C-752-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-752/13
EXCLUSION DE BENEFICIOS TRANSICIONALES DERIVADOS DE
LEY DE JUSTICIA Y PAZ PARA POSTULADO QUE NO ENTREGUE, OFREZCA O DENUNCIE TODOS
LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL O POR EL GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA
LEY-Exequibilidad
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
PLAZO DE POSTULACION DE DESMOVILIZADOS AL
PROCEDIMIENDO PENAL ESPECIAL-Inhibición
para decidir de fondo en relación con la expresión “Vencido este plazo el
Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”
contenida en el inciso 1° artículo 37 de la Ley 1592 por ineptitud sustantiva
de demanda
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos
mínimos de cargos
CARGO POR VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Incumplimiento del requisito de suficiencia
EXCLUSION
DE LOS BENEFICIOS TRANSICIONALES DERIVADOS DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ PARA
POSTULADO QUE NO ENTREGUE, OFREZCA O DENUNCIE TODOS LOS BIENES ADQUIRIDOS POR
EL O POR EL GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY-Contexto normativo
LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Fundamento jurídico
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Objeto
La presente ley tiene por objeto facilitar
los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil
de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En palabras de esta misma Corporación, la ley de
justicia y paz vino a constituir un ingente esfuerzo político cuyo propósito es
facilitar la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley
que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la
paz.
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Derechos de las víctimas
ALTERNATIVIDAD
PENAL-Concepto
ALTERNATIVIDAD
PENAL-Características
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Elementos esenciales
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Fundamentado en voluntad de los intervinientes
PENA ALTERNATIVA-Requisitos de elegibilidad de postulados para caso de desmovilización
colectiva
Dentro
del propósito de concretar la expresión de voluntad del postulado, la ley
establece unos requisitos de elegibilidad, a cuyo cumplimiento se condiciona el
otorgamiento del beneficio de la pena alternativa. Los requisitos de
elegibilidad, para el caso de la desmovilización colectiva, se concretan en:
(i) que el grupo armado organizado de que se trata se
haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno
Nacional; (ii) que se entreguen los bienes
producto de la actividad ilegal; (iii) que el
grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la
totalidad de menores de edad reclutados; (iv) que
el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y
libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita; (v) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; y (vi) que se liberen a las
personas secuestradas, que se hallen en su poder.
PENA ALTERNATIVA-Requisitos de elegibilidad de postulados para caso de desmovilización individual
La desmovilización individual exige como requisitos de
elegibilidad, (i) que el desmovilizado entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía; (ii) que haya suscrito un acta de
compromiso con el Gobierno Nacional; (iii) que se haya desmovilizado y dejado
las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal
efecto; (iv) que cese toda actividad ilícita; y (v) que entregue los bienes
producto de la actividad ilegal, para que se repare a las víctimas.
PROCESO DE
JUSTICIA Y PAZ-Obligación del
postulado
De
manera general, en virtud de la ley transicional, el postulado tiene la
obligación, (i) en el contexto de satisfacer la verdad, de dar a conocer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en los cuales
participó; (ii) en el marco de la obligación de justicia, de permanecer privado
de la libertad hasta que la autoridad competente así lo disponga, asistir a las
audiencias, cumplir la sanción impuesta y los compromisos de comportamiento
incluidos en el fallo; y (iii) en lo relacionado con el derecho a la
reparación, entre otras obligaciones, de entregar al Estado los bienes para la
reparación de las víctimas.
PROCESO DE
JUSTICIA Y PAZ-Incumplimiento de
requisito de entrega de bienes producto de la actividad ilegal da lugar a
exclusión del postulado del proceso de justicia y paz o en su defecto a pérdida
del beneficio de pena alternativa
EXCLUSION
EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Definición
Esta ha sido definida por la jurisprudencia como el
mecanismo por medio del cual la autoridad judicial de conocimiento del proceso
de justicia y paz expulsa al postulado de dicho trámite, previa solicitud que
presenta la fiscalía.
EXCLUSION
DE POSTULADO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
precisado al respecto, que la exclusión del postulado de los beneficios de la
Ley de Justicia y Paz, opera cuando éste no cumple con los requisitos generales
y objetivos establecidos en la Ley 975 de 2005 para su vinculación al trámite
especial, o cuando en curso del proceso o dentro de la ejecución de la pena
alternativa dispuesta por la justicia, incumple con las obligaciones propias de
su condición.
EXCLUSION
DE POSTULADO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Causales
En
relación con las causales de exclusión, para lo que es de interés a este
juicio, debe señalarse una vez más que el citado artículo 5° de la Ley 1592 de
2012, que incluyó un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, prevé que hay
lugar a la exclusión, entre otras causas, cuando se verifique que el postulado
no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el
grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. En punto a
dicha causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por la norma
acusada, el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 (que introdujo a la Ley 975 de
2005 un nuevo artículo 11D), el cual, al regular lo relacionado con el deber de
los postulados de contribuir a la reparación integral, dispone que el postulado
que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el
grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido
del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa,
según corresponda.
EXCLUSION
DE POSTULADO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Estructura procesal
Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de
destacarse inicialmente, que la decisión de excluir a un postulado del proceso
de justicia y paz debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito
Judicial, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica,
probatoria y jurídicamente (Ley 975, art. 11A y 13). Ciertamente, si el
postulado incumple los requisitos de elegibilidad o alguna obligación legal o
judicial, no obstante que el Gobierno lo haya incluido en lista, es obligación
del fiscal delegado acudir ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a
fin de obtener la desvinculación de la persona en audiencia a través del
mecanismo de la exclusión. La decisión de exclusión del proceso de justicia y
paz, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, puede tener lugar en
cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso
(investigación y juzgamiento) como en la etapa de ejecución de la sentencia,
una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (Ley 975, art.
11A). Como se mencionó, tal decisión le corresponde adoptarla a la Sala de
Justicia y Paz con Funciones de Conocimiento de los Tribunales Superiores, lo
cual se explica en el hecho de que dicha determinación privaría al postulado de
gozar del derecho a la pena alterativa, esto es, de ser parte de los beneficios
de la Ley 975 de 2005. En caso que el incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad se verifique antes de proferirse sentencia, se dispondrá la
exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remitirá la
actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la ley
vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde no
tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente
transicional (Ley 975 de 2005, art. 11A). Si el incumplimiento se verifica
luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o
por solicitud del fiscal, deberá proceder a revocar la pena alternativa o el
periodo de libertad a prueba y se harán efectivas las penas principales y
accesorias ordinarias determinadas en la sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24,
25 y 26). Finalmente, contra la decisión de exclusión, adoptada en audiencia
pública mediante auto, procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26). Una vez en firme la
decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un
futuro trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (Ley
975, art. 11A). Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos
establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación y una decisión diferente conduciría a un trato desigual respecto de
los postulados y generaría incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica
en el marco de la justicia transicional.
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Descripción
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Fase administrativa y judicial
La primera corre por cuenta del Gobierno Nacional, en
cuanto que a él le corresponde elaborar la lista con los nombres de los
miembros de grupos armados al margen de la ley que aspiren a obtener los
beneficios reconocidos. La segunda, la judicial, se encuentra  a cargo de la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y de los Tribunales de
Justicia y Paz, a quienes corresponde, una vez recibida la lista
correspondiente de postulados, llevar a cabo lo concerniente a la
investigación, juzgamiento, imposición de la sanción y aplicación de los
beneficios judiciales.
ETAPA
JUDICIAL EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Desarrollo
DILIGENCIA
DE VERSION LIBRE Y CONFESION EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance
El
fiscal delegado recibe la declaración de versión libre y confesión del
postulado, en la cual lo interroga acerca de los hechos de que tenga
conocimiento. Dicha diligencia se desarrolla en presencia del apoderado del
postulado y éste tiene la obligación de confesar de manera completa y veraz los
hechos delictivos en los que participó y de que tenga conocimiento, así como de
indicar los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la
reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente
o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron, entre
otros elementos. Con base en la versión libre, el Fiscal elabora un programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad
y victimización. En esta fase es posible solicitar medidas cautelares sobre los
bienes destinados a la reparación de las víctimas.
DILIGENCIA
DE VERSION LIBRE Y CONFESION EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Momento procesal en el cual el postulado materializa y
hace manifiesta su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios
de la ley
Teniendo en cuenta el alcance reconocido a la
diligencia de versión libre y confesión, la misma constituye el momento
procesal en el cual el postulado materializa y hace manifiesta su voluntad
expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la ley, pues en ella se
obliga a declarar la verdad, en particular, a declarar todos los bienes
adquiridos ilícitamente, con los cuales se compromete a contribuir a la
reparación integral de las víctimas. En ese  sentido, es también el primer
referente procesal con que cuenta la fiscalía para verificar si el postulado
honra su compromiso, es decir, si actúa con la intención real de hacer entrega
de bienes e indemnizar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar
el proceso penal, pues el ofrecimiento de los bienes es indicativo de que tan
cierto es el propósito que tiene de reconciliación. En este escenario, es
importante resaltar que la fiscalía, según surge de la propia ley y la
jurisprudencia, es el ente encargado de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad y la voluntad constante del postulado de ser
beneficiario de la pena alternativa.
AUDIENCIA
DE FORMULACION DE LA IMPUTACION EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance
Cumplida
la declaración de versión libre y confesión, se da paso a la audiencia de
formulación de imputación ante el magistrado que ejerce la función de control
de garantías. Esta audiencia tiene como finalidad la iniciación formal de la
investigación penal, y en ella el fiscal hace la imputación fáctica de los
cargos investigados y confesados y solicita al magistrado disponer la detención
preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda. Igualmente,
puede solicitar la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para
efectos de la contribución a la reparación integral de las víctimas.
AUDIENCIA DE FORMULACION E IMPUTACION DE CARGOS-La aceptación de cargos solo tendrá validez si se hizo
de manera libre, voluntaria y espontánea, y siempre que el postulado haya
estado asistido por su defensor
AUDIENCIA DE VERIFICACION DE ACEPTACION DE CARGOS-Se convocará con el fin de examinar si la aceptación
se efectúo de manera libre, voluntaria y espontánea y asistida por el defensor
del imputado
AUDIENCIA DE VERIFICACION DE ACEPTACION DE CARGOS-Inicio de manera oficiosa al incidente para la
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta
criminal
SENTENCIA EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Se verifica el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad, de encontrarse cumplidos se suspende ejecución de la pena que se
imponga de acuerdo al Código Penal y habrá lugar al beneficio de la pena
alternativa
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Desarrollo con estricta sujeción a las garantías
sustanciales y procesales propias del Estado de Derecho
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Las medidas y decisiones que se adopten están sujetas
a los principios y garantías mínimas reconocidas por la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos
RESPONSABILIDAD PENAL
OBJETIVA-Proscripción
constitucional
Esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la
Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un
derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, para ser sancionable,
debe ser imputable a la persona no sólo de manera objetiva (autoría material),
sino también subjetiva (culpabilidad), como expresión del reconocimiento al
sujeto de su dignidad y libertad en los artículos 1º y 16 de la Constitución.
CULPABILIDAD-Responsabilidad plena
Referencia: Expediente D-9568
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad   contra los
artículo 8° y 37 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se
introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se
dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo
Magistrado ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Bogotá, D. C., treinta (30)
de octubre de dos mil trece (2013).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Gustavo Adolfo
Arbeláez Naranjo, presentó demanda de inconstitucionalidad contra de los
artículos 7°, 8°, 19 y 37 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de
la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
Mediante Auto del 1° de abril de
2013, el magistrado sustanciador decidió inadmitir la demanda contra los
mencionados artículos, por no cumplir con las exigencias previstas en el
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional.
Durante el término previsto en
el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991 para la corrección de la demanda, el
actor radicó el correspondiente escrito de subsanación.
Analizado por el Despacho el
referido escrito, en Auto del 23 de abril de 2013, el magistrado sustanciador
resolvió rechazar la demanda presentada contra los artículos 7° y 19 de la Ley
1592 de 2012 y admitir la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
8° y 37 de la misma ley.
En
consecuencia, con respeto a la demanda formulada contra algunas expresiones de
los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de 2012, se dispuso fijar en lista el
presente proceso en la Secretaría General de la Corte por el término de diez
días, para efectos de permitir la intervención ciudadana y, simultáneamente,
correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto correspondiente. Igualmente, se dispuso comunicar la
iniciación del presente proceso al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia-
y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Externado,
Javeriana, Rosario, Libre y Nacional, para que, si lo consideran conveniente,
intervengan en el proceso con el propósito de impugnar o defender la
disposición acusada.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II. NORMAS  DEMANDADAS
A
continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas:
“LEY 1592 DE 2012
(diciembre 3)
Diario Oficial No. 48.633 de 3 de diciembre de 2012
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se introducen modificaciones a la
Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DECRETA:
ARTÍCULO 8º. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 11D del siguiente tenor:
Artículo 11D. Deber de los postulados de contribuir a
la reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los
requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11
respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar,
ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a
disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de
2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los
procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente
a estos programas.
La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas
necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo,
que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El
postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por
él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión
de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será
excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena
alternativa, según corresponda.
PARÁGRAFO. En ningún caso se afectarán los bienes de
los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los
frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad
a la desmovilización.
(…)
ARTÍCULO 37. POSTULACIÓN DE DESMOVILIZADOS AL
PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL. Quienes se hayan desmovilizado de manera
individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y
pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán
solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido
este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su
postulación.
Quienes se desmovilicen de manera individual con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año
contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso
del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de
la solicitud para decidir sobre su postulación.
(Resaltado fuera del texto).
III. DEMANDA
En
criterio del demandante, la expresión acusada del artículo 8° de la Ley 1592 de
2012 vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto establece
una responsabilidad objetiva, al imponer una sanción de exclusión “sin
agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las
condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los
errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la
oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una
carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y
desconociendo la presunción de buena fe”.
En
otros términos, la norma acusada no señala que el juez deba valorar el elemento
subjetivo al momento de constatar la omisión en la denuncia de los bienes, pues
no le permite evaluar si la omisión de la denuncia fue un hecho premeditado,
doloso, negligente, malicioso o involuntario por parte del postulado, por lo
que se debe precisar el componente subjetivo y el grado de culpabilidad del que
se deriva la consecuencia jurídica, el cual debe ser doloso, para que no se
deje a la discrecionalidad del operador jurídico la valoración o no del
elemento subjetivo de la omisión de la denuncia de los bienes.
Asimismo,
considera que el aparte subrayado del artículo 37 vulnera el artículo 13 de la
Constitución Política, ya que introduce un trato diferencial entre quienes se
postulan con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1592 de 2012, pues respecto de los primeros el gobierno
nacional tiene el plazo de dos años para definir lo referente a su postulación,
mientras que para los segundos otorga el plazo de un año, lo cual afecta los
derechos de quienes fueron primero en el tiempo y tendrán que esperar más para
disfrutar de los beneficios jurídicos que trae la ley.
Agrega
que se trata de sujetos iguales que se desmovilizaron y hacían parte de grupos
armados al margen de la ley, por lo que no es justificable ni proporcional el
trato diferente para la resolución de una situación jurídica particular.
IV. INTERVENCIONES
1.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros,
intervino en el presente juicio para solicitarle a la Corte que declare
exequibles los apartes demandados de los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de
2012.
1.1.
Señala el interviniente que en la Sentencia C-370 de 2006, se estableció que
quienes aspiran acogerse a la Ley de Justicia y Paz “deberían hacer entrega
total de los bienes en cabeza suya o de terceros adquiridos directamente o como
consecuencia de las actividades contrarias a la ley, para contribuir así a la
conformación de un Fondo para la Reparación de las Víctimas”. Si incumplen,
actúan en desmedro del propósito restaurativo de esa ley y, en consecuencia, no
se encuentra razón de inexequibilidad para que a esa conducta se le asigne la
consecuencia de perder el beneficio de la pena alternativa.
El
artículo 8° demandado no establece una responsabilidad objetiva, sino que
asigna una consecuencia jurídica a quien no entregue ni ofrezca la totalidad de
los bienes adquiridos por él en el curso de su pertenencia al grupo armado
ilegal, para lo cual el juzgador puede acudir a cualquier medio de prueba, sin
que ello implique imponer una pena por responsabilidad objetiva.
1.2.
Dice que el aparte acusado del artículo 37,unificó para el 31 de diciembre de
2014 la fecha máxima para decidir por parte del gobierno las postulaciones de
quienes se desmovilizaron antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 1592 de 2012, pues para el primer grupo se fijó un plazo de dos años que
vence el 31 de diciembre de 2014 y para el segundo grupo la facultad de
postular del gobierno vence en un año a partir del mes de diciembre de 2013,
esto es el 31 de diciembre de 2014.
2.
Ministerio del Interior
El
Ministerio del Interior, a través de apoderado, solicita “declarar
EXEQUIBLES los apartes acusados en su integridad, por estar en armonía con la
Constitución Política de 1991 y a los lineamientos de la Alta Corporación”.
2.1.
No obstante, previo a explicar las razones que apoyan su solicitud, el
interviniente llama la atención de la Corte sobre los problemas de aptitud que
presenta la demanda. Sobre este particular, sostiene que del hecho de que la
demanda haya sido admitida no se desprende necesariamente que deba existir un
pronunciamiento de fondo, pues los cargos de inconstitucionalidad carecen de
carga argumentativa, al no derivarse de una realidad jurídica, sino de la
propia percepción del demandante y de aspectos subjetivos e intelectivos.
Además, la acusación no recae en una proposición jurídica completa, sino en
palabras o expresiones que carecen de sentido al ser analizadas aisladamente.
2.2.
En lo que respecta al artículo 8° demandando, estima que la situación de los
bienes dependerá de la valoración fáctica que haga la autoridad judicial
competente en cada caso concreto, teniendo en cuenta que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades se deben ceñir a los postulados de la buena
fe. Agrega que “no se puede hablar de responsabilidad objetiva, cuando
muchos de los delitos perpetrados (…) consistieron (…) con la expropiación de
bienes o con el aprovechamiento de la situación de la víctima para adquirirlos
a precios irrisorios o en el mejor de los casos alcanzarlos con recursos
provenientes de actividades ilícitas (…), pues sería lesivo para el orden
jurídico que los bienes (…) queden al servicio de nuevas estructuras dentro de
la espiral de la violencia (…), es así como el legislador lo que buscó
precisamente cumplir con el deber de reparación a las víctimas (sic)”.
2.3.
Manifiesta que lo que busca el artículo 37 acusado, es que “exista un
término para que se postulen quienes tengan la vocación frente al procedimiento
penal especial previsto en la Ley 975 de 2005, y quien lo hiciere con
posterioridad al término establecido por el legislador, estará sujeto a la
decisión que en un termino adicional de dos años tome el Gobierno Nacional”.
3.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a esta Corporación “se
declare INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de las
normas acusadas por ineptitud sustancial de la demanda”.
3.1.
Señala que el cargo contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 carece de
certeza, pues la norma acusada no determina una responsabilidad objetiva, sino
que establece, dentro de la amplia facultad que tiene el legislador, cómo se
dará cumplimiento a los requisitos para acceder a los beneficios de la ley de
justicia y paz de un grupo que decide desmovilizarse. La entrega, ofrecimiento
o denuncia de todos los bienes adquiridos durante o con ocasión de la
permanencia en el grupo armado al margen de la ley, permite cumplir con la
condición de reparar a las víctimas y contribuye con los objetivos de justicia
y paz.
Afirma
que el actor no corrigió la demanda, pues no es cierto que de la literalidad de
la norma no se infiera que se deba valorar por parte del juez la denuncia, ya
que por el contrario “la literalidad de la norma permite establecer que hay
dos tipos de sanciones por omitir el deber consagrado en la disposición (‘será
excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena
alternativa’) y que necesariamente la autoridad judicial competente debe
valorar la actuación del postulado, para establecer ‘según corresponda’ si
impone una u otra”.
Agrega
que no se advierte que la norma acusada sea contraria a la Constitución  de
manera objetiva, sino que el cargo acusado se basó en apreciaciones subjetivas
e hipótesis no plasmadas en el texto de la norma.
3.2.
En lo que se refiere al artículo 37 acusado, sostiene que el cargo por vulnerar
el artículo 13 de la Constitución Política no fue adecuadamente planteado en la
demanda, ni tampoco en el escrito de corrección, pues “no resulta admisible
que el argumento de un cargo de inconstitucionalidad se fundamente
exclusivamente en la descalificación de la diversidad regulativa. No es
posible, desde el punto de vista de la técnica de la demanda, que el cargo del
libelo se limite a señalar que dos situaciones disímiles han sido reguladas de
manera diversa por el legislador. El principio básico es que el legislador
tiene libertad de configuración para establecer consecuencias jurídicas
desiguales en situaciones de hecho no idénticas, por lo que, un argumento que
ponga en entredicho la facultad misma, sin profundizar en la posible
ilegitimidad de su ejercicio, es insuficiente”.
Añade
que la carga por violación del principio de igualdad es más exigente, porque
persigue deslegitimar el principio general de libre configuración del
legislador, por lo que el demandante no sólo debía poner en evidencia la
diferencia que el considera existe en la norma, sino argumentar que la misma no
tiene sustento fáctico o que es irrazonable o desproporcionada. De allí que la
acusación carezca de razones suficientes que demuestren la oposición de la
norma con la Constitución.
4.
Facultad de Derecho Universidad Libre
El
Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá, solicitó “(…) respecto
al artículo 8°, se declare la exequibilidad condicionada del aparte de la norma
demandada a que se establezca el incumplimiento observando las garantías del
debido proceso. Respecto al artículo 37 se declare inexequible el aparte de la
norma demandada”. Para sustentar su petición argumenta que:
4.1.
Las expresiones demandadas del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, más que
imponer una sanción, establecen una consecuencia jurídica por no cumplir con
las condiciones necesarias fijadas por la ley para poder acceder al beneficio
por ella dispuesto, pues sin la entrega de los bienes para reparar a las
víctimas se incurriría en una desproporcionada afectación al valor de la
justicia. En otros términos y haciendo referencia a la jurisprudencia
constitucional, si el beneficiario incumple con las obligaciones impuestas se
prescindirá de la pena alternativa y se aplicará la principal. No obstante,
considera que en esos casos, el funcionario judicial competente, a la hora de evaluar
el posible incumplimiento, debe observar el debido proceso con el fin de
determinar si el mismo le es imputable al desmovilizado.
4.2.
En lo relacionado con las expresiones acusadas del artículo 37 de la Ley 1592
de 2012, comparte el interviniente la posición de la demanda, en el sentido de
considerar que no hay un elemento que justifique un tratamiento desigual a
personas que son iguales respecto a su condición jurídica de desmovilizados de
grupos armados organizados al margen de la ley, y cuya única diferencia es la
fecha en la cual se desvincularon del grupo armado. Agrega que  la Ley 975 de
2005 y la Ley 1592 de 2012 están sujetas al principio de no discriminación.
5.
Ministerio de Defensa
El
Ministerio de Defensa, a través de apoderada, solicita “declarar la
exequibilidad de las normas acusadas”.
5.1.
Considera que el demandante, en virtud del principio de conservación del
derecho, debe hacer una lectura sistemática del artículo 8° acusado de acuerdo
con las normas, valores y principios constitucionales, y en concordancia con
los tratados internacionales sobre derechos humanos que imponen la proscripción
de la responsabilidad objetiva en materia penal y que ordenan a los operadores
judiciales administrar justicia acorde con el debido proceso y la dignidad
humana. Así, la eventual consecuencia que prevé la norma se materializará “cuando
el operador judicial del caso concreto encuentre demostrado, más allá de
cualquier duda razonable que pueda surgir a favor del desmovilizado y con
plenas garantías de su derecho fundamental al debido proceso, que existe una
responsabilidad subjetiva del desmovilizado”.
5.2.
Indica que el legislador, en el artículo 37 de la Ley 1592 de 2012, ejerció su
facultad autónoma y soberana al momento de disponer los tiempos para dar
trámite a las solicitudes de postulación, pues consideró conveniente y
necesario establecer términos claros para que el gobierno decida sobre las
postulaciones a Justicia y Paz de los desmovilizados antes y después de
expedida la ley acusada. Agrega que no se afecta el principio de igualdad “dado
que bajo los dos regímenes aplicables, los desmovilizados cuentan con
oportunidades análogas aunque no iguales de postularse al proceso de Justicia y
Paz”.
Sostiene
que “la solución adoptada por el poder legislativo, resulta ponderada y
razonable frente al hecho de que no es constitucionalmente obligatorio dar un
tratamiento idéntico a dos situaciones que, aunque similares –una, que la
desmovilización sin postulación se haya surtido antes de la entrada en vigencia
de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, y otra, que la desmovilización se
surta después de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley 975 de 2005-, no
son iguales. Por esto, el legislador consideró adecuado y conveniente dar un
régimen de transición (…)”.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5583 del 7 de junio de
2013, solicita que la Corte “se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre las
expresiones demandadas de los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de 2012, por los
cargos analizados, en razón de la ineptitud sustancial de la demanda”. Al
respecto, considera que:
1.
El reproche contra el aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 no
se dirige contra el texto mismo, sino contra eventuales e hipotéticos problemas
en su aplicación. En ese sentido, comparte lo dicho por el magistrado
sustanciador en el auto inadmisorio de la demanda, en el sentido de sostener
que el reproche de inconstitucionalidad radica básicamente en que no se tengan “en
cuenta los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias
judiciales y la oportunidad procesal para hacer entrega, desconociendo la buena
fe”.
Afirma
que no se estructura cargo de inconstitucionalidad por el hecho de alegar que
la norma no es clara en su literalidad, y enfatiza en que la disposición
acusada no establece un tipo penal ni una responsabilidad objetiva, de allí que
no pueda contrariar el derecho fundamental al debido proceso. Aduce igualmente,
que la disposición tampoco desconoce el principio de buena fe y, en caso de que
hipotéticamente lo hiciera, se estaría desconociendo el artículo 83
constitucional y no el 29 que fue el invocado por el accionante.
Concluye
señalando que el cargo formulado contra el artículo 8° no es cierto, y que la
decisión de excluir al postulado dependerá de la valoración fáctica que haga la
autoridad judicial en cada caso concreto, tal como se definió en el auto
inadmisorio del 1° de abril del 2013. Añade que no le corresponde a la Corte
Constitucional declarar inexequible una norma por falta de claridad, afectando
los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto,
ni tampoco le compete establecer cuáles son los elementos subjetivos que deben
considerarse en cada caso para aplicar la consecuencia jurídica prevista en la
norma.
2.
Con respecto a la acusación contra el artículo 37, sostiene que, al igual que
se expuso en el auto inadmisorio del 1° de abril de 2013, el actor no satisface
los requisitos exigidos para acusar una norma por violación al
principio-derecho a la igualdad, pues no expresó los motivos y la razones que
sustentan la medida cuestionada y su relación con la finalidad pretendida, y
tampoco analizó la adecuación, necesidad y proporcionalidad de los medios
empleados respecto del fin perseguido, pues no precisa por qué afecta los
derechos de los que fueron primero en el tiempo.
Además,
considera que el demandante, para estructurar adecuadamente la acusación, debió
tener en cuenta que:(i) para entender el plazo de dos años previsto en
la norma, es necesario acudir a la expresión “con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012”, la cual no fue demandada; (ii) el plazo se fija
para el gobierno nacional y no para las personas desmovilizadas; (iii)
el plazo de los dos años se cuenta a partir del 31 de diciembre de 2012 y no a
partir de la entrada en vigencia de la ley que fue el tres de diciembre de
2012; y (iv) la diferencia de trato se establece en todo el artículo 37
y no sólo en el aparte acusado, pues mientras que los que se desmovilizaron con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012 tuvieron hasta el
31 de diciembre de 2012 para solicitar su postulación, los que se desmovilicen
con posterioridad a dicha fecha, tendrían un año contado a partir de la
desmovilización para hacerlo.
Finalmente,
agrega que la norma pretende que para el tres de diciembre de 2014, dos años
después de su entrada en vigencia, todas las personas que se hayan
desmovilizado de manera individual o colectiva de grupos armados al margen de
la ley y deseen acceder a los beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005,
hayan obtenido una respuesta definitiva del gobierno nacional sobre su
postulación, sin perjuicio de cuándo fue el momento en que se desmovilizaron.
Además, este plazo no es obligatorio, sino un límite máximo a favor del
gobierno nacional en aras de la seguridad jurídica.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra algunos
apartes de los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de 2012, mediante la cual se
introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005.
2.
Alcance de la presente
demanda
2.1. En el asunto bajo estudio, el actor acusa la
inconstitucionalidad de la expresión “[e]l postulado que no entregue,
ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de
justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según
corresponda”, contenida en el inciso tercero del artículo 8° de la Ley 1592
de 2012. En su criterio, la citada expresión, al prever la exclusión del
desmovilizado del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la
pena alternativa, por no entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes
adquiridos por él o por el grupo al margen de la ley al que pertenecía,
desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto establece una
especie de responsabilidad objetiva, derivada del hecho de adoptar tal decisión
“sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las
condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los
errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la
oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una
carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y
desconociendo la presunción de buena fe”.
2.2. Por causas distintas, el actor también censura la
constitucionalidad de la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno
nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada
al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012. Al respecto,
sostiene que la citada expresión viola el derecho a la igualdad, consagrado en
el artículo 13 de la Carta Política, pues, al definir los términos que tiene el
Gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la ley de
justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes se
postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la
norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo
es de un año. A juicio del actor, tal diferencia no responde a un criterio de
proporcionalidad, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en
vigencia la citad ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su
postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero
en el tiempo.
2.3. En relación con la demanda, un grupo de
intervinientes y el Ministerio Público le solicitan a la Corte abstenerse de
emitir pronunciamiento de fondo, por considerar que el actor fundamenta la
acusación en una interpretación errada de las normas acusadas, surgida de su
propia percepción y de aspectos subjetivos que no se predican del texto de las
mismas.
2.4.
Otro grupo de intervinientes considera que las normas acusadas deben ser
declaradas exequibles. En relación con el artículo 8°, coinciden en señalar que
el mismo no establece una responsabilidad objetiva, pues en cada caso concreto,
el juzgador debe valorar la situación fáctica de acuerdo con los medios de
prueba y en concordancia con los principios de buena fe, dignidad humana y
debido proceso, como surge del propio texto de la ley de justicia y paz. Frente
al artículo 37, aducen que el legislador hizo uso del amplio margen de
configuración política a la hora de disponer los tiempos para dar trámite a las
solicitudes de postulación, sin que ello afecte el principio de igualdad, pues
bajo los dos regímenes aplicables, los desmovilizados cuenta con oportunidades
análogas -aunque no iguales- de postularse al proceso de justicia y paz.
2.5.
Finalmente, quien interviene en representación de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre, Sede Bogotá, le pide a la Corte que, respecto del artículo
8°, se declare su exequibilidad condicionada, para que se entienda que el
funcionario judicial competente, a la hora de evaluar el posible
incumplimiento, debe observar el debido proceso con el fin de determinar si el
mismo le es en realidad imputable al desmovilizado. En lo que hace al artículo
37, comparte el interviniente la posición de la demanda, en el sentido de
considerar que no hay un elemento que justifique un tratamiento desigual a
personas que son iguales respecto a su condición jurídica de desmovilizados de
grupos armados organizados al margen de la ley, y cuya única diferencia es la
fecha en la cual se desvincularon del grupo.
2.6.
Teniendo en cuenta el contenido de la solicitud acusatoria y los planteamientos
esbozados por algunos de los intervinientes, debe iniciar la Corte por establecer
si la demanda formulada contra los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de 2012, es
apta y cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en la ley
y la jurisprudencia constitucional.
3. Análisis sobre la aptitud de la demanda
3.1. Requisitos de procedibilidad
3.1.1. Como ya se mencionó, el Ministerio Público y
algunos intervinientes le han solicitado a la Corte que se declare inhibida para
emitir un pronunciamiento de fondo en la presente causa, tras considerar que el
actor no formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad en contra de las
normas impugnadas. Con respecto a al artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, la
crítica se basa en que la demanda no busca atacar el contenido del citado
precepto, como lo exige el requisito de certeza, sino los eventuales e
hipotéticos problemas que pueden surgir de su aplicación. Frente a la acusación
contra el artículo 37, aducen que ella no precisa por qué razón la medida
cuestionada afecta los derechos de los desmovilizados que fueron primero en el
tiempo, con lo cual la demanda no satisface los requisitos exigidos para impugnar
una norma por violación del derecho a la igualdad.
3.1.2. En acatamiento a lo previsto en el artículo 2° del
Decreto 2067 de 1991, esta Corporación ha dejado sentado que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda
adoptar la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de
acusación contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii)
las disposiciones superiores que se estiman violadas, y (iii) las
razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución.
3.1.3. Con
respecto a los dos primeros presupuestos, ha dicho la Corte, se busca definir e
identificar dos aspectos esenciales del control constitucional: (i) lo
que es objeto del mismo, es decir, las normas legales que se pretenden
impugnar, lo cual se cumple, atendiendo las voces del artículo 2° del Decreto
2067 de 1991, con la trascripción literal de las mismas por cualquier medio, o
con la inclusión en la demanda de un ejemplar de la publicación oficial; y, (ii)
las disposiciones constitucionales que, según el razonamiento del actor, son
las que a su vez se entienden desconocidas o vulneradas por las primeras.
3.1.4.
En punto al último de los requisitos, el
que dispone señalar las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola
la Constitución, este Tribunal ha destacado que el mismo le impone al ciudadano
que hace uso de la acción pública una carga de contenido material y no
simplemente formal, en el sentido de exigirle la formulación de por lo menos un
cargo concreto de inconstitucionalidad en contra de la norma acusada, el cual a
su vez debe estar sustentado en razones “claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes”[1],
que permitan plantear una verdadera controversia de tipo constitucional.
3.1.5.
La propia jurisprudencia se ha ocupado de explicar el alcance de las referidas
razones, señalando que las mismas son: (i) claras,
cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil
entendimiento; (ii) ciertas, si la acusación recae
directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una
proposición jurídica inferida o deducida por el actor; (iii) específicas,
en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma
vulnera la Carta Política; (iv) pertinentes, cuando
se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones
de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y (v) suficientes,
en la medida en que la acusación contenga todos los elementos fácticos y
probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de
inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda
mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado[2].
3.1.6. Atendiendo a las anteriores premisas, el pronunciamiento de fondo en torno a la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, depende de que quien
presenta la demanda no solo identifique la preceptiva
legal que acusa y las disposiciones constitucionales que estima violadas, sino
también, de que formule por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad
y lo apoye en razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes, pues, de no observar los referidos
requisitos de procedibilidad, la demanda es sustancialmente inepta, debiendo la
Corte proferir la respectiva decisión inhibitoria.
3.2.   Aptitud de la demanda formulada contra el
artículo 8° de la Ley 1592 de 2012
3.2.1. A la luz de los citados presupuestos la Corte
se aparta de la posición asumida por el Ministerio Público y algunos
intervinientes en torno a la presunta ineptitud sustantiva de la demanda
formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012.
3.2.2. Como ya ha sido señalado, el actor cuestiona la
validez del aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, tras
considerar que el mismo viola el derecho al debido proceso, en la garantía de
proscripción de la responsabilidad objetiva, pues, al prever la exclusión del desmovilizado
del proceso de justicia y paz, por omitir denunciar todos los bienes obtenidos
ilícitamente, aquél no precisa el componente subjetivo de la omisión ni tampoco
el procedimiento que se debe seguir para adoptar la decisión.
3.2.3. Con relación a tal planteamiento, no encuentra
la Corte que el mismo surja de un entendimiento manifiestamente inadecuado o
hipotético de la preceptiva legal acusada, o que el mismo sea imputable a un
problema de aplicación, como lo entienden el Ministerio Público y algunos
intervinientes. En efecto, independientemente de que esta Corporación, o incluso
los propios intervinientes, compartan la tesis del peticionario sobre el
sentido y alcance de la medida, lo cierto es que una determinada lectura de la misma
puede conducir a apoyar la acusación. Ello es así, si se tiene en cuenta que, aun
cuando la norma regula la figura de la exclusión del proceso de justicia y paz,
señalando las circunstancias particulares en que procede, su texto no se ocupa directamente
de precisar las exigencias subjetivas que deben acompañar tal proceder. En este
sentido, de la acusación se puede extraer un verdadero problema de
inconstitucionalidad, derivado de la necesidad de establecer cuál es en
realidad el alcance de la norma impugnada, su adecuado entendimiento, y la posible
incidencia sobre el derecho que se estima violado.
3.2.4.
Así, atendiendo al contenido de la norma y al alcance de la acusación, la Corte considera que la demanda cumple con los
requisitos mínimos de procedibilidad, en cuanto que, de los argumentos de la
acusación, contenidos en la demanda y complementados y aclarados en el escrito
de corrección, se puede extraer la formulación de por lo menos un cargo
concreto de inconstitucionalidad. A este respecto, habrá de agregarse que, si
bien la demanda no abunda en razones y explicaciones, si cuenta con un nivel
mínimo de coherencia en la argumentación que permite llevar a cabo una
confrontación objetiva entre la ley acusada y la Constitución.
3.2.5.
Dando aplicación al principio pro actione, puede entonces concluirse que
la acusación formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 se ampara
en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y
especificas, en la medida en que la misma (i) permite comprender
el propósito perseguido con la demanda, (ii) está dirigida a
controvertir el contenido material de la preceptiva acusada, (iii) los
argumentos en que se basa son de naturaleza constitucional, (iv)
contiene también un mínimo de elementos fácticos que buscan poner en duda la
constitucionalidad de la medida, y, además, (v) pretende mostrar la
forma como la norma acusada desconoce la Constitución Política.
3.2.6.
En los términos descritos, a juicio de la Corte, con respecto al artículo 8° de
la Ley 1592 de 2012, se está en presencia de una demanda en forma y, por tanto,
le corresponde a la Corporación proferir pronunciamiento de fondo.
3.3.   Ineptitud de la demanda formulada contra el
artículo 37 de la Ley 1592 de 2012
3.3.1.
En relación con la demanda formulada contra la expresión “[v]encido este
plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su
postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley
1592 de 2012, la Corte comparte lo señalado por el Ministerio Público y algunos
intervinientes, en el sentido de considerar que la misma no satisface
sustantivamente los requisitos de procedibilidad exigidos por la ley y la
jurisprudencia constitucional, en particular los presupuestos de suficiencia, claridad,
certeza y especificidad.
3.3.2.
Al respecto, debe recordarse que el artículo 37 de la ley demandada se ocupa de
regular el tema de la postulación de desmovilizados al procedimiento penal
especial de justicia y paz. Con ese propósito, dispone en el primer inciso que:
“[q]uienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con
anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los
beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación
con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno
nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”. A la
manera de complemento de la anterior regla, la disposición citada señala en su
inciso segundo que: “[q]uienes se desmovilicen de manera individual con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año
contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso
del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de
la solicitud para decidir sobre su postulación.
3.3.3.
En relación con el aparte acusado, los cargos de la demanda se estructuran a
partir de considerar que los destinatarios de la medida cuestionada “son en
principio sujetos que están en condiciones de igualdad”, desmovilizados de
grupos armados al margen de la ley, razón por la cual deben recibir un mismo
tratamiento jurídico. Sobre tal supuesto, sostiene el demandante que la medida
cuestionada viola el derecho a la igualdad, pues al definir los términos que
tiene el Gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la
ley de justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes
se postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la
norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo es
de un año. Concluye el actor sosteniendo que tal diferencia resulta
desproporcionada, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en
vigencia la citada ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su
postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero
en el tiempo.
3.3.4.
Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, para que un cargo por
violación del principio de igualdad sea sustancialmente apto “se requiere
que el demandante demuestre que las hipótesis distintamente reguladas debieron
someterse a la misma regulación. En estos casos el impugnante soporta una carga
de argumentación adicional, pues debe desvirtuar la premisa según la cual el
legislador está autorizado para regular de manera diversa la realidad puesta a
su consideración; al mismo tiempo, debe llevar al intérprete a la conclusión de
que dicha diferenciación implica una verdadera discriminación, es decir, una
violación al mandato de trato equitativo que impone la Carta. En últimas, se
requiere que el demandante señale por qué una diferencia detectada en la ley
carece de los elementos de proporcionalidad y razonabilidad necesarios para
evitar calificar de discriminatoria esa diferencia de regulación.[3]”
3.3.5. Conforme con dichas precisiones, la Corte encuentra que la
acusación consistente en que el legislador consagró una medida discriminatoria
que afecta un grupo de desmovilizados en relación con otro, resulta a todas
luces insuficiente por ausencia de explicación del hecho
discriminatorio.
3.3.6. En efecto, el cargo de inconstitucionalidad presentado por el
demandante carece del elemento de suficiencia exigido por la
jurisprudencia constitucional, pues el impugnante no explica de manera clara, precisa
y suficiente por qué es inconstitucional que en relación con la ley de justicia
y paz, el legislador haya concedido al Gobierno Nacional plazos distintos para
decidir sobre la postulación de los desmovilizados a dicha ley, a partir de la consideración
del momento en que se llevaron a cabo las aludidas desmovilizaciones -antes o
después de la expedición de la Ley 1592 de 2012-.
3.3.7.
De acuerdo con el contenido de la demanda, la Corte advierte que el actor no
explica, más allá de plantear en forma simple su inconformidad de tipo
constitucional, en el sentido de sostener que los destinatarios de la medida
cuestionada “son en principio sujetos que están en condiciones de igualdad”,
por qué resulta desproporcionado, irrazonable o discriminatorio, que el
legislador establezca términos distintos al Ejecutivo para definir las
solicitudes de postulación a justicia y paz, dependiendo del momento en que
tuvo lugar la desmovilización. La aludida formulación es insuficiente, no solo
porque omite profundizar en la supuesta discriminación subyacente, sino
también, porque la medida que adopta el legislador en la norma acusada, por lo
menos sumariamente, se lleva a cabo respecto de sujetos que se encuentran bajo
condiciones fácticas distintas, esto es, haberse desmovilizado  antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, y haberse desmovilizado después de
expedida dicha ley.
Sobre
este particular, vale destacar que, si bien es cierto que quienes aspiran a ser
postulados para acogerse a la Ley 975 de 2005, tienen en común su pertenencia a
grupos armados al margen de la ley que han sido desmovilizados, el fundamento
tenido en cuenta por el legislador al establecer los plazos que se conceden al
Gobierno para decidir sobre su postulación, es la época o momento en que se
produjo la desmovilización individual o colectiva, lo cual, en principio,
justifica que se hayan atribuido consecuencias jurídicas diferentes en relación
con dichos plazos, premisa que no fue desvirtuada por el actor.
En
relación con esto último, es menester destacar que, con respecto a los efectos
de la presunta discriminación que se derivan de la expresión cuestionada, el
actor se limita a señalar que “afecta los derechos y los beneficios de
quienes fueron primero en el tiempo”, pero sin precisar cómo y porqué tiene
lugar tal afectación.
3.3.8.
Por otra parte, también advierte la Corporación, como lo hizo el Ministerio
Público y algunos intervinientes, que la demanda no cumple los requisitos de claridad,
certeza y pertinencia, por cuanto la misma se
ampara en apreciaciones puramente subjetivas, surgidas del entendimiento personal
que el propio actor le atribuye a la norma acusada. En efecto, atendiendo al
sentido de la acusación, la razón que llevó al actor a dirigir su demanda contra
la expresión “Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años
para decidir sobre su postulación”, se relaciona con el hecho de considerar,
que dos años es el tiempo que empleará el Gobierno para decidir sobre la
postulación de quienes se hubieren desmovilizado con anterioridad a la vigencia
de la Ley 1592 de 2012, el cual, al ser mayor al reconocido para decidir sobre
la postulación de los desmovilizados con posterioridad a la entrada en vigencia
de la citada ley (un año), afecta los derechos y beneficios transicionales de
quienes fueron primero en el tiempo.
A
juicio de la Corte, tal razonamiento no se desprende necesariamente del texto
impugnado, pues el término de dos años comporta en realidad el plazo máximo con
que cuenta el Gobierno para decidir la postulación de quienes se desmovilizaron
antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que significa que el Gobierno se
encuentra habilitado para tomar tal decisión desde el mismo momento en que fue
expedida la ley, pudiendo aprobar postulaciones antes del vencimiento del
periodo de un año reconocido al segundo grupo de desmovilizados (un año), caso
en el cual no se cumple el supuesto de inconstitucionalidad que se le atribuye
a la medida.
3.3.9.
Entiende la Corte, además, manteniendo el mismo razonamiento de la demanda, que
la acusación tampoco resulta de fácil comprensión, pues la declaratoria de
inconstitucionalidad del aparte acusado no estaría llamada a producir el efecto
perseguido por el actor, en cuanto que su retiro del ordenamiento jurídico implicaría
dejar sin límite temporal al Gobierno Nacional para decidir sobre la
postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de
2012, lo que terminaría por hacer más gravosa la situación jurídica de dicho
grupo de desmovilizados.
3.3.10.
Así las cosas, al no cumplir con los requisitos mínimos de procedibilidad, la
Corte debe inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la
demanda formulada contra la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno
nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada
al inciso primero del artículo 37 de la Ley 1592 de 2012.
3.3.11.
Definido como está el tema de la procedibilidad de la demanda, pasa la Corte a
plantear el problema jurídico en relación con la acusación formulada contra el
artículo 8° de la Ley 1592 de 2012.
4. Problema jurídico
4.1. El
actor sostiene que el aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012
vulnera el artículo 29 de la Carta Política, en la garantía de la proscripción
de la responsabilidad objetiva, al excluir al desmovilizado del proceso de
justicia y paz por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos
ilícitamente, sin valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo
de la misma, así como tampoco considerar el procedimiento que se debe seguir
para adoptar tal decisión.
4.2. De
acuerdo con dicha acusación, le corresponde a la Corte determinar si la manera
como está prevista en la disposición demandada la exclusión de los beneficios
del proceso de justicia y paz por incumplimiento de la obligación de los
desmovilizados de entregar los bienes adquiridos ilícitamente, conduce a que
ello se lleve a cabo sin valorar el comportamiento del postulado y sin las
garantías del debido proceso.
4.3. Para
abordar los problemas jurídicos enunciados, esta Corporación se referirá a los
siguientes temas: (i) hará un breve recuento de las razones que tuvo en cuenta
el legislador para expedir la Ley 1592 de 2012, haciendo especial énfasis en el
tema regulado en la norma acusada; (ii) se referirá al fundamento jurídico de
la ley de justicia y paz y al proceso que la desarrolla, dentro del propósito
de definir el contexto en el que se inscribe la norma acusada; y, (ii) a la luz
de tales elementos, realizará el estudio de constitucionalidad de la preceptiva
demandada.
5.      Antecedentes de la Ley 1592 de 2012.
Circunstancias que dieron lugar a la aprobación del artículo 8°
5.1.
Como se deduce de su propio texto, mediante la Ley 1592 de 2012, a la que se
integra el artículo 8° parcialmente acusado, se introducen algunas
modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005. El
título de la ley demandada no deja dudas sobre ese particular: “Por medio de
la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
5.2.
El proyecto de ley que dio origen a la Ley 1592 de 2012, fue presentado ante el
Congreso de la República por la Fiscal General de la Nación de la época,
Viviane Morales Hoyos, con la pretensión de buscar soluciones a los diversos
problemas surgidos de la aplicación de la Ley 975 de 2005, los cuales, a su
juicio, venían afectando la eficacia y celeridad de los procesos de justicia y
paz. En la exposición de motivos del referido proyecto, la entonces Fiscal
General de la Nación justificó su presentación, manifestando que:
“En el tiempo que llevo al frente de la
Fiscalía General de la Nación, y luego de analizar detenidamente la experiencia
acumulada por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz durante
más de cinco años de aplicación de la Ley 975 de 2005, he podido confirmar la
necesidad de introducir algunas modificaciones puntuales a la ley vigente, con
el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, a su vez, va a permitir
agilizar la respuesta del ente investigador frente a las expectativas de
justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional,
en particular, de los órganos internacionales de supervisión de derechos
humanos encargados de hacer seguimiento a la situación de Colombia”[4].
5.3.
Aclaró la señora Fiscal, que el proyecto de ley propuesto, mantenía el
propósito de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación
a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley,
garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al
debido proceso”.
5.4.
En la misma exposición de motivos, se identificaron los principales obstáculos
que en la práctica afectaban el proceso de justicia y paz, señalando que los
mismos estaban relacionados: “i) con la excesiva demora en el trámite de los
procesos, derivada en gran medida de la multiplicidad de audiencias que es
necesario celebrar a lo largo del trámite procesal; ii) con el volumen de casos
y la complejidad que plantea su investigación integral; iii) con la falta de
regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la
reparación de las víctimas así como de la restitución de bienes cuando estos
les han sido despojados a aquellas; iv) con la complejidad de investigar y
asegurar la reparación colectiva en el marco de la lógica individual de los
procedimientos judiciales, lo cual, a su vez, genera importantes demoras; v)
con la complejidad y demora en el trámite del incidente de reparación; [y] vi) con
la ausencia de criterios para excluir a los postulados del proceso de justicia
y paz, en ciertas circunstancias”.
5.5.
En punto a los problemas derivados de: “la falta de regulación de la
persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las
víctimas” y de  “la ausencia de criterios para excluir a los postulados
del proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias”, se consideró
necesario incluir en el texto de la ley disposiciones que, entre otros
aspectos, permitieran “definir expresamente los bienes que son objeto de
persecución en el marco del proceso de justicia paz”[5].
Con ese propósito, se propuso entonces establecer como obligación del
postulado, la  de indicar en la diligencia de versión libre los bienes de los
cuales es titular real o aparente y que ofrece para la reparación de las
víctimas, con lo cual se buscaba perseguir de manera efectiva los bienes con
vocación cierta para reparar los derechos de las víctimas y determinar si el
postulado honraba el compromiso adquirido de decir la verdad.
5.6.
En armonía con tal propósito, se propuso crear también la figura de la “exclusión”,
con la finalidad de elevar a norma jurídica una práctica ya existente a partir
de los desarrollos jurisprudenciales en la materia. En efecto, tal y como se
mencionó en la exposición de motivos, la Ley 975 de 2005 no había consagrado expresamente
la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz,
cuando éstos no cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en sus
artículos 10 y 11, razón por la cual, dicho vacío venía siendo llenado, por vía
de interpretación, a través de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. No obstante, dada la dinámica y complejidad de los
procesos de justicia y paz, la actividad de las autoridades judiciales competentes
se había mostrado tímida y cauta frente a la depuración de los postulados que
no cumplían los compromisos adquiridos, lo que hacía necesario la consagración
legal de la exclusión con miras a unificar los
criterios de aplicación, generar un mayor nivel de confianza en los operadores
jurídicos y buscar la efectividad del proceso de justicia y paz y el enfoque
del mismo en las personas que están dispuestas a cumplir con los requisitos de
elegibilidad y contribuir a la reconstrucción de la paz, finalidad de la Ley
975 de 2005. Sobre este particular, se dijo expresamente en la
exposición de motivos:
“Ante el vacío de la Ley
975 de 2005 en esta materia, se propone incluir el instituto de la exclusión
del proceso y el de finalización del mismo por renuncia voluntaria del
postulado. Lo anterior, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en
este sentido. En efecto, la jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como
las establecidas en los dos artículos que se proponen. En esta medida, la
propuesta consiste en la consagración legal de una práctica ya existente.
Habida cuenta que la actividad de los fiscales y magistrados ha sido
evidentemente tímida y cauta al momento de depurar el universo de postulados,
resulta necesario consagrar legalmente las directrices trazadas en la materia
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”[6].
5.7.
Dentro de ese contexto, el propósito de incluir la “exclusión” en el
proyecto de reforma, consistía “en [sacar] del procedimiento a los
postulados que únicamente han figurado de manera formal en las listas enviadas
por el Gobierno Nacional, pero que no ha sido posible ubicar ni lograr su
comparecencia en el proceso. Así mismo, se hace necesario excluir a los que voluntariamente
desisten de someterse al proceso de justicia y paz o expresan libremente su
decisión de no continuar en el proceso. También se requiere excluir del proceso
a quienes no satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley,
tan pronto se acredita esta situación”.
5.8.
Con la implementación de la exclusión, se buscaba lograr una “mayor fluidez
de las actuaciones, en la medida en que el esfuerzo de los diferentes equipos
de trabajo de fiscales y magistrados de justicia y paz se podrá concentrar en
aquellos casos en que los postulados realmente estén colaborando eficazmente
con la reconstrucción de la verdad, a favor de la reparación de tantas víctimas
que esperan, por fin, saber lo ocurrido con sus seres queridos”.
5.9.
Durante los debates surgidos en las distintas instancias legislativas, el tema
de la exclusión adquirió particular relevancia frente al incumplimiento del
requisito de elegibilidad relacionado con la entrega o denuncia de todos los
bienes adquiridos por el postulado o por el grupo armado organizado al margen
de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, pues se consideró
que su consagración expresa podría contribuir al propósito de garantizar  a las
víctimas el derecho a la reparación, sobre la base de forzar una definición de los
bienes que deben ser objeto de persecución en el marco del proceso de justicia
y paz, aspecto éste que, en la práctica, venía afectando la efectividad y
eficacia de dicho proceso. En esa dirección, durante el primer debate en
Cámara, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Jorge
Fernando Perdomo Torres, indicó “que cuando una persona en su versión libre
no cuenta todo, no dice todo sobre los bienes, cuáles tiene en cabeza suya o
por interpuesta persona, por supuesto que esto debe ser una causal de exclusión
porque así como el Estado ha entregado prerrogativas a estas personas, el Estado
debe exigir en cualquier momento, que ante el incumplimiento se puedan tomar
medidas precisamente como la exclusión”[7].
5.10.
Con ese mismo criterio, en segundo debate en el Senado de la República, se
dispuso incluir la regla no solo en la norma general referente a las causales
de terminación del proceso, sino también en aquella llamada a regular lo
relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación
integral de las víctimas. Se mencionó sobre el particular en el señalado
debate:
“Este artículo nuevo da alcance a los requisitos de
elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 en relación con la entrega,
denuncia y ofrecimiento de los bienes adquiridos por los postulados o por el
grupo armado al que pertenecían, los cuales serán puestos a disposición de la
Unidad de Víctimas o la Unidad de Tierras, según corresponda. Esta disposición
no solo refuerza la obligación de los postulados de entregar, denunciar u
ofrecer los bienes sino que además envía un mensaje claro de fortalecimiento
del sistema de persecución de bienes por parte de la Fiscalía General de la
Nación. Igualmente, establece que aquel postulado que no cumpla con esta
obligación quedará excluido de Justicia y Paz o perderá el beneficio de la pena
alternativa, según corresponda”[8].
5.11.
Atendiendo a la filosofía que inspiró la reforma a la llamada ley de justicia y
paz -Ley 975 de 2005-, la figura de la exclusión quedó finalmente contenida, de
manera particular y concreta, en los artículos 5º y 8° de la Ley 1592 de 2012.
En esta última norma, prevista exclusivamente para el caso en que el postulado
no cumple el compromiso de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos
ilícitamente.
5.12.
En efecto, mediante el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a la
Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11A, en el cual se regulan las causales de
terminación del Proceso de Justicia y Paz y la exclusión de la lista de
postulados, describiendo también el procedimiento a seguir en tales casos. Al
respecto, la norma establece que los desmovilizados de grupos armados
organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno
nacional para acceder a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, serán
excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en
audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes
casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial
competente:
“1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al
proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.
2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido
alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.
3. Cuando se verifique que el postulado no haya
entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona.
4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el
postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo
armado organizado al margen de la ley.
5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo
sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido
desde el centro de reclusión.
6. Cuando el postulado incumpla las condiciones
impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que
trata el artículo 18A de la presente ley.”
5.13.
Por su parte, a través del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a
la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D, en el que se regula lo relacionado
con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral. Con esa orientación, la norma prevé que, para los efectos del
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad relacionado con la entrega de
los bienes producto de la actividad ilegal (arts. 10-10.2 y 11-11.5 de la Ley
975 de 2005), los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos
los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de
la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por
interpuesta persona. Destaca la misma norma que dichos bienes serán puestos a
disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución Tierras Despojadas, para que sean destinados a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda.
En
el segundo inciso del citado precepto, al que se integra la expresión acusada, se
le impone a la Fiscalía General de la Nación el deber de tomar todas las
medidas necesarias para perseguir los bienes adquiridos por los desmovilizados
o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de
su pertenencia al mismo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados
por el postulado, precisando que “[e]l postulado que no entregue, ofrezca
o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado
al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma
directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz
o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”[9].
5.14.
Dentro del propósito de darle coherencia y solidez a la figura de la exclusión,
particularmente en relación con el incumplimiento del compromiso del postulado
de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos ilícitamente, la Ley
1592 de 2012, adoptó, entre otras medidas, las siguientes:
-
(i) a través del artículo 14, modificó el artículo 17 de
la Ley 975 de 2005, en el que se regula lo relacionado con la versión libre y
confesión, en el sentido de establecer que en la diligencia de versión libre y
confesión, los postulados a la ley de justicia y paz deberán indicar, entre
otros aspectos, “la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que
entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de
las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado
organizado al margen de la ley al que pertenecieron.”
-
(ii) En el artículo 26, modificó el artículo 25 de la Ley 975
de 2005, que se refiere al tema de las condenas posteriores a la pena
alternativa y bienes encontrados con posterioridad, en el sentido de señalar
que, “si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del
procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de
la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente
determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o
no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado
al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma
directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena
alternativa”.
6. La Ley de Justicia y Paz. Fundamento jurídico y estructura procesal
6.1.
Como ya ha sido destacado, la Ley 1592 de 2012, de la que hace parte el
artículo 8° parcialmente acusado, introduce modificaciones a la llamada Ley de
Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005.
6.2.
La ley de justicia y paz ha sido materia de estudio por parte de esta
Corporación, particularmente, a través de la Sentencia C-370 de 2006, donde la
Corte, al decidir sobre la exequibilidad de un número significativo de normas,
sentó las bases para su interpretación y aplicación[10].
También la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las competencias asignadas
por la propia Ley 975 de 2005 a su Sala Penal, ha tenido oportunidad de
pronunciarse en torno al alcance de las distintas instituciones que hacen parte
de la ley de justicia y paz. En ese entendido, los enfoques fijados por las dos
Corporaciones en sus respectivas decisiones, serán tenidos en cuenta en el
presente caso para efectos de sustentar la decisión que corresponda adoptar.
6.3.
Tal y como lo puso de presente este Tribunal en la citada Sentencia C-370 de
2006, dentro de un contexto de justicia transicional, la Ley 975 de 2005 fue
concebida como un instrumento para materializar la paz en el país, esto es,
como un medio para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde
hace ya varias décadas, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación. Así quedo consignado no solo en el título de dicha
ley,“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”, sino también en su artículo 1º, en el que se
consagra que: “[l]a presente ley tiene por objeto
facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
6.4.
En palabras de esta misma Corporación, la ley de justicia y paz vino a constituir
un “ingente esfuerzo político cuyo propósito es facilitar la reincorporación
de miembros de grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a
contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz[11]”.
6.5.
Dentro del objetivo de realizar el valor constitucional de la paz, a través de
dicha ley, el Congreso fijó “diversas fórmulas que, en términos generales,
implican una reforma al procedimiento penal con incidencias en el ámbito de la justicia
-entendida como valor objetivo y también como uno de los derechos
de las víctimas de violaciones de derechos humanos-”[12].
Conforme con ello, la ley establece “ciertos beneficios de tipo penal y un
procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas para quienes opten,
individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos armados al margen
de la ley y reingresar a la vida civil”[13]. Ello refleja
una decisión de carácter político adoptada por el Legislador y plasmada en dicha
ley, pues, en aras de lograr la paz, “se estableció un régimen específico y
distinto de procedimiento penal, como forma de materializar la justicia”[14].
6.6.
Así, bajo las condiciones y términos del citado ordenamiento, los miembros de
los grupos armados al margen de la ley que tomen la decisión de desmovilizarse,
individual o colectivamente, son entonces investigados y juzgados conforme a un
procedimiento penal especial, por cuenta de autoridades judiciales instituidas
para ese efecto, y se harán acreedores a los beneficios fijados en la ley, en
caso de cumplir los compromisos por ellos adquiridos con el Estado.
6.7.
Al respecto, cabe destacar que el beneficio previsto en la ley para quienes
decidan acogerse al proceso de justicia y paz es la pena alternativa. Sobre
el instituto de la alternatividad, en la Sentencia C-370 de 2006,
esta Corporación precisó que se trata de un beneficio que “incorpora una
rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo
armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de
reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos. La concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos
requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición”.
6.8.
En el mismo fallo, la Corte explicó que tal beneficio consiste “en suspender
la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales
del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el
condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de 5 años y de un
máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la pena
ordinaria (la principal y las accesorias), y, segundo, se reemplaza dicha pena,
cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena alternativa
de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la sentencia.
En el concepto de alternatividad penal adoptado en la ley 975 de 2005 la pena
ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo que sucede es
que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha ley se
beneficia con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada en la
sentencia. Es esta pena alternativa la que efectivamente debe cumplir el
condenado”.
6.9.
De acuerdo con la normatividad transicional, la jurisprudencia ha entendido que
los beneficiarios del proceso de justicia y paz son tanto el Estado como las
víctimas, pero también los propios ofensores. El “Estado por cuanto se consolida como Estado de Derecho y
asume el monopolio de la fuerza y se aproxima a la concreción de una paz
sostenible; las víctimas por conocer la verdad de la causa de su dolor y  por
ser reparadas integralmente; y los victimarios ya que en su favor, el Estado
renuncia a una parte de la pena ordinaria, a cambio de que los postulados se
comprometan con aquello que es exigido como requisito de elegibilidad, esto es,
que suspendan su accionar armado, y en general que cambien su actitud en el
futuro inmediato, a partir de su desmovilización[15]”.
6.10.
Debe señalarse, además, que al proceso de justicia y paz el desmovilizado
accede libre y voluntariamente, lo cual significa que es él quien por iniciativa
propia hace manifiesta su aspiración, mostrando plena disposición en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos a cambio de recibir la indulgencia de una
disminución punitiva. Su ingreso, por ser libre y voluntario, exige,
precisamente, un compromiso serio, inquebrantable y real para culminarlo, por
lo que del cumplimiento de las exigencias impuestas en la ley depende la
aplicación de la alternatividad. Sobre este particular, en la Sentencia C-370
de 2006, esta Corporación precisó que “[l]a alternatividad penal parecería
una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la ‘la
colaboración con la justicia’ no comprendiera la integralidad de los derechos
de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal
beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos
derechos, que parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005”.
También
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento[16],
se refirió al tema destacando que: “la materia
prima con la cual se construyó la esperanza de un mejor país que subyace en la
filigrana de la Ley de Justicia y Paz, es la voluntad de sus intervinientes,
de tal forma que decidan escoger el camino de la paz en vez del sendero de la
guerra; la voluntad, esa facultad intelectual en la que se concentra tanto la
fuerza del querer como una motivación, esa tan importante para el devenir
social que se identifica con la realización de la paz y la convivencia,
presupuestos del orden, la seguridad, el progreso y  la justicia”. En la misma decisión, aclaró la Corte que, no obstante,
“esa voluntad debe tener
elementos concretos de evaluación ya que no se puede quedar en vacías
declaraciones de meras intenciones, sino que requiere manifestaciones externas,
expresiones concretas, tangibles y por tanto evaluables de su sinceridad”. Y agregó que “los
requisitos de elegibilidad son las exigencias iniciales, inmediatas, la
expresión concreta de la voluntad, a cuyo cumplimiento se condiciona el acceso
a la posibilidad de beneficiarse de los significativos descuentos punitivos
contenidos en la ley”.
6.11.
En efecto, dentro del propósito de concretar la expresión de voluntad del
postulado, la ley establece unos requisitos de elegibilidad, a cuyo
cumplimiento se condiciona el otorgamiento del beneficio de la pena
alternativa. Los requisitos de elegibilidad, para el caso de la desmovilización
colectiva, se concretan en: (i) que el grupo armado organizado de que se trata se haya
desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno
Nacional; (ii) que se entreguen los bienes producto de la
actividad ilegal[17]; (iii) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; (iv) que
el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y
libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita; (v) que
el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el
enriquecimiento ilícito; y (vi) que se liberen a las personas secuestradas,
que se hallen en su poder[18]
(art. 10°).
6.12. De igual manera, la desmovilización individual exige como
requisitos de elegibilidad, (i) que el desmovilizado entregue información
o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía; (ii) que
haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; (iii) que
se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el
Gobierno Nacional para tal efecto; (iv) que cese toda actividad ilícita;
y (v) que entregue los bienes producto de la actividad ilegal[19],
para que se repare a las víctimas (art. 11).
6.13. Si el postulado satisface los requisitos de
elegibilidad, y da estricto cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en
la ley e impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá en la
transición y será beneficiario de la alternatividad. De manera general, en virtud de la ley
transicional, el postulado tiene la obligación, (i) en el contexto de
satisfacer la verdad, de dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de los hechos delictivos en los cuales participó; (ii) en el marco de la
obligación de justicia, de permanecer privado de la libertad hasta que la
autoridad competente así lo disponga, asistir a las audiencias, cumplir la
sanción impuesta y los compromisos de comportamiento incluidos en el fallo; y (iii)
en lo relacionado con el derecho a la reparación, entre otras obligaciones, de
entregar al Estado los bienes para la reparación de las víctimas.
6.14.
Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en particular
el relacionado con la entrega
de los bienes producto de la actividad ilegal, da lugar a la exclusión del
postulado del proceso de justicia y paz[20] o, en su defecto, a la pérdida del beneficio de la
pena alternativa, según el momento procesal en el que se declare tal
incumplimiento. Ello implica que el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado
y que sus delitos serán juzgados por los despachos judiciales ordinarios que lo
requieran.
6.15.
Ya se había señalado que el proceso de justicia y paz se funda en la voluntad
de los intervinientes, “en una confianza recíproca, en el principio de
lealtad, en el compromiso del desmovilizado de contribuir a la
reconciliación nacional, todo ello sometido a verificación en el
proceso penal de Justicia y Paz”[21]. Por eso, “[c]uando no hay lealtad en el marco del
acuerdo humanitario, lo propio es tramitar la exclusión del desmovilizado del
programa de justicia transicional y la entrega del caso a la justicia
ordinaria, porque se revela que la intención defensiva del desmovilizado
es alcanzar impunidad (relativa) y nada más”[22].
6.16.
En lo que hace a la figura de la exclusión, ésta ha sido definida por la
jurisprudencia como el mecanismo por medio del cual la autoridad judicial de
conocimiento del proceso de justicia y paz expulsa al postulado de dicho
trámite, previa solicitud que presenta la fiscalía. La Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha precisado al respecto, que “[l]a exclusión del
postulado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, opera cuando éste no
cumple con los requisitos generales y objetivos establecidos en la Ley 975 de
2005 para su vinculación al trámite especial, o cuando en curso del proceso o
dentro de la ejecución de la pena alternativa dispuesta por la justicia,
incumple con las obligaciones propias de su condición”.[23]
6.17.
El proceso de exclusión de quienes aspiran a ser beneficiarios de la Ley de
Justicia y Paz, fue estructurado en el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, que
a su vez adicionó un artículo 11A de la Ley 975 de 2005. La formalización legal
de la exclusión dentro del proceso de justicia y paz, propuesta en la Ley 1592
de 2012, se explicó en el apartado anterior, tenía como propósito específico no
solo buscar una mayor efectividad de dicho proceso, sobre la base de unificar
criterios y brindar confianza a los operadores jurídicos en sus decisiones,
sino también, lograr que el proceso se enfocara en las personas que en realidad
estuvieren dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y a
contribuir con la reconstrucción de la paz, que es la finalidad que persigue la
Ley 975 de 2005.
6.18.
Y es que, conforme ya fue señalado, la Ley 975 de 2005 no consagró formalmente
la figura de la exclusión, esto es, no elevó a la categoría de norma especial
la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz,
cuando éstos no cumplen los requisitos de elegibilidad o cualquier otra
obligación legal o judicial tanto en el curso del proceso como en la ejecución
de la Sentencia. No obstante, ante la necesidad inaplazable de definir el
futuro de quienes no honraran sus compromisos, dicho vacío legal fue entonces
cubierto por vía de interpretación por la jurisprudencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia,[24] con base en el parágrafo
1° del artículo 19[25] y el artículo 21[26]
de la citada Ley 975 de 2005, que regulan las figuras de la aceptación de
cargos y la ruptura de la unidad procesal.
La
aplicación de la exclusión por vía jurisprudencial, se extendió hasta la expedición
de la citada Ley 1592 de 2012, que, se reitera, la reguló expresamente en el
artículo 5°, al incluir un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, titulado “Causales
de terminación del Proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de
postulados”. En dicha norma se consagran las causales de exclusión y se
establece el procedimiento que se debe seguir para su aplicación, el cual se ve
complementado con otras disposiciones de la ley que le resultan a su vez
plenamente aplicables.
6.19.
En relación con las causales de exclusión, para lo que es de interés a este
juicio, debe señalarse una vez más que el citado artículo 5° de la Ley 1592 de
2012, que incluyó un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, prevé que hay
lugar a la exclusión, entre otras causas, “Cuando se verifique que el
postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o
por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona”. En punto
a dicha causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por la norma
acusada, el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 (que introdujo a la Ley 975 de
2005 un nuevo artículo 11D), el cual, al regular lo relacionado con el deber de
los postulados de contribuir a la reparación integral, dispone que “[e]l
postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por
él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión
de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será
excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena
alternativa, según corresponda.”
6.20.
Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de destacarse inicialmente, que la
decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz debe ser
adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud del
fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente (Ley
975, art. 11A y 13). Ciertamente, si el postulado incumple los requisitos de
elegibilidad o alguna obligación legal o judicial, no obstante que el Gobierno
lo haya incluido en lista, es obligación del fiscal delegado acudir ante la
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener la desvinculación de
la persona en audiencia a través del mecanismo de la exclusión.
6.21.
La decisión de exclusión del proceso de justicia y paz, por no cumplir con los
requisitos de elegibilidad, puede tener lugar en cualquier momento de la
actuación, esto es, tanto en el curso del proceso (investigación y juzgamiento)
como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la
situación de incumplimiento (Ley 975, art. 11A). Como se mencionó, tal decisión
le corresponde adoptarla a la Sala de Justicia y Paz con Funciones de
Conocimiento de los Tribunales Superiores, lo cual se explica en el hecho de
que dicha determinación privaría al postulado de gozar del derecho a la pena
alterativa, esto es, de ser parte de los beneficios de la Ley 975 de 2005.
6.22.
En caso que el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad se verifique
antes de proferirse sentencia, se dispondrá la exclusión del postulado del
proceso de justicia y paz y se remitirá la actuación al funcionario
competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al momento de la
comisión de las conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión
del justiciable realizada en el expediente transicional (Ley 975 de 2005, art.
11A). Si el incumplimiento se verifica luego de proferido el respectivo fallo,
la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, deberá proceder
a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y se harán
efectivas las penas principales y accesorias ordinarias determinadas en la
sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y 26).
6.23.
Finalmente, contra la decisión de exclusión, adoptada en audiencia pública
mediante auto, procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26). Una vez en firme la decisión,
el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un futuro
trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975,
art. 11A). Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos
establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación y una decisión diferente conduciría a un trato desigual respecto de
los postulados y generaría incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica
en el marco de la justicia transicional[27].
7. Descripción básica del proceso de justicia y paz
7.1.
Dentro de marco jurídico descrito, el procedimiento penal especial fijado en la
Ley 975 de 2005  para justicia y paz, esta integrado básicamente por dos fases:
una administrativa y otra judicial. La primera corre por cuenta del Gobierno
Nacional, en cuanto que a él le corresponde elaborar la lista con los nombres
de los miembros de grupos armados al margen de la ley que aspiren a obtener los
beneficios reconocidos. La segunda, la judicial, se encuentra  a cargo de la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y de los Tribunales de
Justicia y Paz, a quienes corresponde, una vez recibida la lista
correspondiente de postulados, llevar a cabo lo concerniente a la
investigación, juzgamiento, imposición de la sanción y aplicación de los
beneficios judiciales.
7.2.
En lo que hace a la etapa judicial, la citada ley prevé su desarrollo de la
siguiente manera. Una vez recibida la lista de postulados remitida por el
Gobierno Nacional, le corresponde al fiscal delegado, de acuerdo con los
criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación, asumir
de manera inmediata la competencia para conocer: (i) de las
investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley; (ii) de las
investigaciones que cursen en contra de sus miembros; y (iii) de las
investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el
momento o con posterioridad a la desmovilización (art. 16). En esta instancia,
la fiscalía lleva a cabo una investigación preliminar con el fin de
establecer la verdad material, determinar las conductas punibles, sus autores, identificar
bienes, fuentes de financiación, entre otros elementos.
7.3.
Después de asumida la competencia para investigar, el fiscal delegado recibe la
declaración de versión libre y confesión del postulado, en la cual lo
interroga acerca de los hechos de que tenga conocimiento. Dicha diligencia se
desarrolla en presencia del apoderado del postulado y éste tiene la obligación
de confesar de manera completa y veraz los hechos delictivos en los que
participó y de que tenga conocimiento, así como de indicar los bienes que
entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de
las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado
organizado al margen de la ley al que pertenecieron, entre otros elementos
(artículo 17[28]). Con base en la versión
libre, el Fiscal elabora un programa metodológico para iniciar la
investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y
esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización. En esta
fase es posible solicitar medidas cautelares sobre los bienes destinados a la
reparación de las víctimas (art. 17).
7.4.
Teniendo en cuenta el alcance reconocido a la diligencia de versión libre y
confesión, la misma constituye el momento procesal en el cual el postulado materializa
y hace manifiesta su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y
beneficios de la ley, pues en ella se obliga a declarar la verdad, en
particular, a declarar todos los bienes adquiridos ilícitamente, con los cuales
se compromete a contribuir a la reparación integral de las víctimas. En ese
sentido, es también el primer referente procesal con que cuenta la fiscalía
para verificar si el postulado honra su compromiso, es decir, si actúa con la
intención real de hacer entrega de bienes e indemnizar a sus víctimas, o si lo
hace como una manera de dilatar el proceso penal, pues el ofrecimiento de los
bienes es indicativo de que tan cierto es el propósito que tiene de
reconciliación. En este escenario, es importante resaltar que la fiscalía,
según surge de la propia ley y la jurisprudencia, es el ente encargado de
verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la voluntad
constante del postulado de ser beneficiario de la pena alternativa[29].
7.5.
Tal y como lo ha destacado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el “rol de la fiscalía en el contexto de la versión
libre no es pasivo. Tiene el deber institucional de interrogar al desmovilizado
para lograr el esclarecimiento de la verdad, que constituye un presupuesto de
la investigación y de la labor de verificación que debe agotar con miras a
consolidar una formulación de cargos. Sin embargo, antes de iniciar el
cuestionario deberá inquirirlo sobre si es su voluntad expresa de acogerse al
procedimiento y beneficios de la Ley, como requisito para adelantar las demás
etapas del proceso judicial. El desmovilizado, por su parte, “está obligado a
efectuar una confesión completa y veraz de los hechos delictivos en los que
participó y de todos aquellos que tenga conocimiento durante y con ocasión de
su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, así como informar las
causas y circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación en los
mismos o de los que le conste, para asegurar el derecho a la verdad.
Adicionalmente, deberá indicar la fecha de ingreso al respectivo frente o
bloque y enumerar todos los bienes de origen ilícito que deberán ser entregados
para efectos de reparar a las víctimas”[30].
7.6.
Cumplida la declaración de versión libre y confesión, se da paso a la
audiencia de formulación de imputación ante el magistrado que ejerce la
función de control de garantías (artículo 18[31]). Esta audiencia tiene
como finalidad la iniciación formal de la investigación penal, y en ella el
fiscal hace la imputación fáctica de los cargos investigados y confesados y
solicita al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el
centro de reclusión que corresponda. Igualmente, puede solicitar la adopción de
las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la
reparación integral de las víctimas.
7.7.
A partir de la audiencia de formulación de imputación, y dentro de los
60 días siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la
policía judicial, adelanta las labores de investigación y verificación de los
hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento
dentro del ámbito de su competencia (art. 18). Finalizado dicho término de
investigación, el fiscal del caso solicita a la sala de conocimiento la
programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos. En ella, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron
imputados por la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la aceptación de
cargos solo tendrá validez si se hizo de manera libre, voluntaria y espontánea,
y siempre que el postulado haya estado asistido por su defensor (art. 19[32]).
7.8.
Aceptada la formulación de cargos por parte del imputado, se convocará a la audiencia
de verificación de la aceptación de cargos, con el fin de examinar si la
aceptación se efectuó de manera libre, voluntaria, espontánea y asistida por el
defensor del imputado. Dicha audiencia se realiza ante los Magistrados con
Funciones de Conocimiento de Justicia y Paz, quienes deben controlar la
legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica
de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los
que obran en el expediente (art. 19). Cabe destacar que, en la misma audiencia
en la que se declara la legalidad de la aceptación total o parcial de los
cargos formulados, se da inicio de manera oficiosa al incidente para la
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta
criminal.
7.9.
Finalmente, concluido el incidente de identificación de afectaciones, se procede
a dictar sentencia, en donde se verificara el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad contenidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, entre
otros aspectos, y, de encontrarse cumplidos, se suspenderá la ejecución de la
pena que se imponga de acuerdo con el Código Penal y habrá lugar al beneficio
de la pena alternativa. Una vez se cumpla la pena alternativa, se concede la
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, en donde el condenado tiene la obligación de no reincidir en los delitos
por los cuales fue penado, de presentarse periódicamente a la autoridad que
corresponda y de informar el cambio de residencia de llegar a ocurrir, cumplido
lo anterior, se declarará que se extinguió la pena ordinaria haciendo tránsito
a cosa juzgada (art. 24[33]). En todo caso, en el
evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones
determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa
y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le
fueron impuestas. Cabe señalar que contra los autos interlocutorios y
sentencias, procede el recurso de apelación cuya competencia esta en cabeza de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 26[34]).
7.10.
El proceso de justicia y paz al que se ha hecho expresa referencia, no obstante
tratarse de un procedimiento penal especial, diseñado en un contexto de
justicia transicional para investigar juzgar a las personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decididamente a la reconciliación nacional, destaca la Corte, está
llamado a desarrollarse con estricta sujeción a las garantías sustanciales y
procesales propias del Estado de derecho. Al respecto, por fuera de las
manifestaciones concretas previstas en las distintas instituciones procesales reguladas
por la ley de justicia y paz para el cumplimiento de sus objetivos, de manera especial,
el mismo compendio normativo deja en claro que la aplicación e interpretación
de sus disposiciones deben llevarse a cabo con pleno acatamiento a las normas
constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así
como también, respetando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y
las garantías judiciales de los procesados.
7.11.
En relación con este aspecto, el artículo 2° de la Ley 975 de 2005 consagra
expresamente que “[l]a interpretación y aplicación de las disposiciones
previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas
constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia.  En esa misma
orientación, el artículo 4° prevé que: “[e]l proceso de
reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en
todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los
procesados”. También el artículo 15 dispone que “la investigación se
surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el Fiscal
General de la Nación”, precisando al mismo tiempo que, “[e]n todo caso,
se garantizará el derecho de defensa de los procesados y la participación
efectiva de las víctimas”. Y el artículo 34 destaca que “[e]l Estado
garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de
defensa, mediante los mecanismos de de la Defensoría Pública y en los términos
señalados en la ley”.
7.12
De acuerdo con dichos mandatos, es fácil entender que las medidas y decisiones que
se adopten dentro del proceso de justicia y paz, incluyendo por supuesto las
relacionadas con la exclusión de dicho proceso, están sujetas a los principios y
garantías mínimas reconocidas por la Constitución y los tratados internaciones
de derechos humanos, en favor del interés público y de todas las personas,
entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la
proscripción de la responsabilidad objetiva -nulla poena sine culpa-, la
presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de
defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el
derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la
anología in malam partem.[35]
7.13.
Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en “en el ámbito de la
justicia transicional la interpretación de las disposiciones legales no se
satisface con los criterios interpretativos convencionales, sino que se nutre
de los principios y valores constitucionales imbricados en Tratados
Internacionales que propenden por debilitar el conflicto en aras de alcanzar el
derecho a la paz, pero que también busca enjuiciar y reparar las graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario
mediante el esclarecimiento de la verdad”[36]. Partiendo de tal presupuesto, la misma
jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la interpretación
y aplicación de las normas de justicia transicional debe asegurar el derecho
fundamental al debido proceso y las garantías judiciales de los postulados.[37]
7.14.
Y no sobra recordar, que en el trámite de la reforma a la Ley 975 de 2005, por
parte de la Ley 1592 de 2012, también se tuvo presente el propósito inobjetable
de salvaguardar las garantías procesales de los sometidos en condición de
procesados a la ley de justicia y paz. Sobre el particular, se recuerda que en
el proyecto que culminó con la expedición de la última ley, en la exposición de
motivos se manifestó, que el proyecto de ley propuesto, mantenía el propósito
de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida
civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando,
por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al debido proceso”.
8.
Constitucionalidad de la expresión acusada
8.1.
De conformidad con las consideraciones que han sido expuestas, la Corte
encuentra que la acusación formulada contra el aparte acusado del artículo 8°
de la Ley 1592 de 2012, no está llamada a prosperar, por cuanto la misma se
estructura a partir de una visión aislada de la referida disposición, sin tener
en cuenta el contexto normativo en el que ésta se inscribe.
8.2.
En efecto, la lectura que hace el actor de la regla que prevé la exclusión del
proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa,
del “postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta
persona…”, solo podría tener lugar si la citada regla se interpreta atendiendo
exclusivamente a su tenor literal, desconociendo que la misma hace parte integral
de un régimen jurídico especial, concebido exclusivamente como un instrumento
para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace
varias décadas, y cuyas instituciones sustanciales y procesales deben ser
leídas y aplicadas atendiendo al contexto normativo al que se integran.
8.3.
Cabe recordar que, mediante la ley de justicia y paz, y en un ámbito de
justicia transicional, el legislador adoptó una decisión de carácter político
cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de los grupos
armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera
efectiva a la consecución de la paz, estableciendo para tales efectos ciertos
beneficios de tipo penal y un régimen específico y distinto de procedimiento
penal, a cargo de autoridades judiciales especiales, cuya interpretación y
aplicación requiere de una valoración sistemática y armónica de sus
instituciones.
8.4.
A este respecto, en la Sentencia C-370 de 2006, la Corte dejó claro que la ley
de justicia y paz debe ser juzgada, aplicada e interpretada con un criterio de
ponderación y bajo una visión integral de sus instituciones sustanciales y
procesales, en el entendido que las disposiciones que hacen parte de dicha ley
constituyen un conjunto concatenado y armónico de normas relacionadas unas con
otras. Bajo esa óptica, en dicho fallo la Corte sostuvo que: “una ley que
-como la Ley 975 de 2005- ha sido concebida como un conjunto integral y
específico de normas encaminadas a lograr la paz en un contexto determinado, el
juicio de ponderación no puede dejar de valorar que una medida determinada está
concatenada con otra, plasmada en una norma diferente. De tal manera que, por
ejemplo, un instrumento que limita el alcance del derecho a la justicia, puede
a su turno promover el derecho a la verdad. Esta visión integral es esencial al
efectuar el juicio de ponderación…”.
8.5.
En consecuencia, no es posible considerar, como lo sostiene la demanda, que la
decisión de exclusión del proceso de justicia y paz se adopta “sin agotar el
proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales
del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se
pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para
hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y
temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción
de buena fe”.; pues, en realidad, los aspectos jurídicos que el actor hecha
de menos, se encuentran expresamente regulados en distintas disposiciones de la
Ley 975 de 2005, en la propia Constitución Política y en los tratados de
derechos humanos a los cuales remite la propia ley de justicia y paz.
8.6.
Así entendido, lo primero que cabe resaltar, en punto a la acusación que
formula el actor, es que la decisión de excluir a un postulado del proceso de
justicia y paz se adopta siguiendo el procedimiento previamente establecido en distintas
disposiciones de la precitada Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la
Ley 1592 de 2012. Bajo esa óptica, la referida exclusión está sometida a las
siguientes reglas: (i) procede cuando se cumpla alguna de las causales
de exclusión definidas en la ley y las demás que determine la autoridad
judicial competente (Ley 975, art. 11A)[38]; (ii) la decisión debe
ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento
de Justicia y Paz del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial,
mediante auto, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica,
probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o desestimación
de las pretensiones de las partes (Ley 975, art. 11A y 13); (iii)
durante la audiencia la defensa del postulado estará a cargo de su defensor de
confianza o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría
Pública (Ley 975, art. 14); (iv) la audiencia puede solicitarse
en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso
como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la
situación de incumplimiento (Ley 975, art. 11A); (v) si la decisión se toma antes de proferirse sentencia,
se dispone la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remite
la actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la
ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde
no tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente
transicional (Ley 975 de 2005, art. 11A), si, por el contrario, la decisión se
toma luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio
o por solicitud del fiscal, procede a revocar la pena alternativa o el periodo
de libertad a prueba y hará efectivas las penas principales y accesorias
ordinarias ordenadas en la sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y 26); (vi)
finalmente, contra la decisión de exclusión procede el recurso de apelación
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26),
y una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente
postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios establecidos en
la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).
De
este modo, contrario a lo sostenido en la demanda, sí existe un procedimiento previo
para la adopción de la medida de exclusión, el cual, a su vez, le ofrece al
afectado oportunidades procesales para hacer valer su versión de los hechos y
para controvertir la decisión que le sea adversa.
8.7.
También es menester destacar que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley
975 de 2005, la diligencia de versión libre y confesión es la oportunidad
procesal para que el postulado a la ley de justicia y paz confiese de manera
completa y veraz los hechos delictivos en los que participó y declare los
bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación
integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del
grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció. En relación con
este punto, se dijo en el apartado anterior que, a partir del alcance
reconocido a la diligencia de versión libre y confesión, la misma constituye el
momento procesal en el cual el postulado materializa y hace manifiesta su voluntad
expresa de acogerse al trámite y beneficios de dicha ley, pues en ella
se obliga a decir toda la verdad, en particular, a declarar todos los bienes
adquiridos ilícitamente, con los cuales se compromete a contribuir a la
reparación integral de las víctimas. Como en ese mismo criterio, se destacó que
tal diligencia pasa a ser el primer referente procesal con que cuenta la
fiscalía para verificar si el postulado honra su compromiso, es decir, para
establecer si éste actúa con la intención real de hacer entrega de bienes e
indemnizar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar el proceso
penal, pues el ofrecimiento de los bienes es indicativo de que tan cierto es el
propósito que tiene de reconciliación.
En
consecuencia, el postulado tiene, en la diligencia de versión libre y
confesión, prevista en el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, una oportunidad
procesal clara y definida para hacer la entrega y ofrecimiento de bienes, en la
que debe obrar con seriedad y de buena fe, de manera que dicho ofrecimiento y
entrega correspondan a la totalidad de los bienes de los que tiene noticia.
8.8.
En cuanto a la afirmación según la cual, la decisión de exclusión se lleva a
cabo sin valorar el elemento subjetivo al momento de constatar la
omisión en la denuncia de los bienes, debe reiterarse que la propia ley de
justicia y paz precisa que sus disposiciones deben ser aplicadas e
interpretadas con pleno acatamiento a las normas constitucionales y a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, así como también, respetando
el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y las garantías judiciales
de los procesados, dentro de las cuales debe entenderse incluida la garantía de
la culpabilidad como elemento estructural de la responsabilidad, esto es, la proscripción de la responsabilidad
objetiva                     -nulla poena sine culpa-.
8.8.1.
Esta Corporación ha sostenido reiteradamente que “la Constitución proscribe las formas de
responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad, pues el
hecho punible, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona no sólo de
manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad), como
expresión del reconocimiento al sujeto de su dignidad y libertad en los
artículos 1º y 16 de la Constitución”[39]. En ese
contexto, también ha puesto de presente la Corte que la culpabilidad es la misma responsabilidad plena, la
cual comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al sujeto
la realización de un comportamiento contrario a las normas jurídicas que lo
rigen, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las
reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando siempre un
debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al
imputado[40].
8.8.2.
Cabe destacar que la garantía de la culpabilidad o de la responsabilidad
subjetiva surge directamente del artículo 29 Superior, el cual establece que no
puede haber delito sin conducta y sin culpabilidad, señalando expresamente que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
leyes prexistentes al acto que se le imputa…", y que “[t]oda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. En punto al
referido mandato, la jurisprudencia ha destacado su importancia en el contexto
de las garantías del derecho al debido proceso afirmando que:
“Dicha definición implica, por una parte, que el
acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho
interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y, por
ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo
efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco
puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En
síntesis, desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que
hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o
siente.”
8.8.3.
Aun cuando la garantía de la responsabilidad subjetiva tiene su génesis en el
campo de la responsabilidad penal, por involucrar ésta la restricción del
derecho a la libertad personal, por extensión, la referida garantía también resulta
exigible en otros ámbitos y modalidades del derecho sancionatorio, por expresa
disposición del artículo 29 de la Constitución Política, el cual dispone que “[e]l
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha coincidido con dicha
afirmación señalando que:
“El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho
al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP
29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas
atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia
sancionatoria de la administración, la estimación de los hechos y la
interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del
Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos
establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos,
los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad
objetiva - nullapoena sine culpa -, la presunción de inocencia, las
reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria,
el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la
prohibición del non bis in idem y de la analogía in malampartem,
entre otras”[41].
8.8.4.
Así pues, es claro que, de manera general, en el ámbito del derecho
sancionador, la Constitución excluye la responsabilidad objetiva y exige que la
persona haya actuado con culpabilidad, lo cual significa que, para que pueda
imponérsele una pena o sanción, es necesario realizar el correspondiente juicio
de reproche, es decir, que se le pruebe que ha procedido culpablemente.
8.8.5.
A este respecto, debe destacarse que, tratándose de la ley de justicia y paz,
la garantía de la responsabilidad subjetiva se circunscribe objetivamente a la
definición de los presupuestos de la responsabilidad penal, de manera que, por
su intermedio, se busca evitar que un postulado sea condenado penalmente, sin
que se demuestre previamente que realizó las conductas delictivas que se le
imputan con dolo, culpa o preterintención.
8.8.6.
Frente al incidente de exclusión del proceso de justicia y paz, al que se
refiere la norma acusada, es claro que el mismo no busca determinar los
presupuestos de la responsabilidad penal, sino establecer si el beneficio de la
pena alternativa en favor de los postulados a dicha ley, se justifica por haberse
dado estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Estado,
orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición. Desde esa perspectiva, la
exclusión de los beneficios de justicia y paz, derivada de la omisión de
declarar o denunciar bienes, constituye, en realidad, la pérdida de la
disminución punitiva que se otorga a cambio de la voluntad decidida y probada
de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las
víctimas.
8.8.7.
No obstante, si bien la posibilidad de exclusión no se inscribe en el campo de
la punibilidad, por no corresponder a una sanción penal propiamente dicha, considera
la Corte que la misma tiene en todo caso un carácter sancionatorio, dado que
implica una afectación sustancial a la posición jurídica del postulado, cual es
la de ser titular de los beneficios penales que ofrece la ley de justicia y paz,
a cambio del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por esta razón, se
entiende que tal decisión debe adoptarse con plena observancia de los
principios y garantías constitucionales como lo dispone la referida ley, lo
cual significa que en dicho trámite, se le debe garantizar al postulado el
debido proceso, materializado en la posibilidad de hacer valer los derechos de
defensa y contradicción y a presentar las pruebas que expliquen su conducta, es
decir, que permitan establecer las razones o motivos por los cuales
determinados bienes no fueron denunciados o entregados por aquél en la
oportunidad procesal en la que estaba obligado a hacerlo.
8.8.8.
Al respecto, no sobra recordar que al proceso de justicia y paz el
desmovilizado accede libre y voluntariamente, asumiendo el deber jurídico de
contribuir a la reconciliación nacional, lo cual se materializa poniendo en
conocimiento de la autoridad judicial la verdad sobre su participación en los
hechos delictivos por él perpetrados, y entregando todos los bienes adquiridos
en desarrollo de las actividades delictivas, a cambio de la indulgencia de una
disminución punitiva. Si ello es así, cuando el desmovilizado no actúa con
lealtad y falta a los compromisos adquiridos, lo propio es tramitar su exclusión
del proceso de justicia y paz, o, en su defecto, revocar la pena alternativa,
pues de lo contrarío se estaría afectando en forma desproporcionada el valor de
la justicia y el principio de igualdad, ya que no existiría razón jurídica para
que, a pesar de su conducta negativa, el desmovilizado permanezca en el proceso
de justicia y paz y sea beneficiario del mismo.
8.8.9.
Ciertamente, en la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena
responsabilidad del postulado, y es parte de los compromisos adquiridos, éste
debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad, cual es la expulsión del
proceso de justicia y paz y de la pérdida de los beneficios, por no haber
entregado una confesión completa y veraz y no estar en disposición de entregar
sus bienes con el fin de reparar a las víctimas[42].
8.8.10.
Sin embargo, se reitera, para que haya lugar a la exclusión del desmovilizado
del proceso de justicia y paz, la autoridad judicial competente tiene la
obligación de determinar, en cada caso en particular, que tanta voluntad de
indemnizar a las víctimas tiene éste, y si actúa con la intención real de hacer
entrega de todos los bienes y de reparar a sus víctimas, o si lo hace como una
manera de dilatar el proceso penal y evadir su verdadera responsabilidad, pues
el ofrecimiento de los bienes (materializado en la diligencia de versión libre y
confesión) permite determinar que tan cierto es el propósito de reconciliación[43].
8.8.11.
En este punto, la preocupación del demandante se materializa en la posibilidad,
que en su criterio se desprende del texto de la disposición demandada, de que,
ante una discrepancia objetiva entre los bienes denunciados por el postulado y
los que después se establezcan como pertenecientes al mismo o al movimiento
armado al margen de la ley, se produzca la exclusión de los beneficios, sin que
se exija una valoración sobre la entidad de los bienes o el conocimiento que
tenía o debía tener el postulado sobre la existencia de los mismos. Pero, como
se ha dicho, dentro del proceso, la autoridad judicial deberá apreciar en su
conjunto las circunstancias, para establecer si esa discrepancia tiene la
entidad como para desvirtuar la voluntad de sometimiento del postulado, o si
por el contrario obedece a una situación objetiva que no le resulta imputable y
que, por consiguiente, no podría tomarse como base para determinar la exclusión
de los beneficios.
8.8.12.
La regla según la cual, la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia
y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, por no entregar,
ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos ilícitamente, debe
llevarse a cabo previa valoración del juez a cerca de las circunstancias
fácticas de cada caso y la actuación del postulado, ha sido compartida por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien, en ejercicio de las
competencias asignadas por la propia ley de justicia y paz, ha dejado en claro
que, de acuerdo con los propósitos de dicha ley, a la autoridad judicial
competente le corresponde evaluar que tanta voluntad de indemnizar a las
víctimas le asiste al desmovilizado, a efectos de determinar su permanencia en
el proceso o el reconocimiento de los beneficios punitivos. Al respecto, la
Corte ha manifestado expresamente:
“Al hilo de los objetivos de la Ley 975 de 2005, el
juzgador está avocado a examinar qué tanta voluntad de indemnizar a las
víctimas asiste en el desmovilizado, pues, corresponde al juez develar el verdadero propósito del sometimiento en el
marco del acuerdo humanitario regido por el proceso penal ante la justicia de
transición.
Si es claro que el desmovilizado es el menos
interesado en faltar a la verdad, y si denunciar bienes suyos, pero esas
propiedades aparecen en cabeza de terceros (ya testaferros, ya personas de
buena fe), lo que corresponde examinar es si actúa con la intención real de
hacer entrega y de indemnizar parcialmente a sus víctimas (en el entendido
–como lo precisara el magistrado de control de garantías- que ante la
multiplicidad de crímenes de lesa humanidad cometidos, los bienes que entrega
siempre serán absolutamente insuficientes para tales efectos), o si lo hace
como una manera de dilatar el proceso penal en el marco del proceso de
transición. De ahí que se imponga el análisis de tales presupuestos en cada
caso concreto”.[44]
8.8.13.
También la Corte Suprema de justicia ha señalado que el incumplimiento a los
deberes, en especial los que buscan garantizar el derecho a la reparación con
el ofrecimiento de los bienes, debe ser grave e injustificado para dar lugar a
la exclusión, la cual se da por ejemplo: a) “porque distraiga bienes que
siendo de su propiedad –detentada por intermedio de testaferros- estarían
llamados a reparar a sus víctimas” b) “porque con el ánimo de perjudicar
a terceros, denuncie como suyos activos que no lo son”[45]; c) por el
hecho de que los bienes ofrecidos no puedan ingresar finalmente al Fondo para
la reparación de las Víctimas, ya sea porque están sometidos a gravámenes, sean
bienes baldíos o pertenezcan a terceros de buena fe, supuestos en los cuales el
postulado asume la consecuencia de su exclusión de los beneficios que ofrece la
ley de justicia y paz, por no haber brindado una confesión completa y veraz; y
porque con dicha conducta demuestra su renuencia a la entrega de sus bienes con
el propósito de indemnizar a las víctimas[46].
8.8.14.
Cabe aclarar, en todo caso, como ya lo había reconocido esta Corporación en la
Sentencia C-370 de 2006, que las garantías judiciales reconocidas por la ley de
justicia y paz a los postulados, no
pueden ser interpretadas en el sentido de que al desmovilizado no se le exige
esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar su
patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente
identificados pero que no se encuentran en su poder, pues tal lectura no honra
en absoluto la obligación de reparar que la Constitución, las normas civiles y
los tratados internacionales exigen. Del mismo modo, los postulados están en la
obligación de obrar con seriedad y diligencia en la identificación de los
bienes, razón por la cual, en cada caso en particular, le corresponde a la
autoridad competente evaluar si las explicaciones que ofrece el postulado en su
defensa, resultan atendibles y justificadas para efectos de determinar su no
exclusión del proceso de justicia y paz[47].
8.8.15.
Así las cosas, en la medida que una interpretación sistemática de la Ley 975 de
2005, tal y como la misma fue modificada por la Ley 1592 de 2012, permite
advertir que la decisión de excluir a los postulados del proceso de justicia y
paz se lleva a cabo con plena observancia de las garantías judiciales y
procesales reconocidas por la Constitución Política y los tratados
internacionales, el cargo formulado por el actor contra el artículo 8° de la
Ley 1592 de 2012 no está llamado a prosperar.
8.9.
En virtud de lo expuesto, la expresión acusada del artículo 8° de la Ley 1592
de 2012 será declarada exequible.
VII.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declararse
INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos
(2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de
2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Segundo.- Declarar
EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión “El
postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por
él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión
de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será
excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena
alternativa, según corresponda”, contenida en el inciso tercero del
artículo 8° de la Ley 1592 de 2012.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-1052 de 2001.
[2]En
la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte sistematizó los lineamientos fijados por
la jurisprudencia en torno a la aptitud de las demandas de
inconstitucionalidad, y definió las circunstancias a partir de
las cuales un cargo se entiende debidamente estructurado. Dicho fallo ha sido
reiterado por la Corte en innumerables pronunciamientos constituyéndose en un
precedente consolidado.
[3] Sentencia C-190 de 2008.
[4] Gaceta del Congreso 690 del 19 de septiembre
de 2011, pág.9.
[5] Gaceta del Congreso 690 del 19 de septiembre
de 2011.
[6] Gaceta del Congreso
690 del 19 de septiembre de 2011, pág.10. Sobre el tema de la exclusión se
dijo: “Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se
propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización
del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en
cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la
jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos
artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la
consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad
de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento
de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente
las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia”.
[7] Gaceta del Congreso 57 del 8 de marzo de 2012.
[8] Segundo Debate en Plenaria del Senado, Gaceta del Congreso 681 de
2012.
[9] El parágrafo del
artículo 11D de la Ley 975 de 2005, incluido por el artículo 8° de la Ley 1592
de 2012, prevé que: “En ningún caso se afectarán los bienes de los
postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos
de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la
desmovilización”.
[10] Los fundamentos de la  Sentencia C-370 de 2006, han
sido a su vez recogidos y reiterados por la Corporación, entre otras, en las
Sentencias C-575 de 2006 y C-1199 de 2008.
[11] Sentencia C-1199 de 2008.
[12] C-370 de 2006.
[13] Sentencia Ibídem.
[14] Sentencia Ibídem.
[15] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso número 34423, del 23 de agosto de
2011, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
[16] Proceso 34423, del 23 de agosto de 2011, M.P. José Leonidas Bustos
Martínez.
[17] Expresión que fue declarada exequible, mediante sentencia C-370 de
2006, “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la
suerte de las personas desaparecidas.”
[18] Este numeral fue declarado exequible mediante la sentencia C-370 de
2006,  condicionado “en el entendido de que también deben informar en cada
caso sobre la suerte de las personas desaparecidas.”
[19] Expresión declarada exequible por la sentencia C-370 de 2006,
condicionada “
[20] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 31539 del 31 de julio
de 2009; M.P. Augusto J Ibáñez Guzmán.
[21] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 34571 del 13 de diciembre
de 2010; M.P. Alfredo Gómez Quintero.
[22] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 34571 del 13 de
diciembre de 2010; M.P. Alfredo Gómez Quintero.
[23] Proceso: 31539; Fecha: 31 de julio de 2009; M.P: Augusto J Ibáñez
Guzmán.
[24] Se recuerda que una de
las motivaciones de la reforma a la Ley 975 de 2005, que concluyó con la
expedición de Ley 1592 de 2012, fue la de legislar las figuras que venían
siendo aplicadas por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, buscando unificar criterios de aplicación de la ley. De este modo, se
ha de ver que la figura de la exclusión, que aún no estaba formalmente
regulada, venía siendo aplicada con base en el parágrafo 1 del artículo 19 y el
artículo 21de la Ley 975 de 2005, tal como se advierte, entre otras, en las providencias
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con radicado 30998 del 12 de
febrero de 2009 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez,; en providencia con radicado:
31539 del 31 de julio de 2009 del M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán; y en
providencia con radicado: 34423 del 23 de agosto de 2011 del M.P. José Leonidas
Bustos Martínez.
[25] ARTÍCULO 19. ACEPTACIÓN DE CARGOS. En la audiencia de formulación de
cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como
consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento
de la desmovilización. // Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre,
voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado
que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado
a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que
corresponda su conocimiento. // Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible>
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública
dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de
cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De
hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a
audiencia de sentencia e individualización de pena. // PARÁGRAFO 1o. Si en esta
audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en
la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al
momento de la comisión de las conductas investigadas. //  PARÁGRAFO 2o. Cuando
exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
[26]ARTÍCULO 21. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Si el imputado o acusado
acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no
admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no
aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes
procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos
aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley.
[27]Radicado:
31539, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, providencia del 31 de julio de 2009.
[28] ARTÍCULO 17. VERSIÓN LIBRE Y CONFESIÓN. <Artículo modificado por el
artículo 14 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los
miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta
el Gobierno nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que
se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley,
rendirán versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los
hechos de que tengan conocimiento. // En presencia de su defensor, manifestarán
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los
hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que
sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley.
En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y
los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la
reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente
o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron. // La
versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el
proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal
delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los
criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación,
elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación,
comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones
y contextos de criminalidad y victimización. // PARÁGRAFO. La Fiscalía General
de la Nación podrá reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la recepción
de versiones libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los
desmovilizados que hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto
claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento
del aparato de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus
redes de apoyo. La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación,
formulación y aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente
los requisitos de ley.
[29] Radicado: 39472, Gustavo Enrique Malo Fernández, 7 de noviembre de
2012.
[30] Proceso 31539 del 31 de julio de 2009, M.P.
Augusto Ibáñez Guzmán.
[31] ARTÍCULO 18. FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo modificado por el
artículo 18 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El
fiscal delegado para el caso solicitará a magistrado que ejerza las funciones
de control de garantías la programación de un audiencia preliminar para
formulación de imputación, cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda
inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o
varios delitos que se investigan dentro del patrón de macrocriminalidad en el
accionar del grupo armado organizado al margen de la ley que se pretenda
esclarecer. // En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en
la presente ley. Igualmente, solicitará la adopción de las medidas cautelares
sobre los bienes para efectos de la contribución a la reparación integral de
las víctimas. // A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días
siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de su grupo de
policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los
hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o
antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará a la sala de conocimiento
la programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos. // Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de
la acción penal. // PARÁGRAFO. Cuando los hechos por los que se impute al
postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido
esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los
criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las
afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la
respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las
conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales
casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de
conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el
artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince
(15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La
terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a
beneficios penales adicionales a la pena alternativa.
[32] De acuerdo
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19, si en la
audiencia de formulación y aceptación de cargos el postulado no acepta
los cargos o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Sala de
Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario competente
conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas
investigadas. Para el efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los
incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A.
[33] ARTÍCULO 24. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.<Artículo modificado por el
artículo 25 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> De
acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria
se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la
pena alternativa prevista en la presente ley; la declaratoria de extinción del
derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan
sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y
rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del condenado de
participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la
presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas en
el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe asumir el
condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento. // En el evento
en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones
determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa
y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le
fueron impuestas. // La Sala de Conocimiento en el marco de la presente ley,
según el caso, se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos
previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
[34]ARTÍCULO 26. RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 27 de la
Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación solo procede
contra la sentencia y contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante
el desarrollo de las audiencias, sin necesidad de interposición previa del
recurso de reposición. En estos casos, se procederá de conformidad con lo
previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas
que los modifiquen, sustituyan y adicionen. // Para las demás decisiones en el
curso del procedimiento especial de la presente ley, solo habrá lugar a
interponer el recurso de reposición que se sustentará y resolverá de manera
oral e inmediata en la respectiva audiencia. // La apelación se concederá en el
efecto suspensivo cuando se interponga contra la sentencia, contra el auto que
resuelva sobre nulidad absoluta, contra el que decreta y rechaza la solicitud
de preclusión del procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba
en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el
que decide sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz y contra el fallo
del incidente de identificación de las afectaciones causadas. En los demás
casos se otorgará en el efecto devolutivo. // PARÁGRAFO 1o. El trámite de los
recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los
demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
excepto lo relacionado con acciones de tutela. // PARÁGRAFO 2o. De la acción
extraordinaria de revisión conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal
vigente. // PARÁGRAFO 3o. Contra la decisión de segunda instancia no procede el
recurso de casación. // PARÁGRAFO 4o. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones
relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las
Víctimas.
[35] Sobre este punto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
T-145 de 1993, C- 370 de 2002 y T-330 de 2007.
[36]Auto de fecha octubre 10 de 2006, rad. 26154.  En el mismo sentido,
autos del 7 de diciembre de 2005 y del 28 de septiembre de 2006, radicaciones
24549 y 25830, respectivamente; reiterado en providencia con radicado 28250,
M.P. María del Rosario González de Lemos, providencia del 25 de septiembre de
2007.
[37]Ibídem. Radicado: 35582, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca,
providencia del 2 de febrero de 2011.
[38] Las causales de exclusión del proceso de justicia y paz se
encuentran previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005 y son las
siguientes: 1) cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o
incumpla los compromisos adquiridos; 2) se verifique que el postulado ha
incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad; 3) se verifique que el
postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o
por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona; 4) ninguno de
los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión
de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley; 5) el
postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a
su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la
libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión; y 6) cuando
el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución
de la medida de aseguramiento.
[39] Sentencia T-330 de 2007.
[40] Cfr. Sentencias T-145 de 1993, T-330 de 2007 y C-370 de 2002.
[41] Sentencia T-145 de 1993. En el mismo sentido se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias C-370 de 2002 y T-330 de 2007.
[42] Cfr. Auto del 8 de septiembre de 2008, Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, Radicado30360. También el Proceso 36728 del 5 de octubre de 2011,
M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
[43] Proceso: 34571; Fecha: 13 de diciembre de 2010; M.P: Alfredo Gómez
Quintero.
[44] Proceso: 34571; Fecha: 13 de diciembre de 2010; M.P: Alfredo Gómez
Quintero.
[45]Proceso: 39020; Fecha: 13 de junio de 2012; M.P: José Leonidas Bustos
Martínez.
[46]Proceso: 30360; Fecha: 8 de septiembre de 2008; M.P: Yesid Ramírez
Bastidas, reiterada en el Proceso 34547; Fecha: 27 de abril de 2011; M.P: María
del Rosario González Lemos
[47] Sobre este particular,
dijo la Corte en la citada sentencia C-370 de 2006: Será entonces el juez quien defina la suerte de tales
bienes e incluso de aquellos otros que no fueron indicados al Estado en su
debido momento pero que hacen parte del patrimonio del procesado o que son
bienes de procedencia ilícita que este no denunció. Al respecto no sobra
recordar que el derecho, en un Estado democrático, tiene ya incorporados
mecanismos que sirven simultáneamente para evitar el fraude a la ley de quienes
oculten sus bienes sin exigir lo imposible. Son reglas básicas que guían la
actividad del juez pero cuya ambigua consagración en la ley bajo estudio genera
importantes dudas de constitucionalidad. Ciertamente, tal y como lo señalan los
demandantes, algunos intervinientes y el Procurador, las cláusulas parcialmente
demandadas pueden ser interpretadas de forma tal que al desmovilizado no se le
exige esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar
su patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene
claramente identificados pero que no se encuentran en su poder. Este
comportamiento no honra en absoluto la obligación de reparar que la
Constitución, las normas civiles y los tratados internacionales exigen. Por
esta razón, la Corte declarará inexequibles las expresiones “cuando se disponga
de ellos” del numeral 11.5 del artículo 11, “si los tuvieren” del inciso
segundo del artículo 17, y “de ser posible” contenida en el artículo 46.