T-339-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-339/05
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida digna
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Hipótesis fácticas que la determinan
COMITE TECNICO CIENTIFICO DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Su concepto no es requisito indispensable para otorgar medicamentos
o tratamientos
COMITE TECNICO CIENTIFICO DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Función administrativa
Referencia: expediente T-1020748
Acción de tutela instaurada por  la señora María Lucila Taquez
contra el Seguro Social, Seccional Cauca.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., seis ( 6 ) de abril de dos mil cinco (2005).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO
BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Popayán, en primera instancia, y la Sala de Decisión Civil Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en segunda, en el
trámite de la acción de tutela iniciada por la señora María Lucila Taquez
contra el Seguro Social, Seccional Cauca.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 9 de
septiembre de 2004, la señora María Lucila Taquez solicita el amparo de su
derecho fundamental a la vida en conexidad con el derecho a la salud,
presuntamente violados por la entidad demandada.
La solicitud de amparo se sustenta en los
siguientes:
1. Hechos.
1.1 La actora es
pensionada del Seguro Social. Se encuentra afiliada al sistema de seguridad
social en esa misma entidad. Para el momento de presentación de la demanda de
tutela recibía una asignación mensual de trescientos cincuenta y ocho mil
($358.000) pesos.
1.2 Indica la
actora que cinco (5) meses antes de presentar la acción de tutela le fueron
diagnosticadas por un médico tratante de la entidad demandada de la ciudad de
Popayán, las enfermedades llamadas artrosis[1],
osteoporosis[2]
y fibromialgia[3].
1.3. Cuenta que
fue remitida al especialista reumatólogo, quien le practicó un examen de
densitometría ósea[4],
confirmó el diagnóstico y le formuló el medicamento Actonel®[5] 35 mg (resiedronato
sódico 35 mg[6])
por un año, previendo los riesgos de fracturas inminentes.
1.4 Señala que
la entidad demandada le negó la entrega de dicho medicamento por encontrarse
excluido del Plano Obligatorio de Salud (POS).
Narra que
solicitó la autorización del mentado medicamento al comité técnico científico
de la entidad demandada, y que éste negó su entrega con el argumento de que no
existía evidencia de riesgo de fractura y de que la paciente no había acudido a
tratamientos sí prescritos en el POS como la utilización de calcio o calcitriol[7].
1.5 Además indica
que  su médico tratante le ha prescrito otros medicamentos excluidos del POS,
tales como la Diroxina Relax y Tizaten; fármacos que también le han sido
negados.
1.6 Por último,
manifiesta que la falta de suministro de los medicamentos anotados, en especial
del Actonel®[8]
35 mg (resiedronato sódico 35 mg) le está causando graves perjuicios en su
salud, ya que padece de intensos dolores causados por sus afecciones y no
cuenta con recursos económicos  diferentes de una insuficiente mesada pensional
que no le alcanza para sufragar el costo del tratamiento.
Con fundamento
en tales hechos, la señora Taquez hace la siguiente:
2. Solicitud
La actora
exhorta a la autoridad judicial para que ampare los derechos fundamentales
presuntamente violados por la demandada y que en consecuencia se sirva
ordenarle el suministro inmediato del medicamento Actonel® 35 mg (resiedronato
sódico 35 mg), según las fórmulas presentes y futuras y los demás medicamentos
que pueda requerir hacia el futuro para el tratamiento de lo diagnosticado.
3. Trámite de
instancia.
3.1 Mediante
auto de 9 de septiembre de 2004, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Popayán avoca conocimiento del proceso de tutela y corre traslado a la entidad
demandada para que en el término de tres (3) días rinda informe en relación con
el objeto de la demanda de tutela.
3.3 Surtido el
trámite arriba indicado, el Seguro Social, Seccional Cauca, se opone a la solicitud
de amparo de la actora.
Aduce la parte
demandada que resulta cierto que la integridad de los medicamentos prescritos a
la actora están excluidos del POS. En este sentido – agrega- sólo pueden ser
autorizados para su entrega si se demuestra que existe una afectación a la
salud de la demandante y que los  tratamientos que sí se encuentran  previstos
en el POS son ineficaces para tratar el mal de la paciente.
En este sentido
añade que la dolencia que sufre la señora Taquez no pone en riesgo su vida y
que ésta no ha probado las alternativas terapéuticas previstas en el POS, por
lo que la demanda de tutela no debe estar llamada a la prosperidad.
Además indica
que el medicamento Actonel®[9]
35 mg es una denominación comercial del resiedronato sódico, y que la
normatividad vigente en la materia proscribe la entrega de fármacos bajo su
nombre comercial, por lo que resulta improcedente la solicitud de la actora.
También
considera que ordenar al Seguro Social la entrega de tal medicamento afectaría
el equilibrio del sistema que sienta sus bases en el listado de medicamentos
autorizados contenidos en el POS. Asegura que es la actora quién debería correr
con el costo de dicho medicamento, en atención de los principios de
universalidad, solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social en
salud.
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente.
- Copia de un comprobante de pago a pensionados correspondiente al mes
de julio de 2004, a nombre de María Lucila Taquez  y por trescientos cincuenta
y ocho mil ($358.000) pesos. (Folio 1)
-Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Lucila Taquez
(Folio 2)
- Copia de los
resultados del examen de denisometría ósea practicada a María Lucila Taquez el
16 de marzo de 2004. (Folios 3-5)
- Copia de
formulario de solicitud de medicamento no POS del Seguro Social a nombre de María
Lucila Taquez en el que se prescribe el resiedronato sódico. (Folio 6)
- Copia de
fórmula médica del Seguro Social en el que se prescribe el resiedronato sódico
(Folio 7)
- Copia de
formato de evolución de la enfermedad de la paciente María Lucila Taquez (Folio
8)
- Copia de una
petición hecha por María Lucila Taquez al gerente del Seguro Social, Seccional
Cauca, con fecha 2 de agosto de 2004, para que le fuera autorizada la entrega
del resiedronato sódico. (Folio 9)
- Copia de la
respuesta dada a la  petición hecha por la señora María Lucila Taquez el 2 de
agosto de 2004. Fechada el 6 de agosto de 2004 negándole el medicamento
resiedronato sódico.
- Copia de la
respuesta negativa dada por el comité técnico científico a la solicitud hecha
por María Lucila Taquez para la autorización del suministro del resiedronato
sódico. (Folio 11)
- Copia de
fórmula médica que prescribe los medicamentos Diroxina Relax y Tizaten a María
Lucila Taquez (Folios 12 y 13)
- Cotizaciones
hechas por la señora María Lucila Taquez de los medicamentos Actonel®[10] 35 mg (resiedronato
sódico 35 mg), Diroxina Relax y Tizaten en la farmacia de Comfacauca (Folios 14
y15)
II. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN
1. Sentencia
de primera instancia
Mediante
sentencia de 20 de septiembre de 2004, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Popayán decidió conceder el amparo solicitado por la actora.
Consideró el
Juez que se encontraba demostrado que el medicamento denominado Actonel® 35 mg
(resiedronato sódico) prescrito por el médico tratante a la señora María Lucila
Taquez era esencial para su salud y para garantizarle una vida digna a ésta.
Agregó que no se encontraba probado en el
expediente que el medicamento hubiese sido formulado bajo su nombre comercial
de Actonel y, por ende, ordenó al Seguro Social su entrega, en las posologías
formuladas, bajo la designación genérica de resiedronato sódico.
Autorizó a la entidad demandada para
repetir contra FOSYGA en lo que se encontrara excluido del POS.
2. Impugnación
La representante del Seguro Social
impugnó el fallo anteriormente aludido el 23 de septiembre de 2004.
Fundó la impugnación en los argumentos que
ya había expuesto en su contestación a la demanda de tutela.
3. Sentencia de segunda instancia
En fallo de 25 de octubre de 2004, la
Sala de Decisión Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán decidió revocar la sentencia del a quo y en su lugar negar el
amparo deprecado por la señora María Lucila Taquez.
Consideró el Tribunal que en el presente
caso no se había comprobado que el medicamento Actonel® 35 mg (resiedronato
sódico 35 mg) no pudiera ser sustituido por otro incluido en el POS con el
mismo nivel de efectividad, como tampoco que por la falta de tal medicamento se
encontrara en peligro la vida de la actora. Soportó sus consideraciones
enteramente en el informe del Comité Médico Científico de la entidad demandada
que señaló que la actora no había probado el tratamiento con calcio o
calcitirol y que la demandante no tenía riesgo de fractura.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE
LA CORTE.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar el
fallo de tutela dictado en la acción iniciada por la señora Ana Silvia Peña de
Gardeazábal contra el Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por lo dispuesto en Auto de la Sala de
Selección Número Doce de diciembre 6 de 2004.
2. Problema Jurídico.
En el presente caso esta Sala debe
establecer si se ha vulnerado el derecho a la salud, en conexidad con el
derecho fundamental a la vida, de la señora María Lucila Taquez, teniendo en
cuenta que el Seguro Social, Seccional Cauca, no le entrega los medicamentos
Actonel® 35 mg (resiedronato sódico 35 mg), Diroxina Relax y Tizaten; el
primero por encontrarse excluido del POS y no haber sido autorizada su entrega
por parte del Comité Técnico Científico de la entidad, los otros dos
simplemente por encontrarse excluidos del POS.
En el desarrollo de tal problema
jurídico, esta Sala reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
lo que tiene que ver con la autorización de medicamentos excluidos del POS y en
lo que refiere al carácter vinculante de los conceptos negando medicamentos
excluidos del POS rendidos por comités técnico- científicos de las entidades
que prestan sus servicios al sistema de seguridad en salud cuando éstos son
contrarios a las prescripciones dadas por médicos tratantes.
Para concluir, abordará el estudio del
caso concreto.
3. Autorización de medicamentos
excluidos del POS. Reiteración de Jurisprudencia.
En muchas ocasiones ha expresado esta
Corporación que la exclusión de un medicamento o de un procedimiento del POS no
puede ser pretexto para que se afecten los derechos fundamentales de los
usuarios del sistema de seguridad social en salud.
De allí que la Corte haya señalado en su
jurisprudencia que el juez de tutela debe ordenar a las entidades que prestan
sus servicios a dicho sistema la entrega de medicamentos excluidos del Plan
Obligatorio de Salud cuando se verifica el cumplimiento de los siguientes
requisitos[11].
a) La falta del medicamento o el
procedimiento excluido por el POS amenaza los derechos fundamentales de la vida
o la integridad personal del interesado;
b) Se trata de un medicamento o de un
procedimiento que no puede ser sustituido por uno de los contemplados en el
Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, no obtenga el mismo
nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de
efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente;
c) El paciente no puede sufragar el costo
del medicamento requerido, y no puede acceder a él por ningún otro modo o sistema.
d) El medicamento  fue prescrito por un
médico adscrito a la E.P.S. a la cual se halla afiliado el demandante.
4. Comité
Técnico Científico y médico tratante.
4.1 La Corte Constitucional ha definido
de tiempo atrás el carácter del comité técnico científico en su relación con el
paciente y con las prescripciones del médico que trata este último[12].
Ha concluido esta Corporación que los
dictámenes rendidos por tales comités no constituyen un requisito indispensable
para que el medicamento o tratamiento requerido por el usuario sea otorgado.
Ello porque, pese a su nombre, dichos comités no son en estricto sentido
órganos de carácter técnico.
La Corte ha
señalado que  la exigencia de que tan sólo uno de los miembros del comité sea
médico, muestra que no se trata de un tribunal profesional interno de la
entidad prestadora de salud y que, por ende, no puede ser considerado como un
comité profesional de galenos que puedan efectuar una revisión científica de
las autorizaciones de medicamentos o tratamientos, sino de un órgano
administrativo que debe asegurar que los actuaciones de la entidad y sus
procedimientos se adecuen a las formas preestablecidas, así como también
garantizar el goce efectivo de un adecuado servicio de salud de los usuarios.
De  allí que se
concluya que la función de dicho Comité es de tipo administrativo y que, por
ende, su dictamen no pueda preferirse, ni tenga el mismo carácter científico
que el que ha dado el médico tratante, ni pueda oponerse contra éste cuando de
conceder un medicamento o procedimiento excluido del POS se trata. Se prefiere
la opinión del profesional de salud que ha tratado al paciente debido a que se
ha entendido que éste es la persona más competente para determinar si el
paciente realmente necesita el medicamento en cuestión y la urgencia del
mismo por ser el especialista en la mate­ria y quien mejor conoce el caso.
Ahora bien, no es imposible que el médico
ordene el suministro de una droga que en realidad no se requiere.  En tales
eventos el Comité Técnico Científico tiene la facultad de negar el suministro
de los medicamentos que se hayan prescrito. No podrá, bajo ninguna
circunstancia,  hacerlo basándose en razones  administrativas o presupuestales,
y deberá disponer de criterios técnico-médicos amplios para adoptar una
decisión en contra de lo ordenado por el médico tratante. La simple opinión de
otro médico no bastará y, por el contrario, habrá de fundarse, por lo menos, en
la opinión científica de expertos en la respectiva especialidad y la historia
clínica del paciente.[13]
4. Estudio
del Caso Concreto.
4.1 En el caso bajo estudio la señora
María Lucila Taquez considera violado su derecho a la salud, en conexidad con
el derecho a la vida, porque el Seguro Social, Seccional Cauca, le niega la
entrega del medicamento Actonel® 35 mg (resiedronato sódico 35 mg), y de los
medicamentos Diroxina Relax y Tizaten; el primero por encontrarse excluido del
POS y no haber sido autorizada su entrega por parte del Comité Técnico
Científico de la entidad, los otros dos simplemente por encontrarse excluidos
del POS.
4.2 La Sala
primero despachará el asunto concerniente a los medicamentos Diroxina Relax y
Tizaten. A este respecto resulta necesario señalar que además de la afirmación
por parte de la demandante de que tales medicamentos le han sido prescritos,
hay en el expediente constancia de su formulación por parte de un médico
fisiatra[14]
perteneciente a una entidad llamada Rehabilitar en la Clínica la Estancia de
Popayán..
En este sentido
no podrá haber lugar a conceder el amparo en lo que respecta a dichos fármacos,
pues ha sido unánime la Corte al sostener que debe existir certeza sobre la
prescripción de los medicamentos por parte de un médico tratante adscrito a la
entidad demandada y no es este el caso presente, ya que no figura en la fórmula
médica de los fármacos que los galenos que los ordenaron presten sus servicios
para el Seguro Social. Además tampoco hay prueba de la negativa por parte del
Seguro Social de la entrega de la Diroxina Relax y del Tizaten.
El anterior
argumento se refuerza si se tiene en cuenta un formulario del que existe copia
en el folio 6º del expediente, y que da cuenta de que el Seguro Social,
Seccional Cauca, cuenta con formatos para que los médicos de tal entidad o los
autorizados por ella, receten lo que necesitan recetar; formulario que en el
que se referencia el Actonel® 35 mg (resiedronato sódico 35 mg), pero en el que
no se observa la anotación referente a los demás medicamentos, no pareciendo un
formulario igual a éste para ellos en ninguna otra parte del expediente.
4.3 Ahora, de la
misma prueba anteriormente reseñada se concluye que Actonel® 35 mg
(resiedronato sódico 35 mg), sí fue recetado por un médico de la demandada, y
que la prescripción se hizo bajo el nombre de su componente activo, es decir,
resiedronato sódico 35 mg.
Observa la Sala
que en el evento del medicamento  anotado sí se cumple con el lleno de los
requisitos fijados por esta corporación para conceder el amparo y ordenar la
entrega de los prescrito por el médico tratante.
En contra de la
consideración hecha por el juez de segunda instancia para revocar el fallo de primera
instancia y por consiguiente negar el amparo, la Sala ve con claridad que sí
hay aquí una vulneración del derecho a la vida de la actora, ciertamente no en
la acepción que la equipara a la simple subsistencia (es este el sentido que le
da el Tribunal), sino en el más amplio que ha venido defendiendo esta Corte y
que involucra el concepto de dignidad.
El concepto de afectación al derecho a la
vida que se entiende conexo a la violación de los derechos de los pacientes, ha
dicho esta Corte, debe apartarse de la noción restrictiva que iguala vida con
funcionamiento biológico. La dignidad del hombre, como se ha entendido desde
que se promulgó la Carta de 1991, es un valor fundante del Estado colombiano y
de su sistema jurídico que se soporta en la Carta. El artículo 1° de la
Constitución Política, señala que Colombia es un Estado social de derecho
fundado en el respeto de la dignidad humana. En términos generales se puede
entender que la dignidad equivale al merecimiento de un trato especial que
tiene toda persona por el hecho de ser tal y a la facultad que tiene todo ser
humano de exigir de los demás  un trato acorde con su condición humana. Así,
vida y dignidad son conceptos inescidibles en nuestro ordenamiento jurídico.
Quien vive es digno por el hecho de vivir y la vida es una condición básica
para la dignidad.
Ahora, esta
Corte también ha señalado que obligar a una persona a soportar el dolor cuando
podría remediarlo o hacerlo más soportable a través de determinado tratamiento
médico atenta en contra de la dignidad del hombre y viola el derecho que tiene
la persona a una vida digna. Una situación de permanente dolor implica una
vulneración a tal derecho cuando el dolor cuando puede evitarse, suprimirse o
aliviarse, pero no son adoptadas las medidas para ello.[15]
Para la Sala
resulta patente que la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior de Popayán
desconoció la jurisprudencia de la Corte en esta materia, al no tomar en
consideración que el concepto de vida que debe servir de criterio de análisis
en estos casos es el de la vida en condiciones de dignidad, y en consecuencia,
al no tener en cuenta que la actora padece dolores por motivo de las
enfermedades para cuyo tratamiento se prescribió el resiedronato sódico;
dolores que no puede obligársele a soportar sin infringirle con ello un trato
indigno.
Basta con
observar la historia clínica que hay en el expediente para ver que las
enfermedades que sufre la señora Taquez le causan dolores intensos en el
cuello, la espalda, la cadera, la pelvis, afectando por ello el ciclo de su
sueño. (Folio 8 del) Es claro para la Sala que el resiedronato sódico busca
aliviar el dolor de la paciente, restablecer su vida en condiciones dignas y
que, por ende, la negación de su suministro si afecta su derecho fundamental a
la vida digna.
4.4 Hay en
relación con este caso otros aspectos relevantes que la Sala desea resaltar y
que refieren a lo dicho en la parte de consideraciones generales de esta
sentencia en cuanto a la forma en que deben, a la luz de los derechos
fundamentales de las personas, entenderse los conceptos de los comités técnico
científicos frente a los dictámenes de los médicos tratantes.
Así pues, el
Tribunal desconoció  la jurisprudencia de esta Corte en el tema, pues hizo
prevalecer la simple afirmación hecha por el comité técnico científico en el
sentido de que no existía riesgo de fractura, aún cuando se observa a folio 6
que el médico tratante así lo consideró
De igual manera
el Tribunal acoge como válida la razón dada por el comité en el sentido de
señalar que la actora no ha acudido a procedimientos clínicos como el
suministro de calcio o calcitrol. Nuevamente se hizo aquí el dictamen de un
comité de carácter administrativo que señalaba la conveniencia de otro
procedimiento médico diferente que el que había prescrito el tratante. No puede
entenderse aquí, como lo pretende el Tribunal , que lo que indica el comité es
la existencia un procedimiento sustitutivo contemplado en el Plan Obligatorio
de Salud, uno de los aspectos que tornarían improcedente el amparo, ya que el
mismísimo dictamen del comité indica que el resiedronato sódico no es
homologable (Folio 11). Así las cosas, no se está señalando que calcio o
calcitrol puedan sustituir al resiedronato sódico sino que existe otro
tratamiento, diferente al que prescribió el tratante, que puede ser empleado
para contrarrestar las dolencias de la actora. Resumiendo, el Tribunal
nuevamente hizo prevalecer la opinión administrativa sobre la médica por el
simple hecho de que un comité de carácter administrativo consideró que a la
paciente se le debería dar otro tratamiento.
4.5 Teniendo en cuenta todo lo dicho
hasta aquí, la Sala concluye en relación con el resiedronato sódico prescrito a
la demandante, que: 1) la falta de entrega de este  medicamento excluido por el
POS amenaza sus derechos fundamentales de la vida; b) el medicamento no puede
ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud. Así
es porque se señala con claridad que no es homologable c) La señora Taquez no
puede sufragar el costo del medicamento requerido, ya que una caja del
medicamento cuesta $154.520[16],
lo que representa un costo excesivo frente al ingreso de la demanda por mesada
pensional, que es de un salario mínimo. d) El medicamento  fue prescrito por un
médico adscrito al Seguro Social e) Debe preferirse el concépto médico de este
último cuando su prescripción se opone a la del comité técnico científico de la
entidad prestadora de salud.
Por lo anterior, la Sala revocará el
fallo de segunda instancia dentro del trámite de la presente acción de tutela
y, en consecuencia, confirmará el fallo de primera instancia  en el que se
ordenó al Seguro Social el suministro del resiedronato sódico prescrito a la
actora
IV. DECISIÓN.
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el veinticinco (25)
de octubre de 2004 por  la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior de Popayán,
por medio de la cual revocó aquella dictada en primera instancia el 20 de
septiembre de 2004 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán
concediendo el amparo deprecado por la señora María Lucila Taquez en la el
proceso de tutela que ésta inició contra el Instituto de Seguros Sociales.
En su lugar, CONFIRMAR
la sentencia de primera instancia referida.
Segundo.  LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] “Artropatía crónica, no inflamatoria, constituida principalmente
por alteraciones destructivas de los cartílagos y de los fibrocartílagos,
osteoesclerosis subcondral, reacción osteofítica de los rebordes articulares y
formación de cavidades fibroquísticas en las epífisis. Estas lesiones son
consideradas de naturaleza degenerativa y están relacionadas con la edad. En
cuanto a las causas, se supone que están en relación con las características
físicas o bioquímicas del cartílago articular o de las condiciones mecánicas
defectuosas a las que se encuentra sometido el cartílago. La artrosis aparece
generalmente después de los cuarenta años y es más frecuente en el sexo
femenino. El síntoma más importante es el dolor provocado por los movimientos.
En general las articulaciones afectas no presentan signos inflamatorios (como
ocurre con la artritis), aunque a veces la rodilla es una excepción. Las
articulaciones artrósicas muestran una limitación de la movilidad y
frecuentemente una actitud viciosa difícil de corregir”. Tomado del
Diccionario de Medicina,  Espasa Calpe - Instituto Científico y Tecnológico de
la Universidad de Navarra, 1999 en http://www.elmundo.es/diccionarios/
[2] “Atrofia ósea mixta, muy frecuente, caracterizada por una
reducción de la masa o del volumen del tejido óseo con relación al volumen o
masa del hueso anatómico. La composición química del hueso porótico es normal,
al contrario de lo que ocurre en la osteomalacia. La esponjosa ofrece el
aspecto de malla ancha y escasa de trabéculas y la cortical es delgada. Puede
ser primaria, constituyendo un hecho común en el proceso fisiológico de
envejecimiento, o secundaria a diferentes enfermedades endocrinometabólicas
(hipogonodismo, síndrome de Cushing, escorbuto, etc.), reumáticas, neoplásicas
hemáticas y genéticas. Clínicamente se manifiestan por dolores óseos, a veces
intensos, fracturas por traumatismos mínimos en las vértebras, en el cuello del
fémur, en la extremidad inferior del radio (Colles). Frecuentemente se presenta
cifosis vertebral.” Ibídem.
[3]“La fibromialgia es una condición que causa dolor en los músculos,
articulaciones, ligamentos y tendones. El dolor ocurre en áreas llamadas
lugares agudos. Los lugares sensibles más comunes son en frente de las
rodillas, los codos, las articulaciones de las caderas y alrededor del cuello.”
Tomado de
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fibromyalgia.html, Servicio
de la Biblioteca Nacional de Medicina de E.E.U.U. y los Institutos Nacionales
de la Salud.
[4] La densitometría ósea consiste en la utilización de dosis bajas
de rayos X para observar un área del cuerpo, como la cadera, la mano o el pie,
en la búsqueda de señales de pérdida de minerales o debilitamiento óseo. La
densitometría ósea mide la densidad de los huesos de una persona. Mientras
menor sea la densidad de un hueso, mayor será el riesgo de fracturas. Junto con
la historia médica del paciente, ayuda a evaluar las probabilidades de sufrir
fracturas y la necesidad de tratamiento preventivo. Además, tiene la ventaja de
ser indolora y exponer al paciente a una cantidad muy pequeña de radiación.
Ibídem.
[5] Actonel® es la designación comercial dada por los laboratorios
Avntis al risedronato sódico.
[6] “El risedronato sódico es un bifosfonato de piridinilo que se
fija a la hidroxiapatita ósea e inhibe la resorción ósea mediada por los
osteoclastos. Se reduce el recambio óseo mientras la actividad osteoblástica y
la mineralización ósea se mantienen. Se utiliza en el tratamiento de la
osteoporosis posmenopáusica para la reducción del riesgo de fracturas
vertebrales; también para la prevención de la osteoporosis en mujeres
posmenopáusicas con riesgo aumentado de osteoporosis y  para mantener o
aumentar la masa ósea en mujeres posmenopáusicas sometidas a un tratamiento
sistémico prolongado (más de 3 meses) con dosis de corticoides >7,5 mg/día
de prednisona o equivalente” Tomado del Vademécum Médico
http://www.vademecum.medicom.es/secciones/30_actudilades/30_accion_00.html#Risedronato
Sódico
[7] “El calcitriol es una forma de vitamina D que mantiene la
cantidad de calcio en la sangre en niveles normales, impidiendo que baje
demasiado (hipocalcemia). También previene las enfermedades a los huesos en los
pacientes con enfermedades al riñón que se somenten en forma regular a
diálisis.” Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish,
Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de E.E.U.U. y los Institutos
Nacionales de la Salud.
[8] Actonel® es la designación comercial dada por los laboratorios
Avntis al risedronato sódico.
[9] Actonel® es la designación comercial dada por los laboratorios
Avntis al risedronato sódico.
[10] Actonel® es la designación comercial dada por los laboratorios
Avntis al risedronato sódico.
[11] Recientemente la Corte Constitucional ha reiterado la doctrina
expuesta, entre muchas otras, en las Sentencias T-858/04, T-843/04, T-833/04,
T-794/04 y T-744/04.
[12] Se pueden consultar las Sentencias T-616 de 2004, T-053 de 2004,
T-344 de 2002, entre otras.
[13] Ver Sentencia T-344/02
[14] Los médicos fisiatras se encargan de coordinar la recuperación y
prevención de la invalidez con diferentes especialistas -kinesiólogos,
terapeutas ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, profesores,
fonoaudiólogos, auxiliares de enfermería- además de los encargados de tratar la
patología que originó la discapacidad o invalidez. Es decir, hace un
diagnóstico y receta los medicamentos necesarios y las diferentes terapias que
pondrán en práctica los otros profesionales. Tomado de
http://www.alemana.cl/not/not/not020123.html.
[15] Ver las Sentencias T-1050/03, T-703/03. , T-285/00 y  T-444/99.
[16] De acuerdo con una cotización aportada al proceso y que se
encuentra en el folio 14 del expediente.