C-252-01
Sentencia C-146/01
Sentencia C-252/01
CASACION-Antecedentes
CASACION-Naturaleza
CASACION-Significado/CASACION-Alcance
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Formas propias de cada juicio/LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Límites en formas propias de cada juicio
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites en modificación de instituciones jurídicas/LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CASACION PENAL-Límites a modificación
Si
bien es cierto que el legislador cuenta con atribuciones para establecer los
recursos ordinarios y extraordinarios que proceden contra las decisiones
judiciales, ello no implica que pueda modificar las caracterísiticas esenciales
de cada uno de ellos que los identifican y diferencian de los demás, o que con
ellos pueda vulnerar o restringir garantías y derechos fundamentales de las
personas. La casación penal, entendida como medio de impugnación
extraordinario, tiene elementos estructurales y de contenido propios que no
permiten confundirla con otras instituciones; por tanto, no puede la ley
modificarla de forma tal que la desnaturalice o la convierta en otra figura
jurídica, menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen.
SENTENCIA-Significado
La sentencia, en
cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una
autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los
requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que
constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación
controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no
es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual,
probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el
proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso
concreto.
ERROR
IN IUDICANDO-Significado
Los errores in
iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de
aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación
errónea.
ERROR IN
PROCEDENDO-Significado
ERROR DE DERECHO-Alcance
DEBIDO PROCESO-Alcance
El debido proceso
compendia la garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta
serán rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su
competencia, como única forma de asegurar la materialización de la justicia,
meta última y razón de ser del ordenamiento positivo.
PRINCIPIO
DE JURIDICIDAD EN DEBIDO PROCESO-Alcance
DEBIDO
PROCESO-Previa
atribución de competencia
ERROR
DE DERECHO EN SENTENCIA-Agravio de comunidad
Si se dicta una
sentencia que adolece de vicios o errores de derecho se viola el debido
proceso, pues tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un
agravio no sólo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos
procesales, y para la sociedad en general, pues el sentimiento de inconformidad
no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a la
comunidad toda que, perdida la confianza en la protección real de los derechos,
se sentirá expuesta a la arbitrariedad.
CASACION
PENAL-Naturaleza/DEBIDO
PROCESO-Fin esencial
CASACION
PENAL-Fin
esencial/CASACION PENAL-Corrección previa a ejecutoria de decisión
Si los fines de
la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las
garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios
inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de
nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el
daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera
la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el
agravio sea irreversible. Si el objeto de la casación es corregir errores
judiciales, plasmados en la sentencia de última instancia, lo que resulta
ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes de que la decisión
viciada se cumpla.
DEBIDO PROCESO EN
CASACION PENAL-Finalidad
SENTENCIA-Sujeción a ley y Constitución/SENTENCIA
PENAL INJUSTA-No resarcimiento
LIBERTAD-Restricción excepcional
La restricción de
la libertad debe ser excepcional y considerarse como la ultima ratio. La tutela
de la libertad personal exige que el legislador al señalar los casos en que
procede su restricción (como medida cautelar o definitiva) lo haga en forma
razonable y proporcionada para no infringir el núcleo esencial de ese derecho,
tan caro al ser humano.
LIBERTAD EN
CASACION PENAL-Finalidad
Cuando se
profiere una sentencia condenatoria con el respeto de las disposiciones jurídicas,
es decir, ajustada a derecho, la pena privativa de la libertad que ella
contiene, es, sin duda, legítima; pero si ello no ocurre, por adolecer la
decisión judicial de errores sustanciales (condenar a un inocente) que dan
lugar a interponer la casación, lo que procede en aras de garantizar y hacer
efectivo el derecho a la libertad, es su corrección inmediata. Mientras no se
defina lo relativo a la legalidad del fallo, la decisión judicial viciada no
puede adquirir el carácter de cosa juzgada, hasta tanto no se resuelva, como
asunto esencial, el de su validez jurídica.
CASACION PENAL-No categoría del condenado
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Alcance
PRESUNCION DE
INOCENCIA EN CASACION PENAL-Finalidad
La presunción de
inocencia sólo puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que
tenga ese carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver
serios cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un
fallo se le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo), esta
cuestión debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa
juzgada.
COSA JUZGADA-Alcance
COSA JUZGADA-Límites
COSA JUZGADA EN
CASACION PENAL-Finalidad
Si la sentencia
dictada por la autoridad judicial competente se opone a las normas
constitucionales y legales, se convierte en un acto arbitrario e injusto que es
necesario enmendar o corregir en forma inmediata, con el fin de impedir que se
causen daños irreparables a las personas afectadas con la decisión en sus
derechos esenciales (dignidad humana, libertad, buen nombre). La casación, como
medio de impugnación extraordinario se torna en el remedio idóneo y eficaz para
esos propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes de que la
sentencia de segunda instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de
confirmar su validez jurídica y ello solo puede tener lugar en el mismo proceso
penal.
PRINCIPIO
NON BIS IN IDEM Y CASACION PENAL-Finalidades
IGUALDAD-Acepciones
CASACION-Finalidad
ACCION
DE REVISION-Objeto
La acción de
revisión es un medio extraordinario de impugnación, instituido por el
legislador, "que tiende a remover una sentencia condenatoria injusta que
hizo tránsito a cosa juzgada, mediante un nuevo debate probatorio, por haber
sido proferida con base en un típico error de hecho sobre la verdad histórica
del acontecimiento delictivo que dio origen al proceso y fue tema de
éste."
CASACION Y ACCION
DE REVISION-Distinción
La casación no
puede confundirse con la acción de revisión, aunque ambas sean medios de impugnación
extraordinarios, pues en la primera se cuestiona la juridicidad del fallo, es
decir, la estricta observancia de la ley y la Constitución, y en la segunda se
cuestiona la decisión judicial por que la realidad allí declarada no
corresponde a la verdad objetiva o real, debido al surgimiento de hechos nuevos
que no se conocieron durante el trámite del proceso penal y que,
necesariamente, inciden en ella.
CASACION-Objeto
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Límites a
solución de problemas prácticos
Los problemas
prácticos de la administración de justicia no pueden solucionarse con el
sacrificio de derechos fundamentales de las personas. En caso de presentarse
conflicto entre un derecho fundamental e inalienable de la persona humana, y la
conveniencia de adecuar una institución a objetivos prácticos alcanzables de
otro modo, sin duda ha de prevalecer la garantía del primero. Para ambos
objetivos prácticos debe haber remedios adecuados que no resulten violatorios
de los derechos fundamentales y del ordenamiento superior.
DEBIDO
PROCESO-Reformas
de procedimientos judiciales/ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Reforma de
procedimientos
Los intentos de
reestructuración institucional que se traducen en cambios y reformas a los
procedimientos judiciales vigentes, no pueden convertirse, so pretexto de dotar
a la administración de justicia de mayor eficiencia, en una forma de desconocer
garantías fundamentales de todos los ciudadanos, representadas en el principio
y derecho constitucional al debido proceso.
PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL-Importancia de normas procedimentales
RECHAZO
DE DEMANDA-Motivación
Resulta
lógicamente necesario que en los eventos en los que la demanda presentada por
los particulares no sea procedente, la autoridad competente señale y explique
las razones que sustentan su decisión pues, de lo contrario, el ciudadano se
vería innecesariamente obligado a interpretar el silencio de la autoridad en
perjuicio de sus propios intereses, haciendo del proceso judicial un mecanismo
incierto, incluso arbitrario, para la protección de los derechos.
PROVIDENCIAS-Fundamentación legal
RECHAZO DE
DEMANDA-Motivación/RECHAZO
DEMANDA DE CASACION PENAL-Motivación/INADMISION DEMANDA DE CASACION
PENAL-Motivación
JURISPRUDENCIA-Valor normativo
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL-Significado
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY-Justificación de no aplicación de jurisprudencia
JURISPRUDENCIA-Acatamiento
En Colombia los
jueces tienen una obligación positiva de atender los materiales legitimados en
los cuales se expresa el derecho.  Y uno de esos materiales, es, ahora, la
jurisprudencia que se viene a agregar a los ya tradicionales (Constitución y
ley).
PRECEDENTE
JUDICIAL-Respeto
PRINCIPIO
DE UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Alcance
UNIFICACION
DE JURISPRUDENCIA-Alcance
RECURSO
DE CASACION PENAL-Respuesta inmediata/PRECEDENTE JUDICIAL EN RECURSO DE CASACION
PENAL-Examen riguroso
Cuando se trata
de aplicar dicho mecanismo judicial a materias tan delicadas como el recurso de
casación en materia penal, es indispensable realizar un examen riguroso de las
condiciones en las que la ley pretende alentar el respeto a los precedentes,
pues las decisiones que toma el juez, en ejercicio legítimo del ius puniendi
que se le reconoce al Estado, se traducen en una limitación concreta de los
derechos y libertades del procesado que resulta condenado, que hace necesario
velar por el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales que
consagran el debido proceso y la supremacía de la justicia material en todos los
procesos judiciales. En aras de una noción eficientista de la actividad
judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de casación en
materia penal, se están sacrificando derechos de las personas que defienden sus
intereses en el proceso de casación, pues en los casos de respuesta inmediata
se pretermite la necesidad de motivar la sentencia u observar rigurosamente las
formas propias de cada juicio; por esta vía se hacen nugatorios, tanto el
derecho al debido proceso consagrado por la Constitución, como la aspiración,
connatural a la labor de adjudicación, de contribuir a la realización de la
justicia material en cada uno de los casos que se somete ante el juez.
SALA
DE SELECCION DE TUTELA-Objeto de la revisión eventual
SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD-Corrección de línea doctrinaria en tutela
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Motivación/DERECHO
A LA IGUALDAD EN PROVIDENCIAS JUDICIALES-Motivación
Las
decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro de un
proceso, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al
pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal
aplicación del derecho al debido proceso. Siempre será necesario aportar
razones y motivos suficientes en favor de la decisión que se toma, mucho más si
de lo que se trata es de garantizar el derecho a la igualdad.
CASACION
PENAL-Potestad
para considerar causales distintas
RECURSO
DE CASACION PENAL-Vulneración ostensible de garantías fundamentales
CASACION-Suspensión de cumplimiento de
sentencia
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL-Alcance
NORMA
PROCESAL-Clases/NORMA
PROCESAL-Contenido sustancial y simplemente procesal
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL-Contenido sustancial
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL EN CASACION-Hechos con anterioridad a la vigencia
ULTRACTIVIDAD
DE LA LEY-Significado/RETROACTIVIDAD
DE LA LEY-Significado
Referencia:
expedientes D-2825, D-2838, D-2841, D-2845 y D-2847 (acumulados).
Demandas
de inconstitucionalidad contra la Ley 553 de 2.000.
Actores:
Rafael  Sandoval López; Luis Armando Tolosa Villabona; Hernan Antonio Barrero
Bravo; Edgar Saavedra Rojas; Eddy Lucía Rojas Betancourth y Franky Urrego
Ortiz.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ.
Bogotá, D.C., veintiocho (28)
de febrero de dos mil uno  (2001)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1.991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos que se indican a continuación
demandaron, en forma separada, la Ley 553 de 2.000, “por la cual se reforma
el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 30 de
noviembre de 1.991, Código de Procedimiento Penal”, así:
El ciudadano Rafael Sandoval
López demanda la totalidad de la ley; Luis Armando Tolosa Villabona acusa una
expresión del artículo 1 y el inciso primero del artículo 6; Hernán Antonio
Barrera Bravo demanda el artículo 10; Edgar Saavedra Rojas acusa una expresión
del artículo 1, el artículo 6, un aparte del artículo 9, el artículo 10, unas
expresiones de los artículos 12 y 17, y el artículo 18 transitorio; Eddy Lucía
Rojas y Franky Urrego Ortiz, demandan conjuntamente el artículo 10.
En sesión del día dieciséis
(16) de febrero del año en curso, la Sala Plena de esta Corporación decidió
acumular las citadas demandas para ser resueltas en una sola sentencia.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. AUDIENCIA PUBLICA
A solicitud del Magistrado de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Nilson Pinilla Pinilla,
quien en esa época se desempeñaba como Presidente de esa corporación, la Sala
Plena de la Corte Constitucional decidió convocar a audiencia pública con el
fin de conocer la opinión de especialistas en la materia, la cual se llevó a
cabo el día 30 de enero del presente año. En ella intervinieron los demandantes
Rafael Sandoval López y Edgar Saavedra Rojas, el Fiscal General de la Nación,
el Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando
Arboleda Ripoll, quien habló en nombre de esa corporación, y el doctor Antonio
José Cancino, quien dijo intervenir a nombre de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y otras instituciones.
Con excepción de los
demandantes y del doctor Cancino, los demás intervinientes solicitaron a la
Corte declarar la exequibilidad de la ley demandada, reiterando los argumentos
que por escrito ya habían presentado a esta corporación. Dado que los demandantes
enfatizaron los argumentos expuestos en las respectivas demandas, no es
necesario transcribir dichas intervenciones en este aparte, pues ellos están
consignados en el acápite correspondiente a las demandas.
El doctor Cancino, quien no
había intervenido en el proceso, se propuso a demostrar cómo se introdujo en la
nueva Constitución el artículo 248, que consagra que "únicamente las
condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la
calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes
legales", para finalizar diciendo que la solución a la descongestión de la
Corte Suprema de Justicia no es la adopción de medidas que violen la
Constitución pues, lo que prevalece en materia penal, a diferencia de lo que ocurre
en civil y laboral, es la persona humana. .
III. NORMAS ACUSADAS, DEMANDAS
E INTERVENCIONES
Dadas la extensión y diversidad
de las demandas interpuestas contra la ley 553 de 2.000, la Corte procederá en
este caso a modificar el formato ordinario de sus providencias así: primero,
transcribirá el precepto acusado, conforme a la publicación que aparece en el
Diario Oficial No. 43.855 del 15 de enero de 2.000; luego señalará los cargos
formulados contra dicha disposición, los argumentos de los intervinientes, el
concepto del Procurador General de la Nación y, finalmente, se harán las
consideraciones y los fundamentos jurídicos de la Corte.
1.
CARGOS
FORMULADOS CONTRA EL ARTICULO 1 DE LA LEY 553 DE 2000
1.1 Norma acusada
“Artículo 1. El artículo 218 del Código de
Procedimiento Penal quedará así:
Artículo 218. Procedencia de la
casación.
La casación procede contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, (el Tribunal Nacional), el Tribunal Penal Militar y el Tribunal
Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los
procesos por los delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializados, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que
tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años,
aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
La casación se extiende a los
delitos conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la señalada
en el inciso anterior.
De manera excepcional, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la
demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las
arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales,
cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la
garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos
exigidos por la ley”. (Se subraya lo demandado)
1.2 Las demandas
1.2.1 Si bien la demanda del
ciudadano Rafael Sandoval López se dirige contra la totalidad de la ley,
la mayor parte de sus argumentos se circunscribe a controvertir el hecho de que
la casación proceda contra las sentencias penales ejecutoriadas, a lo
cual se refiere el artículo 1 de la ley 553/2000, por lo cual aquéllos se
reseñarán a continuación.
En primer lugar, explica que
desde su nacimiento en el derecho romano, y a través de la historia jurídica
colombiana, la casación se ha considerado como un recurso extraordinario, “a
través del cual, sobre todo en derecho penal, el fin que se persigue es no
dejar ejecutar la decisión recurrida en razón a considerarse ilegal”. En ese
sentido, dice que el recurso de casación debe ser visto como una prolongación
del juicio, “porque sus efectos no pueden estar dirigidos a remover la cosa
juzgada, que, según las reglas ordinarias, debe ser ya irrevocable”.
Afirma que la casación en
materia penal no puede ser considerada como una tercera instancia sino como un
“medio de impugnación”, por cuanto se trata de un recurso extraordinario que
produce “efectos de prolongación en el juicio", y cuya finalidad es
"restablecer el orden jurídico quebrantado”. En su criterio, el artículo
29 de la Carta Política al consagrar el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria, como una garantía fundamental de los procesados, está haciendo
referencia a esa noción de “medios de impugnación”. Agrega además, que de
conformidad con las discusiones que se surtieron en las Comisiones Primera y
Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente, fue voluntad del constituyente
instituir la casación como un “medio de impugnación”. La norma acusada “al
desconocer el carácter de recurso extraordinario a la casación y consagrar que
procede contra sentencias ejecutoriadas viola flagrantemente el artículo 29 de
nuestra Carta Política. Luego no puede el legislador contrariando la
Constitución, disponer que la expresión recurso de casación se sustituya
por casación, para desconocer a ésta como medio de impugnación.”
Adicionalmente, considera que
la norma acusada también infringe las siguientes disposiciones
constitucionales: (i) "el principio constitucional de presunción de
inocencia, toda vez que éste debe concebirse y mantenerse hasta tanto exista
sentencia debidamente ejecutoriada y, como quedó visto, al interponerse la
casación como medio de impugnación la ejecutoria sólo ocurre cuando se falle la
misma”; (ii) el artículo 235-1 Superior, “toda vez que para actuar como
tribunal de casación la Corte Suprema de Justicia debe hacerlo a través de un
medio de impugnación”; y (iii) el artículo 13 de la Constitución, por consagrar
la casación  como recurso para los asuntos civiles, laborales y para la
justicia penal militar y no en materia penal.
1.2.2 El ciudadano Luis
Armando Tolosa Villabona controvierte la constitucionalidad de la expresión
“ejecutoriadas” consagrada en el artículo 1, en consonancia con la
primera parte del artículo 6 de la misma Ley, por considerar que vulneran el
preámbulo y los artículos 2, 5, 13, 16, 23, 29, 30, 31, 93 y 229 de la Carta. A
continuación se resume el concepto de violación.
El preámbulo de la Constitución
resulta lesionado pues las normas demandadas “atentan contra el derecho a la
impugnación, del cual la casación forma parte, creando un esperpento jurídico,
desnaturalizando la naturaleza (sic) de los recursos y convirtiendo
automáticamente en ejecutoriada una decisión cuando en verdad no lo es, creando
una sofísticada forma de impugnar, cercenando la real posibilidad de impugnar
una decisión judicial”. Asimismo, el Legislador desconoce que en el preámbulo
se resalta como fin esencial del Estado el asegurar la igualdad y la justicia
en un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden justo,
y las disposiciones acusadas generan “falacias y discriminación en el recurso
de casación, porque mientras en el ordenamiento laboral y civil la decisión de
segunda instancia no cobra ejecutoria, se decide arbitrariamente que en materia
penal sí, con enorme perjuicio para el procesado que obtiene resultado
favorable en el recurso de casación, como para el que es absuelto en segunda
instancia”.
Los artículos 2 y 5 superiores
también resultan infringidos en la medida en que las normas demandadas ignoran
que las autoridades deben proteger y garantizar los principios y derechos
consagrados en la Constitución, pues la Corte Suprema asume el conocimiento del
recurso de casación, a pesar de encontrarse “impedida para ventilar decisiones
con efectos de cosa juzgada”. Además, se hacen nugatorios los derechos
constitucionales de los intervinientes en el proceso penal, por cuanto una
sentencia que aún no puede cobrar eficacia jurídica, "por razón de una
tergiversación equivocada del legislador ordinario, se convierte en ley
particular, transformando la relación jurídica deducida en el juicio penal en
imperativa e inmutable, con declaración de certeza aparente, pero con un
evidente y protuberante menoscabo de la libertad de la persona que habiendo
acudido en casación obtiene posteriormente el quiebre o anulación de la
sentencia de segundo grado”.
Por otra parte, se vulnera el
artículo 16 de la Constitución “porque se limita el libre desarrollo de la personalidad
de un procesado que siendo absuelto o condenado, es sometido a nuevo juicio en
casación frente a una sentencia ejecutoriada”; y el artículo 23, “puesto que la
impugnación se enmarca dentro del derecho de petición”, y no puede el
legislador “sustraer a la autoridad pública, a la judicatura o a la Fiscalía,
del deber de reconocer los efectos de la cosa juzgada, del derecho a la
libertad, pues desconoce el objetivo del artículo constitucional citado.”
El artículo 29 superior también
se desconoce al hacer nugatorio el derecho de impugnación que allí se
garantiza. “Como la sentencia de segunda instancia hace tránsito a cosa juzgada
por quedar ejecutoriada, los efectos empiezan a correr inmediatamente, razón
por la cual se determina el envío de las copias al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad para que haga efectivas las penas impuestas. Ello
constituye una afrenta para el procesado, y un desconocimiento de su humanidad
(...). De esa forma se hace efectiva y se cumple una sentencia, ya por condena
aflictiva, ora por perjuicios, se practican medidas cautelares, se avalúan
bienes y se rematan para pagar la pena o los perjuicios, cuando aún no se ha
decidido el proceso en casación e independientemente del pronunciamiento de la
Corte, volviéndose tortuoso y maquiavélico el proceso, y más aún, imposible
reversar la situación”. Además, señala que consagrar la casación penal contra
decisiones ejecutoriadas constituye una violación del principio non bis in
idem.
El artículo 31 de la
Constitución que consagra el principio de la doble instancia es inobservado por
las disposiciones demandadas, puesto que "el nuevo paradigma de casación
adoptado rompe de tajo el derecho de impugnación porque aniquila el recurso de
casación, y al declarar ejecutoriado el fallo de segunda instancia recurrido en
casación y la casación como tal, deja de serlo, para quedar agrupada en los
procesos o recursos de revisión de un juicio, con la posibilidad de que se
pronuncie un nuevo juicio que supone la extinción del juicio anterior, formando
respecto de un mismo hecho, múltiples instancias, más allá de la segunda,
plurales cosas juzgadas en el juicio penal”.
El artículo 93 superior, en
concordancia con el 9, son vulnerados, por cuanto los tratados internacionales
de derechos humanos que vinculan a Colombia consagran expresamente, la
imposibilidad de juzgar a una persona por hechos punibles por los cuales ya fue
condenado o absuelto mediante sentencia ejecutoriada; esto es, que nadie puede
ser sometido a un nuevo juzgamiento por hechos que ya fueron objeto de
pronunciamiento judicial; “si la sentencia ha sido favorable al procesado, y se
convierte en ejecutoriada por disposición legal, se crea una aberración
jurídica violatoria de los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad y
el de impugnación por vía de casación, pues dicha decisión ha adquirido forma y
esencia de cosa juzgada."
Por último, señala el actor que
se violan los artículos 228 y 229 de la Constitución, por que las normas
demandadas hacen nugatorio el derecho de acceso a la administración de
justicia, puesto que no permiten la interposición del recurso de casación.
1.2.3 El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas, obrando en nombre propio y en representación de los Colegios de
Abogados Penalistas del Valle del Cauca y de Caldas, impugna la
constitucionalidad de la expresión “ejecutoriadas”. Explica que la casación, a
lo largo de toda su historia, ha sido catalogada como un recurso y que
“el propio constituyente así lo ha considerado a pesar de no hacer mención
expresa de que se trate de un recurso, porque en el artículo 235, al señalar
las competencias funcionales de la Corte, indica que una de ellas es actuar
como Tribunal de Casación”, carácter que mantiene en materia civil y laboral.
En consecuencia, "si se tiene en cuenta que el Estado es uno, y que los
códigos y las leyes deben guardar esa misma unidad y la armonía que se requiere
para poder cumplir eficientemente con las finalidades filosóficas, históricas,
políticas, sociales y otras que la Constitución señala para él”, no se entiende
cómo la casación, para las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, siga siendo un recurso, mientras que para la Sala Penal constituye un
“sui-generis e innominado instrumento procesal, puesto que no es recurso, pero
tampoco es acción”.
En el mismo orden de ideas, la
norma demandada adolece de varias inconsistencias, que se derivan de haberle
quitado a la casación su naturaleza de recurso, y que son violatorias de la
Carta Política, por cuanto lesionan la unidad que debe caracterizar al Estado y
al sistema jurídico, a saber:
a.
El artículo
4 de la ley demandada, reformatorio del artículo 221 del Código de
Procedimiento Penal, dispone que “cuando la casación tenga por objeto
únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la
sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía
establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a
la pena señalada para el delito o delitos”. Esta remisión "es
claramente demostrativa de que así la intención de los postulantes de la ley
haya sido el quitarle la naturaleza de recurso extraordinario a la casación,
finalmente se ven traicionados por la propia naturaleza del mismo, porque si no
es recurso porqué para efectos de la cuantía y de su concesión en ese
específico caso se remite al recurso extraordinario de casación en materia
civil?”.
b.
Varias
expresiones de la ley acusada, aluden a la existencia de un proceso que aún no
ha terminado o que tienen como presupuesto lógico esa circunstancia, lo cual
impide hablar de sentencias ejecutoriadas y “obliga a concluir en lógica
jurídica que así se haya suprimido la expresión ‘recurso’ la casación sigue
siéndolo, de naturaleza extraordinaria y, por tanto, vulnera la integridad
constitucional de la cosa juzgada, en cuanto a que posibilita que la casación
pueda ser interpuesta contra sentencias ejecutoriadas.” Tales expresiones son
las que se enuncian en seguida:
(i) El
artículo 1, que modifica el artículo 218 del Código de procedimiento Penal, y
que señala que la casación excepcional puede ser interpuesta por “cualquiera
de los sujetos procesales”;
(ii) El
artículo 5, que reforma el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, que
enumera, entre las personas que pueden interponer el recurso de casación, al
Fiscal, el Ministerio Público, el defensor “y los demás sujetos procesales”.
(iii) El
artículo 13, que modifica el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal,
señala que si la Corte declara en casación una nulidad por la causal tercera,
tendrá que resolver “en qué estado queda el proceso”;
(iv) El
artículo 17, que reforma el artículo 231A del Código de Procedimiento Penal,
determina que si el objeto de la casación es la condena en perjuicios, el
demandante puede “solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia
ofreciendo caución”, lo cual es incompatible con la ejecutoria que la ley
atribuye a esa misma sentencia.
c.
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley demandada, la casación
procede por errores in procedendo o in iudicando que pueden
generar la declaración de nulidad de todo o parte del proceso; por ello, “si la
sentencia está ejecutoriada, cómo es posible que se pueda pensar en un nuevo
procesamiento sin que necesariamente se viole el principio constitucional de la
cosa juzgada, el non bis in idem y el bloque de constitucionalidad
integrado por los Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, que
igualmente prohiben la posibilidad de un nuevo juzgamiento?” Adicionalmente,
hace referencia a la sentencia C-586/92 de la Corte Constitucional, en la cual
se señaló que la casación es un recurso, al analizar el artículo 235-1
Superior, en el cual se atribuye a la Corte suprema de Justicia la función de
actuar como tribunal de casación. Esta Corporación expresó: “el
Constituyente al señalar la función de la Corte Suprema de Justicia no
incorporó un concepto vacío, neutro o abierto que pudiera ser colmado por la
legislación o por la jurisprudencia o al que se le pudiesen atribuir notas,
ingredientes o elementos de naturaleza diferente a las que integran dicho
instituto, de tal manera que se alteran completamente sus características, como
por ejemplo convirtiéndose en recurso ordinario u otra instancia, o que pudiese
ser adelantado de oficio; por el contrario, en juicio de la Corte
Constitucional, si el Constituyente incorpora dicha noción, debe interpretarse
que quiere que el legislador con sus regulaciones no altere de modo sustancial las
nociones esenciales y básicas que integran dicho instituto, como las que acaban
de reseñarse”. Con base en este pronunciamiento, señala el actor que es
indispensable determinar con fundamento en qué factor de competencia puede
actuar la Corte Suprema de Justicia en tanto tribunal de casación; ya que, como
en la ley demandada se suprimió la naturaleza de recurso a la casación, no
existe factor alguno -ni el subjetivo, ni el funcional, etc.- que la habilite.
“Si la casación no es recurso, en razón de qué factor competencial va a conocer
de la misma, cuando el planteamiento legislativo transgrede todas las
concepciones doctrinarias y jurisprudenciales conocidas y si la sentencia por
ley se declara ejecutoriada, en razón de qué principio constitucional, o de los
derechos humanos, puede pretenderse que por disposición de una ley de inferior
categoría pueda ser modificada y cambiarse completamente la decisión de lo que
supuestamente estaba ejecutoriado?”.
De otra
parte, señala que la procedencia de la casación contra sentencias ejecutoriadas
constituye una violación de los principios constitucionales de non bis in
idem y de cosa juzgada. Explica que el constituyente al establecer el
principio de que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho es
con el objetivo de restringir el poder represivo del Estado, en cuanto a que
las conductas que ya hayan sido objeto de juzgamiento por medio de sentencia en
firme, las que estén siendo objeto de juzgamiento, o las conductas, aspectos o
circunstancias de las mismas, que hayan sido tenidas en cuenta para tipificar
una conducta delictiva o para hacer más gravosa la punibilidad, no podrán dar
lugar a nuevos procesamientos; o no ser nuevamente tenidas en cuenta para
agravar la situación del procesado deduciéndosele concursos delictivos,
circunstancias de agravación genéricas o específicas o elementos de mayor
punibilidad con base en hechos o circunstancias ya tenidos en cuenta con
anterioridad”. La única excepción a dicho principio, es el recurso
extraordinario de revisión. Por lo anterior, considera que “si los fallos
judiciales en materia penal quedan ejecutoriados al producirse la sentencia de
segunda instancia, una nueva decisión, en este caso por el fallo de casación,
constituye un desconocimiento de la cosa juzgada y, consecuentemente, se
produce una transgresión constitucional, puesto que estaríamos en presencia de
un nuevo y doble juzgamiento”.
Indica,
además, que la situación descrita se hace más grave en el caso de las
sentencias absolutorias, por cuanto la procedencia de la casación contra éstas
configura una violación de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos
que vinculan a Colombia, entre los cuales se encuentra la Convención Americana
de Derechos Humanos, en la cual se determina que “el inculpado absuelto por
una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos
hechos”
1.3 Intervenciones
1.3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El ciudadano José Camilo
Guzmán Santos, obrando en su condición de apoderado del Ministerio de
Justicia y del Derecho, intervino en este proceso para defender la
constitucionalidad de las normas acusadas, efectuando algunas consideraciones
sobre los siguientes tópicos: a) la naturaleza jurídica de la casación, b) la
casación y la cosa juzgada, y c) la casación y el principio non bis in idem.
Y es así como explica que la casación, en el Estado social, tiene como objetivo
no sólo el control de la correcta aplicación de la ley, sino también la
materialización de los fines esenciales del Estado. En ese sentido, señala que
las características esenciales de dicha institución son un límite a la libertad
de configuración del legislador porque, como se afirmó en la sentencia C-586 de
1.992, la casación no es una institución vacía o neutra que pueda ser dotada de
contenido de cualquier forma por el legislador o por la jurisprudencia, pues
ella tiene ciertas características esenciales que el Congreso no puede
modificar vr. gr. - que es un típico acto de parte, esto es, no procede su
conocimiento oficioso; - procede únicamente contra sentencias de segunda
instancia, por tanto, no puede ser recurso ordinario ni tercera instancia; - su
finalidad es obtener la anulación total o parcial de la sentencia impugnada,
por lo cual su objeto no puede ser que se vuelvan a examinar los hechos del
litigio fallado; - procede contra sentencias que contengan errores in
procedendo o in iudicando; - sus fines son la unificación de la
jurisprudencia nacional, la promoción de la realización del derecho objetivo, y
la reparación de los agravios causados por la decisión contra la cual procede
la casación.
En consecuencia, señala el
interviniente que con la ley acusada, el Legislador no modificó ni restringió
esas características, pues el cambio sustancial que se introdujo se relaciona
con la procedencia de la casación y la respuesta inmediata. En cuanto a su
procedencia contra sentencias ejecutoriadas de segunda instancia, afirma que
“este cambio, a pesar de su trascendencia, puesto que ahora la acción criminal
culmina con dicho fallo, no constituye transgresión a sus características
constitucionales. El legislador podía, entonces, variar la procedencia de la
casación atendiendo a los fines que más convinieran para la realización de los
postulados del Estado social de derecho”.
En relación con el cargo por
violación de la cosa juzgada explica que “el legislador no tiene las manos
atadas para regular su aplicabilidad en la forma que más convenga a la
realización de un orden justo. En principio, la cosa juzgada tiene fundamento
constitucional, pero no se trata de un valor absoluto sobre el que no pueda el
legislador consagrar excepciones y límites”. Si los fallos judiciales no pueden
contradecir la Constitución ni la Ley “sería propio de un orden jurídico
desestructurado e incoherente proteger la intangibilidad del fallo bajo la
falacia del principio de la cosa juzgada, puesto que el fin del proceso debe
ser la sentencia justa, aquella que esté en plena concordancia con la
Constitucion y la ley”. Indica, además, que el ordenamiento jurídico contempla
varios mecanismos excepcionales que se orientan a salvaguardar valores más
trascendentales que la cosa juzgada, como la justicia y los derechos
fundamentales y, en ese sentido, se ha admitido la procedencia de la tutela
originada en vía de hecho y el principio de prevalencia del derecho sustancial.
En conclusión, dice, el legislador puede establecer excepciones al principio de
la cosa juzgada haciendo uso de criterios de razonabilidad y protección de
valores más trascendentes, como se hace en la norma acusada, ya que el fin
esencial de la casación es la primacía del derecho material.
Respecto del cargo por
violación del principio non bis in idem, señala que el fin esencial de
la casación es la realización del derecho objetivo, y en ese sentido constituye
un instrumento de control de la sentencia para “adecuar el juicio valorativo
del fallador con lo prescrito por la norma”, por lo cual no se le puede
considerar como una tercera instancia. Por lo mismo, en el trámite de la
casación no es viable conocer nuevamente los hechos del litigio y, por tanto,
no se puede violar el principio citado.
Adicionalmente, explica que el
derecho a la igualdad no resulta vulnerado porque se mantenga la casación como
recurso en asuntos civiles y laborales, puesto que se trata de ordenamientos
completamente diferenciados. “Si bien es cierto que la casación tiene los
mismos fines en cada una de las ramas del Derecho, tiene elementos sui
generis en lo penal, propios del ejercicio del ius puniendi”, que
justifican la necesidad de una regulación especial vr. gr. i) la prescripción
de la acción penal, porque la posibilidad de impugnar la sentencia impide que
ésta quede ejecutoriada y, por tanto, durante el trámite del recurso siguen
corriendo los términos de prescripción, lo que daba lugar a que con bastante
frecuencia se interpusiera la casación como un medio para dilatar el proceso y
extinguir así la acción penal, situación que se trató de controlar en la nueva
ley y que no se presenta en civil o laboral porque allí no existe un término de
prescripción de la acción; ii) el derecho de impugnación de la sentencia
condenatoria, porque “si la casación no es una tercera instancia, no existe
justificación para que en el trámite de la casación siga corriendo el término
de prescripción”.
Por último, afirma que la
expresión “ejecutoriada” no viola los fines esenciales del Estado, porque la
reforma se hizo precisamente, “en procura de un ordenamiento que materializara
la efectividad de los principios (prevalencia del derecho sustancial), derechos
y deberes consagrados en la Constitución”. Tampoco se infringe el principio de
la doble instancia, pues éste se garantiza con el recurso ordinario de
apelación, y la casación no es una tercera instancia. Ni se restringe el acceso
a la administración de justicia, ya que subsisten los mismos requisitos
formales para la presentación del recurso, sin que los cambios introducidos
limiten dicho derecho fundamental.
1.3.2 Intervención del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
El ciudadano Nilson Elías
Pinilla Pinilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, intervino en
este proceso en defensa de la constitucionalidad de la ley demandada.
Explica que la Constitución
prevé la casación, pero no define su naturaleza ni establece los procedimientos
a través de los cuales se debe surtir, las causales por las que procede ni el
momento procesal para interponerla, temas que fueron dejados a la determinación
del legislador.
El precepto parcialmente
demandado, no desconoce el debido proceso, pues “no puede válidamente alegarse
una transgresión del mismo, simplemente porque el Congreso en ejercicio de su
facultad de ‘expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones’ (art. 150 num. 2, C.P.), decida cambiar el rumbo de un
determinado procedimiento o introducir variaciones a una institución jurídica,
como ocurrió con la que se analiza”. Es decir, no se puede sostener que por el
hecho de que una institución se haya concebido tradicionalmente de una
determinada forma, se tenga que conservar intacta. La voluntad legislativa de
quitarle a la casación la denominación de recurso y consagrar su procedencia
frente a sentencias ejecutoriadas, si bien son cambios en la concepción
tradicional de esta institución, no por ello constituyen violaciones del
artículo 29 Superior, “porque ese debido proceso, se insiste, no está regulado
en la Constitución”.
Adicionalmente, considera que
tampoco se desconoce el derecho a impugnar las sentencias de condena, pues la
jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente, que en lo atinente a
la regulación de los recursos y medios de impugnación, el Legislador cuenta con
libertad de configuración. Si la ley ha establecido un medio de impugnación
adicional, "así ahora no se denomine recurso pero que en la práctica
arroja sus mismas consecuencias garantistas, lejos de constituir una afrenta al
derecho del debido proceso, es un beneficio más para quienes tienen interés en
atacar una sentencia”. En su criterio, no se puede desconocer, bajo ningún
punto de vista, que la casación tiene el carácter de medio de impugnación
contra la sentencia, lo cual “es su esencia, su razón de ser, como mecanismo al
alcance de los sujetos procesales que tengan interés jurídico, para que se
controle la legalidad del fallo por parte del órgano superior de la justicia
ordinaria, con lo cual quedan satisfechos a plenitud los compromisos adquiridos
por Colombia en los Tratados Internacionales que ha suscrito sobre la materia”.
El que la casación ahora proceda contra fallos ejecutoriados, en nada desconoce
su carácter de medio de impugnación, “cambian algunas de sus circunstancias,
pero sigue siendo una manera reglada de atacar la decisión de fondo, que en la
legislación anterior venía simplemente amparada en la presunción de acierto y
legalidad, que había que desvirtuar, y ahora será cosa juzgada, pero
susceptible de ser removida prontamente.”
Por las mismas razones,
considera que tampoco se viola el principio de cosa juzgada, porque si bien la
sentencia de segunda instancia queda ejecutoriada, “su remoción en nada
transgrede los principios superiores; todo lo contrario, es una forma de hacer
efectivos los máximos valores constitucionales, como el de la justicia, porque
es el reconocimiento de la supremacía del derecho material sobre el simplemente
formal (…) la impugnación de un fallo en firme no es un fenómeno extraño a las
instituciones jurídicas colombianas, pues de antaño está reconocida la acción
de revisión, mantenida como recurso extraordinario en otras especialidades del
derecho, que parte del principio de que las sentencias contra las cuales
procede se encuentran ejecutoriadas y que su ejercicio tiende a remover
pronunciamientos judiciales definitivos”.
Tampoco resulta vulnerado el
principio de presunción de inocencia, el cual se desvirtúa, de conformidad con
el artículo 29 Superior, cuando a la persona se le declara judicialmente
culpable, lo cual tiene lugar con la sentencia de segunda instancia,
debidamente ejecutoriada. Por lo mismo, no se vulnera el derecho a la libertad
personal pues su restricción encuentra sustento jurídico en el fallo
condenatorio de segunda instancia.
En cuanto a la violación del
principio non bis in idem explica que “la casación de ninguna manera
constituye un nuevo juicio sino simplemente un control extraordinario sobre el
mismo que se ha adelantado”.
Respecto del cargo por
infracción del derecho a la igualdad frente a la casación laboral y civil,
considera que “la igualdad como derecho se predica respecto de quienes se
encuentren en una misma situación y en este caso los que acudan a la casación
en materia penal estarán sometidos, en idénticas condiciones, a las mismas
reglas y procedimientos, por lo que no puede alegarse un tratamiento desigual o
discriminatorio, menos colegido de lo que exista en otras especialidades del
derecho, en las que imperan algunos principios diferentes y han sido objeto de
sus propias regulaciones”.
1.3.3 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación,
doctor Alfonso Gómez Méndez, intervino en este proceso para defender la
constitucionalidad de la norma acusada, señalando que, contrario a lo que
afirman los demandantes, ella no vulnera el artículo 29 Superior.
Explica que “las demandas
presentadas parten de un estudio incorrecto, pues se centran en la evolución
histórica de la casación, con el fin de demostrar que ella siempre ha sido
considerada como recurso extraordinario y de aquí deducen sin más, que al
excluirse de la normatividad demandada la calidad de recurso extraordinario de
este instituto procesal, se impide la impugnación de la sentencia”. En su
criterio, ello es falso, puesto que el alcance de la expresión “impugnar” que
contiene el artículo 29 de la Carta se refiere a las sentencias de primera
instancia, que siempre deben tener la posibilidad de ser recurridas, salvo las
excepciones legales. “Por tanto, el derecho constitucional de impugnación se
cumple con el agotamiento de la segunda instancia, aunque legalmente se
estipulen otras”. La casación al no ser una tercera instancia sino un medio
procesal para enjuiciar la legalidad de una sentencia de segunda instancia,
respeta el principio de impugnación que forma parte del debido proceso.
En lo que respecta al cargo por
violación del principio non bis in idem, señala que "la casación se
refiere a un único y primer juzgamiento sobre la legalidad de la sentencia, y
nunca a un nuevo juzgamiento sobre los mismos supuestos de hecho”. Así las
cosas, la casación se puede ejercer sobre fallos ejecutoriados sin que ello
implique que se está juzgando dos veces a una persona por el mismo hecho.
En cuanto al principio de cosa
juzgada afirma que éste no tiene un valor absoluto, ya que admite ciertas
excepciones -revisión, casación, tutela- que se fundamentan en el principio de
justicia, “lo que implica necesariamente, una confrontación de intereses entre
seguridad jurídica por un lado y el valor justicia por la otra”. Además, no es
suficiente con la acción de revisión para preservar este último valor por
cuanto la casación persigue objetivos y finalidades diferentes.
El principio de presunción de
inocencia tampoco se vulnera, “pues con la ejecutoria del fallo, el Estado,
después del cumplimiento del debido proceso, declara la culpabilidad penal de
determinado sujeto. Lo que sucede es que por razones de justicia tal
declaración puede desvirtuarse, no sólo por vía de casación, sino también por
revisión y aún por tutela”.
En lo atinente a la violación
del preámbulo y el artículo 13 de la Carta por mantener la casación el carácter
de recurso en materia civil y laboral y no en el ámbito penal, considera que el
principio de igualdad, tal y como está consagrado en la Constitución, está
conformado por los siguientes elementos: a) igualdad ante la ley, b) protección
igual por parte de las autoridades, c) igualdad de trato, por tanto, el
análisis debe tomar en cuenta los tres, cosa que no se hace en las demandas.
“Cuando se compara la norma estudiada con la igualdad de trato, elemento de este
principio, nos damos cuenta que no se viola el artículo 13 de la Constitución
Nacional, ya que como es lógico no se encuentran en la misma situación las
personas que acceden a la casación civil o laboral que los que acceden a la
casación penal, ya que las situaciones procesales que se regulan son diversas,
lo que legitima un tratamiento diferencial tal como lo hace la Ley demandada,
sin que por ello se viole el principio de igualdad”.
1.3.4 Intervención de la
Defensoría del Pueblo
El ciudadano Ricardo Correal
Morillo, en su calidad de Director Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo, intervino en este proceso para
controvertir la constitucionalidad de varios artículos de la ley demandada,
incluyendo algunos que no fueron acusados en este proceso. Sin embargo, la
Corte solamente sintetizará los argumentos que se relacionan con las normas
objeto de demanda.
El artículo 1 de la ley
impugnada, elimina el carácter de recurso extraordinario que tradicionalmente
se ha asignado a la casación penal para convertirlo en una acción, en la medida
en que procede contra sentencias ejecutoriadas; ello, en su criterio, afecta
los principios de cosa juzgada, ejecutoria y ejecutoriedad de las providencias,
el término de prescripción de las acciones penales y la igualdad en el acceso a
la justicia, así como los principios de presunción de inocencia y non bis in
idem. La ejecutoria de la sentencia, dice, produce como consecuencia
"que lo dispuesto en ella sea ejecutado, desvirtuando con ello los fines
del recurso extraordinario, pues el objetivo real de él es precisamente no
permitir la ejecución de la decisión considerada ilegal, en salvaguarda de los
derechos fundamentales del condenado; es decir que de nada serviría la
revocatoria de la condena, si ésta ya ha sido ejecutada, lo cual se hace más
gravoso, cuando del derecho a la libertad se trata”. Por consiguiente, sólo si
se concibe la casación como un recurso extraordinario es que se pueden cumplir
sus fines, “ya que sus efectos no se pueden orientar a remover la cosa juzgada,
que según la preceptiva constitucional es inmutable e inmodificable”.
En cuanto al desconocimiento de
la presunción de inocencia, considera que la norma acusada “dispone que se
tenga como condenado a quien evidentemente no lo está (…) al estar pendiente el
fallo en sede de casación, si la sentencia condenatoria es quebrada,
convirtiéndose en absolutoria, la condición de presunto inocente en el imputado
ha desaparecido, siendo sometido en el ámbito carcelario al régimen de
internación, reservado para los condenados, que evidentemente es mucho más
lesivo y restrictivo de sus derechos”.
Expresa, además, que el
artículo 29 Superior consagra el derecho de todo procesado a impugnar las
sentencias condenatorias, en la expresión “impugnar” se incluyen tanto los
recursos ordinarios, como este mecanismo extraordinario (casación), por lo cual
la norma acusada viola la Constitución.
1.3.5 La ciudadana María Isabel
Rueda, en su condición de Representante a la Cámara y ponente del proyecto
que se convirtió en la ley acusada, justifica la constitucionalidad de la
misma, con estos argumentos:
La casación no es, ni puede
ser, una continuación del juicio en el que se controviertan nuevamente los
hechos y las pruebas sobre las que se tomó la decisión respectiva. La ley
553/00 "recupera el fundamento político-jurídico de la casación",
pues su objeto es "el juicio a la sentencia, es decir, la conformidad de
la sentencia dictada por el tribunal, con la ley. No se juzga en casación al
reo. La relación de contradicción entre él, el Estado, la víctima y la
sociedad, que se plantea como consecuencia de la realización del delito, ha
sido resuelta en las posibilidades, con los instrumentos y las instancias
establecidas para el proceso, que, como antes se destacó, en Colombia son sólo
dos(..) La fijación de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, es
totalmente adecuada a la Constitución y además verifica el principio de
seguridad jurídica. El juicio concluye con el proferimiento del fallo de
segunda instancia, y la casación de lo que se trata es de juzgar la sentencia
de segunda instancia."
La casación ha sido utilizada
para impedir la ejecución de los fallos, provocar la prescripción y generar
expectativas irrealizables en los afectados con la sentencia. Por ello la
exigencia de la ejecutoria del fallo consagrada en la ley acusada, halla plena
justificación no sólo desde el punto de vista constitucional sino también de la
realidad práctica. La Constitución no le atribuye a la casación el carácter de
recurso, simplemente al señalar la competencia de la Corte Suprema de Justicia
(art. 235) señala que ésta debe actuar como Tribunal de casación. "La
regulación constitucional no se afilia a ninguna posición en torno a la
discusión en la doctrina universal acerca de la naturaleza de la casación, si
es recurso o es acción", orientación seguida por la ley demandada.
La casación contenida en la ley
553 no vulnera el principio de cosa juzgada. Los demandantes parten del
entendimiento de que la casación es una instancia más del proceso, lo cual no
es cierto, pues como se ha anotado, la nueva regulación la define como un
juicio de legalidad de la sentencia ejecutoriada, de segunda instancia. Tampoco
se vulnera la presunción de inocencia por que la casación es un juicio
independiente del proceso que se adelanta en las instancias, con objeto y
finalidades propias y que, presupone su culminación. La presunción opera para
el juzgamiento del reo, lo cual tiene lugar en las instancias del proceso y no
en la casación donde no se juzga el reo.
1.3.6 El ciudadano Guillermo
Puyana Ramos intervino en este proceso para coadyuvar la demanda interpuesta
por Rafael Sandoval López, precisando que se aparta de ella en cuanto a su
propósito de que se declare inexequible la totalidad de la ley, ya que en su
criterio, la transformación de la casación, de recurso extraordinario a acción
contra providencias ejecutoriadas, surge únicamente de algunas disposiciones
específicas de la Ley demandada.
En ese sentido, señala que
transformar la casación en acción, al señalar que procede contra sentencias
ejecutoriadas, viola el debido proceso del cual el recurso de casación forma
parte integrante. “Es obvio que si la casación es un recurso, no puede tener
como supuesto procesal una sentencia ejecutoriada, ya que la vocación principal
de los recursos es poner en entredicho la ejecutoria de las providencias, particularmente
si son sentencias de segunda instancia”.
1.3.7 Intervención de la
Comisión Colombiana de Juristas
El ciudadano Carlos Alberto
Marín Ramírez, en su calidad de Director (E) de la Comisión Colombiana de
Juristas, considera que los artículos 1 y 6 de la ley acusada, son
inconstitucionales puesto que infringen el principio de libertad, el cual forma
parte del debido proceso y se encuentra ligado a la presunción de inocencia,
pues no se puede ordenar la ejecución de una condena "mientras se encuentran
pendientes de resolver, cuestionamientos esenciales sobre la validez de la
sentencia que la sustenta(…) Los procesados no están en el deber jurídico de
soportar una privación de la libertad mientras se decide un proceso (…) la
nueva ley establece que mientras se resuelve la casación, la persona adquiere
la categoría de condenado y se encuentra entonces sujeta a todas las
consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y personales que de ella
se derivan, mientras se encuentra en curso un procedimiento que cuestiona la
validez de la sentencia por la cual está privado de su libertad". La
procedencia de la casación contra sentencias ejecutoriadas también afecta los
principios de seguridad jurídica y de presunción de inocencia, pilares del
proceso penal en un Estado de derecho. Al perder el carácter de recurso, la
casación "obstaculiza la realización de los fines de la misma, ya que los
posibles agravios inferidos con la sentencia se siguen causando hasta tanto no
se profiera la sentencia de casación.
Luego agrega que la casación
también atenta contra el principio non bis in idem, como parte integral
del debido proceso, pues la nueva ley permite que "haya dos
procesos por los mismos hechos: el proceso penal ordinario y el proceso de
casación (…) El Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, (aprobado por
la ley 74/68) ha sido claro en diferenciar la reanudación de un proceso por la
existencia de circunstancias excepcionales, como es el caso de la acción de
revisión, del caso en que se inicia un nuevo proceso por la misma causa,
supuesto que está absolutamente prohibido (…)Dar plena eficacia a una decisión
que puede adolecer de tan graves vicios (causales de casación) y recubrirla de
la seguridad jurídica por la cosa juzgada, hace aún más serio el perjuicio que
se causa con la sentencia, pues, la decisión de casación que debiera venir a
subsanar tales graves vicios, en realidad no lo hace, pues esta decisión se
profiere estando en curso la ejecución de la sentencia o, en el peor de los
casos, después de ejecutada la sentencia (…) la administración de justicia
puede incurrir en dos posibles errores: condenar a un inocente o absolver a un
culpable. Dicen los clásicos principios del derecho penal que es preferible
incurrir en el segundo error que en el primero, pues la libertad de un inocente
no tiene porqué ser arriesgada en ningún caso. Sin embargo, la ley acusada ha
optado por preferir la sentencia que condena un posible inocente."
Para concluir, señala el
interviniente que la presunción de inocencia también resulta vulnerada pues si
"está en curso un proceso de casación contra la sentencia condenatoria, no
puede dársele al sindicado del proceso original la calidad de condenado
mientras se decide el proceso"; al igual que el principio de igualdad, pues
"no existe razón válida para dar el carácter de recurso a la casación en
las demás jurisdicciones y no para la jurisdicción penal (…)". Por
consiguiente, solicita declarar inconstitucional no sólo los artículos 1 y 6
sino toda la ley, por violar los artículos 13, 29 y 248 de la Carta.
1.4 El concepto del Procurador
General de la Nación
Ante el impedimento manifestado
por el doctor Jaime Bernal Cuellar, Procurador General de la Nación y el
Viceprocurador doctor Eduardo Montealegre L. los cuales fueron aceptados por
esta corporación, correspondió al Procurador Segundo Delegado para la
Instrucción y Juzgamiento Penal emitir el concepto respectivo. Sobre la norma
que aquí se analiza, el citado funcionario solicita a la Corte declarar
inexequibles las expresiones acusadas de los artículos 1 y 6, con estos
argumentos:
a.
El
legislador ordinario cuenta con potestad para regular todos los procesos
judiciales, siempre y cuando respete el ordenamiento supremo. "La casación
está delimitada para el legislador por una parte, por la preservación de los
derechos constitucionales y, por la otra, por la salvaguarda de las
características esenciales de la institución, como consecuencia de la
correlatividad de la casación con los derechos fundamentales como instrumento
de garantía de los mismos."
b.
Antes la
casación era un recurso hoy es una vía de desquiciamiento de providencias en
firme. Entonces, si ésta se aplica en la actualidad a decisiones ante las
cuales no cabe recurso alguno, por haber adquirido el carácter de cosa juzgada,
"no estaremos frente a un recurso, sino ante otro tipo de figura (…) la
casación mutó su entidad jurídica y abandonó su denominación de recurso, para
adquirir otra condición, la de una acción sui generis (….) La casación
no puede concebirse como un establecimiento impugnatorio unificado globalmente,
puesto que cada legislación le adjudica sus propias características dentro de
una misma personalidad jurídica correlativa a sus altos objetivos garantistas y
tutelares del Derecho, estos sí uniformes, que la llevan más allá de un
instrumento ritual tradicional a convertirse en un medio de impugnación
extremo(…) La casación es un mecanismo de control de legalidad de los procesos,
proyectada a desestabilizar sentencias en sí mismas irregulares o proferidas
dentro de un juicio viciado de nulidad (…) La casación por su naturaleza es
entonces independiente de la clasificación jurídica a la que pertenezca,
trátese de acción o de recurso, es un procedimiento técnico de corrección de
errores judiciales o lo que es lo mismo decir, un procedimiento encaminado a
garantizar la efectividad del debido proceso. En síntesis la esencia de la
casación es su operatividad como medio de protección y reparación de las normas
sustanciales y de los derechos fundamentales, al igual que tiene un efecto
unificador de la jurisprudencia, la que es administrada por un organismo
judiciales superior, mediante un procedimiento técnico diferente a una tercera
instancia. Las demás connotaciones son accesorias y propias de la individualidad
y de las particularidades diferenciales dentro de las diversas
legislaciones." El legislador debe conservar siempre las características
esenciales de la institución, lo accesorio se torna disponible ya que no afecta
su esencia.
c.
Así las
cosas, considera que las normas acusadas infringen el principio de presunción
de inocencia pues, "si por medio de la casación se demuestra que el
trámite desconoció las garantías fundamentales, la presunción se mantiene
incólume, hasta tanto el fallo de reemplazo o el que se profiera en el juicio
de reenvío, en caso de surtirse esta alternativa, declare la culpabilidad del
imputado, siempre y cuando, éste se adecue a los ritos insoslayables de la
acción penal. Esto quiere decir que sólo hasta descartar los matices de
ilegalidad del proceso, no puede declararse vencida la presunción bajo
examen". De la misma manera se vulnera el principio de igualdad, debido a
que la casación civil y la laboral operan contra decisiones que no han
alcanzado firmeza. La casación puede tener diferencias en las distintas
jurisdicciones pero debe guardar identidad y coherencia en sus características
generales, porque ellas se predican de la figura como tal y no de la
jurisdicción. "Las especiales características que la ciencia del derecho
ha proporcionado a la casación, le restan posibilidad de un tratamiento insular
en cada jurisdicción, pues debe guardar uniformidad a fin de conservar la
coherencia del ordenamiento jurídico integral."
d.    Para terminar señala que
"La razón lógica es que la casación proceda contra sentencias que no
tengan efectos de cosa juzgada, porque si en ellas no se encuentra la legalidad
y la justicia material, no resulta razonable que se les permita adquirir
firmeza, cuando ésta es apenas aparente, en la medida en que la sentencia pueda
ser quebrada. Es que bajo el pretexto de eliminar la prescripción se le ha dado
a la figura de la casación una legalidad y firmeza que no
tiene."
2. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 6 DE LA LEY 553 DE 2000
2.1 Norma acusada
“Artículo 6. El artículo 223 del Código de
Procedimiento Penal quedará así:
Artículo 223. Oportunidad. Ejecutoriada la sentencia, el
funcionario de segunda instancia remitirá las copias del expediente al juez de
ejecución de penas o quien haga sus veces, para lo de su cargo, y conservará el
original para los efectos de la casación.
La demanda de casación deberá
presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda
remitirá el original del expediente al juez de ejecución de penas.
Si la demanda se presenta
extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el
recurso de reposición”.
2. 2 Las demandas
2.2.1 El ciudadano Rafael
Sandoval López considera que este artículo lesiona el derecho a la libertad
personal que consagran los artículos 24 y 28 de la Carta, al ordenar el envío
de la sentencia de segunda instancia al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad para hacerla efectiva, "estando pendiente como queda visto el
recurso extraordinario de casación.”
2.2.2 El ciudadano Luis Armando
Tolosa Villabona controvierte la constitucionalidad de la primera parte del
artículo 6, en lo que se refiere a las sentencias ejecutoriadas, con los mismos
argumentos que esgrimió al impugnar el artículo primero.
2.2.3 El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas considera que la disposición antes transcrita vulnera los principios
de cosa juzgada y presunción de inocencia, “porque se dispone que se tenga como
condenado, a quien evidentemente no lo está, porque es claro que al estar
pendiente la casación existe la posibilidad de que al quebrarse la sentencia
condenatoria se convierta en absolutoria”, lo cual viola derechos fundamentales
de quien se encuentra en esa situación, por cuanto se le somete a tratamiento
carcelario y a las demás penas correspondientes. Igual sucede con quien es
absuelto en segunda instancia, pues los efectos de la cosa juzgada producen “la
intangibilidad e inmutabilidad de la sentencia”.
Asimismo, expresa que el
segundo inciso del artículo 6 desconoce los derechos de defensa y de acceso a
la administración de justicia, “porque si bien se ve, no solamente se reducen
los términos (antes de la ley eran treinta (30) días hábiles y ello surge de la
redacción gramatical de la norma derogada), y ahora no sólo se limita a 30 días
corridos, sino que se consagra un término común para todos los sujetos
procesales”. Ello en la medida en que la cifra de sujetos procesales puede ser
potencialmente muy alta, especialmente cuando hay más de un procesado, por lo
cual “el hecho de reducirse el término para la sustentación de la casación y
hacerlo común a los sujetos procesales recurrentes, lo convierte en un
instrumento procesal prácticamente imposible de ser interpuesto y sustentado,
porque nos preguntamos cómo y cuándo podrían tener los sujetos procesales
acceso al expediente para estudiarlo y poder elaborar la demanda de casación?”.
Este problema se hace aún más grave si se considera que “a su finalización el
proceso ha adquirido unos volúmenes materiales bastante considerables, que la
casación es un problema jurídico eminentemente técnico - de allí la complejidad
en la elaboración de las demandas-, y que de manera regular cuando el abogado
que ha llevado el proceso en las instancias, si no es especialista cede el
poder para que uno especializado en técnica casacional elabore la demanda”. En
consecuencia, señala que la norma impugnada no permite la defensa material y
efectiva que, de conformidad con algunos tratados de derechos humanos que
vinculan a Colombia, debe otorgarse al procesado.
2.3 Intervenciones
2.3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado del citado
Ministerio considera que “no es posible determinar cómo la casación puede
conculcar la presunción de inocencia, si ésta ya se ha destruido o confirmado
al momento de la ejecutoria del fallo. Y como ya se dijo, la casación puede
remover la cosa juzgada, pero ello no significa que se esté transgrediendo
dicha presunción, pues para ese momento, dependiendo del sentido del fallo de
segunda instancia, la presunción no operaría, pues se está en una situación
jurídica definida”. Asimismo, la ley demandada no consagra disposiciones que
presuman la culpabilidad del sindicado.
En cuanto al cargo por
violación de los derechos de defensa y de acceso a la justicia, por la
reducción de los términos de traslado y su conversión en un término común para
todos los sujetos procesales, afirma que el Legislador tiene un amplio margen
de discrecionalidad al regular los distintos procesos y el establecimiento de
cargas procesales, siempre que respete los principios y valores
constitucionales. “La norma acusada se aviene a la atribución del Legislador,
sin que ella resulte en evidente desequilibrio para los sujetos procesales. Se
trata del establecimiento de términos razonables, los cuales constituyen
incentivos valiosos para un trámite de la casación en forma fluida y
acelerada”.
2.3.2 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación,
en su intervención, expresa que las razones para declarar la exequibilidad de
la norma acusada son las mismas que expuso para sustentar la constitucionalidad
del artículo 1 de la misma ley, “pues al quedar demostrado que no se viola
ningún precepto constitucional al permitirse la casación contra sentencias
ejecutoriadas, se desprende como consecuencia lógica que tampoco afecta la
Constitución que el fallo de segunda instancia pase a los jueces de ejecución
de penas, para lo de su competencia”.
En lo que respecta al cargo por
violación del derecho de defensa y del artículo 229 Superior, por limitar el
término para interponer la casación, afirma que el debido proceso “no es
cualquier procedimiento legal, sino sólo aquel en que las formalidades y los
términos permiten a los intervinientes desarrollar sus actividades
diligentemente. Por ello los términos procesales deben ser lo suficientemente
amplios, para permitir el ejercicio del derecho de defensa”. Sin embargo, este
principio se debe matizar cuando se considera el de celeridad, “es decir, que
los términos consagrados en un proceso, no pueden ser tan amplios que
conviertan al aparato judicial en un ente paquidérmico, en detrimento de los
derechos fundamentales de las partes, y tampoco tan cortos que no se permita el
ejercicio del derecho de defensa, por ello es que se habla de la razonabilidad
de los términos”. En ese orden de ideas, el problema que se plantea es si el
término que concede el artículo demandado es razonable.
Explica que, en la norma antes
vigente, “el término que se concedía para sustentar la casación era de treinta
días, que corrían separados para cada una de las partes, por tanto en el caso
de existir pluralidad de recurrentes, los términos se alargaban en algunos
casos hasta por años, lo que venía en detrimento de los derechos fundamentales
de los casacionistas y en burla de la celeridad de la justicia”. En la norma
demandada se establece un término común de treinta días, que se considera
razonable para el estudio, preparación y presentación de la casación.
2.3.3 Intervención de la
Defensoría del Pueblo
El representante de la
Defensoría del Pueblo considera que el artículo 6 viola el artículo 29 de la
Carta, “pues en cuanto la sentencia de segunda instancia quede ejecutoriada y,
por ende, haga tránsito a cosa juzgada, sus efectos jurídicos se producen y es
necesario proceder a su ejecución, razón por la cual se ordena el envío de
copias al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sin que se haya
agotado la sede de casación y el control de legalidad de la sentencia conforme
con sus causales taxativas”, lo que implica hacer efectiva la pena o la
indemnización de perjuicios, desconociendo los derechos del procesado, más si
posteriormente se obtiene el rompimiento de la sentencia de segunda instancia,
en contravía de lo dispuesto por el artículo 235 Superior.
2.3.4 Intervención ciudadana
El ciudadano Guillermo
Puyana Ramos señala que algunos apartes del artículo 6 deben ser
conservados en el ordenamiento, específicamente, la obligación de remitir las
copias de la actuación al Juez de Ejecución de Penas para lo de su competencia.
Considera que “esto agilizará tanto el trámite de la casación como el de las
peticiones relacionadas con la ejecución de la pena, que hoy por hoy significan
una parte importante del trabajo de la Corte y son un factor sustancial de
dilación, particularmente, cuando el proceso está para concepto del Procurador,
ya que implica su reenvío a la Corte para resolver la solicitud relacionada con
la ejecución de la pena y el retorno posterior de la actuación de nuevo a la
Procuraduría para que emita concepto”.
En ese orden de ideas, la frase
“ejecutoriada la sentencia”, para que no resulte lesiva del ordenamiento
supremo, debe entenderse en el sentido de que “el término para enviar las
copias del proceso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, es el
del vencimiento del término para presentar la demanda de casación”, y así lo
deberá señalar la Corte en la parte resolutiva de la sentencia.
Por otra parte, considera que
se debe declarar la inexequibilidad de las expresiones “ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia” y “mantenerse el régimen vigente según el cual
la demanda se presenta en un término subsiguiente a la concesión del recurso
por el Tribunal de instancia.”
3. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 9 DE LA LEY 553 DE 2000
3.1 Norma acusada
“Artículo 9. El artículo 226 del Código de
Procedimiento Penal quedará así:
Artículo 226. Calificación de
la demanda. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los
requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen.
En caso contrario se surtirá traslado al Procurador Delegado en lo penal por un
término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto.” (se subraya lo demandado)
3.2 La demanda
El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas dice que bajo el ordenamiento antes vigente, si la demanda de
casación no reunía los requisitos técnicos o no existía interés para recurrir,
el recurso se declaraba desierto por medio de una providencia motivada; a
partir de la expedición del artículo acusado y ante idéntica hipótesis se le
ordena a la Corte “devolver el expediente al despacho de origen”, lo cual, en
su criterio, permitiría omitir la obligación de esa corporación de señalar las
razones por las cuales se toma tal decisión. En consecuencia, solicita a la
Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la disposición acusada,
“en el sentido de que debe entenderse que la devolución del expediente al
despacho de origen debe serlo por un auto motivado de la Sala de Casación, para
evitar que por los facilismos que en ocasiones surgen de determinadas
jurisprudencias, se pudiera aprovechar la redacción de la norma demandada para
hacer devoluciones materiales de los procesos, ordenadas por un simple auto de
sustanciación o por simples constancias secretariales”.
3.3 Intervenciones
3.3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El representante del Ministerio
de Justicia y del Derecho considera que el cargo formulado contra el artículo
9, no puede dar lugar a un juicio de inconstitucionalidad, por que el actor
simplemente expresa un temor respecto de la aplicación de la norma, sin precisar
porqué ella, en sí misma, lesiona la Constitución.
3.3.2 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación
considera que, como una de las finalidades de la ley demandada fue dotar de
celeridad el trámite de la casación, el Legislador decidió que el auto por
medio del cual se inadmite la demanda de casación sea de sustanciación, lo cual
no infringe la Constitución, pues el artículo 228 de la Carta consagra que las
actuaciones de la administración de justicia serán públicas y permanentes, con
las excepciones que señale la ley, lo que permite deducir que en determinados
casos el legislador puede establecer la no motivación de las decisiones. Si la
inadmisión de las demandas se produce por falta de interés o por el no
cumplimiento de los requisitos, esta decisión se debe adoptar por auto de
sustanciación, por cuanto no resuelve aspectos sustanciales, tan cierto es
ello, que el demandante puede presentar posteriormente otra demanda si subsana
el error cometido, por tanto, no se restringe el acceso a la justicia ni se
viola el artículo 229 de la Constitución Nacional.
3.4 Concepto del Procurador
General de la Nación
La disposición acusada no
infringe el deber que tienen las autoridades judiciales de motivar las
decisiones que adopten en los procesos, ya que tal requisito "emerge como
consecuencia de la observancia de la misma norma". En la hipótesis que
dicha corporación no cumpla ese deber, las partes por vía del recurso de
reposición pueden solicitar que así se haga. En consecuencia, no hay lugar a
declarar la exequibilidad condicionada sino simple.
4. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 10 DE LA LEY 553 DE 2000
4.1 Norma acusada
“Artículo 10.- Créase el
artículo 226 A del Código Penal (sic) con el siguiente contenido:
Artículo. 226 A.- Respuesta
inmediata. Cuando sobre el tema jurídico sobre el cual versa el cargo o los
cargos propuestos en la demanda ya se hubiere pronunciado la Sala de Casación
en forma unánime y de igual manera no considere necesario reexaminar el punto,
podrá tomar la decisión en forma inmediata citando simplemente el antecedente.”
4.2 Las demandas
4.2.1 El ciudadano Rafael
Sandoval López señala que esta disposición “desconoce el principio de
favorabilidad al entrar a disponer la ley que se aplica la famosa respuesta
inmediata a los procesos en trámite”.
4.2.2 El ciudadano Hernán Antonio
Barrero Bravo controvierte la constitucionalidad del artículo 10, por
considerar que vulnera los artículos 2, 29, 228, 229 y 230 de la Carta
Política, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la libertad de
configuración del Legislador en materia procedimental se encuentra limitada por
las normas constitucionales y los principios de proporcionalidad y
razonabilidad. La respuesta inmediata de las demandas de casación cuando los
temas jurídicos que allí se traten ya han sido objeto de pronunciamientos
anteriores por parte de la Corte, es una negación de los derechos fundamentales
de las personas y del acceso a la administración de justicia. Un proceso judicial
nunca es igual o idéntico a otro, por factores de diversa índole.
Finalmente, señala que “la
casación está establecida principalmente en interés de la ley, busca el interés
público, por eso una disposición de la naturaleza de la demandada, desfiguraría
totalmente la misión de la casación, en un tema tan importante como el penal,
donde están en juego derechos fundamentales tan caros, como la libertad de las
personas, el debido proceso y el derecho de defensa (C.P. art. 29), la
reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada,
la efectividad del derecho material (C.P. art. 228), y las demás garantías
debidas a las personas que intervienen en la actuación penal; Además, se
anquilosaría la jurisprudencia y perdería su verdadera misión, desconociendo a
los jueces y funcionarios su autonomía funcional e independencia (C.P. art.
228) para apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la Alta Corte,
mediante providencias que se justifiquen de manera suficiente y adecuada, con el
expediente de que a través de la respuesta inmediata de que trata el artículo
226 A del C. de P. P. se logrará la unificación jurisprudencial, la agilidad y
celeridad en los trámites o cualquier otra justificación”.
4.2.3 El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas considera que la disposición acusada infringe los artículos 29, 229,
230 y 243 de la Constitución, “la jurisprudencia de nuestros Tribunales,
excepto los fallos de constitucionalidad que dicte la Corte Constitucional,
carecen de fuerza legal para que puedan convertirse en precedentes judiciales”,
es decir que, a diferencia del sistema jurídico anglosajón, el sistema jurídico
colombiano está positivizado, lo que significa "que los jueces deben
resolver los conflictos puestos a su consideración con fundamento en el
ordenamiento vigente y aplicable al caso, pero nunca con base en precedentes
jurisprudenciales obligatorios. (...) Nuestro sistema y nuestra cultura que son
ciento por ciento positivizados exige que en cada proceso se dicte una
sentencia que debe contener los elementos probatorios y normativos aplicables a
ese caso en particular, y la jurisprudencia de nuestros tribunales tal como
expresamente lo estipula la Carta Política sólo puede servir a los jueces de
criterio auxiliar de interpretación”.
El principio de legalidad
también resulta vulnerado “porque si bien es cierto que las ritualidades
procesales son de manera regular de creación legal, las mismas deben ser
concebidas en concordancia con los principios y garantías constitucionales que
integran el debido proceso y es claro que dentro de la concepción superior del
debido proceso, cada hecho delictivo debe originar un proceso penal, excepto en
los casos de concurso delictivo y de acumulación procesal, y cada proceso debe
finalizar con una sentencia que entre otros requisitos debe tener una relación
de los hechos, un resumen de las pruebas obrantes en el proceso, su valoración
para aceptarlas o rechazarlas, un resumen y una contestación de los alegatos de
las partes y los fundamentos normativos aplicables a ese caso concreto”.
Igualmente, se vulnera el artículo 229 de la Carta, que impone en desarrollo
del derecho a acceder a la administración de justicia "no sólo el llegar
hasta los despachos judiciales, sino que los mismos hagan un pronunciamiento concreto,
individual, y particularmente referido al caso de investigación, sin que sea
posible acudir a precedentes jurisprudenciales que en virtud de lo dispuesto en
la ley demandada tendrían el valor y el carácter de ley.”
El artículo 230 de la Constitución
también resulta lesionado por la norma demandada, ya que le asigna a "la
jurisprudencia del tribunal de casación el valor de una verdadera ley, al
señalar que los precedentes son obligatorios”, olvidando que según la citada
norma constitucional, la jurisprudencia es tan sólo un criterio auxiliar de la
actividad judicial. Lo que contribuye a lesionar el derecho fundamental al
debido proceso.
Para terminar, señala el actor
que la norma acusada viola igualmente, el artículo 243 de la Carta, “porque
pretende darle fuerza de cosa juzgada constitucional a un pronunciamiento
judicial que sólo puede producir efectos entre las partes que intervinieron en
el proceso en el que finalmente se produjo la decisión, y es claro que en la
previsión normativa demandada se pretende darle fuerza de ley a una sentencia
dictada en un proceso penal, para que tenga los mismos efectos en un proceso
totalmente diverso de aquél en que se originó.”
4.2.4 Los ciudadanos Eddy Lucía
Rojas Betancourth y Franky Urrego Ortiz demandan conjuntamente el
artículo 10 de la Ley 553/2000, por considerar que vulnera el Preámbulo y los
artículos 2, 13, 158, 229 y 230 de la Carta Política.
Señalan que, de conformidad con
el artículo 2 Superior, uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución;
y la norma acusada, en aras de la “celeridad procesal”, permite que el juzgador
se pronuncie sobre un asunto puesto a su consideración sin estudiarlo de fondo.
Ello contraviene el derecho de acceso a la administración de justicia (art.
229, C.P.), “en virtud del cual toda persona puede acudir a la rama judicial
del Estado, con la confianza que ésta, a través de un proceso dará solución a
la controversia planteada, y que dicha solución será el resultado del estudio
razonado y razonable que se haga del caso”. El precepto demandado “prohija una
discrecionalidad en el juzgador que le permite realizar un examen inmediato de
la controversia, y decidir sin mayor análisis el litigio sometido a juicio”. En
Derecho no hay dos casos iguales, y por más parecidos que sean, su decisión no
puede fundamentarse en argumentos idénticos, “mucho menos en materia penal,
donde cada delito es distinto, ya que para su calificación se tienen en cuenta
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y
estas circunstancias nunca pueden ser iguales”.
Agregan que por mandato del
artículo 230 constitucional, la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la
actividad judicial y no puede constituirse en el fundamento único de una
sentencia, pues de acuerdo con la Constitución los jueces están sometidos
solamente al imperio de la ley.
Arguyen que la norma acusada infringe
el artículo 13 de la Constitución, “por cuanto de aplicarse el criterio
impuesto por el legislador en la norma acusada, no todas las personas tendrían
derecho a que la controversia que proponen ante la jurisdicción en casación,
sea estudiada de forma razonada y cuidadosa, creando de esa manera una
distinción que no se ajusta a los mandatos constitucionales”. La norma
impugnada crea dos grupos de personas: “uno a quienes se les estudiaría de
fondo los casos que propongan ante la Sala de Casación Penal, y otros a quienes
no, ya que la Corte Suprema tendría la discrecionalidad de definir la
controversia citando simplemente un fallo anterior”. Esta situación, en su
criterio, es discriminatoria, ya que todas las personas tienen derecho a que
sus controversias sean resueltas mediante una sentencia debidamente motivada.
Afirman que la norma acusada
también viola el artículo 158 de la Carta, por desconocer el principio de
unidad de materia, ya que mientras que el título de la ley examinada se lee:
“por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del
Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1.991, Código de Procedimiento Penal”, el
encabezamiento del artículo demandado es del siguiente tenor: “Créase el
artículo 226 A del Código Penal con el siguiente contenido”. Es decir, que
“nada tiene que ver el trámite extraordinario de casación que se regula en el
Código de Procedimiento Penal con los delitos contra la fe pública (artículos
207 a 228) que se consagran en el Código Penal, ordenamiento en el cual, según
el precepto demandado debía crearse el artículo 226A, que no tiene ninguna
relación con las normas de derecho penal referentes a delitos, ya que la
casación es una materia de esencia procesal que debe regularse por el Código de
Procedimiento Penal”.
Con fundamento en los
antecedentes legislativos consideran que si bien fue voluntad del Legislativo
darle una mayor agilidad y celeridad al trámite del recurso de casación, con
miras a disminuir la congestión de la administración de justicia, ello no
autoriza a "sacrificar el derecho de las personas para que un despacho
judicial cualquiera que este sea esté al día, ya que si la persona, por mandato
constitucional, es la razón y fin del Estado colombiano, debe el ente estatal
propender porque los derechos tengan real eficacia, la cual se materializa en
fallos que atiendan la realidad y la ley, y que sean el producto del análisis
sopesado y justo de quienes tienen la obligación de administrar justicia”.
4.3 Intervenciones
4.3.1 Intervención del Ministerio
de Justicia y del Derecho
El apoderado del Ministerio de
Justicia y del Derecho señala que la respuesta inmediata es un elemento
importante para el logro de una de las finalidades de la casación, como es la
unificación de la jurisprudencia; asunto de trascendental importancia para la
estabilidad y la seguridad jurídicas, como para hacer efectivo el principio de
igualdad en la resolución de los conflictos, y la prevalencia del derecho
sustancial (arts. 228 y 230 de la Carta).
Explica, que para lograr el fin
de unificación de la jurisprudencia “no basta con que los jueces estén
sometidos al imperio de la ley, pues la prevalencia del derecho sustancial
exige que la aplicación y la interpretación de la norma por parte de los jueces
consulte con el interés general plasmado en ella. (...) Y no se diga que nunca
un proceso judicial es igual o idéntico a otro para desechar la respuesta
inmediata, porque la finalidad del instituto jurídico de la casación, como en
múltiples ocasiones se ha afirmado, no es conocer nuevamente los hechos, sino
velar por la correcta aplicación de la norma al caso en litigio, y la norma
nunca podrá tener diversas interpretaciones, así los hechos sean idénticos o
no”.
En cuanto al cargo por
violación del principio de unidad de materia, considera que “efectivamente, el
Legislador incurrió en un error mecanográfico, pero tanto la materia de la ley
como su misma intención hacen indicar que el nuevo artículo creado corresponde
al Código de Procedimiento Penal, pues su ubicación corresponde al Capítulo
VIII del título IV del Libro Primero del citado estatuto”. Por ello, el cargo
formulado no es suficiente para configurar una violación del principio citado,
pues el artículo que consagra la respuesta inmediata tiene una conexión directa
con el tema de la casación, que es el objeto de la ley.
4.3.2 Intervención del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
El Presidente de la Corte
Suprema de Justicia considera que la figura de la respuesta inmediata está
orientada a dotar de mayor eficacia y agilidad a la casación, para así
materializar el debido proceso sin dilaciones injustificadas. Ello permite que
la corporación tome la decisión, según su criterio unánime, “sin prolongar
innecesariamente, contra la expectativa del propio impugnante, la definición de
lo que se ha propuesto a su consideración”. Añade que esta posibilidad no
implica, bajo ningún punto de vista, que la providencia no vaya a ser justa,
completa, motivada y garantista. “La decisión que habrá de tomarse es un fallo
de fondo, sustentado en pacífica jurisprudencia anterior, que por criterio
unánime de los Magistrados que integran la Sala no debe ser modificada,
garantizándose el análisis específico de cada caso concreto para llegar al
pronunciamiento pronto y efectivo, que diferido a un trámite ordinario sólo
conseguiría demorar la misma solución”.
Señala también, que no puede
tacharse de inconstitucional la aplicación de criterios como el de eficacia en
la justicia para la expedición de una ley, pues “el legislador debe buscar los
mecanismos que hagan efectivos los principios rectores, como el de acceso a la
justicia y la ausencia de dilaciones injustificadas, que en buena parte se han
procurado con la expedición de la Ley 553 de 2000”.
4.3.3 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación
considera que la norma acusada no es inconstitucional, pues la respuesta
inmediata es facultativa y no obligatoria, “de donde se desprende que la
jurisprudencia para efectos de la casación no tiene carácter vinculante, sino
simplemente auxiliar, respetando de esta manera el artículo 230
constitucional”. Además, de conformidad con la jurisprudencia constitucional
(SU-047/99), el uso de los precedentes jurisprudenciales no contraría la
Constitución, aunque su utilización requiera de una técnica especial, “que se
deberá desarrollar por parte de la Corte Suprema de Justicia, para evitar
arbitrariedades y que implica, para cada caso concreto, un estudio especial,
quizás de menor extensión que un fallo común, pero que implica un estudio de
igual profundidad.”
4.3.4 Intervención de la
Defensoría del Pueblo
El apoderado de la Defensoría
del Pueblo sostiene que la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la
justicia (art. 229 C.P.), que exige a los despachos judiciales efectuar
pronunciamientos concretos, individuales y particulares respecto de los casos
que deben resolver. “El precedente judicial no puede tener valor ni carácter de
ley, características que abiertamente le está otorgando la disposición acusada
(…) no se entiende cómo luego de la presentación del recurso con sus rigurosas
exigencias técnicas, enunciación de las causales alegadas, formulación de
cargos, indicación de sus fundamentos con expresión de las normas infringidas,
se proceda a dar una respuesta de plano, en ejercicio de una facultad
absolutamente discrecional de los Magistrados integrantes de la Sala,
desconociendo las finalidades de la impugnación incorporadas en la propia ley,
entre las cuales está el interés público y la defensa de los derechos
fundamentales”.
Asimismo, considera que el
precepto acusado lesiona los artículos 29 y 230 de la Carta, en virtud de los
cuales la jurisprudencia colombiana, con excepción de los fallos de
constitucionalidad de la Corte Constitucional, es criterio auxiliar de los
jueces, pues “nuestro derecho es positivo y legislado y no consuetudinario”.
4.3.5 El ciudadano Guillermo
Puyana Ramos considera que no son de aceptación los cargos elevados contra
el artículo antes transcrito, ya que se trata de un sistema de trabajo
ampliamente difundido en los países de tradición anglosajona. “Además permitirá
invocar con mayor certeza en las discusiones de las instancias, la
jurisprudencia de la Corte. Al limitarse la facultad de decisión inmediata a
aquellos casos en los que la Corte tenga opinión unánime, se protege el debido
proceso, porque no es una facultad plenamente discrecional, sino que se
encuentra una limitación justa y necesaria en la unanimidad del precedente.”
4.3.6 La ciudadana María Isabel
Rueda dice que la respuesta inmediata no es un rechazo in límine de
la demanda, "es una forma de fallo" que busca abreviar el trámite en
los casos en que por el tipo de cargo, la Corte debe aplicar una jurisprudencia
anterior. No es un atribución discrecional de esa corporación pues deben
cumplirse los requisitos señalados en la ley, haciendo más célere la
administración de justicia . Innovación que no vulnera la Constitución, por el
contrario, desarrolla valores constitucionales dadas sus bondades prácticas.
4.3.7 Intervención de la
Comisión Colombiana de Juristas
La norma acusada infringe el
debido proceso y quebranta el artículo 230 superior, según el cual los jueces
en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, La
jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial. Una decisión
judicial no puede estar motivada exclusivamente en el antecedente judicial,
pues la fundamentación de todo sentencia debe basarse en la ley y auxiliarse en
la jurisprudencia. De la única manera que se sabe si el juez ha analizado las
pruebas, los argumentos y ha aplicado bien la Constitución y la ley, es
mediante un pronunciamiento motivado. Entonces no existe razón alguna para
abolir dicho deber.
4.4 Concepto del Procurador
General de la Nación
El Procurador no comparte el
criterio de los demandantes, "pues la aplicación del antecedente
aquilatando su importancia, logra entronizar el efecto uniformador de la
jurisprudencia, uno de los objetivos basilares de este instituto dentro del
tríptico tradicional, y le proporciona su máxima expresión en sentido de
utilidad."
Los fallos de respuesta
inmediata "deben señalar claramente la razón por la que la situación sub
examine se adecua al antecedente, pues de lo contrario el propio juez de
casación estaría desatendiendo los parámetros señalados por el mismo (…) el
principio de motivación surge tanto por mandato legal expreso (art. 180-4),
como de la misma garantía del derecho a la defensa, pues el cabal desarrollo de
esta garantía en el tópico de la contradicción requiere para su lógica
estructuración sustentarse en las consideraciones del jurisdicente para
redarguir ya sea su base probatoria o sus raciocinios en derecho, de ahí que
los proveidos abstractos, ambiguos, contradictorios o carentes de fundamento,
vulneran el principio de razón suficiente e impiden una adecuada
controversia." La disposición acusada debe ser declarada exequible pero
aclarando sus alcances, sobre la aplicación de la respuesta inmediata, esto es,
si procede en forma discrecional o a petición de parte. Igualmente, no es clara
la participación del Ministerio público, pues la Corte pasaría de una vez de
admitir la demanda a decidir de fondo, presciendiendo del envío del expediente a
los Procuradores Delegados. Tales vacíos corresponde llenarlos a la misma Corte
Suprema de Justicia, pero ello no impide que la Corte Constitucional también lo
haga "en lo que atañe al aspecto de su concordancia con las normas de la
Carta Fundamental."
5. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 12 DE LA LEY 553 DE 2000
5.1 Norma acusada
“Artículo 12. El artículo 228 del Código de
Procedimiento Penal quedará así:
Artículo 228. Limitación de la
casación.
En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas
a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de
la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá
declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea
ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales.” (se subraya lo demandado)
5.2 La demanda
El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas considera que las expresiones demandadas vulneran los artículos 4, 6,
93, 123 y 230 de la Constitución, al consagrar una opción potestativa para el
juez, de casar la sentencia si ésta atenta ostensiblemente contra las garantías
fundamentales; facultad que debe ser, en realidad, un imperativo, por las
siguientes razones:
a.
El artículo
4 del Estatuto Superior consagra que la Constitución prima sobre cualquier otra
norma jurídica. En consecuencia, “es claro que si dentro de la actuación
judicial se presenta una vulneración de las garantías fundamentales de
cualquiera de los partícipes del proceso, por encima del principio de
limitación que gobierna la casación y por encima de los tecnicismos propios de
la misma, de manera imperativa el juez de casación debe quebrar la sentencia
para evitar que se siga produciendo la violación de la norma superior.”
b.
La
preeminencia de la Constitución se reitera en el artículo 6, según el cual los
servidores públicos serán responsables por extralimitación de funciones u
omisión en el cumplimiento de las mismas. “En tan precisas circunstancias es
imposible pensar, como así lo patrocina la ley, que frente a la clara
vulneración de unas garantías fundamentales de cualquiera de los sujetos
procesales pudiera ser potestativo del juez de casación el quebrar la sentencia
para evitar que la infracción continúe reiterándose en el tiempo. El no actuar
de esta manera constituiría una manifiesta omisión en el cumplimiento de sus
deberes como servidor público y de tal manera se transgrede la norma
constitucional.”
c.
El artículo
93 de la Carta “constitucionaliza los derechos humanos insertos en los tratados
que sobre esta temática haya ratificado nuestra patria y es claro que en tales
condiciones, si los mismos hacen parte del bloque de constitucionalidad (...)
sería imposible pensar que para los jueces de casación la corrección de una
actuación dentro de un proceso que constituyera una vulneración de garantías
fundamentales quedara bajo el criterio potestativo de los mismos.”
d.
El artículo
123 superior establece como deber de los servidores públicos el estar al
servicio del Estado y de la comunidad, por lo cual “sería inimaginable que uno
de ellos, el juez de casación tuviera dentro de su criterio potestativo
corregir o no, una evidente infracción de los derechos fundamentales de
cualquiera de los sujetos procesales”.
e.
Como en
virtud del artículo 230 Superior los jueces sólo están sometidos en sus
providencias a la Constitución y a la ley, “en el momento de dictar una
sentencia los jueces de casación en obedecimiento del Estatuto Superior, deben
tomar oficiosamente todas las medidas judiciales tendientes a evitar que la
infracción de los derechos fundamentales siga cometiéndose.”
Para finalizar, señala que las
mismas disposiciones constitucionales antes citadas resultan vulneradas por la
expresión “cuando sea ostensible” que también se demanda, puesto que
tratándose de infracciones constitucionales basta con que éstas se presenten,
sin que sea indispensable que sean ostensibles, para que los funcionarios
públicos, especialmente los jueces de casación, tomen las medidas necesarias
para conjurar la violación constitucional.
5.3 Intervenciones
5.3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado del Ministerio de
Justicia y del Derecho considera que respecto de este cargo existe cosa juzgada
constitucional, por cuanto en la sentencia C-657/96, la Corte Constitucional
declaró exequible el carácter facultativo de la atribución en cuestión,
haciendo referencia a idénticos argumentos.
5.3.2 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación
considera que, en lo atinente a la expresión “podrá” le asiste razón al
demandante, pues es obligación de quienes administran justicia ajustar sus
actuaciones al imperio de la ley y la Constitución, “por tanto, no podría afirmarse
so pena de vulnerar el texto constitucional que el funcionario judicial no case
la sentencia, ante una violación de una garantía fundamental.”
A su juicio, no sucede lo mismo
con la frase “cuando sea ostensible” por que “dentro de la
casación el carácter de ostensible se predica del error en que incurra el
funcionario judicial al proferir sentencia. Por tanto, la norma en comento debe
ser interpretada en el entendido de que la expresión hace referencia a un
requisito intrínseco de la casación, que no necesariamente está relacionado con
la violación de garantías fundamentales”, puesto que se pueden presentar
violaciones indirectas a través de los denominados “errores de hecho y de
derecho”.
5.4 Concepto del Procurador
General de la Nación
En primer término, señala que
sobre el punto que aquí se debate existe cosa juzgada constitucional, pues la
Corte en la sentencia C-657/96 se pronunció sobre el artículo 228 del C.P.P.,
cuyo texto es idéntico al que hoy se acusa. En dicho fallo la Corte consideró que
la expresión "podrá", debe entenderse como una facultad-deber y no
como una alternativa de la que pueda o no hacer uso el juez de casación a su
arbitrio. En consecuencia, dicha expresión "lo que pretende es introducir
una autorización para casar la sentencia viciada (…) se considera que es válido
interpretar la norma según el fallo referido y aceptar el término 'podrá',
aclarándose que la inteligibilidad que debe prodigarse en la prsente normación
a dicha acepción lingüística, es la misma que explica la sentencia a que se
hace referencia (C-131/93)."
Respecto del término
"ostensible" dice que también debe ser declarada exequible pues ella
significa "cuando se observe o manifieste que", lo cual es aceptable
dentro del contexto gramatical arriba referido (Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua)". Así las cosas, concluye el Procurador que a pesar
de la confusa y equívoca redacción del texto demandado, la expresión citada
debe entenderse en el sentido de que "la Corte casará la sentencia cuando
advierta en ella desviaciones constitutivas de agravio a las garantías
fundamentales, que por lo tanto, comportan una legalidad ficticia de la misma.
Por consiguiente operará el reenvío o casará el fallo cuando observe vicios
anulatorios intrínsecos del mismo, no necesariamente evidentes o manifiestos,
sino incidentes, en detrimento de los principios constitucionales."
6. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 17 DE LA LEY 553 DE 2000
6.1 Norma acusada
“Artículo 17. El Código de Procedimiento
Penal tendrá un nuevo artículo 231 A del siguiente tenor:
Artículo 231 A. Si el objeto de la casación es
la condena en perjuicios, el demandante podrá solicitar que se suspenda el
cumplimiento de la sentencia ofreciendo caución en los términos y mediante
el procedimiento previsto en el inciso 5 del artículo 371 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1.989,
artículo 1, numeral 186”. (se subraya lo demandado)
6.2 La demanda
El ciudadano Edgar Saavedra
Rojas considera que esta disposición vulnera el derecho a la igualdad, por
cuanto permite a quien busca la indemnización de perjuicios dentro del proceso
suspender la ejecución de la sentencia, pero no se consagró una facultad
similar para los procesados. En efecto, explica que “mientras el representante
de la parte civil, puede solicitar la suspensión de la ejecución de la
sentencia, para que como consecuencia de la sentencia absolutoria, no se
produzca el desembargo y devolución de los bienes limitados comercialmente por la
medida cautelar o por el comiso; pero no se prevé una norma similar para el
procesado o el tercero civilmente responsable”. Igualmente, señala que la norma
es tan incoherente que “deja igualmente por fuera a la parte civil, cuando sus
pretensiones en casación son diversas de la indemnización de perjuicios”.
Para el demandante, esta
situación surge de quitar a la casación su naturaleza de recurso, por ello
afirma que "aquí estamos en presencia de las complicaciones que surgen de
ese extraño e innominado instrumento procesal inventado por la ley que es
objeto de demanda; donde por el hecho de estar ejecutoriada la sentencia si es
de naturaleza condenatoria, el Estado debe ejecutarla en su totalidad en
perjuicio del procesado, pero si es de naturaleza absolutoria y, por tanto,
perjudica a la parte civil, éste sí puede solicitar la suspensión de su
ejecución.”
Agrega, que la remisión al
artículo 371 del Código de Procedimiento Civil contenida en la norma acusada no
es aplicable, “puesto que los únicos casos en que puede suspenderse la
ejecución de la sentencia civil es en procesos que versen sobre el estado civil
de las personas, cuando se trate de sentencias declarativas y cuando la
sentencia haya sido recurrida por ambas partes; y además debe recordarse que en
el proceso civil la casación sigue siendo un recurso y en tales condiciones es
perfectamente claro que las sentencias recurridas en casación aún no se
encuentran ejecutoriadas y, por tanto, pueden ser suspendidas en su ejecución”.
6.3 Intervenciones
6.3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El representante del Ministerio
de Justicia y del Derecho considera que la acusación parte de "un yerro
hermenéutico, puesto que el sentido de la norma no es el esgrimido por el
actor. En efecto, el artículo acusado señala que si el objeto de la casación es
la condena de perjuicios, el demandante podrá solicitar que se suspenda el
cumplimiento de la sentencia ofreciendo caución. La norma en ningún momento
está señalando que el legitimado sea exclusivamente la parte civil, y menos aún
está excluyendo a los demás sujetos procesales”.
6.3.2 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación
se opone a los cargos aducidos por cuanto la parte civil y el procesado no se
encuentran en la misma situación, “toda vez que el último ha sido declarado
culpable mediante sentencia condenatoria, instancia a la cual se ha llegado
previo agotamiento de un procedimiento durante el cual ha podido aportar
pruebas, controvertir las allegadas en su contra, y existe un alto grado de
certeza sobre su culpabilidad. Por lo tanto al ser considerado el autor de un
delito cuya comisión ha ocasionado perjuicios, mal podría equiparársele a quien
se ha visto afectado con la comisión del ilícito y cuya intervención dentro del
proceso no tiene objeto distinto que el de buscar la indemnización de
perjuicios.”
Por esa razón, considera que
“sería un contrasentido, levantar las medidas cautelares producto de la
sentencia absolutoria para que eventualmente tengan que volver a hacerse
efectivas en la hipótesis de que se case la sentencia. Lo mismo a la inversa,
es decir, cuando nos encontramos frente a una sentencia condenatoria, caso en
el cual no podría el sindicado solicitar la suspensión de la sentencia para evitar
que las medidas cautelares que se adoptaron dentro del proceso y que se
confirman con la misma puedan ser levantadas ante la circunstancia de no llegar
a ser casada la sentencia, teniendo que ser nuevamente ordenadas con el riesgo
de que durante el tiempo que opera la suspensión el condenado adopte medidas
encaminadas a insolventarse y, por ende, a hacer inocua la indemnización de
perjuicios perseguida por la parte civil.”
6.3.3 Intervención de la
Defensoría del Pueblo
Señala el interviniente de la Defensoría
del Pueblo que la norma acusada infringe el principio de igualdad de los
ciudadanos ante la ley, “ya que se privilegia a uno de los sujetos procesales,
aquél que busca la indemnización económica, en tanto que bajo las mismas
circunstancias, es decir, presentada la demanda por el que ha sido condenado,
éste no puede por ningún motivo, ni mediante ninguna garantía obtener la
suspensión de la sentencia.”
6.4 Concepto del Procurador
General de la Nación
Afirma el Procurador que la
desigualdad surge "cuando reguladas determinadas situaciones sobre los
mismos supuestos de hecho, algunos de los sujetos sobre los cuales recaerán los
efectos de la norma, van a recibir un trato diferencial más gravoso que
otros". En el presente caso, aunque la norma puede beneficiar a alguna de
las partes no significa que deba ser declarada inexequible. "En efecto, la
suspensión de la condena pecuniaria puede considerarse teóricamente favorable
en algunos aspectos para unas de las partes, sin que ello genere detrimento para
las otras. Así mismo, los supuestos son diferentes, ya que se habla de dos
tipos de condenas, la una, cuya suspensión no genera efectos trascendentales
por estar dada en términos económicos. Si se declarara la inconstitucionalidad,
ello simplemente cambiaría la situación para el absuelto que podría disponer de
sus bienes, pero generaría un detrimento para el favorecido con la condena
resarcitoria, ya que si en virtud de la casación esta es destronada, le puede
resultar imposible hacerla efectiva por el ocultamiento de los bienes por parte
del sentenciado. La ley demandada no permite que el absuelto disponga de sus
bienes sino hasta tanto no se surta la casación."
7. CARGOS FORMULADOS CONTRA EL
ARTICULO 18 TRANSITORIO DE LA LEY 553 DE 2000
7.1 Norma acusada
“Artículo 18. Transitorio. Esta ley sólo se aplicará a los
procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo lo
relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán también
para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.”
7.2 La demanda
Afirma el ciudadano Edgar
Saavedra Rojas que el principio constitucional de favorabilidad, según el
cual la ley permisiva o favorable se preferirá sobre la restrictiva o
desfavorable, hace referencia a la época en que el hecho presuntamente punible
haya sido cometido; y en ese sentido se consagra en el artículo 44 de la Ley
153 de 1.887 y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados
por Colombia, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho principio ha sido violado
por la norma acusada, pues si ésta se aplica a quienes estaban siendo
procesados antes de su vigencia, tales personas “dejan de ser simplemente
sindicados sobre los que pesa la presunción de inocencia y se convierten en
condenados, sin que puedan esperar un fallo favorable en la decisión de
casación; en tales condiciones se le estaría dando aplicación retroactiva a una
ley procesal penal desfavorable, que desde el punto de vista constitucional es
imposible”. En otras palabras, “si la norma acusada no es declarada inexequible
se podrá aplicar retroactivamente en los procesos por hechos delictivos que se
cometieron en vigencia de la vieja ley, que siendo más favorable, es la
necesariamente aplicable en virtud de la ultraactividad, excepción del
principio de irretroactividad que surge única y exclusivamente para aplicación
de leyes penales favorables que pese a estar derogadas por ser más favorables
deben seguir aplicándose.”
En esas condiciones "se
vulneran los principios constitucionales de legalidad y favorabilidad cuando se
dispone que la nueva norma se aplicará a los procesos en los que se interponga
la casación a partir de la vigencia de la nueva ley, porque si se respetan los
principios constitucionales antes analizados se ha de concluir que la nueva ley
de casación sólo podrá ser aplicada en los procesos por delitos que se hayan
cometido con posterioridad al 13 de enero del año 2000.”
Finalmente, señala que se
contraría la Constitución al disponer que se aplique la respuesta inmediata de
manera retroactiva, “porque la nueva institución supone la desaparición de un
recurso, de una verdadera garantía a la que tenían todos los procesados por
delitos cometidos antes de la vigencia de la nueva ley”, lo cual resulta
desfavorable para ellos.
7.3 Intervenciones
7. 3.1 Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado del Ministerio de
Justicia y del Derecho considera que el cargo no está llamado a prosperar por
que la ley acusada contiene normas de procedimiento de los juicios, y ello
supone, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1.887, que prevalecerá
sobre la norma anterior desde el momento en que empiece a regir, respetando los
términos que estén corriendo y las actuaciones o diligencias que ya se hayan
iniciado. Además, la aplicación de la nueva ley no desfavorece al procesado,
porque la interposición de la casación, por su naturaleza, genera tan sólo una
mera expectativa y no forma parte de las instancias. En otras palabras, “el
artículo transitorio demandado resulta necesario para precisar la vigencia de
una norma procesal; empero, así el legislador no la hubiere previsto, se
entiende que la nueva casación se aplica a los procesos en que se interponga a
partir de su vigencia, puesto que es regla de hermenéutica la aplicación
inmediata de las normas referentes a juicios y ritos procesales, en razón a su
carácter de orden público.”
7.3.2 Intervención del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
El Presidente de la Corte
Suprema de Justicia se opone a la demanda, explicando que la favorabilidad es
respetada plenamente por el precepto acusado, ya que en el se establece que
sólo se aplicará a los procesos en que se interponga casación a partir de su
vigencia y no en relación con demandas presentadas con anterioridad.
“Además, no puede decirse que
alguna de sus normas venga directamente a resultar restrictiva o contraria a
los intereses de los procesados. Es cierto, por ejemplo, que se estableció su procedencia
para los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo
exceda de ocho años, cuando la regulación anterior establecía ese máximo en 6
años o más, pero el nuevo tope punitivo sólo regirá para las casaciones que se
interpongan después del 15 de enero de 2000, fecha en la que empezó a regir la
Ley 553.”
7.3.3 Intervención del Fiscal
General de la Nación
El Fiscal General de la Nación
considera que la norma bajo estudio da aplicación a un principio general de
derecho, según el cual las normas procesales son de aplicación inmediata.
Aduce, también, que no se desconoce el principio de favorabilidad, que los
demandantes presumen violado al asumir que la nueva ley de casación es más
drástica que la anterior regulación, ya que la respuesta inmediata permite que
"el casacionista obtenga una respuesta más rápida, lo que en principio lo
favorece (…) la entrada en vigencia de la ley demandada, por tanto, no
desconoce el principio de favorabilidad, pero la aplicación de este principio deberá
ser debatida dentro de la respectiva actuación procesal y no por vía
constitucional.”
7.3.4 Intervención de la
Defensoría del Pueblo
Considera el representante de
la Defensoría que la norma acusada lesiona el principio de favorabilidad, así
como el Pacto Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de
Derechos Humanos, los cuales disponen que la ley penal más favorable se
determina en el momento en que el hecho punible se ha cometido. Por tanto, no
se puede juzgar y sancionar a las personas por hechos punibles respecto de los
cuales ya hayan sido condenados o absueltos, mediante sentencia ejecutoriada.
"La violación de la Constitución y del bloque de constitucionalidad se
hace protuberante, al ordenarse la aplicación de la nueva ley procesal, de
contenido abiertamente desfavorable, no a los procesos que se inicien por
hechos punibles realizados después de su vigencia, sino a todas las casaciones
que se presenten con posterioridad a ella”.
7.3.5 Intervención ciudadana
La ciudadana María Isabel
Rueda señala que no le asiste razón a los demandantes pues, se reitera, la
casación no se ocupa de enjuiciar nuevamente al procesado. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no es preciso que haya
sentencia en firme para que se pueda acudir en casación. Sin embargo, ha habido
casos en los que ese mismo Tribunal se ha pronunciado inclusive, sobre
sentencias ejecutoriadas, pues lo que se busca es la protección de los derechos
fundamentales de las personas y la cosa juzgada no puede ser un obstáculo.
De otra parte, agrega, que el
estatuto de la Corte Penal Internacional, permite desconocer la cosa juzgada
"cuando la sentencia dictada no satisface las exigencias de la justicia
(…) si esto es posible en el orden internacional y frente a los instrumentos de
derechos humanos, no existe obstáculo alguno para que también lo sea en el
orden interno."
Tampoco vulnera la casación el
derecho a la libertad, pues la casación no "es la encargada de definir
sobre la libertad o la detención del procesado. La libertad la define la
segunda instancia con una sentencia absolutoria o condenatoria."
7.4 Concepto del Procurador
General de la Nación
En este punto, dice el
Procurador, que el demandante simplemente anticipa una discusión que "la
casuística puede suscitar en el futuro y cuya hermenéutica es propia de la
Corte Suprema de Justicia como intérprete máximo de las normas penales."
Sin embargo, agrega que "la casación por ser un juicio técnico y limitado
de legalidad sobre el proceso, no versa sobre hechos sino sobre las eventuales
irregularidades del trámite surtido, no influye directamente en los fines de
esta institución la fecha de los hechos que la suscitan, y en principio, en
nada incide la época de la comisión del delito, con los presupuestos
instrumentales de la misma. Empero la nueva ley desatiende el principio de
igualdad en el aspecto que el requisito del monto de la pena a imponer por los
injustos sub judice se incrementa, por lo que sería del caso aplicar
ultractivamente la ley anterior, por lo que sería del caso aplicar
ultractivamente la ley anterior, sin que ello implique en modo alguno la
inconstitucionalidad e la norma sub examine, pues en este aspecto se
limita a un problema de hermenéutica." No obstante aclara que si la casación
retoma su carácter de recurso extraordinario desaparece cualquier
diferenciación sustancial respecto de los sujetos a quienes se les va aplicar
la nueva norma; si se ampara la existencia del término
"ejecutoriadas", se presenta una desigualdad entre los que cometieron
un hecho punible que fue investigado y fallado antes de entrar en vigencia la
ley demandada y aquellos cuyos procesos no habían culminado antes de entrar en
vigencia ella, violando de esta manera el principio de igualdad, pues ante "presupuestos
similares de tiempo en cuanto a la comisión del hecho, unos tendrán un
tratamiento diferencial y más oneroso que otros procesados."
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.  COMPETENCIA
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4
de la Constitución, corresponde a esta corporación decidir acerca de la
presente demanda, por dirigirse contra disposiciones que forman parte de una
ley de la República.
2.  LOS
ARTICULOS 1 Y 6 DE LA LEY 553 DE 2000
El asunto que aquí se debate gira,
sustancialmente, en torno a la modificación que la ley 553/2000 introdujo a la
institución jurídica de la casación en materia penal. En efecto: bajo el
ordenamiento anterior, Decreto 2700/91, con la modificación introducida por la
ley 81/93, la casación era considerada como un recurso extraordinario que
procedía, en el efecto suspensivo, contra sentencias de segunda instancia,
dictadas por Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Tribunal Nacional y
el Tribunal Penal Militar, por delitos que tuvieran señalada pena privativa de
la libertad cuyo máximo fuera o excediera de 6 años, aunque la sanción impuesta
hubiera sido una medida de seguridad. Igualmente, el recurso se extendía a los
delitos conexos, aunque la pena prevista para ellos, fuera inferior a la
señalada. La ley 553/2000, materia de acusación parcial, modificó dicha
normatividad al abolir el carácter de "recurso" a la casación
para convertirlo en una acción independiente del proceso penal, que procede en
los mismos casos antes señalados y por las mismas causales, pero contra "sentencias
ejecutoriadas", esto es, en firme. Modificación sustancial que los
demandantes impugnan por infringir derechos fundamentales de los procesados y
otras disposiciones constitucionales y de orden internacional.
Procede entonces,
la Corte a decidir previas las siguientes consideraciones.
2.1 Naturaleza de la casación
2.1.1 Antecedentes en nuestro ordenamiento
constitucional y legal
La Constitución de 1886 se refirió a la
casación, al consagrar en el artículo 151, las atribuciones de la Corte Suprema
de Justicia y asignarle en el numeral primero la función de "Conocer de
los recursos de casación, conforme a las leyes".
Disposición que fue reiterada en idénticos términos en la reforma de 1936 y así
continuó hasta 1945, cuando el Constituyente de ese año suprimió del texto
constitucional tal función, al considerar que ésta debía aparecer consagrada en
la ley y no en la Constitución, lo cual no significaba que dicha corporación
careciera de competencia para actuar como tribunal de casación y,
efectivamente, así se hizo. De esta manera queda claro que en el Estatuto
Superior vigente antes de la reforma constitucional de 1991, dicha función no
aparecía consagrada directamente en la Constitución sino en la ley.
A nivel legal la casación fue regulada por
la ley 61 de 1886 que, además de instituir a la Corte Suprema de Justicia como
tribunal de casación, señalaba las causales por las que procedía el recurso
tanto en materia civil como penal. No sobra agregar, que el recurso de casación
en esa época procedía contra las sentencias en las que se impusiera la pena de
muerte, la cual se abolió en 1910. Dichas causales fueron adicionadas por las
leyes 61 y 153 de 1887, permitiendo la interposición del recurso en todos los
negocios civiles y penales en los casos señalados en las leyes. Posteriormente,
se dictaron las 105 de 1890, 100 de 1892, 169 de 1896, 40 de 1907, 78 de 1923,
118 de 1931, 94 de 1938, decreto 528/64, decreto 1821 de 1964, decreto 1345 de
1970, decreto 409/71, decreto 050/87, decreto 1861 de 1989, decreto 2651 de
1991 y el decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, reformado por la
ley 81 de 1993. En todos estos ordenamientos se modifican y adicionan algunos
aspectos relacionados con dicho recurso, especialmente en lo relativo a las
causales pero sin variar su carácter de recurso extraordinario, como se lee en
el Código de Procedimiento Penal vigente hasta antes de expedirse la ley hoy
demandada, cuyo texto vale la pena transcribir.
"Artículo 218. Decreto 2700/91 -Código
de Procedimiento Penal-, modificado por el art. 35 ley 81/93. "El recurso extraordinario de
casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal
Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal penal
Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena
privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años aun cuando
la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
El recurso se extiende a los delitos
conexos, aunque la pena prevista para éstos, sea inferior a la señalada en el
inciso anterior.
De manera excepcional, la sala penal de la
Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de
casación en casos distintos de los arriba mencionados, a solicitud del
procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el
desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos
fundamentales."
En la Constitución de 1991 nuevamente se
incluyó una disposición similar a la contenida en la Carta de 1886, al
instituir a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación, esto es,
como organismo encargado de resolver lo atinente a la casación, a la sazón un
recurso, como se lee en el artículo 235-1, que textualmente reza: "Son
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Actuar como tribunal de
casación". Esta corporación ejerce las mismas funciones que el
antiguo Tribunal de Casación, que luego se denominó Corte de Casación (Cour
de Cassation), desde sus orígenes en Francia, pues es un órgano judicial
de mayor jerarquía dentro del sistema judicial, encargado de asegurar el
respeto de la ley y su interpretación uniforme, mediante la resolución del
denominado recurso de casación.
El recurso de casación y la Corte Suprema
de Justicia como tribunal de Casación están íntimamente relacionados, pues si
no existiera el recurso no tendría sentido asignarle a un órgano especializado
el monopolio de su resolución. "La relación de complementariedad recíproca
que media entre estos dos componentes del instituto es característica y
constituye un ejemplo único: la Corte de Casación es un órgano especialmente
constituido para juzgar sobre los recursos de casación, de manera que su
composición y el procedimiento que ante ella se sigue, están establecidos de
tal modo, que respondan a las exigencias procesales propias de la estructura de
tal remedio; y viceversa, el recurso de casación es un medio de impugnación
cuyas condiciones están establecidas en la ley procesal de modo que provoquen
de parte de la Corte de Casación un cierto reexamen limitado, correspondiente a
sus fines esenciales."[1]
En la Constitución colombiana, como ya se
ha expresado, no se señala expresamente que la casación es un recurso
extraordinario; sin embargo, así habría de catalogarse, pues al momento de
expedirse dicho ordenamiento (julio 7/91) había sido concebida y regulada por
el legislador con ese carácter y, por consiguiente, la referencia
constitucional estaba encaminada a reiterar la naturaleza de dicha figura
jurídica tal como había sido reglamentada por el legislador de la época.
De ahí que la Corte Constitucional haya
afirmado en sentencia anterior posteriormente reiterada, al analizar dicho
canon superior que, "Obviamente, el examen de esta última disposición
(se refiere al art. 235-1 C.P.) admite que el Constituyente al señalar la
función de la Corte Suprema de Justicia no incorporó un concepto vacío, neutro
o abierto que pudiera ser colmado por la legislación o por la jurisprudencia o
al que se le pudiesen atribuir notas, ingredientes o elementos de naturaleza
diferente a las que integran dicho instituto, de tal manera que se alteraran
completamente sus características, como por ejemplo convirtiéndose en recurso
ordinario u otra instancia, o que pudiese ser adelantado de oficio; por el
contrario, en juicio de la Corte Constitucional, si el Constituyente
incorpora dicha noción, debe interpretarse que quiere que el legislador con sus
regulaciones no altere de modo sustancial las nociones esenciales y básicas que
integran dicho instituto, como las que acaban de reseñarse."
[2] (Subraya la Corte)
Y en pronunciamiento posterior reiteró esta
posición al expresar "(…) el legislador, buscando la prevalencia del
Estado de derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial
y la unificación de la jurisprudencia nacional, determinó que la Corte Suprema
de Justicia sólo ejercería sus funciones como tribunal de casación (art. 235-1
C.P.) en los procesos taxativamente consagrados en los artículos 368 del Código
de Procedimiento Civil, 87 del Código de Procedimiento Laboral -modificado por
los artículos 60 del decreto 528/64, 23 de la ley 16 de 1978 y 7 de la ley 16
de 1969, y 220 del Código de Procedimiento Penal."[3]
Además, sería absurdo pensar que el
Constituyente al instituir a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de
casación, no tenía una noción clara y comprensible de dicha figura jurídica o
de su estructura y contenido.
La casación, como medio de impugnación
extraordinario, no es entonces una invención del legislador colombiano, pues
con esta calidad surgió, modernamente, en el derecho francés, asociada a la
Defensa de los Derechos del Hombre, aunque algunos tratadistas remontan su
origen al derecho romano justinianeo y al antiguo derecho germánico. Así mismo
se ha instituido en algunos ordenamientos jurídicos contemporáneos como el
alemán y el italiano, entre otros.
2.1.2 Significado y alcance de la casación
Desde el nacimiento de esta institución en
nuestro ordenamiento positivo,  y hasta antes de la expedición de la ley
553/2000, materia de acusación, el recurso de casación era considerado una
prolongación del juicio, puesto que procedía contra sentencias de segunda
instancia no ejecutoriadas y suspendía los efectos de la decisión contra
la cual se interponía. La finalidad de la casación era, en esencia, la de hacer
efectivo el derecho material, restablecer el orden jurídico quebrantado,
reparar los agravios inferidos, y unificar la jurisprudencia (arts. 218 y 219
Decreto 2700/91). Regulación acorde con las características esenciales de la
institución definidas tanto por la jurisprudencia y la doctrina colombianas
como por la internacional. Puede ilustrarse con algunos ejemplos:
"La casación penal es un medio extraordinario
de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias definitivas que
acusan errores de juicio o de actividad, expresamente señalados en la ley, para
que un tribunal supremo y especializado las anule, a fin de unificar la
jurisprudencia, proveer a la realización del derecho objetivo, denunciar el
injusto y reparar el agravio inferido."[4]
(Subraya la Corte)
"El recurso de casación es un juicio
técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores
in iudicando), sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del
mismo (errores in procedendo), y excepcionalmente sobre las bases probatorias
que sirvieron de sustentación para dictar la sentencia acusada. De ahí que la
casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como
una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en
su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una
fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo."[5] (Subraya la Corte)
"La casación es un
instituto judicial consistente en (sic) un órgano único en el Estado
(Corte de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la
interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo,
examina, sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las
sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los
interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable
solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución
de mérito."[6]
"El recurso de casación, en su base
política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e
interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en
esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la uniformidad de la
jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley,
sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación
de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones
violatorias de la ley."[7]
Todas las concepciones, como bien lo anota
la Procuraduría, después de transcribir varias definiciones de notables
tratadistas, "parten de considerarla como un 'remedio extraordinario'
(Giaturco) para remover condenas injustas y, por consiguiente, convergen a
fines idénticos, que no son otros que los de corregir las desviaciones legales
del juicio, bajo el valor primordial de alcanzar la protección de los derechos
fundamentales de los sujetos pasivos del ius puniendi y la búsqueda de
uniformidad jurisprudencial."
Las causales de procedencia de la casación,
tanto bajo el régimen anterior como en el hoy vigente (la ley demandada), son
las mismas, a saber:
"1. Cuando la sentencia sea violatoria
de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial
proviene de error (de hecho o de derecho) en la apreciación de determinada
prueba, es necesario que así lo alegue el recurrente (demandante, dice la ley acusada)
2. Cuando la sentencia no esté en
consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.
Cuando la sentencia se haya dictado en un
juicio viciado de nulidad."
Y aunque los fines también son los mismos
en los dos regímenes: hacer efectivo el derecho material y las garantías
debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de
la jurisprudencia nacional, y la reparación de los agravios inferidos a las
partes con la sentencia impugnada (arts. 219 Decreto 2700/91 y art. 2 ley
553/2000), ellos no pueden lograrse a cabalidad con la nueva regulación como se
verá más adelante.
Con la expedición de la ley 553/2000, objeto
de demanda, la casación en materia penal fue reformada en varios aspectos
sustanciales, entre los que cabe destacar los siguientes: a. Se le quitó el
carácter de recurso extraordinario para convertirla en una acción independiente
del proceso penal (aunque el legislador no le asigne denominación alguna); b.
Se estableció que ella sólo procede contra sentencias de segunda instancia ejecutoriadas,
esto es, que hayan quedado en firme o, en otras palabras, hayan
hecho tránsito a cosa juzgada y, por consiguiente, ya no se suspende la
ejecución de la sentencia, como sucedía bajo el régimen anteriormente vigente;
y c. Se modificó la cuantía de la pena privativa de la libertad de los delitos
por los que procede que hoy es de ocho años (antes eran seis). Los
demandantes impugnan estas modificaciones por las razones que se señalaron en
el acápite III de esta providencia.
La primera pregunta que surge es ésta:
¿Podía el legislador de 2000 reformar el recurso extraordinario de casación
para transformarlo en un instituto diferente (una acción independiente del
proceso penal), que solamente procede contra decisiones en firme? Para
responder este interrogante es necesario analizar la competencia del
legislador.
2.1.3 Competencia del legislador para
modificar instituciones jurídicas, concretamente, el recurso de casación.
El legislador ordinario, como tantas veces
lo ha reiterado esta Corte, en ejercicio de la libertad de configuración
legislativa, cuenta con una amplia gama de atribuciones, entre ellas la de
regular los distintos procesos judiciales, estableciendo cada una de las
actuaciones que en ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos
ordinarios o extraordinarios, la oportunidad para interponerlos, los efectos en
los que se conceden, en fin, para establecer las distintas reglas y
procedimientos que rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del
juicio, en todos los campos del derecho. Sin embargo, en el desarrollo de tales
actividades, el legislador no goza de una potestad discrecional absoluta puesto
que debe respetar el ordenamiento constitucional y los derechos y garantías
fundamentales de las personas.
No obstante, la Corte ha considerado que
también la libertad de configuración del Congreso "puede limitarse
cuando éste, en su actividad legislativa, impide el desarrollo y desempeño
cabales de una entidad de rango constitucional, a través de las limitaciones
que le impone o de omisiones en su regulación. Pero, obviamente, esta causal
solamente puede operar en casos excepcionales, cuando se trata de aspectos
relacionados íntimamente con la tarea que le ha fijado la Carta a la
institución. Si se aceptara lo contrario se estaría desvirtuando el principio
de la libertad de configuración política del legislador."[8]
Los defensores de la ley 553/2000,
demandada parcialmente, tomando como único referente la libertad de
configuración legislativa, consideran que el legislador puede establecer los
recursos que proceden contra las decisiones judiciales, y reglamentar todo lo
relativo a este tema, con la única limitante contenida en el artículo 31 del
Estatuto Superior que dice: "Toda sentencia judicial podrá ser apelada
o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único."
No comparte la Corte este punto de vista,
pues si bien es cierto que el legislador cuenta con atribuciones para establecer
los recursos ordinarios y extraordinarios que proceden contra las decisiones
judiciales, ello no implica que pueda modificar las características esenciales
de cada uno de ellos que los identifican y distinguen de los demás, o que con
ellos pueda vulnerar o restringir garantías y derechos fundamentales de las
personas. La casación penal, entendida como medio de impugnación
extraordinario, tiene elementos estructurales y de contenido propios que no
permiten confundirla con otras instituciones; por tanto, no puede la ley
modificarla de forma tal que la desnaturalice o la convierta en otra figura
jurídica, menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen.
En el presente caso, observa la Corte que
el legislador no modificó, en teoría, los fines de la casación, que
literalmente siguen siendo los mismos, aunque su espíritu, como ya se ha
anotado, dista mucho de identificarse con el anterior, ni varió el Tribunal
competente para avocarlo y resolverlo. Sin embargo, al quitarle el carácter de
recurso extraordinario y convertirlo en una acción (aunque no la denomine así)
que procede contra sentencias ejecutoriadas violó la Constitución, como
pasa a demostrarse.
2.1.4 El debido proceso
La sentencia, en cualquier proceso, es la
decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado,
investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos establecidos
en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio
lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en
armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un
simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio,
sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de
las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto.
Tal acto, entonces, puede contener errores
de juicio o de actividad, que los doctrinantes denominan errores in
iudicando y errores in procedendo. Es decir, "que la
voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su
sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia
injusta), porque, aún habiéndose desarrollado de un modo regular los actos
exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo),
el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad
intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas
haya repercutido necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la
injusticia de la sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento
que el juez lleva a cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de
un 'vicio de juicio' que la doctrina más antigua llamaba un  'error in
iudicando'." [9]
Los errores in iudicando son
entonces errores de derecho que se producen por falta de
aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación
errónea.
Los errores in procedendo, por el
contrario, nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto
alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone
(inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohibe
(injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la
ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso
una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad
o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama
un error in procedendo."[10]
El debido proceso, consagrado de manera
explícita en el artículo 29 de la Constitución, compendia la garantía de que
todos los demás derechos reconocidos en la Carta serán rigurosamente respetados
por el juez al resolver asuntos sometidos a su competencia, como única forma de
asegurar la materialización de la justicia, meta última y razón de ser del
ordenamiento positivo. Tales derechos no son sólo los que aparecen  recogidos
en el Estatuto Superior, o constitución en sentido formal, sino los consagrados
en instrumentos internacionales que vinculan al Estado Colombiano, tales como
la Declaración universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que
conforman el llamado bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.)
y que por tanto son parte inescindible de la constitución en sentido material.
Dichos principios y garantías, se convierten así en normas rectoras a las
cuales deben ajustarse tanto las autoridades como las partes que intervienen en
el proceso pues su desconocimiento acarrea la violación de la Ley Suprema.
El debido proceso, ha dicho la Corte
Constitucional, es aquél que "en todo se ajusta al principio de
juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier
acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del
Estado, la de administrar justicia (y en ella, más que en ninguna otra,
agrega ahora la Corte) está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser
ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas
generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores
públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente
prevista, y únicamente pueden actuar apoyándose en una previa atribución de
competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene una persona a
la recta administración de justicia."[11]
Si se dicta una sentencia que adolece de
vicios o errores de derecho se viola el debido proceso, pues tal circunstancia
se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no sólo para la persona
afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en
general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena
diferente de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se
circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a la comunidad toda
que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá
expuesta a la arbitrariedad.
Esta la razón para que se haya instituido
un medio de impugnación extraordinario, con el fin de reparar el error y los
agravios inferidos a la persona o personas que puedan resultar lesionadas con
la decisión equivocada de la autoridad judicial. Si ello es así, ¿cómo no
aceptar que tal reparación se produzca antes de que se ejecute la sentencia
equivocada? La materialización de la justicia, tal y como cada ordenamiento la
concibe, es el fin esencial del debido proceso.
Consecuente con lo anterior: si los fines
de la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las
garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios
inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de
nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el
daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera
la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el
agravio sea irreversible. Nada más lesivo de los principios de justicia,
libertad, dignidad humana, presunción de inocencia, integrantes del debido
proceso y especialmente significativos cuando se trata del proceso penal.
Una sentencia que no ha sido dictada
conforme a la ley sino contrariándola, jamás podrá tenerse como válidamente
expedida y, mucho menos, puede ejecutarse. Si el objeto de la casación es
corregir errores judiciales, plasmados en la sentencia de última instancia, lo
que resulta ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes de
que la decisión viciada se cumpla.
La efectividad de las garantías debidas a
las personas que intervienen en el proceso penal, otro de los fines esenciales
de la casación, se constituye también en límite al poder punitivo del Estado,
pues como lo afirma la doctrina "un sistema penal que no se inspire en
valoraciones materiales infranqueables sobre la dignidad del hombre y la tutela
de sus derechos fundamentales e internacionales, puede ser el instrumento de la
tiranía o del autoritarismo, pero no merece el nombre de derecho penal en el
sentido tradicional que a esta expresión se asigna desde su fundación por la
filosofía iluminista y libertaria en que se inspiraron las modernas
revoluciones francesa, inglesa y norteamericana, que sin duda hace parte del
constitucionalismo del que hoy no es posible prescindir."
En un Estado de derecho como el nuestro no
se puede aceptar que se hagan efectivas decisiones arbitrarias o, lo que es lo
mismo, proferidas sin la estricta observancia de la ley y la Constitución, o
que infrinjan los derechos fundamentales de la persona humana, pues principios
como el de justicia, libertad y dignidad humana impiden hacerlo. La reparación
de los daños que con una condena injustamente impuesta se producen, no tiene
compensación alguna, especialmente en materia penal en donde está comprometida
la libertad, principio fundante del Estado social y democrático de derecho. El
tiempo que una persona pueda estar privada de la libertad, por error judicial,
ocasiona un daño que jamás puede ser resarcido.
En razón de lo anotado, considera la Corte
que les asiste razón a los demandantes, pues la modificación que introdujo la
ley 553/2000, materia de acusación, al establecer en los artículos 1 y 6 que la
casación procede contra sentencias ejecutoriadas infringe el debido
proceso, y otros principios como el de la libertad, el valor de la justicia, la
dignidad humana y los derechos de igualdad y presunción de inocencia como se
verá en seguida.
2.1.5 La libertad
El derecho a la libertad aparece consagrado
en nuestro ordenamiento superior, en el artículo 28 en estos términos: "Nadie
podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto,
ni detenido, ni su domicilio registrado", salvo que exista
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, expedida con arreglo a
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
De conformidad con dicho precepto, se puede
concluir que la restricción de la libertad debe ser excepcional y considerarse
como la ultima ratio. Dicha regla, inherente al Estado democrático,
se encuentra íntimamente ligada a la presunción de inocencia, como
principio rector del debido proceso penal. Toda persona tiene derecho a
conservar su libertad mientras no se desvirtúe su inocencia.
Estos principios se encuentran regulados
expresamente en nuestro ordenamiento superior y reiterados en distintos
instrumentos internacionales . Citemos algunos:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, lo consagra así:
"Artículo 1. "Todo individuo
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.
(…)
"Toda persona que sea privada de la
libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un
tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.
"Toda persona que haya sido ilegalmente
detenida o presa, tendrá el
derecho efectivo a obtener reparación."
De otra parte, la Convención Americana de
Derechos Humanos, prescribe en el artículo 7:
"Nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las constituciones políticas de los Estados y por las leyes dictadas
conforme a ellas.
"Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios.
"Toda persona privada de libertad
tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su
libertad si el arresto o la detención fueren ilegales. En los Estados
partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser
privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente
a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no
puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse
por sí o por otra persona."
La tutela de la libertad personal exige
entonces, que el legislador al señalar los casos en que procede su restricción
(como medida cautelar o definitiva) lo haga en forma razonable y proporcionada
para no infringir el núcleo esencial de ese derecho, tan caro al ser humano.
Cuando se profiere una sentencia
condenatoria con el respeto de las disposiciones jurídicas, es decir, ajustada
a derecho, la pena privativa de la libertad que ella contiene, es, sin duda,
legítima; pero si ello no ocurre, por adolecer la decisión judicial de errores
sustanciales (condenar a un inocente) que dan lugar a interponer la casación,
lo que procede en aras de garantizar y hacer efectivo el derecho a la libertad,
es su corrección inmediata. Mientras no se defina lo relativo a la legalidad
del fallo, la decisión judicial viciada no puede adquirir el carácter de cosa
juzgada, hasta tanto no se resuelva, como asunto esencial, el de su validez
jurídica.
De otra parte, es pertinente agregar que,
según la ley demandada, mientras se resuelve la casación, la persona adquiere
la categoría de condenado y se encuentra entonces sujeta a todas las
consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y aún patrimoniales, que
de ello se derivan. ¿Es esto constitucionalmente legítimo? Para la Corte es
evidente que no, pues si una sentencia no ha sido expedida conforme a los
mandatos superiores o a la ley por adolecer de errores sustanciales de derecho,
no puede en manera alguna, consolidar una situación jurídica que puede resultar
de efectos nocivos irreparables para los derechos esenciales de las personas.
Y, como bien lo anotó en la audiencia
pública que se celebró en esta Corte  uno de los intervinientes, los daños
inferidos al condenado injusta o ilegalmente, aplicando la nueva ley, serían
aún más lesivos si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 248
de la Carta, esa condena se asume como definitiva, con todas las consecuencias
negativas que ello implica, constituyendo antecedente penal que debe
registrarse en el historial del afectado.
Por estas razones, las normas acusadas al
establecer que la casación procede contra sentencias ejecutoriadas vulneran
también el derecho a la libertad, principio rector del debido proceso.
2.1.6 Presunción de inocencia
La presunción de inocencia, consagrada en
el inciso cuarto del artículo 29 Superior -así como en los artículos 8-2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14-2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos-, configura uno de las normas rectoras del debido proceso;
de hecho, es en función de este principio que se ha creado todo el catálogo de
las garantías procesales (en materia penal), puesto que mientras no se
desvirtúe tal presunción a través de las formalidades propias de cada juicio,
se habrá de entender que el sujeto que se juzga no cometió el hecho ilícito que
se le imputa. En este sentido, la presunción de inocencia es la institución
jurídica más importante con la que cuentan los particulares para resguardarse
de la posible arbitrariedad de las actuaciones del Estado, cuando ejerce el ius
puniendi.
El alcance de este postulado trasciende la
órbita exclusiva del debido proceso, puesto que con su operancia se garantiza
la protección de otros derechos fundamentales que podrían resultar vulnerados
como consecuencia de actuaciones penales o disciplinarias irregulares, como lo
son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre. Por lo mismo,
puede afirmarse que la presunción de inocencia es uno de los pilares esenciales
del ordenamiento constitucional colombiano, ya que sobre ella se edifica el
sistema de límites y garantías propio de un Estado de derecho.
A partir de tal presunción (de inocencia)
el funcionario judicial tendrá como cierto que el sujeto a quien se imputa la
comisión de una falta no la ha cometido, hasta tanto el acervo probatorio
demuestre otra cosa. Es pues una presunción iuris tantum o legal, es
decir, no es absoluta, puesto que las pruebas de cargo pueden dar con ella al
traste.
Ahora bien: la presunción de inocencia sólo
puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tenga ese
carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver serios
cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un fallo se
le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo),
esta cuestión debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa
juzgada.
Por tanto, dado que la casación apunta a
impedir los agravios que se siguen de la inobservancia del debido proceso y,
por ende, del desconocimiento del derecho sustancial que aquél garantiza,
ejecutar una sentencia que puede ser cuestionada desde esa perspectiva (la de
su corrección jurídica), implica el desconocimiento de esa presunción,
principio axial de un derecho penal garantista.
Así las cosas, las normas acusadas vulneran
también el principio de presunción de inocencia.
2.1.7 La cosa juzgada y el non bis in
idem
A juicio de los demandantes al disponer la
ley demandada que la casación procede contra sentencias ejecutoriadas, se infringe
el principio de cosa juzgada y, por ende, el non bis in idem.
La cosa juzgada, ha sido tema de estudio
por parte de esta corporación en distintos fallos, y en ellos ha dejado
claramente definido que existe un derecho constitucional fundamental a la
sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Dijo la Corte:
"El principio de la cosa juzgada
hace parte inescindible de las reglas del debido proceso aunque no se halle
mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio,
desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede
ceñirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución
judicial a su conflicto En consecuencia, hay un verdadero derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de
la cosa juzgada (…) La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para
la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible a todo el
mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del
fallo."[12]
Sin embargo, también ha señalado que ese
principio no es absoluto pues el legislador está facultado para remover la cosa
juzgada, en algunos casos extraordinarios y excepcionales, como sucede por
ejemplo, con la acción de tutela por vía de hecho o la acción de revisión en
materia penal. Veamos:
"La cosa juzgada, como límite de
lo  inimpugnable e inmutable, puede ser objeto de mudanza por la ley al
adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada
avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y
en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan
un fin y "se pronuncie la última palabra". Si la ley puede producir
el anotado desplazamiento -en cualquiera de los sentidos- de la cosa juzgada,
lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el
constituyente al incluir una acción -en este caso la acción de tutela como
mecanismo idóneo- contra las sentencias que violen los derechos fundamentales.
En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza hacia adelante y sólo
luego de la decisión que desate el procedimiento  que se instaura con ocasión
de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor de cosa juzgada. De la
manera señalada, la cosa juzgada no se elimina y por el contrario se enriquece
pues si prospera la acción de tutela y por ende se modifica la sentencia
judicial, ésta incorporará ese mínimo de justicia material sin el cual la
cosa juzgada por sí sola no se sostiene frente a la nueva Constitución."
Una sentencia que adolece de errores de
derecho, o viola derechos fundamentales, no puede alcanzar la fuerza de cosa
juzgada, como bien lo sostiene el Procurador en su concepto, criterio que la
Corte comparte íntegramente, y que explica así: "resulta mayormente
garantista impedir que se otorgue el carácter de cosa juzgada a providencias
que no tengan contenidos de legalidad, porque ello deviene en menoscabo del
principio de presunción de inocencia (…) si el fallo condenatorio se produjo
dentro de un proceso que no es legal, la presunción no ha sido desvirtuada. En
consecuencia, si por medio de la casación, se muestra que el trámite desconoció
las garantías fundamentales, la presunción se mantiene incólume, hasta tanto el
fallo de reemplazo o el que se profiera en el juicio de reenvío, en caso de
surtirse esta alternativa, declare la culpabilidad del imputado, siempre y
cuando, éste se adecue a los ritos insoslayables de la acción penal.
Esto quiere decir que, sólo hasta descartar los matices de la ilegalidad del
proceso, no puede declararse vencida la presunción bajo examen". Y termina
diciendo que "sólo una vez cumplido el juicio de legalidad derivado de la
casación y depurados los eventuales errores de que adolezca, es legítimo
otorgarle a la sentencia el carácter de cosa juzgada".
Si la sentencia dictada por la autoridad
judicial competente se opone a las normas constitucionales y legales, se
convierte en un acto arbitrario e injusto que es necesario enmendar o corregir
en forma inmediata, con el fin de impedir que se causen daños irreparables a
las personas afectadas con la decisión en sus derechos esenciales (dignidad
humana, libertad, buen nombre).
La casación, como medio de impugnación
extraordinario destinado a hacer efectivo el derecho material, a restablecer
los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso, y a reparar
los agravios inferidos, se torna así en el remedio idóneo y eficaz para esos
propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes de que la sentencia de
segunda instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de confirmar su validez
jurídica y ello solo puede tener lugar en el mismo proceso penal.
Es que si la Constitución garantiza a toda
persona el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y ésta debe
adoptar las decisiones en forma recta, oportuna e imparcial, como se lo impone
el artículo 228 del Estatuto Supremo, las sentencias deben ser esencialmente
justas, fin primordial del Estado de derecho (art. 2 ib) y, por consiguiente,
del proceso penal. No resulta acorde con el Ordenamiento Superior que las
decisiones que no responden al contenido de justicia material hagan tránsito a
cosa juzgada, como sería el caso de aquellas en las cuales se inaplican o
aplican indebida o erróneamente normas de derecho sustancial o procesal
sustancial, desconociendo las garantías y derechos fundamentales de los
afectados, circunstancias que están instituidas como causales de casación.
"La Constitución pretende que el
juez -obligado portador de los principios y valores incorporados positivamente
al texto constitucional- al decidir la controversia busque materializar en el
mayor grado posible tales principios y valores de modo que su sentencia asegure
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En la sociedad
democrática que establece la Constitución la misión del juez se
concreta en la de ser un instrumento eficaz de justicia material. De
lo dicho puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede
mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente
bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso
sacrifique cada vez menos la justicia en aras de la consecuencia necesaria de
estabilidad jurídica (…) el acatamiento a las indicadas pautas de justicia
hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada tengan un mayor
contenido intrínseco de justicia."
Sentencias que desconocen el valor de la
justicia al desacatar abiertamente la Constitución y lesionar derechos
fundamentales de las personas (valga reiterarlo), no pueden tener eficacia
jurídica, es decir, ser ejecutadas, como ocurriría si se avalara la ley
demandada. La cosa juzgada, en tal caso, resulta ser una mera ficción lindante
con la arbitrariedad.
En consecuencia, las normas acusadas al
establecer que la casación procede contra sentencias ejecutoriadas viola
también el principio de la cosa juzgada.
En cuanto al principio non bis in idem, cabe
anotar que se encuentra íntimamente relacionado con la cosa juzgada
ya que protege el derecho que tiene toda persona a no ser procesada dos veces
por los mismos hechos y, por consiguiente, es parte integral del debido
proceso. Dicho principio también se encuentra regulado en los artículos 14 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74/68 y 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa
Rica", aprobada por la ley 16/72.
Para efectos de la aplicación de tal
principio es básico distinguir entre la reanudación de un proceso por
circunstancias excepcionales, como sería por ejemplo, la acción de revisión,
que procede contra sentencias ejecutoriadas, y cuyo fundamento es la existencia
de hechos nuevos no conocidos durante el trámite del proceso que inciden
necesariamente en la decisión dictada, y la apertura de un nuevo proceso para
juzgar a la misma persona por los mismos hechos (non bis in idem).
En el proceso de casación no se vuelve a
juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida mediante una
sentencia sino la legalidad del fallo, es decir, si la decisión fue dictada con
la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional. En
consecuencia, no advierte la Corte que aquél resulte vulnerado.
2.1.8 Principio de igualdad
Los demandantes
consideran que al regularse la casación en materia penal como una acción y
dejarse en materia civil y laboral como un recurso extraordinario, se viola el
principio de igualdad.
Una simple
aproximación a la idea de igualdad, como concepto, como principio, o como
derecho reconocido en un ordenamiento jurídico, revela inmediatamente que se
trata de una noción que no responde a un sentido unívoco[13]
sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la
igualdad se manifiesta como un derecho relacional[14]
que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o
legales, y cuya efectiva garantía no se traduce en la constatación de una
paridad mecánica y matemática[15],
sino en el otorgamiento de un trato igual a quienes se encuentran en
situaciones jurídicamente análogas.
La vigencia del
derecho a la igualdad no excluye necesariamente la posibilidad de dar un
tratamiento diferente a personas y hechos que, de acuerdo con sus condiciones,
hacen razonable[16]
la distinción.
Sobre el particular,
es útil reiterar que “siempre será necesario que la referencia a la
igualdad, como derecho y valor fundante de una sociedad política, no se agote
en la mera consideración formal de los problemas jurídicos, sino que se
sustente en la posibilidad de establecer diferencias en el trato, fincadas en
condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para
otorgarles tratamientos distintos, hipótesis, esta última, que expresa la
conocida regla de justicia que exige ´tratar a los iguales de modo igual y a
los desiguales en forma desigual´[17]”[18].
Con base en estos parámetros la Corte
Constitucional expresó en sentencia anterior, al analizar el instituto de la
casación en materia laboral, lo siguiente:
"El hecho de que la Constitución y la
ley hubiesen establecido la posibilidad de que los asociados puedan presentar
una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, no significa que esa
institución deba regularse por unos principios y procedimientos idénticos para
los asuntos penales, civiles y laborales. Por el contrario, como cada proceso
tiene una naturaleza, unas características, y unas reglas propias, entonces el
legislador, al no existir identidad de objeto, debe contemplar cada una de esas
variables para garantizar la efectividad de la demanda y la posibilidad de
proteger los derechos de quienes acuden a la casación. Sería contrario al
derecho de igualdad, entonces, que la ley estableciera causales idénticas para
demandar en casación sin importar la naturaleza del proceso. Por ello, la
decisión de restringir la posibilidad de demandar en casación laboral por error
de hecho en la apreciación de las pruebas, se fundamenta -conviene reiterarlo- en la naturaleza misma del
proceso laboral y en especial den la consagración de los principios de
oralidad, inmediación y libre apreciación probatoria en los juicios de trabajo,
situación ésta que difiere sustancialmente de los asuntos esenciales y propios
de los procesos civil y penal."[19]
Es evidente que la doctrina allí sentada se
refiere a las causales que pueden dar lugar al recurso, pero no a la finalidad
del mismo, que en las tres situaciones es idéntica a saber: impedir que se
torne en definitivo un fallo cuya validez jurídica ha sido puesta en cuestión.
Lo que aquí se discute es el cambio de naturaleza de la casación en materia
penal, al pasar de recurso extraordinario que procedía contra sentencias no
ejecutoriadas a convertirse en una acción extraordinaria contra sentencias
ejecutoriadas, lo que a juicio de los demandantes infringe el principio de
igualdad.
En efecto: en el caso que se examina, tal
modificación no tiene alcances meramente semánticos, lo que es corroborado por
la misma Corte Suprema de Justicia al señalar que "(…) más que la
regulación de aspectos funcionales-operativos de la institución, o de la
organización del tribunal a quien se atribuye su conocimiento, temas sobre los
que habitualmente han gravitado las reformas, se compromete en ella la
concepción misma de casación, a partir de la cual se dispone el
conjunto de reglas referido a los fines, presupuestos, procedimientos, etc, que
hacen de esta normativa un cuerpo coherente, consecuente, y en términos
generales, sistemático."
Lo que se ha hecho entonces con la reforma que
aquí se analiza, es desnaturalizar la casación penal como recurso, asignándole
una finalidad distinta de la original (aunque el texto legal se cuide de
decirlo), vigente al momento de expedirse la Constitución y transformarla en
una acción, al disponer que desaparezca de la nueva regulación la expresión
"recurso extraordinario", admitiendo, implícitamente, que se trata de
una acción independiente del proceso ya concluido, donde sólo pueden discutirse
extemporáneamente, vicios de validez que tienen que ser examinados antes que el
fallo se torne definitivo, para garantizar que sí sea el producto de un debido
proceso. Lo que queda plenamente confirmado en la nueva regulación del
instituto.
Tal alteración exige, además, un cambio
terminológico pues lo que se ha hecho no es otra cosa que diseñar el instituto
de la casación sobre el modelo de la revisión, que procede contra sentencias
ejecutoriadas, pero que obedece a razones distintas y se apoya en fundamentos
diferentes, como más adelante se analizará.
El recurso de casación tanto en materia
civil como laboral además de continuar siendo un recurso extraordinario, se
interpone contra sentencias que aún no han adquirido firmeza. En cambio, en
materia penal, con la reforma introducida por la ley acusada, primero se
ejecuta la sentencia y luégo se discute su legalidad. Si la casación como medio
de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer
efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las
personas que intervienen en un proceso, no hay razón justificativa de un
tratamiento distinto y más gravoso en materia penal, cuando están de por medio
valores y derechos fundamentales del hombre: la dignidad humana, la libertad,
el buen nombre, la honra, que exigen mecanismos de protección más eficaces,
encaminados a precaver la ocurrencia de un agravio irreversible o apenas
extemporáneamente reparable. Alterar la naturaleza de la institución, y
precisamente en el ámbito axiológicamente más digno de amparo, resulta, pues,
una distorsión inadmisible, abiertamente contraria a nuestra Constitución y,
específicamente, desde la perspectiva que en este punto se analiza, pugnante
con el principio de igualdad.
2.1.9 Diferencias entre la revisión y la
casación
La acción de revisión es un medio
extraordinario de impugnación, instituido por el legislador, "que tiende a
remover una sentencia condenatoria injusta que hizo tránsito a cosa juzgada,
mediante un nuevo debate probatorio, por haber sido proferida con
base en un típico error de hecho sobre la verdad histórica del acontecimiento
delictivo que dio origen al proceso y fue tema de éste."[20]
Según el artículo 232 del C.P.P. dicho
instrumento procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes
casos:
"1. Cuando
se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por un
mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número
menor de las sentenciadas.
2. Cuando se
hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en
proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por
falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal
de extinción de la acción penal.
3. Cuando después
de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no
conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado,
o su inimputabilidad.
4.     Cuando con posterioridad a la sentencia, se
demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un
hecho delictivo del juez o de un tercero.
5.     Cuando se demuestre, en sentencia en firme,
que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.
6.     Cuando mediante pronunciamiento judicial,
la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para
sustentar la sentencia condenatoria.
Lo dispuesto en
los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de cesación de
procedimiento y preclusión de la investigación."
La casación no puede confundirse con la
acción de revisión, aunque ambas sean medios de impugnación extraordinarios,
pues en la primera se cuestiona la juridicidad del fallo, es decir, la estricta
observancia de la ley y la Constitución, y en la segunda se cuestiona la
decisión judicial por que la realidad allí declarada no corresponde a la verdad
objetiva o real, debido al surgimiento de hechos nuevos que no se conocieron
durante el trámite del proceso penal y que, necesariamente, inciden en ella.
De ahí que se haya afirmado que la casación
tiene como objetivo "desvirtuar la doble presunción de acierto y
legalidad", en tanto que "en la revisión, el objetivo es
desvirtuar la presunción de verdad, que ampara la cosa juzgada; por ello en la
revisión, no hay lugar, a considerar errores in iudicando,
ni in procedendo, los que se enmarcan dentro de las causales de
casación, ni vicios sobre las pruebas soportes de la sentencia, ora por falsos
juicios de existencia, o de falsos juicios de identidad, o por errores de
derecho por falsos juicios de legalidad. En la revisión, la controversia gira,
entre verdad formal o verdad jurídica y la verdad real, o
acontecimiento histórico realmente dado."[21]
Por estas razones la acción de revisión
exige un debate probatorio respecto de las nuevas circunstancias o elementos
que hacen inferir que el fallo ejecutoriado es injusto o equivocado, no por que
el juez no haya aplicado las normas jurídicas correspondientes, o las haya
aplicado indebidamente, o interpretado erróneamente, sino por tratarse de
hechos que no se conocían en el proceso.
Dado que en la casación lo que se busca es
demostrar la ilegalidad de la sentencia contra la que éste se interpone, es
decir, el error judicial, sólo resulta más apropiado y garantista para los
derechos de quienes intervienen en el proceso penal, que ello se produzca antes
de que la sentencia de segunda instancia quede ejecutoriada, obviamente, sin
que pueda considerarse una tercera instancia. La revisión, por el contrario,
tiene como finalidad demostrar que los hechos que sirvieron de fundamento al
fallo no corresponden a la realidad, de ahí que el debate sea básicamente
probatorio y, por tanto, está justificado un debate posterior al juicio
concluido.
Siendo así, no encuentra la Corte razón
alguna para que se hubiera alterado la naturaleza misma del recurso de casación
estableciendo su procedencia (como acción) contra sentencias ejecutoriadas, lo
que como se ha demostrado resulta violatorio de los derechos fundamentales que
hasta aquí se han mencionado.
2.1.10 La solución a los problemas
prácticos de la administración de justicia no pueden cercenar los derechos
fundamentales de las personas
Se aduce por la integridad de los
demandantes que la reforma de la casación tenía como única finalidad,
descongestionar la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad
con los antecedentes legislativos, éste no fue el único argumento que se
esgrimió con ese fin, pues también se adujo la indebida utilización por parte
de los litigantes de ese medio de impugnación, con el fin de buscar la
prescripción de la acción penal, y la necesidad de establecer que no se trataba
de una tercera instancia.
Sobre este punto, es conveniente precisar
que los problemas prácticos de la administración de justicia no pueden
solucionarse con el sacrificio de derechos fundamentales de las personas, los
que según el artículo 5 de la Carta, prevalecen. En consecuencia, en caso de
presentarse conflicto entre un derecho fundamental e inalienable de la persona
humana, y la conveniencia de adecuar una institución a objetivos prácticos
alcanzables de otro modo, sin duda ha de prevalecer la garantía del primero.
Para ambos objetivos prácticos debe haber remedios adecuados que no resulten violatorios
de los derechos fundamentales y del ordenamiento superior.
Si lo que pretendía el legislador era
evitar el mal uso que del instituto jurídico de la casación penal estaban
ejerciendo los litigantes, lo apropiado no era restringir o cercenar los
derechos y garantías fundamentales de las personas que intervienen en el
proceso penal, sino buscar mecanismos proporcionados a ese fin que no sean
lesivos del ordenamiento superior.
Finalmente, debe anotar la Corte que con el
retiro del ordenamiento positivo de las expresiones acusadas, no quedan en
libertad inmediata los procesados detenidos, pues quien está detenido no
alcanza la libertad por ese solo hecho, por cuanto la medida de aseguramiento
que le había sido impuesta continúa vigente. Y en aquellos casos en los que la
persona se encontraba disfrutando de libertad por tratarse de un delito
excarcelable, por ejemplo, es apenas obvio, que ella debe continuar gozando de
ese beneficio, pues la sentencia aún no puede ejecutarse, hasta tanto no se
decida el recurso de casación.
En razón de lo anotado, la Corte declarará
inexequible la expresión "ejecutoriadas" del artículo 218 del Código
de Procedimiento Penal vigente, y los incisos primero y segundo del artículo
223 del mismo ordenamiento, modificados por los artículos 1 y 6 de la ley 553
de 2000, materia de acusación.
No sobra aclarar que la
inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 223, se produce como
consecuencia de la declaración de inexequibilidad de la expresión
"ejecutoriadas", pues si se suprimiera solamente ésta, la disposición
quedaría sin ningún sentido.
Unidad normativa
Dado que esas mismas disposiciones se
encuentran reproducidas en el nuevo Código de Procedimiento Penal, en los
artículos 205 y 210 de la ley 600 de 2000, la Corte integrará con aquellas
unidad normativa y, en consecuencia, también declarará inexequibles la
expresión "ejecutoriadas" del artículo 205 y los incisos primero y
segundo del artículo 210, de dicha ley.
3.  EL
ARTICULO 9 DE LA LEY 553 DE 2000
Estima uno de los demandantes que el
artículo 9 de la Ley 553 de 2000 (que a su vez modifica el actual artículo 226
del Código de Procedimiento Penal), es contrario a la Constitución Política,
pues cuando la norma señala que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
puede inadmitir la demanda de casación –bien porque el demandante carece de
interés, o porque la demanda no cumple con los requisitos legales- y ordenar la
devolución del expediente al despacho de origen, no hace referencia a la
necesidad de motivar dicho acto. Tal omisión configura una clara violación de
los principios que sustentan la administración de justicia (artículos 228 y 229
C.P.) y de la obligación constitucional, radicada en cabeza de los jueces de la
república, de decidir siempre “bajo el imperio de la ley” (artículo 230
C.P.)[22].
Sobre este punto la Corte Constitucional ha
de ser enfática: los intentos de reestructuración institucional que se traducen
en cambios y reformas a los procedimientos judiciales vigentes, no pueden
convertirse, so pretexto de dotar a la administración de justicia de mayor
eficiencia, en una forma de desconocer garantías fundamentales de todos los
ciudadanos, representadas en el principio y derecho constitucional al debido
proceso. De nada sirve la consagración en la Constitución y los códigos de un
catálogo generoso de derechos, si a la hora de exigir su cumplimiento –v.gr.
en un proceso judicial-, los mecanismos dispuestos por la ley impiden su
cabal ejercicio o vuelven inciertas las posibilidades de acceso a los
tribunales por parte de los particulares.  Es precisamente en materia de garantías,
en la que adquiere plena significación la necesidad de velar por la aplicación
integral –intensiva- del derecho sustancial y adjetivo[23], pues, sin duda, el
contenido material de un derecho sólo se vuelve realidad cuando está respaldado
por herramientas eficaces que protegen los derechos individuales frente a la
indebida intervención de otros particulares, o como contrapeso a los abusos del
propio Estado[24].
Sobre este particular la Corte ya ha tenido la oportunidad de precisar:
“En este sentido es pertinente reiterar los
conceptos expresados por la Corte en relación con la interpretación del
artículo 228 de la C.P. cuando establece que en las actuaciones de la
administración de justicia "prevalecerá el derecho sustancial". Si
bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad
en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales,
ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de
valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir
la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias
constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia,
dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser
fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces”[25].
Estas consideraciones son particularmente
importantes de cara al estudio de la norma demandada, pues en ella se conjuga
la protección de un derecho fundamental –debido proceso, acceso a la justicia-
con el cumplimiento de una garantía procesal contenida en la ley –la admisión o
rechazo de la demanda de casación-.  No cabe duda de que dentro del iter procesal,
el acto mediante el cual se admite o rechaza la demanda presentada por un
particular adquiere especial trascendencia, puesto que constituye no sólo el
inicio de la intervención estatal en la resolución de un conflicto jurídico,
sino la delimitación –y primera consideración por parte del juez- del problema
de derecho que se ventila ante las autoridades judiciales. En ese orden de
ideas, resulta lógicamente necesario que en los eventos en los que la
demanda presentada por los particulares no sea procedente, la autoridad
competente señale y explique las razones que sustentan su
decisión pues, de lo contrario, el ciudadano se vería innecesariamente obligado
a interpretar el silencio de la autoridad en perjuicio de su propios intereses,
haciendo del proceso judicial un mecanismo incierto, incluso arbitrario, para
la protección de los derechos.
En materia penal, este principio tiene
plena aplicación[26],
pues el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal señala la necesidad de
que las providencias o autos interlocutarios, de los cuales el rechazo de la
demanda es tan sólo un ejemplo, sean fundamentados legalmente con el
propósito de sustentar la decisión que se toma.
Sin duda, dicha conclusión
también se extiende al caso de la demanda de casación, y sólo dentro de ese
entendido –como bien lo señala el representante del Ministerio Público- puede
comprenderse y aplicarse el artículo 9 de la Ley 553 de 2000.  Lo que está en
juego, entonces, es el derecho mismo al debido proceso, que a través de la
motivación de los actos sustanciales –sentencias o autos- emanados de las
autoridades judiciales-, asegura la efectiva administración de justicia a los
particulares. En palabras ya expresadas por esta Corporación:
“Una de las dimensiones del debido
proceso es la motivación del acto, según se desprende de la expresión "con
observancia de la plenitud de las formas", de que trata el artículo 29 de
la Constitución.
Todo acto definitorio debe ser motivado con
expresión de las razones justificativas, como desarrollo del principio de
legalidad,  para determinar si este se ajusta a la ley o si corresponde a los
fines señalados en la misma”[27].
Por estas razones las norma demandada será
declarada exequible en forma condicionada, pues la interpretación sistemática
de la disposición impugnada, a la luz de los principios constitucionales y de
la regulación vigente en materia de procedimiento penal, señala la necesidad,
con el propósito de garantizar los derechos de los particulares cuya demanda de
casación es rechazada, de exponer las razones que llevaron al juez –colegiado
en este caso- a tomar esa determinación de fondo.  Así, cuando el demandante
carece de interés o la demanda de casación no reúne los requisitos
-presupuestos materiales a los que alude el artículo 9 de la Ley 553 de 2000-,
habrá de entenderse que el auto mediante el que se inadmite el recurso, debe
contener los motivos que sustentan la decisión de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Por estas razones, el artículo 9
de la ley 553 de 2000, que modifica el artículo 226 del Código de Procedimiento
Penal, será declarado exequible en lo demandado, en forma condicionada, siempre
y cuando se entienda que el auto mediante el cual se inadmite el recurso debe
contener los motivos o razones que sustentan tal decisión.
4.  EL
ARTICULO 10 DE LA LEY 553 DE 2000
Las acusaciones presentadas por
los demandantes contra el artículo 10 de la Ley 553 de 2000 (que crea el
artículo 226A del Código de Procedimiento Penal pueden presentarse de la
siguiente manera: (a.) de una parte se considera que el precepto
impugnado contradice los principios constitucionales en materia de
administración y acceso a la justicia (artículos 228 y 229 C.P.), puesto que
introduce variaciones en la naturaleza de la casación penal que limitan las garantías
otorgadas al sujeto procesal que como respuesta de su demanda de casación,
recibe una “respuesta inmediata”; (b.) por otro lado, se estima
que mediante la aplicación de la figura de la “respuesta inmediata” los
magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia eludirán la
obligación de fundamentar el fallo y realizar un estudio a fondo del caso
propuesto, todo, en detrimento del derecho a la igualdad, pues mientras que
algunos expedientes serán integralmente estudiados, otros, los sujetos a
respuesta inmediata, serán considerados de manera sumaria; (c.)
finalmente, se afirma que el precepto aludido da excesiva importancia a la
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, puesto que ésta es tan
sólo un criterio auxiliar en la decisión judicial. Así, se contribuye a la
petrificación de la labor doctrinal y de unificación jurisprudencial adelantada
por ese alto Tribunal.
Con el propósito de presentar con
claridad las consideraciones de la Corte, se procederá a hacer una breve alusión
a la teoría del precedente judicial con el fin de abordar de manera
integral los problemas jurídicos que los cargos formulados  suponen.
4.1.    Aproximación
a la teoría del precedente judicial
4.1.1. Antecedentes
del debate
La figura creada por el artículo
10 de la Ley 553 de 2000 consagra un mecanismo procesal que contribuye a la resolución
de casos respecto de los cuales existe una línea jurisprudencial que se ha
aplicado de manera uniforme a ciertos hechos que ya han sido objeto de
estudio por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; así, ante
la presentación de una demanda que alude a circunstancias y razonamientos sobre
los cuales ya existen pronunciamientos de la Corte –aprobados por unanimidad-,
lo que procede es la reiteración de la doctrina siguiendo el antecedente.  Lo
que está en juego es, sin duda, la adscripción de una teoría fuerte en
materia de precedente judicial.
Esta es una materia sobre la cual
la Corte, desde sus inicios, ha desarrollado un interesante debate, pues, de
entrada, plantea la discusión sobre el valor normativo que ha de reconocérsele
a la jurisprudencia en nuestro ordenamiento. Aquí se enfrentan dos posturas
claras: la tradicional, sustentada en una visión formalista del derecho
–tributaria, sin duda, de las fuentes romanistas de nuestro sistema legal- que
ve en la ley la fuente jurídica principal y sólo le reconoce a la
jurisprudencia un valor supletorio que se empleará para resolver los problemas
hermenéuticos que presentan las leyes, bien porque (i) poseen un
significado oscuro –problemas de interpretación-, porque (ii)
contradicen otras disposiciones de igual jerarquía –problemas de coherencia-, o
porque (iii) no indican una respuesta clara frente al caso que se
estudia –problemas de plenitud del orden normativo-.  Del otro lado, es posible
identificar una corriente reformadora, que animada por la promulgación
de la Constitución de 1991 –con la consagración de una carta detallada de
derechos y, en general, más afín con una visión del derecho que alienta la
labor judicial y propende a su fortalecimiento-, ve en la jurisprudencia una
fuente principal del derecho y aboga por su aplicación obligatoria a través de
la creación de líneas de precedentes.
Como resultado del rediseño
institucional de la rama judicial propuesto por la nueva Constitución, la
materia principal de este debate han sido los fallos de la Corte
Constitucional; sin embargo, este enfrentamiento doctrinal revela con
precisión, las tensiones que se viven dentro de la rama judicial, que en
últimas, reproducen la ancestral discusión entre quienes, apegados a la
tradición, luchan por la primacía de la ley y su aplicación escueta por parte
del juez –la boca que pronuncia las palabras del legislador-, y quienes aspiran
a fortalecer la labor judicial predicando la fuerza vinculante –para todos los
operadores jurídicos- de los fallos proferidos por las altas Cortes.
Los primeros pronunciamientos
sobre el particular, en los que se analizaban algunos artículos del Decreto
2067 de 1991 –Régimen procedimental de juicios y actuaciones de la Corte-,
siguieron los derroteros de la tradición minimizando los efectos de la normas
que intentaban dar fuerza obligatoria a la jurisprudencia y alentar un sistema
riguroso de precedentes[28].
En dichas ocasiones se consideró que la manera como ha sido confeccionado el
ordenamiento jurídico nacional, otorga, con claridad, fuerza prevalente a los
actos de legislador y ve en la ley la fuente de derecho por excelencia; en
dicho contexto, la jurisprudencia constituye un criterio auxiliar de
interpretación cuya fuerza obligatoria se limita a las partes que intervienen
en el proceso[29].
El asunto, junto con el criterio
adoptado, fue posteriormente reexaminado por la Corte en la Sentencia C-083 de
1995[30],
en la que si bien se sigue afirmando el valor auxiliar de la jurisprudencia, se
hace una precisión respecto del significado del término doctrina
constitucional contenido en el artículo demandado, que luego sería
utilizada en sede de tutela para avalar la teoría del precedente judicial[31]. En efecto, de lo que
se trataba en aquella oportunidad era de revisar la constitucionalidad de
artículo 8 de la Ley 153 de 1887[32],
que acude a la doctrina constitucional, como fuente de derecho, en aquellos
eventos en los que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, ni
disposiciones que regulen casos o materias semejantes.  Se señalaba, entonces,
que la doctrina constitucional es la Constitución misma que, dada su
generalidad, tiene que ser aplicada a través de los usos concretos de la misma,
hechos por su intérprete natural.
Posteriormente, a través de
diversos fallos de tutela, se empezó a surtir un cambio en la postura de la
Corte respecto de la fuerza normativa de la jurisprudencia. Las distinciones
contenidas en la Sentencia C-083 de 1995, abrieron la puerta para que los
propios jueces, de cara a situaciones de hecho concretas, reconocieran la
necesidad de que casos iguales recibieran un tratamiento igual, garantizando
por un lado la seguridad jurídica, pero sobre todo, asegurando unidad
argumentativa y doctrinal por parte de los jueces que administran justicia. La
sentencia T-123 de 1995 constituye el inicio del giro doctrinario en esta
materia:
“Si bien sólo la
doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el carácter de fuente
obligatoria (Corte Constitucional, sentencia C-.083 de 1995, MP Dr. Carlos
Gaviria Díaz), es importante considerar que a través de la jurisprudencia -
criterio auxiliar de la actividad judicial - de los altos órganos
jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el
principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia
conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras
del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y
funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art. 13)”. Se
enfatiza en esta oportunidad[33].
Esta sentencia propone un
mecanismo concreto de disciplina jurisprudencial para Colombia.  Este
esfuerzo de rigor jurisprudencial ha de significar que en Colombia los
jueces tienen una obligación positiva de atender los materiales legitimados en
los cuales se expresa el derecho.  Y uno de esos materiales, es, ahora, la
jurisprudencia que se viene a agregar a los ya tradicionales (Constitución y
ley).  A la sombra de estos conceptos, la Corte Constitucional ha ido
desarrollando una teoría fuerte en materia de precedentes[34] en la que, con
detalle, ha formulado su naturaleza y finalidades.  En la Sentencia C-447 de
1997 se afirmó:
“Todo
tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser
consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales
consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben
ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de
igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera
distinta por un mismo juez. Por eso, algunos sectores de la doctrina consideran
que el respeto al precedente es al derecho lo que el principio de
universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen
juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro
supuesto diferente que presente caracteres análogos, y que efectivamente lo
hace[35]. Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en
el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio
decidendi) de sus precedentes decisiones.”[36].
Luégo, en la sentencia SU-047 de
1999, se precisaría:
“El respeto a los
precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso
en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como
esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en
especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones
previas[37], al menos por cuatro razones de
gran importancia constitucional.  En primer término, por elementales
consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico,
pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos,
deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben
ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo
anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana
y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los
criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la
estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las
personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual
difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades.  En tercer
término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos
iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente,
como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto
al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya
que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían
dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres
análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un
Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando
las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto
por sus decisiones previas”[38].
4.1.2. Sobre el principio de unidad del ordenamiento jurídico
Al promover el
respeto a los precedentes y exigir su aplicación por parte de los jueces de la
República, no se persigue nada distinto de dotar al ordenamiento jurídico de
una coherencia interna que permita crear derroteros claros de acción judicial,
materializados en la efectiva garantía de los derechos consagrados en la
Constitución y la ley. De nuevo, es pertinente acudir a la doctrina de la Corte
Constitucional, para ver cómo la organización de un sistema de precedentes es
necesaria para cumplir la función de unificación de la jurisprudencia que
se predica de las altas Cortes -que cobija, sin duda, al recurso de casación en
materia penal, sobre el que versa la norma analizada- y  sirve de supuesto para
predicar la unidad del ordenamiento jurídico nacional:
“Pues bien, ¿cómo
se logra entonces la unidad de un ordenamiento jurídico?
La respuesta es
clara. Mediante la unificación de la jurisprudencia.
En efecto, si
cada juez, al momento de interpretar la ley, le confiere en sus sentencias un
sentido diferente a una misma norma, sin que el propio ordenamiento consagre
mecanismos orientados a tal unificación, habrá caos, inestabilidad e
inseguridad jurídica. Las personas no podrían saber, en un momento dado, cuál
es el derecho que rige en un país.
Luego es
indispensable para el normal funcionamiento del sistema jurídico jerárquico y
único el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la
jurisprudencia.
Así lo ha
establecido la Sala Plena de la Corte Constitucional a propósito de la
unificación de la jurisprudencia de la acción de tutela, cuando afirmó:
´Aun cuando los
efectos jurídicos emanados de la parte resolutiva de un fallo de revisión
solamente obligan a las partes, el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos
o consideraciones de estas sentencias trasciende el asunto revisado. La
interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y
alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del "imperio
de la ley" a que están sujetos los jueces según lo dispuesto en el
artículo 230 de la Constitución´[39].
Por otra parte,
la uniformidad no es un fin despreciable. Ella busca garantizar los siguientes
altos objetivos:
1) Asegurar la efectividad de los derechos y
colabora así en la realización de la justicia material -art. 2° CP-.
2) Procurar exactitud.
3) Conferir confianza y credibilidad de la
sociedad civil en el Estado, a partir del principio de la buena fé de los
jueces -art- 83 CP-.
4) Unificar la interpretación razonable y
disminuye la arbitrariedad.
5) Permitir estabilidad.
6) Otorgar seguridad jurídica materialmente
justa.
7) Llenar el vacío generado por la ausencia
de mecanismos tutelares contra providencias judiciales.
El recurso de
casación -arts. 365 CPC, 218 CPP y 86 CPT- y la súplica -art. 130 CCA-, bien
que distintos, se establecieron con el mismo objetivo: unificar la
jurisprudencia”[40].
La aceptación de
un sistema de precedentes no riñe con la necesidad de adecuar la jurisprudencia
acercando cada vez más las doctrinas jurídicas a la eficaz resolución de
problemas reales. Antes bien, la disciplina jurídica que alienta el estricto
seguimiento de las líneas jurisprudenciales establecidas por los altos
tribunales, permite conocer con mayor certeza los alcances de los conceptos
elaborados por las autoridades judiciales y, en esa medida, hace posible
conocer hasta qué punto una línea de precedentes determinada se aplica a los
nuevos hechos que se le presentan al juez.
4.1.3. Sobre el alcance de una teoría fuerte de precedentes
La inquietud que
surge a esta altura del análisis tiene que ver con el alcance de la formulación
de una teoría fuerte en materia de precedentes. Las posturas y decisiones
reseñadas, aunque fraguadas en el escenario de la jurisdicción constitucional,
son reflejo del debate que simultáneamente se ha surtido en diferentes épocas
en otras ramas del derecho nacional. De hecho, no puede perderse de vista que
el asunto que ha suscitado las consideraciones de la Corte sobre esta materia,
ha sido precisamente la expedición de una norma que integra el Código de
Procedimiento Penal, que dota de fuerza vinculante a los antecedentes
judiciales proferidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (artículo
10 de la Ley 553 de 2000: respuesta inmediata).
El razonamiento
que ha llevado a la Corte Constitucional a adoptar la postura vigente en la
materia, es decir, la necesidad de respetar los precedentes judiciales y fallar
de igual forma aquellos casos que presentan identidad respecto del
problema jurídico debatido, guarda, entonces, una estrecha relación con la
defensa de principios esenciales del ordenamiento jurídico –i.e.
seguridad jurídica, igualdad, adecuada motivación de las sentencias, unificación
de jurisprudencia- que garantizan, a través del seguimiento de una línea
jurisprudencial específica, la efectiva administración de justicia por parte
del Estado a los particulares. Ahora bien: cuando se trata de aplicar dicho
mecanismo judicial –sin duda, alentado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional- a materias tan delicadas como el recurso de casación en materia
penal, es indispensable realizar un examen riguroso de las condiciones en las
que la ley pretende alentar el respeto a los precedentes, pues las decisiones
que toma el juez, en ejercicio legítimo del ius puniendi que se le
reconoce al Estado, se traducen en una limitación concreta de los derechos y
libertades del procesado que resulta condenado, que hace necesario velar por el
estricto cumplimiento de las garantías constitucionales que consagran el debido
proceso y la supremacía de la justicia material en todos los procesos
judiciales.
En el caso de la
norma objeto de estudio, con la consagración del mecanismo procesal de respuesta
inmediata se busca alentar el respeto al sistema de precedentes por parte del
juez penal que conoce de la demanda de casación: bastará, entonces, resolver el
asunto citando simplemente el antecedente.  La formulación de la
respuesta inmediata en estos términos, otorga una excesiva discrecionalidad al
funcionario judicial que resuelve la casación penal, pues el precepto guarda
silencio sobre la obligación de motivar el fallo y exponer, con claridad y
precisión, las razones por las cuales se reitera determinada línea
jurisprudencial.
Así, en aras de
una noción eficientista de la actividad judicial y con el propósito de
descongestionar el tribunal de casación en materia penal, se están sacrificando
derechos de las personas que defienden sus intereses en el proceso de casación,
pues en los casos de respuesta inmediata se pretermite la necesidad de motivar
la sentencia u observar rigurosamente las formas propias de cada juicio; por
esta vía se hacen nugatorios, tanto el derecho al debido proceso consagrado por
la Constitución, como la aspiración, connatural a la labor de adjudicación, de
contribuir a la realización de la justicia material en cada uno de los casos
que se somete ante el juez.
4.2.    Del renovado significado de la motivación de las providencias
judiciales
Una de
las consecuencias que se siguen de afirmar la necesidad de respetar los
precedentes en materia judicial tiene que ver, indudablemente, con el renovado
significado que adquiere la obligación del juez de motivar sus fallos. La
necesidad de coherencia y uniformidad que se exige de los pronunciamientos
judiciales que versan sobre hechos similares, no puede satisfacerse al precio
de desconocer las particularidades de cada caso, o evitar un examen riguroso de
los hechos -esencial dentro de la labor judicial- para determinar la
procedencia de la reiteración de una línea específica de precedentes, o la
conveniencia de apartarse de ella.  Sobre estas materias, la disposición
impugnada, inexplicablemente, guarda silencio.
Valga anotar que el asunto que en este
acápite se analiza no es asimilable a la situación que se presenta cuando la
Corte Constitucional, a través de su correspondiente Sala de Selección, se
abstiene de escoger un fallo de tutela para su revisión. En este caso no se
trata de analizar las razones que la parte interesada aduce con el propósito de
invalidar una sentencia que considera viciada, pues no se está en presencia de
recurso alguno. Lo que hace la Corte es ejercer una potestad que
directamente le confiere la Constitución de establecer si en un determinado
fallo, al contradecir una doctrina sentada por la Corporación, se ha
desconocido un derecho fundamental del actor y, por contera, se ha vulnerado,
por ese mismo hecho, el principio de igualdad. No hay de por medio una demanda
cuyo petitum deba ser analizado y respondido mediante una sentencia de
mérito, que acoja o deseche las razones del actor.
Es el propio Constituyente el que ha
dispuesto que el proceso de tutela concluya en la segunda instancia, si hay
impugnación, o en la primera si no la hay, y que la revisión eventual por la
Corte tenga por objeto el que arriba se anotó.
Por otra parte, es pertinente anotar que si
bien la Corte en el fallo de tutela 1625 del 23 de noviembre de 2000[41], afirmó que el proceso
penal termina con la segunda instancia, dicho pronunciamiento tiene un alcance
limitado puesto que se dictó dentro de un proceso de tutela, en el que se
definió un caso particular y concreto, respecto de la presunta violación de un
derecho fundamental por la no aplicación del principio de favorabilidad. En
consecuencia, la Corte bien puede enmendar esa línea doctrinaria, en una
sentencia de constitucionalidad, en la que se ha ocupado de analizar, como tema
de fondo, la esencia de la casación penal, cual es el presente caso. Fallo que,
como es sabido, produce efectos erga omnes.
Pues
bien: las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales
dentro de un proceso -v.gr. una sentencia-, deben consignar las razones
jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que
también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, en
efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que reconocen
la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia,
el principio de contradicción o el de impugnación –todos reconocidos por el
artículo 29 C.P.-, ha de ser precisamente la necesidad de exponer los
fundamentos que respaldan cada determinación, la obligación de motivar
jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial.
Siempre será necesario, entonces, aportar razones y motivos suficientes
en favor de la decisión que se toma[42],
mucho más si de lo que se trata es de garantizar el derecho a la igualdad,
acogiendo argumentos ya esbozados por la jurisprudencia para la resolución de
un caso.
Buena parte de la
eficacia de un sistema respetuoso de los precedentes judiciales radica en la
necesidad de establecer un espacio de argumentación jurídica en el que el
funcionario judicial exponga razonadamente los motivos que lo llevan a insistir
o cambiar la jurisprudencia vigente, pues es él quien, frente a la realidad de
las circunstancias que analiza, y conocedor de la naturaleza de las normas que
debe aplicar, debe escoger la mejor forma de concretar la defensa  del
principio de justicia material que se predica de su labor.
Resulta inexplicable,
entonces, por qué el artículo 10 de la Ley 553 de 2000 no hace referencia
alguna a estos asuntos, prefiriendo confiar el funcionamiento del sistema de
precedentes a través de la respuesta inmediata, a la escueta citación de
pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, análogos al
caso que se estudia, sin cumplir las exigencias mínimas de justificación que
deben respetar todos los pronunciamientos judiciales.  Por esta vía, se están
desconociendo las garantías básicas del debido proceso de los sujetos
procesales que intervienen en el recurso de casación, en detrimento de derechos
tan preciados para una comunidad democrática como la libertad personal y la
primacía de la justicia material en todas las actuaciones judiciales.  Estas
razones son suficientes para declarar la inexequibilidad del artículo 10 de la
Ley 553 de 2000.
Igualmente, la Corte
retirará del ordenamiento positivo el artículo 214 de la ley 600 de 2000, que
reproduce la disposición que aquí se declara inexequible.
4.3.    De la presunta violación del principio de unidad de materia
Algunos
de los demandantes consideran que el artículo 10 de la Ley 553 de 2000 vulnera
el principio de unidad de materia (artículo 158 C.P.), pues mientras que en el
título de la ley examinada se hace alusión a la reforma del Capitulo VIII del
Título IV del Libro Primero del Código de Procedimiento Penal, en el
encabezado del aludido artículo 10 se dispone la creación del artículo 226 A
del Código Penal.
La
lectura integral de la Ley 553 y su comparación con los textos del Código de
Procedimiento Penal que modifica o adiciona, permiten afirmar, con toda
claridad, que el hecho en el que los actores sustentan el cargo de
inconstitucionalidad, no configura una violación del ordenamiento Superior,
sino que es el resultado de un simple error de transcripción que no afecta el
contenido material del artículo 10, ni induce a pensar que la intención del
legislador era reformar el Código Penal.
5.
EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 553 DE 2000
El
fundamento de la acusación que se presenta contra algunos apartes del artículo
12 de la Ley 553 de 2000 (que modifica el artículo 228 del Código de
Procedimiento Penal), consiste en que dicha norma consagra una opción potestativa
para el juez, de casar o no la sentencia que atenta ostensiblemente contra las
garantías fundamentales. Dicho precepto vulnera  la Constitución Política, pues
“resulta inimaginable –y contrario a las garantías  contenidas en la
Carta Política- que el juez de casación tenga dentro de su criterio
potestativo corregir o no, una infracción evidente de los derechos
fundamentales de cualquier sujeto procesal”[43]
Si bien la norma
impugnada hace parte de una nueva ley que modifica el capítulo del Código de
Procedimiento Penal correspondiente a la casación, el texto contenido en la
novel regulación es idéntico al anterior, y sobre el particular, es decir,
sobre la potestad que se le reconoce al juez para no tener en consideración
causales de casación distintas a las expresamente alegadas por el demandante,
la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad de realizar el estudio jurídico
correspondiente.  Así, por existir cosa juzgada material, es menester reiterar
los argumentos ya expresados por este Tribunal:
“- La violación ostensible de las garantías
fundamentales por la sentencia que se recurre en casación (artículos 228 y
226).
Regula el
artículo 228 del Código de Procedimiento Penal la limitación del recurso de
casación y, para tal efecto, dispone que la Corte Suprema de Justicia no podrá
tener en cuenta causales distintas a las expresamente alegados por el
recurrente, excepto tratándose de la causal prevista en el numeral 3 del
artículo 220 eijusdem, en cuyo caso, la Corte deberá declararla de oficio. La
norma agrega que "Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea
ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales".
La Constitución
Política de 1991 consagró, dentro del catálogo de las atribuciones de la Corte
Suprema de Justicia, la competencia para "actuar como Tribunal de Casación
(art. 231 num. 1 C.P.) y, al hallarse este recurso extraordinario ordenado de
manera directa y clara en la Carta Política, "corresponde a la ley como a
la jurisprudencia la adecuación del clásico instrumento jurídico al nuevo orden
superior.[44]
No se remite a
dudas de ninguna índole que el nuevo ordenamiento superior confiere a la
persona humana todos los derechos y garantías, que definen su especial status
jurídico, una posición axial dentro del conjunto de principios y de valores que
lo sustentan y que a esa opción personalista la acompaña la vocación para
permear e impregnar el ordenamiento jurídico entero.
El Código de
Procedimiento Penal de 1991, en desarrollo de la aludida perspectiva
constitucional, introdujo normaciones encaminadas a definir con mayor precisión
la vigencia ineludible de los derechos y garantías fundamentales y, en el caso
del recurso extraordinario de casación, autoriza a la Corte para que case la
sentencia en el supuesto, de que atente, contra las garantías fundamentales.
El análisis del
término "podrá", incluido en la parte final del artículo 228, en el
contexto de la norma a la cual pertenece, le quita todo fundamento a las
apreciaciones vertidas por el actor en su demanda. En efecto, las causales de
casación fijadas en el Código de Procedimiento Penal (art. 220) son las únicas
admisibles y, por ello, el recurrente en casación debe indicar cuál es la
causal que se aduce y de qué manera está configurada en el contenido de la
sentencia atacada. Resulta nítida, entonces, la razón por la que el artículo
228 del decreto 2700 de 1991 indica que la Corte "no podrá tener en cuenta
causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el
recurrente", aserto que, según la norma glosada, es válido "en
principio", puesto que ella misma abre la posibilidad de que la Corte
proceda a casar la sentencia que, en forma manifiesta, atente contra las
garantías fundamentales.
Así las cosas, el
artículo 228 al autorizar a la Corte para casar las sentencias, en el supuesto
al que se acaba de hacer referencia, lo que hace es propender por  la vigencia
de las garantías fundamentales, en lo cual la Corte no observa el
desconocimiento de la Constitución sino la posibilidad de la realización
concreta de sus postulados.
A juicio de la
Corte la expresión "podrá" no hace referencia a una especie de
discrecionalidad absoluta de la Corte Suprema de Justicia por cuya virtud, ante
la violación de las garantías fundamentales por la sentencia que examina en
casación, estaría facultada por la norma para decidir a su arbitrio si casa o
no casa la sentencia. El correcto entendimiento de la norma enseña que mediante
la expresión "podrá", lo que el legislador pretendió fue introducir
una autorización para que la Corte case la sentencia en la que se perciba
ostensiblemente el vicio anotado, a lo cual procederá de oficio, pues de lo
contrario, se expondría ella misma a quebrantar esas garantías desconociendo
que la casación "tiene por fines primordiales la efectividad del derecho
material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la
actuación penal...." (art. 219 C.P.P)”[45].
Ahora bien: la
referencia a una violación ostensible de las garantías fundamentales,
guarda relación con la naturaleza excepcional del recurso de casación, pues
–como ya se ha tenido la oportunidad de decir-, esta es una figura procesal que
vela por la integridad del fallo producido por los jueces ordinarios, al
verificarse circunstancias que evidencias la flagrante, abierta, notoria, en
últimas, ostensible violación del ordenamiento jurídico.  No se trata,
entonces, de un recurso ordinario, puesto que en estos eventos la ley –en
evidente desarrollo de la Constitución- ha señalado otros procedimientos y
autoridades competentes, haciendo previsible y necesario que el legislador establezca
ciertas condiciones, más rigurosas sin duda, cuando el examen de los fallos de
instancia lo realiza, de manera excepcional, la Corte Suprema de Justicia.
No puede pensarse que
de esta forma se vulnera la Constitución, pues la efectividad de los derechos y
garantías fundamentales depende en buena medida de la división de trabajo que
se hace entre los funcionarios judiciales, estableciendo procedimientos y
requisitos que distribuyen las competencias funcionales entre distintos
despachos y que conforme se asciende en la estructura judicial, hacen
necesaria, por evidentes razones de economía procesal, la fijación de
requisitos de procedencia –materiales y formales- más rigurosos.
Por estas razones, la
Corte declarará exequible la expresión "cuando sea ostensible"
contenida en el aparte final del artículo 228 del Código de Procedimiento
Penal, tal como fue modificado por el artículo 12 de la ley 553 de 2000. Y
ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C-657 de 1996, respecto de la
expresión "podrá" de la parte final del mismo artículo, por
existir cosa juzgada material.
6.     EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 553 DE 2000
En esta disposición se consagra que si el
objeto de la casación es la condena en perjuicios, el demandante podrá
solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo
caución en los términos y mediante el procedimiento previsto en el inciso 5 del
artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el decreto
extraordinario 2282/89, artículo 1, numeral 186. El demandante considera que la
frase subrayada infringe el principio de igualdad, "por que mientras el
representante de la parte civil, puede solicitar la suspensión de la ejecución
de la sentencia, para que como consecuencia de la sentencia absolutoria, no se
produzca el desembargo y devolución de los bienes limitados comercialmente por
la medida cautelar o por el comiso; pero no se prevé una norma similar para el
procesado o el tercero civilmente responsable, cuando siendo condenados y
habiendo recurrido la sentencia, por el hecho de estar ejecutoriada de
conformidad con las previsiones de la ley, debe comenzar a ejecutarse la
sentencia no sólo en el aspecto penitenciario, sino también en todo lo
relacionado con el pago de la multa y de los perjuicios."
Considera la Corte que esta disposición
debe ser retirada del ordenamiento positivo como efecto de la inexequibilidad
que en esta sentencia se declara de algunos apartes de los artículos 1 y 6 de
la ley 553/2000, concretamente, de la procedencia de la casación contra
sentencias ejecutoriadas, pues la suspensión que ella consagra no tendría
operancia.
Igualmente, retirará del ordenamiento
positivo el artículo 219 de la ley 600 de 2000 que lo reproduce.
7.  El artículo 18 de la ley 553/2000
El demandante considera que el artículo 18
transitorio, de conformidad con el cual la ley 553 de 2000 “sólo se aplicará
a los procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo
lo relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán
también para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, es lesivo del principio
constitucional de favorabilidad. En su criterio, esta ley se debería aplicar a
los procesos penales que se inicien por hechos posteriores al momento de
su entrada en vigor, y no a aquéllos en los que se interponga la casación
a partir de su vigencia, puesto que en ella se consagran condiciones más
gravosas que las impuestas por el anterior ordenamiento, que no se pueden
aplicar de manera retroactiva en los procesos iniciados con anterioridad a su
promulgación.
Considera la Corte que le asiste razón al
demandante, pues la norma acusada infringe el principio de favorabilidad, al
aumentar el quantum de la pena de los delitos por los que procede la casación
que hoy es de ocho (8) años. Veámos:
El principio de favorabilidad, como
elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra
consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior, en estos términos:
"En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable."
El Pacto de Derechos Humanos, aprobado por
la ley 74 de 1968, reproduce este principio así:
"Artículo
15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada
por la ley 16/72, lo consagra en el artículo 9, así:
"Principio
de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho
aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
En materia procesal, el artículo 40 de la
ley 153 de 1887 establece: "Las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y
las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la
ley vigente al tiempo de su iniciación."
Esta regla general no puede desconocer el
principio de favorabilidad, por cuanto la Constitución no hace diferenciación
alguna. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que ello sea
así, siempre y cuando las normas procesales no sean de contenido sustancial.
En efecto: las normas procesales son de dos
clases: 1. Las que tienen contenido sustancial y 2. Las simplemente procesales,
es decir, aquellas que se limitan a señalar ciertas ritualidades del proceso
que no afectan en forma positiva ni negativa a los sujetos procesales.
En cuanto a las primeras es claro que al
aplicarlas se debe tener en cuenta el principio de favorabilidad; no sucede lo
mismo con las segundas por cuanto, como ya se ha anotado, no son en sí mismas
ni benéficas ni perjudiciales para los sujetos procesales.
En el caso que aquí se examina, la norma
aparentemente podría considerarse de carácter procesal; sin embargo, ello no es
así pues de su contenido se deduce una situación desfavorable para los
procesados que interpongan la casación, ya que ordena que se aplique a las
casaciones que se interpongan a partir de su vigencia sin tener en cuenta el
momento en que el hecho delictivo tuvo ocurrencia.
Es principio general de derecho que las
leyes rigen a partir de su promulgación, a menos que la misma ley indique otra
fecha, evento en el cual la nueva ley no puede desconocer derechos adquiridos.
En el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable
en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los
hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la
doctrina denomina ultractividad de la ley.
La retroactividad, por el contrario,
significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las
contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos
delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
En consecuencia, se vulnera el principio de
favorabilidad, cuando la norma demandada aumenta a ocho (8) años la pena de los
delitos en los que procede la casación penal y dispone que ella se aplicará a
los procesos en los que se interponga la casación a partir de la vigencia de la
nueva ley, pues ella tan sólo puede aplicarse a los procesos por los delitos
que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha en que entró a regir,
esto es, el 13 de enero de 2000.
La aplicación de una nueva ley sólo debe llevarse
a efecto cuando con ella no se agraven las condiciones del acusado, de no ser
así, la ley nueva, lejos de tutelar los intereses del procesado, los restringe
en perjuicio de éste.
En razón de lo anotado, el artículo 18
transitorio de la ley 553/2000 será declarado inexequible.
V. DECISION
En razón de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y, por mandato de la
Constitución,
R
E S U E L V E :
PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLES las
expresiones "…ejecutoriadas.." del inciso primero del artículo
218 del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por el artículo
1 de la ley 553 de 2000, y la contenida en el inciso primero del artículo 205
de la ley 600 de 2000.
SEGUNDO: Declarar INEXEQUIBLES los incisos
primero y segundo del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, tal como
fueron modificados por el artículo 6 de la ley 553 de 2000, y esos mismos
incisos del artículo 210 de la ley 600 de 2000.
TERCERO: Declarar EXEQUIBLE CONDICIONADO el
aparte demandado del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, tal como
fue modificado por el artículo 9 de la ley 553 de 2000, siempre y cuando se
entienda que el auto mediante el cual se inadmite el recurso debe contener los
motivos o razones que sustentan tal decisión.
CUARTO: Declarar INEXEQUIBLES el artículo
226A del Código de Procedimiento Penal, tal como fue introducido por el
artículo 10 de la ley 553 de 2000 y el artículo 214 de la ley 600 de 2000.
QUINTO: Declarar EXEQUIBLE la expresión
"cuando sea ostensible" contenida en el aparte final
del artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por
el artículo 12 de la ley 553 de 2000. Y estarse a lo resuelto en la sentencia
C-657 de 1996, respecto de la expresión "podrá" de la parte
final del mismo artículo, por existir cosa juzgada material.
SEXTO: Declarar INEXEQUIBLES el artículo
231A del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por el artículo
17 de la ley 553 de 2000, y el artículo 219 de la ley 600 de 2000.
SEPTIMO: Declarar INEXEQUIBLE el artículo
18 transitorio de la ley 553 de 2000.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, publíquese y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia C-252/01
CASACION EN EL
PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Inserción (Aclaración de voto)
CASACION PENAL-Establecimiento de condición de
procedencia (Aclaración de voto)
CONDENA PENAL-Efectos (Aclaración de voto)
CASACION PENAL-Efectos de la regulación (Aclaración de
voto)
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Visión
del problema jurídico (Aclaración de voto)
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Perspectiva
de análisis (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Valoración de
punto específico/PRECEDENTE JUDICIAL EN PENAL-Valoración (Aclaración de
voto)
JUEZ-Eficiencia (Aclaración de voto)
Referencia:
expedientes  D-2825,  D-2838,
D-2841, D-2845 y
D-2847 (acumulados).
Demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley 553 de 2.000.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Con el mayor respeto con el magistrado
ponente y por la mayoría de la Corporación, manifiesto las razones por las
cuales, aunque comparto la parte resolutiva de esta sentencia, me aparto de
algunas de sus consideraciones. Me limito a adelantar algunas aclaraciones
generales.
1. El problema global que tenía que afrontar
la Corte se podía resumir en la siguiente pregunta: ¿Cómo se inserta una
institución inspirada en el principio de legalidad - como lo es la casación -
en una constitución - como la Carta de 1991 - que toma muy en serio el
principio de constitucionalidad? Como es bien sabido, en sus orígenes la
casación fue adoptada por los revolucionarios franceses como un instrumento
para asegurar el sometimiento del juez a la ley. En el contexto de la época, la
ley, como expresión de la voluntad general, era la principal garantía de la
libertad. Después de la notable evolución del constitucionalismo durante el
siglo XX, la ley, otrora incuestionable, pasa a ser juzgada a la luz de
criterios constitucionales precisamente para asegurar que ésta respete los
derechos fundamentales que constituyen el núcleo medular del principio de
constitucionalidad.
¿Es posible establecer que "la
casación procede contra las sentencias ejecutoriadas" cuando de lo que se
trata es no sólo de asegurar el respeto de la ley sino de salvaguardar los
derechos constitucionales fundamentales?
2. A lo largo de las deliberaciones sobre
la procedencia de la casación respecto de sentencias ejecutoriadas, hubo dos
perspectivas de análisis que conducían al mismo resultado. La primera,
ampliamente reflejada en la sentencia, sostiene que la casación tiene una
naturaleza y unos elementos constitucionales que definen un marco rígido que
ata al legislador. La segunda perspectiva, que no fue desarrollada en extenso
por el fallo, no parte de un análisis acerca de la naturaleza de la institución
porque ésta no ha sido precisada por la Constitución. Centra su análisis en los
efectos jurídicos que se derivan de exigir que la casación proceda contra
sentencias ejecutoriadas. Por eso, concluye que al lesionar de manera grave y
sin justificación suficiente los derechos fundamentales, dicha exigencia genera
consecuencias que la hacen inconstitucional.
En efecto, lo que tenía que decidir la
Corte en este caso no era si la casación en general sólo procede contra
sentencias ejecutoriadas sino si se puede establecer dicha condición en el
ámbito de lo penal. La respuesta es negativa. Primero, porque en materia penal
está comprometida una de las principales libertades garantizadas por la
Constitución, v. gr. la libertad personal. Impedir que la casación sea
presentada antes de la ejecutoria definitiva de la sentencia condenatoria es
admitir que quien pudo haber sido condenado con violación de la ley penal o,
inclusive, de los derechos fundamentales, deba iniciar el cumplimiento de una
pena privativa de la libertad. A esta primera razón se suma una segunda que
hace aún más grave la vulneración de derechos constitucionales cuando la
materia de la casación es la penal. Como es bien sabido las condenas penales
tienen efectos más allá de la privación de libertad. Constituye un antecedente,
con las implicaciones que ello tiene para la vida futura de la persona. Puede
comportar una restricción del ejercicio de derechos políticos. Generalmente
impide acceder a un cargo de elección popular. Repercute en la honra y el buen
nombre de la persona. Limita las posibilidades de contratar con el Estado.
Aunque la lista de efectos accesorios - pero en todo caso de suma importancia
porque restringen de manera significativa el ejercicio de derechos fundamentales
- podría continuar, con los anteriormente mencionados es suficiente para
apreciar que exigir que la casación sea presentada contra sentencias
ejecutoriadas representa una afectación severa de varios derechos
constitucionales fundamentales.
Las razones esgrimidas para justificar la
medida son de orden práctico. Se busca, en especial, evitar la prescripción. No
obstante, ello es insuficiente desde el punto de vista constitucional. Para
lograr ese objetivo, sin duda legítimo, existen medios alternativos menos
gravosos de los derechos constitucionales fundamentales. El más obvio es
establecer de manera expresa en la ley que la presentación de la casación
suspende el término de prescripción durante un lapso determinado. El otro medio
es sencillamente agilizar el procedimiento penal.[46]
Así pues, la perspectiva de análisis,
basada en los efectos de la regulación en el campo de la casación penal, es
indiferente a la naturaleza jurídica de la casación en general, no depende de
si ésta es un recurso o una acción, no supone que la Constitución de 1991
incluye unos principios específicos en materia de casación que el legislador no
puede irrespetar. Tampoco concluye que la reforma a la casación viola el debido
proceso y el derecho de defensa, ni que la casación debe existir y, además, ser
lo más amplia posible para evitar que se desconozca alguno de estos derechos.
Mucho menos llega a la conclusión de que la regulación sobre la oportunidad
para presentar la casación, es decir para ejercer un medio de control de la
legalidad de la sentencia, viola la presunción de inocencia.
Aunque ambas perspectivas conducen a la
declaración de inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley demandada, así
como de las normas que guardan concordancia directa con éste, las implicaciones
futuras de cada una de las dos visiones del problema jurídico son bien
diferentes. Quizás dichas implicaciones no son las esperadas, pero una lectura
de la sentencia que, en lugar de restringir el ámbito de los considerandos al
punto específico de la casación en materia penal, los extienda a toda la
institución de la casación o a otros aspectos del procedimiento penal, podría
conducir a consecuencias respecto de las cuales claramente no se está
pronunciando la Corte en este caso. Menciono algunos ejemplos.
En primer lugar, alguien podría extender su
lectura de las consideraciones a la casación en el ámbito civil o laboral, la
cual tiene especificidades propias de tales materias que la diferencian
significativamente de la casación penal.
En segundo lugar, alguien podría extender
su lectura de las consideraciones a algunas medidas de aseguramiento y a las
correspondientes oportunidades de defensa, tema que ha sido abordado en otras
sentencias respecto de las cuales la Corte, obviamente en este caso, no trata
de modificar su jurisprudencia.
En tercer lugar, alguien podría entender
que la casación fue petrificada por el constituyente y no puede evolucionar en
el futuro, lo cual no es cierto ya que la Carta se limita a asignarle a la
Corte Suprema funciones de tribunal de casación. En este fallo, por ejemplo, no
hay un pronunciamiento sobre si Colombia podría no sólo seguir el ejemplo de
los revolucionarios franceses que diseñaron la institución, sino el de los
mismos franceses pero de la segunda mitad del  siglo XX que introdujeron la
casación "en interés de la ley".[47]
En conclusión, para evitar interpretaciones
inadecuadas, fue que considere necesario hacer énfasis en lo que he llamado, al
inicio de esta aclaración, la segunda perspectiva de análisis, ampliamente
tratada en las deliberaciones en Sala Plena y poco desarrollada en el fallo.
3. Finalmente, no puedo dejar de decir,
sobre otra cuestión tratada en esta sentencia, que encuentro edificante las
consideraciones consignadas en la sentencia sobre los precedentes a propósito
del artículo que creó la "respuesta inmediata". Es claro que la
sentencia valora los precedentes en materia penal, como es debido en aras de
garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. Su inconstitucionalidad se
deriva de otras razones. Probablemente hubiera sido exequible una norma
redactada de otra manera menos inspirada en mecanismos cuasi automáticos, y
valorando no el antecedente sobre una materia general sino el precedente sobre
un punto específico. Al respecto, la confianza depositada en los jueces por la
Constitución, dentro de los cuales se destaca la Corte Suprema de Justicia como
cabeza de la jurisdicción ordinaria, permite que el legislador diseñe reglas
para que el alto tribunal pueda evitar que una carga excesiva de ciertos
procesos - los que sólo plantean un punto de derecho específico ya resuelto en
sede de casación - le impidan pronunciarse con la prontitud necesaria sobre
otros casos donde peligra el goce efectivo de los derechos fundamentales. La
dicotomía entre eficientismo y garantismo distorsiona lo que está en juego con
este tipo de medidas, porque la eficiencia del juez al cual se le ha confiado
la protección de los derechos es una condición necesaria para que éstos sean
real y oportunamente  garantizados.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia
C-252/01
PROCESO-Instancias (Salvamento parcial de voto)
ESTADO DE DERECHO-Sujeción de conductas (Salvamento parcial
de voto)
JUEZ-Examen de conductas (Salvamento parcial de
voto)
FUNCION JUDICIAL-Control jurídico de conductas (Salvamento
parcial de voto)
JUEZ DE INSTANCIA-Control jurídico de conductas (Salvamento
parcial de voto)
CASACION-No es instancia/CASACION-Naturaleza/CASACION-Control
jurídico de sentencia (Salvamento parcial de voto)
En la casación
varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza
control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los
juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o nó se ajusta a lo
prescrito por la ley, lo que significa que ahora se efectúa un control de
legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error
in judicando o un error in procedendo  de tal naturaleza  que no exista
solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada.
CASACION-Objeto diferente a la instancia
(Salvamento parcial de voto)
CASACION E
INSTANCIA-Distinción
(Salvamento parcial de voto)
CASACION-No indispensable para debido proceso
(Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA-Presunción de veracidad y acierto
(Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA-Cumplimiento (Salvamento parcial de voto)
CASACION-Cumplimiento de sentencia de segunda
instancia (Salvamento parcial de voto)
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CASACION-Regulación de procedimientos y efectos (Salvamento
parcial de voto)
Con el respeto debido a las decisiones de
la Corte Constitucional, los suscritos magistrados, tal como lo anunciamos en
la sesión de la Sala Plena respectiva, salvamos parcialmente nuestro voto en
relación con la Sentencia C-252 de 28 de febrero del presente año, por las
razones que a continuación se exponen:
1º.  La Sentencia a la cual se refiere este
salvamento de voto, considera violatorio de la Constitución el artículo 1º de
la Ley 553 de 2000 (modificatorio del artículo 218 del Código de Procedimiento
Penal) en cuanto dispuso que la casación procede contra sentencias
"ejecutoriadas" proferidas en segunda instancia, en algunos procesos
penales expresamente señalados por la citada disposición legal, e igualmente y
por la misma razón, en la sentencia aludida se declara la inexequibilidad del
inciso primero del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, así como los incisos
primero y segundo del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal tal cual
fueron modificados por el artículo 6º de la Ley 553 de 2000.
Conforme a la parte motiva del fallo
mencionado, las disposiciones declaradas inexequibles a que se hizo referencia
en el numeral precedente quebrantan la garantía constitucional al debido
proceso en razón de que así se autoriza que se de cumplimiento a sentencias que
contengan "decisiones arbitrarias o, lo que es lo mismo, proferidas sin la
estricta observancia de la ley y la Constitución" que, además, desconozcan
principios constitucionales "como el de la libertad, el valor de la
justicia, la dignidad humana y los derechos de igualdad y presunción de
inocencia".
2º.  A nuestro juicio, los fundamentos
argumentativos de la sentencia C-252 de 28 de febrero de 2001 para arribar a
las conclusiones de inconstitucionalidad a que se llega para declarar
inexequibles las normas a que se hizo referencia en el numeral precedente, son
equivocados por completo y, en consecuencia, es igualmente equivocada la
decisión contenida en la parte resolutiva del fallo en ese punto, como de
manera sintética se demuestra a continuación:
2.1. Ni la Constitución, ni el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establecen que el proceso penal tenga más de dos instancias.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 31
de la Carta, en plena armonía con el artículo 29 de la misma y para hacer
efectiva la garantía constitucional al debido proceso, la sentencia de primer
grado "podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre
la ley".  Esto significa, entonces, que los procesos han de ser de dos
instancias, a menos que la propia Constitución o la ley dispongan que la
tramitación de algunos de ellos sea de única instancia, como ocurre por ejemplo
en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por la Corte Suprema de
Justicia o en aquellos en que, por razón de la cuantía así se disponga por el
legislador.
Es claro que, a juicio del constituyente,
que sigue en esto las orientaciones de la Revolución Francesa, las garantías
fundamentales a tener conocimiento de la existencia del proceso que se adelante
en contra de alguien, a ser oído en forma oportuna, a la publicidad y  a la
contradicción de la prueba, a presentar alegatos de conclusión, a impetrar la
declaración de nulidades cuando fuere el caso y a interponer los recursos
contra providencias judiciales adversas, a la independencia del juez, a su
imparcialidad, así como el derecho a ser juzgado por el juez natural y que
resulte competente conforme a la ley, son esenciales y deben cumplirse en forma
ineludible tanto en la primera como en la segunda instancia, por la sencilla
razón de que no existen, -como sí existieron durante la colonia-, procesos
interminables, con tercera instancia, a la que podrían seguir luego actuaciones
ulteriores.
Nuestra Constitución, en cuanto a la
garantía a la doble instancia en el proceso, guarda perfecta armonía con el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos de 16 de diciembre de
1966, cuyo artículo 14, numeral 5º, dispone al efecto que toda persona a quien
se hubiere proferido un fallo condenatorio tendrá derecho a que éste sea
sometido a conocimiento de "un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito
por la ley", pues, de esa manera, se controla la legalidad de la actuación
del juzgador de primer grado.
De la misma manera, guarda también armonía
la Constitución Política de Colombia con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, cuyo artículo 8º, literal h), establece que el procesado tiene el
derecho a "recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", es
decir, a que lo resuelto por el juez de conocimiento pueda ser objeto de un
reexamen por otro juzgador que tenga la calidad de superior funcional del
primero, para evitar la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión.
2.2.  La Casación no es instancia y
tiene un objeto diferente al del proceso donde se profirió la sentencia de
segundo grado.
En un Estado de Derecho la conducta de sus
habitantes, nacionales y extranjeros, se encuentra sometida al imperio de la
Constitución y de la ley, a través de las cuales se establecen las reglas de
carácter general, impersonal y objetivo para garantizar a todos la pacífica
convivencia social.
Sí alguien no ajusta su comportamiento a lo
preceptuado por el ordenamiento jurídico positivo del Estado, el conflicto que
surja por ese motivo da lugar a una contención que ha de ser resuelta por el
juez instituido para ello por la propia ley, funcionario judicial que actúa en
virtud de la soberanía del Estado para dirimirla mediante una sentencia en la
que, necesariamente ha de comparar lo dispuesto por la normatividad vigente con
la conducta que se dice transgresora de ella para que, luego, se profiera la
decisión que corresponda.
De esta suerte, el juez examina las
conductas de los particulares para decidir si son o nó violatorias de la
normatividad del Estado, razón esta por la cual se tiene por sentado en la
doctrina universal, sin discusión alguna, que el juzgador realiza en la función
judicial una labor de control jurídico en relación con las actuaciones de
quienes se encuentran sometidos al imperio de la Constitución y de la ley.
Culminada esa labor por el juez de primera
instancia, si la sentencia fuere objeto de consulta o de apelación, el juzgador
de segundo grado, sin más limitaciones que la que se deriva del principio
prohibitivo de la reformatio in pejus, se encuentra colocado en la misma
situación del a quo, es decir que, también realiza una labor de control
jurídico sobre la conducta de los particulares, con lo cual, como ya se vió,
finaliza el proceso.
Con todo, el propio Estado, en los casos y
con los procedimientos señalados por la ley, ante la necesidad de controlar, a
su vez, la sujeción del juez al imperio de la legalidad, instituyó para ese
efecto la casación como medio de control de carácter extraordinario, que se
diferencia por completo de la labor judicial de los juzgadores de instancia.
En efecto, mientras el control jurídico que estos realizan tiene por objeto en
la jurisdicción ordinaria examinar la conducta de los particulares frente al
derecho vigente, en la casación varía el objeto del control, pues el Tribunal o
Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la
actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o nó
se ajusta a lo prescrito por la ley, lo que significa que ahora se efectúa un
control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se
produjo un error in judicando o un error in procedendo  de tal
naturaleza  que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la
sentencia impugnada.
Queda así claro, que en casación surge
entonces un objeto distinto al del proceso, como quiera que en ella se esgrime
una pretensión diferente a la de las instancias; lo que se impugna en casación
es la sentencia con la que culminó la labor de los jueces de instancia. Es
decir, existe una pretensión impugnaticia con un objeto preciso y diferente,
por causales específicas señaladas por la ley, con cargos que han de adecuarse
a estas y que se deciden por una nueva sentencia, que es diferente y diversa
tanto por su objeto como por su contenido de la que se profirió por los
falladores de primero y segundo grado en el proceso respectivo.
La radical diferencia entre la casación y
la instancia, se pone absolutamente de manifiesto si se observa que la decisión
del Tribunal o Corte de Casación se contrae a casar o no casar la sentencia
objeto de la misma.  De tal suerte que, si se destruye el fallo de segundo
grado por la prosperidad de la casación, se dice entonces que se realizó un
Iudicium Rescindens, con respecto a la sentencia impugnada.  En ese momento,
finaliza la labor del juez de la casación.
Pero, como la sentencia de segunda instancia
fue destruida, se hace indispensable ahora su reemplazo, pues sólo queda
entonces en vigor la de primera instancia.  Para dictar la sentencia
sustitutiva de la que fue casada, es decir para volver a examinar la conducta
que fue objeto de juzgamiento en la primera instancia, se realiza entonces un
Iudicium Rescisorium, propio del juez ad quem.  Esa función, en algunos países,
como en Francia o en Italia, se cumple por un Tribunal de igual jerarquía al
que profirió la sentencia de segundo grado que se destruyó en casación,
tribunal este al que se envía el proceso por la Corte de Casación para que
profiera ese fallo, lo que se conoce como el reenvío del proceso, para
que se dicte una nueva sentencia de segunda instancia.  En Colombia, en cambio,
finalizada la casación con el Iudicium Rescindens, la Corte Suprema de Justicia
en la respectiva Sala de Casación, asume entonces una función adicional, la de
proferir el Iudicium Rescisorium, es decir, la de dictar la sentencia de
reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la prosperidad de la
casación, pues entre nosotros no existe el sistema de reenvío sino que se
adoptó un principio de concentración de las dos decisiones, aunque en la
segunda se actúa por la Corte como juzgador de instancia.
No es pues, en manera alguna acertado, en
estricto derecho, sostener que la casación forma parte del proceso, pues este
culmina con la sentencia de segunda instancia y en casación lo que se enjuicia
no es la conducta de los particulares sino la legalidad del fallo con el que
culminó el proceso, que es cosa diferente y que no puede confundirse, como se
confundió en el fallo del que disentimos.
2.3.  La Casación, además, no es
indispensable para la existencia del debido proceso.
Agrégase a lo dicho que la casación como
medio de impugnación extraordinario contra la sentencia de segundo grado no es
indispensable para la existencia del debido proceso. En efecto:
a)  La Constitución de 1886 , en su
artículo 151 estableció como una de las atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia la de "conocer de los recursos de casación, conforme a las
leyes" (artículo 151-1).
b)  Tal atribución de la Corte Suprema de
Justicia permaneció en la Carta Política hasta el año de 1945, en el cual
mediante el acto legislativo No. 1, artículo 52 se señalaron las funciones de
la Corte Suprema de Justicia, entre las cuales no se incluyó la de conocer del
recurso extraordinario de casación, razón por la cual desde la vigencia de
dicho acto legislativo hasta la expedición de la Constitución de 1991 la
casación no tuvo rango constitucional, sino simplemente legal.
Ello significa que bien podría el
legislador haber suprimido dicho recurso en los Códigos de Procedimiento sin
que pudiera sostenerse entonces que por tal razón se vulneraba el debido proceso.
c)  Tan no es cierto que la casación forme
parte indisoluble del debido proceso que en algunos países, como los Estados
Unidos de Norteamérica, Suecia, Noruega, Finlandia e Inglaterra no existe medio
de impugnación extraordinario, sin que a nadie se le haya ocurrido que por tal
razón no existe debido proceso en esas naciones.
d)  Del mismo modo, es verdad
incontrastable que, aún en los países en donde existe la casación como
institución regulada por la ley, ese medio impugnaticio no se establece sino
para algunos pocos procesos, como ocurre en Colombia tanto en materia penal,
como en lo civil y en lo laboral.
Si se considerara que en Colombia la
casación es elemento necesario para la existencia del debido proceso, habría
entonces que concluir, de manera ineluctable que en la inmensa mayoría de los
procesos civiles, penales y laborales se vulnera esa garantía constitucional
porque no se encuentra establecida la casación contra la sentencia de segunda
instancia en ellos, lo que no es cierto.  De serlo, habría que establecerla en
todos y, hasta ahora, desde el punto de vista jurídico-constitucional, nadie ha
llegado a semejante conclusión ni podría llegar a ella, sencillamente porque no
resulta conforme a la Constitución Política.
En este punto debe reiterarse que la Corte
Constitucional a través de la Sala Tercera de Revisión mediante la sentencia
T-1625 de 23 de noviembre de 2000 aludió a las características de la casación y
a los requisitos de procedencia, haciendo énfasis en que las caracterísitcas
señaladas al instituto de la casación por la Ley 553 de 2000 no afectan en nada
el debido proceso. Por considerarlo de especial interés, para efectos de la
valoración integral que debe hacerse de la sentencia de la cual nos apartamos,
consideramos pertinente transcribir apartes de la sentencia antes citada, con
la precisión de que si bien se trata de un pronunciamiento en el ámbito de la
revisión de tutela y no de una decisión dentro del ámbito del control abstracto
de constitucionalidad como tuvimos ocasión de señalarlo en la Sala, sí contiene
claros elementos de análisis abstracto que  extraña que no se hubieren tenido
en cuenta en la redacción de la ponencia aunque en el texto definitivo se le
mencione para afirmar que la Corte “bien puede enmendar esa línea
doctrinaria, en una sentencia de constitucionalidad...”
“5.  Debido
proceso penal: Libertad y principio de doble instancia.
El demandante
rechaza la interpretación expuesta sobre la aplicación de la Ley 553 de 2000.
Según su postura, la ley transformó el recurso “extraordinario” de casación, en
una demanda autónoma, que únicamente procede contra decisiones ejecutoriadas.
El principal efecto de dicha modificación, es el cumplimiento de la pena
impuesta mientras se tramita la casación. Dado que el modelo anterior
interrumpía el cumplimiento de la pena, la nueva normatividad resulta más
gravosa para el procesado, pues se impide su libertad, sea porque se ejecuta la
sentencia o porque resulta imposible la prescripción de la acción penal. La
Corte no comparte este argumento, pues parte de la errada idea de que el
proceso penal se agota en la sentencia de casación.
Desde un punto de
vista constitucional, únicamente es exigible del legislador que prevea dentro
de la estructura del proceso penal, la existencia de dos instancias.  En
efecto, aunque esta Corporación ha interpretado el artículo 31 de la
Constitución en el sentido de que la doble instancia no hace parte del núcleo
esencial del debido proceso[48],
se ha precisado que en materia penal existe un derecho constitucional a apelar
la sentencia condenatoria, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta[49]. De
ahí que la casación no integre el proceso penal propiamente dicho. Cosa
distinta es que la revisión de la sentencia judicial de segunda instancia
implique una modificación del resultado del proceso. Ello no puede confundirse
con la integración de la casación al proceso penal.
En este orden de
ideas, cabe afirmar que el proceso penal, en estricto sentido, culmina con la
decisión de segunda instancia. Con ella se desvirtúa, de manera definitiva, la
presunción de inocencia del procesado.  Una vez adoptada la decisión, no se
puede considerar la existencia de un sindicado, sino de una persona condenada
(culpable) o absuelta (inocente). En casación, por su parte, no se discute la
responsabilidad penal de la persona, sino el cumplimiento por el Juez de la
ley, al emitir el fallo.
La protección a
la libertad personal es un mandato que atraviesa la estructura del proceso
penal, pues mientras la persona se presuma inocente, no es posible una
restricción definitiva de dicho derecho. Cosa distinta ocurre, una vez se ha
desvirtuado dicha presunción - sea que se confirme la inocencia o se establezca
la responsabilidad penal -. En caso de que se determine la responsabilidad
penal del procesado, este pierde el derecho a disfrutar de su libertad en
idénticas condiciones que las restantes personas. El Estado está autorizado -
obligado - a restringir la libertad y ejecutar la sentencia. La libertad no es
más el criterio determinante para el Estado.  Por el contrario, éste tiene el
deber de brindar apoyo al aparato de justicia y garantizar la efectividad del
poder punitivo del Estado. La persona condenada no puede reclamar más el trato
benigno que se brinda al sindicado. Impuesta una pena, esta se debe cumplir.
Por lo tanto, al
haberse establecido que el tribunal demandado no desconoció la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia, la cual, por otra parte, no resulta
incompatible con la Constitución, se confirmará, por las razones expuestas, la
decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante la cual se revocó la decisión de conceder la tutela,
adoptada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Nariño.” (Sentencia N° 1625/2000. M. P. Dra. Martha
Sáchica Méndez. Sala Tercera de Revisión integrada por los H. Magistrados: Dra.
Martha victora Sáchica Méndez, Dr. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández Galindo.)
2.4.  El cumplimiento de la sentencia de
segunda instancia impugnada en casación no vulnera la Carta Política.
Es ya verdad averiguada en la Teoría del
Derecho que a los actos del Estado se les presume ajustados a la Constitución y
a la ley.  Así, las leyes aprobadas por el Congreso de la República, se
presumen ajustadas a la Constitución; los decretos expedidos por el Ejecutivo,
gozan de igual presunción; los actos administrativos de las autoridades
públicas a todos los niveles, se presumen conforme a Derecho y, finalmente, las
sentencias con las cuales termina el proceso en segunda instancia, llegan a la
Corte Suprema de Justicia si se impugnan en casación, acompañadas de la
presunción de veracidad y acierto.
Siendo ello así, nada de extraño tiene
entonces que las leyes, mientras no se declaren inexequibles, se cumplan; que
los decretos expedidos por el Gobierno, mientras no sean anulados o declarados
contrarios a la Constitución e inexequibles por ello, se ejecuten; que los
actos administrativos mientras no sean retirados del ordenamiento jurídico por
decisión judicial o por voluntad de la administración, cuando ello es posible,
sean obligatorios; y, del mismo modo, que las sentencias, aún impugnadas en
casación, se tengan por ajustadas a la ley entre tanto no sean casadas por la
Corte Suprema de Justicia, lo mismo que sucede con las sentencias dictadas por
las distintas secciones del Consejo de Estado que, aún recurridas en súplica,
se cumplen porque se presumen dictadas conforme a Derecho.
Es esa la razón por la cual no resulta
inconstitucional que en materia civil las sentencias recurridas en casación, se
cumplan porque el recurso se concede en el efecto devolutivo, como igualmente
no era contrario a la Constitución que durante la vigencia de la Ley 105 de
1931 y el Decreto 528 de 1964 el legislador, en ejercicio de su potestad
configurativa de las leyes, consagrara el efecto suspensivo de la concesión del
recurso.
De esta suerte, si la sentencia se presume
acertada y conforme a Derecho, no es, en manera alguna contrario a la Carta que
la ley le conceda la plenitud de sus efectos mientras no se declare
judicialmente que esa sentencia es ilegal, pues, como es obvio, son cosas
diferentes la acusación que se haga de que un fallo fue dictado con violación
del ordenamiento jurídico, y que la sentencia se case por ese motivo.
De lo contrario habría que concluir, que
basta la simple acusación de ilegalidad del fallo para paralizar por completo
la actividad del Estado tendiente a que el mismo se cumpla, pues semejante
conclusión lleva a invertir la presunción de tal manera absurda que, en lugar
de que el Estado presuma la legalidad de la actuación de los tribunales, lo que
se tenga por cierto mientras el Estado no demuestre lo contrario es que acusada
de ser violatoria de la ley una sentencia, se tenga por ilegal y arbitraria,
conclusión absolutamente reñida con la lógica-jurídica y con el ordenamiento
positivo.
Añádase a los razonamientos inmediatamente
precedentes que, de ser cierto que basta la afirmación de una de las partes en
el sentido de que una providencia es ilegal para que por ello deba dejar de
cumplirse, no podrían jamás tener ejecución las medidas cautelares en el
proceso penal, lo que conduciría a la conclusión insostenible de que el auto de
detención por afectar la libertad, si se recurre con la aseveración de ser
ilegal, no podría tener cumplimiento, lo que implicaría que ni siquiera podría
privarse de la libertad al sindicado en ningún momento durante el proceso, ni
tampoco luego de dictada la sentencia de segunda instancia sino, únicamente,
después de tramitado y decidido el recurso extraordinario de casación, y sólo
cuando la sentencia que decide este último no case el fallo impugnado,
conclusión sui géneris a la que bien podría conducir la argumentación expuesta
en la sentencia de la cual disentimos en forma respetuosa, pero radical.
2.5 La
competencia del legislador para establecer las caracteristicas, procedimientos
y efectos de la casación en materia penal.
Finalmente es oportuno  reiterar lo
expuesto  durante la Sala a propósito de la discusión de la ponencia en el
sentido de que la Constitución no señala elementos característicos determinados
de la casación y que por ello bien puede el legislador, manteniendo las
finalidades y objeto de la casación, modular sus elementos configuradores y los
requisitos de procedibilidad y efectos de las sentencias.
En ese orden bien puede el legislador en un
momento determinado prever que la casación haya de interponerse contra
sentencias ejecutoriadas o que la interposición de la misma enerve la
ejecutoria de la sentencia. Este es un aspecto que responde a la competencia
del legislador y que no afecta el debido proceso.
Sobre el particular es pertinente recordar
que en la Sentencia 586/92 con la decisión mayoritaria se trae como soporte de
la posición asumida por la Corte, se reconocía que la casación no es un recurso
ordinario que proceda contra todas las sentencia de segunda instancia; como ya
hemos expresado en este documento la casación  no procede automáticamente
contra todas las sentencias, la ley siempre ha señalado requisitos de
procedencia que pueden ser cambiados por la misma ley teniendo en cuenta el
desarrollo de la sociedad, y el perfeccionamiento de los mecanismos de defensa.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
ALVARO TAFUR GALVIS
[1] Calamandrei Piero. La Casación Civil. E.J.E.A. Buenos Aires 1959
[2] Sent. C-586/92 M.P. Fabio Morón Díaz reiterada en C-214/94 y
C-140/95, entre otras.
[3] Sent. C-140/95 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[4] Calderón Botero Fabio. Casación y Revisión en materia penal.
Ediciones Librería el Profesional, 2da edición.
[5] Torres Romero Jorge Enrique y Puyana Mutis Guillermo, Manual del
recurso de casación en materia penal. Bogotá.
3 ibidem
[7] Ortuzar Latapiat Waldo. Las causales del recurso de casación en
el fondo en materia penal. Editorial jurídica de Chile 1958
[8] Corte Constitucional. Sent C-407/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[9] Morales Medina Hernando. Técnica de Casación Civil.
[10] ibidem
[11] Corte Constitucional sent T-101/93 M.P. Jaime Sanín Greiffenstein
[12] Corte Constitucional sent C-543/92 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo
[13] Cfr. Sentencia C-410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14] Cfr., entre otras, la Sentencia T-352 de 1997.  M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[15] Cfr. Sentencia C-040 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón.
[16] Sobre la razonabilidad, como criterio de valoración y aplicación
del derecho a la igualdad, es un asunto sobre el que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada desde los inicios de
su labor.  Cfr., entre otras, la Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[17] Cfr. las sentencias C-345 de 1993 y C-058 de 1994.  M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[18] Corte Constitucional Sentencia C-952 de 2000. M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[19] Corte Constitucional. Sent C-140/95 M.P.Vladimiro Naranjo Mesa
[21] De la Casación y la Revisión Penal.
[22] Cfr. Folios 136 y siguientes del expediente.
[23] Si bien el artículo 228 del la Carta Política señala que en las
actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho
sustancial”, dicho principio no es carácter absoluto y ha sido objeto, como
se verá más adelante, de múltiples adecuaciones por parte de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.
[24] Siguiendo a Ferrajoli  es posible afirmar que las garantías no
son otra cosa que “las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir
la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para
posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con
su estipulación constitucional”.  Cfr. FERREJOLI, Luigi. Derechos y
garantías: la ley del más débil. Editorial Trotta. Madrid 1999. pp. 23 y
siguientes.
[25] Corte Constitucional Sentencia C-215 de 1994. M.P. Fabio Morón
Díaz.
[26] El artículo 179-2 del Código de Procedimiento Penal señala que
los autos interlocutorios, de los que sin duda, la admisión o rechazo de una
demanda son una especie, son los que “resuelven algún incidente o aspecto
sustancial”.
[27] Corte Constitucional Sentencia T-187 de 1993. M.P. Alejandro
Martinez Caballero.  Sobre la necesidad de motivar ciertos actos judiciales
administrativos en aplicación del debido proceso, pueden consultarse, entre
muchas, las sentencias: T-531de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-259 de
1993 M.P. Alejandro Martinez Caballero; T-450 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martinez Caballero; T-415 de
1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] Cfr. la sentencia C-113 de 1993. (M.P. Jorge Arango Mejía).  Aquí
se declaro la inconstitucionalidad de los incisos 2º y 4º del artículo 21 del
Decreto 2067 de 1991, que pretendían dar fuerza al precedente constitucional y
predicar su aplicación obligatoria; en dicha oportunidad se entendió que el
término obligatorio, sólo se extendía a las partes del proceso.  Esta
tendencia se respaldó después en la sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro
Martinez Caballero) en la que se declaró inconstitucional la expresión
contenida en el artículo 23 del citado Decreto, que calificaba a la
jurisprudencia como criterio auxiliar obligatorio para las
autoridades.
[29] Poco tiempo después, la expedición del Decreto 2591 de 1991
–reglamentario de la acción de tutela- vino a confirmar la tendencia
manifestada por la Corte, pues el artículo 36 de dicha regulación confirió a la
acción de tutela efectos exclusivamente para el caso concreto.  Dice la norma:
Artículo 36. “Efectos de la revisión.  Las sentencias en las
que se revise una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto
y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de
primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y
adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por
ésta”.
[30] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[31] Cfr. las sentencias T-123 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y
T-260 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[32] Ley 153 de 1887, artículo 8º: “Cuando no haya ley exactamente
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales
del derecho”.
[33] Corte Constitucional Sentencia T-123 de 1995. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[34] Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias C-037 de
1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-175 de 1997. M.P. Jose Gregorio Hernádez
Galindo, SU-640 de 1998, SU 168 de 1999, T-009 de 2000 y T-068 de 2000.
[35] Ver, entre otros, Luis Prieto Sanchís. "Notas sobre la
interpretación constitucional" en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales. No 9. Madrid, mayo agosto de 1991.
[36] Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997.M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[37] Ver, por ejemplo, entres otras, las sentencias T-13 de 1995 y
C-400 de 1998.
[38] Corte Constitucional Sentencia SU-047 de 1999. MM.PP. Carlos
Gaviria Díaz y Alejandro Martinez Caballero.
[39]Cfr. Corte Constitucional.
Proceso N° D-043. Enero 25 de 1993
[40] Corte Constitucional Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro
Martinez Caballero.
[41] M.P. Martha Sáchica de Moncaleano
[42] Sobre la necesidad de presentar las razones y motivos que
soportan el seguimiento o modificación de una línea jurisprudencial pueden
consultarse las siguientes sentencias: T-175 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández, T-123 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-267 de 2000.
M.P. Alejandro Martinez Caballero.
[43] Cfr. folio 151 del expediente.
[44]  Cf. Sentencia C-215 de 1994 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[45] Corte Constitucional Sentencia C-657 de 1996. M.P. Fabio Morón
Díaz.
[46] La excesiva carga de trabajo de las cortes de casación, un
problema que no es exclusivo de Colombia, ha sido tratado mediante diversos
instrumentos prácticos y jurídicos, como lo muestra un balance comparativo del
tema. Instituto Suizo de Derecho Comparado. Juguler la charge des instances
supérieures. Zurich. 1995.
[47]  En Francia se consagró la casación en interés de la ley. Esta
figura procede contra una decisión que ya tiene fuerza de cosa juzgada. Tiene
dos modalidades. La primera es ejercida por el Procurador General por
iniciativa propia. Se denomina recurso en interés de la ley (art. 621 del
Código de Procedimiento Penal). La segunda, denominada anulación, es presentada
por el ministro de justicia (artículo 620 del código de procedimiento penal).
La primera modalidad sólo procede contra decisiones jurisdiccionales. En caso
de que la providencia sea casada, continúa produciendo efectos respecto de las
partes. Se trata de una casación puramente teórica en interés de la ley y de la
unificación de la jurisprudencia. La segunda modalidad, en cambio, sí puede
beneficiar al condenado pero no perjudicarlo. En caso de que la sentencia sea
casada el proceso es enviado al juez de instancia competente para que decida
libremente, con la única limitación de que no puede agravar la condena.
En Bélgica esta figura en interés de la ley fue introducida
siguiendo el ejemplo francés. Sólo puede ser puesta en marcha por el procurador
general ante la corte de casación. A diferencia de lo que sucede en Francia, si
la corte casa la sentencia que había condenado al procesado la situación de
éste no cambia. O sea que el condenado no se beneficia de un fallo favorable
(artículo 442 del código de instrucción criminal).
[48] Sentencias C-019 de 1993 Ciro Angarita Barón, C-150 de 1993,
C-345 de 1993 Alejandro Martínez Caballero, C-153 de 1995 Antonio Barrera
Carbonell, C-179 de 1995 Carlos Gaviria Díaz, T-212 de 1995 Fabio Morón Díaz,
C-037 de 1996 Vladimiro Naranjo Mesa, T-083 de 1998 Eduardo Cifuentes Muñoz,
entre otros.
[49]  Sentencia C-150 de 1993, C-657 de 1996 Fabio Morón Díaz.