T-092-94
Sentencia No
Sentencia
No. T-092/94
LIBERTAD
DE ENSEÑANZA-Titulares/LIBERTAD DE CATEDRA/PERSONAL DOCENTE-Presentación
de programas
Son
titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación la comunidad
en general, y en particular las instituciones de enseñanza, sean éstas públicas
o privadas, los docentes e investigadores y los estudiantes. Pero la
"libertad de cátedra",  tiene un  destinatario único y este es el
educador, cualquiera fuese su nivel o su especialidad. Por lo tanto, la
libertad de cátedra  es el derecho garantizado constitucionalmente a todas las
personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio,
investigación y evaluación que según su criterio, se refleja en el mejoramiento
del nivel académico de los educandos.  La libertad de cátedra no es un derecho
absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre
los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la
convivencia y la libertad de conciencia, entre otros. En desarrollo de la
libertad de cátedra los planteles educativos -sean públicos o privados-, deben
permitir que los profesores libremente determinen la forma en que consideran
debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones, claro está que la
decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la
calidad, el cumplimiento en las labores docentes y por la mejor formación
intelectual  los educandos.
DERECHO
A LA EDUCACION-Naturaleza/REGLAMENTO EDUCATIVO-Sanciones
El
derecho a la educación comporta dos aspectos: es un derecho de la persona, como
lo establece el artículo 67 de la Constitución Política  y un deber que se
materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones
impuestas por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el
campo de la disciplina como en el del rendimiento académico. Siendo la
educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las
condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el
estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los
reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento
jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no
podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona.
SALA
SEPTIMA DE REVISION
REF:
EXPEDIENTE T-24.503
Peticionario:
Robert Enrique Ibarra Bolaños.
Procedencia:
Primero Penal del Circuito de Patía (El Bordo Cauca).
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa
Fe de Bogotá D.C., marzo tres (3) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo
Mesa.
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
proceso de tutela identificado con el número de radicación T-24503, adelantado
por Robert Enrique Ibarra Bolaños.
I.
ANTECEDENTES.
Con
base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
Por
reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió
formalmente el expediente el día  veintiséis (26) de noviembre de mil
novecientos noventa y tres (1993).
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto No. 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud.
Robert
Enrique Bolaños presentó una solicitud de tutela ante el Juzgado Penal del
Circuito de Patía contra el licenciado Aristarco Caicedo, profesor de inglés de
la Concentración de Desarrollo Rural de El Estrecho.
Considera
el petente que la actitud del mencionado profesor desconoce los artículos 1º,
2º, 8º, 44 literales a), c), d) y e) del Decreto 2277 de 1979 y  vulnera los
derecho a la educación contenido en el artículo 67 de la Constitución Política.
De igual forma procedió contrario a los dispuesto en el capítulo 3º numerales
2º y 4º del Reglamento Interno del Colegio.
Los
hechos que dieron origen a la petición de tutela, se resumen de la siguiente
forma:
1.
El petente ingresó a la Concentración de Desarrollo Rural en el año de 1988
para cursar los estudios secundarios.
2.
Manifiesta que en el transcurso del año de 1992 y cuando cursaba el noveno
grado, se presentó un incidente con el profesor de inglés, el licenciado
Aristarco Caicedo en relación con el tema denominado "frases
interrogativas de tiempo pasado en la forma simple del verbo To Do".
3.
Una vez culminada la explicación del tema, el profesor manifestó a los alumnos
que realizaría en la siguiente clase un examen escrito sobre el tema mencionado
en el punto anterior.
4.
Ante la determinación del docente, los alumnos acordaron no presentar el
examen, pues consideraron que se hacía necesaria una nueva explicación previa
al examen.
5.
El profesor Caicedo hizo caso omiso a los requerimientos de los alumnos y
procedió a realizar el examen que fue calificado con la nota de uno (1) para
todos los alumnos.
6.
En vista de los atropellos cometidos por el educador, los alumnos del noveno
grado elevaron una solicitud por escrito ante el Rector de la Concentración,
señor Maru Peña Mellizo, explicándole la situación presentada.
7.
Posteriormente el Rector y el profesor se reunieron y acordaron suprimir la
nota del uno (1), realizar un promedio con las anteriores notas y computar ésta
con la nota del examen final.
8.
Efectivamente el examen final de ingles se llevó a cabo pero según los alumnos
el profesor no respetó el acuerdo celebrado sobre la valoración de las notas,
porque duplicó la nota del examen final -el que sólo fue aprobado por cuatro
alumnos-, motivo por el cual el petente perdió el año.
9.
Considera el peticionario que "el señor Aristarco Caicedo, con sus
procedimientos indecorosos, con sus actos inconsecuentes  y poco loables de un
buen educador, violó los derechos de los alumnos al colocar una nota sin haber
practicado dicho examen, el régimen interno del colegio y el Estatuto Docente y
los artículos 67 y 86 de la Constitución Nacional".
Fundado
en los hechos expuestos solicita que se le ordene al licenciado suprimir la
tercera nota que fue colocada a los estudiantes con el objeto que se garantice
y se restablezca el pleno derecho a la educación, además que se le ordene sacar
el promedio y dejar como calificación lo acordado con el Rector.
2.
Fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía (El Bordo Cauca), de
fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres.
El
Juzgado en mención, previo al fallo de tutela, practicó las siguientes pruebas:
a)
Declaración del licenciado Aristarco Caicedo.
Manifiesta
que en particular el peticionario de la tutela, el alumno Robert Enrique Ibarra
Bolaños presentó desinterés por la clase. Además expresa que el tema objeto del
examen ya había sido estudiado el año inmediatamente anterior con la profesora
Betty Castrillón, como se demuestra en el parcelador que la profesora llevaba.
Relata
que efectivamente como resultado de la reunión con el Rector, decidió cambiar
la nota de uno (1) por la decisión de duplicar la nota del examen final,
acuerdo al que llegaron antes de proceder a la calificación de los exámenes
finales.
Considera
que si los alumnos hubieran presentado un buen examen no existiría problema
alguno, pero que se considera un profesor recto y exigente "que no regala
notas" y que por lo mismo ha recibido anónimos amenazantes exigiéndole el
abandono de la región.
Expresa
que "desafortunadamente los estudiantes del Estrecho bailan todo el año,
vagan todo el año y al final quieren cosechar los mejores logros".
b)
Declaración del señor Maru Peña Mellizo, Rector del Colegio Concentración de
Desarrollo Rural.
Manifiesta
el señor Rector que el acuerdo al que llegaron en la reunión sostenida entre él
y el profesor era que se suprimía la nota de uno (1), pero el examen final se
contaría por dos notas a fín de completar las tres notas, por lo que en ningún
momento el profesor violó el acuerdo al que se había llegado.
Expresa
al Despacho que el peticionario "era bastante indisciplinado, inclusive
ahora último yo respeto las decisiones de los profesores, las notas que llegan
a la Secretaría del Colegio son sagradas, yo no puedo variar lo que los
profesores hayan hecho y resulta que Robert Enrique, en compañía de su señor
padre y su hermano, fueron a presionarme para que yo les solucionara el
problema, que yo le cambiara esa nota, yo les manifesté que esas notas eran
sagradas, que yo no podía meterme en ese caso; que si los profesores hacía eso
antes de llegar a la Secretaría era cuestión de ellos, allí me insultaron y lo
único que les faltó fue pegarme. Debo anotar que el hermano de Robert Enrique,
en una forma abusiva metió las manos al archivo el día que estábamos viendo las
notas y sacó el original de la planilla donde van las notas del grado 9º,
llevadas por el Profesor Aristarco Caicedo, diciendo que el iba a sacar una
fotocopia y que ya me regresaba el original, pero esta es la fecha que todavía
no me la ha regresado".
El
Juzgado del Circuito Rechazó la solicitud de tutela interpuesta por el señor
Robert Enrique Ibarra Bolaños contra el licenciado José Aristarco Caicedo, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
1.
El derecho a la educación y al aprendizaje son derechos fundamentales
inalienables e inherentes a la persona humana; mas el ganar una materia no lo
es; una asignatura no se prueba por el simple hecho de ser persona; se gana,
cuando se cumplen ciertos requisitos  exigidos por el Estado para ello; uno de
los cuales es el rendimiento académico, y no se aprueba simplemente por
negociación entre profesores-alumno, o profesor-rector, de ahí que se diga que
el no cumplir el licenciado Caicedo lo pactado, faltó a su palabra, mas no
violó con ello el derecho fundamental a la educación.
2.
No existe en el presente caso vulneración ni amenaza del derecho fundamental a
la educación y al aprendizaje porque con la reprobación de una asignatura
perdió el peticionario por reglamento el derecho a ganar el año sin perjuicio
de repetirlo. Perdió la materia y se le dió la oportunidad consagrada en las
normas de la Secretaría de Educación o sea la de ganar esa disciplina mediante
la habilitación, en ningún momento se violó o amenazó su derecho a la
educación.
II.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.
Competencia.
Es
competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir
sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección
que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se
verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación.
2.
Del tema jurídico en estudio.
En
el caso a estudio de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, se
desarrollarán los siguientes temas:
a.
Los destinatarios de la libertad de enseñanza y de la libertad de cátedra.
b.
Del derecho a la educación como derecho-deber.
c. En
que casos procede el rechazo de la solicitud de tutela.
3.
Los destinatarios de la libertad de enseñanza y de la libertad de cátedra.
El
artículo 27 de la Constitución, establece:
El
Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
El
artículo anteriormente citado, contiene cuatro aspectos del género
"enseñanza", como son la propia enseñanza, el aprendizaje, la
investigación y la cátedra. En relación con los tres primeros, los
destinatarios del derecho fundamental  pueden ser tanto el plantel educativo
como el educando, a quienes se les garantiza, en el primer caso la libertad de
enseñar, de escoger el sistema o método de aprendizaje y el sistema o método de
investigación; y si se trata del educando, éste se encuentra en libertad de
decidir cuál es el sistema de educación e investigación que se ajuste a su
personal criterio o el de sus padres, cuando se trate de menores de edad.
Así
pues, son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación la
comunidad en general, y en particular las instituciones de enseñanza, sean
éstas públicas o privadas, los docentes e investigadores y los estudiantes.
Pero
la "libertad de cátedra",  tiene un  destinatario único y este es el
educador, cualquiera fuese su nivel o su especialidad. El profesor, conocedor
de su materia y preparado en el área, es libre de escoger el sistema que guiará
el desarrollo de la materia y determinará la forma de avaluación, conforme a
las disposiciones que reglamentan la actividad educativa.
Por
lo tanto, la libertad de cátedra  es el derecho garantizado constitucionalmente
a todas las personas que realizan una actividad docente a presentar un programa
de estudio, investigación y evaluación que según su criterio, se refleja en el
mejoramiento del nivel académico de los educandos.  Esto no quiere decir que la
libertad de cátedra sea absoluta. Sus límites están dados por la Constitución y
la ley, sin que en su ejercicio puedan desatenderse los fines de la educación:
formar colombianos que respeten los derechos humanos, la paz y la democracia.
Por
libertad de cátedra se había entendido un libertad propia sólo de los docentes
en la enseñanza superior o, quizá más precisamente, de los titulares de los
cargos docentes denominados precisamente "cátedras" y todavía hoy en
la doctrina alemana se entiende, en un sentido análogo, que tal libertad es
predicable sólo respecto de aquellos profesores cuya docencia es proyección de
la propia labor investigadora, resulta evidente.
Pero
la interpretación más conforme con la Constitución es, que la libertad de
cátedra es aplicable a todos los docentes, sea cual fuere el nivel de
enseñanza en el que actúan y la relación que media entre su docencia y su
propia labor investigadora.
En
los centros públicos de cualquier grado o nivel la libertad de cátedra tiene un
contenido negativo uniforme en cuanto que habilita al docente para resistir
cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada,
es decir, cualquier orientación que implique un determinado enfoque de la
realidad natural, histórica o social dentro de lo que el amplio marco de los
principios constitucionales hacen posible. Libertad de cátedra es, en este
sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina
oficiales.
En
una relación educativa se pueden ver enfrentados dos derechos diferentes: de un
lado la libertad de enseñanza cuando el alumno o el centro educativo no
comparten la forma en que el profesor ejerce su labor y el derecho a la
libertad de  cátedra. Estas dos series de derechos no son incompatibles sino
que, muy por el contrario, la libertad de enseñanza se realiza por y en la
libertad de cátedra, a través de un punto de equilibrio que matiza sus
desarrollos.
Cuando
se trata del conflicto entre libertad de cátedra y libertad de enseñanza con
fundamento en el ideario del centro educativo, es preciso distinguir entre
centros educativos privados y aquellos que son públicos.
Al
incorporarse un profesor a un centro docente y conocer la existencia de un
"ideario", en una institución pública, esto no le obliga a subordinar
a ese ideario las exigencias que el rigor científico impone a su labor. El
profesor es libre como profesor, en el ejercicio de su actividad específica.
En
los centros educativos de carácter privado en los que la filosofía impregna
toda la actividad docente, de todas formas debe existir libertad de cátedra y
respetarse el contenido esencial de este derecho en todo aquello que responda
al fuero interno del criterio del profesor especializado en su área.
La
libertad de cátedra,  como se manifestó anteriormente no es un derecho
absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre
los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la
convivencia y la libertad de conciencia, entre otros[1].
Por
lo tanto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que en
desarrollo de la libertad de cátedra los planteles educativos -sean públicos o
privados-, deben permitir que los profesores libremente determinen la forma en
que consideran debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones,
claro está que la decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de
velar por la calidad, el cumplimiento en las labores docentes y por la mejor
formación intelectual  los educandos.
En
la Sentencia T-493 de 1992, la Corte Constitucional estableció:
"El
ejercicio de la libertad de cátedra no puede ser recortado en sus alcances
restringiéndola a la simple adopción de decisiones sobre aspectos puramente
formales. Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que
desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa garantía, de
la cual hace parte además  del elemento instrumental o procedimental (evaluación,
metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material,
relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas y
conceptos.  Ello implica la facultad que tienen tanto el docente como el alumno
para referirse a los temas sometidos a estudio en completa independencia frente
a imposiciones o condicionamientos de ideología o de doctrina. La libertad
de cátedra, que tampoco es absoluta, requiere al mismo tiempo responsabilidad
en cuanto a los conceptos que se transmiten y se debaten, por lo cual exige del
docente constante fundamentación de sus afirmaciones y la seria evaluación
sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los temas tratados, atendiendo a
los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y académico en el
cual se halla el estudiante"[2]
(negrillas no originales).
4.
Del derecho a la educación como derecho-deber.
El
derecho a la educación, que ha sido considerado por la Corte Constitucional
como un derecho fundamental de la persona -así no se encuentre ubicado dentro
del catálogo de derechos fundamentales, en una interpretación literal y que no
corresponde al espíritu de la Constitución Política-, es el derecho básico que
permite al hombre lograr el desarrollo de su ser y alcanzar cada vez más y
mejores posiciones a través del conocimiento.
El
derecho a la educación comporta dos aspectos: es un derecho de la persona, como
lo establece el artículo 67 de la Constitución Política  y un deber que se
materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones
impuestas por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el
campo de la disciplina como en el del rendimiento académico.
Sólo
aquellas situaciones que riñan con la razonabilidad como exigencia de
determinados comportamientos o que en la aplicación de la sanción no se observe
el debido proceso, es decir, que vulneren o amenacen el derecho fundamental,
son objeto de la protección a través de la acción de tutela.
El
artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación
primordialmente es una función social.
De
la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como
"derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita
cultural.
Sobre
este punto, la Corte Constitucional en Sentencia T-02 de 1992, estableció:
Peces-Barba,
en su libro Escritos sobre Derechos Fundamentales, considera al respecto lo
siguiente: 'Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente
derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo
una obligación respecto a esas conductas protegidas por el derecho fundamental.
No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber
frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la
exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan
importante por la comunidad y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden
abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes
para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos. El caso más
claro de esta tercera forma de protección de los derechos económicos, sociales
y culturales es el derecho a la educación correlativo de la enseñanza básica
obligatoria'.[3]
Ahora
bien, siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el
incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el
no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento
exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el
ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea,
pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la
persona.
La
Corte Constitucional en sentencia T-341 de 1993, se estableció:
Quien
se matrícula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado
derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama
protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez
verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo
como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión
verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los
derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la
irresponsabilidad de éste[4].
Por
lo tanto, para el caso particular se establece que el alumno Ibarra Bolaños, no
cumplió con las exigencias académicas, en particular con la asignatura de
inglés y su bajo rendimiento se reflejó en las malas notas que obtuvo, que lo
llevaron a la pérdida del año escolar.
Pero
no se le desconoció el derecho a la educación por parte del plantel educativo,
pues se le permitió repetir el año escolar, como consta en el expediente.
Así
pues, en este orden de ideas, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional
comparte las consideraciones del Juzgado en cuanto a que el recibir una nota
acorde con el desempeño del estudiante y por esa razón reprobar el año, no es
una conducta que vulnere el derecho fundamental a la educación.
5.
Del rechazo de la solicitud de tutela
El
único reparo que la Corte tendría frente a la decisión que se revisa, se centra
en que el Juez de Tutela no RECHAZA una solicitud cuando no ha sido posible
demostrar la vulneración o amenaza del derecho fundamental, sino DENIEGA o NO
CONCEDE la petición solicitada.
Al
respecto, el Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela, en el
artículo  17 establece que si no pudiere determinarse el hecho o la razón que
motiva la solicitud de tutela, se prevendrá al solicitante para que corrija en
el término de tres días los cuales deberán señalarse concretamente en la
correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser
rechazada de plano.
En la
sentencia T-451, la Corte Constitucional estableció:
De
tal manera que el juez no puede rechazar "in-limine" la tutela con el
argumento de que el derecho no es fundamental, pues es indispensable hacer
previamente un análisis concreto para establecer con suficientes elementos de
juicio su carácter de tutelable o no en las específicas circunstancias del caso[5].
Así
pues, la Sala considera que incurrió en error el Juez Primero Penal del
Circuito de Patía al rechazar la solicitud de tutela formulada por el
estudiante Robert Enrique Ibarra Bolaños y el procedimiento correcto -por no
haberse vulnerado el derecho fundamental a la educación-, sería no conceder la
tutela pedida.
En reciente
jurisprudencia  la Corte Constitucional, sobre el aspecto procesal del rechazo
de la petición de tutela, estableció:
La
orden de rechazar una petición de tutela por motivos distintos hace inútil la
garantía del artículo 86 de la Constitución y contraría de manera abierta el
principio constitucional de acceso a la administración de justicia (art. 229
C.N.), a la vez que contradice el postulado básico de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales (art. 228 C.N.).
El
juez u organismo judicial ante el cual se invoca un derecho primario, como los
que busca proteger el artículo 86 de la Carta, debe entrar en el fondo del
asunto para examinar, con criterio de justicia material, las circunstancias en
medio de las cuales se ha producido el acto o la omisión que pueden estar
causando la perturbación o el riesgo del derecho fundamental; para definir si
el daño o amenaza existen; para establecer sobre quién recae la responsabilidad
del agravio y para impartir, con carácter obligatorio e inmediato, las ordenes
encaminadas a restaurar la vigencia real de las garantías constitucionales[6].
6. Del caso
concreto.
La
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución como mecanismo
de protección de los derechos constitucionales, procede cuando exista
vulneración o amenaza del derecho fundamental y cuando el peticionario no
cuente con un medio judicial de defensa.
En
el caso a estudio de la Sala de Revisión se observa que el estudiante Ibarra
Bolaños considera vulnerado el derecho a la educación por la conducta del
profesor Aristarco Caicedo al calificar un axamen con doble nota, circunstancia
que le desfavoreció y como consecuencia, reprobó el año escolar.
Analizada
la actuación del docente se establece que en principio los estudiantes se
opusieron a la realización de una prueba sobre el tema "frases
interrogativas del tiempo pasado en la forma simple del verbo TO DO", y en
concepto del docente existía suficiente claridad por cuanto el mismo tema ya
había sido tratado en curso anterior. Ante la negativa del curso, el profesor
optó por  colocar la nota de 1.0 a todo el curso, situación que posteriormente
se modificó por la intervención tanto de los alumnos como del Rector.
En
la segunda oportunidad y teniendo presente que el centro educativo exige un
mínimo de tres calificaciones para obtener el promedio, el profesor Caicedo
decidió valer por dos notas la del examen final, decisión que fue aceptada por
las directivas del plantel.
Como
se establece en la planilla de notas, éstas fueron muy bajas razón por la cual
tanto el petente como varios alumnos reprobaron la materia. También aparece en
el expediente el boletín de evaluación académica de Robert Enrique Ibarra; ahí
se observa que se respeto el porcentaje de valoración por períodos, de acuerdo
a la reglamentación que se aplica en toda la República, previamente conocida
por alumnos y docentes.
La
decisión del profesor sobre el método de enseñanza como la forma de avaluación
y el valor de la misma hace parte del derecho constitucional fundamental a la
libertad de cátedra y en su ejercicio no existe vulneración o amenaza del
derecho fundamental a la educación del alumno Ibarra Bolaños, pues de las
declaraciones y pruebas allegadas al expediente se desprende que no se esforzó
académicamente y que los resultados son los ya conocidos.
De
otro lado, llama la atención que tanto el alumno como su familia ha recurrido a
amenazas al profesor para ganar el año. En múltiples oportunidades la Corte
Constitucional ha favorecido los derechos de los estudiantes por que encontrar
una actitud arbitraria bien del centro educativo o del profesor, pero en este
caso es preciso resaltar la labor seria del profesor en procura de un mejor
nivel académico, razón por la cual no se tutelarán los derechos supuestamente
vulnerados y por el contrario es preciso conminar al peticionario a esforzarse,
como los demás alumnos, esfuerzo que redundará en su futuro profesional.
En
mérito de lo expuesto, la  Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO:
REVOCAR
la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía
(Cauca), por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO:
DENEGAR
la solicitud de tutela presentada por el ciudadano Robert Enrique Ibarra
Bolaños, con base en que la conducta del docente Aristarco Caicedo no vulneró
el derecho a la educación.
TERCERO:
COMUNICAR
a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el contenido de la
sentencia al Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía (Cauca), al Rector de
la Concentración de Desarrollo Rural de El Estrecho, al profesor Aristarco
Caicedo, al Defensor del Pueblo y al peticionario de la presente tutela.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Ponente
FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Cfr, Corte
Constitucional. Sentencia T-421 de 1992. Magistrado Sustanciador. Dr. Alejandro
Martínez Caballero.
[2]Corte Constitucional.
Sentencia T-493 de 1992. Magistrado Sustanciador Dr. José Gregorio Hernández
Galindo.
[3]PECES-BARBA. Gregorio.
Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudema Universidad. Madrid. 1988. pág.
209.
[4]Corte Constitucional.
Sentencia T-341 de 1993. Magistrado Sustanciador Dr. José Gregorio Hernández
Galindo.
[5]Corte Constitucional.
Sentencia T-451 de 1992. Magistrado Sustanciador Dr. Ciro Angarita Barón.
[6]Corte Constitucional.
Sentencia T-034 de 1994. Magistrado Sustanciador Dr. José Gregorio Hernández
Galindo.