T-258-06
Sentencia T-
Sentencia T-258/06
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD BANCARIA-Aplicación del parágrafo 3 del artículo 42
de la ley 546/99
LEY 546 de 1999 EN MATERIA DE VIVIENDA-Doctrina de la
Corte Constitucional sobre el artículo 42 parágrafo
DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Deben
darse por terminados los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 una vez
aportada la reliquidación del crédito
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación y archivo
de procesos en curso a 31 de diciembre de 1999
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia
JUEZ ORDINARIO-Competencia para decidir sobre discusiones
que se susciten entre partes de proceso ejecutivo hipotecario/JUEZ DE TUTELA-Competencia
excepcional para garantizar derechos a usuarios del sistema UPAC
DERECHO DE
DEFENSA-Improcedencia de tutela para subsanar
inactividad en proceso ejecutivo
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto al haberse
decretado la terminación y archivo del proceso ejecutivo hipotecario
Referencia: expediente T-1234085
Acción de tutela instaurada por Darío
Platarrueda Vanegas contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga,
la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y el
Banco Davivienda.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D.C.,
treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo proferido el 18 de octubre de 2005 en primera
instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro
de la acción de tutela instaurada por Darío Platarrueda Vanegas contra el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y el Banco DAVIVIENDA.
1. Hechos
1.1.
El Banco Davivienda otorgó crédito hipotecario a
favor del señor Darío Platarrueda Vanegas en el mes de diciembre de 1992, por
un valor de $4’502,235[1],
sobre el cual se efectuaron pagos hasta el 19 de octubre de 1994. En dicho mes
la entidad financiera otorgó un nuevo crédito al accionante por un valor de
$12’263,800[2],
sobre el cual se han efectuado pagos de manera no continua, registrándose el
último el día 27 de abril de 2005[3].
1.2.
Mediante comunicación del 20 de octubre de 1999[4] el señor Platarrueda
solicitó a DAVIVIENDA la revisión del crédito hipotecario No. 04-11720-6, con
base en lo dispuesto por esta Corporación en las sentencias C-383 y C-700 de
1999, y le comunica a la dicha entidad que suspenderá sus pagos “mientras
perfeccionamos un nuevo contrato que se enmarque dentro de la Constitución y la
ley y no sea oneroso para mí como hasta ahora lo ha sido”. Mediante
respuestas del 26 de octubre y el 16 de diciembre de 1999[5], el Banco le informó al
señor Platarrueda que la revisión del crédito no puede encontrar apoyo en los
fallos señalados ya que los mismos tienen efectos hacia el futuro.
1.3.
A través de escrito fechado el 16 de noviembre
de 1999[6],
el señor Platarrueda interpuso acción de tutela contra el Banco Davivienda, el
Banco de la República y la Superintendencia Bancaria solicitando la protección
de sus derechos a la vivienda digna, la familia, la paz, y la honra – entre
otros -, con el objetivo de que se procediera a la devolución de los dineros
pagados en exceso durante la vigencia del crédito hipotecario, la indemnización
de los daños materiales y morales causados, se sancionara al Banco por haber
capitalizado intereses y se le investigara por usura – entre otras pretensiones
-. El Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga, mediante sentencia del 25
de noviembre de 1999[7],
en única instancia decidió denegar el amparo solicitado, argumentando que el
accionante contaba con la vía ordinaria para que sus pretensiones fueran
satisfechas.
1.4.
A través de escrito fechado el 16 de mayo de
2000[8], el señor Platarrueda
interpuso acción de tutela contra el Banco Davivienda, solicitando la
protección de sus derechos al debido proceso y a la información veraz y
oportuna, con el objetivo de que el Banco le entregara copia de la proforma de
la Superintendencia Bancaria, en la cual consta la forma como se hizo la
reliquidación del crédito hipotecario; y, que el crédito hipotecario a su cargo
fuera redenominado en pesos. El Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga,
mediante sentencia del 30 de mayo de 2000[9]
- en única instancia - decidió denegar el amparo solicitado, argumentando que
el derecho de petición sólo es procedente frente a entidades públicas, calidad
que no detenta el accionado.
1.5.
Mediante comunicación del 18 de junio de 2000[10], DAVIVIENDA informó al
señor Platarrueda que abonó $1’592.490 al crédito por concepto de reliquidación
de la obligación hipotecaria ordenada por la Ley 546 de 1999, y afirmó que no
le era posible redenominar la obligación en moneda legal colombiana ya que éste
sistema no había sido autorizado por la Superintendencia Bancaria para dicha
fecha.
1.6.
El señor Darío Platarrueda Vanegas inició
proceso ordinario en contra de la entidad financiera, el cual se encuentra en
período de pruebas ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, en el
cual el Banco Davivienda fue notificado personalmente el 26 de mayo de 2000[11].
1.7.
El 16 de enero de 2004[12], en el proceso
ejecutivo adelantado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, la parte
demandada solicitó la terminación del proceso ejecutivo de acuerdo con lo
dispuesto por el Artículo 42 de la Ley 546, petición que fue denegada mediante
auto del 1 de octubre de 2004[13].
Frente a la anterior decisión se interpuso únicamente recurso de reposición el
6 de abril, el cual fue denegado mediante providencia del 6 de abril de 2005[14].
1.8.
El 3 de diciembre de 2003[15], la apoderada del
señor Platarrueda Vanegas solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del
año 2000 en el proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, por
considerar que el Artículo 42 de la Ley 546 dispuso la terminación de todos los
procesos en los cuales se hubiera efectuado la reliquidación del crédito
hipotecario.
1.9.
Mediante auto del 6 de abril de 2005[16], el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito denegó la nulidad propuesta por el señor Platarrueda dentro
del proceso ejecutivo. Contra esta decisión el apoderado del ejecutado
interpuso recursos de reposición y de apelación ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, el cual confirmó la decisión del Juzgado
Cuarto Civil de Circuito mediante auto del 1 de septiembre de 2005[17]. El señor Patarrueda
considera que estas decisiones configuran una vía de hecho, y son las que
motivan la presente acción de tutela.
1.10.    El 23 de enero de 2006, el señor Platarrueda solicitó una vez más al
Juzgado Cuarto la terminación del proceso, argumentando que la tesis según la
cual todos los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad al
31 de diciembre de 1999 debieron darse por terminados
encuentra amplio respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
1.11.    El Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 31 de enero de 2006 profirió
auto, en respuesta a la solicitud de terminación
elevada por el ejecutado, notificado mediante estado del 2 de febrero de 2006.
En éste decreta la nulidad de todo lo actuada a partir de la fecha en que
DAVIVIENDA aportó la reliquidación del crédito hipotecario ordenada por la Ley
546 de 1999. Adicionalmente, ordena la terminación del
proceso y el archivo del expediente. Contra esta providencia no se interpuso
ningún recurso.
1.12.    Por medio de escrito recibido vía fax en la Secretaria de esta
Corporación el 21 de febrero de 2006, el accionante desiste de la revisión, por
cuanto “mediante auto del 31 de enero de 2006, el juzgado terminó el proceso
que adelantaba en mi contra como codeudor de la señora Olga Vargas de Flórez,
por lo tanto ha desaparecido el objeto de la presente acción”.
2. Acción de
tutela[18]
El 30 de septiembre de 2005, el señor Darío
Platarrueda Vanegas interpuso acción de tutela contra el Juzgado 4 Civil del
Circuito de Bucaramanga, Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga y el Banco DAVIVIENDA, para solicitar la protección inmediata al
derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y a recibir un mismo trato
por parte de las autoridades, por considerar que estos organismos al negar la
terminación del proceso y el incidente de nulidad propuesto en el curso del
proceso ejecutivo hipotecario, violan sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad. Los fundamentos de la demanda de tutela son los siguientes:
En primer lugar estima el accionante que de acuerdo
con lo establecido por el Artículo 42 de la Ley 546 una vez efectuada la
reliquidación de los créditos hipotecarios de que trata la misma ley se debía
dar lugar a la terminación y archivo de los procesos “sin más trámite”.
En ésta medida considera el accionante que el Juzgado 4 Civil del Circuito al
negar el incidente de nulidad de todo lo actuado a partir del año 2000, y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al confirmar la decisión
del Juzgado, incurrieron en una vía de hecho. Considera adicionalmente que como
consecuencia de dicha actuación se viola el derecho al debido proceso
consagrado en el Artículo 29 de la Carta Política.
Con base en las anteriores consideraciones, solicita
el accionante “declarar que los accionados incurren en una vía de hecho y en
consecuencia tutelar mi derecho al debido proceso y a recibir un mismo trato de
las autoridades establecido en el Artículo 29 de la Constitución Nacional. En
consecuencia de lo anterior, decretar la nulidad del proceso a partir de las
actuaciones surgidas después de la aprobación de la reliquidación del crédito,
decretar la terminación del proceso ejecutivo en comento sin más trámite de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999”.
3. Posición de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga[19]
El día 11 de octubre de 2005, los Magistrados de la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se
manifestaron acerca de la acción de tutela interpuesta por el señor
Platarrueda.
En primer lugar, el Tribunal señala que “el
memorial llevado a esa Corte por el señor Platarrueda Vanegas no encierra mas
que una tercera instancia sobre un tema decidido en su escenario jurídico
propio, con lo cual se contraviene por el petente el principio constitucional
de las dos instancias para el tipo de pleito en el que él es demandado”.
En segundo lugar, considera el Tribunal que en tanto
que existan saldos pendientes de la obligación después de la reliquidación del
crédito no hay lugar a la terminación del proceso ejecutivo hipotecario. En
consecuencia, no se configura una vía de hecho por cuanto lo decidido por la Sala
Civil Familia  corresponde a “una real interpretación de la norma”.
4. Sentencia de
tutela objeto de revisión
El 18 de octubre de 2005, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del accionante[20],
citando para el efecto decisiones anteriores en las cuales se decidió sobre
casos semejantes al del accionado. Considera dicha Sala que la Ley 546 de 1999
no creó una causal especial de terminación anormal de los procesos ejecutivos
hipotecarios y afirma que “no ha de olvidarse que desde siempre el
legislador ha regulado de manera minuciosa las causales de terminación anormal
del proceso, como que en el código de procedimiento civil hay un capítulo
especial reservado a este tema”.
La Sala Civil consideró que no es viable dar por
terminado los procesos judiciales en los cuales después de la reliquidación del
crédito hipotecario subsisten saldos a favor de la parte acreedora. Considera
la Corporación que de haber sido esta la hipótesis normativa “la ley en
lugar de establecer la posibilidad de suspender el proceso habría provocado la
terminación de todos los procesos ejecutivos para que fuera posteriormente y en
otro trámite que se provocará la satisfacción de los créditos que, a pesar de
la reliquidación, quedaran insolutos. Desde luego que la suspensión que manda
la norma [Artículo 42 de la Ley 546] sería manifiestamente estéril, si
la vocación de los procesos era su terminación ‘sin consideración al estado del
mismo’, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las ‘gestiones’ del
deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito’”.
En criterio de la Sala Civil, de la reliquidación de
los créditos ordenada por la Ley 546 de 1999 “no surgía ineluctablemente la
terminación ope legis del proceso ejecutivo, por el sólo hecho de que obre
aquella, como si tal proceso no tuviera por mira en últimas la satisfacción del
crédito, mucho más cuando el presupuesto de esa terminación, según los términos
que la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000 y de la ley misma que fue objeto
de revisión, se hizo depender del acuerdo  a que se llegue con el deudor, sobre
la refinanciación o el finiquito de la deuda”.
En concepto de la Corte Suprema de Justicia “no se
vislumbra la afectación de los derechos básicos deprecados y se impone negar el
amparo solicitado”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
En el trámite de revisión ante la Corte Constitucional, por medio de auto del
ocho de febrero de 2006[21] en ejercicio de la facultad de decretar y
practicar pruebas prevista en el Acuerdo 05 de 1992 (artículo 57), la Sala
Tercera de Revisión ordenó (i)
oficiar al Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Bucaramanga con la solicitud de que se enviara a esta
Corporación el expediente del proceso ejecutivo hipotecario que adelanta el
BANCO DAVIVIENDA S.A. contra el señor Darío Vanegas Platarrueda, radicado bajo
el número 1998-1078.; (ii) oficiar al señor Darío Vanegas Platarrueda con la
solicitud de que allegara certificados de ingresos y retenciones
correspondientes al año 2005 o prueba que acredite sus ingresos en caso de
tratarse de trabajador independiente; copia de las facturas de servicios
públicos correspondientes a los últimos tres (3) meses; copia de
certificaciones bancarias o extractos bancarios correspondientes a los últimos
tres (3) meses; número de personas a cargo; y pruebas adicionales que acrediten
la situación económica del accionante; y (iii) oficiar al BANCO DAVIVIENDA S.A.
con la solicitud de que allegará la liquidación a la fecha de la obligación
hipotecaria a cargo del señor Darío Vanegas Platarrueda.
Adicionalmente, en el auto del ocho de febrero de 2006 se ordenó la suspensión
de los términos del proceso, los cuales habrán de ser levantados en la parte
resolutiva de la presente sentencia.
DAVIVIENDA dio respuesta a lo ordenado
mediante auto del ocho de febrero de 2006 a través de comunicación del veinte
(20) de febrero de 2006[22],
adjuntando para el efecto, entre otros, los siguientes documentos:
(i)
El histórico de pagos efectuada por el señor
Platarrueda[23]. En este documento se observa que las cuotas mensuales del crédito hipotecario a partir de septiembre
de 2005 y a la fecha ascienden a la suma de $320,000[24]. El saldo de la
obligación hipotecaria a cargo del accionante a 19 de enero de 2006 asciende a
la suma de $26’905.706[25].
A 20 de febrero de 2006 el señor Darío Platarrueda Vanegas se encontraba en
mora por concepto de 72 cuotas, equivalentes a 2,169 días de mora[26].
(ii)
Copia de la proforma expedida por la
Superintendencia bancaria en la cual consta el valor del abono hipotecario
aplicado al crédito hipotecario[27] ($1’592,490.42)[28];
(iii)
Copia de las comunicaciones enviadas al deudor
en relación con las inquietudes formuladas por éste en relación con la
reliquidación del crédito[29],
(iv)
Copia de las sentencias de tutela proferidas en
los anteriores procesos promovidos por el accionante, reseñados en los hechos
de la presente providencia.
Con oficio del 16 de febrero de 2006, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga remitió a
éste despacho los cuadernos del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en
contra del señor Platarrueda. A folios 248 a 250 reposa el auto del 31 de enero
de 2006 en el cual se decreta la nulidad de todo lo
actuada a partir de la fecha en que el Banco DAVIVIENDA aportó la reliquidación
del crédito hipotecario ordenada por la Ley 546 de 1999. Igualmente, en el
referido auto se ordena la terminación y archivo del expediente.
Por su parte, el
Señor Platarrueda envió vía fax a esta Corporación copia de los últimos tres
desprendibles de pagos de la pensión de FONPEP, la cual en enero de 2006
asciende a la suma mensual básica de $1,471,350 y al neto de $910,526. En la
comunicación que acompaña los referidos desprendibles,
el señor Darío Platarrueda Vanegas manifiesta que sus ingresos provienen de la
pensión de gracia como jubilado del magisterio, y expresa su voluntad de
desistir del proceso de revisión en virtud de que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga decidió archivar el proceso ejecutivo
instaurado en su contra.
2. Problema jurídico
El problema jurídico que la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional deberá resolver en el presente proceso
es el siguiente:
¿Se vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del  actor, teniendo en
cuenta que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga negó el
incidente de nulidad propuesto por éste frente a las actuaciones surtidas con
posterioridad al 31 de diciembre de 1999, por
considerar que al subsistir parte de la deuda luego de la reliquidación del
crédito no se cumplían los supuestos normativos contemplados en el parágrafo
tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 - que regula la materia- , y en consecuencia las actuaciones adelantadas a partir del año
2000 no están afectadas de nulidad?
Igual problema jurídico se formula con
respecto a la actuación de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga,
la cual confirmó la decisión del Juzgado Cuarto y, en
consecuencia, se continuó con el proceso ejecutivo hipotecario adelantado
contra el accionante de la presente acción de tutela.
Para resolver el problema jurídico así planteado, la
Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela frente a las posibles vías de hecho que se detecten al
interior de los procesos ejecutivos hipotecarios. Para tal efecto hará unas
consideraciones sobre la procedencia a de la acción de tutela contra
providencias judiciales y sobre la actuación del juez de tutela en los procesos ejecutivos
hipotecarios regulados por la Ley 546 de 1999, para posteriormente abordar el
caso concreto.
3. Procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Vía de hecho.
Esta Corporación en reiteradas oportunidades ha
considerado que la acción de tutela es improcedente contra providencias
judiciales, a menos que se configure una vía de hecho, esto es que el
funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su actuación[30]. Este hecho determina
la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, razón por la
cual se han señalado una serie de límites estrictos que deben ser atendidos
cuando se pretenda invocar la protección por el juez constitucional[31].
Este ha sido el criterio jurisprudencial
adoptado por la Corte desde sus primeras decisiones, en particular desde la
sentencia C-543 de 1992, en la cual la Corporación señaló que en aquellos casos
en los cuales se evidencie una actuación de hecho por parte de una autoridad
judicial, la acción de tutela procederá como mecanismo de protección judicial[32].
La admisión de la tutela en
estos casos juega un papel armonizador de las relaciones político sociales
inherentes al Estado Constitucional y democrático, dado que, aunque se
establezca como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a
providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores
tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa
juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia
y protección real del derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas
tal principio admite excepciones que, en vez de desdibujar los postulados
antes enunciados, tienden a su consagración, en la medida en que permiten
atacar errores protuberantes de los jueces, con lo cual, además, se
salvaguardan derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro
del marco del Estado social de derecho[33].
En este contexto, la misión del juez de tutela es la
de evaluar la existencia de posibles vías de hecho en la actuación judicial. No
obstante, debe aclararse que, como lo ha reiterado esta Corporación, el juicio
realizado por el juez constitucional no puede convertirse en una nueva
oportunidad para controvertir el material probatorio o las decisiones adoptadas
por el juez en el transcurso del proceso, pues de hacerlo invadiría órbitas que
no son de su competencia.
“(...) el juez de tutela, al
estudiar si una determinada providencia es una vía de hecho, no puede sustituir
a los jueces naturales. No se trata de una última instancia con capacidad para
revisar integralmente todo lo actuado o para juzgar extremos que sólo competen
al juez de la causa. En este sentido, la doctrina constitucional ha señalado
que, en materia de la evaluación probatoria sobre la culpabilidad del sujeto
implicado en la comisión de un delito, el juez de tutela debe ser en extremo
cauteloso para no exceder sus competencias. [34]
De la doctrina constitucional
sobre vías de hecho fijada por esta Corporación, se pueden extractar los
siguientes cuatro tipos:
“(1)
la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto
sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión
(defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece,
en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el
juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto
procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial,
aparejará su descalificación como acto judicial”.[35]
4. La jurisprudencia respecto de la
actuación del juez de tutela en  los procesos ejecutivos hipotecarios regulados
por la Ley 546 de 1999.
4.1 La jurisprudencia sobre
esta materia se encuentra planteada en  la sentencia C-955 de 2000 que en lo
pertinente precisó:
“El artículo 42, excluida por
virtud de esta Sentencia la discriminación que introducía entre deudores
morosos y al día, extiende a aquéllos los beneficios de los abonos previstos en
el artículo 40 y ordena abonar a sus obligaciones el monto total de la
diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41, ya analizado.
El parágrafo 1 del artículo 42
contempla la hipótesis de que el deudor que ha recibido abono incurra en mora
de más de doce meses, y señala para ella la misma consecuencia prevista en el
parágrafo 1 del artículo 41, que como lo ha dicho la Corte en esta providencia,
no es inconstitucional.
El parágrafo 2 dispone que a
las reliquidaciones contempladas en el artículo 42 les sean aplicables el
numeral 1 del artículo 41 y lo previsto en los parágrafos 1 y 2 del mismo
precepto. Como tales normas serán declaradas exequibles, también ésta lo debe
ser.
El parágrafo 3 del artículo
examinado contempla que los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas
y sobre las cuales recaen procesos judiciales, que dentro de los noventa días
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley decidan acogerse a la
reliquidación de su crédito hipotecario, tienen derecho a solicitar suspensión
de los mencionados procesos.
Agrega la norma que dicha
suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo, lo cual
significa que no necesariamente es indispensable la solicitud por parte del
interesado.
Dispone el precepto que, en
caso de que el deudor acuerde dentro del plazo mencionado la reliquidación de
su obligación, el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin
más trámite.
Señala el parágrafo,
finalmente, que si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito
el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a
solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la
etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización
de su cuantía.
A juicio de la Corte, no hay
quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión
de los procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se
encuentran vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general
objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago,
más por el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de
los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así
como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben
repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia
SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
En ese orden de ideas, la
suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión
adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la
reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación
del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal
sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende
al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza
los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.).
Empero, esos mismos propósitos
del legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los
contemplan, aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando
supedita la suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la
reliquidación de su crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada
en vigencia de la Ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las
razones atrás expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben
dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una
reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un
requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona,
además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder
efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a
ser condenada en el proceso.
También contraviene el derecho
a la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia
la parte final del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente
a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía.
En efecto, es evidente que se
trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor
del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.
El acreedor goza, por supuesto,
del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero
mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba
cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos
ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos
nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la
relación procesal.
Serán declaradas inexequibles,
en este parágrafo, las expresiones "que dentro de los noventa (90) días
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la
reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo" y
"si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor
incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la
entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se
encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su
cuantía". (Sentencia
C-955 de 2000) (se subraya)
Debe  tenerse en
especial consideración lo dicho por la Corte en la Sentencia C-955 de 2000 en
el sentido de que:
“…producida ella, (la reliquidación) debe dar
lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo
ordena la norma” (Subrayas por fuera del texto original)
Lo anterior no puede ser interpretado de
manera diferente ha como efectivamente lo hizo esta Corte en un pronunciamiento
posterior, la sentencia T-606 de 2003, en la que reiteró que la C-955 de 2000
había dispuesto que:
“En suma, una vez concluido el
trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de
diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias
convenidas en UPACS, terminaron por ministerio de la ley…”
Además vale resaltar que, en el mismo sentido la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dijo que:
“… según lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 42
de la ley 546 de 1999 y de conformidad con la sentencia C-955 de 26 de julio
de 2000 dictada por la Corte Constitucional, producida la reliquidación del
crédito debió terminarse el proceso y proceder a su archivo, sin más trámite.
4.2 Ahora bien, De conformidad con lo
hasta aquí expuesto, es el juez ordinario quien tiene la  competencia para
resolver las discusiones que se susciten entre las partes en el proceso
ejecutivo hipotecario respecto de los créditos del anterior sistema UPAC y que
fueron objeto de reliquidación. Sólo excepcionalmente puede intervenir el juez
de tutela, si se dan las circunstancias que la Constitución y la ley prevén
para que su intervención sea procedente, esto es, cuando aquel ha incurrido en
vía de hecho.
Ahora bien, respecto de las posibles  vías
de hecho en los procesos ejecutivos hipotecarios, a propósito de la situación
de muchos deudores del sistema financiero que para la fecha de la iniciación de
la vigencia de la Ley 546 de 1999 se encontraban en mora en el pago de sus
obligaciones y que reclamaron la terminación de los procesos que se seguían en
su contra, también existen ya algunas sentencias que merecen citarse:
1. En la sentencia T-112 de 2003[36] la Corte reitera la
jurisprudencia consignada en la sentencia C-955 de 2000, pero niega la
protección reclamada por una persona que solicitaba la reliquidación de un
crédito hipotecario y la suspensión de un proceso ejecutivo en su contra, tras
considerar que la acción de tutela es improcedente para subsanar la inactividad
en el ejercicio del derecho de defensa. En este fallo la Corte indicó que:
“Es dentro del proceso
ordinario correspondiente en el cual se estudia la controversia jurídica en el
cual las partes pueden ejercer su derecho de contradicción manifestando, dentro
de los términos establecidos, sus argumentos y contra-argumentos frente al
asunto de la litis. Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, la acción
de tutela no está contemplada para subsanar las eventuales negligencias de las
partes dentro del proceso. De lo contrario se estaría atentando contra el
derecho de defensa de la contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro
del escenario natural los argumentos de su contrario y en esa medida no los
controvirtió.”
2. En la sentencia T-606 de 2003[37] la Sala Octava de Revisión
resolvió una acción de tutela presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A.
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que había
anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria contra la
propietaria de un inmueble sobre el cual se había constituido una hipoteca de
primer grado. La Sala Octava partió de la base de que la tutela sí era procedente
y analizó a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones
relevantes contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 lo decidido por
el Tribunal de Medellín.[38] Para el caso concreto, la
Corte concluyó lo siguiente:
“Así las cosas, la sentencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá ser
confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones expuestas en esta
providencia, como quiera que –como se vio- esta Corporación encontró ajustadas
a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley
546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en curso, para que la
entidad prestamista procediera a convertir los créditos de vivienda concedidos
en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en ejecución, como
también la terminación de los asuntos, por ministerio de la ley.
A fin de que los deudores
contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito, previa la adecuación
de los documentos contentivos de la obligación.
De manera que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar la sentencia de
primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las motivaciones que
quedaron expuestas.”
3. Mediante sentencia T- 1207 de 2004[39], la Sala Cuarta de Revisión
resolvió declarar procedente la acción de tutela y amparar  el derecho al
debido proceso de la entidad financiera CONAVI, que había formulado una acción de tutela
contra una providencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en la
cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado por la entidad
bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[40] La Sala Cuarta resaltó que, a pesar de que la deuda hipotecaria había
sido inicialmente contraída en UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual
constituye una especificidad de este caso.
4. Finalmente, esta Sala en un proceso
anterior fallado contra el mismo Juzgado 2º Civil del Circuito de Montería y el
Juzgado 4º Civil del Circuito de la misma ciudad por similares motivos (T- 258
de 2005), concedió la tutela a varias personas que reclamaban la terminación de
procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 y
cuya liquidación, a la luz de la Ley  546 de 1999, había sido aportada a los
respectivos  procesos.  La Corte sostuvo que  procede el amparo al debido
proceso  en todos aquellos casos en los cuales  los procesos ejecutivos
hipotecarios que estaban siendo adelantados con anterioridad al 31 de diciembre
de 1999 contra las personas que habían adquirido créditos de vivienda bajo el
sistema UPAC, no se declararon terminados oficiosamente por los jueces que
conocían de ellos.
Del desarrollo jurisprudencial antes citado se deduce
que para que el juez  civil deba dar por terminado el proceso ejecutivo
hipotecario instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC es
necesario que se haya iniciado antes del 31 de Diciembre de 1999 y que la
entidad acreedora haya aportado a él la reliquidación del crédito. Así mismo,
se infiere que no es necesario que el ejecutado solicite al juez la terminación
del proceso, ya que ésta se produce por ministerio de la ley y por tanto aquel
debe declararla oficiosamente.
5. Carencia actual de objeto en la
acción de tutela interpuesta por el señor Darío Platarrueda Vanegas al haberse
decretado por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito la nulidad de lo
actuado y la consecuente terminación y archivo del proceso ejecutivo
hipotecario iniciado en su contra.
Esta Corporación ha enfatizado que si
durante el trámite de la acción de tutela la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales desaparece la tutela pierde su razón de ser, pues bajo
esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar[41].
En el presente caso se tiene que, no
obstante haberse negado el amparo mediante tutela de los derechos del
accionante, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito decretó la nulidad de todo lo
actuada a partir de la fecha en que el Banco DAVIVIENDA aportó la reliquidación
del crédito hipotecario ordenada por la Ley 546 de 1999, mediante auto del 31
de enero de 2006, en respuesta a la solicitud de terminación elevada por el
ejecutado con posterioridad al fallo de tutela de primera instancia. En dicho
auto adicionalmente, se ordenó la terminación del proceso y el archivo del
expediente.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito consideró que no obstante haber subsistido un saldo
en contra del accionante con posterioridad a la reliquidación del crédito, la
jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional en su posición mayoritaria
indica que aún en estos casos debían darse por
terminados los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del año 2000.
En consecuencia, dicho despacho judicial acogió la posición de esta
Corporación.
En el mismo sentido, se tiene que por medio de escrito recibido vía fax en la Secretaria de esta
Corporación el 21 de febrero de 2006, el accionante desiste de la revisión, por
cuanto “mediante auto del 31 de enero de 2006, el juzgado terminó el proceso
que adelantaba en mi contra como codeudor de la señora Olga Vargas de Flórez,
por lo tanto ha desaparecido el objeto de la presente acción”.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se
concluye que en el caso objeto de revisión se está frente a un hecho superado,
como quiera que la situación de hecho que originó la presente acción de tutela
ya desapareció puesto que el Juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo
hipotecario decidió decretar la nulidad de lo actuado en el mismo después de
aportada la reliquidación del crédito, así como la terminación y archivo del
expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe
tener en cuenta que en el presente caso, el señor Darío Platarrueda Vanegas
interpuso acción de tutela por considerar que el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, incurrieron en vías de hecho y en la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al negar el incidente
de nulidad propuesto dentro del proceso ejecutivo en relación con las
actuaciones adelantadas a partir del año 2000, con base
en la interpretación que dichas autoridades dieron al parágrafo 3 del artículo
42 de la Ley 546 de 1999, según la cual al subsistir un saldo insoluto a favor
de la entidad el proceso ejecutivo debía continuar.
La Sala de Casación Civil – Familia de La Corte
Suprema de Justicia, mediante fallo proferido el 18 de octubre de 2005, negó la
tutela de los derechos fundamentales del accionante, tras considerar que la
actuación judicial se ajustó a lo establecido por el Artículo 42 de la Ley 546,
en el cual se plantean dos conceptos diferentes, a saber: (i) suspensión de los
procesos, fenómeno que se presentó para dar lugar a la reliquidación de los
créditos hipotecarios vigentes a 31 de diciembre de 1999 de UPAC a UVR; y (ii)
la terminación de los procesos, figura que procede con posterioridad al acuerdo
de reestructuración que se celebre entre el deudor hipotecario y la entidad
acreedora, o que una vez operada la reliquidación  no subsistan saldos a favor
de la entidad hipotecaria. En consecuencia, considera la Sala de Casación Civil
que de conformidad con el alcance que debe darse al artículo 42 de la ley 546
de 1999, el proceso no podía darse por terminado ya que éste no fue el
propósito del legislador.
La Sala observa que en la presente
acción, no obstante haberse solicitado la nulidad de la actuación judicial a
partir de enero del año 2000, y haberse interpuesto recurso de reposición y de
apelación contra el auto que resuelve el mencionado incidente de nulidad, se
insistió por parte de las demandadas en la legalidad de lo actuado basándose en
argumentaciones que contrarían el contenido del Artículo 42 de la Ley 546 de
1999 de conformidad con la doctrina de la Corte Constitucional antes expuesta.
Así las cosas, la Corte estima que la
acción de tutela invocada por el señor Platarrueda Vanegas debió prosperar y
por tanto se debió ordenar el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que las decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga
incurrieron en sendas vías de hecho.
Igualmente, advierte la Corte que en aras
de decidir sobre el amparo solicitado por el señor Platarrueda, la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia ha debido decretar pruebas tendientes a
establecer (i) el estado actual del crédito, (ii) el estado actual del proceso
ejecutivo hipotecario y las actuaciones adelantadas por el accionante,
tendientes a lograr la declaración de nulidad de lo actuado a partir de enero
de 2000 y la terminación y archivo del proceso y (iii) la situación económica
del accionante, así como su capacidad de pago en lo relativo a las cuotas del
crédito hipotecario a su cargo.
Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala revocará el fallo objeto de revisión, por no haber
protegido efectivamente los derechos del accionante. No obstante ante la
existencia de un hecho superado, declarará la carencia actual de objeto. Se
reitera de esta manera el criterio expuesto por esta misma Sala según el cual,
no se puede confirmar un fallo de tutela contrario a la Carta[42].
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar
los términos suspendidos.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida Sala de Casación Civil – Familia de la Corte
Suprema de Justicia el 18 de octubre de 2005, por medio de la cual negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados por el señor Darío Platarrueda Vanegas,
contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bucaramanga.
Tercero.– DECLARAR la carencia actual de objeto, por la razón
señalada en la parte motiva de
esta sentencia.
Cuarto.- ORDENAR a la Sala de Casación Civil – Familia de la Corte
Suprema de Justicia que, en aras de garantizar la efectividad de la acción de
tutela, notifique este fallo a las partes dentro de los dos (2) días siguientes a su recepción.
Quinto. - LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y
publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
A LA SENTENCIA T-258 de 2006
JUEZ DE TUTELA-Discrepancias entre jueces por interpretación
diferente no puede ser calificada como vía de hecho/PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Las providencias que no terminen los procesos iniciados antes
del 31 de diciembre de 1999 no siempre constituyen vía de hecho (Salvamento de
voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación de la ley 546 de 1999 y la
sentencia C-955 no conduce a la terminación de todos los procesos (Salvamento
de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por no haberse utilizado los
recursos de ley dentro del proceso ejecutivo (Salvamento de voto)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación de la Sala de Casación
Civil sobre continuación de procesos ejecutivos con saldos insolutos
(Salvamento de voto)
TRIBUNAL SUPERIOR-Interpretación de la sala unitaria sobre
terminación de procesos ejecutivos con saldos insolutos (Salvamento de voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Hipótesis fácticas que deben darse para que
el proceso continúe (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por no haber ejercido los
recursos de ley (Salvamento de voto)
Referencia: expediente T-1234085
Acción de tutela instaurada por Darío
Platarrueda Vanegas contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga,
la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y el
Banco Davivienda.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, salvo mi voto. Mi disidencia se funda en las razones
que expondré después de resaltar los hechos del caso que han debido merecer
mayor consideración en la sentencia, y que conducen – a pesar de la carencia
actual de objeto, que comparto – a que en el numeral primero de la parte resolutiva
de la sentencia se haya debido confirmar la sentencia de tutela de primera
instancia, la cual negó el amparo por ausencia de una vía de hecho.
En este caso, el accionante solicita mediante la
acción de tutela que se le ampare su derecho al debido proceso y en
consecuencia se proceda a ordenar la nulidad de todo lo actuado en el proceso
ejecutivo desde el año 2000 y se ordene la terminación y archivo del
expediente.
De acuerdo con los hechos del caso y la revisión del
proceso ejecutivo (remitido a la Corte por el Juzgado Cuarto, en cumplimiento
de lo ordenado en auto del ocho (8) de febrero de 2005), se vislumbra que el
proceso ejecutivo hipotecario se ha adelantado con sujeción a las normas
procedimentales que regulan el proceso, concediendo a la parte ejecutada -
accionante de la presente tutela - todas las garantías dispuestas para el
ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.
Así, se observa que la parte ejecutada solicitó la
terminación del proceso ejecutivo, la cual fue denegada por el Juez Civil del
Circuito al considerar que no obstante haber operado la conversión del crédito
de UPAC a UVR existían saldos a favor de la entidad demandante (Banco
DAVIVIENDA), y no se había celebrado un acuerdo entre la entidad financiera y
el deudor hipotecario para definir como habrían de ser pagados. Por tanto,
según el juez, de acuerdo con el Artículo 42 no procedía la terminación del
proceso ejecutivo hipotecario, por falta de uno de los requisitos previstos en
el mismo. Frente a la anterior decisión fue interpuesto el recurso de
reposición, el cual fue resuelto negativamente en su momento por parte del Juez
Civil del Circuito (auto del 6 de abril de 2005).
Por tanto, frente a la solicitud de terminación del
proceso elevada por el accionante, el Juzgado al resolver desfavorablemente
dicha solicitud y el recurso de reposición contra esta decisión sustentó su
decisión en una interpretación razonable del Artículo 42 de la Ley 546, que de
manera alguna puede ser considera “arbitraria” y configurativa de una
vía de hecho.
No obstante haberse solicitado la
terminación del proceso y el Juzgado haber resuelto negativamente dicha
solicitud, el 3 de diciembre de 2003 el ejecutado solicitó a dicho despacho
declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del año 2000, debido a que el
proceso judicial había continuado no obstante haber sido ordenado por la Ley
546 la terminación del proceso una vez se produjera la reliquidación del
crédito. Esta petición fue denegada mediante auto del 1 de octubre de 2004, contra
el cual se interpuso únicamente recurso de reposición el 6 de abril, el que fue
igualmente denegado mediante providencia del 6 de abril de 2005.
El Juzgado 4 Civil del Circuito declaró que no había
lugar a la declaración de nulidad del proceso, aduciendo –una vez más- que no
habiendo lugar a la terminación del proceso las actuaciones surtidas ante dicho
despacho a partir del 2000 no se encontraban viciadas de nulidad. Agrega el
Juzgado que para que opere la terminación del proceso de que trata el Parágrafo
3 del Artículo 42 es necesario que “el deudor acredite haber llegado a algún
acuerdo con el Banco relacionado con la reliquidación de la obligación. Acuerdo
que el juzgado echa de menos para acceder a la terminación solicitada”.
Frente a la anterior decisión fue interpuesto el
recurso de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos negativamente
por parte del Juez Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, quienes reiteraron los argumentos antes presentados.
De otra parte, no deben perderse de vista
las pruebas aportadas por las partes, en respuesta a lo ordenado mediante auto del
ocho de febrero de 2006 por esta Sala. Así, de la observación del histórico de
pagos aportado por el Banco DAVIVIENDA mediante comunicación del veinte (20) de
febrero de 2006[43],
queda claro que el saldo de la obligación hipotecaria a cargo del accionante a
19 de enero de 2006 asciende a la suma de $26’905.706[44] y que a 20 de febrero
de 2006 el señor Darío Platarrueda Vanegas se encontraba en mora por concepto
de 72 cuotas, y no ha cancelado ninguna cuota desde el 27 de abril de 2005.
Igualmente quedó demostrada la capacidad
de pago de las cuotas del crédito hipotecario por parte
del Señor Platarrueda, quién envió vía fax a esta Corporación copia de los
últimos tres desprendibles de pagos de la pensión de FONPEP, en los cuales
consta que a en enero de 2006 su mesada pensional asciende a la suma mensual básica de $1’471,350 y al neto de $910,526. De acuerdo con
los documentos aportados por el Banco, se observa que las
cuotas mensuales del crédito hipotecario a partir de septiembre de 2005 y a la
fecha ascienden a la suma de $320,000[45],
esto es, aproximadamente el 30% de su ingreso neto.
Reitero de manera general las consideraciones básicas
que he consignado en algunas sentencias de tutela sobre este mismo tema. El
presente caso se inscribe dentro del criterio general esbozado en el punto 3,
en el cual se presentan algunas hipótesis en las cuales no está ordenado
terminar el proceso ejecutivo, como sucede en el caso de personas con capacidad
económica para honrar sus deudas y que no obstante han incurrido en mora en el
pago de sus obligaciones en más de 72 cuotas.
Estimo que ni de la ley ni de la
jurisprudencia de la Corte sobre la misma se deduce que la terminación de los
procesos ejecutivos vigentes antes del 31 de Diciembre de 1999 deba ser
automática. Corresponde a los jueces
civiles verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicha ley,
y si éstas se dan, ordenar la terminación. Pero pueden darse casos en que no se
reúnan tales condiciones o en los cuales es preciso esperar a que dentro  del
mismo proceso ejecutivo se
esclarezcan ciertos hechos determinantes para definir si tales condiciones se
reúnen. En este evento el juez civil no está obligado por la ley a decretar la
terminación del proceso y el juez de tutela no puede concluir que la
continuación del proceso, en
el entretanto, es una vía de hecho del juez civil.
Estas son las razones que sustentan mi
posición, consignadas en los salvamentos de voto a las sentencias T–357 de
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y T–391 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
Si bien comparto algunos apartes de la sentencia y
considero que en ciertos casos los procesos ejecutivos iniciados antes de la
Ley 546 de 1999 debieron haberse terminado, disiento de varios elementos
centrales de la parte resolutiva y de la parte motiva de la presente
providencia.
Primero, no comparto las afirmaciones
tajantes, así puedan ser leídas como obiter dicta, que se han consignado en la
parte motiva de la sentencia en el sentido de que todos los procesos ejecutivos
con obligaciones denominadas en UPAC debieron haberse terminado. Ni de la ley
ni de la sentencia de la Corte Constitucional pertinente se deduce dicha regla
absoluta e incondicionada. Estimo que la terminación de tales procesos fue
sometida por el legislador a condiciones. Algunas de estas fueron declaradas
inconstitucionales por la Corte, pero otras fueron declaradas exequibles. Por
lo tanto, la terminación de los procesos ejecutivos sólo esta legalmente
ordenada cuando se reúnan dichas condiciones exequible. Posteriormente en este
salvamento se desarrollará el punto.
Segundo, estimo que en los eventos en que los procesos
ejecutivos han debido ser terminados, la Corte debe incluir en la parte
resolutiva de sus sentencias una orden en el sentido de que si el acreedor
decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las pruebas que obraban en el
anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en aras de la celeridad y para
evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea postergado por más de cinco
o siete años.[46]
Al proteger a los deudores que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia deban
recibir los beneficios establecidos, la Corte ha de valorar que los alivios y
remedios creados en 1999, no fueron una patente de corzo para no pagar las
deudas.
Tercero, considero que como cada proceso ejecutivo
tiene sus especificidades, los jueces civiles competentes tienen, como
cualquier juez, un margen razonable para aplicar a los hechos particulares de
cada caso las normas vigentes. Por eso, me preocupa que a partir de un caso
específico se sienten por vía de una sentencia de tutela reglas que no se
derivan de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia
constitucional. Además, en sede de tutela le corresponde a la Corte definir si
la providencia del juez acusada incurrió en una vía de hecho. La acción de
tutela contra providencias judiciales permite controlar la validez de las
mismas, no remplazar a los jueces de instancia para corregir sus decisiones.
Las consideraciones generales en las que se funda mi
disidencia en este caso concreto se pueden desagregar en tres partes, a saber:
1.
En la primera parte
se enfatiza la diferencia, depurada y pacífica, entre una interpretación de la
ley razonable, pero no compartida, de un lado, y una vía de hecho judicial, de otro lado.
2.
En la segunda parte
se muestra que la Ley 546 de 1999, aún después de la sentencia C-955 de 2000,
no ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos con garantía
hipotecaria anteriores a 31 de diciembre de 1999, puesto que establece condiciones para que ello ocurra, algunas de
las cuales fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional.
3.
En la tercera parte
se indican ciertas hipótesis
en que el juez civil puede razonablemente decidir que el proceso ejecutivo ha
de continuar, pero para cobrar la deuda reliquidada, convertida a UVR y
disminuida con los alivios establecidos por el legislador. Por lo tanto, se
presentarán hipótesis de
improcedencia de la acción de tutela contra providencias en los cuales se ha
continuado el proceso ejecutivo.
1. Diferencia entre una interpretación de
la ley razonable y una vía de hecho judicial del otro lado
La Corte ha fijado unos parámetros para determinar si una providencia judicial
incurrió en una vía de hecho que la hace inválida. Estos parámetros permiten
que los jueces ordinarios ejerzan el margen de interpretación que la
Constitución les reconoce y apliquen las normas pertinentes a los hechos particulares de cada caso. Bien puede
suceder que dos jueces tomen decisiones diferentes, pero que ninguna de las dos
providencias constituya una vía de hecho porque no se ha colocado en los
extramuros del derecho. Ello ha sucedido muchas veces, en especial cuando el juez de primera instancia
decide en un sentido, pero el de segunda revoca y decide en un sentido
diferente o, inclusive, contrario. La Corte no toma esa discrepancia judicial
como indicadora de una vía de hecho. Admite que los jueces civiles, penales, laborales, o contencioso
administrativos, pueden llegar a conclusiones diversas habida cuenta de los
hechos del caso y de la valoración de las pruebas, así como de los márgenes
razonables de interpretación de las normas aplicables.
Pues bien, a la Corte pueden llegar tutelas
contra providencias que ordenaron terminar un proceso ejecutivo, pero también
providencias que dispusieron que otro diferente continuara. No todas las
segundas constituyen automáticamente una vía de hecho. Por eso, la Corte ha negado acciones de tutela
contra providencias que dispusieron la continuación de procesos ejecutivos
relativos a obligaciones denominadas en UPAC e iniciados antes de la Ley 546 de
1999.
El anterior fue por ejemplo el caso
analizado en la sentencia
T-535 de 2004[47], en la cual la Sala Segunda de Revisión
declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por un deudor que había
omitido solicitar al juez civil que decidiera sobre la terminación del proceso ejecutivo. En éste caso, la Corte
consideró que el juez civil no incurrió en violación del debido proceso alegado
por el accionante–parte demandada en el proceso ejecutivo -, puesto que en el
transcurso del proceso ejecutivo éste no hizo uso de los recursos legales previstos y no solicitó la
terminación del mismo[48]. En consecuencia, para este caso la Corte consideró que la no terminación del
proceso ejecutivo no constituía por si misma una vía de hecho.
De tal manera que afirmar que las
providencias que no ordenen la terminación de tales procesos son, sin más
consideraciones, vías de hecho, no solo es difícilmente armonizable con la jurisprudencia de la
Corte sobre las vías de hecho, sino que contradice precedentes específicos en
los cuales no se invalidó la providencia de un juez que decidió no dar por
terminado un proceso ejecutivo atendiendo a las especificidades del caso[49].
Se dirá que la ley ordenó terminar todos los procesos ejecutivos o que, si
bien la ley no lo ordenó, ésta es la consecuencia de la sentencia de la Corte
Constitucional sobre dicha ley. A mi entender, esa conclusión no es clara, por
lo menos no lo suficientemente clara como para decidir que los jueces que tengan una interpretación distinta
y por las circunstancias del caso decidan no dar por terminado procesos
ejecutivos incurren en una arbitrariedad constitutiva de vías de hecho.
2. La interpretación de la Ley 546 de 1999
y de la sentencia C-955
de 2000 no conduce a una regla absoluta que ordena la terminación de procesos
ejecutivos sin condiciones y sin importar la conducta del deudor.
Jurisprudencia constitucional. Sentencia C-955 de 2000.
2.1 La interpretación de la Ley 546 de 1999 debe ser sistemática, a la luz de todas
las decisiones adoptadas en la sentencia C-955 de 2000.
La afirmación según la cual todos los
procesos ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso a 31 de diciembre de
1999 se deben dar por terminados automáticamente, sin importar las condiciones de cada
proceso ni la conducta del deudor, no resulta compatible con la idea de
búsqueda de acuerdos de reestructuración que está desarrollada en la Ley 546,
por las siguientes razones:
(i)
En primer lugar, en
el inciso primero del Artículo
42 de la Ley 546 de 1999, se establece que la entidad procederá a “condonar los
intereses de mora y reestructurar el crédito si fuere necesario”, de lo cual se
desprende que existe una diferencia normativa entre reliquidación de la obligación, como consecuencia de
aplicar los abonos previstos en el Artículo 41 de la Ley 546, y
reestructuración de la misma. Así, se tiene que como consecuencia de la
reliquidación se podrán presentar eventos tales como saldos insolutos a favor
del acreedor, sobre los cuales
se podrá proceder a una eventual reestructuración del crédito. Conviene
mencionar, por tanto, que al ser conceptos diferentes, las consecuencias
jurídicas derivadas de la reliquidación y la reestructuración habrán de ser
diferentes.
(ii)
En segundo lugar,
en el Parágrafo 3 del Artículo 42 se emplea la expresión condicional “en caso
de que el deudor acuerde la reliquidación para que proceda la terminación del
proceso”[50]. Al respecto, debe decirse que una lectura
sistemática de la Ley 546 y en
particular del Artículo 42 permite concluir que cuando el legislador utilizó en
el Artículo 42 el concepto “reliquidación” en el Parágrafo 3 se estaba
refiriendo a la reliquidación posterior a un acuerdo de “reestructuración”.
Esto por cuanto la
reliquidación la debe efectuar el establecimiento de crédito siguiendo el
procedimiento previsto en el Artículo 41, y por tanto en dicho procedimiento no
media “acuerdo” entre la entidad financiera y el deudor del crédito
hipotecaria. En tanto que la reestructuración
supone un expresión de voluntad del deudor, él cual acuerda con la entidad
financiera las nuevas condiciones del crédito hipotecario, en aspectos tales
como plazo y monto. Así, el deudor puede decidir aceptar o no las condiciones
de reestructuración. El
Parágrafo 3 se refiere entonces al evento en el cual el deudor “acuerda” con el
acreedor las nuevas condiciones del crédito, en cuyo caso habrá lugar a la
terminación y archivo del proceso judicial. Por tanto, la norma estableció un
claro condicionamiento para la
terminación del proceso: que medie acuerdo de reestructuración de la obligación
entre deudor y entidad financiera. En consecuencia, las demás hipótesis no
contempladas en el Parágrafo 3 no pueden sujetarse a lo previsto en el mismo.
(iii)
En tercer lugar, el
Artículo 43 que regula la excepción de pago, fue interpretado por la Corte en
la sentencia C-1140 de 2000[51], en el sentido de que la aplicación de los
abonos a las deudas hipotecarias a los que se refiere la Ley 546 de 1999 no eximía al deudor de que
contra él se entablaran reclamos judiciales por lo que quedara debiendo. Dijo
la Corte en dicha sentencia al admitir que cabía la compensación de deudas
entre la entidad financiera y el deudor hipotecario:
“Para la Corte el precepto legal en cuestión es exequible, pues no
vulnera ningún texto constitucional y, por el contrario, se considera que las
medidas establecidas en el artículo 43 tienden a desarrollar eficazmente el
derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta Política, y a reconocer a la compensación
por mutuas deudas el efecto judicial consiguiente.
No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, se estima
pertinente advertir que, desde luego, la excepción que puede oponer una
entidad financiera ante demanda del deudor, debe entenderse como de carácter
relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente pagada o compensada, y,
por tanto, la norma no puede interpretarse en el sentido de que resulten
excluidas para el deudor las posibilidades de entablar nuevos reclamos
judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser
compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. (Subrayado
agregado al texto)
2.2. Jurisprudencia constitucional: la
importancia de las especificidades
de cada caso de tutela.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional no ha resuelto que en todos los casos el juez civil ha de dar
por terminado el proceso. La Corte Constitucional ha procedido a analizar las
especificidades de cada caso a
fin de decidir si hay lugar o no a la terminación y archivo del proceso
judicial como consecuencia de la aplicación del Artículo 42 de la Ley 546.
Lo anterior se constata al observar el
resumen realizado en la sentencia T-1243 de 2004[52], mediante la cual la Sala Tercera de
Revisión declaró improcedente una acción de tutela en la cual el accionante,
deudor en el proceso ejecutivo había solicitado al juez civil terminar el
proceso de manera extemporánea[53].
La sentencia T-1243 de 2004. Esta sentencia
se cita en extenso a continuación:
“3.1. Aun
cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a los derechos de
los deudores y de los acreedores de créditos hipotecarios cuyo valor se
calculaba bajo la figura del UPAC es abundante, en relación con los dos
problemas jurídicos planteados, la Corte se ha pronunciado en diversas
ocasiones cuando se controvierten, alegándose la existencia de vías de hecho,
providencias proferidas en procesos ejecutivos adelantados contra deudores
hipotecarios que se encontraban en mora a la fecha de expedición de la Ley 546
de 1999.
“3.2.
Primero, en la sentencia T-606 de 2003[54]
la Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el
Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por
la entidad bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había
constituido una hipoteca de primer grado. La Sala Octava partió de la base de
que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de
Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones
contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la
tutela.[55]
Para el caso concreto, la Corte concluyó lo siguiente:
“Así las
cosas, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia deberá se confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones
expuestas en esta providencia, como quiera que – como se vio- esta Corporación
encontró ajustadas a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en
curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de
vivienda concedidos en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en
ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la
ley.
“A fin de
que los deudores contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito,
previa la adecuación de los documentos contentivos de la obligación
“De manera
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar
la sentencia de primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las
motivaciones que quedaron expuestas.”
“3.3.
Segundo, en la sentencia T-535 de 2004,[56]
la Sala Tercera de Revisión revisó una tutela interpuesta por una deudora
hipotecaria contra el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, por considerar
que éste había incurrido en una vía de hecho al no dar por terminado el proceso
ejecutivo adelantado en su contra. La Corte consideró que la tutela era
improcedente para invalidar lo actuado dentro del proceso ejecutivo, porque la
accionante y deudora del crédito hipotecario, luego de haber solicitado la
reliquidación del crédito,  no había hecho uso oportuno de los recursos
ordinarios disponibles para la defensa de sus derechos. En efecto, luego de
hacer el recuento de las distintas etapas del proceso ejecutivo,[57] la Corte señaló lo
siguiente:
“De este
recuento, se puede concluir: no existe ninguna solicitud de la actora
encaminada a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que
ha realizado en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que
presentó en contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta
desfavorablemente mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no
se observa otra actuación procesal, no obstante haber sido notificada
personalmente del mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada
a la audiencia de conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo
faltando 4 días antes de la fecha señalada para la diligencia de remate, la
actora presentó esta acción de tutela.
“En estas
condiciones, para esta Sala de Revisión, no se da la violación al debido
proceso por parte de la Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, de la manera como
lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la
ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la
terminación del mismo, no puede sostenerse válidamente la violación mencionada.
“Otra cosa
distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y
la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho,
evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de
hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción
de tutela puede proceder. Pero este no es el caso.”[58]
“3.4. En la sentencia
T-701 de 2004[59]
la Sala Séptima de Revisión declaró procedente la acción pero, en cuanto al
fondo, negó la tutela interpuesta por la Corporación Nacional de Ahorro y
Vivienda contra una providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín en el proceso de ejecución que la entidad financiera
seguía en contra una persona propietaria de un bien inmueble hipotecado.[60]
“La Sala Séptima
de la Corte Constitucional procedió a resolver los problemas jurídicos
expuestos a continuación: “(i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los
derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto,
en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y
archivo del proceso de la referencia? (ii)¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable
la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la
sentencia C-955 de 2000?”
“La Sala respondió
a ambas preguntas de forma negativa y respecto del caso concreto concluyó:
“[T]eniendo
en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable, sino que es
la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no incurrió en una
vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez Constitucional para
modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto del defecto
sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez de
conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados
superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores
de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada
por la Sala Unitaria  de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la
hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la
sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por
Conavi, no será concedida.”
“3.5. En
una reciente decisión, mediante sentencia T- 1207 de 2004[61], la Sala Cuarta
resolvió, declarar procedente la acción y “tutelar el derecho al debido
proceso” de la entidad financiera CONAVI, quien había interpuesto una
acción de tutela contra una providencia proferida por el Tribunal Superior de
Medellín, en la cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado
por la entidad bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[62] La Sala Cuarta resaltó
que, a pesar de que la deuda hipotecaria había sido inicialmente contraída en
UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual constituye una especificidad de este
caso”.
A partir de lo anterior, frente al primer problema jurídico planteado en la
sentencia T-1243 de 2004, esto es, la procedibilidad de la acción de tutela, la
Corte afirma:
“3.6. Del
resumen anterior, en punto a la procedibilidad de la acción de tutela, se puede
apreciar que: (i) la Corte ha analizado caso por caso si la acción de tutela
cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) en algunas sentencias concluyó
que sí los cumplía, y en otras que no; (iii) en ninguna de éstas sentencias la
Corte ha impartido órdenes con efectos inter pares, inter comunis,
u otra modulación de los alcances de sus órdenes, las cuales están contenidas
en sentencias que responden a las especificidades de cada caso y que explican
cada resultado; (iv) en dos de los casos en que se reunieron los requisitos de
procedibilidad de la acción, la Corte decidió confirmar las respectivas
sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pero por las razones expuestas en cada providencia, las
cuales negaron las acciones de tutela. En otra sentencia la Corte concedió la
tutela interpuesta por la entidad financiera contra la providencia del juez
civil que anuló el proceso ejecutivo”.
Del resumen anterior, es pertinente detenerse en lo
establecido por la sentencia T-701 de 2004 precitada. En esta providencia, la
Corte reconoció que de la Ley 546 de 1999 surgían varias interpretaciones[63], no una sola, respecto
de la terminación de los procesos ejecutivos. Al respecto dijo:
“[C]orresponde a
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala
Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la
decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo
seguido contra la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y
ordenar, así mismo, la terminación y archivo del expediente, previo
levantamiento de las medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del
banco CONAVI.  En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i)
¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados
por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de
consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la
referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la
interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia
C-955 de 2000?
[…]
“[…] [L]a
controversia esencial en el presente caso gira en torno al alcance del
parágrafo 3 de este artículo, pues dos interpretaciones de la norma que define
las condiciones de procedencia de terminación y archivo de los procesos en
curso a 31 de diciembre de 1999 han sido sustentadas por los diversos
operadores jurídicos.”
[…]
“La terminación de
los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a
ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas interpretaciones
de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo
debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del crédito (a) no
quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos
insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la
deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la reestructuración del
crédito. El punto de controversia se circunscribe a aquellos casos en los
cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de
parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del
acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad
financiera. En ese evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala
de Casación Civil, el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la
interpretación de la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín,
también en este caso, el proceso ejecutivo cesa.
“Para una mejor
ilustración de la existencia de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a
exponer las tesis que respaldan cada una de ellas, para luego determinar si la
sentencia del Tribunal demandado constituye o no una vía de hecho
“Primera
interpretación: continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no
sometidos a reestructuración
“[…] Para la Sala
de Casación Civil y para el actor de la presente tutela, el efecto jurídico de
la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser
el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en
que se encontraba. Fundamentan su posición en los siguientes argumentos:
"a)
Lo “racional” en casos
como el que provocó la demanda de tutela era que, presentada la reliquidación y
sometida al trámite pertinente, las consecuencias procesales que de ello se
deriven, debían estar en consonancia con la finalidad del proceso ejecutivo
(art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la obligación.
"b)La Ley 546 de 1999 dispuso que, si las partes
involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de refinanciación o
reestructuración–para el evento en que el alivio fuera menor al monto de la
deuda- el proceso se terminaría por tal circunstancia. No es viable, entonces,
dar por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario con la mera
aprobación de la reliquidación de los créditos.
"c)
Aunque la norma empleó
indistintamente los términos “reliquidación” y “reestructuración”, un
entendimiento sistemático de la misma permite concluir que, cuando el parágrafo
dice “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación”, está haciendo
mención no sólo al nuevo monto de la obligación (reliquidación), sino también a
las condiciones de pago de la misma (reestructuración). No puede, entonces,
derivarse la misma consecuencia jurídica de supuestos de hecho diversos.
"d)Si  la finalidad del legislador hubiera sido terminar
todos los procesos ejecutivos en curso, sin distinción alguna, así lo habría
consignado expresamente. Pero no. Su estrategia para hacer frente a la crisis
fue aplicar –de conformidad con las reglas por él mismo fijadas- un alivio a
todos los créditos de vivienda. Si el abono fue la estrategia para ayudar a los
deudores, no se entiende cómo es derivada, sin más, la obligación de dar por
terminados procesos ejecutivos con saldos a favor del deudor respecto de los
cuales no hubo acuerdo de pago.
"e)
La tesis de conformidad
con la cual todos los procesos ejecutivos terminaron por ministerio de la ley
no se sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de la sentencia C-955 de 2000. Por tal
razón, la declaratoria de  nulidad de todas las actuaciones judiciales
realizadas después del 31 de diciembre de 1999, además de configurar un defecto
sustantivo de las providencias, vulnera el derecho al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de las entidades bancarias, las cuales,
además, no cuentan con otro medio de defensa ordinario.
"f)
La frase condicional no
declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000: “en caso de que el
deudor acuerde la reliquidación de su obligación”, implica que, si no hay
acuerdo, entonces no habrá lugar a la terminación de los procesos. El acuerdo
se refiere a lo que técnicamente es denominado reestructuración. Cuando la
norma hace referencia a la reliquidación, no establece condicionamiento alguno,
por cuanto la misma opera aún sin el concurso de voluntades de deudor y
acreedor.
"g)
Si la ley hubiese
querido dar por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de
diciembre de 1999, así lo habría consignado expresamente. No hay lugar,
entonces, a hacer extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a
hipótesis no contempladas por la misma.
“Segunda
Interpretación: terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en
curso a 31 de diciembre de 1999.
“[…] Por su parte,
el Tribunal demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis
contraria, esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso,
lo cual fundamentan en los siguientes argumentos:
"a)
La sentencia C-955 de
2000 prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor
consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley
–hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias
y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del
crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para
terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos,
y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de
manera oficiosa por el Juez de conocimiento-.
"b)
Las decisiones
judiciales que establecieron la terminación y archivo de los procesos
judiciales en curso a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica
expuesta en la sentencia C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999. Por tal razón, no se configura en aquellos casos una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones judiciales por
indebida interpretación normativa.
"c)
El 31 de diciembre de
1999, los procesos ejecutivos en los que una entidad financiera cobraba un crédito
concedido en UPAC para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir
la reliquidación del crédito, de oficio o a petición del deudor. Una vez
efectuada la reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue
archivada.
"d)El parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999
no estableció una modalidad de terminación por pago total de la obligación,
sino la finalización de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la
ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial,
como tampoco las “gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del
crédito. Señaló la sentencia de control: “(…) la suspensión de los procesos
en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el
juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida
ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más
trámite, como lo ordena la norma que, en tal sentido, lejos de vulnerar,
desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento del
orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principio de
prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.)”[64]
"e)
La conversión de los
créditos al sistema UVR, significa que, en adelante, se adeuda el capital
correspondiente y se entiende saneada la mora anterior a ello. Cuando se
acelera el plazo (cláusula aceleratoria) la mora se cuenta desde que se toma
esa decisión. A 31 de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital
concebido en UVR. Se sigue de lo anterior, que los procesos judiciales
iniciados con ocasión de la mora en que incurrieron los deudores, terminan
necesariamente. Si la causa para acelerar el plazo era la mora, desaparecida
ésta, desaparece el pleito que la apoyaba.
"f)
Y tal y como lo destacó
la sentencia T-606 de 2003 de esta Corte, la ley 546 de 1999 fue una
normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica
de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos
ejecutivos en curso (i) dado que las obligaciones superaron el monto e pago de
los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas (ii) en razón de que
los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas
superiores a lo realmente adeudado; (iii) toda vez que los deudores no conocían
el mondo de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como
también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales
condiciones de pago.
“Razonabilidad
y adecuación constitucional de la interpretación de la sentencia atacada.
“[…] El defecto
sustantivo de las providencias judiciales –como causal de procedibilidad de la
acción de tutela- se configura cuando el operador jurídico aplica de manera
arbitraria e infundada una norma, y de tal aplicación, se sigue la vulneración
de derechos fundamentales, no subsanable con los medios de defensa ordinarios.
De conformidad con la exposición hecha en párrafos anteriores, la
interpretación del Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o
injustificada, en tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles,
de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia vigentes. Ese sólo hecho
ya es suficiente para negar el amparo solicitado, pues la interpretación del
Tribunal es razonable.”
En concordancia con la jurisprudencia precitada, considero que no es irrazonable
una interpretación del parágrafo 3º del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
según la cual, en algunos casos específicos, el proceso ejecutivo en contra del
deudor hipotecario que se encuentra en mora, pueden proseguir, aún después de reliquidado el
crédito.
La misma jurisprudencia de la Corte ha
reconocido que los argumentos para apoyar la tesis según la cual el parágrafo
3º no ordena de manera incondicional y automática la terminación de todos los
procesos ejecutivos iniciados
antes del 31 de diciembre de 1999, no son irrazonables. Según dicha
jurisprudencia, la vía de hecho se configura en el momento que el operador
jurídico aplica una norma de manera “arbitraria e infundada”. A la vez,
menciona argumentos a partir
de los cuales el parágrafo 3º puede ser interpretado en varios sentidos. Ello
significa que existe un fundamento razonable para concluir que la Ley no ordena
la terminación automática e incondicionada de los procesos ejecutivos
hipotecarios en todos los
casos. Al menos algunos de dichos argumentos son no solo plausibles sino
convincentes. Dentro de estos se encuentra el de que el legislador, al expedir
la Ley 546 precitada, no ordenó de manera expresa la terminación de estos
procesos y el de que el artículo
sobre suspensión y terminación establece como condición “el acuerdo del deudor”
con la reliquidación, condición que fue declarada exequible por la Corte.
Es inevitable entonces concluir que la
propia Corte Constitucional ha considerado que no es infundada ni irrazonable la interpretación del
Artículo 42, que en la presente sentencia -de la cual me aparto- considera como
la causa de la configuración de una vía de hecho. Una interpretación que ante
las especificidades de un caso la propia Corte ha admitido que es razonable, no puede ser calificada
genéricamente de ser una vía de hecho.
2.3. Sentencia C-955 de 2000: la necesidad
de distinguir y armonizar las diversas decisiones adoptadas cuando se juzgó la
Ley 546 de 1999.
A su vez, lo decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia C-955 de 2000, en relación con la inexequibilidad de algunas
expresiones del Artículo 42 aludido, no está estrictamente relacionada con el
problema jurídico presente. En primer lugar, las razones por las cuales la Corte declaró inexequible el
plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que
los deudores en mora pudieran acogerse a la reliquidación, como condición para
que fuera suspendido el correspondiente proceso fueron las siguientes:
“(…) si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[65].
En segundo lugar, en cuanto a la
inexequibilidad del inciso final del parágrafo 3º el cual establecía que en
caso de que dentro del año siguiente a la reliquidación el deudor incurriera
nuevamente en mora, los
procesos podrían reiniciarse en la etapa en la cual estaban en el momento en
que operó la suspensión previa actualización de su cuantía la Corte consideró
que dicha norma era contraria a los derechos a la igualdad, al debido proceso y
a la administración de
justicia, en razón de que situaciones jurídicas distintas (deudas constituidas
en forma y en tiempos diferentes) no estaban siendo diferenciadas por la Ley.
Obsérvese que lo dicho en dicha sentencia no aplica
estrictamente a algunos casos que pueden darse en los procesos ejecutivos. La
norma declarada inexequible establecía que, después de un año de reliquidado el
crédito, en caso de una nueva mora del deudor – es decir, en caso de que el deudor, después de reliquidada
la deuda, faltare al pago de las nuevas cuotas -, el proceso ejecutivo
reviviría en la etapa en la cual se encontraba en el momento de la suspensión.
La Corte encontró que era contraria a la Carta una norma que sancionaba al deudor que, a pesar de la ayuda
recibida, incurriera nuevamente en mora, estableciendo que el proceso ejecutivo
se reiniciaría desde el momento de la suspensión, es decir, antes de la
reliquidación y antes de los alivios. En dicho caso, el deudor perdía, por ejemplo, el abono concedido
por la Ley.[66]
La sentencia citada no se pronunció acerca
de situaciones distintas, ya que éstas no estaban previstas explícitamente en
la Ley 546 de 1999. Así, por ejemplo, la Corte en la sentencia C-955 de 2000 no abordó el
tema de qué sucede en los casos en los cuales, el deudor vuelve a incurrir en
mora y por ello se reinicia el proceso ejecutivo después de la reliquidación,
es decir, para la recuperación de un saldo determinado en términos de UVR que incluye los alivios
concedidos. Cabe subrayar que en esa hipótesis no se le concede efectos
ultraactivos a lo que sucedió antes de la condonación de los intereses de mora,
del abono y de la consecuente reliquidación, sino que el proceso ejecutivo sólo puede continuar para cobrar
la obligación disminuida, aliviada y denominada en UVR. Tampoco se pronuncia la
sentencia C-955 acerca de lo que sucede si después de la reliquidación de la
obligación, continúa existiendo un saldo por pagar a favor de la entidad financiera. La ratio
decidendi de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión, “si dentro del
año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente
en mora, los procesos  se reiniciarán a solicitud de la entidad  financiera y con  la sola
demostración de la mora, en
la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su
cuantía" fue que
“se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.”
No dijo la Corte que el deudor que nunca
pagara lo debido, a pesar del abono y demás beneficios, sería premiado con la
terminación del proceso ejecutivo. Lo que la Corte impidió fue que
desapareciera el alivio, lo cual sucedería si se regresaba “al momento de la
suspensión”.
En conclusión, ni de las sentencias de
tutela anteriores a la presente, ni de las sentencias de constitucionalidad
sobre la Ley 546 de 1999 se puede concluir que siempre constituye una
vía de hecho la providencia judicial que no de por terminado el proceso
ejecutivo iniciado antes del 31 de diciembre de 1999. Además, del texto de la
ley citada tampoco se deduce dicha consecuencia. Por el contrario, la
terminación de tales procesos ejecutivos está sujeta a condiciones fijadas en
la propia ley, las cuales fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional.
3. Hipótesis en las cuales no está ordenado
terminar el proceso ejecutivo
Paso a continuación a indicar algunas de
las hipótesis en las cuales estimo que no incurre en vía de hecho el juez que
no de por terminado algunos de esos procesos ejecutivos. Reitero que en otros
casos, cuando sí se reúnan las condiciones de ley para dar por terminado alguno
de tales procesos, el juez debe ordenar dicha terminación. Si no lo hace, y el
deudor cumplió con sus cargas procesales dentro del proceso ejecutivo, entonces
la tutela puede ser procedente. Pero si el deudor acude a la tutela para suplir
su inactividad en el proceso ejecutivo, entonces la acción es improcedente.
Algunas de las hipótesis en que sí cabe continuar con un proceso ejecutivo
iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 son las siguientes:
La primera hipótesis se presenta cuando se
reúnen las siguientes condiciones:
(i)
Una deuda hipotecaria
adquirida en UPAC es reliquidada en UVR;
(ii)
Dicha reliquidación
respeta lo dispuesto en la ley en cuanto a condonación de los intereses de
mora, reconocimiento de un abono y conversión de UPAC a UVR según las fórmulas
definidas;
(iii)
Después de la
reliquidación, se le ofrece al deudor reestructurar los plazos y las cuotas de
pago, de tal forma que éstos se ajustan a sus posibilidades de pago si la
reliquidación fue insuficiente para ese efecto, y
(iv)
A pesar de ello el
deudor incurre de nuevo en mora.
Segundo, estimo que, de acuerdo a la
jurisprudencia de tutela de esta Corporación, existen casos en los cuales es
improcedente la acción de tutela en contra de una providencia judicial mediante
la cual el juez civil decide no dar por terminado el proceso. Esto sucede en
los casos en los cuales el deudor no ejerció los recursos para controvertir las
decisiones con las cuales se encuentra en desacuerdo, o ni siquiera solicitó al
juez civil que de por terminado el proceso. Es así como en la sentencia T-535
de 2004[67],
la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor hipotecario, que había dejado de acudir a los
mecanismos judiciales ordinarios para hacer valer su posición. En dicho caso el
deudor no había solicitado al juez ordinario que diera por terminado el proceso
ejecutivo.
En el mismo sentido, en la sentencia T-1243
de 2001[68],
la Sala Tercera de Revisión decidió que era improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor que en el proceso ejecutivo había solicitado al juez
terminar el proceso de manera extemporánea. El recurso había sido presentado en
el momento en el cual el inmueble ya había sido adjudicado a la entidad
financiera y se había intentado dos veces la diligencia de entrega del
inmueble.
Por lo tanto, cuando una de las partes ha
sido negligente en la defensa de sus intereses en el proceso ordinario y no ha
ejercido los recursos en él previstos, la tutela no es el mecanismo para suplir
su injustificada inactividad procesal. Esta regla ha sido repetidamente
aplicada por la Corte Constitucional en su jurisprudencia de tutela, y no se entendería
que respecto de los procesos ejecutivos hipotecarios sea modificada por una
Sala de Revisión.
Tercero, puede presentarse el caso de un
deudor que a pesar de tener capacidad económica para honrar sus obligaciones,
opta por no pagar lo debido. Es importante recordar que los alivios creados por
el legislador para amparar a los deudores de obligaciones contraídas para
adquirir vivienda fueron adoptados con el fin de proteger a las personas que
por razones económicas fuera de su control, perdieron la capacidad de pago de
sus obligaciones, lo cual a su vez puso en peligro la propiedad sobre sus
viviendas
Sin embargo, sucede algo distinto con las
personas que de manera evidente no hacen parte del grupo anterior descrito, y
que más bien, se aprovechan de manera abusiva de las facilidades otorgadas por
el Congreso. Por ejemplo, en el caso en el que se logre probar que los deudores
en el proceso ejecutivo no son víctimas de una situación macroeconómica y
financiera que les impidió pagar cumplidamente su deuda, sino que incurrieron
en mora con el fin de abusar del sistema y eludir el pago de deudas que tenían
la capacidad económica de honrar, el juez ha de concluir que éstos no son
merecedores de protección por vía de tutela cuando solicitan que el juez constitucional
ordene la terminación del proceso ejecutivo que el juez civil, ante esas
circunstancias específicas de comprobada elusión de las obligaciones
contraídas, no ordenó terminar. Aquellos que se aprovechan abusivamente del
sistema, sin tener necesidad de ayudas porque disponen de la capacidad
económica para honrar sus deudas, no pueden ser premiados por su mora con la
terminación de los procesos ejecutivos. De manera específica, las personas a
quienes se compruebe en el proceso de tutela que (i) gozan de ingresos
claramente altos y, por lo tanto, no son la población objetivo de la política
de ayuda a los deudores de créditos hipotecarios, y (ii) carecen de la
intención de pagar la obligación adquirida, que honrar claramente se encuentra
dentro de sus capacidades económicas, no pueden ser protegidos por la actuación
del juez de tutela mediante la doctrina de las vías de hecho. Esto, pues el
juez civil que, en esas circunstancias, estime que el proceso ejecutivo debe
continuar, está obrando dentro de los parámetros de razonabilidad. Además, dado
que el deudor en esos casos tiene recursos económicos altos y suficientes, no
está en juego su mínimo vital, ni el de su familia. Tampoco estaría
comprometido su derecho a acceder a una vivienda, quizás menos lujosa, pero no
por ello menos digna.
Las consideraciones anteriores, son
factores que el juez de tutela ha de ponderar en cada caso particular, cuando
el accionante le solicita que declare la existencia de una vía de hecho en una
providencia que se abstiene de dar por terminado el proceso ejecutivo
hipotecario. Se deduce de esto que no existe una regla clara a aplicar a todos
los procesos, regla general y abstracta que haga caso omiso de las
particularidades de cada caso, y de las condiciones fijadas por la ley para que
se reúnan los supuestos que generan la terminación de los procesos ejecutivos
iniciados antes del 31 de diciembre de 1999. La declaratoria de la terminación
del proceso no es automática, ni ajena a los hechos de cada caso y a las
condiciones fijadas en la ley. En su análisis el juez de tutela ha de
establecer cuál es el margen de interpretación legítimo con el que cuenta el
juez civil en el proceso ejecutivo, y a su vez, en qué punto se sale de dicho
margen y comete una arbitrariedad con el deudor, y por ende se produce una vía
de hecho.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1]
Folio 36 del expediente.
[2]
Folio 33 del expediente.
[3]
Folio 33 del expediente.
[4]
Folios 41 y 42 del expediente.
[5]
Folios 39 al 45 del expediente.
[6]
Folios 108 al 113 del expediente.
[7]
Folios 67 al 82 del expediente.
[8]
Folios 72 al 75 del expediente.
[9]
Folios 60 al 67 del expediente.
[10]
Folios 47 y 48 del expediente.
[11]
Folio 26 del expediente.
[12]
Folio 3 del expediente.
[13]
Folio 3 del expediente.
[14]
Folio 3 del expediente.
[15]
Folio 1 del expediente.
[16]
Folio 2 del expediente.
[17]
Folios 1 al 7 del expediente.
[18]
Folios 8 a 12 del expediente.
[19]
Folios 34 y 35 del expediente.
[20]
Folios 49 al 57 del expediente.
[21]
Folio 19 del expediente.
[22]
Folio 25 del expediente.
[23]
Folios 30 al 35 del expediente.
[24]
Folio 25 del expediente.
[25]
Folio 25 del expediente.
[26]
Folio 25 del expediente.
[27]
Folios 36 al 38 del expediente.
[28]
Valor que figura en la comunicación enviada por el Banco Davivienda al señor
Platarrueda el 28 de junio de 2000 (folio 47 del expediente).
[29]
Folios 39 al 48 del expediente.
[30]
En la sentencia T-539-02 MP: Clara Inés Vargas Hernández, la Corte señaló que “la
vía de hecho se consolida en aquellos casos en los cuales el juez se desapodera
de la función que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde,
para asumir mediante una decisión judicial, una conducta arbitraria en forma
superlativa”.
[31]
Así por ejemplo, en la sentencia T-008-98 MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz, se dijo: “3. La Corte Constitucional ha entendido
que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se
trate de una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y
siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada
acción. En este sentido, la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de
hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste
existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental”.
[32]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-539-00 MP: Clara Inés Vargas
Hernández. En la evolución jurisprudencial sobre la vía de hecho sobresalen por
su importancia las sentencias T-231-94, T-008-98 y T-1017-99 MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-1031-01 y SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis y SU-159-02 MP:
Manuel José Cepeda Espinosa.
[33]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-231-94 MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz, SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Galvis y T-381-04  M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[34]
Ver entre otras, las Sentencias T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell);
T-285 de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-416 de 1995 (MP. Jorge Arango
Mejía); T-207 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara); T- 329 de 1996 (José
Gregorio Hernández Galindo); T-055 de 1997 (Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35]
Corte Constitucional, Sentencia T-008 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver
también las sentencias T-492 de 1995, MP: José Gregorio Hernández Galindo;
SU-429 de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[36]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[37]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[38]
La persona demandada en el proceso ejecutivo era propietaria de una vivienda
adquirida mediante un crédito hipotecario, cuyo monto se expresaba en UPAC.
Dada la promulgación de la Ley 546 de 1999, el juez del circuito suspendió el
proceso ejecutivo con el fin de que la entidad bancaria reliquidara la deuda en
términos de la unidad UVR. Como resultado de esta operación, y luego de
descontar el valor del alivio a la deuda, se estableció que subsistía un saldo
a favor de la entidad financiera, por lo que el banco solicitó al juez
continuar con el proceso ejecutivo. Tras la proposición de excepciones de
mérito de la parte demandada, el Juez consideró que en el caso no se
presentaban causales de nulidad de lo actuado. En vista de que la decisión fue
apelada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín anuló todo lo actuado,
con el argumento de que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la reliquidación del crédito tenía como efecto la terminación
del proceso ejecutivo. La entidad bancaria consideró que la Sala Civil del
Tribunal había violado sus derechos al debido proceso y a acceder a la
administración de justicia, al hacer una interpretación de la Ley 546 de 1999
contraria al principio de economía procesal, por cuanto le obligaba a comenzar
un nuevo proceso ejecutivo cuando era evidente que la deudora permanecía en
mora a pesar del alivio obtenido en la reliquidación. Indicó además que los
argumentos esgrimidos por el Tribunal confundían “la mora en sí misma con la
sanción legal que ella produce y que para este caso es el cobro de un interés
moratorio.”
[39]
MP Jaime Córdoba Triviño.
[40]
La Corte ordenó al Tribunal de Medellín decidir “conforme al ordenamiento
vigente, el grado jurisdiccional de consulta.”
[41]
Sentencias T-608 de 2002 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[42]
Sentencia T-271 de 2001 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[43]
Folio 25 del expediente.
[44]
Folio 25 del expediente.
[45]
Folio 25 del expediente.
[46] Acerca del traslado de pruebas, por ejemplo, el artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil dice: “La pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin
más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen, o con audiencia de ella.”
[47] MP Alfredo Beltrán Sierra (unánime).
[48] En este caso, la Corte afirmó:
“Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario
se pide la terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la
petición, constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos
que conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la
jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder.
“Pero este no es el caso.
“Por
consiguiente, en esta acción de tutela, simplemente se reiterará la
jurisprudencia que de tiempo atrás ha expuesto la Corte en relación con
acciones de tutela presentadas en medio del desarrollo de un proceso judicial,
que se puede sintetizar así: la acción de tutela no procede cuando se está
desarrollando un proceso judicial, en donde las partes han tenido la
oportunidad de proponer los argumentos que, precisamente, motivan la acción de
tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez natural del proceso es el
competente para resolverlos. Sólo cuando la decisión judicial se convierte en
una vía de hecho, y puede causar un perjuicio irremediable, el juez
constitucional, excepcionalmente, puede conceder la tutela.” (subraya
por fuera del texto original).
[49] Ver las sentencias T-535 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-1243 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1207 de 2004 (MP Jaime
Córdoba Triviño).y T-102 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra)
[50] El artículo 42 (después del control de
constitucionalidad realizado en la sentencia C-955 de 2001) dice: “Artículo 42.
Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que
estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos
previstos en el artículo 40, la entidad financiera procederá a condonar los
intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. || A su
turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto
total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante
la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se
refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. || Parágrafo 1. Si los
beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de
más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en
el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno
Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, por
dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se
hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional
la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada. || Parágrafo 2.
A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente
aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los
parágrafos 1° y 2° del mismo artículo. || Parágrafo 3. Los deudores cuyas
obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos
judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos.
Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En
caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad
con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se
procederá a su archivo sin más trámite”.
[51]
MP José Gregorio Hernández Galindo. AV de Antonio Barrera Carbonell, Alfredo
Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa, Álvaro Tafur Galvis. El contenido de la norma
demandada, declarada exequible sin condicionamientos es: "Artículo 43. (...)La excepción aquí prevista podrá
proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias que se
dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes derechos
individuales, los previstos en esta ley".
[52] MP Manuel José Cepeda Espinosa (unánime).
[53]
El recurso fue presentado en el momento en el cual el inmueble ya había sido
adjudicado a la entidad financiera y se había intentado dos veces la diligencia
de entrega del inmueble. La Corte acomete en esta sentencia el estudio
del caso a partir de la formulación de dos problemas jurídicos, a saber: (i) Si
es procedente o no la acción de tutela interpuesta contra las actuaciones del
juez encargado del proceso ejecutivo hipotecario, quien continúo con el curso
del proceso después de efectuada la reliquidación del crédito hipotecario y
quien negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir del mandamiento de
pago; y (ii) En caso de considerarse que la solución al problema anterior es
afirmativa, es decir, que la tutela procede en la hipótesis enunciada, la Corte
analiza si constituye una vía de hecho el que dentro de un proceso ejecutivo
hipotecario se ordene la continuación del mismo, cuando como resultado de la
reliquidación del crédito quedan saldos insolutos a favor de la entidad
financiera.
[54] MP Álvaro Tafur Galvis.
[55]
La persona demandada en el proceso ejecutivo era propietaria de una vivienda
adquirida mediante un crédito hipotecario, cuyo monto se expresaba en UPAC.
Dada la promulgación de la Ley 546 de 1999, el juez del circuito suspendió el
proceso ejecutivo con el fin de que la entidad bancaria reliquidara la deuda en
términos de la unidad UVR. Como resultado de esta operación, y luego de
descontar el valor del alivio a la deuda, se estableció que subsistía un saldo
a favor de la entidad financiera, por lo que el banco solicitó al juez
continuar con el proceso ejecutivo. Tras la propuesta de la parte demandada de
excepciones de mérito, el Juez consideró mediante auto que en el caso no se
presentaban causales de nulidad de lo actuado. En vista de que dicho auto fue
apelado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín anuló todo lo actuado,
con el argumento según el cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la reliquidación del crédito tenía como efecto la terminación
del proceso ejecutivo. La entidad bancaria consideró que la Sala Civil del
Tribunal había violado sus derechos al debido proceso y a acceder a la
administración de justicia, al hacer una interpretación de la Ley 546 contraria
a los principios de economía procesal por cuanto le obligaba a comenzar de
nuevo un proceso ejecutivo cuando era evidente que la deudora permanecía en
mora a pesar del alivio obtenido en la reliquidación. Indicó además que los
argumentos esgrimidos por el Tribunal confundían “la mora en sí misma con la
sanción legal que ella produce y que para este caso es el cobro de un interés
moratorio.”
[56] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[57]
Según el recuento hecho por la Corte en la sentencia T-525 de 2004, el proceso
ejecutivo se desarrollo de la siguiente manera: (1) El día 15 de enero de 1999
se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo hipotecario; (2) El 8 de
diciembre de 2001 se suspendió el proceso hasta que se efectuara la reliquidación;
(3) El 1 de marzo de 2001, se notificó personalmente a la actora, que no
propuso excepciones de mérito; (4) se citó a las partes a audiencia de
conciliación, pero la parte demandada no concurrió, por lo que el Juzgado
declaró desiertas las excepciones de mérito propuestas e impuso multa de 5
salarios mínimos mensuales vigentes; (5) El 15 de abril de 2002, se dictó
sentencia en la que se decretó la venta en pública subasta del inmueble, se
ordenó la liquidación del crédito y se condenó en costas a la parte demandada.;
(6) La parte demandante presentó liquidación del crédito, liquidación que no
fue objetada dentro de la oportunidad, quedando aprobada, mediante auto, el día
26 de septiembre de 2002; (7) Presentado el avalúo del inmueble, fue objetado por
la parte demandada. Se le dio el trámite legal y el 14 de julio de 2003 fue
declarada infundada la objeción.; (8) Para el día 20 de octubre de 2003, se
fijó fecha para la diligencia de remate; (9) Esta diligencia se llevó a cabo en
esa fecha y se declaró desierta; (10) 4 días antes del remate, la accionante
interpuso la acción de tutela para suspender dicha diligencia.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 2004, MP: Alfredo Beltrán
Sierra, tutela interpuesta por la deudora de un crédito hipotecario contra la
sentencia del juzgado civil que ordenó la continuación del proceso ejecutivo,
por la subsistencia de un saldo a favor de AV Villas, luego de la reliquidación
de su crédito con base en la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000.
[59] MP Rodrigo Uprimny Yepes.
[60] En el año de 1998 el señor Alveiro
Escobar Rico, adquirió un crédito de vivienda a través del sistema UPAC
garantizado con hipoteca de primer grado sobre un inmueble de su propiedad. A
partir del mes siguiente a la adquisición del crédito, el deudor dejó de
cancelar las cuotas mensuales a que estaba obligado. El 20 de marzo de 1999, el
señor Escobar Rico transfirió el derecho real de dominio del inmueble a la
señora Catalina Molina Sanín. En agosto de 1999 el banco inició un proceso
ejecutivo contra la nueva propietaria, a partir del cual el juez del circuito
libró mandamiento de pago. Sin embargo, debido a que en Diciembre de 1999 se
promulgó la Ley 546 de 1999, el juzgado suspendió el trámite del proceso
ejecutivo, hasta que la deuda fuera reliquidada y convertida a unidades UVR e
incluido el alivio abonado. En febrero de 2001, la entidad bancaria presentó el
cálculo de la reliquidación y solicitó que fuera reiniciado el proceso
ejecutivo. En consecuencia, el juzgado del circuito dictó sentencia modificando
la deuda expresada en el mandamiento de pago en términos de unidades UVR y
ordenó la venta en subasta pública del bien inmueble. Dado que la demandada
había estado representada por curador ad-litem, la sentencia pasó a consulta a
la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, la cual resolvió anular todo
lo actuado en el proceso, además de darlo por terminado y archivado. El
Tribunal consideró que la conversión de los créditos al sistema UVR llevaba a
que “se entiend[a] saneada la mora anterior a ello”. Por ello, la entidad bancaria interpuso una
acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín, al considerar que la
decisión por medio de la cual se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso
ejecutivo violaba sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, dado que la interpretación de la Sala Civil del
Tribunal respecto del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 era equivocada.
[61] MP Jaime Córdoba Triviño.
[62] La Corte ordenó al Tribunal de Medellín decidir “conforme al
ordenamiento vigente, el grado jurisdiccional de consulta.”
[63]
La doble interpretación del Artículo 42 de la Ley 546 que va a señalar la
sentencia T-701 de 2004 es: (i) Continuación de los procesos ejecutivos con
saldos insolutos no sometidos a reestructuración, expuesta por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; y, (ii) Terminación de todos
los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999,
expuesta por el Tribunal Superior de Medellín.
[64] Sentencia C-955 de 2000.
[65] Sentencia C-955 de 2000.
[66]
Dijo la Corte: “También contraviene el derecho a la igualdad, el debido
proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo
parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración
del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se
reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de
la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y
previa actualización de su cuantía. || En efecto, es evidente que se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. || El acreedor goza, por
supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su
deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se
encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir
efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos
nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la
relación procesal.”
[67] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[68] MP Manuel José Cepeda Espinosa.