T-680-00
Sentencia T-680/00
Sentencia
T-680/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expedientes T-279161, T-279485 y T-281912.
Acción de tutela
instaurada por Juan Bautista Guerrero, Justo Pastor Amaya Guevara y Leovigildo
Bautista González contra el Departamento de Boyacá, Caja de Previsión Social de
Boyacá y Secretaría de Hacienda.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santa Fe de Bogotá
D.C., a los doce (12) días del mes de junio de dos mil (2000).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1.991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos acumulados de tutela números T-279161, T-279485 y
T-281912, proferidos por diversas Salas del Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá y diferentes secciones del H. Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Juan Bautista
Guerrero, Justo Pastor Amaya Guevara y Leovigildo Bautista González,
respectivamente y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 86 de
la Carta Magna, instauraron acción de tutela contra el Departamento de Boyacá,
La Caja de Previsión Social de Boyacá y La Secretaría de Hacienda, con el fin
de obtener la protección de sus derechos al pago oportuno de las mesadas
pensionales, a la Seguridad Social y la protección a la tercera edad, trabajo,
salud, seguridad social, vida e igualdad.
Argumentan los
accionantes que la Gobernación de Boyacá, no ha cumplido con la obligación
legal y constitucional de cancelar en forma oportuna las mesadas pensionales a
las cuales tienen derecho por los meses de julio, agosto y septiembre de 1999,
fecha de presentación de la acción.
Afirmaron atravesar
por una difícil situación económica, siendo el ingreso pensional el único
sustento para mantener a sus familias. Refieren que se les han suspendido hasta
los créditos por alimentos, debido al tiempo que ha transcurrido por no pago,
además de que los préstamos bancarios están cerrados.
Los actores pidieron
a los jueces de tutela, ordenar a los entes demandados la cancelación en forma
total y oportuna de las acreencias laborales adeudadas, así como el pago de los
intereses moratorios y la indexación.
En la tramitación de
los expedientes, se allegaron contestaciones de la Caja de Previsión Social de
Boyacá, en las que se acepta deber las mesadas pensionales de julio y agosto,
las cuales no se han cancelado debido a la falta de los recursos que debe girar
el Departamento de Boyacá. La Gobernación del citado Departamento igualmente
indicó que el pago no se ha efectuado debido a la crisis financiera que
atraviesa. Allega documentos con los cuales pretende probar justamente el no
pago.
2. Decisiones
judiciales que se revisan.
Las Salas de
Decisión No. 2, 4 y 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente,
en primera instancia, accedieron a la protección solicitada, al considerar
violados los derechos fundamentales invocados, ya que la situación fiscal por
la que atraviesa el Departamento no es óbice para el cumplimiento de las
obligaciones contraidas con los pensionados. Se ordenó el pago de lo adeudado,
negando lo relativo a la indexación e intereses moratorios.
En segunda
instancia, por impugnación que hicieran los accionantes, el Consejo de Estado,
en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y Cuarta, revocó
la decisión tomada por los jueces de instancia y en su lugar denegó las acciones
incoadas, considerando que el derecho a la Seguridad Social no es fundamental y
no se demostró en los expedientes que la vida de los demandantes se encontrara
en peligro por el no pago de sus pensiones.
Igualmente argumentó
que para el cobro de lo adeudado por la administración existe un procedimiento
diferente al de la Tutela, cual es el proceso ejecutivo laboral.
II. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1.  Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos  31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Procede la
tutela ante la omisión en el pago oportuno de las mesadas pensionales.
Reiteración De Jurisprudencia.
La tutela no es el
medio judicial idóneo para exigir el pago de acreencias laborales, a menos que
se trate de personas claramente afectadas en su mínimo vital, o de pensionados
que por carecer de todo otro ingreso se encuentren en situación de debilidad
manifiesta, y en riesgo de no mantener una subsistencia digna por causa de la
inobservancia de las obligaciones de entes públicos o privados en cumplir sus
compromisos laborales.[1]
Las pensiones, de
conformidad con el artículo 53 de la Constitución, deben ser pagadas
oportunamente, y el derecho a recibirlas debe ser protegido judicialmente, en
casos como el presente a través de la acción de tutela.
Como lo relatan los
actores en sus demandas, “el único sustento económico que poseo proviene de la
mesada pensional que recibo y el atraso ha lesionado gravemente mi estabilidad
social, económica y familiar, por cuanto en los lugares donde me fiaban
mercados, ya no lo hacen, por el tiempo transcurrido, sin haber podido hasta
ahora cancelar.”[2]
Indican que no poseen más ingresos y que la edad no les permite laborar.
Sobre la necesidad del
pago completo de las mesadas pensionales, y el perjuicio que causa la demora en
la cancelación de las mismas, recientemente la sentencia T-126 de 2000,
Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, expresó lo siguiente:
“La mesada
pensional es una fuente de manutención, una forma de asegurar dignamente el
estado de sobrevivencia, como lo ha considerado la doctrina constitucional,
cuando ha precisado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una
compensación que se ha ganado previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para tal fin, lo que indica que los pensionados merecen la
protección del Estado, por cuanto su capacidad laboral ya se extinguió.
“Por regla
general, quien vivió siempre del salario y ahora lo hace de su pensión, especialmente
si es exigua, ve afectada su posibilidad real de subsistencia al no poder
procurársela por otros medios, y por tanto, sus derechos esenciales se ven
atropellados por la falta de pago de las mesadas que legítimamente le
corresponden.”
En el presente caso,
está demostrada la afectación a las condiciones mínimas de los accionantes, y
por ello será necesario reiterar la jurisprudencia mencionada según la cual,
excepcionalmente, proceden las tutelas cuando los demandantes se encuentran en
circunstancias apremiantes que ameritan la protección del juez por pertenecer a
la tercera edad o por hallarse en juego su mínimo vital.[3]
Las
dificultades financieras que vive el Departamento de Boyacá,  no constituyen
justificación para el incumplimiento en el pago de sus obligaciones  laborales,
ni lo redimen de la cancelación oportuna de las mesadas pensionales, en tanto
éstas son el producto de una prestación personal que goza de especial
protección por parte del  Estado.
En
consecuencia, se revocarán las sentencias objeto de revisión y se ordenará a la
Gobernación de Boyacá, que dentro del término de quince (15) días siguientes a
la notificación de ésta providencia, cancele lo adeudado a los demandantes,
poniendo de presente que el Departamento también podrá hacer uso del mecanismo
previsto en el parágrafo segundo de la Ley 549 de 1999, mediante el cual se
creó el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales y se dispuso
anticipar a éstas los recursos que debe girarles la Nación, para que fuesen
destinados al pago de las mesadas pensionales atrasadas.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las siguientes sentencias
de Tutela:
-
La proferida en el
expediente T-279161 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
-
La proferida en los
expedientes T-279485 y T-281912 por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En consecuencia, CONCEDER
las tutelas solicitadas por Juan Bautista Guerrero, Justo Pastor Amaya
Guevara y Leovigildo Bautista González.
Segundo. ORDENAR a la Gobernación de Boyacá, que dentro del
término de los quince (15) días siguientes a la notificación de ésta
providencia, cancele las mesadas adeudadas a los demandantes, advirtiéndole que
también podrá hacer uso del anticipo contemplado en el parágrafo 6 del artículo
2 de la Ley 549 de 1999, para lo cual dispondrá del término de un (1) mes.
Tercero. Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] T-01 de 1997, Magistrado Ponente :
Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] Folio 4 del formato de cada uno de los
expedientes.
[3] Cfr. sentencias T-234 de 2000  M.P. José
Gregorio Hernández, T-424 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-468 de 2000 M.P.
Alvaro Tafur Galvis, entre otras.