T-557-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-557/11
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Desarrollo del principio del interés superior del menor
De conformidad con nuestra Carta Política los derechos de
los niños prevalecen sobre los de los demás. Este contenido normativo denota la
intención del constituyente de colocar a los niños en un lugar primordial en el
que deben ser especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad al
ser sujetos que empiezan la vida y que se encuentran en situación de
indefensión, que requieren de especial atención por parte de la familia, la
sociedad y el Estado y sin cuya asistencia no podrían alcanzar el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad. Son la familia, la sociedad y el Estado
quienes están obligados a asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, siempre
orientados por el criterio primordial de la prevalencia del interés superior
del menor.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios
jurídicos para determinarlo
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido unos
criterios jurídicos relevantes a la hora de determinar el interés superior del
menor en caso de que sus derechos o intereses se encuentren en conflicto con
los de sus padres u otras personas que de alguna manera se vean involucradas. El
principio del interés superior del menor opera como el criterio orientador de
la interpretación y aplicación de las normas de protección de la infancia que
hacen parte del bloque de constitucionalidad y del Código de la Infancia y la
Adolescencia.
PROCESO DE CUSTODIA EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO-Finalidad
En concordancia con la finalidad del artículo 44
constitucional, así como con los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, el Código de la Infancia y la Adolescencia
establece a favor de los niños el derecho a tener una familia y a no ser
separados de ella. Señala así, que los menores tienen derecho a crecer en el
seno de una familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ésta. No obstante,
admite una excepción a dicha regla, al establecer que un niño podrá ser
separado de su familia cuando la misma no garantice las condiciones para la
realización y el goce efectivo de sus derechos, sin que la condición económica
pueda dar lugar a la separación.
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA-Prevé reglas y etapas del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos de los niños
El Código de la Infancia y la Adolescencia regula
expresamente los procedimientos administrativos atinentes a la adopción de
medidas de protección o de restablecimiento de derechos de los niños,
radicándolos en cabeza de los defensores de familia y comisarios de familia
(art. 96) del lugar donde se encuentre el menor.
CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DEL
MENOR-Reglas y procedimientos/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Criterios
de razonabilidad y ponderación en medidas de protección de los derechos del
menor
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS-Trámite y reglas especiales para la protección
de los derechos del menor/PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS-Medida provisional de urgencia o decisión adoptada debe ser
notificada a los representantes legales del menor o quienes estuvieren a su
cargo
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA EN
PROCESO DE CUSTODIA-Orden al ICBF de trasladar a los menores al hogar del
padre, quien tenía la custodia de los hijos
Referencia: expediente T-2983421
Acción de
tutela instaurada por Pedro contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña (Norte de Santander).
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil once (2011)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en única
instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña el primero (1°)
de febrero de 2011, dentro de la acción de tutela promovida por Pedro
contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña
(Norte de Santander).
El expediente de la referencia fue escogido para revisión
por medio del Auto de diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011),
proferido por la Sala de Selección Número Tres.
La Corporación ha adoptado como medida de protección de la
intimidad de los menores involucrados en este proceso, suprimir de esta
providencia y de toda futura publicación de la misma, sus nombres y el de sus
familiares, al igual que los datos e informaciones que permitan su
identificación. Debido a que son varias las personas a quienes se les debe
suprimir el nombre y a la extensión de la sentencia, la Sala de Revisión ha
preferido remplazar los nombres reales de los menores y sus familiares por
nombres ficticios en lugar de cambiarlos por letras, como acostumbra a hacer la
jurisprudencia constitucional en estos casos.[1] Cuando se
trate de un nombre ficticio, éste se escribirá en cursiva y no se usarán
apellidos.
I. ANTECEDENTES
Pedro interpuso acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y a la unidad familiar, así como el derecho de sus hijos menores de edad, Ana
y Juan, a una protección especial, los cuales considera vulnerados por
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña (en
adelante ICBF), al haber otorgado la custodia provisional de sus hijos a Ruth,
abuela materna de los menores, cuya titularidad radicaba en él, por orden
judicial, y sin haberle notificado del inicio del procedimiento administrativo,
ni de la decisión en él adoptada.
1. Hechos
1.1.   Pedro convivió con María durante ocho
años, y en el seno de dicha unión permanente fueron procreados los menores Ana[2] y Juan[3], de 9 y 11
años de edad, respectivamente.
1.2.   Los compañeros permanentes decidieron separarse y en
el año 2007 María se radicó en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander),
junto con sus dos hijos menores.
1.3.   El actor afirma que  el actual compañero permanente
de la madre de sus hijos, “tenía actitudes sexuales abusivas con la niña y
en presencia de los dos niños la pareja realizaba actos sexuales”[4], poniendo en
peligro su integridad psicológica.
1.4. En virtud de tal situación, el peticionario inició el
proceso de custodia y cuidado personal de sus hijos. El conocimiento de la
demanda correspondió al Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, el cual,
mediante sentencia de 14 de septiembre de 2009,[5]
decidió otorgarle la custodia y cuidado personal de los dos niños, con
fundamento en el dictamen psicológico de 6 de mayo de 2009, en el que quedó
registrada la descripción efectuada por la niña Ana, de la conducta del
padrastro y para no separar a los dos hermanos. Como consecuencia de la
decisión judicial, fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde residían con
su padre.[6]
1.5. Pedro señala que en el mes de noviembre de 2010,
al momento de terminación del año lectivo de sus hijos, en conversación
sostenida con la madre de los menores, esta última le solicitó que los dejara
pasar las vacaciones con ella en la ciudad de Ocaña, con el compromiso de regresarlos
a Bogotá antes del 31 de diciembre siguiente. El accionante accedió a la
petición y autorizó a los niños Ana y Juan a que viajaran a Ocaña
a reunirse con su madre durante el período de vacaciones, siempre y cuando se
quedaran en el domicilio de la abuela materna, no en el de la madre de los
niños, para evitar su cercanía con el compañero permanente de esta última.
1.6. El actor sostiene que la madre de los niños incumplió
el compromiso al que habían llegado, por cuanto no regresó a los menores a la
ciudad de Bogotá en la fecha acordada, esto es, antes del 31 de diciembre de
2010. María adujo para ello que en el mes de enero se radicaría de nuevo
en la capital del país, y que viajaría con los niños en ese momento.
1.7. Agrega que el 31 de diciembre de 2010, la madre de los
niños, en compañía de Ruth, abuela materna de estos, acudió al ICBF, con
el fin de solicitar su custodia y cuidado personal. El mismo día, afirma el
accionante, la entidad accionada adoptó la decisión de otorgar su custodia
provisional a la abuela de los niños, sin haberle notificado de las actuaciones
adelantadas.
1.8. Asegura el tutelante que viajó a la ciudad de Ocaña el
3 de enero de 2011 a recoger a sus hijos, en vista de que María no se
los llevaba de nuevo a Bogotá. Indica que al llegar al domicilio de Ruth,
abuela materna de los menores, descubrió que los niños no permanecían allí y
que se habían quedado en el lugar de residencia de la madre y su compañero
permanente, en desconocimiento de lo acordado verbalmente por los dos. Adicional
a lo anterior, sostiene que al llegar el Policía de Infancia y Adolescencia, la
señora Ruth exhibió la resolución del ICBF por la cual le fue otorgada a
ella la custodia provisional de los menores.
1.9. Pedro afirma que desde el momento en que le fue
otorgada la custodia de sus hijos, la madre no ha cumplido con el pago de la
cuota alimentaria fijada por el juez, bajo el argumento de que se encuentra
desempleada.[7]
1.10. Para finalizar, mantiene que los niños se encontraban
en excelentes condiciones mientras vivieron con él en la ciudad de Bogotá, tal
como da cuenta la historia socio familiar que obra en el Centro Zonal de Ciudad
Bolívar del ICBF[8].
Además, considera que la interrupción en su proceso educativo es altamente
perjudicial para ellos, pues los niños tenían un desempeño académico inmejorable
en el colegio en que estudiaban en Bogotá,[9]
y que el exitoso proceso escolar se verá truncado a causa de la arbitraria
decisión del ICBF Centro Zonal N° 4 de Ocaña de darle la custodia provisional
de los menores a la abuela materna.
1.11. Por todo lo anterior, solicita la revocatoria del acto
administrativo expedido por el ICBF de Ocaña, y que la custodia y cuidado de
sus hijos menores sea restablecida en su favor, de conformidad con la decisión
judicial proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa misma
ciudad.
2.  Respuesta de la entidad accionada
2.1. El Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal Ocaña, no
se pronunció sobre la acción de tutela. Dio respuesta adjuntando copia de la
Resolución N° 008 del 31 de diciembre de 2010, por la cual se otorgó de manera
provisional la custodia de los niños Ana y Juan a la abuela
materna, señora Ruth,[10]
así como del informe psicológico sobre los menores.
2.2. La Resolución se fundamenta
en el informe psicológico que expresa que al momento en que agentes de la
Policía de Infancia y Adolescencia se presentaron en casa de la madre de los
menores solicitando que fueran enviados de manera inmediata a la ciudad de
Bogotá con su padre, por petición de este último, los niños entraron en pánico
y manifestaron su deseo de permanecer junto a su progenitora y a su familia
materna.[11]
3. Sentencia de instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña, por
sentencia del 1 de febrero de dos mil once (2011), negó el amparo solicitado
por Pedro.
Como fundamento de su decisión, el juez consideró que la actuación
surtida por el ICBF no es vulneratoria de los derechos fundamentales de Pedro
ni de sus menores hijos. Señaló que la Ley de la Infancia y la Adolescencia no estipula
ningún procedimiento específico para que el ICBF asigne provisionalmente la
custodia de un menor, por cuanto se toma sin perjuicio de las acciones
judiciales correspondientes que pueden iniciarse y sólo cuando es imperioso
intervenir en protección de los niños. De esta manera, el trámite necesario es
el de constatar las situaciones amenazantes en que se encuentra un niño, lo
cual, a su juicio, se llevó a cabo en el presente caso a través de la psicóloga
que rindió el informe respectivo.
De esta suerte, ante la premura de la situación y la
inminencia del traslado de los menores a la ciudad de Bogotá a la casa de su
progenitor, el ICBF debió dar una respuesta inmediata, más cuando los niños se
encontraban en estado de pánico y solicitaron no ser trasladados.
La decisión no fue apelada.
II. ACTUACIÓN ADELANTADA Y DOCUMENTOS ALLEGADOS EN
SEDE DE REVISIÓN
1. Solicitud telefónica de información al ICBF Centro
Zonal N° 4 de Ocaña
1.1. La Corte Constitucional en el ejercicio de su función
de Revisión de fallos de tutela ha considerado, en diversas oportunidades, que
en ocasiones, para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales
resulta pertinente, e incluso necesario, requerir información por vía telefónica
a los peticionarios, sus familiares o a autoridades públicas sobre algunos
aspectos fácticos puntuales que requieran mayor claridad dentro del trámite de
la acción[12]. Esta
decisión encuentra pleno sustento en los principios de celeridad, eficacia,
oficiosidad e informalidad que guían la actuación del juez de tutela.
1.2. En este caso, frente a una eventual vulneración de los
derechos fundamentales del peticionario o de sus menores hijos, la Corte
procedió a comunicarse telefónicamente con el ICBF Centro Zonal de Ocaña, con
el fin de esclarecer algunos hechos sobre los que no era posible tener certeza
a partir de las pruebas obrantes en el expediente. En dicha comunicación, se le
solicitó información precisa sobre el estado actual del procedimiento
administrativo de revisión de custodia promovido por la madre de Ana y Juan,
así como si se efectuaron actuaciones posteriores a la expedición de la
resolución que concedió la custodia provisional de los menores a su abuela
materna.
1.3. El Defensor de Familia informó a este Despacho que la
institución no había adelantado actuaciones posteriores en ninguno de los dos procedimientos
administrativos, por cuanto la madre de Ana y Juan promovió poco
tiempo después, un nuevo proceso de custodia ante el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Ocaña que se encuentra en trámite actualmente.
2. Solicitud telefónica de información al Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Ocaña
2.1. Con la información suministrada por el ICBF, el
Despacho procedió a comunicarse con el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Ocaña para que indicara qué etapas del proceso se habían surtido.
2.2. Mediante oficio recibido en la Secretaría de la Corte
Constitucional el 6 de julio del año en curso, la secretaria del Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Ocaña informó que, efectivamente, en dicho
Juzgado cursa el proceso de custodia y cuidado personal formulado por María
a favor de sus menores hijos Juan y Ana y en contra de Pedro,
accionante en la presente acción de tutela.
Señaló que dicha demanda fue admitida el 25 de enero del
presente año y notificada al apoderado de la parte demandada el día 9 de junio
pasado. De igual manera, que la contestación fue recibida debidamente dentro
del término de ley.
Finalmente, indicó que por auto de 28 de junio pasado, se ordenó
la celebración de audiencia de conciliación (C.P.C, art. 439) el día 10 de
agosto del año en curso.[13]
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de
tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2. Presentación del caso y problema jurídico objeto de
estudio
2.1. Pedro interpuso acción de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la unidad
familiar, así como el derecho a protección especial de sus hijos menores de
edad, los cuales considera vulnerados en virtud de la decisión adoptada por el
ICBF Centro Zonal N° 4 de Ocaña, de otorgar la custodia provisional de los
niños a su abuela materna, sin haberle notificado del inicio del procedimiento
administrativo. Adicionalmente, estima que la decisión fue arbitraria, como
quiera que existe sentencia judicial que resolvió la controversia concediéndole
de manera definitiva la custodia y cuidado de los menores.
2.2. El ICBF no se pronunció sobre los hechos ni el problema
jurídico que plantea la presente acción de tutela. Con la contestación se
limitó a allegar al proceso la resolución objeto de controversia y el informe
psicológico que la sustenta. En la misma se lee que la entidad tomó la decisión
de conceder la custodia provisional de los menores a su abuela materna, como medida
para proteger a los niños, ya que se vieron enfrentados a una situación angustiosa
ante el reclamo por parte del padre de su traslado a la ciudad de Bogotá, pretendiendo
hacer valer la sentencia judicial que le otorgó la custodia de los menores.
2.3. El Juez Primero Penal del Circuito de Ocaña negó el
amparo invocado. Sostuvo que con la adopción de la medida provisional el ICBF no
incurrió en afectación de los derechos fundamentales del actor ni mucho menos
de los menores, sino que, por el contrario, buscó protegerlos oportunamente de
una situación que vivenciaron como angustiosa. Por otra parte, indicó que este
tipo de procedimientos no aparece expresamente regulado por la Ley de la
Infancia y la Adolescencia, pues la asignación de la custodia provisional
obedece por definición a la necesidad de adoptar una medida de urgencia con el
fin de dar respuesta inmediata a una situación que amenace la integridad de un
menor.
2.4. En consideración a los antecedentes reseñados,
corresponde a la Sala Primera de Revisión dar respuesta a la siguiente cuestión:
¿Viola la autoridad estatal encargada de proteger a las personas menores de
edad ­­—el ICBF–, los derechos al desarrollo armónico e integral, al debido
proceso, a no ser separados de su familia y, en general, al ejercicio pleno e
integral de los derechos, de los menores accionantes,[14] así como los derechos a
la defensa y al debido proceso de su señor padre, cuando resuelve que los
menores deben permanecer con una persona distinta a la que judicialmente se
había resuelto, por parte del funcionario competente para tomar tal decisión, a
pesar de que la misma se adoptó argumentando que con ella se pretendía
proteger, precisamente el interés superior del niño y la niña, específicamente
considerados?
Para responder a estos problemas jurídicos, la Sala de
Revisión estudiará brevemente (i) la prevalencia de los derechos de los niños
en el ordenamiento constitucional colombiano, derivada del principio del
interés superior del menor; (ii) los procedimientos establecidos en el
ordenamiento jurídico colombiano para otorgar la custodia de un menor y para
adoptar medidas de restablecimiento de su derechos; (iii) se pronunciará sobre
los criterios a los que se deben sujetar las medidas que adopten las
autoridades administrativas en protección de la infancia; (iv) analizará si en
el caso concreto el ICBF se ajustó a tales criterios al otorgar la custodia
provisional de los niños a su abuela materna, a pesar de existir sentencia del
juez de familia que decidió concederla al progenitor; y, (v) finalmente, examinará
si hubo vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso del
peticionario.
3. La prevalencia de los derechos de los niños en el
ordenamiento constitucional colombiano derivada del principio del interés
superior del menor
3.1. De conformidad con nuestra Carta Política los derechos
de los niños prevalecen sobre los de los demás (C.P., art. 44, par. 3°). Este
contenido normativo denota la intención del constituyente de colocar a los
niños en un lugar primordial en el que deben ser especialmente protegidos, dada
su particular vulnerabilidad al ser sujetos que empiezan la vida y que se
encuentran en situación de indefensión, que requieren de especial atención por
parte de la familia, la sociedad y el Estado y sin cuya asistencia no podrían
alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.
Esta disposición armoniza, asimismo, con diversos
instrumentos internacionales que se ocupan específicamente de garantizar el
trato especial del que son merecedores los niños, como quiera que “por su falta
de madurez física y mental, necesita[n] protección y cuidados especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.[15] Así, la
necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración
de los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos del Niño.[16] Reconocida,
de igual manera, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,[17] en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos
23 y 24[18]),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
particular, en el artículo 10[19])
y en diversos estatutos e instrumentos de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo
3°, pone énfasis en la necesidad de tener en cuenta el interés superior del
menor, al establecer que “[e]n todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Nuestra Constitución recoge dicho principio expresamente,
como fue enunciado, en el parágrafo 3° del artículo 44. Igualmente, consigna un
listado de los derechos fundamentales de los niños, en el que incluye la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Dispone también el artículo constitucional que nos ocupa, que
los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos. Y, finalmente, reconoce a favor de la infancia los demás
derechos consagrados en la Constitución, las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.[20]
Son la familia, la sociedad y el Estado quienes están
obligados a asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos, siempre orientados por el
criterio primordial de la prevalencia del interés superior del menor.
Este principio pretende orientar el ejercicio interpretativo
que debe adelantar la autoridad, cuando se haga necesaria su intervención por
encontrarse dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los
cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma
de armonización. Por esta razón, los derechos e intereses de los padres y demás
personas relevantes deben ser interpretados y garantizados en función del
interés superior del menor, de manera que sólo así se logra satisfacer
plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños. En
consideración a que éstos son titulares del derecho fundamental a formar parte
de una familia, su situación no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el
contexto real de sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e
interesados.[21]
Esta es la regla que establece el artículo 3°, inciso 2° de la Convención sobre
Derechos del Niño, según el cual “los estados se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley”.[22]
3.2. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
unos criterios jurídicos relevantes a la hora de determinar el interés superior
del menor en caso de que sus derechos o intereses se encuentren en conflicto
con los de sus padres u otras personas que de alguna manera se vean
involucradas. Así, la sentencia T-510 de 2003[23]
señaló a este respecto lo que a continuación se transcribirá in extenso,
debido a su relevancia y pertinencia para el caso que en esta oportunidad ocupa
a la Sala Primera de Revisión:
“3.1.1.
Garantía del desarrollo integral del menor. Es necesario, como regla
general, asegurar el desarrollo armónico, integral, normal y sano de los niños,
desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético,
así como la plena evolución de su personalidad. Esta obligación, consagrada a
nivel constitucional (art. 44, C.P.), internacional (Convención sobre los
Derechos del Niño, art. 27) y legal (Código del Menor, art. 3), compete a la
familia, la sociedad y el Estado, quienes deben brindar la protección y la
asistencia necesarias para materializar el derecho de los niños a desarrollarse
integralmente, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones
propias de cada menor.
“3.1.2.
Garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del menor. Estos derechos, cuyo catálogo es amplio y se debe
interpretar de conformidad con las disposiciones de los tratados e instrumentos
de derecho internacional público que vinculan a Colombia, incluyen en primer
lugar aquellos que expresamente enumera el artículo 44 Superior: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Sin embargo, no se agotan en éstos.
“3.1.3.
Protección del menor frente a riesgos prohibidos. Se debe resguardar a
los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debe proteger
frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como
el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral,
la explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad
humana en todas sus formas. No en vano el artículo 44 de la Carta ordena que
los menores “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos”, y el artículo 8 del Código del Menor precisa que los
niños tienen derecho a ser protegidos de “toda forma de abandono, violencia,
descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación”. En este orden de
ideas, las distintas situaciones irregulares que consagra el Código del Menor[24]
proporcionan un catálogo de riesgos graves para los menores que se deben evitar
a toda costa; sin embargo, dicha enunciación no agota todas las distintas
situaciones que pueden constituir amenazas para el bienestar de cada niño en
particular, las cuales deberán determinarse atendiendo a las circunstancias del
caso concreto.
“3.1.4.
Equilibrio con los derechos de los padres. Es necesario preservar un
equilibrio entre los derechos del niño y los de los padres; pero cuando quiera
que dicho equilibrio se altere, y se presente un conflicto entre los derechos
de los padres y los del menor que no pueda resolverse mediante la armonización
en el caso concreto, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés
superior del menor. De allí que los derechos e intereses de los padres
únicamente puedan ser antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su
interés prevaleciente, y que en igual sentido, únicamente se pueda dar primacía
a los derechos e intereses de los niños frente a los de sus padres si tal
solución efectivamente materializa su interés superior. Así, no es posible
trazar una norma abstracta sobre la forma en que se deben armonizar tales
derechos, ni sobre la manera en que se han de resolver conflictos concretos
entre los intereses de los padres y los del menor – tal solución se debe buscar
en atención a las circunstancias del caso. Sin embargo, como parámetro general,
ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de los derechos de los padres no puede
poner en riesgo la vida, salud, estabilidad o desarrollo integral del menor, ni
generar riesgos prohibidos para su desarrollo, según se explica en el acápite
anterior; cuando estas circunstancias se presenten, es legítimo que el Estado
intervenga en la situación, en ejercicio de su función protectora, para
resguardar los intereses prevalecientes del menor en riesgo
[…]”[25].
“3.1.5.
Provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor.
Para efectos de garantizar el desarrollo integral y armónico del menor, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 44 Superior, se le debe proveer una
familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de
su posición, y así le permitan desenvolverse adecuadamente en un ambiente de
cariño, comprensión y protección […].
“3.1.6.
Necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en
las relaciones paterno/materno - filiales. El solo hecho de que el niño
pueda estar en mejores condiciones económicas no justifica de por sí una
intervención del Estado en la relación con sus padres; deben existir poderosos
motivos adicionales, como los que se enuncian en los acápites anteriores, que
hagan temer por su bienestar y desarrollo, y así justifiquen las medidas de
protección que tengan como efecto separarle de su familia biológica. Lo
contrario equivaldría a efectuar una discriminación irrazonable entre niños
ricos y niños pobres, en cuanto a la garantía de su derecho a tener  una
familia y a no ser separados de ella – un trato frontalmente violatorio de los
artículos 13 y 44 de la Carta”.
3.3. Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta
que, por remisión expresa del artículo 44 constitucional, el ordenamiento
superior colombiano incorpora los derechos de los niños reconocidos en los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado. En igual sentido, el
artículo 6° del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece
que las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados
internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y, en especial, la
Convención sobre los Derechos del Niño, hacen parte integrante de dicho Código
y orientarán, además, su interpretación y aplicación, debiendo aplicarse
siempre la norma más favorable al interés superior del menor.
De esta manera, el artículo 9° de la Convención sobre los
Derechos del Niño -que establece el derecho de los menores a no ser separados
de sus padres contra la voluntad de éstos-, tiene plena vigencia en nuestro
ordenamiento jurídico. Esta disposición normativa señala que el Estado deberá
velar por la garantía de este derecho, el cual admite una excepción cuando, por
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la
ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en interés
superior del niño. Así, admite esta excepción en casos en que el menor sea
objeto de maltrato o descuido por parte de los padres o cuando éstos vivan
separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
No obstante, el artículo referido no deja desprotegidos a
los padres o a las personas eventualmente interesadas, pues establece el
derecho a que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar en
el procedimiento y de dar a conocer sus opiniones, al igual que al menor que
esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con estos de modo regular, salvo si ello resultara contrario
al interés superior del niño.
Lo anterior implica que en todas las situaciones en que
entren en conflicto los derechos o intereses de los niños y los de sus padres o
personas a su cargo, deberá siempre darse prelación al interés superior del
menor, sin que ello sea óbice para garantizar el derecho de los padres o los
interesados a participar en el procedimiento de que se trate y el derecho,
tanto de ellos como del infante, salvo en las situaciones que pongan en riesgo la
integridad de este último, a mantener el contacto directo con sus padres.
Queda claro así que el principio del interés superior del
menor opera como el criterio orientador de la interpretación y aplicación de las
normas de protección de la infancia que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y del Código de la Infancia y la Adolescencia. También lo ha
reconocido así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar:
“[e]ste
principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la
dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y
en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento
de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención
sobre los Derechos del Niño”[26].
Para la Sala de Revisión, la protección especial al interés
superior del menor, actual y presente, da luces para establecer la solución del
problema jurídico planteado. Por una parte, es claro que las decisiones
judiciales protectoras de los menores en un Estado social y democrático de Derecho,
tienen por objeto garantizar el interés superior del menor. Por lo tanto, es
preciso acatarlas, cumplirlas y defenderlas, por cuanto son las medidas
adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de
un menor.
No obstante, en la medida en que el objetivo principal de la
Constitución es garantizar el goce efectivo de los derechos, se ha de
considerar por otra parte, la diferencia de circunstancias en las cuales se
encuentre la persona menor en la actualidad. En otras palabras, la decisión
judicial protectora de una persona menor se ha de cumplir y atender. Pero, si
la situación actual de la persona menor ha variado hasta tal punto que, de
haber sido considerada por el juez que resolvió el caso, éste  hubiese tomado una
decisión distinta, se justificaría una intervención administrativa temporal,
mientras el juez vuelve a conocer el asunto y toma una decisión definitiva con
fundamento en el nuevo conjunto de hechos que hayan ocurrido. En qué
circunstancias puede considerar concretamente la administración que se
encuentra ante tan excepcional situación, es una cuestión que retomará la Sala
una vez atienda los desarrollos normativos en la materia.
Veamos, entonces, cuál es la regulación que ofrece nuestro ordenamiento
jurídico de los procesos de asignación de la custodia de un menor, así como de
las medidas provisionales que pueden ser tomadas para proteger sus derechos con
el fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de analizar el caso
concreto que aquí se estudia.
4. El proceso de custodia en el ordenamiento jurídico
colombiano. Análisis de las actuaciones adelantadas en el presente caso
4.1. El cuerpo legal que en nuestro ordenamiento se ocupa de
la regulación de aspectos atinentes a la protección de los menores, es el
Código de la Infancia y la Adolescencia, previamente comentado. Su finalidad
principal es “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Para lo cual indicó
que “[p]revalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna”.[27]
En concordancia con dicha finalidad y con el artículo 44
constitucional, así como con los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, el Código establece a favor de los niños el
derecho a tener una familia y a no ser separados de ella. Señala así, que los
menores tienen derecho a crecer en el seno de una familia, a ser acogidos y no
ser expulsados de ésta. No obstante, admite una excepción a dicha regla, al
establecer que un niño podrá ser separado de su familia cuando la misma no
garantice las condiciones para la realización y el goce efectivo de sus
derechos, sin que la condición económica pueda dar lugar a la separación (art.
22).[28]
A continuación, el Código dispone que los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que sus padres asuman su custodia, para el
favorecimiento de su desarrollo integral. Añade que la obligación de cuidado personal
se extiende también a quienes convivan con ellos en el ámbito familiar, social
o institucional, así como a sus representantes legales (art. 23).[29]
Asimismo, estipula que el restablecimiento de los derechos
de los niños es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades
públicas, quienes deberán informar u oficiar ante la policía, las defensorías
de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de
policía o las personerías municipales o distritales, a los niños que se
encuentren en riesgo o en situación de vulnerabilidad. Y advierte que, en este
caso, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales (art. 51).
4.2. Ahora bien, en consideración a que en el presente caso se
alega una irregularidad en la adopción del acto administrativo por medio del
cual el ICBF resolvió otorgar la custodia provisional de los menores a su
abuela materna, es de vital importancia examinar la normatividad que regula los
procedimientos -judicial y administrativo- relativos a la custodia y cuidado
personal de los niños y, con posterioridad, analizar el caso concreto a la luz
de la normatividad aplicable.
4.2.1. En lo que tiene que ver con el proceso judicial, el
artículo 5°, literal d) del Decreto 2272 de 1989 “Por el cual se organiza la
jurisdicción de Familia, se crean unos Despachos judiciales y se dictan otras
disposiciones”, señala que los jueces de familia tienen la competencia para
conocer de los asuntos relativos a la custodia y cuidado personal, visita y
protección de los menores. Debe hacerse para este efecto la concordancia con el
artículo 435, numeral 5°, del Código de Procedimiento Civil, según el cual las
controversias que se susciten entre padres respecto de la patria potestad y los
litigios que tengan que ver con el cuidado de los menores deben tramitarse
mediante el proceso verbal sumario.
4.2.2. Por su parte, el Código de la Infancia y la
Adolescencia regula expresamente los procedimientos administrativos atinentes a
la adopción de medidas de protección o de restablecimiento de derechos de los
niños[30],
radicándolos en cabeza de los defensores de familia[31] y comisarios de familia (art.
96) del lugar donde se encuentre el menor (art. 97).
En relación con la adopción de medidas de protección y
restablecimiento de derechos de los menores (amonestación, ubicación en familia
de origen o extensa, en hogar de paso o sustituto llegando hasta la adopción),
esta Corporación señaló, en sentencia T-572 de 2009,[32] que ésta debe estar
siempre precedida y soportada por labores de verificación, encaminadas a
determinar la existencia de una real situación de abandono, riesgo o peligro
que se cierne sobre los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente.
Precisó, al respecto, lo siguiente:
“[…]
el decreto y la práctica de medidas de restablecimiento de derechos, si bien se
amparan en la Constitución, en especial, en el artículo 44 Superior, también es
cierto que las autoridades administrativas competentes para su realización
deben tener en cuenta (i) la existencia de una lógica de graduación entre cada
una de ellas; (ii) la proporcionalidad entre el riesgo o vulneración del
derecho y la medida de protección adoptada; (iii) la solidez del material
probatorio; (iv) la duración de la medida; y (v) las consecuencias negativas
que pueden comportar algunas de ellas en términos de estabilidad emocional y
psicológica del niño, niña o adolescente.
En
pocas palabras, las autoridades administrativas, al momento de decretar y
practicar medidas de restablecimiento de derechos, deben ejercer tales
competencias legales de conformidad con la Constitución, lo cual implica
proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes con base
en criterios de racionalidad y proporcionalidad; lo contrario, paradójicamente,
puede acarrear un desconocimiento de aquéllos”.
Ahora, la actuación administrativa de restablecimiento de
derechos puede iniciarse por el representante legal del niño, o la persona que
lo tenga bajo su cuidado o custodia. También podrá iniciarla directamente el
propio menor. La disposición faculta, asimismo, a los defensores o comisarios
de familia a abrir investigación, siempre que sea de su competencia, o a
informar a la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de la
inobservancia, vulneración o amenaza de los derechos que el ordenamiento
reconoce a favor de los niños. Con la providencia de apertura de la investigación
se deberá ordenar la identificación y citación de los representantes legales
del niño o de quienes estuvieran a su cargo, así como de los implicados en la
violación o amenaza de los derechos. De igual manera, podrá tomar las medidas
provisionales de urgencia que sean necesarias para la protección integral del
menor, y practicar las pruebas que considere conducentes para establecer los
hechos perturbadores de los derechos del niño (art. 99).
Según el artículo 100, par. 2°, del Código citado, en el
trámite (i) deberá surtirse una audiencia de conciliación, siempre que el
asunto sea conciliable; (ii) si no se logra la conciliación o ésta no tenía que
llevarse a cabo, el funcionario deberá establecer, mediante resolución
motivada, las obligaciones de protección al menor, incluyendo la provisional de
alimentos, visitas y custodia; (iii) una vez resuelto el recurso de reposición
o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al
juez de familia para homologar el fallo[33];
(iv) el funcionario podrá ordenar que el equipo técnico interdisciplinario, o
alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial; (v) la actuación
administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud o la apertura oficiosa de la
investigación, de suerte que el funcionario administrativo pierde competencia
después de vencido dicho término o aquel estipulado para resolver el recurso de
reposición (dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término para
interponerlo).
A su vez, el artículo 119 del Código atribuye al juez de
familia, en única instancia, la revisión de las decisiones administrativas proferidas
por el defensor de familia o el comisario de familia, así como resolver sobre
el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el comisario de familia
hayan perdido competencia.[34]
4.3. De conformidad con el recuento realizado, las reglas
procedimentales que rigen el caso que nos ocupa, pueden sintetizarse de la
siguiente manera:
a.     Los jueces
de familia tienen la competencia para conocer de los asuntos relativos a la
custodia y cuidado personal, visita y protección de los menores (Decreto 2272
de 1989, art. 5° - d) y estos deberán tramitarse mediante el proceso verbal
sumario (C.P.C., art. 435, num. 5°).
b.     Los
procedimientos administrativos atinentes a la adopción de medidas de protección
o de restablecimiento de derechos de los niños (amonestación, retiro de la
actividad que amenace o vulnere sus derechos, ubicación en medio familiar, ubicación
en centros de emergencia, adopción) son de competencia de los defensores de
familia y comisarios de familia del lugar donde se encuentre el menor (Código
de la Infancia y la Adolescencia, arts. 96 y 97).
c.      Con
la providencia de apertura de la investigación, iniciada de oficio o a petición
de un interesado se deberá ordenar identificar y citar a los representantes
legales del niño o de quienes estuvieran a su cargo, así como de los implicados
en la violación o amenaza de sus derechos (Código de la Infancia y la
Adolescencia, art. 99).
d.     La
autoridad administrativa podrá tomar las medidas provisionales de urgencia que
sean necesarias para la protección integral del menor, y practicar las pruebas
que considere conducentes para establecer los hechos perturbadores de los
derechos del niño (Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 99).
e.      La
actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o la apertura oficiosa de
la investigación, de suerte que el funcionario administrativo pierde
competencia después de vencido dicho término o aquel estipulado para resolver
el recurso de reposición (10 días siguientes al vencimiento del término para
interponerlo). (Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 100, par. 2°).
f.       Una
vez resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo,
el expediente deberá ser remitido al juez de familia para que este último
homologue la decisión adoptada (Código de la Infancia y la Adolescencia, art.
100).
g.     El juez de
familia, en única instancia, revisará las decisiones administrativas proferidas
por el defensor de familia o el comisario de familia, como autoridad
jurisdiccional con competencia para decidir en los asuntos en los que se vean
comprometidos los derechos de un menor. (Código de la Infancia y la
Adolescencia, art. 119).
La normatividad legal vigente refleja, prima facie,
una adecuada ponderación entre los derechos constitucionales en juego. Por una
parte, la protección de las decisiones judiciales, como fuente de resolución y
definición de los derechos de toda persona menor, pero a la vez, la protección
de las decisiones excepcionales y urgentes que deba tomar la administración
para proteger el interés superior del menor, cuando cumplir la decisión
judicial previa, por cambios en las circunstancias a considerar desde el
momento de la decisión judicial hasta el momento actual, implicaría comprometer
el propio interés superior de los niños y niñas.
4.4. Con la información consignada sobre las reglas
procedimentales aplicables a los asuntos relativos a la custodia y cuidado
personal de los menores, la Sala recordará las actuaciones acaecidas en el
presente caso, en relación con la custodia de Ana y Juan y tendrá
en cuenta, para adoptar la decisión correspondiente, el principio del interés
superior del menor que debe regir toda interpretación en que se vean
enfrentados los derechos de los niños y los de sus padres o familiares.
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña (Norte de
Santander), por sentencia del 14 de septiembre de 2009, decidió conceder a Pedro
la custodia y cuidado de sus hijos Ana y Juan. El juez tuvo en
consideración, para adoptar dicho fallo, la situación de amenaza de los
derechos de Ana que se presentaba en el hogar de la madre de la niña,
ocasionada por actos impropios del compañero permanente de esta última hacia la
menor, los cuales, con fundamento en el dictamen psicológico del 6 de mayo de
2009, calificó de “acoso”.
En la sentencia del juez de familia, aparece, asimismo, que
el ICBF ya había adelantado un proceso administrativo de restablecimiento de
derechos respecto de los menores Ana y Juan, por el cual, luego
de haber concedido su custodia provisional a la abuela materna, mediante
Resolución N° XX, resolvió reintegrar los niños a la madre, junto con la
custodia, cuidados personales y tenencia, bajo el argumento de que los estudios
psico-sociales daban cuenta de que éstos no se encontraban en situación de
abandono, ni sufrían desnutrición cuando se encontraban a su lado y que, en
consecuencia, a ella le correspondía hacerse cargo de sus hijos.
De conformidad con la información referida, colige la Sala
que en este momento se encuentra vigente la sentencia mencionada, proferida por
el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, mediante la cual concedió la
custodia y cuidados personales de los niños a Pedro.
Dicha orden judicial, con todo, ha sido desconocida por el
ICBF Centro Zonal N° 4 de Ocaña, por la resolución administrativa, mediante la
cual concedió la custodia provisional de los menores a su abuela materna, al
considerar que los niños se encontraban amenazados al querer ser forzados a
regresar junto a su padre, ya que sintieron miedo cuando iban a ser conducidos contra
su voluntad.
4.5. Según la
normatividad aplicable a este caso, el defensor y el comisario de familia son
competentes para adoptar las medidas provisionales tendentes al restablecimiento
de los derechos de los niños, que consideren adecuadas para evitar que la
amenaza o peligro que sobre ellos se cierne se materialice en la vulneración de
sus derechos, o bien, para poner fin a la situación conculcadora (Código de la
Infancia y la Adolescencia, arts. 82 y 99). Dentro de dichas medidas, se
incluyen aquellas de amonestación, retiro del menor de la actividad que amenace
o vulnere sus derechos, su ubicación en medio familiar o en centros de
emergencia, su adopción, o cualquiera otra que la autoridad administrativa
considere adecuada para garantizar sus derechos. Así pues, esta Sala constata
que no se trata de un listado taxativo, sino que el contenido normativo del
numeral 6° del artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia, autoriza
a la autoridad administrativa a adoptar cualquier otra medida que considere
necesaria con el fin de proteger el interés del niño.
4.6. Es procedente, de
acuerdo con lo anterior, analizar si el ICBF, en ejercicio de las facultades
que le confiere el ordenamiento jurídico, puede adoptar una medida como la
adoptada por el defensor de familia del ICBF de Ocaña, para contrarrestar la
presunta amenaza a la integridad psicológica de los niños, concediendo su
custodia provisional a la abuela materna, porque luego de sus vacaciones en Ocaña
al lado de su abuela y su madre, no querían volver a Bogotá (lugar de
residencia de su padre), mostrándose incluso ansiosos.
Con base en el orden constitucional y legal vigente,
especialmente, en los criterios de razonabilidad y ponderación y con el fin de
garantizar el goce efectivo e integral de los derechos fundamentales
reconocidos a las personas menores de edad, la Sala de Revisión considera que
toda decisión de una autoridad competente para protegerla, debe ser excepcional
y responder, así como cumplir, por lo menos, los siguientes ocho criterios.
a. Gravedad de la afectación de los derechos. La
medida debe estar fundamentada en la existencia de una evidencia clara de que
la persona menor se encuentra frente a una amenaza o peligro, que se traduzca
en un grave riesgo, de manera que el material probatorio deber ser sólido.  Es
decir, no basta con probar la existencia de una amenaza (el eventual peligro
que se enfrenta), sino que también se ha de demostrar que existe un gran
riesgo  (una alta probabilidad de que la amenaza se materialice). La gravedad
de la afectación, implica que el peligro o amenaza al que se enfrenten las
personas menores, deben provenir de situaciones que afecten en gran medida (no
en poca o alguna medida) la garantía del desarrollo integral del menor, las
garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del menor, la protección del menor frente a riesgos prohibidos
legal y categóricamente por una sociedad democrática.
b. Necesidad de intervención. La intervención de la
administración pública en la definición de la permanencia de una persona menor,
cuando la misma ya ha sido decidida por la justicia, a través de los jueces
competentes y mediante los procesos establecidos para el efecto, debe respetar
en especial el criterio de la ‘necesidad de intervención’.[35]  En la medida en que son
las relaciones paterno filiales las que han de prevalecer, en principio, y
teniendo en cuenta que los menores y su familia ya sufrieron una fuerte e
impactante intervención estatal, una nueva, debe cumplir de forma estricta el
principio de necesidad, el cual exige razones ‘poderosas’, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional previamente citada.
c. Posterioridad. La medida debe versar sobre
cuestiones que no pudieron ser consideradas por el juez constitucional y
legalmente competente para decidir sobre los derechos de los menores, en
atención a su interés superior, especialmente protegidos. Esto asegura que no
se trate de revisar lo decidido judicialmente, sino de consideraciones sobre
asuntos que no pudieron ser analizados por el juez competente. Por ejemplo,
ello ocurre cuando se trata de hechos nuevos que acaecieron con posterioridad a
la decisión judicial fueron ocultados de mala fe por una de las partes.
d. Urgencia. La autoridad administrativa debe estar
ante una situación urgente, que demande su actuación con toda celeridad. Debe
tratarse de una decisión y una medida que ha de tomarse con toda prontitud, una
situación en la que no se cuenta con el tiempo para poder llevar la cuestión
ante la autoridad correspondiente de forma previa. En todo caso, la actuación
judicial debería tener que iniciarse por parte de la entidad estatal de forma
coetánea, inmediatamente después o, por lo menos, a la mayor brevedad posible.
e. Proporcionalidad. La medida debe ser proporcional
al grave riesgo y amenaza que se enfrente. No puede la administración, so
pretexto de proteger derechos fundamentales importantes y significativos de la
persona menor, desconocer o tomar decisiones que afecten otros derechos que
sean más importantes o estén considerablemente amenazados por un riesgo
significativamente mayor[36].
f. Razonabilidad. La medida que se adopte debe ser
razonable, esto es, que atienda a los mínimos criterios de racionalidad
instrumental y parámetros constitucionales, en términos de valores, principios
y reglas. La medida debe estar encaminada efectivamente a la finalidad de
proteger a las personas menores, específica y concretamente consideradas,
empleando para ello los medios adecuados, necesarios y legítimos. No se puede
tomar decisiones que no tengan justificación, que sean absurdas o que no tengan
coherencia. Así mismo, medidas que no conduzcan a los fines propuestos o que,
simplemente, no atiendan a los límites que los derechos fundamentales le
imponen a la administración.
g. Temporalidad. La medida, por supuesto, no puede
ser definitiva. Ha de tratarse de una intervención excepcional, no sólo en
cuanto al hecho mismo que ocurra, sino también en cuanto a su duración. Si en
realidad se trata de una situación excepcional, no puede ser que en último
término, no sea la autoridad judicial competente, sino la administrativa la que
termine fijando y estableciendo el alcance de los derechos involucrados.[37]
h. Valoración de consecuencias. En cualquier caso, la
autoridad administrativa correspondiente debe valorar las consecuencias
negativas que puede comportar la medida en términos de estabilidad emocional y
psicológica de toda persona menor.
En el presente caso, el
defensor de familia justificó la adopción de la medida consistente en otorgar
la custodia provisional de los menores a la abuela materna, en que, según el
dictamen psicológico rendido por una profesional al servicio de la entidad, se
estableció: (i) los niños presentan perturbación emocional, evidenciándose a
partir de la entrevista que tienen fuertes lazos afectivos con su progenitora,
(ii) el deseo de los menores de permanecer con su madre, (iii) su rechazo
manifiesto a la idea de regresar junto al padre, (v) el estado de angustia en
que se encontraban, debido a la tensa situación que vivenciaron cuando iban a
ser trasladados en contra de su voluntad a la ciudad de Bogotá para que
permanecieran con su padre.
Se debe analizar
entonces si la decisión y su justificación cumplen con los criterios mínimos
antes establecidos, para que la medida administrativa pudiera ser adoptada, aún
con desconocimiento de la orden judicial que había otorgado la custodia,
tenencia y cuidados personales de los niños.
4.6.1. Para empezar, a
juicio de la Sala Primera de Revisión, la medida de protección de los derechos
de Ana y Juan, adoptada por el defensor de familia del ICBF,
Centro Zonal de Ocaña, no está fundamentada en un material probatorio sólido,
o, al menos, en una evidencia clara de la existencia de una amenaza o peligro
que se tradujera en un riesgo inminente para ellos. En efecto, la institución
se basa en el hecho de que los niños experimentaron miedo y angustia porque
iban a ser devueltos al domicilio de su padre en la ciudad de Bogotá, después
de haber permanecido por un período aproximado de dos meses en la ciudad de
Ocaña en la casa de su abuela materna, disfrutando de las vacaciones de fin de año.
Sin necesidad de contar
con conceptos de expertos, se puede apreciar que, en la medida en que los niños
afianzaron el vínculo afectivo que los une con su progenitora y con la familia
materna que reside en Ocaña, por haber permanecido durante una larga temporada
con ellos, su reacción frente a la inminente separación y el retorno a las
actividades cotidianas normales que implicaba el fin de las vacaciones fuera de
rechazo. Asimismo, es comprensible que los menores sintieran temor y lo manifestaran,
cuando con intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, se intentó
restablecer la situación que el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña definió
después de haber tramitado el correspondiente proceso, cual fue la de que los
menores debían permanecer bajo la custodia y cuidado de su padre.
En cambio resulta por
lo menos sorprendente que se consignara en el informe psicológico a propósito
de lo dicho por los niños con relación a los cuidados que recibían de su padre
que: “… las condiciones socio-ambientales otorgadas por el progenitor no
eran las adecuadas”. Estas afirmaciones de los menores, recogida el mismo
día en que debían partir para Bogotá y en que su madre se presentó ante el ICBF
pidiendo protección para evitarlo, no están soportadas en prueba alguna.
Con todo, considera la
Sala que estas circunstancias no configuran una evidencia de que los niños Ana
y Juan se encontraban en situación de amenaza o peligro que se tradujera
en un riesgo manifiesto, ni de que sus condiciones socio-ambientales, mientras
están con su padre en Bogotá, no fueran las adecuadas. Antes bien, existen
pruebas suficientes en el expediente que demuestran que los niños se
encontraban en buenas condiciones mientras estuvieron bajo la custodia y
cuidado de su padre. El informe socio-familiar, así como la entrevista
psicológica y la valoración nutricional, realizadas por el ICBF Centro Zonal Ciudad
Bolívar así lo ratifican.[38]
De igual manera, las calificaciones de los niños permiten observar que tuvieron
un rendimiento académico alto mientras estuvieron a cargo de su progenitor.[39]
Las circunstancias
descritas no parecen constituir una auténtica situación de amenaza o peligro
que ponga en riesgo los derechos de los menores, pues ésta se configura, entre
otras, ante la existencia de condiciones verdaderamente adversas a su
integridad física y psicológica por ausencia de los cuidados necesarios y de un
ambiente adecuado para su desarrollo en un ambiente de armonía, afecto y
solidaridad, lo cual no se evidencia en el presente caso, sino que, por el
contrario, las pruebas conducen a mostrar que en principio, junto a su padre,
los niños Ana y Juan cuentan con un entorno favorable y propicio para una
adecuada formación.
4.6.2. Continuando con
el análisis de los criterios mínimos que debió satisfacer la medida
administrativa adoptada por el ICBF, Centro Zonal de Ocaña, la Sala encuentra
que no hay proporcionalidad, entre el riesgo que la institución consideró y la
decisión concreta de asignar la custodia provisional a la abuela materna de los
niños, con desconocimiento de la existencia de una orden judicial emitida por
la autoridad competente, pues en consideración a que la misma estaba encaminada
a no separarlos de su progenitora, hasta tanto se hubieran estabilizado
emocionalmente, no era necesario alterar la situación jurídica debidamente
definida por el juez de familia.
4.6.3. En tercer lugar,
la autoridad administrativa en realidad no tuvo noticias, o al menos, no lo
hizo manifiesto, de que las condiciones en el domicilio, o la situación de Pedro,
hubiese sufrido alguna variación que ameritara una intervención de esta
naturaleza.
De lo anterior se
deriva que el ICBF, Centro Zonal de Ocaña, intervino en este caso, de manera
desproporcionada y avalando una actuación indebida adelantada por la madre de
los menores al retenerlos al terminar su periodo de vacaciones, a sabiendas de
que su custodia, tenencia y cuidados personales radicaba en el padre por
decisión del juez de familia, e incumpliendo el acuerdo verbal al que había
llegado con este último al permitir que los menores viajaran durante las
vacaciones a la ciudad de Ocaña a compartir con la madre y la familia materna, bajo
la condición de que regresaran a Bogotá antes del 31 de diciembre.
4.6.4. En relación con
la debida motivación y la coherencia entre ésta y la medida finalmente
adoptada, la Corte destaca que, si bien el defensor de familia fundamentó su
decisión en la evaluación psicológica realizada a los niños por una profesional
del ICBF, del centro Zonal de Ocaña, en el momento en que se intentaba que
volvieran con su padre a Bogotá, tal motivación no sólo resulta insuficiente,
tal y como fue ampliamente explicado en el numeral 4.6.1. de las consideraciones
de esta providencia, sino que además tampoco guarda coherencia con la medida ordenada.
En efecto, la Sala no encuentra conexión lógica entre la recomendación hecha
por la psicóloga que rindió el dictamen, según la cual los niños debían
permanecer junto a su progenitora, y la resolución expedida por el defensor de
familia, en la cual otorga, de manera provisional, la custodia de los niños a
su abuela materna.
El ICBF omitió pronunciarse,
durante el trámite administrativo, sobre el riesgo al que se ha visto expuesta Ana
por las presuntas conductas inapropiadas por parte del actual compañero
permanente de su madre y que llevaron al Juez Segundo Promiscuo de Familia de
Ocaña a conceder la custodia de los niños Ana y Juan a su
progenitor, con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de la
menor, sin embargo pareciera que no desconoce tal amenaza. No de otra manera se
explica que haya procedido a conceder la custodia provisional de los niños a la
abuela materna y no a la madre, como se recomienda en el informe de la
psicóloga, con base en el deseo expresado por los menores.
4.6.5. Por otra parte, la
Sala pone de presente que la medida administrativa que se analiza no cumple el
requisito atinente a la temporalidad. No sólo no establece una duración aproximada,
sino que nada dice respecto del término en que las condiciones de los niños
serán reevaluadas con el fin de restablecer la situación jurídica definida por
el juez de familia, quien decidió conceder su custodia al padre.
Debido a que se trata
de una medida que entra en tensión con la decisión proferida por un juez competente
para definir lo relativo a la custodia, patria potestad, tenencia, régimen de
alimentos y de visitas de los niños, la misma debe tener vocación de
temporalidad, no de permanencia, ya que no puede modificar, de manera
indefinida, una situación jurídica debidamente resuelta después de haberse dado
curso a un proceso en el que se surtieron todas las etapas y que fue adelantado
con la totalidad de las garantías procesales de las partes.
4.6.6. Finalmente, la
Corte considera que la autoridad administrativa omitió valorar las
consecuencias negativas que su decisión podía acarrear para los menores y, en
especial, para Ana. Lo anterior se colige del hecho de que el ICBF haya
omitido ponderar entre la presunta protección a la estabilidad emocional de los
niños al impedir su traslado a la ciudad de Bogotá contra su voluntad y la
amenaza que se cierne sobre la integridad física y emocional de la niña,
generada por la conducta del compañero de su madre, ya que aunque no otorgó la
custodia provisional a la progenitora, sino a la abuela materna y, el hecho de
que esta última se encuentre en la ciudad de Ocaña, donde residen también la
madre de los niños y su compañero, puede implicar una exposición mayor a una
amenaza para la menor.
Del análisis anterior
surge que la medida adoptada por el ICBF Centro Zonal de Ocaña no cumple los
requisitos mínimos para poder contravenir válidamente lo ordenado mediante
providencia judicial por la autoridad competente en el caso de la custodia de
los menores Ana y Juan.
4.7. Ahora bien, otro aspecto que debe ser analizado por
esta Corporación es el atinente a las presuntas irregularidades cometidas en la
adopción de la medida de restablecimiento de los derechos de los niños, alegadas
por el accionante.
El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece
que los procedimientos administrativos atinentes a la adopción de medidas de
protección o de restablecimiento de los derechos de los niños se inician con
una providencia de apertura de la investigación en la que se deberá ordenar
identificar y citar a los representantes legales del menor o de quienes
estuvieran a su cargo, al igual que a las personas implicadas en la violación o
amenaza de sus derechos. Asimismo, la decisión finalmente adoptada, o cualquier
medida provisional de urgencia deben ser notificadas a todos los sujetos mencionados.
Sólo en cumplimiento de estas reglas procedimentales se
garantiza a todos los interesados el ejercicio del derecho a la defensa, en la
medida en que pueden participar dentro del proceso en las diferentes etapas,
así como controvertir las decisiones que dentro del mismo se tomen.
En este caso, como se desprende de los hechos relatados por el
actor, al igual que a partir de las pruebas que obran en el expediente, se
observa que el 31 de diciembre de 2010, en horas de la mañana, María se
presentó junto con los dos menores en las instalaciones del ICBF, con el fin de
evitar que los niños fueran conducidos a la ciudad de Bogotá, en cumplimiento
de la orden judicial en firme a favor del padre de los menores. Ese mismo día
el defensor de familia procedió a dictar la medida que consideró adecuada para
contrarrestar la amenaza que, a su juicio, se cernía sobre los pequeños. Así
pues, se observa que la autoridad administrativa no dio cumplimiento a las
diferentes etapas que se debían surtir para tomar la medida de restablecimiento
de los derechos de los niños Ana y Juan y ni siquiera notificó al
padre de la decisión que consideró debía tomar urgentemente.
De esta suerte, resulta claro para la Sala Primera de
Revisión que el derecho a la defensa, así como el debido proceso de Pedro
se vieron efectivamente lesionados con las actuaciones del ICBF Centro Zonal de
Ocaña, como quiera que no contó con la oportunidad, a la que tenía derecho, de
intervenir en el procedimiento administrativo que finalmente concluyó con la
adopción de la medida que le concedió la custodia provisional de sus hijos a la
abuela materna.
4.8. Es importante tener en cuenta que en la actualidad se
encuentra en curso el proceso de custodia promovido por la madre de los menores
ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ocaña, en espera de la
celebración de audiencia de conciliación el 10 de agosto de 2011.
Con todo, esta Corporación ha considerado que, en atención
al principio del interés superior del menor, es procedente conceder el amparo
transitorio a favor de un niño o niña cuando quiera que sus derechos
fundamentales se vean amenazados o conculcados. Así, por ejemplo, en sentencia
T-858 de 2010[40]
la Corte concedió el amparo transitorio de los derechos de tres niñas, por
cuanto consideró que, si bien la madre de las menores contaba con un mecanismo ordinario
para lograr la protección de los derechos fundamentales de sus menores hijas,
la decisión adoptada por la Comisaría de Familia, de otorgar su cuidado
personal al padre, las dejaba expuestas a un riesgo físico o psicológico. A tal
conclusión llegó la Sala de Revisión al examinar las pruebas que obraban en el
expediente, en las que se advertía la evidente inestabilidad del padre, lo que,
a juicio de esta Corporación, no le permitiría brindar un adecuado cuidado a
sus hijas.
No escapa a la Sala que en el caso bajo revisión existe un
pronunciamiento judicial previo, emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Ocaña. Con todo, es de anotar que nuestro ordenamiento habilita a
los interesados a promover en cualquier tiempo, posterior a una sentencia que
haya resuelto una controversia relativa a la custodia de un menor, otro proceso,
en atención a la ocurrencia de hechos nuevos que hagan viable reabrir el debate
judicial, dadas las características específicas de los procesos de asignación
de la custodia de menores. Así lo ha reconocido esta Corte Constitucional al
establecer que, por su naturaleza, las sentencias que se dictan dentro de tales
procesos no hacen tránsito a cosa juzgada material, sino formal,[41] en aras de
brindar la adecuada protección a los menores y garantizar de la mejor manera su
bienestar y sus derechos fundamentales.
Todo esto con el fin de evitar que los padres y familiares
antepongan sus intereses personales a los de los niños y con la idea de
brindarles una mayor estabilidad emocional, en la medida en que puedan
permanecer en el seno del hogar que les brinde un ambiente adecuado y propicio
para el libre desarrollo de su personalidad. Ello, sin perjuicio del respeto al
derecho tanto de los niños, como de sus progenitores, a mantener un contacto
directo, de conformidad con la regulación que de las visitas y otros aspectos
lleve a cabo la autoridad judicial competente.[42]
4.9. Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala Primera de
Revisión considera que los menores Ana y Juan se encuentran ante
una amenaza para su integridad psicológica, afectiva y emocional, ocasionada
por los múltiples cambios de hogar que han sufrido, pese a su corta edad, y
porque se ha considerado conveniente mantener a la niña alejada del compañero
permanente de su madre. Esta Sala observa que los niños han constituido el objeto
de disputa entre sus progenitores y familiares, y que tal situación solo puede
generar consecuencias altamente negativas para su adecuado desarrollo
psicológico, afectivo, social y emocional. Las autoridades administrativas y
judiciales, se reitera, no deben avalar actuaciones apartadas del ordenamiento
jurídico, como la retención de unos menores por uno de sus progenitores o algún
familiar, pues lo que corresponde, en un Estado de Derecho, es hacer respetar
las órdenes judiciales proferidas por las autoridades competentes, salvo que se
compruebe que los niños están ante un peligro o amenaza inminente, que
recomienden modificar una situación ya definida judicialmente, únicamente en
aplicación del principio del interés superior del menor y siempre con respeto
de las garantías de todos los interesados.
4.10. Por último, se advierte que, en atención a que los
niños están en riesgo de ver interrumpido su proceso educativo con ocasión del
traslado a la ciudad de Bogotá, esta Sala deberá ordenar a la Secretaría de
Educación de esta última ciudad que adopte las medidas que considere
necesarias, a fin de garantizar el acceso de los menores, en su respectivo
grado de escolarización, al plantel educativo en el que se encontraban
matriculados al residir junto a su padre. Lo anterior, con el propósito de
evitar consecuencias negativas en su proceso de formación, al regresar al lado
de su progenitor, en cumplimiento de la orden judicial vigente de custodia.
5. Conclusión
Para terminar es importante reiterar que, en principio, una
autoridad estatal encargada de proteger a las personas menores de edad ­viola
los derechos al desarrollo armónico e integral, al debido proceso, a no ser
separados de su familia y, en general, al ejercicio pleno e integral de los
derechos de los menores accionantes,[43]
así como los derechos de sus progenitores, cuando resuelve que los menores
deben permanecer con una persona distinta a la que judicialmente se haya
resuelto, por parte del funcionario competente en democracia para tomar tal
decisión. Esta regla podrá exceptuarse cuando se constate que, efectivamente,
tal decisión se adopta con miras a la protección integral del interés superior
de la persona menor, concretamente considerada. En tal caso, la decisión
deberá, por lo menos, atender los siguientes criterios y parámetros mínimos: (i)
gravedad de la afectación de los derechos; (ii) necesidad de intervención; (iii)
posterioridad; (iv) urgencia; (v) proporcionalidad; (vi) razonabilidad; (vii)
temporalidad; y (viii) valoración de consecuencias; tal como fueron explicados
por esta Sala de Revisión en la presente sentencia [ver apartado 4.6. de las
consideraciones].
Así pues, en ausencia del cumplimiento de los criterios
recién enunciados, como ya fue analizado y con fundamento en (i) el principio
del interés superior del menor que debe regir toda interpretación en la que se
vean enfrentados los derechos de los niños y aquellos de sus padres o
familiares; (ii) el amparo que se debe prodigar a los niños Ana y Juan,
con el fin de evitar que sigan siendo sometidos a inestabilidad emocional y
para protegerlos de riesgos a los que se pueden ver enfrentados; (iii) la debida
protección que debe darse a los derechos a la defensa y al debido proceso administrativo
de Pedro; y (iii) la aplicación de los principios de seguridad jurídica y
del juez natural, la Sala considera que en este
caso es procedente conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio,
esto es, mientras el Juez Primero Promiscuo de Familia de Ocaña decide sobre la
custodia y cuidado de los menores, en atención a que sus derechos fundamentales
no pueden quedar desprotegidos mientras se adopta una nueva resolución judicial.
En mérito de lo expuesto, la Corte
procederá a revocar la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Ocaña, el 1 de febrero de 2011 y concederá el amparo transitorio de
los derechos de Ana y Juan, así como de Pedro, su
progenitor. En tal virtud, la Sala procederá a ordenar al ICBF Centro
Zonal de Ocaña que proceda a disponer lo necesario para el traslado de los
menores a la residencia de su padre en la ciudad de Bogotá. De igual manera,
oficiará al ICBF del sector donde reside Pedro para que brinde el
acompañamiento necesario a Ana y Juan, así como a sus padres y
familiares.
IV. DECISIÓN
La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la
Constitución Política
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido el 1 de febrero
de 2011 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ocaña, mediante el cual negó el
amparo de los derechos de Pedro y de los menores Ana y Juan.
Segundo.- En su  lugar, CONCEDER, como mecanismo transitorio, la tutela a los derechos a la integridad
física y psicológica y a crecer en un ambiente de afecto, unidad familiar y
solidaridad de Ana y Juan, hasta tanto se profiera
sentencia dentro del proceso de custodia y cuidado personal promovido por María
a favor de sus menores hijos, en contra de Pedro, que cursa actualmente en
el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ocaña (Norte de Santander).
Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución N° XX, mediante
la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal N° 4 de
Ocaña (Norte de Santander), otorgó la custodia provisional de los niños Ana
y Juan a Ruth, su abuela materna.
Cuarto.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal
N° 4 de Ocaña (Norte de Santander), que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a disponer
todo lo necesario para el traslado de los niños Ana y Juan a la
residencia de Pedro, su progenitor, en la ciudad de Bogotá. ADVERTIR
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro
Zonal N° 4 de Ocaña (Norte de Santander) que dicho traslado debe efectuarse a
más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la
presente providencia.
Quinto.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar Centro Zonal de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá (i)
realizar una visita a los menores Ana y Juan dentro de los quince
(15) días siguientes a su traslado a la residencia de Pedro, su padre,
con el fin de que evalúe las condiciones en que se encuentran, y (ii) continuar
haciendo el acompañamiento necesario a los menores y sus padres, hasta tanto lo
requieran.
Sexto.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C. que tome las medidas necesarias para que los niños Ana y Juan
puedan culminar el año lectivo en el grado de escolarización correspondiente en
el colegio en el que cursaron sus estudios durante el año 2010.
Séptimo.- Por Secretaría General LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada Ponente
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
Ausente en
comisión
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] La decisión de excluir de cualquier publicación
de la presente sentencia los nombres originales de los menores y sus familiares
involucrados en el caso bajo estudio, como medida de protección, ha sido tomada
entre otras, en las siguientes sentencias: T-523 de 1992 (M.P. Ciro Angarita
Barón); T-442 de 1994 (M.P. Antonio Ba­rre­ra Carbonell); T-420 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa); T-1390 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez caballero);
T-1025 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[2]
A folio 9 del cuaderno principal del expediente aparece copia del registro
civil de nacimiento de Ana, nacida el 1 de mayo de 2002. (En adelante,
se entenderá que los folios a los que se haga referencia, hacen parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario).
[3]
En la copia del registro civil de nacimiento de Juan se lee que su fecha
de nacimiento es el 14 de enero de 2000 (Folio 10).
[4]
Así lo expresa textualmente el peticionario en su escrito de tutela (folio 1).
[5]
Sentencia del Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, quien decidió “CONCEDERLE
al señor PEDRO […] la Custodia y Cuidado de sus infantes hijos ANA y JUAN,
quien velará en todo sentido y responsabilidad por ellos, a partir de la fecha
de esta determinación […]”. Es de anotar que, de conformidad con el
recuento efectuado por el juez, los menores ya habían sido encargados
provisionalmente a la abuela materna. Posteriormente, mediante Resolución N°
004 de 15 de julio de 2009, el ICBF decide reintegrar a los niños a la madre, María,
junto con la custodia, cuidados personales y tenencia, bajo el argumento de
que, con base en los estudios psico-sociales realizados, se había constatado
que los niños no se encontraban en estado de abandono, ni sufrían desnutrición.
El juez tuvo en cuenta para otorgar la custodia de los niños al padre el
dictamen psicológico de 6 de mayo de 2009, en el que la psicóloga que
entrevistó a Ana narra que esta última afirmó haber sido objeto de un
trato impropio por parte del compañero permanente de su madre. Así, por
ejemplo, en la sentencia del juez, aparecen transcritos algunos apartes de tal
dictamen en el que se lee: “… El señor PABLO esposo de mi mamá, me toca mis
partes , le dice a mi hermano que se valla (sic) para la tienda a traer
algo, y entonces, él me mete la mano por la cola y me toca mis partes privadas
, yo le digo que me suelte, que no me gusta y él no me dice nada y no me
suelta, yo le cuento a mi mamá, ella lo regaña y él no dice nada, mi mamá le
dice ¿Por qué me toca mis (sic)  partes íntimas?, pero él lo sigue
haciendo, cuando me toca lavar la loza, él llega por detrás y me mete la mano
por la cola y me toca mis partes… (fl. 205)”. Más adelante el juez de
conocimiento citó textualmente la conclusión de la psicóloga en relación con la
conducta adoptada por María, madre de los niños: “La señora
aparentemente se encuentra renuente ante la situación, desconfiando de la
palabra de la menor ANA, mostrándose colaboradora posiblemente para no generar
sospecha de su posible complicidad y negligencia en su proceder, ya que María
no continuó llevando a los menores a terapia y seguimiento psicológico al
Instituto de Bienestar Familiar como se había recomendado en el año pasado”.
(fl. 208)”. Y, finalmente, concluye la transcripción: “No se desconocen
los antecedentes de la problemática familiar, intento de manipulación por parte
de los progenitores hacia los menores, no se descarta el posible abuso por
parte del padrastro de la menor, ya que ha llegado posiblemente a utilizar
muestras afectivas inadecuadas, por lo que la menor ha tomado tales conductas
como agresivas y vulneradoras, siendo aparentemente sobre estimulada”. (fl.
209)”. (Folios 11 al 30).
[6]
Folio 18 a 20.
[7]
En el expediente obra copia de la denuncia penal instaurada por Pedro
contra María, por el delito de inasistencia alimentaria (folios 33 a 35).
[8]
Obra el formato de la visita domiciliaria llevada a cabo por el ICBF Centro
Zonal de Ciudad Bolívar, en la que consta que los niños se encuentran en buenas
condiciones en el domicilio del padre. (Folio 43 a 45). El 19 de noviembre de 2010, el Coordinador del Grupo de Quejas Oficina de Control Interno
Disciplinario solicita intervención en el caso de los niños Ana y Juan.
Dicho informe expone que las condiciones generales en que viven los menores son
buenas y en las observaciones indica: “En la visita domiciliaria no se
logran identificar factores de vulnerabilidad o riesgo para los niños, por lo
cual se generó una citación para ampliar las valoraciones desde psicología y
nutrición y poder establecer diálogos con los niños y con el progenitor quienes
no se encontraban en la vivienda al momento de la visita”. (Folio 46 a 48). En la entrevista psicológica se da cuenta de la buena relación que tienen los niños con su
padre y su abuela paterna. Otro aspecto que llama la atención es que Ana
afirma sentirse mejor con su padre que con su madre y que no quiere ir de
vacaciones a Ocaña. (Folios. 49 a 51). En el informe sobre la valoración
nutricional de los niños, se observa que ambos se encuentran en adecuado estado
nutricional. (Folios 53 a 56).
[9]
Aparecen las calificaciones de los niños Ana y Juan, en donde se
puede apreciar que ambos tienen un rendimiento escolar alto (Folios 31 y 32).
[10] La parte resolutiva del acto administrativo
dice textualmente, lo siguiente: “RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Otorgar de
Manera Provisional la CUSTODIA de los Niños JUAN Y ANA, de once (11) y ocho (8)
años de edad, en su orden, a su Señora Abuela Materna RUTH […]. //
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese al Equipo interdisciplinario, realice proceso de
acompañamiento y Psicoterapéutico a los Niños”. (Folios 68 y 69).
[11]
El informe psicológico fue rendido el mismo 31 de diciembre de 2010, y señala: “Los
niños son atendidos por el área terapéutica del ICBF, dadas las condiciones
emocionales que presentan actualmente, estas desencadenadas por la situación
familiar y el deseo de ellos al querer permanecer con la progenitora en la
ciudad de Ocaña y la resistencia y negación del progenitor respaldado por
proceso legal que le otorga la custodia provisional de los niños exigiéndole el
traslado a la ciudad de Bogotá. // Los niños presentan perturbación emocional
con labilidad afectiva, evidenciando a partir de la entrevista semiestructurada
con preguntas abiertas el deseo y los fuertes lazos afectivos que los unen con
su progenitora, la buena relación entre ellos y el apoyo de su red extensa lo
que permite garantizar y fortalecer el desarrollo psico-emocional agudizando
los síntomas evidenciados actualmente. Los niños expresan abiertamente que
desean estar con su progenitora y la confrontación de una situación contraria
les desencadena miedo y angustia”. // Se lograr evidenciar una fuerte
influencia por parte del progenitor hacia los niños en relación con la
progenitora generando en ellos miedo, temor, labilidad afectiva, pánico
provocando episodios de ansiedad, con respiración cortada y sensación de ahogo
aumentando la perturbación emocional. // Se recomienda que los niños
actualmente estén con su progenitora, y de esta manera lograr estabilizarlos
emocionalmente ya que los lazos afectivos entre ellos agudizan riesgos y
permite estabilizarlo, además es imperante tener en cuenta el reporte de los
niños con relación a que los cuidados y las condiciones socioambientales,
otorgadas por su progenitor no son las adecuadas generando en ellos un rechazo
contundente y abriendo aún más la brecha en las relaciones parentofiliales. //
En el proceso terapéutico se realizó en intervención en crisis desde la
psicológica cognitiva y evaluación infantil, para estabilizar y manejar los
episodios de ansiedad y de esta manera agudizar la perturbación emocional en la
que se encontraban los niños”. (Folios 70 y 71).
[12]
Al respecto véanse, entre otras decisiones, las sentencias T-603 de 2001 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-341 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-643 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-219 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-726 de 2007 (M.P.
Catalina Botero Marino).
[13]
Folio 11 del cuaderno de la Corte Constitucional.
[14]
Ver al respecto, el artículo 44 de la Constitución Política.
[15]
Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Documento A/4354 (1959) del 20 de noviembre de
1959.
[16]
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones en su resolución 44/25, de 20
de noviembre de 1989, aprobada por Ley 12 de 1991.
[17]
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
[18] Adoptada por la resolución A/RES/2200 A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Aprobada en Colombia por la Ley 74 de 1968. Estos artículos disponen: “Artículo 23. 1. La familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado. // 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. // 3. El
matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes. // 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que
aseguren la protección necesaria a los hijos”. // “Artículo 24. 1. Todo niño
tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte
de su familia como de la sociedad y del Estado // 2. Todo niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. // 3. Todo
niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.
[19]
Adoptada por la resolución A RES 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Aprobada en Colombia por la Ley 74 de 1968. El artículo 10 dispone: “Artículo
10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder
a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y
mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El
matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
// 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres
que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social. // 3. Se deben adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación
alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los
niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales
quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra
infantil”.
[20]
En virtud de la figura del bloque de constitucionalidad los convenios
internacionales ratificados por Colombia, que han reconocido ampliamente los
derechos constitucionales, forman parte del ordenamiento jurídico y, en esa
medida, deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo legislativo de los
derechos y en la formulación de políticas públicas en esa materia.
[21]
Véase la sentencia T-510 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En aquella
ocasión, la Sala de Revisión debió analizar el caso de una menor cuya madre
había prestado consentimiento para darla en adopción, pero que después quiso
recuperarla, retractándose de la decisión inicialmente tomada. La Corte consideró que el consentimiento para dar en adopción, de la madre de la menor, no
cumplía los requisitos para ser “constitucionalmente idóneo”, es decir,
libre de vicios, apto, amplia y debidamente informado, convenientemente
asesorado y no haberse dado en contraprestación de un beneficio económico. Así,
al haber constatado que en el caso particular tal consentimiento no era válido,
la Sala concluyó que le era inaplicable la regla de irrevocabilidad del
consentimiento para dar en adopción, después del plazo de 30 días. Por esa
razón, concedió la acción de tutela, en protección de los derechos prevalentes
de la menor, en especial su derecho a tener una familia y no ser separada de
ella, así como el derecho de la madre a no ser separada de su hija.
[22]
En igual sentido, el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que “los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o
de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención”.
[23]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24]
Código del Menor, artículo 30: “Un menor se halla en situación irregular
cuando: 1. Se encuentre en situación de abandono o peligro, 2. Carezca de la
atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas , 3. Su patrimonio
se encuentre amenazado por quienes lo administren, 4. Haya sido autor o
partícipe de una infracción penal, 5. Carezca de representante legal, 6.
Presente deficiencia  física, sensorial o mental, 7. Sea adicto a sustancias
que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la drogadicción, 8.
Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, 9. Se encuentre en una
situación especial que atente contra sus derechos o su integridad”. (Nota a pie
de página número 11 en la sentencia que se cita). Es importante anotar que el
Código del Menor vigente al momento en que se adoptó la sentencia (Decreto 2737
de 1989) fue derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006 a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los
cuales quedaron vigentes.
[25]
Este criterio recogido en el artículo 44 de la Constitución, ha sido consistentemente aplicado por los tribunales internacionales de
derechos humanos, tales como la Corte Europea de Derechos Humanos, en casos de menores cuyos derechos entran en conflicto con
los de sus padres; véase a este respecto, los casos de E.P. vs. Italia
(sentencia del 28 de octubre de 1999, en la cual se declaró la licitud de una
medida de protección consistente en separar a una menor de edad de una madre
cuyos problemas psiquiátricos constituían graves riesgos para la salud de la
niña) y Olsson vs. Suecia. (sentencia N° 2, del 27 de noviembre de 1992, en la
cual se evaluó la medida de protección consistente en separar a unos niños
menores de edad de sus padres, quienes presentaban antecedentes de deficiencias
mentales que estaban causando retrasos en el proceso de desarrollo de los
niños). (Nota a pie de página número 12 en la sentencia que se cita).
[26]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-17/2002, párr.
56.
[27]
Artículo 1° del Código de la Infancia y la Adolescencia.
[28]
El texto literal del artículo 22 del Código de la Infancia y la Adolescencia es el siguiente: “Artículo 22. DERECHO A TENER UNA
FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser
acogidos y no ser expulsados de ella. // Los niños, las niñas y los
adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice
las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a
lo previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la familia
podrá dar lugar a la separación”.
[29]
El artículo 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia preceptúa: “Artículo 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños,
las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma
permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su
desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a
quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a
sus representantes legales”.
[30]
Las medidas de restablecimiento de derechos se encuentran enumeradas en el
artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Incluye las siguientes: “1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso
pedagógico. // 2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad
que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se
pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el
restablecimiento del derecho vulnerado. // 3. Ubicación inmediata en medio
familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los
casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso. // 5. La adopción.
// 6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras
disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de
los niños, las niñas y los adolescentes. // 7. Promover las acciones policivas,
administrativas o judiciales a que haya lugar. // PARÁGRAFO 1°. La autoridad
competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas
de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento
a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera. // PARÁGRAFO 2°. En
el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras
situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas
establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades
encargadas de la atención de los desastres para la protección de sus derechos.”
[31]
El artículo 79 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que las Defensorías de Familia “[s]on dependencias del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas
de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes”. Y especifica más adelante que “[l]as Defensorías de
Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo
menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista”. Y que
“[l]os conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo
técnico tendrán el carácter de dictamen pericial”.
El artículo 82, por
su parte, estipula las funciones del defensor de familia, dentro de las cuales,
la Sala destaca las siguientes, por tener pertinencia para el caso bajo
estudio: “1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir,
proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los
adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o
amenaza. // 2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la
presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños,
las niñas o los adolescentes. […] // 8. Promover la conciliación
extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre
cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o
personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente. // 9. Aprobar
las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y cuidado
personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno
filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de
residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o
compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio
civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y
liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y
los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los
derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a
los notarios. […] // 11. Promover los procesos o trámites judiciales a
que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de
estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la
representación judicial a que haya lugar. […] // 13. Fijar cuota
provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación. […] //
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la
adolescencia y la familia.”
[32]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Se trata del caso de una acción de tutela
suscitada por la adopción de la medida de restablecimiento de derechos de un
menor, consistente en su traslado a un hogar sustituto. La Corte encontró que dicha medida resultaba desproporcionada y vulneratoria de los derechos a
la unidad familiar y al debido proceso de la accionante, madre del niño. No
obstante, declaró la improcedencia de la acción por daño consumado, como quiera
que el ICBF había ordenado previamente el reintegro del menor a su seno
familiar.
[33]
El aparte “Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para
interponerlo, el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para
homologar el fallo” fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-740 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería). Esta
Corporación indicó que, en virtud del principio del interés superior del menor
y la protección especial que le confieren la Constitución colombiana y los tratados internacionales ratificados por Colombia, resultaba
constitucionalmente válido el contenido normativo del art. 100, inc. 4° de la Ley 1098 de 2006 que ordena someter las decisiones administrativas adoptadas por los
defensores de familia y los comisarios de familia a la homologación o
confirmación de los jueces de familia por petición de una de las partes o del
Ministerio Público.
[34]
El artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia expresa textualmente: “COMPETENCIA DEL JUZ DE FAMILIA EN ÚNICA INSTANCIA. Sin
perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de
familia, en única instancia: 1. La homologación de la resolución que declara la
adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes. // 2. La revisión de las
decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario
de familia, en los casos previstos en esta ley. // 3. De la restitución
internacional de niños, niñas y adolescentes. // 4. Resolver sobre el restablecimiento
de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido
competencia. // PARÁGRAFO. Los asuntos regulados en este código deberían ser
tramitados con prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas
corpus, y en todo caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses
siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, según el
caso. El incumplimiento de dicho término constituye causal de mala conducta”.
[35]
Al respecto ver el apartado 3.2. de las consideraciones de la presente
sentencia.
[36]
Sentencia T-572 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[37]
Sentencia T-572 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[38]
Folios 43 a 57.
[39]
Folios 31 a 32.
[40]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En aquella ocasión, la Sala de Revisión ordenó a la Defensoría de Familia acudir en representación de las niñas ante
el juez de familia competente para que, mediante los procedimientos especiales,
contemplados en el ordenamiento jurídico, adoptara una solución definitiva
sobre la custodia y cuidado de los menores.
[41]
Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). La Sala Segunda de Revisión analizó en esa oportunidad la acción de tutela interpuesta por el
abuelo de un menor, quien consideraba que la decisión judicial adoptada por un
juzgado de familia dentro del proceso de custodia iniciado por los padres del
niño y que era favorable a sus pretensiones, vulneraba los derechos del menor.
Lo anterior, por cuanto implicaba alejarlo –contra su voluntad- del grupo
familiar al que había pertenecido desde su nacimiento, conformado por sus
abuelos y tías maternas, ante el abandono de sus padres, quienes ahora
pretendían recuperarlo. La Sala concedió el amparo transitorio de los derechos
fundamentales del menor, hasta tanto se resolviera el nuevo proceso de custodia
promovido por los abuelos del niño.
[42]
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en señalar que la
privación del contacto de un menor con uno o ambos progenitores incide
negativamente en la formación de su identidad personal y en los derechos a
tener una familia y a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad (Sentencia
T-024 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[43]
Ver al respecto, el artículo 44 de la Constitución Política.