SU879-00
Sentencia SU
Sentencia SU.879/00
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general sobre controversias
laborales
JURISDICCION DEL
TRABAJO-Conflictos por
razón del fuero sindical de empleados públicos
ACCION DE
REINTEGRO-Despido de
trabajador amparado por fuero sindical
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Elementos fácticos que deben demostrarse
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Elementos
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Inexistencia
por pago de indemnización/TRABAJADORES DE LA CAJA AGRARIA-Pago de
indemnización por despido
El pago de la indemnización en principio
excluye la posibilidad de conceder la presente acción como mecanismo
transitorio, por cuanto el posible perjuicio irremediable que hubiera podido
irrogar el despido masivo de los trabajadores de la Caja Agraria, a la fecha ha
sido remediado mediante el pago de una indemnización cancelada en los términos
de la convención colectiva y de las disposiciones legales vigentes en el
momento de su reconocimiento. La indemnización por la terminación unilateral
del contrato de trabajo, consagrada en el Decreto referido bajo el nombre de
bonificación, constituye una reparación anticipada del daño que recibe el
trabajador a causa de su despido, y por lo mismo excluye lógicamente la
presencia del perjuicio irremediable. A juicio de la Corte el pago de la indemnización
mencionada repara efectivamente todos los perjuicios o daños que los
accionantes alegan haber recibido - los anteriormente reseñados - pues les
permite proveer a la satisfacción de sus necesidades vitales durante el período
en que estén cesantes, descartando la situación de miseria económica que
mencionan. Así, no existe un perjuicio irremediable e inminente, que exija del
juez constitucional la adopción de medidas urgentes tendientes a evitar un daño
grave.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL-No es
absoluta
CAJA AGRARIA-Liquidación
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reconocimiento de
pensión/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Reconocimiento de pensiones
SERVICIO DE SALUD-Suspensión por terminación de relación
contractual
PENSIONADOS DE LA
CAJA AGRARIA-Salud
cubierta por el POS
MATERNIDAD-Protección constitucional especial/MATERNIDAD-Despido
de madres embarazadas por liquidación de la Caja Agraria
DERECHO A LA
EDUCACION-Vulneración por
cierre de guardería infantil de la Caja Agraria
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución
LEGITIMACION
POR PASIVA EN TUTELA
Referencia: expediente T-238271 y acumulados
Peticionario:
Armando Meléndez Viloria y otros
Demandado: Caja
de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación y Banco Agrario de
Colombia.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de
Bogotá, D.C.,  trece (13) de julio de dos mil (2000).
La Corte Constitucional de la República
de Colombia, integrada por su Presidente Fabio Morón Díaz, y por los
Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo,
Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Gálvis, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la
acción de tutela promovida en los procesos de tutela incoados por ex
trabajadores de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación
(en adelante Caja Agraria) contra dicha entidad y el Banco Agrario de Colombia;
los cuales, dada la evidente relación de conexidad material respecto de los
hechos y pretensiones formuladas, fueron acumulados al proceso T-238271 para
que se tramitaran y decidieran conjuntamente. Presentado el proyecto ante la
Sala Novena de Revisión, el magistrado Antonio Barrera Carbonell solicitó que
éste se presentara ante la Sala Plena para que se adoptara allí la decisión.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala Octava de Selección de la Corte Constitucional, mediante
auto del 20 de agosto de 1999, resolvió seleccionar para revisión la acción de
tutela referenciada con el número T-238271. Posteriormente, por existir
relación de conexidad material, las Salas de Selección correspondientes
escogieron, para efectos de su revisión, todas las acciones de tutela dirigidas
contra la Caja Agraria y el Banco Agrario, disponiendo una primera acumulación
al proceso T- 238271 materia del presente pronunciamiento.
El propósito
fundamental de los peticionarios en las acciones de tutela acumuladas al
proceso T-238271, se centra en la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad y a la no discriminación; al trabajo en condiciones dignas y justas;
al debido proceso; a la libre asociación; a la asociación sindical y al fuero
sindical; a la maternidad y a la especial protección de la mujer embarazada; a
la estabilidad, igualdad de oportunidades e irrenunciabilidad de los derechos
mínimos de los trabajadores establecidos en las normas laborales; a la primacía
de la realidad sobre las formalidades señaladas por los sujetos de la relación
laboral; a la salud y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por la
acción u omisión de las entidades demandadas.
De conformidad
el Decreto 2591 de 1991, esta Corte procede entonces a dictar la sentencia
correspondiente, no sin antes advertir que, debido a la gran cantidad de
procesos de tutela que fueron acumulados al expediente T-238271, el nombre de
los peticionarios, el respectivo número de radicación de sus acciones, las
pretensiones que individualmente formularon, las autoridades judiciales que
intervinieron en primera y segunda instancia con las decisiones proferidas y la
indicación de algunas observaciones particulares relevantes en cada caso, aparecen
especificados en el cuadro que se anexa a esta Sentencia, el cual hace parte
integral de la misma.
1.
Hechos
Por existir
manifiesta coincidencia en los supuestos fácticos que motivaron la formulación
de las acciones de tutela sometidas al presente juicio, a continuación se
compendian los hechos contentivos de los expedientes que se revisan,
advirtiendo que se hará mención especial respecto de aquellas situaciones que
en alguna medida difieren del planteamiento general, materializado en el despido
masivo de los trabajadores de la Caja Agraria como consecuencia de su
liquidación.
1- Sostienen los
peticionarios haber estado vinculados a la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero mediante contratos a término indefinido, siendo a su vez beneficiarios
de la convención colectiva suscrita entre dicha entidad y el sindicato de base
SINTRACREDITARIO, al cual, además, pertenece la mayoría de los demandantes en
su condición de afiliados y directivos.
2- Afirman que
el día 25 de junio de 1999, por orden expresa de las directivas de la Caja
Agraria y haciendo uso de la fuerza pública, se les impidió el acceso a sus
lugares habituales de trabajo sin que se les hubiese informado o prevenido
sobre la adopción de dicha medida.
3- Señalan que
una vez ejecutada y consumada la medida, el gobierno expidió el Decreto N° 1065
de junio 26 de 1999, en el que ordenó la disolución y liquidación de la Caja
Agraria, lo cual constituye, a su entender, un despido masivo injustificado,
una acción de hecho, en cuanto que supuestamente se llevó a cabo sin ningún
tipo de amparo legal.
4- Al margen de
lo anterior, alegan que por virtud del artículo 12 del mismo ordenamiento legal
“el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., sustituyó a la CAJA DE CREDITO AGRARIO
INDUSTRIAL Y MINERO en el desarrollo de su objeto social, y la subrogó en sus
derechos, privilegios y obligaciones, haciendo uso de las mismas instalaciones
y traspasando operaciones comerciales, usuarios, depósitos en cuenta corrientes
y de ahorros, C.D.A.T.s., C.D.T.s, cartera productiva, activos, etc.” Bajo ese
entendido, consideran que “se da el elemento fundamental de la ‘sustitución de
empleador’ (Artículo 53 del Decreto 2127 de 1945 y Código Sustantivo del
Trabajo en su artículo 67), dado que la empresa, establecimiento o negocio que
venía perteneciendo a la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, sigue
siendo el mismo, y pasa a pertenecer al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.”
5- Anotan que
todos los trabajadores de la Caja Agraria fueron desvinculados de hecho y de
forma intempestiva “a partir del 28 de junio de 1999”, desconociendo el derecho
a la sustitución patronal en cuanto que, según se anunció por los medios de
comunicación, el Banco Agrario de Colombia no tendrá trabajadores de planta
sino que éstos –unos 4.000- “serán vinculados a través de empresas de servicios
temporales, de los cuales se excluirán, a quienes sean directivos o activistas
sindicales.” Es así como el 28 de junio de 1999, fecha en la cual se reanudaban
las labores del Banco Agrario, no se permitió el acceso a los trabajadores de
la Caja y, en consecuencia, no ha sido posible ejercer el derecho al trabajo.
De esta manera –afirman- resulta seriamente afectado el mínimo vital de todos
los peticionarios en la medida en que es poco factible acceder a un nuevo
empleo, en mayor medida si se tiene en cuenta la situación de desprestigio en
que se encuentran los trabajadores de la Caja Agraria, derivada de las
declaraciones públicas que ha venido haciendo el gobierno a través de los
diferentes medios de comunicación.
6- Como
antecedente al despido masivo que se suscitó, explican que los trabajadores de
la Caja Agraria fueron objeto de toda clase de presiones que tenían por objeto
obtener la renuncia anticipada a los cargos que venían desempeñando. Fue así
como las directivas de la Caja, encabezadas por su presidente, propusieron un
plan de retiro voluntario con diferentes alternativas, todas, según ellos,
“abiertamente intimidatorias”. Consideran que la estrategia utilizada por el
gobierno para acabar con la Caja Agraria no respetó siquiera “a los
trabajadores especialmente protegidos por fuero sindical, y por la estabilidad
reforzada en condición de maternidad”, todos los cuales fueron finalmente
despedidos.
7- A juicio de
los actores, la liquidación de la Caja Agraria, en los términos en que ocurrió,
busca “…birlar la Convención Colectiva de Trabajo, desconocer las
organizaciones sindicales SINTRACREDITARIO Y SINTRAFIN, evadir la antigüedad y
estabilidad de los trabajadores para todos los efectos laborales, así como los
demás derechos fundamentales que se consideran vulnerados…”[1]
- EXPEDIENTES
T-244486, T-245430, T-245454, T-245613, T-246521, T-246658, T-247747, T-248884,
T-249969, T-250288, T-250446, T-250857, T-250953, T-252102, T-252807, T-252876,
T-253122, T-253235, T-255339, T-255441, T-255891, T-256355, T-256995, T-261062.
8- A los hechos
anteriormente descritos habrá que agregar que, según aducen las peticionarias
de las tutelas aquí referenciadas, se encontraban en estado de gravidez para la
época en que se produjo el despido, situación que, según afirman, fue
oportunamente notificada a las directivas de la Caja, no obstante no ser
necesaria tal manifestación para que se entendieran amparadas por el fuero
convencional de maternidad, el cual impedía la desvinculación de los cargos e
imponía, en caso de que ésta se diera, su reintegro con el respectivo pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir.
9- Anotan que el
desconocimiento del fuero especial, representado en la “abrupta e ilegal”
terminación del vínculo laboral por parte de la Caja Agraria, desconoce no sólo
sus derechos al mínimo vital sino también el derecho fundamental de las mujeres
embarazadas a una protección especial. Consideran, igualmente, que la medida
adoptada afecta el derecho a la vida y a la salud de los nasciturus, en
cuanto sus progenitoras no se encuentran en condiciones de garantizar su
subsistencia ante la pérdida del empleo.
- EXPEDIENTES
T- 242837, T-243973, T-251496, T-251593, T-251667, T-253234, T-255329, T-258394
y T-258422.
10- Sobre la
base de los supuestos generales ya explicados, en el caso de los expedientes
aquí referenciados, las demandantes, actuando en representación de sus menores
hijos, agregan que en la Caja Agraria existe desde años atrás la Guardería
“ALEGRIAS”, la cual se encuentra al servicio de los hijos de sus trabajadores.
- Que dando
estricto cumplimiento a los requisitos establecidos y a los pagos estipulados,
han venido disfrutando del servicio que ofrece la mencionada guardería como
son: alojamiento durante la jornada diaria de trabajo, alimentación, educación
preescolar, cuidado y atención, transporte integral puerta a puerta, seguridad
social en salud y recreación.
- Que el mismo
día en que se obstaculizó el acceso de los trabajadores de la Caja a sus sedes
-25 de junio de 1999-, se impidió el ingreso de los menores a la Guardería
“ALEGRIAS”, incurriendo en la vulneración de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la vida, al debido proceso, a la protección integral de la
familia y a la protección especial y prevalente de los derechos de los niños
como son la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la recreación y
la seguridad social.
- Que la
liquidación y disolución de la Caja Agraria no es óbice para que dicha entidad
desconozca sus obligaciones constitucionales, laborales y contractuales; máxime,
si los derechos derivados del servicio que presta la guardería devienen de un
acuerdo bilateral que en manera alguna puede ser ignorado unilateralmente por
una de las partes contratantes.
- EXPEDIENTES:
T-244487, T-246163, T-248642, T-249080, T-250163, T-252002, T-252343, T-252345,
T-253008, T-253357, T-253358, T-258127, T-258169, T-258681, T-258907, T-258910,
T-260394, 260792, T-260823, T-260824, T-260990, T-261101, T-261136, T-261187,
T-261445, T-261455, T-262041, T-262476 y T-263966.
11- Como
consecuencia del proceso de disolución y liquidación de la Caja Agraria,
también sus autoridades administrativas a nivel nacional y territorial
dispusieron la suspensión de los servicios médicos, hospitalarios,
odontológicos y de suministro de drogas que venía siendo prestado directamente
por esa institución -a través de médicos y entidades adscritas-, a quienes
cumplieran los requisitos establecidos en las convenciones colectivas de
trabajo, en la Ley 4ª de 1976 y en el Decreto Reglamentario 232 de 1977 que
exigen, para merecer dicha prestación, haber laborado por más de 15 años
continuos o discontinuos al servicio de la Caja Agraria.[2]
A juicio de los
peticionarios referenciados en los expedientes enunciados, algunos de los
cuales detentan la condición de pensionados y otros la de trabajadores activos,
tal determinación desconoce sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la igualdad, a la salud y a la seguridad social, los cuales, además de haber
sido válidamente adquiridos y consolidados con el tiempo de servicio a la
entidad –15 años-, se encuentran amparados por la presunción de intangibilidad
conforme lo establece la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional.
-
Expediente T-259188
12- Frente a la
tutela referenciada, cabe destacar que la situación fáctica planteada difiere
sustancialmente de la causa general –la violación de derechos fundamentales con
motivo de la liquidación y disolución de la Caja Agraria-. En este caso, el
actor afirma que, mediante escrito del 10 de febrero de 1999, le solicitó a la
extinta Caja Agraria “obedecer lo contenido en la sentencia del Juzgado
Promiscuo del Circuito de esta localidad y confirmada por la Sala Penal del
Honorable Tribunal Superior de Popayán, en el sentido que por haber sido
absuelto de las imputaciones delictuosas por las que fue procesado, la entidad
debía reintegrarlo a su puesto de trabajo al tenor del contenido del artículo
79, numeral 7 del Reglamento de Trabajo.”
Sostiene que ante el
silencio manifiesto de la entidad, en escritos del 22 de julio y del 3 de
agosto del mismo año –1999-, insistió en su petición sin que hasta la fecha de
interposición de la acción –20 de agosto de 1999-, haya obtenido respuesta
alguna. Considera que la actitud asumida por la entidad frente a las
solicitudes que en forma reiterada le ha presentado, desconoce abiertamente el
derecho fundamental de petición, en conexidad con el derecho a la igualdad.
2. Pretensiones
Con fundamento
en los hechos relacionados, los demandantes (incluyendo a las mujeres en estado
de embarazo) pretenden que el juez constitucional disponga su reintegro
inmediato al cargo que venían desempeñando o a otro de igual o superior
categoría, ordenando el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir.
En relación con
los expedientes T- 242837, T-243973, T-251496, T-251593, T-251667, T-253234,
T-255329, T-258394 y T-258422, la pretensión está dirigida a que se ordene la
reapertura de la guardería “ALEGRIAS” con todos los servicios que ésta venía
prestando hasta el momento en que operó el cierre intempestivo de la Caja
Agraria, y a que se disponga el reintegro inmediato y la permanencia de los
hijos de las peticionarias matriculados en dicha institución, por lo menos,
hasta que finalice el proceso liquidatorio de la entidad.
Por su parte, en los
expedientes T-244487, T-246163, T-248642, T-249080, T-250163, T-252002,
T-252343, T-252345, T-253008, T-253357, T-253358, T-258127, T-258169, T-258681,
T-258907, T-258910, T-260394, 260792, T-260823, T-260824, T-260990, T-261101,
T-261136, T-261187, T-261445, T-261455, T-262041, T-262476 y T-263966, los
peticionarios solicitan que se restituya en forma inmediata la atención médica
asistencial, incluyendo el suministro de los medicamentos que se requieran para
garantizar su derecho a la salud y a la vida.
En el caso de los
expedientes T-238271, T-254497 y T-254559 (sólo en relación con Luis Alberto
Benjumea Ocampo), los demandantes solicitan como petición complementaria al
reintegro y pago de prestaciones debidas, que se les reconozca la respectiva
pensión de vejez a la cual tienen derecho por cumplir con los requisitos de
ley.
Respecto del
expediente T-251077, el actor, además de pedir el reintegro y la
correspondiente indemnización, persigue la protección del derecho de petición
presuntamente vulnerado por la Caja Agraria, en cuanto no respondió la
solicitud que aquel le formulara para que se le valorara clínicamente una
presunta incapacidad laboral que padece y que, de encontrarse probada, daría
lugar al reconocimiento de la pensión por invalidez.
En la mayoría de
las acciones de tutela acumuladas al expediente T-238271, se solicita que el
cumplimiento de las sentencias recaiga directamente en cabeza de los
representantes legales de las entidades demandadas, e igualmente, que se les
advierta a éstas que el desconocimiento de lo ordenado da lugar al incidente de
desacato en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
En la acción de
tutela identificada con el número T-259188, busca el peticionario que la Caja
Agraria en liquidación responda la petición formulada y, en consecuencia,
proceda a revincularlo a la entidad apropiando “los recursos necesarios para el
pago de los salarios dejados de recibir desde el momento de la suspensión, esto
es desde el 27 de mayo de 1994 y hasta cuando efectivamente se cancelen dichos
valores, con la indexación e intereses de ley”.
Asimismo, solicita “se ordene que la Caja de Crédito
Agrario, declare en el acto de revinculación que el tiempo dejado de laborar,
[no por su culpa] sea tenido en cuenta para efectos de tiempo laborado con sus
correspondientes prestaciones sociales y con las prerrogativas que lo amparan a
través de la Convención Colectiva de Trabajo”. En esta medida pide “la
liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene
derecho…”
II. ACTUACION JUDICIAL
Tal como se anotó en
el acápite correspondiente a los Antecedentes, en el cuadro anexo a esta
sentencia aparecen las decisiones adoptadas por los diferentes despachos
judiciales que conocieron en primera y en segunda instancia las acciones de
tutela analizadas en sede de revisión. De manera que, para efectos de verificar
las determinaciones que fueron adoptadas en cada caso concreto, habrá que
remitirse al mencionado cuadro.
No obstante lo
anterior, como quiera que en gran medida las resoluciones judiciales
coincidieron en denegar o rechazar las pretensiones invocadas utilizando los
mismos fundamentos de derecho, la Corte estima necesario referirse brevemente a
ellos, haciendo énfasis en los casos que difieren del planteamiento general y
en los pocos que concedieron la tutela.
- En efecto, los jueces
que denegaron y rechazaron las acciones de tutela propuestas por los
trabajadores de la Caja Agraria, coincidieron en afirmar que éstas eran
improcedentes en la medida en que el ordenamiento jurídico tenía previstos
otros mecanismos de defensa judicial para amparar -si a ello hubiere lugar- los
derechos de los trabajadores, presuntamente vulnerados con ocasión de la
liquidación y consecuente disolución de la Caja Agraria.
Sobre este
particular, sostuvieron que, por expreso mandato del artículo 86 Superior, la
acción de tutela tiene un carácter eminentemente residual frente a las demás
acciones recogidas en el ordenamiento jurídico, el cual sólo puede ignorarse
ante la evidencia de existir un perjuicio irremediable, hecho que, en su
parecer, no ocurrió en ninguno de los casos que fueron analizados.
Bajo este mismo
contexto, consideraron, además, que la liquidación y supresión de entidades
públicas encuentra claro fundamento constitucional en el artículo 189-15 de la
Carta Política que habilita al Presidente de la República para “Suprimir o
fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con
la ley”. En el caso de la Caja Agraria –acotaron-, eran los Decretos leyes
1064 y 1065 de 1999, expedidos con base en las facultades extraordinarias
concedidas al presidente de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de
1998, los que legitimaban, sin lugar a equívocos, la competencia ejecutiva para
proceder a su liquidación y disolución, lo cual incluía, a su vez, la supresión
de los cargos y empleos que soportaban la estructura y funcionamiento de la
entidad. Sobre este particular, confirmaron, además, que los propios decretos
referenciados garantizaban los derechos laborales de los trabajadores
despedidos mediante el pago de las respectivas indemnizaciones.
En punto a la
alegada sustitución patronal, derivada, según los demandantes, de la
liquidación de la Caja Agraria y la inmediata creación del Banco Agrario de
Colombia -conservando éste último el mismo objeto jurídico del anterior-,
anotaron los jueces de instancia que la misma no tuvo lugar en cuanto que el
Banco Agrario, según lo dispuesto por los Decretos 1065, 1066, 1067 y 1068 de
1999, es el resultado de la reestructuración del Banco de Desarrollo
Empresarial S.A., el que a su vez existía con antelación a la disolución de la
Caja Agraria.
Finalmente,
arguyeron los falladores de instancia que el acto por medio del cual se dispuso
la liquidación y disolución de la Caja Agraria, referenciado en los Decretos
1064 y 1065 de 1999, era de carácter general, impersonal y abstracto y que, en
esa medida, la acción de ampara resultaba improcedente por expreso mandato del
numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción
de tutela.
En cuanto a las
tutelas que tienen que ver con la reapertura de la guardería “ALEGRIAS”, las
distintas instancias judiciales, además de hacer expresa referencia a los
argumentos anteriormente expuestos, agregaron que si por mandato legal se había
dispuesto la liquidación de la Caja Agraria y tal guardería pertenecía a esa
institución, era obvio que, atendiendo a las instrucciones legales contenidas
en el Decreto 1065 de 1999, en concordancia con el artículo 222 del Estatuto
Mercantil, la capacidad que mantiene la Caja Agraria debe limitarse,
exclusivamente, a la ejecución de los actos que son imprescindible para su
inmediata liquidación, razón por la cual, resultaba materialmente imposible
ordenar la reapertura de la guardería “ALEGRIAS”.[3]
Por su parte,
respecto a las solicitudes de asistencia médica y suministro de medicamentos,
adicionaron los despachos de instancia que no operaba la presunta amenaza a los
derechos a la salud y seguridad social en la medida en que, entratándose de
pensionados y trabajadores que habían servido a la Caja Agraria por más de 15
años, éstos, por disposición expresa de la Ley 100 de 1993, tenían que estar
obligatoriamente vinculados a una E.PS., por lo cual, lo único que desapareció
como consecuencia de la liquidación de la mencionada entidad fue el servicio
adicional de salud que la misma prestaba directamente. Así, para el caso de los
trabajadores cuyos contratos de trabajo cesaron, también por expreso mandato de
la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, el servicio médico se extendió por
espacio de 3 meses con posterioridad a la fecha de desvinculación, tiempo
suficiente para adoptar las medidas tendientes a asegurar la prestación del
servicio de acuerdo a sus nuevas condiciones y necesidades de vida.
- Cabe destacar que
en los procesos T-248102, T-248105, T-249713, T-250081, T-250412, T-251247,
T-252692, T-252807, T-252876, T-253004, T-253008, T-253235, T-253357, T-254526,
T-255890, T-256107, T-256368, T-256541, T-256640 y T-258153, si bien las acciones
de tutela se concedieron en primera instancia, luego de surtida la impugnación
los fallos fueron revocados por el ad quem con base en los argumentos
arriba sintetizados.
- En lo que toca con
los expedientes T-248429, T-251077, T-251242, T-253357, T-254295, T-256289,
T-258394, T-260823 y T-262343, las acciones de tutela fueron concedidas como
mecanismo transitorio por los jueces que asumieron su conocimiento en primera o
segunda instancia.
Frente a las
acciones de tutela que solicitaban el reintegro y pago de salarios –T-248429,
T-251242, T-254295, T-256289 y T-262343-, los jueces encontraron que el acto de
liquidación de la Caja Agraria les causaba un perjuicio irremediable a los
actores y afectaba el núcleo esencial de su derecho al trabajo. A su entender,
lo que existió entre la Caja Agraria y el Banco Agrario fue una sustitución
patronal que imponía solución de continuidad en los empleos que venían
desempañando los tutelantes. Bajo estos supuestos, ordenaron la inaplicación
del artículo 8° del Decreto 1065 de 1999 y dispusieron el reintegro de los
mismos al nuevo Banco Agrario.
En aquellos casos en
que se invocó la falta de asistencia médica –T-253357 y T-260823-, los
falladores consideraron que la liquidación de una entidad pública –la Caja
Agraria- no puede servir de excusa al Estado para desatender de facto su
obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud de los
trabajadores y pensionados, pues se trata de un derecho adquirido con justo
título cuyo costo, en mayor medida, viene siendo asumido directamente por
ellos.
Finalmente,
analizada la situación planteada en el expediente T-258394, en el que se pedía
la reapertura de la guardería “ALEGRIAS”, también el juez constitucional
consideró que el cierre intempestivo de la misma, fruto de la liquidación de la
Caja Agraria, violaba abiertamente los derechos fundamentales a la
alimentación, a la educación, a la recreación y a la seguridad social de la
hija de la accionante, razón por la cual ordenó su reubicación, por cuanta de
dicha entidad y para el período lectivo de 1999, en una guardería que tuviera
las mismas característica y prestara los mismos servicios de la que fue
cerrada.
- Entratándose del
expediente T-251077, la acción de tutela fue denegada en primera y en segunda
instancia respecto de la solicitud de reintegro, pero concedida en lo que tiene
que ver con el derecho de petición invocado.
- Para el caso del
expediente T-259188, del cual se dijo en los hechos que no guarda una clara
relación de causalidad con la mayoría de las tutelas analizadas, la decisión de
primera instancia resultó ser favorable al actor, en cuanto consideró violado
su derecho de petición por parte de la Caja Agraria en Liquidación. Sin
embargo, una vez surtido el recurso de apelación, el ad quem optó por
revocar la providencia al encontrar que la entidad accionada sí había dado
respuesta a la misiva.
1. Material
probatorio aportado al proceso y recaudado en sede de Revisión.
Tal como lo impone
la metodología utilizada en la presente Sentencia, el material probatorio
recaudado que fuere conducente para adoptar las decisiones de fondo sobre la
procedencia o improcedencia de las acciones de tutela acumuladas al proceso
T-238271, será debidamente comentado y analizado en el acápite correspondiente
a las consideraciones generales y particulares. Por lo pronto, compete hacer
mención a la información general allegada al proceso en las respectivas
instancias, y a la recogida durante el trámite de Revisión en esta Corporación.
Básicamente, los
expedientes contienen los siguientes documentos relevantes en la presente
causa:
-
Fotocopias de las
comunicaciones suscritas por los jefes regionales de las divisiones de trabajo,
inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en las
que se deja constancia que el día 25 de junio de 1999 los trabajadores de la
Caja Agraria se presentaron en sus lugares de trabajo sin que se les haya
permitido el acceso a las oficinas.
-
Fotocopias de las actas
de presentación de los trabajadores de la Caja Agraria a sus lugares de trabajo
durante los días en que se dispuso su cierre y posterior liquidación.
-
En algunos casos,
fotocopia de las cartas firmadas por el representante legal de la Caja Agraria
en Liquidación, informando a los trabajadores la terminación unilateral de los
contratos de trabajo y la razón de la misma.
-
Fotocopia de la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Caja Agraria y el sindicato
de trabajadores (SINTRACREDITARIO) con vigencia entre el 1° de enero de 1998 y
el 31 de diciembre de 1999.
-
Fotocopia de la
comunicación suscrita el 11 de mayo de 1999 por el entonces presidente de la
Caja Agraria, en la que se propone a los trabajadores y funcionarios de la
institución un plan de retiro voluntario, destacando el interés que le asiste a
la Caja de mantener los servicios de algunos de los trabajadores que se acojan
a dicho plan en cualquiera de sus modalidades.
-
Fotocopias de los
contratos individuales de trabajo por duración de la obra propuestos a través
de la empresa “Adecco”, para aquellos funcionarios que optaran por el plan de
retiro voluntario.
-
Fotocopia de la Ley 489
de 1998 y de los Decreto 1061, 1064, y 1065 del 26 de junio de 1999, “Por el
cual se dictan medidas en relación con la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero S.A., se reestructura el ‘Banco de Desarrollo Empresarial S.A., y se le
trasladan algunas funciones”.
-
Fotocopias de las
comunicaciones suscritas por el Gerente de la Caja Agraria en Liquidación y
enviadas a los distintos jueces que conocieron de las acciones de tutela,
informando que la causa del despido masivo de los trabajadores de dicha
institución obedeció a las circunstancias legales contenidas en el Decreto 1065
de 1999 por las cuales, además, se ordenó en el mismo ordenamiento la
liquidación y disolución de la Caja.
-
Fotocopias de las
comunicaciones enviadas por el presidente del Banco Agrario de Colombia a los
distintos despachos judiciales, informando que la Caja Agraria había sido
liquidada con fundamento en los Decretos 1064 y 1065 de 1999, y que el Banco
Agrario provenía de la reestructuración del establecimiento bancario denominado
Banco de Desarrollo Empresarial S.A.
-
Fotocopia de la
certificación expedida por la Superintendencia Bancaria de Colombia en la que
consta la naturaleza jurídica del Banco Agrario de Colombia, su constitución y
origen.
-
Fotocopia de la
Resolución N° 1726 de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria de
Colombia, “Por medio de la cual se dispone la toma de posesión inmediata de los
bienes, haberes y negocios de la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO,
así como su liquidación”.
-
Fotocopia del Decreto
255 de 2000, “Por medio del cual se asumen obligaciones de una entidad pública
en liquidación”.
Por su parte, la
Sala Octava de Revisión, mediante Auto del 14 de diciembre de 1999, le solicitó
al representante legal de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en
Liquidación, al presidente del Banco Agrario de Colombia y al superintendente
bancario, en su orden, que informaran al Despacho lo siguiente:
-
Si a los trabajadores
de la extinta Caja Agraria, en particular los que acudieron a la acción de
tutela, se les habían liquidado y pagado las prestaciones sociales a que tenían
derecho con motivo de la disolución de la mencionada entidad.
-
Cuales de los
trabajadores que acudieron a la acción de tutela habían sido vinculados a dicha
entidad, y cual la razón de dicha vinculación.
-
Se enviara una relación
detallada del trámite dado al proceso de liquidación de la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, en relación con su pasivo laboral.
En respuesta a estos
requerimientos, la apoderada general de Asuntos Jurídicos de la Caja Agraria en
Liquidación puso a disposición del Despacho la lista de los ex trabajadores de
la entidad cuyas prestaciones sociales fueron reconocidas y pagadas, indicando
con precisión el monto de tales prestaciones y lo recibido a título de
indemnizaciones y de bonificaciones, en los términos en que fueron establecidos
en el Decreto 1065 de 1999. (A folios 143ss.) Anexo a la presente Sentencia,
aparece el listado de los trabajadores que interpusieron acción de tutela y
cuyas prestaciones fueron reconocidas y pagadas, indicándose la fecha en que se
produjo el desembolso. En el caso de las demandantes Bojorge Vidal María Reina
y Hoyos Jaramillo Nelcy Lucía, señala la interviniente que los jueces de
segunda instancia tutelaron sus derechos al trabajo y ordenaron los respectivos
reintegros, circunstancia que ha impedido a la entidad en liquidación proceder
al pago de las indemnizaciones en los términos en que fueron reconocidas. (A
folios 452 y 453).
A su vez, el
presidente del Banco Agrario de Colombia le manifestó a la Sala Octava de
Revisión que: “Revisado el listado de nombres de los Accionantes que se adjunta
con su requerimiento, se constató que ninguno de aquellos se encuentra
vinculado mediante contrato de trabajo con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.,
hasta la fecha de respuesta de su solicitud.” (A folio 142)
Por su parte, la
superintendente bancaria, atendiendo a la información suministrada por el
gerente liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, presentó a la Corte un breve análisis del plan de retiro voluntario
al cual se acogieron –según afirma- 1.841 trabajadores, e igualmente, de los
derechos prestacionales que, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1065
de 1999, fueron reconocidos a un total de 7.698 trabajadores cuyos derechos
causados ascendieron  a la suma  total de $246.375 millones (A folios 237ss.).
A este informe se referirá la Sentencia en el acápite de las consideraciones,
razón por la cual no se profundiza sobre su contenido material.
Finalmente, durante
el trámite de revisión, el delegado para la Intermediación Financiera II de la
Superintendencia Bancaria, remitió a la Corte un informe suscrito por el
gerente liquidador de la Caja Agraria en el que explica, en forma detallada, la
manera como se manejó el tema de la seguridad social en relación con los
trabajadores y pensionados de la entidad antes y después de su liquidación (a
folios 270ss).
Sobre la forma como
eran prestados los servicios médicos por parte de la Caja Agraria, se indicó lo
siguiente:
“De acuerdo con lo
establecido en la Convención Colectiva de trabajo vigente al 27 de junio de
1999, y el Manual Administrativo de personal, antes de entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993, la asistencia en la prestación del servicio médico se
efectuaba de la siguiente manera:
“El personal que
ingresara a la Entidad mediante contrato de trabajo o de aprendizaje en sus
diversas modalidades y duración, salvo el clasificado como trabajador
accidental o transitorio, debía ser inscrito simultáneamente con la vinculación
laboral en el Régimen de los Seguros Sociales  obligatorios en el I.S.S., en
aquellas localidades donde dicha Institución prestara estos servicios.
“En la practica el
Departamento del Servicio Médico de la entidad, en la Sede  central, orientado
a la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios a través de
profesionales de la medicina y odontología así como clínicas y demás centros de
salud que fueran necesarios.
“Ahora bien, se
consideraban beneficiarios del servicio médico a cargo de la Caja Agraria a los
siguientes trabajadores:
a.
Trabajadores que laboran en
lugares donde el Seguro Social no tuviese establecido estos servicios.
b.
Trabajadores con antigüedad
superior a 15 años de servicios continuos o discontinuos, sin perjuicio de los
derechos  y obligaciones derivados de la afiliación al Seguro Social.
c.
Trabajadores que se
encontraban en comisión fuera de  su Sede habitual de trabajo dentro del país y
que estén afiliados al Seguro Social, pero en la localidad donde laboraban,
esta institución no presta sus servicios.
d.
Trabajadores inscritos al
I.S.S., y que se encontraban a la espera de cumplir los requisitos exigidos por
la reglamentación para obtener la prestación del servicio.
e.
Los pensionados que tenían
radicada su pensión en lugares donde el I.S.S. no prestaban sus servicios, el
pensionado aportaba mensualmente el 5% del valor de la mesada pensional para la
financiación de tales servicios.  Dicha asistencia sería prestada por la
oficina que paga la pensión, en las mismas condiciones y mediante el
cumplimiento de los requisitos estipulados para los trabajadores en actividad.
f.
Beneficiarios de sustituciones
pensiones conforme a la ley.
g.
Personal directivo señalado
por la Junta Directiva según Acta, comprendiendo exclusivamente a aquellos
titulares del cargo.
“En cuanto al pago
de los aportes, éstos se efectuaban en forma descentralizada a cargo de cada
una de las oficinas de la Caja Agraria en las localidades donde el I.S.S.
prestaba el servicio médico asistencial.
“De otro lado al
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, todos los trabajadores de la Caja
Agraria debieron ser afiliados al Sistema General de Salud a través de las
diferentes EPS seleccionadas por el trabajador a nivel nacional, conservándose
la prestación del servicio médico a cargo de la Caja Agraria, para los
trabajadores con antigüedad superior a 15 años sin perjuicio de los derechos y
obligaciones adquiridos con la ley 100 de 1993, además de los pensionados y
Directivos de la Entidad.
“Así mismo la Ley
100 de 1993 y demás disposiciones que regulan lo pertinente en materia de
Seguridad Social en Salud, establecieron que a partir del 1 de enero de 1995,
los pensionados de la Caja Agraria estaban obligados a afiliarse a una EPS para
que le prestaran los servicios de salud solicitados, en calidad de afiliados.
“El proceso de
autoliquidación de aportes establecido por la Ley 100 de 1993, se realiza de
forma descentralizada, por parte de las oficinas de la Caja Agraria la cual
incluye el pago de aportes de los pensionados que informaron la EP.S. a la cual
se afiliaron.
“Con motivo de
cierre y liquidación de la Caja Agraria se impartieron instrucciones a las
distintas oficinas de Banco Agrario para que efectuara el proceso de
autoliquidación de aportes hasta el día 27 de junio de 1999, además de informar
a las distintas EPS la novedad de retiro de todos los funcionarios de la Caja
Agraria, y que procediera a su vez a efectuar el pago de la autoliquidación de
aportes de los pensionados.
“Con respecto ala
afiliación de los pensionados al Sistema General de Salud, al llevarse a cabo
la liquidación de la Caja Agraria, se encontró que como la entidad prestaba
directamente todos los servicios de salud a sus pensionados éstos poco o ningún
contacto tenían en todo lo relacionado con las Entidades Promotoras de Salud,
desde su afiliación hasta la prestación del servicio, hecho que dio lugar a que
217 pensionados no seleccionara la correspondiente EPS como afiliados forzosos
de salud.  Es así como ante la disolución de la Caja Agraria y por ende la
suspensión en la prestación de los servicios médicos, los pensionados se vieron
avocados a utilizar el POS ofrecido por las distintas  Entidades Promotoras.
“Lo expuesto
anteriormente llevó a que el Gerente Liquidador  solicitará a todos y cada uno
de los pensionados arriba citados dentro de un plazo prudente que seleccionara
su EPS, pues en caso contrarío se haría uso de la facultad consagrada en el
numeral 14 del artículo 14 del Decreto 1485 del 94 que señala que el empleador,
esto es, Caja Agraria en Liquidación, “escogerá en su nombre la promotora de
salud y procederá afiliarlo”.
“En cumplimiento de
la citada nombra y ante la no escogencia de los servicios de salud se
impartieron instrucciones a las oficinas pagadoras  de pensiones del Banco
agrario para que se incluyera en la autoliquidación de aportes para salud de
aquellas EPS que tuvieran en mayor número de afiliados pensionados y que
cobraban  en la respectiva oficina actualizando la información pertinente  ante
la respectiva EPS.
“A la fecha, la Caja
Agraria en Liquidación se encuentra reuniendo la información básica para
centralizar el proceso de autoliquidación de aportes al Sistema General de
Salud,  con el propósito de regularizar la vinculación y aportes al sistema.
“Para aquellas
pensiones reconocidas a partir de la disolución de la Caja Agraria, los aportes
a la Seguridad Social se están haciendo de forma centralizada a través del
Consorcio Pensagro.
“De conformidad con
documento anexo constante de cinco folios,  denominado “listado de resoluciones
emitidas Plan A-B”, rendimos una relación detallada de la mesada pensional de
aquellos ex trabajadores que se acogieron a los Planes de retiro voluntario A y
B.
En relación con el
auxilio de maternidad reconocida a las ex trabajadoras, precisó el informe que:
El Decreto 1065 de
1999 autorizó la terminación de los contratos de trabajo de todos los
trabajadores de la Caja, como consecuencia de ello se dispuso el pago de las
indemnizaciones previstas en la Convención Colectiva las cuales ascendieron en
la mayoría de los casos a cantidades muy superiores a las que ordinariamente
consagran las normas laborales vigentes para los demás trabajadores del sector
oficial y privado.  Por concepto de sumas pagados por conciliaciones de mutuo
acuerdo según planes de retiro convenidos con el Sindicato e indemnizaciones
por despido la Caja debió pagar la suma de $206.054.419.194.07 durante el año
1999 que equivalen a U.S$ 114.000.000 aproximadamente, tal y como consta en el
anexo de relación de pagos a ex funcionarios.
Como la causal de
retiro era la supresión del empleo con pago de indemnizaciones no procedía
agotar ningún procedimiento previo de carácter judicial; administrativo o
disciplinario y así lo señaló expresamente el artículo 9 inciso 3 del Decreto
1065 de 1999.  Así mismo el artículo 9 del Decreto 1065 de 1999 dispuso que
para terminar los contratos de trabajos no se requeriría ningún procedimiento
previo de carácter judicial, administrativo o disciplinario.
En el caso de las
trabajadoras embarazadas cabe señalar que las terminaciones de sus contratos de
trabajos no obedecieron a su embarazo sino a la consecuencia de supresión del
empleo que venían desempeñado por la liquidación y disolución de la CAJA
AGRARIA.
De otra parte a las
trabajadoras que fueron afectadas por la supresión del cargo además de las
indemnizaciones prevista en la Convención Colectiva,  se les pagaron las
prestaciones legales, extralegales e indemnizaciones especiales que para estas
situaciones prevén las normas de los trabajadores oficiales, consistente en el
pago en dinero de la licencia de doce (12) semanas de descanso si la misma no
se ha disfrutado y una indemnización especial de sesenta (60) días prevista
para cuando el despido se produce dentro de los tres meses subsiguientes al
parto, a demás de que continuaron recibiendo los servicios de las Empresas
Promotoras de Salud (EPS) a las cuales se encontraban afiliadas según relación
adjunta.
Puede
apreciarse en los cuadros números 1 y 2, los cuales se anexan en 5 folios que a
la fecha se ha pagado un total de  $390.590.954.54 pesos M/Cte.  Por concepto
de maternidad, así como $1.350.548.oo pesos  M/Cte.  Por concepto de auxilio de
parto, $22.128.847.59 pesos M/Cte.  Por concepto de descanso remunerado en
virtud de la maternidad $65.035.026.51 pesos M/Cte.  Por concepto de lactancia
$107.545.807.50 pesos M/Cte.  Por concepto de otros aportes en cuanto
indemnizaciones por maternidad y $194.530.739.94 por concepto de otros aportes
para la licencia de maternidad.  De la misma manera el cuadro número dos
relaciona los ajustes solicitados por concepto de maternidad por valor de
$448.765.648 pesos M/Cte entre otros.
Concluye el escrito
señalando:
“Sorprende
que los ex trabajadores de la Caja Agraria en liquidación afirmen encontrarse
en mala situación económica cuando la gran mayoría de ellos recibieron jugosas
indemnizaciones convencionales que para el Tesoro Público conllevaron una
erogación de $248.354.088.748.86 de pesos M/Cte., equivalente a U.S.
131.000.000.oo aproximadamente, miles de millones de pesos que, dicho sea de paso,
en circunstancias diferentes el país hubiera podido destinar a atender muchas
necesidades sociales (salud, educación, vivienda) en lugar de verse obligado a
pagar como indudablemente era su deber las liquidaciones de un sector
extremadamente privilegiado dentro de toda la Administración Pública y dentro
del sector privado del país.”
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.      Competencia
1. La Corte Constitucional es competente
para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por las
Salas correspondientes y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2.      Procedibilidad de la presente
acción
2. Como se dijo en el acápite de
Antecedentes, la casi totalidad de las demandas de tutela incoadas
individualmente por distintos empleados de la Caja  Agraria, estiman que la
terminación unilateral de su contrato de trabajo con la referida entidad,
constituye una vulneración a sus derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad, a la dignidad, al debido proceso, de asociación sindical y de
negociación colectiva, a la protección especial a la maternidad, a la
estabilidad laboral,  a la garantía de estabilidad en el empleo, y a la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la ley.
Consideran que la violación o amenaza de
vulneración de los derechos y garantías antes enunciados, se produjo a partir
del momento en que, a consecuencia de lo dispuesto por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 1065 de 1999, se les impidió, con la concurrencia de la
fuerza pública, el ingreso a su habitual sitio de trabajo.
Estiman que el Banco Agrario de Colombia ha
sustituido a la Caja Agraria en su objeto social y operaciones comerciales, por
lo cual la empresa, el establecimiento o el negocio que venía perteneciendo a
la Caja Agraria, en lo sucesivo pertenecerá al Banco Agrario de Colombia. Así
las cosas, consideran que la Caja Agraria ha buscado destituirlos
intempestivamente, a fin de eludir la responsabilidad que se deriva de la
sustitución patronal que a juicio de ellos se presenta.
En vista de todo lo anterior, solicitan, en
la mayoría de los casos, su reintegro al cargo que venían desempeñando. En
casos aislados, piden el pago de la indemnización que les corresponde por
terminación unilateral del contrato, o la protección de los derechos a la
salud,  a la maternidad, u otras prestaciones acordadas convencionalmente.
3. Visto lo anterior, la Corte, con
fundamento en las disposiciones constitucionales y las contenidas en el Decreto
2591 de 1991, referentes a la procedibilidad de la acción de tutela como
mecanismo residual de protección inmediata de los derechos fundamentales,
estima que, a fin de determinar si la presente acción de tutela resulta
procedente o no, previamente debe constatar la inexistencia de otros mecanismos
alternos de defensa judicial, y, en caso de encontrar que dichos mecanismos
alternos sí existen y son adecuados para la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados, estudiar la viabilidad de la presente acción como
mecanismo transitorio, si estuviera de por medio la inminencia de consumación
de un perjuicio irremediable.
2.1    La procedibilidad de la presente
acción ante la existencia de otros mecanismos alternos de defensa judicial.
4. Es sabido que
la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de nuestra Constitución
Política, fue concebida como mecanismo de defensa y protección inmediata de los
derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio
de defensa judicial, salvo que, existiendo, se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular
que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su
eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho
fundamental violado o amenazado. Es, por tanto, como innumerables veces lo ha
dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporación, una acción residual y
subsidiaria, que no está llamada a proceder como mecanismo alterno o sustituto
de las vías legales de protección de los derechos.
En lo que tiene que ver con las
circunstancias que motivaron el ejercicio de las presentes acciones acumuladas,
de manera general la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido la
improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para resolver los conflictos
que se suscitan en torno de las relaciones laborales, a menos que los medios
ordinarios de defensa judicial existentes resulten insuficientes para conjurar
la vulneración de derechos fundamentales, como cuando está en juego la
satisfacción de las necesidades básicas inaplazables y la garantía del mínimo
vital de subsistencia de los trabajadores o de los pensionados. En este
sentido, para citar un ejemplo, la mencionada jurisprudencia ha indicado lo
siguiente:
“Ha de reafirmar
la Corte su jurisprudencia en el sentido de que, salvo en los casos de
perjuicio irremediable, o en los que no exista medio judicial idóneo para
defender los derechos fundamentales de la persona afectada -como cuando están
de por medio el mínimo vital o necesidades básicas inaplazables de personas
pertenecientes a la tercera edad-, no procede la acción de tutela para resolver
conflictos entre patronos y trabajadores. En cuanto a tales asuntos existen
normalmente vías judiciales aptas para la protección de los derechos violados o
amenazados, lo cual implica que es la jurisdicción ordinaria laboral la
encargada de proferir fallo de mérito sobre el particular.”[4]
Recientemente, la Corte ha reiterado este
criterio restrictivo de la procedencia de la acción de tutela para la
protección de derechos fundamentales vulnerados o desconocidos con ocasión de
la relación laboral, en Sentencia SU–995 de 1999[5],
en la que sostuvo al respecto lo siguiente:
“La acción de tutela sólo procederá como mecanismo para evitar que el
trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica. Con esta
referencia se busca dejar intacta la competencia de la jurisdicción laboral
ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y
graves que hacen urgente la intervención del juez de amparo[6].
Esta Corporación ha dicho al respecto:
“La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la
liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la
acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos
casos, ellos han sido excepcionales y, primordialmente, sustentados en la falta
de idoneidad del medio ordinario en los términos que se dejan expuestos,
relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las
que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el
amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente”[7]
“En el mismo fallo se afirma:
“Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del
trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo
vital (Cfr. sentencias T-426 del 24. de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero
de 1995, y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la
acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de
percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y
siendo ese su único ingreso (Cf. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992,
T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de
mayo de 1996 y T- 608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad
obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento,
procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cf. sentencia T-246
del 3 de junio de 1996); que es posible restaurar, por la vía del amparo, la
igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores,
para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un
pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo
indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cf. sentencia T-418 del 9
de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las
desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo
con el objeto de desestimular la asociación sindical´“ (sentencia SU-342 del 2
de agosto de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell).”
5. De lo anterior se concluye que sólo en
los casos excepcionales en los cuales el juez constitucional debe detener una
vulneración o amenaza de vulneración urgente y grave de derechos fundamentales,
procede la acción de tutela en materia laboral. Concretamente, en relación con
aquellos eventos en los cuales la controversia se suscita en torno a la
terminación del vínculo laboral, como sucede en el caso bajo examen, la Corte
ha sostenido igualmente que dicha acción tampoco es el mecanismo de defensa
judicial llamado a prosperar, dada su naturaleza residual frente a la
existencia de la jurisdicción ordinaria laboral, instituida para decidir los
conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de
trabajo, tal como lo dispone el artículo 1o. de la Ley 362 de 1997. Sobre el
particular la Corte ha sentado los siguientes criterios:
“En cuanto a las
pretensiones formuladas por los demandantes encaminadas a que el Juez de tutela
disponga el reintegro a los cargos que venían ejerciendo al momento de
proferirse el acto administrativo que dispuso la supresión de los cargos, cabe
igualmente anotar que, ella no resulta procedente, por cuanto "la
tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para
satisfacerlas, por cuanto como lo ha señalado esta Corporación, "no
se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la prosperidad
de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los casos
en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador
particular se le cancela el contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela
si se afirmara que por el hecho de que a una persona no se le permite continuar
trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al cargo. Solamente en
determinados casos, por ejemplo cuando la persona estuviera en una situación de
debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada, podría estudiarse si la tutela
es viable"[8]
(Negrilla y subrayas fuera del texto).[9]
6.
Adicionalmente a lo anterior, esta Corporación ha descartado también la
procedencia de la acción de tutela con miras a lograr el reintegro de personas
amparadas por el fuero sindical, con el mismo argumento que indica que para la
protección de este derecho está previsto en el ordenamiento jurídico otro
mecanismo judicial propio y específico, que excluye la utilización de la acción
de tutela para ese fin. Así, en torno al punto ha expresado lo siguiente:
“De conformidad
con el artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 6o.
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene por objeto la protección de
los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean amenazados o
vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular,
y dada su naturaleza de mecanismo subsidiario y residual, ella sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
“En cuanto a la
procedencia como mecanismo definitivo, con fundamento en la jurisprudencia
transcrita anteriormente, la tutela es improcedente por cuanto para la
protección de los derechos fundamentales de los peticionarios existe otro medio
de defensa judicial, con igual o mayor efectividad, como lo es la acción de reintegro
prevista en el artículo 118 del Código Sustantivo del Trabajo (sic[10]).
“En efecto, según
el artículo 1o. de la Ley 362 de 1997, a la jurisdicción del trabajo,
instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o
indirectamente del contrato de trabajo, le corresponde conocer de los asuntos
sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que
corresponde a los empleados públicos, en los términos y según el procedimiento
previsto en el Título 11 Capítulo XVI del C.P.T.
“En este mismo
sentido, dijo la Corte en la sentencia No. T-076 de 1998, originaria de esta
misma Sala de Revisión, que en principio resulta claro que la jurisdicción
laboral es la competente para conocer de los conflictos que se susciten por
razón del fuero sindical de los empleados públicos, mediante el agotamiento de
los procedimientos establecidos en el Código Procesal del Trabajo. Cabe
advertir que esta ley al atribuir la competencia a la jurisdicción del trabajo
para conocer de los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos,
tiene efecto general e inmediato.
“En consecuencia,
siendo la jurisdicción del trabajo la competente para decidir acerca de los
asuntos relacionados con el fuero sindical, de acuerdo a lo previsto en los
artículos 114 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, y el artículo 2o.
de la Ley 362 de 1997, mediante la consagración de un procedimiento eficaz y
especial, no le es dable al juez de tutela, sin perjuicio de la sustitución del
juez ordinario y de la usurpación de dichas funciones, resolver esas
controversias.
“No debe
olvidarse que la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria y no
es procedente cuando quiera que existan otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, lo que a juicio de la Corte no se encuentra fehacientemente
acreditado en este proceso, sino que por el contrario consta en autos que a los
demandantes se les reconocieron, como consecuencia de la supresión de sus
cargos, unas indemnizaciones.”[11]
(Resaltado por fuera del original)
En efecto, como lo anota la jurisprudencia antes citada, la acción
de reintegro por fuero sindical se tramita mediante un procedimiento
suficientemente breve y sumario como para excluir a la acción de tutela.  Según
el artículo 118 del Código Procesal del Trabajo:
“La demanda del
trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido sin
permiso del juez del trabajo, se tramitará conforme al procedimiento señalado
en los artículos 114 y siguientes de este código.”
A su vez, en lo
relevante, los artículos mencionados dicen:
“Artículo 114. Traslado y Audiencias. Recibida la
notificación, el juez, en providencia que se notificará personalmente y que
dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ordenará correr
traslado de ella al trabajador o trabajadores indicados en la solicitud y
citará a las partes para una Audiencia. En ésta, que tendrá lugar dentro de los
cinco (5) días siguientes, se intentará en primer plano la conciliación.
Fracasada ésta, en el mismo acto se practicarán las pruebas pedidas por las
partes y se pronunciará la correspondiente decisión.
“Si no fuere posible dictarla inmediatamente, se
citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días
siguientes, con este fin.”
“Artículo 117. Apelación. La decisión del juez será
apelable, en el efecto suspensivo, para ante el respectivo tribunal superior
del distrito judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los cinco (5)
días siguientes al en que sea recibido el expediente (sic).”
“Contra la decisión del tribunal no cabe ningún
recurso.”
Como se ve, la
acción de reintegro por fuero sindical otorga al accionante, no solamente una
protección integral, pues está encaminada al restablecimiento del derecho
propiamente dicho, es decir al reintegro, sino que además, es efectiva y eficiente,
pues se tramita por una vía lo suficientemente expedita.
7. En lo concerniente a la procedencia de
la acción de tutela para amparar los derechos fundamentales de trabajadoras
despedidas en estado de embarazo, la Corte ha decantado también una jurisprudencia
conforme a la cual dicha acción es pertinente sólo en determinadas
circunstancias que deben ser verificadas en cada caso por el juez
constitucional.[12]
Así, ha definido en relación con el punto, entre otras cosas, que: a) la
protección al trabajo de la mujer embarazada origina un derecho de rango
constitucional fundamental, defendible, en ciertas circunstancias, mediante la
acción de tutela, y b) que para la procedencia de la acción de tutela motivada
por el despido de una mujer embarazada, deben darse ciertas circunstancias,
adicionales al compromiso del mínimo vital.[13]
Respecto de las circunstancias adicionales
al compromiso del mínimo vital de la mujer embarazada, que deben estar
presentes para que la acción de tutela sea procedente, la Corte se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“Pues bien, la
comprobación fáctica que efectuará el juez constitucional debe evidenciar los
siguientes elementos para que proceda el amparo transitorio del derecho a la
estabilidad reforzada, a saber: a) que el despido se ocasione durante el
período amparado por el "fuero de maternidad", esto es, que se
produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto
(artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo). b) que a la fecha del despido
el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues
la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que
establece la ley.  c) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por
ende que el despido no está directamente relacionado con una causal objetiva y
relevante que lo justifique. En este sentido el Convenio 103 de la OIT,
relativo a la protección de la maternidad dispone la prohibición de despedir de
su empleo a una mujer por su estado de embarazo. d) que no medie autorización
expresa del inspector del trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada,
o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada
pública. e) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño
que está por nacer[14]”[15]
(Resaltado por fuera del original.)
Como en los casos acumulados al presente
expediente, en los cuales se demanda la protección a la maternidad por parte de
mujeres embarazadas o en período de lactancia, se evidencia que el motivo del
despido no fue el  mencionado estado de las tutelantes, la Corte concluye que,
conforme a la jurisprudencia transcrita, en principio no tendría cabida la
acción de tutela, pues no se da el presupuesto fáctico para su procedencia en
tales eventos. Y ello por cuanto lo que se pretende proteger mediante la
concesión transitoria del recurso de amparo en estos casos, es el derecho de la
mujer a no ser discriminada o rechazada por la circunstancia de su preñez,
concepto que se excluye per se, cuando se trata de una terminación
masiva de contratos de trabajo por desaparición de la entidad empleadora, como
la que se presenta en el caso ahora bajo examen.
2.2    La eventual ocurrencia de un perjuicio
irremediable
8. Refiriendo al caso bajo examen los
anteriores criterios reiteradamente sostenidos por esta Corporación, la Corte
estima que, prima facie, la acción incoada por los aquí demandantes, en
general resulta improcedente. En efecto, la discusión planteada en todas las
demandas acumuladas, se centra en torno a la terminación de la relación laboral
existente entre los actores y la Caja Agraria, y de las consecuencias que de
dicha terminación se derivan para los accionantes, aspectos que, por tratarse
de relaciones de trabajo regidas por el Código Sustantivo del Trabajo dada la
condición de trabajadores oficiales de los actores es de competencia de la
jurisdicción ordinaria laboral.[16]
No obstante, la acción aquí interpuesta podría ser de recibo, si del acerbo
probatorio recopilado en el expediente se llegara a la conclusión de que la
defensa de los derechos fundamentales que los actores estiman vulnerados, sería
inane por los mecanismos judiciales ordinarios intentados ante la jurisdicción
mencionada.
Así las cosas, resulta menester analizar si
los demandantes se encuentran en situación inminente de sufrir un perjuicio
irremediable, que determine la procedencia de la presente acción.
9. El concepto
de perjuicio irremediable ha sido perfilado nítidamente por esta Corporación en
jurisprudencia sistemáticamente reiterada desde 1993, en la cual se  dijo:
“Para determinar la irremediabilidad del
perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos
que configuran su estructura, como la inminencia,  que exige medidas
inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.  La concurrencia de
los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio
y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.  Con respecto al
término "amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la
simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal
irreparable y grave de manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de
evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del
daño o menoscabo material o moral.
“Al examinar cada
uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
“A).El perjuicio
ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente".
Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o
menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto
aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque
no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación
natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que
oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
“B). Las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario
de la Real
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la
oportunidad de la urgencia.
“C).No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a
uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad,
sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la
persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe
ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
“D).La urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión
y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social.
“De acuerdo con
lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay
ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”[17]
2.3    Proceso de terminación de la
relación laboral entre la Caja Agraria y los aquí accionantes. Inexistencia de
un perjuicio irremediable.
10. Vista la anterior jurisprudencia,
corresponde a la Corte determinar si la situación fáctica en la que se
encuentran actualmente los aquí accionantes, corresponde a la de inminencia de
sufrir un perjuicio irremediable entendido en los términos arriba transcritos,
que haga impostergable una acción del juez de tutela tendiente a suspender la causa
del mismo. Para ello encuentra que resulta necesario estudiar la manera como se
produjo la terminación del contrato de los demandantes, y, en especial,
verificar si el perjuicio que dicha terminación supuestamente les produjo o les
está produciendo, ha sido reparado de alguna manera satisfactoria.
11. Mediante el Decreto 1065 del 26 de
junio de 1999, el presidente de la República en ejercicio de las facultades que
le fueron conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, dispuso la
disolución y liquidación de la Caja Agraria. En consecuencia, prohibió a la
entidad iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto, salvo aquellas
encaminadas estrictamente a lograr su liquidación, suprimió los cargos y
empleos desempeñados por servidores públicos mediante contrato de trabajo
(artículo 8°), y dispuso que para la terminación y liquidación de los mismos se
aplicarían las reglas generales que sobre el particular establecía el artículo
15 del Decreto 1064 de 1999 y aquellas otras contempladas en el mismo Decreto
1065 en comento.
El artículo 9° del Decreto 1065 de 1999,
determinó que la terminación de los contratos de trabajo operaría sin necesidad
de procedimiento previo de carácter judicial, administrativo o disciplinario.
Así mismo dispuso el reconocimiento a cada trabajador de una bonificación
equivalente al valor de la indemnización correspondiente por despido
injustificado, salvo para aquellos trabajadores oficiales que se hubieran
acogido al plan de retiro voluntario ofrecido por la Caja Agraria, a los cuales
se les liquidaría el contrato con las bonificaciones previstas en el referido
plan.
En relación con aquellos trabajadores que
hubieren sido indemnizados por despido injustificado, el inciso 4° del artículo
9° en comento, estableció que si con posterioridad prestaran sus servicios a
otras entidades con participación estatal en su capital, ello no produciría el
fenómeno de la sustitución patronal. Así mismo, previó que, dada la disolución
y liquidación de la entidad y el pago de la bonificación, no procedería en
ningún caso la acción de reintegro.
En relación con el pasivo pensional de la
Caja Agraria, el artículo 10° del Decreto 1065 de 1999, indicó que el mismo
sería asumido por la Nación, Ministerio de Trabajo, a través del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.
12. De su parte, el Decreto 1064 de 1999,
por el cual el presidente de la República, en uso de las facultades conferidas
por el numeral 3° del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, adoptó el régimen
para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, dispuso en su
artículo 15 que constituía justa causa de terminación de los contratos de
trabajo de los trabajadores oficiales, la supresión de cargos y empleos
desempeñados por ellos por efecto de la disolución y liquidación de la entidad
para la cual prestaran sus servicios.
13. Con anterioridad a la expedición de los
decretos referidos, la Caja Agraria, en vista de la situación patrimonial y
financiera por la que atravesaba, que la abocaba a su inminente disolución y
liquidación conforme a las normas que regían su actividad, ofreció a sus
trabajadores un plan de retiro voluntario conciliado que contempló las
siguientes opciones: Plan A: Para trabajadores con requisitos causados para
pensión de jubilación conforme a la convención colectiva de trabajo vigente[18], un auxilio por retiro
incrementado en un 10%[19].
Plan B: Para trabajadores con 20 años o más de servicio a la entidad y edades
entre 50 y 54 años si se trataba de un hombre, y entre 45 y 49 se trataba de
una mujer. Con este plan se habilitó la edad para el reconocimiento de la
pensión de jubilación convencional[20]
y se incluyó un pago de auxilio de retiro para pensión, establecido en la
convención colectiva de trabajo.[21]
Plan C: Para trabajadores que no cumplían con los requisitos establecidos para
acceder a los planes A y B mencionados. Con este plan se reconoció una suma
conciliatoria equivalente al valor de la indemnización establecida en la
convención colectiva de trabajo, según el tiempo de servicio para cada caso,
incrementado en un 10%.[22]
En desarrollo de estos planes de retiro conciliado se acogieron 1.841
trabajadores, cuyo pago total fue de cincuenta y seis mil trescientos doce
millones de pesos ($56’312.000.000)[23]
De otra parte, aquellos trabajadores que no
se acogieron al plan de retiro conciliado referido anteriormente, fueron
indemnizados de conformidad con lo previsto en el Capítulo III, artículos 8°y
9° del Decreto 1065 de 1999 el cual, a disponía llevar a cabo las
indemnizaciones de conformidad con lo establecido por la Convención Colectiva
vigente. En virtud de lo anterior, la Caja Agraria en Liquidación reconoció y
pagó en el término legal la suma de ciento noventa mil sesenta y tres  millones
de pesos ($190’063.000.000) discriminados así:
- Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos
diecisiete millones de pesos ($154’717.000.000)  por las bonificaciones
equivalentes a las indemnizaciones de 5.857 ex trabajadores.
- Treinta y cinco mil trescientos cuarenta
y seis millones de pesos ($35’346.000.000), por prestaciones legales y
extralegales para esos mismos ex trabajadores. [24]
14. En
concordancia con la información anterior, y  de conformidad con lo reseñado en
el acápite de Antecedentes, obra en el expediente prueba que indica que la
totalidad de los aquí accionantes fue indemnizada por la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero en Liquidación.  En efecto, como se dijo, el
magistrado sustanciador requirió a dicha entidad  a fin de que informara a la
Sala Octava de Revisión a cuáles de las personas aquí demandantes les habían
sido pagadas sus prestaciones sociales como consecuencia de la disolución de la
Caja Agraria, requerimiento que fue respondido informando que todas ellas
habían sido indemnizadas, y relacionando los montos concretos de la liquidación
particular de las prestaciones sociales, indemnizaciones y bonificaciones
establecidas en el Decreto 1065 de 1999, pagadas a los ex trabajadores que aquí
incoan la acción de tutela.
15. En vista de lo anterior, la Corte
aprecia que el pago de la anterior indemnización en principio excluye la
posibilidad de conceder la presente acción como mecanismo transitorio, por
cuanto el posible perjuicio irremediable que hubiera podido irrogar el despido
masivo de los trabajadores de la Caja Agraria, a la fecha ha sido remediado
mediante el pago de una indemnización cancelada en los términos de la
convención colectiva y de las disposiciones legales vigentes en el momento de
su reconocimiento. La indemnización por la terminación unilateral del contrato
de trabajo, consagrada en el Decreto referido bajo el nombre de bonificación,
constituye una reparación anticipada del daño que recibe el trabajador a causa
de su despido, y por lo mismo excluye lógicamente la presencia del perjuicio
irremediable.
Las acciones aquí acumuladas,[25] sostienen que los
accionantes se encontraban,  al  momento de  presentar la demanda,  expuestos
a  la inminente realización de un perjuicio irremediable consistente en:
a) La perdida imprevista del empleo, y por ende de todos los beneficios legales
y extralegales (convencionales), como única fuente de ingreso. b) La pérdida de
su estabilidad laboral, entendida como expectativa cierta y fundada de
conservar el empleo en cuanto se cumpla con las obligaciones laborales. c ) La
reducción personal a una situación de miseria económica, con consecuencias
sobre el núcleo familiar de los tutelantes.  d) El maltrato y atropello de que
fueron objeto al ser despedidos.
A juicio de la Corte el pago de la
indemnización mencionada repara efectivamente todos los perjuicios o daños que
los accionantes alegan haber recibido - los anteriormente reseñados - pues les
permite proveer a la satisfacción de sus necesidades vitales durante el período
en que estén cesantes, descartando la situación de miseria económica que
mencionan. Así, no existe un perjuicio irremediable e inminente, que exija del
juez constitucional la adopción de medidas urgentes tendientes a evitar un daño
grave. En lo que concierne a daño que se deriva del despido, este ha sido
indemnizado en los términos legales, incluso respecto de aquellas personas que
se encontraban en situaciones particulares que merecían una especial
protección, como pudiera serlo el caso de las mujeres en estado de embarazo o
lactancia, o los trabajadores afectados de enfermedades, o en situación de
incapacidad médica.
Acogiendo la doctrina según la cual la
reparación de un daño puede darse en forma “restitutoria (devolución del
mismo bien o restablecimiento de la situación afectada por la acción dañosa), reparadora
(entrega de una suma equivalente al daño causado comprensiva del daño emergente
y del lucro cesante) o compensatoria (entrega de una suma o de un bien
que no repara el daño en su integridad pero mitiga sus efectos negativos)”[26], tenemos que la
bonificación pagada a los ex trabajadores de la Caja Agraria, se ubica dentro
de una de estas dos últimas categorías jurídicas de reparación del daño o
perjuicio. Por ello, la Corte insiste en que la “reparación del daño” efectuada
mediante la indemnización, “remedia” el perjuicio irrogado, por lo cual, aunque
resulte obvio y parezca un juego de palabras, el mismo perjuicio ya no puede
considerarse “irremediable”. No está pues en peligro, en ninguno de los casos
acumulados, la satisfacción de las necesidades básicas inaplazables y la
garantía del mínimo vital de subsistencia de los trabajadores.
16. En lo que concierne al perjuicio
irremediable que según los trabajadores se deriva de la pérdida de su
estabilidad laboral, debe la Corte recordar que “el derecho al trabajo, al
ser reconocido como fundamental, exige la protección a su núcleo esencial, pero
no trae consigo la facultad de obtener una vinculación concreta... Así las
cosas, debe entenderse que el derecho al trabajo no consiste en la pretensión
incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado
por el arbitrio absoluto del sujeto, sino en la facultad, in genere, de
desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo indeterminados.” [27] Lo
anterior, por cuanto “frente a la estabilidad existen variadas
caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la
estabilidad "precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y
remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de
discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de
considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde
con la estabilidad absoluta.”[28]
Así, la estabilidad laboral llamada
absoluta, no hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al trabajo
protegible a través de la acción de tutela, a menos que, por circunstancias
especiales, éste elemento esté en una relación de conexidad inescindible con
dicho núcleo fundamental, como sería el caso en el cual el oficio en particular
que se desempeña, es el único que podría llevar a cabo el trabajador que invoca
la protección. En este sentido, la jurisprudencia ha hecho también las
siguientes precisiones:
“Una derivación
del derecho al trabajo podría convertirse en parte esencial del mismo derecho,
cuando concurren, a lo menos, varios elementos, como son la conexidad necesaria
con el núcleo esencial del derecho en un caso concreto, la inminencia de un
perjuicio si se desconoce el hecho, merecimiento objetivo para acceder al
oficio o para ejercerlo, la necesidad evidente de realizarlo como única
oportunidad para el sujeto.”[29]
“El derecho a
permanecer en un puesto determinado, a estar vinculado a cierta institución o a
ejercer la actividad laboral en un sitio específico, no constituyen propiamente
derechos fundamentales, sino prerrogativas derivadas del derecho al trabajo
que, en principio, no son amparables por vía de tutela. No obstante, la Corte
ha establecido que la protección ofrecida por la acción de tutela es viable, si
logra demostrarse de manera particular, que la afectación de un derecho sin
rango fundamental afecta a uno que sí lo tiene.”[30]
17. En relación
con la estabilidad laboral que los actores estiman desconocida, y que ha sido
analizada precedentemente en sus implicaciones frente a la procedibilidad de la
acción de tutela, la Corte estima que la determinación acerca de la existencia
o inexistencia de la figura de la sustitución patronal y sus incidencias frente
a la pretensión de reintegro que formulan los accionantes, escapa la
competencia del juez de amparo.  Ello por cuanto, como se dijo, la estabilidad
laboral no es en sí misma un derecho fundamental, objeto de protección
inmediata a través de la acción de tutela, salvo en aquellas circunstancias
especiales en que la garantía de dicha estabilidad compromete así mismo el
núcleo esencial del derecho al trabajo, como se analizó anteriormente. Así, la
presencia de esta figura y la derivación de sus consecuencias, corresponde al
juez laboral.
Las consideraciones anteriores llevan a la
Corte a concluir que en principio la presente acción resulta improcedente, aun
como mecanismo transitorio. No obstante, las circunstancias ulteriores que se
presentaron después de la interposición de las tutelas aquí acumuladas, y en
especial la declaratoria de inexequibilidad de los Decretos 1064 y 1065 de
1999, llevada a cabo por esta Corporación mediante Sentencia C-918 de 1999[31],  ameritan
consideraciones particulares adicionales, que la Corte expone a continuación.
4.      La declaración de inexequibilidad de los Decretos
1064 y 1065 de 1999 y sus incidencias frente a la procedibilidad de la presente
acción de tutela
18. Como se dijo, esta Corporación,
mediante Sentencia C-918 de 1999[32],
declaró la inexequibilidad de los Decretos 1064 y 1065 de 1999, en razón de que
los mismos se habían expedido con fundamento en las facultades extraordinarias
que le habían sido conferidas al presidente de la República por el artículo 120
de la Ley 489 de 1998, el cual a su turno había sido declarado inexequible por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999[33]. Inexequibilidad que,
en los términos de este último fallo,  surtió efectos "a partir de la
fecha de la promulgación de la Ley 489 de 1998", es decir, desde el 29 de
diciembre de 1998, fecha en la cual fue insertada en el Diario Oficial No.
43458.
19. El Gobierno Nacional, en ejercicio de
las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 120 de
la Ley 489 de 1998, norma esta cuya inexequibilidad se declaró por la Corte en
Sentencia C-702 de 20 de septiembre de 1999, desde la fecha de su promulgación
según se acaba de expresar, dictó los decretos 1064 y 1065 de 26 de junio de
1999, publicados ambos en el Diario Oficial N° 43615 de la misma fecha.
Mediante el artículo 1° del Decreto 1065 de
1999, se dispuso, a partir de la fecha mencionada, “la disolución y liquidación
de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., creada por la Ley 57 de
1931”. Así mismo el artículo 8° de dicho Decreto dispuso que “como consecuencia
de la disolución y liquidación” de la entidad crediticia aludida, “se suprimen
todos los cargos y empleos existentes en la entidad desempeñados por servidores
públicos vinculados mediante contrato de trabajo”, norma esta que guarda
estrecha armonía con el artículo 9° del mismo Decreto, en el cual se preceptúa
que, como efecto de la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero y de la supresión de cargos y empleos desempeñados por
trabajadores oficiales en esa entidad, “se terminarán todos los contratos de
trabajo, para lo cual no se requerirá adelantar ningún procedimiento previo de
carácter judicial, administrativo o disciplinario”.
20. La Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-918 de 18 de noviembre de 1999, declaró “inexequibles en su
totalidad, a partir de la fecha de su promulgación, los Decretos–Leyes 1064 y
1065 de 1999”, bajo la consideración de que, si las facultades extraordinarias
concedidas al presidente de la República a que se refiere el artículo 120 de la
Ley 489 de 1998 fueron declaradas inexequibles desde la fecha de expedición de
dicha Ley, la consecuencia jurídica necesaria que se deriva de tal declaración,
es que el Congreso de la República no se desprendió nunca conforme a la
Constitución de su facultad de legislar en esas materias, ni tampoco tuvo el
presidente de la República dichas facultades como legislador extraordinario.
21. El 19 de noviembre de 1999, el
Superintendente Bancario, en uso de sus              atribuciones legales y en
especial de las que le confieren los artículos 114, 115, 116, 117, 291, 326
numeral 5° literal d) y 328 numeral 2° del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, modificados por la Ley 510 de 1999, expidió la Resolución 1726 de
1999 mediante la cual dispuso “tomar inmediata posesión de los bienes, haberes
y negocios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero”, con el fin de
dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 115 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 21 de la Ley 510 de 1999. Así
mismo, mediante esa misma Resolución, ordenó la liquidación de los bienes,
haberes y negocios de la Caja Agraria.
El artículo 7° de la Resolución 1726 en
comento, dispuso su notificación en la forma prevista en el numeral 4° del
artículo 24 de la Ley 510 de 1999, advirtiendo, no obstante, “que la ejecución
de la medida de toma de posesión procederá inmediatamente”. El artículo 9° de
la misma Resolución, señaló que, de conformidad con lo previsto en el numeral
4° del artículo 291 del estatuto Orgánico del Sistema Financiero,  contra la
misma procedía el recurso de reposición, el cual, sin embargo, de ser
interpuesto no suspendería la ejecutoria de las medidas dispuestas en ella.
Esta Resolución hizo referencia al hecho de
que después de la Sentencia C-918 de 1999, que declaró la inexequibilidad del Decreto
liquidatorio de la Caja Agraria, la situación jurídica y financiera de dicha
entidad se retrotraía a su estado inicial, esto es al que se presentaba en el
momento de la expedición de tal Decreto, situación que era de absoluta
inviabilidad financiera. En efecto, en la parte de consideraciones de la citada
Resolución 1726, se describe la siguiente situación económica en la mencionada
entidad:
“ Su relación de
patrimonio adecuado es de cero (0), inferior al mínimo legal del 9% establecido
en el Decreto 673 de 1994...
“(…)
“Su patrimonio neto,
incluido el capital garantía, es negativo en $266.574 millones, cifra inferior
al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado, configurándose
la causal de disolución prevista en el artículo 457 del Código de Comercio y,
de la toma de posesión prevista en el artículo 114, letra g) del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, modificado y adicionado por el artículo 20 de
la Ley 510 de 1999.
“(…)
“...a la fecha, la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero no posee las condiciones
indispensables para desarrollar adecuadamente su objeto social y adicionalmente
no existen mecanismos que permitan superar la situación económica y financiera
puesta de manifiesto en los considerandos precedentes de forma tal que pueda
mejorar el respaldo y las condiciones para que los depositantes, ahorradores e
inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias...”
22. Se observa por la Corte que de acuerdo
con lo dispuesto por la Resolución No. 1726 de 19 de noviembre de 1999,
proferida por la Superintendencia Bancaria, la toma de posesión de los bienes,
haberes y negocios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a que ella
se refiere, debe entenderse como un acto independiente de los Decretos 1064 y
1065 de 1999, en virtud de los cuales se dispuso el despido de los trabajadores
y empleados de la Caja así como el pago de sus respectivas indemnizaciones. La
entidad no fue propiamente disuelta por efecto de aquella resolución, sino que
esa medida fue ordenada por el Decreto 1065 de 26 de junio de 1999 declarado
inexequible por la Sentencia C-918 de 18 de noviembre del mismo año.
23. Siendo ello así, la discusión sobre la
legalidad de la terminación unilateral de las relaciones laborales con los
empleados de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, entidad todavía no
disuelta pero cuya toma de posesión con fines liquidatorios fue ordenada por la
Superintendencia Bancaria, ha de adelantarse ante la jurisdicción ordinaria,
pues la complejidad de las controversias jurídicas que surgen de esa situación
concreta, exigen una discusión amplia para que las decisiones correspondientes
se adopten por los jueces competentes, con el lleno de los requisitos que la
ley señala para el cumplimiento del debido proceso judicial.
24. No obstante lo anterior, es también
claro que, con base en lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto No. 663 de 1993) y en el Código de Comercio (Decreto-Ley
410 de 1971), la Superintendencia Bancaria bien podía disponer la toma de
posesión para efectos de liquidación de la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero, como en efecto lo hizo mediante la Resolución No. 1726  de 19 de
noviembre de 1999. De hecho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 114 literal
g) del Estatuto Financiero, la entidad se encontraba incursa en causal para
aplicar esta determinación. Dicha norma reza:
“Art. 114.- Modificado. L. 510/99, art. 20.
Causales. 1.
Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de
los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida, previo
concepto del consejo asesor y con la aprobación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público:
“ (…)
“g) Cuando se
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito.
“ (…) “
Cabe anotar que, conforme se señala en la
parte motiva de la Resolución 1726, el patrimonio neto de la Caja Agraria,
incluido el capital de garantía, era negativo en $ 266.574 millones de pesos,
cifra inferior al 50% de su capital suscrito, y su relación de patrimonio
adecuado era de cero (0), inferior del mínimo legal del 9% establecido en el
Decreto 673 de 1994. Por ello,   como se ha dicho, la entidad se encontraba
incursa en causal para su liquidación.
La Resolución de la Superintendencia
Bancaria fue expedida en uso de sus atribuciones legales y en especial las que
le confiere el citado artículo 114 y demás artículos pertinentes del Estatuto
Orgánico del sistema Financiero, modificado por la Ley 510 de 1999, y en ella
se invoca, además, la causal de disolución prevista en el artículo 457 del
Código de Comercio. Aunque no deja de advertir la Corte que la resolución fue
dictada al día siguiente de aprobada la sentencia C-918 -aunque ciertamente
antes de su notificación-, cuando bien pudiera haberlo hecho con anterioridad
dada la situación de insolvencia en que se encontraba esa entidad, no es menos
cierto que, para el caso bajo examen, se trata de un hecho consumado.
5.      Las situaciones particulares de
algunos de los tutelantes.
25. De manera general, como puede
apreciarse en el cuadro que se transcribe en el acápite de Antecedentes, las
demandas de tutela acumuladas en el presente caso solicitan al juez
constitucional que proteja los derechos que se estiman desconocidos,
profiriendo una orden de reintegro al cargo que venían desempeñando los
actores, o a otro de igual o superior categoría, y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde que fueron despedidos hasta la fecha del
reintegro. Excepcionalmente algunos formulan solicitudes diferentes: reclaman
el pago de sus prestaciones sociales y de las indemnizaciones a que tienen
derecho por despido injustificado o el reconocimiento de la pensión que les fue
denegada dentro del programa de retiro voluntario para disfrutar de pensión que
lanzó la Junta Directiva de la Caja Agraria antes comentado, o el
restablecimiento de la asistencia médica dada su situación de salud, o la
protección a la maternidad en los casos de embarazo o lactancia, la reapertura
de la guardería “Alegrías” y el reintegro a ese plantel educativo del menor
hijo del tutelante en cuestión. Algunos solicitan el reintegro al Banco Agrario
de Colombia, la reubicación como mecanismo transitorio, la reestructuración o
reapertura de la Caja Agraria, el cierre del Banco Agrario de Colombia, el
acceso a las antiguas instalaciones de la Caja Agrario para poder trabajar, o
la suspensión de los efectos del Decreto 1065 de 1999.
La generalidad de las demandas se dirigen
contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación y el Banco
Agrario de Colombia S.A. Excepcionalmente están interpuestas en contra del
presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público y de
Agricultura y el jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Esta diversidad de situaciones amerita
pronunciamientos expresos respecto de las circunstancias particulares
anteriormente descritas, que la Corte entra a exponer:
5.1    Solicitud
de pago de las prestaciones sociales y de las indemnizaciones a que hay lugar
con motivo de la terminación del contrato de trabajo
26. Como se ha dicho anteriormente, y como
consta dentro del acervo probatorio allegado al expediente, a la fecha de la
presente decisión la totalidad de los aquí demandantes ha sido indemnizada y se
ha pagado la suma correspondiente a la liquidación de las prestaciones sociales
pendientes al momento de la terminación del vínculo laboral. De esta manera,
respecto de la solicitud correspondiente que se formula con algunas de  las
demandas, la Corte estima que cualquier decisión al respecto resulta superflua
por carencia actual de objeto, por lo cual se inhibirá de proferirla. Por este
aspecto, la presunta vulneración de derechos, resulta ser un hecho superado.
5.2    Solicitudes
de protección tendientes a obtener por la vía de la acción de tutela el
reconocimiento de la pensión del accionante
27. En lo que tienen que ver con aquellas
solicitudes de protección, tendientes a obtener por la vía de la acción de
tutela el reconocimiento de la pensión que les fue denegada  a los
peticionarios dentro del programa de retiro voluntario para disfrutar de esta
prestación que lanzó la Junta Directiva de la Caja Agraria, al cual se hizo
referencia anteriormente, o el reconocimiento del mismo derecho dentro del
programa de retiro voluntario que la misma Junta lanzó en el año de 1996[34], la Corte estima que
en manera alguna puede acceder a tales solicitudes. En efecto, reiterada
jurisprudencia ha desestimado la procedencia de la acción de amparo para los
referidos propósitos, con fundamento en la consideración según la cual la
pensión no constituye en sí misma un derecho fundamental de eficacia directa y
aplicación inmediata, sino uno de rango prestacional sujeto para su
reconocimiento a la demostración de los requisitos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico para ser beneficiario del mismo. El reconocimiento o la
negativa de la susodicha prestación, llevado a cabo con fundamento en la
verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley, es asunto que
compete a las autoridades administrativas obligadas, y su decisión puede ser
recurrida por la vía gubernativa e impugnada ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Por ello, en principio, por la vía de la acción de tutela no es
posible obtener el reconocimiento del derecho a la pensión. En este sentido la
Corte ha dicho:
“La acción de
tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de una pensión ya
reconocida por la institución de seguridad social respectiva. Sin embargo,
cuando se trata de una pensión que aún no ha sido reconocida, el particular
tiene derecho a obtener una decisión por parte de la administración con base en
su derecho fundamental de petición, sin que ello lo libere de la obligación de
cumplir con el trámite legal previsto para el reconocimiento.
“En efecto, al
Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones que
deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, pues fuera de
carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio
indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y
efectividad se propende. En este sentido ha sido clara la jurisprudencia de la
Corporación en indicar que “los fallos emitidos en materia de acción de tutela
no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de
estos se predica su
carácter legal”.[35]
En aquellos
casos concretos acumulados al presente expediente, en los cuales la solicitud
es el reconocimiento y pago de la pensión conforme a los planes de retiro
voluntario ofrecidos por la Caja Agraria en 1996 o en 1999, (expedientes
T-254497 y T-254559 sólo respecto de Luis Alberto Benjumea Ocampo) aparte de
tratarse, como quedó dicho, de un derecho de rango no fundamental, no encuentra
la Corte que los accionantes estén en una situación que, determinada por el no
reconocimiento mencionado, comprometa el mínimo vital de subsistencia, pues el
pago de la indemnización llevado a cabo por su antiguo empleador, descarta esta
posibilidad. Iguales consideraciones resultan aplicables al caso del expediente
T- 238271 (correspondiente al peticionario Armando Meléndez Viloria), en el
cual la tutela se incoa con miras a obtener el reintegro al cargo que ocupaba
el accionante, o en su defecto el reconocimiento de la pensión en los términos
generales de la Convención Colectiva.
En el caso concreto del expediente
T-251077, cuyo peticionario es el señor Jesús Aníbal Pallares Vergel, la
protección que se pide se refiere al derecho de petición que el accionante
estima vulnerado por la falta de respuesta de la Caja Agraria a una solicitud
suya de definición sobre calificación de invalidez, de la cual pende, a su vez,
el reconocimiento de la correspondiente pensión. Como la Sala observa que no
existen pruebas dentro del expediente que acrediten que tal solicitud fue
respondida, confirmará las decisiones de instancia que ordenaron, en tutela del
derecho de petición, que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, hoy en
liquidación, responda la solicitud presentada por el accionante el día 28 de
mayo de 1999, cuya copia obra al folio 109 del cuaderno correspondiente.
5.3    Solicitudes
de restablecimiento de la asistencia médica y entrega de medicamentos
28. De conformidad con la información que
obra en el expediente, suministrada por el liquidador de la Caja de Crédito
Agrario en Liquidación, y remitida al Despacho del magistrado sustanciador por
el superintendente delegado para el Área de Intermediación Dos,[36], la Corte aprecia lo
siguiente:
Al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993,
todos los trabajadores de la Caja Agraria debieron ser afiliados, como en
efecto lo fueron, al sistema de Seguridad Social en Salud previsto en ella[37], a través de una de
las diferentes empresas promotoras de Salud (E.P.S.) seleccionada en cada caso
por el trabajador. Sin embargo, para los trabajadores con antigüedad superior a
quince (15) años, para los pensionados y para los directivos de la entidad, se
conservó adicionalmente la prestación del servicio médico que anteriormente
prestara la Caja Agraria en forma directa. Al liquidarse la entidad, las
autoridades impartieron instrucciones para efectuar el proceso de liquidación
de aportes hasta el día 27 de junio de 1999, y para informar a las distintas
E.P.S. la novedad de retiro de todos los funcionarios de la Caja Agraria.
La Corte no aprecia en el anterior
procedimiento nada diferente de la consecuencia normal que se sigue a la
terminación de cualquier contrato de trabajo. Si como efecto de dicha
terminación se interrumpió posteriormente la prestación del servicio de salud a
alguno de los antiguos empleados de la Caja Agraria, no puede colegirse de este
hecho la vulneración por parte del antiguo empleador del derecho a salud de
quienes estuvieran solicitando la prestación concreta del servicio, pues  su
reconocimiento se derivaba justamente de la relación contractual laboral que
ahora había finiquitado. La posibilidad de acceder a las prestaciones
provenientes del derecho a la seguridad social en salud de los aquí
accionantes, terminó simultáneamente con el contrato de trabajo. En efecto, las
obligaciones patronales concernientes a este tipo de prestaciones, cualquiera
que sea la forma establecida para su reconocimiento, no se extienden sino por
el término del contrato.
De otro lado, la indemnización reconocida a
los actores, y la posibilidad que tienen de afiliarse al Sistema de Seguridad
Social en Salud por cualquiera otra de las formas de vinculación que prevé la
Ley 100 de 1993 y su normatividad complementaria (como trabajadores
dependientes en una nueva relación laboral, como trabajadores independientes, o
a través del SISBEN), excluye la situación de perjuicio irremediable que daría
lugar a la procedencia de la presente acción.
Adicionalmente, la situación de
desprotección en los riesgos de salud de los empleados de la Caja Agraria no
fue intempestiva ni inmediata a la terminación de los contratos de trabajo,
conforme a lo preceptuado por el artículo75 del Decreto Reglamentario 806 de
1998, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Una vez
suspendido el pago de la cotización como consecuencia de la finalización de la
relación laboral o de la pérdida de la capacidad de pago del trabajador
independiente, el trabajador y su núcleo familiar gozarán de los beneficios del
plan obligatorio de salud hasta por treinta (30) días más contados a partir de
la fecha de desafiliación, siempre y cuando haya estado afiliado al sistema
como mínimo los doce meses anteriores.
“Parágrafo:
Cuando el usuario lleve cinco (5) años  o más de afiliación continua a una
misma entidad promotora de salud tendrá derecho a un período de protección
laboral de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de desafiliación. “
29. Caso especial merece el tema de la
seguridad social en salud de los pensionados, pues a ellos la Caja Agraria
prestaba directamente todos los servicios de salud, aunque, de otro lado,
estuvieran también afiliados al Plan Obligatorio de Salud (P.O.S) prestado por
alguna E.P.S., conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993. Así las
cosas, ante la liquidación de la Caja, si bien se suspendieron los servicios
médicos que ésta prestaba directamente a sus pensionados, no por ello quedaron
desprotegidos en cuanto a salud se refiere, pues continuaban y continúan ahora
con la posibilidad de utilizar los servicios del P.O.S correspondiente a la
E.P.S a la que están afiliados.
Sin embargo, el hecho de que la Caja
continuara prestando directamente el servicio a los pensionados, hizo que 217
de ellos no seleccionaran en su momento oportuno la E.P.S. de su preferencia
como afiliados forzosos en salud, por lo cual, al momento de la liquidación de
la Caja Agraria, no presentaban afiliación a tal sistema.[38] Ante esta situación,
el gerente liquidador procedió de la siguiente manera, según información
suministrada por él mismo:
“Lo expuesto
anteriormente, llevó a que el Gerente Liquidador solicitara a todos y cada uno
de los pensionados arriba citados que dentro de un plazo prudente seleccionara
su E.P.S, pues en caso contrario se haría uso de la facultad consagrada en el
numeral 14 del Decreto 1485 del 94 que señala que el empleador, esto es, la
Caja Agraria en Liquidación, “Escogerá en su nombre la promotora de salud y
procederá a afiliarlo... A la fecha, la Caja Agraria en Liquidación se
encuentra reuniendo la información básica para centralizar el proceso de auto
liquidación de aportes al Sistema General de Salud, con el propósito de
regularizar la vinculación y aportes al Sistema... Para aquellas pensiones
reconocidas a partir de la disolución de la Caja a Agraria, los aportes a la
Seguridad Social se están haciendo en forma centralizada a través del Consorcio
Pensagro ...”
De todo lo anterior, la Corte concluye que
la salud de todos los pensionados de la Caja Agraria quedará en lo sucesivo
cubierta a través del P.O.S prestado por cualquiera de la E.P.S. autorizadas,
conforme a las disposiciones generales que regulan la materia, y que el gerente
liquidador de la entidad ha actuado con diligencia para evitar que los riesgos
de salud de los pensionados queden desamparados. No obstante, como es posible
que algunos de los 217 pensionados que no habían sido afiliados al P.O.S aun
permanezcan en esta situación, y entre ellos figure alguno de los aquí
accionantes que solicita continuidad en la prestación de asistencia médica o en
el suministro de medicamentos, la Corte estima que debe ordenar la inmediata
vinculación de todos a dicho Plan, si aun no se ha producido, y la prestación a
ellos de los servicios médicos y de suministro de medicamentos por parte de la
Caja Agraria en Liquidación, mientras que las respectivas empresas promotoras
de salud asumen en su totalidad dichas obligaciones. En consecuencia, así se
ordenará en la parte resolutiva del la presente Providencia.
En especial, la
Corte estima que con fundamento en la obligación legal que competía a la Caja
Agraria de afiliar a sus pensionados al Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), es
responsabilidad de esta entidad, ahora en liquidación, asumir los costos de la
atención médica  que no sean cubiertos por las E.P.S en virtud de carencia de
períodos mínimos de cotización, respecto de aquellos pensionados que no fueron
oportunamente afiliados.
5.4    Solicitudes
de la protección a la maternidad en los casos de embarazo o lactancia
30. Como se dijo en el acápite de
Antecedentes, varias de las acciones aquí acumuladas fueron interpuestas por
madres embarazadas o en período de lactancia, solicitando la protección
especial a la maternidad que prevén las normas constitucionales y legales
pertinentes, protección que debe darse, en el sentir de las actoras a través de
una orden de reintegro proferida por el juez de tutela.
A juicio de la Corte, como se dijo
anteriormente, la circunstancia de que la causal de retiro de los trabajadores
de la Caja Agraria radique en la liquidación de la Entidad, hace que la
terminación de los contratos de trabajo de las empleadas embarazadas o en
período de lactancia, no pueda ser objeto de protección por la vía de esta
acción, pues como se dijo, dentro de los requisitos que conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación deben estar presentes para que la acción de
tutela proceda como mecanismo de defensa judicial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de las madres embarazadas, se encuentra el de que
el despido se haya producido por razón misma de la maternidad. En el presente
caso resulta obvio que la terminación del contrato se produjo a consecuencia de
la liquidación de la entidad y no de la circunstancia del embarazo.
Por ello mismo, es decir por cuanto la
causa de la terminación no fue la maternidad, el inciso 3° del artículo 9° del
Decreto 1065 de 1999 dispuso que para la referida desvinculación de tales
empleadas de la Caja Agraria no procedía agotar ningún procedimiento previo de
carácter judicial, administrativo o disciplinario. Al amparo de dicha norma,
presuntamente constitucional, se llevó a cabo la finalización de la relación
contractual con todas las que en ese momento estaban en tal situación.
Adicionalmente a lo anterior, tal y como
fue informado al Despacho del magistrado sustanciador por el gerente liquidador
de la Caja Agraria, a las trabajadoras en estado de embarazo o cobijadas por el
período de lactancia materna, “además de las indemnizaciones previstas en la
Convención colectiva, se les pagaron las prestaciones legales, extralegales e
indemnizaciones especiales que para estas situaciones prevén las normas de los
trabajadores oficiales, consistente en el pago de la licencia en dinero de la
licencia de doce (12) semanas de descanso si la misma no se ha disfrutado y una
indemnización especial de sesenta (60) días prevista para cuando el despido se
produce dentro de los tres meses subsiguientes al parto, además de que
continuaron recibiendo los servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)
a las cuales se encontraban afiliadas.”
En total, según la misma fuente probatoria
anteriormente mencionada, “a la fecha se ha pagado un total de trescientos
noventa millones quinientos noventa mil novecientos cincuenta y nueve pesos con
cincuenta y cuatro centavos M/ cte. ($390’590.959.54) por concepto de
maternidad, así como un millón trescientos cincuenta mil quinientos cuarenta y
ocho pesos M/cte. ($1’350.548.00) por concepto de auxilios de parto, veintidós
millones ciento veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta
y nueve centavos ($22’128.847.59), por concepto de descanso remunerado en
virtud de maternidad, sesenta y cinco millones treinta y cinco mil veintiséis
pesos con cincuenta y un centavos M/cte. ($65’035.026.51), por concepto de
lactancia, ciento siete millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos
siete pesos con cincuenta centavos M/cte. ($107’545.807.50), por concepto de
otros aportes en cuanto a indemnizaciones por maternidad y ciento noventa y
cuatro millones quinientos treinta mil setecientos treinta y nueve pesos con
noventa y cuatro centavos M/cte. ($194’530.739.94) por concepto de otros
aportes para la licencia de maternidad.”[39]
De la información precedente, la Corte
concluye que la Caja Agraria no desconoció la protección especial que la
Constitución prescribe para la maternidad, ni irrogó a las madres un perjuicio
irremediable. Todo lo contrario, proveyó a la satisfacción de las necesidades y
prestaciones que se originan en estas circunstancias, por lo cual no resulta
procedente impartir orden alguna para la defensa de los mencionados derechos.
31. Ahora bien, en examen del acervo
probatorio allegado al expediente, la Corte pudo apreciar que no todas las
madres que incoan la acción para la protección de la maternidad, han sido
indemnizadas por este concepto a la fecha. No obstante, sí han recibido, todas
ellas, la indemnización general motivada por despido injustificado, reconocida
a todos los trabajadores de la Caja Agraria desvinculados. Así las cosas, aun
en estos casos, el pago recibido excluye la situación de perjuicio
irremediable, pues provee a su subsistencia y a la de sus hijos mientras se
produce la indemnización correspondiente, que comprende el pago en dinero de la
licencia de doce (12) semanas de descanso si la misma no se ha disfrutado y  a
la indemnización especial de sesenta (60) días prevista para cuando el despido
se produce dentro de los tres meses subsiguientes al parto. Pago que, de no
producirse, puede ser demandado por las vías ordinarias.
5.5    Solicitudes relativas a la
reapertura de la Guardería Alegrías y el reintegro a ese plantel educativo de
los  menores hijos de los tutelantes.
32. Algunas de las acciones de tutela
acumuladas al presente expediente, solicitan al juez constitucional que ordene
la reapertura de la Guardería Infantil Alegrías y el reintegro inmediato del
hijo o hija del tutelante a la mencionada institución. Sostienen en este caso
los accionantes, que dicha Guardería suministraba a los menores alojamiento
durante la jornada diaria, alimentación y educación preescolar, cuidado y
atención, transporte puerta a puerta, seguridad social en salud y recreación,
que se prestaban en virtud de un contrato, a cambio del pago de una pensión
estipulada por la prestación de los mencionados servicios. Afirman que
coetáneamente con la orden de liquidar la Caja Agraria, proferida por el
Gobierno Nacional, se impidió el ingreso de sus hijos a la mencionada
institución, llevándose a cabo un cierre intempestivo, imprevisto e inconsulto
de la misma.
En relación con la anterior solicitud de
protección, la Corte considera que, al igual que aquellas prestaciones
referentes a la seguridad social en salud, ellas se deben al trabajador
mientras dura la relación laboral y concluyen a la terminación del contrato de
trabajo, pues la fuente de tales obligaciones a cargo de la Caja Agraria es el
contrato de trabajo; por lo cual, una vez verificado este hecho, en principio,
el empleador no incumple con ninguna obligación, ni desconoce ningún derecho si
suspende su reconocimiento, pues la obligación ya no existe. En efecto, el
derecho de los trabajadores de la Caja Agraria para utilizar los servicios de
la Guardería Infantil Alegrías, se originaba justamente en su condición de
empleados de aquella entidad, pues la institución educativa en mención era de
la Caja Agraria, y estaba instituida para atender a los hijos de sus
trabajadores.
33. No obstante lo anterior, la Corte
aprecia que, por tratarse del derecho a la educación y, en particular, siendo
ésta la  educación de menores de edad, la forma intempestiva en la que se
produjo el cese de actividades del mencionado plantel educativo pudo haber
irrogado una lesión al derecho a la educación de los menores que acudían a él,
al impedirles la culminación del período lectivo que cursaban, partiendo del
supuesto de que ello hubiera implicado que los menores no encontraran un
plantel de preescolar donde ubicar a sus hijos durante el tiempo que restaba de
aquel período escolar. En efecto, esta decisión produjo la desescolarización
inmediata de tales niños, impidiéndoles continuar el proceso educativo normal
que recibían en esa institución, en circunstancia que por lo imprevista, hacía
difícil para sus progenitores encontrar inmediatamente un plantel sustituto
para terminar ese período preescolar.
A pesar de la corta edad de los menores, no
es fácil sostener, en el estado actual de desarrollo de las ciencias educativas
preescolares, que la posible suspensión del proceso educativo como consecuencia
del cierre de la guardería Alegrías no hubiera de repercutir en su proceso de
formación.  Siendo tales repercusiones prácticamente imposibles de evaluar en
el corto plazo, era necesario tomar medidas preventivas al respecto, para
evitar cualquier amenaza de vulneración del derecho a la educación de los hijos
de sus trabajadores, por la forma rápida como se tomó la decisión de liquidar
la Caja Agraria.  En este sentido, las autoridades encargadas de adelantar el
proceso de liquidación de la Caja Agraria, han debido tomar las medidas
adecuadas para prevenir cualquier eventual desescolarización, otorgando a los
menores la posibilidad de culminar el período lectivo iniciado y a sus padres
la oportunidad de encontrar otro plantel sustituto, bien sea en la guardería
Alegrías, o consiguiendo los respectivos cupos en algún otro plantel similar.
Sin embargo, la Corte aprecia que, a la
fecha de la presente decisión, la hipótesis planteada revelaría, en todo caso,
las notas de un hecho consumado.  Por ello, no es posible retrotraer la
situación al estado inicial que se presentaba antes de la vulneración de los
derechos fundamentales descrita. En efecto, en este momento han transcurrido
más de ocho meses desde el momento en el que dicha institución ha desaparecido
de hecho y jurídicamente con la liquidación de la Caja Agraria. Así las cosas,
además, no sería posible impartir la orden de reintegro de los menores que
solicitan los tutelantes.  Adicionalmente, como se explicó arriba, la causa del
derecho de acudir a esta institución eran los contratos de trabajo de los
empleados de la Caja Agraria, hoy en día terminados.  Por las razones
antedichas, y no por las aducidas por los juzgadores de instancia, la Corte
confirmará las sentencias que denegaron las acciones de tutela incoadas para la
referida pretensión de reintegro a la Guardería Infantil Alegrías.
5.6    Caso especial del expediente
T-259188
34. En el caso
del expediente T-259188, cuyo peticionario es el señor Jaime Wilson Páez
Martínez, como se dijo en el acápite de Antecedentes, el accionante relata que
el día 10 de febrero de 1999, elevó ante la Caja Agraria una petición
solicitando obedecer el contenido de la Sentencia del Juzgado Promiscuo del
Circuito del Silvia (Cauca), confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Popayán, que lo absolvía de las imputaciones delictuosas por las que fue
procesado y determinaba su reintegro al puesto de trabajo que ocupaba en la
mencionada entidad. Dicha solicitud fue reiterada el 22 de julio del mismo año,
no obstante lo cual, para la fecha de interposición de la acción, el demandante
no había obtenido ninguna respuesta por parte de la Caja Agraria, por lo cual
estimó violados sus derechos de petición y de igualdad.
El juez que
conoció la acción de tutela en primera instancia (Juez Cuarenta y Uno Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá), tuteló el derecho de petición del actor,
ordenando a la Caja Agraria responder a su solicitud en el término de cuarenta
y ocho (48) horas. Impugnada la anterior decisión, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad la revocó argumentando que con oficio de
agosto 3 de 1999, la Caja había dado respuesta a la solicitud del peticionario,
al indicarle que era necesario que comprendiera la situación de liquidación por
la que atravesaba la entidad y pidiéndole que remitiera  nuevamente copia del
memorial del 10 de febrero con el cual había formulado su petición inicial.
Contrariamente a
lo que sostiene el h. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, la Corte aprecia que la anterior comunicación no satisface el derecho
de petición del accionante. En efecto, aunque con fundamento en lo preceptuado
por el artículo 6° del Código Contencioso Administrativo, las autoridades
pueden indicar al peticionario que no resolverán sus solicitudes dentro del
término legal de quince días que les concede dicha norma, al hacerlo deben
señalar los motivos de la demora y la fecha en la que se resolverá su
solicitud. Indicaciones que no se hicieron en el caso presente, pues la Caja
Agraria se limitó a pedir nueva copia de la petición insatisfecha, y a requerir
“comprensión” por parte del peticionario, dada la situación de liquidación por
la que atravesaba.
El derecho de petición,
como innumerables veces lo ha reiterado esta Corporación, exige de la
Administración una respuesta adecuada y oportuna a la solicitud planteada, que
resuelva efectivamente el pedimento de la persona que lo invoca. En efecto, en
relación con esta obligación que incumbe a las autoridades administrativas, la
jurisprudencia ha señalado:
Por lo menos tres
exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la
administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por
ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión.
Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En
segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se
plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe
esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al
peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser
oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los
derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando
ella es tardía.[40]
En virtud de las
anteriores consideraciones, en la parte resolutiva de la presente Sentencia, la
Corte ordenará a la Caja Agraria en liquidación, responder, en el término de
cuarenta y ocho horas, la solicitud formulada por el peticionario.
5.7    Solicitudes
relativas al reintegro al Banco Agrario de Colombia, la reubicación como
mecanismo transitorio, la reestructuración o reapertura de la Caja Agraria, el
cierre del Banco Agrario de Colombia, el acceso a las antiguas instalaciones de
la Caja Agrario para poder trabajar, o la suspensión de los efectos del Decreto
1065 de 1999
35. En cuanto a
la solicitud formulada por algunos de los aquí accionantes, relativa a su
reintegro al  Banco Agrario de Colombia, la Corte aprecia que las
consideraciones hechas en los fundamentos 15 a 17 de la parte considerativa de
la presente Sentencia, son suficientes para desestimar la petición de
protección formulada en esos términos. En efecto, la circunstancia de que la
situación de hecho que se presenta no sea  la que configuran los supuestos fácticos
y jurídicos de la figura de la sustitución patronal que prevén las leyes del
trabajo, aunado al carácter no fundamental del derecho a la estabilidad laboral
absoluta, impiden a la Corte, en el presente caso, acceder a la petición de
reintegro referida.
De igual manera, aquellas acciones incoadas
como mecanismo transitorio, buscando que el juez de tutela ordene la
reubicación temporal en algún cargo, o la reapertura de las oficinas del Caja
Agraria para poder acudir nuevamente a trabajar, deben ser desestimadas con
fundamento en las consideraciones precedentes, expuestas a lo largo del
presente proveído, relativas a la ausencia de un perjuicio irremediable que
justifique tal decisión. Adicionalmente, por cuanto no se trataría de una
reubicación, sino de una nueva vinculación en puestos de trabajo distintos y
con base en un fundamento jurídico diferente, pues, como ya se dijo, el
contrato de trabajo con la Caja Agraria se terminó, primero con base en
disposiciones que para el momento estaban cobijadas por la presunción de
constitucionalidad y, posteriormente, con base en una decisión de la
Superintendencia Bancaria cuya legalidad no ha sido desvirtuada.
36. En cuanto a las tutelas interpuestas
con el propósito de que el juez de amparo ordene la reestructuración o
reapertura de la Caja Agraria o el cierre del Banco Agrario de Colombia, la
Corte estima que tal pretensión desborda sus competencias. En efecto, las
disposiciones jurídicas hoy en día vigentes, que ordenan la toma de posesión
para liquidación de la Caja Agraria, y la cesión de activos y pasivos de esta
entidad al Banco Agrario de Colombia, contenidas en la Resolución 1726 de 1999,
emanada de la Superintendencia Bancaria, son normas de carácter general
impersonal y abstracto, que contienen determinaciones contrarias a la solicitud
de los accionantes, y que no son susceptibles de ser debatidas por la vía de la
acción de tutela, al tenor de lo dispuesto por el numeral 5° del artículo 6°
del Decreto 2591 de 1991,  que expresamente indica que esta acción no resulta
procedente cuando se trate de actos de la mencionada naturaleza.
De acceder a la solicitud que en este
sentido formulan los accionantes, la Corte estaría desbordando su propia
competencia, impartiendo una orden de naturaleza meramente administrativa  que,
como tal, corresponde al Gobierno Nacional. En efecto, la facultad para
determinar la estructura de la Administración Pública, creando entidades,
reestructurándolas u ordenando su liquidación, en ningún evento corresponde a
la Jurisdicción Constitucional, la cual tiene una órbita de competencia
claramente establecida por las normas superiores, que no incluye la adopción de
decisiones como la que pretenden los demandantes. Por las razones antedichas la
Corte deniega de plano las solicitudes formuladas en tal sentido.
En cuanto a la petición de suspensión de
los efectos del Decreto 1065 de 1999, aparte de que la que misma carece
actualmente de objeto por cuanto el mismo fue retirado del ordenamiento
jurídico por esta Corporación, que lo consideró inexequible, debe recordarse,
igualmente, que conforme al citado numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela resulta improcedente para tales efectos.
5.8    Demandas dirigidas en contra del
presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público y de
Agricultura y del jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública
37. Finalmente la Corte debe referirse a
aquellas demandas no incoadas en contra de la Caja Agraria y el Banco Agrario de
Colombia, como es el caso general, sino dirigidas contra el presidente de la
República, los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y el
jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública.
A este respecto estima que existe una legitimación
pasiva en la causa en las mencionadas acciones, en cuanto ellas se dirigen
contra los mencionados funcionarios demandados, quienes suscribieron el Decreto
1065 de 1999 que inicialmente dispuso la terminación de los contratos de
trabajo de los empleados de la Caja Agraria. En este sentido, si dicho despido
hubiera sido considerado como una vulneración de  derechos fundamentales de los
accionantes, evidentemente tal desconocimiento les sería directamente
imputable.  No obstante, estima que todas las consideraciones vertidas en el
presente fallo, que llevan a concluir en la improcedencia de la acción de
tutela, aun como mecanismo transitorio, pueden igualmente extenderse a dichos
funcionarios en este caso.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: CONFIRMAR las sentencias de
única y segunda instancia que decidieron no conceder las acciones de tutela
acumuladas al proceso T-238271, con excepción de la Sentencia de segunda
instancia proferida dentro del expediente T-259188.
Segundo: REVOCAR la Sentencia de
segunda instancia proferida dentro del expediente T-259186 y, en su lugar, CONCEDER
la protección solicitada ordenando a la Caja Agraria en liquidación, responder,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta
Sentencia, la solicitud formulada por el peticionario.
Tercero: CONFIRMAR la Sentencia de
segunda instancia proferida dentro del expediente T-251077, sólo en cuanto
ordenó la protección del derecho de petición del actor.
Cuarto: REVOCAR las sentencias
proferidas en única o en segunda instancia dentro de los expedientes T-248429,
T-251242, T-253357, T-254295, T-256289, T-258394, T-260823 y T-262343, en
cuanto accedieron a las peticiones formuladas en las respectivas demandas, y en
su lugar, DENEGAR el amparo solicitado por las razones expuestas en la
parte motiva de esta Sentencia.
Quinto: ORDENAR de
conformidad  con lo expuesto en el numeral 28 de la parte considerativa de esta
Sentencia, que, dentro de los diez (10) siguientes a su notificación, la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación proceda a la vinculación
de todos los pensionados al Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), si aun no se ha
producido, asumiendo en forma directa la prestación de los servicios médicos y
de suministro de medicamentos, mientras que las respectivas empresas promotoras
de salud se hacen cargo de dichas obligaciones en los términos fijados por la
ley.
Cuarto: DESE cumplimiento a lo
previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
Auto 077/00
Referencia:
expediente T-238271 y acumulados
Aclaración y
corrección de la parte resolutiva de la Sentencia SU.879/00
Peticionario:
Armando Meléndez Viloria y Otros
Demandado: Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación y Banco Agrario de Colombia
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,D.C. dieciseis (16) de
agosto de dos mil (2000)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
Que en el numeral Quinto de la parte
resolutiva de la sentencia SU.879 de 2000, por error se omitió indicar que el
plazo que se concede para que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
en Liquidación proceda a la vinculación de todos los pensionados al Plan
Obligatorio de Salud (P.O.S.), es de diez (10) días.
Que resulta necesario corregir el anterior
error,
RESUELVE
Corregir el numeral quinto de la parte
resolutiva de la sentencia SU.879 de 2000, en el sentido de indicar que el plazo
que se concede es de diez (10) días. Por lo tanto, dicho numeral quedará así:
“Quinto: ORDENAR de conformidad con lo
expuesto en el numeral 28 de la parte considerativa de esta Sentencia, que,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero en Liquidación proceda a la vinculación de todos
los pensionados al Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), si aun no se ha
producido, asumiendo en forma directa la prestación de los servicios médicos y
de suministro de medicamentos, mientras que las respectivas empresas promotoras
de salud se hacen cargo de dichas obligaciones en los términos fijados por la
ley”.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 083/00
Referencia:
expediente T-238271 y  acumulados
Aclaración y
corrección de la parte resolutiva de la sentencia SU.879/00
Peticionario:
Armando Meléndez Viloria y otros
Demandado: Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación y Banco Agrario de Colombia
Magistrado Ponente
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Bogotá, D.C., trece
(13) de septiembre de dos mil (2000).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
Que en la parte
resolutiva de la Sentencia SU.879 de 2000 se enumeraron incorrectamente las
distintas decisiones contenidas en ella, de manera tal que la última que dice
“Cuarto: DESE cumplimiento a lo previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991”, ha debido ser numerada como “Sexto” y no como “Cuarto”.
Que resulta
necesario corregir el anterior error,
RESUELVE:
Corregir la parte
resolutiva de la Sentencia SU.879 de 2000, de manera tal que en lo sucesivo la
última de las decisiones que se contienen en ella esté numerada como “Sexto”.
Por lo tanto dicho numeral quedará así:
“Sexto: DESE
cumplimiento a lo previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
Aclaración de
voto a la Sentencia SU.879/00
SENTENCIA DE
TUTELA-Superficialidad
(Aclaración de voto)
Referencia:
expediente T-238271 y acumulados.
Propuse a la Sala que se estudiara con
mayor detenimiento y a la luz de la jurisprudencia que esta Corte ha sentado en
relación con los distintos derechos fundamentales a que hacían referencia las
demandas, si el medio judicial ordinario, suficiente para desplazar a la acción
de tutela, era en todos los casos idóneo para el propósito constitucional de
asegurar aquéllos en forma inmediata y completa.
A mi juicio, situaciones como las de las
mujeres que se encontraban embarazadas en el momento del despido o las
referentes a los niños de los empleados, que resultaron excluidos de la
guardería infantil, han sido estudiadas, en la ponencia y en el Fallo, en una
forma superficial que no comparto.
En efecto, fundar la improcedencia de la
tutela en el hecho de que ciertas prestaciones se brindan únicamente mientras
permanece la relación laboral, cuando lo que se controvertía era precisamente
si esa ruptura del vínculo de trabajo había sido legítima o, por el contrario,
había vulnerado los derechos fundamentales invocados, no es otra cosa que
justificar el acto sometido a verificación apelando a la existencia de ese mismo
acto.
En esa forma, el conjunto de situaciones
provocadas a partir de un Decreto (el 1065 de 1999), que fue declarado
inexequible por esta Corte desde el momento mismo de su expedición, cuando la
Corte reconoce que la Caja Agraria no fue propiamente disuelta por efecto de la
Resolución que dictara la Superintendencia Bancaria, lo cual pone en tela de
juicio de manera integral la legitimidad de los actos que repercutieron en los
derechos fundamentales afectados, merecía un cotejo completo y detallado por
parte del juez de tutela, máxime si se tiene en cuenta que por situaciones
menos graves la Corte Constitucional ha concedido la protección solicitada por
estimar ineficaz el medio ordinario para restablecer ciertamente los derechos
fundamentales de las personas.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra
[1]
Cfr., entre otros, el formato de demanda contenido en el expediente T-238749
[2]
Cfr., entre otros, el expediente T-253008
[3]
Cfr., entre otros, el expediente T-242837.
[4]
Sentencia SU-667 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[5]
M.P Carlos Gaviria Díaz
[6] Se pueden consultar, entre otras, las
sentencias: T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-125 de 1994. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[7] Corte Constitucional Sentencia T-01 de 1997.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[8]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. SU-645 de 1997. MP. Dr. Fabio Morón
Díaz
[9]
Sentencia T-729 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
[10]
La alusión corresponde al art. 118 del Código Procesal del Trabajo.
[11]
Ibídem
[12]
Al respecto pueden consultarse entre otras las sentencias T-373 de 1998, T-426
de 1998, C-470 de 1997 y T- 736 de 1999.
[13]
Cf. Sentencia T-736 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[14]
Sobre los elementos que deben demostrarse para que proceda la acción de tutela,
puede verse el fundamento jurídico No. 13 de la sentencia T-373 de 1998.
[15]
Sentencia T-426 de 1998 M.P Alejandro Martínez Caballero
[16]
Cf. Decreto Ley 3135 de 1968, artículo 5°. Decreto Reglamentario 1848 de 1969,
artículos 1° y 3°
[17]
Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18]
Según el artículo 41 de la Convención vigente el monto de la pensión es
equivalente al 75% del promedio de salario devengado durante el último año de
servicios.  A su vez, para efectos de determinar el salario base se
contabilizan, según la Convención: a) un primer factor fijo compuesto por: el
sueldo, prima de antigüedad y técnica y; b) un segundo factor variable,
compuesto por salario en especie, auxilio de transporte, incentivo de
localización, gastos de representación, primas semestrales, primas habituales o
permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos
devengados durante los últimos 180 días o más y las sobre remuneraciones para
los cargos superiores desempeñados provisionalmente.  Todos estos valores
variables se suman, se dividen por 12 y se multiplican por 0.75, con lo cual se
compone el segundo factor.
[19]
De acuerdo con el artículo 43 de la Convención, el auxilio para jubilación equivale
a 10 sueldos mínimos básicos convencionales, que para 1999 era de $441,764.60
según la formula establecida en el artículo 5°.  Agregado el 10%, en el caso de
quienes se acogieron a los planes de retiro voluntario, el equivalente es
entonces a 11 sueldos básicos mínimos convencionales mensuales, es decir, un
total de $4’859,410.60.
[20]
Los requisitos convencionales para la jubilación son: a) tener más de 20 años
de servicio y; b) tener 50 años de edad para mujeres y 55 para los hombres.
[21]
Ver nota 14.  Esto equivale a un total de $4’417,646°°.
[22]
Estas las determina la convención colectiva así:
·
Para trabajadores con menos de un año  de servicios: 125 días de
su último salario.
·
Para trabajadores con más de un año y menos de cinco: 125 días de
su último salario y 33 días por cada año adicional al primero y
proporcionalmente por fracción
·
Para trabajadores con más de cinco años y menos de diez: 216 días
de su último salario y 45 por cada año adicional al primero y proporcionalmente
por fracción.
·
Para trabajadores con más de diez años de servicio: 167 días de
su último salario más 48 por cada año adicional al primero y proporcionalmente
por fracción o por reintegro ordenado por un juez, conforme al artículo 58 de
la Convención.
Las cifras resultantes de las operaciones anteriores
se aumentan en un 10% para determinar los montos individuales de las
indemnizaciones de quienes se acojan al Plan C de retiro voluntario.
[23]
Información suministrada a la Sala de Revisión por la Superintendente Bancaria,
Sara Ordóñez Noriega, que obra en el expediente a los folios 237 a 239 del
cuaderno principal.
[24]
Ibídem
[25]
Al respecto puede consultarse el formato de demanda utilizado en la casi
totalidad de las acciones acumuladas.
[26]
Sentencia C- 531 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[27]
Sentencia T-047 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[28]
Sentencia SU- 250 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero
[29]
Sentencia T-047 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[30]
Sentencia T-800 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[31]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[32]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[33]
M.P. Fabio Morón Díaz
[34]
Este programa de retiro voluntario fue ofrecido en 1996 a los empleados
pendientes de ubicación.
[35]
Cfr. Sentencias T-038 de 1997, T-093 de 1995, T-477 de 1993, T-392 de 1994,
T-220 de 1994   T-513 de 1998.
[36]
Folios 271 a 286 del cuaderno principal.
[37]
Información suministrada por el liquidador de la Caja de Crédito Agrario en
Liquidación, y remitida al Despacho del magistrado sustanciador por el
superintendente delegado para el Área de Intermediación Dos, que obra en el
expediente al folio 273 del cuaderno principal.
[38]
Ibídem, folio 274 del cuaderno principal
[39]
Ibídem, folio 277 del cuaderno principal
[40]
Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz