T-348-16
Sentencia
T-348/16
SERVIDUMBRE COMO
LIMITACION AL DERECHO DE DOMINIO-Caso en que se les
prohíbe a menores de edad transitar por predio que pertenece a una sociedad
limitada para asistir a institución educativa
ACCION DE TUTELA FRENTE A PROCESOS
POLICIVOS-Procedencia
de la acción de tutela
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier
persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños
MENORES DE EDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL-Implicaciones en relación al derecho a la educación
Los menores de edad son sujetos de especial protección y sus
derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Respecto del derecho a la
educación, ello se materializa en el deber que se encuentra en cabeza no solo
del Estado, quien tiene un rol primordial, sino también de la familia y de la
sociedad, estos últimos en desarrollo de los principios de corresponsabilidad y
solidaridad, de velar porque los niños y las niñas tengan las condiciones
necesarias para que puedan acceder al sistema educativo.
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Incorpora
la accesibilidad como núcleo esencial del derecho a la educación
La accesibilidad implica la obligación del Estado de asegurar el
acceso de todas las personas a la educación en condiciones de igualdad y libres
de toda forma de discriminación, así como facilidades en términos geográficos y
económicos para acceder al servicio. En este orden, como lo señala la Observación
No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3) dimensiones: (i)
la no discriminación, (ii) la accesibilidad material, y (iii) la accesibilidad
económica.
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA
EDUCACION-Desplazamientos desproporcionados hacia el lugar de clases
Los desplazamientos que impliquen trayectos largos hacia el lugar en donde
los menores reciben clases además de amenazar su salud e integridad física,
constituye de manera ostensible un obstáculo al que deben enfrentarse de manera
continua para poder acceder al sistema educativo, poniendo en riesgo su
permanencia en este (acceso material al derecho a la educación). Sin embargo,
quien está llamado a dar solución al problema de acceso y permanencia de las
niñas y los niños a su plantel educativo es el Estado garante por excelencia de
los derechos de la comunidad, asegurar la prestación eficiente de los servicios
públicos.
FUNCION SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD-Alcance/FUNCION
SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD-Servidumbre como limitación al derecho de
dominio
El ordenamiento constitucional vigente reconoció la propiedad como un
derecho que tiene una función social que implica obligaciones y, en virtud de
esta, es posible establecerle limitaciones. Este es el caso de la servidumbre
legal de tránsito que es un gravamen que debe imponerse atendiendo las
circunstancias concretas que no se reducen a las condiciones de ubicación y
explotación, sino también a la situación de los derechos en conflicto los
cuales deben ser armonizados y ponderados.
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA
EDUCACION-Vulneración por parte de la sociedad accionada al impedir el
paso de menores que pasaban por su predio a manera de atajo, para llegar al
plantel educativo
Una
administración municipal desconoce el derecho fundamental a la educación en su
dimensión de acceso material de los menores que habitan en zonas rurales cuando
al conocer de situación que obstaculiza el acceso y pone en riesgo su
integridad y permanencia en una institución educativa, no adopta las medidas
necesarias para conjurarla. Por otra parte, el particular tiene un deber de
solidaridad y corresponsabilidad respecto del derecho prevalente a la educación
de los menores y por ello, deben participar en que se materialice su acceso.
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden
a alcaldía municipal proveer las medidas necesarias para que menores de edad
que habitan en vereda puedan acceder de manera efectiva al derecho a la
educación
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden
a Sociedad Anónima remover todos los obstáculos que impidan el libre tránsito
de los menores agenciados por el sendero peatonal ubicado en su predio
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden
a alcaldía municipal adecuar sendero peatonal y construir puente para que las
niñas y los niños junto con sus padres puedan atravesar río para acceder a
plantel educativo
Referencia: Expediente T-5449190
Acción de tutela instaurada por Luz Mery
Ayala y otros contra la sociedad Acción Fiduciaria S.A.- Fideicomiso Parque
Termales – Centro Vacacional La Calera – “Green Park” y otros.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, el veinticuatro (24) de noviembre de
dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por Juzgado Treinta (30) Civil
del Circuito de Bogotá, el veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)
dentro de la acción de tutela promovida por Luz Mery Ayala Parra y otros padres
en representación de 13 menores de edad[1],
quienes interpusieron acción de tutela  contra la sociedad Acción Fiduciaria
S.A.- Fideicomiso Parque Termales – Centro Vacacional La Calera – “Green Park”
(en adelante sociedad Acción Fiduciaria S.A. o Acción Fiduciaria S.A.), el
municipio de La Calera y la Inspección de Policía de esa misma municipalidad.
El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto
del catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), proferido por la Sala de
Selección Número Cuatro.
I.  ANTECEDENTES
Luz
Mery Ayala Parra, Ana Marcela Pedraza, Diana Carolina Arias Salas, Gloria
Ismelda Veloza Lozano, Miriam Ayala Parra, Diana Paola Pedraza, Diana Rocío
Fonseca, Yesica Garzón Pedraza, Carmenza Murcia Ome y Cervelión Quivano Cabrera
interpusieron acción de tutela  contra la sociedad Acción Fiduciaria S.A., el
municipio de La Calera y la Inspección de Policía de esa misma municipalidad en
representación de sus hijos menores.
Consideraron
que la sociedad Acción Fiduciaria S.A., la Inspección de Policía de La Calera y
la Alcaldía de La Calera desconocieron su derecho fundamental a la educación
contenido en el artículo 44 de la Constitución Política dado que la sociedad
accionada desde el catorce (14) de noviembre de dos mil quince (2015) prohibió
el acceso al inmueble en ejercicio de su derecho de propiedad a los menores que
por ahí transitaban hacia el Instituto Educativo Departamental El Salitre, a
manera de atajo, por un sendero peatonal.
1. Hechos
1.1.
Manifestaron los accionantes que sus hijos menores estudian en la Institución
Educativa Departamental El Salitre, ubicada en la vereda El Salitre, sector
Camino al Meta del municipio de La Calera (Cundinamarca).
1.2.
Afirmaron que como no cuentan con recursos económicos ni subsidios de la
administración municipal para que las niñas y los niños puedan acceder al
servicio de transporte, ellos deben desplazarse caminando desde la vereda El
Salitre, sector Camino al Meta, ubicada en el costado occidental del río
Teusacá, hacía la sede educativa. Relataron que habitualmente utilizaban un
sendero peatonal, a manera de atajo, por el que se demoraban 20 minutos de ida
y entre 30 a 40 minutos en el trayecto de regreso el cual atravesaba una parte
del inmueble perteneciente a la sociedad Acción Fiduciaria S.A., punto en el
que debían cruzar el río.
1.3.
Señalaron que la sociedad Acción Fiduciaria S.A prohibió de manera definitiva
el paso por el predio con base en una orden de la Inspección de Policía de La
Calera. En efecto, la sociedad propietaria del predio adelantó una acción
policiva de perturbación a la posesión en contra de Miguel Rodríguez, Alberto
Tavera, Fabio Rodríguez, Gloria Pedraza y personas indeterminadas conocida en
primera instancia por la Inspección de Policía de La Calera quien, previo
agotamiento del trámite respectivo[2],
profirió la decisión de doce (12) de junio de dos mil quince (2015) en la que
amparó la posesión que ejerce la sociedad Acción Fiduciaria S.A. sobre el
predio[3].
Inconforme con la decisión, el curador ad litem de algunos querellados presentó
recurso de apelación resuelto por la Alcaldía de La Calera el diecisiete (17)
de septiembre de dos mil quince (2015), confirmándola[4].
1.4.
Sostuvieron que si bien esta vía no es la única manera de acceder a la sede
educativa, si es la más rápida. Que la otra forma de llegar es por una vía de
tránsito vehicular, trayecto que los menores deben realizar a pie con una
duración entre (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos y dos (2) horas en el
trayecto de ida y, en el de vuelta, entre dos (2) horas y dos (2) horas y media.
1.5.
Advirtieron que si se permite que el cierre del camino o servidumbre peatonal, los
hijos de los accionantes tendrían que iniciar su caminata para llegar a la sede
educativa a las 7:30 a.m. que es la hora de ingreso, desde las 4:30 a.m. o
antes; “(…) y de regreso la salida es a la 1:30 p.m. y estarían llegando a
la casa a las 4:30 p.m. aproximadamente, exponiéndose a las condiciones del
clima que sean (…) Adicionalmente (…) se impondría a nuestros hijos la
obligación todos los días más de tres horas adicionales para poder estudiar, lo
que representaría un perjuicio grosero e irremediable contra sus derechos
fundamentales, patrocinando la deserción escolar”[5].
1.6.
Igualmente, expusieron que se desconoció que dicha “servidumbre” existe
“desde hace décadas para uso peatonal”, incluso antes de la compra del
inmueble por parte de la sociedad accionada, cuya necesidad es evidente.
Además, que en el proceso policivo se había demostrado que “el cauce del río
Teusacá de 30 metros de ancho constituye un bien de uso público y no privado”[6].
1.7. Con fundamento en lo
expuesto, los accionantes presentaron acción de tutela para la protección del
derecho fundamental a la educación contenido en el artículo 44 de la
Constitución Política. En consecuencia, solicitaron como objeto material de
protección se ordene a la sociedad accionada, a la Inspección de Policía de La
Calera y al municipio de La Calera “se abstengan de realizar el
sellamiento o cierre material definitivo del camino o servidumbre peatonal que
conduce de la vereda El Salitre Sector Camino al Meta hasta la Institución
Educativa Departamental El Salitre, sede el Salitre por la ronda del río
Teusacá”[7].
(subrayas en el texto).
2. Respuesta de las entidades
demandadas y vinculadas de oficio
Una
vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte del
Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, el diecisiete (17) de noviembre
de dos mil quince (2015), el Despacho ordenó notificar a las entidades
accionadas para que en el término de dos (2) días ejercieran el derecho de
defensa  y contradicción.
2.1.
Respuesta de la Personería Municipal de La Calera
El
Personero Municipal de La Calera dio contestación al requerimiento judicial[8].
En su escrito sostuvo que existe una “realidad social que puede estar
perjudicando los derechos de los niños” que estudian en la Institución
Educativa  Departamental El Salitre y que deben atravesar el río Teusacá y el
predio de la sociedad accionada. No obstante, manifestó que dicho
desplazamiento resulta riesgoso para la integridad de los menores como
consecuencia del paso por el puente artesanal que atraviesa el río Teusacá con
mínimas medidas de seguridad.
Consideró
que si lo pretendido es la protección efectiva de los derechos de los menores
sin que ello implique riesgos, corresponde al municipio de La Calera y a la
Gobernación de Cundinamarca proporcionar medios de transporte idóneos y seguros
que permitan el acceso al plantel educativo.
2.2.
Respuesta de la Alcaldía de La Calera
Mediante
escrito del diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015)[9],
el alcalde municipal solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela al existir otros medios de defensa judiciales, sin especificarlos.
Señaló
que en la Inspección de Policía de La Calera tramitó un proceso policivo de
perturbación de posesión iniciado por la Sociedad Acción Fiduciaria S.A. contra
Miguel Rodríguez, Alberto Tavera, Fabio Rodríguez, Gloria Pedraza y otros, en
el que se declaró tal perturbación.
Inconforme
con la decisión, el curador ad litem presentó apelación contra la
decisión adoptada por la inspección, correspondiéndole resolver a la alcaldía
quien la confirmó considerando que el querellante tenía la calidad de poseedor
y al demostrarse la existencia de actos perturbatorios. En consecuencia, se
estableció que configuraría perturbación a la posesión cualquier intervención o
paso por el inmueble. Advirtió que en dicha actuación los querellados tuvieron
la oportunidad de acordar sobre el paso de un sendero peatonal sin que se
hubiera llegado a un acuerdo al respecto.
2.3. Inspección
de Policía de La Calera
La
Inspectora de Policía solicitó denegar las pretensiones por considerarlas
improcedentes y carentes de fundamentos legales[10]. Hizo
referencia a las actuaciones adelantadas por su despacho en la querella
policiva presentada por la sociedad Acción Fiduciaria S.A., en la que el objeto
del debate se centró en el uso por parte de los querellados y otras personas
indeterminadas de un sendero peatonal que pasa por los predios en donde se
desarrolla el proyecto “Green Park”. Resaltó que en el trámite se
ofreció por parte de la sociedad querellante la posibilidad de demarcar el paso
peatonal sobre el costado sur del predio requiriéndose para tal efecto
adelantar obras sobre el río Teusacá y la afectación de unos predios antes del
paso del río. Explicó que dicha proposición no se consolidó por la oposición de
los propietarios de los predios afectados.
Subrayó
que el inmueble “Green Park” es materia de desarrollo urbanístico y que
por mucho tiempo fue paso peatonal de los residentes del costado occidental del
río Teusacá y, especialmente, de menores que cursan estudios en la escuela El
Salitre.
Asimismo,
evidenció las afectaciones en el costado occidental al parecer por la creciente
del cauce y la existencia de obras provisionales para la ubicación de puentes
provisionales que, según lo dicho por la comunidad, han sido arrastrados con el
aumento del caudal del río.
Se
refirió al dictamen pericial practicado dentro del proceso policivo, en el que
se estableció que los predios ubicados en el costado occidental del río Teusacá
cuentan con una vía carreteable que es de mayor longitud pero es más seguro y
no se afecta ningún bien. Que aunque el paso por el predio “Green Park”
es más corto, es peligroso el paso por el río  por cuanto “la vara
dispuesta para acceder al otro lado del río no genera ninguna seguridad, máxime
que entre quienes utilizan el sendero, están menores que estudian en la escuela
de la vereda”. Que también desde el punto de vista ambiental, se
requeriría un permiso para la intervención del río Teusacá en caso de
efectuarse obras de infraestructura. (Subrayas en el texto).
Advirtió
que el fallo de la inspección se profirió con base en las pruebas obrantes en
el proceso, particularmente, el dictamen pericial en el que se determinó que no
existía servidumbre de tránsito, ni vías de uso público o privado de uso común,
por lo que accedió a las pretensiones de la sociedad querellante.
Por
lo demás, indicó que la acción de tutela era improcedente debido a que el
proceso policivo tiene carácter provisional, no hace tránsito a cosa juzgada y
se mantiene mientras la justicia ordinaria decide en forma definitiva, conforme
lo previsto en el artículo 115 de la Ordenanza 14 de 2005 - Reglamento de
Policía y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca.
2.4.
Sociedad Acción Fiduciaria S.A.
El
apoderado de la sociedad demandada solicitó en la contestación a la acción de
tutela negar el amparo constitucional[11].
Para ello, sostuvo que no existe una servidumbre de paso tal como se demostró
con la inspección judicial practicada dentro del proceso policivo que inició sino,
en cambio, se probó la invasión de los predios por parte de personas mayores,
menores e incluso personas que no pertenecen a la vereda El Salitre, sector
Camino al Meta, quienes transitan por todo el predio y afectan la ronda del río
sin tener en cuenta las normas que lo protegen.
A
la vez que mostró su malestar con la perturbación que generaba el paso de los
menores y sus acudientes por el predio, manifestó su preocupación por el cruce
que desde el bien debían realizar los niños y niñas por el río Teusacá, ya que
el tronco utilizado no cumplía con las medidas de seguridad, que debía ser
puesto cada vez que aumentaba el caudal del río. Finalmente, indicó que existe
una vía de tránsito vehicular que ofrece todas las garantías de acceso sin que
ello represente un riesgo contra la integridad de los hijos de los accionantes.
3.
Decisiones que se revisan
3.1.
Decisión de primera instancia
El
Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, mediante fallo de veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil quince (2015) declaró improcedente el amparo
invocado[12].
Para ello consideró que lo pretendido por los presuntos padres de los menores,
quienes no habían acreditado su parentesco, “es que crucen los niños el río
por un palo, poniendo en riesgo la vida y la salud de los que dicen ser menores
de edad y que debe utilizar la intersección para llegar más rápido a su
establecimiento educativo”[13].
Igualmente,
consideró que existe otro mecanismo de orden judicial para debatir el problema
planteado por vía de tutela, sin mencionarlo. Estimó que, en todo caso, como se
había presentado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, no se habían probado los requisitos de inminencia del daño,
gravedad, urgencia así como la impostergabilidad de la tutela.
3.2.
Escrito de impugnación
Los
accionantes inconformes con la decisión adoptada en primera instancia,
presentaron impugnación[14].
Frente a la afirmación de que los menores debían atravesar el río “por un
palo en mal estado”[15],
advirtieron que el juez se basó en la contestación presentada por el sociedad
accionada, la cual no debió tenerse en cuenta al haberse presentado de manera
extemporánea.
Señaló
que debió haberse practicado la inspección judicial solicitada en la demanda de
tutela para corroborar lo dicho por ellos respecto de la distancia de las dos
opciones de recorridos y tomar una decisión diferente a la adoptada en el fallo
impugnado.
3.3.
Decisión de segunda instancia
En
sentencia de veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)[16],
el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá confirmó el fallo
impugnado, al considerar que no se había cumplido con el requisito de
subsidiariedad, al no adelantarse proceso ordinario de servidumbre de tránsito.
Además,
respecto de la legitimidad por activa, precisó que la señora Ana Marcela
Pedraza y los demás accionantes actuaron en nombre propio y en representación
de sus hijos menores, hecho que manifestaron bajo la gravedad de juramento. Que
teniendo en cuenta la informalidad de la acción de tutela, no se requería que
aportaran los registros civiles de nacimiento de los menores.
Sostuvo,
igualmente, que no se había demostrado en la tutela de manera sumaria que el
cerramiento del “predio de propiedad de la empresa accionada en donde se
encuentra el trayecto por el que transitan los menores de edad para llegar a su
colegio, configurara un perjuicio irremediable frente al derecho a la igualdad
en tanto no se demostró que hubiese otras personas en sus mismas condiciones
que se les permitiera el paso que ellos alegan, ni menos el de educación por
cuanto no se demostró que a ninguno de los menores se le niega el acceso a
dicho servicio público”[17].
Asimismo,
estimó que la sociedad accionada había demostrado que el camino hace parte de
un predio de propiedad privada, amparado por una acción policiva de
perturbación a la posesión que fue fallada tanto por la Inspección de Policía
como por la Alcaldía del municipio de La Calera a favor de los intereses de la
sociedad.
4.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
En
escrito allegado al expediente por parte de los padres de los menores se
describió de manera detallada las dos vías de acceso con las que cuentan para
llegar al plantel educativo[18].
En
cuanto a la vía de tránsito vehicular dijeron lo siguiente:
“La primera es una carretera por la cual
transita uno que otro carro de los propietarios de las fincas vecinas, es una
carretera destapada es decir en recebo y la gran mayoría en barro, greda y
charcos. Esta carretera en invierno es intransitable ya que los carros quedan
atascados en ella por su estado. Esta carretera mide aproximadamente 3
kilómetros y medio de la vereda a la vía principal esta carretera es solitaria,
no es muy transitada por personas, no es muy confiable para la seguridad de los
14[19]
menores que van al colegio I.R.D. El Salitre, sin contar con los demás menores
que se dirigen a demás instituciones del municipio; hay peligro con los perros,
corren riesgo por personas desconocidas.
La llegada y salida de estos menores por
esta vía sería así: los menores tendrían que salir a las 5 de la mañana
caminando rápido ya que la entrada al colegio es entre 6:45 y 7:00 de la mañana
y eso porque ellos solamente transitan esta carretera hasta encontrar la vía
principal y allí toman el transporte. Los que estudian en colegios del centro
de La Calera y los de la institución del salitre no toman trasporte sino seguir
caminando por la vía principal kilómetro y medio más con el riesgo de que son
14 niños transitando por esta vía que no cuenta con andenes para los peatones.
En la tarde, los menores salen a la 1:30 hacen el mismo recorrido que hacen en
la mañana. Llegando a sus casas entre las 3:30 y 4:00 de la tarde. Los menores
llegan cansados de su jornada escolar más la caminada de casi dos horas y media
a cumplir con sus tareas.”
En
cuanto al sendero por el que el predio de la sociedad accionante es paso
obligatorio, indicaron que:
“La segunda vía de es un sendero, camino
o atajo por la cual la comunidad lleva pasando por más de 25 años. Es mucho más
corto, seguro y fácil la salida y la llegada a nuestra vereda ya que el
recorrido que se hace no lleva más de 20 minutos bajando y entre 30 a 40
minutos subiendo. El recorrido es saliendo de casa, bajamos caminando un
trayecto de la carretera entre 600 y 700 metros hasta encontrarnos con el
sendero atravesando por el predio del señor José García, quien no se ha opuesto
al paso ya que este sendero no ocasiona ningún perjuicio siendo mínimo el
metraje ocupado por el sendero. Pasando este llegamos al rio Teusacá, el cual
pasamos por un puente creado por la misma comunidad el cual consiste en un vara
de eucalipto atravesado sobre el rio con diámetro de 20 a 25 cm de ancho sobre
esta se apuntillan tablas y dos guayas una por cada lado para sostenernos a una
altura de 1 mt aproximadamente siendo seguro ya que se pasa apoyados de la dos
guayas.
Antes de que construyeran las dos torres
de Green Park, pasábamos por el puente y subíamos derecho unos 80 mt
aproximadamente hasta la vía principal pasando esta y entrando al colegio, esto
hace ya tres años. Pero con la construcción de las torres nos prohibieron el
paso ya que el camino en medio de las dos torres viendo que ya no podíamos
pasar por ahí nos tocó cambiar el sendero; ahora pasamos el puente caminamos
hacia el sur por la ronda del rio unos 150 mt hasta llegar a la cerca que
lindera con predios del parque recreacional Colombia extrema llegando a este
sitio subimos 60 metros hacia el oriente encontrando la vía principal por este
camino se nos facilita más la llegada de los niños al colegio de la vereda y
para nuestros trabajos.”
En
cuanto a los riesgos a los que están expuestos los menores al cruzar el río
Teusacá por el puente elaborado por los habitantes de sector, señalaron:
“Según el propietario del predio Green
Park el paso es un riesgo para la seguridad de los niños asegurando que alguien
podría caerse sufriendo daños irreparables sin tomar en cuenta que el puente no
está a más de 1.50 mt sobre el rio (en altura). También dice que el rio sufre
de avalanchas de crecientes seguidas y que es muy peligroso pero este rio sufre
de crecientes, por mucho, 2 veces al año cuando llueve muy duro. De lo
contrario, el rio no tiene cambios perjudiciales hacia nosotros. Como comunidad
podemos asegurar que en 25 años que hemos pasado por este puente no ha habido
ningún accidente, nadie se ha caído de este puente, además de que los niños
nunca van solos siempre los acompaña adulto (papás). Claro que la comunidad ha
reemplazado este puente varias veces por seguridad (…)”.
Manifestaron
que el paso de los menores por el predio no genera ningún obstáculo en la
construcción de las torres pues ellos solo ocupan “unos metros de ronda del
rio y metro y medio de ancho por el costado sur del predio”. Refirieron que
con anterioridad se había presentado una querella relacionada con el cruce por
dicha propiedad, la cual resultó favorable a los intereses de la comunidad.
En
cuanto a la situación actual, comentaron que:
“[e]n este momento si estamos arriesgándonos
pasando el río saltando de piedra en piedra porque por parte de la inspección
nos tumbaron el puente. Hemos estado buscando solución con ayuda de las
diferentes autoridades del municipio pero nos ha sido imposible. Buscando ruta
escolar para los niños pero ningún carro quiere transitar esa carretera por su
mal estado. Además de eso, los que se han propuesto a hacer la ruta cobran
entre 100 y 120 mensuales por cada niño, siendo imposible pagar ya que en la
vereda hay madres cabeza de familia con 2 y 3 hijos. Esta ruta sería únicamente
para los niños escolarizados y los demás niños de jardines, adultos y adultos
mayores tendrían que hacer el primer recorrido mencionado por esta razón el
paso del río, el sendero sería indispensable para la comunidad.
A pesar de que nos quitaron el puente
nosotros como comunidad no hemos dejado de pasar por el sendero arriesgándonos
a cualquier decisión drástica que el propietario tome en contra de la comunidad
ya que hemos tenido varios encuentros desagradables ya que ha habido maltrato
verbal de parte del propietario del predio sin importar si son adultos o niños.
La comunidad camino al meta está
preocupada porque desafortunadamente el tiempo pasa y no hemos podido
solucionar este caso aunque para el dueño del predio se sostiene en la decisión
y al fallo emitido por la inspección de policía y el juzgado a favor de Green
Park, nos sentimos atados ya que no contamos con la ayuda de nadie, la
comunidad le agradece su colaboración para dar solución al caso lo más pronto
posible.”
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo
de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y problema jurídico
2.1. Los padres de 13
niños y niñas que viven en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta y que
estudian en el Instituto Educativo Departamental El Salitre – sede El Salitre presentaron
acción de tutela, porque consideran que la prohibición para que los menores
transiten junto con sus padres por el predio de la sociedad accionada, vulnera
el derecho fundamental a la educación de los menores. La administración
municipal y la empresa accionada contestaron a la tutela señalando que la
acción era improcedente toda vez que los accionantes contaban con otros
mecanismos ordinarios para debatir esta situación -no precisaron cuáles-.
Igualmente, señalaron que se había adelantado proceso policivo de perturbación
de la posesión por parte de la sociedad, favorable a los intereses de la
propietaria del inmueble. Además, advirtieron de los presuntos riesgos
eventuales que podrían correr los menores al cruzar el río Teusacá. El juez de
primera instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela, decisión
confirmada por quien conoció la impugnación, dado que la vía judicial idónea
para solucionar el conflicto planteado es la ordinaria a través del proceso
civil de servidumbre de tránsito[20]
y que, en todo caso, no se comprobó que los padres de los menores acudían a la
acción de tutela para evitar la existencia de un perjuicio irremediable.
2.2. De
conformidad con los hechos expuestos, la Sala pasará a resolver los  siguientes
problemas jurídicos: (i)
¿desconoce la administración municipal el derecho fundamental a
la educación de los menores y su integridad física, al no adoptar medidas efectivas
que garanticen el acceso material al plantel educativo? y; (ii) ¿la
sociedad demandada vulnera el derecho fundamental de los menores a la educación
previsto en el artículo 44 Superior, al no permitirles el paso por el sendero
peatonal que atraviesa la propiedad de la sociedad accionada por el que
transitaban usualmente para dirigirse al plantel educativo, actuando conforme
con una decisión de carácter policivo en la que se declaró de manera general
que había una perturbación de la posesión sin tener en cuenta que este derecho
tiene carácter prevalente?
2.3. A efectos
de resolverlos, la Sala de Revisión estudiará si la acción de tutela es
procedente en el caso concreto para proteger el derecho fundamental a la
educación de los menores que viven en la vereda El Salitre, sector Camino al
Meta. Luego, si el examen anterior es afirmativo, reiterará brevemente la
jurisprudencia constitucional respecto de (i) los menores como sujetos de
especial protección, la prevalencia de sus derechos y las implicaciones de ello
en relación con el derecho a la educación; (ii) acceso material al derecho a la
educación (largos trayectos y deserción escolar) y; (iii) el derecho a la
propiedad (función social y límites). Finalmente, (iv) se planteará la
solución al asunto objeto de revisión.
3. Procedencia
de la acción de tutela que se revisa
3.1.
Al examinar la procedencia de esta acción, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 86 Superior y por el Decreto 2591 de 1991, debe verificarse los
siguientes criterios: (i) inmediatez, (ii) subsidiariedad, (iii) legitimación
por activa y (iv) legitimación por pasiva.
A
continuación se hará referencia brevemente a los criterios de inmediatez y
legitimación por pasiva y se harán unas apreciaciones más detalladas en cuanto
a la subsidiariedad y legitimación por activa, toda vez que respecto del
primero fue el criterio que dio lugar a que se declarara la improcedencia de la
acción y, respecto del segundo, fue objeto de discusión en las instancias de
tutela.
3.2.
Respecto del criterio de inmediatez[21],
los
padres de los menores radicaron la acción de tutela que se revisa el diecisiete
(17) de noviembre de dos mil quince (2015)[22].
La demanda fue admitida el mismo día[23]
por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera. Dicha actuación de las
decisiones proferidas por la inspección de Policía de doce (12) de junio
confirmada por la alcaldía de La Calera el diecisiete (17) de septiembre de dos
mil quince (2015), en las cuales se ordenó a los querellados abstenerse de
transitar por el predio y la cual se materializó en el cierre de predio el
catorce (14) de noviembre de dos mil quince (2015). Es decir, trascurrieron dos
(2) meses entre la interposición de la acción de tutela y el acto que los
peticionarios consideran que compone el hecho que amenaza las garantías
constitucionales y prevalentes de los menores que representan; término
razonable para declarar la inmediatez de la acción de tutela.
En cuanto a la
legitimación por pasiva[24],
la acción fue interpuesta en contra de  (1) Acción Fiduciaria S.A., sociedad
frente a la cual los menores se encuentran en estado de indefensión como consecuencia
del cierre del paso por el predio de su propiedad por donde transitaban para
asistir al Instituto Educativo Departamental El Salitre. (2) Igualmente, fueron
dentro de las accionadas están la Inspección de Policía y la Alcaldía municipal
de La Calera al haber adoptado las decisiones dentro de la acción policiva de
perturbación de la posesión, en las cuales se dispuso que quienes atravesaban
el bien de Acción Fiduciaria se abstuvieran de hacerlo al determinar que había
perturbación de la posesión.
3.3.
En
relación al carácter subsidiario de la tutela, el artículo 86 de la
Constitución, desarrollado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
establece que esta acción procede cuando: (i) la parte interesada no disponga
de otro medio de defensa judicial, o (ii) existiendo otro medio de defensa
judicial, aquél es ineficaz para proteger derechos fundamentales y se requiere
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El análisis de si existe un
perjuicio irremediable, por un lado, y la evaluación de la eficacia de los
otros medios judiciales disponibles, por el otro, son dos elementos
constitutivos del principio de subsidiariedad que permiten preservar la
naturaleza de la acción de tutela porque: (1) evitan el desplazamiento de los
mecanismos ordinarios, al ser estos los espacios naturales para invocar la
protección de diversos derechos; y (2) garantizan que la tutela opere cuando se
requiere suplir las deficiencias que presenta el orden jurídico para la
protección efectiva de tales derechos a la luz de un caso concreto.
3.3.1. La
jurisprudencia de esta Corporación al estudiar asuntos en los que se ven
involucrados derechos de los niños y las niñas ha sido pacífica respecto de que
la acción de tutela es el medio idóneo para debatir esta clase de asuntos. Así,
en sentencia SU-225 de 1998 en la que se estudió la protección de los derechos
de los niños y las niñas, concluyó que la tutela era el mecanismo idóneo para
su garantía. En esta decisión, la Corte estableció que los derechos de los
menores “tienen un contenido esencial de aplicación inmediata que limita la
discrecionalidad de los órganos políticos y que cuenta con un mecanismo
judicial reforzado para su protección: la acción de tutela”[25] (Negrillas
en el texto original).
En
jurisprudencia más reciente como en la sentencia T-008 de 2016[26] el asunto debatido
estaba relacionado con el reclamo por parte de las madres de unos menores de
servicio de transporte escolar a la administración municipal. La Corte indicó
que aunque no era claro que existiera otro mecanismo de defensa judicial para
reclamar el servicio de transporte escolar a la administración municipal,
cabría la posibilidad de que las madres de los menores lo solicitaran
directamente y que al recibir respuesta negativa de su requerimiento,
interpusieran acción contenciosa en contra de ese acto administrativo. No
obstante, afirmó que “tal argumento no puede ser admitido, pues deja de lado
la realidad fáctica del caso e ignora que, se trata de familias campesinas, de
escasos recursos, que no tienen facilidades de transporte ni educación. En
consecuencia, dadas las precarias circunstancias de las familias de los niños,
esa exigencia resultaría desproporcionada y por tanto, aquél no sería un
mecanismo apto para obtener el amparo de los derechos de los niños, quienes,
por su especial situación, requieren la adopción de medidas de carácter urgente.”
Luego de referirse a la jurisprudencia que establecía la idoneidad del
mecanismo constitucional para debatir asuntos en los que se involucraban
derechos de los menores, hizo referencia al artículo 41 del Código de la
Infancia y la Adolescencia[27]
para concluir que “cuando está de por medio la protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, no se puede afirmar que la
tutela no es el mecanismo idóneo para su protección.”[28]
En este asunto,
el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera resolvió declarar la improcedencia
de la acción de tutela porque consideró que la misma no cumplía el requisito de
subsidiariedad. Afirmó que los interesados contaban con otro medio de defensa judicial,
sin especificarlo, y que en todo caso, no demostraron la existencia de un
perjuicio irremediable que desplazara la vía ordinaria por la constitucional.
Por su parte, el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá al confirmar
la decisión impugnada, advirtió que no había agotado el proceso de servidumbre.
En efecto, el
caso se refiere al cierre del paso por la propiedad de la sociedad Acción
Fiduciaria a los menores que transitaban por allí para dirigirse a la sede
educativa El Salitre. Sobre dicha situación, se han adelantó por parte de la
sociedad Acción Fiduciaria una acción policiva de perturbación de la propiedad,
la cual fue resuelta a favor de los intereses de la propietaria del bien.
Dentro de las consideraciones de las decisiones proferidas tanto por la
Inspección de Policía como por la alcaldía municipal, se señaló que sobre el
predio no se había constituido servidumbre de tránsito. Por lo tanto, se amparó
la posesión ejercida por la sociedad y, en consecuencia, se ordenó “a los
querellados identificados e indeterminados abstenerse de ingresar y usar como
paso peatonal, el predio FIDEICOMISO PARQUEO TERMINALES o CENTRO VACACIONAL LA
CALERA GREEN PARK”.
Se advierte de
lo anterior que el camino judicial ordinario que correspondería adelantar es un
proceso declarativo verbal de servidumbre previsto en el artículo 376 del
Código General del Proceso. No obstante, este procedimiento fue previsto para
estudiar derechos reales y no derechos fundamentales y prevalentes, como el derecho
a la educación de los menores que requiere de la adopción de medidas con miras
a su protección y que, tal como se explicó en líneas precedentes, la tutela es
el mecanismo judicial idóneo para decidir estas controversias. Además, se está
protegiendo igualmente el derecho de los menores al desarrollo armónico e
integral, que implica soluciones por parte de la justicia de manera expedita,
lo cual no es garantizado si se hace uso de los mecanismos ordinarios -proceso
de servidumbre- para dirimir este tipo de situaciones.
Además, tal
argumento se ve reforzado al observar las condiciones de los menores:
pertenecen a familias campesinas de escasos recursos económicos, que no pueden
proveerles con sus ingresos transporte, viéndose obligados a desplazarse caminando
a diario para llegar hacia su lugar de estudios. Dicha situación amerita la
adopción de medidas urgentes para que no existan problemas de deserción escolar
al tener que efectuar desplazamientos muy largos (más de tres horas de
recorrido de ida y vuelta) o incluso riesgos para su integridad física al hacer
uso de la vía de tránsito vehicular (paso por el camino veredal en malas
condiciones y el camino principal desprovisto de andenes).
3.3.2. Ahora bien, de
acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional[29], en caso de que se adelanten acciones
policivas para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las
autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales, en consecuencia las
providencias que dictan son actos de esta naturaleza. Incluso, estos no son
susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contenciosa, conforme lo
dispone el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo que los excluye de su competencia[30].
Por consiguiente, ha dicho la Corporación, en relación con
tales procesos policivos derivado de su naturaleza jurisdiccional que les
otorga el carácter de cosa juzgada a sus decisiones, que otro juez en funciones
ordinarias no puede modificarlas. Por eso, la acción de tutela es el único
medio de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección
de los derechos fundamentales en la eventualidad de que éstos sean amenazados o
vulnerados en el curso de un proceso policivo civil[31].
En el presente
asunto, la inspección de policía indicó que la acción de tutela era
improcedente debido a que el proceso policivo tiene carácter provisional, no
hace tránsito a cosa juzgada y se mantiene mientras la justicia ordinaria
decide en forma definitiva, conforme lo previsto en el artículo 115 de la
Ordenanza 14 de 2005 – Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana del
Departamento de  Cundinamarca.
A diferencia de
lo indicado por la accionada, las decisiones proferidas por la inspección de policía
el doce (12) de junio de dos mil quince (2015) y luego confirmada por la alcaldía
del municipio de La Calera el diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince
(2015), no son susceptibles de ser examinadas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativos al revestir el carácter de jurisdiccional. Ello,
con fundamento no solo en la jurisprudencia de esta Corporación sino también en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
jerárquicamente superior a las normas expedidas por la Asamblea del
Departamento de Cundinamarca.
En ese sentido,
al no existir otros medios judiciales que deban ser agotados, la acción de
tutela es procedente para controvertir este tipo de actuaciones.
3.4. Ahora, en
cuanto a quiénes pueden interponer la acción de tutela cuando se trata de casos
que involucran la satisfacción de las garantías constitucionales de los niños y
de las niñas, el artículo 44 de la Constitución señala que la protección de los
derechos fundamentales y prevalentes de los niños y de las niñas vincula a la
familia, a la sociedad y al Estado. Así, todos los particulares y las
autoridades públicas tienen la obligación de “asistir y proteger” a los
menores “para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos”. Esa misma norma contempla la posibilidad de que
cualquier ciudadano exija a la autoridad competente satisfacer los derechos
constitucionales amenazados o vulnerados, y solicitar sanción para los infractores.
El contenido de
la norma señalada es preciso:
todas las personas deben concurrir en la protección de los niños y de las
niñas, y están llamadas a ejercer acciones para que cesen las situaciones de
vulneración o amenaza que afectan el desarrollo armónico e integral de los
menores o el pleno ejercicio de sus derechos. La Sala de Revisión considera que
este deber se puede concretar mediante tres tipos de actos: ejerciendo
directamente las acciones para eliminar la afectación o amenaza de un derecho;
colaborar con las autoridades competentes en la búsqueda de acciones prontas
para que no se perpetúe la violación o se elimine la amenaza; o simplemente,
poniendo en conocimiento de las autoridades la situación, para que éstas tomen
las medidas adecuadas en el marco de sus competencias.
Ahora bien, como
parte de los actos de protección de los particulares está el de acudir a la
administración de justicia para que mediante procesos eficaces se garantice el
goce efectivo de los derechos de los menores[32],
dentro de los cuales se encuentra la tutela, como acción judicial idónea[33].
En este asunto,
los padres de los 13 menores están facultados para solicitar la protección
deprecada, por aplicación directa del artículo 44 de la norma superior. Sin hacer
un juicio previo sobre el contenido de fondo de esta acción de tutela, existe
por parte de quienes interpusieron la acción de tutela una preocupación
legítima de proteger los derechos de los menores al ser sus padres,
particularmente, al goce efectivo de la educación.
Sobre este
asunto, el Juzgado
Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, en el fallo de tutela de
primera instancia, aunque declaró la improcedencia de la tutela por la
existencia de otro medio judicial, advirtió que los padres de los menores no
habían acreditado su parentesco. Por su parte, el Juzgado Treinta (30) Civil
del Circuito de Bogotá, estimó en la decisión de segunda instancia que no se
requería que los acudientes aportaran junto con el escrito de tutela los
registros civiles de nacimiento de los menores para demostrar que se
encontraban legitimados para interponer la acción toda vez que, teniendo en
cuenta la informalidad de la tutela, bastaba con la manifestación bajo la
gravedad de juramento realizada por los accionantes.
La Sala
estima que en el caso concreto los jueces de instancia desconocieron el hecho
de que los padres de los menores actuaron en representación de sus hijos en
cumplimiento del deber constitucional descrito, al acudir a la tutela para
solicitar el amparo de su derecho fundamental a la educación contenido en el
artículo 44 de la Constitución Política. El de primera instancia, al sostener
que se requería prueba de filiación y el de segunda, pese a que consideró que
no se requería allegar copia de los registros civiles de nacimiento de los
menores, validó la actuación de los acudientes, al indicar que habían declarado
su parentesco con los niños y las niñas bajo la gravedad del juramento.
Sobre
este punto, se reitera que es deber de toda persona actuar en favor de los
derechos de las niñas y los niños, por expreso mandato constitucional, sin que
se requiera alguna prueba que acredite su vínculo con el menor.
Además, esta
Corporación ha sostenido en múltiples oportunidades, que la instauración de una
acción de tutela no puede exigir un excesivo rigor formalista, pues a través de
ella no se busca el establecimiento de una “litis”, sino que su objetivo
principal es la protección eficaz y oportuna de derechos fundamentales, que
adquiere mayor relevancia al buscarse el amparo de derechos de menores. Por tal
razón, la Corte ha precisado que en estos procesos prima el principio de
informalidad, según el cual los obstáculos de trámite no se pueden interponer
en la búsqueda de soluciones reales y efectivas.
De manera que
frente a la legitimación por activa, es procedente la revisión del asunto
puesto a consideración de la Sala, a través del cual los accionantes solicitan
la protección para sus hijos con fundamento en su parentesco, y en cumplimiento
del deber del juez de tutela de verificar que los niños puedan acceder de
manera efectiva al derecho a la educación, como se deriva de la norma
transcrita.
3.5. Una vez
establecida la procedencia de la acción de tutela de la referencia, la Sala de
Revisión pasa a resolver los problemas jurídicos que planteó, sobre la base de
reiterada jurisprudencia que desarrolla en primer lugar, respecto de los
menores como sujetos de especial protección y la prevalencia de sus derechos, y
el deber de todos de garantizar su goce efectivo así como el acceso material a
dicho derecho y, finalmente, el derecho a la propiedad privada y su función
social.
4. Los menores de edad son sujetos de especial protección y sus
derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Implicaciones en relación con
el derecho a la educación
4.1. De conformidad con el artículo 44 de la Constitución son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Gozan también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
Esta misma disposición sostiene, que los niños deben ser protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Finalmente, el artículo en mención, le impone a la familia, a
la sociedad y al Estado, la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral, al tiempo que establece como
principio general que los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos
de los demás y que serán considerados fundamentales para todos los efectos,
exigiendo privilegiar y asegurar su ejercicio y goce con total plenitud.
La protección especial de los niños y la
prevalencia de sus derechos, representan verdaderos valores y principios que no
solo están llamados a irradiar la expedición, interpretación y aplicación de
todas las normas de justicia imputable a los menores, sino también a orientar
la promoción de políticas y la realización de acciones concretas dirigidas al
logro de su bienestar físico, moral, intelectual y espiritual;[34] entendiendo
dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del Estado, y
como un objetivo del sistema jurídico[35].
La jurisprudencia constitucional ha considerado que en la medida en que
los derechos de los menores tienen el carácter de fundamentales y prevalentes,
la obligación de asistencia y protección necesariamente adquiere esa
connotación, por lo que resulta constitucionalmente inadmisible que se
antepongan otros cometidos para dilatar la eficacia del Estado y la sociedad en
el objetivo de asegurar el bienestar de los menores, toda vez que, por mandato
de la Carta, “el deber hacia éstos prevalece sobre cualquier otra
consideración social, política, jurídica o económica”[36] .
Este tratamiento preferencial del menor como interés jurídico relevante,
que implica adoptar “una forma de comportamiento determinado, un deber
ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias
que los involucran”,[37] encuentra un claro
respaldo y reconocimiento en el derecho internacional contemporáneo a través
del llamado principio del interés superior del menor, consagrado por primera
vez en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, y
posteriormente reproducido en otros instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Igualmente, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 9
ha consagrado la prevalencia de los derechos de los menores, al disponer que
(i) “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y
los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”;
y (ii) “en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales,
administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés
superior del niño, niña o adolescente”.
4.2. En cuanto
al derecho a la educación de los menores, en concordancia con lo indicado, a
nivel constitucional y en desarrollos legales se ha dispuesto que radica
esencialmente en cabeza del Estado, concurriendo la sociedad y la familia para velar
por su goce efectivo.
4.2.1. Por una
parte, el primer llamado a garantizar este derecho es el Estado. En efecto, en
cabeza de este radica a obligación no solo de garantizarles establecimientos
apropiados sino también a acceder al sistema educativo de manera integral y en
condiciones de dignidad y calidad y permanecer en este sin obstáculos. En este sentido, el artículo 67 superior[38] dispone que
le corresponde “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de (…) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo.” Al respecto, es importante resaltar lo
establecido en Convención sobre los Derechos del Niño[39] en su artículo 28
literal e), el cual señala entre las obligaciones de los Estados, la de adoptar
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas
de deserción escolar.
4.2.2. Por otra
parte, en relación con la familia y la sociedad, el precepto constitucional
establecido en el artículo 44 es desarrollado por el artículo 4º de la Ley
General de Educación que prevé que además del Estado, tanto la familia como la
sociedad tienen el deber de “velar por la calidad de la educación y promover
el acceso al servicio público educativo”.
Igualmente, el
artículo 40 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en desarrollo de los
principios de corresponsabilidad y solidaridad[40],
establece que  las personas naturales y jurídicas tienen “la
obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia
efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes”, para
cual se les impone el conocimiento, respeto y promoción de sus derechos y su
carácter prevalente (numeral 1º) así como la adopción de las acciones que sean
requeridas para asegurar el ejercicio de los derechos de los menores (numeral
6º).
4.3. En
resumen, los menores de edad son sujetos de especial protección y
sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Respecto del derecho a
la educación, ello se materializa en el deber que se encuentra en cabeza no
solo del Estado, quien tiene un rol primordial, sino también de la familia y de
la sociedad, estos últimos en desarrollo de los principios de
corresponsabilidad y solidaridad, de velar porque los niños y las niñas tengan
las condiciones necesarias para que puedan acceder al sistema educativo.
5. Accesibilidad
material a la educación: desplazamientos desproporcionados hacia el lugar de
clases
5.1. En
desarrollo del mandato constitucional, la Corte Constitucional ha interpretado
el derecho a la educación teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad.
En tal sentido, ha seguido los lineamientos de la Observación General Número 13
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas[41]. Esta Observación
establece cuatro (4) características interrelacionadas que debe tener la
educación en todas sus formas, a saber: disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad[42].
Para el caso que ocupa a la Sala, resulta particularmente relevante la accesibilidad.
5.2.
Esta característica implica la obligación del Estado de asegurar el acceso de
todas las personas a la educación en condiciones de igualdad y libres de toda
forma de discriminación, así como facilidades en términos geográficos y
económicos para acceder al servicio. En este orden, como lo señala la
Observación No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3)
dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad material, y (iii)
la accesibilidad económica.
La garantía de
no discriminación implica que la educación debe ser accesible especialmente a
los grupos vulnerables sin discriminación alguna. Por su parte, la dimensión de
accesibilidad material hace referencia a condiciones de acceso ya sea en razón
de la localización geográfica de las instituciones educativas, las
características físicas de estas, o la satisfacción de demandas de acceso a programas
de educación a distancia. Por último, la accesibilidad económica concretiza la
obligación de asegurar que la educación esté al alcance de todos mediante la
gratuidad de la enseñanza primaria, de un lado, y la implementación gradual de
la misma con relación a la enseñanza secundaria y superior.
Esta Corporación
ha resaltado además, con fundamento en la Observación No. 13, que los niños y
niñas tienen derecho a recibir educación integral. Sobre este punto, la Corte
ha considerado que la educación de las niñas y de los niños es integral cuando
se cumplen los mencionados requisitos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad, pero también, cuando el proceso educativo se
desarrolla en observancia del conjunto de derechos constitucionales de los
menores, como la integridad, la salud, y la recreación, entre otros.
5.3.  En cuanto al
acceso material como parte de la accesibilidad al derecho a la educación, la
jurisprudencia constitucional ha estudiado el tema a propósito de largos desplazamientos
hacia el lugar de estudio.
5.3.1. En la
sentencia T- 781 de 2010[43],
se estudió el caso de unos menores que fueron  reubicados ante la negativa del
municipio de nombrar un profesor en la institución educativa más cercana, lo
que implicaba que realizaran un trayecto largo para recibir clases.
En esa ocasión,
la Corte resolvió inaplicar la norma que preveía un número mínimo de alumnos
para el nombramiento de docentes y observar de manera directa el artículo 67 de
la Carta, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la educación de los menores;
en ese sentido, ordenó proveer un docente para la escuela en mención. Para
llegar a esta decisión, consideró que:
“la
reubicación adolece de un elemento indispensable para ser viable, que es la accesibilidad
material, pues como se afirmó en la demanda, la Escuela Gallegos en la cual
fueron matriculados queda a hora y media de camino y el trayecto está lleno de
obstáculos que los estudiantes tienen que sortear para poder llegar a su
destino, como por ejemplo el cruce de una quebrada, la cual en época de
invierno crece su cauce y hace imposible que sea atravesada.
La
Sala observa que las anteriores circunstancias (…) impone exigencias excesivas
a los presupuestos de las familias de los menores que habitan en la vereda
Montecristo, lo que constituye una vulneración de los menores que habitan dicha
vereda, pues la mencionada institución educativa no es accesible geográficamente
para los menores en cuestión y atenta contra el mandato contenido en el inciso
5 del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.”[44]
5.3.2. Este
asunto ha sido evidente al tratarse de la ausencia de prestación del servicio
de transporte por parte de las autoridades territoriales a menores que viven
alejados de sus planteles educativos.
Así, en la
sentencia T-1259 de 2008[45],
se revisó el caso de dos menores que residían en la vereda Agua Blanca,
Municipio de Tuta- Boyacá y estudiaban en la Institución Educativa Oficial
Chicamocha, y que debían caminar hasta el plantel  ubicado a una (1) hora
aproximadamente, al no contar con servicio de transporte. En esa oportunidad,
reiteró que cualquier intento de restringir los
criterios de accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad sin
obedecer a una justa causa debidamente expuesta y probada, deriva en arbitrario
y, por ende, en estos casos el afectado puede acudir a la acción de tutela y a
los demás instrumentos jurídicos y administrativos para exigir el cese
inmediato de la vulneración, mucho más al tratarse de menores. Concluyó
diciendo que “Es entonces un hecho cierto el
que en el Municipio de Tuta en el Departamento de Boyacá, existen hoy en día
niños que se ven sometidos diariamente a largos desplazamientos para llegar a
sus escuelas, situación que, en criterio de esta Sala, además de constituir un
obstáculo al que deben enfrentarse permanentemente los menores para poder
acceder al sistema educativo, pone en riesgo su permanencia en el mismo,
amenaza su derecho a la salud y a la integridad personal y, evidentemente, no
se acompasa con el principio de dignidad humana establecido como pilar
fundamental del Estado.”
Igualmente, en
la sentencia T-779 de 2011[46],
la Corte estimó que “[e]n lo que respecta al tema de los desplazamientos
desproporcionados a los que son sometidos los estudiantes que no cuentan con el
servicio de transporte escolar para poder llegar a sus respectivas escuelas, la
Corte ha considerado que esto constituye un obstáculo al acceso y a la
permanencia de los alumnos en el sistema educativo. Por tanto, es deber del
Estado, como garante por excelencia de los derechos de la comunidad, asegurar
la prestación eficiente de los servicios públicos”. Así, determinó que las
menores no tenían facilidad para acceder al servicio educativo y ello afectaba
sus derechos a la educación e incluso a la vida en condiciones dignas, al
someterlas “a largas caminatas por una vía destapada, escabrosa y solitaria,
y, por la carretera que de Boyacá conduce a Santander, sometiéndolas a todo
tipo de riesgo contra sus vidas e integridad personal. Además, esta situación
pone en riesgo la permanencia de las niñas en el sistema educativo.”
En sentencia
T-458 de 2013[47],
replicada por la sentencia T-008 de 2016[48],
la Corte estudió, entre otros temas, lo relativo a la provisión de transporte
por parte de autoridades departamentales a menores para que se desplazaran
desde la vereda donde residían hasta el casco urbano del municipio donde se
encontraba la institución educativa, a 4 horas de camino de sus viviendas.
En tal caso,
encontró probada la vulneración de los derechos a la igualdad y a la educación
de los menores, “en razón a la inactividad de las autoridades demandadas,
respecto de la obligación a su cargo de adoptar conjuntamente un programa
dirigido a superar el problema que comporta el desplazamiento diario de los
niños al casco urbano del municipio de Onzaga, Santander.” Para arribar a
dicha conclusión, consideró que no cumplía con la accesibilidad material de la
educación, teniendo en cuenta que la localización geográfica de la escuela no
es de acceso razonable y los 4 menores de edad se verían sometidos a realizar
largos desplazamientos a diario para acudir a sus clases. En este
evento, consideró que el transporte escolar es una garantía de acceso y
permanencia especialmente cuando existen circunstancias geográficas que
dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en áreas rurales
apartadas de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les
impiden acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte.[49]
5.4.
En
conclusión, los desplazamientos que impliquen trayectos largos hacia el lugar
en donde los menores reciben clases además de amenazar su salud e integridad
física, constituye de manera ostensible un obstáculo al que deben enfrentarse
de manera continua para poder acceder al sistema educativo, poniendo en riesgo
su permanencia en este (acceso material al derecho a la educación). Sin embargo,
quien está llamado a dar solución al problema de acceso y permanencia de las
niñas y los niños a su plantel educativo es el Estado garante por excelencia de
los derechos de la comunidad, asegurar la prestación eficiente de los servicios
públicos.
6.
Derecho
a la propiedad, su función social y servidumbre como limitación al derecho de
dominio
6.1.
El derecho de dominio está previsto por el artículo 669 del Código Civil
colombiano como  “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y
disponer de ella (…)”. Este derecho que se predicaba absoluto respecto de
una cosa y que permitía incluso actuaciones arbitrarias por parte de su titular
se fue morigerando, hasta que se predicó en la reforma constitucional de 1936
que esta cumplía con una “función social”. A pesar de ello, fue con la
Constitución de 1991 que el concepto de propiedad empezó a tener profunda
trascendencia social, ya que no solo es reconocida como un derecho sino
también, conforme con lo establecido en el artículo 58 como “una función
social que implica obligaciones”, por lo que es posible acompasar los
derechos de los titulares del derecho de dominio y las necesidades de la
colectividad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que “en aras de garantizar que la propiedad cumpla la función social
encomendada por la Carta, el legislador no sólo está autorizado para restringir
el derecho de propiedad: aquel también puede imponerle cargas o gravámenes
necesarios para su adecuado ejercicio”. De ahí que el derecho de propiedad no
sólo puede limitarse por motivos de utilidad pública o por razones de interés
general, sino también para hacer efectivos derechos de particulares cuando
estos dependen de la intervención del titular. Por lo tanto, las restricciones
a los derechos de contenido económicos pueden provenir tanto de intereses de
superior jerarquía, como de derechos subjetivos particulares que entran en
conflicto en cada caso concreto.”[50]
6.2.
En cuanto a la servidumbre, como limitación al derecho de propiedad, fue
definida en el artículo 879 del Código Civil como “gravamen impuesto sobre
un predio, en beneficio de otro de distinto dueño o de una entidad sea de derecho
público o privado”. Estas pueden ser de tres categorías: naturales, legales
y voluntarias. Dentro de las legales, se encuentra la servidumbre de tránsito
prevista en el artículo 905 del Código Civil, en el que se explica que: “<Aparte
tachado INEXEQUIBLE, resto del artículo CONDICIONALMENTE exequible> Si un
predio se halla destituido de toda comunicación con el camino
público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá
derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere
indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del
terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.”
6.3.
Esta institución jurídica ha sido objeto examen de constitucionalidad como de pronunciamientos
por vía de tutela cuando ha entrado en colisión con derechos fundamentales,
particularmente de sujetos de especial protección constitucional.
6.3.1.
La sentencia C-544 de 2007 examinó la constitucionalidad del artículo 905 del
Código Civil. En ese fallo, explicó que “la servidumbre de tránsito consiste
en imponer el deber jurídico al predio sirviente de permitir el acceso de
personas, animales o maquinaria en beneficio del predio dominante para
comunicarlo con la vía pública. Este privilegio para el predio dominante
conlleva, adicionalmente, el derecho de construir obras y adecuar la franja de
terreno a utilizar para el eficiente tránsito que se requiere”; de manera
que, se trata de una limitación que se le impone al bien inmueble y como tal le
pertenece a éste, sin tener en cuenta si su propietario está o no de acuerdo
con la misma, pues de lo que se trata es de garantizar una “adecuada y
eficiente utilización de la naturaleza(…)Esta servidumbre es, entonces, perpetua
y rebasa el ámbito personal del propietario porque se adhiere al predio
y se impone sin importar quién es el dueño.”[51]
Al
analizar la expresión desprovista de “toda” comunicación demandada,
concluyó que esta era inconstitucional ya que “a pesar de que es pertinente
y válido constitucionalmente que el Estado intervenga para facilitar el derecho
a usar y disfrutar del bien enclavado, no lo es que esa intervención sólo
resulte obligatoria cuando el inmueble colindante está totalmente incomunicado
con la vía principal, pues en casos en los que a pesar de que el predio cuenta
con una vía de acceso, esa no es adecuada ni suficiente para explotar, usar y
gozar del bien, la condición legal de que exista destitución “total” con la vía
pública, impide la adecuada explotación del bien. De hecho, un predio total o
parcial, pero gravemente incomunicado es básicamente improductivo y, como tal,
resulta contrario a la función social de la propiedad privada. De hecho, el uso
adecuado del inmueble no es solamente una decisión individual y autónoma del
propietario, es también un deber social que se impone (…) la exigencia legal
relativa a que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse cuando el predio
dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública, sin que
pueda considerarse la idoneidad, grado de dificultad o costo de la vía
existente, desconoce la función social de la propiedad no sólo desde el punto
de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer
plenamente su derecho, sino del interés social o colectivo que implica la
adecuada y correcta explotación de la tierra”[52].
Advirtió
que declaraba la exequibilidad condicionada del resto del artículo 905 del
Código Civil “en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los
derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. En efecto a pesar
que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien
dominante, deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en
conflicto, pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del análisis
de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones
de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante, sino también
por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y
ponderarse en el caso concreto.”
6.3.2.
Por otra parte, esta Corporación también ha estudiado algunos casos en los que
mediante la acción de tutela los accionantes solicitaron que se les permitiera
pasar por un predio ajeno, toda vez que el propio se encontraba incomunicado de
la vía pública más cercana.
En
la sentencia T-036 de 1995[53],
dos personas de avanzada edad que vivían en un predio que se encontraba
incomunicado entre otros terrenos vecinos, sin acceso directo a la vía pública
y que contaban con una servidumbre de tránsito debidamente constituida y
elevada a escritura pública, acudieron a la acción de tutela, pues el
propietario del bien sirviente había decidido cerrarles el paso argumentando que
el camino estaba destinado exclusivamente al tránsito de personas y como ellos
utilizaban un burro de carga, podían erosionar el terreno en el que se
encontraba su casa. Entonces, instaló en el camino puertas cerradas con candado
y lo cercó con alambre de púas, obligando a los ancianos a arrastrarse por
debajo del alambrado y cargar al hombro los productos de su finca, que vendían
para obtener su sustento diario.
La
Corte decidió amparar el derecho de los accionantes a la dignidad humana,
teniendo en cuenta que como personas de la tercera edad deben recibir una
especial protección constitucional y le ordenó al propietario del bien
sirviente, “retirar inmediatamente cualquier obstáculo que impida el libre
tránsito de los accionantes y de su animal de carga, por el camino que ellos
acostumbran usar.” Sin embargo, la protección fue otorgada de manera
transitoria, pues los actores habían iniciado un proceso por perturbación de
servidumbre que se encontraba en trámite.
En
este evento, la Corte se basó en primer lugar en la especial protección a las
personas de la tercera edad, y la evidente situación de indefensión en la que
se encontraban los actores, personas extremadamente vulnerables. En segundo
lugar, se refirió al deber de solidaridad, patrón establecido en la
Constitución que en principio no es directamente exigible por el juez, de
manera excepcional cuando su inobservancia por un particular vulnera o amenaza
los derechos fundamentales de otra persona, es exigible ya que es una
herramienta que le permite al juez evaluar las acciones u omisiones de las
personas cuando la tutela es utilizada frente a particulares, en aras de
garantizar y armonizar los derechos fundamentales de ambas partes.
En
la sentencia T-736 de 2013[54],
una persona de 78 años de edad, acudió a la acción de tutela toda vez que su
predio se encontraba incomunicado a más de 500 metros de la vía principal, y su
único acceso era una servidumbre construida previamente por el antiguo
propietario del predio sirviente, la cual fue cerrada. Por lo tanto, el
accionante se veía obligado a cargar en su espalda el mercado que realizaba
cada 8 días desde la vía principal, y en ocasiones al estar enfermo, no podía
salir de su lugar de habitación para poder acudir al servicio de salud, además
de haber perdido clientes para su trabajo que consistía básicamente en cuidar
ganado y vender leche. La Corte decidió nuevamente tutelar de forma transitoria
los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal,
a la salud y al trabajo del accionante y, en consecuencia, ordenó a la persona
demandada retirar cualquier obstáculo que impidiera el libre tránsito del actor
y de los vecinos, por el camino que ellos acostumbran usar, y que cruzaba por
sus predios, mientras se resolvía el proceso policivo de perturbación de
servidumbre que había sido iniciado por el peticionario  y otros vecinos.
La
decisión se tomó con base en la evidente ocurrencia de un perjuicio
irremediable al actor, que era una persona de la tercera edad, y sujeto de
especial protección constitucional, además, porque la determinación del
accionado afectaba la función social de la propiedad, pues el actor no estaba
pudiendo usar su bien inmueble para las actividades económicas que solía realizar.
Finalmente,
en la sentencia T-342 de 2014[55],
la Corte protegió de manera transitoria los derechos de una persona de la
tercera edad a la dignidad humana y a la salud y ordenó retirar todos los
obstáculos que impidieran su paso en automóvil desde el lugar en que residía
hasta la vía pública más cercana. Determinó que en este caso era posible exigir
directamente a la propietaria del bien sirviente el deber de solidaridad “entendido
como una pauta de comportamiento que debió haber tenido en cuenta antes de
perturbar los derechos fundamentales de la agenciada. Como quedó probado
durante el proceso, una de las consecuencias que surgió al cerrar el paso por
su terreno, fue que la señora María Cleotilde, persona de la tercera edad en
evidente estado de vulnerabilidad quedó incomunicada, y los familiares que se
encargan de cuidarla no pueden ingresar para visitarla y llevarla a recibir la
atención en salud que necesita. Esta conducta es completamente arbitraria y
recae sobre una persona que debe recibir una especial protección
constitucional, por ello es completamente inaceptable.”
Aunque
el bien inmueble de la accionada no había sido gravado con una servidumbre de
tránsito como tal, estableció que el camino que pasa por su terreno era el
único con el que contaba la accionante para salir a la vía pública más cercana.
6.4.
En resumen, el ordenamiento constitucional vigente reconoció la propiedad como
un derecho que tiene una función social que implica obligaciones y, en virtud
de esta, es posible establecerle limitaciones. Este es el caso de la
servidumbre legal de tránsito que es un gravamen que debe imponerse atendiendo
las circunstancias concretas que no se reducen a las condiciones de ubicación y
explotación, sino también a la situación de los derechos en conflicto los
cuales deben ser armonizados y ponderados.
Además,
a través de la acción de tutela se han protegido los derechos fundamentales de
personas de especial protección constitucional, como son las personas
pertenecientes a la tercera edad, al haberse obstaculizado el paso por una
servidumbre, camino más adecuado para conectar sus predios con la vía pública,
en casos relacionados con la comercialización de sus productos o también, por
ejemplo, con situaciones que tenían íntima relación con su salud.
Teniendo
claro lo anterior, la Corte pasa a resolver los problemas jurídicos objeto de
esta decisión, estos son, si existe vulneración de los derechos de los menores
por parte de (i) la sociedad accionada al cerrar el paso por su predio con base
en la decisión policiva por el que llegaban al lugar de clases y, (ii) la
administración al omitir medidas y adoptar decisiones relacionadas con la
garantía del acceso material al plantel educativo.
7. Las autoridades
demandadas desconocieron el derecho fundamental, prevalente y universal a la
educación de los niños y las niñas de la vereda El Salitre, sector Camino al
Meta en su dimensión de accesibilidad
7.1.
La Sala Primera de Revisión considera que la alcaldía municipal de La  Calera
así como la inspección de policía de esa municipalidad vulneraron el derecho de
los menores habitantes de la vereda El Salitre, sector Camino al Meta a la
educación contenido en el artículo 44 de la Constitución, debido a que (i) la
Alcaldía no adoptó las medidas efectivas para su acceso al plantel educativo de
carácter público y; (ii) la decisión policiva adoptada por la Inspección de
Policía y confirmada por la Alcaldía no tuvo en cuenta tal derecho es
prevalente frente a los demás derechos.
7.2. En
efecto, los menores que residen en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta,
de acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, cuentan con
dos alternativas para llegar caminando a la Institución Educativa El Salitre, a
falta de transporte escolar[56]:
la primera, un sendero peatonal que atraviesa el predio “Green Park” de
propiedad de la sociedad accionada, punto en el que deben cruzar el río Teusacá
por un puente instalado por los mismos habitantes y cuyo trayecto de ida es de
veinte (20) minutos y, de regreso, al ser en falda, puede extenderse hasta por
cuarenta (40) minutos, aproximadamente.
La
segunda alternativa es una vía de tránsito vehicular, destapada hasta llegar a
la carretera principal (la que comunica Bogotá con La Calera) caminando por
este último tramo un (1) kilómetro y medio. En dicho recorrido se demoran entre
una (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos y dos (2) horas en el trayecto de
ida y, en el de vuelta, entre dos (2) horas y dos (2) horas y media.
Teniendo
en cuenta las opciones de los menores para acudir al centro educativo, si el
camino de tránsito de vehicular fuera el escogido, no sólo se sometería a los
menores diariamente a largos desplazamientos para acudir a su escuela -una (1)
hora y media a dos (2) horas de ida y, dos (2) a dos (2) horas y media de
regreso-, sino también a largas jornadas: tendrían que salir de sus casas a las
cinco (5) de la mañana para poder llegar a las siete (7) de la mañana y empezar
a tiempo sus clases; y de vuelta, al finalizar su jornada escolar deberían
emprender desde la una (1) y media de la tarde el camino hacia sus casas,
llegando hacia las cuatro (4) de la tarde, circunstancias que resultan
excesivas tratándose de menores de edad.
Asimismo,
en cuanto a los lugares por donde deben atravesar los menores: la primera parte
del trayecto es una carretera veredal que deben recorrer por tres (3)
kilómetros y medio, recorrido largo que expone por mayor tiempo a los menores a
riesgos por tratarse de una carretera destapada y poco transitada por peatones.
Además, dicho camino desemboca en la carretera principal que conecta a Bogotá
con el municipio de La Calera, debiendo recorrer una distancia de un (1)
kilómetro y medio, la cual no cuenta con andenes. El escenario, esto es, que el
camino veredal no está en buenas condiciones y es poco transitado, aunado al
hecho de que deben atravesar la carretera principal con alto tráfico vehicular,
desprovista de andenes, constituye un riesgo inminente para la vida y la
integridad física de los 13 menores.
Entonces,
aunque existe la vía de tránsito vehicular para acceder al establecimiento
educativo, esta no es la adecuada, pues no solo la vida e integridad de los
menores corre peligro en un alto grado, sino que atendiendo las consideraciones
expuestas en párrafos precedentes, los largos desplazamientos hacia el sitio de
clases es una circunstancia que dificulta gravemente el acceso al sistema
educativo al convertirse en un obstáculo y, en consecuencia, pone en riesgo la
permanencia en este.
Si
bien los menores usaban el sendero peatonal, cuyo paso fue cerrado por la
sociedad demandada, que era el medio más corto hacia el lugar en donde toman
sus clases - veinte (20) minutos de ida y hasta cuarenta (40) minutos, de
regreso aproximadamente- e implica menos riesgos para su integridad física, deja
a merced de conductas de particulares y de pronunciamientos administrativos,
constituyéndose el tránsito hacia el plantel en un obstáculo, poniendo en
riesgo su permanencia en el sistema educativo, inclusive su integridad
personal.
La
responsabilidad del diseño e implementación de una solución corresponde a la
alcaldía de La Calera, esta es llamada a ofrecer una solución de manera
definitiva y eficaz al acceso material de los menores habitantes de la vereda
El Salitre, sector Camino al Meta de este municipio al Instituto Educativo
Departamental El Salitre – sede El Salitre. Esta medida debió ser adoptada una
vez tuvo conocimiento de las dificultades suscitadas entre la sociedad
accionante y los acudientes de los menores por el paso por el sendero peatonal
por el que acostumbraban transitar los menores para asistir al establecimiento
educativo. Dentro de las opciones ofrecidas por la jurisprudencia
constitucional, por ejemplo, se encuentra la provisión de servicio de
transporte a los menores con el fin de que se desplacen desde la vereda donde
residen hasta el plantel.
En
síntesis, la omisión en la que incurrió la alcaldía de La Calera en adoptar las
medidas para que los 13 menores habitantes en la vereda El Salitre, sector
camino al Meta de dicha municipalidad atentó contra su derecho a la educación
en la dimensión de acceso material.
7.3.
Además, la decisión adoptada por la Inspección de Policía el doce (12) de junio
de dos mil quince (2015) y confirmada por la alcaldía de La Calera el
diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) desconoce igualmente el
derecho a la educación de los menores y su carácter de prevalente frente a los
demás derechos.
Así,
las decisiones adoptadas dentro del marco del proceso policivo de perturbación
de la posesión, se basaron en determinar en primer lugar, la acreditación de la
posesión detentada por la Sociedad Acción Fiduciaria S.A., la prueba de los
actos generadores de dicha perturbación, así como que la acreditación de que el
querellado[57]
efectuaba tales actos.
En
efecto, la Inspección de Policía, quien actúo como primera instancia dentro de
la querella, el doce (12) de junio de dos mil quince (2015) luego de determinar
que la sociedad querellante era propietario del predio y que detentaba la
posesión sobre el inmueble, respecto de los actos perturbatorios destacó,
conforme con el acervo probatorio, que “por varios años los residentes del
costado occidental del río Teusacá han hecho uso de un tránsito peatonal que
permite una comunicación más rápida, no por ello más segura, con la vía pública
(carretera nacional), dada la cercanía con la escuela constituye un sendero por
lo que se llega con mayor rapidez (…)Al desarrollarse el proyecto y la
construcción de obras de urbanismo el uso del predio, usando un sendero a modo
de “atajo”, implica necesariamente, limitación y/o perturbación al uso y de
suyo a la posesión”[58].
En
cuanto al tercer presupuesto, afirmó que “no obstante, quedar establecido
que son muchas las personas, todos residentes de los predios ubicados hacia el
costado occidental del río Teusacá los que transitan pasando el río sobre el
predio objeto de este amparo policivo, los querellados en lo particular y los
indeterminados al no haber soportado jurídicamente un derecho al paso, se
constituyen en reales perturbadores de la posesión sobre el predio que es
materia de la presente acción policiva”[59].
Al ser
objeto de recurso de apelación la decisión anterior, la Alcaldía de La Calera
la confirmó en providencia de diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince
(2015) bajo similares argumentos[60].
En ese
sentido, observa esta Sala que pese a que se efectúo el análisis conforme con
lo establecido en el Código de Policía[61]
respecto de los presupuestos a tener en cuenta para la prosperidad de las
pretensiones de una querella policiva de perturbación de la posesión, esto lo
hizo de manera abstracta sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 44
Constitucional y desarrollado por el Código de la Infancia y la Adolescencia
frente al carácter prevalente de los derechos de los niños y, para este asunto,
el de la educación en su dimensión de acceso material.
Si bien,
estaba probado que por el predio objeto de perturbación pasaban “residentes del
costado occidental del río Teusacá (…) dada la cercanía con la escuela [por
existir] un sendero por lo que se llega con mayor rapidez”, tal
determinación no hizo la distinción entre quienes eran los sujetos respecto de
los cuales operaba la restricción, al momento de ejecutarla por parte de la
sociedad Acción Fiduciaria, se impidió el paso de todos los habitantes que
pasaban por el predio, incluidos los menores que tomaban dicho recorrido, a
manera de atajo, para llegar al plantel educativo.
Y es que
las autoridades tenían conocimiento del paso de los niños y niñas por el predio:
en las pruebas recaudadas en el proceso policivo, particularmente en la
inspección ocular efectuada por la autoridad administrativa evidenció el
desplazamiento de los menores por el inmueble con dirección al centro educativo[62].
De
acuerdo con lo expuesto, las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que
el ordenamiento constitucional reconoce que los derechos de los menores de edad
prevalecen por encima de los demás derechos, incluidos en este caso, el derecho
de propiedad de la sociedad accionada. Tales decisiones acarrearon para los
menores una carga irrazonable al dejarles como única alternativa un
desplazamiento de más de 2 horas por cada tramo que dificulta el acceso
material al sistema educativo y que pone en peligro su permanencia en el
plantel, desconociéndose su derecho a la educación en su dimensión de
accesibilidad así como su integridad física al exponerlo a un camino más largo
que acarrea mayores riesgos al tratarse de una vía destapada poco transitada
que desemboca en una carretera principal de alto tráfico vehicular que no
cuenta con andenes peatonales.
En
ese sentido, tales decisiones, conforme con lo dispuesto por el artículo 127
del Código Nacional de Policía[63],
deben ser dejadas sin efectos en tanto que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 44 de la Constitución respecto del carácter prevalente de la
Constitución.
8. La
sociedad accionada debe participar en la efectividad del derecho de la
educación de los menores de la vereda El Salitre, sector Camino al Meta en su
dimensión de accesibilidad
8.1.
Sin desconocer que la inspección de policía y la alcaldía municipal de La
Calera son responsables de la transgresión del derecho a la educación de los
menores, y que el primer llamado a garantizar tal derecho es el Estado, la
sociedad accionada tiene el deber de concurrir, en virtud del principio de solidaridad,
de tomar parte activa en la efectividad del mismo[64].
8.2. En
este punto, debe recordarse que el derecho de propiedad debe cumplir con una
función social, que implica que puede ser objeto de limitaciones con el fin de
satisfacer no solo fines de interés general o utilidad pública, sino incluso “intereses
de superior jerarquía, como derechos subjetivos que entrar en conflicto en cada
caso concreto”. En situaciones en donde los derechos de los niños y la
niñas entran en conflicto con otros, el juez debe optar por los primeros
teniendo en cuenta su carácter prevalente. Las medidas para la salvaguarda de
los derechos de los niños y las niñas en este evento se materializan en la
servidumbre de tránsito, trayecto indispensable para que los niños y las niñas
acudan, en compañía de sus padres, a su escuela.
8.3.
Claro lo anterior, esta Sala se referirá a las afirmaciones de la sociedad
demandada en cuanto a los presuntos riesgos contra la vida e integridad de los
menores al cruzar el río Teusacá por el puente construido por los habitantes de
la vereda, al no contar con las condiciones de seguridad requeridas para el
tránsito de personas y, en especial, de los niños y las niñas, y que tal riesgo
se acrecente por la profundidad del río en temporada invernal.
Por lo contrario,
los acudientes de los menores en escrito allegado en sede de revisión, explican
que el dispositivo fijado para atravesar el río es una vara de eucalipto con un
diámetro de veinte (20) a veinticinco (25) centímetros de ancho “y sobre
esta se apuntillan tablas y dos guayas una por cada lado para sostenernos a una
altura de 1 mt aproximadamente siendo seguros ya q (sic) se pasa apoyados de
las dos guayas”. Igualmente, advierten que el paso por el puente nunca ha
representado un riesgo para los menores. Afirman que este paso lleva veinticinco
(25) años sin que hasta la fecha haya ocurrido algún accidente al momento de
cruzar el río y que, en todo caso, han hecho varias veces el cambio del puente.
A juicio de la
Corte, luego de revisadas las pruebas entre ellas las fotografías remitidas al
despacho y la descripción realizada por los padres del sendero peatonal, el
paso por el puente instalado en un espacio del cruce del río Teusacá, hasta el
momento en que operó[65],
no representó un peligro inminente tal como lo asevera la sociedad accionada.
La Sala
considera contradictoria la respuesta ofrecida por la sociedad demandada, pues
en la primera parte de su escrito de contestación se refiere a los actos de
perturbación a la posesión del inmueble de su propiedad, aludiendo a la
actuación policiva adelantada y, en la segunda parte, refiere a los presuntos
riesgos que representa para los menores el cruce del río por el puente, de lo cual
es posible inferir que los motivos que generaron el conflicto policivo, es la
molestia de los copropietarios del conjunto residencial por el paso de las
niñas y los niños por el predio.
Si la
preocupación principal de la sociedad Acción Fiduciaria, propietaria del
terreno, por el que se ha constituido una “servidumbre de tránsito” en virtud
de la costumbre, hubiera sido el peligro que representa para ellos el cruce por
el río Teusacá, su actuación no era otra que ceñirse a lo preceptuado en el
artículo 44 superior, esto es, ejercer directamente las acciones para eliminar
el presunto peligro, por ejemplo, buscando alternativas con la comunidad para
adecuar la empresa el puente con las condiciones de seguridad que consideran
óptimas para el paso de los menores; o bien colaborar con las autoridades
competentes en la búsqueda de acciones prontas o, finalmente, poniendo en
conocimiento de las autoridades la situación con el fin de que fueran estas las
que tomaran las medidas adecuadas para evitar circunstancias que afectaran la
integridad física de los menores.
No obstante, su
reacción ante la situación fue la de adelantar una acción policiva cuyo
objetivo no era otro que el de impedir el paso de las personas que por
veinticinco (25) años, han transitado por ese sendero, incluidas las niños y
las niñas que estudian en la Institución Educativa Departamental El Salitre –
sede El Salitre.
Además, de
acuerdo con la narración de los padres de los menores, a pesar de la
prohibición de pasar por el inmueble de la Acción Fiduciaria, ellos siguen cruzándolo
“arriesgándonos
a cualquier decisión drástica que el propietario tome en contra de la comunidad
ya que hemos tenido varios encuentros desagradables ya que ha habido maltrato
verbal de parte del propietario del predio sin importar si son adultos o niños”.
8.4. Con
fundamento en lo anteriormente expuesto, resulta evidente la vulneración de los
derechos de los menores contenidos en el artículo 44 de la Constitución, en
particular, el derecho a la educación al haberse cerrado el paso por el predio
de la sociedad demandada a los menores que se dirigían a la Institución
Educativa Departamental El Salitre, sede El Salitre.
En
ese sentido, se revocarán las decisiones de instancia y, en su lugar, se
concederá el amparo del derecho a la educación, contemplado en el artículo 44
de la Constitución de los menores que habitan en la vereda El Salitre, sector
Camino al Meta. Por lo tanto, deben adoptarse un conjunto de acciones a cargo
de la administración municipal y la sociedad demandada encaminadas a garantizar
el acceso material al sistema educativo por parte de los menores, sin que estas
de ninguna manera representen un menoscabo en su integridad física.
9. Órdenes
a la sociedad demandada y a la administración municipal
9.1. Como
consecuencia de lo expuesto, la alcaldía municipal está en la obligación de
proveer dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, las medidas necesarias para que los
menores de edad que habitan en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta
puedan acceder de manera efectiva al derecho a la educación.
9.2.
Igualmente, se dejará sin efectos las decisiones de quince (15) de junio y
diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015), adoptadas por la
inspección de policía y la alcaldía municipal de La Calera, conforme con lo
expuesto en líneas precedentes. En ese sentido, de manera transitoria, en caso
de que exista alguna falla o cualquier otra situación por los menores no puedan
acceder de manera efectiva al lugar de clases, la sociedad Acción
Fiduciaria S.A. – Fideicomiso Parqueo Termales  - Centro Vacacional La Calera –
“Green Park”
deberá
retirar todos los obstáculos que impidan el libre tránsito de los menores así
como a sus acudientes por el predio de propiedad de la sociedad accionada. Se
adoptará como sendero peatonal, aquel por el que transitaban los menores junto
con sus padres después de la construcción de las dos torres del predio Green
Park, descrito por los accionantes en escrito allegado en el trámite de
revisión[66].
En ese
sentido, la alcaldía municipal de la Calera en el término de un (1) mes contado
a partir de la notificación de la presente providencia deberá realizar los
estudios de prefactibilidad, factibilidad y proceder a contratar conforme a las
reglas de la contratación estatal y el presupuesto la construcción de un puente
para que los menores de la vereda Camino al Meta que estudian en el plantel
Instituto Departamental El Salitre – sede El Salitre puedan cruzar el río
Teusacá. La sociedad accionada deberá, para ello, permitir el paso de los
materiales que se requieran para dicha construcción.
9.3. Para
evitar que estas circunstancia pueda perjudicar a otros menores que residan en
la vereda El Salitre, sector Camino al Meta del municipio de La Calera y que
estudien en la Institución Educativa Departamental El Salitre - sede El
Salitre, esta sentencia tendrá efectos inter comunis, esto es, que se
protegerán los derechos de todos los menores que estén en la misma situación,
es decir los que residen en la vereda Salitre, sector Camino al Meta y que
estudian en el Instituto Departamental El Salitre – sede El Salitre.
Según lo
ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se adopta con el fin de
proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma
situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. A este respecto,
esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la
protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse
extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de
tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo
estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de
derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha
establecido que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes, y que la naturaleza y razón de ser de la acción
de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger
derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio
judicial[67].
9.4. Asimismo,
la Personería Municipal estará encargada de velar por el cumplimiento de todas
las órdenes impartidas en esta decisión a la sociedad Acción Fiduciaria S.A. y
a la alcaldía municipal de La Calera.
10.
Conclusión
Una
administración municipal desconoce el derecho fundamental a la educación en su
dimensión de acceso material de los menores que habitan en zonas rurales cuando
al conocer de situación que obstaculiza el acceso y pone en riesgo su integridad
y permanencia en una institución educativa, no adopta las medidas necesarias
para conjurarla.
Por otra
parte, el particular tiene un deber de solidaridad y corresponsabilidad
respecto del derecho prevalente a la educación de los menores y por ello, deben
participar en que se materialice su acceso. En este punto, debe recordarse que
el derecho de propiedad debe cumplir con una función social, que implica que
puede ser objeto de limitaciones con el fin de satisfacer no solo fines de
interés general o utilidad pública, sino incluso derechos con carácter de
prevalente como el de los menores.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en  nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR las
sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal
de La Calera el veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por el
Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá, el veintiocho (28) de enero
de dos mil dieciséis (2016) que declararon improcedente el amparo invocado
dentro de acción de tutela presentada por Luz Mery Ayala Parra y otros padres
en representación de 13 menores de edad[68],
quienes interpusieron acción de tutela  contra la sociedad Acción Fiduciaria
S.A. – Fideicomiso Parqueo Termales  - Centro Vacacional La Calera – “Green
Park” y el municipio de La Calera. En su lugar CONCEDER el amparo del
derecho fundamental a la educación contemplado en el artículo 44 de la
Constitución.
Segundo.-
ORDENAR
a
la alcaldía municipal de La Calera que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, provea las medidas
necesarias para que los menores de edad que habitan en la vereda El Salitre,
sector Camino al Meta puedan acceder de manera efectiva al derecho a la
educación.
Tercero.-
DEJAR SIN EFECTOS las decisiones de quince (15) de junio y diecisiete
(17) de septiembre de dos mil quince (2015), adoptadas por la inspección de
policía y la alcaldía municipal de La Calera, respectivamente, conforme con lo
expuesto en la parte considerativa de la decisión. En consecuencia, ORDENAR a
la sociedad
Acción Fiduciaria S.A. – Fideicomiso Parqueo Termales  - Centro Vacacional La
Calera – “Green Park” que, en todos los casos en los que los menores no puedan
acceder de manera efectiva al plantel educativo Instituto Departamental El
Salitre – sede el Salitre, remueva todos los obstáculos que impidan el libre
tránsito de los menores en compañía de sus acudientes en el inmueble por el
sendero peatonal ubicado en el predio Green Park por el que transitaban después
de la construcción de nuevas torres, descrito en el anexo de esta sentencia.
Cuarto.- ORDENAR
a la alcaldía municipal de La Calera dentro del término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de esta decisión que adopte las medidas
administrativas y presupuestales necesarias para adecuar el sendero peatonal,
así como para construir un puente para que las niñas y los niños junto con sus
padres puedan atravesar el río Teusacá y acceder al plantel educativo, deberán
en todo caso observarse las medidas de seguridad necesarias que protejan la
integridad física de los menores.
Quinto.-
ORDENAR a
la sociedad Acción Fiduciaria S.A. que permita el paso de los materiales e
instrumentos que se requieran para la adecuación del puente para cruzar el río
Teusacá.
Sexto.-
ORDENAR a
la Personería Municipal de La Calera que efectúe el seguimiento de las
órdenes impartidas a la alcaldía municipal y a la sociedad accionada, en los términos
establecidos en la parte resolutiva de esta decisión. La presente
decisión
tendrá efectos inter comunis, esto es, que se protegerán los derechos de
todos los menores que estén en la misma situación, es decir los que residen en
la vereda Salitre, sector Camino al Meta y que estudian en el Instituto
Departamental El Salitre – sede El Salitre.
Séptimo.-
LIBRAR por
Secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento
de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
ANEXO
[1] En efecto, Luz Mery Ayala Parra
presentó la acción en representación
de su hijo Elkin Rodríguez Ayala, Ana Marcela Pedraza en representación de sus
hijas Laura Camila Moreno Pedraza y Nicoll Mariana García Pedraza, Diana
Carolina Arias Salas en representación de su hijo David Orduela Arias, Gloria
Ismelda Veloza Lozano en representación de su hijo Stiven Mahecha Veloza,
Miriam Ayala Parra en representación de su hijo Yoni Rodríguez Ayala, Diana
Paola Pedraza en representación de su hija Paula Andrea Ayala Pedraza, Diana
Rocío Fonseca en representación de su hijo Nicolás Andrey Peña Fonseca, Yesica
Garzón Pedraza en representación de su hija Hassley Peña Garzón, Carmenza
Murcia Ome en representación de sus hijos Juliana y Héctor David Rodríguez
Murcia y, Cervelión Quivano Cabrera en representación de sus hijos Jeison
Stiven y Natalia Quivano Ordóñez.
[2] En la decisión de primera
instancia, dentro del acápite denominado “contestación de la querella”,
Gloria Lucia Pedraza, una de las querelladas, indicó que “por término mayor
de 40 años han utilizado un camino, al que refiere como servidumbre de tránsito
(…) Que este camino es más corto para llegar a la Escuela El Salitre”, situación
que pudo verificar la autoridad policiva pues advirtió “el desplazamiento de
menores por estas áreas” (folios 35 y 38 Cuaderno No. 1).
[3] Folios 34 a 44 Cuaderno No. 1.
[4] Folios 45 a 49 Cuaderno No. 1.
[5] Folios 4 y 5 Cuaderno No. 1.
[6] Folios 3 y 4 Cuaderno No. 1.
[7] Folio 8 Cuaderno No. 1.
[8] Folio 61 y 62 Cuaderno No. 1.
[9] Folio 63 a 65 Cuaderno No. 1.
[10] Folio 66 a 70 Cuaderno No. 1.
[11] Folios 106 a 110 Cuaderno No. 1.
[12] Folios 119 a 133 Cuaderno No 1.
[13] Folio 129 Cuaderno No. 1.
[14] Folios 147 a 151 Cuaderno No 1.
[15] Folio 149 Cuaderno No. 1. La
descripción del camino, incluido el dispositivo fijado por los habitantes de la
vereda para el cruce del río, se encuentra en el acápite 4 de esta decisión.
[16] Folios 4 a 18 Cuaderno No 2.
[17] Folio 16 Cuaderno No. 2.
[18] Folio 18 a 21 Cuaderno No. 3.
[19] En la demanda de tutela, la
interponen los padres de 13 menores de edad.
[20] Debe precisarse que el juez de
primera instancia indicó que existía un medio de defensa al que podía acudir la
parte accionante, sin que lo especificara. En cambio, el juez que resolvió la
impugnación, indicó que dicho mecanismo era el proceso civil de servidumbre de
tránsito.
[21] En cuanto al cumplimiento del
criterio de inmediatez, se exige que la acción sea presentada por el interesado
de manera oportuna frente al acto que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales. La inmediatez encuentra razón de ser en la tensión
existente entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela en
todo momento y el deber de respetar la configuración de la acción
constitucional como un medio de protección inmediata de las garantías
fundamentales. Es decir que, pese a no contar con un término para efectuar la
presentación, debe existir una correspondencia entre la naturaleza expedita de
la tutela y su interposición oportuna.
[22] Folio 1 Cuaderno No. 1.
[23] Folio 53 y 54 Cuaderno No. 1.
[24] Igualmente, en el estudio de
procedencia de la acción de tutela el juez debe verificar, de acuerdo con lo
dispuesto en  el inciso final del artículo 86 superior y en los artículos 10 y
13 del Decreto 2591 de 1991, contra quienes se interpone la tutela, es decir,
si se trata de una autoridad pública que con su actuación y omisión desconoce o
amenaza derechos fundamentales; o si es un particular encargado de la
prestación de un servicio público, o respecto de quien el solicitante se
encuentra en estado de subordinación o indefensión. Entre otras, en la
sentencia T-122 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte indicó que la diferencia
entre indefensión y subordinación radicaba en el origen de la dependencia entre
los particulares: si el sometimiento se presenta como consecuencia de un
vínculo jurídico nos encontraremos frente a un caso de subordinación, y en el
sentido contrario, si la dominación proviene de una situación de hecho, nos
hallaremos ante un caso de indefensión.
[25] En esta decisión, aunque el
examen se contrajo a casos relacionados con la protección del derecho a la
salud, lo indicado respecto de la subsidiariedad resulta aplicable a asuntos
como el que aquí se examina, ya que se refiere al catálogo de los derechos de
los niños y las niñas contenidos en el artículo 44 de la Constitución, dentro
de los cuales se encuentra el de educación aquí estudiado.
[26] M.P. Alberto Rojas Ríos. En este
fallo, la Corte dijo que “la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser
analizada en cada caso concreto teniendo en cuenta las características
procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho
fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial excluye la
procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho invocado”.
[27] Esta disposición prevé que: “El
Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las
niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal deberá: (…) 4. Asegurar la
protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido
vulnerados; (…) 7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o
acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su
familia o la sociedad para la protección de sus derechos.”
[28] Ver, en igual sentido, la
sentencia T-458 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Además, existen
otras providencias que, no obstante no se debate de manera expresa la
existencia de otros medios de defensa judicial, si son claras al establecer que
el mecanismo legal idóneo para la protección del derecho a la educación de las
niñas y los niños es la acción de tutela. Así, en la sentencia T-624 de 2014
(M.P. María Victoria Calle Correa) la razón para llegar a tal conclusión es la
“intrínseca relación [del derecho a la educación] con la vida digna”. En
la sentencia T-273 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), luego de
establecerse que los derechos a la cuya protección se reclamaba no eran de
carácter colectivo –aunque fuera sujeto plural- sino aquellos contemplados en
el artículo 44 de la Constitución, se indicó que estos tenían el carácter de “derechos
fundamentales y, además, prevalentes sobre los derechos de todos los demás
sujetos de la sociedad, lo que implica, entre otras cosas, que las
prerrogativas allí consignadas pueden ser reclamadas mediante la acción de
tutela.”
[29] Ver, en ese sentido, las
sentencias T- 109 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-043 de 1996 (M.P.
José Gregorio Hernández), T- 149 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),
T-115 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-1023 de 2005 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-1104 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto, A.V. Jaime Araújo
Rentería), T-560 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-267 de 2011
(M.P. Mauricio González Cuervo), T-302 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y
T-053 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[30] El artículo 105
del CPACA dispone que “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de los siguientes asuntos: (…) 3. Las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.” Dicha
excepción también se encontraba consagrada en el artículo 82 del  Código
Contencioso Administrativo.
[31] Pueden
consultarse las sentencias T-061 de
2002 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T-560 de 2009 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-053
de 2012 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[32] Estos se encuentran consagrados
en el artículo 44, las normas concordantes, y los instrumentos internacionales
de protección de los derechos de los niños y de las niñas, como la Declaración
de los Derechos de los Niños – suscrita en 1959 por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas-.
[33] En las
sentencias que se citan a continuación las diferentes Salas de Revisión de la
Corporación aceptaron la procedencia de la acción de tutela interpuesta por un
tercero en favor de un niño o de una niña, sobre la base de la aplicación
directa del artículo 44 de la Constitución. Así por ejemplo, en la sentencia
T-029 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte reconoció que la
legitimidad por activa de la accionante del proceso de tutela se fundamentaba
directamente en el artículo 44 superior. Se trató del caso de una persona que
solicitó al ICBF actuar en defensa de varios niños en estado de indigencia que
vivían en diferentes parques de la ciudad de Villavicencio. La ciudadana relató
que las niñas y los niños estaban expuestos a condiciones de abandono,
intemperie y promiscuidad y que le preocupaba ver cómo “estas criaturas inocentes se consumen cada día en el vicio,
en  las enfermedades y el temor –
temor a ser asesinados como había ocurrido con algunos de sus  compañeros,
según le relataron algunos menores a la peticionaria- La accionante pedía, en
concreto, que el ICBF les brindara a las niñas y a los niños rehabilitación
física y moral, y realizara las gestiones para ayudarlos a recuperarse de la
situación de abandono. La Corporación dijo en esa oportunidad: “[e]l
bienestar de la infancia, es una de las causas finales de la sociedad -tanto doméstica
como política-, y del Estado; por ello la integridad física, moral, intelectual
y espiritual de la niñez, y la garantía de la plenitud de sus derechos son, en
estricto sentido, asunto de interés general. Son fin del sistema jurídico, y no
hay ningún medio que permita la excepción del fin.
Pero no basta con el deber de asistencia, porque la Constitución obliga
al Estado, a la sociedad y a la familia también a proteger al niño. Esta
protección implica realizar las acciones de amparo, favorecimiento y defensa de
los derechos del menor. Por ello el artículo 44 superior, concluye en su último
inciso: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los
demás;  lo cual  está en consonancia con el inciso tercero del artículo 13 de
la Constitución que señala: "El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta (...)". Esta especial protección
-que abarca a la infancia- más la prevalencia de los derechos de los niños,
hace que estos tengan una exaltación jurídica, dado el interés general que, al
recaer sobre ellos, se hace superior y, por tanto, incondicional. Lo anterior
se traduce en el ineludible deber del Estado y de la sociedad de respetar, en
primer término, dicha prevalencia, y de actuar de manera inmediata e
incondicional, siempre que la infancia se halle en estado de necesidad, como
deber prioritario e ineludible. Si los derechos de los niños son prevalentes,
el deber del Estado de asistencia y protección a la infancia, también lo es.
Luego no pueden alegarse otras obligaciones que dilaten la eficacia del Estado
y de la sociedad hacia la protección de los menores, porque el deber hacia
éstos prevalece sobre cualquier otra consideración social, política, jurídica o
económica.” Ver en igual sentido las sentencias T-385 de 1995 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz), T-715 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-963 de 2001
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-881 de 2011 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-407 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-695 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-1199 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1275 de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-348 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-625 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-329 de 2010
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-708 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-636 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-703 de 2013 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla) y T-541A de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[34] Sentencia
C-019 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón) y C-796 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar
Gil), entre otras.
[35] Sentencia
T-029 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[36] Ibídem.
[37] Sentencia
C-1064 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[38] El artículo 67 de la
Constitución Política dispone: “La educación es un derecho de la persona y
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura. // La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. // El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. // La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. // Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales participarán en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”. En
sentencia T-137 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) al hacer un estudio
del derecho a la educación, fijó las siguientes subreglas: “[l]a educación
es (i) un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de
tutela; (ii) un presupuesto básico para el goce y ejercicio de otras garantías
constitucionales así como para el desarrollo pleno del conjunto de
potencialidades en el conglomerado social; (iii) un servicio público cuya
prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial comprende el
acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la
permanencia en el mismo y, (iv) un deber que genera obligaciones entre los
distintos actores que intervienen en el proceso educativo.”
[39] Ratificada por Colombia mediante
la Ley 12 de 1991, ‘Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989’.
[40] En efecto, el deber
constitucional de solidaridad se impone a los miembros de la sociedad, respecto
de aquellas personas en circunstancias de debilidad manifiesta, “la
vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros
asociados o en interés colectivo.”. Aunque este deber de solidaridad en las
relaciones entre particulares es una pauta de comportamiento, es solo exigible
en caso de desarrollo legal como en el presente caso. No obstante, de no
existir norma legal que lo reglamente, ante la omisión amenaza o vulnera
derechos fundamentales de otra persona en estado de indefensión, el juez de
tutela puede exigir directamente que se corrija la conducta y se aplique la
obligación emanada de la Constitución de 1991.
[41] Este Comité constituye el órgano
autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de lograr la plena efectividad
de los derechos allí proclamados.
[42] Con relación a las mencionadas
cuatro características del derecho a la educación, la Observación General No.
13 señala lo siguiente:” (…) la educación en todas sus formas y en todos los
niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad.
Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el
ámbito del Estado Parte. (…) b) Accesibilidad.  Las instituciones y los
programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el
ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que
coinciden parcialmente: No discriminación.  La educación debe ser accesible a
todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a
37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material. La educación ha de ser
asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso
razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología
moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);
Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos.  Esta
dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de
redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria,
secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad.  La forma y
el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres (…). d) Adaptabilidad.  La educación ha de tener la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en
transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados.” La Corte Constitucional ha aceptado esta
clasificación y las obligaciones que de ellas en diversas providencias. Al
respecto ver, entre otras, la sentencia T-781 de 2010, MP. Humberto Antonio
Sierra Porto, la cual amparó el derecho fundamental a la educación de un grupo
de niños que debían desplazarse por un largo trayecto para recibir sus clases.
En las consideraciones de la providencia, la Corte explicó que “(…) [t]ales
componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por
primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos
Humanos (hoy Comité de Derechos Humanos) por la Relatora Especial sobre el
derecho a la educación el 13 de enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General
No. 13 sobre el derecho a la educación, como por esta Corte en varias de sus
sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad
(artículo 93 de la Constitución).”
[43] M.P. Humberto Sierra Porto.
[44]  Ver, sentencia T-690 de 2012
(M.P. María Victoria Calle Correa). La Corte examinó el caso de los niños y
niñas de la vereda la Selva ubicada en Pueblo Rico, Risaralda. En esta ocasión,
viarias familias presentaron acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Educación de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico,
por considerar que tales autoridades vulneraban los derechos fundamentales a la
educación y la integridad física de los niños de la vereda la Selva. Debido a
la falta de asignación de un docente para la escuela más cercana a su lugar de
residencia, los menores tenían que viajar diariamente por un tiempo aproximado
de una hora y media y atravesar una zona con problemas de orden público hasta
llegar a otra vereda, donde recibían educación.  A pesar de que las entidades
demandadas conocían esta situación no adoptaron alguna solución para
superarlas, manifestando que la inactividad tenía por causa diferencias entre
ellas con relación a la capacidad que tenían para asignar un docente en la
escuela de la vereda o prestarles el servicio de transporte a los menores para
recibir educación en otro lugar. La Corte consideró que “por lo menos, la
dimensión de accesibilidad material al sistema educativo se vio comprometida”,
razón por la cual determinó que era necesario proferir órdenes alternativas
para enervar la violación. En consecuencia, ordenó a las entidades demandadas
facilitar a los menores los medios de transporte adecuados, para que el
desplazamiento entre su vereda y aquella donde recibían educación se realizara
en condiciones seguras durante el trayecto que recorren diariamente para
recibir educación mientras se designa un docente para la vereda Selva donde
habitan.
[45] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[46] M.P.  Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[47] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[48] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[49] Sobre este asunto, ver,
sentencia T-273 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa). En esta decisión se
consideró que “Los servicios de restaurante escolar, transporte escolar y
administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas
para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la
educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder
recibir educación. De un lado, el transporte escolar es una garantía de acceso
y permanencia especialmente cuando existen circunstancias geográficas que
dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en áreas rurales
apartadas de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les
impiden acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte (…)
La garantía de accesibilidad a la educación, como lo indicó la Sala
anteriormente, exige la remoción de las barreras de acceso tales como la falta
de transporte cuando esta represente un obstáculo para acudir a las
instituciones de educación debido a las condiciones geográficas, de seguridad o
de otra índole. Para ello, todas las entidades del Estado y la sociedad tienen
un deber constitucional de adoptar medidas para hacer efectivo el disfrute del
derecho a la educación de las niñas y los niños (artículo 67 y 44 superiores),
lo cual incluye la remoción de todas las barreras de acceso al mismo. Es en
este sentido que el artículo 4º de la Ley 115 de 1994 establece que
“corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su
cubrimiento””.
[50] Sentencia C- 544 de 2007, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra. Cabe recordar que en esta sentencia se indicó que
el derecho de propiedad puede llegarse a restringir teniendo como límite último
el núcleo esencial del derecho a la propiedad, entendido como aquel constituido
por “el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición,
que produzcan utilidad económica en su titular”.
[51] La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 2 de septiembre
de 1936 (M.P. Eduardo Zuleta Ángel), estudió dicha figura y estableció que “se
concede en cuanto sea indispensable para el uso y beneficio del predio
encerrado (…) con la palabra uso comprende el tránsito  necesario para
las personas: propietarios, obreros, trabajadores, etc., que a la heredad deban
entrar; y en el término beneficio se incluye todo género de
explotaciones del fundo, sean agrícolas o de otra clase (…) pero la ley misma
dice que esas facultades sólo se conceden en lo indispensable, es decir,
que el abuso, el gravamen inoficioso o el muy poco útil al titular, y demasiado
perjudicial al predio sirviente, debe evitarse”. Además, advirtió que dicho
gravamen existe “de pleno derecho, es decir, que es la ley la
establece directamente y que si bien es cierto que en caso de desacuerdo
entre las partes el juez debe intervenir para determinar la indemnización que
se deba  así como la vía que haya de seguir, lo cierto es que la servidumbre es
preexistente a la determinación judicial (…) Es claro que en la
generalidad de los casos el dueño del predio que necesita el tránsito tendrá
que promover a falta de acuerdo amigable, el correspondiente juicio para poder
llegar a ejercer la servidumbre”. (Negrilla en el texto original)
[52] La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia en el fallo mencionado [2 de septiembre de 1936, M.P.
Eduardo Zuleta Ángel], en el que ya había estimado que la interpretación
adecuada del artículo 905 del Código Civil, era aquella según la cual se
entendiera que la servidumbre legal de tránsito “existe no sólo en favor de
los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública sino también de los que
no tienen  más que una salida insuficiente  para la explotación de ellos.”
[53] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[54] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[55] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] Respecto de las alternativas con
las que cuentan los menores para acudir al plantel educativo, estas fueron
explicadas en los siguientes escritos: en la demanda de tutela en el acápite de
hechos (folios 2 a 4 Cuaderno No. 1),  y en la contestación de la demanda de la
sociedad accionada (folios 106 a 109 Cuaderno No. 1). Finalmente, en el escrito
allegado por los accionantes en sede de revisión (folios 18 a 21 Cuaderno no.
3).
[57] Cabe recordar que la acción fue
iniciada en contra de los señores Miguel Rodríguez, Alberto Tavera, Fabio
Rodríguez, Gloria Pedraza y personas indeterminadas.
[58] Folios 42 y 43 Cuaderno No. 1
[59] Folios 42 y 43 Cuaderno No. 1
[60] Así, luego de hacer una
recapitulación de la decisión adoptada por la Inspección de Policía, la
Alcaldía consideró que “Efectivamente y revisadas las pruebas y el análisis
realizado por (…) la primera instancia, no se encuentran establecidos los
presupuestos  que permitan a los vecinos del predio Green Park pretender
servidumbre de tránsito a su favor de lo que se colige que cualquier
intervención o insistencia de paso por los predios que son lo que es materia de
la querella configura efectivamente a perturbación a la posesión ejercida por
la firma sobre el predio centro vacacional La Calera – Green Park. ǁ Por
lo que se infiere del que del (sic) acervo probatorio en estos procesos civiles
de policía (…) se puede concluir: a legitimidad del accionante respecto de la
querella iniciada, pues definitivamente quien puede pedir el amparo es quien
ostente la calidad de poseedor y a existencia de actos perturbatorios”
(Folio 49 Cuaderno No. 1).
[61] Artículos 125 y siguientes.
[62] Folios 35 y 38 Cuaderno No. 1
[63] El artículo 127
prevé que “las medidas de policía para proteger la posesión y la tenencia de
bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
[64] Para ello debe observarse lo
indicado en los apartados 4.2. y 4.3. de esta decisión
[65] Cabe recordar que el puente fue
derrumbado por las autoridades municipales en cumplimiento de la orden
administrativa.
[66] El camino descrito es el
siguiente: “(…)
con la construcción de las torres nos prohibieron el paso ya que el camino en
medio de las dos torres viendo que ya no podíamos pasar por ahí nos tocó
cambiar el sendero; ahora pasamos el puente caminamos hacia el sur por la ronda
del rio unos 150 mt hasta llegar a la cerca que lindera con predios del parque
recreacional Colombia extrema llegando a este sitio subimos 60 metros hacia el
oriente encontrando la vía principal por este camino se nos facilita más la
llegada de los niños al colegio de la vereda y para nuestros trabajos.”. Ver mapa anexo a esta
sentencia.
[67] La aplicación de esta figura,
que constituye una excepción al mandato consagrado en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991 que señala que las sentencias de tutela sólo surtirán
efectos en el caso concreto, se encuentra supeditada al cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) que la protección de los derechos fundamentales de
los peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos
fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acción
de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y
(iii) que con la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines
constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la
comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva. Sobre el efecto inter
comunis, la Sentencia SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; A.V.
Jaime Araujo Rentería), trata por primera vez dicho efecto al estudiar el caso
de unos pensionados que interpusieron tutela en contra de la compañía de
inversiones de la Flota Mercante, entidad que no había pagado sus mesadas
pensionales desde 1999. En ese caso, la Corte estimó que “Existen
circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a
ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta
cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente
contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede
contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes. (…)”. Además, pueden consultarse entre muchas otras, la
sentencias: T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-200 de 2006
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-451 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez), T-088 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-938 de 2011 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-987 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-239
de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-254 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; A.V. Mauricio González Cuervo), T-370 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-465 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-649 de 2013
(M.P. Mauricio González Cuervo), T-689 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[68] En efecto, Luz Mery Ayala Parra
presentó la acción en representación
de su hijo Elkin Rodríguez Ayala, Ana Marcela Pedraza en representación de sus
hijas Laura Camila Moreno Pedraza y Nicoll Mariana García Pedraza, Diana
Carolina Arias Salas en representación de su hijo David Orduela Arias, Gloria
Ismelda Veloza Lozano en representación de su hijo Stiven Mahecha Veloza,
Miriam Ayala Parra en representación de su hijo Yoni Rodríguez Ayala, Diana
Paola Pedraza en representación de su hija Paula Andrea Ayala Pedraza, Diana
Rocío Fonseca en representación de su hijo Nicolás Andrey Peña Fonseca, Yesica
Garzón Pedraza en representación de su hija Hassley Peña Garzón, Carmenza
Murcia Ome en representación de sus hijos Juliana y Héctor David Rodríguez
Murcia y, Cervelión Quivano Cabrera en representación de sus hijos Jeison
Stiven y Natalia Quivano Ordóñez.