C-545-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-545/08
FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS CONGRESISTAS-Determinación/FUERO CONSTITUCIONAL DE
ALTOS DIGNATARIOS DEL ESTADO-Procedimientos en procesos especiales pueden
apartarse de los ordinarios sin que impliquen discriminación/CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-Competencia para juzgar a altos funcionarios del Estado/JUZGAMIENTO
POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Procedimiento de única instancia
El numeral 3º del artículo 235 consagra la
atribución de la Corte Suprema de Justicia de investigar y juzgar a los
miembros del Congreso, estableciendo de manera expresa un fuero para esos altos
dignatarios del Estado, que lleva a que sean investigados y juzgados por el
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria mediante un procedimiento de única
instancia, generando a su favor dos ventajas: “la primera, la economía
procesal; la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por
los jueces o tribunales inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de
ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la sentencia. Además de
señalar que el fuero de los altos dignatarios del Estado busca preservar la
autonomía y la independencia de los funcionarios amparados por el mismo, esta
corporación ha puntualizado, que los procesos especiales que contra ellos se
adelanten pueden apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en
la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación alguna.
JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Juzgamiento
en única instancia
La acción penal contra los miembros del
Congreso se adelanta en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, correspondiéndole
a ésta asumir la instrucción y el juicio, es decir, ejercer todo el ius
puniendi del Estado, cuando de los miembros del Congreso se trate, a quienes el
Constituyente les ha otorgado un fuero constitucional especial, señalando que
ese alto tribunal no sólo es su juez natural, distinto del correspondiente a
los demás ciudadanos, sino que la instrucción debe adelantarse en esa sede.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA DEL
CONGRESO-Para determinar la
estructura del procedimiento judicial a emplear en los casos de los aforados
Al no ser comparable la situación procesal
y el fuero subjetivo que se confiere a los altos dignatarios de la rama
legislativa, frente a otros altos servidores públicos y con lo procedente ante
los investigados y juzgados en el proceso penal ordinario, el legislador
contempla procedimientos distintos, palmariamente con garantías diferentes a
las contempladas en aquél, situación que como ha establecido esta corporación,
se fundamenta en el derecho al ejercicio legítimo de la potestad de
configuración legislativa y, para el caso, en lo contemplado en el artículo
150-2 superior, siendo posible que autónomamente determine la estructura del
procedimiento judicial a emplear en los casos de los aforados juzgados e
investigados por la Corte Suprema de Justicia, en estricto cumplimiento de la
preceptiva constitucional.
JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-La
dual función investigadora y juzgadora de la Corte Suprema de Justicia no
afecta las garantías fundamentales de los Congresistas
La distinción del procedimiento aplicable
para la investigación y el juzgamiento de los miembros del Congreso,
concentrando esas funciones en una sola corporación, además de ser hoy un
precepto constitucional de ineludible acatamiento, donde la prescindencia de algunas
manifestaciones procesales existentes en el diligenciamiento común, es suplida
por la presteza de la actuación y la preponderancia y pluralidad de los
jurisperitos que participan en la actuación y decisión, lo que no implica, que
dichos sujetos pasivos de la acción penal no gocen de las debidas garantías
procesales que deben rodear a toda persona vinculada a una investigación penal,
ni que haya contraposición con los artículos 13 y 29 de la Carta Política, ni
con los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos en los
cuales Colombia es un Estado parte; por el contrario, aunado a esas seguridades
cuentan con el privilegio de que toda la actuación que curse en su contra se
adelante por una pluralidad de juristas de reconocida probidad y la más elevada
preparación y experiencia en la especialidad, de manera que asegura la
ecuanimidad y resguarda la incolumidad en la correcta aplicación del derecho,
lejos de circunstancias ajenas al proceso.
GARANTIA
DE IMPARCIALIDAD DEL JUEZ-Alcance
En el universo jurídico y político se ha
considerado tradicionalmente que la imparcialidad está suficientemente
garantizada con la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no
se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los
sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse
impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales
previstas al efecto.
IMPARCIALIDAD
OBJETIVA-Concepto/IMPARCIALIDAD
OBJETIVA-Pretende la separación del funcionario de instrucción y de
juzgamiento
El concepto de imparcialidad objetiva que
ha venido siendo asumido en el ámbito internacional, no se predica del
quebrantamiento que devendría de la relación que el juez haya tenido o conserve
con las partes, sino en lo que respecta al objeto del proceso. Lo que se busca con la amplificación de la imparcialidad
también hacia su acepción objetiva es, en un cambio meramente procedimental,
evitar que el funcionario que acopió los elementos necesarios en el
adelantamiento de una actuación, que le llevó verbi gratia a proferir una
resolución de acusación, al haber estado en contacto con las fuentes de las
cuales procede su convicción, la mantenga, entendiblemente ligado por
preconceptos que para él han resultado sólidos. Esto se evita, con la
separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento, de forma que la
convicción que el investigador se haya formado previamente no se imponga en las
decisiones que se adopten en el juicio, al quedar éstas a cargo de un servidor
judicial distinto e independiente de aquél, con lo cual, también y
especialmente, el sujeto pasivo de la acción penal superará la prevención de
que su causa siga encaminada hacia tal o cual determinación final.
GARANTIA
DEL JUEZ IMPARCIAL EN DERECHO COMPARADO-Italia
GARANTIA
DEL JUEZ IMPARCIAL EN DERECHO COMPARADO-España
GARANTIA
DEL JUEZ IMPARCIAL EN DERECHO COMPARADO-Argentina
INVESTIGACION
Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Escisión de las funciones de investigación
y juzgamiento dentro de los miembros de la corporación investida de la
competencia integral
Como la carta política sigue
avalando y obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a
los Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier
actividad previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en
Colombia una vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a
las evoluciones internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el
bloque de constitucionalidad. Así entonces, si bien el aparte demandado del artículo 533 de la Ley
906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la
expedición de esta providencia, para efectos de los procesos adelantados contra
quienes ostenten la calidad de aforados conforme al artículo 235.3 superior,
por conductas punibles cometidas con posterioridad a la misma, el legislador
adopte en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 ibidem las
medidas necesarias para que sea separada, dentro de la misma Corte Suprema como
juez natural en estos casos, la función de investigación de aquella
correspondiente al juzgamiento.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos modulativos
Precisa la Corte Constitucional que dicho cambio de
percepción, de naturaleza estrictamente procedimental, no tendrá ni podría
tener efectos retroactivos, ni dará lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, en procesos que se hayan adelantado o estén en curso en la Corte
Suprema de Justicia bajo el modelo vigente, ni los que no se hayan iniciado por
delitos cometidos con anterioridad a la fecha de esta sentencia, como tampoco a
la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS
POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Previsión de régimen de transición
El legislador establecerá el respectivo
régimen de transición, si lo estima pertinente, acatando los efectos erga omnes
y no retroactivos de esta sentencia, frente a delitos cometidos con
anterioridad a su expedición, así aún no estén siendo investigados.
Referencia: expediente D-6960
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 533 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”
Demandantes:
Juan Carlos Mahecha Cárdenas
John Harvey Pinzón Navarrete
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C., veintiocho
(28) de mayo de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los
artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos Juan Carlos
Mahecha Cárdenas y John Harvey Pinzón Navarrete demandaron el artículo 533 (parcial)
de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante auto de
octubre 5 de 2007, el Magistrado sustanciador admitió la demanda de la
referencia y ordenó su fijación en lista, al tiempo que dispuso dar traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la
iniciación del asunto a los señores Presidentes de la República y del Congreso,
Ministro del Interior y de Justicia y Fiscal General de la Nación, al igual que
a la Corte Suprema de Justicia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las facultades de derecho de las
Universidades Javeriana, Externado de Colombia, Industrial de Santander, de
Antioquia, del Rosario, Santo Tomás y Nacional de Colombia, con el objeto de
que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de la norma
demandada.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la Corte
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMA
DEMANDADA.
A continuación
se trascribe el texto de la norma demandada, resaltando los apartes acusados.
“LEY
906 DE 2004
(agosto
31)
Diario
Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004
Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
El
Congreso de la República
DECRETA
…
…   …
LIBRO VII
RÉGIMEN DE IMPLEMENTACIÓN
… … …
CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 533. Derogatoria y vigencia. El presente
código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del
año 2005. Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán
en vigencia a partir de su publicación.”
III. LA
DEMANDA.
Los actores consideran
que el precepto demandado vulnera el derecho a la igualdad, al consagrar un
trato diferente para el procedimiento aplicable a la investigación y juzgamiento
de los Congresistas por la Corte Suprema de Justicia.
Señalan que el
Estado colombiano adoptó un sistema penal acusatorio con el Acto Legislativo 03
de 2002, que “se tradujo” en la expedición de la Ley 906 de 2004, de
modo tal que “conforme a la competencia de poder de reforma de la
Constitución, el Congreso de la República transformó el ejercicio de la
potestad punitiva del Estado, adoptando un sistema propio para investigar y
juzgar las causas criminales”.
Recuerdan que el
inciso 1º del artículo 116 de la Constitución establece quienes administran
justicia, entre estos, la Corte Suprema, que según el artículo 235 numeral 3º ibidem,
tiene dentro de sus atribuciones la de investigar y juzgar a los miembros del
Congreso, sin reglamentar el procedimiento, como quiera que “la norma se
limitó a fijar una cláusula de competencia respecto de una concreta función de
rango constitucional”.
Plantean que
aunque por el citado Acto Legislativo se adoptó un único sistema para las
causas criminales, el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 “dejó abierta la
posibilidad de que en el Estado Colombiano subsistan dos sistemas procesales
penales completamente diferentes, uno de corte inquisitivo y el otro de corte
Acusatorio”, siendo aplicado el primero de ellos “y por querer de la
sola Ley”, a los procesos adelantados contra los miembros del Congreso de
la República.
De esta forma, indican
que ese “trato diferenciado y derivado de la sola ley” carece de un
fundamento constitucional, por lo que vulnera el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, como quiera que “a pesar de
que la norma acusada regula una situación jurídica y fáctica diferente, el
trato diferenciado adoptado por el legislador no encuentra una verdadera y
razonada justificación, siendo por tanto la medida adoptada por la Ley,
desproporcionada y contraria a los preceptos constitucionales”.
Tomando como
referente un libro de un autor colombiano contemporáneo, fundan su
argumentación en que el principio y derecho a la igualdad impone el deber al
Estado de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y ventajas
sociales se distribuyan equitativamente, concretándose en cuatro mandatos que así
exponen: “I. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren
en circunstancias idénticas; II. Un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; III. Un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las
diferencias (trato igual a pesar de la diferencia), y IV. Un mandato de trato
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte
similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud)”.
Partiendo de
esas premisas, consideran que el trato diferenciado en la ley tendría
justificación, “en una valoración de situaciones totalmente diferentes que
no compartan ningún elemento en común, o bien en situaciones que en parte sean
similares y en parte sean diversas, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes”, no obstante, insisten en que el trato
diferenciado dado por el aparte demandado, en uno u otro evento, “no tiene
una verdadera y razonada justificación”, configurándose una violación del
artículo 13 superior.
Para demostrar que
el trato dado por la norma acusada no es razonable ni justificado, aducen la
aplicación del “test de razonabilidad o proporcionalidad” empleado por
esta corporación, especificando que se trata de un test “estricto”, por
fundarse el trato diverso en “criterios sospechosos”, que no posibilitan
un equitativo reparto de las cargas sociales, que en este evento afecta a los
Congresistas cuando se trata de la investigación y juzgamiento que adelanta la
Corte Suprema de Justicia.
Bajo tales
supuestos, refieren que en este tipo de test la norma demandada debe perseguir
un “objetivo constitucionalmente imperioso o un objetivo imperioso para la
Sociedad y para el Estado”, medida que además debe ser necesaria o
indispensable para alcanzar ese objetivo, es decir, “la única o la más
idónea”.
Para determinar
si el aparte acusado persigue un objetivo constitucionalmente imperioso, proponen
que lo buscado podría tener razón al “garantizar plena y efectivamente en
términos de operatividad” la competencia atribuida a la Corte Suprema para
conocer de los procesos penales adelantados contra los Congresistas, y “como
tal vez ya se ha expuesto” con ocasión de lo expuesto por los
intervinientes en el trámite constitucional previo al fallo C-1009 de octubre 5
de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) [1], el fundamento
del trato diverso “encontraría su razón de ser en la supuesta imposibilidad
de la aplicación del sistema penal acusatorio para esta clase de procesos, en
atención a que no es dable la doble función o titularidad de una sola
Corporación –en este caso la Corte Suprema de Justicia-, para investigar y
juzgar al mismo tiempo”.
Aseveran que tal
posición es errada como quiera que en el sistema procesal penal anterior,
aunque de corte inquisitivo, las funciones de investigación y juzgamiento eran ejercidas
por dos autoridades completamente diferentes, por lo que sería ilógico que
“tuviera que haber creado el legislador en su momento otro sistema penal
diferente para regir las causas criminales cuando de congresistas se trate, so
pretexto que, tampoco en el sistema penal inquisitivo para los procesos penales
ordinarios era dable o admisible que una misma persona o autoridad investigara
o juzgara al mismo tiempo”.
Sin embargo, afirman
que “siendo benignos” en la aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad,
continúan partiendo de “la supuesta idea de que la norma sometida al examen,
persigue un objetivo ‘constitucionalmente imperioso’, y por ende hasta el
momento”, conforme al texto constitucional.
Frente a la
idoneidad de la norma analizada, esto es, su efectividad para alcanzar ese
objetivo constitucionalmente imperioso, consideran que carece de éste, habida
cuenta que “suprimirla del ordenamiento jurídico, no hace inaplicable la cláusula
de competencia atribuida a la máxima Corporación de la Justicia Ordinaria, para
conocer de los procesos penales que se sigan contra los miembros del Congreso”.
Entonces, argumentan
que con el precepto demandado se presenta la “desnaturalización del sistema
penal acusatorio”, al dejar vigente un procedimiento penal anterior, “con
el fin de regular ciertos procesos penales, en contravía clara y manifiesta del
artículo 13 de la Constitución Política”.
Aseguran además que
la competencia asignada a la Corte Suprema de Justicia “no resulta
excluyente ni contradictoria con la adopción y aplicación del Sistema Penal
Acusatorio”, pues en su criterio es más idóneo que esa sola corporación
atienda la doble función de investigar y juzgar dentro del nuevo sistema
procesal, de la misma manera que cumplió esa “doble titularidad” bajo el
procedimiento de la Ley 600 de 2000, “el cual, a pesar de ser un sistema de
corte inquisitivo, tampoco era admisible – por regla general- que para los procesos
ordinarios se admitiera la doble titularidad de investigar y juzgar a través de
una sola autoridad o persona”.
Ahora bien, a
pesar de considerar que la medida contenida en el precepto demandado no es
idónea, continúan con el juicio de necesidad comparándola con los medios
alternativos disponibles, esto es, que resulte equivalente o mayor la idoneidad
del medio alternativo y el menor grado de intervención del mismo en el derecho
fundamental.
Como
interrogantes, plantean que los medios alternativos podrían haber consistido en
que el legislador: i) reformare la estructura de la Corte Suprema,
creando un número mayor de Magistrados para garantizar que unos ejerzan a
plenitud las funciones de investigación y otros la de juzgamiento; ii) adelantare
cambios en los términos, la supresión o modificación de algunas audiencias o
modificar el sistema de control de garantías, para garantizar la operatividad de
un sistema penal acusatorio con ocasión de las competencias asignadas a esa
corporación; o, iii) introdujere “una cláusula menos gravosa en la
Ley 906 de 2004”, para que de forma temporal, “se estableciera que los
procesos penales de competencia de la Corte Suprema de Justicia, se seguirían
rigiendo por la ley 600 de 2000, mientras el legislador expedía una ley
autónoma y suficiente para reglar un sistema penal acusatorio especial para
esta clase de procesos a fin de dar plena aplicación” de los principios en
los que se fundamenta el sistema.
Los demandantes refieren
que esos son sólo algunos medios alternativos que hubiese tenido el legislador
y que cumplen a cabalidad con las exigencias de idoneidad equivalente o mayor,
y con el menor grado de intervención en el derecho fundamental afectado, en
este caso la igualdad. Por ende, concluyen que “en gracia de discusión, si
la norma persigue un objetivo constitucionalmente imperioso y supuestamente
cumple el juicio de idoneidad, no ocurre lo propio con el juicio de necesidad,
y por ende, habría que concluir que el segmento impugnado resulta inconstitucional”.
IV.
INTERVENCIONES.
1. Fiscalía General de la Nación.
El doctor
Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación (e), solicita declarar la
exequibilidad plena del aparte demandado, para lo cual insiste en los
argumentos presentados por esa entidad dentro del expediente D-5628, en el cual
esta corporación se declaró inhibida (C-1009/05, previamente citada).
Dentro de tales
argumentos, refiriendo jurisprudencia de la Corte Constitucional, indica que en
desarrollo de la cláusula general de competencias concierne al Congreso regular
los procedimientos penales y las sanciones respectivas en ejercicio del ius puniendi,
entre ellas, establecer los diferentes regímenes sancionatorios y
procedimientos, que obedezcan a la política criminal del Estado, dentro de la
cual, en lo no regulado por el constituyente, se reconoce “un margen de
acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración”, por
lo que corresponde a ese órgano “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos
mediante los cuales se adelantan los procesos judiciales”.
Indica que al
adoptarse el nuevo sistema penal acusatorio, no es posible que recaiga sobre la
parte acusadora “la doble función de investigar y juzgar”, por ser
contrario a la naturaleza de ese sistema procesal.
No obstante, refiere
que la norma demandada no es inconstitucional, habida cuenta que en las “investigaciones
previas que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de los congresistas
no es dable aplicar el modelo acusatorio, toda vez que, por mandato de la
constitución (art. 235-3), sobre dicha corporación recae la doble condición de
investigador y juzgador, vale decir, el sistema aplicable a esas actuaciones es
de corte inquisitivo y no acusatorio, por voluntad del constituyente de 1991”.
Así, “no
solamente por los delitos investigados sino igualmente por la calidad de los
imputados, la diferenciación en el trato legal está razonablemente
justificada”, de modo que esa diferencia “cuenta con una explicación
objetiva y razonable que la justifica”, por lo que para esas actuaciones “no
opera el sistema penal acusatorio”.
Bajo tales
supuestos, no se vulnera el derecho a la igualdad, “pues se está en
presencia de actuaciones de distinta naturaleza, llamadas a ser reguladas en
forma diferente”.
Complementa
indicando que la disposición constitucional que señala la competencia de la
Corte Suprema para la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso,
no sólo fija una cláusula de competencia, sino que “dispone que el enjuiciamiento
de los congresistas se adelante conforme a un modelo procesal compatible con la
concurrencia de las funciones de acusación y juzgamiento en un mismo órgano,
esto es, un sistema de procedimiento penal de tendencia inquisitiva que, ante
la naturaleza del órgano competente, no conlleva ninguna de las restricciones a
los derechos del procesado que usualmente se le endilgan a este modelo de
administración de justicia penal”.
Finalmente, asegura
que, contrario a lo expuesto en la demanda, esa medida legislativa no resulta innecesaria,
“pues solo un modelo procesal mixto o de tendencia inquisitiva permite que
las decisiones más relevantes en el desarrollo del proceso, tanto en la etapa
de investigación como de juzgamiento, sean adoptadas por el pleno de la sala,
que es precisamente lo que persigue la Constitución”, que se encamina “a
que sea una instancia colegiada, conformada por magistrados de las más altas
calidades académicas, morales y de todas las tendencias políticas, la que
determine si es procedente adelantar investigación contra los miembros del
Congreso y si les asiste responsabilidad penal, decisiones que necesariamente
deben ser resultado del debate sopesado de los miembros de la sala, por lo que
la división de funciones de acusación y juzgamiento entre sus integrantes, como
lo propone el demandante, haría nugatoria las finalidades perseguidas por el
constituyente”.
2. Ministerio
del Interior y de Justicia.
El Director del
Ordenamiento Jurídico, en su calidad de apoderado del Ministerio del Interior y
de Justicia señala que los cargos no están llamados a prosperar, como quiera
que la aplicación de la Ley 600 de 2000 a los procesos seguidos contra los
Congresistas, no vulnera el principio de igualdad, por lo que pide declarar la
exequibilidad de la expresión demandada.
Plantea que la
Constitución consagró un fuero especial a favor de los Congresistas, que
constituye una garantía propia del Estado de derecho para salvaguardar el
ejercicio de su función pública frente a la arbitrariedad, en busca de “garantizar
el derecho a la igualdad frente a la ley, así como el principio de legalidad de
los actos del Estado”.
Tal fuero
obedece a la investidura de quienes ejercen funciones públicas, como máximos
representantes de la rama legislativa, no encontrándose “en las mismas
condiciones de los demás destinatarios de las normas penales”, pues el fuero
consagrado en el artículo 186 superior “reviste sus actuaciones de un
carácter especial, basadas no en consideraciones subjetivas o infundadas, sino
dada la especial función que tienen a su cargo como representantes de poder
legislativo”, siendo así una consecuencia de la imparcialidad de la que
debe estar precedido su juzgamiento.
Agrega que no
corresponde a la Constitución “señalar reglas procedimentales específicas”
para determinar los mecanismos que permitan hacer efectivo el fuero, por
tratarse de materias que deben ser reguladas por el “estatuto procesal penal”;
sin embargo, considera que el legislador en uso de su potestad de configuración
y respetando esa prerrogativa, podría establecer “la legislación procesal
aplicable a los hechos cometidos por los congresistas como en efecto lo hizo
con el artículo 533 acusado, pues el precepto constitucional no restringía su
aplicación a un determinado procedimiento”.
Por ende, afirma
que la norma demandada guarda consonancia con el procedimiento excepcional
contenido en el numeral 3º del artículo 235 constitucional, pues se respeta el
fuero, “sin que la coexistencia de dos regímenes penales” afecte el
derecho a la igualdad, que entiende “implica un tratamiento diferencial para
situaciones de hecho diferentes”.
Tratándose del
test de igualdad invocado por los actores, estima que la norma acusada no
configura un criterio sospechoso, “pues es la misma Constitución la que
prevé el tratamiento diferencial en materia procedimental para los congresistas
justamente en razón de la dignidad de su cargo”, por lo que no podría estar
fundada en criterios que impidan la distribución equitativa de los derechos o
las cargas sociales.
Igualmente,
refiere que el test adelantado en la demanda constituye una petición de
principio, toda vez que definiendo como sospechosos los criterios en los que no
se posibilita efectuar una distribución o reparto equitativo de las cargas
sociales, concluye que el trato diferenciado para los Congresistas resulta en
un reparto no equitativo de esas cargas, situación que se aparta de los
planteamientos de la Corte Constitucional que ha indicado que no siempre debe
acudirse al escrutinio estricto, pues la Carta permite el tratamiento legal
diferente, que debe expresarse en una norma legal que lo haga efectivo.
Además, indica
que la norma no constituye un trato preferencial que comporte un privilegio
arbitrario, ni desconoce el fuero constitucional o el diseño del sistema
procesal acogido con el Acto Legislativo 03 de 2002, pues las competencias
asignadas al Fiscal General de la Nación para investigar y acusar admiten las
excepciones previstas en la Constitución, como en sus artículos 186 y 235. Así,
argumenta que el legislador está facultado para fijar la gradualidad del
sistema, tal como lo hizo al señalar que “regiría para los delitos cometidos
con posterioridad al 1º de enero del año 2005 y que los casos de que trata el
numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarían su trámite
por la Ley 600 de 2000”.
3. Intervención
extemporánea.
La Secretaría
General de esta corporación informó que con posterioridad al vencimiento del
término de fijación en lista, fue recibida una intervención presentada por el
Director del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, quien opina
que la Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad de la disposición
demandada.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
Dado que
mediante auto A-284/07 de octubre 31 de 2007, la Sala Plena de la Corte
Constitucional aceptó el impedimento del Procurador General de la Nación y del
Viceprocurador General de la Nación, por Resolución 337 de noviembre 26 de 2007
el primero designó a la Procuradora Auxiliar en Asuntos Constitucionales para
que conceptuara, lo cual hizo mediante concepto 4458 de enero 25 de 2008, pidiendo
declarar exequible la expresión demandada del artículo 533 de la Ley 906
de 2004.
Atendiendo los
planteamientos aducidos dentro del trámite del expediente D-5628 que cursó en
esta corporación, según lo antes citado, y recordando los parámetros
establecidos por esta Corte en materia de la verificación o no de una violación
del artículo 13 superior, expone que los sujetos a los que aplica el precepto
están en una situación de hecho y de derecho diferente consagrada en la propia
Constitución, por razones políticas que implican el respeto de su investidura,
condición particular que justifica ese trato diferente, por lo que este fuero deviene
en el establecimiento de un procedimiento consecuente con las disposiciones
superiores.
Puntualiza que
al no ser tratados los Congresistas por la Constitución en materia penal de la
misma forma que los demás ciudadanos, debe el legislador establecer un
procedimiento especial para conservar la protección consagrada en la Carta,
siempre que no se vulneren otros preceptos allí contenidos.
En cuanto al
test de proporcionalidad, señala que basta demostrar que están en condiciones disímiles,
para que se releve de la obligación de probar la existencia de los demás supuestos.
Así, plantea que el trato dado se justifica en los fines constitucionales de
proteger de persecuciones políticas la investidura, más que al individuo en
concreto.
Con fundamento
en la condición especial de los Congresistas, explica que el establecimiento
del fuero, radicando en el supremo tribunal de la justicia ordinaria la
investigación y el juzgamiento, conlleva que la calidad del Juez sea una garantía
para los investigados, sin que ello comporte una situación desventajosa, teniendo
como juzgador al máximo órgano de la rama judicial.
Entonces,
considera que al ser una garantía de la democracia, la diferencia en el trato
dado se encuentra política y jurídicamente justificada, bajo el propósito de
mantener la unificación de la competencia de la Corte Suprema, cumpliéndose con
la segunda condición, esto es, atender una finalidad constitucional.
Igualmente, precisa
que la medida es razonable, coherente y proporcional, pues aunque el artículo
235 numeral 3º de la Constitución no estableció procedimiento alguno, “resulta
evidente que el proceso acusatorio no tiene cabida en este caso”, toda vez
que concentrar las dos funciones en un mismo órgano no es compatible con la
estructura de dicho procedimiento, como quiera que su característica principal
es la distinción entre el funcionario encargado de la investigación y el del
juzgamiento.
Así, la
aplicación del sistema con tendencia acusatoria es imposible, “pues no
existiendo órgano de investigación, juez de control de garantía y juez de
conocimiento, no se pueden cumplir las funciones previstas para cada uno de
estos órganos en el proceso acusatorio, a las que hace referencia el artículo
250 (reformado por el Acto Legislativo 03 de 2002)”.
Razona además que,
pese a las diferencias de los sistemas, comparten los principios de “agilidad,
publicidad, oralidad, contradicción, concentración, respeto por las garantías
del procesado, igualdad, entre otros, si bien estos se aplican en
correspondencia con las características de cada sistema”.
Concluye que no
se está dando un trato diferente a sujetos que se encuentren en igual
situación, “de tal manera que el trato diferenciado está razonablemente
justificado sobre elementos de carácter objetivo”, además de corresponder a
una finalidad constitucional legítima al no estar prohibido por la Carta, no constituir
una apreciación arbitraria o irracional del legislador y encontrarse dentro del
ejercicio de sus competencias.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.-
Competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución, esta corporación
es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de contenido
material o de fondo, como por aquellos de carácter formal o procedimental que
se presenten en su formación, siendo la presente acción constitucional fruto de
la acusación contra un segmento del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, por
censuras correspondientes a la primera clase de irregularidades referidas.
2.- Lo que se
debate.
Para los
demandantes, el aparte censurado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 atenta
contra el principio de igualdad, al considerar que la distinción en el
procedimiento penal aplicable por la Corte Suprema de Justicia a los miembros
del Congreso es una medida desproporcionada, sin una verdadera y razonada
justificación, que se funda en “criterios sospechosos”.
En consecuencia,
corresponde a la Corte establecer si la expresión “Los casos de que trata el
numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite
por la Ley 600 de 2000”, desconoce el artículo 13 superior, al señalar que
la investigación y el juzgamiento de los Congresistas por la Corte Suprema de
Justicia debe tramitarse por el procedimiento penal contemplado en la Ley 600
de 2000, y no bajo el sistema penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004.
3.- Los procesos
adelantados contra los altos dignatarios del Estado investidos de fuero constitucional,
son especiales y no atentan contra el derecho a la igualdad.
3.1. El artículo
107 de la Constitución anterior (art. 26 A. L. 01 de 1936) establecía la inmunidad
de Senadores y Representantes a la Cámara, al consagrar que ningún miembro del
Congreso podía “ser aprehendido ni llamado a juicio criminal sin permiso de
la Cámara a que pertenezca, durante el período de las sesiones, cuarenta días
antes y veinte después de estas”; en caso de flagrancia, podían ser
detenidos y debían ser puestos a disposición de la Cámara respectiva.
Hoy en día, por determinación
del constituyente de 1991[2], el numeral 3º del artículo
235 consagra la atribución de la Corte Suprema de Justicia de investigar y
juzgar a los miembros del Congreso, estableciendo de manera expresa un fuero para
esos altos dignatarios del Estado[3], que lleva a que sean
investigados y juzgados por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria
(art. 234 ib.) mediante un procedimiento de única instancia, generando a
su favor dos ventajas: “la primera, la economía procesal; la segunda, el
escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales
inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de ejercer la acción de revisión,
una vez ejecutoriada la sentencia.”[4]
Tales garantías que revisten el
procedimiento que adelanta la Corte Suprema de Justicia frente a los altos aforados,
en modo alguno perjudica a sus beneficiarios, como reseñó esta corporación en
la sentencia previamente referida, donde se consideró que ser juzgado por el
más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria es “la mayor aspiración de
todo sindicado”.
Entonces, la acción penal contra los
miembros del Congreso se adelanta en única instancia[5]
por la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria,
que no es solamente un tribunal de casación encargado del control
constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia (arts. 32.1, 180
y ss. L. 906 de 2004), y de revisión de las providencias señaladas al efecto
(arts. 32.2, 192 y ss. ib.), sino la institución a la cual
constitucionalmente se le ha encomendado el juicio de los más altos dignatarios
del Estado (art. 235 Const., numerales 2°, 3° y 4°).
Así, a la Corte Suprema de Justicia le
corresponde asumir la instrucción y el juicio, es decir, ejercer todo el ius
puniendi del Estado, cuando de los miembros del Congreso se trate, a quienes
el Constituyente les ha otorgado un fuero constitucional especial, señalando
que ese alto tribunal no sólo es su juez natural, distinto del correspondiente
a los demás ciudadanos, sino que la instrucción debe adelantarse en esa sede y
no por la Fiscalía General de la Nación, ni por la Cámara de Representantes
(art. 178.3 ib.), según sea el caso.
Es finalidad de esta clase de fuero, además
de constituir un privilegio protector de la investidura, asegurar al máximo la
independencia en el juicio, pues la elección de esa clase de sistemas, como
ocurre en otros países, según se ejemplificará más adelante, se encuentra
acorde con lo avalado en los actuales postulados doctrinarios, según los cuales
un punto tan delicado como la responsabilidad penal de quienes cumplen
funciones que resultan relevantes al interés público, se sustrae de la
actividad legislativa, “para otorgar la competencia juzgadora ‘al órgano
situado en la cúspide del poder judicial y, por eso mismo, el más capacitado
para repeler unas eventuales presiones o injerencias’” y comporta una serie
de beneficios, como “una mayor celeridad en la obtención de una resolución
firme, rapidez recomendable en todo tipo de procesos, pero particularmente en
los que, como presumiblemente los aquí contemplados, provocan un gran
sobresalto en la sociedad”[6].
3.2. El fuero penal especial es otro de los
elementos característicos de los estados democráticos, que protege a ciertos
altos funcionarios del Estado, de modo que se pueda garantizar la dignidad del
cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía[7],
para que puedan desarrollar las funciones que les han sido encomendadas. Al
respecto, también planteó esta corporación[8]:
“Dicho fuero especial no implica el
sometimiento a jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de los
ordinarios, en aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y
eventualmente acusaciones, determinados funcionarios del Estado, sino el
cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia
subjetiva y en concreto del juicio penal; ello precisamente para lograr la
realización de los objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho,
el cual, si bien, tal como lo ha dicho esta Corporación ‘… configura un Gobierno
de leyes por encima de las personas’, garantiza también de forma paralela
la integridad y salvaguarda de sus instituciones y la seguridad de las personas
que las representan, pues sólo así es posible mantener el equilibrio en el
ejercicio del poder.
La razón de ser del fuero especial es la de
servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de
los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el
fuero. Ante todo se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a
la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las
funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido
elegidos democráticamente para regir los destinos de la nación.” (No está en negrilla en el texto original.)
Aunado a lo anterior, además de señalar que
el fuero de los altos dignatarios del Estado busca preservar la autonomía y la
independencia de los funcionarios amparados por el mismo, esta corporación ha puntualizado,
que los procesos especiales que contra ellos se adelanten pueden
apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en la propia Carta
Política, sin que ello implique discriminación alguna. Al respecto, en la
sentencia C-245 de junio 3 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, se indicó que
el propósito del fuero es “preservar la autonomía y la independencia
legítimas de aquellos funcionarios a los que ampara”, agregando:
“Por ello, es posible que como consecuencia
de su naturaleza –proceso especial-, algunas de las medidas que se adopten en
ellos no correspondan con los procedimientos ordinarios, sin que ello implique
discriminación alguna, o desconocimiento de disposiciones constitucionales, pues
es la propia Carta la que concibe el fuero especial que cobija a los altos
funcionarios del Estado.
…   …   …
Se busca entonces con estos procedimientos,
evitar que mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia, se
impida irregularmente el normal desarrollo de las funciones estatales y el
debido ejercicio del poder por parte de quienes mediante la expresión soberana,
fuente del poder público, legítimamente lo detentan.
…   …   …
Así entonces, es evidente que la norma
demandada establece una diferencia con el procedimiento ordinario penal, pero
la misma se encuentra plenamente justificada con los argumentos anteriormente
anotados, de manera que no se produce discriminación alguna que pueda
afectar el principio de igualdad.” (No está en negrilla en el texto original.)
En esa ocasión, la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad del artículo 337 de la Ley 5ª de 1992, al considerar
que no viola los artículos 13 y 29 de la Carta Política. Esa norma consagra el
principio de libertad del procesado, que rige durante la investigación que se
adelanta en los juicios realizados por el Congreso, por lo que no hay lugar a
proferir medida de aseguramiento alguna en su contra, en concordancia con el
artículo 431 de la Ley 600 de 2000.
3.3. Como lo ha
aceptado esta corporación, la situación de los Senadores y de los Representantes
a la Cámara no es equiparable a la de ningún otro servidor público, ni a la de
un procesado común, habida cuenta que “tienen una especial jerarquía puesto
que son los máximos dignatarios de la rama legislativa, por lo cual su
situación procesal debe ser comparada no con la que la ley establece para el
resto de servidores públicos sino con la regulación que la Carta consagra para
quienes ocupan la cúpula de las otras ramas de poder”[9].
En el mismo
pronunciamiento que acaba de ser citado, esta Corte señaló que los congresistas,
como altos representantes de la rama legislativa, equiparables en otros aspectos
a los altos dignatarios de las ramas ejecutiva y judicial, tienen un fuero
constitucional expreso para ellos, al sólo poder ser investigados y juzgados
por la Corte Suprema de Justicia, sin que ello permita establecer que
procesalmente tengan que recibir el mismo trato que los demás dignatarios, ni
que sea imperativo que el diligenciamiento que les corresponde en materia penal
sea el mismo que reciben los demás sujetos pasivos de la acción penal.
Bajo tales
supuestos, no puede equipararse la situación de los Congresistas, ni con los otros
altos funcionarios del Estado, ni con todos los mayores de edad en general, al
momento de ser investigados y juzgados penalmente, como quiera que la
investigación por su mismo juez natural difiere de la de aquéllos, sin que esto
implique una discriminación o la vulneración de garantías procesales.
3.4. En múltiples ocasiones esta corporación ha tenido la oportunidad de discernir
ampliamente sobre el derecho a la igualdad; así, en la sentencia C-667 de
agosto 16 de 2006 (M. P. Jaime Araújo Rentería), se
observó que tal garantía se predica del trato equitativo que se debe otorgar en
situaciones equivalentes:
“El derecho a la igualdad se predica, para
su exigencia, de situaciones objetivas y no meramente formales. En otras
palabras, el derecho mencionado debe valorarse a la luz de la identidad entre
los iguales y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma
jurídica no puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos iguales,
aunque puede hacerlo si los supuestos son distintos. Esta manera de
concebir el derecho a la igualdad, desde su visión material, evita que el mismo
derecho sea observado desde una visión igualitarista y meramente formal.
Situación anterior que sería contraria a la Constitución a la luz del artículo
13: ‘… El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados…’
En este orden de ideas, el deseo expreso
del Constituyente fue establecer la visión según la cual debía observarse el
Derecho a la igualdad, que en momento alguno debía ser formalista o
igualitarista sino real y efectiva.
En resumen, para que el derecho a la
igualdad sea real y efectivo debe valorarse si el trato diferenciado
proveniente de la norma en estudio es efectuado sobre situaciones similares o
por el contrario si dicho trato distinto proviene de situaciones diversas.” (No está en negrilla en el texto original.)
Como recientemente reiteró esta corporación
(C-060, enero 30 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla), la igualdad es una
noción relativa y nunca dos cosas podrán considerarse totalmente iguales ni
totalmente diferentes; el grupo cuyos miembros son asumidos como originalmente
iguales, no puede ser demasiado amplio ni estar definido a base de criterios
que, aunque claros, resulten irrelevantes para el caso concreto.
Por el contrario, ese conjunto debe poder
distinguirse a partir de características que hagan a sus miembros claramente
homogéneos frente a una situación particular, al punto de poder definir un
catálogo de consecuencias previsibles frente a lo que les es común.
En otras palabras, la sola circunstancia de
encontrarse sometido a un proceso penal, sea en etapa instructiva o durante el
juicio, es un criterio de igualación que si bien resulta en principio relevante
para los efectos planteados por los actores, no es suficiente para, a partir de
él, predicar la igualdad de todos los sujetos que se encuentren en dicha
situación y pretender entonces deducir exactamente las mismas consecuencias
jurídicas, en especial cuando de los Congresistas se trata, quienes gozan de un
fuero constitucional especial y expreso, según el cual su investigación y
juzgamiento compete a la Corte Suprema de Justicia, dentro de un procedimiento
de única instancia.
Así, no les
asiste razón a los demandantes cuando refieren que el aparte censurado del
artículo 533 de la Ley 906 de 2004 vulnera el derecho a la igualdad, al
contemplar que los procesos penales adelantados en contra de los Senadores y
los Representantes a la Cámara deben tramitarse por el procedimiento consagrado
en la Ley 600 de 2000, por no encontrarse esos aforados en una situación
equiparable con la correspondiente a los otros sujetos pasivos de la acción
penal.
Debe recalcarse
que no es la misma situación la de una persona que es investigada por la
Fiscalía General de la Nación o mediante el procedimiento especial ante el Congreso,
que la de aquéllos que son investigados y juzgados por la Corte Suprema de
Justicia en única instancia, pues estos últimos, como se indicó en precedencia,
gozan además de las ventajas de la economía procesal y la probabilidad de que
la decisión esté menos expuesta a error que ante otros despachos judiciales.
Al no ser comparable la situación procesal
y el fuero subjetivo que se confiere a los altos dignatarios de la rama legislativa,
frente a otros altos servidores públicos y con lo procedente ante los investigados
y juzgados en el proceso penal ordinario, el legislador contempla procedimientos
distintos, palmariamente con garantías diferentes a las contempladas en aquél,
situación que como ha establecido esta corporación, se fundamenta en el derecho
al ejercicio legítimo de la potestad de configuración legislativa[10]
y, para el caso, en lo contemplado en el artículo 150-2 superior, siendo
posible que autónomamente determine la estructura del procedimiento judicial a
emplear en los casos de los aforados juzgados e investigados por la Corte
Suprema de Justicia, en estricto cumplimiento de la preceptiva constitucional.
Debe recordarse que tratándose de la potestad
de configuración, en particular sobre el juzgamiento de altos funcionarios por
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia C-934 de 2006,
previamente citada, se indicó que el legislador cuenta con un variado campo de
acción:
“Según la línea jurisprudencial recordada,
(i) el juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no
desconoce el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por
el legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia Carta[11];
y (ii) el Legislador goza de potestad de configuración (a) para definir los
cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema de
Justicia,[12] como
quiera que el texto constitucional autorizó expresamente al legislador para
atribuir funciones a la Corte Suprema de Justicia;[13]
(b) para distribuir competencias entre los órganos judiciales (artículo 234,
CP);[14] (c) para
establecer si los juicios penales seguidos ante la Corte Suprema de Justicia
serán de única o doble instancia, dado que el principio de la doble instancia
no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede definir excepciones a ese
principio;[15] y (d)
para definir los mecanismos a través de los cuales se pueden corregir eventuales
errores judiciales, como quiera que el legislador puede establecer las acciones
o recursos disponibles para impugnar decisiones adversas o contrarias a
derecho.”
3.5. La distinción del procedimiento
aplicable para la investigación y el juzgamiento de los miembros del Congreso, concentrando
esas funciones en una sola corporación, además de ser hoy un precepto
constitucional de ineludible acatamiento, donde la prescindencia de
algunas manifestaciones procesales existentes en el diligenciamiento común, es
suplida por la presteza de la actuación y la preponderancia y pluralidad de los
jurisperitos que participan en la actuación y decisión, que ciertamente
representan óptima garantía y apuntalan la justificación del fuero especial
constitucional, configurando excepción muy válida a las reglas del sistema
procesal común, para el caso, el de tendencia acusatoria adoptado mediante el
Acto Legislativo 03 de 2002 y la ley 906 de 2004.
No implica, entonces, que dichos sujetos
pasivos de la acción penal no gocen de las debidas garantías procesales que deben
rodear a toda persona vinculada a una investigación penal, ni que haya contraposición
con los artículos 13 y 29 de la Carta Política, ni con los tratados y convenios
internacionales sobre derechos humanos en los cuales Colombia es un Estado
parte; por el contrario, aunado a esas seguridades cuentan con el privilegio de
que toda la actuación que curse en su contra se adelante por una pluralidad de juristas
de reconocida probidad y la más elevada preparación y experiencia en la
especialidad, de manera que asegura la ecuanimidad y resguarda la incolumidad
en la correcta aplicación del derecho, lejos de circunstancias ajenas al
proceso.
Así,
tradicionalmente se ha entendido que la dual función investigadora (en cuyo
desarrollo está obligada a acopiar tanto lo favorable como lo desfavorable a
los intereses del imputado) y juzgadora de la Corte Suprema, no afecta las
garantías fundamentales de los Congresistas, quienes siempre gozan del derecho
al debido proceso, para el caso uno especial, que por la facultad de
configuración que ellos mismos aplicaron libremente, continúa rigiendo bajo las
formas propias de la Ley 600 de 2000, que bien pudieron haber modificado al
expedir el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004.
En todo caso,
también disfrutan de otras garantías como la legalidad, el juez natural - al
más alto nivel -, la presunción de inocencia, el derecho de defensa técnica y material
(ejercidas a plenitud desde el primer instante de la investigación y durante el
juzgamiento), la mayor celeridad y economía procesal, la publicidad, la
posibilidad de aportar y controvertir pruebas, el non bis in idem, la
impugnación horizontal y la eventual acción de revisión contra la sentencia
ejecutoriada.
Se arriba así a la conclusión
de la carencia de fundamento en lo argumentado dentro de la demanda, como
quiera que está demostrado que no existe vulneración del derecho a la
igualdad, al ser distinta la situación fáctica y jurídica de los Senadores
y Representantes a la Cámara, frente a otros aforados y, en general, ante todas
las demás personas mayores de edad.
Claro está, además, que los
Congresistas cuentan a cabalidad con las mismas garantías instituidas en la preceptiva
penal sustancial (Constitución Política, bloque de constitucionalidad y la Ley
599 de 2000, junto con las normas que la modifican y complementan): dignidad
humana, legalidad, igualdad y las consolidadas exigencias para el
establecimiento de la responsabilidad, todo dentro del derecho de acceso a la
administración de justicia, la gratuidad y la preeminencia del derecho
sustancial.
4.- Por evolución doctrinal, el
cumplimiento futuro de las funciones de investigación y juzgamiento debe
escindirse dentro de los miembros de la corporación constitucionalmente investida
de esa competencia integral.
4.1. Aunque el precepto demandado no vulnera el
derecho a la igualdad de los miembros del Congreso, por las razones expuestas
con antelación, encuentra la Corte que el mismo debe ser analizado de cara a
otros derechos, consagrados en la Constitución[16] y,
especialmente, reconocidos en el derecho internacional, atendiendo al efecto la
doctrina y la jurisprudencia actual en materia procedimental, en particular,
frente al derecho a un juez imparcial, en los desarrollos que
trasnacionalmente ha venido presentando la búsqueda de un “juicio cada vez
más  justo”.
4.2. El artículo 29 de la Constitución Política colombiana
consagra como derecho fundamental el debido proceso, enunciado para efectos del
ius puniendi del Estado como la garantía que tienen las personas a ser
juzgadas conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o
tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
La normatividad constitucional alude a la competencia
del juez o cuerpo colegiado ante el cual se deba adelantar el proceso, garantía
que ya no puede ser interpretada de forma restrictiva, habida cuenta que la
misma Carta puntualiza que tratándose del reconocimiento de derechos humanos y la
prohibición a su limitación, los tratados y convenios internacionales “ratificados”
por el Congreso prevalecen en el orden interno (art. 93 ib.), por lo cual
tienen pleno vigor esos acuerdos celebrados por el Estado colombiano y, como
criterios auxiliares, serán observadas la jurisprudencia y la doctrina que
internacionalmente vayan evolucionando.
En el artículo 10° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos adoptada en diciembre 10 de 1948, se consagró que toda persona
tiene derecho “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones
o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”,
disposición también contenida en la Declaración Americana de los Derechos y los
Deberes del Hombre, aprobada el mismo año durante la Novena Conferencia
Internacional Americana, celebrada en Bogotá, donde se pactó que toda persona
acusada de un delito tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y pública
(art. XXVI).
Posteriormente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en noviembre 22 de 1969,
se estableció el compromiso de los Estados partes de “adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos”, si en el mismo no estuvieren ya garantizados, los derechos y
libertades allí reconocidos (art. 2°), dentro de los cuales se encuentra el
derecho de toda persona a ser oída “por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella” (art. 8°
num. 1°).
Bajo tales supuestos, el debido proceso no sólo alude
al derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, preconstituido al
acto que se imputa, sino a que el mismo debe ser imparcial[17].
Esta garantía está así mismo instituida en constituciones europeas, inspiradas
en el due process of law del derecho anglosajón[18],
para potenciar el valor de la neutralidad del juez y así consolidar el modelo
acusatorio, consagrando que en todo proceso deberá
existir contradicción entre las partes, en condiciones de igualdad y ante un juez
imparcial.
En igual sentido, el Tribunal Constitucional español, acogiendo
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado que
dentro del concepto genérico de “todas las garantías” [19]
a las que se alude en la prerrogativa a un juicio público y sin dilaciones,
aunque no se indique de forma expresa, debe incluirse el derecho a un juez
imparcial, por constituir una garantía fundamental de la “Administración de
Justicia en un Estado de Derecho”[20], de donde ha venido derivando
una distinción entre la denominada imparcialidad objetiva y la subjetiva[21]:
“En sintonía con la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos venimos distinguiendo entre imparcialidad
subjetiva e imparcialidad objetiva. La primera exige que el Juez considere
asuntos que le sean ajenos, en los que no tenga interés de clase alguna, ni
directo o indirecto. La imparcialidad objetiva puede darse cuando los
Magistrados no han tenido contacto anterior con el thema decidendi, de modo que
se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y
orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto.” (No está en negrilla en el texto
original.)
En el universo jurídico y político se ha
considerado tradicionalmente que la imparcialidad está suficientemente
garantizada con la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no
se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos
procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse
impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales
previstas al efecto.
Ahora bien, ese concepto de imparcialidad
objetiva que ha venido siendo asumido en el ámbito internacional[22],
no se predica del quebrantamiento que devendría de la relación que el juez haya
tenido o conserve con las partes, sino en lo que respecta al objeto del
proceso:
“No se trata, ciertamente,
de poner en duda la rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la
instrucción ni de desconocer que ésta supone una investigación objetiva de la
verdad, en la que el Instructor ha de indagar, consignar y apreciar las
circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo (art. 2 de la
L.E.Cr.). Pero ocurre que la actividad instructora, en cuanto pone al que la
lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que
deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables puede
provocar en el ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos,
prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyan a la hora
de sentenciar. Incluso, aunque ello no suceda, es difícil evitar la impresión
de que el Juez no acomete la función de juzgar sin la plena imparcialidad que
le es exigible. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en
su decisión sobre el caso ‘De Cubber’, de 26 de octubre de 1984, y ya antes en
la recaída sobre el caso ‘Piersack’, de 1 de octubre de 1982, ha insistido en
la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe
abstenerse todo Juez del que pueda temerse legítimamente una falta de
imparcialidad, pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad
democrática han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por
los mismos acusados.
…   …  …
Es de señalar también que a las
mismas conclusiones ha llegado el TEDH interpretando el art. 6.1 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de
1950. El citado artículo del Convenio, de conformidad con el cual deben
interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce, afirma el derecho de toda persona a
que su causa sea oída ‘por un Tribunal independiente e imparcial’. Pues bien,
en su citada Sentencia ‘De Cubber’, el TEDH entendió que la actuación como
Juez en el Tribunal sentenciador de quien había sido Juez Instructor de la
causa suponía, por las razones ya expuestas, una infracción del derecho al Juez
imparcial consagrado en el citado artículo del convenio.”[23] (No está en negrilla en el texto
original.)
Entonces, lo que se busca con
la amplificación de la imparcialidad también hacia su acepción objetiva es, en
un cambio meramente procedimental, evitar que el funcionario que acopió los
elementos necesarios en el adelantamiento de una actuación, que le llevó verbi
gratia a proferir una resolución de acusación, - como en el presente evento
correspondería según el procedimiento instituido en la Ley 600 de 2000 (que por
cierto sigue y seguirá rigiendo durante bastante tiempo en acciones penales que
cursen contra procesados distintos a los Congresistas, por delitos perpetrados
antes de empezar los años 2005, 2006, 2007 y 2008, según el Distrito Judicial
del acaecimiento) -, al haber estado en contacto con las fuentes de las cuales
procede su convicción, la mantenga, entendiblemente ligado por preconceptos que
para él han resultado sólidos.
Esto se evita, según se ha
asumido doctrinalmente y en creciente número de legislaciones, con la
separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento, de forma que la
convicción que el investigador se haya formado previamente no se imponga en las
decisiones que se adopten en el juicio, al quedar éstas a cargo de un servidor
judicial distinto e independiente de aquél, con lo cual, también y
especialmente, el sujeto pasivo de la acción penal superará la prevención de
que su causa siga encaminada hacia tal o cual determinación final.
Bien lo expresó el Tribunal
Constitucional español[24] (sin
negrilla en el texto original):
“Tales convicciones previas
no merecen, en sí mismas, tacha alguna, pero la sola posibilidad de que se
proyecten en el ulterior enjuiciamiento, o en el recurso que proceda, pone en
riesgo el derecho del justiciable a obtener en uno u otro –en el juicio o en el
recurso- una justicia imparcial. La Ley, ante tal riesgo, no impone al Juez
abandonar o superar las convicciones a las que así legítimamente llegó ni exige
tampoco a los justiciables confiar en que esa superación se alcance. Más
bien permite, mediante la abstención de aquél o la recusación por éstos, que
quede apartado del juicio o del recurso el Juez que ya se ha formado una
convicción sobre la culpabilidad del acusado o que puede haberla adquirido en
el curso de instrucción.”
Sin embargo, el propio Tribunal
Constitucional español ha relativizado esa separación entre investigación y
juzgamiento (sin negrilla en el original):
“También la Jurisprudencia constitucional
ha establecido que la imparcialidad del juez no puede examinarse in
abstracto, sino que hay que determinar, caso por caso, si la asunción de
funciones por un mismo Magistrado, en determinados momentos del proceso penal,
puede llegar a comprometer la imparcialidad objetiva del juzgador y erigirse en
un menoscabo y obstáculo a la confianza que los Tribunales de una sociedad
democrática deben inspirar a los justiciables (STC 142/1997, de 15 de
septiembre, FJ 3).” [25]
Así, lo aconsejado es
determinar si quien actúa como juez ha tenido alguna actuación anterior que contingentemente
le haya podido generar preconceptos con aptitud de comprometer su criterio al
momento de actuar como juzgador.
La garantía del debido proceso
o del juicio justo, referente al derecho a un juez imparcial, como actualmente
es considerado, ha sido entonces adicionada, por paulatina evolución doctrinal
foránea, para no circunscribirse ahora únicamente a la parcialidad intencional
del funcionario, por tener o haber tenido un vínculo que le lleve hacia el
favorecimiento o animadversión; también apunta hoy en día al apego competencial
a preconceptos que humanamente vayan siendo asumidos y consolidados, llegando a
percibirse externamente como inmodificables, que pudieren obstaculizar la
confianza que deben inspirar los jueces, tribunales y, en general, toda la
administración de justicia, en una sociedad democrática (STC 11 de 2000, precitada).
En el ámbito latinoamericano,
cabe observar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina[26]:
“Si bien podría argumentarse que esta
ausencia de prejuicios -por lo menos con respecto a la materia- nunca sería
absoluta, por las convicciones propias del juez en tanto hombre, ello no obsta
a que se trate de garantizar la mayor objetividad posible de éste frente a la
cuestión que deba resolver.
… la opinión dominante en esta materia
establece que la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el
juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda
razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si
de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere
dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado
de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo
del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del
sistema democrático.
…   …   …
Existe una idea generalizada
en torno a que la persona que investigó no puede decidir el caso… porque puede
generar en el imputado dudas razonables acerca de la posición de neutralidad de
quien lo va a juzgar en el caso, luego de haber recopilado e interpretado
prueba en su contra para procesarlo primero, y elevar la causa a juicio
después.
Esto se explica lógicamente
porque en la tarea de investigación preliminar, el instructor va formándose
tanto una hipótesis fáctica como una presunción de culpabilidad, en una etapa
anterior al debate oral… lo cierto es que podría sospecharse que ya tiene un
prejuicio sobre el tema a decidir, puesto que impulsó el proceso para llegar al
juicio, descartando hasta ese momento, las hipótesis desincriminantes. Con
mayor claridad se evidencia esta idea en las resoluciones de mérito que
acreditan prima facie la existencia de un hecho, su subsunción típica -por más
provisoria que sea- y la posible participación culpable del imputado en el
suceso.
… Nuestra Constitución
Nacional, es un claro ejemplo de consagración de este modelo, pues al regular
el juicio político, también separa claramente las funciones de investigar y
acusar, de las de juzgar; evitando que el juzgador tome contacto previo al
juicio o con las pruebas o con las hipótesis preliminares, como derivación
directa del principio republicano de gobierno, que rige la organización del
poder del Estado.”
4.3. El 19 de diciembre de
2002, los Representantes a la Cámara y los Senadores que entonces conformaban
el Congreso de la República de Colombia, culminaron un gran paso en tal
sentido, en desarrollo de su elevada función de reformar la Constitución
Política, al expedir el Acto Legislativo 03 de dicho año, donde al reformar,
entre otros, el artículo 250 superior, realzó las funciones instructoras y
acusadoras de la Fiscalía General de la Nación, segó sus funciones
jurisdiccionales y, para aislar al juez de conocimiento de cualquier actividad
en la instrucción, le entregó las funciones de control de garantías, - que en
el sistema mixto sigue cumpliendo, en su específica previsión, el de
conocimiento (art. 392 L. 600 de 2000) -, al juez de control de garantías, que “no
podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que
haya ejercido esta función” (inciso 2° del numeral 1° del artículo 2° del
Acto Legislativo 03 de 2002).
Pudo el Congreso de la
República en esa reforma constitucional, o en otra, modificar también la atribución
3ª del artículo 235 de la Constitución, que enfáticamente le entrega a la Corte
Suprema de Justicia la función de investigar y juzgar a los miembros del
Congreso, pero la ha preservado, en cabal respeto a la manera como la más
alta entidad de la jurisdicción ordinaria ha cumplido tal función.
Como la carta política sigue avalando
y obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a los
Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier actividad
previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en Colombia una
vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a las evoluciones
internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el bloque de
constitucionalidad.
4.4. Al igual que la colombiana, la
Constitución española en su artículo 71, numeral 3°, consagra que en las causas
contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, norma que fue desarrollada por la Ley Orgánica 6ª de julio 1° de 1985,
cuyo artículo 57 señala que a esa Sala le corresponde conocer de la instrucción
y el enjuiciamiento, no sólo de esos funcionarios sino de otros altos
dignatarios de los poderes ejecutivo y
judicial; siendo incluido un segundo numeral por la Ley Orgánica 7ª de
diciembre 28 de 1988, según el cual para dichas causas “se designará de
entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un
instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas” (no
está en negrilla en el texto original).
Esa actual tendencia demuestra que, aunque
la competencia integral que la Constitución colombiana le asigna a la Corte
Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento
de los miembros del Congreso es un ineludible mandato constitucional, el
legislador, dentro de su amplio margen de configuración, al reglamentar el
procedimiento aplicable a esa clase de acciones penales, debe obedecer a un
ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad, asegurando que el juicio
sea realizado por un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley, competente,
“independiente e imparcial”[27], concepto
este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional, para que
se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a preconceptos.
Bajo tales supuestos, si bien el aparte demandado
del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho
impone que a partir de la expedición de esta providencia[28],
para efectos de los procesos adelantados contra quienes ostenten la calidad de
aforados conforme al artículo 235.3 superior, por conductas punibles cometidas
con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las
facultades estatuidas en el artículo 234 ibidem las medidas necesarias
para que sea separada, dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en
estos casos, la función de investigación de aquella correspondiente al juzgamiento.
Así, esta corporación reclama una
modificación legislativa, encaminada a que durante el juicio no actúe ninguno
de los magistrados o funcionarios a cargo de la instrucción, que en lo atinente
a hechos futuros será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario
distinto, vinculado a esa misma corporación, que posteriormente no podrá
intervenir en el juzgamiento, si a éste hubiere lugar.
Entonces, se declarará la exequibilidad del segmento legislativo
demandado, porque no existe argumento válido que permita concluir que el modelo
y estructura del proceso de investigación y juzgamiento de los miembros del
Congreso por la Sala Penal de la Corte Suprema contraríe la Carta Política, ni
los tratados reconocedores de los derechos humanos, porque es en fiel
cumplimiento de la primera de donde emerge tal sistema, y la no participación
en el juzgamiento de quien o quienes hubieren tenido a cargo la investigación
fluye de la interpretación ampliada que internacionalmente ha surgido sobre lo
que implica la imparcialidad, en su acrecida acepción objetiva, en cuya
dirección ha de avanzar el Congreso de la República de Colombia.
4.6. Precisa la Corte Constitucional que dicho cambio de
percepción, de naturaleza estrictamente procedimental, no tendrá ni podría
tener efectos retroactivos, ni dará lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, en procesos que se hayan adelantado o estén en curso en la Corte
Suprema de Justicia bajo el modelo vigente, ni los que no se hayan iniciado por
delitos cometidos con anterioridad a la fecha de esta sentencia.
El artículo 29 de la Constitución consagra el
principio de favorabilidad, que como excepción a la irretroactividad de la ley,
conlleva que en materia penal la ley permisiva o favorable, aunque sea
posterior, se aplique de preferencia a la restrictiva o desfavorable, principio
desarrollado en el inciso 2° del artículo 6° de cada una de las Leyes 599 y 600
de 2000 y 906 de 2004, dentro del principio de legalidad, donde además de
especificar en la primera que ese beneficio cobija también a los condenados, los
códigos procesales de 2000 y 2004 puntualizan que dicha favorabilidad aplica
sobre la “ley procesal de efectos sustanciales”.
La distinción de esas diversas “especies de normas”,
que rigen el proceso penal, ha sido precisada por la Corte Suprema de Justicia así:
“i) las sustanciales, cuyas
permanencia -aún previa a la ejecución del delito- y aplicación -ya al interior
de la actuación- perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de
ejecución de la sentencia (art. 6 C.P.), a menos que una norma de similar
naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta última bajo la condición de
ser más favorable. ii) las simplemente instrumentales, que igualmente
antecedentes al hecho, deben gobernar el proceso, aunque sujetas a ser
desestimadas en su aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter,
tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que de ellas -dada
su neutralidad- sea demandable la favorabilidad. iii) las procesales de
efectos sustanciales, cuyo manejo -desde luego al interior de la actuación-
se asimila a las materiales, conforme lo señala el dispositivo últimamente
trascrito.” (Febrero 16 de
2005, M. P. Alfredo Gómez Quintero, dentro del proceso en casación 23.006.)
El aparte demandado del artículo 533 de la Ley 906 de
2004, texto que sobra repetir que fue observado, estudiado, constatado, verificado,
acordado, votado, aprobado y expedido por los Senadores y Representantes a la
Cámara que entonces integraban el Congreso de la República, comporta una norma
simplemente instrumental, de aplicación inmediata[29],
sin que de una diferente elucidación hacia el futuro puedan devenir y menos
prosperar reclamos de favorabilidad, pues simplemente señala la ritualidad de
un procedimiento reglado por el legislador de 2000, el cual se adelanta desde
la expedición de la Constitución de 1991, como en la actualidad, por la misma
corporación.
Por tratarse de una norma instrumental de aplicación
inmediata, se debe descartar “en todo momento cualquier posibilidad de
invocación de favorabilidad, pues al ser expedidas, su contenido -además de
neutro- sólo tiene como objetivo el hacer más expedito el trámite de la
actuación y permitir que el funcionario judicial -con la colaboración de las
partes- pueda ir agotando sucesiva y preclusivamente cada uno de los pasos que
integran el esquema procesal” (providencia dentro de casación 23.006, precitada).
Como fue señalado con antelación, el precepto
demandado incluido en la Ley 906 de 2004 emana de la decisión autónoma y válida
del legislador, de prolongar el procedimiento contenido en la Ley 600 de 2000,
cuando los Congresistas sean el sujeto pasivo de la acción penal, a pesar de la
nueva forma de enjuiciamiento, desarrollada a partir de la expedición del Acto
Legislativo 03 de 2002, habiéndose previsto por la propia Rama Legislativa la
coexistencia de dos procedimientos, uno con tendencia acusatoria y otro de
carácter mixto que se continuará aplicando a sus miembros.
Tal situación no implica la aplicación retroactiva de
las medidas que a futuro adopte la Corte Suprema de Justicia y las normas que expida
el legislador, para materializar la imparcialidad también en su acepción
objetiva, referida en el presente pronunciamiento, pues tal ideación sería
equiparable a pretender aplicar con efectos retroactivos figuras netamente
procedimentales propias del sistema procesal penal con tendencia acusatoria, a las
actuaciones que se sigan adelantando bajo las ritualidades de la Ley 600 de
2000, lo que de suyo podría redundar en quebrantamiento del principio de
legalidad procesal.
Conclusión ineludible de los profundos análisis
efectuados, es que a partir de esta providencia y precisamente por lo en ella
determinado, en este ámbito no puede haber lugar a la aplicación del principio
de favorabilidad, ni a excepción de inconstitucionalidad, toda vez que con
ocasión de la cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), los operadores
judiciales no pueden inaplicar normas que han sido declaradas exequibles por
esta corporación, con efectos de obligatoriedad y erga omnes, como
ocurre con el aparte demandado, frente al cual se ha efectuado un control
integral, criterio que en la sentencia C-600 de octubre 21 de 1998, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo, se indicó así:
“En efecto, en el caso de los fallos en los
que la Corte Constitucional declara la exequibilidad de un precepto, a menos
que sea ella relativa y así lo haya expresado la propia sentencia -dejando a
salvo aspectos diferentes allí no contemplados, que pueden dar lugar a futuras
demandas-, se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, prevista
en el artículo 243 de la Constitución. Y, entonces, si ya por vía general,
obligatoria y erga omnes se ha dicho por quien tiene la autoridad para
hacerlo que la disposición no quebranta principio ni precepto alguno de la
Carta Política, carecería de todo fundamento jurídico la actitud del servidor
público que, sobre la base de una discrepancia con la Constitución -encontrada
por él pero no por el Juez de Constitucionalidad- pretendiera dejar de aplicar
la norma legal que lo obliga en un proceso, actuación o asunto concreto.”
4.7. Reitera la Corte Constitucional que el segmento
normativo acusado es exequible, no obstante lo cual la dinámica del derecho
impone que a partir de la expedición de esta sentencia y exclusivamente para el
procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante, se
separe dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso,
que es la Corte Suprema de Justicia, la función de investigación de la
juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que hay
adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o
funcionario diferente, vinculado a la propia corporación, según la ley
determine en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234
superior.
Así esta corporación, como conclusión de su intenso
estudio, precisa que  todos los procesos adelantados o concluidos bajo el
esquema actual mantienen plena su constitucionalidad y legalidad; pero sí
resulta constitucionalmente importante y por razones procedimentales, que para el
futuro el Congreso de la República, a través de su función de hacer las leyes, avance
en el sentido de las interpretaciones más acogidas en torno a la apreciación de
los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos,
para el caso en cuanto a la actual intelección de la imparcialidad del juzgador,
que se adapta de mejor manera si, en la situación bajo estudio, se separan al
interior de la propia Corte Suprema de Justicia esas funciones de investigación
y juzgamiento.
Lo anterior conduce a declarar
la exequibilidad de la expresión “Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, objeto de la demanda formulada, en el entendido de
que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia,
las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de
acuerdo con las consideraciones expuestas con antelación, para las conductas
punibles cometidas por aquéllos a partir de mayo 29 de 2008, para de esta
manera mantener invariable e igualitaria la misma normatividad competencial y
procedimental que legal y constitucionalmente rige para todo lo acaecido hasta
ahora.
Está visto, entonces, que se
trata de una división de trabajo a futuro entre servidores judiciales de la
misma corporación, que está podrá precaver y organizar en el interregno, en
preservación y desarrollo de las competencias consagradas en la Constitución,
en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (art. 17.4) y en el
artículo 75.7 de la Ley 600 de 2000 (equivalente al 32.7 de la Ley 906 de
2004).
El legislador establecerá el
respectivo régimen de transición, si lo estima pertinente, acatando los efectos
erga omnes y no retroactivos de esta sentencia, frente a delitos
cometidos con anterioridad a su expedición, así aún no estén siendo
investigados.
Cabe repetir finalmente que, al
haber quedado definida la exequibilidad del texto legal acusado, dentro de las
circunstancias analizadas y decididas mediante esta providencia, no habrá lugar
a excepciones de inconstitucionalidad.
VII.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE
la expresión “Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida
en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de
que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia,
las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia,
para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente. Cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
Con salvamento de voto
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA                  MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Magistrado
Ausente
en comisión
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO                           RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado                                          Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO         MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado
Magistrado
Ausente en comisión
NILSON PINILLA PINILLA  CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA
C-545 DE 2008
PRINCIPIO DE COHERENCIA EN LA ARGUMENTACION
JURIDICA-Desconocimiento
de precedentes (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE COHERENCIA EN LA ARGUMENTACION
JURIDICA-Evidente
contradicción entre la parte motiva y el decisum de la sentencia (Salvamento de
voto)
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Incongruencia entre partes motiva y
resolutiva (Salvamento de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance respecto de razones de
conveniencia (Salvamento de voto)
DOCTRINA Y DERECHO COMPARADO-No constituyen parámetros para adelantar
juicio de constitucionalidad/DOCTRINA Y DERECHO COMPARADO-Constituyen
criterios auxiliares de la actividad judicial (Salvamento de voto)
Resulta insostenible argumentar que una determinada
disposición legal se ajusta a la Constitución pero que, al mismo tiempo, por
motivos de conveniencia, debe ser declarada exequible de manera condicionada, a
efectos de ajustarla a las últimas tendencias del derecho comparado y de la
doctrina foránea. Esta conclusión no es correcta desde los postulados básicos y
elementales de la justicia constitucional, equivale a afirmar que una ley, no
obstante sea constitucional, puede ser expulsada del ordenamiento por desconocer
o estar en contra de autores extranjeros o con regulaciones constitucionales y
legales en materia procesal de otros países. Además de que en Colombia el
control constitucional que existe es de naturaleza jurídica y no política,
motivo por el cual le está vedado a la Corte Constitucional adelantar juicios
de conveniencia sobre las normas sometidas a su examen.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN INVESTIGACION
Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Desconocimiento (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Falta de claridad de si se trata de una
sentencia interpretativa o integradora (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD
CONDICIONADA-Aplicación
restrictiva (Salvamento de voto)
Se profirió una sentencia que no está claro si es
interpretativa o integradora, es decir, si fija una interpretación del
enunciado normativo acusado o si le añade un contenido normativo del cual
carecía pero que era necesario a la luz de la Constitución. Empero, cualquiera
de estas dos modalidades que la Corte Constitucional ha encontrado que el
precepto examinado no se ajusta a la Constitución y que por tal razón es
necesario bien sea condicionar su interpretación o añadirle elementos
normativos de los cuales carecía, es decir, en todo caso supone una decisión
previa de inconstitucionalidad. De ahí que sea incomprensible el discurso
seguido en la sentencia C-545 de 2008 en la cual reiteradamente se afirma que
la disposición demandada se ajusta a al Carta y sin embargo se acaba por
condicionar su exequibilidad, pues es elemental recordar que cuando se hace
necesario un condicionamiento es porque estamos ante una ley que es
inconstitucional en alguna o algunas de sus interpretaciones. En este sentido,
cuando se afirma que la ley es exequible condicionadamente, se esta afirmando
que la ley es inconstitucional en algunos significados o interpretaciones, pero
no en su texto, en el precepto escrito.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos modulativos conllevan
contradicciones respecto del principio de favorabilidad, los efectos temporales
de la sentencia y la excepción de inconstitucionalidad (Salvamento de voto)
Referencia: expediente 6960
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 533 (parcial) de la ley 906 de 2004, “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”.
Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado
disiente de la decisión mayoritaria en virtud de la cual se declaró “EXEQUIBLE
la expresión “Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235
de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”,
contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema
de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del
Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia, para las  conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo
de 2008”. Considero que no había lugar a condicionar el contenido normativo
examinado, pues debió declararse su constitucionalidad pura y simple por las
razones que expongo a continuación.
1. En primer lugar, encuentro que la sentencia de la
referencia contraría uno de los principios fundamentales de la argumentación
jurídica, el principio de coherencia, pues, por una parte, desconoce los
precedentes sentados por esta Corporación en la materia sin dar cuenta
suficiente de las razones que justifican del cambio de postura jurisprudencial.
Adicionalmente presenta una contradicción insuperable en su estructura
argumentativa, pues a pesar de que se sostiene reiteradamente a lo largo de la
decisión que el enunciado normativo acusado se ajusta a la Constitución,
finalmente se condiciona su exequibilidad a que se introduzcan cambios
significativos en el procedimiento de investigación y juzgamiento de los
congresistas. En otras palabras, a pesar de encontrar el precepto acusado a los
contenidos de la Constitución Política, finalmente la mayoría lo declara
inexequible –pues este es el sentido del condicionamiento introducido en la
parte resolutiva-, por lo tanto existe una evidente contradicción entre la
parte motiva y el decisum de la sentencia en cuestión. Hubiera sido
en todo caso mucho más coherente con el sentido de la decisión declarar la
inexequibilidad del enunciado normativo demandado, lo cual por otra parte
también habría guardado mayor consonancia con los argumentos expuestos durante
el debate del proyecto de sentencia en Sala Plena, pues la mayoría de las
intervenciones de los magistrados que se pronunciaron en contra de la
constitucionalidad de la disposición acusada, como consta en el Acta No. 25 de
la sesión celebrada el día veintiocho (28) de mayo.
2. Me detendré inicialmente en la segunda de las
inconsistencias antes bosquejadas, es decir, las contradicciones entre la
motivación del fallo y lo decidido. En efecto, en la sentencia de la
referencia se afirma: (i) Qué el fuero de los congresistas en materia penal,
consistente en que su investigación y juzgamiento corresponde a la Corte
Suprema de Justicia, constituye “un privilegio protector de la investidura”,
el cual “asegura al máximo la independencia en el juicio”, el cual se
encuentra “avalado en los actuales postulados doctrinarios” (fundamento
3 de las consideraciones); (ii) Que el fuero especial es uno “de los
elementos característicos de los estados democráticos, que protege a ciertos
altos funcionarios del Estado, de modo que se pueda garantizar la dignidad del
cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía, para
que puedan desarrollar las funciones que les han sido encomendadas”; (iii)
Que los procesos especiales adelantados contra los funcionarios aforados pueden
apartarse de los procedimientos ordinarios señalados en la Carta Política sin
que ello suponga vulneración del principio de igualdad. Por las anteriores
razones se concluye en la primera parte de la decisión que  “no le asiste
razón a los demandantes cuando refieren que el aparte censurado del artículo
533 de la Ley 906 de 2004 vulnera el derecho a la igualdad, al contemplar que
los procesos adelantados en contra de los senadores y representantes a la
Cámara deben tramitarse por el procedimiento consagrado en la Ley 600 de 2000
por no encontrarse esos aforados en una situación equiparable con la
correspondiente a los otros sujetos pasivos de la acción penal”. Incluso
más adelante se reitera que “tradicionalmente se ha entendido que la dual
función investigadora (…) y juzgadora de la Corte Suprema, no afecta las
garantías fundamentales de los Congresistas, quienes siempre gozan del derecho
al debido proceso (…)”.
Sin embargo, luego de arribar a tales conclusiones en
el segundo acápite de la parte considerativa de la sentencia C-545 de 2008 se
da otra vuelta de tuerca argumentativa (parafraseando la famosa novela
de Henry James) y se arriba justo al desenlace contrario, esto es que el
enunciado normativo demandado no está acorde con los recientes desarrollos
doctrinarios en materia de imparcialidad objetiva de los funcionarios
judiciales y por tal razón se termina por condicionar su constitucionalidad.
Pero aquí es donde la contradicción de la sentencia de la referencia se hace
más notoria pues la mayoría no declara el precepto examinado inexequible sino
que afirma que se encuentra ajustado a la Constitución pero que en todo caso su
entendimiento debe ser condicionado. Textualmente se consigna: “si bien el
aparte demandado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la
dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta providencia,
para efectos de los procesos adelantados contra quines ostenten la calidad de
aforados conforme al artículo 235.5 superior , por conductas punibles cometidas
con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las
facultades estatuidas en el artículo 234 ibidem las medidas necesarias para que
sea separada, dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en estos
casos, la función de investigación de aquella correspondiente al juzgamiento”.
A pesar de la alambicada redacción del aparte antes
trascrito es evidente que la mayoría encontró que el precepto demandado no
se ajustaba a la Constitución, pues de no ser así no hubiera sido necesario
condicionar su contenido, causa sorpresa sin embargo que la razón invocada
para tal decisión sea la “dinámica del derecho”, concepto cuya vaguedad
e indeterminación son evidentes. Para mayor confusión mas adelante se sostiene
que el precepto acusado no contraviene la Constitución Política ni los tratados
internacionales de derechos humanos, lo que nuevamente suscita el mismo
interrogante: ¿Si el aparte demandado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004
está ajustado al bloque de constitucionalidad por qué se requiere una
modificación legislativa dirigida a separar las funciones de instrucción de las
de juzgamiento?
3. Es necesario en todo caso detenerse brevemente en
la “dinámica del derecho” esgrimida por la mayoría para justificar el
condicionamiento del enunciado normativo demandado. Parece que tal expresión
hace referencia a la “conveniencia” de adecuar el precepto demandado a los
recientes desarrollos que se han producido en la materia en la doctrina y en el
derecho comparado. En este sentido se sostiene:
“Como la carta política sigue avalando y obligando a
la Corte Suprema a investigar y sancionar, ella misma, a los Congresistas, la
total exclusión del servidor judicial, también en este ámbito, de cualquier
actividad previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, no
es en Colombia un imperativo constitucional, sino una conveniencia
emanada de la doctrina y del derecho comparado,
recomendable para extremar la adecuación de los procedimientos a las
evoluciones internacionales, hasta donde resulte razonable”.(negrillas y
subrayados agregados).
Según el parecer de la mayoría, a pesar de que no
configura una vulneración a la Constitución la asignación a la Corte Suprema de
Justicia de las funciones de investigación y enjuiciamiento de los
congresistas, existen unas razones de “conveniencia”, derivadas de la
doctrina y del derecho comparado, que llevarían a condicionar la exequibilidad
de la norma legal acusada, en el sentido de que el legislador deberá separar
las mencionadas funciones en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el particular cabe recordar que en Colombia
existe un control constitucional de naturaleza judicial y no política, motivo
por el cual le está vedado a la Corte Constitucional adelantar juicios de
conveniencia sobre las normas sometidas a su examen. Aunado a lo anterior, se
olvida que la doctrina y el derecho comparado no constituyen parámetros para
adelantar el mencionado control, como quiera que, de conformidad con el
artículo 230 Superior, constituyen tan sólo criterios auxiliares de la
actividad judicial. En otras palabras, resulta insostenible argumentar que una
determinada disposición legal se ajusta a la Constitución pero que, al mismo
tiempo, por motivos de conveniencia, debe ser declarada exequible de
manera condicionada, a efectos de ajustarla a las últimas  tendencias del
derecho comparado y de la doctrina foránea. Esta conclusión no es correcta
desde los postulados básicos y elementales de la justicia constitucional, equivale
a afirmar que una ley, no obstante sea constitucional, puede ser expulsada del
ordenamiento por desconocer o estar en contra de autores extranjeros o con
regulaciones constitucionales y legales en materia procesal de otros países.
En este orden de ideas, me parece absolutamente
desacertado sostener que “por evolución doctrinal el
cumplimiento futuro de las funciones de investigación y juzgamiento debe
escindirse de los miembros de la corporación constitucionalmente investida de
esa competencia integral”, tanto más en cuanto aquello que en el fallo
se entiende por “doctrina”, no corresponde realmente a la opinión de
expertos internacionales en temas procesales, sino que alude a algunos
extractos inconexos de fallos proferidos por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el Tribunal Constitucional español y la Corte Suprema de Argentina,
los cuales versan sobre temas totalmente disímiles; es decir, ni siquiera
se recurrió a los pronunciamientos proferidos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de imparcialidad de los jueces, sistema regional de
protección de derechos humanos del cual el Estado colombiano sí hace parte y
cuyos fallos constituyen un criterio auxiliar de interpretación relevante. Es
más, recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en
materia de sistema penal acusatorio es incorrecto por cuanto, (i) el modelo
proceso español no es paradigmático realmente en materia de sistema acusatorio,
como sí podrían ser el americano o el alemán; y (ii) tal y como se dejó sentado
en sentencia C- 591 de 2005, en el Acto Legislativo 03 de 2002 no se acogió un
sistema acusatorio “puro”, motivo por el cual las referencias al derecho
comparado deben ser muy puntuales y con beneficio de inventario.
4. Saltan a la luz las contradicciones internas de la
decisión de la cual me aparto, sin embargo, esos no son los únicos motivos de
mi disentimiento, pues como antes afirmé la sentencia C-545 de 2008 también vulnera
el principio de coherencia argumentativa al separarse de fallos previos de esta
Corporación que habían encontrado ajustado a la Constitución el fuero especial
de los congresistas y que la investigación y juzgamiento fueran adelantados por
la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
Baste citar aquí la sentencia C-934 de 2006 en la cual
se recapitula la línea jurisprudencial de esta Corporación en la materia
-sentada entre otras decisiones en las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996,
C-411 de 1997, C-873 de 2003- de la siguiente manera:
Según la línea jurisprudencial recordada, (i) el
juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce
el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por el
legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia Carta[30];
y (ii) el Legislador goza de potestad de configuración (a) para definir los
cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema de
Justicia,[31] como quiera que el texto
constitucional autorizó expresamente al legislador para atribuir funciones a la
Corte Suprema de Justicia;[32] (b) para distribuir
competencias entre los órganos judiciales (artículo 234, CP);[33]
(c) para establecer si los juicios penales seguidos ante la Corte Suprema de
Justicia serán de única o doble instancia, dado que el principio de la doble
instancia no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede definir
excepciones a ese principio;[34] y (d) para definir los
mecanismos a través de los cuales se pueden corregir eventuales errores
judiciales, como quiera que el legislador puede establecer las acciones o
recursos disponibles para impugnar decisiones adversas o contrarias a derecho.
Adicionalmente, cabe destacar que el juzgamiento de
altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la
máxima garantía del debido proceso visto integralmente por las siguientes
razones: (i) porque asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la
jerarquía del funcionario, en razón a la importancia de la institución a la
cual éste pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su
investidura. Por eso, la propia Carta en el artículo 235 Superior indicó cuáles
debían ser los altos funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii)
porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento
especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos
para ser magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii)
porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria, quien tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar
el respeto de la misma a través del recurso de casación.
En esa medida la jurisprudencia constitucional, si
bien no se había pronunciado expresamente sobre la concurrencia de las
funciones de investigación y de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia,
siempre sostuvo que el legislador contaba con una amplio margen de
configuración del procedimiento penal de los funcionarios aforados, el cual no
debía regirse por las reglas propias de los procesos ordinarios, razón por la
cual pueden acumularse en un mismo órgano judicial las funciones de
investigación y juzgamiento.
Nótese por otra parte que es la propia Constitución la
que atribuye a la Corte Suprema de Justicia esta competencia pues el tenor del
numeral 3º de su artículo 235 no deja dudas al respecto cuando señala que le corresponde
“Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”, es claro entonces que
por propio mandato del constituyente tales competencias deben ser ejercidas por
un mismo órgano judicial.
Ahora bien, la decisión mayoritaria podría tener
sustento en las modificaciones introducidas en el proceso penal por el Acto
Legislativo 3 de 2002, el cual separó las funciones de investigación y de
juzgamiento en el procedimiento penal. Empero tal interpretación desconoce
abiertamente el texto, el espíritu y los antecedentes del Acto Legislativo núm.
03 de 2002 cuyo propósito consistió únicamente en establecer, de manera
paulatina, un sistema penal acusatorio en la justicia penal ordinaria. De allí
que, igualmente, no se introdujeron modificaciones a la justicia penal militar,
ni a los juicios contra el Presidente de la República o aquellos que adelantan
las comunidades indígenas. No se trató, por tanto, de una reforma integral a la
administración justicia penal en Colombia.
Esa tesis ha sido acogida expresamente por esta
Corporación la cual ha sostenido de manera reiterada que la reforma
constitucional no introdujo cambio alguno en el procedimiento penal de los
funcionarios aforados, así en la sentencia C-591 de 2005 se estudiaron a fondo
las grandes líneas directrices de la reforma constitucional mediante la cual se
introdujo el sistema penal acusatorio en Colombia. En dicha oportunidad la
Corte señaló lo siguiente:
“Aunado a lo anterior, en temas vinculados con la
administración de justicia penal, tales como los mecanismos alternativos de
solución de controversias, la jurisdicción indígena o los juicios
adelantados ante la Corte Suprema de Justicia, el Acto Legislativo 03 de
2002 no introdujo cambio alguno” (negrillas agregadas).
Más recientemente, en sentencia C-928 de 2007, con
ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra numerosas
disposiciones del Código Penal Militar de 1999, precisamente con el argumento
de que en virtud de la entrada en vigor del Acto Legislativo  03 de 2002 en la
justicia penal militar se debía aplicar automáticamente el sistema penal
acusatorio, esta Corte consideró lo siguiente:
“En el caso concreto, el ciudadano
Guillermo Otálora Lozano plantea un conjunto de argumentos encaminados a
establecer la inconstitucionalidad sobreviniente de la totalidad del Libro
III del CPM. En efecto, alega que (i) la Reforma Constitucional de 2002 no
fue únicamente una modificación  a la parte orgánica de la Carta Política  (
artículo 250 Superior ) sino que introdujo nuevas garantías procesales,
aplicables a toda clase de procesos penales en Colombia; (ii)
asegura que aquéllas no pueden ser entendidas como simples reformas a las
competencias de la Fiscalía General de la Nación sino que “son derechos
constitucionales fundamentales que ahora hacen parte del debido proceso penal,
ya que consignan diversas obligaciones del Estado encaminadas a lograr la
dignidad humana, al garantizar a las personas un proceso penal justo”; (iii)
que estas nuevas garantías, como son aquellas de contar con un juicio público,
oral, contradictorio y concentrado y con inmediación de la prueba, así no se
encuentren ubicadas en el Capítulo 1, Título II de la Constitución, no les
despoja de su calidad de derechos fundamentales; (iv) que igualmente, estas
nuevas garantías procesales son aplicables a los procesos que se adelantan ante
la justicia penal militar por cuanto son inherentes a la dignidad humana y
asimismo en virtud de la aplicación de los principios de igualdad ante la ley y
unidad de la Constitución; (v) sostiene que, si bien es cierto que puede haber
una regulación distinta para la Justicia Penal Militar en cuanto a algunas
instituciones procesales, en razón del fuero especial bajo el cual opera, ello
no obsta para que los miembros de la fuerza pública sean juzgados según un
estándar menor de garantías procesales; y (vi) asegura que “si bien el artículo
250 de la Constitución no se aplica orgánicamente a los miembros de la Fuerza
Pública cuando son juzgados por los delitos cometidos en relación con actos del
servicio, pues la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia sobre
ellos, las nuevas garantías contenidas en el mismo se aplican a ellos por
analogía, ya que son derechos fundamentales funcionalmente dirigidos a lograr
la dignidad humana, lo que los hace plenamente aplicables a toda persona, sin
que el hecho de que sus destinatarios hayan activado la justicia penal militar,
o sean juzgados por ella, sea una razón válida para dejar de aplicarlos”.
“En pocas palabras, el ciudadano plantea que el Acto
Legislativo 03 de 2002 introdujo nuevos derechos fundamentales aplicables a los
procesos penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, en
virtud de los principios de igualdad y de unidad de la Constitución imponen una
interpretación analógica, que extiende el núcleo básico de esas garantías al
proceso penal militar”. (negrillas y subrayados agregados).
Frente a lo cual, esta Corte respondió:
“En este orden de ideas, la voluntad del
constituyente derivado no fue aquella de establecer un sistema acusatorio para
todas las jurisdicciones y procesos penales existentes en Colombia de manera
inmediata. De allí que, por ejemplo, los juicios adelantados ante
la Corte Suprema de Justicia o ante el Congreso de la República
no fueron modificados, y coexistente, igualmente, en la justicia
ordinaria un sistema acusatorio y otro mixto, sin perjuicio de la
aplicación del principio de favorabilidad penal. De tal suerte que,
contrario a lo sostenido por el demandante, la Corte estima que no resultan
aplicables las interpretaciones analógicas, de carácter general, entre la
justicia ordinaria y la justicia penal militar”. (negrillas y subrayados
agregados).
Adviértase entonces que el cargo planteado
por ciudadano en dicha ocasión es muy semejante al examinado por la Corte en
sentencia C-545 de 2008: el sistema de investigación y juzgamiento de los
militares, adoptado en 1999, habría sido derogado por el Acto Legislativo 03 de
2002, como quiera que no cuenta con todas las garantías procesales del nuevo
sistema penal acusatorio, frente a lo cual esta Corporación respondió que la
reforma constitucional no se extendía a la justicia penal militar, ni tampoco a
los juicios que se adelantaban contra los congresistas por la Corte Suprema de
Justicia, lo cual no obstaba para que, en el futuro, “el legislador,
dentro del margen de configuración normativa de que dispone, podría introducir
algunas de las garantías procesales del sistema acusatorio al proceso penal
militar”, por cuanto “(i) que el Acto Legislativo 03 de 2002 no
introdujo cambio alguno en la parte dogmática de la Carta Política; (ii) que
diversos tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad apuntan a que en el sistema penal interno se introduzcan
ciertas garantías procesales propias de un sistema acusatorio (vgr. la
distinción entre los funcionarios que investigan, acusa y juzga), cuya adopción
apunta a contar con un juicio más justo para el procesado y la víctima (iii)
que la justicia penal militar, si bien no hace parte orgánicamente de la Rama
Judicial, administra justicia; y (iv) que en materia de derechos civiles y
políticos, entre ellos el debido proceso penal, se aplica igualmente el
principio de progresividad”.
Aunado a lo anterior, es preciso recordar que el
problema de la conformidad de la estructura y funcionamiento de los juicios
adelantados por la Corte Suprema de Justicia con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ya había sido decidido por la Corte Constitucional
en sentencia C- 934 de 2006, providencia en la cual se reitera lo fallado en
sentencias C- 142 de 1993, C- 561 de 1996, C- 411 de 1997, C- 040 de 2002, C-
873 de 2003.
En suma, sorprende que en la sentencia, de la cual me
aparto, no se expongan las razones materiales que llevaron a adelantar tan
importante cambio de precedente jurisprudencial.
5. Incluso desde la técnica de la modulación de los
fallos de constitucionalidad la sentencia de la cual disiento es susceptible de
reproches. En efecto, si la Corte Constitucional encontró que el precepto
acusado se ajustaba a la Constitución debió declararlo exequible de manera pura
y simple, y exhortar al Congreso a introducir los cambios legislativos en la
materia en un futuro. Podría también haberse adoptado la modalidad de las “sentencias
apelativas” –denominadas por la doctrina italiana “sentencias de todavía
constitucionalidad”- adoptadas por el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte
Constitucional Italiana, mediante las cuales el juez constitucional constata
que la norma controlada todavía es constitucional en el momento de
dictar la sentencia, aunque en un futuro puede devenir inconstitucional, de
allí que se dirija un llamado al legislador para evitar a tiempo, adoptando
medidas legislativas, la declaratoria de inconstitucionalidad, dicho
emplazamiento tiene lugar cuando la situación todavía es constitucional aunque
dejará de serlo en el futuro. Sin embargo, la mayoría profirió una sentencia
que no está claro si es interpretativa o integradora, es decir, si fija una
interpretación del enunciado normativo acusado o si le añade un contenido
normativo del cual carecía pero que era necesario a la luz de la Constitución.
Empero, cualquiera de estas dos modalidades que la
Corte Constitucional ha encontrado que el precepto examinado no se ajusta a la
Constitución y que por tal razón es necesario bien sea condicionar su
interpretación o añadirle elementos normativos de los cuales carecía, es decir,
en todo caso supone una decisión previa de inconstitucionalidad. De ahí que sea
incomprensible el discurso seguido en la sentencia C-545 de 2008 en la cual
reiteradamente se afirma que la disposición demandada se ajusta a la Carta y
sin embargo se acaba por condicionar su exequibilidad, pues es elemental
recordar que cuando se hace necesario un condicionamiento es porque  estamos
ante una ley que es inconstitucional en alguna o algunas de sus
interpretaciones. En este sentido, cuando se afirma que la ley es exequible
condicionadamente, se esta afirmando que la ley es inconstitucional en algunos
significados o interpretaciones, pero no en su texto, en el precepto escrito[35].
Finalmente, las sentencia C-545 de 2008 tiene
implicaciones negativas desde dos perspectivas adicionales. En primer lugar la
relacionada con sus efectos temporales pues si bien en su texto se enfatiza que
sólo podrá aplicarse respecto de los procesos que se adelanten con
posterioridad a la fecha en que fue proferida y que no puede aplicarse respecto
de los actuales procesos que se adelantan contra los congresistas, tal postura
significa una contradicción respecto de la manera como la jurisprudencia
constitucional ha entendido el principio de favorabilidad, pues a pesar de lo
que sostiene en la citada sentencia la separación entre las funciones de
investigación y juzgamiento dista de ser un mero asunto procesal y tiene claros
efectos sustanciales, máxime cuando la razón esgrimida para condicionar la
constitucionalidad del enunciado normativo demandado es que no se ajusta al
principio de “imparcialidad objetiva” de los funcionarios judiciales.
Cabe recordar que la regla general de los efectos
temporales de la sentencia de constitucionalidad consiste en que una vez
proferida rige hacia el futuro, de manera tal que ha de aplicarse a las
situaciones jurídicas que aun no están consolidadas, a saber, los procesos judiciales
actualmente en curso contra congresistas. Por lo tanto las afirmaciones
expresadas en la sentencia –según la cual los alcances de la decisión no
afectan los procesos actualmente en curso ante la Corte Suprema de Justicia-
resulta insostenible, máxime cuando esta Corporación ha reiterado que el
principio de favorabilidad en materia penal cobija aun aquellos casos en los
cuales se ha proferido sentencia, baste recordar la tesis defendida en
numerosas sentencias de tutela en torno a la aplicación del principio de
favorabilidad en materia de las figuras de sentencia anticipada y allanamiento
a los cargos en la audiencia de formulación de imputación[36].
De igual forma la Corte Constitucional si bien puede
pronunciarse sobre los efectos temporales de su propia decisión en todo caso no
puede disponer del alcance de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, cuya aplicación corresponde a todos los funcionarios judiciales,
ni enervar las eventuales nulidades procesales por aplicación de la disposición
declarada exequible de manera condicionada, ni mucho menos cerrar la puerta a futuras
acciones de tutela. Dicho de otra forma, las facultades para modular los efectos
en el tiempo que están en cabeza de la Corte Constitucional, tienen como
objeto la ley encontrada inconstitucional, en modo alguno puede la Corte
determinar los efectos de la Constitución o de las instituciones a las que se
ha hecho referencia (principio de favorabilidad, excepción de
inconstitucionalidad o acciones constitucionales como la tutela). El efecto en
el tiempo y el alcance de los principios de la Constitución no versan sobre la
Constitución, de ser así estaríamos en el plano y las atribuciones propias de
un poder constituyente. En razón de lo anterior las declaraciones sobre el
alcance temporal expresadas en la sentencia de la cual me aparto, podrían ser
de carácter meramente formal, pues materialmente las consecuencias podrían ser
incluso contrarias, pues no pueden depender de lo que se diga en la
jurisprudencia.
Adicionalmente en la sentencia nada se dice respecto
de los procesos que inicien a partir del momento en que la sentencia comience a
surtir efectos temporales y el momento en que se expida la nueva legislación
que finalmente reglamente la manera como deben separarse al interior de la Sala
de Casación Penal de la Corte suprema de Justicia las funciones de instrucción
y de juzgamiento de los congresistas. En estos casos se presenta una especie de
limbo jurídico lo que podría generar futuras y adicionales controversias en
torno a cuales son las reglas procesales aplicables.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
En esa oportunidad la Corte Constitucional se declaró inhibida por ineptitud de
la demanda, formulada contra los artículos 531 y 533 de la Ley 906 de 2004.
[2] Cfr. C-025 de febrero 4 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“De la siguiente manera explicó el
Constituyente la abolición del anacrónico privilegio de la inmunidad: ‘En
épocas en las que era posible detener a un Congresista sin que la opinión
pública se enterara se justificaba la figura de la inmunidad. Hoy día, cuando
los medios de comunicación masiva pueden hacer pública inmediatamente
cualquier actuación de la justicia que parezca maniobra política, no parece
necesaria la inmunidad para proteger al Congresista de las arbitrariedades. En
cambio, es una figura que se presta a la impunidad del Congresista que delinque’.
(Informe - Ponencia ‘Estatuto del Congresista’, Gaceta Constitucional N° 51,
pág. 27).
33. En razón de lo anterior, se
decidió ‘recomendar a la Asamblea la supresión de la inmunidad y su sustitución
por un fuero especial, igual al de los altos funcionarios del Estado, para que
los miembros del Congreso solamente puedan ser detenidos por orden de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia y juzgados por este mismo Tribunal’
(Informe - Ponencia para primer debate en plenaria ‘Rama Legislativa del Poder
Público’, Gaceta Constitucional N° 79, pág. 16-17).”
En esa oportunidad la Corte declaró la
inexequibilidad del parágrafo único del artículo 267 de la Ley 5ª de 1992,
según el cual la privación de la libertad sólo era procedente cuando se hubiese
proferido una acusación debidamente ejecutoriada, al considerar:
“… no puede el Congreso, a través de
ley instituir privilegios o prerrogativas, cuya concesión sólo podría remitirse
al momento constituyente. Más tarde, un poder constituido, sólo a riesgo de
abusar de sus propios instrumentos y quebrantar el principio de igualdad (CP
art. 13), podría rodearse de tales exenciones. Remplazado el antiguo sistema de
la inmunidad, por el de un fuero especial, el único papel que puede asumir el
Legislador al dictar su reglamento se contrae a hacer compatible su normal
funcionamiento con la existencia y plena operancia de dicho fuero.
En este sentido, la precisión que se
introduce en la ley acusada desconoce la independencia (CP art. 228) y la
competencia funcional de la Corte Suprema de Justicia para ordenar la detención
del Congresista (CP art. 186) y configura en favor de este último la
consagración de un privilegio - adicional a su fuero - no previsto por el
Constituyente y, por tanto, de imposible concesión unilateral por parte del
mismo poder constituido beneficiario del mismo.
De otra parte, la reserva expresa y
absoluta de competencia para ordenar la privación de la libertad de un
Congresista que la Constitución atribuye única y exclusivamente a la
Corte Suprema de Justicia - máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria -,
independientemente de la etapa de investigación o juzgamiento y de la época de
la comisión del delito, constituye suficiente garantía para el Congreso como
institución y para cada uno de sus miembros, que no se interferirá de manera
arbitraria e inconveniente en su correcto funcionamiento y en el ejercicio de sus
deberes y derechos.”
[3]
Además del artículo 186 superior, que consagra la competencia privativa de la
Corte Suprema de Justicia  para conocer de los delitos que cometan los
Congresistas, siendo la única que puede ordenar su detención, el fuero
establecido por el artículo 235 ibidem fue reiterado en los artículos
75.7 y 32.6 de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, respectivamente.
[4] C-142 de abril 20 de 1993, M. P. Jorge Arango Mejía.
[5]
Cfr. C-934 de noviembre 15 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la
cual esta corporación sustentó ampliamente la constitucionalidad del
procesamiento en única instancia de altos servidores del Estado, por la Corte
Suprema de Justicia.
[6]
Cfr. Obregón García, Antonio, “La responsabilidad criminal de los miembros
del Gobierno: análisis del artículo 102 de la Constitución española”, ed.
Civitas, Madrid, 1996, págs. 56 y 57.
[7] En sentencia T-1320 de diciembre 10 de 2001, M. P.
Alfredo Beltrán Sierra, se indicó: “En apoyo de la aserción anterior, en
relación con el fuero otorgado a los congresistas para ser juzgados por la
Corte Suprema de Justicia, ha de tenerse en cuenta que dicho fuero no se
instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la
investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del
Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que sólo tenga
operancia respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por
el sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun
cuando en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a
su posesión como Senadores de la República o Representantes a la Cámara si el
proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones.
Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad
de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de
que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para
cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es
de carácter individual no en beneficio personal sino institucional.” (No
está en negrilla en el texto original.)
[8] C-222 de mayo 16 de 1996,
M. P. Fabio Morón Díaz.
[9]
C-386 de agosto 22 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[10]
C-316 de abril 30 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11]
“Ver las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996 y
C-411 de 1997.”
[12] “El legislador, en ejercicio de la potestad de configuración ha
modificado la lista de cargos cobijados por este fuero especial ante la Corte
Suprema de Justicia, sin embargo, desde el año 2000 el legislador ha determinado la inclusión de los
siguientes funcionarios:
(i) los mencionados en los artículos 174 y 235, numerales 2, 3, y 4 de la
Carta, (ii) el viceprocurador,
(iii) el vicefiscal, (iv) los magistrados de los consejos seccionales de la
judicatura, (v) del Tribunal Superior Militar, (vi) del Consejo Nacional
Electoral, (vii) los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y
(viii) los tribunales superiores de distrito, (ix) los procuradores delegados,
(x) el Registrador Nacional del Estado Civil, (xi) el Director Nacional de
Fiscalía y (xii) los directores seccionales de fiscalía. La Corte declaró la
exequibilidad de dichas inclusiones en las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996, C-411 de 1997
y C-873 de 2003.”
[13]
“Ver la sentencia C-873 de 2003, precitada.”
[14] “Ver la sentencia C-561 de 1996. No obstante, la Corte Constitucional (C-037
de 1996) declaró inconstitucional que la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia atribuyera a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el
conocimiento de las apelaciones de algunos de estos procesos. El artículo
juzgado decía: ‘Articulo 17. De la
Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones: (…)  6. Resolver
las impugnaciones y los recursos de apelación contra las sentencias, medidas
cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera la Sala de
Casación Penal en los procesos que trámite contra los funcionarios y servidores
públicos con fuero constitucional de juzgamiento por los hechos punibles que se
les imputen (Proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, ‘Estatutaria
de la Administración de Justicia’) La Corte resolvió lo siguiente: ‘DECIMOTERCERO.-
Declarar INEXEQUIBLES (…) el numeral 6o del artículo 17 (…)’.”
[15]
“Ver las sentencias C-142 de 1993 y C-411 de 1997.”
[16]
El artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, por el cual fue dictado el régimen
procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte
Constitucional, fija como imperativo que la corporación confronte las disposiciones
sometidas a control con la totalidad de los preceptos superiores, especialmente
los del Título II. Igualmente, en el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 se
consagra ese principio de control integral, norma frente a la cual esta
corporación indicó en sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa: “A través de la norma bajo examen se busca que la Corte, en
caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por
una norma legal, o que, por el contrario, él sirve para declarar su
exequibilidad, entonces pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este
no haya sido invocado por el demandante. Lo anterior no significa, y en
esos términos lo entiende la Corporación, que en todos los casos la Corte deba
realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la
disposición legal que se estudia, pues -se reitera- lo que se busca es la
posibilidad de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas
fundamentales que servirán para adoptar una mejor decisión.”  (No está en
negrilla en el texto original.)
[17]
Esa misma garantía ha sido proclamada en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre 7 de 2000, cuyo
artículo 47 consagra el derecho de toda persona a que su causa sea “oída
equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente
e imparcial, establecido previamente por la ley”, al igual que en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales celebrado por el Consejo de Europa (art. 6° num. 1°). Igualmente,
en la Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América (Sixth
Amendment of the Constitution), ratificada en diciembre 15 de 1971, en la que fueron
plasmados los derechos relacionados con causas criminales a un juicio expedito
y a la confrontación de los testigos (Right to Speedy Trial,
Confrontation of Witnesses), según los cuales el acusado goza del derecho a un
juicio oportuno y público, ante un jurado imparcial.
[18] Cfr. artículo 111 de la Constitución
italiana.
[19]
El numeral 2° del artículo 24 de la Constitución española de 1978 señala que “todos
tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra
sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.
[20]
Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Español (STC) 145
de julio 12 de 1988, ocasión en la cual ese Tribunal declaró inconstitucional,
y por ende “nulo”, el párrafo segundo del artículo 2° de la Ley Orgánica
10 de 1980, que prohibía “en todo caso la recusación (y consiguientemente la
abstención) del Juez sentenciador que ha sido instructor de la causa”.
[21] Cfr. STC 11 de enero 17
de 2000.
[22]
Sobre el tema se han expresado reconocidos autores, como Luigi Ferrajoli
(“Derecho y razón”, trad. Perfecto Andrés Ibáñez y otros, ed. Trotta, Madrid,
1995, pág. 582): “En segundo lugar, para garantizar la imparcialidad del
juez es preciso que éste no tenga en la causa ni siquiera un interés público o
institucional. En particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio,
y que por esto no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como,
por el contrario, ocurre en el proceso inquisitivo y, aunque sea de manera
ambigua, también en el mixto…”
[23] STC 145
/1988, previamente citada.
[24] Sentencia 157 de mayo 6 de 1993.
[25]
STC 11 de enero 17 de 2000, previamente citada.
[26] Providencia de mayo 17
de 2005, dentro de la causa N° 3221.
[27] Arts. 6°-1 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; 14-1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8°-1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
[28]
En el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 se establece que las
sentencias proferidas por esta corporación sobre los actos sujetos a su control
en los términos del artículo 241 de la Constitución, tienen efecto hacia el
futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario (no está en negrilla en
el texto original).
[29]
Acorde con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las leyes de
carácter procesal tienen vigencia inmediata y rigen hacia el futuro, pues en
esa preceptiva se indica: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deban empezar a regir.”
[30]
Ver las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996, C-411 de
1997.
[31] El legislador, en ejercicio de la potestad de
configuración ha modificado la lista de cargos cobijados por este fuero
especial ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, desde el año 2000 el
legislador ha determinado la inclusión de los siguientes funcionarios: (i) los
mencionados en los artículos 174 y 235, numerales 2, 3, y 4 de la Carta, (ii)
el viceprocurador, (iii) el vicefiscal, (iv) los magistrados de los consejos seccionales
de la judicatura, (v) del Tribunal Superior Militar, (vi) del Consejo Nacional
Electoral, (vii) los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y
(viii) los tribunales superiores de distrito, (ix) los procuradores delegados,
(x) el Registrador Nacional del Estado Civil, (xi) el Director Nacional de
Fiscalía y (xii) los directores seccionales de fiscalía. La Corte declaró la
exequibilidad de dichas inclusiones en las sentencias C-142 de 1993, C-561 de
1996, C-411 de 1997 y C-873 de 2003.
[32]
Ver la sentencia C-873 de 2003, precitada.
[33] Ver
la sentencia C-561 de 1996. No obstante, la Corte Constitucional (C-037 de
1996) declaró inconstitucional que la Ley Estatutaria del a Administración de
Justicia atribuyera a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el
conocimiento de las apelaciones de algunos de estos procesos. El artículo
juzgado decía:  “Articulo 17. De la Sala
Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones: (…)  6. Resolver las
impugnaciones y los recursos de apelación contra las sentencias, medidas
cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera la Sala de
Casación Penal en los procesos que trámite contra los funcionarios y servidores
públicos con fuero constitucional de juzgamiento por los hechos punibles que se
les imputen (Proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria
de la Administración de Justicia”) La Corte resolvió lo siguiente:
“DECIMOTERCERO.- Declarar INEXEQUIBLES (…) el numeral 6o del artículo 17 (…)”
[34]
Ver las sentencias C-142 de 1993 y C-411 de 1997.
[35] La
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado la diferencia entre enunciado
normativo y contenido normativo, o lo que es lo miso entre disposición y norma
como punto de partida de las sentencias interpretativas. El primer antecedente que trató el tema de la
distinción entre disposición y norma lo encontramos en la aclaración de voto de
los magistrados Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz en la
sentencia C-543 de 1996. En esta ocasión, los mencionados magistrados
manifestaron lo siguiente:
“En general las expresiones normas legales, enunciados
normativos, proposiciones normativas, artículos, disposiciones legales y
similares se asumen como sinónimas. Sin embargo, lo cierto es que la teoría
jurídica, y en particular la teoría constitucional, distingue con claridad
entre, de una parte, los enunciados normativos, esto es, los textos legales y,
de otra parte, las normas o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se
desprenden, por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el
enunciado o el texto es el objeto sobre el que recae la actividad
interpretativa, las normas o proposiciones normativas son el resultado de las mismas”.
Así pues, una vez establecida tal diferencia, se
preguntaron:
“(…) el control ejercido por la Corte en las acciones
públicas de inconstitucionalidad, ¿recae sobre la norma o sobre el texto?”
Llegaron a la siguiente conclusión: “Una primera lectura del artículo 241 de la
Carta sugiere que la Corte debe pronunciarse exclusivamente sobre los textos
pues, según el ordinal 4, la Corte decide sobre las demandas ´que presenten los
ciudadanos contra las leyes´, y en general por ley se entiende el texto
expedido por el Congreso. Sin embargo, un análisis más profundo muestra que
ello no es así, pues el propio literal agrega que el pronunciamiento puede
versar tanto sobre el contenido material de la ley, como sobre los vicios de
formación de la misma. La propia Carta señala entonces que, salvo en los vicios
de formación, el control constitucional no recae sobre el texto legal como tal
sino sobre su contenido material, esto es, sobre las normas contenidas en la
ley. Y no podía ser de otra manera, pues al control constitucional lo que le
interesa es que no se mantengan en el ordenamiento contenidos normativos
legales contrarios a la Carta. Esto muestra entonces que el control
constitucional recae sobre las normas, esto es, sobre las reglas o los
contenidos normativos derivados de los textos legales, más que sobre los textos
en sí mismos considerados”.
Posteriormente, en la sentencia C-1046 de 2001, en
relación con la distinción entre disposición y norma, la Corte se pronunció en
los siguientes términos:
“(…) es necesario distinguir, tal y como esta Corte lo
ha hecho, entre las nociones de ´disposición´ y de ´contenido normativo´. Así,
en general las expresiones normas legales, enunciados normativos, proposiciones
normativas, artículos, disposiciones legales y similares se asumen como
sinónimas. Sin embargo, lo cierto es que es posible distinguir entre, de una
parte, los enunciados normativos o las disposiciones, esto es, los textos
legales y, de otra parte, los contenidos normativos, o proposiciones jurídicas o
reglas de derecho que se desprenden, por la vía de la interpretación, de esos
textos. Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto
sobre el que recae la actividad interpretativa, las normas, los contenidos
materiales o las proposiciones normativas son el resultado de las misma (…)”.
[36] Baste citar aquí la
sentencia C-592 de 2005 en la cual se sostuvo:
“Sobre
este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio
de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales,  pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales.
Al respecto cabe recordar que  esta Corporación, en concordancia
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,  en diferentes ocasiones
en las que se ha referido a la concordancia del artículo 40 de la Ley 153 de
1887   -que prevé la regla general de
aplicación inmediata de la ley procesal- con el artículo 29 constitucional, ha
concluido que  independientemente del efecto general  inmediato de las normas
procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar la
aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse
distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más
benéficas al procesado” (negrillas añadidas).