T-443-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-443/08
(8 de Mayo)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas y especiales de procedencia
ARBITRAMENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL-Características
generales
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional contra laudo
arbitral
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Causales de procedibilidad
LAUDO ARBITRAL-Clases de defectos
La vía de hecho por defecto orgánico en materia
arbitral, ocurre cuando los árbitros han obrado manifiestamente por fuera del
ámbito definido por las partes, o excediendo las limitaciones establecidas en
el pacto arbitral o en la Constitución y la ley, al pronunciarse sobre materias
no transigibles. Así mismo, es necesario que se haya interpuesto dicho recurso
en forma oportuna contra el laudo que se ataca, y que luego de su resolución
subsista el defecto orgánico. Las meras discrepancias respecto de la
interpretación de la propia competencia del tribunal arbitral no son
suficientes para configurar este tipo de vías de hecho. Dado que son en
principio los árbitros quienes están llamados a decidir el alcance de su
competencia con base en la habilitación de las partes, el juez de tutela sólo
puede determinar  en ese caso si han incurrido en un exceso manifiesto, por
salirse en forma protuberante del ámbito de su competencia. La vía de hecho
procedimental en materia arbitral ocurre, cuando se ha adoptado el laudo en
forma completamente ajena al procedimiento establecido legal o
convencionalmente para el proceso arbitral respectivo, y con ello se ha
incurrido en una vulneración directa del derecho de defensa y de contradicción
de las partes. Además, cuando dicha vulneración directa ha sido determinante
del sentido del laudo atacado de forma tal que si no se hubiera incurrido en
ella se habría llegado a una decisión arbitral distinta en ese caso concreto.
Dijo la Corte que, cuando alguna de las partes de un proceso arbitral
considere  que en su caso el Tribunal de arbitramento incurrió en una
arbitrariedad que desconoce el debido proceso y esta no cuadre dentro de las
cuales de los recursos existentes, procederá la tutela para estudiar de fondo
el problema jurídico existente. Por último, la vía de hecho por defecto fáctico
se configura en eventos en los cuales los árbitros han dejado de valorar una
prueba determinante para la resolución del caso, han efectuado su apreciación
probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o han fundamentado
su valoración de las pruebas con base en una interpretación jurídica
manifiestamente irrazonable. Es necesario que en estos casos, el defecto haya
sido determinante respecto del sentido de la decisión finalmente definida en el
laudo.
ARBITRAMENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL-Características
generales
ARBITRO-Límites
RECURSO DE
ANULACION DE LAUDO
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES ARBITRALES-Procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Desconocimiento
unilateral de su competencia para ejercer función jurisdiccional viola el
artículo 116 de la Carta Política
Referencia: expediente T-1792069
Accionante:
Juan Pablo Ávila Navarrete.
Accionados: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Árbitro
Eduardo Zamek de la Espriella  y Central de Inversiones S.A.
Fallo objeto de Revisión: Sentencia del 6 de noviembre de 2007 de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, única instancia.
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensión del accionante.
El señor Juan Pablo Ávila Navarrete presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil, del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, del Arbitro Eduardo Zamek de la Espriella y de la Central de
Inversiones S.A., en adelante CISA, por considerar que el laudo arbitral y la
providencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que resolvió
negativamente el recurso extraordinario de anulación en contra de la
providencia arbitral anterior, son actuaciones judiciales que violaron su
derecho fundamental al debido proceso, la libertad contractual y los derechos
adquiridos.
1.1. Para el actor, el árbitro que decidió el
conflicto que se suscitó entre él –como arrendatario- y CISA -como entidad
arrendadora-, en una disputa derivada de un contrato de arrendamiento de local
comercial, desconoció normas sustantivas y procesales propias del régimen
jurídico de los locales comerciales; descartó la integración de un
litisconsorcio necesario con subarrendatarios que era pertinente y rechazó
pruebas fundamentales dentro del proceso arbitral, que implicaron un abandono
flagrante de normas comerciales. Además, según explica, el árbitro no adelantó
estudio alguno sobre la legalidad del contrato ni sobre el hecho “malintencionado
y doloso de la Compañía arrendadora de apropiarse de la acreditación comercial
del inmueble”, ya que CISA no sólo no le otorgó la prórroga establecida
contractualmente relacionada con la duración del contrato, sino que le exigió la
entrega anticipada del inmueble. El actuar del árbitro, a juicio del actor, se
limitó entonces a impulsar un accionar ejecutivo que ordenó la terminación del
contrato de arrendamiento y la restitución del bien, desconociendo con ello las
excepciones de fondo presentadas por él y las normas comerciales involucradas
en el caso.
De este modo, tanto el laudo arbitral proferido por el
señor Eduardo Zamek el 9 de septiembre de 2003, como la providencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 12 de junio de 2005, que
resolvió el recurso de anulación contra el laudo descrito, resultan ser para el
accionante violatorios de su derecho al debido proceso.
1.2. Aunado a lo anterior, advierte el señor Ávila
Navarrete que CISA le permitió continuar su gestión en el local comercial
objeto del debate, desde el 2005 sin objeción alguna, a pesar del
pronunciamiento confirmatorio del Tribunal Superior proferido ese mismo año.
Por consiguiente, estima que la decisión de CISA de ejecutar el laudo arbitral luego
de dos años de recibir libremente los arrendamientos mencionados, lesiona
igualmente su derecho al debido proceso, en la medida en que con la aceptación
tácita de los cánones, se ha producido entre las partes una novación del
contrato de arrendamiento, que debe ser objeto de un nuevo pronunciamiento
ante  la jurisdicción civil.
1.3. Con fundamento en estas consideraciones, solicita
que se declare nulo el laudo proferido por el árbitro Eduardo Zamek de la
Espriella, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá, así como la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, a
través de la cual se negó el recurso de anulación interpuesto por él, por
violación del derecho al debido proceso. De no ser aceptada esta solicitud,
pide que se declare la existencia de una novación contractual y en
consecuencia, de un nuevo contrato de arrendamiento entre las partes. Para ello
solicita que se ordene a CISA suspender las acciones de restitución fundadas en
el laudo arbitral vigente, y que se inicie un nuevo proceso de restitución del
inmueble arrendado ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que se respete su
derecho al  debido proceso.
2. Respuesta de las entidades y personas accionadas.
2.1. La
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  en su calidad de juez de
primera instancia,  notificó a todos los demandados  de la interposición de la
tutela de la referencia. Sin embargo, sólo la Central de Inversiones S.A., CISA[1] dio respuesta a las
afirmaciones de la demanda.
2.2. La
Central de Inversiones S.A., CISA, por su parte, alegó en su escrito de
respuesta, que la tutela contra providencias judiciales exige un término de
razonabilidad para su ejercicio que justifique el amparo constitucional. En
este caso, siguiendo la jurisprudencia general en la materia, sostiene que la
tutela carece del requisito de inmediatez, en la medida en que han pasado más
de 2 años desde la decisión confirmatoria del laudo arbitral proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, situación que desvirtúa la urgencia de la
protección  que pueda eventualmente invocar el actor en la actualidad con esas
decisiones judiciales y hace improcedente la tutela. Según CISA, acogiendo una sentencia
de tutela reciente de la Corte Suprema de Justicia, estima que el término de
razonabilidad para presentar una tutela contra providencias judiciales no
debería ser superior a los 6 meses. Como en este caso ese lapso de tiempo es
claramente superior, la Central de Inversiones S.A. considera, que la tutela
debe ser desestimada.
2.3. En
cuanto a las acusaciones de fondo sobre las decisiones judiciales invocadas, en
opinión de CISA, ninguno de los falladores incurrió en vía de hecho alguna, por
cuanto las providencias tanto del árbitro como del Tribunal Superior de Bogotá,
son  fruto “del análisis de la situación fáctica y de la normatividad que se
aplicó para llegar a esa determinación, inferencias que no lucen como
arbitrarias o antojadizas, que las hagan objeto de protección en sede tutelar”.
2.4. Finalmente,
en lo concerniente a la existencia de aparentes condiciones jurídicas nuevas
que permitan suponer una novación del contrato de arrendamiento, recuerda CISA
que la tutela es un mecanismo de defensa de carácter eminentemente
subsidiario.  En ese sentido, considera que el actor no puede solicitar que se
declare la novación de un contrato de arrendamiento o la existencia de uno
nuevo, a través de la acción de  tutela. No obstante, afirma que la Central de
Inversiones S.A. ha adelantado todos los procedimientos previstos en la
legislación para que el arrendatario entregue el inmueble. Por ende, el
presunto consentimiento que  plantea el demandante en la tutela como
justificación de  una posible novación, es para CISA inexistente,  por cuanto
los dineros pagados por el demandante se han consignado mediante depósito
judicial y deben ser entendidos como parte de los perjucios que se le vienen
causando a la entidad arrendataria por la no entrega del inmueble de
conformidad con el laudo arbitral en firme. Precisamente, el artículo 500
numeral 1º del C.P.C. señala que en la demanda ejecutiva de obligaciones de
hacer, se pedirán perjuicios. Es falso, entonces, que CISA reciba el pago
directo del canon de arrendamiento del actor, ya que claramente esos dineros no
están siendo consignados con la anuencia o conformidad de la Central de
Inversiones S.A., como para que pueda alegarse de ello, su consentimiento.
2.5. En ese orden de ideas, solicita que sean desestimadas las
reclamaciones presentadas por el actor al juez constitucional en el escrito de
tutela, tanto en lo concerniente a la nulidad de las providencias invocadas
como a la declaratoria de novación del contrato de arrendamiento.
3. Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1. Los hechos que presenta el señor Juan Pablo Ávila
para fundar sus consideraciones y los medios de prueba que aportó al proceso
constitucional, son los siguientes:
- La Sociedad Central de Inversiones S.A., CISA[2] y Juan Pablo Ávila
Navarrete, suscribieron el 17 de diciembre de 2001 un contrato de arrendamiento
respecto de un inmueble ubicado en  una zona de la Calleja, en la ciudad de
Bogotá. El término inicial del contrato era de tres (3) meses, bajo el
compromiso según el actor, de que ese arrendamiento sería prorrogado por el término
de un (1) año, “teniendo en cuenta que sin esa prórroga no se justificaría
un término tan corto para abrir un local comercial”. (Afirmación de la
tutela. Folio 133, libro 1).
- El contrato de arrendamiento en su cláusula segunda
señala sobre la duración, lo siguiente:
“SEGUNDA. DURACIÓN. El término de duración del presente
contrato es de tres (3) meses contados a partir del diecisiete (17) de
diciembre de 2001, hasta el diecisiete (17) de marzo de 2002. Parágrafo: Las
partes podrán prorrogar la duración de este contrato, comunicando su intención
por escrito a la otra parte con un (1) mes de anticipación al vencimiento del
plazo convenido”. (Copia del contrato suscrito entre las partes. Folio 3,
cuaderno 1).
- El valor del canon de arrendamiento pactado fue la
suma de $ 4.500.000 pesos mensuales. Sin embargo, la forma de pago acordada
correspondió al pago anticipado de tres meses de arrendamiento por valor de
$13.500.000 pesos moneda corriente. Con todo, en la cláusula tercera del contrato
relativa al valor del acuerdo, se estipuló un parágrafo que reza así:
“PARÁGRAFO: En caso de que se prorrogue el presente contrato,
y para cada prorroga acordada entre las partes, el arrendatario se obliga a
cancelar por anticipado el valor total trimestral por concepto de los canon de
arrendamiento, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada
periodo”.  (Copia del contrato. Folio 5, cuaderno 1).
- En el contrato mencionado, se acordó además, entre
otros aspectos: (a) que las mejoras acrecerían al inmueble y que no
habría lugar a reconocimiento de suma alguna por ese concepto (cláusula
séptima). (b) Se aceptó el subarriendo sólo con autorización del
arrendador (cláusula octava); (c) se acordó un reajuste al canon de
arrendamiento en un porcentaje equivalente al IPC, cada año de ejecución
(cláusula décimo tercera); y (d) como causales de terminación del
contrato, se establecieron las de ley y el incumplimiento parcial o total de
cualquiera de las obligaciones pactadas por las partes (cláusula novena).
También se estipuló una cláusula penal, oponible “a quien incumpla el pago a
la parte cumplida”, y se estableció una cláusula compromisoria que reza
así:
“DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISORIA. Cualquier diferencia que se
presente entre las partes en cuanto a la interpretación, ejecución o
liquidación del presente contrato y que no pueda ser resuelta directa y
amigablemente por las partes a través de la conciliación, amigable composición
o transacción, será sometida a la decisión de un árbitro designado por la
Cámara de Comercio de Bogotá, de las listas de auxiliares de la justicia que
allí se encuentren inscritos. El laudo se proferirá en derecho y el árbitro se
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.”
(Copia del contrato. Folio 6, cuaderno 1).
- La Central de Inversiones S.A., decidió dar por
terminado el contrato de arrendamiento en forma unilateral, con tan solo un mes
de haber transcurrido su iniciación, alegando como causal para el efecto, el
fenecimiento del término pactado en el contrato. Para ello envió “en forma
tardía” una carta comunicando tal decisión. (Afirmación de la tutela. Folio
133, cuaderno 1).
- CISA inició proceso arbitral  ante la Cámara de
Comercio de Bogotá en agosto de 2002, con el fin de lograr la restitución del
inmueble y el pago de la cláusula penal. La Cámara de Comercio designó como
árbitro al Dr. Eduardo Zamek de la Espriella. (Afimación de la tutela y copia
del laudo arbitral.  Folio 134 y 86, respectivamente, libro 1).
- El señor Juan  Pablo Ávila, en la
contestación de la demanda arbitral, alegó en contra de las pretensiones de
CISA las siguientes excepciones: (a) Indebida admisión de la demanda por
carencia de requisitos legales, al omitirse según el actor, el deber de
presentar caución previa en los términos del Decreto 2221 de 1983 artículo 6º[3]. (b) El
vencimiento del plazo no es suficiente para terminar un contrato de
arrendamiento de local comercial. Arguyó el accionante que por tratarse de
un local comercial y ser el arrendamiento inferior a dos años, las normas que
rigen esas relaciones contractuales son el artículo 9º del Decreto 063 de 1977[4], el artículo 20 del
Decreto 1070 de 1956 y el artículo 5º del Decreto 3817 de 1982[5], y si fuese un contrato
de más de 2 años de duración, el artículo 518 del Código de Comercio. En los
artículos 9º del Decreto 063 de 1977 y 5º  del Decreto 3817 de 1982, se dice
expresamente que el vencimiento del plazo no puede ser esgrimido como razón
suficiente para terminar el contrato de arrendamiento, salvo las situaciones
señaladas en la ley para el desahucio. Como en su caso no se dieron tales
causales, el arrendador no podía decretar la terminación del contrato en virtud
del cumplimiento del plazo. (c) En su caso, se requiere  el
desahucio. Para el accionante era deber de CISA que se efectuara un
desahucio en debida forma y en los términos del artículo 520 del Código de
Comercio, para poder obtener la restitución del inmueble y eliminar la prórroga
del contrato, so pena de verlo continuado. Ese proceso según él no se adelantó.
Así, para el accionante las comunicaciones de CISA tendientes a enervar la
renovación del contrato, no podían ser consideradas válidas por el fallador
para ese propósito, teniendo en cuenta que (1) no se afirmó que se trataba de
un desahucio; (2) no se presentaron las razones legales para la
terminación del contrato; (3) las comunicaciones aparentemente enviadas por
Central de Inversiones S.A., no fueron suscritas por un representante de CISA
sino por el Gerente Inmobiliario Regional de Bogotá, que es un tercero; (4) no
hay prueba de que esas comunicaciones fueron recibidas por el demandante y (5)
el supuesto desahucio perdió su vigencia, porque por dos periodos más, marzo a
junio y junio a septiembre del 2002, CISA recibió los cánones de arrendamiento
del actor sin objeción alguna, de modo que consintió la prórroga del contrato.
(d) El arrendatario no estaba en mora. El hecho de no haber
entregado el inmueble a CISA el 18 de marzo de 2002, por tratarse de un
requerimiento  de un tercero indebidamente identificado y continuar ocupándolo
válidamente, no implica según el actor el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, sino la expresión de su deber de diligencia y cuidado al no
haber entregado el inmueble a un desconocido y haberse prorrogado el contrato.
Además, ha pagado cumplida y oportunamente los cánones de arrendamiento
pactados.(e) No le es exigible la cláusula penal. El arrendatario
no estaba en mora y la no entrega del inmueble no forma parte de las
previsiones que justifican el cobro de la cláusula penal, según el contrato. (f)
Litisconsorcio necesario o intervención de terceros. Afirmó el actor
que la ley mercantil permite el subarriendo de hasta el 50% de un inmueble
arrendado sin permiso del arrendador. Que en consecuencia, la cláusula
contractual que impedía esa posibilidad debía ser entendida como no escrita por
las partes, en los términos del artículo 524 del Código de Comercio, por ser
ajena a las expresas atribuciones de ley. Por lo tanto, como los efectos del
laudo afectan a los subarrendatarios, pidió en la contestación que éstos fueran
vinculados al proceso en calidad de litisconsortes necesarios o terceros
intervinientes.  (Contestación en el proceso arbitral. Folios 10 a 36, libro
1).
-
Ahora bien, según el
tutelante, el árbitro designado por la Cámara de Comercio, adelantó el proceso
de restitución del local comercial de forma irregular, toda vez que no accedió
a ninguna de las excepciones propuestas por él y rechazó pruebas fundamentales
dentro del proceso. En efecto, aduce que el árbitro actuó de facto en el
trámite arbitral, debido a que profirió decisiones sin sustento legal o
procedimental al desconocer las normas comerciales y pertinentes en la materia;
no valoró el acervo probatorio y no examinó la legalidad del contrato. Ello
lesionó sus derechos fundamentales, porque dejó de revisar el hecho
malintencionado de la arrendadora de apropiarse de la acreditación comercial
del inmueble, negando la prórroga establecida contractualmente y exigiendo su
entrega anticipada. El hecho relativo a la corta duración del contrato y la
restitución intempestiva, no fue ni siquiera tomado en consideración por el
árbitro, como tampoco la existencia de un establecimiento de comercio y la
presencia de terceros contractualmente vinculados. El fallador, según el actor,
debía declarar la ilegalidad del contrato y lo que hizo fue actuar
ejecutivamente, ordenando la restitución del inmueble en favor de la entidad
arrendadora. Además, desconoció la figura del subarriendo de local comercial,
impidiendo que terceros pudiesen defenderse en el trámite arbitral. Bajo tales
circunstancias y sin mayor fundamentación, profirió el laudo arbitral, dando
por terminado el contrato de arrendamiento y ordenando la respectiva
restitución del inmueble. (Afirmación de la tutela. Folio 134 y 135  libro 1).
- El Laudo proferido por el Dr. Eduardo Zamek el 9 de
septiembre de 2003, fue objeto del recurso de Anulación propuesto por el hoy
accionante, ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. El recurso fue resuelto por esa autoridad judicial en forma adversa
para el ciudadano, el 12 de julio de 2005, fecha en que se confirmó la
providencia original. Esta decisión, trasgredió según el demandante su derecho
a la libertad contractual, al debido proceso y a los derechos adquiridos, tanto
por haber confirmado el laudo como por las razones enunciadas frente a esa
primera providencia con anterioridad. (Afirmación de la tutela. Folio 169,
cuaderno 1 y copias del laudo y del recurso extraordinario de anulación, folios
86 y 118, cuaderno 1).
- Desde que fue proferido el laudo que dio por
terminado el contrato de arrendamiento hasta la fecha, el señor Juan Pablo
Ávila afirma haber consignado la suma pactada como canon de arrendamiento,
haciendo los aumentos anuales de ley. Por tal motivo concluye que se ha
conformado la figura de la novación contractual, teniendo en cuenta que no ha
mediado judicialmente una orden para dicho pago y la empresa ha consentido la
cancelación de esos cánones. Como el arrendador ha aceptado esa situación,
concluye el actor que la figura que existe actualmente es la novación
contractual. Ante esta realidad jurídica, la arrendadora ha intentado ejecutar
el laudo, luego de que han pasado más de tres años desde que fuere proferido.
Afirma por lo tanto, que se le están violando nuevamente sus derechos
fundamentales, pues se está ejecutando un laudo que corresponde a unos hechos
distintos a los que ahora existen, poniéndose con ello en peligro el derecho
que tiene a que se realice un proceso judicial nuevo con fundamento en las actuales
circunstancias contractuales generadas con la aceptación tácita del cánon por
la entidad arrendadora, no cobijadas por la primera providencia, y que deben
revisarse si se desea, a través de la jurisdicción ordinaria. (Afirmación de la
tutela. Folio 169, cuaderno 1).
- Solicita por lo tanto la anulación del laudo
arbitral y de la sentencia confirmatoria. Si el juez constitucional se abstiene
de considerar procedente esa opción, pide entonces que se declare la existencia
de una novación contractual y la vigencia de un nuevo contrato de arrendamiento
comercial, a fin de que se evite la ejecución del laudo, se adelante un nuevo
proceso ante la jurisdicción ordinaria y se proteja su debido proceso.
(Afirmaciones de la tutela. Folio 138, cuaderno 1).
3.2. Por otra parte, los hechos que presenta CISA para
fundar sus consideraciones y los medios de prueba que aportó al proceso
constitucional para el efecto, son los siguientes:
-  La Central de Inversiones S.A., CISA, alega
ausencia de inmediatez, ante la existencia de la decisión arbitral proferida
desde el año 2003 y la negación del recurso de revisión por parte del Tribunal
Superior, que tuvo lugar desde el año 2005.  La tutela se presentó el 19 de
octubre del 2007, por lo que para la entidad accionada existe claramente
carencia de uno de los requisitos necesarios para la procedencia de esta acción
constitucional contra providencias judiciales. (Contestación de la Tutela.
Folio 153, cuaderno 1).
- Se aportan al proceso, a fin de desvirtuar la
supuesta anuencia de CISA en el pago de los cánones, cuatro (4) copias diversas
de órdenes de pago de depósitos judiciales a una cuenta en el Banco Agrario. En
el encabezado de esos certicados, aparece como demandante la Central de
Inversiones  S.A. y como demandado el señor Juan Pablo Ardila Navarrete[6].  Los depósitos se han
hecho trimestralmente por el actor y están supervisados por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. El último depósito judicial
adjuntado al proceso es del 4 de abril de 2006.  (Folios 157 a 160, cuaderno
1).
3.3. De las pruebas allegadas al proceso
constitucional, resalta además esta Corporación, las siguientes:
- Dos cartas del seis de  febrero  de 2002 y 15 de
marzo del 2002 de Central de Inversiones S.A., CISA, dirigidas al actor y
firmadas por el Gerente Inmobiliario Regional de Bogotá, en las que se le
informa  al accionante el deseo de esa entidad de no prorrogar el contrato y de
confirmar su terminación para el 17 de marzo del 2002. En ellas se precisa que
el señor José Mahecha es la persona autorizada para recibir el inmueble el 18
de marzo de 2002. (Copia de las cartas de CISA. Folio 3 y 4, libro 1).
-
Mediante Auto No 6 del
9 de mayo de 2003, el Tribunal  de Arbitramento consideró respecto de la
solicitud de conformar el litisconsorcio necesario requerido por el accionante
en el proceso arbitral, que, “debido a que en el contrato de arrendamiento
suscrito entre las partes está prohibido el subarriendo, del que no tuvo
conocimiento la parte convocante o propietaria, debe rechazarse el recurso de
reposición, y no deben ser citados para comparecer a la audiencia de
conciliación [los terceros invocados] porque no existe litisconsorcio necesario”
(Copia del auto No 6 que resolvió esa solicitud. Folio 48, libro 1).
- En testimonio recibido al señor José María Mahecha,
en su calidad de auxiliar de administración con función de recibir los
inmuebles de la Central de Inversiones S.A., el mencionado  funcionario afirmó
lo siguiente:
“Dr. GÓMEZ [Abogado de CISA]: Indique si usted tiene
conocimiento de quien elaboró, quien llevó  y en qué circunstancia, si se llevó
o fue entregada la comunicación fechada el 6 de febrero de 2002, la cual pongo
de presente. Folio 12. Sr. MAHECHA: Esa es una comunicación que elaboró
Bibiana Arias, firmada por el doctor Luís Fernando Córdoba, que la llevé yo
personalmente para entregársela al señor Juan Pablo Ávila. Dr. GÓMEZ: A
quien se la entregó, en qué circunstancias y en que fecha. Sr. MAHECHA:
En vista de que el señor Juan Pablo Ávila no me la recibió el día 8 de febrero
de 2002, indicó que se la entregara a su asistente la cual firma la carta. Dr.
GÓMEZ: Indique si la comunicación o escrito firmado que le pongo de
presente, corresponde a un acta firmada por usted con el señor Juan Pablo
Ávila, comunicación que está en el folio 13. Diga si la firma de ese documento
es la suya y la del señor Ávila y si tiene algo que comentar sobre ese
documento. Sr. MAHECHA: Efectivamente es un documento que se redactó el
18 de marzo de 2002 (…) día en el que yo estaba notificado que debía de recibir
el inmueble al señor Juan Pablo Ávila; esa acta se levantó debido a que el
señor Ávila no me restituyó el inmueble como estaba previsto en las
comunicaciones que se le habían enviado anteriormente, entonces yo tenía que
tener una justificación de que sí se había estado en el inmueble a la hora y
fecha indicada, por lo tanto se firmó esa acta que firmó el señor Juan Pablo y
firmé yo. (…)”. (Interrogatorio de parte practicado en el Tribunal de
arbitramento.  El accionante solicitó la tacha de este testigo por ser
trabajador de  CISA y esa solicitud fue denegada. Folio 68, libro 1)
- En audiencia del 6 de junio de 2003, se le practicó
interrogatorio de parte al señor  Juan Pablo Ávila, en el que el ciudadano
señaló lo que sigue:
“Dr. GÓMEZ [Abogado de CISA]: ¿Cuál era el término de
duración del contrato de arrendamiento suscrito por usted y la sociedad Central
de Inversiones? Sr. ÁVILA: El término del contrato inicialmente estuve
hablando con el doctor De Gamboa y con el señor Guillermo León Gómez, estuvimos
reunidos e inicialmente me dijeron que me podían arrendar por un año
prorrogable mínimo a otro año. Luego se reunieron ellos, hicieron comité y me
dijeron que necesitaban que yo les pasara una carta pidiendo que me arrendaran
a 6 meses y yo les llevé la carta (…), pero cuando se la iba a entregar al
señor Guillermo León Gómez, él me dijo que se habían vuelto a reunir y que
tenía que cambiar la carta para que fuera por un término de 3 meses, pero que
eso no significaba que el arriendo fuera únicamente por tres meses, que era
algo de forma y que él se comprometía conmigo para cumplirme. (…)  [H]oy me siento
engañado porque la verdad no fue de la forma como ellos me prometieron, además
viendo lo que me dijo el señor Gómez yo hice unas adecuaciones bien cuantiosas,
suponiendo que la estadía mínima iba a ser de dos años como me lo habían
prometido inicialmente; era un año y mínimo una prórroga de otro año. Yo hice
unas inversiones más o menos de $50.000.000 que las puedo demostrar y si me
hubiera dicho el señor Gómez y el señor de Gamboa que era única y
exclusivamente por 3 meses, pues yo no me hubiera metido a hacer semejantes
inversiones y siento yo que arreglé la vitrina porque en esa vitrina no había
luz, no había lámparas, no había baños, estaba saqueada (…)”. (Interrogatorio
de parte en el Tribunal de arbitramento. Folio 74, libro 1).
- El Laudo Arbitral, proferido el 9 de
septiembre de 2003, en su parte considerativa, entre otros aspectos, enunció
que: (a) El contrato de arrendamiento allegado al proceso fue celebrado
entre una Sociedad de Economía Mixta como arrendadora, y una persona natural. (b)
El Decreto 063 de 1977, entró a regir desde la fecha de su promulgación y hasta
el 31 de diciembre del citado año. El Decreto 2923 de noviembre 28 de 1977
prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1978. Luego por el decreto
2813 de diciembre 22 de 1979 se prorrogó su vigencia hasta diciembre de 1980,
volviendo a ser prorrogado por el Decreto 3745 del 29 de diciembre de 1981
hasta el 31 de diciembre de 1982, dejando de regir a partir de entonces, pues
de inmediato entró a regir el Decreto 3817 de 1982. Por lo tanto los Decretos
3817 de 1982 y 2221 de 1983 que invoca el actor, son reguladores de los
contratos de arrendamiento sobre predios urbanos que no tengan destinación para
habitación o comercio, no siendo por lo tanto aplicables en el presente caso.
Se encuentran vigentes únicamente para regular contratos de arrendamiento
relacionados con garajes, sitios de estacionamiento, etc. (c) En el caso
en estudio, el actor tomó en arrendamiento el inmueble con un plazo definido de
tres (3) meses, el cual podía prorrogarse siempre y cuando una de las partes
diera aviso a la otra de su intención de prorrogarlo con un mes de
anticipación. El inquilino no presentó dicho aviso, ni la arrendadora, quien
con más de un mes de anticipación manifestó su intención de no prorrogar, y que
para el día del vencimiento envió a un empleado a recibir el inmueble,
negándose el convocado a entregarlo. (d) Para el árbitro, el periodo
contractual de tres meses en un contrato de local comercial debe regirse por
las reglas civiles, “ya que las comerciales están dirigidas a tener
aplicación  a partir precisamente del segundo año de ocupación, por que el
lapso de tres (3) meses de vinculación no está amparado por las normas del
Código de Comercio”. Por lo tanto se desestiman todas las excepciones
presentadas por el actor relacionadas con la aplicación de las normas
anteriores y las comerciales que invoca, bajo el supuesto de que el contrato
señalado no es de carácter comercial y le aplica la ley civil. No obstante, se
considera probada la excepción de no exigibilidad de la cláusula penal en
virtud de lo dicho en el contrato. (e) Encontrándose derogado el Decreto
1070 de 1956 repite el árbitro que no era del caso exigir la caución que
demanda la convocada. (Copia del Laudo Arbitral. Folios 86 a 117, cuaderno 1).
En consecuencia, en su parte resolutiva, el laudo concluyó lo siguiente:
“Primero: Negar las excepciones propuestas por la parte convocada.
Segundo: Negar la petición de la parte convocante de exigibilidad de
la cláusula penal. Declarar: Probada la excepción séptima de exigibilidad de la
cláusula penal.
Tercero: Negar la tacha de testigo por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado
entre CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y JUAN PABLO AVILA NAVARRETE,  el día 17 de
diciembre de 2001, sobre el área construida del inmueble ubicado en la Carrera
13 (Avenida) No 127 C-08 de esta ciudad de Bogotá.
Quinto: Decretar la restitución del inmueble completamente
desocupado ubicado en la Carrera 13 (Avenida) No 127 C-08, a la sociedad
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.,  en el término de treinta (30) días calendario a
partir de la fecha de esta sentencia.
Sexto: En caso de que el convocado no haga la restitución  en el
término señalado en el punto anterior, comisiónese a un Juez Civil Municipal de
Bogotá D.C. Reparto para que haga la correspondiente diligencia.
Séptimo: Por las razones expuestas en la parte motiva, se declara
improcedente el “llamamiento litisconsorcial  y/o la intervención de terceros”.
Octavo: CONDENAR en costas al convocado Juan Pablo Ávila Navarrete
en la suma de cuatrocientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte
($429.750) como costas a favor de la convocante (…)”.  (Folios 115 a 117,
cuaderno 1).
-  En
el Recurso de Anulación del Laudo, presentado por el accionante ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, se destacan las
siguientes causales invocadas por el señor Juan Pablo Ávila: (a) No
haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal (numeral 2º
del Art. 38 del Decreto 2279 de 1989)[7].
Enuncia el actor que en el tribunal deben intervenir los terceros interesados y
que ello no ocurrió. Como se les privó a los subarrendatarios de esta
oportunidad ya que ellos pretendían “adherirse  a la cláusula compromisoria
e integrar el tribunal”, considera el actor que existe nulidad procesal. (b)
Haberse dejado de decretar sin fundamento legal una prueba solicitada (No 4
Art. 38 del Decreto  2279 de 1989)[8].
Argumenta el accionante que solicitó la práctica de una inspección judicial al
inmueble con el objeto de que se reconociera el área dada en subarriendo; sin
embargo esa prueba no fue considerada conducente por el árbitro y no se
decretó. Con ello pretendía demostrar el actor que menos del 50% del inmueble
había sido arrendado en los términos del artículo 523 del Código de Comercio. (c)
Nulidad del laudo, por dársele el trámite de restitución de inmueble
arrendado al proceso y no el del Decreto 2279 de 1989 en materia de
arbitramento. (Art. 166 del Decreto 1818 de 1998)[9].
- Frente a tales causales, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial, en la parte motiva de su decisión estimó que, (a) de
cara a la primera causal, esto es a las irregularidades en torno a la
constitución del tribunal de arbitramento, ellas  deben ser presentadas al
inicio del proceso, en la primera audiencia de trámite como lo señala la norma,
sin que sea dable proponerlas en oportunidades extemporáneas, como puede ser en
el recurso extraordinario de anulación. Así, dado que sobre la constitución del
tribunal de arbitramento la parte recurrente no hizo reparo alguno en la
primera audiencia de trámite, ya que no impugnó la designación del árbitro o la
aceptación del cargo por parte de aquel, no es procedente el recurso de
anulación frente a esa queja. (b) En lo concerniente a la segunda causal
-la relacionada con las pruebas no practicadas-,  consideró el Tribunal que no
existía carencia de fundamento legal del árbitro, para no decretarla. El actor
pretendía probar la naturaleza del contrato con esa prueba y el árbitro la
consideró inconducente para el efecto. A juicio del Tribunal, la negativa del
árbitro fue  razonable, “ya que la naturaleza contractual  y la legislación
a aplicar, surgen de los términos contractuales recogidos en la prueba
documental allegada y no de la inspección judicial solicitada”. (c)
Finalmente, la causal alegada por el recurrente relacionada con la aparente
nulidad originada en el laudo por desconocimiento del procedimiento,  no fue
según el Tribunal “enlistada por el legislador para interponer el [recurso]
de anulación, circunstancia tal que impide ser analizada en este episodio
procesal, habida cuenta de la limitante prevista para esta clase de recursos de
sólo poder cuestionar el laudo por una de las causales previstas en el artículo
163 del Decreto 1818 de 1998, sin que dentro de las cuales se encuentre la
alegada por el recurrente”[10].
- En su parte resolutiva, la decisión del Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil, del 12 de julio del 2005, determinó por
consiguiente:
“1. Declarar infundado el recurso de anulación interpuesto contra el
laudo proferido dentro del proceso arbitral de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y
FRANCISO MORALES CASAS[11]
contra Juan Pablo Ávila Navarrete.
2. CONDENAR en costas al recurrente JUAN PABLO AVILA NAVARRETE, las
cuales ascienden a la suma de $ 5.000.000 por concepto de agencias en derecho
y que deberán ser canceladas dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia”.
4. Decisión judicial objeto de revisión.
4.1. La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, en decisión del 6 de noviembre del 2007, denegó el amparo
solicitado por el señor Ávila Navarrete. Según esa corporación, lo solicitado
por el actor es improcedente, “porque no se aprecia  la incursión de los
accionados en vía de hecho, ni se cumple el requisito de inmediatez de la
acción de tutela”. Para la Corte Suprema, examinada la actuación surtida por
el Centro de Conciliación designado, “se aprecia que en la primera decisión
se estableció la aplicabilidad de las normas civiles por tratarse de un
contrato que no había superado los dos años de ocupación en el establecimiento
de comercio, habida cuenta que de acuerdo con las normas de contratación
administrativa, al ser una de las contratantes una sociedad de economía mixta,
se aplicaban las normas civiles o comerciales según fuera el caso”.
Establecido el ámbito legal de la decisión, el árbitro
decidió cada una de las excepciones, para concluir razonadamente la denegación
de las mismas, salvo la de la exigibilidad de la cláusula penal, que se falló a
favor del peticionario.  Igual puede decirse de la actuación del Tribunal, que
se surtió  de acuerdo a la ley. Por estas razones, no considera que exista vía
de hecho alguna en la actuación  del árbitro o del Tribunal.
Además, para la Corte Suprema, la pretensión del
accionante de que se someta a nuevo debate una situación que ya fue
suficientemente analizada en un proceso clausurado de acuerdo a la ley, cuando
no hay elementos de juicio que permitan concluir que los falladores actuaron de
manera arbitraria o antojadiza, no es pertinente.
A lo anterior se suma la ausencia de inmediatez,
puesto que la decisión del Tribunal se profirió hace más de dos años  y la del
árbitro hace más de 4 años, situación que  desvirtúa la inminencia de la acción
de tutela y su procedencia.
4.2. En
atención a estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia denegó la acción
de tutela de la referencia; decisión que no fue apelada por el aquí accionante.
II. CONSIDERACIONES y fundamentos.
Esta Sala es competente para revisar la decisión
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política; el Decreto 2591 de
1991, artículos 33 a 36, y el Auto del 24 de enero de 2008 de la Sala de
Selección No. 1 de la Corte Constitucional.
1. El Problema Jurídico.
1.1.
Conforme a los hechos relatados por el actor y
la respuesta de la entidad accionada, la Corte
deberá resolver en esta oportunidad: (i) si la acción que interpone el
señor Juan Pablo Ávila contra las providencias judiciales enunciadas, cumple
con las exigencias constitucionales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias, teniendo en cuenta que se la acusa de carecer del requisito de
inmediatez necesario para su procedibilidad. (ii) De ser posible el
análisis de fondo por viabilidad de ese primer aspecto, deberá la Sala examinar,
si incurrió el árbitro en una vía de hecho por defecto sustantivo,
procedimental y fáctico al aplicar indebidamente para el caso normas que no se
compadecen con la regulación referente a los locales comerciales, desconocer la
intervención de terceros en el proceso y dejar de practicar pruebas
determinantes en la causa,  y si las vías de hecho invocadas se perpetuaron con
el fallo del Tribunal. Por último,  (iii) revisará la Sala si la no
ejecución del laudo arbitral oportunamente por parte de CISA, generó en favor
del actor una novación del contrato de arrendamiento que le da derecho en la
actualidad a una nueva determinación jurídica de su situación, - por la vía
ordinaria -, y si la decisión de esa entidad de ejecutar el laudo, implica en
estos momentos la violación del debido proceso del actor.
Para resolver estas inquietudes, la Corte revisará entre otros
temas, el de la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y en especial, la jurisprudencia relacionada con la
tutela contra laudos arbítrales y decisiones ligadas al recurso extraordinario
de revisión. Estudiados estos aspectos, revisará la Sala en concreto, la
situación planteada por el demandante en la situación de la referencia.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos de
procedibilidad.
2.1. La acción de tutela es
un mecanismo de protección constitucional de naturaleza subsidiaria y excepcional[12], que sólo procede en
situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo para salvaguardar
un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo ese otro
medio de defensa judicial, la persona afectada se encuentra ante un perjuicio
irremediable.
En el caso específico del amparo contra providencias
judiciales, la seguridad jurídica y la autonomía judicial, como valores
indispensables en la consolidación y fortalecimiento de la administración de
justicia, están soportados en la existencia de actuaciones judiciales legítimas
que permitan la solución efectiva de controversias ciudadanas en los términos
de la Constitución y la ley. Es por esto que decisiones que entren en
contradicción con el compromiso constitucional impuesto a todas las autoridades
de propender por la realización de los derechos fundamentales y de ajustarse al
ordenamiento jurídico (Art. 2 C.P.), son susceptibles en los términos del artículo
86 Superior de la acción de tutela. El mandato de ese artículo constitucional,
de hecho, asegura la protección de los derechos fundamentales de las personas
que “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”, incluyendo entre ellas, a las autoridades
judiciales.
2.2. En la extensa jurisprudencia constitucional en la
materia, se ha recordado además, que si bien en la sentencia C-543 de 1992
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte Constitucional estudió los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de
competencia fijadas por la Constitución Política, lo cierto es que en la ratio
decidendi [13]
de esa misma providencia se reconoció la eventual procedencia de la tutela
contra actuaciones judiciales, cuando ellas fueran producto de una vía de hecho[14], es decir, de una
actuación judicial ajena al derecho, que vulnerase en forma directa derechos
fundamentales.
Ese precedente[15]
y los artículos 2º y 86 de la Carta que autorizan la tutela contra cualquier
autoridad pública en los términos allí descritos, han permitido  a la Corte
Constitucional consolidar una extensa línea jurisprudencial que hoy se mantiene
en materia de tutela contra providencias judiciales[16].
Esa figura además, que se conoció bajo el concepto
exclusivo de “vía de hecho”[17]
judicial en sus orígenes, en la actualidad recibe el nombre genérico de “causales
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[18], a
fin de no asociar indebidamente al mero capricho y arbitrariedad judicial la
existencia de defectos en las providencias judiciales.
2.3. Actualmente son concebidas entonces, como causales
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
términos de la jurisprudencia constitucional, aquellas de carácter
general orientadas  a asegurar el principio de subsidiariedad de la acción
de tutela y la seguridad jurídica, y en segundo lugar, aquellas de fondo o
específicas, relacionadas en concreto con los defectos en los que
puede incurrir una providencia judicial específica.   Constatadas las primeras
y alguno de los defectos propios de las segundas en una decisión judicial, será
pertinente el amparo constitucional a los derechos invocados y la protección
tutelar frente a providencias judiciales específicas.
Así, los requisitos de procedibilidad general de la
tutela en tales situaciones son, (1) el agotamiento de los medios de
defensa disponibles en el proceso[19]
y (2) el respeto al principio de inmediatez en la invocación de la
acción constitucional.
En el primer caso, se recuerda que la acción de tutela
no puede ser considerada como una instancia más en el trámite jurisdiccional,
ni  como un camino excepcional para remediar yerros u omisiones de las partes[20] o para corregir etapas
vencidas en los procesos. En efecto, dado que en el ámbito de los procesos
ordinarios también se concreta la protección y garantía de los derechos de los
ciudadanos, la tutela contra providencias judiciales no puede ser concebida
como un escenario adicional para el estudio de una controversia ya desatada
bajo la égida jurisdiccional, o como una tercera instancia en materia procesal.
Es una acción a la que se debe acudir exclusivamente en situaciones en las que efectivamente
una determinación judicial implique una vulneración o amenaza de derechos
fundamentales de las personas, y no en los casos en que se pretendan solventar
oportunidades procesales perdidas o discutir argumentos que nunca fueron objeto
del debate judicial en su sede natural. El agotamiento de los medios de defensa
disponibles como requisito previo, responde por ende, al principio de
subsidiariedad de la tutela, que impide que el juez constitucional entre a
reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que la ley[21] le autoriza,
especialmente si los mecanismos  para solucionar las posibles deficiencias en
los procesos no han sido utilizados por las partes de acuerdo a las competencias
que les asigna la ley.
El agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos
ordinarios de defensa judicial, resulta ser por consiguiente no sólo una
exigencia mínima y justificable de diligencia de los ciudadanos frente a sus
propios asuntos[22],
sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien
alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial[23], circunstancia que no
obstante, deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela[24].
Se concluye entonces respecto a este primer aspecto,
que puede ser procedente la tutela contra una providencia judicial, cuando ante
la vulneración de derechos fundamentales medien acciones u omisiones de los
operadores jurídicos[25],
no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos
fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía de
hecho; o, cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable en materia de derechos fundamentales.[26] En este último caso,
si a la fecha de presentación  de la tutela aún está pendiente alguna
diligencia o instancia procesal, pero la protección constitucional provisional
se requiere de manera urgente para evitar el perjuicio irremediable,
eventualmente puede ser procedente la protección constitucional de matera
transitoria[27].
2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda
exigencia general de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales,  es una figura que se relaciona con el paso del tiempo entre la
solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de derechos fundamentales.
Como su nombre lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso de
tiempo razonable luego de la última decisión judicial, con el propósito de que
se garantice la inminencia de la protección  constitucional que se invoca y la
seguridad jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación constitucional
y la supuesta afectación judicial medie un periodo de tiempo desmedido, no sólo
desvirtúa la necesidad de la protección judicial inmediata y del perjuicio
irremediable que  se alega, sino que además hace irrazonable y desproporcionado
un control constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela[28] frente a decisiones
judiciales  consolidadas.
Por ende quien solicite la protección de sus
derechos por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario la
urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela queda en entredicho. La
inmediatez resulta ser una exigencia ineludible en la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales[29],
que permite promover y no desvirtuar,  la seguridad  jurídica  del
ordenamiento.
2.5. En cuanto a las causales específicas y de fondo
de la tutela contra providencias judiciales relacionadas con los eventuales defectos
en los que pueden incurrir las actuaciones judiciales, existen conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación los siguientes defectos: (i) sustantivo;
(ii) fáctico; (iii) orgánico y (iv) procedimental. Tales defectos pueden ser
descritos genéricamente, en los términos de la sentencia T-086 de 2007 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), de la siguiente forma:
- Existe un defecto sustantivo en una
decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[30],
ya sea porque[31]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[32] o  (b) porque
el contenido de la disposición utilizada no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso[33].
También puede darse en aquellas circunstancias en las que a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, se produce (c) un grave error en la interpretación de la norma[34], el cual puede ocurrir
por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes[35]  o cuando la decisión
judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución[36].
Es igualmente un defecto sustantivo el hecho de que
la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados con (d)
una insuficiente sustentación, congruencia o justificación de la
actuación[37]
que afecte derechos fundamentales; (e) cuando se desconoce el
precedente judicial[38]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[39]; o (f) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso[40].
- Por
otra parte, se produce  un defecto fáctico en una providencia,
cuando en la actividad probatoria ejercida por el juez se omitió[41] la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados”[42] o cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales no se puede apreciar, sin
desconocer la Constitución”[43].
Este último evento ocurre cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar, porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).
Con todo, en lo concerniente al defecto fáctico, sólo
es posible decretar una vía de hecho en tales casos, cuando la valoración
probatoria hecha por el juez resulta arbitraria de una manera manifiesta. Ello
sólo ocurre cuando el error en el juicio valorativo de la prueba resulta
ser “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[44]”[45].
- El llamado defecto orgánico, tiene lugar,
cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia que se controvierte,
carece totalmente de competencia para ello conforme a la ley.
- El defecto procedimental, por su
parte, ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al
procedimiento establecido[46],
es decir, se desvía de su deber de cumplir con las “formas propias de cada
juicio”[47]
generando con ello la  violación o amenaza a los derechos fundamentales de
las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser
manifiesto, debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo alguno
atribuible al afectado.
Aunada a las causales anteriores, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido otra adicional denominada[48] vía de hecho por
consecuencia. Ese defecto ocurre, cuando la aparente violación de los
derechos fundamentales que se alegan con una providencia judicial, es producto
de la inducción al error de la que es víctima el juez de la causa[49] en el proceso. En tal
situación, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la
actuación final sí resulta errada[50]
por lo que puede ser susceptible de acción de tutela para proteger los
derechos  fundamentales lesionados.
2.6. Vistas entonces las características básicas de
las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
revisará la Sala a continuación, cómo operan dichas exigencias en los asuntos
relacionados con la tutela frente a laudos arbítrales y las decisiones
judiciales que resuelven los recursos de anulación u homologación, en sede
jurisdiccional.
3. La acción de tutela contra laudos arbitrales y
decisiones judiciales que resuelven  los recursos extraordinarios
correspondientes.
3.1. Características Generales de los procesos
arbitrales.
3.1.1. El arbitramento es un mecanismo alternativo de
resolución de conflictos autorizado por la Constitución Política (Art. 116
C.P.)[51]
y regulado por la ley[52],
que fundado en la decisión libre y expresa de las partes en un negocio jurídico
de sustraer la resolución de sus conflictos transigibles[53] de la administración
de justicia del Estado y atribuirla a terceros, permite la habilitación
voluntaria, transitoria y excepcional de particulares denominados árbitros,
para administrar justicia y resolver el conflicto suscitado. El procedimiento
arbitral que se realiza, finaliza con una decisión denominada laudo[54], cuyos efectos han
sido aceptados por las partes[55]
involucradas, a partir de un pacto arbitral.
El arbitramento, así entendido, propicia la
efectividad de principios y valores constitucionales[56], ya que favorece la
participación activa de los particulares en la solución de sus propios
conflictos[57].
3.1.2. Son características generales del arbitramento,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las siguientes:
(a) El arbitramento está regido por el principio de
habilitación o voluntariedad[58]. La justicia arbitral como se dijo,
conlleva una derogación específica, excepcional y transitoria de la
administración de justicia estatal, por voluntad de las partes, respecto de un
conflicto transigible[59].
El principio de la voluntariedad implica precisamente el desplazamiento de la
justicia estatal, con fundamento en “un acuerdo previo de carácter voluntario y
libre efectuado por los contratantes”[60].
Así, la fuente de la función jurisdiccional de los árbitros deviene, (i) del
contrato o acuerdo de voluntades entre las partes, que permite “habilitar”[61] a los árbitros para el efecto y (ii)
desde una perspectiva más amplia, de la potestad constitucional conferida a los
particulares para administrar justicia transitoriamente[62], como conciliadores o árbitros. No obstante, el
acuerdo de voluntades es en concreto el que permite el desplazamiento de la
jurisdicción estatal para un caso específico. Por ende, el pacto arbitral exige
que se acuerde una cláusula compromisoria o un compromiso en el que se defina
que la resolución de una situación específica se hará a través de ese medio de
defensa de manera expresa.[63]
Como esa decisión es trascendente, es deber de las
partes establecer con precisión los efectos jurídicos y económicos de su
determinación[64].
Sobre el particular, la Corte ha señalado que al momento en que las partes
acuerdan el sometimiento de sus conflictos a tribunales de arbitramento,
aceptan de antemano la obligatoriedad de la decisión de los árbitros investidos
del poder decisorio. Por lo tanto, cuando las partes aceptan prestar su
consentimiento para someter sus diferencias a la decisión de estos
particulares, “se obligan a acatar lo decidido por ellos”[65], en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 116 superior.
(b) El arbitramento es una institución que implica el
ejercicio de una actividad jurisdiccional, reviste el carácter de función
pública y se concreta con la expedición de fallos en derecho o en equidad[66]. El artículo 116
superior dispone expresamente que los particulares pueden ser investidos
excepcional y transitoriamente “de la función de administrar justicia”[67].
El particular investido de la capacidad decisoria en
tales aspectos, cumple una función pública, que le exige acoger el principio de
legalidad que reviste las actuaciones de los servidores públicos[68] y expedir fallos en
derecho o en equidad según lo hayan determinado previamente las partes. El
laudo, que es la decisión que profieren los árbitros,
resuelve el conflicto suscitado entre ellas, tiene fuerza vinculante para las
partes y hace tránsito a cosa juzgada[69].
Bajo tales consideraciones, es una decisión judicial exigible y
ejecutable, que resulta ser además un medio para materializar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia de las personas
involucradas. Así, el laudo arbitral, sea en derecho o en equidad, “es
eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto
resuelve el litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los
hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas y declarando
el derecho a la luz de los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a
los principios de equidad. Claro está que la ejecución y control de ese laudo,
corresponde a la jurisdicción ordinaria permanente”[70].
(c)    La Ley puede definir los términos en los
cuales se ejercerá la actividad arbitral. La Corte ha destacado que la voluntariedad del
arbitramento no excluye que la ley regule la materia, pues el arbitramento es
un verdadero proceso, a pesar de que sea decidido por particulares. Por ello
está sujeto a regulaciones legales propias, en especial aquellas que aseguran
el respeto al debido proceso de las partes (Art. 116 C.P.)[71]. En efecto, la función
jurisdiccional que realizan los árbitros, se ejerce mediante normas propias del
juicio arbitral establecidas por el legislador, así
como por lo dispuesto por las partes sobre el procedimiento a seguir. De
hecho, el legislador en el artículo 112 de la Ley 446 de 1998 dispuso que, “el
arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El arbitraje
independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas de
procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, aquel
en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el Centro de
Arbitraje; y legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice
conforme a las disposiciones legales vigentes”. La Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 13-3, precisó
igualmente que “tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada
materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los
particulares puedan acordarlas”.
Así, si los árbitros cumplen la función pública de
administrar justicia, es razonable que el Legislador regule en términos
generales el marco dentro del cual habrán de cumplir esa función, con sujeción
a la Constitución y la ley.
También ha señalado la Corte que por mandato legal,
los árbitros tienen los mismos poderes procesales con los que cuentan los
jueces estatales al administrar justicia, como son (i) el poder de decisión
para resolver en forma obligatoria la controversia, (ii) el poder de coerción,
para procurar los elementos necesarios para el cumplimiento de la decisión, y
(iii) el poder de documentación o investigación para practicar pruebas y
valorarlas[72].
(d)
El ejercicio arbitral de administrar justicia es temporal. El propósito
y finalidad de la justicia arbitral es solucionar en forma amigable un
determinado conflicto. Por ende, las funciones de los árbitros terminan una vez
es proferido el laudo arbitral. De hecho, la competencia de los árbitros es
transitoria y restringida a la solución de la controversia entre las partes[73]. No obstante, en
algunos casos también puede fijarse un plazo legal para la toma de la decisión
arbitral, y si no hay acuerdo de  las partes de prorrogar el término, el
Tribunal de arbitramento puede perder competencia para continuar actuando[74].  En ese sentido, en
uno u otro caso, la competencia de los árbitros es temporal.
(e)
El arbitramento
también  es excepcional, ya que la figura tiene límites materiales en los temas
de decisión. En efecto, no
todo conflicto puede ser resuelto mediante laudo arbitral, ya que existen
bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse a la resolución de
particulares, así ello se haya convenido por las partes enfrentadas. De hecho,
sólo pueden someterse a arbitramento los asuntos transigibles, esto es,
aquellos que se encuentran dentro de la órbita de la libre disposición y
autonomía de las partes en conflicto[75]
y sobre los que ellas tienen libertad de disposición y negociación. Así, son
transigibles básicamente los asuntos que se refieren a obligaciones de
contenido económico[76],
sin perjuicio de que el legislador determine en qué casos un asunto es de libre
disposición de su titular o no. Al respecto  la ley Estatutaria de la Administración
de Justicia en su artículo 13 especifica lo siguiente:
Artículo 13 de la Ley 270 de 1996. Del ejercicio de la función jurisdiccional
por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política:
(…)
3. Los particulares actuando como conciliadores
o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de
transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley.
Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las
reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas.
Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho
o en equidad.  (La subraya no es del original)[77].
Ahora bien, en general, no son transigibles según lo
ha reseñado la jurisprudencia de esta Corporación, los temas relacionados con
el estado civil de las personas[78],
las obligaciones amparadas por leyes “en cuya observancia estén interesados el
orden y las buenas costumbres” al tenor del artículo 16 del Código Civil[79]; las cuestiones
relacionadas con los derechos de los incapaces[80]
y  el conjunto de derechos mínimos de los trabajadores[81], entre otros temas.
En el ámbito contencioso administrativo, la Corte ha
explicado que los árbitros no pueden pronunciarse sobre aspectos que involucran
el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, ya que esos
asuntos están reservados por su naturaleza, a la decisión de los órganos
jurisdiccionales del Estado[82].
El control de legalidad de los actos administrativos, se ha dicho, es
una facultad exclusiva del Estado en cabeza de la jurisdicción contenciosa
administrativa, razón por la cual los árbitros sólo pueden pronunciarse sobre
los aspectos de los que las partes en conflicto pueden disponer, lo que no
incluye el orden jurídico ni el orden público normativo.
Por ende, el análisis sobre la validez de los actos que dicta la administración
no puede quedar librado a la decisión de árbitros[83], ni
tampoco el análisis sobre las cláusulas exorbitantes. En
materia de arbitramento en estos asuntos contencioso administrativos, la Corte
trazó una distinción entre el control de la validez de un acto administrativo
en sí mismo considerado y los conflictos que se refieren a asuntos de carácter
patrimonial  que tengan como causa, un acto administrativo. Concluyó la Corte,
que cuando “se trata de evaluar exclusivamente las consecuencias patrimoniales
de estos actos administrativos, sin controlar su validez, es
constitucionalmente legítimo que los árbitros administren justicia, puesto que
no se estarían pronunciando sobre asuntos reservados a la órbita exclusiva de
la jurisdicción estatal”[84].
(f)
Los laudos arbitrales no están sujetos a segunda instancia, pero tienen
mecanismos de control judicial a través del recurso extraordinario de anulación
u homologación. Si bien las decisiones de los árbitros son ejercicio de una
función jurisdiccional y quedan cobijadas por la figura de la cosa juzgada, los
laudos no son iguales a las sentencias judiciales en estricto sentido,
especialmente porque al ser producto de una habilitación expresa, voluntaria y
transitoria, no están sujetos al trámite de segunda instancia a través del
recurso de apelación.  La apelación, forma parte del sistema estatal de
administración de justicia del cual voluntariamente se separaron las partes que
se acogieron al trámite arbitral, por lo que sería un contrasentido que el
conflicto se resolviera finalmente por la vía judicial de la cual los
involucrados querían expresamente sustraerse.
No obstante, existen vías legales para controvertir los
laudos, las cuales son  extraordinarias y limitadas. De hecho, contra los
laudos únicamente proceden los recursos de homologación -en materia laboral-,
de anulación -en los ámbitos civil, comercial y contencioso administrativo- y,
contra la providencia que resuelve el recurso de anulación, el recurso
extraordinario de revisión.
Tales recursos, sin embargo, han sido concebidos por
el legislador, como mecanismos de control judicial del procedimiento arbitral y
no como una  segunda instancia  que debe revisar integralmente la controversia
resuelta por los árbitros[85].
Es más, las causales para acudir al recurso de anulación son restringidas si se
las compara con las observaciones que podrían ser planteadas judicialmente en
una segunda instancia jurisdiccional. De hecho las causales para impugnar el
laudo, se refieren generalmente a errores in procedendo y a algunos
errores in judicando específicamente definidos en la ley, lo cual
excluye la revisión in integrum[86]
o total de la decisión original de los árbitros.
El Legislador nacional ha previsto que contra todo
laudo arbitral que verse sobre materias civiles, comerciales o referentes a
contratos administrativos, procede el recurso extraordinario de anulación. Las
causales de anulación varían dependiendo de la materia para la cual haya sido
convocado el Tribunal de Arbitramento. En el caso de los laudos proferidos por
Tribunales de Arbitramento convocados para dirimir conflictos originados en
contratos administrativos, las causales de anulación aplicables son las previstas
en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (compiladas en el artículo 230 del
Decreto 1818 de 1998)[87];
para las demás materias, las causales de anulación aplicables son las previstas
en el artículo 38 del Decreto 1279 de 1989 (compiladas en el artículo 163 del
Decreto 1818 de 1998). Los jueces de anulación, en todo caso, deben restringir
su estudio a las causales específicamente invocadas por los recurrentes, dentro
del marco restrictivo fijado por el legislador, ya que el laudo goza de
estabilidad jurídica, en la medida en que las partes mismas resolvieron
conferir esa potestad al tribunal arbitral[88].
3.2. La excepcionalidad de la tutela contra decisiones
arbitrales y los recursos extraordinarios frente a ellos.
3.2.1. Teniendo en cuenta el respeto que merece la
voluntad de las partes de someter sus controversias a la justicia arbitral y la
procedencia restrictiva de las vías judiciales para controlar las decisiones
proferidas por los árbitros, es claro que por regla general, la acción de
tutela no procede ni contra los laudos arbitrales ni contra el procedimiento
que se adelanta ante los tribunales de arbitramento, ni contra las decisiones
judiciales que resuelven los recursos de anulación, salvo que se incurra
claramente en una vía de hecho en dichas actuaciones, que implique una vulneración
de derechos fundamentales.
Ahora bien, tanto los jueces como los árbitros pueden
llegar a incurrir en vías de hecho en su labor de administrar justicia. Sin
embargo, “sólo en casos ciertamente extremos, donde se presenta una
vulneración clara de derechos fundamentales por vías de hecho, es posible
exceptuar la intangibilidad de los laudos, para garantizar, la supremacía de la
Constitución”[89].
3.2.2. Así, resalta la Corte que el  carácter
excepcional de la tutela en  materia arbitral se refuerza ante (1) la
estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (2) el carácter excepcional y
transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje; (3) el
respeto por la voluntad de las partes de someter la resolución de sus
controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los
jueces estatales y (4) el respeto por el margen de decisión autónoma de los
árbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela y le impide a éste,
pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento.
Por ende, para la procedencia excepcional de la acción
de tutela  se exige (a) que se haya configurado una vía de hecho por el laudo
arbitral o en los recursos extraordinarios impuestos, que ciertamente vulnere
de manera directa derechos fundamentales[90];
(b) que se hayan agotado los recursos previstos para controlar los laudos y a
pesar de ello persista una vía de hecho en la decisión que se ataca. En efecto,
al juez de tutela no le corresponde entrometerse en el desarrollo de un proceso
judicial o arbitral ni mucho menos hacer valoraciones de las decisiones que en
cada momento procesal va adoptando el juez correspondiente, salvo ante un
evidente error que no hubiere podido enmendarse al interior del propio proceso
o que fuere esencial para su resolución.[91]
Sin embargo, el juez de tutela puede intervenir cuando se constata que no se
proveyeron las oportunidades procesales a las partes en condiciones de
igualdad, violando así sus derechos fundamentales[92]; y  (c) es aplicable
para el efecto, la doctrina de las vías de hecho desarrollada por la
jurisprudencia constitucional en relación con las decisiones judiciales en el
caso del arbitramento en derecho, atendiendo las especificidades propias de ese
tipo de arbitramento.
En efecto, en el caso del arbitramento en equidad, las
causales alegables no son las mismas relacionadas con los defectos de un fallo
en derecho, sino que tienen que ver preferentemente con causales relacionadas
con la falta de motivación material del laudo o su evidente irrazonabilidad[93].
Si el arbitraje es en derecho, los defectos bajo los
cuáles se analiza la conducta del fallador, son los mismos en los que podría
incurrir un juez de la República[94],
y son aquellos defectos que se describieron en el capítulo anterior de esta
sentencia. Con todo, en materia arbitral existen algunas especificidades
establecidas por la jurisprudencia, así:
- El defecto sustantivo surge cuando el laudo, al
fundarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, ha vulnerado
de manera directa un derecho fundamental. Las discrepancias interpretativas o
los errores argumentativos no tienen la entidad suficiente para que se
configure una vía de hecho. Así, las interpretaciones de la ley y del contrato efectuadas
por los árbitros gozan, de una sólida protección constitucional debido a que
las partes de forma voluntaria les han confiado la resolución de sus
controversias.  En esa medida, únicamente se configura una vía de hecho por
defecto sustantivo cuando con el fundamento esencial del sentido del laudo se
vulnera de manera directa un derecho fundamental[95] o se ha desconocido
una interpretación conforme a la Constitución efectuada por la Corte
Constitucional, que genera la vulneración directa de un derecho fundamental de
la parte afectada. Además, es necesario que en la sentencia que resuelva el
recurso de anulación interpuesto contra el laudo no se haya enmendado el error.
- La vía de hecho por defecto orgánico en materia
arbitral, ocurre cuando los árbitros han obrado manifiestamente por fuera del
ámbito definido por las partes, o excediendo las limitaciones establecidas en
el pacto arbitral o en la Constitución y la ley, al pronunciarse sobre materias
no transigibles. Así mismo, es necesario que se haya interpuesto dicho recurso
en forma oportuna contra el laudo que se ataca, y que luego de su resolución
subsista el defecto orgánico. Las meras discrepancias respecto de la
interpretación de la propia competencia del tribunal arbitral no son
suficientes para configurar este tipo de vías de hecho. Dado que son en
principio los árbitros quienes están llamados a decidir el alcance de su
competencia con base en la habilitación de las partes, el juez de tutela sólo
puede determinar  en ese caso si han incurrido en un exceso manifiesto, por
salirse en forma protuberante del ámbito de su competencia[96].
- La vía de hecho procedimental en materia arbitral
ocurre, cuando se ha adoptado el laudo en forma completamente ajena al
procedimiento establecido legal o convencionalmente para el proceso arbitral
respectivo, y con ello se ha incurrido en una vulneración directa del derecho
de defensa y de contradicción de las partes. Además, cuando dicha vulneración
directa ha sido determinante del sentido del laudo atacado de forma tal que si
no se hubiera incurrido en ella se habría llegado a una decisión arbitral distinta
en ese caso concreto[97].
Dijo la Corte que, cuando alguna de las partes de un proceso arbitral
considere  que en su caso el Tribunal de arbitramento incurrió en una
arbitrariedad que desconoce el debido proceso y esta no cuadre dentro de las
cuales de los recursos existentes, procederá la tutela para estudiar de fondo
el problema jurídico existente[98].
- Por último, la vía de hecho por defecto fáctico se
configura en eventos en los cuales los árbitros han dejado de valorar una
prueba determinante para la resolución del caso, han efectuado su apreciación
probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o han
fundamentado su valoración de las pruebas con base en una interpretación
jurídica manifiestamente irrazonable. Es necesario que en estos casos, el
defecto haya sido determinante respecto del sentido de la decisión finalmente
definida en el laudo.
3.3. Revisados así los alcances de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y sus
particularidades respecto al arbitramento, analizará la Sala a continuación los
argumentos allegados por el actor, tendientes a considerar en su caso, la existencia
de defectos tanto en el laudo como en la sentencia del Tribunal Superior, que
comprometen según afirma, su derecho al debido proceso.
4. Análisis del caso concreto.
4.1. El señor Juan Pablo Ávila Navarrete acusa al
laudo arbitral proferido por el señor Eduardo Zamek el 9 de septiembre de 2003
y la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que
resolvió negativamente el recurso de anulación contra el laudo en mención, - el
12 de junio de 2005-, de ser contrarias a su derecho fundamental al debido
proceso y a la libertad contractual.
Las acusaciones presentadas por el actor en contra las
providencias señaladas, interpretadas conforme a la doctrina de esta
Corporación en materia de vías de hecho, implican en concreto los siguientes
cargos: (a) existencia de un  defecto sustantivo en las providencias,
por haberse aplicado indebidamente normas genéricas civiles al arrendamiento de
un local comercial, cuando existían otras disposiciones pertinentes; (b)
existencia de un defecto procedimiental, por haberse impedido la intervención
de terceros en el proceso arbitral, siendo que en materia comercial el
subarriendo es permitido hasta el 50% del bien inmueble, sin autorización del arrendador,
y (c) un defecto fáctico, por haberse omitido el decreto de pruebas que
el accionante estimaba relevantes dentro del proceso.
A su vez, aduce que la intención de ejecutar el laudo
arbitral luego de 2 años de la decisión del Tribunal Superior, desconoce la
existencia de una novación del contrato de arrendamiento entre las partes, que
le da derecho a un nuevo proceso ordinario, por tratarse de una situación no
conocida por la justicia y nueva, que no puede ser amparada por una decisión
judicial previa.
4.2. La Corte encuentra que a la luz de las reglas que se explicaron
previamente en materia de la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y los recursos extraordinarios correspondientes, es
cierto que (i) el accionante demandó de
manera conjunta tanto el laudo arbitral, como la sentencia que resolvió el
recurso de anulación; (ii) invocó la existencia de una vía de hecho por
defecto sustantivo, procedimental y fáctico, que implica una violación directa
a su derecho fundamental al debido proceso, en el sentido en que alega que el
árbitro obró manifiestamente por fuera de  las previsiones de ley. (iii)
El tutelante agotó los mecanismos procesales de protección disponibles tanto en
el trámite arbitral como ante la justicia estatal y  (iv) puso en
conocimiento del Tribunal de Arbitramento las vías de hecho  que ahora invoca
en la tutela que se revisa. Sin embargo, (v) la acción de tutela  fue
interpuesta más de dos años después de haberse proferido la sentencia que
declaró infundado el recurso de anulación y cuatro años más tarde de haberse
proferido el laudo arbitral. Ese retraso en la  interposición de la tutela
frente a una posible violación determinante de su derecho al debido proceso, no
fue justificado en forma alguna por el actor y es un tránsito significativo de
tiempo que desvirtúa la exigencia de una protección constitucional inminente y
actual al derecho constitucional presuntamente vulnerado con las actuaciones
arbitrales y judiciales que ataca. Es evidente entonces, el incumplimiento del
requisito de inmediatez[99]
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso
concreto, tal y como fue evidenciado por la Corte Suprema de Justicia.
4.3. No obstante, advierte la Corte frente a los posibles defectos
sustantivos, procedimentales y fácticos invocados, la necesidad de que el actor
hubiese probado  que las normas aplicadas para el caso por el árbitro eran
inaplicables en la circunstancia concreta
planteada por el ciudadano, y que con ello se había vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso. Especialmente, porque las discrepancias
interpretativas en la aplicación normativa no tienen la entidad suficiente para
que se configure una vía de hecho. Igualmente en materia procedimental era
necesario haberse acreditado que la determinación del árbitro de no aceptar a
los subarrendadores como terceros intervinientes, era completamente ajena al
procedimiento establecido legal o convencionalmente para el caso y probar la
vulneración directa y no a terceros, de los derechos fundamentales invocados. Finalmente,
con respecto al defecto fáctico era necesario asegurarse igualmente, que la
prueba omitida era determinante para la decisión final proferida en el laudo.
De esta forma, dado que en materia de arrendamiento de locales
comerciales por un término inferior a dos años existe un vacío normativo en la
legislación comercial que ha admitido interpretaciones disímiles tanto de la
jurisprudencia como de la doctrina sobre las normas particularmente aplicables
en tales circunstancias[100],
la actuación de un árbitro acogiendo en particular una interpretación y no
otra, no puede ser considerada en principio una vía de hecho.  Lo mismo puede predicarse
de la decisión de no decretar una prueba que no era determinante para
establecer la naturaleza de un contrato que se estimó desde el principio de
naturaleza civil, y de la decisión de no vincular a terceros en un proceso,
cuando para la legislación civil subarrendar sin la anuencia del arrendador
resulta claramente  prohibido por la ley. (Artículo 2004 C.C.).
4.4. Por último, con respecto a la solicitud  del actor de que
decrete la novación contractual  y se le impida a CISA continuar con su proceso
de ejecución del laudo arbitral, recuerda la Corte que una vez que un árbitro
asume legítimamente la competencia para conocer de un asunto determinado, las
partes involucradas quedan sujetas a su jurisdicción. Por tal razón, el
desconocimiento unilateral de la competencia confiada al tribunal de
arbitramento, resulta violatorio del artículo 116  de la Carta, que define
quienes son competentes para ejercer la función jurisdiccional. Pretender por
vía de tutela que se desconozca esa providencia y se valide una presunción de
continuidad de una relación contractual bajo un supuesto de novación del
contrato de arrendamiento, no sólo es ajeno a la subsidiariedad de la tutela - en
una situación en la que  además no se encuentra acreditado perjuicio irremediable
alguno -  sino que a su vez desconoce que es evidente que no existe consentimiento
de la arrendadora, como lo pretende el actor.
Por las anteriores razones, confirmará la
Corte la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, del 6 de noviembre de 2007.
En mérito de lo expuesto, esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, el 6 de noviembre de 2007, en la acción de
tutela instaurada por Juan Pablo Ávila Navarrete contra la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Árbitro Eduardo Zamek de la
Espriella  y la Central de Inversiones S.A.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folios 147 a 149, cuaderno 1.
[2]
Esta entidad era para la fecha, año 2001, una Sociedad Anónima de Economía
Mixta, del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
[3] Mediante respuesta del Tribunal de Arbitramento al
recurso de reposición interpuesto por el señor Juan Pablo Ávila contra el auto
admisorio de la demanda, se resolvió el tema de la caución previa a la que se
hace referencia. El árbitro decidió admitir la demanda alegando que la caución
era aplicable sólo en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley 56 de
1985, - ley por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda urbana
y otras disposiciones-, en materia de restitución  de inmueble arrendado;
mientras que para el accionante como se trataba de un arrendamiento de carácter
comercial, esa ley no era aplicable. A su juicio la aplicable era el artículo 6º
del Decreto 2221 de 1983 que reza lo siguiente: “El artículo 7º del Decreto
3817 de 1982 quedará así:// "Artículo 7º. Cuando el propietario o el
arrendador, en su caso, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo
anterior, instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución
del inmueble por cualquiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en
lo pertinente, el trámite contemplado por el artículo 434 del Código de
Procedimiento Civil.//Para entablar la demanda será indispensable
requerimiento escrito previo, dirigido al arrendatario por correo certificado
con una antelación no inferior a treinta (30) días hábiles éste requerimiento
es irrenunciable.// Salvo el evento contemplado en el parágrafo del
artículo cuarto del presente Decreto, no podrá admitirse la demanda mientras el
propietario no otorgue caución como lo establece el artículo 678 del Código de
Procedimiento Civil, a favor del demandado y a órdenes del juzgado competente,
equivalente a doce (12) mensualidades de arrendamiento. //El
propietario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de
la entrega del inmueble, para ocuparlo o para iniciar las obras tendientes a la
demolición reparación o reconstrucción del mismo, según lo que hubiere afirmado
en la demanda. //Parágrafo. El trámite de esta clase de procesos se
adelantará ante los jueces competentes para conocer del juicio de lanzamiento
según las normas vigentes.
//Si la acción fuere ejercida por razón
del evento previsto en el parágrafo del artículo 4°, el valor de los cánones
que el demandado debe consignar según lo señalado en el inciso 2º del numeral
5º del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, será aquel a cuyo pago
no se avino el arrendatario".
[4]
El Decreto 063 de 1977, por el cual se reglamenta el Decreto 2770 de 1976
referente al control de precios de arrendamientos en las áreas urbanas,
estipuló en su artículo 9º lo siguiente: “De la licencia para solicitar la
entrega del inmueble. Por vencimiento del contrato, ningún arrendador podrá
exigir al arrendatario la entrega del inmueble, si el arrendatario hubiere
cubierto los respectivos precios de arrendamiento en su oportunidad. //Se exceptúan los casos en que el propietario haya
de ocupar, por un término mínimo de seis (6) meses,  para su propia habitación
o negocio el inmueble arrendado, o haya de demolerlo para efectuar una nueva
construcción o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias  que no
puedan ejecutarse sin su desocupación. En estos casos el arrendador deberá
solicitar la licencia  respectiva ala Gobernador, Intendente, Comisario o
alcalde Mayor  de Bogotá, quien mediante resolución motivada autorizará o
negará la licencia. Contra esta providencia procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que la expidió y el de apelación ante la
Superintendencia  de Industria y Comercio. //Si
la causal fuere otra distinta a la del vencimiento del contrato  se aplicará lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil sobre el particular. //Los arrendatario de locales comerciales que no se
encuentren en las condiciones previstas en el artículo 518 del Código de
Comercio, quedarán amparados por lo dispuesto en este artículo. Una vez
cumplido el término de dos (2) años de ocupación, para solicitar la entrega del
inmueble  se aplicará lo dispuesto en el citado artículo 518”.
[5]
El decreto 3817 de 1982, por el cual se dictan normas sobre control de
arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas, reza en su
artículo 5º, lo siguiente: “Por vencimiento del término del contrato,
ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble, si el
arrendatario hubiere cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad,
sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo anterior”.
[6]
Si bien existe un error en el nombre del demandante enunciado en los
certificados, el número de cédula reportado en ellos sí es el del señor Juan
Pablo Ávila Navarrete, que actúa como demandante en estos procesos. Ello hace
suponer que se trata de la misma persona y que en los certificados existe un
error mecanográfico.
[7]
Artículo 38 del  Decreto 2279 de 1989: Son causales de anulación del laudo las siguientes:
(...)//2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal,
siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera
audiencia de trámite”.
[8]
Artículo 38 del  Decreto 2279 de 1989: Son causales de anulación del laudo las siguientes: (...)
“4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el
interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos”.
[9]
Artículo 166 del Decreto 1818 de 1998 dice así: “El laudo arbitral y la
sentencia del Tribunal Superior en su caso, son susceptibles del recurso
extraordinario de revisión por los motivos y trámites señalados en el Código de
Procedimiento Civil. Sin embargo, no podrá alegarse indebida representación o
falta de notificación por quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de
anulación. (...)”.
[10]
Artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. Son causales de anulación del laudo las
siguientes://1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o
causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán
invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan
saneado o convalidado en el transcurso del mismo. //2. No haberse constituido
el Tribunal de Arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido
alegada de modo expreso en la primera audiencia de trámite.// 3. No haberse
hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo que la
actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la
providencia.//4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas
oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias
necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la
decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo
debidos.//5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término
fijado para el proceso arbitral o su prórroga. //6. Haberse fallado en
conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo. //7. Contener la parte resolutiva del laudo errores
aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado
oportunamente ante el tribunal de arbitramento.//8. Haberse recaído el laudo
sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más
de lo pedido y //9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento. (Artículo 38 Decreto 227 de 1989)
[11]
Mediante Auto aclaratorio del 11 de noviembre de 2005, el Tribunal Superior
explicó que la parte convocante,  sólo estaba compuesta por la Central de
Inversiones S.A. y modificó el numeral primero, en ese sentido.  (Folio 127,
cuaderno 1).
[12] Consultar las sentencias  C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994,
T-329 de 1996, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998,
SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-622 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de
2002, T-108 de 2003, T-088 de 2003,  T-116 de 2003,  T-201 de 2003, T-382 de
2003 y T-441 de 2003, entre muchas otras.
[13] Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Dijo
la sentencia C-543 de 1992  al respecto, que:  “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos
86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).  En hipótesis
como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica
de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia.” (Las subrayas fuera original).
[15] Ver entre otras, las sentencias C-800 A de 2002 y T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16]
Ver las sentencias C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró
exequible de manera condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la
que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas, a que se
admitiera la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Ver
además, la sentencia T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo); T-173 de 1993 M.P.
José Gregorio Hernández; T- 231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-008 de
1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, la
SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda y T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras.
[17]
Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]La
expresión original de vía de hecho, se sustituyó  en la
jurisprudencia reciente de esta Corporación, por la de causales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, con el propósito
de superar una percepción restringida de esta figura,
asociada indebidamente al mero capricho judicial. En efecto, puede verse
que la vía de hecho por consecuencia no puede ser atribuida al capricho de la
autoridad judicial. Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-200 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas y C-590
de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] Ver sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-742
de 2002. M.P. Clara Inés Vargas y T-606 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes,
entre otras.
[20] Sentencias C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández;  T-567 de
1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-511 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; SU-622 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería y  T-108 de 2003 M.P. Álvaro
Tafur Gálvis, entre otras.
[21] Sentencia T-038 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[22] Sentencia T-116 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[23] Sentencia T-440 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25]
Sentencia T-1009 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[26] Sentencias  SU -1159
de 2003 y  T-578 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Sentencia T-578 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31]
Sentencia SU-120 de 2003  M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32]
Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[33] Sentencia SU-1185 de 2001.
M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[34]
En la sentencia T-1031 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett  la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia
judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o
cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse además la
sentencia T- 1285 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas y la sentencia T-567 de 1998
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36]
Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.  También la T-047 de 2005. M.P. Clara Inés
Vargas. En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien le fija el
alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores,
principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar
entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se
ajuste a la Carta política.
[37]
Sentencia T-114 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia T- 1285 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas.
[38]
Ver la sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. También las sentencias SU-640 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y  T-462 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[39]
Sentencia T- 1285 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas. En la sentencia T-193 de
1995 M.P. Carlos Gaviria, esta Corporación señaló: "Es razonable
exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los
jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la
línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los
recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse
este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también
puede consultarse  la sentencia T -949 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[40]
Sobre el tema pueden consultarse además las sentencias SU-1184 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett; T-1625 de 2000; T-522 de 2001;  T-047
de 2005. M.P. Clara Inés Vargas.
[41]
Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42]
Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[43]
Ibídem.
[44]
Sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[45]
Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46]
Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[47] Sentencia SU-1185 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[48]
Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett y T-047 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas,
entre otras.
[49]
Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001 M.P. Martha Sáchica Méndez;
T-407 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-1180 de 2001.M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[50] Sentencia T-1285 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas.
[51] El artículo 116 de la Carta, en su último inciso
establece que, “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
[52] Ver artículo 111 de la Ley 446 de 1998.
[53]
El arbitramento se define legalmente en el artículo 115 del Decreto 1818 de
1998, que reproduce el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, así: “El
arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un
conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral,
el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia,
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. // El arbitraje puede ser
en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual
los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. // En este
evento el arbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel
en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los
árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una
determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico. // Parágrafo. En
la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de
arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho”.
[54] Sentencia C-098  de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[55]
Sentencias C-163 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero y C-242 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[56] Sentencia C-098 de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez. En la sentencia C-163 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, la
Corte señaló: “Así, su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos
casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual
se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228).
Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen democrático y
participativo (CP art. 1º), que propicia entonces la colaboración de los
particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios
conflictos.”.
[57]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58]
Sentencia C-1038 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[59]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] Sentencia C-242 de 1997 M.P. Hernando
Herrera Vergara. Ver sobre el particular las sentencias C-1140 de 2000 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo;  C-060
de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-1038 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[61]
En la sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía, se afirmó: “[En]
cada caso concreto tienen que ser "habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad". Dicho en
otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el arbitramento
tienen que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto,
potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”.
[62]
En la sentencia C-431 de 1995 M.P. Hernando Herrera
Vergara se explicó que, “no obstante que el arbitramento se
origina en un negocio jurídico privado, por virtud de la habilitación de las
partes -una vez se ha llegado a acuerdo entre las partes-, quien le otorga la
facultad de administrar justicia a los particulares en la condición de
árbitros, es la misma Constitución Política”.
[63]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64]
Sentencia C-330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[65]
Sentencia C-426 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[66]
Sentencia C-242 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[67]
Sentencia C-431 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[68]
Sentencia T- 194 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[69]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además la
sentencia C-426 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[70] Sentencia C-242 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara
[71]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[72]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[73] Sentencia C-1038 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[74] Ver sentencia T-1201 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[75] Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[76] Sentencia C-294 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
[77]
Sobre las materias transigibles puede verse la sentencia C-098
de 2001 M.P. Martha Sáchica Méndez.
[78] Sentencia C-242 de 1997  M.P. Hernando Herrera Vergara
[79] Sentencia C-294 de 1995  M.P. Jorge Arango Mejía.
[80] Sentencia C-294 de 1995  M.P. Jorge Arango Mejía.
[81]
Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[82]
En términos de la sentencia C-1436 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra: “Dentro
de este contexto, no es difícil arribar a la conclusión según la cual los
particulares investidos de la facultad de administrar justicia no pueden
pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la soberanía
nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón de su naturaleza,
están  reservados al Estado, a través de sus distintos órganos”.
[83]
Sentencia C-1436 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[84]
Sentencia C-1436 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. La sección pertinente de
la .parte resolutiva dice: “Decláranse EXEQUIBLES los artículos 70 y
71 de la ley 80 de 1993, bajo el entendido que los árbitros nombrados para
resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, el
desarrollo, la terminación y la liquidación de contratos celebrados entre el
Estado y los particulares, no tienen competencia para pronunciarse sobre los
actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus
poderes excepcionales”.Sentencia SU.174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[85] En la sentencia T-570 de 1994 M.P. Carlos Gaviria
Díaz, se dijo que si bien  el recurso de anulación, técnicamente no es una
segunda instancia comparable a la que se decide con los recursos de apelación,
en términos de la Corte sí satisface la garantía consagrada en el artículo 31
Superior, ya que con tal recurso se “cumplen las finalidades materiales”
de la doble instancia en cuanto a la posibilidad de un control judicial, mas no
de una revisión in integrum de la controversia. Para la Sala de
Revisión, si bien la regla general es que las sentencias son apelables o
consultables, estas reglas generales tienen excepciones permitidas por la
Constitución y desarrolladas por la ley, entre las cuales está el arbitramento.
[86]
Ver sentencia T-570 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).  En esa providencia se
mencionó que la ley vigente (Decreto Extraordinario 2279 de 1.989, reformado
por la Ley 23 de 1.991) sí complementó la regulación del proceso excepcional
tramitado por los árbitros, otorgando competencia al Tribunal para revisar el
aspecto sustancial del laudo (los posibles errores in judicando), en los
asuntos contemplados en las causales 7, 8 y 9 del artículo 38 del Decreto 2279
de 1.989, y para pronunciarse sobre las cuestiones formales enunciadas en las
seis primeras causales de anulación.  Además, el artículo 41 del Decreto 2279
de 1.989, dispone que el laudo arbitral y la sentencia que decide sobre la
anulación del mismo, pueden revisarse -conocen del recurso el Tribunal Superior
o la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema-, por los motivos y mediante
los trámites determinados en los artículos 379 a 385 del Código de
Procedimiento Civil.
[87]
Artículo 230 del Decreto 1818 de 1998 reza lo siguiente: “Del recurso de
anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso
de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el Tribunal
de Arbitramiento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. //El recurso se
surtirá ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. //Son causales de anulación del laudo, las siguientes: //1.
Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas
o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas,
siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado
las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. //2. Haberse fallado en
conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo. //3. Contener la parte resolutiva del laudo errores
aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado
oportunamente ante el Tribunal de Arbitramiento. //4. Haber recaído el laudo
sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más
de lo pedido. //5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramiento. //El trámite y efectos del recurso se regirá por las
disposiciones vigentes sobre la materia (artículo 72 ley 80 de 1993).
[88]
Sentencia SU-837 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.
[89]
Para el caso específico de la interposición de tutela contra laudos arbitrales
en material laboral, la Corte precisó que en estas hipótesis debe presentarse
la tutela también contra la sentencia de homologación: “Una vez se ha
surtido la homologación de un laudo arbitral por fallo judicial, el laudo
adquiere fuerza de sentencia (Art. 143 CPT), reemplazando la convención
colectiva existente hasta ese momento. Por ello, en estricto sentido, la acción
de tutela se dirige contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación
como unidad inescindible (…). // En caso de que la sentencia de homologación convalide
el laudo arbitral pese a constituir éste una vía de hecho violatoria de los
derechos fundamentales, el vicio de inconstitucionalidad se comunica a la
sentencia de homologación. Esto porque la justicia laboral habría errado
gravemente en el control que sobre el laudo había debido realizar, lo cual trae
como consecuencia el que derechos fundamentales resulten vulnerados por el
laudo en virtud de su exequibilidad declarada por la sentencia de homologación”.
[90]
Sentencia SU-058 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[91]
Sentencia T-1202 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[92]
Sentencia T-1228 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[93]
Sentencia SU-837 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En
esta sentencia se estudio el recurso de homologación por un fallo en equidad
Dijo la Corte en esa oportunidad: “Si bien la acción de tutela por vías de
hecho procede contra el laudo y la sentencia que lo homologa, los defectos
predicables de uno y otro acto son diferentes. Esto porque los árbitros deciden
en equidad, mientras que los jueces fallan en derecho. Es así que los defectos
de las decisiones judiciales –sustantivos, fácticos, orgánicos o
procedimentales- no se aplican, en su integridad ni en el mismo sentido, a los
laudos arbitrales en equidad y a las providencias judiciales. Aunque la equidad
impone límites sustanciales a los árbitros y a la manera como deben decidir,
estos límites son diferentes a los que se derivan de las reglas legales para
los jueces que deciden en derecho una determinada controversia. Es así como las
causales de las vías de hecho se restringen y adquieren un significado
diferente en materia de tutela contra laudos.// Por su parte, el laudo arbitral
presenta un defecto grave y manifiesto cuando carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable. Se trata de un defecto por falta de motivación
material o evidente irrazonabilidad que torna arbitraria la decisión arbitral.
La sentencia de homologación que pasa por alto la falta de motivación o la
evidente irrazonabilidad del laudo cae bajo la hipótesis del defecto
sustantivo. Ello porque por mandato legal la justicia laboral está obligada a
surtir un control de legalidad a la vez que de constitucionalidad sobre el
laudo arbitral, sin que sea aceptable limitarse a realizar un mero control
formal del trámite, sin examinar si el laudo desconoce los derechos y
facultades constitucionales de las partes”.
[94]
Sentencia T-192 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[95]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver. SU-058 de 2003
y T-920 de 2004.
[96]
Sentencia SU-174 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[97]
Sentencia T-1228 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis,
[98]
sentencia T-920 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[99]
En la sentencia SU-174 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se verificó
expresamente la procedencia de ese requisito de procedibilidad y su
cumplimiento en la página 110 del mencionado fallo.
[100]
El artículo 518 del Código de Comercio establece expresamente un régimen
específico aplicable a los contratos de arrendamiento de locales comerciales
cuya duración es superior a 2 años. Para tales arrendatarios existen
disposiciones expresas de protección frente a los arrendadores, que les
permiten contar con derechos varios como el de renovación. Los contratos de
arrendamiento de local comercial por un término inferior a dos años, se regulan
en general por la legislación civil. Sin embargo es ahí donde surgen las
discrepancias: (a) Una parte de la doctrina e incluso de la jurisprudencia
considera que el régimen aplicable para los contratos de arrendamiento de local
comercial inferior a un año es el Decreto 63 de 1977 numeral 9º, con las
modificaciones de los Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983. En tales casos, se
afirma que por vencimiento del plazo no se puede  pretender la restitución del
local y en caso de darse alguna de las causales de desocupación  previstas en
el artículo 9º del Decreto 063 de 1977, debe acudirse al proceso de restitución
del inmueble, sin necesidad del desahucio del que habla el artículo 520 del
C.Co.  (Cfr. José Fernando Ramírez.  Arrendamiento de Locales comerciales,
Ed. Temis, 1993). (b) De otro modo, otra parte de la doctrina y de la
jurisprudencia considera que el artículo 5º del Decreto 3817 de 1982 no es
aplicable para contratos de arrendamiento de locales comerciales inferiores a 2
años. Sobre ese aspecto en concreto, dijo la sentencia del 22 de febrero de
2000, del Magistrado Ricardo Zopó Mendoza del Tribunal Superior de Bogotá, lo
siguiente: “Con todo, considera esta sala de decisión que no obstante la
precisión con que la norma dispone la no expiración del contrato por
vencimiento de su término y ser dicho decreto “por el cual se dictan normas sobre
control de arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas”, el
mismo no tiene el alcance de regular lo relativo a contratos de arrendamiento
celebrados sobre inmuebles destinados a establecimientos de comercio, pues
estando estos regidos por normas especiales del Código de Comercio, su
aplicación debe ser preferente  a otra de carácter general como el propio
decreto 3817 de  1982 (...). Así entonces, el invocado decreto 3817 de 1982
(...) fue expedido para regular el arrendamiento de inmuebles con destino
diferente al establecimiento de comercio. (...) Afirmar que el tan mencionado
decreto es aplicable a los contratos de arrendamiento de locales comerciales
equivale a sostener desatinadamente que los artículos 518, 519 y 520 del C.Co
se encuentran derogados por el decreto 3817, pues de ser así, ya no se
requerirían los dos años de ocupar el local para gozar del derecho a la
renovación del contrato. (...) [Con] la expiración del arrendamiento por
vencimiento del término pactado, hay  lugar a la restitución pretendida por la
parte demandante, como quiera que para la fecha de presentación de la demanda
(...) ya se había cumplido el año convenido, sin que hubiera habido lugar a su
prórroga, toda vez que al presente asunto no son aplicables el decreto 3817 de
1982, ni menos se cumplieron los presupuestos del que el artículo 518 del C.Co.
prevé  para gozar el arrendatario del derecho de renovación del contrato”.
En consecuencia en estos casos se debe acoger el régimen del Código Civil y lo
acordado por las partes, según la sentencia del 11 de junio de 1997. M.P.
Carlos Julio Moya del Tribunal Superior de Bogotá. El Dr. José Alejandro
Bonivento, a su vez, en el libro “Los principales contratos Civiles”,
refiere sobre este particular, lo siguiente: “Sin embargo, no se puede señalar
la misma claridad de concepto cuando el arrendatario no ha usado por el mismo
término de dos años el inmueble (...) por cuanto la norma deja un vacío que
solamente puede ser llenado por la doctrina. (...) Empero, encontramos reparos
a esa posición [que desde el primer momento el contrato sea comercial] surgidos
del sentido mismo de la ley comercial, que solo concede la protección al
arrendatario, para el beneficio de la renovación, a partir del vencimiento del
segundo año de ocupación y que nos hace pensar que en el primer periodo, es
decir, hasta el segundo año, se han de regir las relaciones arrendador
arrendatario por las reglas civiles. (...) porque la primera etapa de
vinculación no está sujeta a las normas del Código de Comercio sino desde el
momento de la renovación”. A su vez, afirmó  en el caso de los contratos
relacionados con consultorios y oficinas y no con locales comerciales, que “Tal
como ha venido operando desde la vigencia del Decreto 1070 de 1956, por vencimiento
del término del contrato, ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la
entrega del inmueble, si el arrendatario cubre los precios del arrendamiento en
su oportunidad; sin perjuicio que se de por terminado ante la negativa del
arrendatario de avenirse a pagar la renta que resultare de la aplicación de la
tarifa señalada en el artículo 1º del Decreto 2221. O sea que el artículo 5º
del decreto 3817 conserva toda su fuerza normativa en materia de consultorios,
oficinas y escuelas, distinto a vivienda o locales comerciales, por no haber
sido derogado, ni ser contrario al nuevo estatuto de control”.