T-011-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-011/08
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reintegro al cargo/ACCION
DE TUTELA-Casos excepcionales de reintegro al cargo
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
PUBLICO DE SALUD-Finalidad
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
PUBLICO DE SALUD-La
terminación del contrato de trabajo no faculta a la EPS para suspender
inmediatamente los servicios del afiliado
La garantía de la continuidad en los servicios de
salud no puede estar sujeta a una relación laboral sobre todo si a la persona que
se le ha desvinculado laboralmente se le viene llevando a cabo un tratamiento
con el fin de tratar una dolencia determinada. Evidentemente que la afirmación
anterior no implica que de manera indefinida las Empresas Promotoras de Salud
tengan que atender cualquier dolencia que desde la vinculación laboral afecte
al afiliado. Será necesario tener en cuenta que para que se garantice la
continuidad de los servicios de salud a un afiliado cuya relación laboral ha
terminado y no tiene otro vínculo que le permita seguir vinculado al régimen
contributivo, es necesario que se demuestre que con anterioridad a la
terminación contractual se le venía llevando a cabo un tratamiento médico y que
dicho tratamiento se hace necesario con el fin de aliviar la dolencia, puesto
que, de otro modo, se afectaría su derecho fundamental a la vida o a la
integridad personal.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Improcedencia de tutela para ordenar
reintegro al cargo de la peticionaria
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN ATENCION MEDICA
Referencia: expediente
T-1.669.775
Accionante: Eliana Patricia Kerguelen Ávilez
Accionados: Cablecentro S.A. y Saludcoop
E.P.S.
Procedencia: Juzgado 5 Civil Municipal de
Neiva, Huila
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil ocho
(2008)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra
-quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, ha
proferido la presente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido dentro
del expediente T-1’669.775, decidido en primera instancia por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Neiva, Huila, el 7 de marzo de 2007 y, en segunda instancia
por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Neiva, el 26 de abril de 2007.
El expediente de la referencia, fue
escogido para revisión por medio de auto proferido por la Sala de Selección Número
Ocho, el 3 de agosto de 2007.
I.
ANTECEDENTES
A. Hechos
La accionante considera que se le han vulnerado sus
derechos a la vida, a la salud y al mínimo vital en conexidad con la vida como
consecuencia de la violación a la garantía de la prestación del servicio de
salud.
Los hechos que dan origen a la acción impetrada son
los siguientes:
1.
La accionante ingresó a
laborar con la Empresa Cablecentro S.A. el 22 de diciembre de 2003, en el cargo
de asesor de clientes en la ciudad de Neiva, Huila.
2.
A partir del mes de
marzo de 2005 la accionante empezó a sentir fuertes dolores en el hombro, codo
y antebrazo derecho e inmediatamente acudió a urgencias de la EPS Saludcoop.
3.
Como consecuencia de lo
anterior y después de varias visitas, el médico tratante ordenó la remisión al
especialista en fisiatría quien ordenó la práctica de varios exámenes que
tuvieron como resultado el diagnóstico de un “atropamiento bilateral del
nervio mediano de carácter moderado”, en la mano derecha y leve en la mano
izquierda.
4.
Como consecuencia del
diagnóstico anterior a la accionante se le incapacitó desde marzo de 2005 hasta
el 12 de enero de 2007.
5.
El 10 de abril de 2006,
un médico calificador de la Junta Regional de Calificación del Huila determinó
que el caso de la accionante tenía una alta probabilidad de que se tratara de
una enfermedad profesional, por lo cual solicitó información a Cablecentro S.A.
para el correspondiente estudio, en primera instancia, de la enfermedad. El
diagnóstico fue “síndrome del túnel del carpo bilateral, tenosinovitis de
Quervain derecha, servicalgia secundaria y lumbago mecánico.”
6.
El 9 de mayo de 2006, a
la accionante se le realizó una intervención quirúrgica en su mano derecha con
el fin de tratar el síndrome del túnel del carpo.
7.
El 6 de junio de 2006,
la médico especialista de Salud ocupacional de Saludcoop EPS, remitió a la
empresa Cablecentro S.A. oficio mediante el cual se solicitaba al empleador que
en virtud del estado de salud del accionante, fuese reubicada o restringidas algunas
funciones de su cargo, especialmente aquellas que tuvieran que ver con: “a) movimientos
repetitivos de las manos, con la frecuencia del cargo actual. b) Alzar carga o
halar carga mayor a 05 kilos, c) empujar carga (…)”
8.
Con ocasión de lo
anterior y en vista de que la accionante continuaba discapacitada, tal y como
lo afirma la accionante, la empresa no tomó ninguna medida al respecto.
9.
El 10 de julio de 2006,
la EPS Saludcoop, remite el caso de la accionante al grupo multidisciplinario,
quienes determinaron que su enfermedad era de origen profesional.
10.
El 12 de julio de 2006,
como consecuencia de la falta de mejoría de la accionante, fue remitida donde
una reumatóloga quien le diagnosticó “epicondilitis media y fibromialgia”,
remitiéndola nuevamente a fisiatría quien a su vez le diagnosticó “síndrome
del túnel del carpo bilateral, epicondilitis media derecha y síndrome
miofacial.”
11.
El 26 de julio de 2006,
la accionante presentó inflamación en la parte derecha miofacial que
comprometieron el oído, el ojo y la fosa nasal derecha. Como consecuencia de lo
anterior, se le remitió al especialista en otorrinolaringología quien le
diagnosticó una inflamación de la emicara derecha y ordenó la remisión urgente
al médico maxilofacial.
12.
El 31 de julio de 2006,
el médico maxilo facial le diagnosticó “distensión ATM neuralgia tirgémino,
fibromialgia de músculos masticadores y lesión de tejidos blandos”, y le formuló
un tratamiento de placas meuromiorrelajantes. El galeno afirmó que buscaba
distensionar los músculos, relajarlos y de esta manera reducir el dolor  y la
inflamación de la emicara derecha.
13.
El 3 de agosto de 2006 la
ARP Suratep, por remisión que le hiciera la EPS Saludcoop, procedió evaluar a
la accionante.
14.
Mediante comunicación
del 13 de septiembre de 2006, emitida por la Comisión Laboral de la Aseguradora
de Riesgos Profesionales SURATEP y dirigida al director médico de SALUDCOOP
EPS, se le informó que las patologías “SDR DEL TÚNEL DEL CARPO BILATERAL,
LUMBAGO NO ESPECIFICADO, TENOSINOVITIS DE QUERVAIN Y CERVICALGIA CRÓNICA que la
trabajadora padece, no configuran como enfermedades de origen profesional.”
15.
Por estar en desacuerdo
con el dictamen de SURATEP, la accionante instauró recurso de apelación ante la
Junta Regional de Calificación de invalidez del Huila.
16.
El 8 de noviembre de
2006, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila citó a la
accionante y solicitó que se le hagan valoraciones médicas para que consten
como prueba. Finalmente, el 27 de febrero de 2007, emitió un concepto en el que
se indicó que la enfermedad de la accionante no es de origen profesional.
17.
Por encontrarse en
incapacidad económica para cubrir los medicamentos y tratamientos para calmar
sus dolencias y en vista de que éstos no se encontraban incluidos en el POS, la
accionante decidió instaurar una acción de tutela contra la EPS Saludcoop, el
10 de enero de 2007, cuyo resultado fue la orden de llevar a cabo el tratamiento
y de entregar las placas neuromiorelajantes y demás servicios médicos que
llegara a requerir así no estuvieran incluidos dentro del POS.
18.
A partir del momento en
que se le concedió la tutela enunciada en el numeral anterior, la accionante ha
venido recibiendo el tratamiento de las placas neuromiorelajantes con control
cada 8 días con el especialista maxilofacial.
19.
El 12 de enero de 2007,
con ocasión de la culminación de su incapacidad, la accionante fue valorada por
un médico especialista en salud ocupacional, quien determinó que en el momento
del reintegro de la trabajadora era necesario que se le reubicara de
conformidad con las instrucciones que fueron emitidas con anterioridad.
20.
El 13 de enero de 2007,
la accionante se presentó a la empresa Cablecentro S.A, con el fin de que le
dieran instrucciones respecto de sus labores. Sin embargo, en ese mismo momento
la gerente de la empresa le hizo entrega de una carta en la cual se le informaba
la terminación unilateral de su contrato de trabajo, señalando que “(…)
dentro de la reestructuración administrativa que se está llevando a cabo, su
cargo ha sido suprimido de la planta de personal (…)” . La accionante
confiesa que paralelamente con el despido se hizo el pago de la indemnización
por despido sin justa causa.
21.
El 15 de febrero de
2007, la accionante acudió a la oficina de Cablecentro y encontró que en el
cargo que ella ocupaba ya se encontraban otras personas.
22.
La accionante solicita
que Cablecentro S.A. la reubique en la empresa.
23.
Como consecuencia del
despido, la accionante no puede continuar con el tratamiento que se le venía
adelantando en la EPS, puesto que sólo tuvo cobertura hasta febrero de 2007,
ocasionando con esto un perjuicio  irremediable, si se tiene en cuenta su
precaria situación económica y el estado de limitación para realizar
determinada clase de actividades laborales.
24.
La accionante
manifiesta que la empresa Cablecentro S.A. debió haber solicitado permiso al
Ministerio de la Protección Social con el fin de que éste hubiera autorizado su
despido.
B. Contestación de la entidad
accionada
Dentro del
trámite de la primera instancia, se corrió traslado a Cablecentro S.A, que
se pronunció en los siguientes términos:
-
Ante los varios inconvenientes de salud que
presentó la accionante entre los años 2005 a 2006, Cablecentro S.A. decidió
solicitar a la ARP Suratep su evaluación y calificación con el fin de que se
determinara si la enfermedad que padece era de carácter profesional.
-
La Empresa Cablecentro S.A., por motivos de
reestructuración y de reducción de costos al interior de la empresa, decidió de
manera unilateral y mediando indemnización por despido sin justa causa,
desistir de los servicios de la accionante al momento en que cesó su estado de
incapacidad.
-
El despido de la accionante se dio conjuntamente
con un grupo de trabajadores que, como ella, venían prestando sus servicios a
la empresa.
-
No existe nexo de causalidad entre la enfermedad
de la accionante y el despido unilateral y sin justa causa que llevó a cabo la
empresa.
En la revisión
de la presente acción, la Sala decidió correr traslado a Saludcoop E.P.S.,
con el fin de que se pronunciara respecto de las pretensiones de la demanda de
tutela, puesto que podría verse afectada con los efectos del presente fallo.
Esa entidad procedió a dar contestación dentro del término de traslado en los
siguientes términos:
-
Saludcoop le ha brindado a la accionante toda la
atención médica que ha requerido de conformidad con lo dispuesto en el Plan
Obligatorio de Salud al que se encuentra afiliada, no obstante, a la E.P.S. no le
es posible reconocer y otorgar prestaciones que legalmente no le corresponden,
puesto que el usuario ha perdido “capacidad de pago”
-
Aclara la E.P.S. que de reconocerse que la
accionante padece de una enfermedad de origen profesional, ésta deberá estar
cubierta por el Sistema de Riesgos Profesionales a la cual se encuentra
inscrita, es decir que esa Entidad deberá asumir el cubrimiento total de los
servicios y en caso de no encontrarse inscrita deberán ser asumidos en un 100%
por el empleador.
-
De conformidad con lo anterior y teniendo en
cuenta que de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, la conducta
de la E.P.S es legítima, la presente acción de tutela no está llamada a
prosperar.
II. LOS FALLOS QUE SE REVISAN
Primera
instancia
Mediante
fallo del 7 de marzo de 2007, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva,
Huila, negó el amparo solicitado por el accionante, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Para el
Juez de primera instancia, la acción de tutela no resulta procedente puesto que
en este caso cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. Además, no se avizora
la existencia de un perjuicio irremediable en la medida en que la entidad
demandada ha procedido a consignar los dineros que adeudaba a la accionante.
En el
presente caso, lo que procura la accionante es tener la posibilidad de cotizar al
Sistema de Salud en tanto se producen los efectos de la demanda de tipo
ordinaria laboral a la que tiene acceso.
Impugnación
El 18
de marzo de 2007, la accionante presentó impugnación ante el juzgado de primera
instancia con fundamento en las siguientes consideraciones:
- La desafiliación
del sistema de seguridad, como consecuencia del despido que llevó a cabo la
empresa Cablecentro S.A., la expone a un peligro inminente, si se tiene en cuenta
que para el momento del despido injustificado, se encontraba y aún se encuentra
en condiciones de salud bastante delicadas, debido a las actividades que
previamente realizaba para la entidad accionada. Adicionalmente, considera la
accionante que como consecuencia de su despido, se presenta una vulneración de
sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida.
Para la
accionante, el perjuicio causado en razón a su despido es inminente y grave por
lo que se deben adoptar medidas urgentes como el reintegro a su trabajo y,
consecuentemente la reactivación de los servicios de salud.
Por lo
anterior, solicita que se revoque el fallo de primera instancia y se amparen
los derechos fundamentales que se encuentran vulnerados.
Segunda
instancia
Mediante
fallo del 26 de abril de 2007, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva,
decidió confirmar el fallo de primera instancia, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
-
No existe vulneración de derecho fundamental
alguno, respecto de la emisión del despido mediante la cual se da fin a la
relación laboral entre el accionante y la empresa , por cuanto, como lo señala
el a-quo, cuenta con otros medios idóneos para atacar la validez de
aquél como lo es acudir a la jurisdicción laboral , si lo que pretende es
ventilar la legalidad o ilegalidad de su desvinculación;
-
La acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para establecer irregularidades en el despido de la accionante.
-
Respecto de la solicitud que hace la accionante
en cuanto a que la empresa accionada continúe haciendo los aportes al sistema
de salud porque la enfermedad que padece es de tipo profesional, encuentra el
Juzgado que mientras duró la relación laboral, el empleador cumplió con los
aportes el sistema de seguridad social, garantizándole el servicio médico, de
conformidad con la normatividad vigente.
-
Concluye el juzgado que en el caso concreto no
se dan los presupuestos constitucionales que permitan tutelar el derecho  a la
salud de la actora.
-
Si lo que busca la accionante es continuar con
la prestación de los servicios de salud, debe afiliarse al régimen subsidiado.
III.
PRUEBAS
Obran
las siguientes:
-
Copia del Contrato Individual de Trabajo a
Término Indefinido que suscribió la accionante el 22 de diciembre de 2003 con
la empresa Unión de Cableoperadores del Centro S.A., CABLECENTRO S.A.
-
Otro sí al Contrato de trabajo en el que se hace
una modificación a unas cláusulas del contrato laboral anteriormente enunciado.
-
Comunicación del 10 de abril de 2006 en la que la
EPS Saludcoop solicitó una serie de documentos a la Empresa CABLECENTRO S.A.,
con el fin de evaluar si la enfermedad de síndrome del túnel del carpo,
Tenosinovitis de Quervain Derecha, Cervicalgia secundaria y lumbago mecánico
tenían el carácter de enfermedad profesional.
-
Comunicación del 10 de Abril de 2006, por medio
de la cual el médico tratante de la accionante, recomienda a la Empresa
accionada que se le permita a la señora Kerguelen la realización de pausas
activas de puesto de trabajo, se disponga el levantamiento de cargas no
superiores a 5 Kgs, solicita la asesoría de la ARP en el estudio del riesgo
ergonómico y físico y un control de ortopedia y terapia física.
-
Formato de reubicación expedido por la médico especialista
en terapia ocupacional, por medio del cual se solicita a la empresa accionada
que reubique o restrinja cierto tipo de actividades que debe evitar a saber:
a.
Movimientos repetitivos de las manos con la
frecuencia actual.
b.
Alzar una carga superior a 5 kilos
c.
Empujar carga.
-
Carta del 12 de enero de 2007 remitida por
Saludcoop EPS y dirigida a la empresa accionada con el fin de notificar la
reubicación laboral de la accionante, suscrita por Claudia Lorena Quijano
Barragán, médico especialista en Salud Ocupacional. En dicha comunicación se le
manifiesta a Cablecentro S.A. que la reubicación se puede hacer con apoyo en
las indicaciones que imparta la ARP.
-
Copia del análisis del puesto de trabajo de
junio de 2006, en donde la fisioterapeuta Claudia Liliana Rivas Peña lleva a
cabo un análisis metodológico respecto de los antecedentes ocupacionales, la
descripción del puesto de trabajo, las condiciones laborales, el “confort”
ambiental, el diseño del puesto de trabajo. Los elementos y equipos que utiliza
para desempeñar su labor y la evaluación de la carga física.
-
Copia del informe de enfermedad profesional
reportado por el empleador a la ARP SURATEP, con el fin de que el caso fuera
atendido directamente por ésta.
-
Carta del 13 de enero de 2007, por medio de la
cual la empresa accionada informa accionante que con motivo de la
reestructuración administrativa que se vienen surtiendo al interior de la
empresa, su cargo ha sido suprimido de la planta de personal, razón por la cual
se le da por terminado el contrato de trabajo con a partir de esa fecha.
Adicionalmente, se le manifiesta que con motivo del despido tiene derecho al
reconocimiento de una indemnización legal en los términos que dispone la Ley.
-
Facsímile de la carta dirigida a la accionante
por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, por medio de la
cual se le notifica la decisión tomada el 1 de marzo de 2007.
-
Facsímile del formulario de dictamen para
calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la
invalidez, por medio del cual se determina, entre otras cosas, que el origen de
la enfermedad que padece la accionante es de origen “común”. Dicha
evaluación se llevó a cabo el 27 de febrero de 2007.
-
Facsímile del diagnóstico médico especialista en
Medicina Física y rehabilitación, por medio del cual se dictamina que la
accionante presenta: normalidad de los potenciales de acción sensitivos y
motores, descartándose compromiso anoxal; normalidad de las latencias distales
y de las velocidades de conducción proximales descartándose trastornos
mielíticos; normalidad de las velocidades de conducción segmentarias de los
nervios cubitales a través del codo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Sala Sexta de Revisión es competente
para decidir este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
numeral 9o., de la Constitución, y 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer
lugar si la acción de tutela resulta procedente con el fin de obtener el
reintegro de la accionante a la empresa donde laboraba y, en segundo lugar, si
existe vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, ante la
imposibilidad de continuar cotizando al régimen de Seguridad Social Integral, y
como consecuencia de ello, por el impedimento para continuar con el tratamiento
que se le venía adelantando.
Con el
fin de dar solución al problema jurídico planteado, en primer lugar se
analizará la procedencia de la acción de tutela con el fin de solicitar el
reintegro laboral, en segundo lugar, se examinará lo dicho por la Corte en
cuanto a la continuidad de los tratamientos médicos por parte de las EPS con
posterioridad a una desvinculación laboral y, en tercer lugar, se entrará a
analizar lo concerniente al caso concreto.
3. Improcedencia de la
acción de tutela con el fin de solicitar el reintegro laboral.
La Corte Constitucional, a
través de sus distintas salas de revisión de tutelas, ha sostenido de manera
reiterada que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el
reintegro laboral, independientemente de cual hubiese sido la causa por medio
de la cual se dio la terminación del contrato. Este principio general de
improcedencia de la acción de tutela encuentra sus excepciones cuado se trata
de dar protección a sujetos que, por su condición de debilidad, son
considerados como de especial protección constitucional. Así pues, en casos
como en los que una mujer embarazada es despedida, conociendo el empleador
previamente de su situación, la Corte ha determinado que es idónea la vía
constitucional para ello.
Es necesario recordar, como
reiteradamente lo ha hecho esta Corporación, que en los eventos en los que se
pretenda el reintegro laboral, se cuenta con otros mecanismos ordinarios frente
a la jurisdicción laboral o contencioso administrativa, dependiendo el caso,
que permiten solicitar al juez la aplicación de las reglas de derecho con el
fin de solucionar sus controversias.
En conclusión, el carácter
subsidiario de la acción de tutela impide al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la jurisdicción ordinaria y, sólo en los casos en los que
sea necesario dar protección constitucional a ciertos sujetos que directamente
establece la Carta Fundamental, el juez de tutela podrá entrar a conocerlos.
Al respecto, la
jurisprudencia ha dicho lo siguiente:
“La tutela no está llamada a prosperar
por cuanto no se aprecia vulneración presente de los derechos de la accionante,
ni sus circunstancias corresponden a los presupuestos que la jurisprudencia ha
fijado para el reintegro de manera excepcional. Como innumerables veces lo ha
dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela
corresponde a una acción residual y subsidiaria, que no está llamada a proceder
como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales de protección de los
derechos". En el asunto objeto de estudio, resulta claro que la
jurisdicción laboral es la competente para conocer de los conflictos jurídicos
que se susciten directa o indirectamente del contrato de trabajo, mediante el
agotamiento de los procedimientos establecidos en el Código Procesal de
Trabajo.”[1]
4. La terminación del
contrato de trabajo no faculta a la EPS para suspender inmediatamente los
servicios al afiliado. Principio de continuidad de los servicios de salud.
En reiteradas oportunidades la Corte se ha pronunciado
respecto de la suspensión de los servicios de salud al momento de la
terminación de los contratos de trabajo. En este sentido se ha dicho que la
garantía de la continuidad en los servicios de salud no puede estar sujeta a
una relación laboral sobre todo si a la persona que se le ha desvinculado
laboralmente se le viene llevando a cabo un tratamiento con el fin de tratar
una dolencia determinada.
Evidentemente que la afirmación anterior no implica
que de manera indefinida las Empresas Promotoras de Salud tengan que atender
cualquier dolencia que desde la vinculación laboral afecte al afiliado.
Por lo anterior, será necesario tener en cuenta que
para que se garantice la continuidad de los servicios de salud a un afiliado
cuya relación laboral ha terminado y no tiene otro vínculo que le permita
seguir vinculado al régimen contributivo, es necesario que se demuestre que con
anterioridad a la terminación contractual se le venía llevando a cabo un
tratamiento médico y que dicho tratamiento se hace necesario con el fin de
aliviar la dolencia, puesto que, de otro modo, se afectaría su derecho
fundamental a la vida o a la integridad personal.
En este sentido, la Sentencia C-800 de 2003[2],
dijo lo siguiente:
“El principio de continuidad
busca evitar que se deje de prestar un servicio básico para todas las personas,
pero no pretende resolver la discusión económica de quién debe asumir el costo
del tratamiento, y hasta cuándo. Inclusive, la Corte ha señalado algunos eventos
en que constitucionalmente es aceptable que se suspenda la prestación del
servicio de salud. Por ejemplo, cuando el tratamiento fue eficaz y cesó el
peligro para la vida y la integridad, en conexidad con la salud, el principio
de continuidad del servicio público no exige que siga un tratamiento inocuo ni
tampoco ordena que pasados varios meses de haberse terminado un tratamiento por
una enfermedad se inicie uno nuevo y distinto por otra enfermedad diferente.”
Reafirmando lo anterior, la sentencia T-1079 de 2003[3]
dijo:
“En lo que
hace relación a la obligación por parte de la entidad accionada de brindarle al
actor, el servicio médico que éste requiera, debe indicarse, que tal como se
precisó en la Sentencia C-800 de 2003, cuando una persona deja de tener una
relación laboral, y por lo tanto, deja de cotizar al régimen contributivo del
Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra forma a dicho
régimen, ni cuenta con recursos económicos, pero estaba recibiendo un servicio
específico de salud como en el presente caso, debe continuar recibiendo la
asistencia médica, si se comprueba que para el caso están comprometidos
derechos fundamentales a la vida y a la integridad de la persona. En tal evento
corresponde a la E.P.S, que venía prestando el servicio garantizar que este no
se suspenda en aplicación de los principios de continuidad del servicio público
de salud  y de solidaridad, pero como tal prestación genera unos costos que no
deben estar a su cargo, la misma podrá repetir contra el Estado, por intermedio
del Fondo de solidaridad y garantía (Fosyga) del Ministerio de Protección
Social, para que se le reconozcan los gastos.”
Es de resaltar en estas sentencias que el principio de
continuidad en los servicios de salud se encuentra ligado a la existencia de
una amenaza de violación de los derechos fundamentales a la vida y a la
integridad personal del actor, de lo contrario, en caso de cese de la amenaza o
de la violación, resulta constitucionalmente aceptable que se le suspenda la
prestación de los servicios de salud. Lo anterior no obsta para que de no poder
seguir cotizando en el régimen contributivo, el actor solicite su afiliación al
régimen subsidiado.
5. El caso concreto
De un lado, la accionante solicita que por
vía de tutela se protejan sus derechos a la vida, al mínimo vital, a la
seguridad social y a la dignidad humana que considera vulnerados por la
actuación de la empresa Cablecentro S.A. por haber terminado injustamente su
contrato de trabajo y por haber suspendido los pagos a la EPS sin tener en
cuenta que se le venía adelantando un tratamiento médico con el fin de buscar
mejoría a las enfermedades que padece. Con el fin de que cesen todas esas
vulneraciones, la accionante solicita que sea reintegrada a la empresa
accionada.
De otro lado, la empresa accionada
manifiesta que, respecto de la enfermedad de la actora, en su momento decidió
solicitar a la ARP que evaluara la situación, con el fin de que se determinara
la existencia de una enfermedad profesional. Además, que el despido de la
accionante se produjo como causa de un proceso de reestructuración,  que dio
lugar a que la empresa le pagara la indemnización a que por ley tiene derecho.
Y, finalmente, señala que no existe nexo de causalidad entre la enfermedad de
la accionante y el despido unilateral y sin justa causa que llevó a cabo la
empresa.
Finalmente, la
EPS Saludcoop señala que, en la medida en que la accionante no tiene capacidad
de pago a esa entidad no le corresponde reconocer ni otorgar prestaciones y
además, que de reconocerse que la enfermedad de la actora es profesional, será la
ARP la que deba reconocer  y prestar todos los servicios que demande la
accionante.
De conformidad con el problema jurídico
arriba planteado, lo primero que se entrará a examinar es si la presente acción
de tutela resulta procedente con el fin de solicitar el reintegro de la
trabajadora a la empresa accionada. Al respecto, la Sala estima, tal y como se
planteó en el numeral tercero de la parte considerativa de esta providencia,
que el carácter subsidiario de esta acción impide que el juez de tutela se
inmiscuya en las competencias que para este tipo de pretensiones corresponden a
la justicia laboral ordinaria.
Igualmente, de los hechos narrados por la
accionante, la contestación de Cablecentro S.A y las pruebas que se aportaron
al expediente, no se deduce a simple vista que exista conexidad entre la
enfermedad que padece la accionante y el motivo por el cual fue despedida, sin
embargo, tal y como se anotó anteriormente, esa evaluación no es de competencia
de la jurisdicción constitucional sino que deberá ser analizada por los jueces
competentes.
De este modo, se puede concluir, en este
primer punto, que respecto de la petición de tutela consistente en la solicitud
que hace la accionante con el fin de obtener el reintegro, no resulta
procedente por la vía constitucional y, en consecuencia deberá acudir a la
justicia laboral con el fin de que sea ella la que determine si hay lugar a
conceder dicha pretensión.
Respecto a la segunda parte del problema
jurídico planteado que tiene que ver con la desatención en salud por haber sido
desvinculada la accionante de la empresa para la que prestaba sus servicios, la
Sala estima que, tal y como se expuso en el numeral cuarto de la parte
considerativa de la presente providencia, la continuidad de los servicios de
salud no puede estar sujeta a la relación laboral que venía sosteniendo la
accionante con CABLECENTRO S.A., esto quiere decir que a pesar de que la
entidad accionada haya decidido dar por terminado de manera unilateral el
contrato de trabajo con la accionante, esto no implica que el tratamiento que
se le venía adelantando por parte de la EPS SALUDCOOP, no deba continuar
ejecutándose.
En este sentido la EPS llamó la atención
respecto de lo que denominó la pérdida de la capacidad de pago, al respecto la
Sala estima que, a pesar de que la accionante no haya podido continuar
cotizando a esa Entidad, el tratamiento que se le venía adelantando debe
continuar siendo prestado. Evidentemente, que como dicho tratamiento genera
unas erogaciones para la EPS, sin que éstas puedan llegar a ser reembolsadas,
como de ordinario se haría si continuara cotizando, la Sala advierte la
posibilidad que ésta tiene de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA).
El amparo anotado se hace sobre la base de
la vulneración del derecho a la salud en conexidad con los derechos a la
integridad personal y a la vida en condiciones dignas que resultan conculcados
en este caso puesto que de conformidad con los antecedentes médicos que obran
como prueba en el expediente, su enfermedad no le permite desarrollar
normalmente sus actividades cotidianas. Evidentemente, que el amparo que se
otorga se circunscribe al tratamiento del síndrome del túnel del carpo
bilateral, tenosinovitis de quervain derecha, servicalgia secundaria y lumbago
mecánico que fueron diagnosticados mientras laboraba para la empresa accionada
y mientras se encontraba afiliada como cotizante a la EPS Saludcoop.
Corresponde entonces a la E.P.S Saludcoop,
garantizar que el servicio de salud de la accionante no se suspenda, en
aplicación de los principios de continuidad del servicio público de salud y de
solidaridad, hasta tanto no
pase a ser prestado en forma cierta por el nuevo ente que le corresponda, de acuerdo con la
normatividad respectiva. La obligación de la EPS incluye proporcionarle todos los exámenes, valoraciones,
medicamentos y tratamientos que sean médicamente prescritos como necesarios
para atender la situación específica de la paciente. Igualmente, deberá
instruirle en los trámites que debe abordar para alcanzar su afiliación al
sistema a través del régimen subsidiado.
Finalmente, en lo que tiene que
ver con la solicitud que hace la EPS Saludcoop, en cuanto a que sea vinculada
como litisconsorte necesario la ARP SURATEP, la Sala estima que no se hace
necesario puesto que hasta el momento, y de conformidad con la evaluación que
ha hecho la Junta Calificadora de Invalidez del Huila, no se encuentra que la
enfermedad que padece la accionante, haya sido consecuencia del trabajo que
realizó en Cablecentro S.A. Evidentemente, que si en segunda instancia la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez considera que se trata de una enfermedad
profesional, será a la mencionada ARP a la que le corresponda prestar atención
a la accionante, pero dicho trámite, de conformidad con las pruebas que obran
en el expediente, aún no se ha surtido.
V. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por esta Sala
mediante auto del 15 de noviembre de 2007, para fallar en el presente asunto.
Segundo: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Neiva, del 22 de julio de 2007, que a su vez confirmó el fallo del
Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, del 26 de abril de 2007. En
consecuencia, AMPARAR el derecho a la salud en conexidad con los
derechos a la integridad personal y a la vida en condiciones dignas de la
señora Eliana Patricia Kerguelen Ávilez, para hacerse efectivo por la accionada
Saludcoop EPS, en razón a lo expuesto en la parte motiva.
Tercero: ORDENAR, en consecuencia a la EPS Saludcoop que, a partir del momento de la notificación
de la presente providencia, continúe prestando en forma integral, la atención
médica específica que venía suministrando a la señora Eliana Patricia Kerguelen
Ávilez para tratar las enfermedades del síndrome del túnel del carpo bilateral,
tenosinovitis de quervain derecha, servicalgia secundaria y lumbago mecánico, hasta
tanto no pase a ser prestado el servicio de salud en forma cierta por el nuevo
ente que le corresponda, de acuerdo con la normatividad respectiva. La
obligación por tanto, incluye proporcionarle todos los exámenes, valoraciones,
medicamentos y tratamientos que sean médicamente prescritos como necesarios
para atender la situación específica de la paciente. Igualmente, deberá
instruirle en los trámites que debe abordar para alcanzar su afiliación al
sistema a través del régimen subsidiado.
Cuarto: DECLARAR que la EPS Saludcoop tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo de Solidaridad y
Garantías (FOSYGA), para que se le reembolse el valor de los servicios de salud
que preste a la tutelante en cumplimiento de este fallo.
Quinto: Líbrese por Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-689 de 2004, M.P., Álvaro
Tafur Galvis
[2] Magistrado ponente, Manuel José Cepeda
[3] Magistrado Ponente, Álvaro Tafur Galvis.