desde enero de 1967 hasta agosto de
2010.
[91] Folios 33-37 cuaderno principal
que contienen las resoluciones que negaron la pensión de invalidez del
accionante, en las que se hace referencia al dictamen que calificó la pérdida
de capacidad laboral.
[92] Folio 27 cuaderno principal.
[93] Folios 33-37 cuaderno principal.
[94] Conforme al dictamen médico
laboral sobre invalidez emitido por el doctor Jorge Luis Rivera, medico laboral
del ISS, del 8 de septiembre de 2008. (fol. 33 cuaderno principal)
[95] BERMÚDEZ, Katherine, Principios
de norma más favorable, condición más beneficiosa e indubio pro operario.
Universidad Externado de Colombia, año 2015, Bogotá,  p.17. A tales principios
en el derecho laboral, se les ha reconocido una triple función: “a) Una
función informadora porque inspiran al legislador o al intérprete, sirviendo
como fundamento del ordenamiento jurídico. // b) Una función normativa porque
actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley. Son medios de
integrar el Derecho. // c) Una función interpretadora porque operan como
criterio orientados del juez o del intérprete. Y además, como criterio de
inspiración o información de la norma”. Citada en la sentencia T-737 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[96] “El Congreso expedirá el estatuto
del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.”
[97] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Laboral. Sentencia de quince (15) de febrero de dos mil once
(2011). Exp.: 40662. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[98] Ídem.
[99] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[100] M.P. María Victoria Calle
[101] Según el reporte de semanas
cotizadas en pensiones expedido por el ISS y que obra a folios 38-43 del
cuaderno principal.
[102] Sentencia T-421 de 2011 M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[103] Folio 75 del cuaderno principal
que contiene fotocopia de la cédula de ciudadanía número 1.015.996.053 que
pertenece a la accionante.
[104] Folios 31-60 cuaderno principal
que contiene la historia clínica.
[105] Folios 23-30 cuaderno principal.
[106] Folio 77v. cuaderno principal.
[107] Folios 31-35 cuaderno principal.
[108] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[109] Por medio de la cual se crea la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones.
[110] Artículo 7 Ley 1712 de 2014
[111] Artículo 7 ibídem.
[112] Artículo 8 ibídem.