C-463-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-463/04
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Asociación en región administrativa y de
planificación especial
Referencia: expediente D-4932
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003.
Actor: Ricardo Bolaños Peñalosa
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil cuatro
(2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Bolaños
Peñalosa demandó la inconstitucionalidad del artículo 17 del Acto Legislativo
01 de 2003.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II.  TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el texto de la
disposición objeto del proceso y se subraya lo acusado:
“ACTO LEGISLATIVO 01[1]
(julio 3 de 2003)
Por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(...)
Artículo 17. Adiciónese el artículo 306 de
la Constitución Política, con el siguiente inciso:
El Distrito Capital de Bogotá, el
Departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos a este podrán
asociarse en una región administrativa y de planificación especial con
personería jurídica, autonomía y patrimonio propio cuyo objeto principal será
el desarrollo económico y social de la respectiva región.
Las citadas entidades territoriales
conservarán su identidad política y territorial."
III. LA DEMANDA
Sostiene el demandante que el trámite legislativo
del precepto acusado desconoció los artículos 160 y 375 de la Carta Política en
armonía con los artículos 221 y 225 de la Ley 5ª de 1992, dado que no fue
aprobado en segunda vuelta en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes ni en la plenaria de dicha Corporación.
En su opinión, aún cuando el contenido del artículo
17 acusado coincide con el que aparece en el acta aprobada por la Comisión
Accidental de Conciliación, ello no sustituye la obligación de aprobar en los
debates reglamentarios los actos legislativos.
Asegura también que la finalidad del Constituyente
de 1991 al consagrar la necesidad de 8 debates para reformar la constitución
era garantizar que ambas cámaras que conforman el Congreso de la República
debatieran el proyecto de acto legislativo que se les pone a consideración,
estableciendo para estos casos la necesidad de ocho (8) debates a diferencia de
los cuatro (4) de las leyes ordinarias, puesto que aquí lo que se reforma es la
Carta Magna.
A partir del alcance que la Corte Constitucional ha
dado a labor de las comisiones de conciliación considera que la establecida en
el trámite del proyecto de acto legislativo que contiene la norma demandada, no
tenía la facultad, de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la
Ley 5ª de 1992, de incluir un texto que no fue aprobado ni votado, ni discutido
en dos de los 8 debates exigidos por la Constitución, por lo tanto, no podía
incluir como aconteció, el texto demandado pues la función de estas comisiones
es conciliar las discrepancias surgidas de articulados aprobados de manera
distinta.
IV.
INTERVENCIONES
En cumplimiento a lo ordenado por los
artículos 242-1 y 244 de la Carta Política en armonía con lo dispuesto en los
artículos 7º y 11 del Decreto 2097 de 1991 en el auto admisorio de la demanda
se ordenó fijar en lista[2]
la norma acusada por el término de diez días para que, por duplicado, cualquier
ciudadano la impugnara o defendiera.
Así mismo se dispuso comunicar al
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, al Presidente del
Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia sobre la iniciación de este
proceso de constitucionalidad para que presentaran por escrito, las razones que
justifican la constitucionalidad de las normas sometidas a control.
No obstante lo anterior no se presentó
ninguna intervención.[3]
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Procurador General de la Nación, solicita a esta Corporación declarar
inexequible el artículo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003.
Lo
anterior por considerar que conforme a lo expresado en la sentencia C-551 de
2003, la disposición acusada pese a haber sido negada en la Cámara de
Representantes, éste es introducido por la comisión de conciliación sino porque
se refiere a un asunto que no guarda identidad temática con la reforma
política. Señala que el contenido del Acto legislativo 01 de 2003 versa sobre
las modificaciones al régimen de los partidos, y la disposición acusada tiene
que ver con el ordenamiento territorial, razón por la cual fue suprimida en
segunda vuelta por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sin que
fuese introducida nuevamente en la plenaria de dicha Corporación. Es por esto
que dicha disposición debió entenderse rechazada por la Plenaria de la Cámara
de Representantes y, por ende, no podía ser introducida como artículo nuevo por
la Comisión Accidental de Conciliación, desconociendo el principio de identidad
que rige el trámite de las leyes y de los actos legislativos.
VI. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Por Auto del 29 de octubre de 2003, el
Magistrado Sustanciador admitió la demanda y ordenó trasladar a este proceso
los antecedentes del acto legislativo No. 01 de 2003 que reposan en el
expediente D-4834 en el cual se demandó el mismo artículo 17 del acto
legislativo mencionado.
En cumplimiento a lo ordenado, se
remitieron en su integridad los documentos solicitados.
VII. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución
Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda por estar
los preceptos demandados contenidos en una ley de la República.
2. Cosa juzgada constitucional
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 243 de la Constitución Nacional y 21 del Decreto 2067  de 1991, las
sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional, esto es, que la decisión plasmada en una providencia de
constitucionalidad tiene carácter de inmutable, vinculante y definitivo.
En el asunto de la referencia el demandante
solicita la inconstitucionalidad del artículo 17 del acto legislativo 01 de
2003 texto normativo que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-313
de 2004[4]
al haberse constatado por la Sala Plena de esta Corporación que "el
artículo demandado fue aprobado sin haberse surtido la totalidad de los debates
que exige la Carta Política para que pueda ser reformada por el Congreso".
En estas condiciones el texto objeto de la
presente demanda en razón de la citada sentencia no es en la actualidad una
norma jurídica, situación ésta que obliga a la Corte, en observancia del
mandato constitucional del artículo 243, a estarse a lo resuelto en dicha
oportunidad,  por la existencia de cosa juzgada constitucional.
VIII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-313 de 2004, en la cual
se declaró inexequible el artículo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003, por
medio del cual se adicionaba el artículo 306 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien
corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
Diario Oficial No. 45.237 del 3 de julio de 2003.
[2]
Folio 25 del expediente.
[3]
Folio 26 del expediente.
[4]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.