C-189-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-189/08
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control de
constitucionalidad
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Trámite
legislativo/REQUISITOS DE INICIACION DE TRAMITE EN EL SENADO, TERMINOS ENTRE
DEBATES, PUBLICACIONES, QUORUM Y ANUNCIOS DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento/CONVENIO
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
Y EL ESTATUTO DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA-Se ajustan a la
Constitución
El convenio se
ajusta a los preceptos constitucionales porque, primero, se cumplen los
requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse en parte
integrante del ordenamiento jurídico interno; y, segundo, su contenido
desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política, pues busca
salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de
reciprocidad y conveniencia nacional. Por su parte, el Estatuto de la
Secretaría General establece esta instancia internacional como un órgano de
coordinación de políticas de cooperación entre las naciones iberoamericanas, de
conformidad con los mandatos y orientaciones que surjan de las Cumbres
Iberoamericanas de Ministros de Relaciones Exteriores, lo cual resulta
compatible con los artículos 9, 22 y 227 de la Carta Política
Referencia:
expediente LAT-309
Revisión
de la Ley 1140 de 2007, del 25 de junio de 2007, “por medio de la cual se
aprueba el “Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría
General Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de
mayo de dos mil cuatro (2004) y el “Estatuto de la Secretaría General
Iberoamericana”, aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre
del año dos mil cuatro (2004).”
Magistrado
Ponente:
Dr.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá,
D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión constitucional de la Ley 1140 de 2007, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Santa Cruz de la
Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana”, adoptado en San
José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el “Estatuto
de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado en San José, Costa Rica, el
veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).”
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado
en la Secretaría General de esta Corporación el 5 de julio de 2007, el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica
de la Ley 1140 de 2007, de junio 25 de 2007, para efectos de su revisión
constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto
2 de agosto de 2007, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de
pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 29 de agosto de 2007, ordenó
continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso
por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así
como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto
correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la República y a la Ministra de
Relaciones Exteriores.
Cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.   TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A continuación
se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación
en el Diario Oficial
Año CXLIII. N. 46835. 7, Diciembre, 2007. Pág. 75.[1]
LEY
1140 DE 2007
(junio
25)
por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo
de la Secretaría General Iberoamericana, adoptado en San José de Costa Rica el
doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto de la Secretaría
General Iberoamericana, aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de
noviembre del año dos mil cuatro (2004).
El
Congreso De Colombia
Visto el
texto del “Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría
General Iberoamericana, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo
de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil
cuatro (2004), que a la letra dice:
(Para ser
trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional
mencionado).
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
CONVENIO
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
Los
Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana
CONSIDERANDO:
Que la I
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
Guadalajara, en julio de 1991, constituyó la Conferencia Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de los Estados soberanos de
América y Europa de lengua española y portuguesa;
Que las
afinidades históricas y culturales y la riqueza de nuestra expresión plural nos
unen en torno al objetivo común de desarrollar los ideales de la comunidad
iberoamericana con base en el diálogo, la cooperación y la solidaridad;
Que en las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas en
Guadalajara, Madrid y Salvador, Bahía, de carácter fundacional, se reconoce que
nuestra relación se basa en la democracia, en el respeto de los derechos
humanos, a las libertades fundamentales, y se orienta por los principios de
soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de
cada Estado y por el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz,
estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones;
Que la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno es la máxima instancia de la
Conferencia Iberoamericana que se apoya en los acuerdos alcanzados durante las
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, de los Coordinadores
Nacionales y Responsables de Cooperación, así como en las reuniones
ministeriales sectoriales del ámbito iberoamericano;
Que el
Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana
suscrito en San Carlos de Bariloche, el 15 de octubre de 1995, estableció un
marco institucional que regula las relaciones de cooperación entre sus
miembros, con el propósito de dinamizar el progreso económico y social,
estimular la participación ciudadana, fortalecer el diálogo y servir como
expresión de la solidaridad entre los pueblos y los Gobiernos Iberoamericanos;
Que con el
Convenio de Bariloche se impulsó un amplio número de programas de cooperación,
así como la constitución de redes de colaboración entre instituciones de los
Estados Iberoamericanos;
Que los
Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos acordaron crear en la VIII Cumbre
Iberoamericana de Oporto la Secretaría de Cooperación Iberoamericana;
Que en la
IX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad de La Habana, se adoptó el
Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana (SECIB), el cual expresa la voluntad de los Jefes de Estado y de
Gobierno de reforzar el marco institucional creado por el Convenio de
Bariloche;
Que en la
XII Cumbre Iberoamericana celebrada en Bávaro se acordó elaborar un estudio
sobre medidas e iniciativas concretas para elevar el nivel de
institucionalización de la Conferencia Iberoamericana, mejorar los mecanismos y
procedimientos de cooperación, así como asegurarle mayor cohesión interna y
proyección internacional;
Que es
necesario contribuir a la mayor articulación y a una adecuada coordinación de
los trabajos de las reuniones ministeriales sectoriales y los que realizan los
organismos iberoamericanos reconocidos por la Conferencia Iberoamericana;
Que en la
XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra, los Jefes de
Estado y de Gobierno expresaron su decisión de crear la Secretaría General
Iberoamericana;
Convienen
lo siguiente:
Artículo
1°. Creación de la Secretaría General Iberoamericana
Se crea la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional dotado de
personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar los actos y contratos
necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con los principios
y objetivos de la Conferencia Iberoamericana.
La
Secretaría General tendrá su sede en Madrid.
Artículo
2°. Objetivos
de la Secretaría General Iberoamericana
La
Secretaría General Iberoamericana, como órgano de apoyo de la Conferencia
Iberoamericana, tiene los siguientes objetivos:
a)
Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una
proyección internacional;
b)
Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas
las reuniones iberoamericanas;
c)
Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana, promoviendo la cooperación, de conformidad con el
Convenio de Bariloche;
d)
Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los
países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.
Artículo
3°. Funciones
La
Secretaría General Iberoamericana tendrá las funciones fijadas en su normativa
estatutaria, que será aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de
dar apoyo institucional, en estrecha coordinación con la Secretaría ProTempore,
a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y a las demás instancias de la
Conferencia Iberoamericana.
Artículo
4°. El Secretario General
La
Secretaría General Iberoamericana contará con un Secretario General nombrado
por consenso por los Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Reunión
Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Su mandato tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez. El Secretario General
no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad.
Las
funciones, competencias y el procedimiento de selección del Secretario General
serán definidos en la normativa estatutaria de la Secretaría General
Iberoamericana.
Artículo
5°. Del Secretario Adjunto y del Secretario para la Cooperación Iberoamericana
La
Secretaría General Iberoamericana contará con un Secretario Adjunto y un
Secretario para la Cooperación Iberoamericana, nombrados por la Reunión
Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Sus mandatos tendrán una
duración de cuatro años pudiendo ser renovados por una sola vez y sus
funciones, competencias y procedimiento de selección estarán definidos en la
normativa estatutaria de la Secretaría General.
En la
selección del personal de la Secretaría General se garantizará la
representación geográfica equitativa, el equilibrio de idioma, así como la
incorporación de la perspectiva de género.
El
Secretario General, el Secretario Adjunto y el Secretario para la Cooperación
Iberoamericana deberán ser nacionales de países diferentes.
Artículo
6°. Independencia en el cumplimiento de deberes
En el
cumplimiento de sus deberes, el Secretario General, el Secretario Adjunto, el
Secretario para la Cooperación Iberoamericana, así como el resto del personal
de la Secretaría, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni
de ninguna autoridad ajena a la Conferencia Iberoamericana, y se abstendrán de
actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios
internacionales responsables únicamente ante la Conferencia.
Artículo
7°. Financiación
La Secretaría
General se financiará a través de las contribuciones de los Estados miembros,
según la escala de cuotas que acordará la Reunión Plenaria de Ministros de
Relaciones Exteriores con base en las recomendaciones formuladas por los
Coordinadores Nacionales y los Responsables de Cooperación Iberoamericanos.
La
Secretaría General Iberoamericana se regirá por las disposiciones de carácter
financiero y presupuestario establecidas en su normativa estatutaria.
Artículo
8°. Privilegios e inmunidades
La
Secretaría General y su personal gozarán de los privilegios e inmunidades
reconocidos en el Acuerdo de Sede entre la Secretaría General y el Estado
anfitrión, además de aquellos internacionalmente reconocidos a los funcionarios
de los Organismos Internacionales necesarios para el ejercicio de sus
funciones, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los países
miembros de la Conferencia Iberoamericana.
Artículo
9°. Idiomas Oficiales y de Trabajo
Los
idiomas oficiales y de trabajo de la Secretaría General serán el español y el
portugués.
Artículo
10. Firma, Ratificación y Entrada en Vigor
El
presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de la
Conferencia Iberoamericana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República de Bolivia.
El
presente Convenio será ratificado de conformidad con las normas internas de
cada Estado Parte y entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el séptimo instrumento de ratificación.
Para el
Estado que ratifique el Convenio después de haber sido depositado el séptimo
instrumento de ratificación, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación.
Artículo
11. Enmiendas
El
presente Convenio podrá ser enmendado a propuesta de cualquier Estado Parte.
Las propuestas de enmienda serán comunicadas al Secretario General quien las
notificará a las demás Partes para su inclusión, por la Secretaría ProTempore,
en la agenda de la siguiente Cumbre.
Una vez
aprobadas por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno, las enmiendas
entrarán en vigor, para todos los Estados Parte de conformidad con el
procedimiento establecido en el Artículo 10.
Artículo
12. Duración y Denuncia
El presente
Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera
de las Partes mediante notificación escrita al Depositario.
La
denuncia surtirá efecto, en relación con los programas y proyectos en curso,
una vez transcurrido el plazo de un año desde la fecha en que la notificación
haya sido recibida por el Depositario.
El aviso
de denuncia no eximirá de la obligación del pago de las cuotas pendientes.
Artículo
13. Interpretación
Las
diferencias de interpretación de este Convenio serán examinadas por los
Coordinadores Nacionales y elevadas, en su caso, a los Ministros de Relaciones
Exteriores para la resolución por consenso de los Jefes de Estado y de
Gobierno.
Artículo
14. Depositario
El
presente Convenio, cuyos textos en español y portugués son igualmente
auténticos, y sus instrumentos de ratificación se depositarán en los Archivos
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia.
Disposiciones
Transitorias
Primera. El Estatuto de la
Secretaría General Iberoamericana, previamente negociado por los Coordinadores
Nacionales, será elevado por los Ministros de Relaciones Exteriores a la
aprobación por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno en la XIV Cumbre
Iberoamericana.
Segunda. La Secretaría de
Cooperación Iberoamericana (SECIB) continuará ejerciendo sus funciones hasta la
entrada en vigor del presente Convenio, cuando sus atribuciones sean asumidas
por la Secretaría General Iberoamericana, de conformidad con el Convenio para
la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana y el Protocolo al
Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia iberoamericana para
la constitución de la SECIB.
A todos
los efectos legales, la Secretaría General Iberoamericana sucede a la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y
obligaciones.
La entrada
en vigor del presente Convenio no afectará la continuidad de los programas de
cooperación que se encuentren en ejecución entre los Estados Parte del
Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana.
REPUBLICA
DE BOLIVIA
MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
VREC-DCC-O40/04/9478.
EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION
DE COORDINACION DE CUMBRES
Saluda
atentamente a la honorable Embajada de la República de Colombia, y para los
fines que correspondan tiene el agrado de enviar adjunta a la presente, copias
legalizadas del Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la
Secretaría General Iberoamericana, en sus dos versiones (español y portugués).
EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION
DE COORDINACION DE CUMBRES
Hace
propicia la oportunidad para expresar a la honorable Embajada de la República
de Colombia, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
La Paz, 17
de agosto de 2004.
18 agosto
de 2004.
A la
honorable, Embajada de la República de Colombia.
Presente.
Estatuto de la Secretaría General
Iberoamericana
Teniendo
en consideración las disposiciones contenidas en el Convenio de Santa Cruz de
la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y en el
Convenio de Bariloche, los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamericana
acuerdan el siguiente Estatuto por el cual se regirá la Secretaría General
Iberoamericana.
Artículo
1°. Naturaleza
La
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el órgano permanente de apoyo
institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana.
Artículo
2°. Funciones
La SEGIB
ejercerá sus funciones de conformidad con las decisiones de las Cumbres
Iberoamericanas. En estrecha coordinación con la Secretaría Pro-Tempore,
brindará apoyo institucional a las Cumbres y demás instancias de la Conferencia
Iberoamericana.
Será
responsabilidad de la SEGIB:
a)
Ejecutar los mandatos que reciba de las Cumbres y Reuniones de Ministros de
Relaciones Exteriores, realizar el seguimiento cuando corresponda, y mantener
informadas sobre su cumplimiento a las distintas instancias de la Conferencia
Iberoamericana;
b) Apoyar
a la Secretaría Pro-Tempore en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas;
c)
Colaborar con la Secretaría Pro-Tempore, y el país anfitrión cuando
corresponda, en la preparación, coordinación y seguimiento de las reuniones
ministeriales sectoriales;
d)
Desempeñar en coordinación con la Secretaría Pro-Tempore las funciones de
relatoría en las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, de
las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y Reuniones Ministeriales
Sectoriales;
e)
Fortalecer, de conformidad con el Convenio de Bariloche, la labor en materia de
cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana y sugerir alternativas
con miras a su perfeccionamiento;
f)
Presentar propuestas de programas, proyectos e iniciativas de cooperación a la
reunión de los Responsables de Cooperación Iberoamericana para su aprobación de
conformidad con el Convenio de Bariloche;
g)
Colaborar con los Estados miembros, en el diseño y gestión de los programas,
proyectos e iniciativas de Cooperación Iberoamericana, así como realizar el
seguimiento y evaluación de los mismos;
h) Brindar
apoyo técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana y, en
particular, preservar su memoria institucional;
i) Asegurar
la coordinación de las distintas instancias de la Conferencia Iberoamericana
con los demás organismos iberoamericanos reconocidos por la Conferencia;
j)
Presentar el proyecto del presupuesto y del programa anual de trabajo
(presupuesto-programa) para su aprobación por la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, con las recomendaciones previas de los Coordinadores
Nacionales y Responsables de Cooperación Iberoamericana;
k)
Trabajar en estrecha coordinación con los Coordinadores Nacionales y los Responsables
de Cooperación, a quienes informará periódicamente sobre la ejecución del
presupuesto-programa de la Secretaría y someterá las correspondientes
rendiciones de cuenta para su aprobación por la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores;
l) Contribuir
a la proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana en el marco de las
instrucciones y mandatos recibidos de los Jefes de Estado y de Gobierno;
m)
Incentivar y apoyar, en el contexto del programa de trabajo, las actividades de
asociaciones de carácter iberoamericano en los ámbitos profesional, académico e
institucional; y
n)
Presentar propuestas a través de las instancias competentes de la Conferencia
Iberoamericana con miras al cumplimiento de los objetivos enunciados en el
Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General.
Artículo
3°. Estructura
La
Secretaría General estará integrada por un Secretario General, un Secretario
Adjunto y un Secretario para la Cooperación Iberoamericana.
El
Secretario General ocupa el puesto más alto en la estructura administrativa de
la SEGIB y es el responsable del funcionamiento de la Secretaría General
Iberoamericana.
El
Secretario General tendrá como sus principales colaboradores al Secretario
Adjunto y al Secretario para la Cooperación Iberoamericana.
El
Secretario General presentará a los Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación, y someterá a la aprobación de la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, una propuesta de organigrama con indicación de los
perfiles profesionales requeridos. Las eventuales propuestas de alteración del
organigrama aprobado deberán ser sometidas a los Ministros de Relaciones
Exteriores, con la propuesta del presupuesto – programa de que trata el
apartado (j) del Artículo 2°.
Artículo
4°. Del Secretario General
El
Secretario General será nombrado por consenso por los jefes de Estado y de
Gobierno, a propuesta de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, para
un mandato de cuatro años. El mandato podrá ser renovado por un período único
adicional.
El
Secretario General deberá ser nacional de uno de los países iberoamericanos y
haber desempeñado funciones de alta responsabilidad en uno de los países
miembros de la Conferencia o en una organización internacional.
El
Secretario General cesará en sus funciones al término de su mandato, o por
dimisión o separación del cargo acordada por los jefes de Estado y de Gobierno.
El
Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la misma
nacionalidad.
Artículo
5°. Atribuciones del Secretario General
Corresponden
al Secretario General las siguientes atribuciones:
a) Ser
Secretario de las Cumbres;
b)
Participar en las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, en las
reuniones sectoriales de Ministros y en las de Coordinadores Nacionales, con
voz pero sin voto;
c)
Proponer a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores un calendario anual
de reuniones de la Conferencia, incluidas aquellas de carácter sectorial;
d) Ejercer
la representación legal de la Secretaría;
e) Actuar
ante los organismos internacionales de conformidad con las instrucciones
específicas y mandatos recibidos de las Cumbres o de las Reuniones de Ministros
de Relaciones Exteriores;
f)
Orientar, coadyuvado por el Secretario para la Cooperación Iberoamericana, la
planificación, organización, dirección y coordinación de las actividades de la
Secretaría General en pro de la Cooperación Iberoamericana;
g)
Transmitir a la Secretaría Pro-Tempore las comunicaciones recibidas de terceros
Estados u Organizaciones que requieran de decisión o conocimiento de la
Conferencia;
h)
Identificar y sugerir a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para
su aprobación, con la recomendación de los Coordinadores Nacionales y, cuando
corresponda, de los Responsables de Cooperación, posibles fuentes adicionales
de financiación para los programas y proyectos de la SEGIB y de la Cumbre;
i) Ejercer
la custodia de los documentos y archivos en poder de la SEGIB;
j) Ejercer
la guardia y la custodia del patrimonio de la SEGIB;
k) Someter
a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación las
propuestas de reglamentos internos de la SEGIB y las propuestas para su
actualización, con las recomendaciones previas de los Coordinadores Nacionales
y de los Responsables de la Cooperación Iberoamericana cuando corresponda; y
cualesquiera
otras que le sean encomendadas por la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado
y de Gobierno.
Artículo
6°. Del Secretario Adjunto y del Secretario para la Cooperación.
1. El
Secretario Adjunto y el Secretario para la Cooperación Iberoamericana serán
nombrados por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para un mandato
de 4 años, renovable por un período único adicional.
El
Secretario General, el Secretario Adjunto y el Secretario para la Cooperación
deberán ser nacionales de países iberoamericanos diferentes.
2.
Corresponden al Secretario Adjunto las siguientes funciones:
a)
Coadyuvar junto con el Secretario General al apoyo técnico, administrativo e
institucional a las Cumbres, Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y
otras instancias de la Conferencia;
b) Asistir
al Secretario General en las tareas de administración superior de la
Secretaría;
c)
Reemplazar ad interim al Secretario General en los casos de ausencia o
de impedimento temporales del titular de la Secretaría; y
d)
Cualesquiera otras que le asigne el Secretario General.
En caso de
que el cargo de Secretario General quede vacante, el Secretario Adjunto será
responsable de la Secretaría hasta el nombramiento de un nuevo titular por la
Cumbre Iberoamericana.
3.
Corresponden al Secretario para la Cooperación Iberoamericana las siguientes
funciones:
a) Asistir
al Secretario General en la planificación, organización, dirección y
coordinación de las actividades de cooperación de la SEGIB;
b) Apoyar
a los países miembros de la Conferencia en la presentación de las iniciativas y
en la ejecución de los programas y proyectos de Cooperación Iberoamericana,
propiciando su articulación y complementariedad;
c)
Realizar el seguimiento de las iniciativas y la evaluación de los Programas
Cumbre y Proyectos adscritos a la Conferencia Iberoamericana e informar de ello
en la reunión de Responsables de Cooperación;
d)
Asegurar la coordinación en materia de cooperación con las instancias establecidas
en el marco iberoamericano y cualquier otra Institución u Organismo con los que
deba relacionarse en cumplimiento de sus funciones;
e)
Favorecer la promoción y difusión pública de la Cooperación Iberoamericana; y
f)
Cualesquiera otras que le asigne el Secretario General.
Artículo
7°. Personal
El
personal de la SEGIB será nombrado por el Secretario General, de acuerdo con el
Reglamento de Personal que será aprobado por la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores.
Todo el
personal de la SEGIB deberá ser nacional de país iberoamericano, será
seleccionado en función de su capacidad, idoneidad y perfil profesional,
garantizándose además en su selección la representación geográfica equitativa y
el equilibrio de idioma, así como la perspectiva de género.
El
personal de la SEGIB estará vinculado a la Secretaría por una relación
contractual.
Las
reuniones de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación
Iberoamericana podrán recomendar al Secretario General la adscripción, por
plazo fijo y determinado, de funcionarios o expertos presentados por algún país
miembro de la Conferencia para contribuir a la ejecución de una actividad,
proyecto o programa específico.
Mientras
permanezcan vinculados a la Secretaría, los miembros del personal de la SEGIB y
los funcionarios o expertos a ella adscritos no solicitarán ni recibirán
instrucciones de Gobiernos o autoridad ajena a la Secretaría, y se abstendrán
de actuar de forma incompatible con la condición de quienes prestan sus
servicios en un organismo internacional.
Artículo
8°. Presupuesto
El
presupuesto – programa anual de la SEGIB,
conforme al Reglamento Financiero que será aprobado por la Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores, deberá identificar los ingresos y los gastos
proyectados para los programas, proyectos y actividades de trabajo previstas
para el año siguiente al de su presentación.
El
presupuesto-programa será financiado a través de las contribuciones de los
Estados miembros, según escala de cuotas establecida de acuerdo con los criterios
convenidos por la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores con base en
las recomendaciones formuladas por los Coordinadores Nacionales y Responsables
de Cooperación Iberoamericanos.
Artículo
9°. Acuerdo de Sede
De
conformidad con el Artículo primero del Convenio, la sede de la SEGIB
estará en Madrid, España.
La SEGIB
acordará con el Estado sede las condiciones de acogida, que incluirán todas las
facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y, en particular,
el reconocimiento de privilegios, e inmunidades.
El
Secretario General someterá el proyecto de Acuerdo de Sede a la aprobación de
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
Artículo
10. Idiomas
Los
idiomas oficiales y de trabajo de la Secretaría General serán el español y el
portugués.
Artículo
11. Entrada en vigor
En
cumplimiento del Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la SEGIB,
este Estatuto será aprobado en la XIV Cumbre de San José de Costa Rica.
El
presente Estatuto entrará en vigor en la fecha en que lo haga el Convenio de
Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la SEGIB, sin menoscabo de los
procedimientos internos de cada Estado Miembro.
Artículo
12. Enmiendas.
Toda
enmienda al presente Estatuto deberá ser aprobada por la Cumbre Iberoamericana,
en base a las recomendaciones que proponga la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
1. A todos
los efectos legales, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) sucede a la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y
obligaciones. La SECIB continuará ejerciendo sus funciones hasta la entrada en
vigor del Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría
General Iberoamericana. En tanto no sea aprobado el primer presupuesto anual de
la SEGIB, el Secretario General dispondrá de la sede y de los recursos humanos
y materiales de la SECIB.
2. Desde
el momento de su designación, el Secretario General podrá realizar las
actividades necesarias para la puesta en marcha de la Secretaría.
3. El
Secretario General comunicará por vía diplomática a los Ministros de Relaciones
Exteriores iberoamericanos el nombramiento del personal directivo de la
Secretaría General, y someterá para su aprobación sus primeras disposiciones en
materia presupuestaria.
Aprobado
en San José, Costa Rica, el día veinte de noviembre del año dos mil cuatro.
VISTO EN
EL MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
La Paz 18
de febrero de 2005.
Firma
Dra. Ruzena
Villarroel Montaño.
Jefe
Departamento de Legalizaciones.
Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
Hay sello
El
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, DIRECCION DE LEGALIZACIONES
CERTIFICA
que la firma de:…, guarda similitud con las que cursan en nuestro registro.
La Paz…
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.
C.,  4 de mayo de 2005
Aprobado.
Sométase a la Consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
Constitucionales.
(Fdo.),
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.), Carolina
Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébanse el “Convenio
de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos
mil cuatro (2004) y del “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado
en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro
(2004).
Artículo 2°. De conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos
mil cuatro (2004) y del “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado
en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro
(2004), que por el Artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán al país
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
los mismos.
Artículo 3°. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
La
Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian
Francisca Toro Torres.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio
Ramón Otero Dajud.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo
Ape Cuello Baute.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino
Lizcano Rivera.
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de
la Corte Constitucional, conforme al Artículo 241-10 de la Constitución
Política.
Dada en Bogotá,
D. C., a 25 de junio de 2007.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando
Araújo Perdomo.
III.   INTERVENCION
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Por medio de
escrito presentado el 22 de agosto de 2007, Edgar Iván Ramírez Ángel, actuando
en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte que
declare la constitucionalidad de la ley aprobatoria y del referido convenio,
por las siguientes razones.
En primer lugar,
el interviniente hace unas consideraciones previas sobre la importancia de la
cooperación entre los Estados miembros de la comunidad iberoamericana y dentro
de ese contexto resalta que desde la Declaración de Santa Cruz de la Sierra en
el año 2003, los jefes de Estado de Iberoamérica decidieron abrir el proceso de
suscripción y ratificación del Convenio mediante el cual se creó la Secretaría
General Iberoamericana – SEGIB, con sede en Madrid. Este convenio fue adoptado
formalmente el 12 de mayo de 2004, en Costa Rica, quedando abierto a firmas
desde esa fecha. Así mismo señala que el Estatuto de la Secretaría General
Iberoamericana fue adoptado el 20 de noviembre de 2004 en San José de Costa
Rica.
El interviniente
destaca el liderazgo de Colombia en impulsar el pronto establecimiento de la
Secretaría como órgano de diálogo político y de cooperación iberoamericana, así
como órgano de apoyo a las Cumbres Iberoamericanas, con el fin de “contribuir
a la consolidación de la comunidad iberoamericana de naciones,” fomentar “la
cooperación, el acercamiento e interacción de los actores de la cooperación
iberoamericana, la difusión de las lenguas y cultura comunes,” así como “la
profundización del conocimiento mutuo y el fortalecimiento de las instituciones
y asegurarle una proyección internacional a Iberoamérica.”
A continuación,
el interviniente describe el trámite seguido en el Congreso de la República
para la aprobación de la Ley 1140 de 2007, resaltando que éste cumplió con los
requisitos constitucionales y legales exigidos para las leyes aprobatorias de
tratados internacionales.
En tercer lugar,
el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores describe el contenido del
tratado resaltando que el Convenio consta de 1 considerando que resume las
reuniones concertadas en el marco iberoamericano desde la primera cumbre
celebrada en Guadalajara en 1991, y 14 artículos, distribuidos así: (1)
artículo 1: mediante el cual se crea la Secretaría, (2) Artículo 2, que fija
los objetivos de esta Secretaría; (3) artículos 3 a 5, que precisan las
funciones de la Secretaría, (4) los artículos 6 a 9 que fijan las reglas sobre
independencia, financiación, privilegios e inmunidades, así como idiomas
oficiales y de trabajo; (5) el artículo 10 que contiene la cláusula sobre
firma, ratificación y entrada en vigor; (6) los artículos 11 a 14, que fija las
reglas en materia de enmiendas, duración del tratado, denuncia, interpretación
y depositario, y (7) dos disposiciones transitorias que el Estatuto de la
Secretaría será elaborado por los Ministros de Relaciones Exteriores en la XIV
Cumbre Iberoamericana.
En cuarto lugar,
el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores hace el análisis material
del convenio y señala que éste es un desarrollo claro de los principios
constitucionales de promoción de la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas y sociales con las demás naciones, que establecen los
artículos 226 y 227 de la Carta, así como del numeral 2 del artículo 189
Superior.
En quinto lugar,
el interviniente señala que el convenio también es compatible con el artículo 2
constitucional, porque contribuirá a promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Carta,
así como con el artículo 9 pues es un desarrollo armónico de los principios de
soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y del respeto a los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
IV.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, rindió el concepto No. 4396,
mediante oficio del 10 de octubre de 2007, a través del cual solicita que tanto
la Ley 1140 de 2007, como el “Convenio de Santa Cruz de la
Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana”,
adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro
(2004) y el “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado en San
José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004)”, sean
declarados exequibles. Las razones de su solicitud se resumen a continuación.
Desde del punto
de vista formal, el Procurador señala que la Ley 1140 de 2007 cumplió a
cabalidad el trámite constitucional y legal previsto para este tipo de leyes.
Desde el punto
de vista material, luego de describir el contenido del convenio el Procurador
señala que el convenio “busca que mediante la cooperación entre los Estados
Iberoamericanos y la labor de la Secretaría General, se desarrolle
positivamente la situación cultural, económica y social de los Estados Parte,
lo cual cumple con los fines del Estado contenidos en el artículo 2º de la
Carta Política, de servir a la comunidad y promover la prosperidad general.
Además, el Convenio desarrolla los fines esenciales del Estado, en razón a que
se fundamenta en la democracia y en el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, garantizando la efectividad de los principios,
derechos y deberes contenidos en la Constitución Política.”
Agrega
que el convenio está encaminado “a desarrollar las relaciones de cooperación
en el marco de las cumbres de la Conferencia Iberoamericana, a reforzar el
diálogo político ya existente y a afianzar la solidaridad y participación de
los ciudadanos en la construcción de un espacio económico, social y cultural
entre Colombia y las naciones Iberoamericanas, a través de la creación de la
Secretaría General Iberoamericana. Lo anterior, cumple con los cometidos del
Preámbulo, y de los artículos 9, 222 y 227 de la Carta Política, pues
internacionaliza las relaciones políticas, económicas y sociales sobre bases de
reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, y propendiendo por la
integración de la comunidad latinoamericana y del Caribe.”
Resalta
que el convenio cumple con lo establecido por el artículo 9° de la Carta, en
cuanto salvaguarda la soberanía nacional del Estado colombiano, al señalar
expresamente en los principios consagrados en las Cumbres de Guadalajara,
Madrid y Salvador, el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no
intervención en los asuntos internos de cada Estado y el derecho de cada pueblo
a construir libremente su sistema político y sus instituciones.
Por todo lo
anterior concluye que el “Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de
la Secretaría General Iberoamericana adoptado en San José de Costa Rica el doce
(12) de mayo de 2004 y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana
aprobado en San José de Costa Rica el veinte (20) de noviembre de 2004” y su
ley aprobatoria, la Ley 1140 de 25 de junio de 2007, son exequibles.
V.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.
Competencia de la Corte Constitucional en
materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados.
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la
sentencia C-468 de 1997,[2] dicho control se caracteriza por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva[3], pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
En
cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los
tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el
artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de
la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de
aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
Dada la
naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado.[4] Si
el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y,
a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.[5]
En
cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de
la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para
determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política.
Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la
ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.
La revisión formal de la Ley aprobatoria
2.1.
Remisión de la ley aprobatoria y del Convenio
por parte del Gobierno Nacional
El Secretario Jurídico de la Presidencia
de la República remitió a esta Corporación, el 28 de junio de 2007 copia de la
Ley 1140 de 2006, del 25 de junio de 2007, por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría
General Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de
mayo de dos mil cuatro (2004) y el “Estatuto de la Secretaría General
Iberoamericana”, aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de
noviembre del año dos mil cuatro (2004),” para su control constitucional,
de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir,
dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241
de la Constitución Política.
2.2.
Negociación y celebración del Tratado
La
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que
los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la
negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de 22 de agosto de
2007, manifestó que el convenio fue suscrito por la Ministra de
Relaciones Exteriores, por lo que, de conformidad con lo que
establece el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados,[6] no
era necesario que se le otorgaran plenos poderes, dado que la celebración de
tratados se encontraba dentro de sus funciones ordinarias.
2.3.
Aprobación presidencial
El 4 de mayo de
2005,
el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al Convenio
de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos
mil cuatro (2004) y al “Estatuto de la Secretaría General
Iberoamericana”, aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre
del año dos mil cuatro (2004),”.” De igual forma, ordenó someter al
Congreso la
aprobación de estos dos instrumentos internacionales. Para tal fin, la Ministra
de Relaciones Exteriores presentó a consideración del Congreso el convenio y el
estatuto en mención.
2.4.
Trámite realizado en el Congreso de la República
para la formación de la Ley 1140 de 2007
Salvo la exigencia de iniciar el trámite
de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado
de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial
para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde
el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los
artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el Proyecto de Ley 243 de 2006 Senado, 308 de 2006
Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.
El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 74 de 2005 Senado
El
Proyecto de Ley 74 de 2005 Senado fue presentado el 4 de mayo de 2005 ante la
Secretaría del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson. El texto original junto con la respectiva exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 561
de 2005.[7]
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado, fue presentada por el Senador Enrique Gómez Hurtado, en sentido
favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 892 de 2005.[8]
El Proyecto
de ley 74 de 2005 Senado fue anunciado el 7 de diciembre de 2005, para ser
discutido y aprobado en primer debate, los días martes y miércoles 13 y 14 de
diciembre de 2005.[9] El anuncio
se hizo en los siguientes términos:
COMISION
SEGUNDA DEL SENADO
DE
LA REPUBLICA
ACTA
NUMERO 15 DE 2005
(diciembre
7)
(….)
El
señor Secretario, informa a la Presidencia lo siguiente:
En la
sesión del día de hoy miércoles 7 de diciembre, se anuncian para ser votados
los días martes y miércoles 13 y 14 de diciembre de 2005 los siguientes
proyectos de ley:
(…)
- Proyecto
de ley número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Convenio de Santa Cruz de La Sierra Constitutivo de Secretaría General Iberoamericana,
adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro
(2004) y el “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado
en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro
(2004).
Ponente:
honorable Senador Enrique Gómez Hurtado.
(…)
Informo
señor Presidente que esos son los proyectos cuyos títulos y ponentes se
encuentran encima del escritorio de los Senadores en el Orden del Día, a su
disposición.
Al
finalizar la sesión se dijo:
Si los honorables
Senadores no tienen algo que proponer entonces citamos para el próximo martes
13 a las 10:00 a. m. de la mañana para empezar la discusión de estos proyectos
anunciados. (…)
Este
anuncio fue reiterado en la sesión del 13 de diciembre de 2005, según consta en
el Acta No. 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 de
2006, para ser votado en la sesión del 28 o 29 de marzo de 2006. En esa
oportunidad el anuncio se hizo en los siguientes términos:
VI
Proyectos de ley para
anunciar y ser votados en la sesión del martes 28 o miércoles 29 de marzo de
2006
(…)
2. Proyecto
de ley número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Convenio de Santa Cruz de La Sierra Constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo
de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos
mil cuatro (2004).
Ponente: honorable
Senador Enrique Gómez Hurtado.
El
Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en
constancia de 8 de agosto de 2007,[10]
certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 29 de
marzo de 2006, con un quórum deliberatorio y decisorio de 12 de los 13
Senadores que conforman la Comisión, según consta en el Acta No. 17 de esa
fecha, publicada en la Gaceta No 221 de 2006. Según consta en el Acta No. 17 en
la sesión del día 29 de marzo de 2006, se dio lectura a la ponencia para primer
debate y posteriormente, el texto del proyecto y el título del mismo que se
sometieron a consideración de la célula legislativa, siendo aprobado en esta
sesión.[11]
La ponencia para segundo debate en
el Senado fue presentada por el Senador Enrique Gómez Hurtado y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 117 de 2006, páginas 6-8.
El
proyecto de ley fue anunciado por primera vez para ser “debatido y aprobado
en la próxima sesión” por el Senado de la República en la sesión ordinaria
del 16 de mayo de 2006, según consta en el Acta No. 47 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 150 de 2006.[12] Este
anuncio fue reiterado varias veces: (i) en la sesión del 31 de mayo de 2006, según
consta en el Acta No. 50 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 189 de 2006;[13] (ii)
en la sesión del 6 de junio de 2006, según consta en el Acta No. 51 de esa
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 225 de 2006;[14] y (iii)
en la sesión del 7 de junio de 2006, según consta en el Acta No. 52
de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 226 de 2006.[15] (iv)
En la sesión del 12 de junio de 2006, se dio lectura de la ponencia y se inició
el debate del proyecto, pero se aplazó la aprobación del mismo hasta que se
conformara el quórum decisorio. Como el quórum no se conformó, al final de la
sesión se reiteró el anuncio de la votación del proyecto de ley para la
siguiente sesión plenaria.[16]
De
acuerdo con certificación del Secretario General del Senado de la República, el
proyecto de ley fue finalmente aprobado en segundo debate en la Plenaria del
Senado, en sesión del día 13 de junio de 2006, con un quórum deliberatorio y
decisorio de 98 Senadores de los 102 que conforman la Plenaria del Senado,
según consta en el Acta No. 54 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 231 de 2006.[17]
Debido
a las discrepancias entre los textos aprobados[18] por
la Plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, se conformó una
comisión accidental de conciliación. El Informe de la Comisión de Conciliación
fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 127 de 2007. La votación del
informe de conciliación fue anunciada en la sesión del 24 de abril de 2007,
para ser votada en la próxima sesión plenaria, según consta en el Acta No. 51 Publicada
en la Gaceta del Congreso No. 229 de 2007.[19] El
informe fue votado y aprobado en la sesión plenaria del 2 de mayo de 2007,
según consta en el Acta No. 52 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 269 de 2007.
2.4.2.
El trámite en la Cámara de Representantes del
Proyecto de ley 300 de 2006 Cámara, 74 de 2005 Senado
La ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada
por la Representante Fabiola Olaya Rivera, y
fue publicada en la Gaceta del Congreso No 327 de 2006.[20]
El
Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante
constancia del 13 de agosto de 2007,[21] certificó
que en cumplimiento de lo ordenado por el Acto legislativo 01 de 2003, el
proyecto fue anunciado el día 5 de septiembre de 2006, tal como consta
en el Acta No. 07 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 475 de
2006.[22] En la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el anuncio ordenado en el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de la siguiente manera:
COMISION
SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
HONORABLE
CAMARA DE REPRESENTANTES
ACTA
NUMERO 07 DE 2006
(septiembre
5)
(…)
VII
Anuncio
proyectos de ley para primer debate
(Artículo
8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
1. Proyecto de ley
300/2006 Cámara, 74/2005 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría
General Iberoamericana, adoptado en San José de Costa Rica, el 12 de mayo de
2004 y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San
José de Costa Rica, el 20 de noviembre de 2004.
Según
esa misma certificación, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad con
la asistencia de 18 Representantes, el día 12 de septiembre de 2006, según
consta en el Acta No. 08 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 475 de 2006.[23]
La ponencia
para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también
fue presentada por la Representante Fabiola
Olaya Rivera,
y publicada en la Gaceta del Congreso No. 467 de 2006.[24]
De
conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes del 23 de agosto de 2007,[25] en
el proyecto fue anunciado la sesión Plenaria del día 25 de
octubre de 2006, Acta número 21 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 609 de 2006.[26] El
anuncio se realizó en los siguientes términos:
ACTAS DE PLENARIA,
Número 21 de la Sesión
Ordinaria del día miércoles 25 de octubre de 2006
(…)
Se anuncian los temas,
proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la tarde:(…)
Proyecto de ley número 300 de
2006 Cámara, 74 de 2005 Senado
Según
la certificación precitada, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de
la Cámara el día 31 de octubre de 2006 por mayoría de los presentes, con la
asistencia de 158 Representantes, según consta en el Acta 22 de esa misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 607 de 2006.[27]
Debido
a las discrepancias entre los textos aprobados por la Plenaria del Senado y de
la Cámara de Representantes, se conformó una comisión accidental de
conciliación. El Informe de la Comisión de Conciliación fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 129 de 2007. La votación del informe de conciliación
fue anunciada en la sesión del 4 de mayo de 2007, para ser votada en la próxima
sesión plenaria, según consta en el Acta No. 46 Publicada en la Gaceta del
Congreso No. 241 de 2007.[28] El
informe fue votado y aprobado en la sesión plenaria del 8 de mayo de 2007,
según consta en el Acta No. 47 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 263 de 2007.
2.4.3.
El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1140 de 2007
De
acuerdo con la descripción anterior, el Convenio de Santa Cruz de la
Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, adoptado en San
José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto
de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José, Costa Rica, el
veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).y la
Ley que los aprobó surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la
ley, en los siguientes aspectos.
2.4.3.1.    Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad
con lo que señala el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley que
se refieran a relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado
de la República. En el caso bajo estudio, el proyecto de ley efectivamente
inició su trámite en el Senado.
2.4.3.2.    Términos de 8 y 15 días que deben mediar entre debates
Según
el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas
aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y
la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en
una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. En el caso bajo
estudio, estos términos se cumplieron así:
a)     En el
Senado: el primer debate en la Comisión fue el 29 de marzo de 2006y el segundo
debate en la Plenaria del Senado fue el 13 de junio de 2006.
b)    En la
Cámara: el primer debate en la Comisión de la Cámara se realizó el 12 de
septiembre de 2006 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara, se efectuó el 31
de octubre de 2006.
Es
decir se respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días del artículo
160 en mención.
2.4.3.3.    Publicaciones oficiales.
El
artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la
publicación oficial por el Congreso de la proyecto y de la ponencia antes de
darle curso en la comisión respectiva.[29]
Estas publicaciones se cumplieron así:
a)     Publicación
del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos
en la Gaceta del Congreso de la República No. 561 de 2005.
b)    En el
Senado, publicación de la ponencia para el primer debate de Comisión de Senado
se hizo en la Gaceta del Congreso No. 892 de 12 de diciembre de 2005 y el
proyecto fue debatido y aprobado el 29 de marzo de 2006. Para segundo debate,
la ponencia se publicó el 15 de mayo de 2006 en la Gaceta del Congreso No. 117
de 2006, y fue debatido y aprobado el 13 de junio de 2006.
c)     En la
Cámara, la ponencia para primer debate se publicó el 29 de agosto de 2006 y se
debatió y aprobó el 12 de septiembre de 2006, y para el segundo debate, se
publicó la ponencia el 19 de octubre de 2006, y se discutió y aprobó en
Plenaria, el 25 de octubre de 2006.
Por
lo anterior, concluye la Corte Constitucional que se cumplió la exigencia de
publicación del artículo 157, numeral 1, de la Carta.
2.4.3.4.    Quórum y mayorías.
En
cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas
certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se
dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la
exigencia constitucional. En las Gacetas del Congreso donde fueron publicadas
las sesiones en las que se realizó la votación del proyecto en cada una de las
etapas del proceso legislativo, consta que estas votaciones fueron realizadas sin
que ninguno de los congresistas solicitara la verificación del quórum decisorio
ni de las mayorías.
2.4.3.5.
Anuncio previo previsto en el artículo 8 del
Acto Legislativo 1 de 2003
En
cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,[30] que
adicionó el artículo 160 de la Carta, encuentra la Corte que dicho requisito
también se cumplió.[31]
En
cuanto a lo ocurrido en el Senado de la República se encontró lo siguiente:
(i)
Anuncio para primer debate: el
proyecto de ley fue anunciado por primera vez el día 7 de diciembre de 2005,
para ser discutido y votado los días 13 y 14 de diciembre de 2005.[32] El
anuncio fue reiterado en la sesión del 13 de diciembre de 2005 como proyecto
que sería votado en las sesiones del 28 o 29 de marzo de 2006.[33]
En la Comisión
Segunda del Senado el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8
del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes
razones: (a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión por instrucciones
del Presidente; (b) se empleó la expresión “ser
votados” para señalar expresamente para qué asunto
estaban siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta
Corporación, (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe
hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y
determinada, o por lo menos, determinable”.[34] En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló la
fecha en la cual tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 074 de 2005
Senado, por lo cual, para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, era
claro cuándo sería discutido y votado el proyecto. Si bien es cierto que la
citación para votación del proyecto se hizo señalando dos fechas probables para
su ocurrencia, los congresistas sabían que dependiendo del avance del orden del
día, la votación del proyecto ocurriría en uno de los dos días. El anuncio
respetó entonces la cadena de anuncios y se hizo de manera clara de acuerdo a
la exigencia constitucional.[35]
(ii)   Anuncio
para segundo debate: el proyecto de ley fue anunciado
para su debate y aprobación en segundo debate en la Plenaria del Senado por
primera vez el día 16 de mayo de 2006, en los siguientes términos: Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión (…) Proyectos para Segundo Debate (…) Proyecto de ley
número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), adoptado en San José de Cosa Rica el doce (12) de mayo de dos mil
cuatro (2004) y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil
cuatro (2004).[36]
Este anuncio se reiteró en 4 ocasiones más,[37]
siempre señalando que se citaba para discusión y votación. En la sesión del 12
de junio de 2006, se inició el debate del proyecto, pero se aplazó la votación
para la siguiente sesión por falta de quórum, razón por la cual el anuncio se
reiteró al final de la sesión. El proyecto fue aprobado el 13 de junio
de 2006, según consta en el Acta No. 54 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No 231 de 2006.[38]
En la Plenaria
del Senado de la República, el requisito del anuncio previo que establece el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario del Senado,
por instrucciones de la Presidencia de esa Corporación. (b) Si bien ha señalado
esta Corporación que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando ello no es así, tal
situación no implica un incumplimiento de esta exigencia constitucional, si del
contexto general se puede inferir que la expresión empleada para anunciar el
proyecto comprende su votación.[39] En el caso bajo estudio, el anuncio se hizo para para “discutir” y “aprobar” el proyecto, expresiones que se han entendido como sinónimas de
los vocablos “deliberar”
y “votar”. Por lo tanto,
en el contexto en que se anunció el Proyecto de ley
número 074 de 2005 Senado, los parlamentarios sabían que el anuncio
correspondía al exigido por la Constitución. (c) El anuncio se hizo de manera
clara, empleando la expresión “la próxima sesión,” es decir, que se trataba de una fecha determinable que permitía a
los congresistas cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué asunto
estaban siendo convocados. (d) La secuencia de anuncios se reiteró hasta que
finalmente se produjo la votación del proyecto, la cual ocurrió efectivamente
en la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el último anuncio,
respetando así la cadena de anuncios exigida por la
Carta.
En lo que
respecta al anuncio de la votación del informe de conciliación en el Senado de
la República, este también respetó las exigencias constitucionales. En efecto,
el anuncio se hizo para “discusión y aprobación” en la próxima sesión, el día
24 de abril de 2007, y la votación se llevó a cabo el día 2 de mayo de 2007,
tal como consta en las Gacetas del Congreso No. 229 y 269 de 2007.
En
cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes se encontró lo siguiente:
(i)
Anuncio para primer debate: el
proyecto fue anunciado el día 5 de septiembre, tal como consta en el
Acta No. 07 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 475 de 2006, incluyendo
dentro del punto VII del orden del día “Anuncio proyectos de ley para primer
debate (Artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003” [40] El
proyecto de ley fue aprobado el día 12 de septiembre de 2006, según
consta en el Acta 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
475 de 2006.
En la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes se dio pleno cumplimiento al requisito que establece el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003: (a) El anuncio lo hizo la Secretaria de la
Comisión por instrucciones del Presidente. (b) Si bien esta Corporación ha
señalado que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando
ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta exigencia
constitucional, si del contexto general se puede inferir que la expresión
empleada permite comprender que el asunto para el cual estaban siendo
convocados los congresistas era la votación del proyecto. En este caso, al
hacer el anuncio no se empleó ninguna expresión relativa a “aprobación”
o “votación” de proyectos, pero se hizo mención expresa al
cumplimiento del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. En
cuanto al señalamiento de la fecha en que sería votado el proyecto, la
Secretaria no indica la fecha exacta en la que sería discutido y votado el
proyecto de ley 300 de 2006 Camara, 074 de 2005 Senado. (c) La votación
se hizo efectivamente en la siguiente sesión, respetando así la cadena de
anuncios exigida por la Carta.
(ii)     Anuncio
para segundo debate: el proyecto fue anunciado
la sesión Plenaria del día 25 de octubre de 2006, según consta en el Acta
número 21 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 609 de
2006, y se hizo en los siguientes términos: “Se anuncian los temas,
proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la tarde:(…)
Proyecto de ley número 300 de 2006 Cámara, 74 de 2005 Senado.”[41] El
proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 31 de
octubre de 2006, según consta en el Acta 25 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 607 de 2006.[42]
En la Plenaria de
la Cámara de Representantes, el requisito del anuncio previo que establece el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario de la Cámara,
por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los
términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara utiliza la
expresión “debatir”.
Dado que esta expresión se usó en el contexto de la deliberación y votación de
los proyectos de ley, era posible inferir que se estaba convocando a la
Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley y actas de
conciliación mencionados. (c) El anuncio se hizo de manera clara, para el “proximo
martes,” una fecha determinada que permitía a los congresistas saber cuándo
exactamente tendría lugar la votación y para qué asunto estaban siendo
convocados. (d) La votación se hizo efectivamente en la sesión inmediatamente
posterior a aquella en que se hizo el anuncio, respetando así la cadena de anuncios exigida por la Carta.
En relación con
el anuncio de votación del informe de conciliación en la Cámara de
Representantes, este también respetó las exigencias constitucionales. En
efecto, el anuncio se hizo “de acuerdo con el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003”, el día 4 de mayo de 2007, y la votación se llevó a
cabo el día 8 de mayo de 2007, tal como consta en las Gacetas del Congreso No.
241 y 263 de 2007.
Resalta la Corte
que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por
el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley
sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii)
especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Proyecto de ley 074 de 2005 Senado, 300 de 2006 Cámara,” y (iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones
señaladas en el anuncio previo. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la
correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés
en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación
del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los
fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad.
En
consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista
formal, la Ley 1140 de 2007 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la
Carta Política y en la Ley 5 de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3.
La revisión del Convenio y del Estatuto desde
el punto de vista material
3.1.
Descripción del contenido material del Convenio
y del Estatuto
El
Convenio consta de un Considerando y 14 artículos. En el considerando se
establece que el contenido del Convenio parte de las bases creadas en las
reuniones concertadas en el marco de la Conferencia Iberoamericana, celebradas
en Guadalajara, Madrid y Salvador, y en las cuales se resaltaron como
principios orientadores de la Conferencia Iberoamericana el fortalecimiento de
la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial y del
principio de no intervención en los asuntos internos de cada Estado y el
derecho de cada pueblo a construir libremente su sistema político y sus
instituciones.
La
Secretaría General Iberoamericana se creó como organismo internacional, dotado
de personalidad jurídica y capacidad para celebrar actos y contratos necesarios
para el cumplimiento de los fines de la Conferencia Iberoamericana.
El
artículo 1, crea la Secretaría General Iberoamericana como un organismo
internacional, dotado de personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar
actos y contratos necesarios para cumplir con sus fines, de conformidad con los
principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana.
El
artículo 2 consagra como objetivos de la Secretaría, a saber “contribuir al
fortalecimiento de la comunidad iberoamericana y asegurarle una proyección
internacional;” “coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las
Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas;” “fortalecer la labor
desarrollada en materia de cooperación en el marco de la conferencia
iberoamericana, promoviendo la cooperación, de conformidad con el Convenio de
Bariloche;” y “promover los vínculos históricos, culturales, sociales y
económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la
diversidad de sus pueblos.”
En
los artículos 3, 4 y 5 se señalan las funciones de la SEGIB, haciendo claridad
en que tales funciones serán fijadas en el Estatuto, que debe ser aprobado por
los jefes de Estado y de Gobierno para dar apoyo institucional a las Cumbres.
Asimismo, se dispone que la Secretaría General estará conformada por un
Secretario General, un Secretario Adjunto y un Secretario para la Cooperación
Iberoamericana, que serán nombrados por consenso de los jefes de Estado y de
gobierno, a propuesta de la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones
Exteriores, y deberán ser nacionales de países diferentes. Sus funciones se
establecerán en el Estatuto.
El
artículo 6 se refiere a la independencia en el cumplimiento de deberes, que se
traduce en que los directivos y demás miembros de la Secretaría, no podrán
solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad
ajena a la Conferencia. El artículo 7, dispone que la financiación de la
Secretaría se haga a través de las contribuciones de los Estados miembros,
según la escala de cuotas que acuerde la Reunión Plenaria de Ministros de
Relaciones Exteriores. En el artículo 8 se establece que el personal de la
Secretaría General contará con privilegios e inmunidades reconocidos en el
acuerdo de sede entre la Secretaría y el Estado anfitrión, además de las
internacionalmente reconocidas para los miembros de las organizaciones
internacionales. El artículo 9 indica que los idiomas oficiales y de trabajo
para la Secretaría serán el español y el portugués.
Los
artículos 10, 11, 12, 13 y 14 se refieren a la firma, ratificación, entrada en
vigor, enmiendas, denuncias, duración e interpretación del Convenio.
Finalmente,
el Convenio contempla dos disposiciones transitorias. La primera, establece que
el Estatuto de la Secretaría, previamente negociado por los coordinadores
nacionales, será elevado por los Ministros de Relaciones Exteriores, a la
aprobación por consenso de los jefes de Estado y de gobierno en la XIV Cumbre
Iberoamericana. La segunda, señala que para todos los efectos legales, la
Secretaría General Iberoamericana sucede a la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana, en sus derechos y obligaciones, sin afectar la continuidad de
los programas de cooperación que se encuentren en ejecución entre los Estados
Parte del Protocolo al Convenio de Bariloche.
Por
su parte el Estatuto de la Secretaría General, contiene 12 artículos y tres
disposiciones transitorias, en las que se determinar la naturaleza, funciones
del Secretario General, estructura, sede y presupuesto de la Secretaría.
En ellos se
define a la Secretaría General como el órgano permanente de apoyo
institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana y se la
dota entre otras de las funciones de ejecución de los mandatos que reciba de
las Cumbres y Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores; de
fortalecimiento de la cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana,
así como la presentación de propuestas de programas, proyectos e iniciativas de
cooperación a la reunión de los Responsables de Cooperación Iberoamericana para
su aprobación de conformidad con el Convenio de Bariloche.
En el artículo 1
(Naturaleza), se define a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) como un
órgano permanente de apoyo institucional, técnico y administrativo de la
Conferencia Iberoamericana. En el Artículo 2, define las funciones de la
Secretaría, entre las cuales se destacan la ejecución de los mandatos que
reciba de las Cumbres y Regiones de Ministros de Relaciones Exteriores de los
Estados Parte, la preparación, organización y seguimiento de las Cumbres
Iberoamericanas y de las reuniones ministeriales que se realicen, así como de
órgano de coordinación con la Secretaría Pro-Tempore, las Cumbres
Iberoamericanas y las Reuniones Sectoriales de Ministros que se realicen en el
marco de la Conferencia Iberoamericana.
En el artículo
3, se establece la estructura de la Secretaría General, integrada por un
Secretario General, un Secretario Adjunto y un Secretario para la Cooperación
Iberoamericana. Los artículos 4 y 5 definen las funciones y atribuciones del
Secretario General, la duración del mandato por 4 años. El artículo 6 fija las
reglas para el nombramiento del Secretario Adjunto y del Secretario para la
Cooperación, y su período.
El artículo 7
que define cómo se nombrará el personal de la Secretaría General. Por su parte
en el artículo 8 se establece que el presupuesto de la Secretaría General
deberá ser fijado anualmente, y tendrá como fuente de financiación las cuotas
que establezca la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores con base en
las recomendaciones formuladas por los Coordinadores Nacionales y Responsables
de Cooperación Iberoamericanos. El artículo 9 se determina que la sede de la
Secretaría estará en Madrid, España. En artículo 10 se establecen como idiomas
oficiales y de trabajo el español y el portugués.
Finalmente, los
artículos 11 y 12 consagran las cláusulas finales del Estatuto relativas a la
entrada en vigor y posibilidad de enmiendas.
Como
disposiciones transitorias se establecen las reglas bajo las cuales la
Secretaría General Iberoamericana reemplazará en funciones y obligaciones al a
la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y
obligaciones, las facultades del Secretario General desde su designación y el
mecanismo de comunicación de los nombramientos de personal que este haga, para
su aprobación presupuestal en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
iberoamericanos.
3.2.
La constitucionalidad del Convenio y del
Estatuto
La
Corte procede a analizar si las disposiciones del tratado resultan acordes con
la Constitución.
Revisado
el contenido de cada uno de los artículos del Convenio descritos en el apartado
anterior, encuentra la Corte Constitucional que la estructura, funciones y las
reglas para el funcionamiento de la Secretaría General Iberoamericana que
establece el Convenio están efectivamente orientadas a garantizar que ésta
cumpla sus funciones como instancia de coordinación de la cooperación que surja
en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, y en esa medida contribuye al
desarrollo cultural, económico y social de los Estados Parte. En esa medida, el
convenio resulta compatible con lo que establece el artículo 2º de la Carta
Política, de servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Además,
el Convenio desarrolla los fines esenciales del Estado, en razón a que se
fundamenta en la democracia y en el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, garantizando la efectividad de los principios,
derechos y deberes contenidos en la Constitución Política.
El
Convenio está encaminado a desarrollar las relaciones de cooperación en el
marco de las cumbres de la Conferencia Iberoamericana, a reforzar el diálogo
existente y a afianzar la solidaridad y participación de sus miembros en la
construcción de un espacio económico, social y cultural entre Colombia y las
naciones iberoamericanas. La estructura, funciones y autonomía financiera de la
Secretaría previstas en el convenio aseguran que ésta pueda servir de apoyo
institucional y de coordinación con las demás instancias de la Conferencia
Iberoamericana. Lo anterior, cumple con los cometidos del Preámbulo, y de los
artículos 9, 222 y 227 de la Carta Política, al establecer un mecanismo para internacionalizar
las relaciones políticas, económicas y sociales de Colombia con los países
iberoamericanos, sobre bases de reciprocidad, equidad y de conveniencia
nacional.
En
cumplimiento de lo establecido por el artículo 9° de la Carta, el Convenio
salvaguarda la soberanía nacional del Estado colombiano, pues se fundamenta en
los principios consagrados en las Cumbres de Guadalajara, Madrid y Salvador,
sobre respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no intervención en
los asuntos internos de cada Estado y el derecho de cada pueblo a construir
libremente su sistema político y sus instituciones.
Así
las cosas, al estudiar el Convenio tanto en su aspecto formal como material,
este despacho considera que se ajusta a los preceptos constitucionales porque,
primero, se cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para
convertirse en parte integrante del ordenamiento jurídico interno; y, segundo,
su contenido desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta
Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de
un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
Por
su parte, el Estatuto de la Secretaría General establece esta instancia
internacional como un órgano de coordinación de la política de cooperación entre
las naciones iberoamericanas, de conformidad con los mandatos y orientaciones
que surjan de las Cumbres Iberoamericanas de Ministros de Relaciones
Exteriores, lo cual resulta compatible con los artículos 9, 222 y 227 de la
Carta Política. La estructura y funcionamiento de la Secretaría definido en el
Estatuto, descrito en el apartado anterior, muestra también que el
funcionamiento de órgano es respetuoso de la soberanía nacional y del principio
de no intervención en asuntos internos como quiera que el mandato concreto de
la Secretaría depende de las decisiones soberanas que adopten los Ministros de
Relaciones Exteriores en las distintas reuniones que se realicen en el marco de
la Conferencia Iberoamericana.
Por todo lo
anterior, desde el punto de vista material el Convenio y el Estatuto examinados
en nada contrarían la normatividad constitucional, por lo que la Corte
Constitucional procede a declararlos exequibles.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1140 de 2007 “por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos
mil cuatro (2004) y el “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil
cuatro (2004).”
SEGUNDO.-
Declarar EXEQUIBLES el “Convenio de Santa Cruz de la Sierra
constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana”, adoptado en San José de
Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el “Estatuto
de la Secretaría General Iberoamericana”, aprobado en San José, Costa Rica, el
veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO
DE VOTO
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR
GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
IMPEDIMENTO
ACEPTADO
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-189 DE 2008 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Omisión constituye vicio insubsanable
(Salvamento de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Requisito
constitucional (Salvamento de voto)
Referencia: expediente
LAT-309
Revisión de constitucionalidad de
la Ley 1140 de 2007, “por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana”, adoptado en San José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos
mil cuatro (2004) y el “Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana”,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil
cuatro (2004)”
Magistrado
Ponente:
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi
voto a la presente decisión, por cuanto en mi concepto la Ley 1140 de 2007
adolece de un vicio de procedimiento insubsanable, consistente en no haberse
cumplido en debida forma con la secuencia de avisos previos y en sesión
diferente de la sesión en la que se debatirá y votará sobre el respectivo
proyecto de ley, establecido en el inciso final del artículo 160 de la Carta
Política, acorde con el principio democrático y de publicidad del procedimiento
legislativo. Por consiguiente, a mi juicio, la citada ley ha debido ser
declarada inexequible.
En este sentido,
me permito reiterar los argumentos con base en los cuales sostengo que el
requisito del anuncio previo para votación con el lleno de todas las exigencias
constitucionales es fundamental para la validez de las normas jurídicas y su
falta constituye un vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en
primer lugar, al problema de teoría del derecho respecto de la producción de las
normas jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo
para votación de los proyectos como requisito constitucional.
1. El problema
de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su
importancia en el control constitucional
El problema de
la producción de las normas jurídicas dentro de un sistema jurídico, el cual
apareja a su vez el de la validez de las normas jurídicas, supone una posición
de principio de teoría y filosofía del derecho, que tiene importantes
consecuencias teóricas y prácticas para el tema del control constitucional.
Se hace
necesario entonces tomar una postura clara de teoría y filosofía del derecho,
en relación con el concepto de norma jurídica, el cual entraña el concepto de
validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva necesariamente la pregunta por
el modo de producción jurídico-institucional de las normas. De este modo,
tenemos que en un sistema jurídico es fundamental determinar en primer término,
qué es norma jurídica, elemento básico y esencial del derecho, como el concepto
de “célula” para la biología. Por ello, la primera parte de teoría del
derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación de lo que es norma
jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de cuándo un enunciado
normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros términos, a la pregunta
por la validez de los preceptos jurídicos[43].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[44].
No obstante, el
derecho no está compuesto por una sola norma sino por una pluralidad de normas
jurídicas. En consecuencia, la segunda parte de la teoría del derecho es la que
se refiere a la teoría del ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica
de las normas[45].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los
problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la
estructura fundamental de la teoría del derecho, es claro entonces que el
primer problema fundamental del sistema jurídico es la determinación de qué es
una norma jurídica, cuándo una norma nace al ordenamiento jurídico, o en otros
términos, qué normas pertenecen y cuáles no al sistema jurídico, problema que
se encuentra analítica e intrínsecamente ligado al problema de la validez de la
norma jurídica, el cual es un problema tan fundamental y esencial en el derecho
que es anterior al problema de la vigencia y de la eficacia de las normas,
puesto que la respuesta a este primer interrogante permite esclarecer la
cuestión de la carta de nacimiento o naturaleza jurídica propiamente
dicha de las normas, la pertenencia de las normas a un sistema jurídico,
o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento de las normas como
jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir, como enunciados
normativos jurídicos-positivos.
En este orden de
ideas, aparece claro que la pregunta fundamental en el derecho es la pregunta
por la existencia y validez de las normas jurídicas, por qué es norma jurídica,
cuestiones que determinan la teoría de los actos jurídicos y la teoría de la
nulidad en el derecho, desde la inexistencia de norma, la nulidad de la norma,
hasta la existencia de norma con vicio o sin vicio de producción o formación.
De manera que el cuestionamiento esencial en el derecho es entonces el de cómo
surgen las normas en el mundo jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido
correctamente en el mundo jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para su creación. Este cuestionamiento
corresponde exactamente a la pregunta por la validez.
La pregunta por
la validez de las normas jurídicas, es decir, por la cuestión de si un
enunciado normativo es norma jurídica, o en otros términos, si  pertenece al
sistema jurídico, de conformidad con las reglas prefijadas por el propio
sistema para su reproducción, es la pregunta fundamental que se debe hacer en
el derecho, para posteriormente, y sólo si es contestada afirmativamente esta
pregunta por la validez, se pueda continuar preguntando por la vigencia y la eficacia
de las normas jurídicas válidas.
Esta
característica propia de las normas jurídicas como válidas, es lo que llevó  a
Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece al mundo del “deber ser”
y no al mundo del “ser”, ya que la pregunta por el derecho es la
pregunta por la validez de la norma jurídica, es decir, por la existencia
deontológica, y no la pregunta por la existencia fenomenológica de las cosas,
lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a sostener que por ello mismo
la lógica formal no funciona para el derecho, por cuanto su finalidad es la
constatación de una correspondencia con un fenómeno del mundo del ser, mientras
que en cambio en el derecho de lo que se trata es de constatar si una norma es
válida, es decir de si existe en el mundo del derecho o del “deber ser”
y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y prevén los presupuestos
para su producción jurídica[46].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto,
hay que recordar que el sistema jurídico es como el ave fénix que se crea y se
reproduce a sí mismo, y contiene por tanto normas que estipulan la forma de la
reproducción de las normas jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas
secundarias”[47].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[48].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[49]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos
específicos entre cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra
Cámara (art. 160); límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162),
la sanción presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien,
cuando se hace control de constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar
a comprobar la validez de la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el
camino demarcado por el propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de
producción del derecho, para que pueda catalogarse tal norma como norma válida.
El control constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta,
ya que cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder
otorgar carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por
la validez jurídica de las normas y el control constitucional respecto de dicha
validez jurídica, sigue siendo por tanto un tema de trascendental importancia
para el derecho y esto es precisamente lo que controla en primera instancia el
Tribunal Constitucional, la pregunta sobre cuáles enunciados normativos
pertenecen efectivamente o no al ordenamiento jurídico. Todos los demás temas
son por tanto posteriores al tema de la validez, es decir, el tema de la
vigencia, de la eficacia y el análisis de si el contenido sustancial de la
norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de
validez.  Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción
normativa deviene de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto
final, es decir el Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta inmediatamente
su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es así, por cuanto es
el propio derecho el que determina su forma de producción y ello es la garantía
que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros de convivencia social
pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él mismo, en cabeza del
Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por fruto del capricho o el
deseo de quien produzca normas, lo que estaría más cercano a la vivencia del
Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de un ente diferente del
soberano.
2. El anuncio
previo como requisito constitucional para
votación de los proyectos de ley (Artículo 160 C. P)
Respecto de la
trascendencia constitucional del requisito establecido en el artículo 160 constitucional,
esta Corte ha manifestado:
“El inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto
de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente
se haya anunciado.  En el mismo sentido, establece que el aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,[50]
el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este precedente
ha previsto, además, las condiciones fácticas requeridas para acreditar el
cumplimiento de la obligación del anuncio de la votación.  Así, resultará
comprobado el requisito cuando (i) el anuncio de la votación de un proyecto de
ley se realiza en sesión anterior y, por ende, distinta a la que se lleve a
cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la Presidencia de la cámara
correspondiente informa expresa y claramente a sus integrantes que determinado
proyecto de ley será sometido a votación en sesión posterior; y (iii) la fecha
de esa sesión posterior para la cual fue convocada la votación sea determinada
o, al menos, determinable.
En el mismo
sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es
un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la
disposición.  Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento
legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política.  Por ende, hace
parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez
del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por
lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de
supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma
perspectiva y de conformidad con lo expresado anteriormente, esta exigencia
busca hacer eficaces tanto el principio de publicidad y transparencia en el
trámite legislativo, como la democracia participativa y el respeto de las
minorías parlamentarias. Así, se trata de un presupuesto formal relevante para
la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas,
esto es, que hace parte del mínimo de requisitos exigibles para que el
procedimiento de formación de las leyes cumpla con sus propósitos constitucionales.
Por último, la
omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta el
trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de consecutividad,
la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la formación de las
leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones antecedentes.  En esa
medida, no sería posible aplicar la facultad de subsanación prevista en el
parágrafo del artículo 241 C.P.
( … ) La Sala
insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el
inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que al interior de las cámaras
legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles
son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión
y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[51](Negrilla
fuera de texto)
En conclusión,
el cumplimiento del anuncio previo con el lleno de las exigencias
constitucionales hace efectivo al interior del trámite parlamentario de leyes y
actos legislativos una serie de principios constitucionales, dentro de los que
se realza el Estado Social de derecho. Principios éstos que pretenden que los
congresistas conozcan qué proyectos van a ser sometidos a debate y
votación.  Lo anterior, como resultado del principio de contradicción, pilar de
las sociedades democráticas, el cual busca que las normas que rigen la sociedad
sean debatidas, discutidas y posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es
indispensable que los congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué
momento del trámite parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y
votados.
Ahora bien, de
no cumplirse dicho conocimiento antecedente por parte de los congresistas, no
existiría la idónea formación de la ley o del acto legislativo como expresión
de la voluntad democrática. Esto por cuanto dicho desconocimiento impediría la
oportunidad de debatir, discutir y hasta votar dichos proyectos por parte de
los congresistas. En consecuencia, la norma resultante de un proceso que
adolece del requisito señalado, no responde a la expectativa cierta de los
asociados quienes depositan su confianza en los órganos del Estado, en este
caso el Congreso, de que las normas se guiarán por los causes de producción que
la Constitución, como norma de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente,
otras cuatro razones fortalecen y ratifican la exigencia, dentro del trámite de
aprobación de una ley, del requisito establecido en el artículo 160
Constitucional.  Estas son:
a.  La
Constitución Política de Colombia establece en su artículo 183 las causales de
pérdida de  investidura de los congresistas; dentro de las cuales se encuentra
la señalada en el numeral segundo que indica: “Por la inasistencia, en un
mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. “  (Negrilla
fuera de texto)
Así las cosas,
el ordenamiento superior prevé que un congresista de la República puede perder
su investidura por el hecho de no asistir en un mismo período de sesiones a
seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley.  En este orden
de ideas, el anuncio previo de los proyectos de ley que serán debatidos y
votados en sesión posterior cierta y determinada (artículo 160 constitucional)
es sin duda una garantía que la misma norma superior estableció para los
congresistas, los cuales, conocedores de que un proyecto se debatirá y votará
en sesión posterior cierta y determinada y, de las consecuencias señaladas en
el artículo 183 numeral 2 de la Constitución, asumen las responsabilidades que
la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el
contrario, el no cumplimiento del anuncio previo de que trata el artículo 160
constitucional, deja sin sustento la garantía constitucional que la norma
superior ha otorgado a los congresistas para que asuman sus funciones con la
responsabilidad que les es debida.  En otras palabras, el no cumplimiento del
requisito esbozado impediría exigir responsabilidad a los congresistas con base
en el artículo 183 numeral 2 constitucional, por falta de conocimiento de la
reunión plenaria en la que se votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo
orden de ideas, cualquier ciudadano necesita conocer, de manera cierta y
determinada, cuándo se va a votar un proyecto de ley que lo puede afectar, ya
que se debe legislar consultando el interés general. Lo anterior, con el
propósito de que pueda hacer valedero el principio constitucional de
participación en las decisiones políticas en cabeza de todos los ciudadanos,
consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103, 153, 154, 155, 159 de la
Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano puede ejercer no sólo la
vigilancia y el control social sobre la producción de las normas jurídicas que
le van a ser aplicadas sino que igualmente puede participar de manera activa en
la toma de esas decisiones, lo cual es un presupuesto del ordenamiento jurídico
democrático y la cultura participativa.
Así pues, el
desconocimiento del anuncio previo expresado en la norma constitucional ya
mencionada con anterioridad, impide que el ciudadano vigile y controle
socialmente la producción de las normas jurídicas y que participe, como lo
señala la Constitución Política, y asista, como  lo permite el artículo 71 de
la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las sesiones y toma de decisiones por parte
del Congreso. Específicamente, el ciudadano, carecería del conocimiento
respecto de la sesión cierta en la cual se va a debatir y aprobar un proyecto
de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo
160 de la Constitución al exigir que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que
por consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación, en realidad lo que está señalando es un prerrequisito
de competencia del Congreso de la República para votar proyectos de ley y
actos legislativos.
En otras
palabras, la Constitución establece que el Congreso de la República, sea las
comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente para votar un
proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de manera única cuando
se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata el artículo 160
constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la competencia
constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior por falta
del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución mencionada.
Por tanto, si el
Congreso vota un proyecto de ley sin la realización o la mala realización del
anuncio previo, tantas veces mencionado, estaría actuando por fuera de las
competencias asignadas constitucionalmente y por consiguiente el acto
constituye una irregularidad superlativa a la luz de la Constitución por ser
contrario a ésta, lo cual acarrea una sanción mayor por no respetar el
procedimiento establecido, sanción ésta consistente en la expulsión del
ordenamiento jurídico.
Así pues, al
señalar la Constitución de manera expresa una prohibición – que ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella que
previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación – su
no cumplimiento genera de manera inmediata la incompetencia del Congreso de la
República – comisiones o Cámara en pleno – para votar dicho proyecto de ley. En
consecuencia, de votarse un proyecto de ley sin el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos para el anuncio previo para votación consagrado en el
artículo 160 constitucional se estaría violando la prohibición constitucional
anotada, se estaría actuando sin competencia y dicho acto traería consigo un
vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión del ordenamiento jurídico.
d.
Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo 160 por el Acto Legislativo 01
del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un proyecto será sometido a votación
lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación” (negrilla fuera de texto), con el
fin de darle mayor seriedad, solemnidad y certeza a la determinación de la
sesión en la cual se llevará a cabo la votación.
De conformidad
con esta disposición superior es claro que la obligación del anuncio para
votación tiene que ser realizada por la presidencia de cada Cámara o de la
comisión correspondiente, de lo cual resulta evidente que el cumplimiento de
este requisito constitucional es tan importante que el mismo constituyente no se
lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó al propio presiente(a) de cada
Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la
Corte, la exigencia de que el anuncio lo haga la presidencia de cada Cámara o
comisión trae importantes consecuencias jurídicas a saber: (i) en primer lugar,
que si el anuncio no lo hace la presidencia de cada Cámara o comisión, entonces
no existe anuncio alguno; (ii) en segundo lugar, que si se llega a presentar
una discrepancia entre lo anunciado por la presidencia frente a lo anunciado
por el secretario, prevalece en todo momento el anuncio hecho por la
presidencia; (iii) en tercer lugar, que esta función se le otorgó a la
presidencia de la Cámara o comisión correspondiente, con el fin de que no
existiera duda respecto de cuándo se va a votar de forma cierta y determinada
el proyecto legislativo, al otorgarle mayor seriedad, solemnidad y certeza al
anuncio.
Pues bien, en
síntesis la exigencia constitucional establecida en el artículo 160 determina
como norma de producción del derecho, que “ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado.  El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación“
Así las cosas,
requisitos de producción del derecho, como el del anuncio previo,  establecido
en la propia Constitución hace que el vicio que respecto de éste se presente
sea insubsanable, por la alta trascendencia que al interior de un Estado
de Derecho posee la decisión popular vertida en la Constitución Política, al
optar por  la forma de producción del derecho que va a seguir.
3.
Con fundamento en lo anterior, el suscrito magistrado reitera, como lo he sostenido
en innumerables oportunidades, que la exigencia de cumplimiento del anuncio
para votación contenido en el artículo 160 Superior no es un simple formalismo
sino que es de fundamental importancia en un Estado constitucional y
democrático de Derecho puesto que atañe directamente al problema de la  validez
de las normas jurídicas y de su legitimidad democrática, y que su falta o
irregularidad constituye un vicio procedimental insubsanable por ser una
exigencia de origen constitucional que insisto, se encuentra fundamentada en la
exigencia de validez de las normas jurídicas y en la garantía de la
transparencia y la participación en el procedimiento democrático de creación de
leyes.
En
consecuencia, discrepo de la declaratoria de exequibilidad adoptada en la
presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr. Cuaderno 10 de
pruebas.Por
un error en la publicación, el texto de la Ley 1140 de 2007 fue publicado
inicialmente de manera incompleta, esto es sin el texto del “Estatuto de la
Secretaría General Iberoamericana” en el DIARIO OFICIAL AÑO CXLIII. N.
46670. 25, Junio, 2007. PAG. 7.
[2] Corte
Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero. Esta
doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas
otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682 de
1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[3] Ver Corte
Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, MP: Fabio Morón
Díaz; C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[4] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del
Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se
tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la
ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la
posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª
de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de
1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un
proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios
Internacionales.
[5] El artículo 19 de
la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata
(...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos
tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la
Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones
de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático);
otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por
ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos
excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención
Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De
manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales
del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo
20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[6] Adoptada como
legislación interna mediante Ley 32 de 1985.
[7] Gaceta del Congreso No
561 de 25 de agosto de 2005, pp-4-10.
[8] Gaceta del
Congreso No.
892
del 12 de diciembre de 2005, pp. 11-13.
[9] Gaceta del Congreso
No. 124 de 2006, p. 19-20
[10] Cfr. Folio 1,
Cuaderno 4 de pruebas.
[11] Gaceta del Congreso
No 221 de 2006, pp. 3-4. El debate se desarrolló en los siguientes términos:
[12] Gaceta
del Congreso No. 150 de 2006. El anuncio se hizo en los siguientes términos: Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión (…) Proyectos para Segundo Debate (…) Proyecto de ley
número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), adoptado en San José de Cosa Rica el doce (12) de mayo de dos mil
cuatro (2004) y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana,
aprobado en San José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil
cuatro (2004).”
[13] Gaceta
del Congreso No. 189 de 2006. El anuncio se hizo en los siguientes términos: “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la siguiente sesión: (…) Proyectos para segundo debate: (…) Proyecto de ley
número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa
Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
adoptado en San José de Cosa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004)
y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José,
Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).”
[14] Gaceta
del Congreso No. 225 de 2006. El anuncio se hizo en los siguientes términos: “Por instrucción
de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 001 de 2003,
la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
siguiente sesión: Señora Presidenta, los proyectos para el día de mañana son
los siguientes: (…) Proyectos para segundo debate (…) Proyecto de ley número 74
de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la
Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), adoptado
en San José de Cosa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el
Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José, Costa
Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).
[15] Gaceta
del Congreso No. 226 de 2006. El anuncio se hizo en los siguientes términos: “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión. Señora Presidenta, los proyectos para debatir en la
siguiente sesión, son los siguientes: Proyectos en Segundo Debate (…) Proyecto
de ley número 74 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana,
SEGIB, adoptado en San José de Cosa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro
(2004) y el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San
José, Costa Rica, el veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).”
[16] Gaceta del
Congreso No. 227 de 2006. La repetición del anuncio de la votación del proyecto
se hizo en los siguientes términos: “La Presidencia indica a la Secretaría
continuar con el siguiente punto del orden de día. Proyecto de ley número 74 de
2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa Cruz de La
Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) adoptado en San José de Costa
Rica, el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto de la
Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José, Costa Rica, el veinte
(20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004). (…) La Presidencia concede el
uso de la palabra al honorable Senador ponente Enrique Gómez Hurtado. Palabras
del honorable Senador Enrique Gómez Hurtado. (…) La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe. Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia. La Presidencia somete a consideración de la plenaria la
proposición leída y, cerrada su discusión aplaza su aprobación, hasta tanto se
registre el quórum decisorio. La Presidencia indica a la Secretaría continuar
con el siguiente punto del orden de día. (…) No habiendo quórum decisorio para
votar los proyectos que han sido ya cerrados en su debate general, no podemos
continuar sino hasta mañana, señor Secretario sírvase leer los proyectos que
serán debatidos y aprobados en el día de mañana. Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría
anuncia los Proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima semana.
(…)Los proyectos para segundo debate son: (…) Proyecto de ley número 74 de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la Sierra
constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, adoptado en San
José de Costa Rica el doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el Estatuto
de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José, Costa Rica, el
veinte (20) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).
[17] Gaceta del Congreso
No. 231 de 2006, pp. 3,
48.
[18] Entre los textos
aprobados por ambas Cámaras se presentaron discrepancias tanto en el título del
proyecto como en el artículo 1. Gaceta del Congreso No. 129 de 2007, pp. 31-32
[19] El
anuncio de la votación del Informe de conciliación se hizo en los siguientes
términos: “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima semana. (…) Sí, para la próxima sesión los siguientes son los
proyectos, Proyecto de ley número 074 de 2005 Senado (…) están leídos los
proyectos señor Presidente para la próxima sesión.”
[20] Gaceta del Congreso
No 327 de 2006, páginas 10-12.
[21] Cfr. Folio 53,
Cuaderno 5 de pruebas.
[22] Gaceta del
Congreso
No. 475
de 2006, página 11.
[23] Gaceta del
Congreso
No. 475
de 2006, pp.22, 29-31.
[24] Gaceta del Congreso
No. 467 de 2006, pp.4-6.
[25] Cfr. Folio 3,
Cuaderno 3 de pruebas.
[26] Gaceta del Congreso
No. 609 de 2006, p. 16.
[27] Gaceta del Congreso
No. 607 de 2006, p. 16.
[28] El
anuncio de la votación del Informe de conciliación se hizo en los siguientes
términos: “La
Secretaría General informa (doctor Jesús A. Rodríguez): De acuerdo con
el artículo 8° del Acto Legislativo 01 se anuncian los proyectos. (…) Informe
de conciliación al Proyecto de ley 300 de 2006 Cámara, 074 de 2005 Senado. (…)
Los proyectos se están anunciando con el quórum que estuvo registrado, aquí no
se ha levantado la Plenaria, tendrían que pedir una verificación y se pueden
anunciar con quórum deliberatorio, es decir con la presencia de más de 42
Representantes. (…) Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor
Alfredo Ape Cuello Baute): Se levanta la sesión, se cita para el martes a
las 3 de la tarde.
[29] Constitución
Política, Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
║ 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle
curso en la comisión respectiva. (…)”
[30] El artículo 160
de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la
Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║
Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.”
[31] Acerca de este
requisito dijo la Corte Constitucional en el Auto 089 de 3 de mayo de 2005, MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, así como en el Auto 038 de 2004, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa y la Sentencia C-533 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis: “A
partir del 3 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia el Acto
Legislativo 01 de 2003, debe darse cumplimiento al mandato contenido en el
artículo 8 de dicho Acto Legislativo, el cual adicionó con un último inciso el
artículo 160 constitucional y según el cual ‘Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación. ║ “La finalidad principal de dicho precepto
constitucional es, tal como lo ha reconocido esta Corporación, ‘permitir a los
Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas’(…) Adicionalmente, dicha reforma facilita a los
ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la
formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de
participación política (Artículo 40 C. P.) con el fin de incidir en el
resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el
principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 CP.) ║ “La Corte
ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una
sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una
sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.[ Corte Constitucional,
Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes] La
exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los
proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del
desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el
día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la
Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad cuando
se realizará la votación.”
[32] Gaceta
del Congreso No.
124 de 2006.
[33] Gaceta del Congreso
No. 124 de 2006.
[34] Corte Constitucional.
Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[35] Corte Constitucional,
Sentencia C-576 de 2006. MP Manuel José Cepeda Espinosa. Al respecto dijo la
Corte: “no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta
Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio, o si del contexto
existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la
votación.”Ver al respecto la sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[36] Gaceta del congreso No. 150 de 2006.
[37] La secuencia de
anuncios ocurrió así: (i) en la sesión del 31 de mayo de 2006, Gaceta del Congreso
No. 189 de 2006; (ii) en la sesión del 6 de junio de 2006, Gaceta del Congreso
No. 225 de 2006; y (iii) en la sesión del 7 de
junio de 2006, Gaceta del Congreso No. 226 de 2006. (iv) En la sesión del 12 de
junio de 2006, Gaceta del Congreso No. 227 de 2007.
[38] Gaceta del congreso No. 231 de 206.
[39] Ver, entre otras, la sentencia C-473 de 2005, MP:
Manuel José Cepeda, SV parcial: Alfredo Beltrán Sierra., Jaime Araujo Rentería
se dijo lo siguiente: “Por ejemplo, el
concepto de primer debate o de segundo debate abarca tanto la discusión como la
votación, como lo dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al definir
“debate”.(…) Del mismo modo, la expresión “considerar” implica no solo
reflexionar sobre un asunto sino hacerlo para cumplir la función propia de cada
célula legislativa, consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este
sentido, someter a consideración implica mucho más que discutir o deliberar,
puesto que cuando las comisiones constitucionales permanentes y las plenarias
consideran un proyecto lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su
atribución de concurrir a la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el
contexto de la actividad legislativa, la expresión “considerar” tiene un
alcance diferente al que se deriva del uso que puede dársele a este vocablo en
el medio académico o en una reunión informal. Por lo tanto, si bien en el
ámbito parlamentario discutir y deliberar, de un lado, son categorías
diferentes a las de votar y decidir, de otro lado, el concepto “considerar”
lejos de ser asimilable a alguna de estas categorías comprende tanto la
discusión como la votación, o sea, la consideración, en sentido parlamentario,
de los proyectos de ley.”
[40] Gaceta del
Congreso
No 475
de 2006.
[41] Gaceta del Congreso
No. 609 de 2006, p. 16.
[42] Gaceta del Congreso
No. 607 de 2006, p.16.
[43] Sobre el concepto y la validez de las normas jurídicas ver Hans
Kelsen, Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, Fontamara, México,
1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo, Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios
de teoría y metateoría del derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999,
págs. 92-110, 307-343.
[44] Norberto Bobbio, Teoría del Derecho, Editorial Temis,
2007, Págs. 3-139.
[45] Ibidem, Págs. 143-265.
[46] Sobre este tema consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho,
Porrua, 1998.
[47] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[48] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 125-137.
[49] Ibidem, Pág. 133.
[50] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,
C-333/05,  C-400/05, y C-473/05.
[51] Corte Constitucional Sentencia C- 930 de
2005.