C-713-01
Sentencia C-713/01
Sentencia
C-713/01
FUERZAS MILITARES-Régimen especial en materia disciplinaria
REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE LAS
FUERZAS MILITARES-Significado
Para la jurisprudencia constitucional, el
significado de ese régimen especial de carácter disciplinario estriba en la
existencia de un singular conjunto normativo aplicable a los miembros de las
Fuerzas Militares, en el que se establecen las faltas, las sanciones, los
funcionarios competentes para imponerlas y el trámite que debe seguir el
respectivo proceso, incluido el señalamiento  de los términos, las actuaciones
y los medios de impugnación etc.
REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE LAS
FUERZAS MILITARES-Distinción del Estatuto
disciplinario general
Se ha dicho que la diferencia específica
de este régimen especial con el  estatuto disciplinario general para los
servidores públicos consiste en la descripción de las conductas constitutivas
de falta disciplinaria y en el catálogo de sanciones a imponer, dada  la índole
de las funciones que están llamados a desempeñar los miembros de las Fuerzas
Militares las cuales no se identifican con las de ningún otro organismo del
Estado.
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Prohibición de expedir códigos
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Temporalidad y materialidad
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES-Regulaciones
que consagran normas sustantivas
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Regulación de aspectos sustantivos
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Prohibición de regulación de aspectos procesales
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
MILITARES-Modificación de CDU
Referencia:
expediente D-3329
Demanda de inconstitucionalidad contra el
Decreto 1797 de 2000, “Por el cual se expide el Reglamento de Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
Actor: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
Magistrada
Sustanciadora:
Dra. CLARA INÉS  VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C,  julio cinco (5)
de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO demandó
la totalidad del Decreto Ley 1797 de 2000, “Por el cual se expide el
Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional, previo concepto del Procurador General de la Nación,  procede a
decidir acerca de la demanda de la referencia.
Valga precisar que debido a que en el proceso
de la referencia se configuró la situación descrita en el artículo 34 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional, la presente sentencia fue
aprobada con fundamento en un nuevo proyecto redactado por la Magistrada
Sustanciadora, según determinación adoptada por la Sala Plena de esta
Corporación.
II. TEXTO OBJETO DE REVISION
DIARIO
OFICIAL. AÑO CXXXVI. N.44161. 14,SEPTIEMBRE, 2000. PAG. 2
DECRETO
NUMERO 1797 DE 2000
(septiembre 14)
por el cual se expide el Reglamento de
Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares.
El Presidente de la República
de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la
Ley 578 de 2000,
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
PARTE SUSTANTIVA
T I T U L O I
CAPITULO UNICO
PRINCIPIOS RECTORES
ARTICULO 1.- TITULARIDAD DE LA
POTESTAD DISCIPLINARIA. La potestad disciplinaria corresponde al Estado. Sin perjuicio del
poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación,
corresponde a las Fuerzas Militares, conocer de los asuntos disciplinarios que
se adelanten contra sus miembros.
La acción disciplinaria es
independiente de la acción penal.
ARTICULO 2.- PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. Los
destinatarios de este reglamento a quienes se les atribuya una falta
disciplinaria, se presumen inocentes mientras no se declare legalmente su
responsabilidad, en fallo ejecutoriado. Toda duda razonable se resolverá
en favor del investigado.
ARTICULO 3.- LEGALIDAD. Los destinatarios de este
reglamento sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente cuando por
acción, omisión o extralimitación de funciones incurran en las faltas
disciplinarias establecidas en el mismo.
ARTICULO 4.- DEBIDO PROCESO. Los destinatarios de este
reglamento deberán ser procesados conforme a las leyes sustantivas y
procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se les atribuya, ante
funcionario competente previamente establecido en el presente reglamento y
observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en el mismo.
ARTICULO 5.- FAVORABILIDAD. En materia disciplinaria la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia la
restrictiva o desfavorable.
ARTICULO 6.- RECONOCIMIENTO DE
LA DIGNIDAD HUMANA. Todo miembro de las Fuerzas Militares a quien se le atribuya una
falta disciplinaria, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
ARTICULO 7.- CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son
sancionables a título de dolo o culpa.
ARTICULO 8.- IGUALDAD ANTE LA
LEY. Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
ARTICULO 9.- COSA JUZGADA.- Nadie podrá ser investigado
más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria,
aun cuando a ésta se le dé una denominación diferente.
ARTICULO 10.- GRATUIDAD. Ninguna actuación procesal
causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias que
soliciten el investigado o su apoderado.
ARTICULO 11.- CELERIDAD DEL
PROCESO. El
funcionario competente impulsará oficiosamente el proceso y suprimirá los
trámites y diligencias innecesarias.
ARTICULO 12. ESPECIALIDAD. En desarrollo de los postulados
constitucionales, al personal militar le serán aplicables las faltas, sanciones
y el procedimiento de que trata este régimen disciplinario propio.
ARTICULO 13.- PREVALENCIA DE
LOS PRINCIPIOS RECTORES. En la interpretación y aplicación de este reglamento prevalecerán
los principios rectores que determinan la Constitución Política y el mismo.
T I T U L O II
NORMAS GENERALES
CAPITULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO 14.- APLICABILIDAD. Las
disposiciones de este reglamento se aplicarán al personal de oficiales,
suboficiales y soldados, en servicio activo, y a los prisioneros de guerra.
PARAGRAFO 1º. Los prisioneros de guerra
también están sujetos a las normas respectivas del Derecho Internacional
Humanitario.
PARAGRAFO 2º. Los alumnos de las escuelas
de formación de oficiales y suboficiales se regirán por el Reglamento Académico
y Disciplinario propio de la respectiva Escuela.
ARTICULO 15.- AUTORES. A los destinatarios de este
reglamento que cometan falta disciplinaria o determinen a otro a cometerla, se
les aplicará la sanción prevista para ello.
CAPITULO II
NORMAS MILITARES DE CONDUCTA
ARTICULO 16.- LA DISCIPLINA. La disciplina, condición
esencial para la existencia de toda fuerza militar, consiste en mandar y
obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones y deberes
del subalterno; contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima
cohesión y permite al superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes
sean ejecutadas con exactitud y sin vacilación. Implica la observancia de las
normas y órdenes que consagra el deber profesional.
ARTICULO 17.- MEDIOS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA DISCIPLINA. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser correctivos o
sancionatorios; los primeros se utilizan para conservarla, mantenerla y
vigorizarla; los segundos para restablecerla cuando ha sido quebrantada.
ARTICULO 18.- MEDIOS
CORRECTIVOS.
Son las normas y preceptos cuya finalidad es proteger a los hombres contra su
propia debilidad, preservándolos de toda influencia nociva y aquellos que
incitan a perseverar en el cumplimiento estricto de los deberes.
ARTICULO 19.- MEDIOS
SANCIONATORIOS.
Son las sanciones legalmente impuestas, que tienen como finalidad provocar la
corrección de quienes han infringido las conductas consideradas como faltas y
evitar la reincidencia.
ARTICULO 20.- DEBERES DEL
SUPERIOR. Es
deber del superior estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de sus
obligaciones y sancionar a quienes las infrinjan.
ARTICULO 21.- FINALIDAD. El premio y la sanción
satisfacen la finalidad que con ellos se busca, cuando son justos, oportunos y
proporcionados a los hechos por los cuales se aplican.
ARTICULO 22.- MANTENIMIENTO DE
LA DISCIPLINA. La
disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y ayudando a los demás a
cumplir los suyos. Del mantenimiento de la disciplina serán responsables todos
los miembros de las Fuerzas Militares, en forma proporcional a los deberes y
obligaciones del grado y el cargo que desempeñan.
Los mejores medios para
mantener la disciplina son el ejemplo y el estímulo, los que tienden a exaltar
ante los demás el cumplimiento del deber con el fin de perfeccionar y
dignificar las mejores cualidades de la personalidad.
ARTICULO 23.- VALORES
MILITARES. La
carrera militar exige depurado patriotismo, clara concepción del cumplimiento
del deber, acendrado espíritu militar, firmeza de carácter, sentido de la
responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, subordinación, compañerismo y
preocupación por cultivar y desarrollar, en el más alto grado, las virtudes y
deberes antes mencionados.
Uno de sus pilares
fundamentales es el Honor Militar el cual es el conjunto de cualidades morales
y profesionales que sustentan las virtudes castrenses del valor, lealtad,
rectitud y decoro y que colocan al oficial y suboficial en condiciones de aprecio
dentro de la institución y la sociedad a que pertenece.
El respeto mutuo entre
superiores y subalternos es obligación para todo el personal de las Fuerzas
Militares, cualquiera que sea la repartición a la cual pertenezcan, el sitio
donde se encuentran y el vestido que porten.
Los superiores tienen la
obligación de servir de ejemplo y guía a sus subalternos, estimular sus
sentimientos de honor, dignidad, lealtad y abnegación; fomentar su iniciativa y
responsabilidad y mantenerse permanentemente preocupados por su bienestar.
Deben además, inspirar en el personal confianza y respeto.
ARTICULO 24.- VALENTÍA. El valor debe ser virtud
sobresaliente en el militar, pero no debe llevar a inadecuadas demostraciones
de arrogancia personal sino a poner en relieve la propia personalidad cuando se
haga necesario, y a reconocer con entereza de carácter los errores y faltas
cometidas.
ARTICULO 25.- VERACIDAD. La verdad deber ser regla
inviolable en el militar y será practicada en todos sus actos. La franqueza
respetuosa será la norma del lenguaje hablado o escrito. La gravedad de las
faltas contra la verdad, aumenta en relación con el perjuicio que se cause al
servicio y con el grado y cargo de quien las cometa.
La palabra del militar será
siempre expresión auténtica de la verdad.
ARTICULO 26.- COMPROMISO. Es propio del superior aceptar
los compromisos institucionales sin acudir a disculpas relacionadas con la
escasez de recursos para el cumplimiento de los deberes, cuando la obtención de
los mismos se encuentre a su alcance.
Corresponde al militar
cualquiera que sea su jerarquía, asumir con diligencia su compromiso
institucional en el cargo que desempeña y, en situaciones imprevistas, tomar
las acciones que correspondan a cada caso y siempre según las normas de la
dignidad y el honor.
La negligencia y el desinterés
en el cumplimiento de las obligaciones, indican poco valor militar. Subestimar
la profesión, demostrar despreocupación por la propia preparación, reducir la
actividad del servicio a lo estrictamente necesario, llegar tarde a los actos
del servicio, dar excusas infundadas, denotan falta de compromiso institucional
y carencia de espíritu militar.
ARTICULO 27.- CUMPLIMIENTO. El personal no debe perder de
vista que el único medio de hacerse al prestigio y a la estimación de
superiores y subalternos es el de cumplir exactamente sus deberes, acreditar su
interés por el servicio, poseer honrada ambición y mostrar deseo de ser
empleado en las situaciones de mayor responsabilidad y peligro, para dar a
conocer sus condiciones de lealtad, valor, preparación y constancia.
CAPITULO III
DE LAS ÓRDENES
ARTICULO 28.- ATRIBUCIÓN DE
MANDO. Todo
aquel a quien se atribuye una función de mando es competente para expedir
órdenes. Los límites de esta competencia se señalan en los reglamentos del
servicio.
ARTICULO 29.- REQUISITOS DE LA ORDEN.
Toda orden militar debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y
concisa.
ARTICULO 30.- OPORTUNIDAD DE LA
ORDEN. Las órdenes
deben cumplirse en el tiempo y del modo indicado por el superior. Cuando al
ejecutar la orden aparecieren circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que modificaren el tiempo o el modo previstos para su ejecución, su
cumplimiento puede ser dilatado o modificado siempre que no pudiere consultarse
al superior, a quien se comunicará la decisión tomada tan pronto como fuere
posible.
ARTICULO 31.- RESPONSABILIDAD
DE LA ORDEN. La
responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la
ejecuta.
Cuando el subalterno que la
recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión
de un hecho punible o infracción disciplinaria, el subalterno no está obligado
a obedecerla y deberá exponer al superior las razones de su negativa.
CAPITULO IV
DE LOS ESTÍMULOS
ARTICULO 32.- PREMIO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES. Quienes se destaquen en el cumplimiento de los deberes
profesionales o los superen en beneficio del servicio, se harán acreedores a un
premio.
ARTICULO 33.- FINALIDAD DEL
PREMIO. El
premio tiene como finalidad estimular la perseverancia en el cumplimiento del
deber a quien por ello se hubiere destacado e inducir a los demás a seguir su
ejemplo.
ARTICULO 34.- CRITERIOS PARA
OTORGAR PREMIOS.
Para otorgar un premio deberá tenerse en cuenta:
1. La personalidad y
antecedentes del militar, considerando sus actuaciones positivas y negativas.
2. Las circunstancias que
rodean la ejecución del acto o actos meritorios.
3. El beneficio para la
Institución.
4. Los actos ejecutados en el
desempeño de misiones de orden público.
ARTICULO 35.- PROPORCIONALIDAD
DEL PREMIO.
Para obtener la finalidad que con el premio se persigue, éste deberá ser
proporcionado al acto del servicio por el cual se otorga.
ARTICULO 36.- FORMALIDAD DEL
PREMIO. Los
premios y distinciones, con excepción de la felicitación verbal, serán
otorgados por medio de disposiciones escritas en las cuales se consignarán el
hecho o hechos que lo causan, las circunstancias del servicio que lo hagan digno
de estímulo y la clase de premio otorgado. De todo premio o distinción que se
conceda debe quedar constancia en el folio de vida.
ARTICULO 37.- PREMIOS Y
DISTINCIONES.
Son premios y distinciones los siguientes:
1. Felicitación privada verbal
o escrita.
2. Felicitación pública.
3. Permisos especiales.
4. Mención honorífica.
5. Premio al mejor soldado.
6. Jineta de buena conducta.
7. Distintivos.
8. Nombramiento honorífico.
9. Condecoraciones.
10. Premios especiales.
ARTICULO 38.- FELICITACIÓN PRIVADA VERBAL O ESCRITA.
La felicitación privada se otorgará por el superior jerárquico en su despacho
si es verbal o por medio de una nota personal si es escrita. Debe concederse
con un permiso hasta por tres (3) días.
ARTICULO 39.- FELICITACIÓN
PÚBLICA. La
felicitación pública se otorgará por el superior jerárquico, se consignará en
la orden del día y se leerá en relación general. El felicitado saldrá al frente
y se colocará en lugar preferente. Debe concederse con un permiso hasta por
cinco (5) días.
ARTICULO 40.- FELICITACIÓN
PÚBLICA OTORGADA POR COMANDOS SUPERIORES. Cuando la felicitación pública sea
otorgada por los comandos de Fuerza o los superiores a estos, se consignará en
la respectiva orden del día y se leerá en una formación especial ante el
personal de la unidad. Con esta felicitación se debe conceder un permiso
especial hasta por diez (10) días.
ARTICULO 41.- QUIÉNES PUEDEN
RECIBIR FELICITACIONES. Las felicitaciones se pueden conceder a todos los miembros de las
Fuerzas Militares y al personal civil al servicio del Ministerio de Defensa,
por los superiores jerárquicos con atribuciones disciplinarias.
ARTICULO 42.- PERMISOS
ESPECIALES.
Los permisos especiales serán otorgados por el superior con atribuciones
disciplinarias, previa motivación de los mismos, de conformidad con las normas
que rigen la materia.
ARTICULO 43.- MENCIÓN
HONORÍFICA.
Los soldados que durante la prestación del servicio militar no hubieren sido
sancionados, recibirán al ser licenciados una mención honorífica en la cual se
dejará constancia de su ejemplar comportamiento. La mención honorífica
será solicitada por el Comandante de la respectiva unidad.
ARTICULO 44.- PREMIO AL MEJOR
SOLDADO. A los
soldados que se destaquen se les otorgará la medalla «Soldado Juan Bautista
Solarte Obando», de acuerdo con las normas específicas que rigen dicha materia.
ARTICULO 45. - JINETA DE BUENA CONDUCTA.
Al suboficial que durante un período de tres (3) años consecutivos no
registrare en su folio de vida ninguna sanción disciplinaria, se le otorgará
una jineta de buena conducta. Por cada período de tres (3) años en las mismas
condiciones, se otorgará una nueva jineta. A partir de la tercera jineta
disminuirá el período a dos (2) años.
PARAGRAFO. El período de tres (3) o dos
(2) años se contará de acuerdo con el lapso de evaluación establecido en el
Reglamento de Evaluación y Clasificación para el personal de las Fuerzas
Militares.
ARTICULO 46.- USO DE LA JINETA
DE BUENA CONDUCTA. El uso de la jineta de buena conducta se regirá por el reglamento
de uniformes.
ARTICULO 47.- LÍMITE DE JINETAS
DE BUENA CONDUCTA. Se podrá otorgar un máximo de cinco (5) jinetas de buena
conducta.
ARTICULO 48.- OTORGAMIENTO DE JINETAS
DE BUENA CONDUCTA. Las jinetas de buena conducta se otorgarán por los
Comandantes de Fuerza, previa revisión periódica de las hojas de vida por las
respectivas jefaturas de personal u oficinas equivalentes, las cuales
presentarán como candidatos a los suboficiales que hayan cumplido los requisitos
exigidos.
ARTICULO 49.- DISTINTIVOS. El militar que se destaque en
una especialidad o ramo del servicio se hará acreedor a los distintivos
correspondientes.
ARTICULO 50.- REGLAMENTACIÓN DE
DISTINTIVOS. El
otorgamiento y uso de los distintivos se regirán por el reglamento que sobre el
particular expida el Comandante General de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 51.- NOMBRAMIENTOS
HONORÍFICOS.
Son nombramientos honoríficos los de brigadieres, distinguidos y dragoneantes,
y se conferirán de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.
ARTICULO 52.- CONDECORACIONES. Las condecoraciones constituyen
la más alta distinción y se otorgan de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Es obligatorio a quien las haya recibido usarlas en su uniforme de acuerdo con
el reglamento de uniformes.
ARTICULO 53.- PREMIOS ESPECIALES. Los
premios especiales se otorgarán de acuerdo con la reglamentación propia de cada
unidad o dependencia.
T I T U L O III
CAPITULO ÚNICO
DE LAS FALTAS
ARTICULO 54.- NOCIÓN. Constituye
falta disciplinaria y por tanto da lugar a acción e imposición de la sanción
correspondiente, la comisión de una conducta considerada como tal en el
presente reglamento.
ARTICULO 55.- CLASIFICACIÓN. Las faltas disciplinarias se
clasifican en gravísimas, graves y leves.
ARTICULO 56.- FALTAS
GRAVÍSIMAS. Son
faltas gravísimas:
1. Elaborar, cultivar,
suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir,
guardar o consumir cualquier tipo de droga heroica, estupefacientes, o
sustancias precursoras; así como permitir estas actividades o mantener amistad
con personas vinculadas a estos procederes.
2. Intervenir activamente en
forma directa o indirecta en la política partidista o proceder con parcialidad
en comisión del servicio, en beneficio de una fracción política determinada.
3. Despojarse del uniforme,
insignias o condecoraciones con demostraciones de menosprecio o irrespeto, o
ultrajar los símbolos patrios o institucionales.
4. Violar o intentar violar las
disposiciones legales aduaneras, cambiarias, de fabricación o de
comercialización de armas, municiones, explosivos y las materias primas,
maquinaria y artefactos para su fabricación o equipos, vestuario u otras
prendas militares de uso privativo de la Fuerza Pública.
5. Solicitar o aceptar
directamente o por interpuesta persona, comisiones o dádivas en dinero o en
especie por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la Fuerza
Pública.
6. Utilizar en beneficio propio
o de terceros personal militar o civil, o bienes de propiedad o al servicio del
ramo de defensa nacional.
7. Comandar o formar parte de
tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o cuando se desempeñe comisión
de orden público, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias
sicotrópicas que produzcan dependencia física o síquica.
8. Desempeñar cargos de
responsabilidad para la seguridad de las naves y pasajeros o conducción de
unidades con misión específica, en estado de embriaguez o bajo efectos de
sustancias sicotrópicas que produzcan dependencia física o síquica.
9. Propiciar o permitir, por
cualquier medio, que los ciudadanos eludan el servicio militar obligatorio.
10. Facilitar por cualquier
medio, a personas o entidades, el conocimiento de información o documentos
clasificados como: restringidos, reservados, secretos o ultrasecretos, sin la
debida autorización.
11. No presentarse a su unidad
los tripulantes de una nave marítima, fluvial o aérea estando bajo órdenes de
zarpe o decolaje en puerto o aeropuerto nacional o extranjero, sin causa
justificada.
12. Incurrir en tortura,
genocidio o desaparición forzada.
13. Observar conducta
depravada.
14. Ejecutar actos sexuales o
practicar la prostitución dentro de las instalaciones militares o propiciar
tales comportamientos.
15. Apoderarse en operación
militar, de bienes o valores en beneficio propio o de un tercero.
16. Abandonar o resignar el
mando en otra persona sin motivo justificado, durante operaciones de combate.
17. No entrar en combate,
pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad para rehuirlo,
retirarse indebidamente o incitar a la huida injustificada, dejar de perseguir
al enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a su mando, o no
prestar el auxilio, apoyo o abastecimiento requerido, cuando tenga posibilidad
de hacerlo.
18. Ceder ante el enemigo o
abandonar el puesto sin agotar los medios de defensa de que hubiere podido
disponer, en caso de conflicto armado, turbación del orden público, calamidad
pública o peligro común.
19. No adoptar las medidas
preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto, repartición, o
buque, a su cargo, o para desplazamientos de tropa bajo su mando.
20. Obtener para sí o para otra
persona, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o ilícito
incremento patrimonial en ejercicio de sus funciones.
21. Ejercer oficios o recibir
beneficios de actividades ilícitas e incompatibles con el buen nombre y
prestigio de la Institución.
22. Tomar parte, propiciar o
facilitar acciones contra la seguridad de la Fuerza Pública u otras
instituciones del Estado.
23. Exigir dinero o dádivas por
servicios oficiales que esté obligado a cumplir.
24. Modificar una sanción en
forma fraudulenta o permitir el vencimiento de los términos para su ejecución.
25. Modificar en forma
fraudulenta la información consignada en los folios de vida, bases de datos o
documentos oficiales.
26. Imponer correctivos o
sanciones que atenten contra la vida o integridad de la persona.
27. Divulgar o propiciar que
otro divulgue información que pueda poner en peligro la seguridad o el éxito de
las operaciones militares.
ARTICULO 57.- FALTAS GRAVES. Son
faltas graves:
1. Ejecutar actos contra la
moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar.
2. Abusar con frecuencia de las
bebidas embriagantes.
3. Injuriar al superior,
subalterno o compañero por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento,
tales como dibujos o escritos difamatorios.
4. Presentar por escrito o
verbalmente reclamaciones o peticiones colectivas contra los actos de los
superiores, ante autoridades o entidades militares o civiles.
5. Abusar de los bienes o
elementos que le hayan sido entregados para su uso, custodia, transporte,
administración o que de cualquier otra manera tenga acceso a ellos.
6. Cobrar en beneficio propio o
de terceros, cuando no se trate de una entidad autorizada para ello, por el
transporte de personas o carga en naves aéreas, marítimas o fluviales o en
vehículos pertenecientes o destinados al servicio del Sector Defensa Nacional.
7. No efectuar oportunamente y
sin causa justificada los pagos del personal, cuentas administrativas o de
servicios contratados, por parte de quien ejerza tal función.
8. Provocar o dar lugar a
accidentes terrestres, aéreos, marítimos o fluviales por descuido, negligencia
o falta de previsión.
9. Hacer comentarios que
menoscaben el prestigio o la disciplina de las Fuerzas Militares o que sean, de
cualquier manera, desfavorables a la Institución o a sus superiores
jerárquicos, por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento.
10. La negligencia en el
control y el manejo administrativo dando lugar a la malversación de bienes u
otros elementos, de propiedad o al servicio del ramo de defensa nacional.
11. Dar lugar a la prescripción
de la acción penal, administrativa o disciplinaria, sin causa justificada.
12. La extralimitación de
funciones o atribuciones.
13. Sobrepasar sin permiso los
límites fijados para la guarnición, puesto, acantonamiento o vivac cuando se
está en campaña, misión de orden público o en actos del servicio.
14. Ordenar o practicar
requisiciones sin justa causa.
15. Aprovecharse de la
condición de oficial o suboficial en servicio activo para ejercer influencia
indebida ante autoridad competente, en provecho propio o de terceros, o para
que se tomen decisiones en favor o en contra de personal comprometido en hechos
delictuosos.
16. Demostrar en conflicto
armado, turbación del orden público, calamidad pública o peligro común, temor
ante el peligro o ante el enemigo, menoscabando la moral de los subordinados.
17. Propalar maliciosamente
comentarios verbales o escritos contra los superiores, subalternos o
compañeros, que menoscaben su dignidad personal, su honor militar, familiar o
profesional.
18. Faltar a la verdad en
certificaciones e informes.
19. El incumplimiento de las
órdenes que afecte gravemente la prestación del servicio, de una actividad o el
éxito de las operaciones.
20. Prestar sin autorización a
personas o a entidades no militares, equipo, armamento o prendas de uniforme.
21. Desatender peticiones o
demorar los fallos por más tiempo del plazo fijado, sin excusa justificada.
22. Incumplir las precauciones
de seguridad cuando se manejan armas, explosivos o cuando se está al mando de
una embarcación, aeronave, nave o vehículo.
23. Conducir o pilotear
cualquier aeronave, embarcación o vehículo y operar material técnico de
dotación sin poseer la respectiva licencia o autorización legal.
24. Cambiar las instrucciones
consignadas en las Órdenes de Operaciones de cualquier tipo o en los Manuales
de Operación y Sumarios de Órdenes Permanentes que regulan una determinada
actividad, sin justificación ni autorización o por fuera de las atribuciones
propias del cargo.
25. El empleo de medio
fraudulento para modificar o alterar un examen, un trabajo o una calificación
de un examen o trabajo, después de que han sido presentados.
26. No tomar las medidas
conducentes para definir su situación por sanidad, de acuerdo con las
previsiones del Reglamento de Incapacidades e Invalideces.
27. Concurrir o encontrarse en
el servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias
estimulantes o estupefacientes.
28. Valerse del cargo o grado
para requerir intimidad con el personal subalterno.
29. Valerse de su cargo o grado
para ejercer venganzas personales contra compañeros, subordinados o superiores.
30. Aprovecharse de la propia
autoridad para obtener del subalterno dádivas o préstamos.
31. El empleo de formas
descomedidas de palabra para tratar al superior, subalterno o compañero.
32. Presionar a los subalternos
para que no reclamen cuando les asiste derecho para ello.
33. Incitar a los subalternos
para que interpongan reclamos.
34. Demorar sin excusa
justificada la tramitación de solicitudes elevadas reglamentariamente por los
subordinados.
35. Desinterés manifiesto en
observar y conocer al personal que se comanda.
36. Elevar peticiones en forma
descomedida o irrespetuosa.
37. Recurrir ante terceros para
obtener lo que se desea, contrariando la voluntad expresa del superior.
38. Pretextar una enfermedad o
exagerar una dolencia para eludir el servicio.
39. Hacer publicaciones sobre
asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier
otro medio, sin el permiso correspondiente.
40. Ocasionar por negligencia
el extravío, la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional.
ARTICULO 58.- FALTAS LEVES. Son faltas leves:
1. Incumplir sin causa
justificada, compromisos de carácter pecuniario.
2. Usar prendas no
reglamentarias o uniformes que no correspondan al acto oficial o social de que
se trate.
3. Descuidar la correcta
presentación en la persona o en el uniforme.
4. Abusar ocasionalmente de
bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en desarrollo de actos del
servicio o en instalaciones militares u oficiales. Esta falta tendrá como
agravante el hacerlo en presencia o compañía de subalternos o del público.
5. Intervenir en juegos de
suerte y azar prohibidos por las normas y reglamentos o concurrir a lugares
donde se verifiquen éstos.
6. Concurrir uniformado a
lugares que no estén de acuerdo con la categoría militar y el prestigio de la
Institución, a menos que se trate del cumplimiento de una orden para el
mantenimiento del orden público.
7. Llevar a los casinos,
cámaras o centros sociales militares a personas que no correspondan a la
categoría y prestigio de la Institución.
8. Tratar al público en forma
inculta o despótica.
9. Incumplir las obligaciones
legales u observar conducta impropia para con su núcleo familiar.
10. Irrespetar a los miembros
de otros cuerpos armados nacionales o extranjeros.
11. No observar la consideración
y respeto debidos a la dignidad y el honor del personal militar y civil.
12. La parcialidad al imponer
sanciones y dispensar recompensas por animadversión o simpatía hacia el
subalterno.
13. Comprometer al subordinado
para que oculte una falta.
14. No conceder el conducto
regular a los subordinados.
15. Eludir la responsabilidad
inherente a las funciones de comando.
16. La negligencia en prevenir
y corregir las conductas que den lugar a infracciones contra la disciplina.
17. Encubrir o tratar de encubrir
las faltas cometidas por personal subalterno bajo su mando.
18. Dejar de anotar en los
folios de vida o evaluaciones correspondientes, los premios conferidos y las
sanciones impuestas.
19. No evaluar a los
subalternos dentro de los lapsos prescritos en el reglamento respectivo.
20. La despreocupación por el
bienestar del personal bajo su mando.
21. No estimular por actos que
lo merezcan, al personal bajo su mando.
22. No llevar al día los folios
de vida y demás documentos que tienen que ver con el manejo y administración de
personal.
23. No controlar debidamente el
cumplimiento de las sanciones impuestas.
24. No acudir en ayuda del
subordinado cuando por razones de equidad, justicia o bienestar sea necesaria
la intervención de su jefe.
25. Replicar de forma
injustificada y descortés a una corrección o sanción.
26. Demandar explicaciones al
superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación.
27. Usar, permitir o tolerar la
murmuración o crítica contra el superior o contra de sus órdenes o
instrucciones.
28. Pretermitir el conducto
regular.
29. Denunciar temerariamente al
superior.
30. Incumplir las funciones
propias del cargo.
31. No informar oportunamente
sobre el cumplimiento de las órdenes al superior que las haya impartido.
32. No rendir oportunamente los
documentos o tareas de orden militar.
33. No asistir con puntualidad
al servicio o las presentaciones a que esté obligado.
34. No dar cuenta de hechos de
los cuales se debe informar a los superiores, o hacerlo con retraso o con falta
de veracidad.
35. Ocultar al superior,
intencionalmente, irregularidades o faltas cometidas contra el servicio, o
tratar de desorientarlo sobre la realidad de lo sucedido.
36. Incumplir disposiciones de
carácter policivo y órdenes del servicio de la Policía Militar.
37. No observar los Comandantes
de Buque el Reglamento de Abordaje en el mar cuando se maniobra.
38. Cambiar sin justificación
ni autorización las órdenes impartidas por los superiores.
39. Interferir en el ejercicio
de las funciones y atribuciones de miembros de la Fuerza Pública, cuando éstos
estén cumpliendo con sus obligaciones.
40. La negligencia del
profesorado en el cumplimiento de sus deberes docentes.
41. Demostrar negligencia o
desinterés en los estudios.
42. El irrespeto al
profesorado.
43. La inasistencia no
justificada a las clases, o la falta de puntualidad a ellas, así como el no
cumplimiento de tareas con la oportunidad ordenada.
44. La utilización de elementos
de consulta en exámenes cuando ésta no ha sido autorizada por el profesor.
45. El suministro o empleo de
datos escritos o verbales a otros alumnos para ayudarlos en forma indebida al
desarrollo de sus exámenes.
46. El empleo de cualquier
medio para conocer previamente los temas de exámenes.
47. Retirarse del curso o aula
sin causa justificada.
48. Expresar pública y
abiertamente inconformismo frente a proyectos o determinaciones del Gobierno
Nacional o de las Fuerzas Militares.
49. No guardar la reserva y
discreción necesarias para evitar que trasciendan al público actos del
servicio, así como comentar con personas ajenas a la Institución sobre tales
hechos.
50. Demostrar negligencia o
descuido en el manejo de documentación clasificada o de uso exclusivo de la
Institución.
51. El desafío, las riñas,
maltratos de obra o de palabra entre compañeros.
52. El uso de la prendas de
vestuario, equipo, armamento y otros elementos de los compañeros, sin la debida
autorización.
53. La coacción a un compañero
para que reclame infundadamente contra un superior u otro compañero.
54. No participar activamente
en el desarrollo de los trabajos de equipo o demostrar desinterés en las tareas
individuales que de ellos se desprendan.
55. Elaborar o auspiciar anónimos,
o colaborar en su elaboración.
56. Utilizar términos impropios
para referirse a superiores, compañeros o subalternos.
57. No tener con los miembros
de la Institución y sus familiares, las consideraciones y el respeto debido a
la persona humana.
58. Utilizar términos, modales
o actitudes que atenten contra el buen nombre y la reputación de la Institución
y las personas a su servicio.
59. Demostrar negligencia en
las expresiones y cortesía que se deben a todo superior por razón de su
persona, grado o cargo.
60. Eludir el saludo o
ejecutarlo con negligencia.
61. No tramitar oportunamente
la documentación establecida para el cargo que se ocupa.
62. No revisar periódicamente
el material de guerra, intendencia y demás elementos de dotación de la unidad a
su cargo para establecer responsabilidad sobre faltantes, daños y otras
irregularidades.
63. No informar oportunamente
la ocurrencia de daños, pérdida o descuido de material.
64. Demostrar negligencia en la
entrega oportuna de elementos para el mantenimiento del material y equipo de
las Fuerzas Militares.
65. No entregar documentación,
material o elementos a su cargo, en los plazos establecidos por las
dependencias o unidades.
66. No legalizar oportunamente
los dineros recibidos por avances.
67. No reintegrar oportunamente
los materiales recibidos para el servicio.
68. No cumplir los plazos
estipulados en la rendición de cuentas fiscales y contadurías, sin perjuicio de
las sanciones pecuniarias estipuladas para cada caso.
69. Demostrar negligencia en el
control administrativo de bienes muebles, inmuebles y valores a su cargo.
70. La tardanza injustificada
en la tramitación y pago de cuentas administrativas.
71. No cumplir a cabalidad y
dentro de los términos legales establecidos en el Reglamento de procesos
administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados al servicio del
ramo de defensa nacional o normas que lo modifiquen o adicionen, los deberes
del funcionario de instrucción, fiscal, perito o fallador de instancia.
72. Suministrar sin estar
legalmente autorizado, información sobre requisitos que la Institución señale
para la adquisición de bienes y servicios.
73. Ocultar al superior
irregularidades administrativas.
T I T U L O IV
DE LAS SANCIONES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 59.- DEFINICIÓN. Las sanciones disciplinarias
son:
1. Separación absoluta de las
Fuerzas Militares: se aplicará a los oficiales, suboficiales y soldados voluntarios
o profesionales que incurran en falta gravísima.
La sanción de separación
absoluta de las Fuerzas Militares dará lugar a las sanciones accesorias de
inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de cinco (5) años y
a la pérdida del derecho a concurrir a sitios sociales de las Fuerzas Militares
tales como clubes, centros vacacionales, casinos y cámaras.
2. Suspensión hasta por noventa
(90) días: se
aplicará a oficiales y suboficiales cuando incurran en falta gravísima o grave.
3. Reprensión simple, formal o
severa: que se
aplicará a oficiales, suboficiales y soldados cuando incurran en faltas leves.
ARTICULO 60.- PUBLICIDAD. De toda sanción debe quedar
constancia en el folio de vida correspondiente al lapso en que se sancionó la
falta.
CAPITULO II
DE LA GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
ARTICULO 61.- GRADUACIÓN. En la graduación de las
sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación
consagradas en el presente capítulo.
ARTICULO 62.- CIRCUNSTANCIAS DE
ATENUACIÓN. Son
circunstancias de atenuación las siguientes:
1 Confesar la falta antes de la
formulación de cargos o de la citación a audiencia.
2 Haber sido inducido por un
superior a cometerla.
3 Procurar por iniciativa
propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de que le sea
impuesta la sanción.
4 Demostrar diligencia y
eficiencia en el desempeño del servicio.
5 La no trascendencia social de
la falta.
6. Cometer la falta por motivos
nobles o altruistas.
7. La buena conducta anterior.
8. Estar en desempeño de
funciones que ordinariamente corresponden a un militar de mayor grado, si la
falta consiste en un incumplimiento de deberes inherentes a dichas funciones.
ARTICULO 63.- CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACIÓN.
Son circunstancias de agravación las siguientes:
1. Cometer la falta con el
concurso de otras personas o en complicidad con el subalterno.
2. La ostensible preparación de
la falta.
3. Cometer la falta
aprovechando la confianza que el superior le hubiere dispensado.
4. Cometer la falta para
ocultar otra.
5. La reincidencia de la
conducta.
6. La jerarquía y mando que
ejerza el funcionario.
7. Cometer la falta en el
desempeño de operaciones de restablecimiento del orden público, conflicto
armado o calamidad pública.
8. Cometer la infracción
encontrándose el personal en comisión en el exterior.
9. Cometer la falta por motivos
innobles o fútiles.
CAPITULO III
CORRECTIVOS
ARTICULO 64.- CORRECTIVOS PARA
ENCAUZAR LA DISCIPLINA MILITAR. Los correctivos para encauzar la disciplina militar podrán
ser impuestos por cualquier superior jerárquico y no se consideran como
sanciones disciplinarias.
Los correctivos serán: temas
escritos sobre asuntos militares o de carácter general; la disminución de las
horas de salida; las presentaciones en horas especiales ante quien se
determine; las labores de aseo de armamento o de aseo o arreglo de
dependencias; la pérdida de salidas; las llamadas de atención o al orden y la
corrección para la prestación adecuada del servicio.
ARTICULO 65.- PROHIBICIÓN. Está prohibida la aplicación de
correctivos que vayan contra la dignidad humana.
CAPITULO IV
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
ARTICULO 66.- CAUSALES DE
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Está exento de responsabilidad
disciplinaria quien obre amparado por alguna de las causales de exclusión de
responsabilidad previstas en el Código Penal Militar.
T I T U L O V
DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
ARTICULO 67.- TÉRMINOS DE
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en
cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las
faltas instantáneas desde el día de la consumación, y desde la realización del
último acto en las de carácter permanente o continuado.
PARAGRAFO.- La ejecución de la sanción
disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años, contados a partir de la
ejecutoria del fallo.
ARTICULO 68.- PRESCRIPCIÓN DE VARIAS
ACCIONES. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso,
la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.
ARTICULO 69.- RENUNCIA Y OFICIOSIDAD.
El disciplinado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria.
En este caso la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de un año
(1) contado a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el
cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no
procede decisión distinta a la declaratoria de la prescripción.
T I T U L O VI
DE LAS ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 70.- DEFINICION. Se entiende por atribución
disciplinaria la facultad para premiar, sancionar y autorizar permisos, que
tienen los superiores en relación con el personal que está bajo sus órdenes y
responsabilidad.
ARTICULO 71.- QUIENES TIENEN
ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS. Las atribuciones y facultades disciplinarias se ejercerán por el
Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y los oficiales de
las Fuerzas Militares en servicio activo.
En caso de que la investigación
deba adelantarse contra el Jefe de Estado Mayor Conjunto o Comandante de
Fuerza, será competente para conocer y fallar en primera instancia el
Comandante General de las Fuerzas Militares y en segunda el Ministro de Defensa
Nacional.
Cuando la investigación se
adelante contra el Comandante General de las Fuerzas Militares, conocerá en
primera instancia el Ministro de Defensa Nacional y en segunda el Presidente de
la República, cuando se trate de faltas investigables por el procedimiento
ordinario.
T I T U L O VIII
DE LA COMPETENCIA
ARTICULO 72.- COMPETENCIA. Es competente para conocer y
sancionar una falta el superior jerárquico con atribuciones disciplinarias bajo
cuyas órdenes se encuentre el presunto infractor al momento de la comisión del
hecho. Si este cambia de unidad por traslado o comisión del servicio, se dará
aviso al nuevo superior para la notificación y ejecución de la sanción.
ARTICULO 73.- GRADOS
DISCIPLINARIOS. Los
superiores se agruparán en grados disciplinarios y tendrán las siguientes
atribuciones disciplinarias:
EN EL EJÉRCITO.
PRIMER GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS LEVES.
Es competente para sancionar
por faltas leves el oficial que sea superior jerárquico inmediato a cuyas
órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de dependencia o
mando.
SEGUNDO GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVES.
Es competente para sancionar
por faltas graves el oficial que sea superior jerárquico, inmediato o no,
dentro de la línea de dependencia del infractor y que ostente como mínimo el
grado de mayor.
TERCER GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVÍSIMAS.
Es competente para sancionar a
un oficial por faltas gravísimas, el oficial que sea superior jerárquico
inmediato o no, dentro de la línea de dependencia del infractor, que sea
comandante de unidad operativa mayor o menor o jefe de la respectiva jefatura
dentro de la estructura orgánica del Cuartel General del Comando de la Fuerza.
Respecto de los oficiales del
Cuartel General del Comando del Ejército que no sean orgánicos de las
jefaturas, tiene atribuciones de tercer grado el Segundo Comandante y Jefe de
Estado Mayor.
Es competente para sancionar
por faltas gravísimas a un suboficial, el oficial superior jerárquico que sea
comandante de la unidad táctica u operativa o logística, mayor o menor, o jefe
de la respectiva jefatura dentro de la estructura orgánica del Cuartel General
del Comando de la Fuerza, de la cual sea orgánico el suboficial.
Respecto de los suboficiales
del Cuartel General del Comando del Ejército que no sean orgánicos de las
jefaturas, tiene atribuciones de tercer grado el Ayudante General.
EN LA ARMADA NACIONAL.
PRIMER GRADO: PARA SANCIONAR
FALTAS LEVES.
Comandante de Pelotón; de Unidad Fundamental; de Puesto Naval; Destacado;
Fluvial Avanzado; de Elemento de Combate Fluvial; de Grupo de Asalto Fluvial;
Combate Fluvial; Componente Naval; de Apostadero Naval; de Flotilla Fluvial; de
Unidad PBR, LPR, LCU; de Compañía; de Estación de Guardacostas; Comandante de
Unidad a Flote menor; Jefe de Oficina y/o División de la Dirección General
Marítima; Jefe de Departamento de Base y Fuerza Naval; Subdirector, Jefe de
Departamento de Centro o Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Oficiales y
Suboficiales, Subdirector Centro de Investigación y/o Control; Gerente de
Cámara y Club de Oficiales y Suboficiales y Jefe de Señalización Marítima.
SEGUNDO GRADO: PARA SANCIONAR
FALTAS GRAVES.
Director de Escuela de
Superficie; de Buceo y Salvamento; de Guerra Anfibia, de Combate Fluvial; de
Submarinos; de Inteligencia; de Aviación Naval; Segundo
Comandante de Unidad a Flote
Mayor; Subdirector de Escuela de Formación de Oficiales y Suboficiales;
Director de Centro o Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Oficiales y
Suboficiales; Director de Centro de Investigación y/o Control; Comandante de
Grupo Aeronaval; de Grupo de Guardacostas; Segundo Comandante de Batallón; Jefe
de Estado Mayor de Brigada; Comandante de Flotilla de mar; Jefe de Departamento
de Estado Mayor y Especial; Jefe de Dirección Técnica; de División; Jefe de
Despacho de Justicia Militar; Comandante de Unidad a Flote Mayor; Comandante de
Batallón; Ayudante General Comando Armada; Secretario General de la Dirección
General Marítima; Subdirector Hospital Naval; Director de Centro de Medicina
Naval; Comandante de Guardacostas; Comandante de Aviación Naval; Director de
Planta Astillero Naval.
TERCER GRADO: PARA SANCIONAR
FALTAS GRAVISIMAS.
Segundo Comandante Armada
Nacional; Inspector General; Jefe o Director de Jefatura; Comandante Fuerza
Naval; Director de Escuela de Formación de Oficiales y Suboficiales; Director
General Marítimo; Jefe de Estado Mayor Naval; Comandante de Infantería de
Marina; Comandante de Base; Comandante Comando Específico; Comandante de
Brigada; Director Astillero Naval.
EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PRIMER GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS LEVES.
El oficial que desempeñe los
siguientes cargos y sea superior jerárquico inmediato por dependencia o mando a
cuyas órdenes se encuentre el infractor, así:
Comandantes de Elemento,
Comandantes de Escuadrilla, Subdirectores y Jefes de Sección del Cuartel
General COFAC, Jefes de Departamento, Comandante de Escuadrón en los Comandos,
Grupos Aéreos, Escuelas e Institutos de formación y capacitación y Segundos
Comandantes de Grupos Aéreos.
SEGUNDO GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVES.
Inspector General, Ayudante
General COFAC, Jefes de Jefatura, Subdirector de Escuela Militar de Aviación,
Subdirector de Escuela de Suboficiales, Jefes de Departamento y Directores del
Cuartel General COFAC, Inspector delegado, Comandantes de Agrupación,
Comandantes de Grupo, Segundos Comandantes de Comando Aéreo, Comandantes de
Grupo Aéreo, Subdirector del Instituto Militar Aeronáutico, Jefe o Director de
Hospital, clínica o dispensario de Medicina de Aviación, Director Gimnasio
Militar FAC, cuando tengan grado superior al del investigado.
TERCER GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVÍSIMAS.
Segundo Comandante y Jefe de
Estado Mayor Aéreo, Director Escuela Militar de Aviación, Comandante Comando
Unificado, Comandante de Comando Aéreo, Director de Escuela de Suboficiales y
Director Instituto Militar Aeronáutico, cuando tengan grado superior al del
investigado.
EN LAS ORGANIZACIONES
CONJUNTAS, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEPENDENCIAS VARIAS, ENTRE OTROS COMO:
Ministerio de Defensa Nacional,
organismos descentralizados adscritos o vinculados al mismo, Comando General,
cuando sean militares en servicio activo, únicamente sobre el personal militar
de su dependencia y respecto de faltas leves y graves, así:
PRIMER GRADO: PARA SANCIONAR POR
FALTAS LEVES.
Es competente el oficial que
sea superior jerárquico inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el
infractor dentro de la línea de dependencia o mando y que ostente como mínimo
el grado de teniente.
SEGUNDO GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVES.
Es competente para imponer
sanción de suspensión el oficial que sea superior jerárquico, inmediato o no
dentro de la línea de dependencia del infractor y que desempeñe como mínimo uno
de los siguientes cargos: Subgerente o subdirector de organismos
descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretario General del Ministerio de Defensa, Subdirector Escuela Superior
de Guerra, Obispo Castrense, Inspectores delegados de la Inspección General de
las Fuerzas Militares, Agregados Militares, Consejero, Jefe Agencia de Compras
en el exterior, Subgerente o subdirector de Clubes Militares, Jefe de Oficina y
de División del Ministerio de Defensa, subgerente o subirector de Fábrica de
Material de Guerra, Jefe de departamento del Estado Mayor del Comando General,
Presidente de la Federación Deportiva Militar, Jefe de la Casa Militar,
Inspector General Fuerzas Militares, Secretario General del Ministerio de
Defensa Nacional; Viceministro de Defensa Nacional, jefe del Estado Mayor
Conjunto; Jefes de Departamento del Estado Mayor Conjunto, Ayudante General del
Comando General de las Fuerzas Militares.
TERCER GRADO: PARA SANCIONAR
POR FALTAS GRAVÍSIMAS.
Según las previsiones de este
reglamento.
CUARTO GRADO: PARA SANCIONAR
FALTAS GRAVÍSIMAS
Tendrán atribuciones de cuarto
grado sobre todo el personal militar y para todo tipo de faltas, el Presidente
de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las
Fuerzas Militares y los Comandantes de Fuerza.
PARAGRAFO 1°. Quien tenga facultad para
imponer sanciones mayores, también podrá imponer sanciones menores.
PARAGRAFO 2°. Las atribuciones del Jefe de
la Federación Colombiana Deportiva Militar (FECODEMIL), desde el punto de vista
deportivo se regirán por lo establecido en el Estatuto del Deporte para el ramo
de Defensa Nacional.
PARAGRAFO 3°. Las atribuciones del Inspector
General de las Fuerzas Militares, de los inspectores generales de las fuerzas y
de los respectivos inspectores delegados, se extenderán a todo el personal de
menor jerarquía perteneciente a las unidades u organismos inspeccionados,
únicamente durante el desarrollo de la inspección.
ARTICULO 74.- ATRIBUCIONES DE NUEVAS
DEPENDENCIAS. Los jefes de nuevas dependencias tendrán atribuciones
disciplinarias de conformidad con la categoría o equivalencia que se les señale
en relación con los cargos contemplados en el artículo anterior, en la
disposición de creación.
ARTICULO 75.- ATRIBUCIONES DE
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Las atribuciones fijadas para los jefes
de dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, sólo podrán ejercerse
cuando el respectivo superior sea oficial en servicio activo.
ARTICULO 76.- ATRIBUCIONES PARA
CASOS ESPECÍFICOS. Cuando se trate de oficiales que presten sus servicios en alguna
de las dependencias administrativas del Ministerio de Defensa Nacional,
organismos adscritos o vinculados al mismo, Comando General de las Fuerzas
Militares y otras dependencias militares o civiles, tendrá atribuciones de
tercer grado para sancionar por faltas gravísimas, el Segundo Comandante de la
respectiva Fuerza. Si se trata de suboficiales, en los casos anotados, tendrá
atribuciones de tercer grado el Ayudante General del Cuartel General de la
respectiva Fuerza.
ARTICULO 77.- PERSONAL DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR. Con relación a los oficiales y suboficiales que desempeñan cargos
en la Justicia Penal Militar, corresponde al Director Ejecutivo de la Justicia
Penal Militar conocer de las faltas leves en única instancia y de las graves y
gravísimas en primera instancia.
Corresponde al Ministro de
Defensa Nacional, la segunda instancia para las faltas graves y gravísimas.
PARAGRAFO. Tratándose de faltas
relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdicciones propias del
respectivo cargo, les serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama
jurisdiccional por las autoridades en ellas señaladas.
ARTICULO 78.-COMISIÓN DE
ESTUDIOS.
Sobre el personal que se encuentre en comisión de estudios en universidades y
demás institutos docentes del país, tendrá atribuciones disciplinarias el
comandante de la unidad a la cual se agrega.
ARTICULO 79.- COMISIÓN EN
ENTIDADES. Las
faltas contra la disciplina militar que puedan cometer los miembros de las
Fuerzas Militares que se encuentren en comisión en ministerios, departamentos
administrativos, gobernaciones, alcaldías, Policía Nacional, y que no tengan
superior jerárquico militar, quedarán sometidos al Régimen Disciplinario que
establece el presente reglamento y serán sancionados por el Segundo Comandante
de la respectiva Fuerza.
ARTICULO 80.- COMPETENCIA SOBRE
GERENTES Y DIRECTORES. Sobre los directores o gerentes de entidades descentralizadas
adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, Jefe de la Casa
Militar y otros oficiales que se desempeñen como jefes de dependencias que no
se encuentren comprendidos en los citados en este reglamento, tendrá facultades
disciplinarias para sancionar por faltas leves, graves y gravísimas, el Secretario
General del Ministerio de Defensa, siempre y cuando sea un militar en servicio
activo. De no serlo, será competente el Jefe de Estado Mayor Conjunto del
Comando General de las Fuerzas Militares. La segunda instancia corresponderá al
Ministro de Defensa Nacional.
ARTICULO 81.- CASOS NO
PREVISTOS. En
los casos de competencia no previstos en el presente reglamento, conocerá el
Segundo Comandante de la respectiva Fuerza.
ARTICULO 82.- TRASPASO DE
ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS. En las ausencias temporales o accidentales no mayores de sesenta
(60) días de los oficiales titulares de cargos de comando con competencia
disciplinaria, bien sea por vacaciones, licencia, permiso, comisión,
enfermedad, muerte repentina, o por desaparición, quienes lo sucedan en el
cargo asumirán de inmediato la plenitud de las funciones y atribuciones
disciplinarias correspondientes a dichos cargos, sin necesidad de que se expida
disposición encargándolos de tales funciones.
Al efecto, bastará que la
novedad se ordene, autorice o registre por la orden del día del comando
inmediatamente superior, o por la del comando afectado cuando se trate de casos
accidentales para que lo dispuesto en el inciso anterior comience a producir
todos sus efectos.
ARTICULO 83.- CAMBIO DE
COMPETENCIA.
El funcionario que no tenga competencia para conocer de un asunto disciplinario
así lo expresará mediante auto y remitirá la actuación ante quien deba
conocerlo.
ARTICULO 84.- PERSONAL EN
COMISIÓN. El
personal que se halle en comisión quedará sometido a la competencia
disciplinaria del superior a cuyas órdenes se encuentre. En este caso, el
superior que imponga una sanción o confiera un estímulo dará cuenta al superior
de la unidad correspondiente, para su registro en el folio de vida del
interesado.
ARTICULO 85.- CONCURRENCIA DE
COMPETENCIAS.-
Cuando se trate de faltas cometidas conjuntamente por miembros de distintas
fuerzas, dependencias o unidades, o por diversos destinatarios del presente
reglamento, corresponde conocer al superior de todos ellos que sea más antiguo
y que ostente atribuciones disciplinarias.
Si en la comisión de la falta
concurre personal militar y civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional o de las Fuerzas Militares, la competencia para conocer se sujetará a
las normas propias de su estatuto disciplinario.
ARTICULO 86.- COLISIÓN DE
COMPETENCIAS.
El superior que considere que no tiene competencia para conocer de una
actuación disciplinaria, así lo consignará y la remitirá directamente a quien
en su concepto deba adelantar y conocer el proceso.
Si el funcionario a quien se
remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto;
en caso contrario lo remitirá al superior jerárquico con atribuciones
disciplinarias con el objeto de que éste decida el conflicto.
Igual procedimiento se aplicará
cuando ambos funcionarios se consideren competentes.
El funcionario subalterno según
el factor funcional no podrá proponer colisión de competencias al superior,
pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel de plano, resolverá lo
procedente.
LIBRO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
T I T U L O I
ACTUACIÓN PROCESAL
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 87.- PRINCIPIOS QUE
RIGEN LA ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación disciplinaria se desarrollará de conformidad con el
artículo 209 de la Constitución Política siguiendo los principios de igualdad
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
contradicción.
ARTICULO 88.- PRINCIPIO DE
ECONOMÍA. En
virtud de este principio:
1. En los procesos
disciplinarios no se podrán establecer trámites o etapas diferentes a los
expresamente contemplados en este reglamento.
2. Los procesos deberán
adelantarse con agilidad, en el menor tiempo posible y la menor cantidad de
gastos para quienes intervienen en ellos.
3. No se exigirán más
documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni
notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
4. Los empleados responsables
de la función disciplinaria tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y
evitarán decisiones inhibitorias.
5. Las nulidades que resulten
de vicios de procedimiento podrán sanearse con el cumplimiento del respectivo
requisito.
6. Se utilizarán formularios
para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin
que esto releve a las autoridades de considerar todos los argumentos y pruebas
de los interesados.
ARTICULO 89.- PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD.
En virtud de este principio:
1 Las autoridades
disciplinarias deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los
procedimientos consiste en propender por investigar la verdad de los hechos y
sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las personas sin discriminación
alguna.
2 Toda decisión que se adopte
en el proceso disciplinario se motivará en forma detallada y precisa.
3 No podrá investigarse una
misma conducta más de una vez.
4 Los investigados tendrán la
oportunidad de conocer y controvertir por los medios legales las decisiones
adoptadas.
ARTICULO 90.- PRINCIPIO DE
DIRECCIÓN: en
virtud de este principio:
1. Corresponde la dirección de
la función disciplinaria al superior con atribuciones disciplinarias
correspondientes.
2. El superior con atribuciones
disciplinarias está obligado a buscar el cabal cumplimiento de la función
disciplinaria. Por lo tanto, no actuará con desviación o abuso de poder y
ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en el
reglamento.
3. Los superiores con
atribuciones disciplinarias, al ejercer sus funciones, tendrán en cuenta que
sus actuaciones u omisiones antijurídicas generan responsabilidad y dan lugar
al deber de indemnizar los daños causados.
4. Todo servidor público que
por cualquier medio conozca de la comisión de una falta disciplinaria, tendrá
el deber de ponerlo en conocimiento del superior de la respectiva unidad so
pena de responder disciplinariamente.
ARTICULO 91.- PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD. El
investigado tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación
preliminar como en la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas
que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas. Por lo tanto,
iniciada la investigación preliminar o la investigación disciplinaria se
comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y
defensa. En virtud de este principio:
1. Las autoridades darán a
conocer sus decisiones mediante las comunicaciones o publicaciones que las
normas vigentes establezcan.
2. Las sanciones impuestas se
registrarán en un libro dispuesto para el efecto, y se archivarán en la
correspondiente hoja de vida.
3. Las autoridades dispondrán
lo necesario para asegurar el archivo de los informativos disciplinarios.
ARTICULO 92.- PRINCIPIO DE
CONTRADICCIÓN.
Los sujetos procesales tendrán derecho a controvertir las pruebas y a impugnar
las providencias por los medios legales.
ARTICULO 93.- REQUISITOS
FORMALES DE LA ACTUACIÓN. La actuación disciplinaría debe consignarse por escrito, en
idioma castellano y en duplicado.
El recurso de apelación se
surtirá sobre el original del proceso, cualquiera que sea el efecto en que se
conceda.
La investigación continuará con
las copias y siempre habrá un cuaderno en el despacho.
Para los efectos anteriores,
todos los documentos se solicitarán o aportarán por duplicado. Cuando en la
actuación obren documentos originales o únicos, se llevarán al duplicado en
copia o fotocopia autenticada por el respectivo secretario.
El secretario está obligado a
mantener debidamente separados y foliados los cuadernos del proceso y en ningún
momento se remitirán conjuntamente.
Por secretaría se dejará copia
de las diligencias surtidas, en el otro cuaderno.
ARTICULO 94.- ADUCCIÓN DE
DOCUMENTOS. Los
documentos que se aporten a la investigación serán en original o copia
autenticada o autorizada, salvo los aportados por los sujetos procesales, caso
en el cual la verificación de su autenticidad corresponde al funcionario
investigador o competente.
ARTICULO 95.- PRINCIPIO DE
JERARQUÍA.
Nadie podrá investigar o sancionar a un superior o a otro más antiguo.
ARTICULO 96.- CORRECCIÓN DE
ACTOS IRREGULARES. El funcionario investigador y el competente están en la
obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y
garantías.
ARTICULO 97.- PRINCIPIO DE
DOBLE INSTANCIA.
Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada, salvo las excepciones
previstas en este reglamento.
ARTICULO 98.- PRINCIPIO DE LA
NO REFORMATIO IN PEJUS. El superior con atribuciones disciplinarias no podrá agravar la
sanción impuesta cuando el disciplinado sea apelante único.
ARTICULO 99.- LEALTAD. Quienes intervienen en la
actuación disciplinaría están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad.
ARTICULO 100.- PRINCIPIO DE
INTEGRACIÓN.
En aquellas materias de procedimiento que no se hallen expresamente reguladas
en este reglamento, son aplicables las disposiciones procedimentales del
Régimen Disciplinario General de los Servidores Públicos, del Código Contencioso
Administrativo, del Código Penal Militar, del Código de Procedimiento Penal y
del Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 101.- INVESTIGACIÓN
INTEGRAL. Se
deben investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como
desfavorables a los intereses del investigado.
T I T U L O II
DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
ARTICULO 102.- OBLIGATORIEDAD
DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Toda conducta que pueda constituir falta disciplinaria origina la
respectiva acción, la cual tendrá lugar aun cuando el infractor se encuentre
desvinculado del servicio.
ARTICULO 103.- HECHOS PUNIBLES. Si los hechos materia de la
investigación disciplinaria pudieren constituir delitos perseguibles de oficio,
deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente remitiéndole los
elementos probatorios que correspondan.
ARTICULO 104.- NATURALEZA DE LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria es pública.
ARTICULO 105.- OFICIOSIDAD. La acción disciplinaria se
iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor
público o de queja formulada por cualquier persona o entidad, siempre y cuando
haya mérito para ello. De lo contrario, se rechazará in límine.
ARTICULO 106.- OBLIGATORIEDAD
DE LA QUEJA.
Todo aquel que se entere de la ocurrencia de un hecho que pueda constituir
falta disciplinaria, deberá ponerlo en conocimiento de su respectivo superior,
suministrando toda la información y pruebas que posea.
Si el superior considera que no
es el competente para ordenar la investigación la remitirá al competente
mediante auto de sustanciación.
ARTICULO 107.- EXONERACIÓN DEL
DEBER DE DECLARAR Y DE FORMULAR QUEJA. Nadie podrá ser obligado a declarar
contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes
dentro del cuarto (4º) grado de consanguinidad, segundo (2º) de afinidad o
primero (1º) civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del
ejercicio de actividades que le impongan legalmente secreto profesional.
ARTICULO 108.- FALTAS DE
MILITARES RETIRADOS DEL SERVICIO ACTIVO. La acción disciplinaria es
procedente aunque el militar se haya retirado del servicio activo.
Cuando la sanción no pudiere
cumplirse porque el infractor esté retirado del servicio, se anotará en su hoja
de vida y se compulsarán copias a los funcionarios de ejecuciones fiscales
correspondientes.
ARTICULO 109.- TERMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente probado que el
hecho atribuido no ha existido, o que la conducta no está prevista como falta
disciplinaria, o que está plenamente demostrada una causal eximiente de
responsabilidad, o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse, el
funcionario competente mediante decisión motivada, así lo declarará.
ARTICULO 110.- RESERVA DE LA
ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Están sometidas a reserva las investigaciones preliminares, las
investigaciones disciplinarias, tanto del procedimiento ordinario como sumario.
Los fallos son públicos.
ARTICULO 111.- IMPROCEDENCIA DE
LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS. En materia disciplinaria militar no procede la acumulación de
procesos.
ARTICULO 112.- CONCURSO DE
FALTAS DISCIPLINARIAS. Cuando la conducta o los hechos a investigar sean constitutivos
de faltas de diferente clase, asumirá la competencia el superior con
atribuciones disciplinarias para sancionar la más grave y se seguirá el
procedimiento ordinario.
T I T U L O III
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
ARTICULO 113.- CAUSALES DE RECUSACIÓN Y DE
IMPEDIMENTO. Son causales de recusación y de impedimento para los
funcionarios de instrucción y superior competente, las establecidas en el
Código Penal Militar.
ARTICULO 114.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE
IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN. El funcionario de instrucción o superior
competente impedido o recusado pasará el proceso, el primero a quien le hizo la
designación o nombramiento y el segundo al superior jerárquico con atribuciones
disciplinarias, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere
posible aportará las pruebas pertinentes, a fin de que decida de plano, dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes, quien habrá de sustituir al
funcionario impedido o recusado, en el evento en que se admita el impedimento o
recusación.
ARTICULO 115.- IMPROCEDENCIA DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. No están impedidos ni pueden ser recusados quienes deban decidir
el impedimento o recusación.
T I T U L O IV
SUJETOS PROCESALES
ARTICULO 116.- INTERVINIENTES
EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. En los procesos disciplinarios como son la indagación
preliminar, el abreviado y el ordinario, solamente pueden actuar el presunto
infractor y su defensor, sin perjuicio de la intervención que en razón de la
vigilancia superior pueda realizar la Procuraduría General de la Nación.
Ni el informador ni el quejoso
son parte en el proceso disciplinario. Su actuación se limita a presentar y
ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, con el deber de aportar las
pruebas que tengan en su poder.
ARTICULO 117.- DERECHOS DEL
INVESTIGADO O PRESUNTO INFRACTOR. El investigado o presunto infractor tiene los derechos que
a continuación se relacionan. El defensor, para los fines de su cargo, tiene
los mismos derechos. Cuando existan pretensiones contradictorias entre ellos
prevalecerán las del defensor.
Tales derechos son:
1. Conocer la investigación,
pudiendo solicitar la expedición de copias de la actuación, salvo las que por
mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando,
dicha reserva no surja de la misma investigación que contra él se siga.
2. Rendir descargos por escrito
o solicitar expresamente ser oído en declaración de descargos, caso en el cual
el funcionario sólo podrá interrogarlo cuando omita explicar alguna de las
circunstancias relacionadas con las conductas que se le endilgan.
3. A nombrar apoderado a su
cargo, si lo considera necesario.
4. A solicitar, presentar y
contradecir las pruebas.
5. A impugnar las providencias,
cuando hubiere lugar a ello.
T I T U L O V
PROVIDENCIAS, NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS
CAPITULO I
PROVIDENCIAS
ARTICULO 118.- CLASIFICACIÓN. Las providencias que se dicten
en el proceso disciplinario serán:
1. Fallos, si deciden el objeto
de la investigación.
2. Autos interlocutorios, si
resuelven algún aspecto sustancial de la actuación.
3. Autos de sustanciación,
cuando disponen el trámite que la ley establece para dar curso a la actuación.
CAPITULO II
NOTIFICACIONES
ARTICULO 119.- NOTIFICACIONES. La notificación puede ser
personal, por estado, por edicto, por conducta concluyente o por estrado.
ARTICULO 120.- NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Se
notificarán de manera personal las siguientes providencias: el auto de cargos,
el auto que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación
y los fallos.
Una vez producida la
decisión se citará inmediatamente al investigado, por medio eficaz y adecuado,
por escrito dirigido a la unidad donde trabaja o a la última dirección
registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario,
con el objeto de notificarle el contenido de aquella y hacerle conocer los
recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el
expediente sobre el envío de la citación.
Las providencias señaladas en
este artículo se notificarán personalmente al interesado si comparece ante el
funcionario competente, antes de que se surta otro tipo de notificación.
ARTICULO 121-. NOTIFICACIÓN POR
EDICTO. Tiene
lugar cuando a pesar de las diligencias pertinentes no se pudiere realizar la
notificación personal. Si vencido el término de ocho (8) días a partir del
envío de la citación, el citado no comparece, se fijará un edicto en la
ayudantía respectiva por el término de tres (3) días para notificar la
providencia.
De estas diligencias se dejará
constancia secretarial en el expediente.
ARTICULO 122.- NOTIFICACIÓN POR
ESTADO. Los
autos que no requieran notificación personal se notificarán por estado, el cual
permanecerá fijado en lugar visible, se hará pasado un día de la fecha del auto
y contendrá los datos de ley.
ARTICULO 123.- NOTIFICACIÓN EN
ESTRADOS. Las
providencias que se dicten en las audiencias o en el curso de cualquier
diligencia, se consideran notificadas cuando el investigado o su apoderado
estén presentes.
ARTICULO 124.- NOTIFICACIÓN POR
CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando se hubiere omitido notificación a persona a quien debió
hacerse, se entenderá cumplida para todos los efectos, si ésta hubiere
interpuesto recurso contra la respectiva providencia o actuado en diligencia o
trámite a que se refiere la decisión no notificada.
ARTICULO 125.- COMISIÓN PARA
NOTIFICAR. Si
la notificación personal debe realizarse en unidad diferente a la del superior
competente, se comisionará al comandante de la unidad del lugar donde se
encuentre el investigado, remitiéndole copia de la providencia, para que la
surta. En este evento, el comisionado dispondrá de veinte (20) días hábiles a
partir de su recibo y las formalidades serán las señaladas en este reglamento.
Vencido el término sin que se tuviere constancia de la notificación, se
procederá a surtirla por edicto.
El comisionado debe acusar
recibo de la comisión al comitente.
CAPITULO III
TÉRMINOS
ARTICULO 126.- TERMINOS
PROCESALES. Los términos procesales serán de días, meses y años y se
entenderá que terminan a la media noche del último día fijado de acuerdo con
las previsiones del Régimen Político y Municipal.
ARTICULO 127.- PRÓRROGA. Los términos no pueden ser
prorrogados sino a petición de parte, hecha antes de su vencimiento, por causa
grave y justificada. La prórroga en ningún caso puede exceder de otro tanto al
término ordinario.
ARTICULO 128.- SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS. Los
términos se suspenderán los días sábados, domingos y festivos, y por fuerza
mayor o caso fortuito.
ARTICULO 129.- RENUNCIA A
TÉRMINOS. Los
términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo
favor se concedan. La renuncia deberá hacerse verbalmente en audiencia o por
escrito o en el acto de la notificación personal de la providencia que los
señale.
T I T U L O VI
RECURSOS Y CONSULTA
ARTICULO 130.- RECURSOS Y SU
FORMALIDAD.
Contra las decisiones disciplinarias, en los casos, términos y condiciones
establecidos en este reglamento, proceden los recursos de reposición, apelación
y queja, los cuales deberán interponerse por escrito, salvo disposición en
contrario.
Contra el auto que ordena la
presentación de un informe, la apertura de investigación y contra el que decide
o evalúa una investigación preliminar no procede ningún recurso.
ARTICULO 131.- OPORTUNIDAD PARA
INTERPONERLOS.
Los recursos se podrán interponer y sustentar por las partes desde la fecha en
que se haya proferido la providencia hasta cinco (5) días después, contados a
partir de la última notificación hecha a las partes. Si ésta se hizo en
estrados, la impugnación y sustentación sólo procede en el mismo acto.
ARTICULO 132.- EJECUTORIA DE
LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de
la última notificación hecha a las partes, si contra ellas no procede o no se
interpone recurso.
Las providencias que decidan
los recursos de apelación o de queja, así como la de consulta, quedarán en
firme el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente; aquellas
que se dicten en audiencia, al finalizar ésta, a menos que procedan o se
interpongan los recursos en forma legal.
ARTICULO 133.- REPOSICIÓN. El recurso de reposición
procede contra los autos de sustanciación expresamente previstos en este
reglamento y contra los fallos de única instancia, y será decidido por el mismo
funcionario que emitió la providencia recurrida.
El auto que resuelve la
reposición no es susceptible de recurso alguno, a menos que se refiera a
aspectos no resueltos en la providencia inicial.
La reposición interpuesta en la
audiencia se decide en la misma.
ARTICULO 134.- APELACIÓN. El recurso de apelación
procede contra el fallo de primera instancia y contra el auto que niega las
pruebas solicitadas en la contestación del auto de cargos; se concederá en el
efecto suspensivo si las niega todas o en el efecto devolutivo si la negativa
es parcial. Se concederá por auto de sustanciación.
Del recurso de apelación contra
el fallo que impone como sanción suspensión o separación absoluta de las
Fuerzas Militares, conocerá el Comandante General de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 135.- QUEJA. Sólo procederá cuando se
rechace el de apelación.
ARTICULO 136.- INTERPOSICIÓN. Negado el recurso de
apelación, el interesado, dentro del término de ejecutoria, podrá solicitar
copias de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las
cuales se compulsarán dentro del término improrrogable de dos (2) días.
Del recurso de queja conocerá
el Comandante General de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 137.- SUSTENTACIÓN DEL
RECURSO. El
recurso de queja deberá sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de las copias; vencido este término se resolverá de plano.
Si el recurso no se sustenta
dentro del término indicado, se rechazará.
Si el Comandante General de las
Fuerzas Militares necesitare copias de otras actuaciones procesales, ordenará
al competente que las remita en un plazo determinado.
ARTICULO 138.- REQUISITOS. Los recursos deberán reunir
los siguientes requisitos para ser concedidos:
1. Interponerse dentro del
plazo, personalmente y por escrito por el interesado o su defensor debidamente
constituido, y sustentarse con expresión concreta los motivos de inconformidad
e indicar el nombre del recurrente.
2. Relacionar las pruebas que
se pretende hacer valer.
ARTICULO 139.- DESISTIMIENTO DE
LOS RECURSOS.
Podrá desistirse de los recursos antes de que el funcionario competente los
decida.
ARTICULO 140.- CONSULTA. Son consultables los fallos
absolutorios de primera instancia.
Si transcurridos ocho (8) meses
de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva
providencia, quedará en firme el fallo materia de consulta y el funcionario
moroso será investigado disciplinariamente.
T I T U L O VII
PRUEBAS Y NULIDADES
CAPITULO I
PRUEBAS
ARTICULO 141.- LEGALIDAD DE LA
PRUEBA. Toda
decisión disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y
oportunamente allegadas o aportadas al proceso.
Es nula de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
ARTICULO 142.- PRUEBA PARA
SANCIONAR. El
fallo sancionatorio sólo se proferirá cuando obre prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del inculpado.
ARTICULO 143.- PETICIÓN DE
PRUEBAS. Las
partes podrán pedir la práctica de las pruebas que estimen conducentes o
aportarlas en el momento procesal oportuno.
Cuando las pruebas sean
allegadas o aportadas por las partes sólo se incorporarán al proceso previo
auto que estime su conducencia. La denegación total o parcial de las
solicitadas o allegadas deberá ser motivada y se notificarán al peticionario.
ARTICULO 144.- LIBERTAD DE
PRUEBA. Los
elementos constitutivos de la falta, la responsabilidad o inocencia del
inculpado, podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba previstos
en los Códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil. Su práctica y
valoración se regularán por lo consagrado en los mismos.
ARTICULO 145.- APRECIACIÓN
INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica.
ARTICULO 146.- COMISIÓN PARA
PRÁCTICA DE PRUEBAS. El funcionario instructor o el superior competente podrán
comisionar para la práctica de pruebas a un oficial ubicado en unidad militar
distinta de aquella en que se adelanta la investigación.
En las diligencias de carácter
disciplinario se podrán practicar pruebas en el exterior por conducto de los
agregados militares, y en su defecto, de funcionarios al servicio de las misiones
de Colombia en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales sobre
la materia.
ARTICULO 147.- PRUEBA
TRASLADADA.
Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial o administrativo,
podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autentica; estas pruebas
deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de cinco (5) días,
para garantizar la contradicción de las mismas.
Los demás documentos se
aportarán a la investigación en original o fotocopia autenticada o autorizada.
ARTICULO 148.- INEXISTENCIA DE
LA PRUEBA. La
prueba recaudada sin el lleno de las formalidades legales se tendrá como
inexistente.
CAPITULO II
NULIDADES
ARTICULO 149.- NULIDADES. Son causales de nulidad las
siguientes:
1. La falta de competencia del
funcionario para proferir el fallo o tomar decisión de fondo.
2. La violación del derecho de
defensa.
3. La existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
4. La falta de señalamiento
concreto de los cargos al investigado o la imprecisión de las normas en que
estos se fundamentan.
5. Violación al principio de la
jerarquía.
PARAGRAFO. No podrá declararse la
nulidad de la actuación por causales distintas de las señaladas en este
artículo.
ARTICULO 150.- DECLARATORIA DE
OFICIO. En
cualquier estado de la actuación en que el funcionario advierta que existe
alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad
total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y
ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para
que se subsane lo afectado.
Las pruebas practicadas
legalmente conservarán su plena validez.
ARTICULO 151.- NULIDAD DE
PROVIDENCIAS.
Cuando la nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, solo podrá
decretarse si no es procedente la revocatoria de la providencia.
ARTICULO 152.- SOLICITUD. Quien proponga una nulidad lo
podrá hacer hasta antes de proferirse el fallo definitivo y deberá determinar
la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular nueva
solicitud de nulidad sino por causal diferente o por hechos posteriores.
T I T U L O VIII
SUSPENSIÓN PROVISIONAL
ARTICULO 153.- PROCEDENCIA. Cuando la falta investigada sea
gravísima, la autoridad que ordenó la investigación o el investigador podrán
solicitar al Ministro de Defensa para los oficiales y al Comandante de la
Fuerza para los suboficiales, la suspensión provisional de la persona que esté
siendo investigada, hasta por sesenta (60) días prorrogables hasta por un lapso
de treinta (30) días más, medida que puede solicitarse a partir del momento en
que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta.
PARAGRAFO. Contra la resolución de
suspensión provisional no procede recurso alguno y debe informarse
inmediatamente al respectivo director de Recursos Humanos de la Fuerza para el
trámite pertinente.
ARTICULO 154. REINTEGRO DEL
SUSPENDIDO Y EFECTOS DE LA MEDIDA. Vencido el término correspondiente, el suspendido
provisionalmente será reintegrado en forma automática a su empleo y tendrá
derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante
el período de la suspensión en los siguientes casos:
1. Cuando la investigación
termine con cesación de procedimiento o cuando haya lugar a exoneración de
responsabilidad.
2. Por la expiración del
término de la suspensión provisional sin que se hubiere terminado la
investigación. En este evento, sobre el pago de la remuneración dejada de
percibir, se decidirá en el fallo que resuelva definitivamente la situación del
investigado.
T I T U L O IX
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
INDAGACION PRELIMINAR
ARTICULO 155.- INDAGACION
PRELIMINAR. En
caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria, se podrá
ordenar indagación preliminar para lo cual el competente podrá nombrar
funcionario de instrucción.
ARTICULO 156.- FINES DE LA
INDAGACIÓN PRELIMINAR. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si ésta es constitutiva de falta
disciplinaria o identificar al presunto infractor.
ARTICULO 157.- FACULTADES EN LA
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el
funcionario competente o el instructor designado, podrán hacer uso de los
medios de prueba legalmente reconocidos y oír en versión espontánea a quienes
consideren necesario para determinar la individualización o identificación de
los intervinentes en el hecho investigado.
Podrá comisionarse para la
práctica de todas las pruebas, según lo establecido en este reglamento.
ARTICULO 158.- VERSIÓN LIBRE Y
ESPONTÁNEA. En
desarrollo de la indagación preliminar y a solicitud del investigado, el
funcionario de instrucción lo escuchará en versión libre y espontánea o podrá
decretar esta prueba oficiosamente. Al presunto infractor se le harán saber sus
derechos.
ARTICULO 159.- DURACIÓN Y
LÍMITES. La
indagación preliminar no podrá prolongarse por un término mayor de sesenta (60)
días y no podrá extenderse a hechos distintos de aquellos que fueron objeto de
queja o iniciación oficiosa, y los que le sean conexos.
ARTICULO 160.- TERMINACIÓN DE
LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. La indagación preliminar se dará por terminada con el auto que
ordena la investigación respectiva o el archivo del expediente, providencias
que serán dictadas solamente por el superior competente con atribuciones
disciplinarias y contra las cuales no procede recurso alguno.
ARTICULO 161.- REVOCACIÓN DEL
AUTO QUE ORDENÓ EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. El auto que ordena el archivo
de las diligencias en la indagación preliminar podrá ser revocado, siempre que
aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base
para proferirlo.
La revocatoria puede hacerse
por quien profirió el auto de archivo o por el superior con atribuciones
disciplinarias.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA INVESTIGAR Y
SANCIONAR FALTAS LEVES
ARTICULO 162.- PROCEDIMIENTO
ABREVIADO. La
investigación y sanción de faltas leves se adelantarán por el procedimiento
abreviado indicado a continuación: cuando el superior con atribuciones
disciplinarias tenga motivos para considerar que posiblemente se ha incurrido
en una falta disciplinaria leve que requiera sanción para encauzar la
disciplina militar, procederá a requerir un informe escrito o verbal del
presunto responsable, sobre los hechos respectivos indicándole las normas
presuntamente infringidas. Le hará saber los derechos que le asisten y le
fijará un plazo prudencial para que rinda la respuesta respectiva. El presunto
infractor no podrá interponer recurso alguno contra el requerimiento. Recibida
la respuesta al requerimiento se procederá, mediante auto, a resolver sobre las
pruebas solicitadas o se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.
La notificación de este auto se hará personalmente y contra él sólo procederá
el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá inmediatamente. Se
procederá a emitir el fallo motivado y en forma escrita. La notificación se
hará según las disposiciones de este reglamento. Contra el fallo proferido sólo
procede el recurso de reposición que se interpondrá y sustentará en la
notificación o por escrito dentro de los dos (2) días siguientes y se decidirá
en un plazo máximo de cinco (5) días.
Con lo actuado se conformará el
expediente disciplinario.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA INVESTIGAR Y
SANCIONAR FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS
ARTICULO 163.- AUTORIDAD
COMPETENTE PARA ORDENAR LA INVESTIGACIÓN. Son autoridades competentes para ordenar
la iniciación de una investigación por faltas graves o gravísimas las mismas
que tienen atribuciones de segundo, tercer y cuarto grado, según lo consagrado
en el presente reglamento.
ARTICULO 164.- AVISO. El superior que ordene abrir
una investigación por faltas graves o gravísimas dará aviso dentro de los cinco
(5) días siguientes al Comando de Fuerza, a la Inspección General y a la
Oficina de Personal de la respectiva Fuerza y a la Oficina de Registro y
Control de la Procuraduría General de la Nación.
ARTICULO 165.- VALIDEZ DE LA
ACTUACIÓN EN TRASLADO DE COMPETENCIA. La investigación ordenada y adelantada
legalmente por un superior con atribuciones conservará todo su valor,
cualquiera que sea el que en definitiva deba conocer de la misma.
ARTICULO 166.- APERTURA DE
INVESTIGACIÓN. Cuando
de la indagación preliminar, de la queja, del informe o de oficio, el superior
competente encuentre establecida la existencia de la posible comisión de una
falta grave o gravísima y la prueba del posible autor de la misma, ordenará la
apertura de la investigación disciplinaria. Para tal fin, podrá nombrar
funcionario de instrucción quien debe ser oficial.
El auto que ordena la apertura
de la investigación debe contener los siguientes datos:
1. Breve fundamentación sobre
la existencia del hecho u omisión que se investiga.
2. Relación de las normas
presuntamente infringidas.
3. La orden de las pruebas que
se consideren conducentes y la facultad para que el funcionario instructor
practique las que a su juicio sean pertinentes.
4. La orden de informar a la
Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación sobre la
apertura de la investigación.
5. La orden de informar a la
respectiva oficina de personal del comando de Fuerza sobre la apertura de
investigación.
6. La orden de informar al
inculpado de la apertura de investigación y de los derechos que le asisten.
ARTICULO 167.- SECRETARIO. Posesionado el funcionario
investigador podrá designar un secretario para actuar en las diligencias.
ARTICULO 168.- TÉRMINO. El funcionario investigador
deberá perfeccionar las diligencias en el término de veinte (20) días hábiles,
prorrogables hasta otro tanto cuando se deban practicar pruebas fuera del lugar
donde se adelanta la investigación, fueren tres (3) o más los inculpados o las
necesidades del servicio así lo determinen.
ARTICULO 169.- MEDIOS
PROBATORIOS. En
desarrollo del principio de la investigación integral, el funcionario de
instrucción practicará y allegará todas las pruebas comisionadas y las que de
oficio considere conducentes para la investigación.
ARTICULO 170.- VERSIÓN LIBRE Y
ESPONTÁNEA. En
desarrollo de la investigación y por solicitud del investigado, el funcionario
de instrucción lo escuchará en versión libre y espontánea o podrá decretar esta
prueba oficiosamente. Al presunto infractor se le harán saber sus derechos.
ARTICULO 171.- ESTUDIO Y
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Recibida la investigación disciplinaria por el superior
competente, este procederá a su estudio. Si encuentra que el funcionario
instructor dejó de practicar pruebas, lo comisionará nuevamente para que las
practique en un término no superior a quince (15) días.
Si no hubiere pruebas que
practicar, o practicadas las ordenadas en la ampliación, mediante auto de
sustanciación, el superior con atribuciones para sancionar declarará cerrada la
investigación y procederá a su evaluación, que podrá concluir en: formulación
de cargos, archivo definitivo, o imposición de sanción menor, caso este último
en el cual únicamente procede el recurso de reposición.
La evaluación debe hacerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cierre de la investigación
pero cuando fueren tres (3) o más los investigados el término será de veinte
(20) días hábiles.
ARTICULO 172.- CESACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.- Cuando no existiere mérito para la formulación de cargos ni para
la aplicación de una sanción menor, o cuando se demuestre que la conducta no
existió, que no es constitutiva de falta disciplinaria o que la acción no podía
iniciarse o proseguirse por prescripción o muerte del inculpado cuando se trate
de uno solo, o cuando se presente alguna de las causales de exclusión de
responsabilidad previstas en este reglamento, el superior competente dictará
auto de cesación de procedimiento, motivado, y ordenará el archivo definitivo
del expediente.
Contra este auto no procede
recurso alguno.
PARAGRAFO. Si fueren varios los inculpados
y sólo existiere mérito para formular auto de cargos a alguno o algunos de
ellos, se continuará la acción respecto de estos.
ARTICULO 173.- FORMULACIÓN DE
CARGOS. Dicho
superior competente formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la
falta y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio
probatorio que comprometa la responsabilidad del investigado.
Contra este auto no procede
recurso alguno.
El auto de cargos debe
contener:
1. Medio por el cual se han
conocido los hechos y narración sucinta de los mismos.
2. Breve indicación del soporte
probatorio de cada uno de los hechos.
3. La identificación del
posible autor o autores de la falta o faltas, señalando el grado y el cargo
desempeñado para la época de los hechos, así como la fecha o época aproximada
de ocurrencia de los mismos.
4. Análisis de las pruebas que
establezcan la comisión de la falta o faltas, por cada uno de los cargos.
5. Análisis de las pruebas que
establezcan la presunta responsabilidad y culpabilidad del disciplinado, por
cada uno de los cargos.
6. Determinación jurídica de la
naturaleza de la falta con indicación de la norma que la contiene.
PARAGRAFO. Cuando fueren varios los investigados
se hará análisis por separado para cada uno de ellos.
ARTICULO 174.- TÉRMINO PARA
PRESENTAR DESCARGOS. El auto de cargos se notificará personalmente al investigado
informándole que dispone de un término de seis (6) días, contados a partir del
siguiente de su notificación o de la desfijación del edicto, para presentar sus
descargos, solicitar o aportar pruebas, si lo estima conveniente. Durante ese
término el expediente permanecerá a su disposición.
ARTICULO 175.- JUZGAMIENTO DEL AUSENTE.
Si ante la ausencia del investigado la notificación del auto de cargos se
surtió por edicto, cumplidos los términos legales para responder dicho auto se
dejarán las constancias respectivas y de inmediato se procederá a designar un
defensor de oficio, a quien se le notificará del auto de cargos, debiendo
responderlo en el término de seis (6) días y con quien se continuará el trámite
procesal.
ARTICULO 176.- TÉRMINO
PROBATORIO.
Vencido el término para presentar descargos, el superior competente para fallar
tendrá hasta cinco (5) días para decretar las pruebas pedidas y las que de
oficio considere conducentes, y hasta veinte (20) días para su práctica por sí
o por intermedio del funcionario de instrucción, pero si fueren más de tres (3)
los disciplinados, el término se ampliará hasta treinta (30) días.
ARTICULO 177.- TÉRMINO PARA
FALLAR.
Vencido el período probatorio o de no haber pruebas que practicar, el
funcionario competente proferirá decisión de fondo dentro del término de diez
(10) días. En caso de que los investigados sean tres (3) o más el término se
ampliará en diez (10) días más.
ARTICULO 178.- REQUISITOS DEL
FALLO. El
fallo debe ser motivado y contendrá:
1. La identidad del
investigado.
2. Resumen de los hechos.
3. Un análisis jurídico
probatorio, fundamento del fallo.
4. El análisis y la valoración
jurídica de los cargos imputados y de los descargos. Si fueren varios los
acusados se hará por separado.
5. La calificación de la falta.
6. El análisis de la
culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o
de la absolución.
8. La exposición fundamentada
de los criterios utilizados para determinar la graduación de la sanción.
9. La decisión.
ARTICULO 179.- RECURSO Y
CONSULTA. El
recurso de apelación y la consulta procederán en los términos de este reglamento.
T I T U L O IX
CAPITULO I
SEGUNDA INSTANCIA
ARTICULO 180.- COMPETENCIA PARA LA SEGUNDA
INSTANCIA. Corresponde al Comandante General de las Fuerzas Militares
conocer por apelación o consulta, en los términos de este reglamento.
En los procesos ordinarios
contra el Jefe de Estado Mayor Conjunto y Comandantes de Fuerza, conocerá en
segunda instancia el Ministro de Defensa Nacional, y el Presidente de la
República cuando el proceso se adelante contra el Comandante General de las
Fuerzas Militares.
La apelación se surte en el
efecto suspensivo y se interpone de palabra en el momento de la notificación, o
por escrito dentro de los cuatro (4) días siguientes.
ARTICULO 181.- TERMINO PARA
EMITIR EL FALLO. El Comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de
Defensa Nacional o el Presidente de la República, según el caso, disponen de
diez (10) días hábiles para emitir el fallo respectivo.
El funcionario de segunda
instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere
indispensables para la decisión, dentro de un término de diez (10) días hábiles
libres de distancia, pudiendo comisionar para su práctica.
ARTICULO 182.- COMPETENCIA DEL SUPERIOR.
El recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia de una
investigación ordinaria otorga competencia al funcionario de segunda instancia
para revisar el proceso disciplinario en su integridad.
CAPITULO II
LECTURA Y EJECUCIÓN DEL FALLO
ARTICULO 183.- LECTURA DEL
FALLO. Una vez
ejecutoriado el fallo definitivo, el fallador de primera instancia por sí o a
través de quien designe, procederá a convocar a una reunión del personal
militar más antiguo que el investigado, con el fin de dar lectura a la
providencia absolutoria o sancionatoria.
ARTICULO 184.- EJECUCIÓN DE LA
SANCIÓN. La
sanción impuesta se hará efectiva al recibo de copia de los fallos debidamente
ejecutoriados por:
1. El superior con atribuciones
disciplinarias del sancionado.
2. El nominador para efectos de
separación absoluta y suspensión.
ARTICULO 185.- ANOTACIÓN. Toda sanción disciplinaria
deberá quedar registrada en el respectivo folio de vida, aun en caso de que el
sancionado ya no esté vinculado a la entidad, y copia de los fallos se remitirá
a la Oficina de Registro de Antecedentes de la Procuraduría General de la
Nación.
ARTICULO 186.- LAPSOS NO
LABORADOS. El
personal que se retarde en cuanto a los permisos, licencias, vacaciones o
presentaciones, sin causa justificada, no tendrá derecho a que se le liquiden
los correspondientes haberes o bonificaciones durante este lapso, sin perjuicio
de las acciones penal o disciplinaria a que hubiere lugar.
ARTICULO 187.- VIGENCIA DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Para efectos de antecedentes laborales y de reincidencia, solo se
tendrán en cuenta las sanciones disciplinarias que hayan sido impuestas en los
últimos cinco (5) años.
T I T U L O XI
VIGENCIA Y DEROGATORIA
ARTICULO 188.- VIGENCIA Y
DEROGATORIA.
El presente decreto rige a partir del 1° de... 2001 y deroga todas las normas
que le sean contrarias. Las investigaciones que se hayan iniciado bajo la
vigencia de normas anteriores continuarán adelantándose según tales normas.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C. a los 14
de septiembre de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Defensa
Nacional,
Luis Fernando Ramírez Acuña.
III. LA DEMANDA
Afirma el actor que el decreto acusado
vulnera los artículos 4,  6,  150-1,  150-2,  150-10,  189-11  y  189-16 de  la
Constitución. Según  su  parecer,  el
Congreso, mediante la Ley 578 de 2000,
irregularmente facultó al Presidente de la República para que reformara la Ley
200 de 1995 (Código Disciplinario Único), en sus artículos 20 y 177, a fin de
exceptuar de la órbita procesal de dicha normatividad a los miembros de la
Fuerza Pública. Para el demandante, existió entonces yerro sustancial y formal
por parte del Congreso, al desbordar sus atribuciones en la Ley 578 de 2000; y
de contera, agrega el actor, el Gobierno incurrió en yerro supremo material y
formal en la expedición del decreto acusado.
El demandante explica que no puede el
Presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por
el Congreso, legislar sobre temas exclusivos del mismo Congreso, quien es el
único facultado para hacer leyes y reformar sus propios actos. Así las cosas,
considera que la Ley 200 de 1995 sólo puede ser reformada o derogada por
ministerio de otra ley, expedida por el mismo ente legislativo.
Además, aduce el actor que la Ley 200 de 1995
es una normatividad con el carácter de código, ya que en ella se hace una
compilación procesal y sustancial de normas dirigidas a dinamizar los procesos
disciplinarios contra servidores públicos. Además, anota que al Ejecutivo le
está vedado expedir códigos, según prohibición expresa contemplada en el
artículo 150, numeral 10, de la Constitución. Por ello, el decreto acusado es
inconstitucional, puesto que modifica un código.
Finalmente, agrega el actor que las Fuerzas
Militares deben aplicar dos tipos de normas para instruir sus procesos
disciplinarios, a saber: en la parte sustantiva, el decreto-ley 085 de 1989, y
en la parte procesal, la Ley 200 de 1995, normas que conforman la totalidad de
la legislación en esta materia y componen un código disciplinario especial,
cuya reforma es exclusiva del Congreso.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención de la Defensoría del
Pueblo
El ciudadano Sergio Roldán Zuluaga, en
representación de la Defensoría del Pueblo, intervino en el asunto de la
referencia, en aras de defender la constitucionalidad del decreto acusado.
Según su parecer, la propia Constitución, en el inciso 3 del artículo 217,
establece que la ley determinará el sistema de reemplazos en las fuerzas
militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros, y el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es
propio. En este sentido, señala el interviniente, siendo el decreto acusado un
decreto-ley, está facultado para modificar la Ley 200 de 1995, en cuanto al procedimiento
aplicable a los procesos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas
Militares.
De otro lado, afirma el ciudadano, dada la
naturaleza y funciones de las Fuerzas Militares, no existe obstáculo normativo
alguno para la existencia de un derecho disciplinario militar. Además, explica
que según el parágrafo del artículo 3º de la Ley 578 de 2000, los decretos
legislativos que se dicten en desarrollo de las facultades conferidas por esa
ley, no serán considerados códigos. Por ello concluye que el decreto acusado no
vulnera la prohibición constitucional de expedir códigos por medio de
facultades extraordinarias, ni desborda las facultades otorgadas al Presidente.
2. Intervención del Ministerio de Defensa
Nacional
La ciudadana Blanca Cecilia Mora Toro, en
representación del Ministerio de Defensa Nacional, interviene en favor de la
constitucionalidad de la normatividad  acusada.  Según  su  parecer,  en
realidad  el  demandante  está
cuestionando la constitucionalidad de la Ley
578 de 2000, por medio de la cual se revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para expedir, entre otros, el decreto acusado. Pero,
explica, esa ley ya fue objeto de revisión por parte de la Corte
Constitucional, y por lo tanto, existe sobre ella una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada. De otro lado, estima que no hubo extralimitación,
puesto que correspondía al Presidente, en estricto cumplimiento de lo dispuesto
por el órgano legislativo, expedir las normas sobre régimen disciplinario de
las Fuerzas Militares, facultades que le otorgaba la propia Ley 578 de 2000.
En su parecer la razón fundamental para que
los integrantes de la Fuerza Pública gocen de un régimen especial, radica en la
particular función que cumplen, lo cual les hace diferentes de los demás
servidores públicos enmarcados dentro de la Ley 200 de 1995.
Además, según su criterio, los decretos
extraordinarios o decretos leyes son actos de carácter legislativo, que no
obstante tener que respetar la ley de facultades, pueden modificar o derogar, a
su vez, otras leyes. En este sentido, es la propia Constitución la que autoriza
al poder legislativo para conferirle facultades extraordinarias al ejecutivo
para expedir reglamentos de regímenes disciplinarios especiales, como el de la
Fuerza Pública, para lo cual el decreto en cuestión unificó la parte sustancial
y procedimental, respetando siempre los principios fundamentales del Código
Disciplinario Único.
Por último, advierte la interviniente que, en
la actualidad, se tramita ante el Congreso un proyecto por medio del cual se
modifica la Ley 200 de 1995. Este proyecto retira de su articulado las
disposiciones que hacen relación a la Fuerza Pública, lo cual, según su
parecer, constituye un antecedente favorable para la decisión que tome la Corte
Constitucional frente a la normatividad demandada.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
Mediante concepto No. 2448, recibido el 22 de
febrero de 2001, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón,
solicita a la Corte la declaración de exequibilidad del libro I del decreto
1797 de 2000, así como la inexequibilidad del libro II del mismo decreto (arts.
87 a 187)
Empieza el Procurador advirtiendo que, por
disposición constitucional, los miembros de la Fuerza Pública deben tener un
régimen disciplinario especial, acorde con las funciones que desempeñan. Así,
pues, explica el Ministerio Público, los miembros de la Fuerza Pública han de
regirse por dos clases de disposiciones en materia sancionatoria: las que hacen
parte de sus estatutos especiales, a saber, el decreto 085 de 1989 y las
contenidas en el Código Disciplinario Único en su parte procedimental. Sin
embargo, lo anterior no obsta para que los miembros de la Fuerza Pública
también puedan ser sancionados por la parte general del Código Disciplinario
Único, si cometen las infracciones en él tipificadas.
Desde la perspectiva anterior, el Procurador
considera que el decreto 085 de 1989, al no reunir las características propias
de un Código, es decir, al no ser un conjunto de normas que regulan de manera
metódica, completa, sistemática y coordinada las instituciones constitutivas de
una rama específica del derecho, podía ser sustituido por el decreto acusado.
Por el contrario, según su parecer, no sucede
lo mismo con el Código Disciplinario Único, norma que ha sido calificada como
un código, calificación que exige que las reformas que a él se pretendan
introducir, han de ser efectuadas directamente por el Congreso de la República,
en tanto legislador ordinario. Como consecuencia de ello, y en razón de la
prohibición expresamente contenida en el artículo 150-10 de la Constitución, el
Procurador concluye que el Presidente no podía modificar el régimen
procedimental de la Ley 200 de 1995 en su artículo 177, lo cual hace
inconstitucionales esos apartes del decreto acusado.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241, numeral 5, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer de la constitucionalidad del Decreto 1797 de 2000, “por el cual se
expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”,
ya que se trata de una demanda ciudadana contra un decreto dictado por el
Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias.
2. Lo que se debate
Corresponde a la Corte establecer si el
decreto acusado contraviene la prohibición constitucional de expedir códigos en
ejercicio de facultades extraordinarias, puesto que en opinión del demandante a
través de sus  preceptivas el Ejecutivo le introdujo modificaciones al Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Militares, contenido en el Código Disciplinario
Único (Ley 200 de 1995) y en el Decreto-Ley 085 de 1989.
Según los intervinientes el decreto censurado
se ajusta a la Carta, puesto que por mandato expreso de la Constitución
Política las Fuerzas Militares deben contar con un régimen disciplinario
propio, motivo por el cual bien podía el Gobierno, en ejercicio de facultades
extraordinarias, expedir un reglamento disciplinario especial que no
constituyera un código.
Por su parte, el Jefe del Ministerio Público
considera que el decreto que se demanda se ajusta a la Carta Política, con
excepción de su  Parte II,  que al haber adoptado reglas especiales de
procedimiento en materia disciplinaria para los miembros de las Fuerzas
Militares, modificó el Código Disciplinario Único en contra de la prescripción
contenida en el canon 150-10 Superior, que prohíbe revestir al Presidente de la
República de atribuciones excepcionales para legislar con el fin de dictar
códigos.
Con el objeto de despejar los interrogantes
que plantea la demanda, se hace necesario establecer, en primer término, un
marco general donde se precise el sentido y alcance del régimen disciplinario
especial para las Fuerzas Militares. En segundo lugar, debe determinarse en qué
consiste la prohibición constitucional de reformar códigos a través de
facultades extraordinarias. Sentadas estas premisas se procederá al análisis de
los cargos de inconstitucionalidad contra el Decreto 1797 de 2000.
3. Sentido y alcance del régimen
disciplinario especial para las Fuerzas Militares
De conformidad con lo preceptuado en el
artículo 217 de la Constitución Política, las Fuerzas Militares, cuya finalidad
primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio y del orden constitucional, deben contar con un régimen especial en
materia disciplinaria que le sea propio.
Para la jurisprudencia constitucional, el
significado de ese régimen especial de carácter disciplinario estriba en la
existencia de un singular conjunto normativo aplicable a los miembros de las
Fuerzas Militares, en el que se establecen las faltas, las sanciones, los
funcionarios competentes para imponerlas y el trámite que debe seguir el
respectivo proceso, incluido el señalamiento  de los términos, las actuaciones
y los medios de impugnación etc. [1]
Pero también se ha dicho que la diferencia
específica de este régimen especial con el  estatuto disciplinario general para
los servidores públicos consiste en la descripción de las conductas
constitutivas de falta disciplinaria y en el catálogo de sanciones a imponer,
dada  la índole de las funciones que están llamados a desempeñar los miembros
de las Fuerzas Militares las cuales no se identifican con las de ningún otro
organismo del Estado.[2]
En lo sustantivo dicho régimen se encontraba
consignado en el Decreto Ley 085 de 1989, en el cual fue subrogado por el
Decreto  1797 de 2000 bajo revisión. Y en lo que respecta a los procedimientos,
el régimen disciplinario especial se rige por lo normado en la Ley 200 de 1995,
Código Único Disciplinario, cuyo artículo 175, al preservar la vigencia de los
regímenes disciplinarios especiales para los miembros de la Fuerza Pública,
dispone que en los procesos disciplinarios  que se adelanten contra estos
servidores se aplicará el procedimiento señalado en dicho estatuto, cualquiera
sea la autoridad que adelante la investigación.
Al examinar el artículo 175 del CDU, la Corte
consideró que la medida consistente en hacer extensivas a los miembros de la
Fuerza Pública en general  las reglas de procedimiento previstas en ese
ordenamiento legal, obedeció a la necesidad de establecer una unidad en esta
materia para efectos  de la determinación de la responsabilidad disciplinaria,
toda vez que los aspectos procesales pueden ser objeto de regulaciones comunes
aplicables para investigar y sancionar la conducta de cualquier servidor
público incurso en una infracción de tal naturaleza.[3]
Lo anterior permite concluir que en virtud de
la autorización constitucional para  expedir un régimen especial  disciplinario
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, el legislador goza de amplio
poder de configuración en esta materia que lo habilita para regular lo
concerniente al señalamiento de las conductas constitutivas de falta
disciplinaria, las sanciones a imponer y el trámite procedimental que debe
observarse para su aplicación, aspecto éste que según se anotó, se gobierna por
las disposiciones procesales previstas en la Ley 200 de 1995 o Código
Disciplinario Único.
4. La prohibición constitucional de
modificar códigos por medio de facultades extraordinarias
El segundo aspecto que debe ser dilucidado
por la Corte consiste en establecer el sentido y alcance de la prohibición
constitucional  consagrada en el artículo150-10 de la Carta, de expedir códigos
a través del ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de
la República, por cuanto en criterio del demandante el Ejecutivo al dictar el
decreto censurado desconoció el aludido mandato fundamental, ya que mediante
este ordenamiento jurídico, que contiene el reglamento de régimen disciplinario
para las Fuerzas Militares, le introdujo enmiendas esenciales al Código
Disciplinario Único.
La jurisprudencia constitucional ha venido
decantando una doctrina en torno a la mencionada prohibición y así ha llegado a
admitir que no toda modificación que se le introduzca a los códigos por
intermedio de un decreto de facultades extraordinarias implica una infracción
directa al canon 150-10 de la Constitución, salvo que la enmienda afecte
significativamente la estructura normativa de esta clase de legislación o
consista en una regulación que  presente  las  características  que  son
propias  de  los códigos, a saber, la
unificación y armonización de determinada
materia con sujeción a unos principios comunes a fin de brindar la debida
seguridad jurídica, caso en el cual se configura la inconstitucionalidad.
En la Sentencia C-077 de 1997, cuyos
planteamientos prohíja esta Corporación para los fines del presente
pronunciamiento, la Corte  dijo sobre este particular lo siguiente:
“Como quedó definido en las sentencias
C-252/94[4]
y C-296/95[5],
no toda reforma a la legislación que toque de algún modo con una materia
regulada en un código, se encuentra limitada por el precepto del art. 150-10 de
la Constitución que prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias para
la expedición de códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios
esenciales o las modificaciones de cierta envergadura o magnitud que
comprometen su estructura normativa. Por lo tanto, no están cobijadas por la
prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no
afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación
sistemática e integral de una materia. Además, es del resorte del legislador
determinar las circunstancias bajo las cuales la regulación de una materia determinada
debe cumplir con la forma propia de un código, e incluso puede descodificarla.
Así, por ejemplo, en la sentencia C-064/97[6]
la Corte consideró que el Estatuto de Registro (decreto 1250/1970) era una
materia descodificada y que por lo tanto no formaba parte del Código Civil y,
en tal virtud, el legislador podía conceder facultades para su reforma”.
Bajo estas consideraciones, procede indagar
si en el asunto bajo revisión el reglamento de régimen disciplinario para las
Fuerzas Militares, adoptado por medio del Decreto 1797 de 2000, le introdujo
modificaciones sustanciales al Código Disciplinario Único, en cuanto respecta
al trámite procedimental para el juzgamiento de los miembros de dicha
institución, desconociendo la prohibición constitucional prevista en el
artículo 150-10 de la Carta Política.
5. El caso concreto
Antes de decidir el cuestionamiento central
de la demanda, la Corte considera pertinente hacer las siguientes observaciones
sobre los límites temporales y materiales dentro de los cuales se produjo la
expedición del Decreto 1797 de 2000, bajo revisión:
La Ley 578 de 2000, preceptúa:
“LEY 578 DE 2000
(marzo 14)
“por medio de la cual se reviste al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas
relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional.
“El Congreso de Colombia,
“Decreta:
“Artículo 1º. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses, contados a
partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas de
carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud
psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del
soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la
Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional
así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el
reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía
Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la
Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
“Artículo 2º. En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el
artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o
adicionar entre otros los siguientes decretos: 1211/90, 85/89, 1253/88, 94/89,
2584/93, 575/95, 354/94, 572/95, 1214/90, 41/94, 574/95, 262/94, 132/95,
352/97, 353/94 y las demás normas relacionadas con la materia.
“Artículo 3º. Las Mesas Directivas de ambas Cámaras designarán una comisión
especial integrada así: cinco (5) Senadores de la República y cinco (5)
Representantes a la Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas
facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos
definitivos de los decretos de reestructuración. De la comisión de redacción de
la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su
delegado.
“Parágrafo. Los decretos legislativos que se dicten en desarrollo de estas
facultades no serán considerados códigos.
“Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación."[7]
Desde el punto de vista temporal encuentra la
Corte que el Decreto que se examina no presenta vicio alguno de
inconstitucionalidad, toda vez que al haberlo expedido el 14 de septiembre de
2000, el Ejecutivo cumplió con el término  que para tal efecto le había
señalado la ley habilitante que era de seis (6) meses a partir de su
promulgación, hecho ocurrido el día 15 de marzo de 2000, según consta en el
Diario Oficial año CXXXV, No. 43934, página 56.
Así  mismo,  desde  el punto de vista
material, se aprecia que el Decreto 1797
de 2000, tal como lo anuncia su epígrafe,
establece el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares,
en consonancia con la autorización que al efecto le fue impartida al Gobierno
en el artículo 1° de la Ley 578 de 2000, subrogando las disposiciones del
Decreto 085 de 1989, según la facultad que en este sentido le otorgó al
Gobierno el artículo 2° de la citada normatividad.
Ahora bien, al revisar el contenido normativo
del Decreto 1797 de 2000, advierte esta Corte que algunas de sus preceptivas no
vulneran la prohibición constitucional de enmendar Códigos mediante facultades
extraordinarias, toda vez que se trata de regulaciones que consagran normas
sustantivas que prescriben las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables
a los miembros de las Fuerzas Militares, asuntos que según se señaló en acápite
precedente, bien pueden estar contemplados en un ordenamiento jurídico singular
como lo es el decreto impugnado.
En efecto,  el Libro Primero del
Decreto 1797 de 2000 (artículos 1° a 86), contiene la parte sustantiva del
reglamento de régimen disciplinario para las fuerzas militares, donde se
especifican los principios rectores,  su ámbito de aplicación, las normas
militares de conducta, las órdenes, los estímulos, las faltas, las sanciones,
los correctivos, la exclusión de responsabilidad, la extinción de la acción,
las atribuciones disciplinarias y la competencia, aspectos éstos que por su
particularidad podían ser regulados por el Ejecutivo haciendo uso de facultades
excepcionales para legislar, como en efecto lo hizo al dictar la normatividad
que se demanda.
Por el contrario, encuentra esta Corporación
que el conjunto de disposiciones que integran el Libro Segundo son de clara
estirpe procesal en la medida en que regulan la actuación  que debe ser
observada por la autoridad competente a efectos de juzgar las infracciones
disciplinarias cometidas por los miembros de la Fuerza Pública, lo cual
conlleva una modificación en esta materia al Código Disciplinario Único, en
contravía de la prohibición del artículo 150-10 Superior, de emplear las
facultades extraordinarias para estos propósitos.
Ciertamente, las normas contenidas en el
Libro Segundo (artículos 87 a 187) sobre actuación procesal; acción
disciplinaria; impedimentos y recusaciones; sujetos procesales; providencias,
notificaciones y términos; recursos y consulta, pruebas y nulidades; suspensión
provisional; procedimientos; segunda instancia; lectura  y ejecución del fallo
constituyen, indudablemente,  reglas de trámite procedimental que, por tal
razón, reforman de manera significativa la estructura del Código Disciplinario
Único, por cuanto alteran el propósito plasmado en el artículo 175 de la Ley
200 de 1995, de aplicar el procedimiento  previsto en este ordenamiento a los
miembros de las Fuerzas Militares, motivo por el cual se encuentran afectadas
de inconstitucionalidad, y así lo declarará la Corte Constitucional en la parte
resolutiva de esta providencia.
Finalmente, es deber de esta Corte señalar
que los efectos de cosa juzgada que acompañen a este pronunciamiento, se
limitan al análisis de los cargos formulados por el actor contra el Decreto Ley
1797 de 2000, relacionados con el ejercicio indebido de las facultades
extraordinarias.
VII . DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
Declarar EXEQUIBLE el Libro Primero, que inicia en el artículo 1° y
finaliza en el artículo 86, del Decreto Ley 1797 de 2000.
Segundo.
Declarar INEXEQUIBLE el Libro Segundo, que inicia en el artículo 87 y
finaliza en el artículo 187, del Decreto Ley 1797 de 2000.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, HACE
CONSTAR
Que el H. Magistrado Marco Gerardo Monroy
Cabra, no firma la presente sentencia por haber presentado excusa para no
asistir a Sala Plena del cinco (5) de julio del presente año.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento Parcial de voto a la Sentencia C-713/01
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Reformas que no afectan estructura de códigos
(Salvamento parcial de voto)
REGIMEN DISCIPLINARIO-No distinción entre aspecto sustancial y procesal
(Salvamento parcial de voto)
Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández
Expediente D-3329
Demanda de inconstitucionalidad contra el
Decreto Ley 1797 de 2000.
Actor: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
Con el acostumbrado respeto, me aparto de la posición
mayoritaria de la Corte acogida en la presente sentencia. Manifiesto las
razones por las cuales salvo parcialmente mi voto, de la siguiente manera:
El texto demandado (Decreto Ley 1797 de 2000)
establece las normas de disciplina y ética para los miembros de las Fuerzas
Militares, determinando el desarrollo de la acción disciplinaria, a través del
señalamiento de los principios rectores, faltas y sanciones, acompañadas del
procedimiento o trámite para acusar, investigar y sancionar a los infractores.
La Corte decidió que el libro primero del
citado Decreto Ley era exequible, mientras que declaró inexequible el libro
segundo[8],
por modificar el Código Disciplinario Unico al crear un procedimiento
para las sanciones disciplinarias de los miembros de las Fuerzas Militares
cuando sólo podía expedir un estatuto disciplinario sustancial. Contrario a lo
resuelto por la Corte en la presente sentencia, con el debido respeto considero
que el Libro Segundo debió ser declarado exequible por las siguientes razones:
1. En cuanto a la modificación del Código
Disciplinario Unico por crear un procedimiento para las sanciones
disciplinarias de los miembros de las Fuerzas Militares, se considera:
Esta Corporación ha sostenido que la
prohibición consagrada en el inciso 3º numeral 10 del artículo 150 de la Carta
Fundamental, prohibe no sólo conferir facultades extraordinarias para expedir
códigos, sino que igualmente excluye las modificaciones y adiciones que alteren
su esquema fundamental, es decir, las normas que de manera completa, coordinada
y sistemática regulan las instituciones de una rama del derecho[9]. Por lo tanto, la Corte
ha estimado que las modificaciones a un código en ejercicio de facultades
extraordinarias, no vulneran la prohibición del artículo 150-10, siempre que su
estructura general y su esencia permanezcan incólumes[10].
En el presente caso, la modificación
realizada por el Decreto Ley 1797 de 2000 a los artículos 175 y 177 del Código
Disciplinario Unico (CDU), no compromete ni altera la estructura y esencia de
este último, cuyos principios, instituciones y procedimientos se mantienen
intangibles; por el contrario, desarrolla un mandato constitucional (artículo
217 C.P), que ordena crear un régimen especial disciplinario, aún en asuntos
sustanciales y procedimentales[11]
para los miembros de las Fuerzas Militares. Aunque dicho régimen especial
prevalezca sobre el general, no conduce a una modificación esencial del citado
ordenamiento, ya que no se está desconociendo o comprometiendo la estructura
normativa de las instituciones del Derecho Disciplinario sino regulando con
carácter especial una materia específica.
2. Para la Corte, mediante el Decreto Ley
1797 de 2000, tan sólo se podía expedir o modificar el aspecto sustancial
del estatuto disciplinario de los miembros de las Fuerzas Militares pero no el aspecto
procedimental. Al respecto se considera:
-
La Constitución Política en su artículo 217[12], no distingue entre un
régimen disciplinario especial de naturaleza sustancial y otro procedimental,
por el contrario, ordena su creación sin distinción alguna, evento por el cual,
el interprete y garante de la Constitución no puede hacer distinciones cuando
la Carta Fundamental no las hace, más allá de la existencia de una
diferenciación de carácter legal (artículo 175).
-
La Corte en la sentencia C-310 de 1997 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual declaró exequible el artículo 175 del CDU,
estimo que el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de tales
sanciones disciplinarias, “puede ser igual o similar al que rige para
los demás servidores públicos[13]”,
es decir, al consagrado en el CDU, evento por el cual, en la citada
providencia, se estima que el legislador ordinario o extraordinario puede
modificar el régimen procedimental y establecer uno similar, como en el citado
caso[14].
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Salvamento
de voto a la Sentencia C-713/01
REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES-Especialidad (Salvamento de voto)
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
MILITARES-Contenido sustancial y procedimental
(Salvamento de voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES-Contenido
sustancial y procedimental (Salvamento de voto)
CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Norma legal ordinaria (Salvamento de voto)
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
MILITARES-Adopción de procedimientos (Salvamento de
voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-No afectación de esencia ni modificación de aspectos estructurales
de un código/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Reforma de elementos de un
código (Salvamento de voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Modificación de procedimiento de un código (Salvamento de voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Exclusión de destinatarios de un código (Salvamento de voto)
REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS
FUERZAS MILITARES-Facultades para modificación de
procedimiento (Salvamento de voto)
NORMAS DE REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL
DE LAS FUERZAS MILITARES-Concepto de reglamento
(Salvamento de voto)
REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
MILITARES-No constituye un código (Salvamento de
voto)
Referencia:
expediente D-3329
Demanda de
inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1797 de 2000, “Por el cual se
expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
Actor: Miguel Arcángel
Villalobos Chavarro
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Con el debido
respeto, salvamos nuestro voto por las siguientes razones:
1. Estimamos que el problema jurídico que debía
resolver la Corte era si hubo exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias para expedir el reglamento de disciplina de las Fuerzas
Militares. Para abordar el problema la Corte ha debido analizar varias
preguntas: a) ¿puede haber un régimen disciplinario especial para las Fuerzas
Militares? b) ¿cuáles son las materias que puede comprender dicho régimen en
caso de que sea constitucionalmente permitido? c) ¿puede un decreto legislativo
regular dichas materias o éstas son de reserva del legislador ordinario? d) ¿el
ámbito de las facultades extraordinarias desarrolladas por el decreto demandado
cobijaba tan solo algunas de estas materias y por lo tanto la regulación de
todas ellas representa, en lo pertinente, un exceso en el ejercicio de dichas
facultades?
El análisis constitucional de la
sentencia y de la discusión en Sala Plena se centró en la tercera pregunta y
quizás ello condujo a una interpretación que no compartimos acerca de los
límites que tenía el legislador extraordinario cuando ejerció las facultades
que le confirió la Ley 578 de 2000. Nos apartamos de dicha interpretación
porque contradice la jurisprudencia sostenida de la Corte Constitucional y no
es consistente con las premisas en que se funda la opinión mayoritaria.
2. Estimamos que el decreto era exequible
porque esa es la conclusión inevitable de una respuesta a las preguntas
enunciadas basada en el texto de la Constitución y en la jurisprudencia de esta
Corte.
2.1 Respecto de la pregunta a), no hay duda
de que la Constitución autoriza de manera expresa que exista un régimen
disciplinario especial para las Fuerzas Militares. Así lo dispone el artículo
217 de la Carta.
2.2 Respecto de la pregunta b), dicho régimen
puede comprender tanto aspectos sustanciales como procedimentales. Del texto de
la Constitución no se puede concluir que el régimen disciplinario especial tan
sólo abarque una de estas dos materias. Tampoco se puede deducir ello de la
jurisprudencia de esta Corte. La sentencia citada en la providencia no exige
que el régimen disciplinario especial se limite a aspectos sustanciales.
Claramente permite que el legislador ordinario someta los aspectos sustanciales
a normas especiales y los aspectos procedimentales a normas comunes a todos los
servidores públicos. La Corte en esa oportunidad declaró exequible el art. 175
del Código Disciplinario Unico que lo permitía, pero no hizo imperativo que
siempre fuera así.
2.3 Respecto de la pregunta c), ni del texto
de la Constitución ni de la jurisprudencia de esta Corte se puede concluir
tampoco que el legislador extraordinario sólo puede ocuparse de los aspectos
sustanciales, mas no de los procedimentales del régimen disciplinario especial.
La Corte en la providencia de la cual nos apartamos llega a una conclusión
contraria con fundamento en el art. 175 citado, dándole un alcance que no tiene
y contrariando la jurisprudencia sostenida de esta Corte.
2.3.1 El artículo 175 de Código Disciplinario
Unico es tan sólo una norma legal ordinaria. El hecho de que pertenezca a un
cuerpo normativo denominado código no le otorga un rango supralegal ni lo
convierte en un referente normativo al cual esté obligado a someterse el
legislador extraordinario. Tampoco ha sido su rango elevado a un nivel superior
al de la ley por el hecho de que la Corte Constitucional lo haya declarado
exequible. En la sentencia de la cual nos apartamos se le ha conferido a dicho
artículo una jerarquía superior al de la ley. Por eso, se convierte en el
criterio determinante de lo que es exequible o inexequible. Así, se concluye
que el libro primero del decreto legislativo, al no regular procedimientos, es
exequible, mientras que el libro segundo que se ocupa del procedimiento
disciplinario especial aplicable a las Fuerzas Militares es inexequible.
Se aduce que dicho artículo si es un límite
al legislador extraordinario porque la Constitución prohíbe que mediante
decretos legislativos se expidan códigos. Nos apartamos de este argumento. El
decreto demandado se limita a dictar las normas especiales del orden
disciplinario aplicables a las Fuerzas Militares. La regulación de esta materia
es completa y desarrolla los criterios que esta Corte había sentado en la misma
sentencia que ahora es invocada por la mayoría para justificar la
inexequibilidad. En ella se dice expresamente que el régimen especial que
después de haber entrado en vigor el Código Disciplinario Unico sea adoptado
para la Policía Nacional o las Fuerzas
Militares puede comprender principios rectores, faltas disciplinarias,
autoridades disciplinarias competentes y procedimiento disciplinario. Dijo la
Corte:
“La existencia de
estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos normas que se
identifican con las de estatutos de carácter general o remitirse a normas que
regulen materias semejantes, por el contrario, si ellas sustentan su contenido
la reiteración es pertinente. Los principios rectores del proceso
disciplinario - debido proceso, principio de legalidad, principio de
favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de
la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, etc.-
deben necesariamente identificarse, cualquiera que sea el régimen al que se
pertenezca, pues se han instituido para garantizar al servidor público, objeto
de investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el
adelantamiento del proceso respectivo.
Como lo que pretende el
demandante es que se elimine el régimen especial y, en consecuencia, se aplique
la totalidad de las normas del Código Disciplinario Unico a los miembros de la
Fuerza Pública, basta recordar, como ya se expuso en párrafos anteriores, que
es la misma Constitución la que autoriza al legislador para expedir el régimen
especial disciplinario aplicable a los miembros de la Fuerza Pública; y que el
legislador, de acuerdo con una política preestablecida, goza de autonomía y
cierta discrecionalidad para describir las conductas que constituyen falta
disciplinaria, las sanciones imponibles y el procedimiento que ha de
seguirse para su aplicación, siempre y cuando con este comportamiento no
vulnere normas superiores. Ante estas circunstancias mal podría el legislador
desconocer la Constitución y ordenar la abolición del citado régimen especial.
La aplicación de normas sustanciales con
procedimientos especiales, deberá hacerse por las instancias competentes
señaladas en los ordenamientos correspondientes. (subrayado
fuera del texto)
Así las cosas, no encuentra la Corte que
le asista razón al accionante y, en consecuencia, el artículo 175 de la ley 200
de 1995 será declarado exequible por no vulnerar norma constitucional alguna”.
Además de contradecir los propios
lineamientos que había trazado anteriormente la Corte en esta materia
específica, la sentencia de la cual nos apartamos no es compatible con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación sobre la posibilidad de modificar
códigos por vía de decretos legislativos. Al respecto la Corte ha sostenido que
el legislador extraordinario no puede afectar la esencia de un código ni
modificar sus aspectos estructurales, pero si puede reformar elementos del
mismo. Por ejemplo, la Corte ha dicho:
“no toda reforma
a la legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código,
se encuentra limitada por el precepto del art. 150-10 de la Constitución que
prohibe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de
códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las
modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura
normativa. Por lo tanto, no están cobijadas por la prohibición las reformas por
la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de
un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia.[15]
En este caso el decreto legislativo demandado
no modifica el procedimiento establecido en el Código Disciplinario Unico.
Dicho estatuto no sufre ningún cambio en cuanto a etapas procesales, términos,
recursos, providencias, etc. Y no hay cambio alguno por la sencilla razón de
que el decreto demandado no pretende modificarlo. Su objeto es dictar el
régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares. Sin duda ello entraña
no una modificación al código mencionado sino la exclusión de unos
destinatarios, v.gr. el personal uniformado de las Fuerzas Militares. Se dirá
que ello constituye un cambio esencial al Código Disciplinario Unico en la
medida en que a estos destinatarios no se les aplicará el procedimiento
establecido en dicho código sino el especial fijado en el decreto demandado. Es
cierto pero en esto consiste obviamente un régimen especial para unos
determinados sujetos. Se dirá que en el caso del régimen especial para los
funcionarios de la DIAN, citado en la presente sentencia, la Corte señaló que
éstos no podían ser excluidos del ámbito de aplicación de Código Disciplinario
Unico. Lo que sucede es que dicho antecedente jurisprudencial no es aplicable
en este caso por la sencilla razón de que no existe ninguna norma
constitucional que permita que los funcionarios de la DIAN estén sometidos a un
régimen especial disciplinario mientras que el art 217 de la Constitución dice
expresamente que los miembros de las Fuerzas Militares sí están sometidos a un
régimen disciplinario especial el cual, como se anotó, comprende también la
materia procedimental.
2.3.2 Adicionalmente, estimamos que la Corte
no ha aplicado de manera consistente la premisa en la cual ha fundado su
decisión. El criterio determinante para definir qué apartes del decreto
demandado son contrarios a la Constitución fue el texto del art. 175 de Código
Disciplinario Unico este dice:
De los
regímenes Disciplinarios Especiales Aplicables a los Miembros de la Fuerza
Pública. En los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública se
aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos
disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el
procedimiento señalado en este Código, cualquiera sea la autoridad que adelante
la investigación.
Del texto de dicha norma concluye la mayoría
de nuestros colegas que los principios rectores y el procedimiento señalado en
este código deben aplicarse a los miembros de la fuerza pública. Sin embargo,
en la sentencia de la cual nos apartamos sólo se declara inexequible el libro
segundo sobre aspectos procedimentales pero se declara constitucional el título
primero del libro primero dedicado expresamente a los principios rectores. Ello
no es consistente.
En conclusión, nada impide que mediante un
decreto extraordinario se regulen tanto los aspectos sustanciales como los
procedimentales del régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares.
2.4 La anterior conclusión no es suficiente
para declarar exequible el decreto demandado pero si lo es para que nos
apartemos respetuosamente de lo decidido por la Corte en esta oportunidad. Para
nosotros lo determinante para apreciar la exequibilidad del decreto demandado
no era el texto de una ley, v.gr. el art. 175 del Código Disciplinario Unico,
sino las normas y la doctrina constitucionales relativas a la institución de
las facultades extraordinarias. Esto nos conduce a la cuarta pregunta enunciada
anteriormente: ¿el decreto demandado excede el ámbito de las facultades que le
confirió al Ejecutivo la ley habilitante correspondiente? La respuesta a este
interrogante exige abordar dos puntos.
En primer lugar, es preciso analizar el
concepto de reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares. Sin
duda la noción de reglamento no se refiere en este caso a los decretos que
ordinariamente y sin necesidad de ley habilitante alguna puede expedir el
Presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria. El concepto
de reglamento en este campo fue usado por el legislador de acuerdo con el uso
que en esta rama del derecho se le ha dado y por lo tanto comprende el conjunto
de normas que regulan el régimen disciplinario especial de las Fuerzas
Militares. Antes de la expedición del decreto demandado dicho reglamento se
encontraba en las siguientes disposiciones:
§ El Decreto Ley 085 de 1989, por el cual se reforma el Reglamento de
Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares [16]
§ El Decreto 1211 de 1990, por el cual se reforma el estatuto del
persomal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares[17]
§ El Decreto 1793 de 2000, por el cual se
expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales
de las Fuerzas Militares[18].
Estos decretos contienen normas sustantivas y
procedimentales en materia disciplinaria para las Fuerzas Militares. Definen
las obligaciones especiales de las Fuerzas Militares y las conductas que pueden
generar responsabilidad disciplinaria. Consagran las faltas y el sistema de
graduación de sanciones en las que podrían incurrir los funcionarios de las
Fuerzas Militares que desconocieran tales obligaciones especiales en el
ejercicio de sus atribuciones. Establecían las competencias de las autoridades
disciplinarias dentro de la institución y regulaban expresamente el
procedimiento disciplinario, sus principios rectores y las formalidades del
mismo. Correspondían, por lo tanto, al concepto de reglamento disciplinario
especial para las Fuerzas Militares empleado por el legislador y aceptado por
esta Corporación. En este salvamento de voto no entramos a analizar cuáles de
estas normas pudieron haber sido derogadas por el Decreto 1797 de 2000.
Por ello, no es cierto que al dictarse el
Decreto Ley cuestionado el Ejecutivo sólo podía establecer normas sustantivas
por ser este el ámbito dentro del cual se ubicaban las normas que con
anterioridad al Decreto 1798 de 2000 establecían el régimen disciplinario
especial para la Fuerzas Militares. Del texto del reglamento anterior se deduce
con toda claridad que el procedimiento fue regulado expresamente en las normas
para cuya modificación el Presidente de la República recibió facultades.
En segundo lugar, es necesario analizar si el
reglamento demandado es en realidad un código. Concluimos que no lo es. El
hecho de que el legislador extraordinario haya tocado todos los aspectos
propios del régimen disciplinario no le confiere la naturaleza de código.
Tampoco se la da el que el legislador extraordinario se preocupe por expedir un
régimen armónico. Además la ley habilitante expresamente indica que no tiene
naturaleza de código y así lo establece en el parágrafo del artículo 3 de la
Ley 578 de 2000 que dice
“Los decretos
legislativos que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán
considerados códigos.”
Este criterio no es puramente formal ya que
es el Congreso el que determina en qué casos la regulación de una materia tiene
las características propias de un código. En otras palabras es el Congreso el
que puede codificar o descodificar una materia. En este caso decidió no
codificar el régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares.
Adicionalmente, ni la Constitución le dio estatus de código a las normas
disciplinarias ni el régimen disciplinario de la fuerza pública constituye en
sí misma una rama del derecho como lo puede ser el derecho penal, el civil, el
comercial, o el laboral.
Se dirá que lo determinante para
apreciar si un estatuto es o no es un código no es la voluntad del Congreso
sino las características del mismo. Aplicando este criterio, tampoco se
concluye que el decreto demandado sea un código. Las normas examinadas no
introducen modificaciones sustanciales a la estructura del Código Disciplinario
Único, no modifican los principios ni la finalidad que lo orienta, ni
comprometen su unidad. Se limitan a tener en cuenta las particulares
condiciones del servicio que prestan las Fuerzas Militares y, en consecuencia,
a establecer prohibiciones y obligaciones específicas, aplicables sólo a los
miembros de esa institución. Ello se justifica por la especificidad del
servicio de las Fuerzas Militares y por las necesidades que surgen de asegurar
la cabal ejecución de las funciones y responsabilidades que la Carta les
asigna.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-713/01
REGLAMENTO-Definición/REGLAMENTO-Clasificaciones
aplicables (Salvamento parcial de voto)
REGLAMENTO EN DERECHO DISCIPLINARIO/REGLAMENTO EN
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Complemento
legal de tipos disciplinarios en blanco (Salvamento parcial de voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Complementación de tipos disciplinarios en blanco
(Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO-Origen, naturaleza y límites (Salvamento parcial de
voto)
TIPO EN BLANCO-Alcance (Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO IMPROPIO-Alcance (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Poder sancionatorio del Estado/LEGISLADOR EN TIPO
PENAL Y TIPO DISCIPLINARIO-Reducto temático mínimo no desarrollado por vía
reglamentaria/TIPO PENAL Y TIPO DISCIPLINARIO-Reducto temático mínimo
legislativo no desarrollado por vía reglamentaria (Salvamento parcial de voto)
Es claro que en todos los ámbitos en los cuales se
hace manifiesto el poder sancionatorio del Estado, es aplicable el principio de
tipicidad, expresión por excelencia del principio constitucional de legalidad,
inherente al debido proceso. Ello se traduce en que debe existir un reducto
temático mínimo reservado al Legislador al momento de definir los tipos penales
y disciplinarios; un mínimo que no puede ser desarrollado por vía
reglamentaria, porque se contrariaría tanto el principio democrático, como la
vigencia de las garantías fundamentales propias del debido proceso.
DERECHO DE PENAL-Aplicación de principios al disciplinario/DERECHO
DISCIPLINARIO-Vigencia de garantías individuales propias del penal
(Salvamento parcial de voto)
DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación de principios del derecho penal
(Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación (Salvamento parcial de voto)
El principio de legalidad, propio del
derecho penal, es claramente aplicable al ámbito del derecho disciplinario,
pero con un alcance y un contenido particular derivado de las especificidades
propias del derecho penal administrativo que aquél ejemplifica. Es decir, el
citado principio cobra aplicabilidad en el derecho disciplinario, por ser éste
una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, del cual el derecho
penal es la ultima ratio. Sin embargo, precisamente por la diferencia de grado
que existe entre el derecho disciplinario y el penal, la delimitación del
principio de legalidad debe matizarse y adaptarse a las particularidades de
aquel.
IUS PUNIENDI-Reserva
legislativa en otros ámbitos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN DERECHO SANCIONATORIO-Diferencia
en la intensidad (Salvamento parcial de voto)
Si bien existe, por virtud del mandato del
artículo 29 Superior, una reserva legal común a cualquier tipo de expresión del
ius puniendi, en virtud de la cual será el Legislador quien delimite en
términos generales la conducta prohibida y su sanción, ello no obsta para
afirmar que tal reserva no opera con igual intensidad en todos los ámbitos en
los que se manifiesta dicha potestad sancionatoria. En consecuencia, el
mencionado principio de legalidad, así como la reserva legal que de él se
deriva, tendrán un alcance máximo en el ámbito del derecho penal, uno intermedio
en el ámbito del “derecho penal administrativo” (del cual es una clara
expresión el derecho disciplinario), y uno mínimo en el ámbito del derecho
administrativo sancionador -definido por los doctrinantes de mayor renombre
como aquel que es propio de la potestad sancionadora de la Administración, y
que se despliega, en lo esencial, mediante actos de intervención en la economía
y en el sector de los servicios públicos-. La diferencia en la intensidad con
la cual se aplica el principio de legalidad en estas esferas, se explica por la
dinámica propia del ius puniendi en cada una de ellas.
LEGISLADOR EN DERECHO SANCIONATORIO-Mínimo reservado/LEGISLADOR EN DERECHO SANCIONATORIO-Extensión
de reserva (Salvamento parcial de voto)
El Legislador siempre tendrá un mínimo
reservado para él cuando se trate del ejercicio de la potestad sancionadora del
Estado, pero la extensión de tal reserva -derivada del principio de legalidad-
variará en función del grado con el cual se manifieste, en cada caso, el ius puniendi.
Mientras que en el derecho penal y, con menor intensidad, en el derecho
disciplinario, el legislador deberá establecer los elementos básicos, tanto de
la conducta punible como de su sanción, en el derecho administrativo
sancionador la ley deberá limitarse a establecer unas pautas mínimas, que
definan los elementos más esenciales de conducta y sanción, pero permitan a la
Administración un mayor campo de actuación para complementar, dependiendo de
las circunstancias concretas, ambos elementos de la descripción típica.
TIPO EN BLANCO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Técnica del legislador (Salvamento parcial de voto)
FALTA DISCIPLINARIA-Definición anticipada y general en la ley y sanción (Salvamento
parcial de voto)
TIPO DISCIPLINARIO-Configuración legislativa genérica (Salvamento parcial de voto)
TIPO DISCIPLINARIO EN BLANCO-Establecimiento legislativo de elementos esenciales de conducta y
sanción/TIPO DISCIPLINARIO EN BLANCO-Norma complementaria legal o
reglamentaria (Salvamento parcial de voto)
Es el Legislador quien debe señalar el
núcleo de la conducta prohibida, es decir, los elementos mínimos constitutivos
de la falta y la sanción correspondiente. Esto quiere decir que, pudiendo
escoger entre la regulación integral de la materia y la remisión a otras normas,
cuando el Legislador adopta la técnica de los tipos disciplinarios en blanco,
tendrá que establecer él mismo, los elementos esenciales de la conducta
reprochable y de la sanción; y posteriormente, la norma complementaria -sea de
tipo legal o reglamentario- habrá de completar su propia definición.
TIPO EN BLANCO-Colaboración
reglamentaria (Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO-Hipótesis
de remisión a reglamento (Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO-Complemento
reglamentario (Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO-Mecanismos
de colaboración reglamentaria (Salvamento parcial de voto)
La colaboración reglamentaria de conformidad con la
Carta puede ser  desarrollada a través de varios mecanismos, que para efectos
de claridad se explicarán brevemente en seguida. Ellos son: a) la potestad
reglamentaria del Presidente de la República; b) los reglamentos
constitucionales autónomos; c) los reglamentos que desarrollan leyes marco; d)
los reglamentos que desarrollan leyes habilitantes; y e) los reglamentos
residuales.
TIPO DISCIPLINARIO EN BLANCO-Colaboración reglamentaria por vía de la potestad del Ejecutivo
(Salvamento parcial de voto)
TIPO DISCIPLINARIO EN BLANCO-Competencia para establecimiento de deberes y prohibiciones
(Salvamento parcial de voto)
REGLAMENTO CONSTITUCIONAL AUTONOMO-Alcance (Salvamento parcial de voto)
REGLAMENTO CONSTITUCIONAL AUTONOMO-Características (Salvamento parcial de voto)
LEY MARCO-Temas
de regulación/LEY MARCO-Reglamentos que desarrolla (Salvamento parcial
de voto)
LEY HABILITANTE-Reglamentos que desarrolla (Salvamento parcial de voto)
REGLAMENTO RESIDUAL-Alcance (Salvamento parcial de voto)
DISCIPLINA DE LA FUERZA PUBLICA-Mecanismo de colaboración reglamentaria (Salvamento parcial de
voto)
El mecanismo a través del cual el Presidente de la
República puede ejercer la colaboración reglamentaria en materia de disciplina
de la Fuerza Pública, es el de los reglamentos constitucionales autónomos, al
contar  con funciones que le han sido atribuidas directamente por la Carta, con
un contenido normativo de amplio alcance.
IUS PUNIENDI-Reserva
de ley para descripción de núcleo de conducta y sanción/IUS PUNIENDI-Rigidez
atendiendo ámbito (Salvamento parcial de voto)
En materia de ejercicio del ius puniendi,
siempre hay reserva de ley para la descripción del núcleo esencial de la
conducta y su sanción. No obstante, la reserva no se aplica con la misma
rigidez en todos los ámbitos. Es cerrado en Derecho Penal, pero se flexibiliza
gradualmente en el Derecho Penal Administrativo y en el Derecho Administrativo
sancionador.
TIPO DISCIPLINARIO EN BLANCO-Colaboración reglamentaria de la administración (Salvamento parcial
de voto)
REGLAMENTO CONSTITUCIONAL AUTONOMO EN DISCIPLINA
DE FUERZA PUBLICA (Salvamento parcial de voto)
TIPO EN BLANCO-Determinación
del complemento normativo (Salvamento parcial de voto)
Para determinar la naturaleza del
complemento normativo del tipo en blanco, hay que precisar si la materia tiene
reserva de ley o reserva de reglamento. El primer caso da lugar a los tipos en
blanco impropios, el segundo, a los propios.
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Respeto de la complementación reglamentaria (Salvamento parcial de
voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES-Regulación
de complementos que tienen reserva de ley (Salvamento parcial de voto)
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
MILITARES-Desconocimiento de reserva del
reglamento/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Prohibición de expedir códigos
(Salvamento parcial de voto)
CODIGO-Características
(Salvamento parcial de voto)
REGLAMENTO Y CODIGO-Distinción (Salvamento parcial de voto)
Con el debido respeto por la posición
mayoritaria de la Sala, sustento el salvamento parcial de voto que expresé al
momento de adoptar la decisión.
En dicha providencia, se resolvió declarar
exequible el Libro Primero del Decreto Ley 1797 de 2000, correspondiente a la
parte sustantiva del régimen disciplinario aplicable a los miembros de las
Fuerzas Militares, e inexequible el Libro Segundo del mismo, contentivo de la
regulación procesal. El fundamento de tal decisión, fue el hecho de que, en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000,
el Presidente de la República únicamente podía reglamentar los aspectos
sustanciales de tal régimen disciplinario, pero no establecer una regulación
procesal integral que modificara la establecida en el Código Disciplinario Unico,
puesto que en esta segunda hipótesis, resultaba desconocida la prohibición
constitucional de expedir y modificar códigos en uso de facultades
extraordinarias.
A pesar de lo anterior, en criterio del
suscrito Magistrado, la decisión de inexequibilidad debió extenderse también a
la parte sustantiva del mencionado decreto, porque las facultades fueron
conferidas con el fin de expedir un reglamento en materia disciplinaria
y no una regulación integral de la misma. Así lo dice la norma: revístese al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el
término de seis meses, para expedir “...los reglamentos de régimen
disciplinario...” de las Fuerzas Militares.
En consecuencia, para determinar con
precisión el alcance constitucional de dichas facultades, se hace necesario
resaltar dos asuntos relevantes: el alcance de la noción de “reglamento”, y los
límites del Presidente de la República al momento de ejercer la función
legislativa que allí se le atribuyó.
I. La noción de “reglamento” en la Carta de 1991.
Alcances de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente.
1. El término “reglamento” cuenta con una
amplia variedad de acepciones en la Constitución Política. Sobre los múltiples
sentidos de dicho concepto, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta
Corporación; así, en la sentencia C-447 de 1996, se explicó que el reglamento
ha sido definido por la generalidad de los tratadistas como el “conjunto de
normas generadoras de situaciones jurídicas generales, dictadas por la
Administración, o por los distintos organismos del Estado o del Poder Público,
que no ostentan la potestad legislativa”. En la misma oportunidad, la Corte
precisó que existen varias clasificaciones aplicables a los reglamentos; así,
por ejemplo, atendiendo a la existencia de una ley previa, unos serían los
reglamentos “ejecutivos” o “secundum legem” -dictados en ejecución de una ley
preexistente, bien sea para detallarla, desarrollarla, complementarla o preparar
su ejecución-, y otros los reglamentos “independientes” o “praeter legem” -que
no responden a la existencia de una ley previa, sino que regulan materias de
las cuales el Legislador no se ha ocupado, o se ha ocupado parcialmente-. De
conformidad con otra clasificación, que atiende al ámbito en el cual los
reglamentos habrán de producir efectos, éstos pueden ser “jurídicos o
normativos”, o “administrativos o de organización”: los primeros son aquellos
cuyos efectos se generan en la esfera propia del ciudadano, mientras que los
segundos son los que dicta la Administración en ejercicio de su potestad
reglamentaria, o en virtud de las “relaciones especiales de sujeción”, es
decir, hacia el interior de la Administración misma.
2. Igualmente, existen alusiones a la noción
de “reglamento” en varios artículos constitucionales. Por ejemplo, el artículo
189-11 consagra la potestad reglamentaria genérica del Presidente de la
República; en el artículo 151 se ordena que mediante ley orgánica se expida el
reglamento del Congreso; el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del
artículo 257-3 de la Carta, tendrá que expedir un reglamento para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, así como los “relacionados con
la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la
regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”; e
igualmente, las Altas Cortes deberán reglamentar lo propio de su organización
interna (arts. 235-6, 237-6, 241-11 y 264-11). En conclusión, existen variadas
nociones de reglamento en la Constitución.
3. Lo cierto es que, en este caso, el término
“reglamento” se debe interpretar en el contexto del derecho disciplinario. Ello
remite de inmediato al tema de los tipos disciplinarios en blanco, y de la
llamada “colaboración reglamentaria de la Administración”. En otras palabras,
en virtud de los principios y reglas constitucionales que se explicarán a
continuación, el reglamento que el Presidente de la República estaba habilitado
para expedir en uso de las facultades extraordinarias aludidas, únicamente
podía ser el complemento legal de un tipo disciplinario en blanco,
previamente definido por el Legislador. Lo anterior quiere decir que en
desarrollo de las citadas facultades, el legislador extraordinario contaba con
una esfera de acción claramente limitada por la naturaleza de la función que se
le estaba transfiriendo: la de complementar, con fuerza de ley, la estructura básica
de los tipos disciplinarios en blanco, señalados por el Congreso de la
República para ser aplicados a los miembros de la Fuerza Pública.
4. El origen, la naturaleza y los límites
propios de los tipos en blanco ya fueron explorados en el salvamento parcial de
voto del suscrito Magistrado a la sentencia C-333 de 2001. En tal oportunidad,
se explicó que esta noción es utilizada en la actualidad, con el fin de hacer
alusión a los casos en los cuales el legislador ordinario no describe
íntegramente el contenido de la conducta prohibida, y remite a otras normas o
autoridades para que éstas se encarguen de complementar la descripción típica.
Es decir: en el campo sancionatorio, el Legislador puede optar por una de dos
vías: a) desarrollar la materia en forma integral, estableciendo en forma
cerrada y taxativa todos los elementos de cada tipo en particular; o b) acudir
a la técnica de los tipos en blanco, caso en el cual únicamente define los
elementos constitutivos esenciales de la conducta punible y la sanción,
efectuando una remisión a normas de igual naturaleza o de otra categoría, para
que complementen la descripción típica. Es esta segunda hipótesis la relevante
en el caso concreto y sobre la cual versa el presente salvamento.
5. Como se indicó, si el Legislador acude a
la técnica de los tipos en blanco, puede efectuar una remisión a normas de
igual categoría (a otra ley) para que complementen su descripción típica
(técnica de los “tipos en blanco impropios”), o remitir a normas de otra
naturaleza y jerarquía (“tipos en blanco propios”). De la ley de facultades
transcrita, se deduce que el Legislador utilizó en este caso la técnica de los
tipos en blanco “impropios”, puesto que remitió a normas de igual naturaleza y
jerarquía (v.g. las normas expedidas por el Presidente en uso de facultades
extraordinarias), con el propósito de que efectuaran la complementación
normativa de los tipos disciplinarios aplicables a los miembros de las Fuerzas
Militares. Por lo mismo, los límites constitucionales propios de tales
facultades, eran fundamentalmente dos:
(i) No podía el Presidente, en tanto
legislador extraordinario, invadir la órbita propia de la reserva
reglamentaria. Esta última se presenta cuando existen competencias
constitucionales autónomas (desarrolladas a través de reglamentos
constitucionales autónomos) o  concurrentes entre la administración y el
Legislador (desarrolladas con base en reglamentos que ejecutan leyes marcos o
leyes habilitantes), que hacen imperiosa la “colaboración reglamentaria”; los
casos precisos en que existe se detallarán más adelante.
(ii) Tampoco podía, bajo ningún aspecto,
expedir un Código, por cuanto existe una prohibición constitucional expresa en
ese sentido (art. 150-10, C.P.).
Para una mejor comprensión de estos límites,
es conveniente hacer referencia al principio de legalidad y su aplicación en el
ámbito del derecho sancionatorio.
II. El principio de legalidad en materia
sancionatoria
6. Es claro que en todos los ámbitos en los
cuales se hace manifiesto el poder sancionatorio del Estado, es aplicable el
principio de tipicidad, expresión por excelencia del principio
constitucional de legalidad, inherente al debido proceso. Ello se traduce en
que debe existir un reducto temático mínimo reservado al Legislador al momento
de definir los tipos penales y disciplinarios; un mínimo que no puede ser
desarrollado por vía reglamentaria, porque se contrariaría tanto el principio
democrático, como la vigencia de las garantías fundamentales propias del debido
proceso[19].
La pregunta que de allí se deriva es, entonces, la de cuál es el alcance de
dicha reserva legal. Para resolver este interrogante, es necesario aludir a la
forma en que el asunto se ha manejado en materia penal, puesto que los mismos
principios son aplicables, con ciertos matices, en materia disciplinaria (así
como en el área del derecho administrativo sancionatorio).
7. Como cuestión preliminar, es pertinente
indicar que la aplicación de los principios del derecho penal al derecho
disciplinario ya ha sido aceptada por la jurisprudencia nacional. De esta
forma, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 17 de marzo 7 de
1985 (M.P. Manuel Gaona Cruz), se estableció que en el derecho disciplinario
rigen las garantías individuales propias de las categorías dogmáticas del
derecho penal. La Corte Constitucional, en la sentencia T-483/92, señaló que
tanto el derecho penal como el disciplinario usan las sanciones como principal
mecanismo de coacción represiva, por lo cual el derecho disciplinario, que es
en últimas un derecho penal administrativo, debe aplicarse con observancia de
los mismos principios aplicables al derecho penal común. Ello va acorde con el
artículo 29 de la Constitución, que ordena aplicar el debido proceso a todo
tipo de actuaciones judiciales o administrativas. En consecuencia, también
rigen en derecho disciplinario los principios de tipicidad, antijuridicidad,
culpabilidad, etc. La anterior regla fue reiterada en las sentencias C-310/97,
C-195/93, C-280/96 y C-306/96, entre otras.
8. En el mismo sentido se han pronunciado las
altas Cortes de otras naciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional
español, el cual, en la sentencia STC 77/1983, afirma que “existen unos
límites de la potestad sancionatoria de la Administración que de manera directa
se encuentran contemplados en el artículo 25 de la Constitución y que dimanan
del principio de la legalidad de las infracciones y de las sanciones. Estos
límites, contemplados desde el punto de vista de los ciudadanos, se transforman
en derechos subjetivos de ellos y consisten en no sufrir sanciones sino en los
casos legalmente prevenidos y de autoridades que legalmente pueden imponerlas”.
Igualmente, en la STC 61/1990, el mismo Tribunal afirmó que “siempre
deberá ser aplicable en el campo sancionador (...) el cumplimiento de los
requisitos constitucionales de legalidad formal y tipicidad, como garantía de
la seguridad jurídica del ciudadano. Otra cosa es que esos requisitos permitan
una adaptación -nunca supresión- a los casos e hipótesis de relaciones
Administración-administrado y en concordancia con la intensidad de la
relación”.
9. Así, volviendo al caso concreto, se
concluye que el principio de legalidad, propio del derecho penal, es claramente
aplicable al ámbito del derecho disciplinario, pero con un alcance y un
contenido particular derivado de las especificidades propias del derecho penal
administrativo que aquél ejemplifica. Es decir, el citado principio cobra
aplicabilidad en el derecho disciplinario, por ser éste una manifestación de la
potestad sancionadora del Estado, del cual el derecho penal es la ultima
ratio. Sin embargo, precisamente por la diferencia de grado que existe
entre el derecho disciplinario y el penal, la delimitación del principio de
legalidad debe matizarse y adaptarse a las particularidades de aquel. Ello es
especialmente relevante, cuando se trata de establecer el ámbito reservado al
Legislador en estas materias; en efecto, si bien existe, por virtud del mandato
del artículo 29 Superior, una reserva legal común a cualquier tipo de expresión
del ius puniendi, en virtud de la cual será el Legislador quien delimite
en términos generales la conducta prohibida y su sanción, ello no obsta para
afirmar que tal reserva no opera con igual intensidad en todos los ámbitos en
los que se manifiesta dicha potestad sancionatoria. En consecuencia, el
mencionado principio de legalidad, así como la reserva legal que de él se
deriva, tendrán un alcance máximo en el ámbito del derecho penal, uno
intermedio en el ámbito del “derecho penal administrativo” (del cual es una
clara expresión el derecho disciplinario), y uno mínimo en el ámbito del
derecho administrativo sancionador -definido por los doctrinantes de mayor
renombre como aquel que es propio de la potestad sancionadora de la
Administración[20],
y que se despliega, en lo esencial, mediante actos de intervención en la
economía y en el sector de los servicios públicos-.
10. La diferencia en la intensidad con la
cual se aplica el principio de legalidad en estas esferas, se explica por la
dinámica propia del ius puniendi en cada una de ellas. Así, por ejemplo,
el derecho administrativo sancionador, al estar relacionado con la intervención
estatal en la economía, es mucho más dinámico y amplio que el derecho penal
administrativo, o que el derecho penal mismo. Por lo tanto, deberá acoger
algunos de los principios propios de estas últimas áreas, pero restringiendo
tal adopción a un mínimo, ya que algunos de estos  principios al ser
trasladados a la esfera administrativo-sancionadora, se convertirían en un
obstáculo para el funcionamiento eficaz de esta última, contrariando -en
consecuencia- el artículo 209 Superior; así sucede, entre otros, con el
principio de aplicación retroactiva de algunas normas favorables (v.gr,
las que no modifican el núcleo esencial de la prohibición). No podría ser
aplicado el principio de favorabilidad, por ejemplo, cuando se trate de hacer
efectivo el régimen de los encajes que administra el Banco de la República,
puesto que en dicho régimen se podrán establecer porcentajes más o menos altos
dependiendo de las circunstancias de cada momento, sin que la entidad sujeta a
dicho régimen pueda alegar la aplicación retroactiva de una disposición
posterior más benéfica. Igual sucede con el principio de legalidad: por los
objetivos y la dinámica propios de la potestad sancionadora de la Administración
Pública, es recomendable que ésta cuente con un margen amplio de
discrecionalidad al definir las conductas reprochables y su sanción, puesto que
así se garantiza una mayor efectividad para sus actividades.
11. En síntesis, el Legislador siempre tendrá
un mínimo reservado para él cuando se trate del ejercicio de la potestad
sancionadora del Estado, pero la extensión de tal reserva -derivada del
principio de legalidad- variará en función del grado con el cual se manifieste,
en cada caso, el ius puniendi. Mientras que en el derecho penal y, con
menor intensidad, en el derecho disciplinario, el legislador deberá establecer
los elementos básicos, tanto de la conducta punible como de su sanción, en el
derecho administrativo sancionador la ley deberá limitarse a establecer unas
pautas mínimas, que definan los elementos más esenciales de conducta y sanción,
pero permitan a la Administración un mayor campo de actuación para
complementar, dependiendo de las circunstancias concretas, ambos elementos de
la descripción típica.
III. Normas en blanco en materia disciplinaria
12. El legislador, en materia de derecho
disciplinario, en la mayor parte de casos acude a la técnica de los tipos en
blanco, dada la naturaleza del objeto que se está regulando: la conducta de los
servidores públicos, que se encuentra regida por el principio de legalidad
(art. 6, C.P.), motivo por el cual es imposible enumerar todas las hipótesis de
desviación de la norma. En consecuencia, se efectúan remisiones generales para
definir las faltas disciplinarias, a las diversas normas que establecen
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de interés,
deberes, etc. El mismo Código Disciplinario Unico adopta una definición
genérica de la falta disciplinaria que encuadra bajo este esquema: en su
artículo 38, dispone que “Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da
lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de
los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la
incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de
interés”.  Definición genérica que, al remitir necesariamente a las normas
que establecen deberes, prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos
de intereses, configura un ejemplo paradigmático de los tipos disciplinarios en
blanco.
13. Sobre este tema ya ha dicho la Corte en
la sentencia C-417/93, que las faltas disciplinarias se encuentran definidas en
forma anticipada y general en la ley, así como la sanción correspondiente a
cada una, en aplicación de los artículos 6 y 124 de la Carta -en virtud de los
cuales los servidores públicos serán responsables por infringir la Constitución
y las leyes, así como por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus
funciones, y será el legislador quien determine la responsabilidad de los
funcionarios públicos y la forma en que deberá hacerse efectiva-. En el mismo
sentido, en las sentencias C-427/94 y C-708/99, se afirmó que es competencia
del legislador configurar los tipos disciplinarios en forma genérica; y que de
hecho, es una peculiaridad del derecho disciplinario el que las conductas
constitutivas de una falta se encuadren como tipos en blanco. La razón de ser
de lo anterior, tal y como se explicó en esta última providencia, es que
mientras en el derecho penal se requiere gran precisión en la descripción
típica de la conducta punible, el derecho disciplinario incorpora una mayor
flexibilidad y margen de apreciación para el superior jerárquico encargado de
evaluar la falta disciplinaria, dadas las características propias de la función
pública y su relación con las políticas institucionales de cada entidad estatal
en concreto.
14. Sin embargo, como ya se precisó, en este
esquema también debe quedar un reducto mínimo reservado a la ley, para
garantizar tanto el debido proceso como la democracia. En virtud de tal mínimo,
es el Legislador quien debe señalar el núcleo de la conducta prohibida, es
decir, los elementos mínimos constitutivos de la falta y la sanción
correspondiente. Esto quiere decir que, pudiendo escoger entre la regulación
integral de la materia y la remisión a otras normas, cuando el Legislador
adopta la técnica de los tipos disciplinarios en blanco, tendrá que establecer
él mismo, los elementos esenciales de la conducta reprochable y de la sanción;
y posteriormente, la norma complementaria -sea de tipo legal o reglamentario-
habrá de completar su propia definición.
IV. Colaboración reglamentaria de la
administración y de los entes autónomos. Características generales.
15. Si el Legislador elige la técnica de los
tipos en blanco, debe ser respetuoso de las reglas constitucionales aplicables
a las hipótesis de “colaboración reglamentaria”; es decir, a los casos en los
cuales la Carta ha previsto que la Ley y el reglamento concurran en la
regulación de un mismo asunto, como manifestación del principio de colaboración
armónica entre las ramas del poder público (art. 113, C.P.). La pregunta que se
plantea es, entonces, cuándo puede el Legislador remitir a un reglamento, el complemento
de su propia descripción típica. En criterio del suscrito Magistrado, ello es
constitucionalmente admisible en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el legislador, por motivos de
conveniencia, lo ha decidido en forma expresa. En estos casos, es necesario que
se trate de un asunto cuya regulación compete en principio al titular de la
función legislativa; el alcance de la intervención reglamentaria dependerá,
así, de la necesidad que se presenta en cada caso concreto y que motivó la
colaboración reglamentaria.
(ii) Cuando existe, por mandato de la Carta,
una “reserva de reglamento”, es decir, un ámbito reservado por el constituyente
para ser regulado exclusivamente por vía reglamentaria. Esta reserva se
estructura:
1. En los casos de competencias autónomas,
radicadas directamente por la Carta en cabeza de un funcionario, dependencia o
entidad del Estado. La existencia de este tipo de competencias implica que el
ente reglamentador en cuestión tiene facultad para desarrollar en forma directa
los mandatos constitucionales. El ejemplo paradigmático son los reglamentos
constitucionales autónomos.
2. En la hipótesis de competencias
compartidas entre el órgano legislativo, las entidades que ejercen la función
administrativa, y/o los órganos autónomos. Hay competencias concurrentes, en
dos tipos de casos:
(a) el de los reglamentos que desarrollan las
leyes marco (art. 150-19, C.P.), y
(b) el de las leyes que consagran principios
y reglas generales que habilitan la actuación reglamentaria del Ejecutivo. Son
situaciones en las cuales el ejercicio de las competencias de las entidades
públicas ha sido sometido por el Constituyente, de manera genérica, a lo
dispuesto por el legislador; es decir, hipótesis en que la Carta, al señalar
las funciones administrativas de las entidades públicas, utiliza la fórmula “de
conformidad con la ley”, o alguna similar.
16. La diferencia que existe entre las
hipótesis (a) y (b), esto es, entre los reglamentos que desarrollan leyes marco
y los reglamentos expedidos en virtud de una ley habilitante, es tripartita: 1)
en el caso de una ley marco existen competencias compartidas entre el
Legislador y el Gobierno; mientras que en el caso de las leyes que habilitan la
actuación del ejecutivo, la competencia básica radica en cabeza del Gobierno
(o, en general, del titular de la función administrativa-reglamentaria), quien
la deberá ejercer de conformidad con unas pautas y principios generales
trazados previamente por el Legislador. 2) En las leyes marco el espacio de
reglamentación se distribuye en forma equilibrada entre el Congreso y el
Gobierno, mientras las leyes habilitantes presumen la existencia de una
capacidad de reglamentación mucho más amplia, dado que el Legislador únicamente
traza pautas muy generales a seguir por el ente reglamentador. 3) Las materias
que debe regular el ejecutivo en desarrollo de una ley marco son eminentemente
cambiantes y requieren de una gran dinámica reglamentaria; lo que no sucede en
las leyes habilitantes.
17. Visto lo anterior, es pertinente anotar que
el complemento reglamentario puede provenir, o bien de un ente que forma parte
de la Administración misma, o de uno de los organismos constitucionales
autónomos. Así, por ejemplo, el Contralor General de la República cuenta con la
función de señalar los métodos y las formas en que se cumple la función de
control fiscal (art. 268-1, C.P.). Al desarrollar esta atribución, bien puede
el Contralor señalar deberes y prohibiciones en materia de control, que deberán
ser observados por quienes administren fondos públicos; como el quebranto de
tales deberes y prohibiciones genera responsabilidad disciplinaria para el
implicado (la cual es independiente de la responsabilidad fiscal a la que haya
lugar), bien puede concluirse que también los órganos autónomos pueden ejercer,
en ciertos aspectos señalados por el Constituyente, la colaboración
reglamentaria.
18. En todo caso, el reglamento debe tener
efectos erga omnes en el sector público; y en los regímenes especiales,
en su específico ámbito. No puede realizarse la colaboración reglamentaria con
base en reglamentos internos que sólo vinculan a una entidad en particular,
porque se violaría el principio de igualdad.
V. Mecanismos de colaboración reglamentaria de la
administración y de los entes autónomos – enumeración y explicación.
19. Con base en el anterior análisis, se infiere que
la colaboración reglamentaria a la cual se alude, de conformidad con la Carta
puede ser  desarrollada a través de varios mecanismos, que para efectos de
claridad se explicarán brevemente en seguida. Ellos son: a) la potestad
reglamentaria del Presidente de la República; b) los reglamentos
constitucionales autónomos; c) los reglamentos que desarrollan leyes marco; d)
los reglamentos que desarrollan leyes habilitantes; y e) los reglamentos
residuales.
A. La potestad reglamentaria del Presidente de la
República
20. El jefe del Ejecutivo cuenta, por virtud del
artículo 189-11 Superior, con la potestad reglamentaria, que le faculta en
forma genérica para reglamentar las leyes. A fin de establecer cuándo se puede
ejercer esta atribución en materia disciplinaria, es necesario recordar que,
como se dijo, el Legislador al desarrollar el reducto mínimo que le es propio,
puede optar por una de dos alternativas: (i) desarrollar la materia en forma
integral, estableciendo de manera taxativa y cerrada todos los elementos del
tipo y de la sanción, o (ii) acudir a la técnica de los tipos en blanco. En
este segundo caso, el Presidente podrá ejercer la colaboración reglamentaria
por vía de la potestad en comento, siempre y cuando el Legislador lo haya
permitido expresamente, al señalar que el régimen de deberes y prohibiciones
por él establecido no es taxativo. Así sucede, por ejemplo, en los artículos
40-28 y 41-33 de la Ley 200 de 1995, que rezan en lo pertinente:
“Artículo 40. Los deberes. Son deberes de los
servidores públicos los siguientes: (...) 28. Además de los anteriores son
también deberes de los servidores públicos los indicados en la Ley 190 de 1995,
en las demás disposiciones legales y en los reglamentos.  (Subrayas fuera de texto)
(...) Artículo 41. Prohibiciones. Está prohibido a los
servidores públicos: (...) 33. Las demás prohibiciones incluidas en leyes y
reglamentos” (Subrayas
fuera de texto)
21. Por lo demás, cuando el Legislador no haya
efectuado tal autorización, debe de entenderse que no puede el Gobierno, so
pretexto de este tipo de reglamentación, ampliar el régimen de deberes y
prohibiciones señalado en la ley. En otras palabras, la competencia para
establecer deberes y prohibiciones disciplinarias corresponde en principio al
Legislador, y éste puede permitir la intervención del Gobierno por vía de un
reglamento dictado en ejercicio de la atribución del artículo 189-11 Superior,
dependiendo de la necesidad con la que cuente en cada momento.
B. Los reglamentos constitucionales autónomos
22. Los reglamentos constitucionales autónomos, son
aquellos que expiden ciertas autoridades en virtud de una competencia normativa
que les ha sido atribuida directamente por la Constitución, sin sujeción a la
ley. Por vía de ejemplo, se pueden citar algunos casos como los siguientes:
?      En el artículo 355 Superior, se estableció que corresponde al
Gobierno Nacional reglamentar la forma en que se podrán celebrar contratos por
parte del Gobierno con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo.
?      En el artículo 268, numeral 12 de la Carta, se faculta al
Contralor General de la República para “dictar normas generales para armonizar
los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden
nacional y territorial”.
?      El artículo 246 contempla una facultad normativa sui generis,
de especialísimas particularidades, en cabeza de las autoridades de los pueblos
indígenas, quienes podrán establecer y aplicar sus propias normas y
procedimientos jurisdiccionales;
?      El artículo 235-6 faculta a la Corte Suprema de Justicia para
darse su propio reglamento; iguales atribuciones tienen el Consejo de Estado
(art. 237-6 Superior) y la Corte Constitucional (art. 244-11 ibídem).
?      El Presidente de la República puede establecer por vía de
reglamento las normas relativas a la dirección de la Fuerza pública y de las
operaciones de guerra, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas
Armadas (art. 189-3, 189-5).
?      El Presidente de la República también tiene la competencia para
distribuir los negocios, según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos (art. 189-17 ibídem); tal
distribución puede, igualmente, desarrollarse por vía de un reglamento
autónomo.
?      De igual forma, el Presidente de la República puede cumplir con
sus funciones de ejercer la inspección y vigilancia sobre la prestación de los
servicios públicos (art. 189-22, C.P.), así como sobre las instituciones de
utilidad común (art. 189-26, ibídem).
?      El artículo 189 Superior faculta al Presidente de la República
para proveer a la seguridad exterior de la República (art. 189-6, C.P.) y
permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional (art.
189-7, ibídem); funciones que se pueden cumplir por medio de la expedición de
un reglamento constitucional autónomo.
?      De conformidad con el artículo 131, inciso 3, de la Carta,
corresponde al Gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de
notariado y registro, así como la determinación del número de notarios y
oficinas de registro, lo cual también se puede efectuar por esta vía.
?      Finalmente, el Presidente de la República puede dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el
seno de organismos internacionales, que así lo dispongan (art. 224).[21]
23. Los reglamentos constitucionales autónomos que se
acaban de ejemplificar, se caracterizan en general por lo siguiente:
- Constituyen un desarrollo directo de la
Constitución;
- En el sistema de fuentes de derecho, cuentan con una
jerarquía igual a la ley;
- En tanto reglamentos, se encuentran sujetos al
principio de legalidad, pero éste debe ser entendido en el sentido de que
únicamente se pueden regular por esta vía las competencias constitucionales
propias del organismo en cuestión, sin que se invada la órbita correspondiente
al Legislador;
- Pueden ser expedidos tanto por el Presidente de la
República –o por el Gobierno-, como por los organismos independientes, tales
como la Contraloría General de la República; y
- Tienen efectos generales.
24. Asimismo, es importante precisar que los
reglamentos constitucionales autónomos del ámbito territorial (las
entidades territoriales pueden desarrollar directamente la Carta, en los
asuntos que atañen al núcleo esencial de la autonomía), si bien comparten
algunas de las características señaladas, no pueden servir como vía para
efectuar la complementación reglamentaria de un tipo disciplinario, por la
sencilla razón de que su ámbito de validez está circunscrito a la entidad territorial
correspondiente. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos señalados por el
Legislador para el régimen disciplinario de los servidores públicos es el de la
homogeneidad, sería errado permitir la existencia de tantos regímenes
disciplinarios como entidades territoriales hay en el país.
C. Los reglamentos que desarrollan leyes marco
25. Las leyes marco han sido previstas principalmente
en el artículo 189-19 como aquellas en las cuales el Congreso dicta normas
genéricas sobre ciertas materias, y señala al mismo tiempo los objetivos y
criterios que debe seguir el Gobierno al momento de expedir la reglamentación
complementaria que sea del caso. La norma constitucional en comento dispone que
este mecanismo de colaboración entre las ramas del poder público, se aplicará
en la regulación de los siguientes temas:
- La organización del crédito público;
- La regulación del comercio exterior y el
señalamiento del régimen de cambio internacional, “en concordancia con las
funciones que la Constitución consagra para la junta directiva del Banco de la
República”;
- La modificación, por razones de política comercial,
de los aranceles, tarifas y demás disposiciones relativas al régimen de
aduanas;
- La regulación de las actividades financiera, bursátil,
aseguradora y en general, las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos captados al público;
- La fijación del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública;
- La regulación del régimen de prestaciones sociales
mínimas de los trabajadores oficiales.
En estos casos, las competencias del Congreso y el
Gobierno son concurrentes y se encuentran equilibradas; asimismo, el reglamento
del que se trata, únicamente podrá ser expedido por el Gobierno Nacional,
puesto que así lo dispuso en forma expresa el Constituyente.
D. Reglamentos que desarrollan leyes habilitantes
26. Como se explicó, estos son los casos en que una
determinada entidad pública cuenta con una competencia constitucional propia,
cuyo ejercicio ha sido sometido por la misma Carta Política a una habilitación
legal. Son todas las hipótesis en las cuales la Constitución utiliza la fórmula
“de conformidad con la ley”, al asignar las competencias normativas propias del
Gobierno o de los organismos autónomos. Entre ellos se pueden citar, a título
enunciativo, los siguientes:
- La posibilidad con que cuenta la Nación para
participar en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en virtud de lo cual podrán expedirse reglamentos de carácter
general, respetuosos de los términos señalados en la ley (art. 67, inciso 6,
C.P.);
- Las siguientes atribuciones del Presidente de la
República: decretar la inversión de las rentas y caudales públicos (art.
189-20, C.P.); ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza (art. 189-21,
C.P.); celebrar los contratos que le correspondan (art. 189-23); conceder
patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos
útiles (art. 189-27, C.P.); y expedir cartas de naturalización (art. 189-28,
C.P.).
- La función del Presidente de la República de señalar
las políticas generales de administración y control de eficiencia de los
servicios públicos domiciliarios (art. 370, C.P.), función que es independiente
de la de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los mismos;
- Las funciones que los artículos 256 y 257 de la
Carta asignan al Consejo Superior de la Judicatura;
- Las atribuciones que el artículo 265 Superior
confiere al Consejo Nacional Electoral;
- La función del Defensor del Pueblo de organizar y
dirigir la defensoría pública (art. 282-4, C.P.);
- Las funciones del contador general del Estado de
uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el
balance general y determinar las normas contables que deben regir en Colombia
(art. 354, C.P.);
- Las funciones de la junta directiva del Banco de la
República en tanto autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (art. 372,
C.P.); y
- La función del Presidente de la República de ejercer
la inspección, vigilancia y control del Banco de la República (art. 372, C.P.).
27. En las situaciones que se acaban de enumerar, la
competencia originaria para reglamentar la materia es del ejecutivo o de la
entidad autónoma correspondiente, pero sólo se podrá ejercer en los casos en
que el Legislador haya expedido la habilitación correspondiente. Es claro, que
la capacidad de reglamentación propia de estas atribuciones es mucho más amplia
que cuando se trata, por ejemplo, del desarrollo de leyes marco, o de ejercer
la potestad reglamentaria, puesto que en estos casos la ley se limita a señalar
ciertas pautas y principios muy generales.
E. Reglamentos residuales
28. Por último, aparecen los llamados “reglamentos
residuales”. Son aquellos en los cuales el gobierno efectúa la regulación de un
tema que, en principio, se encuentra dentro de la órbita de competencia propia
del Legislador, pero no ha sido desarrollada por este. Es decir, el Gobierno
puede efectuar la reglamentación a la que haya lugar, siempre y cuando no
exista un régimen legal sobre el tema. Por ejemplo, cuando pone en vigencia el
plan de desarrollo, si no lo ha aprobado el Congreso.
Estos reglamentos tienen una naturaleza claramente
temporal, ya que sólo mantienen su vigencia en ausencia de una reglamentación
legal de la materia. En otras palabras, como su nombre lo indica, son reglamentos
de aplicación subsidiaria o residual. En ese mismo sentido, mientras no exista
una ley que regule la materia, el reglamento podrá trazar las reglas aplicables
con total autonomía y con la misma amplitud de la ley.
VI. La colaboración reglamentaria del Presidente en
materia de disciplina de la Fuerza Pública.
29. Una vez señaladas las diversas alternativas
constitucionales en materia de colaboración reglamentaria, es pertinente
regresar al caso concreto, para determinar exactamente cuáles son las posibilidades
del Presidente de la República en el campo disciplinario de las Fuerzas
Armadas.
En términos generales, es claro que cuenta con amplias
facultades para organizar la disciplina interna de la administración central,
en calidad de supremo director de la administración pública; en efecto, el
numeral 14 del artículo 189 dispone que corresponde al Presidente señalar las
funciones específicas de los distintos empleos de tal administración,
competencia que lleva implícita la facultad de señalar normas generales de tipo
disciplinario, por vía reglamentaria. Ello, por supuesto, con el debido respeto
por la reserva de ley que arriba se explicó, en cuanto al señalamiento del
núcleo de la prohibición disciplinaria y de la sanción a imponer.
30. Sin embargo, las relaciones entre el Presidente y
la Fuerza Pública, por sus especiales características, cuentan con una
naturaleza especial, que otorga un fundamento distinto a la facultad normativa
que tiene aquél en materia disciplinaria, y que le faculta para ejercer la
complementación reglamentaria pertinente. En efecto, se trata de “relaciones de
especial sujeción”, que han sido caracterizadas por la doctrina del derecho
administrativo como sigue:
“Las relaciones de sujeción especial (también llamadas
de supremacía especial) son una vieja creación del Derecho alemán imperial
mediante las cuales se justificaba una fuerte intervención sobre determinados
sujetos –sin respeto a sus deberes fundamentales ni al principio de reserva
legal- que resultaría intolerable para los ciudadanos que se encontraran en una
relación de sujeción general”[22].
(Tesis hoy abandonadas,
pues en ningún caso la restricción de un derecho fundamental puede afectar su
núcleo esencial)
De acuerdo con Gómez Pavajeau[23], la teoría de las
relaciones especiales de sujeción consiste en que existen ciertos vínculos
estrechos entre una persona y el Estado, que son de naturaleza especial,
distinta al vínculo general de sujeción que se establece con la generalidad de
la población. Mientras que el derecho penal responde al concepto de relaciones
generales de sujeción, ya que la inmensa mayoría de tipos penales tiene un
sujeto activo indeterminado, el derecho disciplinario constituye el ejemplo por
excelencia de las relaciones de especial sujeción, puesto que cuenta, como
regla general, con tipos de sujeto activo cualificado.
31. Esta última distinción se puede inferir de la
sentencia C-214/94, en la cual se afirmó que la potestad sancionadora de la
Administración puede asumir una modalidad disciplinaria que es distinta a la
que ejerce el juez penal, y que se diferencia de ésta, en términos de García de
Enterría, porque pretende proteger el orden social colectivo en forma general y
abstracta; mientras que la primera es una potestad de auto-protección de la
Administración, ejercida no respecto de la sociedad en general, sino respecto
de unos sujetos determinados, que tienen con la Administración un vínculo
directo.
En ese orden de ideas, las relaciones que se
establecen entre el Presidente de la República en su calidad de Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas y los miembros de estas últimas, son de
especialísima sujeción; máxime si se tiene en cuenta que existe una previsión
constitucional específica que otorga al jefe del ejecutivo una verdadera
preeminencia jerárquica, en la cual se deben entender implícitos ciertos
poderes normativos de amplio alcance. Sobre esta relación jerárquica de
especial fuerza, se ha pronunciado esta Corte en  varias oportunidades. Así, en
la sentencia C-048/01, se afirmó que el principio constitucional de supremacía
del poder civil sobre las funciones militares y de policía se manifiesta, entre
otras, en las amplias facultades con las que cuenta el ejecutivo para
determinar la estructura, organización y dirección de este cuerpo. Por tal
motivo, en dicha oportunidad se estableció que corresponde al Presidente de la
República la dirección de la administración militar y de las políticas de defensa
del Estado, atribución que le permite ejercer su autoridad para ordenar,
coordinar y dirigir las actuaciones de la Fuerza Pública. En el mismo sentido,
las sentencias C-477/98 y C-525/95 confirman las amplias potestades del
Presidente en relación con las Fuerzas Armadas; tanto así que, en el segundo
pronunciamiento que se cita, la Corte afirmó que “ninguna autoridad en la
República cuenta, como el Presidente, con atribuciones tan claras y precisas en
lo que hace a la dirección de las fuerzas militares”.
32. Por lo mismo, ha de concluirse lo siguiente: el
mecanismo a través del cual el Presidente de la República puede ejercer la
colaboración reglamentaria en materia de disciplina de la Fuerza Pública, es el
de los reglamentos constitucionales autónomos, al contar  con funciones que le
han sido atribuidas directamente por la Carta, con un contenido normativo de
amplio alcance.
VII. Conclusiones sobre el prinicipio de legalidad y
colaboración reglamentaria.
1. Si bien la Constitución no da un concepto unívoco
de reglamento, en este contexto debe entenderse que las facultades
extraordinarias se concedieron para expedir un reglamento que regulara materias
con reserva de ley (v.gr. inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de
interés). El legislador utilizó la técnica de las normas en blanco impropias,
en las cuales el complemento tiene la misma naturaleza de ley.
2. Es necesario acudir a la “colaboración
reglamentaria de la administración”, cuando hay potestades autónomas del
Presidente o de otro órgano, o en los casos de competencias concurrentes entre
el Congreso y ciertas autoridades.
3. En materia de ejercicio del ius puniendi,
siempre hay reserva de ley para la descripción del núcleo esencial de la
conducta y su sanción. No obstante, la reserva no se aplica con la misma
rigidez en todos los ámbitos. Es cerrado en Derecho Penal, pero se flexibiliza
gradualmente en el Derecho Penal Administrativo y en el Derecho Administrativo
sancionador.
4. La colaboración reglamentaria de la administración
se presenta a través de reglamentos constitucionales autónomos, o de
reglamentos que complementen leyes marcos o desarrollen leyes habilitantes, o a
través de la potestad reglamentaria o los reglamentos residuales.
5. La colaboración reglamentaria puede ser desarrollada
por la administración, o por órganos y funcionarios autónomos como el Banco de
la República, el Contralor General  de la Nación o el Consejo Superior de la
Judicatura. Cualquiera de ellos puede complementar un tipo disciplinario en
blanco en los asuntos propios de su competencia y en la medida en que no exista
reserva de ley.
6. En materia de fuerza pública, el instrumento mas
importante con que cuenta el Presidente es el de los reglamentos
constitucionales autónomos, que expide como supremo director de la institución.
7. Para determinar la naturaleza del complemento
normativo del tipo en blanco, hay que precisar si la materia tiene reserva de
ley o reserva de reglamento. El primer caso da lugar a los tipos en blanco
impropios, el segundo, a los propios.
VIII. Análisis de la extralimitación
33. Teniendo en cuenta las anteriores reglas,
aplicables al tema de la colaboración reglamentaria, es indispensable recordar
que en este caso el Presidente de la República, al expedir los decretos que se
demandan, estaba ejerciendo la función legislativa, y no la
reglamentaria que le es propia. Es decir, obraba como legislador extraordinario
y no como comandante supremo de las fuerzas armadas; la naturaleza de los actos
expedidos por él, en consecuencia, es distinta de los reglamentos que se han
enumerado.
Por esta razón, al ejercer tal función legislativa, el
Presidente de la República debió haber respetado plenamente el ámbito reservado
por la Carta a la complementación reglamentaria; por lo tanto, mal haría en
regular por vía legislativa asuntos que son propios de su calidad de supremo
director de la Fuerza Pública. Es decir, en desarrollo de las facultades
extraordinarias estudiadas, el Presidente únicamente podía regular aquellos
complementos del tipo disciplinario que tienen reserva de ley –por ejemplo,
los temas relacionados con inhabilidades, conflictos de interés, impedimentos y
competencias generales, sujetos a la más estricta reserva legal-. De lo
contrario, estaría invadiendo la órbita propia de la reglamentación
administrativa, y al mismo tiempo, desconociendo la prohibición constitucional
de expedir códigos en ejercicio de tales facultades.
34. Salta a la vista que con la expedición del decreto
que se estudia, el Presidente incurrió en los dos vicios que se acaban de
señalar –desconocimiento de la reserva del reglamento, y expedición de un
código en desarrollo de facultades extraordinarias-, ya que pretendió regular
temas mucho más amplios que los propios de la reserva legal indicada. Para
estos efectos, se debe tener en cuenta que cuando se habla de “código”, se está
haciendo alusión a un cuerpo normativo que cuente con las características
reseñadas en la sentencia C-725/00, a saber: a) que se trate de la regulación
unificada y armónica de una determinada materia; b) que dicha regulación se
efectúe en forma estructurada, y con sujeción a unos principios comunes; c) que
exista coherencia interna entre las disposiciones de tal normatividad, las
cuales deben estar referidas a un mismo ramo de la legislación; d) que cumpla
como objetivos: (i) promover la seguridad jurídica, por medio de la eliminación
de normas múltiples y dispares, y (ii) facilitar el conocimiento futuro de una
determinada normatividad. Si las normas expedidas en virtud de las facultades
presentan las anteriores características, habrá de concluirse, forzosamente,
que ellas desconocen el ámbito propio del Legislador Nacional, así como el que
incumbe a la colaboración reglamentaria del Presidente, por lo cual se viola la
garantía propia de la legalidad disciplinaria.
35. Pues bien, en este caso la codificación que
pretende el decreto acusado es evidente. Ello se infiere de una simple
comparación entre la estructura de tal decreto y la del Código Disciplinario
Unico, ejercicio que confirma el hecho de que ambos instrumentos regulan
exactamente las mismas materias.  En la sentencia C-713/01, respecto de la cual
se expide el presente salvamento, se explica que el Código Disciplinario Unico
efectúa una regulación integral de la materia que trata, así:
“El Código Disciplinario Unico comprende el conjunto
de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende
asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento
de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. El CDU define las
conductas que se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se
puede incurrir y el proceso que debe seguirse para establecer la
responsabilidad disciplinaria. Con la expedición del CDU se persigue la
instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen
disciplinario aplicable a los servidores del Estado”
Se observa que la norma declarada exequible tiene un
contenido que resulta idéntico al del CDU, puesto que, como igualmente se
señala en la providencia respecto de la cual se discrepa, el libro primero está
estructurado en torno a los siguientes temas:
- Principios rectores
- Ambito de aplicación
- De las órdenes
- De las faltas
- De las sanciones
- Graduación de las sanciones
- Extinción de la acción disciplinaria
- Competencia
La codificación pretendida resulta, así, notoria, no
sólo por regular temas idénticos a los del CDU, sino por cuanto pretende una
sistematización detallada e integral de las normas aplicables.
36. En consecuencia, al declarar la constitucionalidad
de la parte sustancial de las normas demandadas, la Corte hizo caso omiso de la
diferencia que existe entre una norma expedida en uso de facultades
extraordinarias, una reglamentación disciplinaria que complemente la
tipificación legal, y un código. Por lo mismo, admitió que el Presidente, por
vía de una norma del primer tipo indicado, desconociera la reserva
constitucional con la que cuentan ciertos mecanismos de colaboración
reglamentaria, y simultáneamente, violara la prohibición expresa contenida en
el artículo 150-10 de la Carta. En síntesis, la Corte entendió que reglamento
es igual a código.
Por las anteriores razones, me aparto parcialmente de
su decisión, y expido el presente salvamento de voto. No había, a la luz de la
Carta, alternativa distinta a la declaratoria de inconstitucionalidad del
decreto estudiado, en su integridad.
Fecha ut supra.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] Sentencia C-310 de 1997. M.P. Carlos
Gaviria Díaz. En este pronunciamiento, la Corte sentó la anterior doctrina al
analizar una demanda de Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la ley 200 de 1995
-Código Disciplinario Único-.
[2] En
la sentencia C- 620 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte reiteró que
las diferencias existentes entre los estatutos disciplinarios de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional y los aplicables a los demás funcionarios
públicos, radican, exclusivamente, en los aspectos de orden sustancial -las
faltas en que pueden incurrir y las sanciones que le son aplicables- y no en el
procedimiento que debe surtirse para imponer la sanción, pues allí es
perfectamente posible que el legislador fije una regulación común sin que por
eso se entiendan afectados los regímenes especiales y, en consecuencia, las
disposiciones constitucionales que los consagran. No obstante, precisó que si
bien los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las
regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico, “las conductas
que trasciendan la función propiamente militar o policiva, por carecer de
relación directa con el servicio, no pueden quedar cobijadas dentro de las
indicadas regulaciones, lo cual se predica, entre otros casos, de las conductas
que violan los derechos humanos. Tales comportamientos quedan, entonces,
sometidos a la normatividad ordinaria, penal o disciplinaria”.
[3]  Sentencia C-088 de
1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[4] M.P. Antonio Barrera
Carbonell y M.P.Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[6] M.P. Jorge Arango Mejía
[7]  En las sentencias C-1493  y C-1713 de
2000, la Corte examinó la constitucionalidad de la Ley 578 de 2000. En la
primera providencia, se tomaron estar determinaciones: Primero: declarar
INEXEQUIBLE la expresión "…y se dictan otras disposiciones …"
del artículo 1 de la ley 578 de 2000. Segundo: declarar INEXEQUIBLES las
expresiones "…. entre otros…." y "y las demás
normas relacionadas con la materia" del artículo 2 de la ley 578 de
2000. Tercero: declarar INEXEQUIBLE el aparte final del artículo 3 de la
ley 578 de 2000, que dice: "….De la Comisión de redacción de la ley de
facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado” y cuarto:
declararse inhibida para emitir pronunciamiento sobre la acusación por vicios
de trámite, por ineptitud de la demanda. En el segundo de pronunciamiento la
Corte decidió: Primero: INHIBIRSE para fallar de fondo respecto
de los cargos formulados por vicios formales contra la Ley 578 de 2000, por
ineptitud de la demanda. Segundo: declarar EXEQUIBLE el artículo
1 de  la Ley 578 de 2000 salvo la expresión “y se
dictan otras disposiciones” en relación   con la cual  debe ESTARSE A LO
RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su
inconstitucionalidad. Tercero: declarar EXEQUIBLE el artículo  2
de  la Ley 578 de 2000 salvo respecto de la  expresión  “y
las demás normas relacionadas con la materia” en relación   con la cual
debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su
inconstitucionalidad.
[8] El libro primero está compuesto por: los principios
rectores, el ámbito de aplicación, las ordenes, la extinción de la acción
disciplinaria, las faltas y sanciones disciplinarias, la clasificación y
límites de las sanciones y los criterios para su graduación. El libro
segundo está compuesto por: el procedimiento disciplinario, la acción
disciplinaria, los sujetos procesales, la actuación procesal, los autos y
fallos, la ejecutoria de las providencias, los recursos, la revocatoria
directa, las nulidades, la suspensión provisional, la competencia, los
impedimentos y recusaciones, las autoridades con atribuciones disciplinarias, el
procedimiento ordinario, la indagación preliminar, la investigación
disciplinaria, la evaluación, los descargos, las pruebas, el procedimiento
verbal, la segunda instancia y la consulta.
[9] Ver entre otras las sentencias: C-248 de 1994, C-252 de 1994 y
C-077 de 1997. Entiéndase por código, la consagración ordenada, sistemática y
armónica de los diferentes principios, instituciones y reglas de una rama del
derecho. En idéntico sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-252 de
1994: “...Se reitera que un código se caracteriza por ser un conjunto de normas
que regulan de manera completa, metódica, sistemática y coordinada, las
instituciones constitutivas de una rama del derecho...” (subrayado por
fuera del texto original).
[10] Ver entre otras las sentencias: C-252 de 1994, C-296 de 1995 y
C-077 de 1997.
[11] La Corte mediante sentencia C-296 de 1995, señalo que se entiende
por régimen especial: “¿Pero qué significa tener un régimen especial de
carácter disciplinario?. Simplemente que existe un conjunto de normas
singulares o particulares en las que se consagran las faltas, las sanciones,
los funcionarios competentes para imponerlas y el procedimiento o trámite
que debe seguir el proceso respectivo, incluyendo términos, recursos, etc., aplicables
a un determinado grupo de personas, en este caso a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, que se distinguen de las que rigen para los
demás servidores del Estado, debido a la específica función o actividad que les
corresponde cumplir.” (subrayado por fuera del texto original).
[12] Dispone el artículo 217 “ La ley determinará el sistema de
reemplazos en las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos y
obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional
y disciplinario, que les es propio.
[13] Subrayado por fuera del texto original
[14] La citada sentencia C-310 de 1997 sostiene: “Como lo que pretende
el demandante es que se elimine el régimen especial y, en consecuencia, se
aplique la totalidad de las normas del Código Disciplinario Unico a los
miembros de la Fuerza Pública, basta recordar, como ya se expuso en párrafos
anteriores, que es la misma Constitución la que autoriza al legislador para
expedir el régimen especial disciplinario aplicable a los miembros de la Fuerza
Pública; y que el legislador, de acuerdo con una política preestablecida,
goza de autonomía y cierta discrecionalidad para describir las conductas que
constituyen falta disciplinaria, las sanciones imponibles y el procedimiento
que ha de seguirse para su aplicación, siempre y cuando con este
comportamiento no vulnere normas superiores. Ante estas circunstancias mal
podría el legislador desconocer la Constitución y ordenar la abolición del
citado régimen especial”.
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-077/97, MP: Antonio
Barrera Carbonell. Ver también las sentencias C-252/94, MP: Antonio Barrera
Carbonell y Vladimiro Naranjo Mesa y C-296/95, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] DIARIO OFICIAL.Año CXXV No. 38.649, martes 10 de
enero de 1989. Este decreto derogó el Decreto 1776 de 1979 y definió entre
otros temas el ambito de aplicación del reglamento de régimen disciplinario
para las Fuerzas Militares, las órdenes, las normas militares de conducta, las
obligaciones y prohibiciones, los estímulos, las faltas, las atribuciones y
competencias de las distintas autoridades disciplinarias, el procedimiento
disciplinario, sus principios rectores, la acción disciplinaria, las
formalidades, los recursos, la prescripción y el manejo de la documentación
disciplinaria.
[17] El Titulo IV del Decreto 1211 de 1990 regula entre
otros aspectos del estatuto de personal de oficiales y suboficiales, las
causales de suspension, retiro (art. 137 retiro por inasistencia al servicio
por mas de 5 dias sin causa justificada; art. 139 retiro por conducta
deficiente - haber sido sancionado disciplinariamente );  y separacion, la
separacion absoluta del servicio de suboficiales y oficiales (art. 144) por
condena a pena de prision por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria,
salvo por delitos culposos. Separacion temporal por condena a la pena principal
de arresto por delitos culposos.(art. 145) y además definió las autoridades que
podían decidir sobre la separacion absoluta y temporal.
[18] Este decreto entre sus disposiciones contiene normas
que definen causales de retiro y suspensión de los soldados profesionales.
[19] . Así lo han reconocido en forma
concluyente los principales doctrinantes colombianos que han escrito sobre la
materia: Sandra Morelli Rico, quien sostiene una reserva absoluta de ley,
negando cualquier colaboración reglamentaria (Deberes y prohibiciones de
carácter disciplinario creadas por reglamento. Viabilidad constitucional y
legal. Procuraduría General de la nación, Instituto de Estudios del
Ministerio Público, Bogotá, 1998) y Carlos Arturo Gómez Pavajeau (Dogmática
del Derecho Disciplinario. Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2001).
[20] . NIETO, Alejandro. Derecho
Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos, Madrid, 1994, p. 26.
[21] . Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-021/93, C-188/94 y
C-037/00. Igualmente, a nivel de doctrina, se puede consultar el texto de Jaime
Orlando Santofimio, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,
Universidad Externado, p. 450; igualmente, el texto de Libardo Rodríguez, Derecho
Administrativo, Temis, 2000, pag. 294, 295.
[22] . NIETO, Alejandro. Op. Cit., p. 223.
[23] . GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Op. Cit. Pag. 36 y ss.