T-286-98
Sentencia T-286/98
Sentencia T-286/98
DERECHO A LA
SALUD DEL NIÑO-Fundamental/DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO-Fundamental
Los derechos a la salud y a la seguridad
social de los niños son fundamentales, según el artículo 44 de la Constitución
Política. De acuerdo con la disposición enunciada y a diferencia de lo que se
predica de tales derechos en relación con las demás personas, la seguridad
social y la salud de los niños son derechos constitucionales de carácter
fundamental y, en cuanto interesa a la viabilidad de la acción de tutela para
protegerlos, ésta procede directamente y no, como sucede en otros casos,
exclusivamente cuando su amenaza o vulneración significan amenaza o vulneración
de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
PLAN OBLIGATORIO
DE SALUD-Exclusión de
ciertos tratamientos y medicamentos
En razón de los principios de solidaridad y
universalidad que rigen el derecho constitucional a la seguridad social, el
Plan Obligatorio de Salud que pretende cubrir a la totalidad de la población
colombiana en un plazo determinado y relativamente corto, excluye ciertos
medicamentos, tratamientos e intervenciones médicas considerados de alto costo,
para que con los aportes que llegan a dicho sistema puedan atenderse las
necesidades primarias de más personas, sacrificando otras de segundo orden y
que implican una erogación superior, pues, de lo contrario, los aportes hechos
al régimen contributivo y extendidos al subsidiado, apenas alcanzarían para
algunos de sus afiliados. En este sentido, existen servicios que deben
incluirse con mayor prioridad y no todos los servicios de salud posibles pueden
considerarse iguales: algunos de ellos son prioritarios por la mayor
efectividad, por requerirse con urgencia o por lo común de su ocurrencia. Pero
la anterior consideración no debe observarse automáticamente, es decir, sin
tener en cuenta la situación concreta que está padeciendo la persona afiliada
al sistema porque, en ciertas ocasiones, la aplicación estricta de los
reglamentos del sistema de seguridad social integral en salud y, más
concretamente, del Plan Obligatorio de Salud, antes de cumplir con los
principios antes señalados, no solo conllevan la negación rotunda de la
finalidad del sistema, sino, lo que es aún más grave, la vulneración de
derechos fundamentales.
DERECHO A LA VIDA-No suministro de tratamientos y
medicamentos/INAPLICACION DE NORMAS-Casos en que procede por no
suministro de tratamiento y medicamentos de alto costo
Esta Corporación se ha ocupado de
innumerables casos en los cuales se ha aplicado la reglamentación del Plan
Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el perjuicio que con ello se causa a
quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal punto, que de ellos
dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha
inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento
requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar, de ese modo, que una
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías
constitucionales. Sin embargo, es necesario señalar en qué casos procede la
inaplicabilidad de las disposiciones legales o reglamentarias. En primer lugar,
la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o
administrativa, debe amenazar los derechos constitucionales fundamentales a la
vida o a la integridad personal del interesado, pues no se puede obligar a las
Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o
tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos. En segundo
lugar, debe tratarse de un medicamento o tratamiento que no pueda ser
sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que,
pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que
el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el
necesario para proteger el mínimo vital del paciente. En tercer lugar, que el
paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento
requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud
(el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios
prepagados, etc.). Y finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido
prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se
halle afiliado el demandante.
DERECHO A LA
SALUD DEL NIÑO-Suministro
de medicamentos
ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD Y ESTADO-Relación
contractual/SUBCUENTA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Repetición de EPS por suministro de
medicamentos excluidos
Referencia:
Expediente T-155919.
Demandante: Yegni
Fransuri Tovar.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ.
Santafé de Bogotá D.C., cuatro (4) de junio
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
I. ANTECEDENTES Y FALLO EN REVISION.
En nombre y representación de su menor hijo
Jeisson Andrés Rodríguez Tovar, la demandante inicia acción de tutela en
contra de la entidad promotora de salud Salud Total, a quien imputa la
violación de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad
social.
Manifiesta la demandante que se encuentra
afiliada al plan obligatorio de salud por intermedio de Salud Total y del cual
es beneficiario, por tal razón, su hijo Jeisson Andrés. Agrega que el menor
tiene parálisis cerebral desde que nació y que en el Instituto Franklin Delano
Roosevelt, donde fue atendido por remisión de Salud Total, una Fisiatra le
recomendó la aplicación de una ampolla de Toxina Botulínica Tipo A, con el fin
de superar una espasticidad en retracción de estructuras flexoras, adquirir
patrones de movimiento y logros importantes en neurodesarrollo.
En consecuencia, continúa, solicitó a dicha
especialista que solicitara a Salud Total la autorización correspondiente para
que la droga fuera suministrada a su costa, petición a la cual se negó la
E.P.S. con el argumento de que era un medicamento excluido del plan obligatorio
de salud.
La Juez 85 Penal Municipal de Santafé de
Bogotá D.C., en sentencia del 26 de diciembre de 1997, rechazó por
improcedente el amparo solicitado, con fundamento en las siguientes
consideraciones: primera, el menor no se encuentra en peligro de muerte;
segunda, el medicamento está excluido del plan obligatorio de salud, de acuerdo
con lo dispuesto por el decreto 1938 de 1994, que limita el campo de acción de
las entidades promotoras de salud; y tercera, para reclamar los derechos
supuestamente vulnerados, puede iniciarse el proceso contencioso administrativo
correspondiente, previo el agotamiento de la vía gubernativa.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
Primera. La Competencia.
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para pronunciarse en el asunto de la referencia,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política, y
los artículos 33 a 36 del decreto 2591 de 1991, habiendo sido seleccionado por la
Sala correspondiente y repartido al Magistrado Sustanciador, de conformidad con
el reglamento de esta Corporación.
Segunda. La
Materia.
Se trata en esta oportunidad de reiterar la
jurisprudencia de la Corte en relación con los medicamentos excluidos del
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Salud, contenido en la Resolución número 5261 del 5 de agosto de 1994, dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Específicamente, aplicar
dicha jurisprudencia al presente caso, en el cual están de por medio derechos
fundamentales de un menor de edad.
1.- Los derechos a la salud y a la
seguridad social de los niños son fundamentales, según el artículo 44 de la
Constitución Política.
En general, se ha entendido que los
derechos a la salud y a la seguridad social, en razón a que tienen un contenido
prestacional y dependen de ciertas condiciones para su aplicación, las más de
las veces condiciones económicas, pertenecen a una categoría distinta de los
derechos constitucionales fundamentales, cuya aplicación no puede condicionarse
en manera alguna y, por tal razón, el Constituyente los reguló en un capítulo
distinto al de éstos, considerando aquéllos como derechos sociales, económicos
y culturales[1].
Así, a los colombianos se les garantiza el acceso a mecanismos que les permitan
tener una salud y una seguridad social adecuadas, pero en manera alguna ellas
mismas, pues la garantía efectiva de conseguir la salud, entendida como normal
funcionamiento corporal, escapa a las posibilidades de un Estado[2].
Por tales razones, la acción de tutela no
procede directamente para el amparo de esos derechos, pues son derechos
constitucionales, pero con un carácter distinto al de los fundamentales, para
los cuales está reservado, en principio, el mecanismo judicial de protección a
que se refiere el artículo 86 de la Carta. No obstante, esta Corporación ha
sostenido que cuando la amenaza o vulneración de tales derechos implique, a su
vez, una amenaza o vulneración de derechos constitucionales con rango
fundamental, el juez constitucional está autorizado para protegerlos
indirectamente a través de la tutela, aplicándola a derechos que, como aquellos
a los cuales se ha hecho referencia, no son fundamentales[3].
Sin embargo, de acuerdo con la disposición
enunciada en el subtítulo y a diferencia de lo que se predica de tales derechos
en relación con las demás personas, la seguridad social y la salud de los niños
son derechos constitucionales de carácter fundamental y, en cuanto interesa a
la viabilidad de la acción de tutela para protegerlos, ésta procede
directamente y no, como sucede en otros casos, exclusivamente cuando su amenaza
o vulneración significan amenaza o vulneración de derechos fundamentales como
la vida y la integridad personal[4].
En consecuencia, en el presente caso
procede la tutela de los derechos a la salud y a la seguridad social
directamente, en vista de que el demandante es un menor de edad.
2.- La exclusión de ciertos tratamientos y
medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud y la jurisprudencia
constitucional.
En razón de los principios de solidaridad y
universalidad que rigen el derecho constitucional a la seguridad social
(artículo 48 superior), el Plan Obligatorio de Salud que pretende cubrir a la
totalidad de la población colombiana en un plazo determinado y relativamente
corto, excluye ciertos medicamentos, tratamientos e intervenciones médicas
considerados de alto costo, para que con los aportes que llegan a dicho sistema
puedan atenderse las necesidades primarias de más personas, sacrificando otras
de segundo orden y que implican una erogación superior, pues, de lo contrario,
los aportes hechos al régimen contributivo y extendidos al subsidiado, apenas
alcanzarían para algunos de sus afiliados. En este sentido, existen servicios
que deben incluirse con mayor prioridad y no todos los servicios de salud
posibles pueden considerarse iguales: algunos de ellos son prioritarios por la
mayor efectividad, por requerirse con urgencia o por lo común de su ocurrencia.
Pero la anterior consideración no debe
observarse automáticamente, es decir, sin tener en cuenta la situación concreta
que está padeciendo la persona afiliada al sistema porque, en ciertas
ocasiones, la aplicación estricta de los reglamentos del sistema de seguridad
social integral en salud y, más concretamente, del Plan Obligatorio de Salud, antes
de cumplir con los principios antes señalados, no solo conllevan la negación
rotunda de la finalidad del sistema, sino, lo que es aún más grave, la
vulneración de derechos fundamentales.
Esta Corporación se ha ocupado de
innumerables casos en los cuales se ha aplicado la reglamentación del Plan
Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el perjuicio que con ello se causa a
quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal punto, que de ellos
dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha
inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento
requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar, de ese modo, que una
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías
constitucionales[5].
Sin embargo, es necesario señalar en qué
casos procede la inaplicabilidad de las disposiciones legales o reglamentarias
sobre la materia, pues no siempre ellas significan vulneración de derechos
constitucionales fundamentales y, como en el caso anterior, tampoco procede una
inaplicación automática. En primer lugar, la falta del medicamento o
tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, debe
amenazar los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la
integridad personal del interesado[6],
pues no se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto
costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no
peligran tales derechos.
En segundo lugar, debe tratarse de un
medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los
contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el
sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan,
siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el
mínimo vital del paciente. En tercer lugar, que el paciente realmente no pueda
sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda
acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus
trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.). Y
finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el
demandante[7].
Debe aclarase que el mínimo vital a que se
ha hecho referencia, supone un derecho constitucional fundamental a la vida no
entendido como una mera existencia, sino como una existencia digna con las
condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las
facultades de que puede gozar la persona humana; así mismo, un derecho a la
integridad personal en todo el sentido de la expresión que, como prolongación
del anterior y manifestación directa del principio de la dignidad humana,
impone tanto el respeto por la no violencia física y moral, como el derecho al
máximo trato razonable y la mínima diminución posible del cuerpo y del espíritu[8].
Cumplidos los supuestos señalados, la
reglamentación legal o administrativa se torna inconstitucional para el caso
concreto, pues pone en peligro derechos constitucionales fundamentales y, en
dicha circunstancia, de acuerdo con el artículo 4 de la Carta Política, procede
inaplicarla para dar prevalencia a las disposiciones constitucionales[9].
3.- El caso concreto.
Jeisson Andrés Rodríguez Tovar, quien en la
actualidad cuenta 2 años de edad, sufre parálisis cerebral desde que nació y su
médica tratante, la Fisiatra Giovanna M. Rozzo Villalobos, le recomendó la
aplicación de una ampolla de Toxina Botulínica Tipo A a nivel de los miembros
inferiores y superiores, la cual le permitiría combatir un “secundario a la
espasticidad de retracción de estructuras flexoras, que ha interferido en parte
la adquisición de patrones de movimiento y logros en neurodesarrollo”[10].
De lo anterior surgió el conflicto que
ocupa a la Sala, en vista de que la E.P.S. Salud Total se negó a suministrar el
medicamento citado, argumentando que está por fuera de la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud. Y tiene razón en esta última parte; efectivamente, la
Toxina Botulínica Tipo A no está contemplada en el catálogo de medicamentos
dispuesto en el decreto 1938 de 1994 para la cobertura del Plan Obligatorio de
Salud, del cual es beneficiario, gracias a la afiliación de su madre al
sistema, el menor Jeisson Andrés Rodríguez Tovar.
Estando excluido el medicamento de la
cobertura del Plan Obligatorio de Salud, según la norma citada, estaría en
principio exonerada la entidad demandada de acceder a las pretensiones incoadas
ante la juez de instancia. Sin embargo, es necesario analizar si el presente
caso es similar a aquellos que la Corporación ha dirimido con anterioridad y
que le han permitido determinar la procedencia de la acción de tutela; es
decir, si las circunstancias descritas en los numerales anteriores se presentan
en este asunto y, por ende, si hay lugar a conceder la tutela de los derechos
invocados.
3.1.- ¿Están en el presente caso amenazados
o vulnerados los derechos a la vida y a la integridad personal del menor?
Teniendo en cuenta que la garantía
constitucional de la integridad personal, como su nombre lo indica, implica el
mantenimiento de todas las funciones corporales en un estado de normalidad,
cuando conseguir dicho resultado es posible, y cuando no, al menos aproximarse
a tal situación, vemos que el demandante es un discapacitado físico, quien ha
recibido los tratamientos médicos correspondientes a la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud prestado por la E.P.S. Salud Total, pero requiere la
aplicación de una Toxina Botulínica Tipo A para superar una interferencia a
nivel de piernas y brazos, y alcanzar un desarrollo óptimo, aunque
proporcional a su discapacidad cerebral, afirmación que surge de la recomendación
hecha por la doctora Rozzo Villalobos.
Entonces, no es cierto el señalamiento
hecho por la entidad demandada, en el sentido de que la aplicación de la toxina
superaría temporalmente la dificultad y que, al haberse iniciado con el
paciente una terapia integral, que le permitirá superar definitivamente sus
imposibilidades motoras y neorológicas, el objeto de la presente tutela es un
hecho superado, pues a cambio de una solución parcial del problema, Salud Total
ha iniciado el camino para una solución definitiva, en vista de que la
recomendación de la Fisiatra a cargo del tratamiento de Jeisson Andrés, supone
alcanzar un mejor resultado con la terapia, es decir, que la terapia y la
aplicación de la toxina son necesarias para acercarse a ese estado deseado o
ideal de integridad personal, teniendo en cuenta la limitación física del
menor.
Es cierto que Jeisson Andrés puede
sobrevivir sin la aplicación de la toxina e, incluso, seguir la terapia que, al
parecer, ya empezó a practicarle Salud Total; pero cabe preguntarse, ¿en qué
condiciones podría seguir viviendo? Luego, aquí es necesario resaltar que, como
antes se dijo, el derecho a la vida implica una existencia digna y no una mera
existencia, lo cual conduce a pensar que una persona que puede mejorar su ya
lamentable situación física, si se le suministra un medicamento que permita
superarla, ve vulnerados sus derechos cuando una normatividad de inferior
jerarquía le impide hacerlo y esa superación está respaldada por normas de
carácter constitucional. Además, en relación con este punto la jurisprudencia
de la Corte ha sido enfática, señalando que omitir un tratamiento, intervención
quirúrgica o aplicación de un medicamento que puede poner fin a una dolencia o
malestar, o mejorar en cierto grado una situación física precaria, es prolongar
dichos estados indeseables y atentar contra la dignidad humana[11].
Cumplido está, entonces, el primer supuesto
para inaplicar la reglamentación que excluye la aplicación de la Toxina Botulínica
Tipo A de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, pues la falta de ese
medicamento impide superar una etapa de la disminución física que durante toda
su existencia ha padecido Jeisson Andrés Rodríguez Tovar, impide, a su vez, que
él se aproxime a su integridad personal en la medida de lo posible y lo somete
a una existencia incómoda en cierto grado superable, pues, al menos, dejaría
atrás la “espasticidad de retracción de estructuras flexoras” y la
terapia que ya se le inició obtendría un mejor resultado, porque adquiriría
oportunamente patrones de movimiento y conseguiría logros en neurodesarrollo.
Entonces, mal puede pretenderse como lo
hizo la juez de instancia, que la tutela solamente proceda cuando el demandante
se encuentre al filo de la muerte, en vista de que dicha acción y, sobre todo,
la medicina, lo que buscan es precisamente evitar tan lamentable estado.
Además, como quedó suficientemente demostrado, existe evidente vulneración del
derecho a la vida en la situación anteriormente descrita, aunque el paciente
esté aún lejos de la muerte.
3.2. También se cumplen los demás supuestos
para inaplicar el decreto 1938 y la resolución 5261 de 1994.
Efectivamente, la Toxina Botulínica Tipo A
no puede sustituirse por ningún otro tratamiento o intervención contemplado en
la cobertura del Plan Obligatorio de Salud. El ingreso familiar no es
suficiente para alcanzar el costo que supone la adquisición del medicamento,
según lo expuso la madre del menor al iniciar la presente acción de tutela[12], quien, además, no se
encuentra afiliada a ningún otro plan complementario de salud que cubra el
costo del medicamento. Y finalmente, la inyección fue recomendada por la
doctora Giovanna Rozzo Villalobos, Fisiatra del Instituto Franklin D.
Roosevelt, entidad con quien Salud Total contrató sus servicios especializados.
4.- Los derechos económicos de la entidad
promotora de salud.
Entre los usuarios y las Empresas
Promotoras de Salud que prestan los Servicios del Plan Obligatorio, en manera
alguna existe una relación contractual, la cual solamente existe entre ellas y
el Estado, quien es el primeramente obligado por disposición constitucional a
prestar este servicio público y lo ha delegado en ellas. Luego, es una relación
de derecho público regulada por normas especiales sobre la materia (ley 100 de
1993 y normatividad que la desarrolla), cuyo régimen implica obligaciones que
están por fuera de la autonomía de la voluntad de los particulares, pues los
servicios que se deben prestar o no, por una parte, y las obligaciones que
deben cumplir los afiliados, por otra, son determinados directamente por el
legislador. Solamente se rigen por las disposiciones civiles pertinentes, las
relaciones contractuales de medicina prepagada que, vale decir, son ajenas al
presente asunto[13].
En consecuencia y teniendo en cuenta dicha
relación contractual entre las entidades promotoras de salud y el Estado, la
apoderada de la parte demandada solicitó el reconocimiento de los sobrecostos
en que incurra Salud Total, en caso de concederse la acción de tutela y por
razón de la orden emitida, con cargo al Fondo de Solidaridad y Garantía del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ante lo cual simplemente se
reitera la jurisprudencia sobre la materia, en el sentido de que las entidades
promotoras de salud deben correr con los costos que el tratamiento o
medicamento excluido del P.O.S. demande, pero les aguarda el derecho de
reclamar en contra de la subcuenta respectiva del Fondo de Solidaridad y
Garantía del Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, los
sobrecostos en que incurran, en vista de que la relación entre tales entidades
y el Estado, se repite, es contractual, en la cual previamente el mismo Estado
ha fijado las reglas de juego, razón por la cual todo lo que se salga de ellas
debe asumirlo él, so pena de que se altere gravemente el equilibrio financiero
del contrato[14].
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia
pronunciada dentro del presente asunto por el Juzgado 85 Penal Municipal de
Santafé de Bogotá D.C., el 26 de diciembre de 1997, en el sentido de
rechazar por improcedente la acción de tutela iniciada por Yegni Fransuri
Tovar, en nombre y representación de su menor hijo Jeisson Andrés
Rodríguez Tovar, contra la entidad promotora de salud Salud Total.
Segundo. CONCEDER la tutela de los
derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la seguridad social de Jeisson
Andrés Rodríguez Tovar.
Tercero: ORDENAR a la empresa
promotora de salud Salud Total de esta ciudad que, dentro de los dos
(2) días calendario siguientes a la notificación de esta sentencia, remita
nuevamente a Jeisson Andrés Rodríguez Tovar al Instituo Franklin Delano
Roosevelt, para que la Fisiatra de esa entidad y específicamente, si aún
trabaja para ella, la doctora Giovanna Rozzo Villalobos, determine si
actualmente es necesaria la inyección de la Toxina Botulínica Tipo A,
para que, en caso de ser afirmativa la respuesta, autorice el suministro
de la misma asumiendo su costo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
al momento en que sea prescrita.
Cuarto. SEÑALAR que Salud Total
podrá repetir lo pagado en cumplimiento de la orden contenida en el numeral
anterior, en contra de la subcuenta respectiva del Fondo de Solidaridad y
Garantía del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
CARMENZA ISAZA DE GOMEZ
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-043 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, reiterada en la
sentencia SU-111 de 1997, Sala Plena, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Ibídem.
[3] Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-111 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] Corte Constitucional, Sala
Segunda de Revisión, sentencia T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[5] Al respecto, ver Corte
Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencias T-114 y 640 de 1997, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[6] Corte Constitucional, Sala Plena,
sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7] Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Corte Constitucional, Sala
Séptima de Revisión, sentencia T-645 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[9] Corte Constitucional, Sala
Segunda de Revisión, sentencia T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[10] Carta dirigida por la
mencionada profesional a la E.P.S. Salud Total, solicitando autorización para
suministro de la ampolla, obrante a folio 38 del expediente.
[11] Corte Constitucional, Sala
Tercera de Revisión, sentencia T-499 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
reiterada por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-322 de 1997, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[12] Folio 2 del expediente.
[13] Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[14] Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.