C-915-10
Sentencia C-915/10
Sentencia C-915/10
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Se ajusta a los postulados y preceptos
constitucionales/ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Declaraciones
interpretativas respecto de participación de comunidades étnicas y necesidad de
aprobación del congreso y control de constitucionalidad de las enmiendas que se
introduzcan a este acuerdo.
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Trámite legislativo
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Derechos y obligaciones ambientales/ACUERDO SOBRE
MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Cooperación ambiental/ACUERDO
SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Disposiciones internacionales
DERECHOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES-Definiciones para los propósitos del tratado/COMUNIDADES
INDIGENAS Y LOCALES-Definición en Colombia/LEGISLACION AMBIENTAL-Definición
en Colombia y Canadá/LEY O REGULACION-Definición en Colombia y Canadá/TERRITORIO-Definición
en Colombia y Canadá
Derechos y Obligaciones Ambientales- el artículo 1
contiene algunas definiciones que se usarán para los propósitos del tratado.
Interesa a la Sala resaltar cuatro de ellas.  (i) La primera es la definición,
para Colombia, de “comunidades indígenas y locales”. Se indica que este término
significa “aquellas comunidades
indígenas, afroamericanas y locales que se definen en el artículo 1 de la
Decisión Andina como un grupo cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que
está regido total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones o por
una legislación especial y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserva
sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o una parte de
ellas”. (ii) La segunda definición es la de “legislación ambiental” que, para
ambas partes, “significa toda ley o reglamento de una de las Partes, o una
disposición contenida en los mismos, cuyo propósito principal sea la protección
del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud
humana mediante: (a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o
emisión de contaminantes ambientales; (b) el control de sustancias o productos
químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o peligrosos para el
medio ambiente, y la difusión de información relacionada con ellos; o (c) la
conservación de la diversidad biológica, que incluye la protección de la flora
y fauna silvestres, las especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales
bajo protección especial en el territorio de la Parte. Para la República de
Colombia, la conservación de la diversidad biológica también incluye el uso
sostenible de esta última”.  Dentro del anterior concepto no se incluye lo “que
esté relacionado directamente con la salud y la seguridad de los trabajadores o
con la salud pública”. Tampoco aquello “cuya finalidad principal sea regir la
cosecha comercial o la explotación o la cosecha de subsistencia o la cosecha
por parte de indígenas de los recursos naturales”. (iii) La tercera definición
incluida en el artículo 1 es la de “ley” o “regulación”  que quiere decir: “(a)
Para Canadá, una ley o regulación o una disposición de éstos, incluso
instrumentos jurídicamente obligatorios hechos en virtud de las mismas,
promulgada o hecha o dictada a nivel federal de gobierno y por cualquiera de
las provincias incluidas en una declaración entregada por Canadá en virtud del
Anexo II. (b) Para la República de Colombia, toda ley promulgada por el
Congreso de la República, o decretos o resoluciones promulgados por el Nivel
central del gobierno con el fin de implementar leyes del Congreso, que sean
ejecutadas por el Nivel central del gobierno”. (iv) La cuarta y última
definición que desea resaltar la Sala es la de  “territorio”, término que
encierra, con respecto a Canadá, a) “ el espacio terrestre”, b) “espacio
aéreo”, c) “las aguas jurisdiccionales y mar territorial”, d) “la zona
económica exclusiva de Canadá, de acuerdo a lo establecido al respecto en la
legislación nacional, y consecuente con la Parte V de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) del 10 de diciembre de 1982” y e) “la plataforma continental de Canadá, de acuerdo a lo establecido por la legislación
nacional, y consecuente con la Parte VI de la CONVEMAR”. Mientras que para
Colombia incluye a) “su territorio terrestre, tanto continental como insular”,
b) “su espacio aéreo” y c) “las áreas marítimas sobre las cuales ejerce
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su derecho interno
y el derecho internacional”.
CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y
AFRODESCENDIENTES-Contenido
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Reiteración de doctrina constitucional/CONSULTA A
LAS COMUNIDADES ETNICAS CON ESPECIAL REFERENCIA AL CASO DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional/ CONSULTA PREVIA DE
COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES-Constituye un derecho fundamental
COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES-Espacios concretos de participación en el ordenamiento
constitucional
El ordenamiento constitucional abre a las comunidades
indígenas y afrodescendientes espacios concretos de participación, además de
los establecidos para todos los colombianos dentro de los cuales también están
incluidas. Entre otros, se pueden identificar como espacio de participación
concretos (i) la elección de dos senadores en circunscripción nacional especial
por comunidades indígenas, (ii) la posibilidad, ya desarrollada por la ley, de
establecer una circunscripción especial para asegurar la participación de los
grupos étnicos en la Cámara de Representantes, (iii) la obligación de que la
conformación y delimitación de las entidades territoriales indígenas se lleve a
cabo con participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial –artículo 329-, (iv)
el mandato de propiciar la participación de los representantes de las
comunidades indígenas en las decisiones respecto de la explotación de los
recursos naturales en sus territorios –artículo 330- y (v) la consulta previa
sobre las medidas legislativas y administrativas que los afectan directamente,
espacio de participación que es el que resulta relevante para el asunto de la
referencia. El mandato de consulta previa encuentra su fundamento
constitucional en el artículo 6, ordinal a, del Convenio 169 “Sobre Pueblos
indígenas y Tribales” de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), tratado internacional que, según jurisprudencia constitucional
reiterada, forma parte de bloque de constitucionalidad –artículo 93 de la
Constitución-.
CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO OIT-Hace parte del bloque de
constitucionalidad
DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS COMUNIDADES ETNICAS A LA
CONSULTA PREVIA Y UN CORRELATIVO DEBER ESTATAL DE ADELANTARLA-Titularidad/CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT-Requisitos que deben concurrir a la hora de establecer
quiénes se pueden considerar como sus beneficiarios
La jurisprudencia constitucional ha estimado que de la
disposición transcrita surge un derecho fundamental de las comunidades étnicas
a la consulta previa y un correlativo deber estatal de adelantarla y, con base
en ella, ha determinado sus contornos. Así, en lo que toca con la titularidad
de tal derecho, ha indicado la Corte que esta reside, para el caso colombiano,
no sólo en las comunidades indígenas sino también en las afrodescendientes de
conformidad con el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. Afirmó la Corte en la
sentencia C-461 de 2008 que “la
norma internacional en comento hace referencia a dos requisitos que deben
concurrir a la hora de establecer quiénes se pueden considerar como sus
beneficiarios: (i) Un elemento objetivo, a saber, la existencia de rasgos
culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les
diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento subjetivo, esto
es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse
como miembros de la colectividad en cuestión”. Acudió al artículo 2-5 de la Ley
70 de 1993 que definió a las comunidades afrodescendientes como "el
conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres
dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” y, con base en él,
concluyó que “las comunidades negras cumplen con esta doble condición, y por
ende se ubican bajo el supuesto normativo del Convenio mencionado”. Añadió que
“el término comunidades negras, como lo indica el artículo 1 de la Ley 70 de
1.993 en consonancia con el artículo Transitorio 55 de la Constitución, se
refiere tanto a aquellas que habitan en la Cuenca del Pacífico colombiano, como
a las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan con
los dos elementos reseñados. Asimismo, a falta de una mención expresa, se deben
entender incluidas dentro de las dichas comunidades negras (…) a las agrupaciones
raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, las cuales no sólo
comparten con las primeras un origen histórico común en las raíces africanas
que fueron transplantadas a América, sino que han sido reconocidas por esta
corporación, en consonancia con el artículo 310 de la Carta, como un grupo
étnico titular de derechos especiales”.
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Ambito temático
En relación con el ámbito temático de la consulta
previa ha precisado la Corte que ésta se debe llevar a cabo respecto de
cualquier aspecto que afecte directamente a la comunidad étnica. Es decir que
la consulta previa no se circunscribe al caso de la explotación de recursos
naturales en los territorios indígenas –artículo 330- y al de la delimitación
de las entidades territoriales indígenas –artículo 329-, que fueron los
expresamente previstos por la Constitución. Ello porque la ratificación del
Convenio 169 de OIT por parte de nuestro país, mediante la ley 21 de 1991,
amplió su espectro a toda medida susceptible de afectar directamente a las
comunidades étnicas. Nótese que el tenor literal del artículo 6 del mencionado
Convenio no contiene restricción temática alguna al referirse simplemente a “cada
vez que se prevean medidas.
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Tipo de medidas
En lo que respecta al tipo de medidas que deben ser
consultadas previamente con las comunidades étnicas, la Corte ha acudido
nuevamente al texto del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT para señalar que
son no solamente las medidas administrativas sino también las legislativas, y
dentro de estas últimas ha incluido las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales e incluso las reformas constitucionales. Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en afirmar que la
obligación de adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida
–administrativa o legislativa- que sea susceptible de afectar a las comunidades
étnicas, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente.
Según esta Corte, este criterio
surge “no solo de la calidad de directa que se predica de la afectación que
produzca una medida legislativa para que sea imperativa la consulta, sino
también del hecho de la misma procede cuando se trate de aplicar las
disposiciones del Convenio [según el mismo artículo 6 del Convenio 169]”.  Este
requisito –afectación directa- merece un cuidadoso análisis en el caso de las
medidas legislativas, dentro de las que se incluyen las leyes aprobatorias de
tratados internacionales. Ello porque “las leyes, en general, producen una
afectación sobre todos sus destinatarios. De esta manera una ley, en cualquier
ámbito, aplicable a la generalidad de los colombianos, afecta a los miembros de
las comunidades indígenas y tribales que tengan la calidad de nacionales
colombianos (…)”. Además porque “en principio, las leyes, por su carácter
general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, la
cual sólo se materializa en la instancia aplicativa”.  Es entonces claro que,
en el caso de las leyes, “lo que debe ser objeto de consulta son aquellas
medidas susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en
su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera
uniforme para la generalidad de los colombianos”. En los demás asuntos
legislativos, las comunidades étnicas gozarán de los mismos espacios de
participación de los que disponen la generalidad de los colombianos y de
aquellos creados específicamente para ellas por la Constitución, la ley y los
reglamentos, pero no existirá la obligación de la consulta previa. Es por esto
que la jurisprudencia constitucional ha fijado criterios para determinar cuando
puede decirse que una medida legislativa afecta directamente a las comunidades
étnicas con el fin de establecer, en un caso concreto, si la consulta es
obligatoria. Así, ha determinado la jurisprudencia de esta Corte que “puede
señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera el estatus de la
persona  o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o
gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios”, ello
“independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que
debe ser, precisamente, objeto de la consulta”.
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Forma en la cual debe ser llevada a cabo/CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Sometimiento al principio de la
buena fe/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Procedimiento
no queda librado por entero a la discrecionalidad de las autoridades
gubernamentales
Se ha pronunciado la Corte respecto de la forma
en la cual debe ser llevada a cabo la consulta. Frente a ello ha señalado que
“en la medida en que el Convenio 169 no establece unas reglas de procedimiento
y en tanto que las mismas no hayan sido fijadas en la ley,  debe atenderse a la
flexibilidad que sobre el particular consagra el Convenio y al hecho de que, de
acuerdo con el mismo, el trámite de la consulta se somete al principio de la
buena fe, lo cual quiere decir, por un lado, que corresponde a los Estados
definir las condiciones en las que se desarrollará la consulta, y por otro, que
la misma, para que resulte satisfactoria a la luz del ordenamiento
constitucional, debe realizarse de manera que sea efectiva y conducente, pero
sin que quepa hablar, en ese contexto, de términos perentorios para su
realización, ni de condiciones ineludibles para el efecto”. En últimas esto
deriva en que, a pesar de la flexibilidad que otorga el Convenio 169, “el
procedimiento de consulta no queda (…) librado por entero a la discrecionalidad
de las autoridades gubernamentales”.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONSULTA PREVIA DE
COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Condiciones
En desarrollo del principio de buena fe, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que: (i) La consulta previa debe
estar antecedida de un “proceso preconsultivo”, lo que significa que “deberá
estar precedida de una consulta acerca de cómo se efectuará el proceso
consultivo”. Ello porque “el Estado Colombiano deberá tener en cuenta que los
procesos de consulta previa no podrán responder a un modelo único aplicable
indistintamente a todos los pueblos indígenas, pues para dar efectiva
aplicación al Convenio 169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su
artículo 6° y en el artículo 7° de la Carta, los procesos de consulta deberán
ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, respetando
sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren desarrollado”.
(ii) La consulta se debe hacer de tal forma que la comunidad étnica “tengan el
derecho de expresar su punto de vista y de influenciar el proceso de toma de
decisiones”. En otras palabras, “que se le de la oportunidad para que
libremente y sin interferencias extrañas pueda (…) valorar conscientemente las
ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída
en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que
concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del
mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación
activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad (…)”.
De conformidad con lo anterior, “la realización de la consulta de buena fe
implica que ésta no se debe abordar como un mero procedimiento formal a
cumplir, ni como un trámite” y por esta misma razón “los mecanismos de
participación no pueden limitarse a cumplir una simple función informativa” y no
tiene el valor de consulta la simple notificación de la medida que se quiere
adoptar. (iii) Lo anterior no quiere decir que la consulta previa excluya el
proceso informativo, sino que no se debe limitar a él. En efecto, se ha
indicado que, en la consulta previa, “los gobiernos deben proporcionarles
información apropiada y completa, que pueda ser comprendida plenamente por los
pueblos indígenas y tribales”. Esta información sobre la medida a adoptar debe
incluir los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerla en
ejecución y la manera como su ejecución puede conllevar una afectación a su
identidad. Adicionalmente, la efectiva posibilidad de expresar la posición y de
influir en la toma de decisiones, en algunos casos, requiere de “acciones
dirigidas a ayudar a los referidos pueblos a adquirir el conocimiento y las
capacidades necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de
desarrollo existentes”. (iv) Los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que
declare representar a la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben
emprenderse con organizaciones/instituciones genuinamente representativas, que
están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades
interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas,
deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que
tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos”. (v) El proceso de consulta debe llevarse a cabo “con miras
a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas
acerca de las medidas legislativas propuestas”. Es importante aclarar que lo
dicho no se traduce en un poder de veto de las comunidades étnicas a las
medidas que las afecten directamente según el cual no pueden adoptarse sin su
consentimiento, significa que, ante el desacuerdo se deben presentar “fórmulas
de concertación o acuerdo con la comunidad”. (vi) Cuando no sea posible el
acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista
de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva,
razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado
la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad
indígena. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar,
corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o
puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros.
COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Momento en el cual debe hacerse la consulta previa
Importancia crucial en el tema de la consulta previa
tiene la determinación del momento en el cual debe hacerse. Al respecto,
con base en el principio de la buena fe que informa el proceso consultivo, ha
dicho la Corte que la consulta debe ser oportuna, lo que quiere decir que debe
hacerse con anterioridad a la adopción de la medida pues, una vez tomada la
misma, la participación de la comunidades étnicas no tendría utilidad alguna en
la medida en que no podrían influir en el proceso decisorio. Se trataría no de
un proceso de consulta sino de una mera notificación de algo que ya ha sido
decidido. Con base en esta regla general, la Sala ha fijado reglas particulares
sobre el momento oportuno de hacer la consulta según se trate de medidas
administrativas, legislativas o tratados internacionales, distinción que se
deriva de las diferencias entre los procedimientos que se deben llevar a cabo
para adoptar estas medidas. Así, para lo que interesa en esta ocasión, la
incorporación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno
colombiano precisa el cumplimiento
de un conjunto de pasos sucesivos en cabeza de diferentes ramas del poder
público, con diferentes objetivos, regidos por la Constitución y el derecho
internacional público, por lo que surge la pregunta de qué momento debe
adelantarse la consulta a la comunidad étnica directamente afectada en materia
de leyes aprobatorias de tratados internacionales.
OMISION DE CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS
ETNICOS-Efectos
La jurisprudencia de esta Corte también se ha
pronunciado sobre los efectos que tiene la omisión de la consulta previa. Ha
determinado que, al ser la consulta un derecho fundamental, procede la acción
de tutela para que las comunidades étnicas exijan del estado su realización,
aún en el caso de medidas legislativas siempre y cuando el proyecto no se haya
convertido en ley, pues en este caso existe otro mecanismo cual es la demanda
de inconstitucionalidad de la misma. Así mismo, y en consonancia con lo anterior,
ha indicado que “su pretermisión, en el caso del trámite legislativo, configura
una violación a la Carta Política” y es por ello que ante una ley que debió
haber sido consultada procede la demanda de inconstitucionalidad, es decir, que
la omisión de la consulta previa “constituye un vicio [que] impide declarar
exequible la ley”. Lo que no pierde aplicabilidad en ejercicio del control
automático en el cual la Corte debe verificar el cumplimiento del requisito de
la consulta previa en el caso de normas que afecten directamente a las
comunidades étnicas.
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-No constituye ni contiene medidas legislativas que
afecten de forma directa a comunidades indígenas y afrodescendientes
colombianas/ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Ausencia
de obligatoriedad de consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
El artículo 160 de la
Constitución prescribe que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Respecto de tal exigencia, la jurisprudencia constitucional ha determinado que
su cumplimiento supone que el anuncio sea realizado: (i) en cada uno de los
debates reglamentarios, (ii) por la presidencia de la comisión o plenaria
respectiva, (iii) en una sesión previa y diferente a aquélla en que la
discusión y aprobación va a tener lugar,  (iv) para una sesión posterior en
fecha futura y determinada o, al menos, determinable. (v) de forma clara,
empleando, preferiblemente, la indicación específica de que el anuncio de los
proyectos es para votación o, en su defecto, expresiones que permitan, por su
significado o por el contexto en el que fueron dictadas, colegir la intención
del anuncio, de manera que se realice la finalidad del requisito al dar a
conocer a los congresistas que en la sesión señalada va a tener lugar el debate
y aprobación del proyecto de ley anunciado; y, finalmente, (vi) que el proyecto
no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
CONSTITUCION ECOLOGICA-Conformación/CONSTITUCION ECOLOGICA-Concepto
Está “conformada por todas aquellas disposiciones
[constitucionales] que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente”. También ha dicho la Corte que este
término se refiere al “conjunto de
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales
deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran
medida, propugnan por su conservación y protección”
CONSTITUCION ECOLOGICA-Dimensiones
Según la jurisprudencia constitucional, la
“Constitución Ecológica” “dentro del ordenamiento colombiano tiene una triple
dimensión: (i) la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo
el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas
naturales de la Nación, (ii) aparece como el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas
vías judiciales, y (iii) de la constitución ecológica derivan un conjunto de
obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares”. De este modo, la
Sala deberá contrastar esos principios, derechos y obligaciones con los
compromisos adquiridos por el Estado Colombiano mediante el tratado de la
referencia y así determinar su conformidad o disconformidad con la
Constitución.
Referencia: expediente LAT-358
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo sobre
medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú) el
veintiuno (21) de noviembre de 2008”, el “Canje de notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por medio del cual se corrigen
errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la
República de Colombia” y la Ley 1360 de 2009 que los aprueba.
Magistrado Ponente
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil
diez (2010)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión
constitucional de la Ley 1360 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima
(Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2008 y el Canje de notas entre Canadá
y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por medio del cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio ambiente entre
Canadá y la República de Colombia”.
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, mediante oficio recibido el 3 de diciembre de 2009, remitió a esta
Corporación copia auténtica de la Ley 1360 de 2009 “Por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de
Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2008 y el
Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”, para que de
conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la
Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley
aprobatoria.
Mediante auto del dieciocho (18) de enero de 2010 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con la negociación y celebración del tratado
internacional y los antecedentes legislativos. Recibidas éstas se verificó que
no habían sido remitidas en forma completa, por lo cual el dieciséis (16) de
marzo de 2010 el Magistrado las requirió mediante un auto. Una vez allegadas
estas pruebas al despacho, se advirtió que tampoco habían sido enviadas todas
ellas, por lo cual el diecinueve (19) de abril de 2010 el Magistrado las
requirió mediante un auto, además de solicitar algunas pruebas adicionales.
Recibidas estas se dictó auto de continuación de trámite el veinticuatro (24)
de mayo de 2010 y se ordenó  dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales
cuarto y siguientes del auto del dieciocho (18) de enero de 2010.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la
Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA SOMETIDOS
A REVISION
A continuación se transcribe el texto de la ley
enviada para revisión.
Ley No. 1360 de 2009
(27 de noviembre)
Por medio de la cual se
aprueba el "ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el "CANJE DE
NOTAS ENTRE
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009,
POR MEDIO DEL CUAL SE
CORRIGEN ERRORES TÉCNICOS Y
MATERIALES DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE
CANADÁ
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE
ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", hecho en Lima, Perú, el 21 de
noviembre de 2008, y el "CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES
TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que a la letra dice:
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE
ENTRE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y
CANADÁ
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CANADÁ, en adelante llamados las "Partes”,
RECORDANDO su decisión en el Tratado de Libre Comercio entre la
República de Colombia y Canadá de implementar el Tratado de manera consecuente
con la conservación y protección ambiental y el uso sostenible de sus recursos,
y dentro de ese campo:
a) mejorar y aplicar las leyes y
reglamentos ambientales;
b) fortalecer la cooperación en materia
ambiental; y
c) promover el desarrollo sostenible;
CONVENCIDOS de la importancia de la conservación, protección y
mejora del medio ambiente en sus territorios y del rol esencial de la
cooperación en esas áreas para alcanzar el desarrollo sostenible para el
bienestar de las generaciones presentes y futuras;
RECONOCIENDO el crecimiento de los vínculos económicos, ambientales
y sociales entre sus países mediante la creación de un área de libre comercio;
RECORDANDO el
compromiso de las Partes de adoptar políticas que promuevan el desarrollo
sostenible y las sanas prácticas ambientales; y
RECONOCIENDO la importancia de la transparencia y la
participación pública en la elaboración de las leyes y políticas ambientales y
con respecto a la gobernabilidad ambiental;
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
Sección I - Derechos y Obligaciones Ambientales
Artículo 1: Definiciones
Para los propósitos de este Acuerdo:
“comunidades indígenas y locales” significa, para la
República de Colombia, aquellas comunidades indígenas, afroamericanas y locales
que se definen en el artículo 1 de la Decisión Andina como un grupo cuyas condiciones
sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la
colectividad nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias
costumbres y tradiciones o por una legislación especial y que, cualquiera sea
su situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, culturales
y políticas o una parte de ellas;
“legislación ambiental” significa toda ley o
reglamento de una de las Partes, o una disposición contenida en los mismos,
cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención
de algún peligro contra la vida o salud humana mediante:
(a) la prevención, reducción o control
de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales;
(b) el control de sustancias o
productos químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o
peligrosos para el medio ambiente, y la difusión de información relacionada con
ellos; o
(c) la conservación de la diversidad
biológica, que incluye la protección de la flora y fauna silvestres, las
especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial
en el territorio de la Parte. Para la República de Colombia, la conservación de
la diversidad biológica también incluye el uso sostenible de esta última
pero sin incluir ninguna ley o regulación, ni ninguna
disposición contenida en ellas, que esté relacionada directamente con la salud
y la seguridad de los trabajadores o con la salud pública.
Para mayor claridad, el término "legislación
ambiental" no incluye ninguna ley ni regulación ni ninguna disposición
incluida en éstos, cuya finalidad principal sea regir la cosecha comercial o la
explotación o la cosecha de subsistencia o la cosecha por parte de indígenas de
los recursos naturales;
“ley” o “regulación” significa:
(a) Para Canadá, una ley o regulación o
una disposición de éstos, incluso instrumentos jurídicamente obligatorios
hechos en virtud de las mismas, promulgada o hecha o dictada a nivel federal de
gobierno y por cualquiera de las provincias incluidas en una declaración
entregada por Canadá en virtud del Anexo II
(b) Para la República de Colombia, toda
ley promulgada por el Congreso de la República, o decretos o resoluciones
promulgados por el Nivel central del gobierno con el fin de implementar leyes
del Congreso, que sean ejecutadas por el Nivel central del gobierno;
“persona” significa una persona natural, o una persona
jurídica tales como una empresa o una organización no gubernamental establecida
según las leyes de una Parte;
“provincia” significa una provincia de Canadá e
incluye el Territorio del Yukón, los Territorios del Noroeste y Nunavut;
“territorio” significa:
(a) Con respecto a Canadá,
(i) el espacio terrestre, espacio
aéreo, las aguas jurisdiccionales y mar territorial;
(ii) la zona económica exclusiva de
Canadá, de acuerdo a lo establecido al respecto en la legislación nacional, y
consecuente con la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (CONVEMAR) del 10 de diciembre de 1982; y
(iii) la plataforma continental de
Canadá, de acuerdo a lo establecido por la legislación nacional, y consecuente
con la Parte VI de la CONVEMAR;
(b) Respecto a Colombia, su territorio
terrestre, tanto continental como insular, su espacio aéreo y las áreas
marítimas sobre las cuales ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción
de conformidad con su derecho interno y el derecho internacional.
Artículo 2: Disposiciones Generales
1. Reconociendo el derecho soberano de cada una de las
Partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental nacional y sus
políticas y prioridades de desarrollo ambiental, al igual que de adoptar o
modificar consiguientemente sus leyes y políticas ambientales, cada Parte se
asegurará de que sus leyes y políticas ambientales establezcan altos niveles de
protección ambiental y se esforzará por seguir desarrollando y mejorando esas
leyes y políticas.
2.          En consecuencia y con el objeto de
alcanzar altos niveles de protección ambiental, cada Parte deberá observar y
hacer cumplir su legislación ambiental a través de la acción gubernamental y
sus leyes ambientales.
3. Para los fines de este Acuerdo, una Parte no ha
dejado de cumplir su legislación ambiental en un caso particular cuando la
acción o inacción en cuestión por entidades o funcionarios de esa Parte:
(a) refleje un razonable ejercicio de
discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, de procesamiento o de
regulación u observancia; o
(b) sea el resultado de decisiones
tomadas de buena fe con el fin de asignar recursos destinados a la
fiscalización de otros asuntos ambientales a los que se les haya asignado una
mayor prioridad.
4. Ninguna Parte promoverá el comercio o la inversión
mediante el debilitamiento o la reducción de los niveles de protección
contemplados en su legislación ambiental. Por lo tanto, ninguna de las Partes
dejará de aplicar ni derogará de algún modo su legislación ambiental de forma
tal que debilite o reduzca las protecciones concedidas en dicha leyes de manera
tal que promueva el comercio o la inversión entre las Partes.
5. Cada Parte se asegurará de que mantiene
procedimientos apropiados para evaluar los impactos ambientales, de conformidad
con las leyes y políticas nacionales, de proyectos y planes propuestos, que
puedan causar efectos adversos en el ambiente, con miras a evitar o minimizar
tales efectos adversos.
6. Las Partes alentarán la promoción del comercio de
bienes y servicios ambientales así como la inversión en este campo.
7. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido
de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas
a hacer cumplir la legislación ambiental en el territorio de la otra Parte.
8. Las Partes afirman la importancia del Convenio
sobre la Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992
(Convenio sobre la diversidad biológica) y acuerdan trabajar en forma conjunta
para avanzar en los objetivos de ese Convenio.
9. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido
de afectar los derechos y obligaciones existentes de cada Parte en virtud de
otros acuerdos ambientales internacionales de los cuales dicha Parte sea Parte.
Artículo 3: Disponibilidad de Procedimientos y Normas
Procesales
1. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos
judiciales, cuasi-judiciales o administrativos se encuentren disponibles para
sancionar o reparar infracciones a su legislación ambiental.
2.          Cada Parte se asegurará que las personas
interesadas que residan o estén establecidas en el territorio de esa Parte
puedan solicitar a las autoridades competentes de la Parte que investiguen
supuestas violaciones de su legislación ambiental y deberán dar a tales
solicitudes la debida consideración de acuerdo con su legislación.
3. Cada Parte se asegurará de que las personas con un
interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación sobre un determinado
asunto cubierto por este Acuerdo tengan acceso apropiado a los procedimientos
judiciales, cuasijudiciales o administrativos para el cumplimiento de la
legislación ambiental de la Parte y a las reparaciones por violaciones a esa
ley.
4. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos
en los párrafos 1 y 3 del Artículo 3 sean justos, equitativos y transparentes,
cumplan con el debido proceso y estén abiertos al público, salvo que la
administración de justicia requiera algo distinto.
5. Cada Parte se asegurará de que las partes en los
procedimientos tengan el derecho de apoyar o defender sus respectivas
posiciones y de presentar información o pruebas, y de que la decisión se base
en dicha información o pruebas.
6. Cada Parte se asegurará de que las decisiones
finales sobre los fundamentos jurídicos en dichos procesos se hagan por
escrito, preferiblemente establezcan las razones sobre las cuales se basan las
decisiones y estén disponibles a las partes de los procesos sin demoras
indebidas y, de acuerdo con su legislación, al Público.
7. Cada Parte deberá además establecer, según proceda,
que las partes en tales procesos tengan el derecho, de acuerdo con su
legislación, a pedir, cuando sea justificado, la revisión y corrección o
redeterminación de las decisiones finales en tales procesos.
8. Cada Parte se asegurará de que los tribunales que
realicen o revisen dichos procesos sean imparciales e independientes y no
tengan ningún interés substancial en el resultado del asunto.
Artículo 4: Información y Participación del Público
1. Cada Parte promoverá el conocimiento público de sus
leyes ambientales, asegurándose que la información está disponible al público
en materia de leyes y procedimientos para su aplicación y cumplimiento, así
como procedimientos para que las personas interesadas soliciten a las
autoridades competentes de la Parte investigar presuntas violaciones de sus leyes
ambientales.
2. Cada Parte se asegurará de que sus leyes,
regulaciones y disposiciones administrativas de aplicación general con respecto
a cualquier asunto cubierto por este Acuerdo sean prontamente publicadas o
estén de otra forma disponibles en tal forma que las personas interesadas
puedan conocerlas.
3.          De acuerdo con sus leyes y políticas
internas, cada Parte se asegurará de que sus procedimientos de evaluación
ambiental contemplen el revelar información al público acerca de planes y
proyectos propuestos sujetos a evaluación y deberá permitir la participación
del público en tales procedimientos.
4. Cualquier persona u organización no gubernamental
que resida o esté establecida en el territorio de alguna de las Partes podrá
presentar una solicitud por escrito a cualquier Parte, a través de su
Coordinador Nacional, indicando que la pregunta está relacionada con las
obligaciones de esa Parte en virtud de este Acuerdo. Dicho Coordinador Nacional
recibirá, registrará y cuando la pregunta esté dirigida a la otra Parte,
remitirá la pregunta al otro Coordinador Nacional.
5.         La Parte a la que se dirija la pregunta
deberá acusar recibo de la pregunta por escrito y dará una respuesta de manera
oportuna a la persona y entregará una copia al Coordinador Nacional de la otra
Parte.
6. Cada Parte deberá hacer públicamente disponible de
manera oportuna las preguntas y respuestas e informará anualmente respecto a
esas preguntas y respuestas.
7. Las Partes informarán al público de las actividades,
incluyendo las reuniones de las Partes y las actividades de cooperación, que
desarrollen para implementar este Acuerdo.
8. Las Partes se esforzarán por involucrar al Público
en las actividades que realicen para implementar este Acuerdo.
9. Las Partes se esforzarán por cooperar para
fortalecer la participación del público en todos los asuntos relacionados con
la implementación de este Acuerdo.
Artículo 5: Diversidad Biológica
1. Las Partes reconocen la importancia de la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica para alcanzar su
desarrollo sostenible y reiteran su compromiso de promover y fomentar dicha
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
2. Las Partes también reiteran su compromiso, según lo
establecido por el Convenio de Diversidad Biológica, de respetar, preservar y
mantener el conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales que contribuyen a la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica, sujetos a su legislación nacional.
3. Las Partes reiteran sus derechos soberanos sobre
sus recursos naturales y reconocen su autoridad y obligaciones según lo
establecido por el Convenio de Diversidad Biológica con respecto al acceso a
recursos genéticos, y la distribución justa y equitativa de los beneficios
provenientes de la utilización de esos recursos genéticos.
4. Las Partes también reconocen la importancia de la
participación y la consulta del público, según se establezca en su legislación
nacional, en asuntos relativos a la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica.
5. Las Partes acuerdan cooperar en la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica dentro del marco jurídico establecido
en la Sección II de este Acuerdo.
6. Las Partes tratarán de cooperar a fin de
intercambiar información pertinente respecto de:
(a) la conservación y uso sostenible de
la diversidad biológica;
(b) evitar el acceso ilegal a recursos
genéticos, conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales; y
(c) intercambiar en forma equitativa
los beneficios derivados de la utilización. de los recursos genéticos y
conocimientos, innovaciones y prácticas conexos.
Artículo 6:
Responsabilidad Social Corporativa
Reconociendo los beneficios substanciales que traen el
comercio y la inversión internacional, las Partes alentarán prácticas
voluntarias de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas
dentro de sus territorios o jurisdicciones, para fortalecer la coherencia entre
los objetivos económicos y sociales.
Sección II- Cooperación Ambiental
Artículo 7: Cooperación
l. Las Partes reconocen que la cooperación es una
forma efectiva de alcanzar los objetivos de este Acuerdo y reafirman su
compromiso de desarrollar programas de cooperación y actividades para promover
el cumplimiento de estos objetivos.
2. Las Partes también se esforzarán por fortalecer su
cooperación en temas ambientales en los diversos foros bilaterales, regionales
y multilaterales en los que participen.
3. En el desarrol1o de los programas de cooperación,
las Partes podrán involucrar actores interesados o cualquier otra entidad como
las Partes estimen apropiado.
4. Las Partes acuerdan identificar áreas prioritarias
para las actividades de cooperación y establecer un programa de trabajo que
deberá ser preparado inmediatamente después de la entrada en vigor de este
Acuerdo. Las áreas prioritarias incluidas en el Anexo 1 de este Acuerdo deberán
ser consideradas para el programa inicial de trabajo.
5. Las Partes acuerdan hacer todos los esfuerzos
posibles para encontrar los recursos apropiados a fin de implementar un
Programa de Trabajo eficaz. El Programa de Trabajo se podrá implementar:
(a) a través de programas de
cooperación técnica bajo cualquier modalidad que convengan las Partes, tales
como compartir información, intercambio de expertos y capacitación; y/o
(b) por medio de cooperación financiera
para proyectos prioritarios presentados por las Partes.
Los recursos podrán provenir de entidades o agencias
públicas de las Partes, o, según sea apropiado, de instituciones privadas,
fundaciones u organizaciones públicas internacionales.
6. Las Partes podrán cooperar con cualquier Estado que
no sea parte de este Acuerdo, según sea apropiado, a fin de maximizar los
recursos disponibles. Cuando proceda, las Partes acuerdan cooperar para
identificar y asegurar recursos de fuentes externas.
7. Las Partes acuerdan que el Público debe ser
informado de las actividades cooperativas realizadas en el marco de este
Acuerdo y participe según sea apropiado.
8. Las Partes deberán reunirse a más tardar un año
después de la entrada en vigor de este Acuerdo y subsecuentemente se reunirán
como lo acuerden mutuamente, para revisar el progreso en la implementación de
este acuerdo. Tales reuniones serán organizadas por los Coordinadores
Nacionales.
Sección III - Disposiciones Institucionales
Articulo 8: Administración del Acuerdo
1. Las Partes establecen un Comité del Medio Ambiente
compuesto por representantes de cada una de las Partes.
2. El Comité estudiará y discutirá el progreso en la
implementación de este Acuerdo.
3. El Comité se reunirá, por primera vez, dentro de un
plazo de un año después de la entrada en vigor de este Acuerdo y posteriormente
con la frecuencia fijada por acuerdo mutuo.
4. El Comité hará un acta resumida de las reuniones a
menos que se decida algo diferente y redactará informes sobre las actividades
relacionadas con la implementación de este Acuerdo cuando lo considere
conveniente. Tales informes podrán abordar, entre otros:
(a) las medidas que haya tomado cada
Parte además de las obligaciones que contrajo en virtud de este Acuerdo; y
(b) el progreso en las actividades de
cooperación realizadas en virtud de este Acuerdo.
5. Las actas resumidas y los informes se darán a
conocer al público, a menos que las Partes decidan lo contrario.
Artículo 9: Coordinador Nacional
Cada Parte designará un Coordinador Nacional dentro
del ministerio u organismo apropiado que servirá como punto oficial de
contacto. Las Partes se informarán a través de notas diplomáticas sobre tales
nombramientos y pondrán dicha información a disposición del público.
Artículo 10. Revisión
1. Dentro del año siguiente al quinto año después de
la entrada en vigor de este Acuerdo, el Comité considerará la posibilidad de
efectuar una revisión comprehensiva de este Acuerdo con miras a mejorar su
funcionamiento y efectividad. Las Partes podrán acordar otras revisiones
ulteriores.
2. El Comité podrá tomar disposiciones para que el
público participe en el proceso de revisión.
3. Como parte de esta revisión, el Comité podrá
considerar desarrollos adicionales con respecto a este Acuerdo y podrá
presentar recomendaciones a las Partes para su consideración y acción según sea
apropiado.
4. Las Partes darán a conocer al público los
resultados de toda revisión comprehensiva.
Artículo 11: Intercambio de Información
Una Parte deberá proporcionar prontamente cualquier
información relacionada con cualquier medida de la otra Parte, previo recibo de
una solicitud por escrito de esa otra Parte.
Artículo 12: Solución de Diferencias
1. Las Partes deberán en todo momento esforzarse por
acordar la interpretación y aplicación del presente Acuerdo.
2. Las Partes harán todo el esfuerzo, a través de
consultas y el intercambio de información, con un énfasis particular en
cooperación, por atender cualquier asunto que pueda afectar la interpretación y
aplicación de este Acuerdo.
3. Cualquiera de las Partes puede solicitar consultas
a la otra Parte relacionadas con cualquier asunto que surja en virtud de este
Acuerdo, mediante el envío de una solicitud por escrito a los Coordinadores
Nacionales que la otra Parte haya designado.
4. Si las Partes no resolvieren el asunto a través de
los Coordinadores Nacionales, una Parte podrá solicitar por escrito consultas
de las cuales se encargará:
(a) Por Canadá, el Ministro del Medio
Ambiente;
(b) Por la República de Colombia, el
Ministro del Medio Ambiente;
o sus delegados o sucesores.
El propósito de las consultas será buscar una solución
de mutuo acuerdo sobre la materia.
5.          La Parte que fuere objeto de la solicitud
responderá en forma expedita. Las consultas comenzarán dentro del plazo de
treinta (30) días después de recibirse la solicitud por escrito, a menos que
las Partes acuerden algo diferente.
6. Ninguna de las Partes dará lugar en su legislación
al derecho de demandar a la otra Parte sobre la base de que la otra Parte actuó
en forma incompatible con este Acuerdo.
Artículo 13: Aplicación a las Provincias
La aplicación de este Acuerdo a las Provincias de
Canadá esta sujeta al anexo II.
Artículo 14: Anexos
Los anexos de este Acuerdo forman parte integral de
este Acuerdo.
Artículo 15: Protección de la Información
Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de
requerir a una Parte el revelar información que de otra forma estaría prohibida
o exenta de divulgación bajo sus leyes y regulaciones, incluyendo aquellas
concernientes al acceso a la información y privacidad.
Artículo 16: Enmiendas
Las Partes podrán acordar por escrito cualquier
enmienda o adición a este Acuerdo, incluyendo sus Anexos. Tajes enmiendas
deberán entrar en vigor en la fecha o fechas que hayan sido acordadas entre las
Partes y constituirán parte integral del presente Acuerdo.
Artículo 17: Denuncia
l. Este acuerdo puede terminar por el mutuo
consentimiento por escrito de las Partes y en tales condiciones y dentro de los
plazos que hayan sido acordados de común acuerdo.
2.          En el evento de la terminación del Tratado
de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia cada Parte puede
unilateralmente notificar por escrito con sesenta días de anticipación su
intención de dar por terminado el presente Acuerdo.
Artículo 18: Entrada en Vigor
Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito
sobre la finalización de los procedimientos internos exigidos para la entrada
en vigor de este Acuerdo. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la segunda
de esas notificaciones o en la fecha en que entre en vigor el Tratado de Libre
Comercio entre Canadá y la República de Colombia, la fecha que sea posterior.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, han firmado este acuerdo.
HECHO en
duplicado en Lima, el día 21 de Noviembre de 2008, en los idiomas español,
inglés y francés, siendo cada versión igualmente auténtica.
ANEXO 1
Áreas Prioritarias para Cooperación
Las áreas prioritarias identificadas por la República
de Colombia para consideración del Programa de Trabajo inicial incluyen, entre
otras:
(a) Gestión del riesgo ambiental;
(b) Manejo integral del recurso hídrico;
(c) Conservación in situ y ex situ de la
biodiversidad;
(d) Uso sostenible de los recursos naturales;
(e) Restauración de ecosistemas degradados;
(f) Fomento a la producción y comercio de bienes y
servicios favorables para el medio ambiente;
(g) Prevención, gestión y control de la contaminación
del aire, del agua y de suelos;
(h) Gestión integral de residuos sólidos;
(i) Gestión integral de contaminantes químicos y
desechos peligrosos;
(j) Sistematización de la información ambiental;
(k) Educación ambiental y participación ciudadana;
(l) Fortalecimiento de las instituciones nacionales
incluyendo:
(i) el programa de vigilancia de los
recursos naturales vivos;
(ii) Sistema de información de los
recursos naturales vivos;
(iii) Sistema de información sobre el
medio ambiente;
(iv) Programa de vigilancia para
observar y rastrear los recursos genéticos;
(v) Sistema de observación y alerta de
organismos genéticamente modificados;
(m) Armonización y racionalización de la gestión del
conocimiento y gestión de la información incluidos los ecosistemas desérticos
costeros y los ecosistemas de pastizales andinos;
(n) Ordenación forestal; y
(o) Uso y desarrollo de tecnologías menos
contaminantes.
ANEXO II
Aplicación a las Provincias de Canadá
l. Una vez que entre en vigor este Acuerdo, Canadá
proporcionará a la República de Colombia una declaración escrita en la cual
indicará las Provincias por las cuales Canadá estará obligado con respecto a
los asuntos dentro de su jurisdicción. La declaración tendrá efecto desde el
momento en que se entregue a la República de Colombia.
2. Canadá hará todos los esfuerzos a su alcance para
que este Acuerdo sea aplicable al mayor número posible de provincias.
3. Canadá notificará a la República de Colombia con
seis meses de anticipación sobre cualquier modificación a su declaración.
ANEXO C
ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE                                   ENTRE
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORRECCIONES
Versión en español
Artículo 1
Definición de “legislación ambiental” Subpárrafo (c)
Eliminar el espacio sobrante entre “su hábitat”; y
agregar un punto y coma al final del subpárrafo, luego de “el uso sostenible de
esta última”.
Artículo 1
Definición de “comunidades indígenas y locales”
Eliminar el espacio sobrante después “afroamericanas y
locales”.
Artículo 1
Definición de “ley o regulación” Subpárrafo (a)
Reemplazar el punto con un punto y coma después de
“virtud del Anexo II”.
­Artículo 2(6)
Eliminar el espacio sobrante después de “comercio”.
Artículo 2(8)
Reemplazar “(Convenio sobre la diversidad biológica)”
con “(Convenio sobre la Diversidad Biológica)”.
Artículo 3(3)
Reemplazar “cuasijudiciales” con “cuasi-judiciales”.
Artículo 3(6)
Reemplazar “Público” con “público”.
Artículo 4(8)
Reemplazar “Público” con “público”.
Artículo 5(2)
Reemplazar "Convenio de Diversidad Biológica” con
"Convenio sobre la Diversidad Biológica”.
Artículo 5(3)
Reemplazar "Convenio de Diversidad
Biológica" con "Convenio sobre la Diversidad Biológica".
Artículo 10(2)
Eliminar el espacio sobrante después de
“disposiciones”.
Artículo 10(3)
Agregar un punto después de “apropiado”.
Artículo 11
Mientras que la versión en inglés hace referencia a "environmental
measure", la versión en castellano se refiere simplemente a “medida”.
Agregar la palabra “ambiental” después de “medida”.
Artículo 12(3)
Reemplazar “a los Coordinadores Nacionales” con “al
Coordinador Nacional”,
Artículo 12(4)
(b)
Reemplazar el punto y coma con una coma después de
“Medio Ambiente”.
Artículo 13
Reemplazar “esta sujeta” con “está sujeta”.
Articulo 17
Agregar un espacio después de “Articulo 17:”
Artículo 17(1)
Reemplazar “Este acuerdo” con “Este Acuerdo”,
Cláusula Testimonial
Cuando se habla sobre los textos auténticos se debe
decir “castellano” y no “español”.
Anexo I
Subpárrafos (a) al (o)
Cada subpárrafo y sub-subpárrafo debería comenzar con
letra minúscula.
Anexo I
Subpárrafo (c)
Las expresiones "in situ" y "ex situ"
deberían ir en itálicas.
Anexo I
Subpárrafo (m)
Eliminar “incluidos los ecosistemas desérticos
costeros y los ecosistemas de pastizales andinos”.
Anexo II
Párrafo 1
Reemplazar “Provincias” con “provincias”.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
BOGOTÁ, D.C. 31 DE MARZO DE 2009
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el “ACUERDO SOBRE MEDIO
AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, hecho en Lima, Perú, el 21
de noviembre de 2008, y el “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES
TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA”.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1 de la Ley 7a de 1944, el “ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de
2008, y el “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DEL 20 DE
FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES TÉCNICOS Y MATERIALES
DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que
por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la República por
el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
JAIME BERMUDEZ MARIZALDE
Ministro de Relaciones Exteriores
LUIS GUILLERMO PLATA PAÉZ
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
MIGUEL ESTEBAN PEÑALOZA BARRIENTOS
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial ( E )
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
BOGOTÁ, D.C. 31 DE MARZO DE 2009
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el “ACUERDO SOBRE MEDIO
AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, hecho en Lima, Perú, el 21
de noviembre de 2008, y el “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES
TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA”.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1 de la Ley 7a de 1944, el “ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de
2008, y el “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DEL 20 DE
FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES TÉCNICOS Y MATERIALES
DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que
por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
JAVIER CÁCERES LEAL
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
EMILIO OTERO DAJUD
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
EDGAR ALFONSO GÓMEZ ROMÁN
SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
JESUS ALFONSO RODIRGUEZ CAMARGO
LEY No. 1360 DE 2009
(27 de Noviembre)
“Por medio de la cual se aprueba el “ACUERDO SOBRE
MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", hecho en Lima,
Perú, el 21de noviembre de 2008, y el “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN
ERRORES TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE ENTRE CANADÁ Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA”
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de
Noviembre de 2009
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LUIS GUILLERMO PLATA PAEZ
EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
CARLOS COSTA POSADA
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.-
Mediante auto del dieciocho (18) de
enero de 2010 el Magistrado Sustanciador asumió conocimiento de la Ley 1360 de
2009 y decretó las siguientes pruebas
referentes a los antecedentes legislativos y a la negociación y celebración del
tratado:
“Segundo.-
Por Secretaría General, SOLICITAR a los Secretarios Generales de Senado
y Cámara de Representantes respectivamente que, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la recepción de la respectiva comunicación, envíen a esta
Corporación copias auténticas del expediente legislativo del proyecto que
culminó con la expedición de la ley 1360 de 27 de noviembre de 2009, “Por medio
de la cual se aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la
Republica de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de
2009 y el Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de
febrero de 2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales
del Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”, y se
sirvan, adicionalmente, a : i) certificar con exactitud cada uno de los quórum
deliberatorios y decisorios con los cuales fue aprobada en cada uno de los
debates la mencionada Ley; ii) certificar el partido político, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos al que pertenecen (o pertenecían)
los ponentes escogidos para la realización de cada una de las ponencias; iii)
enviar, en medio magnético y por escrito –indicando en este último caso las
páginas correspondientes-, las Gacetas del Congreso donde aparezcan publicados
los anuncios de que trata el Acto Legislativo 01 de 2003; iv) enviar, en medio
magnético y por escrito –indicando en este último caso las páginas
correspondientes-, las ponencias de cada debate y los textos aprobatorios de
las mismas; v) de ser pertinente, remitir, en medio magnético y por escrito
–indicando en este último caso las páginas correspondientes-, los textos
conciliados y sus respectivas aprobaciones en plenarias.
Tercero.-
Por Secretaría General, SOLICITAR al Ministerio de Relaciones
Exteriores que remita a esta Corporación, en el término de cinco (5) días,
certificación que, de manera detallada y con la información pertinente, dé
cuenta de las etapas de negociación y celebración del tratado internacional
bajo revisión, indicando inclusive los nombres y cargos de quienes actuaron a
nombre del Estado colombiano, acreditando plenos poderes si fuere el caso”[1].
3.2.- En atención a que no se
había remitido de manera completa el material probatorio solicitado al
Secretario General del Senado de la República, mediante auto del día 16 de
marzo de 2010, el Magistrado Sustanciador requirió al funcionario mencionado
para que enviara las siguientes pruebas:
“Primero.-
REQUERIR al Secretario General del Senado de la República para que, en el
término de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la
respectiva comunicación, remita a la Corte la Gaceta en la cual se publicó el
texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria del Senado
de la República del proyecto de ley número 280 de 2009 (Senado) “Por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica
de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2009 y el
Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”.
3.3.- Además, con el fin de
contar con todos los elementos de prueba necesarios para proferir una decisión
en el proceso de la referencia, el Despacho, mediante el mismo auto resolvió:
“Segundo.
SOLICITAR al Secretario General del Senado de la República que, en el término
de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la respectiva
comunicación, remita a la Corte una constancia que señale cuántas sesiones de
la plenaria del Senado de la República tuvieron lugar entre el 10 de junio de
2009 y el 17 de junio de 2009, en qué fechas se desarrollaron dichas sesiones,
así como las gacetas en las que fueron publicadas las actas correspondientes a
las mismas.
Tercero.
SOLICITAR al Secretario General de la Cámara de Representantes que, en el
término de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la
respectiva comunicación, remita a la Corte una constancia que señale cuántas
sesiones de la plenaria de la Cámara de Representantes tuvieron lugar entre el
5 de junio de 2009 y el 11 de de agosto de 2009, en qué fechas se desarrollaron
dichas sesiones, así como las gacetas en las que fueron publicadas las actas
correspondientes a las mismas.
Cuarto.
SOLICITAR al Ministro de Relaciones Exteriores que, en el término de ocho (8) días
hábiles contados a partir de la recepción de la respectiva comunicación, remita
a la Corte un informe detallado, en medio físico y magnético, sobre la consulta
realizada a las comunidades indígenas y afrodescendientes durante la
negociación  del “Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de
Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2009”, precisando lugar, fecha, participantes, intervenciones y conclusiones de las actividades
realizadas y adjuntando todos los soportes correspondientes.
Quinto.-
SOLICITAR al Ministro de Industria, Comercio y Turismo que, en el término de
ocho (8) días hábiles contados a partir de la recepción de la respectiva
comunicación, remita a la Corte un informe detallado, en medio físico y
magnético, sobre la consulta realizada a las comunidades indígenas y
afrodescendientes durante la negociación  del “Acuerdo sobre medio ambiente
entre Canadá y la Republica de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno
(21) de noviembre de 2009”, precisando lugar, fecha, participantes,
intervenciones y conclusiones de las actividades realizadas y adjuntando todos
los soportes correspondientes.
Sexto.-
SOLICITAR al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que, en el
término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la recepción de la respectiva
comunicación, remita a la Corte un informe detallado, en medio físico y
magnético, sobre la consulta realizada a las comunidades indígenas y
afrodescendientes durante la negociación  del “Acuerdo sobre medio ambiente
entre Canadá y la Republica de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno
(21) de noviembre de 2009”, precisando lugar, fecha, participantes,
intervenciones y conclusiones de las actividades realizadas y adjuntando todos
los soportes correspondientes”.
3.4- En atención a que no se
había remitido de manera completa el material probatorio solicitado al
Secretario General del Senado de la República, mediante auto del día 19 de
abril de 2010, el Magistrado Sustanciador volvió a requerir al funcionario
mencionado para que enviara las siguientes pruebas:
“Primero.-
REQUERIR al Secretario General del Senado de la República para que, en el
término de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la
respectiva comunicación, remita a la Corte la Gaceta en la cual se publicó el
texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria del Senado
de la República del proyecto de ley número 280 de 2009 (Senado) “Por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica
de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2009 y el
Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”.
3.5.- Además,
con el fin de contar con todos los elementos de prueba necesarios para proferir
una decisión en el proceso de la referencia, el Despacho, mediante el mismo
auto resolvió:
“Segundo.
SOLICITAR a la Organización Nacional de Indígenas de Colombia -ONIC, a las
Autoridades Indígenas de Colombia –AICO-, a la Organización de Pueblos de la Amazonía
Colombiana –OPIAC-, a la Confederación Indígena Tayrona –CIT- y a la Comisión
Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras –Subcomisión de TLC- que, en
el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la recepción de la
respectiva comunicación, remita a la Corte un informe detallado sobre su
participación en el proceso de consulta realizado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo durante la negociación del Tratado de Libre
Comercio con Canadá, con especial referencia al “Acuerdo sobre medio ambiente
entre Canadá y la Republica de Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno
(21) de noviembre de 2009”, adjuntando todos los soportes correspondientes”.
3.6.- Los
documentos relacionados en el numeral anterior fueron recibidos por el
Despacho, a través de la Secretaría General, el cuatro (4) de mayo de 2010.
IV. INTERVENCIONES
De acuerdo con los escritos que obran en el
expediente, intervinieron en el presente proceso el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del
Rosario, la Universidad Santo Tomas y la Organización Nacional Indígena de
Colombia, en los términos que se resumen a continuación.
Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo
interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad del Convenio y de la
ley bajo estudio.
Inicia su intervención explicando que “en el
artículo 1703 de capítulo 17 del Acuerdo de Libre Comercio [entre Colombia
y Canadá], se hace referencia a la suscripción de un Acuerdo de Cooperación
Ambiental (ACA) cuyo propósito es reafirmar los principios expuestos en los
artículos 1701 y 1702 del Tratado que entre otras cosas el derecho soberano de
cada Parte de establecer sus propias prioridades de conservación y protección
del medio ambiente de acuerdo con sus respectivas normas”. Indica que “se
convino una estructura dual, en la que en el ALC [Acuerdo de Libre
Comercio] se incorporarían una serie de elementos y obligaciones que
asumirían las Partes frente a la relación comercio-medio ambiente; y en el
Acuerdo [de Cooperación Ambiental] se desarrollarían en detalle tales
obligaciones y se incorporarían los mecanismos del caso para promover a su vez
la cooperación para el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en la
materia”.
De conformidad con lo anterior, el interviniente
manifiesta que  “el propósito fundamental de ACA es servir como complemento
de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Comercial, especialmente para
apoyar la gestión del medio ambiente particularmente en Colombia, en virtud del
principio de la relación complementaria que debe existir entre el comercio y el
medio ambiente”. Agrega que, en consecuencia, el Acuerdo de Cooperación
Ambiental “se encuentra estrechamente vinculado [al Acuerdo de Libre
Comercio (ALC)], desarrollando de manera amplia los postulados establecidos
en el Capitulo Ambiental de dicho ALC”. Debido a ello asegura que “el
resultado de la negociación del Acuerdo [de Cooperación Ambiental] con
Canadá es fruto del balance global de la negociación del ALC con ese país y por
lo tanto no puede considerarse de manera aislada. De esa forma los
antecedentes, motivaciones, consideraciones jurídicas y económicas del Acuerdo
no se pueden entender sin tener en cuenta el ALC suscrito con Canadá”. Concluye
entonces que “el análisis del Acuerdo [de Cooperación Ambiental] se
debe hacer teniendo en cuenta que es una desarrollo y complemento de las normas
los compromisos que en materia ambiental pactaron las Partes en el ALC”.
En lo relativo negociación y suscripción del tratado
que se revisa, señala el interviniente que “el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en desarrollo del Artículo 2 (Funciones Generales) del
Decreto 210 de 2003, es el responsable de (…) presidir las delegaciones de
Colombia en las negociaciones internacionales de comercio que adelante el
país”, por esta razón “el Equipo Negociador estuvo conformado por
funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y funcionarios del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” y el tratado  “fue
suscrito (…) por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Dr.
Guillermo Plata Páez. Para el efecto, el señor Presidente de la República
confirió Plenos Poderes al Ministro (…)”. De conformidad con este recuento,
estima que “es clara la competencia del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de acuerdo con los plenos poderes otorgados a él por el Presidente de la
República” debido a que los artículos 6 y 7 de la Convención de Viena de
1969 y en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución Política confieren al
Presidente la facultad de celebrar tratados internacionales, la cual “puede
delegar en ciertos funcionarios, tal y como ocurrió para la firma del Acuerdo”.
Sobre el trámite legislativo de la ley que se estudia,
en opinión del interviniente, éste “se sujetó a la Constitución Política y a
las normas de procedimiento señaladas en la Ley 5 de 1992, pues, se observaron
en forma debida los plazos que deben existir entre los debates adelantados, se
cumplió con las mayorías requeridas para la aprobación del proyecto en cada una
de las sesiones en Senado y Cámara, se llevaron a cabo los debates requeridos y
se hicieron las publicaciones correspondientes”.
Acerca del objeto del tratado bajo estudio, el
interviniente lo circunscribe a (i) “hacer cumplir cabalmente sus
respectivas normas ambientales [las de ambas Partes], (ii) “procurar
altos niveles de protección ambiental” y (iii) “estimular la renovada
cooperación en estas materias”.
En el análisis sobre la conformidad material del
tratado con las normas constitucionales expresa el interviniente que, en primer
lugar, este cumple con el mandato de internacionalización de las relaciones
ecológicas contenido en el artículo 226 de la Constitución, ya que éste se
concreta en la firma de acuerdos de cooperación relacionados con el tema,
precisamente como el que se estudia.
En segundo lugar juzga que el tratado de la referencia
cumple con los principios constitucionales de equidad y reciprocidad,
prescritos en el artículo 226 de nuestra Carta Política, “toda vez que la
totalidad de las disposiciones del Acuerdo se basan en un sistema de
compromisos mutuos, lo cual refleja un tratamiento equitativo que a su vez
implica reciprocidad”.
En tercer lugar el interviniente pone de presente que
los acuerdos de cooperación ambiental, como el que se revisa, al “ser
mecanismos eficientes para la protección, conservación y mejora del medio
ambiente, pues refuerzan los compromisos de las partes en respetar las
disposiciones ambientales en la promoción de las relaciones económicas” resultan
ser “instrumentos idóneos para efectivizar los fines esenciales de nuestro
Estado Social de Derecho, puesto que contribuyen a promover la prosperidad
general (art. 2 CP), el bienestar general y el mejoramiento de la calida de vida
de la población (art. 366 CP). Todo ello garantizando la efectividad de los
principios, derechos y deberes constitucionales (…) como es el derecho a contar
con un medio ambiente sano”.
En cuarto lugar, indica el interviniente que “el
Acuerdo celebrado con Canadá es manifestación del postulado de la soberanía
nacional y de las decisión unilateral del Estado Colombiano de asumir
obligaciones internacionalmente y ejercer los derechos en los términos
establecidos en dicho Acuerdo”. En ese sentido, el presente tratado “es
consecuencia del principio de autodeterminación de los pueblos consagrado en el
artículo 9 de la Constitución Política” pues tal principio “supone el
derecho que tiene cada Estado de resolver sus propios asuntos y de tomar las
decisiones que crean convenientes, sin intervenciones de otros estados ni
grupos de estados, no tampoco de grupos de presión”.
En quinto lugar, señala que “durante el proceso de
negociación del Acuerdo el Gobierno Nacional tuvo en cuenta los principios de
transparencia y participación de la sociedad civil”. Para demostrar su
aseveración, hace el recuento de los “distintos escenarios de participación
para la sociedad civil colombiana”  que habilitó el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo “con el fin de garantizar que los intereses nacionales
se encontraran debidamente identificados y el proceso se adelantara de manera
transparente”.
Incluye dentro de estos escenarios:
·
Reuniones previas a cada una de
las rondas de negociación “con los representantes de la sociedad civil y el
sector privado”.
·
Reuniones posteriores a cada una
de las rondas de negociación  “con la sociedad civil y el sector privado (…)
con el fin de hace una evaluación general de la ronda anterior y establecer los
objetivos de la siguiente ronda”.
·
Habilitación del “cuarto de al
lado”, espacio en el cual “los asistentes recibieron información permanente
y actualizada del desarrollo de la negociación en cada uno de los temas y
efectuaron los aportes necesarios durante la misma para el buen
desenvolvimiento de la ronda”. Informa que a este asistieron “un total
de 3318 representantes del sector privado y la sociedad civil”.
·
Información en la página web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la cual “con posterioridad a
cada una de las rondas [se] publicó (…) un informe de resultados de las
mesas de negociación”.
·
Reuniones con grupos étnicos
-En cuanto a los pueblos indígenas, relata la
realización de tres reuniones y un envío de información, de la siguiente forma:
El 24 de octubre de 2007 se llevó a cabo una reunión
entre miembros del equipo negociador y representantes de la Organización
Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) y las Autoridades Indígenas de
Colombia (AICO) con el fin de “informarles (…) el estado actual de las
negociaciones en curso, entre las cuales estaba la negociación con Canadá”. Aclara
que se invitó a la Organización de Pueblos de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y
a la Confederación Indígena Tayrona (CIT) pero no asistieron.
El 29 de febrero de 2008 se invitó a las mencionadas
organizaciones indígenas a una reunión con el jefe del equipo negociador sin
embargo ninguna asistió.
El 12 de marzo de 2008 el Ministerio del Interior y de
Justicia convocó a una Mesa Permanente de Concertación con los pueblos
indígenas en la que el jefe del equipo negociador “les informó sobre el
estado actual de las negociaciones adelantadas con Canadá. Se discutieron los
temas de mayor importancia para los indígenas como medio ambiente, la
biodiversidad, los conocimientos tradicionales y  la protección de sus derechos
constitucionales y legales. Adicionalmente, el equipo negociador escuchó las
preocupaciones y aportes de los pueblos indígenas para la negociación”.
El 28 de marzo de 2008 se realizó una reunión entre el
jefe de equipo negociador y representantes de las organizaciones indígenas
OPIAC y AICO en la que “se discutieron nuevamente los temas de negociación
con Canadá y las demás negociaciones en curso”. Aclara que se invitó a la
Organización de Pueblos de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y a la Confederación
Indígena Tayrona (CIT) pero no asistieron.
Finalmente, el 11 de mayo de 2008 “se envió
información actualizada sobre el estado de las negociaciones a los
representantes de las organizaciones indígenas nacionales”.
-Comunidades afrocolombianas relata la realización de
dos reuniones, así:
El 12 de octubre de 2007 el jefe del equipo negociador
se reunió con tres delegados de la Subcomisión de TLC de la Comisión Consultiva
de Alto Nivel de la Comunidades Negras, “en la cual se les informó sobre el
estado de las negociaciones adelantadas con Canadá y demás negociaciones en
curso. Miembros del equipo negociador de propiedad intelectual y servicios
expusieron las propuestas en estas materias que se relacionan con los grupos
étnicos”.
El 20 de noviembre de 2007 se llevó a cabo una reunión
en el marco de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras “en
la cual el jefe del equipo negociador informó a los consultivos nacionales que
representan a los afrocolombianas, el estado de las negociaciones con Canadá en
temas relacionados con sus intereses como medio ambiente, la biodiversidad, los
conocimientos tradicionales y  la protección de sus derechos constitucionales y
legales”.
·
Información general
Se señala que “desde la fase preparatoria de la
negociación, el Gobierno compartió información con el sector privado (…) La
construcción de la posición negociadora se basó en una interlocución fluida y
permanente con el sector privado, especialmente con los empresarios, en la cual
se detectaron las sensibilidades del aparato productivo. A medida que avanzó el
proceso de negociación y se contó con textos de mesa, estos fueron conocidos
por la sociedad civil (…)”.
En sexto lugar afirma el interviniente que el tratado
bajo revisión respeta los derechos de lo grupos étnicos consagrados en la
Constitución Política porque, aunque no era necesaria la consulta previa a la
suscripción del tratado, se permitió la participación de los mismos en el
proceso de negociación.
Acerca de la necesidad de la consulta previa, recuerda
que una medida administrativa o legislativa debe consultarse a los grupos
étnicos cuando los afectan directamente, es decir, cuando la medida “por su
ámbito de aplicación, esté dirigida específicamente a dichos grupos o que por
la naturaleza de los temas que desarrolla, puede generar dicha afectación”. Así
las cosas, “en el caso del Acuerdo, es claro que estamos ante el supuesto de
una ley que plantea un marco general de cooperación en materia ambiental por
parte de los gobiernos de Canadá y Colombia. Es importante reiterar que dicho
Acuerdo fue negociado y suscrito en el contexto de las relaciones comerciales
de los dos países. En tal sentido, las disposiciones del Acuerdo no están
encaminadas a tener efectos directos sobre las comunidades indígenas o
tribales” por lo que “en este caso no existe la obligación de someter a
consulta previa de los grupos étnicos el contenido del Acuerdo, pues la
aplicación del mismo no implica una explotación de los recursos naturales en
los territorios de esos grupos, ni tampoco la afectación directa de sus
derechos o intereses. Por el contrario se trata de una norma de carácter
general, cuya aplicación se hace sobre la totalidad de los colombianos y que no
contiene reglas específicas que afecten directamente a las comunidades
étnicas”. Pone de presente que a la misma conclusión llego esta Corte en el
caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
De todos modos señala que “respetando el esquema
constitucional de promoción a la democracia participativa y de transparencia,
el Gobierno creó espacios de participación exclusivos para los pueblos
indígenas e las comunidades afrocolombianas”.
Agrega que “el Acuerdo, tampoco consagra en algunas
de sus disposiciones limitaciones o imposiciones que puedan afectar el derechos
constitucional a la propiedad colectiva que tienen las minorías étnicas sobre
los territorios aborígenes, ni afecta los territorios tradicionales ocupados,
ni los que configuran su hábitat, ni mucho menos afecta los valores culturales
o espirituales de dichos pueblos” , por el contrario, “busca reafirmar
los derechos existentes de los grupos étnicos (…) el Acuerdo reitera los
compromisos ya asumidos por Colombia en el marco del Convenio de Diversidad
Biológica”. En suma, el tratado bajo estudio, asevera,  “no afecta sus
derechos ya establecidos en la legislación interna, sino por el contrario, los
reafirma”.
En séptimo lugar, el interviniente indica que “el
preámbulo [del Acuerdo] resulta ser el parámetro de interpretación del
contenido general del Acuerdo, y como se observa en este caso se dirige
principalmente hacia el fortalecimiento de las relaciones ecológicas, basados
en una política de cooperación entre los pueblos, que busca el desarrollo
sostenible, es decir, el crecimiento conjunto de la economía y los niveles de
protección del medio ambiente a través de la debida aplicación de la legislación
interna de nuestro país, como lo ordenan los artículos 226, 79 y 80 de la
Constitución Política”. Añade que el Acuerdo “es el resultado de la
tendencia de internacionalización (Art. 226 C.P.) que busca que los problemas ambientales dejen de ser exclusividad de un solo país, y que la protección y
conservación del medio ambiente sea un trabajo conjunto de la comunidad
internacional que garantice la calidad de vida de los ciudadanos (Art. 79 y 80
de la Constitución Política).
En octavo lugar se refiere el interviniente a la
constitucionalidad de las definiciones contenidas en el Acuerdo.
Específicamente se pronuncia sobre “la definición relacionada con las
comunidades indígenas [que] tiene como fundamento la Decisión 391 de la
Comunidad Andina, la cual hace parte de nuestra legislación interna”. Y
sobre la definición de territorio en la cual “Colombia en ejercicio de su soberanía
y atendiendo a los principios de reciprocidad y conveniencia (artículos 226 y
227 de la Constitución) limitó la aplicación del Acuerdo a ciertas partes del
territorio nacional (…) únicamente para este caso en particular, lo que
significa que Colombia no renuncia a la definición del territorio contenida en la
Constitución  (…)”. Lo anterior, recuerda el interviniente, esta previsto
en el artículo 29 de la Convención de Viena de 1969.
En noveno lugar señala el interviniente que el
artículo 79 de la Constitución “radica en cabeza del Estado la obligación de
proteger el medio ambiente y en particular aquellas áreas de especial
importancia ecológica que por sus características requieren de mayor protección
(…) Como ejemplo de ese compromiso, nuestro país incorporó en el artículo 2
numeral 4 del Acuerdo, una disposición que establece que ninguna parte podrá
dejar sin efecto o derogar, u ofrecer dejar sin efecto o derogar la legislación
ambiental como incentivo para el incremento en los flujos de comercio y la
inversión”.
En décimo lugar resalta el interviniente la
compatibilidad del Acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, que ordena al
Estado planificar el manejo de los recursos naturales y prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, ya que “el preámbulo del Acuerdo bajo
estudio (…) refuerza el compromiso de las Partes en adoptar políticas que
promuevan el desarrollo sostenible, su conservación, protección y mejora de
medio ambiente (…)” . A su vez, “el artículo 2 del Acuerdo tiende a
garantizar los altos niveles de protección ambiental, el artículo 3 establece
la forma como debe realizarse la investigación, proceso y posterior sanción de
aquellas personas que incumplan la legislación ambiental y por último el
artículo 4 pretende garantizar la participación en las consultas públicas
relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. En
ese orden de ideas estas disposiciones resultan completamente compatibles con
el mencionado artículo 80 de la Carta”.
En undécimo lugar indica el interviniente que en el
tratado de la referencia “se establecen disposiciones relacionadas con el
derecho de acceso a la justicia a través de los tribunales competentes y el
debido proceso en los distintos procedimientos en materia ambiental”. En
concreto señala que el “artículo 12 del Acuerdo, se establece el
procedimiento a seguir en relación con el trámite y presentación de solicitudes
a una de las Partes, cuando se esté incumpliendo la normatividad ambiental
nacional”. Defiende la constitucionalidad de lo anterior, ya que “el
Acuerdo garantiza el debido proceso y cumple rigurosamente con la preceptiva
contenida en el artículo 29 superior”.
En doceavo lugar manifiesta que el tratado bajo
revisión “plantea estimular el desarrollo y uso de mecanismos que faciliten
la participación voluntaria de la comunidad para mejorar y proteger el
ambiente, reconociendo la importancia de la participación y las consultas
públicas en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica”. Estos
preceptos, a su juicio, “tienen su respaldo constitucional en los preceptos
generales sobre medio ambiente y, además, en cuanto consagran mecanismos para
la participación ciudadana”  y “hallan su fundamento también en los
Artículos 1, 2, 40 de la Constitución Política que contienen los preceptos
básicos sobre la democracia participativa”.
Por último, respecto del canje de notas por medio del
cual se corrigieron errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio
ambiente entre Canadá y la República de Colombia señala que es un mecanismo
autorizado por la Convención de Viena de 1969 para estos fines y que esta Corte
“ha aceptado la figura del canje de notas como instrumentos para generar
compromisos internacionales”.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que “se
adhiere al escrito único de defensa en nombre del Gobierno Nacional [se
refiere al presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo],
manifestando así que no tiene objeciones de carácter jurídico para la
expedición de la sentencia de constitucionalidad”.
Intervención del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad del Convenio y de la
ley bajo estudio.
Manifiesta el interviniente que “las partes a
través de este Tratado RECONOCEN Y SE SUJETAN a lo estipulado sobre diversidad
biológica en el Convenio sobre Diversidad Biológica de Rio de Janeiro (…)
Adicionalmente, se comprometen en trabajar de manera conjunta para avanzar en
los objetivos de dicho Convenio. Al respecto las partes se comprometen a
respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas y locales y reiteran sus derechos
soberanos sobre los recursos naturales, su autoridad y obligaciones respecto de
los recursos genéticos como la distribución justa y equitativa de las
utilidades por la utilización de dichos recursos”. En su opinión estas “disposiciones
(…) se ajustan a la Constitución”.
Agrega que el tratado que se revisa “constituye un
instrumento para que las partes se apoyen mutuamente y colaboren en la
promoción de las mejores formas de utilización sostenible de los recursos
naturales a través de la cooperación en información, expertos y capacitación o
mediante la cooperación financiera para proyectos presentados por las Partes” ,
lo cual “beneficia al Estado Colombiano, en la medida que protege, fortalece
y coopera con la conservación del medio ambiente y su desarrollo sostenible”. Esto,
desde su punto de vista, “en nada contraviene lo previsto por la
Constitución Política en lo que se refiere a temas de conservación y protección
ambiental, uso sostenible de recursos y sanas prácticas ambientales”.
Intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad del
Convenio y de la ley bajo estudio.
En primer lugar, sobre el procedimiento surtido por el
Tratado y la ley bajo revisión manifiesta que “se cumplió a cabalidad”.
En segundo lugar, afirma el interviniente que “la
adhesión al Acuerdo que nos ocupa, no puede ir, ni va, en contra del objetivo
de lograr un beneficio colectivo-común internacional (art. 226 C.P.)”. Indica que “el Acuerdo que nos ocupa, ampara bienes colectivos-comunes de orden
internacional a favor del principio de desarrollo sostenible”. Ello porque “hoy
por hoy, el compromiso de todos los Estados en la protección de los ecosistemas
no tiene fronteras, por cuanto la extinción de muchas especies naturales, puede
llegar a ser, de no controlarse, la desintegración social y tal vez jurídica de
los Estados ya que la supervivencia humana pende de todo el ecosistema que nos
rodea (…) lo cual traducido a nuestro ordenamiento constitucional, constituye
esta acción de protección de uno de los fines esenciales del Estado que
consagra y ampara el Artículo 2 y el Preámbulo de la Constitución Política”.
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
La ciudadana Jimena Nieto Carrasco interviene en
nombre de la mencionada Universidad para solicitar la exequibilidad del tratado
y su ley aprobatoria.
Señala que, en su concepto, el Acuerdo “no
contradice la Constitución Nacional ni la legislación vigente en Colombia en
materia ambiental. En particular se resalta la conformidad (…) con lo
establecido en los artículos 7, 23 y el Capítulo III de la Constitución
Política de Colombia. Igualmente (…) es consistente con la Ley 165 de 1994
mediante la cual se aprobó la ratificación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992), declarada constitucional mediante sentencia C-519 de 1994”.
Intervención de la Universidad Santo Tomás
La Universidad Santo Tomás interviene para solicitar
la declaratoria de exequibilidad del Convenio y de la ley bajo estudio, salvo
el artículo 1 en lo que toca con la definición del territorio colombiano.
En general, el interviniente expresa que el tratado
que se revisa “garantiza la protección del medio ambiente respetando el
ordenamiento jurídico, ya que es una muestra de un desarrollo de los mandatos
constitucionales y no contraria a lo establecido en la Carta Constitucional”.
Sin embargo, a su juicio, “no ocurre lo mismo
cuando el tratado hace la definición (…) del territorio por parte de la
República de Colombia, ya que la definición que se hace es limitada, y no
incluye todos los elementos o aspectos que según el texto constitucional abarca
el territorio colombiano. La Carta Política Colombiana y diferentes tratados
internacionales establecen los elementos que hacen parte del territorio (…) su
desconocimiento sería desconocer la soberanía que tiene sobre alguna parte del
territorio o de los elementos que lo integran”. Manifiesta que “no se
reconoce o hace mención explícita del segmento de la órbita geoestacionaria (…)
por lo que se corre el riesgo de que esta no quede incorporada en el territorio
para efectos del Acuerdo y se siente un precedente con respecto a otros ámbitos
o sujetos del derecho internacional, que pueda ser entendido como una dejación
de la soberanía sobre una parte integrante del territorio”. Agrega que “con
el desconocimiento de los elementos particulares que conforman el territorio
del Estado colombiano dentro del Acuerdo, no se aclara que el subsuelo según el
artículo 332 de la Carta Política es propiedad del Estado”.  Y “otra de
las áreas que no se tuvo en cuenta fue la plataforma continental”.  En este
orden de ideas, el interviniente solicita a la Corte que “declare que la
definición del territorio por parte de la República de Colombia, debe incluir
expresamente todos los elementos que incorpora la Constitución colombiana en
términos explícitos”.
Intervención de la Organización Nacional Indígena de
Colombia
La Organización Nacional Indígena de Colombia
interviene para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del Convenio
y de la ley bajo estudio.
Fundamenta lo anterior en el hecho de que “los
pueblos indígenas no han sido consultados en ningún momento por los Gobiernos
de Colombia y Canadá en el marco de la suscripción del Tratado de Libre
Comercio entre las dos repúblicas, marco dentro del cual se hace el Acuerdo
sobre Medio Ambiente, sin haber sido consultados en este proceso tampoco”, lo
cual “era un deber ineludible para los dos Gobiernos, desconociendo de esa
manera no solo el derecho fundamental de consulta, como manifestación del
principio constitucional de participación, sino además la autonomía social y
cultural de la cual son titulares los mismos, a la luz de la actual Carta
Política”.
Explica el interviniente que el objetivo de acuerdo,
desde su punto de vista, es “crear un marco jurídico válido que permita la
explotación a gran escala de los recursos naturales y la biodiversidad
existentes en el suelo colombiano”. Lo cual, para él, tiene sentido si se
tiene en cuenta que “los canadienses han sido tradicionalmente conocidos por
la explotación minera  a gran escala y por la flexibilidad de su legislación
para con las  grandes multinacionales dedicadas al comercio de recursos
naturales”. Informa que debido a lo anterior es que, precisamente, el “actual
Código de Minas [tuvo] permanente asesoría e interés de las grandes
empresas minera de origen canadiense”. En este orden de ideas, las
comunidades indígenas “tienen un interés directo en todas estas
negociaciones, toda vez que dentro de ellas está en juego la conservación de su
autonomía territorial”. Agrega que “partiendo de la consideración de
estar frente a una dinámica comercial que se circunscribe básicamente a la
explotación de recursos naturales en el marco del Tratado de Libre Comercio
entre las dos Repúblicas, debió haberse consultado a los pueblos indígenas”.
Concluye entonces que “mas allá de lo contenido en
los textos de los Acuerdos, debe precisarse el deber imperativo que había de
consultar a los pueblos indígenas, no sólo en virtud de la Constitución
Política, sino del Convenio 169 de la OIT, adoptado como legislación interna y
permanente mediante la ley 21 de 1991”.
Adicionalmente, el interviniente se pronuncia sobre el
contenido de dos de los artículos del tratado bajo estudio.
En primer término asevera que “en las instancias
que se crean con el Acuerdo (Sección III), no se contempla la participación de
las comunidades indígenas, con lo cual se vulneraría el principio de participación
y representación, más cuando la incidencia que puede tener en la preservación
de los pueblos indígenas la suscripción de estos Acuerdos es de una
trascendencia capital, habida cuenta de la invasión que se debe hacer a los
territorios que ancestralmente han ocupado las comunidades”.
En segundo término indica que “se hace alusión a
temas de especial trascendencia como la diversidad biológica, acceso a recursos
genéticos o responsabilidad social corporativa, sin que en ninguna parte se
mencione a las comunidades indígenas sino al público en general, desconociendo
que los impactos ambientales, culturales, sociales y/o económicos son
diferenciados, y se sienten con más rigor en las comunidades indígenas, dada su
especial relación con el medio que las rodea, fundamentada en una cosmovisión
distinta y alternativa frente a la visión productiva y extractiva que del medio
ambiente se tiene en occidente”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General
de la Nación, mediante concepto recibido en esta Corporación el veinticuatro
(24) de junio de 2010, solicitó declarar la exequibilidad del Convenio sometido
a estudio, así como la Ley aprobatoria del mismo.
En cuanto a la revisión
formal del tratado y la ley bajo estudio concluye que el procedimiento respetó
todas las normas constitucionales.
En lo relativo al
análisis material manifiesta que “Un Estado Social de Derecho, como es
Colombia, debe implementar mecanismos para mejorar la calidad de vida de todos
sus asociados. Esta calidad de vida ni puede lograrse sin respetar el medio
ambiente. Los valores, principios y reglas ambientales guardan estrecha
conexión con los valores, principios y reglas constitucionales. Por ello, las
medidas que se tomen para preservar el medio ambiente, entre las cuales se
encuentra el presente Acuerdo y su ley aprobatoria, parecen ser, prima facie,
acordes con el mandato de la Carta”.
Indica que, en su
concepto, el Acuerdo “propende por conservar y mejorar el ambiente, por
incentivar el desarrollo sostenible y sanas prácticas ambientales en las relaciones
económicas y sociales que surgen a partir de la creación de un área de libre
comercio entre las partes (…) busca altos niveles de protección ambiental, a
través del compromiso de las partes de hacer cumplir a cabalidad, en sus
respectivos territorios, sus propias normas ambientales, y a través de un mutuo
apoyo en pro de preservar la biodiversidad”. Aclara que el tratado “no
implica (…) ninguna obligación distinta  a la que ya existe, de hacer cumplir
las normas ambientales que de manera autónoma la República ha proferido o
profiera en el futuro (…) contribuye a fortalecer la gestión ambiental en el
país y reafirma la innegable necesidad de preservar e incrementar la
productividad de la economía en el marco del respeto al medio ambiente”.
Concluye que “consolidar
un modelo productivo sostenible y sustentable encaminado a garantizar calidad
de vida y un ambiente sano es un propósito claro a la Constitución, al tenor,
entre otros de los artículos 2, 8, 9, 49, 58, 79, 80, 81, 226, 227 y 332.
Dentro de este contexto, tanto el Acuerdo bajo revisión como su ley
aprobatoria, se ajustan a la Carta, por las siguientes razones: i) el Acuerdo afianza
el proceso de integración, al promover el comercio internacional, y lo hace con
pleno respeto del medio ambiente, al establecer un claro compromiso de las
partes para protegerlo y conservarlo, como lo dispone la Constitución en los
artículos 9, 226 y 277; ii) el Acuerdo reconoce de manera explícita la
soberanía de cada país sobre sus recursos naturales, tanto para usarlos como
para aprovecharlos, de conformidad con los artículos 79, 80 y 332 superiores; y
iii) el Acuerdo respeta la autonomía del Estado para planificar el manejo de
los recursos naturales y la manera de aprovecharlos, lo cual es acorde con lo
establecido por la Carta en su artículo 81”.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la
Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de
constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta
Corporación en estos casos es completo, automático y versa sobre el contenido material
de la Convención y de su ley aprobatoria, así como sobre la concordancia entre
su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
Adicionalmente, según jurisprudencia constitucional reiterada[2],
este control comprende también la verificación de la realización de la consulta
previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, si esta es procedente.
En lo atinente a la realización de la consulta previa
a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte, en ejercicio del
control de constitucionalidad debe determinar, en primer lugar, si aquella era
necesaria y, en caso de ser así, en segundo lugar, si la misma se llevó a cabo
en debido forma.
En relación con el aspecto formal la Corte se
encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del
tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del
Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la
ley, se requiere: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el
inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que
entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la
sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Ahora bien, en cuanto al elemento material del control
de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, aquéllas de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al texto constitucional.
Entendido
lo anterior, la Corte procederá, en el apartado 2, a realizar un resumen del contenido del tratado bajo estudio con el fin de facilitar el análisis
sobre la necesidad de la consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes, la cual se hará en el acápite 3, para finalmente realizar el
control formal en el título 4 y el material en el apartado 5, si es que ello resulta
procedente.
2. Descripción general del contenido del “Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia”, del canje de
notas y de su ley aprobatoria
El preámbulo del Acuerdo sobre medio ambiente entre
Canadá y Colombia recuerda la decisión que ambas partes tomaron en el Tratado
de Libre Comercio –Capítulo 17[3]- de implementarlo “de
manera consecuente con la conservación y protección ambiental y el uso
sostenible de sus recursos”. He ahí precisamente el objeto del tratado bajo
estudio y la relación que existe entre estos dos tratados internacionales, la
cual ha sido puesta de presente por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en su intervención en el presente proceso.
El preámbulo determina además que el objetivo
mencionado se cumplirá mediante (i) el mejoramiento y aplicación de leyes y
reglamentos ambientales, (ii) el fortalecimiento de la cooperación en materia
ambiental y (ii) la promoción del desarrollo sostenible.
El acuerdo en revisión se divide en tres secciones: la
primera sobre “Derechos y Obligaciones Ambientales”, la segunda acerca
de “Cooperación Ambiental” y la tercera se ocupa de las “Disposiciones
Institucionales”. Así mismo consta de tres anexos, uno concerniente a las “Áreas
Prioritarias para Cooperación”, otro relativo a la “Aplicación a las
Provincias de Canadá” y el último referido a las correcciones.
En la sección I –“Derechos y Obligaciones
Ambientales”- el artículo 1 contiene algunas definiciones que se
usarán para los propósitos del tratado. Interesa a la Sala resaltar cuatro de
ellas.
(i) La primera es la definición, para Colombia, de “comunidades
indígenas y locales”. Se indica que este término significa “aquellas comunidades indígenas, afroamericanas y
locales que se definen en el artículo 1 de la Decisión Andina como un grupo
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros
sectores de la colectividad nacional, que está regido total o parcialmente por
sus propias costumbres y tradiciones o por una legislación especial y que,
cualquiera sea su situación jurídica, conserva sus propias instituciones
sociales, culturales y políticas o una parte de ellas”.
(ii) La segunda definición es la de “legislación
ambiental” que, para ambas partes, “significa toda ley o reglamento de
una de las Partes, o una disposición contenida en los mismos, cuyo propósito
principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro
contra la vida o salud humana mediante:
(a) la prevención, reducción o control
de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales;
(b) el control de sustancias o
productos químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o
peligrosos para el medio ambiente, y la difusión de información relacionada con
ellos; o
(c) la conservación de la diversidad
biológica, que incluye la protección de la flora y fauna silvestres, las
especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial
en el territorio de la Parte. Para la República de Colombia, la conservación de
la diversidad biológica también incluye el uso sostenible de esta última”.
Dentro del anterior concepto no se incluye
lo “que esté relacionado directamente con la salud y la seguridad de los
trabajadores o con la salud pública”. Tampoco aquello “cuya finalidad
principal sea regir la cosecha comercial o la explotación o la cosecha de
subsistencia o la cosecha por parte de indígenas de los recursos naturales”.
(iii) La tercera definición incluida en el
artículo 1 es la de “ley” o “regulación”  que quiere decir:
“(a) Para Canadá, una ley o regulación
o una disposición de éstos, incluso instrumentos jurídicamente obligatorios
hechos en virtud de las mismas, promulgada o hecha o dictada a nivel federal de
gobierno y por cualquiera de las provincias incluidas en una declaración
entregada por Canadá en virtud del Anexo II.
(b) Para la República de Colombia, toda
ley promulgada por el Congreso de la República, o decretos o resoluciones
promulgados por el Nivel central del gobierno con el fin de implementar leyes
del Congreso, que sean ejecutadas por el Nivel central del gobierno”.
(iv) La cuarta y última definición que
desea resaltar la Sala es la de  “territorio”, término que encierra, con
respecto a Canadá, a) “ el espacio terrestre”, b) “espacio aéreo”, c)
“las aguas jurisdiccionales y mar territorial”, d) “la zona económica
exclusiva de Canadá, de acuerdo a lo establecido al respecto en la legislación
nacional, y consecuente con la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) del 10 de diciembre de 1982” y e) “la plataforma continental de Canadá, de acuerdo a lo establecido por la
legislación nacional, y consecuente con la Parte VI de la CONVEMAR”.
Mientras que para Colombia incluye a) “su
territorio terrestre, tanto continental como insular”, b) “su espacio
aéreo” y c) “las áreas marítimas sobre las cuales ejerce soberanía,
derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su derecho interno y el
derecho internacional”.
Dentro de la misma Sección I el artículo 2 trae unas “Disposiciones
Generales”. En resumen este artículo contiene:
(i) El reconocimiento del “derecho
soberano de cada una de las Partes” de:
a) establecer sus propios niveles de
protección ambiental,
b) establecer sus políticas y prioridades
de desarrollo ambiental,
c) adoptar sus leyes y políticas
ambientales y
d) modificar sus leyes y políticas
ambientales
Sin embargo, este derecho soberano tiene
un límite: las Partes deben asegurarse de que sus leyes y políticas ambientales
establezcan altos niveles de protección ambiental y deben esforzarse por seguir
desarrollando y mejorando esas leyes y políticas.
(ii) La obligación de observar y hacer
cumplir la legislación ambiental. Pero se advierte que “Para los fines de
este Acuerdo, una Parte no ha dejado de cumplir su legislación ambiental en un
caso particular cuando la acción o inacción en cuestión por entidades o
funcionarios (…):
(a) refleje un razonable ejercicio de
discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, de procesamiento o de
regulación u observancia; o
(b) sea el resultado de decisiones
tomadas de buena fe con el fin de asignar recursos destinados a la
fiscalización de otros asuntos ambientales a los que se les haya asignado una
mayor prioridad”.
(iii) La prohibición de promover el
comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de los
niveles de protección contemplados en la legislación ambiental.
(iv) La obligación de mantener
procedimientos apropiados para evaluar los impactos ambientales de los
proyectos y planes propuestos con miras a evitarlos o minimizarlos.
(v) La obligación de promover el comercio
y la inversión en bienes y servicios ambientales.
(vi) Una norma de interpretación según la
cual “nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de facultar a las
autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir
la legislación ambiental en el territorio de la otra Parte”.
(vii) La reafirmación de la importancia
del Convenio sobre la Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de y el acuerdo de trabajar en forma conjunta para avanzar en los
objetivos de ese Convenio.
(viii) Una norma de interpretación de
acuerdo con la cual “nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de
afectar los derechos y obligaciones existentes de cada Parte en virtud de otros
acuerdos ambientales internacionales de los cuales dicha Parte sea Parte”.
El
artículo 3 de la Sección I, se ocupa de las obligaciones respecto de las normas
y los procedimientos para sancionar y reparar las infracciones a la legislación
ambiental. Indica que las Partes deben asegurarse de que:
(i) Estos procedimientos –sean “judiciales,
cuasi-judiciales o administrativos”-  se encuentren disponibles.
(ii) Las personas puedan solicitar a las autoridades
que investiguen violaciones a la legislación ambiental y que estas den a tales
solicitudes la debida consideración.
(iii) Las personas con un interés
jurídicamente reconocido tengan acceso apropiado a los procedimientos.
(iv) Los procedimientos sean justos,
equitativos y transparentes, cumplan con el debido proceso y estén abiertos al
público, “salvo que la administración de justicia requiera algo distinto”. De
modo más concreto, deben asegurarse de que
a) las partes tengan el derecho de
defender sus posiciones, presentar información o pruebas y de que la decisión
se base en ellas.
b) las decisiones finales se hagan por
escrito, preferiblemente establezcan las razones sobre las cuales se basan y
estén disponibles a las partes sin demoras indebidas y, de acuerdo con su
legislación, al público.
c) las partes tengan el derecho, de
acuerdo con su legislación, a pedir la revisión y corrección o “redeterminación”
de las decisiones, y
d) los tribunales sean imparciales e
independientes.
El
artículo 4 de la misma Sección I trata sobre la información y participación del
público en los siguientes términos:
(i) Las Partes deben promover el conocimiento público de sus leyes ambientales y los
procedimientos relativos a ellas. Más específicamente deben hacer que las leyes
sean publicadas o de otra forma se permita que las personas interesadas puedan
conocerlas.
(ii) Las partes deben asegurarse de que
los procedimientos de evaluación ambiental contemplen la revelación de
información al público acerca de los planes y proyectos que estén sujetos a
evaluación y permitir la participación del público en los mismos.
(iii) Cualquier persona u organización no
gubernamental podrá presentar una solicitud escrita a una de las Partes
relacionada con las obligaciones de esa Parte en virtud del Acuerdo, a través
de su Coordinador Nacional. Así mismo se prevé el procedimiento que surtirá esa
solicitud y la publicación e informe anual sobre esas solicitudes.
(iv) Las Partes deben esforzarse y
cooperar para involucrar e informar al público de las actividades que
desarrollen para implementar el Acuerdo.
El artículo 5 de la Sección I se refiere a la
diversidad biológica, frente a la cual las Partes:
(i) Reconocen la importancia de su conservación y uso sostenible y
reiteran su compromiso de promoverlo y fomentarlo.
(ii) Reiteran su compromiso, según lo
establecido por el Convenio de Diversidad Biológica, de respetar, preservar y
mantener el conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales que contribuyen a la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica.
(iii) Reiteran  sus derechos soberanos
sobre sus recursos naturales y reconocen su autoridad y obligaciones, según lo
establecido por el Convenio de Diversidad Biológica, con respecto al acceso a
recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios
provenientes de la utilización de esos recursos.
(iv) Reconocen la importancia de la
participación y la consulta del público, según se establezca en su legislación
nacional, en este asunto.
(v) Acuerdan cooperar en la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica dentro del marco jurídico establecido
en la Sección II. Concretamente, tratarán de cooperar a fin de intercambiar
información respecto de:
a) la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica;
b) evitar el acceso ilegal a recursos
genéticos, conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales; e
c) intercambiar en forma equitativa los
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y
conocimientos, innovaciones y prácticas conexos.
El artículo 6 de la Sección I, sobre responsabilidad
social corporativa, obliga a las partes a alentar prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa “para fortalecer la coherencia entre los objetivos
económicos y sociales”.
La
Sección II –sobre “Cooperación Ambiental”- contiene
un único artículo, el 7, en el cual las Partes:
(i) Reconocen
que la cooperación es una forma efectiva de alcanzar los objetivos del Acuerdo
y, en consecuencia, reafirman su compromiso de desarrollar programas de
cooperación para ello.
(ii) Se comprometen a esforzarse para
fortalecer su cooperación en temas ambientales en los diversos foros
bilaterales, regionales y multilaterales en los que participen.
(iii) Se facultan para involucrar actores
interesados o cualquier otra entidad en el desarrollo de los programas de
cooperación.
(iv) Se obligan a identificar áreas
prioritarias para las actividades de cooperación y a establecer un programa de
trabajo que deberá ser preparado inmediatamente después de la entrada en vigor
del Acuerdo. Las áreas prioritarias incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo deberán
ser consideradas para el programa inicial.
(v) Acuerdan hacer todos los esfuerzos
posibles para encontrar los recursos a fin de implementar el programa de
trabajo eficaz, estos “podrán provenir de entidades o agencias públicas de
las Partes, o, según sea apropiado, de instituciones privadas, fundaciones u
organizaciones públicas internacionales”.
Agregan que “Las Partes podrán cooperar
con cualquier Estado que no sea parte de este Acuerdo, según sea apropiado, a
fin de maximizar los recursos disponibles. Cuando proceda, las Partes acuerdan
cooperar para identificar y asegurar recursos de fuentes externas”.
(vi) Indican que el programa de trabajo se
podrá implementar:
“(a) a través de programas de
cooperación técnica bajo cualquier modalidad que convengan las Partes, tales
como compartir información, intercambio de expertos y capacitación; y/o
(b) por medio de cooperación financiera
para proyectos prioritarios presentados por las Partes.
(vii) Acuerdan que el público debe ser
informado y participar según sea apropiado de las actividades cooperativas
realizadas.
(viii) Se obligan a reunirse a más tardar
un año después de la entrada en vigor del Acuerdo, y posteriormente como lo
acuerden mutuamente, para revisar el progreso en la implementación. Tales
reuniones serán organizadas por los Coordinadores Nacionales.
La
Sección III se ocupa de las “Disposiciones Institucionales”.
En el artículo 8 se establece un Comité del Medio
Ambiente compuesto por representantes de cada una de las Partes, el cual
estudiará y discutirá el progreso en la implementación del Acuerdo y redactará
informes sobre las actividades desarrolladas cuando lo considere conveniente,
los cuales se darán a conocer al público a menos que las Partes decidan lo
contrario.
En el artículo 9 se crea un Coordinador Nacional,
quien será designado por cada Parte dentro del ministerio u organismo apropiado
y servirá como punto oficial de contacto. Dicho nombramiento deberá ser
informado al público.
En el artículo 10 se prevé la facultad del Comité del
Medio Ambiente de efectuar una revisión “comprehensiva” del Acuerdo dentro del año siguiente al quinto año después de su
entrada en vigor, con miras a mejorar su funcionamiento y efectividad. Como
parte de esta revisión, el Comité podrá presentar recomendaciones a las Partes
sobre posibles desarrollos adicionales del Acuerdo para su consideración y
acción. También se pueden acordar otras revisiones ulteriores. El Comité podrá
tomar disposiciones para que el público participe en el proceso de revisión y
las Partes darán a conocer al público los resultados de toda revisión
comprehensiva.
De conformidad con el artículo 11 las Partes deberán
proporcionar de forma pronta cualquier información solicitada previamente por
escrito por la otra Parte relacionada con cualquier medida adoptada en virtud
del Acuerdo.
El artículo 12 regula la solución de diferencias a
través de un sistema de consultas que busca lograr una solución de mutuo
acuerdo. Una parte puede enviar a la otra una consulta escrita “relacionada con cualquier asunto que surja en virtud
de este Acuerdo”, primero a
través de los Coordinadores Nacionales y, si esto no da resultado, mediante el
Ministro del Medio Ambiente de cada país o sus delegados o sucesores. Se prevé
el procedimiento para responder la consulta. Finalmente se prescribe que “Ninguna
de las Partes dará lugar en su legislación al derecho de demandar a la otra
Parte sobre la base de que la otra Parte actuó en forma incompatible con este
Acuerdo”.
El artículo 13 aborda el tema de la aplicación del
Acuerdo a las provincias de Canadá, la cual está sujeta anexo II que señala que
“Canadá hará todos los esfuerzos a su alcance para que este Acuerdo sea aplicable
al mayor número posible de provincias” y que “ Una vez que entre en
vigor este Acuerdo, Canadá proporcionará a la República de Colombia una
declaración escrita en la cual indicará las Provincias por las cuales Canadá
estará obligado con respecto a los asuntos dentro de su jurisdicción”,
“declaración [que] tendrá efecto desde el momento en que se entregue a la
República de Colombia”.
El artículo 14 aclara que “los anexos (…) forman
parte integral de este Acuerdo”.
El artículo 15, sobre protección de la información,
indica que “nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de requerir a
una Parte el revelar información que de otra forma estaría prohibida o exenta
de divulgación bajo sus leyes y regulaciones, incluyendo aquellas concernientes
al acceso a la información y privacidad”.
El artículo 16 acerca de las enmiendas al tratado de
la referencia prescribe que “Las Partes podrán acordar por escrito cualquier
enmienda o adición a este Acuerdo, incluyendo sus Anexos”, las cuales “deberán
entrar en vigor en la fecha o fechas que hayan sido acordadas entre las Partes
y constituirán parte integral del presente Acuerdo”.
El artículo 17 trata el tema de la denuncia del
tratado bajo estudio. Señala que “Este acuerdo puede terminar por el mutuo
consentimiento por escrito de las Partes y en tales condiciones y dentro de los
plazos que hayan sido acordados de común acuerdo”. Agrega que “En el
evento de la terminación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la
República de Colombia cada Parte puede unilateralmente notificar por escrito
con sesenta días de anticipación su intención de dar por terminado el presente
Acuerdo”.
El último artículo, el 18, regula la entrada en vigor
del Acuerdo de la siguiente forma: “Cada Parte notificará a la otra Parte
por escrito sobre la finalización de los procedimientos internos exigidos para
la entrada en vigor de este Acuerdo. Este acuerdo entrará en vigor a partir de
la segunda de esas notificaciones o en la fecha en que entre en vigor el Tratado
de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, la fecha que sea
posterior”.
El
anexo C simplemente se encargó de hacer algunas correcciones técnicas y de
traducción.
En
cuanto a la ley 1360 de 2009, ésta se limita a aprobar el Acuerdo objeto de análisis
y las correcciones hechas mediante canje de notas.
3. La consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes
3.1 Jurisprudencia constitucional sobre la consulta
previa a las comunidades étnicas con especial referencia al caso de los tratados
internacionales
El artículo 1 de la Constitución Política define a
Colombia como un Estado Social de Derecho organizado en forma de República
participativa. Como consecuencia de lo anterior el artículo 2 incluye, dentro
de los fines del estado colombiano, la facilitación de la participación de
todos en las decisiones que les afecten.
Este principio general de participación, que comprende
a todos los habitantes de territorio colombiano, resulta reforzado en el caso
de las comunidades étnicas –indígenas y afrodescendientes- en virtud de la
definición del estado colombiano como república pluralista –artículo 1- y del
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana –artículos 7 y 70-[4]. En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corte ha indicado que las normas constitucionales
anotadas derivan en que “la Carta Política propugna por un modelo de Estado
que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado
en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la
implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como
minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas
tradicionales”[5]. Una de estas
herramientas es, precisamente, la participación de estas comunidades en las
decisiones que las afectan ya que así se asegura que en la implementación de
las políticas públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la
afectación que éstas podrían tener respecto de su identidad, lo que además
otorga legitimidad democrática a las medidas adoptadas. Es por ello que “existen
previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo
del Estado, dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios
suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan”[6].
En este sentido, el ordenamiento constitucional abre a
las comunidades indígenas y afrodescendientes espacios concretos de participación,
además de los establecidos para todos los colombianos dentro de los cuales
también están incluidas[7]. Entre otros, se pueden
identificar como espacio de participación concretos (i) la elección de dos
senadores en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, (ii)
la posibilidad, ya desarrollada por la ley, de establecer una circunscripción
especial para asegurar la participación de los grupos étnicos en la Cámara de
Representantes, (iii) la obligación de que la conformación y delimitación de
las entidades territoriales indígenas se lleve a cabo con participación de los
representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de
ordenamiento territorial –artículo 329-, (iv) el mandato de propiciar la
participación de los representantes de las comunidades indígenas en las
decisiones respecto de la explotación de los recursos naturales en sus
territorios –artículo 330- y (v) la consulta previa sobre las medidas
legislativas y administrativas que los afectan directamente, espacio de
participación que es el que resulta relevante para el asunto de la referencia.
El mandato de consulta previa encuentra su fundamento
constitucional en el artículo 6, ordinal a, del Convenio 169 “Sobre Pueblos
indígenas y Tribales” de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)[8], tratado internacional
que, según jurisprudencia constitucional reiterada[9],
forma parte de bloque de constitucionalidad –artículo 93 de la Constitución-.
El artículo 6, ordinal a, del mencionado Convenio es
entonces la norma que consagra la consulta previa a las comunidades étnicas, en
el siguiente sentido:
“1. Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán:
a)
consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”.
La jurisprudencia constitucional ha estimado que de la
disposición transcrita surge un derecho fundamental de las comunidades étnicas
a la consulta previa y un correlativo deber estatal de adelantarla y, con base
en ella, ha determinado sus contornos.
Así, en lo que toca con la titularidad de tal derecho,
ha indicado la Corte[10] que esta reside, para el
caso colombiano, no sólo en las comunidades indígenas sino también en las
afrodescendientes de conformidad con el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT[11].
Afirmó la Corte en la sentencia C-461 de 2008 que “la norma internacional en comento hace referencia a
dos requisitos que deben concurrir a la hora de establecer quiénes se pueden
considerar como sus beneficiarios: (i) Un elemento objetivo, a saber, la
existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del
grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento
subjetivo, esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los
individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”. Acudió al artículo 2-5 de la Ley 70 de 1993 que
definió a las comunidades afrodescendientes como "el conjunto de
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten
una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la
relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos” y, con base en él, concluyó que “las
comunidades negras cumplen con esta doble condición, y por ende se ubican bajo el
supuesto normativo del Convenio mencionado”. Añadió que “el término
comunidades negras, como lo indica el artículo 1 de la Ley 70 de 1.993 en
consonancia con el artículo Transitorio 55 de la Constitución, se refiere tanto
a aquellas que habitan en la Cuenca del Pacífico colombiano, como a las que
estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan con los dos
elementos reseñados. Asimismo, a falta de una mención expresa, se deben
entender incluidas dentro de las dichas comunidades negras (…) a las
agrupaciones raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, las cuales
no sólo comparten con las primeras un origen histórico común en las raíces
africanas que fueron transplantadas a América, sino que han sido reconocidas
por esta corporación, en consonancia con el artículo 310 de la Carta, como un
grupo étnico titular de derechos especiales”.
En relación con el ámbito temático de la
consulta previa ha precisado la Corte[12] que ésta se debe llevar
a cabo respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la
comunidad étnica. Es decir que la consulta previa no se circunscribe al caso de
la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas –artículo
330- y al de la delimitación de las entidades territoriales indígenas –artículo
329-, que fueron los expresamente previstos por la Constitución. Ello porque la
ratificación del Convenio 169 de OIT por parte de nuestro país, mediante la ley
21 de 1991, amplió su espectro a toda medida susceptible de afectar
directamente a las comunidades étnicas. Nótese que el tenor literal del
artículo 6 del mencionado Convenio no contiene restricción temática alguna al
referirse simplemente a “cada vez que se prevean medidas (…)”.
En lo que respecta al tipo de medidas que deben
ser consultadas previamente con las comunidades étnicas, la Corte ha acudido
nuevamente al texto del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT para señalar que
son no solamente las medidas administrativas[13]
sino también las legislativas[14], y dentro de
estas últimas ha incluido las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales[15]  e incluso las reformas
constitucionales[16].
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también
ha sido enfática en afirmar que la obligación de adelantar la consulta previa
no surge frente a toda medida –administrativa o legislativa- que sea
susceptible de afectar a las comunidades étnicas, sino únicamente frente a
aquellas que puedan afectarlas directamente[17].
Según esta Corte, este criterio surge
“no solo de la calidad de directa que se predica de la afectación que
produzca una medida legislativa para que sea imperativa la consulta, sino
también del hecho de la misma procede cuando se trate de aplicar las
disposiciones del Convenio [según el mismo artículo 6 del Convenio 169]” [18].
Este requisito –afectación directa- merece un
cuidadoso análisis en el caso de las medidas legislativas, dentro de las que se
incluyen las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Ello porque “las
leyes, en general, producen una afectación sobre todos sus destinatarios. De
esta manera una ley, en cualquier ámbito, aplicable a la generalidad de los
colombianos, afecta a los miembros de las comunidades indígenas y tribales que
tengan la calidad de nacionales colombianos (…)”[19].
Además porque “en
principio, las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una
afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la
instancia aplicativa” [20].  Es entonces claro que, en el caso de las leyes, “lo
que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar
específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no
aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la
generalidad de los colombianos” [21]. En los demás
asuntos legislativos, las comunidades étnicas gozarán de los mismos espacios de
participación de los que disponen la generalidad de los colombianos y de
aquellos creados específicamente para ellas por la Constitución, la ley y los
reglamentos, pero no existirá la obligación de la consulta previa[22].
Es por esto que la jurisprudencia constitucional ha
fijado criterios para determinar cuando
puede decirse que una medida legislativa afecta directamente a
las comunidades étnicas con el fin de establecer, en un caso concreto, si la
consulta es obligatoria. Así, ha determinado la jurisprudencia de esta Corte
que “puede señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera el
estatus de la persona  o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones
o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios” [23],
ello “independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo,
aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta” [24].
A modo de ejemplo, en la sentencia C-030 de 2008, la
Corte expresó que “cuando se vaya a regular a través de una ley la manera
como se hará la explotación de yacimientos petroleros ubicados en territorios
indígenas, sería imperativa la consulta con los pueblos indígenas susceptibles
de ser afectados, porque hay una afectación directa que impone al Estado
aplicar para el efecto las disposiciones del convenio. Pero cuando de lo que se
trata es de adoptar el marco general de la política petrolera del Estado no hay
una afectación directa de las comunidades indígenas o tribales, ni la medida se
inscribe en el ámbito de aplicación del convenio, porque no está orientada a
regular de manera específica la situación de esos pueblos (…) a menos que, en
el texto de la ley se incorporasen medidas específicamente dirigidas a la
explotación del recursos en los territorios de esas comunidades (…)”.
De forma similar, indicó en la misma sentencia que,
por ejemplo, “cuando en aplicación (…) del Convenio [169 de la OIT],
se decida adoptar medidas especiales para garantizar a los trabajadores
pertenecientes a los pueblos interesados una protección eficaz en materia de
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general, sería
necesario que el gobierno adelantase un proceso de consulta previa, consulta
cuya realización, por el contrario, no resultaría imperativa, cuando de lo que
se tratase fuese de modificar la legislación general aplicable a todos los
trabajadores colombianos. En el primer caso se estaría en el escenario de la
aplicación de las disposiciones del Convenio 169 (…)  y procedería el deber de
consulta en los términos del literal a) del artículo 6º. En el segundo, se
trataría de la actuación del Estado en el ámbito de sus competencias para la
regulación de un tema general no directamente orientado a regular o hacer
frente a una situación que afecte a las comunidades indígenas o tribales (…)”.
Ahora bien, “la especificidad que se requiere en
una determinada medida legislativa para que en relación con ella resulte
predicable el deber de consulta en los términos del literal a) del artículo 6
del Convenio 169 de la OIT, puede ser el resultado de una decisión expresa de
expedir una regulación en el ámbito de las materias previstas en el convenio, o
puede provenir del contenido material de la medida como tal, que, aunque
concebida con alcance general, repercuta de manera directa sobre las
comunidades indígenas y tribales” [25].
Un ejemplo de la primera hipótesis –decisión expresa
de adoptar una medida legislativa que afecta directamente- es la ley por medio
de la cual se aprobaba  “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia
Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la
República de Venezuela” [26]. También se pueden
citar, con base en la jurisprudencia constitucional, varios ejemplos de la
segunda hipótesis –medida que a pesar de ser generales tienen repercusión
directa y por tanto deben ser consultadas-:
(i) La ley 773 de 2002, por medio de la cual se
dictaron normas referidas a las sales que se producen en las salinas marítimas
ubicadas en el municipio de Manaure (Guajira), la cual afectaba directamente a
la comunidad indígena Wayúu por dos razones: primero porque esta comunidad se
encuentra asentada en el área de las Salinas de Manaure y segundo porque la
misma interviene en el proceso productivo de las sales[27].
(ii) La ley 1021 de 2006 en virtud de la cual se
expedía la ley general forestal[28]. En la sentencia C-030
de 2008, la Corte concluyó que este régimen general e integral de las
plantaciones forestales y los bosques naturales afectaba directamente a las
comunidades étnicas debido a que un parte importante de las mismas habitan
precisamente en los bosques naturales. En otras palabras la afectación era
directa porque las previsiones de la ley, aunque generales, recaían sobre un
objeto -el bosque natural- que tiene particular relevancia para estas
comunidades por ser su hábitat y que, por lo mismo, guarda una íntima e
indisoluble relación con su modo de vida.
(iii) La ley 1152 de 2007 mediante la cual se expedía
el estatuto de desarrollo rural[29]. En la sentencia C-175
de 2009 la Corte estimó que este régimen general sobre el uso y aprovechamiento
de la tierra en zonas rurales afectaba de forma directa a las comunidades
étnicas porque gran parte de ellas habitan en zonas rurales. De nuevo, es el
objeto sobre el que recae la ley –la tierra en zonas rurales- el que determina
que exista una afectación directa a pesar de la generalidad del régimen. Así,
el territorio rural, por ser el hábitat de gran parte de las comunidades
étnicas, es elemento esencial de su identidad y cualquier regulación sobre éste
las afecta de forma directa.
También se ha pronunciado la Corte respecto de la forma
en la cual debe ser llevada a cabo la consulta. Frente a ello ha señalado que “en
la medida en que el Convenio 169 no establece unas reglas de procedimiento y en
tanto que las mismas no hayan sido fijadas en la ley,  debe atenderse a la
flexibilidad que sobre el particular consagra el Convenio y al hecho de que, de
acuerdo con el mismo, el trámite de la consulta se somete al principio de la
buena fe, lo cual quiere decir, por un lado, que corresponde a los Estados
definir las condiciones en las que se desarrollará la consulta, y por otro, que
la misma, para que resulte satisfactoria a la luz del ordenamiento
constitucional, debe realizarse de manera que sea efectiva y conducente, pero
sin que quepa hablar, en ese contexto, de términos perentorios para su
realización, ni de condiciones ineludibles para el efecto”[30].
En últimas esto deriva en que, a pesar de la flexibilidad que otorga el
Convenio 169, “el procedimiento
de consulta no queda (…) librado por entero a la discrecionalidad de las
autoridades gubernamentales”[31].
Así, en desarrollo del mencionado principio de buena
fe, la jurisprudencia constitucional ha determinado que:
·
La consulta previa debe estar
antecedida de un “proceso preconsultivo”, lo que significa que “deberá estar
precedida de una consulta acerca de cómo se efectuará el proceso consultivo”[32]. Ello
porque “el Estado Colombiano deberá tener en cuenta que los procesos de
consulta previa no podrán responder a un modelo único aplicable indistintamente
a todos los pueblos indígenas, pues para dar efectiva aplicación al Convenio
169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su artículo 6° y en el artículo
7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos
y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos
de toma de decisiones que hubieren desarrollado”[33].
·
La consulta se debe hacer de tal
forma que la comunidad étnica “tengan el derecho de expresar su punto de
vista y de influenciar el proceso de toma de decisiones”[34].
En otras palabras, “que se le de la oportunidad para que libremente y
sin interferencias extrañas pueda (…) valorar conscientemente las ventajas y
desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en
relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a
la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se
busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y
efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad (…)”[35].
De conformidad con lo anterior, “la realización de
la consulta de buena fe implica que ésta no se debe abordar como un mero
procedimiento formal a cumplir, ni como un trámite”[36]
y por esta misma razón “los mecanismos de participación no pueden
limitarse a cumplir una simple función informativa” [37]
y no tiene el valor de consulta la simple notificación de la medida que se
quiere adoptar[38].
·
Lo anterior no quiere decir que la
consulta previa excluya el proceso informativo, sino que no se debe limitar a
él. En efecto, se ha indicado que, en la consulta previa, “los gobiernos
deben proporcionarles información apropiada y completa, que pueda ser
comprendida plenamente por los pueblos indígenas y tribales” [39].
Esta información sobre la medida a adoptar debe
incluir los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerla en
ejecución y la manera como su ejecución puede conllevar una afectación a su
identidad[40].
Adicionalmente, la efectiva posibilidad de expresar la
posición y de influir en la toma de decisiones, en algunos casos, requiere de “acciones
dirigidas a ayudar a los referidos pueblos a adquirir el conocimiento y las
capacidades necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de
desarrollo existentes”[41].
·
Así mismo, “los gobiernos no
pueden consultar a cualquiera que declare representar a la(s) comunidad(es)
afectada(s). Las consultas deben emprenderse con organizaciones/instituciones
genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o
hablar en nombre de las comunidades interesadas. Por consiguiente, los
gobiernos, antes de iniciar las consultas, deben identificar y verificar que
las organizaciones/instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con
estos requisitos”[42].
·
Adicionalmente, el proceso de
consulta debe llevarse a cabo “con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el
consentimiento de las comunidades indígenas acerca de las medidas legislativas
propuestas” [43].
Es importante aclarar que lo dicho no se traduce en un poder de veto de las
comunidades étnicas a las medidas que las afecten directamente según el cual no
pueden adoptarse sin su consentimiento, significa que, ante el desacuerdo se
deben presentar “fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad” [44].
·
De todos modos, “cuando no sea
posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar
desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser
objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige
al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la
comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios
para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad
produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros”[45].
Importancia crucial en el tema de la consulta previa
tiene la determinación del momento en el cual debe hacerse. Al respecto,
con base en el principio de la buena fe que informa el proceso consultivo, ha
dicho la Corte que la consulta debe ser oportuna[46],
lo que quiere decir que debe hacerse con anterioridad a la adopción de la
medida pues, una vez tomada la misma, la participación de la comunidades
étnicas no tendría utilidad alguna en la medida en que no podrían influir en el
proceso decisorio[47]. Se trataría no de un
proceso de consulta sino de una mera notificación de algo que ya ha sido
decidido.
Con base en esta regla general, la Sala ha fijado
reglas particulares sobre el momento oportuno de hacer la consulta según se
trate de medidas administrativas, legislativas o tratados internacionales,
distinción que se deriva de las diferencias entre los procedimientos que se
deben llevar a cabo para adoptar estas medidas. Así, para lo que interesa en
esta ocasión, la incorporación de los tratados internacionales en el
ordenamiento jurídico interno colombiano precisa
el cumplimiento de un conjunto de pasos sucesivos en cabeza de diferentes ramas
del poder público, con diferentes objetivos, regidos por la Constitución y el
derecho internacional público, por lo que surge la pregunta de qué momento debe
adelantarse la consulta a la comunidad étnica directamente afectada en materia
de leyes aprobatorias de tratados internacionales.
El
tema fue abordado expresamente en la sentencia C-615 de 2009[48],
en la que se indicó que “ni la Constitución, la Convención de Viena de 1969
sobre derecho de los tratados o el Convenio 169 de la OIT aportan una respuesta
normativa a tal interrogante. Sin embargo, con base en los principios de buena
fe y de eficacia que debe orientar la realización de la consulta, y con
propósito de que se pueda realmente adelantar un verdadero diálogo
intercultural, se puede afirmar que ésta debe llevarse a cabo antes del
sometimiento del instrumento internacional, por parte del Presidente de la
República, al Congreso de la República. En efecto, antes del sometimiento del
tratado al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la
negociación y suscripción de aquél, fases que configuran el ejercicio de la
soberanía estatal (…) a lo largo de la negociación, los representantes de las
Partes acuerdan unos objetivos generales por cumplir, delimitan el objeto y el
alcance del tratado internacional, precisan deberes y obligaciones entre los
contratantes, indican la duración del compromiso, prevén mecanismos de solución
de controversias, deciden la inclusión de cláusulas de salvaguardia, y en
últimas, redactan el clausulado. Posteriormente, suscriben o firman el texto
acordado, quedando así claro el articulado del instrumento internacional (…)
Siendo ello así, la eficacia de la consulta a las comunidades indígenas
dependerá de si ésta tiene lugar antes de que el Jefe de Estado someta el
tratado internacional a la aprobación congresional, pudiendo por tanto
realizarse o bien durante la negociación, mediante la creación por ejemplo de
mesas de trabajo, o ya cuando se cuente con un texto aprobado por las Partes,
es decir, luego de la firma del tratado. Si se realiza durante la negociación,
las comunidades indígenas podrán aportar insumos a la discusión del articulado
del instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a
determinados temas que los afectan (vgr. territorio, conocimientos ancestrales,
biodiversidad, recursos naturales, etc); o igualmente ser consultadas una vez
se cuente con un texto aprobado, discusión que, dado el caso, podría llevar a
la necesidad de renegociar el tratado”.
Además,
en la misma sentencia, precisó la Corte que “el carácter bilateral o multilateral del tratado
internacional puede tener una cierta incidencia en la manera como deba
realizarse la consulta (…) En efecto, (…) la negociación de los tratados
bilaterales (…) suelen realizarse en diversas rondas, a lo largo de las cuales
se discuten capítulos específicos del acuerdo. Siendo ello, cuando quiera que
se aborden temas que afecten directamente a los indígenas, éstos deberán ser
consultados, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia constitucional.
Por el contrario, la negociación de tratados internacionales multilaterales,
traduce las técnicas legislativas del derecho interno (…) el proceso de
negociación suele encontrarse institucionalizado, a la manera de las asambleas
parlamentarias nacionales, mediante la realización de conferencias
internacionales desarrolladas, en numerosas ocasiones, en el seno de
organizaciones internacionales (…) Siendo ello así, (…) la consulta previa (…) deberá llevarse a cabo antes
de que el Presidente de la República remita el tratado y su ley aprobatoria al
Senado. En tal sentido, los indígenas podrán ser consultados al momento de construir
la posición negociadora colombiana ante el respectivo foro internacional, con
el propósito de que las minorías aporten valiosos elementos de juicio al
respecto y como expresión del cambio de paradigma respecto de las relaciones de
los Estados con las minorías étnicas existentes dentro de su territorio; pero
en todo caso la consulta obligatoria será la que se realice con posterioridad a
la suscripción del acuerdo pero antes de aprobación congresional, con el
propósito de que los parlamentarios conozcan las consecuencias que, en materia
de preservación de los derechos de las minorías, puede implicar la aprobación
del tratado internacional”.
La jurisprudencia de esta Corte también se ha
pronunciado sobre los efectos que tiene la omisión de la consulta previa.
Ha determinado que, al ser la consulta un derecho fundamental, procede la
acción de tutela para que las comunidades étnicas exijan del estado su
realización[49], aún en el caso de
medidas legislativas siempre y cuando el proyecto no se haya convertido en ley,
pues en este caso existe otro mecanismo cual es la demanda de
inconstitucionalidad de la misma[50]. Así mismo, y en
consonancia con lo anterior, ha indicado que “su pretermisión, en el caso
del trámite legislativo, configura una violación a la Carta Política”[51]
y es por ello que ante una ley que debió haber sido consultada procede la
demanda de inconstitucionalidad[52], es decir, que la
omisión de la consulta previa “constituye un vicio [que] impide
declarar exequible la ley”[53]. Lo que no pierde
aplicabilidad en ejercicio del control automático en el cual la Corte debe
verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa en el caso de
normas que afecten directamente a las comunidades étnicas.
Finalmente, en el caso de las medidas legislativas y
los tratados internacionales, debe repararse en que las disposiciones de
orden legislativo o administrativo que se expidan en su desarrollo y aplicación
deben surtir la consulta previa obligatoria si alguna de ellas es susceptible
de afectarles de manera directa[54]. En otras palabras, el
análisis sobre la obligatoriedad de la consulta previa en la medida legislativa
y en sus desarrollos es independiente y debe analizarse caso por caso. Lo
anterior deriva en que es posible que se concluya que tanto ley o el tratado
internacional como sus desarrollos legislativos o administrativos deben
consultarse por afectar directamente a las comunidades étnicas o que se estime
que, por su generalidad, la ley o el tratado internacional no deben surtir este
procedimiento pero si sus desarrollos legislativos o administrativos por
afectar de forma directa a las comunidades étnicas.
Una vez revisada la jurisprudencia constitucional
sobre la consulta previa a las comunidades étnicas pasa la Sala a analizar si,
de acuerdo con la misma, en el asunto de la referencia se tornaba obligatoria
su realización y, en caso afirmativo, si ésta se llevó a cabo con el respeto de
los parámetros que ha fijado esta Corporación.
3.2 Análisis sobre la obligatoriedad de la consulta
previa en el asunto de la referencia
Una revisión del
texto del tratado permite concluir que las normas prescritas en él se han previsto
de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, lo que tiene sentido
ya que su objeto no es expedir una regulación específica referida a las
comunidades étnicas. Como ya se ha dicho, el objeto del acuerdo en estudio es implementar
el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia de manera consecuente con
la conservación y protección ambiental y el uso sostenible de sus recursos mediante
el mejoramiento y aplicación de leyes y reglamentos ambientales, el
fortalecimiento de la cooperación en materia ambiental y la promoción del
desarrollo sostenible. En desarrollo de este objetivo, las partes se reconocen
derechos y adquieren obligaciones en materia ambiental, las cuales tienen
aplicación, no solamente en los territorios de las comunidades étnicas, sino en
todo el territorio nacional. En definitiva no existe en este caso una decisión
expresa de adoptar una medida legislativa que afecte directamente a las
comunidades étnicas como sucedió en el caso ya mencionado del “Acuerdo para
el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu
de la República de Colombia y de la República de Venezuela”.
Ahora bien, según se expresó con anterioridad, la
especificidad de la afectación también se puede encontrar en una regulación que
se presenta como general -como en los casos ya citados de la regulación de las
salinas de Manaure, la ley forestal o el estatuto de desarrollo rural-, debido
a que el objeto de la medida legislativa –en los ejemplos propuestos las
salinas de Manaure, el bosque natural o los terrenos rurales, respectivamente-
está situado, total o parcialmente, en el territorio en el que habita la
comunidad étnica o gran parte de sus miembros y, por ello, está relacionado
íntimamente con su subsistencia y su identidad. Sin embargo, esta hipótesis
tampoco se presenta en esta oportunidad. El objeto del acuerdo es la protección
del ambiente, especialmente en el marco de las futuras relaciones comerciales
entre Colombia y Canadá, y no es posible sostener que este objeto –la
protección del ambiente- tenga en esta oportunidad mayor incidencia en los
territorios de las comunidades étnicas pues el acuerdo no se concentra en la
conservación del ambiente en zonas naturales o rurales en las que habitan parte
importante de la población de estas comunidades. Por el contrario, el tratado
aborda la protección del ambiente de manera amplia, como un asunto nacional.
Nótese así que, en la definición que se hace del término legislación ambiental
en el artículo 1, se incluyen no solo las normas que se refieran a “la
conservación de la diversidad biológica, que incluye la protección de la flora
y fauna silvestres, las especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales
bajo protección especial” sino también aquellas que se relacionen con “la
prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de
contaminantes ambientales””y “el control de sustancias o productos
químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o peligrosos para el
medio ambiente, y la difusión de información relacionada con ellos”. Tampoco
se puede afirmar que la importancia de la protección del ambiente sea mayor en
sus territorios debido a que las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá
se vayan a desarrollar en gran parte en estos mismos.
Similares consideraciones se hicieron por este
Tribunal frente al capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Colombia en la sentencia C-750 de 2008, en la cual se expresó
que “En el presente caso, no se requería adelantar la consulta previa del
Acuerdo a las comunidades indígenas y tribales, por cuanto las normas del
Capítulo Dieciocho sobre medio ambiente, así como todas las del Acuerdo, han
sido expedidas de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, y no
contienen disposiciones que afecten a éstos grupos de manera específica y
directa en su calidad de tales; es decir, ninguna de ellas les impone
restricciones o gravámenes o les confiere beneficios a éstos grupos étnicos”.
Estima la Sala entonces que el “Acuerdo sobre Medio
Ambiente entre Canadá y la República de Colombia” no constituye ni contiene
medidas legislativas que afecten de forma directa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta
previa no se tornaba obligatoria. Se considera que la afectación que se puede
derivar del tratado internacional bajo revisión frente a estos grupos étnicos
no es distinta de la que se produce para los demás colombianos, la cual
proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados
internacionales lo que excluye la presencia de una afectación directa.
No desconoce la Sala que en el texto del tratado están
incluidas tres normas que mencionan expresamente a las comunidades étnicas.
Pero estima que, en dos de estas, no se adopta en realidad medida alguna
al ser simples reiteraciones de instrumentos internacionales firmados con
anterioridad. Así, el artículo 1 define,
para Colombia, el término “comunidades indígenas y locales” pero lo hace
de conformidad con el artículo 1 de la Decisión Andina y el artículo 5 reitera
el compromiso de las partes de “respetar, preservar y mantener el
conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas
y locales” “según lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica”.
En cuanto a la tercera de ellas -artículo 1- que define lo que se entiende por “legislación
ambiental”, ésta excluye del concepto las normas “cuya finalidad
principal sea regir (…) la cosecha por parte de indígenas de los recursos
naturales”, lo que significa, precisamente, que este punto no queda
cobijado por los derechos y obligaciones reconocidos y adquiridos en el tratado
que se relacionen con la legislación ambiental y por lo tanto no se altera el
estatus de las comunidades étnicas. En últimas, como se ve, ninguna de estas
tres disposiciones les impone restricciones ni gravámenes ni se les concede
beneficios distintos a los de la población en general por lo que su consulta
previa no es obligatoria[55].
Lo dicho no contradice la decisión tomada por esta
Corte en la sentencia C-608 de 2010 respecto del Tratado de Libre Comercio
entre Colombia y Canadá porque el acuerdo bajo estudio no regula los temas que
allí se consideraron sujetos a consulta previa obligatoria. En esa ocasión se
estimó que era imperativa la consulta previa respecto de los temas de
explotación minera y resolución de conflictos entre comunidades étnicas y
empresas multinacionales y que esta se había llevado a cabo en debida forma,
razón por la que se declaró exequible. Repárese en que, pese a la relación que
existe entre el tratado que se estudia y el mencionado, el estudio de la
presencia o ausencia de la afectación directa a las comunidades étnicas es independiente
debido a que los dos tratados versan sobre distintos aspectos. Nótese, por
ejemplo, que el primero se refiere solamente a un tema –el ambiental- y el
segundo es multitemático.
Para finalizar con este análisis, se estima necesario
indicar que, a pesar de lo expresado con anterioridad, es muy probable que
algunos de los desarrollos legislativos y reglamentarios del tratado
internacional en revisión afecten directamente a las comunidades étnicas, caso
en el cual el gobierno deberá adelantar la consulta previa obligatoria de esas
medidas legislativas o administrativas en los términos que han sido delimitados
por esta Corte y que fueron reseñados con anterioridad[56].
Ante el incumplimiento de este requisito se podrá acudir a la acción de tutela
o a la de inconstitucionalidad según sea el caso.
Debido a que conclusión a la que se ha arribado –la
ausencia de obligatoriedad de la consulta previa- procede la Sala a realizar el
examen formal del tratado y su ley aprobatoria.
4. La constitucionalidad del tratado internacional y
de la ley aprobatoria en sus aspectos formales
La revisión de constitucionalidad del tratado materia
de estudio así como de su ley aprobatoria, por aspectos de forma, comprenderá
la revisión de la validez de la representación del Estado colombiano durante el
proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado y la verificación
del trámite legislativo de la Ley aprobatoria del mismo en el Congreso de la
República.
4.1. Remisión
del tratado internacional y su ley aprobatoria
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, mediante oficio recibido el 3 de diciembre de 2009, remitió a esta
Corporación copia auténtica de la Ley 1360 de 2009 “Por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de
Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2009 y el
Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”, para que de
conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la
Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley
aprobatoria[57].
4.2 Negociación y celebración del Tratado
La
Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las
facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el
articulado y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados entre Estados de 1969[58].
En cuanto a la representación del Estado colombiano
durante este proceso, según certificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el “Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia,
hecho en Lima (Perú) el veintiuno (21) de noviembre de 2009” fue suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo
Plata Gómez[59], quien recibió del
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, plenos
poderes para que en nombre del Gobierno Nacional procediera a la suscripción
del mencionado instrumento internacional[60], lo que según el
artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
hace válida su representación del Estado Colombiano.
4.3 El “Canje de notas entre Canadá y la República de
Colombia del 20 de febrero de 2009 por medio del cual se corrigen errores
técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la
República de Colombia”
El 18 de febrero de 2009 la Embajadora de Canadá en
Colombia, Genevive Des Riviéres, le envió al Ministro de Relaciones Exteriores
de Colombia la nota No. 082 en la que llamó la atención “sobre errores
técnicos y de traducción que aparecen en las versiones del Acuerdo [sobre
Medio Ambiente entre Canadá y la República de Colombia] en inglés, francés y
castellano del Acuerdo”. En consecuencia, se adjuntaron a la nota las
correcciones y “dada la naturaleza técnica y clerical de los errores” se
propuso “introducir estas correcciones al Acuerdo, las cuales se harían
efectivos en la fecha de su Nota aceptando las correcciones”[61].
El 20 de febrero de 2009, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, envió una nota a la
Embajadora de Canadá en Colombia, en la cual expresó que “el Gobierno de la
República de Colombia encuentra que los errores indicados son de recibo, y los
términos en que deben ser corregidos conforme aparece en el citado ANEXO son
apropiados. En consecuencia, su Nota y la presente, junto con el ANEXO a las
mismas, constituyen Acuerdo entre nuestros dos gobiernos, relativo a las
correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones en inglés,
francés y castellano del Acuerdo sobre Medio Ambiente entre Canadá y la
República de Colombia”[62].
Sobre lo relatado, la Corte verifica que éste Canje de
Notas fue suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime
Bermúdez Merizalde[63], quien en virtud de sus
funciones y sin tener que presentar plenos poderes se considera que representa
al Estado colombiano conforme al artículo 7 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, razón por la cual no encuentra reparo de
constitucionalidad alguno respecto de la representación del Estado Colombiano.
Adicionalmente, tampoco encuentra vicio alguno en el
procedimiento por cuanto la Convención de Viena sobre el Derechos de los
Tratados, en su artículo 79, permite a las partes corregir errores técnicos y
de traducción mediante un canje de notas como el que se surtió en el presente
caso[64].
4.4. Trámite legislativo de la Ley 1360  de 2009
Con el fin de realizar el juicio de constitucionalidad
sobre el trámite legislativo de la Ley 1360 de 2009, en los acápites 4.4.1 y
4.4.2 se realizará la descripción del trámite legislativo de la misma para
luego proceder, en el numeral 4.4.3, a analizar el cumplimiento de los
requisitos constitucionales en el trascurso de tal procedimiento legislativo.
4.4.1 Trámite de aprobación de la Ley 1360 de 2009 en el Senado de la República
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las
actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las
certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la
República se pudo verificar que el trámite surtido en esa Corporación para la
expedición de la Ley No. 1360 de 2009, fue el siguiente:
4.4.1.1 Presentación del proyecto de ley aprobatoria y
primer debate en la Comisión Segunda del Senado
1.- Los Ministerios de Relaciones Exteriores, de
Industria Comercio y Turismo y de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial
presentaron, el 1 de abril de 2009, el proyecto de ley “Por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de
Colombia, hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de noviembre de 2009 y el
Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009 por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”  ante la
Secretaría General del Senado de la República (radicado bajo el número 280
Senado), junto con la respectiva exposición de motivos[65].
2.- El proyecto de ley fue recibido en la Comisión
Segunda del Senado el 14 de abril de 2009[66].
3.- El texto del proyecto de ley se publicó junto con
la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso No. 187 del 2 de
abril de 2009[67].
4.- El 23 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda del Senado designó como ponentes para primer debate a los
siguientes senadores[68]:
·
Manuel Ramiro Velásquez Arroyave
–Partido Conservador Colombiano-
·
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda
–Partido Cambio Radical-
·
Luzelena Restrepo Betancur
–Partido Colombia Democrática-
·
Darío Angarita Medellín –Partido
de la U-
·
Carlos Emiro Barriga Peñaranda
–Partido Convergencia Ciudadana-
·
Alexandra Moreno Piraquive
–Partido MIRA-
·
Juan Manuel Galán Pachón –Partido
Liberal-
·
Jesús Enrique Piñacué Achicué
–Alianza Social Indígena-
5.- El 24 de abril de 2009 el Presidente de la
República solicitó el trámite de urgencia para el proyecto de ley 280 Senado[69].
6.- En vista del mensaje de urgencia del Presidente de
la República, la Mesa Directiva del Senado de la República, el 5 de mayo de
2009, mediante la resolución 176, autorizó a la Comisión Segunda del Senado de la
República a sesionar conjuntamente con la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes[70].
7.- Según el acta número 5 de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 918 del 18 de septiembre de 2009, el 12 de mayo de
2009 sesionaron conjuntamente las comisiones segundas del Senado de la República
y de la Cámara de Representantes[71].
En tal sesión, se leyó el mensaje de urgencia enviado
por el Presidente de la República[72] y las resoluciones por
medio de las cuales la Mesas Directivas de ambas cámaras autorizaron las
sesiones conjuntas de las comisiones segundas[73].
Así mismo, se llevó a cabo una presentación preliminar
del proyecto de ley con la participación del Jefe Negociador del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, del Ministro de la Protección Social, del Jefe
Negociador del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministro de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[74].
8.- El informe de ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República se publicó en la Gaceta del
Congreso No. 328 del 19 de mayo de 2009[75].
9.- En el acta número 40 de 2009 de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, correspondiente a
la sesión celebrada el 20 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso
número 951 del 24 de septiembre de 2009, se anunció la discusión y votación del
proyecto en la siguiente forma[76]:
“Por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8 del Acto Legislativo No. 1
de 2003).
1. Proyecto de ley número 280 de 2009 Senado
(…)
Convocamos para sesión
conjunta el próximo martes a las 9:30 a.m. con el fin de iniciar el trámite de
los proyectos de TLC con Canadá (…)”.
10.- De conformidad con lo establecido en el Acta No.
06 de 2009 de la sesión conjunta celebrada el 26 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 919 del 18 de septiembre de 2009, se verifica que
las comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley[77].
Según la certificación aportada por el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el quórum quedó
integrado por once de los trece senadores que conforman la comisión y el
proyecto se aprobó con constancia de voto negativo del senador Jesús Enrique
Piñacué Achicué[78].
11.- El texto definitivo aprobado en primer debate por
parte de la comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 470 del 10 de
junio de 2009[79].
1.4.1.2. Trámite en la Plenaria del Senado
1.- Según el acta 06 de 2009, correspondiente a la
sesión conjunta de las comisiones segundas del Senado de la República y la
Cámara de Representes celebrada el 26 de mayo de 2009, se designó a los mismos
senadores ponentes para primer debate como ponentes para segundo debate[80].
2.- La ponencia para segundo debate por parte del
Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso número 470 del
10 de junio de 2009[81].
3.- En la Gaceta del Congreso No. 735 del 14 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 59
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2009, en la
cual fue anunciado el proyecto de ley de
la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Los proyectos son los siguientes, señor Presidente:
(…)
Proyectos para segundo debate
(…)
·
Proyecto de ley número 280 de
2009 Senado (…)
Siendo las 10:20 p.m., la Presidencia levanta la
sesión, y convoca para el día jueves 11 de junio de 2009, a las 5:00 p.m.”[82].
4.- En la Gaceta del Congreso No. 736 del 14 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 60
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2009, en la
cual se incluyó en el orden del día el proyecto de ley[83],
sin embargo no fue discutido y en consecuencia fue anunciado de la siguiente
forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Si señor Presidente.
(…)
Proyectos en segundo debate
(…)
·
Proyecto de ley número 280 de
2009 Senado (…)
Siendo las 6:05 p.m., la Presidencia levanta la
sesión, y convoca para el día martes 16 de junio de 2009, a las 12:00 m.”[84].
5.- En la Gaceta del Congreso No. 737 del 14 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 61
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2009, en la
cual fue anunciado el proyecto de la
siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
·
Proyecto de ley número 280 de
2009 Senado (…)
Siendo las 11:57 p.m., la Presidencia levanta la
sesión y convoca para el día miércoles 17 de junio de 2009, a las 11:00 a.m.”[85].
6.- En la Gaceta del Congreso No. 773 del 25 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 62
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2009, en la
cual se incluyó dentro del orden del día
la discusión y aprobación del proyecto[86], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente, mire los proyectos para discutir y
votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la República con los
siguientes:
(…)
·
Proyecto de ley número 280 de
2009 Senado (…)
Siendo las 11:57 p.m., la Presidencia levanta la
sesión y convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10 a.m.”[87].
7.- En la Gaceta del Congreso No. 835 del 2 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 63 correspondiente a la sesión ordinaria del 18 de junio de 2009. Allí
consta que el Proyecto de Ley 280 de 2009 Senado fue discutido y aprobado[88].
Según constancia del Secretario General del Senado fue
aprobado por los 98 senadores asistentes sin constancia de votos negativos[89].
8.- El texto definitivo aprobado en segundo debate por
parte de la Plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 560 del 8 de julio de 2009[90].
4.4.2 Trámite de aprobación de la Ley 1360 de 2009 en la Cámara de Representantes
4.4.2.1. Trámite en la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes
1.- El 24 de abril de 2009 el Presidente de la
República solicitó el trámite de urgencia para el proyecto de ley 280 Senado[91].
2.- En vista del mensaje de urgencia del Presidente de
la República, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, el 5 de mayo de
2009, mediante la resolución 0938, autorizó a la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes a sesionar conjuntamente con la Comisión Segunda del Senado
de la República[92].
3.- La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
el 7 y el 19 de mayo de 2009, designó como ponentes para primer debate a los
siguientes representantes[93]:
·
Pedro Nelson Pardo Rodríguez
–Partido Alas Equipo Colombia-
·
Fabiola Olaya Rivera –Partido
Convergencia Ciudadana-
·
Jairo Alfredo Fernández Quesep
–Partido de la U-
·
José Joaquín Camelo Ramos –Partido
Liberal Colombiano-
·
Mauricio Zuluaga Ruiz –Partido
Cambio Radical-
·
Silfredo Morales Altamar
–Negritudes-
·
Crisanto Pizo Mazabuel –Partido
Liberal Colombiano-
·
James Brito Peláez –Partido
Liberal Colombiano-
·
Oscar Fernando Bravo Realpe –Partido
Conservador Colombiano-
·
Julio Eugenio Galardo Archbold
–Partido Conservador Colombiano-
·
Héctor Javier Osorio Botello
–Huila Nuevo y Liberalismo-
4.- Según el acta número 5 de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 918 del 18 de septiembre de 2009, el 12 de mayo de
2009 sesionaron conjuntamente las comisiones segundas del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes[94].
En tal sesión, se leyó el mensaje de urgencia enviado
por el Presidente de la República[95] y las resoluciones por
medio de las cuales la Mesas Directivas de ambas cámaras autorizaron las
sesiones conjuntas de las comisiones segundas[96].
Así mismo, se llevó a cabo una presentación preliminar
del proyecto de ley con la participación del Jefe Negociador del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, del Ministro de la Protección Social, del Jefe
Negociador del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministro de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[97].
5.- El informe de ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se publicó en la Gaceta del
Congreso No. 328 del 19 de mayo de 2009[98].
6.- En el acta número 32 de 2009 de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
correspondiente a la sesión celebrada el 20 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 546 del 2 de julio de 2009, se anunció la discusión
y votación del proyecto en la siguiente forma[99]:
“Anuncio de proyectos para aprobación en primer
debate. Señor Presidente, según lo ordenado por usted y para dar cumplimiento
al artículo 8 del Acto legislativo número 01 de 2003 hago el siguiente anuncio
de proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión.
(…)
Proyecto de Ley número 280 de 2009 Senado, 330 de 2009
Cámara (…)
Agotado el orden de día se levanta la sesión y convoca
para el próximo martes y el sitio le estaremos anunciando, ya que hemos tenido
inconvenientes. Igualmente le comunicamos que la sesión será conjunta con
Senado”[100].
7.- De conformidad con lo establecido en el Acta No.
06 de 2009 de la sesión conjunta celebrada el 26 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 919 del 18 de septiembre de 2009, se verifica que
las comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley[101].
Según la certificación aportada por la Secretaría
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el quórum quedó
integrado por dieciocho representantes[102].
8.- El texto definitivo aprobado en primer debate por
parte de la comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 435 del 5 de
junio de 2009[103].
4.4.2.2 Trámite en la Plenaria de la Cámara de
Representantes
1.- El 26 de mayo de 2009 la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes designó a los mismos
representantes ponentes para primer debate como ponentes para segundo debate[104].
2.- El informe de de ponencia para segundo debate en la
Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 435 del
5 de junio de 2009[105].
3.- En el acta número 184 de 2009 de la Sesión
Plenaria de la Cámara de Representantes, correspondiente a la sesión celebrada
el 9 de junio de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso número 683 del 4 de
agosto de 2009, se anunció la discusión y votación del proyecto en la siguiente
forma:
“Se anuncian los proyectos para mañana de acuerdo a su
orden señor Presidente, o para la próxima Sesión en la que se discutan
proyectos de ley o de acto legislativo.
Mañana miércoles 10 de junio, a las 10 de la mañana,
ha sido convocada la Plenaria.
(…)
Proyecto de Ley número 330 de 2009 Cámara (…)
Se levantó la Sesión Plenaria a las 9:15 p.m., y se
convocó para el día miércoles 10 de junio de 2009 a las 10:00 a.m.”[106].
4.- En la Gaceta del Congreso No. 731 del 13 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes No. 185
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2009, en la
cual se incluyó dentro del orden del día
la discusión y aprobación del proyecto[107], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Para anunciar, los siguientes proyectos en
cumplimiento del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003.
(…)
Proyecto de ley número 230 (sic) de 2009 Cámara, 280
de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre el medio
ambiente entre Canadá y la República de Colombia  (…)
Los proyectos anunciados señor Presidente lo fueron
para la sesión del lunes 15 de junio o para la próxima sesión en la que se
debatan proyectos de ley de acto legislativo”[108].
5.- En la Gaceta del Congreso No. 754 del 19 de agosto
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes No. 186
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2009, en la
cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto[109],
a pesar de ello no fue objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
plenaria del día 16 de junio o para la siguiente sesión plenaria en la cual se
debatan proyecto de ley o acto legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01
de julio 3 de 2003.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009 Cámara (…)”[110].
6.- En la Gaceta del Congreso No. 1019 del 9 de
octubre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes
No. 187 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2009,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto[111], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para el día 17 de
junio de 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan
proyecto de ley o acto legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009 Cámara (…)”[112].
7.- En la Gaceta del Congreso No. 840 del 3 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 188 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 17 de
junio de 2009, en la cual se incluyó
dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto[113],
a pesar de ello no fue objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
Plenaria del día 18 de junio en la cual se debate el proyecto de ley o acto
legislativo según el Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Se levanta la sesión y se cita para mañana a la una de
la tarde”[114].
8.- En la Gaceta del Congreso No. 861 del 8 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 189 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 18 de
junio de 2009, en la cual se incluyó
dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto[115],
a pesar de ello no fue objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
Plenaria del día 19 de junio o para la siguiente sesión Plenaria, en la cual se
debate el proyecto de ley o acto legislativo, según el Acto Legislativo 01 de
julio 3 de 2003.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Se levantó la Sesión Plenaria a las 12:00 a.m. y se
convocó para el día viernes 19 de junio de 2009 a las 8:00 a.m.”[116].
9.- En la Gaceta del Congreso No. 888 del 11 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 190 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 19 de
junio de 2009, en la cual se incluyó
dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto[117]
a pesar de ello no fue objeto de debate y no fue anunciado.
10.- En el acta número 191 de 2009 de la Sesión
Plenaria de la Cámara de Representantes, correspondiente a la sesión celebrada
el 20 de julio de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso número 786 del 26
de agosto de 2009, se anunció la discusión y votación del proyecto en la
siguiente forma:
“Se van a anunciar por Secretaría los proyectos de ley
y acto legislativo para la fecha en que indique el señor Presidente.
(…)
Proyecto de Ley número 280 de 2009 Senado, 330 de 2009
Cámara
(…)
De acuerdo a la instrucción impartida por el señor
Presidente de la Cámara, los proyectos de ley y actos legislativos anunciados
son para ser estudiados en la sesión del próximo martes 28 de julio o en la
próxima sesión en la que se debatan proyectos de ley o de acto legislativo.
(…)
Se levanta la sesión y se convoca para el martes 28 a las 3:00 p.m.”[118].
11.- En la Gaceta del Congreso No. 953 del 23 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 192 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 28 de
julio de 2009, en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y
aprobación del proyecto[119], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“(…) le pido que anuncie los proyectos que serán
considerados para la Plenaria del día de mañana miércoles a las 3:00 p.m.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Se levantó la Sesión Plenaria a las 7:35 p.m. y se
convocó para el día miércoles 29 de julio de 2009 a las 3:00 p.m”[120].
12.- En la Gaceta del Congreso No. 862 del 8 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 193 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 4 de
agosto de 2009, en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y
aprobación del proyecto[121], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión
Plenaria del día 5 de agosto del 2009 o para la siguiente sesión Plenaria en la
cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Me permito levantar la sesión y convocar para mañana 5
de agosto a las 3 de la tarde”[122].
13.- En la Gaceta del Congreso No. 889 del 11 de
septiembre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de
Representantes No. 194 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 5 de
agosto de 2009, en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y
aprobación del proyecto[123], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión
Plenaria del día 11 de agosto o para la siguiente sesión en la cual se debatan
proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Agotado el orden del día se levanta la sesión y
convocamos para el próximo martes a las 3:00 p.m.”[124].
14.- En la Gaceta del Congreso No. 1051 del 19 de
octubre de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes
No. 195 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 11 de agosto de
2009, en la cual se incluyó dentro del
orden del día la discusión y aprobación del proyecto[125],
a pesar de ello no fue objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Si Presidente, se anuncian los siguientes proyectos
para la Sesión Plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009, o para la
siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Se levantó la sesión plenaria a las 7:47 p.m. y se
convocó para el día miércoles 12 de agosto de 2009 a las 3:00 p.m.”[126].
15.- En la Gaceta del Congreso No. 1010 del 7 de
octubre de 2009 se publicó el acta de plenaria de la Cámara de Representantes
No. 196 correspondiente a la sesión ordinaria del 12 de agosto de 2009 en la
que consta que el proyecto de ley fue aprobado[127]
mediante votación nominal con un resultado de 92 representantes que
respondieron afirmativamente y 3 representantes que votaron negativamente según
certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes[128].
Según el mismo documento, a la sesión asistieron 156 representantes[129].
16.- El texto definitivo aprobado en segundo debate
por parte de la Plenaria de la Cámara de Representes fue publicado en la Gaceta
del Congreso número 766 del 20 de agosto de 2009[130].
Una corrección del mismo fue publicada en la Gaceta del Congreso número 1025
del 13 de octubre de 2009[131].
17.-
La Ley fue sancionada por el Presidente de la República el 27 de noviembre de
2009[132]  y aparece publicada en
el Diario Oficial 47.546 del 27 de noviembre de 2009. El texto de dicha Ley fue
remitido a la Corte Constitucional para su revisión el 3 de diciembre de 2009[133].
Ahora bien, una vez ha sido concluida la presentación
del trámite legislativo de aprobación ofrecido al proyecto de ley, es preciso
adelantar un análisis acerca del cumplimiento de los requisitos
constitucionales.
4.4.3 El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1360 de 2009
4.4.3.1 Iniciación del trámite en el Senado
A partir del examen efectuado por la Corte
Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el
Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución[134].
4.4.3.2 Término que debe mediar entre debates
En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo
dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los términos mínimos
que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la
comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días,
y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en
la otra, es de 15 días. Sin embargo, este último término no se aplica en el
caso de que el Presidente de la República solicite el trámite de urgencia de
conformidad con el artículo 163 de la Constitución pues en esa hipótesis las
comisiones de ambas cámaras deliberarán conjuntamente.
En el caso concreto es posible evidenciar lo
siguiente: el primer debate en el Senado de la República tuvo lugar, en sesión
conjunta con la Cámara de Representantes, el día 26 de mayo de 2009[135]
y la aprobación en la Plenaria se llevó a cabo durante la sesión del 18 de
junio de 2009[136]. Por su parte, el  26
de mayo de 2009,  en sesión conjunta con el Senado, inició el debate del
tratado en la Comisión II de la Cámara de Representantes[137],
el cual finalmente fue aprobado por la Plenaria de esa Corporación el 12 de
agosto de 2009[138]. De acuerdo con lo
anterior, queda demostrado que entre el primer y segundo debate en cada Cámara,
transcurrió un tiempo no inferior a ocho (8) días. Así mismo, pudo constatarse
que, debido al mensaje de urgencia enviado por el Presidente de la República[139],
las comisiones de ambas cámaras sesionaron conjuntamente el día 12 de mayo de
2009, razón por la cual no aplica el término mínimo de 15 días que debe existir
entre la aprobación del proyecto en una cámara y el inicio del debate en la
otra.
4.4.3.3 Publicaciones oficiales
En el numeral 1° del artículo 157 de la Constitución
se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de
la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la
comisión respectiva.  Estas publicaciones se cumplieron así:
-    El texto del proyecto de ley se
publicó junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso
No. 187 del 2 de abril de 2009[140].
-
El informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda del Senado de la República se publicó en la
Gaceta del Congreso No. 328 del 19 de mayo de 2009[141].
-
El informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se publicó en la
Gaceta del Congreso No. 328 del 19 de mayo de 2009[142].
-
El texto definitivo aprobado en
primer debate por parte de la comisiones segundas del Senado de la República y
de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número
470 del 10 de junio de 2009[143].
-
La ponencia para segundo debate
por parte del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 470 del 10 de junio de 2009[144].
-
La aprobación en Plenaria de
Senado aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 835 del 2 de septiembre
de 2009[145].
-
El texto definitivo aprobado en
segundo debate por parte de la Plenaria del Senado de la República fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 560 del 8 de julio de 2009[146].
-
El informe de de ponencia para
segundo debate en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 435 del 5 de junio de 2009[147].
-
La aprobación del proyecto en
Plenaria de Cámara aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 1010 del 7
de octubre de 2009[148].
-
El texto definitivo aprobado en
segundo debate por parte de la Plenaria de la Cámara de Representes fue publicado
en la Gaceta del Congreso número 766 del 20 de agosto de 2009[149].
Una corrección del mismo fue publicada en la Gaceta del Congreso número 1025
del 13 de octubre de 2009[150].
-
La Ley aparece publicada en el
Diario Oficial 47.546 del 27 de noviembre de 2009.
4.4.4 Quórum y Mayorías
Fue
posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum
decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución
Nacional y que igualmente se cumplieron con los debates y aprobaciones en las
Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores.
En tal sentido, se tiene que el Secretario General a la
Comisión Segunda del Senado de la República, certificó lo siguiente:
“En relación al quórum deliberatorio y decisorio (…)
este quedó integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la
Comisión Segunda del Senado.
VOTACIÓN: Fue aprobado por los senadores conforme al
inciso 1 del artículo 129 del Reglamento del Congreso, con constancia de voto
negativo del H. Senador Jesús Enrique Piñacué Achicué”[151].
En lo que concierne al quórum y votación del
proyecto de ley en Plenaria del Senado de la República, el Secretario General
del Senado hizo constar que:
“La aprobación fue de 98 honorables senadores que
aparecen asistiendo y no hubo constancia de votos negativos (…)”[152].
Respecto al quórum y votación del proyecto de ley en la
Comisión II de la Cámara de Representantes, la Secretaria General de la Cámara
de Representantes certificó lo siguiente:
“Fue aprobado por unanimidad en
votación ordinaria, con la asistencia de 18 Honorables Representantes”[153].
Finalmente, en lo respecta al quórum y votación
del proyecto de ley en Plenaria de la Cámara de Representantes, se tiene que el
Secretario General de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
“Que en la sesión del día 12 de agosto de 2009, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y seis (156) Honorables Representantes; fue
considerado y aprobado en votación nominal Informe de Ponencia, el Titulo y el
Articulado del Proyecto de Ley n. 330/09 Cámara, 280/09 Senado (…) Proposición
con que termina el informe por el Si: 92, por el NO: 3”[154].
4.4.3.5
Examen del cumplimiento del requisito del anuncio previo consagrado en el
artículo 160 constitucional dentro del trámite legislativo de aprobación de la
ley 1360 de 2009
El artículo 160 de la
Constitución prescribe que “ningún proyecto de ley será sometido a votación
en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de
que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara
o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Respecto
de tal exigencia, la jurisprudencia constitucional ha determinado que su
cumplimiento supone que el anuncio sea realizado[155]:
(i) en cada uno de los
debates reglamentarios,
(ii) por la presidencia de
la comisión o plenaria respectiva,
(iii) en una sesión previa
y diferente a aquélla en que la discusión y aprobación va a tener lugar,
(iv) para una sesión
posterior en fecha futura y determinada o, al menos, determinable
(v) de forma clara,
empleando, preferiblemente, la indicación específica de que el anuncio de los
proyectos es para votación o, en su defecto, expresiones que permitan, por su
significado o por el contexto en el que fueron dictadas, colegir la intención
del anuncio, de manera que se realice la finalidad del requisito al dar a
conocer a los congresistas que en la sesión señalada va a tener lugar el debate
y aprobación del proyecto de ley anunciado; y, finalmente,
(vi) que el proyecto no sea
votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
Con el fin de constatar que
el requisito del anuncio previo (artículo 160 de la Constitución) se haya
respetado en esta oportunidad, la Corte transcribirá y analizará, a la luz de
la jurisprudencia constitucional, cada uno de los avisos hechos en cada una de
las cámaras legislativas, tanto en comisión como en plenaria.
Anuncio del primer debate en la Comisión Segunda del
Senado de la República
En el acta número 40 de 2009 de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, correspondiente a la
sesión celebrada el 20 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso
número 951 del 24 de septiembre de 2009, se anunció la discusión y votación del
proyecto en la siguiente forma[156]:
“Por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8 del Acto Legislativo No. 1
de 2003).
1. Proyecto de ley número 280 de 2009 Senado
(…)
Convocamos para sesión
conjunta el próximo martes a las 9:30 a.m. con el fin de iniciar el trámite de
los proyectos de TLC con Canadá (…)”.
De conformidad con lo establecido en el Acta No. 06 de
2009 de la sesión conjunta celebrada el 26 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 919 del 18 de septiembre de 2009, se verifica que
las comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley[157].
Como se ve claramente, el anuncio hecho en la Comisión
Segunda del Senado de la República cumplió con todas las exigencias
constitucionales:
(i)
Se hizo por la presidencia de la comisión;
(ii)
En una sesión precedente (la del 20 de mayo de 2009) a aquélla en que tuvo
lugar la aprobación (la del 26 de mayo de 2009);
(iii)
Para sesión posterior (la del 26 de mayo de 2009) y en fecha futura y
determinada dado que se usó la expresión “para la próxima sesión” y se
dijo que ésta era la del “próximo martes a las 9:30 a.m.”, es decir, la
del 26 de mayo de 2009;
(iv)
de forma clara, ya que se indicó que el anuncio era para “iniciar el trámite
de los proyectos de TLC con Canadá”; y
(v)
el proyecto de ley fue efectivamente discutido y aprobado en la sesión para la
que se había anunciado de forma previa, vale decir, la del 26 de mayo de
2009.
Anuncio del segundo debate en la Plenaria  del Senado
de la República
En la Gaceta del Congreso No. 773 del 25 de agosto de
2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 62
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2009, en la
cual se incluyó dentro del orden del día
la discusión y aprobación del proyecto[158], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente, mire los proyectos para discutir y
votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la República con los
siguientes:
(…)
·
Proyecto de ley número 280 de
2009 Senado (…)
Siendo las 11:57 p.m., la Presidencia levanta la
sesión y convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10 a.m.”[159].
En la Gaceta del Congreso No. 835 del 2 de septiembre
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No. 63
correspondiente a la sesión ordinaria del 18 de junio de 2009. Allí consta que
el Proyecto de Ley 280 de 2009 Senado fue discutido y aprobado[160].
Sin mayores dificultades se puede concluir que el
anuncio hecho en la Plenaria del Senado de la República se ajusta a la
Constitución:
(i)
Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii)
En una sesión precedente (la del 17 de junio de 2009) a aquélla en que tuvo
lugar la aprobación (la del 18 de junio de 2009);
(iii)
Para sesión posterior (la del 18 de junio de 2009) y en fecha futura y
determinada dado que se usó la expresión “en la próxima sesión” y se
dijo que ésta era la del “día jueves 18 de junio de 2009, a las 10 a.m.”.
(iv)
de forma clara, ya que se indicó que “se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán”; y
(v)
el proyecto de ley fue efectivamente discutido y aprobado en la sesión para la
que se había anunciado de forma previa: la del 18 de junio de 2009.
Anuncio
en el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
En el acta número 32 de 2009 de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, correspondiente a la
sesión celebrada el 20 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso número
546 del 2 de julio de 2009, se anunció la discusión y votación del proyecto en
la siguiente forma[161]:
“Anuncio de proyectos para aprobación en primer
debate. Señor Presidente, según lo ordenado por usted y para dar cumplimiento
al artículo 8 del Acto legislativo número 01 de 2003 hago el siguiente anuncio
de proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión.
(…)
Proyecto de Ley número 280 de 2009 Senado, 330 de 2009
Cámara (…)
Agotado el orden de día se levanta la sesión y convoca
para el próximo martes y el sitio le estaremos anunciando, ya que hemos tenido
inconvenientes. Igualmente le comunicamos que la sesión será conjunta con
Senado”[162].
De conformidad con lo establecido en el Acta No. 06 de
2009 de la sesión conjunta celebrada el 26 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso número 919 del 18 de septiembre de 2009, se verifica que
las comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley[163].
La Corte considera que el anuncio hecho en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes se ajusta a la Constitución pues:
(i)
Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii)
En una sesión precedente (la del 20 de mayo de 2009) a aquélla en que tuvo
lugar la aprobación (la del 26 de mayo de 2009);
(iii)
Para sesión posterior (la del 26 de mayo de 2009) y en fecha futura y
determinable dado que se usó la expresión “para la próxima sesión” y se
dijo que ésta era la del “próximo martes”.
(iv)
de forma clara, ya que se indicó que el anuncio era para “aprobación”; y
(v)
el proyecto de ley fue efectivamente discutido y aprobado en la sesión para la
que se había anunciado de forma previa, es decir, la sesión del martes
inmediatamente siguiente a la del 20 de mayo de 2009 que tuvo lugar el 26 de
mayo de 2009.
Anuncio
en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
En la Gaceta del Congreso No. 1051 del 19 de octubre
de 2009 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes No. 195
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 11 de agosto de 2009, en la
cual se incluyó dentro del orden del día
la discusión y aprobación del proyecto[164], a pesar de ello no fue
objeto de debate y fue anunciado de la siguiente forma:
“Si Presidente, se anuncian los siguientes proyectos
para la Sesión Plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009, o para la
siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 330 de 2009
Cámara (…)
Se levantó la sesión plenaria a las 7:47 p.m. y se
convocó para el día miércoles 12 de agosto de 2009 a las 3:00 p.m.”[165].
En la Gaceta del Congreso No. 1010 del 7 de octubre de
2009 se publicó el acta de plenaria de la Cámara de Representantes No. 196
correspondiente a la sesión ordinaria del 12 de agosto de 2009 en la que consta
que el proyecto de ley fue aprobado[166].
A juicio de la Corte el anuncio hecho en la Plenaria
de la Cámara de Representantes respeta el artículo 160 de la Constitución
porque:
(i)
Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii)
En una sesión precedente (la del 11 de agosto de 2009) a aquélla en que tuvo
lugar la aprobación (la del 12 de agosto de 2009);
(iii)
Para sesión posterior (la del 12 de agosto de 2009) y en fecha futura y
determinada dado que se usó la expresión “para la Sesión Plenaria del día
miércoles 12 de agosto año 2009”.
(iv)
de forma clara, ya que se indicó que el anuncio era para la  “Sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley”.
(v)
el proyecto de ley fue efectivamente discutido y aprobado en la sesión para la
que se había anunciado de forma previa, es decir, la sesión del 12 de agosto de
2009.
En
conclusión, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, en esta oportunidad,
la Corte constata que los anuncios se realizaron en cada uno de los debates de la
Ley 1192 de 2008 de la forma indicada en el artículo 160 de la Constitución.
4.4.3.6. La sanción presidencial y la remisión del
texto a la Corte Constitucional
La
Ley fue sancionada por el Presidente de la República el 27 de noviembre de 2009[167]
y su texto fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión el 3 de
diciembre de 2009[168], es decir, dentro de
los seis días siguientes como lo ordena el artículo 241-10 de la Constitución.
Superado
con éxito el análisis formal, procede la Sala a hacer el control material del
texto del tratado y su ley aprobatoria.
5. La constitucionalidad del tratado internacional y
de la ley aprobatoria en sus aspectos materiales
Para llevar a cabo el control material del acuerdo en
revisión la Sala tomará como principal parámetro de constitucionalidad las
normas que integran la denominada “Constitución Ecológica”, la cual está “conformada
por todas aquellas disposiciones [constitucionales] que regulan la
relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio
ambiente”[169]. También ha
dicho la Corte que este término se refiere al “conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos
a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección” [170].
Según la jurisprudencia constitucional, la
“Constitución Ecológica” “dentro del ordenamiento colombiano tiene una
triple dimensión: (i) la protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
riquezas naturales de la Nación, (ii) aparece como el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible
por diversas vías judiciales, y (iii) de la constitución ecológica derivan un
conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares”[171].
De este modo, la Sala deberá contrastar esos principios, derechos y
obligaciones con los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano mediante
el tratado de la referencia y así determinar su conformidad o disconformidad
con la Constitución.
Preámbulo del Acuerdo: el objeto del tratado y los
medios para desarrollarlo
Considera la Sala que el objeto del acuerdo bajo
revisión y los medios mediante los cuales se propone desarrollarlo son
ajustados a la Constitución. En efecto, el preámbulo del Acuerdo sobre Medio
Ambiente que se estudia recuerda la decisión que ambas partes tomaron en el
Capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio de implementar sus relaciones
comerciales “de manera consecuente con la conservación y protección
ambiental y el uso sostenible de sus recursos”, lo cual se cumplirá a
través de tres medios: (i) el mejoramiento y aplicación de leyes y reglamentos
ambientales, (ii) el fortalecimiento de la cooperación en materia ambiental y
(ii) la promoción del desarrollo sostenible.
El objetivo de hacer compatibles las relaciones
comerciales con la conservación y protección del medio ambiente es un claro
desarrollo del artículo 334 de nuestra Carta Política que ubica en cabeza del
estado la dirección general de la economía y le otorga la facultad de
intervenir para racionalizarla con el fin de conseguir la preservación de un
ambiente sano. Así mismo, la aplicación y el avance en las regulaciones
ambientales es, precisamente, una de las formas de intervención autorizadas por
el citado artículo 334. Mientras que la cooperación en materia ambiental con
otros países, en este caso Canadá, es un asunto que la Constitución ordena al
estado incentivar en el artículo 226 al prescribir que “Estado promoverá la
internacionalización de las relaciones (…) ecológicas”. Adicionalmente, el
desarrollo sostenible está expresamente reconocido por nuestra Constitución en
el artículo 80 que indica que “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”. Es más, acerca
del desarrollo sostenible, este Tribunal ha expresado que “los derechos y
las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución Política giran, en
gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual (…)
pretende superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección
del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo
-indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las
restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. Así, es evidente
que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un
tratamiento unívoco e indisoluble que progresivamente permita mejorar las
condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni
disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los ecosistemas pues
éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen en forma
decidida a la conservación de la especie humana”[172].
Sección I – Derechos y Obligaciones Ambientales
En este apartado, en primer lugar quiere referirse la
Corte a una de las definiciones –la definición de territorio- que incluye el
artículo 1 del tratado en revisión. Prescribe la disposición que, para
Colombia, la palabra territorio incluye a) “su territorio terrestre, tanto
continental como insular”, b) “su espacio aéreo” y c) “las áreas
marítimas sobre las cuales ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción
de conformidad con su derecho interno y el derecho internacional”. Manifiesta
uno de los intervinientes que no se incluyeron en el citado artículo todos los
componentes del territorio nacional como están definidos en el artículo 101 de la
Constitución –por ejemplo la plataforma continental y la zona económica
exclusiva-, razón por la cual se debería condicionar su constitucionalidad en
el sentido de que el término los circunscribe a todos. Sin embargo, estima la
Corte que la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados en su
artículo 29 faculta a un estado para obligarse sólo respecto de ciertas partes
de su territorio, lo cual no implica una renuncia al ejercicio de la soberanía
en las partes excluidas como sugiere el interviniente, simplemente significa
que, en ejercicio de su soberanía –artículo 9 de la Constitución-, el estado ha
decidido, para efectos de ese tratado, obligarse sólo con respecto a algunas
partes de su territorio.
En segundo lugar estima la Sala que las obligaciones
adquiridas en el artículo 2 tampoco contradicen la Constitución Colombiana.
En efecto, el reconocimiento del “derecho soberano
de cada una de las Partes” de establecer a) sus propios niveles de
protección ambiental, b) sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental,
c) sus leyes y políticas ambientales y d) modificarlas no es más que una
manifestación de la soberanía nacional en las cual se deben fundar las las
relaciones exteriores del Estado Colombiano de acuerdo con el artículo 9 de la
Constitución. Ahora bien, el límite impuesto a este derecho, consistente en que
las Partes se comprometen a establecer altos niveles de protección ambiental y
esforzarse por mejorarlos, no desconoce la soberanía del Estado Colombiano pues
la misma Carta Política lo obliga a proteger las riquezas
naturales de la Nación –artículo 8- y la diversidad e integridad del ambiente
–artículo 79-.
De modo similar, la obligación estatal de observar y
hacer cumplir la legislación ambiental es reflejo del estado de derecho y de
las previsiones del artículo 80 superior que ordena al estado “prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados”. El acuerdo de la referencia advierte
que “Para los fines de este Acuerdo, una Parte no ha dejado de cumplir su
legislación ambiental en un caso particular cuando la acción o inacción en
cuestión por entidades o funcionarios (…): (a) refleje un razonable ejercicio
de discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, de procesamiento o de regulación
u observancia; o (b) sea el resultado de decisiones tomadas de buena fe con el
fin de asignar recursos destinados a la fiscalización de otros asuntos
ambientales a los que se les haya asignado una mayor prioridad”. Lo cual
buscar respetar la soberanía de cada estado y, en ese sentido, se ajusta al
artículo 9 de la Constitución.
Respecto de la prohibición de promover el comercio o
la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de los niveles de
protección contemplados en la legislación ambiental, la Corte considera que es
una restricción legítima a la competencia comercial que impide que, so pretexto
del crecimiento económico, se desconozca la obligación de proteger las riquezas
naturales de la Nación –artículo 8 de la Constitución- y la diversidad e
integridad del ambiente –artículo 79 ídem-.
En lo atinente a la obligación de mantener
procedimientos apropiados para evaluar los impactos ambientales de los
proyectos y planes propuestos con miras a evitarlos o minimizarlos, ésta no es
más que un desarrollo del artículo 80 ya mencionado que ordena al estado “prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental”.
En lo relativo a la norma de interpretación según la
cual “nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de facultar a las
autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir
la legislación ambiental en el territorio de la otra Parte”, es simplemente
un reconocimiento de la soberanía de cada estado y, en ese orden de ideas, se
ajusta al artículo 9 de la Constitución.
En lo que toca con la reafirmación de la importancia
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el acuerdo de trabajar en forma
conjunta para avanzar en los objetivos de ese Convenio, estos tienen plena
correspondencia con el mandato del artículo 79 superior que consagra como deber
estatal la protección de la diversidad del ambiente y con el artículo 226 que
prescribe la promoción de la “internacionalización de las relaciones (…)
ecológicas”.
En tercer lugar la Sala considera que el artículo 3,
que se ocupa de las obligaciones respecto de las normas y los procedimientos
para sancionar y reparar las infracciones a la legislación ambiental, también
es conforme con la Constitución Colombiana.
Allí el Estado Colombiano adquiere la obligación de
que estos procedimientos se encuentren disponibles, lo cual encuentra pleno
fundamento en el artículo 80 de la Carta Política que le ordena “prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados”.
Como complemento de lo anterior, el Estado Colombiano
se compromete en el tratado bajo estudio a que las personas puedan solicitar a
las autoridades que investiguen violaciones a la legislación ambiental, a que
las autoridades les den a tales solicitudes la debida consideración y a que las
personas con un interés jurídicamente reconocido tengan acceso apropiado a los
procedimientos. Ello encuentra respaldo en el artículo 79 de la Constitución
que reconoce el derecho de todos a gozar de un ambiente sano pues el acceso a
estos procedimientos es una forma de hacerlo exigible. A lo que hay que agregar
que el compromiso adquirido es una forma de permitir a los colombianos cumplir
con su deber constitucional de “proteger los recursos (…) naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano” –artículo 95.8 superior-.
También se hace la previsión de que los procedimientos
deben ser justos, equitativos y transparentes, deben cumplir con el debido
proceso y deben estar abiertos al público, “salvo que la administración de
justicia requiera algo distinto”. De modo más concreto, según la norma
convencional, los estados deben asegurarse de que a) las partes tengan el
derecho de defender sus posiciones, presentar información o pruebas y que la
decisión se base en ellas, b) las decisiones finales se hagan por escrito,
preferiblemente establezcan las razones sobre las cuales se basan y estén
disponibles a las partes sin demoras indebidas y, de acuerdo con su
legislación, al público, c) las partes tengan el derecho, de acuerdo con su
legislación, a pedir la revisión y corrección o “redeterminación” de las
decisiones, y d) los tribunales sean imparciales e independientes. Todo lo cual
no es más que una aplicación concreta en materia ambiental del contenido del derecho
al debido proceso reconocido en el artículo 29 de Constitución, el cual
incluye, precisamente, el derecho de defensa, la facultad de presentar y
controvertir las pruebas, el derecho a impugnar la decisión, la posibilidad de
contar con un juez imparcial e independiente y la motivación de la decisión.
En cuarto lugar estima la Sala que el artículo 4, sobre
la información y participación del público, encuentra fundamento constitucional
indudable en el artículo 79 que prescribe que la ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente
y que es deber del Estado fomentar la educación para proteger la diversidad e
integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia
ecológica. Así mismo se basa en el artículo 67 superior que indica que “la
educación formará al colombiano (…) para la protección del ambiente”. En
efecto, este artículo del acuerdo obliga a las partes a promover el
conocimiento público de sus leyes ambientales y los procedimientos relativos a
ellas y a asegurarse de que los procedimientos de evaluación ambiental
contemplen la revelación de información al público acerca de los planes y
proyectos que estén sujetos a evaluación y permitir la participación del
público en los mismos.
En quinto lugar, en lo relativo al artículo 5 sobre diversidad biológica, la Sala encuentra que las
obligaciones contraídas por Colombia respetan la Constitución. Así, el
reconocimiento de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y su uso sostenible y el compromiso de
promoverlo y fomentarlo concuerdan con el mandato del artículo 79 que prescribe
como deber del estado la protección de la diversidad del ambiente. En forma
similar, la reiteración del compromiso de respetar, preservar y mantener el
conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas
y locales que contribuyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica -según lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica- es un
desarrollo del artículo 7 de la Constitución que protege la diversidad étnica la
Nación colombiana. Del mismo modo, el reconocimiento del derecho soberano de
los estados parte sobre sus recursos naturales y de su autoridad y obligaciones
con respecto al acceso a recursos genéticos y la distribución justa y
equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de esos recursos
-según lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica- no contradice,
sino que tiene plena correspondencia, con el artículo 332 que indica que el
estado es propietario de los recursos naturales no renovables, con el artículo
80 que ubica en cabeza del estado la planificación del manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales y con el artículo 81 que faculta al estado para
regular “el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y
su utilización, de acuerdo con el interés nacional”. En esta misma norma
convencional se reconocen la importancia de la participación y la consulta del
público en materia de la diversidad biológica, reconocimiento que también hace
nuestra Carta Política en el artículo 79 al garantizar la participación de la
comunidad en las decisiones que afecten el ambiente. Adicionalmente en la
disposición que se analiza las partes acuerdan cooperar en la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica, concretamente para intercambiar
información, lo cual está incluido dentro la internacionalización de las
relaciones ecológicas -artículo 226 de la Constitución-.
En sexto lugar, la Sala estima que el artículo 6 que
obliga a las partes a alentar prácticas voluntarias de responsabilidad social
corporativa “para fortalecer la coherencia entre los objetivos económicos y
sociales” es constitucional debido a que es parte de la función social de
la empresa que consagra el artículo 333 de la Carta Política.
Sección II – Cooperación Ambiental
El artículo 7 sobre cooperación ambiental esta fundado
en el mandato de internacionalización de
las relaciones ecológicas que contiene el artículo 226 de la Constitución.
Este artículo constitucional es desarrollado también
por la obligación que adquieren las partes de identificar áreas prioritarias
para las actividades de cooperación y de establecer un programa de trabajo que
deberá ser preparado inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo.
Incluso las partes avanzan en el cumplimiento de este compromiso en el Anexo 1
en el cual enlistan áreas prioritarias de cooperación que deberán ser
consideradas para el programa inicial las cuales incluyen temas tan importantes
como la gestión del riesgo ambiental, la conservación in situ y ex situ de la
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la restauración de
ecosistemas degradados, la prevención, gestión y control de la contaminación
del aire, del agua y de suelos, la gestión integral de contaminantes químicos y
desechos peligrosos, la educación ambiental y participación ciudadana y el uso
y desarrollo de tecnologías menos contaminantes.
Adicionalmente, en el tratado se prescribe que el
público debe ser informado y participar según sea apropiado de las actividades
cooperativas realizadas, lo cual desarrolla la participación de la comunidad en
las decisiones que afecten el ambiente como lo ordena el artículo 79 superior.
Sección III – Disposiciones Institucionales
En el artículo 8 se establece un Comité del Medio
Ambiente compuesto por representantes de cada una de las Partes, el cual
estudiará y discutirá el progreso en la implementación del Acuerdo y redactará
informes sobre las actividades desarrolladas cuando lo considere conveniente,
los cuales se darán a conocer al público a menos que las Partes decidan lo
contrario.
En su intervención en el presente proceso, la
Organización Nacional Indígena de Colombia extraña la presencia de las
comunidades indígenas en el citado comité lo que juzga como una violación del “principio de participación y representación”. Estima la Sala que asiste razón al interviniente.
Aunque la norma no regula directamente quienes deberán ser los representantes
de cada una de las partes del comité, lo cierto es que el Estado Colombiano al
elegirlos deberá cumplir con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que, como
ya se explicó, hace parte del bloque de constitucionalidad y, por esta misma
razón, es parámetro de control de constitucionalidad. En el mencionado artículo
6, además del derecho a la consulta previa –que tiene un alcance distinto ya
explicado-[173], se reconoce en el
ordinal b) el derecho de las comunidades étnicas a “participar libremente,
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan”, dentro de lo que se incluye, evidentemente,
el tema ambiental. En este orden de ideas, la conformación de la parte
colombiana del Comité del Medio Ambiente creado por el tratado que se revisa
deberá asegurar la participación  “por lo menos en la misma medida
que otros sectores de la población” de las comunidades étnicas –indígenas y
afrodescendientes-.
Es por lo anterior que la Corte considera que artículo
8 del “Acuerdo sobre medio ambiente
entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú) el veintiuno (21)
de noviembre de 2009” es
constitucional condicionadamente en la medida en que la representación de
Colombia en el Comité del Medio Ambiente garantice la participación “por lo menos en la misma medida que otros sectores de
la población” de las comunidades
étnicas. Como resultado de este
condicionamiento el Gobierno, al momento de manifestar su consentimiento,
deberá formular la respectiva declaración interpretativa.
Por su parte el artículo 12, que regula la solución de
diferencias, lo hace a través de un sistema de consultas que busca lograr una
solución de mutuo acuerdo, lo que resulta compatible con el principio de
derecho internacional según el cual las controversias internacionales deben
dirimirse de forma pacífica. Así mismo, la inmunidad recíproca que se otorgan
las partes en caso de incumplimiento del tratado –según la cual “Ninguna de
las Partes dará lugar en su legislación al derecho de demandar a la otra Parte
sobre la base de que la otra Parte actuó en forma incompatible con este
Acuerdo”- es un principio del derecho internacional. Recuérdese que, según
el artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores de Colombia se
fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional.
Además, el artículo 15, sobre protección de la información,
respeta la soberanía estatal –artículo 9 de la Carta- y el derecho fundamental
a la intimidad –artículo 15 ídem- pues le reconoce a las partes la posibilidad
de decidir autónomamente la publicidad o reserva de la información mediante sus
leyes y reglamentos.
Adicionalmente, las previsiones en torno a la revisión
–artículo 10-, enmienda –artículo 16- y denuncia –artículo 17- del Acuerdo
respetan la Constitución pues todas ellas se realizan de común acuerdo y en los
términos que ambas partes decidan, lo cual significa que Colombia, en ejercicio
de su soberanía –artículo 9 superior-, tiene la posibilidad de manifestar si
desea de permanecer o no obligado por el tratado y en que condiciones.
Sobre
las enmiendas, desea la Corte pronunciarse sobre su entrada en vigor. Dice el
tratado que se revisa que esto sucederá “en la fecha o fechas que hayan sido
acordadas entre las Partes”. La disposición transcrita no desconoce per
se la Constitución, sin embargo, es necesario aclarar como se debe entender
de modo tal que su interpretación no llegue, en ningún caso, a contradecirla.
Debe tenerse en cuenta que las enmiendas o modificaciones, como su nombre lo
indica, alteran o varían el contenido del tratado internacional inicialmente
suscrito, de modo tal que el alcance de las obligaciones contraídas en un
principio y todas las condiciones y reglas que las regulan no son las mismas.
He ahí la razón para que las enmiendas o modificaciones de un tratado
internacional estén sometidas en Colombia al mismo procedimiento de aprobación
por parte del Congreso y control constitucional que los tratados[174] ya
que, según los artículo 150 numeral 16 y 241 de la Constitución de 1991, el
Presidente de Colombia sólo puede manifestar válidamente el consentimiento
frente a las obligaciones contenidas en un tratado internacional, previa
satisfacción de estos requisitos[175].
En este orden de ideas, la locución antes referida no se puede significar el
desconocimiento de tales exigencias constitucionales, por tanto, la enmienda
sólo podrá entrar en vigor para Colombia cuando se hayan surtido los
procedimientos internos antes descritos. De conformidad con lo anterior, la
Corte considera que artículo 16 del “Acuerdo sobre medio ambiente entre
Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de
noviembre de 2009” es constitucional condicionadamente en la medida en que
las enmiendas entren en vigor solamente después de que se sometan a aprobación
del Congreso de la República (artículo 150-16) y al control automático de esta
Corte (artículo 241-10). Como resultado de condicionamiento antes explicado, el
Gobierno, al momento de manifestar su consentimiento, deberá formular la
respectiva declaración interpretativa.
En cuanto al artículo 18, es evidente que la forma de
entrada en vigencia del Acuerdo respeta los requisitos que la Constitución
colombiana impone para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente
(artículos 189-2, 150-16 y 241-10) ya que indica que “Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito
sobre la finalización de los procedimientos internos exigidos para la entrada en
vigor de este Acuerdo. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la segunda de
esas notificaciones (…)”.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Salvo lo
dispuesto en los numerales siguientes de la presente sentencia, DECLARAR EXEQUIBLE el “Acuerdo sobre medio ambiente entre
Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21) de
noviembre de 2009”, el “Canje
de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre
medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia” y la Ley 1360 de
2009 que los aprueba.
Segundo. DECLARAR
EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el artículo 8 del “Acuerdo sobre medio
ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú)  el
veintiuno (21) de noviembre de 2009”. Como consecuencia ello DISPONER
que el Presidente de la República, al prestar consentimiento, deberá realizar
una declaración interpretativa respecto del artículo 8 según la cual la
representación de Colombia en el Comité del Medio Ambiente garantizará la
participación  “por lo menos en la misma medida que otros sectores de
la población” de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Tercero. DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el artículo 16 del “Acuerdo sobre medio ambiente
entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima (Perú)  el veintiuno (21)
de noviembre de 2009”. Como consecuencia ello DISPONER que el
Presidente de la República, al prestar consentimiento, deberá realizar una
declaración interpretativa respecto del artículo 16 según la cual las enmiendas
entren en vigor solamente después de que se sometan a aprobación del Congreso
de la República (artículo 150-16) y al control automático de esta Corte
(artículo 241-10).
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso y al Ministerio de Relaciones Exteriores,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente en comisión
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Ausente con permiso
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 33-34, cuaderno principal.
[2] Al respecto ver las sentencias C-750 de 2008, C-615 de 2009 y
C-608 de 2010.
[3] CAPITULO DIECISIETE. MEDIO AMBIENTE.
Artículo 1701: Afirmaciones
Las partes reconocen que cada Parte tiene
derechos soberanos y responsabilidades en conservar y proteger su medio
ambiente y afirman sus obligaciones ambientales de conformidad con su
legislación nacional, así como sus obligaciones internacionales de
conformidad con los acuerdos multilaterales ambientales de los cuales sean
parte.
Las partes reconocen el apoyo mutuo entre
políticas comerciales y ambientales y la necesidad de implementar este
Acuerdo de una forma compatible con la protección y conservación ambiental
y el uso sostenible de sus recursos
Artículo 1702: No derogación
Ninguna Parte estimulará el comercio o la
inversión a través del debilitamiento o reducción de los niveles de protección
contemplados en sus respectivas legislaciones ambientales.
Artículo 1703: Acuerdo sobre medio ambiente
En desarrollo de estos principios, las partes
han establecido sus obligaciones mutuas en un Acuerdo sobre Medio Ambiente
entre Canadá y la República de Colombia (“Acuerdo sobre Medio Ambiente”) que
aborda, entre otros:
a) la conservación, protección y mejora del
medio ambiente en el territorio de cada Parte, para el bienestar de las
generaciones presentes y futuras;
b) el compromiso de no dejar sin efecto leyes
ambientales nacionales para incentivar el comercio o la inversión
c) la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica y la protección y preservación del conocimiento
tradicional:
d) el desarrollo, la conformidad con y el
cumplimiento de las legislaciones ambientales
e) la transparencia y participación del
público en asuntos ambientales; y
f) la cooperación entre las Partes para el
avance en asuntos ambientales de interés común.
Artículo 1704: Relación entre este Acuerdo y
el Acuerdo sobre Medio Ambiente
1. Las partes reconocen la importancia de
balancear las obligaciones comerciales y ambientales, y abroman que el Acuerdo
sobre Medio Ambiente complementa este Acuerdo y que los dos se apoyan
mutuamente
2. La Comisión Conjunta considerará, según sea apropiado, los informes y recomendaciones del Comité
de Medio Ambiente, establecido en el Acuerdo sobre Medio Ambiente, respecto a
cualquier asunto relacionado con el comercio y el medio ambiente.
[4] Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de 2003, C-030 de 2008, C-461
de 2008, C-175 de 2009, entre otras.
[5] Sentencia C-175 de 2009.
[6] Ibídem.
[7] Mandatos que han sido desarrollados por la ley en diversos
aspectos. Al respecto ver sentencia SU-383 de 2003.
[8] Ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991.
[9] Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de 2003, T-382 de 2006, C-750
de 2008, C-175 de 2009, C-615 de 2009, entre otras.
[10] Sentencia C-461 de 2008.
[11] “1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos
tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que
estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o
por una legislación especial;
b) a los pueblos en
países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
2. La conciencia de su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente
Convenio”.
[12] Sentencia SU-383 de 2003.
[13] Es extensa la jurisprudencia de esta Corporación sobre la
consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes de medidas
administrativas. Entre las sentencias más recientes se pueden mencionar la
sentencia T-769 de 2009 sobre la exploración y explotación de una
mina “de cobre, oro, molibdeno y minerales concesibles” en los
departamentos de Antioquia y Chocó en la cual, ante la ausencia de una debida
consulta previa, se resolvió, entre otras, suspender las actividades de
exploración y explotación que se estaban adelantando y ordenar al Ministro del
Interior y de Justicia que rehiciera  los trámites que precedieron al acta de
formalización de consulta previa, que debe realizar en debida forma y extender
a todas las comunidades que puedan resultar afectadas en el desarrollo del
proyecto de exploración y explotación minera. Así mismo la sentencia T-880 de
2006 en la que miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí
denunciaron la explotación y exploración de petróleo en su territorio sin
consultarlos, razón por la que la Corte ordenó la suspensión de las actividades
exploratorias y la realización de la consulta previa en debida forma.
[14] Sentencia T-382 de 2006.
[15] Sentencias C-750 de 2008, C-615 de 2009 y C-608 de 2010.
[16] En la sentencia C-702 de 2010 esta Corte declaró inexequible el
Acto Legislativo 1 de 2009 que modificaba el artículo 108 de la Constitución sobre el aval de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos
que gocen de personería jurídica como producto de la circunscripción especial
de minorías étnicas por no haber surtido el proceso de consulta previa con las
comunidades étnicas. El Magistrado Humberto Sierra Porto salvó
su voto por las siguientes razones: (1) En primer lugar, considera que
la posición de la mayoría constituye una clara muestra de que el ejercicio de
la competencia del control de constitucionalidad sobre los actos legislativos
carece de parámetros normativos, pues el texto constitucional definitivamente
ha perdido tal función y prima el entendimiento que tengan las mayorías momentáneas
al interior de la Corporación sobre qué es Constitución, es decir, el control
de las reformas constitucionales se ha transformado en un control político y ha
dejado de ser un control jurídico. (2) Esta decisión crea una nueva
categoría de vicios en materia de control de las reformas constitucionales, es
decir, además de los vicios formales y de los vicios de sustitución a la Constitución, a partir de esta decisión puede entenderse que en el trámite de los actos
legislativos pueden presentarse vicios formales de entidad sustancial, es
decir, lo que en materia del control de procedimiento legislativo se ha
denominado precisamente vicios de competencia, categoría que a su vez
plantea importantes problemas conceptuales. (3) Esta nueva categoría
conlleva a que se pueda extender a las reformas constitucionales la tesis
sentada en materia del control de las leyes según la cual esta modalidad de
vicios es insaneable y por lo tanto la acción pública no tiene un término de
caducidad.
[17] Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en las sentencias C-461 de
2008, C-750 de 2008 y C-175 de 2009.
[18] Ibídem.
[19] Ibídem.
[20] Ibídem
[21] Ibídem
[22] Ibídem
[23] Ibídem
[24] Ibídem.
[25] Ibídem.
[26] Este tratado fue declarado inexequible mediante sentencia C-615 de
2009 por no haber surtido el proceso de consulta previa.
[27] Declarada exequible por haber surtido un apropiado proceso de
consulta previa mediante sentencia C-620 de 2003.
[28] La ley forestal fue declarada inexequible mediante sentencia C-030 de
2008 por no haber surtido un adecuado proceso de consulta previa.
[29] El Estatuto de Desarrollo Rural fue declarado inexequible mediante
sentencia C-175 de 2009 por no haber surtido un adecuado proceso de consulta
previa. Frente a esta decisión el Magistrado Humberto Sierra Porto salvó su
voto debido a que (i) la realización de la consulta previa, en cuanto actuación
dentro del procedimiento de creación legislativa, es un límite –exigencia- de
naturaleza formal, de manera que su incumplimiento generará vicios de forma,
(ii) en cuanto vicio de tipo formal, la ausencia de Consulta previa o su
inadecuada realización es susceptible de ser convalidada, (iii) las
consecuencias de la realización de la consulta previa luego de iniciado el
trámite legislativo congresual no pueden ser determinadas de forma general y a
priori debido a los múltiples escenarios que de ella pueden derivar, de tal
manera que debería ser obligación de la Corte establecer en cada caso en concreto las consecuencias constitucionales sobre la oportunidad en que se
realizó una determinada consulta y (iv) en el caso objeto de estudio hizo falta
una mayor diligencia por parte de la Corte para recoger pruebas que dieran una
mejor idea acerca de la realización o no del proceso de Consulta previa una vez
iniciado el trámite legislativo en el Congreso.
[30] Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en la sentencia C-461 de
2008. En el mismo sentido, la sentencia C-175 de 2009.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem. En similar sentido la sentencia C-175 de 2009.
[34] Sentencia C-891 de 2002. En similar sentido la sentencia C-030
de 2008.
[35] Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en las sentencias C-461 de
2008 y C-175 de 2009. En el mismo sentido la sentencia C-615 de 2009.
[36] Sentencia C-461 de 2008.
[37] Sentencia C-891 de 2002. En el mismo sentido las sentencias
T-382 de 2006, C-461 de 2008, C-175 de 2009 y C-615 de 2009.
[38] Sentencia C-030 de 2008. En el mismo sentido, las sentencias
C-461 de 2008, C-175 de 2009 y C-615 de 2009.
[39] Sentencia C-891 de 2002. En similar sentido las sentencias
C-030 de 2008 y C-461 de 2008.
[40] Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en las sentencias C-461 de
2008 y C-175 de 2009. En el mismo sentido la sentencia C-615 de 2009.
[41] Sentencia C-891 de 2002
[42] Ibídem. En el mismo sentido, las sentencias C-030 de 2008 y
C-461 de 2008.
[43] Ibídem.
[44] Sentencia C-030 de 2008. En similar sentido, las sentencias
C-891 de 2002, T-382 de 2006, C-175 de 2009 y C-615 de 2009.
[45] Ibídem. En el mismo sentido la sentencia C-615 de 2009.
[46] Ibídem.
[47] En este sentido la sentencia C-461 de 2008.
[48] Reiterada recientemente por la sentencia C-608 de 2010.
[49] Sentencia SU-383 de 2003.
[50] Al respecto la sentencia T-832 de 2006.
[51] Sentencia C-615 de 2009.
[52] Sentencia C-030 de 2008.
[53] Sentencia C-461 de 2008. En el mismo sentido, la sentencia
C-175 de 2009.
[54] Sentencia C-750 de 2008. En el mismo sentido, las sentencias
C-418 de 2002, C-891 de 2002, T-382 de 2006 y C-615 de 2009.
[55] Sentencia C-030 de 2008.
[56] En el mismo sentido, sentencia T-750 de 2008.
[57] Folio 1, cuaderno principal.
[58] El
artículo 7° de la citada Convención dispone que la representación de un Estado
para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de
los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados
plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras
circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona
que participa en la negociación como la representante del Estado para esos
efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3)
cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que
presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo
considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los
efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado,
jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de
la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y
(ii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de
ésta (7.2-c).Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas,
debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada
una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado
internacional.
[59] Folio 18, cuaderno principal.
[60] Folios 45 y 46, cuaderno principal.
[61] Folios 24 y ss, cuaderno principal.
[62] Folios 22 y ss, cuaderno principal.
[63] Folios 22-23, cuaderno principal.
[64] Artículo 79. Corrección de errores en textos o en copias certificadas
conformes de los tratados.
1. Cuando,
después de la autenticación del texto de un tratado. los Estados signatarios y
los Estados contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error,
éste, a menos que tales Estados decidan proceder a su corrección de otro modo,
será corregido:
a)
introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada
por representantes autorizados en debida forma;
b)
formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga constar
la corrección que se haya acordado hacer; o
c)
formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un
texto corregido de todo el tratado.
2. En el
caso de un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los Estados
signatarios y a los Estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo
y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección propuesta. A
la expiración del plazo fijado:
a) si no
se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección
en el texto. extenderá un acta de rectificación del texto y comunicará copia de
ella a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
b) si se
ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados
signatarios y a los Estados contratantes.
3. Las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un
tratado haya sido autenticado en dos o mas idiomas y se advierta una falta de
concordancia que los Estados signatarios y los Estados contratantes convengan
en que debe corregirse.
4. El
texto corregido sustituirá "ab initio" al texto defectuoso, a menos
que los Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al
respecto.
5. La
corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.
6. Cuando
se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el
depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y
comunicará copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados
contratantes.
En el mismo
sentido la sentencia C-608 de 2010.
[65] Folios 420 y ss, cuaderno 2.
[66] Folio 417, cuaderno 2.
[67] Folios 470 y ss, cuaderno 2.
[68] Folios 417 y ss, cuaderno 2 y Folio 1, cuaderno 1.
[69] Folios 413-415, cuaderno 2.
[70] Folio 401, cuaderno 2.
[71] Folios 296 y ss, cuaderno 2.
[72] Folio 297, cuaderno 2.
[73] Folio 298, cuaderno 2.
[74] Folios 299 y ss, cuaderno 2.
[75] Folios 110-113, cuaderno 1.
[76] Folios 80 y 108, cuaderno 1.
[77] Folio 42, cuaderno 1.
[78] Folio 1, cuaderno 1.
[79] Folio 136, cuaderno 1.
[80] Folio 42, cuaderno 1.
[81] Folio 130, cuaderno 1.
[82] Folios 173-176, cuaderno 4.
[83] Folio 193, cuaderno 4.
[84] Folios 251-256, cuaderno 4.
[85] Folios 350-353, cuaderno 4.
[86] Folio 680, cuaderno 2.
[87] Folios 764-765 y 770, cuaderno 2.
[88] Folio 918, cuaderno 2.
[89] Folio 2, cuaderno 2.
[90] Folio 47 y ss, cuaderno 8.
[91] Folios 413-415, cuaderno 2.
[92] Folios 403-406, cuaderno 2.
[93] Folios 590 y 598, cuaderno 2 y Folios 60-61, cuaderno principal.
[94] Folios 296 y ss, cuaderno 2.
[95] Folio 297, cuaderno 2.
[96] Folio 298, cuaderno 2.
[97] Folios 299 y ss, cuaderno 2.
[98] Folio 84 y ss, cuaderno principal.
[99] Folio 82 y ss, cuaderno principal.
[100] Folios 82-83, cuaderno principal.
[101] Folio 42, cuaderno 1.
[102] Folio 60, cuaderno principal.
[103] Folio 96, cuaderno principal.
[104] Folio 536, cuaderno 2.
[105] Folio 95 y ss, cuaderno principal.
[106] Folios 47-53, cuaderno 5.
[107] Folio 70, cuaderno 5.
[108] Folios 133-148, cuaderno 5.
[109] Folio 172, cuaderno 5.
[110] Folios 217-218, cuaderno 5.
[111] Folio 244, cuaderno 5.
[112] Folios 317-318, cuaderno 5.
[113] Folio 344, cuaderno 5.
[114] Folios 441-445, cuaderno 5.
[115] Folio 466, cuaderno 5.
[116] Folios 558-560, cuaderno 5.
[117] Folio 584, cuaderno 5.
[118] Folios 650-652, cuaderno principal.
[119] Folio 660, cuaderno 5.
[120] Folios 689-693, cuaderno 5.
[121] Folio 697, cuaderno 5.
[122] Folios 718-719, cuaderno 5.
[123] Folio 733, cuaderno 5.
[124] Folios 744-753, cuaderno 5.
[125] Folio 245, cuaderno 2.
[126] Folios 271-272, cuaderno 2.
[127] Folios 232-235, cuaderno 2.
[128] Folio 3, cuaderno 3.
[129] Folio 3, cuaderno 3.
[130] Folio 329, cuaderno 2.
[131] Folio 45, cuaderno 2.
[132] Folio 35, cuaderno 2.
[133] Folio 1, cuaderno principal.
[134] Folios 420 y ss, cuaderno 2.
[135] Folios 42, cuaderno 1.
[136] Folio 918, cuaderno 2.
[137] Folios 42, cuaderno 1.
[138] Folios 232-235, cuaderno 2.
[139] Folio 413-415, cuaderno 2.
[140] Folios 470 y ss, cuaderno 2.
[141] Folios 110-113, cuaderno 1.
[142] Folio 84 y ss, cuaderno principal.
[143] Folio 136, cuaderno 1.
[144] Folio 130, cuaderno 1.
[145] Folio 918, cuaderno 2.
[146] Folio 47 y ss, cuaderno 8.
[147] Folio 95 y ss, cuaderno principal.
[148] Folios 232-235, cuaderno 2.
[149] Folio 329, cuaderno 2.
[150] Folio 45, cuaderno 2.
[151] Folio 1, cuaderno 1.
[152] Folio 2, cuaderno 2.
[153] Folio 60, cuaderno principal.
[154] Folio 3, cuaderno 3.
[155] Al respecto ver las sentencias C-387 de 2008, C-923 de 2007, C-933 de
2006, C-576 de 2006, C-322 de 2006, C-241 de 2006, entre otras.
[156] Folios 80 y 108, cuaderno 1.
[157] Folio 42, cuaderno 1.
[158] Folio 680, cuaderno 2.
[159] Folios 764-765 y 770, cuaderno 2.
[160] Folio 918, cuaderno 2.
[161] Folio 82 y ss, cuaderno principal.
[162] Folios 82-83, cuaderno principal.
[163] Folio 42, cuaderno 1.
[164] Folio 245, cuaderno 2.
[165] Folios 271-272, cuaderno 2.
[166] Folios 232-235, cuaderno 2.
[167] Folio 35 cuaderno 2.
[168] Folio 1, cuaderno principal.
[169] Sentencia C-750 de 2008.
[170] Ibídem.
[171] Ibídem.
[172] Ibídem.
[173] Sobre las diferencias entre los derechos reconocidos en el artículo 6
del Convenio 169 de la OIT, ver la sentencia C-030 de 2008.
[174] Sentencia C-991 de 2000 y C-176 de 1997.
[175] Al respecto, ver la sentencia C-400 de 1998.