T-868-14
Sentencia T-868/14
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa
AGENCIA OFICIOSA EN CASO
DE MENORES DE EDAD-Procedencia y no aplicación de rigorismo procesal en cuanto a
manifestación de no estar en condiciones de promover su propia defensa
En el caso de los menores de edad, es
necesario resaltar que la agencia oficiosa tiene una connotación especial y es
que cualquier persona puede interponer acción de tutela ante la eventualidad de
una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del niño, niña o
adolescente, inclusive, aunque existan sus representantes legales por efecto de
la patria potestad que tengan sus padres. No obstante, la anterior afirmación no
resulta del todo absoluta, si se tiene en cuenta que aunado a ello, esta
Corporación también ha precisado que, en  todo caso, (i) habrá de
mencionarse expresamente que se actúa en ejercicio de dicha condición; (ii) se
deben explicar claramente los motivos por los cuales el representante legal del
menor de edad se encuentra imposibilitado para defender sus intereses y,
finalmente, (iii) la vulneración o amenaza de los derechos del menor de edad
debe ser de tal entidad que no haya otra forma de protegerlos sino a través de
la intervención de un tercero que actúe en su nombre.
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Improcedencia por no estar
acreditados los requisitos de la agencia oficiosa
Referencia: expediente T- 4.448.393
Acción de tutela interpuesta por Eusebia Fernández en
representación del menor Nelson Ipuana contra la Gobernación del Departamento
de la Guajira y la Secretaría de Educación Departamental
Derechos fundamentales invocados: igualdad y educación
Temas: (i) la
legitimación en la causa por activa cuando la acción de tutela es presentada
por un agente oficioso y (ii) la educación como un derecho – deber
Problema jurídico: determinar si
la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la educación y
a la igualdad de un menor, al no cumplir con el cronograma correspondiente al
calendario escolar de 2014 y no dar inicio de clases en la fecha estipulada por
la Resolución 1683 de 2013, proferida por el Secretario de Educación
Departamental de la Guajira.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos
mil catorce (2014).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub - quien la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), en el
trámite de la acción de tutela incoada por Eusebia Fernández contra la
Gobernación del Departamento de la Guajira y la Secretaría de Educación
Departamental.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241-9  de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de
1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Ocho de
la Corte Constitucional escogió en el Auto del seis (6) de agosto de dos mil catorce
(2014), notificado el veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014) para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
La señora Eusebia Fernández
en representación del menor Nelson Ipuana, instauró acción de tutela el diecisiete
(17) de marzo de dos mil catorce (2014), contra  la Gobernación del
Departamento de la Guajira y la Secretaría de Educación Departamental, por
considerar que vulneraron los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad, al no cumplir con el cronograma correspondiente al calendario escolar
de 2014 y no dar inicio de clases a la población étnica el 27 de enero del año
en curso como lo estipula la Resolución 1683 de 2013, proferida por el
Secretario de Educación Departamental de la Guajira.
Con base en lo expuesto,
solicita se tutele el derecho a la educación y el derecho a la igualdad del
menor, y se ordene a la parte accionada a que en un término de cuarenta y ocho
(48) horas se restablezcan los derechos invocados de su representado.
1.2.
HECHOS REFERIDOS
POR LA ACCIONANTE
1.2.1.
Señala que la
Secretaría de Educación Departamental de la Guajira profirió la Resolución 1683
de 2013, por la cual se adoptó el Calendario Escolar “A” y el Calendario
Escolar Especial Indígena para los Establecimientos Educativos Indígenas
Oficiales para el año 2014, en donde se indica que el inicio de labores
académicas es el día 27 de enero de 2014.
1.2.2.
Manifiesta que a la
fecha de la interposición de la acción de tutela la Institución Educativa
Internado Indígena San Antonio de Aremasain, no ha iniciado las actividades
académicas por lo que su representado, Nelson Ipuana, matriculado en dicho
plantel, no ha podido iniciar el año lectivo.
1.2.3.
Indica que esta
situación es reiterada cada año, y dicha demora en el inicio de clase es
consecuencia de la falta de firma del contrato de operación con la Educación
Misional que se contrata con la Diócesis de Riohacha.
1.2.4.
Por lo anterior
considera que se vulnera el derecho a la educación del menor ya que los
estudiantes nunca alcanzan a recuperar el tiempo académico perdido, y el
derecho a la igualdad ya que otras instituciones educativas comienzan el año
escolar regularmente.
1.3.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha,
admitió el amparo incoado por la demandante y ordenó: (i) notificar
personalmente al Departamento de la Guajira de la presente acción de tutela y
sus anexos; (ii) notificar personalmente al Ministerio Público de la presente
acción y, si lo considera, intervenga en el proceso para lo cual se le otorgan
dos (2) días; (iii) Requerir a la accionante para que allegue la documentación
necesaria para acreditar la representación de Nelson Ipuana, para lo cual se le
otorgan dos (2) días; (iv) requerir a la rectora de la Institución Indígena San
Antonio de Aremasain para que certifique que el menor está o no matriculado en
dicho plantel para el año 2014, y si a la fecha el menor está recibiendo
clases, para lo cual se le otorgó un plazo de dos (2) días; Y (v) ordenar a la
demandada a que conteste la acción de tutela para lo cual se le confieren dos
(2) días a partir de la notificación del proveído.
1.3.1.  Secretaría de Educación Departamental del
Departamento de la Guajira
El Secretario de
Educación Departamental Encargado de la Guajira presentó escrito en donde
expresó los siguientes argumentos que justifican la imposibilidad de contratar
el servicio público de manera oportuna para la vigencia 2014:
1.3.1.1.   Manifiesta que la Secretaría
Departamental de la Guajira, a través del Área  de Cobertura Educativa realizó
el Estudio de Insuficiencia para el año 2014 como lo señala el artículo 27 de
la ley 715 de 2001, que indicó que “existe una población étnica en el
Departamento de la Guajira, de 18.540 niños, niñas y adolescentes que deben ser
atendidos bajo la contratación directa en la modalidad de la administración del
servicio educativo en los términos establecidos en los Decretos 2355 de 2009 y
2500 de 2010”.
1.3.1.2.    Indica que de conformidad con
acuerdos realizados por las Autoridades Tradicionales Indígenas pertenecientes
a la comunidades donde se encuentran ubicados los Establecimientos Educativos
(i) Internado Indígena de Aremasain y (ii) Sagrado Corazón de Jesús de
municipio de Manaure y (iii) Internado Indígena Kogi perteneciente al municipio
de Dibulla, “dentro del marco del Decreto 2500 de 2010, han decidido no
acogerse a los preceptos normativos del Decreto en Mención y concertaron en
virtud al derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas,
ser administrados por la Diócesis de Riohacha, en el marco de las disposiciones
legales contenidas en el Decreto 2355 de 2009, a través de la modalidad
contractual de administración del servicio educativo”.
1.3.1.3.   Señala que la Secretaría de
Educación Departamental de la Guajira expidió la Resolución 1683 de 2013 en
donde indica que el inicio del año de trabajo académico es el 6 de enero de
2014 y la Administración Departamental de la Guajira, a la luz de las
disposiciones legales vigentes contaba con la oportunidad procedimental para suscribir
los contratos de administración del servicio educativo a través de la modalidad
de la Contratación Directa hasta el 25 de enero de 2014, por la entrada en
vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
1.3.1.4.   Comenta que en el Conpes 170 de
2014, se realizó la distribución de “los recursos por el criterio de
Población atendida; así mismo se distribuyen los recursos de gratuidad para
todas las administraciones municipales y distritales, y finalmente se asignan
los recursos para Cancelación de Prestaciones Sociales del Magisterio para los
departamentos y el Distrito Capital”, a las 94 entidades territoriales
certificadas en Educación, pero que la Administración Departamental de la
Guajira, al no contar con esta herramienta presupuestal no podía calcular un
presupuesto oficial para contratar  la administración del servicio educativo.
1.3.1.5.   Argumenta que “dada la fecha
en que se expidió el documento Conpes 170 del 27 de enero de 2014, y al no
contar la administración departamental con esta herramienta presupuestal, se
perdió la oportunidad para el ente territorial de contratar de manera directa,
la Administración del Servicio Educativo en los Establecimientos Etnoeducativos
ubicados en zona de resguardo indígena en el Departamento de la Guajira, así
como también la contratación para la atención de los niños, niñas y jóvenes con
Necesidades Educativas Especiales, al igual que la contratación para el
arrendamiento de las plantas físicas donde funcionan las Instituciones
Educativas Remedios Solano y Monte Alvernia del Municipio de Barrancas”.
1.3.1.6.   Finaliza su intervención expresando
que debido a las diferentes dificultades que se suscitaron en la Administración
Departamental de la Guajira, de índole político – administrativo que se han constituido
como hechos notorios en la región no se han favorecido los procesos contractuales
necesarios para atender la demanda educativa en los establecimientos educativos
oficiales que se encuentran ubicados en las comunidades indígenas de los
municipios no certificados del Departamento de la Guajira.
1.3.1.7.   Por lo anterior, y reafirmando que
no ha sido del querer ni voluntad del Departamento causar perjuicio a los
estudiantes, solicita al juez absolver a la entidad y otorgar un tiempo
prudente para realizar los contratos necesarios para prestar el servicio, ya
que al momento ya cuenta con las herramientas necesarias para adelantar los
procesos contractuales requeridos.
1.4.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las
pruebas que obran en el expediente:
1.4.1.  Copia de la Resolución 1683 de 2013 “POR LA CUAL SE
ADOPTA EL CALENDARIO ESCOLAR “A” Y EL CALENDARIO ESCOLAR ESPECIAL INDÍGENA PARA
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA EL AÑO LECTIVO 2014”,
proferida por el Secretario de Educación del Departamento de la Guajira (folios
3 al 5, cuaderno 2).
1.4.2.  Oficio fechado 20 de octubre de 2014, remitido por
Bely Gnecco Teran, Secretaria de Educación Departamental, dando respuesta al
oficio OPTB-1007/2014, en donde informa que ya se realizaron los trámites
contractuales requeridos y contrató la administración del servicio público
educativo en los Municipios no certificados del Departamento de la Guajira.
1.4.3.  Copia del Contrato No. 253 de 2014, entre el
Departamento de la Guajira y la Diócesis de Riohacha, con el objeto de
administración del servicio público educativo en los establecimientos
educativos San Antonio de Aremasain, Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de
Manaure y Kogui del municipio de Dibulla, Departamento de la Guajira para el
año 2014, por un valor de $6.472.487.128,00.
1.4.4.  Acta de Inicio del Contrato de Administración Nro. 253
del 2014, suscrita por las partes el 15 de abril de 2014, con fecha de
terminación 14 de noviembre del 2014 y plazo de ejecución de 7 meses.
1.5.
DECISIÓN DE
INSTANCIA
1.5.1.
Fallo de única
instancia – Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Riohacha, mediante providencia del treinta y uno (31) de marzo de
dos mil catorce (2014), declaró la improcedencia de la acción teniendo en
cuenta que a pesar de haberse desplegado esfuerzos en materia probatoria, no se
logró acreditar que la señora Eusebia Fernández posee la representación del
menor Nelson Ipuana, aunado a que en el texto de la acción de tutela no se
cumple con los lineamientos jurisprudenciales de la agencia oficiosa.
1.5.2.  Actuación en sede de revisión
La Sala observó que en el presente caso era
necesario solicitar: (i) a la señora Eusebia
Fernández que allegara la documentación necesaria que permitiera identificar al
menor Nelson Ipuana y su situación particular; (ii) al rector (a) de la
Institución Indígena San Antonio de Aremasain que certificara si el menor
Nelson Ipuana está matriculado en esta Institución para el año lectivo 2014, si
ya se dio inicio al año escolar y si el menor se encontraba recibiendo clases;
y (iii) a la Secretaría de Educación Departamental de la Guajira que informara
si ya se realizaron los trámites contractuales requeridos para contratar el
servicio público educativo en los municipios no certificados del Departamento,
específicamente, los que tienen que ver con el Internado Indígena de Aremasain,
por lo que se les otorgó un término de tres (3) días hábiles para que
allegaran la documentación solicitada.
1.5.2.1.
El veinticuatro
(24) de octubre de dos mil catorce (2014), se recibió por correspondencia
oficio suscrito por la Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, en
donde manifiesta que la Gobernación del Departamento de la Guajira ya “realizó
los trámites contractuales requeridos y contrató la administración del servicio
público educativo en los Municipios no certificados del Departamento de la
Guajira, específicamente, lo que tiene que ver con el Internado Indígena de
Aremasain del Municipio de Manaure La Guajira”, para lo cual adjunta el
contrato No. 253 de 2014, suscrito por el Departamento y la Diócesis de
Riohacha por un valor total de $6.472.487.128,00, con acta de inicio el 15 de
abril de 2014 y fecha de terminación el 14 de noviembre de 2014.
1.5.2.2.
El veintiocho (28)
de octubre de dos mil catorce (2014), se recibió oficio remitido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional, indicando que el plazo venció y
no se allegó comunicación alguna.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar
fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En consideración a
los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de Revisión
determinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la educación y a
la igualdad de un menor, al no cumplir con el cronograma correspondiente al
calendario escolar de 2014 y no dar inicio de clases a la población étnica el
27 de enero del año en curso como lo estipula la Resolución 1683 de 2013,
proferida por el Secretario de Educación Departamental de la Guajira.
Para resolver la cuestión
planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas analizará: primero,
la legitimación en la causa por activa cuando la acción de tutela es presentada
por un agente oficioso, y segundo, estudio del caso concreto.
2.3.
LA
LEGITIMACIÓN POR ACTIVA CUANDO LA ACCIÓN DE TUTELA ES PRESENTADA POR UN AGENTE
OFICIOSO
El artículo 86 de la Constitución
Política consagró la acción de tutela como un instrumento judicial al que puede
acceder cualquier persona para reclamar la garantía y protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando considere que han sido vulnerados o
amenazados por acciones u omisiones de autoridades públicas o particulares, en
los casos que determina la ley.
Es por lo anterior que se puede afirmar
que en nuestra normativa contamos con un mecanismo de protección especial de
garantías y derechos constitucionales, lo cual se direcciona a promover
principios generales como la justicia, la igualdad, la seguridad jurídica y,
también fomentar una cultura democrática
que permita asegurar la vigencia de los derechos y libertades de las personas
en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.[1]
Así las cosas, la Corte Constitucional ha
señalado en su jurisprudencia que la acción constitucional de la tutela,
reglada en el Decreto 2591 de 1991, tiene el carácter de “(i) subsidiario,
porque sólo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo; (ii)
inmediato, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a
la que haya lugar,(iii) sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos para
su ejercicio, (iv) específico, porque se creó como mecanismo especial de
protección de los derechos fundamentales y por último, (v) eficaz, porque
siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien sea para conceder o
negar lo solicitado.”[2]
Estas características hacen que este mecanismo
constitucional se diferencie de otros previstos por la ley, pero del artículo
14 del mismo Decreto emerge otro elemento constitutivo y es la informalidad, a
partir del cual se encauza la actividad jurisdiccional en la materia, ya que es
la forma de materializar la protección propendida por la Constitución Política dirigida
al amparo efectivo de los derechos fundamentales.
Además de los aspectos revisados, la Corporación
también ha señalado que a pesar de que la acción de tutela es un mecanismo
informal atendiendo el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas, también debe someterse a unos requisitos mínimos de procedibilidad
dentro de los cuales se encuentra la debida acreditación por activa, ya sea
porque se demuestra que es el titular del derecho que se está reclamando o
porque se tiene autorización para representar a su titular[3].
No está de más indicar que el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 señala que son titulares de la acción de tutela todas las personas
que consideren que sus derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados,
por lo tanto, podrán instaurar el amparo constitucional ya sea de forma
directa, a través de su representante legal en el caso de los menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas, por intermedio de un
apoderado judicial quien debe ostentar título de abogado y adjuntar poder
judicial o mandato expreso, o haciendo uso de la figura de la agencia oficiosa,
esto es, cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover la
acción en su propia defensa. Además de los anteriores, también están facultados
para ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
En el caso de los menores de edad, es necesario
resaltar que la agencia oficiosa tiene una connotación especial y es que
cualquier persona puede interponer acción de tutela ante la eventualidad de una
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del niño, niña o
adolescente, inclusive, aunque existan sus representantes legales por efecto de
la patria potestad que tengan sus padres.
No obstante, “la anterior afirmación no resulta del todo
absoluta, si se tiene en cuenta que aunado a ello, esta Corporación también ha
precisado que, en  todo caso, (i) habrá de mencionarse expresamente que se
actúa en ejercicio de dicha condición; (ii) se deben explicar claramente los
motivos por los cuales el representante legal del menor de edad se encuentra
imposibilitado para defender sus intereses y, finalmente, (iii) la vulneración
o amenaza de los derechos del menor de edad debe ser de tal entidad que no haya
otra forma de protegerlos sino a través de la intervención de un tercero que
actúe en su nombre.”[4]
2.4.
CASO CONCRETO
2.4.1.  Hechos probados.
2.4.1.1.
La señora Eusebia
Fernández interpuso acción de tutela en representación de Nelson Ipuana
argumentando vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad, por cuanto la entidad accionada no cumplió con el cronograma
correspondiente al calendario escolar de 2014 y no dar inicio de clases a la
población étnica el 27 de enero del año en curso como lo estipula la Resolución
1683 de 2013, proferida por el Secretario de Educación Departamental de la
Guajira.
2.4.1.2.
La Secretaría de
Educación del Departamento de la Guajira expidió la Resolución No. 1683 de
2013, “POR LA CUAL SE ADOPTA EL CALENDARIO ESCOLAR “A” Y CALENDARIO ESCOLAR
ESPECIAL INDÍGENA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA EL AÑO
LECTIVO 2014” en donde se resolvió, entre otros asuntos, establecer las fechas
para el calendario académico “A”, para lo cual se fijó como (i) iniciación del
año de trabajo académico el seis (6) de enero de 2014 y (ii) comienzo del
primer periodo de trabajo académico el veinte (20) de enero de 2014, entre
otras.
2.4.1.3.
La Gobernación del
Departamento de la Guajira realizó los trámites contractuales requeridos y
contrató la administración del servicio público educativo en los Municipios no
certificados del Departamento de la Guajira, específicamente en lo que tiene
que ver con el Internado Indígena de Aremasain del Municipio de Manaure,
Guajira, según cuadro que anexó:
2.4.2.  Falta de legitimación en la causa por
activa
Como se expuso en precedencia, la acción de
tutela presupone unos requisitos mínimos de procedibilidad, específicamente en
lo concerniente a la legitimación por activa debe verificarse: (i) que se
mencione expresamente que se actúa en ejercicio de la agencia oficiosa, (ii)
que se explique claramente los motivos por los cuales el representante legal
del menor de edad se encuentra imposibilitado para defender sus intereses y,
(iii) que la amenaza o vulneración del derecho del menor es de tal entidad que
no se encuentra otra forma de protegerlos sino a través de la intervención de
un tercero que actúe en su nombre.
Así las cosas, al descender al caso
analizado, esta Sala advierte que, a pesar de los múltiples intentos por
verificar la identidad de Nelson Ipuana, representado por la señora Eusebia
Fernández, no fue posible. De tal manera que aun cuando se observa al inicio de
la demanda que la señora Fernández menciona actuar en representación del menor
Nelson Ipuana, de todo lo contenido en expediente y a pesar de los esfuerzos
desplegados por el juez de única instancia y en sede de revisión, no se logró
identificar al representado, corroborar su edad, parentesco con la accionante y
si está o no matriculado en el Internado Indígena San Antonio de Aremasain.
De otro lado no se pudo verificar el
cumplimiento de los elementos de la agencia oficiosa por cuanto: (i) la
ciudadana manifiesta representar a Nelson Ipuana pero no existe certeza acerca de la verdadera relación de parentesco
existente entre la señora Eusebia Fernández y Nelson Ipuana, pues del material probatorio allegado al
proceso no es posible establecer si es la madre o un tercero con interés
directo en él; (ii) se observa, además, que en ninguno de sus apartes se hace
mención acerca de la calidad de agente oficioso, ni se explica el motivo por el
cual los representantes legales de Nelson, es decir sus padres, no están en
condiciones de representarlo en procura de obtener la protección de sus
derechos fundamentales; y (iii) adicionalmente, no se advierte el peligro
inminente en que pueda encontrarse Nelson Ipuana y que, en definitiva, comporte
grave afectación de sus garantías fundamentales, si se tiene en cuenta que, no
se pudo constatar si el representado estaba o no matriculado en la Institución
educativa en Mención, o si ya se había dado inicio al año escolar en dicho
colegio, solo se pudo verificar, según el documento allegado por la Gobernación
del Departamento de la Guajira, que ya se realizaron todos los trámites
contractuales requeridos y contrató la administración del servicio público
educativo con la Institución Educativa San Antonio de Aremasain con fecha de
inicio 15 de abril de 2014 y finalización 14 de noviembre de 2014.
Así las cosas, en el presente caso, no se
cumple uno de los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, esto es la debida acreditación de la legitimación por activa por cuanto
no fue posible la plena identificación de Nelson Ipuana, de tal manera que
deberá declararse improcedente, no siendo necesario un pronunciamiento de fondo
sobre el particular.
2.5.
CONCLUSIONES
2.5.1.  La Corte Constitucional ha
señalado unos requisitos mínimos para que la acción de tutela sea procedente
sin dejar de lado su carácter informal, dentro de los cuales está la debida legitimación
por activa para interponer la acción. Este requisito mínimo también conlleva
algunas características esenciales que de no presentarse hacen que no se
acredite dicha legitimación por lo que no se podrá fallar de fondo en el caso
que se estudie.
2.5.2.  Estos elementos son: (i) que se mencione expresamente que se
actúa en ejercicio de la agencia oficiosa, (ii) que se explique claramente los
motivos por los cuales el representante legal del niño o niña se encuentra
imposibilitado para defender sus intereses y, (iii) que la amenaza o
vulneración del derecho del menor es de tal entidad que no se encuentra otra
forma de protegerlos sino a través de la intervención de un tercero que actúe
en su nombre.
2.5.3.  Para efectos de verificar los
elementos anteriormente descritos, es menester identificar plenamente al
agenciado, de tal manera que se pruebe su edad, condiciones especiales o
características que indiquen que no puede solicitar la protección de sus
derechos por sí mismo. En el presente caso no se logró identificar al
representado de manera tal que tampoco se pudo establecer en que calidad actuó
la señora Eusebia Fernández, pues ni en el escrito de tutela ni del material
probatorio anexo a ella, se encontró probada la edad de Nelson Ipuana o alguna
relación entre éste y la peticionaria, o la calidad de agente oficioso de la
señora Fernández, y ni si quiera una mención de por qué los padres del
representado no pueden actuar en ejercicio de su representación legal.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido el 31 de marzo de 2014 por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha en relación con la acción de
tutela presentada por la señora Eusebia Fernández en representación de Nelson
Ipuana contra el Departamento de la Guajira – Secretaría de Educación
Departamental, y por lo tanto DECLARAR improcedente el amparo por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- INFORMAR a la señora Eusebia Fernández que este fallo no
constituye cosa juzgada constitucional, por lo tanto no es obstáculo para que
acuda a la jurisdicción si acredita los requisitos necesarios para ser
considerada agente oficiosa y aporta pruebas de la vulneración de derechos
fundamentales, siempre que así lo desee.
TERCERO.- Por Secretaría General librar las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Sentencia T-212 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[2] Consultar, entre otras, las
sentencias T-270 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-257 de 1997, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, SU-058 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-212 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[3] Sentencia T-776 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[4] Sentencia T-776 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo