T-276-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-276/04
ACCION
DE TUTELA-Hecho superado
por pago de acreencias laborales
Referencia: expediente T-788956
Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Angarita contra la
Industria Colombiana de Artefactos ICASA, en concordato.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis
y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
por los Juzgados 27 Civil Municipal de Bogotá y 14 Civil del Circuito de
Bogotá, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro del expediente
de tutela T-788956.
I. ANTECEDENTES.
Hechos y decisiones de
instancia
1. El ciudadano Luis Alberto Angarita López presentó
acción de tutela contra ICASA, en concordato, con el propósito de que le fueran
canceladas las sumas correspondientes a los salarios de noviembre de 2002 a
mayo de 2003, la prima de servicios del segundo semestre de 2002, y los
intereses a las cesantías del año 2002. Indicó que la empresa se encuentra en
proceso concordatario desde hace más de 10 años, y que en el mes de abril de
2003 celebró contratos de compraventa sobre un número importante de sus
activos. Afirmó que ICASA ha condicionado la orden de pago de las sumas
adeudadas a la presentación de su renuncia. Por último, señaló que con el no
pago de sus salarios y prestaciones se le vulneran sus derechos al trabajo, a
la igualdad y al mínimo vital, entre otros.
2. El representante judicial de la empresa indicó que
la acción presentada por Angarita era temeraria y partía de la mala fe, puesto
que el pago de tales acreencias estaba sometido a las reglas concordatarias;
que en los sucesivos acuerdos se dispuso catalogar tales obligaciones como
pasivos laborales, los cuales se irían pagando en la medida de la capacidad
financiera de la empresa. De otro lado, señaló que la acción de tutela era
improcedente por existencia de otro mecanismo de defensa judicial (la vía
ordinaria) y por estar dirigida contra un acto legítimo de la empresa (el
acuerdo concordatario), de conformidad con el artículo 45 del Decreto 2591 de
1991. Finalmente, sostuvo que no era cierto que la empresa hubiera presionado
la renuncia de Angarita, ni que la hubiese establecido como condición para
proceder al pago, lo cual se demuestra con las previsiones respectivas en los
acuerdos posconcordatarios y con los pagos sucesivos según la disponibilidad
financiera de la empresa.
3. El juez de primera instancia decidió negar el
amparo. Consideró el Juzgado (i) que no existe certeza de la disponibilidad de
recursos por parte de la empresa que permita librar una orden de pago con
éxito, (ii) que el trabajador debe someterse al orden de prelación de pagos
según los acuerdos concordatarios, (iii) que el camino más adecuado es
dirigirse a la empresa con el fin de que le informen sobre el cumplimiento de
los acuerdos y el orden en que se vienen pagando las acreencias, (iv) que en el
presente caso no se advierten conductas ilegales de la empresa.
El juez de segunda instancia decidió confirmar la
decisión del a quo en el sentido de negar el amparo. Consideró el ad
quem que a pesar de que la situación económica del actor era apremiante, no
se alcanzaron a configurar los elementos que según la jurisprudencia permiten
predicar la existencia de un perjuicio irremediable. Por tanto, la acción de
tutela devenía en improcedente ante la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
FUNDAMENTOS DE LA REVISIÓN.
Competencia.
4. De conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos  31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas.
Actuación de la Corte y adecuación del trámite.
5. En curso el trámite de revisión, la Sala advirtió
una posible nulidad procesal por indebida integración del contradictorio. En
consecuencia, mediante auto del 4 de diciembre de 2003 ordenó al juez de
primera instancia poner en conocimiento del asunto a la Fiduciaria de Occidente
y a la Superintendencia de Sociedades, ya que ambas entidades habían tomado
parte activa en el proceso concordatario de ICASA.
Una vez surtida la actuación y remitido el expediente
a la Corte, se pudo establecer, según los documentos aportados al proceso, que
el señor Angarita celebró negocio jurídico de conciliación con ICASA en
concordato, el cual consta en el acta 48 del día primero 1º de octubre de
2003, de la inspección número 11 de la Dirección Territorial del Trabajo de
Cundinamarca. En dicha acta se conciliaron las sumas adeudadas por concepto de
salarios desde noviembre de 2002 a abril de 2003, prima de servicios del
segundo semestre de 2002, intereses de las cesantías del año 2002 y el doble
como sanción por no pago oportuno, saldo final de vacaciones pendientes, prima de
servicios proporcional de 2003 y otras prestaciones. La suma total de las
obligaciones objeto de conciliación ascendió a $39.251.507. (fls. 128 a 132)
Así mismo, constan en el expediente una copia del
comprobante de egreso de la Fiduciaria de Occidente por el valor de $39.251.507
(fl. 127), y una copia informal de la relación de las conciliaciones celebradas
con los trabajadores de ICASA, debidamente certificada por la Superintendencia
de Sociedades (fls. 98 a 126) entre las cuales figura la conciliación celebrada
entre el actor y la empresa, por una suma de $39.251.507. (fl. 109).
Verificación de un hecho superado y decisión del caso.
Para la Corte está plenamente demostrado (i) que la
empresa ICASA en concordato, celebró acuerdo conciliatorio con el ciudadano
Luis Alberto Angarita López mediante el cual se resolvió el conflicto laboral
entre el trabajador y la empresa, (ii) que existe cierta identidad entre las
pretensiones de la solicitud de tutela elevada por Angarita, los rubros sobre
los que versó la conciliación y lo efectivamente conciliado, y (iii) que existe
prueba del pago efectivo de la suma conciliada ($39.171.508) a favor de
Angarita, por parte de la Fiduciaria de Occidente. Por lo anterior, la Corte
considera que han desaparecido los hechos que daban fundamento a la pretensión
de amparo y que habían sido señalados por el actor como vulneradores de sus
derechos fundamentales.
En consecuencia, la Corte confirmará las decisiones de
instancia en la medida en que niegan el amparo, pero aclarando que la razón de
la decisión se restringe a la verificación de la existencia de un hecho
superado, situación que como se sabe, permite afirmar que ha cesado la
vulneración de los derechos fundamentales o que han desaparecido los
presupuestos para conceder el amparo, según el caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
colombiano y por mandato de la Constitución Nacional
RESUELVE
Primero.- Levantar la suspensión de los términos decretada mediante auto
del 4 de diciembre de 2003, en el asunto de la referencia.
Segundo.- Confirmar las sentencias proferidas por los Juzgados 27 Civil
Municipal de Bogotá y 14 Civil del Circuito de Bogotá en el sentido de negar la
tutela de los derechos a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital del
ciudadano Luis Alberto Angarita López, bajo el entendido de que en el presente
caso se superaron los hechos que daban fundamento a la solicitud de amparo.
Tercero.- Por Secretaría General librar las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)