T-904-09
Sentencia T-904/09
Sentencia T-904/09
(Diciembre 07; Bogotá D. C.)
Referencia: Expediente T-2.317.187
Accionante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. E.T.B S.A. ESP (ETB).
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Civil.
Fallo objeto de Revisión: Sentencia emitida el día
cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009), por la Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación Civil.
Magistrados de la Sala Quinta de
Revisión: Mauricio González Cuervo, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda y pretensión.
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A.,
E.S.P. (en adelante, la E.T.B.), interpuso el 31 de marzo de 2009 acción de
tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
considerar que una providencia proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 18 de marzo de 2009, dentro de un
proceso ejecutivo en el cual la E.T.B. es la parte ejecutada, había vulnerado
uno de sus derechos constitucionales fundamentales.
1.1.
Elementos de la demanda.
1.1.1 Derechos
fundamentales cuya protección se invoca: La E.T.B. considera que la
providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Bogotá, Sala Civil,
proferida el 18 de marzo del 2009, vulnera su derecho constitucional
fundamental al debido proceso.
1.1.2 Conducta
que causa la vulneración: Dentro de un proceso ejecutivo promovido por
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. (en adelante, COMCEL) contra la E.T.B., la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó un auto proferido por el Juez
de Primera Instancia (Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá) y ordenó, en
providencia del 18 de marzo de 2009, que los intereses moratorios
correspondientes a la obligación surgida de un laudo arbitral se liquidaran con
referencia al interés moratorio mercantil, y no a la tasa del 6% anual, como lo
había ordenado la primera instancia. Es esta última la decisión que E.T.B.
considera violatoria de su derecho fundamental al debido proceso.
1.1.3 Pretensión: En la acción de tutela, la
E.T.B. solicitó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:
(i) revocar la providencia proferida el 18 de marzo de 2009 por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la cual se
le ordenó pagar intereses comerciales moratorios sobre la condena impuesta en
el laudo arbitral proferido el 15 de diciembre de 2006, y (ii) disponer
que la E.T.B. debe pagar los intereses civiles moratorios previstos en el
artículo 1617 del Código Civil.
1.2.  Fundamento de la pretensión.
Los hechos que sirven de fundamento a la pretensión de
E.T.B., y que se encuentran debidamente acreditados en el expediente, son los
siguientes:
1.2.1.
COMCEL presentó demanda arbitral contra E.T.B., para que se declarara que ésta
había violado unas resoluciones de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, en lo relativo al pago de los cargos de acceso que ella
debía realizar en desarrollo de un contrato de interconexión.[1]
1.2.2.  En
esa demanda, a juicio de la accionante, no se solicitó al Tribunal de
Arbitramento que se pronunciara sobre los intereses moratorios que se causarían
sobre las condenas que fueran impuestas a la E.T.B., entre la ejecutoria del
laudo y la de su pago.[2]
1.2.3.  En
el laudo, proferido el 15 de diciembre de 2006, se declaró que E.T.B. estaba a
obligada a pagar a COMCEL unos valores derivados de la relación contractual, se
condenó a que los pagara en el término de 5 días hábiles contados a partir de
que el laudo quedara ejecutoriado, junto con las costas y agencias en derecho[3]
y, expresamente, se dijo que se negaba la condena de intereses moratorios
contenido en la pretensión segunda de la demanda arbitral. [4]
1.2.4.
Cuando COMCEL solicitó a los árbitros que el laudo se complementara en el
sentido de disponer que entre la fecha del laudo y la del pago las condenas se
generarían intereses moratorios comerciales o debían ser objeto de actualización
e intereses, el Tribunal de Arbitramento consideró improcedente la solicitud,
por las siguientes razones:
“El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil determina a partir
de cuándo es posible exigir la ejecución de las providencias judiciales y las
obligaciones contenidas en dichas providencias se encuentran sujetas, como
todas las obligaciones, a un ordenamiento legal. Sin embargo, no existe
disposición que le imponga al Tribunal en este caso un pronunciamiento al
respecto ni pretensión que la respalde.
Por otra parte dice la ley (artículo 308, inciso final, del CPC) que
cuando se deban actualizar condenas a pagar sumas de dinero reajustadas, será
el juez que conozca de la ejecución del laudo quien disponga lo pertinente
respecto del período que vaya entre la fecha del fallo y la del pago. La
decisión contenida en el laudo del presente proceso arbitral está debidamente
fundamentada en las consideraciones y contiene los elementos de juicio
necesarios para determinar una eventual aplicación del inciso final del
artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
Las prestaciones derivadas de un eventual incumplimiento de la condena
o de su actualización no son materia del presente proceso ni objeto del laudo
arbitral y están sometidas a un régimen jurídico que tendrá que ser aplicado
por el juez competente para adelantar la ejecución de la sentencia. Por esta
razón el Tribunal negará la complementación”.[5]
1.2.5.  COMCEL presentó demanda ejecutiva para obtener el
pago de lo ordenado en el laudo y en las pretensiones segunda y cuarta
(relativas, respectivamente, a la condena principal, y a las costas y agencias)
pidió que se librara orden de pago “por los intereses moratorios a la tasa
máxima legal autorizada sobre la suma anterior desde que se causaron a deber y
hasta cuando el pago se efectúe”[6]
1.2.6.  En el mandamiento de pago librado contra la
E.T.B. por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá el 11 de julio de 2008,
se ordenó el pago de las siguientes sumas:
“1º. Por $38.003.759.715 por concepto de capital, más
sus intereses moratorios liquidados a la tasa del 1.58% nominal efectiva
mensual desde el 29 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2007 y, de ahí en
adelante al porcentaje máximo autorizado para cada uno de los períodos
subsiguientes teniendo en cuenta la fluctuación conforme a la certificación
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo
previsto en el art. 884 del C. de Co. y hasta cuando se verifique su pago.
2º. Por $20.745.819 por concepto de capital (costas),
más los intereses moratorios a la tasa del 6% anual (art.1617 del C.C.) desde
el 29 de Enero de 2007 y hasta el pago efectivo de la obligación”.[7]
1.2.7.
Al resolver un recurso de reposición interpuesto por E.T.B., el Juzgado 16
Civil del Circuito de Bogotá consideró lo siguiente, en auto del 21 de
noviembre de 2008:
“[…] se observa que, efectivamente, como lo indica el
censor se incurrió en yerro al fijar la naturaleza del interés correspondiente,
pues si bien es cierto que tanto la tasa de interés determinada en el artículo
884 del Código de Comercio como la fijada en el artículo 1617 del Código Civil
constituyen intereses legales, la que al presente asunto correspondía ordenar
cancelar era la consagrada en la legislación civil, teniendo en cuenta que en el
caso sub examine lo que se está ejecutando es una condena impuesta en un
laudo arbitral que por su carácter de providencia judicial no permite la
aplicación de la tasa prevista para asuntos mercantiles”[8].
Y,
por lo tanto, ordenó:
“1º. REPONER para REFORMAR la determinación adoptada,
en el numeral 1º del auto calendado 11 de julio de 2008, obrante a folio 208 de
este cuaderno, en lo que atañe a la tasa y naturaleza de los intereses
ordenados allí cancelar, la cual quedará del siguiente tenor:
1º Por $38.003.759.715.oo, por concepto de capital, más
sus intereses moratorios liquidados a la tasa del 6% anual desde el 29 de enero
de 2007 y hasta el pago efectivo de la obligación.
2º En lo restante no se repone el proveído impugnado […]”.[9]
1.2.8.
COMCEL presentó recurso de apelación contra esta decisión, y la Sala Civil de
Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, escuchada previamente la parte
ejecutada, en providencia del 18 de marzo de 2009, decidió lo siguiente:
“Por las razones expuestas, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, REVOCA el auto
proferido el 21 de noviembre de 2008 por el Juzgado 16 Civil de Circuito de
esta ciudad, en el asunto de la referencia. Por consiguiente, los intereses
moratorios se liquidarán con referencia al interés moratorio mercantil,
conforme se dispuso en el mandamiento de pago de 11 de julio de 2008”.[10]
(negrillas fuera de texto)
El
Tribunal Superior de Bogotá sustentó esta decisión en las siguientes
consideraciones:
1.2.8.1
Los intereses legales no son sólo los regulados en el Código Civil. “No se
puede afirmar que siempre que deba aplicarse el interés legal, debe ser
cuantificado en el 6% anual, puesto que si el negocio jurídico es mercantil o
si el legislador expresamente remite a la tasa que le es propia a esta materia,
el monto de dichos intereses “será equivalente a una y media veces del bancario
corriente…”.[11]
1.2.8.2
En este caso, es el propio legislador el que ha definido el tipo de
interés que es aplicable a la respectiva obligación, pues el artículo 36 de la
Ley 142 de 1994 define expresamente el régimen de los intereses aplicables a
las obligaciones que surgen de los contratos que celebren las empresas de
servicios públicos, y allí se dice que el interés moratorio equivale “a una
tasa igual a la máxima permitida por ley para las obligaciones mercantiles”.
1.2.8.3
La obligación ejecutada tiene origen en un contrato celebrado por una empresa
de servicios públicos y “desde ningún punto de vista se podría aceptar que
la condena que se le impuso a la sociedad demandada es ajena al aludido
contrato, puesto que toda la controversia que dirimieron los árbitros en su
fallo de 15 de diciembre de 2006, giró en torno a dicho negocio… y es claro que
las sentencias de los jueces no son fuente de obligaciones; tan solo declaran
la existencia de un derecho y, si fuere el caso, imponen la condena a que
hubiere lugar, sin que pueda confundirse la voluntad del juez como
manifestación concreta de la función pública que ejerce, con la voluntad de las
partes que contienden, materializada en el contrato cuyas obligaciones fueron
disputadas. Por eso, entonces, el interés no puede ser otro que el establecido
en el artículo 36 de la Ley 142 de 1994, en tanto que la obligación ejecutada
despuntó de un contrato celebrado por una empresa de servicios públicos”.[12]
1.2.8.4
El silencio en el laudo sobre el punto de los intereses moratorios causados a
partir del vencimiento del plazo concedido en él para pagar la obligación, no
es excusa para negarse a su pago. Hay contradicción en la E.T.B., puesto que
acepta pagar intereses legales civiles, aunque sobre ello también guardó
silencio el laudo. Dijo el Tribunal Superior de Bogotá: “[…] tratándose de
obligaciones dinerarias, sean civiles o mercantiles, el legislador presume de
derecho que, en caso de mora, se le causa perjuicio al acreedor (Art. 1617 C.C.
y 65 Ley 45 de 1990) y, en adición, presume también, aunque ya no de derecho,
su cuantía, al establecer que el deudor está obligado a pagar intereses. Por
tanto, para librar ejecución por intereses moratorios, basta que el deudor esté
en mora, sin que sea necesario que esa puntual obligación conste en el título…
Que los árbitros no hubieren precisado en su laudo que en caso de mora se
causarían intereses, no quita ni pone ley, pues el derecho a ellos surge de
ésta, no de aquél […]”[13]
1.2.8.5
Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, no
es cierto que los árbitros hubieren negado el pago de intereses para el evento
de mora en el cumplimiento de la condena. Lo que hicieron fue afirmar que tal
asunto está sometido a un régimen legal que tendrá que ser aplicado por el juez
competente para adelantar la ejecución de la sentencia. Los intereses
moratorios que se negaron en el laudo fueron los derivados del incumplimiento
contractual, no los derivados del incumplimiento de la condena y, por lo tanto,
no hay vulneración de la cosa juzgada, “menos aún si se considera que la
causación de intereses sobre la obligación a la que se refiere el laudo, es un
hecho sobreviviente”.[14]
1.2.8.6
En opinión del Tribunal, en la demanda arbitral sí se solicitaron intereses
moratorios a la tasa máxima legal. “El hecho de no haberse precisado que se
trataba de los mercantiles, no impedía ordenar su pago, puesto que al
interpretar la demanda, bien puede entenderse que la pretensión de
reconocimiento de intereses legales relacionados con una obligación de linaje
mercantil incluía los réditos moratorios comerciales dado que el calificativo
de “legales” no es privativo de los intereses civiles, sino que en algunos casos
es predicable en el ámbito mercantil”.[15]
1.2.8.7
Finalmente, concluyó el Tribunal Superior que “no se ve la razón para
considerar que la orden de pago de intereses afecta el debido proceso de la
demandada, quien, por el contrario, ha sido la parte promotora de la discusión
que en esta providencia se resuelve.”[16]
1.2.9
La providencia resumida en el numeral anterior es la que, a juicio de la
E.T.B., vulnera su derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual
interpuso acción de tutela contra ella, ante la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. Las razones que sustentan la acción de tutela
interpuesta por la E.T.B. son, en resumen, las siguientes:
1.2.9.1
En el laudo arbitral que sirvió de título ejecutivo, no se dispuso que la
E.T.B. estuviera obligada a pagar intereses moratorios mercantiles, en el
período comprendido entre la ejecutoria del laudo y la fecha de pago.
1.2.9.2
El juez (en este caso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá), no
era competente para proferir la decisión, toda vez que la disposición sobre
el tipo de interés que debía generar el laudo sólo podía ser adoptada por el
mismo Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo, el cual no lo hizo porque
no se le solicitó en las pretensiones de la demanda arbitral, y así lo afirmó
expresamente en el auto de complementación del laudo. De haberse pronunciado,
habría violado su competencia. Esto teniendo en cuenta que al juez del proceso
ejecutivo no le es dable pronunciarse sobre la naturaleza del contrato que le da
origen al título ejecutivo, ni sobre asuntos no contenidos en el mismo, como el
régimen legal de los intereses moratorios.
1.2.9.3
La providencia desconoció las pruebas que obraban en el expediente, pues
afirmó que el Tribunal de Arbitramento no se pronunció sobre la petición de
intereses, y la verdad es que sí lo hizo, cuando resolvió la solicitud de
complementación del laudo, y afirmó que tal asunto escapaba a su competencia,
por no haber sido solicitado en las pretensiones de la demanda arbitral; y, por
otro lado, la providencia atacada hizo consideraciones sobre la naturaleza
mercantil del contrato que dio origen al laudo arbitral, sin que tal contrato
obrara en el expediente.
1.2.9.4
La providencia ignoró las formalidades propias del proceso, pues impuso
unos intereses moratorios comerciales que no se formularon en el proceso
arbitral, y por tanto, E.T.B. no pudo ejercer su derecho de defensa respecto de
ese tema.
1.2.9.5
A juicio de la accionante “al ordenarse en el proceso ejecutivo el pago
de un interés que no fue pedido en la demanda arbitral y no fue ordenado en la
sentencia y fue denegado al resolver sobre su complementación, se está violando
el efecto de cosa juzgada de la decisión arbitral. Se está desconociendo su
texto en la medida en que está ordenando a la E.T.B. realizar un pago al que no
fue condenado en el proceso arbitral. Se le está imponiendo una condena
desconociendo el debido proceso previsto por la ley para que ello pueda hacerse.”[17]
1.2.9.6
Existe una diferencia clara entre la obligación de pagar intereses derivada de
la relación sustancial que se resuelve en el proceso, y la obligación de pagar
intereses derivada de la mora en el pago de la sentencia. Por tanto, al juez
del proceso ejecutivo instaurado para obligar al pago de las obligaciones de
ésta última no puede pronunciarse sobre los intereses derivados del contrato,
pues se trata de dos fuentes distintas de la obligación. En el laudo se
regularon los primeros, pero no los segundos, porque se carecía de competencia
para ello, y el juez de la ejecución no puede confundir las dos fuentes. Dice
el escrito de tutela: “…una cosa es la decisión sobre los intereses que
puede causar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación
sustancial que es materia de decisión en una sentencia y otra, totalmente
distinta, son los intereses que se causan a partir de la ejecutoria de una
decisión judicial en la que se establece una obligación dineraria a cargo del
demandado. La obligación que se impone en el fallo se hace exigible desde su
ejecutoria y causa intereses legales, al no estar establecida ninguna tasa de
interés para estas obligaciones.”[18]
1.2.9.7
En calidad de parte ejecutada, la E.T.B. no podía proponer excepciones
relacionadas con la relación sustancial resuelta en dicha providencia y, por
ende, esa relación sustancial no podía invocarse para imponerle obligaciones no
previstas en el título ejecutivo. Citando la regulación del Código de
Procedimiento Civil sobre la ejecución de sentencias judiciales, dice el
escrito de tutela: “Si al demandado solo se le permite defenderse del laudo
y se le prohíbe defenderse formulando excepciones relativas al contrato no
pueden imponérsele obligaciones que no se fundamentan en el laudo ni están
contenidas en su texto, sino que se deducen de estipulaciones contenidas en el
contrato”.[19]
1.2.9.8
Por lo demás, dice la E.T.B. en el escrito de tutela, la providencia atacada
funda el mandamiento de pago en un contrato que no obra en el expediente, con
lo cual también se viola el debido proceso.
2.
Respuesta del accionado.
Si
bien la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, corrió traslado
al ponente y a los demás magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá,[20]
por ser ellos la autoridad pública contra la cual se interpuso la acción de
tutela, no obra en el expediente constancia de que hayan intervenido en el
trámite del amparo. COMCEL sí intervino mediante apoderado. Su vinculación al
trámite de la tutela fue ordenada por la Corte Suprema mediante auto del 17 de
abril de 2009.[21]
La intervención de COMCEL[22]
se puede resumir de la siguiente manera:
2.1.
Es cierto que en la demanda arbitral COMCEL solicitó que en la condena se
incluyeran tanto la corrección monetaria como los correspondientes intereses
derivados del incumplimiento contractual por parte de E.T.B., y que el Tribunal
de Arbitramento negó los intereses, porque no se probó la mora. No obstante,
eso no es igual a que los intereses de mora derivados del incumplimiento del
laudo deban ser liquidados, respecto de lo cual el Tribunal de Arbitramento
simplemente señaló que “en caso de incumplimiento de las condenas impuestas
en el laudo arbitral, correspondería al juez competente que adelante la
ejecución fijarlas.” Dice el escrito de COMCEL:
“Como se ve, son dos los períodos de intereses que la
quejosa trata de volver uno solo:
Un primer período de intereses va desde que se
causaron las sumas de dinero hasta el laudo arbitral. Estos intereses fueron
negados en el laudo arbitral y sobre esto nada dijo COMCEL.
Un segundo período de intereses va desde que sea
exigible la obligación del laudo arbitral y hasta que se hagan los pagos. Sobre
este período COMCEL sí solicitó al Tribunal de Arbitramento que se manifestara
respecto de la tasa de interés aplicable y dicha solicitud fue negada ya que en
palabras del Tribunal: “(los intereses) están sometidos a un régimen
jurídico que tendrá que ser aplicado por el juez competente para adelantar la
ejecución de la sentencia…”
Como se desprende de lo anterior, nunca hubo negativa
alguna del Tribunal de Arbitramento a los intereses moratorios, por mora en el
pago de las condenas, como lo pretende hacer ver la demandante”.[23]
2.2.
De otra parte, para COMCEL, el origen del pago que se reclama es el contrato de
interconexión que dio lugar al laudo de cuya ejecución se trata y es un
contrato mercantil. El laudo tiene su explicación y razón de ser en el citado
contrato y en esa forma ha de ser interpretado y tratado. El laudo lo que hace
es reconocer el derecho de COMCEL, derecho pre-existente al laudo, y de índole mercantil.
Por lo tanto, el artículo 884 del Código de Comercio es plenamente aplicable
porque la relación jurídica sustancial existente entre las partes es de estirpe
comercial.
2.3.
Hay dos tipos de intereses legales: los civiles y los comerciales. Para COMCEL,
si la ley sustancial aplicable al caso es mercantil, pues los derechos
reconocidos serán de igual estirpe. Lo resuelto en el laudo respecto de la
condena es de naturaleza mercantil, así como lo resuelto respecto de las costas
es de naturaleza civil. COMCEL y E.T.B. son comerciantes y sus contratos son
mercantiles porque se desarrollan en cumplimiento de sus respectivos objetos
sociales.
2.4.
Dice COMCEL que “el laudo en ninguna parte dijo que NO habría intereses por
la mora en el pago de la condena […] Al juez arbitral se le pidió que
complementara el laudo, para indicar una tasa de mora en caso de que la parte
demandada no cumpliere la obligación dentro del término fijado en el laudo; y
ese juez arbitral dijo que eso le correspondía era al juez de la ejecución. Y
eso es lo que se ha hecho: pedirle al juez de la ejecución que indique los
intereses moratorios”.[24]
De lo contrario, según COMCEL, no habría juez que resuelva la petición.
2.5.
Explica COMCEL que no le era posible pedir intereses por mora en el pago de la
condena, porque es de suponer que el demandado cumplirá con lo dispuesto,
porque la buena fe se presume. No se podía partir del supuesto de que la parte
derrotada no va a cumplir, además porque la ley tiene el remedio, sin que deba
mediar proceso declarativo. Ese remedio son los intereses moratorios. De hecho,
señala COMCEL que de aceptarse los argumentos de E.T.B., ni siquiera habría
lugar al pago de los intereses civiles del 6%, que también carecerían de título.
3.
Decisión de tutela objeto de revisión.
En
fallo del cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009), la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia decidió la acción de tutela que ahora se
revisa, negándola, “habida consideración que el debate se contrae a un
asunto de interpretación normativa, dilucidado con criterios dispares por las
autoridades competentes mediante providencias que razonablemente motivadas,
descartan la configuración de una vía de hecho que permita la revisión de
aquellas en sede constitucional”.[25] Las decisiones
del Tribunal, al margen del apoyo que pueda brindarles la Corte, fueron adoptadas
al amparo de los principios de autonomía e independencia que inspiran la
función pública de administrar justicia.
Concluyó
la Corte Suprema, Sala de Casación Civil:
“Huelga señalar que la acción de tutela no es el medio
idóneo para obtener un pronunciamiento judicial a manera de juez de instancia,
tampoco está prevista para desplegar una jurisdicción paralela a la ordinaria,
ni puede ser sustitutiva de ésta, pues la competencia que ejerce el juez
ordinario es también derivada de la constitución y no puede ser interferida por
el juez constitucional para involucrar alguna visión más aguda o perspicaz
acerca del alcance de los textos legales, o de la apreciación probatoria.
En efecto, no puede el juez constitucional mover a su
antojo los linderos de su competencia, para, mediante ejercicios retóricos
desplazar a jueces y tribunales en su tarea. Y aunque lo dicho no descarta la
acción de tutela contra providencias judiciales, ella queda confinada a la
necesidad urgente de restablecer derechos fundamentales quebrantados y no para
crear, caso por caso, selectiva y caprichosamente, una tercera instancia
espuria.
Y en lo que atañe a que las decisiones censuradas
menoscaban el valor de la cosa juzgada, baste con decir que los jueces
naturales entendieron que el Tribunal de Arbitramento rehusó decidir sobre este
tema que calificó de post arbitral, y en tal comprensión no hay desbarro de
dimensiones colosales, como para fracturar el régimen de competencia
constitucionalmente previsto e irrumpir irregularmente en la esfera reservada
al juez natural.”.[26]
4.
Actuación de la Corte Constitucional en sede de revisión.
La
Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional, conformada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa y el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, mediante auto del veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009),
decidió aceptar la insistencia para revisión, y en consecuencia, seleccionar
para tal efecto la sentencia de tutela dictada por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de justicia el cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009) y, de
acuerdo con el sorteo realizado en la sesión correspondiente, repartirla al
despacho del magistrado Mauricio González Cuervo.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Sala es competente para la revisión del presente
caso, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Nacional y 33
a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto de Sala de Selección
Número Ocho de 21 de agosto de 2009.
2. Cuestión de constitucionalidad.
2.1. Procedencia de la tutela.
2.1.1. La
presente acción de tutela se orienta a evitar la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso originada en una providencia judicial, la
proferida el 18 de marzo de 2009 por la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Bogotá. En esa providencia se resolvió un recurso de apelación
contra el mandamiento de pago, parcialmente reformado, expedido por el Juzgado
16 Civil del Circuito de Bogotá. Por tratarse de una acción de tutela contra
providencias judiciales, se hace necesario examinar si se dan los requisitos de
procedibilidad que la jurisprudencia de la Corte ha establecido para esta
hipótesis.
2.1.2.
En torno al tema de la acción de tutela contra providencias judiciales se ha
presentado un debate académico y judicial, desde el mismo momento en el que se
implantó este mecanismo de protección constitucional en el derecho Colombiano.[27] Son bien
conocidos los argumentos a favor y en contra de la posibilidad de que la acción
de tutela pueda ejercerse contra decisiones de los jueces. [28]
2.1.3. La Corte
Constitucional ha desarrollado abundante jurisprudencia en torno a lo que en
los primeros años fue llamado vía de hecho y que más recientemente ha
experimentado una evolución terminológica al concepto de causales genéricas
de procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de
esta acción constitucional para controvertir decisiones judiciales (sentencias
y autos). Esa evolución está marcada por ciertos hitos tales como la Sentencia
C-543 de 1992, en la que, si bien se declararon inexequibles disposiciones que
regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se aceptó que ella procedía cuando tales providencias, a pesar de encontrarse
revestidas de formas jurídicas, configuraran una vía de hecho con la cual
resultaran afectados derechos fundamentales.
Las Salas de Revisión de la Corte
dieron aplicación a esta teoría de la vía de hecho en múltiples ocasiones y en
sentencias como la  T-231 de 1994, y la T-327 de 1994, precisaron los
requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de determinar
la procedencia de la tutela contra una actuación judicial. A partir del 2003
(T-462/03) se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad
de la acción. En dicho fallo se indicó que la acción constitucional resulta
procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos fundamentales al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
La Sentencia C-590 de 2005 fue la
primera en ocuparse nuevamente del tema desde 1992, no desde la perspectiva de
la revisión de fallos de tutela, sino a partir de un proceso abstracto de
constitucionalidad y, por ello, ha sido el punto de referencia jurisprudencial
en los últimos años respecto del tema de la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.  En dicha sentencia se declaró inexequible la
norma legal que establecía que contra las sentencias de casación penal
proferidas por la Corte Suprema de Justicia no procedía ninguna acción. Este
fallo señaló como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales, los siguientes:
1.     Que el
asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional.
2.     Que se
haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y
extraordinarios- de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio iusfundamental irremediable.
3.     Que se
cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido
interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de
ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.
4.     Cuando se
trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la
sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la
parte actora.
5.     Que quien
solicita el amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración
dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.
6.     Que no se
trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos
fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente.
Además de estos requisitos
generales referidos en las líneas precedentes, la Corte, en la mencionada
sentencia C-590 de 2005, también indicó que para la procedencia de una
solicitud de amparo constitucional contra una decisión judicial era necesario
acreditar la existencia de requisitos especiales de procedibilidad, los cuales
pueden concebirse como las causales concretas que de verificarse su ocurrencia,
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial. De
esta manera, se requiere que la providencia judicial impugnada en sede de
tutela presente, al menos, uno de los siguientes defectos:
1.     Defecto
orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la
decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.     Defecto
procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del
procedimiento establecido.
3.     Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4.     Defecto
material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son
proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.     Error
inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por
parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales.
6.     Decisión
sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha
motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.     Desconocimiento
del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo,
desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental,
apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
8.     Violación
directa de la Constitución.
2.1.4. En un caso como el
presente, en el cual la acción de tutela se orienta contra una providencia
judicial, se hace necesario evaluar, primero, si de la decisión judicial
impugnada se predican las causales genéricas de procedibilidad que autorizan al
juez constitucional a darle trámite a la acción de tutela, y sólo si se
verifica que ellas se cumplen en su totalidad, es procedente, seguidamente,
examinar si respecto de la providencia impugnada se predica alguna de las
causales específicas que, de presentarse, darían lugar a que el juez
constitucional deje sin efecto la respectiva providencia.
En el presente caso, la Sala
constata que en efecto la cuestión planteada por el accionante tiene relevancia
constitucional pues, de ser válidos sus argumentos, se estaría ante una
situación en la que una autoridad judicial ha tomado una decisión respecto de
la cual carece de competencia, con desconocimiento de las pruebas obrantes en
el proceso, y vulnerando el principio de cosa juzgada en relación con un laudo
arbitral preexistente, que sirve de título ejecutivo para el proceso en el que
se produce la providencia impugnada vía tutela, todo lo cual, de verificarse,
daría lugar a una violación clara de los elementos constitucionales del derecho
al debido proceso.
Asimismo, la Sala observa que en
el presente caso se han hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial
existentes, toda vez que la providencia atacada en tutela resuelve un recurso
de apelación contra un auto de la primera instancia que a su vez resolvió un
recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Contra esa providencia de
segunda instancia no procede recurso alguno. La E.T.B., promotora de la acción
de tutela, presentó el recurso de reposición contra el mandamiento de pago
original, e intervino con un memorial de 41 páginas en el trámite de la
apelación. En consecuencia, la E.T.B. no está utilizando la acción de tutela
como un mecanismo alternativo, sino que acude a él después de agotar todos los
recursos procesalmente disponibles.
El requisito de inmediatez
establecido en la Sentencia C-590 de 2005 como condición general de
procedibilidad para las tutelas contra providencias judiciales, también se
cumple. La providencia presuntamente violatoria de derechos fundamentales se
profirió el 18 de marzo de 2009, y la acción de tutela fue radicada ante la
Corte Suprema de Justicia el 31 de marzo de 2009, menos de quince días después.
La aparente irregularidad
procesal invocada por el accionante tiene un efecto decisivo en la providencia
atacada en tutela, pues, si bien no se trata de una sentencia, sí resuelve en
términos definitivos el contenido final del mandamiento de pago, que es la
providencia central del proceso ejecutivo singular. De constatarse la violación
a las reglas de competencia y el defecto fáctico que la entidad accionante le
imputa a la providencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
sin duda ellas serán determinantes en el contenido de la providencia impugnada,
y vulnerarían el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.
La E.T.B., promotora de la acción
de tutela contra la providencia del Tribunal Superior de Bogotá, identificó
debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y
alegó tal vulneración dentro del proceso judicial. Lo hizo por lo menos en dos
ocasiones: al presentar el recurso de reposición contra el mandamiento de pago
proferido por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, el cual prosperó, y
al intervenir en el trámite de la apelación de dicho auto. En esos memoriales
planteó que el cobro de intereses moratorios mercantiles no podía ser ordenado
por el juez de ejecución del laudo, porque, en su opinión, se carecía de
competencia para ello, que es precisamente el hecho que se considera violatorio
del derecho fundamental al debido proceso.
Evidentemente, la incoada por la
E.T.B. no es una acción de tutela contra una sentencia de tutela, sino contra
una providencia de segunda instancia que modificó el mandamiento de pago en un
proceso ejecutivo.
2.1.5. La Sala concluye,
entonces, que se cumplen en el presente caso los requisitos generales de
procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, lo que permite al juez de
tutela entrar a examinar el fondo del asunto. Así lo entendió también la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que sin hacer explícito este
análisis previo de procedibilidad general, procedió a examinar, en el fallo de
tutela que se revisa, los argumentos de fondo invocados por el accionante y a
pronunciarse sobre ellos.
2.2 Problema de
Constitucionalidad.
De conformidad con los hechos
descritos, se tiene que en el presente caso, la cuestión constitucional a
dilucidar es si se vulnera por parte de una autoridad judicial el derecho al
debido proceso cuando dicha autoridad define el tipo de intereses moratorios a
pagar (civiles o comerciales), a pesar de que tal asunto, al parecer, no estaba
expresamente definido en el título ejecutivo que le da origen al mandamiento de
pago, que en este caso es un laudo arbitral.
Ahora bien: dadas las reglas
jurisprudenciales explicadas en el acápite anterior, y precisamente por
tratarse de una tutela contra providencia judicial, lo que procede es examinar
si de la decisión judicial supuestamente violatoria del derecho fundamental
invocado, es posible predicar alguno de los vicios o defectos específicos. Sólo
si se constata la ocurrencia de alguno de ellos, le será posible al juez de
tutela dejar sin efecto la providencia impugnada.
3. Consideraciones de la Sala
de Revisión.
La Sala confirmará el fallo de
tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
en el presente asunto, pues si bien se dan los requisitos de procedibilidad
general que le permiten al juez de tutela avocar el conocimiento de una acción
dirigida contra providencias judiciales, lo cierto es que no se configura ni
siquiera una de las causales especiales de procedibilidad que ha establecido la
jurisprudencia de la Corte, esto es, no se dan los motivos jurisprudencialmente
aceptados para que, con base en ellos, el juez de tutela deje sin efecto una
providencia judicial. Pasa a explicarse:
Estas causales específicas de
procedibilidad, en los términos en los que las formuló la Corte en la Sentencia
C-590 de 2005, y en la forma en que los ha aplicado en sentencias tales como la
T-994 de 2005, la T-310 de 2009, entre otras, apuntan a sistematizar
conceptualmente lo que la propia jurisprudencia ha venido afirmando desde que
aceptó la procedencia excepcional de las tutelas contra providencias
judiciales, esto es, que no se trata de un recurso alternativo adicional para
ventilar nuevamente los asuntos litigiosos sometidos a decisión judicial, y que
sólo procede si se detecta un vicio de tal entidad, que afecta un derecho
fundamental respecto del cual no hay otro mecanismo de protección dentro del
respectivo proceso. Por lo tanto, la doctrina adoptada por la Corte en el 2005,
y aplicada en su reiterada jurisprudencia al respecto, constituye un método
para evaluar si en efecto existe un vicio de tal magnitud que, irresoluble
dentro de los mecanismos ordinarios o extraordinarios del proceso respectivo,
hace necesaria la intervención excepcional del juez constitucional –en
sacrificio de la independencia y autonomía del juez ordinario- o, si, por el
contrario, lo que hay es un simple desacuerdo jurídico con las decisiones
judiciales, tomada dentro de lo jurídicamente razonable, y en ejercicio de la
autonomía y la independencia judicial. Estos criterios jurisprudenciales
apuntan a reducir la discrecionalidad del juez constitucional al momento de
evaluar la procedencia de una tutela contra providencias judiciales. A la luz
de estas consideraciones, el examen del caso concreto revela lo siguiente:
3.1. En primer lugar, no
detecta la Sala que exista un defecto orgánico, esto es, que el órgano judicial
que expidió la providencia atacada por la tutela, carezca, absolutamente, de
competencia para ello. Este es uno de los puntos centrales de la argumentación
presentada por la E.T.B. en el escrito de tutela, pues ella argumenta que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al modificar el auto de
primera instancia, y ordenar que los intereses moratorios se calculen con
referencia al interés moratorio mercantil, lo hizo sin tener competencia para
ello, pues al no estar tal asunto definido en el laudo arbitral que constituye
el título ejecutivo, el juez de ejecución carecía de competencia para
pronunciarse sobre él.
La Sala estima que hay argumentos
válidos y bien sustentados de parte y parte. Por un lado, no es descabellada la
posición de la E.T.B. cuando afirma que aquí el título ejecutivo no es un
negocio mercantil sino un fallo judicial (mas exactamente, un laudo arbitral),
y que, por tanto, en principio, de haber intereses moratorios, estos tendrían
que ser los civiles, no los regulados en el Código de Comercio. Pero también
asisten argumentos jurídicamente válidos a COMCEL y al Tribunal accionado,
cuando afirman que el laudo arbitral resolvió un pleito originado en un negocio
mercantil, celebrado entre dos entidades que para estos efectos tienen la
calidad de comerciantes. En lo que hace al punto específico de la competencia, la
E.T.B. argumenta, con razones adecuadamente defendidas desde el punto de vista
jurídico, que si el título ejecutivo no contemplaba nada sobre los intereses
moratorios, el juez de la ejecución es incompetente para pronunciarse sobre
ellos, mientras que COMCEL y el Tribunal estimaron, sin que ello luzca
irrazonable o injustificado, que el laudo arbitral defirió el tema de los
intereses moratorios a decisión del juez de ejecución, y que, en todo caso,
toda obligación en dinero es objeto de actualización por mora.
El punto relevante para el juez
constitucional es que no salta a la vista de manera evidente y protuberante que
el Tribunal careciera de competencia para tomar la decisión de revocar el auto
de primera instancia en cuanto al régimen de los intereses moratorios a
aplicar. Desde un punto de vista funcional,  el Tribunal Superior del Distrtito
Judicial de Bogotá es el superior jerárquico del Juzgado 16 Civil del Circuito
de Bogotá, y ninguna de las partes cuestionó la procedencia del recurso de
apelación, como tampoco lo hicieron el juez de primera instancia o el Tribunal
mismo.[29]
Así, desde el punto de vista de lo decidido, al Tribunal se le planteó una
cuestión sobre los intereses moratorios que pasó a resolver con base en una
interpretación que está conforme con las reglas aceptadas de hermenéutica y,
por lo tanto, no luce ni descabellada, ni irrazonable, ni carente de sustento.
Es irrelevante que el juez
constitucional esté  o no de acuerdo con lo decidido. En este primer punto,
concerniente a la posibilidad de un defecto orgánico, lo que interesa al juez
constitucional es la constatación de que la decisión no fue tomada por una
autoridad judicial que careciera absolutamente de competencia. Pronunciarse
sobre los intereses moratorios, o no, es cuestión propia del debate que se
ventiló con amplitud al interior del proceso ejecutivo, y, a juicio de la Sala,
no carecía el Tribunal de competencia absoluta para hacerlo, pues si bien no
había pronunciamiento expreso en el laudo sobre el particular, los árbitros sí
dijeron, claramente, en el auto de complementación del laudo, que el asunto de
los intereses moratorios era materia a ser decidida por el juez de ejecución.
La resolución de ese debate no es asunto del juez constitucional ni constituye,
por parte del juez ordinario, una extralimitación absoluta de su competencia.
3.2. Tampoco se detecta un
defecto procedimental absoluto, pues el Tribunal Superior de Bogotá no actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Conoció de un recurso de
apelación presentado en tiempo, dentro de un proceso ejecutivo que en primera
instancia venía conociendo un inferior jerárquico suyo -competente para conocer
de éste tipo de procesos ejecutivos-, lo resolvió en tiempo, no sin antes escuchar
a la parte ejecutada y ejecutante. Ninguna de las partes cuestionó la
procedencia del recurso de apelación. Se pronunció sobre un asunto que a juicio
de una de las partes escapaba a su competencia, pero ya quedó establecido que
tal controversia corresponde resolverla precisamente al juez ordinario
competente, que en ese punto procesal lo era justamente el Tribunal, órgano
judicial que lo resolvió en términos jurídicamente admisibles. Por lo demás, la
entidad accionante ni siquiera aduce un error de procedimiento en la decisión
impugnada.
3.3. En cambio, la E.T.B.
sí invoca, como sustento de su acción de tutela, la posibilidad de que exista
un defecto fáctico. Para la accionante, el Tribunal Superior de Bogotá
carecería del apoyo probatorio que le permitiera la aplicación del supuesto
legal en el que sustentó su decisión de ordenar que al caso se aplicaran los
intereses moratorios mercantiles. A juicio de la E.T.B., el Tribunal Superior
accionado desconoció las pruebas obrantes en el expediente, pues afirmó que el
Tribunal de Arbitramento no se pronunció sobre la petición de intereses
moratorios, cuando sí lo hizo, para negarla; y se pronunció sobre la naturaleza
de la relación contractual entre las partes, que dio origen al laudo, y por
ende al proceso ejecutivo, sin que el contrato obrara en el expediente.
Para la Sala, no hay aquí un
defecto fáctico en el sentido de que se haya tomado una decisión judicial sin
fundamento probatorio. Lo que hay es una típica discrepancia sobre la forma de
valorar las pruebas. En efecto, mientras que para la E.T.B. el laudo arbitral
se pronunció sobre el tema de los intereses moratorios, en el sentido de
negarlos, para el Tribunal Superior, no hubo tal negación, sino la afirmación
de que tal punto no era de competencia de los árbitros sino del juez de
ejecución. La forma de leer e interpretar el título ejecutivo, siempre y cuando
no esté totalmente alejado de las normas básicas de valoración probatoria, es
asunto que escapa al juez constitucional cuando conoce de tutelas contra
providencias judiciales proferidas en procesos ejecutivos.
De otra parte, reprocha la E.T.B.
la ausencia de copia del contrato en el expediente y el hecho de que, sin ese
elemento probatorio, se haya tomado una decisión que, al parecer, dependía
precisamente del contenido del contrato. Pero al Tribunal Superior no se le
sometió una cuestión que tuviera que ver con el contenido del contrato, sino
con el contenido del laudo arbitral y más específicamente, con el régimen a
aplicar en materia de intereses moratorios para saldar la obligación dineraria
que en él se origina. El Tribunal Superior se limitó a evaluar el contenido del
laudo, presumiendo, como no podía ser de otra forma, la veracidad de los hechos
en que se basa, y analizando sus implicaciones desde el punto de vista de la
forma en que habrían de cumplirse las obligaciones en él contenidas. A la luz
de los hechos descritos en el laudo, cuya veracidad se presume, hizo una
interpretación de las relaciones entre el laudo y el negocio que le dio origen,
y, por el otro, de las normas del Código Civil, el Código de Comercio, el
Código Contencioso Administrativo y la Ley de Servicios Públicos. Se puede
perfectamente discrepar de la conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de
Bogotá, pero tal discrepancia no equivale a afirmar que el Tribunal carecía de
apoyo probatorio para tomar la decisión.  Por lo tanto, la discusión es ajena a
las competencias del juez constitucional cuando revisa una tutela contra una
providencia judicial. Esta se profirió, no con carencia absoluta de fundamento
probatorio, sino con base en un ejercicio de valoración probatoria que no le es
dable al juez constitucional cuestionar.
3.4. A juicio de la Sala de
Revisión, tampoco hay un defecto material o sustantivo, que habilite al juez de
tutela a revocar lo decidido por el Tribunal Superior. La decisión impugnada no
se basó en normas inexistentes o inconstitucionales, sino en las normas
vigentes que rigen el proceso ejecutivo, y lo que hay es una discrepancia sobre
la interpretación de las mismas. Tampoco se detecta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Por el contrario, de la
razonada exposición que hace el Tribunal, la cual incluye más de siete
argumentos distintos, se sigue, naturalmente, que lo que procedía era revocar
la providencia de primera instancia en lo que toca con el régimen de intereses
moratorios a aplicar. Ya quedó dicho que esos argumentos no constituyen
ejercicio arbitrario o injustificado de la labor hermenéutica que le
corresponde al juez en ejercicio de su autonomía, y ahora queda establecido que
son antecedente natural de lo decidido en la parte resolutiva de la providencia
impugnada.
3.5. El Tribunal Superior
de Bogotá no fue víctima de un engaño por parte de terceros que lo condujera a
tomar una decisión que afectara derechos fundamentales y, por lo tanto, no
padece la providencia impugnada del defecto conocido como “error inducido”. De
hecho, la accionante tampoco invoca algún argumento de este tipo.
3.6. Tampoco puede
afirmarse que la decisión impugnada carezca de motivación. En 11 páginas, organizadas
en siete numerales, el Tribunal Superior del Distrti Judicial de Bogotá explica
el concepto de intereses legales, sean éstos comerciales o civiles; analiza las
normas específicas aplicables a las Empresas de Servicios Públicos, como es el
caso de la E.T.B.; examina la naturaleza de la obligación que da pie al inicio
del proceso ejecutivo; establece la aplicación de los intereses de mora, no por
disposición del título ejecutivo, sino por disposición legal; analiza el
contenido del auto complementario al laudo, que hace las veces de título
ejecutivo y, finalmente, se pronuncia sobre los alcances de lo solicitado en la
demanda arbitral, y sobre la forma como la entidad accionante ha ejercido sus
mecanismos procesales de defensa. Todo ello para llegar a la conclusión de que
lo procedente es revocar la providencia de primera instancia, y ordenar que los
intereses moratorios se liquiden con referencia al interés moratorio mercantil,
no al civil, como lo ordenaba la providencia recurrida. De modo que la
providencia impugnada sí da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
su decisión.
3.7. Tanto en el recurso de
reposición que daría lugar a la decisión de primera instancia que luego sería
revocada por el Tribunal Superior, como en el memorial que presentó en el
trámite de esa segunda instancia, la E.T.B. hizo un juicioso análisis de los
antecedentes, principalmente arbítrales, que en su opinión, muestran que la
práctica judicial vigente es que no procede la aplicación de intereses
moratorios cuando se trata de la ejecución de obligaciones dinerarias
originadas en laudos arbitrales. Estos antecedentes no persuadieron al Tribunal
Superior de Bogotá en la providencia impugnada vía tutela. Pero tal circunstancia
no es relevante para el juez constitucional, mientras en ella no se configure
una decisión ilegítima que afecte un derecho fundamental. Al establecer, a
partir de la sentencia C-540 de 2005,  como requisito especial de
procedibilidad de las tutelas contra sentencias, el “desconocimiento del
precedente”, la Corte no se refería a los precedentes aplicables a la cuestión
litigiosa respectiva, sino a los precedentes relacionados con el derecho
fundamental pertinente, originados en la Corte Constitucional, en los eventos
en los que el juez ordinario haya limitado indebidamente su alcance.
Es
pertinente señalar aquí, por lo demás, que una revisión integral de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema de los intereses
moratorios, pone de presente que, en términos generales, la corporación ha
considerado que las discusiones sobre la obligación de pagar intereses
moratorios, o las controversias sobre la cuantía de los mismos, o el régimen
aplicable para definirlos en un proceso judicial, no son, en principio, asuntos
propios del juez de tutela. La Corte ha dicho, por ejemplo, que “la acción
de tutela no sería el instrumento apto para lograr que se ordene el pago de
intereses moratorios, puesto que el objetivo intrínseco de ésta es la
protección de los derechos fundamentales, y no el ser utilizada como mecanismo
alternativo para sustituir a los jueces ordinarios en su tarea de resolver los
conflictos propios de su jurisdicción.”[30]; también ha afirmado que
“la tutela no es el medio judicial idóneo para ordenar el pago de intereses
moratorios, ya que ésta se ha instituido para proteger los derechos
constitucionales fundamentales y, en ningún caso, como un instrumento
alternativo que remplace a los jueces ordinarios en su función de resolver los
conflictos surgidos de obligaciones contractuales”.[31];
lo cual se ha reiterado, al establecer que “no es viable por el
mecanismo de la tutela, el reconocimiento exclusivo de los intereses moratorios
como objeto de la acción, cuando ya se ha producido el pago de las prestaciones
parciales, ya que en dichos eventos el pretendido perjuicio causado, debe
demostrarse ante la justicia ordinaria, por existir otro medio de defensa
judicial para dichos casos, lo cual hace improcedente el ejercicio de aquella”[32].
En términos generales, la regla constitucional es que  “la indexación por sí
sola, lo mismo que el pago de intereses moratorios, debe ser reclamada por las
vías ordinarias”[33] [34].
Las
excepciones a esta regla general según la cual la acción de tutela no es el
mecanismo para dirimir lo atinente a los intereses moratorios, han sido
introducidas por la Corte en casos en los que los intereses moratorios están
atados estrechamente a la protección de un derecho fundamental, como en los
casos de no pago de obligaciones laborales que comprometen el mínimo vital del
trabajador[35]  el pago de cesantías, o
la decisión en el sentido de que no procede el cobro de intereses moratorios de
las obligaciones dinerarias de una persona secuestrada. [36]
La Corte
también ha abordado el tema de los intereses moratorios para definir, por
ejemplo, que es exequible que no se cobren respecto de un bien que está
sometido al proceso de extinción de dominio[37], o que su cobro se suspenda cuando pasados seis
meses no se le ha hecho la reclamación a la respectiva entidad pública.[38] De otra parte, ha considerado inexequibles,
por razones de igualdad, medidas a favor de las entidades públicas que
interrumpen el término en el que empiezan a correr los intereses moratorios,[39] y ha establecido
que para el caso de los usuarios residenciales, los intereses moratorios que
cobran las empresas de servicios públicos deben ser los civiles, no los
comerciales.[40]
Asimismo,
se ha pronunciado sobre el régimen de los intereses moratorios en obligaciones
tributarias[41]; ha precisado cuál es el
régimen aplicable en materia de intereses moratorios a las mesadas pensionales[42] y cuál a los
trabajadores a los que se les deben salarios y prestaciones[43].
En la sentencia C-367 de 1995, se declaró la constitucionalidad condicionada
del artículo 1617 del Código Civil, en el entendido de que el régimen allí
establecido sobre intereses moratorios no es aplicable al pago de pensiones.
También han sido varias las sentencias sobre el tema de los intereses
moratorios derivados de créditos de vivienda de largo plazo.[44]
Como se ve,
no existe un precedente preciso en la jurisprudencia constitucional sobre el
tema del régimen legal aplicable a los intereses moratorios de obligaciones
dinerarias originadas en un laudo arbitral que se constituye en título
ejecutivo. No ve la Sala de Revisión que el Tribunal Superior haya interpretado
la jurisprudencia constitucional más general existente en materia de intereses
moratorios en un sentido que recorte o limite el alcance de un derecho
fundamental como el debido proceso. En consecuencia, no se da aquí un
desconocimiento del precedente que pudiese servir de fundamento para dejar sin
efecto la providencia impugnada.
3.8.
Finalmente, no encuentra la Corte que la providencia impugnada viole
directamente la Constitución, y el accionante tampoco argumentó algo en este
sentido.
4. Razones de la decisión.
Por tratarse de la revisión de un
fallo de tutela que resolvía una acción incoada contra una providencia
judicial, se hacía necesario que la Sala examinara los requisitos tanto
generales como específicos de procedibilidad que la propia jurisprudencia
constitucional ha establecido para esta muy excepcional situación.
Verificados unos y otros, la Sala
encuentra que si bien la acción cumplía los requisitos genéricos de
procedibilidad, que le permitían al juez constitucional avocar el conocimiento
de la cuestión de fondo planteada en la acción de tutela, en ella no se
demostró que la providencia impugnada, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, hubiese incurrido en alguno de los defectos que
autorizarían al juez constitucional a dejarla sin efecto. El Tribunal Superior
de Bogotá era competente para conocer del recurso de apelación que dio origen a
la providencia impugnada, o al menos ninguna de las partes interesadas
controvirtió su competencia funcional; la providencia se profirió en el marco
del proceso judicial establecido para dirimir este tipo de conflictos; la
valoración probatoria se hizo explícita y dentro de las reglas de
interpretación admisibles; las normas aplicadas al asunto están vigentes y no
hay contradicción entre los fundamentos y la decisión; nadie indujo a error al
Tribunal; la providencia se motivó con criterios jurídicos que no le es dable
al juez constitucional, en principio, controvertir; no se desconoció ningún
precedente constitucional y, finalmente, no se detectó tampoco una violación
directa de la Constitución.
La Sala constata que la
controversia sobre si le es dable al juez de ejecución de un laudo arbitral
pronunciarse sobre los intereses de mora, y en tal caso, bajo cuál régimen, es
asunto litigioso de índole económica que ha de ventilarse dentro del proceso
judicial ejecutivo respectivo, cosa que por cierto ocurrió cabalmente en este
caso.  La acción de tutela presentada por E.T.B. contra la providencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá es improcedente y,
por lo tanto, se confirmará el fallo de tutela proferido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el pasado 5 de mayo de 2009.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:- CONFIRMAR la
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 5 de
mayo de 2009, dentro de la acción de tutela interpuesta por Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, E.S.P., contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá.
SEGUNDO:-Por la Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con permiso
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Aclaración de voto
MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-904 DE 2009
Referencia:
expediente T-2.317.187
Acción de
tutela de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A., contra la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado
Ponente:
Dr. MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de
un asunto de su competencia efectuó la Sala accionada, debo aclarar mi voto
pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía
de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen
para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[45],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 14 a 16) de
la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia,
que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de
la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una
(o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien
esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[46],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa
providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional
(art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra
decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros
importantes valores constitucionales, como el “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí está permitida la
tutela contra la decisión judicial, cual si fuera un recurso ordinario más, con
lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones a las
que se podría otorgar alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto
en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Folio 70, Cuaderno #1
[2]Folio
70, Cuaderno #1. La solicitud de COMCEL es textualmente la siguiente: “SEGUNDA:
Como consecuencia de la declaración anterior, o de una semejante, condenar a la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB. S.A. ESP, a pagar  a
OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. OCCEL S.A., la diferencia entre lo que ha
venido pagando y lo que ha debido pagar por dicho concepto desde enero de dos
mil dos (2002) y hasta la fecha en que se profiera el laudo o la más próxima a
éste. En subsidio, hasta la fecha de presentación de la corrección de la
demanda. En la condena se incluirán tanto la corrección monetaria como los
correspondientes intereses. El valor total de las sumas anteriores, será el que
se establezca en el curso del proceso”.
[3]
La condena fue por treinta y ocho mil tres millones setecientos cincuenta y
nueve mil setecientos quince pesos ($38.003.759.715), y por costas y agencias
en derecho la condena fue por veinte millones setecientos cuarenta y cinco mil
ochocientos diecinueve pesos ($20.745.819)
[4]
Folio 210, Cuaderno #1. Dijo el tribunal en su parte resolutiva: “QUINTO: Negar
la condena de intereses moratorios contenido en la pretensión segunda”
[5] Folio
220, cuaderno #1.
[6] Folio 228, cuaderno #1
[7] Folio 235, cuaderno # 1
[8] Folio
277, cuaderno #1
[9] Folio 278, cuaderno #1
[10] Folio 330-331, cuaderno
#1
[11] Folio
324, cuaderno #1
[12] Folio 326 y 327,
cuaderno #1
[13] Folio 328, cuaderno #1
[14] Folio 329, cuaderno #1
[15] Folio 329, cuaderno #1
[16] Folio 330, cuaderno #1
[17] Folio 343, cuaderno #1
[18] Folio 357, cuaderno #1
[19] Folio 361, cuaderno #1
[20] Folio 317, cuaderno #1
[21] Folio 374, cuaderno #1
[22] Folio 386 y ss, cuaderno
#1
[23] Folio 389, cuaderno #1
[24] Folio 392, cuaderno #1
[25] Folio 428, cuaderno #1
[26] Folio 930, cuaderno #1
[28] La sentencia T-994 de 2005 tiene una buena y apretada
síntesis de los elementos centrales de este debate: “De una parte, hay quienes
sostienen que la existencia de la tutela contra sentencias, no busca más que
prolongar indefinidamente en el tiempo la resolución de los asuntos puestos a
consideración del aparato de justicia. En consecuencia, no habría cosa juzgada
ni, por consiguiente, seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
quedarían sujetas e indefinidamente abiertas a ataque por vía de tutela. Así
mismo, argumentan los críticos de la figura que: (i) no resulta razonable que
un juez de tutela, quien no es experto en una materia determinada, pueda
revocar los fallos de los jueces ordinarios especializados en los asuntos que
se han puesto a su consideración. Además, agregan que dicha intervención del
juez constitucional termina por desvirtuar la distribución constitucional de
competencias de los distintos órganos de la rama judicial. (ii) Si la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son los tribunales supremos de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, respectivamente,
entonces sus sentencias deben estar revestidas de un carácter de
inimpugnabilidad, por lo cual es completamente desacertado que las mismas
puedan ser controvertidas ante otros jueces, menos aún cuando son de menor
jerarquía, pues se quebrantaría con ello la estructura jerárquica del aparato
de administración de justicia. Y, por último, (iii) que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales conlleva un alto riesgo de
violación del principio de autonomía funcional del juez, y otros argumentos
referidos a la eventual afectación del sistema de fuentes de derecho, a la
probable disolución del derecho legislado en la doctrina constitucional, y,
finalmente, al vaciamiento de contenido del principio democrático… Por otra
parte, quienes defienden la procedibilidad de este mecanismo constitucional
contra providencias judiciales indican que: (i) bien por el contrario de lo argumentado
por sus detractores, esta acción favorece el logro de la seguridad jurídica.
Ello es así por cuanto de dicho principio se desprende que los habitantes de un
Estado deben saber cuál es el alcance de sus derechos y obligaciones, para lo
cual se hace necesario que exista un órgano judicial de cierre que unifique la
interpretación que los jueces del país hacen de la Constitución, así como que
establezca, de manera definitiva, cual es el significado, alcance y limites de
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991, en
reconocimiento de su carácter de norma vinculante. (ii) Es una realidad que
casi todos los sistemas jurídicos que cuentan con un tribunal constitucional,
no sólo ejercen el control de constitucionalidad sobre las leyes, sino también
sobre las providencias emanadas de los jueces, ya se trate de los llamados
modelos de control externo, interno o mixto de la constitucionalidad de dichas
sentencias judiciales. Esta tendencia a nivel internacional, obedece al
propósito casi unánime de otorgar verdadera fuerza normativa a la Constitución,
lo cual debe estar garantizado por una cierta unificación en la interpretación
que de la misma se haga. Así, el amparo contra providencias judiciales es visto
como el mecanismo para lograr la seguridad jurídica en el respeto de los
derechos fundamentales. Por último, (iii) señalan que es precisamente la
alteración constitucional del sistema de fuentes y el nuevo diseño orgánico del
poder judicial los que hacen imperativa la existencia de un mecanismo como
éste, pues las consecuencias que ha traído la adopción de la fórmula Estado
Social y Democrático de Derecho, la fuerza vinculante de la Constitución, la
incorporación de derechos subjetivos en las Constituciones contemporáneas, la
doble vinculación del juez a la Constitución y a la ley, han operado un cambio
sustancial no sólo en el sistema de fuentes, sino en la redefinición del papel
del juez y, sobre todo del juez constitucional…”
[29]
El segundo inciso del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil dice lo
siguiente: “El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue
total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que por vía de
reposición lo revoque, en el diferido”. En el trámite de la apelación no se
planteó cuestión alguna sobre la interpretación de este artículo. Parecería que
las partes dieron por hecho que cabía la apelación contra el auto que modificó
parcialmente, sin revocarlo, el mandamiento de pago.
[30] T-994/05
[31] T-1170/01
[32] T-435/98
[33] T-309/00
[34]
En el mismo sentido, sentencias T-306/00, T-367 de 198,
entre otras.
[35] T-418/96,
T-098/97, entre otras.
[36] T-520/03
[37] C-887/04
[38] C-428/08
[39] C-892/01
[40] C-389/02
[41] C-075/04
[42] T-531/99
[43] C-781/03
[44] T-597/06,
entre otras.
[45]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008 y recientemente, T-093, T-095, T-199,
T-249, T-364, T-517 y SU-811 de 2009.
[46] C-590 de 2005.