C-689-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-689/02
COSA
JUZGADA MATERIAL-Inexistencia
por ausencia de identidad entre contenidos normativos
NARCOTRAFICO-Despenalización no es asunto a
resolver en sede de control constitucional
NARCOTRAFICO-Despenalización es asunto de
política criminal
DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-No es absoluto
El derecho al libre desarrollo de la
personalidad, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto.
Así las cosas  éste no  puede ser invocado para desconocer los derechos de
otros, ni los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad
punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden
social o económico, o el ejercicio de los demás derechos  que se reconocen a
todos los ciudadanos.
NARCOTRAFICO-Amplia gama de derechos interferidos que
no pueden desconocerse
NARCOTRAFICO-Penalización protege bienes jurídicos
DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN MATERIA DE NARCOTRAFICO-No vulneración ni exoneración de
responsabilidad penal
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN MATERIA DE NARCOTRAFICO-Legislador no puede ver limitados los ámbitos de su
accionar legítimo
NARCOTRAFICO-Compromisos internacionales para
combatirlo
DERECHO A LA PAZ
EN MATERIA DE NARCOTRAFICO-No
afectación por penalización
NARCOTRAFICO-Aumento de intensidad punitiva y
ampliación de tipos penales
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DELITO Y SANCION-Límites
Al Legislador le
asiste una amplia potestad de configuración normativa en materia de delitos y
sanciones. No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen
poderes absolutos, el Legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el
deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la
Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han
sido impuestos directamente por el constituyente. En ese sentido el Legislador
debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la
necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas
punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
RESPONSABILIDAD
PENAL-Elementos
RESPONSABILIDAD
PENAL-Supuestos
fácticos que atenten contra un bien jurídico
TRAFICO
DE ESTUPEFACIENTES-Supuestos fácticos que atenten contra el bien jurídico de la
salud pública
DELITO
O CONTRAVENCION-Valoración
de comportamiento implica un juicio por el legislador
DELITO
O CONTRAVENCION-Valoración
legislativa de circunstancias propias de la realidad de cada época
Referencia: expediente D-3869
Acción pública de inconstitucionalidad de los
artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por
la cual se expide el Código Penal”
Actor: Pedro Augusto Nieto Góngora
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá
D.C., veintisiete (27) de  agosto de dos mil dos (2002).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.     ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro Augusto Nieto Góngora
demandó los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de
2000 “por la cual se expide el Código Penal”
El Magistrado Sustanciador,
mediante auto fechado el 8 de febrero de 2002, admitió la demanda de la
referencia, en relación con los cargos de inconstitucionalidad presentados por
violación de los artículos 6, 13, 16, 22 y 29 de la Constitución Política.  Así
mismo, dispuso fijar en lista la norma acusada en la Secretaría General de ésta
Corporación  y, ordenó comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente
de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho,
del Interior, al Fiscal General de la Nación, al Director Nacional de
Estupefacientes y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
En la misma providencia se resolvió  inadmitir la demanda con
respecto de las acusaciones por vulneración a los artículos 1°, 2°, 11, 44, 45
y 214 superiores y se concedió al demandante un término de tres (3) días para
que llenara las exigencias de que trata el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991
y subsanara así el incumplimiento de tales disposiciones. Vencido el plazo en
mención sin que se hiciera  la corrección referida, el Magistrado Ponente
mediante auto del 20 de febrero de 2002 rechazó la demanda en relación a la
vulneración de los artículos 1°, 2°, 44, 45 y 214 constitucionales.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.    NORMA DEMANDADA
A continuación, se
transcribe el texto demandado conforme a su publicación en el Diario Oficial
Año CXXXVI No. 44097 del 24 de julio del año 2000.
“LEY 599 DE
2000
(julio 24)
por la cual
se expide el Código Penal.
El Congreso
de Colombia
DECRETA:
(...)
LIBRO
SEGUNDO
PARTE
ESPECIAL
DE LOS
DELITOS EN PARTICULAR
(...)
TITULO  XIII.
Delitos
contra la salud pública
CAPITULO II
Trafico de
estupefacientes
(...)
Artículo 375 - Conservación o financiación de
plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o
financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda
producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca
dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá
en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de plantas de que trata este
Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la
pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376 - Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto
sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque
de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca,
adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca
dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil
(1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100)
gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20)
gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o
droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa
de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites
máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos
de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de
cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos
de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga
sintética, la pena será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien
(100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 377. Destinación ilícita de muebles o
inmuebles. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se
elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se
refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal
destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Artículo 378 - Estímulo al uso ilícito. El que en
cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que
produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa
de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 379. Suministro o formulación ilegal. El
profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de
alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas,
ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia,
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio
de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez (10)
años.
Artículo 380. Suministro o formulación ilegal a
deportistas. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior,
suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga
o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en
prisión de uno (1) a tres (3) años.
(…)
Artículo 382. Tráfico de sustancias para procesamiento
de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o
saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el
procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia,
tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato
liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras
sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se
utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y
multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Cuando la cantidad de sustancias no supere
el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de
prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
(…)
Artículo 385. Existencia, construcción y utilización
ilegal de pistas de aterrizaje. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10)
años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde:
1. Existan o se construyan pistas de
aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil;
2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves
sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o
sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las autoridades
civiles, militares o de policía más cercana;
3. Existan pistas
o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de
que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en
las circunstancias previstas en el mismo numeral.
III.  LA
DEMANDA
El
demandante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos
375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000, por considerar
que vulneran los artículos 6, 13, 16, 22 y 29 de la Constitución Política, con
fundamento en las razones que se resumen a continuación.
Para el actor
en las conductas tipificadas por las normas demandadas no existe
antijuridicidad formal ni material.  Dichas  normas se limitan en su concepto
a tipificar como punibles una serie de pasos tendientes a la producción,
comercialización y venta de estupefacientes, con lo que se penaliza “un acuerdo
de voluntades” en el que “una parte vende substancias psicoactivas  y otra las
compra”,   a pesar de que el  consentimiento  emitido por el comprador elimina
la existencia del  delito.
Afirma así mismo  que si la Corte  ha dicho
que dentro de la autonomía de la voluntad y del ejercicio de su derecho al
libre desarrollo de la personalidad las personas pueden optar  libremente por
consumir o no droga, no es lógico que el Estado reprima  penalmente las
conductas  a través de las cuales quien ha optado por tal decisión, adquiere el
producto que  “constitucionalmente puede consumir” por que en tal situación
lejos  de proteger los derechos de los ciudadanos los desampara. Afirma que el
consumidor, ante la prohibición, acude a un mercado clandestino, en condiciones
de salubridad  que pueden llega a afectar su salud.  Señala que si por el
contrario se despenaliza  el tráfico de drogas  y se interviene con otros
instrumentos diferentes a la represión penal, se puede prevenir la drogadicción
y, en los casos en que no es posible,  la persona que decide consumir droga
podrá beneficiarse de unas adecuadas medidas sanitarias  en la fabricación y
contenido de las sustancia que adquiere.
Para el actor con  la tipificación de esos
comportamientos  se vulnera, de otra parte, el derecho a la  igualdad pues
existe un tratamiento diferenciado no justificado entre las personas que
producen, comercializan o consumen sustancias psicoactivas, las que son
criminalizadas, y las personas que consumen bebidas alcohólicas o cigarrillos,
pues estas actividades no solo no están criminalizadas sino que constituyen
fuente de ingresos estatales.
Señala así mismo que la tipificación de
esos comportamientos vulnera el derecho a la paz porque hace que el tráfico de
sustancias psicoactivas sea controlado por organizaciones criminales, genera
ganancias exorbitantes, desencadena el terrorismo contra el Estado y la
ciudadanía en general, beneficia a grupos insurgentes y paramilitares que se
financian con el narcotráfico, la guerra por el control de los mercados genera
múltiples modalidades criminales, corrompe el sistema financiero, económico y
político y puede conducir a un alzamiento en armas.
Frente al
artículo 385 de la Ley 599 de 2000 el actor, además de los reproches ya
enunciados, señala  específicamente que  en el ordenamiento jurídico vigente
la responsabilidad penal parte de los actos y conductas de los individuos, es
personal y  no puede en consecuencia depender de una mera relación  jurídica o
material  con un bien o con una cosa.  En este sentido, en  su concepto, la
norma acusada  establece una sanción penal  por el simple hecho de ser dueño
poseedor o tenedor  de unos bienes en los que se construyan pistas  o aterricen
naves con lo que se vulneran los artículos 6 y 29 de la Constitución.
Aduce así
mismo que las circunstancias que se describen en los diferentes numerales del
artículo acusado  “ni siquiera alcanzarían la connotación  de delitos, pues
a lo sumo  se enmarcarían  dentro de las sanciones de tipo administrativo por
violación  de normas de aeronavegación”, con lo que se desconocería el
principio de proporcionalidad en virtud del cual solo se pueden determinar como
punibles “los atentados  más graves a los bienes jurídicos más importantes”.
IV     INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Dirección Nacional de Estupefacientes
La Directora
Nacional de Estupefacientes (e) del Ministerio de Justicia y del Derecho, se
opone a las pretensiones de la demanda  de la referencia, basada en las
consideraciones que  se sintetizan enseguida.
La
interviniente recuerda que  el narcotráfico comporta una serie de aspectos
económicos, sociales, políticos, estructurales, ambientales y regionales que
generan graves impactos para el país, dentro de los que se cuentan
innumerables  violaciones de derechos consagrados en la Carta Política como la vida,
la salud, el trabajo y la integridad personal.  Por ello señala  la importancia
de mantener vigente la represión de las conductas delictivas relacionadas con
el narcotráfico, el cultivo de plantaciones ilícitas, la destinación ilícita de
bienes inmuebles para almacenar o elaborar droga, el suministro de drogas a
menores, pues se trata de uno de los principales  instrumentos con que cuenta
el Estado para repudiar y combatir el fenómeno de las drogas.
Afirma que la
declaratoria de inexequibilidad pretendida por el actor  basada en el derecho
al libre desarrollo de la personalidad es improcedente pues no toma en cuenta
el hecho de que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto[1].  Advierte que una
decisión en este sentido no solamente  iría  en contravía de las políticas del
Estado en este campo, sino que convertiría al país en un paraíso de la mafia.
Frente a la pretendida vulneración por las
normas acusadas del derecho a la igualdad, señala que el procesamiento,
distribución, venta y consumo de narcóticos, causa un impacto social,
económico, político, ambiental e internacional ni siquiera equiparable al
consumo de alcohol, no solo en Colombia sino en el mundo.  Ello es así porque
Colombia es quizá la principal víctima del negocio de las drogas ilegales; la
capacidad de los narcotraficantes para idear mecanismos que les permitan la
distribución del producto terminado es tan amplia como la misma imaginación; el
control del tráfico de estupefacientes se ha fragmentado en grupos; existen
dificultades para controlar los precursores; se han asentado muchos
laboratorios de producción; la compra de tierras ha incrementado el problema
agrario colombiano y se ha generado un grave impacto ambiental.
Afirma así mismo que  la búsqueda de la
paz  a la que se refiere el actor  requiere de actividades coercitivas
enfocadas a  contrarrestar y a prevenir  los diversos agentes generadores de
violencia,  que encuentran todos precisamente en el narcontráfico la principal
fuente de financiación para la guerra que libran contra la sociedad y el Estado
colombianos.
Concluye  entonces que la despenalización
no es la solución a la problemática suscitada por el narcotráfico como se
pretende en la demanda,  y solicita en consecuencia a la Corte la declaratoria
de exequibilidad de  las normas demandadas.
2.      Ministerio
del Interior
El
representante del Ministerio del Interior presenta escrito en el proceso de la
referencia para defender la constitucionalidad de las normas demandadas, basado
en las consideraciones que se resumen a continuación.
El
interviniente afirma que “las normas demandadas deben mirarse en un contorno
especial y armónico con el bien jurídico que se tutela (salud pública) y
además con el título que las agrupa (Título XIII, capítulo II del Código Penal) lo que infiere que las conductas que el Legislador incorporó como
punibles apuntan todas a erradicar el flagelo que cunde el mundo entero como lo
es el narcotráfico”
Respecto de
la vulneración del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), señala que “todas y
cada una  de las disposiciones  demandadas de inconstitucionalidad tiene como
sujeto activo a persona indeterminada, ya que si observamos  el texto de las
preceptivas, vemos  que a excepción  del artículo 385 todas ellas  comienzan
con el texto El QUE y (en)esta última norma  se menciona  como sujeto activo
de la conducta punible al dueño, poseedor o arrendatario de predios, sujetos
estos indeterminados que en nada hacen colegir que  se rompa con el principio
de igualdad”.
3.
Fiscalía General de la Nación
El Fiscal
General de la Nación interviene en defensa de las normas acusadas y solicita su
declaratoria de constitucionalidad con base en los siguientes argumentos.
Advierte que
el demandante con excepción del tipo penal previsto en el artículo 385 acusado,
no cuestiona de manera específica la presunta inconstitucionalidad  de cada una
de las disposiciones demandadas, sino que las enjuicia genéricamente basado en
la supuesta ilegitimidad de la prohibición  del tráfico y consumo de
estupefacientes.
Al respecto
señala que es al legislador  a quien corresponde decidir en determinado
momento  “cuales conductas deben ser objeto de control por el derecho penal”
y que “con independencia de las críticas, que desde el punto de vista
político criminal, puedan desprenderse  por parte de determinado sector de la
sociedad acerca de la eficacia del control impuesto  en determinado caso, lo
cierto es que si  la norma penal no transgrede los límites  materiales
impuestos por la Carta fundamental, su validez no puede ser atacada  a través
del ejercicio público de la acción de inconstitucionalidad”.
Señala al
respecto que “ la especificidad de la manifestación delincuencial que se
deriva del tráfico de estupefacientes y el elevado daño social que esas
conductas han causado en la sociedad, son los criterios determinantes que
justificaron constitucionalmente el tratamiento penal específico y diferenciado
dado por el Legislador al tipificar esas conductas, como atentatorias contra el
bien jurídico de la salud pública. Sin embargo, esta situación no puede
tacharse como violatoria al principio de la igualdad, como lo afirma el actor,
sino que simplemente responde a la facultad que tiene el Estado, para con base
en fundados criterios de política criminal, seleccionar cuáles conductas, por
su elevado grado de dañosidad social, merecen sanción penal”.
Afirma, de
otra parte, que el sustrato racional  que subyace  en la decisión de punir  las
conductas derivadas  del tráfico de estupefacientes  no puede ser otro que el
de asegurar  la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, por lo
que la acusación  basada en la supuesta vulneración del derecho a la paz carece
de sentido.
Así mismo,
sostiene que no existen derechos ni libertades absolutas. En este sentido
aclara que  la autorización del consumo de la dosis personal en virtud del
ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, “no puede
conllevar  a la absurda conclusión que, también con fundamento  en el libre
desarrollo de la personalidad, se deba despenalizar la producción, distribución
y venta de estupefacientes, cuando se reitera han sido funestas  las
consecuencias de estas practica ilícitas, no solo a nivel del desequilibrio que
se  produce en la economía nacional, sino –lo que por supuesto resulta mas
grave-, en punto de las innumerables pérdidas de vidas humanas que ha generado”
Concluye,
entonces que los tipos penales demandados fueron expedidos en atención a  una
legítima  política criminal establecida por el Legislador  con sujeción a los
principios constitucionales y a los compromisos internacionales adquiridos por
el país dirigidos a la lucha eficaz contra el narcotráfico.
Por último,
precisa que el artículo 385 atacado no desconoce el derecho penal de acto, “el
cual apunta a excluir la posibilidad de soportar  la responsabilidad penal en
la forma de ser de la persona o en su carácter”. Afirma que por el
contrario la penalización  para quien permita, ya sea como  dueño, poseedor,
tenedor o arrendatario que en sus predios se construyan y utilicen pistas de
aterrizaje clandestinas, “responde a  la necesidad de sancionar  a quien,
con conocimiento y voluntad, coadyuva a generar el tráfico ilícito de
estupefacientes, conducta que realmente amerita  ser objeto de sanción penal,
por poner en peligro  bienes jurídicos fundamentales para la convivencia
pacífica”.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor
Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2862, del 22 de abril de
2002, solicita la declaratoria de constitucionalidad de los artículos  375,
376, 377, 378, 379, 380 y 382 acusados y la exequibilidad condicionada del
artículo 385 igualmente impugnado, a partir de  las consideraciones que se
resumen a continuación.
La Vista
Fiscal advierte que emitió concepto en relación con los artículos acusados y
por cargos similares, excepto en relación con los artículos 380 y 385 del
Código Penal dentro del expediente D-3665[2]; que el análisis presentado a favor
de la constitucionalidad de los artículos 378 y 379, es el mismo con el que
argumenta la exequibilidad del artículo 380; y, que para la fecha en que la
Sala Plena de esta Corporación resuelva el proceso de la referencia, ya
existirá pronunciamiento de fondo sobre el particular y, por tanto, habrá de
estarse a lo allí resuelto, en lo que sea pertinente.
Afirma que si bien es cierto que desde el
punto de vista puramente individual el consumo de drogas en Colombia se
considera un asunto propio del libre desarrollo de la personalidad, y por tanto
escapa al control jurídico[3],
también lo es que la penalización del tráfico de drogas estupefacientes y
conductas conexas, entendiéndose la actividad integralmente considerada, tiene
pleno asidero constitucional, y por tanto resulta razonable y proporcionada, en
cuanto a la obligación del Estado de garantizar el bien común y realizar el
interés general representados en la represión de conductas o actividades que se
consideran contrarias a los intereses del Estado mismo y la sociedad, puesto
que se busca prevenir, controlar y reprimir de la manera más radical y
legítima, un negocio que genera consecuencias negativas que recaen sobre el
entorno político, económico y social, en donde son percibidas sus ganancias,
las que inclusive amenazan la existencia misma del Estado.
Explica que el legislador, al penalizar las
actividades de narcotráfico y conexas, busca proteger bienes jurídicos
relevantes para su misma pervivencia, pues dicha actividad económica
distorsiona sus instituciones, al convertirse en un factor desestabilizador no
sólo de las instituciones sino de la sociedad. Al respecto afirma que el
concepto de antijuridicidad representa la obligación que tiene el Estado de
prohibir, reprimir y prevenir aquellos comportamientos que atentan contra su
estabilidad social, política y económica, y el tráfico de drogas lo es en tanto
que pone en peligro intereses que el Estado ha considerado deben ser
protegidos.
Recuerda que
Colombia ha suscrito una serie de instrumentos internacionales para combatir el
narcotráfico, entre ellos   “La Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, aprobada por la
Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988.
En ella se establece muy bien la diferencia entre asuntos de narcotráfico y
consumo y los Estados Partes se obligan automáticamente a adoptar las medidas
necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno lo referente a las
actividades relacionadas con el narcotráfico y conexas, mientras que lo
relacionado con el consumo de sustancias estupefacientes queda bajo la reserva
del orden constitucional de cada Estado Parte.  Colombia incorporó el referido
instrumento mediante la Ley 67 de 1993, cuyo control de constitucionalidad se
surtió a través de la Sentencia C-176 de 1994.  De acuerdo con ello, se tiene
un elemento adicional propio del derecho internacional que le impone al Estado
Colombiano la obligación de tipificar en su derecho interno como delitos
penales lo referente a todas las actividades que genéricamente encuadran dentro
del concepto de narcotráfico y sus conexas, en desarrollo del principio pacta
sunt servanda, que se consagra en los artículos 9, 226 y 227
constitucionales.  El objeto mismo de dicha Convención era el de crear
instrumentos para reprimir el menoscabo económico, cultural y político que
representa el tráfico de estupefacientes y no sólo la salud pública.
Finalmente
señala que la tipificación de los delitos de narcotráfico y conexos se
justifica constitucionalmente porque se trata de actividades de industria y
comercio que lesionan derechos individuales y colectivos y que ponen en peligro
la existencia de la sociedad y del Estado; porque el consentimiento como causal
de exclusión de responsabilidad penal opera en relación con bienes jurídicos de
interés particular y de libre disposición y no como en el presente caso en que
se ven afectados intereses colectivos y sociales; porque la penalización de la
producción, distribución y consumo de sustancias psicotrópicas se explica por
razones de orden médico-científico consistentes en la proporción de riesgo de
adicción por consumo y en los efectos nocivos en los campos personal, familiar
y social y porque los atentados contra la paz que el actor deriva de la
penalización de esos comportamientos también pueden predicarse de la
delincuencia en general.
A propósito
de los cargos planteados en contra del artículo 385 de la Ley 599 de 2000 el
señor Procurador, luego de recordar los criterios rectores de la imputabilidad
en materia penal, señala que el artículo 29 constitucional  consagra el
principio de legalidad  basado en el derecho penal “del acto” que “impone  las
sanciones por lo que se hace”, es decir por las actuaciones de las personas,
en contraposición  con el derecho penal “de autor”  que “castiga en función de
lo que se es” y en el que lo fundamental es el sujeto que delinque.  Para el
caso del tipo penal referido señala  que el sujeto activo es quien “en
cualquier modalidad ejerce dominio  sobre predios  donde existan  se construyan
o utilicen pistas de aterrizaje”  y que la conducta punible   se deriva no de
una simple  relación jurídica  con un bien como lo afirma el actor  sino de la
omisión en que se incurre  frente al deber ciudadano de denunciar la
existencia, construcción o utilización ilegal  de pistas de aterrizaje.
Precisa que en cuanto el bien jurídico protegido es la  salud pública frente al
tráfico  de narcóticos y delitos conexos, el juicio de responsabilidad  penal
debe quedar exclusivamente circunscrito  a dichas actividades. Advierte que
pueden presentarse situaciones  relacionadas con la utilización de pistas de
aterrizaje, que, no conllevan necesariamente la comisión del punible aludido,
por lo que solicita  se declare la exequibilidad condicionada de la norma bajo
el entendido  de que el juicio de responsabilidad  penal en este caso se
circunscribe a las actividades de narcotráfico
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir,
definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia pues
las disposiciones acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2. La materia
sujeta a examen.
Para el actor los
artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385  de la Ley 599 de 2000 deben
ser declarados inexequibles en cuanto tipifican  comportamientos carentes de
antijuricidad formal y material que penalizan el tráfico de estupefacientes,
con lo que se vulnera en su concepto (i) el derecho al libre desarrollo de la
personalidad  (art. 16 C.P) -por cuanto no se garantiza el ejercicio de dicho
derecho al comprador que debe acudir a un mercado clandestino en condiciones
que pueden afectar su salud-  (ii) el principio de igualdad (art. 13 C.P.) -por
cuanto se discrimina a quienes  producen o comercializan estupefacientes al
asignarle un tratamiento no previsto para los comerciantes de bebidas
alcohólicas  y de tabaco-  y (iii) el derecho a la paz (art. 22 C.P.).-por
cuanto con la penalización del narcotráfico se elevan los niveles de conflicto
y hace que dicho tráfico sea manejado por las organizaciones criminales-.
Frente al artículo
385 el actor señala además que con él se vulneran los principios de (i)responsabilidad
individual (art. 6 y 29 C.P. ), en cuanto se hace depender  la responsabilidad
penal  de la relación con un bien o una cosa y no de la conducta de  una
determinada persona- y de (ii) proporcionalidad,  en cuanto se establecen como
delito comportamientos que a los sumo constituirían contravenciones
administrativas.
La Directora
Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho hace
énfasis en el grave impacto que  en materia económica, política, social y
ecológica genera el narcotráfico, así como en la vulneración que con él se
infringe a los derechos fundamentales y en particular a la dignidad humana, al
tiempo que afirma que la libertad no es un derecho absoluto que pueda servir de
sustento  a dicha actividad, por lo que solicita la declaratoria de
exequibilidad de las normas demandadas que la penalizan.
Idéntica petición
hace el representante del Ministerio del Interior, quien desestima la supuesta
vulneración del principio de igualdad por las normas acusadas.
El señor Fiscal
General de la Nación rechaza igualmente los argumentos del actor tendientes a
enjuiciar la supuesta ilegitimidad de la prohibición del tráfico y consumo de
estupefacientes y afirma que los tipos penales demandados fueron expedidos en
atención a una legítima política criminal establecida por el Legislador con
sujeción a los principios constitucionales. Frente a la acusación contra el
artículo 385 de la Ley 599 de 2000, precisa que éste responde a la necesidad
de  sancionar a quien con conocimiento y voluntad, coadyuva a generar el
tráfico  ilícito de estupefacientes, por lo que en manera alguna debe ser
declarado inconstitucional.
Por su parte el
señor Procurador General de la Nación señala que la tipificación de los delitos
de narcotráfico y conexos se justifica  constitucionalmente por que se trata de
actividades que lesionan derechos individuales y colectivos y que ponen en
peligro la existencia de la sociedad y del Estado. Recuerda además que Colombia
ha suscrito una serie de instrumentos internacionales en los que se obliga a
combatir el narcotráfico, actividad que en ningún caso puede justificarse
aduciendo el irrespeto al libre desarrollo de la personalidad de los
consumidores de droga.
En relación con el
artículo 385 acusado  solicita  que se declare la constitucionalidad
condicionada de dicho artículo,  en el entendido que el juicio de
responsabilidad penal debe quedar exclusivamente circunscrito a las actividades
de narcotráfico.
Corresponde a la
Corte en consecuencia determinar si los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380
y  382  de la Ley 599 de 2000 acusados  en cuanto penalizan el tráfico de
estupefacientes vulneran el principio de igualdad (art. 13 C.P.), el libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.) y el derecho a la paz (art. 22
C.P.).
Así mismo deberá la
Corte examinar si el artículo 385  de la Ley 599 de 2000 acusado desconoce los
principios de responsabilidad, y de proporcionalidad en materia punitiva
(artículos 6 y 29 C.P.).
3.   El análisis de los cargos
La Corte constata
que el demandante, con excepción del tipo penal previsto en el artículo 385 de
la Ley 599 de 2000, no se refiere al contenido específico de los artículos
acusados,  sino que  cuestiona de manera genérica la penalización del tráfico
de estupefacientes que en ellos se hace con lo que se vulneran en su concepto
los artículos 13, 16 y 22 de la Constitución.
La Corporación
constata además que en el presente proceso el actor acusa los artículos 375,
376, 377, 378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 con idénticos argumentos a
los que utilizó para solicitar la declaración de inexequibilidad de los
artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 43  de la Ley 30 de 1986, que fueron declarados
constitucionales en lo demandado mediante la Sentencia C-420 de 2002.
En atención a estas
circunstancias  la Corte  analizará  en un solo acápite  la constitucionalidad
de  los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380  y 382 de la Ley 599 de 2000, y
procederá posteriormente a referirse a los cargos específicos esgrimidos por el
actor en contra del artículo 385 de la ley 599 de 2000.
3.1.  El análisis
de los cargos planteados contra los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, y
382 acusados.
3.1.1
Consideración preliminar. La ausencia de cosa juzgada material en relación con
los verbos rectores  y los modelos  descriptivos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382 acusados.
Previamente al
análisis de los cargos planteados por el actor contra los artículos enunciados
de la Ley 599 de 2000,   la Corte estima pertinente recordar que  la Sentencia
C-420 de 2002, declaró la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y
43  de la Ley 30 de 1986, que contienen respectivamente,  los mismos verbos
rectores  y los modelos  descriptivos de las normas ahora demandadas[4].
Cabe precisar que
en aquella ocasión esta Corporación se abstuvo de efectuar la unidad normativa
entre las mencionadas normas, por considerar que las consecuencias jurídicas
contenidas en unas y otras disposiciones eran diversas, y como quiera que
cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma penal, no
podía predicarse la identidad de las mismas.
Esa circunstancia
lleva a la Corte a considerar que aún cuando los verbos rectores y los modelos
descriptivos de los tipos penales en uno y otro caso son idénticos, no pueda
predicarse la existencia de cosa juzgada material en relación con las normas
que son objeto de estudio en el presente proceso.
Al respecto cabe
recordar lo dicho por la Corte en la citada sentencia:
“Entonces se advierte cómo, si bien en las
nuevas disposiciones se mantienen los verbos rectores y los modelos
descriptivos de varios de los tipos penales consagrados en las normas
demandadas, no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias jurídicas
sobrevinientes a esos presupuestos fácticos.  Esta circunstancia es relevante
pues las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de
hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de
seguridad, según el caso.  De allí que al introducir una modificación a la pena
se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la
naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines
de prevención y resocialización.  Esa variación en la naturaleza o en la
intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos
político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente
relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del
derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a
que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.
En estas condiciones, como quiera que
cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma jurídico
penal, no puede decirse que existe identidad entre una norma penal y otra
posterior en la que, si bien se ha mantenido el mismo supuesto de hecho, se ha
alterado la naturaleza o intensidad de la pena”.
No siendo entonces
la misma norma en uno y otro caso, y al no ser  posible escindir los contenidos
normativos relativos a la descripción típica de las conductas de las
consecuencias jurídicas que son impuestas  en cada caso,   no resultan reunidos
en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la
configuración de la cosa juzgada material[5]
.
Dicho fenómeno se
presenta  en efecto cuando “no se trata de una norma con texto normativo
exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos
contenidos normativos son idénticos”[6]
En el presente
caso,  aun cuando se esté en presencia de los  mismos verbos rectores  y
modelos descriptivos  y aun cuando los cargos formulados en uno y otro proceso
sean idénticos, e incluso sea el mismo actor el que los invoca, la ausencia de
identidad entre los contenidos normativos estudiados impide que se configure
dicho fenómeno de cosa juzgada material.
Así las cosas, la
Corte procederá a efectuar el análisis de los cargos planteados contra las
normas demandadas de la Ley 599 de 2000 formulados en la demanda tanto frente a
la descripción típica de los delitos como a las consecuencia jurídicas
establecidas en ellas.
3.1.2. El
análisis de los argumentos de actor  por la supuesta violación de los artículos
13, 16 y 22 constitucionales.
-La
despenalización del narcotráfico no es un asunto que pueda ser resuelto  en
sede  de control constitucional
Frente a los cargos
planteados por el actor contra los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382
de la Ley 599 de 2000 que, mirados en su conjunto,  se orientan a cuestionar el
criterio político-criminal  implícito en la  tipificación de esas conductas punibles
y a obtener que mediante una sentencia constitucional se decida la
despenalización del narcotráfico, la Corte reitera  las consideraciones
expuestas en la sentencia C-420 de 2002 en el sentido de que una decisión en
ese sentido  es un asunto de política criminal cuya consideración le incumbe  a
cada Estado y a la Comunidad Internacional  pero que en manera alguna se trata
de un problema  que se ha de resolver en sede de control constitucional.
Dijo en esa ocasión
la Corte:
“4.  La pretensión que alienta el
demandante es bastante clara:  La despenalización del narcotráfico.  Y el
camino que ha elegido para intentar materializar esa pretensión es el ejercicio
de la acción de constitucionalidad contra las normas que tipifican los delitos
de tráfico de estupefacientes y que regulan aspectos procesales relacionados
con esa actividad.  No obstante, el actor, a pesar de demandar una
multiplicidad de disposiciones, se abstiene de cuestionar la legitimidad
constitucional de las distintas reglas de derecho contenidas en esas normas por
su contradicción con el Texto Superior y, en lugar de ello, opta por cuestionar
el criterio político-criminal implícito en la tipificación de esas conductas
punibles y por exponer argumentos generales extensivos a todas esas disposiciones
como son la ausencia de antijuridicidad formal y material, la relevancia en
materia penal del consentimiento de la víctima de la conducta punible y la
vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la paz.
De ese proceder del demandante surge un
interrogante:  ¿El criterio político-criminal del legislador, que le conduce a
la tipificación del tráfico de estupefacientes, es susceptible de control
constitucional?.  En otros términos:  ¿La decisión del legislador de tipificar
el tráfico de estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado
a la prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente
del alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede
ser objeto de confrontación con el Texto Superior para determinar su
legitimidad o ilegitimidad?
Para responder ese interrogante debe tenerse
en cuenta que el legislador es titular de la capacidad de configuración
normativa en materia de política criminal.  Si bien es cierto que el parlamento
no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden
diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión
de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la
Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino
también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio
democrático[7].
Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito
de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y
atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto
de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en
el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo
del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses
particulares o necesidades coyunturales.
De este modo, entonces, el legislador cuenta
con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y,
en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles.  Sin embargo, es
evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el
constitucionalismo no existen poderes absolutos.  En el caso de la política
criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro
que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del
ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales.  Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del
Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste
que se halle sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental.
Entonces, el único supuesto en el que el
criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse
ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de
normas que controvierten el Texto Fundamental.  No obstante, en este caso es
claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí
sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de
allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento
jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política
criminal que involucran.
De acuerdo con ello, si la decisión del
legislador de tipificar conductas punibles se estima equivocada por reflejar
una política criminal que no se comparte, tal divergencia de criterio es
irrelevante para efectos de cuestionar la legitimidad constitucional de esas
disposiciones.  De allí que el cuestionamiento de la constitucionalidad de las
normas que tipifican el tráfico de estupefacientes no deba hacerse
genéricamente cuestionando una política criminal que se estima equivocada sino
específicamente, esto es, considerando cada una de las reglas de derecho
contenidas en esas disposiciones y confrontándolas con el Texto Superior para
evidenciar su incompatibilidad.
Este enfoque permite colocar las cosas en su
punto:  Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa
en materia de tipificación de conductas punibles y si el único límite que
existe para el ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de
valores, principios y derechos fundamentales previsto en el Texto Superior, el
demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el
modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está
permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido
demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que
lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan”[8].
Hecha esta
precisión procede la Corte a referirse a los argumentos de la demanda relativos
a la vulneración  del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al
principio de igualdad y al derecho a la paz.
-La no
vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad
El actor afirma que si en ejercicio de su
derecho al libre desarrollo de la personalidad una persona  opta por consumir
droga, no es lógico que el Estado reprima  penalmente el narcotráfico, pues lo
obliga a acudir a un mercado clandestino en el que  se pone en peligro su
salud, con lo que en realidad se desprotege su derecho a consumir
estupefacientes.
Al respecto la Corte señala que el derecho
al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier derecho fundamental, no
es un derecho absoluto[9].
Así las cosas  éste no  puede ser invocado para desconocer  los derechos de
otros,  ni  los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad punitiva
del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o
económico, o el ejercicio de los demás derechos  que se reconocen a todos los
ciudadanos.
Al respecto cabe recordar,  como se señaló
en la Sentencia C-420 de 2000,que  precisamente hay una amplia gama de derechos
interferidos por el narcotráfico que no pueden simplemente desconocerse para
hacer primar el derecho al libre desarrollo de la personalidad  de quien decide
consumir estupefacientes.
Al respecto dijo la Corte:
“Inicialmente la
tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger
un bien jurídico en particular, la salud pública, postura esta que resultaba
compatible con el deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar
el cuidado integral de su salud y la de su comunicad  -Artículo 49, inciso
final, de la Carta-  y con el deber que le asiste a la persona y al ciudadano
de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas  -Artículo 95, numeral 2°-.
Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no
se trata sólo de un tipo penal orientado a proteger la salud pública sino
también la seguridad pública y el orden económico y social.  Lo primero, porque
la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la
alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y
jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como
presupuesto de convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de
estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a
vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y
de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas
económicas de los países afectados por ella.
De allí que en el
narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a
derechos ajenos, sino que confluyan también, de un lado, una indiferencia total
por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por otro, una
capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos
de poder político interferidos por ella.”
Debe tenerse en cuenta además, que al tenor
del artículo 95 de la Carta, el primer deber de toda persona consiste en
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (art. 95, num. 1).  Así
mismo dicho artículo establece también como deber de la persona y del ciudadano
el de "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas".   (art. 95, num. 2),  y el  artículo 49
superior,  inciso final, impone a toda persona " el deber  de procurar
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad". Precisamente
las normas que penalizan el narcotráfico protegen  ante todo ese bien jurídico.
Cabe señalar, igualmente, que en la
sentencia C-221 de 1994, que invoca el demandante, se precisó que,  para
efectos de la despenalización que en ella se dispuso, debía distinguirse entre
el porte, conservación o consumo de sustancias estupefacientes en cantidad
considerada como dosis de uso personal y el narcotráfico como actividad ilícita
alentada por el afán de lucro, pues los efectos del fallo únicamente se
extendían a las primeras actividades pero no a la última.
Dijo en este sentido la Corte:
“En cuanto al
literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte que se
ajusta a la Norma Básica, pues constituye un ejercicio de la facultad
legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque
determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una
actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra
ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se
estiman socialmente indeseables.
...Cabe reiterar,
entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86,
relativas al transporte, almacenamiento, producción, elaboración, distribución,
venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el mismo estatuto”[10].
Ahora bien, frente al argumento del actor
sobre  la posibilidad  que toda persona tiene de disponer de  su salud y de  su
vida y, en consecuencia, a la facultad que le asiste de consentir la
vulneración de los  bienes jurídicos protegidos por las normas que penalizan el
narcotráfico,  la Corte  reitera  que en manera alguna ello puede servir de
fundamento para alegar una supuesta vulneración del derecho al libre desarrollo
de la personalidad  ni  para  exonerar de responsabilidad penal a los autores o
partícipes de tales delitos.
Al respecto señaló la Corporación lo
siguiente.
“(a)ún admitiendo
la existencia de derechos fundamentales disponibles, el carácter disponible de
un derecho no se opone a la tipificación como delito de la conducta que lo
vulnere o que lo ponga en peligro si el legislador estima que se trata de un
bien jurídico fundamental que es preciso proteger de lesiones o puestas en
peligro socialmente intolerables.
Mucho menos el
carácter disponible de un derecho constituye argumento para afirmar la
inexequibilidad de la norma que tipifique como punible la conducta de quien lo
lesiona o pone en peligro pues la consideración legal del consentimiento como
causal de exclusión de responsabilidad penal remite, en cada caso, al titular
de un bien jurídico individual ya que es éste el que decide si consiente o no
la lesión o puesta en peligro del derecho de que es titular.
Adviértase que,
así como se presentarán eventos en que los titulares de derechos disponibles
consientan su lesión o puesta en peligro, concurrirán otros en los que los
titulares no brindarán su consentimiento.  En relación con éstos es claro que
se tipificaría el delito y, dado el caso, habría lugar a la imposición de las
penas correspondientes.  Con la lógica argumentativa del actor, habría que
afirmar que por ser el patrimonio económico un bien jurídico disponible y, por
tanto, por estar sus titulares habilitados para consentir su vulneración,
carecerían de sentido los delitos previstos en el Código Penal para proteger
ese bien jurídico y que, además, tales disposiciones devendrían
inconstitucionales por desconocer esa disponibilidad y esa posibilidad de
consentimiento.
Por otra parte,
el actor pierde de vista que el consentimiento procede en relación con bienes
jurídicos individuales y no en relación con bienes jurídicos colectivos,
naturaleza que tienen precisamente los bienes jurídicos que se protegen con la
penalización del tráfico de estupefacientes:  Salud pública, seguridad pública
y orden económico y social.  Esto es así porque en el caso de los bienes
jurídicos colectivos su titular es la comunidad en general y no las personas
aisladamente consideradas y, ante esta circunstancia, es claro que el bien
jurídico no está a disposición de quien individualmente consienta la lesión por
no ser éste su titular.
Luego, es claro
que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de estupefacientes son de
naturaleza colectiva, indisponibles por personas individualmente consideras y,
en consecuencia, no susceptibles de exonerar de responsabilidad penal por el
consentimiento de la víctima.  Ante ello, carece de sentido afirmar que las
normas legales que tipifican el tráfico de estupefacientes son inexequibles por
desconocer el carácter disponible de bienes jurídicos desprovistos de ese
carácter, mucho más si frente a la Carta es legitima aún la penalización de conductas
que atentan contra bienes jurídicos disponibles”[11].
-La no
vulneración del principio de igualdad
Según el criterio del actor, como la
producción y comercialización del alcohol y del tabaco no está penalizada,
tampoco debería estarlo el tráfico de estupefacientes.  De allí que el
legislador haya incurrido en su concepto en un tratamiento diferenciado no
justificado que debe conducir a la Corte a retirar del ordenamiento jurídico
tales disposiciones por contrariar el artículo 13 superior.
La Corte estima que conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, el entendimiento que sustenta las
consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador, encargado de
determinar la política criminal, el respeto a una supuesta igualdad entre el
narcotraficante y el comerciante de alcohol o de tabaco, no es aceptable,
puesto que el legislador no puede ver  limitados o desconocidos  los ámbitos de
su  accionar legítimo.  Todo lo contrario, la Carta otorga  competencia al
Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y
de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con
ellas[12];
por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la
política criminal, elevados a rango legal.  En consecuencia, acceder a un
juicio de igualdad, en relación con la penalización del narcotráfico, sería
invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del
Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la
propia Carta al Legislador  para que éste, en el marco de su potestad  de
configuración, pueda diseñar el sistema penal con arreglo a la política
criminal que se la ha encomendado.
Al respecto  la Corte considera necesario
reiterar las consideraciones hechas  en la Sentencia C-420 de 2002 donde se
expresó:
“¿El hecho de que
el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y
de bebidas alcohólicas y sí haya penalizado el tráfico de estupefacientes
implica la inexequibilidad de las normas que dispusieron tal penalización?
Para la Corte, la
respuesta a este interrogante es negativa pues de la Carta no pueden inferirse
los distintos mecanismos de política criminal que el Estado forzosamente ha de
concebir para atender los retos que le asisten en materia de política
criminal.  Si ello fuera así, concurriría la posibilidad de cuestionar la
legitimidad constitucional de la decisión legislativa de consagrar o no tales
mecanismos.  No obstante, es evidente que las cosas no son de ese talante pues,
tal como se expuso en precedencia, el legislador es titular de la facultad de
configuración normativa para acudir a la tipificación de conductas penales como
estrategia de política criminal, facultad que es compatible con el principio
democrático y que está sujeta al sistema de valores, principios y derechos
impuestos por la Carta.
En ese marco, que
el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y
de bebidas alcohólicas y que en lugar de ello haya optado por afirmar la
licitud de esas actividades y por ordenar campañas de prevención contra el
consumo de alcohol y del tabaco, tal como lo hace en los artículos 15 a 19 de
la Ley 30[13],
pone de presente que no estimó necesario acudir a ese mecanismo de política
criminal en relación con tales fenómenos.  Esa decisión no solo es fundada
constitucionalmente sino que además es compatible con el carácter subsidiario y
fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal pues, no
obstante la  legitimidad de su ejercicio racional, es imperativo que, dados los
profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se acuda a él
cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos
fundamentales para la convivencia.
Con todo, de esa
particular valoración que el legislador hizo de la producción y comercialización
del alcohol y del tabaco y de su decisión de mantener la licitud de esas
actividades y de adelantar campañas de prevención del consumo, no se sigue que
necesariamente haya debido valorar también en el mismo sentido el tráfico de
estupefacientes y que por tanto su decisión de penalizar esta actividad devenga
inconstitucional.  Ello es así por cuanto del Texto Superior no se infiere, en
manera alguna, la obligación del legislador de valorar de la misma manera
fenómenos sociales diversos y, mucho menos, el deber constitucional de
sujetarlos a los mismos mecanismos de control social.
Si el juez
constitucional, desconociendo la ausencia de condicionamientos constitucionales
en materia de política criminal  -distintos al sistema de valores, principios y
derechos fundamentales y a los mandatos y prohibiciones expresamente dirigidos
al legislador penal- e ignorando la facultad legítima que le asiste al
legislativo de concebir mecanismos específicos en ese ámbito, interfiere ese
campo de competencias para forzar la despenalización de conductas como el
tráfico de estupefacientes, estará abandonando el rol que le asiste en una
democracia constitucional pues de la defensa del Texto Superior y de los
derechos fundamentales pasaría a adentrarse en la configuración de un ámbito de
la política que es ajeno a su competencia”[14].
Cabe recordar además  que en la materia que
ocupa a la Corte  se está en presencia de  una serie de compromisos
internacionales que obligan al Estado Colombiano a combatir el narcotráfico,
circunstancia que establece una diferencia relevante para el tratamiento de uno
y otro tipo de situaciones.
Al respecto se debe tener en cuenta  en
efecto que esta Corporación, mediante Sentencia C-176-94[15], en la cual cumplió la
revisión constitucional de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988,  declaró
la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de
tipificar como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-344-95[16], sobre  exequibilidad
del artículo 72 de la Ley 104 de 1993  -de acuerdo con el cual el Presidente de
la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones
internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y
la colaboración necesaria para el desarrollo del Programa de Protección a
Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios-, se precisó
que el legislador no podía ignorar la referencia a tratados o convenios
internacionales como elementos integrantes de la política criminal del Estado y
especialmente en lo relacionado con el narcotráfico[17].
Entonces a juicio de la Corte no cabe
invocar  en esta materia vulneración del principio de igualdad como lo pretende
el actor.
-La  no
vulneración del derecho a la paz
Para el actor la
penalización del narcotráfico  tiene como consecuencia  que la comercialización
de estupefacientes sea controlada por organizaciones criminales que obtienen
ganancias exorbitantes  que les permiten corromper las organizaciones sociales
al tiempo que estimulan el conflicto social   y la acción armada. En este
sentido considera que las normas acusadas en tanto tipifican y castigan las
actividades relativas  a la producción y comercialización de estupefacientes
vulneran el derecho a la paz.
Al respecto la Corte
recuerda que dentro de los fines esenciales del Estado establecidos en el
artículo 2° superior se encuentran los de "servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como los de asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
El mismo artículo
2o. determina que "las autoridades de la República están instituídas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares". (subrayas
fuera de texto). Es claro que las normas acusadas
constituyen un desarrollo de esta disposición superior particularmente en
cuanto hace a la protección a la vida y al aseguramiento de los deberes
sociales de los particulares, disposición esta última que se enmarca también dentro
del concepto de Estado Social de Derecho.
No debe olvidarse
por último  que la penalización de conductas como las que señalan las normas
acusadas, tiene como objetivo proteger el bien jurídico de la salud pública,
fin que lejos de afectar el derecho a la paz es plenamente compatible con este.
3.1.3. El
análisis de las penas establecidas en los artículos acusados
Como ya
se recordó,  las normas penales  se caracterizan  porque a un supuesto de
hecho  adscriben una sanción  consistente en una pena o en una medida de
seguridad según el caso; de allí que el análisis de  los tipos penales
establecidos en los artículos demandados deba comprender  igualmente la
valoración de  las consecuencias jurídicas que el legislador establece para los
supuestos fácticos que en ellos se enuncian. En este sentido los reproches
planteados por el actor contra las disposiciones acusadas comprenden igualmente
las consecuencias punitivas establecidas en ellos.
Al
respecto la Corte constata, que las penas previstas en la Ley 599 de 2000  son
superiores a las que se establecían en las disposiciones correspondientes de la
Ley 30 de 1986.
Así:
En  el artículo 375 de la Ley 599
de 2000  -que corresponde al artículo 32  de la Ley 30 de 1986-,  se incrementaron
el mínimo de la pena de prisión, (que
pasa de 4 a 6 años)  y el mínimo (de 10 a 200 Salarios mínimos mensuales
vigentes) y el máximo  (de 400 a 1500 Salarios mínimos mensuales vigentes) de la pena de multa y en el inciso segundo se incrementaron los
mínimos y máximos de esas dos penas. (de un mínimo de 1 y un máximo de  3 años se pasa  a un mínimo de  4 y
un máximo de 6 años de prisión y en cuanto a la multa esta pasa a ser de un
mínimo de 10 y un máximo de 50 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 376 de la Ley 599
de 2000 -que corresponde al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 -, se
incrementaron el mínimo de la pena de prisión,       (que pasa de 6 a 8 años) y el
mínimo de la pena de multa; (que
pasa de  100 salarios mínimos mensuales vigentes a 1000), en el inciso segundo se incrementaron el mínimo y el máximo de la
pena de prisión (que pasa  de
un mínimo de  1 y un máximo de  3 años a una pena de mínimo 4 años y máximo 6
años), la pena de multa se mantiene en una cuantía
igual  (2 a 100 salarios
mínimos mensuales vigentes) y en el inciso tercero se
incrementó el mínimo de la pena de prisión (que pasa de 4 a 6 años) y se
disminuyó el máximo de la misma (que
pasa de  12 a 8 años). Respecto de la pena de multa se
incrementaron los mínimos y máximos (se pasó de  una multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales
vigentes,   a una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 377 de la Ley 599
de 2000  -que corresponde al artículo 34 de la Ley 30 de 1986-, se incrementó
el mínimo de la pena de prisión (que
pasa de 4 a 6 años), respecto de la pena de multa, esta
se mantiene igual     (1.000 a
50.000 salarios mínimos mensuales vigentes)  y además
se excluyó la referencia a los artículos 124 y 125 del Decreto ley 522 de 1971.
En el artículo 378 de la Ley 599
de 2000–que corresponde al artículo 35  de la Ley 30 de 1986 -, se introdujo,
al lado de la pena de prisión que permanece igual (3 a 8 años), la pena de multa
(100 a 1000 salarios mínimos
mensuales vigentes) también como pena principal.
En  el artículo 379 de la Ley 599
de 2000 -que corresponde al artículo 36 de la Ley 30 de 1986-, el monto de la
pena de prisión  se mantuvo igual (de 3 a 8 años) y se introdujo la pena de multa
como pena principal (100 a
1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 382 de la Ley 599
de 2000 -que corresponde al  artículo 43 de la Ley 30 de 1986-, inciso primero,
se incrementó el mínimo de la pena privativa de la libertad (que pasa de 3 a 6 años), la multa se mantuvo igual (2.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes) y en relación con el inciso tercero se incrementaron el mínimo y el
máximo de la pena privativa de la libertad (se pasó de una pena de  2 a 5 años a una pena de 4 a
6 años de prisión) y la pena de multa se mantiene igual
(10 a 100 salarios mínimos
mensuales vigentes).
Cabe recordar así
mismo que la Ley 599 de 2000 estableció un nuevo tipo penal  contenido en el
artículo 380 acusado  en el que el sujeto pasivo de la conducta es un
deportista  al que se le suministra  ilícitamente  alguna droga o medicamento
que produzca dependencia  o  se le induce al consumo. Conducta que se sanciona
con  pena de  prisión de uno (1) a tres (3) años.
Ahora bien, frente a este evidente aumento de la intensidad punitiva
de las normas bajo examen y de la voluntad de ampliar los tipos penales
destinados a la penalización del narcotráfico, la Corte recuerda que al
Legislador le asiste una amplia potestad de configuración normativa en materia
de delitos y sanciones.
De acuerdo con ello
es legítimo que éste ejerza esa potestad  con la amplitud  que le asiste como
instancia idónea para configurar las reglas de derecho positivo y para
determinar la política criminal del Estado.
No obstante, siendo
claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el Legislador
al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de
valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar
rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos
directamente por el constituyente[18].  En ese sentido el Legislador debe
respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria
correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles
y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
Si el
ejercicio del poder punitivo del Estado en la instancia Legislativa del poder
Público respeta ese marco de validez, no concurren motivos para cuestionar la
constitucionalidad de la norma penal.
Así ha
dicho la Corte  que:
“Mientras en el cumplimiento de la función
legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el
legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones
entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables,
fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o
atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la
apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la
vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar
causando o llegar a causar en el conglomerado”[19].
Por lo
que solamente “en los casos
de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,”[20]
correspondería al Juez Constitucional  pronunciarse.
En el
presente caso,  el presupuesto  exigido por la jurisprudencia no se configura,
pues no se ve en ninguna de las disposiciones acusadas, ni en el aumento de las
penas a que se ha hecho referencia una “innegable desproporción” o “palmaria irrazonabilidad”
que  haga evidente el desconocimiento de los mandatos constitucionales.
Por el contrario la
Corte no puede dejar de considerar  el innegable auge que ha tenido en los
últimos años el fenómeno del narcotráfico, así como la complejidad y gravedad
del impacto económico, social, ambiental y político que este fenómeno viene
generando. Ello  ha impuesto  sin duda al Legislador el fortalecimiento de la
capacidad punitiva  del Estado y el incremento de las  penas destinadas a
reprimir los comportamientos previstos  en las normas demandadas,  los que
afectan  no solamente  la salud pública sino también, la vida, la dignidad
humana, el orden económico y social y la seguridad pública.
Así las cosas, la
Corte no encuentra que con las normas acusadas se vulneren el libre desarrollo
de la personalidad, el principio de igualdad el derecho a la paz,  ni que las
sanciones establecidas en dichas normas desconozcan los principios de
racionalidad y proporcionalidad a que está sometido el ejercicio de la potestad
de configuración del legislador en este campo.
En consecuencia la
Corte declarará la exequibilidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380
y 382  acusados y así lo señalará en la parte resolutiva de esta  sentencia.
3.2. El análisis
de los cargos formulados en contra del  artículo 385 de la Ley 599 de 2000.
Para el actor, en el
ordenamiento jurídico vigente  la responsabilidad penal parte de los actos y
conductas de los individuos, es personal y  no puede en consecuencia depender
de una mera relación  jurídica o material  con un bien o con una cosa, y como,
en  su concepto, la norma acusada  establece una sanción penal  por el simple
hecho de ser dueño poseedor o tenedor  de unos bienes en los que se construyan
pistas  o aterricen naves, vulnera los artículos 6 y 29 de la Constitución.
Aduce así mismo que
las circunstancias que se describen en los diferentes numerales del artículo
acusado  “ni siquiera alcanzarían la connotación  de delitos, pues  a lo sumo
se enmarcarían  dentro de las sanciones de tipo administrativo por violación
de normas de aeronavegación”, con lo que se desconocería el principio de
proporcionalidad en virtud del cual sólo se pueden determinar como punibles”
los atentados  más graves a los bienes jurídicos más importantes”.
El señor Procurador
por su parte solicita  que se declare la constitucionalidad condicionada de
dicho artículo en el entendido  que “el juicio de responsabilidad penal  debe
quedar  exclusivamente circunscrito a las actividades de narcotráfico y
conexos”.
-La ausencia de cosa juzgada
material
Al respecto cabe
recordar que el artículo 64  de la Ley 30 de 1986 establecía  el mismo tipo
penal como contravención, el cual fue transformado en delito  por disposición
del Decreto de Estado de sitio 3665 de 1986 artículo 1°,   -cuyo texto fue
reproducido en el Decreto 1198 de 1987- y convertido en legislación permanente
por el artículo 2° del Decreto Extraordinario 2266 de 1991.  La sanción allí
establecida  era la pena de prisión  de 3 a 10 años.
En relación con este
último  texto la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-127 de
1993 que declaró su exequibilidad[21],
circunstancia que sin embargo no hace que se configure en el presente caso el
fenómeno de cosa juzgada material, por las mismas razones por las que la
Corporación concluyó que dicho fenómeno no se configuraba en relación con los
artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382  de la Ley 5999 de 2000 acusados.
En efecto, dado que
el artículo 385 acusado modificó la consecuencia jurídica aplicable en las
circunstancias descritas en la norma, cuando  estableció  una pena de prisión
de cuatro (4) a diez (10) años y multa de  diez (10) a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes,  no se está en presencia de la misma norma
y por tanto,  como se dejó explicado, no se dan los presupuestos que configuran
la existencia de la cosa juzgada material que suponen la existencia de dos
normas con  un contenido jurídico idéntico.
Así las cosas, la
Corte  procede a examinar los cargos formulados en la demanda.
-La
interpretación sistemática de la disposición  en el contexto de las normas
rectoras  de la Ley penal.
Frente a los
argumentos del actor en contra del artículo 385 acusado y a la petición del señor
Procurador a que se ha hecho referencia,  la Corte  recuerda que la expedición
de reglas de derecho para configurar delitos y penas debe entenderse como un
mecanismo a través del cual se hace efectiva  la política criminal del Estado y
que ella debe analizarse en el contexto de las normas rectoras  de la Ley penal
que orientan su interpretación[22].
Ello es
especialmente relevante en materia de  definición de delitos pues éstos no
están determinados por la simple descripción legal de las conductas
prohibidas.  Esta  constituye  solo uno de los elementos que, conjuntamente
valorados con otros, determinan la procedencia de la declaratoria de
responsabilidad penal.
En este sentido se
debe recordar  que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal, para que una
conducta sea punible se requiere que sea “típica, antijurídica y culpable” y
que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del
resultado”[23].
Cada uno de esos
elementos, tipicidad[24],
antijuridiciadad[25]
y culpabilidad[26]
deben en consecuencia estar reunidos para que pueda endilgarse responsabilidad
penal a los destinatarios de la norma penal bajo examen.
De acuerdo con ello,
la norma demandada, debe ubicarse en el contexto del bien jurídico que se
pretende tutelar y, en ese sentido, el ámbito de la prohibición se restringirá
a las conductas que lo vulneren.
Al respecto cabe
recordar que la norma acusada se encuentra inserta en el título XIII del código
Penal  sobre los delitos  contra la salud pública y específicamente en el
capítulo II  relativo al “tráfico de estupefacientes y otras infracciones”.
Esta ubicación no es accidental o caprichosa por parte del Legislador, sino que
necesariamente  determina tanto el bien jurídico que se pretende proteger, como
las características del juicio de responsabilidad  que se debe efectuar en este
caso.
En este sentido
aquellas conductas que, no obstante acomodarse formalmente al tipo penal, no
lesionen ese bien jurídico, son penalmente irrelevantes y, como es de
entenderse, a ellas no  se extiende la prohibición objeto de cuestionamiento.
En ese marco,
supuestos como el desconocimiento de los hechos objeto de reproche, la
justificación de las conductas, o la inexigibilidad de un comportamiento
diferente, tendrán una necesaria incidencia en la configuración o no de
responsabilidad penal por parte del propietario poseedor, tenedor o
arrendatario a que se refiere la norma.
Así, ateniéndose a
estos planteamientos, es claro que la norma demandada no sanciona la sola
existencia o construcción de pistas de aterrizaje sin la debida autorización, o
el solo aterrizaje o iniciación de vuelos sin autorización, o la omisión del
aviso a las autoridades, o la sola existencia de pistas o campos de aterrizaje
con licencia  omitiendo el mismo aviso. Esos son los supuestos fácticos que
generan responsabilidad penal pero solo en cuento constituyan conductas que
atenten contra el bien jurídico salud pública y en particular, en tanto se
trate de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.
Así las cosas,  para
la Corte no existen motivos para declarar la inexequibilidad de la disposición
acusada, al tiempo que la interpretación de la norma que acaba de hacerse,  que
se deriva  del  análisis sistemático del Código Penal, muestra que no es necesario
que esta Corporación condicione su constitucionalidad a que el juicio de
responsabilidad deba quedar exclusivamente circunscrito a las actividades de
narcotráfico y conexas, como lo solicita el señor Procurador, pues el único
entendimiento posible de la norma dentro del ordenamiento jurídico penal es
precisamente ese.
Así, cabe reiterar,
lo que la norma sanciona no es la propiedad, posesión, tenencia  o
arrendamiento de un bien determinado, sino la conducta  del dueño, poseedor,
tenedor o arrendatario que vulnera el bien jurídico protegido por el capítulo
II del  título XIII del Código Penal que no es otro que el de la salud pública,
y no por otra circunstancias sino por las descritas en  dicho capítulo relativo
al “trafico de estupefacientes y otras infracciones”.
-La no
vulneración del principio de  proporcionalidad  por el artículo 385 acusado.
El actor argumenta
finalmente que las conductas prohibidas por la norma demandada no revisten
especial gravedad y que por lo mismo  a lo sumo constituirían faltas
administrativas constitutivas de contravenciones,  pero no de delitos, con lo
que se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas.
Al respecto la Corte
señala  que la valoración de un comportamiento como delito o  como
contravención implica un juicio a cargo del Legislador, pues es éste quien, de
acuerdo con las circunstancias de cada momento histórico y atendiendo las
mayores o menores necesidades de protección de los bienes jurídicos, establece
si una conducta ha de asumirse como constitutiva de delito o como una
contravención administrativa.
Tratándose de una
facultad legislativa, debe tenerse claro que la Carta no contiene un mandato
ineludible dirigido al Legislador para que el control social de una conducta se
haga de una u otra manera. Ello es así en cuanto son las circunstancias propias
de la realidad de cada época  las que en su momento debe valorar la instancia
legislativa para inferir las consecuencias imponibles a los transgresores de
una norma.
De no ser así
resultaría que los delitos  y las contravenciones actualmente existentes
deberían asumirse como unas instituciones estáticas sin la menor posibilidad de
reconsiderarse en atención a las necesidades político criminales que puedan
llegar a identificarse por el Legislador.
En este marco, que
en  la norma demandada se haya establecido un delito y no una contravención,
revela solamente que la frecuencia con que se construyen pistas de aterrizaje o
se efectúan vuelos no autorizados por la Unidad Administrativa Especial de  aeronáutica
civil y la incidencia que ello tienen en el tráfico de estupefacientes,
imponía incrementar el rigor punitivo para sancionar esas conductas,  con el
fin de  y asegurar  un mayor ámbito de protección para el bien jurídico salud
pública.
En este sentido el
sólo ejercicio, dentro del respeto de los límites  fijados en la Constitución[27], de la potestad de
configuración del Legislador en materia punitiva, no puede servir de fundamento
para cuestionar la constitucionalidad de la disposición demanda.
Así las cosas la
Corte  declarará la exequibilidad del artículo 385 de la Ley 599 de 2000 frente
a los cargos que acaban de analizarse.
DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos
analizados en esta sentencia, los artículos 375, 376, 377, 378, 379,
380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sustenta sus afirmaciones en los
considerandos del salvamento de voto de las Magistrados José Gregorio
Hernández  Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa a la sentencia  C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[2] Expediente  en el que se expidió la
Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Al respecto  señala  que la Coporación
despenalizó el consumo personal de drogas estupefacientes por considerarlo
asunto propio de la moral de cada individuo, fundado en la dignidad humana, la
autonomía personal o ejercicio del libre albedrío y el libre desarrollo de la
personalidad y, por tanto, sustraído del control jurídico imperante pues él sólo
puede ejercerse en aquellos casos en que la conducta del consumidor afecte el
entorno social.
[4] En efecto  los textos normativos  confrontados son los siguientes
:
ARTICULO 32. El que sin permiso de autoridad
competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier
otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier
otra  droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de
dichas plantas, incurrirá en prisión de  cuatro (4) a doce (12) años y en
multa de diez (10) a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales.
Si la cantidad de
plantas de que trata  este artículo lo (sic) excediere de veinte (20) sin
sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años
de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos
mensuales.
Artículo 375 - Conservación o financiación de plantaciones. El
que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie
plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse
cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o
más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión
de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de plantas de
que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de
cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de
diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 33. (Modificado por el artículo 17 de la
Ley 365, sancionada en 1997). El que sin permiso de autoridad
competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al
país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene,
conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier
título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a
veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales.
Si la cantidad de
droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de
cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200)
gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3)
años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales.
Si la cantidad de
droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de
diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos
mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o
sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de
prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 376 - Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin
permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso
personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte,
lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie
o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá
en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos
de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o
de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados
de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la
pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos
previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de
marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína
o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de
derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga
sintética, la pena será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien
(100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 34.
(Modificado por el artículo 18 de la Ley 365, sancionada en 1997). El que destine ilícitamente bien
mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use
alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en
ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y
multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del
Decreto-ley 522 de 1971 (artículo 208, ordinal 5° y 214, ordinal 3° del Código
Nacional de Policía).
Si la cantidad de
droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de
cocaína, veinte (20)gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos
de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de
prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales.
Si la cantidad de
droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de
diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos
mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o
sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de
prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales
mensuales.
Artículo 377. Destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destine
ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o
transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos
375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en
prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
ARTICULO 35. El que en cualquier forma estimule o
propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
Artículo 378 - Estímulo al uso ilícito. El que en cualquier
forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan
dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 36. El profesional o practicante de
medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas
profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule,
suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión
de tres (3) a ocho (8) años.
Además de la
sanción establecida en el inciso anterior, se impondrá la suspensión en el
ejercicio de la profesión por un término de cinco (5) a diez (10) años.
Artículo 379. Suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de
medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas
profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule,
suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión
de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión,
arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez (10) años.
ARTICULO 43
(Modificado por el Artículo 20 de la Ley 365 sancionada en 1997). El que ilegalmente introduzca al país, así
sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que
sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca
dependencia, tales como:  éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de
potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes,
disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional
de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y
multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Salvo lo previsto
en el artículo 54 del Decreto-ley 099 de 1991, adoptado como legislación
permanente por el artículo 1° del Decreto-ley 2271 de 1991, tales elementos,
una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial
a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer
de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para
fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave
peligro para la salubridad o seguridad públicas.
Cuando la cantidad
de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas
por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco
(5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales.
Artículo 382. Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que
ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte,
tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de
cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico,
acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido
clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que
según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con
el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de
dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de
las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa
de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[5] Sobre la noción de cosa juzgada material
ver entre otras las sentencias C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero,
C-774/01 M.P. Rodrigo escobar Gil.
[6] Sentencia C-427/96 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[7] Desde luego que la política criminal del Estado no se
agota en el ejercicio de su poder punitivo.  En un reciente pronunciamiento
esta Corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal
y la amplia gama de medidas que comprendía:  “Dada la multiplicidad de
intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y
complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de
cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que
cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado
definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de
respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho
conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social,
como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan
responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos
extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito.  También puede
ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser
económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado
comportamiento o desincentivos  para incrementarles los costos a quienes
realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se
adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para
generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado
comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser
administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria.
Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera
sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un
hecho constitutivo de una conducta típica”.  Corte Constitucional,
Sentencia C-646-01.  M. P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[9] Ver salvamento de voto de los Magistrados
José Gregorio  Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara  y
Vladimiro Naranjo Mesa a la Sentencia C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Diaz. En el
mismo sentido ver, entre otras, las Sentencias  C-  M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa,
[10] Sentencia C-221
de 1994 Magistrado Ponente, Carlos Gaviria Díaz. S.V.  de los Magistrados José
Gregorio  Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara  y
Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[12] Ver Sentencia C-210/000 M.P. Fabio Morón
Diaz.
[13]  Estos artículos prohíben el trabajo de
personas menores de catorce  (14)  años durante la jornada nocturna en
establecimientos donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas; ordenan la
impresión, en los empaques de tales productos, de etiquetas sobre el daño a la
salud producido por el exceso de alcohol y por el tabaco; prohíben la venta de
licores, cigarrillo y tabaco que no contengan esa impresión y disponen que la
propaganda sobre esos productos sólo podrá transmitirse en los horarios y con
la intensidad determinada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
[14] Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[15] Magistrado Ponente, Alejandro Martínez
Caballero.
[16] Magistrado Ponente, José Gregorio
Hernández Galindo.
[17] Sobre el mismo punto cabe recordar
además, entre otras,  la Sentencia C-756-01, en la que la Corporación declaró
exequible el Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y el Reino de
España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control
del tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmado el 14 de
septiembre de 1998, y la Ley 624 de 2000, se resaltó que el trabajo conjunto de
los Estados para solucionar los problemas derivados del narcotráfico guardaba
correspondencia con los fines y principios de la Carta Política.  En el mismo
sentido la Sentencia C-835-01, en que  la Corte declaró la exequibilidad del
Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la República de Cuba para la
prevención, el control y la represión, del tráfico ilícito de estupefacientes
firmado el 14 de enero de 1999 y de la Ley 625 de 2000, por medio de la cual se
lo aprobó.  En ella se destacó la importancia de los convenios internacionales
en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y la
compatibilidad existente entre las medidas adoptadas mediante esos convenios y
los deberes constitucionales de las autoridades. Ver Sentencia C-420/02 M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[18]  Ver Sentencia  C-1404/2000. M.P. Carlos
Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis.
[19] Sentencia  C-013/1997 M. P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[20]  Ver Sentencia  C-013/1997 M. P. José
Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias
C-173/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis,  C-553/01 M.P. Jaime Araujo Rentería,
C-647/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[21] Ver Sentencia C- 127/93 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[22] Art. 13.—Normas rectoras y fuerza
normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia
y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su
interpretación
[23]Art. 9º—Conducta punible. Para que la
conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea
punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia
de causales de ausencia de responsabilidad.
[24] Art. 10.—Tipicidad. La ley penal definirá
de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales
del tipo penal.
En los tipos de omisión también el deber
tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política
o en la ley.
[25]ArtT. 11.—Antijuridicidad. Para que una
conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en
peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
[26] Art. 12.—Culpabilidad. Sólo se podrá
imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda
forma de responsabilidad objetiva.
[27] Ver en relación con el ejercicio de la
potestad de configuración del legislador en materia penal, entre otras las
sentencias  C-070/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,  C-646/01 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.