T-021-18
Sentencia T-021/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto
fáctico surge cuando el juez carece del apoyo probatorio suficiente que le
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Una
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad
jurisdiccional i) aplica
una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones
previstas por la normatividad; ii) utiliza un precepto manifiestamente inaplicable al
caso; iii) a
pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente o claramente
irrazonable o desproporcionada; iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
LABORAL-Fundamento
constitucional
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
ENTRE CONTRATISTA Y BENEFICIARIO DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA-Jurisprudencia constitucional
y ordinaria
La
Corte Suprema de Justicia ha mantenido una línea jurisprudencial uniforme sobre
la responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra
o labor contratada, contemplada en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional la
solidaridad laboral o responsabilidad compartida entre el beneficiario o dueño
de la obra y el contratista independiente, busca que esa contratación no se
convierta en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las obligaciones
laborales.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico por indebida valoración probatoria
Tribunal
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al limitar su
análisis en una comparación literal del objeto del contrato de prestación de
servicios con el objeto social de la UAESP, para concluir que las actividades
contratadas y las que desarrolla en forma ordinaria esa entidad no se podía
inferir un interés directo o indirecto en la forma como los trabajadores de la
sociedad demandada cumplieron sus funciones.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en defecto sustantivo al desconocerse el
precedente judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia sobre
responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o
labor contratada
El
Tribunal accionado incurrió además en un defecto sustantivo al desconocer el
precedente judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, y que ha sido
acogido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en virtud del cual
i) el empresario que termina beneficiándose del
trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por
intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria por los
salarios y prestaciones sociales a que haya lugar; y ii) que debe existir una afinidad de las actividades sociales
desarrolladas por el contratista y el beneficiario de la obra, sin que sea
necesario exigir exactitud e integralidad en tales objetos sociales, pues tal
proceder desdibujaría el concepto de responsabilidad solidaridad.
Referencia:
Expediente T-6.394.280
Acción
de tutela instaurada por la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso, quien actúa
por intermedio de apoderado judicial, contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Octava
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en primera instancia, y de la Sala Penal de la misma
Corporación en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso, quien actúa por intermedio
de apoderado judicial, contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
I. Antecedentes
1. Hechos
1.1.
La señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso, actuando mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el fin de que le fueran
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
1.2.
Relató que el 13 de octubre de 2011 la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos (en adelante UAESP) celebró el contrato de prestación de
servicios núm. 165 E de 2011 con la sociedad Distromel Andina Ltda., por un
término de ocho años, cuyo objeto era la contratación del “Sistema de
Información Integral del Servicio de Aseo” -SIISA-.
1.3.
Señaló que el 1° de marzo de 2012, fue contratada por Distromel
Andina Ltda., mediante un contrato individual de trabajo a término fijo, para
que desempeñara el cargo de auxiliar administrativa con funciones de
acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA. Según explicó la accionante, los
servicios para los que fue vinculada guardaban relación con el contrato núm.
165 E de 2011 mencionado.
1.4.
Agregó que si bien fue contratada por Distromel
Andina Ltda., era materialmente empleada de la UAESP, por cuanto trabajaba para
el proyecto SIISA que era de propiedad de esta última, cumplía las funciones en
las instalaciones de la unidad y recibía instrucciones de esa entidad.
1.5.
Indicó que el 6 de septiembre de 2013 presentó renuncia motivada
al cargo que desempeñaba, debido a que su empleadora le adeudaba los salarios y
prestaciones sociales causados desde noviembre de 2012.
1.6.
Mencionó que el 3 de agosto de 2015 solicitó ante la UAESP el
pago de las acreencias laborales por considerar que era solidariamente
responsable. Ante dicha solicitud, la entidad guardó silencio.
1.7.
Adujo que por esa razón promovió proceso ordinario laboral en
contra de Distromel Andina Ltda. y, solidariamente, en contra de la UAESP, con
miras a obtener el pago de lo adeudado.
1.8.
Sostuvo que el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que mediante sentencia del 16
de noviembre de 2016 accedió a las pretensiones y, en consecuencia, condenó a
las convocadas, en forma solidaria, a pagar los salarios, las prestaciones y la
indemnización respectiva. Según relató la accionante, ese
despacho concluyó que el objeto del contrato laboral tenía identidad con el del
proyecto SIISA de propiedad de la UAESP, entidad que fue beneficiaria de la
obra o servicio. Además, que la labor contratada con la actora no era extraña a
las actividades ordinarias de esa unidad y, por el contrario, eran propias del giro
normal de su actividad empresarial.
1.9.
Refirió que, inconforme con esa decisión, el apoderado de la
UAESP instauró recurso de apelación, del cual conoció la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que mediante providencia del
6 de diciembre de 2016 revocó parcialmente la sentencia, en el sentido de
declarar que la UAESP no era responsable solidariamente de las obligaciones
adquiridas por Distromel Andina Ltda., al no existir nexo causal entre la misión
y las funciones de la entidad estatal y el objeto social de la empresa
demandada.
1.10.
A juicio de la accionante, el Tribunal incurrió en los
siguientes defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales: i) desconocimiento del precedente, toda vez que
desatendió la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad
solidaria; ii) defecto sustantivo, por cuanto se desconoció el artículo
34 del Código Sustantivo del Trabajo; y iii) defecto material, ya que se
fundó en una indebida valoración probatoria.
1.11.
Por otro lado, resaltó que a pesar de
mantenerse la declaratoria de responsabilidad de Distromel Andina Ltda., esta
empresa no puede pagar las acreencias laborales debido a una declaratoria de
insolvencia.
1.12.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos el numeral primero
de la sentencia enjuiciada.
2. Trámite procesal a partir de la
acción de tutela
Mediante Auto
del 15 de mayo de 2017 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó
conocimiento de la acción de tutela, disponiendo dar traslado al Tribunal
accionado para que ejerciera el derecho a la defensa y contradicción. Asimismo,
vinculó al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes
en el trámite del proceso ordinario laboral que motivó la queja constitucional.
3. Respuestas de las entidades
accionadas
3.1. El
Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP solicitó negar las pretensiones
invocadas. En primer lugar, señaló que la acción formulada no evidencia el
cumplimiento de los requerimientos procedimentales que habilitan la
instauración de la tutela contra providencia judicial. Al respecto, consideró
que la parte actora pretende revivir actuaciones mediante la presentación de
argumentos idénticos a los analizados por el juez natural del proceso.
Sobre el fondo
del asunto mencionó que al observar el contrato laboral suscrito entre la
accionante y Distromel Andina Ltda., era posible advertir que aquella fue
contratada para ejercer labores administrativas relacionadas con el objeto
social de esta última y su giro normal de negocios, como contestar llamadas
telefónicas y hacer el seguimiento de la agenda comercial de la empresa.
Afirmó que no
existe nexo causal entre la misión y las funciones de UAESP y el objeto social
de Distromel Andina Ltda. y, por tanto, no se configura la solidaridad
consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Ello por cuanto
la función principal de UAESP consiste en garantizar el servicio público de
aseo en el Distrito Capital, en tanto que a Distromel Andina Ltda., le
corresponde prestar servicios de tecnología y desarrollo tecnológico. Bajo ese
entendido, la labor realizada por la demandante no pertenece a las actividades
normales que desarrolla la entidad estatal.
Acto seguido,
sostuvo que: i) Distromel Andina Ltda., es su verdadero empleador, por
lo que está facultado para vincular personal que desarrolle su objeto social; y
ii) el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011 no fue
suscrito por una empresa de servicios temporales para enviar a la UAESP
trabajadores en misión.
Para culminar,
advirtió que la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario
atentaba y agravaba el patrimonio del Distrito Capital, teniendo en cuenta que
la UAESP declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato de prestación de
servicios núm. 165 E de 2011, lo que trajo como consecuencia la liquidación del
mismo en el estado en el que se encontraba. A raíz de lo anterior, comentó, la
empresa contratista está adeudando una suma superior a los treinta mil millones
de pesos, sin que a la fecha se haya hecho la devolución de esos valores.
2.3. El Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C. informó que se atiene a las
actuaciones procesales que reposan dentro del expediente núm. 2015-0780.
4. Sentencias
objeto de revisión
4.1. Primera
instancia
La Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 30 de mayo de
2017, negó la protección invocada al considerar que la decisión enjuiciada no
se sustentó en argumentos arbitrarios o infundados y, por el contrario, atendió
las disposiciones legales que regían el caso y la valoración de los elementos
de prueba que obraban en el expediente.
4.2.
Impugnación
La señora Yuli Yadira Carvajal
Alfonso, a través de apoderado judicial, impugnó la decisión de primera
instancia, al estimar que la Corte Suprema de Justicia no se pronunció sobre
los defectos específicos de procedibilidad endilgados a la providencia en
discusión.
Reiteró los argumentos presentados en
la acción de tutela y agregó que el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo solamente exige, para efectos de que se configure la solidaridad
laboral, que la actividad realizada por la entidad no sea extraña a las
actividades de la empresa, sin excepción de la clase de servicio que se
contrate.
4.3. Segunda instancia
La Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia emitida el 17 de agosto de 2017, confirmó el fallo
impugnado al estimar que el razonamiento de la autoridad demandada no puede
controvertirse en el marco de la acción de tutela, dado que de ninguna manera
se percibe ilegítimo, caprichoso o irracional, sino que, por el contrario, se
sustenta en aseveraciones fundamentadas en los principios de libre formación
del convencimiento y de autonomía judicial.
5.
Pruebas
Entre las pruebas aportadas en el
trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la demanda ordinaria laboral
interpuesta por la señora Yuli
Yadira Carvajal Alfonso contra Distromel Andina Ltda., y de manera solidaria
contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-.
(Cuaderno 1, folios 21 a 37).
-
Copia del contrato
individual de trabajo a término fijo celebrado entre Distromel Andina Ltda., y la señora Yuli Yadira
Carvajal Alfonso. (Cuaderno 1, folios 40 a 43).
-
Copia del contrato de prestación de servicios núm.
165 E de 2011 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP- y la sociedad Distromel Andina Ltda. (Cuaderno 1, folios 44 a
65).
-
Copia de la reclamación del pago de salarios
presentada por la señora Yuli
Yadira Carvajal Alfonso ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP-. (Cuaderno 1, folios 98 a 104).
-
Copia de la contestación de la demanda ordinaria
laboral presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Cuaderno 1, folios 107
a 142).
-
Copia de la contestación de la demanda ordinaria
laboral presentada por la sociedad Distromel Andina Ltda. (Cuaderno 1, folios
143 y 144).
6.  Actuación en sede de revisión
6.1.
Mediante Auto del 21 de noviembre de 2017 el magistrado
sustanciador solicitó al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá
D.C., que enviara una copia integral del expediente
núm. 2015-0780, contentivo del proceso ordinario laboral promovido por Yuli Yadira
Carvajal Alfonso en contra de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Domiciliarios y Distromel Andina Ltda. (sucursal y apoderada en Colombia de
Distromel S.A.). El 15 de diciembre de 2017 fue allegado a esta Corporación el
expediente solicitado.
6.2.
Una vez revisado el expediente del proceso ordinario
laboral, se pudo constatar que si bien la demanda fue instaurada en contra de
Distromel Andina Ltda., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP-, esta última llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de
Fianzas S.A. Confianza, con quien se constituyó una póliza de seguro para
proteger los intereses y el patrimonio de la entidad frente a posibles
incumplimientos del contrato correspondiente.
Visto esto y revisados los oficios de notificación emitidos por la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que conoció la acción de
tutela en primera instancia, se observó que no fue comunicada a la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza. Por esa razón, a través del Auto
del 18 de enero de 2017 se dispuso vincular a dicha compañía para que se
pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, y allegara
los medios probatorios que considerara pertinentes para ejercer su derecho de
defensa y contradicción.
Vencido el término otorgado por esta Corporación no se
recibió la respuesta de la compañía aseguradora[1].
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991 y en virtud del Auto
del 13 de octubre de 2017 expedido por la Sala de Selección Número
Diez de esta Corporación, que decidió seleccionar el presente asunto para su
revisión.
2.
Problema jurídico
Con
base en los hechos descritos corresponde
a la Sala Octava de Revisión de esta Corporación determinar, en primer
lugar, si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En
caso afirmativo, pasará a estudiar el fondo del asunto, esto es, si la
autoridad judicial accionada incurrió en alguna de las causales específicas de
procedibilidad excepcional, para lo cual se abordará el siguiente problema
jurídico: ¿la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yuli
Yadira Carvajal Alfonso al determinar que la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP- no es responsable solidariamente en el pago de los
salarios y prestaciones sociales a su favor, luego de considerar que la labor
por ella desarrollada en el marco del contrato laboral era extraña a las
actividades normales de la UAESP?
Con el fin de
resolver los anteriores problemas jurídicos, la Corte abordará el análisis de i)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el defecto fáctico y el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial como causales específicas de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; iii)
la responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra
o labor contratada según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte Constitucional; y iv) el caso concreto.
3.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia[2]
3.1.
En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo
que ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la materia.
El artículo 86 de la Carta establece que a través de ese mecanismo
constitucional puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales
cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública. De la
lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente de 1991 no
realizó distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública en los
cuales tales derechos podrían resultar vulnerados. Por ello, la acción de
tutela procede contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la
función jurisdiccional.
3.2.
Ante el aumento del uso de la acción de tutela contra esta clase de
decisiones, la jurisprudencia constitucional se vio en la necesidad de imponer
unos límites a su ejercicio. Es así como en la sentencia C-543 de 1992 la Corte
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto Estatutario 2591 de
1991, que como regla general permitían la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Determinó que si bien los funcionarios judiciales son autoridades
públicas, ante la importancia de principios como la seguridad jurídica, la cosa
juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal procedencia debía ostentar
un carácter excepcional frente a las “actuaciones de hecho” que implicaran
una grave vulneración a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros
pronunciamientos de esta Corporación se sostuvo que tal procedencia era
permitida únicamente cuando en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía
de hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa
y, por lo tanto, abiertamente violatoria del texto superior”[3].
Más adelante, la Corte redefinió el espectro de afectación de los
derechos fundamentales y manifestó que “va más allá de la burda transgresión
de la Constitución”, incluyendo entonces los casos en los que, por ejemplo,
el juez se aparta de los precedentes sin la debida justificación o cuando “la
interpretación que desarrolla se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”[4].
3.3.
Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte declaró
inexequible la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, que impedía ejercer la acción de tutela contra decisiones de
casación en materia penal.
En dicha providencia, partiendo de la excepcionalidad de
este mecanismo, acompasado con el propósito de asegurar el equilibro entre los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía e independencia
judicial, se sistematizaron diferentes requisitos denominados “criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, dentro
de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter
específico.
Los primeros han sido fijados como restricciones de carácter
procedimental o presupuestos indispensables para que el juez de tutela aborde
el análisis de fondo, es decir, aquellos que habilitan la interposición de la
acción, los cuales fueron definidos por la Corte como “requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencias judiciales”. A continuación,
se reseña la clasificación realizada en la mencionada sentencia:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de
texto).
La citada providencia mencionó que una vez acreditados los presupuestos
generales, el juez debe entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada
por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su
intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, la Corte
identificó cuáles serían tales vicios, en los siguientes términos:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
3.4.    Con
base en lo anterior, para el análisis de la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es necesario tener en cuenta, en primer lugar,
que se trata de una posibilidad de carácter excepcional, sujeto al cumplimiento
de los parámetros formales y materiales fijados por esta Corporación. Además,
deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos generales expuestos,
que le permitan al juez de tutela realizar un examen constitucional de las
decisiones judiciales puestas a su conocimiento. Asimismo, habrá de demostrarse
la existencia de, por lo menos, una de las causales específicas o defectos
enunciados.
4.
Breve caracterización del defecto fáctico. Reiteración de
jurisprudencia[5]
4.1.
Según se expuso previamente, el defecto fáctico surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio suficiente que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Esta
causal se estructura siempre que existan fallas sustanciales en la decisión
atribuibles a deficiencias probatorias en el proceso, las cuales pueden
generarse, por ejemplo, como consecuencia de la errada interpretación de las
pruebas que obran en el expediente. En palabras de esta Corporación “este
defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso
se hallan (sic) subsumido adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente
la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración
de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición
de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios”[6].
4.2.
Bajo ese entendido, el defecto fáctico se puede presentar en una
dimensión negativa y en una positiva[7].
La primera, comprende las fallas protuberantes en la valoración de las pruebas
concluyentes, esto es, que identifican la veracidad de los hechos analizados
por el juez, como por ejemplo: i) la valoración arbitraria, irracional y
caprichosa; ii) la omisión de la apreciación de la prueba; o iii)
sin justificación válida, se desatiende la circunstancia que de manera clara y
objetiva se deduce de ella. En cuanto a la segunda dimensión, se configura
cuando el juez valora pruebas determinantes y esenciales de lo resuelto en la
providencia cuestionada, que no ha debido admitir ni evaluar, ya sea i)
porque se recaudaron indebidamente o ii) porque tiene por establecidas
circunstancias sin que existan elementos probatorios que motiven lo resuelto.
4.3.
Ahora bien, la Corte ha fijado los criterios de aplicación que deben ser
considerados por el juez de tutela en la interpretación y análisis de la
configuración del defecto fáctico, en los siguientes términos[8]:
(i)
El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias
facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del
material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana
crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Sin
embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por
el juez natural, es y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto
por el principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela realice un
examen exhaustivo del material probatorio.
(ii)
Las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen
errores fácticos. Al respecto, sostuvo la Corte: “frente a interpretaciones
diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los
criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez,
en su labor, no solo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable”[9].
(iii)
Para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, el error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto.
4.4.
Con todo, la labor del juez constitucional en el análisis de un defecto
fáctico debe estar dirigido a determinar si el ejercicio probatorio realizado
por un juez ordinario va en contravía del ordenamiento jurídico, ya sea porque
omitió decretar o valorar una prueba determinante en el proceso, lo hizo de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, o desconoció las circunstancias que
de manera clara se deducen de ella. No obstante, ese ejercicio encargado al
juez de tutela no puede desconocer las facultades discrecionales del juez
natural, sino que debe respetar el principio de autonomía judicial y, en todo
caso, corresponderá a las particularidades de cada caso concreto.
5.
Breve caracterización del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial. Reiteración de jurisprudencia
5.1.    La Corte Constitucional ha señalado que los principios de autonomía
e independencia judicial a los que se encuentran sometidos los jueces en el
ejercicio de sus funciones, supone partir de la premisa de que las potestades y
prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales están dirigidas a la
realización de los fines que la Carta les asigna[10]. En ese
sentido, la autonomía judicial y la libertad que tienen los jueces de
interpretar y aplicar la ley, no pueden llegar al desconocimiento de los
derechos fundamentales de las personas, ni al incumplimiento del deber de
proteger especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta[11].
Bajo ese entendido, esta Corporación ha enfatizado que según los
artículos 1 y 2 de la Carta, dentro de los propósitos constitucionales que
orientan la actividad de los jueces están las de propugnar por la promoción y
protección de la dignidad de la persona, y por el respeto de la vida, la
justicia, la libertad y la igualdad. Así, en lo que respecta a la actividad
judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas
supone además una igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley.
Esa manifestación del derecho a la igualdad en la labor de
interpretación y aplicación de la ley permite al mismo tiempo la garantía de
otras prerrogativas constitucionales, como la seguridad jurídica y la confianza
legítima en la administración de justicia. Sobre el particular, este Tribunal
ha mencionado la previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre
el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, certeza
que les hace posible actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial
les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. En palabras
de esta Corporación[12]:
“Son entonces la Constitución y la ley los puntos
de partida necesarios de la actividad judicial, que se complementan e integran
a través de la formulación de principios jurídicos más o menos específicos,
construidos judicialmente, y que permiten la realización de la justicia
material en los casos concretos. La referencia a la Constitución y a la ley,
como puntos de partida de la actividad judicial, significa que los jueces se
encuentran sujetos principalmente a estas dos fuentes de derecho. Precisamente
en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades
constitucionales fundamentales, estos jueces están obligados a respetar los
fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas
anteriores. Como ya se dijo, esta obligación de respeto por los propios actos
implica, no sólo el deber de resolver casos similares de la misma manera, sino,
además, el de tenerlos en cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de
motivar sus decisiones con base en su propia doctrina judicial, pues, esto
constituye una garantía general para el ejercicio de los derechos de las
personas y una garantía específica de la confianza legítima en la administración
de justicia.
La sujeción del juez al ordenamiento jurídico le
impone el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y
los casos diferentes de manera distinta, y caracteriza su función dentro del
Estado social de derecho como creador de principios jurídicos que permitan que
el derecho responda adecuadamente a las necesidades sociales.  Esta doble
finalidad constitucional de la actividad judicial determina cuándo puede el
juez apartarse de la jurisprudencia del máximo órgano de la respectiva
jurisdicción.  A su vez, la obligación de fundamentar expresamente sus
decisiones a partir de la jurisprudencia determina la forma como los jueces
deben manifestar la decisión de apartarse de las decisiones de la Corte Suprema
como juez de casación”.
5.2.    Visto lo
anterior, es preciso señalar que una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional i) aplica una disposición
en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la
normatividad; ii) utiliza un precepto manifiestamente inaplicable al
caso; iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada; iv) se
aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[13].
Según
lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de
las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la
Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e
integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al
interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por
ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento.
Esta
Corporación ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[14]. Asimismo,
la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen
en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en
la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se
presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares[15].
Bajo
ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se
puede clasificar el precedente en dos categorías: i) el precedente
horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades
del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y ii)
el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el
superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia[16].
El
precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima[17], sino al derecho a la
igualdad consagrado en nuestra Constitución. El precedente vertical, al
provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada
una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe
respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los
tribunales.
5.3.    Lo dicho
previamente no conlleva necesariamente a que en todos los casos los jueces
deban acogerse al precedente judicial. Existen ciertos eventos en los que la
autoridad puede desligarse del mismo, siempre que argumente de manera rigurosa
y clara las razones por las cuales procede de ese modo. Este Tribunal explicó
que el apartamiento judicial del precedente es la potestad de los jueces de distanciarse de la jurisprudencia de
los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de la autonomía judicial
constitucional[18]. Para que sea válido es necesario el
previo cumplimiento del estricto deber de consideración del precedente en la
decisión, ya que la jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre no
puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas
en ella.
5.4.    Con todo, los jueces tienen
como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa o constitucional) cuando estas constituyan precedentes, y/o sus
propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al
acceder a la justicia. Sin embargo, aunque existe un valor vinculante
del precedente y la obligación de los jueces de acogerse a este en sus
decisiones, esto no implica que dicha obligación coarte la libertad de decisión
del juez o la autonomía judicial consagrada en la Constitución, porque existe
la posibilidad para los operadores judiciales de apartarse del precedente si
cumple con los requisitos establecidos para ello, siempre que acrediten
debidamente la carga argumentativa.
6.  La
responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o
labor contratada. Reiteración de jurisprudencia
6.1.    El principio de solidaridad laboral
El artículo
1° de la Constitución Política consagra el principio de solidaridad como uno de
los fundamentos del Estado social de Derecho[19].
En concordancia con esa disposición, el artículo 95 de la Carta establece como
uno de los deberes de la persona y del ciudadano, obrar conforme el principio
de solidaridad social[20].
Esta Corporación ha hecho referencia
al concepto de solidaridad, explicando que se trata de un deber impuesto a toda
persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente
en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros
asociados o en interés colectivo[21].
Desde sus primeros pronunciamientos, ha definido ese principio como aquel que “inspira
la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no
en el egoísmo (…) La vigencia de este principio elimina la
concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de
la comunidad respecto del Estado y que ve en este al único responsable de
alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio,
se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con
cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a las
autoridades y entidades públicas”[22].
El principio de solidaridad
irradia todo tipo de relaciones colectivas y, por ello, el legislador
estableció la responsabilidad solidaria en materia laboral en el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor dispone lo siguiente:
“1. Son contratistas
independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni
intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución
de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros,
por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con
sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de
labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores,
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista
las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos
trabajadores.
2. El beneficiario del
trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las
condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los
subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los
contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de
subcontratistas”. (Resaltado fuera de texto).
Este tipo de responsabilidad es un asunto sobre el
cual existen numerosos pronunciamientos, tanto en la jurisprudencia ordinaria
como en la constitucional. A continuación la Sala hará una breve referencia a
tales providencias, dada su importancia en el análisis del caso que estudia.
6.2.    Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad solidaria entre el
contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada
La Corte Suprema de Justicia
ha mantenido una línea jurisprudencial uniforme sobre la responsabilidad
solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada,
contemplada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
6.2.1. En
la sentencia del 10 de septiembre de 1997, radicado 9881, esa
Corporación explicó cuál es la finalidad de dicha responsabilidad, en los
siguientes términos: “Con todo interesa aclarar que la
solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista cumple actividades
ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que persigue la ley
con el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la
posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica
por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su
responsabilidad laboral”.
6.2.2. Más adelante, en la decisión adoptada el 17 de junio de 2008,
radicado 30997, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no toda actividad podía
ser considerada como conexa al objeto social del beneficiario de la obra o
labor contratada. Al respecto, mencionó que no se configura la responsabilidad
solidaria “cuando las labores a realizar son las ajenas a las propias de su
actividad, como las referentes al mantenimiento de las instalaciones o, como en
este caso, el transporte de su personal al sitio de trabajo”. En esa
oportunidad, el Tribunal indicó que no era dable argumentar que “la labor de
transporte del personal sea conexa con las cumplidas por la empresa, porque, en
tal medida, todas las actividades entrarían en lo que constituye la excepción,
como lo serían, todas aquellas tendientes a la adecuación o sostenimiento de la
planta, relacionadas con el aseo, pintura, construcción, etc., que igualmente
son indispensables para desarrollar el objeto social”.
6.2.3. El modo en que debe ser interpretado ese nexo de causalidad fue
abordado con mayor profundidad en la sentencia del 2 de junio de 2009,
radicada 33082, cuando la Sala Laboral de esa Corporación sostuvo lo
siguiente:
“En primer término, y antes de estudiar los medios
de convicción que se citan en el cargo, resulta de interés para la Corte precisar
que el anterior razonamiento de la impugnación en realidad involucra una
cuestión de orden jurídico y no fáctico, esto es, si para establecer la
solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se deben comparar
exclusivamente los objetos sociales del contratista independiente y del
beneficiario o dueño de la obra o si es viable analizar también la actividad
específica adelantada por el trabajador; cuestión que no puede ser planteada en
un cargo dirigido por la vía de los hechos
Con todo, encuentra la Corte, como lo ha
explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la
mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto
social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el
servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores
extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste.
Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor
individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio
concluir que, si bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó
un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la
obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”.
(Resaltado fuera del texto).
6.2.4. Siguiendo esa línea de argumentación, en la sentencia del 1° de
marzo de 2010, radicado 35864, la Corte explicó que el propósito del legislador
al establecer la responsabilidad solidaria del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo fue evitar que la contratación con un contratista
independiente se convirtiera en un mecanismo utilizado por las empresas para
evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Al respecto, sostuvo que “si
el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus
propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que este
adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados,
el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la
vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del
trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que
no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades
empresariales”.
Sobre la
relación o nexo causal existente entre las actividades del contratista
independiente y las del beneficiario de la obra, la Corte Suprema aclaró en esa
sentencia que “no basta que el ejecutor sea un contratista independiente,
sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una relación de
causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a las
actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es
ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra
el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto
legal”.
Adicionalmente,
en esa sentencia la Corte estudió si para establecer la solidaridad del
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se debían comparar exclusivamente
los objetos sociales del contratista independiente y del beneficiario o dueño
de la obra, o si era viable analizar también la actividad específica adelantada
por el trabajador. Sobre el particular, concluyó que “lo que debe observarse
no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la
obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la
obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o
negocio de este. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la
labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es
obvio concluir que si bajo la subordinación del contratista independiente
adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del
beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34
citado”.
6.2.5. Consideraciones similares fueron expuestas en la sentencia del 17
de agosto de 2011, radicado 35938, ocasión en la que la
Corte Suprema de Justicia explicó:
“Entonces,
dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de
condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo
216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa
de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente,
toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del
laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo) el dueño o beneficiario de la obra conexa con su
actividad principal, funge como garante  en el pago de dicha
indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino  precisamente por
virtud de la solidaridad, lo que,  a su vez,  como lo  ha asentado esta
Sala, le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia
contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo
que reafirma aún más su simple condición de  garante. (…)
Sobre el
particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de
septiembre de 2000, radicación 14038, en que esta Sala, al analizar un caso
similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose
de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y
morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de
trabajo por culpa patronal, así razonó:
“la
solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los
trabajadores, para cuyo efecto se le hacen  extensivas, al obligado solidario,
las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño
o beneficiario de la obra contratada,  ante la usual insolvencia del deudor
principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en
sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes: (…)
Esta
figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral
(como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y
consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es
con el contratista independiente  y que el obligado solidario no es más que un
garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede
también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al
establecimiento legal de esa especie de  garantía. Y no por ello puede
decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al Municipio
demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los
salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel en
virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que
estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los
derechos de los asalariados o sus causahabientes”. (Resaltado
fuera del texto original).
6.2.6. Los anteriores pronunciamientos fueron reiterados en la sentencia
del 6 de marzo de 2013, radicado 39050, oportunidad en la que la Corte señaló
que para que se configure la solidaridad, además de que la actividad
desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del
beneficiario, se requiere que ella constituya una función normalmente realizada
por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto
económico. Así mismo, recordó que para su determinación se podía tener en
cuenta la actividad específica ejecutada por el trabajador  y no solo el objeto
social del contratista y el beneficiario de la obra.
6.2.7. Finalmente, en la sentencia del 8 de marzo de 2017, radicado
38705, indicó que la interpretación del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo pasa por considerar que la responsabilidad solidaria del beneficiario o
dueño de la obra existe a menos que se trate de labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio, caso en el que tal obligación
deja de operar y debe responder por salarios, prestaciones, e indemnizaciones del
contratista, “lo que de contera, comporta que la carga de probar la
excepción gravita sobre quien la alega. Así debe ser, además, porque esa
exclusión de responsabilidad, basada en el carácter del beneficiario o dueño de
la obra, conllevaría una discriminación negativa desfavorable al trabajador,
sujeto contractual al que le resulta indiferente ese aspecto, toda vez que, en
cualquier caso, el espíritu de la norma es propugnar por una mayor protección”.
De lo expuesto es posible concluir
que según ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia, el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo tiene como finalidad proteger al trabajador
ante la eventualidad de que un empresario pretenda realizar su actividad
económica a través de contratistas independientes con el propósito de evadir su
responsabilidad laboral. A juicio de esa Corporación, si ese empresario termina
beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus
servicios por intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria
por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar. Sin embargo, entre
el contrato de obra y el de trabajo debe mediar una relación de causalidad que
permita identificar si la obra o labor realizada por el trabajador hace parte
de las actividades normales de quien encargó su ejecución. Para analizar ese
nexo de causalidad debe observarse, no exclusivamente y de manera estricta el
objeto social del contratista, sino que la obra que haya ejecutado no
constituya una labor extraña a las actividades del beneficiario de la misma.
6.3.    Jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la responsabilidad solidaria entre el
contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada
Ahora bien, la jurisprudencia
ordinaria previamente reseñada ha sido acogida por la Corte Constitucional en
los casos que han sido de su conocimiento sobre la responsabilidad solidaria.
6.3.1. Así, en la sentencia C-593 de 2014 esta Corporación conoció
la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 34 parcial del
Código Sustantivo del Trabajo. En esa oportunidad, el demandante justificó su
acción en que la expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio”, contenida en esa
disposición, creaba una distinción entre los trabajadores que laboran en
actividades extrañas a las labores normales de la empresa contratante y todos
los demás trabajadores, lo que implicaba una desprotección a los primeros, por
cuanto estos no tendrían una acción de responsabilidad solidaria del dueño de
la obra. En su parecer, la disposición vulneraba el principio de la primacía de
la realidad sobre las formas por cuanto el mercado laboral está marcado por la
tercerización y en ese orden de ideas, un grupo significativo de empleados
estaría desprotegido con la norma demandada. Sobre el particular explicó que el
artículo demandando imponía una carga gravosa al trabajador en razón a que lo
obligaba a demostrar la relación de causalidad entre el contratista independiente
y el dueño de la obra.
La Corte declaró la
constitucionalidad de la norma acusada bajo argumentos que serán sintetizados y
reiterados en esta oportunidad.
En primer lugar, explicó que
el objeto del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es establecer una
solidaridad laboral o responsabilidad compartida o conjunta entre el
beneficiario o dueño de la obra y el contratista independiente, cuando el
primero utiliza el mecanismo de la contratación para desarrollar labores
propias de la empresa. En efecto, el legislador busca que la referida
contratación no se convierta en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las
obligaciones laborales con el fin de disminuir los costos económicos y encubrir
una verdadera relación laboral. De igual manera, facilita a los empleados el
cobro de los salarios y prestaciones sociales y hace frente a posibles
incumplimientos, dificultades económicas o simulaciones del contratista
independiente, cuando se les utiliza para ejecutar funciones propias de la
empresa.
Luego de ello, mencionó que esa
disposición regula dos relaciones jurídicas, a saber: i) la que se
produce entre la persona que encarga la ejecución de una obra y la persona que
la lleva a cabo; y ii) la relación laboral entre el ejecutor de la obra
y sus empleados. En la primera, se configura un contrato de obra que implica
que el contratista desarrolle el trabajo con libertad, autonomía técnica y
directiva, y con asunción de todos los riesgos de su propio negocio. Como
contraprestación, recibe el pago de un precio determinado previamente. En este
sentido, un elemento fundamental de la relación de obra es que el contratista
debe ejecutar la labor encomendada con sus propios medios, sin utilizar los de
la empresa contratante. En la segunda, se genera un contrato laboral entre el
contratista independiente y sus empleados, y por tanto, se encuentra obligado
al pago del total de los salarios y de sus prestaciones sociales.
La Corte explicó que en
relación con el contrato de obra pueden darse dos situaciones: i) la
obra o labor es extraña a las actividades normales de quien encargó su
ejecución, y por tanto, dicho negocio jurídico solo produce efectos entre los
contratantes; y ii) la labor hace parte del giro ordinario de los
negocios del beneficiario del trabajo, caso en el cual se produce una responsabilidad
solidaria entre dicho beneficiario y los trabajadores del contratista[23]. Bajo ese
entendido, quien se presente a reclamar obligaciones a cargo del beneficiario,
emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente,
debe probar: i) el contrato individual de trabajo entre el trabajador y
el contratista independiente; ii) el contrato de obra entre el
beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y iii) la
relación de causalidad entre los dos contratos, es decir que la obra o labor
contratada pertenezca a las actividades normales de quien encargó su ejecución.
Esta Corporación mencionó
entonces que, contrario a lo señalado por el demandante, el artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo busca proteger al trabajador de los mecanismos
utilizados por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones
laborales, al contratar personal para efectuar funciones propias.
6.3.2. En
la sentencia T-225 de 2012 este Tribunal señaló que “cuando una empresa-beneficiaria contrata la ejecución de algunas
actividades (obras o servicios) con un contratista independiente que a su vez vincula personal para el desarrollo
de las actividades contratadas, la empresa-beneficiaria puede ser responsable
solidariamente de las obligaciones laborales que ese contratista independiente
incumpla”. Bajo ese entendido, explicó, la ley
laboral colombiana “autoriza al empresario colombiano a desconcentrar la
unidad productiva y confiarle a un experto la realización del contrato
trasladando a personas naturales o jurídicas la realización de dichas tareas,
así como la carga administrativa y logística, sin que ello implique un total
desprendimiento dando lugar a suponer una responsabilidad solidaria en algunos
casos”.
En esa
providencia, la Corte refirió que el principio de solidaridad laboral no es de
aplicación inmediata, toda vez que consagró una excepción ligada a la afinidad
de las actividades sociales desarrolladas por el contratista independiente y la
empresa beneficiaria. Al respecto, sostuvo:
“De esta
manera, no pueden ser extrañas las actividades de ambas empresas, la naturaleza
de la obra contratada debe ser inherente o también análoga con la actividad
ordinaria del beneficiario. Dicho requisito se configura como la relación de
causalidad entre el contrato de obra y el laboral. Sin embargo, dicha excepción
no debe entenderse en términos estrictos, pues no se exige exactitud o
integralidad de los objetos sociales entre las mismas pues dicha exigencia
desdibujaría la figura de la solidaridad ya que en la práctica encontrar tal
precisión e igualdad sería complejo. (…).
Por consiguiente, la
exigencia de no realizar “labores extrañas a las actividades normales
de su empresa o negocio” no debe interpretarse en sentido estricto. De
lo contrario, se dificultaría en la práctica la aplicación de dicha solidaridad,
debe hablarse más bien, de una afinidad entre los objetos sociales y sobre todo
de la posibilidad de que el trabajador puede desempeñar su labor profesional o
expertis técnico en la empresa condenada a ser solidaria”. (Resaltado fuera del texto original).
6.3.3. En el
fallo T-889 de 2014 esta Corporación estudió la acción de tutela presentada por
una ciudadana contra Home Care Hospital E.U. y Ecopetrol S.A. El 14 de diciembre de 2012, estas dos sociedades suscribieron el
contrato MA-0020323, con el objeto de ofrecer el “servicio de atención
integral en salud a domicilio a los beneficiarios de Ecopetrol S.A. en la
regional de salud oriente”. Para su ejecución, Home Care Hospital
contrató a 226 trabajadores de diferentes especialidades en el área de la
salud, entre los cuales se encontraba la accionante, quien se desempeñó como
jefe de enfermería y estaba embarazada.
Ecopetrol S.A. dio por terminado el
contrato por presunto incumplimiento de la contratista de su parte técnica y
administrativa. En consecuencia, los 226 trabajadores contratados para la
ejecución de tal labor, quedarían cesantes, dado que no existía otro contrato
en el que pudieran ser incluidos. Por tanto, la accionante solicitó que se
ordenara a Home Care Hospital a pagar los salarios adeudados y efectuar las
cotizaciones en seguridad social que estaban en mora.
Los jueces de instancia ampararon
el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante y de su hijo por
nacer, y ordenó a Home Care Hospital E.U. y Ecopetrol S.A. que de forma
solidaria, por aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo,
reconocieran el pago de los salarios adeudados a la actora, así como las
cotizaciones requeridas para que pudiera acceder a la licencia de maternidad.
En esa oportunidad la Corte
Constitucional recordó que se predica la responsabilidad solidaria en materia
laboral, al tenor del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se
cumplen los siguientes presupuestos:
“(i) La empresa
contratante contrata a la empresa contratista para que realice una labor o
ejecute una obra que, en principio, correspondería efectuarla a ella, por ser
una de las actividades relacionadas en su objeto social;
(ii) La empresa
contratista contrata, a través de contrato laboral, al trabajador o a los
trabajadores que se requieren para para la ejecución de la labor o la obra;
(iii) La labor ejecutada
por el trabajador en beneficio de la empresa contratante guarda relación
directa con una o varias de las actividades que aquella realiza, de acuerdo con
el giro propio de sus negocios (relación de causalidad).
(iv) La empresa
contratista incumple, total o parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno
o varios trabajadores que ejecutan la labor en beneficio de la empresa
contratista.
(v) La labor la ejecutó
el trabajador bajo órdenes y supervisión de la empresa contratante; o siguiendo
lineamientos por ella establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma
y haciendo uso de sus recursos físicos y de personal; o todas las anteriores”.
En el caso concreto, la Corte determinó
que no se cumplían los presupuestos de configuración de dicha responsabilidad
por las siguientes razones: i) el contrato de prestación de servicios no
versó sobre la ejecución de una labor que en principio le correspondería
efectuar a la empresa contratante, dado que la prestación del servicio de salud
de sus trabajadores no hace parte de sus actividades sociales; ii) la
accionante se desempeñó como jefe de enfermería, labor que no guarda relación
directa con una o varias de las actividades sociales de la empresa contratante,
por lo que no existe entonces nexo de causalidad entre la labor realizada por
el trabajador, y el beneficiario de la misma, Ecopetrol S.A.; y iii) la
labor de la accionante no se ejecutó bajo las órdenes y supervisión de la
empresa contratante.
Concluyó que Ecopetrol S.A., no
contrató a la empresa médica para el desarrollo de una labor que le corresponde
ejecutar en desarrollo de su objeto social, sino que se trató de la provisión
del servicio de salud a los trabajadores de la empresa petrolera. Por ello,
confirmó parcialmente las sentencias objeto de revisión, que ordenaron el pago
de los salarios y los aportes a la seguridad social de la accionante, pero no
en el sentido de extender a Ecopetrol S.A. los efectos de la solidaridad al
tenor del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, sino ordenando a
Ecopetrol S.A. que ejecutara el saldo a favor de Home Care Hospital, pagando
las obligaciones laborales en mora y aportes a la Seguridad Social de los
trabajadores contratados por Home Care Hospital.
6.3.4. De lo expuesto se puede concluir que a la luz de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional la solidaridad laboral o responsabilidad compartida
entre el beneficiario o dueño de la obra y el contratista independiente, busca
que esa contratación no se convierta en un mecanismo para eludir el
cumplimiento de las obligaciones laborales.
En el parecer
de esta Corporación, este tipo de solidaridad no es de aplicación inmediata,
pues debe existir una afinidad de las actividades sociales desarrolladas por el
contratista y el beneficiario de la obra. Sobre este punto, ha aclarado que no
puede exigirse exactitud e integralidad en tales objetos sociales, pues dicha
exigencia desdibujaría la solidaridad, ya que en la práctica no se encuentra
tal precisión. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte
Constitucional han acogido un concepto amplio sobre la relación de causalidad
entre los dos contratos, es decir que la obra o labor contratada pertenezca a
las actividades normales de quien encargó su ejecución.
Lo anterior, en el entendido
de que para que proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar
que no son labores extrañas al desarrollo de la empresa.
Con los
elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes, entrará la Sala
Octava de Revisión a evaluar el caso concreto.
7.
Caso concreto
7.1.
Breve presentación del asunto
7.1.1. La Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESP- y Distromel Andina Ltda., celebraron el contrato
de prestación de servicios núm. 165 E de 2011, cuyo objeto era la contratación
del “Sistema de Información Integral del Servicio de Aseo” -SIISA-. El
1° de marzo de 2011 la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso
fue contratada por Distromel Andina Ltda., mediante un contrato individual de
trabajo a término fijo, para que desempeñara el cargo de auxiliar
administrativa con funciones de acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA. Según
la accionante, los servicios para los que fue contratada guardaban relación con
el contrato mencionado.
El 6 de septiembre de 2013
presentó renuncia motivada al cargo que desempeñaba, debido a que su empleadora
le adeudaba los salarios y prestaciones sociales causadas desde noviembre de
2012. Así mismo, que el 3 de agosto de 2015 solicitó ante la UAESP el pago de
las acreencias laborales por considerar que era solidariamente responsable. Al
no recibir respuesta, instauró una demanda ordinaria laboral en contra de
Distromel Andina Ltda. y, solidariamente, en contra de la UAESP, con miras a
obtener el pago de lo adeudado.
El
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones y, en
consecuencia, condenó a las convocadas, en forma solidaria, a pagar los
salarios, las prestaciones y la indemnización respectiva. Esta decisión fue
revocada parcialmente por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el sentido de declarar que la UAESP no era responsable
solidariamente de las obligaciones adquiridas por Distromel Ltda., al no
existir nexo causal entre la misión y las funciones de la entidad estatal y el
objeto social de la empresa demandada.
A
juicio de la accionante el Tribunal incurrió en los siguientes defectos: i)
desconocimiento del precedente, toda vez que desatendió la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional y por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia en materia de responsabilidad solidaria; ii) defecto
sustantivo, por cuanto se desconoció el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo; y iii) defecto material, ya que se fundó en una indebida
valoración probatoria.
7.1.2.
El Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP
solicitó negar las pretensiones invocadas. Mencionó que al observar el contrato
laboral suscrito entre la accionante y Distromel Andina Ltda., era posible
advertir que aquella fue contratada para ejercer labores administrativas
relacionadas con el objeto social de esta última y su giro normal de negocios,
como contestar llamadas telefónicas y hacer el seguimiento de la agenda
comercial de la empresa. Afirmó que no existe nexo causal entre la misión y las
funciones de UAESP y el objeto social de Distromel Andina Ltda. y, por tanto,
no se configura la solidaridad consagrada en el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo.
7.1.3.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia negó la protección invocada al considerar que la decisión
enjuiciada no se sustentó en argumentos arbitrarios o infundados y, por el
contrario, atendió las disposiciones legales que regían el caso y la valoración
de los elementos de prueba que obraban en el expediente. Esta decisión fue
confirmada por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación al considerar que el razonamiento de
la autoridad demandada no puede controvertirse en el marco de la acción de
tutela, pues se sustenta en aseveraciones fundamentadas en los principios de
libre formación del convencimiento y de autonomía judicial.
7.2.
Análisis de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales en el caso concreto
Con base en los hechos descritos,
la Sala Octava de Revisión debe determinar en primer lugar si en el presente
asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De conformidad con la jurisprudencia
expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción de tutela, por
regla general, no procede contra decisiones de autoridades judiciales, salvo
cuando sean acreditadas las causales generales que le permiten al juez
constitucional asumir su conocimiento. En el caso que ahora se estudia, la Sala
encuentra que la tutela cumple con esos requisitos de procedibilidad, como se
pasa a exponer:
(i) Relevancia
constitucional.
El asunto que ahora es de
conocimiento de la Sala cumple con este requisito, en primer lugar, porque la
discusión se circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la decisión proferida en el marco de un proceso
ordinario, respecto de la cual se alega un defecto fáctico y
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Por otro lado, se
busca determinar si se configuró la responsabilidad solidaria en materia
laboral entre la empresa Distromel Andina Ltda. y la UAESP en el pago de
los salarios y prestaciones sociales a favor de la accionante. Este asunto no
solo ha sido ampliamente abordado e interpretado por la Corte Suprema de
Justicia como órgano de cierre, sino por la Corte Constitucional que ha acogido
esa jurisprudencia en sus providencias.
Así, del análisis que se efectúe
en esta oportunidad, la Corte podrá determinar si, en efecto, los derechos
fundamentales de la parte actora se vieron afectados ante la indebida
valoración probatoria y el desconocimiento de dichos precedentes.
(ii) Agotamiento de los
recursos judiciales.
Dado que en esta oportunidad la
accionante acudió al proceso ordinario para obtener el pago de los salarios y
prestaciones adeudados, y que el mismo surtió las dos instancias judiciales
luego de la apelación que se presentara en contra de la sentencia de primera
instancia, debe esta Sala evaluar si contra la decisión de segunda instancia procedía
el recurso de casación. De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solo serán susceptibles
del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda ciento veinte (120)
veces el salario mínimo legal mensual vigente.
La demanda ordinaria presentada
por Yuli Yadira Carvajal Alfonso contra Distromel Andina Ltda.
y la UAESP, fue conocida en primera instancia por el Juzgado Trece
Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que accedió a las pretensiones y
condenó a las demandadas a pagar las siguientes sumas[24]:
-
Salarios equivalentes a $40.000 diarios por 306
días dejados de percibir para un total de $12.240.000.
-
Cesantías para el periodo correspondiente del 1°
de marzo a 31 de diciembre de 2012 por valor de $1.000.000, y del 1° de enero
al 6 de septiembre de 2013 por un valor de $820.000 para un total de $1.820.000.
-
Intereses a las cesantías en el 2012 por
$200.000 y en el 2013 por $134.480, para un total de $334.480.
-
Prima de servicios en el primer periodo
mencionado por un valor de $1.000.000, y el segundo periodo por un valor de $820.000,
para total de $1.820.000.
-
Vacaciones por el periodo relacionado
correspondiente a la mitad de las cesantías, esto es, $910.000.
-
Sanción por la falta de consignación de las
cesantías a un fondo por un valor de $40.000 diarios del 16 de febrero al 6 de
septiembre de 2013, para un total de $8.000.000.
-
Indemnización por despido indirecto por un valor
de 6.840.000.
-
Indemnización moratoria. Se condena a pagar un
día de salario hasta por 24 meses, es decir $28.800.000.
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, que conoció el proceso en segunda instancia, revocó
parcialmente la sentencia del aquo en cuanto a condenar únicamente a
Distromel Andina Ltda. y absolver de las pretensiones a la UAESP. Sobre la
condena impuesta, modificó lo concerniente a la indemnización moratoria
señalando que se fijaba por un valor de $28.800.000 “y a partir del 7 de
septiembre de 2015 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre
asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta el momento
que la demandada pague los salarios y las prestaciones sociales adeudadas”.
De acuerdo a las condenas
impartidas por los jueces ordinarios, la cuantía del proceso ascendía a la suma
de cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
ochenta pesos ($54.964.480). Estas decisiones fueron proferidas en 2016, año en
el cual el salario mínimo era de $689.454. Bajo ese entendido, 120 salarios
mínimos correspondían a ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta pesos ($82.734.480), lo que significa que la cuantía del
proceso ordinario no excedía esta suma. Por lo anterior, la Sala concluye que
la accionante agotó todos los recursos judiciales a su alcance para obtener la
protección de los derechos que ahora reclama por vía de tutela.
(iii) Principio de inmediatez.
La
Sala considera pertinente recordar que si bien el Decreto Estatutario 2591 de
1991 señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, ello
debe suceder en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos
causantes de la trasgresión o desde que la persona sienta amenazados sus
derechos. La razonabilidad del plazo está determinada por la finalidad de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto[25].
La importancia de esta exigencia
radica en lo siguiente: i) garantiza una protección urgente de los
derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; ii) evita
una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; iii)
resguarda la seguridad jurídica; y iv) desestima las solicitudes
negligentes[26].
Bajo ese entendido, para esta Corporación no existe un término de caducidad
para acudir a este amparo constitucional. Cada caso concreto debe ser analizado
bajo sus propias particularidades, teniendo en cuenta todos los matices y
circunstancias que puedan presentarse en el curso del acontecimiento de los
hechos.
En el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala es preciso señalar que la sentencia de primera instancia en
el proceso que se cuestiona fue proferida el 16 de noviembre de 2016, y la de
segunda instancia fue emitida el 6 de diciembre de ese mismo año. El 11 de mayo
de 2017 la accionante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso la
acción de tutela en contra de ese último fallo. Visto esto, a juicio de esta
Corporación, el tiempo transcurrido desde la finalización del proceso ordinario
hasta la fecha de la interposición de la tutela es razonable, pues tan solo pasaron
cinco meses desde el momento en que acaecieron los hechos que la accionante
considera causantes de la trasgresión.
(iv) En
caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Este
requisito no es aplicable al asunto bajo estudio ya que las anomalías que se
alegan son de carácter fáctico y sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial.
(v) Identificación
de los hechos que generan la violación y que ellos hayan sido alegados en el
proceso judicial, en caso de haber sido posible. La accionante identificó
cada uno de los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración de los
derechos fundamentales cuya protección se invoca. Los mismos no fueron alegados
en el proceso ordinario, en tanto como se expuso, surgieron con ocasión de la
decisión adoptada por el juez de segunda instancia, contra la cual no procedía
el recurso de casación que permitiera contrariar o hacer alguna manifestación
al respecto.
(vi) El fallo controvertido no
es una sentencia de tutela. Como se ha indicado, la providencia que
se censura hizo parte de un proceso ordinario laboral.
7.3.
Análisis de los requisitos
específicos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales alegados en el caso de la referencia
Una
vez definidos los puntos que hacen procedente la acción de tutela de la
referencia, entra la Sala al análisis de los requisitos especiales de
procedibilidad contra providencias judiciales, resolviendo el siguiente
problema jurídico: ¿la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yuli
Yadira Carvajal Alfonso al determinar que la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP- no es responsable solidariamente en el pago de los
salarios y prestaciones sociales a su favor, luego de considerar que la labor
por ella desarrollada en el marco del contrato laboral es extraña a las
actividades normales de la UAESP?
7.3.1. Para
dar respuesta al anterior interrogante es necesario, en primer lugar, hacer
referencia a lo evidenciado luego de revisar el expediente del proceso
ordinario laboral número 2015-780, así como las consideraciones expuestas por
los jueces ordinarios en sus providencias:
(i) El 13 de octubre de 2011 la UAESP y Distromel Andina Ltda., celebraron
el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011. En las
consideraciones consignadas en el contrato referido, las partes mencionaron que
de conformidad con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, la UAESP tiene por objeto “garantizar
la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas; los servicios
funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado
público”[27].
Acto seguido,
explicaron que el servicio público de aseo en una ciudad como Bogotá “requiere
actualizar su infraestructura tecnológica para contar con información
detallada, veraz, oportuna, confiable y segura de la prestación de dichos
servicios”[28].
Según se consignó en ese documento, con la adquisición de dicho sistema se
contribuiría “a la planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo
en sus componentes de recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos”[29].
Sostuvieron las
partes que, teniendo en cuenta lo anterior, se consideró necesaria la
contratación del sistema de información integral para el servicio de aseo -SI
MISIÓN SIISA-[30],
razón por la cual en la cláusula primera del contrato se determinó como objeto
el de “contratar el sistema de información integral para el servicio de aseo
en el Distrito Capital -SI MISIÓN SIISA- incluida su planificación, diseño,
implementación, operación, actualización, soporte y mantenimiento, con el fin
de integrar en una sola plataforma de tecnologías de la información y de las
comunicaciones toda la información relativa a la prestación del servicio de
aseo en la capital, proporcionando la información necesaria para garantizar su
adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión
y control del servicio en la ciudad”[31].
En el mismo
sentido, en la cláusula segunda del contrato la UAESP y Distrimel Andina Ltda.,
fijaron el alcance del mismo, señalando que con la implementación de este sistema
la UAESP pretendía identificar, registrar, almacenar, supervisar, organizar y
controlar en línea, de manera integrada, la información operativa, técnica,
comercial y financiera del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá. Así mismo,
mencionaron que la infraestructura tecnológica, las licencias de uso del
software utilizado para conformar el sistema SIISA, y los códigos fuente de
aquellas modificaciones particulares que se desarrollaran para la UAESP como
parte de la ejecución del proyecto, serían de propiedad de esta, se destinaría
exclusivamente al funcionamiento del sistema SI MISIÓN SIISA y serían
entregados en su totalidad a la UAESP una vez terminara el contrato[32].
(ii) En el documento de proceso contractual y estudios previos para el
proceso de licitación pública y selección abreviada, la UAESP expuso como
justificación que, a pesar de contar con la información de los diferentes
componentes que hacen parte integral del servicio de aseo, dicha información no
estaba consolidada con la prontitud que se requería de acuerdo con las
características actuales del sector. Al respecto, explicó que la oportunidad de
la información aseguraba un verdadero control por parte de la UAESP, la cual
iba en línea con sus funciones[33].
De igual forma,
sostuvo en dicho documento que la evolución hacia esta tecnología significaba
superar atrasos e implementar herramientas fundamentales para el control de
gestión. Sobre el particular, adujo: “un servicio público que se presta en
una ciudad de aproximadamente 2 millones de suscriptores, maneja información
compleja, especializada y abundante, por lo tanto, la alternativa de un sistema
integrado de información trae como beneficio la posibilidad de poder usar toda
esa información en pro de implementar una gestión de mejora continua en
aspectos tan importantes para la ciudad tales como: atención de PQRs,
indicadores de facturación, indicadores de recaudo, etc”[34]. Además,
afirmó que con la adjudicación del sistema de información se contribuiría a la
planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos[35].
(iii) Una vez adjudicado y celebrado el contrato de prestación de
servicios 165 E, Distromel Andina Ltda. firmó un contrato individual de trabajo
a un año con la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso, a partir 1° de marzo de
2012. Según consta en el mismo, la señora Carvajal Alfonso fue vinculada para
desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativa, siendo asignadas las siguientes
funciones[36]:
a) recibo y despacho de llamadas; b) apoyo a tareas
administrativas contables; iii) acompañamiento y apoyo al proyecto
SIISA; c) seguimiento a la agenda comercial y apoyo en la labor de
recepción en la oficina, y otras labores encaminadas al cargo.
(iv)
Debido a que Distromel Andina Ltda., no había realizado el pago de los salarios
y las prestaciones sociales desde noviembre de 2012, la señora Yuli
Yadira Carvajal Alfonso presentó renuncia motivada ante su empleadora el 6 de
septiembre de 2013, solicitando además el pago de las sumas adeudadas[37]. De igual
forma, el 3 de agosto de 2015 presentó una reclamación administrativa ante la
UAESP con el fin de obtener el pago de los salarios y prestaciones adeudados,
al considerar que esa entidad era responsable solidariamente, en tanto las
actividades realizadas correspondían directamente a desarrollar el proyecto
SIISA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 165 E. En esa
solicitud, expuso que la UAESP era la directa beneficiaria de las labores por
ella realizadas como asistente administrativa del Proyecto SIISA[38].
(v) Al no obtener el pago
solicitado, la accionante instauró demanda ordinaria laboral contra Distromel
Andina Ltda., y de manera solidaria contra la UAESP.
En contestación a dicha demanda,
la UAESP aclaró que en el contrato de prestación de servicios 165 E se
estableció que Distromel Andina Ltda., era la única responsable por el pago de
las acreencias laborales derivadas de los contratos que realizara para el
desarrollo de su objeto social y contractual. De igual forma, aseguró que la
UAESP cumple labores de coordinación, supervisión y control de los servicios de
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos, mas no se encarga directamente de la prestación del servicio
público de aseo, ni de sus componentes[39].
Al mismo tiempo, la UAESP llamó
en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza-, para amparar
las obligaciones que resultaran del proceso. Sobre el particular, explicó que
para la firma del contrato de prestación de servicios, se estableció como
obligación del contratista la de presentar pólizas de seguro a favor de la
UAESP para la cobertura de amparos que incluyeran las obligaciones de tipo
laboral. En cumplimiento de esa obligación, Distromel Andina Ltda., presentó
las pólizas de seguro con el rubro “pago salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales por el valor asegurado de $5.305’885.421”[40].
Según obra en el expediente
ordinario laboral el 18 de octubre de 2011 la Compañía Aseguradora de Fianzas
S.A. -Confianza- expidió la póliza 01GU049885, donde constan como tomador
Distromel Andina Ltda., y como asegurado y beneficiario la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-[41].
Dado que no fue posible notificar
de la demanda a Distromel Andina Ltda., esta actuó por intermedio de curador
ad-litem, quien contestó la demanda señalando que se atenía a lo probado en el
proceso[42].
Por su parte, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza- guardó
silencio dentro del tiempo otorgado para ejercer su derecho de defensa, por lo
que el juzgado de conocimiento tuvo por no contestada la demanda[43].
(vi)
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada el 16
de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda. En primer
lugar, aclaró que no había controversia sobre la existencia
del contrato laboral entre la demandante y Distromel Andina Ltda., razón por la
cual fijó el litigio en determinar si se configuraba la responsabilidad solidaria
entre esa sociedad y la UAESP en el pago de las prestaciones sociales e
indemnizaciones a que hubiera lugar a favor de la trabajadora. Sobre el
particular, el despacho expuso los siguientes argumentos que, por su
importancia, se transcriben a continuación[44]:
“En el caso bajo examen quien obró como contratista y como tal
verdadero empleador fue Distromel Andina Ltda.., de eso no hay duda, y quien
contrató su labor y como tal ostenta la condición de beneficiaria de la obra o
servicio fue la UAESP, aspecto que no se discute, pues la entidad pública
aceptó que tuvo un vínculo comercial para el desarrollo de una labor con la
primera, y en esa medida quedó clara las relaciones entre una y otra persona
jurídica.
Para derivar responsabilidad del beneficiario de la obra, es
necesario que la labor contratada no sea extraña a sus actividades normales,
vale decir, propias del giro normal de sus negocios o su actividad empresarial.
Por esa razón, es apenas lógico determinar las funciones asignadas
por el Acuerdo Distrital del Concejo de Bogotá, dada su naturaleza de ente
público de este ente territorial. El artículo 116 del citado acuerdo señala:
‘La UAESP (…) tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición
final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de las vías
y áreas públicas, lo servicios funerarios en la infraestructura del distrito y
el servicio de alumbrado público’.
De acuerdo con la documental obrante en el proceso, en especial la
contenida en el folio 122 y siguientes del expediente, contentiva del contrato
suscrito entre la UAESP y Distromel Andina Ltda., se indica en el objeto del
contrato lo siguiente: ‘Clausula primera. Objeto: contratar el sistema de
información integral para el servicio de aseo en el Distrito Capital –SI MISIÓN
SIISA- incluida su planificación, diseño, implementación, operación,
actualización, soporte y mantenimiento, con el fin de integrar en una sola
plataforma de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la
información relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital,
proporcionando la información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente
prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión y control del
servicio en la ciudad’.
Al comparar entonces tanto las funciones asignadas a la entidad
pública como el objeto del contrato suscrito, fácil resulta concluir que si no
son las actividades propiamente idénticas, sí son afines y complementarias unas
con las otras, es decir, no son extrañas unas de otras como lo sostiene la
entidad contratante, lo que permite concluir que es solidariamente responsable
frente al contratista, porque lo contrató precisamente para diseñar todos esos
aspectos del cubrimiento, la prestación del servicio y la recolección.
Considerando entonces que la labor contratada no es extraña a la
normal del objeto social de cada una de ellas, sino más bien el complemento y
la necesidad de su implementación, la cual corresponde al tratamiento de
residuos sólidos de Bogotá, lo que deja en evidencia es una identidad de
labores o actividades empresariales, una conexidad necesariamente de esa
naturaleza, situación que a la postre constituye el fundamento jurídico para
derivar la responsabilidad de las obligaciones que emanan del contrato de
trabajo que suscribió el contratista como verdadero empleador de la demandante.
(…) Como quiera que la entidad aquí condenada por solidaridad llamó
en garantía a la aseguradora [se refiere a la Aseguradora de Fianzas S.A
Confianza], debe señalar el juzgado que sabido es que dentro de la contratación
estatal se impone a la entidad pública contratante exigirle al contratista
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la constitución de
pólizas de seguro para con ello proteger los intereses y el patrimonio de la
entidad frente a posibles incumplimientos del contrato correspondiente.
(…) Razón anterior para que en el caso como el que nos ocupa resulte
procedente llamar en garantía a quien mediante un contrato de aseguramiento se
comprometió a responder por el pago de dichas prestaciones, salarios e
indemnizaciones durante el tiempo amparado y hasta los montos contratados. Una vez ocurrido el siniestro, vale decir en este caso, el
incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores
vinculados a la contratista, la compañía aseguradora debe concurrir a responder
por el pago de las mismas para con ello, de paso, exonerar la responsabilidad
de la entidad contratante que fue la que tomó dicho aseguramiento, sin que sea
de recibo anteponer circunstancias de carácter contractual surgidas o que
puedan surgir entre el tomador y el asegurador, diferentes a la de la vigencia
y el monto que allí se establece en la póliza, para excusarse del pago a los
trabajadores con los que se ampara el aseguramiento que es, en este caso, el de
un ente estatal, desterrándose totalmente que el trabajador se vea perjudicado
por circunstancias ajenas como aquellas cláusulas contractuales o las
controversias entre las entidades en su ejecución (…)”.
(vii) Esta decisión fue revocada parcialmente por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, en la audiencia celebrada el 6 de diciembre de
2016, acudiendo a los siguientes argumentos[45]:
“El artículo 34 es el fundamento normativo para resolver la
controversia, que dispone la responsabilidad solidaria para el contratante de
una obra o de un servicio sobre las obligaciones laborales que surgen entre el
contratista y sus trabajadores. Con esta prescripción normativa, el
ordenamiento jurídico evita que se diluya  o que el empleador diluya en
terceros la responsabilidad que la norma le asigna en las relaciones de trabajo
cuando tiene un interés directo en la forma como los trabajadores del
contratista prestan el servicio personal, pues las obras o los servicios que se
contrataron forman parte del giro ordinario de sus labores. En esta situación
el ordenamiento jurídico está en el fondo presumiendo que el contratante ha
ejercido indirectamente sobre los trabajadores del contratista el poder
subordinante del que están investidos los empleadores.
Esta situación sin embargo, no se presenta cuando el empleador
contrata obras o servicios especializados con terceros. La parte final del art
34 excluye la responsabilidad solo cuando el contratante encarga una obra o
servicio que implique labores extrañas ‘a las actividades normales de su
empresa o negocio’. En esta situación, el
contratante no tendrá un interés directo ni indirecto en la forma como los
trabajadores del contratista prestan el servicio personal, porque ello no
afectará su negocio y será entonces el contratista del servicio
especializado quien manejará o habrá manejado con plena autonomía las
relaciones laborales de sus trabajadores, y asumirá por ello, la
responsabilidad por el incumplimiento en las que el como contratista incurra.
Bajo esta línea de interpretación y una vez revisado el expediente, la
Sala encuentra que el objeto del contrato suscrito por la UAESP con la sociedad
demandada en el proceso, consistente en el suministro, instalación y puesta en
marcha del hardware y software que integran el sistema de información integral
para el servicio de aseo en el distrito capital -este es en resumen el objeto y
el alcance del contrato 165 E- es un servicio especializado ajeno al giro
ordinario de las actividades que desarrolla la UAESP, definido este último en
el artículo 116 del acuerdo distrital 257 de 2006 y orientado a la  prestación,
coordinación, supervisión, de los servicios de recolección, transporte,
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, los
servicios funerarios en la infraestructura del distrito y del servicio de
alumbrado público.
Dada la diferencia que esta Sala encuentra entre las actividades
contratadas y las que desarrolla en forma ordinaria la UAESP no se puede
inferir un interés directo o indirecto del distrito en la forma como los
trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus funciones. Por ello, no se
puede deducir el ejercicio presunto de poder subordinante ni se le puede
asignar a esta entidad responsabilidad por las omisiones en que incurrió quien
fungió como un verdadero empleador. Por eso la Sala debe revocar las condenas
que se impusieron a la UAESP y a la llamada en garantía”.
7.3.2.
Visto lo anterior, pasa la Sala a recordar que
de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre
la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo, y que ha sido acogida por la Corte Constitucional en varias
oportunidades, el artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo tiene como finalidad proteger al trabajador ante la eventualidad de
que un empresario pretenda realizar su actividad económica a través de
contratistas independientes con el propósito de evadir su responsabilidad
laboral. Si ese empresario termina beneficiándose del trabajo desarrollado por
las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe
responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que
haya lugar.
Para ello, entre el contrato de obra y el de trabajo debe mediar
una relación de causalidad que permita identificar si la obra o labor realizada
por el trabajador hace parte de las actividades normales de quien encargó su
ejecución; es decir, que este tipo de solidaridad no es
de aplicación inmediata, pues debe existir una afinidad de las actividades
sociales desarrolladas por el contratista y el beneficiario de la obra. Sin
embargo, no puede exigirse exactitud e integralidad en tales objetos sociales,
pues tal proceder desdibujaría la solidaridad, ya que en la práctica no se
encuentra tal precisión.
7.3.3.
En el caso sub examine es clara la
relación de causalidad existente entre las labores desarrolladas por la señora
Yuli Yadira Carvajal como empleada de Distromel Andina Ltda., y el objeto
social de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP-.
Según se expuso,
de conformidad con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, la UAESP tiene por objeto “garantizar
la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas; los servicios
funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado
público”. En virtud de esa misión encomendada la UAESP explicó que el
servicio público de aseo en una ciudad como Bogotá “requería actualizar
su infraestructura tecnológica para contar con información detallada, veraz,
oportuna, confiable y segura de la prestación de dichos servicios”, y
con la adquisición de dicho sistema de información se contribuiría “a la
planeación y mejora en la prestación del servicio en sus componentes de
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos”.
Fue por lo
anterior que se decidió celebrar el contrato de prestación de servicios 165 E
de 2011, cuyo objeto fue “contratar el sistema de información integral
para el servicio de aseo en el Distrito Capital -SI MISIÓN SIISA-”
incluida su planificación, diseño, implementación, operación, actualización,
soporte y mantenimiento, “con el fin de integrar en una sola plataforma
de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la información
relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital, proporcionando la
información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente prestación, así
como la planeación, coordinación, supervisión y control del servicio en la
ciudad”. Según ese contrato, con la implementación de este sistema “la
UAESP pretendía identificar, registrar, almacenar, supervisar, organizar y
controlar en línea, de manera integrada, la información operativa, técnica,
comercial y financiera del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá”.
Adicionalmente,
en el documento de proceso contractual y estudios previos para el proceso de
licitación pública y selección abreviada[46],
la UAESP expuso como justificación que, “a pesar de contar con la
información de los diferentes componentes que hacen parte integral del servicio
de aseo, dicha información no estaba consolidada con la prontitud que se
requería de acuerdo a las características actuales del sector”. Al
respecto, explicó que “la oportunidad de la información aseguraba un
verdadero control por parte de la UAESP, la cual iba en línea con sus funciones”.
De igual forma, indicó que un servicio público que se presta en una ciudad de
aproximadamente 2 millones de suscriptores, maneja información compleja,
especializada y abundante, por lo tanto, “la alternativa de un sistema
integrado de información trae como beneficio la posibilidad de poder usar toda
esa información en pro de implementar una gestión de mejora continua en
aspectos tan importantes para la ciudad tales como: atención de PQRs,
indicadores de facturación, indicadores de recaudo, etc”. Además,
afirmó que con la adjudicación del sistema de información “se
contribuiría a la planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo en
sus componentes de recolección, transporte y disposición final de los residuos
sólidos”.
Luego de dicha
contratación Distromel Andina Ltda., vinculó mediante contrato de trabajo a
término fijo a la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso para desempeñar el cargo
de Auxiliar Administrativa y desarrollar, entre otras funciones, la de acompañamiento
y apoyo al proyecto SIISA. Si bien este proyecto es un servicio especializado
contratado por la UAESP, el mismo estaba dirigido a suplir una necesidad de esa
entidad ante la deficiencia del sistema de información, según se explicó
previamente. En otras palabras, las funciones desarrolladas por la señora
Carvajal Alfonso, de apoyo y acompañamiento al proyecto SIISA, se relacionaban
directamente con el giro normal de los negocios de la UAESP, en tanto estaban
encaminadas a cumplir con su objeto social y, como esa misma entidad lo señaló,
el desarrollo de dicho proyecto aseguraba un verdadero control por parte de la
UAESP, lo cual iba en línea con sus funciones.
La UAESP
argumentó en su escrito de contestación de tutela que no podía existir
responsabilidad solidaria en tanto no prestaba directamente el servicio de aseo
y sus componentes. Sin embargo, la Sala difiere de dicha apreciación, porque el
proyecto SIISA para el cual la accionante prestó su servicio de apoyo, estaba
dirigido a permitir que la entidad cumpliera con mayor efectividad sus
funciones de coordinación, supervisión y control de los servicios de
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos.
Un adecuado sistema informático
-objeto del contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011- influye
directamente en la calidad de la prestación del servicio a cargo de la UAESP,
esto es, garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los
servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y
aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas. Es
decir, la integración en una sola plataforma de toda la información relativa a
la prestación de esos servicios, permitiría identificar, registrar, almacenar,
supervisar, organizar y controlar, en línea, dicha información. Así, las
labores desarrolladas por quienes trabajaron en el proyecto, como sucede en el
caso de la accionante, están directamente relacionadas con la ejecución del
mismo, el cual, a su vez, estaba direccionado a mejorar la calidad de la
prestación del servicio a cargo de la UAESP en virtud de su objeto social.
En otras
palabras, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo la solidaridad no se configura cuando se trate de
labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. En este
caso, la ejecución del proyecto SIISA y, por lo tanto, las funciones de apoyo
al mismo desarrolladas por la accionante, no pueden ser catalogadas como
extrañas a las actividades normales de la UAESP, pues precisamente con ellas se
buscaba el mejoramiento del sistema de información que permitiría a esa entidad
cumplir con el objeto para el cual fue creada según el Acuerdo Distrital 257 de
2006.
7.3.4.
Bajo esa línea de argumentación, esta
Corporación considera que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Ese cuerpo
colegiado en su análisis se limitó a realizar una comparación literal del
objeto del contrato de prestación de servicios con el objeto social de la
UAESP, para concluir que las actividades contratadas y las que desarrolla en
forma ordinaria esa entidad no se podía inferir un interés directo o indirecto
en la forma como los trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus
funciones.  Sin embargo, no tuvo en cuenta ni hizo referencia a la totalidad
del material probatorio que obraba en el expediente y que permitía establecer
el nexo de causalidad entre dichas funciones.
Con ello, el Tribunal accionado incurrió además en un defecto
sustantivo al desconocer el precedente judicial trazado por la Corte
Suprema de Justicia sobre la materia, y que ha sido acogido por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia, en virtud del cual i) el
empresario que termina beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas
que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe responder de
manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar; y
ii) que debe existir una afinidad de las actividades
sociales desarrolladas por el contratista y el beneficiario de la obra, sin que
sea necesario exigir exactitud e integralidad en tales objetos sociales, pues
tal proceder desdibujaría el concepto de responsabilidad solidaridad.
7.4.
Conclusiones
i) El principio de solidaridad laboral, cuyo fundamento constitucional
se encuentra en los artículos 1 y 95 de la Carta Política, supone el deber de
toda persona de actuar en cooperación y ayuda de los demás asociados. Este
postulado irradia todo tipo de relaciones colectivas, entre ellas, las
laborales, razón por la cual el legislador, con fundamento en ese principio,
consagró en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo la responsabilidad
solidaria en materia laboral.
ii)
La norma mencionada dispone que son verdaderos empleadores las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras,
o la prestación de servicios, en beneficio de terceros, por un precio
determinado, y asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios, y con libertad y autonomía técnica y directiva. No obstante, el beneficiario
del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con
el contratista, por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, a menos que se trate de
labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio.
iii) Según ha sido
interpretado por la Corte Suprema de Justicia, el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo tiene como finalidad proteger al trabajador ante la
eventualidad de que un empresario pretenda realizar su actividad económica a
través de contratistas independientes con el propósito de evadir su
responsabilidad laboral. Si ese empresario termina beneficiándose del trabajo
desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un
contratista, debe responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones
sociales a que haya lugar. Sin embargo, entre el contrato de obra y el de
trabajo debe mediar una relación de causalidad que permita identificar si la
obra o labor realizada por el trabajador hace parte de las actividades normales
de quien encargó su ejecución. Para analizar ese nexo de causalidad debe
observarse, no exclusivamente y de manera estricta el objeto social del
contratista, sino que la obra que haya ejecutado no constituya una labor
extraña a las actividades del beneficiario de la misma.
iv) Dicha interpretación del órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria ha sido acogida y reiterada por la Corte Constitucional que, sobre el
particular, ha sostenido que la solidaridad laboral o
responsabilidad compartida entre el beneficiario o dueño de la obra y el
contratista independiente, busca que esa contratación no se convierta en un
mecanismo para eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales. Este tipo
de solidaridad no es de aplicación inmediata, pues debe existir una afinidad de
las actividades sociales desarrolladas por el contratista y el beneficiario de
la obra. Al respecto, no puede exigirse exactitud e integralidad en tales
objetos sociales, pues dicha exigencia desdibujaría la solidaridad, ya que en
la práctica no se encuentra tal precisión.
v) Bajo ese entendido,
tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han acogido un
concepto amplio sobre la relación de causalidad entre los dos contratos, es
decir que la obra o labor contratada pertenezca a las actividades normales de
quien encargó su ejecución. Lo anterior, en el entendido de que para que
proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar que no son labores
extrañas al desarrollo de la empresa.
vi)
Con sustento en lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria al limitar su análisis en una comparación literal del objeto del
contrato de prestación de servicios con el objeto social de la UAESP, para
concluir que las actividades contratadas y las que desarrolla en forma
ordinaria esa entidad no se podía inferir un interés directo o indirecto en la
forma como los trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus funciones. Al
hacerlo, incurrió además en un defecto sustantivo al desconocer el precedente
judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de
interpretación en materia laboral, y que ha sido acogido además por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia.
7.5.
Órdenes a impartir
En
virtud de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión procederá a revocar las
decisiones proferidas en sede de tutela por la Corte Suprema de Justicia en
primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección
invocada y, en su lugar, concederá la tutela del derecho fundamental al debido
proceso de la accionante.
Acto
seguido, dejará sin efecto la decisión adoptada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia dentro del proceso ordinario
laboral número 2015-780 instaurado por Yuli Yadira Carvajal Alfonso contra Distromel
Ltda. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. En consecuencia, le ordenará proferir una nueva decisión de
conformidad con los lineamientos fijados y el análisis efectuado en esta
providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el 17 de agosto de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que a su vez confirmó la emitida el 30 de mayo de 2017 por la Sala Laboral de la misma Corporación. En su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental al debido proceso, en los términos expuestos
en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la
decisión proferida el 6 de diciembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral
número 2015-780 instaurado por Yuli Yadira Carvajal Alfonso contra Distromel
Andina Ltda. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. En su lugar, ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá que, en el término de treinta (30) días siguientes a la
notificación de este fallo, profiera una nueva decisión siguiendo estrictamente
los lineamientos fijados y el análisis efectuado en esta providencia.
Tercero.- LÍBRESE por Secretaría General las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA T-021/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-La providencia no incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial trazado por
la Corte Suprema de Justicia (Aclaración de voto)
Considero
que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá haya desconocido “el precedente judicial trazado
por la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de interpretación en
materia laboral, y que ha sido acogido además por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia”. En efecto, en el presente caso, la posición mayoritaria
de la Sala fundamenta dicha conclusión en las consideraciones utilizadas por
ambos tribunales en distintas sentencias sobre el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, en la cuales se ratifica que, por regla general, el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra “será solidariamente responsable con el contratista por el valor de
los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los
trabajadores”. Únicamente no operará tal solidaridad cuando “se trate de labores extrañas a
las actividades normales de su empresa o negocio”.
Referencia:
Expediente T-6.394.280
Magistrado
Ponente:
JOSE FERNANDO
REYES CUARTAS
En atención a la decisión
adoptada por la Sala Octava de Revisión el día 5 de febrero de 2018 en el
asunto de la referencia, me permito presentar Aclaración de Voto, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
1.
Aunque comparto la determinación adoptada, en el sentido de dejar sin
efectos la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá el 6 de diciembre de 2016, pues coincido en considerar que ésta incurrió
en un defecto fáctico al no haber valorado todas las pruebas que obraban en el
expediente, no considero, en cambio, que dicha providencia también haya
incurrido en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
2.
Sea lo primero señalar que tal como lo ha precisado la jurisprudencia
constitucional, la obligación de acatar el precedente solo se circunscribe a la
ratio decidendi contenida en los fallos en los que se estudian casos
equivalentes. Ello implica, como resulta apenas lógico, la necesidad de
identificar la similitud entre uno y otro caso y demostrar en qué medida se
desconoció en aquél la ratio decidendi de este. Estos aspectos no fueron
suficientemente constatados, pues para sustentar la configuración de tal
defecto, la Sentencia se limitó a enunciar apartes aislados de providencias
proferidas tanto por esta Corporación, como por la Corte Suprema de Justicia.
3.
Con todo, tampoco considero que la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá haya desconocido “el precedente judicial trazado por la Corte Suprema
de Justicia, como máximo órgano de interpretación en materia laboral, y que ha
sido acogido además por la Corte Constitucional en su jurisprudencia”. En
efecto, en el presente caso, la posición mayoritaria de la Sala fundamenta
dicha conclusión en las consideraciones utilizadas por ambos tribunales en
distintas sentencias sobre el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en
la cuales se ratifica que, por regla general, el beneficiario del trabajo o
dueño de la obra “será solidariamente responsable con el contratista por el
valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho los trabajadores”. Únicamente no operará tal solidaridad cuando “se
trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”.
4.
En esa medida, en la sentencia aquí cuestionada, el Tribunal consideró
–justificada o injustificadamente– que “el objeto del contrato suscrito por
la UEASP con la sociedad demandada en el proceso (…) es un servicio
especializado ajeno al giro ordinario de las actividades que desarrolla la
UEASP”. Por ello concluyó que no era predicable la solidaridad en cabeza de
la UEASP. Así pues, no es que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
haya interpretado la norma de manera contraria a la jurisprudencia sino que, a
su entender, lo que procedía en el caso concreto era dar aplicación a e la
excepción y no la regla general prevista en la referida disposición del
estatuto laboral.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Constancia emitida el 29 de enero de 2018 por la Secretaría de la
Corte Constitucional, en la cual reza lo siguiente: “Vencido el término
probatorio, me permito informar que el auto del 18 de enero de 2018, fue
comunicado mediante oficio OPTB-073/18 y durante dicho término NO se recibió
comunicación alguna”.
[2] La base argumentativa y jurisprudencial
expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010, SU-195
de 2012, SU-515 de 2013, SU-769 de 2014, SU-336 de 2017, SU-337 de 2017 y
SU-354 de 2017. Por tanto, mantiene la postura uniforme y reciente de esta
Corporación sobre la materia.
[3] Ver Sentencia C-543 de 1992.
[4] Ver Sentencia C-543 de 1992.
[5] La base argumentativa y jurisprudencial de este acápite se sustenta
en las consideraciones expuestas por esta Corporación, entre otras, en las
sentencias SU-336 y 337 de 2017.
[6] Sentencia T-590 de 2009.
[7] Sentencia SU-337 de 2017.
[8] Ibídem. Estas consideraciones fueron reiteradas en la
sentencia SU-337 de 2017.
[9] Ibídem.
[10] Sentencia C-836 de 2001.
[11] Sentencia T-1072 de 2000. Reiterada en la sentencia C-836 de 2001.
[12] Sentencia C-836 de 2001.
[13] Ver las sentencias T-522 de 2001, T-462
de 2003, T-161 de 2010 y SU-448 de 2011.
[14] Sentencia SU-053 de 2015.
[15] Ávila, Luis Fernando. “El Precedente Constitucional teoría y
praxis”, Grupo Editorial Ibáñez S.A.S, 2013. Definición citada en la sentencia
T-460 de 2016.
[16] Sentencia T-460 de 2016.
[17] Sentencia T-049 de 2007.
[18] Sentencia T-309 de 2015.
[19] Artículo 1°. “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[20] Artículo 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 2.
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas (…)”.
[21] Sentencia T-413 de 2013. Reiterada en las sentencias C-767 de 2014,
C-177 de 2016, entre otras.
[22] Sentencia T-550 de 1994.
[23] Estas consideraciones se sustentaron en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de
mayo de 1961, Gaceta Judicial 2240, página 1032 M. P. Luís Fernando Paredes A.
sobre el particular, esa Corporación sostuvo: “Dos
relaciones jurídicas contempla la norma transcrita, a saber: a) Una entre la
persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la
realiza; y b) Otra entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para
tal fin utiliza. La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su
beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el contratista se
obligue a ejecutar la obra o labor con libertad, autonomía técnica y directiva,
empleando en ella sus propios medios y asumiendo los riesgos del negocio, y de
parte del beneficiario, que se obligue a pagar por el trabajo un precio
determinado. La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo
contrato de trabajo, que detalla el artículo 23 del estatuto laboral
sustantivo.
El primer contrato ofrece dos
modalidades así: 1ª La obra o labor es extraña a las actividades normales de
quien encargó su ejecución; y 2ª Pertenece ella al giro ordinario de los
negocios del beneficiario del trabajo. En el primer caso el contrato de obra
sólo produce efectos entre los contratantes; en el segundo entre éstos y los
trabajadores del contratista independiente.
Según lo expuesto, para los fines del artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el ejecutor sea un contratista
independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una
relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a
las actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es
ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra
el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto
legal”. Cfr. Sentencia C-593 de 2014.
[24] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CD 2, contentivo de la
audiencia de juzgamiento. Folio 262.
[25] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[26] Sentencia SU-515 de 2013.
[27] Artículo 116.
[28] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contrato de prestación de
servicios núm. 165 E. Consideración núm. 2. Folio 4.
[29] Ibídem. Consideración núm. 5. Folio 4.
[30] Ibídem. Consideración núm. 6. Folio 4.
[31] Ibídem. Cláusula primera. Folio 8.
[32] Ibídem. Cláusula segúnda. Folio 8.
[33] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Proceso contractual y
estudios previos, versión 5, del 19 de noviembre de 2011, serial GJ-MNPCC-FM-01
de la UAESP. Folio 27.
[34] Ibídem.
[35] Ibídem. Folio 28.
[36] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contrato individual de
trabajo a un año celebrado entre Distromel Andina Ltda., y la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Folios 57 a 60.
[37] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Renuncia motivada
presentada por la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Folio 61.
[38] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Reclamación
administrativa presentada por la señora Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Folios 62
a 68.
[39] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contestación de la
demanda por parte de la UAESP. Folios 95 a 112.
[40] Ibídem.
[41] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Llamamiento en garantía.
Folios 144 a 147.
[42] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contestación de la
demanda por parte del curador ad-litem de Distromel Andina Ltda. Folios 204 y
205.
[43] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Informe secretarial del
19 de octubre de 2016. Folio 230.
[44] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CDS 1 y 2, contentivos de
la audiencia de juzgamiento. Folios 258 y 262.
[45] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Yuli Yadira Carvajal Alfonso. Demandado: Distromel Ltda. S.A. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CD contentivo de la
audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2016. Folio 272.
[46] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Proceso contractual y estudios
previos, versión 5, del 19 de noviembre de 2011, serial GJ-MNPCC-FM-01 de la
UAESP. Folio 27.