C-543-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-543/07
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL-Valor del auxilio monetario
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN INCAPACIDADES
LABORALES-Justificación de
tratamiento diferente/TEST DE IGUALDAD-Imposibilidad de realizarlo
porque supuestos de hecho a comparar son diferentes
La Corte constata que ninguna vulneración del
principio de igualdad puede configurarse, dado que ni siquiera los supuestos a
que alude el actor resultan comparables y desde esta perspectiva el juicio de
igualdad planteado por el demandante no puede realizarse. En efecto, es claro
que las prestaciones a que alude el actor y que compara para sustentar su
acusación por la supuesta violación del principio de igualdad no pueden
equiparase por pertenecer a sistemas de seguridad social diferentes, llamados
cada uno a cubrir riesgos diferentes y bajo presupuestos de financiación
igualmente disímiles. Se trata en efecto de prestaciones, que si bien hacen
parte del sistema de seguridad social no necesariamente deben tener un
tratamiento idéntico, pues atienden a causas de naturaleza diferente para las
que bien puede el Legislador establecer parámetros distintos en función del
cumplimiento de las finalidades a él señaladas en el artículo 48 superior.
Recuérdese en este sentido que el riesgo al que se encuentra expuesta la
población en general de sufrir bien un accidente o una enfermedad que
incapacite para trabajar, puede ser originado por diversas circunstancias independientemente
de la labor o profesión que se desempeña o el lugar de trabajo en que
desarrolle su actividad laboral. No sucede lo mismo con la incapacidad que
puede afectar a un trabajador como consecuencia directa del trabajo que realiza
o de las condiciones a las que se encuentra expuesto.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Concepto
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL-Valor no puede ser inferior al salario
mínimo legal vigente
La Corte considera
pertinente distinguir aquellas situaciones en las que el valor del auxilio
monetario por enfermedad no profesional sea inferior al salario mínimo legal,
en las que se desconocería la garantía constitucional de todo trabajador a
percibir el salario mínimo vital, consagrado en el artículo 53 superior, más
aún en condiciones de afectación de su salud que no le permiten temporalmente
trabajar. En esas circunstancias, la Corte entiende que el porcentaje del
auxilio monetario por enfermedad no profesional no quebranta el principio de
igualdad y el estatuto del trabajo, siempre y cuando su valor no sea inferior
al salario mínimo legal. En consecuencia, la
declaración de exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 227 del
Código Sustantivo del Trabajo se debe condicionar a que se entienda que dicho
auxilio monetario no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Características
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL-Principios
y reglas a las cuales debe sujetarse
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
PRINCIPIO DE
EFICIENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA-Concepto
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL-Aplicación
del criterio de inconstitucionalidad manifiesta/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DIRECCION E INTERVENCION DEL ESTADO EN LA
ECONOMIA-Alcance respecto de razones de conveniencia/TEST ESTRICTO DE
IGUALDAD-Casos en que se aplica
Esta Corte ha insistido en que cuando una regulación
se relacione con la atribución de dirección e intervención del Estado en la
economía (C.P. art. 334), incluyendo en ella toda la legislación referente al
derecho y al servicio público de la seguridad social, que no afecten derechos
constitucionales fundamentales (C.P. arts. 48 y 365), el juez constitucional
deberá respetar las razones de conveniencia invocadas por los órganos de
representación política y, por lo mismo, solamente le resulta viable decretar
la inexequibilidad de una norma cuando ésta resulte inconstitucionalmente
manifiesta. No obstante, la Corte ha advertido que dichas razones de
conveniencia invocadas por los órganos de representación política deben ceder a
favor de un control riguroso de constitucionalidad, cuando a pesar de que la
medida legislativa corresponde a una materia de contenido económico y social,
la misma (i) incorpora una clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas
que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones
según lo previsto en el inciso 1° del artículo 13 Superior; (ii) afecta a
personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados
o a sujetos que gozan de especial protección constitucional; (iii) desconoce
prima facie el goce de un derecho constitucional fundamental; o finalmente,
(iv) incorpora -sin causa aparente- un privilegio exclusivo para un sector
determinado de la población.
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL-Vigencia de norma que la contempla
Al remitir el artículo citado a las
disposiciones legales vigentes, en materia de incapacidades laborales, es claro
que se debe acudir al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 227, según el
cual en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada
por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho al pago de “un
auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: Las dos terceras
(2/3) partes del salario durante los noventa (90) días, y la mitad del salario
por el tiempo restante.” Dicha previsión sobre el monto y la duración del
auxilio como lo ha explicado la Corte en anteriores sentencias se encuentra
vigente y puede en consecuencia ser objeto de análisis por la Corte frente a
los cargos planteados en la demanda.
TEST DE IGUALDAD-Etapas
Referencia: expediente D-6594
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 227 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo
Actor: Pedro Pablo Camargo
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio dos
mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución Política,
el ciudadano Pedro Pablo Camargo solicitó ante esta Corporación la declaratoria
de inexequibilidad de artículo 227 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
Mediante auto del dieciocho (18) de
diciembre del dos mil seis (2006), el Magistrado Sustanciador admitió la
demanda en relación con los cargos por la supuesta violación de los artículos
13 y 53 de la Constitución Política y la rechazó respecto de  la acusación por
la presunta violación al artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En este mismo auto, el Magistrado
Sustanciador dispuso correr traslado de la misma al Procurador General
de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las
normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la
iniciación del proceso al señor Presidente de la República y al Presidente del
Congreso de la República, así como al Ministro de la Protección Social y a la
Defensoría del Pueblo a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre
la constitucionalidad de la disposición acusada.
A través de escrito presentado
a esta Corporación el dieciséis (16) de enero de 2007, el actor interpuso
recurso de súplica contra el rechazo
parcial de la demanda  en lo referente al  cargo por la supuesta violación del
artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Mediante Auto 034 del diecisiete
(17 ) de febrero de  2007[1],
la Sala Plena de la Corporación  confirmó  el Auto del dieciocho (18) de
diciembre del dos mil seis (2006).
Cumplidos los trámites propios
de esta clase de procesos, previo el concepto rendido por el Procurador General
de la Nación, la Corte procede a decidir sobre las pretensiones de la demanda
de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación
se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación
en el Diario Oficial 30694  del 23 de diciembre de 1961 página 840, cuyo texto
es el siguiente. Se subraya lo demandado.
“Ley 141 de 1961
Código Sustantivo del Trabajo
(....)
TITULO
VIII
Prestaciones patronales comunes
(...)
CAPITULO
III
Auxilio monetario por enfermedad no profesional
(...)
Artículo 227.  Valor del Auxilio. En caso de incapacidad comprobada para
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador
tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio monetario hasta por ciento
ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante
los noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante.
(…)”
III. LA DEMANDA
El demandante Pedro Pablo Camargo solicita
a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad del artículo 227
(parcial) de la Ley   “por la cual se expide el Código Sustantivo del
Trabajo”,  por cuanto  considera que éste vulnera los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política.
Afirma que
las expresiones  “así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los
noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante”, contenidas
en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo referente al auxilio
monetario por enfermedad no profesional, desconocen el derecho a la igualdad,
toda vez que  establecen un tratamiento diferente del que se otorga al  “trabajador
en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por
enfermedad profesional”,  a quien “se le reconoce el derecho a que el
patrono le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta días de su
salario”.   Para el actor  es evidente que el trabajador afectado por una
enfermedad no profesional “se encuentra en una circunstancia de debilidad
manifiesta por su condición física de enfermedad y, en consecuencia no se puede
reducir su salario a las dos terceras partes durante los noventa días y la
mitad del salario por el tiempo restante, sin quebrantar el derecho a la
igualdad, pues esa discriminación equivale a una desprotección al trabajador en
su salario durante el tiempo de su enfermedad no profesional”.
En igual
sentido, considera que las expresiones acusadas violan el artículo 53 superior,
pues desconocen que el trabajador tiene derecho al pago de una remuneración
mínima, vital y móvil, lo que no se cumple  en su criterio “cuando al
trabajador, durante el tiempo de su enfermedad no profesional, se le reduce su
salario en dos terceras partes durante los noventa días y en la mitad por el
tiempo restante del derecho que la ley le concede para que el patrono le pague
un auxilio monetario por 180 días por enfermedad no profesional.  Si el
trabajador está enfermo, ¿cómo se le puede agravar su enfermedad no profesional
reduciéndole la remuneración mínima vital?”.
IV. INTERVENCIONES
1.- Ministerio de la Protección Social
El Ministerio de la Protección Social,
actuando a través de apoderada judicial, solicita la declaratoria de
exequibilidad de las disposiciones acusadas, con base
en las razones que a continuación se sintetizan.
La interviniente recuerda  que con la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, los beneficios económicos y asistenciales
derivados de los riesgos por enfermedad no profesional, los asume el sistema de
seguridad social en salud, a través de las empresas promotoras de salud,
EPS.
Afirma  que las expresiones
acusadas no vulneran el artículo 13 de la Constitución Política, pues el
principio de igualdad ha de entenderse en sentido material y no formal. En su
criterio, dado que  en este caso  la comparación planteada por el actor  alude
a sistemas diferentes -la protección en salud y la protección por riesgos
profesionales-  el juicio de igualdad no resulta posible.
Frente al cargo por el supuesto
desconocimiento del artículo 53 superior  sostiene que el auxilio que trata el
artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, sí protege al trabajador dado
que al encontrarse frente a una enfermedad de origen común, se le paga parte de
su salario y prestaciones, manteniendo la solución de continuidad y generando una
expectativa de pensión.
2. Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
-ANDI-, actuando a través de apoderado judicial, solicita que se declare la
constitucionalidad de las expresiones  acusadas, de acuerdo con las razones que
a continuación se resumen.
El interviniente  recuerda que  de conformidad con el
artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de seguridad social en
salud  es el encargado de asumir el auxilio monetario que recibe el trabajado
incapacitado por una enfermedad de origen común.
Aduce que la debilidad manifiesta del trabajador
enfermo, fundamento del cargo aducido por el actor, está protegida,
precisamente, por la existencia de un sistema obligatorio de  afiliación, cuyo
financiamiento corresponde en mayor medida al empleador y que no se limita al
reconocimiento de un auxilio monetario, ya que también comprende la atención
médica para el trabajador enfermo. Recuerda además que el plan obligatorio de
salud tiene cobertura familiar. Es decir  que en su criterio el trabajador
enfermo que percibe el auxilio monetario de que trata el artículo parcialmente
impugnado está protegido en lo económico y en la atención médica requerida para
superar su estado de incapacidad.
Resalta  que debe diferenciarse  el salario del
auxilio monetario que reconoce el sistema de aseguramiento obligatorio por
concepto de enfermedad general, así: “el salario es la remuneración
que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio dentro de
una relación de trabajo; a su vez, el auxilio monetario por enfermedad general
es una prestación propia del régimen de seguridad social en salud y que
obedece, no a la prestación de un servicio, sino que es la consecuencia de un
evento cubierto por un régimen de aseguramiento de origen legal, que tiene su
propia -y diferente- naturaleza y finalidad constitucional. Equiparar sin más
el salario y el auxilio por enfermedad general para atribuir al segundo las
características del primero, constituye una grave confusión entre la naturaleza
de uno y otro”.
Señala que “quien recibe salario se encuentra en
condiciones diferentes del que recibe el auxilio, pues, la causa de uno y otro
difieren, así como también difiere el deudor. En efecto, en el primer caso, la
causa del salario es la prestación del servicio y el deudor es el empleador; en
el segundo, la causa es la ocurrencia del evento cubierto por el régimen de
aseguramiento y el deudor es la entidad administradora del sistema.”
Considera que no es cierto que el trabajador que
presta sus servicios y el trabajador incapacitado por siniestro no profesional
se encuentran en idénticas circunstancias, de hecho y de derecho, de allí que
en su criterio no haya lugar a argüir el quebrantamiento de la igualdad.
Ahora bien, en relación con el auxilio por enfermedad
de origen común y del subsidio por enfermedad profesional o accidente de
trabajo, sostiene que la diferencia entre una y otra prestación, tampoco
vulnera el derecho a la igualdad, pues la misma se encuentra  plenamente
justificada desde el punto de vista constitucional, por cuanto obedece a
circunstancias de hecho diferentes.
Advierte que el subsidio por accidente de trabajo o
enfermedad profesional de que tratan el artículo 7º del Decreto Ley 1295 de
1994 y el artículo tercero de la Ley 776 de 2002, corresponde a un riesgo
diferente, especial y de tratamiento propio en la ley por guardar relación
directa con el desempeño del trabajo (artículos 9 y 11 del Decreto 1295 de
1994). Afirma que “Tanto es así, que uno es el régimen de seguridad social
en salud y otro el régimen de riesgos profesionales. En efecto, en el régimen
de riesgos profesionales el monto de la cotización es diferente y de cargo
absoluto del empleador, e implica unas obligaciones adicionales en cabeza de
éste (relacionadas con los regímenes de seguridad industrial y salud
ocupacional), toda vez que es el trabajo la fuente de riesgo del accidente de
trabajo y de la enfermedad profesional.” Enfatiza que “Por el contrario,
los eventos cubiertos por el régimen de seguridad social en salud (no obstante
ser éste financiado en su mayor parte por el empleador) son ajenos a la
prestación del servicio en sede de una relación de trabajo, y en el que
corresponde al trabajador promover y cuidar su propia salud, en la medida en
que la fuente de riesgo escapa al control del empleador”.
3. Defensoría del Pueblo
La Defensora  Delegada para Asuntos Constitucionales y
Legales de la Defensoría del Pueblo, vencido el término de fijación en lista,
intervino en el presente proceso para solicitar que se declare la
inconstitucionalidad de las expresiones acusadas, con base en los argumentos
que a continuación se resumen.
La interviniente aclara que el artículo 227 del Código
Sustantivo de Trabajo se encuentra vigente, en cuanto hace relación a la regla
referida al monto y al término de la prestación regulada en ella a favor de los
trabajadores incapacitados por una enfermedad común, general o no profesional,
más no en cuanto al patrono como responsable de la misma, teniendo en cuenta
que el Instituto de Seguros Sociales y las empresas públicas y privadas del
régimen contributivo asumieron los riesgos de esa contingencia dentro del
sistema de seguridad social. Precisa que solo excepcionalmente  el empleador
debe asumir esa carga como consecuencia de su omisión de afiliar a su empleado
al Sistema General de Seguridad Social.
La interviniente considera que la regla acusada que
contiene el artículo 227 Código Sustantivo de Trabajo, “es contraria al
principio de la igualdad de protección y trato que las autoridades deben
ofrecer a todas las personas que se encuentren en una misma situación de hecho
comparable, como lo son los trabajadores que encontrándose al servicio de un
patrono o empleador se incapaciten temporalmente de tal manera que les impida
desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado, como consecuencia de
un accidente de trabajo o enfermedad profesional o de una enfermedad común,
general o no profesional”.
Manifiesta que se trata de “trabajadores que se
encuentran en una misma situación de hecho que les impide desempeñar su
capacidad laboral por un tiempo determinado por accidente o enfermedad
ocasionados por causa de origen distinto, pero que son sujetos de una relación
laboral o contractual, cumplen una actividad humana, se hallan en una situación
de subordinación y dependencia con su empleador y reciben como contraprestación
un salario, situaciones todas ellas comparables desde esa perspectiva. Se trata
de trabajadores que vienen siendo tratados en forma distinta por las normas
comparadas, al establecer un auxilio monetario o un subsidio sustancialmente
distinto para cada caso, sin que exista un motivo razonable que justifique
dicha distinción”.
Sostiene que la libertad contractual, ni la autonomía
de las partes en las relaciones laborales, como tampoco la aplicación del
principio de la libertad de configuración legislativa, podrían sustentar una
política de diferenciación salarial sin causa justificada, como la que se presenta
en su criterio en este caso.
Advierte que si bien, el ejercicio del principio de
“la libre configuración legislativa” no excluye que el Legislador otorgue
tratamiento distinto a situaciones comparables,  se observa que la norma
demandada comporta un tratamiento discriminatorio en materia de auxilio
monetario para un mismo tipo de trabajadores que por razón de una incapacidad
laboral originada por causas distintas son tratados de forma diferente sin
justificación razonable, hecho que  en su criterio “no resiste el análisis
de fines y de medios que proporciona el test de igualdad”.
En ese sentido, manifiesta que “el trato distinto
dado por la norma a los trabajadores incapacitados laboralmente por una
enfermedad común, general o de origen no profesional limita algunos principios
mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución
Política, vinculados a la igualdad de oportunidades que predica para todos los
trabajadores colombianos sin excepción, al derecho a la remuneración mínima vital
y móvil, sujeta únicamente a la cantidad y calidad de trabajo, en virtud del
principio de a trabajo igual salario igual y a la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos en las normas legales.
Igualmente que “el grado de afectación de los
derechos laborales de ese tipo de trabajadores inspirado por la norma demandada
no cumple con ninguna finalidad acorde con esos principios constitucionales.
Por el contrario, afecta además de manera grave uno de los fines del Estado
Social y Democrático, como es el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política e
imposibilita su deber de promoción de las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva para todos los colombianos vinculados al mercado de trabajo”.
Añade que “la causa del origen del accidente o
enfermedad profesional y la del accidente o enfermedad no profesional no
inciden para nada desde el punto de vista fáctico en el tratamiento y
protección que ambas situaciones demandan. Ambos grupos de trabajadores se
encontrarían cesantes temporalmente, ninguno de ellos podría desarrollar la
actividad objeto del contrato o relación laboral y en las dos situaciones la
asunción del riesgo por lo general ha sido trasladado a un tercero que permite
además al patrono o empleador liberarse de la carga salarial por vía de
aseguramiento del riesgo. Se diría entonces que la diferenciación legal no
tiene ninguna justificación y que estaría excediendo los límites de la
discrecionalidad racional del Legislador”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Señor Procurador General de la Nación, allegó el
concepto número 4301, del siete (7) de mayo de 2007, en el cual solicita a la
Corte declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las expresiones “las dos
terceras (2/3) partes del salario durante los noventa (90) días y la mitad del
salario por el tiempo restante”, contenidas en el artículo 227 del Código
Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio Público señala que la regulación
constitucional, de carácter general,  sobre la prestación del servicio público
de la seguridad social se encuentra en los artículos 48, 49 y 366 de la Carta
Política, a partir de los cuales el legislador en la Ley 100 de 1993,
desarrolló el Sistema de Seguridad Social Integral, conformado por las
entidades públicas y privadas, las normas y los procedimientos expedidos sobre
la materia, y los regímenes generales vigentes en materia de pensiones, salud,
riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.
Resalta que la prestación económica por enfermedad no
profesional o común, fue asumida, hasta 1975 por el empleador -a quien se hacía
exigible a título de un auxilio en favor del trabajador y, en virtud de la
aplicación del principio de solidaridad. A partir de la expedición del Decreto
770 de 1975-, dicha prestación fue asumida por el entonces Instituto Colombiano
de los Seguros Sociales, en los porcentajes establecidos por el Código
Sustantivo del Trabajo.
Afirma que a partir de la vigencia de la Ley 100 de
1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la misma, la
obligación inherente al pago del valor correspondiente a la incapacidad por
enfermedad común o no profesional  es una responsabilidad del Sistema de
Seguridad Social en Salud con cargo al régimen contributivo. Esta prestación se
basa en el sistema de cotización tripartita: (i) por parte del trabajador, (ii)
el empleador y, (iii) eventualmente en los casos en los cuales tales recursos
resulten insuficientes para atender la cobertura general, con la participación
del Estado.
En ese orden de ideas, sostiene que debe considerarse:
(i) que hubo una derogación parcial del artículo 227 del Código Sustantivo del
Trabajo, toda vez que la prestación económica derivada de la incapacidad no
profesional entra a ser asumida por el Sistema de Seguridad Social en Salud a
través del régimen contributivo; (ii) que la prestación que se asignaba por el
Código Sustantivo del Trabajo a título de auxilio se transformó en un derecho
prestacional; y, (iii) que los derechos prestacionales derivados de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud frente al afiliado se
encuentran garantizados por la ley (artículos 6°, numeral 1°  y 153, numeral 3
de la Ley 100 de 1993) a partir de un sistema de financiamiento a través de
aportes parafiscales.
Afirma que los porcentajes establecidos en el artículo
227 del Código Sustantivo del Trabajo para liquidar las incapacidades por
enfermedad no profesional tenían justificación en cuanto se trataba de un auxilio
a cargo del empleador a quien no se podía hacer más gravosa la situación,
habida cuenta que con sus propios recursos debía sufragar el salario del
trabajador que desempeñaba su labor en reemplazo de aquel que se hallaba
incapacitado. Precisa que  al cambiar la naturaleza jurídica de la prestación,
y el responsable del pago respectivo, la norma acusada resulta aparentemente
incongruente con el  nuevo orden de cosas en materia de la seguridad social.
Por las anteriores razones, advierte que los porcentajes
establecidos en el artículo 227 acusado, en principio desconocen el esquema
establecido en la Constitución para el Sistema de Seguridad Social Integral.
Precisa sin embargo,  que “dado que el mismo artículo 48 de la Constitución
prevé que las garantías de la seguridad social y la cobertura correspondiente,
no son de aplicación inmediata e integral, sino que se busca que se amplíen
‘progresivamente’ y en la forma como ‘lo determine la ley’,” no cabe la
declaratoria de inexequibilidad pura y simple de las expresiones acusadas.
El Procurador General plantea sí, la necesidad de  que
la Corte exhorte al Congreso de la República para que regule, bajo el esquema
de la Seguridad Social Integral consagrado en la Constitución Política y en la
Ley 100 de 1993, un nuevo sistema de reconocimiento para el pago de las
incapacidades por enfermedad no profesional.
La Vista Fiscal  considera que se hace necesario
empero distinguir la situación de las personas que reciben  el salario
mínimo,   pues en relación con ellas sí  se plantea  en su criterio la
necesidad de un condicionamiento de las disposiciones acusadas.
El Ministerio Público recuerda en efecto que el
salario mínimo legal fijado de manera concertada por el Gobierno Nacional, los
gremios de la producción y los representantes de los trabajadores,  se
considera el mínimo vital para la subsistencia de una persona.
En ese orden de ideas en su criterio, si se tiene en
cuenta que la prestación con la cual la ley protege al trabajador que soporta
una incapacidad por enfermedad no profesional tiene como finalidad otorgar el
amparo necesario para la recuperación de la salud y las condiciones de
productividad, nada impide que a las personas respecto de las cuales resulta
evidente su particular y precaria situación económica en relación con la
capacidad adquisitiva de bienes necesarios para la subsistencia, sean objeto de
un tratamiento diferenciado, pues éstas “entran a conformar las minorías
objeto de especial protección constitucional” y merecen  “una protección
cuyo alcance guarde estrecha relación con las finalidades del Sistema de
Seguridad Social en Salud” como la que en su criterio fue exigida por la
Corte en  la Sentencia C-823 de 2006.
En consecuencia solicita a la Corte que se declare la
exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas en el entendido que “los
porcentajes allí establecidos, para efectos de liquidar la incapacidad por
enfermedad no profesional no son de aplicación frente a los afiliados que
devengan el salario mínimo legal, porque a éstos debe corresponderles una
prestación equivalente al cien por ciento (100%) de su salario como garantía
efectiva del derecho al mínimo vital”.
Así mismo señala que  “debe exhortarse al Congreso
de la República para que legisle sobre el reconocimiento y pago de las
incapacidades por enfermedad no profesional”.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición
acusada hace parte de una  Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
El demandante  solicita que se declare  la
inconstitucionalidad de las expresiones “así: las dos terceras (2/3) partes
del salario durante los noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo
restante”, contenidas en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo
relativo al auxilio monetario por enfermedad no profesional,   por
considerarlas violatorias de los  artículos 13  y 53 superiores, dado que  en
su criterio con las mismas  i) se establecería un tratamiento diferente sin
ninguna justificación entre los trabajadores afectados por una enfermedad no
profesional y  aquellos afectados por una  enfermedad profesional  a quienes
sí  se les reconoce  el monto total de su salario  hasta por 180 días;  ii) se
desconocería el derecho al pago de una remuneración que asegure el mínimo
vital,   pues al  trabajador que está enfermo no se le puede agravar su
situación reduciéndole la remuneración.
Todos los intervinientes y el señor Procurador aclaran
que si bien el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo  fue derogado
parcialmente y  debe concordarse con el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, no
cabe duda sobre  la vigencia  de las expresiones acusadas que establecen los
porcentajes  reconocidos como auxilio monetario al trabajador afectado por una
enfermedad no profesional, ahora comprendido  en el marco del sistema de
seguridad social.
Los intervinientes en representación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y de la Asociación de Industriales de Colombia
destacan que  de la misma manera que no resulta comparable la situación del
trabajador  que recibe un salario en contraprestación por su trabajo con quien
recibe un auxilio monetario por el hecho de encontrarse enfermo, tampoco
resulta comparable la situación de  quien recibe un auxilio monetario por una
enfermedad profesional -ligada directamente a la labor que desempeña-  con la
del trabajador que recibe un auxilio monetario por enfermedad común. Afirman
que por tratarse de sistemas de aseguramiento diferentes, regidos por
presupuestos y sistemas de financiación distintos no cabe la comparación.
Precisan que el trabajador afectado por una enfermedad no profesional  no solo
recibe el auxilio monetario a que aluden las expresiones acusadas sino que
recibe la asistencia en salud  respectiva, por lo que no puede hablarse de una
agravación de su situación por parte del sistema de seguridad social ni de un
desconocimiento de su mínimo vital.
La Defensora Delegada para asuntos constitucionales de
la Defensoría del Pueblo solicita a la Corte que declare la  inexequibilidad de
las expresiones acusadas, pues en su criterio  no existe justificación para el
trato diferenciado que se establece con las mismas   respecto de la prestación
de auxilio monetario asumida por el sistema de seguridad social  por enfermedad
común y por enfermedad profesional.
Por su parte el señor Procurador General de la Nación,
aclara que por tratarse de un derecho prestacional cuya cobertura se ampliará
de forma progresiva  en la forma como lo determine la Ley, es al Congreso a quien
corresponde  adecuar el monto del auxilio por enfermedad no profesional  a los
presupuestos  fijados en la Constitución  en materia de protección integral en
materia de seguridad social,  por lo que solicita a la Corte que exhorte al
Congreso en ese sentido.  Empero considera que las expresiones acusadas deben
ser declaradas exequibles de manera condicionada en el entendido que “los
porcentajes allí establecidos, para efectos de liquidar la incapacidad por
enfermedad no profesional no son de aplicación frente a los afiliados que
devengan el salario mínimo legal, porque a éstos debe corresponderles una
prestación equivalente al cien por ciento (100%) de su salario como garantía
efectiva del derecho al mínimo vital”.
Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si
con las expresiones acusadas contenidas en el artículo 227 del Código
Sustantivo del Trabajo  que establecen los porcentajes  de salario reconocidos
como auxilio monetario por enfermedad no profesional  se vulneran o no  los
artículos 13 y 53 superiores.
3. Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario hacer algunas
precisiones en torno a i) las características del sistema de seguridad social y
la potestad de configuración del Legislador en este campo,  y ii) la vigencia,
contenido y alcance  de las expresiones acusadas contenidas en el  artículo 227
del Código Sustantivo del Trabajo,   que resultan pertinentes para resolver los
cargos formulados en la demanda.
3.1   Las características del sistema de seguridad social
y la potestad de configuración del Legislador en este campo.
3.1.1 La seguridad social, - ha dicho de
manera reiterada esta Corporación -, constituye no sólo un servicio público de
carácter obligatorio sino también un derecho irrenunciable de toda persona (CP.
artículos 48, 49 y 365)[2].
De igual manera la seguridad social se encuentra
prevista en la Constitución como un derecho económico y social (C.P. art. 48).
En virtud de tal reconocimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que en cuanto a su naturaleza jurídica el mismo se identifica como un derecho
prestacional[3].
Ello es así, por una parte, porque todas las personas tienen el derecho de
exigir un conjunto de prestaciones a cargo de las entidades que integran
el sistema de seguridad social, no solamente dirigidas a garantizar los
derechos irrenunciables de las personas, sino también a obtener una calidad de
vida acorde con el principio de la dignidad humana[4], y por la otra, porque
para asegurar su efectiva realización, se requiere -en la mayoría de los casos-
acreditar el cumplimiento de normas presupuestales, procesales y de
organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener el equilibrio
económico y financiero del sistema[5].
Teniendo en cuenta la naturaleza de derecho
prestacional[6]
de la seguridad social, la Constitución no optó por un único modelo en esta
materia sino que confió al Legislador la tarea de configurar su diseño.
En este sentido la jurisprudencia ha
explicado igualmente de manera reiterada que el Legislador tiene un papel
esencial en materia de regulación de la seguridad social[7].
Ha señalado la Corte:
Una simple lectura de los artículos 48, 49
y 365 de la Carta demuestra que corresponde a la ley determinar los elementos
estructurales del sistema, tales como (i) concretar los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, (ii) regular el servicio, (iii) autorizar o no su
prestación por particulares, (iv) fijar las competencias de la Nación y las
entidades territoriales, (v) determinar el monto de los aportes y, (vi) señalar
los componentes de la atención básica que será obligatoria y gratuita, entre
otros.
Sin embargo, lo anterior no significa que
la decisión legislativa sea completamente libre, ni que la reglamentación
adoptada esté ajena al control constitucional, pues es obvio que existen límites,
tanto de carácter formal (competencia, procedimiento y forma) como de carácter
material (valores y principios en que se funda el Estado Social de Derecho),
señalados directamente por el Constituyente y que restringen esa
discrecionalidad[8].
“Por consiguiente, si el Legislador opta, por ejemplo, por una regulación en
virtud de la cual las personas pueden escoger entre afiliarse o no a la
seguridad social, ese diseño sería inconstitucional por desconocer el carácter
irrenunciable de la seguridad social”[9].
Lo mismo ocurriría si el Estado se desentendiera de las funciones de dirección,
coordinación y control a la seguridad social, porque esas fueron precisamente
algunas de las tareas expresamente asignadas en la Carta del 91.”[10]
3.1.2 En este contexto, la Constitución Política le ha
atribuido al Legislador un amplio margen de configuración para regular todo lo
concerniente a la seguridad social[11]
al tiempo que ha establecido unos principios y reglas generales, básicas y
precisas, a las cuales debe ceñirse el legislador para regular o limitar el
alcance de dicho servicio público y derecho prestacional a la seguridad social[12].
Se destacan dentro de ese catálogo de reglas generales
a las que debe someterse la potestad de configuración del legislador, entre
otras, las siguientes: (i) el reconocimiento de la seguridad social como un
derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional y, a su
vez, (ii) como un servicio público obligatorio cuya dirección, control y manejo
se encuentra a cargo del Estado. Adicionalmente, (iii) se admite la posibilidad
de autorizar su prestación no sólo por entidades públicas sino también por
particulares[13];
(iv) el sometimiento del conjunto del sistema a  los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. A los que el Acto legislativo 01 de 2005 añadió en
materia de pensiones el principio de sostenibilidad financiera (C.P. art. 48)[14].
En relación con el último punto  cabe recordar que
según el principio de universalidad, la cobertura en la protección de los
riesgos inherentes a la seguridad social debe amparar a todas las personas
residentes en Colombia, en cualquiera de las etapas de su vida, sin
discriminación alguna por razones de sexo, edad, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, etc[15].
En este sentido la Corporación ha hecho énfasis en que
la universalidad implica que toda persona tiene que estar cobijada por el
sistema de seguridad social y que  “no es posible constitucionalmente que los
textos legales excluyan grupos de personas, pues ello implica una vulneración
al principio de universalidad”[16].
Al respecto la Corte  desde sus primeras decisiones
señaló  lo siguiente:
“La universalidad es
el principio relacionado con la cobertura de la Seguridad Social: comprende a
todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la dignidad
es un atributo de la persona, no es entonces concebible que unas personas gocen
de vida digna y otras no. Las calidades esenciales de la existencia no sabrían
ser contingentes. Simplemente, si son esenciales, se predican de todas las
personas".[17]
Posteriormente la Corte ha precisado  que “la
universalidad significa que el servicio debe cubrir a todas las personas que
habitan el territorio nacional. Sin embargo, es claro que ello se debe hacer en
forma gradual y progresiva, pues tratándose de derechos prestacionales los
recursos del Estado son limitados, de ahí la existencia del principio de
solidaridad, sin el cual la población de bajos recursos o sin ellos no podría
acceder a tales servicios.”[18]
A su vez respecto del principio de solidaridad ha
explicado la Corte que el mismo exige la ayuda mutua entre las personas
afiliadas, vinculadas y beneficiarias, independientemente del sector económico
al cual pertenezcan, y sin importar el estricto orden generacional en el cual
se encuentren.
Este principio,  explicó la Corte en la sentencia
C-111 de 2006[19],
se manifiesta en dos subreglas, a saber:
“En primer lugar, el deber de los sectores
con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad
social de las personas de escasos ingresos, por ejemplo, mediante aportes
adicionales destinados a subsidiar las subcuentas de solidaridad y subsistencia
del sistema integral de seguridad social en pensiones, cuando los altos
ingresos del cotizante así lo permiten.
En segundo término, la obligación de la
sociedad entera o de alguna parte de ella, de colaborar en la protección de la
seguridad social de las personas que por diversas circunstancias están
imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia. En estos
casos, no se pretende exigir un aporte adicional representado en una cotización
en dinero, sino que, por el contrario, se acuden a otras herramientas del
sistema de seguridad social en aras de contribuir por el bienestar general y el
interés común, tales como, (i) el aumento razonable de las tasas de cotización,
siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna; (ii) la exigencia proporcional de períodos mínimos de fidelidad o
de carencia, bajo la condición de no hacer nugatorio el acceso a los derechos
de la seguridad social y, eventualmente; (iii) el aumento de las edades o
semanas de cotización, con sujeción a los parámetros naturales de desgaste
físico y psicológico, como lo reconocen los tratados internacionales del
derecho al trabajo”.
La  Corte ha recordado que el principio de eficiencia
consiste en lograr el mejor uso económico y financiero de los recursos
disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna
y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social.
Finalmente, no debe olvidarse que el principio de sostenibilidad financiera, -incorporado
a la Constitución Política a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005-, exige
del legislador que cualquier regulación futura que se haga del régimen
pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema general de
pensiones[20].
3.1.3 Ahora bien, resulta pertinente recordar que esta
Corporación ha establecido que el legislador en ejercicio de la citada potestad
de configuración normativa, además de someterse al cumplimiento -en concreto-
de aquellas reglas y principios que regulan el suministro y la exigibilidad de
las prestaciones que componen el sistema de la seguridad social, se encuentra
sujeto de igual manera a la observancia de aquellos otros principios, valores y
derechos constitucionales previstos en el texto Superior, que generalmente
limitan el desarrollo de la atribución constitucional de regulación[21].
Precisamente, en sentencia C-152 de 2003[22], esta Corporación
manifestó:
“En materia de la regulación del servicio
público de seguridad social, el legislador goza de una amplia potestad de
configuración normativa. La ley, por decisión constituyente, establece los
términos en que dicho servicio público debe ser prestado, en sujeción a los
principios de eficacia, universalidad y solidaridad (artículo 48 de la
Constitución). En desarrollo de dichos principios, el legislador puede
reconocer determinadas prestaciones sociales -por ejemplo una licencia
remunerada de paternidad de cuatro días si el padre cotiza al sistema de salud
o de ocho días si el padre y la madre son cotizantes (artículo 1 de la Ley 755
de 2002)-, así como colocar en cabeza de determinadas personas las obligaciones
correspondientes, como la de financiar dicha prestación. Para la Corte es claro
que la amplia potestad legislativa en materia de seguridad social, que incluye
el régimen de licencia de paternidad en caso de alumbramiento, tiene como
límite los preceptos constitucionales, en especial el deber de respetar los
derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la igualdad.”
En idéntico sentido, en sentencia C-671 de 2002[23], se sostuvo que:
“Esta Corte ha señalado que si bien la
Constitución señala unos principios que gobiernan los derechos a la seguridad
social y a la salud, el Legislador goza de una amplia libertad para regular la
materia, pues la Carta establece que la seguridad social se presta con sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos
que establezca la Ley”. (...) La amplia libertad del Legislador en la
configuración de la seguridad social no significa obviamente que cualquier
regulación legislativa sea constitucional, pues no sólo la Carta señala unos
principios básicos de la seguridad social y del derecho a la salud, que tienen
que ser respetados por el Congreso, sino que además la ley no puede vulnerar
otros derechos y principios constitucionales”.
3.1.4 Igualmente, esta Corte ha insistido en que
cuando una regulación se relacione con la atribución de dirección e
intervención del Estado en la economía (C.P. art. 334), incluyendo en ella toda
la legislación referente al derecho y al servicio público de la seguridad
social, que no afecten derechos constitucionales fundamentales (C.P. arts. 48 y
365), el juez constitucional deberá respetar las razones de conveniencia
invocadas por los órganos de representación política y, por lo mismo, solamente
le resulta viable decretar la inexequibilidad de una norma cuando ésta resulte
inconstitucionalmente manifiesta[24].
Así, la Corte lo ha señalado, en los siguientes términos:
“La Corte considera que en esta materia se
impone el llamado criterio de la inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual,
sólo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales, o viola
claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables
o desproporcionadas, deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la
norma” (Sentencia C-265 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
No obstante, la Corte[25]
ha advertido  que dichas razones de conveniencia invocadas por los órganos de
representación política deben ceder a favor de un control riguroso de
constitucionalidad, cuando a pesar de que la medida legislativa corresponde a
una materia de contenido económico y social, la misma (i) incorpora una
clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas que están basadas en las
categorías prohibidas para hacer diferenciaciones según lo previsto en el inciso
1° del artículo 13 Superior; (ii) afecta a personas que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o a sujetos que gozan
de especial protección constitucional; (iii) desconoce prima facie el
goce de un derecho constitucional fundamental; o finalmente, (iv) incorpora
-sin causa aparente- un privilegio exclusivo para un sector determinado de la
población[26].
3.2 La vigencia, contenido y alcance  de las
expresiones acusadas contenidas en el  artículo 227 del Código Sustantivo del
Trabajo
3.2.1 Las expresiones acusadas se encuentran
contenidas en el artículo 227 del  Código Sustantivo del Trabajo que regula la
prestación social relativa al auxilio monetario por enfermedad no profesional.
Al respecto cabe recordar que la ley laboral clasificó
las prestaciones patronales en dos grandes grupos : (i) las prestaciones
comunes, que son aquellas que corren a cargo de todo empleador
independientemente de su capital; pertenecen a esta especie las prestaciones
por accidente y enfermedad profesional, el auxilio monetario por enfermedad no
profesional, calzado, overoles, protección a la maternidad, auxilio funerario,
auxilio de cesantía; (ii) las prestaciones especiales, que por el
impacto económico que comportan, están a cargo de ciertas empresas  atendiendo
a su capital, como son la pensión de jubilación, el auxilio y las pensiones de
invalidez, escuelas, especialización, primas, servicios y seguro de vida
colectivo.
En cuanto al auxilio por enfermedad no
profesional el artículo 227 de la Ley 141 de 1961 previó  que  “en caso de
incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad
no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un
auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras
(2/3) partes del salario durante los noventa (90) días y la mitad del salario
por el tiempo restante”.
Los artículos 193 y 259  de la misma Ley
141 de 1961 por la cual se expidió el Código Sustantivo del Trabajo
advirtieron  que  las prestaciones comunes señaladas en el Título VIII  y
algunas de las prestaciones especiales reguladas en el Titulo IX del mismo
Código  “dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo de
ellas sea asumido por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, de
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
Dicho Instituto precisamente con la
expedición del Decreto 770 de 1975  asumió, entre otros,  el pago  del auxilio
monetario por enfermedad no profesional. Al respecto  en dicho Decreto se
señaló lo siguiente:
Decreto 770 de 1975  Artículo 9. En caso de enfermedad común el Instituto
otorgará al asegurado directo las siguientes prestaciones y servicios: (…) c)
cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo el asegurado tendrá
derecho a un subsidio en dinero equivalente a las dos terceras (2/3) partes de
su salario de base, subsidio que, lo mismo que las prestaciones señaladas en el
ordinal (sic) a) se reconocerá por el término de 180 días continuos o
discontinuos, siempre que la interrupción no exceda de 30 días.
Artículo 10. El término de 180 días previsto en el artículo
anterior podrá prorrogarse por 360 días más exclusivamente en cuanto a las
prestaciones asistenciales, siempre que existan pronósticos favorables de
curación. En este caso, el subsidio sólo se pagará durante los primeros 180
días de incapacidad excepto cuando el asegurado tenga al cumplir tal período
derecho a las prestaciones por invalidez en cuyo caso se prorrogará el subsidio
en cuantía de un 50% de su salario de base, hasta la definición de su situación
por los servicios médicos.
Posteriormente la Ley 100 de 1993 dentro de
la configuración del sistema general de seguridad social en salud,   al tiempo
que dispuso que deberán estar afiliados al régimen contributivo en ella
establecido  “las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los
servidores públicos,  los pensionados y jubilados y los  trabajadores
independientes con capacidad de pago,   así como al régimen subsidiado “las
personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización”  (Art.
157 -A), señaló en el artículo 206 lo siguiente:
“Artículo 206 Incapacidades. Para los
afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo
reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos
riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías
aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y
accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y
se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas
contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se
expida para el efecto.”(subrayas ajenas al texto[27])
Al remitir el artículo citado a las
disposiciones legales vigentes, en materia de incapacidades laborales, es claro
que se debe acudir al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 227, según el
cual en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada
por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho al pago de  “un
auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: Las dos terceras
(2/3) partes del salario durante los noventa (90) días, y la mitad del salario
por el tiempo restante.”
Dicha previsión  sobre el monto y la duración del
auxilio como lo ha explicado la Corte en anteriores sentencias[28] se encuentra  vigente
y puede en consecuencia ser objeto de  análisis por la Corte frente a los
cargos planteados en la demanda.
3.2.2 Ahora bien,  es claro que la prestación de
auxilio monetario por enfermedad no profesional regulada  en la Ley 100 de 1993
dentro del sistema  general de seguridad social en salud, es diferente  de la
que se reconoce dentro del sistema  general de riesgos profesionales  a que
alude la misma ley.
En efecto, recuérdese que el artículo 8º
de la Ley 100 de 1993 señala que el  sistema de seguridad social integral  -definido en el artículo 1° de la
misma[29]
- está conformado por varios  regímenes generales establecidos por el
Legislador en ejercicio de  la potestad para organizarlo asignada por el
artículo 48 superior específicamente  para pensiones, salud,  riesgos
profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la
misma ley.
Así mismo que mediante el artículo 139,
Num. 11, de la  Ley 100 de 1993, el Congreso de la República otorgó facultades
extraordinarias al Presidente de la República para “dictar las normas
necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de
los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  En todo caso, la
cotización continuará a cargo de los empleadores”.
En ejercicio de dichas facultades el Presidente de la
República expidió el Decreto ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Decreto
este que contiene las disposiciones generales y las relativas a riesgos
profesionales, afiliación y cotizaciones al sistema, clasificación,
prestaciones, servicios de prevención, prevención y promoción de riesgos
profesionales, dirección y administración del sistema, fondo de riesgos
profesionales y sanciones[30].
Materias que fueron complementadas  posteriormente a través de la Ley 776 de
2002 “Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales”.
El sistema de riesgos profesionales
configurado por el Decreto Ley 1295 de 1994, está diseñado para atender los
accidentes y las enfermedades que se produzcan en relación con la actividad
laboral o profesional del afiliado. Para el efecto, los artículos 9° y 10 del
Decreto 1295 de 1994 definen el accidente de trabajo como “un suceso
repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que le produce
al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte”. Por su parte, el artículo 11 del mismo estatuto establece que
la enfermedad profesional es “todo estado patológico, permanente o temporal,
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar”.
Se trata de contingencias asumidas por el
Sistema de Riegos Profesionales, para lo cual la ley exige al empleador
reportar a la ARP y a la EPS a las cuales tiene afiliados a sus trabajadores,
todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra “dentro de los
dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la
enfermedad” (Art. 62 inc. 2° del Decreto 1295/94).
En la Ley 776 de 2002  se precisó  en el artículo 1º
que todo afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales que, en los términos de la misma ley o del Decreto-ley 1295 de
1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como
consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que
este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las
prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la
misma ley.
El artículo 2º de la misma ley  señaló que
“se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la
enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo
determinado.”
A su vez el artículo 3º de la misma ley  precisó
que “Todo
afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio
equivalente al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el
día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación,
readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente
parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el
trabajador reciba regularmente su salario”.  Igualmente que “Para la enfermedad
profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada
la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como
profesional”.
En el mismo artículo se precisa que el
período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el referido
artículo “será hasta por ciento ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados
hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) días continuos
adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el
tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación”. Así mismo que
“cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la
curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para
determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta
tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará
cancelando el subsidio por incapacidad temporal”.
De acuerdo con el artículo 4º de la misma
Ley “al
terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados,
si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que
desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de
la misma categoría”.
La prestación aludida  en el sistema de riesgos
profesionales es pues claramente más comprensiva, y por ende  diferente, de la
que se estableció para el caso de la enfermedad no profesional o común   dentro
del sistema general  de seguridad social en salud.
Tal diferencia es precisamente la que el actor
controvierte en el presente proceso.
4. El análisis
de los cargos
4.1  El
análisis  de la acusación  por la supuesta violación del principio de igualdad
(art. 13 C.P.)
Como se ha señalado el actor  solicita que se declare
la inconstitucionalidad de las expresiones “así: las dos terceras (2/3)
partes del salario durante los noventa (90) días y la mitad del salario por el
tiempo restante”, contenidas en el artículo 227 del Código Sustantivo del
Trabajo relativo al auxilio monetario por enfermedad no profesional,   por
considerarlas violatorias del artículo 13   superior pues con las mismas se
establecería un tratamiento diferente sin ninguna justificación  entre los
trabajadores afectados por una enfermedad no profesional y  aquellos afectados
por una  enfermedad profesional  a quienes sí  se les reconoce  el monto total
de su salario  hasta por 180 días.
Al respecto ha de reiterarse que sobre el particular
la jurisprudencia  tiene precisado, de manera invariable que  en desarrollo del
principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política,
corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas
situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes
diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles[31].
La Corporación ha establecido en múltiples ocasiones que un tratamiento
legislativo diferente no implica per se una violación del principio de
igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable[32]. La Corte ha acudido
entonces a un instrumento metodológico-sobre cuyo alcance y límites se ha
pronunciado reiteradamente[33]-,
para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado[34].
Se busca así
establecer en cada caso  i.)  si se está frente a supuestos de
hecho diversos o si estos son comparables; ii.) si el fin perseguido por la
norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii.) si
los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual
otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad
entre ellos; iv.) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de
que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la
norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres
pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser
adecuados para la consecución del fin perseguido; b)  los medios empleados
deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados
deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho
por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más
importantes[35].
La Corte ha señalado que  el hecho de no  cumplirse
la  primera condición impide que se desarrolle el instrumento metodológico
expresado[36].
Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual
vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se
comparan  atienden a dichos presupuestos[37].
Ahora bien, en el presente caso  la Corte constata
que ninguna vulneración del principio de igualdad puede configurarse,  dado que
ni siquiera los supuestos a que alude  el actor resultan comparables y desde
esta perspectiva el juicio de igualdad planteado por el demandante no puede
realizarse.
En efecto, como lo ponen de presente  algunos de los
intervinientes y como se desprende de los apartes preliminares de esta
sentencia,   es claro que  las prestaciones  a que alude el actor  y que
compara para sustentar  su acusación por la supuesta violación del principio de
igualdad no pueden equiparase por pertenecer a  sistemas de  seguridad social
diferentes, llamados cada uno  a cubrir riesgos diferentes y bajo presupuestos
de financiación igualmente disímiles.
Se trata  en efecto de prestaciones, que si bien
hacen  parte del sistema de seguridad social    no necesariamente deben tener
un tratamiento idéntico, pues atienden  a causas  de naturaleza diferente para
las que bien puede el Legislador  establecer parámetros distintos en función del
cumplimiento de las finalidades a él señaladas en el artículo 48 superior.
Recuérdese  en este sentido que el riesgo al que se
encuentra expuesta la población en general de sufrir bien un accidente o una
enfermedad que incapacite para trabajar, puede ser originado por diversas
circunstancias independientemente de la labor o profesión que se desempeña o el
lugar de trabajo en que desarrolle su actividad laboral. No sucede lo mismo con
la incapacidad  que puede afectar a un trabajador como consecuencia directa del
trabajo que realiza o de las condiciones a las que se encuentra expuesto[38].
Igualmente que  mientras en el sistema de seguridad
social en salud  el artículo 204 de la Ley 100 de 1993[39]  establece   dentro
del régimen contributivo  que “La cotización a
cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto
cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad
del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen
subsidiado”, en el caso del sistema de  riesgos profesionales  de
acuerdo con los artículos 6 y 21  el Decreto Ley  1295 de 1994  el empleador será
responsable del pago de la totalidad  de la cotización de los  trabajadores a
su servicio.
Ahora bien,  lo anterior no  se altera por  el hecho
de que,  como se ha explicado, las prestaciones que se analizan  no  sigan
siendo asumidas directamente por el patrono -como se establecía en las normas
originales del Código Sustantivo del Trabajo- sino  lo sean por el sistema de
seguridad social. Precisamente por estar ambas comprendidas en el sistema de
seguridad social, pero dentro de regímenes diferentes  -una  en el régimen de
salud y la otra en el de riesgos profesionales- al tener causas diferentes
pueden ser reguladas en el sistema de manera  diversa.
A similar conclusión  ya había llegado la Corte en la
sentencia C-252 de 2004[40]
donde   examinó  la acusación formulada en contra de los  artículos 40 de la
Ley 100 de 1993 y 10 de la Ley 776 de 2002[41]
por el supuesto tratamiento discriminatorio establecido por  dichas
disposiciones que señalaron prestaciones diferentes  en materia de pensión de
invalidez  respectivamente por riesgo  común y por  riesgos profesionales.
En esa ocasión explicó la Corte lo siguiente:
“Aduce
el demandante que el legislador estableció una situación diferente frente a
hechos iguales, como lo es la pensión de invalidez, que no encuentra
justificación, pues se trata de situaciones en las cuales las personas tienen
los mismos padecimientos, razón por la cual la ley  no puede asignar al
invalido por riesgo común un monto de pensión inferior a quien se invalida en
virtud de un accidente o enfermedad profesional.
Vistas así las cosas pareciera que al
accionante le asiste razón, por cuanto se trata de personas que en virtud de
una u otra causa, bien sea por riesgo común, ya por riesgo profesional, se
encuentran en una situación de invalidez que les impide el desempeño propio de
sus labores que les permita procurase su sustento y el de su familia. No
obstante, la Corte encuentra que la diferencia en el monto de la pensión de
invalidez aludida obedece al examen de ciertas razones objetivas que hacen
imperiosa dicha diferencia, en aras de mantener la viabilidad del Sistema de
Seguridad Social Integral, desarrollado precisamente en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 48 de la Constitución Política, mediante la
expedición de la Ley 100 de 1993.
(…)
Como
es suficientemente conocido, la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que para acusar una norma de violar el derecho a la igualdad que
consagra el artículo 13 de la Constitución Política, las situaciones de las
cuales se predica la supuesta violación han de ser iguales, de suerte que si el
legislador introduce diferencias normativas a favor o en contra de sujetos
objetivamente iguales, se vulnera el derecho mencionado.
Con
todo, eso no es lo que sucede en el presente caso, pues a juicio de la Corte,
las disposiciones acusadas si bien establecen un tratamiento diferente respecto
del monto de la pensión de invalidez según se origine por riesgo común o por
riesgo profesional, ello se encuentra justificado dados los elementos objetivos
que caracterizan uno y otro sistema.
En primer lugar es importante destacar que
si bien el sistema general de pensiones como el sistema general de riesgos
profesionales forman parte del Sistema de Seguridad Social Integral (Ley 100 de
1993), el segundo sistema de los referidos ha sido consagrado en disposiciones
especiales (Dto. 1295/94, Ley 776/02), por expreso mandato del legislador (art.
139-11 Ley 100 de 1993).
(…)
3.4.
Como se ve son  marcadas las diferencias que justifican el trato diferente que
el legislador ha introducido en la regulación del monto de la pensión de invalidez
por riesgo común y la pensión de invalidez por riesgo profesional. No obstante
todas ellas derivan precisamente de la causa generadora del riesgo. En efecto,
el riesgo al que se encuentra expuesta la población en general de sufrir bien
un accidente o una enfermedad que lo invalide en forma permanente, puede ser
originado por diversas circunstancias independientemente de la labor o
profesión que se desempeña o el lugar de trabajo en que desarrolle su actividad
laboral. No sucede lo mismo con la invalidez que puede afectar a un trabajador
como consecuencia directa del trabajo que realiza o de las condiciones a las
que se encuentra expuesto. Precisamente esa es la razón por la que el
legislador ha consagrado una responsabilidad en cabeza del empleador con el
objeto de garantizar la integridad física de sus trabajadores y, de ahí, el
monto diferencial que establecen las normas acusadas en relación con la pensión
de invalidez en uno o en otro evento.
(…)
El trato diferente en el monto de la
pensión de invalidez que se deriva bien del riesgo común ya del riesgo
profesional, no obstante tratarse de una misma prestación, encuentra su
justificación y razonabilidad como bien lo afirma el Procurador General, en que
la fuente material de su reconocimiento, como lo son las cotizaciones a uno y
otro sistema, y la causa que le da su origen, esto es, riesgo común o riesgo
profesional, justifica la existencia de dos regímenes diferenciados, sin que
por ello se vulnere la Constitución Política[42].
(…)
Se
concluye entonces que el cargo planteado por el demandante en el sentido de que
las dos normatividades consagran diferencias de trato irrazonables e
injustificadas, no prospera, pues, como se ha señalado existen fundamentos
objetivos diferentes en uno y otro caso que justifican el establecimiento de
montos diferentes en el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin que ello
resulte irrazonable o desproporcionado. Nótese además, que con el régimen de
riesgos profesionales se busca proteger al trabajador de los riegos que se
puedan derivar de la labor o profesión que desempeña o de los efectos nocivos
que se puedan generar del medio en que se ha visto obligado a trabajar, con lo
cual se garantizan los derechos constitucionales que en relación con el derecho
al trabajo consagra la Constitución Política (C.P. arts. 25 y 53).”[43]
A lo anterior cabría  agregar que en el presente caso
no se está en presencia de  una diferencia de trato a partir de criterios
sospechosos como el que tuvo que examinar la Corte en la sentencia   C-065 de
2005[44],
donde se declaró la inexequibilidad  del artículo 323 del Código Sustantivo del
Trabajo  según el cual  “en los casos de enfermedades venéreas en estado agudo,
de trabajadores de empresas de petróleos, no hay derecho al auxilio monetario
de que trata el artículo 227". Texto que fue declarado inexequible por
la Corte por vulnerar los derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas, a la salud y al  libre desarrollo de la personalidad.
Tampoco se trata de una diferenciación entre
trabajadores  por el tipo de trabajo realizado  como ocurría en el caso de la
Sentencia C-1004 de 2005[45]
donde la Corte   declaró la  inexequibilidad  parcial[46] del literal d) del
artículo 229 del Código Sustantivo del Trabajo que excluía a los trabajadores
del servicio doméstico de la aplicación de la regla general señalada en el
artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo[47].
En ese orden de ideas, es claro para la Corte que el
cargo por el supuesto desconocimiento del principio de igualdad  formulado por
el actor en contra de las expresiones acusadas contenidas en el artículo 227
del Código Sustantivo del Trabajo a partir de la asimilación de  prestaciones
pertenecientes a riesgos y sistemas de aseguramiento social claramente
disímiles, con la salvedad que a continuación se hace,   no está llamado a
prosperar.
4.2
El examen de la
acusación formulada por el supuesto desconocimiento del artículo 53 superior
Ahora bien, para el actor  en el presente caso
igualmente se  violaría el artículo 53 superior, dado que  en su criterio, con
las expresiones acusadas se desconocería el derecho al pago de una remuneración
que asegure el mínimo vital,   “pues al  trabajador que está enfermo no se le
puede agravar su situación reduciéndole la remuneración”.
El señor Procurador  considera  por su parte  que  las
expresiones acusadas deben ser declaradas exequibles pero de manera
condicionada en el entendido que “los porcentajes allí establecidos, para
efectos de liquidar la incapacidad por enfermedad no profesional no son de
aplicación frente a los afiliados que devengan el salario mínimo legal,
porque a éstos debe corresponderles una prestación equivalente al cien por
ciento (100%) de su salario como garantía efectiva del derecho al mínimo
vital”.
Al respecto cabe recordar  que el derecho fundamental
al mínimo vital ha sido reconocido desde 1992[48]
en forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de la Corte
como un derecho que se deriva de los principios de Estado Social de derecho,
dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a
la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones
de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta, dado el
carácter de derechos directa e inmediatamente aplicables de los citados
derechos[49].
La Corte ha explicado que “el objeto del derecho
fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas
constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea
reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las
condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este
derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento
jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos,
bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho
protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que
comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor
intrínseco. Es por ello que la jurisprudencia bajo el derecho fundamental al
mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otras, reconocer prestaciones
positivas a favor de personas inimputables,[50]
detenidas,[51]
indigentes,[52]
enfermos no cubiertos por el sistema de salud,[53]
mujeres embarazadas[54]
y secuestrados[55].
Pero los jueces de tutela también han reprochado las acciones u omisiones, con
fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien sea de particulares
que presten algún servicio público como los servicios de salud y educación, o
de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una persona, con el
fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en materia del no pago
prolongado de salarios o pensiones por empresarios particulares.[56]”[57]
La Corte ha
igualmente puesto de presente que  “el derecho fundamental al mínimo vital
presenta una dimensión positiva y una negativa. La dimensión positiva de este
derecho fundamental presupone que el Estado[58],
y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia[59], y otras señaladas en
las leyes y en la jurisprudencia constitucional,[60] están obligados a
suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella
misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones
materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para
sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano.
Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al
mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser
traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales
que la persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que
institucionales como la inembargabilidad de parte del salario, la prohibición de
la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de
pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado límite
inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva
del Estado o de otros particulares”[61].
Ahora bien,
la Corte ha analizado  en anteriores ocasiones la relación del derecho al
mínimo vital y el pago de las incapacidades laborales. En casos de protección
de derechos  mediante la acción de tutela, por ejemplo, ha considerado que
procede el pago de licencias por incapacidad laboral, a pesar de la existencia
de otros medios judiciales ordinarios para su cobro, toda vez que el pago de la
incapacidad se equipara al salario para la persona que no ha podido acudir al
trabajo y, por tanto, tiene estrecha relación con el derecho fundamental a
obtener las condiciones materiales básicas para el desarrollo de una vida en
condiciones dignas[62].
Ha señalado
esta Corporación lo siguiente:
“Así como se puede llegar a ordenar el pago
de salarios y mesadas pensionales, también se puede exigir el pago de
incapacidades laborales, puesto que éstas son el monto sustituto del salario
para la persona que, por motivos de salud, no ha podido acudir al trabajo[63]. Al
respecto ha señalado la Corporación que:
“El pago de incapacidades laborales
sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado
de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones
legales. No solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajo
sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse
satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse
por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto
de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”.[64]
Así
las cosas, de estar demostrada la afectación del mínimo vital por el no pago de
las incapacidades laborales, procederá la tutela para ordenar su cancelación.”[65]
En atención a los
anteriores elementos la Corte considera pertinente
distinguir aquellas situaciones en las que el valor del auxilio monetario por
enfermedad no profesional sea inferior al salario mínimo legal, en las que se
desconocería la garantía constitucional de todo trabajador a percibir el
salario mínimo vital, consagrado en el artículo 53 superior, más aún en
condiciones de afectación de su salud que no le permiten temporalmente
trabajar.
En
esas circunstancias, la Corte entiende que el porcentaje del auxilio monetario
por enfermedad no profesional no quebranta el principio de igualdad y el
estatuto del trabajo, siempre y cuando su valor no sea inferior al salario
mínimo legal.
En
consecuencia, la declaración de exequibilidad de las expresiones demandadas del
artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo se debe condicionar a que se
entienda que dicho auxilio monetario no podrá ser inferior al salario mínimo
legal vigente.
Así las cosas lo que corresponde es
declarar la exequibilidad del  artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo
en lo acusado y frente  a los cargos analizados, en el entendido que el auxilio
monetario por enfermedad no profesional no podrá ser inferior al salario mínimo
legal vigente,  y   así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la
Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el artículo 227
del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos formulados,   y en los
apartes demandados, en el entendido que el auxilio monetario por enfermedad no
profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
AUSENTE EN COMISION
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2] Ver al respecto, entre otras, las sentencias SU-819/99
M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1489/02 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-086/02
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-791/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  En ciertos casos, la ley igualmente le ha conferido a
la seguridad social la naturaleza de servicio público esencial, por lo
que se debe garantizar su prestación de forma permanente y continua, a fin de
lograr el desarrollo de una vida plena y satisfactoria en sociedad (C.P. art.
56). En la actualidad, el artículo 4° de la Ley 100 de 1993, establece que el
citado servicio es esencial en todo lo relacionado con el sistema
general de salud y, en materia pensional, solamente en aquellas actividades
directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.  Ver la
síntesis de la sentencia  C-111/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[3] Véase, entre otras, las sentencias: T-102 de 1998, T-560 de 1998,
SU-819 de 1999, SU-111 de 1997 y  SU-562 de 1999.
[4] Sentencia C-432 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[5] Sentencia C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  En el
mismo sentido ver la síntesis efectuada en la Sentencia C-111/06 M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[6]   Al respecto ha dicho la Corte:  “Tal como lo
entendieron el Constituyente y el Legislador, la Corte considera en principio,
el derecho a la seguridad social como un derecho asistencial o prestacional que
la Carta sitúa en su capítulo 2o. del título II, de los derechos sociales,
económicos y culturales. Se trata de un derecho calificado por el tenor literal
de la Carta como de la Segunda Generación; tiene además por su contenido
material una naturaleza asistencial o prestacional que no permite su eficacia
con la sola existencia de la persona titular, sino que, requiere una
reglamentación que lo organice y una agencia pública o privada autorizada que
le suministre los bienes y servicios que lo hacen realidad. Adicionalmente, un
aspecto relacionado con la capacidad fiscal o financiera del ente encargado de
la asistencia o prestación, le da a este derecho a la seguridad social un
carácter temporo-espacial, reconocido por el constituyente, que en proyecciones
sentadas por la propia Carta (art. 48), lo viene a diseñar con una cobertura
progresiva que comprenda todos los servicios que, como parte de él, determine
la ley”. Sentencia C-408 de 1994. MP Fabio Morón Díaz.
[7] Ver, entre muchas otras, las Sentencias
C-130 de 2002, C-616 de 2001, C-1489 de 2001, C-542 de 1998 y C-111 de 1997.
[8] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-616 de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil y C-130 de 2002 MP. Jaime Araujo
Rentería.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-1489 de
2000 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[10] Sentencia C- 791 de 2002 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
[11] Ver entre otras las sentencias C-1089 de 2003 M.P. Álvaro Tafur
Galvis y C-623 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.- .
[12] Sentencia C-516 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Sentencia C-1489 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[14]
Así se reconoce expresamente en el artículo 48
del Texto Superior, conforme a las modificaciones efectuadas por el Acto Legislativo
No. 01 de 2005, en los siguientes términos: “El Estado garantizará los
derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los
derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo.”.
[15] Ver entre otras las sentencias  C-623 y C-1024 de 2004 M.P.
Rodrigo Escobar Gil así como la sentencia  C-823/06  M.P. Jaime Córdoba Treviño
S.P.V. Nilson Pinilla Pinilla
[16] Sentencia C-823 /06 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.P.V. Nilson
Pinilla Pinilla.
[17]Sentencia C-575/92 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[18] Sentencia C-130/02 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[19] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[20] Véase, al respecto, exposición de motivos al proyecto de Acto
Legislativo No. 127 de 2004 Cámara.
[21] Ver la sentencia C-111/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[22] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[23] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[24] Ver la sentencia C-111/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[25] Ver la Sentencia C-227 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.,
en el mismo sentido ver la sentencia C-111/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] En ese orden de ideas la Corte  declaró inexequible el límite de
los 18 años edad previsto en la disposición acusada, para que las madres
trabajadoras cuyos hijos padezcan de invalidez física o mental, cuando éstos
dependan económicamente de aquellas, puedan ser beneficiarias de la pensión
especial de vejez dirigida a garantizar el debido cuidado y protección de las
personas discapacitadas. En sus propias palabras, la Corte sostuvo: “La
Corte comparte el argumento acerca de que la escasez de recursos y la necesidad
de avanzar progresivamente en la concesión de algunos beneficios, de acuerdo
con la disponibilidad económica, pueden obligar a delimitar el ámbito de
aplicación de un beneficio o el espectro de beneficiarios. Sin embargo,
considera importante aclarar que en los casos en los que se aduzca la escasez
de medios para negar el acceso a un derecho a grupos vulnerables es necesario
que la argumentación no se reduzca a afirmaciones genéricas acerca de la
limitación de los recursos económicos. Cuando se trata de establecer
diferenciaciones que comprometen los derechos de los grupos específicos más
débiles de la sociedad, el Estado corre con la carga de la argumentación para
demostrar específica y realmente que era efectivamente conducente establecer
una determinada diferenciación. (...) // Por otra parte, la Corte es consciente
de que derechos como los que se discuten en este proceso son de aplicación
progresiva, lo cual indica que no siempre pueden ser desarrollados en toda su
dimensión de un día para otro, y que probablemente es necesario que
inicialmente los beneficios se focalicen en  algunos grupos. Sin embargo, es claro
que la marginación del acceso al beneficio para las madres trabajadoras de  los
hijos mayores de edad afectados por una invalidez física o mental que no les
permite valerse por sí mismos y que dependen económicamente de ellas, no es
constitucionalmente legítima, dada la situación de extrema vulnerabilidad en
que se encuentran. Puesto que de lo que se trata es de facilitarle a las madres
trabajadoras que apoyen de forma permanente a sus hijos inválidos y que
dependen de ellas económicamente, la diferenciación establecida por la norma
acusada es inaceptable a la luz de la Constitución, pues como ya se señaló el
mero tránsito de edad no modifica por sí mismo las condiciones de los hijos”.
[27] En
desarrollo de ese precepto, el Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamenta
la afiliación al régimen de seguridad social y la prestación de los beneficios
del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud, dispuso en su
artículo 28:
“Artículo
28. Beneficios de los afiliados al régimen contributivo. El régimen
contributivo garantiza a sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios:
(…)
b) El
subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o
accidente ocasionados por causa de origen no profesional”.
[28] Ver entre otras las sentencias  C-065/05 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra   y C-1004/05 M.P. Jaime Araujo Rentería
[29]
ARTÍCULO 1o. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El
sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que
la afecten.
El sistema comprende las
obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico,
de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se
incorporen normativamente en el futuro.
[30] Si bien dicho Decreto  derogó de manera expresa solo algunas
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo relativos al tema de riesgos
profesionales, la Corte al  abordar el estudio de  demandas de
inconstitucionalidad ha estado llamada a inhibirse frente a las demandas de
disposiciones de dicho Código  cuyo contenido material fue igualmente derogado
por el decreto Ley 1295 de 1994. Ver al respecto entre otras las sentencias
C-823 a C-828 de 2006.
[31] Ver Sentencia C-100/04 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[32] Ver, entre muchas otras, la sentencia
C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez  Caballero.
[33]  La metodología de análisis  para establecer una
eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la
Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes
sentencias: T-422/92, C-230/94 y C-1141/00  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-040/93 M.P. Ciro Angarita Barón; C-410/94, C-507/97 y C-952/00 M.P. Carlos
Gaviria Díaz; C-265/94,C-445/95 y C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673/01
y  C-980/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V Jaime Araujo Rentería, C-1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-973/02 y C-043/03 M.P.
Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-475/03 M.P. Jaime
Córdoba Triviño A.V. Jaime Araujo Rentería.
[34] Al respecto Ver,  entre otras,  las
sentencias  T-230 de 1994, C-022 de 1996,  C-093/01 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, C-1108/01 MP Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra,
C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1191/01
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes ,  C-043/03  y C-100/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[35] Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[36]  En múltiples oportunidades esta Corporación ha
explicado que “la aplicación de los "tests" de razonabilidad y
proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (…)El orden de
estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también
metodológicas: el test del trato desigual  pasa a una etapa subsiguiente sólo
si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior.”Ver Sentencia
C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[37] Ver Sentencia C-1063/00 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[38] Ver la sentencia C-252/04 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[39]
ARTÍCULO 204. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COTIZACIONES.
<Inciso 1o. modificado
por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>
La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°)
de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el
cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del
empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de
la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga para
contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las
cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción
se incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador,
que será destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto
cinco a los que hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por
ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones
aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno
Nacional en cero punto cinco por ciento (0,5%).
PARÁGRAFO 1o. La base
de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, será la misma contemplada en el sistema general de pensiones
de esta Ley.
PARÁGRAFO 2o. Para
efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes,
el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con
base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las
actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los
individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores
podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.
PARÁGRAFO 3o. Cuando
se devenguen mensualmente más de 20 salarios mínimos legales vigentes, la base
de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
[40] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] “LEY 100 de 1993
Artículo 40.  El monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de
la pensión de invalidez será equivalente a:
a.  El 45% del ingreso base de liquidación,
más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que
el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas
(500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea
igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b.
El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La
pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de
liquidación.
En
ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a
solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva,
desde la fecha en que se produzca tal estado”.
LEY 766 de 2002 Artículo
10.  Monto de la pensión de invalidez: Todo afiliado al que se le defina una
invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones
económicas, según sea el caso:
a.  Cuando la invalidez es superior al
cincuenta por cincuenta (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%),
tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento
(60%) del ingreso base de liquidación;
b.  Cuando la invalidez sea superior al
sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de
liquidación;
c.  Cuando el pensionado
por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las
funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el
literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).
Parágrafo
1°.  Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar
cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las
disposiciones legales pertinentes.
Parágrafo 2°.  No hay lugar al cobro
simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez.
Como tampoco lo habrá  para pensiones otorgadas por los regímenes común y
profesional originados en el mismo evento.
El trabajador o quien infrinja lo aquí
previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y
obtenido indebidamente”.
[42] En la sentencia C-773/98 M.P. Hernando Herrera Vergara, se
examinó una demanda de constitucionalidad contra el artículo 53 del Decreto
1295 de 1994, en la que uno de los cargos hacía relación a la posible violación
del derecho a la igualdad, como quiera que para una misma hipótesis, como sería
la incapacidad de los trabajadores en el evento de un accidente de trabajo o
una enfermedad profesional y en el riesgo común, el monto de las pensiones
reconocidas sería distinto, “en la medida en que en las dos primeras
situaciones se obtiene además de la pensión, la suma de la devolución de los
saldos de su ahorro en el sistema de pensiones, en cambio, en la última, tales
saldos serían destinados a la conformación del monto mismo de la pensión”. La
Corte encontró exequible la disposición acusada, no sólo por la  posible
vulneración del derecho a la igualdad , sino frente a los demás cargos
planteados en relación con el exceso en el ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas al Presidente de la República.
[43] Sentencia C-252/04 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[44] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[45] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[46]
En dicha sentencia la Corte resolvió “DECLARAR
INEXEQUIBLE la expresión “y al pago íntegro de su salario en
caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad,
todo hasta por un (1) mes” contenida en el Art. 229, Lit. d), del Código
Sustantivo del Trabajo”.
[47]
En la referida  sentencia la Corte hizo las
siguientes consideraciones:
“Según la regla general
contenida en el Art. 227 del C. S. T., que no es objeto de examen de
constitucionalidad, en concordancia con las normas de la Ley 100 de 1993, en
particular con el Art. 206, en caso de incapacidad para desempeñar sus labores,
ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el
Sistema General de Seguridad Social en Salud  le pague un auxilio monetario
hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del
salario durante los noventa (90) días y la mitad (1/2) del salario por el
tiempo restante.
Por su parte, la
expresión señalada objeto de examen de constitucionalidad contenida en el Art.
229, Lit. d), del C. S. T. establece que en la misma situación, por excepción,
los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho al pago íntegro de su
salario hasta por un (1) mes.
Se observa que esta
última disposición otorga un trato desigual a los trabajadores en ella
contemplados, en dos aspectos: i) un aspecto favorable, relativo al valor del
auxilio monetario en relación con el salario devengado, en cuanto la regla
general otorga sólo una parte de éste y la excepción confiere la totalidad del
mismo; ii) un aspecto desfavorable, concerniente al valor del auxilio monetario
en relación con el tiempo de su reconocimiento, en cuanto la regla general
otorga el auxilio hasta por ciento ochenta (180) días y la excepción lo
confiere hasta por un (1) mes.
Con base en la
confrontación integral del valor del auxilio en ambas situaciones, tomando en
cuenta los dos aspectos indicados, se puede determinar que el otorgado en forma
general a los trabajadores es más favorable que el dispensado a los
trabajadores de servicio doméstico, teniendo en cuenta que estos últimos
devengan generalmente el salario mínimo o un salario ligeramente superior a
éste, de suerte que la diferencia se traduce en que los mismos pueden recibir
hasta un salario mínimo legal mensual y, en cambio, los primeros pueden recibir
hasta 6/3 de un salario mensual superior, en grado ampliamente variable, al
mínimo legal en los primeros 90 días, o sea, 2 salarios mensuales, y hasta 3/2
de dicho salario en los siguientes 90 días, lo cual arroja en total 3 ½
salarios mensuales.
Puede considerarse que
lógicamente el fin de este trato diferente y desfavorable para los trabajadores
de servicio doméstico era favorecer la economía familiar de sus empleadores, en
cuanto el reconocimiento y pago del auxilio monetario estaba a cargo del
patrono, conforme a lo previsto expresamente en el Art. 227 del C. S. T.
Este fin ya no existe,
ya que en virtud de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 el reconocimiento y
pago de dicho auxilio está a cargo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, con base en la afiliación correspondiente del trabajador, de carácter
obligatorio para todo empleador, como se anotó. Por tanto, no procede analizar
su posible legitimidad o ilegitimidad constitucional, por carencia de objeto.
Esta circunstancia
releva lógicamente a la Sala de considerar si el medio escogido por el
legislador reúne o no los requisitos anteriormente señalados.
Por consiguiente, el
trato desigual establecido en la expresión analizada carece de una
justificación objetiva y razonable y configura por ello una discriminación de
los mencionados trabajadores.
Por estas razones la
Corte declarará la inexequibilidad del segmento materia de examen contenido en
el Art. 229, Lit. d), del C. S. T. “
[48] Sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[49] Cfr. entre otras las siguientes sentencias: T-005 de 1995 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-144
de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-198 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero); T-500 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-284 de
1998 (M.P. Fabio Morón); SU-062 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[50] Cfr. Sentencia T-401 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[51] Cfr. Sentencia T-208 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[52] Cfr. Sentencia T-533 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[53] Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-645 de 1996 (M.P.
Alejandro Martinez); T-283 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-268 de 1998 (M.P.
Fabio Morón Díaz); y T-328 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[54] Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-119 de 1997 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-622 de 1997 (M.P. Alejandro Martinez Caballero);
T-774 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-1033 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez).
[55] Cfr. Sentencia T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[56] Cfr., en materia de salarios: Sentencias T-146 de 1996 (M.P Carlos
Gaviria Díaz); T-527 de 1997 y T-529 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara);
T-284 de 1998 y T-298 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-434 de 1999 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502 de 1999 y T-545 de 1999 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell); T-1031 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En materia de
pensiones: SU-430 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-495 de 1999 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz).
[57] Ver la síntesis efectuada en la sentencia C-776 de 2003 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] Cfr. Sentencia C-251 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En esta ocasión la Corte sostuvo: "El Estado tiene frente a los
particulares no sólo deberes de abstención sino que debe igualmente realizar
prestaciones positivas, sobre todo en materia social, a fin de asegurar las
condiciones materiales mínimas, sin las cuales no es posible vivir una vida
digna". Sobre la dimensión positiva de los derechos fundamentales
consultar además la Sentencia T-595 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[59] Cfr. Sentencias T-680 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa);
T-259 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-850 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[60] Sentencia SU-111 de 1997, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[61] Ver la síntesis efectuada en la sentencia C-776 de 2003 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[62] Ver
la sentencia  C-065/05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[63] Ver Sentencia T-972/03, M.P. Jaime Araujo Rentería (En esta
ocasión la Corte conoció de una tardanza en el pago de una incapacidad laboral
de diez meses. La E.P.S. accionada alegaba carencia de presupuesto para la
cancelación de tal prestación laboral. Al momento de fallar la acción se
presentaba hecho superado, motivo por el cual no se concedió la tutela. No
obstante, la Corte observó que la conducta desplegada por la entidad accionada
sí había vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital del accionante, razón
por la cual previno a la accionada para no incurrir de nuevo en el pago tardío
de las incapacidades.)
[64] Ver Sentencia T-311/96, M.P. José Gregorio Hernández en la cual
se concedió la tutela a una mujer que estando en estado de embarazo, por la
conjunción de éste con una enfermedad neurológica, quedó incapacitada
laboralmente. El empleador, una empresa de servicios temporales, no había
realizado el cruce de cuentas necesario para el pago de la incapacidad,
motivo  por el cual la Corte ordenó el pago directo de las incapacidades a éste
y no a la E.P.S. Es de resaltar que, tomando en cuenta el hecho de que la
accionante iba a tener un hijo y tenía otros menores que mantener, se consideró
inidóneo el proceso ordinario laboral para reclamar lo relativo a las
incapacidades.
[65] Ver Sentencia T-413/04, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la
cual se consideró que el no pago de una incapacidad laboral derivada de la
amenaza de aborto de la accionante configuraba una vulneración a su mínimo
vital, toda vez que la peticionaria no contaba con un ingreso diferente. Por
tanto, se ordenó la cancelación de los tiempos no laborados debido a su estado
de salud.