T-082-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-082/13
ACCION DE TUTELA, ACCIONES
POPULARES Y ACCIONES DE GRUPO-Mecanismos diferentes para la protección de
derechos fundamentales y derechos colectivos
ACCION DE TUTELA Y ACCION
POPULAR-Procedencia cuando se afectan derechos fundamentales directamente
relacionados con la vulneración de derechos colectivos
Por regla general, las acciones
populares salvaguardan los derechos colectivos. Sin embargo, también se
evidencia que la acción de tutela puede proteger derechos fundamentales
derivados de la afectación de derechos e intereses colectivos, en dos
situaciones, a saber:  i) Cuando la afectación de los derechos colectivos
requiere la intervención urgente e inmediata del juez constitucional para
evitar un perjuicio irremediable. En efecto, al igual que en toda situación de
grave afectación de derechos fundamentales, la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio que desplaza la competencia del juez ordinario mientras
se profiere el fallo correspondiente. En este caso, es fundamental demostrar la
premura en la intervención judicial, la gravedad del perjuicio que sigue a la
demora en resolver el asunto y la existencia de un derecho fundamental
afectado. ii) Cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce
la afectación directa de un derecho fundamental. En esta situación, no se trata
de reducir la intervención a un número determinado de personas, ni de exigir la
protección judicial del derecho colectivo a partir de la afectación individual
de derechos, se trata de delimitar con claridad el campo de aplicación de cada
una de las acciones constitucionales. En relación con esta última circunstancia
planteada, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la
acción de tutela cuando la afectación de un derecho colectivo conlleva la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza/DERECHO AL AGUA-Titularidad como
derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad
Esta
Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que el agua potable
para el consumo humano tiene el carácter de fundamental. También existen otros
tratados internacionales que consagran el derecho al agua, entre ellos se
encuentran: (i) la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y (ii) la Convención sobre los derechos de los
niños. Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance
subjetivo como objetivo. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales
hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En
efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores
positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las
autoridades, incluido el Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del
derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en
escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de
particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El
reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al
desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la
acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo
está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello, la
jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho
individual y colectivo.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y obligaciones estatales en materia de
prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de
constitucionalidad
SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO-Protección excepcional por tutela
El derecho al servicio de alcantarillado es
susceptible de ser protegido por medio de la acción de tutela, cuando su
ineficiente prestación o ausencia afecte de manera notoria derechos y principios
constitucionales fundamentales, (ii) en estos casos la acción de tutela
orientada a obtener obras de alcantarillado no se torna improcedente por el
simple hecho de que existan otros medios de defensa judiciales, como las
acciones populares, cuando se demuestre que hay una violación o amenaza directa
al derecho  fundamental de la persona que interpone la acción de amparo y que,
(ii) en esos casos la intervención del juez de tutela es excepcional, pues se
presenta una unidad de defensa de los derechos, lo que justifica la prevalencia
del amparo constitucional.
SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES-Garantía por el Estado de prestación eficiente ya sea
directa o indirectamente
En un principio el Estado tiene la obligación
constitucional de prestar eficientemente los servicios públicos domiciliarios,
ya sea  de forma directa o indirecta a través de entidades territoriales o
particulares. Sin embargo, en cualquier caso el Estado mantiene la facultad de
regulación, control y vigilancia de dichos servicios, lo anterior con la
finalidad de que sean prestados de manera eficiente a todos los ciudadanos.
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-Caso
en que la EAAB se niega a instalar el servicio de agua potable y alcantarillado
a 330 viviendas de interés prioritario
DERECHO A LA VIDA, AL AGUA POTABLE Y A LA
VIVIENDA DIGNA-Orden a la EAAB
realice la conexión del servicio de acueducto y alcantarillado de las 330
viviendas, previa adecuación técnica por parte de la constructora
Referencia: expediente T-3.603.506
Acción de Tutela instaurada por Héctor Lizcano Salcedo
y otros contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Derechos fundamentales invocados: vida, salud, dignidad
humana, vivienda digna, agua potable, ambiente sano y a un adecuado servicio de
alcantarillado.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  febrero diecinueve (19) de dos mil trece
(2013)
La Sala Séptima de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Alexei Egor Julio Estrada y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia dictada el treinta
(30) de julio de dos mil doce (2012), por el Juzgado Quince Civil del Circuito
de Bogotá, que confirmó la decisión de primera instancia proferida el
veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Sesenta y Siete
Civil Municipal de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela incoada por
Héctor Lizcano Salcedo y otros, contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, en adelante EAAB.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
El señor Héctor Lizcano Salcedo y otros,
por medio de apoderado, solicitan al juez de tutela que ampare sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un
ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la dignidad humana,
los cuales están siendo desconocidos ante la negativa de la empresa accionada
de autorizar la instalación del servicio definitivo de acueducto y
alcantarillado en las trescientas treinta (330) nuevas viviendas de interés
social que con licencia de construcción construyó la empresa ARPRECO S.A.A en
el barrio Brazuelos Sector Santo Domingo de Bogotá. Fundamenta su solicitud con
base en los siguientes hechos:
1.1.1.  Hechos
1.1.1.1.
Afirma el actor que el barrio
Brazuelos del sector Santo Domingo es un asentamiento humano, estrato 1.
1.1.1.2.
Indica que el 26 de febrero
de 2001 y el 16 de abril de 2002, la EAAB diseñó, planeó y contrató la
construcción de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del barrio
Brazuelos, Sector Santo Domingo, las cuales fueron diseñadas y construidas para
ser vertidas directamente sobre el Río Tunjuelo.
1.1.1.3.
Añade que en abril de 2006,
mediante oficio S-2006-032421, la EAAB certificó la existencia y operación de
redes de acueducto y alcantarillado de carácter oficial en el barrio Brazuelos
Sector Santo Domingo.
1.1.1.4.
Señala que el servicio
temporal de acueducto fue aprobado e instalado por la EAAB en marzo de 2011,
con la finalidad de que Arpreco SAS construyera las 330 viviendas de interés
prioritario, esto es, dicho servicio se surtió legalmente para que Arpreco S.A.S
ejecutara el referido proyecto.
1.1.1.5.
Manifiesta que en abril de
2011, el Curador Urbano No. 1 de Bogotá otorgó licencia de construcción de las
330 viviendas de interés prioritario en el barrio Brazuelos, Sector Santo
Domingo.
1.1.1.6.
Añade que en mayo de 2011, la
Secretaría de Hábitat, avaló la radicación de documentos No. 400020110297 que
le permitía Arpreco S.A.S. enajenar los inmuebles destinados a vivienda en el barrio
Brazuelos, sector Santo Domingo.
1.1.1.7.
Aduce que el 21 de junio de
2011, Arpreco S.A.S., diligenció y radicó ante la EAAB; los documentos para la
instalación del servicio definitivo de acueducto en las nuevas viviendas de interés
prioritario del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo.
1.1.1.8.
Expresa el demandante que el
26 de octubre de 2011 la constructora solicitó formalmente el servicio
definitivo de acueducto y los correspondientes medidores para las nuevas
viviendas de interés prioritario construidos en mayo de 2011 en el barrio
Brazuelos.
1.1.1.9.
Alude que el 8 de noviembre
de 2011, la EAAB le informó al Arquitecto Gonzalo Lancheros Gómez,
Representante Legal de Arpreco S.A.S., que no autorizaba instalar los medidores
solicitados por la constructora para las nuevas viviendas de interés
prioritario del barrio Brazuelos y por consiguiente se negó la instalación
definitiva del servicio de acueducto en estas viviendas,  aduciendo que no era
posible instalar los medidores porque las aguas residuales domesticas drenaban
en el río Tunjuelo.
1.1.1.10. Indica que en el Plano P-7, elaborado por la Gerencia de Tecnología de la
EAAB, se corrobora que las redes de alcantarillado construidas, corresponden a
lo contratado y ejecutado por la EAAB en el año 2002 para el barrio Brazuelos,
sector Santo Domingo, razón por la cual, sostiene que siempre se contempló que
las redes de alcantarillado drenarían hacia el río Tunjuelo.
1.1.1.11. Indica que el 23 de enero de 2012, los habitantes del barrio Brazuelos,
sector Santo Domingo, radicaron ante la EAAB derecho de petición, solicitándole
una solución frente al vertimiento de las aguas residuales del barrio Brazuelos
hacia el río Tunjuelo. Esta petición  fue resuelta el 17 de febrero de 2012, en
el sentido de que la EAAB se comprometió a realizar una inspección para
verificar las condiciones de alcantarillado sanitario y dar explicaciones
técnicas a la comunidad, compromiso que hasta la fecha ha incumplido.
1.1.1.12. Afirma que las otras empresas de servicios públicos como gas natural,
energía eléctrica, telefonía con internet y televisión, aceptaron instalar los
referidos servicios públicos en las nuevas viviendas de interés prioritario del
barrio Brazuelos, sector Santo Domingo construidas por Arpreco S.A.S.
1.1.1.13. Aduce que en el año 2012, la EAAB instaló el servicio definitivo de
acueducto y alcantarillado con sus respectivos medidores a otras viviendas en
el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, las cuales no hacen parte de las
viviendas de interés prioritario construidas por Arpreco S.A.S.
1.1.1.14.  Manifiesta el actor que el Representante Legal de Arpreco S.A.S, ha
advertido en diversas oportunidades a las directivas de EAAB, sobre esta grave
situación social, explicándoles que con su negativa se está desconociendo el
empeño de muchas familias de origen humilde, pertenecientes al estrato 1, como
madres cabeza de familia e incluso desplazados por la violencia, que tienen el
derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.
1.1.1.15. Añade que estas familias han sido beneficiadas con subsidios otorgados
por las diferentes entidades de carácter oficial o privado que se ocupan de
satisfacer las necesidades de vivienda para los sectores menos favorecidos.
Subsidios que anotó, están próximos a vencerse.
1.1.1.16. Por último, indica que a la empresa constructora le es imposible hacer
la entrega de las viviendas sin agua potable a sus compradores, por cuanto
quedarían sin uno de los principales servicio. Agregó que la EAAB no ha
realizado mantenimiento alguno a las redes de alcantarillado y a las aguas
residuales que según el diseño original deben llegar al río tunjuelo, se
esparcen indiscriminadamente sobre el parque “Cantarrana”, que es una
zona de manejo y preservación ambiental de Bogotá contigua al barrio Brazuelos,
sector Santo Domingo.
1.1.1.17. Teniendo en cuenta lo anterior, solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un
ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la dignidad humana,
los cuales se ven afectados ante la negativa de la empresa accionada de
autorizar la instalación del servicio definitivo de acueducto y alcantarillado
en las trescientas treinta (330) nuevas viviendas de interés social ubicadas en
el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá.
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Sesenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá avocó el conocimiento de la acción y, mediante
oficio del once (11) de mayo de dos mil doce (2012), vinculó al proceso a la
constructora Arpreco LTDA.
De igual forma, notificó la acción de tutela a la
empresa accionada  y a  la constructora Arpreco LTDA, para que en el término de
dos (2) días ejerciera su derecho de defensa.
1.2.1.
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.
Mediante oficio del 17 de mayo de 2012, el Doctor
Carlos Guillermo Ordóñez Garrido, Jefe Oficina Asesora de la EAAB, se pronunció
sobre la acción de tutela en el siguiente sentido:
Señala que entre los años 2001 y 2004 diseñaron, planearon
y contrataron la construcción de la red de acueducto del barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo. Que en abril de 2006 la empresa certificó la existencia de
acueducto y alcantarillado y el servicio temporal fue aprobado en marzo 2011
para que la Constructora Arpreco S.A.S. lo utilizara en el barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo. A la vez, refiere que la curaduría 1 de Bogotá autorizó la
licencia de construcción.
Añade que la CONSTRUCTORA ARPRECO S.A.S., solicitó en
junio de 2011, la instalación definitiva del servicio de acueducto, pero el 8
noviembre del mismo año, la EAAB, negó la solicitud de instalar los medidores
para cada vivienda. No obstante, con la intervención del gerente de la empresa
de acueducto y alcantarillado de Bogotá, concluyeron que la red de
alcantarillado drenaba directamente en el río Tunjuelito.
Por otro lado, indica que no pueden hacer obras o
mantenimiento del alcantarillado del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo,
pues las aguas que según el diseño aprobado debían llegar al río Tunjuelo,
están siendo esparcidas indiscriminadamente sobre el parque Cantarrana, que es
zona de manejo y preservación ambiental de Bogotá, y esas aguas están formando
pozos de aguas negras, ambiente insalubre y nauseabundo del aire que respira la
comunidad.
Por último, señala que los hechos materia de la acción
no configuran afectación alguna en contra de un derecho fundamental, pues son
derechos de toda una colectividad que se presumen vulnerados. Sin embargo, es
de aclarar que la EAAB no está obligada a autorizar servicios públicos de
acueducto y alcantarillado cuando no se cumplen con las normas técnicas, como
ocurre en el presente caso.
1.2.2.
EMPRESA ARPRECO S.A.S.
Mediante oficio adiado el 16 de mayo de
2012, Arpreco S.A.S. se pronunció sobre los hechos de la tutela. Al respecto,
señaló:
“…Arpreco S.A.S. se allana a la demanda de tutela y
reitera que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se ha negado a
instalar el servicio definitivo de acueducto y los respectivos medidores para
las Viviendas de Interés Prioritario construidas en el Barrio Brazuelos Sector
Santo Domingo, bajo argumentos diferentes cada vez.
Como se desprende de los hechos anteriores ARPRECO
S.A.S. ha realizado todas las diligencias que estaban a su alcance para
conseguir la instalación del servicio definitivo de acueducto y los respectivos
medidores para las viviendas de interés prioritario construidas en el barrio
Brazuelos Sector Santo Domingo.
Apoyamos todos los hechos descritos en la tutela por
los demandantes…”
1.3.
DECISIONES JUDICIALES
1.3.1.
Decisión de primera
instancia-Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá-.
Mediante fallo del veintitrés (23) de mayo de dos mil
doce (2012), el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, negó por
improcedente la solicitud de tutela, al considerar que la medida de la EAAB,
incumbe al respeto del bien común sobre el bien particular de los demandantes y
si la Constructora Arpreco S.A.S, no está conforme con la decisión  de la
empresa debe acudir a otro medio judicial, sin utilizar a los demandantes como
resguardo para apartarse de los intereses del Estado Colombiano.
1.3.2.
Impugnación.
Inconforme por la decisión de instancia,  la
constructora Arpreco y los accionantes impugnaron la decisión del a-quo.
Los accionantes mediante escrito del 1 de junio de
2012, manifestaron:
“…es importante anotar que la oferta de Vivienda de
Interés Prioritario es muy escasa por parte de los constructores por los
escasos márgenes de utilidad que dejan estos proyectos…se han firmado promesas
de compraventa con Arpreco S.A.S. y se ha esperado durante esta largo tiempo ya
que se es conciente de que difícilmente se va a encontrar un producto similar
en el mercado.
El operador judicial de primera instancia no observó
que la Empresa de Acueducto fue la que trazó y realizó los trabajos de
alcantarillado y solamente ellos exclusivamente tienen que dar solución a estas
viviendas, y esto lo debieron prever pues para esto gozan de tener los técnicos
e ingenieros, y lo que ellos construyeron lo deben mantener en excelente estado
de funcionamiento para el buen vivir de todos los habitantes de las viviendas
que conforman el barrio.  Ahora bien la EAAB no puede negar la conexión del
servicio alegando como lo afirma en la contestación de la demanda (Folio 3)
“que la empresa no está obligada a autorizar servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, cuando no se cumplen con las normas técnicas, o como en el
presente caso”…
Recordemos que quien llevó esta agua al río fue la
misma EAAB, cuando ejecutó dicha obra, tal y como consta en el expediente y
ella misma lo confirma, pero por falta de vigilancia y mantenimiento a la obra
por parte de la EAAB, ahora no llegan al río sino que se riegan por el parque
Catarrana...”
De igual forma, mediante escrito del 1 de junio de
2012, Arpreco S.A.S., señaló:
“…la acción de tutela, a mi entender, no se entabló en
relación a la Constructora Arpreco S.A.S, si fue negada por improcedente, no
veo justo ni equitativo que se nos implique en acusaciones que están muy lejos
de la realidad, como son la interpretación de que ha habido una pésima
injerencia de la Constructora Arpreco S.A.S. sobre el parque Cantarrana.
La Constructora Arpreco S.A.S ha seguido plenamente el
conducto regular. Obtuvo todos los permisos y licencias para edificar las
viviendas de interés prioritario en el barrio Brazuelos Sector Santo domingo,
nuestros fines no son de lucro, no son de engaño, mucho menos de defraudación a
las familias humildes a las que les fueron otorgados subsidios de vivienda, más
bien se trata de una solución a la creciente demanda de vivienda de interés
prioritario, de tal manera que por este conducto manifestamos que estamos
dispuestos a conciliar con la EAAB, respecto a lo solicitado por los
compradores.
El hecho de que las aguas residuales domesticas del
barrio se propaguen indiscriminadamente sobre el parque Cantarrana, que es
franja de conservación ambiental de Bogotá y su estancamiento insalubre es
debido al incumplimiento en las funciones de la EAAB, no de nosotros pues no
somos urbanizadores, somos Constructores de vivienda de interés prioritario
dentro de un barrio llamado Brazuelos Sector Santo Domingo, barrio en el que
también se desarrollan simultáneamente programas de autoconstrucción.
A pesar de no estar obligados por ley, con la
respectiva antelación, hemos planteado a la EAAB diversas alternativas para
solucionar el problema suscitado sobre el parque Cantarrana, incluso para
remediar la situación ambiental, Arpreco S.A.S. estaría dispuesta a
patrocinar y financiar la reconstrucción original del tramo de la red de
alcantarillado sanitario que conduce aguas residuales del barrio, a través del
parque, este tramo de la red al parecer inició su deterioro durante la
construcción de la presa Cantarrana…(Negrilla fuera del texto).
Para finalizar, me doy por notificado acerca de la
improcedencia de la tutela, 0336-2012, pero respetuosamente solicito se
reconsidere lo resuelto en los numerales SEGUNDO y TERCERO.”
1.3.3.
Decisión de segunda
instancia- Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá-.
Mediante fallo del treinta (30) de julio de dos mil
doce (2012), el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, confirma la
decisión de instancia. Al respecto, señaló que la tutela no es procedente, por
cuanto no se comprobó vulneración a derecho fundamental alguno y, no puede el
despacho deducir con plena certeza que existe perjuicio de carácter
irremediable.
1.4.
PRUEBAS DOCUMENTALES
OBRANTES EN EL EXPEDIENTE
Obran en el expediente, entre otras, las siguientes pruebas:
1.4.1.  Copia de la Resolución No. 017 del 22 de enero de
1999, proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
mediante la cual se legalizó el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo (Folios
60-85, cuaderno No. 3).
1.4.2. Copia de la solicitud de modificación del Contrato de
Obra No. SF-1-01-7000-790-2000, mediante el cual se construyeron las redes de
alcantarillado pluvial y sanitario de varios barrios de la Localidad 19 de
Ciudad Bolívar, entre ellos el Barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo (Folios 86-87,
Cuaderno No. 3).
1.4.3. Copia del resumen de obra adicional. Anexo 3. Lista de
cantidades y precios pertenecientes al Contrato de obra No.
SF-1-01-7000-790-2000 (Folio 88, Cuaderno No. 3).
1.4.4. Copia del Anexo 1. Construcción Redes de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la Localidad de Ciudad Bolívar Grupo IV (Folio
89, Cuaderno No. 3).
1.4.5. Copia de la modificación No. 2 adiada el 10 de abril
de 2002, firmada por el ingeniero Javier Cifuentes de la EAAB (Folio 90,
cuaderno No. 3).
1.4.6. Copia del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato
No. SF-1-01-7000-790-2000 del 16 de abril de 2002, firmado por el contratista
U.T D&S LIMITADA, CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA., YAMIL SABBAGH SOLANO y, el
interventor IEH GRUCON LTDA (Folios 91-92, cuaderno No. 3).
1.4.7. Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra   No.
SF-1-01-7000-790-2000. Construcción Redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
en la Localidad de Ciudad Bolívar Grupo IV (Folios 93-97, cuaderno No. 3).
1.4.8. Copia de la solicitud de aprobación del servicio
temporal de acueducto y alcantarillado en los predios ubicados en la calle 100B
Sur No. 7-02 (Folios 99-101, cuaderno No.3).
1.4.9. Copia de la aprobación de la solicitud de Servicio
Temporal, proferida por le EAAB el 14 de marzo de 2011 (Folios 102-103,
cuaderno No. 3).
1.4.10.
Copia del recibo de pago del
anticipo del servicio a la EAAB, por un valor de $345.610 (Folio 104, cuaderno
No. 3).
1.4.11.
Copia del recibo de agua,
cancelado por el constructor ARPRECO S.A.S (uso industrial) por un valor de
$405.990, correspondiente al periodo comprendido entre mayo a junio de 2011
(Folio 105, cuaderno No. 3).
1.4.12.
Copia de la Licencia de
Construcción LC 11-1-0194 para la construcción de 330 Viviendas de Interés
Social sobre 101 lotes del Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá,
expedida por el Curador Urbano No. 1 de Bogotá, Arquitecto Juan Reinaldo Suárez
Medina, adiada el 6 de abril de 2011 ( Folios 106-113, cuaderno No. 3).
1.4.13.
Copia de la radicación de
documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda No.
400020110297, de fecha 28 de julio de 2011, firmado por el funcionario Alonso
Marín de la Secretaría de Hábitat (Folio 113, cuaderno No. 3).
1.4.14.
Copia de la certificación
emitida el 23 de septiembre de 2011, por la Secretaría de Hábitat, donde consta
que la radicación de documentos No. 400020110297 se encuentra ajustada a la
normatividad vigente (Folio 114, cuaderno No. 3).
1.4.15.
Copia de la radicación
E-2011-103359, adiada 25 de octubre de 2011, por medio de la cual se solicitó
el servicio definitivo de acueducto y los medidores para las viviendas de
interés prioritario construidas por ARPRECO S.A.S en el barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo (Folios 120-124, cuaderno No. 3).
1.4.16.
Copia del oficio remitido por la
EAAB a la constructora ARPRECO S.A.S el 2 de diciembre de 2011, donde señala
que no es posible autorizar la instalación definitiva del servicio de acueducto
y alcantarillado en el Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, “porque estas
drenan a un cuerpo de agua (Río Tunjuelo)” (Folios 125-128, cuaderno No.
3).
1.4.17.
Copia del derecho de petición
emitido el 23 de enero de 2012, por los habitantes del Barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo Localidad 19 de Ciudad Bolívar a la EAAB, por medio del cual
solicitan a la EAAB que realice las obras pertinentes para subsanar el grave
error cometido por en la ejecución del contrato 1-01-33100-34100-192-2003, como
lo es la construcción de un sistema de drenaje de aguas lluvias y conducción de
aguas residuales incluido el sistema de tratamiento de aguas servidas, ya que la
EAAB hasta la fecha está drenando dichas aguas al Río Tunjuelo (Folios 130-132,
cuaderno No. 3).
1.4.18.
Copia de la respuesta emitida
el 17 de febrero de 2012, por el Doctor Jorge Eduardo Holguín, Jefe de
División, Planeación y Operación de la EAAB, al derecho de petición radicado
por los habitantes del Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, el 23 de enero
de 2012 (Folios 133-134, cuaderno No. 3).
1.4.19.
Copia del acta de acuerdo
suscrita entre ARPRECO S.A.S y Gas Natural S.A. E.S.P, con la finalidad de instalar
los medidores en las 330 viviendas de interés social construidas por éste
(Folios 135-131, cuaderno No. 3).
1.4.20.
Copia de la autorización para
uso del espacio físico a titulo de comodato No. 05239 suscrito entre ARPRECO
SAS y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) el 18 de abril de 2011 (Folios
138-142, cuaderno No. 3).
1.4.21.
Copia de la carta dirigida a
CODENSA S.A. ESP, por medio de la cual ARPRECO S.A.S, anexa el formulario
correspondiente a la solicitud el servicio. De igual forma, anexa el diseño
eléctrico, el cual contiene la Licencia de Construcción y demás documentos que
forman parte del mismo (Folios 143-149, cuaderno No. 3).
1.4.22.
Copia del acta de instalación
de la Acometida definitiva de acueducto para la vivienda edificada por
autoconstrucción en la calle 100 C Sur No. 8-31 del barrio Brazuelos, Sector
Santo Domingo (Folio 150, cuaderno No. 3).
1.4.23.
Copia de las nueve (9)
facturas correspondientes al servicio definitivo instalado por la EAAB en las
viviendas del Barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo de Bogotá (Folios 151-159,
cuaderno No. 3).
1.4.24.
Fotografías de ocho (8)
viviendas representativas del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo,
edificadas por autoconstrucción, a las que la EAAB les presta el servicio
definitivo de acueducto y alcantarillado (Folios 160-161, cuaderno No. 3).
1.4.25.
Fotografía de tres (3) de las
nuevas viviendas de interés prioritario construidas por ARPRECO S.A.S., en el
barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, a las que la EAAB les niega la
instalación del servicio definitivo de acueducto y los medidores
correspondientes.
1.5.
ACTUACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto del primero
(01) de febrero dos mil trece (2013), con el fin de contar con mayores
elementos de juicio, a través de la Secretaría General de esta Corporación,
decretó las siguientes pruebas:
1.5.1.  PRUEBAS SOLICITADAS POR LA
SALA
1.5.1.1. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, se ordenó PONER EN CONOCIMIENTO de la presente acción,
a la Alcaldía Mayor de Bogotá (Carrera 8 No. 10-65 Teléfono: (57-1) 381 3000), al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (Calle 37 No. 8-40. Teléfono: (57-1)3323400), a la
Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá (Calle 95 No.23-20, Teléfono: (57-1) 601 00
99) y, al Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento Básico (Calle 37 No. 8-40. Teléfono: (57-1)3323400), el
escrito de tutela, sus anexos y el fallos de instancia, para que
en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación del presente auto, expresen lo que estimen conveniente.
1.5.1.2. Se ofició a la Alcaldía Mayor de Bogotá (Carrera 8 No.
10-65 Teléfono: (57-1) 381 3000), para
que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación del auto, informara a esta Sala de Revisión lo siguiente:
1). Si el proyecto de construcción de las 330
viviendas de interés prioritario del Barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo de
esta ciudad, se encuentran dentro del plan de ordenamiento territorial de
Bogotá.
2). Si la construcción se encuentra localizada dentro
del perímetro de prestación del servicio.
3). Que medidas implementaría para garantizar la
protección del ambiente. Envíe su propuesta.
4). Detalle lo atinente a la expedición de las
respectivas licencias dentro de la construcción de las 330 nuevas viviendas de
interés prioritario que con licencia de construcción construyó la empresa
ARPRECO S.A.S en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo en Bogotá.
1.5.1.3. Se ordenó a la empresa  de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (Calle 24 No. 37-15 Teléfono:
(57-1) 3447000), para que en el término de dos (2) días hábiles contados
a partir del recibo de la comunicación del auto, informara a esta Sala de
Revisión lo siguiente:
1). Como fue otorgado el servicio de acueducto y
alcantarillado para la construcción de las 330 viviendas de interés prioritario
en el Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá.
2). Con base en lo anterior, informe a este Despacho,
porqué si en ese momento fue prestado el servicio, ahora no es viable su
instalación.
3). Envíe copia del contrato de condiciones uniformes
de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
4). Envíe un informe detallado de la ubicación de las
redes de acueducto que surten las viviendas de los accionantes.
5). Envíe un informe sobre las razones por las cuales
no se ha efectuado la instalación del servicio de acueducto a los accionantes.
6). Envíe un informe sobre el trámite dado a las
solicitudes hechas por el accionante o por otras personas que habiten en el
Barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo de Bogotá.
7). Indique porqué no ha aceptado la propuesta de la
empresa ALPRECO S.A.S., en el sentido de financiar la reconstrucción original
del tramo de la red de alcantarillado sanitario.
8). Allegue los
documentos que tengan que ver con la adecuación, viabilidad y ejecución de la
obra para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el Barrio
Brazuelos, Sector Santo Domingo de Bogotá.
9). ¿Porqué en este mismo Barrio Brazuelos, Sector
Santo Domingo, si fue posible la prestación del servicio público de acueducto y
alcantarillado a otras viviendas?
10). Presente las alternativas con que cuentan los
accionantes y demás personas que adquirieron sus viviendas en el Barrio
Brazuelos, Sector Santo Domingo de Bogotá, para acceder al servicio público de
acueducto y alcantarillado.
11). Detalle una propuesta concreta que haga viable la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado sin afectar el ambiente.
1.5.2. INFORMES RECIBIDOS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante informe que remitió Secretaría General al
Despacho del Magistrado Sustanciador, el 12 de febrero de 2013 se comunicó que
durante el término probatorio se recibieron las siguientes pruebas:
1.5.2.1. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
El 8 de febrero de 2013, el Doctor Jairo Kapila Torres
Benítez, Asesor de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, indicó:
“ (…) Hay que tener en cuenta
que por tratarse de un problema de servicios públicos domiciliaros, como es el
caso del alcantarillado, su competencia de acuerdo con la constitución y la
ley, como lo veremos más adelante, está en cabeza del municipio, en este caso
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y más concretamente en la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, razón por la cual este Ministerio dentro
de su órbita de la competencia que le ha asignado la ley, ha cumplido las
funciones asignadas, respetando la competencia que tienen las demás entidades
sobre el particular.
Hay que tener en cuenta que en la eventualidad de
presentarse algún impacto ambiental, le compete emprender las acciones a
que haya lugar, a la Corporación Autónoma Regional o a la autoridad ambiental
urbana correspondiente ( en el presente caso, a la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá, D.C.), de conformidad con lo señalado en los artículos
31 y 66 de la Ley 99 de 1993, como máxima autoridad ambiental que ejercen la
labor de control y vigilancia en protección del ambiente sano y de los recursos
naturales renovables.
(…)
…el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no ha omitido actuación administrativa alguna, pues dentro
de las competencias legales asignadas por la ley, no está la de construir las
redes de alcantarillado pluvial y sanitario para los barrios a nivel nacional y
sobre no ejercer en debida forma sus funciones de vigilancia y control,
queremos reiterar que por tratarse de un problema de servicios públicos
domiciliarios, como es el caso del alcantarillado, su competencia de acuerdo
con la constitución y la ley, como lo veremos más adelante, está en cabeza del
municipio, en este caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá y más
concretamente en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, razón por
la cual este Ministerio dentro de su órbita de la competencia que le ha
asignado la ley, ha cumplido las funciones asignadas, respetando la competencia
que tienen las demás entidades sobre el particular.
En consecuencia, me opongo a todas las pretensiones de
la demanda, toda  vez que no existe responsabilidad alguna imputable al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los hechos que aquí se
debate.
Por lo tanto, en el sector donde permanecen o residen
los accionantes (Barrio Brazuelos del sector Santo Domingo de Bogotá), quien
ejerce como la máxima autoridad ambiental que debe realizar la labor de
inspección y vigilancia, y por consiguiente quien ejecuta la política
ambiental, coordina procesos de planificación ambiental, a través de una
gestión participativa y de calidad, para promover el desarrollo sostenible, es la
Secretaría Distrital de Ambiente (…)”
1.5.2.2. Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.
Mediante oficio recibido en esta Corporación el 11 de febrero
de 2013, el Doctor Flavio Mauricio Mariño Molina, Director de Defensa Judicial
de la alcaldía de Bogotá, remitió memorando de radicado 3-2013-00667 del 8 de
febrero de 2013 proferido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, en la
que da respuesta a las preguntas realizadas mediante el auto del 1 de febrero
de 2013. Al respecto, señaló:
“1) Si el proyecto de construcción de las 330
viviendas de interés prioritario Barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo de esta
Ciudad, se encuentra dentro del plan de ordenamiento territorial de Bogotá”
(…) una actuación urbanística, como es el caso de la
construcción de VIP en el desarrollo Brazuelos Sector Santo Domingo, no se
encuentra dentro de los componentes del POT de Bogotá, siendo objeto de la
aplicación de una normativa específica a partir de la cual los curadores
urbanos expiden las respectivas licencias urbanísticas.
2).Si la Construcción se encuentra localizada dentro
del perímetro de prestación del servicio.
(…) el proyecto de construcción de las 330 VIP se
localiza dentro del desarrollo Brazuelos Sector Santo domingo de la Localidad
de Ciudad Bolívar, el cual fue legalizado por la Resolución No. 017 de enero 22
de 1999, cuyo plano aprobado se identifica con el No. CB65/4-15, documentos en
los cuales se definieron sus linderos, zonas de uso público, predios privados y
áreas con restricciones urbanísticas. En consecuencia, el citado barrio
se ubica dentro del perímetro urbano fijado por el POT de la ciudad.  (Negrilla
y subrayado fuera del texto).
3).Que medidas implementaría para garantizar la
protección del ambiente. Envíe propuesta.
La Resolución No. 017 de enero 22 de 1999, por la cual
se legalizó el desarrollo Brazuelos Sector Santo Domingo, en el Titulo II,
relacionado con la habilitación, Capitulo I, artículo 10, se refiere al
diagnóstico del sector, dividiendo los barrios legalizados por grupos de
acuerdo a la localización.
En concordancia con esos grupos el Capitulo 2 define
una serie de metas prioritarias, y el artículo 12 hace referencia a las
acciones para el grupo donde se encuentra el desarrollo Brazuelo Sector Santo
Domingo, para el cual se especifican las orientadas al mejoramiento de los
servicios básicos y de las condiciones de bienestar de los barrios, como son el
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y vial,
así como el mejoramiento y dotación de los equipamientos comunales (educación,
salud, recreación y deporte) y la ejecución de programas de saneamiento
ambiental con énfasis en el manejo de residuos líquidos y sólidos.
4). Detalle lo atinente a la expedición de las respectivas
licencias dentro de la construcción de las 330 nuevas viviendas de interés
prioritario que con licencia de construcción construyó la empresa ARPRECP S.A.S
en el barrio Brazuelos Sector Santo Domingo en Bogotá.
…la expedición de las licencias urbanísticas en sus
diferentes modalidades, es competencia de los curadores urbanos, en
concordancia con el Decreto Nacional 1469 de abril 30 de 2010…”
1.5.2.3. Curaduría Urbana No. 1 de
Bogotá D.C.
En oficio recibido  en esta Corte el 6 de febrero de
2013, el Doctor   Ernesto Clavijo Sierra, curador Urbano No. 1, indicó:
“…la Administración Distrital adelantó el proceso
de designación de algunos curadores urbanos de Bogotá D.C, previo el concurso
de méritos ordenado en el artículo 80 y desarrollado en los artículos 81 y
siguientes del Decreto 1469 de 2010… como resultado de dicho proceso, fui
designado como Curador Urbano No. 1, a través del Decreto del Alcalde Mayor de
la ciudad No. 396 del 24 de agosto de 2011, cargo del cual tomé posesión el
pasado 20 de octubre de 2011, con efectividad a partir del 21 de octubre del
mismo año, fecha en la que inicié el ejercicio de esta función.
La misma legislación ha determinado que cuando un
curador urbano termina su periodo, debe enviar sus expedientes a la Secretaría
Distrital de Planeación, lo que necesariamente supone que el curador designado,
en este caso el suscrito, solo dispone de la información referida a los
trámites que recibió en curso y a los que con posterioridad a la fecha de su
posesión han sido radicados ante el Curador Urbano.
En el caso objeto de la acción de tutela que se
analiza y a juzgar por lo expresado en los hechos de la demanda, es sumamente
claro que se trata de una actuación administrativa adelantada en abril de 2011,
es decir mucho antes de mi designación y posesión en el cargo de Curador Urbano
No. 1. En época, ejercía como Curador Urbano No. 1 el Arquitecto JUAN REINALDO
SUÁREZ MEDINA, quien desempeñó sus funciones como tal en el periodo comprendido
entre el 28 de abril de 2006 al 27 de abril de 2011. por tanto, … es él el
llamado a responder y sustentar las actuaciones administrativas que se llevaron
a cabo con ocasión de la expedición de licencia de construcción de las 330
viviendas de interés prioritario en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo.
El expediente alusivo a dicho trámite NO me fue
entregado, en vista de que se trata de una actuación concluida mucho antes de
mi posesión como Curador Urbano No. 1 y, según el artículo 104 del Decreto 1469
de 2010, solo me fueron entregados los asuntos en trámite al 21 de octubre de
2011 y algunos expedientes a cargo de la Curaduría Urbana Provisional No. 1,
Dra. Claudia Mercedes Yepes Londoño, nombrada mediante el Decreto Distrital 184
del 28 de abril de 2011y posesionada con efectividad a partir del 02 de mayo de
2011…”
1.5.2.4. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Mediante oficio adiado el 11 de febrero de 2013, el
Doctor Manuel Vicente Cruz Alarcón, apoderado del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, intervino dentro del trámite de revisión. Al respecto
señaló:
1.5.2.4.1. En
un principio indicó las funciones y competencias del Ministerio, con el
propósito de legitimar la desvinculación dentro de la presente acción. Transcribió
los artículos pertinentes del Decreto 3571 de 2011. De igual forma, hizo
alusión a la Ley 142 de 1994.
1.5.2.4.2. Por
otro lado, en lo concerniente al otorgamiento de los subsidios de vivienda,
sostiene que estos eran otorgados en la modalidad de Ahorro Programado y
no se encuentran atados a ningún proyecto de vivienda. Por último, indica que
se puede inferir que al Juez Constitucional le asiste razón en su decisión, en
la medida en que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales a
que alude el accionante, de tal manera, que si bien es cierto, la entidad que
representa no fue parte dentro del proceso y que su intervención en esta
instancia deviene de sus funciones y competencias, debe precisarse que la
entidad que representa, define políticas en los temas referidos en sus
objetivos y funciones. Esto es, de ninguna manera es una entidad ejecutora de
políticas de uso de agua potable y saneamiento básico, vivienda entre otras,
razón por la cual debe ser desvinculada de alguna decisión que tenga conexidad
con los hechos materia de la presente acción.
1.5.2.5.Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB).
A través de oficio adiado 7 de febrero de 2013, la
Doctora Denny Rodríguez Espitia, Directora de Representación Judicial y
Actuación Administrativa de la EAAB, indicó:
“ (…) [La EAAB]
construyó las redes en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo, las cuales
fueron contratadas y ejecutadas por la misma como consecuencia del acto de
legalización del barrio mediante Resolución No. 017 del 22 de enero de 1999.
Las redes fueron construidas durante el año 2002.
Es importante resaltar que a la fecha en que se
legalizó el barrio tan solo estaba consolidado aproximadamente el 30% del mismo
y el área restante no estaba desarrollada. Es en esta área en la que se ha
obtenido licencia de construcción para las 330 viviendas en cuestión.
…es importante aclarar que las razones por las
cuales la viabilidad del servicio para las 330 viviendas no estaba
completamente definida han sido superadas y la Empresa encuentra viable la
prestación del servicio para las viviendas referidas  (Negrilla
y subrayado fuera del texto).
A continuación relacionamos las razones por las cuales
esta viabilidad estaba en estudio: la viabilidad requería las siguientes tres
consultas con el ánimo de adelantar y gestionar el proceso referido las cuales
son: Planeación Distrital, consulta acerca de: ¿Las áreas no construidas fueron
legalizadas? ¿Trámite que deben seguir las áreas a desarrollar?,¿Norma
aplicable para el desarrollo de las áreas no construidas,¿Carga de las obras de
acueducto y alcantarillado. Al  FOPAE, consulta sobre la evolución de la
amenaza y riesgo de remoción en masa y sobre las medidas de protección y
mitigación requeridas. La consulta era obligada en razón a que en el POT, el
desarrollo Brazuelos se encuentra en amenaza alta por remoción en masa, de
acuerdo al plano No. 4, y a la Secretaría de Ambiente, comunicación
indicando la necesidad de incluir de este punto de vertimiento en el PSMV, Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la Ciudad.
La consulta a estas tres inquietudes fueron tramitadas
y absueltas mediante la coordinación de la mesa interinstitucional de
Soluciones de Proyectos VIS y VIP de la Secretaría Distrital de Hábitat. Al
final de este procedimiento la EAAB encontró viable extender el servicio a las
330 viviendas. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
La definición de viabilidad requirió un proceso
interinstitucional el cual una vez surtido demostró la viabilidad de la
prestación del servicio. Además la instalación del servicio requiere que las
solicitudes del constructor acojan íntegramente las normas de conexiones
domiciliarias de la EAAB, consignadas en el Reglamento de Urbanizadores
y Constructores.(Negrilla fuera del texto).
…si bien se ha presentado demora en la conexión
definitiva del proyecto Brazuelos, tienen origen en la falta de cumplimiento de
las observaciones y requerimientos para adelantar las obras por parte de
Arpreco Ltda. , falla cuya responsabilidad se puede endilgar únicamente a la
constructora; en consecuencia se logra establecer que la autoridad distrital
implementó las medidas necesarias dentro de la órbita de sus competencias para
vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la EAAB.
En el mes de diciembre 2011 el constructor Arquitecto
Lancheros representante de la urbanización Brazuelos de Santo Domingo plantea 3
alternativas a la Empresa con el objeto de darle solución técnica a las 300
nuevas viviendas a las cuales son: a)Estudio, diseño y construcción de una planta
de tratamiento residual; b)Diseño y construcción Línea 8 cruzando sobre el Río
Tunjuelo paralela a línea de acueducto; c)Diseño y construcción Línea 8 cruce
subfluvial, frente a esta solicitud la Empresa contestó mediante oficio No.
S-2011-825531 del 27 de diciembre de 2011 observaciones referentes a que las
2 alternativas no cumplen hidráulicamente y, en relación con la planta de
tratamiento, corresponde a la autoridad ambiental competente la revisión y
aprobación de la misma.
Posteriormente en febrero 2012 el constructor
Arquitecto Lancheros hace petición respecto a una cuarta 4 alternativa
consistente en el diseño y construcción de una red de 8 cruzando sobre la Presa
Canta Rana. La propuesta no se acepta en virtud a consideraciones sobre la
estabilidad general de la presa.
De acuerdo a lo anterior la Dirección de Apoyo Técnico
convocó a una mesa técnica al interior de la Empresa (Gerencia Sistema Maestro,
Gerencia zona 4 y Dirección de Apoyo Técnico) donde se concluye que no hay
posibilidad de conexión en el interceptor Tunjuelo Alto Derecho para captar las
aguas residuales, (oficio No. 25510-2012-00541 de marzo 5 de 2012) lo cual
solo permite el escenario de adelantar la construcción de una planta de
tratamiento cuyo trámite lo debe adelantar el constructor ante la autoridad
ambiental correspondiente.
…una vez el barrio fue legalizado por el Distrito, era
obligación de la EAAB, extender el servicio de Acueducto y Alcantarillado para
las viviendas ya construidas, ya que es una obligación Distrital la cobertura
total del servicio en el sector urbano.
De otra parte, las casas que estaban construidas al
momento de la legalización, que corresponden a viviendas individuales y no
hacían parte del Proyecto Brazuelos de Santo Domingo; el proceso se realizó
como una solicitud “dispersa” cumpliendo lo establecido en Capitulo II Acceso
al Servicio, del Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación de los
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.
…la mesa de soluciones de VIS y VIP priorizó el
proyecto como meta de la Secretaría de Hábitat y del plan de desarrollo, y una
de sus gestiones ha sido ampliar la vigencia de los subsidios por tratarse de
un proyecto de vivienda de interés social.
La EAAB, concluye que el proyecto de ARPRECO no debe adelantar proceso de elaboración y
revisión de diseños, y considera que puede continuar con el proceso de
constructores de instalación de medidores de conformidad con el área comercial
de la Gerencia de Zona 4.
A lo anterior, la Gerencia de la Zona 4, ha dado la
instrucción al grupo comercial de dicha zona, proceder de acuerdo a sus
competencias, e informar al responsable del proyecto sobre este procedimiento,
en tiempo y requerimientos técnicos para la instalación de los medidores.
…La empresa de Acueducto, mediante oficio No. 24200-2012-1780
del 28 de agosto de 2012, solicitó la inclusión a la autoridad ambiental que el
vertimiento sea incluido dentro del horizonte del PSMV al año 2017.
De otra parte la solución técnica que hace viable la
prestación del servicio es la conexión efectiva a las redes oficiales de la
EAAB, para lo cual la Gerencia del Sistema Maestro ha estudiado el sector
contemplando las áreas de drenaje del desarrollo Brazuelos para entregar al
Interceptor Tunjuelo Alto Derecho. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Finalmente, considero de la mayor importancia informar
que el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal declaró improcedente la acción
de tutela No. 0336-2012 de mayo 3 de 2012 por las razones que están
incorporadas en el mismo fallo.”
De igual forma anexa copia del contrato de condiciones
uniformes de la EAAB y plano con las redes existentes.
1.5.2.6.
Secretaría Distrital de
Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Mediante oficio allegado a este Despacho el 14 de
febrero de 2013, la Doctora Lucila Reyes Sarmiento, Directora Legal Ambiental
de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó:
“De conformidad con el Acuerdo 257 de 2006 se
transformó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-DAMA- en
Secretaría Distrital de Ambiente indicándose su naturaleza, objeto y funciones;
cuya estructura fue modificada mediante Acuerdo 109 de 2009 normatividad que en
su artículo 103 literal q indicó:
“q. Realizar el control de vertimientos y emisiones
contaminantes, disposición de desechos sólidos o residuos peligrosos y de
residuos tóxicos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y complementar la acción de la Empresa de Acueducto de
Bogotá-EAAB-para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en
coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.” (Subrayado fuera del texto).
La Secretaría Distrital de Ambiente conforme a sus
funciones recomienda la práctica y seguimiento de visitas técnicas al sector
afectado con los vertimientos mencionados para restablecer y mantener el
ambiente sano.
En cumplimiento de nuestra competencia se ordenará a la
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo la práctica de visita al Barrio
Brazuelos sector Santo Domingo para que emita el concepto técnico correspondiente;
cuyo resultado se comunicará oportunamente”.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala analizar si la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) está vulnerando los
derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda
digna, a un ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la
dignidad humana de los accionantes, debido a la negativa de la empresa
accionada de autorizar la instalación del servicio definitivo de acueducto y
alcantarillado en las trescientas treinta (330) nuevas viviendas de interés
social que con licencia de construcción construyó la empresa ARPRECO S.A.S. en
el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá.
2.2.1. Para resolver la controversia,
la Sala Séptima examinará: (i) procedencia de la acción de tutela, (ii) el
contenido del derecho fundamental al agua potable,  (iii) la importancia del
servicio público de alcantarillado. Reiteración de jurisprudencia, (iv) la
prestación de los servicios públicos como una finalidad social del Estado, y (v)
a la luz de las anteriores premisas, se analizará el  caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA.
Dentro de la dinámica de protección de los
diversos derechos consagrados por el Constituyente de 1991, se encuentra en el
texto constitucional la coexistencia de dos (2) acciones que tienen por
finalidad la protección y garantía de los distintos derechos individuales
y colectivos consagrados en la Constitución.
Por una parte, se encuentra la acción de
tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, la cual es por
excelencia el mecanismo de protección de los derechos fundamentales, el cual
procede ante la existencia de otro medio de defensa judicial, siempre y cuando
éste sea ineficaz o se esté ante la inminencia de un perjuicio irremediable.
Por otro lado, se encuentran las acciones
populares como mecanismo de protección de derechos o intereses colectivos. La
Constitución Política en su artículo 88 señala que:
“La ley regulará las acciones
populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definen en ella; también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares”.
De esta manera, la Ley 472 de 1998,
desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y, en efecto, en su artículo 2º
señala que aquellas son medios procesales para la protección de los derechos
colectivos. En el artículo 4º, establece que son derechos colectivos, entre
otros: el goce de un ambiente sano (literal a), la salubridad pública (literal
g),  el acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea
eficiente y oportuna (literal j). Así mismo, el artículo 9º prescribe
que la acción popular procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos o intereses colectivos.
En este contexto, podría afirmarse que el
criterio de diferenciación para el empleo de una u otra acción, está dado por
la naturaleza del derecho que se pretende proteger. Así, ante la transgresión
de un derecho de rango fundamental, no se pensaría en hacer uso de la
acción popular, dado que la garantía diseñada para su protección  no es
otra que la acción de tutela.
Sin embargo, esa línea divisoria que
parecería tan evidente entre una y otra acción,  deja de ser clara, cuando
el hecho generador de la vulneración, afecta derechos de una y otra clase, por
ejemplo, cuando por la violación o amenaza del derecho al medio ambiente o a la
salubridad pública, derechos éstos de carácter colectivo, resultan afectados
derechos de rango fundamental, tales como la vida, la salud, la intimidad y la
dignidad humana, entre otros.
Por su parte, el artículo
6°, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela,
dispone expresamente que, en principio, ésta no procederá cuando se pretenda
proteger derechos colectivos, pero regla también que ello no obsta para que el
titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones
que comprometan intereses o derechos de aquella índole, siempre que se trate de
impedir un perjuicio irremediable.
Al tenor de estas
consideraciones, se tiene que, por regla general, las acciones populares
salvaguardan los derechos colectivos. Sin embargo, también se evidencia que la
acción de tutela puede proteger derechos fundamentales derivados de la
afectación de derechos e intereses colectivos, en dos situaciones, a saber[1]:
i)    Cuando la
afectación de los derechos colectivos requiere la intervención urgente e
inmediata del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable. En
efecto, al igual que en toda situación de grave afectación de derechos
fundamentales, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio que
desplaza la competencia del juez ordinario mientras se profiere el fallo
correspondiente. En este caso, es fundamental demostrar la premura en la
intervención judicial, la gravedad del perjuicio que sigue a la demora en
resolver el asunto y la existencia de un derecho fundamental afectado.
ii)    Cuando la amenaza
o vulneración de un derecho colectivo, produce la afectación directa de un
derecho fundamental. En esta situación, no se trata de reducir la
intervención a un número determinado de personas, ni de exigir la protección
judicial del derecho colectivo a partir de la afectación individual de
derechos, se trata de delimitar con claridad el campo de aplicación de cada una
de las acciones constitucionales.
En relación con esta última circunstancia
planteada, la jurisprudencia constitucional[2]
ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación de un
derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En
este sentido, la Sentencia T-710 de 2008[3]
señaló los requisitos que para el efecto deben cumplirse:
“(i) que exista conexidad entre la
vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho
fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea
"consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo";
(ii) el peticionario debe ser la
persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción
de tutela es de naturaleza subjetiva;
(iii) la vulneración o la amenaza
del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente; y
(iv) finalmente, la orden judicial debe
buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del
derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.”(negrillas fuera de
texto).
Además de los cuatro (4) requisitos
mencionados, la Corte ha señalado que es necesario para la procedencia de la
tutela como mecanismo de protección de derechos colectivos en conexidad con
derechos fundamentales, que en el proceso aparezca demostrado que la acción
popular no sea idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho
fundamental vulnerado o amenazado. En este sentido ha dicho la Corporación:
“Esta breve referencia muestra que en principio la Ley
472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones
o amenazas a los derechos colectivos.(...). En tales circunstancias, la entrada
en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica
que, fuera de los cuatro requisitos señalados (…), para que la tutela proceda
en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en
cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el
expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para
amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el
derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial
individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos
puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la
afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para
amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés
colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto
la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero
si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada,
entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella
"como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve
la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la
protección de un derecho fundamental.”[4]
En suma, corresponde al juez constitucional evaluar si
a pesar de la pretensión de protección de un derecho colectivo, la acción de
tutela resulta procedente. Para ello es necesario: “(…) acreditar, de manera
cierta y fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho colectivo
también amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido individualizado en
la persona que interpone la acción de tutela o a nombre de quien se encuentra
impedida para defender en forma directa sus propios intereses, cuya protección
no resulta efectiva mediante la acción popular sino que requiere la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.”[5]
Es necesario entonces, que los jueces analicen en
concreto los casos sometidos a su conocimiento, con la finalidad de determinar
si la acción procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la
acción de tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo
subsidiario al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que, a
través del ejercicio de la acción popular no sea posible el restablecimiento
del derecho fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la
afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto, entonces, se
hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción popular, ésta
no ha resultado efectiva para lograr la protección que se requiere. Igualmente,
se podrá hacer uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras
la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello
resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental.
En virtud de lo expuesto, la Sala en el caso en
concretó analizará si se encuentran comprobadas las condiciones señaladas por
la jurisprudencia para amparar, por vía de tutela, los derechos invocados por
los accionantes.
2.4.
EL DERECHO FUNDAMENTAL AL
AGUA POTABLE
2.4.1. La naturaleza fundamental del derecho al agua
En nuestra Constitución Política no se consagra
expresamente el derecho al agua como un derecho fundamental. Sin
embargo, en virtud del contenido del artículo 93 Superior que preceptúa: “Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de
excepción, prevalecen en el orden interno” (negrilla fuera de texto),
esta garantía hace parte del catálogo de derechos fundamentales que cualquier
ciudadano puede invocar para solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento
constitucional, teniendo en cuenta que es reconocida en varios instrumentos
internacionales de derechos humanos, como más adelante se analizará.
En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del
bloque de constitucionalidad[6],
el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para
enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior.
Ahora bien, uno de los instrumentos internacionales a
partir de los cuales se ha reconocido el derecho al agua es el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo
11 dispone lo siguiente:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho (…)”
A pesar de que en el artículo
11 del PIDESC no se reconoce de manera expresa el derecho al agua, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –órgano
encargado de verificar el cumplimiento del Pacto- ha entendido que la lista es
enunciativa e incluye el derecho al agua, pues es una condición fundamental
para la supervivencia humana. Así lo explicó en la Observación general No.
15 en noviembre de 2002:
“En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de
derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ´incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados´, y son indispensables para su
realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta
enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se
encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)) [ii]. El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12)[iii] y al derecho a una
vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11)[iv]. Este
derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados
en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a
la vida y a la dignidad humana”.
(Negrilla fuera de texto)
En
este mismo documento se define el agua como un derecho humano, que se concreta
en que todas las personas deben disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Bajo
esta perspectiva, esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo
que el agua potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental[7].
También
existen otros tratados internacionales que consagran el derecho al agua, entre ellos
se encuentran: (i) la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y (ii) la Convención sobre los derechos de los
niños.
Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene
tanto un alcance subjetivo como objetivo[8].
La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia
a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto, los
derechos fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la
Constitución que guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el
Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede
ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto
por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se
trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva
ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia
de protección por medio de la acción de tutela.[9]
La titularidad del derecho al agua como derecho
subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello,
la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de
derecho individual y colectivo. El derecho al agua es un derecho colectivo, por
ejemplo, respecto de la obligación de protección y conservación de las fuentes
hídricas para las generaciones futuras.[10]
Estas obligaciones serán, en consecuencia, reclamables por medio de acciones
judiciales como las acciones populares.
2.4.2. Contenido del derecho fundamental al agua.
Dada la importancia del agua y su protección reforzada
a nivel constitucional, esta Corporación en diversas oportunidades ha
reconocido que el derecho al agua es un derecho fundamental.[11] El contenido
de este derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad con la
Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”[12].
La disponibilidad del agua hace referencia al
abastecimiento continuo de agua en cantidades suficientes para los usos
personales y domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las
necesidades especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de
salud, del clima en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros.
La exigencia de calidad del agua se relaciona con la salubridad
del recurso, es decir, el agua disponible no debe contener micro organismos o
sustancias químicas o de otra naturaleza que puedan constituir una amenaza para
la salud de las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que
ver con (i) la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna,
(ii) la factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y
necesarias para la prestación del servicio de acueducto, (iii) la
obligación de remover cualquier barrera física o económica que impida el acceso
al agua, especialmente de los más pobres y los grupos históricamente
marginados, y (iv) el acceso a información relevante sobre cuestiones de
agua. Finalmente, la aceptabilidad hace referencia a la necesidad de
que las instalaciones y los servicios de provisión de agua sean culturalmente
apropiados y sensibles a cuestiones de género, intimidad, etc.[13] Estos
contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas –y complejas- como
negativas para el Estado.[14]
De lo
hasta aquí expuesto, puede afirmarse que la naturaleza jurídica del derecho al
agua como fundamental deviene de su consagración en un instrumento internacional
de derechos humanos, el cual ha sido ratificado por el Estado Colombiano, y
cuyo ejercicio no puede limitarse ni siquiera en los estados de excepción. Por
tanto, integra el denominado bloque de constitucionalidad.
Además,
es pertinente reiterar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, a través de la observación general número 15
especificó que el derecho humano al agua es aquella garantía que le permite a
todas las personas disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Respecto a la protección del derecho fundamental al
agua, en lo atinente a la provisión del servicio de acueducto para el consumo
humano, esta Corporación ha resuelto, entre otros, los siguientes casos:
En la
sentencia T- 381 del 28 de mayo de 2009[15],
se analizó la pretensión de un grupo de personas naturales, y de una
sociedad comercial- que solicitaban la protección de sus derechos fundamentales
al agua potable, a la vida, a la dignidad, a la salud, a la salubridad pública,
a la libertad de empresa y a la subsistencia, presuntamente vulnerados por el
Instituto Nacional de Concesiones INCO, la Sociedad Concesionaria Concesión
Autopista Bogotá – Girardot S.A. y la Sociedad Constructora Semaica, aduciendo
que con las obras que estaban adelantando para construir un túnel en una
carretera nacional, se habían afectado las fuentes naturales de agua de que se
surtían para consumo humano, para riego y para desarrollar actividades
comerciales turísticas. En esta oportunidad le correspondió a la Sala determinar,
entre otros aspectos, el alcance y fundamento del derecho fundamental al agua,
la titularidad de esta garantía y la procedencia de su protección a través de
la acción de tutela. Concluyó esta Corporación, que el agua potable es un
derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en
condiciones dignas cuando, por ejemplo, está destinada al consumo humano.
También precisó que la protección del derecho al agua potable cuando está
destinada a otras actividades como el turismo, la explotación agropecuaria o a
terrenos deshabitados, no debe invocarse ante el juez de tutela. En definitiva,
la Sala ordenó conceder el amparo al agua potable y ordenó la búsqueda de una
solución definitiva para garantizar el derecho al agua potable con medidas
específicas para el logro de dicho fin.
Luego,
la sentencia T-418 del 25 mayo de 2010[16],
abordó, entre otros, el estudio del siguiente problema jurídico: ¿existe vulneración
del derecho al agua potable cuando un municipio niega la prestación del
servicio público de acueducto a los ciudadanos, aduciendo que el acueducto
municipal no tiene cobertura en la zona rural en donde se encuentran ubicadas
sus viviendas (problemas técnicos y financieros)? En esta oportunidad, la Sala
respondió afirmativamente a este problema jurídico, y desarrolló ampliamente
los siguientes supuestos: 1. la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para invocar la protección del derecho al agua cuando compromete el mínimo
vital en dignidad de las personas; 2. todas las personas
tienen derecho a que se les asegure progresivamente la dimensión positiva de
este derecho fundamental, esto es, el acceso al servicio público de acueducto; 3.
las personas que habitan en el sector rural y con limitados recursos
económicos tienen derecho a ser protegidos especialmente para acceder al
servicio público de agua potable; 4. los trámites y procedimientos ante
la administración no deben constituir obstáculos para impedirle a una persona
acceder a dicho servicio. Finalmente, resolvió conceder la protección de los
derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud, y ordenó a la
Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar
un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes,
entre otras medidas a observar.
En la
sentencia T-055 del 4 de febrero de 2011[17],
se abordó el caso de una persona que le solicitó a las Empresas Públicas de
Medellín -EPM- la conexión del servicio público de acueducto a un inmueble que
no contaba con las condiciones técnicas y legales contenidas en el Decreto 302
de 2000; dicha negativa se fundaba en que la vivienda de los actores no contaba
con los requerimientos ambientales y de saneamiento básico para el manejo final
de las aguas negras. La Sala consideró que si bien le correspondía a EPM
prestar el servicio público de acueducto a los accionantes y no a los vecinos,
quienes de forma solidaria les estaban suministrando el agua potable que éstos
requerían, su actuación no devenía en arbitraria porque había expuesto criterios
jurídicos razonables para negarse a la instalación de las redes de acueducto a
dicho inmueble, ante la inexistencia de redes de alcantarillado que permitieran
el correcto manejo y disposición final de las aguas negras de los predios a los
que prestaría sus servicios. La Corte agregó que también era obligación de la
empresa defender el medio ambiente sano. Por las anteriores razones, la Sala
ordenó al propietario del inmueble realizar los ajustes técnicos para
conectarse al servicio público de alcantarillado; ordenó a EPM que informara a
las autoridades ambientales respectivas el presente caso, con el fin de que
éstas dentro de la órbita de sus competencias, impusieran las sanciones
correspondientes en caso de que el actor no cumpliera con lo dispuesto por esta
Corporación; y señaló que una vez realizadas las adecuaciones técnicas, EPM
debía conectar el servicio público de acueducto. De esta manera, protegió los
derechos al agua potable y al medio ambiente.
Por
último, la Sentencia T-916 de 2011[18],
se estudió el caso de una madre que interpuso acción de tutela en nombre
propio y en representación de su hijo menor de 18 años, en contra del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga y la Alcaldía del municipio San Juan Girón
(Santander), por considerar que le estaban vulnerando sus derechos
fundamentales, debido a que no les estaban suministrando el servicio público de
agua potable con la periodicidad, la eficiencia, cantidad y calidad que
requieren para su subsistencia y la de su núcleo familiar. En esta ocasión la
Sala tuteló los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al municipio
de San Juan de Girón  realizar una gestión activa junto al AMB para de esta
forma, garantizar de manera definitiva el derecho al agua potable de los
accionantes de manera eficiente y continua, y de conformidad con las
competencias asignadas a los entes territoriales en la Constitución y en la
ley.
En
resumen, la protección del derecho fundamental al agua, en su contenido de
aseguramiento para el consumo humano (i) hace parte del núcleo esencial del
derecho a la vida en condiciones dignas y (ii) la prestación del servicio de
acueducto implica una corresponsabilidad entre varios actores y un compromiso
frente al medio ambiente.
2.5.
EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
El artículo 2º de nuestra
Constitución Política señala que uno de los fines esenciales del Estado es
servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Entre los instrumentos
más eficaces con los que cuenta el Estado para dar cumplimiento a esos deberes
sociales se encuentra la debida prestación de los servicios públicos[19].
De igual forma, la Constitución
en el título XII, capítulo 5º, denominado “De la finalidad social del Estado
y de los servicios públicos”, contempla lo relacionado con la prestación
eficiente de los servicios públicos, dentro de los cuales están los llamados "Servicios
domiciliarios".
Por su parte, el artículo 365
de la Constitución dispone que es deber del Estado asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio
nacional y que dichos servicios pueden ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero que en
todo caso el Estado debe mantener la regulación, el control y la vigilancia de
ellos.
Siguiendo con el mismo
lineamiento la Ley 142 de 1994[20],
en su
artículo 15, numeral 15.1 y 15.3, indica que están autorizados
para la prestación de los servicios públicos, las empresas prestadoras de
servicios públicos y los municipios cuando
asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación
de los servicios públicos. Así mismo, el numeral 14 de la misma ley
aclara que la prestación directa de un servicio público por un municipio es la
que asume éste bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con
su patrimonio.
Ahora bien, la precitada Ley 142, en su artículo 14
establece que los servicios públicos domiciliarios son los servicios “de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica
conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible” (negrilla
fuera del texto).  Mientras que, el numeral 5.1 del artículo 5°, de la
misma ley dispone que es competencia de los municipios “asegurar que se
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en
los casos previstos”. El artículo 367 ibídem dispone que “los servicios
públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y [que] los departamentos cumplirán
[funciones] de apoyo y coordinación”.
Por otro lado, esta Corte ha
precisado en sentencias como T-578 de 1992[21]
y T-022 de 2008[22],
que los servicios públicos domiciliarios “son aquellos que se prestan a
través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las
viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica
de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”[23] y ha
señalado las siguientes características relevantes para su
determinación:
“a) El servicio público
domiciliario -de conformidad con el artículo 365 de la Constitución-, puede ser
prestado directamente o indirectamente por el Estado, por comunidades
organizadas o por particulares, manteniendo éste la  regulación, el control y
la vigilancia de los servicios.
b) El servicio público domiciliario tiene un
"punto terminal" que son las viviendas o los sitios de trabajo de los
usuarios, entendiendo por usuario "la persona que usa ciertos servicios,
es decir quien disfruta el uso de cierta cosa".
c) El servicio público
domiciliario está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las
personas en circunstancias fácticas, es decir en concreto. Así pues, no se
encuentran en estas circunstancias el uso del agua destinado a urbanizar un
terreno donde no habite persona alguna”.
De otro lado, el artículo 4º y
el numeral 21 del el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 expresan que el
alcantarillado es un servicio público domiciliario esencial y el numeral 23 de
la misma norma lo define en los siguientes términos:
“Es la recolección municipal
de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.
También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte,
tratamiento y disposición final de tales residuos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación desde
sus primeros pronunciamientos ha manifestado que el derecho al servicio de
alcantarillado debe ser considerado como un derecho susceptible de ser
protegido por medio de la acción de tutela, cuando su ineficiente prestación o
ausencia afecte de manera notoria derechos y principios constitucionales
fundamentales, como  lo son la dignidad humana, la vida, la salud o derechos de
personas en situación de vulnerabilidad. [24]
Al respecto, la Sentencia T-207 de 1995, señaló:
“En abstracto, se ha probado hasta  la saciedad que la
falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de
excretas constituye un factor de gran riesgo  para la salud de la comunidad que
soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de
los derechos  a la salud y a la vida[25].
En palabras de la Corte Constitucional, “El agua constituye fuente de vida y la
falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de
las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad
pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser
objeto de protección a través de la acción de tutela”[26].
(…)
En ese orden de ideas, en abstracto, está plenamente
probada la amenaza del derecho fundamental a la salud y a la vida cuando una
persona se encuentra residiendo en un sector en el cual no hay adecuada
disposición de excretas; sin embargo, la amenaza o violación del derecho
fundamental en casos como los planteados, así como la negligencia de la
administración en la solución del problema que causa la antecitada amenaza o
violación, tiene que ser apreciada por el juez de tutela en el caso en
concreto. Dada la constatación  en abstracto de la amenaza a la vida por la
inexistencia de un sistema de alcantarillado, el juez de tutela sólo tendría
que determinar: a) contaminación ambiental; b) afección directa de la
contaminación al accionante”.
De igual forma, esta Corte en T-162 de 1996[27], indicó:
"La adecuada prestación del servicio público de
alcantarillado, es una de las formas en que se pueden alcanzar las metas
sociales del Estado colombiano. Pero, si mediante este servicio se afectan en forma
evidente derechos fundamentales de las personas, como puede ser el caso de la
vida, la salud y la dignidad humana, entonces quienes se consideren lesionados
podrán hacer uso de las acciones constitucionales y legales pertinentes para
exigir el acatamiento de las responsabilidades que la Carta le ha asignado al
Estado. Dentro de esas acciones deben resaltarse la de cumplimiento (art. 87
C.P.) y la de tutela.
En el mismo sentido, esta Corporación en Sentencias
como la  T-022 de 2008[28]
y la T- 734 de 2009[29],
señaló:
“Excepcionalmente la orden del juez de tutela puede
corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando tal conducta implica
la violación directa o por conexidad de un derecho fundamental.
(…)
La acción de tutela dirigida a obtener obras de
alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa
judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una
violación o amenaza directa al derecho  fundamental de la persona que interpone
la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la
omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en
estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de
economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones
populares”.
En síntesis, (i) el derecho al servicio de
alcantarillado es susceptible de ser protegido por medio de la acción de
tutela, cuando su ineficiente prestación o ausencia afecte de manera notoria
derechos y principios constitucionales fundamentales, (ii) en estos casos la
acción de tutela orientada a obtener obras de alcantarillado no se torna
improcedente por el simple hecho de que existan otros medios de defensa
judiciales, como las acciones populares, cuando se demuestre que hay una
violación o amenaza directa al derecho  fundamental de la persona que interpone
la acción de amparo y que, (ii) en esos casos la intervención del juez de
tutela es excepcional, pues se presenta una unidad de defensa de los derechos,
lo que justifica la prevalencia del amparo constitucional.
2.6.
LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL ESTADO
Como se mencionó con anterioridad, el artículo 365
Superior establece, entre otros aspectos, que (i) la prestación de
los servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado; (ii)
la prestación eficiente de los servicios públicos, a todos los habitantes del
territorio nacional, constituye un deber estatal; y (iii) la prestación
de dichos servicios públicos estará sometida al régimen jurídico que fije la
ley.
Por su parte, el artículo 366 señala que son
objetivos fundamentales de la actividad estatal, la solución de las necesidades
básicas insatisfechas de la población en materia de saneamiento ambiental y
agua potable, entre otras. Estos objetivos se concretan, por ejemplo, en la
destinación específica de las transferencias que la Nación hace a las entidades
territoriales a través de Sistema General de Participaciones, a la prestación y
ampliación de cobertura de los servicios públicos domiciliarios de agua potable
y saneamiento básico, entre otros (inciso 4 del artículo 356, modificado por el
Acto Legislativo 4 de 2007).
Finalmente, los artículos 367 al 370 establecen,
entre otros aspectos, que las condiciones, competencias y responsabilidades en
la prestación de los servicios públicos domiciliarios se someterán a la ley que
regule todo lo concerniente a esta materia.
Con
fundamento en el marco constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley
142 de 1994[30]
“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”; este régimen legal
desarrolla las condiciones, competencias y responsabilidades respecto a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios (artículos 367 a 370
Superiores).
Específicamente,
en lo atinente a las responsabilidades que tienen las personas jurídicas y
naturales en el aseguramiento de los fines previstos en la Constitución y en la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, esta normativa
contempla como responsables (i) al Estado y a los municipios, (ii)
a las empresas prestadoras de los servicios públicos y (iii) a los
urbanizadores.
En primer lugar, el Estado
es el responsable de la prestación de los servicios públicos, ya sea en forma directa
o indirecta a través de comunidades organizadas o los particulares. Sin
embargo, en cualquier caso, el Estado mantiene su facultad de regulación,
control y vigilancia en la prestación de dichos servicios (inciso 2 del
artículo 365 Superior).
Ahora,
en cumplimiento de este deber constitucional, el artículo 2 de la Ley 142 de
1994 establece lo siguiente:
“El
Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de
competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos
334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:
(...)
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en
materia de agua potable y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito
o de orden técnico o económico que así lo exijan.
Prestación eficiente”.
Específicamente,
en lo atinente a la intervención del Estado, el artículo 370 Superior confiere
al Presidente de la República dos importantes funciones, éstas son: (i)
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y (ii)
ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
En
cuanto a la responsabilidad de los entes territoriales en la efectiva
prestación del servicio público de acueducto, el artículo 5 de la Ley 142
asigna, entre otras, las siguientes responsabilidades:
“(…) Es competencia de los
municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los
concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente (…)
(…)
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos
descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los
departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia (…)”
En segundo lugar, cuando los
servicios públicos domiciliarios son prestados indirectamente por particulares,
entre los que se encuentran las empresas, su obligación principal en el
contrato de servicios públicos, es la prestación continua de un servicio de
buena calidad.
No obstante, para el cumplimiento de dicha obligación,
deben darse unas condiciones previas para la prestación del servicio público,
específicamente en lo atinente al servicio de acueducto y alcantarillado; al
respecto, el artículo 7 del Decreto 302 de 2000, modificado por
el Decreto 229 de 2002, establece:
“Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener
la conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá
cumplir los siguientes requisitos: (…)
7.1 Estar ubicado dentro del perímetro de servicio,
tal como lo dispone el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997.
7.2 Contar con la Licencia de Construcción cuando se
trate de edificaciones por construir, o la cédula catastral en el caso de obras
terminadas.
7.3 Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de
acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas
para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan
atender las necesidades del inmueble (...)”
En tercer lugar, los
urbanizadores y/o constructores, de conformidad con el artículo 8° del
Decreto 302 de 2000 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado”, tienen las siguientes obligaciones a su cargo:
“Construcción de redes locales. La construcción de las
redes locales y demás obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al
sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los
urbanizadores y/o constructores; no obstante, la entidad prestadora de los
servicios públicos podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo de las
mismas será asumido por los usuarios del servicio.
Las redes locales construidas serán entregadas a la
entidad prestadora de los servicios públicos, para su manejo, operación,
mantenimiento y uso dentro de sus programas locales de prestación del servicio,
exceptuando aquellas redes que no se encuentren sobre vía pública y que no
cuenten con la servidumbre del caso.
Parágrafo. Cuando la entidad prestadora de los servicios públicos no ejecute la
obra, exigirá una póliza de estabilidad por cuatro o más años para garantizar
la estabilidad de las redes locales”
Por su parte, el numeral 30 del
artículo 3 del Decreto 302 de 2000 define la red local de acueducto como “…el
conjunto de tuberías y accesorios que conforman  el sistema de suministro del
servicio público de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las
acometidas de los inmuebles”.
En síntesis, en un principio el Estado
tiene la obligación constitucional de prestar eficientemente los servicios
públicos domiciliarios, ya sea  de forma directa o indirecta a través de
entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en cualquier caso el
Estado mantiene la facultad de regulación, control y vigilancia de dichos
servicios, lo anterior con la finalidad de que sean prestados de manera
eficiente a todos los ciudadanos.
2.7.
CASO CONCRETO
2.7.1. Hechos Probados
Antes de avocar el estudio de los
supuestos fácticos para acoger o desestimar las pretensiones de los
accionantes, es pertinente referirse a los hechos que se encuentran debidamente
probados en el presente caso y que a continuación se resumen:
2.7.1.1.
La EAAB dando respuesta a los
cuestionamientos realizados por esta Sala mediante auto del 1 de febrero de
2013, indicó que la viabilidad de la conexión del servicio de acueducto y
alcantarillado a las 330 viviendas de interés prioritario ubicadas en el barrio
Brazuelos, Sector Santo Domingo, requirió de un proceso interinstitucional el
cual, una vez surtido demostró la viabilidad de la prestación del servicio.
2.7.1.2.
Mediante oficio allegado a
esta Corporación el 11 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Planeación
Territorial, indicó que “el proyecto de construcción de las 330 VIP se
localiza dentro del desarrollo Brazuelos Sector Santo domingo de la Localidad
de Ciudad Bolívar, el cual fue legalizado por la Resolución No. 017 de enero 22
de 1999, cuyo plano aprobado se identifica con el No. CB65/4-15, documentos en
los cuales se definieron sus linderos, zonas de uso público, predios privados y
áreas con restricciones urbanísticas. En consecuencia, el citado barrio
se ubica dentro del perímetro urbano fijado por el POT de la ciudad”.
2.7.1.3.
Se constató que sí existe una
solución técnica que hace viable la prestación del servicio, la cual es la
conexión efectiva a las redes oficiales de la EAAB, para lo cual la Gerencia
del Sistema Maestro ha estudiado el sector contemplando las áreas de drenaje
del desarrollo Brazuelos para entregar al Interceptor Tunjuelo Alto Derecho.
2.7.1.4.
La empresa de Acueducto,
mediante oficio No. 24200-2012-1780 del 28 de agosto de 2012, solicitó a la
autoridad ambiental que el vertimiento sea incluido dentro del horizonte del
PSMV al año 2017.
2.7.2. ANÁLISIS DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES.
2.7.2.1. Procedencia de la acción de tutela
Los actores afirman que se les están vulnerando sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda
digna, a un ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la
dignidad humana, toda vez que la EAAB se niega a autorizar la instalación del
servicio definitivo de acueducto y alcantarillado en las trescientas treinta
(330) nuevas viviendas de interés social que con licencia de construcción construyó
la empresa ARPRECO S.A.S en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de
Bogotá.
No obstante, los jueces de instancia
niegan por improcedente la protección invocada por los actores aduciendo que la
medida de la EAAB, fue expedida conforme al principio de respeto del bien común
sobre el bien particular de los demandantes y si existe inconformidad con la
decisión de la empresa, los accionantes deben acudir a otro mecanismo judicial
de protección de sus derechos.
La procedencia de la acción de tutela
cuando estén involucrados derechos colectivos debe examinarse a la luz de los
derechos subjetivos que se encuentren en juego y de los cuales exista prueba de
su vulneración. Si bien las pretensiones de los actores benefician al resto de
la comunidad que se hallen en su misma circunstancia, este hecho no excluye la
procedencia de la acción constitucional, pues el problema jurídico versa sobre
la afectación del derecho subjetivo individual de los peticionarios al servicio
de alcantarillado y agua potable. Lo anterior, se fundamenta en el hecho de que
la jurisprudencia de esta Corte[31] ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación de un
derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
Ahora bien, como se expuso en la parte
considerativa de esta providencia, la
acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente
por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones
populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al
derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación
tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración
que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una
unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de
prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares.
Por otro lado, en cuanto al principio de inmediatez,
se encuentra acreditado, toda vez que la situación que dio origen a esta acción
persiste, puesto que aún la EAAB no ha instalado el servicio de acueducto y
alcantarillado a las 330 viviendas de interés prioritario ubicadas en el barrio
Brazuelos, Sector Santo Domingo.
2.7.2.2. Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del Señor Héctor Lizcano Salcedo y otros.
En el presente caso los accionantes, están viendo
vulnerados sus derechos fundamentales al servicio de alcantarillado y agua
potable debido a la negativa por parte de la EAAB de instalar los medidores
para una prestación eficiente de dichos servicios.
En efecto, de las pruebas obrantes dentro del
expediente se puede evidenciar la negativa de la empresa accionada de instalar
el servicio de agua potable y alcantarillado, pues las aguas que según el
diseño aprobado debían llegar al río Tunjuelo, estaban siendo esparcidas
indiscriminadamente sobre el parque Cantarrana, que es zona de manejo y
preservación ambiental de Bogotá.
Sin embargo, de las pruebas allegadas en sede de
revisión, este despacho pudo concluir que la EAAB ha realizado las gestiones
pertinentes ante Planeación Distrital, FOPAE y la Secretaría de Ambiente para
cerciorarse de la viabilidad de extender el servicio de acueducto y alcantarillado
a las 330 viviendas de interés prioritario ubicadas en el barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo. Después de analizar las respuestas enviadas por las anteriores
entidades, la EAAB informó que el proceso interinstitucional demostró la
viabilidad de la prestación del servicio, por lo que se ha superado la negativa
y es factible la instalación del servicio público de acueducto y alcantarillado.
De igual forma, la entidad accionada solicitó a la
Secretaría de Ambiente mediante oficio
No. 24200-2012-1780 del 28 de agosto de 2012, la inclusión del vertimiento
dentro del horizonte del PSMV al año 2017. Situación que permite concluir que
sí existe una solución al impacto ambiental, tal como lo expresó la accionada
en el oficio allegado a este despacho “la solución técnica que hace
viable la prestación del servicio es la conexión efectiva a las redes oficiales
de la EAAB, para lo cual la Gerencia del Sistema Maestro ha estudiado el sector
contemplando las áreas de drenaje del desarrollo Brazuelos para entregar al
Interceptor Tunjuelo Alto Derecho”.
Ahora bien, esta Sala advierte que aunque la EAAB
autoriza la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado a las 330
viviendas de interés prioritario del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, la
Constructora ARPRECO S.A.S debe cumplir con las observaciones y requerimientos
realizados por la accionada con la finalidad de adelantar las obras, de lo
contrario, no sería posible la instalación del servicio.
Dichos requerimientos son, entre otros: (i) las
medidas entre los registros de corte y bola para la instalación del medidor no
cumplen con la norma, razón por la cual está pendiente adecuar punta de tubo
para la instalación de las acometidas definitivas de ¾ de los multifamiliares
46,47,48 y 49, (ii) una vez el constructor realice el pago, se procederá a
realizar la ejecución de las acometidas de acueducto en el terreno y, (iii)
deberá el constructor solicitar visita de recibo de obras para la aprobación de
las instalaciones para las unidades habitacionales restantes tan pronto como se
encuentren las obras terminadas en el terreno, conforme con la normativa de la
EAAB.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que
en la actualidad sí existe vulneración a los derechos fundamentales de los
accionantes por parte de la empresa accionada, por cuanto las 330 viviendas de
interés prioritario, en la actualidad no cuentan con los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Aunque se resalta, que la EAAB
autorizó y verificó junto a las entidades competentes la viabilidad de la
prestación del servicio.
Lo anterior se fundamenta, como se afirmó en la parte
considerativa de esta jurisprudencia, en el hecho de que el servicio de
alcantarillado y de agua potable tienen el carácter de fundamental, cuando su
ineficiente prestación o ausencia de estos, afecta de manera notoria derechos y
principios constitucionales fundamentales, situación que se evidencia en el
caso objeto de estudio.
2.8.
CONCLUSIÓN
En definitiva, el servicio público de
alcantarillado y agua potable no es un derecho ilimitado ni absoluto, y las
condiciones para su prestación se encuentran establecidas en la Ley 142 de
1994, sus leyes modificatorias y decretos reglamentarios. Teniendo en cuenta el
régimen legal sobre la materia y las responsabilidades que para la buena
prestación del servicio se exigen a determinadas personas naturales y
jurídicas, esta Sala constató que (i) la EAAB negó la instalación del
servicio de acueducto y alcantarillado, porque las redes de alcantarillado y
las aguas residuales que según el diseño original debían drenar en el río
Tunjuelo, drenaban en el parque Cantarrana, que es una zona de preservación ambiental;
(ii) no obstante, de las pruebas allegadas en sede de revisión, se
constató que la EAAB ordenó la instalación definitiva del servicio en las 330
viviendas, pero indicó que se hacía necesario que el constructor realizara
adecuaciones técnicas; (iii) igualmente el Distrito mantuvo una conducta
pasiva ante la problemática ambiental que se presentaba en el sector por la
conexión errada de las redes de alcantarillado que producían vertimiento en el
parque Cantarrana, el cual es  considerado reserva natural.
La Sala observa que en la actualidad es viable la
prestación del servicio y, existe una solución técnica para que las aguas no
sean vertidas en el parque Cantarrana y se proteja el medio ambiente, la cual
es la conexión efectiva de las redes oficiales de la EAAB, para lo cual la
Gerencia del Sistema Maestro ha estudiado el sector contemplando las áreas de
drenaje del desarrollo Brazuelos para entregar al Interceptor Tunjuelo Alto
Derecho.
Por esta razón, se ordenará a la constructora Arpreco S.A.S que en un
término no superior a cuatro (4) meses, realice las adecuaciones técnicas
necesarias requeridas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) en el Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, tal y como quedo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, con la finalidad de que se
pueda realizar la efectiva instalación del servicio a las 330 viviendas de
interés prioritario, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el
medio ambiente.
También se ordenará a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que una vez verifique que el constructor Arpreco
S.A.S realizó las adecuaciones técnicas en el barrio Brazuelos, Sector
Santo Domingo, proceda a conectar el servicio público de acueducto y
alcantarillado y, a suscribir el respectivo contrato de condiciones uniformes
con los accionantes, en un tiempo no superior a  cuatro (4) meses, contados a
partir del momento en que el constructor culmine las adecuaciones técnicas a
que haya lugar.
Además, La Secretaria Distrital de
Ambiente de Bogotá D.C. deberá realizar una gestión activa junto a la EAAB para
garantizar que la conexión al servicio público de acueducto y alcantarillado de
las 330 viviendas del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo no genere ningún
impacto ambiental negativo.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos
mil doce (2012), por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, que
confirmó la decisión de primera instancia proferida el veintitrés (23) de mayo
de dos mil doce (2012) por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de
Bogotá, en el trámite de la acción de tutela incoada por Héctor Lizcano Salcedo
y otros, contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En su lugar
CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la
salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un ambiente sano, a un adecuado
servicio de alcantarillado y a la dignidad humana de Héctor Lizcano Salcedo y
los otros accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la constructora Arpreco S.A.S que en un
término no superior a cuatro (4) meses, realice las adecuaciones técnicas
necesarias requeridas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) en el Barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, tal y como quedo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, con la finalidad de que se
pueda realizar la efectiva instalación del servicio a las 330 viviendas de
interés prioritario, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el
medio ambiente.
TERCERO.- ORDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) que una vez verifique que el constructor Arpreco S.A.S realizó
las adecuaciones técnicas en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo, a las
que se hizo referencia en el numeral SEGUNDO de esta providencia, proceda a
conectar el servicio público de acueducto y alcantarillado y, a suscribir el
respectivo contrato de condiciones uniformes con los accionantes. Lo anterior no
deberá exceder el término de  cuatro (4) meses, contados a partir del momento
en que el constructor culmine las adecuaciones técnicas a que haya lugar. La
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. deberá realizar una gestión
activa junto a la EAAB para garantizar que la conexión al servicio público de
acueducto y alcantarillado de las 330 viviendas del barrio Brazuelos, sector
Santo Domingo no genere ningún impacto ambiental negativo.
CUARTO.- INSTAR, a la Secretaria Distrital de
Ambiente de Bogotá D.C., para que verifique que la prestación del servicio
público de acueducto y alcantarillado, cumple con los lineamientos exigidos para
preservar el medio ambiente, con apoyo, entre otros, del concepto técnico que
emita la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.
Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese
en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentenia T-584 de 2012, MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] Sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de
2001,  T-288 de 2007 y T-659 de 2007
[3] Sentencia T-710 del 15 de julio de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[4] En el mismo sentido pueden consultarse entre otras las sentencias SU-
257 de 1997, T- 576 de 2005, SU-1116 de 2001.
[5] Sentencia T-659 de 2007.
[6] El bloque de constitucionalidad es el término jurídico que se utiliza
para referir que la Constitución no sólo está integrada por el articulado que
formalmente figura en ella, sino que también la conforman otras disposiciones
que reúnan las siguientes características: (i) que se encuentren establecidas
en tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, y (ii) que
reconozcan un derecho humano y (iii) que su limitación esté prohibida en los
estados de excepción.
[7] Un resumen detallado de los casos en que la Corte Constitucional en sede de tutela ha amparado el derecho fundamental al agua puede
hallarse en la sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-220 del 29 de marzo de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[9] Un resumen detallado de los casos en los que la Corte Constitucional en sede de tutela ha amparado el derecho fundamental al agua puede
hallarse en la sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[10] La Corte señaló lo siguiente en la sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa: “Hay dimensiones del derecho que generan obligaciones de
respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son titulares las
personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones de las fuentes
hídricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo de agua de las
futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de protección del
derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual.”
[11] Ver las sentencias T-270 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-888 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-546 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; T-616 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[12] Cfr. sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[13] Ver Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas.
[14] La Corte señaló algunos ejemplos de estos dos tipos de obligaciones en
la sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, de la siguiente
manera:
“3.5.6. Como
se indicó, las obligaciones derivadas del derecho fundamental al agua pueden
implicar facetas positivas, que demanden medidas complejas por parte del
Estado, como la realización de obras, o facetas negativas, que supongan la
abstención por parte de la Administración. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
3.5.6.1. Como
ejemplo de protección a una faceta positiva del derecho, puede citarse la
reciente sentencia T-974 de 2009, en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida y la salud de una comunidad que se veía
afectada ante las constantes inundaciones producidas por el desborde del río La Vieja. Los tutelantes alegaban que la no construcción de un colector interceptor de
alcantarillado que evita la salida directa de las descargas al Río y la falta
de mantenimiento de unos diques de protección en el mismo, eran la causa de las
inundaciones que pongan en peligro los mencionados derechos constitucionales. La Corte Constitucional decidió conceder la acción de tutela, considerando que  (i) desde hacía
más de 3 décadas –desde mediados de los años 70 del siglo pasado– la Administración conocía el problema y había decidido tratarlo;  (ii) que las normas, tanto
constitucionales y legales como reglamentarias, territoriales y convencionales
imponían el deber de tomar medidas; y (iii) que los derechos de los accionantes
estaban en riesgo.
3.5.6.2.
También se han tutelado facetas negativas del derecho al agua. La Corte consideró que se había irrespetado el derecho a acceder al agua, incluso en el caso de
predios rurales, no urbanos, cuando por actos positivos de la Administración, así se encontraran justificados, se había afectado el acceso al agua a las
personas que habitan permanente o temporalmente en los mismos. Así ocurrió, por
ejemplo, en la sentencia T-381 de 2009, caso en el que, luego de reconocer el
impacto que una obra había tenido sobre el acceso a fuentes de agua para los
predios de los tutelantes, la Corte resolvió ordenar que se adoptaran las
medidas adecuadas y necesarias para asegurar que el problema encontrara una
solución definitiva.”
[15] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[17] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19] Ver sentencia T-472 de 1993.
[20] “Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
[21] MP, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[22] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] Ver sentencias T-578 de 1992 y T-022 de 2008.
[24] Sentencia T-406 de 1992, MP, Dr. Ciro
Angarita Barón y T- 734 de 2009, MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[25] Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992.
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 1992.
[27] MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[29] MP, Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio.
[30] Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 1641 de 1994. Reglamentada por los Decretos Nacionales 3087 de 1997,
302 de 2000, 556 de 2000, 421 de 2000, 847 de 2001. Adicionado por la Ley 689 de 2001.
Reglamentada por el Decreto
Nacional 1713 de 2002. Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 549 de 2007.
[31] Sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de
2001,  T-288 de 2007 y T-659 de 2007