C-127-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-127/11
ESTABLECIMIENTO
DE FACULTADES DE QUIEN NO ES IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL-No se incurrió en
una omisión legislativa relativa
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la
Corte Constitucional
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto/OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Concepto
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos esenciales
que deben concurrir para su procedencia
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Jurisprudencia
constitucional
POTESTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA-Corresponde al legislador
establecer las formas propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones
para acceder a los jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
DERECHO DE DEFENSA EN ACTUACION PENAL-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO DE DEFENSA-Importancia  en el contexto de las garantías procesales/DERECHO DE DEFENSA-Adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso
penal/DERECHO DE DEFENSA EN EL AMBITO
PENAL-Reconocimiento
en el escenario internacional
DERECHO DE
DEFENSA EN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Conocido
en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de igualdad de armas/PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE ARMAS-Hace parte del núcleo esencial del derecho a la
defensa y al debido proceso/DERECHO A LA DEFENSA-Ambito de
aplicación en el proceso penal comprende toda actuación incluida la etapa
preprocesal
De conformidad con las
garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la
Corte ha aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal
comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La
primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer
directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en
nombre de aquél un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de
confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado
directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.
En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de
tendencia acusatoria como el principio de “igualdad de armas”, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace
parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso, y su
garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio
se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e
instrumentos procesales. Para la Corte, el principio de igualdad de armas
“constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que
ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa
que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se
enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las
mismas herramientas de ataque y protección”. Si bien el derecho a
la defensa, y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta
determinante para la validez constitucional del proceso penal, el tema de si el
derecho de defensa en materia procesal penal tiene un espectro  amplio o
restringido no ha sido un asunto pacífico, a pesar de que el artículo 29 de la
Constitución claramente extiende el derecho al debido proceso “a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas”, y en materia penal reconoce el
derecho de los sindicados a una defensa técnica “durante la investigación y el
juzgamiento”. Efectivamente, el asunto ha sido objeto de pronunciamiento por
parte de esta Corporación, tanto en el modelo mixto de tendencia inquisitiva
inicialmente adoptado por la Constitución del 91 y desarrollado básicamente por
el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, como en el sistema procesal penal
de tendencia acusatoria incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante el
Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por el Legislador a través de la Ley
906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En
los dos escenarios la posición de la Corte ha sido “unívoca, consistente y
sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los
tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones
al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él
restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende,
sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa
preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o
simplemente indagación”.
DERECHO A LA DEFENSA EN LA ACTUACION PENAL-Se extiende a la etapa preprocesal de la indagación previa,
y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final
La interpretación que se
ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema
de hasta donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal,
tanto en el sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia
acusatorio, es la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene
conocimiento que cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando
finaliza el proceso. En este sentido es claro que el derecho a la defensa se
extiende sin discusión ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa,
y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final.
PROCESO
PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Aspectos más relevantes de su estructura y
desarrollo/PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Etapas/JUEZ DE
CONTROL DE GARANTIAS-Funciones constitucionales
PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Garantías adicionales para el
respeto de los derechos fundamentales
Además de las garantías
previstas en el artículo 267 de la ley 904 de 2004, la jurisprudencia ha
constatado la existencia de dos adicionales, a partir de la reforma introducida
por el Acto Legislativo 03 de 2002 y de una interpretación sistemática de la
Ley 906 de 2004, esenciales para el respeto de los derechos fundamentales, la
definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia. La primera,
consiste en que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado o
indiciado por la actividad de la Fiscalía (registros, allanamientos,
incautaciones, interceptación de comunicaciones, entre otras) debe ser decidida
en sede jurisdiccional, y en tal virtud, corresponde al juez de control de
garantías el examen de las medidas de intervención en el ejercicio de los
derechos fundamentales para verificar que se adecuan a la ley y son
proporcionales. La segunda, tiene que ver con la determinación de que el
material de convicción o evidencia, que tanto la Fiscalía como la defensa
recaudan en el proceso de investigación, deberá ser descubierto ante el juez de
conocimiento, en el transcurso del juicio oral, público, donde la controversia
y la contradicción tienen lugar, y en consecuencia, la garantía del derecho de
defensa es plena, sin perjuicio (i) de que si alguna de las partes encuentra
material probatorio y evidencia física muy significativos que deban ser
descubiertos, así lo soliciten al juez para que éste decida si es
excepcionalmente admisible o debe excluirse, oídas las partes y considerando el
perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y a la integridad del
juicio; y (ii) de la práctica de prueba anticipada en casos de extrema
necesidad y urgencia para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio,
caso en el cual de todas maneras deberá efectuarse una audiencia para
garantizar el contradictorio, de conformidad con los artículos 274 y 284 del
Código de Procedimiento Penal.
DERECHO DE
DEFENSA-Su ejercicio no tiene límite temporal
PROCEDIMIENTO
PENAL ACUSATORIO-Fase de indagación/INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO
PENAL-Finalidad/TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA
ACCION PENAL-Límite máximo para la
formulación de la imputación por parte del fiscal
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA ESTABLECER FORMAS Y TERMINOS PROCESALES-Jurisprudencia
constitucional/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA ESTABLECER FORMAS
Y TERMINOS PROCESALES-Límites
En relación con la libertad de
configuración del legislador para establecer formas y términos procesales, la
jurisprudencia de esta Corte, de conformidad con el artículo 150, numerales 1 y
2, de la Carta, ha sostenido que el legislador tiene una competencia amplia
para regular los diversos procesos judiciales y para establecer las etapas,
oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los
términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades
judiciales. Así pues, “es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos,
características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en
tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos
sustanciales, no puede contradecir los postulados de
aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos”. La
libertad de configuración normativa del legislador, aunque amplia, tiene
ciertos límites, que según la jurisprudencia constitucional, se concretan en el
respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos
fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales. “Es decir,
si bien el Congreso o el Presidente de la República, debidamente autorizado por
aquél mediante la concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad
para consagrar, dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas,
ritualidades y términos procesales, éstos deben ser razonables y estar
dirigidos a garantizar el derecho sustancial”.
PLAZO DE
INVESTIGACION EN PROCESO PENAL-Criterios para determinar razonabilidad
FALTA DE
PREVISION DE UN TERMINO ESPECIFICO PARA QUE LA FISCALIA FORMULE LA IMPUTACION,
DISTINTO AL DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-No desconoce los derechos de
defensa, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana
Referencia: expediente D-8228
Actor: María Gabriela Rincón
Martínez
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal”.
Magistrada Ponente:
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de
dos mil once (2011).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad, la ciudadana María Gabriela Rincón Martínez demandó los artículos 267 y 287 de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante Auto del 31 de agosto de
2010, la demanda fue inadmitida por carecer el cargo del requisito de certeza.
La actora corrigió la demanda y por
medio de Auto del 20 de septiembre de 2010, el Despacho decidió su admisión y
ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la
República, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 de la Constitución
Política y los artículo 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.
NORMAS DEMANDADAS
El texto de las disposiciones
demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.657, de 31 de
agosto de 2004, es el siguiente:
LEY
906 DE 2004[1]
(agosto
31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
“ARTÍCULO 267. FACULTADES DE
QUIEN NO ES IMPUTADO. Quien sea informado o advierta que se adelanta
investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquél o este, podrán
buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales
probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o
solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre
ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información
útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales.
Igualmente, podrá solicitar al
juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere
hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales.
“ARTÍCULO
287. SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El fiscal hará
la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia
física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente
que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser
procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el
juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que
corresponda”.[2]
III.
LA DEMANDA
1. Normas constitucionales que se consideran
infringidas
La demandante considera que los
artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código
de Procedimiento Penal”, vulneran los artículos 1 (dignidad humana), 29 (derecho
de defensa) y 229 (derecho de acceso a la administración de justicia) de la
Constitución Política, así como  los artículos 7.6 y 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26 de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, de los cuales se derivan los derechos esenciales a ser oído y a
ser notificado de los cargos, que por mandato del artículo 93 de la Carta hacen
parte del bloque de constitucionalidad.
2. Fundamentos de la demanda
Se acusan los artículos 267 y 287
de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
La accionante considera que el legislador al expedir el artículo 267 demandado
incurrió en una supuesta omisión legislativa relativa, violatoria del derecho
de defensa de acceso a la justicia y la dignidad humana, al atribuir
exclusivamente al Fiscal la competencia para solicitar la audiencia preliminar
de formulación de imputación, sin prever una oportunidad para que el indiciado pueda
solicitar tal audiencia, en procura de la garantía de sus derechos a ser oído
desde la iniciación de la investigación.
Para
la actora, los efectos negativos de la omisión del legislador se subsanarían
permitiéndole al ciudadano que se ha enterado por cualquier medio de su
condición de indiciado, en desarrollo de su derecho a ser oído, la posibilidad
de solicitar su propia intervención ante el juez de garantías (con la presencia
del fiscal).
La ciudadana considera, por otra
parte, que el artículo 287 vulnera los mismos postulados, porque al no prever
un término razonable de duración de la indagación preliminar, por parte de la
Fiscalía, distinto al de prescripción de la acción penal, somete al indiciado
indefinidamente a las molestias propias de este tipo de investigaciones.
Señala la demandante que es de su
especial interés que “la garante de nuestra Constitución ponga término a
perturbaciones, acosos y/o molestias a la tranquilidad -y hasta la libertad
personal- de los honestos coasociados indiciados, impidiendo así los maltratos
y el atropellamiento a la dignidad humana que hace la Fiscalía a personas
investigadas, cuando no exista motivo legal para ello, pues de contera, es
también costumbre que esa autoridad coactiva incurra en excesiva morosidad de
efectuar la imputación o de decidir el archivo de las diligencias, dado que no
existe término específico para ello (…).”
Finalmente,
en relación con el derecho a la notificación de los cargos, garantía intangible
que no puede ser limitada en ninguna situación o estado de excepción por
mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, la actora estima que el
legislador debió prever la posibilidad de que el indiciado pudiera acudir ante
un juez de garantías para exigir, la determinación de sus derechos, dentro de
un sistema judicial en el que no existe discrecionalidad para imputar o acusar
porque está sometido al principio de legalidad penal.
IV. INTERVENCIONES
1. Fiscalía General de la Nación
EL señor Fiscal General de la
Nación (E) considera que la demanda contra los artículos 267 y 287 de la Ley
906 de 2004 es inepta, porque incumple con los requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, en la medida en que “no cuestiona
el contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado;
encima, no se observa cual es la oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política”. (…).
No obstante, la vista Fiscal
solicita que en caso de que la Corte decida pronunciarse de fondo sobre los
preceptos demandados, declare su exequibilidad porque se limitan a señalar las
situaciones que determinan la formulación de la imputación, y porque han sido
expedidos en cumplimiento de una expresa autorización del Constituyente
(artículo 150 numeral 23 de la CP), y dentro de la libertad de configuración
del legislador.
2. Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de
Justicia interviene en defensa de las normas demandadas y solicita a la Corte
declarar su exequibilidad, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1. Considera que el Fiscal tiene
un término para adelantar las diligencias y practicar las actividades propias
de la indagación, que es el mismo de prescripción de la acción penal, como lo
ha sostenido la Corte en la sentencia C-025 de 2009. De manera que el indiciado
no está sometido a una investigación indefinida o permanente.
2.2. Igualmente, ha sostenido la
jurisprudencia constitucional de manera reiterada que el indiciado tiene
derecho a intervenir en todas las etapas y actuaciones del proceso, e incluso
en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la
imputación. [3]
3. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través
de la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, solicita a la
Corte declararse inhibida para proferir fallo en la causa, por ineptitud sustancial
de la demanda, puesto que no cumple con los requisitos de claridad,
suficiencia, especificidad y pertinencia, exigidos por la jurisprudencia
constitucional.
Observa que la demandante se limita
a citar las normas del bloque de constitucionalidad presuntamente vulneradas
para, de inmediato, señalar que las disposiciones acusadas las desconocen, pero
no plantea en rigor cuáles contenidos resultarían incompatibles con el
ordenamiento superior y las razones de ello.
Sostiene la entidad que a pesar de
que la audiencia de formulación de la imputación se ha establecido justamente
para escuchar al implicado y darle la oportunidad de que rechace o se allane a
los cargos, incluso de que llegue a un acuerdo con la Fiscalía para definir los
términos en que habrá de hacerse la imputación, la demandante insiste en que
tales garantías no existen y se adentra en la formulación de una omisión
legislativa relativa en la que habría incurrido el legislador al no prever una
oportunidad para que el propio indiciado acuda ante un juez independiente e
imparcial en procura de la garantía del derecho a la notificación de los
cargos. Señala que en este punto del alegato de la actora, se presenta una
evidente confusión entre el derecho de toda persona a ser informada de los
términos de cualquier acusación de naturaleza penal en su contra, y el recurso
para el examen de legalidad de una medida privativa de la libertad, que además
de no ser una amenaza, puede ser controvertida ante el juez de garantías, cuya
decisión es susceptible de apelación.
Finalmente, la Defensoría del
Pueblo precisa respecto del cargo por omisión legislativa relativa que la
actora no logró especificar el deber expreso y concreto, que a partir de la
Constitución habría surgido para el legislador, de contemplar una condición o
supuesto de hecho como el que pretende, esto es, la obligación de consagrar la
facultad de solicitar la formulación de la imputación por iniciativa propia
ante el juez de control de garantías.
4. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El Instituto solicita a la Corte
declararse inhibida para emitir un pronunciamiento por ineptitud de la demanda,
y en caso de que la Corporación no acoja esta petición, subsidiariamente
reclama la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas.
Para el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal la demanda no cumple las exigencias jurisprudenciales propias
de un cargo por omisión legislativa relativa, puesto que en el nuevo escrito,
la censora reconduce su discurso respecto a una omisión que violenta el derecho
a conocer los cargos antes de la imputación, “pero no esgrime de ningún
modo, las normas que se encuentran discutidas o negadas; o sobre las que: (i) …
se predique necesariamente el cargo; (ii) … excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) … la
exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) … la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) … la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el Constituyente al legislador.”
Además, encuentra la interviniente
que la demanda desconoce el marco del artículo 250 de la Constitución, en la
medida en que la imputación es un acto exclusivo de la Fiscalía, y sólo por
mandato legal, está obligada a formularla cuando existe evidencia o material
probatorio que permita inferir la participación del presunto imputado en un
hecho delictivo.
La petición subsidiaria de
declaratoria de exequibilidad, se fundamenta en el argumento de que el sistema
penal acusatorio que nos rige está basado en un sistema de partes en el que la
carga de la prueba está en cabeza del Estado, correspondiéndole al juez de
garantías decidir sobre la legalidad de las actuaciones del ente investigador,
y donde el imputado no es un sujeto pasivo, sino que por el contrario se
demanda su participación, incluso desde antes de la formulación de la
imputación de cargos. De manera que ante la posible imposición de una medida de
aseguramiento por solicitud de la Fiscalía, el juez de garantías debe verificar
el cumplimiento de los requisitos de ley para su imposición y garantizar el
derecho de contradicción por parte del afectado.
Finalmente, anota el Instituto respecto
de la supuesta vulneración del derecho de acceso a la justicia aducido por la
demandante, cuando la Fiscalía por extensísimos periodos de tiempo no realiza
la imputación, imponiéndole al afectado injusta e innecesariamente la carga de
soportar el calvario de su investigación por un tiempo que sólo está limitado
por el periodo de prescripción de la acción penal, que ésta queja no tiene
relación con los cargos formulados y desconoce las decisiones jurisprudenciales
sobre la inexistencia de términos en la fase de indagación.
5. Intervenciones ciudadanas
Las ciudadanas Lina Poveda
Rodríguez y Leidy Sierra Mancera, y los estudiantes Daniel Alexander Moyano
Peña y Sergio Iván Chacón Niampira, solicitan a la Corporación declarar la
exequibilidad de las normas demandadas porque, bajo el nuevo sistema penal
acusatorio, corresponde al Fiscal acusar y al juez de garantías velar por el
respeto de todas las garantías fundamentales.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público considera
que la demanda no presenta razones suficientes para establecer la inexistencia
de una regulación que garantice los derechos del indiciado, y en consecuencia,
solicita a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo
por ineptitud sustancial de la demanda.
Señala el señor Procurador que un
simple repaso del contenido de las normas demandadas permite constatar la
garantía de los derechos del indiciado. Al efecto, el artículo 267 dispone que
el indiciado puede: (i) asesorarse de un abogado para preservar su derecho de
defensa; (ii) obtener, identificar empíricamente y recopilar, por sí mismo, o
por conducto de su abogado, elementos materiales probatorios o evidencia física
y disponer su análisis por un perito particular, o solicitar a la policía
judicial que lo haga; (iii) realizar entrevistas y descubrir información útil a
sus intereses, para usarlos posteriormente en su defensa ante las autoridades
judiciales; y (iv) solicitar al juez de control de garantías su intervención
para la verificación de la legalidad formal y material de las actuaciones que
considere hayan afectado o puedan afectar sus garantías fundamentales.
Por su parte, el artículo 287 no
fija términos, ni siquiera se ocupa de la etapa de indagación previa a la
formulación de la imputación o de la duración de cada fase de la actuación
penal, se limita a establecer los requisitos sustanciales que debe cumplir el
fiscal para hacer la imputación, y de ser procedente, solicitar al juez de
garantías la imposición de una medida de aseguramiento.
Precisa la Vista Fiscal que,
siendo la imputación tarea propia del titular de la acción penal, el Estado,
que la ejerce por intermedio del Fiscal, no se aprecia de qué manera puede el
legislador incurrir en una omisión legislativa relativa, puesto que ni el
indiciado, ni el defensor, ni siquiera la víctima, pueden hacer la imputación.
Tampoco encuentra, que el indiciado pueda tener un interés razonable en precipitar
su propio juicio, a no ser que sea el de apresurar a su adversario para que
haga una imputación improvisada, endeble y con altas probabilidades de fracaso.
Concluye el Ministerio Público
que la persona sometida  al evento de afrontar un proceso penal, como indiciado
o como imputado, tiene a su alcance medios suficientes para desarrollar su
defensa, como lo ha sostenido la Corte en la sentencia C-799 de 2005,[4] pero no tiene,
y no puede tener, la facultad de definir cuándo o cómo debe hacerse la
imputación, porque ésta le corresponde al fiscal, titular de la acción penal en
representación del Estado.
vI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política, la Corte es competente para
conocer de la presente demanda.
2.
Cuestión previa: competencia de la Corte Constitucional para conocer
sobre demandas de inconstitucionalidad por la ocurrencia de una presunta
omisión legislativa relativa
Varios de los intervinientes en
el presente proceso, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, estiman que la demanda es inepta porque no cumple con las
exigencias jurisprudenciales propias de un cargo por omisión legislativa
relativa, y en consecuencia, no presenta razones suficientes para establecer
que en la regulación demandada se desconozcan los derechos del indiciado. No
obstante, solicitan que en caso de que la Corte decida pronunciarse de fondo
sobre los preceptos demandados, declare su exequibilidad, porque dichas normas
fueron expedidas en cumplimiento de una expresa autorización del constituyente.
El Ministerio Público y la
Defensoría del Pueblo, solicitan a la Corte declararse inhibida para conocer de
la demanda por ineptitud sustancial de la misma, puesto que no cumple con los
requisitos de claridad, suficiencia, especificidad y pertinencia, exigidos por
la jurisprudencia.
El Ministerio del Interior y de
Justicia considera que el indiciado no está sometido a una investigación
indefinida o permanente y que tiene derecho a intervenir en todas las etapas
del proceso e incluso en la etapa de indagación, antes de la audiencia de imputación.
En la medida en que varios de los
intervinientes solicitaron a esta Corte declararse inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda, la Sala, deberá
verificar si el cargo formulado cumple con los requisitos exigidos por la
jurisprudencia en sede de constitucionalidad. Para ello, en primer lugar,
sintetizará su jurisprudencia respecto de los requisitos que deben cumplir las
demandas cuando se trata de un cargo por omisión legislativa relativa, para
luego proceder al examen del mismo.
2.1. Demandas por omisión
legislativa relativa
La Corte Constitucional en
ejercicio de su competencia para ejercer el control abstracto de
constitucionalidad de las leyes, puede juzgar tanto las acciones como las
omisiones del legislador, que impliquen el desconocimiento de la Constitución
como norma de normas.
En materia de omisiones, la
jurisprudencia constitucional ha identificado dos clases: la omisión
legislativa absoluta y la omisión legislativa relativa. La primera, tiene lugar
cuando el legislador deja de regular un asunto de manera absoluta, lo que
implica la ausencia de normatividad legal que la desarrolle. La segunda, se
presenta cuando el legislador regula un asunto de manera incompleta y por tal
razón desconoce un mandato constitucional.
En el caso de las omisiones
legislativas absolutas en la medida en que no existe un texto legal sobre el
cual ejercer control de constitucionalidad, la Corte es incompetente para
pronunciarse,[5] situación
que no se predica de las omisiones legislativas relativas en las que el control
abstracto de constitucionalidad si resulta procedente. La Corte ha considerado
que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa “cuando ha
regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o
cuando dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un
ingrediente que de acuerdo con la Constitución sería exigencia esencial para
armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho
a la igualdad”. [6]
También ha precisado la Corte que
la declaratoria de inexequibilidad por omisión legislativa relativa exige que
la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional por parte del
legislador,[7] o
la ausencia de una condición o ingrediente, que de acuerdo con la Constitución,
es exigencia esencial para armonizar con ella (por ejemplo, la no inclusión del
derecho de defensa en la regulación de un procedimiento).[8] Así, para que pueda prosperar una
demanda contra una omisión legislativa, es necesario que el silencio del
Legislador comporte una regla implícita que viole los preceptos superiores, en
este caso, que llegue a desconocer el derecho que es objeto de desarrollo legal
expreso.[9]
Para que una demanda de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa sea admisible, la Corte,
en reiterada jurisprudencia,[10] ha
identificado algunos criterios a partir de los cuales resulta procedente el
examen de constitucionalidad. Así, en la sentencia C-185 de 2002 afirmó al
respecto:
“(...) para efectos de proceder al examen de
constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso
en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el
cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador”.[11]
A continuación pasa la Sala a
examinar si el cargo por omisión legislativa relativa cumple los anteriores
requisitos.
2.2. Examen del cargo por
omisión legislativa relativa
En el caso que nos ocupa, la
demanda inicialmente presentada por la actora, fue inadmitida porque se
consideró que carecía de los atributos mínimos indispensables para permitir un
pronunciamiento de fondo. En efecto, a pesar de que había sido edificada sobre
la violación de un haz de derechos fundamentales consagrados en la Carta y en
los tratados internacionales, la acusación se había contraído a impugnar la
constitucionalidad de los artículos 267 y 287 del Código de Procedimiento Penal
por violación del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
sin explicar las razones por las cuales la ausencia de un mecanismo como el
solicitado por la demandante, constituía una violación del debido proceso de
quien esté siendo objeto de investigación. La actora se había limitado a
señalar que en la Ley 906 de 2004 no se había previsto un mecanismo como el establecido
en el artículo 334 de la Ley 600 de 2000,[12] que le permitía a toda persona que
tuviera conocimiento sobre la existencia de actuaciones penales en su contra,
solicitar la realización de la audiencia de imputación.
La actora subsanó oportunamente
la demanda y en esta oportunidad sostuvo que las normas cuestionadas, incurrían
en una omisión legislativa relativa, respecto de las facultades de quien no es
imputado para solicitar que se realice la audiencia de formulación de imputación,
vulnerándose esencialmente los derechos al debido proceso, de defensa y de
acceso a la administración de justicia, garantizados en la Constitución (arts.
29 y 229), y en los convenios y tratados que hacen parte del bloque de
constitucionalidad por mandato del artículo 93 de la Carta, específicamente, de
los artículos 7.4 (derechos de la persona detenida o retenida a ser informada
de las razones de su detención y a ser notificada sin demora del cargo o cargos
formulados contra ella),[13] 8.1
(derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por un juez independiente e
imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal)[14] y 8.2 b) (derecho del inculpado
de un de delito a que se le comunique previa y detalladamente de la acusación
formulada)[15] de
la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo XXVI de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (presunción de inocencia y derecho a ser oído);[16] el artículo 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (derecho a ser oído
públicamente y por un tribunal independiente e imparcial)[17]; y el artículo 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (garantías procesales de la
persona acusada de un delito).[18]
Según la accionante, los derechos
de defensa y de acceso a la administración de justicia, permiten al indiciado
intervenir en todas las etapas del proceso y actos procesales, desde su más
prematuro inicio, cuando por cualquier medio tenga conocimiento de que ha sido
señalado como autor o partícipe de un delito. No obstante, según lo señala la
actora, la ley no previó una oportunidad para que el propio indiciado acudiera
ante un juez independiente e imparcial, incurriendo en una omisión legislativa
relativa, que en su opinión desconoce la obligación constitucional e
internacional de garantizar los derechos a ser oído y a la notificación de los
cargos.
El hecho de que la acción de inconstitucionalidad pueda ser
ejercida por quien ostente la condición de ciudadano colombiano, ha llevado a la
Corte a determinar que está regida por el principio pro actione, que
obliga a no proceder con excesivo rigor al examinar el cumplimiento de los
requisitos de la demanda, prefiriendo una decisión de fondo antes que un fallo
inhibitorio, pues éste último podría restringir el derecho de participación
ciudadana y frustrar el acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte, “dando
lugar a una suerte de denegación de justicia constitucional”.[19] En materia penal,
esta Corporación ha aceptado que en las acciones públicas de
inconstitucionalidad los ciudadanos no se expresen en el lenguaje técnico y
específico que exige una disciplina tan desarrollada, y con fundamento en que la acción de inconstitucionalidad es una
acción pública, ha dado aplicación al principio pro actione para estudiar de
fondo el asunto.[20]
Dentro de este contexto, procede
la sala a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional cuando se trata de un cargo por omisión
legislativa relativa.
En efecto, la actora en primer
lugar identifica las normas sobre las cuales se predica la omisión legislativa
relativa: los artículos 267[21] y
287[22] de la Ley 906
de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”,
referentes, el primero, a las facultades que tiene quien no es imputado cuando
sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra; y el
segundo, a la competencia atribuida al fiscal, por una parte, para realizar la
imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia
física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente
la autoría o participación del imputado en el delito que se investiga, y por
otra parte, para solicitar ante el juez de control de garantías la imposición
de la medida de aseguramiento que corresponda, de las cuales se desprende que
el indiciado no tiene la facultad de solicitar su propia audiencia de
imputación en la etapa de la investigación preliminar, quedando exclusivamente
en manos de la Fiscalía la decisión sobre el momento en que formula la
imputación.
La demandante precisa que los
artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, al no incluir dentro de las
facultades de quien no es imputado, la oportunidad de solicitar la audiencia de
formulación de imputación, previendo que tal acto es competencia exclusiva del
Fiscal, quien determina el momento y la oportunidad para solicitar la
audiencia, no permite el ejercicio pleno de los derechos del indiciado en la
etapa preprocesal, situación que desconoce el mandato constitucional previsto
en el artículo 29 y en las normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, según el cual, toda persona en el ámbito de cualquier
actuación judicial o administrativa tiene el derecho a ser oída y a presentar sus
propios argumentos.
La actora sostiene que la falta
de previsión por parte del legislador para que el indiciado solicite su propia
audiencia de imputación constituye una restricción injustificada de su derecho
de defensa, que somete al no imputado a perturbaciones en la tranquilidad y a
la libertad personal, que no puede hacer cesar y que en consecuencia,
desconocen el valor fundante de la dignidad humana y el derecho a la defensa
(derecho a la notificación de los cargos y a ser oído), previstos en la Carta
Política y en los tratados y convenios antes citados que integran el bloque de
constitucionalidad.
Estima la accionante que al no
incluir dentro de las facultades de quien no es imputado, la oportunidad de
solicitar la audiencia de imputación, y al otorgar, exclusivamente al Fiscal la
competencia para determinar el momento y oportunidad para solicitar tal
audiencia, se ha generado un vacío que vulnera el derecho de defensa del
indiciado en la etapa preprocesal, porque no puede refutar, replicar, negar y
explicitar las razones que lo eximen de responsabilidad, a diferencia del
imputado que si lo puede hacer. Queda así el indiciado en una situación de
desventaja frente a los poderes investigativos del Estado y tal exclusión se
presenta sin un principio de razón suficiente, lo que en opinión de la
demandante, contradice la relación de equilibrio que debe inspirar el proceso
penal con tendencia acusatoria, en el que corresponde al juez garantizar la
igualdad de oportunidades e instrumentos procesales previstos en la Carta
Política y en los tratados y convenios, antes citados, que integran el bloque
de constitucionalidad.
Argumenta la actora que los artículos
1 (dignidad humana), 29 (derecho de defensa), 229 (acceso a la administración
de justicia) y 93 (prevalencia de los tratados y convenios internacionales en
el orden interno) de la Carta, que incorporan los derechos a ser oído y a la
notificación de los cargos, le imponen al legislador la obligación de
establecer o prever una oportunidad para que el indiciado pueda acudir ante un
juez de garantías con el fin de solicitar la celebración de la audiencia de
formulación de imputación y evitar de esta manera que sea objeto de las
consecuentes molestias y cargas que la investigación genera, entre ellas la
amenaza permanente al derecho fundamental a la libertad personal.
Analizadas las condiciones para
que proceda el examen de constitucionalidad, a pesar de las falencias
argumentativas del cargo por omisión legislativa relativa, señaladas por los
intervinientes, la Sala encuentra que reúne los presupuestos que la
jurisprudencia estima que deben cumplirse en este caso y en aplicación del
principio pro actione, es posible pronunciarse de fondo.[23]
3.
Problemas Jurídicos
En esta oportunidad corresponde a
la Corte Constitucional, resolver dos problemas jurídicos, así:
3.1. Determinar sí el legislador
incurrió en una omisión legislativa relativa, violatoria del derecho de defensa
(artículo 29 CP), del derecho de acceso a la administración de justicia (art.
229 CP) y de la dignidad humana y de garantías reconocidas en tratados que
hacen parte del bloque de constitucionalidad, al no prever en el artículo 267
de la Ley 906 de 2004, la posibilidad de que el ciudadano solicite su propia
audiencia de formulación de imputación.
3.2. Establecer sí el artículo 287 de la Ley 906 de 2004,
al no prever un término específico para que la Fiscalía formule la imputación,
distinto al de prescripción de la acción penal, desconoce los mismos postulados.
Para resolver los anteriores problemas
jurídicos, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre dos temas centrales: el
margen de configuración legislativa para la determinación de los procedimientos
judiciales y el derecho a la defensa en el marco de la actuación penal.
4.
El margen de configuración legislativa para la determinación de los
procedimientos judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional
ha sido constante en afirmar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
150, numerales 1 y 2, y 229 de la Constitución, que consagran la llamada cláusula
general de competencia, que el Congreso tiene un amplio margen de configuración
normativa para la determinación de los procedimientos judiciales y
administrativos, pues en el diseño propio de los Estados Democráticos al
legislador no sólo corresponde hacer la ley, expresión de la voluntad popular
dirigida a regular las conductas humanas como instrumento de convivencia
civilizada y pacífica, sino también la determinación de los procedimientos y
actuaciones que deben surtirse ante los jueces para la defensa de las
libertades y derechos ciudadanos o para la mediación estatal en situaciones de
conflicto.[24]
En ejercicio de la potestad de
configuración normativa, corresponde al legislador establecer las formas
propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los
jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia (artículos 29 y
229 de la Carta). En desarrollo de esta potestad, el legislador puede fijar
nuevos procedimientos,[25]
determinar la naturaleza de actuaciones judiciales,[26] eliminar etapas
procesales,[27]
requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones
judiciales,[28]
imponer cargas procesales[29]
o establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la administración
de justicia.[30]
De tal manera que, por regla general, la determinación de los sujetos
procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos
judiciales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador
que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual
evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos
procesales para hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las
garantías públicas respecto de ellos.[31]
No obstante lo anterior, también
ha sido enfática la jurisprudencia constitucional en señalar que esa libertad
de configuración normativa del legislador en el diseño de los procedimientos y
etapas judiciales no es absoluta, puesto que se encuentra limitada por los
derechos sustanciales y la defensa de las garantías esenciales de las personas.
De hecho, como lo ha advertido esta Corporación, el proceso judicial no tiene
una finalidad en sí mismo, pues su objeto es la realización y eficacia de los
derechos sustanciales que subyacen al mismo. Por ello, el control de
constitucionalidad de este tipo de normas debe hacer eficaz, de un lado, el
amplio margen de libertad de configuración normativa que tiene el legislador y,
de otro, el respeto por el núcleo esencial de los derechos y garantías de las
personas, en tanto que el juez constitucional no está
“llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro
de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de
controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación”.[32]
En desarrollo de la libertad de
configuración a que se ha hecho referencia en el punto anterior, el proceso
penal con tendencia acusatoria ha sido desarrollado y regulado por el
legislador mediante la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por
la Ley 1142 de 2007.
5.
El derecho a la defensa en el marco de la actuación penal. Reiteración
de jurisprudencia
El derecho fundamental al debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, con aplicación
extensiva “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”,
está integrado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, por “el
conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo
objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier
proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos
sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio,
asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”.[33]
Una de las principales garantías
del debido proceso, ha sostenido la Corte, es precisamente el derecho a la
defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito
de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser oíd[a],
de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y
objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las
que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley
otorga”.[34]
Esta Corporación ha destacado la
importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías
procesales, señalando que con su ejercicio se busca “impedir la
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado.” Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa
es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que
“constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico”.[35]
A pesar de que el derecho a la
defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o
actuación judicial o administrativa, la jurisprudencia y la doctrina han
coincido en sostener que éste se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor
relevancia en el escenario del proceso penal, en razón de los intereses
jurídicos que allí se ven comprometidos, las materias de las que se ocupa y las
graves consecuencias que tiene para el procesado la sentencia condenatoria. La
circunstancia de que en el proceso penal se resuelvan asuntos de alto impacto
para la comunidad y que en él se puedan imponer sanciones que limitan la libertad
personal, lo cual no ocurre en ningún otro tipo de controversia judicial, no
deja duda sobre la importancia que adquiere la defensa en ese campo del derecho
sancionatorio.[36]
En el escenario internacional,
igualmente, los distintos tratados de derechos humanos hacen un especial
reconocimiento al derecho a la defensa en materia penal, como ocurre, por
ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[37] y con la
Convención Americana de Derechos Humanos,[38] incorporados a nuestro
ordenamiento interno a través de las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972,
respectivamente, los cuales a su vez forman parte del Bloque de
Constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución
Política.[39]
De conformidad con las garantías
reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha aceptado
que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos
modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa
material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La
segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado
escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de
la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a
través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.[40]
En relación con el derecho a la
defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el
principio de “igualdad de armas”, la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del
derecho a la defensa y al debido proceso,[41] y su garantía plena es
particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la
garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos
procesales.[42] Para
la Corte, el principio de igualdad de armas “constituye una de las
características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria,
pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de
corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del
proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez
imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de
ataque y protección”. [43]
Si bien el derecho a la defensa,
y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la
validez constitucional del proceso penal, el tema de si el derecho de defensa
en materia procesal penal tiene un espectro  amplio o restringido no ha sido un
asunto pacífico, a pesar de que el artículo 29 de la Constitución claramente
extiende el derecho al debido proceso “a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”, y en materia penal reconoce el derecho de los
sindicados a una defensa técnica “durante la investigación y el juzgamiento”.
Efectivamente, el asunto ha sido
objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, tanto en el modelo
mixto de tendencia inquisitiva inicialmente adoptado por la Constitución del 91
y desarrollado básicamente por el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000,
como en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado
por el Legislador a través de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones
introducidas por la Ley 1142 de 2007.[44]
En los dos escenarios la posición
de la Corte ha sido “unívoca, consistente y sólida, en el sentido de
sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de
derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de
defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera
que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la
actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como
investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación”.[45]
Concretamente, en la sentencia
C-025 de 2009,[46] la
Corte presentó un recuento pormenorizado de la evolución jurisprudencial sobre
este tópico, del cual se concluye que “la interpretación que se ajusta a la
Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema de hasta
donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal, tanto en el
sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia acusatorio, es
la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene conocimiento que
cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando finaliza el proceso.
En este sentido es claro que el derecho a la defensa se extiende sin discusión
ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a
todos los demás actos procesales hasta la decisión final”.[47]
Esta providencia reiteró la línea
fijada previamente en la sentencia C-799 de 2005,[48] al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad dirigida, entre otras normas, contra el artículo 8, inciso
1,  de la Ley 906 de 2004,[49] por
violación del derecho de defensa, puesto que el demandante consideraba que la disposición
en cuestión sólo permitía su ejercicio a partir del momento en que se efectuase
la imputación. En esta oportunidad, la Sala encontró que la expresión “… una
vez adquirida …” de la norma demandada, admitía dos interpretaciones
posibles: una excluyente, según la cual, el derecho de defensa se podía ejercer
sólo desde el momento en el cual se adquiere la condición de imputado y no
antes; y otra incluyente, según la cual, el derecho de defensa se podía ejercer
antes de adquirirse tal condición, en tanto, dicha expresión, significa o
manifiesta la adquisición de una de las diferentes condiciones en las cuales se
puede encontrar una persona en un proceso penal, sin excluir a las restantes.
Ante estas dos interpretaciones posibles, la Corte concluyó que una
interpretación sistemática de la Ley 906 de 2004 establece la posibilidad de
activar el derecho de defensa y varios de los derechos que lo componen, en
cabeza de una persona, antes de que esta adquiera la condición de imputado,[50] y en esa
medida, la interpretación incluyente era la que resultaba ajustada a la
Constitución. En los siguientes términos se pronunció la Corte:
“(…) la interpretación
incluyente, es decir, aquella que permite entender que la adquisición de la
condición de imputado es  una de las diferentes condiciones en la cuales se
puede encontrar una persona en un proceso penal, pero en momento alguno excluye
aquellas anteriores a la condición de imputado lo que implicaría que el derecho
de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la referida condición; es una
interpretación ajustada a la Carta Política y por ende es Constitucional.
En este
orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que
se puede ejercer desde antes de la imputación.  Así lo establece el propio Código
por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado  tiene
conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos.  Por ello, la
limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004, si se
interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer
desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio
del derecho de defensa.
Por tal
motivo, esta Corporación condicionará la exequibilidad de la expresión acusada
sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho
de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e
investigación anterior a la formulación de la imputación.”
6.
Inexistencia de una omisión legislativa relativa: el ámbito de
aplicación del derecho a la defensa dentro del proceso penal se extiende a la
etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los
demás actos procesales hasta la decisión final
A continuación, el primer problema jurídico formulado impone a la
Corte la tarea de verificar si el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa en el artículo 267 de la Ley 906 de 2004, violatoria del
debido proceso y del derecho de defensa (artículo 29 CP), del derecho de acceso
a la administración de justicia (art. 229 CP) y de las garantías reconocidas en
tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, específicamente, los
artículos 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el
artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales se
derivan los derechos esenciales a ser oído y a ser notificado de los cargos, al
no prever la posibilidad de que el ciudadano solicite su propia audiencia de
formulación de imputación ante el juez de garantías, negándole la oportunidad
de intervenir en todas las etapas y actos del proceso, desde su más prematuro
inicio. Pasa la Sala a hacer el estudio respectivo.
La norma demandada, el artículo 267,
hace parte de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1142 de 2007, por la
cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, en desarrollo de la
reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002
(reformatoria de los artículos 116, 250 y 251 de la Carta Política), que modificó
la estructura básica del proceso penal en Colombia. Con esta reforma se pasó de
un modelo mixto de tendencia inquisitiva, adoptado por la Constitución de l991, a un sistema procesal penal de tendencia acusatoria, que pretende privilegiar la garantía de los
derechos fundamentales del inculpado para la consecución de la verdad, la
realización efectiva de la justicia, y los derechos de las víctimas.[51]
El proceso penal con tendencia
acusatoria ha sido desarrollado y regulado por el Legislador mediante la Ley
906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En las
sentencias C-1194 de 2005[52] y
C-025 de 2009,[53] entre
otras providencias, la Corte ha explicado dicho procedimiento refiriéndose a
los aspectos más relevantes de su estructura y desarrollo.
Efectivamente, se trata de un
proceso conformado en términos generales por tres etapas: indagación,
investigación y juicio, caracterizado por la realización de un juicio oral,
público, concentrado y contradictorio, con inmediación de las pruebas, en el
que prima el respeto por las garantías procesales de la persona, y en esa
medida, la afectación de los derechos fundamentales goza de reserva judicial puesto
que debe ser autorizada de manera previa por el fiscal o el juez mediante orden
escrita motivada.[54]
La Corte ha precisado que la indagación
es una fase preliminar, anterior al proceso penal propiamente dicho, cuyo
objeto consiste en que la Fiscalía reúna la información que se requiere para
dar inicio al proceso penal, y defina si el hecho delictivo se cometió, cómo
ocurrió y quienes participaron en su realización.[55]
A esta fase preliminar, se
refiere el artículo 267 demandado, el cual se ubica en el Título I denominado “La
indagación y la investigación”, concretamente, dentro del Capítulo VI
correspondiente a las “Facultades de la Defensa en la Investigación”. La
norma prevé las facultades que tiene quien todavía no es imputado durante la
respectiva investigación preliminar, en contraposición al artículo siguiente,
el 268, que aborda las facultades de quien ya ha sido imputado durante una
etapa también denominada de investigación, pero que corresponde a la etapa
procesal propiamente dicha.
Como facultades de quien no es
imputado, el artículo 267, prevé la posibilidad de asesorarse de abogado; así
como la facultad de buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los
elementos materiales probatorios y hacerlos examinar por peritos particulares a
su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga. Adicionalmente, la
norma señala que estos elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que se
hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrán ser utilizados
por la defensa ante las autoridades judiciales; y que se podrá solicitar al
juez de control de garantías que ejerza control sobre las actuaciones
realizadas en esta etapa que hayan afectado o afecten los derechos
fundamentales del no imputado.
Como lo ha sostenido la
jurisprudencia de esta Corte, la creación de la figura del juez de control de
garantías en el nuevo sistema procesal penal, ha sido una de las modificaciones
más importantes introducidas por el Acto Legislativo 03 de 2002, desde luego,
sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando
sea del caso, con competencias para adelantar (i) un control sobre la
aplicación del principio de oportunidad; (ii) un control posterior sobre las
capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control
posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación
de llamadas; (iv) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de
la libertad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente
deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos
fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución.[56]
Cumplida la etapa preliminar,
denominada indagación, la Fiscalía debe proceder a formular ante el juez de
garantías la imputación. Según el artículo 286 del CPP, la formulación de
imputación es “el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación
comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo
ante el juez de control de garantías.”
Precisamente, el artículo 287 también
demandado, prevé, por un lado, las situaciones que determinan la formulación de
la imputación, y por otro lado, la posibilidad de que el fiscal solicite al
juez de control de garantías, previo cumplimiento de los requisitos de ley, la
imposición de medida de aseguramiento contra el imputado y las medidas
cautelares sobre sus bienes.
La formulación de la imputación convierte
al indiciado en imputado (art. 126 CPP), y en tal calidad, adquiere las mismas
atribuciones asignadas a la defensa que resulten compatibles con su condición
(art. 130 CPP), concretamente, tiene la posibilidad de adelantar el recaudo de
la información pertinente y de los elementos fácticos de contenido probatorio
necesarios para diseñar la estrategia defensiva. No obstante, la jurisprudencia
constitucional, como ya se vio, ha dejado en claro que el presunto implicado
puede ejercer su derecho de defensa desde la etapa preprocesal de la indagación
previa y durante la etapa de investigación anterior a la formulación de
imputación, y que concretamente la Ley 906 de 2004 otorga derechos que permiten
la activación del derecho de defensa aun cuando no  se ha formulado la
imputación, como el derecho a  guardar silencio, el derecho a no
autoincriminarse y el derecho a declarar en presencia de un abogado, entre
otros.[57]
En efecto, de conformidad con la
línea jurisprudencial citada en los puntos 4 y 5 de la parte considerativa, no
encuentra la Corte que el legislador haya incurrido en una omisión legislativa
relativa violatoria de la Carta, como lo afirma la demandante, al no prever la
posibilidad de que el no imputado solicite al juez de garantías la celebración
de su propia audiencia de imputación, porque no obstante el amplio margen de
configuración que se ha reconocido al legislador para la determinación de los
procedimientos, limitado tan sólo por las disposiciones constitucionales
relativas a la garantía de los derechos fundamentales, en especial las
referentes al derecho al debido proceso,  el ámbito de aplicación del derecho a
la defensa se extiende desde la etapa preprocesal de la indagación previa, y a
partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final.
Así, el indiciado tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa desde
el más prematuro inicio de la actuación. Como lo ha sostenido esta Corte, si
tal derecho no existiese desde la etapa preprocesal, fácilmente la persona
podría pasar de investigada, a imputada, a acusada y a condenada, sin haber
actuado en equilibrio de fuerzas con quien la investiga, generándose así una
clara violación al derecho a  la igualdad y al derecho de defensa.[58]
En este sentido, además de las
garantías previstas en el artículo 267 demandado, la jurisprudencia ha
constatado la existencia de dos adicionales, a partir de la reforma introducida
por el Acto Legislativo 03 de 2002 y de una interpretación sistemática de la
Ley 906 de 2004, esenciales para el respeto de los derechos fundamentales, la
definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia. La primera,
consiste en que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado o
indiciado por la actividad de la Fiscalía (registros, allanamientos,
incautaciones, interceptación de comunicaciones, entre otras) debe ser decidida
en sede jurisdiccional, y en tal virtud, corresponde al juez de control de
garantías el examen de las medidas de intervención en el ejercicio de los
derechos fundamentales para verificar que se adecuan a la ley y son
proporcionales.
La segunda, tiene que ver con la
determinación de que el material de convicción o evidencia, que tanto la
Fiscalía como la defensa recaudan en el proceso de investigación, deberá ser
descubierto ante el juez de conocimiento, en el transcurso del juicio oral,
público, donde la controversia y la contradicción tienen lugar, y en
consecuencia, la garantía del derecho de defensa es plena, sin perjuicio (i) de
que si alguna de las partes encuentra material probatorio y evidencia física
muy significativos que deban ser descubiertos, así lo soliciten al juez para
que éste decida si es excepcionalmente admisible o debe excluirse, oídas las
partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa
y a la integridad del juicio; y (ii) de la práctica de prueba anticipada en casos
de extrema necesidad y urgencia para evitar la pérdida o alteración del medio
probatorio, caso en el cual de todas maneras deberá efectuarse una audiencia
para garantizar el contradictorio, de conformidad con los artículos 274 y 284
del Código de Procedimiento Penal.
Lo anterior es compatible con los
tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el bloque de
constitucional, en la medida que el Legislador previó en la Ley 906 de 2004
tanto para la etapa preprocesal como procesal garantías suficientes para
asegurar el debido proceso, que incluyen desde la posibilidad de asesorarse de
abogado y de solicitar al juez de control de garantías que ejerza control sobre
las actuaciones realizadas en esta etapa que afecten o hayan afectado sus
derechos fundamentales, hasta el control previo o posterior por parte del juez
de control de garantías de las actuaciones de la fiscalía que puedan implicar
alguna vulneración de los derechos de quien es investigado. Así, ante posibles
excesos o arbitrariedades que pudiesen presentarse por parte de los agentes del
Estado en la etapa preprocesal, ya sea porque se toman medidas restrictivas de
derechos innecesarias, o porque estas se ejecutan con desconocimiento del
debido proceso, o porque la investigación se encuentra paralizada sin una razón
válida, puede el afectado que conoce que se está adelantando una investigación
en su contra, acudir directamente al juez de garantías para hacer valer sus
derechos y restablecer así el equilibrio que debe existir entre la Fiscalía y
el indiciado, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos
ratificadas por Colombia.
La otra hipótesis que muestra la
existencia de garantías suficientes al debido proceso en la etapa preprocesal
se presenta cuando el investigado no sabe que hay una actuación en su contra.
En esos eventos, especialmente cuando se trata de la realización de diligencias
que impliquen restricción de los derechos, tales como interceptaciones,
allanamientos, registros, entre otros, previstas en los artículos 233 a 245 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al juez de control de garantías asegurar el
respeto de los derechos de quien pueda ser afectado con tales medidas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 237 del mismo ordenamiento.
En conclusión, dado que el
ejercicio del derecho de defensa no tiene un límite temporal, puesto que se
inicia desde la etapa preprocesal, a partir del momento en que el investigado
tiene conocimiento de que la Fiscalía inició una investigación por la presunta
participación en un hecho punible, el ejercicio de los derechos del indiciado,
previstos en la Constitución, la ley y las normas internacionales sobre
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y
particularmente del derecho de defensa, no depende de la posibilidad de que la
persona pueda solicitar la celebración de su propia audiencia de imputación,
por el contrario, tales derechos surgen desde el momento mismo en que se tiene
conocimiento, por cualquier medio, de que cursa una investigación en su contra.
La Sala procederá, en
consecuencia, a declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 267 de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
7. La falta de previsión de un
término específico para que la Fiscalía formule la imputación, distinto al de
prescripción de la acción penal, no desconoce los derechos de defensa, de
acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana
En relación con el segundo problema
jurídico formulado, corresponde a esta corporación determinar sí el artículo 287 de la Ley 906 de 2004,
al no prever un término específico para que la Fiscalía formule la imputación,
distinto al de prescripción de la acción penal, desconoce los derechos de
defensa (artículo 29 CP), de acceso a la administración de justicia (art. 229
CP) y a la dignidad humana (art. 1 CP) del indiciado.
El artículo 287 que se encuentra
en el Título III denominado “Formulación de la imputación”, dentro del
Capítulo Único, titulado “Disposiciones generales”, contempla las
situaciones que determinan la formulación de la imputación, y al respecto
señala que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos
materiales probatorios, de la evidencia física o de la información legalmente
obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe
del delito que se investiga. Además, la norma prevé, la posibilidad de que el
fiscal solicite al juez de control de garantías, previo cumplimiento de los
requisitos de ley, la imposición de medida de aseguramiento contra el imputado
y las medidas cautelares sobre sus bienes.
La Corte ha precisado que en la
fase preliminar, anterior al proceso penal propiamente dicho, denominada
indagación, se busca que Fiscalía reúna la información que se requiere para dar
inicio al proceso penal, y defina si el hecho delictivo se cometió, cómo
ocurrió y quienes participaron en su realización. En caso de que haya claridad
sobre estas circunstancias no es necesario adelantar tal fase.
En la sentencia C-425 de 2008,[59] esta
Corporación al referirse a la diligencias de imputación, legalización de la
captura e imposición de medidas de aseguramiento en ausencia física del
imputado, precisó que contienen momentos procesales diferentes, generan un
impacto distinto sobre los derechos del capturado y de la sociedad y pueden
condicionar de varias maneras el desarrollo del proceso penal. De manera que, “si
se tiene en cuenta la situación procesal de cada una se evidencia que, mientras
la diligencia de legalización de la captura tiene un carácter perentorio porque
existe límite temporal constitucional y legal para el efecto (36 horas), la
formulación de la imputación tiene como límite máximo el término de
prescripción de la acción penal y la solicitud de medida de aseguramiento no se
impone en un momento determinado, puesto que sólo se podrá solicitar y decretar
si se cumplen con los requisitos y condiciones que la ley señala para la
restricción preventiva de la libertad (artículos 308 a 314 de la Ley 906 de 2004)”.
Específicamente, sobre el término
de prescripción de la acción penal como límite máximo para la formulación de la
imputación por parte del Fiscal, la Corte ha sostenido reiteradamente que:
“En
la medida en que los hechos fácticos constitutivos del delito no siempre son
fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden
hacer confusa la identificación de su ilicitud, el fin de la “indagación” a
cargo de la Fiscalía, y de las autoridades de policía judicial,[60] es definir los contornos
jurídicos de la conducta delictiva que va a ser objeto de investigación y
juicio, mediante la realización de actividades y diligencias previas, técnicas
y científicas. De manera general, las diligencias y actividades practicadas
durante la “indagación” tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a
cabo es el término de prescripción de la acción penal”.[61]
En relación con la libertad de
configuración del legislador para establecer formas y términos procesales, la
jurisprudencia de esta Corte, de conformidad con el artículo 150, numerales 1 y
2, de la Carta, ha sostenido que el legislador tiene una competencia amplia
para regular los diversos procesos judiciales y para establecer las etapas,
oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los
términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades
judiciales.[62] Así
pues, “es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos,
características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en
tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos
sustanciales, no puede contradecir los postulados de
aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos”.[63]
La libertad de configuración normativa
del legislador, aunque amplia, tiene ciertos límites, que según la
jurisprudencia constitucional, se concretan en el respeto por los principios y
fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de
las demás normas constitucionales. “Es decir, si bien el Congreso o el
Presidente de la República, debidamente autorizado por aquél mediante la
concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad para consagrar,
dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas, ritualidades y
términos procesales, éstos deben ser razonables y estar dirigidos a garantizar
el derecho sustancial”.[64]
Respecto de los plazos que rigen
el procedimiento penal, en la sentencia C-1154 de 2005,[65] la Corte reiteró su
jurisprudencia, en el sentido de que la razonabilidad del término de un plazo
de investigación dentro del proceso penal debe estar condicionada por la
naturaleza del delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el
número de sindicados y los efectos sociales que de éste se desprendan.
Ahora bien, en la medida en que la
formulación de la imputación es el acto a través del cual la fiscalía General
de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se
lleva a cabo ante el juez de control de garantías (art. 286 CPP), el Fiscal
sólo podrá hacer la imputación cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia física o de la información legalmente obtenida, pueda inferir
razonablemente quién es el autor o partícipe del delito que se investiga (art.
287 CPP), es decir, pueda individualizar de manera concreta al imputado,
incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de
citaciones (art. 288 CPP).
No obstante, de acuerdo con el
artículo 281 del Código de Procedimiento Penal, cuando el Fiscal tuviere
motivos fundados para inferir que una persona es autora o partícipe de la
conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, debe darle a conocer
que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligada a declarar contra
sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Cuando esta
circunstancia se presenta, la persona sospechosa, más no imputada, queda
inmediatamente cobijada por la hipótesis del artículo 267 del Código de
Procedimiento Penal, y a partir de ese momento adquiere el ejercicio pleno de
su derecho de defensa.
Por el contrario, si el Fiscal
tan sólo tiene noticia del hecho delictivo y está en la etapa de establecer las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y no existen sospechosos, la duración
de la etapa de investigación no tiene aún la virtualidad de afectar los
derechos concretos de los posibles sospechosos, pero sí de las víctimas, que
tendrían el mayor interés en que el caso se resuelva en un término muy breve.
Así, los términos procesales en
materia penal consultan no sólo la obligación de la Fiscalía de investigar los
hechos delictivos de los que tenga conocimiento, sino también, el interés de
los presuntos infractores de la ley penal a conocer de qué se le acusa y a
iniciar su pronta defensa, y el de las víctimas a conocer la verdad y a ser
reparadas.
No encuentra la Corte en el caso
concreto que el término de prescripción de la acción penal, constituya un término
irrazonable o desproporcionado, cuando se ha individualizado e identificado
plenamente al presunto autor o partícipe del hecho punible, en tanto, consulta
los distintos intereses y derechos en juego, del Estado que no puede renunciar
a la persecución del delito; del sospechoso o indiciado, según el caso, que
tiene interés a que su situación se aclare de manera rápida pero no tan célere
que no pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, y de las víctimas que
tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido, dentro de un término que no
genere impunidad sino que por el contrario de seguridad sobre el accionar
investigativo de la Fiscalía. No se trata, en este caso, de términos
exageradamente largos, que desconozcan los principios de celeridad, eficacia, y
seguridad jurídica, o que, por su brevedad, impidan hacer efectivo el derecho
de defensa. Por el contrario, el término de prescripción de la acción penal, ha
sido considerado por esta Corporación como un lapso que permite al Estado en su
deber de administrar justicia, investigar y reprimir los delitos, adelantar de
manera eficiente y eficaz la respectiva investigación, permitiendo a su vez que
el sindicado también tenga la oportunidad de estructurar adecuadamente su
defensa.[66]
En consecuencia, (i) dado que el
ámbito de configuración del legislador en materia de determinación de
procedimientos judiciales y de fijación de términos en este ámbito son amplias;
(ii) que la actuación de la Fiscalía en la indagación tiene por objeto reunir
la información que se requiere para dar inicio al proceso penal, es decir,
definir si el hecho delictivo se cometió, cómo ocurrió y quienes participaron
en su realización, hechos que por lo general no son fácilmente verificables; (iii)
que cuando el fiscal tiene motivos fundados para sospechar de alguna persona
como autora o partícipe de un delito, debe proceder a informar al sospechoso de
sus derechos, quien a partir de ese momento adquiere el ejercicio pleno del
derecho de defensa; y (iv)  que los términos  procesales deben garantizar los
derechos de todas las partes involucradas, la corte no encuentra que el término
para la formulación de la imputación, equivalente al término de prescripción de
la acción penal, desconozca los derechos de defensa, de acceso a la justicia y
a la dignidad de las personas.
Procederá entonces la Sala a
declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 287 de la Ley 906 de
2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
VII. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar exequible, por el cargo analizado
en esta sentencia, el artículo 267 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
Segundo.- Declarar exequible, por el cargo analizado
en esta sentencia, el artículo 287 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO
PEREZ
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
en comisión
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Reformada
por las leyes 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial”; 1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; 1273 de 2009, “Por
medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; 1257 de 2008,
“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforman
parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan
medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial
impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; y 1121 de 2006, “por
la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción
de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.
[2] El
texto de las normas demandadas se resalta en negrilla.
[3] Sentencias
C-799 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto);
C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería);
C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-210 de 2007 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla): y C-025 de 2009 (MP. Rodrigo
Escobar Gil. SV. Fernando Araújo Rentería).
[4] MP.
Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Sentencias
C-528 de 2003; C-780 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1154 de 2005
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería); A-131 de 2006
(MP. Alfredo Beltrán Sierra); C-192 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[6] Ver
Sentencias C-1549 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); C-041 de 2002
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); y C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería), entre otras.
[7] Sentencias
C-427 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1154 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería).
[8] Sentencias
C- 543 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz. AV. José Gregorio Hernández Galindo) y
C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería).
[9] Sentencia
C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería).
[10] Las sentencias C-543 de 1996 (MP. Carlos Gaviria
Díaz. AV. José Gregorio Hernández Galindo); C-067 de 1999 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz);  C-427 de 2000 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa); C-1549 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); C-090 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); C-809 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett. AV. Jaime Araújo Rentería);
c-509 de 2004 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett); C-1009 de
2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Jaime
Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández); y
C-1266 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[11] Sentencia
C-185 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Reiterada por las sentencias C-192 de
2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño); C-864 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra); C-442 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); y C-434 de 2010 (MP.
Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.
[12] El
Texto del artículo 334 de la Ley 600 de 2000, es el siguiente: “ARTICULO
334. DERECHO A SOLICITAR SU PROPIA INDAGATORIA. Quien tenga noticia de la
existencia de una actuación en la cual obren imputaciones penales en su contra,
tiene derecho a solicitar que se le reciba indagatoria.” La Ley 906 de 2004 rige para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005.
[13] El
texto del numeral 4 del artículo 7, es el siguiente: “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. // (…) 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados
contra ella. // (…).”
[14] El
Texto del numeral 2 del artículo 8, es el siguiente: “Artículo 8. Garantías
Judiciales. // (…) // 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter”.
[15] El
Texto del literal b), numeral 2, del artículo 8, es el siguiente: “Artículo
8. Garantías Judiciales. // (…) // 2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: // (…) b. comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; (…).”
[16] El
texto del artículo XXVI, es el siguiente: “Artículo XXVI. Se presume que
todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. // Toda persona
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes
preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.”
[17] El
texto del artículo 10, es el siguiente: “Artículo 10. Toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal.”
[18] El
texto del numeral 1 del artículo 14, es el siguiente: “Artículo 14. // 1.
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes
o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores. // (…).”
[19] Sentencias
C-451 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-372 de 2009 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla).
[20] Sentencia
C-521 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa).
[21] En
la sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo
Beltrán Sierra), la Corte decidió no pronunciarse de fondo sobre la expresión “quien
sea informado” del artículo 267 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.
[22]En
la sentencia C-592 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis), la Corte se inhibió de pronunciarse de fondo en relación con una demanda formulada contra el
artículo 287 de la Ley 906 de 2004 por ineptitud sustancial de la demanda,
frente a un cargo de omisión legislativa relativa por no establecer la norma
demandada un término de duración de la fase previa o de indagación.
[23] Ver sentencias C-1040 de 2005 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. S.P.V.
Humberto Antonio Sierra Porto); C-908 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto. SV. Jaime Araújo Rentería; SV. Nilson Pinilla Pinilla); C-509 de 2008
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SPV. Y AV. Jaime Araújo Rentería; AV.
Nilson Pinilla Pinilla); C-763 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); y
C-012 de 2010 (MP. Juna Carlos Henao Pérez. SV. Jorge Iván Palacio Palacio),
entre otras.
[24] Sentencias
C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra) y
C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla),
entre otras.
[25] Por
ejemplo, la sentencia C-510 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo
Rentería), declaró la exequibilidad de la norma que establecía un nuevo
procedimiento y términos para los cobros o las reclamaciones ante el FOSYGA,
por cuanto consideró, entre otras cosas, que el legislador es libre para
establecer condiciones previas al acceso a la justicia.
[26] Por
ejemplo, en sentencia C-163 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz), la Corte consideró ajustada a la Constitución la consagración de la figura de la parte civil en
el proceso penal, a pesar de que la naturaleza de sus pretensiones podrían ser
únicamente pecuniarias. De igual manera, en sentencia C-1149 de 2001 (MP. Jaime
Araújo Rentería. SV. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro
Tafur Galvis), la Corte dijo que, dentro de la libertad de configuración
normativa, era válido que la ley autorice la intervención de la parte civil en
el proceso penal militar.
[27] La
sentencia C-180 de 2006 (MP. Jaime Araújo Rentería) declaró la exequibilidad de
la eliminación del recurso extraordinario de súplica en los procesos
contencioso administrativos, por cuanto la Constitución confiere al legislador “libertad de configuración amplia en materia de
procedimientos judiciales”.
[28] Por
ejemplo, en la sentencia C-1264 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte se refirió a la libertad de configuración normativa del legislador para regular la
forma cómo debe adelantarse la notificación personal en el procedimiento civil.
[29] En
este asunto, entre otros casos, se recuerdan las sentencias C-316 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), respecto de la caución en el proceso penal; C-043
de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Jaime Araújo Rentería) que declaró
la exequibilidad del pago de condena en costas y C-641 de 2002, en cuanto
consideró ajustado a la Carta el término de ejecutoria de las sentencias como
carga procesal a las partes.
[30] En
sentencia C-1232 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte Constitucional dijo que el legislador goza de amplio margen de configuración normativa
para consagrar el término de prescripción de las acciones derivadas del fuero
sindical.
[31] Sentencia
C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[32] Sentencia
C-800 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[33] Sentencia
C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
[34] Sentencia
C-617 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[35] Sentencia
C-799 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto).
[36] Sentencia
C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
[37] El
artículo 14, Numeral 3°, Literal d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, consagra que: “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
(...) d) A  hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo.”
[38] El
Artículo. 8º, Numeral 2°, Literales d) y e) de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé que: “(...)[d]urante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
(...) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si
el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley.”
[39] Sentencia
C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
[40] Ibídem.
[41] Sobre
el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-507 de 2001 (MP.
Álvaro Tafur Galvis); C-131 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV. Rodrigo
Escobar Gil); C-228 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. AV. Jaime Araújo Rentería); C-040 de 2003 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández); C-328 de 2003 (MP.  Manuel José Cepeda Espinosa);  y C-152
de 2004 (MP. Jaime Araújo Rentería. SV. Rodrigo Escobar Gil).
[42] Sentencia C-617 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo).
[43] Sentencia C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[44] Sentencia C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV.
Jaime Araújo Rentería).
[45] Ibídem.
[46] (MP.
Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería). En dicha sentencia, la Corte se pronunció sobre una demanda formulada contra los artículos 237, 242, 243, 244 y 245
del Código de Procedimiento Penal, por desconocer el derecho a la defensa
técnica y, por esa vía, de los derechos a la igualdad y al debido proceso, al
no permitir al indiciado y a su defensor participar en la audiencia de revisión
de legalidad de las diligencias allí previstas, cuando éstas se practican
durante la etapa de indagación preliminar, es decir, antes de que se formule la
imputación y se de inicio a la etapa de investigación formal. La Corporación encontró, que respecto del procedimiento aplicable a la audiencia de revisión de
legalidad posterior de las diligencias previstas en los artículos 237, 242,
243, 244 y 245 del C.P.P., caben dos interpretaciones posibles. “una
excluyente, la cual llevaría a entender que en dicha audiencia no se permite la
participación del implicado y su defensor cuando la misma se practica durante
la etapa de indagación. Y otra incluyente, en sentido opuesto a la anterior, es
decir, que sí es posible la participación del implicado y su defensor en la
audiencia de revisión de legalidad posterior cuando ésta tiene lugar en la
etapa de la indagación.” Finalmente, la Corte concluyó, que tratándose de las normas impugnadas, “solamente se entiende garantizado el derecho de
defensa en la medida en que éstas sean interpretadas en el sentido de que se
permita la participación del indagado y su apoderado durante el trámite de la
audiencia de revisión de legalidad de las diligencias, independientemente al
hecho de que ésta se realice antes o después de formulada la imputación, esto
es, en la etapa de indagación o en la etapa de la investigación formal.”
[47] En
esta providencia, la Corte se refirió dentro del sistema mixto de tendencia
inquisitiva a las siguientes sentencias: C-150 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz.
AV. Vladimiro Naranjo Mesa), en la que al declarar la inconstitucionalidad de
los artículos 7, 161 y 322 del Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de
Procedimiento Penal, hizo manifiesta la invulnerabilidad del derecho de defensa
en la etapa de la investigación preliminar; C-412 de 1993 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que al resolver sobre la constitucionalidad del artículo
324 del Decreto 2700 de 1991, que autorizaba la duración indefinida de la
investigación previa, precisó que la ilimitada utilización de los medios de que
dispone el Estado en la etapa previa  (práctica de todas las pruebas necesarias
para el esclarecimiento de los hechos y control por parte del fiscal del
momento de cierre de esta etapa), exalta en grado sumo la función investigativa
y punitiva del Estado, puede desvirtuar su conexidad funcional con el cometido
institucional de la misma y terminar atrayendo hacía sí la definición y
tratamiento de aspectos conflictuales ínsitos en la persecución e investigación
del delito que son más propios del proceso; C-475 de 1997 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que al decidir sobre la inconstitucionalidad de los
artículos 319 a 324 del Decreto 2700 de 1991, reafirmó que el derecho de
defensa se extiende a la indagación o investigación preliminar; y C-033 de 2003
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), en la que al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad
del artículo 126 de la Ley 600 de 2000, declaró la exequibilidad de la norma,
pero condicionándola “en el entendido en que, aún antes de la vinculación
mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los mismos
derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de
defensa y la protección de sus derechos constitucionales” (reiterada por la
sentencia C-096 de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Dentro del sistema
procesal penal con tendencia acusatoria, mencionó la sentencia C-799 de 2005
(MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto), en la que al
adelantar el estudio de constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2004, concluyó que la correcta interpretación del derecho de defensa implica que
se puede ejercer desde antes de la imputación, en las etapas pre y procesal,
sin que resulte relevante para el ordenamiento constitucional la denominación
jurídica que se le asigne al individuo al interior de todas y cada una de las
actuaciones penales, pues lo importante y trascendental es que se le garantice
a lo largo de todas ellas el ejercicio del derecho a la defensa sin
limitaciones ni dilaciones injustificadas. En este mismo sentido, citó las
sentencias C-1154 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio
Sierra Porto), C-1194 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime
Araújo Rentería) y C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson
Pinilla Pinilla), en las que la Corte reiteró la regla jurisprudencial que
sostiene que el derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que
cursa un proceso en contra de la persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso, es decir, que el derecho de defensa se extiende a la etapa preprocesal
de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales
hasta la decisión final.
[48] MP.
Jaime Araújo Rentería.
[49] Cuyo
texto dice: “Artículo  8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez
adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad
respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…).”
[50] En
esta oportunidad, la Sala expuso algunas de las hipótesis en las que se activa
el derecho de  defensa antes de que se adquiera la condición de imputado: (i)
cuando se  aplica una medida cautelar como el allanamiento por parte de
autoridad pública competente, bajo el entendido que se pretende obtener
material probatorio y evidencia física; (ii)  en el instante mismo de un
accidente de tránsito y ante la evidencia de un posible homicidio culposo; y
(iii) ante los posibles señalamientos públicos, efectuados por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o cualquiera de los intervinientes en el proceso penal, en los
cuales se endilga algún tipo de responsabilidad penal. Además, señaló que la
activación de derecho de defensa en un capturado, por afectación del derecho a
la libertad personal,  trae consigo el siguiente conjunto de derechos y
prerrogativas: el derecho a guardar silencio y que éste no se utilice en su
contra; el derecho a conocer la razón por la cual se realiza la captura. Así
mismo, a entender la razón a través de un intérprete si le es imposible hacerlo
por los órganos de los sentidos o hacerlo oralmente; el derecho a cuestionar la
propia privación de la libertad; el derecho a ser conducido ante un juez en el
término de treinta seis horas que  estipula la Constitución; el derecho de no autoincriminación; el derecho a ser representado por un
abogado de confianza;
el derecho a
comunicarse efectivamente con su abogado; el derecho a que se le nombre un
abogado de oficio si la persona capturada no cuenta con recursos para costearse
uno propio; y el derecho a disponer de un término razonable para preparar su
defensa.
[51] En
este sentido, la Corte ha precisado que “(…) A diferencia del sistema de
tendencia inquisitiva, en el que la Fiscalía cumplía al mismo tiempo la función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal la labor del ente de investigación se desarrolla con especial énfasis en la función acusatoria, enfocándose en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. En ese sentido, los actos de la Fiscalía no son jurisdiccionales sino de investigación, con excepción de aquellos que impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas, los cuales deben ser en todo caso controlados por el juez de garantías, quien los autoriza y convalida en el marco de las garantías constitucionales, “guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales”. Sentencia C-025 de 2009 (MP.
Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería). Ver también, las Sentencias
C-873 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Jaime Araújo Rentería; SV.
y AV. Alfredo Beltrán Sierra;  SV. Álvaro Tafur Galvis); C-591 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra); y C-1194 de 2005
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[52] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] MP.
Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería.
[54] Sentencia
C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[55] Ibídem.
[56] Ver
sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán
Sierra). Previamente, en la sentencia C-1092 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis.
AV. Rodrigo Escobar Gil; SV. y APV. Jaime Araujo Rentería), la Corte había advertido la importancia del juez de control de garantías en la estructura del
proceso penal: “(…) como quiera que a su cargo está examinar si las
facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecuan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos.  En ejercicio de esta competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez están determinados como a continuación se explica. // Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal.  En consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un
juzgamiento; efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior,
conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación
del debido proceso. // Por el contrario, si el juez de control de garantías
advierte que la Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado.  Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que ésta será una tarea que
se adelanta en el debate público y oral de la etapa de juzgamiento.”
[57] Ver
sentencias C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-799 de 2005 (MP.
Jaime Araújo Rentería); C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV.
Jaime Araújo Rentería); C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-210
de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla); y C-025
de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
[58] Sentencia
C-799 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[59] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV y AV. Jaime Araújo Rentería.
[60] Ley
906 de 2004. “Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de
policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen
permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso
penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes organismos: // 1. La Procuraduría General de la Nación. // 2. La Contraloría General de la República. // 3. Las autoridades de tránsito. // 4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. // 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. // 6. Los alcaldes. // 7. Los inspectores de policía. // Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades
correspondientes.”
[61] Sentencias
C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-025 de 2009 (MP. Rodrigo
Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
[62] Sentencia
C-012 de 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[63]Sentencia
C-1335 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[64] Sentencias
C-1335 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz); C-012 de 2002 (MP. Jaime Araújo
Rentería).
[65] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería.
[66] Sentencia
C-416 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).