T-815-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-815/13
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación
en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos
restringidos o limitados
La jurisprudencia constitucional ha mantenido una línea
jurisprudencial que clasifica los derechos fundamentales de los internos en
tres grupos: “(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y
directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente
por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos
como la libre locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii)
los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la
persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos
derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los
derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se
encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del
interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al
proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad
y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad
personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de
los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es
importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en
la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad”.
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Garantía y respeto de
derechos fundamentales del interno
DIGNIDAD
HUMANA DEL INTERNO-Protección nacional e internacional
Nuestra
Constitución Política establece dentro de su contenido sistemático que la
dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico, el artículo 1° del
texto Superior consagra una República “fundada en el respeto de la dignidad humana”.
Así, la dignidad humana constituye un pilar fundamental y un elemento
determinante en el Estado Social de Derecho y en la democracia constitucional,
que inevitablemente trasciende del
ámbito ético-filosófico para convalidarse en nuestro ordenamiento positivo como
una norma fundante de carácter vinculante para todas autoridades.
Igualmente, el principio de dignidad humana, el cual irradia todo el
ordenamiento constitucional colombiano goza también de un contenido
prestacional que exige a las autoridades de la República involucradas, la adopción de políticas públicas -en este caso penitenciarias y
carcelarias- que conlleven a garantizar a los internos las condiciones mínimas
de vida digna y subsistencia. Lo anterior, por cuanto al estar privados de la
libertad bajo relaciones de especial sujeción con el Estado les imposibilita
adquirir por si mismos tales mínimos de dignidad humana.
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad
humana de personas privadas de la libertad
Le corresponderá a las entidades estatales correspondientes,
entiéndase Gobierno Nacional- Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio
de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional, Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- e Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, evitar la prolongada y continua vulneración de derechos
fundamentales de los reclusos sin excusarse en la carencia de recursos, ya que
el Estado termina siendo el principal responsable de proporcionar las
condiciones básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un
establecimiento carcelario, máxime cuando i) la dignidad humana como derecho se
conserva intocable y sin limitaciones de ningún orden o circunstancia y ii) las
restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad están limitadas
a un estricto criterio de necesidad y proporcionalidad.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Condiciones
carcelarias y deber de prevención del Estado para garantizar derechos del
interno, según CIDH
ESTADO DE
COSAS INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Declarado en sentencia
T-153/98 por hacinamiento que aún persiste
Esta
Corporación declaró con acierto el notorio estado de cosas inconstitucionales
del sistema penitenciario y carcelario colombiano el cual, a la fecha, se
mantiene plenamente vigente debido a que persisten los problemas estructurales
objeto de declaración en el año de 1998. Por cuenta de las relaciones de
especial sujeción que se establecen entre la Administración y las personas privadas de la libertad, existe en cabeza de estos últimos una
tridivisión de derechos fundamentales enmarcada en los principios de
razonabilidad y proporcionalidad: i) derechos suspendidos; ii) derechos
restringidos y; iii) derechos intocables.
REGIMEN DE
VISITAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Marco
jurídico
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL DEL INTERNO-Fundamental por conexidad
Esta Corporación ha
señalado que con ocasión de la clara relación o conexión que tiene la visita
íntima con el desarrollo de otros derechos como la intimidad, la protección a
la familia y la dignidad humana, se puede afirmar que la misma se configura en
fundamental y sólo debe ser sometida a restricciones bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. Desde sus inicios, esta
Corporación se ha encargado de dilucidar la naturaleza del derecho a la visita
conyugal de los internos en las cárceles. Ha indicado, por ejemplo, que la
visita conyugal tiene relación directa con los derechos fundamentales a la
intimidad personal y familiar, por ende, respecto a los derechos sexuales.
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO-Alcance
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL DEL INTERNO-Visita íntima debe darse en condiciones dignas
Según el
sistema penitenciario y carcelario colombiano, sin importar la condición de
imputado o condenado o el sistema penal acusatorio aplicable, el Estado tiene
la obligación de facilitar el contacto entre los reclusos y sus parejas y de
respetar el mismo contra toda interferencia abusiva y arbitraria en los
derechos constitucionales fundamentales que se derivan del derecho a la visita
íntima. Es claro que una visita íntima en la cual se respete la dignidad humana
de un recluso(a) y de su pareja favorece a la preservación de los lazos
afectivos, sentimentales y sexuales, toda vez que una de las formas de
resocializar al recluso para su posterior integración en la comunidad es con el
apoyo y el mantenimiento de los lazos familiares mientras dure su permanencia
en un centro carcelario. En suma, observa esta Sala que en la visita íntima
efectuada en los establecimientos carcelarios se interrelacionan varios
derechos fundamentales como la intimidad, el libre desarrollo a la personalidad
y la unidad familiar, algunos de los cuales si bien ha dicho la jurisprudencia
son restringidos o limitados en razón a la relación de especial sujeción con el
Estado por la comisión de un hecho punible, no es menos cierto que cuando
operan y se hacen efectivos mediante la visita íntima deben ser eficaces y
objeto de total respeto por parte de las autoridades penitenciarias y
carcelarias.
DERECHO A LA VISITA INTIMA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Condiciones
para no vulnerar el principio de dignidad humana del interno
Para que en la práctica de la visita íntima no se lesione o
menoscabe la dignidad humana, es indispensable que el Estado garantice
condiciones mínimas con el fin de que los derechos fundamentales del recluso y
su pareja visitante no se pongan en peligro. Estos mínimos de dignidad o
condiciones materiales concretas de existencia para el ejercicio de una visita
íntima digna son las siguientes: i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene;
iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de preservativos
e viii) instalaciones sanitarias. Lo anterior, por cuanto una visita íntima que
tenga lugar sin los anteriores condicionamientos mínimos vulnera los principios
rectores de cualquier regulación carcelaria. Es decir, cuando una visita íntima
no comprende factores como privacidad, seguridad, higiene, espacio, mobiliario,
acceso a agua potable, uso de preservativos e instalaciones sanitarias vulnera
las garantías constitucionales, los derechos humanos y el principio de dignidad
humana. Como anteriormente se anotó dichos principios inspiran y orientan la
actuación de todos los establecimientos de reclusión en el país, los cuales se
encuentran encaminados en lograr el cometido final del tratamiento carcelario:
una verdadera resocialización del infractor de la ley penal. Lo anterior, por
cuanto una visita íntima que tenga lugar sin los anteriores condicionamientos
mínimos vulnera los principios rectores de cualquier regulación carcelaria. Es
decir, cuando una visita íntima no comprende factores como privacidad,
seguridad, higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de
preservativos e instalaciones sanitarias vulnera las garantías
constitucionales, los derechos humanos y el principio de dignidad humana. Dichos
principios inspiran y orientan la actuación de todos los establecimientos de
reclusión en el país, los cuales se encuentran encaminados en lograr el
cometido final del tratamiento carcelario: una verdadera resocialización del
infractor de la ley penal.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA Y DERECHO A LA VISITA INTIMA DEL INTERNO-Vulneración por
las condiciones infrahumanas en que se practican
En el desarrollo de la inspección judicial, la comisión pudo
constatar que las visitas íntimas no tienen el carácter de íntimo; se practican
de manera pública en las denominadas “zonas de apoyo” y presentan condiciones
infrahumanas de higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de
preservativos e instalaciones sanitarias. Por ello, resulta claro para la Corte Constitucional que las visitas íntimas, independientemente del sexo o la orientación
sexual, deben llevarse a cabo en un ambiente que ofrezca unos mínimos de
humanidad descritos anteriormente. No es aceptable constitucionalmente, de
acuerdo a los postulados de la dignidad humana, que las parejas sean obligadas
a congregarse en los pasillos, pabellones, baldosas, instalaciones internas o
espacios reducidos, a las cuales concurren a su vez los demás reclusos, y que
queden expuestas al público y al escrutinio de los demás reclusos, incluso
sometidos a las dinámicas de violencia y corrupción que impera en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.
DERECHO A LA VISITA INTIMA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Naturaleza
La naturaleza del derecho a la visita íntima implica que éstas
tengan lugar en un sitio especial, seguro, limpio, acondicionado para el
efecto, reservado y diferenciado de aquel en el cual se encuentran los internos
habitualmente, por ende, el Estado como sujeto ubicado en posición jerárquica
superior no puede sustraerse del deber que le asiste consistente en crear las
instalaciones adecuadas para que las visitas tengan lugar dignamente, sin que
las parejas entre las cuales se encuentran muchas mujeres, tengan que ingresar
a áreas inadaptadas y destinadas a otro tipo de labores penitenciarias y/o
carcelarias. De ahí la importancia que el Estado, sin escudarse en dificultades
económicas o presupuestales, cree locales independientes predestinados
únicamente con este propósito, en los cuales se garanticen estándares mínimos
internacionales en la materia y se respete la dignidad humana inherente a la
persona privada de la libertad y los derechos fundamentales a la salud, a la
integridad personal, a la libertad sexual, a la libre orientación sexual, al
fortalecimiento del vínculo familiar y al contacto íntimo con otra persona a su
elección, sin discriminaciones de ningún tipo por razones de género, sexo,
raza, origen, lengua, religión u opinión.
DERECHOS
SEXUALES DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Protección
constitucional/DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER PRIVADA DE LA LIBERTAD-Protección constitucional
Resulta
evidente que la sexualidad de los reclusos merece ser protegida
constitucionalmente toda vez que constituye un factor trascendental en el
desarrollo de la visita íntima. Sin lugar a dudas, una visita íntima en
condiciones indignas vulnera los derechos fundamentales descritos anteriormente
a la intimidad, a la protección familiar, al libre desarrollo de la
personalidad; a la salud, así como también los derechos sexuales y reproductivos
de los reclusos. En adición, es palmario que en la visita íntima aplican los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por cuanto ellas también hacen
parte de la visita íntima, bien en calidad de reclusas o como ciudadanas
visitantes. En ese sentido, vale traer a colación la Declaración de Beijing de 1995, IV Conferencia Mundial sobre la mujer,
la cual estableció que los derechos humanos de la mujer “incluyen su derecho a tener control sobre
las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y
reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse
sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones
igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y
la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona,
exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir
conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento
sexual”.
DERECHOS
SEXUALES DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Conexidad
con el derecho a la salud, a la dignidad y a la libertad inherente al recluso
como ser humano
Los derechos sexuales y reproductivos de
las personas privadas de libertad se deben valorar en correspondencia con el
derecho a la salud, a la dignidad y a la libertad inherente al recluso como ser
humano. Su contenido aunque tiene en principio un alcance restrictivo o
limitado por cuanto se trata de un derecho vinculado a la intimidad, implica:
comunicarse con su pareja, manifestar sentimientos, tener contacto, expresión
emocional y sobre todo sentirse apreciado y querido por otra persona. Por ello,
habida cuenta que en el ejercicio de la visita íntima se establece una relación
directa de este derecho con la dignidad humana y el derecho a la salud, los
derechos sexuales de las personas privadas de la libertad gozan de protección
constitucional.
DERECHOS
SEXUALES DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD Y DE SUS PAREJAS-Vulneración
cuando la visita íntima no cuenta con privacidad, seguridad, higiene, espacio,
mobiliario, acceso a agua potable, uso de preservativos e instalaciones
sanitarias
El Estado como garante de derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad tiene la obligación de
respetar, proteger y garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social y, para ello, la visita íntima mensual constituye la
base de una vida sexual saludable y en condiciones físicas y mentales
satisfactorias para las personas privadas de la libertad. Si bien, los derechos
sexuales de los reclusos no pueden ser ejercidos a plenitud por el solo hecho
de la privación de la libertad, en el ejercicio mensual del derecho a la visita
íntima debe ampararse dignamente –como contenido de los derechos sexuales del
recluso- la privacidad sexual. Lo cual quiere decir que debe protegerse la
condición masculina o femenina, sin que exista interferencia de terceros en el
ámbito de intimidad del recluso y de su pareja.
DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Acceso a
métodos anticonceptivos, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para las
enfermedades sexuales como garantía de los derechos sexuales y reproductivos
del interno y sus visitantes
El derecho sexual y reproductivo de los
reclusos y de sus parejas, independientemente de la orientación sexual,
contiene además, el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables por parte de las personas privadas de libertad. Para ello, el
Estado debe proporcionar condiciones de dignidad en lugares especiales que
permitan el desarrollo de una visita íntima que abarque, entre otros: el
derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno, así
como el derecho al acceso pleno de métodos de regulación de la fecundidad.
Respecto a la atención específica de la salud sexual considera esta Sala que el
Estado, en su posición especial y jerárquica de garante debe educar, informar y
sobre todo proporcionar a las personas privadas de la libertad el acceso a
métodos anticonceptivos, en condiciones de calidad. Así como prevenir mediante
el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado todas las patologías sexuales
penitenciarias y carcelarias para asegurar la protección del derecho
fundamental a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los reclusos
y sus visitantes.
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía
prioritaria y reforzada de su derecho fundamental al agua
El Estado tiene el deber
de adoptar medidas con el fin de que las personas privadas de la libertad
tengan derecho fundamental al acceso de agua potable en forma continua,
permanente y suficiente para atender sus necesidades diarias, de conformidad
con las prescripciones de derecho internacional humanitario, la observación
general no. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las
reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Así las cosas, el INPEC
deberá garantizar la adecuada prestación permanente del servicio público de
agua potable para la población de internos que incluya a lo sumo, servicio
sanitario, baño diario y agua potable suficiente para el consumo.
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Vulneración por establecimiento carcelario al no brindar atención
médica primaria y de urgencias y realizar tratamientos adecuados a la población
reclusa
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Vulneración por no suministrar preservativos para la visita
íntima de los internos
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Ordenes
transitorias y definitivas para proteger, derecho a la visita íntima en
condiciones dignas, al agua potable y derecho a la salud de la población
carcelaria de la Picota
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Se declara que persiste y exige de las autoridades públicas
el uso inmediato de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias
para remediar esta situación
Referencia: expediente
T-3.970.441
Acción de
tutela instaurada por Deiler Enrique Santiago Romero y otros contra el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bogotá - La Picota y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D.C., doce
(12) de noviembre de dos mil trece (2013)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto
Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias Constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2013, en
única instancia, por el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por el
señor Deiler Enrique Santiago Romero y otros, contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Bogotá - La Picota y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con la
solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, los accionantes
sustentaron sus pretensiones en los siguientes
1. Hechos
1.1.El señor
Deiler Enrique Santiago Romero y 11 reclusos más instauraron acción de tutela[1]
ante el Juzgado 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el día 10 de
abril de 2013, al considerar que el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- implementó, a través de sus directores, medidas restrictivas
que vulneran y amenazan sus derechos fundamentales.
1.2. Específicamente,
los accionantes adujeron que en el complejo carcelario (ERON – Picota) donde se
encuentran recluidos, son obligados a “recibir a nuestro personal visitante,
esposas, hijos y demás familiares y amigos en condiciones indignas y en lugares
no adecuados para tal efecto, es una clara trasgresión y amenaza a nuestros
derechos y como solución a dicha problemática a –sic- optado por
restringirnos el derecho a ser visitados al implementarnos el más conocido
“Pico y Placa”… (…) “al obligarlos a visitarnos apenas dos (2) veces al mes”[2].
1.3. Manifestaron
que el sitio de visitas es sumamente pequeño, antihigiénico, sin zona verde o
parque para la recreación de los hijos, sin área de sol, sin baños adecuados,
sin cafetería o expendio para brindarle una digna atención a las visitas y,
además, “solo existen veinte (20) celdas para visita conyugal o íntima y el
cupo para el ERON Picota es para 3500 internos más el sobre cupo”[3].
1.4. Por lo
anterior, indican que son sometidos a recibir a sus visitas en las áreas de
talleres de cada torre, donde se realizan trabajos artesanales, confesiones, zapatería,
entre otras actividades, en las cuales se almacena: maquinaria, químicos,
madera, pegantes, destornilladores y elementos que generan inseguridad y ponen
en riesgo la vida, la salud y la integridad física de los reclusos. “Estas
áreas no son adecuadas para recibir visitas al no contar con baños adecuados y
áreas o zonas verdes” (…) “son espacios demasiado reducidos antihigiénicos y
demasiado vulnerables en salubridad”[4].
1.5.Además, alegan que la visita íntima se recibe en condiciones indignas
y violatorias del derecho a la intimidad, por cuanto: “nuestras cónyuges y
esposas se ven obligadas a tener relaciones sexuales o “copularse”
prácticamente en el piso en condiciones indignas fuera de toda salubridad e
higiene, debido a que no existen áreas o locutorios adecuados para tal efecto”[5].
1.6. Finalmente, señalan que existe un trato desigual y discriminatorio
con respecto a las visitas que reciben los internos condenados por
“parapolítica” o ex miembros de la Fuerza Pública, toda vez que dichas visitas: i) se efectúan los días lunes, viernes, sábados y domingos; ii) pueden ser mixtas;
iii) pueden ingresar con prendas de vestir no permitidas a los demás; y iv) con
alimentos preparados en casa.
2. Solicitud
de tutela
Con fundamento en
los hechos narrados, los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales a la intimidad, a la integridad física, al trato digno, a la
igualdad y al núcleo familiar. A su turno, suplicaron la aplicación estricta
del artículo 26 del Reglamento General – Acuerdo 0011 de 1995, toda vez que no
cuentan con áreas de visitas adecuadas y no se encuentran en igualdad de
condiciones con los demás internos del complejo penitenciario.
Asimismo,
pretenden que se les proporcione un área para recibir el sol y que se les permita
el ingreso de alimentos preparados por sus familias. Finalmente, alegan que se
declare inconstitucional la medida del “pico y placa”, por ir en contra
de los principios y derechos fundamentales, además de producir un desarraigo al
núcleo familiar ya que sus familiares no pueden ingresar cada ocho (8) días al
penal.
3. Respuesta
de las entidades accionadas[6]
Mediante escrito
presentado el 17 de abril de 2013, el Teniente Wilson Andrés Suárez Daza,
Coordinador del Grupo Tutelas del INPEC, contestó la acción de tutela de la
referencia e indicó que en virtud de mandato legal contenido en el artículo 53
de la Ley 65 de 1993, cada Director de Establecimiento Penitenciario y/o
Carcelario es completamente autónomo en la administración de cada centro de
reclusión. Por lo cual, la Dirección General del INPEC se eximió de responsabilidad y en tal sentido, solicitó la desvinculación del proceso de tutela al no
haber violado ni amenazado los derechos fundamentales de los tutelantes.
Por su parte, la
doctora Olga Lucia Whittinghan, Coordinadora Jurídica del Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá, COMEB – PICOTA, mediante escrito
presentado el 17 de abril de 2013, dio respuesta a la acción de tutela y adujo
que el actual sistema de visitas -los días viernes masculina-; sábados y domingos femenina-,implementado en el
centro de reclusión surgió debido a que el establecimiento se encuentra “mal
construido”, no por arbitrariedad del INPEC, sino por un presunto convenio
efectuado de común acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de los internos
del ERON. Finalmente, manifestó que en virtud del principio de subsidiariedad
la acción de tutela no es el instrumento adecuado para controvertir la
legalidad de actos administrativos, como son los reglamentos del INPEC. En esa
medida, solicitó al juez de tutela declarar la improcedencia de la acción por
no existir vulneración en los derechos fundamentales.
4. Decisión
judicial objeto de revisión
4.1. Sentencia
de única instancia[7].
El Juzgado
Diecisiete (17) Penal del Circuito de Bogotá D.C., con Función de Conocimiento,
mediante sentencia calendada el veinticuatro (24) de abril de dos mil trece
(2013) negó por improcedente el recurso de amparo, al estimar primordialmente
que la acción de tutela no es el mecanismo para resolver conflictos surgidos
por la expedición de actos administrativos de las autoridades públicas, como
son los reglamentos generales o internos carcelarios y penitenciarios, los
cuales son actos de carácter general, impersonal y abstracto. En consecuencia,
señaló que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente acorde con
el artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, por la naturaleza
subsidiaria y residual de la misma en un caso en el que existen otros
mecanismos de defensa ordinarios.
De otra parte,
consideró el juez de instancia que no es la acción de tutela la vía para
procurar solucionar un problema de hacinamiento carcelario, que no obstante, la
incuestionable responsabilidad que le cabe fundamentalmente a las directivas
del INPEC y a diversas autoridades e instituciones estatales, no está por demás
señalar que se trata de una situación anómala que no es de ahora sino que ha
permanecido por varios años. En tal sentido, se trata de un problema
estructural que afecta no a un solo individuo, sino a la comunidad en general[8].
Visto todo lo
anterior, el citado Juzgado decidió negar por improcedente la acción de tutela
promovida, al no hallarse presente el requisito de subsidiariedad exigido por
el artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991.
5. Pruebas
relevantes que obran dentro del expediente.
·
Copia de derecho de petición elevado ante la dirección del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB (Cuaderno
dos, fl. 17 a 22).
·
Respuesta de la petición elevada al Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB (Cuaderno dos, fl. 23 a 25).
·
Auto de fecha 30 de agosto de 2013, suscrito por el Magistrado
Sustanciador Alberto Rojas Ríos (Cuaderno principal, fl. 10-12).
·
Informe de inspección judicial realizado por la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Bogotá – COMEB, Torre F, Patio 14 del ERON. Anexó dos discos compactos con
registro fotográfico de la inspección. (Cuaderno dos, fl. 59 a 63).
·
Informe de inspección judicial realizado por la Personería de Bogotá D.C. al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –
COMEB, Torre F, Patio 14 del ERON (Cuaderno dos, fl. 65 a 232).
·
Informe de inspección judicial, presentado por funcionarios
judiciales comisionados mediante auto de 30 de agosto del presente año. (Cuaderno
principal, folios 23 y siguientes).
·
Auto de fecha 01 de octubre de 2013, suscrito por el Magistrado
Sustanciador. (Cuaderno principal, folio 19-20).
6. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
6.1. Mediante
auto fechado el 30 de agosto de 2013 el Magistrado Sustanciador para mejor
proveer, requirió elementos materiales probatorios que permitieren al Despacho
conocer en detalle el régimen de visitas que se practica en las instalaciones
del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, así como las condiciones de dignidad, salubridad e higiene
en que se reciben las mismas, especialmente el concerniente a la torre
F, patio 14, lugar de reclusión de los accionantes.
6.2. Como quiera
que el Juzgado de única instancia anteriormente mencionado no ordenó la
práctica de pruebas que permitieran corroborar lo declarado por los accionantes
en el escrito de tutela el Magistrado Sustanciador resolvió decretar mediante
dicha providencia la práctica de una diligencia de inspección judicial. Por
consiguiente, comisionó al doctor Alfonso Palacios Torres, Magistrado Auxiliar,
para que con la asistencia del Profesional especializado Hugo Escobar Fernández
de Castro y de un representante de la Defensoría del Pueblo, realizaran visita a las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
–COMEB-PICOTA, torre F, patio 14, y rindieran en un informe escrito de forma
precisa y detallada lo siguiente:
(i)
Cuántas personas se encuentran recluidas en el establecimiento
carcelario y cuántos locutorios acondicionados para visitas existen;
(ii)
Las condiciones generales y específicas de los locutorios en los cuales
se practican las visitas ordinarias (tomando en cuenta factores como
salubridad, higiene, espacio adecuado, instalaciones sanitarias y de aseo,
drenaje, mobiliario, acceso a agua potable, iluminación, etc.);
(iii)
Con qué frecuencia se les permiten recibir visitas ordinarias a los
accionantes, y;
(iv)
Si existe alguna restricción frente a las mismas (recibir alimentos
preparados en casa, exposición al sol, etc.).
Igualmente, se
ordenó que se estableciera si el régimen de visitas donde se encuentran
recluidos los accionantes, es diferente de aquel al que tienen derecho los
reclusos condenados por “parapolítica” o los ex miembros de la Fuerza Pública y/o ex miembros de fuerzas al margen de la ley recluidos. Y que a su turno, se
ofreciera una descripción completa acerca de:
(i)
Las condiciones generales y específicas de los locutorios en los cuales
se practican las visitas íntimas o conyugales (tomando en cuenta factores como
salubridad, higiene, espacio adecuado, instalaciones sanitarias y de aseo,
drenaje, suministro de preservativos, mobiliario, privacidad, luminosidad,
acceso a agua potable, etc.);
(ii)
Con qué frecuencia se les permiten recibir visitas íntimas a los
accionantes,
(iii)
Si existe alguna restricción frente a las mismas (recibir alimentos
preparados en casa, exposición al sol).
Además, se ordenó
verificar si los accionantes recluidos en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, torre F, patio 14 habían
sido trasladados, aislados, reducidos con gases o bastones, castigados,
intimidados con restricciones en sus visitas o, en general, habían soportado
algún tipo de consecuencia negativa por el hecho de reclamar un régimen de
visitas adecuado.
6.3. En el proveído
de 30 de agosto del año en curso, también se decretó como prueba ordenar al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-y al Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, que informaran acerca del
régimen de visitas que reciben los reclusos de la torre F, patio 14, donde se
encuentran los accionantes, y concretamente respondieran por: (i) la capacidad
de locutorios para recibir visitas frente al número total de internos; (ii) las
condiciones generales y específicas en las cuales se practican las visitas
ordinarias e íntimas y; (iii) si existe alguna restricción en el régimen de
visitas de los internos.
6.4. Finalmente,
se ofició a la Defensoría del Pueblo, y a la Personería de Bogotá D.C., para que realizaran una inspección al Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, a fin de que examinaran
los aspectos del régimen de visitas ordinarias e íntimas efectuadas en latorre
F, patio 14, así como las condiciones en las que se encuentran recluidos los
internos.
6.5. Como
respuesta al numeral anterior, el día 13 de septiembre de 2013 se recibió a
través de la Secretaría General de esta Corporación, informe escrito presentado
por el Defensor Delegado para la política criminal y penitenciaria, doctor
Jorge Emilio Caldas Vera,[9]
resultado de la inspección practicada en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA-ERON, torre F, patio 14, el día 8 de
septiembre de 2013, de la cual se extrae lo siguiente:
(…) “la
estructura visitada (estructura 3) tiene una capacidad real para 3.000
internos, y en la actualidad cuenta con 3.164 internos recluidos, lo cual
representa un hacinamiento del 5%. (…) En relación al régimen de visitas, el
reglamento que rige para la torre F, patio 14 ERON es la Resolución 302 de 2005, el Código Penitenciario y Carcelario y el Acuerdo 0011 de 1995, según
lo manifestado por la Subdirectora del penal”.
En relación a los
sitios donde se realizan las visitas conyugales o íntimas, anotó el informe de la Defensoría que:
(…) “Son
entre 20 y 25 compartimientos, sin ventilación y sin luz natural, y al ser
estos insuficientes para el total de la población, se destinaron lugares
denominados zonas de apoyo (educativas, talleres) que tampoco reúnen las
condiciones mínimas para este tipo de actividades. Estos sitios solo
cuentan con un baño y se turnan hombres y mujeres, no es permitido por
reglamento el ingreso de los visitantes a las celdas de los internos, muchos
internos manifiestan que no acuden a sus visitas íntimas por cuanto los sitios
son indignos, además que el tiempo es muy corto (dos horas) y que no se les
entregan preservativos”. (Folios 62-63, cuaderno 2) (Negrita fuera de
texto).
Referente al
ingreso de comidas señaló la descripción que: “está totalmente prohibido el
ingreso de cualquier tipo de alimentos por parte de los visitantes”, pero
los internos pueden comprar estos dentro del establecimiento.
Respecto al punto
de la falta de exposición al sol, relató la Defensoría del Pueblo, según comunicaciones efectuadas con los internos que “por el diseño
de la estructura del pabellón cuestionado (torre F, patio 14 ERON), no es
posible el ingreso de sol en ningún sitio”. Por último, sobre los traslados
como castigo y los malos tratos, afirmó que “los internos entrevistados no
fueron concretos sobre este tipo de situaciones”.
6.6. Fotografías tomadas
en diligencia de inspección judicial suministradas por la Defensoría del Pueblo:
Visita íntima
practicada en una esquina de la denominada “zona de apoyo”.
Visita íntima
practicada en una esquina de la denominada “zona de apoyo”.
Defensoría del
Pueblo reunida con la comisión de la Corte Constitucional y los accionantes.
Vista panorámica
de la denominada “zona de apoyo”.
Reunión de la
comisión judicial de la Corte Constitucional con la Subdirectora del Establecimiento Carcelario y el Defensor delegado para política criminal y
penitenciaria.
Lugar de
reclusión de los accionantes.
Visita ordinaria
o familiar. “Zona de apoyo”
Visita ordinaria
o familiar. “Zona de apoyo”
Visita ordinaria
o familiar. “Zona de apoyo”
Condiciones de
reclusión del penal.
Estado de los
baños aptos para las visitas.
Modelo de “cambuche”
en el que se practica la visita íntima.
6.7. El día 10 de
septiembre de 2013 se recibió a través de la Secretaría General de esta Corporación, informe escrito[10]
de la Personería de Bogotá D.C., como resultado de la inspección llevada a cabo
el día 9 de septiembre de 2013 al Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, torre F, patio 14 ERON, en el cual se
describieron los principales problemas detectados, entre ellos: “(1)
solamente hay una zona de visitas ordinarias para todo el ERON que es
compartidos –sic- con los pabellones 12 y 16 de extraditables. (2) hay
20 celdas para visita conyugal de uso exclusivo para los patios 12 y 16 de
extraditables. (3) las zonas de apoyo son 6, la zona de visitas ordinarias para
los pabellones 12 y 16 de extraditables y la zona de visitas conyugales que son
20 celdas se encuentran en términos generales en regular estado higiénico y
de salubridad. (4) el ERON no cuenta con fluido de agua potable
permanente. (5) las zonas de apoyo se acondicionaron para visitas
ordinarias y conyugales en el ERON por la cantidad de internos que hay por cada
pabellón. Y el área de visitas ordinarias destinadas para ello no son
suficientes las veinte (20) celdas de visita conyugal. (6) en el ERON se
implementó el sistema de PICO Y PLACA para las visitas ordinarias de mujeres
excepto para las esposas y compañeras permanentes. (7) no se permite el ingreso
de alimentos preparados en caso en el ERON por las mujeres, excepto los días
especiales, día del padre, de las mercedes, etc.”. (Negrita fuera de
texto).
Específicamente
el informe de la Personería de Bogotá D.C., relató que la salubridad del área
de visitas no es buena “cuenta con baño para hombres, tres sanitarios
normales y uno para discapacitados. Dos orinales y tres lavamanos. En las zonas
de apoyo el baño se encuentra en condiciones insalubres y dañados”. Frente
a la limpieza indicó que: “el área de recepción de visitas ordinarias (…) se
encuentra en total desaseo”. (…) “No tienen espacio adecuado para la cantidad
de visitantes que llegan al ERON”.
Además, respecto
al sistema de drenaje, privacidad, ventilación y agua potable resaltó: “no
hay sistema de drenaje, en las zonas de apoyo y en las zonas de visita y celdas
para visita conyugal visibles al momento de la visita”. (…) “las zonas de apoyo
son utilizadas para visitas ordinarias y conyugales privacidad ninguna”. (…)
“El área de visitas utilizados –sic- por los pabellones 12 y 16 y la
zona de visitas conyugales tiene buena iluminación. No hay buena ventilación”.
(…) “No hay fluido de agua potable a la hora de la visita”[11].
6.8. Una vez
vencido el término concedido en el numeral segundo del auto de fecha 30 de
agosto de 2013, el Despacho no recibió respuesta por parte del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- y el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, a pesar de existir
constancia de la notificación del auto en mención[12].
En consecuencia, se aplicará la presunción de veracidad y se tendrán por
ciertos los hechos que no fueron contestados en el informe, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991[13].
Valga aclarar, que el día en que fue realizada la visita de inspección
judicial, la Subdirectora del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Bogotá –COMEB-PICOTA, hizo entrega a los funcionarios comisionados por este
Despacho de los siguientes documentos: (i) apartes de la resolución 302 del 10
de mayo de 2005; (ii) apartes del proyecto de modificación al régimen interno
COMEB (resolución 03678 del 29 de junio de 2013); (iii) cronograma de visitas
estructura tres COMEB – julio de 2013; (iv) cronograma de visitas estructura
tres COMEB – agosto de 2013; (v) cronograma de visitas estructura tres COMEB –
septiembre de 2013; (vi) estadística hacinamiento estructura tres – septiembre
8/2013; (vii) estadística hacinamiento COMEB Bogotá – septiembre 7/2013 y;
(viii) estadística capacidad real del EPAMSCAS ERE JYP de Bogotá – septiembre
7/2013.Estos documentos[14]
serán valorados por la Sala.
6.9. En respuesta
a la comisión judicial decretada por el Magistrado Sustanciador mediante auto
de fecha 30 de agosto, el Magistrado Auxiliar comisionado, doctor Alfonso
Palacios Torres y el Profesional especializado Hugo Escobar Fernández de
Castro, rindieron informe al Magistrado Sustanciador el día 11 de septiembre de
los corrientes sobre la diligencia de inspección judicial decretada.
En este informe
se destaca respecto a las denominadas zonas de apoyo que: “en estos espacios
se desarrollan todo tipo de visitas (generales y/o conyugales), y en ellos
también se encuentran varios cuartos destinados a labores de talleres,
enseñanza y educación. Sin embargo, al contrario de lo aducido en la acción de
tutela, no se comprobó que en dichos lugares aptos para talleres se practicara
algún tipo de visitas conyugales debido a que el día de la inspección judicial
estos cuartos se encontraban cerrados”.
Frente al acceso
y disponibilidad del agua potable en el penal, la inspección judicial determinó
que “el servicio de agua se encuentra restringido. Los internos sólo cuentan
con suministro de agua 2 horas en la mañana, 2 horas al medio día y 2 horas en
la tarde, sin perjuicio de que se rompa la tubería que se encuentra en malas
condiciones, en cuyo caso se suspende de inmediato el suministro de agua a los
internos”. También se constató que al momento de la visita no había fluido
de agua potable.
Respecto al hecho
mencionado en la acción de tutela relativo a que los internos no pueden tomar
el sol, indicó el informe presentado que: “la exposición al sol que tienen
los internos de la torre F, patio 14 es mínima. Reciben algo de sol únicamente
en un espacio parcialmente cerrado contiguo a una cancha de micro fútbol. Sobre
el particular, el recluso William Morrillo, Promotor de Salud indicó que la
falta de entrada de sol causa enfermedades respiratorias y virus, tanto así que
algunos patios (11, 12, 8 y 15) se encuentran en cuarentena”.
Finalmente,
respecto a la visita conyugal consideró la comisión judicial de la Corporación que “los internos que no hacen uso de las 20 celdas privilegiadas, es decir,
la mayoría de los internos deben recibir y practicar la visita conyugal o
íntima en el piso de las “zonas de apoyo” mencionadas anteriormente, bajo
condiciones deplorables ya que no existe espacio adecuado, mobiliario,
instalaciones sanitarias y de aseo, acceso a agua potable y privacidad para las
mismas”.
(…) “Así las
cosas, a los internos solo les queda la opción de llevar a cabo las visitas
íntimas en unos llamados “cambuches” que acondicionan ellos mismos, con una
sábana que usan para cubrirse y así practicar la misma junto con los demás
reclusos, sobre el piso y sin intimidad alguna. Indicaron que anteriormente
recibían preservativos, no obstante, desde hace algún tiempo les fue suspendido
el suministro de los mismos”.
6.10. Mediante
auto del primero (01) de octubre de dos mil trece (2013)[15]
y en vista de que en la estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá –ERON-PICOTA-, solo existe un médico disponible para
atender los servicios de salud, el Magistrado Sustanciador ordenó decretar como
prueba oficiar a la EPS CAPRECOM para que a través de su Representante Legal, o
quien haga sus veces, remitiera a este Despacho información sobre:
(i) ¿Cuántas
personas componen el cuerpo médico que se encuentra disponible en las
instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
–COMEB-PICOTA destinado a atender los servicios de salud? Indíquese nombre,
identificación y formación médica de los mismos. Indíquese frecuencia de turnos
en caso de existir;
(ii) ¿En
cuántas ocasiones por semana o por mes es requerido el servicio de atención de
urgencias, ambulatoria y especializada brindado a los reclusos de la estructura
3 ERON del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
–COMEB-PICOTA? ¿Cuáles son las causas de atención más frecuentes?
(iii) ¿Las
existencias de medicamentos de EPS CAPRECOM son suficientes para cubrir
adecuadamente los requerimientos de salud de los reclusos de la estructura 3
ERON del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
–COMEB-PICOTA?
6.11. El día 15 de
octubre de 2013 a través de oficio de la Secretaría General de la Corporación[16],
se indicó que “vencido el término probatorio (…) el auto con fecha del
primero (1) de octubre del presente año, fue comunicado mediante oficio de
Prueba 581/13 el tres (3) de octubre de 2013 y durante término no se recibió
comunicación alguna”. Por lo anterior, en esta oportunidad, una vez más,
considera la Sala aplicable al caso en concreto la presunción de veracidad
contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro
de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9o, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
Jurídico
En atención a lo
expuesto, esta Sala de Revisión deberá determinar si las condiciones de
reclusión en las cuales se encuentran detenidos los accionantes cumplen con los
estándares necesarios y mínimos de dignidad humana para garantizar los derechos
fundamentales presuntamente violados a la salud, a la intimidad, a la
integridad física y/o psicológica y a la igualdad.
Con el fin de
resolver el caso, la Sala se pronunciará sobre: (i) los derechos fundamentales
de las personas que se encuentran en estado de reclusión; (ii) el régimen de
visitas y la visita íntima en condiciones dignas; (iii) los derechos sexuales
de los reclusos y el derecho a la salud; y (iv) finalmente abordará el análisis
del caso en concreto de acuerdo a las solicitudes hechas por los accionantes.
3. Derechos
fundamentales de las personas que se encuentran en estado de reclusión.
La Corte Constitucional, al estudiar las condiciones de reclusión de los internos en la Cárcel Modelo de Bogotá D.C. y Nacional de Bellavista de Medellín, en especial las
condiciones de hacinamiento, declaró mediante sentencia T-153 de 1998 que la
situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país
configuraba un estado de cosas inconstitucional, principalmente debido a
la situación de indignidad en la cual se encontraban las personas privadas de
libertad en el país. El fin perseguido con la declaratoria de la existencia
notoria de un estado de cosas inconstitucional estaba dirigido a buscar
un remedio al sistema carcelario y penitenciario colombiano que
lamentablemente, aun genera violaciones generales y sistemáticas de los
derechos fundamentales, en tanto afecta una multitud de reclusos, como sujetos
humanos de derecho y tiene origen en un problema de naturaleza estructural que
para solucionarse exige la acción mancomunada de distintas entidades.
Consideró la
citada sentencia, lo siguiente:
“Las
condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios
diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la
imprevisión y el desgreño que ha reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera
puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la
prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios
sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones
decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento
desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario”. (…)
Se estimó en esta providencia, previa diligencia de inspección
judicial, que las condiciones de las dos cárceles bajo examen “son
absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su
condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de
vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las
personas y su compromiso con los marginados”.
En dicho fallo, esta Corporación adujo que si bien algunos derechos
fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento
en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante
sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados
íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo, más si se
tiene en cuenta que la población reclusa se encuentra en una relación de
especial sujeción con el Estado.
En efecto, esta Corte ha explicado que la conexión de especial
sujeción con el Estado en la que se encuentran las personas privadas de la
libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un impacto evidente en
los derechos fundamentales de estas personas. Por tanto, el Estado se encuentra
en posición de garante respecto de la persona privada de la libertad y, en esa
medida, es su entera responsabilidad el cuidado de la vida, la salud, la
integridad física y moral, así como procurar las condiciones mínimas de
existencia digna del individuo privado de la libertad como persona.
A modo de ejemplo, ha dicho esta Corte que los derechos a la libertad
física, a la libre locomoción y los derechos políticos se encuentran
suspendidos. Asimismo, derechos como la intimidad personal y familiar, reunión,
asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se
encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la
privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida
e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido
proceso y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro
a que es sometido su titular[17].
Por tales razones, la jurisprudencia constitucional[18]
ha mantenido una línea jurisprudencial que clasifica los derechos fundamentales
de los internos en tres grupos: “(i) aquellos derechos
suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual
se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal.
Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los
derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables
conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad
que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad
del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al
debido proceso, y por ultimo, (iii) se encuentran los derechos
restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y
tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de
resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y
salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad
personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de
los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es
importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en
la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”[19].
En la sentencia T-133 de 2006 se adicionó que “derechos
fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad,
la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de petición, [los cuales]
se mantienen incólumes y, por ende, no pueden ser limitados en medida alguna”.
Ante la relación
de sujeción especial entre el interno y el Estado, según pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[20]este
último debe asumir una serie de responsabilidades específicas y tomar diversas
iniciativas con el objeto de garantizar a los reclusos las condiciones
necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de
aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de
aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad.
Al respecto, este
órgano judicial internacional ha establecido que -de conformidad con la Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano el 28 de 1973; entró en vigor el 18
de julio de 1978- toda
persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención
compatibles con su dignidad personal[21].
Además, ha considerado al igual que esta Corporación que el Estado debe
garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de
libertad, en razón de la posición especial de garante con respecto a dichas
personas, y dado que las autoridades penitenciarias ejercen un control total
sobre éstas[22].
El anterior contexto internacional, conllevó a que esta Corte asumiera
desde el año de 1998 la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos
grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. “Por esta
razón, la Corte Constitucional está llamada a actuar en ocasiones como la
presente, llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se
presenta en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas
por parte de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner
solución al estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas”.
Ahora bien, nuestra Constitución Política establece dentro de su
contenido sistemático que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento
jurídico, el artículo 1° del texto Superior consagra una República “fundada
en el respeto de la dignidad humana”. Así, la dignidad humana constituye un
pilar fundamental y un elemento determinante en el Estado Social de Derecho y
en la democracia constitucional, que inevitablemente trasciende del ámbito ético-filosófico para convalidarse en
nuestro ordenamiento positivo como una norma fundante de carácter vinculante
para todas autoridades.
Además, el artículo 5° constitucional
reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de
la persona, como quiera que los privados de la libertad en centros
penitenciarios y carcelarios jamás pierden su calidad de individuo de la
especie humana y de sujetos de derecho, se deriva que conservan intacta e
intocable su dignidad humana como derecho iusfundamental.
“La jurisprudencia de este tribunal ha
sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno
a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los
cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de
la libertad. En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la
condición de ser humano; la función y finalidad de la pena, son la protección
de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del
hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está
en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas
condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se
encuentran purgando una pena cuentan con las garantías constitucionales de
cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus derechos
fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos judiciales
en busca de la protección de los mismos. Por esta razón, los penados podrán
exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va ligada
inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto,
implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el
Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades
necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana,
con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este
derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia
directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos
del Estado colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva
consagración del sistema de derechos y garantías contemplado en la
Constitución”[23].
Igualmente, el
principio de dignidad humana, el cual irradia todo el ordenamiento
constitucional colombiano goza también de un contenido prestacional que exige a
las autoridades de la República involucradas, la adopción de políticas públicas
-en este caso penitenciarias y carcelarias- que conlleven a garantizar a los
internos las condiciones mínimas de vida digna y subsistencia. Lo anterior, por
cuanto al estar privados de la libertad bajo relaciones de especial sujeción
con el Estado les imposibilita adquirir por si mismos tales mínimos de dignidad
humana.
Ciertamente, vale traer a colación lo preceptuado en el
artículo 5° de la Ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”, el cual en concordancia con la Carta Política instituye el respeto de la dignidad humana, de las garantías constitucionales
y de los derechos humanos universalmente reconocidos en los establecimientos
carcelarios, como contenido y principios rectores de todo el sistema
penitenciario y carcelario colombiano, a saber:
“Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana. En
los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe todo formo de violencia síquica, física o moral.
(Subrayado
fuera de texto)
En consecuencia, le corresponderá a las entidades estatales
correspondientes, entiéndase Gobierno Nacional- Ministerio de Justicia y del
Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional, Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- e Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario -INPEC-, evitar la prolongada y continua vulneración de derechos
fundamentales de los reclusos sin excusarse en la carencia de recursos, ya que
el Estado termina siendo el principal responsable de proporcionar las
condiciones básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un
establecimiento carcelario, máxime cuando i) la dignidad humana como derecho se
conserva intocable y sin limitaciones de ningún orden o circunstancia y ii) las
restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad están limitadas
a un estricto criterio de necesidad y proporcionalidad.
“(…) La razón jurídica que explica este
compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según
el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo
cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un
deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las
personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la
guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la
seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y,
por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los
reclusos.[24]”
No obstante, las limitaciones
constitucionales a los derechos fundamentales de los reclusos deben ser las
estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la conservación de la
seguridad, el orden y la disciplina dentro del penal y a uno de los fines de la
pena como la resocialización de los internos. Por ello, ya había indicado esta
Corporación frente a la restricción de los derechos fundamentales por parte de
las autoridades carcelarias que estas facultades “deben estar previamente
consagradas en normas de rango legal, y tienen que ser
ejercidas conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”[25].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos como máxima intérprete del Pacto de San José y, en
general, de los derechos humanos en las Américas ha incorporado en su
jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y el
deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas
privadas de libertad[26].
En particular,
ha establecido este Tribunal Internacional los siguientes once criterios
sintetizados en la sentencia de 27 de abril de 2012, caso Pachecho Turuel y
otros vs Honduras, totalmente aplicables al estado de cosas
inconstitucional del sistema penitenciario colombiano:
i)  “el
hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal”[27];
asimismo, “obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los
centros penitenciarios”[28];
ii)
“la separación por categorías deberá realizarse entre procesados
y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que
los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición[29];
iii)
todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su
consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua
potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia
las personas que se encuentran bajo su custodia[30];
iv)
la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios,
debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente[31];
v) la
atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento
adecuado que sea necesario[32]
y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
vi)
la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales
de los centros penitenciarios[33],
las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el
fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
vii)
las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios.
La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la
integridad personal en determinadas circunstancias[34];
viii)
todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial,
ventilación y adecuadas condiciones de higiene[35];
ix)
los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene
y privacidad[36];
x) los
Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de
detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la
materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano[37],
y
xi)
las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel,
inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales[38], la
reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda
poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente
prohibidas[39].
En suma, esta
Corporación declaró con acierto el notorio estado de cosas inconstitucionales del
sistema penitenciario y carcelario colombiano el cual, a la fecha, se mantiene
plenamente vigente debido a que persisten los problemas estructurales objeto de
declaración en el año de 1998. Por cuenta de las relaciones de especial
sujeción que se establecen entre la Administración y las personas privadas de la libertad, existe en cabeza de estos últimos una tridivisión de derechos fundamentales
enmarcada en los principios de razonabilidad y proporcionalidad: i) derechos suspendidos;
ii) derechos restringidos y; iii) derechos intocables.
A modo de
ejemplo, con relación a los principales derechos fundamentales invocados por
los accionantes, vemos como la dignidad humana se erige en un derecho
fundamental intocable, mientras el derecho a la intimidad constituye un derecho
fundamental restringido o limitado en materia carcelaria.
4. Régimen de
visitas y el derecho de visita conyugal en condiciones dignas.
4.1. Régimen
de visitas.
El régimen de
visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra contenido en el
siguiente marco jurídico: i) la Constitución Política; ii) el Código Penitenciario y Carcelario; iii) el Acuerdo 011 de 1995 “por
el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos
internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”y; iv) los
diversos reglamentos internos de cada centro de reclusión, de acuerdo a las
circunstancias de cada caso en concreto.
El artículo 112
del Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014, establece lo siguiente respecto al régimen de visitas:
ARTÍCULO
112. RÉGIMEN DE VISITAS. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas
por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a
las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo centro de
reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que
se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada
establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros
y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos.
(…)
La visita
íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene,
seguridad y moral”.  Subrayado fuera de texto)
Por su parte, el
Acuerdo 0011 de 1995 consagra en su artículo 26 que los directores de los
establecimientos determinarán en el reglamento de régimen interno los horarios
en que los internos pueden recibir visitas, así como las modalidades y formas
de comunicación, de conformidad con el parámetro relativo a que “la
visita se producirá en locutorios acondicionados para tal efecto. En los
lugares donde no existan los mismos, y mientras se acondicionan, las visitas
podrán recibirse en los pabellones. En ningún caso las visitas ingresarán a
los lugares destinados al alojamiento de los internos, salvo los casos de
visita íntima”[40].
(Subrayado fuera de texto)
El Acuerdo citado
anteriormente regula de manera general los parámetros a los cuales deberán
sujetarse los diferentes reglamentos internos de los distintos establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país. Señala en su artículo 29 lo siguiente
sobre las visitas íntimas:
“ARTÍCULO
29. Visitas Íntimas. Previa solicitud del interno o interna al director del
centro de reclusión se concederá a aquel una visita íntima al mes,
siempre que se den los requisitos señalados en el artículo siguiente:
Los
visitantes y los visitados se someterán a las condiciones de seguridad que
establezca el establecimiento.
El
reglamento de régimen interno determinará el horario de tales visitas.
Cada
establecimiento procurará habilitar un lugar especial para efectos de la visita
íntima. Mientras se adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las
celdas o dormitorios de los internos.
Antes y
después de practicarse la visita, tanto el interno como el visitante serán
objeto de una requisa que se practicará de conformidad con lo establecido en el
artículo 55 de la Ley 65 de 1993. De conformidad con el artículo 22 del
presente reglamento, los visitantes no podrán ingresar elemento alguno a la
visita”.
(Negrilla fuera de
texto)
De acuerdo con lo anterior resulta evidente, en primer lugar, que el Código
Penitenciario y Carcelario colombiano contiene como principios rectores: la
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos (art.
5). Se resalta de manera expresa en el Código Penitenciario y Carcelario que la
visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de
higiene, seguridad y moral.
El Reglamento General, es
decir, el Acuerdo 0011 de 1995 al cual se sujetan los reglamentos internos de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, determina en dos
oportunidades que para el caso específico de las visitas íntimas es permitido
el ingreso de los visitantes a los lugares destinados al alojamiento de los
internos (Arts. 26 y 29). Claramente, el artículo 29 regula de manera
específica el tema de las visitas de pareja y establece expresamente que los
establecimientos carcelarios deberán hacer diligencias o esfuerzos para
habilitar un “lugar especial” de visita íntima y “mientras se adecuan
tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de los
internos”.
Finalmente, para dilucidar la regulación de las visitas íntimas en
concreto, el juez de tutela además de determinar el régimen constitucional deberá
analizar el régimen interno de cada establecimiento penitenciario y carcelario
en particular, en concordancia con el Código Penitenciario y Carcelario y el
reglamento general, con el fin de determinar una posible vulneración de los
derechos fundamentales de los reclusos, En este asunto, dicho análisis se
efectuará en el punto 6 de este capítulo.
4.2. Derecho de visita conyugal en condiciones dignas.
Esta Corporación ha
señalado que con ocasión de la clara relación o conexión que tiene la visita
íntima con el desarrollo de otros derechos como la intimidad, la protección a
la familia y la dignidad humana, se puede afirmar que la misma se configura en
fundamental y sólo debe ser sometida a restricciones bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad[41].
Desde sus inicios, esta Corporación se ha encargado de dilucidar la
naturaleza del derecho a la visita conyugal de los internos en las cárceles. Ha
indicado, por ejemplo, que la visita conyugal tiene relación directa con los
derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, por ende, respecto a
los derechos sexuales.
En la sentencia T-424 de 1992 se afirmó lo siguiente:
“El derecho
a la intimidad comprende una temática amplia que cobija muchos aspectos de la
vida pública y privada de las personas, entendiendo ésta última como aquel
espacio personalísimo que por su naturaleza no le atañe a terceros. La
realización personal y el libre desarrollo de la personalidad exigen de parte
de los particulares y del Estado, el reconocimiento y el respeto de las
conductas que la persona realiza, para vivir de manera sana y equilibrada, física
y emocionalmente. La vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente,
dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de
los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad”.
En sentencia T-222 de 1993, al analizarse el caso
de un recluso de la Cárcel Distrital de Bogotá D.C., que presentaba tutela a nombre de todos los internos consideró la Corte que:
(…) “se
le estaba vulnerando su derecho a la visita conyugal. Ya que no podían sostener
relaciones sexuales con sus parejas, porque el Director del penal había
conceptuado que en dicho establecimiento no se cuenta con sitios adecuados para
realizar dicha visita”. En dicha oportunidad, la Corte concluyó que “las visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen
parte del derecho a la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad
humana, como uno de los principios rectores del Estado social de derecho. Pero
su realización está limitada, y está limitada por las propias características
que involucra el permitir las visitas conyugales: contar con instalaciones
físicas adecuadas, privacidad, higiene, seguridad, etc., que no representen
ninguna clase de peligro para todos los internos”.
Además, la Corte ha explicado que la visita íntima fortalece los
vínculos de pareja y el derecho a la unidad familiar en particular. Así, en
sentencia T-153 de 1998 afirmó que “es evidente para todos que los
procedimientos para las visitas - con las esperas interminables, la falta de
espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. - no facilitan la unidad
e integración familiar”[42].
En la sentencia T-269 de 2002 la Corte consideró que:
“El derecho
a la visita íntima puede estar ligado con otros derechos fundamentales. En
efecto, es posible que la persona que se encuentre privada de la libertad, bien
sea por haber contraído matrimonio, bien por vivir en unión libre, haya
conformado una familia. Si bien no es el único mecanismo para mantener la
unidad familiar, el espacio compartido en la visita íntima sí es propicio y
necesario para fortalecer los vínculos de la pareja y una vez permitido este
espacio compartido, viabilizar un posterior encuentro del cónyuge o compañero
permanente que está en libertad con los hijos de la pareja.  Piénsese
por ejemplo en las visitas generales las cuales se realizan usualmente en un
patio o locutorio acondicionado común, al cual concurren a su vez los demás
reclusos. Si bien estas visitas permiten un acercamiento, no le dan a la pareja
las condiciones físicas de la visitas de carácter íntimo”. (Subrayado
fuera de texto).
Esta Corporación sustentó que el soporte de este derecho fundamental
limitado, se deriva de la interpretación armónica de los derechos a la vida en
condiciones dignas. Así en la sentencia T-134 de 2005, este Tribunal expresó
que:
(…) “el
desarrollo de la sexualidad hace parte del derecho a la vida en condiciones
dignas, es así como al tratarse de personas privadas de la libertad, se hace
esencial para los reclusos y su pareja el poder relacionarse con su pareja,
pues se afecta no solo el aspecto físico sino el psicológico.  Sentado lo
anterior, se debe inferir que por el hecho de una persona estar privada de la
libertad, correlativamente acarrea la restricción de este tipo de derechos
inherentes al ser humano, pues dichas vistas deben ser espaciadas en el tiempo,
sin embargo dicho lapso no debe ser desproporcionado, a fin de evitar una
afectación a los derechos a la intimidad, la salud, el libre desarrollo de la
personalidad, la protección integral de la familia, su intimidad y dignidad
establecidas”.
Vale reiterar, que la visita conyugal ha sido vinculada también con el
desarrollo de otros derechos fundamentales, como es el caso del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
La sentencia T-566 de 2007 señaló que:
(…) “se ha
corroborado por esta Corporación que la visita íntima esta relacionada con el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 16
de la Constitución, tanto para aquellos reclusos que tienen familia, como para
los que no la tienen, pues la privación de la libertad conlleva a la
correlativa reducción del libre desarrollo de la personalidad, sin embargo no
se puede anular ésta.  Por tanto puede establecerse que la relación física
de los reclusos, es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad
que continúan protegidos en prisión, a pesar de las restricciones legítimas
conexas a la privación de la libertad
A modo ilustrativo, la citada sentencia de 2007 concedió el amparo a
una reclusa que fue trasladada a un centro carcelario ubicado en una ciudad
distinta a la que se encontraba su compañero permanente, quien también se
encontraba preso y con quien hacía uso de su derecho a visitas conyugales. Para
la Sala Novena de Revisión, la orden de traslado originó una restricción
desproporcionada de sus derechos fundamentales, por cuanto “los
establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte
posible, que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en
especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones
frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el
desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Por tanto, para la Sala es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel en el que venía
purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo de su compañero
sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración de su derecho a
mantener contacto con su grupo familiar, así como el desconocimiento de los
derechos de la menor a contar con la compañía de sus padres”. En esa
ocasión la Corte ordenó al INPEC que procediera a iniciar el trámite pertinente
para llevar a cabo el traslado de la señora a su anterior sitio de reclusión.
Así mismo, en
otra ocasión, la Corte manifestó que la visita conyugal es un “derecho
fundamental limitado”, cuyo
soporte constitucional se deriva de la interpretación armónica de los derechos
a la vida en condiciones dignas, la intimidad personal y familiar, al libre
desarrollo de la personalidad y a la unidad familiar[43].
Por otra parte,
esta Corporación en sentencia T – 265 de 2011 estudió el caso de la esposa de
un recluso de la Cárcel de la Ceja – Antioquia, que había sido sancionada
mediante Resolución, con suspensión definitiva del ingreso al mismo, y a
cualquier otro centro de reclusión de orden nacional, ya que “previo
requerimiento para ser requisada, entregó voluntariamente 42.30 gramos de cannabis que escondía en sus genitales”. En esta oportunidad recordó esta
Corporación que “ha tutelado los derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad de las personas
privadas de la libertad, así como los derechos fundamentales de quienes los
visitan, en los casos en que las medidas adoptadas por las autoridades
penitenciarias y carcelarias, han anulado de manera absoluta el ejercicio de
los mismos. En este sentido, la Corte ha estimado que tales medidas no se
encuentran ajustadas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y
por tanto, resultan contrarias a la Constitución, así como a la finalidad del tratamiento penitenciario y, en el caso de los condenados, a las funciones de la
pena”. En este asunto, se ordenó dejar sin efecto la resolución que
suspendía el ingreso y se permitió la visita íntima bajo condiciones de
periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, de acuerdo con las normas de
seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del régimen interno de
dicho establecimiento.
Por último, en
sentencia reciente, la Sala Quinta de Revisión[44]
de esta Corporación se pronunció frente a la situación de los internos del
Centro Penitenciario Las Heliconias de Florencia – Caquetá, donde además de los
problemas presentados por la falta de celdas y baños suficientes, en relación
con la visita íntima de los internos se evidenció que:
(…) “no
tiene las más mínimas normas de sanidad, en el mismo sitio y con las mismas
sabanas deben tener relaciones sexuales los internos. Esta visita dura solo 25
minutos y cuando se acaba los guardianes sin avisar entran y violentan la
intimidad. El área de visitas es muy pequeño y las familias que llegan no
tienen casi espacio para estar con los internos, menos comodidades no tiene
donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y cuando logran ingresar ya
les queda muy poco tiempo para estar con los internos”.
La Corte recordó en aquella oportunidad que a pesar de que el derecho
a la visita íntima o conyugal tiene un estrecho vínculo con los derechos a la
intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, es un
derecho restringido, lo cual no implica que sus garantías fundamentales no le
sean respetadas y garantizadas por el juez constitucional. De esta manera
ordenó al INPEC el inicio de “gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para iniciar las obras de
infraestructura requeridas para que las visitas conyugales se den dentro de un
ambiente que además de contar con un espacio adecuado, se encuentre siempre en
condiciones apropiadas de aseo, y ampliando el horario de las mismas”.
Por tanto, según
el sistema penitenciario y carcelario colombiano, sin importar la condición de
imputado o condenado o el sistema penal acusatorio aplicable, el Estado tiene
la obligación de facilitar el contacto entre los reclusos y sus parejas y de
respetar el mismo contra toda interferencia abusiva y arbitraria en los
derechos constitucionales fundamentales que se derivan del derecho a la visita
íntima. Es claro que una visita íntima en la cual se respete la dignidad humana
de un recluso(a) y de su pareja favorece a la preservación de los lazos
afectivos, sentimentales y sexuales, toda vez que una de las formas de
resocializar al recluso para su posterior integración en la comunidad es con el
apoyo y el mantenimiento de los lazos familiares mientras dure su permanencia
en un centro carcelario.
En suma, observa
esta Sala que en la visita íntima efectuada en los establecimientos carcelarios
se interrelacionan varios derechos fundamentales como la intimidad, el libre
desarrollo a la personalidad y la unidad familiar, algunos de los cuales si
bien ha dicho la jurisprudencia son restringidos o limitados en razón a la
relación de especial sujeción con el Estado por la comisión de un hecho
punible, no es menos cierto que cuando operan y se hacen efectivos mediante la
visita íntima deben ser eficaces y objeto de total respeto por parte de las
autoridades penitenciarias y carcelarias.
Esto es, resulta
razonable que la visita íntima por regla general deba ser un derecho
fundamental limitado; los visitantes tienen que ser sometidos a requisas,
condiciones de seguridad, requisitos para obtener el permiso, fechas y horarios
determinados para ingresar. No obstante, con el fin de que se ejercite de
manera eficaz el derecho, una vez se conceda la visita íntima a favor de un
recluso se debe proteger estrictamente la órbita de dignidad humana que implica
y que tiene altas repercusiones no solo como un derecho intocable del recluso
sino también a favor de los derechos del ciudadano/a común que acude a la
visita. De igual manera, derechos como el derecho a la salud y la integridad
personal gozan de protección ilimitada.
Además, se debe precisar
que la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de la
libertad no es predicable respecto de los ciudadanos y ciudadanas que libremente
visitan a sus parejas recluidas una vez al mes, toda vez que ellos mantienen
intactos todos sus derechos fundamentales y tan sólo pueden verse sometidos a
las reglas razonables y proporcionales fijadas por el establecimiento de
reclusión para ingresar al penal y acatar las condiciones de seguridad, orden y
disciplina fijadas por el mismo.
De esta manera, para que en la práctica de la visita íntima no se
lesione o menoscabe la dignidad humana, es indispensable que el Estado
garantice condiciones mínimas con el fin de que los derechos fundamentales del
recluso y su pareja visitante no se pongan en peligro. Estos mínimos de
dignidad o condiciones materiales concretas de existencia para el ejercicio de
una visita íntima digna son las siguientes: i) privacidad; ii) seguridad;
iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso
de preservativos e viii) instalaciones sanitarias.
Lo anterior, por cuanto una visita íntima que tenga lugar sin los
anteriores condicionamientos mínimos vulnera los principios rectores de
cualquier regulación carcelaria. Es decir, cuando una visita íntima no comprende
factores como privacidad, seguridad, higiene, espacio, mobiliario, acceso a
agua potable, uso de preservativos e instalaciones sanitarias vulnera las
garantías constitucionales, los derechos humanos y el principio de dignidad
humana[45].
Como anteriormente se anotó dichos principios inspiran y orientan la actuación
de todos los establecimientos de reclusión en el país, los cuales se encuentran
encaminados en lograr el cometido final del tratamiento carcelario: una
verdadera resocialización del infractor de la ley penal.
Así, i) la privacidad se refiere a que no exista ningún tipo de
intromisión por parte de personas ajenas a la visita íntima. La visita íntima
debe contener aislamiento sonoro; ii) la seguridad que la autoridad
carcelaria garantice el orden, la vigilancia y el respeto por el desarrollo de
la visita; iii) la higiene indica el permanente aseo y limpieza de todos
los elementos disponibles en la visita íntima; iv) el espacio se
circunscribe a una visita íntima sin condiciones de hacinamiento, en la cual se
puedan acomodar dignamente dos personas sin importar su orientación sexual; v) mobiliario
significa que la autoridad carcelaria deberá proveer por cada visita íntima una
cama y ropa de cama que deberá ser mantenida y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza, en su defecto, se deberá permitir que cada recluso
ingrese su propia ropa de cama; vi) el acceso a agua potable conlleva el
derecho que le asiste a la pareja al suministro permanente de agua potable
durante la visita íntima; vii) uso de preservativos comprende el
suministro de mínimo dos (2) preservativos por interno/a los días en que tenga
lugar la misma y; viii) instalaciones sanitarias implica el acceso a un
sanitario y a un lavatorio con agua para que tanto las personas privadas de la
libertad como sus visitantes puedan satisfacer sus necesidades naturales en el
momento oportuno, en forma aseada y decente.
Los anteriores condicionamientos tienen fundamento en conexión con el
caso sub examine como se podrá observar en el punto 6° de este fallo, ya
que en el desarrollo de la inspección judicial, la comisión pudo constatar que
las visitas íntimas no tienen el carácter de íntimo; se practican de manera
pública en las denominadas “zonas de apoyo” y presentan condiciones infrahumanas
de higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de preservativos e
instalaciones sanitarias.
Por ello, resulta claro para la Corte Constitucional que las visitas íntimas, independientemente del sexo o la orientación
sexual[46],
deben llevarse a cabo en un ambiente que ofrezca unos mínimos de humanidad
descritos anteriormente. No es aceptable constitucionalmente, de acuerdo a los
postulados de la dignidad humana, que las parejas sean obligadas a congregarse
en los pasillos, pabellones, baldosas, instalaciones internas o espacios
reducidos, a las cuales concurren a su vez los demás reclusos, y que queden
expuestas al público y al escrutinio de los demás reclusos, incluso sometidos a
las dinámicas de violencia y corrupción que impera en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios.
La naturaleza del derecho a la visita íntima implica además, que éstas
tengan lugar en un sitio especial, seguro, limpio, acondicionado para el efecto,
reservado y diferenciado de aquel en el cual se encuentran los internos
habitualmente, por ende, el Estado como sujeto ubicado en posición jerárquica
superior no puede sustraerse del deber que le asiste consistente en crear las
instalaciones adecuadas para que las visitas tengan lugar dignamente, sin que
las parejas entre las cuales se encuentran muchas mujeres, tengan que ingresar
a áreas inadaptadas y destinadas a otro tipo de labores penitenciarias y/o
carcelarias.
De ahí la importancia, se reitera, que el Estado, sin escudarse en
dificultades económicas o presupuestales, cree locales independientes predestinados
únicamente con este propósito, en los cuales se garanticen estándares mínimos
internacionales en la materia y se respete la dignidad humana inherente a la
persona privada de la libertad y los derechos fundamentales a la salud, a la
integridad personal, a la libertad sexual, a la libre orientación sexual, al
fortalecimiento del vínculo familiar y al contacto íntimo con otra persona a su
elección, sin discriminaciones de ningún tipo por razones de género, sexo,
raza, origen, lengua, religión u opinión.
5.  Derechos sexuales de los reclusos y el derecho a la salud.
Esta Corporación judicial ha reconocido en anteriores oportunidades
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en tanto derechos humanos
reconocidos por tratados internacionales. Se ha decidido protegerlos por cuanto
se relacionan íntimamente con la protección de otros derechos fundamentales -
como la vida, la salud, la igualdad y no discriminación, la libertad, la
integridad personal- que constituyen el núcleo esencial de los derechos
reproductivos[47].
Ahora bien, para
esta Sala de Revisión es notorio que son diferentes los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres respecto de los derechos sexuales de las personas
privadas de la libertad por cuanto estos últimos se encuentran por regla
general limitados o restringidos. Sin embargo, resulta evidente que la
sexualidad de los reclusos merece ser protegida constitucionalmente toda vez
que constituye un factor trascendental en el desarrollo de la visita íntima.
Sin lugar a dudas, una visita íntima en condiciones indignas vulnera los
derechos fundamentales descritos anteriormente a la intimidad, a la protección
familiar, al libre desarrollo de la personalidad; a la salud, así como también los
derechos sexuales y reproductivos de los reclusos[48].
En adición, es
palmario que en la visita íntima aplican los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres por cuanto ellas también hacen parte de la visita íntima, bien
en calidad de reclusas o como ciudadanas visitantes. En ese sentido, vale traer
a colación la Declaración de Beijing de 1995, IV Conferencia
Mundial sobre la mujer, la cual estableció que los derechos humanos de la mujer “incluyen su derecho a tener control
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y
reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse
sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones
igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y
la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona,
exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir
conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento
sexual”[49].
Con relación al grado de realización del
derecho a la salud de las personas privadas de libertad, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta en la cual invocó que “es notoria la
ausencia de la atención médica especializada en los centros de reclusión
femeninos: en su gran mayoría carecen de instalaciones adecuadas, médicos
ginecólogos y tratamientos especializados. No existen programas y políticas de
salud sexual y reproductiva ni de abordaje de los derechos sexuales de las
mujeres. Las mujeres embarazadas y madres lactantes se encuentran en una
situación de particular desprotección. En similares condiciones se encuentran
los hijos que permanecen con sus madres en los centros de reclusión, pues, el
INPEC no cuenta con guarderías suficientes ni con médicos pediatras para la
atención de los mismos”[50].
Así las cosas, considera la Corte que los derechos sexuales de las personas recluidas y de sus parejas, sin
consideraciones de género, también deben ser protegidos constitucionalmente debido
a que integran los derechos humanos y se ejercen en conexidad con otros derechos
fundamentales a la salud, a la intimidad y a la personalidad. Además, en
atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales
aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad
de las personas privadas de la libertad como sujetos de derecho que merecen un ejercicio digno de los derechos
sexuales y reproductivos.
Los derechos sexuales y reproductivos de
las personas privadas de libertad se deben valorar en correspondencia con el
derecho a la salud, a la dignidad y a la libertad inherente al recluso como ser
humano. Su contenido aunque tiene en principio un alcance restrictivo o
limitado por cuanto se trata de un derecho vinculado a la intimidad, implica:
comunicarse con su pareja, manifestar sentimientos, tener contacto, expresión
emocional y sobre todo sentirse apreciado y querido por otra persona. Por ello,
habida cuenta que en el ejercicio de la visita íntima se establece una relación
directa de este derecho con la dignidad humana y el derecho a la salud, los
derechos sexuales de las personas privadas de la libertad gozan de protección
constitucional.
En este orden de ideas, el derecho a la
sexualidad de las personas privadas de la libertad se debe entender como otro
derecho de los reclusos, restringido por la posible comisión de un hecho
punible y encontrarse inmerso en relación de especial sujeción con el Estado,
pero amparado, en todo momento, cuando en el ejercicio de la visita íntima en
establecimiento carcelario se vulneran las condiciones mínimas de dignidad
humana establecidas en esta sentencia para una visita íntima acorde a los
derechos humanos, que cuente a lo sumo con: i) privacidad; ii) seguridad;
iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso
de preservativos e viii) instalaciones sanitarias.
La Corte Constitucional en sentencia T-474 de 2012 se había pronunciado sobre
la sexualidad y el derecho a la vida digna de la siguiente forma:
“La
circunstancia de que una persona se encuentre privada de la libertad no
significa que pueda coartársele la posibilidad de tener una vida sexual activa,
pues se hace esencial para los reclusos y su pareja el poder
relacionarse en el ámbito sexual ya que este tipo de encuentros además de tener
como sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser positivo
repercute en el estado de bienestar de la pareja. Por lo tanto, en orden a
garantizar los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la
personalidad de las personas privadas de la libertad, y con el fin de
contribuir con su proceso de resocialización, esta Corporación ha precisado que
la visita íntima, concebida como aquel espacio que, como su nombre lo indica,
brinda a la pareja un espacio de cercanía, privacidad personal y exclusividad,
no puede ser reemplazado por ningún otro medio, como podrían ser las visitas
que se realizan en un patio o en espacios compartidos con más reclusos, o la
comunicación virtual a través de medios tecnológicos”. (Negrilla fuera de texto).
Esta Sala concluye entonces que el hecho
de amparar una vida sexual digna en los centros de reclusión puede contribuir a
mejorar el bienestar, el comportamiento y la calidad de vida de los internos,
como un elemento integrante de la política pública de resocialización y de
salud sexual para los internos. Mientras por el contrario, restricciones
desproporcionadas e irracionales en el régimen de visitas de las personas
privadas de la libertad constituyen materialmente una especie de trato inhumano
y violatorio de los derechos fundamentales de los reclusos.
Por otra parte, es evidente para esta Sala
como los derechos sexuales de los reclusos se conectan con derechos
fundamentales intocables, radicados en cabeza de los reclusos, como lo son el
derecho a la dignidad humana y a la salud. El derecho a la salud recibe una
proyección en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el cual indica en su artículo 12.1 que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental”.
Por tanto, el Estado como garante de derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad tiene la obligación de
respetar, proteger y garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social y, para ello, la visita íntima mensual constituye la
base de una vida sexual saludable y en condiciones físicas y mentales
satisfactorias para las personas privadas de la libertad. Si bien, los derechos
sexuales de los reclusos no pueden ser ejercidos a plenitud por el solo hecho
de la privación de la libertad, en el ejercicio mensual del derecho a la visita
íntima debe ampararse dignamente –como contenido de los derechos sexuales del
recluso- la privacidad sexual. Lo cual quiere decir que debe protegerse la
condición masculina o femenina, sin que exista interferencia de terceros en el
ámbito de intimidad del recluso y de su pareja.
El derecho sexual y reproductivo de los
reclusos y de sus parejas, independientemente de la orientación sexual,
contiene además, el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables por parte de las personas privadas de libertad. Para ello, el
Estado debe proporcionar condiciones de dignidad en lugares especiales que
permitan el desarrollo de una visita íntima que abarque, entre otros: el
derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno, así
como el derecho al acceso pleno de métodos de regulación de la fecundidad.
Finalmente, respecto a la atención
específica de la salud sexual considera esta Sala que el Estado, en su posición
especial y jerárquica de garante debe educar, informar y sobre todo
proporcionar a las personas privadas de la libertad el acceso a métodos
anticonceptivos, en condiciones de calidad. Así como prevenir mediante el
diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado todas las patologías sexuales
penitenciarias y carcelarias para asegurar la protección del derecho
fundamental a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los reclusos
y sus visitantes.
6. Análisis
del caso en concreto.
En atención a lo
expuesto en la solicitud de tutela, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si las condiciones de reclusión en las cuales se encuentran
detenidos los accionantes cumplen o no con los estándares necesarios y mínimos
de dignidad humana para garantizar los derechos fundamentales presuntamente
violados a la salud, a la intimidad, a la integridad física y/o psicológica y a
la igualdad.
Resulta probado de
la situación fáctica, la visita íntima vulnera derechos fundamentales de los
accionantes debido a que las 20 celdas existentes para el desarrollo de la
misma son insuficientes respecto a la capacidad total de reclusos detenidos en
el establecimiento carcelario accionado. De igual forma, se comprobó mediante
inspección judicial comisionada por el Magistrado Sustanciador que los
servicios y el personal médico son escasos para atender el número total de
población reclusa.
Por otra parte, la Sala concluye que en el presente caso el centro de reclusión no tiene fluido de agua potable
permanente, y mantiene un regular estado higiénico y de salubridad para el
ejercicio digno del derecho a la visita íntima de las personas privadas de
libertad[51].
6.1
. Vulneración al derecho a la intimidad.
En este caso sub-examine,
los accionantes se encuentran ubicados en el pabellón de alta seguridad del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA,
estructura 3, patio 14, torre f. La Resolución 302 del 10 de mayo de 2005, “por la cual se expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de alta y mediana seguridad y el Establecimiento de
Reclusión Especial –La Picota” reguló en su artículo 80 el régimen de
visita íntima para internos clasificados en alta seguridad.
Dicho artículo
establece en el parágrafo 1°, después de señalar los requisitos para que se
conceda una visita íntima que “la visita íntima se efectuará en la celda de
los internos quedando sujeta al turno y cantidad de solicitudes elevadas a la Dirección del Establecimiento”. El parágrafo 2° consagró que “a cada visitante se le
permitirá el ingreso de dos (2) unidades de preservativos”.
Asimismo, el
parágrafo 1° del artículo 77 de dicha Resolución estableció que: “la visita
íntima se efectuará en el sitio especialmente acondicionado para tal fin, y
tendrá una duración de una (1) hora, quedando sujeta al turno y cantidad de
solicitudes elevadas a la Dirección del Establecimiento”.
Además de lo
anterior, el Código Penitenciario y Carcelario consagró que la visita íntima
será regulada por el reglamento general, según los principios de higiene,
seguridad y moral. El reglamento general o Acuerdo 0011 de 1995, que sirve de
parámetro de los distintos reglamentos internos de los establecimientos
carcelarios, señaló en su artículo 29 que “cada establecimiento procurará
habilitar un lugar especial para efectos de la visita íntima. Mientras se
adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de
los internos”.
En primer lugar,
dadas las condiciones de seguridad de dicho centro penitenciario y carcelario,
se verificó que a los reclusos no se les permite recibir la visita íntima
dentro en las celdas particulares debido a la deficiente infraestructura del
penal y a las dificultades que se pueden presentar en materia de seguridad. En
principio, esta medida es razonable y proporcional porque garantiza el control
de la seguridad al interior del centro de reclusión, sin embargo, no obsta para
que con el fin de proteger derechos fundamentales de aplicación inmediata
dichas celdas ordinarias sean utilizadas transitoriamente de conformidad con el
reglamento general del INPEC.
Lo anterior, por
cuanto actualmente los accionantes se ven obligados a recibir su visita íntima
o conyugal sin dignidad humana y sin privacidad o intimidad alguna ya que,
penosamente, deben recibir la misma bajo turnos antihigiénicos en las únicas 20
celdas habilitadas para ello o, por regla general, en la llamada “zona de
apoyo”, a la cual concurren a su vez el grueso de los reclusos para practicar
la visita íntima en el pavimento de la zona de apoyo con una sábana o mediante
“cambuches”.
En
segundo lugar, el hecho relativo a que solo existan 20 celdas especiales
acondicionadas para recibir la visita íntima de 3.164 internos en la estructura
3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
–COMEB-PICOTA-ERON, significa condiciones antihigiénicas e incómodas en el
desarrollo de la misma toda vez que aproximadamente 158 reclusos deben turnarse
una sola celda en el supuesto que se realice una visita íntima en un mismo día
determinado por cada recluso.
En
efecto, a día de hoy existen 20 celdas habilitadas para visitas íntimas bajo un
horario de visitas de 8am a 4pm; las visitas permitidas tienen una duración de
una hora, es decir, 8 visitas al día en cada celda. Por tanto, con las
instalaciones existentes y el horario establecido, se pueden realizar
actualmente 160 visitas diarias. Bajo el supuesto que se destine un único día a
este tipo de visitas durante un periodo de 8 horas implicaría que cada visita
duraría cerca de 3 minutos por recluso, situación que no resulta satisfactoria ni
respeta los mínimos derechos fundamentales del recluso.
En
la anterior hipótesis, es decir, si se pueden realizar 160 visitas diarias,
significa que tan solo 160 reclusos pueden tener una visita íntima en
condiciones “adecuadas y dignas”. Sin embargo, habida cuenta que en la
estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
habitan un total de 3.164 reclusos con derecho a visita íntima, actualmente 3.004
reclusos no pueden tener su derecho a la visita íntima en las circunstancias
propicias. Esto indica que aproximadamente un 95 % de las personas privadas de
la libertad en esa estructura no tienen celda idónea para el ejercicio de su
derecho a la visita íntima.
Por consiguiente, como medida de
protección inmediata de los derechos fundamentales violados se ordenará al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que presente perentoriamente un plan
de contingencia o de choque con fechas y plazos precisos al juzgado de única instancia, 17 Penal del Circuito de
Bogotá D.C.,
que asegure el goce efectivo e inmediato
de los derechos tutelados o que al
menos disminuya la violación de derechos fundamentales en la visita íntima
mientras se construyen las obras requeridas. Para ello, esta entidad podrá
adoptar cualquier prevención que no imponga cargas, limitaciones o
restricciones adicionales sobre estos u otros derechos fundamentales, como por ejemplo, el establecimiento de
campamentos higiénicos los días de las visitas íntimas, entre otras. Dicho plan
deberá ser implementado dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de
esta providencia y remitirse copia a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
En
tercer lugar, organismos de control independientes se pronunciaron en forma
separada sobre los hechos de la acción de tutela y el estado del centro de
reclusión, una vez practicadas sendas diligencias de inspección judicial. La Personería de Bogotá D.C., informó al Magistrado Sustanciador que “el área de visitas
ordinarias destinadas para ello no son suficientes las veinte (20) celdas de
visita conyugal”.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, adujo en su informe lo siguiente:
“Son entre
20 y 25 compartimientos, sin ventilación y sin luz natural, y al ser estos
insuficientes para el total de la población, se destinaron lugares denominados
zonas de apoyo (educativas, talleres) que tampoco reúnen las condiciones
mínimas para este tipo de actividades. Estos sitios solo cuentan con un
baño y se turnan hombres y mujeres, no es permitido por reglamento el ingreso
de los visitantes a las celdas de los internos, muchos internos manifiestan
que no acuden a sus visitas íntimas por cuanto los sitios son indignos, además
que el tiempo es muy corto y que no se les entregan preservativos”.
(Folios 62-63,
cuaderno 2) (Negrita fuera de texto).
Estas
cifras solo indican la persistencia en el estado de cosas inconstitucionales
del sistema penitenciario y carcelario colombiano y la precaria
infraestructura que posee la estructura 3 de la cárcel La Picota en cuanto a la protección de todos los derechos que subyacen a la visita íntima como
la vida digna, la intimidad, la protección familiar, el libre desarrollo de la
personalidad, la salud, el agua y los derechos sexuales y reproductivos de los
reclusos. Si bien, la idea es establecer un sistema de turnos para que un mayor
número de celdas no se tornen inútiles y sean subutilizadas; 20 celdas para
3.164 reclusos hacen el derecho a la intimidad nulo y violatorio de las
garantías constitucionales y los derechos humanos que se deben proteger en el
ejercicio de la visita íntima.
En
cuarto lugar, un supuesto escenario ideal en el caso de mantenerse los 3.164
internos con una hora para la visita íntima durante una vez al mes, debería considerarse
lo siguiente: dividir el grupo total de reclusos en cuatro grupos diferentes
(uno por cada fin de semana del mes) lo cual involucraría 791 reclusos con
acceso a visita conyugal por fin de semana; destinándose una jordana de 8 horas
para visitas durante el día domingo implica una demanda mínima de 100 celdas y,
por ende, se requeriría la construcción de al menos 80 celdas adicionales para
garantizar condiciones normales de vista íntima en ese supuesto o fórmula de
turnos.
Adicionalmente, el Estado tiene la obligación de tomar
medidas y adoptar políticas conducentes que garanticen efectivamente el derecho
de mantener y desarrollar las relaciones familiares y sentimentales por parte
de las personas privadas de la libertad, sin excusarse en la carencia de
recursos económicos. Por lo tanto, cualquier disposición que restrinja este
derecho debe ajustarse a los requisitos razonables y proporcionales de
encarcelamiento, lo cual no sucede en este caso en concreto por la evidente
falta de proporción -20 celdas de visita íntima para
3.164 reclusos-.
Estas condiciones generan, sin duda, una limitación
altamente restrictiva e inconstitucional no solo en la vida familiar de las
personas privadas de la libertad, sino en la esencia de los derechos de todo
recluso al respeto por su intimidad y sexualidad. Ante esto, las autoridades
penitenciarias y carcelarias, sin excusarse en la carencia de recursos deben
brindar las facilidades necesarias para que el recluso mantenga un contacto digno
con su pareja y núcleo familiar.
Así las cosas,
cabe indicar que si bien es admisible constitucionalmente una restricción en el
derecho a la intimidad y, por ende, a la visita íntima, las condiciones en las
cuales se ejerce este derecho en la estructura 3 del Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA resultan abiertamente
irracionales y desproporcionados debido a que las entidades accionadas no le brindan
a la pareja las condiciones físicas para el ejercicio de una visita de
naturaleza íntima, todo lo contrario, con un sistema de visitas como el actual
se desnaturaliza este derecho dado que pasa a ser pública e indigna.
Esto, por cuanto
la desproporción entre las pocas celdas existentes y la cantidad total de
población reclusa generan una falta absoluta de intimidad y de privacidad en
las relaciones sexuales que mantienen los reclusos con sus parejas.
Lamentablemente, se corroboró en sede de revisión lo manifestado en el escrito
de tutela. Los accionantes:
“se ven
obligados a tener relaciones sexuales o “copularse” prácticamente en el piso en
condiciones indignas y fuera de toda salubridad e higiene, debido a que no
existen áreas o locutorios adecuados para tal efecto”[52].
Así, el derecho a
la intimidad violado comprende no solo la vida afectiva del recluso sino
también sus derechos sexuales y reproductivos, como uno de los aspectos
principales del derecho fundamental a la intimidad y a la salud sexual. Se
corroboró que la visita íntima incumple los estándares mínimos de dignidad
humana por cuanto la misma tiene lugar en un ambiente y en un espacio
inapropiado, con deficiente higiene, sin acceso a agua potable, servicios
sanitarios y suministro de preservativos.
En quinto lugar,
resulta inaceptable que contrariando el principio de legalidad y la jurisprudencia
constitucional, este establecimiento de reclusión aún no garantice lugares
especiales y suficientes para la práctica de una visita íntima digna, máxime
cuando el mismo artículo 34 del Código Penitenciario y Carcelario colombiano
consagra que “cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una
planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal
directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios
materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos”.
(…) El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “elaborará un
manual de construcciones con las debidas especificaciones, según su
clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su
cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno de su
ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación,
recreación, materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico
y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones”.
En este asunto
los accionantes claramente no cuentan con la planta física adecuada según la
población de los internos. De lo anterior, se colige que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario como entidad contratante erró a la hora de elaborar
el manual de construcción con las debidas especificaciones para la visita
íntima en el establecimiento carcelario de La Picota, donde se encuentran recluidos los accionantes. En consecuencia, se ordenará al órgano competente, es decir
a la Contraloría General de la República, iniciar una investigación fiscal que examine
los hechos objeto de tutela.
Además, se
ordenará como medida definitiva en el presente asunto, con el fin de proteger
los derechos constitucionales fundamentales que se derivan de la visita íntima,
iniciar las obras de infraestructura
requeridas para que las mismas se practiquen dentro de los mínimos planteados
en esta providencia que garanticen una visita íntima acorde con la dignidad
humana, la cual comprende: i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene;
iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de
preservativos e viii) instalaciones sanitarias.
Cabe entonces
volver a reiterar, para el caso en concreto, lo dispuesto por la Corte en 1998 cuando declaró el estado de cosas inconstitucionales, ahora aplicado a las
condiciones de la visita íntima “son absolutamente infrahumanas, indignas de
una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de
albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su
respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”.
En general, el
presente asunto demuestra la forma inapropiada de tratar seres humanos. La
falta de humanización en las cárceles del país, en reconocer la importancia de
los reclusos como seres morales, genera que no pueda hablarse de hacer justicia
o de que el estado de reclusión haga parte de la resocialización que pretende
la privación de la libertad intramural para mejorar al individuo. El ser humano
es un fin en si mismo y eso se debe reflejar en la forma como el Estado liberal
considera y trata a la población carcelaria, especialmente cuando estamos
frente a una relación de especial sujeción entre la Administración y los reclusos.
Ante esta sistemática
violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad,
detectada por esta Corporación desde el año de 1998, se reitera que el Estado
colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional no puede alegar dificultades
económicas para justificar condiciones de detención como la que se presenta en
este caso, que sólo pueden llevar a una conclusión: el incumplimiento de los
estándares mínimos internacionales de derechos humanos y el irrespeto de la
dignidad inherente del ser humano detenido.
Por lo cual, se
determinará que en la siguiente
vigencia presupuestal se realicen las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas con
el fin de que las visitas conyugales o íntimas se practiquen dentro de un
contexto digno. Y que en dado caso que no se realicen dichas gestiones al terminar la próxima
vigencia presupuestal desde la
notificación de la presente providencia, se dispondrá que el Estado asuma y
garantice las visitas íntimas por turnos eficientes en las celdas o dormitorios
de los internos bajo condiciones de seguridad, aplicándose lo dispuesto en el
artículo 29 del Acuerdo 0011 de 1995 y en el reglamento interno de la cárcel La Picota.
6.2.
Vulneración al derecho al agua.
Por otra parte,
encuentra la Sala que así no hubiese sido invocado el derecho al agua en el
escrito de tutela como derecho fundamental presuntamente violado, se debe
realizar un pronunciamiento al respecto como quiera que la comisión judicial probó
en diligencia de inspección judicial que en este asunto se vulneró el
derecho fundamental al agua. En efecto, se verificó que el suministro del
recurso se encuentra limitado de la siguiente manera: 2 horas en la mañana, 2
horas al medio día y 2 horas en la noche. “Sin perjuicio de que se rompa la
tubería que se encuentra en malas condiciones, en cuyo caso se suspende de
inmediato el suministro de agua a los internos”[53].
Esto indica que
no hay acceso permanente a agua potable, ni disponibilidad del recurso para su
consumo y aseo personal. Lo cual constituye, de acuerdo a los convenios
suscritos por Colombia y la jurisprudencia internacional y nacional[54]
una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se
encuentran bajo su custodia.
Lo anterior, fue
verificado mediante inspección judicial practicada por el despacho sustanciador
el día 8 de septiembre de 2013 cuando a la hora del medio día al abrir el grifo,
constató que no había disponibilidad ni acceso al recurso en cuestión. A su
turno, la Personería de Bogotá D.C., en su visita de inspección también evidenció
esta situación por cuanto en su informe presentado relató que “no hay
sistema de drenaje, en las zonas de apoyo y en las zonas de visita y celdas
para visita conyugal visibles al momento de la visita” (…) “No hay fluido de
agua potable a la hora de la visita”.
Por lo cual, se reitera que el
Estado tiene el deber de adoptar medidas con el fin de que las personas
privadas de la libertad tengan derecho fundamental al acceso de agua potable en
forma continua, permanente y suficiente para atender sus necesidades diarias, de
conformidad con las prescripciones de derecho internacional humanitario, la
observación general no. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Así las
cosas, el INPEC deberá garantizar la adecuada prestación permanente del
servicio público de agua potable para la población de internos que incluya a lo
sumo, servicio sanitario, baño diario y agua potable suficiente para el
consumo.
6.3.
Vulneración al derecho a la igualdad.
La Sala considera que los hechos presentados en la acción son
insuficientes para abordar un juicio o ‘test de igualdad´ habida cuenta que las
personas que presuntamente tienen un trato más favorable que los accionantes en
el régimen de visitas ostentan la calidad de servidores o ex servidores
públicos y se encuentran recluidos en pabellones especiales. Lo anterior,
permite concluir que la situación de los sujetos bajo revisión constitucional no
es asimilable a la de los servidores y/o ex servidores detenidos, y así es
razonable otorgar un trato diferente siendo diferentes. Además, existen
criterios que pueden diferenciar aún más las personas privadas de la libertad
si se analizan por ejemplo los distintos niveles de seguridad -alta o máxima,
media y mínima-, tipos de delitos cometidos, calidades procesales de sindicado
o condenado y perfiles de los internos, entre otros.
6.4.
Vulneración al derecho a la salud.
Todo lo anterior, corroborado por diferentes entidades independientes del
Estado, intervinientes en sede de revisión, refleja que el estado actual de
reclusión de los accionantes tiene serios problemas en diversos ámbitos de la
vida diaria de los reclusos. En cuanto al derecho a la salud en específico, se
establece que no hay atención médica primaria ni de urgencias suficiente que
sea proporcionada regularmente para las personas privadas de la libertad.
Tampoco se brindan los tratamientos adecuados necesarios a cargo de personal
médico calificado ya que se probó que solo existe un (1) médico para atender a
toda la población reclusa, lo cual pone en peligro grave la salud física y
mental de los reclusos.
En efecto, como
sucedió con el derecho fundamental al agua, las irregularidades en materia de salud
fueron detectadas directamente por la comisión en diligencia de inspección
judicial. Lo anterior, se pretendió cotejar mediante auto de 01 de octubre del
presente año que vinculó y requirió a la EPS CAPRECOM. Como quiera que no se recibió comunicación alguna en respuesta a dicho proveído[55]
estima la Sala aplicable la presunción de veracidad contenida en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia,
se tiene por cierto en el asunto de la referencia que el cuerpo médico
disponible de la EPS CAPRECOM que compone el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, es insuficiente para
atender los servicios de salud de los reclusos, dándose veracidad al hecho
concerniente a que solo existe 1 médico de dicha EPS para atender a 3,164
internos. Asimismo se toma por cierto que las existencias de medicamentos que la EPS CAPRECOM brinda no cubren adecuadamente los requerimientos de salud de los reclusos de la
estructura 3 ERON de dicho complejo carcelario.
Además, se comprobó que el suministro de
preservativos para practicar el derecho a la visita íntima fue suspendido. Estos
servicios de salud deben ser prestados por dicha EPS por cuanto es la entidad
que oficialmente garantiza los servicios de salud en el centro de reclusión
accionado.
Por otra parte, frente a otra de las solicitudes de tutela referida a
la medida denominada “pico y placa”[56]
consistente en restringir el número de visitantes de acuerdo a un
cronograma previamente programado y discutido con los reclusos, que aplica en
función de la terminación del documento de identidad nacional, ésta Corporación
considera que debido a la pésima infraestructura que se presenta en el establecimiento
carcelario accionado esta medida resulta razonable y proporcional, siempre y
cuando se respete el derecho de los reclusos a recibir periódicamente visitas
ordinarias e íntimas.
Finalmente, esta Sala estima necesario aclarar que en la parte
resolutiva del fallo se establecerán medidas transitorias y definitivas para
proteger los derechos fundamentales invocados, las cuales están dirigidas a
diversas entidades públicas del orden nacional que así no fueran vinculadas al
presente amparo, son los organismos competentes que de conformidad con sus propias
funciones legales y reglamentarias están llamadas a actuar y coordinar para
impedir la actual vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
objeto de tutela.
Ante la gravedad de las omisiones
imputables a distintas autoridades públicas, la Corte debe declarar que persiste el estado de cosas inconstitucionales que se presenta en las
prisiones colombianas, descrito desde la sentencia T-153 de 1998, el cual exige
de las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias con el fin de remediar esta
situación. Para ello procederá a impartir las respectivas órdenes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2013 por el
Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá D.C., que denegó la acción de
tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta
providencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la
intimidad, al agua,  a la salud, a la integridad física y psicológica, y al
buen trato a favor de los accionantes.
Segundo. ORDENAR al Ministerio
de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional
de Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC que en la vigencia presupuestal subsiguiente
a  la notificación de la presente providencia se realicen las gestiones
administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para iniciar las obras
de infraestructura requeridas con el fin de que las visitas conyugales o
íntimas se practiquen en condiciones dignas en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB PICOTA-.
Tercero. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
presente un plan de contingencia o de choque con fechas y plazos precisos al Juzgado de única instancia 17 Penal del Circuito de
Bogotá D.C.,
que asegure el goce efectivo e inmediato de
los derechos tutelados o disminuya
la violación de derechos fundamentales en la visita íntima, mientras se
construyen las obras anteriormente requeridas. Para ello, podrá adoptar medidas
que no impongan cargas, limitaciones o restricciones adicionales sobre
estos u otros derechos fundamentales,
como por ejemplo, el establecimiento de campamentos higiénicos los días de las
visitas íntimas, entre otras. Dicho plan deberá ser implementado dentro de las
72 horas siguientes a la notificación de esta providencia y remitirse copia a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
Cuarto. ORDENAR al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC-,
que en el caso de no iniciarse las obras al finalizar la siguiente vigencia
presupuestal desde la notificación de la presente providencia, se deberán
garantizar las visitas íntimas por turnos en las celdas o dormitorios de los
internos bajo condiciones de seguridad, aplicándose lo dispuesto en el artículo
29 del Acuerdo 0011 de 1995.
Quinto. ORDENAR a la Contraloría General de la República que de acuerdo a sus competencias constitucionales y
legales determine si hay lugar a responsabilidad fiscal por la gestión llevada
a cabo en la planeación, diseño,
adjudicación, gasto e inversión del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá –La Picota-.
Sexto. ORDENAR a la EPS CAPRECOM para que la prestación de los servicios médicos, en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá –La Picota-, se brinde por personal médico proporcional y
suficiente de acuerdo al número total de población reclusa y que nuevamente se
suministren mínimo dos (2) preservativos por interno los días en que tenga
lugar la visita íntima.
Séptimo. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y
al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –La Picota que suministre el servicio de agua potable de forma continua y permanente e implemente
de forma conjunta medidas idóneas que permitan garantizar un suministro diario
mínimo de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los reclusos.
Octavo. ORDENAR al
Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá D.C., que verifique el cumplimiento de
esta providencia y envíe copia o informes de todas las actuaciones adelantadas
a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
Noveno. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, a la Personería de Bogotá D.C., y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continúen con su labor de
vigilancia y control y coadyuven al cumplimiento del presente fallo, con el
objetivo de garantizar de manera efectiva los derechos tutelados. Para ello, deberán informarle al Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá D.C. y a la Sala Octava de Revisión de la Corporación los avances logrados.
Décimo. EXHORTAR al Ministro de Justicia y del Derecho, al
Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y al Presidente del Congreso de Colombia que, en lo
sucesivo, adopten y coordinen las previsiones necesarias para que los nuevos
centros de reclusión cumplan con todas las condiciones y especificidades técnicas
de infraestructura, con el fin de garantizar tanto los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad como los de las personas que los
visitan.
Décimo primero. Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Ver folio 1 a 16, Cuaderno dos.
[2]Ver
folio 2, Cuaderno dos.
[3]Ibídem.
[4]Ver
folio 3, Cuaderno dos.
[5]Ver
folio 5, Cuaderno dos.
[6]Ver
folios 34 a 39 del cuaderno dos.
[7]Ver
folios 40 a 51 del cuaderno dos.
[8]Ver
folio 50, cuaderno dos.
[9] Ver folios 59 a 63. Cuaderno dos.
[10]Ver
folios 65 a 232, cuaderno dos.
[11]Folios
71 y 72. Cuaderno 2.
[12]Folios
269 y 270. Cuaderno 2.
[13]Decreto 2591 de 1991. Art. 20:“Si el
informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa”.
[14]Ver
folio 236 a 268, cuaderno dos.
[15]Ver
folios 19-22, cuaderno principal.
[16]Folio
22, cuaderno principal.
[17] Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver,
entre otras,  las sentencias  T-424 de 1992; T-522 de 1992; T-596 de 1992;
T-219 de 1993;  T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437 de 1993; T-420 de 1994;
T-705 de 1996.
[18] Ver sentencias T-424 de 1992, T-023 de 2003,
T-274 de 2008 y T-511 de 2009.
[19] Sentencia T-511 de 2009.
[20] La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la interpretación auténtica de los derechos
contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento
internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad. Ver
sentencias C-442 de 2011, C-936 de 2010, C-370 de 2006, entre otras.
[21] Ver artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.(…) “Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano”.
[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y
otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No.
20, párr. 60 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No.
226, párr. 42.
[23]Ver
sentencia T-133 de 2006
[24]Ver
sentencia T-596 de 1992
[25] Ver sentencia T-844 de 2009
[26]ONU, Reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977;ONU, Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988; ONU, Reglas de las Naciones Unidas para la
protección de los menores privados de libertad.
Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de
diciembre de 1990. Ver también: ONU, Observación General
No. 21 del Comité de Derechos Humanos. 10 de abril de
1992. A/47/40/(SUPP), Sustituye la Observación General No. 9, Trato humano de las personas privadas de libertad (Art. 10):
44° período de sesiones 1992, y CIDH, Principios y
buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en
las Américas. Adoptados durante el 131° Período de
Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[27]Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C
No. 114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[28]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20, y Caso Vélez
Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
[29]Artículo 5.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61, párr. 263, y Caso Servellón García y
otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152,
párr. 200.
[30]Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
[31]Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[32]Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160, supra párr. 301.
[33]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[34]Caso Loayza Tamayo, supra  nota 14, párr. 58,
y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[35]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota
66, párr. 315.
[36]Caso López Álvarez, supra nota 65  y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 66, párr. 319.
[37]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[38]Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123,
párr. 70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes,
Considerando 14.
[39]Caso de los Niños y Adolescentes Privados de
Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales Respecto
de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, Considerando 13, y Asunto
de la Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas Provisionales Respecto
de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011, Considerando 21.
[40]Numeral
4°, artículo 26 del Acuerdo 0011 de 1995 -INPEC.
[41] Ver
sentencia T-269 de 2002.
[42] Ver sentencia T-153 de 1998
[43] T-511 de 2009
[44] Ver sentencia T – 266 de 2013.
[45] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una
situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que
se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser
tratada con dignidad” (Caso Tibi, supra nota 80, párr. 147; Caso de los
Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110,
párr. 108, y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie
C No. 103, párr. 87). Además, dicha Corte ha indicado que la restricción de
derechos del detenido, como consecuencia de la privación de libertad o efecto
colateral de ésta, debe limitarse de manera rigurosa; sólo se justifica la
restricción de un derecho humano cuando es absolutamente necesaria en el
contexto de una sociedad democrática (Caso “Instituto de Reeducación del
Menor”.  Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 154, y
Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98,
párr. 116).
[46]Ver
sentencia T-062 de 2011
[47] Ver sentencia T- 636 de 2007.
[48] La Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que según [el
artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté
detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad
humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia
o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la
detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud
y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la
asistencia médica requerida. (Eur. Court H.R.
Kudla v. Poland, judgement of 26 october 2000,  No.
30210/96, párr. 94).
[49]Declaración
de Beijing, 1995, párrafo 96.
[50]http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/saludoficial.pdf
[51] Ver informe de inspección judicial practicada por
el Defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, doctor Jorge
Emilio Caldas, y la Personería de Bogotá D.C. (Cuaderno dos, fl. 59 a 63).
[52]Folio
5, cuaderno 2.
[53] Ver informe de inspección judicial presentado por la comisión
judicial.
[54] Mediante sentencia T-077 de 2013 contra el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA, esta Sala de Revisión ordenó, ante la
falta de agua en el penal, garantizar un
suministro diario total de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los
reclusos del bloque 1.
[55]Folio
22, cuaderno 2.
[56]Ver
folios 259 y siguientes del cuaderno 2.