SU567-15
Sentencia SU567/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Causal de procedibilidad de la tutela
DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO DE SUPREMACIA
CONSTITUCIONAL-Estricto
acatamiento del precedente judicial cuando se trata de jurisprudencia
constitucional
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Formas
como puede ser desconocida
El precedente constitucional es susceptible de
desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente
la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de
exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado
por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de
revisión de tutela.
DERECHO A LA PENSION-Carácter
imprescriptible derivado de principios y valores constitucionales
Para la Corte, el carácter imprescriptible del
derecho a la pensión surge de principios y valores constitucionales que
garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye
en un instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas
que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento,
tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el
mantenimiento de unas condiciones de vida digna.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LA PENSION-Se
predica del derecho en sí pero no de las prestaciones periódicas o mesadas no
cobradas
El
derecho a la pensión es imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales
pueden extinguirse si no son reclamadas en los plazos señalados por la ley. De manera que el
afectado tiene derecho a reclamar lo debido en cualquier tiempo, puesto que los
derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por simples decisiones de las
instituciones administradoras de pensiones, derechos que por lo demás son
irrenunciables e imprescriptibles.
PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD,
IRRENUNCIABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Si la entidad
encargada realiza una incorrecta liquidación de la pensión, el afectado tiene
derecho a la reliquidación pensional en cualquier tiempo
DERECHO
A LA RELIQUIDACION DE PENSION-Jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se desconoció el precedente judicial por
cuanto las decisiones cuestionadas adoptaron el precedente
fijado por la Corte Suprema de Justicia en relación con la prescripción o
imprescriptibilidad de la reliquidación pensional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente
constitucional, específicamente en relación con la prescripción de la acción
para solicitar la reliquidación pensional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden de emitir
un nuevo fallo en el que se aplique el precedente de la Corte Constitucional en relación con las solicitudes de reliquidación
pensional que se presenten en cualquier tiempo, y aplicar la prescripción sólo
a las mesadas pensionales
Referencia: Expediente T-4431479
Demandante: Martha
Cancino Bermúdez
Demandados: Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del Tribunal Superior de
Santa Marta y Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá
D.C. tres  (3) de septiembre  de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591
de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión
del  fallo de tutela emitido, en segunda instancia, por el  Consejo Superior de
la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en el trámite de la acción de
amparo constitucional promovida por la señora Martha Cancino Bermúdez contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la  Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta y  el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Solicitó la
demandante  la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social,
al debido proceso y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por
las autoridades judiciales demandadas, al haber ordenado la prescripción  de su
derecho a reliquidar la pensión de jubilación.
1.    Reseña fáctica y
fundamentos de la demanda
El escrito de
la  demanda
de tutela en los precisos  términos relatados por la accionante,  son los
siguientes:
-Señala  la señora Martha  Cancino Bermúdez,
que el  Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 5 de
octubre de 2004, declaró la prescripción de su derecho a la reliquidación de su
pensión porque presentó la demanda ordinaria más de tres años después de la
fecha en que el Banco de la Republica le reconoció la mencionada prestación.
-Contra la sentencia del Juzgado 3°
Laboral del Circuito de Bogotá la peticionaria interpuso el recurso de
apelación, que conoció el Tribunal Superior de Santa Marta en Descongestión.
-El Tribunal Superior de Santa Marta, mediante providencia del 22 de marzo de 2007,
también declaró la prescripción del derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación de la accionante y confirmó la sentencia de primera instancia. Contra
la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta, la peticionaria  interpuso recurso
de casación.
-La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia,  mediante providencia de 16 de octubre de 2013, que
notificó por edicto del 5 de noviembre de ese año, consideró también prescrito su
derecho a la reliquidación pensional y no casó la sentencia del Tribunal
Superior de Santa Marta. De la decisión adoptada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema,  la accionante destaca que 3 de sus integrantes  presentaron
salvamento de voto a la decisión mayoritaria.
-Indica que conforme al artículo 48 de
la Constitución Política,  el derecho a la pensión de jubilación es
imprescriptible y solo prescriben las mesadas pensionales que no hayan sido
cobradas oportunamente.  Igualmente, por mandato constitucional es
imprescriptible el derecho a reclamar la reliquidación de las pensiones cuando
no se han tenido en cuenta todos los factores que integran la base para su
liquidación. Señala que el carácter imprescriptible del derecho a la
reliquidación de la pensión, ha sido reiterado por la Corte Constitucional en
sentencia  T-762 de 7 de octubre de 2011 cuando dispuso “...De manera que si
la Entidad encargada del reconocimiento de una pensión realiza una incorrecta
liquidación de la mesada, el afectado tiene derecho a reclamar lo debido en
cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos
por simples decisiones de las empresas administradoras de pensiones, derechos
que por lo demás son irrenunciables e imprescriptibles.”
-Recuerda
la accionante que  la Sala de Casación Laboral, por más de 60 años, también
mantuvo invariable su jurisprudencia según la cual, los derechos a la pensión
de jubilación y a su reliquidación son imprescriptibles y sólo prescriben las
mesadas o reajustes que no hayan sido reclamados tres años después de su
causación. Anota sin embargo,  que  “el Juzgado 3° Laboral en primer lugar,
luego el Tribunal de Santa Marta, y finalmente la precaria mayoría de los
integrantes de la Sala de Casación Laboral, al declarar la prescripción del
derecho a que se me reliquidara la pensión incluyendo todos los factores que
integran la base para su liquidación, violaron ostensiblemente mi derecho
fundamental a la Seguridad Social”.
-Al rebelarse contra la interpretación
fijada por la Corte Constitucional sobre el contenido y alcance de los
preceptos de la Constitución, aduce la actora, que  “las autoridades
accionadas violaron directamente la Constitución, su derecho fundamental al
debido proceso y a la igualdad, pues desconocieron los precedentes de la propia
Sala de Casación Laboral, cuya jurisprudencia mantuvo invariable por más de 60
años, con fundamento en la cual ya había decidido antes casos idénticos de otros
pensionados del Banco de la República, donde declaró imprescriptible el derecho
a la reliquidación de la pensión de jubilación”.
-Insiste la accionante en que “si
fuera cierto -que no lo es- que las normas que regulan la prescripción de la
pensión admiten dos interpretaciones, una la que mantuvo invariable por más de
60 años la Corte Suprema y que ha reiterado la H. Corte Constitucional, y otra
la “nueva” que se aplicó para resolver mi proceso, los jueces laborales
ordinarios de instancia y la Sala de Casación Laboral estaban obligados a
acoger la interpretación más favorable al trabajador por mandato del artículo
53 de la Constitución. Así lo resaltaron los 3 Magistrados de la Sala de
Casación Laboral que salvaron el voto a la sentencia que finalmente decidió mi
proceso.”
-Considera
que en tanto la prima de vacaciones constituye salario dado su evidente
carácter de remuneración del servicio, debió haberse incluido como factor salarial
para el cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación y solo debió
aplicarse la prescripción a las mesadas que se hubieren causado con más de tres
años de anterioridad a la fecha en que se interrumpió la prescripción con la
reclamación para agotar la vía gubernativa.
-Finalmente, sostiene que las  sentencias
proferidas por el Tribunal Superior de Santa Marta y por la Sala de Casación
Laboral  de la Corte Suprema le   han causado  perjuicios irremediables al
condenarla, de por vida, a recibir una pensión disminuida e incompleta,
transgrediendo sus  derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad,
al debido proceso, a la aplicación de la interpretación más favorable al
trabajador  y a la protección de las personas de la tercera edad, “situación
que no puede ser corregida o enmendada por medio distinto al de la jurisdicción
constitucional”.
2. Solicitud de la tutela
Solicita la demandante que se le ordene
al Juez Tercero Laboral del Circuito de Bogotá dictar una nueva sentencia en
primera instancia, de acuerdo con los precedentes fijados por la  Corte
Constitucional sobre la imprescriptibilidad de los factores que integran la
base para la liquidación de las pensiones de jubilación.
3. Pruebas allegadas a la demanda de
tutela
Se anexaron a la presente solicitud de
tutela los siguientes documentos que se consideran relevantes para la solución
de este caso:
-Copia de la sentencia T-762 de 7 de
octubre de 2011 de la H. Corte Constitucional.
-Copia de la demanda presentada contra
el Banco de la República, solicitando la reliquidación de la pensión de
jubilación.
-Copia de la sentencia dictada por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá el 5 de octubre de 2004 en el
juicio laboral adelantado contra el Banco de la República.
-Copia de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2007 por la Sala de Casación
Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta en el juicio laboral que adelantó
la accionante  contra el Banco de la República.
- Copia de la demanda de casación presentada contra la sentencia proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta de 22 de marzo de 2007.
- Copia de la sentencia proferida en el mismo proceso por la Sala Laboral de la
Corte Suprema el 16 de octubre de  2013, notificada mediante Edicto del 5 de
noviembre del presente año radicado bajo el N° 35547.
- Copia del Salvamento de voto proferido por el H. Magistrado de la Sala de
Casación Laboral en mi proceso radicado bajo el N° 35547, y de la Aclaración
del voto proferido por el mismo Magistrado en el proceso N° 40.008
-Copia de la sentencia proferida el 22 de mayo de 2013 en el proceso ordinario
laboral adelantado por Dora Cadavid Sánchez contra el Banco de la Republica
(Rad 37416).
-Copia de la sentencia de tutela proferida el 22 de septiembre de
2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
- Copia de la sentencia de tutela
proferida el 6 de junio de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
4. Oposición a la demanda
1.
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, como una de las autoridades judiciales  cuya sentencia se
ataca en esta tutela,  intervino ante el juez de primera instancia solicitando  el
rechazo de la misma, por las siguientes razones:
De acuerdo con el artículo 235 C.P. el
conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia. Por lo tanto, ningún otro órgano ni corporación de
justicia puede “actuar como tribunal de casación” ni producir decisiones
en ese campo.
Como máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria, la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y por lo tanto, sus
decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna
autoridad. No es entonces jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial
pretenda imponerle a la Corte Suprema un criterio interpretativo contrario a su
jurisprudencia.
Indicaron que la Sala  Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, carecía de
competencia para conocer de una acción de tutela instaurada contra la Corte
Suprema de Justicia. Señalaron igualmente, que “la Corte Constitucional
carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencia a
otros funcionarios judiciales por tratarse de una facultad exclusiva del ordenamiento
jurídico”.
2.    Banco
de la República
El Director del Departamento Jurídico
del Banco de la República intervino en la presente tutela para manifestar, que
las decisiones cuestionadas  no adolecen de defectos procedimentales ni
fácticos que   configuren una vía de hecho. Agrega, que la Corte Suprema de
Justicia, al resolver el recurso de casación interpuesto por la parte
demandante, actuó en ejercicio de su función constitucional que le permite
fijar jurisprudencia y,   en este caso, justificó un cambio de jurisprudencia
que se había producido desde el 2005, en relación con la prescripción de los
factores salariales que integran  la base de liquidación pensional.
Recordó esta intervención, que para la
Corte Suprema de Justicia no prescribe el derecho a la pensión, pero sí la
posibilidad de discutir indefinidamente la naturaleza de los pagos efectuados
durante la vigencia de la relación laboral, posibilidad que no puede
pretenderse vitalicia por el hecho de buscar la incidencia de tales pagos en el
monto de la pensión reconocida años atrás.
5. Sentencias objeto de revisión
1. Primera instancia. Consejo Seccional
de la Judicatura
Mediante sentencia del 7 de marzo de
2014, el Consejo Seccional de la Judicatura solicita negar la tutela impetrada
por las razones que a continuación se  exponen:
-En las decisiones atacadas se aplicó la
jurisprudencia que mantiene la  Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia desde que profirió sentencia dentro del  expediente radicado con el
número 21231 del 18 de febrero de 2004 que versa sobre la prescripción de
derechos laborales.
-De esa manera, tanto el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá, como  la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Santa Marta dieron aplicación al precedente vertical que,
en materia laboral, previamente  estableció la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
-En consecuencia, las autoridades
accionadas, no vulneraron a la accionante ningún derecho fundamental, “puesto
que por una parte se respetó el precedente jurisprudencial y de otra, se
mantuvo incólume la seguridad jurídica que debe gobernar en las decisiones
judiciales dentro de la jurisdicción ordinaria laboral”.
2.  Impugnación
al fallo de primera instancia
Mediante escrito de 19 de marzo de 2014,[1]
la peticionaria impugnó la decisión de primera instancia refrendando los
argumentos de su demanda  y sosteniendo que “los jueces ordinarios en el
proceso laboral, al apartarse de la doctrina fijada por la Corte Constitucional
sobre la imprescriptibilidad de los factores salariales que integran la base
para la liquidación de las pensiones, violaron ostensiblemente mi derecho
constitucional a la igualdad y nada puede haber más ofensivo al derecho, que la
violación por el propio Estado de la igualdad que está obligado a garantizarle
a su nacionales. Y cuando en nombre y como funcionarios del Estado los jueces
profieren a sabiendas sentencias no sólo diferentes sino opuestas, para
negarles a unos lo que le conceden a otros, violan conscientemente esa igualdad
que están obligados a garantizar y le irrogan al derecho una ofensa  mayor”.
3. Sentencia de segunda instancia.
Consejo Superior de la Judicatura.
La sentencia de 9 de abril de 2014
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura,  confirma la decisión de
primer grado  luego de sostener, que las decisiones cuestionadas están sujetas
a derecho y aplicaron el precedente vertical, que en materia laboral tiene
establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en una
línea jurisprudencial que ha venido empleando desde la sentencia de 15 de julio
de 2003. Por tanto,  a juicio de esta instancia, en el sub lite no se
aprecia vulneración de derechos fundamentales de la accionante, ni se advierte
que la decisión impugnada resulte arbitraria o caprichosa.
II-CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral
9º) de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y 54A del Reglamento Interno de la Corporación.
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
La
accionante presentó acción de tutela contra providencias judiciales proferidas
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá,  la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta y la Sala de Casación Laboral  de la Corte Suprema de
Justicia,  que presuntamente violaron sus derechos fundamentales al debido
proceso, protección a la tercera edad y aplicación de la norma más favorable al
trabajador, al desconocer el precedente  trazado por la Corte Constitucional en
la sentencia T-762 de 2011 relativo a la imprescriptibilidad  del derecho a la
reliquidación de la pensión de jubilación .
Corresponde
entonces a la Corte determinar (i) si las providencias objeto de revisión
incurrieron en una causal específica de procedibilidad por violación directa a
la Constitución y  por defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento
del precedente judicial, al fallar a favor de la prescripción  del derecho a la
reliquidación pensional incluidos los factores salariales. Concretamente deberá
estudiar la Sala si también son imprescriptibles los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación y  si procede su
reliquidación en cualquier tiempo.
Para
dar respuesta a esta pregunta, la Sala se referirá a i) la jurisprudencia de
esta Corporación sobre las causales genéricas y específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) las  causales de
procedibilidad por violación directa a la Constitución y por   desconocimiento
del precedente constitucional, específicamente en relación con la
imprescriptibilidad en materia pensional y (iii) se realizará un análisis del
caso concreto reiterando la sentencia SU 298 de 2015 proferida por la Sala
Plena de esta Corporación, en un caso de iguales supuestos y en el que la
reclamación constitucional apuntaba igualmente a un amparo del derecho a la
igualdad y del debido proceso.
3.
Causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
El
artículo  86 C.P. dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial
preferente y sumario diseñado para la protección de los derechos fundamentales
cuando no se cuenta con alguna otra vía judicial de defensa, o cuando
existiendo ésta, se acuda a ella como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
De
acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación[2],
en principio, la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales
por tener un carácter residual y subsidiario[3].  Sin
embargo, de manera excepcional, cuando concurren todas las causales genéricas y
por lo menos una de las específicas de procedibilidad, el amparo resulta
procedente con el fin de recobrar la vigencia del orden jurídico y el ejercicio
pleno de los derechos fundamentales afectados.
En Sentencia C-590 de 2005 se sistematizaron las causales
genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, las cuales deben ser verificadas por el juez de amparo y en ésta
quedaron consignadas de la siguiente manera:
(i)
Que el asunto que se
discuta implique una evidente relevancia constitucional que afecte derechos
fundamentales de las partes, exigencia que busca evitar que la acción de tutela
se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4].
(ii)
Que se hayan agotado
todos los medios de defensa judicial ordinarios o extraordinarios excepto
cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental  irremediable[5].
(iii)
Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe interponerse en
un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración[6].
Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
(iv)
Si lo que se alega es
la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la misma
tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta los
derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba
ilícita obtenida con violación de esos derechos[7].
(v)
Que el demandante
identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si
ello hubiese sido posible[8].
(vi)
Que no se trate de
fallos de tutela[9],
de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de
los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
4.- Una vez establecido el cumplimiento
de los anteriores requisitos, el juez de tutela solo podrá conceder el amparo
cuando halle probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos
de las que han sido llamadas causales específicas de procedibilidad
de la tutela contra sentencias[10], a
saber:
(i) Defecto orgánico, que tiene lugar
cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de competencia para ello.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que
tiene lugar cuando el juez ha actuado al margen del procedimiento establecido.
(iii) Defecto material o sustantivo, que
se origina cuando las  decisiones son proferidas con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
(iv) Error inducido, que se presenta
cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese
engaño lo ha llevado a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
(v) Decisión sin motivación, que tiene
lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la
legitimidad de sus providencias.
(vi) Desconocimiento del precedente, que
se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
(vii) Violación directa de la
Constitución.
En
suma, la acción de tutela  como mecanismo de protección inmediata de los
derechos fundamentales, procede excepcionalmente para controvertir el sentido y
alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad, (ii) se advierta que la
providencia cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas, y
(iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que
conlleva la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales.
La
Corte Constitucional ha desarrollado esta jurisprudencia en numerosos casos[11]
y, específicamente
respecto del defecto sustantivo en una decisión judicial, esta
Corporación ha sostenido que se configura cuando la actuación controvertida se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[12]
ya sea porque[13]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley (por
haber sido derogada o declarada inexequible), (b) es inconstitucional,[14]
(c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso.[15]
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la
norma[16]
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de
sentencias de la Corte  Constitucional con efectos erga omnes, o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación  claramente
contraria a la Constitución.[17]
Igualmente, se considera defecto
sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas
determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación[18]
que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente
judicial[19]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente;[20]
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[21]
4. Desconocimiento
del precedente constitucional como causal    autónoma
Ha dispuesto la
jurisprudencia que este defecto se predica  exclusivamente de los precedentes
fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia.[22] Se presenta
generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o
señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez
ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta
de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[23]
u otros mandatos de orden superior.
La supremacía
del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución
Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar
la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional[24].
En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como
en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la
controversia.[25]
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente
falta de coherencia  y de conexión concreta con la Constitución, que
finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la
Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[26]
La Corte
Constitucional en la sentencia T-656 de 2011 sostuvo lo siguiente[27]:
“(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se hace
más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en
que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro
del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan
su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No
entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía
constitucional”.
La sentencia T-351
de 2011 señaló que la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, la obligación de su
acatamiento (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución
como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete
autorizado de la Carta[28],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales
por razones de igualdad.
En punto a las  sentencias
de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la
jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa
juzgada constitucional. Así, cualquier norma que se declare inconstitucional
por la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico
y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio
decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucional
–bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas
las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
Para las
sentencia dictadas en sede de control concreto de constitucionalidad, el
respeto de su ratio decidendi es necesario no solo para lograr la
concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de
confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con
decisiones o actuaciones imprevistas- sino para garantizar los mandatos
constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su
intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y alcance que se le dé
a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de tutela deben
prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales,
incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[29]
Se aclara  en el caso de las sentencias de control de unificación de tutela  y
control  abstracto de constitucionalidad  proferidas por la Corte
Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un precedente, “debido
a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho
fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con
la Constitución Política[30]”.[31]
En este orden de ideas, el precedente constitucional es
susceptible de desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de
constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de
un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de
exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela[32].
De conformidad
con lo expuesto, y con independencia del tipo de defecto en el que se
clasifique –como defecto autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el
desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de
las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio
de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace
procedente en muchos casos la acción de tutela contra providencias judiciales.
5. Carácter imprescriptible del derecho a la pensión
de jubilación
En materia pensional la Corte ha sentado un amplio
precedente jurisprudencial respecto de la no prescripción del derecho a
reclamar prestaciones pensionales. En este sentido, esta Corporación ha
reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la pensión[33], derivado directamente del artículo 48 de la
Constitución Política. Por lo anterior, esta Corporación ha precisado, en
reiterada jurisprudencia, que el derecho  a la seguridad social es
imprescriptible, con base en el citado precepto constitucional. Por su parte,
el artículo 53 superior dispone, con respecto a las pensiones, que corresponde
al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
estas prestaciones.
Para
la Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión surge de
principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe
regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial
protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de
salud y ausencia de alguna fuente de sustento, tienen mayor dificultad para
subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de unas condiciones de
vida digna[34].
En
este sentido, la  Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-198 de
1999 concluyó que la ley no puede consagrar la prescripción del derecho a la
pensión como tal, aunque sí puede establecer un término temporal para la
reclamación de las distintas mesadas, es decir, solo se podrá consagrar la
prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un
derecho constitucional, cuando dicho término sea proporcionado y no afecte el
contenido esencial mismo.
La
regla jurisprudencial se concreta entonces en que el derecho a la pensión es
imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales pueden extinguirse si no
son reclamadas en los plazos señalados por la ley. De manera que
el afectado tiene derecho a reclamar lo debido en cualquier tiempo, puesto que
los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por simples decisiones de
las instituciones administradoras de pensiones, derechos que por lo demás son
irrenunciables e imprescriptibles.
La
Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, en las sentencias
C-230 de 1998 y C-624 de 2006,[35]
y en sede de control concreto, en las sentencias SU-430 de 1998 y T-274 de
2007,[36]
ha mantenido una posición uniforme en cuanto a considerar el derecho a la
pensión como un derecho imprescriptible.
En este sentido, en sentencia C-230 de
1998, la Corte desarrolló el carácter imprescriptible del derecho a la
seguridad social, al declarar inexequible el parágrafo 2° del artículo 2° de la ley 116 de 1928[37].
La disposición demandada establecía lo siguiente:
“Parágrafo. El derecho a solicitar pensiones
prescribe a los treinta años.”[38]
El
argumento de la Corte para declarar la inexequibilidad fue el siguiente:
“Así
las cosas, la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten
una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de
derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad
jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y
valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la
sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera
edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho
irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando
a su vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de
un orden económico y social justo, dentro de un Estado social de derecho;
consideraciones que hacen inexequible la disposición demandada, salvo para lo
relacionado con la denominada “pensión gracia” de que tratan las disposiciones
legales pertinentes, que se conceden por razones diferentes al tiempo de
servicio, edad del trabajador o incapacidad para laborar”.
Igualmente,
así lo ha expuesto esta Corporación en la
Sentencia SU-430 de 1998:
“Se
trata de un derecho adquirido por el trabajador; aquel que se causa a favor de
la persona que ha reunido los requisitos elementales para acceder a la pensión
de vejez, luego de haber realizado un "ahorro forzoso" durante gran
parte de su vida, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal
prestación, con el único fin de llegar a la tercera edad y vivir dignamente,
acorde con su esfuerzo laboral pasado. Esta prestación no es gratuita ni menos
una dádiva que generosamente da una entidad administradora, se trata de un
verdadero derecho adquirido que protege la Constitución Política para que
cuando el ser humano llegue a la edad de jubilación exigida por la ley, pueda
descansar y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades de su
familia. Por tanto, cuando los requisitos de edad, tiempo de servicio, o
semanas cotizadas han pasado de simples expectativas a verdaderos derechos, no
pueden ser desconocidos por normas posteriores o por simples decisiones
emanadas de las empresas administradoras de pensiones, porque se desconocerían
los derechos que ostentan los extrabajadores que han llegado a reunir los
requisitos descritos, los cuales son imprescriptibles.”
En
conclusión, la
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o  mesadas que él implica y que
no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de
prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social[39].
En punto  a la prescripción
de los factores salariales que hacen parte del cómputo de la pensión, tema
que  define  y reitera  esta tutela, la Corte en dos ocasiones  muy precisas se
ha referido a la imperiosidad de que las pensiones puedan liquidarse de manera
completa y justa en cualquier tiempo y bajo el régimen que les sea aplicable.  A
la pregunta de si son objeto de prescripción los factores salariales de liquidación
que inciden en la cuantificación del derecho a la pensión, ha respondido la
jurisprudencia señalando que si las entidades de seguridad social  no realizan
correctamente la liquidación de la mesada o lo hacen de manera precaria
afectando los intereses del trabajador pensionado, la persona tiene el derecho a
reclamar en cualquier tiempo, porque se trata de  “derechos adquiridos  que
no pueden ser desconocidos por simples decisiones de las empresas
administradoras de pensiones, derechos que por lo demás son irrenunciables e
imprescriptibles” [40].
En
efecto[41],
la sentencia T-762 de 2011 estudió la tutela presentada por el señor Raúl
Bernal Villegas contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín. El accionante reclamaba la reliquidación de su pensión para que el
nuevo cálculo se efectuara teniendo en cuenta otra norma que consideraba
aplicable. En el año 2001 Cajanal le reconoció su pensión, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 2005 el actor solicitó
que para definir la cuantía de su pensión se tuviera en cuenta el artículo 6
del Decreto 546 de 1971. Dado que no recibió respuesta de Cajanal, interpuso
demanda ordinaria laboral el 21 de abril de 2005. En 2007, un día antes del
fallo de primera instancia recibió respuesta de la entidad, la cual aseguraba
que no era posible aplicarle el régimen solicitado porque éste tenía como
destinatarios únicamente a quienes adquirieron el estatus de pensionados antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
En
primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín
consideró que la prestación no estaba afectada totalmente por la prescripción,
sino que declaró probada tal excepción respecto a las mesadas causadas antes de
los tres últimos años. Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín revocó la decisión y declaró probada la excepción de prescripción
porque consideró que el actor disponía de tres años para reclamar la
reliquidación de su pensión, pero actuó después de dicho término. El accionante
interpuso recurso de casación, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia
decidió no casar el fallo, en concordancia con el precedente de esa Corporación
(15 de julio de 2003 Rad. 19557) según el cual el derecho a la pensión es
imprescriptible, pero los derechos crediticos se extinguen si no son reclamados
en tres años.
El
accionante presentó tutela contra las decisiones que negaron sus pretensiones y
fue resuelta desfavorablemente. La Sala de Revisión constató que la línea
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia indica que después de tres años
no pueden hacerse este tipo reclamaciones, no obstante, consideró que esa tesis
desconoce la jurisprudencia constitucional sobre los principios de
favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos a la
seguridad social de los pensionados que tienen derecho a que se les aplique el
régimen legal.
La Sala precisó una
regla jurisprudencial que expuso así: “[S]í (sic) una
entidad encargada del reconocimiento de una pensión vulnera el derecho
fundamental a la correcta liquidación de la misma, el afectado no puede
renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no resulta razonable ni
proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción para hacer efectivo
su goce.”[42]
En consecuencia, decidió revocar las
sentencias de tutela y dejar sin efectos las decisiones proferidas por los
jueces del proceso ordinario. Además, ordenó a Cajanal efectuar la
reliquidación conforme a las reglas establecidas en las sentencias.
Lo propio sucedió en la sentencia
T-456 de 2013. La Corte estudió una tutela presentada por el señor Jesús
María Restrepo Gutiérrez contra el Instituto de Seguros Sociales –ISS-. En los
hechos se expuso, que,
en 1996, el ISS  le reconoció  la pensión de jubilación al accionante quien en
2001  solicitó la reliquidación de la misma.[43]  Después de agotar la
vía gubernativa, el señor Restrepo presentó demanda laboral para obtener la
nueva liquidación pensional, pero el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Medellín declaró probada la excepción de prescripción porque la solicitud se
elevó después de tres años de habérsele reconocido la pensión. La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo y  el accionante debió
presentar tutela buscando protección de  sus derechos a la igualdad, a la
seguridad social, y a recibir una pensión digna y justa. Las dos instancias en
sede de tutela negaron el amparo. En el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional se revisó la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia que sostiene que el derecho a reclamar la reliquidación prescribe en
tres años, y se  advirtió que esa postura desconoce la jurisprudencia
constitucional sobre el carácter de los derechos a la seguridad social. La
sentencia concluyó:
“la posición jurídica asumida tanto por los jueces de
instancias como por los jueces de tutela, y en su caso por el mismo ISS, en
cuanto a que operó la prescripción de la acción para reclamar la reliquidación
pensional anotada, desconocen abiertamente la jurisprudencia constitucional
fijada por esta Corporación en múltiples oportunidades, según la cual, y en aplicación de los
principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que
se predican de todos los derechos de la seguridad social, las personas a
quienes se les ha reconocido una pensión tienen derecho a que dicha prestación
les sea adecuadamente liquidada según el régimen legal que les sea aplicable.”[44]
En consecuencia, se consideró por parte de la Sala de
Revisión que el  derecho a obtener la pensión es subjetivo, exigible y
justiciable. En atención a ello, se  confirmó la regla de la sentencia T-762 de
2011 según la cual, ante una incorrecta liquidación pensional, resulta
desproporcionado imponer un plazo específico para la reclamación porque el
accionado no puede renunciar a solicitar que se le pague de la forma correcta. La Sala entendió
que la negativa a la solicitud de  reliquidación desconoce los principios de
imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad y es contrario a “la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta
Corporación, con lo cual se estaría desconociendo el derecho al debido
proceso.”[45]
No obstante, aclaró, que la no aplicación de la prescripción para el derecho a
reclamar el nuevo cálculo de la pensión no afecta la prescripción de la que sí
son objeto las mesadas dejadas de percibir y no reclamadas después de tres
años, por ello indicó  que “la materialización de este derecho pensional,
representado en las mesadas pensionales sí tiene un término de prescripción de
tres (3) años para su cobro o reclamación.”[46]
Significa, que los mencionados precedentes de la jurisdicción
constitucional  han
dejado sin efecto decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral cuando  han
declarado la prescripción de la acción a través de la cual se solicita la
reliquidación pensional.
6. Examen de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales en el caso concreto
Cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad
a.
Relevancia constitucional.
Encuentra
la Sala que en el presente caso se discuten cuestiones de indudable relevancia
constitucional, toda vez que se persigue la protección eficiente de los
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la
seguridad social y al debido proceso de una  persona perteneciente a un grupo
de especial protección, como son los adultos mayores, presuntamente
transgredidos como consecuencia de decisiones judiciales que han cobrado
firmeza.
b.
Que se hayan agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados,
ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela.
Es
evidente que  dentro del proceso ordinario laboral, la demandante desplegó
todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales, pues contra la sentencia de primera instancia proferida
por  el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá instauró el recurso de
apelación pertinente, el cual fue tramitado y
resuelto mediante sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Igualmente interpuso recurso de Casación
ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no
consiguiendo casar la sentencia del Tribunal.
c.
Requisito de inmediatez
El
establecimiento de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción de tutela,
según lo que ha sostenido la jurisprudencia, de esta Corte es inconstitucional,
pues no puede ponerse término a la protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, también ha señalado esta Corporación  que la acción de tutela debe
interponerse dentro de un plazo razonable[47].
En
este caso, la sentencia que se controvierte fue proferida el 16 de octubre de
2013, notificada por edicto el  cinco (5)  de noviembre del mismo año y  la
acción de tutela se interpuso el veinte (20) de febrero de 2014, es decir,
aproximadamente 3 meses después del fallo. Así, considera la Sala que el tiempo
transcurrido entre la sentencia  que presuntamente vulnera los derechos
fundamentales de la peticionaria  y la interposición de la tutela se ajusta al
concepto de plazo razonable.
d.
Que, en caso de tratarse de un problema procedimental, se haya alegado dentro
del proceso ordinario.
Considera
la Sala que la peticionaria  identificó claramente los hechos que, a su juicio,
generaron la vulneración alegada  y los derechos fundamentales presuntamente
infringidos, aspectos que fueron abordados en el trámite de los procesos
ordinarios laborales respectivamente; por lo tanto, se entiende cumplido este
requisito.
f. Que
el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
Los
fallos controvertidos son sentencias dictadas en de un proceso ordinario
laboral, luego, al no  tratarse de sentencias de tutela, este requisito se
encuentra acreditado.
7.
CASO CONCRETO
1.
Resumen detallado de los hechos del caso y de las pruebas allegadas al proceso
La accionante
fue trabajadora del Banco de la República, entidad que le reconoció la pensión
de jubilación con anterioridad  al 31 de diciembre de 1987. Junto con otros
trabajadores, demandó al Banco  de la República para que se le
condenara al reajuste o reliquidación de la pensión inicial que disfrutaba
mediante la inclusión del valor devengado por concepto de prima de vacaciones
durante el último año de servicios, como también al reajuste de dicha pensión
para los años 1988 y siguientes, conforme a las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y
100 de 1994; solicitó  igualmente el reconocimiento de los intereses moratorios
sobre el monto de los reajustes de mesadas adeudadas, más las costas del
proceso.
Fundamentó
sus pretensiones ante el juez ordinario de la siguiente manera:  el Banco de la
República comenzó a pagarle la pensión con anterioridad al 31 de diciembre de
1987; durante su vinculación con esa entidad,  devengó primas convencionales de
vacaciones que en el último año de servicios ascendieron a cuatro décadas de
sueldo mensual más una suma fija; el Banco, no obstante ser una entidad de
derecho público, ha sostenido que los reajustes pensionales a su cargo se
regulan por el régimen del sector privado; la empleadora, para liquidar el
valor inicial de la pensión de jubilación, no tuvo en cuenta, como factor
salarial, lo devengado por el aludido concepto y por lo tanto, al haberse
tasado esa pensión inicial con un valor inferior al que realmente correspondía,
el Banco la incrementó en proporciones inferiores  para los años subsiguientes.
El
Banco de la República admitió el reconocimiento de la pensión de la accionante
con anterioridad  al 31 de diciembre de 1987; alegó que la prima de vacaciones
era una prestación sin carácter salarial y se opuso a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda;  propuso las excepciones de fondo de prescripción,
inexistencia de las obligaciones demandadas, compensación, cosa juzgada, cobro
de lo no debido y carencia del derecho.
Las
sentencias dictadas por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta y  el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá  estimaron
que el derecho al reajuste de la pensión de la accionante con la inclusión de
factores salariales que sirven de base a la liquidación de su pensión, se
extinguió por el fenómeno de la prescripción.
La
accionante interpuso acción de tutela contra las mencionadas decisiones
aduciendo  que en tanto la prima de vacaciones constituye salario, dado su
evidente carácter de remuneración del servicio, debió haberse incluido como
factor salarial para el cómputo de la base reguladora de la pensión de
jubilación  y solo debió aplicarse la prescripción, a las mesadas que se
hubieren causado con más de tres años de anterioridad a la fecha en que se
interrumpió la prescripción, con la reclamación que se presentó para agotar vía
gubernativa. Indicó que así como la pensión de jubilación es imprescriptible,
los factores salariales que deben tenerse en cuenta para su liquidación no se
extinguen por el transcurso del tiempo.
Señala
que esta doctrina sobre el contenido de las normas que regulan la prescripción
en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, en cuanto a la pensión de jubilación, había sido mantenida de
manera invariable por la H. Corte Suprema de Justicia y, antes, por el Tribunal
Supremo del Trabajo. Que algunas de las más recientes sentencias de casación
que reiteraron esa interpretación fueron las de 23 de julio de 1998 (Rad.
10.784), 26 de mayo de 2000 (Rad. 13.475) y 26 de septiembre de 2000 (Rad.
14.184). Añade que esa misma doctrina sobre imprescriptibilidad de los factores
salariales para efectos de la liquidación de la pensión inicial de jubilación
ha sido también reiterada por el  Consejo de Estado y por la Corte
Constitucional.
Indicó,
sin embargo, que las sentencias contentivas de causales de procedibilidad de la
acción de tutela y que ahora  demanda, consideran que el derecho al cómputo de
los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de
jubilación prescribe dentro del mismo término.  Por esa razón, acusa a las
sentencias dictadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y  el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá, de violar su derecho al debido proceso e igualdad  pues,
en su criterio,  si la interpretación de las normas reguladoras de la
prescripción  por más de sesenta años se mantuvo favorable a la
imprescriptibilidad, tanto de la pensión en sí misma, como de los factores
salariales para su liquidación, tal interpretación era oponible a una nueva y
desfavorable que considerara prescriptibles tales factores; estimó la
demandante que  la Corte Suprema no podía sustraerse al imperativo
constitucional que la obligaba a acoger, para la resolución del caso que
decidía, la interpretación más favorable a un pensionado.
2.    Consideraciones
de la Corte
La
doctrina constitucional consignada en este fallo, se aplica al caso concreto
tras señalar,  de manera general, que respecto de la prescripción del derecho a
reclamar prestaciones pensionales, debe reiterarse  el carácter irrenunciable e
imprescriptible del derecho a la pensión[48]. En punto al tema que se
debate  la jurisprudencia sostiene que[49] cuando el
pensionado  reúne los requisitos establecidos legalmente  para obtener el
derecho a la pensión conforme a un régimen en particular, ésta situación
concreta no puede ser desconocida, pues, ajustada su situación al marco
establecido por la ley, se “configura un auténtico derecho subjetivo
exigible y justiciable”[50].
En este supuesto, si la liquidación pensional realizada por la entidad
encargada se hace de manera incorrecta, el titular de ese derecho subjetivo
está facultado para reclamar tal derecho en cualquier tiempo, puesto que los
derechos adquiridos, en tanto derechos irrenunciables e imprescriptibles, no
pueden ser desconocidos por simples decisiones de las entidades responsables de
reconocer y administrar las pensiones.[51]
Lo que implica  que si una entidad encargada del reconocimiento de una pensión
vulnera el derecho fundamental a la correcta liquidación de la misma, el
afectado no puede renunciar a reclamar lo debido, y, por tanto, no resulta
razonable ni proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción para
hacer efectivo su goce.
Como
se  anunció al abordar el problema jurídico, dos son los ejes temáticos a
resolver: (i) la posible ocurrencia de causales de procedibilidad de la acción
de tutela referidas, o  a la violación directa de la Constitución,  o  a un
defecto sustantivo por violación  del precedente  constitucional  y (ii) la
aplicación de la figura de la  prescripción extintiva del reajuste de la
pensión de la accionante.
-La
Corte Constitucional ha establecido el desconocimiento del precedente aplicable
a un  caso específico,   como causal material de procedibilidad de la acción de
tutela, en razón a que hace parte del llamado  defecto sustantivo[52].
Así mismo, en las sentencias SU- 640 de 1998, T- 462 de 2003 y T- 292 de 2006
se ha señalado que el juez de igual jerarquía debe vincularse al precedente
horizontal y el juez de inferior jerarquía al precedente vertical en lo que atañe
a la ratio decidendi de una jurisprudencia anterior[53]. En estas providencias se indica que cuando una
instancia jurisdiccional quiera apartarse del precedente anterior, debe
justificar razonadamente su oposición[54].
La vinculación al precedente se relaciona con los principios de seguridad
jurídica e igualdad y con el deber que tienen los jueces de armonizar sus
decisiones, para no producir fallos contradictorios cuando se trate de decidir
sobre hechos similares. Por otra parte, en la sentencia T-1031 de 2001 esta
Corporación decidió que la acción de tutela procede contra una providencia
judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o
cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados”.
-En el presente caso se advierte, que tanto en las
decisiones judiciales proferidas en el proceso laboral como las dictadas en el
trámite de la presente acción de tutela, la prescripción de la acción laboral
ha sido el fundamento jurídico que sustenta  la negación de las  pretensiones
de la señora Martha Cancino para obtener la reliquidación pensional;  por su
parte, el argumento de la alegada prescripción de la acción judicial se basó en
la línea jurisprudencial que sobre la materia ha sostenido la Corte Suprema de
Justicia. Dicha Corporación ha señalado que la acción laboral tiene un término
de prescripción fijado en la ley, por lo que cuando se pretenda la
reliquidación de una pensión, dicha reclamación deberá ejercerse de manera
oportuna, pues, de lo contrario, ello conlleva la extinción del derecho a
solicitar la reliquidación del monto de la pensión.
La anterior doctrina  ha sido mantenida por la Corte
Suprema de Justicia, desde la sentencia del 15 de julio de 2003 en la que cual
se indicó que  el derecho a la pensión no prescribe, pero sí el valor de la
mesada  y las bases y factores sobre los que se calculó el monto o valor de la
pensión. Distingue la Corte Suprema  entre prestaciones imprescriptibles como
la relativa al derecho a la pensión, por ser de tracto sucesivo y de carácter
vitalicio, y los derechos crediticios surgidos de ésta, los cuales se pueden
extinguir por no haber sido ejercidos por su titular en el tiempo que para el
efecto concede la ley laboral. Al respecto sostuvo la Corte Suprema:
“En efecto,
importa recordar que la Corte, en sentencias como a las que alude el recurrente
y, más recientemente, entre otros fallos, los de 23 de julio de 1998
(Radicación 10784) --que remite a sentencias de 26 de mayo de 1986 (Radicación
0052) y de 6 de febrero de 1996 (Radicación 8188)--; y de 26 de septiembre de
2000 (Radicación 14184) --que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26
de mayo de 2000 (Radicación 13475)--, para citar apenas algunos ejemplos,
afirmó, en suma, ”la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo”
por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto
sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la
prescripción de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado
por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral;
y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se
percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el mismo término.
Ahora bien, que ciertos estados o, en mejores términos, “situaciones jurídicas”
como el estado civil de las personas, las derivadas de las relaciones de
familia, en materia laboral, el status de pensionado, etc., sean
imprescriptibles, no desconoce que los derechos crediticios surgidos de éstas o
de cualquiera otra clase de obligación correlativa sí lo son. Al punto, importa
recordar que las acciones surgidas de la relación de trabajo son de carácter
personal, que entrañan créditos de carácter económico, como los salarios y
prestaciones sociales, las cuales se pueden extinguir por no haber sido
ejercidas por su titular en el tiempo que para el efecto concede la ley
laboral.
Sin
que implique cambio de jurisprudencia --sobre la imprescriptibilidad del
derecho pensional en sí-- debe precisarse  que una cosa es el status o calidad
de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio
apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento --criterio
jurisprudencial que se reitera--; y otra, la de los factores económicos
relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base
salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la
forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes.
Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los
requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en
ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la
muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y
autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la
comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del
fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y
que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del trabajo.
Precisa
la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la
pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible
(Sentencia de 21 de octubre de 1985, Radicación 10.842), con los derechos
personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o
soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de
las citadas normas laborales.
No
aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del
trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido
el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por
constituir parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y
legal es que al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador
respecto de acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas
comportan se extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún
efecto jurídico, dado que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno
de las obligaciones naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.
[…]
Y
es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el
derecho a que este sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes
que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia
del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido este por
prescripción, no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.
Las
razones expuestas llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia -- en éste
aspecto puntual -- por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en
la ley, específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria
a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan
y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes,
saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían
a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de
los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.” [55]
-En
las decisiones demandadas en el presente caso, dictadas en el  proceso
ordinario laboral adelantado por la accionante, los jueces consideraron,
siguiendo la línea jurisprudencial reseñada, que debía reiterarse el precedente
que en esa materia tiene establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Particularmente, la doctrina de la  Corte Suprema reiterada
en los fallos objeto de tutela sostiene, que el derecho al reajuste de la
pensión de la accionante con la inclusión de factores salariales que sirven de
base a la liquidación de su pensión, se extinguió por el fenómeno de la
prescripción.
Así
las cosas, se advierte, que desde la interpretación llevada a cabo por las
sentencias enjuiciadas proferidas  por la Sala  de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y  el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá,  no existe violación del
precedente  judicial- horizontal  y  vertical- en tanto conciliaron sus
decisiones con la jurisprudencia sostenida para el momento por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, intérprete autorizado en esa
jurisdicción.
En
relación con los precedentes constitucionales proferidos por esta Corporación a
la luz del  principio de imprescriptibilidad de las pensiones,   las personas a
quienes se les ha reconocido una pensión tienen derecho a que dicha prestación
les sea adecuadamente liquidada y según el régimen legal que les sea aplicable[56]. Como ya
se expuso, dos sentencias proferidas por este Tribunal, unificadas
recientemente en la sentencia SU 298 de 2015,[57]
consagran la regla mencionada: la sentencia T-762
de 2011 cuando dispuso que“(… ) sí (sic) una
entidad encargada del reconocimiento de una pensión vulnera el derecho
fundamental a la correcta liquidación de la misma, el afectado no puede
renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no resulta razonable ni
proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción para hacer efectivo
su goce.” Y la sentencia T-456 de 2013 cuando  precisó  que: “al
materializarse dicho derecho subjetivo en una prestación inadecuadamente
liquidada, y negársele al beneficiario de la misma, la posibilidad de que ésta
se reajuste en los términos legales, implica de suyo el desconocimiento de los
principios constitucionales ya anotados y de paso contrariar la interpretación
jurisprudencial que ha hecho esta Corporación, con lo cual se
estaría desconociendo el derecho al debido proceso.”
-Desde
la obligatoriedad que suponen las sentencias dictadas por la Corte
Constitucional, la infracción constitucional en este caso se concentra únicamente
en la  sentencia de 16 de octubre de 2013, que en el proceso ordinario dictó la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en tanto debió tener
en cuenta que al momento de su fallo le era vinculante la jurisprudencia
constitucional prevista en la sentencia T- 456 de15 de julio de 2013. Al no
justificar su desestimación, terminó por ignorar el precedente constitucional
violando así el derecho al  debido proceso de la accionante.
No
se constata esta causal específica de desconocimiento del precedente en las
decisiones de primera y segunda instancia del proceso ordinario, pues se
produjeron con anterioridad a la expedición de las sentencias T-762 de 2011 y
T-456 del 15 de julio de 2013. Sin embargo, la posición jurídica asumida por el
Tribunal Superior de Santa Marta el  22 de marzo de
2007 y  por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el 5 de octubre
de 2004, por medio de la cual se declaró probada la excepción de prescripción
con respecto a la reclamación que elevó la demandante para que el Banco de la
República reajustara su pensión teniendo en cuenta un nuevo factor salarial en
la liquidación, incurrió
en la causal de procedibilidad referida a la violación directa de la
Constitución, por cuanto desconoció abiertamente el contenido esencial y la
interpretación que esta Corporación[58]
ha dado a  los  artículos 48 y 53 C.P. en punto a los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad e imprescriptibilidad predicable
del derecho a la pensión.
-
Como viene sosteniéndose en esta providencia respecto de la prescripción del
derecho a reclamar prestaciones pensionales, debe insistirse en   el carácter
irrenunciable e imprescriptible del derecho a la pensión[59], pues cuando
el pensionado[60]
reúne los requisitos establecidos legalmente  para obtener el derecho a la
pensión conforme a un régimen en particular, ésta situación concreta no puede
ser desconocida en tanto se “configura un auténtico derecho subjetivo
exigible y justiciable”[61].
-La
jurisprudencia de esta Corporación en efecto ha reiterado, que las pensiones  de
jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción
extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos; por el
contrario, garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la
protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad para
mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la
seguridad social, determinando, a su vez, una realización efectiva del valor
fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de
un Estado social de derecho.[62]
Es por la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las
pensiones, que la prescripción resulta viable exclusivamente, respecto de los
créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres
años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho.[63]
-En
pasada  oportunidad también había señalado la Corte Constitucional,  que “si bien el derecho a la pensión no prescribe
por cuanto es un componente fundamental que integra el concepto y la figura de
seguridad social y de conformidad con lo indicado en el artículo 48 Superior[64],
ésta es de índole imprescriptible, lo cierto es que en abundante jurisprudencia
de esta Corporación[65],
se ha reafirmado que dicha imprescriptibilidad se predica del derecho en sí
mismo, más no de las prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y
que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, dichas acreencias laborales se
encuentran sometidas a la regla general de 3 años, consagrada en el artículo
488 del Código Sustantivo del Trabajo. Así las cosas, la imprescriptibilidad de
la pensión se deriva de todos aquellos postulados y principios constitucionales
previstos por el constituyente en la Carta de 1991, según los cuales se debe
garantizar la solidaridad por parte de la sociedad y del Estado, en quien recae
principalmente la necesidad de asegurarle a sus ciudadanos alguna fuente
financiera que les permita su sustento cuando debido a las distintas
contingencias que afrontan: invalidez, vejez, viudez, etc., pueden versen
expuestos a un daño o afectación irremediable de sus garantías
constitucionales. No obstante, ello no conlleva que el Legislador, sin que
afecte el contenido esencial del derecho constitucional de la pensión,
establezca un límite temporal para reclamar sus mesadas”. [66]
Cabe afirmar  en consecuencia,  que  en tanto  la obligación pensional
es de tracto sucesivo y por ello imprescriptible, la acción judicial que busca
establecer el verdadero monto  de la prestación  debe compartir la misma
naturaleza de la orientada al reconocimiento del derecho pensional que es la de
ser imprescriptible, salvo el trienio no reclamado. La prescriptibilidad del
derecho a reclamar un reajuste pensional se aprecia incluso como una paradoja
de orden axiológico, pues al tiempo que las normas laborales amparan al
pensionado en la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de su pensión (salvo
el lapso no reclamado),  cuando se trata de la acción que emprende el  reajuste,
se le restringe tal derecho provocando graves situaciones de inseguridad en el pensionado.  Es una contradicción estructural mirada
desde los principios que informan la esencia del derecho laboral y pensional en
particular, afirmar que la acción que define la existencia del derecho no está
sujeta a prescripción extintiva por su naturaleza de tracto sucesivo, pero sí
la que únicamente intenta ajustar su monto.
Junto
a lo anterior, habría que recordar que la revisión en cualquier tiempo de las
pensiones reconocidas, es un asunto inherente a las normas laborales y que no
puede perderse de vista en este caso, pues obliga a tener en cuenta que ni el
mismo legislador está en capacidad de establecer que la pensión sea un derecho
fijo, inamovible o indiscutible en punto  a la prestación dineraria, habida
cuenta de la posibilidad de que por múltiples razones se hubiera podido
incurrir en error en su cuantificación. Por ejemplo, los artículos 44 y 70 de
la Ley 100 de 1993, contemplan  la posibilidad de revisar el estado de
invalidez del pensionado a efectos de que si a ello hubiere lugar, se extinga,
disminuya o aumente la liquidación o el valor de la pensión reconocida. El
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contempla la oportunidad de revisar la
pensión a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública cuando,
entre otras causas, la cuantía de la prestación exceda lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva. Y tratándose  de acciones de lesividad y
a la luz del procedimiento contencioso administrativo-artículo 136- podrán
revisarse las pensiones otorgadas por los entes públicos en contra de la ley.[67]
Finalmente dos razones se abonan al sustento del  amparo
que se concede:
(i) Reiterar la  jurisprudencia de la  Corte  Constitucional
que en   múltiples ocasiones ha puesto de manifiesto que la disminución de la
mesada pensional, por la razón que fuere,  agrava la situación de debilidad
manifiesta de los pensionados  y esa condición de inferioridad devenida en
razón de la pensión recortada,  no  solo acarreara un perjuicio
irremediable, sino que constituye para el solicitante un derecho a la especial
protección del Estado dentro del esquema del inciso 3° del artículo 13 de la C.
P. “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan y del artículo 46 que le ordena al Estado proteger a las personas
de la tercera edad.
(ii) Igualmente interesa destacar, las consideraciones
de la sentencia SU 298 de 2015[68]
que se refrendan  en esta ocasión, por corresponder a un supuesto de  idénticas
características. Tuvo en cuenta esa providencia un argumento material en la
definición del caso, referido a la imperiosidad de aplicar  el principio de
favorabilidad (art.53 C. P.)  para inclinar la interpretación por la situación más favorable al  trabajador en caso de
duda en la aplicación  de las fuentes formales de derecho. De allí  que, frente
a la posición de la Corte Suprema, (la acción laboral tiene un término
de prescripción fijado en la ley, de manera que la reliquidación de una pensión
deberá ejercerse oportunamente, so pena de la extinción del derecho a pedir la
reliquidación del monto de la pensión) se
privilegie  la postura hermenéutica de la Corte Constitucional, en tanto  se
muestra como la línea jurisprudencial que suscribe los principios de
irrenunciabilidad, favorabilidad e imprescriptibilidad de todos los derechos a
la seguridad social, especialmente en lo que tiene que ver con  la
imprescriptibilidad de las solicitudes de reliquidación pensional. Los
citados precedentes de esta Corporación detallados  ut supra han
amparado los derechos de los peticionarios a solicitar la reliquidación de su
pensión para que se incluyan nuevos factores salariales, al aplicar el
principio de favorabilidad.
Como
colorario, en este caso concreto, una interpretación que rechace la posibilidad
de reclamar la reliquidación de la pensión para la inclusión de nuevos factores
salariales, es contraria al artículo 53 constitucional. En consecuencia, también
por este argumento las decisiones impugnadas deben anularse porque violaron la
Constitución al no aplicar el principio de favorabilidad al trabajador. Sin
embargo, aclaró la sentencia relacionada, SU-298 de 2015- que
las mesadas pensionales sí deben ser reclamadas, máximo, tres años después de
haberse causado, so pena de perder el derecho a recibirlas. Por lo tanto, los
jueces deberán acceder a analizar las reliquidaciones pensionales para
inclusión de nuevos factores a fin de calcular el salario, pero las mesadas
pensionales siguen siendo objeto de la prescripción que estipula la ley.
Al
respecto este Tribunal  reitera que[69],
“aun cuando los efectos jurídicos emanados de la parte resolutiva de un
fallo de revisión solamente obligan a las partes, el valor doctrinal de los
fundamentos jurídicos o consideraciones de las sentencias trasciende al asunto
revisado, de manera que la interpretación constitucional fijada por la Corte
Constitucional  determina el contenido y el alcance de los preceptos de la
Constitución y hace parte, a su vez, del “imperio de la ley” a que están
sujetos los jueces según lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución.[70]
En tales circunstancias, el desconocimiento de las interpretaciones
realizadas por la Corte Constitucional implica el abandono de las normas
sustanciales aplicables al caso concreto, y, en esa medida, constituye una
infracción al debido proceso. Por ello, la Corte declarará que los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
seguridad social  de la accionante fueron vulnerados. Lo anterior en atención
al principio de la imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social,
por cuanto el derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan
de éste son imprescriptibles y en esa medida la prescripción solo es aplicable
a las mesadas no reclamadas con anterioridad a los 3 años de solicitadas.
En
consecuencia, la Sala revocará la decisiones de tutela decididas el  9 de abril
de 2014  por el Consejo Superior de la Judicatura  y el  7 de marzo  del mismo
año por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
Igualmente,
se ordenará dejar sin efecto las decisiones del 16 de octubre de 2013 de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de marzo de 2007 del
Tribunal Superior de Santa Marta y del 5 de octubre de 2004 del Juzgado Tercero
Laboral
del Circuito de Bogotá, por medio de las cuales se declaró probada la excepción
de prescripción con respecto a la reclamación que elevó la demandante para que
el Banco de la República reajustara su pensión teniendo en cuenta un nuevo
factor salarial en la liquidación.
Conforme  se dispuso en la sentencia SU
298 de 2015,[71]
considerando  que el debate judicial que se presenta en el proceso ordinario
laboral discute el carácter de la prima de vacaciones que se solicita sea
incluida como factor salarial, el asunto de fondo sobre el derecho de la
accionante a una nueva reliquidación le corresponderá definirlo al juez de
instancia. La Corte no procede a dictar la decisión sobre el fondo de este
asunto porque la solicitud de la tutela estuvo enmarcada en la prescripción de
la acción para solicitar la reliquidación pensional para incluir nuevos
factores en el cálculo del salario. Además, porque en el expediente no obran
las pruebas correspondientes al debate respecto a la naturaleza, en este caso,
de la  prima de vacaciones, su causación, su monto y el derecho de la
trabajadora a recibirla. Por lo tanto, la Corte ordenará al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá reanudar el análisis de la demanda inicial, una
vez adoptadas las consideraciones y la decisión  de esta sentencia.
Se
recuerda que el control de validez de las decisiones que profiera el Juzgado en
cumplimiento de esta sentencia podrá efectuarse en la jurisdicción
constitucional, en caso de que no se atiendan las órdenes emitidas en este
fallo, en cuanto a la no prescripción  se refiere, previa definición del
derecho alegado.  Corresponde a la autoridad de primera instancia decidir la
demanda del accionante conforme con lo dispuesto en este fallo, so pena de que
se utilicen los mecanismos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 para
asegurar que se acate la sentencia de tutela. Si eventualmente, las autoridades
judiciales que intervengan en el proceso ordinario no tienen en cuenta las
consideraciones expuestas en esta decisión para resolver la excepción de
prescripción, el interesado podrá acudir a la acción de tutela con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales vulnerados, sin que ello configure
temeridad.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REANUDAR los
términos dentro del proceso de tutela de la referencia, los cuales fueron
suspendidos en auto del 12  de noviembre de 2014 por el Magistrado
Sustanciador, después de que la Sala Plena decidiera asumir el conocimiento del
asunto.
SEGUNDO: REVOCAR
el fallo proferido el 9
de abril  de 2014  por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, que en su momento confirmó el dictado el 7 de marzo
del mismo año, por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá, por el cual se había negado la presente acción de tutela.
TERCERO: En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la
señora Martha Cancino Bermúdez. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las
decisiones judiciales del 16 de octubre de 2013 de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, del 22 de marzo de 2007 del Tribunal Superior de Santa
Marta; y del 5 de octubre de 2004 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá, por medio de las cuales se declaró probada la excepción de prescripción
con respecto a la reclamación que elevó la demandante para que el Banco de la
República reajustara su pensión teniendo en cuenta un nuevo factor salarial en
la liquidación, que, a su juicio, debió tenerse en cuenta.
CUARTO: ORDENAR al
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, que dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo
en el que se tengan en cuenta las consideraciones de esta providencia, en
relación con adelantar el análisis de fondo de las solicitudes de reliquidación
pensional que se presenten en cualquier tiempo, y aplicar la prescripción solo
a las mesadas pensionales.
QUINTO: Por Secretaría
General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidente (E)
Con
aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con
aclaración de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MIRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA SU567/15
Expediente T-4431479, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Comparto la decisión de la Sala Plena en reiterar que la solicitud
de la revisión
de las pensiones es imprescriptible, de modo que puede ejercerse la acción ordinaria
laboral o contenciosa correspondiente en cualquier tiempo. No
obstante, aclaro mi voto frente a la connotación de “factor salarial” dada por
la sentencia a la petición de la tutelante.
Lo anterior, puesto que en el caso
concreto, la Corte procedió a tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social de la señora Martha Cancino Bermúdez y en
consecuencia, resolvió dejar sin efecto las decisiones judiciales de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal superior de Santa Marta y
del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de las cuales se
había declarado probada la excepción de prescripción con respecto a la
reclamación que elevó la demandante para que el Banco de la República reajustara
su pensión, teniendo en cuenta un nuevo factor salarial en la liquidación.
Asunto del que discrepo, por cuanto la naturaleza de remuneratorio o salarial,
en estos casos solo puede ser calificada por el juez natural, tal y como se
resolvió en la SU-298 de 2015.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A
LA SENTENCIA SU-567/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Para dejar sin efecto una
providencia judicial es necesario mostrar por qué presenta un defecto y viola
un derecho fundamental (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-4431479
Demandante: Martha Cancino Bermúdez
Demandados: Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santa Marta y Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, aclaro el voto con el
fin de señalar que esta sentencia por fortuna corrige el problema identificado
en la aclaración de voto que suscribí a la sentencia SU-298 de 2015. En esa
ocasión la Corte se enfrentó a la acción de tutela instaurada por una persona
contra sentencias laborales ordinarias de instancia y casación. La Sala Plena
de esta Corte advirtió entonces un defecto por desconocimiento del precedente
constitucional en el fallo de casación, y por tanto lo dejó sin efectos. No
obstante, a pesar de que no expresó que hubiese algún defecto en las sentencias
ordinarias laborales de instancia, también las privó de efectividad. En mi
concepto, y como lo señalé en esa oportunidad, para dejar sin efecto una
providencia judicial es en principio necesario mostrar por qué presenta un
defecto y viola un derecho fundamental. Como quiera que en ese caso la Sala no
señaló un defecto en las sentencias ordinarias de instancia, aclaré el voto
para indicar por qué en mi concepto sí eran defectuosas y debían invalidarse,
pero indiqué que hacia futuro esos argumentos debía exponerlos la Corte en la
sentencia. Esta vez, ante un caso igual, la Corte rectifica su posición y
señala que, aunque el desconocimiento del precedente solo era predicable del
fallo de casación, las providencias ordinarias de instancia se dejan sin
efecto, no por una consecuencia colateral y automática de la invalidación de la
sentencia de casación (como en la sentencia SU-298 de 2015) sino, porque
también son defectuosas en tanto desconocieron directamente la Carta. Eso lo
comparto, y subrayo el plausible ajuste en la posición de la Sala Plena.
Fecha
ut supra,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA (E)
MYRIAM ÁVILA
ROLDÁN
A LA SENTENCIA
SU567/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La Sala pudo analizar situación
particular de la demandante y disponer que Corte Suprema de Justicia, como
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, dictara nueva sentencia
(Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte me permito aclarar el voto en el asunto de la
referencia.
Si bien acompaño el sentido y fundamento
de la sentencia SU-567 de 2015 en tanto tutela los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social de la accionante, aclaro mi voto frente
al mecanismo de protección constitucional escogido por la mayoría.
En la sentencia
SU-567 de 2015 la Corte dejó sin efecto las providencias ordinarias de la Corte
Suprema de Justicia cuestionadas por vía de tutela y ordenó al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá que dentro de los 15 días siguientes a la
comunicación de la decisión profiriera nuevo fallo "en el que
se tenga en cuenta las consideraciones de esta providencia, en relación con
adelantar el análisis de fondo de las solicitudes de reliquidación pensional
que se presenten en cualquier tiempo, y aplicar la prescripción solo a las
mesadas pensiónales ".
Bajo ese marco, el remedio constitucional
remite a la accionante al juicio laboral ordinario en primera instancia, sin
tomar en cuenta que ha soportado nueve años de proceso en esa jurisdicción y
otros dos en el trámite de tutela. Estimo que la Sala pudo analizar la
situación particular de la demandante y disponer que la Corte Suprema de
Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, dictara nueva
sentencia, siguiendo la jurisprudencia constitucional sobre imprescriptibilidad
del derecho al reajuste de las pensiones.
Atendiendo a estas razones aclaro mi
voto.
Fecha
ut supra,
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DE
LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU.567/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Falencias en argumentación de los
requisitos generales de procedencia (Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Análisis de requisitos generales
se debe hacer con mayor rigor, de lo contrario, se invade independencia y
autonomía judicial, al abordar el asunto de fondo (Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se confundió estudio de dos requisitos
generales de procedencia (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-4.431.479
Acción de tutela
presentada por Martha Cancino Bermúdez contra la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento brevemente la razón que me condujo a aclarar el voto
en la sentencia de la referencia, proferida por la Sala Plena, el 3 de
septiembre de 2015.
La sentencia
SU-567 de 2014 reiteró que la acción judicial que tiene como objeto establecer
el monto de la pensión no prescribe, tal como se expuso previamente en la
sentencia SU-298 de 2015. En ese sentido, tuteló los derechos de la accionante,
dejó sin efectos las decisiones judiciales acatadas y ordenó al juez de primera
instancia accionado proferir un nuevo fallo que tuviera en cuenta las
consideraciones de la Sala Plena de esta Corporación.
Decidí aclarar
el voto porque, en mi criterio, la sentencia tiene algunas falencias en la
argumentación de los requisitos generales de procedencia de la tutela. Teniendo
en cuenta que la acción de amparo contra decisiones judiciales es excepcional,
considero que el análisis de los requisitos generales se debe hacer con mayor
rigor, de lo contrario, se invade la independencia y autonomía judicial, al
abordar el asunto de fondo.
A mi juicio, la
sentencia SU-567 de 2014 confundió el estudio de dos requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, a saber, el relativo a la
enunciación de los hechos que generaron la posible vulneración de derechos, con
aquel que exige al accionante haber alegado en el proceso ordinario el problema
procedimental, en caso de que se exponga una controversia de ese tipo.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
DE
LA SENTENCIA SU567/15
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RELIQUIDACION
PENSIONAL-Ponencia se limitó a reproducir, tal y como correspondía, las
reglas del denominado precedente horizontal (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RELIQUIDACION
PENSIONAL-Debe entenderse que la interrupción de la prescripción solo se
configuró desde el momento de presentación de la acción de tutela (Aclaración
de voto)
Referencia: Expediente
T-4431479. Acción de tutela. Demandante: Martha Cancino Bermúdez. Demandados:
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta y Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Mi
aclaración de voto en el caso examinado se contrae a lo siguiente:
Es
bien sabido que el derecho a la pensión (vejez, invalidez y muerte), en sí
mismo es imprescriptible y que para liquidar dicha prestación se deben tener en
cuenta los varios elementos consustanciales, estructurales y definitorios que
la integran, los cuales, según la jurisprudencia actualmente vigente, como
sucede con el derecho pensional en sí, tampoco prescriben.
Cosa
distinta es la incidencia de dichos factores en el monto de las mesadas
correspondientes, la cual sí prescribe conforme a las expresas reglas legales
que al efecto se han expedido. Tales factores, entre otros aspectos, tienen que
ver con:
(i)
Los topes
máximos pensiónales.
(ii)
El porcentaje de
la pensión.
(iii)
Los límites
temporales para determinar el IBL.
(iv)
La actualización
o indexación de la pensión.
(v)
Los factores
salariales.
Si
bien es cierto que la tesis jurídica sobre el tema de la imprescriptibilidad de
los factores salariales como base para reliquidar las pensiones en Colombia ha
variado con el transcurso del tiempo, hoy por hoy se ha consolidado como
criterio constitucional, ello en consonancia con los principios que informan
que los derechos laborales ciertos e indiscutibles son irrenunciables e
inalienables, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los postulados
constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo
humano en todas sus formas, lo cual refuerza el entendimiento según el cual la
finalidad del derecho a la pensión no es otro que el de garantizar la
concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la
dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna.
Esta
Corte asumió en Sala Plena el entendimiento sobre la imprescriptibilidad en sí
mismo de los factores salariales en la sentencia SU-298 de 2015, decisión de la
que en su momento me separé con base en las precisas razones que quedaron
incorporadas en el respectivo salvamento de voto y que, en síntesis a
continuación se reproducen:
"La
exégesis consignada en el fallo de la Corporación respecto de la prescripción
extintiva de la acción tendiente a la revisión de los factores salariales que
integran la base para liquidar la pensión, atiende, conforme lo expone el
proyecto, al desconocimiento del precedente constitucional. Sin duda, las
autoridades judiciales al momento de decidir un caso no solo deben determinar
cuáles son las disposiciones aplicables, sino que, frente a situaciones
análogas ya decididas por el mismo juez, o por sus superiores, -Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado o Corte Constitucional- deben analizar si
existen reglas interpretativas aplicables al caso concreto. Frente al tema del
precedente es sabido que la autonomía judicial se restringe a los criterios
unificadores de los jueces colegiados (altas corporaciones), y existe el deber
de no apartarse de la jurisprudencia. No obstante lo anterior, quien decide
separarse del precedente aplicable, debe explicar y justificar en su
providencia las razones para hacerlo. En caso de que el cambio de postura no
se  justifique expresamente, se produce una violación a los derechos
fundamentales de igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
proceso.
Sin
más preámbulos considero que en el caso concreto no resultaba acertado tener
como precedentes obligatorios las sentencias de tutela citadas, proferidas en
Sala de Revisión, en la medida en que, frente al tema, no existe una línea
jurisprudencial clara y expresa, como tampoco una postura reiterada y uniforme
de la Corporación, de manera que tales referentes aislados, no podían invocarse
como un precedente obligatorio. Así mismo, tampoco constituyen una
jurisprudencia en vigor, entendida como una decisión o un conjunto de
decisiones de la Sala Plena, o de las Salas de Revisión que formen por su
coincidencia y uniformidad un precedente vinculante, [i]
En
el ámbito judicial, la diversidad de criterios frente al tema de la
prescriptibilidad de los factores salariales para efectos de liquidar la
pensión de vejez, ha tenido un desarrollo jurisprudencial en la que la última
postura del órgano de cierre de la jurisdicción especializada, advierte que la
prescripción extintiva, no resulta contraria a los principios que gobiernan el
artículo 53 de la Constitución Política, máxime cuando el derecho al trabajo
tiene una constante evolución que amerita una dinámica jurisprudencial, en aras
de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibro
social. De otra parte, advierto que de los precedentes constitucionales
citados, uno es anterior al pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral y,
adicionalmente, ninguna de las sentencias de tutela citadas estudia el tema de
la prescriptibilidad de los factores salariales. El análisis de la prescripción
se concreta a la liquidación del ingreso base de liquidación, tomando aspectos
como el monto de la pensión de jubilación [ii], lo dispuesto por la norma
especial para los empleados de la rama judicial [iii], razón por la cual estimo
no podrían ser estos los precedentes vinculantes y obligatorios para el juez
natural.
El
ejercicio hermenéutico del juez y su coherencia al momento de resolver casos
análogos supone el análisis y evaluación de la jurisprudencia actual y
vinculante de las altas corporaciones y, en ese sentido, el precedente debe ser
anterior a la decisión a la que se pretende aplicar, y debe presentarse una
semejanza de problemas jurídicos en los escenarios fácticos y normativos. Es
así como ante la disparidad de posturas, inclinarse hacia la posición del
órgano de cierre especializado, bajo el entendido de que el fin del recurso de
casación laboral es la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo,
que además tiene la finalidad de fortalecer decisiones judiciales que brinden
igualdad y seguridad jurídica, no supone ir en contra de los postulados
constitucionales, más cuando no existe una postura reiterada y uniforme de la Corte
Constitucional al respecto. En fin, el amparo concedido por la razón invocada,
no ha debido prosperar".
En
esta oportunidad, ante la equiparación de los supuestos fácticos involucrados,
el sentido de la decisión que a la Corte le correspondía adoptar,
necesariamente, debía coincidir con su más próximo e inmediato precedente. De
ahí que el proyecto presentado y que finalmente se aprobó se limitó a replicar
la exegesis que mayoritariamente se acogió en la sentencia SU-298 de 2015
respecto de la imprescriptibilidad de los factores salariales en sí mismo
considerados para efectos de calcular la primera mesada pensional. En ese
sentido debo aclarar que mi ponencia en este caso se limitó a reproducir, tal y
como correspondía, las reglas del denominado precedente horizontal.
También
debo aclarar que como la sentencia de mayoría envió a la jurisdicción ordinaria
el asunto para efectos de que se produjera un pronunciamiento de fondo,
distinto a la declaratoria general de prescripción, sobre el derecho al
reajuste pensional, en sí mismo considerado, por la supuesta no inclusión de
determinados factores salariales, desde mi particular punto de vista, era de la
exclusiva competencia del juez laboral ordinario determinar, en todo caso, la
naturaleza salarial o remuneratoria del factor cuya incidencia en el ingreso
base de liquidación se discute, pues dicho aspecto se constituye en un
presupuesto inicial e insoslayable cuya imprescindible y previa definición
repercute en la manera en que podrían o no deducirse los efectos del fallo de
tutela. Dicho aspecto, reitero, correspondía, en principio, dilucidarlo al juez
ordinario.
Por
lo demás debo aclarar que para efectos de contabilizar la prescripción de las
mesadas en relación con las cuales tenga incidencia el factor salarial omitido,
en el evento de que el juez ordinario efectivamente lo reconozca como tal,
teniendo en cuenta que por expresa disposición legal vigente y con base en
criterios jurisprudenciales específicos, el fenómeno jurídico comentado sí
cobija a dichas mesadas, a mi modo de ver, en estos casos, en cuyo examen y
dilucidación se aplican básicamente los valores y principios constitucionales,
dentro del ámbito propio de la acción de tutela, es precisamente la
presentación de esta última, fecha que debe tenerse en cuenta para efectos de
la interrupción de la prescripción, pues las normas legales que regulan el
tema, por no prever las circunstancias especiales que han sobrevenido, en esta
oportunidad, no resultan pertinentes.
En
efecto la simple lectura de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo
y 152 del Código Procesal Laboral, al rompe, permiten inferir que para efectos
de la interrupción de la prescripción, los supuestos que allí se contemplan
distan mucho de coincidir con la realidad actual que sirve de contexto al
litigio jurídico de estirpe constitucional que por vía de la acción de tutela
se ha finiquitado. En efecto, si se admite que hubo interrupción de la
prescripción durante la actuación ordinaria la misma cesó con la expedición de
la decisión del respectivo órgano de cierre.
Es
por ello que, a mi juicio, desde la
perspectiva constitucional, óptica desde la cual se dirime este asunto, debe
entenderse que la interrupción de la prescripción solo se configuró desde el
momento de presentación de la acción de tutela, tal y como un asuntos análogos
lo hemos sostenido, contando al efecto, inclusive, con el aval de la
Corporación, con ha sucedió, por ejemplo, en los casos de la indexación de la
primera mesada pensional.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Folio 5 cuaderno 3.
[2] Sentencias T-328 de 2005, T-1226 de 2004, T-853 de 2003, T-420 de 2003,
T-1004 de 2004, T-328 de 2005, T-842 de 2004, T-328 de 2005, T-842 de 2004,
T-836de 2004, T-778 de 2005, T-684 de 2004, T-1069 de 2003, T-803 de 2004,
T-685 de 2003, entre otras.
[3] Sentencias T-827 de 2003, T-648 de 2005, T-1089 de 2005, T-691
de 2005 y T-015 de 2006.
[4] Sentencia T-173 de 1993.
[5] Sentencia
T-504 de 2000.
[6] Sentencia T-315
de 2005.
[7] Sentencia C-591
de 2005.
[8] Sentencia T-658
de 1998.
[9] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[10] Desarrollados in extenso en la sentencia C-590 de 2005.
[11]
Sentencia T-1276 de 2005, Sentencia T-910 de 2008, Sentencia T-1029 de 2008,
Sentencia T-1065 de 2006, Sentencia T-1094 de 2008.
[12] Sentencia T-774
de 2004.
[13] Sentencia
SU-120 de 2003.
[14] Sentencia T-292
de 2006.
[15] Sentencia
SU-1185 de 2001.
[16] Ver sentencias
T-1031 de 2001, T-1285 de 2005 y T-567 de 1998.
[17] Sentencias
T-1031 de 2001 y T-047 de 2005.
[18] Sentencia T-114
de 2002 y sentencia T- 1285 de 2005.
[19] Ver sentencias
T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.
[20] Sentencia
T-1285 de 2005.
[21] Sentencia T-047
de 2005.
[22] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[23] Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Sentencia SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[26] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[29] En palabras de
la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la
ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad
y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación
de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla
de    capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no
justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera
tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente
diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la
administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su
interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra
del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca
de la interpretación de las normas.” Cfr. Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[30] De la misma forma las sentencias de unificación de la Sala
Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo 10
de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en sentencia C-634
de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32] Ver sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Sentencias
T-099 de 2008, T-972 de 2006, T-099 de 2008, T-529 de 2009, T-597 de 2009,  T-849A de 2009 y T- 217 de 20013 entre
muchas otras.
[34] Sentencia
T-746 de 2004
[35] Sentencia C-230 de 1998, C-198 de 1999 y C-624 de 2006.
[36] Sentencia T-274 de 2007.
[37] Por
la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.
[38]
El artículo completo era el siguiente:
Ley 116 de 1928.
“Artículo 2° Amplíase en un año
el plazo concedido por la Ley 102 de 1927 para la presentación de las demandas
de revisión de las pensiones concedidas hasta que entró en vigencia dicha Ley.
Pasado este término, se suspenderá el pago de las pensiones cuya revisión no se
hubiere solicitado. “Parágrafo. No están sujetas a revisión las pensiones de
los maestros de escuela ni las decretadas por leyes especiales o por sentencias
de la Corte Suprema de Justicia. “Parágrafo. El derecho a solicitar pensiones
prescribe a los treinta años”.
[39]
Sentencia T-932 de 2008.
[40] T- 762 de 2011.
M. P. María Victoria Calle.
[41] Relatos en gran
parte de la sentencia SU 298 de 2015.
[42] Íbid.
[43] En
la sentencia no se hace referencia a la razón por la cual se solicitó la
reliquidación.
[44] Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub retoma lo expuesto en la sentencia T-762 de 2011.
[45] Íbid.
[46] Íbid.
[47] “La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”. Sentencia SU-961 de 1999.
[48] Sentencias
T-099 de 2008, T-972 de 2006, T-099 de 2008, T-529 de 2009, T-597 de 2009 y T-849A de                                                                                                                                                        2009,
entre muchas otras.
[49] T-762 de 2011 M. P. María Victoria Calle.
[50] Sentencia  T-235 de 2002 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[51] T-456 de 2013
[52]
Sentencia T-1285 de 2005 y sentencia T-567 de 1998.
[53] En la Sentencia  T- 292 de 2006 se estableció respecto a la
identificación de la Ratio Decidendique, “Puede considerarse que se ha identificado adecuadamente
la ratio de una sentencia de constitucionalidad, cuando: i) La sola ratio
constituye en sí misma una regla con un grado de especificidad suficientemente
claro, que permite resolver efectivamente si la norma juzgada se ajusta o no a la Constitución. Lo que resulte ajeno a esa identificación inmediata, no debe ser considerado
como ratio del fallo; ii) la ratio es asimilable al contenido de regla que
implica, en sí misma, una autorización, una prohibición o una orden derivada de
la Constitución; y iii) la ratio generalmente responde al problema jurídico
que se plantea en el caso, y se enuncia como una regla jurisprudencial que fija
el sentido de la norma constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema jurídico. Esta Corporación ha indicado que la ratio
decidendi sobre un tema jurídico puede consolidarse “en una oportunidad
posterior”, esto es, cuando de manera reiterada se reafirma la regla del fallo
inicial en otros casos. En ese sentido, si bien la ratio de una sentencia surge
de la sentencia misma, los fallos posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para identificar adecuadamente dicha ratio; de manera
tal que le permiten al juez o quien habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a
una interpretación constitucional determinada”.
[54] Dijo la Corte en la Sentencia T- 292 de 2006 respecto al deber que
tienen los jueces de justificar el cambio de precedente que, “El respeto a
los precedentes no les permite a las autoridades judiciales desligarse
inopinadamente de los antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como
el texto de la ley no siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez
quien generalmente debe darle coherencia a través de su interpretación
normativa, su compromiso de integrar el precedente es ineludible, salvo que
mediante justificación debidamente fundada, el operador decida apartarse de la
posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su superior funcional (…)”.
[55] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Rad. 19557 del 15
de julio de 2003, M. P. Isaura Vargas Díaz. Reiterada en las siguientes
sentencias de la misma sala: Rad.2404 del 9 de agosto de 2005, M. P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; Rad. 28968 del 26 de Julio de 2006, M. P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; Rad. 35126 del 21 de abril de 2009, M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón; Rad. 42181 del 26 de octubre de 2010, M. P. Eduardo López Villegas, entre muchas otras.
[56] Se reitera lo sostenido en la sentencia T-456 de 2013
[57] M.P.  Gloria  Stella Ortiz Delgado
[58] Sentencias T-235 de 2002 M P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-631 de 2002 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-789 de 2002 M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-621 de 2006 M. P. Jaime Córdoba Triviño);     T-180 de 2008 M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-019 de 2009 M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-610 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-948 de 2009 M. P. Mauricio González Cuervo; T-351 de 2010 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
[59] Sentencias
T-099 de 2008, T-972 de 2006, T-099 de 2008, T-529 de 2009, T-597 de 2009 y T-849A de                                                                                                                                                        2009,
entre muchas otras.
[60] T-762 de 2011 M. P. María Victoria Calle.
[61] Sentencia  T-235 de 2002 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[62] T- 297 de 2012
[63] T-297 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[64]
Ibídem.
[65]Al respecto, ver entre otras, las Sentencias C-198 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Caballero, T-932 de 2008. M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-681 de 2011. M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[66] T- 838 de 2011.
[67] Sentencia de la Sala de Casación Laboral Radicado 40008. A V. Luis
Gabriel Miranda
[68] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[69] T-762 de 2011. M. P. María Victoria Calle
[70] Sentencias SU-640 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-252 de 2001 M. P. Carlos Gaviria Díaz y T-351 de 2010  M. P. Humbe Antonio Sierra Porto, entre otras.
[71] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado