C-394-17
Sentencia C-394/17
DIVORCIO-Legitimación
para presentar la demanda/LEGITIMACION DE CONYUGE OFENDIDO PARA EJERCER
ACCION JUDICIAL DE DIVORCIO-No desconoce el derecho al libre desarrollo de la
personalidad por tratarse de una restricción admisible constitucionalmente, en
tanto es proporcionada y razonable
La
demandante considera que la expresión acusada del artículo 156 del Código
Civil, al establecer que el divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge
inocente, quebranta los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad consagrados en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política,
y por consiguiente, solicita que sea declarada inexequible. (…) En esta
oportunidad, corresponde a la Corte determinar si el legislador al establecer
que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de
divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad del denominado “cónyuge culpable” (art. 16 de la CP), al punto de
limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo
matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida
emocional y familiar. Para abordar el estudio del problema jurídico
planteado, la Corte comienza por recordar la naturaleza constitucional y los
lineamientos legales que rigen la institución del matrimonio como una de las
formas de constituir familia, con el fin de centrar el análisis en el divorcio
como posibilidad jurídica para disolver el vínculo del matrimonio civil, cuya
regulación compete al legislador. Seguidamente, se refiere al alcance del
derecho al libre desarrollo de la personalidad y su entendimiento en el marco
de las relaciones familiares; y, por último, realiza el estudio concreto del
cargo que fue admitido como apto, para lo cual examina la medida legislativa
censurada desde los criterios de la proporcionalidad. (…) Luego
de adelantar el estudio respectivo desde la aplicación del juicio de proporcionalidad,
la Corte concluyó que el segmento demandado no resulta violatorio del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, debido a que, una vez los contrayentes
aceptan el contrato de matrimonio, al que concurren de forma voluntaria,
aceptan también las cláusulas de las que se derivan restricciones para su
autonomía, y ello incluye las relativas a los mecanismos que existen para
disolverlo. En tal sentido, la Sala consideró que si los cónyuges no desean
continuar con el vínculo matrimonial, cuentan con posibilidades jurídicas para
disolverlo como el mutuo acuerdo, o la posibilidad que ambos cónyuges tienen de
acudir a la separación de cuerpos para luego de transcurridos dos años,
proceder a solicitar el divorcio, restricción que no es desproporcionada si se
tiene en cuenta que la finalidad es proteger a la familia y tratar de
recomponer el vínculo matrimonial.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Definición/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance
SENTENCIAS
DE CONSTITUCIONALIDAD-Características especiales
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
ABSOLUTA-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA IMPLICITA-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
RELATIVA EXPLICITA-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA IMPLICITA-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
ABSOLUTA APARENTE-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
MATERIAL-Configuración
CONTROL ABSTRACTO DE
CONSTITUCIONALIDAD DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCION
DE 1886-Jurisprudencia
constitucional sobre cambio de parámetro de control con la expedición
de la Constitución Política de 1991
Es
necesario precisar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el
cambio de parámetro de control que se causó con la expedición de la
Constitución Política de 1991, conlleva diversos efectos en cuanto a la
institución de la cosa juzgada constitucional, a saber: (i) cuando la Corte
Suprema de Justicia adelantó el estudio material y declaró exequible una norma
con base en los lineamientos trazados por la derogada Constitución de 1886, no
es posible predicar la existencia de cosa juzgada constitucional frente a los
preceptos de la Carta Política de 1991 y, por consiguiente, se habilita la
competencia de la Corte Constitucional para emitir un nuevo pronunciamiento de
mérito; (ii) cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional
transitorio, declaró exequibles normas preconstitucionales con base en los
preceptos de la Constitución Política de 1991, se entiende que existe cosa
juzgada sobre los puntos objeto de análisis, por lo cual se ha concluido con
fallos de “estarse a lo resuelto”; y (iii) cuando la Corte Suprema de Justicia
declaró inexequibles normas preconstitucionales con base en los lineamientos
fijados por la Constitución de 1886, se ha entendido que dicha inexequibilidad
trasciende al mundo jurídico, retirando la norma del ordenamiento legal.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1886 SOBRE LEGITIMACION
PARA PRESENTAR DEMANDA DE DIVORCIO-Inexistencia de cosa juzgada constitucional
INTEGRACION DE UNIDAD
NORMATIVA-Carácter excepcional
La integración
de la unidad normativa por parte de la Corte es un mecanismo excepcional, que
opera “… cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando
ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un
contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En
este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición
normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de
forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema
planteado.
INTEGRACION
DE UNIDAD NORMATIVA-Planos en que resulta aplicable/INTEGRACION NORMATIVA-Supuestos
La Corte ha diferenciado los dos planos en que resulta aplicable la
integración normativa: (i) la consolidación de la proposición jurídica completa
y (ii) la técnica de la unidad normativa. El primero
dirigido a completar el sentido de la disposición acusada con otros enunciados
normativos inescindiblemente relacionados con ella, con miras a asegurar que el
control recaiga sobre un precepto con un alcance regulador autónomo e
inteligible. Y el segundo previsto para extender el efecto de la decisión a
otras disposiciones de igual o similar contenido normativo, en los que la
integración busca preservar el principio de supremacía constitucional,
garantizar la seguridad jurídica y, en ciertos casos, evitar que el fallo prive
de sentido al texto legal acusado. Particularmente, en tratándose del segundo
plano en comento, la Corte ha señalado que la aplicación
del fenómeno de la unidad normativa en el marco de la acción pública de
inconstitucionalidad se puede dar en tres hipótesis y de manera excepcional: (i)
en aquellas circunstancias en las cuales el precepto acusado se encuentra
reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de demanda;
(ii) cuando la disposición cuestionada está inserta en un sistema
normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad; o
(iii) cuando el precepto demandado no tiene un contenido claro o unívoco, de manera
que, para entenderlo y aplicarlo, resulte absolutamente imprescindible integrar
su contenido con el de otra disposición que no fue acusada.
MATRIMONIO-Naturaleza
constitucional y legal
MATRIMONIO-Forma
de constituir familia/MATRIMONIO CIVIL-Concepto/MATRIMONIO-Características
según la doctrina/CONTRATO MATRIMONIAL-Efectos
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio
civil es un contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a
los cónyuges, es decir, es “es un acto constitutivo de familia que genera
deberes en cabeza de los cónyuges”. Ello es así en tanto el artículo 113 del
Código Civil dota de naturaleza contractual al matrimonio, asignándole un
alcance bilateral habida cuenta que los consortes acuden a él de forma libre y
se unen por mutuo consentimiento con la finalidad de vivir juntos, procrear y
auxiliarse. A partir de la definición dada por la ley, la
doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza por ser un contrato: bilateral,
porque una vez celebrado se constituye en fuente de derechos y obligaciones
recíprocas entre los esposos, solemne, pues para su validez requiere el
cumplimiento de ciertas y precisas formalidades especiales, puro y simple, ya
que los derechos y obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a
plazo o condición, de tracto sucesivo, por cuanto sus obligaciones se deben
cumplir mientras perdure el matrimonio, y finalmente, en la actualidad, el
entendimiento igualitario constitucional permite advertir que el matrimonio
tiene una condición de diversidad en sus contrayentes. De acuerdo
pues con su régimen jurídico especial, el contrato matrimonial produce dos
tipos de efectos: (i) los efectos de orden personal, que tienen que ver con los
derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y en relación con los
hijos; y, (ii) los efectos de orden patrimonial, consecuencia de la existencia
de la sociedad conyugal o comunidad de bienes que se forma con ocasión del
matrimonio.
DISOLUCION
DE MATRIMONIO-Causales/DIVORCIO-Causales objetivas y subjetivas
LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Contenido y alcance
DERECHO AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Núcleo esencial
DERECHO AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-No es un derecho absoluto
FAMILIA Y MATRIMONIO-Derechos de carácter
fundamental
Expediente:
D-11785
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 156
(parcial) del Código Civil.
Demandante: Juliana María Moreno Leguizamo
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, la ciudadana Juliana María Moreno Leguizamo presentó
demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “por el cónyuge que no
haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenida en el artículo 156
del Código Civil, relativo a la legitimación y oportunidad para presentar la
demanda de divorcio.
De acuerdo con el sorteo realizado en la sesión
ordinaria de la Sala Plena del 27 de octubre de 2016, el expediente de la
referencia correspondió para su inicial sustanciación al Magistrado Alberto
Rojas Ríos, quien mediante auto del 15 de noviembre de 2016 admitió la demanda
de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 156
(parcial) del Código Civil, por los cargos
relacionados con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a  la igualdad (Art. 13 C.P.) y al libre desarrollo de la
personalidad  (Artículo 16 C.P.).
En la misma providencia se
comunicó la iniciación de este proceso de constitucionalidad al
Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministerio del
Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que intervinieran directamente
o por intermedio de apoderado designado para el efecto, dentro de los 10 días
siguientes al recibo de la comunicación respectiva, indicando las razones que a
su juicio justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma
demandada. También se dispuso correr traslado al señor Procurador General de la
Nación, para que emitiera el respectivo concepto.
Del mismo modo, se invitó a las Facultades de
Derecho de las Universidades de Los Andes, de Antioquia, de Cartagena, del
Valle, EAFIT, Santo Tomás (sede Bogotá), Externado de Colombia, Javeriana,
Libre, Nacional de Colombia, del Rosario, de La Sabana y Sergio Arboleda, para que intervinieran dentro de los 10 días siguientes a la fecha
de recibo de la comunicación respectiva, explicando las razones que sustentan
la exequibilidad o inexequiblidad de la disposición acusada.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, el Magistrado Alberto Rojas Ríos presentó
registro de proyecto de fallo el 14 de marzo de 2017 y, posteriormente, el
asunto fue programado para discusión por Sala Plena a partir del 24 de mayo de
2017. No obstante, tales discusiones fueron suspendidas debido a una comisión
de servicios que le fue concedida al Magistrado Alberto Rojas Ríos del 5 al 16
de junio de 2017, por lo cual, el debate se reanudó en la sesión ordinaria de
Sala Plena programada para el 21 de junio de 2017.
Ese día, el proyecto de fallo que presentó el
Magistrado Sustanciador inicial fue sometido a votación, pero no alcanzó la
mayoría requerida para su aprobación. Por consiguiente, dando cumplimiento al
artículo 34 del Reglamento Interno de esta Corporación, mediante auto del 28 de
junio de 2017, el Magistrado Alberto Rojas Ríos procedió a remitir el
expediente a la Magistrada Diana Fajardo Rivera para la elaboración de la
sentencia definitiva. Toda vez que los cambios son sustanciales respecto
de la ponencia original, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma, se subraya y resalta
en negrilla la expresión demandada:
“LEY 84 DE 1873
(26 de mayo),
Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de
1873
“Código Civil”
(…)
LIBRO PRIMERO.
DE LAS PERSONAS
(…)
TITULO VII.
DEL DIVORCIO Y LA SEPARACION DE CUERPOS,
SUS CAUSAS Y EFECTOS
“ARTICULO 156. LEGITIMACION Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR
LA DEMANDA. El divorcio sólo podrá ser demandado por
el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro
del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto
de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales
2a., 3a., 4a. y 5a.”
III. LA DEMANDA
1. La demandante presenta dos cargos contra la expresión
acusada del artículo 156 del Código Civil. El primero de ellos consistente en
la violación del derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P.), mientras el
segundo cargo lo propone por vulneración del derecho al libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 Superior).
2. Puntualmente, respecto del primer cargo, sostiene que el
precepto acusado quebranta el derecho a la igualdad al facultar únicamente al
cónyuge “inocente” para demandar el divorcio en relación con las
causales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 previstas en el artículo 154 del Código Civil, en
menoscabo del denominado cónyuge “culpable”, quien está desprovisto de
esta posibilidad.
La actora plantea que la Constitución Política de 1991
otorga una protección especial a la familia como pilar fundamental de la
sociedad, por lo cual la legislación prevé las formas de matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, en virtud del
deber de promoción de la estabilidad familiar, “el Estado no puede obligar a
los cónyuges a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad”,
por lo cual, estima que debe existir una igualdad entre la pareja para demandar
el divorcio.
Bajo esa lógica argumenta que, con el fin de determinar si la norma demandada contraría el derecho a la
igualdad, es necesario verificar si ¿existe una razón que justifique que el
ordenamiento jurídico dé un trato desigual a los cónyuges para demandar el
divorcio, en relación con las causales subjetivas previstas en el Código Civil?
Para resolver ese interrogante, la demandante se vale de
un test de igualdad a través del cual concluye que el criterio de diferenciación es sospechoso, ya que está basado en
la culpabilidad que se le atribuye a uno de los cónyuges, cuando quiera que
incurre en alguna de las causales subjetivas dispuestas en el artículo 154 del
Código Civil.
Al respecto, estima que el hecho de que uno de los cónyuges
esté incurso en una de las causales de culpabilidad, no debería dar lugar a un
criterio de diferenciación y trato desigual entre los contrayentes. Agrega que “el
legislador al incorporar al ordenamiento legal la expresión demandada en la
presente acción de inconstitucionalidad, pretendía proteger al cónyuge inocente
y castigar al cónyuge culpable, lo cual implica una limitación a los derechos
del cónyuge culpable”, quien no puede rehacer su vida y elegir su estado
civil.
Por consiguiente, la actora aduce que no se trata de
eliminar la condición de culpable al cónyuge que da lugar a los hechos que
pueden motivar el divorcio, sino que se le permita en uso de su derecho a la
igualdad invocar el divorcio, para que el reconocimiento de dicho derecho no
sea solamente formal sino material.
3. En tratándose del segundo cargo que propone, la
demandante afirma que la expresión acusada desconoce el derecho al libre
desarrollo de la personalidad del “cónyuge culpable”, en tanto lo limita
en aspectos como la determinación de su estado civil y la realización autónoma
de su vida.
Sobre el punto, plantea que el matrimonio se constituye y
perfecciona por el libre y mutuo consentimiento, es decir, ninguna persona ni
el Estado pueden entrometerse en esta decisión, no obligar a la persona a
casarse si ella no lo desea. Entonces, si no es posible la coacción para que
las personas contraigan un vínculo matrimonial, tampoco lo es el obligarlo a
mantener dicho vínculo vigente en contra de su voluntad. En palabras de la
demandante:
“En relación con la expresión de la norma demandada se
presenta una vulneración del art. 16 de la Constitución Nacional, puesto que
impide al cónyuge culpable demandar el divorcio y sólo le otorga esta potestad
al cónyuge inocente. Si el objeto del divorcio es disolver el matrimonio y
permitir a los cónyuges rehacer sus vidas, no se justifica el prohibir al cónyuge
culpable acceder al divorcio, pues ello implicaría impedirle escoger y
determinar su existencia, realizar su vida, escoger su estado civil, lo cual
evidencia que esta disposición es contraria al derecho en mención”.
(…)
El Estado no puede coaccionar la permanencia del vínculo
matrimonial más aún cuando los cónyuges no lo quieren mantener, tampoco puede
obligarlos a continuar con una convivencia que es contraria a los intereses de
cada uno”.
La actora explica que, aplicando un test de proporcionalidad, la
finalidad del divorcio es disolver el vínculo matrimonial y con ello permitir
que los cónyuges restablezcan sus vidas en aras de que cada uno pueda
desarrollarse libremente como persona y escoger su estado civil. A partir de
ello, esgrime que es inadecuada la restricción que impone la expresión
acusada, porque sacrifica el libre desarrollo de la personalidad sin una
justificación e incluso es contradictoria con la finalidad que persigue la
figura del divorcio, pues obliga al “cónyuge culpable” a mantenerse en
un vínculo que no quiere por el solo hecho de haber incurrido en alguna de las
causales subjetivas de divorcio. Aduce que la medida es innecesaria porque “si
lo que se busca es sancionar al cónyuge culpable, para ello existen otros
medios como lo son la obligación de dar alimentos al otro cónyuge e incluso una
indemnización por los perjuicios”.
Finalmente, considera que la intervención que se hace del derecho al
libre desarrollo de la personalidad no es proporcionada en sentido estricto
porque limita en gran medida el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
en tanto obliga al cónyuge culpable a continuar con el vínculo matrimonial contrariando
su voluntad y, consecuentemente, cercenándole el derecho a autodeterminarse.
4. En este orden de ideas, con base en los dos cargos
mencionados, la demandante solicita declarar la inexequibilidad de la expresión
“por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”,
contenida en el artículo 156 del Código Civil. Luego de realizar tal petición,
plantea la inexistencia de cosa jugada constitucional respecto de la sentencia 56 de 1985, M.P. Alfonso
Patiño Roselli, proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, en
tanto el análisis que allí se efectuó tuvo como parámetro de control la
Constitución de 1886.
IV. INTERVENCIONES
De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría General de la
Corte Constitucional[1],
dentro del término de fijación en lista, el cual venció el 9 de diciembre de
2016, se recibieron escritos de intervención de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del
Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales se resumen a continuación.
1. Universidad del Rosario
Mediante escrito radicado en la Secretaría General el 9 de diciembre de
2016[2], Luisa
Fernanda González Nieto y Lilian Marcela Caro Díaz, miembros del Área de
Derecho de Familia de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario, intervinieron con el fin de solicitar a la Corte declarar la
constitucionalidad condicionada de la expresión demandada.
Fundan su petición en la existencia de dos posibles interpretaciones de
la norma acusada. En primer lugar, la que se deriva de entender que el
matrimonio es un contrato bilateral que genera obligaciones reciprocas entre
los esposos, y que su resolución mediante la figura del divorcio solo la puede
invocar el cónyuge inocente que no ha dado lugar al incumplimiento del contrato
matrimonial. Y, una segunda interpretación que parte por comprender como
elemento esencial del contrato de matrimonio, la existencia de un libre consentimiento
en su celebración que debe mantenerse en toda la ejecución de dicho contrato.
De tal forma que cuando dicho consentimiento desaparece en uno de los cónyuges,
no se le puede obligar a estar vinculado indefinidamente en una relación
jurídica familiar.
En criterio de las intervinientes, la norma demandada viola el principio
de igualdad, para lo cual señalan que dentro de los sistemas pertenecientes a
la familia romano-germánica, varios países han permitido la posibilidad de que
cualquiera de los cónyuges, sea el culpable o el inocente, soliciten la
disolución del vínculo matrimonial. Ello por cuanto el denominado cónyuge
culpable en todo caso se le obliga a reconocer alimentos al cónyuge inocente
como sanción por su conducta culposa, pero se les permite estar legitimado para
demandar la ruptura del vínculo matrimonial. Por consiguiente, “el cónyuge
culpable, estando legitimado para solicitar el divorcio, sin tener causal
alguna, se entenderá confesada su culpa”.
A partir de lo anterior, “invitan a la Corte Constitucional a declarar
una exequibilidad de la norma demandada, en el entendido en que el cónyuge
culpable también esté legitimado para solicitar la disolución del vínculo
matrimonial, siempre y cuando este quede obligado al pago de alimentos al
cónyuge inocente, en virtud del incumplimiento de las obligaciones emanadas del
contrato de matrimonio, tal cual como se predica ante el incumplimiento de
cualquier clase de contrato en general.”[3]
2. Universidad Externado de Colombia
Néstor Raúl Charrupi Hernández, Profesor del Departamento de Derecho
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, mediante escrito
radicado en la Secretaría General el 9 de diciembre de 2016[4], intervino en el proceso
para solicitar que se declare la exequiblidad de la norma demandada. Para tal
efecto, refiere la distinción entre causales objetivas y subjetivas de
disolución del matrimonio, precisando que las segundas son las que pueden dar
lugar a que en el extremo de la relación se encuentre un cónyuge culpable,
quien en aplicación del principio “nemo auditur propiam turpidudinem”,
le está vedado alegar a su favor la propia culpa.
De allí que no sea posible que una persona derive un beneficio por alegar
su propia culpa en el marco de una relación contractual que impacta la
institución de la familia, por cuanto su actuar contraria el principio constitucional
de buena fe. Lo que puede hacer el cónyuge culpable es alegar cualquiera de las
causales objetivas para poder obtener el divorcio. En palabras del
interviniente:
“En ese sentido, para resolver el cargo de inconstitucionalidad
incoado, se considera que la norma demandada, no resulta violatoria de los
derechos de igualdad y libre desarrollo de la personalidad, respecto de los
argumentos que fueron presentados por la accionante, por cuanto en primera
medida existe una clara razón para la limitación dispuesta por el legislador,
que constituye la imposibilidad de una persona de alegar la propia culpa en su
favor, como sería el caso del “cónyuge culpable” respecto de las causales
previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Código Civil, y en segunda
medida, porque el artículo 156 del mismo ordenamiento citado, establece a su
turno unas causales restantes a las que aquel puede acceder con el fin de
lograr los fines propios del divorcio, principalmente se hace referencia a la
separación de cuerpos como medida inicial, para restar a la obligación de
convivencia, la cual una vez confirmada después de 2 años, puede dar lugar a la
declaratoria de divorcio y con ello la libertad de modificar su estado
civil...”[5]
3. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
En escrito radicado en la Secretaría General el 23 de septiembre de 2016[6], Edgardo
Villamil Portilla, Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la norma
acusada, pero no por los motivos señalados por la demandante, sino por violar
los artículos 1, 42, 43, 44 y 45 de la Carta Política.
En primer lugar, frente a los cargos que propone la demanda, el
interviniente plantea que debe mantenerse el principio “nemo auditur propiam
turpidudinem suam allegans”, de que nadie puede alegar su propia culpa en
juicio, como restricción que prohíbe al individuo valerse de sus propias faltas
para derivar beneficios, ya que “en el mundo del contrato sería impensable
que quien ha transgredido y deshonrado sus deberes pueda demandar la
terminación del contrato fundado en su mal proceder”.
No obstante, en segundo lugar, considera que el debate que sugiere la
demanda “está fuera de contexto, pues lo que choca con los derechos
fundamentales y la Constitución Política es el divorcio contencioso, pues en
verdad el divorcio debería proceder por la simple voluntad de cualquiera de los
cónyuges, es decir, un divorcio sin causales”. En ese sentido, estima que
el juez constitucional debe abolir las causales de divorcio y entronizar el
divorcio por la sola voluntad de quien quiere divorciarse, ello con el fin de
que la familia no sea sometida a la guerra judicial que implica la ruptura
matrimonial, en donde los hijos sufren la tragedia del proceso de divorcio. De
tal forma que, en criterio del interviniente, la única condición del divorcio
por la simple petición de cualquiera de los cónyuges, es el aseguramiento de un
nuevo pacto económico que regule las indemnizaciones, los alimentos y la
protección de los sujetos vulnerables como resultado de la crisis matrimonial.
En sustento de esa postura, explica que se debe efectuar una integración
normativa con el artículo 154 del Código Civil para que este sea declarado
contrario a la Constitución, al igual que la expresión “que no haya dado
lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde
cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª. 3ª. 4ª. y 5ª.”, del
artículo 156 del Código Civil. Luego de tal petición, concluye que la institución
del divorcio sin causales y por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges,
no genera vacío normativo frente a los alimentos, ya que el juez de familia en
desarrollo del hecho de los cónyuges de haber formado una familia, está en la
capacidad de ordenar la cuota alimentaria, de acuerdo con las normas que
regulan la materia y las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-246 de 2002.
4. Ministerio de Justicia y del Derecho
Mediante oficio radicado en la Secretaría General el 9 de diciembre de
2016[7], Diana
Alexandra Remolina Botía, Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho
del Ministerio de Justicia, solicita a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad del precepto demandado del artículo 156 del Código Civil.
Considera que el matrimonio es un contrato especial que genera deberes y
derechos para los cónyuges, existiendo la posibilidad de disolver el vínculo
mediante el divorcio por causales subjetivas y objetivas. Explica que la norma
acusada no vulnera el libre desarrollo de la personalidad porque el legislador
la expidió con fundamento en la competencia de configuración para regular lo
relativo a la disolución del matrimonio y las causales de divorcio, sumado a
que su contenido es razonable y proporcional por implicar la protección a la
institución de la familia y el conjunto de obligaciones y derechos que surgen
para los cónyuges del compromiso adquirido en forma libre y voluntaria al
contraer matrimonio.
Así, sostiene que la norma acusada no obliga al cónyuge culpable a
mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad, ya que este puede
invocar en todo momento la disolución por otra de las causales de divorcio
contempladas en la ley. Sobre ese punto precisa que “con todo, en el caso de
esta demanda se considera que no se vulnera el derecho al libre desarrollo de
la personalidad del cónyuge culpable que tiene relaciones extramatrimoniales y,
en consecuencia, se quiere divorciar, pues en dicho evento la ley no lo priva
de la posibilidad de alegar otra causal de divorcio, pero tampoco se puede
privar al cónyuge inocente de las consecuencias que el ordenamiento prevé en su
favor, teniendo en cuenta que las relaciones extramatrimoniales generarían, por
ejemplo, que además, de la disolución del vínculo el juez imponga al cónyuge
culpable la obligación de pagar alimentos al inocente o que se revoquen las
donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable.”[8]
De manera que, según la interviniente, el legislador en este caso acude
al imperativo de protección de la estabilidad y la armonía de la institución
familiar, como condición para el desarrollo integral de cada uno de los
cónyuges, estableciendo consecuencias razonables y proporcionales frente a
conductas que deshonren los deberes adquiridos por los cónyuges.
5. Pontificia Universidad Javeriana
Yadira Elena Alarcón Palacio, en calidad de profesora del Departamento de
Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana, presentó escrito ante la Secretaria General el 13 de
diciembre de 2016[9],
mediante el cual solicita se declare la constitucionalidad condicionada de los
preceptos demandados, bajo el entendido de que el divorcio pueda ser impetrado
por cualquiera de los cónyuges con independencia de si han dado o no lugar a
los hechos que lo motivan, ya sea que se trate de parejas heterosexuales o del
mismo sexo.
La interviniente realizó un recuento del desarrollo de la jurisprudencia
constitucional en cuanto al sistema causalista en materia de divorcio;
posteriormente, manifestó la importancia que cobra el derecho a la igualdad en
las relaciones de pareja y su vínculo con la posibilidad de (i) poner
fin al matrimonio como solución a las graves crisis de pareja y, (ii)
contar con la oportunidad –legitimación- de interponer la acción tendiente a
conseguir el divorcio:
“El cónyuge inocente no puede estar en ventaja frente al cónyuge
culpable en la oportunidad de promover ante las autoridades competentes la
acción que lleve como fin la declaratoria de divorcio. La culpabilidad derivada
de las acciones de incumplimiento de las obligaciones como cónyuge o como padre
o madre, busca proteger los aspectos patrimoniales que el legislador ha tenido
a bien amparar. No busca proscribir al individuo como ser humano ni busca
señalarlo como un ser repudiado por la sociedad. Por el contrario, el divorcio
busca poner fin a un conflicto. Es una solución pacífica de los conflictos
familiares. (…)
Someterlo a la espera de la voluntad de su cónyuge para definir su
estado civil, o al paso de tiempo, con lo que ello conlleva en los límites a su
autonomía para no generar mayores dificultades a su estado de separación, lo
pone en un plano de desigualdad frente a su pareja que podría, en el momento
que lo desee, definir su situación jurídica con su consorte moviendo el aparato
jurisdiccional para la terminación del vínculo a través del divorcio, violando
con ello el artículo 13 de la Constitución Política y manteniéndolo en un
Estado Civil que no desea, violando así mismo, el artículo 16 de la misma
carta”.[10]
Por último, señala están proscritos los mecanismos coactivos para imponer
la permanencia de la pareja y que, en todo caso, la facultad del legislador
para disponer el ejercicio del derecho de acción no es razonable en tratándose
de la restricción para impetrar el divorcio al cónyuge culpable. De allí que, la
norma demandada al atribuir solo la legitimación por activa para solicitar el
divorcio al cónyuge que no haya dado lugar a los hechos “viola la igualdad
de los cónyuges al interior de la pareja, niega el acceso a la justicia y
restringe la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad del
cónyuge que queriendo admitir su culpa no puede impetrar el divorcio.”[11]
6. Universidad de Cartagena
Milton José Pereira Blanco, en calidad de docente y miembro del Grupo de
Acciones Constitucionales de esa Universidad, plantea que en principio la Corte
debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo, porque si bien el actor
hace referencia a las causales objetivas y subjetivas de divorcio y su
consecuencia inmediata, a la vez que hace un especial énfasis en el tratamiento
distinto entre el cónyuge culpable y el inocente, no lo es menos que “al
momento de aplicar el test de igualdad comete un error al tratar por igual a
estos cónyuges, ya que aunque ambos gozan del estatus conyugal, el cónyuge
culpable ha realizado un acto que atenta contra la dignidad de su compañero y
violenta el contrato existente entre ellos, lo que como en cualquier acto
jurídico se sancionaría”.
Seguidamente, el interviniente expone la norma acusada no desconoce el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto en Colombia, tal
como ocurre con cualquier otro contrato, el matrimonio se puede disolver por
mutuo acuerdo, pero si ha ocurrido un incumplimiento de los deberes, es
relevante imponer una sanción y dotar al cónyuge inocente de herramientas para
separarse y censurar la acción del cónyuge culpable. Por consiguiente, quien es
culpable del hecho no puede alegar en su favor la propia culpa para generar la
ruptura matrimonial, máxime cuando el Código Civil establece otras causales de
divorcio a las cuales puede acudir, como el mutuo consentimiento.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN (E)
En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución Política, la Procuradora General de la Nación rindió el concepto
de constitucionalidad número 006242 del 13 de enero de 2017[12], a través del cual
solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del
aparte demandado del artículo 156 del Código Civil.
Para fundamentar lo anterior, plantea que debido a la naturaleza especial
que tiene el contrato de matrimonio, no se puede desconocer el principio
general del derecho de acuerdo con el cual, nadie puede alegar a su favor su
propia culpa, “lo que de entrada sugiere que el incumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro del matrimonio es un criterio relevante y no
discriminatorio para establecer la legitimación en la causa por activa para
demandar judicialmente el divorcio, de acuerdo con lo cual se cataloga a los
cónyuges como culpables e inocentes”. Además, recuerda que existe una
delegación expresa del Constituyente al legislador para que regule todo lo
relativo al estado civil de las personas y a la disolución del vínculo
matrimonial, lo que impide considerar que el único modelo de divorcio admisible
sea solo el que posibilita a ambos cónyuges a desligarse unilateralmente del
vínculo matrimonial.
En ese sentido, señala que si el legislador está constitucionalmente
habilitado para regular lo relativo al divorcio estableciendo un sistema de
causales que deben ser acreditadas por quien ha cumplido sus obligaciones
contractuales de carácter personal, ya que no existe una única alternativa
protegida, es válido entender que el matrimonio no puede finiquitarse por
cualquier motivo sin un acto solemne que lo dote de seguridad jurídica, más aún
cuando uno de sus elementos relevantes es el consentimiento y el cumplimiento
de los deberes correspondientes. Por lo tanto, plantea la Procuraduría, si en
desarrollo del matrimonio uno de los cónyuges no quiere cumplir con las
obligaciones civiles previamente consentidas y adquiridas, entonces puede
incumplirlas pero asumiendo las consecuencias personales y patrimoniales a que
haya lugar, y aceptando el mecanismo previamente conocido de disolución del
vínculo matrimonial. Al respecto, señala que “todo lo anterior es conocido y
cognoscible por los contrayentes al momento de celebrar el matrimonio, al mismo
tiempo que efectivamente no existen mecanismos que por fuerza obliguen a una
persona a convivir con otra, o a ser fiel, etc”.
Con base en ese razonamiento, la Jefe del Ministerio Público estima
admisible que el legislador establezca un esquema de disolución en el que de no
existir mutuo acuerdo, se requiera la acreditación de unas causales relativas
al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato matrimonial y que
implican una diferenciación de trato justificada entre el cónyuge que las
incumplió y el inocente.
De allí que concluya, que la expresión censurada al establecer que el
divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge inocente, no es contrario a
los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, porque
frente a la protección constitucional de las familias constituidas tanto por
vínculos familiares como jurídicos, y en atención a la delegación que la
Constitución hace al legislador para regular lo relativo al matrimonio, es
admisible que el legislador establezca un sistema de divorcio que, en caso de
no ser de mutuo acuerdo, requiera la acreditación de unas causales relativas al
incumplimiento de las obligaciones y fines del contrato matrimonial, lo que
naturalmente impone una diferenciación entre el cónyuge que cumplió y el
incumplido.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución Política.
Presentación del caso y planteamiento del análisis preliminar
2. Como fue reseñado en los antecedentes, la demandante considera que la
expresión acusada del artículo 156 del Código Civil, al establecer que el
divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge inocente, quebranta los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad consagrados en
los artículos 13 y 16 de la Constitución Política, y por consiguiente, solicita
que sea declarada inexequible.
3. Respecto del primero, censura la diferenciación de trato existente
entre el denominado cónyuge inocente y cónyuge culpable, pues a éste último se
le impide rehacer su vida y elegir su estado civil, aun existiendo medidas
menos lesivas de los derechos fundamentales para imponer sanciones, como el
asumir la obligación alimentaria en favor del cónyuge inocente. A partir de
allí indica que la culpa se asume como un criterio de diferenciación sospechoso
que quebranta la garantía de igualdad entre la pareja y que impide que los dos
cónyuges puedan demandar el divorcio.
4. Y frente al segundo derecho fundamental que invoca, la actora
considera que el precepto demandado vulnera el libre desarrollo de la
personalidad del cónyuge culpable, en tanto lo limita en aspectos como la
determinación de su estado civil y la realización autónoma de su vida, al
obligarlo a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad y no tener
la posibilidad de ejercer la acción judicial para lograr el divorcio.
5. Sobre el punto, plantea que el matrimonio se constituye y perfecciona
por el libre y mutuo consentimiento, es decir, ninguna persona ni el Estado
pueden entrometerse en esta decisión, ni obligar a la persona a casarse si ella
no lo desea. Entonces, si no es posible la coacción para que las personas
contraigan un vínculo matrimonial, tampoco lo es el obligarlo a mantener dicho
vínculo vigente en contra de su voluntad. De allí advierte que se impone una
restricción injustificada e innecesaria, porque se obliga al cónyuge culpable a
mantenerse en un vínculo que no quiere por el solo hecho de haber incurrido en
alguna de las causales subjetivas de divorcio, existiendo otros medios para
sancionarlo e incluso compensar los perjuicios causados.
6. Finalmente, la demandante plantea la inexistencia de cosa jugada
constitucional respecto de la sentencia 56 de 1985, M.P. Alfonso Patiño
Roselli, proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, en tanto el
análisis que allí se efectuó tuvo como parámetro de control la Constitución de
1886, lo que en esta oportunidad habilita la competencia de la Corte
Constitucional para adelantar el juicio con base en la Carta Política de
1991.
7. Por su parte, los intervinientes presentan cuatro posturas que se
resumen de la siguiente forma. En primer lugar, uno de ellos considera que la
Corte debe declararse inhibida para resolver el cargo relativo a la
presunta vulneración del derecho a la igualdad, porque aunque los cónyuges
gozan de un mismo estatus conyugal, no son extremos comparables en tanto el
cónyuge culpable ha realizado un acto que atenta contra la dignidad de su
consorte y desconoce los deberes conyugales que adquirió por voluntad propia.
8. Un segundo grupo mayoritario de intervinientes, a quienes se le suma
el Ministerio Público, estiman que la norma debe ser declarada exequible.
Ello por cuanto (i) dada la naturaleza especial del contrato de
matrimonio, que se celebra con pleno consentimiento de los contrayentes, quien
es culpable del hecho no puede alegar en su favor la propia culpa para generar
la ruptura matrimonial; (ii) es admisible que el legislador fije un
régimen de divorcio que requiera la acreditación del incumplimiento de las
obligaciones y fines del matrimonio, toda vez que impacta la institución de la
familia; y, (iii) no obliga al cónyuge culpable a mantener el vínculo
matrimonial en contra de su voluntad, ya que éste puede invocar en todo momento
la disolución por otra de las causales de divorcio contempladas en la ley.
9. Un tercer grupo estima que la expresión acusada debe ser declarada exequible
de forma condicionada, bajo el entendido de que el divorcio puede ser
impetrado por el cónyuge culpable, siempre y cuando éste quede obligado al pago
de alimentos al cónyuge inocente, en virtud del incumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato de matrimonio, tal como se predica ante el
incumplimiento de cualquier clase de contrato en general. De allí que una
posible interpretación que admiten de la norma, es que ante la existencia del
libre consentimiento en la celebración de matrimonio, ese elemento de la
voluntad debe mantenerse en toda la ejecución del contrato. Si el
consentimiento desaparece en uno de los cónyuges, no se le puede obligar a
estar vinculado indefinidamente en una relación jurídica familiar porque ello
lesiona el libre desarrollo de la personalidad.
10. Por último, como cuarta postura, uno de los intervinientes solicita
la inexequibilidad de la expresión acusada. Al respecto, sostiene que si
bien nadie puede alegar su propia culpa en juicio y que los cargos propuestos
en la demanda se encuentran desenfocados, el problema es la existencia del
divorcio contencioso que impide a los cónyuges acudir a la simple voluntad de
uno de ellos para demandarlo judicialmente. Por consiguiente, aduce que la
única condición del divorcio por la simple petición de cualquiera de los
cónyuges, es el aseguramiento de un nuevo pacto económico que regule las
indemnizaciones, los alimentos y la protección de los sujetos vulnerables como
resultado de la crisis matrimonial.
11. De hecho, para sustentar lo anterior, este interviniente solicita a
la Corte hacer una integración normativa con el artículo 154 del Código Civil para
que este sea declarado contrario a la Constitución, al igual que la expresión “que
no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año,
contado desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª. 3ª. 4ª. y 5ª.”,
del artículo 156 del Código Civil, con el fin de instituir el divorcio sin
causales en donde cualquier cónyuge pueda solicitar la ruptura matrimonial por
su mera voluntad.
12. Pues bien, a partir de lo anterior, la Sala se ocupará de analizar,
como temas preliminares, los siguientes puntos: (i) evaluará la aptitud
sustantiva de los cargos que propone la demandante -apartado A-; (ii)
descartará la existencia de cosa juzgada constitucional con relación al aparte
que actualmente se cuestiona –apartado B-; y, (iii) posteriormente, con
el ánimo de resolver la petición que plantea uno de los intervinientes,
determinará si es procedente realizar la integración normativa del precepto
acusado, con el artículo 154 del Código Civil y con la expresión “que no
haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año,
contado desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª. 3ª. 4ª. y 5ª.”
que consagra el artículo 156 de la misma codificación civil -apartado C-. Una
vez superado el examen de esos tópicos, la Corte propondrá el problema jurídico
con enfoque constitucional, y asumirá el estudio de fondo.
A.
Requisitos de la acción pública de inconstitucionalidad para proferir fallo de
mérito. Las condiciones argumentativas de las demandas de inconstitucionalidad
13. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 prevé las condiciones formales
para la admisibilidad del cargo de inconstitucionalidad. Partiendo de su
contenido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, para que exista
demanda en forma y, en esa medida, la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento
de fondo sobre la declaratoria de inexequibilidad de leyes o decretos leyes, el
promotor del respectivo escrito de acusación, además de (i) tener que
señalar las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii) las
disposiciones superiores que estima infringidas, (iii) debe exponer las
razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, lo que
se traduce, a su vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad[13].
14. En tratándose de esta última condición formal de admisibilidad, la
jurisprudencia constitucional ha determinado un grupo de requisitos sustantivos
mínimos, destinados a que la argumentación que formule la demanda ofrezca un
problema jurídico discernible, que permita a su vez un pronunciamiento de
fondo.
15. Estos
requisitos refieren a las condiciones de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el
cargo de constitucionalidad.[14]
15.1. La claridad
de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia
argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido
de la censura y su justificación.  Aunque merced el carácter público de la
acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica
específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el
demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los
cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles.
15.2. La certeza
de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se
dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la
disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante,
implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que
exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad
cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del
texto acusado.
15.3. El
requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene
al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las
normas que se advierten contrarias a la Carta Política.  Este requisito
refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por del demandante
sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se
fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales”[15]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[16].”[17]
15.4. Las
razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en
tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto
es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se
expone y se enfrenta al precepto demandado.”[18].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales
o doctrinarias;  la interpretación subjetiva de las normas acusadas por
parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y
concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia
del cargo de inconstitucionalidad.
15.5. Por
último, la condición de suficiencia ha sido definida por la
jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad
guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos
de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por
otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”[19]
En palabras
expresadas por el Pleno de la Corte en la Sentencia C-050 de 2015[20], la
suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de
una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la
inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta
manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda
pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del
ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional
que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales
del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el
adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
16. El
cumplimiento de los requisitos anunciados, asegura que la Corte cuente con
herramientas jurídico argumentativas que le permitan resolver un debate cierto
dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara toda norma
legal y la habilita para emitir un pronunciamiento de mérito.
17. Ahora
bien, conviene precisar que el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991
establece que se rechazarán las demandas cuando no cumplan con las condiciones
formales para ello. Si bien, como regla general el examen sobre la aptitud
sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa de admisibilidad, la
norma en mención admite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia,
debido a que no siempre resulta evidente en esa fase preliminar el
incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la Sala Plena
abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad.
Estudio
sobre la aptitud de los cargos invocados en la presente demanda de
inconstitucionalidad
18. En el presente caso, la Sala concluye que, en relación con el cargo
por el presunto quebranto del derecho a la igualdad, la demanda es inepta
por cuanto la actora no estableció la manera cómo, en el supuesto normativo
acusado, resulta comparable la situación del cónyuge que ha incumplido las
obligaciones que surgen del contrato de matrimonio, con la del cónyuge que ha
asumido un deber diligente frente al vínculo matrimonial consentido. Sumado a
ello, la demandante fijó el cargo sobre la premisa de la culpa como criterio sospechoso
de discriminación que quebranta la igualdad existente entre ambos cónyuges, sin
tener en cuenta la definición y el alcance que el artículo 13 Superior le ha
dado a los criterios sospechosos, no encontrándose allí la condición de
culpabilidad. Por esas dos razones, en relación con ese cargo de la demanda, la
Corte se declara inhibida para emitir un pronunciamiento de mérito.
19. No obstante, esta Corporación encuentra que el cargo por presunto
desconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 de la C.P.) satisface los requisitos jurisprudenciales para asumir el
estudio de fondo, en tanto los planteamientos que adujo son claros, ciertos,
específicos, pertinentes y suficientes para generar una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a
los hechos que lo motivan”, consagrada en el artículo 156 del Código Civil.
Lo anterior habilita la competencia de la Corte para asumir el estudio de fondo
exclusivamente frente al segundo cargo propuesto por la demandante.
Para explicar lo anterior, la Corte se apoya en los argumentos que a
continuación expondrá.
Ineptitud sustancial del cargo por presunto desconocimiento a la
igualdad (Art. 13 de la Constitución)
20. Según plantea la actora, el precepto “por el cónyuge que no haya
dado lugar a los hechos que lo motivan” contenido en el artículo 156 del
Código Civil, quebranta el derecho a la igualdad al facultar únicamente al
cónyuge inocente para demandar el divorcio en relación con las causales
subjetivas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 previstas en el artículo 154 del Código Civil, en
menoscabo del denominado cónyuge culpable, quien está desprovisto de esta
posibilidad. Estima que ese trato discriminatorio asociado a la culpabilidad
cuando se incurre en tales causales de divorcio, es un criterio sospechoso de
diferenciación que desconoce la igualdad de condiciones que debe existir entre
la pareja matrimonial, y que impide a cualquiera de los dos cónyuges demandarlo
judicialmente, obligándolos injustificadamente a mantener el vínculo en contra
de su voluntad, sin posibilidad de rehacer sus vidas y de elegir su estado
civil.
Aduce que no se trata de eliminar la condición de culpable al cónyuge que
da lugar a los hechos que pueden motivar el divorcio, ni las responsabilidades
patrimoniales que de allí se deriven, sino que se le permita, en uso de su
derecho a la igualdad, invocar el divorcio para que el reconocimiento de tal
derecho no sea solo formal sino material.
21. Para
evaluar la aptitud sustantiva de este cargo, la Corte comienza señalando que de
forma consolidada la jurisprudencia constitucional ha decantado que el
principio de igualdad, en términos generales, ordena dar un trato igual a
quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a
quienes se hallan en distintas condiciones de hecho[21]. Esta formulación general
no refleja, sin embargo, la complejidad que supone su eficacia en un orden
jurídico orientado por los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en
claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar las
condiciones de hecho, considerando que todas las personas y situaciones
presentan semejanzas y diferencias.
22. Por ese
motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado
Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto
de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i)
la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter
general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de
la República y su aplicación uniforme a todas las personas, por lo cual, todos
los individuos, como sujetos de derechos, deben ser tratados con la misma
consideración y reconocimiento, y que ante todo, un tratamiento distinto debe
entonces ser justificado a partir de la razonabilidad y la proporcionalidad; (ii)
la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una
distinción basada en criterios definidos como prohibidos por la Constitución Política,
el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material,
que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del
principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales[22].
23. En
cuanto a la prohibición de discriminación que también se denomina mandato de
abstención o de interdicción de tratos discriminatorios, la Constitución la
impide respecto de categorías o criterios sospechosos tales como razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica[23],
por lo cual la demanda que apele a este patrón de igualdad debe explicar en qué
consiste la discriminación directa o indirecta para lograr su exclusión del
ordenamiento jurídico.
24. De
hecho, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los criterios
sospechosos tienen a desvalorar y colocar en situación de desventaja a ciertas
personas o grupos, a la vez que los ha definido como “categorías que (i) se
fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado
sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de
bienes, derechos o cargas sociales.”[24]
25. Ahora
bien, la Corte Constitucional ha exigido una carga argumentativa superior por
parte de los demandantes cuando se alega la vulneración del derecho a la
igualdad, quienes deben definir y explicar tres etapas, a saber: “(i)
determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium
comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o
diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de
comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir
si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre
iguales o igual entre disímiles; y, (iii) debe averiguar si el tratamiento
distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones
objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben
ser tratadas en forma igual”[25].
26. De allí
que la carga argumentativa deba tener un alto grado de precisión, en aquellos
casos donde se plantee la vulneración del derecho de igualdad.  Dicha
precisión repercute de manera directa en la suficiencia del cargo,
porque de no acreditarse alguna de las tres etapas antedichas, se impone la
ineptitud sustancial de la demanda.  Esta exigencia lo que busca proteger
en últimas es la libertad de configuración legislativa que solo se vería
inicialmente menguada cuando se esté en presencia de criterios sospechosos
de discriminación, caso en el cual la intensidad del juicio de igualdad a
aplicar aumentaría en defensa de las garantías constitucionales, pero sin que
ello releve al actor de explicar en qué consiste la afectación del derecho a la
igualdad.
27. En el
presente caso, la Corte advierte que el cargo por desconocimiento a la igualdad
incumple la carga argumentativa cualificada que exige la jurisprudencia
constitucional, en tanto carece de certeza, especificidad y suficiencia.
28. En
primer lugar, si bien la actora identifica como sujetos de comparación al
cónyuge culpable respecto del cónyuge ofendido, y como situación jurídica la
legitimación en la causa por activa que tiene éste último para ejercer la
acción de divorcio, la cual no detenta el cónyuge culpable porque no está
habilitado legalmente para demandar esa pretensión, lo cierto es que incurre en
una falta de certeza al ubicar los extremos de comparación en un plano de
igualdad que no se deriva del contenido legal verificable de la norma, ni del
entendimiento sistemático de la misma en el contexto complejo del contrato de
matrimonio civil.
29. En tal
sentido, aunque será objeto de profundización teórica más adelante, es
necesario señalar que el matrimonio es un contrato solemne que por naturaleza
impone unos derechos y unos deberes entre los cónyuges desde el momento que
contraen nupcias, siendo particularmente los deberes como la cohabitación, la
fidelidad, la ayuda y el socorro mutuo, así como el respecto y la protección
recíproca, unos de los elementos esenciales del contrato que deben cumplirse.
Frente a ello, la demanda solo se centra en el divorcio como fórmula para
disolver el vínculo matrimonial, pero olvida por completo que el régimen del
matrimonio se integra por especiales exigencias en su celebración y en su
ejecución, cuyo incumplimiento deriva en causales taxativas de divorcio que,
una vez decretado, apareja consecuencias conocidas como efectos jurídicos del
divorcio respecto de los hijos, las donaciones, la disolución del vínculo y de la
sociedad conyugal, y el reconocimiento de alimentos en favor del cónyuge
ofendido, entre otros.
30. Bajo esa
línea argumentativa, la expresión acusada no puede ser considerada a partir de
un contenido aislado como pareciera hacerlo la demandante, sino que, por el
contrario, se debe enmarcar en el contexto normativo del contrato de
matrimonio, siendo las normas para disolverlo una de sus aristas jurídicas.
31. Además,
lo anterior conlleva a la Corte a afirmar que la demanda incumple el requisito
de suficiencia cualificada que se exige para invocar un cargo por
presunto quebranto del derecho a la igualdad, ya que el tertitum
comparationis que plantea la actora no es susceptible de compararse en
tanto el cónyuge culpable no está habilitado legalmente para demandar el
divorcio por ser quien ha generado un incumplimiento de los deberes impuestos en
el contrato matrimonial. Es decir, el cónyuge ofendido opera como cumplido en
la relación contractual solemne, mientras el ser cónyuge culpable exige un
actuar o una omisión que desconoce los deberes e intereses del matrimonio
civil. Así las cosas, se trata de extremos no asimilables que, también, se
encuentran en una perspectiva fáctica y jurídica diferente que impide
otorgarles un tratamiento igual.
32. De
hecho, la actora no explicó la manera cómo, en el supuesto normativo acusado,
resulta comparable la situación del cónyuge que ha incumplido las obligaciones
que surgen del contrato de matrimonio, con la del cónyuge que ha asumido un
deber diligente frente al vínculo matrimonial consentido, y de qué forma ello
constituye una oposición objetiva y verificable entre el artículo 13 Superior y
el precepto censurado. Justamente, el no hacerlo genera que la demanda carezca
de especificidad y, a la vez, no presente todos los elementos de juicio
necesarios para adelantar el estudio de la locución objeto de reproche. Por
consiguiente, no tiene un alcance persuasivo que permita advertir una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la expresión “por el cónyuge que no
haya dado lugar a los hechos que lo motivan” contenida en el artículo 156
del Código Civil, por desconocimiento del derecho a la igualdad.
33. En
segundo lugar, la demanda también es inepta sustantivamente porque cimentó el
cargo sobre la premisa de la culpa como un criterio sospechoso de
discriminación que quebranta la igualdad existente entre ambos cónyuges para
ejercer la acción judicial de divorcio, sin tener en cuenta que el artículos 13
Superior ha establecido categorías o criterios sospechosos tales como razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica, sin encontrarse allí la condición de culpabilidad.
En este
orden, la demandante tampoco explicó cómo puede constituir una discriminación
directa o indirecta que motive la inconstitucionalidad, y más aún, cómo podría
predicarse una desventaja respecto de un contratante que incumple sus deberes
matrimoniales, cuando lo cierto es que éste puede alegar otras causales para
solicitar la disolución del vínculo contractual en procura de rehacer su vida
emocional.
Es más,
desde el punto de la definición y alcance de los criterios sospechosos, la Sala
evidencia que la condición de culpabilidad de uno de los cónyuges que le impide
ejercer la acción de divorcio, no resulta ser técnicamente ni un rasgo
permanente de la persona, ni un patrón cultural que tienda a menospreciarla,
habida consideración que se ubica en una consecuencia de su incumplimiento
contractual y que, por consiguiente, tiene un sentido desde la institución
contractual compleja que es el matrimonio.
34. Así las
cosas, esta Corporación concluye que el cargo propuesto en la demanda sobre la
presunta afectación del derecho a la igualdad, incumple los requisitos exigidos
por la jurisprudencia constitucional y, por ende, se impone una decisión
inhibitoria al respecto. Ello por cuanto, como se explicó, carece de
certeza, especificidad y suficiencia en la construcción argumentativa desde un
entendimiento integral del contrato de matrimonio y su disolución judicial
mediante la acción de divorcio, y desde el asocio de la culpabilidad del
cónyuge que incumplió sus deberes matrimoniales, a un criterio sospechoso de
discriminación.
Aptitud
sustancial del cargo por presunta vulneración del derecho al libre desarrollo
de la personalidad e integración de la proposición jurídica completa con la
expresión “sólo” del artículo 156 del Código Civil
35. Como
segundo cargo, la demandante aduce que la expresión acusada desconoce
el derecho al libre desarrollo de la personalidad del “cónyuge culpable”,
en tanto lo limita en aspectos como la determinación de su estado civil y la
realización autónoma de su vida, al obligarlo a mantener un vínculo matrimonial
en contra de su voluntad, ya que no está legitimado en la causa por activa para
ejercer la acción judicial de divorcio y obtener así la disolución del
matrimonio civil.
36. En cuanto a este cargo, la Sala considera que goza de claridad
y de certeza a partir del contenido literal del precepto acusado, del
cual se extrae que el cónyuge ofendido que no ha dado lugar a los hechos que
motivan el divorcio se encuentra legitimado para incoar la acción judicial. No
obstante, en tanto el sentido de la demanda plantea además que el cónyuge
culpable carece de esa facultad y que ello lesiona, según la demandante, el
libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la CP) habida cuenta que nadie
puede ser coaccionado a permanecer en un vínculo matrimonial que no quiere
mantener, al igual que tampoco se le puede obligar a continuar con una
convivencia que es contraria a los intereses de cada consorte, la Corte
considera necesario realizar la integración de la proposición jurídica completa
con la expresión “sólo” que contiene el artículo 156 del Código Civil,
para imprimirle un entendimiento completo que permita afirmar que la
legitimación en la causa por activa para demandar el divorcio exclusivamente
reside en cabeza del denominado cónyuge inocente y, en consecuencia, excluye
al cónyuge que haya dado lugar a la causa del divorcio. Ello por cuanto se
trata de una expresión normativa inescindiblemente relacionada con la locución
demandada, y que permite asegurar que el control de constitucionalidad recaiga
sobre el alcance inteligible de la primera parte del artículo 156 del Código
Civil que se demanda.
37. Establecido lo anterior, el cargo también cumple los requisitos de especificidad,
pertinencia y suficiencia argumentativa, toda vez que la demandante
explica, a partir de la aplicación de un test de proporcionalidad, que (i)
la finalidad del divorcio es disolver el vínculo matrimonial y con ello
permitir que los cónyuges restablezcan sus vidas en aras de que cada uno pueda
desarrollarse libremente como persona y escoger su estado civil; (ii) la
medida censurada es injustificada e inadecuada porque impone una restricción al
libre desarrollo de la personalidad en tanto obliga al denominado cónyuge
culpable a permanecer en el vínculo matrimonial solo por haber incumplido sus
deberes conyugales. En tal sentido, planteó que ello desconoce la libertad que
tienen de escoger su estado civil y de rehacer su vida emocional, traduciéndose
en una sanción que se puede cumplir mediante otros medios menos lesivos como,
por ejemplo, la obligación de brindar alimentos al cónyuge ofendido que por
solidaridad lo requiera; y que, (iii) la medida no es proporcionada en
sentido estricto en tanto sacrifica en mayor medida el derecho que tiene el
cónyuge culpable de auto determinarse en su estado civil y en la permanencia de
vínculo matrimonial.
38. Lo anterior permite a la Sala advertir la existencia de un cargo de
naturaleza constitucional que propone una oposición objetiva entre el libre
desarrollo de la personalidad y la capacidad constitucional que tienen las
personas de auto determinarse, con la limitación implícita que impide al
cónyuge culpable acceder a la acción de divorcio cuando con sus hechos ha
motivado una causal subjetiva de la ruptura conyugal. Así, los planteamientos
están construidos con un enfoque constitucional partiendo de la aplicación del
principio de proporcionalidad, y de aspectos determinantes como el estado civil
y la realización autónoma de un proyecto de vida familiar y conyugal, que en
criterio de la actora, es lesionado por la norma acusada. Justamente, tales
planteamientos generan un alcance persuasivo que pone en entredicho la
presunción de constitucionalidad que opera en favor del precepto censurado y
que, por consiguiente, habilita el estudio de mérito del presente cargo.
39.  En este
orden de ideas, la Corte centrará su análisis únicamente en el cargo que
propone la demanda sobre la afectación del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 de la CP), en tanto cumple con la carga
argumentativa que lo torna apto sustancialmente y  ello habilita la competencia
de la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo, como en
efecto lo hará. En todo caso, como fue explicado, el análisis tendrá en
cuenta la integración de la proposición jurídica completa con la expresión “sólo”
contenida en la parte inicial del artículo 156 del Código Civil, con el fin de
fijar un alcance preciso e inteligible de la norma acusada en cuanto a que
única y exclusivamente el cónyuge ofendido tiene la legitimación en la causa
para demandar judicialmente el divorcio, no así el denominado cónyuge culpable
quien se encuentra excluido de la habilitación normativa que se demanda por
inconstitucional.
B.
Breve recuento sobre la cosa juzgada constitucional. Análisis en el presente
caso con relación a las sentencias No. 56 del 6 de noviembre de 1985 de la
Corte Suprema de Justicia y, C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte
Constitucional
Recuento
teórico a partir de la jurisprudencia constitucional
40. Según
establecen los artículos 243 de la Constitución Política, 46 y 48 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, los
fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio de control
jurisdiccional, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional[26]. Ello implica que las
decisiones judiciales tomadas por la Corporación en cumplimiento de su misión
de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor
jurídico y fuerza vinculante[27]
que las convierte en definitivas, incontrovertibles e inmutables[28], además de ser
consideradas de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
41. El
fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional, además de
proteger la supremacía de la Constitución, está llamado a promover la efectiva
aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima de los administrados, ya que por medio de esta figura, se garantiza
que el órgano encargado del control constitucional sea consistente con las
decisiones que previamente ha adoptado. Así, se ha sostenido por esta Corte que
“la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios
judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y como función
positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento
jurídico”[29].
42. Por
consiguiente, el atributo de la cosa juzgada subyace al hecho de haberse
efectuado un juicio de constitucionalidad frente a la norma que se acusa, de
tal forma que su estudio haya sido de fondo mediante decisión motivada, es
decir, se trate de un asunto juzgado y decidido. De allí que esta institución
no se configure en dos oportunidades: (i) en el caso en el que, por
error, en la parte resolutiva de una sentencia se declaren exequibles normas
que no han sido objeto del juicio de constitucionalidad[30]; y, (ii) cuando la
decisión es inhibitoria, en tanto la Corte advierte que el cargo aducido en la demanda
de inconstitucionalidad es sustancialmente inepto[31].
43.  El
alcance de la cosa juzgada constitucional ha sido desarrollado de manera amplia
por la jurisprudencia, mediante la definición de categorías independientes con
diferencias marcadas. De esta forma, se han establecido distinciones
conceptuales y prácticas entre lo que se entiende por (i) cosa juzgada absoluta
y cosa juzgada relativa; y, (ii) entre cosa juzgada formal
y cosa juzgada material.
43.1. Existe
cosa juzgada absoluta cuando “en aplicación del principio de unidad
constitucional y de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, se
presume que el Tribunal Constitucional confrontó la norma acusada con toda la
Constitución, por lo que, con independencia de los cargos estudiados
explícitamente, en aquellos casos en los que la Corte no limita expresamente la
cosa juzgada, se entiende que hizo una comparación de la norma acusada con toda
la Carta”[32];
en otras palabras, cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una
disposición proferido en control abstracto, no se encuentra limitado en la
propia sentencia, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su
totalidad y frente a todo el texto constitucional.
43.2. Por
otro lado, existe cosa juzgada relativa “cuando el juez
constitucional limita de forma expresa los efectos de la decisión, dejando
abierta la posibilidad para que en el futuro se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado”[33].
En relación con esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede
presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los
efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva con
expresiones como, por ejemplo, declarar exequible “por los cargos
analizados”; e implícita, cuando tal hecho ocurre en forma clara e
inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se
haga mención alguna en la parte resolutiva[34].
De allí que, en éste último caso la cosa juzgada relativa implícita se pueda
deducir del análisis integral del fallo, para concluir que el control no fue
integral, sino que se contrajo a ciertos vicios de constitucionalidad.
43.3. Así
mismo, la Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa
juzgada formal, en aquellos casos en los cuales existe un pronunciamiento
previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un
nuevo y posterior escrutinio constitucional[35].
Es decir, se demanda la misma disposición.
43.4. Por su
parte, la cosa juzgada material se presenta cuando la demanda recae
sobre una disposición que no ha sido formalmente objeto de control
constitucional, pero que reproduce de manera idéntica o exacta, el contenido de
una norma sobre la cual sí existe decisión de constitucionalidad, es decir “cuando
a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o
contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que
ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual
se aplique comporte un cambio sustancial en su alcance y significado”[36]. Significa lo
anterior que la norma analizada se encuentra reproducida en otra disposición,
incluso que se puede ubicar en el mismo cuerpo normativo.
44. Ahora bien, es necesario precisar que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que el cambio de parámetro de control que se
causó con la expedición de la Constitución Política de 1991, conlleva
diversos efectos en cuanto a la institución de la cosa juzgada constitucional,
a saber: (i) cuando la Corte Suprema de Justicia adelantó el estudio
material y declaró exequible una norma con base en los lineamientos trazados
por la derogada Constitución de 1886, no es posible predicar la existencia
de cosa juzgada constitucional frente a los preceptos de la Carta Política de
1991 y, por consiguiente, se habilita la competencia de la Corte Constitucional
para emitir un nuevo pronunciamiento de mérito; (ii) cuando la Corte
Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional transitorio, declaró
exequibles normas preconstitucionales con base en los preceptos de la
Constitución Política de 1991, se entiende que existe cosa juzgada sobre
los puntos objeto de análisis, por lo cual se ha concluido con fallos de “estarse
a lo resuelto”[37];
y (iii) cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles
normas preconstitucionales con base en los lineamientos fijados por la
Constitución de 1886, se ha entendido que dicha inexequibilidad trasciende
al mundo jurídico, retirando la norma del ordenamiento legal[38].
45. Sobre el particular, en tanto resulta relevante para el
estudio del presente caso, importa profundizar en aquellos precedentes que se
ubican en la primera hipótesis antedicha.
45.1. Desde sus primeras providencias, especialmente en el Auto
012 de 1992[39],
esta Corporación señaló que las decisiones de constitucionalidad proferidas por
la Corte Suprema de Justicia, en tanto tuvieron lugar en vigencia de la
Constitución Política de 1886 y sus reformas, configuran la cosa juzgada mientras estuvieron
vigentes los preceptos constitucionales en relación con los cuales esa Corte
evaluó la norma acusada, pero no subsiste por motivos materiales, si de lo que
se trata es de establecer su conformidad sustantiva con los nuevos preceptos de
la Carta Política de 1991. Por consiguiente, cuando se demanden normas que
venían rigiendo al entrar en vigencia la nueva Constitución y la demanda recae
sobre el contenido material de dichas normas, “esta Corporación debe
adelantar el correspondiente estudio de constitucionalidad, aunque por
sentencia anterior se hubiera declarado la constitucionalidad de los preceptos
acusados, pues en tales casos la cosa juzgada se  daba frente a la Carta
Política derogada, pero no tiene valor respecto de la nueva. Cosa distinta es
que la sentencia hubiera declarado la inexequibilidad, ya que en tal evento,
las disposiciones objeto de ella habrían salido del ordenamiento jurídico, de
modo que no estaban vigentes cuando principió a regir la nueva Constitución”.
45.2. Esa misma postura fue
sostenida en la sentencia C-345 de 1993[40], en la
cual se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra una norma del Código
Contencioso Administrativo establecido por el Decreto Ley 01 de 1984, que había
sido objeto de declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Suprema de
Justicia con base en los postulados de la Constitución de 1886. En aquella
ocasión, la Corte Constitucional adujo que “la cosa juzgada pronunciada bajo
la Carta de 1886 no extiende sus efectos a la Constitución Política que hoy nos
rige”, en tanto entre los dos regímenes constitucionales se presentan
variaciones sustanciales de contenido, lo que hace obligada una nueva revisión
a la luz de las disposiciones constitucionales actualmente vigentes. Con base
en lo anterior, asumió el estudio de fondo del asunto y emitió decisión de
mérito partiendo de la inexistencia de la cosa juzgada constitucional.
45.3. Lo propio aconteció en
la sentencia C-720 de 2007[41], en la cual se estudió una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 192 del Decreto 1355 de 1970 “Por
el cual se dictan normas sobre policía”, que había sido declarado exequible
por la Corte Suprema de Justicia con base en los preceptos establecidos en la
Constitución de 1886. Según esgrimió la Corte Constitucional, la sentencia No.
67 de julio 2 de 1987 no resultaba vinculante dado que el nuevo examen de
constitucionalidad se realizaba con base en un nuevo parámetro de control, cual
es, la Carta Política de 1991. Derivado del anterior argumento, concluyó la
inexistencia de cosa juzgada constitucional y habilitó su competencia para
pronunciarse de fondo en el asunto.
46. Así las cosas, a título de
conclusión, esta Corporación reafirma que, con base en el artículo 243
Superior, las sentencias que dicta como guardiana de la Carta Política de 1991
tienen valor jurídico y fuerza vinculante e inmutable a través del fenómeno de
la cosa juzgada constitucional, con lo cual se garantizan los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima en las relaciones de los
asociados y en el ordenamiento normativo en general. Justamente, la Corte ha
determinado como categorías para calificar la existencia de cosa juzgada
constitucional, la absoluta y la relativa, así como la formal y la material,
además de señalar que respecto de las sentencias que ha proferido la Corte Suprema
de Justicia declarando la exequibilidad de normas preconstitucionales con base
en los preceptos de la Constitución de 1886, no es posible extender los efectos
de la cosa juzgada constitucional, en tanto la Carta Política de 1991 se
convierte en un nuevo parámetro de control que habilita  la competencia de la
Corte Constitucional para adelantar el análisis según el actual régimen
superior.
47. Fijadas las anteriores
bases teóricas, la Sala centrará su análisis en determinar si el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional opera en el presente caso con relación a las
sentencias No. 56 del 6 de noviembre de 1985 de la Corte Suprema de Justicia y,
C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte Constitucional.
Inexistencia de cosa juzgada
constitucional frente a la sentencia No. 56 del 6 de agosto de 1985
48. Ejerciendo la acción
pública de inconstitucionalidad, un ciudadano acusó ante la Corte Suprema de
Justicia un fragmento del artículo 6º de la Ley 1ª de 1976, "por la
cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación
de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican
algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia
de familia", el cual modificó el artículo 156 del Código Civil
Colombiano[42]. Puntualmente, el aparte acusado fue
el que a continuación se procede a resaltar:
"Artículo 6º. El artículo
156 del Código Civil quedará así:
Artículo 156. El
divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los
hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde
cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causas 1ª y 7ª, o desde
cuando se sucedieron, en tratándose de las causas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. En todo
caso, las causas 1ª y 7ª, solo podrán alegarse dentro de los dos años
siguientes a su ocurrencia.
Las causas de divorcio no
podrán probarse con la sola confesión de los cónyuges".
49. En esa oportunidad, el
demandante adujo dos cargos para solicitar la declaratoria de inexequibilidad
del segmento acusado. El primero, relacionado con el quebranto del artículo 16
de la Constitución de 1886, que consagraba los derechos a la ciudadanía; y el
segundo, enfocado a la vulneración del artículo 53 de la misma Constitución, que
establecía la libertad de conciencia indicando que “(...) nadie será molestado por
razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a
observar prácticas contrarias a su conciencia (...)". En su criterio, la expresión
demandada impedía al ciudadano disponer de su destino, habida cuenta que el
hombre y a la mujer casados que no desean seguir cohabitando por diversos
factores, se encontraban impedidos para invocar, de mutuo acuerdo, la causal
ante la autoridad competente a fin de disolver el vínculo que voluntariamente
los había unido.
50. Tras efectuar el examen
correspondiente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la
sentencia No. 56 del 6 de agosto de 1985, M.P. Alfonso Patiño Roselli, declaró
exequible el aparte censurado por encontrarlo ajustado al texto de la
Constitución de 1886. Para fundamentar lo anterior, esa Corte señaló lo
siguiente:
“Segunda. La disposición del artículo 156 del Código Civil, tal
como fue fijado por el artículo 6º de la Ley 1ª de 1976, según la cual "el
divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los
hechos que lo motivan" obedece -como lo señala la visita fiscal- al
propósito del legislador de favorecer el cumplimiento de un contrato de la
excepcional significación del matrimonio civil.
Dicho propósito corresponde a la norma fundamental y genérica en
materia de actos jurídicos el cumplimiento de lo pactado, de la cual se deriva
la necesidad de proteger al cónyuge fiel a sus obligaciones frente al que las
desatiende.
Tal disposición, por tanto, no sólo vulnera el artículo 16 de la
Carta sino que concuerda con ese precepto. Sin infringir ninguno de los demás
elementos del mismo, está claramente dirigida a hacer efectivo uno de los
deberes primordiales del Estado y de los particulares en el campo social: nada
menos que la protección de la familia. De la familia, es decir, de la
institución en que descansa nuestra organización social.
Tercera. Originándose el matrimonio civil en la libre voluntad de
los contrayentes y siendo de público conocimiento las normas que lo rigen, no
es dable que alguna de estas -como la que asigna la iniciativa del divorcio al
cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan- afecte la libertad
religiosa o la libertad de cultos que no sean contrarios a la moral cristiana
ni a las leyes.
Si para alguna persona sujeta a la Ley 1ª de 1976 fuere asunto de
conciencia la norma acusada, bastaría, para preservar su tranquilidad
espiritual, que se abstuviera de contraer un vínculo cuya disolución ha querido
el legislador someter a la condición elemental de que sea pedida por el cónyuge
que no haya dado lugar a tales hechos.
Carece del menor fundamento, en consecuencia, la pretensión de que
el artículo 53 de la Constitución haga indispensable consagrar el divorcio por
mutuo consentimiento, o conferir al cónyuge, responsable de los hechos que lo
motivan el derecho de pedir la disolución del matrimonio por divorcio
judicialmente declarado".
No encuentra la Corte que la norma acusada pugne con algún otro
precepto de la Carta”.
51. Según se observa, el análisis de constitucionalidad que en su
momento adelantó la Corte Suprema de Justicia versó sobre el mismo contenido
normativo que ha dado lugar a la presente demanda. No obstante, en aquella
oportunidad el parámetro de control invocado y con el cual se llevó a cabo el
juicio, fueron los derechos a la ciudadanía y la libertad de conciencia bajo
los lineamientos establecidos en la Constitución de 1886. Significa lo anterior
que, esa decisión que declaró exequible la expresión “el divorcio sólo podrá
ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, condujo a la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional hasta tanto la
Constitución Política de 1886 estuvo vigente, pero no subsiste por motivos
materiales, ni sus efectos se extienden a la Constitución Política de 1991, al
haber cambiado el parámetro de control e incluso basarse la demanda en un cargo
diferente que corresponde al presunto quebranto del derecho al libre desarrollo
de la personalidad. De allí que, como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional, la Sala concluye que en el presente caso no opera el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional y, por ello, esta Corte goza de plena
competencia para pronunciarse de fondo en el asunto de la referencia.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional en relación con las
sentencias C-985 de 2010 y C-358 de 2016
52. Esta Corporación estima que no se configura el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional frente a las sentencias C-985 de 2010[43],
porque en esa oportunidad el aparte que fue demandado, los cargos propuestos,
el problema jurídico trazado y la ratio decidendi, distan del contenido
que propone la actual demanda de inconstitucionalidad.
52.1. En efecto, esa sentencia estudió una demanda de
inconstitucionalidad contra la expresión “y dentro del término de un año,
contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y
7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en
todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años
siguiente a su ocurrencia”, contenida en la parte final del inciso primero
del artículo 156 del Código Civil Colombiano, modificado por el artículo 6° de
la Ley 1ª de 1976. Ello por cuanto, según los demandantes, dicha expresión
desconocía los artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución Política,
al establecer un término de caducidad o prescripción para iniciar la demanda de
divorcio.
52.2. Los demandantes centraron su argumentación en que el cónyuge
ofendido (i) si se enteraba pasados los 2 años de las relaciones
sexuales extramatrimoniales de su consorte, no podía iniciar la acción de
divorcio por haber excedido el término previsto por el legislador, situación
que le obligaba a permanecer al lado del cónyuge culpable aún en contra de su
querer, contrariando el principios constitucionales de la dignidad humana, de
la inalienabilidad de los derechos de las personas, de los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, el libre
desarrollo de la personalidad, la armonía familiar y la honra del cónyuge
inocente; (ii) en cuanto a las causales 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7° de
divorcio, los demandantes consideraron que el cónyuge ofendido por alguna de
esas circunstancias, a pesar de perdonar al consorte, con el paso de más de 2
años la situación podía cambiar y convertirse en intolerable, sin que le fuera
posible emprender el divorcio por tener un término perentorio para ello,
afectando por consiguiente el derecho a restablecer su vida emocional; y, (iii)
estimaban que las expresiones demandadas impedían al cónyuge ofendido
elegir el estado civil, afectando con ello el derecho al libre desarrollo de la
personalidad en tanto el divorcio sólo podía ser ejercido en un máximo de 2
años desde la ocurrencia de la respectiva causal.
52.3. Con base en esos
planteamientos, la Sala Plena planteó como problema jurídico el siguiente: “(…)
determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 156
del Código Civil- impone un término de caducidad para el ejercicio de la
acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos
a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los
cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial” (negrillas fuera del
texto original).
52.4. Para resolver el problema
plantado, la Sala analizó los límites de la libertad de configuración del
Legislador en materia de términos procesales, especialmente de reglas de
caducidad; así como las características, causales y finalidades de la acción de
divorcio; y luego refirió a las tendencias globales en materia de regulación
del divorcio.
52.5. A partir de esos postulados,
la Corte adelantó un juicio de proporcionalidad con miras a establecer si los
términos de caducidad previstos por el Legislador para el ejercicio de la
acción de divorcio con fundamento en causales subjetivas, desconocían los
derechos de los cónyuges inocentes a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la dignidad, e imponían una restricción desproporcionada a su
derecho de acción.
Al respecto, en esa oportunidad la
Sala Plena concluyó que si bien la medida acusada tenía una finalidad
constitucionalmente admisible que era promover la estabilidad del matrimonio
como forma de familia y que las sanciones derivadas del divorcio se impongan en
un término razonable, lo cierto era que la medida (i) resultaba innecesaria,
porque la finalidad perseguida podía lograrse mediante mecanismos menos
restrictivos de los derechos fundamentales del denominado cónyuge inocente, (ii)
a la vez que encontró que era desproporcionada en sentido estricto, toda
vez que el establecimiento de un término de caducidad para el ejercicio de la
acción de divorcio con ocasión de las causales subjetivas definidas en el
artículo 154 del Código Civil, termina por anular el derecho de los cónyuges
inocentes a solicitar el divorcio una vez el término de caducidad había
vencido, e interpretaba su silencio de una forma que no siempre coincidía con
su voluntad, afectando el libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la
intimidad. Incluso, (iii) la Corte también señaló que imponer un término
para ejercer el derecho de acción para obtener el divorcio, limitaba el derecho
a elegir el estado civil y a conformar una familia,
52.6. Ante el anterior hallazgo
constitucional, para garantizar que las sanciones ligadas al divorcio basado en
causales subjetivas no se tornaran imprescriptibles, la Corte adoptó una
decisión de exequibilidad condicionada de la frase “y dentro del
término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de
las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª,
3ª, 4ª y 5ª”, bajo el entendido que los términos de caducidad que la
disposición prevé solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar
las sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales subjetivas.
Además, estimó que la frase “en
todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años
siguiente a su ocurrencia” era inexequible, pues limitaba aún más
los derechos de los cónyuges inocentes, pues no tenía en cuenta cuándo éstos
tuvieron conocimiento de las causales, con desconocimiento de las complejidades
de la vida matrimonial. Sobre el punto, indicó que “el Legislador al
establecer términos de caducidad y fijar el momento a partir de cual deben
contabilizarse, debe tener en cuenta que la consecuencia que genera la
caducidad solamente puede ser endilgable a aquellas personas que de manera
deliberada o negligente dejan de hacer uso de su derecho de acción. En este
caso, la disposición acusada atribuye una consecuencia perjudicial a una
situación que escapa de las manos de quien la sufre”.
53. Pues bien, según se advierte
del anterior recuento, la sentencia C-985 de 2010 a pesar de referirse al libre
desarrollo de la personalidad de los cónyuges para elegir su estado civil y
lograr el restablecimiento de su vida emocional, lo hizo en el contexto del
análisis de los términos de caducidad que el artículo 156 del Código Civil
impone para demandar y ejercer la acción de divorcio.
Por consiguiente, los cargos
planteados en esa oportunidad, el problema jurídico abordado y la razón de la
decisión resultan diferentes a la expuesta en esta oportunidad, sumado a que la
expresión censurada es diferente, a pesar de estar incluida en el mismo
artículo 156 en comento. En efecto, los actuales demandantes centran su
inconformidad en el presunto quebranto del derecho al libre desarrollo de la
personalidad del cónyuge culpable, a quien el precepto demandado le impide la
legitimación en la causa por activa para ejercer la acción de divorcio. Entonces,
por tratarse de apartes normativos y cargos diferentes, la Sala considera que
no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
54. De otro lado, en tratándose de
la sentencia C-358 de 2016[44],
basta señalar que la misma no tiene la vocación de configurar la cosa juzgada
constitucional, por cuanto la decisión que adoptó esta Corporación respecto del
artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de
1992, fue inhibitoria ante la ineptitud sustantiva de la demanda. Ello
por cuanto el demandante afirmaba que las normas que consagran el régimen del
matrimonio en Colombia, debieron ser tramitadas mediante ley estatutaria por
regular, en su criterio, el derecho fundamental al matrimonio.
Sobre el punto, la Corte concluyó
que (i) el legislador  no desconoció la reserva constitucional de
ley estatutaria (Art. 152, CP), al no haber tramitado según las reglas propias
de ese tipo de proceso legislativo las normas que regulan la institución del
matrimonio (Art. 42, CP), en especial si se trata de los asuntos que
expresamente la Constitución confiere a la potestad del legislador civil; y, (ii)
la definición actual del matrimonio (contemplada en el Artículo 113 del Código
Civil) no debía cumplir las exigencias de procedimiento legislativo propio de
las leyes estatutarias, por cuanto se trata de una ley que fue expedida un
siglo antes de entrar en vigencia la Constitución del 1991, es decir, la
validez constitucional en términos procesales de un acto debía ser estudiada de
acuerdo a las reglas procesales que regían al momento de su formación, por lo
tanto, consideró que no resultaba aplicable el trámite establecido para las
leyes estatutarias en el artículo 153 de la Constitución.
Así las cosas, por tratarse de una decisión
inhibitoria que no asume una postura de fondo sobre la constitucionalidad del
artículo 156 del Código Civil, la misma no genera ningún grado de vinculación
para el análisis de mérito que ha de efectuarse en el presente asunto.
55. En orden de ideas, la Corte concluye que no
se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de las
sentencias No. 56 del 6 de noviembre de 1985 proferida por la Corte Suprema de
Justicia y, C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte Constitucional, y por
ende, se encuentra plenamente habilitada para asumir el análisis de fondo del presente
caso a partir del cargo propuesto de presunta afectación al libre desarrollo de
la personalidad del cónyuge denominado culpable.
C. Improcedencia de la
integración normativa del precepto acusado con el artículo 154 del Código Civil
y con el restante contenido del artículo 156 de la misma codificación civil,
salvo la expresión “sólo” de éste último para integrar la proposición
jurídica completa
56. Según fue reseñado en los antecedentes, el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicita a la Corte realizar la
integración normativa de la locución acusada, con el artículo 154 del Código
Civil y con la expresión “que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan
y dentro del término de un año, contado desde cuando se sucedieron, respecto a
las causales 2ª. 3ª. 4ª. y 5ª.” que consagra el artículo 156 de la misma
codificación civil. Ello, en tanto plantea que lo que realmente debe ser
declarado inconstitucional es el divorcio contencioso, pues la ruptura del lazo
matrimonial debe proceder por la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges,
es decir, se debe instituir un divorcio sin causales que apele a la mera
voluntad de quienes quieren divorciarse, pero regulando el impacto económico
que se genera frente a indemnizaciones, alimentos y la protección a los sujetos
vulnerables con ocasión de la crisis matrimonial.
57. De
entrada, esta Corporación advierte la improcedencia de la integración normativa
que se solicita, habida cuenta que no se configura ninguna de las causales que
ha desarrollado la jurisprudencia constitucional para que opere su
reconocimiento y aplicación, y más aún porque la propuesta que plantea el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal parte de un análisis diferente al
contexto limitado que esgrime la demandante en el cargo declarado como apto.
Para fundamentar lo anterior, la Corte explicará, en primer lugar, en qué
consiste la figura de la integración de la unidad normativa, y seguidamente, se
ocupará de realizar un estudio específico frente al caso concreto tendiente a
demostrar la improcedencia de la petición que se analiza.
58. De
acuerdo con el anterior norte trazado, la Sala comienza por reconocer que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la integración de la unidad
normativa por parte de la Corte es un mecanismo excepcional, que opera “…
cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es
absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido
normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este
último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y
se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis
para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado”[45].
59. A partir de esta regla, la Corte ha diferenciado los dos planos en
que resulta aplicable la integración normativa: (i) la consolidación de
la proposición jurídica completa y (ii) la técnica de la unidad
normativa.[46]
El primero dirigido a completar el sentido de la disposición acusada con
otros enunciados normativos inescindiblemente relacionados con ella, con miras
a asegurar que el control recaiga sobre un precepto con un alcance regulador
autónomo e inteligible. Y el segundo previsto para extender el efecto de la
decisión a otras disposiciones de igual o similar contenido normativo, en los
que la integración busca preservar el principio de supremacía constitucional,
garantizar la seguridad jurídica y, en ciertos casos, evitar que el fallo prive
de sentido al texto legal acusado.
60. Particularmente,
en tratándose del segundo plano en comento, la Corte[47]
ha señalado que la aplicación del fenómeno de la unidad normativa en el marco
de la acción pública de inconstitucionalidad se puede dar en tres hipótesis y
de manera excepcional: (i) en aquellas circunstancias en
las cuales el precepto acusado se encuentra reproducido en otras disposiciones
que no fueron objeto de demanda; (ii) cuando la disposición
cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias
dudas de constitucionalidad; o (iii) cuando el precepto demandado no
tiene un contenido claro o unívoco, de manera que, para entenderlo y aplicarlo,
resulte absolutamente imprescindible integrar su contenido con el de otra
disposición que no fue acusada.
61. En el
presente caso, esta Corporación considera que la demanda es suficiente
porque el precepto censurado, si bien corresponde a la frase “por el cónyuge
que no ha dado lugar a los hechos que lo motivan” dentro del contexto del
artículo 156 del Código Civil Colombiano, y fue integrada por esta Corte con la
locución “sólo” para brindar mayor entendimiento en que única y
exclusivamente se encuentra legitimado el cónyuge ofendido para demandar el
divorcio, configura una proposición jurídica completa con un contenido deóntico
claro del cual es posible extraer la interpretación normativa que la actora
presenta en su demanda y que indica lesiona el derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad del cónyuge culpable, en tanto el legislador lo excluyó
de la posibilidad de ejercer la acción judicial de divorcio. De hecho, esas
locuciones admiten de forma autónoma e inteligible, sumado al contexto
sistemático en que se encuentran insertas, el entendimiento que la demandante
le asigna y del cual predica, en su criterio, que si el objeto del divorcio es
disolver el matrimonio y permitir a los cónyuges rehacer sus vidas, no se
justifica limitar al cónyuge culpable el acceder al divorcio, pues ello le
impide escoger y determinar su existencia, realizar su vida y escoger su estado
civil, lo cual vulnera presuntamente el artículo 16 de la Constitución Política
de 1991.
El que el
precepto demandado sea contextualizado con el resto del artículo 156 del Código
Civil, o incluso con otras normas de la misma codificación civil para fijar una
mejor compresión legal, no significa que sea absolutamente indispensable para
pronunciarse de fondo completarlo con otros apartes del mismo artículo 156
diferentes a la expresión “sólo”, o con el artículo 154 del Código Civil,
más aún cuando se presentan elementos que prima facie generan el alcance
persuasivo de la demanda que permiten emitir un fallo de mérito. De allí que la
Sala advierta que, a partir de los planteamientos que consigna la demanda, no
sea necesario completar el sentido de la disposición acusada con otros
enunciados normativos diferentes a la expresión inescindible “sólo”, ya que
genera un alcance autónomo e inteligible con la integración de la proposición
jurídica que efectuó esta Corporación.
62. En igual
sentido, la Sala considera que no se estructuran ninguna de las hipótesis que
tornan procedente la aplicación del fenómeno de la unidad normativa. Lo
anterior por cuanto, la exposición que realiza el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal para fundamentar su petición, esboza un debate diferente del
que se circunscribe en la presente acción pública de inconstitucionalidad, ya
que mientras que ésta centra su discusión en la legitimación en la causa por
activa para ejercer la acción de divorcio, el Instituto considera que la Corte
debe declarar inexequible todo el régimen del divorcio contencioso basado en
las causales objetivas y subjetivas para disolverlo que establece el artículo
154 del Código Civil, situación que excede el fundamento central del cargo
admitido como apto.
63. Aunque
esa circunstancia de disparidad argumentativa por si sola impone la
improcedencia en la aplicación de la unidad normativa, en todo caso la Sala
tampoco observa que el precepto acusado se encuentre reproducido en otras disposiciones
que requieran ser integradas, ni se encuentre inserto en un sistema normativo
que plantee serias dudas de constitucionalidad, y menos aún, advierte que se
trate de una expresión que carezca de contenido claro o unívoco, por lo cual,
concluye que la petición que realiza el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal no está llamada a prosperar por ser improcedente.
64. Pues
bien, una vez superado el examen de los diferentes temas preliminares, la Corte
seguidamente propondrá el problema jurídico con enfoque constitucional que debe
resolver, centrándose exclusivamente en el cargo por presunto
desconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que fue
hallado apto sustancialmente.
Problema
jurídico y metodología de decisión
65. En esta
oportunidad, corresponde a la Corte determinar si el legislador al establecer
que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de
divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos
que lo motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad del denominado “cónyuge culpable” (art. 16 de la CP), al
punto de limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo
matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida
emocional y familiar.
66. Para abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Corte
comenzará por recordar la naturaleza constitucional y los lineamientos legales
que rigen la institución del matrimonio como una de las formas de constituir
familia, con el fin de centrar el análisis en el divorcio como posibilidad
jurídica para disolver el vínculo del matrimonio civil, cuya regulación compete
al legislador. Seguidamente, referirá al alcance del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y su entendimiento en el marco de las relaciones
familiares; y, por último, realizará el estudio concreto del cargo que fue
admitido como apto, para lo cual examinará la medida legislativa censurada
desde los criterios de la proporcionalidad.
La naturaleza constitucional y los lineamientos legales que rigen el
matrimonio como una de las formas de constituir familia. Especial enfoque en el
divorcio como manera de disolver el vínculo del matrimonio civil
67. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 5° y 42, consagra
una protección especial a la familia como cédula básica y núcleo fundamental de
la sociedad[48].
Dentro de las formas de constituir familia, el Estado colombiano reconoce los
vínculos naturales y jurídicos, encontrándose dentro de éstos últimos, el
matrimonio que deriva de la decisión libre y voluntaria de la pareja de
celebrarlo contrayendo nupcias.
68. Justamente, el mismo artículo 42 Superior establece que la
institución del matrimonio, en tanto se compone de varias complejidades, se
rige por lo dispuesto en la ley civil. De allí que al legislador se le conceda
la libertad de configuración respecto a la constitución y el perfeccionamiento
del matrimonio (formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlo), a la
ejecución del mismo (deberes y derechos de los cónyuges), a la disolución como
forma de culminarlo, y a la posibilidad de establecer consecuencias o efectos
derivados del matrimonio y de su disolución. Por consiguiente, como se observa,
los mecanismos de disolución del matrimonio civil no pueden analizarse de forma
aislada, sino que deben entenderse en un contexto sistemático con todas las
aristas jurídicas que regulan la institución matrimonial, más aun cuando ello
tiene clara incidencia en lo relativo a la familia, al estado civil de las
personas y sus proyectos de vida afectiva.
69. A pesar de tratarse de una norma preconstitucional, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio civil es un
contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a los cónyuges[49], es decir, es “es
un acto constitutivo de familia que genera deberes en cabeza de los cónyuges”[50].
Ello es así en tanto el artículo 113 del Código Civil dota de naturaleza
contractual al matrimonio, asignándole un alcance bilateral habida cuenta que los
consortes acuden a él de forma libre y se unen por mutuo consentimiento con la
finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse.
70. A partir
de la definición dada por la ley, la doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza
por ser un contrato: bilateral, porque una vez celebrado se constituye
en fuente de derechos y obligaciones recíprocas entre los esposos, solemne,
pues para su validez requiere el cumplimiento de ciertas y precisas
formalidades especiales, puro y simple, ya que los derechos y
obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a plazo o condición, de
tracto sucesivo, por cuanto sus obligaciones se deben cumplir mientras
perdure el matrimonio, y finalmente, en la actualidad, el entendimiento igualitario
constitucional permite advertir que el matrimonio tiene una condición de
diversidad en sus contrayentes.
71. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial, el contrato
matrimonial produce dos tipos de efectos: (i) los efectos de orden
personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen
entre los cónyuges y en relación con los hijos; y, (ii) los efectos
de orden patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal
o comunidad de bienes que se forma con ocasión del matrimonio.
Por ser relevante en el presente caso, en relación con los primeros
efectos en mención, desde el momento de la celebración del matrimonio y durante
todo el tiempo de ejecución del mismo, con pleno consentimiento y conocimiento
previo, los cónyuges se obligan recíprocamente a guardarse fe y fidelidad, a
cohabitar, a ejercer en condiciones de igualdad la dirección del hogar, a
socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida (Arts.
176 y ss del CC).
72. Si bien la Corte ha reconocido que el matrimonio en el contexto
actual no puede ser visto solo bajo un contenido puramente contractual que se
oriente por criterios de indisolubilidad o de mero cumplimiento de las
obligaciones conyugales, pues dentro de la nueva realidad que propone la Carta
Política de 1991, opera la especial protección a la familia y las opciones de
vida en una sociedad diversas y pluralista, que imponen su comprensión desde
una perspectiva de los derechos fundamentales[51],
no es menos cierto que esta nueva visión constitucional no obsta para que los
cónyuges asuman sus deberes sabiendo que su incumplimiento reporta
consecuencias en el plano jurídico y legal. De allí surge sin duda una relación
directa entre los deberes conyugales, las causales de incumplimiento y las
consecuencias propias que apareja la terminación lazo conyugal.
73. Ahora bien, el artículo 5° de la Ley 25 de 1992 “por la cual se
desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución
Política”, que modificó el artículo 152 del Código Civil, establece que el
vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno
de los cónyuges, o (ii) por divorcio. En cuanto a éste último, esa misma
ley modificó dos temas relevantes: de un lado, lo relativo a la consagración de
las causales de divorcio que fija el artículo 154 del Código Civil, y de otro
lado, lo referente a la legitimación en la causa por activa y la oportunidad
para interponer la respectiva acción judicial que ponga fin al lazo
matrimonial.
74. Sobre el punto legislativo, como lo ha reconocido esta Corporación
desde la sentencia C-660 de 2000[52],
la Constitución asigna a la ley el cometido de regular la disolución del
vínculo conyugal, para lo cual debe tener en cuenta las especiales consideraciones
sobre las características de la institución familiar en el ordenamiento
superior y la especial naturaleza que rige al contrato de matrimonio, por lo
cual, los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y
la inalienabilidad de los derechos de los cónyuges, se constituyen en criterios
orientadores para diseñar el modelo legal en donde aquel no se torne en
inamovible. En todo caso, a los cónyuges “no se les puede obligar a mantener
el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas
razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan,
aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar,
necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de
sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución”.
75. También haciendo referencia a la facultad legislativa para regular
lo referente a la disolución del matrimonio, esta Corporación en la sentencia
C-821 de 2005[53]
se ocupó de una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del
artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154
del Código Civil, que consagra como una de las causales de divorcio las
relaciones sexuales extramatrimoniales[54],
en la cual los actores  consideraban que la citada disposición transgredía los
derechos a la dignidad humana (Art.1), la supremacía de los derechos
inalienables (Art.5), a la igualdad (Art.13), al libre desarrollo de la
personalidad (Art.16), a la libertad de consciencia (Art.18), el derecho a la
honra (Art.21) y a la familia (Art.42). Lo anterior, en tanto dicho precepto
negaba de plano los derechos a la libertad sexual del padre o la madre que
tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, así como los del hijo fruto de
esas relaciones y de la imposibilidad de disfrutar del cariño y la protección
de sus padres.
A partir de lo anterior, la Corte fijó como problema jurídico “determinar
si es inconstitucional la medida legislativa que establece como causal de
divorcio el que uno de los cónyuges haya mantenido “relaciones sexuales
extramatrimoniales”. En particular, debe definir la Corte si, por su
intermedio, se afecta a la familia como institución básica de la sociedad y se
violan los derechos inalienables del cónyuge infiel a la dignidad humana, a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y
a la honra”. Justamente, para resolver ese problema jurídico, insistió en
que (i) por asignación del Constituyente el legislador puede regular las
formas de terminación del contrato de matrimonio, respetando en todo caso la
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de
los derechos de la persona reconocidos a la pareja; (ii) lo anterior excluye toda posibilidad de que el Estado perpetúe el vínculo
matrimonial mediante la coacción o la imposición jurídica de una convivencia
que no es querida por los cónyuges o que es contraria a su interés individual o
conjunto[55];
(iii) de tal forma que, el imperativo constitucional en lo que refiere a
la protección y promoción de la institución familiar, no refiere a la duración
del matrimonio -como una de sus formas de constitución-, sino es lograr la
estabilidad y armonía del grupo familiar. Ello supone entonces, una relación
entre los deberes y los derechos que surgen de la relación matrimonial, en
tanto se pretende brindar armonía entre los cónyuges y un alto nivel de
confianza para proteger la familia como célula básica de la sociedad. El Estado
tiene intereses en promover la convivencia y la estabilidad familiar.
Teniendo en cuenta esos lineamientos, en esa ocasión la
Corte declaró exequible la causal de divorcio “[l]as relaciones
sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, contenida en el
numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1°
del artículo 154 del Código Civil, concluyendo que el legislador cuenta
con un amplio margen para regular las causales de disolución del matrimonio y
que éste respondía a un esquema propio del deber de fidelidad y de estabilidad
asociado a la pareja matrimonial, por lo cual la causal de relaciones sexuales
extramatrimoniales del cónyuge incumplido no afecta sus derechos
constitucionales.
76. Ahora bien, como se indicó, el artículo 6° de la Ley
25 de 1992, modificó las causales de divorcio establecidas por el artículo 154
del Código Civil. El texto de esta disposición es el siguiente:
“ART. 154.—Modificado. L. 1ª/76, art. 4º. Modificado. L. 25/92, art. 6º. Son
causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los
cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo
prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica,
de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro
cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o
pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y
convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado
por más de dos (2) años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente
y reconocido por éste mediante sentencia.”
76.1 Las nueve causales del divorcio han sido clasificadas por la
jurisprudencia[56]
y la doctrina en objetivas y subjetivas.
76.2. Las causales objetivas se relacionan con la ruptura
de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…)
como mejor remedio para las situaciones vividas”[57]. Las
causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los
cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta
alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el
vínculo matrimonial.[58]
A esta categoría pertenecen las causales establecidas en los numerales 6, 8 y 9
del artículo 154 del Código Civil (modificado), las cuales por su naturaleza
han sido denominadas como “divorcio remedio”.[59]
76.3. El segundo grupo de identifica como causales subjetivas,
que se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por
ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge ofendido que con su actuar
no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal, y debe invocarla dentro
de un término de caducidad, con la finalidad de obtener el divorcio a título de
censura. De allí que se le conozca en la doctrina como “divorcio sanción”.[60]
76.4. De hecho, la sentencia C-985 de 2010[61] al referir a
este último grupo e causales, indicó que “la ocurrencia de estas causales
debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de quien se
invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados
no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta”[62].
Además, en esa oportunidad la Corte precisó que, de conformidad con el
deber de promoción de la estabilidad familiar, el Estado no puede obligar a los
cónyuges a mantener el vínculo matrimonial, pues cualquier tipo de coacción a
permanecer juntos resulta contraria a sus intereses e integridad. A partir de
ello entendió que el consentimiento es un elemento indispensable para la
existencia y validez del matrimonio, y que ninguna autoridad pública ni el
legislador pueden coaccionar la permanencia del matrimonio contra la voluntad
de los esposos.
77. En síntesis de lo expuesto, los artículos 5° y 42 Superiores
consagran una protección especial a la familia como cédula básica y núcleo
fundamental de la sociedad, por lo cual, el matrimonio como vínculo jurídico
para conformarla goza de garantías en procura de promover la estabilidad
familiar. De allí que el Constituyente haya habilitado al legislador para que
regulara temas relevantes como los derechos y deberes que se predican
recíprocamente entre los cónyuges, y el régimen especial de disolución del
matrimonio. En el marco de esa habilitación constitucional, el legislador
mediante la Ley 25 de 1992 modificó y redefinió las causales de divorcio
objetivas y subjetivas, a la vez que estableció la legitimación en la causa por
activa y la oportunidad procesal para demandar el divorcio cuando se invocan
causales subjetivas. No obstante, el actuar del legislador en esa materia no es
absoluto, sino que debe estar acorde con los principios de dignidad humana,
libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de los
cónyuges, en tanto operan como criterios orientadores para que el matrimonio no
se torne en indisoluble y termine convirtiéndose en un vínculo perpetuo de
coacción o de imposición jurídica de una convivencia no querida por alguno de
los cónyuges.
El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su
entendimiento en el marco de las relaciones familiares
78. El
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad está consagrado en
el artículo 16 de la Constitución Política de 1991, en los siguientes términos:
“Todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.” Este derecho ante la redacción que consagra como cláusula abierta de
libertades, ha sido identificado con el ámbito reservado al individuo
para la toma de decisiones vitales, correspondiéndole a las propias personas y
no al Estado decidir la manera como gobiernan sus derechos y construyen sus
proyectos y modelos de realización personal. Y contempla las conductas humanas
posibles y las posiciones jurídicas de libertad que no están prohibidas por la
Constitución o determinadas normas de inferior jerarquía.
79. De
hecho, desde sus primeras sentencias, esta Corporación refirió al núcleo
esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad esgrimiendo que:
“El núcleo esencial de este derecho protege la libertad general de acción,
vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana (CP art. 1), cuyos
contornos se determinan de manera negativa, estableciendo en cada caso la
existencia o inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con
virtualidad de limitar válidamente su contenido. (…) // La autodeterminación se
refiere al ser humano y a la potencialidad de desarrollarse según su propia
naturaleza y aptitudes y acorde con su dignidad. A diferencia del derecho a la
intimidad (CP art. 15), que involucra un derecho a no ser molestado, el derecho
al libre desarrollo de la personalidad es un derecho de status activo que exige el despliegue
de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el
ordenamiento jurídico”[63].
80. En este
sentido, este derecho fundamental protege la potestad de cada individuo de auto
determinarse, en ejercicio de su identidad personal y autonomía[64],
que en palabras de esta Corporación “es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de
ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones,
inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos
ajenos y el orden constitucional.[65] Así, puede afirmarse que este
derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para
gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme
a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un
perjuicio social[66]”.
81. Bajo
esta línea argumentativa, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se
vulnera este derecho cuando “a la persona se le impide, de forma arbitraria,
alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger
libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”.[67]
82. Ahora
bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho
absoluto. La Corte lo ha reconocido como “una potestad subjetiva,
constitucional y legalmente restringible”[68],
en tanto admite su acotamiento concretado en los derechos de los demás y en el
orden jurídico. De allí que, ha establecido que “…las restricciones de las
autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no sólo deben tener sustento
constitucional y ser proporcionadas sino que, además, no pueden llegar a
anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un
modelo de realización personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo
esencial de este derecho”[69].
(Negrilla fuera del texto original).
83. A partir
de lo anterior, es necesario precisar que el derecho al libre desarrollo de la
personalidad se manifiesta en el matrimonio, en tanto una persona decide libremente
y autónomamente contraer el vínculo matrimonial. En este escenario, el
ejercicio de dicho derecho fundamental conlleva a la conformación de familia,
en los términos previstos en el artículo 42 de la Carta Política, y a la
modificación del estado civil. Así, “la Constitución Nacional reconoce en la familia una institución
esencialmente dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de
conciencia, el derecho a la intimidad.”[70] En este mismo sentido, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que: “[c]onstituir
una familia y contraer matrimonio, son en sí mismos derechos
fundamentales que se asocian a su vez con un entramado de derechos tales
como la dignidad humana, la autodeterminación, el libre desarrollo de la
personalidad, la igualdad y la intimidad.”[71].
84. Es más,
lo propio se ha indicado respecto del divorcio como forma de disolver el
matrimonio, en tanto los cónyuges cuentan con cierta autonomía para definir si
continúan en la relación afectiva, por cuanto su permanencia está supeditada al
consentimiento y a la finalidad de dar estabilidad al grupo familiar. Por
consiguiente, en principio están habilitados para libremente poner fin al
vínculo matrimonial que decidieron contraer previamente, o para permanecer en
él si así lo determinan.
85. Por
ejemplo, este Tribunal Constitucional en la sentencia C-660 de 2000 estudió una demanda de inconstitucionalidad parcial de una
expresión del numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que modificó el
artículo 154 del Código Civil, la cual establecía como causal de divorcio las
relaciones sexuales extramatrimoniales “salvo que el demandante las haya
consentido, facilitado o perdonado”, en la cual el actor alegaba el
desconocimiento de varios artículos de la Constitución Política, entre ellos,
el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Allí la
Corte estableció como problema jurídico determinar si la expresión acusada,
“en cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de
divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una
de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad
tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una
familia”[72].
86. En la sentencia mencionada, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del aparte censurado, por considerarlo contrario al derecho al
libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges “y su libertad de
conciencia al valorar actitudes individuales o conjuntas propias de la
intimidad de la pareja, así éstas consistan en facilitar, consentir o perdonar
las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro. En síntesis, las realizaciones
corporales o afectivas propias del vivir en pareja corresponden a la esfera
individual de cada uno de sus miembros y ni siquiera el cónyuge está autorizado
para censurarlas.”[73] Con base en lo anterior, indicó
que ante la realidad de una ruptura conyugal, el legislador no puede imponer la
indisolubilidad del vínculo matrimonial, ni tampoco puede inmiscuirse en el
fueron íntimo de los integrantes de la pareja para valorar sus comportamientos,
así como tampoco puede ante una situación de fracaso conyugal, bloquear el
restablecimiento de sus vidas.
87. Años después, esta Corporación en la plurimencionada sentencia
C-985 de 2010[74], estudió una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992,
modificatoria del artículo 156 del Código Civil, cuyo aparte acusado
corresponde al siguiente resaltado: “El divorcio sólo podrá ser demandado
por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y
dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos
respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las
causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán
alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”.
Los demandantes aseguraron que los términos de caducidad
previstos en la disposición acusada desconocían los artículos 1, 2, 5, 15,
16, 18 y 42 de la Constitución. En su criterio, los tiempos fijados por el
Legislador para el ejercicio de la acción de divorcio eran desproporcionados y
desconocían varios principios constitucionales, como el respeto de la dignidad
humana, la inalienabilidad de los derechos fundamentales y los derechos
constitucionales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la
personalidad, a elegir el estado civil, a la armonía familiar y a la honra del
cónyuge inocente.
Como problema jurídico, se indicó que “corresponde a la Sala
determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 156
del Código Civil- impone un término de caducidad para el ejercicio de la acción
de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos a la
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los
cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial”.
Al resolver el asunto, la Corte estimó vulnerado el derecho al
libre desarrollo de la personalidad aduciendo que la fijación de la caducidad
si bien persigue dos finalidades como lo son, promover la estabilidad del
matrimonio como forma de familia y, de otro, asegurar que las sanciones ligadas
al divorcio basado en causales subjetivas se impongan dentro de un término
razonable en virtud del derecho de los cónyuges culpables al debido proceso y
del principio de seguridad jurídica, lo cierto es que tal término anula el
derecho del cónyuge inocente a solicitar el divorcio una vez el mismo ha
vencido, lo que limita su voluntad de disolver el vínculo matrimonial ya que no
le permite tomar decisiones libres en sus asuntos personales, contando con una
autonomía o posibilidad de diseñar el plan de vida y regularse como quiera
vivir.
88. A partir de ello, la Corte señaló que la disposición acusada
limitaba el derecho a elegir el estado civil y conformar una familia, y por
ende, restringía el libre desarrollo de la personalidad en tanto delimitaba,
por el mero paso del tiempo, la posibilidad de divorciarse. Concretamente,
concluyó que:
“Para la
Sala el término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio
previsto en la disposición acusada es desproporcionado y, por tanto,
contrario a la Constitución. En efecto, (i) aunque persigue
finalidades legítimas a la luz de la Carta –promover la estabilidad del
matrimonio y garantizar que las sanciones ligadas al divorcio basado en
causales subjetivas se impongan en un término razonable, (ii) no es
necesaria, pues tales finalidades se pueden alcanzar a través de otros
medios menos lesivos en términos de los derechos fundamentales del cónyuge que
desea divorciarse. Además, (iii) la medida es desproporcionada en estricto
sentido, pues en ausencia de la posibilidad de divorcio unilateral, impone
un sacrificio irrazonable al cónyuge inocente en términos de sus derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la dignidad en su faceta
de autonomía, a elegir el estado civil y a conformar una familia” (Negrillas
propias del texto original).
89. Y finalmente, especial
relevancia adquiere la sentencia C-746 de 2011[75], en la
cual este Tribunal se ocupó del estudio de una demanda de inconstitucionalidad
contra la expresión “que haya perdurado por más de dos años” contenida
en el numeral 8° del artículo    artículo 154 del
Código Civil, (modificado por el artículo 6º. de la ley 25 de 1992), por
considerar que vulneraba el artículo 16 de la Constitución Política, a partir
del contexto de la separación de cuerpos, judicial o de hecho.
90. En esa
ocasión la Corte planteó como problema jurídico el siguiente: ¿la exigencia
legal de dos años de duración de la separación de cuerpos para invocar el
divorcio, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge
separado que desea disolver su vínculo conyugal, por obligarlo a permanecer en
el vínculo e impedirle contraer nuevo matrimonio, en dicho lapso?
Para
resolver el anterior problema jurídico, la Corte concluyó que el aparte censurado
no desconocía el libre desarrollo de la personalidad, por cuanto (i)
apunta a la defensa del matrimonio de las crisis coyunturales que naturalmente
lo rodean, toda vez que la separación de cuerpos es una oportunidad de
reflexión de la decisión definitiva de disolver el vínculo, además que prepara
a la pareja para los eventuales efectos de la ruptura matrimonial; y, (ii)
la norma privilegia la institución de la familia, porque se constituye en una
forma de protegerla íntegramente, lo cual apareja un fin constitucionalmente
admisible.
91. De esta
forma, la Corte identificó que la limitación legislativa de poder divorciarse
por la separación de cuerpos mayor de dos años, era proporcionada y razonable
porque apunta a la realización de principios y valores declarados y
privilegiados por la Constitución Política: “la protección integral de la
familia como núcleo esencial de la sociedad, de su unidad, y del matrimonio
como forma de constitución de aquella, y la protección de los hijos, de los
intereses de los   propios cónyuges y de terceros. Son fines
constitucionalmente válidos y justificatorios de la restricción transitoria al
derecho de los cónyuges”. Por consiguiente, adujo que la exigencia “es
una limitación temporaria y no una medida que vacíe o anule la dignidad o el
derecho del cónyuge separado, ni representa una restricción desproporcionada de
su autonomía para elegir libre y responsablemente el estado civil que le plazca
u optar por la conformación de una nueva relación sentimental o de familia”. Bajo
esos lineamientos, la Corte declaró exequible la expresión censurada.
92.  Entonces,
según concluye la Sala, el derecho al libre desarrollo de la personalidad
consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a
las personas para autodeterminarse, y con ello, de escoger pareja, contraer
matrimonio, cesar la vida compartida y el vínculo conyugal, y optar por un
nuevo estado civil. No obstante, no se trata de un derecho absoluto sino que
puede ser limitado por el legislador, siempre y cuando tal limitación se
soporte en una finalidad admisible constitucionalmente y supere la evaluación
de proporcionalidad de la medida legislativa.
Análisis
concreto: el legislador al establecer que el cónyuge ofendido es el único legitimado
para ejercer la acción judicial de divorcio al no haber dado lugar a los hechos
que lo motivan, no desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad por
tratarse de una restricción admisible constitucionalmente, en tanto es proporcionada
y razonable
93. De
acuerdo con el problema jurídico planteado, corresponde la Corte Constitucional
determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la causa por
activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el cónyuge que
no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado “cónyuge
culpable” (art. 16 de la CP), al punto de limitar su autodeterminación para
definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y
concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.
94. En
procura de brindar respuesta al anterior problema jurídico, la Corte concluye
que el segmento demandado no resulta violatorio del derecho al libre desarrollo
de la personalidad, debido a que, una vez los contrayentes aceptan el contrato
de matrimonio, al que concurren de forma voluntaria, aceptan también las
cláusulas de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye
las relativas a los mecanismos que existen para disolverlo. En tal sentido, la
Sala considera que si los cónyuges no desean continuar con el vínculo
matrimonial, cuentan con posibilidades jurídicas para disolverlo como el mutuo
acuerdo, o la posibilidad que ambos cónyuges tienen de acudir a la separación
de cuerpos para luego de transcurridos dos años, proceder a solicitar el
divorcio, restricción que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que la
finalidad es proteger a la familia y tratar de recomponer el vínculo matrimonial.
Pues bien,
con miras a fundamentar la anterior conclusión, la Sala se basará en las
consideraciones que a continuación expondrá, partiendo de la aplicación del
juicio de proporcionalidad de la medida legislativa que se predica lesiva de la
garantía iusfundamental.
95. Para comenzar es necesario recordar que la
proporcionalidad es “un principio de corrección funcional de toda la
actividad estatal que, junto con otros principios de interpretación
constitucional –unidad de la Constitución, fuerza normativa, fuerza
integradora, concordancia práctica, armonización concreta, inmunidad de los
derechos constitucionales e interpretación conforme a la Constitución –, busca
asegurar que el poder público, actúe dentro del marco del estado de derecho,
sin excederse en el ejercicio de sus funciones. Su fundamento normativo último
está dado por los principios fundamentales de Estado de Derecho (artículo 1
CP), fuerza normativa de la Constitución (artículo 4 CP) y carácter inalienable
de los derechos de la persona humana (artículo 5 CP)”[76].
96. Justamente la proporcionalidad concebida como
principio de interpretación constitucional puede adoptar la forma de dos
mandatos: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto[77]. El primero
tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder público de
cara a las libertades fundamentales. El segundo se aplica por lo general
respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos
que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado.
97. En cualquier de esas formas, el juicio de
proporcionalidad adopta diversas modalidades según su grado de intensidad, el
cual depende de la materia objeto de la disposición demandada y la libertad de
configuración que es inherente a la función legislativa. Dichas modalidades
son: (i) el control débil, leve o denominado también control de
evidencia, en el cual se otorga al legislador un amplio privilegio de que sus
decisiones mantengan su constitucionalidad, a menos que lo contrario, sea
evidente. Este es el que ordinariamente debe llevar a cabo el juez de
constitucionalidad frente a medidas legislativas; (ii) el control
intermedio, en el cual se analiza que el propósito del legislador al
imponer una limitación a un principio o derecho fundamental, sea importante a
la luz del texto constitucional para lograr el objetivo pretendido con la
restricción. Es el punto medio entre el control débil y el estricto; y, (iii)
el control estricto o sustancial intensivo, en el cual la carga de la
argumentación juega a favor de los derechos fundamentales limitados y en contra
de las normas que limitan; por ende, se aplica frente a intervenciones del
legislador muy restrictivas de los derechos fundamentales.
98. En el presente caso, la Sala aplicará un juicio de proporcionalidad
en una modalidad intermedia, habida consideración que el artículo 42 de la
Constitución Política establece que tanto los deberes como los derechos que
surgen entre los cónyuges, al igual que su separación y la disolución del
vínculo, se rigen por la ley civil. Significa lo anterior que el Constituyente
habilitó un amplio margen de configuración a favor del legislador, para que
éste regule lo concerniente al divorcio como una de las formas de disolver el
vínculo matrimonial, lo cual implica una relación directa entre los legitimados
en la causa por activa para ejercer la acción, las causales frente a las que
opera y las consecuencias que se derivan del divorcio.
99. Justamente, a partir de ese amplio margen de configuración, el
legislador a través del artículo 10 de la Ley 25 de 1992, modificó el artículo
156 del Código Civil, con lo cual su contenido normativo indica que el divorcio
sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los
hechos que lo motivan, es decir, solo se encuentra legitimado en la causa por
activa el cónyuge ofendido para demandar judicialmente el divorcio. Sin
embargo, según plantea la demandante, como esa situación eventualmente compromete
en alguna medida el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Sala
opta por juzgar con base en un tamiz intermedio en procura de defender las
garantías constitucionales y lograr un punto de conciliación con la amplia
libertad de configuración del legislador en la materia.
Lo anterior por cuanto la Corte ha reconocido que en este nivel de
intensidad del test se circunscriben las siguientes hipótesis: “1) cuando la
medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2)
cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave
de la libre competencia y 3) cuando la medida prime facie genera serias dudas
respecto de la afectación del goce de un derecho fundamental”[78]. Para
el presente caso, ésta última posibilidad adquiere relevancia en el análisis
constitucional.
100. Ahora bien, definida la intensidad el test de proporcionalidad que
se empleará como método de examen de la norma acusada, es necesario traer a
colación los elementos del análisis, a saber: “Primero, se requiere que el
fin no sólo sea legítimo sino también constitucionalmente importante, en razón
a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la
magnitud del problema que el legislador busca resolver. Segundo, se exige que
el medio, no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin
buscado por la norma sometida a control judicial”[79].
101. Aplicando dichas fases analíticas del juicio
intermedio de proporcionalidad a la expresión que se acusa, la Sala evidencia
lo siguiente:
102. La norma acusada persigue una finalidad legítima e
importante desde el punto de vista constitucional, porque establecer que el
cónyuge ofendido es quien se encuentra legitimado en la causa por activa para
demandar el divorcio sanción, apareja dos propósitos: (i) promover la
estabilidad del matrimonio como forma de constituir familia por vínculos
jurídicos; y, (ii) asegurar que en el marco especial del contrato de
matrimonio, los cónyuges cumplan con los deberes que la unión les impone, de
tal forma que solo aquel que acredite su cumplimiento, se encuentre legitimado
para ejercer la acción judicial. Y es que, en ese sentido, ésta última de las
finalidades va ligada a que el contrayente que acepta de forma voluntaria el
contrato de matrimonio, conoce de antemano y acepta también las cláusulas que
integran la institución compleja del matrimonio, dentro de ellas, la
relacionada con la forma de disolución del vínculo conyugal a través del divorcio
y sus causales taxativas. Justamente, esas dos finalidades son importantes
porque a partir de ellas es que el legislador otorga estabilidad a la
institución matrimonial.
103. El medio que emplea la disposición acusada no se
encuentra prohibido, habida cuenta que no existe norma de naturaleza
constitucional ni legal que impidan limitar el libre desarrollo de la
personalidad de los contrayentes conocedores previamente del régimen complejo
del matrimonio y de su disolución, para de esa forma garantizar una protección
especial a la familia como célula básica de la sociedad. Precisamente, según se
expuso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto y, por
ende, puede admitir ciertas restricciones siempre que se encuentren
justificadas. Así, una vez los cónyuges contraen nupcias y aceptan el contrato
de matrimonio al que acuden de forma voluntaria, aceptan también las cláusulas
de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye las
relativas a los mecanismos para disolver el vínculo matrimonial.
104. El medio escogido por el legislador es conducente
para alcanzar el fin, en tanto es la forma de garantizar las finalidades
indicadas, sobre todo aquella que tiene que ver con la organización de la
institución del matrimonio a través del cumplimiento de los deberes esponsales
que generan los efectos personales del vínculo conyugal. De hecho, el que la
legitimación en la causa por activa para demandar el divorcio solo opere
respecto de uno de los cónyuges, impone e incentiva la necesidad de que el otro
cónyuge brinde socorro, fidelidad, ayuda mutua y los demás deberes conyugales.
105. Además, el medio también resulta relevante para
cumplir las dos finalidades propuestas, porque dentro de la mecánica del
matrimonio constitutivo de familia que tiene un alcance solemne y recíproco, es
admisible que el legislador imponga al cónyuge incumplido una consecuencia
derivada de su falta, cual es, carecer de legitimación en la causa para
demandar directamente el divorcio sanción pues no puede valerse de su propio
incumplimiento para lograr la ruptura matrimonial. Sobre el punto, advirtiendo
un análisis intenso de proporcionalidad, importa señalar que contrario a lo que
predica la demandante, el cónyuge denominado culpable no resulta lesionado en
sus intereses u obligado a permanecer indefinidamente en el matrimonio sin
posibilidad de autodeterminarse en cuenta a su estado civil y proyecto de vida
afectiva, porque si no sea continuar con el lazo conyugal, tiene a su alcance
otras posibilidades jurídicas para disolver el matrimonio como invocar las causales
objetivas de divorcio, en especial, la atinente al mutuo acuerdo. Nótese
entonces que la restricción al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge
incumplido en sus deberes, no resulta desproporcionada si se tiene en cuenta
que la finalidad que se persigue es la de proteger la familia y tratar de
recomponer el vínculo matrimonial.
106. En este orden de ideas, la Sala estima que las expresiones
“sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil, no desconocen el
derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que incumple sus
deberes, habida cuenta que resultan ser una restricción admisible desde la
óptica constitucional y que, por tanto, es razonable y proporcionada a la
finalidad que persiguen.  De allí que la Corte no advierta un menoscabo al
artículo 16 Superior y concluya declarando exequible la locución censurada y la
expresión “sólo” que fue integrada para conformar la proposición
jurídica completa.
Conclusión
107. Esta Corporación se declara inhibida para resolver de
fondo, por ineptitud sustancial de la demanda, el primer cargo que invoca la
demandante por la presunta afectación del derecho a la igualdad, toda vez que
incumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional. Ello por
cuanto carece de certeza, especificidad y suficiencia en la construcción
argumentativa desde un entendimiento integral del contrato de matrimonio y su
disolución judicial mediante la acción de divorcio, y desde el asocio de la
culpabilidad del cónyuge que incumplió sus deberes matrimoniales, a un criterio
sospechoso de discriminación.
108. Centrándose con exclusividad en el análisis de mérito
del segundo cargo que plantea la demanda, la Corte declarará exequible la
expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan”, así  como la frase “sólo” integrada para conformar la
proposición jurídica completa, contenida en el artículo 156 del Código Civil,
porque no desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad del
cónyuge que incumple sus deberes, habida cuenta que resulta ser una restricción
admisible desde la óptica constitucional y, por tanto, razonable y
proporcionada a la finalidad que persigue de proteger la familia constituida
mediante el vínculo jurídico del matrimonio.
109. Al respecto, la Sala planteó como problema jurídico el
siguiente: determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la
causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el
cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado
“cónyuge culpable” (art. 16 de la CP), al punto de limitar su autodeterminación
para definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y
concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.
110. Luego de adelantar el estudio respectivo desde la
aplicación del juicio de proporcionalidad, la Corte concluyó que el segmento
demandado no resulta violatorio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, debido a que, una vez los contrayentes aceptan el contrato de
matrimonio, al que concurren de forma voluntaria, aceptan también las cláusulas
de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye las
relativas a los mecanismos que existen para disolverlo. En tal sentido, la Sala
consideró que si los cónyuges no desean continuar con el vínculo matrimonial, cuentan
con posibilidades jurídicas para disolverlo como el mutuo acuerdo, o la
posibilidad que ambos cónyuges tienen de acudir a la separación de cuerpos para
luego de transcurridos dos años, proceder a solicitar el divorcio, restricción
que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que la finalidad es proteger a
la familia y tratar de recomponer el vínculo matrimonial.
VII.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “sólo” y “por el
cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenidas en
el artículo 156 del Código Civil, por el cargo analizado en la parte motiva de
este proveído.
Notifíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS LIBARDO BERNAL
PULIDO
Magistrado
IVÁN ESCRUCERÍA
MAYOLO
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con salvamento de
voto
ROCIO LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (e)
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALBERTO
ROJAS RÍOS
A LA
SENTENCIA C-394/17
MATRIMONIO-Más allá que un contrato, es un
vínculo humano susceptible de cambio (Salvamento de voto)
El matrimonio
más allá que un contrato, es un vínculo humano susceptible de cambio. Y
precisamente por ello la sentencia que esta Corte de derechos humanos debió
proferir era el punto culmen de una construcción jurisprudencial que debió
fundamentarse en que la pervivencia de un régimen legal de divorcio soportado
en el establecimiento de la diferencia entre un cónyuge “culpable” y uno
“inocente”, comporta una vulneración sistemática de los derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y al derecho a conformar una familia, que produce
un efecto totalmente contrario al bien jurídico que dice proteger. En la
práctica se puede corroborar que la existencia de restricciones al divorcio
constituye un incentivo perverso que atenta contra el matrimonio formal como
institución, ya que ante el dilema de contraer matrimonio, con todas las
limitaciones que entrañan las normas antes citadas, las cuales constituyen un
sistema de coerción para asegurar artificialmente la estabilidad del
matrimonio, hoy en día las personas prefieren las uniones libres o maritales de
hecho no sometidas a sanciones ni limitaciones.
MANTENIMIENTO DE UNA SOCIEDAD LIBERAL-Implica
el compromiso permanente de interpretar el sistema jurídico en clave de
libertad (salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Actor cumplió
con requisitos exigidos (salvamento de voto)/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento
de requisitos (salvamento de voto)
Sea lo primero
decir que en el escrito de la demanda la actora presentó argumentos que cumplen
los presupuestos procesales de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia relacionados con el hecho de que la norma acusada al permitir
solamente al cónyuge “inocente” solicitar el divorcio en relación con las
causales subjetivas contempladas en el artículo 154 del Código Civil, vulnera
los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad, consagrados en los artículos 13 y 16 de la Carta Política. De
ello da cuenta que en ninguna de las intervenciones que concurrieron al trámite
de constitucionalidad se le solicitó a la Corte Constitucional inhibirse para
emitir un pronunciamiento de fondo.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS CONTENTIVAS DE CAUSALES
DE DIVORCIO-Corte debió integrar la unidad normativa
(salvamento de voto)
En guarda de la
sistematicidad del ordenamiento jurídico era necesario integrar varias disposiciones
del Código Civil que tienen estrecha relación con la expresión demandada y que
están inescindiblemente ligadas. En tal sentido, debieron integrarse al juicio
de constitucionalidad: (i) la totalidad del artículo 156 del Código Civil, ya
que carece de sentido normativo analizar únicamente la constitucionalidad de la
legitimación y no la oportunidad; (ii) las causales subjetivas (1, 2, 3, 4, 5 y
7) consagradas en el artículo 154 del Código Civil, a las cuales expresamente
se remite el artículo 156 demandado; (iii) el artículo 162 del Código Civil que
permite revocar las donaciones realizadas entre los cónyuges a partir del
criterio de la culpabilidad, (iv) el numeral 4º del artículo 411 del Código
Civil que define la prestación alimentaria con base en el mismo criterio de
culpabilidad, (v) el artículo 1231 que excluye el derecho a la porción conyugal
por culpa de uno de los cónyuges, y (vi) el numeral 2º del artículo 1685 del
Código Civil que prescribe la pérdida del beneficio de competencia obligatoria
por la culpa de uno de los cónyuges.
DISTINCION ENTRE CONYUGE CULPABLE Y CONYUGE INOCENTE COMO BASE DE
REGIMEN DEL DIVORCIO-Debió establecerse si comporta
una vulneración al derecho a la dignidad humana, a conformar familia, a la
libertad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad (salvamento de voto)
Al integrar la
unidad normativa, la Corte debió verificar si las causales subjetivas de
divorcio contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 del
Código Civil, vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad del denominado cónyuge “culpable”. Esto, en la
medida en que al estar restringidas a la solicitud del cónyuge “inocente”,
pudiese implicar un tratamiento inequitativo injustificado que obligue a uno de
los contrayentes a mantenerse en el vínculo matrimonial.
TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL DIVORCIO-Resultado
de la constante interacción entre factores culturales, sociológicos,
económicos, ideológicos, lingüísticos y religiosos (salvamento de voto)
TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL DIVORCIO-Ha sido
ajeno a una comprensión basada en la interpretación de los derechos
fundamentales (salvamento de voto)
TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL DIVORCIO-Entendimiento
exclusivamente contractual desatiende opciones de vida propias de una sociedad
diversa y pluralista (Salvamento de voto)
MATRIMONIO Y
SUS INSTITUCIONES ACCESORIAS-Desbordan el ámbito de lo estrictamente legal
y deben analizarse en punto de sus verdaderas implicaciones sociológicas y
humanas en perspectiva de su alcance constitucional (Salvamento de voto)
TENDENCIA
PROGRESIVA HACIA LA ELIMINACION DE LAS CAUSALES SUBJETIVAS DE DIVORCIO-Derecho
comparado (Salvamento de voto)
CAUSALES
SUBJETIVAS DE DIVORCIO EN LA CONSTITUCION POLITICA-Interpretación de la
Corte Constitucional (Salvamento de voto)/CAUSALES SUBJETIVAS DE DIVORCIO EN
LA CONSTITUCION POLITICA-Alcance (Salvamento de voto)/CAUSALES
DE DIVORCIO-Clasificación según la jurisprudencia
constitucional (Salvamento de voto)/MATRIMONIO-Carácter contractual y
relevancia que tiene el consentimiento y la autonomía para su perfeccionamiento
(Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS CONTENTIVAS DE CAUSALES
DE DIVORCIO-Corte debió pronunciarse sobre garantía de
derechos fundamentales de parejas en la que sus implicaciones de derecho debían
analizarse más allá de las previsiones del dogmatismo civil e interpretarse
bajo la égida de los principios constitucionales (Salvamento de voto)
CAUSALES SUBJETIVAS Y EFECTOS PRESTACIONALES DERIVADOS DEL DIVORCIO-Constituyen una sanción y no un mecanismo para restablecer a la familia
(Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS CONTENTIVAS DE CAUSALES
DE DIVORCIO-Norma demandada así como las
inescindiblemente integradas debieron someterse al escrutinio de razonabilidad
estricta cuando el derecho a la igualdad se encuentra en juicio (Salvamento de
voto)
LIMITACION DEL DERECHO A DEMANDAR EL DIVORCIO, CAUSALES SUBJETIVAS,
FIJACION DE ALIMENTOS ENTRE CONYUGES, REVOCATORIA DE DONACIONES, DE PORCION
CONYUGAL Y BENEFICIO DE COMPETENCIA OBLIGATORIA-Falta
de proporcionalidad y razonabilidad (Salvamento de voto)
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Etapas
(Salvamento de voto)
AUTONOMIA DE LA PERSONA HUMANA-Categoría
fundante que da lugar a que el juez pueda decretar el divorcio por la sola
voluntad de uno de los contrayentes (Salvamento de voto)/LEY-No puede
inmiscuirse en la decisión libre de un cónyuge de divorciarse unilateralmente
bajo criterios obsoletos de incumplimiento o culpabilidad (Salvamento de voto)
DIGNIDAD HUMANA-Principio fundante de toda
relación humana (Salvamento de voto)
MEDIDAS PRESTACIONALES DERIVADAS DEL DIVORCIO CON CULPA CONTENIDAS EN
EL CODIGO CIVIL-Son contrarias al canon de dignidad
humana (Salvamento de voto)/DIVORCIO-Finalidad (Salvamento de voto)/DIVORCIO-Alcance
(Salvamento de voto)
REVOCACION DE DONACIONES ENTRE CONYUGES-Introduce
en la institución matrimonial un aspecto crematístico que contraría el derecho
de libertad y se constituye en una afrenta a la dignidad humana (Salvamento
de voto)
EFECTOS DEL DIVORCIO-Obligaciones alimentarias
entre cónyuges (Salvamento de voto)/OBLIGACION DE ALIMENTOS DEBIDOS AL
CONYUGE DIVORCIADO O SEPARADO SIN CULPA-No depende del vínculo jurídico
existente entre estos, sino de la necesidad como criterio de determinación para
su fijación (Salvamento de voto)/DERECHO DE ALIMENTOS-Forma de proteger
al cónyuge que se encuentre en estado de necesidad, que no pueda subsistir sin
la ayuda económica del otro cónyuge, cuestión que debe solicitarse al juez que
decrete el divorcio correspondiente (Salvamento de voto)
PORCION CONYUGAL-Finalidad (Salvamento de
voto)
BENEFICIO DE COMPETENCIA OBLIGATORIA-Concepto
(Salvamento de voto)/MATRIMONIO-Intromisión del Estado en
instituciones accesorias como el divorcio, no puede dar lugar al
establecimiento de desigualdades injustificadas en las que por la culpa se
pierdan derechos configurados por la solidaridad que implicó la unión conyugal
(Salvamento de voto)
DIVORCIO
UNILATERAL-Regulación en Código General del Proceso
(Salvamento de voto)/DIVORCIO UNILATERAL-No
implica el debilitamiento del matrimonio y de la familia, como núcleo de la
sociedad; por el contrario reivindica el compromiso y voluntad
permanente como única condición suficiente para la existencia del vínculo
(Salvamento de voto)
Al efectuar una
revisión sistemática de esta específica materia en la legislación, se observa
que el Código General del Proceso, dentro de los procesos declarativos
especiales, regula el divorcio en los artículos 388 y 389. Estas disposiciones
preceptúan el proceso de divorcio, sin alusión alguna a la culpa como elemento
diferencial que determine las consecuencias del mismo. Esta reciente
legislación hace parte de los fines de modernización, racionalización y
simplificación de trámites, instancias y procedimientos. En particular, frente
al ámbito específico del divorcio, a diferencia de la regulación previa
contenida en el Código de Procedimiento Civil, en la que se hablaba de “causa
probada del divorcio”, el artículo 389 del C.G.P. establece los requisitos de
la sentencia de divorcio, sin especificar causales, unilateralidad o
bilateralidad en la causa. De esta manera, al sustraerse del ordenamiento
jurídico la restricción en la legitimación por activa dentro del
proceso de divorcio, así como la remisión a las causales subjetivas, no se
genera un vacío normativo, ya que el Código General del Proceso en los
artículos 388 y 389 prevé la regulación procesal que permite a los cónyuges
demandar unilateralmente el divorcio incausado. La
filosofía jurídica que subyace en esta medida, reside en que el Código General
del Proceso en desarrollo del artículo 13 de la Constitución, tiene por fuente
el principio de igualdad, conforme al cual, en todo momento el juez debe hacer
uso de sus poderes para lograr la igualdad real de las partes. De allí que los
operadores de justicia podrían decretar la disolución unilateral del vínculo
matrimonial incausado, de conformidad con los requisitos previstos en los
artículos 388 y 389 del Código General del Proceso y sin que se pueda afirmar
que el divorcio sin causal permite que uno de los cónyuges quede
desprotegido. Sobre este aspecto, es de resaltar que el establecimiento del
divorcio unilateral no implica el debilitamiento del matrimonio y
de la familia, como núcleo de la sociedad; por el contrario reivindica el compromiso y voluntad permanente como única condición
suficiente para la existencia del vínculo.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS CONTENTIVAS DE CAUSALES
DE DIVORCIO-Corte abandona su línea jurisprudencial
progresista para regresar a un tratamiento eminentemente legal sobre el
matrimonio y sus instituciones accesorias (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 156 (parcial)
del Código Civil.
Demandante:
Juliana María Moreno Leguizamo
MAGISTRADA
PONENTE
Diana
Fajardo Rivera
¿La pérdida
de legitimación del denominado cónyuge “culpable” para demandar el divorcio
vincular, reduce el matrimonio a un castigo, en sus efectos prácticos?
¿Las disposiciones normativas contenidas en el
artículo 156 del Código Civil, pretermiten derechos fundamentales a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad y, consecuencialmente, al
derecho a restablecer un proyecto común de vida?
“La libertad significa que no tienes prohibido
vivir tu vida como tú eliges. Algo menor es una forma de esclavitud.” (Wayne
Dyer[80]).
“Para la Corte la dignidad humana, el
principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los
derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación
suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo
matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las
cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el
imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente
resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus
integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.” (…)
“…el divorcio no es una sanción que el cónyuge
inocente impone al cónyuge que incurre en las causales subjetivas previstas en
el artículo 154 del Código Civil, sino una decisión dirigida a restablecer su
vida afectiva y familiar.” (Sentencia
C-985 de 2010)
El mantenimiento de una sociedad liberal implica un compromiso
permanente con una forma de interpretar su sistema jurídico en clave de
libertad. Y es precisamente por ese compromiso que con profundo respeto por las
sentencias proferidas por la Sala Plena de esta Corporación, en esta
oportunidad manifiesto mi disenso en relación con la decisión mayoritaria mediante la cual fueron declaradas exequibles las
expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a
los hechos que lo motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil,
por el cargo analizado en la parte motiva de esa providencia.
Sea lo primero recordar que el suscrito magistrado fue ponente inicial del proceso de
constitucionalidad que culminó con la emisión de la Sentencia C-394 de
2017. El proyecto de fallo que presenté fue sometido a
votación, pero no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, razón por la
cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento Interno
de esta Corporación, mediante Auto del 28 de junio de 2017, remití el
expediente a la Magistrada Diana Fajardo Rivera para la elaboración de la
sentencia en la cual se acoge la postura asumida por la mayoría de la Sala
Plena, que difiere sustancialmente de la originalmente presentada.
Dada la
trascendencia de este tema frente a los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad y a la libertad, considero necesario pronunciarme in
extenso.
Dicho lo anterior, no comparto el
sentido ni las consideraciones de la sentencia objeto de salvamento de voto, al menos por ocho razones medulares, las cuales para una mejor
comprensión primero anuncio y seguidamente paso a desarrollar:
1. El tratamiento
contractual que se le ha dado al divorcio en la legislación colombiana y la
necesidad de su interpretación con fundamento en principios, valores y derechos
fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
2. La
tendencia progresiva hacia la eliminación de las causales subjetivas de
divorcio en el derecho comparado.
3. La interpretación de la Corte Constitucional sobre las causales
subjetivas de divorcio a la luz de la Carta Política de 1991.
4. Las causales subjetivas, así como lo efectos prestacionales derivados
del divorcio constituyen una sanción y no un mecanismo para restablecer la
familia.
5. La falta de
proporcionalidad y razonabilidad de la limitación del derecho a demandar el
divorcio, de las causales subjetivas, de la prestación alimentaria entre
cónyuges, de la revocatoria de las donaciones, de la porción conyugal y del
beneficio de competencia obligatoria.
6. La dignidad humana es
el principio fundante de toda relación humana.
7. Las medidas
prestacionales derivadas del divorcio con fundamento en la culpa (artículos
162, 411.4, 1231 y 1685.2 del Código Civil), son contrarias al canon de dignidad
humana.
8. Las normas del Código General del Proceso que regulan el divorcio
unilateral.
Sea lo primero
decir que en el escrito de la demanda la actora presentó argumentos que cumplen
los presupuestos procesales de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia relacionados con el hecho de que la norma acusada al permitir
solamente al cónyuge “inocente” solicitar el divorcio en relación con las
causales subjetivas contempladas en el artículo 154 del Código Civil, vulnera
los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad, consagrados en los artículos 13 y 16 de la Carta Política.
De ello da cuenta
que en ninguna de las intervenciones que concurrieron al trámite de
constitucionalidad se le solicitó a la Corte Constitucional inhibirse para
emitir un pronunciamiento de fondo. En efecto, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Universidad Externado de Colombia y la Procuraduría General de la
Nación, coincidieron en que la exigencia prevista en la norma en juicio, se
ajusta a la Constitución, al considerar que de ninguna manera se obliga
al cónyuge “culpable” a mantener el vínculo matrimonial en contra de su
voluntad, ya que en todo momento este puede invocar su disolución a través de
las causales objetivas de divorcio contempladas en la ley.
El Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, solicitó a la Corte declarar la inexequiblidad del aparte
acusado del artículo 156 del Código Civil, previa integración normativa con el
artículo 154 de la misma ley, pero no por los motivos advertidos por la
demandante, sino por violar los artículos 1, 42, 43, 44 y 45 de la Carta
Política, enfatizando que lejos de proteger a la familia, la pone en riesgo por
los conflictos derivados de la aplicación de las causales de culpabilidad.
La Universidad del Rosario y la
Universidad Javeriana, por su parte, pidieron declarar la constitucionalidad
condicionada del precepto demandado, en el entendido de que el cónyuge culpable
también esté legitimado para solicitar la disolución del vínculo matrimonial.
Así, de acuerdo con la demanda,
las intervenciones y el concepto del Ministerio Público, correspondía
a la Sala Plena de la Corte Constitucional,
determinar si el legislador al establecer en el artículo
156 del Código Civil que el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge
que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, es decir por el denominado
cónyuge “inocente”, incurre en un trato diferenciado injustificado entre los
contrayentes, que vulnera los derechos fundamentales a la igualdad (art. 13
C.P.) y al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.) del supuesto
cónyuge “culpable”.
En segundo lugar, en
guarda de la sistematicidad del ordenamiento jurídico era necesario integrar
varias disposiciones del Código Civil que tienen estrecha relación con la
expresión demandada y que están inescindiblemente ligadas. En tal sentido,
debieron integrarse al juicio de constitucionalidad: (i) la totalidad del
artículo 156 del Código Civil, ya que carece de sentido normativo analizar
únicamente la constitucionalidad de la legitimación y no la oportunidad; (ii)
las causales subjetivas (1, 2, 3, 4, 5 y 7) consagradas en el artículo 154 del
Código Civil, a las cuales expresamente se remite el artículo 156 demandado;
(iii) el artículo 162 del Código Civil que permite revocar las donaciones
realizadas entre los cónyuges a partir del criterio de la culpabilidad, (iv) el
numeral 4º del artículo 411 del Código Civil que define la prestación
alimentaria con base en el mismo criterio de culpabilidad, (v) el artículo 1231
que excluye el derecho a la porción conyugal por culpa de uno de los cónyuges,
y (vi) el numeral 2º del artículo 1685 del Código Civil que prescribe la
pérdida del beneficio de competencia obligatoria por la culpa de uno de los
cónyuges.
Al integrar la
unidad normativa, la Corte debió verificar si las causales subjetivas de
divorcio contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154
del Código Civil, vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad del denominado cónyuge “culpable”. Esto, en la
medida en que al estar restringidas a la solicitud del cónyuge “inocente”,
pudiese implicar un tratamiento inequitativo injustificado que obligue a uno de
los contrayentes a mantenerse en el vínculo matrimonial.
Así mismo, era
necesario analizar la constitucionalidad de las disposiciones relativas a los
efectos prestacionales derivados del divorcio, a saber: del artículo 162 del
Código Civil que faculta a uno de los consortes a revocar las donaciones,
cuando el cónyuge culpable incurre en las causales subjetivas aludidas; del
artículo 411 núm. 4 que define los alimentos en función de la culpabilidad
prescrita en estas mismas causales;  la exclusión del derecho a la porción
conyugal por culpa de uno de los contrayentes del artículo 1231; y la pérdida
del beneficio de competencia obligatorio del artículo 1685 núm. 2, determinado
también sobre la base de la culpa de uno de los cónyuges.
En definitiva se
trataba de absolver el cargo relacionado con la determinación de si la
existencia del régimen legal del divorcio soportado sobre el establecimiento de
la diferencia entre un cónyuge “culpable” y uno “inocente”, comporta una
vulneración del derecho a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el
libre desarrollo de la personalidad y el derecho a conformar una familia.
Estos problemas jurídicos
debieron ser abordados por la Sala Plena, desde una perspectiva constitucional
a partir del estudio de diversos ejes temáticos para su resolución, a saber:
(i) el divorcio en la legislación colombiana a la luz de la Carta Política de
1991, (ii) la tendencia progresiva hacia la eliminación de
las causales subjetivas de divorcio en el derecho comparado, y (iii) la
interpretación de la Corte Constitucional sobre las causales subjetivas de
divorcio, las cuales expongo a continuación.
1. El
tratamiento contractual que se le ha dado al divorcio en la legislación
colombiana y la necesidad de su interpretación con fundamento en principios,
valores y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución
El tratamiento
legislativo[81]
del divorcio demuestra que su regulación, así como las instituciones que le son
accesorias, son el resultado de la constante interacción entre factores
de orden cultural, sociológico, económico, ideológico, lingüístico y,
especialmente de orden religioso, que lo han configurado bajo diversas
acepciones como: sacramento, contrato, institución, vínculo solemne, etc., que
han dado lugar al establecimiento de restricciones basadas en el origen social
de los contrayentes, la edad, la nacionalidad, la raza, la culpa, la religión
y, sobre todo, la orientación sexual.
Como consecuencia de ello, la
regulación legal del matrimonio en Colombia (capacidad para contraerlo,
consentimiento, efectos jurídicos, relaciones patrimoniales, disolución, etc.),
ha sido ajena a una comprensión basada en la interpretación de los derechos
fundamentales. Esta preocupación fue consignada por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-214 de 2016:
“Una revisión
de esta compleja historia, pone de presente la existencia de, al menos, las
siguientes constantes y tensiones: (i) a lo largo de los siglos, el matrimonio
ha conocido una ininterrumpida  evolución; (ii) el derecho a contraer
matrimonio ha sido objeto de diversas restricciones, fundadas en aspectos
relacionados con el origen social de los contrayentes, nacionalidad, raza,
religión y orientación sexual; (iii) de allí que, secularmente, la unión entre
personas discriminadas no fuera calificada en términos de “matrimonio”, ni
gozaba de los mismos derechos y reconocimiento social que los cónyuges; (iv) la
regulación jurídica del matrimonio (vgr. capacidad para contraerlo,
consentimiento, efectos jurídicos, fines, disolución, etc.) ha sido fuente de
controversias entre las autoridades religiosas y civiles; (v) correlativamente,
la naturaleza jurídica del matrimonio ha sido abordada desde diversas ópticas
(vgr. sacramento, contrato, institución de derecho natural, entre otras); y
(vi) en la actualidad, en un Estado Social de Derecho, en un paradigma de
separación entre la Iglesia y el Estado, la regulación del matrimonio desborda
los clásicos cánones del derecho legislado (contrato civil), para ser
comprendido desde la perspectiva de los derechos fundamentales.”
A la luz de una
consideración como esta, la legislación aún prevista en el Código Civil
actualmente vigente, al haber sido expedida hace más de un siglo (Ley 57 de
1887) y sufrir pocas modificaciones, continua otorgando un tratamiento
exclusivamente contractual al matrimonio, el cual está signado por criterios
rectores como la indisolubilidad, el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del mismo y la culpa. Es por esta razón que desatiende las opciones de vida
propias de una sociedad diversa y pluralista en el contexto de una nueva
realidad que requiere protección constitucional en el ámbito de la libertad y
la igualdad.
El
matrimonio y sus instituciones accesorias desbordan el ámbito de lo
estrictamente legal y deben analizarse en punto de sus verdaderas implicaciones
sociológicas y humanas en perspectiva de su alcance constitucional, y no
meramente como un contrato sometido al régimen sinalagmático de carácter
prestacional y culposo con penas y sanciones que obviamente desconocen su
naturaleza soportada en el ejercicio de derechos fundamentales.
2. La
tendencia progresiva hacia la eliminación de las causales subjetivas de
divorcio en el derecho comparado
Contrario a la
pervivencia que en el derecho colombiano ha tenido el régimen de divorcio basado
en la culpa, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en
el derecho comparado se ha suscitado una marcada y progresiva tendencia hacia
la eliminación de las causales subjetivas de divorcio, esto es como ya se dijo,
aquellas basadas en la culpa de uno de los contrayentes. En remplazo de ello,
se observa la incorporación de causales objetivas, junto con la figura del
divorcio unilateral, en virtud del cual cualquiera de los cónyuges, en todo
tiempo está facultado para solicitar la disolución del vínculo matrimonial,
dejando a salvo obviamente su compromiso prestacional con los hijos.
Esta nueva
concepción atiende a la influencia de los derechos fundamentales en el ámbito
de las diversas instituciones jurídicas y, a su vez, al distanciamiento con las
diversas doctrinas religiosas. En particular, se debe al reconocimiento del
derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación de
quienes contraen matrimonio, como una manifestación de la dignidad de la
persona y, más aún, de la dignidad de la pareja y, consecuentemente, de la
familia.
En el marco de la
aludida tendencia, es evidente que aquellos Estados en los que el principio de
la separación entre la iglesia y el Estado contribuyó a cimentar las
instituciones jurídicas, con mayor prontitud abolieron la concepción según la
cual el vínculo matrimonial es un contrato indisoluble en el que, sin importar
las condiciones de dignidad de la pareja se mantienen las obligaciones
reciprocas derivadas del mismo, aun contra su voluntad a manera de castigo.
En Canadá por
ejemplo, el “Divorce Act of 1968” introdujo causales objetivas de
divorcio y estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en
materia de obligaciones de soporte, como los alimentos. Con esa misma
orientación, desde 1971 Holanda instituyó el divorcio unilateral que puede ser
solicitado por cualquier cónyuge sin necesidad de demostrar el rompimiento de
los vínculos maritales o la prolongación de la separación física. Esta medida
fue seguida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos. Así, Suecia
aprobó el divorcio unilateral en 1974, Bélgica en 1975, Portugal en 1977,
Austria en 1978, Grecia en 1983, Finlandia en 1988, Dinamarca en 1989, Islandia
en 1993, Noruega en 1996, el Reino Unido en el año 2000 y Suiza en 2005[82].
Es de especial
relevancia en este ámbito comparativo, la Ley 15 de 2005[83], por la cual
el parlamento español eliminó las causales de divorcio y aprobó la disolución
del vínculo matrimonial por solicitud unilateral de cualquiera de los contrayentes.
En la exposición de motivos[84]
de la mencionada normatividad, el legislador español señaló que el fin de la
norma está dado por fortalecer la libertad como principio rector del
ordenamiento jurídico y, en particular, garantizar que el ejercicio del derecho
al libre desarrollo de la personalidad se aplique al ámbito de las relaciones
matrimoniales.
En América Latina
aunque con menor intensidad, también es posible verificar una tendencia gradual
hacia la eliminación de las causales subjetivas de divorcio. El primer país
latinoamericano en aprobar la disolución matrimonial fue Uruguay en 1907, el
cual se puede dar por mutuo consentimiento o por la sola voluntad de la mujer[85].
Recientemente, la Ley 19.075 de 2013[86],
que modificó, entre otros, el artículo 187 del Código Civil, estableció la posibilidad de solicitar el divorcio por voluntad de cualquiera
de los cónyuges. La disposición en cita reza como sigue: “en este caso el
cónyuge solicitante deberá comparecer personalmente ante el Juez Letrado de su
domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el matrimonio.”[87]
En Perú, el
artículo 339 del Código Civil –modificado por la Ley 27495 de 2001-, introdujo
la causal de divorcio por “imposibilidad de hacer vida común” que puede
ser invocada por cualquiera de los cónyuges mientras subsistan los hechos que
la motivan.
En los Estados Unidos Mexicanos
desde el año 2008, han sido modificadas varias legislaciones estatales[88],
de forma tal que progresivamente han sido suprimidas las causales de divorcio.
De los 32 Estados[89] que conforman la federación, a la
fecha quince (15) han suprimido las causales taxativas previstas en las
normatividades estatales civiles y de familia y, consecuentemente, han
reglamentado la posibilidad de solicitar el divorcio sin causal alguna,
invocada por cualquiera de los cónyuges, esto es mediante la sola manifestación
de su voluntad. Esta medida ha correspondido a la finalidad de dar mayor
protección a la autonomía de la voluntad de los contrayentes.
En ese mismo
sentido, por medio de la Ley 870 del 24 de junio de 2014, se expidió el Código
de Familia de la República de Nicaragua[90], que en
su artículo 137, establece que el
matrimonio “se disuelve:
… c) Por voluntad de uno de los cónyuges...”. Esta disposición, es desarrollada por el artículo
174 de la misma normatividad, la cual establece como requisito de la solicitud
de disolución la manifestación clara de “la voluntad de disolver el vínculo
matrimonial, sin dar razón alguna para ello”.
En Argentina
por virtud de la Ley 26.994 del 7 de octubre de 2014, se expidió el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación[91], derogatorio de la Ley 340 del 29 de
septiembre de 1869 –Código Civil de la Nación-, que en  los artículos 202 y 214
establecía las causales taxativas -subjetivas y objetivas- de divorcio. En el
Capítulo 8º del Código Civil y Comercial de la Nación, se reglamentó la
disolución del matrimonio sin establecer causales específicas por las que se
pueda solicitar el divorcio. En el artículo 437 de la mencionada normatividad,
se dispone que se encuentran legitimados para iniciar el proceso de divorcio
por vía judicial cualquiera de los cónyuges, en todo tiempo y mediante la
manifestación de la voluntad de uno o los dos contrayentes ante un juez de la
República.
De las previsiones del régimen
matrimonial  del Código Civil y Comercial de Argentina adoptado en 2014, cabe
resaltar que la fidelidad fuera proscrita como deber conyugal y
la infidelidad, como causal de divorcio. Esta medida, según la exposición de
motivos del Código no se hizo para desconocer el alto valor axiológico del
deber de fidelidad o el de cohabitación, sino para consagrar un régimen
incausado de divorcio, basado en el libre desarrollo de la personalidad y de la
dignidad de la pareja, en el que el incumplimiento de los deberes no genere
consecuencias jurídicas sancionatorias y sólo subsista el derecho y deber de
asistencia alimentario, así como las pautas para su fijación. Incluso,
en esta normatividad se consagra la posibilidad de que las
personas casadas elijan si quieren vivir juntos o si comparten sus bienes, de
tal modo que para divorciarse solo se requiere que uno de los dos lo solicite,
sin que existan causales para ello y, sin que necesariamente de ello se
desprenda una relación patrimonial como la sociedad conyugal.
Finalmente, en este breve ámbito
comparativo cabe resaltar que las legislaciones estatales de los cincuenta (50)
estados de la unión norteamericana prevén el divorcio sin causa. En
efecto, California desde 1969 aprobó la primera ley de divorcio sin
culpa, es decir, sin causa. Iowa adoptó la misma
legislación en 1970, seguidamente en 1971 fue aprobada esta modalidad de
divorcio libre en Colorado, Florida, Michigan y Oregón[92]. A partir de
lo anterior, gradualmente todos los Estados de la unión permiten que se promueva un proceso ante un juez, sin que se requiera mencionar,
justificar o probar la causa para solicitarlo, esto es, sin causal y basta que
sea invocado por cualquiera de los cónyuges, manifestando simplemente su deseo
de no querer continuar con el matrimonio.
Esta tendencia en el derecho comparado, contribuye de manera
significativa a identificar el tratamiento dado por los diversos ordenamientos
a las relaciones matrimoniales y a los mecanismos para su disolución, pero,
sobre todo, a la comprensión de los fundamentos para la eliminación de
restricciones que impiden solicitar de manera libre el divorcio meramente
voluntario incausado por cualquiera de los contrayentes.
3. La
interpretación de la Corte Constitucional sobre las causales subjetivas de
divorcio a la luz de la Carta Política de 1991
Para una mejor
comprensión de los razonamientos que me llevan a presentar este salvamento, es
preciso recordar que el artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como un “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin
de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.” En virtud de dicho acuerdo de voluntades surgen para los contrayentes
obligaciones personales como la fidelidad mutua, la cohabitación, el socorro y
la ayuda mutua en todas las situaciones de la vida (artículo 176 del Código
Civil modificado por el Decreto 2820 de 1974) y patrimoniales, como la
conformación de una unidad de bienes (artículo 180 del Código Civil -
modificado por el Decreto 2820 de 1974).
A su vez el
artículo 5º de la Ley 25 de 1992 “Por la cual se desarrollan los
incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución
Política”, que modificó el artículo 152 del Código Civil, establece que el
vínculo matrimonial se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los
cónyuges o por divorcio. En complemento de lo anterior, el artículo 6º
de la misma ley modificó el artículo 154[93]
Código Civil para establecer las causales de divorcio.
Las nueve diversas
causales de divorcio han sido clasificadas por la doctrina con criterios
prohijados por la jurisprudencia[94]
en dos categorías diversas, a saber: objetivas “relacionadas con la ruptura
de los lazos afectivos que motivan el matrimonio”[95]. Estas
causales pueden ser invocadas en todo tiempo por cualquiera de los cónyuges y
el juez que conoce de la demanda no valora la conducta alegada, sino que se
limita a respetar la voluntad de los contrayentes de disolver el vínculo
matrimonial.[96]
A esta categoría pertenecen las causales denominadas como “divorcio remedio”[97]
y que están previstas en los numerales 6, 8 y 9 del artículo 154 del Código
Civil.
Por su parte, las
causales subjetivas están relacionadas con el incumplimiento de los deberes
conyugales y en cuya lógica sancionatoria sólo pueden ser invocadas por el
denominado cónyuge “inocente”, para, consecuentemente, establecer la culpa del
denominado cónyuge “culpable”, de acuerdo con lo  previsto en el artículo 156[98]
del Código Civil–. En estas causales el divorcio opera a modo de censura y se
le denomina “divorcio sanción”.[99]
La ocurrencia de
estas causales debe ser judicialmente demostrada y el cónyuge en contra de
quien se invocan tiene el derecho de ejercer su defensa para demostrar que los
hechos alegados no ocurrieron. Además de la disolución del vínculo marital,
otras consecuencias accesorias de este tipo de divorcio son la posibilidad de
que el cónyuge “inocente” revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio
haya efectuado a favor del cónyuge “culpable” (art. 162 C.C.), que el juez
imponga al cónyuge “culpable” la obligación de atender alimentos al cónyuge
“inocente”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411.4 del Código
Civil y, se pierda el derecho a la porción conyugal (art. 1231 C.C.), así como
el beneficio de competencia obligatoria (art. 1685 C.C.). A esta categoría de
causales corresponden los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 del
Código Civil.
El divorcio por
culpa o divorcio sanción obedece a la concepción del matrimonio con carácter
indisoluble, noción transportada desde el derecho canónico al derecho civil. Y
es precisamente por esto que su procedencia está sujeta al juicio de reproche
frente a uno de los cónyuges por conductas consideradas como incumplimientos
culposos supuestamente contrarios a derecho.
Ahora bien, a pesar
del contenido prescriptivo de las reglas sobre divorcio previstas en la
legislación civil, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, valiéndose de
los principios de la Carta Política de 1991, se ha pronunciado sobre el alcance
de las causales subjetivas, precisando que la dignidad humana y el libre
desarrollo de la personalidad constituyen criterios de interpretación para
determinar que no es admisible obligar a los cónyuges mantener el vínculo
matrimonial en contra de su voluntad.
En esa orientación,
constituyen referentes jurisprudenciales consolidados las sentencias C-660 de
2000, C-821 de 2005, C-985 de 2010 y C-746 de 2011. En la Sentencia C-660 de
2000 la Corte declaró inexequible la expresión
“salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado.”,
contenida en el numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, que
establecía que el consentimiento o perdón del cónyuge “inocente” impedía que
las relaciones sexuales extramatrimoniales se invocaran como causal de divorcio. En dicha oportunidad, esta Corporación con fundamento en que la
principal consecuencia de esta modalidad de acuerdo de voluntades es la
familia, consideró inapropiado aplicar al matrimonio los mismos
criterios de resolución del régimen general de los contratos[100] y determinó que el Legislador invadió la esfera de intimidad de las
relaciones de pareja, al realizar una valoración de conductas propias de
la intimidad de una forma que no siempre coincide con la voluntad de sus
miembros[101]. Con esa misma orientación hizo énfasis en la importancia que
reviste el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad en
las decisiones que toman las personas en relación con el matrimonio, y sus
cuestiones accesorias como lo es el divorcio, señalando que la protección por
parte del ordenamiento a la familia, en cuanto a causales de divorcio, no puede
ser desbordada, ya que el consentimiento en ciertas actuaciones depende de la
conciencia y, ésta puede variar con el paso de los años y tornar en intolerable
lo que en otro momento se consideró aceptable, partiendo de la realidad de
tratarse de convicciones individuales, complejas y cambiantes[102].
Un segundo referente común en esta materia, es
la Sentencia C-1495 de 2000, mediante el cual esta Corporación se pronunció
respecto al carácter contractual del matrimonio y la relevancia que tiene el
consentimiento y la autonomía para su perfeccionamiento. En dicha providencia,
la Corte señaló que el argumento de mantener y restablecer la unidad y armonía
de la familia no puede forzar a mantener unidos a quienes no lo desean[103].
Posteriormente,
en Sentencia C-821 de 2005[104],
la Corte juzgó la constitucionalidad del numeral 1º del
artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del
artículo 154 del Código Civil, reiterando la diferencia entre las
causales subjetivas y objetivas de divorcio. En lo concerniente a
las causales subjetivas de divorcio y su relación con el deber de protección y
promoción de la institución familiar, la Corte consideró que su fundamento son
los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e
inalienabilidad de los derechos de la persona reconocidos a la pareja, los
cuales impiden al Estado perpetuar el vínculo matrimonial mediante coacción o
la imposición jurídica de una convivencia que no es deseada por los
contrayentes[105].
Similares consideraciones se encuentran en la Sentencia
C-985 de 2010, en la que al abordar el estudio de constitucionalidad de la
caducidad contemplada en el artículo 156 del Código Civil, -modificado por el
artículo 10º de la Ley 25 de 1992-, la Corte señaló que: “…el divorcio no es
una sanción que el cónyuge inocente impone al cónyuge que incurre en las
causales subjetivas previstas en el artículo 154 del Código Civil, sino una decisión
dirigida a restablecer su vida afectiva y familiar.”
En el juicio de proporcionalidad estricta, la Corte[106]
determinó que la medida de caducidad no era necesaria desde la perspectiva
constitucional, toda vez que aunque las finalidades perseguidas son legítimas a
la luz de la Carta Política, éstas pueden lograrse mediante mecanismos menos restrictivos
de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la
dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil, e incluso a
conformar una nueva familia de los cónyuges “inocentes”.
En lo atinente a la
proporcionalidad estricta[107],
la Corte consideró que el término de caducidad limitaba el derecho de los
cónyuges al divorcio e interpretaba el silencio de estos en una forma que no
consulta su voluntad.
A partir de lo anterior, esta Corporación precisó que, si bien es
cierto que el ordenamiento prevé causales de divorcio objetivas que pueden ser
alegadas por cualquiera de los cónyuges en cualquier tiempo ante la
jurisdicción, y por mutuo acuerdo ante un notario, ninguno
de estos mecanismos permite a uno de los contrayentes solicitar de manera unilateral
el divorcio, cuando considera que el vínculo se ha roto y no quiere permanecer
unido jurídicamente al otro, cuestión que lo obliga a perpetuar la relación
marital contra su libertad[108].
Al decir muy bien expresado de Tennesse Williams: “Los pájaros enjaulados se
aceptan el uno al otro, pero lo que quieren es volar.”[109]
Así las cosas, del compendio de
consideraciones jurisprudenciales reseñadas, es posible evidenciar que desde la
expedición de la Carta Política de 1991, la Corte Constitucional ha
interpretado el matrimonio y sus medidas accesorias, como instituciones que
forman parte de una estructura cuya comprensión y alcance está irradiado por
los principios y derechos fundamentales. En ese sentido, su aplicación no está
confinada a un régimen legal y contractual basado en un culpable y un inocente,
que es a todas luces contrario a un entendimiento constitucional, al cual la
Corte no es ajena y que con mayor razón debió ser aplicado al estudio del
proceso de constitucionalidad objeto de salvamento.
De lo anterior se sigue que la
sentencia que debió pronunciarse era el punto culminante de una sólida línea
jurisprudencial tendiente a garantizar los derechos fundamentales de las
parejas en la que sus implicaciones de derecho, debían analizarse
más allá de las previsiones del dogmatismo civil e interpretarse bajo la égida
de los principios constitucionales.
4. Las causales subjetivas y los efectos prestacionales derivados del
divorcio constituyen una sanción y no un mecanismo para restablecer a la
familia
La demandante con
base en los derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P.) y al libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.), propuso que se declarara
contraria a la Constitución la limitación contenida en el artículo 156 del
Código Civil que restringe la legitimación por activa en la demanda de divorcio
al cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, cónyuge
“inocente”.
Al efectuar
integración con varias disposiciones inescindiblemente ligadas a esta materia,
la Sala Plena tendría que haber examinado, tanto el artículo 156 del Código
Civil en su totalidad, como las causales subjetivas de divorcio contenidas en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7[110]
con el fin de determinar si infringen los derechos fundamentales a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad del denominado cónyuge “culpable”.
También se debió
analizar la constitucionalidad del artículo 162 del Código Civil que faculta a
uno de los consortes a revocar las donaciones, cuando el cónyuge culpable
incurre en las causales subjetivas aludidas; del artículo 411 núm. 4 de la
misma normatividad que define los alimentos en función de la culpabilidad
prescrita en estas mismas causales, del artículo 1231 que excluye el derecho a
la porción conyugal por culpa y, del artículo 1685.2 que establece la pérdida
del beneficio de competencia obligatoria por culpa de uno de los cónyuges.
La legislación
civil colombiana optó por un sistema de disolución causado en el que la
solicitud de divorcio y la sentencia que lo determina, deben fundarse en una
causal taxativamente (“numerus clausus”) prevista en la ley. De esta
manera, la norma demandada y las causales subjetivas objeto de integración
normativa, hacen parte del régimen del matrimonio, ya que atañen a su
terminación por medio de la figura del divorcio y a sus posteriores efectos
prestacionales basados en la culpa.
En cuanto a su
alcance normativo, el artículo 156 del Código Civil establece la legitimación y
oportunidad para presentar la demanda de divorcio, limitando esta posibilidad
al cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, cuando se trata
de las causales subjetivas enunciadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
A su vez, el
artículo 154 del Código Civil, al cual la norma demandada remite, establece
(nueve) diversas causales, de las cuales conforme a lo indicado en precedencia
(seis) son subjetivas (1, 2, 3, 4, 5 y 7) y (tres) objetivas (6, 8 y 9). Las causales
subjetivas se refieren a situaciones en las que la solicitud de divorcio tiene
origen en el incumplimiento y, por ende la culpa de uno de los cónyuges, las
cuales se sintetizan de la siguiente manera: (1ª) referida a las relaciones
sexuales extramatrimoniales; (2ª) el grave e injustificado incumplimiento de
los deberes como padre de alguno de los cónyuges; (3ª) maltrato por parte de
uno de los cónyuges; (4ª) embriaguez habitual de uno de los cónyuges; (5ª) uso
habitual de estupefacientes de uno de los cónyuges; (7ª) la conducta tendiente
a corromper al otro por parte de uno de los cónyuges.
El divorcio por
causales subjetivas introducido por la Ley 1ª de 1976 es el denominado
“divorcio sanción”, propio de la dogmática canónica y, consecuentemente, civilista
del siglo pasado, por completo ajena a los principios laicos adoptados por la
Carta Política de 1991, los cuales separaron de forma definitiva la Iglesia del
Estado y, por consiguiente, proscriben la tendencia histórica tradicional de
rendir culto al matrimonio católico y su visión de indisolubilidad.
Según esta
comprensión, la norma demandada así como las inescindiblemente integradas,
debieron someterse al baremo del escrutinio de razonabilidad estricta que
habitualmente aplica esta Corporación cuando el derecho a la igualdad se
encuentra en juicio.
5. Falta de Proporcionalidad y
razonabilidad de la limitación del derecho a demandar el divorcio, de las
causales subjetivas, de la fijación de alimentos entre cónyuges, de la
revocatoria de las donaciones, de la porción conyugal y del beneficio de
competencia obligatoria
Para
determinar si las diferencias de trato previstas en los artículos 154, 156,
162, 411.4, 1231 y 1685.2 del Código Civil, están justificadas, o por el
contrario, son violatorias del derecho a la igualdad, estas medidas
legislativas debieron examinarse a la luz el denominado test de razonabilidad
en intensidad estricta.
Como
es sabido, el test de razonabilidad es una estructura lógica que permite a los
tribunales realizar sus interpretaciones acerca del contenido de los derechos
fundamentales, en aquellos casos en los que se plantea una colisión entre
principios constitucionales y que suministra razones en favor o en contra de
una determinada intervención legislativa.
Esta metodología proveniente del test de igualdad estadounidense y
del test de proporcionalidad europeo[111], al ser
fusionada[112] por la Corte Constitucional, dio paso
a lo que en la actualidad se ha denominado un “juicio integrado de igualdad” o
“test integrado de igualdad”, constituido por tres pasos, consistentes en: (i)
determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis;
(ii) definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento
desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) establecer si el
tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, es decir, si las
situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato
diferente o deben ser tratadas de un modo similar[113].
El
artículo 156 del Código Civil establece una remisión a las causales subjetivas
de divorcio previstas en el artículo 154 de la misma normatividad, limitando el
acceso a esta únicamente al cónyuge “culpable”. En concordancia con ello, el
artículo 162 faculta al cónyuge “inocente” para que revoque las donaciones
efectuadas durante el matrimonio, bajo el criterio de la culpabilidad, el
artículo 411.4 fija la prestación alimentaria en función de esa misma causa y
los artículos 1231 y 1685.2 determinan las prestaciones de porción conyugal y
beneficio de competencia obligatoria también a partir de la supuesta
culpabilidad de uno de los cónyuges.
De lo
anterior se sigue que las medidas adoptadas por el legislador consisten en una
diferencia de trato que se basa en la culpabilidad de uno de los cónyuges,
cuestión que debía confrontarse con el artículo 13 de la Carta Política, a fin
de determinar si está constitucionalmente justificado.
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en este asunto procedía la
aplicación del test estricto por las siguientes dos razones: (i) está de por
medio el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Carta Política, y (ii) la diferencia de trato afecta de manera grave, prima
facie, el goce efectivo de varios derechos constitucionales
fundamentales, como los son la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad.
El primer paso consistente en determinar el criterio de
comparación, o patrón de igualdad “tertium comparationis”, permite
identificar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se
confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En términos
prácticos, se trata de comprobar si en el plano fáctico y jurídico existe un
trato igual entre desiguales o un trato desigual entre iguales. En el presente
caso se trata de sujetos iguales que conforman un vínculo marital, por lo que
son enteramente comparables.
En los términos de la jurisprudencia consolidada por esta
Corporación, puntualmente, las sentencias C-093 de 2001, C-673 de 2001, C-720 de
2007 y C-862 de 2008, que son referencia común en la aplicación del test de
igualdad, el escrutinio se despliega con la evaluación de tres etapas que
corresponden a consultar los principios de: (1) idoneidad, (2) necesidad, y (3)
proporcionalidad estricta en la relación de medio y fin.
Las medidas en juicio consisten en: (i) la restricción del derecho
a demandar el divorcio por parte del cónyuge “culpable”, (ii) conforme a las
causales subjetivas en las que el elemento diferencial es la culpabilidad y de
lo cual se derivan consecuencias como, (iii) la fijación de la prestación
alimentaria, (iv) la revocación de las donaciones efectuadas durante el
matrimonio, (v) la pérdida del derecho a la porción conyugal y (vi) del
beneficio de competencia obligatoria.
La finalidad de estas medidas conciernen a la protección de la
familia, lo cual, sin lugar a duda, comporta un fin constitucional legítimo,
importante e imperioso que tiene consagración explicita en los artículos 5 y 42
Superiores.
1º- La idoneidad exige
que las intervenciones del legislador sobre el ámbito de los derechos
fundamentales contribuyan a la obtención de los fines constitucionales, y
dentro de este raciocinio, el escrutinio consiste en establecer si la medida
adoptada por el legislador los cumple. Al respecto, la Corte ha considerado que
una medida es adecuada, “si su implementación presta una contribución
positiva en orden a alcanzar el fin propuesto, es decir, la protección de los
derechos fundamentales”[114], lo que en este
caso podría cumplirse, bajo la lógica según la cual, se protege a la familia,
al impedirle a uno de los cónyuges solicitar el divorcio por incumplir los
términos del contrato matrimonial. Y, efectivamente, las normas en juicio, a
primera vista, preservan el matrimonio, toda vez que hacen dificultosa su
disolución, con lo cual, en principio logran el fin para el cual están
legislativamente previstas.
2º- En segundo término,
debe evaluarse la necesidad, esto es si la medida adoptada por el
legislador es la mejor entre todas las posibles. Teniendo en cuenta que el
medio consistente en restringir el derecho a demandar el divorcio por las
causales subjetivas establecidas en el artículo 156 del Código Civil, (de lo
cual se derivan otras consecuencias como la fijación de alimentos, la
revocación de las donaciones, la pérdida de la porción conyugal y del beneficio
de competencia obligatorio), tiene por finalidad proteger a la familia, es
factible deducir que para el momento, y en el contexto sociológico y cultural
en el que el legislador expidió la Ley 1ª de 1976, hace más de cuarenta años,
no había otras opciones para lograr ese propósito[115].
De tal manera, que la restricción en la legitimación por activa, las causales
subjetivas y sus consecuencias accesorias tornarían a primera vista necesarias.
En
este aspecto, se debe precisar que se trata de una norma del Código Civil (art.
156 C.C.), la cual remite a las causales subjetivas de divorcio (art. 154 C.C.)
y a la normas generales del matrimonio establecidas en el Código Civil del año
1887 y a su norma modificatoria en 1976[116], es
decir, a disposiciones que en términos generales fueron promulgadas con uno y
casi medio siglo de diferencia a la entrada en vigencia y efectiva aplicación
de la Carta Política de 1991 y, por lo tanto, se inscriben en el contexto
indisoluble del concepto de matrimonio, en el que las parejas de manera forzosa
deben mantenerse unidas.
3º- Por último, debió
examinarse la proporcionalidad, como tercer componente del test estricto
de igualdad. Esta parte consiste en evaluar el balance entre las ventajas y
desventajas constitucionales de la medida adoptada por el legislador. De tal
forma que si son mayores los beneficios, entonces la medida resulta
constitucional, pero si ocurre lo contrario y son mayores los costos, la medida
es desproporcionada y en el caso del derecho a la igualdad, la diferencia de
trato estaría injustificada.[117] En
términos simples esta parte del examen evalúa si existe una relación compensada
entre medio y fin.
Sin
hacer un análisis exhaustivo la medida que restringe a los cónyuges “culpables”
demandar el divorcio, podría traer como ventajas la unión familiar, en los
términos del Código Civil. Pero es injustificadamente restrictiva para el
ordenamiento constitucional, particularmente en cuanto a los derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, cuyo
objetivo y filosofía consiste en proteger a las personas frente a las
contingencias que afecten su calidad de vida y las puedan colocar en una
situación indigna en su condición de seres humanos.
La
restricción para demandar el divorcio implica la afectación e incluso el
sacrificio de derechos fundamentales en el ejercicio de la autonomía, dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución, que le permite a las personas construir
su plan de vida, incluyendo el plan de vida familiar.
Si bien la estabilidad del matrimonio (no la indisolubilidad) es un
fin constitucionalmente válido (art. 42 C.P.), la regla establecida en la norma
demandada del artículo 156 del Código Civil, restringe de manera injustificada
los derechos fundamentales de uno de los cónyuges y, de ello se deriva, que las
causales subjetivas que debieron integrarse al juicio de constitucionalidad, no
protegen la estabilidad de la familia, sino que por el contario la ponen en
riesgo al prolongar los efectos del vínculo marital, quebrantando de suyo la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes.
En esta perspectiva, carecen de razonabilidad las previsiones procesales y sustantivas
actuales que obligan la permanencia de matrimonios, a pesar de haber
desaparecido la voluntad del vínculo en uno de los cónyuges, lo cual acarrea en
muchos casos funestas consecuencias para la paz y la convivencia familiar con
fundamento en la utópica indisolubilidad de un contrato.
En el asunto de
constitucionalidad objeto del presente salvamento, los supuestos de hecho están
relacionados con la posibilidad fáctica y jurídica de solicitar el divorcio y
las consecuencias que de ello se derivan para los contrayentes del vínculo
matrimonial, quienes en todo momento deben ser tratados por el ordenamiento
constitucional bajo las mismas condiciones y, sin embargo, la legislación civil
los trata no como cumplidos o incumplidos, sino con una perspectiva punitiva,
como “culpable” e “inocente”, según el cumplimiento o incumplimiento de los
deberes maritales.
Frente a este
aspecto, estimo prudente formular varios interrogantes ¿qué ocurriría en el
supuesto de hecho en el que ambos cónyuges incurran simultáneamente en una de
las causales subjetivas?, ¿En ese caso ambos serían culpables? y,
consecuentemente, ¿qué tratamiento le daría el Código Civil a esta hipótesis?,
¿ninguno tendría legitimación por activa para proponer el divorcio?, ¿Si las
sanciones económicas contra el cónyuge “culpable” son instrumento eficaz e
idóneo para lograr la estabilidad de la vida matrimonial, las familias pobres
deben entonces quedar al margen de tan augusto privilegio?
Estos interrogantes
y otros en similar sentido permiten deducir en sana lógica que la legislación
civil parte de un tratamiento desigual frente a quienes en todo momento son
iguales, pues conforme lo establece el artículo 13 de la Constitución “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley…”.
Como balance de lo
antedicho, las expresiones demandadas, así como las que debieron
integrarse, parten de un tratamiento desigual frente a quienes son iguales,
porque en la filosofía que las inspiró y, consecuentemente estructuró, hay un
“culpable” y un “inocente”.
Las codificaciones
deben ser evolutivas y adaptarse al modo de vida de la sociedad de su tiempo,
en especial a la variación de las condiciones que en el matrimonio se van
presentando. En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
10º del artículo 42[118]
de la Constitución, es claro que la regulación del
matrimonio en desarrollo del principio democrático compete al legislador, sin
embargo, cuando se encuentran en tensión elementos constitucionales derivados
de la misma Carta Política o del Bloque de Constitucionalidad, como en efecto
lo son los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad,
se debe evaluar la proporcionalidad de las medidas legislativas.
En este caso, las normas objeto de
control, al pretender proteger la finalidad constitucional de la estabilidad
familiar a través de la unidad conyugal, afectan en mayor dimensión otros
derechos fundamentales como la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad e implica una carga desproporcionada sobre la autodeterminación
que reduce drásticamente el ámbito de realización de los derechos de uno de los
cónyuges. Y es precisamente por ello que las previsiones normativas:
legitimación por activa, las causales subjetivas y sus efectos prestacionales,
al estar basadas en el elemento central de la culpabilidad, conducen a una
restricción desmesurada y contraria a la regla de proporcionalidad.
Si bien ha sido el propio
legislador quien en ejercicio de su potestad de configuración estableció la
restricción procesal objeto de la demanda, así como las causales por remisión y
sus efectos prestacionales, el ejercicio de ponderación demuestra que siendo
adecuadas y necesarias, el sacrificio contemplado por las disposiciones en
juicio, se manifiesta en impedir que por la decisión libre de uno de los
cónyuges proceda el divorcio, cuestión que las hace desproporcionadas en la
relación de medio y fin.
Este juicio de igualdad que era
imprescindible fue evadido por la Corte por supuesta ineptitud sustantiva de la
demanda, siendo que la accionante argumentó todas las condiciones
jurisprudenciales para su realización.
Cada palabra de una ley envuelve
un significado que tiene consecuencias jurídicas y considero que las
expresiones demandadas en este caso obligan a los cónyuges a mantener un vínculo
matrimonial en contra de su voluntad. En ese sentido, la normatividad
cuestionada, lejos de atar a los cónyuges definitivamente, vulnera gravemente
la dignidad de la familia surgida del vínculo marital y el derecho a
reconstruir su convivencia y optar por un destino de vida diferente.
En este aspecto, se
debe tener en cuenta que el efecto jurídico principal de la
declaratoria de divorcio es el surgimiento de un nuevo estado civil, el cual
habilita a las personas para formar un nuevo proyecto de vida o incluso volver
a contraer matrimonio. Es por esto que las expresiones acusadas y las
causales subjetivas que le están inescindiblemente ligadas, comportan medidas
legislativas que implican un vaciamiento de la dignidad y del libre desarrollo
de la personalidad, al impedir injustificadamente el derecho de los cónyuges a
optar en igualdad de condiciones por un nuevo estado civil como proyecto de
vida o por la conformación de una nueva relación sentimental e incluso, una
nueva familia.
A este razonamiento se arriba
porque en un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad de la persona
humana y en el que prima el paradigma de separación entre la iglesia y el
Estado, los preceptos normativos del derecho legislado (contrato civil), deben
ser interpretados a la luz de la garantía de los derechos humanos, cuya
axiología constitucional impide determinar los asuntos de familia en función de
cónyuges “culpables” e “inocentes”. En palabras de la propia Corte
Constitucional: “En concordancia con estas consideraciones,
también es necesario entender que el divorcio no es una sanción que el
cónyuge inocente impone al cónyuge que incurre en las causales subjetivas previstas
en el artículo 154 del Código Civil, sino una decisión dirigida a
restablecer su vida afectiva y familiar.” (Sentencia
C-985 de 2010)
Contra estos razonamientos,
algunos intervinientes defendieron la constitucionalidad de la disposición
demandada, apoyándose en que las causales objetivas de disolución permiten al
cónyuge “culpable” auto determinarse y, a su vez, que el
matrimonio por su naturaleza jurídica de contrato bilateral, no puede
disolverse por la expresión de voluntad de una sola de las partes.
Tampoco comparto esta postura, pues es evidente que dichas causales objetivas aunque no fueron parte
del análisis de constitucionalidad, aun así preservan una estructura
restrictiva que en determinadas circunstancias impiden la realización del libre
desarrollo de la personalidad. En el caso de la 9ª causal, requiere el concurso
de voluntades, mientras que la 8ª causal, el paso de dos años como mínimo,
cuestión que constituye un término durante el cual uno de los cónyuges debe
permanecer casado contra su voluntad.
La finalidad de
incorporar estas causales objetivas que hoy en día hacen parte de la normatividad
civil, en su momento obedeció al propósito de contribuir a remediar conflictos
conyugales, dificultados por la aplicación de una estructura legal
exclusivamente regulada por causales subjetivas inspiradas en la orientación
canónica basada en la perpetuidad del vínculo matrimonial “lo que Dios unió
que no lo separe el hombre” (Mateo 19.6). Esto se verifica con mucha
claridad en la exposición de motivos que dio lugar a la expedición de la
Ley 25 de 1992 y en cuya ponencia para primer debate en Senado, en la parte
pertinente el legislador sostuvo:
“Somos conscientes desde
luego que ese avance legislativo tiene que hacerse teniendo en cuenta la
realidad cultural del país, donde juegan papel preponderante las creencias
religiosas de las mayorías colombianas. De allí que en lo atinente a las
causales de divorcio proponemos introducir algunas modificaciones que no pueden
considerarse, en manera alguna, revolucionarias; se trata, simplemente, de
atemperar la realidad colombiana (sic) las causales que en la gran mayoría los
países del mundo están hoy vigentes, cabalmente porque la civilización así lo
ha considerado”[119].
La Ley 25 de 1992,
en el intento de superar la dogmática canónica, instituyó causales objetivas,
esto es, aquellas que no pretenden establecer una responsabilidad por culpa,
como lo son el mutuo acuerdo y la separación de cuerpos por más de dos años y,
a su vez, mantuvo las subjetivas previstas en la Ley 1ª de 1976, eliminando
únicamente la novena causal relativa a la condena privativa de la libertad
personal, superior a cuatro años, por delito común de uno de los cónyuges.
En todas las
causales subjetivas concurre la culpa como elemento diferencial que determina
el divorcio y sus efectos prestacionales. Sobre este aspecto, la Corte no debió pasar por alto, la difícil y en muchos casos difamante
situación probatoria a la que conllevan estas causales subjetivas de divorcio.
El divorcio contencioso por causales subjetivas normalmente destruye a la
familia porque exhibe a la pareja en su intimidad. Los altos niveles de
congestión judicial en esta materia demuestran la destrucción y desgaste
emocional al que se someten los cónyuges y sus familias cuando optan por el
divorcio contencioso.
El respeto por la
autonomía de la persona humana es una categoría fundante que da lugar a que el
juez pueda decretar el divorcio por la sola voluntad de uno de los contrayentes
y, en ese sentido, la ley no puede inmiscuirse en la decisión libre de un
cónyuge de divorciarse unilateralmente bajo criterios obsoletos de
incumplimiento o culpabilidad que son a todas luces inconstitucionales. Es inconcebible que en el siglo XXI la función jurisdiccional se
estanque en la culpabilidad para la terminación del matrimonio, siendo que en
la práctica el vínculo de todos modos finaliza, sin importar quien lo provoque.
Al respecto, la
experiencia del derecho comparado contribuye de manera significativa en la
comprensión de las razones que fundamentan el establecimiento del divorcio
unilateral, en protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad. Es así que las legislaciones foráneas en el entendimiento
contemporáneo de que el divorcio tiene por objeto poner fin a la relación y no
destruir a la familia y con el fin de evitar la contención entre las parejas,
exigen acompañar la propuesta de las medidas que regulan (convenio regulador)
los efectos derivados de la separación en relación con los hijos y el
patrimonio. Esta medida sólo está contemplada en Colombia para el divorcio por
mutuo acuerdo y debería extenderse al divorcio unilateral.
Todo estos razonamientos conducen
a concluir que las expresiones demandadas  comportan una carga desproporcionada
frente a uno de los cónyuges, quien en todo momento debería ser tratado en
igualdad de condiciones y a que las causales subjetivas son abiertamente
contrarias al derecho fundamental a la dignidad, aspecto que paso a explicar
seguidamente.
6. La dignidad
humana es el principio fundante de toda relación humana
En palabras de Kant: “la
dignidad es el atributo de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley
que la que él mismo se da”. Por lo tanto, “la autonomía es el fundamento
de la dignidad de la naturaleza humana”[120]
que constituye un principio sobre el cual no se puede ofrecer ningún
equivalente, pues es el “valor irremplazable de un ser con el que nunca se
puede negociar”[121].
En tanto principio y derecho
fundamental, la dignidad humana ofrece dos dimensiones, de una parte: el
individuo está libre de ofensas y humillaciones (negativa); y, de otra,
le permite actuar en libertad y llevar a cabo el libre desarrollo de su propia
personalidad (positiva)[122].
Sobre estas dimensiones la Corte Constitucional ha construido sólidas líneas
jurisprudenciales[123].
En particular, con respecto al matrimonio y sus instituciones accesorias, el
principio de la dignidad humana se despliega en la plena autonomía del
individuo para decidir acerca de si desea celebrar, preservar o dar por
terminado un vínculo marital solemne, cuyos propósitos son acompañarse,
socorrerse mutuamente y disfrutar de una asociación íntima, en el curso de la
existencia y conformar una familia.
Esta elección libre y autónoma
forma parte de la dignidad de cada persona individualmente considerada y es
intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes del ethos para
determinarse en tres ámbitos concretos reconocidos por la jurisprudencia
constitucional, a saber: (i) “vivir como quiera”, (ii) “vivir bien”,
y (iii)  “vivir sin humillaciones”.
Atenta contra la dignidad humana
una normatividad que le impide al ser humano decidir autónomamente si desea
continuar o terminar un vínculo marital tal y como sucede con las disposiciones
inspiradas en conceptos decimonónicos de culpa o inocencia de los cónyuges que
aún rigen esta materia en Colombia.
El matrimonio, al igual que su
terminación, continúan analizándose desde una perspectiva exclusivamente
contractualista, orientada por preceptos clásicos del derecho civil tales como
que: (i) el contrato es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por
mutuo acuerdo o por causas legales; (ii) nadie puede alegar su propia culpa
para beneficiarse (nemo auditur propiam turpitudinem allegans); o (iii)
todo incumplimiento contractual genera una obligación indemnizatoria a favor de
la parte afectada o “inocente”.
Esta lectura omite un
entendimiento constitucional en el que la autonomía que tiene el ser humano
para contraer matrimonio, como para darlo por terminado e iniciar un nuevo
proyecto de vida, es un predicado de la dignidad humana. De allí que son
constitucionalmente inadmisibles las limitaciones legales que le impiden a uno
de los contrayentes dar por terminado unilateralmente el vínculo matrimonial,
es decir, por su mera voluntad y sin tener que estar sometido a la decisión del
otro, o verse incurso en un proceso judicial encaminado a demostrar el
incumplimiento de sus deberes conyugales.
El principio de la dignidad
humana, en su dimensión de “derecho a vivir como uno quiera”, está
íntimamente ligado al derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 C.P.), en tanto es ámbito de libertad del individuo que
le permite “realizar autónomamente su proyecto vital, sin coacción, ni
controles injustificados.”[124]
Se trata entonces del principio liberal de la no injerencia institucional “en
materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y la organización
social”[125].
En este orden de consideraciones,
la determinación de celebrar un matrimonio, al igual que aquella de mantenerlo
o darlo por terminado, modificando de esta forma su estado civil y pudiendo
crear una nueva familia, son decisiones íntimas del individuo, directamente
vinculadas con su proyecto de vida, y en tal sentido, manifestaciones del
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que
el legislador no puede imponer barreras desproporcionadas, encaminadas a evitar
que uno de los cónyuges pueda dar por terminado unilateralmente el vínculo
matrimonial, cuando quiera que desee dar inicio a un nuevo proyecto de vida,
sólo o con otra pareja.
En los casos de las denominadas
“causales subjetivas”, fundadas en el concepto del incumplimiento y la culpa,
el cónyuge que incumplió con sus deberes legales no puede acudir a la justicia
con miras a buscar la disolución del vínculo matrimonial, quedando a merced de
la voluntad del cónyuge “inocente”. Su única alternativa es esperar el
transcurso de dos años desde la separación de cuerpos, para redefinir su estado
civil y, si es su voluntad, crear una nueva familia con base en un nuevo
vínculo marital. En otras palabras, se instrumentaliza al ser humano, en la
medida en que unas normas legales, inspiradas en conceptos de expiación de
culpas y sanción, en la mayoría de los casos, conducen a las parejas a iniciar
prolongadas controversias judiciales, lo que de suyo resquebraja aún más las
relaciones afectivas con los hijos, cuando los hay.
Si bien es cierto que el
consentimiento libre de ambos contrayentes es un elemento esencial de la
validez del matrimonio, también lo es que tal bilateralidad no puede imponerse
al momento de darlo por terminado, porque se erige en una carga
desproporcionada para aquel cónyuge que ya no desea permanecer en el vínculo
marital. Por eso concluyo este acápite diciendo que una aproximación
constitucional en esta específica materia tiene que desbordar la lógica
tradicional civilista que orienta la celebración y terminación de los contratos
sinalagmáticos. En efecto, esta Corporación en la Sentencia SU-214 de 2016
realizó una lectura constitucional del matrimonio y sus instituciones
accesorias, y en esta ocasión se requería de otro tanto frente a la terminación
del mismo. En ambos supuestos, están de por medio el disfrute de los mismos
principios y derechos fundamentales: dignidad humana, libertad, libre
desarrollo de la personalidad e igualdad de trato.
7. Las medidas prestacionales
derivadas del divorcio con culpa (artículos 162, 411.4, 1231 y 1685.2 del
Código Civil), son contrarias al canon de dignidad humana
Como ocurre con
todo acuerdo de voluntades, el Código Civil le atribuye al matrimonio (Art. 113
C.C.[126])
una naturaleza eminentemente contractual que obliga a las partes al
cumplimiento de unas obligaciones. Principalmente, el sometimiento al principio
general “pacta sunt servanda”, según el cual el cumplimiento de lo
pactado se convierte en ley para las partes. De acuerdo con este principio, una
vez celebrado un contrato debe cumplirse de buena fe y no puede desconocerse,
ni dejarse sin efecto el contenido del mismo, salvo en las circunstancias que
la misma ley establezca. Frente a la aplicación estricta del principio “pacta
sunt servanda” cuya finalidad está dada por preservar la seguridad
jurídica, considero que esta previsión no puede leerse de manera aislada a su
complemento “rebus sic stantibus”, que supone, ante un cambio de las
circunstancias presentes en el momento de la celebración del contrato, su
modificación o disolución.
Este principio
que permite denunciar un contrato lesivo para una de las partes está reconocido
como la teoría de la imprevisión, la cual busca evitar la ruina económica del
contratante, quien está unilateralmente facultado para convocar al juez a fin
de que este autorice su retiro. Si ello es posible para evitar la ruina
económica del contratante, mejores razones habría para impedir la ruina moral
de los seres humanos, de los hijos, o de la institución familiar, en un
matrimonio insostenible.
El divorcio
tiene por objeto poner fin al vínculo matrimonial, pero no destruir a la
familia. Por esa razón, la existencia de las causales de divorcio, el
juzgamiento de la conducta de una de las partes a petición de la otra, o las
recíprocas acusaciones por faltas consideradas graves, generan un estado de
guerra que conduce a la destrucción del núcleo familiar. Es decir, el juicio de
divorcio contencioso mediante causales que develan cuestiones que atañen a la
intimidad de la pareja, genera unos efectos colaterales indeseados frente a los
demás miembros de la familia y respecto de ésta como sujeto de derechos, en
especial sobre la dignidad y la intimidad. Para la familia como sujeto de
derechos, llamada a subsistir más allá del divorcio, la falta cometida por el
cónyuge “culpable”, puede ser menos lesiva que la denuncia y propagación que de
ella se hace, pues nada permite avizorar que los hijos, por ejemplo, tengan que
compartir el juicio de culpabilidad hecho por uno de los padres. Los hijos
tienen una dimensión distinta de la solidaridad, la comprensión, el respeto, el
amor a los padres y lo que es más importante, del perdón. La delación de las
faltas de uno de los padres en el proceso judicial, coloca a los hijos en la
encrucijada moral indeseable de juzgar a sus padres.
Todas las normas
estudiadas están indisolublemente ligadas porque en las causales subjetivas el
cónyuge “inocente” debe demostrar que el cónyuge “culpable” incurrió en alguna
de ellas, a través de un juicio de responsabilidad que conduce a que el juez
declare la disolución del vínculo.
Siguiendo la
jurisprudencia constitucional referenciada en el presente salvamento, el
divorcio no es una sanción que el cónyuge inocente impone al cónyuge que
incurre en las causales subjetivas previstas en el artículo 154 del Código
Civil, sino una decisión dirigida a restablecer su vida afectiva y familiar.
En este contexto,
las causales subjetivas y las consecuencias prestacionales, están estructuradas
en la lógica vindicativa y sancionatoria del derecho canónico y, por ende
civil, que inspiró el desarrollo de las instituciones jurídicas durante los
siglos XIX y XX. De tal suerte que, más que una protección a la familia, obligan
al cumplimiento de lo pactado y, en caso contrario, la única persona que goza
del derecho a promover la cesación del matrimonio es la denominada “inocente”
y, por consiguiente, el “culpable” quien comete la supuesta infracción legal
debe ser objeto de sanciones, que se manifiestan en las siguientes
consecuencias sancionatorias:
7.1. Sobre revocación de las
donaciones entre cónyuges
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 1056[127]
y 1196[128]
del Código Civil las donaciones entre cónyuges son esencialmente revocables.
Sin embargo, el artículo 162 del Código Civil de manera especial
configura el régimen jurídico de la revocación de
la donación por culpa de uno de los cónyuges en remisión a las
causales subjetivas. La figura de la revocación de la
donación por culpa no puede contemplarse de forma aislada a las demás
cuestiones relacionadas con el divorcio. En ese sentido, la norma que debió
integrarse al juicio de constitucionalidad, establece una diferenciación de
trato injustificada entre los cónyuges para que puedan revocar las donaciones,
la cual no tiene por fundamento la naturaleza de las relaciones existentes
entre estos, es decir, la familia. La revocación está establecida en función de
la culpa, cuestión que quebranta el derecho a la igualdad de trato que el
ordenamiento le provee a los contrayentes por virtud del artículo 13 de la
Carta Política.
La cláusula
legal residente en esta previsión del artículo 162 del Código Civil introduce
en la institución matrimonial un aspecto crematístico que contraría el derecho
de libertad y se constituye en una afrenta a la dignidad humana. Esta norma, y
las demás de su estirpe crea una penosa especie de matrimonio con cláusula
penal, pues según el artículo 1592 del Código Civil “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el
cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o
hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.”
De esta manera, la revocación de las donaciones es tal vez la norma más abrasiva
contra la dignidad humana y, por tanto, intolerable desde una perspectiva
constitucional, pues somete al cónyuge que ha recibido la donación bajo
condición resolutoria, a gobernar su conducta no por los sentimientos morales,
los deberes de corrección y solidaridad, sino por el cálculo económico del
costo de la desatención. La posibilidad de revocación de las donaciones hechas
por causa de matrimonio, es un negocio jurídico familiar incompatible con la
dignidad humana, pues el donante de forma infamante puede entender que compra
los más caros bienes de la relación matrimonial. La donación se convierte así
en el precio que un cónyuge paga por el amor, la lealtad, la sinceridad, la
fidelidad y en general por todos los gestos, sentimientos, afanes y desvelos que
en la cotidianidad las parejas se deben prodigar espontáneamente sin cálculo,
ni medida. No se puede producir el amor, ni evitar su muerte bajo la amenaza de
daños económicos, ni retener a la pareja conviniendo vejatorias cláusulas de
estabilidad que hasta el derecho del consumo reprime.
En términos de
igualdad, el criterio de revocación al estar basado en la culpabilidad que se
le atribuye a uno de los cónyuges por incurrir en alguna de las causales
subjetivas de divorcio determinadas en el artículo 154 del Código Civil,
quebranta el derecho que proscribe un tratamiento diferenciado injustificado
entre quienes son iguales.
7.2. La prestación alimentaria
entre cónyuges
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 160[129]
del Código Civil el divorcio tiene por efecto la cesación del vínculo marital,
sin perjuicio de la subsistencia de las obligaciones alimentarias entre quienes
fueron cónyuges. En concordancia, el numeral 4º del artículo 411 del Código
Civil, establece que los alimentos están “a cargo del cónyuge
culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin culpa”.
En complemento de ello, el artículo 176 del Código Civil, establece la obligación conyugal de
socorro y ayuda mutua, disposición sobre la cual la jurisprudencia
constitucional ha precisado que se fundamenta en el deber constitucional de
solidaridad.
En líneas
anteriores señalé que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, el principio de igualdad se viola si un tratamiento
diferenciado no está provisto de una justificación objetiva y razonable. De
acuerdo con las pluricitadas causales subjetivas, el fundamento para obligar al
pago de alimentos es la culpabilidad de uno de los cónyuges y no la necesidad
alimentaria.
De esta manera, el
precepto que debió ser integrado otorga la calidad de sujeto pasivo de la
obligación alimentaria al cónyuge en función de su culpa y, consecuentemente,
surge como sanción a la conducta que originó el rompimiento del vínculo
matrimonial, lo cual es a todas luces contrario los cánones constitucionales de
igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
Al respecto, es importante
señalar que sobre el fundamento jurídico de los alimentos, en
Sentencia C-1033 de 2002, esta Corporación se pronunció en el sentido que la obligación alimentaria aparece en el marco del deber de
solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por
finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. En esa misma orientación, por virtud de la Sentencia C-246 de 2002,
la Corte determinó que la obligación de alimentos debidos al cónyuge divorciado
o separado sin culpa, no depende del vínculo jurídico existente entre estos,
sino de la necesidad como criterio de determinación para su fijación[130].
El derecho de
alimentos se presenta como una forma de proteger al cónyuge que se encuentre en
estado de necesidad, que no pueda subsistir sin la ayuda económica del otro
cónyuge, cuestión que debe solicitarse al juez que decrete el divorcio
correspondiente. Es decir, que el contenido específico de
esta norma está cimentado sobre la base de los contratos y, por tal razón, se
ha mantenido distante del principio igualdad entre cónyuges, preservando hasta
hoy diferencias de trato injustificadas como la culpa que, son insostenibles en
una Carta Política transversalmente orientada por el espectro de los derechos
fundamentales.
Es por estas razones
que la Corte debió declarar la inexequiblidad de las expresiones “a cargo del
cónyuge culpable” y “sin su culpa” del numeral 4º del artículo 411 del Código
Civil.
7.3. La porción conyugal
El artículo 1230
del Código Civil[131], permite al cónyuge sobreviviente optar por la
denominada porción conyugal[132],
en los términos del artículo 1236[133]
de la misma normatividad y, consecuentemente, recibir la cuarta parte de los
bienes de la persona que ha fallecido.
Se quebranta la
dimensión de la igualdad de trato cuando una ley se aplica de forma diferente a
una o varias personas en relación con las demás. Teniendo
en cuenta que la porción conyugal tiene por finalidad garantizarle al cónyuge
supérstite lo necesario para atender su congrua subsistencia, es
inconstitucional la medida que le hace perder ese derecho bajo el criterio de
la culpabilidad. Esta medida de evidente estirpe sancionatoria, confiere un
trato diferente que no encuentra acomodo en los cánones constitucionales de
igualdad de trato y libre desarrollo de la personalidad.
Y es precisamente
por ello que la expresión “a menos que por culpa suya haya dado ocasión al
divorcio” del artículo 1231 del Código Civil debió integrarse al
juicio de constitucionalidad y, consecuentemente, declararse inconstitucional.
7.4. El beneficio de
competencia obligatoria
El Código Civil
establece en el artículo 1684[134]
el beneficio de competencia obligatoria como una institución mediante la cual
una persona que es deudora, pero que no tiene recursos para cancelar sus
obligaciones puede hacer uso de esta figura jurídica para que no sea obligado a
pagar más de lo que se encuentre dentro de sus posibilidades, y,
consecuentemente, se le permita preservar lo que necesite para subsistir, bajo
la condición de pagar cuando mejore su condición económica.
Sin embargo, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 1685 del Código
Civil, este beneficio se pierde por la culpa, cuestión que se traduce en una
cláusula penal para el matrimonio en la que se revoca la solidaridad por
derechos prestacionales.
La intromisión del
Estado en el matrimonio y en sus instituciones accesorias como el divorcio, no
puede dar lugar al establecimiento de desigualdades injustificadas en las que
por la culpa se pierdan derechos configurados por la solidaridad que implicó la
unión conyugal. Una regla como la prevista en el numeral 2º del artículo 1685
del Código Civil, atenta de manera directa contra los principios de dignidad
humana, igualdad y libre desarrollo de la personalidad, por la elemental razón
que conduce nada más y nada menos a una “capitis diminutio” del cónyuge
“culpable” originada en las causales subjetivas.
De allí que la
expresión “no estando divorciado por su culpa” del artículo 1685.2 del
Código Civil, también debió integrarse y declararse inexequible por esta
honorable Corte.
8. Las
normas del Código General del Proceso regulan el divorcio unilateral
En el efecto práctico, la consecuencia
derivada de una postura como la planteada en el presente salvamento de voto,
conduce al establecimiento del divorcio unilateral, esto es por la mera
decisión de alguno de los cónyuges y la correspondiente declaratoria judicial.
A simple vista, al retirar del ordenamiento civil la restricción
en la legitimación por activa dentro de la demanda de divorcio, las causales
subjetivas y los efectos prestacionales, pareciera suscitarse un vacío
normativo que haría necesario exhortar al Congreso de la República para que
regule la pretensión de divorcio unilateral y las consecuencias que de ello se
derivan.
No obstante, al
efectuar una revisión sistemática de esta específica materia en la legislación,
se observa que el Código General del Proceso, dentro de los procesos
declarativos especiales, regula el divorcio en los artículos 388[135]
y 389[136].
Estas disposiciones preceptúan el proceso de divorcio, sin alusión alguna a la
culpa como elemento diferencial que determine las consecuencias del mismo.
Esta reciente legislación
hace parte de los fines de modernización, racionalización y simplificación de
trámites, instancias y procedimientos. En particular, frente al ámbito
específico del divorcio, a diferencia de la regulación previa contenida en el
Código de Procedimiento Civil[137],
en la que se hablaba de “causa probada del divorcio”, el artículo 389
del C.G.P. establece los requisitos de la sentencia de divorcio, sin
especificar causales, unilateralidad o bilateralidad en la causa.
De esta manera, al
sustraerse del ordenamiento jurídico la restricción en la legitimación
por activa dentro del proceso de divorcio, así como la remisión a las causales
subjetivas, no se genera un vacío normativo, ya que el Código General del
Proceso en los artículos 388 y 389 prevé la regulación procesal que permite a
los cónyuges demandar unilateralmente el divorcio incausado.
La filosofía
jurídica que subyace en esta medida, reside en que el Código General del
Proceso en desarrollo del artículo 13 de la Constitución, tiene por fuente el
principio de igualdad, conforme al cual, en todo momento el juez debe hacer uso
de sus poderes para lograr la igualdad real de las partes[138].
De allí que los
operadores de justicia podrían decretar la disolución unilateral del vínculo
matrimonial incausado, de conformidad con los requisitos previstos en los
artículos 388 y 389 del Código General del Proceso y sin que se pueda afirmar
que el divorcio sin causal permite
que uno de los cónyuges quede desprotegido.
Sobre este aspecto,
es de resaltar que el establecimiento del divorcio unilateral no implica
el debilitamiento del matrimonio y de la familia, como núcleo de la sociedad;
por el contrario reivindica el compromiso y voluntad permanente
como única condición suficiente para la existencia del vínculo.
Conclusión
Con
fundamento en las ocho razones expresadas en este salvamento,
considero que la Corte Constitucional debió declarar inexequibles los numerales
1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154, las expresiones demandadas del artículo156,
el artículo 162, así como las expresiones “a cargo del cónyuge culpable,”
y “sin su culpa” del numeral 4º del artículo 411, la expresión “a
menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio” del artículo 1231 y
la expresión “no estando divorciado por su culpa” del numeral 2 del
artículo 1685 del Código Civil, por ser contrarios a los derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Es lamentable que en esta oportunidad la Corte abandonara su línea
jurisprudencial progresista para regresar a un tratamiento eminentemente legal
sobre el matrimonio y sus instituciones accesorias que ya había superado la
jurisprudencia constitucional. Al respecto, léase la ratio decidendi de
la Sentencia C-394 de 2017:
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio civil es
un contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a
los cónyuges, es decir, es “es un acto constitutivo de familia que genera
deberes en cabeza de los cónyuges”. Ello es así en tanto el artículo 113 del
Código Civil dota de naturaleza contractual al matrimonio, asignándole un
alcance bilateral habida cuenta que los consortes acuden a él de forma libre y
se unen por mutuo consentimiento con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse. A
partir de la definición dada por la ley, la doctrina sostiene que el matrimonio
se caracteriza por ser un contrato: bilateral, porque una vez celebrado se
constituye en fuente de derechos y obligaciones recíprocas entre los esposos,
solemne, pues para su validez requiere el cumplimiento de ciertas y precisas
formalidades especiales, puro y simple, ya que los derechos y obligaciones que
surgen del mismo no pueden someterse a plazo o condición, de tracto sucesivo,
por cuanto sus obligaciones se deben cumplir mientras perdure el matrimonio, y
finalmente, en la actualidad, el entendimiento igualitario constitucional
permite advertir que el matrimonio tiene una condición de diversidad en sus
contrayentes. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial, el
contrato matrimonial produce dos tipos de efectos: (i) los efectos de orden
personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen entre
los cónyuges y en relación con los hijos; y, (ii) los efectos de orden
patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal o comunidad
de bienes que se forma con ocasión del matrimonio.” (Sentencia
C-394 de 2017 Subrayas y negrillas fuera de texto)
Contrario a dicho
razonamiento, el matrimonio más allá que un contrato, es un vínculo humano
susceptible de cambio. Y precisamente por ello la sentencia que esta
Corte de derechos humanos debió proferir era el punto culmen de una
construcción jurisprudencial que debió fundamentarse en que la pervivencia de
un régimen legal de divorcio soportado en el establecimiento de la diferencia
entre un cónyuge “culpable” y uno “inocente”, comporta una vulneración
sistemática de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la libertad,
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a conformar
una familia, que produce un efecto totalmente contrario al bien
jurídico que dice proteger. En la práctica se puede corroborar que la
existencia de restricciones al divorcio constituye un incentivo perverso que
atenta contra el matrimonio formal como institución, ya que ante el dilema de
contraer matrimonio, con todas las limitaciones que entrañan las normas antes
citadas, las cuales constituyen un sistema de coerción para asegurar
artificialmente la estabilidad del matrimonio, hoy en día las personas
prefieren las uniones libres o maritales de hecho no sometidas a sanciones ni
limitaciones.
La Constitución
Política de 1991, sumado a todo el desarrollo legal sobre uniones maritales de
hecho y la construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el
matrimonio, las uniones maritales de hecho, incluidos los derechos de las
personas del mismo sexo, han creado un estado de inconstitucionalidad
sobreviniente de las normas antes mencionadas que
obligan al operador constitucional a impedir que el matrimonio sea un proceso
de atesoramiento creciente de un ominoso inventario de culpas perpetuas que
solo se redimen con la servidumbre y el sometimiento del culpable, con grave
desdoro y merma de la dignidad y libertad.
Prefirió la
Corporación eludir todo examen material del problema jurídico que este asunto
entraña; pero, a mi juicio no estará lejos el día en
que este tribunal constitucional reconozca que esta obsoleta legislación basada
en un tratamiento diferencial de culpabilidad, contraría los
derechos fundamentales y los postulados esenciales de un Estado Social de
Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana.
Culmino,
entonces todos estos razonamientos, citando un pasaje de Cervantes en la obra
Entremeses del Juez de los Divorcios, en el que desde las luces de la razón de
la literatura del siglo XVI, advierte sobre la necesidad del establecimiento
del divorcio unilateral incausado:
“CIRUJANO.- Por cuatro causas bien bastantes,
vengo a pedir a vuesa merced, señor juez, haga divorcio entre mí y la señora
doña Aldonza de Minjaca, mi mujer, que está presente.
JUEZ.-   Resoluto venís;
decid las cuatro causas.
CIRUJANO.- La primera, porque no la
puedo ver más que a todos los diablos; la segunda, por lo que ella se sabe;
la tercera, por lo que yo me callo; la cuarta, porque no me lleven los
demonios, cuando desta vida vaya, si he de durar en su compañía hasta mi
muerte.
PROCURADOR.- Bastantísimamente ha
probado su intención.
MINJACA.- Señor juez, vuesa merced me
oiga, y advierta que, si mi marido pide por cuatro causas
divorcio, yo le pido por cuatrocientas. La primera, porque, cada vez que le
veo, hago cuenta que veo al mismo Lucifer; la segunda, porque fui engañada
cuando con él me casé, porque él dijo que era médico de pulso, y remaneció
cirujano, y hombre que hace ligaduras y cura otras enfermedades, que va decir
desto a médico la mitad del justo precio; la tercera, porque tiene celos del
sol que me toca; la cuarta, que, como no le puedo ver, querría estar apartada dél dos millones de leguas. La Quinta…
JUEZ.- Señora, señora, si pensáis
decir aquí todas las cuatrocientas causas, yo no estoy para
escuchallas, ni hay lugar para ello. Vuestro negocio se recibe a prueba; y
andad con Dios, que hay otros negocios que despachar.
(…)
JUEZ.-   Pues yo no puedo
hacer este divorcio, quia nullam
invenio causam (sin
causa probada).” (Subrayas negrillas y traducción agregada fuera de
texto)
CIRUJANO.- ¿Qué más pruebas, sino que
yo no quiero morir con ella, ni ella gusta de vivir conmigo?”
Fecha ut supra,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
[1]
Folio 53-55.
[2]
Folios 47-59.
[3]
Folio 51.
[4]
Folios 55-60.
[5]
Folios 59-60.
[6]
Folios 61-66.
[7]
Folios 67-69.
[8]
Folio 72.
[9]
Folios 74-80.
[10] Folio 78.
[11] Folios 79 y 80.
[12] Folios 88 a 94.
[13] Sentencias C-236 de 1997.
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-170 de 2004. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; y, C-384 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[14] La síntesis comprehensiva
de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[15] Estos son los defectos a
los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la
ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación
del concepto de la violación. Al respecto, se pueden consultar los autos 097 de
2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y 244 de 2001.  M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Así mismo, las sentencias C-281 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
C-519 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-013 de 2000. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-380 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-177 de 2001. M.P. Fabio
Morón Díaz, entre varios pronunciamientos.
[16] Sentencia C-447 de
1997. MP Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declaró inhibida para
pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del
artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta,
debido a la ausencia de cargo.
[17] Sentencia C-1052 de 2001.
MP Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 3.4.2.
[18] Ibíd.
[19] Ibíd.
[20] Sentencia
C-050 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual sentido se pueden
consultar las sentencias C-104 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
C-189 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís; y, C-213 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo, entre otras.
[21] Así lo han determinado las
sentencias T-422 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-371 de 2000. M.P.
Carlos Gaviria Díaz; C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de
2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV Jaime Araújo Rentería; entre muchas
otras.
[22]
Al respecto se puede consultar la sentencia C-178 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[23] Es pertinente aclarar que
esta Corporación en sentencia C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero,
refirió a la edad como un criterio semi-sospechoso de discriminación que cuando
fija un tope máximo puede lesionar el derecho a la igualdad.
[24] Sentencia C-481 de 1998. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, reiterada posteriormente en las sentencias C-112
de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-091 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; y, C-115 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo, entre otras que la han citado.
[25] Sentencia C-635 de 2012.
M.P. Mauricio González Cuervo, reiterada en la sentencia C-834 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos; y, C-584 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[26] Esta Corporación ha
definido la cosa juzgada constitucional como “una institución jurídico
procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia
de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”. Así
lo indicó desde la sentencia C-397 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; y fue reiterado en las sentencias C-468 de 2011. M.P. María Victoria
Calle Correa y C-838 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[27] Sentencias C-241 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-008 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; C-283 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; C-388 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[28] Sobre estas
características especiales de las sentencias que dicta la Corte en materia de
constitucionalidad, se puede profundizar en la sentencia C-979 de 2010. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez).
[29] Sentencia C-393 de 2011.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] En la sentencia C-096 de
2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Corte explicó que esta hipótesis
corresponde a la que la jurisprudencia ha llamado “cosa juzgada aparente”,
en la que, en realidad, no hay cosa juzgada. Al respecto, entre otras
decisiones, puede consultarse las sentencias C-397 de 1995. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; C-1062 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis; y, C-931 de 2008.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[31] Las sentencias
inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional ni formal, ni
material. De hecho, en la sentencia C-666 de 1996. M.P. Jorge Gregorio
Hernández Galindo, esta Corporación declaró la exequibilidad del numeral 4° del
artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, el que disponía que las
sentencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada ya que “De la misma
esencia de toda inhibición es su sentido de "abstención del juez" en
lo relativo al fondo del asunto objeto de proceso. Siempre consiste, por
definición, en que la administración de justicia no se pronuncia, esto es, no
falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga, carece de toda lógica atribuir al
acto judicial en que se consagra tal determinación -de no juzgar- el carácter,
la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la
intangibilidad de "lo resuelto"”. Incluso, en cuanto al control
abstracto de constitucionalidad, esta Corte también ha concluido que “una
sentencia inhibitoria en un juicio de constitucionalidad no produce efecto de
cosa juzgada respecto de la disposición acusada, en tanto que mientras no
exista un pronunciamiento material sobre su exequibilidad, es posible insistir
en su revisión constitucional”. Sobre éste último punto, se puede consultar
la sentencia C-258 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, siendo replicada en
la sentencia C-096 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[32] Sentencia C-979 de 2010.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[33] Sentencia C-978 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Concretamente la sentencia
C-061 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, indicó que “[l]a Corte
también ha distinguido entre (ii.a) cosa juzgada relativa explícita y
(ii.b) cosa juzgada relativa implícita: “explícita, en aquellos eventos
en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte
resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e
inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se
exprese en el resuelve”.
[35] Sentencia
C-241 de 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Sentencia
C-720 de 2007. MP Catalina Botero Marino.
[37] Sentencias C-159 de 1997.
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-336 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz; Auto 173 de
2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; y, C-043 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[38] Sentencia C-986 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa ocasión se declaró la existencia de cosa
juzgada constitucional respecto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia
que había declarado inexequible la Ley 36 de 1973. Lo anterior por cuanto dicha
Ley había sido retirada del ordenamiento jurídico.
[39] Auto 012 de
1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En aquella oportunidad la Corte
resolvió un recurso de súplica presentado contra el auto que rechazó una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° de la Ley 15 de 1992.
Dicho rechazo se cimentó en la existencia de la cosa juzgada constitucional
porque la Corte Suprema de Justicia había declarado exequible la disposición
acusada, mediante sentencia del 23 de agosto de 1982. No obstante, la Sala
Plena de la Corte Constitucional revocó el auto de rechazo y procedió a admitir
la demanda de inconstitucionalidad, aduciendo la inexistencia de la cosa
juzgada constitucional ante el cambio en el parámetro con el cual se lleva a
cabo el control de constitucionalidad.
[40] Sentencia C-345 de 1993.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41]
Sentencia C-159 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[42] Para el momento de la
presentación de esa demanda, el artículo 6° de la Ley 1ª de 1976 se encontraba
vigente. A partir de la expedición de la Ley 25 de 1992, el mismo se encuentra
derogado y, por ello, el artículo 156 del Código Civil vigente es el texto que
consigna el artículo 10 de la ley 25 de 1992.
[43] Sentencia C-985 de 2010.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SV de los Magistrados Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Humberto Antonio Sierra Porto.
[44]
Sentencia C-385 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[45] Sentencia
C-320 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[46] Sentencias
C-804 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-228 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; C-889 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-104 de
2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-329 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa; y, C-568 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[47] Sentencias C-228
de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y C-104 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, entre otras.
[48] En Colombia, la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el Gobierno
de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en
cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la
organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables
de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que
propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta
Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como
una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual
debe ser objeto de protección especial. Para profundizar en el estudio del
entendimiento de la familia en los trabajos preparatorios de la Asamblea
Nacional Constituyente, se puede consultar la sentencia C-821 de 2005. M.P.
Rodrigo Escobar Gil:
[49] Así lo ha señalado esta
Corporación en las sentencia C-660 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-246 de
2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-507 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-821 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y, C-985 de 2010. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[50]
Sentencia C-246 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[51] Sobre el punto se puede
consultar la sentencia SU-214 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[52] Sentencia C-660 de 2000.
M.P. Álvaro Tafur Galvis. Allí la Corte estableció como problema jurídico
determinar  si la expresión “salvo que el demandante las haya consentido
facilitado o perdonado” que hace parte del numeral 1° del artículo 6° de la
ley 25 de1992  modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil, “en
cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de
divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una
de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad
tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una
familia”. Luego de realizar el estudio respectivo, declaró inexequible la
expresión acusada al considerar que vulneraba el libre desarrollo de la
personalidad y el fuero íntimo de los cónyuges, toda vez que el hecho de haber
consentido para perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales no podrían
impedir al cónyuge ofendido demandar el divorcio. En esa ocasión la Corte
indicó que “la decisión íntima de perdonar las relaciones sexuales
extramatrimoniales del otro no puede derivarse para quien las padece, la
consecuencia de perder el derecho a intentar la reestabilización de su vida
mediante la declaración de divorcio porque puede ocurrir que la actitud de
perdonar no incluya la intención de mantener la vida en común”.
[53] Sentencia C-821 de 2005.
M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa oportunidad, luego de realizar el análisis
constitucional, la Corte concluyó que la norma cuestionada
no contrariaba la Constitución Política, pues el “(…) contenido normativo
resulta razonable y proporcional en relación con los bienes jurídicos que busca
proteger, como son la institución familiar y el conjunto de obligaciones y
derechos que surgen para los cónyuges del compromiso adquirido en forma libre y
voluntaria al contraer matrimonio”. Advirtió que justamente, del
consentimiento otorgado por los cónyuges surgen obligaciones, como la
fidelidad, que les son exigibles, por lo que el quebrantar el deber de
fidelidad es incompatible con el consentimiento, elemento esencial en el
matrimonio.
[54] “Artículo 6: El
artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará
así:
Son causales de
divorcio:
1.- Las relaciones
sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”  (resaltado
corresponde a expresión demandada  en aquella ocasión).
[55]
En el mismo sentido se puede consultar la sentencia C-1495 de 2000. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[56] Para tal fin, se seguirá
de cerca la exposición teórica y doctrinal que sobre el tema realizó la Corte
en la sentencia C-985 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Cfr. sentencia C-1495 de
2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[58] Es preciso anotar que a
partir de la Ley 962 de 2005. también posible que el divorcio por mutuo acuerdo
se lleve a cabo ante una notaría mediante escritura pública. Esta posibilidad
fue reglamentada por el Decreto 4436 de 2005.
[59] Ver GARCÍA SARMIENTO,
Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial  Facultad
de Derecho, 1999.
[60] Ver GARCÍA SARMIENTO,
Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial  Facultad
de Derecho, 1999.
[61] En esa sentencia la Corte
estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de
la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del Código Civil, cuyo aparte
acusado corresponde al siguiente resaltado: “El divorcio sólo podrá ser
demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo
conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se
sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales
1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”. Los demandantes aseguraron que los términos
de caducidad previstos en la disposición acusada desconocían los
artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución. En su criterio, los
tiempos fijados por el Legislador para el ejercicio de la acción de divorcio
eran desproporcionados y desconocían varios principios constitucionales, como
el respeto de la dignidad humana, la inalienabilidad de los derechos
fundamentales y los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, al
libre desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil, a la armonía
familiar y a la honra del cónyuge inocente. Como problema jurídico, se indicó
que “corresponde a la Sala determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992
–que modificó el artículo 156 del Código Civil- impone un término de caducidad
para el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de
vista de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial”. Al
resolver el asunto, concluyó que la frase “en todo caso las causales 1ª y 7ª
sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia” no
debe mantenerse en el ordenamiento, pues limita aún más los derechos de los
cónyuges inocentes, pues no tiene en cuenta cuándo éstos tuvieron conocimiento
de las causales, con desconocimiento de las complejidades de la vida
matrimonial, y el resto de la expresión acusada la declaró exequible.
[62] Esta sentencia también
identificó que además de la disolución del vínculo matrimonial, otras de las
consecuencias del denominado divorcio sanción son: “la posibilidad (i) de
que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al
cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge
inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al
cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría
las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado”.
[63] Sentencia T-532 de 1992.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64] Sentencia C-336 de 2008.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández,  en donde se reiteró los argumentos centrales
de la sentencia T-532 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[65] Sentencia T-542 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[66] Sentencia C-507 de 1999.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[67] Sentencia C-336 de 2008.
M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[68] Sentencia C-746 de 2011.
M.P. Mauricio González Cuervo.
[69] Sentencia C-309 de 1997.
M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en la sentencia C-746 de 2011.
M.P. Mauricio González Cuervo.
[70]
Sentencia C-660 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[71]
Sentencia C-725 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldan.
[72]
Fundamento jurídico 2, página 7.
[73] Sentencia C-660 de 2000.
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[74] Los fundamentos relevantes
fueron expuestos al realizar el estudio sobre la inexistencia de cosa juzgada
constitucional en el presente asunto.
[75]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[76] Sentencias C-916 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y, C-822 de 2005.  M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[77] Sobre el punto se puede
consultar la sentencia C-838 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, que
realizó una explicación detallada de las dos formas que adopta el principio de
proporcionalidad constitucional.
[78]
Sentencia C-448 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[79]
Sentencia C-673 de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[80]
Psicólogo estadounidense fundador de la Psicología transpersonal. The Power of
Intention, Random House Mondadori, 2005.
[81] En desarrollo de la legislación civil, la Ley 54 de
1924, conocida como “Ley Concha”, determinó el régimen aplicable al matrimonio
de la siguiente manera: (i) para los católicos practicantes se estableció el
régimen canónico como el único aplicable en materia del matrimonio; (ii)
mientras que para los no católicos, la regulación del Código Civil, y en ambos
casos el matrimonio era indisoluble, el católico por constituir un sacramento y
el civil por disposición legal. La Ley 1ª de 1976 “Por la cual se establece
el divorcio en el matrimonio civil y se regula la separación de cuerpos y de
bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas
disposiciones de los códigos civiles y de procedimiento civil en materia de
derecho de familia.”, aprobó el divorcio, pero de manera restringida, ya
que tan solo tenía efectos jurídicos frente al matrimonio civil, continuando
indisoluble el matrimonio canónico por causas distintas a la nulidad y a la
muerte. Esta previsión se mantuvo hasta la expedición de la Carta Política de
1991, la cual introdujo la figura de la cesación de los efectos civiles de los
matrimonios religiosos en el artículo 42 relativo a la familia. El artículo 42
inciso 10 de la Constitución de 1991 estableció la cesación de los efectos
civiles del matrimonio religioso, materia fue desarrollada por la Ley 25 de
1992, normatividad que reglamentó el divorcio a la luz de la necesidad de
establecer mecanismos efectivos para la terminación de este vínculo jurídico.
[82] Ver SANDERS, Shaakirrah R. “The Cyclical
Nature of Divorce in the Western Legal Tradition”. Loyola Law Review, Vol. 50, 2004.
[83] Al respecto, el artículo 5º de la Ley 15 de 2005 –que
modificó el artículo 86 del Código Civil- dispone:
“[s]e decretará
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del
matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el
consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias
exigidos en el artículo 81.”.
Por su parte, la norma a la cual esta disposición remite establece lo
siguiente:
“Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma
de celebración del matrimonio:
1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del
otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A
la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme
al artículo 90 de este Código.
2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de
este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia
de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de
ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de
regular los efectos derivados de la separación.”
[84] La motivación de la ley señala: “Con este propósito,
se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado
por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor
trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado
con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede
hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la
causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su
solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de
separación.”
[85] Artículo 187-3 del Código Civil.
[86] Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2380542.htm
[87] Esto,
a pesar de que en el artículo 148 del Código Civil se establecen unas causales
taxativas de divorcio, la disposición citada concede la posibilidad de
solicitar el divorcio con la sola manifestación de la voluntad de uno de los
contrayentes en cualquier tiempo.
[88] Conforme se relaciona a continuación: Distrito Federal - Código Civil Para El Distrito Federal Reformado el 3 de
octubre de 2008; Hidalgo -Ley para la Familia  del Estado de Hidalgo (Decreto
350/2007), Modificado por Decreto 583 de 2011; Estado de México- Código Civil
Del Estado de México (Decreto número 70), Modificado el  3 de mayo de 2012;
Yucatán - Código de Familia para el Estado de Yucatán del 30 de abril de 2012;
Coahuila de Zaragoza - Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
reformado el 5 de abril de 2013; Sinaloa - Código Familiar del Estado de
Sinaloa del 6 de febrero de 2013; Aguascalientes - Código Civil del Estado de
Aguascalientes, reformado por el Decreto 201/2015; Nayarit - Código Civil para
el Estado de Nayarit (Decreto número 6433 de 1981). Reformado por Decreto del
27 de mayo de 2015; Tamaulipas - Código Civil para el Estado de Tamaulipas (11
de diciembre de 1986). Reformado mediante POE No. 83  del  2015; Morelos -
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado por el
Decreto 5378 del 2016; Puebla - Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla (30 de abril de 1985), reformado por el Decreto del 29 de marzo de 2016;
Querétaro - Código Civil del Estado de Querétaro, Reformado por Decreto
publicado en el Periódico Oficial No. 64, 30-Nov-2016; Tlaxcala - Código Civil
para el Estado Libre y Soberano De Tlaxcala, reformado por Decreto número 204
del 2016; Baja California Sur - Código Civil del Estado de Baja California Sur
(Decreto 1090/1996), reformado el 20/Marzo/2017, y Guerrero - Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero del 13 de marzo de 1990, (Reformado por Decreto 29 de
2017). Al respecto ver: http://www.ordenjuridico.gov.mx/documentos/estatal, consultado 15 de mayo de 2017.
[89] Para ampliar información, consultar en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php
[90] Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nic138841.pdf
[91] Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#11
[92] Glandon Mary Ann. Abortion and Divorce in
Western Law, American Failures and European Challenges. Harvard University Press 1987.
[93] La norma en cita dispone: “Artículo. 154.—Modificado.
L. 1ª/76, art. 4º.
Modification. L. 25/92, art. 6º. Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los
cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo
prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de
uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro
cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o
pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y
convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por
más de dos (2) años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente
y reconocido por éste mediante sentencia.”
[94] En la sentencia C-1495 de 2000, la Corte precisó que
las causales de divorcio, pueden ser subjetivas, cuando están relacionadas con
el incumplimiento de las obligaciones contractuales y, objetivas, que surgen como
remedio a las situaciones vividas y con el ánimo de evitar el desgaste
emocional de la pareja y los hijos por las repercusiones que el divorcio
contencioso implica: "Las causales subjetivas conducen al llamado
divorcio sanción porque el cónyuge inocente invoca la disolución del matrimonio
como un castigo para el consorte culpable, mientras que las causales objetivas
llevan al divorcio como mejor remedio para las situaciones vividas."
[95] Corte Constitucional, sentencia C-985 de 2010.
[96] Es preciso anotar que a partir de la Ley 962 de 2005,
también posible que el divorcio por mutuo acuerdo se lleve a cabo ante una
notaría mediante escritura pública. Esta posibilidad fue reglamentada por el
Decreto 4436 de 2005.
[97] Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del
derecho de familia. Bogotá: Editorial  Facultad de Derecho, 1999.
[98] modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992.
[99] Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del
derecho de familia. Bogotá: Editorial  Facultad de Derecho, 1999.
[100] Por la pertinencia de las consideraciones expuestas
por la Corte, a continuación se transcriben in extenso: “Si
bien el ordenamiento jurídico reconoce al matrimonio la naturaleza jurídica de
un acto convencional, de un contrato en los términos del citado artículo 113
del Código Civil, las especiales características de su principal consecuencia,
la familia, impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de voluntades en sus
diversas etapas, los mismos criterios que se aplican dentro del régimen general
de los actos jurídicos y de los contratos en particular. Tampoco pueden
predicarse a la responsabilidad que surge entre los cónyuges por efecto del
matrimonio los criterios determinantes de la misma en otra clase de relaciones
jurídicas. Ello es particularmente evidente en materia de culpa. Los
componentes afectivos y emocionales que comprende la relación matrimonial
impiden considerar el aparente descuido de uno de los cónyuges ante faltas que
el ordenamiento legal consagre como causales de divorcio y que cometa el otro,
como un acto de negligencia asimilable a la propia culpa como eximente de
responsabilidad. Tampoco, por las mismas razones, puede atribuirse al perdón
dentro del matrimonio un efecto definitivo y fijo. E inclusive, el aparente
consentimiento de uno de los integrantes de la pareja ante una conducta
impropia del otro, no puede verse como una manifestación de culpa o dolo que
con el tiempo enerve la posibilidad del cónyuge ofendido para solicitar el
divorcio.
(…)
Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de
la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los
cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no
se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad
e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible
coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo
constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente
resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus
integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.” (Subrayas y negrillas fuera del texto)
[101] Sentencia C-660 de 2000:“… la norma parcialmente demandada, es inconstitucional
porque ante la realidad de la ruptura conyugal, el Legislador no puede
imponer la indisolubilidad del vínculo matrimonial tal como se ha analizado
(C.P., arts. 1º, 2º, 5º y 42, en consonancia con los artículos 93 y 94
ibidem), ni inmiscuirse en el fuero íntimo de los miembros de una pareja
a través de la valoración de los mecanismos que sus integrantes elijan conjunta
o individualmente para la realización del amor conyugal, así ésta no se
consiga (C.P., arts. 15,16 y 18). Y, además, como de conformidad con los
presupuestos constitucionales el Legislador no puede negar a los cónyuges, ante
una situación de fracaso, la reestabilización de sus vidas en todos los órdenes
(C.P., arts. 1º, 2º, 5º y 42), la expresión demandada es inconstitucional y así
deberá declararse.”
(Subrayas y negrillas fuera de texto)
[102] “Para
la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la
personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los
cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no
se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad
e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible
coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional
de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un
conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar
su disolución.
Además, los principios que antaño se expusieron a favor
de la institución matrimonial y de los hijos menores para hacer del matrimonio
un estado inamovible, hoy no resultan válidos. No lo son en relación con la
institución familiar porque, como se ha expuesto, ella persigue la estabilidad
del grupo familiar como presupuesto del sistema social y como lugar propicio
para el desarrollo integral de los hombres y mujeres que la integran, en todos
los órdenes; de ahí que si el vínculo existente entre la pareja no garantiza
sino que, por el contrario, perturba la estabilidad familiar, desaparecen los
intereses éticos, sociales y jurídicos que justifican su permanencia.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
[103] “Así las cosas, aunque el matrimonio es un
contrato, porque resulta esencial el consentimiento de los contratantes para su
conformación, el incumplimiento de la obligación personalísima de entrega
mutua, definitiva, personal y exclusiva, que los cónyuges hacen de sí mismos,
no puede estar sujeta a la coacción de los operadores jurídicos como lo está el
cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Lo anterior por
cuanto respecto del cumplimiento de la obligación de convivir surge el deber
ineludible del Estado de respetar la dignidad humana de la pareja,
circunstancia que excluye la posibilidad de intervenir para imponer la
convivencia, así exista vínculo matrimonial y tengan los cónyuges la obligación
y el derecho a la entrega recíproca, incondicional y permanente, porque el
matrimonio es la unión de dos seres en procura de su propia realización, no el
simple cumplimiento de un compromiso legal, de tal suerte que, el Estado
con el pretexto, loable por cierto, de conservar el vínculo matrimonial no
puede irrespetar la dignidad de los integrantes de la familia, sean culpables o
inocentes, coaccionando una convivencia que no es querida -artículos 1, 2°, 5°
y 42° C.P.-.
Ahora bien, si no es posible coaccionar la convivencia, aunque no se
discute que quienes contraen matrimonio adquieren la obligación de convivir,
tampoco es dable mantener el vínculo cuando las circunstancias denotan un claro
resquebrajamiento y ambos, o uno de los cónyuges, así lo pide…”
[104] "Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia,
las causales de divorcio se pueden clasificar en dos grandes grupos: subjetivas
o debidas y objetivas o no debidas. Al primer grupo, a las subjetivas,
pertenecen aquellas causales que se deben a faltas dolosas o culposas cometidas
por uno de los cónyuges, y que permiten al cónyuge inocente invocar la
disolución del vínculo a la manera de una censura para el esposo culpable. En
estos casos el divorcio lo genera el incumplimiento de una obligación
matrimonial, por lo que únicamente cabe la disolución cuando existe un cónyuge
inocente -víctima- y otro culpable-responsable de la infracción-. Del segundo
grupo, las objetivas, hacen parte aquellas causales concebidas como una
solución o remedio a situaciones que resultan insostenibles entre los cónyuges
y que conllevan la ruptura del matrimonio. Tratándose de las causales
objetivas, en ellas no se busca censurar el comportamiento irregular de uno de
los cónyuges, simplemente por cuanto éste no se ha dado, no ha existido. En
realidad ninguno de ellos ha incurrido en falta.
Las causales subjetivas, son, por su propia naturaleza, de origen
contencioso pues para obtener la disolución del vínculo, el cónyuge inocente
debe entrar a demostrar ante el juez competente que el esposo culpable incurrió
en la falta alegada y descrita en la ley, debiendo el operador jurídico valorar
el hecho para definir si hay lugar a la disolución del vínculo. No ocurre lo
mismo frente a las causales objetivas, pues éstas se pueden invocar en forma
conjunta o separadamente por los consortes sin perseguir una declaración de
responsabilidad, es decir, sin que se disponga sobre la culpabilidad de uno y
la inocencia del otro."
[105] “... en lo que refiere a la protección y promoción
de la institución familiar no es la duración del matrimonio -como una de sus
formas de constitución-. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar,
no solo como presupuesto social, sino como condición sine qua non para permitir
la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros en
un clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus sentimientos y
emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran manteniendo
vigente el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que surgen
diferencias, desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen imposible
o dificultan gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad familiar,
sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a crecer y
desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su proceso de
desarrollo y formación.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
(...)
7.3. Si no es posible coaccionar a las personas para contraer
matrimonio, pues por disposición constitucional y legal éste se constituye y
perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, tampoco
cabe obligarlas a mantener vigente el vínculo en contra de su voluntad, aun
cuando una de las finalidades del matrimonio sea precisamente la convivencia.
Interpretando el contenido del artículo 42 Superior, el libre consentimiento,
consustancial al contrato matrimonial, no solo es exigible en el acto de
constitución sino también durante su ejecución material y por el término que
dure el matrimonio, por tratarse de un derecho subjetivo radicado en cabeza de
cada uno de los esposos y ser una derivación de las garantías fundamentales a
la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la
intimidad y a la personalidad jurídica.”
[106] “En primer término, la promoción de la estabilidad del
matrimonio se puede lograr mediante mecanismos como la educación y la
sensibilización hacia el respeto, la tolerancia y otros valores, y programas de
acompañamiento y asesoría familiar, entre otros.
En segundo término, para asegurar la imposición de las
sanciones aludidas dentro de un término razonable, no es indispensable limitar
a un tiempo tan corto el derecho a ejercer la acción de divorcio. Esta
finalidad se puede lograr, por ejemplo, mediante la definición de un término de
prescripción, o la aplicación de los términos de prescripción extintiva
supletorios previstos en el Código Civil.”
[107] "(...) la medida es desproporcionada en
estricto sentido, pues implica una limitación muy drástica de los derechos
de los cónyuges inocentes al libre desarrollo de la personalidad, a la
dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil, e incluso a
conformar una nueva familia.
En primer lugar, el establecimiento de un término de caducidad para el
ejercicio de la acción de divorcio con ocasión de las causales subjetivas
definidas en el artículo 154 del Código Civil, termina por anular el derecho de los cónyuges inocentes
a solicitar el divorcio una vez el término de caducidad ha vencido.”
(...)
En segundo lugar, uno de los elementos esenciales del matrimonio es la
libre voluntad de los contrayentes. Por tanto, es la voluntad de los
contrayentes la que debe regir también su disolución. En consecuencia, el
obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad
restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de
autodeterminación."
[108] Sobre este aspecto, la Corte se pronunció en los
siguientes términos: “En efecto, para que un cónyuge pueda obtener el divorcio
después de que ha vencido el término de caducidad para alegar las causales
subjetivas y sin tener que contar con el consentimiento del otro –fundamento de
la causal 9° y del divorcio notarial, la única salida que tiene es
abandonar la residencia común y esperar dos años para poder solicitar el
divorcio con fundamento en la causal 8°. Mientras estos dos años transcurren,
el cónyuge se ve obligado en contra de su voluntad a mantener el vínculo
jurídico –con las consecuencias personales y patrimoniales que el matrimonio
conlleva- y en detrimento de sus derechos a restablecer su vida familiar y al
libre desarrollo de la personalidad.” (Subrayas fuera de texto)
[109]
A street car named Desire. Penguin Books, 2011.
[110] La primera causal relativa a las relaciones sexuales
extramaritales fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia C-821 de 2005, pero en esa oportunidad la Sala Plena estudió
cargos diversos a los propuestos por la demandante en el presente juicio de
constitucionalidad, razón por la cual la cosa juzgada constitucional relativa,
no presta efectos en el caso bajo estudio. Las demás causales subjetivas no han
sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación.
[111] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2001.
[112] Corte Constitucional, sentencia C-811 de 2014 consideración jurídica No.
4.5.1., citando las sentencias C-093 de 2001, C-673 de 2001, C-862 de 2008,
C-015 de 2008, C-239 de 2014 y C-240 de 2014.
[113] Corte Constitucional, sentencia C-104 de 2016, citando las sentencias C-093
de 2001, C-673 de 2001 y C-862 de 2008. Recientemente, en Sentencia C-104 de 2016, la Corte precisó los pasos de
esta metodología interpretativa en los siguientes términos: “El juicio
integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la
primera, (i) se establece el criterio de comparación, patrón de igualdad
o tertium comparationis, es decir, se precisa si los supuestos de
hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o situaciones
de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii) se define si en el plano
fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual
entre desiguales.
Una vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o
personas que resulten comparables, se procede, como segunda parte de este
juicio, a determinar si dicha diferencia está constitucionalmente justificada,
esto es, si los supuestos objeto de análisis ameritan un trato diferente a
partir de los mandatos consagrados en la Constitución Política. Este examen
consiste en valorar los motivos y razones que fueron expresados para sustentar
la medida estudiada y para obtener la finalidad pretendida. Para tal efecto y
como metodología se analizan tres aspectos: (a) el fin buscado por la medida,
(b) el medio empleado y (c) la relación entre el medio y el fin. Según su nivel
de intensidad, este juicio puede tener tres grados: estricto, intermedio y
leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado en el examen de
un asunto sometido a revisión, este Tribunal ha fijado una regla y varios
criterios”
[114] Corte Constitucional, sentencia C-720 de
2007.
[115] “La Corte Constitucional ha considerado que en
tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional,  su aplicación y proyección
ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del
ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre
estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones
jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en
casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se
desarrollen”. Sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[116] Ley 1ª de 1976.
[117] En la sentencia C-659 de 2016., la Corte
Constitucional dijo que la proporcionalidad estricta “exige que los
beneficios de adoptar la medida  excedan claramente las restricciones
impuestas sobre los principios y valores constitucionales por la medida”.
[118] La norma en cita dispone: ARTICULO  42. (…) “Las formas del matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.”
[119] Historia de las Leyes. Senado de la República,
legislatura 1992. Tomo VI.  pág. 42.
[120] Kant, Emmanuel, Fundamentación de la Metafísica de
las Costumbres, en Mardomingo, José (Trad.), Ariel, Barcelona, pp. 25-ss.
[121] Ibídem.
[122] Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos,
Estado de Derecho y Constitución, 8ª Edición, Madrid, Tecnos, 2005, pp.
324-327.
[123] Al respecto ver Sentencia T-881 de 2002: “Una síntesis
de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la
expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos
maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su
funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo
de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables:
(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
(ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas
de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad,
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres
lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del
ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad
como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y
(iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.”
[124] Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2008.
[125] Corte Constitucional, sentencia T-063 de
2015.
[126] ARTICULO 113. DEFINICION. El
matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer  Expresión
subrayada declarada Exequible mediante Sentencia de la corte
Constitucional C-577 de 2011 se unen con el fin de vivir
juntos, de procrear  Expresión subrayada la Corte Constitucional
se declara INHIBIDA mediante Sentencia C-577 de 2011 y de auxiliarse
mutuamente.
[127] La normativa
dispone: “ARTICULO 1056. DONACIONES Y TESTAMENTO. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e
irrevocable sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento, y debe
sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. Exceptúanse las
donaciones o promesas entre marido y mujer, las cuales, aunque revocables,
podrán hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos.”
[128] “ARTICULO 1196. DONACIONES REVOCABLES NULAS. Son
nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre
vivos.
Son nulas, así mismo, las entre personas que no pueden recibir
asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra.
Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones
revocables.”
[129] “ARTICULO 160.
EFECTOS DEL DIVORCIO. Modificado
por el art. 11, Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el
siguiente: Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda
disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del
matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero
subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y,
según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.”
[130] En
palabras de la Corte: “El ámbito en el
que se pueden materializar las acciones humanitarias con las que uno de los
cónyuges responde ante situaciones que ponen en peligro la vida digna del otro,
no depende de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, pues aunque el
hecho del divorcio pone fin al vínculo existente entre los esposos no extingue
por completo las obligaciones definidas en la ley”[130]
(subrayas fuera de texto)
[131]Acerca de la naturaleza jurídica del derecho a porción
conyugal contemplado en nuestra ley civil, en Sentencia de 21 de octubre de
1954 (G.J. 2147, t. LXXVIII, pág. 903), dijo la Corte  Sala de Casación Civil, en sentencia de 21 de marzo
de 1969.: "La porción conyugal es una prestación sui generis de carácter
alimentario o indemnizatorio, establecido por la ley en favor del viudo o viuda
que carece de lo necesario para atender a su congrua subsistencia y que grava
la sucesión del cónyuge premuerto'' (C.C., arts. 1016, num. 5º y 1230). La
institución jurídica de la porción conyugal, concebida por Dr. Andrés Bello y
consagrada en el código chileno, es considerada como una consecuencia del
contrato matrimonial que impone el deber de auxilio mutuo entre los cónyuges
(C.C., arts. 113 y 176). El legislador se preocupó por la suerte material de
los cónyuges no sólo durante la vida de estos, sino cuando por la muerte de uno
de ellos, disuelta la sociedad conyugal, se hace más precaria la condición del
sobreviviente, pudiendo carecer de los medios económicos suficientes para
conservar la situación de que había venido disfrutando. El legislador,
previendo este evento y considerando los principios fundamentales de la
institución matrimonial, quiso prolongar los efectos tutelares de ella más allá
de la vida de los contrayentes.
Por esto, reconoció al cónyuge sobreviviente el derecho a percibir una
parte del patrimonio del cónyuge finado para asegurar adecuadamente en lo
posible la subsistencia y bienestar de aquél. En rigor de verdad, lo que el
cónyuge sobreviviente recibe por porción conyugal no es a título de heredero.
Su condición jurídica es diversa de la de éste. La porción no es asignación
hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión, la cual se
deduce como baja general del acervo bruto herencial en todos los órdenes de
sucesión menos en el de los descendientes legítimos (Código Civil, art. 1016,
ord. 5)".
[132] Sobre la porción conyugal, cabe recordar que en
sentencia C-283 de 2011 la Corte Constitucional declaro la exequibilidad
condicionada de este artículo en el entendido que a la porción conyugal de
igual manera  tienen derecho el compañero o compañera permanente y la
pareja del mismo sexo, entonces a los compañeros permanentes también se les
aplica el artículo 1231 mencionado.
[133] La normativa
establece: “ARTICULO 1236. MONTO DE LA PORCIÓN CONYUGAL. La porción conyugal es la cuarta parte de los
bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de
los descendientes legítimos.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los
hijos, y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo.”
[134] “[b]eneficio de competencia es el que se
concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que
buenamente puedan, dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una
modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de
devolución, cuando mejoren de fortuna.”
[135] La norma establece: “Artículo 388. Divorcio. En
el proceso de divorcio y de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso
son partes únicamente los cónyuges, pero si estos fueren menores de edad,
podrán también intervenir sus padres. El Ministerio Público será citado en
interés de los hijos y se observarán las siguientes reglas:
1.
El juez declarará terminado el proceso por desistimiento presentado por los
cónyuges o sus apoderados. Si se hiciere durante la audiencia, bastará la
manifestación verbal de ambos.
2.
Copia de la sentencia que decrete el divorcio se enviará al respectivo
funcionario del estado civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en
el de nacimiento de cada uno de los cónyuges.
El
Juez dictará sentencia de plano si las partes llegaren a un acuerdo, siempre
que este se encuentre ajustado al derecho sustancial.
3.
La muerte de uno de los cónyuges o la reconciliación ocurridas durante el
proceso, ponen fin a este. El divorcio podrá ser demandado nuevamente por causa
que sobrevenga a la reconciliación.
Parágrafo.
A los procesos de separación de
cuerpos de matrimonio civil o religioso se aplicarán, en lo pertinente, las
normas del presente artículo.
Después
de ejecutoriada la sentencia, si los cónyuges de común acuerdo solicitan que se
ponga fin a la separación, el juez de plano dictará la sentencia respectiva.”
[136] La norma dispone: “Artículo 389. Contenido de
la sentencia de nulidad o de divorcio. La sentencia que decrete la nulidad
del matrimonio civil, el divorcio o la cesación de efectos civiles de
matrimonio católico dispondrá:
1. A quién corresponde el cuidado de los hijos.
2. La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de
crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo
dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil.
3. El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al
otro, si fuere el caso.
4. A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no
emancipados, cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la
misma, o si los hijos deben quedar bajo guarda.
5. La condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su
culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro, si este lo
hubiere solicitado.
6. El envío de copia de las piezas conducentes del proceso a la
autoridad competente, para que investigue los delitos que hayan podido
cometerse por los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio, si antes
no lo hubiere ordenado.”
[137] El tenor de la norma es el siguiente: “ARTÍCULO
444. Divorcio. En el proceso de divorcio se observarán las siguientes
reglas:
1. Simultáneamente con la admisión de la demanda o antes, si hubiere
urgencia, el juez podrá decretar las siguientes medidas:
a) Autorizar la residencia separada de los cónyuges, y si éstos fueren
menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más
próximos o en la de un tercero, cuando el juez lo considere conveniente;
b) Poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos, o de
un tercero, según lo crea más conveniente para su protección;
c) Señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir, según su
capacidad económica, para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge
y de los hijos comunes, y la educación de éstos;
d) Decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las medidas
previstas por la ley para evitar suposición de parto, si el marido las
solicitare, y
e) Decretar, a petición de parte, las medidas cautelares autorizadas en
el ordinal primero del artículo 691 sobre los bienes sociales y los propios,
con el fin de garantizar el pago de alimentos a que el cónyuge y los hijos
tuvieren derecho, si fuere el caso.
2. En lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 442, sin
perjuicio de que el juez oiga a los hijos.
3. El juez declarará terminado el proceso por desistimiento presentado
por los cónyuges o sus apoderados. Si se hiciere durante la audiencia, bastará
la manifestación verbal de ambos.
4. El juez, en la sentencia que decrete el divorcio, decidirá:
a) Si el cuidado de los hijos corresponde a uno de los cónyuges, o a
ambos, o a otra persona, atendiendo a su edad, sexo y la causa probada del
divorcio;
b) A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no
emancipados, en los casos en que la causa probada del divorcio determine
suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guarda;
c) La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de
crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo
dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil, y
d) El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al
otro, si fuere el caso.
5. Copia de la sentencia que decrete el divorcio se enviará al
respectivo funcionario del Estado Civil, para su inscripción en el folio de
matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges.
Parágrafo1º A los procesos
de separación de cuerpos de matrimonios civiles y canónicos se aplicarán, en lo
pertinente, las normas del presente artículo.
Parágrafo. 2º Después
de ejecutoriada la sentencia, si los cónyuges de común acuerdo solicitan que se
ponga fin a la separación, el juez de plano dictará la sentencia respectiva.
Parágrafo. 3º Si se trata de
matrimonio católico, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
IX del Concordato. En este caso, el juez que conozca del proceso oficiará al
ordinario respectivo para los fines previstos en aquél.
Parágrafo. 4º El juez no podrá
decretar el divorcio dentro de un proceso iniciado para obtener la separación
de cuerpos, a menos que en oportunidad se haya reformado la demanda; pero podrá
decretar la separación de cuerpos si ésta hubiere sido solicitada
subsidiariamente, en un proceso iniciado para obtener el divorcio.
Parágrafo. 5º Adicionado. L. 25/92, Artículo9º,  Derogado por el art. 167, Ley 446 de 1998.
Parágrafo. 6ºAdicionado. L. 25/92, Artículo9º,  Derogado por el art. 167, Ley 446 de 1998”
[138] “Artículo 4°. Igualdad de las partes. El
juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la
igualdad real de las partes.”