C-955-99
Sentencia C-955/99
INCONSTITUCIONALIDAD POR
CONSECUENCIA/SUPRESION DE TRAMITES
Sala Plena
Referencia:
Expediente D-2564
Demanda de
inconstitucionalidad contra  el artículo 126 del Decreto-ley 1122 de 1999 “Por
el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los
ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública
y fortalecer el principio de la buena fe”.
Demandante: Jaime
Rodríguez Azuero
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Santafé de Bogotá,
D.C., primero (1) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jaime Rodríguez Azuero
demandó la inconstitucionalidad del artículo 126 del Decreto-ley 1122 de 1999
“Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de
los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración
Pública y fortalecer el principio de la buena fe”.
Por auto del
veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), el
magistrado sustanciador, doctor Alfredo Beltrán Sierra, admitió la demanda
presentada contra el artículo 126 del Decreto-ley 1122 de 1999.  En
consecuencia, ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar
traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto
y, comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la República y al
señor Presidente del Congreso.
II.  NORMA
DEMANDADA.
A continuación, se
transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en
el Diario Oficial Nº 43622 del 29 de junio de 1999.
Decreto-ley 1122 de 1999
(junio 26)
“Por el cual se dictan normas para suprimir trámites,
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia
de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe”.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 4º del
artículo 120 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998
“DECRETA:
“Artículo 126. Excepción a entidades
públicas.
“El artículo 99 de la Ley 388 de 1997
tendrá un Parágrafo del siguiente tenor:
“Parágrafo.
Sin perjuicio de los requisitos establecidos para tal efecto, las entidades
públicas del municipio o distrito no requerirán Licencia para Construir,
ampliar, modificar, adecuar o reparar inmuebles destinados a usos
institucionales, como tampoco para intervención u ocupación del espacio
público, siempre que observen las  normas de urbanismo que le sean aplicables.
La inobservancia de este último precepto hará disciplinariamente responsable al
jefe de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya
lugar”.
III.  LA
DEMANDA
Considera el demandante que la excepción
consagrada en la disposición acusada rebasa el alcance de las facultades
otorgadas al Presidente de la República por el órgano legislativo, por cuanto
se suprime un trámite sustancial y necesario que encuentra su fundamento en el
artículo 58 de la Constitución Política, según el cual la propiedad tienen una
función social que implica obligaciones exigibles tanto en materia urbanística
y de sismo resistencia, a través de las diferentes modalidades de la licencia
de construcción, la cual es el único medio que le permite al Estado orientar y
verificar el destino que las personas públicas o privadas deben dar a la
propiedad.
En ese orden de ideas, manifiesta el actor,
la licencia de construcción se convierte en una herramienta para que los
municipios o distritos promuevan y garanticen el ordenamiento de su territorio,
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres y la participación
de los ciudadanos en el desarrollo de la ciudad, especialmente de las
decisiones que los afectan.
Igualmente, a juicio del ciudadano
demandante, la excepción que consagra el artículo 126 del Decreto-ley 1122 de
1999, viola el principio constitucional de la igualdad. En efecto, señala el
actor, que si el legislador primario no hizo ninguna distinción al consagrar en
el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, que para adelantar obras de construcción
se requiere licencia expedida por los municipios, distritos especiales,
distrito capital, el departamento de San Andrés y Providencia o los curadores
urbanos, no se entiende como el legislador extraordinario haya adicionado un
parágrafo al artículo 99 citado, consagrando una excepción a favor de las
entidades públicas de los municipios y distritos, sin que exista una
justificación válida, toda vez que se esta frente a un mismo hecho cual es la
construcción de un inmueble.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El señor Procurador General de la Nación en
concepto Nro. 1954 recibido el 9 de noviembre de 1999, solicita a la Corte
declarar la inconstitucionalidad del Decreto-ley 1122 de 1999, a partir de la
fecha de su publicación, debido a que el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 fue
retirado del ordenamiento jurídico, a partir de la fecha de su promulgación,
mediante sentencia C-702 de 1999, Magistrado Ponente, Fabio Morón Díaz.
Por ende, manifiesta el Ministerio Público,
que el soporte jurídico del Decreto-ley 1122 de 1999 ha desaparecido y, sus
disposiciones no pueden tener efecto alguno en nuestro ordenamiento,
presentándose en este evento el fenómeno denominado “Inconstitucionalidad por
Consecuencia”.
V.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241-5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para
conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal,
como las que se acusan en la demanda que se estudia.
2.     Cosa Juzgada Constitucional.
La Constitución Política en su artículo
243, consagra la cosa juzgada constitucional, en efecto, dispone esa
disposición lo siguiente : “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
“Ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para
hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
En la sentencia C-923 de 1999, ponente
Magistrado Alvaro Tafur Galvis, fueron demandadas varios artículos del
Decreto-ley 1122 de 1999, en la mencionada sentencia se señaló lo siguiente :
“De
otra parte, en relación con los artículos 160, 161, 162, 163, 164 , 165 y 166
del Decreto 1122 de 1.999, es necesario determinar si es procedente la
aplicación de la llamada ‘inconstitucionalidad por consecuencia’ y si para tal
efecto es pertinente efectuar la integración de la unidad normativa con el
resto de las disposiciones que integran el Decreto 1122 de 1999.
“De conformidad con su encabezamiento, el
Decreto 1122 de 1999 ‘por el cual se dictan normas para suprimir trámites,
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia
de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fé’, fue
expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por el numeral 4º del artículo 120 de la ley 489 de
1998. Esta última disposición, en efecto, autorizaba al Presidente para expedir
normas con fuerza de ley para ‘suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública’.
“Por lo anterior, es claro que la fuente
normativa directa e inmediata de las disposiciones contenidas en el Decreto
1122 de 1999 es la autorización extraordinaria otorgada por el legislador en la
norma legal declarada ya como inconstitucional por esta Corporación.
“La Corte de manera general ha señalado que
se configura una ‘inconstitucionalidad consecuencial’ cuando en los casos de
decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de
emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento
de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o
sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias. De manera específica
también la Corte se ha pronunciado sobre decretos expedidos en uso de las
facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el
artículo 120 de la ley 489 de 1998 y ha dado aplicación a la figura de la
inconstitucionalidad consecuencial al declarar la inexequibilidad de los
Decretos 110 de 1999 y 1155 de 1999, expedidos con base en las mismas
facultades, en las Sentencias C-845 de 1999 y C-870ª de 1999, respectivamente”.
(...)
“Si bien es cierto que en el presente
proceso la acción se encaminó contra algunas de las disposiciones y no contra
la totalidad del Decreto 1122, la Corte habrá de conformar la unidad normativa
y declarar la inexequibilidad de todo el Decreto siguiendo la orientación que
sobre el particular ha adoptado esta Corporación”.
Así las cosas, se dispuso en su parte
resolutiva lo siguiente :
“Primero.-
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-702 de 1999 que declaró la
inexequibilidad del artículo 120 de la ley 489 de 1998, a partir de la fecha de
promulgación de ésta.
“Segundo.-  Declarar INEXEQUIBLE, a partir
de la fecha de su promulgación, el Decreto 1122 del 26 de junio de 1999,
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la ley 489 de 1998”.
En consecuencia, teniendo en cuenta el
pronunciamiento hecho por esta Corporación, se ordenará en esta providencia,
estarse a lo resuelto en la sentencia C-923 de 1999, ponente Magistrado Alvaro
Tafur Galvis.
VI.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-923 de 1999, que declaró
la inexequibilidad del Decreto 1122 de 1999, a partir de la fecha de su
promulgación.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración
de voto a la Sentencia C-955/99
Referencia:
Expediente D-2564
Acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 126 del Decreto-Ley 1122 de 1999
Actor: Jaime
Rodríguez Azuero
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Teniendo en cuenta que los suscritos
magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisión adoptada mediante la
Sentencia C-702 de 1999, que decidió declarar inexequible el artículo 120 de la
ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales
nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido
de que sólo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la
decisión aquí adoptada.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado