T-610-11
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SENTENCIA T-610/11
(Agosto 12 de 2011)
LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA-Cualquier persona puede interponer acción de tutela ante vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución,
la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona cuando sus
derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya
sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. El
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, indica que la persona a quien se le
vulneren o amenacen sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de
tutela por sí misma o por medio de representante y contempló la posibilidad de
la agencia de derechos ajenos, de tal forma que un tercero, cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá
presentar acción de tutela en su nombre.
SUBREGLAS PARA LA LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA
La legitimación en la causa por activa en los procesos de
acción de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados para lo cual, a partir de las normas
antes señaladas, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades
para la promoción de la1 acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de la
acción. (ii) la de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de
los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en
el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al
escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo) y (iv) la del ejercicio a través de agente
oficioso.
APODERAMIENTO JUDICIAL EN
TUTELA-Elementos/APODERAMIENTO JUDICIAL EN TUTELA-Efectos
Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de
tutela la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el mismo es un acto
jurídico formal que debe realizarse por escrito, el cual se denomina poder y se
presume auténtico, debe ser especial y el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un profesional del derecho, habilitado con tarjeta profesional.
El principal efecto del apoderamiento, es el de perfeccionar la legitimación en
la causa por activa, por lo cual el juez de tutela estará en la obligación,
después de constatar sus elementos, de proceder a pronunciarse de fondo sobre
los hechos y las pretensiones relacionados en el escrito de acción respectivo.
INACTIVIDAD PARA PRESENTAR
ACCION DE TUTELA-Razones que podrían justificarla
Varias son las razones que podrían aducirse para
justificar válidamente la inactividad del accionante, según la jurisprudencia
constitucional: (i) la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito;
(ii) la incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus
derechos; (iii) la existencia de una amenaza grave e inminente que resulte
urgente conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; (iv) la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el
ejercicio de los derechos; (v) la permanencia de la vulneración en el tiempo,
es decir,  la situación desfavorable al actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual; y (vi) la especial situación de aquella persona
a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales (estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras),
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Plazo
razonable para presentar tutela debe determinarse con base en las
circunstancias del caso concreto
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedencia excepcional para el amparo de derechos
fundamentales de la población desplazada
La condición de sujetos de especial protección
constitucional que tienen las víctimas de desplazamiento forzado interno, ha
sido el fundamento para admitir que la acción de tutela es el mecanismo
judicial idóneo y expedito para la protección de sus derechos fundamentales, a
pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Debido a
los numerosos derechos constitucionales afectados por el desplazamiento y en
consideración a las especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e
indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia
constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo 13
constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente por
parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de sus
necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas
jurisprudenciales para su entrega y prórroga/CLASES DE DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA-Provisión de la ayuda humanitaria
En cuanto a la duración de la obligación estatal mínima
de proveer la ayuda humanitaria de emergencia, es, en principio, la que señala
la ley: tres meses, prorrogables hasta por otros tres meses para ciertos
sujetos. Considera la Sala que este plazo fijado por el legislador no es
manifiestamente irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) fija una regla clara
con base en la cual la persona desplazada puede planificar a corto plazo y
tomar decisiones autónomas de auto - organización que le permitan acceder a
posibilidades razonables de subsistencia autónoma sin estar apremiada por las
necesidades inmediatas de subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo
igualmente razonable para que diseñe los programas específicos que sean del
caso para satisfacer sus obligaciones en materia de ayuda para la
estabilización socioeconómica de los desplazados. El plazo señalado en la ley
obedece principalmente a las dos razones indicadas, se puede precisar que
existen dos tipos de personas desplazadas que, por sus condiciones
particulares, son titulares de un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de
emergencia durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley: se trata de
(a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no
estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de
estabilización o restablecimiento socio económica, como es el caso de los niños
que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por razón de
su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar
ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y
esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad.
En estas situaciones se justifica que el Estado continúe proveyendo la ayuda
humanitaria requerida para la subsistencia digna de los afectados, hasta el
momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya superado –es decir,
hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que
no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones
para ello. En este sentido, advierte la Corte que así como el Estado no puede
suspender abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de
autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente
de dicha ayuda.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Y
OBLIGACIONES CREDITICIAS DE PERSONAS DESPLAZADAS-Deber de las entidades
crediticias de ofrecer fórmulas de pago coherentes con la situación de
desplazamiento del deudor
El desplazamiento forzado constituye un impedimento que
influye en la exigibilidad de la obligación al hacer para el afectado por este
delito y deudor de una obligación, más onerosa su situación e imponer al
acreedor la reestructuración de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo
que la doctrina ha denominado teoría de la imprevisión, como quiera que la
consecuencia de dicha teoría es que ante una dificultad de características
graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa
obligado a responder con la prestación, esto es, no queda exonerado de su
cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual.
DERECHO A LA SALUD, EDUCACION,
VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS DESPLAZADAS Y SUS GRUPOS FAMILIARES
AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA-Orden a la Agencia Presidencial para la Acción Social evaluar
situación de las accionantes desplazadas y sus grupos familiares y si cumplen
las condiciones, prorrogar la ayuda humanitaria
Referencia: Expediente
T-2.978.237.
Fallos de tutela objeto
revisión: Sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, del 19 de
agosto de 2010, modificada parcialmente por la Sentencia del Consejo de Estado
de diciembre 2 de 2010.
Accionantes: Albertina
López Niebles, Ana Carlina Bolaño Zapata, Belinda Márquez, Biolanda Castro
Cabana, Celia Mendoza Charris,  Consuelo Fernández López, Dalgis Rosa
Fernández, Dionisia Guerrero López, Dolores María Borja Mariano, Edilma Rosa
Ramírez Urueta, Elisabeth Galán López, Eloisa Rodríguez Manjarres, Eseneth
Granados Domínguez, Estelia Fuentes Montenegro, Graciela Hernández Hernández,
Crimilda Rosa Cabana García, Isabel Segunda Zarate López, Julia Esther
Manjarres Pérez, Leonor García Orozco, Magdalena Machado, Marbel Luz Palmera
Moya, Maura de Jesús Viloria Mariano, Mauris Esther Erazo López, Minerva de la
Rosa, Miriam Merino Suarez, Petrona Machado Montenegro, Raquel Antonia Bula de
Cervantes, Ruby López Santiago, Ruth Marina Mejía, Teotistes Hipólita Castillo,
Yolanda Esther Fernández, Yasmira del Carmen Rivera Jiménez y la Asociación de
mujeres productoras del campo –  ASOMUPROCA II.
Accionados: Caja
Agraria en liquidación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE, Acción Social Nacional y Regional Magdalena,  Ministerio de Agricultura,
Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Protección Social,
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF nacional y seccional
Magdalena, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Caja de Compensación del Magdalena - CAJAMAG, SENA,
Secretarias de Salud de Ciénaga, Pueblo Viejo y Departamento del Magdalena.
Demanda del accionante
–elementos-:
Derechos fundamentales
invocados: de petición, vida digna, salud, vivienda digna, trabajo,
seguridad social, educación, mínimo vital, protección de los niños y las
personas de la tercera edad, la honra, la paz, la protección de la familia, la
libre circulación y permanencia.
Conductas que causan la
vulneración:
No dar
respuesta efectiva a las peticiones elevadas por las accionantes.  Realizar el
cobro ejecutivo del crédito otorgado e impagado como consecuencia del
desplazamiento forzado.
No
brindarles la protección de los derechos en su condición de población víctima
del desplazamiento.
No
inscribirlas o excluirlas del Registro Único de Población Desplazada - RUPD y
no otorgarles las ayudas humanitarias y/o sus prorrogas hasta su estabilización
socioeconómica.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao
Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES
1.
Fundamentos de la demanda de tutela[1]
1.1.
Pretensiones[2]
Como medidas para alcanzar la
consolidación de la estabilización socioeconómica de las accionantes, solicitan
se impartan las siguientes ordenes:
-
Se ordene a la Caja Agraria en liquidación, la cesación de toda
reclamación y acción judicial y/o administrativa contra las accionantes  que
vayan orientadas a exigir el pago del 30% del crédito a ellas otorgado.
-
Se ordene al Director de Acción Social nacional y regional del Departamento
del Magdalena y al Ministro de Agricultura mientras exista la situación de
desplazamiento y no se genere una solución definitiva, se  realicen a favor de
ellas proyectos encaminados a su estabilización socioeconómica que garantice su
bienestar y el de sus familias.
-
Se ordene a Acción Social Nacional la inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada, en adelante RUPD, de las personas[3] mencionadas en el numeral
3 de las pretensiones y sus grupos familiares, quienes a pesar de haber hecho
la declaración de desplazamiento y haber solicitado su inscripción no aparecen
en la base de datos.
-
Se ordene como medida transitoria el otorgamiento de ayuda humanitaria
de emergencia y la garantía de prórroga de las mismas hasta que se verifique la
estabilización socioeconómica del hogar, de las personas mencionadas en la
tutela en el numeral 4 de las pretensiones y sus grupos familiares[4].
-
Se ordene el Ministerio de Protección Social, al ICBF Nacional y Seccional
Magdalena, al Ministerio de Educación Nacional, al Director de Acción Social
Nacional y al Director de Acción Social Regional Magdalena, adoptar las medidas
necesarias para verificar el estado nutricional de los menores[5] que se relacionan en el
numeral 5 de las pretensiones de la tutela, y que se garantice la
implementación de todas aquellas medidas tendientes a contrarrestar la
situación de victimización que aqueja a dichos menores, en el marco del
conflicto y se les suministren subsidios educativos y alimenticios.
-
Se ordene al Director de Acción Social, al ICBF Nacional y Seccional Magdalena,
al Ministro de Protección Social, al Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la adopción de medidas a favor de las personas[6] pertenecientes a la
tercera edad relacionadas en el numeral 6 de las pretensiones de la acción de
tutela, por encontrase en situación de indefensión.
-
Se ordene a CAJAMAG, anunciar la fecha en que será adjudicado el subsidio
de vivienda solicitado por las señoras Dalgis Fernández, Dolores Borja Mariano,
Maura de Jesús Viloria Mariano, Biolanda Castro Cabana, Ruth Marina Mejía,
Eseneth Granados Domínguez.
-
En virtud de lo preceptuado en el Auto 06/08, de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de la Sentencia T -025, se ordene al Director
de Acción Social Nacional y Seccional Magdalena, al Ministro de Interior y de
Justicia, a la Directora del ICBF, a la Ministra de Educación, al Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, al Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
al Servicio Nacional de Aprendizaje, garantizar un tratamiento integral
diferenciado y adecuado a las personas[7]
que se relacionan en el numeral 8 de las pretensiones de la demanda,  con miras
al restablecimiento de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida y el
acceso a oportunidades educativas y de empleo de acuerdo a sus posibilidades
físicas y mentales.
-
Ordenar al Director de Acción Social Nacional y Seccional Magdalena, al
Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial el otorgamiento inmediato de una
vivienda temporal o en su defecto subsidios para el pago de arriendo para las
personas[8]
que se relacionan en el numeral 9 de las pretensiones de la demanda, a fin de
que no se siga poniendo en grave riesgo su derecho a la salud, la integridad
física y la dignidad en razón de lugar donde habitan.
-
Ordenar a Acción Social nacional y seccional Magdalena, al Ministro de
Protección Social, al Ministro de Educación y al SENA, adoptar las medidas de
estabilización socioeconómica, específicamente oportunidades de educación y
empleo para los jóvenes[9]
que se relacionan en el numeral 10 de las pretensiones de la demanda, previa
realización de un diagnóstico de sus niveles de estudio, capacidades y
aptitudes.
-
Se ordene la Gobernación del Magdalena, Secretarias de Salud de Ciénaga,
Pueblo Viejo y Magdalena, ICBF Seccional Magdalena, Acción Social nacional y
seccional Magdalena, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, DANE, Alcaldía de Pueblo Viejo, Alcaldía de Ciénaga,
Ministerio de Protección Social, Acción Social Nacional, Ministerio del
Interior y de Justicia, dar respuesta a las peticiones presentadas por el
Colectivo de Mujeres al derecho, en representación entre otras comunidades del
Magdalena, de las mujeres de ASMUPROCA en abril de 2009 y que se especifican en
el hecho 62 de la demanda de tutela [10].
-
Se ordene a la Gobernación del Magdalena realizar una cartografía.
1.2.
Fundamentos de la pretensión:
La Asociación Colectivo de
Mujeres al Derecho, en adelante COLEMAD, organización gubernamental de mujeres,
recibió poder especial de las accionantes, para iniciar acción de tutela para
la defensa de sus derecho fundamentales.
1.2.1.    Realizan
en la demanda de tutela, un recuento detallado de los antecedentes
generales, sobre los que resaltan:
-
En 1995 un grupo de 70 mujeres vecinas de los municipios de Pueblo
Viejo, Aracataca, el Retén y Ciénaga del Departamento del Magdalena,
conformaron la ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DEL CAMPO, ASOMUPROCA II, hoy
ASOMUPROCA, cuyo objetivo era mejorar el nivel económico y hacer frente a la
situación generada por la catástrofe natural de la Ciénaga Grande del Magdalena[11].
-
Las mujeres integrantes de la asociación mencionada fueron consideradas
sujetas a reforma agraria y en virtud de tal condición recibieron un subsidio
en tierra y crédito, habiéndoseles adjudicado un globo de terreno ubicado en el
municipio de Pivijay, Magdalena, cuyo costo era de $1.454.695.000.oo,
asignándoseles un subsidio del 70% equivalente a $1.018.286.500.oo. (año 1996).
Adicionalmente fueron favorecidas con $498.118.000.oo, para la compra de ganado
(año 1997).
-
En la zona de los municipios de Pivijay y el Retén entre los años 1996 y
2000 había presencia de grupos armados de la guerrilla y los paramilitares, lo
que colocó en condiciones de riesgo a las afectadas y a sus familias, siendo
objeto de amenazas, hostigamientos e inseguridad; además de la precariedad de
los predios otorgados, lo cual fue puesto en conocimiento del INCORA, la
Procuraduría Judicial y Agraria del Magdalena y el Ministerio de Agricultura,
entre otros.
-
Ante la situación anterior y el asesinato de la representante legal de
la asociación, las mujeres tuvieron que abandonar los predios y cuando
volvieron 4 meses más tarde, las parcelas habían sido saqueadas, el ganado y
las herramientas de trabajo habían sido robados. El 14 de octubre de 1999
recibieron volantes de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC,  en los cuales
les manifestaban que debían desalojar la zona y les daban un plazo de 24 horas
para salir, lo que ocasionó el desplazamiento de 50 familias hacia los
municipios de Pueblo Viejo y Ciénaga.
-
En razón de las amenazas en su contra,  ante la evidencia de los hechos
que antecedieron y motivaron el desplazamiento y los riesgos a los cuales se
exponían, solo hasta el año 2001 algunas de las mujeres afectadas llevaron a
cabo la declaración de desplazamiento, de lo que tienen conocimiento las
entidades encargadas de la atención al desplazamiento, tales como la red de
solidaridad social, la personería, la alcaldía, a quienes solicitaron apoyo, el
cual nunca les fue brindado.
-
En octubre 28 de 2005 las mujeres fueron notificadas en forma individual
unas resoluciones del INCODER en las que se les comunicaba que dada la
situación de abandono en el que se hallaba el predio, se iniciaba el trámite
tendiente a dar por cumplida la condición resolutoria a la cual está sometido
el subsidio y el incumplimiento de las reglas y obligaciones derivadas de la
ley 160 de la reforma agraria. Interpusieron el recurso de reposición, no
recibiendo respuesta alguna sobre el mismo, por parte del Incoder.
-
Actualmente tienen conocimiento que no obstante existe protección de
tierras en el registro de instrumentos públicos del Agustín Codazzi, el predio
de su propiedad ha sido invadido, por lo que solicitaron al Incoder medidas de
protección de las tierras y seguridad que facilitarán el retorno a las tierras.
-
A continuación, la apoderada realiza una presentación detallada de la
situación de cada una de las mujeres desplazadas que obran a folios 6 a 17 del cuaderno 1.
1.2.2.  En
ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política y el articulo 5 del
Código Contencioso Administrativo, el 2 de abril de 2009 interpusieron derecho
de petición AL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO y ante las autoridades del orden nacional que conforman el Sistema
Nacional de Atención Integral para la Población Desplazada, en adelante SNAIPD,
en el cual expusieron la situación de desatención estatal a la población en
situación de desplazamiento, ubicada en los municipios de Pueblo Viejo
(asentamiento la Caribe y La Casona); Ciénaga (asentamientos la Bodegas de
Comifurt); Santa Marta (Barrio Luís R. Calvo) y la Asociación de Mujeres
Productoras del Campo (ASOMUPROCA II)[12].
1.2.3.   Frente al COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, se
radicó el pliego de peticiones de abril de 2009, en las entidades que conforman
el mencionado Comité y las entidades nacionales que integran el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada[13].
1.2.4.  En el
pliego de peticiones, elevaron las siguientes pretensiones referidas a las
comunidades descritas en los hechos del pliego y dentro de los cuales se
encontraban las mujeres de ASMUPROCA II:
“Elaboración de una
cartografía social en el Departamento, principalmente en los municipios de
Ciénaga y Pueblo Viejo para la identificación de los efectos del conflicto
armado y el grado de vulneración de los derechos humanos.
Mayores esfuerzos
presupuestales para la atención de la población en situación de desplazamiento
Participación de la población
en situación de desplazamiento en los CTAIPD.
Inclusión en los PIU de
programas que garanticen la seguridad alimentaria y el acceso a la vivienda
digna de los hogares que no tienen fuentes estables generadoras de ingresos.
Garantía de apoyo dentro de
los procesos de reunificación familiar.
Integración de la población
desplazada a las dinámicas económicas locales de alternativas de trabajo y
promover opciones para la generación de ingresos y empleo.
Promover la atención en salud
de la población desplazada no cubierta con subsidios a la demanda y una
política pública de salud preventiva de acuerdo a las condiciones
epidemiológicas del departamento.
Ampliación de la cobertura
escolar de la población en situación de desplazamiento y creación de programas
de prevención de la deserción escolar.
Utilización adecuada de
recursos para la atención de población en situación de desplazamiento.
Prevención de riesgos y
difusión y optimización preventivos.”
Con relación especifica de la
Asociación de mujeres del campo, solicitaron:
“Al INCODER que adoptara un
plan específico de reubicación de las mujeres de la ASOCIACION en un predio de
vocación productiva y con condiciones de seguridad, igualmente que suministrara
copia del expediente de la parcelación los playones de Pivijay que reposa en la
entidad.
Que se coordinara con FINAGRO
la compensación de la deuda en razón de que son mujeres en situación de
desplazamiento.”
1.2.5.  Con
relación a las instituciones que hacen parte del SNAIPD, el pliego se radicó en
las siguientes entidades con las siguientes solicitudes:
“Peticiones elevadas ante el Ministerio
de Agricultura:
Que coordinara con FINAGRO e
INCODER la realización de las peticiones que les fueron formuladas a dichas
entidades.
Que constatara con FINAGRO la
situación de la parcelación Los Playones.
Que en forma coordinada con
FINAGRO procediera a la compensación de la deuda.
Aprobación y financiación de
un proyecto productivo para la Asociación de Mujeres Productoras del Campo
ASOMUPROCA II  con miras a la estabilización socioeconómica de las mujeres que
conforman la entidad.
Que en coordinación con la
Gobernación del Magdalena y la Alcaldía del Pueblo Viejo y Ciénaga realice
acciones para mitigar las emergencias producidas por el desplazamiento y genere
acciones para la protección de tierras y bienes patrimoniales de esa población.
Peticiones elevadas ante el Ministerio
de Interior y de Justicia:
Que se coordine con las
entidades territoriales correspondientes el acceso a la justicia de las mujeres
del Magdalena, en especial de Pueblo Viejo y Ciénaga.
Que se informe a las Mujeres y
demás personas en situación de desplazamiento los tiempos en los que accederán
a sus respectivas reparaciones administrativas.
Peticiones formuladas al Ministerio
de Protección Social:
Coordinar con los comités
departamentales, distritales y municipales del departamento del Magdalena, las
acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el
cumplimiento y materialización de los derechos de las mujeres desplazadas por
la violencia que hacen parte del pliego de peticiones anexo.
Coordinar el cabal
cumplimiento de los puntos enumerados en el pliego de peticiones remitido en lo
que tiene que ver con las labores y obligaciones de este ministerio.
Coordinar con las entidades
del gobierno local, de Pueblo Viejo y Ciénaga, así como con las entidades del
régimen subsidiado a las cuales se encuentran afiliadas las personas
desplazadas y asentadas en el Caribe, La Casona y las bodegas de Coormifut, la
atención especializada que requieren, referida está a los servicios médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios, que de manera diferencia y particular puedan
necesitar cada una de las personas que viven en los asentamientos.
Coordinar con la Secretaria de
Salud de Pueblo Viejo, Ciénaga, Santa Marta garantice la prestación de los
servicios de salud   a la población desplazada no cubierta por subsidios a la
demanda, además implementar la política de salud pública formulada por el
Gobierno Nacional en lo relacionado con sus competencias; teniendo en cuenta
las condiciones de atención a la población desplazada en la entidades del orden
nacional con las entidades territoriales.
Peticiones formuladas al Ministerio
de Vivienda: (sic)
Coordinar con los Comités
departamentales, distrital y municipales del departamento de Magdalena, las
acciones de cumplimiento y materialización de los derechos de las Mujeres
desplazadas por la violencia que hacen parte del pliego de peticiones anexo.
Coordinar el cumplimiento de
las peticiones de los puntos 3, 3.1, 3.2, 3.3. del pliego de peticiones
remitido en lo que respecta a la elaboración del diagnóstico de las necesidades
habitacionales de la población desplazada ubicados en los asentamiento La
Caribe, La Casona, las Bodegas Coormifut. Y que con la debida participación de
la misma, dirija la concentración de una estrategia sobre la aplicación del
subsidio familiar de vivienda que quede incluida en el respectivo plan zonal.
Definir en coordinación de la Gobernación
del Magdalena la inclusión dentro de los PIU y demás programas de la política
social para la población desplazada, programas o planes que garanticen
efectivamente la seguridad alimentaria y la vivienda digna de la población
desplazada principalmente en aquellos hogares con un número de integrantes
mayor a 5 personas o liderados por madres cabeza de familia sin una fuente
estable de ingresos.
Peticiones elevadas a Acción
Social Nacional:
Coordinar con los Comités
departamentales, distrital y municipales del departamento de Magdalena, las
acciones dirigidas a garantiza el compromiso de los entes territoriales en el
cumplimiento y materialización de los derechos de las mujeres desplazadas por
la violencia que hacen parte del pliego de peticiones anexo.
Verificar la labor de la
oficina de Acción Social Magdalena, en lo que respecta a la caracterización
segregada por sexo, edad, etc. para el cumplimiento del otorgamiento de las
ayudas humanitarias y estabilización socioeconómica.
Que coordine el cumplimiento
de los puntos 4, 4.1. y 5.4 para que en estricta aplicación de lo ordenado por la
Honorable Corte Constitucional de prórroga automática a la ayuda humanitaria de
emergencia que en favor de las mujeres desplazadas, coordine la aplicación de
lo anterior con las oficinas locales y departamentales de Acción Social y en
los sucesivo, estas mujeres y sus familias sean incluidos como beneficiarios de
estas ayudas hasta que se compruebe la autosuficiencia integral en condiciones
de dignidad de cada mujer en particular.
Coordinar desde la oficina
nacional de acción social acciones eficaces y oportunas para articular a la
población desplazada a  las dinámicas económicas locales de alternativas de
trabajo y promover opciones para la generación de ingresos y empleo, con el fin
de mejorar las condiciones de vida de esta población.
Coordinar con las alcaldías
locales de Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Marta el diseño y adopción de planes
de contingencia para mitigar y enfrentar emergencias producidas por el
desplazamiento. Así mismo realice las acciones pertinentes para la protección
de tierras y bienes patrimoniales de la población en riesgo o situación de
desplazamiento.
Peticiones elevadas ante el
Departamento Nacional de Planeación – DANE (sic)
Que se coordine con el comité
Territorial de Atención Integral a la Población Desplazada del Departamento del
Magdalena la elaboración de una cartografía social de la población desplazada
en el departamento, principalmente en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y
Pivijay, y en el Barrio Luis R. Calvo del Distrito de Santa Martha; para que
identifique las características  sociales, económicas y el grado de afectación
de sus derechos humanos derivados del conflicto armado.”
1.2.6.  Manifiesta
la apoderada, que para la fecha de interposición de la acción de tutela, algunas
instituciones habían enviado oficios a las instalaciones del COLEMAD, pero no habían
dado una respuesta definitiva a las situaciones planteadas en el pliego, ni habían
demostrado estar tomando las medidas adecuadas frente a las mismas.
1.2.7.   Expresan
que las respuestas dadas por las diversas instituciones a las que se les
remitió el pliego de peticiones, se pueden sintetizar así:
Las siguientes entidades
remitieron el pliego de peticiones a otras entidades:
-
El Ministerio del Interior y de Justicia, lo remitió a Director
de Acción Social, a la Subdirección de atención a población desplazada  y al
SENA, a servicios de empleabilidad.
-
El Ministerio de Protección Social, lo remitió a la Subdirección
de atención a población desplazada, a la Secretaría Departamental de Salud y al
Gobernador del Departamento del Magdalena.
-
La Oficina de Planeación de la Gobernación del Magdalena lo
remitió a la Secretaría del Interior de la misma Gobernación.
Según manifestación de la
apoderada de las accionantes, se recibió respuesta al pliego de las siguientes
instituciones:
-
Las Alcaldías de Pueblo Viejo y Ciénaga respondieron explicando
los programas, proyectos y recursos que en cada municipio estaban siendo
implementados para la atención de la población en condiciones de
desplazamiento.
-
Acción Social manifestó no estaba en capacidad de dar respuesta a
las peticiones formuladas por no existir representación por parte del colectivo
de abogadas frente a las comunidades y personas referenciadas.
No dieron respuesta a lo
solicitado en el pliego y por lo tanto vulneraron el derecho de petición, por
no haber emitido pronunciamiento alguno, las siguientes instituciones:
-
Gobernación del Magdalena
-
Secretaria de Salud del Depto. del Magdalena
-
Secretaria del Interior del Depto. Magdalena
-
Secretaría de Salud de Santa Marta
-
Procuraduría Regional del Magdalena
-
Defensoría del Pueblo Regional Magdalena
-
Oficina de Enlace territorial 1 de INCODER
-
ICBF Seccional Magdalena
-
Acción Social Santa Marta
-
Secretaría de Salud de Pueblo Viejo
-
Secretaría de Salud de Ciénaga
-
FINAGRO
-
Ministerio de Agricultura
-
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
-
DANE
1.2.8.  Manifiesta
la accionante que se ha dado una vulneración de los derechos de las accionantes,
así:
-
Derecho de petición, consagrado en el artículo 23 CP., al omitir
dar respuesta efectiva a la petición radicada por el Colectivo de mujeres del
derecho a nombre de entre otras comunidades de las accionantes, por parte de
las siguientes instituciones:
o
Gobernación del Magdalena
o
Secretaria de Salud de Ciénaga
o
Secretaria de Salud de Pueblo Viejo
o
Secretaria de Salud de Magdalena
o
Oficina de Enlace Territorial 1 de Incoder
o
ICBF seccional Magdalena
o
Acción Social Nacional
o
Acción Social Seccional Magdalena
o
Ministerio de Agricultura
o
Ministerio de Ambiente,  Vivienda y Desarrollo Territorial
o
Alcaldía de Pueblo Viejo
o
Alcaldía de Ciénaga
o
Ministerio de Protección Social
o
Ministerio del Interior y de Justicia
-
Incumplimiento de las funciones que tienen las citadas
instituciones, como miembros del Comité Departamental de Atención de la población
desplazada y del Sistema Nacional de Atención de la Población Desplazada, al
hacer caso omiso a las solicitudes efectuadas.
-
Derecho de propiedad por parte de la Caja Agraria, con el
adelanto del cobro coactivo de la deuda en cabeza de las mujeres  mediante
proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación.
-
Derecho de petición por parte de CAJAMAG al no dar respuesta a
quienes se han postulado para subsidios de vivienda.
-
A los derechos fundamentales reconocidos por la sentencia T-025
de la Corte Constitucional, por parte de ACCION SOCIAL al no incluir a las
accionantes en el Registro Único de Población Desplazada, de otorgarles a ellas
y a sus núcleos familiares ayudas humanitarias, medidas de estabilización
económica, ayudas para el pago de arriendo.
-
Derecho a la vida digna, consagrado en el artículo 11
constitucional, al no asegurar las entidades responsables la base esencial para
la subsistencia, como son la alimentación básica, el alojamiento, el acceso a
los servicios públicos domiciliarios, y las condiciones mínimas necesarias para
tener una vida en condiciones dignas.
-
Derecho a la vida, por cuanto con el desplazamiento forzado se
generó una serie de violaciones de derecho humanos y que puso en riesgo la
integridad de las accionantes y sus núcleos familiares.
-
Derecho a la integridad física, psicológica y moral personal, en
virtud de que por su condición de desplazados por situaciones ajenas a su
voluntad, se encuentran en estado de debilidad manifiesta y no pueden ser
desprotegidas ni condicionadas a recibir una ayuda mínima por concepto de
alimentación y alojamiento por un lapso tan corto.
-
Derecho a la igualdad, por cuanto se incumple el mandato
referente a la protección especial de las personas que por su condición
económica, física o mental  están en circunstancias de debilidad manifiesta.
Protección que  como derecho fundamental que debe llevar a la estabilización
socioeconómica y el acceso a soluciones definitivas para mujeres, niños y niñas
en condiciones de desplazamiento.
-
Derecho a la honra, vulnerado por cuanto la población desplazada
al ser despojados de sus viviendas y trabajo quedan en condiciones de miseria
debiendo mendigar para suplir sus necesidades básicas.
-
Derecho a la paz, el cual se seguirá violando si el gobierno no
garantiza una ayuda real.
-
El derecho al trabajo, pues el Estado debe garantizar el derecho
al trabajo de los desplazados.
-
El derecho a la salud, pues la población desplazada se ha visto afectado
por la falta de acceso a los servicios de salud adecuados.
-
Derecho a la protección integral de la familia, pues el Estado le
brinda a las familias desplazadas una atención precaria y una ayuda humanitaria
con prorrogas irrisorias de emergencia, sin tener en cuenta sus condiciones
particulares, las cuales no son suficientes para satisfacer sus necesidades.
-
Derecho a la protección especial de las personas de la tercera
edad, de las mujeres cabeza de hogar y a los niños, objeto de desplazamiento
forzado.
2.
Respuesta a la acción de tutela por parte de las entidades
accionadas
El Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante auto del 19 de julio de 2010, admitió la acción de tutela
instaurada y ordenó la notificación a la parte actora y a las entidades
accionadas[14],
solicitándoles que dentro del término de 48 horas siguientes al recibo se
sirvieran rendir informe detallado de los hechos expuestos en la acción de
tutela.
2.1. Ministerio de Interior
y Justicia[15]
La función del Ministerio de
Interior y de Justicia en materia de desplazados, según la sentencia T–025 de
2004 y sus respectivos autos de seguimiento, se limita a la “Promoción y
Coordinación de los esfuerzos nacionales y territoriales que conduzcan
efectivamente a que las entidades territoriales asuman un mayor compromiso
tanto presupuestal como administrativo para la atención a la población
desplazada y la garantía efectiva de sus derechos, de tal forma que las
acciones territoriales que se adopten complementen los esfuerzos nacionales y
permitan avanzar a un ritmo más acelerado y sostenido hacia la superación del
Estado de Cosas Inconstitucional”; por tanto, esto se traduce en la
incapacidad por parte del Ministerio para inscribir a este grupo de desplazados
en el RUPD, darles las ayudas humanitarias solicitadas y/o suspender cualquier
transgresión cuando no existe legitimación en la causa por pasiva.
Solicita se declare la improcedencia
de la tutela  por cuanto esta acción constitucional no es para la protección de
derechos colectivos, sino derechos fundamentales individuales y en su defecto,
se declare la improcedencia frente al Ministerio del Interior y de Justicia,
por falta de legitimación por pasiva.
2.2. Ministerio de
Agricultura[16]
El Ministerio de Agricultura
manifiesta la improcedencia de la tutela, por configurarse el fenómeno jurídico
de la carencia actual de objeto por hecho superado, en cuanto tiene que ver con
el derecho de petición enviado a esta entidad, ya que el 18 de abril de 2009[17], se dio
respuesta a cada uno de los requerimientos señalados en dicha solicitud.
Al ser el objetivo fundamental
del Ministerio formular, coordinar y adoptar políticas, planes, programas y
proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural y dado el
carácter descentralizado de las entidades adscritas y vinculadas a este
Ministerio, como lo son el INCODER o el Banco Agrario de Colombia, no se le
puede imputar acciones u omisiones al Ministerio de Agricultura, toda vez que
éstos son sujetos jurídicos diferentes e independientes del Ministerio, lo que
genera falta de legitimación material por pasiva.
Por otro lado, la parte actora
no demuestra que exista un nexo causal entre los hechos relatados en la demanda
y una acción u omisión del Ministerio, por lo que la presunta vulneración de
derechos fundamentales de las demandantes no tiene ningún fundamento jurídico
ni probatorio.
2.3. Ministerio de
Educación Nacional [18]
Mediante el Decreto 2562 del
27 de noviembre de 2001, “por el cual se reglamentó la Ley 387 del 18 de
julio de 1997 en cuanto a la prestación del servicio público educativo a la
población desplazada por la violencia” el Ministerio de Educación Nacional
le certificó y entregó el manejo de éste servicio, para el caso en particular,
al Departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, siendo éstos
autónomos en la administración y prestación del mismo; por lo tanto, si los
desplazados se encuentran en dichas entidades territoriales, es la Secretaría
de Educación del Magdalena y el Municipio de Santa Marta quienes deben
garantizar el derecho a la Educación sin importar de que región del país
provengan, y no el Ministerio de Educación. Así, el Ministerio debe ser
desvinculado como parte demandada, al no ser competente para atender los
requerimientos estipulados por los accionantes de la tutela.
2.4. Ministerio de
Protección Social[19]
Frente a la pretensión del
suministro de ayuda humanitaria permanente, el Ministerio de Protección Social,
no es la entidad competente para atender dichas solicitudes.
Sin embargo, frente a la
atención en salud, este Ministerio destinó a través de la resolución No. 1155
de marzo de 2010, un monto de $ 436.179.700 para la atención en salud de la
población desplazada ubicada en el Departamento de Magdalena, que no tengan
capacidad de pago y no este afiliada a ningún régimen. Por tal razón, en
cumplimiento de la normas de financiamiento a salud de la población desplazada,
se elaboraron varios oficios dirigidos a la Gobernación del Magdalena y las
Alcaldías de Pueblo Viejo y Ciénaga, dándoles una completa información de las
personas no aseguradas para que procedieran a su afiliación y atención, así
como aquellas afiliadas a las distintas EPS, para garantizar su atención en
salud integral, teniendo como prioritaria aquellas personas con discapacidad o
situación de salud especial.
2.5. Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[20]
El derecho a la vivienda
alegado por los accionantes, no ha sido vulnerado por la entidad, ya que por su
naturaleza prestacional, está limitado por los recursos disponibles para tal
fin, razón que no lo hace exigible de manera inmediata y directa, sin antes no
cumplir con ciertos parámetros jurídico–materiales que lo hagan posteriormente
exigible por vía constitucional.
Revisando la base de datos de
subsidios de vivienda para la población desplazada y en concordancia con las
convocatorias de apertura de dichos subsidios, se encuentra que para los grupos
familiares de dicha tutela existen hoy en día varios procesos a saber[21]:
1.
Hogares – accionantes en estado “calificados”[22]: la entrega del subsidio
de vivienda está sujeta a la disponibilidad de recursos y orden de
calificación. Los accionantes con este estado deben esperar el turno que les
corresponde, de otra manera, si consideran su calificación no ajustada a
derecho, tienen la oportunidad de recurrir a los recursos judiciales pertinentes
para controvertir dicha resolución. Al existir medios judiciales alternos la
tutela es improcedente.
2.
Accionantes en estado “No hay datos de Convocatoria para esta cédula”[23]: Es menester
hacer énfasis que la acción constitucional no es procedente para invalidar
recursos y procedimientos judiciales para obtener la protección de derechos.
En el caso
concreto, para acceder al subsidio de vivienda, las personas deben solicitar
dicho subsidio inscribiéndose a las convocatorias del Gobierno Nacional a
través del Fondo Nacional de Vivienda, de la Bolsa Ordinaria, Esfuerzo
territorial y con prioridad en la asignación en las bolsas de subsidio en
Especie y Complementario o Bolsa única Nacional, acreditando el cumplimiento de
los requisitos exigidos en cada una de ellas. La tutela se torna improcedente
al no existir agotamiento de los procedimientos de postulación y verificación
de información hasta obtener la asignación de los subsidios familiares de
vivienda de interés social.
3.
Hogares – accionantes en estado “Asignado”[24]. imposibilidad  de
acceder a un nuevo subsidio Familiar de Vivienda de interés social por estar
gozando de una solución habitual con el cual se garantizó el derecho a una
vivienda digna. Este beneficio sólo puede ser otorgado una vez por
beneficiario. Artículo 1 del Decreto 4911 de 2009.
4.
Hogares – accionantes en estado “Rechazado y/o Cruzado”[25]: Existe registrada una o
más propiedades en otros municipios a nombre de los accionantes, situación que
resulta incompatible con el objetivo del subsidio de vivienda para la población
desplazada.
El
accionante debe hacer uso de los mecanismos judiciales existentes por vía gubernativa
para desvirtuar dicho pronunciamiento; de no ser así, la tutela es improcedente
ya que no es su objetivo revivir términos procesales.
Por tal motivo esta entidad no
ha incurrido en alguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales
de los accionantes, por lo que solicita que se declare la improcedencia de la
tutela.
2.6. Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional[26]
Con el fin de dar respuesta a
la acción de tutela, procede a suministrar la información sobre cada una de las
accionantes, relacionada con: i) situación en el Registro Único de Población
Desplazada, RUPD; ii) entrega de ayudas humanitarias; iii) proceso de
caracterización para verificación de las condiciones de vulnerabilidad del
hogar y iv) acceso a la demás oferta institucional de las entidades del sistema
– estabilización socioeconómica, que se sintetiza a continuación:
En cuanto a la pretensión de
la prórroga de la ayuda humanitaria, manifiesta Acción Social, que las
accionantes no han solicitado previamente la atención humanitaria, ni tampoco
han adelantado los trámites pertinentes ante las entidades que integran el
SNAIPD, presupuesto indispensable para la aprobación de la ayuda humanitaria de
emergencia  y de su prorroga, razón por la que el actor debe acreditar la
presentación de una solicitud formal de prorroga ante la autoridad competente,
y la realización de las gestiones para su vinculación a los programas de las
entidades del SNAIPD. Por otro lado, resalta la importancia de la temporalidad
de la ayuda humanitaria.
Por otra parte, indican el
procedimiento para la aprobación de la ayuda humanitaria, resaltando que una
vez recibida la solicitud de la prórroga de la atención humanitaria, la entidad
realiza la asignación de un turno para valorar el estado de vulnerabilidad del
núcleo familiar a través de la caracterización del mismo y que consiste en
analizar los beneficios otorgados por las diferentes entidades que integran el
SNAIPD, con las necesidades del grupo familiar, con el fin de requerir para que
lo inscriban en los programas que les permitan alcanzar el autosostenimiento.
En relación con la solicitud
de las accionantes del otorgamiento de un proyecto productivo tendiente a la
estabilización socioeconómica, indica que el Gobierno Nacional expidió el
Documento CONPES 3616 de 2009,  sobre “Lineamientos de política de generación
de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o
desplazamiento” por el cual se busca la incorporación de dicha población a
puestos de trabajo generados a través de la inversión a nivel nacional,
territorial, pública y privada y al fortalecimiento de proyectos productivos y
que corresponde a diversas entidades asumir el rol que les corresponde.
En cuanto a los accionantes
Ana Carlina Bolaños Zapata, Ruby Elena López Santiago, Eloisa Rodríguez
Manjarres y Petrona Machado Montenegro, y sus grupos familiares no se
encuentran incluidos dentro del RUPD, pues no obstante haber realizado la
declaración de desplazamiento, mediante acto administrativo motivado la entidad
concluyó que era improcedente su ingreso por no encontrarse dentro de los
supuestos previstos del artículo 1 de la ley 387/97.
Tampoco figuran en el RUPD,
los siguientes personas: Luz Palmera Moya, Ruth Marina Mejía, Dionisia María
Guerrero, Yosmira del Carmen Rivera, Leonor García Orozco, Raquel Cervantes,
Teotistes Hipólita Castillo, Mauris Esther Herazo López, lo que quiere decir
que no rindieron declaración de desplazamiento, presupuesto sin el cual, Acción
Social ni siquiera por orden judicial puede incluirlas en el RUPD, ya que es
necesario cumplir y respetar el tramite establecido.
2.7. Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE [27]
Manifiesta que no ha vulnerado
el derecho de petición de las accionantes, en virtud de que el oficio fechado
02 de abril de 2009, que obra a folios 417 y 418 del expediente está dirigido
al Departamento Nacional de Planeación y radicado en dicha institución el día 3
del mismo mes y año, bajo el radicado No. 2009-663-017733-2, correspondiendo a
la mencionada entidad dar respuesta al mismo y no al Departamento Nacional de
Estadística, DANE.
2.8. Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA-[28]
Solicita no acceder a las
pretensiones de las accionantes en lo que compete al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, en virtud de que la tutela no hace referencia a una
vulneración concreta por parte del SENA de los derechos mencionados, ni se indica
cual ha sido la omisión  o falta de atención de dicha entidad,  no habiendo
vulneración de ningún derecho  fundamental y tampoco ha negado ni ha dejado de
desarrollar ni de ejecutar la formación dirigida a la población desplazada
estando dispuestos permanentemente a atender las necesidades o expectativas de
la formación de la tutelante y de su núcleo familiar.
Sostiene que los beneficios
que brinda el SENA como son la orientación ocupacional, formación y asesoría
para la identificación de ideas y formulación de planes de negocio a la
población, destacándose que estos servicios son de acceso abierto y gratuito a
la población que los solicite y que para tener acceso a los mismos, se hace
necesario que la población necesitada desplazada o no, se acerque a
solicitarlos de manera discrecional y voluntaria según su necesidad.
Dentro de desarrollo de su
misión, en cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y lo estipulado en la Ley
387/97, implementó el Plan de Acción Integral de Atención a la población
desplazada, el cual se viene desarrollando desde el año 2005, con tres
modalidades de atención, a saber: i) capacitación en formación ocupacional,
emprendimiento, asociatividad y asesoría para el desarrollo de proyectos
productivos; ii) personas capacitadas que requieren formación en
emprendimiento, asociatividad y asesoría en para desarrollar proyectos
productivos y iii) personas con perfil ocupacional o profesional que requieren
ser inscritas en la base de datos del servicio público de empleo.
En este sentido, queda
demostrado que el SENA ha creado y tiene en funcionamiento un servicio público
de empleo en beneficio de todos los colombianos incluida la población
desplazada, el cual opera en forma indiscriminada  y sin preferencia alguna
hacia un grupo poblacional y dependerá de  la decisión personal de cada usuario
de efectuar su postulación a alguna vacante y que para el caso en cuestión,
existe la Oficina de empleo del SENA MAGDALENA, ubicada en la Avenida del
Ferrocarril No. 27 – 97, de la ciudad de Santa Marta.
2.9. Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar[29]
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Magdalena, en adelante el ICBF- RM, informa que es una entidad que tiene como
principal función garantizar la atención y protección integral a la niñez y a
la familia, con prioridad a los grupos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad como lo son: Mujeres gestantes y madres lactantes, primera
infancia, niñez y adolescencia y al adulto mayor. A su vez, comunica que
atiende a población desplazada y que acorde con la ley 387 de 1997 hace parte
del Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada, y de los comités
departamentales, distritales y municipales.
Así mismo, señala que el ICBF-RM tiene dos unidades móviles,
que cuentan con profesionales en diferentes áreas del conocimiento que se
desplazan a lugares de difícil cobertura y acceso con el fin de brindarle
atención especializada a familias raizales, indígenas, rurales, urbanas y
especialmente a familias desplazadas ya sea por la violencia, por desastres
naturales o por ser víctimas de violencia intrafamiliar los cuales implican un
mayor riesgo para el manejo de conflictos.
De manera específica, frente a las pretensiones de los
accionantes, manifiesta que el ICBF-RM de manera inmediata iniciará un proceso
de caracterización de estas familias, especialmente de las que son competencia
de esta institución, es decir, de las contenidas en las pretensiones 5, 6 y 8
de la demanda; después de tener un diagnóstico sobre las condiciones de
vulnerabilidad de la población, que será realizado por las unidades móviles, se
procederá a realizar el redireccionamiento a los entes del SNAIPD y a los
programas del ICBF en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y en Santa Marta
(barrio Luis R Calvo).
En cuanto a las pretensiones 5, 6 y 8 de la demanda, que
versan sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y
niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, informa que el
ICBF-RM cuenta con diferentes programas para este tipo de población en los
municipios de Ciénaga Pueblo Viejo y en Santa Marta.
2.10 Gobernación del Departamento
del Magdalena[30]
El Director de la Oficina
Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento del Magdalena manifiesta
que en respuesta a las peticiones sobre la oficina de atención a la población
desplazada y en lo que tiene que ver con el Comité Departamental para la
Atención de la Población en condiciones de desplazamiento y la oficina de
planeación de dicho departamento, se presenta el fenómeno jurídico de la
carencia actual de objeto por hecho superado, ya que, contrario a lo que
estipulan los accionantes, esta entidad ha dado respuesta al derecho de
petición en dos oportunidades[31],
pidiéndoles algunos requerimientos en cuanto a las formalidades de la
petición, los cuales hasta la fecha no se han subsanado. Al no existir vulneración
de dicho derecho la tutela es improcedente.
2.11. Alcaldía del
Municipio de Ciénaga [32]
Manifiesta que los accionantes
no han elevado ningún derecho de petición ante la Alcaldía o ante la oficina
para los Desplazados del Municipio de Ciénaga.
En cuanto a las solicitudes
elevadas a los entes nacionales para la coordinación de ayuda a los
desplazados, no se ha recibido ninguna directriz.
El Municipio ha venido
brindando a la población desplazada alimentación, salud, educación y albergues
gracias al plan de contingencia estipulado en el Decreto 223 de marzo de 2010.
En materia de salud, estas
personas son atendidas por Caprecom, afiliándolos inmediatamente.
2.12. Secretaria de Salud
del Departamento del Magdalena[33]
Expresa que la Secretaria de
Salud ha tenido un compromiso con las poblaciones vulnerables y desprotegidas
vinculando a la población sisbenizada con cubrimiento con EPSS y se han
adelantado campañas de concientización y programas de promoción y prevención,
tendientes a llegar al cubrimiento en salud.
2.13. Caja de Compensación
Familiar del Magdalena - CAJAMAG [34]
No se ha vulnerado el derecho
de petición, toda vez que se han dado respuestas a todas y cada una de las
solicitudes presentadas por los accionantes ante esta entidad[35].
En cuanto a la solicitud de
dar una fecha cierta en la que se adjudicará el subsidio de vivienda
solicitado, se encuentra en la base de datos la siguiente información:
1.     Desplazados
en Estado Calificado: Las señoras DOLORES BORJA MARIANO y BIOLANDA CASTRO
CABANA. De acuerdo con el Decreto 170 de 2008, se les será asignado dicho
subsidio según la disponibilidad presupuestal del Fondo Nacional de Vivienda.
2.     Desplazados
en Estado Excluido: La señora DALGY FERNANDEZ DE GALÁN No cumple con los
requisitos de acceso al subsidio, por tal motivo, se invita a presentarse en
futuras convocatorias, siempre y cuando haya superado las causales particulares
de exclusión.
3.     Desplazados
en Estado Rechazado y/o cruzado: La señora MAURA DE JESÚS VILORIA MARIANO,
debe interponer el recurso de reposición ante FONDOVIVIENDA comprobando y
desvirtuando la causal de rechazo o cruce.
4.     Desplazados
sin información de solicitud de subsidio: Las señoras RUTH MARINA MEJÍA y
ESENETH GRANADOS.
2.14. Central de
Inversiones – CISA[36]
Manifiesta que no ha vulnerado
el derecho de petición de las accionantes, por falta de Legitimación por
pasiva, toda vez que CISA adquirió las obligaciones de la Asociación de Mujeres
Productoras del Campo, a la Caja Agraria en Liquidación, las cuales, a su vez,
fueron vendidas mediante contrato de compra venta suscrito el 07 de Julio de 2007 a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.
A causa de dicho contrato, se
hizo entrega material de toda la información física y magnética de dichas
obligaciones, por lo que a CISA le es jurídicamente imposible dar respuesta a
los hechos de la pretensión.
Estos créditos, fueron
posteriormente objeto de venta al señor SIMÓN ANTONIO MELÉNDEZ RADA.
2.15. Procuraduría Regional
del Departamento del Magdalena[37]
La señora Iveth Castaño Duarte, actuando en calidad de
Agente del Ministerio Público, mediante escrito de 13 de agosto de 2010,
manifestó lo siguiente:
En la acción de tutela las accionantes solicitan en primer
lugar, la cesación del trámite judicial y administrativo en los procesos de
ejecución, en segundo lugar, solicitan la entrega y prorroga de ayuda
humanitaria, la inscripción en el registro de desplazados, verificación de
condiciones de educación y desnutrición y la concesión de subsidios de vivienda
y de proyectos socio económicos, y por último, consideran que su derecho de
petición fue vulnerado.
En cuanto al primer aspecto, la Procuraduría realiza un
recuento jurisprudencial y llega a la conclusión que las entidades accionadas
tenían la obligación de asesorar y vigilar a las accionantes en el desarrollo
de proyectos productivos, es decir, que al realizar este seguimiento dichas
entidades debieron observar la difícil situación de la que eran víctimas las
tutelantes y en consecuencia debieron adoptar medidas encaminadas a su
protección, por lo anterior, considera que se debe proteger el derecho
invocado.
En cuanto al segundo aspecto, resalta que la Corte
Constitucional en sentencia C-278 de 2007 declaró inexequible la imposición de
un plazo máximo para la ayuda humanitaria y la prórroga excepcional por tres
meses más, a su vez señaló el procedimiento que debe seguir una persona para
acceder a la ayuda el cual está reglamentado en el Decreto 2569 de 2000.
Acorde con lo anterior, considera que lo primero que se debe
realizar es la acreditación de desplazamiento por parte de los accionantes ante
acción social, con el fin de determinar su legitimación y después poder acceder
a los demás beneficios.
Y por último, considera que las entidades accionadas son las
encargadas de probar que le dieron una respuesta de fondo y dentro del término
legal a los accionantes.
3. Vinculación
Intervinientes
El Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante auto del 5 de agosto de 2010, observa que no se encuentra
debidamente integrado el contradictorio, por lo que ordena retrotraer la
actuación y vincular a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- , al Banco Agrario de   Colombia,
- BANAGRARIO-  y al señor Simón Antonio Meléndez Rada, por tratarse de
intervinientes forzosos con un legítimo interés jurídico para comparecer en la
litis.
3.1. Compañía de Gerenciamiento
de Activos Ltda.[38]
La Compañía de Gerenciamiento
de Activos Ltda. celebró con Central de Inversiones S.A., el 6 de julio de
2007, un contrato de compraventa de cartera e inmuebles mediante el cual se
adquirieron las obligaciones Nos. 4200338801, 4200338808, 4200339005 y
4200339014 cuyo titular es la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, con
NIT 819000804.
La Caja Agraria inició proceso
ejecutivo contra la citada asociación, el cual cursa en el Juzgado 1 Civil del
Circuito de Fundación, y que fue adelantado hasta la instancia de remate,
diligencia que no se adelantó mientras la Compañía de Gerenciamiento de Activos
Ltda. fungió como acreedor.
La Compañía de Gerenciamiento
de Activos Ltda. es una empresa privada sometida en el desarrollo de sus
actividades a la ley y a sus estatutos hecho por el cual mediante aprobación
del Comité de cartera del 27 de abril de 2009, aprobó la venta de los derechos
de crédito correspondientes a las obligaciones de la Asociación en mención, las
cuales fueron vendidas al señor Simón Antonio Meléndez Rada.
Por lo expuesto, la Compañía
de Gerenciamiento de Activos Ltda. no ostenta la calidad de acreedor de las
obligaciones en comento, por haber sido enajenadas.
En cuanto a la acción de
tutela manifestó que esta no constituye una tercera instancia y existir otros
medios de defensa judicial dentro del proceso ejecutivo correspondiente.
Igualmente expresó que no es procedente la tutela contra particulares y que no
hay vulneración de ningún derecho fundamental de la población desplazada por
parte de la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.
Por lo expuesto, solicitó la
negación de la pretensión incoada, en su defecto, la desvinculación de la
Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda. de la presente acción de tutela y la
vinculación del señor Simón Antonio Meléndez Rada.
3.2. Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural – INCODER- [39]
La Coordinadora de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto
colombiano de Desarrollo Rural –mediante escrito solicita que se absuelva al
INCODER por las siguientes razones:
En primer lugar, aseguran que existe falta de legitimación
por pasiva, pues dentro de las competencias del INCODER no están los programas
que los accionantes solicitan, lo que imposibilita que esta institución pueda
dar cumplimiento a lo solicitado en la acción de tutela, adicionalmente
informan sobre la naturaleza jurídica de la entidad y sobre los programas que
esta desarrolla para la adquisición de tierras.
En segundo lugar, asevera que el Decreto 250 de 2005 y la
Ley 1190 de 2008, que son las normas que regulan y establece las entidades que
están a cargo de brindarle atención a la población desplazada, a su vez, los decretos
951 de 2001, 2675 de 2005 y el 1160 de 2010, que regulan el otorgamiento de
subsidios de vivienda de interés social, ninguna de estas normas incluye al
INCODER para hacer parte de dichos planes, por lo que consideran que dicha
entidad no ha vulnerado derecho alguno de los accionantes.
En tercer lugar, manifiestan que de las afirmaciones
realizadas en la acción de tutela, se evidencia que el extinto INCORA, fue
quien le otorgó a las demandantes un subsidio integral de tierras a través del
“mercado asistido de tierras”[40];
debido a lo anterior, se evidencia que el predio adquirido por las actoras esta
en cabeza de estas, y no hace parte del fondo nacional agrario el cual es
administrado por el INCODER.
Adicionalmente, informa que no está acreditado que en la
actualidad el predio permanezca con una situación difícil de orden público, por
otro lado, el INCODER no ha hecho uso de la condición resolutoria, es decir que
no ha ordenado la devolución del valor del subsidio.
Debido a lo anterior, se observa que el predio sigue en
cabeza de las tutelantes y que el INCODER no ha vulnerado ningún derecho.
4. Decisión de tutela objeto de revisión
4.1 Primera instancia[41]:
El Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante providencia del 19 de agosto de 2010, tuteló parcialmente
los derechos presuntamente vulnerados, para lo cual consideró:
Frente a la legitimación por activa, consideró que por
tratarse de una acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial, se
hace necesario la existencia de poder especial otorgado por escrito y que en
los casos de las señoras MUARIS ESTHER HERAZO LOPEZ, ISABEL SEGUNDA ZARATE
LOPEZ Y TEOTISTE HIPOLITA CASTILLO, no le concedieron poder a la abogada Lorena
Morales Vidal para ser representadas, por lo que el despacho les denegó el
amparo.
Frente a la pretensión de que
se dé por terminada toda reclamación judicial seguida por la Caja Agraria o
quien haga sus veces, como consecuencia de las obligaciones crediticias,  el
Tribunal consideró que si bien en tales casos no es posible la extinción de las
obligaciones pecuniarias de los particulares y mucho menos de sus garantías, en
observancia del principio constitucional de solidaridad y de la buena fé si
resulta procedente ordenar la reprogramación del crédito de las accionantes en
condiciones asequibles y que no hagan nugatorios los derechos fundamentales de
las mismas.
En este sentido i)  Concedió
el amparo constitucional de tutela en atención de los principios
constitucionales de solidaridad y buena fé de las accionantes y en
consecuencia, ordenó a la entidad financiera o persona que funja como titular
del crédito y/o acreedora otorgado a las accionantes que dentro del término de
diez (10) días siguientes a la notificación de la providencia, plantee y
acuerde con las accionantes nuevas opciones reales para el pago de su deuda,
teniendo en cuenta su condición de desplazadas y sus condiciones económicas.
ii) Ordenó a  la entidad bancaria CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION y/o a
la persona que hubiere subrogado o sea titular de la obligación hipotecaria
para que por conducto del mandatario judicial dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, solicite la
suspensión del proceso ejecutivo mixto singular mientras se logra alguna fórmula
real y efectiva que posibilite el pago de la obligación atendiendo  las
condiciones de desplazadas y las condiciones económicas de las accionantes, seguido
ante el juzgado civil del circuito de Fundación – Magdalena en contra de la
Asociación de Mujeres Productoras del Campo “ASOMUPROCA” iii)  ordenó al
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER la suspensión de todas las
actuaciones administrativas iniciadas tendientes a verificar y declarar
cumplida la condición resolutoria de los subsidios de tierras otorgados por la
entidad a favor de las accionantes.
Analizada la situación de cada una de las accionantes, el a
quo consideró que frente al grupo de accionantes que han recibido por parte de
las entidades que conforman el Sistema Integral de Atención para la Población Desplazada,
todo tipo de ayuda, cabría suponer que las entidades accionadas han cumplido
con su deber legal frente a las personas mencionadas, ayudas que contrarrestan
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran como víctimas del
desplazamiento forzado. No obstante, en razón de que dichas ayudas datan de
años anteriores, la entrega de las mismas debe darse nuevamente hasta tanto se
acredite que las condiciones de vulnerabilidad han sido superadas.
Por lo expuesto, el Tribunal i) concedió el amparo de los
derechos fundamentales en calidad de víctimas del desplazamiento forzado de las
señoras Yolanda Esther Fernández, Albertina López Niebles, Elisabeth Galán
López, Crimilda Rosa Cabana, Yasmira Del Carmen Rivera Jiménez, Dolores María
Borja Mariano, Maura De Jesús Viloria Mariano, Eseneth Granados Domínguez,
Edilma Rosa Ramírez Urieta, Estetia Fuentes Montenegro, Consuelo Fernández
López, Julia Esther Manjarres Pérez, Graciela Hernández Hernández, Magdalena
Machado Montenegro, Mirian Merino Suarez y Celia Mendoza Charris y en consecuencia
de lo anterior, ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente providencia determinara la condición de
vulnerabilidad, a fin de que posteriormente, si fuese el caso, le sean
entregados los beneficios y/o ayudas que brinda el Estado a través de los
distintos programas que ofrece la entidad a las personas víctimas del
desplazamiento forzado; ii)  concedió el amparo de los derechos fundamentales
en calidad de víctimas del desplazamiento forzado de las señoras Leonor García
Orozco y Biolanda Esther Castro Cabana y en consecuencia ordenó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
providencia procediera a determinar la condición de vulnerabilidad, a fin de
que posteriormente, sean inscritas junto con su grupo familiar en el registro
Único de Personas Desplazadas – RUPD- para poder acceder a los beneficios y/o
ayudas brindados por el gobierno.   iii) concedió el amparo de los derechos
fundamentales de las señoras Raquel Antonia Bula De Cervantes, Dionisia
Guerrero López y Marbel Luz Palmera Moya en su condición de personas madres
cabeza de familia víctimas del desplazamiento forzado y ordenó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia
procediera a determinar la condición de vulnerabilidad. a fin de que
posteriormente, si es del caso, sean inscritas junto con su grupo familiar en
el registro Único de Personas Desplazadas – RUPD- para poder acceder a los
beneficios y/o ayudas brindados por el gobierno.  iv) Concedió el amparo a las
señoras Ligia Carlina Bolaño Zapata, Ruby Elena López Santiago, Eloisa
Rodríguez Manjarres y Petrona Machado Montenegro y ordenó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para dentro
del término improrrogable de cinco (5) días hábiles a la notificación de la
sentencia procediera a notificar de manera personal el acto administrativo por
medio del cual fueron excluidas del Registro Único de Población Desplazada.
De otra parte, encontró el Tribunal que en el caso de
algunas accionantes si bien han recibido algunos beneficios y ayudas, las
entidades se abstienen de hacer nuevas entregas toda vez que se encuentran
afiliadas al régimen contributivo en salud, en calidad de cotizantes o
beneficiarias, de lo que se puede inferir que perciben ciertos ingresos que les
permiten solventar sus necesidades y las de sus familias, por lo que se
entiende que las entidades cumplieron con las ayudas previamente otorgadas, no
siendo procedente seguir brindándoles la misma. En este sentido, el Tribunal denegó
el amparo de tutela impetrado por violación de los derechos fundamentales en
calidad de víctimas, a las señoras Dalgis Rosa Fernández, Belinda Márquez y
Minerva Rosa Algarín.
4.2. Impugnación
La providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena fue impugnada por la parte actora, mediante
escrito del 30 de agosto de 2010, por la Compañía de Gerenciamiento de Activos
Ltda., por  escrito del 1º. de septiembre de 2010, y por el señor Simón Antonio
Meléndez Rada, mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2010.
4.3. Segunda instancia[42]:
El Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección  Segunda, Subsección B, mediante
providencia del 2 de diciembre de 2010,  decidió:
Modificar la sentencia del 19 de agosto de 2010, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las
peticiones de la acción de tutela instaurada por la Asociación de Mujeres Productoras
del Campo ASOMUPROCA II,  en representación de 32 actoras.
En su lugar, determinó ordenar
a Acción Social efectuar los trámites respectivos de otorgar inscripción en el
RUPD a las señoras Ruth Marina Mejía e Isabel Segunda Zarate López junto con
sus núcleos familiares, acorde a lo establecido en el Decreto 2569/00 y demás
normas complementarias y efectuar el estudio de la situación particular de auto
sostenimiento de las señoras Dalgis Fernández, Belinda Márquez y Minerva de la
Rosa Algarín, si hay lugar, continuar con la entrega de las ayudas humanitarias
de emergencia y sus prorrogas.
En los apartes restantes
confirmó la providencia impugnada.
4.4. Insistencia Defensoría
del Pueblo[43]
Mediante comunicación del 15
de abril de 2011, el Defensor del Pueblo insiste ante esta Corporación la
selección para revisión del expediente de tutela de la referencia, bajo los
siguientes argumentos:
Acorde con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, se crearon trece programas para la
atención de la política pública para la atención de la población desplazada y
concomitantemente se ordenó a las autoridades que conforman el SNAIPD el
establecimiento e implementación dentro de sus procedimientos ordinarios de
funcionamiento, dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres
desplazadas en tanto sujetos de protección constitucional reforzada.
En este sentido, acreditada la
condición de vulnerabilidad de las accionantes, todas ellas deben figurar en el
RUPD, toda vez que su desplazamiento fue masivo, no siendo posible que unas
estén incluidas en la base de datos y otras no.
4.5. Solicitud de insistencia
por parte de las accionantes[44]
Mediante escrito de abril 14
de 2011, la apoderada de las Asociación de Mujeres Productoras del campo,
ASOMUPROCA, solicitó la insistencia de revisión por parte de la Corte
Constitucional, en los siguientes términos:
-
Frente a la situación de la señora Mauris Herazo, quien no otorgó
mandato judicial para la presentación de la tutela, se solicita sean
consideradas sus pretensiones.
-
En los casos de las señoras Ruby López Santiago, Eloisa Rodríguez
y Petrona Machado Montenegro, solicita que se les brinde igual tratamiento a
las demás mujeres desplazadas, en lo que se refiere a su inclusión en el RUPD,
por encontrarse en similares condiciones.
-
Se ordene a las demás entidades accionadas el cumplimiento de sus
deberes que por vía legal y jurisprudencial les han sido atribuidos frente a la
atención y protección de la población  de las mujeres en condiciones de
desplazamiento y sus núcleos familiares.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar la providencia de
tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241
numeral 9; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el auto del veintiocho de abril de 2011 de la Sala de Selección de Tutela Número Cuatro
de la Corte Constitucional.
2.
Problemas jurídicos
¿Se vulneró el derecho de
petición de las accionantes con ocasión del pliego de peticiones presentado en
el mes de abril de 2009 a las diversas instituciones integrantes SNIAPD y
otras, sobre la atención de sus condiciones en su calidad de mujeres víctimas
del desplazamiento forzado?
¿Se vulneraron los derechos a
la vida digna, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, a la seguridad
social, a la educación, al mínimo vital, a la protección de los niños y las
personas de la tercera edad, a la honra y a la paz, de las accionantes en su
condición de mujeres víctimas del desplazamiento forzado  por causa del
conflicto armado, con la conducta de las accionadas?
¿Se vulneraron los derechos al
mínimo vital y a la propiedad privada con el inicio del proceso de cobro
judicial del crédito otorgado a las mujeres productoras del campo?
Para efectos de resolver los anteriores problemas jurídicos la
Sala examinará (i) la legitimación por activa; (ii) el requisito de inmediatez;
(iii) la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar
los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento
forzado; (iv) los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado como
consecuencia del conflicto armado en la jurisprudencia constitucional;  (v) la
atención brindada por las entidades accionadas;  (vi)  el principio de
solidaridad con la población desplazada en la jurisprudencia constitucional;
(vii) aplicación al caso concreto.
3. Desarrollo
3.1.
Legitimación por activa
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la
acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona cuando sus derechos
constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí
misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. El artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, indica que la persona a quien se le vulneren o amenacen
sus derechos fundamentales puede ejercer la acción
de tutela por sí misma o por medio de representante y
contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que un
tercero, cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa, podrá presentar acción de tutela en su nombre.
La legitimación en la causa por activa en los procesos de
acción de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados para lo cual, a partir de las normas
antes señaladas, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio
directo de la acción. (ii) la de su ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos
y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado
judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o
en su defecto el poder general respectivo) y (iv) la del ejercicio a través de
agente oficioso.
La satisfacción de los presupuestos legales o de los
elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la
configuración de la legitimación en la causa por activa en los procesos de
tutela y por ser relevante para la correcta decisión del caso concreto la Sala
procederá a efectuar un análisis de los requisitos constitucionales y legales
para que se perfeccione la legitimación en la causa por activa en los procesos
de tutela cuando la misma se promueve por intermedio de apoderado judicial.
Como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación,
en materia de tutela el apoderamiento judicial tiene como fuente de su validez
los enunciados normativos del art. 86 de la Constitución y los del art. 10 del
Decreto 2591 de 1991, es decir que la promoción de la acción puede hacerse por
cualquiera persona directamente o “por quien actúe en su nombre”(art. 86),
enunciado que es reinterpretado por el legislador al concretar el sentido de la
norma constitucional e introducir la posibilidad de la representación,[45] de tal forma
que toda persona podrá adelantar la acción de tutela “por sí misma o a través
de representante” (art. 10)[46]
Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de
tutela la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el mismo es un acto
jurídico formal que debe realizarse por escrito, el cual se denomina poder y se
presume auténtico, debe ser especial y el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un profesional del derecho, habilitado con tarjeta profesional.
El principal efecto del apoderamiento, es el de perfeccionar
la legitimación en la causa por activa, por lo cual el juez de tutela estará en
la obligación, después de constatar sus elementos, de proceder a pronunciarse
de fondo sobre los hechos y las pretensiones relacionados en el escrito de
acción respectivo.
3.2. Caso Concreto
Mediante Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación
de Mujeres Productoras del Campo [47]–
ASOMUPROCA II, [48]
de fecha 30 de abril de 2010, en el municipio de Pueblo Viejo, las socias,
señoras  Albertina López Niebles, Ana Carlina Bolaño Zapata, Belinda Márquez,
Biolanda Castro Cabana, Celia Mendoza Charris,  Consuelo Fernández López,
Dalgis Rosa Fernández, Dionisia Guerrero López, Dolores María Borja Mariano,
Edilma Rosa Ramírez Urueta, Elisabeth Galán López, Eloisa Rodríguez Manjarres,
Eseneth Granados Domínguez, Estelia Fuentes Montenegro, Graciela Hernández
Hernández, Crimilda Rosa Cabana García, Isabel Segunda Zarate López, Julia
Esther Manjarres Pérez, Leonor García Orozco, Magdalena Machado, Marbel Luz
Palmera Moya, Maura de Jesús Viloria Mariano, Minerva de la Rosa, Miriam Merino
Suarez, Petrona Machado Montenegro, Raquel Antonia Bula de Cervantes, Ruby
López Santiago, Ruth Marina Mejía, Yolanda Esther Fernández, Yosmira del Carmen
Rivera Jiménez, Virginia Victoria Pantoja García, autorizaron a la señora  Belinda
Márquez Jiménez, Representante Legal, para que concediera poder a la abogada
Lorena Morales Vidal, Asesora Jurídica del Colectivo de Mujeres al Derecho para
interponer y llevar hasta su culminación acción de tutela para la protección de
sus derechos fundamentales como mujeres rurales en condición de desplazamiento
de sus tierras en Pivijai, Magdalena, contra Acción Social, la Caja Agraria en
liquidación y otras entidades del orden nacional y territorial[49].
Belinda Márquez Jiménez, en su condición de Representante
Legal de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo ASOMUPROCA II y acorde
a la autorización otorgada por las 31 mujeres, mediante escrito confirió poder
especial, amplio y suficiente a la Doctora Lorena Morales Vidal, abogada
identificada con la cedula de ciudadanía número 55.237.897 de Barranquilla y
T.P. 164485 del CSJ, para que en nombre de la Asociación y de cada una de las
mujeres integrantes de ésta, iniciara, tramitara, y llevara hasta su
culminación una acción de tutela por la reclamación de los derechos
fundamentales en su condición de mujeres productoras del campo en situación de
desplazamiento forzado en contra de: Caja Agraria en liquidación,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Departamento Nacional de
Planeación, Vicepresidencia de la República, Acción Social Nacional y Seccional
Magdalena,  Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Protección
Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Nacional, Seccional
Magdalena, Ciénaga y Pueblo Viejo,  Ministerio de Educación, Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa Nacional,
CAJAMAG, La Nueva EPS, Gobernación del Magdalena,  Alcaldía de Pueblo Viejo,
Alcaldía de Magdalena, Alcaldía de Ciénaga, Sistema Nacional de Aprendizaje
SENA, Secretarias de Salud de Ciénaga, Secretaría de Salud del Departamento del
Magdalena.
La abogada Lorena Morales Vidal, interpuso la acción de
tutela[50]
en su condición de apoderada judicial según el poder otorgado, habiendo acreditado
la presentación del mismo y su condición de abogada con tarjeta profesional[51], en
cumplimiento de los elementos que según la jurisprudencia deben cumplirse
cuando se actúa a través de apoderado en materia de tutela y que se resumen a
la existencia de un acto jurídico formal consignado en un escrito, y que el destinatario
del mismo sea un profesional del derecho acreditado con tarjeta profesional.
La apoderada judicial incluyó dentro de las accionantes de
la tutela a las señoras Teotiste Hipólita Castillo y Mauris Esther Herazo
López, no habiendo sido acreditado el poder otorgado por las mismas, ni
habiéndose manifestado que se actuaba en calidad de agente oficioso de ellas y
los motivos por los cuales éstas no estaban en condiciones de actuar por sí
mismas, razón por la cual el Consejo de Estado en su providencia confirmó la sentencia
de primera instancia que denegó el amparo solicitado referente a las
mencionadas señoras, al considerar que al no firmar el documento por medio del cual
las accionantes confirieron autorización para el otorgamiento de poder a la
abogada Lorena Morales Vidal, no concedieron poder para ser representadas.
Manifiesta la apoderada en su impugnación y en la solicitud
de insistencia a esta Corporación, su inconformidad frente a la negativa por
parte del Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado de permitir
subsanar el otorgamiento del poder omitido, a través de documento de adhesión a
la firma de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Mujeres Productoras
del Campo[52]
y del poder otorgado [53]de
fecha 28 de agosto de 2010, presentados con la impugnación del fallo de primera
instancia.
Acorde con lo preceptuado por el articulo 86 C.P. y el articulo 10 del Decreto 2591/91, en lo referente a legitimidad e interés para interponer
la acción de tutela, ésta puede ser ejercida por sí misma, a través de
representante o mediante la agencia oficiosa, para cuyo ejercicio se requiere
que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa.
En el presente caso, no se evidencia que las señoras
Teotiste Hipólita Castillo y Mauris Esther Herazo López, hayan actuado en forma
directa, es decir, a nombre propio en la interposición de la acción de tutela,
ni acreditaron documento en el que confirieran poder a la abogada Lorena
Morales Vidal, sino hasta el 30 de agosto de 2010, fecha posterior a la
sentencia de primera instancia, y tampoco resulta admisible la posibilidad de
una agencia oficiosa, como quiera que no se encuentra demostrado que las
mencionadas señoras se encontraran en imposibilidad de interponer por sí mismas
la acción de tutela como lo exige el artículo 10 del Decreto 2591/91. Por lo
expuesto se declarara improcedente la acción de tutela frente a las mismas.
Ahora bien, frente a la señora Isabel Segunda Zarate López,  para
quien el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
haber conferido poder a la abogada Lorena Morales Vidal, encuentra la Sala que de
la documentación aportada al expediente sí consta el otorgamiento de dicho
poder, obrante a folio 43 del cuaderno 1.
Lo anterior permite a esta Sala
concluir que la tutela instaurada reúne las condiciones establecidas por la
jurisprudencia de esta Corporación para el perfeccionamiento de la legitimación
en la causa por activa, mediante su interposición a través de apoderado
judicial, para las señoras Albertina López Niebles, Ana Carlina Bolaño Zapata,
Belinda Márquez, Biolanda Castro Cabana, Celia Mendoza Charris,  Consuelo
Fernández López, Dalgis Rosa Fernández, Dionisia Guerrero López, Dolores María
Borja Mariano, Edilma Rosa Ramírez Urueta, Elisabeth Galán López, Eloisa
Rodríguez Manjarres, Eseneth Granados Domínguez, Estetia Fuentes Montenegro,
Graciela Hernández Hernández, Crimilda Rosa Cabana García, Isabel Segunda
Zarate López, Julia Esther Manjarres Pérez, Leonor García Orozco, Magdalena
Machado, Marbel Luz Palmera Moya, Maura de Jesús Viloria Mariano, Minerva de la
Rosa, Miriam Merino Suarez, Petrona Machado Montenegro, Raquel Antonia Bula de
Cervantes, Ruby López Santiago, Ruth Marina Mejía, Yolanda Esther Fernández, Yasmira
del Carmen Rivera Jiménez. No obstante no se cumplen en los casos de las
señoras Teotiste Hipólita Castillo y Mauris Esther Herazo López, de quienes no
existe poder de su parte.
3.3. Inmediatez
Otro de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
derivado del artículo 86 de la Constitución es su interposición en un lapso
razonable y proporcionado a partir del hecho que dio lugar a la vulneración
alegada[54].
Al respecto ha dicho la Corte que con tal requisito se pretende evitar que la
acción de tutela se emplee como una “herramienta que premia la desidia,
negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de
inseguridad jurídica.[55]
La Corte ha precisado que para efectos de establecer si el
requisito de la inmediatez se cumple, el juez debe constatar: “1) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”[56]
Varias son las razones que podrían aducirse para justificar
válidamente la inactividad del accionante, según la jurisprudencia
constitucional: (i) la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito;
(ii) la incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus
derechos; (iii) la existencia de una amenaza grave e inminente que resulte
urgente conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; (iv) la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el
ejercicio de los derechos[57];
(v) la permanencia de la vulneración en el tiempo, es decir,  la situación
desfavorable al actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual[58];
y (vi) la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras), convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez.[59]
3.4. Caso Concreto
El derecho de petición de interés general dirigido al Comité
Departamental del Magdalena para la Atención del Desplazamiento, a favor de las
mujeres en condiciones de desplazamiento de las poblaciones de pueblo Viejo y
Ciénaga, cuya vulneración se alega en la presente acción de tutela fue
presentado el 1º. de  abril de 2009[60].
Además, de lo anterior, fue presentado ante diversas
instituciones, derecho de petición, así:
Entidad:
Radicado en:
Departamento Nacional de Planeación
03/04/2009
Ministerio del Interior y de Justicia
02/04/2009
Ministerio de Agricultura
No acreditada
Ministerio de Protección Social
03/04/2009
Agencia presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional
02/04/2009
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
03/04/2009
La acción de tutela fue instaurada el día 16 julio de 2010,
habiendo transcurrido un lapso de tiempo de aproximadamente 15 meses, entre la
presentación del derecho de petición y la acción de tutela por su presunta vulneración,
de manera que se evidencia que la interposición de la misma no se dio dentro de
un tiempo razonable y proporcionado, contado desde el momento en que las
instituciones no respondieron a las solicitudes planteadas o lo hicieron en
forma deficiente, pues acorde con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo vigente para la fecha de los hechos, las autoridades contaban
con un término de hasta quince (15) días, contados desde el día siguiente a la
fecha de recibo. (Art. 16 CCA), no encontrándose justificación para la inacción
de las accionantes, al no configurarse ninguna de las que la jurisprudencia ha
considerado como válidas. [61]
Si el elemento fundamental de la acción de tutela es la
protección actual e inmediata de los derechos de los ciudadanos presuntamente
vulnerados, su ejercicio debe ser acorde a dicha naturaleza, es decir,
interponerse dentro de un término razonable y proporcionado, dando cumplimiento
al principio de inmediatez. Por lo expuesto, la sala reitera que las
accionantes tienen la facultad de presentar el derecho de petición nuevamente y
si no es respondido dentro del término dado por la ley, podrán dentro de un
plazo razonable, acudir nuevamente a la acción de tutela, para la protección de
su derecho.
Frente a la vulneración de los demás derechos incoados por
las accionantes, con ocasión del desplazamiento y las acciones deficientes  por
parte de las autoridades, el asunto es distinto, en razón de que si bien el
desplazamiento ocurrió en el año de 1999, la presunta vulneración de los mismos
se ha prolongado en el tiempo y es actual, dándose uno de los elementos para
que se justifique la tardanza de las accionantes en el ejercicio de la acción
de tutela.
3.5. Procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo
para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional, en virtud del artículo 86
de la Carta, ha reconocido que la acción de tutela procede como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado, puesto que éstas “gozan de un estatus constitucional
especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la
Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población
especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber
soportado cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la
satisfacción de sus necesidades más apremiantes.”[62]
La condición de sujetos de especial protección
constitucional que tienen las víctimas de desplazamiento forzado interno, ha
sido el fundamento para admitir que la acción de tutela es el mecanismo
judicial idóneo y expedito para la protección de sus derechos fundamentales, a
pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial[63].
Debido a los numerosos derechos constitucionales afectados
por el desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los
desplazados, la jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con fundamento
en el artículo 13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un
trato preferente por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud
en la atención de sus necesidades, puesto que “de otra manera se estaría
permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en
muchas situaciones, se agravara.”[64]
La jurisprudencia constitucional ha sostenido también que
este deber estatal además de encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta,
tiene su fundamento último, en la imposibilidad del Estado para cumplir con la
obligación básica de preservar las condiciones mínimas de orden público
necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la
seguridad de todos sus asociados. Sobre el particular, se ha dicho:
“(…) esta Corporación ha
considerado que al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca,
porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la
vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho que si ‘no fue
capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen,
tiene por lo menos que garantizarle  a los cientos de miles de colombianos que
han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de
existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas.’[65] Lo
anterior comporta que la situación de cada una de las personas y familias
desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario de las autoridades.”[66]
En consecuencia, las autoridades están obligadas a tomar
medidas especiales a favor de los desplazados que los hagan menos vulnerables,
reparen las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se orienten
a la realización efectiva de los derechos que generan un bienestar mínimo que
les permita ser autónomos y autosuficientes[67].
En este sentido, considera la Sala que así como lo ha afirmado la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es un mecanismo adecuado
para conminar a las autoridades públicas para que cumplan con los deberes
constitucionales que sobre protección y atención de la población desplazada
tienen.
3.6. Los derechos de las
víctimas del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado en
la jurisprudencia constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que entre los
derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados
por las situaciones de desplazamiento forzoso se encuentran los siguientes:
1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas (i)
las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia
en el lugar provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos que amenazan
directamente su supervivencia[68].
2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de
familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos
especialmente protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben
afrontar las personas que son obligadas a desplazarse”[69].
3. El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida
en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los
desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y
trabajo[70].
4. Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que
precede a los desplazamientos”[71]
y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de
los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a
sus nuevas circunstancias de desposeimiento.
5. Por las características propias del desplazamiento,
quienes lo sufren ven sus derechos económicos, sociales y culturales
fuertemente afectados[72].
6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una
dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros
a la unidad familiar[73]
y a la protección integral de la familia[74].
7. El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la
vida, no sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios
esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su
desplazamiento, sino porque a las deplorables condiciones de vida a
las que se ven forzados a aceptar tienen un altísimo potencial para minar su
estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones preexistentes[75].
8. El derecho a la integridad personal[76], que resulta amenazado
tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas
desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su
condición misma de desposeimiento[77].
9. El derecho a la seguridad personal[78], puesto que el
desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y
desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados.
10. La libertad de circulación por el territorio nacional[79] y el derecho
a permanecer en el sitio escogido para vivir[80],
puesto que la definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter
no voluntario de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo
lugar de residencia.
11. El derecho al trabajo[81]
y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los
agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia,
abandonar sus actividades habituales.
12. El derecho a una alimentación mínima[82], que resulta
insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza
extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden
satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales y repercuten, por ende,
sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en
particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.
Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad.
13. El derecho a la educación, en particular el de los
menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados,
por ende, a interrumpir su proceso de formación[83].
14. El derecho a una vivienda digna[84], puesto que las personas
en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o
lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de
alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas
y no tienen que vivir a la intemperie.
15. El derecho a la paz, cuyo núcleo esencial abarca la
garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y
mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho
internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques
contra la población civil[85].
16. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el
hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su
registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la
identificación de los representantes legales, cuando se trata de menores de
edad que son separados de sus familias[86].
17. El derecho a la igualdad[87], dado que (i) a pesar de
que la única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los
demás habitantes del territorio colombiano es precisamente su situación de
desplazamiento, en virtud de esta condición se ven expuestos a todas las
violaciones de los derechos fundamentales que se acaban de reseñar, y también a
discriminación y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se
produce por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o
comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores
en el conflicto armado y por sus opiniones políticas, criterios todos
proscritos como factores de diferenciación por el artículo 13 de la Carta. Lo
anterior no excluye, como se ha visto, la adopción de medidas de acción
afirmativa a favor de quienes se encuentren en condiciones de desplazamiento,
lo cual de hecho constituye una de las principales obligaciones reconocidas por
la jurisprudencia constitucional en cabeza del Estado[88].
Por otra parte, esta Corporación ha señalado que corresponde
al juez de tutela cumplir la función de asegurar el goce efectivo y no teórico
de los derechos fundamentales, que acorde al Estado Social de derecho implica
la identificación de los alcances de la faceta prestacional tanto de los
derechos sociales como del derecho a la vida, y las libertades fundamentales y
definir los deberes que las diversas autoridades tienen frente al goce efectivo
de los derechos, que en el caso de la población desplazada depende de la
destinación de recursos escasos y el desarrollo de esfuerzos institucionales
mayores [89].
Cuando el Estado omite sin justificación constitucionalmente aceptable la
vulneración de los derechos y la marginación de ciertos miembros de la
sociedad, la función del juez constitucional no será la de reemplazar a los
órganos del poder público, sino la de impartir las órdenes que correspondan
para el cumplimiento de los deberes del Estado.[90]
No obstante como lo ha expresado esta Corporación en su
jurisprudencia, dadas las magnitudes del problema del desplazamiento y el
carácter limitado de los recursos para satisfacer los requerimientos es forzoso
aceptar que al momento de la implementación de la política pública se realice
una labor de ponderación y el establecimiento de los renglones prioritarios de
atención, por lo que no siempre se podrá satisfacer en forma concomitante y
hasta el máximo nivel posible la dimensión prestacional de la totalidad de los
derechos constitucionales de toda la población desplazada, en atención a las
restricciones materiales y las dimensiones reales del fenómeno[91].
Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que a efectos de
definir un límite mínimo de satisfacción de los derechos constitucionales de
los desplazados, debe hacerse una distinción entre el respeto del núcleo
esencial de los derechos fundamentales según el cual las autoridades en ningún
caso pueden actuar en forma que desconozcan, lesionen o amenacen el núcleo
esencial de los derechos fundamentales como podrían ser la libertad de
expresión, su integridad personal, entre otros y la satisfacción de los
derechos prestacionales por parte de las autoridades que han sido reconocidos a
nivel internacional y constitucional y que han sido delimitados como aquellos
que guardan una estrecha conexidad con la preservación de la vida, en
elementales circunstancias de dignidad.
Con fundamento en las obligaciones internacionales asumidas
por el Estado Colombiano en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, así como con la interpretación y aplicación de las medidas para
atender a la población desplazada, esta Corporación ha considerado un mínimo
prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:
1.  El derecho a la vida, en el sentido que establece el
artículo 11 C.P. y el Principio 10 de los principios rectores de los
desplazamientos internos de las Naciones Unidas, adoptados en 1998[92].
2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física,
psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el
Principio 11 de los principios rectores de los desplazamientos internos de las
Naciones Unidas, adoptados en 1998[93].
3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado
en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17[94],
especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias
conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños,
personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia ‑,
quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares.
4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del
derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18,
lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las
personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a)
alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c)
vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”[95] También
se dispone que las autoridades deban realizar esfuerzos especiales para
garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento
en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Derecho que
debe leerse igualmente a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen
este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Dicha
asistencia humanitaria se refiere a la ayuda humanitaria de emergencia, que se
presta al producirse el desplazamiento y a los componentes de asistencia mínima
durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno.
En cuanto a la duración de la obligación estatal mínima de
proveer la ayuda humanitaria de emergencia, es, en principio, la que señala la
ley: tres meses, prorrogables hasta por otros tres meses para ciertos sujetos.
Considera la Sala que este plazo fijado por el legislador no es manifiestamente
irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) fija una regla clara con base en la
cual la persona desplazada puede planificar a corto plazo y tomar decisiones
autónomas de auto - organización que le permitan acceder a posibilidades
razonables de subsistencia autónoma sin estar apremiada por las necesidades
inmediatas de subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo igualmente
razonable para que diseñe los programas específicos que sean del caso para
satisfacer sus obligaciones en materia de ayuda para la estabilización
socioeconómica de los desplazados.
El plazo señalado en la ley obedece principalmente a las dos
razones indicadas, se puede precisar que existen dos tipos de personas
desplazadas que, por sus condiciones particulares, son titulares de un derecho
mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un período de tiempo
mayor al que fijó la ley: se trata de (a) quienes estén en situación de
urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento
socio económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y las
personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus
condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres
cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños
menores o adultos mayores bajo su responsabilidad. En estas situaciones se
justifica que el Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para
la subsistencia digna de los afectados, hasta el momento en el cual la
circunstancia en cuestión se haya superado –es decir, hasta que la urgencia
extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que no estén en posibilidad
de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones para ello. En este
sentido, advierte la Corte que así como el Estado no puede suspender
abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de
autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente
de dicha ayuda.
5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar
la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas
que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e
infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los
niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un
año, se aplicará el artículo 50 C.P.
6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento,
particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos
que se enuncian en el Principio 22.
7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento,
el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). Ha precisado la Corte que, si bien el Principio 23 establece como deber del Estado proveer
la educación básica primaria a la población desplazada, el alcance de la
obligación internacional que allí se enuncia resulta ampliado por virtud del
artículo 67 Superior, en virtud del cual la educación será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad, y debe comprender como mínimo un año de
preescolar y nueve de educación básica. También en virtud de lo dispuesto por la
Carta Política, no es el Estado el único obligado a garantizar la provisión del
servicio educativo en los niveles y a los grupos de edad referidos; también
esta obligación cobija a los padres de familia o acudientes –quienes no pueden
impedir el acceso de sus hijos a la educación en su lugar de desplazamiento- y
a los menores –que están obligados a asistir a los planteles educativos
correspondientes. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la
educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la
educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en
entidades públicas o privadas de la zona[96].
8. En relación con la provisión de apoyo para el
autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización
socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación
estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de
los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18,
considera la Corte que el deber mínimo del Estado es el de “identificar con
la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su
situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades
particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de
subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano
plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un
proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en
forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral,
así como emplear la información que provee la población desplazada para
identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los
desplazados.”
Es importante precisar que este derecho mínimo de los
desplazados no obliga a las autoridades a proveer inmediatamente el soporte
material necesario para la iniciación del proyecto productivo que se formule o
para garantizar su acceso al mercado laboral con base en la evaluación
individual a la que haya lugar; si bien tal apoyo se debe necesariamente
materializar a través de los programas y proyectos que las autoridades diseñen
e implementen para tal fin, el deber mínimo y de inmediato
cumplimiento que este derecho impone al Estado es el de acopiar la
información que le permita prestar la debida atención y consideración a las
condiciones particulares de cada desplazado o familia de desplazados,
identificando con la mayor precisión y diligencia posible sus capacidades
personales, para extraer de tal evaluación unas conclusiones sólidas que
faciliten la creación de oportunidades de estabilización que respondan a las
condiciones reales de cada desplazado, y que puedan a su turno, ser
incorporadas en los planes de desarrollo nacional o territorial.
9. Finalmente, se encuentra el derecho al retorno y al
restablecimiento, para lo cual las autoridades están obligadas a (i) no aplicar
medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de
origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas
desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en
otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden
público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su
familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben
advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les
informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la
información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar
de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia
socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en
condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el
restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un
riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la
ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el
regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o
su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un
estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver,
cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al
acto de retornar o restablecerse.
3.7. Caso concreto
De la revisión de las ayudas y beneficios dados por las
diversas instituciones estatales se puede decir que en el caso sub examine  el
Estado  a través de las diversas instituciones ha brindado protección a las
accionantes y sus grupos familiares, en atención a sus condiciones de
desplazamiento forzado y de vulnerabilidad; no obstante, en razón de las
dificultades que el desplazamiento genera y su prolongación en el tiempo, la
Sala considera  pertinente realizar una revisión del caso concreto de cada una
de ellas, con el objeto de evaluar las medidas y ayudas otorgadas por las
diversas instituciones, las órdenes de protección impartidas por la sentencia
del Consejo de Estado que modificó parcialmente la  sentencia del Tribunal
Administrativo del Departamento del Magdalena y confirmó el resto, con el fin
determinar si hay lugar a la protección de otros derechos que hayan podido ser
vulnerados o no hayan sido debidamente protegidos por las autoridades
correspondientes.
En todo
caso reitera la Sala que la acción de tutela no puede ser empleada para alterar
el orden en que serán entregadas las ayudas solicitadas ni para desconocer los
derechos de otros desplazados que no acudieron a la acción de tutela y que se
encuentran, en igualdad de condiciones, a la espera de una respuesta de la
entidad.
3.7.1. Presentación de la situación de las accionantes
Según la información que obra al expediente, la accionante Albertina
López Niebles, es una mujer de 58 años de edad, desempleada, perteneciente
al régimen subsidiado en salud, que vive en vivienda arrendada y que ha
solicitado la ayuda humanitaria a la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, habiéndola recibido en una oportunidad en el
mes de febrero de 2009, por valor de $285.000.oo. Se encuentra inscrita en el
RUPD junto con su grupo familiar[97], ha recibido auxilios por
$300.000.oo, en el programa de familias en acción y a través del SENA recibió
un curso para población desplazada y utiliza el servicio público de empleo.
Con relación a la Señora Ana Carlina Bolaños Zapata
acorde con la documentación que obra al expediente, la accionante pertenece al
régimen subsidiado en salud, vive con su grupo familiar en vivienda prestada[98]  y
manifiesta haber sido inscrita en el RUPD en año 2009, mediante resolución No.
470010595R, pero que las solicitudes de ayuda humanitaria realizadas a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, le
han sido negadas.
Belinda Márquez Jiménez, mujer de 41 años de
edad, con 3 hijos mayores de edad, que pertenece al régimen contributivo en
salud, se encuentra inscrita en la ARP y en la Caja de Compensación Familiar,
que fue beneficiaria de Subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada
para población desplazada por valor de $14.907.000.oo y que si bien se
encuentra inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[99], no le ha sido
suministrada ayuda humanitaria.
Biolanda Esther Castro
Cabana, mujer de 44 años, perteneciente al régimen subsidiado en salud, que
tiene a su cargo sus dos hijas menores de edad[100], quienes no se
encuentran estudiando y sus padres, pertenecientes a la tercera edad.
Manifiesta que ha solicitado subsidio de vivienda y ayuda humanitaria y de
estabilización económica, sin haber obtenido respuesta favorable, aunque ha
recibido capacitación en elaboración de calzado y preparación de embutidos. En
respuesta del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, se
informa que la accionante participó en la convocatoria de desplazados 2010, en
la cual le fue asignado un puntaje de 499.[101]
Celia Isabel Mendoza
Charris, mujer de 45 años, perteneciente al régimen subsidiado en salud,
beneficiaria del programa de familias en acción a través de servicios y de un
subsidio de $590.000.oo, que tiene a su cargo sus 3 hijos, que según lo
acreditado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y contrario a lo expresado por la accionante en la acción de
tutela, se encuentra inscrita en el RUPD con su grupo familiar,[102] ha
recibido ayuda humanitaria inicial por valor de $915.000.oo, prorrogada por
otros 3 meses, por un valor de $1.095.000.oo. En informe del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – en adelante MAVDT – se indica que
no hay datos de las convocatorias para  la cedula de la accionante.[103].
Crimilda Rosa Cabana,
mujer de 55 años, con dos hijos menores de edad y un hermano de 70 años, se
encuentra inscrita en el RUPD con su grupo familiar[104],
en el régimen subsidiado de salud, ha recibido asistencia alimentaria para la
accionante y su grupo familiar por 3 meses, por un valor de $285.000.oo,
familias en acción por $472.000 fue beneficiada con subsidio de vivienda[105] por
$10.842.500, recursos consignados en el banco Agrario de Colombia S.A..
Consuelo Fernández López,
mujer de 55 años de edad, perteneciente al sistema subsidiado en salud,
beneficiaria de subsidio de vivienda en su condición de desplazada por valor de
$15.450.000.oo[106],
inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar, beneficiaria de ayuda
humanitaria por valor de $285.00.oo, de acompañamiento familiar de Acción
Social y de 3 cursos de formación para población desplazada del SENA y de
servicio público de empleo.
Dalgi Fernández Galán,
mujer de 54 años de edad, que tiene a cargo sus 2 nietos que estudian en
colegios oficiales[107]
y su padre perteneciente a la tercera edad. Se encuentra inscrita en el RUPD
junto con su grupo familiar[108]  y afiliada al régimen
contributivo en salud a la Nueva EPS, en calidad de cotizante. Ha recibido
ayuda humanitaria por 3 meses para la accionante y su grupo familiar, por
$440.000.oo. En cuanto al subsidio  de vivienda, según el informe emitido por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fue excluido por
agotamiento vía gubernativa. -  El hogar tiene 1 o más propiedades diferentes
al sitio de expulsión.-
Dionisia María Guerrero,
mujer de 46 años, beneficiaria del régimen subsidiado en salud, que no se
encuentra inscrita en el RUPD, participó en la convocatoria para subsidio de
vivienda para desplazados 2007, pero fue rechazada por no estar inscrita en el
RUPD[109].
Dolores María Borja,
mujer de 48 años, inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[110] , inscrita en el régimen subsidiado en salud, que
ha recibido asistencia alimentaria para ella y su familia por tres meses, con
un valor de $285.000.oo, beneficiaria de subsidio de vivienda[111]  para población desplazada por valor de
$15.450.000.oo y de 2 cursos en el SENA sobre formación para población
desplazada, 1 curso para jóvenes rurales y servicio público de empleo.
Edilma Rosa Ramírez Urueta,
mujer de 49 años de edad, afiliada al régimen subsidiado en salud, inscrita en
el RUPD[112] junto
con su grupo familiar, que ha recibido ayuda
humanitaria de asistencia alimentaria en dos oportunidades, por valor de
$1.380.000.oo cada una, beneficios de desayunos del ICBF y de familias en
acción por un valor de $300.000.oo, así como servicios del  Ministerio de
Educación Nacional  - Matricula sector oficial.
Elisabeth Galán López,
mujer de 37 años de edad, desempleada, con 2 hijos menores de edad, quien
se encuentra inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[113]
que ha recibido capacitación en 2 cursos del SENA, pero  no ha obtenido ayuda
para poner en marcha un proyecto productivo. Se encuentra inscrita en el
régimen subsidiado de salud, ha recibido beneficios del Programa de  familias
en Acción, por $339,000.oo y fue beneficiaria de subsidio[114]
por valor de $ 10.842.500.oo., recursos girados a
través del Banco Agrario de Colombia S.A.
Frente a la señora Eloisa Rodríguez Manjarres, según
consta en la documentación aportada al expediente, la accionante es una mujer
de la tercera edad[115]
al igual que su esposo, pertenece al régimen subsidiado en salud, vive con su
grupo familiar en vivienda propia, pero no obstante haber realizado la
declaración de desplazamiento en la personería de Ciénaga,  en la que incluyó a
su grupo familiar, ni ella ni su núcleo familiar se encuentran en el Registro
Único de Población Desplazada, por lo que no ha sido beneficiaria de ayuda
humanitaria ni de medidas tendientes a su estabilización.
Eseneth Mercedes Granados
Domínguez, mujer de 47 años de edad, que habita en vivienda prestada, que
se encuentra inscrita en el régimen subsidiado en salud y en el RUPD junto con
su grupo familiar[116],
quien se ha postulado para subsidios de vivienda[117] sin haber resultado
favorecida, que ha sido beneficiaria de 4 cursos sobre formación para población
desplazada y servicio público de empleo en el SENA y que ha recibido asistencia
alimentaria para  la accionante y su grupo familiar inicialmente por tres
meses, con una valor de $855.000.oo y posteriormente por otros 3 meses, por
$285.000.oo.
Estetia Rosa Fuentes
Montenegro, mujer de 53 años de edad, perteneciente al régimen subsidiado
en salud, inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[118],
que vive en casa propia, ha recibido asistencia alimentaria para ella y su
familia por $440.000.oo, que tiene a su cargo 2 nietos de 4 y 12 años, que no
reciben educación escolar, un hijo llamado Yamith Escorcia Fuentes con retardo
mental que no recibe atención especial y su madre Carmen Rosa Montenegro Márquez,
de 89 años de edad.
Graciela Hernández
Hernández, mujer de 75 años de edad, perteneciente al régimen subsidiado en
salud, inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[119],
beneficiaria de auxilios de alimentación para el adulto mayor, del programa de
familias en acción, por un valor de $939.000.oo, de  subsidio de vivienda[120]  para desplazados, por $15.450.000.oo.
Isabel Segunda Zarate López,
mujer de 49 años de edad, que pertenece al régimen contributivo en salud, en
calidad de beneficiaria, quien tiene a su cargo sus hijos menores que se
encuentran estudiando. Los hijos mayores de edad están desempleados y su esposo
está discapacitado para trabajar. Manifiesta que no ha sido beneficiada de
ayuda humanitaria ni de subsidios de arriendo o vivienda[121].
Julia Esther Manjarres
Pérez, mujer de 62 años de edad, perteneciente al régimen subsidiado en
salud, inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[122],
beneficiaria de asistencia alimentaria por $340.000.oo, del programa de
familias en acción, del fondo de solidaridad pensional para el adulto mayor y
del SENA en un curso para formación de población desplazada. Tiene a su cargo
sus nietos menores de edad, quienes estudian en colegios oficiales, pero no
reciben alimentación escolar. La vivienda en la que habitan se encuentra hipotecada
y han solicitado subsidio de vivienda sin haberle sido aprobado.[123]
Expresa que no ha recibido ayuda humanitaria, no obstante la ha solicitado a la
Alcaldía de Ciénaga.
Leonor García Orozco,
Mujer de 74 años de edad, que se encuentra afiliada  al régimen subsidiado en
salud, que habita en vivienda prestada junto con sus 3 nietos de 1, 3 y 5 años
de edad, los cuales no se encuentran estudiando y su esposo de 84 años de edad.
Manifiesta la accionante no ha sido beneficiaria de ayuda humanitaria, ni de
vivienda[124]
ni medidas tendientes a su estabilización socioeconómica.
Magdalena Machado
Montenegro, mujer de 48 años de edad a cuyo cargo se encuentran sus nietos,
quienes estudian en colegios oficiales, pero no reciben subsidio ni apoyo para
la educación.  Se encuentra inscrita en el RUPD [125]
, afiliada al régimen subsidiado en salud, beneficiaria de ayuda humanitaria en
dos oportunidades por $344.000.oo y 270.000.oo, representada en alimentos,
apoyo al emprendimiento – apoyo económico, acompañamiento y capacitación-  por
$1.500.000.oo, subsidio de vivienda[126]
para adquisición de vivienda nueva o usada para desplazados por $ 8.950.000,
recursos girados a través del Banco Agrario de Colombia S.A.,  cursos en el
SENA para población desplazada y apoyo del programa de familias en acción, -
acompañamiento familiar y generación de ingresos para población desplazada.
Marbel Luz Palmera Moya, mujer de 49 años de edad,
inscrita en el régimen subsidiado en salud, con sus 3 hijos menores de edad a
cargo y un hermano y nieto con discapacidades para entender y aprender, que
participó en la convocatoria para subsidio de vivienda en la convocatoria
desplazados 2007, pero fue rechazada por no estar inscrita en el RUPD.
Maura De Jesús Viloria
Mariano, mujer de 55 años de edad, perteneciente al régimen subsidiado en
salud, que se encuentra inscrita en el RUPD[127]
que según la accionante habita en vivienda prestada, pero acorde a la
información suministrada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, participó en la convocatoria de vivienda para población desplazada
del año 2007 y fue  rechazada por cuanto el hogar tiene 1 o más propiedades
diferentes al sitio de expulsión. Expresó la accionante que tiene un hijo
adoptivo que padece de discapacidad, quien se encuentra matriculado en una
escuela para niños especiales, pero no recibe alimentación. Manifiesta que ha
solicitado ayuda humanitaria y que solo la ha recibido en una oportunidad.
Acorde a los documentos que obran al expediente, ha sido beneficiaria del
programa del ICBF de alimentación para el adulto mayor y de 4 cursos de
capacitación en el SENA para formación de población desplazada.
Minerva De La Rosa Algarín,
mujer de 60 años de edad, que habita en vivienda propia al haber sido
beneficiaria de subsidio de vivienda por valor de $8.950.000.oo,[128] recursos
consignados en el Banco Agrario de Colombia S.A., que se encuentra inscrita en
el régimen contributivo en salud, en calidad de beneficiaria, a cuyo cargo se
encuentran su esposo de 66 años, su hermano de 74 años y sus nietos menores de
edad que estudian en el colegio y reciben alimentación escolar, pero no
subsidio por educación. Habita en vivienda propia al haber sido beneficiaria de
subsidio de vivienda. Manifiesta que ha solicitado ayuda humanitaria de
emergencia la que no le ha sido suministrada, ni tampoco se ha beneficiado de
medidas tendientes a su estabilización económica.
En cuanto a capacitación, participó en el SENA en  4 cursos
sobre formación para población desplazada y servicio público de empleo y ha
recibido beneficios del ICBF del programa nacional de alimentación para el
adulto mayor ($49.096.oo) y del fondo de solidaridad pensional ($59.072.oo).
Miriam Merino Suarez,
mujer de 49 años de edad, que se encuentra en el régimen subsidiado de salud e
inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[129].
Tiene 5 hijos, los cuales estudian, son beneficiarios de alimentación escolar y
subsidio de educación, habita en casa propia al haber sido beneficiaria de
subsidio de vivienda[130]
por valor de $11.537.500.oo, recursos consignados en el banco Agrario de
Colombia S.A.. Manifiesta la accionante que si bien recibió unos subsidios en
2008 de alimentación y arriendo, no ha sido beneficiaria de medidas tendientes
a su estabilización socioeconómica. Según los documentos aportados, la señora
Meriño, ha recibido ayuda humanitaria en alimentos y pagos por $920.000.oo,
apoyo económico y de servicios para la generación de ingresos de población
desplazada y ha sido beneficiaria del programa de familias en acción, por
$825.000.oo.
La Señora Petrona Machado
Montenegro, es una mujer de 52 años de edad, que se encuentra en el régimen
subsidiado en salud, a cuyo cargo se encuentran 2 hijos menores de edad,
quienes estudian en colegios oficiales y reciben alimentación escolar. Habita
en vivienda prestada y no obstante realizó declaración de desplazamiento no se
encuentra inscrita en el RUPD,[131]
pues las autoridades consideraron en su momento que no reunía las condiciones
establecidas por el Decreto 387/97.
Raquel Antonia Bula Cervantes,
mujer de 68 años de edad que pertenece al régimen subsidiado en salud, a cuyo
cargo se encuentra su nieta de 6 años de edad y su marido de 74. Expresa la
accionante que hizo declaración de desplazamiento, pero no fue incluida en el
RUPD. No existen datos de convocatoria para subsidio de vivienda para población
desplazada. [132]
Acorde a la documentación
aportada al expediente, Ruby Elena López Santiago es  una
mujer de 51 años de edad, residente en casa arrendada, a cuyo cargo se
encuentra una hija menor de edad que estudia y su madre, de 62 años de edad.
Nunca ha recibido ayuda humanitaria, ni subsidios de arriendo o vivienda[133] o
medidas tendientes a su estabilización socioeconómica.
Ruth Marina Mejía, mujer
de 56 años de edad que pertenece al régimen subsidiado en salud, a cuyo cargo
se encuentran sus 2 hijos menores de edad quienes se encuentran estudiando en
colegios oficiales sin subsidio de educación o subsidio de alimentación alguno.
Expresa la accionante que a pesar de haber hecho la declaración de
desplazamiento, no aparece inscrita en el RUPD y no ha recibido ayuda
humanitaria ni de estabilización socioeconómica.
Yasmira Del Carmen Rivera,
mujer de 45 años de edad que pertenece al régimen subsidiado en salud y se
encuentra inscrita en el RUPD con su grupo familiar[134].
Según manifestaciones de la accionante en la acción de tutela, ha solicitado
subsidio de vivienda y ayuda humanitaria de emergencia, la cual no ha recibido.
Según informe remitido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial,[135]
en relación con el subsidio de vivienda, la accionante participó en la
Convocatoria de desplazados 2010, pero fue excluida por cuanto el hogar tiene 1
o más propiedades diferentes al sitio de expulsión.
Yolanda Esther Fernández
Ovalle, mujer de 51 años de edad, quien a pesar de haber recibido formación
en el SENA y en la Universidad del Magdalena sobre cultivo de hortalizas,
elaboración de calzado y procesamiento de pescado para la elaboración de
embutidos, se encuentra desempleada. Tiene a su cargo 2 hijos menores de edad,
el segundo de los cuales fue diagnosticado con desnutrición y quienes se encuentran
estudiando, pero no reciben subsidio educativo ni de alimentación. Se encuentra
inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar[136]
y pertenece al régimen subsidiado en salud. Solicitó ayuda humanitaria de
emergencia desde el año 2000, la cual fue atendida mediante la entrega de un
mercado, unos platos y dos colchonetas en el 2004.
3.7.2. Entrega de ayuda
humanitaria de emergencia y su prórroga
En atención a la protección de los derechos mínimos que
deben ser protegidos por el Estado, encuentra  la Sala que como lo ha expresado
la jurisprudencia de la Corte, el suministro de la ayuda humanitaria y de
emergencia como una obligación estatal mínima es en principio de tres meses,
prorrogables por otros tres meses para ciertos sujetos, plazo que se considera
razonable si se tiene en cuenta que se fija una regla clara con base en la cual
la persona desplazada puede planificar a corto plazo y tomar decisiones de auto
organización  que le permitan acceder a posibilidades razonables de
subsistencia y a su vez, otorga al Estado un plazo igualmente razonable para
que diseñe los planes y programas específicos que sean del caso para la satisfacción
de su obligación en materia de ayuda y estabilización socioeconómica.
Sin embargo, la Corte ha determinado que existen dos tipos
de desplazados que por sus condiciones particulares son titulares de un derecho
mínimo a recibir ayuda humanitaria por un lapso de tiempo mayor al que la ley
fijó: i) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria y  ii) quienes
no estén en condiciones de asumir el autosostenimiento a través de un proyecto
de estabilización o restablecimiento socioeconómico, como es el caso de los
menores de edad y las personas de la tercera edad, quienes por razón de sus
edad y condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos, o las
madres cabeza de familia que deban dedicar su tiempo y esfuerzos a cuidar niños
menores o adultos mayores bajo su responsabilidad.
En estos casos, ha manifestado la Corte se justifica que el
Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia
digna de los afectados, hasta el momento en que la circunstancia en cuestión se
haya superado, es decir hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado o los
sujetos hayan adquirido la capacidad de su propio sustento, para lo cual deberá
estudiarse cada caso en particular. Advierte la Corte que así como el Estado no
puede interrumpir abruptamente las ayudas de quienes no tienen capacidad de
autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente
de dicha ayuda. [137]
El Consejo de Estado, mediante providencia de segunda
instancia,  concedió el amparo a la señoras Albertina Judith López Niebles,
Celia Isabel Mendoza Charris, Crimilda Rosa Cabana, Consuelo Fernández López, ,
Dolores María Borja, Edilma Rosa Ramírez Urueta, Eseneth Mercedes Granados
Domínguez, Elisabeth Galán López, Estetia Rosa Fuentes Montenegro, Graciela
Hernández Hernández, Julia Esther Manjarres Pérez, Magdalena Machado
Montenegro, Maura De Jesús Viloria Mariano, , Miriam Merino Suarez, Yosmira Del
Carmen Rivera, Yolanda Esther Fernández Ovalle y ordenó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para dentro
del término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia
procediera a determinar por el medio que estimara pertinente, la condición de
vulnerabilidad de las mismas, a fin de que posteriormente si fuese el caso, les
sean entregados los beneficios y/o ayudas que brinda el Estado a través de los
distintos programas que ofrece la entidad a las personas víctimas del
desplazamiento forzado y frente a las señoras Belinda Márquez Jiménez, Dalgi
Fernández Galán y Minerva de la Rosa Algarín, concedió el amparo de sus
derechos y en consecuencia ordenó a Acción Social, el estudio de la situación
particular de autosostenimiento y si hay lugar, continuar con la entrega de las
ayudas humanitarias emergencia y sus prorrogas.
En los casos objeto de estudio, de acuerdo a las condiciones
descritas en la acción de tutela y a la documentación aportada por las diversas
instituciones encargadas de atender a la población en condiciones de
desplazamiento, se verifica que las accionantes y su grupo familiar han
recibido atención del Estado a través de las diversas instituciones en su
condición de desplazadas, no obstante, han manifestado no estar en condiciones
de proveer su autosostenimiento, solicitando el suministro de nuevas ayudas
humanitarias y sus prorrogas hasta su estabilización socioeconómica. En este
sentido, encuentra la Sala pertinente ordenar a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, para que a quienes se encuentren
inscritas en el RUPD, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho examine si de
conformidad con lo señalado anteriormente, los accionantes se encuentran en
condiciones de extrema urgencia o de incapacidad para asumir su
autosostenimiento, las cuales justifican la aplicación preferente de la
Constitución para la protección de sus derechos y continuar prestando dicha
ayuda mientras tales condiciones subsistan.
3.7.3. Inscripción en el RUPD
Con relación a la inscripción
en el RUPD de las accionantes Ana Carlina Bolaños Zapata, Dionisia María
Guerrero, Eloisa Rodríguez, Petrona Machado,  Ruby Elena López Santiago,
Biolanda Esther Castro Cabana, Isabel Segunda Zarate López, Leonor García
Orozco, Marbel Luz Palmera Moya, Raquel Antonia Bula Cervantes y  Ruth Marina
Mejía y sus grupos familiares, acorde a la manifestación de haber realizado las
declaraciones de desplazamiento y dadas las respuestas de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional a la acción
de tutela, en la que expresó que las accionantes no se encuentran incluidas en
el RUPD o por no haber realizado declaración de desplazamiento o que si lo
hicieron no reunieron las condiciones establecidas en el artículo 1º. de la Ley
387 de 1997.
La Sala considera que acorde a
la documentación aportada al expediente y en aras de la protección de los
derechos de las accionantes que se encuentran en estas condiciones, se modificarán
las decisiones de instancia, con el fin de ordenar a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional,  para que dentro de
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, se realice a través de las distintas seccionales de las zonas
donde se encuentran las accionantes la evaluación de la situación de las
señoras Ana Carlina Bolaños Zapata, Dionisia María Guerrero, Eloisa Rodríguez,
Petrona Machado,  Ruby Elena López Santiago, Biolanda Esther Castro Cabana,
Isabel Segunda Zarate López, Leonor García Orozco, Marbel Luz Palmera Moya,
Raquel Antonia Bula Cervantes y Ruth Marina Mejía y sus grupos familiares, para
determinar si cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y en caso
afirmativo, proceder si hay lugar, a la inscripción en el RUPD y al acceso a
los beneficios para la población en condiciones de desplazamiento, para la
protección de sus derechos.
3.7.4. Derecho a la Salud de las accionantes y sus grupos
familiares
Frente a la presunta vulneración del derecho a la
salud, se pudo verificar en la documentación aportada al expediente, que las
accionantes se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, así como algunos de los miembros de sus grupos familiares, algunos al régimen
subsidiado y otros al régimen contributivo, razón por la cual tienen acceso a
los servicios de salud. No obstante, la Sala reitera a la Gobernación del Magdalena,
a las Alcaldías y Secretarias de Salud de los municipios de Santa Marta, Ciénaga
y Pueblo Viejo, para que coordinadamente realicen las acciones tendientes a
garantizar el acceso efectivo y la atención adecuada en salud de las
accionantes y de sus grupos familiares.
Acorde a la documentación aportada al expediente por
el Ministerio de Protección Social y a las pretensiones de las accionantes,
algunos de los integrantes de sus grupos familiares no se encuentran afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual la Sala ordenará
al Ministerio de Protección Social, a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la
Gobernación del Departamento del Magdalena, a los Alcaldes y Secretarios de
Salud de los municipios de Ciénaga y Pueblo Nuevo, para que dentro del mes
siguiente a la notificación de la presente providencia, si aún no lo han hecho,
realicen de manera coordinada, las
acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo de los miembros del
grupo familiar de las accionantes que se relacionan a continuación, al sistema
de salud.
NOMBRE
UBICACIÓN
Katerin Sofía Batista Rua
Pueblo Viejo
Emilio Batista Fernández
Pueblo Viejo
Jurgen Mariano Galán
Pueblo Viejo
Sandry Paola Mariano Galán
Pueblo Viejo
Kevin Alfredo Galán Castro
Pueblo Viejo
Liseth Vanessa Galán Castro
Pueblo Viejo
José Miguel Mariano Rivera
Pueblo Viejo
Mereiris Milena Galán Rivera
Pueblo Viejo
Eglis Junior Mariano Rivera
Pueblo Viejo
Joselin Brillith Mariano Rivera
Pueblo Viejo
Víctor Alberto Cervera Carrillo
Pueblo Viejo
María Concepción López Hernández
Pueblo Viejo
Frank Llanos Moreno
Ciénaga
Jeiner Llanos Moreno
Ciénaga
Santiago Andrés Romero Mejía
Ciénaga
María José Romero Mejía
Ciénaga
José Julián Romero Mejía
Ciénaga
Andrea Contreras Leal
Ciénaga
Brian Alexander Mejía Fuentes
Ciénaga
Yamile Palmera Muñoz
Ciénaga
Esneider Muñoz Palmera
Ciénaga
Elvin Andrés Muñoz Palmera
Ciénaga
Deivis Camacho Muñoz
Ciénaga
Leonardo Fabio Palmera Moya
Ciénaga
Silvana Paola Ballén López
Ciénaga
Jimena Vanessa Batista Mercado
Ciénaga
Grimaldy de Jesús Ariña Pisarro
Ciénaga
Brandy Ariña Cervantes
Ciénaga
Narlys Tatiana Moreno Sierra
Ciénaga
María Filomena Moreno Rodríguez
Ciénaga
Antoni Luis Villegas Zarate
Ciénaga
Disneidi Isabel Villegas Zarate
Ciénaga
German Hernández Rojano
Ciénaga
José Antonio Hernández Merino
Ciénaga
German Hernández Merino
Ciénaga
Hasmet Hernández Merino
Ciénaga
Horacio Hernández Merino
Ciénaga
Angélica Hernández Merino
Ciénaga
3.7.5. Protección al menor
Esta Corporación en la sentencia
T-715/99  dijo que la protección al menor se traduce en un “conjunto
de acciones, tanto de la comunidad como del Estado, encaminadas a lograr el
desarrollo de niños, niñas y jóvenes, mediante una labor centrada en ellos y
con la activa participación de la familia y del grupo social del que hacen
parte[138].
Es decir que las normas legales traducen un objetivo constitucional (arts. 44 y
45 C.P.) Esto armoniza con el artículo 53 de la Ley 75 de 1968 que creó
el ICBF y estableció con criterio finalístico  que la protección al niño es
prioritaria: “Para el cumplimiento de sus fines esenciales, que son los de
proveer a la protección del menor  y en general el mejoramiento de la
estabilidad y del bienestar de las familias colombianas…”.
Considera la Sala que con el fin
de proteger los derechos de los menores de edad víctimas del desplazamiento
forzado, y que se relacionan a continuación, pertenecientes a los grupos
familiares de las accionantes, se proceda a por parte de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en
coordinación con las Alcaldías de los Municipios de Santa marta, Ciénaga y
Pueblo Viejo, a la valoración nutricional de los mismos y se tomen las acciones
que correspondan.
Nombre
Parentesco
Accionante
Katerin Sofía Batista Rua
Nieta
Yolanda Esther Fernández
Hilaris Ibarra Montenegro
Nietos
Crimilda Cabana
Pablor Junior Robles
Jurgen Mariano Galán
Hijos
Elisabeth  Galán López
Sandry Paola Mariano Galán
Kevin Alfredo Galán Castro
Nietos
Dalgis Fernández
Liseth Vanessa Galán castro
Dailys Michel Rivera Gómez
Nietos
Dolores Borja Mariano
José Miguel Mariano Rivera
Mereiris Milena Galán Rivera
Eglis Junior Mariano Rivera
Joselin Brillith Mariano Rivera
Víctor Alberto Cervera Carrillo
Hijo
Maura de Jesús Viloria Mariano
María Camila Beleño López
Nietos
Graciela Hernández Hernández
Juana Valentina Martínez López
Luis Eduardo Martínez López
Luis Ramón Martínez López
Brandi Ariña Cervantes
Nieta
Raquel Antonia Bula de Cervantes
Shemit Farid Mariano Escorcia
Nietos
Estetia Fuentes Montenegro
Brando José Fihol Escorcia
Lizeth Paola Castro Cueto
Hijas
Biolanda Castro
Yohana Yaneth Castro Cueto
Santiago Andrés Romero Mejía
Nieto s
Julia Esther Manjarres
María José Romero Mejía
José Julián Romero Mejía
Brian Alexander Mejía Fuentes
Yamile Palmera Muñoz
Hijos
Mabel Palmera Moya
Esneider Muñoz Palmera
Elvin Andrés Muñoz Palmera
Deivis Camacho Muñoz
Nieto
Silvana Paola Ballén López
Hija
Ruby López Santiago
Jimena Vanessa Batista Mercado
Nietos
Magdalena Machado
Juan David Mercado Machado
Disneidi Villegas Zarate
Hijos
Isabel segunda Zarate
Luis Antonio Villegas Zarate
José Antonio Hernández Merino
Hijos
Miriam Merino
German Hernández Merino
Hasmet Hernández Merino
Horacio Hernández Merino
Angélica Hernández Merino
3.7.6. Derecho a la Vivienda
El derecho a una vivienda digna[139],
frente a las  personas víctimas del desplazamiento que tienen que abandonar sus
propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones
inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando
pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie, la Ley 3 de 1991 y
su decreto reglamentario 599 del mismo año, crearon el sistema nacional de
vivienda  y regularon el subsidio familiar de vivienda y específicamente el Decreto
951 de 2001 estableció el subsidio de vivienda para la población desplazada e
incluye la reubicación “en municipios distintos al de origen del
desplazamiento cuando no sea posible su retorno”.
De estudio de la documentación aportada al expediente, y
frente a la presunta vulneración del derecho a la vivienda digna, se pudo
constatar que hasta el momento de interposición de la acción de tutela no
habían realizado ninguna de las gestiones necesarias para acceder al subsidio
de vivienda las señoras Albertina López Niebles, Celia Isabel Mendoza Charris,
Edilma Rosa Ramírez Urieta, Eseneth Mercedes Granados Domínguez, Julia Esther
Manjarres Pérez, Leonor García Orozco, Magdalena Machado Montenegro, Ruby Elena
López Santiago, Raquel Antonia Bula Cervantes, razón por la cual no es procedente
el amparo solicitado, ya que para tener acceso al subsidio de vivienda las
personas deben inscribirse a las convocatorias realizadas y acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada una de ellas, cuestión que en
los casos mencionados no se ha dado.
Por otra parte, en cuanto a la situación de las señoras Dalgis
Fernández Galán, Dolores María Borja Mariano, Belinda Márquez y Minerva De La
Rosa Algarín, Estetia Rosa Fuentes Montenegro,  Elisabeth Galán López, Maura De
Jesús Viloria Mariano, Miriam Merino Suarez y  Yosmira del Carmen Rivera se
presenta carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud de que acorde
a la documentación aportada al expediente se pudo constatar que poseen vivienda
o propiedades en un sitio diverso al de la expulsión, o por haber sido
beneficiarias de subsidio de vivienda para población en condiciones de
desplazamiento, situaciones que resultan incompatibles con la asignación de un
nuevo subsidio.
3.7.7. Derecho a la Educación
La Corte ha  precisado que, si bien el Principio 23
establece como deber del Estado proveer la educación básica primaria a
la población desplazada, el alcance de la obligación internacional que allí se
enuncia resulta ampliado por virtud del artículo 67 Superior, en virtud del
cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y
debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica.
Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la
educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la
educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en
entidades públicas o privadas de la zona.[140]
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación el Estado,
deberá garantizar el acceso a la educación de los niños menores de edad
hasta los 15 años de edad, en condiciones de desplazamiento, a través de la
provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de
la zona.  Por lo expuesto, acorde a la documentación aportada al expediente, la
Sala ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, a la Gobernación del Departamento del  Magdalena, a las
Alcaldías de los Municipios de  Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo, en las
cuales se encuentren ubicadas las señoras Biolanda Esther Castro Cabana, Crimilda
Rosa Cabana, Estetia Rosa Fuentes Montenegro, Elisabeth Galán López, Graciela
Hernández Hernández, Leonor García Orozco, Marbel Luz Palmera y Raquel Antonia
Bula Cervantes, para que en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la
notificación de la presente tutela, adelanten todas las acciones necesarias
para garantizar el acceso efectivo de los menores edad de su grupo familiar, al
sistema de educativo.
3.8.  El principio de solidaridad con la población
desplazada en la jurisprudencia constitucional
Como lo ha manifestado esta Corporación en su
jurisprudencia, las situaciones de secuestro y desplazamiento forzado son dos
de las manifestaciones  del conflicto de orden público que vive el país, que si
bien son diferentes y su tratamiento jurídico es diverso, conllevan la
materialización del deber de solidaridad no solo del Estado, sino también de
los particulares.
Frente al secuestro, esta Corte en la sentencia T- 520 de
2003, examinó un caso en el que un secuestrado una vez dejado en libertad
mediante la entrega de una fuerte suma de dinero, las entidades le exigieron el
pago de la totalidad de los créditos y para el efecto procedieron a entablar
las acciones judiciales correspondientes, sin que hubieren aceptado la reliquidación.
En este caso, la Corte  concedió la tutela al considerar que existe un deber de
solidaridad frente a las personas que han sido secuestradas e impartió a las
entidades financieras las órdenes que dicho caso ameritaba y que fueron la
suspensión por un término determinado de los procesos ejecutivos iniciados por
los bancos, la novación de los contratos inicialmente suscritos y llegar a un
nuevo acuerdo en relación con las cuotas del préstamo. Además el juez
constitucional determinó la forma como deben liquidarse los intereses durante
el periodo en que el ciudadano sufrió el secuestro, cuestión que no debe
confundirse con la condonación de la obligación.
Frente a la población desplazada, como se anotó en los
apartes anteriores de esta providencia,  dada la magnitud del problema, se han
proferido disposiciones encaminadas a darle solución, como son la Ley 387/97,
los Decretos 2569/00 y 2007/01, entre otros y se han emitido sentencias de esta
Corporación, como son la 025/04, en la que se decretó el estado de cosas
inconstitucional en materia de atención de los derechos de la población víctima
del desplazamiento forzado, encaminadas a suministrar el socorro, ayuda humanitaria
inmediata que permita la satisfacción de los derechos  de estas personas, en
especial, la vida, la salud, la dignidad, la integridad física, la educación y
la vivienda.
Mediante sentencia T- 419/04, esta Corte analizó un caso en
el que se una entidad bancaria exigía a un desplazado el pago de una obligación
sin considerar los efectos que tiene la condición de desplazado sobre las
posibilidades de cumplir la obligación y concluyó que si había violación de los
derechos fundamentales del desplazado al darse un rompimiento del deber de
solidaridad frente a las personas que se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta, en cuyo caso es deber tanto del Estado como de los
particulares según sea la situación, acudir a la ayuda necesaria dentro de la
órbita de sus competencia, acorde a lo analizado en la T- 520/03.
En la sentencia T-726/10, esta Corporación indicó que si bien
la obligación principal respecto de las personas desplazadas por la violencia
recae en el Estado, en virtud del deber de solidaridad contenido en el articulo
95 de la Constitución Política Política, determinados particulares que prestan
servicios públicos les corresponde asimismo velar por no acrecentar las
condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional, esto es, se le exige
una labor de abstención.
En este sentido, concluyó que el desplazamiento forzado
constituye un impedimento que influye en la exigibilidad de la obligación al
hacer para el afectado por este delito y deudor de una obligación, más onerosa
su situación e imponer al acreedor la reestructuración de las obligaciones
dinerarias, como efecto de lo que la doctrina ha denominado teoría de la
imprevisión, como quiera que la consecuencia de dicha teoría es que ante
una dificultad de características graves que influye en el cumplimiento de la
obligación, el deudor continúa obligado a responder con la prestación, esto es,
no queda exonerado de su cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo
con la equidad contractual.
En este contexto manifestó esta Corporación:
“se advierte que la obligación
adquirida no se extingue, sino que nova de acuerdo a los parámetros expuestos
en las providencias reseñadas. Así, el acreedor debe abstenerse de a) cobrar
anticipadamente la deuda, esto es, de hacer uso de la cláusula aceleratoria; b)
de cobrar intereses moratorios por el incumplimiento, lo anterior con
fundamento en que como no medió culpa del deudor, queda exonerado de
responsabilidad y por ende del pago de este tipo de perjuicios, c) en caso de
que se hubiere realizado una anotación negativa del actor, originada por el
incumplimiento de su crédito en las bases de datos de la CIFIN y Datacrédito,
gestione lo necesario para que éstas sean excluidas y d) se reconoce el derecho
que le asiste a la entidad bancaria para reclamar el pago de intereses
remuneratorios o de plazo causados a partir del momento del desplazamiento
sobre las cuotas que hayan dejado de pagarse a partir de dicha fecha. Estos
intereses, al igual que las cuotas que están pendientes de pagar deben
calcularse con sujeción al principio de solidaridad y teniendo en cuenta las
condiciones de desplazamiento del actor, para lo cual deberán llegar a nuevos
acuerdos de pago. Si no se llega a un acuerdo se debe aplicar el artículo 884
del Código de Comercio.
Se impone la obligación al
deudor y al acreedor de renegociar lo concerniente al pago de las cuotas debidas
y a los intereses remuneratorios teniendo en cuenta la condición especial de
desplazamiento del deudor. Empero, se advierte que a pesar de que el deudor no
propició la situación de desplazamiento forzado, es su deber, como se consideró
en la sentencia de tutela T-600-09, “colaborar en la mitigación de su daño a
fin de que desaparezca ese estado de vulnerabilidad. En efecto al Estado le
corresponde brindar la asistencia mínima al desplazado y otorgar programas para
su desarrollo, esto es, concebir y ejecutar políticas y programas que le
permitan al desplazado reconstruir su proyecto de vida y superar su condición
de debilidad. De este modo, el desplazado asume un papel activo en la
autoconstrucción de su dignidad”.
Mientras se realiza el
acuerdo, el acreedor debe abstenerse de comenzar un juicio ejecutivo y si éste
ya inició se debe suspender y dar por terminado una vez se nove la obligación
que se le exige. Este nuevo acuerdo procede siempre y cuando, exista un proceso
ejecutivo para hacer exigible la obligación,  no se hubiere surtido la etapa de
registro del auto aprobatorio del remate y no se hubiere adjudicado el bien.
Los procesos ejecutivos iniciados y que se encuentren en una etapa anterior a
la señalada, deben darse por terminados, una vez se nove el contrato, para lo
cual el acreedor debe solicitar la terminación al juez competente.
13. Lo anterior es el modo de
proceder cuando la persona víctima del desplazamiento forzado y deudor de una
obligación adquirida con anterioridad a éste, alega un impedimento para el
cumplimiento de esta obligación en razón a que derivaba su sustento de la
actividad de la cual fue desplazado a causa de la violencia. Dicha consecuencia
encuentra su sustento en la jurisprudencia constitucional de esta Corporación,
la cual teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad y debilidad de la
persona víctima del desplazamiento forzado, concluye que el cumplimiento de la
obligación descrita se hace más onerosa para esta víctima. De allí que se
imponga la reestructuración de la deuda.”
3.9. Caso Concreto
En 1995 un grupo de  mujeres de los municipios de Pueblo
Viejo, Aracataca, el Retén y Ciénaga del Departamento del Magdalena,
conformaron la Asociación de Mujeres productoras del campo, ASOMUPROCA, con el
fin de mejorar el nivel económico y hacer frente a las situación generada por
la catástrofe natural de la Ciénaga Grande del Magdalena, quienes fueron
consideradas sujetas a reforma agraria y en virtud de tal condición recibieron
un subsidio en tierra y crédito, habiéndoseles adjudicado un globo de terreno
ubicado en el municipio de Pivijay, Magdalena, cuyo costo era de
$1.454.695.000.oo, asignándoseles un subsidio del 70% equivalente a
$1.018.286.500.oo. (año 1996) Adicionalmente fueron favorecidas con
$498.118.000.oo, para la compra de ganado (año 1997);
En la zona de los municipios de Pivijay y el Retén para los
años 1996 al 2000 había presencia de grupo armados de la guerrilla y los
paramilitares lo que colocó en condiciones de riesgo a las afectadas y a sus
familias, siendo objeto de amenazas, hostigamientos e inseguridad, además de la
precariedad de los predios otorgados, lo cual fue puesto en conocimiento del
INCORA, la Procuraduría Judicial y Agraria del Magdalena y el Ministerio de
Agricultura, entre otros.
Ante la presencia en la zona de grupos armados de la
guerrilla y los paramilitares, el asesinato de la representante legal de la
asociación y las amenazas, hostigamientos e inseguridad, las mujeres tuvieron
que abandonar los predios y cuando volvieron 4 meses más tarde, las parcelas
habían sido saqueadas, el ganado y las herramientas de trabajo habían sido robados.
El 14 de octubre de 1999 recibieron volantes de las AUC en los cuales les
manifestaban que debían desalojar la zona y les daban un plazo de 24 horas para
salir, lo que ocasionó el desplazamiento de 50 familias hacia los municipios de
Pueblo Viejo y Ciénaga. En razón de las amenazas en su contra,  ante la
evidencia de los hechos que antecedieron y motivaron el desplazamiento y los
riesgos a los cuales se exponían, solo hasta el año 2001 algunas de las mujeres
afectadas llevaron a cabo la declaración de desplazamiento, de lo que tienen
conocimiento las entidades encargadas de la atención al desplazamiento, tales
como la red de solidaridad social, la personería, la alcaldía, a quienes
solicitaron apoyo, el cual nunca les fue brindado.
En octubre 28 de 2005 las mujeres fueron notificadas en
forma individual unas resoluciones del INCODER en las que se les comunicaba que
dada la situación de abandono en el que se hallaba el predio, se iniciaba el
trámite tendiente a dar por cumplida la condición resolutoria a la cual está
sometido el subsidio y el incumplimiento de las reglas y obligaciones derivadas
de la ley 160 de la reforma agraria. Interpusieron el recurso de reposición, no
recibiendo respuesta alguna sobre el mismo, por parte del Incoder.
La Caja Agraria en liquidación inició proceso ejecutivo
mixto de mayor cuantía contra la Asociación ASOMUPROCA, desde el 8 de abril de
1999, proceso dentro del cual de acuerdo al informe rendido por el Juzgado
Civil del Circuito del Magdalena, según oficio 1237[141], dirigido al Tribunal
Administrativo del Magdalena se han surtido las actuaciones correspondientes.[142]
La acción de tutela interpuesta a través de apoderado
judicial, solicita se ordene a la Caja Agraria en liquidación, la cesación de
toda reclamación y acción judicial y/o administrativa contra las mujeres productoras
del campo ASOMUPROCA, dirigida al cobro del 30% del crédito a ellas otorgado.
Del examen de la documentación aportada al expediente se
evidencia el inicio por parte de la Caja Agraria en liquidación de los procesos
de cobro judicial, tendientes al recaudo de las obligaciones, pero no las
acciones que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad debió
desplegar, dada las especiales condiciones de las mujeres integrantes de ASOMUPROCA,
en su condición de población víctima del desplazamiento forzado.
Acorde a lo esbozado en desarrollo de esta providencia, la
circunstancia del desplazamiento impide el cumplimiento de una obligación
dineraria adquirida con antelación al desplazamiento y cuya satisfacción
dependía del trabajo de las accionantes en el lugar del desplazamiento,
circunstancia que influye en la exigibilidad misma limitando al acreedor su
derecho a la ejecución.
Por lo expuesto, la Sala confirmará
el fallo del Consejo de Estado que confirmó la sentencia de primera instancia
del Tribunal Administrativo del Magdalena, que ordenó conceder el amparo de
tutela en atención a los principios de solidaridad y buena fé de las
accionantes y en consecuencia ordenó a la entidad financiera o quien funja como
titular del crédito y/o acreedora, otorgado a las accionantes, que dentro de
los 10 días siguientes a la notificación de la providencia, plantee y acuerde
con las accionantes nuevas opciones reales para el pago de la deuda, teniendo
en cuenta su condición de desplazadas y sus condiciones económicas y para que
en las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación del fallo,
solicite la suspensión del proceso ejecutivo mixto singular, mientras se logra
alguna fórmula real y efectiva que posibilite el pago de la obligación,
atendiendo las condiciones antes señaladas. No obstante, considera pertinente la
Sala establecer unas condiciones mínimas del cobro y negociación de las obligaciones
a cargo de las accionantes, para lo cual adicionará la orden impartida, en el
sentido de  ORDENAR a la CAJA AGRARIA en liquidación o quien haga sus
veces, que se abstenga de cobrar intereses de mora respecto del crédito
otorgado a las accionantes, desde la fecha del desplazamiento y hasta de la
notificación de la presente sentencia. Que una vez notificada dicha sentencia
las partes deberán llegar a nuevos acuerdos de pago con el fin de continuar con
la relación contractual, sin embargo, esto se hará teniendo en cuenta las
posibilidades económicas de las accionantes para esa época, en atención al
principio de solidaridad y de conformidad con lo siguiente:
Los intereses remuneratorios o
de plazo causados desde el desplazamiento hasta la notificación de la presente
sentencia, deberán calcularse teniendo en cuenta las circunstancias de las
accionantes y sus posibilidades materiales de pago. En caso de no existir
acuerdo sobre este aspecto, la entidad bancaria y/o quien haga sus veces,
tendrá derecho a cobrar los intereses remuneratorios correspondientes a este
periodo, según el interés convenido por las partes, sin que pueda exceder el
interés corriente bancario fijado por la Superintendencia Financiera.
De haberse pactado cláusulas
aceleratorias entre las accionantes y la Caja Agraria en Liquidación y/o quien
haga sus veces, esta última no podrá hacer uso de ellas. En todo caso, la entidad
bancaria y/o quien haga sus veces  no podrá cobrar anticipadamente la totalidad
de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de la fecha del desplazamiento
hasta la notificación de la presente sentencia.
Los intereses moratorios que
eventualmente hayan sido causados con anterioridad al desplazamiento deberán
pagarse en la forma convenida por las partes y en su defecto de conformidad con
el permitido por la ley. Así, de existir una mora anterior al desplazamiento,
los intereses moratorios adeudados serán aquellos que se causen sobre las
cuotas que eran exigibles y no habían sido pagadas antes del desplazamiento. No
obstante, desde el momento del desplazamiento y hasta la notificación de la
presente sentencia, no se causarán intereses moratorios. Igualmente, si
posterior al desplazamiento el accionante pagó intereses de mora, el banco
deberá abonar estos pagos al saldo del capital total adeudado.
4
Razón de la decisión
Frente a
la presunta vulneración del derecho de petición por parte de las entidades
accionadas al no dar respuesta oportuna y definitiva a las solicitudes
planteadas por las accionantes, mediante escrito del mes de abril de 2009, la
Sala concluyó que en virtud de que entre el momento de la presentación del
derecho de petición y la interposición de la tutela transcurrieron
aproximadamente 15 meses, la inacción de las peticionarias se encuentra
injustificada no cumpliéndose el requisito de inmediatez.
Frente a la
presunta vulneración de los demás derechos incoados por las accionantes, la
Sala considera que no obstante el desplazamiento se produjo en el año 1999, las
condiciones de vulnerabilidad se pudieron prolongar en el tiempo y ser actuales,
por lo que cumple con el requisito de inmediatez.
La
jurisprudencia de esta Corporación,  acorde a la Constitución Política y al
derecho internacional, ha indicado los derechos que deben ser protegidos por el
Estado y que afectan a la población víctima del desplazamiento forzado, enfatizando
en que debido a la escasez de recursos, hay un mínimo de derechos que deben ser
garantizados y dentro de los que se encuentran la vida, la dignidad física,
sicológica y moral, la protección a la familia y la unificación familiar,  la
subsistencia mínima,  la salud,  la protección frente a prácticas
discriminatorias,  la educación básica en el caso de los menores de 15 años, la
estabilización socioeconómica y el retorno y restablecimiento, para lo cual, se
impartirán las siguientes órdenes.
Respecto a
la solicitud de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada de las
mujeres que realizaron la declaración de desplazamiento pero no aparecen
inscritas, encuentra la Sala que acogiendo una orden similar a la dada por la
Corte en la sentencia T-215 de 2002, en la presente sentencia se ordenará a
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que
a través de las distintas seccionales de las zonas donde se encuentran las
accionantes, se adelante la evaluación de la situación de los peticionarios,
para determinar si cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y, en
caso afirmativo, inscribirlos en el RUPD y darles acceso inmediato a las ayudas
previstas para su protección.
En relación con la solicitud de la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia y la prórroga de las mismas, realizada por algunas de
las accionantes que si bien se encuentran inscritas en el RUPD no han recibido
la ayuda o la han recibido pero no se encuentran en condiciones de asumir su
autosostenimiento, encuentra la Sala procedente ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, adelante las
gestiones necesarias para la evaluación, caso por caso, de la situación de las
accionantes y sus grupos familiares, para lo que tendrá especial atención a los
menores de edad, las personas de la tercera edad y las madres cabeza de familia,
con el fin de determinar si existen las condiciones objetivas de urgencia
extraordinaria, que indican que tales personas no están en condiciones de
asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o de
restablecimiento socio económico, y se justifica la continuación de la ayuda
humanitaria, independientemente de que el plazo de 3 meses y su prórroga hasta
por otros 3 meses más haya sido superado. En el evento que las condiciones de
urgencia extraordinaria o incapacidad para acceder a los programas de
estabilización económica se presenten, la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional deberá aplicar de manera preferente la
Constitución, y continuar prestando dicha ayuda mientras tales condiciones
subsistan.
Frente al acceso efectivo al sistema de seguridad
social en salud y la entrega de medicamentos, teniendo en cuenta lo ordenado
por esta Corte en su jurisprudencia, en particular en las sentencias T-419 y
T-645 de 2003 y T-790 de 2003, se ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y a las Secretarías de
Salud de las entidades territoriales en las cuales se encuentren ubicadas las
accionantes, para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, adelanten de manera coordinada, si aún
no lo han hecho, todas las acciones necesarias para garantizar el acceso
efectivo de las accionantes y sus grupos familiares al sistema de salud.
En el caso de las solicitudes de acceso efectivo al
sistema educativo de los menores de edad hasta los 15 años, teniendo en cuenta
lo ordenado por esta Corporación en su jurisprudencia, en particular en las
sentencias T-268 de 2003 y T-215 de 2002, se ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, a la Gobernación del Magdalena y a las Alcaldías de los municipios de Santa Marta, Ciénaga
y Pueblo Viejo, en los cuales se encuentren ubicados las accionantes, para que
en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la
presente tutela, adelanten todas las acciones necesarias para garantizar el
acceso efectivo de los menores de edad pertenecientes a los grupos familiares
de las  accionantes al sistema de educativo.
Frente a la presunta vulneración de los derechos a la
propiedad y el trabajo alegados por las accionantes, por parte de la Caja
Agraria en liquidación al haber iniciado el cobro coactivo y administrativo de
los recursos suministrados a las accionantes, la Sala consideró que debido a
las condiciones de vulnerabilidad que genera el desplazamiento forzado, a la magnitud
de los problemas que éste implica para la población víctima del mismo, y al
deber de solidaridad tanto del Estado como de los particulares, si bien no es
posible la condonación de las deudas, si es viable que la institución que funja
como acreedora plantee y acuerde con las deudoras nuevos opciones reales de
pago de las obligaciones, teniendo en cuenta su condición de desplazadas y su
situación económica.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. MODIFICAR parcialmente el fallo del Consejo
de Estado  y declarar improcedente el amparo al derecho de petición incoado
por las accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. REVOCAR parcialmente el fallo del Consejo de
Estado que denegó el amparo de tutela solicitado por las señoras Teotiste
Hipólita Castillo y Mauris Esther Herazo López, habida consideración de que la
acción de tutela fue instaurada por conducto de mandatario judicial sin que
existiese poder para ello y en su remplazo declararla improcedente por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ADICIONAR parcialmente el fallo del Consejo
de Estado que concedió el amparo de los derechos de las accionantes y ORDENÓ
a la entidad financiera o persona que funja como titular del crédito y/o
acreedora otorgado a las accionantes que dentro del término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, plantee y acuerde con las
accionantes nuevas opciones reales para el pago de su deuda, teniendo en cuenta
su condición de desplazadas y sus condiciones económicas, en el sentido de ORDENAR
a la entidad financiera o persona que funja como titular del crédito y/o
acreedora otorgado a las accionantes, que se abstenga de cobrar intereses de
mora respecto del crédito otorgado a las accionantes, desde la fecha del
desplazamiento y hasta de la notificación de la presente sentencia. Que una vez
notificada la sentencia las partes deberán llegar a nuevos acuerdos de pago con
el fin de continuar con la relación contractual, sin embargo, esto se harán
teniendo en cuenta las posibilidades económicas de las accionantes para esa
época, en atención al principio de solidaridad y de conformidad con lo
siguiente:
3.1. Los intereses
remuneratorios o de plazo causados desde el desplazamiento hasta la
notificación de la presente sentencia, deberán calcularse teniendo en cuenta
las circunstancias de las accionantes y sus posibilidades materiales de pago.
En caso de no existir acuerdo sobre este aspecto, la entidad bancaria y/o quien
haga sus veces, tendrá derecho a cobrar los intereses remuneratorios correspondientes
a este periodo, según el interés convenido por las partes, sin que pueda
exceder el interés corriente bancario fijado por la Superintendencia
Financiera.
3.2. De haberse pactado
cláusulas aceleratorias entre las accionantes y la Caja Agraria en Liquidación
y/o quien haga sus veces, esta última no podrá hacer uso de ellas. En todo
caso, la entidad bancaria y/o quien haga sus veces no podrá cobrar
anticipadamente la totalidad de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de
la fecha del desplazamiento hasta la notificación de la presente sentencia.
3.3. Los intereses moratorios
que eventualmente hayan sido causados con anterioridad al desplazamiento
deberán pagarse en la forma convenida por las partes y en su defecto de
conformidad con el permitido por la ley. Así, de existir una mora anterior al
desplazamiento, los intereses moratorios adeudados serán aquellos que se causen
sobre las cuotas que eran exigibles y no habían sido pagadas antes del
desplazamiento. No obstante, desde el momento del desplazamiento y hasta
notificada la presente sentencia, no se causarán intereses moratorios.
Igualmente, si posterior al desplazamiento el accionante pagó intereses de
mora, el banco deberá abonar estos pagos al saldo del capital total adeudado.
CUARTO. CONFIRMAR parcialmente  el fallo del Consejo de Estado que concedió el
amparo y ORDENÓ a la entidad bancaria CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION y/o a
la persona que hubiere subrogado o sea titular de la obligación hipotecaria
para que por conducto del mandatario judicial dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, solicite la
suspensión del proceso ejecutivo mixto singular mientras se logra alguna
fórmula real y efectiva que posibilite el pago de la obligación atendiendo  las
condiciones señaladas en el numeral precedente seguido ante el juzgado civil
del circuito de Fundación – Magdalena en contra de la Asociación de Mujeres
Productoras del Campo “ASOMUPROCA”.
QUINTO. CONFIRMAR parcialmente el fallo del Consejo
de Estado que concedió la tutela de los derechos de las accionantes y ORDENÓ
al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER suspender todas las
actuaciones administrativas iniciadas tendientes a verificar y declarar cumplida
la condición resolutoria de los subsidios de tierras otorgados por la entidad a
favor de las accionantes.
SEXTO. REVOCAR parcialmente el fallo del Consejo de
Estado que CONCEDIÓ el amparo de los derechos fundamentales en calidad
de víctimas del desplazamiento forzado de las señoras Yolanda Esther Fernández,
Albertina López Niebles, Elisabeth Galán López, Crimilda Rosa Cabana, Yasmira
Del Carmen Rivera Jiménez, Dolores María Borja Mariano, Maura De Jesús Viloria
Mariano, Eseneth Granados Domínguez, Edilma Rosa Ramírez Urieta, Estetia
Fuentes Montenegro, Consuelo Fernández López, Julia Esther Manjarres Pérez,
Graciela Hernández Hernández, Magdalena Machado Montenegro, Mirian Merino
Suarez y Celia Mendoza Charris y en consecuencia de lo anterior, ORDENÓ
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
para dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia procedan a determinar por el medio que
estime pertinente la condición de vulnerabilidad, a fin de que posteriormente,
si es del caso, le sean entregados  los beneficios y/o ayudas que brinda el
Estado a través de los distintos programas que ofrece la entidad a las personas
víctimas del desplazamiento forzado.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, para que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo
ha hecho, examine si de conformidad con lo señalado en el numeral 3.7.2. de
esta providencia,  las accionantes señoras Albertina Judith López Niebles,
Celia Isabel Mendoza Charris, Crimilda Rosa Cabana, Consuelo Fernández López,
Dolores María Borja, Edilma Rosa Ramírez Urueta, Eseneth Mercedes Granados
Domínguez, Elisabeth Galán López, Estetia Rosa Fuentes Montenegro, Graciela
Hernández Hernández, Julia Esther Manjarres Pérez, Magdalena Machado
Montenegro, Maura De Jesús Viloria Mariano, Miriam Merino Suarez, Yasmira Del
Carmen Rivera, Yolanda Esther Fernández Ovalle, quienes están inscritas en el
RUPD, se encuentran en condiciones de extrema urgencia o de incapacidad para
asumir su autosostenimiento y en caso afirmativo se proceda a dar aplicación
preferente de la Constitución para la protección de sus derechos y, a la
continuidad en el suministro de ayuda humanitaria mientras dichas condiciones subsistan.
OCTAVO. CONFIRMAR parcialmente el fallo del Consejo
de Estado, que CONCEDIÓ el amparo de los derechos fundamentales en
calidad de víctimas del desplazamiento forzado de las señoras Leonor García
Orozco, Biolanda Esther Castro Cabana, Raquel Antonia Bula De Cervantes,
Dionisia Guerrero López y Marbel Luz Palmera Moya y ORDENÓ a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia procedan a determinar por el medio que estime pertinente,
las condiciones objetivas de desplazamiento y de vulnerabilidad a fin de que
posteriormente, si es del caso, sean inscritas junto con su grupo familiar en
el registro Único de Personas Desplazadas – RUPD- para poder acceder a los
beneficios y/o ayudas brindados por el gobierno.
NOVENO. REVOCAR parcialmente el fallo del Consejo de
Estado que CONCEDIÓ el amparo de tutela impetrado por violación del
derecho fundamental de petición a las señoras Ana Carlina Bolaño Zapata, Ruby
Elena López Santiago, Eloisa Rodríguez Manjarres y Petrona Machado Montenegro y
ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional para dentro del término improrrogable de cinco (5) días hábiles a
la notificación de esta sentencia proceda a notificar de manera personal el
acto administrativo por medio del cual son excluidas del Registro Único de
Población Desplazada y en su remplazo ORDENAR a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para que dentro de dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, se realice la evaluación de los casos de las señoras Ana Carlina
Bolaño Zapata, Eloisa Rodríguez Manjarres, Ruby Elena López Santiago y Petrona
Machado Montenegro, con el fin de determinar si se cumplen las condiciones
objetivas del desplazamiento y de vulnerabilidad y en caso afirmativo, sean
inscritas junto con su grupo familiar en el registro Único de Personas
Desplazadas – RUPD y se les brinde acceso a las ayudas previstas para la
protección de sus derechos.
DÉCIMO. REVOCAR el fallo del Consejo de Estado que CONCEDIÓ
el amparo de los derechos fundamentales de las señoras Ruth Marina Mejía e Isabel
Segunda Zarate López y ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional efectuar los tramites respectivos con la finalidad
de otorgar la inscripción en el RUPD a las señoras Ruth Marina Mejía e Isabel
Segunda Zarate López junto con sus núcleos familiares y en lugar ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
para que dentro de dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, se realice la evaluación de los casos de las
señoras Ruth Marina Mejía e Isabel Segunda Zarate López, con el fin de
determinar si se cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y de
vulnerabilidad y en caso afirmativo, sean inscritas junto con su grupo familiar
en el registro Único de Personas Desplazadas – RUPD y se les brinde acceso
inmediato a las ayudas previstas para la protección de sus derechos.
DÉCIMO PRIMERO. REVOCAR parcialmente el fallo del
Consejo de Estado mediante el cual se ordenó el estudio de la situación
particular de autosostenimiento de las señoras Dalgis Rosa Fernández Galán,
Belinda Márquez y Minerva de La Rosa Algarín y si hay lugar, continuar con la
entrega de las ayudas humanitarias de emergencia y sus prorrogas y en su lugar,
ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, examine si de
conformidad con lo señalado en el numeral 3.7.2. de esta providencia, las
accionantes señoras Dalgis Rosa Fernández Galán, Belinda Márquez y Minerva de La
Rosa Algarín, quienes están inscritas en el RUPD, se encuentran en condiciones
de extrema urgencia o de incapacidad para asumir su autosostenimiento, las
cuales justifican la aplicación preferente de la Constitución para la protección
de sus derechos y, la continuidad en el suministro de ayuda humanitaria
mientras dichas condiciones subsistan.
DÉCIMO
SEGUNDO. MODIFICAR parcialmente el fallo del
Consejo de Estado y tutelar el derecho
a la educación de los menores de edad en condiciones de desplazamiento y en
consecuencia. ORDENAR a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Gobernación del Departamento del  Magdalena, a
las Alcaldías de los Municipios de  Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo, según
donde se encuentren ubicadas las accionantes, señoras Crimilda Rosa Cabana, Biolanda Esther Castro Cabana, Estetia Rosa Fuentes Montenegro, Elisabeth Galán
López, Graciela Hernández Hernández, Leonor
García Orozco, Marbel Luz Palmera y
Raquel Antonia Bula Cervantes, para que
en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la
presente tutela, adelanten de manera coordinada todas las acciones necesarias
para garantizar a los menores de edad de los grupos familiares de las
accionantes mencionadas, el acceso efectivo al sistema de educativo.
DÉCIMO
TERCERO. MODIFICAR parcialmente el fallo del
Consejo de Estado, por la vulneración del derecho a la salud, en el sentido de ORDENAR al Ministerio de Protección Social, a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Gobernación
del Departamento del Magdalena, a los Alcaldes de los municipios de Santa Marta,
Ciénaga y Pueblo Viejo y a los Secretarios de Salud de los Municipios de Pueblo
Viejo y Ciénaga, para que dentro del mes siguiente a la notificación de la
presente providencia, si aún no lo han hecho, realicen de manera coordinada todas las acciones necesarias para garantizar el
acceso efectivo al sistema de salud a las
siguientes personas que hacen parte de los grupos familiares de las accionantes:
Katerin Sofía Batista Rua, Emilio
Batista Fernández, Jurgen Mariano Galán, Sandry Paola Mariano Galán, Kevin
Alfredo Galán Castro, Liseth Vanessa Galán Castro, José Miguel Mariano Rivera,
Mereiris Milena Galán Rivera, Eglis Junior Mariano Rivera, Joselin Brillith
Mariano Rivera, Víctor Alberto Cervera Carrillo, María Concepción López
Hernández, Frank Llanos Moreno, Jeiner Llanos Moreno, Santiago Andrés Romero
Mejía, María José Romero Mejía, José Julián Romero Mejía, Andrea Contreras
Leal, Brian Alexander Mejía Fuentes, Yamile Palmera Muñoz, Esneider Muñoz
Palmera, Elvin Andrés Muñoz Palmera, Deivis Camacho Muñoz, Leonardo Fabio
Palmera Moya, Silvana Paola Ballén López, Jimena Vanessa Batista Mercado,
Grimaldy de Jesús Ariña Pisarro, Brandy Ariña Cervantes, Narlys Tatiana Moreno
Sierra, María Filomena Moreno Rodríguez, Antoni Luis Villegas Zarate, Disneidi
Isabel Villegas Zarate, German Hernández Rojano, José Antonio Hernández Merino,
German Hernández Merino, Hasmet Hernández Merino, Horacio Hernández Merino,
Angélica Hernández Merino, por los
motivos expuestos en la presente providencia.
DÉCIMO
CUARTO. LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1]
Tutela presentada el 16 de julio de 2010. Folios 1 a 39.
[2]
Folios 27 a 31 del cuaderno 1.
[3]
Nombres a  folio 28 cuaderno 1.
[4]
Nombres a folio 28 del cuaderno 1.
[5]
Nombres a folio 29 del cuaderno 1.
[6]
Nombres a folio 29 del cuaderno 1.
[7]
Nombres a folio 30 del cuaderno 1.
[8]
Nombres a folio 30 del cuaderno 1.
[9]
Nombres a folio 30 del cuaderno 1.
[10]
Folio 17 del cuaderno 1.
[11]
certificado de la Cámara de Comercio de Santa Marta. (folios 44 a 48 del cuaderno 1)
[12]
Afirmación de la accionante. A folio 2 del cuaderno 1.
[13]
Según afirmaciones de la demanda.
[14]
DANE, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (nacional), Acción Social – Santa Marta, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Ministerio de Protección Social, ICBF -nacional y Santa Marta,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, CAJAMAG, Ministerio del Interior y de Justicia, SENA –
Nacional y Santa Marta, Secretaría de Salud de Ciénaga, Secretaria de Salud
Departamento del Magdalena, Secretaria de Salud de Pueblo Viejo, Alcaldía de
Pueblo Viejo,  Alcaldía de Ciénaga, Gobernación del Departamento del Magdalena,
Central de Inversiones CISA.
[15]
Folios 685 a 691
[16]
Folios 549 a 565 y 633 a 648.
[17]
Oficio de remisión por competencia, al Secretario de Agricultura del Magdalena.
Folio 646 Cuaderno 1
[18]
Folios 677 a 679.
[19]
Folios 680 a 684 y 767 a 770.
[20]
folios 540 a 548, 600 a 625 y 695 a 764.
[21]
Folios 696 a 699 del cuaderno 1
[22]
(3)Dolores María Borja Mariano, Biolanda Esther Castro Cabana, Graciela
Hernández Hernández.
[23]
(10) Ruth Marina Mejía, Celia Mendoza Charris,  Eseneth Granados Domínguez,
Albertina López Niebles, Ruby López Santiago, Yolanda Esther Fernández, Leonor
García Orozco, Isabel Segunda Zarate López, Edilma Rosa Ramírez Urueta, Raquel
Antonia Bula de Cervantes.
[24]
(6) Magdalena Machado, Virginia Victoria Pantoja García, Elisabeth Galán López,
Minerva de la Rosa, Miriam Merino Suarez, Crimilda Rosa Cabana García,
[25]
(Hogar tiene una o más propiedades en sitio diferente al de expulsión) Dalgy
Rosa Fernández de Galán Estelia Fuentes Montenegro, Yosmira del Carmen Rivera
Jiménez, Maura de Jesús Viloria Mariano. (Por no estar inscrito en el RUPD.) - Ana
Carlina Bolaño Zapata, Julia Esther Manjarres Pérez, Petrona Machado Montenegro,
Dionisia Guerrero López, Eloisa Rodríguez Manjarres, Marbel Luz Palmera Moya.
[26]
Folios 482 a 531.
[27]
Folios 468 a 479 y 626 a 632.
[28]
Folios 461 a 467.
[29]
Folios 692 y 693.
[30]
Folios 576 a 598.
[31]
Comunicaciones de fechas 3 de noviembre de 2009 y 22 de
diciembre de 2009, con radicación 10812, enviados por Aeromensajeria con el
código de barras No. 5002340568 y 7142528391 respectivamente. Ver Folios
585 al 598.
[32]
Folios 572 a 575.
[33]
Folios 480 a 481.
[34]
Folios 532 a 548.
[35]
No se anexaron las respuestas.
[36]
Folios 566 a 571 y 649 a 674.
[37]
Folios 940 -980 del cuaderno 1.
[38]
Folios 919 – 937.
[39]
Folios 1065 – 1086.
[40]
El mercado asistido de tierras consistía en entregar a campesinos sujetos de
reforma agraria, un subsidio en dinero que funcionaba como un crédito no
reembolsable, que en un principio podría ser hasta del 70% del valor del
inmueble, pero con la ley 812 de 2003 se dispuso que podría ascender hasta el
100% del valor de la tierra. Esto se realizaba a través de contratos de
compraventa celebrado directamente entre el propietario y los beneficiarios,
los cuales estaban sujetos a la condición resolutoria del subsidio.
[41]
Folios 1086 – 1105.
[42]
Folios 1364 - 1463.
[43]
Folios 4-18 cuaderno 3.
[44]
Folios 30-34 cuaderno 3.
[45]
Esta Sala advierte que la “representación” así presentado no implica
necesariamente la representación judicial por intermedio de abogado.  Sin
embargo la  Corte se pronunció al respecto  a favor de una
interpretación restrictiva, de tal forma que tal representación solamente
podría ser adelantada por abogados titulados.  Ver sentencia T-550 de
1993.
[46]
Sentencia T – 531 de 2002.
[47]
Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Santa Marta, folios 44 -49 cuaderno 1.
[48]
Sigla ASOMUPROCA.
[49]
Folios 41 – 43 cuaderno 1.
[50]
De fecha 16 de julio de 2010.
[51]
Folios 40 y 50.
[52]
Folio 1263.
[53]
Folios 1262.
[54] En la Sentencia T-730 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño) la Corte dijo: “2. Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse varios años después de ocurrido el
agravio a los derechos fundamentales, carecería de sentido la regulación que el
constituyente hizo de ella.  De esa regulación se infiere que el suministro del
amparo constitucional está ligado al principio de inmediatez, es decir, al
transcurso de un prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de
los derechos y la interposición del mecanismo de protección. Nótese que el
constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los
derechos invocados y para propiciar una protección tan inmediata como el
ejercicio de la acción, permite que se interponga directamente por el afectado,
es decir, sin necesidad de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta
el mecanismo al suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un
procedimiento preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el
preclusivo término de diez días; ordena que el fallo que se emita es de
inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de defensa judicial,
permite su ejercicio con carácter transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.”
[55] Sentencia T- 678 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[56] Sentencia T-173 de 2002
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[57]
Sentencias T-678 y 1009 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime
Araújo Rentería); y T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo).
[58]
Sentencia T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo).
[59]
Sentencia T-158 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[60]
Ver folio 378.
[61]
(i)ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso
fortuito; (ii) incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de
sus derechos; (iii) existencia de una amenaza grave e inminente que resulte
urgente conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; (iv)
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el
ejercicio de los derechos; (v)  permanencia de la vulneración es permanente en
el tiempo, es decir,  la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual; y (vi) la especial situación
de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales
(estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otras), convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la
carga de acudir a un juez.
[62]
Sentencia T-821 de 2007 (MP.  Catalina Botero Marino. SV. Jaime Araújo
Rentería).
[63]
Sentencias T-740 de 2004 y T-1076 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-175 de
2005 (MP. Jaime Araujo Rentería); T-1094 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-563 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-882 y T-1144 de
2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[64]
Sentencias T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería); y T-669 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[65]
Sentencia SU- 1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[66]
Sentencia T-721 de 2003 (MP.  Álvaro Tafur Galvis).
[67]
Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[68]
Por ejemplo en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes, precitada,
donde la Corte dijo: “Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a
dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de
peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a
los colonos de la hacienda Bellacruz, la explicable huida no es un problema de
orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de
humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas,
principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado. No puede una
autoridad local calificar  a los desplazados como agentes perturbadores por el
solo hecho de tratar de salvar la vida.” Ver también, las sentencias T-1635 de
2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo. A raíz de la falta de atención de
sus solicitudes, los desplazados, especialmente los menores de edad se
encontraban en deficiente estado nutricional, presentaban afecciones tanto
físicas como síquicas y las condiciones de salubridad de dicho lugar eran muy
precarias; además su educación se había visto afectada. A pesar de haber sido
atendidos en diferentes centros hospitalarios, no había sido posible que se les
suministraran las drogas recetadas ni que se les prestara la atención de salud
que requerían. Tampoco habían logrado cupos en las escuelas distritales, ni se
les había dado una solución definitiva sobre su reubicación o sobre proyectos
que generaran condiciones de sostenibilidad económica y social. Adicionalmente,
solicitaron un lugar temporal para su reubicación en condiciones de dignidad;
T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra donde la Corte resuelve la situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento
del Chocó, quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados que
llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega tres veces
su inscripción en el Sistema único
de registro de Población
desplazada, por no aportar pruebas de su condición y, por ende, el acceso a
toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia; T-1346 de 2001, MP:
Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte ampara los derechos de una mujer cabeza
de familia y de sus hijos, quienes hacían parte del grupo de personas
desplazadas que ocupaban un predio de propiedad del municipio de Villavicencio e
iban a ser desalojados del mismo, sin ofrecerles una reubicación alternativa en
el corto plazo;  y T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte protegió los derechos de un grupo de 65 núcleos familiares que había huido de sus
viviendas en la Comuna 13 de Medellín, a raíz de los enfrentamientos entre
distintos grupos armados que operaban en dicha zona. La Red de Solidaridad les había negado la inscripción en el Sistema único de registro
de Población Desplazada y el consiguiente otorgamiento de ayudas por tres
razones: 1) por considerar que “no se concibe el desplazamiento forzado
cuando la víctima no ha abandonado su localidad”, asimilando el término
localidad al de municipalidad; 2) porque varios de los núcleos familiares
desplazados ya habían recibido ayuda cuando se desplazaron por primera vez; y
3) por no haberse remitido al Ministerio del Interior copia de las
declaraciones obtenidas a raíz de los hechos violentos ocurridos en la Comuna 13, para que éste decidiera si el hecho constituía desplazamiento.
[69]
Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en
donde la Corte tutela los derechos de 14 menores de edad a quienes se les niega
el cupo para estudiar en el Colegio Sol de Oriente de la Comuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad, ausencia de cupos disponibles e
imposibilidad de asumir los costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo
Beltrán Sierra, donde  la Corte concede el amparo de los derechos a dos mujeres
cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no se le
había dado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda
humanitaria recibida resultaba claramente insuficiente dadas las urgentes
necesidades de la familia.
[70]
Ver, por ejemplo, las sentencias T-227 de 1997, MP:
Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte adoptó medidas para proteger a la población desplazada contra actos discriminatorios y
de intolerancia cometidos por las autoridades de Cundinamarca, quienes alegando
que se generaba una alteración grave del orden público, intentaban impedir la
reubicación de éstas personas en el territorio de ese departamento.
[71]
Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
[72]
Ver por ejemplo, la sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, en
donde  la Corte protege los derechos de 128 núcleos familiares, compuestos
principalmente por mujeres cabeza de familia, menores, ancianos y algunos
indígenas, cuyas solicitudes de atención en salud, estabilización económica y
reubicación, no habían sido atendidas por la Red de Solidaridad, por falta de recursos suficientes.
[73]
Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
[74]
Sentencia T-1635 de 2000, precitada.
[75]
Corte Constitucional, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, en
este fallo, la Corte tutela el derecho a la salud de una mujer cabeza de
familia desplazada del Municipio de San José de Guaviare y ubicada en
Villavicencio, quien padecía de un tumor en el brazo que le causaba mucho dolor
y le impedía trabajar. La actora, quien se encontraba inscrita en el Sistema
Único de Registro de Población Desplazada, acude a la Red de Solidaridad que la remite a la UAO y posteriormente al Hospital de Villavicencio para
valoración y programación de cirugía, el cual se negó a atenderla porque el
carné que portaba correspondía al Sisbén de San José de Guaviare y no al de
Villavicencio.
[76]  Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001 y T-1346 de 2001.
[77]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, donde la Corte resuelve la situación de una persona desplazada
por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba inscrita en
el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero
a quien se le niega tres veces su inscripción en el Sistema único de registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de
su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado
y su familia.
[78]
Ver por ejemplo, las sentencias T-258 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett,
donde la Corte protege el derecho a la vida de un docente amenazado por las
FARC, que es obligado a desplazarse a Manizales junto con su familia y a
solicitar su traslado como docente a otro municipio dentro del mismo
departamento. La única oferta que había recibido fue para reubicarse en un
lugar donde operaba el mismo frente que le había amenazado inicialmente; T-795 de
2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández. Dado que el servicio de educación está
descentralizado, la Corte deniega la tutela para ordenar el traslado de los
docentes, debido a la falta de desarrollo de la Ley 715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes amenazados, pertenecientes a distintas
secretarías de educación departamentales.
[79]
Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001 y T-268 de 2003,
precitadas.
[80]
Sobre el derecho de permanencia en la sentencia T-227 de 1997, precitada, dijo la Corte lo siguiente: “Los campesinos tienen derecho a su permanencia en la parcela que
poseían, por eso el Incora inició
el proceso de adjudicación de tierras, por ello su primer lugar de refugio fue
la casa campesina en el municipio. (...) Era un  derecho de esas personas a
permanecer en paz en su propio hogar, en su propia tierra, algo que ha sido
reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. (....)Sólo el legislador puede restringir ese derecho de
las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede tener los
objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de
los parámetros fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (...) Esta doble faz, permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: Limitación
establecida por la Ley, está también recogida en nuestra Constitución
Política.  (...) Es finalidad del Estado garantizar la efectividad de esos
derechos, luego, tratándose de desplazados, a quienes se les afecta su derecho
primario a residir en el lugar que deseen dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la posibilidad de circular para
salvar sus vidas propias y las de sus familiares.”.
[81]
Ver por ejemplo, la sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra,
donde la Corte examina el caso de una mujer cabeza de familia desplazada, madre
de cinco hijos menores de edad y con un nieto, analfabeta, a quien no se le da
acceso a los programas de estabilización económica al omitir una respuesta
efectiva a su petición. La Corte analiza la política estatal en materia de
proyectos productivos para la población desplazada y concluye que la petición
para ser incluida en un proyecto productivo no ha sido respondida por la Red de solidaridad, violando con ello los derechos de petición y trabajo. Ver también las
sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001, y T-268 de 2003,
precitadas.
[82]
En la sentencia T-098 de 2002, precitada,  la Corte señala la necesidad de precisar las órdenes teniendo en cuenta la normatividad y programas existentes. Así,
en cuanto a la protección de menores desplazados, la Corte resaltó entre otros derechos los siguientes:  i) a mantenerse unido con su grupo
familiar; ii) a la atención gratuita por parte de las instituciones de salud
que reciban aportes del Estado, para los menores de un año (Artículo 50, CP),
iii) a recibir un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los
planes y programas del ICBF y con cargo a éste; iv) a la protección en jardines
y hogares comunitarios; v) a tener acceso a los programas de alimentación que
provee el ICBF con el apoyo de las asociaciones de padres, de la empresa
privada o los Hogares Juveniles campesinos; vi) en materia de atención de
salud, los hijos menores de desplazados tienen derecho a atención prioritaria,
rápida e inmediata de salud.
[83]
Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, precitada.
[84]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería. La
actora, una mujer desplazada de 73 años de edad, quien solicitaba que dado su
edad avanzada, la vinculación a un proyecto productivo se hiciera a través de
su hija, quien no estaba inscrita como desplazada. La actora también solicitaba
a la Red que se le otorgaran subsidios de vivienda, pero la Red le contesto que debía dirigirse al INURBE a fin de tramitar el formulario de postulación
e informarse de las diferentes modalidades de vivienda a las que puede aplicar
el subsidio. La Corte analiza la política de vivienda y de proyectos
productivos existente para la población desplazada, y luego de confrontar el
diseño de política pública, la Constitución y los Principios Rectores del Desplazamiento Interno con las acciones concretas adoptadas por las entidades en el
caso concreto, concluye que hubo “vulneración de los derechos a la vivienda
digna y al mínimo vital de la actora por parte de las entidades demandadas, las
cuales se han limitado a entregar información a la demandante sin acompañarla
en el proceso de restablecimiento, es decir, sin asesorarla para que logre
acceder efectivamente a los servicios que prestan las distintas entidades que
constituyen el SNAIPD.”
[85]
Sentencia C-328 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[86]
En la sentencia T-215 de 2002, la Corte rechaza que las autoridades hubieran
exigido que el registro de los menores lo hicieran sus padres o representantes
legales, pues ese tipo de condiciones dificultan el acceso a los programas de
atención a la población desplazada. “Con esa lógica, aquellos menores que en
razón del conflicto armado han perdido a sus padres y allegados y que se ven
forzados a abandonar el lugar en el que se encuentran radicados para no correr
la misma suerte, no podrían ser incluidos en el registro nacional de
desplazados por no tener quién los represente.  Es claro que con tales
exigencias, las instituciones concebidas para apoyar a los desplazados y para
proyectarles un nuevo horizonte, se convierten en un obstáculo para el
reconocimiento, al menos, de sus más elementales derechos.”
[87]
Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, precitada.
[88]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, precitada, donde la Corte enfatizó que “siempre que no sea posible el retorno al lugar de origen de los
desplazados en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, la respuesta
estatal debe articularse en torno a acciones afirmativas (...) que garanticen
(i) el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación,
(ii) la promoción de la igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a
grupos tradicionalmente marginados, ya que no puede obviarse que Colombia es un
país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la población desplazada
pertenece a los distintos grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que
dentro de la población afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido
es que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las áreas rurales y
en las zonas urbanas marginales. Para expresarlo en otros términos, la atención
a la población desplazada debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques
diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y
la opción sexual. Las medidas positivas, entonces, deben estar orientadas a la
satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables, tales como los
niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas.”
[89]
Sentencia T- 025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[90]
Sentencia T- 025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[91]
Sentencia T- 025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[92]
Resolución 50 de la CDH del 17 de abril de 1998
[93]
Resolución 50 de la CDH del 17 de abril de 1998.
[94]
Resolución 50 de la CDH del 17 de abril de 1998.
[95]
La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho
artículo dice: “De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas
tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad
de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de
desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las
zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los
envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la
población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes
para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las
normas del Derecho Internacional Humanitario.  Mientras persista la situación
de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos
interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del
orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y
sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos
punibles que condujeron al desplazamiento.   Parágrafo. A la atención
humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3)
meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.”
[96]
Esta fue la orden impartida por la Corte en la sentencia T-215 de 2002 a la Secretaría de Educación Municipal demandada: Disponer el ingreso al sistema educativo de
los niños tutelantes, usando los cupos disponibles en los colegios de la zona.
Este trato preferente a los niños en  condiciones de desplazamiento se
justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental del que son
titulares, como todos los demás menores de edad que se encuentren en territorio
nacional, sino porque dadas sus condiciones de especial vulnerabilidad son
sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se traduce en materia
educativa en que si no se garantiza como mínimo su educación básica, ello
agravará las repercusiones de su desplazamiento sobre su autonomía personal y
el ejercicio de sus derechos.
[97]
Tatiana del Rio López (hijo(a)/hijastro(a), Dilanis
del Rio López (hijo(a)/hijastro(a), Jarol del Rio
López (hijo(a)/hijastro(a), Adolfo Rivaldo López (hijo(a)/hijastro(a).
[98]
Según informe del MAVDT Fue rechazada en la Convocatoria de desplazados de 2004, por no encontrarse inscrita en el RUPD. Folio 603.
[99]
Rogelio Jiménez Montenegro (esposo), Karen Jiménez Márquez, (hija), Rudy
Jiménez Márquez, (hijo), Sindy Jiménez Márquez (hija).
[100]
Lizeth Paola Castro Cueto y Loana Janeth Castro Cueto.
[101]
Folio 604.
[102]
José David Brochero Mendoza (hijo(a)/hijastro(a), Ana
Karina Brochero Mendoza (hijo(a)/hijastro(a),  José
Luis Brochero Mendoza (Jefe de Hogar).
[103]
Folio 605.
[104]
Yuleima María Montenegro Cabana (hijo(a)/hijastro(a),
Eudi Enrique Montenegro Cabana (hijo(a)/hijastro(a),
Alexandra y Yeiner Luis Robles Cabana (hijo(a)/hijastro(a),
y Pablo Junior Robles Ríos (nieto).
[105]
Convocatoria desplazados 2007. Folio 603.
[106]
Informe MAVDT folio 605.
[107]
Ministerio de Educación Nacional  - Matricula sector oficial.
[108]
Alfredo Galán Fernández (hijo(a)/hijastro(a), Deivis
Galán Fernández (hijo(a)/hijastro(a), Alfredo José
Galán Fernández (esposo /compañero), Edwin Alfonso Galán Fernández (hijo(a)/hijastro(a), Kevin Alfredo Galán Castro (nieto(a),
Liseth Vanesa Galán Castro (nieto8a).
[109]
Informe MAVDT folio 605.
[110]
Miguel Rivera Jiménez (Esposo), Efrén Rivera Borja (hijo(a)/hijastro(a),
Jades Rivera Borja (hijo(a)/hijastro(a), Neidis
Rivera Borja (hijo(a)/hijastro(a).
[111]
Se asignó puntaje 1167. Convocatoria  desplazados 2010.Folio 604.
[112]
José Domingo Espejo Llanos (jefe de hogar) José Luis Espejo Ramírez (hijo(a)/hijastro(a), Yenys Esther Espejo Ramírez (hijo(a)/hijastro(a), Juan Carlos Espejo Ramírez (hijo(a)/hijastro(a), Yulis Paola Espejo Ramírez (hijo(a)/hijastro(a), Edilma Paola Espejo Rodríguez (nieta),
Sharit Laisa Espejo Rodríguez (nieta), Juan Carlos Espejo Rodríguez (Nieto),
Yan Carlos Espejo Rodríguez (nieto).
[113]
Wilmer Mariano Escobar (esposo), Jurgen Mariano Galán (hijo(a)/hijastro(a),
Sandry Paola Mariano Galán (hijo(a)/hijastro(a).
[114]
Desplazados convocatoria 2007.folio 603.
[115]
75 años, folio 16.
[116]
Javier Fernández Varela (esposo), Marcos Granados Moreno (hijo(a)/hijastro(a),
Elisenia Apoente Fernández (hijo(a)/hijastro(a).
[117]
Según el Informe del MAVDT no hay datos de convocatoria para esta cedula.
[118]
Hebert Enrique Escorcia Hernández (Esposo), Yamile Escorcia Fuentes(hijo(a)/hijastro(a), Yerith Escorcia Fuentes (hijo(a)/hijastro(a), Yamith Escorcia Fuentes (hijo(a)/hijastro(a), Yusleidy Escorcia Fuentes (hijo(a)/hijastro(a), Brando Jose Fioll Escorcia (nieto)
[119]
Lenias Patricia López Hernández (hijo(a)/hijastro(a),
Carlos Julio López Hernández (hijo(a)/hijastro(a), Teresa
López Hernández (hijo(a)/hijastro(a), Sebastián López
Hernández (hijo(a)/hijastro(a), Greshy Johanna López
Hernández (hijo(a)/hijastro(a).
[120]
Convocatoria desplazados 2010. Puntaje asignado. 2197. folio 604.
[121]
Según informe del MAVDT no hay datos de convocatoria para esta cedula.
[122] No
constan los integrantes del grupo familiar.
[123]
Convocatoria desplazados 2004, Rechazada por no estar inscrita en el RUPD.
[124]
En informe de MAVDT se indica que no hay datos para esta cedula.
[125]
No constan los nombres de los integrantes del grupo familiar incluidos en el
RUPD.
[126]
Desplazados convocatoria 2004. folio 603.
[127]
No consta los integrantes del grupo familiar.
[128]
Proceso Desplazados Fonvivienda. folio 603.
[129]
José Antonio Carbono Meriño (hijo(a)/hijastro(a),  Hasmeth
Hernández Meriño (hijo(a)/hijastro(a),German
Hernández Meriño (hijo(a)/hijastro(a), Horacio
Hernández Meriño (hijo(a)/hijastro(a), German
Hernández Rojano (Esposo/compañero) Angélica Hernández Meriño (hijo(a)/hijastro(a), Juan Pablo Ospino Rodríguez (hijo(a)/hijastro(a).
[130]
Proceso desplazados 2008. Folio 603.
[131]
Según informe del MAVDT fue excluida de la convocatoria para desplazados 2007
de vivienda, por no estar en el RUPD.
[132]
Informe MAVDT. folio 606.
[133]
Según informe del MAVDT no hay datos de convocatoria para esta cedula. Folio
604.
[134] Blas Melendre Montenegro (Esposo), Yusnari Melendre
Rivera (hijo(a)/hijastro(a), Faber Melendre Rivera (hijo(a)/hijastro(a),
Lusbelis Melendre Rivera (hijo(a)/hijastro(a).
[135]
Folio 604.
[136]
Emilio Rafael Batista Fernandez (hijo(a)/hijastro(a))
[137]
Sentencia T 025 de 2004.
[138] Reflexiones para la intervención en la problemática familiar.
Consejería presidencial para la política social. Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Febrero/95.
[139]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería. La
actora, una mujer desplazada de 73 años de edad, quien solicitaba que dado su
edad avanzada, la vinculación a un proyecto productivo se hiciera a través de
su hija, quien no estaba inscrita como desplazada. La actora también solicitaba
a la Red que se le otorgaran subsidios de vivienda, pero la Red le contesto que debía dirigirse al INURBE a fin de tramitar el formulario de postulación
e informarse de las diferentes modalidades de vivienda a las que puede aplicar
el subsidio. La Corte analiza la política de vivienda y de proyectos
productivos existente para la población desplazada, y luego de confrontar el
diseño de política pública, la Constitución y los Principios Rectores del Desplazamiento Interno con las acciones concretas adoptadas por las entidades en el
caso concreto, concluye que hubo “vulneración de los derechos a la vivienda
digna y al mínimo vital de la actora por parte de las entidades demandadas, las
cuales se han limitado a entregar información a la demandante sin acompañarla
en el proceso de restablecimiento, es decir, sin asesorarla para que logre
acceder efectivamente a los servicios que prestan las distintas entidades que
constituyen el SNAIPD.”
[140]
Esta fue la orden impartida por la Corte en la sentencia T-215 de 2002 a la Secretaría de Educación Municipal demandada: Disponer el ingreso al sistema educativo de
los niños tutelantes, usando los cupos disponibles en los colegios de la zona.
Este trato preferente a los niños en  condiciones de desplazamiento se
justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental del que son
titulares, como todos los demás menores de edad que se encuentren en territorio
nacional, sino porque dadas sus condiciones de especial vulnerabilidad son
sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se traduce en materia
educativa en que si no se garantiza como mínimo su educación básica, ello
agravará las repercusiones de su desplazamiento sobre su autonomía personal y
el ejercicio de sus derechos.
[141]
Folio 1062 y ss.
[142]
Se libró mandamiento de pago el 3 de mayo del mismo año, por auto del 7 de mayo
de 2001, se impartió la aprobación a la liquidación del crédito, el 3 de
febrero de 2009, se aprobó el avalúo, el 12 de febrero de 2009 el actor
solicita el remate del bien, la ASOMUPROCA otorga poder a un profesional del
derecho de la Defensoría del Pueblo, quien presenta objeción al avalúo por
error grave y se opone a la cesión del crédito realizada por el actor a Central
de Inversiones y a la Compañía de Gerenciamiento, siendo acogida esta última
solicitud y designado perito que presentó su experticio del que se corrió
traslado por auto del 28 de agosto de 2009.  Dicho auto fue apelado por el
apoderado de la parte actora el cual fue declarado desierto y mediante escritos
de febrero 24 de 2010 y 16 de julio de 2010, el apoderado de la parte demandada
interpuso incidente de nulidad, del cual se corrió traslado a las partes.