T-924-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-924/02
PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales
DEBIDO PROCESO DE
PERSONA JURIDICA-Titularidad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no ejercicio oportuno de
recursos
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir términos
judiciales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia sobre controversias en
modalidad del seguro convenido y monto de la indemnización
PREJUDICIALIDAD-Jueces deben ser estrictos y cuidadosos en
aplicación de las normas
En cuanto a la
prejudicialidad, resulta necesario destacar que los jueces deben ser estrictos
y cuidadosos en aplicación de las normas que la rigen, dada la demora en las
decisiones que comporta la suspensión de los procesos, y en razón de que la
economía procesal y la celeridad de las decisiones judiciales que reclama un
orden justo, indica evitar las dilaciones al máximo, definiendo, entonces,
dentro del mismo asunto, hasta donde ello fuere posible, todos los aspectos
atinentes a la controversia.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Controversia
sobre contrato de seguro que dio lugar a indemnización
Referencia:
expediente T-621.437
Acción de tutela
instaurada por Aseguradora Colseguros S.A. contra el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Cali y otro.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C.,
treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Araujo Rentería, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de las decisiones tomadas por la Salas Civil y Laboral de la H. Corte
Suprema de Justicia, el 6 de mayo y el 13 de junio del presente año
respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por la Aseguradora
Colseguros S.A. contra el Juez Noveno Civil del Circuito y la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Cali.
I.
ANTECEDENTES
La Aseguradora Colseguros S.A., por
intermedio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Juez Noveno
Civil del Circuito y de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Cali,
motivada en que los accionados quebrantaron sus derechos al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, dentro del proceso Ejecutivo que fuera
promovido en su contra por Contenedores & Servicios S.A.
Aduce el apoderado de la actora que el
Juzgado y la Sala accionada incurrieron en vía de hecho i) en razón de que el
Juzgado le ordenó a la Aseguradora pagar una obligación inexistente y la Sala
decidió mantener la decisión; ii) debido a que el Juzgado no suspendió el
proceso Ejecutivo en mención, no obstante haber sido informada de que se
tramitaba un proceso ordinario que incidía en la decisión, y iii) porque en
primera instancia se ordenó seguir adelante con la Ejecución y en la segunda se
confirmó la providencia, dando lugar a que la Ejecutante sea indemnizada por “un
daño o perjuicio que no sufrió, que no ha sufrido y que no sufrirá, en abierta
contradicción con las normas que regulan el seguro de daños”.
1. Hechos
De conformidad con
las pruebas aportadas al expediente se pueden dar por ciertos los siguientes
hechos:
1. Entre las sociedades Intermundial de
Asesorías Aduaneras Ltda. y Contenedores & Servicios S.A. se celebró un contrato
de depósito, a fin de que en las dependencias de esta última, en la ciudad de
Buenaventura, permanecieran 3.926 vehículos Hyundai entre el 16 y el 31 de
julio de 1996. En consecuencia la depositaria expidió a cargo de la depositante
las facturas cambiarias de compraventa 18492, 18493 y 18494, el 12 de agosto de
1996, por valor de $1.705.000, $2.462.000, y $12.543.600 respectivamente, por
razón del almacenaje de los automotores.
2.
Hyundai Motor CO. LTD. Hyundai Corporation, y Hyundai Marine & Fire
Insurance Company LTD. celebraron un contrato de seguro, con el objeto de que
ésta respondiera por los daños que sufrieran los vehículos de propiedad de la
primera, “para lo cual se expidió la póliza de carga No. E9509HI del 1° de
septiembre de 1995.” –folio 32, cuaderno 2-.
3.
Aseguradora Colseguros S.A. y Contenedores & Servicios y S.A., esta última
como tomadora, asegurada y beneficiaria, celebraron sendos contratos de seguro
de transporte y de incendio, pólizas 725000677 y 521417-1, con amparo de
permanencia y de anegación respectivamente, a fin de amparar mercancías varias,
hasta por el valor de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000.00).
4. El
27 de julio de 1996 un fuerte aguacero afectó las mercancías depositadas en los
patios de Contenedores & Servicios S.A. En consecuencia el 30 de julio de
1996 ésta le informó a Colseguros que la precipitación “ocasionó la mojada
de 250 vehículos de la Hyundai Colombia automotriz”; y pidió instrucciones
“sobre los pasos a seguir”.
5. El
14 de agosto de 1996, el Gerente Financiero de la Hyundai Colombia Automotriz
S.A. le envió al Gerente de Contenedores & Servicios una comunicación
informándole que el costo de la reparación de 236 vehículos de su propiedad,
aproximadamente, en razón de los daños ocasionados por “haberse introducido
agua”, ascendía a $132.000 por vehículo; valor que debía adicionarse con el
valor de la estadía de las personas que se trasladarían en los días siguientes
a la ciudad de Buenaventura, con el fin de adelantar los trabajos.
6. El
27 de agosto de 1996 la Aseguradora Colseguros S.A. designó a la empresa
Interajustes Ltda. para determinar las causas que ocasionaron las pérdidas a
que se hace referencia, el valor real de las mismas y el salvamento, si lo
hubiere, respecto del siniestro que afectó la Póliza de Transportes 521417-1.
Además la ajustadora debía mantener informada a la contratante sobre el
desarrollo de su labor.
También
Contenedores & Servicios S.A. fue informada de la anterior designación, e
instada para que presentara “por escrito y directamente en nuestras oficinas
su reclamación (..)”.
7 El
26 de septiembre de 1966, el Gerente de Contenedores & Servicios S.A. le
envió a Interajustes Ltda. “con el fin de ir recolectando la información del
siniestro (..)”, entre otros documentos, una comunicación recibida de la
Hyundai Colombia Automotriz S.A. en la que ésta i) le informa sobre la
finalización de la labor de reconocimiento de los daños causados a los
vehículos de su propiedad, ii) destaca que se pudo establecer averías en 416
automotores, y ii) evalúa la pérdida en $1.566.062.935, aproximadamente.
8. El
9 de enero de 1997, el Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Buenaventura expidió una certificación que dice:
“(..) el día 27 de
julio de 1996, cayó en la ciudad de Buenaventura un fuerte aguacero causando
inundaciones en varias partes especialmente en el local donde funciona
CONTENEDORES & SERVICIOS LTDA. ubicado en la avenida porturaria (sic) en
los predios de la antigua Zona Franca Industrial y comercial de Buenaventura,
el tuvo muchas pérdidas (sic).”
9. El
7 de mayo de 1998, la representante legal de la sociedad Proactivos S.A., se
dirigió al representante legal de Contenedores y Servicios S.A., a nombre y
representación de la Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd., “en
ejercicio de la acción de subrogación que consagra el artículo 1096 del Código
de Comercio para reclamarles (..) la suma de $1.064.397.591 pesos colombianos
que dicha aseguradora indemnizó a Hyndai Colombia Automotriz S.A.”.
10.
El 18 de junio de 1998, el doctor Ramiro Valencia López, “en ejercicio del
poder que me fue conferido por la sociedad Contenedores & Servicios S.A.”,
presentó a la Aseguradora Colseguros S.A. “reclamo formal” por el
siniestro ocurrido en las instalaciones de su representada el día 27 de julio
de 1996, “ocasionado por un fuerte aguacero que produjo una fuerte
inundación en los patios de la empresa cuando se encontraban en tránsito y amparados
por la Póliza de Transporte con anexo de permanencia N°. 521417-1, 416
vehículos de propiedad de Hyundai Colombia Automotriz S.A. (..)”.
Para
el efecto i) le informa a la aseguradora que Hyundai Marine & Fire
Insurance Co. Ltd., como subrogataria, por haber efectuado el pago del
siniestro a la propietaria de los vehículos, en cuantía de $1.064.397.591,
emprendería las acciones legales correspondientes para obtener el pago de la
indemnización; ii) le recuerda a la obligada la intervención de Interajustes
Ltda. y la recepción por su parte de la documentación atinente al siniestro; y
iii) dice anexar los documentos que soportan sus afirmaciones y las actuaciones
referidas en su escrito.
11.
El 27 de julio de 1998, Contenedores & Servicios S.A., por intermedio de
apoderado, presentó demanda ejecutiva contra Aseguradora Colseguros S.A. Para
el efecto, entre otros hechos, el demandante, adujo:
“Ha transcurrido más
de un mes desde la última comunicación en la cual se le anexan los comprobantes
que soportan el reclamo, sin que ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. se pronuncie sobre
este reclamo, ya sea objetándolo o aprobándolo. O sea que el asegurador no ha
objetado en forma seria y fundada la reclamación, tal como lo exige el numeral
3. del art. 1053 del Código de Comercio. Por el contrario mi poderdante si dio
cumplimiento a lo establecido en el art. 1007 inciso primero del Código de
Comercio, presentando el reclamo en forma legal.”
12.
El 25 de septiembre de 1998 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali ordenó
a la Aseguradora Colseguros S.A. pagar a favor de Contenedores & Servicios
S.A. i) la suma de $1.064.397.591 como capital, “que es la suma reclamada en
virtud a los daños causados a los vehículos amparados con la póliza de seguro
N. 521417-1 con anexo de permanencia” e ii) intereses moratorios al 56.41%
anual liquidados desde julio de 1998 hasta su cancelación total.
13.
La Aseguradora Colseguros S.A., por intermedio de apoderada i) interpuso en contra
del mandamiento referido los recursos de reposición y de apelación, ii)
contestó la demanda, y iii) propuso excepciones previas y de mérito.
-Para
fundamentar los recursos interpuestos contra la orden de pago, la ejecutada i)
afirmó que el mandamiento de pago debía reponerse o en subsidio revocarse,
porque el Juzgado accionado no podía tener como título ejecutivo el documento
anexo a la demanda, por no cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 1077 del Código de Comercio, ii) indicó que el escrito en cuestión no
demuestra “que existió el siniestro y la cuantía de éste”, y, iii) puso
de presente que la persona que presentó “la pretendida reclamación no
acreditó el mandato expreso del asegurado para tal fin”.
-Al
contestar la demanda Colseguros i) reconoció la ocurrencia de un fuerte
aguacero el día 27 de julio de 1996, en las instalaciones de Contenedores en
Buenaventura, que ocasionó daños a las mercancías depositadas en ellas; ii)
sostuvo que la depositaria presentó una reclamación a causa de los daños
causados, que afectaba la Póliza de Transporte 521417-1, pero que esta
reclamación luego de su presentación fue retirada; iii) afirmó que todos los
trámites y la documentación presentada por la asegurada, en relación con los
daños ocasionadas a las mercancías que mantenía en depósito en sus
instalaciones, hicieron referencia a la Póliza de Incendio N°. 725000677-2, e
iv) informó que su poderdante atendió la reclamación presentada por esta
última.
-La
apoderada fundó las excepciones previas en la ineptitud de la demanda por falta
de requisitos formales, debido a que la acción ejecutiva se supedita a la
entrega del asegurado a la aseguradora de la reclamación, acompañada de los
comprobantes que demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la
pérdida, carga que el asegurado no cumplió.
Para
fundamentar su afirmación asegura i) que el trámite iniciado por la asegurada,
a raíz de los sucesos del 27 de julio de 1996 en sus instalaciones, y que dio
lugar a la designación de la empresa que adelantó el ajuste, fue retirado por
el representante legal de Contenedores mediante comunicación de noviembre 14 de
1996; y ii) que dadas las falencias del documento presentado por quien dijo ser
apoderado de la sociedad antes nombrada, sin demostrarlo, la Aseguradora no
estaba obligada a objetar la reclamación.
-Como
excepciones de mérito la Aseguradora ejecutada propuso i) la de prescripción,
porque “han pasado más de dos años que la ley prevé (sic) para que se
consuma el fenómeno extintivo.”; ii) la de exclusión del riesgo, porque las
“pérdidas o daños que se origen en variaciones naturales climatológicas”
no fueron amparadas, iii) la de inexistencia de la obligación, habida cuenta
que “está demostrado que ante la aseguradora no se ha formalizado
reclamación alguna que contenga los comprobantes de la ocurrencia del siniestro
ni las que demuestran (sic) la cuantía de la pérdida”; y iv) la genérica,
en cuanto “compete al señor Juez declarar fundada cualquier excepción cuyos
hechos se encuentren probados”.
14.
Mediante providencia del 8 de marzo de 1999, el Juzgado accionado mantuvo la
orden de pago y concedió el recurso de apelación interpuesto.
-El
Juzgado consideró i) que la asegurada presentó la Póliza que prueba el contrato
de seguro, ii) que la misma anexó “la prueba explicativa y completa de la
reclamación”, porque narró lo acontecido, demostró que el hecho ocurrió, y
probó la cuantía del mismo, y iii) que “revisada muy detenidamente la prueba
aportada en la demanda (..) no aparece con la misma el documento con el cual la
reclamada da respuesta a la sociedad reclamante (..)”.
Para
el efecto se detuvo en el informe del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura,
analizó la intervención e investigaciones adelantadas por Interajustes Ltda.,
empresa designada por la Aseguradora –“para establecer las circunstancias en
que se presentó el evento (..) y la cuantía de las pérdidas sufridas”-. Y
tuvo en cuenta la reclamación presentada por Proactivos Ltda. a nombre de
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd., por el mismo valor que la
providencia recurrida ordenó pagar.
-En
decisión de 30 de noviembre de 1999 la Sala accionada confirmó la anterior
decisión, adujo que i) “hubo reclamación formal”, ii) que “quedaron
establecidos la ocurrencia del siniestro, el daño y su cuantificación, con los
documentos analizados, los cuales dan soporte a la reclamación remitida a la
aseguradora en la fecha citada”; y iii) que además de no haber prueba de la
objeción, “la apoderada de la aseguradora confiesa que su representada no
objetó por considerar que la reclamación no era formal”. Dice así la
providencia:
“El reparo de la
apoderada de la apelante acerca de que a la reclamación no acompañó la
demandante dicha documentación, y de que en ella no dijo sacramentalmente que
recaba-ba (sic) el pago de los daños por la suma mentada, no pasa de ser una
argucia formalista que rebasa una interpretación racional de los artículos
1.053 y 1.077 del C. de Co: ninguna de estas normas pide, con rigor
insoslayable, con rigor que no deje duda alguna de una exigencia puntual, que
al respaldo del escrito de reclamación deban coserse los documentos requeridos
por la primera, por cumplir los de la segunda, en absoluto. Lo que debe
entenderse en sana lógica, para que la aseguradora sepa claramente qué se
reclama, como base en qué y por qué concepto, es que se indique la póliza
afectada, el siniestro de que se trata, los daños ocasionados y el valor de
éstos.
Ahora bien, la
documentación pertinente se entregó a los ajustadores que la aseguradora
designó y cuya labor de intermediación comprende necesariamente, a su vez, la
de entregar la documentación que ellos van requiriendo, a quien los contrata y,
aunque su labor debe ser equidistante entre aseguradora y beneficiario por la
labor propia de la intermediación, resulta inevitable que actúen, y está muy
bien que así lo hagan, como verdaderos auditores en la recolección de la prueba
de los aspectos aquí tratados, complementada con la de establecer el valor del
salvamento de lo que resulte  rescatable en cada caso. Luego, si esto es así,
no puede venirse a argumentar que la compañía aseguradora estuvo ajena a dicha
prueba, para alegar que la reclamación en el caso que nos ocupa quedó huérfana
en este sentido.
Por último, el reparo
de que el abogado que suscribió y envió la reclamación no acompañó poder
suficiente para hacerla, en nada le resta formal y sustancialmente hablando,
porque ella indica claramente que lo hizo a nombre y en representación de su
mandante, esto es, de Contenedores & Servicios S.A. Este habría sido un
motivo más para objetar la reclamación, pues el abogado está indicando que,
para el efecto, recibió poder especial, aunque no lo entregó. Si aun en
actuaciones ante los jueces la ley acepta la agencia oficiosa, no se ve cómo entre
particulares venga a resultar el trato más estricto y formalista que en los
procesos judiciales. En el caso, para efectos del ejecutivo, la omisión del
poder en la reclamación, quedó superada con el conferido por el demandante al
mismo abogado, para el proceso, pues se toma como ratificación del reclamo a
nombre de ésta”.
15.
Mediante providencia del 31 de mayo de 2000 el Juzgado accionado declaró no
probada la excepción previa formulada, porque “tienen marcada connotación de
excepciones de mérito o de fondo”, y “las mismas argumentaciones fueron
presentadas como apoyo al recurso interpuesto al mandamiento de pago, asunto ya
definido y confirmado por el Tribunal (..)”.
16.
El 8 de junio de 2000, la apoderada de Colseguros S.A. i) llamó la atención del
Juez accionado sobre “una copia de la demanda ordinaria de Responsabilidad
Civil aportada por el demandante (..) formulada por Hyundai Marine & Fire
Insurance Company Ltda. contra Contenedores y Servicios Ltda.”, ii) sostuvo
que “esta puede tener incidencia en la decisión que en este proceso de
ejecución se produzca”, y iii) solicitó tenerla en cuenta dicha copia “en
el momento procesal oportuno decretando la suspensión del proceso”.
-La
demanda, a que la apoderada de Colseguros S.A. hacía referencia fue presentada
por Hyundai Marine & Fire Insurance Company Ltd., por intermedio de
apoderado, ante el Juzgado Civil del Circuito de Buenaventura, a fin de que
Contenedores & Servicios S.A, fuera declarada “civilmente responsable de
la totalidad de los perjuicios ocasionados a HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.,
por los daños causados a los 416 vehículos marca Hyundi que tenía en custodia,
en virtud del contrato de deposito que celebró con esta última”.
Y, en
consecuencia, condenada a pagar (1) la suma de $1.064.398.571.00,
correspondiente al valor de la indemnización que la actora reconoció a la
propietaria de los vehículos, por razón de los daños sufridos estando bajo
custodia de la demandada, (2) la depreciación monetaria o pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, y los intereses corrientes causados desde el día 28
de enero de 1997 hasta el día en que se efectúe el pago de dicha suma, y (3)
las costas procesales.
Como
sustento de sus pretensiones la demandante, entre otros hechos, adujo i) que el
día 27 de julio de 1996, estando 416 vehículos de propiedad de la sociedad
Hyundai de Colombia Automotríz S.A. bajo la custodia y el cuidado de la
demandada cayó un fuerte aguacero en la ciudad de Buenaventura, ii) que como
consecuencia de la precipitación, y debido a que los desagües del patio donde
Contenedores & Servicios S.A. mantenía los vehículos “estaban en malas
condiciones”, estos sufrieron “daños graves”; y iii) que conforme al
ajuste realizado por Khori Average Adjuster Ltda., el daño ascendió a la suma
de $1.064.000.000.00.
-Contenedores
& Servicios.A., por intermedio de apoderado, mediante escrito presentado el
22 de julio de 1999, contestó la demanda a que se hace referencia, i) reconoció
algunos hechos, ii) se sometió a la prueba de otros, iii) propuso excepciones
de fondo –falta de legitimación en la causa, prescripción y causa extraña o
fuerza mayor-; iv) llamó en garantía a Hyandai Colombia Automotriz S.A. Y se
opuso a las pretensiones.
-Mediante
providencia de junio 16 del 2000, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali
no accedió a la suspensión solicitada por la apoderada de Colseguros S.A.,
dentro del proceso Ejecutivo a que se hace mención, “pues, en consideración
del juzgado, la decisión que se tome en el proceso ordinario aludido no influye
necesariamente en la sentencia que dentro de este asunto se debe proferir”.
La
providencia anterior no fue recurrida.
17.
Mediante sentencia proferida el 19 de Diciembre de 2000, el Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Cali declaró no probadas las excepciones propuestas.
Sobre
la excepción de prescripción el Juzgado accionado consideró.
(..) está establecido
claramente que la misma fue presentada el 27 de julio de 1998, lo que permite afirmar,
sin lugar a dudas, que no se encontraba prescrita la acción cuando se presentó
la demanda, ya que la fecha en que se presume que se enteraron de los hechos
los interesados es la del aviso del siniestro mediante carta enviada el 30 de
julio de 1996, lo que está claro en documento (sic) aportados por la misma
parte demandada como es el que aparece a folios 120 donde se dice: “En julio
(sic) 30 de 1996 la empresa notificó a Colseguros S.A.”. Por lo tanto al 27 de
julio de 1996 fecha en que se presentó la demanda no se había completado el
plazo que permite alegar el fenómeno extintivo por prescripción de la acción
(..)”.
Respecto
de la excepción de exclusión del riesgo, formulada por la apoderada de la
aseguradora ejecutada, porque el siniestro se debió a variaciones
climatológicas, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali expuso:
“Esta argumentación
fue debatida y refutada por la parte demandante a través de una prueba pericial
mediante la cual se demostró que el fenómeno lluvioso en la ciudad de Buenaventura
es tan frecuente que no podría hablarse de variación en el clima por un fuerte
aguacero, pues es lo corriente en esa ciudad. Este juzgado considera que el
alcance del significado de clima no es exactamente identificable con el
fenómeno lluvioso, sino que es la conjunción de varios elementos lo (sic) que
determinan el clima de una región, por lo que consideramos que el evento de un
fuerte aguacero no determina, por si solo, una variación en el clima y menos en
Buenaventura, donde se dan en forma permanente. Sobre este punto tampoco la
parte demandada aportó prueba conducente a la demostración de la variación y,
por el contrario, el informe del “IDEAM” sobre la frecuencia del fenómeno
lluvioso para la época en el (sic) acaeció el siniestro, demuestra que estaba
dentro de lo normal y no significó una variación en el clima el aguacero
ocurrido.”
Con
relación a la excepción de inexistencia de la obligación, formulada con
fundamento en que la Asegurada no presentó reclamación formal del siniestro, y tampoco
demostró la ocurrencia del daño, ni su cuantía, el Juzgado en cita adujo:
“(..) se considera que
existe claridad en torno a que el reclamo si se presentó en debida forma. La
prueba testimonial solicitada por la parte demandada, consistente en la
declaración del señor Ramón Enrique Parra Acosta, además de constatar las
circunstancias de modo tiempo y lugar del siniestro, no sirve para enervar la
documentación presentada en el reclamo específico sobre la tan citada póliza de
transporte, ya que en esa declaración el testito expresamente dice que fue
llamado para atender un aviso “por un siniestro denominado anegación que había
afectado una póliza de incendio suscrita par esa aseguradora”.(Folio 1 Cdno. –sic-
6) Al ser preguntado sobre los “medios técnicos o científicos o de trabajos
contaban (sic) ustedes para determinar el estado de la perdida”. CONTESTO. Para
este en particular nos valimos primeros delas inspecciones por las visitas que
se realizaron en los patios y/o bodegas de Contenedores y Servicios, donde
pudimos constatar por el estado en que se encontraban las partes
correspondientes a fieltros, tapetes y aceite, el grave daño por la inundación
que soportaron los vehículos, y ya que los mismos técnicos especializados del
Hyundai Colombia Automotriz están realizando los cambios, al momento de nuestra
primera visita, verificados la cantidad de vehículos que presentaban esos daños
procedimos a solicitar al asegurado Contenedores y Servicios que obtuvieran el
valor de dichos trabajos y una vez recibidos los costos de los mismos,
analizados y encontrados a ajustados a la cantidad de vehículos afectados
vistos, procedimos a incluir esos valores en la liquidación que presentamos en
nuestro reporte final a Aseguradora Colseguros.”. Estas afirmaciones en nada
desvirtúan la documentación que se presentó con el reclamo para la póliza de
transporte. ni (sic) arrojan luces en cuanto a la precisión de los daños y el
valor de los mismos. Correspondiéndole entonces a la parte demandada ésta carga
probatoria no puede prosperar la excepción planteada. En cuanto al segundo
aspecto de esta excepción, que apunta a señalar la supuesta renuncia de la
sociedad Demandante al reclamo la parte Demandada presenta como prueba dos comunicaciones
fechadas el 14 de noviembre de 1996, pero recibidas, según consta en los sellos
el día 20 de noviembre la primera y el 25 de noviembre la segunda (..).
(..)
Con estas pruebas la
parte demandada pretende demostrar que no existe la obligación de
indemnizar por parte de la aseguradora, ya que Contenedores y Servicios retiró
el reclamo y aceptó el pago de la póliza de incendio.
De la interpretación
gramatical y de la expresión literal de las comunicaciones este Juzgado
concluye que en ellas se expresa, claramente, la intención de retirar el
reclamo para la fecha en que fueron presentadas, no obstante no creemos que a
la expresión retirar pueda dársele un sentido mas (sic) amplio de lo que
semánticamente significa, esto es, “apartar” o “separar” ( Diccionario de la
lengua española). De igual forma la solicitud de que el siniestro se atienda
por la póliza de incendio”, no permite aseverar con certeza suficiente que
significa una renuncia al derecho amparado por la póliza de transporte.
Ciertamente las razones que tuvo la sociedad demandante para dar estas
instrucciones no están claras en el proceso, pero las reglas de interpretación
de los contratos comerciales no permiten darle un significado distinto al
“sentido que tenga en el idioma castellano” (Art. 823, inciso 1°, Código de
Comercio). En tales comunicaciones en ningún momento se utilizan expresiones
como renunciar, desistir o transigir, específicamente del derecho representado
en la póliza de transporte.
(..)
En la prueba
testimonial practicada en el proceso, tampoco se logra mayor precisión sobre
éste aspecto. (..) Por las anteriores consideraciones, habida cuenta que la
carga de la prueba recae en la parte demandada y que ésta prueba no existe en
forma clara de la supuesta renuncia al derecho reclamado, no se declarará
probada la excepción de inexistencia de la obligación por las circunstancias
alegadas”.
Para
concluir el despacho en mención se refirió a la excepción denominada “Genérica”
de la que dijo:
“(..) no es de recibo
en los procesos ejecutivos, como se ha venido reiterando por la jurisprudencia
de la Corte Suprema. Además, este juzgado no encuentra documento alguno que
desvirtúe o sirva para enervar la documentación presentada en el reclamo o
configure una argumentación como excepción distinta a las planteadas.”.
18.
La apoderada de la Aseguradora impugnó la anterior decisión, la alzada le fue
concedida y el recurso admitido.
-En
audiencia pública adelantada el 17 de octubre de 2001, celebrada a instancias
de la Aseguradora impugnante, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali
escuchó las alegaciones de los apoderados de las partes, quienes presentaron
los resúmenes que a continuación se sintetizan:
El
apoderado de la Aseguradora ejecutada solicitó revocar la sentencia de primera
instancia teniendo en cuenta la falta de legitimación en la causa por activa,
dado que la ejecutante renunció expresamente “a la reclamación con cargo a
la póliza (sic) transporte que se hiciera el 14 de noviembre de 1996”,
decisión que la compromete al tenor de lo dispuesto en el artículo 1602 del
Código Civil; y, además, porque “la simple ocurrencia del daño en los carros
no puede ser constitutiva de responsabilidad para Colseguros, en la medida en
que CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. era (sic) el propietario de los mismos, y
hasta el presente no ha tenido que desembolsar ni un solo peso al dueño por
ellos”.
En
consonancia con lo expuesto el representante de los intereses de la ejecutada,
en la audiencia que se reseña, solicitó a la Sala accionada no permitir “que
se consume un injusto aumento del patrimonio del demandante, basado en los
argumentos esgrimidos por él que, de prosperar, convertirían el contrato de
seguro –por el simple hecho de pagarse unas primas- en un simple juego de azar,
al asegurado en un logrero común y corriente y a la compañía de seguros en una
mera regentadora (sic) de casa de apuestas”.
Por
su parte el apoderado de Contenedores y Servicios S.A., de antemano puso de
presente que “lo que se debate no está planteado en la contestación de la
demanda, sino que se ha querido introducir un poco subrepticiamente a través de
la frustrada intervención adhesiva y las afirmaciones de último momento en la
audiencia”.
Además
de otras consideraciones, el apoderado de la ejecutante expuso i) que contraría
el ordenamiento constitucional suponer que su representada no destinaría el
recaudo que logre “con este cobro ejecutivo (..) a pagar los daños de los
vehículos de la Hyundai”; ii) que negarle a su cliente el derecho “de
recibir el importe de la indemnización conforme lo pretende la parte demandada,
sería conculcarle claros derechos adquiridos (..)”; y iii) que la
afirmación de la ejecutada “de que no existe daño patrimonial en cabeza de
Contenedores & Servicios queda sin piso con la prueba que obra en el
proceso, de la demanda contra Contenedores y Servicios en Buenaventura.”
Y,
para concluir, solicitó confirmar la sentencia que ordenó seguir adelante la
ejecución i) porque “el riesgo asegurado eran los bienes en proceso de
nacionalización”, ii) dado que “la parte demandada no desvirtuó esos
daños”, y iii) en razón de que “la parte demandada no logró probar
ninguna de las excepciones propuestas”.
-Mediante
decisión del 11 de marzo de 2002, la Sala Civil del H. Tribunal Superior de
Cali confirmó la sentencia apelada.
Inicialmente
el Ad quem analizó el contenido de la Póliza de transporte expedida por
la Aseguradora ejecutada para amparar “automáticamente todos los despachos
(..) de mercancías varias, en los trayectos mencionados,  contra los riesgos de
pérdida o daño material”, enfatizando en la claridad de la protección, en
cuanto “el interés que las partes aseguraron fue la mercancía misma, y no la
responsabilidad de la asegurada, hoy ejecutante, como depositaria (..)”.
Más
adelante se detuvo en las “vías procesales” con que cuenta los
asegurados, conforme lo dictamina el Código de Comercio y de Procedimiento
Civil, para hacer efectivo su derecho al pago de las reclamaciones en el
contrato de seguro, para concluir que “resulta incuestionable que, frente al
silencio observado por la aseguradora, a la demandante se le abrió la vía
excepcional del proceso ejecutivo, con la consecuencia ineludible de presumir
ciertos la ocurrencia del siniestro y la cuantía del daño que ésta indicara en
su reclamación (..)”.
Se
refirió a la falta de legitimación en la causa, argüida por el apoderado de
Colseguros en la audiencia pública, para descartar su declaratoria,
porque “Contenedores & Servicios, por ser parte contratante del seguro
de transporte está legitimada en la causa para la demanda ejecutiva que
propuso”.
Respecto
de las excepciones de mérito consideró i) “que la demanda fue introducida
dentro del plazo de los dos años fijados por el art. 90 del C. de P.C. como
término de la prescripción ordinaria en contra del reclamante de la
indemnización.”, ii) que lo acontecido en las instalaciones de
Contenedores & Servicios S.A. el 27 de julio de 1996, no hace parte de las
exclusiones de la Póliza de Transporte, habida cuenta que “la demandada no
comprobó fehacientemente que a fines de julio de 1996 hubiera habido en
Buenaventura cambio climatológico  por razón o con ocasión  de las lluvias y,
en cambio, el análisis de enero  a diciembre de ese año por el instituto en
mención –se refiere al estudio del IDEAM, anexo al expediente- da cuenta
de la frecuencia de la pluviosidad (..)”, y iii) que la “excepción
innominada”, no cabe en los procesos ejecutivos.
Además,
en consideración a las alegaciones formuladas por el apoderado de la Aseguradora
en la audiencia pública, a que se hizo mención, la Sala accionada se refirió en
detalle al interés asegurable, al riesgo y al daño patrimonial, presentes en la
Póliza de Transporte que fue objeto de reclamación.
Sobre
el interés asegurable dice así la decisión:
“Pues bien, a la luz de
los conceptos anteriores, y teniendo en cuenta que de la prueba documental (..)
aparece que Contenedores & Servicios era depositaria de los vehículos
siniestrados, qué duda puede caber acerca de que tuvo, al contratar el seguro
en cuestión, interés asegurable, pues debía responder por la integridad de los
mismos ante el depositante y/o propietario. Entonces, como ya se dijo y se
reitera, Contenedores & Servicios aseguró los vehículos definiendo con
precisión que el interés asegurado (art. 1124 C de co) eran los automotores
mismos, aseguró los vehículos como bienes susceptibles de perderse o dañarse,
precisamente contra los riesgos de pérdida o de daño material, como se lee en
el anexo visible al fol. 20 del cuad. 1°, en el núm. 1° bajo el título de
Amparo Básico. No contrató un seguro de responsabilidad como depositaria de
ellos, sino los vehículos mismos, como tales, esto es su integridad material,
para poder responder de esa integridad a su depositante y/o propietario.
Entonces, al fijar las partes como interés asegurado la integridad de la
mercancía, quedó obligada la aseguradora a responder de manera indefectible y
necesaria por la pérdida o por cualquier daño que pudiera sufrir, mientras
estuviera bajo el cuidado de la asegurada, esto es, de modo objetivo o real,
sin entrar a dilucidar nada sobre la responsabilidad subjetiva: ocurrido el
daño la aseguradora responde sin importar si hubo en el suceso dañoso algún
grado de culpabilidad de la asegurada, o si medió fuerza mayor o caso fortuito,
como causales de exoneración, salvo los casos legales de intencionalidad o de
agravamiento del riesgo. Así las cosas, podemos ver, sin lugar a dudas de
ninguna clase, nítidamente diferenciadas las órbitas de los dos procesos, a tal
punto que para el presente ejecutivo no interesa en absoluto, la suerte del
proceso ordinario: frente a la póliza en cobro lo mismo da que el ordinario
culmine con sentencia condenatoria o absolutoria porque, ocurrido el daño
material, la aseguradora tiene que responder por su valor. La asegurada, a su
turno, responde por una mercancía indemne: como resultó dañada, responde por el
valor de los daños materiales acaecidos.
Para no asumir esta
responsabilidad con su propio patrimonio, dado el considerable valor venal de
más de 400 vehículos nuevos en proceso de nacionalización, contrato lícitamente
el seguro sub examine, en el que aparece como tomadora, asegurada y
beneficiaria. Pudo muy bien señalar al depositante o al propietario como
beneficiario, pero las dos partes del contrato de seguro convinieron, pues
ninguna norma legal se lo impedía, en que quedara como beneficiaria la
asegurada, pues, como se vio, sobre un mismo bien, puede haber varios intereses
asegurables, dependiendo de las relaciones jurídicas que sobre él recaigan,
como es el caso presente de la relación depositante-depositario, que recae
sobre los vehículos, al tiempo de su propietario. El valor admitido de la
póliza, por voluntad de las partes quedó en $10.500.000.000. Entonces, frente a
su responsabilidad ante el depositante, la actora tenía interés asegurable, el
cual, no mediando prueba en contrario, se presume que se mantuvo durante la
vigencia de la póliza.
Con
relación al riesgo asegurable la Sala accionada consideró:
En cuanto al riesgo
asegurable, la póliza menciona cobertura completa, esto es, previeron las
partes, y así lo acordaron, como riesgo asegurable cualquier evento que pudiera
causar daño a los vehículos, con exclusión de los enumerados en el apartado 3
(fol.21 id). Ya en el caso concreto, hallamos que el anegamiento del espacio en
que estaban consignados los automotores, por la excesiva lluvia, cumple las
exigencias legales, a tenor de los conceptos anteriormente citados.
Respecto
del daño patrimonial, la providencia que se reseña dijo:
“Alegó también la
demandada que el patrimonio de la actora no sufrió ningún daño con el siniestro
de los vehículos, pues no ha pagado de su propio peculio un peso al
propietario, o al hoy subrogatario de sus derechos, la aseguradora
internacional que sí los cubrió. Este planteamiento es un sofisma porque,
habiendo interés asegurable, riesgo lícito asegurado, habiéndose dado el
siniestro y siendo la asegurada beneficiaria de la indemnización, a título de
depositaria de los bienes afectados por los que tiene que responder a su
depositante o propietario, es lógico que tendrá que pagar esos daños. Pero si,
como dijimos, para no pagar “de su propio bolsillo” unos daños que podrían ser
cuantiosos, muy cuantiosos, con peligro de no alcanzar a resarcirlos en su
integridad, so pena de quedar en la inopia y liquidarse, trasladó el riesgo a
la aseguradora, porque podía lícitamente hacerlo y ésta lo aceptó no puede
venir a discutir ahora que, para tener derecho a la indemnización, primero debe
pagar la asegurada los daños al depositante de los bienes, y luego recuperar el
pago con la indemnización contratada. En absoluto, porque esa no fue condición
pactada en el contrato pertinente, ni es de la naturaleza del seguro de daños
que así tengan que darse los resarcimientos: baste entender que, mediando el
contrato de depósito, y como en vigencia de éste (al menos no hay prueba en
contrario, ni la demandada planteó discusión al respecto) ocurrieron los daños,
es obvio que el patrimonio de la depositaria está afectando con “una
obligación, la de los daños materiales” o, como ello lo planteó a través de su
apoderado, en esto momento constituye esa obligación “un pasivo” que tarde o
temprano tiene que cubrir.
Recapitulando, tenemos
que, al materializarse el riesgo, los automotores resultaron siniestrados por
causa del agua que los cubrió. El reclamo de una primera indemnización con base
en la póliza de incendio, se limitó a los daños que podrían llamarse
cosméticos, de los fieltros, los tapetes, etc. Mientras que por la otra póliza,
la de transporte, se esté ejecutando la indemnización de los daños más graves,
de partes tales como embragues, frenos, etc. Tiene que responder, como
depositaria Contenedores & Servicios, por estos daños? Claro que tiene que
hacerlo, y así lo está confesando que lo hará, a través de su apoderado
judicial. La demandada supone que no lo hará y que por lo tanto habrá
enriquecimiento ilícito. Estamos frente a simples conjeturas, a meras
suposiciones con base en las cuales no es posible administrar recta justicia.
Además la aseguradora aceptó, como interés asegurado, las mercancías, por los
riesgos de pérdida o daños materiales, y expidió póliza por tales riesgos, y no
por responsabilidad de la asegurada, con ocasión del contrato de deposito: por
lo tanto, ocurrido el siniestro y generados los daños, está obligada a pagar su
importe”.
19.
El 26 de abril de 2001, Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited,
por intermedio de apoderado, presentó ante la Aseguradora Colseguros S.A. “reclamación
formal” por el siniestro amparado bajo la Póliza de Transporte 521417-1, “en
calidad de subrogatarios de todos los derechos que le corresponden a la
sociedad HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A, frente al tomador de la póliza
mencionada CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. (..)”.
Para
el efecto, entre otras consideraciones, el apoderado sostuvo i) que la antes
nombrada no ha indemnizado a su mandante por “los perjuicios que su
incumplimiento contractual causó a Hyundai Colombia Automotriz, a pesar de los
requerimientos que se le han hecho (..)”, ii) que su representada presentó
demanda Ordinaria de responsabilidad contractual contra de Contenedores Y
Servicios S.A. con tal propósito, “actualmente en etapa probatoria” y
iii) que, en consecuencia, la indemnización por los daños ocasionados a los
vehículos de propiedad de Hyundai de Colombia, el 27 de julio de 1997, debía
pagarse a su poderdante.
20.
El 5 de mayo de 2001, estando en curso el recurso de apelación de la sentencia
que ordenó seguir adelante la ejecución -numeral 17-, Hyundai Marine & Fire
Insurance Company Ltda., por intermedio de apoderado, compareció al proceso
Ejecutivo al que se hace referencia para solicitarle al Ad quem  ser
admitida “como coadyuvante de la parte demandada”.
Además
de exponer las razones de su intervención, el compareciente i) solicitó a la
Sala accionada confirmar la orden de continuar la ejecución impartida “condicionada
a que el pago se haga a favor de mi representada (..) habida cuenta el pago
indemnizatorio a través del cual se subrogó en todos los derechos y acciones de
HYUNDIA COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A., así como junto con sus actuaciones e
intereses, y así se ordene a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.; ii) en
subsidio de la anterior solicitud, pidió (1) que el pago ordenado “se
suspenda hasta tanto la obligación de CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. para con mi
representada sea ejecutable por ser clara, expresa  y exigible (..)”, (2)
que en subsidio de la anterior petición se suspendiera el proceso en trámite,
en aplicación del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, “hasta
tanto se resuelva el proceso ordinario que la sociedad que represento instauró
en contra de CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A.”, y (3) que de no prosperar las
anteriores pretensiones “en la sentencia se ordene a ASEGURADORA COLSEGUROS
S.A. reservar la suma por la cual se demanda mas (sic) sus correspondientes
intereses, para que sean cancelados a HYUNDI MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY
LTD., una vez resuelto el proceso ordinario que la sociedad que represento
instauró en contra de CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. y que cursa en el Juzgado
del Circuito de Buenaventura (..)”.
-El
30 de julio de 2001, el Magistrado sustanciador negó a Hyundai Marine &
Fire Insurance Company Ltd. la intervención solicitada, aduciendo que la
intervención adhesiva no procede en los procesos ejecutivos, y en razón de que
encontró la posición de la solicitante contradictoria, como quiera la
pretendida coadyuvante dijo actuar a nombre de la Aseguradora Colseguros, pero
pretendió que su coadyuvada fuera condenada al pago que la misma rehúsa.
Además,
al considerar que lo pretendido por el apoderado de la sociedad nombrada podría
tratarse de una intervención ad excludendun, recordó que la oportunidad
para solicitar tal intervención precluyó al concluir la primera instancia.
-El
apoderado de Hyundai Marine recurrió ante la Sala accionada la anterior
decisión. Pero ésta, el 3 de julio de 2001, confirmó la providencia, como lo
indican los siguientes apartes de la decisión:
“Dos aspectos impiden
admitir la pretendida coadyuvancia. El primero es fundamental. En efecto, se
pretende la vinculación a un proceso ejecutivo en el cual no procede la figura
jurídica referida.
El segundo aspecto, no
menos importante que el anterior, tiene que ver con el contenido o lo que se
pretende con la coadyuvancia. Si la vinculación es adhesiva no se puede
pretender nada diferente a los que aspira la parte coadyuvad. La sociedad
demandada en la contestación de la demanda ejecutiva se opuso a las
pretensiones de la sociedad ejecutante, para lo cual formuló excepciones de
fondo. Pues bien, la sociedad que pretende intervenir en el proceso como
coadyuvante de la demandada, pretende lo contrario, esto es que la ejecución
continúe y se le reconozca como beneficiaria del pago que ha de efectuar la
demandada de quien precisamente aspira a ser coadyvante. Existen pues intereses
antagónicos que impiden la vinculación de la sociedad que solicita intervenir
en el proceso como coadyuvante. Por consiguiente, la decisión del Magistrado
ponente sobre este primer punto es correcta y, por lo tanto, se confirmará.
No sobra agregar que
la petición anterior, aunque tiene alguna similitud con la intervención ad
excludendum, consagrada en el artículo 53 del C. de P.C. no es muy precisa.
Además la misma no procede en los procesos ejecutivos y debe formularse antes
de proferir sentencia de primera instancia. Requisitos que se reúnen en esta
oportunidad”.
Y,
con relación a las solicitudes subsidiarias de suspensión, la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Cali adujo:
“La suspensión del
pago que se ha de efectuar en un proceso ejecutivo no es posible ordenarla a
instancia de un tercero. No existe norma que lo permita. En consecuencia, dicha
petición debe negarse por improcedente.
En cuanto a la
suspensión del proceso ejecutivo que se adelanta por la existencia de un
proceso ordinario cuyo fallo puede incidir en la ejecución, cabe señalar que el
inciso 2 del numeral 2 del artículo 170 del C. de P.C. expresa: “No obstante,
el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario
iniciado antes o después de aquél, que verse sobra (sic) ka validez o la
autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos
hechos como excepción”.
Cuando se trata,
entonces, de la validez o autenticidad del título ejecutivo la suspensión no
procede si en el proceso ejecutivo se pueden alegar aquellas mediante las
respectivas excepciones de fondo.
(..)
Así las cosas, la
suspensión del proceso ejecutivo de Contenedores y Servicios S.A. contra
Aseguradora Colseguros S.A. no se puede suspender para esperar la sentencia que
ha de proferirse en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual
que le adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura la
sociedad Hyundai Marine & Fire Insurance Company Ltda. o (sic) Contenedores
y Servicios S.A. En efecto, la sentencia que se profiera en el proceso
ordinario, así sea favorable a la parte demandante, no tiene ninguna incidencia
en el ejecutivo que la sociedad demandada en aquel le adelanta a Aseguradora
Colseguros. Si esta al final es obligada a pagar en la forma ordenada en el
mandamiento ejecutivo y en la respectiva sentencia, la demandante en el
ordinario, si pretende el pago, que deberá hacerle Contenedores y Servicios si
es favorable el fallo, puede acudir a otros medios legales para ello, pero esa
posibilidad no es un motivo para la suspensión del proceso ejecutivo.
(..) Finalmente, solicita
(.. ) reservar la suma por la cual se demanda más los intereses, para que le
sean cancelados en el proceso ordinario que cursa en el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Buenaventura, una vez se resuelva dicho proceso.
La anterior petición
no es procedente por cuanto la formula una persona jurídica extraña al proceso
ejecutivo, En este solo se puede retener dinero del demandante para un tercero
cuando se hace valer una orden de autoridad competente expedida en la forma
autorizada por la ley. Y ese no es el caso que se considera. Por consiguiente,
el auto recurrido en súplica se confirmará”.
21.
El 12 de diciembre de 2001 el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Buenaventura resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en
la causa, propuesta por Contenedores & Servicios S.A. dentro del proceso
Ordinario que le fue promovido por Hyundai Marine & Fire Insurance Company
Ltd., ya relacionado –N.16-, como lo indica el siguiente aparte de la decisión:
“Ahora bien, en el
caso de autos se tiene que entre HYUNDI MARINE FIRE INSURANCE CO. LTD. Se
celebró contrato de seguro con HYUNDI MOTOR CO. LTDA /HYUNDI CORPORATION, según
la póliza N° E9509H1 del 1° de septiembre de 1995 obrante a folios (ilegible, 27 del
cuaderno principal).
Póliza en la que
aparece como asegurado HYUNDAI MOTOR CO. LTD. /HYUNDI CORPORATION, durante el
periodo del primero de septiembre de 1995 al 30 de agosto de 1996. Vigencia que
posteriormente fue (ilegible)
contada desde el 1° de septiembre de 1995, en lugar del periodo inicialmente
señalado (folio 25).
De éste documento se
desprende que la sociedad demandante HYUND MARINE & FIERE INSURANCE CO.
LTDA no ha celebrado contrato de seguro con HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.
como tampoco la misma es beneficiaria o la persona que tiene derecho a recibir
la prestación asegurada.
Significa lo expuesto
que, no existe ningún vínculo jurídico derivado del contrato de seguro entre
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO. LTD. y HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.
al momento de la ocurrencia del siniestro (27 de julio de 1996) y el pago
efectuado el (sic) año de 1997 (folio 109).
Por lo tanto, la
compañía aseguradora no se encuentra legitimada para reclamar los derechos que
le corresponden a la sociedad HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A., de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1096 del C de Comercio”.
22. El 20 de marzo
de 2002 la Aseguradora Colseguros S.A., y Hyundai Marine And Fire Insurance
Company Limited, por intermedio del mismo apoderado, formularon ante la Fiscalía
General de la Nación denuncia penal contra los señores Andrés Felipe Isaza
Bustos y Ramiro Valencia López, como representante legal y abogado de
Contenedores y Servicios S.A. respectivamente, por el presuntos delitos de
Fraude Procesal y Estafa.
-Como petición
inicial, con miras “restablecimiento del derecho”, el apoderado actuante
solicitó “al funcionario judicial realizar todas las acciones posibles para
volver las cosas al estado anterior al delito, y dentro de estas realizar todas
las labores necesarias tendientes a evitar que las consecuencias del delito
sean superiores.”.
El apoderado de las
denunciantes requirió del funcionario instructor una actuación inmediata con
miras a impedir que en el proceso Ejecutivo se realice el pago, en consecuencia
lo instó a suspender el pago de la indemnización, evitando así “que los
representantes de Contenedores Y Servicios S.A. indebidamente gocen de manera
definitiva de los dineros que le corresponden a HYUNDAI MARINE & FIRE
INSURANCE COMPANY LIMITED (..)”.
-Refiere el
denunciante, entre otros aspectos -algunos ya relacionados en esta providencia-
que Contenedores & Servicios S.A., en el proceso Ordinario por
responsabilidad civil contractual que cursa en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Buenaventura, “AFIRMA NO CONOCER LA GRAVEDAD DE LOS DAÑOS
CAUSADOS, EL NUMERO DE VEHÍCULOS, EL VALOR PAGADO ($1.064.398.571), ASI COMO LA
SUBROGACIÓN” –destaca el texto-.-
Y que,“(..) a
pesar de haber negado el número de los vehículos dañados, la existencia y
gravedad de los daños (..) inició y tramitó un proceso ejecutivo
singular ante el Juzgado 9 Civil del Circuito de Cali en contra de la
ASEGURADORA (sic) Colseguros para el cobro de exactamente la misma cantidad de
dinero que estaba reclamando Hyundai Marine & Fire Insurance Company
Limited, en relación con los mismos 416 vehículos (..)”.
Agrega, que en el
proceso Ordinario a que hace referencia, “CONTENEDORES Y SERVICIOS no llamó
en garantía a su asegurador Colseguros S.A. para que respondiera por sus
responsabilidades, con base en la póliza de seguros pagada (..).
Señala que en el proceso Ejecutivo que
promovió la sociedad en mención contra Colseguros S.A., se hicieron “afirmaciones
totalmente contradictorias a las anteriores –se refiere a lo dicho en el
proceso Ordinario- y apartadas de la realidad, con el único fin de engañar a
la administración de justicia para obtener una decisión en la que se les
reconociera el pago de una suma de dinero, sin ningún tipo de derecho, ya que
nunca han aceptado el pago de dichos perjuicios a Hyundai Marine & Fire
Insurance Company Limited (..)”.
Insiste el denunciante, en que “[e]n
la medida en la que Contenedores Y Servicios S.A. llegue a recibir los dineros
que Aseguradora Colseguros S.A. tendría que pagar una vez liquidado el crédito
en el proceso ejecutivo que obra en el Juzgado 9. Civil del Circuito de Cali,
teniendo en cuenta que a través de las maniobras indicadas logró en primera
instancia que en el proceso Ordinario de Hyundi Marine & Fire Insurance
Company Limited contra Contenedores y Servicios S.A. se indujera a error al
juez, nos señala nuevamente como la única intención de CONTENEDORES es la de
apropiarse de la suma mencionada.”.
Resalta que Contenedores y Servicios
presentó una reclamación con ocasión del siniestro ocurrido el 27 de julio de
1996, el que fue atendido por la Aseguradora Colseguros S.A. con cargo a la
Póliza de Incendio N°. 725000677-2, pero que el valor recibido nunca fue entregado
a “HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ ni a HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED a pesar de ser ellos los titulares del derecho a ser
indemnizados por Contenedores & Servicios S.A. (..) demostrando claramente
que cualquier dinero que reciba será apropiado indebidamente sin importar no
tener ningún derecho sobre él.”.
-En razón de la denuncia presentada el 5
de abril del año en curso, el Fiscal Doce Local de Cali resolvió abrir
instrucción en contra de los señores Andrés Felipe Isaza Bustos y Ramiro
Valencia López, quienes fueron llamados a rendir indagatoria.
-El doctor Valencia López concurrió al
llamado del investigador los días 18 y 22 de abril del presente año, y al ser
interrogado sobre las afirmaciones contradictorias referidas en la denuncia a
que se hace mención, entre otras afirmaciones, sostuvo:
“Si correcto esta aparente contradicción se
aclara con los aspectos procesales de cada uno de los procesos, que es
totalmente diferente en el primer el Ejecutivo instaurado 10 meses antes yo en
representación de CONTENEDORES & SERVICIOS con base en los documentos que
ellos me presentan afirmo a nombre de ellos un hecho, hecho fundamentado en
documentos que provienen de la HYUNDAI COLOMBIA como son cotización del valor
de unos daños, que voy a aportar al final de esta diligencia en copia simple.
Fundamentándome en el principio procesal de la carga de la prueba que rige a
los procesos ejecutivos y que determina las normas del código de comercio,
cuando la póliza presta mérito ejecutivo corresponde a la parte demandada la
carga de la prueba de desvirtuar esos documentos que se presentan como prueba y
que con la póliza de seguros constituyen un título complejo de carácter
ejecutivo. En el caso de la demanda instaurada por la HYUNDI MARINE  como supuesta
subrogataria y que fue presentada 10 meses después, la carga de la prueba es
inversa por ser un proceso ordinario no fundamentado en la póliza misma, la
carga de la prueba de demostrar los hechos que se alegan corresponde es a la
HYUNDAI MARINE  y en ese caso no existe la presunción legal que si se da en el
proceso ejecutivo con base en la póliza de seguros cuando la compañía de
seguros no objeta un reclamo y transcurre más de un mes. En este caso la póliza
y los documentos que demuestran el valor de unos daños se convierten en títulos
ejecutivos en los que se presume que lo que dice en ellos es cierto. Si lo que
se pretende es endilgarme es (sic) un FRAUDE PROCESAL ruego a (sic) señor
Fiscal tener en cuenta que los documentos con los cuales se soporta la
afirmación de los daños y su cuantía en el proceso ejecutivo no fueron
inventados por el suscrito lo (sic) apoderados solamente afirmamos y  aportamos
los documentos que las partes nos suministran, no existe adulteración ni
deformación de ese hecho procesal que permita dudar del buen manejo de esa
documentación. Pero hay una finalidad muy clara también en acogerme a la
regulación procesal de la carga de la prueba que la tiene la HYUNDI MARINE cual
es precisamente la que se dilucide a fondo la veracidad del monto del reclamo
con las pruebas fidedignas de los daños, esa aspiración protege los intereses
de dos partes la de la compañía que yo defiendo y aún los intereses de la
aseguradora, le hago caer en cuenta señor Fiscal que estamos hablando de cifras
muy altas las cuales sino las paga la aseguradora y me (sic) defendido pierde
el proceso de Buenaventura le correspondería pagarlas a mi defendido, también
en el momento que se hizo esa afirmación apenas se estaba iniciando el proceso
ejecutivo de fondo, pues estaba en apelación el mandamiento ejecutivo y yo no
tenía la certeza de ganarle a COLSEGUROS ese proceso. O sea yo me acogí a una
estrategia de defensa perfectamente respaldada por la norma procesal en ambos
procesos en la cual no estoy tratando de deformar ninguna situación, pues es el
resultado mismo de los procesos con las pruebas practicadas el que va a llevar
a determinar el verdadero monto de los daños y el número de los vehículos
dañados. Sin embargo esta aparente contradicción que se quiere aprovechar por
quien me sindica queda aclarada de mi parte en mi alegato de conclusión ante el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura donde finalmente acepto
expresamente y debido al acervo probatorio recaudado de que si fueron 416
vehículos los dañados y que la suma que aparece probada es la misma que
reclaman los demandantes en ese proceso (..)”
Y, en la misma diligencia, al ser
interrogado sobre la denuncia presentada por Coseguros S.A. y Hyundai Marine
& Fire Insurance Company Limited, previa lectura de la misma, entre otras
manifestaciones adujo:
“Se destaca en la denuncia penal la
habilidad con que el denunciante pretende confundir a la justicia penal,
narrando los hechos en una secuencia histórica que no corresponde a la
realidad, pues la demanda ejecutiva se presentó el 27 de julio de 1998, y la
ordinaria de la HYUNDAI MARINE aproximadamente 10 meses mas tarde. Se atreve a
decir en el punto 18 de los hechos de su denuncia (aunque no los enumera):
“CONTENEDORES Y SERVICIOS inició y tramitó un proceso ejecutivo singular ante
el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali en contra de la asegurado
COLSEGUROS  para el cobro de exactamente la misma cantidad de dinero que le
estaba reclamando HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY LIMITED en relación
con los mismos 416 vehículos a pesar de haber negado el número de vehículos
dañados, la existencia y gravedad de los daños” esta afirmación del denunciante
sí busca distorsionar la realidad de los hechos ya que al decir que se instauró
la demanda ejecutiva , “a pesar de haber negado” lo que estaba reclamando en
otra demanda, Es (sic) aseveración temeraria y mentirosa, primero porque la
aseveración real en la contestación de la demanda fue:” Esta circunstancia
deberá probarla la parte demandante”. Y segundo y mas (sic) grave por que (sic)
cuando se presentó la demanda ejecutiva, diez meses antes, no se podía estar
negando nada (..).
(..) El otro punto que se me endilga como
fraudulento, es el hecho de no haber llamado en garantía a COLSEGUROS en el
proceso ordinario. Esto no lo hice por razones ya expresadas precisamente
porque es facultativo hacerlo según lo dice el artículo 57 del C.P.Civil porque
no estaba muy seguro de entrar en un abuso del derecho al hacerlo ya que esto implicaría
otro proceso contra COLSEGUROS  y porque finalmente en la demanda ya presentada
se daban las circunstancias favorables a los intereses de mi cliente de obtener
su derecho (..). Finalmente y para terminar no me corresponde a mi (sic), que
fui contratado para defender los intereses de CONTENEDORES Y SERVICIOS,
subsanar los errores que presenta el reclamo en la demanda de la HYUNDAI en
Buenaventura, por el contrario me corresponde defender los intereses de mi
cliente con base en hechos ciertos, pues nada de lo que afirmé haya (sic) es
mentiroso (..).”.
Para concluir la
injurada el doctor Valencia López destaca i) que Colseguros S.A. está tratando
por todos los medios de “eludir el cumplimiento de la obligación activando
todo el aparato judicial de la justicia en una forma abusiva”, ii) que las
Aseguradoras denunciantes están procediendo de “mala fe”, y iii) que su
cliente a intentado infructuosamente llegar a un acuerdo con Colseguros. Dijo
el indagado:
“Aunque con estos argumentos de carácter
jurídico deba quedar perfectamente clarificada mi actuación en derecho con la
cual se descarta cualquier implicación de tipo penal, quiero explicarle al
señor Fiscal que la forma como se desarrollaron las dos demandas no son el
producto de un cálculo mal intencionado de este servidor, por el contrario mi
actuación partió de un reclamo formal y elegante a la aseguradora COLSEGUROS
el cual no fue contestado lo que dio origen a la demanda ejecutiva. Una ve
(sic) dictado el mandamiento ejecutivo me dirigí a las oficinas de la sociedad
demandada COLSEGUROS donde les expresé personalmente el interés de CONTENEDORES
Y SERVICIOS y el mío propio de que se legara (sic) a un acuerdo mediante el
cual ellos atendieran el reclamo que se estaba presentando extraprocesalmente por
parte de HYUNDAI y que así se podía solucionar el problema. Ellos o (sic)
estuvieron dispuestos a escuchar mis propuestas y dijeron que iban a lograr
mediante apelación tumbar el mandamiento ejecutivo. Cuando fue confirmado el
mandamiento ejecutivo yo viajé a Bogotá a reunirme con el Gerente Jurídico de
COLSEGUROS, quien finalmente no me atendió, con el fin de proponerle lo mismo,
de estas actuaciones hay constancia escrita por que (sic) yo le informé de esta
circunstancia a la Gerencia general de COLSEGUROS y al presidente de la Junta
Directiva. Además dejó al buen juicio del señor Fiscal otro interrogante Si
COLSEGUROS ahora se une con la HYUNDI MARINE & FIRE INSURANCE dando a
entender que están molestos por tener (sic) pagarle a CONTENEDORES &
SERVICIOS estando de acuerdo con HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE? Por que
(sic) no existe en el proceso ejecutivo ninguna constancia de esa intención, ni
siquiera en la audiencia de conciliación de carácter obligatorio en los
procesos civiles que tiene por objeto fijar los alcances del litigio y buscar
poner de acuerdo a las partes ellos no se manifestaron el torna (sic) a esa
solución? (..)”.
3.      Pruebas
obrantes dentro del expediente
-En 5
cuadernos de 682, 683, 687, 656 y 224 folios, i) fotocopias de todo lo actuado
en el Proceso Ejecutivo promovido por Contenedores & Servicios S.A. contra
Aseguradora Colseguros S.A. que cursó en el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Cali, y ii) fotocopias de la demanda, de la contestación y de la sentencia
de primera instancia, correspondientes al Proceso Ordinario iniciado por
Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited contra Contenedores &
Servicios S.A., allegadas por la parte actora, y algunas solicitadas por el
Juez de Primer Grado.
-En
32 folios, fotocopias de la denuncia, del auto de apertura, y de la indagatoria
absuelta por el doctor Ramiro Valencia López dentro la investigación adelantada
por el Fiscal Doce Local de Cali, a solicitud de Colseguros S.A. y Hyundai
Marine & Fire Insurance Company Limited, contra el injurado y otro,
anexadas al expediente por Contenedores & Servicios S.A.
3.      La demanda
La Aseguradora Colseguros S.A., por
intermedio de apoderado, interpone acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia motivada en que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali  y la
Sala Civil del Tribunal de la misma ciudad quebrantaron sus derechos al debido
proceso y acceso a la justicia.
Sostiene el apoderado que el Juzgado y la
Sala accionados incurrieron en vía de hecho, puesto que condenaron a su
representada a pagarle a Contenedores & Servicios S.A. el valor de un daño
que la ejecutante no sufrió, negando de esta manera y de manera absoluta “el
principio indemnizatorio de los seguros de daños”.
Afirma el profesional que el artículo 1088
del Código de Comercio “establece el principio de la indemnización en los
seguros de daños bajo un vocablo prohibitivo absoluto pues ordena que “jamás”,
es decir, en ningún caso, se podrá superar el detrimento económico efectivo
para que el seguro de este tipo se convierta en fuente de enriquecimiento”.
Y agrega que los artículos 1089 y 1079 refrendan lo anterior, al prever que la
indemnización no excederá el valor real del interés en el momento del
siniestro, ni el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el
asegurado, o por el beneficiario.
Se apoya en autorizados doctrinantes, en
jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y de esta
Corporación, para sostener que “sin duda alguna el seguro de daños es un
contrato de naturaleza indemnizatoria y ninguna interpretación jurídica se debe
oponer a este principio fundamental del derecho de seguros”.
Se detiene en el caso concreto, destacando
que “CONTENEDORES Y SERVICIOS nunca acreditó la cuantía del daño en su
patrimonio y, por ende, tampoco pudo formular reclamación formal ante la
aseguradora” –negrilla original-.
Para fundamentar la anterior afirmación,
arguye i) que la sociedad en mención “nunca (..) en el supuesto trámite de
reclamo probó la cuantía de la pérdida en su patrimonio(..); ii) que “existe
prueba en el expediente de todo lo contrario, de que no existió, existe o
existirá daño en el patrimonio del demandante debido a las resultas parciales
del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por HYUNDAI MARINE & FIRE
INSURANCE COMPANY LTD. KOREA (..)”; y iii) que, no obstante la Ejecutada
haber planteado la anterior argumentación, mediante los recursos que fueron
interpuestos contra el mandamiento de pago, y en las excepciones formuladas
contra el mismo, los accionados mantuvieron la decisión y ordenaron seguir
adelante la ejecución.
Proceder que, aduce, se enmarca en un “defecto
sustantivo de las providencias judiciales estudiadas, pues los jueces, tanto el
unitario como el colectivo, le dieron al ordenamiento jurídico un fin o alcance
no previsto en la propia disposición y por tanto irrazonable –T-533/97-, al
no contar con la cuantía del daño, tomado como base el patrimonio asegurado o
beneficiario, imprimiéndole a los seguros de daños un carácter que supera lo
indemnizatorio en abierta contravía de la ley”.
Se refiere al “escrito presentado el 18
de junio de 1998 por el DOCTOR RAMIRO VALENCIA LOPEZ supuestamente en
representación de CONTENEDORES & SERVICIOS S. A.”; del que dice i) “no
puede valer como reclamación formal porque éste no estaba facultado por el
asegurado para representarlo o por lo menos no lo acreditó durante el trámite
ante la aseguradora; no tenía poder ni mandato expreso para la gestión que decía
adelantar”; y ii) “si en este caso se reconoce la agencia oficiosa,
sería de la que trata el Código Civil, que se constituye en un eventual mandato
ficto sin representación que no tiene fuerza vinculante para perfeccionar la
reclamación en seguros”.
Para concluir
asegura que la sociedad que representa no tiene otro medio para lograr el
restablecimiento de sus derechos fundamentales conculcados, porque “luego de
revisar las causales señaladas en el artículo 380 C.P.C., ninguna es aplicable
a este caso”; no obstante pretende que, de considerar el Juez
Constitucional que la Aseguradora podría interponer el recurso de revisión para
el restablecimiento de sus derechos fundamentales conculcados, la protección
que invoca se conceda como mecanismo transitorio, en tanto se inicia y resuelve
el recurso aludido, “(..) debido al perjuicio irremediable que causaría el
cumplimiento de las citadas providencias”.
En consonancia con lo expuesto formula así
sus pretensiones:
“1. (..) solicito se declare la
prosperidad de la acción y, en consecuencia, se deje sin efecto las siguientes
providencias proferidas dentro del proceso ejecutivo propuesto por CONTENEDORES
Y SERVICIOS S.A.  contra ASEGURADORA COLSEGUROS: a) auto del 25 de septiembre
de 1998 del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, en el que se decreta el
mandamiento de pago; b) auto del 8 de marzo de 1999 del Juzgado Noveno Civil
del Circuito de Cali, en el que se resuelve el recurso de reposición contra el
mandamiento de pago; c) auto del 30 de noviembre de 1999 del Tribunal Superior
de Cali- Sala de Decisión Civil-, en el que se desata el recurso de apelación
contra el mandamiento de pago; d) auto del 16 de junio de 2000 Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Cali, en el que se decide la solicitud de suspensión del
proceso; e) sentencia del 19 de diciembre de 2000 del Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Cali, en la que se decide sobre las excepciones propuestas contra
el mandamiento de pago; y f) sentencia del 11 de marzo de 2002 del Tribunal
Superior de Cali-Sala de Decisión Civil-, en la que se resuelve el recurso de
apelación contra la sentencia que declaró no probadas las excepciones
propuestas contra el mandamiento de pago.
2. En subsidio, se solicita se conceda
la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y se suspendan los efectos de la sentencia del 11 de marzo de 2002
del Tribunal Superior de Cali –Sala de Decisión Civil -, en la que se resuelve
el recurso de apelación contra la sentencia que declaró no probadas las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, proferida dentro del
proceso ejecutivo propuesto por CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. contra
ASEGURADORA COLSEGUROS, mientras se interpone y decide el recurso de revisión”.
3. En subsidio, se solicita se conceda
la acción de tutela y se deje sin efecto el auto del 16 de junio de 2000 del
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, en el que se niega la solicitud de
suspensión del proceso y en su lugar ordenar la suspensión del proceso
ejecutivo propuesto por CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A.  contra la ASEGURADORA
COLSEGUROS, mientras no haya fallo definitivo y en firme en el proceso
ordinario de mayor cuantía de responsabilidad civil, instaurado por HYUNDAI MARINE
& FIRE INSURANCE COMPAY LTD. KOPREA contra CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A.
cuya primera instancia es el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Buenaventura”.
Además, solicita ordenar la suspensión
provisional de las providencias que relaciona, debido a que la permanencia en
el tiempo del mandamiento de pago “(..) haría más gravosa la situación del
afectado”.
4.      Intervención pasiva
Avocado el
conocimiento del asunto por la Sala Civil y Agraria de la H. Corte Suprema de
Justicia, el Magistrado Sustanciador dispuso la notificación de los accionados,
ordenó enterar de la iniciación de la acción a “ todos los intervinientes en
el proceso Ejecutivo”, y negó la medida provisional solicitada por el
actor, “por cuanto la situación fáctica expuesta no se acompasa –en
estrictez – con lo previsto en le artículo 7° del Decreto 2591 de 1991
(..).
4.1. El Magistrado Julio Cesar Cabrera
Realpe, quien actuó como ponente en las decisiones adoptadas por la Sala Civil
del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso Ejecutivo iniciado por
Contenedores & Servicios S.A. contra Aseguradora Colseguros S.A., intervino
en el presente asunto para destacar i) “que la falta de poder para la
reclamación directa a la aseguradora no fue negada en la segunda instancia”,
ii) que el “enriquecimiento del reclamante no fue propuesto como excepción
de mérito” y iii) que, “ en procesos de ejecución, no es procedente
declarar probadas excepciones no alegadas”.
Además solicita que la pretensión de amparo
constitucional se niegue i) dado que la Aseguradora puede interponer el recurso
de revisión, ii) porque la misma “tuvo a mano, durante el curso del proceso
ejecutivo, todos los medios, recursos, incidentes y trámites en general, para
defender sus derechos; de ellos se valió y los jueces estuvimos prestos a
analizarlos y resolverlos según nuestro criterio.”; y iii) en razón de que
no puede prosperar la protección como mecanismo transitorio, porque “el pago
dispuesto judicialmente, es un medio de ejecución o cumplimiento de un contrato
válido Interpartes, caso que no es dable hablar, en puridad de verdad, de un
perjuicio irremediable, máxime si, como lo dijo el Tribunal, el que la
aseguradora crea que la asegurada no va a pagar, con el valor de la póliza y
los intereses, los daños ocurridos a los automotores no pasa de ser una simple
conjetura, y con base en suposiciones no es posible administrar recta justicia (..)”.
Finalmente el Magistrado Cabrera Realpe
señala:
“(..) la aparente violación del
principio indemnizatorio en materia de seguros se debe, en mi sentir, de modo
exclusivo a un problema de tipo eminentemente procesal, al caminar por un lado
la reclamación ordinaria de perjuicios de la sociedad subrogataria de la
damnificada y, por otro, el ejecutivo de la asegurada demandada que para
atender el pago a su demandante, demandó a la aseguradora para que, con base en
la póliza contratada, ésta le proveyera los fondos correspondientes a los daños
sufridos por los vehículos que estaban en su poder, con ocasión del contrato de
deposito. Y claro, la distorsión temporal es muy grande pues no cabe duda que
el ordinario es lento y parsimonioso, mientras que el ejecutivo, pese a las
excepciones, ya alcanzó el fallo en la doble instancia.”
4.2 El abogado Ramiro Valencia López, en
ejercicio del poder conferido por Contenedores & Servicios S.A., interviene
en el presente asunto para solicitar “negar el amparo solicitado de plano
y aplicar las sanciones del caso por abuso del derecho contempladas en los
artículos 71 a 74 de C. de P.C.”.-subraya original-.
Refiere el nombrado que la “ASEGURADORA
COLSEGUROS, interpone esta acción de tutela el día 17 de abril de 2002,
inmediatamente después de haber instaurado denuncia penal contra la
sociedad Contenedores & Servicios y este servidor, ante la Fiscalía General
de la Nación, el día 20 de marzo de 2002, por un presunto delito de fraude
procesal y estafa, buscando con ambas actuaciones el mismo propósito, cual
es una resolución de cualquiera de estos organismos de la justicia, que suspenda
el pago de la suma de dinero, al cual fue condenada la sociedad en fallo del
Honorable Tribunal Superior de Cali”.
-destaca el texto-.
Arguye que la acción debe negarse i) porque
“(..) se está adelantando en forma concomitante y coetánea con la actuación
penal”, ii) puesto que “no solamente se invoca una vía de hecho sin
fundamento, sino que se basa en una suposición de un enriquecimiento sin causa”,
iii) en razón de que si su representada llegare ser absuelta en el proceso
ordinario que la Hyundai Marine Insurance S.A. adelanta en el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Buenaventura Colseguros podría “adelantar un recurso
extraordinario de revisión contra el ejecutivo”, y iv) debido a que la
Hyundai Marine Insurance S.A. “podría iniciar una acción civil debidamente
fundamentada no en la Culpa de Contenedores & Servicios por el siniestro,
como pretende en la demanda que cursa en la actualidad en Buenaventura, sino
precisamente en el hecho, que todavía no se ha cumplido, de que Contenedores &
Servicios ya ha recibido el pago del siniestro por parte de Colseguros”.
Además, conceptúa que de prosperar la
acción de tutela se conculcarían los derechos no sólo de Contenedores &
Servicios S.A. sino también de Hyundai Colombia Automotriz, o de quien legítimamente
represente su derecho, “pues Contenedores & Servicios solamente tendrá
capacidad de pago, si recibe efectivamente el que le corresponde recibir de
parte de aseguradora Colseguros”.
Aduce que no es cierto “que Contenedores
no ha perdido ni un solo peso con el siniestro de marras, pues nos preguntamos:
quien le responde por las altas primas pagadas $7.308.000 anuales y la pérdida
de su mejor cliente que le producía grandes ganancias, las que no hubiera
perdido si Colseguros hubiese atendido oportunamente el siniestro?.
Cuestiona el proceder de la Aseguradora de
quien dice i) estaría colocando en el mercado asegurador pólizas de daños, para
proteger bienes entregados a titulo de tenencia y luego eludiendo el pago,
arguyendo que el beneficiario no es propietario; ii) “ha pretendido enlodar
el nombre de Contenedores & Servicios y de este servidor”, iii) está “salpicando
gravemente a la administración de justicia, sin mencionar hechos ciertos como
son los varios intentos de llegar a un acuerdo (..) desde el inicio del
reclamo, y con posterioridad (..)”; y iv) (..) no ha manifestado su “voluntad
de pago del siniestro en alguna forma (..), ya fuera vinculando al propietario
de los vehículos o directamente al beneficiario”. Dice así un aparte de la
intervención:
“La única que saldría gananciosa de una
determinación como la solicitada en esta tutela sería Aseguradora Colseguros,
quien estaría vendiendo pólizas de daños reales aceptando que el depositario
comodatario u otro tenedor sean tomadores, asegurados y beneficiarios de estas
(sic), para después en forma ladina, inescrupulosa y de mala fe, negar el pago
del siniestro argumentando que como no se es propietario, no se le puede pagar;
lo que ni mas (sic) ni menos, en ves de tratarse de lo que ellos pretenden
llamar “juego de lotería” se trataría de una verdadera estafa por parte de
Colseguros. Pues de seguro, si el propietario de la mercancía en este caso la
Hyundai de Colombia Automotriz, demanda a Colseguros directamente, le van a
excepcionar falta de legitimación pues no es parte en el contrato, ni es
tomador, asegurado ni beneficiario del mismo.
Un hermoso juego ese si de tahúres, en el
que con cara gana Colseguros y con sello pierde Contenedores y los propietarios
de los vehículos.
(..)
Ruego a los Honorables Magistrados de esta
Sala Civil, tener en cuenta la complejidad de el (sic) tema de seguros. Pero
comprobar con las copias autenticadas de las piezas procesales que adjunto como
cuaderno 2°, que no se trató el tema en forma arbitraria o irracional, sino que
se hizo un análisis amplio, jurídico y serio del caso. No se violó en ningún
momento el debido proceso, derecho fundamental invocada en esta tutela, por lo
tanto este amparo no se debe conceder al accionante.
5.      Las decisiones que se revisan
5.1. Decisión de primera instancia
La Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia concedió la protección, como lo indica la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 6 de mayo del año en curso que dice:
“1. TUTELAR el
derecho fundamental al debido proceso de la sociedad ASEGURADORA COLSEGUROS
S.A. dentro del asunto ejecutivo que CONTENEDEROS Y SERVICIOS instauró en su
contra, en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, que fue vulnerado,
inicialmente, mediante la providencia fechada el 16 de julio de 2000 que, por
tanto, se estima que no está llamada a producir efectos, como tampoco las
providencias ulteriores con las cuales se agotaron las instancias del tramite
ejecutivo citado.
2. En consecuencia se ORDENA que
dentro del término de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta
providencia, resuelva en legal forma, la solicitud de suspensión del proceso
presentada por la parte demandada y, ulteriormente, llegado el momento, proceda
de conformidad con los términos señalados en su parte motiva, específicamente
lo tocante con el reexamen panorámico, relativo a la pertinencia de continuar
con el trámite ejecutivo,
(..)”.
Advierte el a quo que el Juzgado
accionado controvirtió la ley, “la lógica y la razón”, dado que negó la
suspensión del proceso ejecutivo considerando que el proceso ordinario
que adelanta la Hyundai Fire Insurance Company Ltda., contra Contenedores &
Servicios S.A. “no influye necesariamente” en la ejecución promovida por
esta última contra la accionante, porque las pruebas obrantes en el expediente
denotan lo contrario, como quiera que de resultar fallida la pretensión de
indemnización de Hyundai la ejecutante “no sufriría perjuicio de ninguna
naturaleza, circunstancia que impondría revisar, a partir de ese hecho concreto
la viabilidad y soporte de la pretensión ejecutiva (..)”.
Agrega que el hecho acaecido el 27 de julio
de 1996, en las instalaciones de Contenedores & Servicios S. A. “no
ofrece duda”, como tampoco los daños sufridos por los vehículos; pero
considera que, en razón de provenir la “judicialización (sic)” del hecho
del cobro iniciado por la HYUNDAI MARINE & FIRE NSURANCE CO. LTDA, por
intermedio de Proactivos S.A., como subrogataria de HYUNDAI COLOMBIA
AUTOMOTRIZ, se imponía la suspensión del proceso. Dice así la decisión:
“Siendo de este tenor las cosas, como
efectivamente lo son, carece de soporte, así como contraría ostensiblemente, o
reglado por el numeral 2° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil,
la negativa en comento, habida cuenta que, se insiste, con total prescindencia
de la viabilidad o de la real pertinencia de la ejecución que en los términos
indicados se instauró -tópico que en las instancias, como se sabe, fue objeto
de prolongado debate y análisis-, la decisión que se adopte como cierre del
proceso ordinario promovido por la enunciada subrogataria de cara a la
ejecutante CONTENEDORES Y SERVICIOS S.A. indefectiblemente incidirá en la
suerte del proceso judicial propuesto por esta sociedad, al punto que de no
haberse anunciado su adelantamiento, como lo expresó el escrito de
“reclamación” y la misma demanda ejecutiva, no se habría formulado ninguna de
ellas, esto es, la “reclamación” y la demanda ejecutiva.
Importa reafirmar, en este puntual aspecto,
que la proposición del asunto ejecutivo, tuvo lugar debido al memorando de
cobro, que como subrogataria, impetró la citada sociedad ejecutante, según
quedó expuesto en precedencia, lo que guarda coherencia, por lo demás, con la
finalidad de la demanda ordinaria promovida por aquélla contra ésta, para que
en suma, se le declarara civilmente responsable de todos los perjuicios por los
daños causados a 416 vehículos que tenía en custodia  y consecuencialmente se
le pagara la cantidad de $1.064.398.751.00, más la depreciación monetaria e
intereses monetarios causados; luego, no ofrece duda la inexorable relación o
conexidad entre tal asunto declarativo y el debate que entraña la ejecución”.
5.2. impugnación
El Magistrado Julio Cesar Cabrera Realpe y
el apoderado de Contenedores & Servicios Ltda. impugnaron la anterior
decisión.
El Ponente de la Sala accionada no sustentó
la alzada, pero Contenedores & Servicios S.A. presentó dos escritos, ante
las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta última erigida
en Fallador de Segundo Grado, con arreglo al Decreto 1382 de 2000, y el Acuerdo
Reglamentario N° 001 del mismo año, emanado de esa misma corporación.
Ante el A-quo, el apoderado de la
sociedad antes nombrada, inicialmente, pone de presente que la sentencia que
impugna quebranta el derecho al debido proceso de su representada, como quiera
que el escrito presentado por él, con el propósito de que Contenedores &
Servicios fuera oída por el Juez Constitucional, permaneció en la Secretaria
del A-quo, porque “ya la Sala había decidido el asunto tres días
antes (..) no obstante el  fallo impugnado aparece con fecha 6 de mayo (..)”.
Además se
refiere a la decisión argumentando que la protección no podía concederse i)
porque la Fiscalía Local de Cali adelanta una investigación, por denuncia de la
accionada, en que se debate el asunto puesto a consideración del Juez de
Tutela; y ii) debido a que no es dable tutelar el derecho al debido proceso de
la actora, dejando sin efecto la providencia que negó la suspensión del proceso
Ejecutivo, habida cuenta que la demandante no interpuso en contra de la
decisión los recursos de ley.
Posteriormente, esta vez ante la Sala
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante apoderado sustituto,
Contenedores & Servicios interviene para solicitar que la sentencia
impugnada sea revocada.
Sostiene que la Sala Civil debió inaplicar
los artículos 1° y 2° del Decreto 1382 de 2000; i) “porque de alguna
forma se está violando el principio de las dos instancias”; ii) “debido
a que la H. Corte Suprema de Justicia “(..) se constituye en el único juez al
que no le es aplicable realmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (..)”;
y iii) en razón de que esta Corporación ha aplicado la excepción de
inconstitucionalidad a la que el alude,“al menos en dos ocasiones”.
Y, sobre la decisión de fondo sostiene i)
que en el proceso Ejecutivo no se incurrió en vía de hecho; ii) que la
accionante cuenta con “cuatro medios defensivos”; iii) que la acción de
tutela “contra providencias judiciales no suple los recursos o remedios que
la parte dejó de ejercer a su arbitrio”; y iv) que el a quo está
desconociendo el principio de la cosa juzgada, como también su propia
jurisprudencia atinente al tema.
Dicen así algunos apartes de la
intervención:
“En resumen, COLSEGUROS S.A. no recurrió ese auto, pudiendo hacerlo.
Y ahora, para salvar su incuria recurre –entre otras vías- a la acción de
tutela como última tabla de salvación, de cara a reabrir el debate. Pero la
acción de tutela no revive términos, ni suple la inacción del actor. Si un
término se venció la tutela no lo revive. Y si en el término para interponer un
recurso no se ejerció éste, la acción de tutela de todos modos no procede. De
proceder la tutela en lo sucesivo todos los autos tendrán tres recursos:
reposición, apelación y tutela. La H. Corte no puede abrir esta puerta que en
tantas ocasiones anteriores ha cerrado. Por eso debe revocarse el fallo de la
H. Sala a quo, pues malinterpretó la situación de fondo al estimar “de plano”
que el auto de no suspensión del ejecutivo era una vía de hecho que convertía
en grosera vía de hecho todo el proceso.
(..)
En este caso hoy existen, a falta de uno,
cuatro medios defensivos, a saber: 1°.- El recurso extraordinario de revisión,
2°.- El propio proceso ordinario desatado por la aseguradora internacional
extranjera HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CIO. LTD. contra mi representada
CONTENEDORES Y SERVICIOS; 3°.- El proceso penal que cursa en contra del
representante legal de mi representada y de su apoderado judicial 4°.- El
proceso ordinario que ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá cursa en
contra de COLSEGUROS S.A. en los que tiene la oportunidad de ver prosperar sus
pretensiones y, en tal caso, la indemnización plena de los perjuicios que
hipotéticamente se le hubieren causado no sólo con los hechos derivados dela
inundación sino con el proceso ejecutivo mismo.
(..)
La tutela no era, pues, procedente porque
existían –y existen- otros medios de defensa judicial, como el recurso
extraordinario de revisión. En efecto, COLSEGUROS S.A. dispone hoy todavía de
la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión ante la H.
Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 379 del C. de P. C.,
el cual puede ser ejercido durante los dos años siguientes a la ejecutoria de
la sentencia ejecutiva, según voces del artículo 381 del C. de P.C. plazo que
no ha vencido. Es en ese foro, y no en sede de tutela, es donde dicha
Aseguradora debe ventilar su caso.
(..)
Nunca faltarán en un proceso ejecutivo
–o en cualquier proceso- autos que sean motivo de debate y opinión jurídica,
cuestiones intermedias que no están resueltas en derecho de forma definitiva
por la última palabra de nadie. Y tampoco faltarán en los contratos quienes
pretendan escudarse del cumplimiento de sus obligaciones tras procedimientos
consecutivos o interminables. Pero si no existe la intangibilidad de la cosa
juzgada –que es el pilar que sustenta la autoridad de los jueces-, todo proceso
habrá acabado en vano como un castillo de naipes y del principio de doble
instancia habremos pasado a otro mucho más complejo en que, incluso con
independencia de los recursos ordinarios y extraordinarios, todo tendrá que ser
revisado y decidido de nuevo por el juez constitucional (que no es el ordinario
y natural)”.
5.3. Decisión de segunda instancia
La Sala de Casación
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia revocó la decisión, adujo que las
personas jurídicas “no están legitimadas para ejercitar la acción (..)”
de tutela, y que ésta “no es un mecanismo abierto y de aplicación universal
para combatir las providencias de linaje judicial”.
Ahora bien, respecto
de su competencia para conocer la alzada, consideró que compete al Consejo de
Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a
esta Corporación, y que “mediante providencia calendada el 3 de diciembre de
2001 (..) dicha Corporación (..) negó la suspensión provisional de las normas
acusadas del citado decreto por considerar que no contravienen las
disposiciones superiores invocadas con excepción del inciso cuarto del numeral
1° del artículo 1°, debiendo por tanto esta Sala de la Corte, en obedecimiento
a la atribución aludida y al respeto que le merece aquel pronunciamiento,
estarse a lo allí resuelto mientras no se decida de fondo lo pertinente (..)”.
6. Trámite en
sede de revisión
El apoderado de la
actora solicitó a esta Sala “como medida provisional o de conservación o de
seguridad”, con fundamento en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991, que
se ordenara al Juzgado accionado suspender el cumplimiento del mandamiento de
pago y de las sentencias de primera y de segunda instancia, proferidas dentro
del proceso Ejecutivo promovido por Contenedores & Servicios S.A. contra su
representada, pues la permanencia de las decisiones haría más gravosa la
situación de la ejecutada.
Empero esta Sala
negó la solicitud, habida cuenta que consideró que Contenedores & Servicios
S.A. no podía ser privada, sin más, de su derecho constitucional a la ejecución
de una sentencia que le fue favorable. Además porque estando vinculada la
beneficiaria de la condena a la decisión del Juez Constitucional, la medida
provisional resulta innecesaria.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las
anteriores providencias, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de 5
de agosto de 2002, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de
esta Corporación.
2.      Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala decidir si el Juzgado Noveno Civil del Circuito y la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cali al librar mandamiento de pago, negar la suspensión
del proceso Ejecutivo promovido por Contenedores & Servicios S.A. contra la
Aseguradora Colseguros S.A., y seguir adelante con la ejecución iniciada incurrieron
en vía de hecho, habida cuenta que el apoderado de la Aseguradora aduce que al
proferir las anteriores decisiones los accionados negaron el principio
indemnizatorio del seguro de daños.
Pero, previamente,
deberá reiterarse la jurisprudencia constitucional atinente a la procedencia de
la acción de tutela para restablecer los derechos fundamentales de las personas
jurídicas, y la relativa a la improcedencia de la acción para restablecer
oportunidades probatorios no utilizadas por el afectado.
Lo anterior por
cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de
primera instancia, entre otras consideraciones, porque sólo las personas
naturales se encuentran legitimadas para invocar la protección de sus derechos
fundamentales, y la Sala Civil de la misma Corporación desconoció la
invariabilidad de las decisiones judiciales, cuando las partes no interponen
contra ellas los recursos previstos en el ordenamiento. Contrariando, una y
otra, la doctrina de esta Corporación, sobre los derechos fundamentales de las
personas jurídicas y la vía de hecho judicial.
3.
Consideraciones Preliminares. Reiteración de jurisprudencia.
3.1.
Las personas jurídicas son titulares del derecho fundamental al debido proceso
Esta
Corporación, mediante doctrina constitucional de obligatorio cumplimiento,
tiene definido que las personas jurídicas son titulares de los derechos
fundamentales que requieren para alcanzar fines jurídicamente protegidos y que,
por ende, tienen derecho a invocar su restablecimiento[1].
En este
orden de ideas, mediante pronunciamientos reiterados de la Corte y de las
diferentes Salas de Revisión que se han ocupado del tema, se ha puesto de
presente cómo el artículo 86 de la Carta Política establece la acción de tutela
y el Decreto 2591 de 1991 la regula para que toda persona pueda reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, por sí misma y por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de los derechos fundamentales, de los que es
titular[2].
Ahora
bien, el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas,
naturales y jurídicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de
obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su personalidad. Prueba de ello
es que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, y que el artículo 229 constitucional garantiza a toda persona
el acceso a la justicia.
Pretender
excluir a las personas jurídicas de la acción de tutela para restablecer su
derecho a un juicio justo, conforme a las leyes preexistentes, ante un tribunal
competente y con la plenitud de las formas previstas, sería tanto como
establecer presupuestos diferentes en el desenvolvimiento de la capacidad de
obrar de las personas naturales, según su actuación individual u colectiva,
desconocimiento la protección que la Carta Política otorga al substrato humano
que comportan todas las actuaciones que proyectan al hombre como ser social.
Para el
efecto vale traer a colación la siguiente decisión:
“Sobre la titularidad
de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera
que ellas son ciertamente titulares de la acción.
Para los efectos
relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que
existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona
humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo
11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar
(artículo 15); entre otros.
Pero otros derechos ya
no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en
cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea
específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los
intereses comunes.
En consecuencia, en
principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de
las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar
los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en  caso
concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela.
Otros derechos
constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen
directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás
formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la libertad de
asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29), entre
otros.
Luego las personas
jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías:
a) indirectamente:
cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los
derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas.
b) directamente: cuando
las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan
en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro
está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.
La interrelación entre
el Estado y las personas jurídicas se traduce tanto en la participación de los
ciudadanos en la organización del Estado, como en una ordenación de entidades
de carácter social en cuanto a que su actividad presente un interés público
relevante. Su libre creación y actuación esta garantizada tanto en la
Constitución (artículos 38, 103 y 355) como en la ley.
Esta tesis ha
sido adoptada por el derecho comparado, así: el artículo 162.1.b. de la
Constitución española reconoce expresamente la acción de amparo para personas
naturales y jurídicas; y la Ley Fundamental alemana, en su artículo 19.III.,
dispone lo mismo”[3]
Por ello
el Juez Constitucional no puede considerar improcedente una petición de amparo,
y por ende dejar de considerar el fondo de la pretensión, aduciendo que la
invocación proviene de una persona jurídica, porque esta persona, al igual que
el ser natural, por ser titular de derechos fundamentales puede demandar que
por vía de tutela los derechos que le fueren violados le sean restablecidos.
3.2.
La acción de tutela no puede ser utilizada para solventar la incuria procesal
del accionante
El artículo 86 de la
Constitución Política, dispone que la acción de tutela no procede cuando el
afectado dispone de un medio de defensa para el restablecimiento de sus
derechos fundamentales conculcados, salvo que la intervención del juez
constitucional resulte indispensable para evitar o cuando menos mitigar un perjuicio
irremediable y grave.
De ahí que esta
Corporación haya reiterado que la existencia de un procedimiento ordinario de
comprobada eficacia para el restablecimiento del derecho conculcado impide la
intervención del juez de tutela[4],
y que esta intervención tampoco resulta posible cuando el afectado no hace uso
de los recursos que le proporciona el ordenamiento para adecuar las actuaciones
y las decisiones de los jueces a los principios y valores constitucionales[5], porque los términos
judiciales son de obligatorio cumplimiento y una vez precluídos no pueden ser
restablecidos.
Dado que la falta de
reacción oportuna del presunto afectado, ante el quebrantamiento de sus
derechos fundamentales, dentro de una actuación determinada, imprime firmeza a
las decisiones, y la existencia de un medio judicial apropiado hace innecesaria
e impertinente la intervención del juez constitucional.
Sobre la necesidad
de que las partes utilicen dentro de los diferentes procedimientos los recursos
que el ordenamiento prevé, con miras al restablecimiento de los derechos
fundamentales conculcados, resulta pertinente resaltar que la acción de tutela
corrige la arbitrariedad y el capricho del juzgador, siempre que el afectado no
haya contribuido a la consumación de la actuación inconstitucional. Puesto que
resulta inadmisible premiar con una nueva oportunidad a quien advirtiendo la
incorrección deja de recurrir la providencia, para controvertirla ante el juez
de tutela, una vez terminado el proceso, y atendiendo al resultado de la
confrontación.
Porque de permitirse
la prosperidad de tales prácticas, se estarían quebrantando gravemente los
derechos fundamentales que el juez constitucional está en el deber de
salvaguardar, puesto que se revivirían debates previa y debidamente definidos
perpetuando los conflictos en perjuicio de la confianza y la firmeza que un
orden justo reclama de las decisiones judiciales. Al respecto ha dicho la
Corte:
“En relación con este punto, la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha sido clara en enfatizar
que la acción de tutela no es un mecanismo que pueda utilizarse para revivir
términos procesales vencidos o subsanar errores en que haya podido incurrir el
litigante durante sus contiendas jurídicas. Por tratarse de una vía subsidiaria
de defensa, procedente sólo en ausencia de otros medios judiciales, la tutela
no puede incoarse para reemplazar los mecanismos jurídicos existentes que se
han dejado de usar por desidia o indiferencia de quien los tenía a mano.
Al respecto ha dicho esta Corporación:
"La acción
de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás
medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros
recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no
abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el
juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que
iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar
por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la
de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones." (Sentencia
T-262/98 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
“Y en otra oportunidad agregó:
"Esta
Corporación ha señalado que la acción de tutela como mecanismo subsidiario no
puede entrar a ser sustituto ni herramienta procesal extraordinaria y
adicional, dentro de los diferentes procesos judiciales, cuando dentro de
estos, las oportunidades para interponer los recursos ya fenecieron, o porque
dichos recursos no fueron utilizados en debida forma. Es necesario dejar en
claro que, la acción de tutela no fue instituída tampoco, como tercera
instancia o herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan hecho
tránsito a cosa juzgada. De esta manera, se pretende, no solo el respeto por
las decisiones judiciales proferidas en desarrollo de procesos agotados en su
totalidad, y que dentro de los cuales se establecieron recursos ordinarios,
extraordinarios y otros mecanismos para que las partes involucradas pudiesen
controvertir las diferentes actuaciones y proteger sus derechos, sino que se
busca mantener en firme el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica
que generan los fallos judiciales." (Sentencia 272/97 M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz)”. [6]
De acuerdo con lo
expuesto, la parte que no utiliza dentro del proceso los recursos previstos en
el ordenamiento para restablecer sus derechos fundamentales, no puede acudir
ante el Juez Constitucional invocando tal restablecimiento.
4. El caso
concreto. Los jueces accionados no incurrieron en vía de hecho, y la acción de
tutela no es el procedimiento adecuado para discutir sobre la modalidad del
seguro convenido, y el monto de la indemnización a que es condenada una
aseguradora
4.1. La Aseguradora
Colseguros S.A. invoca el restablecimiento de su derecho fundamental al debido
proceso, dado que los accionados habrían desconocido el carácter puramente
indemnizatorio de los seguros de daños, al condenarla a responder por un
perjuicio que Contenedores & Servicios S.A., no ha sufrido.
Ahora bien, el
apoderado de la accionante hace consistir el quebrantamiento del carácter
indemnizatorio al que alude, en el análisis probatorio y los fundamentos
jurídicos de las decisiones adoptadas por el Juez Noveno Civil del Circuito y
confirmadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso
Ejecutivo iniciado por Contenedores & Servicios S.A. contra Aseguradora
Colseguros S.A.
Razonamientos que
son definitivos e inmodificables así difieran de los planteamientos de las
partes; porque la autonomía e independencia de los jueces carecería de eficacia
si un debate probatorio pudiera reabrirse, con el peregrino argumento de que lo
decidido no convence a quien resultó desfavorecido con la decisión –artículo
230 C.P.-.
En este punto, el
apoderado de Colseguros plantea al Juez Constitucional suspender la ejecución de
la sentencia que le ordenó a su representada pagar el valor declarado por
Contenedores & Servicios S.A. -al presentar la reclamación de siniestro con
ocasión de la inundación que afectó las mercancías ubicadas en sus
instalaciones-; porque la Aseguradora insiste en que para que opere la
protección que asumió, su asegurada y beneficiaria tendría que ser previamente
condenada a responder al propietario por la pérdida sufrida.
Empero para la Sala
la legalidad del mandamiento de pago y de la orden de seguir adelante la
ejecución que la actora pretende controvertir es clara, como quiera i) que la
ejecutada expidió una póliza de seguro en la que la ejecutante figuraba como
tomadora, asegurada y beneficiaria; ii) que la póliza amparaba las mercancías
depositadas en las instalaciones de aquella; iii) que la existencia de una
condena para proceder al pago de un siniestro sólo se requiere cuando se ha
convenido en un amparo patrimonial; iv) que el siniestro ocurrió estando las
mercancías en tránsito y bajo custodia de la asegurada, v) que el daño se
produjo, y iv) que la obligada recibió la prima que liquidó, por el contrato
que expidió, y en razón del riesgo que se comprometió a asumir.
Además el
procedimiento seguido por la asegurada para acceder al pago de la indemnización
fue el apropiado, dado que i) dio a la Aseguradora el aviso de siniestro, ii)
permitió que ésta interviniera en la investigación de los hechos, y en la
valoración de la pérdida, iii) presentó la reclamación de siniestro en los
términos exigidos por el Código de Comercio, y iv) debió ejecutar a la
obligada, porque ésta no objetó la reclamación.
Siguiendo en
consecuencia el procedimiento previsto en los artículos 1075, 1077, 1080 y 1053
del Código de Comercio, que dicen:
“ART. 1075.—El asegurado o el beneficiario
estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro,
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido
conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes.
El asegurador no podrá alegar el retardo o
la omisión si, dentro del mismo plazo, interviene en las operaciones de
salvamento o de comprobación del siniestro.
ART. 1077.—Corresponderá al asegurado
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si
fuere el caso.
El asegurador deberá demostrar los hechos
o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
ART. 1080.—Modificado. L. 510/99, art.
111, par. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro
del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo
1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o
beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un
interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la
Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.
El contrato de reaseguro no varía el
contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el
pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del
reaseguro.
El asegurado o el beneficiario tendrán
derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso
anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador
ART. 1053.—Modificado. L. 45/90, art. 80. Mérito
ejecutivo de la póliza de seguro. La póliza prestará mérito ejecutivo contra el
asegurador, por sí sola, en los siguientes casos:
1. En los seguros dotales, una vez
cumplido el respectivo plazo.
2. En los seguros de vida, en general,
respecto de los valores de cesión o rescate, y
3. Transcurrido un mes contado a partir
del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente,
entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según
las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para
acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea
objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada,
el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.
En suma, el Juzgado
Noveno Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali no
podían decidir en el proceso Ejecutivo nada distinto de lo que resolvieron.
Esto es, la orden de pago solicitada por Contenedores & Servicios S.A.
tenía que ser atendida, como efectivamente aconteció y la sentencia no podía
variar la ejecución, toda vez que la empresa asegurada presentó la reclamación
de siniestro, con el lleno de los requisitos legales y la Aseguradora se
abstuvo de objetarla. Además esta última no demostró los hechos contentivos de
las excepciones que propuso.
Es más, la
contestación de la demanda, las excepciones propuestas, las pruebas allegadas y
el interrogatorio practicado confirmaron i) la expedición de la póliza a nombre
de Contenedores como tomadora, asegurada y beneficiaria, ii) que el seguro
comprendió los riesgos inherentes al transporte de mercancías con amparo de
permanencia, iii) que una precipitación produjo la inundación, y iv) que ésta
averió 416 vehículos depositados en las instalaciones de la depositaria.
4.2. Tampoco admite
controversia la decisión del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali,
atinente a no suspender el proceso Ejecutivo promovido por Contenedores Y
Servicios S.A. contra la actora -como quiera que el proceso Ordinario que se
tramita ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, no tenía
porque incidir en dicho Ejecutivo-. No sólo en razón de que la decisión a que
se hace referencia no fue debatida en instancia, sino también porque en el
proceso Ordinario en mención se busca responsabilizar a Contenedores &
Servicios S.A. del percance.
Y, hasta donde está
probado, la antes nombrada y Colseguros S.A. convinieron en amparar mercancías
en transito, no que la Aseguradora asumía y la asegurada trasladaba un riesgo
patrimonial[7];
puesto que para que en una póliza de transporte opere este amparo, al tenor de
lo reglado en el artículo 1124 del Código de Comercio, debe pactarse
expresamente[8],
y la Póliza de Transporte objeto del reclamo nada dijo al respecto.
De tal suerte que
todo indica que la asegurada contrató una póliza de valor real para atender los
daños sufridos por las mercancías en transito bajo su custodia, evitando a sus
clientes tener que acudir a un proceso para ser indemnizados, salvaguardando de
esta manera su prestigio de depositario profesional.
Volviendo al punto
de la prejudicialidad, resulta necesario destacar que los jueces deben ser
estrictos y cuidadosos en aplicación de las normas que la rigen, dada la demora
en las decisiones que comporta la suspensión de los procesos, y en razón de que
la economía procesal y la celeridad de las decisiones judiciales que reclama un
orden justo, indica evitar las dilaciones al máximo, definiendo, entonces,
dentro del mismo asunto, hasta donde ello fuere posible, todos los aspectos
atinentes a la controversia.
Para el efecto
resulta pertinente recordar la siguiente decisión:
“Además, como la
cuestión prejudicial no puede integrar la pretensión, ni constituir el objeto
mismo del proceso penal, sino que, en uno y en otro caso, comprende aspectos de
clara subordinación respecto del objeto del juicio, las decisiones que al
respecto tomen tanto el juez civil, como el funcionario que califica el mérito
de la instrucción dejan incólume la competencia de la Jurisdicción en lo
contencioso administrativo para pronunciarse, esta vez por vía de acción, es
decir con efectos definitivos, sobre la actuación administrativa, que dio lugar
a la suspensión –artículos 6º, 121, 122 y 113 C.P.-
De otra parte, debe
descartarse la pretensión del actor dirigida a que los asuntos civiles y las
causas criminales, en razón de la prejudicialidad administrativa, se suspendan
sin límite de tiempo, toda vez que, sin perjuicio de que se trate de una o de
otra jurisdicción y sin que, para el efecto, cuente el objeto del proceso, todo
aquel que se somete a una decisión judicial tiene derecho a obtener la tutela
efectiva de sus derechos, y ningún derecho puede satisfacer una decisión tardía
–nota 7-.
Lo anterior porque
mientras pende el resultado del proceso las partes involucradas en el
conflicto, y el administrado vinculado a la investigación penal, sufren,
necesariamente, perjuicios derivados de la iniciación y duración del proceso,
hasta el punto que una demora excesiva, inclusive para quienes obtienen una
decisión favorable a sus intereses, puede resultar ineficaz.
De tal suerte que como
no resulta posible que coincidan, cronológicamente, la decisión con la
iniciación de la actuación, la preclusión de las distintas etapas procesales
representa el único paliativo capaz de restringir al máximo la carga que para
los sujetos vinculados, directa o indirectamente, a los trámites judiciales,
representa el tiempo que se toman las distintas autoridades para resolver de
fondo los asuntos que les son propuestos –Preámbulo, artículos 1º, 2º, 6º, 228
a 230 C.P.-.
En consecuencia, como el legislador se
encuentra constitucionalmente obligado a establecer el lapso que puede
transcurrir entre una y otra etapa procesal[9]
no resulta constitucionalmente posible suspender indefinidamente los asuntos
civiles y las causas criminales, por razón de la prejudicialidad
administrativa, porque tal hipótesis, además de quebrantar las disposiciones
arriba mencionadas, propiciaría actuaciones dilatorias y dolosas de las partes,
contradiciendo claros dictados constituciones que las obligan a proceder
conforme a los postulados de buena fe, amen de que haría nugatorio el deber de
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, de ser
solidario ante la necesidad ajena y de respetar los derechos de los demás.
-artículos 83 y 95 C.P.-[10].[11]
Por último, procede
destacar que la modalidad de riesgo asegurado que la actora aduce haber
asumido, bien podía haber sido propuesta como excepción, de manera que, tal
como lo disponen los numerales 2 y 3 del artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil, por este eventualidad, tampoco resultaba posible suspender
la ejecución.
4.3. De modo que si
la Aseguradora Colseguros S.A. pretende controvertir el contrato de seguro que
dio lugar al pago de la indemnización a que fue conminada y el monto de la
misma, debe acudir a la vía del proceso Ordinario, porque la acción de tutela
ha sido prevista para restablecer los derechos fundamentales conculcados, y
-como ha quedado explicado- ningún derecho de esa estirpe le ha sido
quebrantado a la Aseguradora.
Simplemente ésta fue
condenada a responder por el riesgo que asumió, dentro del procedimiento
previsto para tal fin y con plena garantía de sus derechos constitucionales.
Lo que acontece es
que cuando una Aseguradora omite objetar la reclamación de siniestro -como
sucedió con la accionante en el asunto en estudio- aminora sus posibilidades de
defensa y pone en ventaja a su contradictor. Asunto que no puede endilgarse a
los accionados, sino que deriva de la celebración del contrato que la
Aseguradora Colseguros S.A. se resiste a cumplir, y de la peculiaridad del
proceso Ejecutivo, que por su conducta se vio obligada a asumir.
5. Conclusión
En consonancia con
lo expuesto la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
deberá confirmarse, no por lo argüido por ésta, respecto de los derechos
fundamentales de las personas jurídicas, sino en razón de que revocó la
decisión de la Sala Civil de la Corporación en cita, que dejaba sin efecto la
providencia que negó la suspensión del proceso Ejecutivo objeto de
controversia.
Porque con tal
proceder el fallador de primera instancia desconoció i) que Colseguros S.A. no
recurrió como correspondía la providencia que negó la suspensión, ii) que el
Juez Constitucional no puede reabrir los debates judiciales que se adelantan
con sujeción a la Carta Política, y iii) que Contenedores & Servicios S.A.
tiene derecho a la ejecución de la sentencia.
De manera que si
Colseguros S.A. insiste en discutir el valor de la indemnización a que fue
conminada, deberá hacerlo en un proceso Ordinario, en el que Contenedores &
Servicios S.A. disponga de todas las posibilidades de oposición y defensa en
juicio para contradecir sus tesis y planteamientos.
III.    DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero. CONFIRMAR
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia
el 13 de junio de 2002, dentro de la acción de tutela instaurada por Colseguros
S.A. contra el Juez Noveno Civil del Circuito y la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Cali, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sobre la doctrina
constitucional se puede consultar C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[2] Sentencias C-300 de
1994, 360 de 1996, 510 de 1997, 320 de 1998; SU-182 de 1998 y 1193 de 2000;
T-462/97, 345/98, 380/98, 312/99 y 415/99, entre otras.
[3] Sentencia T-411 de
1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] Sobre la eficacia
del medio judicial ordinario a fin de que pueda desplazar la acción de tutela
se pueden consultar, entre otras decisiones las sentencias T-01 y 03 de 1992,
T-391,606 y 620 de 1995, T- 190, 565, y 577 de 1999, T-197 y 699 de 2000, SU
1023 de 2001, T-135 de 2002.
[5] Sentencia C-739 de
2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[6] Sentencia
T-557/99. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Citadas en la sentencia T.255 de
2002, M. P. Jaime Araujo Rentería, en igual sentido T-123 de 1995, Eduardo
Cifuentes Muñoz. .
[7] El artículo 1082
del Código de Comercio clasifica los seguros de daños o de personas; y
aquellos, a su vez, en reales o patrimoniales. Los artículos 1120 y 1127, por
su parte, disponen i) que el seguro de transporte comprenderá todos los riesgos
inherentes al mismo, y ii) que el seguro de responsabilidad impone a cargo del
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause
el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de
acuerdo con la ley; y que éste último tiene como propósito el resarcimiento de
la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al
asegurado.
[8] El artículo 1124 del
Código de Comercio, sobre la contratación del seguro de transporte dispone: “Podrán contratar el
seguro de transporte no sólo el propietario de la mercancía, sino también todos
aquellos que tengan responsabilidad en su conservación, tales como el
comisionista o la empresa de transporte, expresando en la póliza si el interés
asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte de la
mercancía.”
–artículo 46 del D.
E. 01/90-.
[9] La Corte ha
sostenido que “[l]a consagración de los términos judiciales por el legislador y
la perentoria exigencia de su cumplimiento, tienen íntima relación con el núcleo
esencial del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, pues la
indeterminación de los términos para adelantar las actuaciones procesales o el
incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, puede configurar una
denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del proceso,
ambas proscritas por el constituyente (..)”. Sent. C-416/94 M.P. Antonio
Barrera Carbonell. En el mismo sentido sentencias T-768 de 1995 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, C-1335 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-007 de 1999
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[10] Sentencias C-416 de
1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-652 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[11] Sentencia C- 816 de
2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.