T-343-20
Sentencia T-343/20
Referencia: Expediente T-7781236
Acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Zapata
en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión del fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Promiscuo Municipal de La Virginia (Risaralda), el 20 de noviembre de 2019, dentro
del proceso de amparo de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
El 5 de septiembre de 2019, a efectos de acceder a la prestación humanitaria
periódica para las víctimas del conflicto armado, Luis Alberto Zapata le
solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que, a
título gratuito, emitiera un dictamen en el que determinara la pérdida de capacidad
laboral generada por el “traumatismo intracraneal” que sufrió con ocasión
del atentado terrorista ocurrido el 6 de julio de 2001 en el municipio de
Apartadó (Antioquia)[1].
1.2.
El 19 de septiembre de 2019, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda
le informó a Luis Alberto Zapata los documentos que debía anexar para iniciar
el trámite respectivo, así como le puso de presente la necesidad de pagar los
honorarios de un salario mínimo mensual legal vigente, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015[2].
1.3.
El 11 de octubre de 2019, Luis Alberto Zapata remitió a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Risaralda los documentos requeridos, así como
manifestó su incapacidad económica para sufragar los honorarios contemplados en
el Decreto 1072 de 2015[3].
1.4.
El 17 de octubre de 2019, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Risaralda se abstuvo de continuar con el trámite al considerar que, si bien la
documentación requerida fue allegada, lo cierto es que, al tenor del Decreto 1072 de 2015, “no se podrá emitir pericia alguna sin el pago de
los honorarios” [4].
2.
Demanda y pretensiones
2.1. El 7 de noviembre de 2019, Luis Alberto Zapata interpuso acción de tutela en
contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda[5],
al considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital y a la asistencia como
víctima del conflicto armado, debido a la exigencia de pagar los honorarios
contemplados en el Decreto
1072 de 2015 para obtener el dictamen de
pérdida de capacidad laboral requerido para acceder a la prestación humanitaria
periódica para las víctimas del conflicto armado, a pesar de que no cuenta con
los recursos económicos para el efecto.
2.2.
En concreto, el actor sostuvo que es una persona de 64 años en situación de
discapacidad que reside en el municipio de La Virginia (Risaralda), la cual no
cuenta con ingresos económicos para asumir el costo de los honorarios de la
junta de calificación, pues no ha podido laborar debido a la “disfunción cerebral”
y al “trastorno mental no especificado” que padece con ocasión del “traumatismo
intracraneal” causado por el atentado terrorista acaecido en el municipio
de Apartadó el 6 de julio de 2001.
2.3.
Por lo anterior, el accionante solicitó que se tutelen sus derechos al mínimo
vital y a la asistencia como víctima del conflicto armado y, en consecuencia,
se le ordene a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que,
a título gratuito, proceda a emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral
que requiere para acceder a la prestación humanitaria periódica para las
víctimas del conflicto armado.
3.
Admisión de la acción de tutela y traslado
A
través de Auto del 7 de noviembre de 2019[6], el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Virginia admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó
su traslado a la demandada a fin de que se pronunciara sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda.
4.
Contestación de la demanda
4.1.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda se opuso a la
prosperidad del amparo pretendido[7], argumentando que a pesar
de que “el actor ha informado que no cuenta con la capacidad monetaria para
sufragar los honorarios”, lo cierto es que según lo dispone el Decreto 1072 de 2015, “esta corporación no podrá emitir calificación
hasta tanto se abonen los honorarios”.
4.2.
Al respecto, la demandada indicó que las juntas regionales de calificación son
autosuficientes desde una perspectiva financiera, toda vez que no reciben
asignación alguna de la Nación y, por consiguiente, el pago de los honorarios
constituye la principal fuente de ingresos que el ordenamiento jurídico
contempla para su sostenimiento. En consecuencia, la accionada señaló que “no
puede endilgársele negligencia alguna o falta de presteza que atente contra los
derechos de la parte actora”, ya que la normatividad vigente “ordena el
pago anticipado de honorarios para la prestación del servicio”.
5.
Decisión de única instancia
A
través del Sentencia del 20 de noviembre de 2019[8], el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Virginia denegó el amparo solicitado, al estimar que la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, puesto que actuó conforme al derecho positivo, en
el cual se exige el pago de los honorarios respectivos a fin de proceder con la
valoración de pérdida de capacidad laboral.
6.
Actuaciones en sede de revisión
Mediante
Auto del 14 de febrero de 2020[9], la Sala de Selección de Tutelas Número Dos de la
Corte Constitucional escogió para revisión el expediente de la referencia con
fundamento en los criterios denominados “urgencia de proteger un derecho
fundamental” y “posible desconocimiento de un precedente”,
contemplados en el artículo 52 del Reglamento Interno de este Tribunal[10].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala es competente para revisar la decisión de instancia proferida dentro del
expediente de la referencia, con fundamento en el artículo 241.9 de la
Constitución Política[11].
2.
Procedencia de la acción de
tutela
2.1. Previo al estudio de fondo del problema jurídico
que subyace al recurso de amparo, deberá verificarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contemplados en el artículo
86 de la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991[12].
- Legitimación en la causa
2.2. Este Tribunal considera que la legitimación en la causa por activa se encuentra
acreditada en esta oportunidad, puesto que conforme a los artículos 86 de la
Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991[13], el ciudadano Luis Alberto Zapata presentó de manera
personal la acción de tutela como titular de los derechos fundamentales
presuntamente afectados[14].
2.3.
De igual manera, en relación con la legitimación en la causa por pasiva, según
lo dispuesto en artículo 5° del Decreto 2591 de 1991[15],
esta Corporación estima que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Risaralda, en su calidad de “organismo del Sistema de Seguridad Social del
orden nacional, de creación legal, adscrita al Ministerio del Trabajo con
personería jurídica”[16], es demandable a través
de acción de tutela en esta ocasión, comoquiera que: (i) es una autoridad
pública, y (ii) fue acusada de vulnerar los derechos fundamentales del actor[17].
- Inmediatez
2.4. Este Tribunal ha manifestado que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, debe tenerse en cuenta que el amparo está previsto para la “protección
inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados
o amenazados, pues el Constituyente, al consagrar dicha expresión, buscó
asegurar que la mencionada acción sea utilizada para atender afectaciones que
de manera urgente requieran de la intervención del juez constitucional[18].
2.5. En este
sentido, esta Sala advierte que el amparo examinado satisface el presupuesto de
inmediatez, ya que fue interpuesto dentro de un plazo razonable, pues el actor
presentó la demanda de tutela el 7 de noviembre de 2019[19],
esto es, dentro del mes siguiente a la negativa de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Risaralda de proseguir con el trámite de
valoración de pérdida de capacidad laboral ante la omisión de pago de los honorarios
contemplados en el Decreto 1072
de 2015[20].
- Subsidiariedad
2.6. Esta Corporación ha expresado que el juez que
estudia la procedencia de la acción de tutela debe tener en cuenta que esta es un mecanismo sumario y preferente
creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por
ser residual o supletorio,
obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el
legislador a las diferentes autoridades a partir de los procedimientos
ordinarios o especiales, en los que también se protegen prerrogativas de
naturaleza constitucional[21]. Así pues, el recurso de amparo no puede convertirse en un instrumento
alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de las diversas vías
existentes en el ordenamiento jurídico, salvo que las mismas sean ineficaces,
no idóneas o se configure un perjuicio irremediable[22].
2.7. En la presente ocasión, siguiendo el precedente constitucional
en vigor, este Tribunal estima que el amparo de la referencia satisface el
requisito de subsidiariedad, puesto que si bien, desde una perspectiva meramente
jurídica, las decisiones de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Risaralda pueden ser cuestionadas ante la Jurisdicción Ordinaria en su
especialidad laboral[23], lo cierto es que dicha
vía, dada su complejidad, duración y costo, no es idónea para resolver las
controversias en torno al cumplimiento de las condiciones de acceso a los
servicios periciales requeridos para el reconocimiento de la prestación
humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado[24].
3.
Problema
jurídico y esquema de resolución
3.1.
Corresponde a la Corte determinar si la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda vulneró los derechos fundamentales de Luis Alberto
Zapata al exigirle el pago de los honorarios contemplados en el Decreto 1072 de 2015 como condición para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral
que requiere para acceder a la prestación humanitaria periódica para las
víctimas del conflicto armado, a pesar de que no cuenta con los recursos
económicos para cancelar el valor de los mismos.
3.2.
Con tal propósito, este Tribunal (i) reiterará brevemente su jurisprudencia referente al pago de
honorarios a las juntas de calificación y al acceso a la prestación humanitaria
periódica para las víctimas de la violencia, para luego, (ii) solucionar el
caso concreto.
4.
El pago de honorarios
a las juntas de calificación y el acceso a la prestación humanitaria periódica
para las víctimas de la violencia
4.1. En el artículo 46 de la Ley 418 de 1997[25],
el Congreso de la República contempló el derecho a la prestación humanitaria
periódica para las víctimas del conflicto armado que padezcan “una pérdida
del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para
la calificación de invalidez”, el cual se concreta en el pago mensual de un
salario mínimo vigente para aquellas personas que no reciban una pensión a
cargo del Sistema General de Seguridad Social.
4.2. Al respecto, en la Sentencia SU-587 de 2016[26],
la Sala Plena de este Tribunal explicó que el mencionado “derecho fue creado
como una manifestación de los deberes constitucionales del Estado, no solo con
el propósito de garantizar la efectividad de los derechos de la población
víctima del conflicto armado (CP art. 2), sino también con miras a mitigar los
impactos que dicho escenario ha creado en la satisfacción de sus necesidades
básicas, con ocasión de la afectación producida en su capacidad laboral”.
4.3.
Igualmente, en la providencia de unificación en comento, esta Corporación
indicó que “la relevancia de este auxilio radica entonces en que permite
brindar una herramienta para procurar el aseguramiento de un entorno mínimo de
subsistencia para una población que se encuentra en situación de especial
vulnerabilidad, frente a la cual, en virtud del artículo 13 del Texto Superior,
el Estado tiene el deber de promover condiciones acordes con la realización de
la igualdad material, a través de una especie de acción afirmativa, que asegure
la efectividad de sus derechos en términos de dignidad”.
4.4. Ahora bien, en desarrollo del artículo 46 de la
Ley 418 de 1997, en el artículo 2.2.9.5.11[27] del Decreto
1072 de 2015[28], el Gobierno Nacional
dispuso que a efectos de acreditar el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral requerido para acceder a la prestación humanitaria periódica para las
víctimas del conflicto armado, “los interesados deben acudir directamente a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez que corresponda según la
jurisdicción de su lugar de domicilio, demostrando el interés jurídico y la
historia clínica que reflejen los hechos de la fecha en que ocurrió el acto de
violencia que causó la invalidez”.
4.5. Asimismo, en el artículo 2.2.5.1.16[29]
del referido acto reglamentario, el Presidente de la República estipuló que “las
juntas regionales y nacional de calificación de invalidez recibirán de manera
anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías
que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo
mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el
año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el
solicitante”.
4.6. Sobre el particular, en la Sentencia T-067 de
2019[30], esta Corte consideró
que si bien de conformidad con el derecho positivo, le corresponde al
interesado en el reconocimiento de la aludida prestación asumir el costo de los
honorarios de la junta de calificación de invalidez respectiva, lo cierto es
que dicha exigencia “no puede constituirse en un obstáculo insuperable que
llegue a desconocer el derecho a acceder a la reparación integral de víctimas
de la violencia”.
4.7. En este sentido, en la referida providencia, atendiendo
a las obligaciones derivadas del principio constitucional de solidaridad[31],
esta Corporación determinó que a fin de evitar la vulneración de los derechos
fundamentales de las personas interesadas en acceder a la prestación
humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado que encuentren en incapacidad
económica de asumir el costo de los honorarios requeridos para el trámite de la
valoración de pérdida de capacidad laboral respectiva, le corresponde a las
juntas regionales de calificación otorgarles opciones de pago de los mismos
(v.gr. financiación o diferimiento del valor)[32].
4.8. Así pues, este Tribunal resaltó que una solución
constitucional a la tensión que surge entre los intereses de las partes en
casos como el examinado, consiste en que se celebre un acuerdo de pago respecto
a la forma en la que el interesado deberá cancelar los honorarios, el cual atienda
a las condiciones económicas del solicitante y garantice la realización de la
valoración, pero que, a su vez, asegure la satisfacción del costo del dictamen
a fin de no desconocer el especial sistema de financiación de las juntas de
calificación[33].
4.9. Con todo, esta Corte aclaró que “la
calificación no puede estar supeditada al cumplimiento total del acuerdo, pues
esto podría posponer de manera prolongada e injustificada la posibilidad de
acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto”.
Empero, esta Corporación precisó que “lo anterior no obsta para que, en caso
de incumplimiento del acuerdo (…), la junta regional de calificación (…) inicie
las acciones judiciales que considere pertinentes para hacer efectivo el
acuerdo pactado”[34].
4.10. En este orden de ideas, a partir de la obligación
que tienen las autoridades de atender el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional[35], esta Sala considera que
se vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital y a la asistencia como
víctima del conflicto armado de una persona cuando, a pesar de manifestar su imposibilidad
económica de asumir el costo de los honorarios de la valoración de pérdida de
capacidad laboral requerida para acceder a la prestación contemplada en el
artículo 46 de la Ley 418 de 1997, la junta regional de calificación de
invalidez no le ofrece la opción de celebrar un acuerdo de pago a efectos de
sufragar el costo del mismo y, con ello, crea una barrera de acceso insuperable
a dicha subvención[36].
4.11. En consecuencia, en los casos en los que una
persona ponga en conocimiento del juez constitucional la ocurrencia de dicha
omisión, el remedio judicial que debe adoptarse es disponer que entre las
partes se celebre un acuerdo de pago y se proceda con la calificación de
pérdida de capacidad laboral del accionante.
5.
Caso concreto
5.1. En esta ocasión, la Corte revisa el fallo de única instancia proferido el 20 de noviembre
de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia[37],
en el cual denegó el amparo solicitado por Luis Alberto Zapata, al estimar que
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda no vulneró sus
derechos fundamentales, comoquiera que actuó al tenor de lo dispuesto en el
Decreto 1072 de 2015, el cual exige el pago de los honorarios como
condición para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral que requiere
para acceder a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del
conflicto armado.
5.2.
Al respecto, la Sala discrepa de la decisión de instancia, puesto que la exigencia
absoluta del pago de los honorarios como condición para emitir el dictamen de
pérdida de capacidad laboral necesaria para el reconocimiento de la prestación
contemplada en el artículo 46
de la Ley 418 de 1997 en favor de las víctimas de la violencia, constituye una
barrera de acceso insuperable a la reparación integral de las víctimas cuando:
(i) el interesado pone de presente su incapacidad económica para sufragar el
valor correspondiente, y (ii) no se le ofrece una alternativa para cancelar el
costo de la valoración respectiva, como sucedió con el ciudadano Luis Alberto Zapata.
5.3. En efecto, en primer lugar, como lo aceptó en la
contestación de la acción de tutela la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda al señalar que “el actor
ha informado que no cuenta con la capacidad monetaria para sufragar los
honorarios”[38], es claro que Luis
Alberto Zapata ha puesto de presente su imposibilidad económica de costear el
valor de la valoración que requiere a efectos de acceder a la prestación
humanitaria periódica para las víctimas de la violencia.
5.4.
Sobre el particular, la Corte resalta que la manifestación de incapacidad
económica del accionante debe tenerse como cierta en virtud de lo dispuesto en
el artículo 83 de la Constitución, en el cual se establece que la buena fe se
presumirá en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas[39].
5.5. En segundo lugar, esta Corporación evidencia que
la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda no le ofreció a Luis Alberto Zapata la oportunidad de
celebrar un acuerdo de pago a efectos de cancelar el valor de sus honorarios y
acceder a la valoración de pérdida de capacidad laboral que requiere,
comoquiera que se limitó a informarle la obligación de asumir dicho costo y a dar
por finalizado el trámite ante el incumplimiento de la misma, a pesar de que el
actor en al menos dos oportunidades puso de presente sus dificultades
económicas[40].
5.6.
Por lo anterior, este Tribunal revocará la decisión de instancia y, en su
lugar, tutelará los derechos fundamentales al mínimo vital y a la asistencia como víctima del conflicto
armado de Luis Alberto Zapata. En consecuencia, esta Corte
ordenará que:
(i)
En el término de 10 días siguiente a la notificación de esta providencia, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda se ponga en contacto
con Luis Alberto Zapata a fin de celebrar un acuerdo de pago dirigido a
determinar las condiciones en las que serán cancelados los honorarios exigidos
para proceder con la valoración de su pérdida de capacidad laboral.
(ii)
Una vez celebrado el acuerdo de pago respectivo y sin que sea oponible la
obligación de pago del total de los honorarios, dentro de los 10 días
siguientes, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda proceda
a realizar la valoración de la pérdida de capacidad laboral de Luis Alberto
Zapata, así como a proferir el dictamen correspondiente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Promiscuo Municipal de La Virginia (Risaralda), el 20 de noviembre de 2019, que
denegó el amparo solicitado; y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la asistencia como víctima
del conflicto armado de Luis Alberto Zapata.
Segundo.- ORDENAR a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que, en el término de diez
(10) días siguiente a la notificación de esta sentencia, se ponga en contacto
con Luis Alberto Zapata a fin de celebrar un acuerdo de pago dirigido a
determinar las condiciones en las que serán cancelados los honorarios exigidos
para proceder con la valoración de su pérdida de capacidad laboral.
Tercero.- ORDENAR a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda que, una vez celebrado el acuerdo de pago dispuesto en
el numeral anterior y sin que sea oponible la obligación de pago del total de
los honorarios, dentro de los diez (10) días siguientes, proceda a realizar la
valoración de la pérdida de capacidad laboral de Luis Alberto Zapata, así como
a proferir el dictamen correspondiente que requiere para tramitar el
reconocimiento de la prestación humanitaria periódica para las víctimas de la
violencia.
Cuarto.-
INSTAR al ciudadano Luis Alberto
Zapata para que celebre un acuerdo de pago que se acomode a su situación
económica y le permita asumir el valor de la valoración de su pérdida de
capacidad laboral y, con ello, tramitar el reconocimiento de la prestación
humanitaria periódica para las víctimas de la violencia.
Quinto.- Por Secretaría General, LÍBRESE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la página web de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Copia de la solicitud (folio 5 del
cuaderno principal).
[2] Cfr. Copia de la respuesta a solicitud
(folio 8 del cuaderno principal).
[3] Cfr. Copia de la solicitud (folios 6 a 7 y
9 del cuaderno principal).
[4] Cfr. Copia de la respuesta a solicitud
(folio 8 del cuaderno principal).
[5] Folios 1 a 4 del cuaderno principal.
[6] Folio 13 del cuaderno principal.
[7] Folios 17 a 18 del cuaderno principal.
[8] Folios 20 a 23 del cuaderno principal.
[9] Folios 1 a 11 del cuaderno de revisión.
[10] Acuerdo 02 de 2015.
[11] “Artículo 241. A la Corte Constitucional
se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales (…)”.
[12] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
[13] “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante”.
[14] Supra
I, 2.
[15] “Artículo 5. Procedencia de la acción
de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”.
[16] Cfr. Artículo 4° del Decreto 1352 de 2013.
[17] Supra I, 2. En relación con la legitimación en la
causa por pasiva en asuntos como el examinado, esta Corporación ha resaltado
que: (i) si bien, inicialmente, a partir del vacío normativo existente sobre la
materia, se consideró que las entidades prestadoras de salud –EPS- estaban
facultadas para realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral
requerida para acceder a la prestación humanitaria periódica para las víctimas
de la violencia (Cfr. Sentencias T-463 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-469 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-399 de 2015, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado); (ii) lo cierto es que con la expedición del
Decreto 600 de 2017, el cual adicionó el artículo 2.2.9.5.11 al Decreto 1072 de
2015, dicha posición fue rectificada, al estimarse que tenor literal de la
referida norma “no queda duda que la entidad llamada a realizar esta
valoración es la Junta Regional de Calificación de Invalidez correspondiente al
lugar del domicilio del actor” (Cfr. Sentencias T-220 de 2018, M.P. Diana
Fajardo Rivera). En la misma línea argumentativa, en la Sentencia T-067 de 2019
(M.P. Alejandro Linares Cantillo), reiterando la posición fijada en el fallo SU-587
de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), este Tribunal tomó nota de que la
prestación humanitaria periódica para las víctimas de la violencia, “al no
ser propiamente una pensión”, sino una “subvención especial”, “no hace
parte del Sistema General de Seguridad Social”, por lo que, “en
principio, no le son aplicables las reglas dispuestas para la protección del
derecho fundamental a la seguridad social”.
[18] Cfr. Sentencia T-212 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[19] Supra
I, 2.1.
[20] Supra
I, 1.4.
[21] Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-129 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-335 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),
SU-339 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-664 de 2012 (M.P.
Adriana María Guillén Arango).
[22] Cfr. Sentencia T-833 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[23] Cfr. Artículo 4° del Decreto 1352 de 2013.
[24] En esta línea argumentativa, en la
Sentencia T-067 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), al pronunciarse
sobre un caso similar al estudiado, esta Corporación explicó que “con
relación a la idoneidad del mecanismo judicial principal, la Sala considera que
no es claro que el accionante pueda con éxito, a través de un proceso ante la
Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, buscar la exoneración
del pago de los honorarios y así acceder al trámite de la calificación de que
trata el Decreto 600 de 2017 (…). Por ello, obligar al accionante para que
acuda a los jueces para obtener una respuesta a si la junta debe o no realizar
la calificación de la invalidez, y luego, si es el caso, iniciar otro proceso
ordinario contra la calificación otorgada por la junta, implicaría un retardo
injustificado y en cierta medida infructuoso, en la decisión definitiva sobre
si le asiste o no el derecho de ser beneficiario de la prestación humanitaria
periódica para las víctimas del conflicto armado”.
[25] “Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones”.
[26] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27] Adicionado por el artículo 1° del Decreto
600 de 2017.
[28] “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
[29] Correspondiente al artículo 20 del Decreto
1352 de 2013, “por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de
las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones”.
[30] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[31] Al respecto, cabe resaltar que, en la
Sentencia T-032 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), esta Sala de
Revisión afirmó que “la solidaridad representa un límite al ejercicio de los
derechos propios, pues en algunas ocasiones la aplicación de sus mandatos puede
derivar en la restricción parcial de los intereses de uno o varios sujetos con
el propósito de beneficiar a otros, en especial, a quienes se encuentran en una
condición de vulnerabilidad”.
[32] En este sentido, en la Sentencia T-067 de
2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) se recordó que “la Corte
Constitucional en algunos casos excepcionalísimos se ha pronunciado sobre la
posibilidad de diferimiento del pago de deudas a un organismo de carácter
privado con miras al disfrute de un derecho fundamental. En esos casos, si bien
no es posible ordenar al sujeto de derecho privado eximir del pago a los obligados,
sí se ha optado por que el juez constitucional valore la real imposibilidad del
obligado de cumplir, para que así las partes acuerden la suscripción de un
acuerdo de pago, fijación de plazos e intereses”.
[33] Sobre el particular, en la Sentencia T-067
de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) se explicó que “que las juntas de
calificación se financian, principalmente, con el pago de los honorarios
provenientes de las EPS, de las ARL, de las aseguradoras o de quienes acuden de
manera particular para solicitar la calificación, como es el caso de los
aspirantes a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto.
Por lo tanto, ordenar la elaboración de un dictamen de pérdida de capacidad
laboral en el caso concreto, de manera gratuita, tendría tres consecuencias:
(i) que dineros provenientes de recursos parafiscales destinados a las
prestaciones a cargo del sistema general de pensiones sean utilizados para
costear la elaboración de un dictamen especial de PCL con fines diferentes a
asuntos propios de la seguridad social; (ii) que sujetos de derecho privado
(miembros de la junta en calidad de peritos) terminen asumiendo el costo de la
calificación, sin estar obligados legalmente a ello; (iii) y, que se permita el
acceso a una medida de protección social, sin el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos por el legislador”.
[34] Sentencia T-067 de 2019 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo).
[35] En la Sentencia C-634 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), esta Corporación indicó que las autoridades
administrativas, “habida de que carecen del grado de autonomía que sí tienen
las autoridades judiciales, el acatamiento del precedente jurisprudencial es
estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo. Ello en
el entendido que la definición, con fuerza de autoridad, que hacen las altas
cortes del contenido y alcance de los derechos y, en general, de las reglas
constitucionales y legales, resulta imperativa para la administración”.
[36] El deber de realizar acuerdos de pago a
fin de garantizar un derecho fundamental no es novedoso en el ordenamiento
jurídico colombiano, puesto que esta Corporación ha señalado que los mismos
deben suscribirse a efectos de proteger: (i) el derecho a la educación de los
menores que ante la imposibilidad de acceder a los certificados de notas debido
a la mora de sus padres en el pago de las pensiones, no pueden cambiarse de
colegio (sentencias T-860 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-244 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda Amarís; y T-380A de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo);
(ii) los derechos al mínimo vital o a la vivienda digna afectados por el cobro
de acreencias bancarias a personas en situación de debilidad manifiesta que en
razón de la misma no pueden pagarlas (sentencias T-207 de 2012, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; y T-534 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); y
(iii) el derecho al agua vulnerado por el corte del servicio público de acueducto
por el no pago de la factura del mismo (sentencias T-752 de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-093 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-034
de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[37] Supra I, 5.
[38] Supra I, 4.
[39] Cfr. Sentencias T-970 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra); T-260 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-329 de 2018
(M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
[40] Supra I, 1.2. y 1.4.