T-888-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-888/05
ACCION DE TUTELA-Fallecimiento del
enfermo
MEDIDA DE PROTECCION PROVISIONAL EN TUTELA-Juez no constató cumplimiento de la decisión/MEDIDA DE
PROTECCION PROVISIONAL EN TUTELA-Artículo 7 del Decreto 2591/91
No puede la Sala pasar por alto el hecho de que en el presente caso
el juez de instancia haya decretado como medida provisional “la práctica del
examen, no obstante, el funcionario judicial no haya constatado el cumplimiento
de esa decisión constitucional. De conformidad con lo establecido en el
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, los jueces constitucionales que deciden
acciones de tutela tienen la potestad de decretar medidas provisionales para
proteger los derechos constitucionales fundamentales, antes de pronunciarse
definitivamente en el fallo, pues con ella se busca evitar que la amenaza
contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose
constatado la existencia de una violación, que ésta se torne más gravosa.
INCAPACIDAD ECONOMICA-Subreglas
aplicables
INCAPACIDAD ECONOMICA Y PRINCIPIO DE IMPULSO OFICIOSO EN LA ACCION
DE TUTELA
Un correcto análisis constitucional exigía al juez de instancia
tener en cuenta que el accionante, dadas las circunstancias de manifiesta
debilidad económica y física, por las que atravesaba era sujeto de especial
protección por parte del Estado, y por lo mismo no le eran oponibles presunciones
para resolver su caso sino que era necesario un escrutinio de las
particularidades de su caso. Los jueces de tutela, no pueden soslayar que las
manifestaciones de quienes acuden a la jurisdicción constitucional en aras de
obtener protección de sus derechos fundamentales, están amparadas por la
presunción de buena fe (artículo. 83 Superior) y en esas condiciones
corresponde al juez mediante el decreto de pruebas de oficio o a los accionados
mediante la solicitud o aporte de la mismas desvirtuar el dicho del tutelante.
Así, no es constitucionalmente válido que, en este tipo de casos, el juez de
tutela deniegue la protección de un derecho aduciendo que el actor no demostró
o no acreditó su capacidad económica, dado que como se ha indicado, el
principio de impulso oficioso de la acción de tutela impone al juez constatar
dicha situación y no presumirla, siendo en todo caso interés de la entidad
accionada desvirtuar lo manifestado por el accionante y como ello no acaeció en
el presente caso, es claro que sí se encontraba cumplido el tercer requisito
para inaplicar las normas del P.O.S. Finalmente, en el expediente obran las
prescripciones del examen requerido por el actor, expedidas por el médico
tratante adscrito a Salud Total E.P.S., con lo cual se cumple con el cuarto
presupuesto fijado por la jurisprudencia de esta Corporación para determinar la
procedencia de la acción de tutela en este tipo de casos, los cuales al
verificarse en su integridad debieron dar como resultado la protección
constitucional de los derechos invocados por el accionante.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-1106216
Acción de tutela instaurada por Carlos Manuel Murcia Pulido contra
Salud Total E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión
del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado Treinta y Cuatro
Civil Municipal de Bogotá, D.C., el 1º de abril de 2005.
I. ANTECEDENTES
El accionante manifiesta que interpuso acción de tutela contra la
E.P.S. Salud Total por considerar que dicha entidad le está violando sus
derechos constitucionales fundamentales a la salud y a la vida.
Relata que se encuentra afiliado como cotizante a la entidad
demandada desde hace aproximadamente 3 años y que desde el 13 de agosto de 2004
se le dictaminó infección en el oído y dificultad en la fosa nasal derecha para
la secreción.
Posteriormente acudió ante la entidad accionada para que le
practicaran las terapias formuladas por su médico tratante en donde la
terapeuta que lo atendió le sugirió hacerse examinar por el otorrinolaringólogo
por considerar que estaba presentando parálisis facial progresiva. Luego de
practicarse los exámenes requeridos, procedió a la valoración para la cirugía
programada el 10 de noviembre de 2004, la cual no se realizó por la falta de
otros exámenes.
Dadas las condiciones del accionante, el neurólogo le ordenó la
realización de ocho (8) exámenes entre ellos el de “ENZIMA COVERTIDORA DE
ANGIOTENSINA (ACE)”[1]
el cual no se ha autorizado debido a que no se encuentra en el P.O.S.[2]
y éste no cuenta con los recursos económicos para asumir su costo.
Al respecto el accionante señaló que:  “El día 22 de febrero me
dirijo con la explicación del médico de que ES UN EXAMEN DE LABORATORIO PARA
DESCARTAR LA SOSPECHA DE ENFERMEDAD LLAMADA SARCOIDOSIS. ME DIJERON QUE ESTE
EXAMEN NO LO AUTORIZABAN PORQUE NO ESTABA EN EL P.O.S., cabe mencionar que es
un examen que tiene un valor de $152.000 y no tengo más capacidad de
endeudamiento, no estoy trabajando, estoy incapacitado, dado el problema de
desequilibrio e inestabilidad del cuerpo por la pérdida del oído y muy
probablemente las consecuencias neurológicas del diagnóstico que se está
buscando no tengo aliento para desplazarme a ningún lado, devengo el salario
mínimo como conductor ya que siendo profesional no pude conseguir otro trabajo,
es decir me alcanza solo para subsistir de manera poco decorosa.”[3]
Por lo anterior, el señor Carlos Manuel Murcia Pulido, solicita se
ordene a la entidad prestadora de salud la práctica del examen enzima
convertidora de angiotensina y el tratamiento integral que requiera para
recuperar su salud, “ya que se trata de una enfermedad catalogada como
catastrófica de alto costo y no tengo los recursos para pagar”[4],
y autorice a la E.P.S. Salud Total para que repita por los costos de los
procedimientos y elementos ordenados en el fallo de tutela, “al igual que
del tratamiento integral, en contra del Fosyga.”
Respuesta de la entidad tutelada
Avocado el conocimiento de la acción de tutela, el juez de instancia
ordenó i) oficiar a la entidad demandada para que informara sobre los
hechos de la demanda y se pronunciara sobre el objeto de la misma. ii)
vincular al Fosyga -Ministerio de Salud- para que se pronunciara según su
competencia en el caso objeto de estudio y iii) decretar como medida
provisional de protección[5]
al accionante, la práctica del examen enzima convertidora de angiotensina,
mientras se falla la tutela interpuesta.
Salud Total E.P.S., informó que el actor se encuentra afiliado a
dicha entidad y afirma que no ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues se
le han autorizado los servicios médicos requeridos según los parámetros
legalmente autorizados. Sin embargo, señala que el examen enzima convertidora
de angiotensina no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, el
cual tiene un costo de $106.000 aproximadamente, prueba que debe cubrir el
accionante teniendo en cuenta que éste aceptó las condiciones particulares y
generales del P.O.S..
En cuanto a la incapacidad económica del demandante para asumir el
costo del examen prescrito, agrega que es necesario que acuda a la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá en cumplimiento del artículo 28 del Decreto
806/98, o en su defecto “el Ministerio de Protección Social -Fosyga- debe
asumir el costo de dicho examen ya que actúa en representación del Estado y es
a quien le corresponde asumir la responsabilidad jurídica y económica por el
cargo de los procedimientos no P.O.S. y sometidos a períodos mínimos de
cotización.”
El Ministerio de la Protección Social manifestó que cuando el
afiliado requiera servicios adicionales a los incluidos en el P.O.S. deberá
financiarlos directamente y cuando no tenga capacidad económica podrá acudir a
las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el
Estado, las cuales estarán en la obligación de atenderlo.
Por tanto, el afiliado debe asumir el costo del procedimiento
realizando acuerdos para diferir el pago con la respectiva E.P.S. o I.P.S.,
según su capacidad de pago. No obstante las E.P.S., en ninguna situación,
quedan exoneradas de su responsabilidad de aseguramiento para con sus
afiliados, pues si bien es cierto existen algunos servicios con condiciones de
acceso determinadas, deben seguir atendiendo los contenidos en el P.O.S.
Por lo anterior solicitó fuera excluido el Ministerio de la
Protección Social de las responsabilidades endilgadas en el asunto objeto de
estudio.
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, D.C., a
través de fallo del 1º de abril de 2005, resolvió declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Manuel Murcia Pulido, por
cuanto no se ha puesto en riesgo su salud al negar el examen formulado por el
médico tratante pues el accionante cuenta con la capacidad económica para
asumir el mismo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los presupuestos exigidos
por la Corte Constitucional es “que el paciente realmente no pueda sufragar
el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él
por ningún sistema o plan de salud,” situación no probada en el plenario ya
que el peticionario no demostró gastos o deudas.
No obstante lo anterior, el a-quo advirtió que el
peticionario podría diferir el pago del examen requerido con la respectiva
E.P.S. o I.P.S. según su capacidad de pago, conforme a lo establecido en el
artículo 28 del Decreto 806 de 1998.[6]
Ante lo expuesto, afirma que deja sin valor y efecto la medida
provisional ordenada mediante providencia del 17 de marzo de 2005, respecto de
la cual no existe prueba sumaria de que se haya practicado.
El fallo no fue impugnado.
II. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Para
obtener mejores elementos de juicio en el asunto objeto de estudio, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional le solicitó al señor Carlos
Manuel Murcia Pulido relacionar los bienes y rentas que integran su patrimonio
así como las obligaciones que tiene a su cargo, para lo cual debía remitir
copia de la certificación laboral en la que constara el monto del salario que
devenga y copia de los certificados de tradición de los bienes de su propiedad.[7]
No
obstante, dicho requerimiento no le pudo ser notificado al mencionado señor
dado que, según informe secretarial, el actor no residía en el lugar indicado
en el escrito de tutela sin que se tuviera información adicional sobre su
localización. Ante dicha situación, la Sala procedió a contactarlo vía
telefónica, comunicación en la cual la señora María Nelly Murcia de Pabón,
hermana del accionante, manifestó que éste había fallecido el 23 de junio de
2005.[8]
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Problema jurídico
En el
presente caso la Sala debe determinar si se violan los derechos fundamentales a
la salud y a la vida de una persona a quien su médico tratante adscrito a la
E.P.S. a la que se encuentra afiliado le ordena la práctica de un examen
diagnóstico “enzima convertidora de angiotensina” y la entidad
prestadora de salud lo niega con el único argumento de que el mismo se fuera
del Plan Obligatorio de Salud.
Consideración preliminar. Muerte del accionante durante el trámite
de revisión
El fallecimiento durante el trámite de amparo de la
persona que acudió a la jurisdicción constitucional para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales, en principio, permite al juez
constitucional proferir una decisión desestimatoria de la solicitud de
protección constitucional, dado que no tendría sentido amparar derechos si su
titular ya no existe.
Sin embargo, en cumplimiento de la función primaria[9]
que es inherente a la revisión de los fallos de tutela (Art. 241-9 C.P.), la
Corte Constitucional ha sostenido que la muerte del peticionario durante este
trámite, no la exime de emitir un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de
debate, porque si bien a causa del fallecimiento del actor la Corte queda
impedida para impartir contra el demandado la orden a que hace referencia el
artículo 86 Superior, ello no impide que deba resolver sobre el fondo del
asunto sometido a su estudio, dado que el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991
prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela y que las
funciones de la Corte Constitucional exceden a las que cumple ordinariamente un
tribunal de instancia.[10]
En efecto, en la Sentencia T-428 de 1998[11]
se precisó que el propósito de la Corte Constitucional al revisar los procesos
de tutela, además de resolver el caso concreto, es decantar los criterios
interpretativos de las normas jurídicas, buscando establecer parámetros de
interpretación para los jueces de la República, que pretenden clarificar y
delimitar, en últimas, el campo doctrinario de los derechos fundamentales, a lo
cual se llega por vía de la revisión de casos ejemplares o ilustrativos.
Por lo anterior, el hecho que el titular de los derechos que se
invocan haya dejado de existir no puede ser obstáculo para emitir un
pronunciamiento de fondo.
Desde esta perspectiva, procede la Sala de Revisión a pronunciarse
sobre la solicitud de la tutela, con la advertencia de que lo hará a título
ilustrativo, pues como ya se precisó, no cabe emitir orden alguna sobre
derechos cuyo titular ha desaparecido.
Caso concreto
Una primera circunstancia que merece ser estudiada por la Sala es aquella
que se advierte de los hechos reseñados y que alude concretamente a la omisión
del juez de instancia de verificar el cumplimiento de la medida provisional de
protección decretada al iniciar la actuación de tutela y que tenía como
finalidad proteger los derechos invocados por el accionante. Lo anterior, por
cuanto de la lectura del expediente se infiere, que la orden judicial proferida
en ese sentido nunca se cumplió.
Desde esta perspectiva, no puede la Sala pasar por alto el hecho de
que en el presente caso el juez de instancia haya decretado como medida
provisional “la práctica del examen denominado ENZIMA CONVERTIDORA DE
ANGIOTENSINA”, según orden expedida por el médico tratante, lo anterior
mientras se falla la presente acción de tutela” y que no obstante, el
funcionario judicial no haya constatado el cumplimiento de esa decisión
constitucional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2591
de 1991, los jueces constitucionales que deciden acciones de tutela tienen la
potestad de decretar medidas provisionales para proteger los derechos
constitucionales fundamentales, antes de pronunciarse definitivamente en el
fallo, pues con ella se busca evitar que la amenaza contra el derecho
fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de
una violación, que ésta se torne más gravosa.[12]
De otra parte, cabe mencionar que el Estado social de derecho, no
puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según
el ánimo y la voluntad de sus destinatarios.[13]
En este sentido esta Corporación ha precisado[14]
que todas las autoridades estatales, y todas las personas, públicas y privadas,
tienen el deber de acatar las decisiones de los jueces, “sin entrar a
evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido
proferidos por el funcionario judicial competente para que a ellos se deba
respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones
contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si
están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.”
Así, la decisión por medio de la cual un juez individual o colegiado
profiere una medida provisional de protección de los derechos fundamentales del
accionante es una providencia judicial y como tal debe cumplirse y en los
plazos y condiciones que en ella se determine, so pena de incurrir en desacato,
todo en aras de salvaguardar el interés iusfundamental de quien acude a
la jurisdicción constitucional.
En el trámite constitucional de tutela, el principio de impulso
oficioso conforme al cual debe desarrollarse la actuación, impone a los
funcionarios judiciales velar por el cumplimiento de las órdenes que en
desarrollo de la misma profieran, puesto que de nada serviría que el juez de
tutela dictara oportunamente una medida provisional de protección si la misma
no se cumple antes de que se adopte el fallo correspondiente, que  como se sabe
debe proferirse en un término máximo de diez (10) días.
En el presente asunto, el juez de tutela incumplió por partida doble
el fin esencial al que hace referencia el artículo 2 de la Carta Política, ya
que en el diseño de la medida provisional de protección omitió precisar con
exactitud el responsable de hacer lo allí ordenado, esto era, “la práctica
del examen denominado ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA”, y de igual
manera, el plazo para su realización.
Así mismo, incumplió el deber que corresponde a todo juez
constitucional de constatar que las órdenes, incluso las de carácter
provisional, dictadas en el trámite de tutela sean efectivamente acatadas,
puesto que a pesar de que la E.P.S. accionada no hizo pronunciamiento sobre el
particular, el funcionario judicial no adoptó ninguna medida, para esclarecer
las razones de ese silencio e imponer de ser el caso las sanciones por
desacato.
De otra parte, y en atención al problema jurídico planteado, la Sala
constata que del material probatorio que reposa en el expediente se infiere el
cumplimiento a cabalidad de las reglas jurisprudenciales establecidas por la
Corte[15]
para la procedencia de la acción de tutela para casos como el que es objeto de
estudio.
En efecto, (i) la falta del examen enzima convertidora de
angiotensina (AEC) afectaba la integridad física del solicitante puesto que
era necesario para descartar la sospecha de la enfermedad llamada sarcoidosis.[16]
(ii) no podía ser sustituido por otro que se encontrara en el plan obligatorio
de salud; (iii) el accionante no podía costearlo ni podía obtener su
realización a través de otro plan distinto que lo beneficiara, y (iv) fue
ordenado por un médico adscrito a la entidad promotora de salud.
En este sentido, si bien no puede afirmarse, desde una perspectiva
meramente biológica que el derecho a la vida se encuentre vulnerado o
amenazado, lo cierto es que la calidad de vida del accionante se veía afectada
por la falta de la práctica de dicho examen.
Respecto de la capacidad económica del accionante, el juez de
instancia consideró que al no haberse acreditado su capacidad económica debía
presumirse “que éste devengaba el salario mínimo legal mensual vigente” y
que por lo mismo teniendo en cuenta que “el examen requerido tenía un costo
aproximado de $106.000 equivalente a un 30% del salario, no era procedente
exonerar de dicho costo al demandante.”[17]
No obstante, esa conclusión no corresponde, desde la perspectiva
constitucional, a una solución del problema planteado por el accionante. En
efecto debe recordarse que el propio señor Murcia Pulido (q.e.p.d.) señaló que:
(i) no tenía más capacidad de endeudamiento, (ii) no estaba
trabajando, (iii) estaba incapacitado, “dado el problema de
desequilibrio e inestabilidad del cuerpo por la pérdida del oído y muy
probablemente las consecuencias neurológicas del diagnóstico que se está
buscando no tengo aliento para desplazarme a ningún lado” y, (iv) devenga
el salario mínimo como conductor.[18]
En este sentido, la presunción que aplicó el a-quo era
impertinente dado que el propio accionante ya se había referido al monto del
salario devengado Así mismo, la circunstancia de no tener por establecida la
crítica situación económica del actor denota el desconocimiento del funcionario
judicial de instancia de las subreglas que para el efecto ha definido la
jurisprudencia constitucional sistematizadas, entre otras, en la sentencia
T-744 de 2004[19],
en la cual se precisó que;
1.  No existe una tarifa legal en materia probatoria, respecto a la
prueba de la incapacidad económica del accionante. Si bien en la SU-819 de 1999
se afirmó que, en el caso que se estaba revisando, el accionante debía aportar un
balance certificado por contador o su declaración de renta o un certificado de
ingresos y salarios, para probar la incapacidad económica que alegaba, en
fallos posteriores, esta Corporación ha aclarado que en la acción de tutela, no
existe tarifa legal para que el acciónate pruebe la incapacidad económica que
alega.
La Corte Constitucional ha precisado que los medios probatorios
señalados en la sentencia SU-819 de 1999 no son taxativos, y que el accionante
dispone de completa libertad para utilizar otros medios probatorios que estén a
su alcance, para demostrar que no tiene los medios económicos suficientes para
pagar el valor que se le exige, para acceder a un servicio médico determinado.
2. La carga probatoria de la incapacidad económica se invierte en
cabeza de la EPS o ARS demandada, cuando en el proceso solamente obre como
prueba al respecto, la afirmación que en este sentido haya formulado el
accionante en el texto de demanda o en la ampliación de los hechos.
Esta Corporación ha establecido que, en la medida que las EPS o ARS
tienen en sus archivos, información referente a la situación socioeconómica de
sus afiliados, estas entidades están en la capacidad de controvertir las
afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad
económica.  Por tal razón, su inactividad al respecto, hace que las
afirmaciones presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente.
3. Los jueces de tutela tienen el deber de decretar pruebas mediante
las cuales se pueda comprobar la incapacidad económica alegada por el
accionante.  Su inactividad al respecto, no puede conducir a que las
afirmaciones del accionante al respecto, sean tenidas como falsas, y se niegue
por tal razón, la protección de los derechos fundamentales solicitada.
4. Ante la ausencia de otros medios probatorios, hechos como el
desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en calidad de
beneficiario y no de cotizante, pertenecer al grupo poblacional de la tercera
edad y tener ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal mensual,
pueden ser tenidos en cuenta como prueba suficiente de la incapacidad económica
del accionante, siempre y cuando tal condición no haya sido controvertida por
el demandado.”
Desde esta perspectiva, un correcto análisis constitucional exigía
al juez de instancia tener en cuenta que el accionante, dadas las
circunstancias de manifiesta debilidad económica y física, por las que
atravesaba era sujeto de especial protección por parte del Estado, y por lo
mismo no le eran oponibles presunciones para resolver su caso sino que era
necesario un escrutinio de las particularidades de su caso.
Los jueces de tutela, no pueden soslayar que las manifestaciones de
quienes acuden a la jurisdicción constitucional en aras de obtener protección
de sus derechos fundamentales, están amparadas por la presunción de buena fe
(artículo. 83 Superior) y en esas condiciones corresponde al juez mediante el
decreto de pruebas de oficio o a los accionados mediante la solicitud o aporte
de la mismas desvirtuar el dicho del tutelante.
Así, no es constitucionalmente válido que, en este tipo de casos, el
juez de tutela deniegue la protección de un derecho aduciendo que el actor no demostró
o no acreditó su capacidad económica, dado que como se ha indicado, el
principio de impulso oficioso de la acción de tutela impone al juez constatar
dicha situación y no presumirla, siendo en todo caso interés de la entidad
accionada desvirtuar lo manifestado por el accionante y como ello no acaeció en
el presente caso, es claro que sí se encontraba cumplido el tercer requisito
para inaplicar las normas del P.O.S.
Finalmente, a folios 14 y 15 del expediente obran las prescripciones
del examen requerido por el actor, expedidas por el médico tratante adscrito a
Salud Total E.P.S., con lo cual se cumple con el cuarto presupuesto fijado por
la jurisprudencia de esta Corporación para determinar la procedencia de la
acción de tutela en este tipo de casos, los cuales al verificarse en su
integridad debieron dar como resultado la protección constitucional de los
derechos invocados por el accionante.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia que denegó la tutela
solicitada, pero como quiera que el accionante falleció, conforme al precedente
sobre la materia[20],
se declarará la carencia actual de objeto, no habiendo
lugar a impartir orden alguna.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR, por las razones
expuestas la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil
Municipal de Bogotá, D.C. el 1 de abril de 2005, dentro del trámite
constitucional de la referencia.
Segundo. DECLARAR la carencia actual de
objeto, por la razón señalada de manera precisa en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero.- Dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 15 del expediente.
[2] Folio 19 del expediente.
Formato de negación de servicios.
[3] Folio 23 del expediente.
[4] Folio 23 del expediente.
[5]A folio 35 obra prueba de
la petición del 17 de marzo de 2005 que elevó el accionante al juez de
instancia solicitando la medida provisional protección.
[6] Decreto 806 de 1998.
Artículo 28. Beneficios de los afiliados al Régimen Contributivo. (...)
Parágrafo. Cuando el afiliado al Régimen Contributivo requiera de servicios
adicionales a los incluidos en el P.O.S. deberá financiarlos directamente.
Cuando no tenga capacidad de pago para asumir el costo de estos servicios
adicionales, podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que
tengan contrato con el Estado, las cuales estarán en la obligación de atenderlo
de conformidad con su capacidad de oferta y cobrarán por sus servicios una
cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes.
[7] Folio 10 del expediente,
cuaderno principal.
[8] A folio 25 del cuaderno
principal del expediente reposa el certificado de defunción del señor Carlos
Manuel Murcia Pulido, en el que se registró como causa de su fallecimiento “insuficiencia
respiratoria”.
[9]
Corte Constitucional.  Sentencia T-175 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[10]
Corte Constitucional. Sentencia T-699 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[11]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12] Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido los Autos 031 de 1995 M.P.
Carlos Gaviria Díaz, 041A de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, 049 de
1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Autos 040A de 2001 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[13] Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 1997 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[14]
Corte Constitucional. Sentencia T-329 de 1994 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15](i)
que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal
o administrativa amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida
o a la integridad personal del interesado; (ii) que se trate de un medicamento
o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el
Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga
el mismo nivel de efectividad, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el
necesario para proteger el mínimo vital del paciente; (iii)  que el paciente
realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido,
ni pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud; (iv) y que el
medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la
Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el interesado. Corte
Constitucional. Sentencias C-112 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-419 de
1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-328 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz; T-560 de
1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-406 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-646
de 2005 M.P. Dr.Alfredo Beltrán Sierra y T-586 de 2005, entre otras.
[16]
Ver folio 14 del expediente.
[17]
Folio 53 del expediente.
[18]
Folio 23 del expediente.
[19]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20]
Corte Constitucional. Sentencia T-271 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-818 de 2002 y T-493 de 2003 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2004
M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-414 de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto, entre
otras.