T-251-16
NOTA DE RELATORIA: mediante
Auto 335 de fecha 1º de agosto de 2016,  el cual se anexa al final de la
presente providencia, se aclara el ordinal séptimo de la parte resolutiva, en
el sentido de indicar que la expresión “salarios” allí contenida, comprende no
solamente el sueldo básico sino todos los demás emolumentos dejados de percibir
por el señor Alfonso José Morales Infanzón, desde el 4 de 2014 hasta el momento
de su reintegro
Sentencia T-251/16
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Concepto
La estabilidad
laboral reforzada ha sido desarrollada como una garantía de raigambre
constitucional a favor de ciertos sujetos, como son las personas con
discapacidad, los trabajadores que padecen alguna enfermedad, así como las
mujeres embarazadas y en licencia de maternidad, que se proyecta a partir de
los artículos 13 y 53 de la Carta, los cuales contemplan los principios de
igualdad y de estabilidad en el empleo. A través de esta figura se pretende
proveer a este conjunto de personas cierto grado de certidumbre en relación con
su ocupación, así como resguardarlas de los actos discriminatorios por parte de
sus patronos.
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONA POR RAZONES DE SALUD CUANDO NO SE HA CALIFICADO SU
DISCAPACIDAD POR LA AUTORIDAD COMPETENTE-Protección especial
A través de la
evolución de la jurisprudencia se ha extendido el umbral de protección que
otorga la estabilidad laboral reforzada. En virtud de ello, hoy en día también
se encuentran cobijadas por esta garantía las personas que sufren algún tipo de
enfermedad, aunque la misma no sea considerada estrictamente como una
limitación permanente, al igual que quienes que se encuentran convalecientes o
con una incapacidad temporal, en razón a que, también en estas hipótesis, el
trabajador se halla en un estado de debilidad manifiesta que clama por
protección constitucional.
SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Existencia de dos regímenes
El legislador previó
que la afiliación al sistema general de seguridad social en salud es
obligatoria, y diseñó los regímenes contributivo y subsidiado,
destinados a personas laboralmente activas –el primero– y a personas sin
capacidad de pago –el segundo, en virtud de los cuales corresponde a los
empleadores o al Estado, respectivamente, asegurar dicha afiliación[30],
habida cuenta de que, a través de ella, se concreta un acceso universal a los
servicios del plan de beneficios.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Orden a EPS afiliar al accionante al sistema de seguridad social
en salud, en cualquiera de los dos regímenes, dependiendo de la situación
laboral que acredite en ese momento el interesado
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Vulneración al terminarse
contrato laboral sin autorización previa de la autoridad de trabajo, a pesar de
que el empleador sabía que estaba enfermo el accionante
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden a empresa pagar indemnización
equivalente a 180 días del salario a favor de trabajador
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden a empresa reintegrar
al accionante en una labor compatible con su actual condición de salud, previa
valoración de medicina ocupacional
Referencia: expedientes acumulados
(i) T-5.255.723 y (ii) T-5.296.832
Acciones de tutela presentadas por:
(i) Amílcar Fernando Delgado Alonso en
contra de Ecopetrol S.A.; y (ii) Alfonso José Morales Infanzón en contra de CBI
Colombiana S.A.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Octava de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos pronunciados
en primera y segunda instancia, por los despachos judiciales que se mencionan a
continuación:
1. Sentencia de 8 de septiembre de 2015, proferida por
el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela
promovida por Amílcar Fernando Delgado en contra de Ecopetrol S.A.; confirmada
por la de 16 de octubre de 2015, dictada por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (expediente T-5.255.723).
2. Sentencia de 6 de mayo de 2015, proferida por el
Juzgado 3º Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena,
dentro de la acción de tutela promovida por Alfonso José Morales Infanzón en
contra de CBI Colombiana S.A.; confirmada por la de 2 de julio de 2015, dictada
por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cartagena
(expediente T-5.296.832).
Los procesos de la referencia fueron escogidos por la
Sala de Selección de Tutelas Número Uno, mediante auto proferido el 25 de enero
de 2016, indicando como criterio de selección, en ambos casos, la urgencia
de proteger un derecho fundamental.
I.
ANTECEDENTES
En los expedientes que enseguida pasan a resumirse se
ventilan los casos de personas que denuncian que fueron desvinculadas por parte
las empresas para las cuales laboraban, en momentos en que los aquejaban diversas
enfermedades que, según aducen, fueron contraídas mientras se desempeñaban en
sus respectivos trabajos.
1. Expediente T-5.255.723
1.1. El señor Amílcar Fernando Delgado Alonso
manifiestó que se vinculó laboralmente a Ecopetrol hace ocho años (el escrito
fue radicado el 27 de agosto de 2015).
1.2. Sostuvo que desde mayo de 2014 comenzó a
presentar una serie de síntomas que inicialmente fueron tratados con
medicamentos “para la gota o ácido úrico”[1], conforme al dictamen del médico
tratante; cuadro que se fue complejizando con el tiempo.
1.3. Para septiembre de 2014 el actor se desempeñaba
en el cargo de embargos y cesantías, y adicionalmente se le asignaron tareas del
cargo de profesional de pagos, en virtud de un remplazo por 6 meses,
generándose a partir de ello una sobrecarga laboral que le impedía asistir a
citas médicas y controles.
1.4. El actor indicó que en mayo de 2015, luego de
disfrutar sus vacaciones y sin la carga laboral extra, retomó sus funciones e
informó de sus dolencias al médico tratante, quien le ordenó practicarse unos
exámenes que arrojaron resultado positivo para tuberculina.
1.5. Afirmó que el 2 de junio de 2015 fue despedido
sin justa causa y que recibió una indemnización, aunque para adoptar dicha
determinación unilateral la entidad no contó con la autorización del Ministerio
de Trabajo.
1.6. En razón del despido se le practicó al
peticionario un examen médico de retiro, y en dicha oportunidad manifestó al médico
ocupacional los resultados de la prueba de tuberculosis y los dolores
articulares que estaba presentando.
1.7. Remitido por su médico tratante al especialista,
el infectólogo confirmó al demandante los resultados de tuberculina y recetó
tratamiento por nueve meses, medicamentos y controles para evitar la activación
de la tuberculosis latente. Asimismo, lo remitió a reumatología tras advertir
en los mismos exámenes una posible enfermedad del tejido conectivo.
1.8. En el mes de julio siguiente el reumatólogo
diagnosticó al actor enfermedad autoinmune no diferenciada (EAND) del
tejido conectivo, “la cual pudo haberse generado según opinión médica a
causa del estrés laboral”[2],
patología para la cual prescribió tratamiento por seis meses y controles.
1.9. El accionante señaló que su servicio de salud iba
a ser suspendido “el 2 de septiembre de 2015”[3] y que carecía
de los recursos para asumir el tratamiento de las enfermedades que le fueron
diagnosticadas; además que debía solventar sus propios gastos y los de su
familia. Por tanto, acudió al mecanismo de tutela para que le fuera amparado su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, se
ordenara a Ecopetrol S.A. que procediera a reintegrarlo a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando, que se abstuviera de incurrir en conductas
que afectaren su salud, que continuara realizando los respectivos aportes a
seguridad social, y que le pagara los salarios adeudados desde el momento en
que se produjo su desvinculación.
1.10. El
trámite correspondió al Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá. Admitida la
acción, se corrió traslado al extremo pasivo para que se pronunciara sobre los
hechos que motivaron la solicitud de amparo.
1.11. Notificada, Ecopetrol S.A. manifestó que las
pretensiones de reintegro y pago de salarios dejados de percibir debían ser
ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, pues son asuntos en los cuales el
juez constitucional no puede sustituir al juez laboral, de conformidad con el
principio de subsidiariedad.
Agregó que el señor Amílcar Delgado no se encontraba
en situación de protección especial al momento de la terminación del contrato, pues
no tenía incapacidad vigente, ni tenía restricción médica laboral, diagnóstico
de enfermedad laboral, ni proceso de determinación de origen de evento en salud
o calificación de pérdida de capacidad laboral emitido o en trámite, de modo
que no existía ninguna obligación adicional para poder hacer efectiva la decisión
del despido; amén de que el actor no padece discapacidad alguna que lo ubique
en una situación de debilidad manifiesta y que, por tanto, diera lugar a una
estabilidad laboral reforzada.
A la vez, afirmó que el empleo que desempeñaba el
actor al momento de terminación del vínculo laboral –profesional de nómina–
tenía a su cargo el proceso de cesantías y embargos, y venía siendo asumido por
profesionales que ejercían el mismo cargo, por lo cual dicha asignación no se
salía de los parámetros normales de carga laboral.
Añadió que la empresa no podía estar al tanto de las
condiciones de salud del accionante si éste mismo no informaba sobre tales
novedades, ya que, aunque Ecopetrol también funge como prestador del servicio
de salud del régimen especial, como empleador no está autorizado para acceder a
la historia clínica de sus trabajadores, dado su carácter reservado; y en razón
de ello no le podía ser oponible una situación de la cual no tenía conocimiento.
Señaló, también, que el actor no demostraba un nexo
causal entre su enfermedad y su desvinculación, habida cuenta de que en
realidad se trató de una terminación del contrato sin justa causa, que nada
tenía que ver con condición de salud, pues los documentos de la historia
clínica aportados con el escrito de tutela con los que se busca acreditar la
enfermedad datan de julio de 2015, esto es, una fecha posterior al despido, que
ocurrió en junio de ése año.
Finalmente, adujo que tampoco estaba acreditado que el
demandante pudiera afrontar un perjuicio irremediable que justificara la
interposición de la acción de tutela, por lo cual debía declararse que la misma
era improcedente.
1.12. Mediante
sentencia de 8 de septiembre de 2015[4],
el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá resolvió conceder la protección de
los derechos a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social
invocados por el señor Amílcar Fernando Delgado Alonso y, en consecuencia,
ordenó a Ecopetrol que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
dicho fallo, procediera a reintegrar al actor a un cargo de las mismas o
superiores condiciones a las que existían al momento de la desvinculación, “con
el pago de salarios y prestaciones sociales”.
Sustentó la anterior determinación en que, si bien la
terminación unilateral del contrato sin justa causa es una facultad del
empleador reconocida por el ordenamiento, las personas en estado de debilidad
manifiesta gozan de una estabilidad laboral reforzada.
Recordó que al actor se le practicaron los exámenes
que evidenciaron la tuberculina en mayo de 2015, y que a su vez demostraron que
venía con un cuadro clínico de un año de evolución de diferentes patologías, y
sostuvo que, conforme a la jurisprudencia constitucional, los trabajadores que
padezcan enfermedades no pueden ser despedidos con indemnización a su favor,
aun cuando no hayan acreditado padecer alguna discapacidad, “pues basta con
la disminución de sus condiciones para laborar derivadas de su trabajo, para
gozar de la protección por parte de las autoridades”.
Así, como el trabajador fue despedido el 2 de junio de
2015 cuando su situación médica lo ubicaba en una posición de debilidad
manifiesta, el despido ha de presumirse discriminatorio por cuanto el empleador
no tuvo en cuenta las disposiciones que le imponían pedir autorización previa
al Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato, en contravía del
derecho a la estabilidad laboral reforzada que amparaba al accionante, a quien
se le habían diagnosticado por el especialista diversas patologías y ordenado
un tratamiento por nueve meses junto con controles.
1.13. Notificada la anterior decisión, fue impugnada
por Ecopetrol S.A., quien fundó su descontento en que no existe soporte
probatorio de que conociera las afecciones de salud del señor Amílcar Delgado,
las cuales, en todo caso, le permitían al citado desarrollar a cabalidad las
funciones en el cargo que tenía asignado; sin que se pudiera inferir que el
hecho de que requiriera controles y medicamentos le generara una disminución
física o psicológica. En tal sentido, reiteró que los documentos aportados de
la historia clínica tienen fecha posterior al despido.
Agregó que existió un yerro del juez de primera
instancia al asociar el diagnóstico positivo de tuberculina –de mayo de 2015–
con una posición de debilidad manifiesta, pues de allí no se podía extraer
precipitadamente que el actor padeciera tuberculosis activa; por el contrario,
según el concepto de los profesionales de la salud que lo trataron, se trataba
de una tuberculosis latente que no le generaban alguna restricción laboral.
Indicó que el área de salud certificó en septiembre de
2015 que el demandante no tuvo incapacidades laborales entre enero y junio de ése
año, y que en el examen de retiro de 22 de junio de la misma anualidad se
señaló que el mismo era “apto para desempeñar labor”.
Concluyó entonces que el juez de primera instancia
erró al considerar que el actor era un sujeto titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada por cuanto no se encontraba realmente en
condición de debilidad manifiesta, pues venía prestando sus servicios con
normalidad, sin restricciones y la entidad desconocía su situación de salud,
por lo que no existía una causalidad entre dicho estado y el despido.
Como corolario de ello, solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar improcedente la acción
o, subsidiariamente, que se concediera el amparo de forma transitoria, por
contar el accionante con otro medio de defensa judicial.
1.14. Mediante sentencia de 16 de octubre de 2015, la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo del a quo y,
en su lugar, negó el amparo constitucional, tras estimar que el litigio entre
las partes debía ser conocido por el juez ordinario laboral, atendiendo al
carácter residual de la acción de tutela, toda vez que, según sostuvo, no se
advertía la existencia de un perjuicio irremediable.
2. Expediente T-5.296.832
2.1. El señor Alfonso José Morales Infazón expresó que
ingresó a laborar en CBI Colombiana S.A. en la labor de “andamiero” –que consiste
en cargar elementos pesados como andamios y tablas, subir materiales, escalar,
etc.– el 1º de septiembre de 2011, a través de contrato de trabajo. Previo a la
vinculación, al accionante se le practicaron exámenes médicos de ingreso, en
los cuales no se encontró alteración alguna, y se le autorizó para realizar
trabajos en altura.
2.2. El actor expuso que el contrato inicial fue
prorrogado y se suscribieron otrosí al contrato de trabajo, el último de
los cuales se firmó el 1º de abril de 2013, “estableciéndose contrato de
trabajo a término fijo con duración de 142 días, contados a partir de la firma
del contrato”[5],
el cual fue renovado sucesivamente el 21 de agosto de 2013, el 10 de enero de
2014, el 1º de junio de 2014 y el 21 de octubre de 2014, razón por la cual la
subsiguiente renovación no podía ser inferior a un año comprendido desde el 22
de octubre de 2014 hasta el 21 de octubre de 2015.
2.3. En el escrito se consignó que el 14 de octubre de
2014 el demandante asistió a consulta médica con un especialista en ortopedia y
traumatología por presentar un dolor lumbar y en la región cervical, con
movilidad cervical limitada y problemas en el brazo derecho, por lo que se le
diagnosticó síndrome del túnel carpiano, lumbago no especificado y cervicalgia,
y se le ordenaron unos exámenes. En esa misma fecha acudió a la IPS Salud del
Caribe, en donde el galeno de turno le prescribió recomendación médica de
“evitar los trabajos minuciosos o de fuerza, hacer ejercicio ordenado con el
brazo bien estirado” y lo remitió al especialista.
2.4. Se añadió que el 18 de noviembre de 2014 el actor
fue examinado por el ortopedista y le fue diagnosticada una cervicalgia. En
razón de ello, se le ordenaron algunos exámenes, 15 fisioterapias y control dos
meses después. Dichas terapias fueron programadas entre el 26 de noviembre y el
19 de diciembre de 2014.
2.5. Además, indicó, el 1º de diciembre del mismo año
se le ordenó resonancia nuclear magnética de columna cervical, la cual
fue agendada para el 11 de enero de 2015.
2.6. El accionante aseguró que días después, el 4 de
diciembre de 2014, le fue prohibida la entrada a laborar a las instalaciones de
la empresa y le quitaron el carné de empleado. Por escrito, la accionada le
comunicó al trabajador que daba por terminado el contrato sin justa causa, sin
ofrecer motivación alguna, y según se asevera en el libelo, a sabiendas de que
se encontraba en tratamiento médico a causa de la enfermedad generada por su
actividad, toda vez que tuvo que contar con el permiso del empleador para
asistir a las consultas y terapias en horario laboral.
2.7. Agregó que el 11 de enero de 2015 le fue
practicado el examen denominado resonancia nuclear magnética de columna
cervical simple, el cual arrojó como resultado que padecía “en C3-C4 y en
C4-C5 discretas discopatías degenerativas con pequeñas hernias discales
centrales que indentan el contorno anterior del saco dural sin comprimir las
estructuras radiculomedulares adyacentes”[6].
2.8. El 20 de enero de 2015 el ortopedista tratante
ordenó 15 sesiones de fisioterapias y formuló medicamentos. El 25 de enero
siguiente, el neurólogo ordenó una cita de control al terminar las
fisioterapias y prescribió otras 20 terapias adicionales.
2.9. En cita de control del 17 de marzo de 2015 el
ortopeda ordenó al actor continuar el manejo con terapias y dio estrictas
recomendaciones consistentes en evitar cargar objetos por encima de la cabeza y
evitar ejercicios que implique movimientos repetitivos del cuello.
2.10. El señor Alfonso Morales afirmó que no aparece
en el sistema de salud como cotizante empleado de CBI, no lo reciben en las
citas médicas ni le ordenan los medicamentos necesarios para su tratamiento. Además,
manifestó que es padre cabeza de hogar y de él depende el sustento de su
familia, pero que su estado de salud le dificulta conseguir otro empleo, pues
los oficios que normalmente desempeña requieren esfuerzos físicos.
Por conducto de la acción de tutela reclamó que le
sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad
laboral reforzada, a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones
dignas, al mínimo vital y a la igualdad, para que se disponga que la accionada
lo reintegre a sus labores teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por los
médicos tratantes, se ordene el pago de los salarios dejados de percibir y de
los aportes respectivos a seguridad social desde el momento en que fue
despedido hasta el momento del reintegro, y se prevenga a la demandada para que
se abstenga de impedirle el acceso a las citas y terapias que hacen parte de su
tratamiento.
2.11. El
asunto fue asignado al Juzgado 3º Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Cartagena. Con el auto admisorio se corrió traslado a la demandada
para que se pronunciara sobre los hechos que motivaron la acción de tutela.
2.13. Notificada, CBI Colombiana S.A. se opuso a las
pretensiones del actor y solicitó la vinculación al trámite de la EPS Sura y la
ARL Sura. Afirmó que la temporalidad era una característica inherente al
trabajo para el que fue contratado el señor Alfonso Morales, cual era el
montaje de la refinería de Cartagena, obra que no tenía vocación de permanencia
pues conforme avanzaba la ejecución del proyecto iba siendo necesaria la desvinculación
escalonada de personal, y dicha circunstancia era conocida por el demandante.
Añadió que la historia clínica que reposa en el
Departamento de Salud Ocupacional de la compañía indica que el actor no tenía
registros de recomendaciones o restricciones vigentes, ni formato de reporte de
accidente de trabajo, ni seguimiento por ARL, EPS o AFP, más allá de afecciones
de salud leves que no lo convierten en sujeto de estabilidad reforzada ni
impiden el normal desempeño de sus funciones.
Al mismo tiempo, expuso que la terminación del
contrato fue objetiva y tuvo lugar legalmente, a más que se le reconoció al
trabajador la indemnización a que tenía derecho, por lo que nada tuvo que ver
con sus afecciones de salud ni sus necesidades personales, es decir que no
existe una causalidad entre la enfermedad alegada y el despido.
Agregó que lo relativo a la continuidad en el
tratamiento de las enfermedades del accionante era del resorte de Sura EPS, en
caso de que el mismo fuera requerido, y dijo atenerse a lo que se probara en la
historia clínica respecto del estado de salud del citado.
En cuanto a los horarios en los que el peticionario
tenía programadas las citas médicas y las terapias, CBI indicó que la concesión
de permisos es normal en el desarrollo de las relaciones de trabajo, y que las
incapacidades que le constan son aquellas que el mismo actor les hizo llegar.
Por otra parte, señaló que la tutela se interpuso
pasados más de 4 meses desde la terminación del vínculo laboral, por lo cual no
se configuraba un perjuicio irremediable que demandara una protección urgente;
que existían otros medios de defensa ante la jurisdicción ordinaria laboral
para ventilar las pretensiones consignadas en el libelo; y que el actor no
demostró que su estado de salud lo colocara en una situación de debilidad
manifiesta que aparejara una protección reforzada e hiciera viable la tutela
como mecanismo transitorio, toda vez que no contaba con calificación de
discapacidad.
2.14. Mediante
sentencia de 6 de mayo de 2015[7],
el Juzgado 3º Penal Municipal con funciones de control de garantías de
Cartagena resolvió “no acceder a la tutela de los derechos incoados”,
tras considerar que el accionante no se encuentra dentro de las personas de las
cuales se predica una estabilidad laboral reforzada –citando al efecto a las
mujeres embarazadas, “los minusválidos” y los trabajadores aforados–, y aunque
presenta las enfermedades a que alude la historia clínica, tal circunstancia no
lo incapacita para desarrollar sus funciones, al paso que las recomendaciones
médicas refieren cuidados posturales mas no reflejan órdenes específicas que
conllevaran a la reubicación del actor en otro puesto de trabajo.
Sostuvo que la patología del actor es catalogada como
una enfermedad general que viene siendo atendida por EPS Sura y no se ha
determinado si se originó por las funciones del cargo desempeñado en la empresa
accionada. Estimó entonces que no se advertía un nexo causal entre la afección
de salud y el despido, por cuanto este obedeció a la terminación unilateral del
contrato de trabajo a término fijo con el pago de la correspondiente
indemnización.
Señaló que el demandante es una persona de 39 años de
edad sin limitaciones físicas severas o profundas que mermen su posibilidad de
acceder a una opción laboral o concurrir ante un proceso ordinario, por lo cual
en su situación no se configura un perjuicio grave que requiera medidas
urgentes de protección, como quiera que el artículo 1º de la Ley 361 de 1997
exige que se presente una pérdida de capacidad laboral mayor de 25% o del 50%.
Y respecto de la atención en salud, precisó que el régimen subsidiado era una
alternativa para contar con servicios asistenciales.
Además, indicó que no era pertinente la vinculación de
la EPS y la ARL, ya que no se ventilan incapacidades del actor, y la enfermedad
que padece es general, lo cual excluye que sea de origen profesional o de
accidente de trabajo.
2.15. Inconforme con la anterior determinación, el
accionante la impugnó, por cuanto consideró que el juez de primera instancia
incurrió en yerro al apoyarse en que no existían incapacidades otorgadas por
los médicos, ya que en el momento del despido estaba en una fase de tratamiento
y diagnóstico, y el deterioro de salud que sobrevino a ello no dio lugar a la
expedición de incapacidades por cuanto para ese momento ya se encontraba
cesante.
Sostuvo que se omitió valorar las recomendaciones
médicas que apuntaban a que debía evitarse el esfuerzo físico, aunque
taxativamente no se ordenara allí una reubicación laboral definitiva. Así, opinó
que el juez se equivocó al asumir que la labor de andamiero, dentro de cuyas
tareas ordinarias está la de cargar objetos pesados, puede continuar ejecutando
normalmente dichas actividades cuando cuenta con una recomendación médica
expresa de no realizar trabajos de fuerza y no cargar objetos sobre la cabeza.
Afirmó que aunque no estuviera calificado el origen de
la enfermedad, era claro que al ingresar a la empresa no tenía ninguno de los
problemas médicos que, a la postre, le fueron diagnosticados, precisamente a
causa de los trabajos pesados que desempeñaba. Además, recalcó que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, no es necesario que medie un dictamen
para que una persona se encuentre en estado de debilidad manifiesta.
Reprochó, finalmente, que el a quo
desacreditara el concepto profesional de los médicos tratantes en cuanto a la
pertinencia del tratamiento oportuno que requieren sus padecimientos, al
señalar que los únicos tratamientos impostergables son los de las enfermedades
catastróficas, e indicó que el régimen subsidiado está diseñado para atender
las necesidades sanitarias de la población más pobre, sin ser este su caso,
pues fue la empresa la que provocó su actual situación al desvincularlo
injustamente.
Por lo expuesto, solicitó que se revocara la decisión
del juez de primera instancia para, en su lugar, conceder el amparo
constitucional deprecado.
1.14. Mediante sentencia de 2 de julio de 2015[8], el Juzgado
2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cartagena confirmó la
decisión de primera instancia, tras considerar que si los médicos no
prescribieron incapacidades quiere decir que la enfermedad no fue tan grave
como para otorgar días de recuperación, sino que bastó con algunas
recomendaciones de “evitar trabajos forzosos, hacer ejercicio, descansar y
terapias”.
Asimismo, reiteró lo dicho por el a quo en cuanto
a que el actor no se encontraba dentro del grupo de especial protección
constitucional, pues su diagnóstico no se refiere a una patología que implique
una pérdida de capacidad permanente o de cierta gravedad que permita concluir
que el actor era una persona con discapacidad o en debilidad manifiesta; como
tampoco se trata de una enfermedad que históricamente haya sido considerado
fuente de discriminación.
Por tanto, concluyó el ad quem que la materia
de la controversia debía ser dirimida por el juez laboral.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto de 6 de abril de 2016, el magistrado
sustanciador dispuso vincular al trámite a Compensar EPS, para que se
pronunciara sobre la petición de afiliación elevada por el señor Amílcar
Fernando Delgado Alonso, en vista de que el citado accionante remitió unas
pruebas documentales a partir de las cuales se concluyó que a la mencionada
entidad promotora de salud le asistía interés en la causa.
III. CONSIDERACIONES
1.     Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Planteamiento del caso
Las solicitudes de amparo constitucional bajo estudio
fueron formuladas por trabajadores que padecen determinadas patologías y
denuncian que su vínculo laboral fue extinto unilateralmente por sus
respectivos empleadores sin
haber acudido previamente al Ministerio de Trabajo para que se autorizara el
despido, a pesar de que sus
circunstancias de vulnerabilidad les otorgaban una protección de rango
superior.
Tanto el
señor Amílcar Fernando Delgado Alonso como el señor Alfonso José Morales Infazón reclaman
vía acción de tutela que se les protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido
proceso y, según se desprende de los escritos, a la estabilidad laboral
reforzada, con el propósito de que se disponga, primordialmente, que las
accionadas los reintegren a sus respectivos puestos de trabajo o en unos de
mejores condiciones, atendiendo en todo caso al particular estado de salud en
que se encuentran y observando las precisas recomendaciones de sus médicos, así
como que se les ordene a las referidas empresas que asuman el pago de aquellos salarios
no devengados por los accionantes, y que se les obligue a solventar los aportes
a seguridad social correspondientes.
En ambos casos se alega que la situación de
desvinculación descrita, adicionalmente, pone en riesgo la continuidad de los
tratamiento médicos en que se encuentran, como quiera que no cuentan con los
medios para conjurar la inminente suspensión de sus servicios de salud, en
tanto carecen de otras fuentes de ingresos que les permitan asumir los costos
de sus enfermedades y, simultáneamente, solventar los gastos asociados a las
necesidades básicas de ellos mismos y de sus núcleos familiares.
3.     Problema jurídico a resolver
Como primera medida, corresponde a la Sala Octava de
Revisión examinar si en los asuntos de la referencia se reúnen los requisitos
de procedencia de la acción de tutela, a fin de determinar si, aunque
tratándose de pretensiones de reintegro que normalmente son del resorte de la
jurisdicción ordinaria laboral, existe una amenaza de derechos fundamentales
que haga pertinente la intervención del juez constitucional.
Precisado lo anterior, es necesario caracterizar las
condiciones específicas de los peticionarios a la luz del régimen que cobija a
los sujetos de especial protección constitucional, para esclarecer si les
asiste razón a las demandadas al aseverar que a los quebrantos de salud de los
promotores de la acción no les son aplicables las medidas de protección
reclamadas.
De allí podrá establecerse, seguidamente, si los
señores Amílcar Delgado y Alfonso Morales están situados dentro del umbral de la
estabilidad laboral reforzada, erigida como un veto a que los empleadores
rompan el contrato celebrado con el trabajador sin el agotamiento previo de
ciertas exigencias, o si, por el contrario, no estaban cubiertos por esta indemnidad
al momento en que se suscitaron las desvinculaciones.
Al abordar dicho aspecto sustancial será preciso
establecer, entonces, las consecuencias jurídicas que se derivan de tales
constataciones, lo cual, a su vez, conducirá a dilucidar si hay lugar a salvaguardar
en esta sede los derechos cuya protección se persigue.
Se identifican, entonces, los siguientes problemas
jurídicos que enmarcan el estudio de la Corte en esta oportunidad: a) ¿al
momento en que tuvieron lugar los despidos los accionantes reunían las
condiciones para estar amparados por la garantía constitucional de estabilidad
laboral reforzada? y, como consecuencia de lo anterior, b) ¿la conducta
adoptada por las empresas empleadoras al dar por terminado unilateralmente la
relación laboral con los actores representó una vulneración de los derechos fundamentales invocados, particularmente los
de salud, seguridad social y estabilidad laboral reforzada?
Con el objetivo de resolver los mencionados
interrogantes, la Sala procederá a efectuar el estudio de los siguientes
puntos: (i) Requisitos de procedencia de la acción de tutela; (ii) Conceptualización
de la estabilidad laboral reforzada –Reiteración de jurisprudencia–; (iii) El
alcance de la protección constitucional para los trabajadores con afecciones de
salud que no constituyen discapacidad; y (iv) El derecho a la salud y la
afiliación al sistema de seguridad social por las EPS. Por último, se dará cuenta de los (v) Casos concretos,
momento en el cual se verificarán los aspectos examinados respecto de cada una
de las solicitudes de amparo en cuestión.
4.     Requisitos de procedencia de la acción de
tutela
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación,
la acción de tutela es un mecanismo previsto en la Constitución, encaminado a
la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, de la cual se desprenda vulneración o
amenaza a los mismos; el cual sólo es procedente en la medida en que no se
disponga de otro medio eficaz de defensa judicial para salvaguardar los
derechos invocados, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para
conjurar un perjuicio irremediable, o para hacer cesar un daño que se le viene
ocasionando al tutelante.
La Carta, a su vez, dejó en manos del legislador la
determinación de los precisos eventos en que la acción de tutela puede
dirigirse contra particulares encargados de prestar servicios públicos o ante
la grave afectación de un interés colectivo, así como en los casos en que exista
una relación de subordinación o indefensión del accionante frente al accionado.
Así, en el artículo 42 del Decreto Estatutario 2591 de
1991 se definieron aquellos casos en que podía hacerse uso del mecanismo en
cuestión para atacar conductas provenientes de particulares[9]. Dentro de estas
hipótesis se contempló que entes privados pueden ser sujetos pasivos de la
acción cuando se constate una situación de indefensión y/o subordinación entre
quien reclama el amparo y el agente al que se le endilga la violación.
Ello guarda estrecha relación con la cláusula superior
de protección preferente a las personas que, por diversas causas, se hallan en
una condición de vulnerabilidad que las sitúa en planos de desigualdad frente a
sus pares, y de aguda desventaja frente a las autoridades y los demás
estamentos.
En línea con lo anterior, este Tribunal ha
desarrollado los conceptos de indefensión y subordinación, que
habilitan el recurso a la tutela contra particulares, en los siguientes
términos:
“La subordinación ha sido entendida por
esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de dependencia, la
cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre
estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo. Por su parte,
según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter
fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de
circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión
de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se
presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de
medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios,
los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales.”[10].
Si bien la acción de tutela no procede por regla
general para ventilar asuntos cuyo conocimiento le ha sido deferido a la
jurisdicción ordinaria, tal como la reclamación de reintegro de que conocen los
jueces laborales, la Corte ha aceptado la intervención del juez constitucional
en controversias de dicha naturaleza en los casos en que el promotor del
trámite se halla en un estado de debilidad manifiesta, lo que ocurre, por
ejemplo, en tratándose de personas enfermas o en condición de discapacidad[11]. Sobre el particular, la
jurisprudencia ha sostenido:
“Cuando se busca el reintegro al lugar
del trabajo con ocasión de la desvinculación, en principio debe decirse que la
acción de tutela resulta ser improcedente; pero si quien lo solicita es un
sujeto de especial protección constitucional, que fue desvinculado de su lugar
de trabajo con ocasión de su estado personal como es el caso de las personas
con disminución en su estado de salud, como factores de clara discriminación y
sin atender los requisitos para la legalidad del mismo, entonces debe decirse
que la acción de tutela se torna idónea para resolver el asunto.”[12]
Adicionalmente, es oportuno recordar que esta Corporación ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela para hacer reclamaciones de
índole laboral en determinadas circunstancias:
“La jurisprudencia constitucional ha
establecido que la acción de tutela no procede, de manera general, para
solicitar el cumplimiento de prestaciones de naturaleza laboral debido a su
carácter subsidiario y residual. No obstante, se admite su procedencia excepcional
atendiendo a las particularidades del caso y cuando se ven comprometidos
derechos fundamentales de una persona que es titular de una protección especial
por parte del Estado.”[13]
Así las cosas, bajo la perspectiva que ofrecen las
anteriores consideraciones, la procedencia del mecanismo de amparo ha de
concretarse con fundamento en los siguientes presupuestos: (I) que el ente
particular en contra de quien se dirige la acción a) preste un servicio
público, o b) afecte con su conducta un interés colectivo de forma grave
y directa, o c) respecto de él se constate un estado de indefensión o
subordinación por parte del peticionario; (II) que no exista otro mecanismo de
defensa judicial del derecho cuya vulneración se alega; (III) que a pesar de
existir otro medio de defensa, el mismo no sea idóneo o eficaz ante el
acaecimiento de un perjuicio irremediable para el tutelante, dedicando singular
atención en el caso de personas de especial protección constitucional.
5.     Conceptualización de la estabilidad laboral
reforzada               –Reiteración de jurisprudencia–
El Estado colombiano ha adquirido compromisos
internacionales en virtud de los cuales está llamado a satisfacer los derechos
de las personas en condición de discapacidad[14], para cuyo efecto ha sido
imprescindible la adopción medidas en diversos ámbitos, entre los que se
cuenta, precisamente, el del empleo.
La estabilidad laboral reforzada ha sido desarrollada
como una garantía de raigambre constitucional a favor de ciertos sujetos, como
son las personas con discapacidad, los trabajadores que padecen alguna
enfermedad, así como las mujeres embarazadas y en licencia de maternidad, que
se proyecta a partir de los artículos 13 y 53 de la Carta, los cuales
contemplan los principios de igualdad y de estabilidad en el empleo. A través
de esta figura se pretende proveer a este conjunto de personas cierto grado de
certidumbre en relación con su ocupación, así como resguardarlas de los actos
discriminatorios por parte de sus patronos.
Nótese que el aspecto determinante para establecer qué
individuos son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada es la
situación de vulnerabilidad en que se encuentran, a causa de determinadas
condiciones de salud que pueden comprometer su normal estado físico, mental o
fisiológico[15].
Concatenándose con los mandatos derivados de la
Constitución y de los instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad
a que se ha hecho alusión, la Ley 361 de 1997 ha dispuesto que, para poder
proceder a la terminación unilateral del contrato laboral con trabajadores que
se encuentran en estas circunstancias[16],
los empleadores deben solicitar previamente autorización del inspector de
trabajo, so pena de que se presuma que la ruptura de la relación laboral estuvo
impulsada por móviles discriminatorios, de lo cual se desprenden unas
repercusiones encaminadas a castigar la infracción del autor del despido y a restablecer
los derechos del empleado:
“Sobre el particular, en Sentencia T-025
de 2011, la Corte expuso que despedir a una persona en estado de discapacidad
sin autorización del Ministerio del Trabajo, es un acto que tiene consecuencias
identificables, como lo son: (i) que el despido sea absolutamente ineficaz;
(ii) que en el evento de haberse presentado éste, corresponde al juez ordenar
el reintegro del afectado y, (iii) que sin perjuicio de lo dispuesto, el
empleador desconocedor del deber de solidaridad que le asiste con la población
laboral discapacitada, pagará la suma correspondiente a 180 días de salario, a
título de indemnización, sin que ello signifique la validación del despido.
Además, se deberán cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en el cual proceda el
reintegro.”[17]
Dentro de este contexto, este Tribunal ha resaltado
que el derecho a la estabilidad laboral reforzada apareja para este especial
grupo de trabajadores “(i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a
no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer
en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación
laboral y (iv) a que el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces,
autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin
de que el mismo pueda ser considerado eficaz”. Esto último, con independencia
de la modalidad contractual adoptada por las partes.” [18]
Paralelamente, la jurisprudencia ha reconocido que es
necesario constatar que el patrono haya estado enterado con anterioridad de la limitación
padecida por el trabajador, para poder endilgarle una actitud discriminatoria asociada
a la dolencia en cuestión:
“Es forzoso que el empleador conozca la
discapacidad del trabajador como instrumento de protección de la seguridad
jurídica. Esto evade el hecho de que posteriormente en la jurisdicción se asuma
intempestivamente que el trabajador es discapacitado y se le impongan al
empleador diversas obligaciones que no preveía, debido a su desconocimiento de
la discapacidad. Ahora bien, este deber del trabajador de informar no está
sometido a ninguna formalidad en la legislación actual, de modo que
atropellaría la Sala el artículo 84 constitucional si impone vía jurisprudencia
algún requisito formal para efectos del ejercicio de los derechos que se
desprenden de la discapacidad. De tal suerte que el deber de informar puede
concretarse con la historia clínica, con frecuentes incapacidades e, incluso,
con la realidad cuando ella es apta para dar cuenta de la discapacidad, en
concordancia con el principio de primacía de la realidad sobre las formas.”[19]
Sin embargo, aunque el hecho de haber estado informado
sobre la afección constituya un elemento imprescindible para valorar la
conducta del patrono y adjudicarle, si es el caso, las sanciones que reprenden
la discriminación, ello no es definitorio para la adopción de medidas
protectoras a favor de aquellos trabajadores en estado de debilidad manifiesta
por motivos de salud. En reciente pronunciamiento, la Sala Octava de Revisión
enfatizó:
“No obstante, mediante sentencia de
unificación, la Corte estableció que la protección constitucional reforzada no
depende del conocimiento del empleador, como quiera que la circunstancia que da
lugar a esa forma especial de amparo es un hecho objetivo. Así, el conocimiento
del empleador será determinante para fijar el grado de protección, mas no la
protección misma. Si bien en esa oportunidad el análisis se contrajo al caso de
las mujeres embarazadas, resulta pertinente trasplantar por igualdad aquellos
argumentos al caso de las personas con algún padecimiento físico, mental o
sensorial, dado que se encuentran en el mismo riesgo de discriminación basada
en su condición:
‘Lo primero que debe precisar la Corte,
siguiendo la jurisprudencia constitucional y los apartados precedentes de esta
sentencia, es que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es
requisito para establecer si existe o no protección, sino para determinar el
grado de la protección.
‘Así, el conocimiento del embarazo por
parte del empleador da lugar a una protección integral y completa, pues se
asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un factor de
discriminación en razón del sexo. Por otra parte, la falta de conocimiento,
dará lugar a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad y
en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia,
como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como
garantía de los derechos del recién nacido’.[20]”[21]
Conforme a lo expuesto, para proceder a dilucidar este
tipo de controversias donde está envuelto el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, se requiere discernir los siguientes aspectos puntuales: (i) la
terminación unilateral del vínculo laboral por parte del empleador; (ii) el
estado de debilidad manifiesta de que adolece el trabajador o la trabajadora sujeto
del despido, a raíz de una afectación en su salud; (iii) la ausencia de
autorización por parte del Ministerio de Trabajo para que el patrono adopte
dicha decisión, (iv) el conocimiento previo del empleador respecto de la
condición de salud que presenta el subalterno; los mismos permitirán establecer
si procede, o no, el reintegro del accionante al puesto de trabajo, en
condiciones iguales o mejores a las existentes al momento de la ruptura de la
relación laboral –con la debida capacitación para cumplir sus funciones, en
caso de ser necesaria una reubicación–, como consecuencia de la ineficacia del
despido.
Asimismo, el análisis correspondiente conducirá a
establecer si dicha medida de protección a favor del trabajador emana de la
actitud deliberadamente discriminatoria por parte del empleador, caso en el
cual habrá lugar a imponerle la sanción consistente en el pago de una indemnización de 180 días de salario al
empleado, o bien, si se desprende del deber constitucional de solidaridad
frente al sujeto que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, en virtud
del cual el juez puede inducir
a ciertas personas a la adopción de determinadas conductas de auxilio y
colaboración frente a otras, a fin de garantizar los derechos fundamentales de
la parte débil en una relación asimétrica[22].
6.     El alcance de la protección constitucional
para los trabajadores con afecciones de salud que no constituyen discapacidad
Tal como se ha resaltado en líneas anteriores, por
medio de la estabilidad laboral reforzada el ordenamiento jurídico dispensa
una especial protección a los y las trabajadoras que se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta, entre los que se cuentan las mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia, y las personas que sufren algún tipo de limitación
física, mental, sensorial o fisiológica.
Empero, es de vertebral importancia poner de relieve
que la protección que surge de la estabilidad laboral reforzada no puede estar
supeditada a que la condición de salud del trabajador haya sido catalogada
previamente como invalidez o discapacidad, ya que, se insiste, el aspecto
primordial es el estado de vulnerabilidad en que se encuentra en razón de sus
afecciones:
“En efecto, el operador jurídico tiene
vedado condicionar el amparo a la evaluación de la invalidez expedida por
juntas competentes o al porcentaje específico de discapacidad del trabajador.
De similar forma, el patrono tiene prohibido despedir a un trabajador que se
encuentre en condiciones de debilidad y que cuente con los factores enunciados,
alegando que la calidad de discapacitado solo se adquiere con la calificación
de pérdida de capacidad laboral.
“Adicionalmente, esta Corporación
precisa que el origen de la enfermedad o el hecho generador de la discapacidad
no es determinante para la procedencia del amparo. Lo que en realidad es
fundamental es que el juez verifique que el trabajador se halla en estado de
debilidad y que cuenta con los factores de vulnerabilidad. Situación que
implica para el empleado que perder su trabajo lo deja desprotegido, al igual
que obtener una nueva fuente de ingreso sea más difícil que para las otras
personas, debido a sus condiciones.”[23]
Así, a través de la evolución de la jurisprudencia se ha
extendido el umbral de protección que otorga la estabilidad laboral reforzada.
En virtud de ello, hoy en día también se encuentran cobijadas por esta garantía
las personas que sufren algún tipo de enfermedad, aunque la misma no sea
considerada estrictamente como una limitación permanente, al igual que quienes
que se encuentran convalecientes o con una incapacidad temporal, en razón a
que, también en estas hipótesis, el trabajador se halla en un estado de
debilidad manifiesta que clama por protección constitucional:
“La concepción amplia del término
“limitación” ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de
esta Corporación en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la
Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad
manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez.
“(…)
“En este orden de ideas, la Corte
Constitucional también ha sido enfática en señalar que toda persona que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del
padecimiento de una enfermedad y sin importar el tipo de relación laboral
existente, ‘tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral
reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el
empleador podrá únicamente mediante autorización del inspector de trabajo y por
una justa causa objetiva, desvincular al trabajador que presente una
disminución física o psíquica en su organismo (Sentencia T-490 de 2010)’. Es
claro entonces que la protección con que cuenta este grupo de personas es
relativa y no absoluta, ya que, como se acaba de mencionar, cuando el
trabajador incurra en una justa causa de terminación unilateral del contrato,
el empleador puede tramitar la autorización de despido ante el respectivo
inspector.
“Es de concluir, entonces, que los
trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta e
indefensión por la afectación en su estado de salud tienen derecho al
reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, con independencia de (i)
el vínculo contractual adoptado por las partes y; (ii) que su condición haya
sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente. En virtud
de ello detentan el derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se configure
una causal objetiva que extinga la relación laboral, circunstancia que de todas
formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del trabajo.
Igualmente, tendrá derecho al pago de la indemnización contemplada en el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el evento en que la
desvinculación laboral se produzca sin la autorización de la autoridad
competente”.[24]
Adicionalmente, este Tribunal ha remarcado que en
ciertos casos aquellos trastornos de salud se erigen en auténticos obstáculos
para que estas personas puedan acceder a otras opciones laborales, por lo cual el
reintegro tiene plena justificación constitucional:
“De manera que en materia laboral, para
este tipo de personas de especial protección constitucional, ‘la indemnización
constituye la última o más lejana de las alternativas y, por lo tanto, se debe
velar hasta cuando sea posible por su permanencia en la entidad, debido a que
su condición disminuye las posibilidades materiales de conseguir un nuevo
empleo y únicamente su salario constituye el presupuesto básico del
sostenimiento familiar.’”[25]
Y es que no podría ser de otro modo, pues, desde esta
perspectiva, es claro que, al margen de que exista un dictamen en torno a la
invalidez o la discapacidad, si la enfermedad de que se trata tiene la
virtualidad de generar un impacto severo en las capacidades del trabajador
desvinculado, este encontrará diversas talanqueras para reincorporarse en el
mercado laboral y continuar ejerciendo su profesión u oficio con normalidad, lo
cual, a todas luces, repercutirá negativamente en el goce de otros derechos
fundamentales. En tal sentido se ha sostenido:
“La línea sobre el derecho a la
estabilidad laboral reforzada en esta Corporación se aprecia en suma
garantista, precisando que el margen de acción para garantizar dicha
protección, ‘no se limita entonces a quienes tengan una calificación porcentual
de discapacidad, basta que esté probado que su situación de salud les impide
o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares, sin la necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados.’”[26] (Se subraya)
De conformidad con lo anterior, los individuos que se
hallan en una situación de vulnerabilidad, ya sea por una discapacidad o
invalidez calificada como tal, o bien porque los aqueja una afección que reduce
significativamente sus oportunidades de continuar trabajando en condiciones
regulares, están incluidos dentro del radar de protección de la estabilidad
laboral reforzada, como consecuencia de que la enfermedad constituye un hecho
objetivo, lo cual implica que el amparo no está circunscrito al conocimiento
previo por parte del patrono, y este, en todo caso, deberá contar con el aval
de la autoridad de trabajo si desea finiquitar la relación laboral.
7.     El derecho a la salud y la afiliación al
sistema de seguridad social por las EPS
En abundante jurisprudencia constitucional ha venido
reafirmando, de vieja data, el carácter iusfundamental del derecho a la salud.
En un principio, se asoció la importancia del derecho
a la salud a la conexidad que guarda con los derechos a la vida y la integridad
personal, pero, desde hace un tiempo hasta al presente, el prisma a través del
cual se analiza el paradigma de dignidad humana –como eje del estado social y
democrático de derecho–, ha conducido a que se le reconozca el carácter de un
auténtico derecho fundamental, justiciable de forma autónoma.
En línea con esta interpretación, recientemente se
expidió la Ley 1751 de 2015 –Estatutaria del derecho fundamental a la salud–,
en la cual, ya desde una fuente normativa, se patentan los progresos en materia
de protección que se habían desarrollado al interior de los pronunciamientos de
la Corte Constitucional. En esa dirección, en el artículo 2 de dicha norma se
prescribió:
“Artículo 2°. Naturaleza y contenido del
derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.
“Comprende el acceso a los servicios de
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución
Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta
bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación,
coordinación y control del Estado.”
En el ejercicio de conceptualización del derecho a la
salud, la Corte ha establecido un entendimiento complejo del mismo:
“[L]a salud, entendida como un
derecho fundamental, fue inicialmente concebida por la Organización Mundial de
la Salud como ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’, pero, a partir de la
evolución que ha tenido este concepto, se ha reconocido por esta Corporación
que la anterior definición debe ser más bien asociada con el concepto de
‘calidad de vida’, pues, en razón a la subjetividad intrínseca del concepto de
‘bienestar’ (que depende completamente de los factores sociales de una
determinada población), se estimó que ésta generaba tantos conceptos de salud
como personas en el planeta.
“Ahora bien, en pronunciamientos más
recientes, esta Corporación ha expresado que la salud debe ser concebida como
‘la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser’, de forma que la protección en salud no se limite
únicamente a las afectaciones que tengan implicaciones en el cuerpo físico del
individuo, sino que, además, se reconozca que las perturbaciones en la psiquis,
esto es, aquellas que se materializan en la mente del afectado, también tienen
la virtualidad de constituirse en restricciones que impiden la eficacia de los
demás derechos subjetivos.”[27]
En este orden de ideas, no cabe duda en cuanto a que
los aspectos materiales, físicos y biológicos como espirituales, mentales y
psíquicos[28]
que integran el derecho a la salud inciden de forma directa en la posibilidad
que tiene el individuo de gozar plenamente de los demás derechos de que es
titular, así como de trazarse un proyecto de vida y llevarlo a cabo. Por tanto,
las alteraciones que comportan una afectación significativa respecto de ese
complejo concepto de bienestar pueden llegar a erigirse como una verdadera interferencia
para la realización personal, como manifestación de la dignidad humana.
En consideración a ello, el ordenamiento jurídico ha
instituido mecanismos orientados a garantizar el derecho a la salud de todos
los habitantes del país. La Ley 100 de 1993 “establece el sistema general de
seguridad social en salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina
su dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas,
financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación”,
y consagra como objetivo del sistema “regular el servicio público esencial
de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en
todos los niveles de atención.”[29]
Así, para materializar ese propósito, el legislador
previó que la afiliación al sistema general de seguridad social en salud es
obligatoria, y diseñó los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a
personas laboralmente activas –el primero– y a personas sin capacidad de pago
–el segundo, en virtud de los cuales corresponde a los empleadores o al Estado,
respectivamente, asegurar dicha afiliación[30],
habida cuenta de que, a través de ella, se concreta un acceso universal a los
servicios del plan de beneficios. En este sentido, la Corte ha sostenido:
“La afiliación permite hacer efectivo el
principio de universalidad que rige el Sistema General de Seguridad Social en
Salud. En este orden de ideas, la afiliación de las personas al Sistema de
Seguridad Social en Salud, a través de uno de los dos regímenes –contributivo o
subsidiado- es obligatoria. De un lado, la afiliación es una obligación de las
E.P.S. de acuerdo con el numeral 3 del artículo 178 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 183 que prohíbe a las E.P.S. negar la afiliación a quien desee
ingresar al régimen, siempre y cuando asegure el pago de la cotización o del
subsidio correspondiente. De otro lado, la afiliación constituye un derecho en
cabeza de cualquier persona, exigible ante la E.P.S. de su elección, dentro de
los parámetros legales y reglamentarios.”[31]
Llegado este punto, es pertinente poner de relieve que
la perspectiva desde la cual se concibió e implementó la nueva Ley Estatutaria
del derecho fundamental a la salud, ha traído consigo modificaciones de la
regulación de los aspectos relativos a la afiliación, orientados a apartar
aquellos obstáculos formales que otrora entorpecían el acceso a la atención médica
de algunos individuos. Impregnado de esa nueva lógica surgió el Decreto 2353 de
2015, “Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al
sistema general de seguridad social en salud, se crea el sistema de afiliación
transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en
la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud”, el cual proscribe
que las EPS adopten conductas selectivas que restrinjan la afiliación de las
personas, toda vez que ello, además de obstruir el acceso a la atención en
salud, retarda el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.
Así las cosas, la Corte ha admitido la procedencia de
la acción de tutela en aquellos casos en los que se persigue repeler de forma
urgente una amenaza del derecho fundamental a la salud, con el fin de que, por
medio de la intervención del juez de amparo, se adopten las medidas necesarias
para reivindicar la dignidad de la persona a quien se le coartan, ya sea por
acción u omisión, los servicios asociados a la promoción, protección y
recuperación de la salud, pues, se insiste, es justiciable de forma autónoma, más
allá de su intrínseca relación con otros derechos de rango constitucional.
8.     Análisis de los casos concretos
Como medida inicial, corresponde determinar si se
reúnen en los casos bajo estudio los requisitos para la procedencia de la
acción de tutela. Agotado el análisis en torno a este aspecto previo, podrá la
Corte adentrarse en el escrutinio sobre el fondo de las controversias
planteadas.
8.1.
Examen
sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción
Respecto a la legitimación en causa por activa,
los señores Amílcar Fernando Delgado Alonso y Alfonso José Morales Infanzón al
formular las acciones en revisión se encontraban habilitados para hacer uso del
mecanismo de amparo, como quiera que, al tenor del artículo 86 de la
Constitución, toda persona puede reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
En lo que concierne a la legitimación en causa por
pasiva, encuentra la Sala que las sociedades demandadas –Ecopetrol S.A. y
CBI Colombiana S.A.– pueden ser sujetos pasivos de la acción, pues, por una
parte, los accionantes se ubicaban frente a ellas en una situación de subordinación,
originada en la relación trabajador-empleador e, inclusive, puede predicarse un
estado de indefensión en cabeza de los tutelantes, en razón a sus
quebrantos de salud.
Por otra parte, en cuanto a la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial de los derechos invocados, se tiene que los
promotores de las acciones de tutela fundan su pretensión en el hecho de que se
encuentran afectados por ciertas patologías por las cuales requieren una solución
inaplazable a través de un procedimiento preferente y sumario, más expedito que
el proceso ordinario laboral.
Es preciso anotar, en referencia con el caso del señor
Amílcar Delgado, que en el trámite ante la Corte se allegaron pruebas por el
actor respecto de una alternativa ocupacional vigente al momento en que se
profiere la sentencia de revisión, y de que afronta una situación de
desprotección en salud que actualmente le impide acceder a los servicios
asistenciales que necesita de forma permanente. Se considera que esta situación
sobreviniente no obsta para que la Sala examine la presunta vulneración de
derechos fundamentales, habida cuenta de que el juez de tutela está investido
de la facultad para “pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional
fundamental”[32].
En relación con el caso del señor Alfonso Morales, en
el escrito introductorio se asevera que no cuenta con otras fuentes de ingresos
distintas al salario que devengaba fruto de su trabajo, motivo por el cual se
está viendo seriamente comprometida su capacidad para asumir los gastos que
implica su propio sustento y el de su núcleo familiar; aserción que no fue
desvirtuada por la accionada, conforme a la presunción decantada por la
jurisprudencia constitucional en referencia a la afirmación indefinida sobre la
carencia de recursos.
A partir de las consideraciones expuestas, es
plausible deducir que en los casos sub examine aparecen reunidos los
presupuestos que respaldan la procedencia de la acción de tutela en los
términos indicados ut supra, a saber: (i) los particulares contra
quienes se enfila la actuación son sujetos frente a los cuales los demandantes
se ubican en una situación de subordinación e indefensión, (ii) pese a que los
hechos y pretensiones podrían llevarse el conocimiento de un juez especializado
por conducto de una demanda laboral, (iii) el medio ordinario, aunque idóneo, resultaría
ineficaz, en atención a las apremiantes circunstancias que atraviesan los
accionantes, ya sea por su desprotección en salud o por su escasez de recursos
económicos.
Por lo tanto, se procederá a escrutar el fondo de la
materia, llevando a cabo un análisis singularizado respecto de cada uno de los
casos acumulados, de acuerdo con el esquema trazado al formular el problema
jurídico.
8.2.
Expediente
T-5.255.723: Amílcar Delgado vs. Ecopetrol S.A.
8.2.1.  El estado de salud del señor Amílcar
Delgado en el marco de la noción de debilidad manifiesta
El señor Amílcar Fernando Delgado Alonso sustenta su
petición de amparo constitucional en el hecho de que, mientras laboraba al
servicio de Ecopetrol S.A. en el cargo de profesional de nómina, le fueron practicados unos exámenes médicos que arrojaron
resultado positivo para tuberculina, para lo cual el médico tratante le ordenó
tratamiento por nueve meses, medicamentos y controles para evitar la activación
de la tuberculosis latente, y además se le diagnosticó enfermedad del tejido
conectivo, para la cual el galeno prescribió tratamiento por seis meses y
controles.
En efecto, dentro de las pruebas aportadas se
encuentran los reportes de una serie de exámenes realizados el 19 de mayo de
2015 al accionante por el Centro de Medicina Diagnóstica SIPLAS, conforme a
orden de 11 de mayo del mismo año de la médica familiar Sandra Barrera Silva[33], en los
cuales se observa que el resultado de la prueba de Mantoux (tuberculina[34]) dio como
resultado ‘POSITIVO’.
También se anexó copia de la historia clínica
electrónica del actor expedida por Infectoclínicos S.A.S., en la cual el
especialista en inmunología Otto Sussman, tras examinar al paciente, consignó el
10 de junio de 2015: “cuadro de un año de evolución de mialgias[35]
artralgias, lesiones ulcerativas orales, no pérdida de peso, diaforesis
nocturna, se le practicaron exámenes que han sido reportados como normales.
19/05/2015 tuberculina 16 mm” y conceptuó que “se trata de posible
fatiga crónica no se puede descartar fenómeno inmunológico. Plan de
tratamiento: Estudio inmunológico, estudio de tejido conectivo, descartar TBC[36]
activa”. Más tarde, el 9 de julio de 2015 señaló que “Hay aumento de
ANAs[37] lo cual indicaría posible
enfermedad del tejido conectivo, y explicaría los síntomas y la disfunción
inmune. Plan de tratamiento: Se decide inicio de profilaxis contra TBC con
isoniazida 300 mgs día por 9 meses. Se remite a Reumatología”.[38]
Se allegaron, asimismo, unos exámenes practicados al
solicitante en el Laboratorio de Investigación Hormonal de 16 de junio y el 3
de agosto de 2015[39];
un documento de la Sociedad Pediátrica de los Andes de 23 de junio de 2015[40]; y copias
de la historia clínica del actor de 10 de julio de 2015 en la cual la médica
familiar Sandra Barrera estableció diagnóstico de trastornos de almacenamiento
de lípidos no especificado y mialgia, e indicó “paciente con síndrome de
fatiga en estudio en control con infectología Dr. Otto Sussman| Con reporte de
RX de tórax dentro límites normal, descarta TBC pulmonar| Considera cuadro de
TBC latente inicia tratamiento con isioniacida (sic) por 9 meses 300 mg
día| Se autoriza control Dr. Otto Sussman infectólogo en dos meses| (…) Con
ANAS positivo con anti DNA negativo, sospecha de falso positivo, infectología
SS valoración por reumatología| Se inicia manejo de dermatitis seborreica|
Continúa manejo de hemorroides externa| Se indica dieta balanceada, continuar
actividad física 150 min semanales| Se hace fórmula médica| (…)”[41].
Obra también historia clínica emitida por la
internista y reumatóloga María Fernanda Cubides Acosta, quien, en consulta con
el señor Amílcar Delgado de fecha 24 de julio de 2015, anotó: “paciente con
cuadro desde mayo de 2014 de múltiples dolores articulares enviado por medicina
familiar por sospecha de fatiga crónica| empezó con dolor muscular en piernas
al hacer ejercicio sentía crepitación de la cadera posterior a esto empiezan
dolores en rodillas codos carpos y columna cervical| no hay dolor en las noches
el sueño es poco reparador además refiere sudoración nocturna| Desde hace 4
meses también presenta cefalea crónica con antecedente de migraña pero refiere
que ya no es igual| Su médico general inicia manejo para gota pero luego se
descarta eso| Además se tomó tuberculina la cual fue positiva e infectología
inicia isoniazida”. En la misma oportunidad, el acápite dedicado al
diagnóstico, refirió: “paciente con múltiples osteomialgias generalizadas
con anas positivos en un hombre se considera EAND lo que amerita inicio de
hidroxicloroquina y se amplía el estudio inmunológico se cita a control con
resultados. Diag: Poliartritis no especificada. Causa externa: enfermedad
general”[42].
Posteriormente, en consulta del 12 de agosto de 2015, tras evaluar los
resultados de los exámenes previamente ordenados, advirtió: “paciente con
enfermedad no diferenciada del tejido conectivo quien debe continuar manejo con
hidroxicloroquina por 6 meses dada la buena respuesta clínica| se hará control
en 6 meses con laboratorios. Código OMS: Reumatismo[43]
no especificado. Causa externa: enfermedad general”[44].
El accionante allegó copia del formato intitulado
“Solicitud de examen médico” con membrete de Ecopetrol, fechado el 22 de junio
de 2015, en cual se consignó que para la evaluación de retiro fue valorado como
‘apto’[45].
Por su parte, la entidad accionada aportó la misiva de
2 de junio de 2015, por medio de la cual el Jefe de la Unidad de Servicios
Compartidos de Personal de Ecopetrol, señor Henry Augusto Escobar, comunicó al
señor Amílcar Delgado Alonso la terminación unilateral y sin justa causa del
contrato individual de trabajo suscrito entre las partes, decisión efectiva a
partir del 3 de junio de 2015[46].
Al mismo tiempo, adjuntó el formato donde consta la
liquidación de salarios y prestaciones sociales legales del tutelante por un
valor neto a pagar de $322.175, fechado el 30 de junio de 2015[47], y un
memorando de 31 de agosto de esa misma anualidad en el cual la Líder del Grupo
de Salud de Bogotá de Ecopetrol, señora Gloria Duarte, sostiene que “en
atención a solicitud de fecha 28 de agosto de 2015, respecto a la capacidad
laboral de Amílcar Fernando Delgado Alonso, le informo que al 02 de junio de
2015 no contábamos, de este funcionario, con registro alguno de incapacidad
médica vigente, de restricción médico laboral, de orden de reubicación, de
diagnóstico de enfermedad laboral a cargo de Ecopetrol, ni de proceso de
determinación de origen de evento en salud o de calificación de pérdida de
capacidad laboral emitido o en trámite”[48].
De acuerdo con las pruebas documentales descritas, la
Sala puede constatar que el señor Amílcar Delgado fue hallado positivo en la
prueba de tuberculina y que sufre de reumatismo no especificado. A
causa de estos diagnósticos, el 9 de julio de 2015 se le prescribió tratamiento
mediante fármacos por 9 meses –infectología–, el 10 de julio siguiente se le
autorizó control con el especialista pasados dos meses –medicina familiar–, y
el 12 de agosto del mismo año se le ordenó manejo con medicamento por 6 meses y
control dentro de un término igual de tiempo –reumatología–.
Se observa, entonces, que las patologías detectadas en
el accionante llevaron a que los profesionales de la salud que lo han tratado
determinaran la necesidad de adelantar un tratamiento que permita establecer su
evolución a cierto plazo, a fin de dar manejo a los síntomas padecidos por el
citado y de evitar la degeneración de su estado de salud.
Llegado este punto, vale destacar con fines
ilustrativos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud –OMS–, la
tuberculosis es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de
mortalidad a nivel mundial, que afecta principalmente a los adultos en la edad
más productiva, aunque es curable y se puede prevenir. Según la organización, “se
calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis
latente; es decir, están infectadas por el bacilo pero aún no han enfermado ni pueden
transmitir la infección”. Se sostiene, además, que “Las personas
infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de
enfermar de tuberculosis de un 10%.”[49]
En la misma línea, estudios de investigación sostienen
que “estos individuos con tuberculosis latente están sanos y no son
contagiosos. Con base en la prueba de la tuberculina, se estima que la tercera
parte de la población mundial está infectada.”[50]
Por otra parte, de acuerdo con la Organización
Panamericana de la Salud[51],
“las enfermedades reumáticas, aun cuando de incidencia relativamente baja,
son de alta prevalencia (al no ser en su mayoría mortales), e impactan
significativamente a nivel del individuo y de la sociedad.” Por tanto, “el
control de las enfermedades reumáticas debe basarse en las potencialidades de
su prevención primaria, secundaria y terciaria. Como se sabe, prevención
primaria implica actuar sobre los factores etiológicos de una enfermedad para
evitar que esta ocurra, prevención secundaria implica establecer un diagnóstico
precoz e instituir un tratamiento oportuno y adecuado, que permita evitar daños
estructurales que a la larga determinen deformidades y/o incapacidad funcional
temporal o permanente, y prevención terciaria rehabilitar al paciente que ya
presenta deformidades o incapacidad funcional (incluyendo, si es necesario,
procedimientos quirúrgicos) y reintegrarlo a su familia y a la sociedad. Al
desconocer la etiología de muchas de las enfermedades reumáticas no se puede
llevar a cabo prevención primaria, pero si se puede y debe realizar prevención
secundaria y terciaria.”
Señalan los facultativos de dicho organismo que “aun
cuando algunas de las enfermedades reumáticas afectan significativamente la
expectativa de vida de los individuos que la padecen (ejemplo: lupus
eritematoso sistémico), la mayoría de las veces esto no es así. El impacto de
las enfermedades reumáticas está relacionado principalmente con la morbilidad
que ellas ocasionan, la cual se mide en pérdidas de días de trabajo por
incapacidad transitoria o permanente (sea esta remunerada o no remunerada) y
por la repercusión que ello tiene a nivel del ámbito familiar y de la comunidad
de la cual el individuo enfermo y su familia forman parte.”
Así las cosas, es claro que los diagnósticos
efectuados al accionante, de acuerdo con el criterio que comparten los médicos
que lo han venido tratando y la comunidad científica, ameritan un tratamiento y
seguimiento continuos que permitan conjurar que sus patologías devengan en una
afectación más grave que, llevada a un extremo, pueda ser insalvable, aunque en
este momento no constituyan una amenaza directa e inminente contra su integridad
y su vida que pueda catalogarse como debilidad manifiesta .
Ahora bien: por consulta realizada por la Sala de
Revisión en la base de datos
del Ministerio de Protección
Social –Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –Fosyga, se advierte que el
señor Amílcar Fernando Delgado Alonso aparece como cotizante en el régimen
contributivo a la EPS Sanitas, de la cual se encuentra desafiliado[52].
En el trámite de revisión, el actor allegó a la Corte
los siguientes documentos:
Copia del contrato de prestación de servicios
celebrado entre la empresa Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de
Colombia –Red Adelco de Colombia–, y Amílcar Fernando Delgado Alonso, cuyo
objeto consiste en que este último preste sus servicios profesionales como
“Experto de Compras del proyecto Programa Emprende Cultura Fase 4”, con un
término de duración comprendido entre el 1º de diciembre de 2015 y el 29 de
febrero de 2016, y un valor de $12’000.000.
Copia de la petición elevada por el señor Amílcar
Fernando Delgado Alonso ante Compensar EPS –Afiliaciones–, de 29 de diciembre de
2015, en la cual solicita a la referida prestadora que lo afilie como independiente
en vista de que ya canceló los dineros correspondientes al Fosyga para el mes
de diciembre del año en mención, pues desde el 22 de octubre de la misma
anualidad está desprotegido en salud y al acercarse a una de las sedes de la
entidad le manifestaron que el tratamiento que venía adelantando debía ser
terminado por la anterior EPS a la que estaba afiliado.
Copia de la respuesta de Compensar a la petición a que
se alude, de fecha 7 de enero de 2016, en la cual, con base en las reglas que
rigen la libre escogencia de entidad promotora de salud previstas en el numeral
9 del artículo 14 del Decreto 1485 de 1994, se señala que, una vez cumplidos
los periodos mínimos de cotización, el usuario de procedimientos de alto costo
debe permanecer en la entidad por lo menos dos años después de culminado el
tratamiento, salvo mala calidad del servicio.
Copia del otrosí modificatorio No.1 al contrato de
prestación de servicios Adelco 129 CS 2015 FFJC suscrito entre Red Adelco y
Amílcar Fernando Delgado Alonso, en el que se extiende la duración del contrato
celebrado entre las partes hasta el 23 de abril de 2016.
A su turno, Compensar EPS, luego de ser vinculada al
trámite por parte de la Corte, allegó memorial en el que ratifica la contestación
suministrada a la petición de afiliación elevada por el actor y sostiene que se
configuró un hecho superado por cuanto ya rindió una respuesta de fondo.
A partir de estas pruebas documentales la Corte
evidencia que la condición de salud del accionante no ha sido óbice para que encuentre
alternativas ocupacionales en las cuales desplegar la actividad profesional en
la cual está entrenado. Dicho de otro modo, aquellas patologías referidas en el
diagnóstico que se le dictó no se han erigido a lo largo de este tiempo en un
obstáculo para que trabaje y devengue ingresos similares a los que percibía en
Ecopetrol, acordes con su formación y competencias laborales, en la medida en
que hasta el momento no se han visto menguadas sus capacidades físicas, psíquicas,
fisiológicas y sensoriales.
Por consiguiente, no podría predicarse respecto de él
un verdadero estado de debilidad manifiesta que torne propicio el escenario
de la tutela para redargüir la decisión de despido, pues pese a que la
jurisprudencia constitucional es diáfana en cuanto a que no se puede
circunscribir esta condición a la existencia de una calificación previa de
discapacidad, sí se requiere, por lo menos, que esté probado que la situación de salud
impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares.
De ello se colige que la pretensión de reintegro del
señor Amílcar Delgado frente a la determinación adoptada por Ecopetrol debe ser
ventilada ante los jueces ordinarios laborales, habida cuenta de que la
intervención del juez constitucional es oportuna de forma excepcional, sólo
cuando se comprueba que las patologías diagnosticadas generan tal impacto en la
vida del tutelante, que terminan por privarlo de tomar parte activa en el
mercado de trabajo, agudizándose de esa forma su estado de vulnerabilidad.
Sobre el particular, en reciente jurisprudencia la
Corte ha resaltado el carácter excepcionalísimo de la acción de tutela al
reconocer que, si bien existen eventos en los cuales exigir a los accionantes
que acudan al proceso ordinario a demandar el reintegro se convierte en una
carga desproporcionada, dadas las graves enfermedades que los aquejan, es
primordial establecer en cada caso si la desvinculación objeto de censura es
capaz de ocasionar un auténtico perjuicio irremediable, en la medida en que las
afecciones en cuestión amenacen con excluir a la persona del mercado laboral[53].
Ahora bien: en la hipótesis de que las circunstancias
del actor sufran un cambio significativo con el transcurso del tiempo, en el
sentido de que su estado de salud desmejore ostensiblemente –v.gr, por la
activación la tuberculosis que estaba latente–, desde luego será el empleador
que tenga al momento en que se configure el estado de debilidad manifiesta el
sujeto pasivo de las obligaciones correlativas a la estabilidad laboral
reforzada; lo cual ocurriría, por ejemplo, al sobrevenir un agravamiento de su
condición el desarrollo del contrato de prestación de servicios con Red Adelco
de Colombia, dando lugar así a otro debate que habría de ser desatado
judicialmente, previo agotamiento del debido proceso.
En virtud de la anterior constatación, es forzoso
concluir que el mecanismo de tutela resulta improcedente para controvertir lo
relativo a la pretensión de reintegro a Ecopetrol, pues el actor dispone del
proceso ordinario para que el juez natural decida respecto de dicha reclamación,
ya que no están dadas las condiciones que habilitan un pronunciamiento de la
justicia constitucional sobre el particular.
Sin embargo, las pruebas del plenario, en conjunto con
las allegadas en sede de revisión, dan cuenta de una situación que amerita la
intervención del juez de tutela, atinente a la actual desprotección en salud
que enfrenta el señor Amílcar Fernando Delgado a causa de la negativa de
Compensar EPS a afiliarlo al sistema de seguridad social en salud.
En efecto, como se puso de presente ut supra,
en el curso del trámite de tutela pueden emerger determinadas circunstancias
que, aunque no estén expresamente contempladas dentro de la controversia
planteada inicialmente, comportan la vulneración de garantías iusfundamentales
y, por consiguiente, el juez no puede hacer caso omiso de ellas, una vez las
advierta.
La Sala encuentra que Compensar EPS decidió
desfavorablemente la petición de afiliación elevada por el actor, al considerar
que el tratamiento médico al que se encuentra sometido debe ser suministrado, hasta
su culminación, por la anterior entidad promotora a la que se encontraba
vinculado.
Son varias las precisiones que debe hacer la Corte
sobre este punto:
En primer lugar, la respuesta negativa remitida al
accionante por parte de Compensar EPS, fechada el 7 de enero de 2016, se
sustenta en el numeral 9 del artículo 14 del Decreto 1485 de 1994. Es necesario
poner de presente que dicha disposición fue derogada expresamente por el artículo
89 del Decreto 2353 de 3 de diciembre de 2015, “Por el cual se unifican y
actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo
del derecho a la salud”,
expedido por el Ministerio de
Salud y Protección Social, el cual entró en vigencia el mismo día, ya que,
según el precepto en mención, empezaba a regir a partir de su publicación y
esta tuvo lugar en el Diario Oficial el 49715 de la misma fecha.
Salta a la vista, entonces, que la decisión de
Compensar EPS está absolutamente huérfana de fundamento jurídico, pues la norma
que empleó para explicar el motivo por el cual se rehusó a afiliar al actor,
había sido excluida del ordenamiento casi un mes antes de que la respuesta
fuera dirigida al peticionario. Muy por el contrario, la norma vigente proscribe,
sin lugar a equívocos, que las EPS que se basen en criterios como el que
utilizó la entidad a que se alude para negar la afiliación de una persona:
“Artículo 6. Prohibición de selección de
riesgo por parte de las EPS. Las EPS no podrán negar la inscripción a ninguna
persona por razones de su edad o por su estado previo, actual o potencial salud
y de utilización de servicios. Tampoco podrán negar la inscripción argumentando
limitaciones a su capacidad de afiliación según lo dispuesto en el presente
decreto.
“Todas las acciones orientadas a negar
la inscripción o desviarla a otra Entidad Promotora de Salud, así como promover
el traslado de sus afiliados se considerarán como una práctica violatoria al
derecho de la libre escogencia.
“Las entidades territoriales y la
Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, adelantará
las acciones de vigilancia y control a que hubiera lugar.”[54]
Conviene resaltar que esta nueva preceptiva obedece a
los principios y lineamientos introducidos de manera reciente por la Ley 1751
de 2015 –Estatutaria del derecho fundamental a la salud–, dentro de los cuales
se encuentran, entre otros, “el de continuidad como el derecho a recibir los
servicios de salud de manera continua y el de libre elección como la libertad
que tienen las personas para elegir entidades de salud dentro de la oferta
disponible”[55].
Vale anotar, además, que una de las razones que tuvo en cuenta el Gobierno al
implementar este cambio en la reglamentación tiene que ver con la necesidad de “agrupar, unificar y simplificar las reglas de
afiliación a través de un sistema unificado y sistematizado de la información
que reduzca los trámites de afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud y sus novedades y que elimine las barreras que afectan el acceso a los
servicios de salud de los afiliados”[56].
Añádase a lo expuesto que, como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional, la afiliación al sistema de seguridad social por parte de las
EPS reviste categórica importancia, en la medida en que a través de ella se
materializa el derecho fundamental a la salud[57].
Aunado a lo anterior, un aspecto fáctico que no puede
dejarse de lado es el hecho de que los galenos que atendieron al accionante
registraron en su historia clínica que su cuadro requería tratamiento mediante fármacos
durante varios meses (isoniazida
e hidroxicloroquina),
además de un continuo seguimiento por parte de los especialistas para supervisar
su evolución, como se transcribió en líneas anteriores.
No cabe duda en cuanto a que son los profesionales de
la salud los que tienen la capacidad de determinar el momento en el cual el
tratamiento del paciente se encuentra concluido, o si, por el contrario, debe
prolongarse por más tiempo, particularmente tratándose de ciertas patologías
que demandan continuo y permanente control médico, tales como las enfermedades degenerativas,
como el reumatismo, o de la infección por el bacilo tuberculoso, a fin de
conjurar su activación.
En ese sentido, de las prescripciones dadas al
accionante se desprende, irrefutablemente, que necesita acceder oportunamente a
los servicios asistenciales para que se continúe con el tratamiento y/o
seguimiento a las afecciones que le fueron diagnosticadas, a fin de que se le
proporcione el manejo que corresponda, según criterio médico, para evitar que
pueda producirse una degradación de su estado de salud.
Por lo tanto, la conducta de Compensar EPS frente a la
solicitud de afiliación del promotor de la acción, además de ser abiertamente opuesta
a la normatividad que regula la materia, constituye una flagrante vulneración
del derecho a la salud que le asiste.
Los anteriores hallazgos conducen a la Sala a concluir
que, de cara a la mencionada promotora de salud, sí se configura una situación
que torna procedente el mecanismo de tutela, habida cuenta de que se hace
necesario garantizar el derecho fundamental a la salud del tutelante. En
atención a ello, se ordenará a Compensar EPS que proceda a afiliar al señor
Amílcar Fernando Delgado Alonso al sistema de seguridad social en salud, ora en
el régimen contributivo, ora en el subsidiado, dependiendo de la situación
laboral que acredite en ese momento el interesado.
8.2.2.  Valoración de la conducta de Ecopetrol S.A.
frente al principio de estabilidad laboral reforzada
De acuerdo con los argumentos esgrimidos en
precedencia, relativos a la improcedencia de la acción de tutela promovida por
el señor Amílcar Delgado para reclamar el reintegro a Ecopetrol S.A., por no
acreditarse la configuración de un perjuicio irremediable, basta señalar que será
el juez ordinario –si el actor tiene a bien instaurar demanda laboral– el que
valore la determinación adoptada por la accionada el 2 de junio de 2015,
consistente en la terminación
unilateral y sin justa causa del contrato individual de trabajo suscrito entre
las partes.
8.3.
Expediente
T-5.296.832: Alfonso Morales vs. CBI Colombiana S.A.
8.3.1.  El estado de salud del señor Alfonso
Morales en el marco de la noción de debilidad manifiesta
El señor Alfonso José Morales Infanzón funda su
reclamación de tutela en que debido a su labor como andamiero al servicio de la
compañía accionada desarrolló unas hernias discales, para cuyo tratamiento le
fueron ordenados exámenes, terapias y medicamentos.
Para probar sus afirmaciones, el actor presentó los
siguientes documentos que aparecen en el expediente:
Un certificado de 1º de julio de 2011, en el cual el
médico ocupacional Darío Carvajal Herrera  señala que evaluó al señor Alfonso
Morales y no encontró alteración que le impidiera realizar trabajos en la
altura[58].
Contrato de trabajo a término de obra entre CBI
Colombiana S.A. y el accionante, de 1º de septiembre de 2011, para desempeñar
la labor de andamiero[59].
Otrosí al contrato de trabajo celebrado entre CBI y el
peticionario, de 1º de abril de 2013, en el cual se indica que las partes
acordaron modificar la modalidad del contrato, al de contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año, asignándole una duración de 142 días contados a
partir de la suscripción de ése documento. Además, se dispuso que “si antes
de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes
avisare por escrito a la otra la intención de no prorrogarlo, con una antelación
no inferior a treinta días, se entenderá renovado por un término igual al
inicialmente pactado, y así sucesivamente. Para todos los efectos, este
contrato podrá prorrogarse hasta por tres (03) periodos iguales o inferiores al
inicialmente pactado, al cabo de los cuales el término de renovación no puede
ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.”[60]
Copia de la historia clínica del señor Alfonso Morales
expedida por el ortopedista y traumatólogo Carlos Alberto Carmona, de consulta
del 14 de octubre de 2014, en la cual el referido profesional de la salud
diagnosticó síndrome del túnel carpiano, lumbago no especificado y cervicalgia[61], y ordenó “emg[62]
y velocidad de conducción nerviosa de 4 miembros, rnm[63]
de columna cervicia y control para descartar hernia discal cervical”[64]
Copia de formato de recomendaciones médicas de
consulta fechada el 14 de octubre de 2014, en la cual la médico Yohana Patricia
Arrieta sugirió “evitar los trabajos minuciosos o de fuerza| Hacer ejercicio
ordenado con el brazo bien estirado, sostener la mano y descansar. Repetir 30
veces al día| Usar férula para síndrome del túnel carpiano.”[65]
Constancia de consulta médica con el ortopedista
Rodolfo Antonio Gómez, de 18 de noviembre de 2014, en la cual se indicó que el
accionante sufre cervicalgia de un año de evolución y sus síntomas persisten a
pesar del tratamiento, por lo cual prescribió 15 sesiones de fisioterapias,
control en 2 semanas y consulta con el neurocirujano[66].
Planilla de control a asistencia al centro de
rehabilitación de la IPS Salud del Caribe y registro de seguimiento por parte
de la profesional Yuleisma Ponce en relación con el diagnóstico de cervicalgia
y las 14 sesiones de terapias físicas formuladas[67].
Carta de “terminación del contrato sin justa causa”,
en la cual el Gerente de Servicios de Soporte de CBI Colombiana S.A., señor
Ricardo Morales, informó al accionante que la empresa ha decidido terminar su
contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa a partir de la
finalización de la jornada laboral del 4 de diciembre de 2014[68].
Copia de la historia clínica ocupacional del señor
Alfonso Morales, emitida el 10 de diciembre de 2014 por el Laboratorio Químico
Clínico con motivo del examen médico de retiro de CBI Colombiana S.A., en la
cual la médica ocupacional Yaneiby Serrano Martínez refirió que el trabajador
estuvo en el cargo 39 meses. Entre los antecedentes de salud destacó “herniorrafia[69]
umbilical hace 2 meses” y en las observaciones señaló “refiere dolor a
nivel de columna cervical de aprox. 2 años de evolución, actualmente en
tratamiento médico con EPS, terapias físicas, tiene pendiente realización de rm[70]
cervical para estudio de dolor cervical crónico irradiado a miembro superior
derecho”, y estableció como recomendaciones laborales “evitar
movimientos bruscos de región cervical” y manejo por EPS “seguimiento
por neurocirugía de EPS control optométrico anual en EPS”. Finalmente, en
el acápite dedicado al concepto de aptitud enunció “examen de retiro con
hallazgo clínico que amerita control y seguimiento por su médico tratante”[71].
Formato de liquidación del contrato entre CBI y
Alfonso Morales, por un valor de $18’456.250, calendada el 19 de diciembre de
2014[72].
Formatos de algunos permisos concedidos por CBI al
actor con motivo de terapias físicas a lo largo del año 2014[73].
Reporte de examen de resonancia magnética de columna
vertebral practicado al tutelante en el Centro de Diagnóstico Imágenes &
Radiología, de fecha 11 de enero de 2015, en el cual el médico radiólogo Héctor
Espinosa García consignó “En C3-C4 y en C4-C5 hay discretas discopatías
degenetarivas con pequeñas hernias discales centrales que indentan el contorno
anterior del saco dural sin comprimir las estructuras radiculomedulares
adyacentes.”[74]
Copias de órdenes de 15 sesiones de terapias,
valoración por fisiatría y medicamento prescritos por el ortopedista Carlos
Carmona el 20 de enero de 2015, tras consulta médica de la misma fecha en la
que se diagnosticó “trastorno de disco cervical con radiculopatía”[75].
Copia de la historia clínica del actor, expedida por
el neurocirujano Haroldo Romero el 23 de enero de 2015, en la cual se ratificaron
los hallazgos de los exámenes de imágenes diagnósticas, se indicó que no
requería manejo quirúrgico y se confirmó el diagnóstico cervicalgia. En la
misma consulta, el galeno ordenó 20 sesiones de terapias físicas y una serie de
medicamentos[76].
Finalmente, se agregó con el libelo copia de la cita
de control con el ortopedista Carlos Alberto Carmona, en la cual se dispuso “cervicalgia
secundaria a hernias discales cervicales| se ordena manejo conservador con
terapia física y se dan recomendaciones de evitar cargar objetos por encima de
la cabeza, evitar ejercicios que impliquen movilización del cuello y no llevar
cargas sobre su cabeza”[77]
A su turno, la compañía demandada allegó las
siguientes pruebas documentales:
Copia del correo electrónico remitido por la médico
ocupacional Ana Cristina Jaramillo a la apoderada de CBI el 23 de abril de
2015, en el cual describió que en la historia clínica del señor Alfonso Morales
se evidencian: atención de primeros auxilios el 28 de julio de 2012 por
contusión en un dedo; acta de reincorporación laboral con recomendaciones
laborales emitidas por 3 días a partir del 8 de noviembre de 2014 por
diagnóstico de posquirúrgico de herniorrafia umbilical realizada el 18 de
octubre de 2014, actualmente vencidas; nota de atención por especialista
cirujano general Dr. Cruz con fecha 18 de noviembre de 2014 el cual considera
que el trabajador puede retornar a realizar cualquier actividad laboral sin
restricciones. Además, señaló que para entonces no existían recomendaciones o
restricciones laborales vigentes, ni reporte de accidente de trabajo, ni
seguimiento por ARL-EPS-AFP[78].
Certificado laboral emitido por el Gerente de
Servicios de Soporte de la empresa accionada el 4 de diciembre de 2014, en el
que se sostuvo que el accionante “fue empleado de CBI Colombiana S.A. desde
el primero (01) de septiembre de 2011 hasta el cuatro (04) de diciembre de 2014
a través de un contrato de trabajo a término indefinido contratado bajo la
modalidad de salario ordinario.”[79]
Oficios de 4 de diciembre de 2014 dirigidos al
Laboratorio Químico Clínico S.A.S. por parte del Gerente de Servicios de
Soporte de CBI, en el cual solicita que se practique al actor examen médico de
retiro, y al Fondo de Cesantías Colfondos, en el cual pide que se entreguen al
citado las sumas correspondientes al auxilio de cesantías[80].
Misiva de 4 de diciembre de 2014 dirigida al
accionante por parte del Gerente de Servicios de Soporte de CBI, en la cual
informa sobre los aportes hechos a seguridad social entre el 1º de agosto y el
30 de octubre de 2014, con los anexos respectivos, y se le solicita una
dirección para remitirle los comprobantes de los meses de noviembre y diciembre[81].
Por último, la accionada adjuntó una serie de informes
suscritos el 20 de marzo de 2015 por el señor Freddy Chacin, Director de
Control de Proyecto de CBI Colombiana S.A., en los que certifica el progreso de
las obras de expansión de la Refinería de Cartagena, haciendo constar que la
mayoría de los procesos en las distintas disciplinas que componían el proyecto
estaban avanzadas para esa fecha en más del 99%, y otras en un 100%.
Visto lo anterior, se colige de las pruebas que obran
en el plenario que el señor Alfonso Morales padece cervicalgia y le
fueron detectadas unas hernias discales, para cuyo tratamiento los especialistas
le han ordenado una serie de terapias y medicamentos, a la vez que le han entregado
ciertas recomendaciones orientadas a que se abstenga de realizar ciertos
esfuerzos físicos, tales como levantar objetos pesados, que puedan agravar su
enfermedad.
Por otra parte, verificada la base de datos del Ministerio de Protección Social –Fondo de Solidaridad
y Garantía en Salud –Fosyga, esta Sala de Revisión constató que el señor Alfonso
José Morales Infanzón figura activo en el régimen subsidiado a la EPS Suramericana,
en calidad de cabeza de familia[82],
de lo cual se desprende que actualmente cuenta con cobertura en salud.
Pues bien: de acuerdo con lo expuesto, la Sala comprueba
que al actor le fue diagnosticada una enfermedad en la columna cervical mientras
laboraba como andamiero al servicio de la compañía accionada, razón por la cual
fue intervenido quirúrgicamente y se le prescribió un tratamiento consistente
en terapias y medicamentos.
De acuerdo con lo sentado por la jurisprudencia
constitucional, se puede predicar respecto del actor un estado de debilidad
manifiesta, al margen de que para acceder a las prestaciones mencionadas el
citado actualmente disponga de los servicios asistenciales por parte del
régimen subsidiado en salud. Ello, por cuanto no está demostrado que el señor
Alfonso Morales cuente en la actualidad con otra fuente de ingresos que le
permita garantizarse un mínimo vital y, ciertamente, las lesiones físicas que
lo aquejan no le facilitan continuar dentro del mercado de trabajo con el
desempeño de las labores propias de su oficio en las condiciones regulares.
8.3.2.  Valoración de la conducta de CBI Colombiana
S.A. frente al principio de estabilidad laboral reforzada
Como se ha venido reiterando, el conocimiento del
empleador respecto de la enfermedad del trabajador es presupuesto para que se
le imponga la sanción derivada del trato discriminatorio.
En el sub judice, la defensa de CBI se sustenta
en que la obra de modernización de la Refinería de Cartagena, para la cual fue
contratado el actor, ya culminó. Empero, nada de lo que dice indica que
desconociera la enfermedad del señor Alfonso Morales, sino que, por el contrario,
sus afirmaciones apuntan a que estaba al tanto de dichas dolencias, lo cual,
sin embargo, no la disuadió de la decisión de despedirlo.
Así, los permisos concedidos y las recomendaciones
laborales de las cuales estaba enterada CBI luego de la cirugía que se le
practicó al actor a causa de una hernia, así como las observaciones consignadas
en el examen de retiro, son todas pruebas que dan cuenta de que la accionada
estaba enterada de la situación de salud que atravesaba el actor.
En el mismo sentido, resultan inequívocas las
aserciones plasmadas en el escrito de contestación a la acción de tutela, en
donde la compañía señaló que el peticionario sí había tenido “eventos de
salud que le impidieron en un momento dado trabajar en condiciones normales,
pero que no tiene ninguna condición especial de salud de la que pueda valerse
para pretender una protección especial de estabilidad por esta vía excepcional
de tutela de derechos de rango constitucional”. En línea con lo anterior,
añadió que “[el actor] puede que tuviese algunas circunstancias de salud que
deban ser atendidas, pero ninguna de ellas tiene un origen laboral, como mal
quiere presentarse en el escrito de tutela, ni le impiden el normal desempeño
de sus funciones tanto laborales como en la vida diaria”[83].
Se advierte entonces que, más que desconocer las
condiciones del accionante, la empresa empleadora intentó subestimar o
minimizar el impacto producido por tales enfermedades en la salud del
trabajador calificándolas como “temporales”, haciendo caso omiso de la
circunstancia de que el citado había sido sometido a una operación por una
hernia y se encontraba en medio de un tratamiento mediante fisioterapias, y eludiendo
el hecho de que las recomendaciones de los médicos explícitamente hacían
referencia a que los síntomas padecidos obedecían a un daño orgánico que le
impedía ciertos esfuerzos físicos como levantar peso, el cual es prácticamente
inevitable en el oficio de trabajador de la construcción. Nótese que,
inclusive, la médica laboral que llevó a cabo el examen de retiro alertó en su
momento sobre las patologías del señor Alfonso Morales.
Por la misma razón, no son de recibo las posiciones adoptadas
por los jueces de instancia frente a la solicitud de amparo constitucional,
toda vez que se limitaron a reproducir, sin presentar argumentos, la opinión de
que la afección del demandante no reviste gravedad, restando así crédito al
criterio profesional de los galenos que emitieron precisas indicaciones sobre las
actividades que el paciente no debía realizar, para luego terminar excluyéndolo
del amparo de la estabilidad laboral reforzada por cuanto al momento del
despido no estaba incapacitado, ni tenía minusvalía declarada como tal o
porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Es menester recordar que el juez de tutela no puede
sustraerse de efectuar un análisis meticuloso sobre los elementos fácticos del debate
que se le plantea, pues ello llevaría a fallar el caso desde una perspectiva
estrecha o un excesivo rigor formal; por el contrario, está llamado a tomar en
cuenta todas las circunstancias que advierta en el curso del escrutinio
constitucional para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que
aparezcan conculcados.
En ese orden de ideas, la Corte evidencia que no puede
dejarse de lado que la lógica más elemental permite deducir que una enfermedad
que restringe la capacidad para llevar a cabo tareas de esfuerzo con objetos
pesados es a todas luces incompatible con el adecuado desempeño de labores ordinarias
de mampostería.
Por ello, en vista de que se ha comprobado que CBI
Colombiana S.A. era conocedora sobre la enfermedad de que adolecía el señor
Alfonso Morales, quien laboraba como andamiero en la obra desarrollada por la
compañía, es forzoso concluir que estaba obligada a solicitar la
correspondiente autorización ante el Ministerio de Trabajo antes de tomar la
decisión unilateral de prescindir de los servicios de dicho trabajador.
Visto lo anterior, queda demostrado que la accionada desconoció
con su actuación el derecho a la estabilidad reforzada de que es titular el
promotor de la acción al omitir el trámite de solicitud de autorización ante la
autoridad de trabajo, lo cual habilita a la justicia constitucional para que
adopte las medidas correctivas establecidas en el ordenamiento jurídico para
restablecer los derechos vulnerados.
Como primera medida, esta Corte ha sostenido que “la
función social que la Constitución le asigna a la empresa, implica que deba
asumir la carga de reubicar a un[o] de sus emplead[o]s en tanto
se encuentre disminuid[o] físicamente.”[84] En tal
sentido, corresponde ordenar el reintegro laboral del señor Alfonso José
Morales Infazón, teniendo en cuenta que sus específicas circunstancias de salud
no le permiten continuar con los oficios de andamiero que venía ejecutando.
Sobre el particular, este Tribunal ha subrayado:
“En concreto, el derecho de reubicación
en un cargo acorde a las limitaciones del trabajador, no se traduce simplemente
en el cambio de funciones, pues debe estar acompañado de la capacitación necesaria
por parte del empleador para el desempeño adecuado de las nuevas labores
encomendadas, tal como se infiere del artículo 54 de la Constitución Política,
particularmente, en lo que se refiere a la habilitación profesional y técnica
de los disminuidos físicos, en aras de proteger el derecho al trabajo.”[85]
CBI Colombiana adujo que ya concluyó la
obra de modernización de la Refinería de Cartagena, y para respaldar esa
afirmación allegó una serie de informes rendidos por el Director de Control de
Proyecto, en los cuales certifica que, para el 20 de marzo de 2015, la mayoría
de los componentes de la construcción tenía un progreso de más del 99%, y en
varios del 100%. Con base en dicha situación, la accionada alega que no hay
actividad en la pueda reintegrar al actor.
Advierte la Corte, sin embargo, que de acuerdo con el
certificado de existencia y representación de la compañía[86], expedido por la
Cámara de Comercio de Cartagena el 20 de abril de 2015 y allegado con la
contestación de la tutela, el objeto social de la empresa no se limita
exclusivamente a la obra de expansión de la Refinería de Cartagena:
“OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como
objeto social principal las siguientes actividades: el objeto social de la
sociedad será: la prestación de servicios de ingeniería, manejo de compras y
suministros, fabricación y construcción a cualquier persona natural o jurídica
que realice la distribución de recursos naturales, incluyendo, pero no limitado
a aguas residuales y producción de energía a través de agua, viento y otros
medias (sic) para desarrollar las siguientes actividades en Colombia: a)
Generación de energía pop, diversos medios, incluyendo, pero no limitado a
agua, gas o viento; b) La producción, a través de varios tipos de tecnologías,
de petróleo, gas y sustancias químicas y petroquímicas; c) El uso de
infraestructura, tecnología e ingeniería ambiental, para el manejo de aguas
residuales, procesamiento de aguas, y control y procesamiento de aguas
contaminadas por (i) petróleo, gas o sus derivados; (ii) sustancias químicas y
petroquímicas; (iii) metales y otros productos derivados de la actividad
minera; d) El desarrollo, financiación y explotación de proyectos en diferentes
áreas de la actividad que puedan ser de interés para el desarrollo de sus
negocios, incluyendo, pero no limitado a los proyectos de explotación de campos
petroleros o de áreas de energía; e) La participación en el desarrollo de
proyectos y su administración; f) La ingeniería, diseño, ensamblaje y
construcción de calderas o generadoras, plantas de generación, termoeléctricas,
hidroeléctricas, plantas industriales, plantas petroquímicas, equipos de
refinería, todo tipo de trabajos relacionados con tubería y, en general,
trabajos de infraestructura; h) La ingeniería, diseño, ensamblaje y
construcción de depósitos y tanques de almacenamiento para petróleo, gas,
sustancias químicas y petroquímicas, energía generada por distintos recursos,
incluyendo pero no limitado a agua, gas y viento, metales y otros productos
derivados de la actividad minera y manejo de aguas residuales, y ) i) La
ingeniería, diseño, ensamblaje y construcción de infraestructura para la
distribución de petróleo, gas y sustancias químicas y petroquímicas. j)
Importar y exportar todos los bienes necesarios o apropiados para el desarrollo
del objeto social.”[87]
Desde este punto de vista no hay lugar a dudas en
cuanto a que, aunque la obra de modernización de la Refinería de Cartagena esté
consumada, CBI Colombiana S.A. tiene diversos campos en los que despliega su
actividad económica, de suerte que no resulta desproporcionado inferir que
requiere de una compleja estructura de personal dentro de la cual deben existir
distintos niveles y escenarios de operaciones que, en conjunto, le permitan
llevar a cabo sus proyectos. Esto para decir que es ilógico que una compañía de
la magnitud de la accionada, dado su amplio objeto social, no cuente con una
plaza en la cual ubicar al accionante, a fin de que este pueda ofrecer su
fuerza de trabajo de acuerdo con sus capacidades y en las condiciones que su
salud se lo exige.
Así las cosas, como el incumplimiento por el empleador
del trámite ante el Ministerio de Trabajo apareja la ineficacia del despido
hecho al empleado en estado de debilidad manifiesta, se genera la consecuencia
del reintegro sin solución de continuidad, aunado al pago de los salarios y
demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se suscitó la
desvinculación, previo descuento de los valores recibidos por el actor por
concepto de indemnización por despido sin justa causa, toda vez que al despojar
de eficacia la decisión de la empresa desaparece la causa que dio origen a esa
compensación económica.
Adicionalmente, como la orden de reintegro a que se
alude se deriva de la constatación de que CBI violó el derecho a la estabilidad
laboral reforzada en cabeza del señor Alfonso Morales, por haber dado por
terminado su contrato laboral sin autorización previa de la autoridad de
trabajo a pesar de que sabía que estaba enfermo, hay lugar a imponer la sanción
de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario a favor del
trabajador.
Los valores que se desprenden de las mencionadas
órdenes deberán ser actualizados conforme al índice de precios al consumidor
vigente para el momento en que han debido causarse dichos estipendios, dada la
ineficacia del despido.
Valga resaltar que, una vez cumplido el reintegro
ordenado por la Corte, CBI Colombiana S.A. no podrá separar al señor Alfonso
Morales sin el debido agotamiento de los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico para el efecto.
Por otra parte, en atención a las recomendaciones
facultativas que obran en el expediente y al concepto emitido por la especialista
en salud ocupacional que llevó a cabo el examen de retiro del accionante, dado
que no se observa que haya sido valorado por medicina laboral, la Sala
considera pertinente que se lleve a cabo una evaluación por parte de su
promotora de salud sobre la lesión cervical que le fue detectada, en orden a
establecer el origen común o laboral de la enfermedad para que, posteriormente,
pueda continuarse con las gestiones respectivas ante las entidades del sistema
de seguridad social –EPS, ARL y AFP–, en caso de ser necesario. Lo anterior, en
razón de que no puede dejarse de lado que a causa del estado de salud actual
del accionante puede llegar verse comprometida su capacidad para desenvolverse
con normalidad en el ámbito laboral.
De esta manera quedan resueltos los problemas jurídicos
planteados al inicio de estas consideraciones, pues se ha establecido que el
trabajador en estado de debilidad manifiesta conocido por su empleador está
cobijado por la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada, y tras
dicha comprobación resulta procedente la orden de reintegro, acompañada por la
sanción que castiga el despido presuntamente discriminatorio, y por el pago de
salarios, a cargo del empleador que optó por despedirlo sin el lleno de los
requisitos exigidos por el ordenamiento.
9.     Síntesis de la decisión
En la presente oportunidad la Sala Octava de Revisión
examinó los casos de dos trabajadores que fueron despedidos de las empresas
para las cuales laboraban, en un momento en que se encontraban aquejados por
ciertas enfermedades; por tanto, reclaman que el juez constitucional ordene a
los respectivos empleadores que proceda a reintegrarlos a su puesto de trabajo.
Para lograr un adecuando entendimiento de la
controversia, se abordó la jurisprudencia constitucional en torno a la
estabilidad laboral reforzada, y respecto al alcance de la protección que
dispensa el ordenamiento a los trabajadores con situaciones de salud que no
constituyen una discapacidad.
En el primero de los asuntos se constató que, si bien
al actor fue hallado positivo
en la prueba de tuberculina y que sufre de reumatismo no especificado, esta
condición de salud no ha impedido que el actor continúe trabajando en condiciones
regulares, de acuerdo con su formación profesional y sus competencias laborales,
llegando a devengar ingresos similares a los que percibía mientras prestaba sus
servicios a la sociedad accionada.
En consecuencia, se concluyó que no puede predicarse
respecto de él un verdadero estado de debilidad manifiesta que torne oportuna la
intervención del juez de tutela, por lo que su reclamación deberá ser ventilada
ante la justicia ordinaria laboral. En ese sentido, la acción de amparo es
improcedente en lo que atañe a la pretensión de reintegro.
No obstante, en el trámite de revisión, la Sala
advirtió que el acceso a la atención en salud del actor estaba siendo obstaculizada
por la EPS a la cual había elevado petición de afiliación, pues sin fundamento
alguno se rehusó a incluirlo al sistema de seguridad social.
La mencionada entidad, que fue vinculada al trámite
por parte de la Corte, sustentó su negativa a afiliar al actor en un decreto
que se encontraba derogado y, a la vez, desatendió los principios de
continuidad y de libre elección que regulan la prestación del servicio en
virtud de la reciente Ley Estatutaria 1751 de 2015. Con esa conducta, la EPS ha
impedido al actor acceder a los servicios asistenciales que requiere para
evitar que su estado de salud se deteriore.
Por lo tanto, se demostró la necesidad de ordenarle a
la referida promotora de salud que proceda a afiliar al accionante, a fin de
garantizar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud.
En el segundo de los casos bajo estudio se evidenció
que la afección cervical padecida por el solicitante le impedía continuar
desempeñándose como andamiero, y se comprobó que la compañía accionada tenía pleno
conocimiento sobre la mencionada enfermedad.
Por tal motivo, se concluyó que al actor le fue
vulnerado su derecho a la estabilidad laboral reforzada, y de ello se colige
que hay lugar a ordenar el reintegro, sin solución de continuidad, a una labor
compatible con su condición de salud –para lo cual la empleadora deberá ofrecer
el entrenamiento necesario–, y a imponer a la empresa la sanción que prevé la
ley para los despidos discriminatorios.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de 16 de octubre de 2015, proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto REVOCÓ
el fallo de 8 de septiembre del mismo año –por el cual el Juzgado 27 Civil del
Circuito de Bogotá concedió el amparo–, y NEGÓ la tutela de los derechos
a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social invocados por el
accionante. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada
por el señor Amílcar Fernando Delgado Alonso contra Ecopetrol S.A., de
conformidad con la parte motiva de esta decisión, en el expediente radicado
bajo el número T-5.255.723.
Segundo.- CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la salud del
señor Amílcar Fernando Delgado Alonso frente a Compensar EPS, en los términos
de las motivaciones de esta providencia.
Tercero.- Como consecuencia de la anterior determinación, ORDENAR
a Compensar EPS que, dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a afiliar
al señor Amílcar Fernando Delgado Alonso al sistema de seguridad social en
salud, ya sea en el régimen contributivo, ora en el régimen subsidiado,
dependiendo de la situación laboral que el citado acredite para ese momento.
Cuarto.- PREVENIR a Compensar EPS para que, en lo sucesivo, acate los
principios previstos en la Ley 1751 de 2015 –Estatutaria del derecho fundamental a la salud–, en particular los de continuidad y de
libre elección, relativos a la prestación del servicio de salud y, en
consecuencia, se abstenga de incurrir en conductas que los hagan nugatorios,
por lo cual deberá brindar sin interrupciones la atención médica que requiera el
señor Amílcar Fernando Delgado Alonso, así como los medicamentos que ordene su
médico tratante.
Quinto.- REVOCAR la sentencia de 2 de julio de 2015, proferida por el
Juzgado 2º Penal del Circuito de Cartagena con funciones de conocimiento, por
la cual se CONFIRMÓ la de 6 de mayo de 2015 –en la que el Juzgado 3º
Penal Municipal de Cartagena con funciones de control de garantías negó la
tutela de los derechos reclamados por el actor–. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en
condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital,
invocados por el señor Alfonso José Morales Infanzón contra CBI Colombiana S.A.,
en el expediente radicado bajo el número T-5.296.832.
Sexto.- ORDENAR a CBI Colombiana S.A. que, dentro del término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
de este fallo, proceda a reintegrar al señor Alfonso José Morales Infanzón,
bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, en una labor compatible
con su actual condición de salud, previa valoración de medicina ocupacional, brindándole
para el efecto el entrenamiento necesario para el adecuado cumplimiento de las
funciones que le sean asignadas.
Séptimo.- ORDENAR a CBI Colombiana S.A. que, dentro del término
perentorio de quince (15) días, contado a partir de la notificación de este
fallo, proceda a pagar al señor Alfonso José Morales Infanzón los salarios
dejados de percibir desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el momento de su
reintegro.
Octavo.- ORDENAR a CBI Colombiana S.A. que, dentro del término
perentorio de quince (15) días, contado a partir de la notificación de este
fallo, proceda a pagar al señor Alfonso José Morales Infanzón una indemnización
equivalente a ciento ochenta (180) días del salario que devengaba en el preciso
momento en que fue retirado de su puesto de trabajo.
Noveno.- Los valores a que se alude en las órdenes contenidas en los ordinales
séptimo y octavo de esta sentencia deberán ser actualizados conforme al índice
de precios al consumidor vigente para el momento en que se causaron dichas
obligaciones, dada la ineficacia del despido.
Décimo.- ADVERTIR a CBI Colombiana S.A. que no podrá separar al señor
Alfonso José Morales Infanzón de su empleo, sin el agotamiento previo de los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
Auto
335/16
Aclaración de la sentencia T-251/16
Referencia: Expediente T-5.296.832
Acción de tutela presentada por Alfonso
José Morales Infanzón contra CBI Colombiana S.A.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Octava de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a
pronunciarse en torno a la solicitud de aclaración de la sentencia T-251 de
2016.
I.
ANTECEDENTES
1. A través de apoderado judicial especialmente
constituido, el señor Alfonso José Morales Infanzón formuló acción de tutela
para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad
social y al mínimo vital, en vista de que CBI Colombiana S.A. dio por terminado
su vínculo laboral, sin tener en cuenta que en ese momento se encontraba
aquejado por una enfermedad asociada a las tareas desarrolladas en su oficio
como andamiero.
2. Mediante sentencia T-251 del 17 de mayo de 2016, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revocó los fallos de
instancia adversos a las pretensiones del actor y amparó los derechos por él
invocados. Adicionalmente, con el fin de restablecer las garantías
constitucionales violadas por la compañía demandada, se dispuso:
“Sexto.- ORDENAR a CBI
Colombiana S.A. que, dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a reintegrar
al señor Alfonso José Morales Infanzón, bajo la modalidad de un contrato de
trabajo a término indefinido, en una labor compatible con su actual condición
de salud, previa valoración de medicina ocupacional, brindándole para el efecto
el entrenamiento necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones que
le sean asignadas.
“Séptimo.- ORDENAR a CBI
Colombiana S.A. que, dentro del término perentorio de quince (15) días, contado
a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar al señor Alfonso
José Morales Infanzón los salarios dejados de percibir desde el 4 de diciembre
de 2014 hasta el momento de su reintegro.
“Octavo.- ORDENAR a CBI
Colombiana S.A. que, dentro del término perentorio de quince (15) días, contado
a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar al señor Alfonso
José Morales Infanzón una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días
del salario que devengaba en el preciso momento en que fue retirado de su
puesto de trabajo.
“Noveno.- Los valores a
que se alude en las órdenes contenidas en los ordinales séptimo y octavo de
esta sentencia deberán ser actualizados conforme al índice de precios al
consumidor vigente para el momento en que se causaron dichas obligaciones, dada
la ineficacia del despido.”
3. Por medio de memorial radicado en la Secretaría
General de esta Corporación el 7 de julio de 2016, el apoderado del accionante
solicitó la aclaración de la sentencia T-251 de 2016, en el sentido de que se
señale si dentro del numeral séptimo de la decisión está comprendida la orden
de pago de salarios y emolumentos que habría recibido el trabajador en caso de
no haber sido desvinculado, como lo es la bonificación de asistencia que
mensualmente se le liquidaba junto con el salario base.
II. CONSIDERACIONES
En el artículo 285 del Código General del Proceso se
prescribe que, si bien las providencias no pueden ser reformadas por el juez
que las dictó, las mismas son susceptibles de aclaración en los casos en que
incluyan “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”,
lo cual procede de oficio o a solicitud de parte dentro del término de
ejecutoria de la providencia de que se trata, y se decidirá mediante auto que
no admite recursos.
A partir de la sentencia C-113 de 1993[88], este
Tribunal ha sostenido que sólo excepcionalmente es procedente la aclaración de
las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, debido a que pueden
verse comprometidos los principios cosa juzgada y seguridad jurídica.
En tal sentido, de manera reiterada se ha señalado que
es necesario que se reúnan íntegramente los siguientes requisitos para que la
Corte avoque y tramite una solicitud de aclaración en relación con sus autos y
sentencias:
“a. La
solicitud de aclaración de la sentencia es presentada dentro del término de su
ejecutoria por una parte con interés en la decisión.
“b. Tiene
fundamento en frases o conceptos que sugieren duda, son ambiguos o confusos
para su interpretación.
“c. Tales
frases o conceptos deben estar contenidos en la parte resolutiva de la
sentencia, o en su cuerpo, siempre y cuando influya directamente en ella.”[89]
Descendiendo al caso sub examine, la Sala
advierte, en primer lugar, que la solicitud de aclaración fue presentada por
parte del demandante de forma oportuna, como quiera que el fallo fue notificado
al accionante el 6 de julio de 2016 y el memorial respectivo fue radicado ante
la Secretaría General de esta Corporación el 7 de julio siguiente, esto es,
dentro del término de ejecutoria exigido.
En relación con la expresión objeto de la solicitud,
el memorialista expone que no es claro si la orden de pago de los conceptos
dejados de percibir por el tutelante a causa del despido, incluye los
emolumentos diferentes al salario base que mensualmente recibía el trabajador
como retribución a su servicio.
El aspecto cuya aclaración se reclama está contenido
en la parte resolutiva de la decisión, y además es abordado en la parte motiva
como uno de los efectos derivados de la orden de reintegro sin solución de
continuidad a raíz de la ruptura unilateral de la relación laboral por parte
del empleador, hecha con violación de derechos fundamentales.
Dilucidados así los requisitos para la procedencia del
estudio de la solicitud, corresponde ahora realizar el análisis sustancial del
asunto sometido a consideración de la Sala, atinente a la inclusión de la
bonificación de asistencia dentro de las sumas reconocidas a favor del actor y
a cargo de la accionada.
Sobre este punto, en las consideraciones de la
sentencia T-251 de 2016 se indicó:
“Así las cosas, como el incumplimiento
por el empleador del trámite ante el Ministerio de Trabajo apareja la
ineficacia del despido hecho al empleado en estado de debilidad manifiesta, se
genera la consecuencia del reintegro sin solución de continuidad, aunado al pago
de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento
en que se suscitó la desvinculación, previo descuento de los valores recibidos
por el actor por concepto de indemnización por despido sin justa causa, toda
vez que al despojar de eficacia la decisión de la empresa desaparece la causa
que dio origen a esa compensación económica.” (Se resalta).
Al paso que en el ordinal séptimo de la parte
resolutiva se consignó la orden a CBI Colombiana S.A. de “pagar al señor
Alfonso José Morales Infanzón los salarios dejados de percibir
desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el momento de su reintegro” (se
destaca).
Ahora bien: de acuerdo con el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, todo lo que recibe el trabajador como contraprestación
directa del servicio constituye salario, independientemente de la denominación
con la que se designe a tales conceptos, entre los que se cuentan, por ejemplo,
las bonificaciones habituales.
En tal sentido, si bien le asiste razón al
peticionario en cuanto a que en el decisum no se mencionó expresamente
la palabra “emolumentos”, la cual sí se empleó en la motivación del fallo, una
adecuada hermenéutica de la orden emanada de la concesión del amparo
constitucional conduce a concluir que la empresa está obligada a asumir el pago
de todas las sumas que ha debido devengar el trabajador si no hubiera sido
separado de su empleo, lo cual se produce como consecuencia de la ineficacia
del despido.
Y es que no podría de ser de otra forma si se tiene en
cuenta que el reintegro sin solución de continuidad que ordena la
sentencia equivale a entender que el accionante se mantuvo activo en su labor.
Ello implica que, si el trabajador no estuvo vacante un solo día durante el
tiempo transcurrido entre la desvinculación injusta y la efectiva reincorporación
a su puesto de trabajo, no existe entonces causa para excluir de la
compensación debida aquellos rubros que en condiciones normales de prestación
del servicio hacían parte de su remuneración.
Así las cosas, tal como se subrayó en las consideraciones
del fallo, el haber dado por terminado el contrato de trabajo del señor Alfonso
José Morales Infanzón sin la autorización previa de la autoridad de trabajo
genera para CBI Colombiana S.A. la obligación de pagar todos los
valores que aquel dejó de percibir en su calidad de andamiero; de manera que la
expresión “salarios” contenida en el ordinal séptimo de la parte resolutiva de
la sentencia T-251 de 2016 debe ser entendida de conformidad con la preceptiva
laboral antes citada, es decir, que comprende no solamente el sueldo básico
sino todos los demás emolumentos reconocidos por el patrón al margen del título
con el cual se les denomine.
Como corolario de lo expuesto, se concederá la
aclaración en los términos señalados, con el propósito de evitar que una
eventual interpretación restrictiva de la orden a que se alude repercuta de
forma adversa sobre los derechos de que es titular el promotor de la acción.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
ACLARAR el ordinal séptimo de la sentencia T-251 del 17 de mayo de 2016, en el
sentido de que la expresión “salarios” allí contenida comprende no solamente el
sueldo básico sino todos los demás emolumentos dejados de percibir por el señor
Alfonso José Morales Infanzón, desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el momento
de su reintegro.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Cfr. folio 29 cuaderno principal.
[2]
Cfr. folio 30 cuaderno principalcuaderno principal
[3]
Ibídem
[4]
Cfr. folios. 86 a 92 cuaderno principal.
[5]
Cfr. folio 3 cuaderno principal
[6]
Cfr. folio 4 cuaderno principal
[7]
Cfr. folios. 113 a 121 cuaderno principal.
[8]
Cfr. folios 138 a 146 cuaderno principal
[9] Artículo 42. Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución",
que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede
siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y
por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la
intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE.
Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular
que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades
públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".
[10] Sentencia T-015 de 2015, M.P.: Luis Ernesto
Vargas Silva
[11] Cons. Sentencias T-292 de 2011, M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva y T-1040 de 2012, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, entre
otras.
[12] Sentencia T-190 de 2012, M.P.: Mauricio
González Cuervo
[13] Sentencia T-903 de 2010, M.P.: Juan Carlos
Henao Pérez
[14] Cons. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
[15] Cons. Sentencia T-447
de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[16] “Artículo 26º.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019
de 2012. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida
o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el
inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE CONDICIONADO por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015, en el entendido de que
deberán reemplazarse por las expresiones “discapacidad” o “en situación de
discapacidad”.
NOTA: El texto en negrita fue declarado EXEQUIBLE CONDICIONADO por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015, en el entendido de
que deberán reemplazarse por las expresión “personas en situación de
discapacidad”.
[17] Sentencia T-316 de 2014, M.P.: Alberto
Rojas Ríos
[18] Sentencia T-378 de 2013, M.P.: Luis
Guillermo Guerrero Pérez
[19] Sentencia T-148 de 2012, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
[20] Sentencia SU-070 de 2013, M.P.: Alexei
Julio Estrada
[21] Sentencia T-029 de 2016, M.P.: Alberto
Rojas Ríos
[22] Ibídem.
[23] Sentencia T-447 de
2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[24] Sentencia T-633 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio
[25] Sentencia T-803 de 2013, M.P.: Nilson
Pinilla Pinilla
[26] Sentencia T-190 de 2012, M.P.: Mauricio González Cuervo
[27] Sentencia T-131 de 2015, M.P.: Martha
Victoria Sáchica Méndez
[28] Sentencia T- T-814
de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[29] Artículo 152 de la Ley 100 de 1993
[30] Artículo 153 de la Ley 100 de 1993
[31] Sentencia T-380 de 2007, M.P.: Jaime Araújo
Rentería
[32] Sentencia T-464 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
[33] Cfr. folios 2 a 5 cuaderno principal
[34] Tuberculina: Nombre de diversos productos
de cultivos de bacilos tuberculosos que contienen las proteínas de éstos,
capaces de provocar una reacción inflamatoria en los tejidos animales y humanos
sensibilizados por la enfermedad o por inoculación con bacilos vivos o muertos.
Se emplean como medio diagnóstico. [Tomado de: Diccionario médico Salvat.
Salvat Editores S.A. p. 592]
[35] Mialgia: Dolor muscular; miodinia. [Tomado
de: Diccionario médico Salvat. Salvat Editores S.A. p. 355]
[36] TBC: Tuberculosis. [Tomado de: YETANO
LAGUNA, Javier y ALBEROLA CUÑAT, Vincent. Diccionario de siglas médicas y otras
abreviaturas, epónimos y términos médicos relacionados con la codificación de
las altas hospitalarias. Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de
Comunicaciones. p. 103]
[37] ANAs: Anticuerpos antinucleares. [YETANO
LAGUNA, Javier y ALBEROLA CUÑAT, Vincent. ob. cit. p. 16]
[38] Cfr. folios 6 a 8 cuaderno principal
[39] Cfr. folios 11 a 15 y 19 a 26 cuaderno
principal
[40] Cfr. folio 16 cuaderno principal
[41] Cfr. folio 17 cuaderno principal
[42] Cfr. folios 18 cuaderno principal
[43] Reumatismo: Término con el que se designan
diferentes estados patológicos del tejido conjuntivo cuyos síntomas destacados
son dolor y rigidez de alguna porción del aparato locomotor. [Tomado de:
Diccionario médico Salvat. Salvat Editores S.A. p. 592]
[44] Cfr. folio 27 cuaderno principal
[45] Cfr. folio 28 cuaderno principal
[46] Cfr. folio 75 cuaderno principal
[47] Cfr. folio 76 cuaderno principal
[48] Cfr. folio 77 cuaderno principal
[49] Cons. Nota descriptiva N°104, Marzo de 2016.
Centro de Prensa de la OMS. [Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/]
[50] RESTREPO, Blanca I. Nuevas herramientas para la detección de la
tuberculosis latente. Biomédica [online]. 2004, vol.24, suppl.1 [cited
2016-04-07], pp. 202-211. Available from:
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572004000500024&lng=en&nrm=iso>.
ISSN 0120-4157.
[51] Organización Panamericana de la Salud. Las enfermedades reumáticas
como problema de salud comunitario: Guía para el manejo y control de las
enfermedades reumáticas más frecuentes. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1988.
[52] Consulta efectuada en el enlace de la
entidad el día 31 de marzo de 2016. http://www.fosyga.gov.co/Aplicaciones/InternetBDUA/Pages/RespuestaConsulta.aspx
[53] Cons. Sentencia T-405 de 2015, M.P.: María
Victoria Calle Correa
[54] Decreto 2353 de 3 de diciembre de 2015
(Artículo 6).
[55] Ibídem (Considerandos)
[56] Ibídem.
[57] Cons. Sentencia T-380 de 2007, M.P.: Jaime
Araújo Rentería
[58] Cfr. folio 10 cuaderno principal
[59] Cfr. folios 13 a 23 cuaderno principal
[60] Cfr. folio 24 cuaderno principal
[61] Cervicalgia = Cervicodinia: Dolor en el
cuello, mialgia cervical. [Tomado de: Diccionario médico Salvat. Salvat
Editores S.A. p. 79]
[62] EMG: Electromiografía || Electromiograma c
[63] RNM: Resonancia nuclear magnética. [Ibídem
p. 94]
[64] Cfr. folio 25 cuaderno principal
[65] Cfr. folio 26 cuaderno principal
[66] Cfr. folios 27 a 30 cuaderno principal
[67] Cfr. folios 32 a 34 cuaderno principal
[68] Cfr. folio 35 cuaderno principal
[69] Herniorrafia: sutura de una hernia;
operación radical de la hernia. [Tomado de: Diccionario médico Salvat. Salvat
Editores S.A. p. 258]
[70] RM: Resonancia magnética. [YETANO LAGUNA,
Javier y ALBEROLA CUÑAT, Vincent. ob. cit. p. 93]
[71] Cfr. folios 48 a 54 cuaderno principal
[72] Cfr. folio 36 cuaderno principal
[73] Cfr. folios 37 a 40 cuaderno principal
[74] Cfr. folio 42 cuaderno principal
[75] Cfr. folios 43 y 45 cuaderno principal
[76] Cfr. folios 46 y 47 cuaderno principal
[77] Cfr. folio 55 cuaderno principal
[78] Cfr. folio 89 cuaderno principal
[79] Cfr. folio 90 cuaderno principal
[80] Cfr. folios 91 y 93 cuaderno principal
[81] Cfr. folios 92 y 94 cuaderno principal
[82] Consulta efectuada en el enlace de la
entidad el día 31 de marzo de 2016. http://www.fosyga.gov.co/Aplicaciones/InternetBDUA/Pages/RespuestaConsulta.aspx
[83] Cfr. folio 62 cuaderno principal
[84] Sentencia T-1040 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[85] Sentencia T-917 de 2014
[86] Cfr. folios 77 a 87 cuaderno principal
[87] Cfr. folio 77 vto. cuaderno principal
[88] En dicha oportunidad la Corte declaró
INEXEQUIBLE el inciso cuarto del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, precepto
que era del siguiente tenor:
"Excepcionalmente la Corte Constitucional podrá señalar de
manera expresa que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de
las disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia. En este
evento, dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo, el
demandante podrá solicitar a la Corte cualquier aclaración al respecto".
[89] Cons. Auto 114/14, M.S.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub