C-332-20
Sentencia C-332/20
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA TERMINO PARA
IMPUGNACION DE LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS-Estarse a lo resuelto en sentencia C-089 de 1994
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Carácter
integral, definitivo y efectos de cosa juzgada
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES
ESTATUTARIAS CON POSTERIORIDAD A LA REVISION INTEGRAL-Condiciones
(…) el mismo precedente ha admitido la competencia de
esta Corte para conocer de la constitucionalidad de leyes estatutarias con
posterioridad a la revisión integral que realiza de forma previa a la sanción
de la ley, siempre y cuando: (i) se esté en presencia de un vicio de forma
frente a los trámites subsiguientes que debe surtir el proyecto para
convertirse en ley; o (ii) se presente una modificación posterior de la
Constitución o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad. En ambos casos, técnicamente, no existe cosa juzgada
constitucional; en el primero, porque se trata de una irregularidad posterior
al control previo y, en el segundo, porque el parámetro de comparación es
distinto, lo que permite adelantar un juicio sobre dichas materias.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de la
demanda son más rigurosos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inhibición por ineptitud sustantiva de la
demanda
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimiento de carga argumentativa
Referencia:
Expediente D-13455.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7
(parcial) de la Ley 130 de 1994, “por la cual se dicta el Estatuto Básico de
los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y
la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.
Actores: Juan
Felipe Díez Castaño, Carlos Andrés Echeverri Valencia y Andrés Felipe Roncancio
Bedoya.
Magistrado Sustanciador:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.
Bogotá D. C., veinte (20) de
agosto de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente
sentencia, con fundamento en las siguientes
I. ANTECEDENTES
1.  Demanda de inconstitucionalidad
1.1. Texto demandado
El
día 14 de agosto de 2019, los ciudadanos Juan Felipe Díez Castaño, Carlos
Andrés Echeverri Valencia y Andrés Felipe Roncancio Bedoya presentaron demanda
de inconstitucionalidad contra el aparte normativo contenido en el artículo 7
de la Ley 130 de 1994, en el que se determina que la facultad de los ciudadanos
para impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas de los estatutos
de los partidos y movimientos políticos así como las decisiones de sus
autoridades, por ser contrarias a la Constitución, a la ley o a las
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, es de veinte días desde la
adopción de la respectiva decisión.
A
continuación, se transcribe y subraya el texto impugnado:
“LEY 130 DE 1994
(Marzo 23)
Diario Oficial No. 41280, del 23 de marzo
de 1994
Por la cual se dicta el Estatuto Básico de
los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y
la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DE LOS
ESTATUTOS.
La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por
lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los
veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá
impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias
contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo
Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y
movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.
Los partidos y movimientos inscribirán ante
el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que, de acuerdo con
sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus
órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes
a la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá,
de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la
respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba
correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional
Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días
siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o
movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo
reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas
debidamente inscritas ante él.”
1.2.
Cargos
Según los accionantes, la restricción
temporal establecida en el aparte normativo impugnado desconoce los artículos
107, 1, 4 y 40 de la Carta Política, por las razones que se indican a
continuación.
1.2.1. En primer lugar, argumentaron
que, según el artículo 107 superior, los partidos y movimientos políticos
deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su
organización, funcionamiento o financiación, pero que la norma impugnada
restringe indebidamente el acceso a los mecanismos que podrían hacer efectiva
aquella responsabilidad, por vía de permitir el saneamiento de las violaciones
de los estatutos a las normas superiores del ordenamiento jurídico.
Advirtieron que el Acto Legislativo 01
de 2009 pretendió robustecer los procesos de constitucionalización de los
partidos y movimientos políticos para que, sin perjuicio de su autonomía, su
estructura y su funcionamiento se sujete a los principios básicos que orientan
la organización política, como el de ser democrática e incluyente. En este
contexto, adujeron que el artículo 107 de la Carta Política, modificado por el
citado acto legislativo, determinó que los partidos y movimientos políticos
serían responsables por toda violación a las normas que rigen su organización,
funcionamiento o financiación, buscando con esto promover la constitucionalización
del sistema político colombiano.
Pese a ello, argumentaron que el
precepto demandado impone una barrera temporal a la materialización de este
objetivo, “restringiendo desproporcionadamente lo dispuesto en el artículo
107 de la carta superior, relativo a la responsabilidad de los partidos
políticos por violación a las normas que rigen su organización y
funcionamiento, entre las cuales se encuentra la propia Constitución Política
de 1991 (...) como quiera que el breve periodo señalado en la norma para
ejercer el medio de control, impide que los ciudadanos protejan de una manera
eficaz el régimen constitucional vigente (...) lo que de contera conlleva
entonces a que un lapso de tiempo tan exiguo, haga nugatoria la responsabilidad
de la organización política por la violación a la Constitución de 1991,
permitiendo sanear dichas violaciones estatutarias por el paso del tiempo (...)
y tornar las normas estatutarias impermeables a la Constitución Política”.
Al respecto, los demandantes
argumentaron que esta última conclusión es la que se desprende de la
disposición impugnada, “pues al no existir otro medio impugnativo idóneo, ni
tampoco una medida de oficio que de manera posterior al aval del CNE faculte al
Estado para realizar un control de los estatuto de las organizaciones políticas
que no estén conformes a la Constitución, entonces se puede inferir que
transcurrido el plazo de 20 días para interponer la impugnación (...) las
aludidas disposiciones contrarias a la Constitución, del estatuto, quedaron
saneadas”.
A su juicio, este saneamiento resulta
insostenible porque, en virtud de la supremacía constitucional, estos vicios no
pueden ser saneados por el paso del tiempo, y debe existir algún mecanismo que
impida la pervivencia de disposiciones legales o infra legales que se opongan
al ordenamiento superior. De esta manera, al establecerse una restricción
temporal al único mecanismo previsto en el sistema jurídico para materializar
la responsabilidad de los partidos políticos por la introducción de reglas
estatutarias inconstitucionales, se anula el principio de responsabilidad
previsto en el artículo 107 de la Carta Política, pues aunque en principio
existen otras vías procesales para controlar la actividad de dichas
organizaciones, estas, a su juicio, no tienen por objeto controlar la
constitucionalidad o la legalidad de los estatutos, o carecen de la idoneidad y
eficacia para ello.
En concreto, según los demandantes,
ninguno de los instrumentos que se mencionarán a continuación puede sustituir
el del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, por las siguientes razones: (i) la
acción electoral y figura de la perdida de investidura tienen un propósito
distinto; (ii) aunque teóricamente sería posible demandar los actos
administrativos mediante los cuales se avalan los estatutos de los partidos
políticos a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esta
acción tiene un término de caducidad de cuatro meses, con lo cual, transcurrido
este plazo los vicios de los estatutos se entienden saneados, y, además, debe
actuarse mediante apoderado judicial por no ser una acción pública, lo cual
afecta “el principio expansivo de la democracia propio del artículo 1 que
fue enrostrado como vulnerado dentro del cargo primero de inconstitucionalidad,
pues se indicaría con ello que los abogados solo pueden ejercer control a las
organizaciones mediante una acción que requiere abogado (...) aspecto que no es
compatible con la noción de una democracia material”; (iii) el instrumento
de la revocatoria carece igualmente de idoneidad, pues cuando el acto
administrativo cuya revocatoria directa se pretende es de carácter particular y
concreto, el mecanismo procede solo con el consentimiento del particular
afectado, esto es, con el consentimiento del respectivo partido político, lo
que no sería viable en la hipótesis analizada; (iv) lo propio ocurre con las
acciones populares, pues en la sentencia SU-585 de 2017[1] la Corte Constitucional sostuvo que
este mecanismo no era idóneo para ejercer el control sobre las disposiciones
estatutarias de un partido político; (v) finalmente, la acción de tutela tiene
por objeto la protección de los derechos fundamentales frente a vulneraciones
concretas y específicas, por lo cual, en este escenario únicamente se podría
ordenar la inaplicación de una disposición estatutaria que provoque la
vulneración iusfundamental en un caso concreto, mas no declarar la
invalidez u ordenar la inaplicación general de la misma.
Por lo anterior, a su juicio, el único
instrumento abierto a la ciudadanía para salvaguardar el principio de
supremacía constitucional y la responsabilidad de los partidos políticos frente
a disposiciones estatutarias ilegales o inconstitucionales, es el que se
encuentra en la norma impugnada[2].
1.2.2. Corolario de lo anterior, los accionantes
también sostuvieron que la restricción temporal anula el principio de
participación política consagrado en los artículos 1° y 40 de la Constitución
Política, pues como a través de estas organizaciones se ejerce el poder
político, los ciudadanos tienen el derecho a ejercer control sobre su
organización y su funcionamiento y, en este escenario, afirmaron que el
otorgamiento de un plazo reducido para impugnar las disposiciones estatutarias
que contravengan el ordenamiento constitucional, vulnera el derecho ciudadano a
intervenir en las dinámicas de estas organizaciones.
Al respecto, explicaron que con la
imposición de la restricción temporal se anula la efectividad del medio
impugnativo abierto a la ciudadanía, en la medida que, si bien la imposición
del plazo puede responder al objetivo legítimo del legislador de preservar la
seguridad jurídica para que el régimen normativo al que se encuentran sometidos
los partidos y movimientos políticos no sea objeto de escrutinio permanente e
indefinido, el efecto jurídico del lapso objeto de reproche es el cercenamiento
e incluso la anulación del derecho de participación política, porque
transcurrido el plazo legal de los veinte días los ciudadanos ya no podrían
impugnar la respectiva decisión y, en consecuencias, reiteraron que de esa
forma quedarían senados los vicios que pudieran tener los estatutos de las
organizaciones políticas.
Por ello, estimaron que el legislador
debió recurrir a otros mecanismos para preservar la seguridad jurídica, y “no
desquiciar de una manera tan desproporcionada la garantía constitucional de la
participación ciudadana en el control del poder político, mediante un término
de carácter exiguo, ante un hecho de una importancia crucial para la
democracia, como lo es en efecto la defensa del orden constitucional vigente,
frente a organizaciones políticas cuya normatividad interna está en
contradicción con la Carta Superior”.
1.2.3. En síntesis, los accionantes
sostuvieron que la incompatibilidad entre el aparte normativo demandado y la
Carta Política es clara y palmaria, pues aquel infringe las disposiciones
constitucionales relacionadas con los principios de participación política y de
responsabilidad de los partidos políticos. Primero, porque, según afirman, el
plazo irrisorio de 20 días para impugnar los estatutos de los partidos político
diluye y diezma desproporcionadamente la responsabilidad de estas
organizaciones, pues a partir de ese momento ningún órgano jurisdiccional se
encuentra habilitado para corregir los yerros de las normas estatutarias, con
lo cual, desde ese instante no sería exigible ningún tipo de responsabilidad a
tales partidos y movimientos por la infracción de la Constitución Política.
Y segundo, porque este plazo, a su
juicio, también anula la participación política de la ciudadanía, pues una vez
transcurridos los veinte días para controvertir los estatutos, las personas
pierden la facultad para exigir la anulación de las disposiciones que
consideren contrarias al ordenamiento superior, y con ello los ciudadanos
quedan “desprovistos de cualquier tipo de acción o medio impugnativo eficaz
que permita acusar los estatutos fundantes de los partidos políticos”. Y
como el artículo 40 superior determina que todos los ciudadanos pueden
participar en el control del poder político, y dicho poder se materializa a
través de los partidos y movimientos políticos, la facultad para controvertir
estatutos contrarios a la Constitución para que estos no sean una “rueda
suelta”, es consustancial al principio de participación[3].
1.2.
Solicitud
Con fundamento en las consideraciones anteriores, los accionantes solicitaron, primero, que se dé trámite al proceso
judicial con fundamento en el principio pro actione, y segundo, que se
declare la inexequibilidad de la expresión demandada.
2.       Trámite procesal
2.1. Mediante auto del 12 de septiembre de 2019, el
magistrado sustanciador advirtió que el escrito de acusación no aportó los
elementos estructurales de la controversia constitucional, pues, por un lado,
estimó que había partido de un entendimiento de la normatividad acusada que no
se desprende de su tenor literal y, por otro, consideró que no daba cuenta ni
especificaba las razones de la oposición entre la medida impugnada y el
ordenamiento constitucional. Por tanto, concedió a los demandantes tres días a
partir de la notificación del auto para que, según las especificaciones de la
parte considerativa de dicha providencia, corrigieran su escrito.
2.2. El 19 de septiembre
de 2019, los accionantes presentaron la corrección de la demanda y, luego de
examinar el escrito, el magistrado sustanciador encontró que, prima facie,
la demanda cumplía las exigencias previstas en el Decreto 2067 de1991 para un
pronunciamiento de fondo, a partir de los cargos que los demandantes culminaron
de exponer en los términos explicados en el numeral 1.2. supra.
Por esta razón, en auto
del 4 de octubre del mismo año, se admitió la demanda, así como también se
resolvió correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera
concepto, fijar en lista la disposición con el objeto de que fuese impugnada o
defendida por cualquier ciudadano, y comunicar la iniciación del proceso a la
Presidencia de la Republica, a la Presidencia del Congreso, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Igualmente, el magistrado
sustanciador invitó a participar a las siguientes personas e instituciones,
para que se pronunciaran sobre las pretensiones de la demanda de
inconstitucionalidad o suministraran insumos de análisis en la resolución de la
controversia judicial: (i) Misión de Observación Electoral; (ii) Partido
Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Movimiento Apertura
Liberal, Partido Convergencia Ciudadana, Partido Cambio Radical Colombiano,
Partido Verde Opción Centro, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO,
Movimiento Alianza Social Indígena, Movimiento Independiente de Renovación
Absoluta MIRA, Partido Social de Unidad Nacional, Partido Polo Democrático
Alternativo, Partido Colombia Democrática, Movimiento Colombia Viva, Partido
ALAS — Equipo Colombia, Movimiento Nacional Afrocolombiano “AFRO”, y
Movimiento  Alianza  Social  Afrocolombiano “ASA”; (iii)  las  facultades  de
Derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia,
Sabana, del Rosario, Libre, EAFIT, de Antioquia y de Ibague; (iv) la Academia
Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
2.2.
Luego de
dichas actuaciones, la Academia Colombiana de Jurisprudencia[4] y el Ministerio del Interior[5] intervinieron en el proceso, tal y
como se reseñará a continuación.
3.       Intervenciones
3.1. Academia
Colombiana de Jurisprudencia
3.1.1. Esta organización consideró que la
Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-089 de 1994[6], pues en esa providencia, al decidir sobre la
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que se convirtió en la Ley 130 de 1994, estimó que su artículo 7 estructura un medio expedito encaminado
a excluir del ordenamiento los estatutos o las decisiones contrarias a la
Constitución o la ley.
3.1.2. De todas formas, también advirtió
que esta corporación hizo dicho análisis antes de las modificaciones del Acto
legislativo 01 de 2009[7] y la ley 1475 de 2011[8] que lo desarrolla, a partir de las cuales se
instituyeron controles legales adicionales para hacer más exigente la
responsabilidad de los movimientos y partidos políticos que reclaman los
actores.
3.1.3. Por ende, en subsidio consideró
que, si con base en dicha apreciación se concluye que no existe cosa juzgada
constitucional, la disposición acusada se debería declarar exequible, por las
siguientes razones:
(i) A su juicio, la posibilidad del Consejo Nacional Electoral para
sancionar a los partidos y movimientos políticos no está supeditada a la
impugnación que puedan hacer los ciudadanos, ya que la facultades
sancionatorias de aquella corporación, conforme se desprende del artículo 8 de
la Ley 130 de 1994, permanecen en el tiempo y, por esa razón, no acaece que las
“disposiciones estatutarias internas de los partidos políticos que vulneren
la Constitución queden saneadas, luego del transcurso del tiempo”, como lo
dicen los actores. Es más, el mismo artículo 7 de la ley 130 de 1994 concibe
como opcional aquella impugnación, cuando señala “cualquier ciudadano podrá
impugnar ante el Consejo Nacional Electoral (…)” (negrilla fuera del
texto legal).
(ii) El lapso establecido en el aparte normativo demandado no podría
afectar, como lo dicen los demandantes, el derecho consagrado en el artículo 40
constitucional, pues una cosa es el poder político y otra los partidos y
movimientos políticos. Lo primero, es una expresión del Estado a través de su
organización política, mientras que los partidos políticos tienen por vocación
acceder al poder político, pero no son el poder político, ni siempre acceden al
mismo así sean una expresión de la sociedad civil con dicha vocación.
(iii) Aunque para los accionantes el término que se consagra en el aparte
demandado limita la garantía consagrada en el artículo 40 superior, no
desarrollaron la supuesta falta de proporcionalidad del mismo y, por el
contrario,  según la sentencia SU-498 de 2016[9], el diseño de los procedimientos es una competencia
del legislador que se ajusta a la Constitución Política en la medida que impone
deberes específicos de conducta y asigna responsabilidades ante la
inobservancia de esos deberes, pues la fijación de cargas y consecuencias
negativas frente a su desatención resultan necesarias para la seguridad
jurídica, la celeridad de los procesos y, en general, el debido proceso, de
manera que si bien  las reglas procesales sirven para materializar los valores
y el derecho sustancial, esa función no habilita el desconocimiento de las
disposiciones instrumentales ni flexibiliza su aplicación.
3.2.
Ministerio del Interior
3.2.1. Aunque para la entidad los
planteamientos de la demanda no cumplen la claridad, especificidad y
pertenencia que harían viable el escrutinio judicial, pues a su juicio el fundamento
de los cargos responde a una lectura subjetiva de las normas hecha por los
accionantes, también consideró que en el asunto objeto de estudio existe cosa
juzgada, ya que en la sentencia C-089 de 1994[10] se resolvió definitivamente la constitucionalidad de
la disposición jurídica
a la que pertenece el aparte normativo demandado.
Concretamente, afirmó que
hay identidad entre la expresión acusada en esta ocasión y lo que la Corte
examinó en aquel proceso, cuando advirtió
que el artículo 7 contentivo del aparte
impugnado estructura un medio expedito enderezado a excluir del ordenamiento
los estatutos o las decisiones contrarias a la Constitución o la ley. En
consecuencia, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en dicha
providencia.
3.2.2. No obstante lo anterior, adujo que
si esta corporación llega a estimar pertinente entrar al fondo de asunto,
debería tener en cuenta, por un lado, que la legitimidad de las normas
procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad y, por
otro, la necesidad  de que el engranaje procesal sea coherente y equilibrado
con el fin de evitar una violación al debido proceso, que no solo ocurriría por
la omisión de la respectiva regla procesal o por la ineficacia de la misma para
alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino por el hecho de que esta
resulte excesiva y desproporcionada frente al resultado que se busca obtener
con su utilización.
De manera que, a su juicio, un análisis
que aborde el problema jurídico constitucional a partir de dichas aristas
arrojaría como resultado la exequibilidad del aparte normativo impugnado, pues
además que el legislador tiene la libertad de configuración de los recursos y
medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, el lapso que reprochan los actores y que permite a
cualquier ciudadano controvertir los estatutos y decisiones de los partidos y
movimientos políticos “es razonable y proporcional en armonía con los
artículos 107, 1, 4 y 40 de la Carta Política, respetando el derecho ciudadano
a intervenir en las dinámicas de las mencionadas organizaciones”.
4.   Concepto del Procurador General de la Nación
4.1. En primer lugar, El Procurador
General de la Nación advirtió que, si bien la norma demandada hace parte de una
ley estatutaria cuyo proyecto se sometió al control de constitucionalidad
automático y previo a la sanción de la ley, en este caso no se configura la
cosa juzgada, pues luego de aquel estudio existió una modificación de la
Constitución que hace parte del parámetro de la revisión de constitucionalidad
que la Corte haría en esta oportunidad. Puntualmente, adujo que los Actos
Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 redireccionaron la regulación legislativa
en la responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, razón por la
cual existe un cambio en el parámetro de control que habilita un nuevo
pronunciamiento.
4.2. En segundo lugar, la Vista Fiscal
solicitó que se declare la exequibilidad del aparte impugnado por los cargos
formulados en la demanda, con base en las siguientes razones:
(i) Los derechos políticos están consagrados en el artículo 40
constitucional y son instrumentos ciudadanos para incidir en la estructura y el
proceso político, de forma que se facilite la consolidación de una democracia
participativa y el ciudadano pueda ser parte de la toma de decisiones en
asuntos públicos, sin que, por esa razón, el ejercicio de los mismos implique
dejar huérfano de términos un acto tan particular y concreto como la
impugnación de los estatutos de un partido.
Incluso, en cualquier caso, entender lo
contrarío significaría, por ejemplo, que un ciudadano se pueda postular en
cualquier momento para ser elegido e ignorar el calendario electoral dispuesto
por las autoridades competentes, o que cualquier disposición legal que
contemple un término para el inicio de una actuación administrativa o judicial
resulte inexequible bajo el laxo argumento de obstaculizar el poder político
del ciudadano.
(ii) Los demandantes, equivocadamente, ven en la impugnación de los
estatutos el ejercicio de un derecho que no merece límite temporal para su
ejercicio por fundamentarse en un posible desconocimiento de la Constitución y
la ley, pues olvidan que tanto la Carta Política como las leyes y normatividad
complementaria, e incluso los mismos estatutos han creado un sistema de
responsabilidad disciplinaria y ética de los partidos por sus actividades, a lo
que se agrega la función de inspección, vigilancia y control de la organización
electoral que, según el artículo 265 superior, recae en el Consejo Nacional
Electoral.
(iii) Los estatutos no son rígidos ni tienen el carácter de inmodificables,
y es la misma mutación de la ley la que les ha conferido el espacio para que se
ajusten a las nuevas dinámicas constitucionales y legales, por lo que en
cualquier momento un partido o movimiento político puede tomar las medidas que
estime pertinentes de cara a una posible contrariedad entre alguna norma
estatutaria y otra constitucional o legal.
(iv) Pretender otorgar la calidad de una acción pública, como la de
inconstitucionalidad, a un trámite administrativo como la impugnación de los
estatutos de un partido o movimiento político desdibujaría el verdadero fin de
aquella, pues, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional, “los
partidos y movimientos políticos no son entidades públicas que integren la
estructura del Estado, sino en virtud del principio de separación de lo público
y lo privado y de la autonomía constitucional de los partidos y movimientos
políticos, son instituciones intermedias, mas no públicas, relevantes para el
interés general, constituidas en desarrollo de los derechos políticos de las
personas, del derecho de asociación y del pluralismo político (…) Son
plataformas ideológicas, mecanismos de expresión y participación democrática
que canalizan las pretensiones de acceso al poder público y de control al mismo
y resulta claro que la realización de reformas de los estatutos internos del
partido, no constituye una función administrativa atribuida a los partidos
políticos, sino el ejercicio natural de su capacidad de autogestión”[11].
(v) Además de que el aparte demandado materializa los postulados
constitucionales que protegen la autonomía administrativa y financiera de los
partidos y movimientos políticos, el legislador tiene la competencia para
determinar los procedimientos, fijar cargas y prever las consecuencias de la
acción o inacción de los interesados, pues solo así se garantizan, entre otros
principios y derechos, la seguridad jurídica, la celeridad de los procesos, la
preclusión y el debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
1.     Competencia
Este tribunal es competente para resolver la
controversia planteada, en la medida en que corresponde a una acción de
inconstitucionalidad contra una prescripción legal, asunto que en virtud del
artículo 241.4 de la Carta Política, debe ser resuelto por esta corporación.
2.     Asuntos a resolver
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
corresponde a la Corte resolver las siguientes cuestiones:
2.1. La Sala verificará si frente a las acusaciones
que eventualmente permitirían llevar a cabo un juicio de fondo se está en presencia de una cosa juzgada
constitucional, pues, como se advirtió por la Vista Fiscal y los
intervinientes, el aparte normativo demandado hace parte de una ley
estatutaria, cuyo proyecto se sometió al control de constitucionalidad automático
y previo a la sanción de la ley, en los términos expuestos en la sentencia
C-089 de 1994[12].
En este punto la Corte también deberá establecer la procedencia del escrutinio judicial propuesto por los
actores a partir de los cuestionamientos que surjan contra la aptitud del
escrito de acusación, pues, por ejemplo, el Ministerio del Interior estimó que
las acusaciones de inconstitucionalidad no admitían un pronunciamiento de fondo
ya que a su juicio los planteamientos de la demanda no cumplen con la claridad,
especificidad y pertenencia que harían viable el escrutinio judicial y, en todo
caso, aunque por regla general el examen sobre la aptitud de la demanda se debe
realizar en la etapa de admisibilidad, el ordenamiento jurídico permite que
este tipo de decisiones se adopten en la sentencia[13] teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no es evidente el
incumplimiento de las exigencias mínimas que permiten adelantar el juicio de
constitucionalidad, lo que motiva un análisis con mayor detenimiento y profundidad
por parte de la Sala Plena[14].
2.2. Sólo en caso de que existan
acusaciones que cumplan con las cargas mínimas del juicio de constitucionalidad
y que, además, no estén amparadas bajo la figura de la cosa juzgada, se
procederá con su examen de fondo, previo planteamiento del problema jurídico y
de la fijación de las materias susceptibles de pronunciamiento.
3.  Viabilidad del escrutinio judicial
3.1. La cosa juzgada constitucional es
una institución jurídica procesal que tiene fundamento en el artículo 243
superior[15], y que parte de la base de otorgar a las
decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricción negativa
consistente en la imposibilidad de que el juez vuelva a conocer y decidir sobre
lo resuelto.
3.2. Por lo demás, aunque
dicha institución jurídica ha sido objeto de varios pronunciamientos en los que
esta Corte ha destacado su finalidad, funciones y consecuencias, así como las
distintas modalidades que puede presentar[16], en esta ocasión las consideraciones se formularán
sobre la base de que en la providencia
C-089 de 1994[17] la Corte realizó el control automático y previo del
proyecto de ley estatutaria que se convirtió en
la Ley 130 de 1994, cuyo artículo 7
(parcial) fue acusado en la demanda objeto de estudio. Por tanto, en esta
oportunidad cabe realizar algunas precisiones acerca
de la cosa juzgada que se presenta en las sentencias que evalúan la
constitucionalidad de los proyectos de las leyes estatutarias, a saber:
3.2.1. El examen previo y automático que esta corporación
realiza a esa clase de leyes se caracteriza por ser, además, un control
integral, pues supone la confrontación de totalidad de las disposiciones del
proyecto de ley respecto de la posible configuración de cualquier vicio
material, vicio competencial o vicio de trámite; y definitivo, ya que en
principio cierra todo debate constitucional respecto del proyecto de ley.
3.2.2. A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha entendido
que, por regla general, el control de constitucionalidad de las leyes
estatutarias provoca cosa juzgada absoluta de cada una de las disposiciones que
componen un estatuto de esa jerarquía y, por ende, no se puede volver a iniciar
un juicio de validez sobre las mismas[18].
3.2.3. No obstante, el mismo precedente ha admitido la
competencia de esta Corte para conocer de la constitucionalidad de leyes
estatutarias con posterioridad a la revisión integral que realiza de forma
previa a la sanción de la ley, siempre y cuando: (i) se esté en presencia de un
vicio de forma frente a los trámites subsiguientes que debe surtir el proyecto
para convertirse en ley; o (ii) se presente una modificación posterior de la
Constitución o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad. En ambos casos, técnicamente, no existe cosa juzgada
constitucional; en el primero, porque se trata de una irregularidad posterior
al control previo y, en el segundo, porque el parámetro de comparación es
distinto, lo que permite adelantar un juicio sobre dichas materias[19].
3.2.4.
En suma, “si bien por regla general la
jurisprudencia constitucional ha estimado que los fallos dictados en
ejercicio del control integral y definitivo de una ley estatutaria hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional, no lo es menos que de forma excepcional
es posible debilitarla o enervarla cuando de forma posterior a dicho control se
presentan (i) vicios de
forma en el trámite subsiguiente que debe cumplirse para que se convierta en
ley de la República; o, (ii) se
produce un cambio en el texto constitucional que fue utilizado para adelantar
el control previo, o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad”[20].
3.3. De acuerdo con lo explicado, la Sala advierte que se
configura cosa juzgada frente al cargo según el cual, a juicio de los
demandantes, la restricción temporal acusada supuestamente
anula el principio de participación política consagrado en los artículos 1 y 40
de la Constitución Política y, en concreto, el derecho de todo ciudadano a
participar en el control del poder político que se consagra en esta última
disposición constitucional
Puntualmente, las razones
que motivan dicho cargo no se subsumen dentro de ninguna de las dos excepciones en virtud de las cuales se
podría enervar la cosa juzgada constitucional que, en virtud del control
automático, previo, integral y definitivo, se configuró mediante la sentencia C-089 de 1994[21]. Ello, ya que, por un lado, los accionantes no
demandaron vicios de procedimiento o forma que se hubiesen podido concretar
durante el trámite que surtió el proyecto después de que se profirió dicha
providencia para convertirse en ley y, por otro, los artículos 1, 4 y 40 de la
Carta Política no han sufrido modificación alguna a partir del cual se pueda
pensar que un cambio en esas disposiciones pueda
constituir un nuevo parámetro de control, distinto al existente cuando la Corte
hizo el examen previo de constitucionalidad.
3.4. Al respecto, por
tratarse de una providencia que, de una u otra forma, contiene esta ratio
decidendi, vale la pena traer a colación el Auto 205 de 2018[22], en el que la Sala Plena confirmó el
rechazo de una demanda interpuesta contra el artículo 9 (parcial) de la Ley 130
de 1994, es decir, aquella que también contiene el aparte normativo demandado
en esta ocasión, pues además en dicho auto la Corte examinó el recurso de
súplica como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad en la que, tal
y como ocurre en esta oportunidad, el actor también alegó la vulneración del
artículo 40 superior. En la citada providencia, se explicó lo siguiente:
“Para la Sala Plena la decisión de rechazo
no es arbitraria o irrazonable, habida cuenta que, por el contrario, responde a
los lineamientos jurisprudenciales que han sido definidos por esta Corporación
para debilitar la cosa juzgada constitucional cuando se ha adelantado
previamente el control integral y definitivo de una ley estatutaria.
Lo primero que logra
identificar la Sala, es que el demandante al plantear dos posibles vías para
debilitar la cosa juzgada constitucional, parte en una de ellas de un supuesto
errado y es considerar que la sentencia C-089 de 1994 no tuvo en cuenta la
Convención Americana de Derechos Humanos y que, por ende, no hizo un control
integral del artículo 9° de la Ley 130 de 1994, lo que conlleva -según el
demandante- a una omisión judicial que debe ser reparar mediante un nuevo
estudio de constitucionalidad.
Al respecto, como se
explicó en líneas precedentes (f.j. 4.2), la naturaleza del control de constitucionalidad de leyes
estatutarias que realiza esta Corporación se caracteriza, entre otras, por ser
integral. Esto supone que el proyecto de ley estatutario se analiza
confrontándolo con la totalidad de los artículos de la Constitución Política,
situación que incluye las normas convencionales que se integran en sentido
estricto al ordenamiento a través del denominado bloque de constitucionalidad.
En particular, la
revisión que efectúo este Tribunal en la sentencia C-089 de 1994 al proyecto de
ley estatutaria que finalmente terminó identificado como Ley 130 de 1994, goza
de esa especial característica de análisis integral, es decir, a pesar de no haber quedado consignado de
forma expresa en la parte considerativa de la providencia, el control
adelantado en esa
oportunidad incluyó
como parámetros de examen los artículos 40 Superior y 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, al igual que todo el texto constitucional. De
allí que, por esa vía argumentativa el escrito de subsanación incumple la carga
de desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional en el presente
asunto.
De otro lado, en
tratándose del otro planteamiento que esgrime para demostrar la inexistencia de
la cosa juzgada constitucional, la Sala observa que el actor no logró acreditar
que se haya presentado un cambio en el
precepto constitucional del artículo 40 Superior que habilite llevar a cabo un
nuevo estudio de constitucionalidad, y mucho menos demostró que se haya
presentado un cambio en la conformación de la norma correspondiente al artículo
23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…)».
En consecuencia, esa vez tampoco se
logró controvertir la cosa juzgada que ampara la norma acusada, en la medida que esta corporación ya se
pronunció sobre la constitucionalidad del cuerpo normativo en su conjunto como
proyecto de ley estatutaria, y el
referente constitucional dispuesto en el artículo 40 superior no ha sufrido cambio
desde que se realizó dicho control previo.
3.5. Ahora bien, frente al cargo en virtud del cual los accionantes
sostuvieron que el aparte normativo demandado desconoce el artículo 107 superior, esta Sala
advierte que no cumple
con los requerimientos argumentativos mínimos del juicio de constitucionalidad,
pues si bien luego de la sentencia C-089 de 1994[23] existió una modificación de aquella norma
constitucional, los demandantes no articularon un argumento para justificar la
razón por la cual entienden que la exequibilidad declarada en dicha providencia
no se sustentó también sobre el deber de los partidos y movimientos políticos
de responder por toda violación a las normas que rigen su organización,
funcionamiento o financiación, más aun teniendo en cuenta que, por un lado, en
la misma ley estatutaria se dispuso que en el desarrollo de su actividad los
partidos y movimiento políticos están obligados a cumplir la Constitución y las
leyes y, por otro, según se explicó en la referida providencia, “[d]ado que los estatutos internos de los partidos y
movimientos no pueden contrariar las normas superiores -Constitución, ley y
disposiciones del Consejo Nacional Electoral-, ni las decisiones de sus
autoridades, (…) la impugnación de los preceptos estatutarios u ordinarios que
lleguen a contradecirles ante el Consejo Nacional Electoral, se aviene a la
Constitución” [24].
Así, aunque sobrevino una modificación posterior de la norma
constitucional invocada por los demandantes, esto es del artículo 107 superior,
los demandantes no construyeron una argumentación para sustentar si
materialmente ello supone la modificación del patrón de comparación a partir
del cual se realizó el cotejo en el año 1994 y, por tanto, si esto habilitaría
el ejercicio del control de constitucionalidad entre esa norma estatutaria y el artículo 107 de la Carta Política,
modificado por el Acto Legislativo 01
de 2009.
3.6. Lo anterior quiere decir que no se presentaron
argumentos suficientes para debilitar la cosa juzgada frente al cargo por desconocimiento del deber de
responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por toda
infracción a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación consagrado en el inciso séptimo del artículo 107 superior.
En otras palabras, pese a que el control integral que
hizo la Corte respecto de la norma demandada impone a los demandantes una carga
argumentativa exigente para demostrar el debilitamiento de la cosa juzgada constitucional,
los actores no lograron articular una justificación en ese sentido.
Concretamente, los demandantes no presentaron ningún argumento para debilitar
la cosa juzgada, por lo que asumir su estudio de fondo equivaldría a un control
oficioso y a una flexibilización infundada de la subregla jurisprudencial que
ha advertido el “carácter
cualificado de la argumentación en demandas contra disposiciones cobijadas por
la cosa juzgada constitucional”[25], en la medida que “la carga
argumentativa debe ser especial y de particular exigencia [pues] ya se
ha dado un pronunciamiento que se ocupó del mismo texto normativo”[26].
3.7. Esto último significa que, “cuando
el objetivo de la acción sea que la Corte adelante un nuevo estudio respecto de
una disposición que ha sido objeto de sentencia de exequibilidad, los
requerimientos de la acción no podrán sopesarse a partir los criterios
derivados del principio pro actione sino que, en
contrario, resulta legítimo exigir que la demanda presente argumentos
razonables y suficientes, que permitan desestimar la presunción de cosa juzgada
constitucional absoluta de la que gozan dichos preceptos, so pena que deba
rechazarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto
2067/91”[27].
De manera que, en casos como el que
ocupan nuestra atención, la Corte también ha sostenido que “[n]o basta con
presentar las normas que, según el demandante, constituyen el nuevo referente
de control constitucional; también es necesario acreditar que un nuevo
pronunciamiento de la Corte, a la luz de las modificaciones de la Carta, es
imprescindible para garantizar su integridad y supremacía”[28].
3.8. Por ello,
aunque en este caso hubo una modificación del parámetro de control
constitucional,
aquel carácter cualificado de la argumentación no se satisfizo, pues no se
explicó el alcance de la modificación y tampoco se demostró en qué sentido
dicho cambio es significativo para determinar la validez constitucional de la
norma acusada. Incluso, ni siquiera se advirtió si acaso la introducción del
deber de responsabilidad de los partidos y movimientos políticos
por toda
infracción a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación consagrado en el inciso séptimo del artículo 107 de la
Constitución Política constituye un cambio del significado material
de la Carta, y no se explicaron con detalle si hay razones que puedan demostrar
una variación relevante del marco constitucional con fundamento en el cual se
llevó a cabo el juzgamiento previo, o  la forma en que la Constitución pueda
ser entendida de manera distinta en la actualidad, es decir, la relevancia de
alguna nueva comprensión constitucional respecto de las razones de la decisión
adoptada en la sentencia
C-089 de 1994[29], cuyos
argumentos centrales para declarar la constitucionalidad del primer inciso del
artículo 7 en cuestión, fueron los siguientes:
“2.2.9 El
artículo 7 del proyecto expresa que la organización y el funcionamiento de los
partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos.
Agrega que dentro de los veinte días siguientes a su adopción, cualquier
ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral, las normas
estatutarias contrarias a la Constitución, la ley o las disposiciones del
Consejo Nacional Electoral, y también podrá hacerlo respecto de las
decisiones tomadas por las autoridades de los partidos y movimientos que
contravengan las mismas normas. En la parte final del mismo artículo, la
posibilidad de impugnación se extiende a las designaciones de directivos de los
partidos y movimientos por violación grave de sus respectivos estatutos.
La imperatividad
de los estatutos es una obligada consecuencia de la libertad de organización
que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos. Adoptada libremente
la norma interna que ha de regirlos, se sigue como consecuencia inexorable
la obligatoriedad de sus mandatos.
Dado que los estatutos internos de los partidos y
movimientos no pueden contrariar las normas superiores - Constitución, ley y
disposiciones del Consejo Nacional Electoral -, ni las decisiones de sus
autoridades, todas las normas anteriores, la impugnación de los preceptos
estatutarios u ordinarios que lleguen a contradecirles ante el Consejo Nacional
Electoral, se aviene a la Constitución. El artículo examinado estructura un
medio expedito enderezado a excluir del ordenamiento los estatutos o las
decisiones contrarias a la Constitución o la ley. La competencia del Consejo Nacional
Electoral consistente en velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos
y movimientos (CP art. 265), tiene naturaleza policiva y conduce a la
aplicación de las sanciones que consagra la ley (Proyecto arts. 8 y 39-a). La
controversia sobre la validez de una norma estatutaria, expresión de los
derechos fundamentales de asociación y de constitución de partidos y
movimientos políticos, por tener ese origen y suponer su pronunciamiento una
definición sobre el alcance de las libertades públicas, requiere que la
resuelva un Juez, lo que en el presente caso es posible, pues, contra las
decisiones del Consejo Nacional Electoral caben los recursos ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” (negrilla fuera del texto original).
3.9. En este orden de ideas, los demandantes no
argumentaron cómo los fundamentos constitucionales para declarar la
constitucionalidad de la medida pudieron haber variado después de la modificación
constitucional que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2009 y, en particular,
de que introdujera en el artículo 107 superior el principio
constitucional de responsabilidad según el cual “los partidos y movimientos
políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que
rigen su organización o funcionamiento y financiación”.
3.10. En conclusión, las razones que fundamentaron dicho cargo no son
suficientes para satisfacer las
cargas mínimas del juicio de constitucionalidad que permitirían su examen de
fondo. Por ende, frente a este cargo existe una
ineptitud sustantiva de la demanda que conduce a una decisión inhibitoria[30], toda vez que este tribunal carece de competencia
para adelantar de oficio el juicio de constitucionalidad[31]. Una
interpretación en sentido contrario daría
lugar a que se entendiese que cada vez que se presente un cambio en la
Constitución y este sea mencionado en la demanda —aunque
se haga sin la intención de debilitar la cosa juzgada— debería considerarse que un cargo frente a una norma
estatutaria ya analizada en esta sede sea apto, con lo que desaparecería la
carga argumentativa cualificada exigida en estos casos, conforme se explicó en
las consideraciones anteriores.
3.11. Con base en el
análisis precedente, esta Corte resolverá, frente al cargo relativo al
desconocimiento del
principio de participación política consagrado en los artículos 1° y 40 de la
Constitución Política, estarse a
lo resuelto en la sentencia C-089 de 1994[32], que declaró exequible el artículo 7 del Proyecto de
Ley Estatutaria número 11 de 1992 de la Cámara de Representantes y 348 de 1993
del  Senado de la Republica “Por la cual se
dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan
normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras
disposiciones”, promulgado como Ley 130 de 1994.
Ahora bien, en relación con el cargo
formulado contra la expresión “dentro de los veinte días siguientes”
contenida en el inciso primero del artículo 7 de la Ley 130 de 1994 y relativo al desconocimiento del deber de
responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por toda
infracción a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación consagrado en el inciso séptimo del artículo 107 superior, se
inhibirá  de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la
demanda
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de esta Corte,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- Frente al cargo relativo al
desconocimiento del
principio de participación política consagrado en los artículos 1° y 40 de la
Constitución Política, ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia
C-089 de 1994, que declaró exequible el artículo 7 del Proyecto de Ley
Estatutaria número 11 de 1992 de la Cámara de Representantes y 348 de 1993 del
Senado de la Republica “Por la cual se dicta
el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras
disposiciones”, promulgado como Ley 130 de 1994.
Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del cargo
por desconocimiento del
deber de responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por toda
infracción a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación consagrado en el inciso séptimo del artículo 107 de la
Constitución Política, formulado contra la expresión “dentro de los veinte
días siguientes”, contenida en el inciso primero del artículo 7 de la Ley
130 de 1994, por ineptitud sustantiva de la demanda.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (E)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[2] En palabras de los demandantes, “queda
suficientemente ilustrado que, en el ordenamiento jurídico vigente, no existe
otro medio idóneo de carácter ciudadano para realizar la defensa de la
Constitución frente a los estatutos de los partidos políticos que la violen”.
[3] En
este punto, los accionantes afirmaron que el medio impugnativo previsto en el artículo 7 de la Ley 130 de
1994 es fundamental en un régimen democrático, para evitar que “se repitan
las experiencias deletéreas de la Europa de la primera mitad del siglo XX,
donde movimientos políticos extremistas, de izquierdas y derechas por igual, en
sus estatutos ya planeaban acabar la democracia deliberativa, sin que hubiesen
existido herramientas de control para evitar lo que finalmente sucedió: la
abolición de la misma por toda una suerte de dictadura”. // Para ilustrar
su postura, los demandantes presentan un ejemplo hipotético en el que un
partido político prohíbe en sus estatutos tener militantes homosexuales, se
publican los respectivos estatutos en la página web, y nadie controvierte esta
disposición en el plazo legal ante el Consejo Nacional Electoral. A su juicio,
a la luz de la disposición demandada, dicha prescripción, abiertamente
inconstitucional, quedaría en firme, lo cual atenta gravemente contra la participación
ciudadana y contra la responsabilidad de los partidos políticos.
[4]
A través de concepto suscrito por Carlos Ariel Sánchez
Torres.
[5]
A través de concepto suscrito por Martha Jeannette
González Gutiérrez.
[6]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7]
“Por el cual se modifican y adicionan unos
artículos de la Constitución Política de Colombia”.
[8]
“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los
partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras
disposiciones”.
[9]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[10]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11]
Sentencia SU-585 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[12]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13]
Cfr. Artículo 6.4 del Decreto 2067 de 1991.
[14]
Sobre el particular, la Corte ha dicho que: // “[Si] bien
el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de
inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de
la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que
tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión
también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa
procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las
acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”. (Sentencia C-874 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
En el mismo sentido, esta corporación, en la sentencia C-281 de 2013, M.P.
Mauricio González Cuervo, precisó que “[a]un cuando en principio, es en el
auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos
mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas
sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado
ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del
pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir
de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (CP art. 241-4-5)”.
[15]
Artículo 243 de la Constitución Política. “Los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. (…)”.
[16]
Cfr. Sentencias C-774 de 2001 y 310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-004 de
2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-039 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-122 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-469 de 2008, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-600 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-283 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-1017 de 2012, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, entre otras.
[17]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]
Cfr. Sentencias C-011 de 1994, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-238 de 2006 y 443 de 2011, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, C-072 de 2010 y 546 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-653 de
2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-516 de 2016, M.P. Alberto Rojas
Ríos, entre otras.
[19] Esta doctrina ha sido desarrollada bajo el concepto
de inconstitucionalidad sobreviviente, excluyendo la existencia de una
cosa juzgada constitucional, en los siguientes términos: // “Ahora bien, respecto de la situación
eventual consistente en que surja un vicio de inconstitucionalidad con
posterioridad a la revisión previa de la corte, encuentra la Sala dos
situaciones. Una relativa a los trámites subsiguientes que debe surtir el
proyecto para convertirse en ley, en desarrollo de los cuales puede vulnerarse
el procedimiento constitucional establecido. Frente a lo que la acción pública
surge como el mecanismo para declarar la inconstitucionalidad. Y otra, que
tiene que ver con la modificación posterior de las normas constitucionales o de
la conformación de las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Lo
cual supone la modificación del patrón de comparación a partir del cual se
realizó el cotejo, propio del ejercicio del control de constitucionalidad, que
se hizo entre normas estatutarias y las normas del bloque de
constitucionalidad. Por lo que en dicha situación no podría hablarse en
estricto sentido de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre
el asunto. En conclusión, estas situaciones podrían generar una
inconstitucionalidad sobreviviente, ante la cual sobreviene igualmente el deber
de la Corte Constitucional de repararla.” (Sentencia C-238 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[20]
Auto 205 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[21]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22]
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[23]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[24]
Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25]
Sentencia C-200 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Cfr. Sentencia C-007 de 2016, MP
Alejandro Linares Cantillo.
[26]
Ibidem.
[27]
Auto A-066 de 2007, MP Jaime Córdoba Triviño.
[28]
Sentencia C-200 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[29]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[30]Sobre este punto, no sobra aclarar que un fallo
inhibitorio, lejos de afectar la garantía de acceso a la administración
justicia (CP art. 229), constituye una herramienta idónea para preservar el
derecho político y fundamental que tienen los ciudadanos de interponer acciones
públicas en defensa de la Constitución (CP arts. 40.6 y 241), al tiempo que
evita que la presunción de constitucionalidad que acompaña al ordenamiento
jurídico sea objeto de reproche a partir de argumentos que no suscitan una
verdadera controversia constitucional. En estos casos, como se expuso en la
Sentencia C-1298 de 2001, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, lo
procedente es “adoptar una decisión
inhibitoria que no impide que los textos acusados puedan ser nuevamente objeto
de estudio a partir de una demanda que satisfaga cabalmente las exigencias de
ley”.
[31]
Frente a este asunto, en la sentencia C-447 de 1997, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, se sostuvo lo siguiente: // “Si un
ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también
materialmente estos requisitos, pues si no lo hace hay una ineptitud sustancial
de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación,
impide que la Corte se pronuncie de fondo. En efecto, el artículo 241 de la
Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que
a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa
norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes
sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual
implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando
efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un
ciudadano contra una norma legal”.
[32]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.