T-323-20
Sentencia T-323/20
Referencia: expediente
T-7.334.181
Acción de tutela presentada por Rebeca,
en representación de su hijo Samuel, contra el Establecimiento
Educativo ABC
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C., catorce (14) de agosto de
dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente de las previstas en el Artículo 86 y en el numeral 9 del Artículo
241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela que
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Municipio profirió en segunda
instancia el 5 de marzo de 2019, mediante el cual revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal del mismo
municipio el 29 de enero de 2019, en el trámite de la acción de tutela de Rebeca,
en representación de su hijo Samuel, contra el Establecimiento
Educativo ABC.[1]
1.  En la medida que la Sala
estudia la situación de un adolescente, para proteger su identidad y sus datos
personales, suprimirá su nombre real de la presente providencia y de toda
futura publicación de esta, así como cualquier otro dato o información que
permita individualizarlo. En consecuencia, la Sala cambiará los nombres de las
personas e instituciones involucradas por nombres ficticios, que se escribirán
en cursivas. Asimismo, esta Corporación ordenará a todas las instituciones y
entidades que han intervenido en el proceso que tomen las medidas necesarias
para salvaguardar la intimidad del joven y, por lo tanto, que mantengan la
reserva de los datos que permitan su identificación.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos y solicitud
2.  Rebeca presentó
acción de tutela “como madre y representante” de su hijo Samuel, quien tenía
quince años en ese momento, contra el Establecimiento Educativo ABC (en
adelante, Establecimiento ABC), establecimiento educativo para adultos
con sede en Municipio (Departamento), municipio donde la señora Rebeca
vive con su hijo.[2]
Consideró que el Establecimiento ABC vulneró los derechos a la
educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de su hijo,
como consecuencia de los hechos que se resumen a continuación.
3.  La señora Rebeca
relató que su hijo estudiaba en un colegio privado de Municipio, pero
“no desea continuar
estudiando en dicha institución pues manifiesta descontento con las [sic] institución
pues perdió el grado octavo en ese plantel y nuevamente lo quiere repetir pero
manifiesta que no quiere en ese colegio y que por lo tanto no es su deseo
continuar estudiando en [la institución en comento] pero en un colegio oficial
tampoco”.
4.  Indicó, entonces, que su
hijo
“quiere estudiar en el [Establecimiento
ABC], pero la secretaría de dicho plantel manifiesta que no me recibe los
documentos por que [sic] no cumple con la edad pero considero que no es una
razón suficiente para negarme el acceso a la educación y no es conveniente que
por eso me quede sin posibilidades de estudiar durante todo un año”.
5.  Argumentó que esta situación
materializa un episodio de discriminación contra su hijo “por la edad”. Señaló
que, en esas condiciones, no puede “obligar” a su hijo a estudiar “en
la misma Institución”, por lo que solicitó que se ordenara al Establecimiento
ABC “matricular” a su hijo en el grado octavo. El programa de
educación para adultos que ofrece el Establecimiento ABC tiene clases
solo los sábados (por eso, es lo que se conoce como un programa sabatino).
2.
La Secretaría de Educación de Municipio fue vinculada por la juez
de primera instancia y presentó un informe
6.  Durante el trámite de primera
instancia, el Establecimiento ABC guardó silencio.[3]
Tras ser vinculada, la Secretaría de Educación de Municipio alegó que no
estaba legitimada por pasiva, pues la señora Rebeca no había presentado
ninguna solicitud ante la entidad.[4]
Agregó que la Corte, “al proteger el derecho de los menores a la educación
en instituciones sabatinas, ha dejado claro que dicho derecho se protege al
existir situaciones extremas o especiales que no permiten al menor estudiar en
jornada regular”. Al respecto, anotó que en la acción de tutela no se llama
la atención sobre ninguna situación excepcional de Samuel y que el hecho
de que haya perdido un grado y no quiera estudiar más en la institución donde
estaba matriculado
“ni en ningún colegio oficial
(…) no es suficiente para privar al menor de una educación acorde a sus [sic]
edad, donde no solo recibirán [sic] el conocimiento de sus maestros, sino que
se encontrarán [sic] en un espacio propicio para el desarrollo social e
intelectual, compartiendo con personas de su misma edad y bajo parámetros
diseñados para esa etapa de la vida”.
Por consiguiente, afirmó que “coincide con la
decisión del establecimiento estudiantil en [sic] negar el cupo al menor”.
3.
Decisión de primera instancia
7.  La juez de primera instancia
negó la tutela.[5]
Encontró que Samuel no se encontraba en las condiciones que el Decreto
3011 de 1997 establece para ingresar al sistema de educación básica formal para
adultos.[6]
Citó parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, para
argumentar que los niños, niñas o adolescentes que no cumplan con tales
requisitos pueden ingresar a instituciones que presten el servicio educativo
mencionado cuando “se encuentren en una situación excepcional económica,
familiar u otra que haga necesario el ingreso a la educación para adultos”,
tales como una comprobada necesidad de trabajar. Estimó que la acción de tutela
no “evidencia un presupuesto fundado para desconocer la normativa que regula
el acceso a la educación para adultos”. Aclaró que el derecho a la educación
de Samuel no está en peligro, pues tiene “la edad para asistir a un
colegio de educación formal entre los muchos que existen en ésta [sic] municipalidad”.
4.
Impugnación
8.  La accionante impugnó el
fallo.[7]
Reconoció que su hijo no se encuentra en las condiciones establecidas en la
normativa para que pueda acceder a la educación básica formal de adultos, como
lo anotó la juez de primera instancia. Sin embargó, sostuvo que, dada “la
situación económica y por circunstancias de la vida a mi hijo le toca trabajar
y poder costear sus estudios”, por lo que solicitó que se aplicara la
excepción de inconstitucionalidad sobre la norma que establece las condiciones
mencionadas. Señaló:
“debo manifestar que mi hijo
reprobó el grado octavo, porque mi hijo ha manifestado que la situación
económica del hogar es compleja y que por lo tanto mi hijo debe trabajar para
costear sus estudios siendo el caso que mi hijo no puede continuar estudiando
en ese colegio pues la situación el [sic] mi hogar es difícil y nos toca salir
a trabajar”.
9.  Más adelante, puntualizó que
“sus trabajos [de Samuel] son ocasionales tales como ventas
ambulantes domicilios etc. [sic]”. Señaló que, por consiguiente, el caso de
su hijo queda cubierto por las reglas jurisprudenciales que excepcionalmente
han admitido el ingreso de niños, niñas o adolescentes a instituciones de
educación para adultos. Alegó que “el Señor Juez no examinó mis argumentos
acerca de la importancia que [sic] mi hija [sic] estudie y pueda
trabajar ya que ella [sic] se costea sus estudios y ayuda al
sostenimiento de nuestro hogar”.
5.
Decisión de segunda instancia
10.  El juez de segunda instancia
revocó el fallo de primera y protegió los derechos a la educación y a la
igualdad de Samuel.[8]
Estimó que la decisión impugnada no se detuvo “a analizar que los niños
merecen una protección especial” y no aplicó “la excepción de
inconstitucionalidad de las normas que sobre el particular existen e invocó en
su fallo”. Por consiguiente, retomó los argumentos defendidos en la acción
de tutela y en la impugnación y ordenó al Establecimiento ABC que “garantice
un cupo estudiantil al menor (…) en el grado Octavo”.
6.
Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión
6.1.
La Sala de Revisión profirió un auto de pruebas el 13 de agosto de 2019
11.  Después de que los fallos
descritos fueron seleccionados para revisión, la Sala profirió un auto de
pruebas el 13 de agosto de 2019.[9]
A través de dicha providencia, la Sala comisionó a la Dirección Regional Departamento
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF) para que, a
través del Defensor de Familia competente y de su equipo psicosocial, realizara
una visita al domicilio de Samuel con el objetivo de practicar una
valoración y verificación de sus derechos. La Sala informó al ICBF los hechos
del caso, estableció unos parámetros dentro de los cuales se debía realizar la visita
e incluyó unas preguntas específicas que debían ser realizadas a Samuel.
Las preguntas estuvieron dirigidas a que, adicional a la verificación de los
derechos, el menor le contara al equipo de la entidad su apreciación sobre su
situación actual y su estatus en el sistema educativo. Para asegurar el
cumplimiento adecuado de los términos de la comisión, la Sala ordenó oficiar a
la Directora General del ICBF para que, a través de la dependencia competente,
hiciera seguimiento al cumplimiento de la orden respectiva.
12.  Adicionalmente, la Sala
ordenó oficiar (i) a la señora Rebeca para que suministrara mayor
información sobre su núcleo familiar, su entorno socioeconómico y la situación
de su hijo en relación con su educación; (ii) al Establecimiento ABC
para que se pronunciara sobre los hechos del caso y remitiera información con
respecto a la forma como opera la normativa sobre educación para adultos en su
cotidianidad; (iii) a la Secretaría de Educación de Municipio para que
presentara un informe sobre la oferta de instituciones de educación básica
secundaria formal por niveles y grados en el municipio y la edad promedio de
los estudiantes de grado octavo en tales planteles; y a (iv) XYZ EPS,
entidad a la que se encontraban afiliados la señora Rebeca y su hijo
según se verificó, para que certificara el estado y tipo de afiliación de las
dos personas mencionadas, con el propósito de tener tantos detalles como fuera
posible de las condiciones específicas de Samuel. En particular, se
solicitó esta información porque se conoció que la señora Rebeca recibe
una pensión de sobreviviente.[10]
Este auto, finalmente, suspendió los términos para fallo en el asunto de la
referencia hasta que las pruebas fueran debidamente recaudadas y evaluadas.
6.2.    El ICBF visitó a
Samuel y reportó los resultados de su valoración
13.  El ICBF atendió la comisión
efectuada por la Sala y presentó los resultados de la visita que realizó.[11]
Los informes indican que Samuel se siente cómodo y satisfecho en el Establecimiento
ABC y que su interés en estudiar en esta institución surgió, según él,
porque no se sentía a gusto en el Colegio donde estudiaba y porque acompaña a
su madre en los trabajos agrícolas de los que depende la subsistencia de los
dos. Las profesionales que realizaron la visita encontraron que el contexto
familiar del joven es adecuado y que su nivel de desarrollo y capacidades es
apropiado para su edad. A continuación, se detallan los documentos que el ICBF
presentó a la Corte: una declaración juramentada del adolescente y dos
informes, uno sociofamiliar y otro psicológico, sobre su situación.
14.  En primer lugar, el ICBF envió
copia de una declaración juramentada que Samuel rindió para responder
las preguntas planteadas por la Sala.[12]
El joven señaló que estaba en ese momento en grado octavo en el Establecimiento
ABC. Sobre su percepción de dicha institución indicó:
“Pues yo ahí me siento bien,
me siento excelente, me siento cómodo, pues el ambiente se me hace más fácil
prestar atención a los profesores, allá no me distraigo tanto, allá casi no hay
alumnos, somos como unos diez, es estudio sabatino, los profesores son
chéveres, los compañeros son agradables, las actividades del Colegio me han
parecido excelentes, muy buenas”.
15.  Con respecto a sus
actividades cotidianas actuales, señaló: “Entre semana le ayudo a mi mamá a
coger café en la finca de mis abuelos, nosotros permanecemos bajando a la casa
de los abuelos y ya el fin de semana estoy estudiando”. Explicó que, si
bien en el Colegio en el que estudiaba antes “los profesores son muy buenas
gentes, bien agradable, los estudiantes eran juiciosos, nada malo todo era bien”,
perdió grado octavo “porque faltaba a clase y pues a mí no me gustaba
estudiar todo el día, no iba a clase (…) y eso me bajaba mucho la nota”.
16.  Según su declaración, dejó
de estudiar en ese plantel “por el factor económico, a mi mamá no le quedaba
muy fácil por el tema de la pensión, además no me gustaba quedarme en el mismo
Colegio habiendo perdido ya el año”. Agregó que le
“gustaba el tema del
sabatino, por la edad, había niños muy inmaduros para mi edad y mi grado, por
eso preferí estudiar un sabatino en el [Establecimiento ABC], (…) en [su
Colegio anterior] hubo una compañera que me recomendó este Colegio [el Establecimiento
ABC] y me ha gustado. La razón por la que quería seguir estudiando
sabatino, me quedaba muy difícil bajar entre semana estando en la finca,
entonces ya un sábado me quedaba más fácil”.
17.  En segundo lugar, el ICBF
presentó un informe de la valoración sociofamiliar de verificación de derechos.[13]
La profesional que lo preparó señala que Samuel tiene un hermano mayor.
Su padre falleció hace doce años. Después de este hecho, la crianza y
protección de Samuel y su hermano fueron asumidas por su madre y sus
abuelos maternos, “logrando brindarles las condiciones necesarias de
protección”. Samuel vive actualmente con su madre. Tiene contacto
frecuente con sus abuelos maternos y con su hermano mayor, de 19 años, quien
vive con su compañera y su hijo de cinco meses. Todos viven cerca.
18.  El informe encuentra
relaciones familiares “fusionadas” y “apego entre todos los miembros
de la familia”, así como sentimientos de solidaridad y apoyo en favor de su
bienestar. Afirma que el modelo de crianza aplicado en la familia, basado en el
diálogo, permite “superar cualquier condición que ponga en riesgo a los
hijos, generando comportamientos socialmente ajustados y superando las crisis
propias de la edad y etapa de desarrollo que han enfrentado”. La señora Rebeca
es identificada como “proveedora del hogar” y el informe señala que, “por
sus características de personalidad, ejerce una autoridad democrática, su
lenguaje y comunicación afectiva denota [sic] apego”. La trabajadora
social que realizó la valoración encontró en Samuel “sentimientos de
satisfacción en lo referente al grupo familiar, en el cual se siente cómodo y
apoyado”.
19.  El informe agrega que, en el
momento de la visita, Samuel y su madre dependían de los recursos
económicos que esta última suministraba, a partir de “actividades agrícolas
y de apoyo en un negocio familiar”. Indica que “se conoció además que
reciben una pensión de sobreviviente equivalente a un salario mínimo”. Con
respecto a la vivienda del núcleo familiar, la trabajadora social encontró
condiciones adecuadas. El informe concluye que no hay derechos de Samuel
vulnerados y que su familia satisface sus necesidades básicas y garantiza su “vida,
calidad de vida y un ambiente sano”.
20.  En tercer lugar, el ICBF
presentó un informe de una valoración psicológica realizada a Samuel
durante la visita.[14]
La psicóloga a cargo encontró en el joven condiciones adecuadas en términos de
porte, actitud, atención, conciencia, orientación, sensopercepción, memoria,
lenguaje, pensamiento, afecto, juicio, raciocinio y sueño. Además de reiterar
la información ya resumida con respecto a las condiciones familiares del
adolescente, el informe indica que Samuel afirmó sentirse satisfecho en
el Establecimiento ABC. En palabras del informe, el joven expresó
“sentirse a gusto en
el medio educativo en el cual se halla inmerso en jornada sabatina dado que
tiene la oportunidad de interactuar con personas de su misma edad o mayores que
él, pues menciona que perdió el interés en la institución que se encontraba
vinculado a principios del presente año ya que sus compañeros eran menores que
él, de una etapa de vida diferente, lo que lo hacía sentir mal, con
sentimientos de minusvalía y sin interés para realizar las actividades
académicas”.
21.  Sobre sus actividades
cotidianas, Samuel señaló que “entre semana se dedica a acompañar y
apoyar a su madre en las labores propias del campo donde permanecen unidos y
los fines de semana se dedica a sus estudios con tranquilidad y complacencia”.
El informe encontró que todos los derechos del joven, incluido su derecho a la
educación, se encuentran garantizados. El informe coincide con el de la
valoración sociofamiliar sintetizado anteriormente en la descripción que hace
de las relaciones familiares de Samuel: el adolescente se describe como
satisfecho en su contexto familiar, el cual se caracteriza, según el informe,
por relaciones de afecto y apoyo.
6.3.
La Secretaría de Educación de Municipio suministró la información
solicitada en relación con la oferta educativa existente en el municipio
22.  La Secretaría de Educación
de Municipio respondió la solicitud de la Sala y suministró la
información que se describe a continuación.[15]
En el municipio existen veintiséis establecimientos públicos y quince privados
que ofrecen programas de educación básica secundaria formal (grados sexto a
noveno de bachillerato) tanto por niveles y grados (es decir, los programas
regulares a los que accede un niño, niña o adolescente en condiciones
ordinarias, en los que cada grado comprende un año académico) como para adultos
(en cuyo caso, los programas se ofrecen por ciclos lectivos especiales
integrados –CLEI–, que abarcan varios grados del sistema regular). Dentro de estos
planteles se encuentran tanto el Colegio en el que estudiaba Samuel como
el Establecimiento ABC. Las instituciones que ofrecen programas por
niveles y grados (de nuevo, los ordinarios) son en total veintinueve:
veintitrés públicas y seis privadas.
23.  Con respecto a las edades de
los estudiantes que cursan grado octavo, de acuerdo con una tabla que presentó
la Secretaría de Educación, la mayoría de los estudiantes de este grado en Municipio
tienen trece años: 1.033 de 2.318 estudiantes. No obstante, tal y como anota la
entidad, también se destacan los valores correspondientes a las edades de catorce
y quince años: 583 estudiantes tienen catorce años y 358 tienen quince. Estas
cifras, como anota la Secretaría equivalen a los siguientes porcentajes: el
44 % de los estudiantes tiene trece años, el 25 % tiene catorce años
y el 15 % tiene quince años. Existen, de igual manera, 120 estudiantes de dieciséis
años, 21 de diecisiete y 3 de dieciocho. La entidad concluye que la “edad
ideal” para cursar grado octavo, según estos datos, es trece años, “[p]ero,
si queremos concertar un rango de edades, se deduce que se encuentra en el
intervalo de trece (13) a quince (15) años o de manera puntual 14 años”.
24.  Para la fecha de la presente
providencia, Samuel tiene dieciséis años. La tabla que presentó la
Secretaría de Educación de Municipio contiene las siguientes cifras con
respecto al grado –en el sistema ordinario por niveles y grados– o ciclo
lectivo especial integrado (CLEI) –en el sistema de educación para adultos– en
el que se encuentran inscritos los 2.883 estudiantes de Municipio que
tienen dieciséis años:[16]
Grado
regular –sistema por niveles y grados– o ciclo lectivo especial integrado
(CLEI) –sistema de educación formal básica y media para adultos–
Número
de estudiantes de dieciséis años inscritos
Octavo
120
Noveno
211
Décimo
442
Undécimo
532
Ciclo cuarto de educación para adultos
(grados octavo y noveno en el sistema regular)
335
Ciclo quinto de educación para adultos
(grado décimo en el sistema regular)
113
Ciclo sexto de educación para adultos (grado
undécimo en el sistema regular)
14
6.4.
XYZ EPS certificó el estado de afiliación de Samuel y de
su madre, mientras que el Establecimiento Educativo ABC y la señora Rebeca
guardaron silencio
25.  Finalmente, XYZ EPS
certificó que tanto Samuel como la señora Rebeca “se
encuentran vigentes [en el Sistema de Salud] como pensionados de la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones”.[17]
26.  El Establecimiento ABC,
por su parte, guardó silencio, a pesar de que fue requerido mediante auto
posterior.[18]
La señora Rebeca tampoco respondió las preguntas que le formuló
directamente la Sala. La Magistrada ponente también la requirió por medio de la
providencia mencionada, pero no recibió respuesta.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
27.  La Corte Constitucional es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
los artículos 86 y 241 (numeral 9) de la Constitución Política, y los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por las Salas de Selección de Tutelas y del reparto
realizado en la forma que el reglamento de esta Corporación establece.
2.
La acción de tutela es procedente
28.  Tal como ha ocurrido en
casos similares al analizado, la acción de tutela de la referencia es
procedente por cuanto cumple los requisitos establecidos en la normativa
aplicable y en la jurisprudencia de esta Corporación. En primer término, la
Sala verifica que la persona que presentó la acción de tutela podía hacerlo: la
solicitud la interpuso Rebeca como representante de su hijo menor de dieciocho
años, sobre quien recae la supuesta vulneración de derechos fundamentales. De
esta forma, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en la
causa por activa.
29.  En segundo término, la
acción se presentó contra un particular que presta el servicio público de
educación, que es uno de los escenarios en los que procede la acción de tutela
contra particulares, en virtud del Artículo 86 de la Constitución[19]
y el numeral 1 del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.[20]
Así, la Sala verifica que la acción de tutela cumple el requisito de
legitimación en la causa por pasiva. Ahora bien, la juez de primera instancia
vinculó al proceso a la Secretaría de Educación de Municipio. La Corte
encuentra que el requisito mencionado también se cumple respecto de esta
autoridad, en la medida que es la competente, entre otros asuntos, para dirigir
y planificar el servicio público de educación en el municipio, así como para
inspeccionar, vigilar y supervisar su prestación.[21]
30.  En tercer término, en las
circunstancias del caso, no existe un mecanismo judicial ordinario que sea
idóneo y eficaz para solicitar la protección del derecho fundamental a la
educación de Samuel. En asuntos similares, la Corte ha reconocido
expresamente que la acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad
cuando se dirige contra las entidades que niegan el acceso de un menor de dieciocho
años a una institución de educación para adultos, decisión que los accionantes,
en cada caso, han considerado que vulnera el derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes a quienes les ha sido restringida dicha
posibilidad.[22]
Desde su primera década de funcionamiento, la Corte Constitucional ha
enfatizado que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen un núcleo
cuya aplicación es inmediata, razón por la cual la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para su protección.[23]
31.  En cuarto término, en el
momento en que la acción de tutela fue presentada, los hechos que motivaron a
la señora Rebeca a instaurarla se mantenían en el tiempo, en la medida
que los efectos de la omisión del Establecimiento ABC de matricular a Samuel
eran continuos. En otras palabras, la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales del adolescente, sobre la que su mamá alertó a la jurisdicción,
era permanente en el tiempo, pues mientras el Establecimiento ABC se
negara a matricularlo, Samuel no podría estudiar en dicho plantel. En
cualquier caso, si se entiende que el joven reprobó grado octavo en el Colegio
donde estaba estudiando durante el año escolar 2018, la Sala estima razonable
concluir que la respuesta negativa que la señora Rebeca recibió ante su
solicitud de matricular a su hijo en el Establecimiento ABC se habría
producido entre los últimos días de 2018 y los primeros de 2019, así la acción
de tutela no sea clara al respecto. La acción de tutela fue presentada el 15 de
enero de 2019, por lo que no habrían transcurrido más de dos meses entre la
negativa del Establecimiento ABC y la interposición de la solicitud. Por
consiguiente, la Sala estima que la acción de tutela cumple el requisito de
inmediatez.
3.
Problema jurídico
32.  Dado que la acción de tutela
es procedente, conviene enunciar el problema jurídico que se deriva del
presente caso y que será resuelto en esta sentencia: ¿vulnera una institución
educativa que ofrece un programa de educación formal para adultos los derechos
a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de un(a)
adolescente que pretende estudiar en tal establecimiento, pues manifiesta que
no tiene interés en seguir estudiando en su plantel regular y que colabora con
su familia en actividades económicas, al negar su admisión con base en el
argumento de que es menor de dieciocho años y no cumple las condiciones regulatorias
que, excepcionalmente, le permitirían acceder al programa para adultos?
33.  Para resolver este problema
jurídico, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia relacionada con el derecho
fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes y el principio
que les asigna un interés superior; (ii) estudiará las diferencias que la
legislación y la reglamentación vigentes establecen entre el sistema de
educación formal dirigido a niños, niñas y adolescentes y el correspondiente a
los adultos; (iii) revisará y reiterará la jurisprudencia constitucional que ha
abordado problemas jurídicos similares al enunciado; y, (iv) con base en tales
consideraciones, definirá cuál es la decisión apropiada en el presente caso y
los remedios por impartir.
4.
Reiteración de jurisprudencia: el derecho a la educación de los niños,
niñas y adolescentes, como Samuel, es fundamental y su protección es prevalente
34.  Como lo ha resaltado la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Constitución Política
es clara al determinar que el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes tiene carácter fundamental.[24]
Tal derecho está estrechamente vinculado al derecho al desarrollo armónico e
integral que tienen los niños, niñas y adolescentes en virtud del Artículo 44
de la Constitución.[25]
La educación, en este sentido, es uno de varios componentes que contribuyen a
que el desarrollo de los menores se produzca en dichas condiciones.[26]
La Corte Constitucional ha basado esta postura no solo en la Carta Política,
sino en instrumentos de derecho internacional que hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Los instrumentos que reconocen el derecho a la educación y
su vínculo con el desarrollo y la dignidad de las personas incluyen la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,[27]
la Convención sobre los Derechos del Niño[28]
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.[29]
Adicionalmente, como todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el
derecho a la educación de los menores de dieciocho años tiene protección
prevalente de acuerdo con el Artículo 44 de la Constitución, según el cual “[l]os
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
35.  La garantía del derecho
fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, dado su interés
superior, es una obligación de su familia, la sociedad, las instituciones
educativas y el Estado, que son corresponsables en relación con su protección.[30]
El derecho mencionado es, además, la base del ejercicio de otros derechos
constitucionales, tanto de aquellos propios de la individualidad del ser humano
como de los que son necesarios para la vida en una sociedad democrática. Por
tanto, su protección es preferente.[31]
36.  Es por esta razón que la
Corte ha establecido, por ejemplo, que
“la
educación es el proceso que le permite [al individuo] el logro de su autonomía,
conformar su propia identidad, desarrollar sus capacidades y construir una
noción de realidad que integre el conocimiento y la vida misma. La educación
tiene por objetivo el desarrollo pleno de la personalidad. Es, también, la
forma como el individuo desarrolla plenamente sus capacidades”.[32]
Asimismo, este Tribunal ha señalado que el derecho
a la educación “representa la posibilidad del enriquecimiento de la vida en
sociedad, de la democracia y de la producción de nuevo conocimiento y de
diferentes perspectivas científicas o sociales. Potencia al sujeto y, a través
de él, a la humanidad”.[33]
37.  Entre los derechos cuyo
ejercicio se apoya en la educación se encuentran la igualdad y el libre
desarrollo de la personalidad, invocados incluso en la acción de tutela que la
Sala estudia. Al respecto, la Corte ha reconocido que la educación es un
presupuesto para la materialización del derecho a la igualdad y de la equidad
dentro de la sociedad, pues contribuye a alcanzar la igualdad de oportunidades
entre sus miembros.[34]
Asimismo, el derecho a la educación está atado con el libre desarrollo de la
personalidad, pues potencia a la persona para tomar decisiones informadas y
conscientes sobre su proyecto de vida y favorece su integración en la sociedad.[35]
38.  Ahora bien, a partir de los
mandatos derivados de la Constitución Política y de los instrumentos
internacionales vinculantes y pertinentes,[36]
esta Corporación ha destacado que la garantía de los derechos de los que son
titulares los menores de dieciocho años, entre ellos el derecho a la educación,
exige un análisis al amparo de su interés superior. Así, la Corte ha resaltado
la importancia que tiene este principio al destacar cómo, en el marco de la
Constitución de 1991, los niños, niñas y adolescentes pasaron de ser entendidos
como “sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para
poder ejercerlos (…) a ser concebidos como personas libres y autónomas
con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden
decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”.[37]
Este principio, además, ha sido interpretado en el sentido de tener dos
connotaciones fundamentales: una relacional y una real. Como lo ha establecido
la Sala Plena, esto “implica que su valoración y, posterior aplicación,
involucra un estudio particular de los derechos en conflicto y de la situación
del niño, niña o adolescente”.[38]
Con estos parámetros establecidos, la Sala estudiará la regulación del servicio
público de educación en relación con las diferencias entre la educación
dirigida a niños, niñas y adolescentes y aquella diseñada para adultos.
5.
En desarrollo de la Constitución Política, la ley ha regulado la
prestación del servicio público de educación y ha diseñado un sistema
estructurado para los niños, niñas y adolescentes, y otro para los adultos,
cada uno con objetivos diferentes
39.  En virtud del Artículo 67 de
la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y, al
tiempo, un servicio público con una función social. En su faceta de servicio
público, tanto el Legislador como el Ejecutivo han regulado su prestación, cada
uno dentro de sus competencias constitucionales.[39]
En ejercicio de esta facultad regulatoria, el Estado colombiano ha previsto la
existencia de varios sistemas de educación según las necesidades y
circunstancias de distintos grupos poblacionales a los que se encuentran
dirigidos, así como los objetivos de uno de ellos. Entre esos sistemas se
encuentran, por un lado, unos diseñados para los niños, niñas y adolescentes y,
por otro, unos estructurados para los adultos. Dentro de ambas categorías, a su
vez, la legislación y la reglamentación vigentes han dispuesto reglas
aplicables a los sistemas que se denominan de educación formal, tanto para
menores como para personas adultas, que son los que resultan pertinentes a la
luz de los hechos descritos anteriormente.[40]
40.  En términos generales, los
programas de educación formal son aquellos que son impartidos en
establecimientos aprobados por las autoridades competentes; se desarrollan a
través de ciclos destinados a la actividad docente (lectivos, según los
términos propios del sector educativo), que son, a su vez, organizados en
secuencias regulares (por grados sucesivos, por ejemplo); funcionan con base en
pautas curriculares progresivas (que permiten que un estudiante adquiera nuevos
conocimientos, habilidades y competencias, cuya complejidad aumenta
gradualmente, a medida que avanza a través de los ciclos); y conducen a grados
y títulos una vez los estudiantes los culminan.[41]
Así las cosas, existen programas de educación formal tanto para niños, niñas y
adolescentes como para adultos.
41.  Dentro del género de programas
de educación formal, los destinados por regla general a los niños, niñas y
adolescentes son los que se imparten con base en el sistema educativo que la
legislación vigente denomina “por niveles y grados”.[42]
Los niveles en este sistema son los de educación preescolar, básica –que
se divide en dos ciclos regulares: primaria y secundaria– y media.[43]
Al tiempo, cada uno de estos niveles abarca unos grados determinados:[44]
el de educación preescolar incluye obligatoriamente un grado como mínimo; el de
educación básica cubre nueve grados (los que se conocen comúnmente como grados
primero a noveno en la mayoría de planteles del país);[45]
y el nivel de educación media corresponde a dos grados (décimo y once).[46]
Una vez el estudiante ha completado estos tres niveles de educación accede al
título correspondiente: el de bachiller.
42.  La legislación vigente le
asigna a este sistema, dirigido por regla general a niños, niñas y
adolescentes, unos objetivos específicos y prescribe una serie de valores,
contenidos y habilidades que debe desarrollar, comunes a todos los niveles que
lo componen.[47]
Dentro de los objetivos mencionados, se destacan, entre otros, los de contribuir
para formar la personalidad de los estudiantes; desarrollar su capacidad de
asumir sus derechos y deberes de forma responsable y autónoma; fomentar
prácticas democráticas; desarrollar una sexualidad sana; y “[d]esarrollar
competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y
equidad a la oferta de la educación superior y a oportunidades en los ámbitos
empresarial y laboral, con especial énfasis en los departamentos que tengan
bajos niveles de cobertura en educación”.[48]
43.  A su vez, las instituciones
que ofrecen tales programas, dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, deben
incluir en sus programas curriculares tópicos que incluyen, por ejemplo, el
aprovechamiento del tiempo libre, la importancia del deporte y la recreación, y
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Los
establecimientos mencionados deben, además, impartir “educación para la
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos”; y “educación
sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas,
físicas y afectivas de los educandos según su edad”.[49]
44.  Ahora bien, como se indicó
antes, en la legislación y reglamentación vigentes existen también reglas
aplicables a los programas de educación formal dirigidos a adultos. En general,
la Ley General de Educación diferencia la educación para adultos de aquella
dirigida a los niños, niñas y adolescentes y define la primera como la “que
se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente
en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen
suplir y completar su formación, o validar sus estudios”.[50]
Estos programas, por consiguiente, están diseñados para personas que se
encuentran en etapas de sus vidas diferentes a la que están viviendo los menores.
Por esta razón, de acuerdo con la legislación, los programas que ofrecen este
tipo de educación tienen otros objetivos, que no cubren tantos aspectos como
los del sistema dirigido a niños, niñas y adolescentes. Entre los objetivos de
la educación para adultos, están previstos los de erradicar el analfabetismo,
actualizar los conocimientos de los adultos y desarrollar su capacidad de
participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.[51]
45.  Los programas de educación
formal dirigidos a adultos no se desarrollan a partir de niveles y grados, sino
de los que la reglamentación vigente llama ciclos lectivos especiales
integrados (CLEI). Estos programas están organizados a partir de los niveles de
educación básica y media, como ocurre en el sistema dirigido a niños, niñas y
adolescentes. Sin embargo, cada uno de los ciclos lectivos especiales
integrados equivale, en el caso de la educación básica, a un grupo de grados
del nivel básico del sistema por niveles y grados (los CLEI primero a cuarto
cubren los grados primero a noveno)[52];
y, en el caso de la educación media, a uno de los grados que la componen en el
sistema por niveles y grados (el quinto CLEI corresponde a grado décimo y el
sexto equivale a grado once).[53]
46.  Dados los objetivos de la
educación para adultos, los ciclos en los que se desarrolla la educación formal
dirigida a esta población avanzan más rápidamente que los grados en el sistema
dirigido a niños, niñas y adolescentes. Así, los ciclos primero a cuarto, que
corresponden al nivel básico (grados primero a noveno en el sistema por niveles
y grados), deben tener cada uno una duración mínima de cuarenta semanas.[54]
De esta manera, por ejemplo, en menos de un año calendario, un estudiante de este
sistema aprueba el primer ciclo, que equivale a los grados primero, segundo y
tercero, a los que un estudiante del sistema por niveles y grados debe dedicar
tres años escolares. De forma similar, los ciclos segundo, tercero y cuarto
cubren, cada uno, también en un periodo no menor a cuarenta semanas, dos grados
del sistema dirigido a niños, niñas y adolescentes. Por su parte, cada uno de
los ciclos lectivos especiales integrados de la educación media para adultos
debe tener una duración mínima de veintidós semanas.[55]
En la medida que cada uno de estos últimos ciclos equivale a un grado en el
sistema por niveles y grados, en principio, un estudiante cubre el equivalente
a los grados décimo y once de este último sistema en aproximadamente cuarenta y
cuatro semanas, es decir, de nuevo, menos de un año calendario.
47.  Una buena parte de las
controversias que la Corte Constitucional ha conocido en casos similares al
presente han surgido porque los menores cuyos derechos se consideran vulnerados
no cumplen los requisitos reglamentarios para acceder a la educación para
adultos y, por tanto, no son admitidos a las instituciones que ofrecen los
programas respectivos. En el caso específico de la educación formal básica para
adultos (CLEI primero a cuarto), las reglas mencionadas se encuentran
contenidas actualmente en el Artículo 2.3.3.5.3.4.2. del Decreto 1075 de 2015.[56]
Según dicho artículo, las personas que pueden ingresar a la educación básica
formal para adultos, cuando no han terminado este nivel, es decir, hasta noveno
grado, son aquellas que (i) tengan trece años o más y que, como máximo, hayan
cursado los tres primeros grados de educación básica primaria; o (ii) tengan
quince años o más, hayan terminado quinto grado (es decir, hayan finalizado el
ciclo de educación básica primaria) y demuestren que han estado por fuera del
servicio público de educación formal por al menos dos años.[57]
A continuación, la Sala reiterará la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre
los casos mencionados.
6.
Según la jurisprudencia, por regla general, el derecho a la educación y
al desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes, como Samuel,
se satisface adecuadamente a través de un programa de educación diseñado para
ellos
48.  La Corte Constitucional ha
establecido que, por regla general, el proceso educativo de los niños, niñas y
adolescentes, dado el interés superior que la Constitución les otorga, debe
adelantarse en una institución que ofrezca un programa de educación dirigido a
esta población. Estos son, de acuerdo con las consideraciones anteriores, los
programas que imparten regularmente los colegios y escuelas, públicos y
privados, que han sido aprobados por el Estado. Bajo la legislación vigente, como
ya se expuso, tales programas son los que hacen parte del denominado sistema de
educación formal por niveles y grados. La Corte ha defendido la conclusión descrita,
en la medida que los programas educativos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes son los que se estructuran e imparten coherentemente con sus necesidades,
intereses y realidades, para contribuir a asegurar su desarrollo armónico e
integral, según el momento específico de la vida en el que se encuentren.[58]
49.  Este es el sistema que
garantiza que el niño, niña o adolescente comparta su proceso educativo con
compañeros cercanos a su edad y con una percepción de la realidad similar a la
suya. Adicionalmente, las instituciones educativas están obligadas a contratar
profesores y demás profesionales y colaboradores con la capacitación y
experiencia necesarias para quedar a cargo de la educación de un niño, niña o
adolescente, deber que se traduce en una protección adicional a los derechos de
los estudiantes. De igual forma, la legislación y la reglamentación sobre la
materia establecen obligaciones relacionadas con asuntos como la
infraestructura, pedagogía y administración del establecimiento educativo, con
el propósito de asegurar el aprendizaje y la formación integral de los
estudiantes.
50.  La regla general descrita
tiene una importancia particular en la jurisprudencia constitucional que ha analizado
hechos similares a los que la Sala estudia en esta ocasión. Tal regla ha sido
establecida y reiterada en los casos de niños, niñas y adolescentes que, por
distintas razones, pretenden acceder a una institución de educación para
adultos. La Corte, con base en las razones resumidas anteriormente, ha establecido
que, por regla general, un niño, niña o adolescente no debe estudiar en un
programa de educación para adultos, pues un programa de esta clase no está
dirigido a satisfacer las necesidades e intereses de los menores en términos de
formación, pedagogía y desarrollo.
51.  Esto es así por que el
ingreso de un menor a un programa para adultos puede afectar las
características de aceptabilidad y adaptabilidad que la educación debe tener en
todas sus formas y niveles, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas y la reiterada
jurisprudencia de esta Corte que ha aplicado la postura dicho órgano. Estos dos
requisitos implican, respectivamente que la educación (i) debe ser pertinente,
adecuada culturalmente y de buena calidad tanto en términos de forma como de fondo;
y (ii) “tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los
alumnos en contextos culturales y sociales variados”.[59]
52.  Una de las primeras
providencias en las que la Corte abordó un problema jurídico similar al que
estudia en esta ocasión fue la Sentencia T-1017 de 2000.[60]
En dicha ocasión, la Corte revisó una acción de tutela presentada por una mujer,
que sostenía ser cabeza de familia y viuda y encontrarse en una situación
económica vulnerable, en representación de dos de sus hijas, de 16 y 17 años.
Afirmó que sus hijas debían trabajar para ayudarle a cubrir los gastos del
hogar y que, por esa razón, ella había solicitado un cupo para cada una en un
colegio nocturno de educación para adultos. Sin embargo, recibió una respuesta
negativa del rector de la institución, quien le indicó que sus hijas no
cumplían los requisitos establecidos en la reglamentación aplicable.
53.  En el caso mencionado, la
acción de tutela fue presentada contra la institución que negó el ingreso de
las niñas, para solicitar que el juez tutelara su derecho a la educación y que
ordenara al establecimiento educativo permitir su ingreso. La Corte, en esa
ocasión, fijó la siguiente regla: “En el caso de los niños, y teniendo en
cuenta el interés especial de la Constitución y de la colectividad en su
protección y en la prevalencia de sus derechos, es evidente que deben
predominar para ellos los espacios diseñados específicamente para que su
desarrollo sea el más completo posible”.[61]
Esta Corporación encontró que las niñas tenían tiempo para estudiar en la
jornada diurna, que ofrecía un programa ordinario dirigido a ellas, y que los
costos de este programa eran de hecho más bajos que los de la jornada nocturna,
dirigida a los adultos. Por lo tanto, concluyó que el derecho a la educación de
las menores no había sido vulnerado.
54.  A partir de la providencia
sintetizada, la Corte Constitucional ha reiterado la regla general que este
Tribunal estableció en tal ocasión. No obstante, ha encontrado que existen
casos excepcionales en los que es posible que un niño, niña o adolescente
ingrese a una institución de educación para adultos sin cumplir los requisitos
reglamentarios mencionados, pues el interés constitucional de que reciba su
educación en un establecimiento y un programa diseñados para sus necesidades
cede ante las circunstancias en las que se encuentra. Por consiguiente, la
Corte ha admitido que, en determinados escenarios que –se insiste– resultan
excepcionales, el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y
adolescentes se materialice en un programa diseñado para adultos.
55.  Entre tales casos
excepcionales está incluido, por ejemplo, el de menores que materialmente no
tienen posibilidades de acceder a una institución que ofrezca un programa
ordinario en el lugar donde viven. Así, dado que, de otra manera, no podrían
acceder al servicio de educación, la Corte ha admitido que ingresen a programas
educativos dirigidos a adultos.[62]
En otros casos, sin embargo, esta Corporación ha observado que, cuando los
hechos específicos lo permiten, una solución que tiene un menor impacto sobre
el proceso educativo del niño, niña o adolescente es ordenar a las autoridades
competentes que tomen las medidas respectivas para asegurar que el menor tenga
acceso a un servicio de transporte adecuado, que le permita trasladarse al
establecimiento educativo regular más cercano a su residencia. Esto, mientras
tales autoridades diseñan e implementan planes que aumenten la cobertura
educativa en función de la población que la requiere.[63]
56.  Además de dicha excepción,
la segunda, que resulta fundamental en el presente caso, fue establecida por
primera vez en la Sentencia T-108 de 2001.[64]
En dicha providencia, la Corte estudió los casos de varios menores que, según
indicaban las acciones de tutela, debían trabajar para cubrir los gastos de su
educación y contribuir con la manutención de sus familias, que vivían en
condiciones de vulnerabilidad económica. Al estudiar esta particularidad, la
Corte reiteró la regla ya descrita en la presente providencia y enfatizó, con
base en las normas de derecho internacional y nacional correspondientes, que el
trabajo infantil está prohibido, mientras no se observen los requisitos que la
normativa internacional y doméstica establece para que un niño, niña o
adolescente trabaje.[65]
57.  Por lo tanto, esta
Corporación dispuso que, en virtud de tal prohibición general, la necesidad de
un niño, niña o adolescente de trabajar no es, en principio, una justificación
para que deje de estudiar en un programa diseñado para sus necesidades. No
obstante, la providencia hizo un esfuerzo por no desconocer la situación de
muchas familias en el país en una situación socioeconómica vulnerable:
“es evidente que por razón de la situación económica
del país, también la de un sinnúmero de familias resulta precaria, de donde los
ingresos que pueda obtener un menor, producto de su trabajo, generalmente
resultan significativos para la economía familiar y para su propia
subsistencia. En este orden, la Sala no puede desconocer la realidad nacional y
la de estas familias, realidad que tampoco resulta ser razón suficiente para
avalar el desconocimiento de los derechos de los niños”.[66]
58.  Así las cosas, la Corte
estableció en esa ocasión que existen casos excepcionales en los cuales es
necesario ponderar, de una parte, el derecho fundamental a la educación de los
niños, niñas y adolescentes, que es prevalente en el ordenamiento
constitucional; y, de otra parte, “la realidad social que hace que, en
ciertos casos, las precarias condiciones socio-económicas de la familia de un
menor haga [sic] necesario su aporte económico mediante la fuerza laboral”,
al amparo del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes.[67]
Esta Corporación resaltó que tal ponderación debe realizarse según las
circunstancias específicas del caso y teniendo en cuenta la corresponsabilidad
que la Constitución les asigna a la familia, la sociedad y el Estado para la
garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si el
juez de tutela constata que las circunstancias del menor son excepcionales,
queda habilitado, según la sentencia citada, para inaplicar las normas que
establecen los requisitos para acceder a la educación para adultos y, en
consecuencia, para favorecer que el menor de dieciocho años acceda a la oferta
educativa para adultos.[68]
59.  La Corte Constitucional ha
aplicado las reglas resumidas anteriormente en la jurisprudencia que ha
analizado problemas jurídicos similares. En la Sentencia T-685 de 2001,[69]
esta Corporación estableció que, sin perjuicio de la regla general según la
cual los niños, niñas y adolescentes deben estudiar en el sistema educativo
diseñado para ellos, los requisitos para ingresar a la educación para adultos
deben ser aplicados a la luz de la Constitución. En consecuencia,
“El juez de tutela, al igual
que la Administración, debe tener en cuenta que además del fin buscado por el
artículo 23 de dicho Decreto [3011 de 1997, que establece los requisitos para
ingresar a un programa de educación media para adultos, es decir, el
equivalente a los grados décimo y once en el sistema regular, reglas hoy
incorporadas en el Decreto 1075 de 2015], que cómo [sic] se dijo también es
importante constitucionalmente, se encuentra el mandato imperioso del inciso
quinto del artículo 67 de la Carta Política al Estado en el sentido de que éste
debe ‘garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo’ (cursiva fuera del original)”.[70]
60.  En este sentido, según la
providencia citada, existen casos en los que negar el acceso de un niño, niña o
adolescente a un programa para adultos puede terminar interrumpiendo por
completo la continuidad y permanencia de su proceso educativo, pues de otra manera,
el menor no podría estudiar. En esta misma línea, la Corte ha puntualizado que,
cuando se comprueba que el menor está en una situación socioeconómica
excepcional, en la que la única alternativa que permite la continuidad de su
proceso educativo es que ingrese a un programa de educación para adultos, es
posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad sobre las normas que
establecen los requisitos para ingresar a tal sistema educativo, de manera que
el menor pueda ser admitido.[71]
7.
El Establecimiento Educativo ABC no vulneró el derecho a la
educación de Samuel al negarse a matricularlo en dicho establecimiento
61.  Con base en las
consideraciones expuestas, la Sala concluye que el Establecimiento ABC
no vulneró el derecho a la educación de Samuel al abstenerse de tramitar
su matrícula en ese establecimiento con fundamento en que el adolescente no cumplía
los requisitos para ingresar al programa de educación para adultos que la institución
ofrece. Esta Corporación encuentra que tal determinación estuvo justificada en
las normas superiores que les asignan una protección preferente a los niños,
niñas y adolescentes, así como en la reglamentación aplicable al Establecimiento
ABC, que con un claro sentido constitucional, establece criterios
específicos para que una persona menor de dieciocho años pueda acceder a un
establecimiento educativo para adultos.[72]
Samuel tenía en ese momento quince años y hasta ese momento había estado
estudiando en el sistema por niveles y grados, por lo que no cumplía tales requisitos,
que habrían habilitado al Establecimiento ABC para matricularlo.
62.  Además, a partir de los
elementos que constan en el expediente, la Corte no encuentra que, para el
momento en que se elevó la solicitud, existieran razones para que, con base en
la jurisprudencia de este Tribunal, se accediera a la solicitud de la señora Rebeca.
En concreto, no se acreditó que (i) Samuel se encuentre en una situación
económica excepcional que justifique su ingreso a un programa de educación para
adultos; o (ii) su edad, quince años para cursar grado octavo (en el momento en
que fue presentada la acción de tutela), lo afectara de forma determinante en su
proceso educativo o en su desempeño escolar, como para activar la necesidad de
permitirle el acceso al programa para adultos. A continuación, se detallan los
argumentos por los que, en las circunstancias específicas de Samuel, la
Sala no encuentra que estas sean razones válidas que justifiquen la interrupción
del proceso educativo del adolescente en el sistema especialmente diseñado para
una persona de su edad.
7.1.
La Sala no encuentra probado que Samuel esté en una situación
económica excepcional que justifique la interrupción de sus estudios en un
programa diseñado para sus necesidades e intereses
63.  Hasta el trámite de primera
instancia, la única información que la juez recibió para decidir sobre el
amparo invocado era que Samuel no deseaba seguir estudiando en el Colegio
donde acababa de reprobar octavo grado ni en ninguna institución educativa
diferente al Establecimiento ABC. Estos fueron los argumentos que la
señora Rebeca presentó en la acción de tutela. Una vez la juez de primera
instancia negó la tutela y basó su decisión en el hecho de que no estaba
acreditada ninguna situación excepcional que le impidiera a Samuel
estudiar en un establecimiento regular, la señora Rebeca impugnó tal
fallo y relató nuevos hechos. En particular, le indicó al juez de segunda
instancia que su familia se encontraba en una situación económica “compleja”
y que Samuel debía trabajar para pagar sus estudios.[73]
Señaló, como se resumió anteriormente, que los trabajos de su hijo “son
ocasionales tales como ventas ambulantes domicilios etc. [sic]”.[74]
Con base en este argumento, el juez de segunda instancia revocó la decisión de
primera, tuteló el derecho a la educación del adolescente y ordenó que el Establecimiento
ABC lo admitiera. Según conoce la Sala, Samuel ha estudiado desde
entonces en dicha institución.[75]
64.  Sobre la mencionada
situación económica, el adolescente afirmó, en el marco de la valoración del
ICBF, que ahora que estudia los sábados en el Establecimiento ABC, le es
más fácil ayudar a su mamá a recoger café en la finca de sus abuelos entre
semana y que desde ese lugar se desplaza hasta su residencia en la zona urbana
de Municipio, donde vive con la señora Rebeca. Igualmente, en
relación con los pagos correspondientes al Colegio donde estudiaba antes,
señaló que a la señora Rebeca “no le quedaba muy fácil por el tema de
la pensión”.[76]
La Sala advierte que el joven estudiaba en un Colegio privado y que el Establecimiento
ABC, donde se inscribió posteriormente, es un establecimiento privado
también. De acuerdo con la acción de tutela, tras reprobar octavo grado, Samuel
manifestó que no quería estudiar en una institución pública.
65.  Ahora bien, para contar con
la mayor información posible sobre el contexto de Samuel, en sede de
revisión la Sala solicitó a la señora Rebeca que aportara elementos
pertinentes para dicha valoración, pero ella guardó silencio. No obstante, con
base en las demás pruebas, esta Corporación estableció que la señora Rebeca
y Samuel son beneficiarios de una pensión de sobrevivientes y que la
primera trabaja para recibir ingresos que le permiten ejercer el rol de “proveedora”
en su hogar, como lo reportó el ICBF. Además, tanto el joven como su madre
cuentan con el apoyo de su familia extendida, caracterizada por relaciones de
apego y solidaridad, que garantizan que Samuel crezca en un entorno
adecuado. La señora Rebeca ejerce una autoridad que el ICBF catalogó
como democrática y, junto con los abuelos maternos de Samuel, garantiza
su protección. El joven, de hecho, manifiesta sentirse satisfecho, cómodo y
apoyado en su ambiente familiar. Este tipo de entorno resulta favorable para el
desarrollo armónico e integral de Samuel.
66.  La Sala encuentra que, en
efecto, en ese contexto de relaciones de solidaridad, el adolescente está
dispuesto a ayudar a su madre en las labores que ella adelanta en la finca de
los padres de esta última. Sin embargo, no quedó acreditado que estas tareas
que realiza Samuel sean necesarias o indispensables para su óptima
manutención. La Corte estima que tales actividades son, en cambio, más cercanas
a lo que esta Corporación ha considerado como “labores infantiles”, que no
constituyen trabajo infantil y están permitidas en el ordenamiento
constitucional y legal vigente. No se trata, en este caso, de un adolescente
sometido a trabajo infantil: el sustento económico de su núcleo familiar
proviene de actividades agrícolas tales como la recolección de café. Como en
muchas familias colombianas, sus integrantes, desde edades tempranas, colaboran
en actividades del campo. Ahora, de cualquier forma, las labores infantiles no
pueden “convertirse en una forma de explotación laboral”[77]
y tampoco interferir con el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas
y adolescentes ni, por tanto, con su proceso educativo.[78]
67.  En consecuencia, si Samuel
le ayuda a su madre en las labores que ella realiza para asegurar su manutención
y la del joven, estas actividades, que pueden ser consideradas labores
infantiles, no constituyen una razón válida para que el adolescente justifique
el deseo de estudiar en una institución que ofrece un programa educativo
dirigido a adultos y que persigue objetivos que no concuerdan con la formación
que el joven debería recibir idealmente. La Sala es consciente de que muchas
familias pueden verse en situaciones económicas en las que no es sencillo
cubrir los gastos derivados de la educación de sus hijos. Sin embargo, esta Corporación
considera que la información disponible en el proceso evidencia que la
situación de la familia de Samuel no es de una premura que justifique que
el adolescente trabaje; por esto, el presente caso es diferente de aquellos en
que la Corte ha habilitado la posibilidad excepcional de que un menor acceda a
la educación para adultos. Además, la Secretaría de Educación suministró
información clara que refleja que el municipio de Municipio cuenta con
una oferta suficiente de instituciones regulares de educación por niveles y
grados tanto públicas (veintitrés) como privadas (seis). Por consiguiente, Samuel
podría acceder a la oferta pública de educación.
68.  La Corte considera
importante llamar la atención sobre el carácter excepcional que tiene la
posibilidad de que un niño, niña o adolescente adelante sus estudios de
educación básica y media en una institución de educación para adultos. Esta
excepción no se puede convertir en la regla; la orden del juez de tutela en el
sentido de autorizar el ingreso de un menor a un programa de educación para
adultos debe obedecer a la verificación seria y concienzuda de las
circunstancias excepcionales que no les dejan al niño, niña o adolescente y a
su familia otra opción que esa para garantizar la continuidad y permanencia de
su proceso educativo. Esta decisión debe darse, por lo tanto, después de agotar
todas las alternativas que permitirían que el proceso de educación del menor
continúe en las condiciones ideales.
7.2.
La Sala no encuentra que la diferencia de edad entre Samuel y sus
compañeros, en el momento en que manifestó su deseo de dejar su colegio,
impactara, en general, su desarrollo humano armónico, sano e integral ni, en
particular, su proceso educativo
69.  La situación que la señora Rebeca
alegó en la acción de tutela para justificar su solicitud es que Samuel no
quería seguir estudiando en el Colegio donde reprobó octavo grado ni en otra
institución que no fuera el Establecimiento ABC. Samuel manifestó
durante la valoración que realizó el ICBF que, además de que el hecho de haber
reprobado un grado lo desmotivaba para continuar sus estudios en ese establecimiento,
“había niños muy inmaduros para mi edad y mi grado”.[79]
Al respecto, la psicóloga del ICBF que lo valoró señaló que el adolescente
“perdió el interés en la institución que se encontraba
vinculado a principios del presente año ya que sus compañeros eran menores que
él, de una etapa de vida diferente, lo que lo hacía sentir mal, con
sentimientos de minusvalía y sin interés para realizar las actividades
académicas”.
No obstante, al mismo tiempo, las profesionales que
valoraron a Samuel dictaminaron que su desarrollo es adecuado para su
edad, entre otros aspectos, en términos de atención, orientación,
sensopercepción, lenguaje, pensamiento, juicio y raciocinio.
70.  En el anterior contexto, la
Sala no encuentra que la diferencia de edad que, según relató Samuel,
afectaba su percepción del proceso educativo que adelantaba antes de reprobar
grado octavo, fuera un factor determinante en su proceso de formación o lo
pusiera en riesgo. En ese momento, Samuel tenía quince años. Según las
cifras que suministró la Secretaría de Educación de Municipio la mayoría
de los estudiantes matriculados en grado octavo en el municipio se encuentran
en un rango de edades, en promedio, entre los trece y los quince años.
71.  Esta Corporación no
desconoce que las cifras confirman, en principio, la versión que defendió Samuel:
el 44 % de los estudiantes de Municipio matriculados en el grado
mencionado tiene trece años, edad que la Secretaría de Educación catalogó como
la “ideal” para cursar el grado en mención, y el 25 % tiene
catorce.[80]
Eso quiere decir que, es probable que, en efecto, Samuel compartiera con
compañeros menores que él antes de reprobar grado octavo.
72.  Adicionalmente, Samuel
perdió el grado octavo. Esta situación, junto con la repetición escolar
asociada a ella, como lo ha reconocido la Corte, puede tener efectos adversos
sobre los niños, niñas y adolescentes. Estos pueden abarcar “la deserción y
abandono prematuro de la educación, sin hablar de los altos índices depresivos
que genera en un niño o en un adolescente”.[81]
Dicha circunstancia, como el proceso educativo de los menores en su
generalidad, es una responsabilidad compartida por la familia, las
instituciones educativas, la sociedad y el Estado. Ha dicho este Tribunal al
respecto:
“La gran aporía de hoy en el
escenario educativo es saber si la repetición escolar es una falla del alumno o
una falla del sistema. La conclusión de la comunidad educativa es que se trata
de un problema multicausal que por lo mismo no acepta una única solución. En lo
que sí se avanza desde esta perspectiva constitucional es sugerir que los
planteles educativos, los padres y los propios educandos, en interés superior
del menor, indaguen las razones por la cuales su esfuerzo pedagógico fracasa al
punto de no ser claro quien realmente reprueba el año, si el educando o el
educador”.[82]
73.  Sin embargo, de acuerdo con
la intervención de la Secretaría de Educación, su edad, en todo caso, Samuel
se podía considerar, en el momento en que reprobó el año escolar, dentro del
rango mayoritario para el grado y el nivel educativo en los que se encontraba. No
hubo alegaciones en el sentido de que haber reprobado el grado lo haya afectado
de forma insostenible, ni mucho menos quedó claro en el proceso por qué cursar
sus estudios en una institución para adultos remediaría tal situación. En
conclusión, la Sala no observa que, para el momento en que la señora Rebeca
presentó la acción de tutela, la edad de Samuel en comparación con la de
sus compañeros obstaculizara su desarrollo armónico, sano e integral, al punto
de justificar que la educación para adultos fuera la mejor alternativa para
garantizar su derecho fundamental a la educación.
8.
Dado que el derecho a la educación de Samuel tiene protección prevalente,
la Sala lo tutelará y adoptará una serie de remedios para contribuir a asegurar
su garantía
74.  Por los motivos mencionados,
la Sala encuentra que no existían razones suficientes para ordenar, como lo
hizo el juez de segunda instancia, que el Establecimiento ABC admitiera
a Samuel en su programa de educación para adultos. La Corte, en este
sentido, comprende el razonamiento de la juez de primera instancia, que negó el
amparo. En principio, entonces, la decisión de la presente sentencia podría
consistir en revocar la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia,
confirmar la de primera y negar la tutela. Sin embargo, lo cierto es que Samuel
entró a estudiar al Establecimiento ABC como resultado de dicha decisión
y, si nada extraordinario ha ocurrido, lo más probable es que siga estudiando
en dicho establecimiento.
75.  De esta manera, el panorama
actual exige que la Sala realice una valoración integral de las condiciones de Samuel
y, en virtud del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes,
pondere adecuadamente su derecho a la educación a la luz de las circunstancias
específicas en las que se encuentra. Es precisamente en aplicación del
principio mencionado que, en el presente caso, la Sala tomó medidas para
escuchar la voz de Samuel durante el trámite de revisión. La Sala
comisionó al ICBF para realizar una valoración y una verificación de sus
circunstancias actuales con el objetivo de abrir las puertas del proceso de
tutela para que Samuel interviniera directamente y conocer de primera
mano su percepción sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela. Para
la Sala resulta fundamental, dada la etapa de su desarrollo en la que se
encuentra, reconocer a Samuel como un agente moral con un nivel de
autonomía suficiente, que hace que sea no solo válido, sino necesario, permitir
que se manifieste directamente en un proceso judicial en el que se discute su
proceso educativo y en el que debe primar su interés superior.
76.  Es cierto que Samuel
es menor de dieciocho años, por lo que, a la luz de la normativa internacional
sobre la materia, Samuel es todavía un niño.[83]
No obstante, la Sala no ignora que el joven está en una etapa de su desarrollo
en la que tiene una comprensión propia de la realidad y del mundo que le
permite tomar decisiones con un grado relativo de autonomía y que, por tanto,
hace indispensable tener en cuenta sus percepciones y opiniones a la hora de
tomar una decisión que podría impactar su cotidianidad. Ese ha sido el enfoque de
la Sala en este proceso.
77.  Así, revocar el fallo de
segunda instancia y, por lo tanto, anular los efectos de la orden que llevó a
que el Establecimiento ABC admitiera a Samuel y que el
adolescente esté estudiando en dicha institución podría impactar significativamente
el proceso educativo del joven y resultar contraproducente. El juez
constitucional podría perder cualquier nivel de certeza sobre el futuro de la
educación de Samuel. De hecho, esa decisión podría frustrar por completo
el objetivo del presente proceso de tutela, que es garantizar el acceso y la
permanencia del adolescente en el sistema educativo. En otras palabras, una
decisión que sencillamente genere la salida del adolescente del Establecimiento
ABC podría poner en peligro la continuidad de su proceso educativo. El
proceso educativo de Samuel se podría ver interrumpido por completo y,
en ese caso, la deserción sería absoluta: tanto del sistema regular por niveles
y grados como de cualquier otro programa educativo. Sería, en ese sentido, una
decisión inconstitucional y el juez de tutela no tendría conocimiento sobre su
configuración.
78.  Ahora bien, tampoco sería
coherente con las consideraciones expuestas confirmar sin más la decisión de
segunda instancia, que ordenó al Establecimiento ABC garantizarle un
cupo a Samuel en su programa de educación para adultos. Una decisión de
ese tipo desconocería la jurisprudencia que enfatiza que el sistema que
garantiza la efectividad del derecho a la educación del adolescente es el que
está diseñado para niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes
deben estudiar, por regla general, en el sistema regular diseñado para ellos;
la simple elección de un adolescente de abandonar dicho sistema no justifica,
por consiguiente, que ingrese a un programa para adultos. Así, en abstracto,
el ingreso al sistema de educación para adultos no debería ser una alternativa
para cualquier menor en un Estado social de derecho en el que la garantía de su
interés superior es prevalente.
79.  Así las cosas, para buscar
un punto medio entre las dos opciones descritas, la Sala confirmará parcialmente
la decisión de segunda instancia. En línea con esta decisión, dado que el
derecho a la educación de Samuel podría estar comprometido, la Sala lo
tutelará mediante la presente sentencia y adoptará las órdenes que explicará a
continuación. En un caso como este, el juez de tutela debe analizar los hechos
específicos que conoce y adoptar un remedio ajustado a las circunstancias
particulares del niño, niña o adolescente, cuyo foco debe ser la protección de
su derecho a la educación y la garantía de la continuidad y permanencia de su
proceso educativo. Asimismo, el juez debe tener en cuenta que la garantía de
dicho derecho es una responsabilidad conjunta de la familia, las instituciones
educativas, la sociedad y el Estado.
80.  En consecuencia, con el
objetivo de proteger el derecho a la educación del joven y de materializar
dicha corresponsabilidad, la Sala ordenará a la Secretaría de Educación de Municipio
que, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tome las
medidas necesarias y conducentes para acompañar a Samuel y su familia en
un proceso de diálogo que le permita al adolescente, en compañía de sus
familiares, adoptar la mejor decisión con el objetivo de culminar sus estudios
de educación formal básica secundaria (hasta grado noveno) y de educación media
(grados décimo y once), de acuerdo con lo establecido en esta sentencia. Las
entidades mencionadas deberán dialogar con Samuel y su familia con el
propósito de exponer la existencia de los sistemas de educación formal por
niveles y grados y para adultos, y sus características; así como la importancia
de que el joven reciba una educación diseñada para atender sus necesidades e
intereses y que contribuya a suministrarle las mejores oportunidades en el
futuro. Como ya se indicó anteriormente, el derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes es fundamental, entre otras cosas, en la medida que
es un presupuesto para materializar la igualdad de oportunidades entre los
miembros de la comunidad y favorecer, por consiguiente, la equidad social. Este
proceso deberá enfocarse en el diálogo con Samuel y su familia y
llevarse a cabo dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la
notificación de esta sentencia.
81.  El foco del proceso deberá
ser el interés superior de Samuel, por lo que la Secretaría de Educación
de Municipio, acompañada por el ICBF, deberá tener en cuenta las
condiciones actuales reales del joven, así como la necesidad de que, por regla
general, el proceso educativo de todos los niños, niñas y adolescentes en
Colombia se lleve a cabo en programas de educación formal diseñados para favorecer
su desarrollo armónico e integral. Estos programas, según las consideraciones
expuestas, son los que ofrece el sistema de educación formal básica y media por
niveles y grados, de conformidad con la normativa que regula la prestación del
servicio público de educación en la actualidad.
82.  En cualquier caso, el
acompañamiento a Samuel y su familia deberá garantizar la continuidad y
permanencia del proceso educativo del adolescente. El objetivo primordial de
esta orden es que Samuel desarrolle sus estudios en condiciones
adecuadas a su edad y que garanticen su desarrollo armónico e integral, de
forma que, en el futuro, tenga acceso a las oportunidades educativas y
ocupacionales que le permitan realizar su proyecto de vida. La educación, como
se ha dicho, es una herramienta que favorece la equidad social en términos de
igualdad de oportunidades y, por esta razón, la familia, las instituciones
educativas, la sociedad y el Estado están obligados a generar conciencia entre
los niños, las niñas y los adolescentes sobre su importancia y su valor. La
Secretaría de Educación deberá informar al juzgado de primera instancia los
resultados del proceso descrito, de forma que dicha autoridad judicial pueda
tomar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento de esta
providencia y la efectividad del derecho a la educación de Samuel, en
los términos de la presente sentencia.
83.  La Sala anota que, en las
condiciones presentes, Samuel podría regresar al sistema educativo por
niveles y grados, que ofrece un programa diseñado para responder a sus
necesidades e intereses, en condiciones que, en principio, no afecten su
desarrollo armónico e integral ni sus relaciones con sus compañeros. Samuel
tiene actualmente dieciséis años y, en caso de que, por ejemplo, en este momento,
ya haya terminado el cuarto ciclo lectivo especial integrado (CLEI) del
programa de educación para adultos ofrecido por el Establecimiento ABC,
que corresponde a los grados octavo y noveno, podría perfectamente ingresar a
grado décimo en una institución educativa regular del sistema por niveles y
grados. Como ya se indicó, a partir de la información que la Secretaría de
Educación de Municipio suministró, la Sala encuentra que la oferta
educativa en el municipio es suficiente, en el sentido de que Samuel y
su familia disponen de múltiples opciones de establecimientos públicos y
privados para que el adolescente culmine sus estudios de educación básica y
media en condiciones regulares y obtenga el título de bachiller.
84.  En el momento de la visita
del ICBF, Samuel se encontraba en el cuarto ciclo lectivo especial
integrado (CLEI), equivalente a los grados octavo y noveno, pues señaló
encontrarse cursando grado octavo. Por lo tanto, en la actualidad, con
dieciséis años, Samuel puede encontrar un entorno apropiado en el grado
décimo de un establecimiento regular, en caso de que ya haya culminado los
estudios correspondientes al ciclo mencionado. Esto queda evidenciado en las
cifras que presentó la Secretaría de Educación de Municipio, de acuerdo
con las cuales 442 de los 2.883 estudiantes de dieciséis años matriculados en
instituciones de educación formal de Municipio se encuentran en grado
décimo. En cualquier caso, según sus avances exactos en el Establecimiento
ABC, Samuel también podría encontrar compañeros de su edad y de
edades cercanas incluso en los grados octavo, noveno y undécimo: de acuerdo con
la Secretaría de Educación de Municipio, en esos grados,
respectivamente, estudian 120, 211 y 532 estudiantes de dieciséis años.
85.  Dicho esto, para asegurar un
regreso apropiado de Samuel al sistema de educación formal por niveles y
grados, siempre y cuando esta sea la decisión resultante del proceso de diálogo
con él y su familia, la Secretaría de Educación deberá tomar las medidas
necesarias y conducentes para asegurar que la institución educativa en la que Samuel
y su familia decidan matricularlo no imponga obstáculos derivados del hecho de
que el adolescente adelantó parte de sus estudios en un programa de educación
para adultos por ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). En este sentido,
el hecho de que Samuel provenga de una institución que ofrece un
programa de este tipo no podrá ser considerado como una justificación válida
para que un establecimiento que ofrezca un programa de educación por niveles y
grados no lo admita o no reconozca como válidas en el proceso educativo del
joven las equivalencias entre los ciclos adelantados en el programa de
educación para adultos ofrecido por el Establecimiento ABC y los niveles
y grados propios del sistema regular.[84]
86.  De igual manera, la Sala
ordenará a la Secretaría de Educación de Municipio que tome las medidas
necesarias para asegurar que, de regresar al sistema educativo por niveles y
grados, que –se insiste–, según el ordenamiento constitucional, sería el
escenario ideal para el adolescente, la institución a la que ingrese Samuel
asegure el acompañamiento que requiere el menor para garantizar su desarrollo
armónico e integral, su regreso y adaptación al sistema regular en condiciones
apropiadas, y una convivencia sana con sus compañeros. No obstante, en el
evento en que, una vez cumplido el proceso de diálogo descrito, Samuel y
su familia decidan que el adolescente continúe estudiando en el Establecimiento
ABC, a pesar de que este no ofrece un programa diseñado para sus
necesidades, debe garantizarse tal decisión, por lo que la Sala ordenará a la institución
que tome las medidas que correspondan.
87.  En cualquiera de los
escenarios posibles, la Sala considera pertinente que Samuel y su
familia cuenten con el acompañamiento del ICBF. Por lo tanto, solicitará a
dicha entidad que, en el marco de sus competencias y de la normativa de
protección integral a la niñez y la adolescencia, acompañe y oriente
continuamente a Samuel y a su familia después de que se haya llevado a
cabo el proceso de diálogo ordenado en esta sentencia. La entidad deberá tomar
las acciones necesarias y conducentes para proteger y garantizar el derecho a
la educación de Samuel, que incluye el acceso a una educación
pertinente, adecuada y de calidad.
88.  Con el objetivo de favorecer
el diálogo con Samuel y garantizar que su interés superior sea el centro
de cualquier actuación que se realice como consecuencia de esta sentencia, la
Sala ordenará a la Secretaría de Educación de Municipio que, como parte
del proceso de diálogo con el adolescente y su familia, entregue a Samuel
la siguiente carta en la que la Corte le explica la decisión adoptada y su
motivación.[85]
El propósito de esta medida es acercar a Samuel a la administración de
justicia en un caso que lo afecta. Este es el texto de la carta:
Samuel:
Como sabes, tu mamá
presentó una tutela contra el Establecimiento ABC para exigir que te
admitiera al programa de educación para adultos (sabatino) que el instituto ofrece,
a pesar de que, en principio, no tienes la edad de las personas a las que está
dirigido un programa de educación como ese. La acción de tutela es una
herramienta que la Constitución de 1991 les da a todas las personas para pedirle
a un juez que proteja sus derechos fundamentales (como la educación en tu caso),
cuando sienten que alguien los está violando o amenazando. Tu mamá consideró
que el Establecimiento ABC violó tu derecho a la educación cuando no le
permitió matricularte y, por eso, presentó una tutela en representación tuya.
Un juez de Municipio estuvo de acuerdo con tu mamá después de que ella
le manifestó que tú a veces colaboras en algunas labores para ayudar con los
gastos de tu casa. El juez ordenó que el Establecimiento ABC te admitiera
y, gracias a esa decisión, entraste a estudiar allá.
La Corte
Constitucional tiene la posibilidad de revisar todas las tutelas que se
presentan en Colombia para tomar la decisión final en algunos casos que escoge.
La Corte seleccionó, entre muchas otras, la tutela que tu mamá presentó en tu
nombre porque le interesó tu caso y encontró que podría ser importante tomar
medidas para proteger tus derechos. Por eso, ustedes dos recibieron una visita
de expertos del Instituto de Bienestar Familiar que conversaron contigo. La
Corte le pidió al Instituto de Bienestar Familiar que valorara tu situación
actual porque a la Corte y al Estado colombiano les interesa que estés bien. El
Instituto de Bienestar Familiar le informó a la Corte que tú dices sentirte
cómodo actualmente en el Establecimiento ABC y que tu entorno familiar
es adecuado, pues tienes el apoyo de tu mamá, tus abuelos y tu hermano, que
ayudan a garantizar tu bienestar. Sin duda, esto es positivo y tranquiliza a la
Corte.
Ahora, a tu edad,
es muy importante que recibas una educación adecuada a tus intereses y
necesidades, y tu familia, la sociedad y el Estado deben hacer todo lo que esté
a su alcance para garantizarlo. Un programa de educación para adultos no es
siempre la mejor opción para que una persona de tu edad se prepare y adquiera
los conocimientos y las habilidades que le ayudarán a tomar decisiones
conscientes y autónomas en el futuro y a acceder a las mejores oportunidades
posibles. Los programas de esta clase están dirigidos a personas que están en
otra etapa de sus vidas y que tienen otras necesidades. Por lo tanto, los
objetivos de un programa para adultos no son los mismos de uno dirigido a una
persona de tu edad. La educación que recibes en este momento puede incidir
fuertemente en tu futuro. Esto lleva a que, de acuerdo con la Constitución,
siempre sea preferible agotar todas las alternativas para que un niño, niña o
adolescente termine sus estudios de primaria y bachillerato en una institución
ordinaria para personas de su edad.
Solo en
circunstancias muy excepcionales, cuando, por ejemplo, es indispensable que un
o una joven trabaje para que pueda estudiar y para que él o ella vivan en
condiciones dignas, el Estado puede admitir que estudie en una institución que
no está diseñada para sus necesidades. Estos casos son, insistimos, muy
excepcionales y deben serlo porque el derecho colombiano y el derecho internacional
prohíben, por regla general, el trabajo infantil, que no es lo mismo que las
labores o deberes que puedes hacer a veces en tu casa o con tu familia y que no
interfieren con tus estudios. En otras palabras, en general, está prohibido que
una persona menor de dieciocho años trabaje porque a su edad debería estar
estudiando para que en el futuro tenga las mejores oportunidades posibles. En
tu caso, según lo que tú le contaste al Instituto de Bienestar Familiar y la
información que hemos recibido, todos los miembros de tu familia se apoyan
entre sí y, por eso, es muy valioso que le ayudes a tu mamá. Sin embargo,
queremos encontrar un camino para que ello sea posible, sin afectar de ninguna
manera tus estudios ni las relaciones que tan sólidamente has construido con los
tuyos.
Es por tal razón
que la Corte ordenó que la Secretaría de Educación de Municipio, que es
la autoridad experta en temas de educación en tu municipio, te acompañe para
que se asegure de que, en tus condiciones actuales, recibas la mejor educación posible
dentro de las varias posibilidades que tienes en Municipio. Como tú
probablemente sabes, en Municipio hay colegios públicos y privados que
ofrecen los programas en los que una persona de tu edad debería estudiar
idealmente. Por lo tanto, la intención de la Corte es que la Secretaría de
Educación, apoyada por el Instituto de Bienestar Familiar, los acompañe a ti y
a tu familia en el proceso de determinar cuál es la mejor opción para ti en
este momento de tu vida. Los expertos deberán explicarte cuáles son las
ventajas y desventajas de cada programa de educación.
La Corte no
pretende forzarte a estudiar en uno u otro lugar porque sabe que tú has
manifestado que te sientes cómodo en este momento en el Establecimiento ABC
y considera importante tener en cuenta tu percepción. Además, para la Corte es fundamental
que tú continúes y termines tus estudios. No obstante, les ha pedido a los
expertos de la Secretaría de Educación que, con el acompañamiento del Instituto
de Bienestar Familiar, te apoyen para tomar la mejor decisión, teniendo en
cuenta la importancia de que recibas una educación ideal para tu edad. Si la
decisión es que entres a terminar tu bachillerato en un colegio público o
privado ordinario, con personas de tu edad y profesores que están preparados
para enseñarte y apoyarte, la Corte ha ordenado que la Secretaría de Educación
tome las medidas necesarias para que, en la medida de lo posible, el colegio
que escojas junto con tu familia reconozca los avances que alcanzaste a hacer
en el Establecimiento ABC, para que entres al mejor grado para ti, de
acuerdo con tu edad y tu formación.
Si tus condiciones actuales
y las de tu familia permiten que estudies en un colegio ordinario, esta es la
mejor alternativa para ti. Si, después de la explicación que recibas, tú y tu
familia llegan a decidir que sigas estudiando en el Establecimiento ABC,
la Corte también ha ordenado que esa posibilidad te sea garantizada. El Juzgado
Segundo Civil Municipal de Municipio quedará a cargo de verificar que
las órdenes de la Corte Constitucional se cumplan y que todas las instituciones
a cargo aseguren tu bienestar. El Instituto de Bienestar Familiar también te
acompañará a ti y a tu familia en lo que necesiten, después de que tomen una decisión
sobre tu educación. El interés de la Corte es que recibas una educación ideal
para ti y que continúes en el camino para un muy buen futuro.
89.  Adicionalmente, dado que el
tiempo es determinante en la etapa de su vida en la que se encuentra Samuel,
el cumplimiento de la presente sentencia es de carácter urgente. De lo
contrario, demoras injustificadas en el cumplimiento de las órdenes que la Sala
impartirá podrían tener consecuencias definitivas con respecto al proceso
educativo del adolescente. Por lo tanto, esta Corporación advertirá a la
Secretaría de Educación y al juzgado de primera instancia que tomen las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento inmediato de la presente providencia.
90.  Finalmente, la Corte
advertirá al juez de segunda instancia que, en lo sucesivo, base sus decisiones
de tutela en un estudio cuidadoso y objetivo de las circunstancias y el
contexto de cada caso y haga uso de las herramientas que la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991 le suministran, entre ellas el decreto oficioso de
pruebas, para recoger todos los elementos de juicio que le permitan adoptar una
decisión adecuada y ponderada con base en la valoración de las evidencias
respectivas.
9.
Síntesis de la decisión
91.  La Sala conoció el caso de
un adolescente que, a los quince años, reprobó grado octavo en una institución
educativa regular que ofrece un programa por niveles y grados. Tras este hecho,
la madre del menor presentó acción de tutela contra una institución de
educación para adultos, pues consideró que esta última vulneró los derechos a
la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de su
hijo, al negarse a admitirlo con base en el argumento de que no tenía la edad
necesaria. La señora afirmó que su hijo no deseaba estudiar en un
establecimiento que no fuera ese, por lo que la negativa de la institución interrumpía
el proceso educativo de su hijo.
92.  El fallo de primera
instancia negó la tutela, pues la juez no encontró una situación excepcional
que justificara que el adolescente estudiara en una institución para adultos.
En particular, anotó que uno de los escenarios excepcionales en los que la
Corte Constitucional ha admitido esta posibilidad es el de niños, niñas o
adolescentes que deben trabajar para pagar sus estudios y contribuir con la
manutención de su familia, que vive en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica. La madre del adolescente impugnó esta decisión y, en el escrito,
reportó que su hijo debía trabajar para pagar sus estudios. Señaló que su hijo
se desempeñaba en actividades que incluían las ventas informales y los
domicilios. Con base en esta información, el juez de segunda instancia concedió
la tutela y ordenó a la institución garantizarle un cupo al adolescente en el establecimiento.
93.  Durante el trámite de
revisión, la Sala decretó varias pruebas y comisionó a la Dirección Regional
correspondiente del ICBF para que, a través del Defensor de Familia competente
y de su equipo psicosocial, realizara una visita al domicilio del adolescente
con el propósito de practicar una valoración y verificación de sus derechos. En
consecuencia, el ICBF presentó una serie de informes que establecieron que el
menor vive en condiciones apropiadas en su entorno familiar y que se siente
cómodo en la institución educativa para adultos a la que ingresó como resultado
de la orden que dio el juez de segunda instancia. El adolescente anotó que no se
sentía a gusto en el Colegio donde reprobó grado octavo, pues varios de sus
compañeros eran menores que él. Señaló que, ahora que solo estudia los sábados,
se le facilita ayudar a su madre en labores agrícolas durante la semana.
94.  La Sala reiteró la
jurisprudencia que, durante al menos los últimos veinte años, ha establecido en
casos similares que, por regla general, un niño, niña o adolescente debe
estudiar en una institución que ofrezca un programa específicamente diseñado
para atender sus necesidades e intereses y, por tanto, favorecer su desarrollo
armónico e integral. Este es el tipo de programa que, de acuerdo con la Ley 115
de 1994,[86]
ofrece el denominado sistema de educación formal por niveles y grados. Esta
regla se deriva del carácter fundamental que tiene el derecho a la educación de
los niños, niñas y adolescentes, como un presupuesto para su desarrollo
armónico e integral y para la materialización de otros derechos fundamentales
como la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
95.  Asimismo, la Sala reiteró la
importancia del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes
en el marco de la Constitución de 1991 y enfatizó que cualquier proceso en el
que los derechos de un menor estén comprometidos debe asegurar la efectividad
de dicho principio. Por consiguiente, el niño, niña o adolescente debe ser
entendido como un sujeto de derechos con una autonomía que aumenta a medida que
avanza su desarrollo y que le permite participar activamente en la toma de
decisiones sobre asuntos que impactan su vida. Es necesario, entonces, abordar
los derechos en conflicto en cada caso y las especificidades de las
circunstancias en las que se encuentra el menor.
96.  Ahora bien, tras estudiar
las diferencias que la regulación vigente establece entre los sistemas de
educación formal para niños, niñas y adolescentes y para adultos, la Sala
también reiteró la jurisprudencia constitucional que ha reconocido que existen
escenarios excepcionales en los que las circunstancias del niño, niña o
adolescente llevan a que su proceso educativo se vea interrumpido si no lo
continúa en una institución para adultos. Esta situación se da cuando no existe
otra alternativa que permita que el menor termine su educación básica (grados
primero a noveno) y media (grados décimo y once) en un programa diseñado para
sus necesidades e intereses. Uno de estos casos es el de los niños, niñas o
adolescentes que deben trabajar para pagar sus estudios y contribuir para
cubrir las necesidades de su familia, pues viven en situaciones de indudable
vulnerabilidad socioeconómica.
97.  Con base en las
consideraciones sintetizadas, la Sala concluyó que la decisión del establecimiento
de educación para adultos consistente en negar el ingreso del adolescente
estuvo justificada y, por consiguiente, la institución no vulneró su derecho a
la educación. Esto, teniendo en cuenta que, aunque la normativa sobre educación
para adultos admite que menores de dieciocho años ingresen a estos programas siempre
y cuando se cumplan requisitos específicos, el adolescente no los cumplía en el
caso estudiado. Adicionalmente, la Sala encontró que no existe certeza de que
el menor se encuentre en una situación económica excepcional y que, además, la
diferencia entre su edad y la de algunos de sus compañeros en el Colegio
regular donde estudiaba no impactaba de manera significativa su desarrollo. Por
lo tanto, la Sala concluyó que, en principio, lo ideal es que termine su
educación básica y media en un programa dirigido a niños, niñas y adolescentes.
En su municipio de residencia, según la información que suministró la
Secretaría de Educación municipal, existe una oferta de instituciones públicas
y privadas suficiente.
98.  En consecuencia, la Sala
confirmará parcialmente la decisión del juez de segunda instancia, pues estima
que revocarla podría poner en peligro la continuidad y permanencia del proceso
educativo del menor. Al encontrar que su derecho a la educación podría estar
comprometido, lo tutelará. En línea con esta decisión, ordenará que la
Secretaría de Educación municipal, con el acompañamiento del ICBF, realice un
proceso de diálogo con el adolescente y su madre en relación con la importancia
de que el joven termine su proceso educativo en un programa diseñado para
personas de su edad. Tras este proceso dialógico, las entidades mencionadas, el
adolescente y su familia deberán determinar cuál es la mejor alternativa para
el joven en las circunstancias reales en las que se encuentra.
99.  La Sala resalta que la
alternativa ideal es que el adolescente regrese al sistema regular por niveles
y grados, por cuanto este ofrece un programa estructurado para favorecer su
desarrollo armónico e integral. La Sala ordenará a la Secretaría de Educación
municipal que, si esta es la determinación a la que lleva el proceso de
diálogo, tome las medidas que correspondan para garantizar que la institución
escogida por el menor y su familia no imponga barreras irrazonables en el momento
de la admisión y le suministre el acompañamiento necesario para asegurar su
adaptación al programa. No obstante, si el joven y su familia deciden que
continúe estudiando en la institución para adultos donde se encuentra, la Sala
ordenará a esta última que tome las medidas necesarias para garantizar tal
decisión. Igualmente, solicitará al ICBF que acompañe y oriente al menor y a su
familia después de haber surtido el diálogo mencionado, con el objetivo de
proteger y garantizar su derecho a la educación. Esta Corporación elaboró una
carta dirigida al joven, en la que le explica el sentido y la motivación de
esta decisión. El menor deberá tener acceso a esta carta, que puede ser
consultada en la sección 8 de la presente sentencia, como parte del proceso de
diálogo que la Secretaría de Educación deberá propiciar. Finalmente, la Sala
alertará a las instituciones encargadas del cumplimiento de esta sentencia
sobre su urgencia en el momento particular de la vida en el que se encuentra el
adolescente, por lo que su cumplimiento debe ser inmediato; y advertirá al juez
de segunda instancia que, en adelante, base sus decisiones de tutela en un
estudio cuidadoso y objetivo de los casos, para lo cual puede acudir, entre
otras herramientas, al decreto oficioso de pruebas.
III.
DECISIÓN
100.      Como
consecuencia de la protección prevalente y el carácter fundamental de su
derecho a la educación, los niños, niñas y adolescentes, por regla general,
deben estudiar en una institución que ofrezca un programa diseñado para atender
sus necesidades e intereses y, por tanto, favorecer su desarrollo armónico e
integral. Solo en circunstancias excepcionales, en las que, de otra forma, su
proceso educativo podría verse interrumpido, está justificado
constitucionalmente que se permita el ingreso del niño, niña o adolescente a un
programa de educación para adultos, con el objetivo de garantizar la
continuidad y permanencia del proceso mencionado.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.   LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en el trámite de la referencia.
Segundo.    CONFIRMAR
PARCIALMENTE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el fallo de tutela proferido en segunda instancia por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Municipio (Departamento) el 5 de
marzo de 2019, mediante el cual revocó la sentencia proferida en primera
instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Municipio (Departamento)
el 29 de enero de 2019, en el trámite de la acción de tutela de Rebeca,
en representación de su hijo Samuel, contra el Establecimiento
Educativo ABC. Por consiguiente, TUTELAR el derecho a la educación
de Samuel.
Tercero.    En
consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Educación de Municipio (Departamento)
que, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tome las
medidas necesarias y conducentes para acompañar a Samuel y su familia en
un proceso de diálogo que le permita al adolescente, en compañía de su familia,
adoptar la mejor decisión con el objetivo de culminar sus estudios de educación
formal básica secundaria (hasta grado noveno) y de educación media (grados
décimo y once), de acuerdo con lo establecido en esta sentencia. Las entidades
mencionadas deberán dialogar con Samuel y su familia con el propósito de
exponer la existencia de los sistemas de educación formal por niveles y grados
y para adultos y sus características, así como la importancia de que el joven
reciba una educación diseñada para atender sus necesidades e intereses y que
contribuya a suministrarle las mejores oportunidades en el futuro. Este proceso
deberá enfocarse en el diálogo con Samuel y su familia y llevarse a cabo
dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la notificación de esta sentencia.
El foco de este proceso deberá ser el interés
superior de Samuel, por lo que la Secretaría de Educación de Municipio
(Departamento), con el acompañamiento del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, deberá tener en cuenta las condiciones actuales reales del
joven, así como la necesidad de que, por regla general, el proceso educativo de
todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia se desarrolle en programas de
educación formal diseñados para favorecer su desarrollo armónico e integral.
Estos programas, de conformidad con la normativa de educación vigente en la
actualidad, son los que ofrece el sistema de educación formal básica y media por
niveles y grados.
En cualquier caso, el acompañamiento a Samuel
y su familia deberá garantizar la continuidad y permanencia del proceso
educativo del adolescente. El objetivo primordial de esta orden es que Samuel
desarrolle sus estudios en condiciones adecuadas a su edad y que garanticen su
desarrollo armónico e integral, de forma que, en el futuro, tenga acceso a las
oportunidades educativas y ocupacionales que le permitan realizar su proyecto
de vida. Para este efecto, durante el proceso de acompañamiento, Samuel
deberá tener acceso a la carta que la Corte Constitucional incluyó en la
sección 8 de esta sentencia.
La Secretaría de Educación de Municipio (Departamento)
deberá remitir al juzgado de primera instancia un informe en el que detalle el
proceso adelantado y sus resultados, así como los acuerdos a los que haya
llegado con Samuel y su familia. Este informe deberá ser remitido por la
entidad al juzgado de primera instancia dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes a la notificación de la presente sentencia.
Cuarto. ORDENAR a la Secretaría
de Educación de Municipio (Departamento) que, en los términos de
las consideraciones de la presente sentencia, adopte las medidas necesarias,
apropiadas y conducentes para asegurar que, de regresar al sistema de educación
formal por niveles y grados, la institución educativa en la que Samuel y
su familia decidan matricularlo no imponga obstáculos irrazonables a su proceso
educativo, derivados del hecho de que el adolescente adelantó parte de sus
estudios en un programa de educación para adultos por ciclos lectivos
especiales integrados (CLEI). Los argumentos relacionados con supuestas
incompatibilidades entre el sistema por ciclos lectivos especiales integrados
(CLEI) y el sistema por niveles y grados no resultan válidos a la luz de la
jurisprudencia de esta Corporación. Asimismo, la Secretaría de Educación deberá
tomar medidas para garantizar que la institución a la que ingrese Samuel
asegure el acompañamiento que requiere el menor para asegurar su desarrollo
armónico e integral, su regreso y adaptación al sistema regular en condiciones
apropiadas, y una convivencia sana con sus compañeros.
Quinto.  ORDENAR al Establecimiento
Educativo ABC que, en caso de que Samuel y su familia decidan que el
joven continúe sus estudios en este establecimiento, tome todas las medidas
necesarias y conducentes para garantizar su acceso y permanencia en el sistema
educativo y garantizar su desarrollo armónico e integral, derecho fundamental
de Samuel como adolescente.
Sexto.    SOLICITAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar que, en el marco de sus competencias y de la normativa de
protección integral a la niñez y la adolescencia, acompañe y oriente
continuamente a Samuel y a su familia después de que se haya llevado a
cabo el proceso de diálogo ordenado en el numeral tercero de la parte
resolutiva de esta sentencia. La entidad deberá tomar las acciones necesarias y
conducentes para proteger y garantizar el derecho a la educación de Samuel,
que incluye el acceso a una educación pertinente, adecuada y de calidad.
Séptimo.  ADVERTIR a la
Secretaría de Educación de Municipio (Departamento) y al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Municipio (Departamento), que profirió
la decisión de primera instancia en el trámite de la referencia y, por lo
tanto, es la autoridad a cargo de notificar la presente sentencia y verificar
su cumplimiento, que las órdenes impartidas en esta providencia tienen carácter
urgente. Por lo tanto, deberán tomar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento inmediato de la presente providencia. Cualquier demora
injustificada podría impactar significativamente el proceso educativo de Samuel.
Octavo. ADVERTIR
al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Municipio,
autoridad que profirió la sentencia de segunda instancia en el proceso de la
referencia, que, en lo sucesivo, base sus decisiones de
tutela en un estudio cuidadoso y objetivo de las circunstancias y el contexto
de cada caso y haga uso de las herramientas que la Constitución y el Decreto
2591 de 1991 le suministran, entre ellas el decreto oficioso de pruebas, para
recoger todos los elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión
adecuada y ponderada con base en la valoración de las evidencias respectivas.
Noveno.    A través de la
Secretaría General de esta Corporación, ORDENAR a todas las
instituciones y entidades que de una u otra manera han intervenido en este
proceso, que tomen las medidas necesarias para salvaguardar la intimidad del
adolescente y, por lo tanto, mantengan la reserva de los datos que permitan su
identificación.
Décimo.     DEVOLVER
al juzgado de primera instancia el expediente digitalizado
para darle el trámite respectivo. Una vez se retomen actividades normales, la
Secretaría General de la Corte Constitucional deberá REMITIR el
expediente físico.
Undécimo.   LIBRAR las
comunicaciones respectivas –por medio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional– y DISPONER las notificaciones inmediatas a las partes –a
través de la juez de primera instancia–, tal y como lo prevé el Artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991. Mediante el oficio que la Secretaría General remita a la
autoridad judicial de primera instancia, SOLICITAR al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Municipio (Departamento), que profirió
la decisión de primera instancia en el trámite de la referencia, que surta las
notificaciones respectivas de manera inmediata una vez le sea comunicada esta sentencia,
para asegurar su cumplimiento pronto y efectivo.
Asimismo, PREVENIR al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Municipio (Departamento) para que, en los
términos del Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, verifique el cumplimiento de
este fallo de tutela y tome las medidas que correspondan para asegurar la
efectividad del derecho a la educación de Samuel. Su competencia, de
acuerdo con la norma citada, se mantiene durante el tiempo que sea necesario
para garantizar el derecho a la educación del adolescente, en los términos de
la presente sentencia.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Por medio de auto del 21 de mayo de 2019, la Sala de Selección de Tutelas
Número Cinco de 2019, que integraron la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado
y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, seleccionó para revisión el expediente
de la referencia (cuaderno de revisión, folios 2-13; en adelante, cuad. rev.).
La decisión de seleccionar el expediente estuvo basada en el criterio subjetivo
de selección de “urgencia de proteger un derecho fundamental”.
[2]
La acción de tutela, junto con sus anexos, consta en los folios 1-7 del
cuaderno de primera instancia (en adelante, cuad. 1ª inst.). Fue presentada el
15 de enero de 2019 (cuad. 1ª inst., folio 8). La edad de Samuel se
constata con base en la copia de su tarjeta de identidad (cuad. 1ª inst., folio
6).
[3]
Por medio de auto del 16 de enero de 2019, el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Municipio admitió la acción de tutela y vinculó a la Secretaría de
Educación de Municipio. Ordenó oficiar al Establecimiento ABC y a
la entidad mencionada para que intervinieran en el proceso (cuad. 1ª inst.,
folio 9). Los oficios correspondientes constan en los folios 11-14 del cuad. 1ª
inst.
[4]
Cuad. 1ª inst., folios 15-20. El escrito fue presentado a través de apoderado
judicial. La entidad anotó que “se insta a la aquí accionante, para que en lo
sucesivo ponga en conocimiento a la Secretaría de Educación sobre estas
situaciones y/o se acerque a la dependencia, donde se le brindará la respectiva
orientación por parte de los profesionales encargados de la asignación de cupos
en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Municipio-Departamento”
(folio 15).
[5]
La sentencia de primera instancia fue proferida el 29 de enero de 2019 por el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Municipio (cuad. 1ª inst., folios
21-24).
[6]
El Decreto 3011 de 1997, “por el cual se establecen normas para el ofrecimiento
de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones” fue derogado como
consecuencia de la disposición de “Derogatoria Integral” establecida en el
Artículo 3.1.1. del Decreto 1075 de 2015, “por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”. El contenido del primer
decreto quedó incorporado en el segundo. El Artículo 2.3.3.5.3.4.2. del Decreto
1075 de 2015, anteriormente Artículo 16 del Decreto 3011 de 1997, establece que
“[p]odrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos
lectivos especiales integrados: || 1. Las personas con edades de trece (13)
años o más, que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica
primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados. || 2. Las
personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de
educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio
público educativo formal, dos (2) años o más”.
[7]
El escrito de impugnación se encuentra en los folios 30-32 del cuad. 1ª inst.
Mediante providencia del 6 de febrero de 2019, la juez de primera instancia
ordenó remitir las diligencias al superior jerárquico (cuad. 1ª inst., folio
33).
[8]
La impugnación fue conocida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Municipio,
que profirió sentencia el 5 de marzo de 2019. El fallo se encuentra en los
folios 2-6 del cuaderno de segunda instancia.
[9]
Cuad. rev., folios 18-22. Como resultado de este auto, la Secretaría General de
la Corte emitió el Despacho Comisorio núm. 003 de 2019 dirigido al ICBF,
Dirección Regional Departamento, y una serie de oficios adicionales
(cuad. rev., folios 25-34). La providencia, adicionalmente, fue notificada por
estado núm. 538 del 22 de agosto de 2019 (cuad. rev., folio 23).
[10]
Esta información fue verificada en el Registro Único de Afiliados (RUAF) del
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).
[11]
Cuad. rev., folios 50-63. La visita tuvo lugar el 27 de agosto de 2019. La
respuesta del ICBF fue presentada por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
(E). Adicional a los documentos que se resumen en el texto de esta sentencia,
la entidad adjuntó copia del consentimiento informado que la señora Rebeca
y Samuel firmaron para la realización de la visita y la valoración
(cuad. rev., folio 52), y copias de los documentos de identidad de la señora Rebeca
y de Samuel (cuad. rev., folios 54-55). Se incluyó también copia de una
póliza de accidentes personales que protege a quien la Sala entiende es el
hermano mayor de Samuel. La póliza indica que el hermano del joven
estudia en una universidad del departamento del Departamento (cuad.
rev., folio 56).
[12]
Cuad. rev., folio 53. La declaración fue tomada por la Defensora de Familia del
Centro Zonal de Municipio del ICBF el mismo 27 de agosto de 2019, cuando
fue realizada la visita al domicilio de Samuel.
[13]
Cuad. rev., folios 57-59. Este informe, según se indica en su texto, fue
realizado por una trabajadora social especialista en desarrollo infantil con
énfasis en educación de niños de alto riesgo.
[14]
Cuad. rev., folios 60-63. La valoración psicológica fue realizada por una
psicóloga vinculada al ICBF.
[15]
Cuad. rev., folios 44-48. La respuesta fue presentada por el apoderado del
municipio de Municipio.
[16]
La tabla incluida en la presente sentencia fue construida por la Corte a partir
de los datos aportados por la Secretaría de Educación de Municipio que
resultan pertinentes en el análisis del caso.
[17]
Cuad. rev., folio 49. El escrito lo firmó el Funcionario de la EPS.
[18]
Cuad. rev., folios 74-75. El auto fue proferido el del 22 de octubre de 2019. La
Secretaría General de la Corte informó a la Magistrada ponente que no recibió
respuesta de la entidad ni de la señora Rebeca, a pesar del
requerimiento.
[19]
De acuerdo con el quinto inciso del Artículo 86 de la Constitución Política,
“[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[20]
El Decreto 2591 de 1991 reglamenta el ejercicio de la acción de tutela. En
virtud del numeral 1 de su Artículo 42, dicha acción procede contra acciones u
omisiones de particulares, entre otros casos, “[c]uando contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de
educación”.
[21]
Ley 115 de 1994, Artículo 153. Ley 715 de 2001, Artículo 7.
[22]
Ver, por ejemplo, las sentencias T-458 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-546 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-008 de 2016. M.P.
Alberto Rojas Ríos. S.P.V. Luis Ernesto Vargas Silva; T-129 de 2016. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; y T-434 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
S.P.V. José Fernando Reyes Cuartas. Además de estas sentencias, en las que el
requisito de subsidiariedad ha sido abordado explícitamente en el texto de la
providencia, la Corte ha analizado, durante al menos los últimos veinte años,
el fondo de asuntos en los que se estudia el problema jurídico derivado del
presente caso: esto queda evidenciado en las sentencias que se reiteran y citan
más adelante en la presente providencia. La jurisprudencia constitucional, en
este sentido, es pacífica en torno a la procedencia de la acción de tutela en
casos como el que se estudia. La reciente Sentencia T-434 de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. S.P.V. José Fernando Reyes Cuartas) estableció al
respecto que “en lo que atañe a los asuntos objeto de revisión, se debe tener
en cuenta que los accionantes no cuentan con otro mecanismo judicial a través
del cual se obtenga la debida protección del derecho a la educación (…) Por
consiguiente, la Sala concluye que la acción de tutela es procedente como
mecanismo definitivo”.
[23]
Así interpretó la Sala Plena el Artículo 44 de la Constitución Política, que
establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la Sentencia
SU-225 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. S.V. José Gregorio Hernández
Galindo, Carlos Gaviria Díaz y Antonio Barrera Carbonell): “Del artículo 44 se
deriva claramente que, la Constitución, respetuosa del principio democrático,
no permite, sin embargo, que la satisfacción de las necesidades básicas de los
niños quede, integralmente, sometida a las mayorías políticas eventuales. Por
esta razón, la mencionada norma dispone que los derechos allí consagrados son
derechos fundamentales, vale decir, verdaderos poderes en cabeza de los
menores, que pueden ser gestionados en su defensa por cualquier persona, contra
las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares (…)
Se trata entonces de derechos que tienen un contenido esencial de aplicación
inmediata que limita la discrecionalidad de los órganos políticos y que cuenta
con un mecanismo judicial reforzado para su protección: la acción de tutela”.
[24]
En virtud del Artículo 67 de la Constitución, la educación es un servicio
público y un derecho: “La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura”. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el Artículo 44 de la
Carta establece, además, que tiene carácter fundamental: “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.
[25]
El segundo inciso del Artículo 44 de la Constitución dispone que “[l]a familia,
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores”. El Artículo 45 de la Carta, por
su parte, establece que “[e]l adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral”.
[26]
Ver, entre otras, las sentencias T-450 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-183 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz; T-513 de 1999. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez; T-1134 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-1577 de
2000. M.P. Fabio Morón Díaz; T-1012 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-918
de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-306 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta
Gómez; T-067 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; y C-442 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[27]
Ver el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
[28]
Ver el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[29]
Ver el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado en Colombia por medio de la Ley 74 de 1968.
[30]
Esta corresponsabilidad con respecto a la garantía del derecho a la educación
de niñas, niños y adolescentes ha sido resaltada por la Corte Constitucional
con base en el Artículo 44 de la Constitución, por un lado, que establece que
“[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos”. Por otro, el Artículo 67 insiste en esa
obligación: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
[31]
En los términos del Artículo 67 de la Constitución, “[l]a educación formal
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.
[32]
Corte Constitucional. Sentencia T-429 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. A.V.
José Gregorio Hernández Galindo
[33]
Corte Constitucional. Sentencia T-085 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[34]
En la Sentencia C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.P.V. Jaime Araújo
Rentería), la Corte sostuvo que no existe discusión “sobre la importancia de la
educación como factor esencial del desarrollo humano, social y económico y, a
su vez, como instrumento fundamental para la construcción de equidad social”.
En este mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-376 de 2010. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-055 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
A.V. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-085 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; y T-067 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[35]
Ver, por ejemplo, las sentencias T-085 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; y T-067 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[36]
Entre los instrumentos mencionados, se encuentran el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Artículo 24), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (Artículo 10), la Convención Americana de
Derechos Humanos (Artículo 19) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(Artículo 3). Al respecto, ver, por ejemplo, la Sentencia C-113 de 2017 (M.P.
María Victoria Calle Correa. S.V. Aquiles Arrieta Gómez. A.V. María Victoria
Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[37]
Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Jaime Araújo
Rentería. A.V. Manuel José Cepeda Espinosa. Esta sentencia reitera la
interpretación que esta Corporación ha defendido desde sus primeros años de
existencia en providencias como la Sentencia T-408 de 1995 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Legislativamente este cambio se dio con la expedición del
Código de Infancia y Adolescencia, en el año 2006, que acogió la doctrina de la
“protección integral”. Ver, por ejemplo, la Sentencia C-113 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa. S.V. Aquiles Arrieta Gómez. A.V. María Victoria Calle
Correa y Jorge Iván Palacio Palacio.
[38]
Corte Constitucional. Sentencia C-113 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa. S.V. Aquiles Arrieta Gómez. A.V. María Victoria Calle Correa y Jorge
Iván Palacio Palacio.
[39]
El Artículo 365 de la Constitución establece que “[l]os servicios públicos
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley” y aclara que “el Estado
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia” de ellos, aun si los
particulares son autorizados para prestarlos.
[40]
Además de la educación calificada como “formal”, existen también sistemas de
educación no formal e informal, que se desarrollan en la Ley 115 de 1994, “por
la cual se expide la ley general de educación”, y la normativa relacionada. De
conformidad con el Artículo 2 de la Ley mencionada, “[e]l servicio educativo
comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la
educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal,
los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o
privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos
de la educación”.
[41]
Ley 115 de 1994, Artículo 10.
[42]
Ley 115 de 1994, Artículo 2.
[43]
De acuerdo con el Artículo 2.3.3.1.3.1. del Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación), los niveles se definen como las “etapas
del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos
definidos por la ley”. Un ciclo, por su parte, “es el conjunto de grados que en
la educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos en el
artículo 21 de la Ley 115 de 1994, para el denominado Ciclo de Primaria o en el
artículo 22 de la misma Ley, para el denominado Ciclo de Secundaria”.
[44]
Un grado, de conformidad con el Artículo 2.3.3.1.3.1. del Decreto 1075 de 2015
(Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), “corresponde a la ejecución
ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los
objetivos propuestos en dicho plan”.
[45]
El tercer inciso del Artículo 67 de la Constitución dispone: “El Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica”.
[46]
Ver el Capítulo 1 del Título II de la Ley 115 de 1994.
[47]
Ley 115 de 1994, artículos 13 y 14.
[48]
Ley 115 de 1994, Artículo 13.
[49]
Ley 115 de 1994, Artículo 14.
[50]
Ley 115 de 1994, Artículo 50.
[51]
Ley 115 de 1994, Artículo 51.
[52]
De acuerdo con el Artículo 2.3.3.5.3.4.7. del Decreto 1075 de 2015, “[l]os
ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal manera que la
formación y los logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con
los ciclos lectivos regulares de la educación básica: || 1. El primer ciclo,
con los grados primero, segundo y tercero. || 2. El segundo ciclo, con los
grados cuarto y quinto. || 3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.
|| 4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno”.
[53]
El Artículo 2.3.3.5.3.5.1. del Decreto 1075 de 2015 establece que “[l]a
educación media académica [para adultos] se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos
especiales integrados”.
[54]
Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.5.3.4.3.
[55]
Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.5.3.5.1.
[56]
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Este Decreto incorporó el
contenido del Decreto 3011 de 1997, “por el cual se establecen normas para el
ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones”.
[57]
Los requisitos para acceder a la educación formal media para adultos (ciclos
quinto y sexto) están establecidos en el Artículo 2.3.3.5.3.5.1. del Decreto
1075 de 2015. Según dicha norma, pueden acceder a este nivel de educación las
personas que tengan el “certificado de estudios del bachillerato básico” (que
es entregado una vez el estudiante culmina los cuatro ciclos lectivos
especiales integrados que componen el nivel básico de educación formal para
adultos) o los mayores de dieciocho años que acrediten haber terminado el grado
noveno de la educación básica.
[58]
Esta es la regla que la Corte ha establecido y reiterado en las sentencias en
las que ha analizado el problema jurídico que estudia en esta ocasión. Por lo
tanto, la presente sección de esta sentencia se construye a partir de las
siguientes providencias: T-1017 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-108 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-685 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-675 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-447 de 2005.
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-612 de 2006. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-865 de
2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-564 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-458 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-546 de 2013. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-592 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-755 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. A.V. Alberto Rojas Ríos; T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
S.P.V. Luis Ernesto Vargas Silva; T-129 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; y T-434 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.P.V. José
Fernando Reyes Cuartas.
[59] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de Naciones Unidas, Observación General Núm. 13.
[60]
Corte Constitucional. Sentencia T-1017 de 2000. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[61]
Ibídem.
[62]
La Corte ha encontrado este tipo de casos en las sentencias T-675 de 2002 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), T-447 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-612 de
2006 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En la primera, conoció del caso de una
adolescente de 17 años, con una hija de un mes de nacida, que debía trabajar
para ayudar a cubrir los gastos de su hogar (vivía con su compañero
permanente). Aprobó el grado décimo en un Colegio de jornada nocturna, pero el
plantel fue fusionado con otra institución y el establecimiento resultante, que
terminó siendo el único en el municipio, dejó de ofrecer dicha jornada. Al
solicitar un cupo en la jornada sabatina, le fue negado, pues el Colegio
sostuvo que el programa respectivo estaba dirigido solo a adultos. En las otras
dos providencias, estudió los casos de menores que solicitaban un cupo en
sistemas educativos especiales por fuera del sistema regular por niveles y
grados (el Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT– en la Sentencia T-447 de 2005
y el Sistema Educativo para la Población Desplazada y Vulnerable en la
Sentencia T-612 de 2006), que eran ofrecidos en los lugares donde residían,
pues no existía una institución que ofreciera un programa regular. En las tres
sentencias mencionadas, la Corte tuteló el derecho a la educación de los
menores y ordenó que fueran admitidos en las instituciones de educación para
adultos donde habían solicitado un cupo. En la Sentencia T-675 de 2005, la
Corte aplicó la excepción de inconstitucionalidad con respecto a la norma
reglamentaria que establece los requisitos para acceder a un programa de
educación para adultos. La providencia T-447 de 2005, por su parte, ordenó a la
autoridad competente “flexibilizar” los requisitos para el ingreso al SAT. En
la Sentencia T-612 de 2006, finalmente, el camino escogido fue ordenar la inscripción
de los menores afectados por la situación encontrada “sin consideración a su
edad, mientras se implementan otros sistemas educativos acordes con la
necesidad de escolaridad de los menores”.
[63]
Remedios de este tipo se han impartido en sentencias como las siguientes: T-458
de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos. S.P.V. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-434 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. S.P.V. José Fernando Reyes Cuartas.
[64]
Corte Constitucional. Sentencia T-108 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[65]
Sobre la regulación del trabajo infantil, los requisitos aplicables y la
interpretación constitucional de las normas que establecen la edad mínima para
trabajar, ver, entre muchas otras, las sentencias C-170 de 2004. M.P. Rodrigo
Escobar Gil. S.P.V. Jaime Araújo Rentería; C-246 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez. A.V. Alejandro Linares
Cantillo, Hernán Correa Cardozo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella
Ortiz Delgado y Aquiles Arrieta Gómez; y T-434 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Además de múltiples instrumentos internacionales que prevén
obligaciones a cargo del Estado colombiano para tomar medidas que apunten a la
eliminación del trabajo infantil, como anota la Sentencia C-246 de 2017 ya
citada, “en el ordenamiento jurídico interno, los parámetros de validez del
trabajo infantil, las restricciones laborales de los menores de edad, la edad
mínima para acceder a un trabajo y los trabajos que están proscritos en el
plano nacional, tienen asidero en el Preámbulo, en los artículos 44, 45, 93 y
94 del Texto Superior, 113 a 118 del Código de la Infancia y la Adolescencia
(Ley 1098 de 2006) y 30 y 31 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas disposiciones,
propenden por dos propósitos fundamentales: (i) el de proteger a los menores de
edad respecto de trabajos que interfieran en su pleno desarrollo y, en
especial, en el goce efectivo del derecho a la educación; y (ii) el de
asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento, la abolición efectiva
del trabajo infantil, a través de la búsqueda de la eficiencia económica que
haga que los mercados de trabajo de los adultos funcionen correctamente y que
permitan elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo”.
[66]
Corte Constitucional. Sentencia T-108 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[67]
Ibídem.
[68]
Como se indicó anteriormente, tales requisitos están actualmente contenidos en
el Artículo 2.3.3.5.3.4.2. del Decreto 1075 de 2015. Este decreto, que es el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, incorporó el Decreto 3011 de
1997.
[69]
Corte Constitucional. Sentencia T-685 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[70]
Ibídem.
[71]
Ver las sentencias T-675 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-546 de 2013.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-755 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. A.V. Alberto Rojas Ríos; y T-434
de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.P.V. José Fernando Reyes Cuartas.
[72]
Decreto 1075 de 2019, Artículo 2.3.3.5.3.4.2.
[73]
Cuad. 1ª inst., folio 31.
[74]
Ibídem.
[75]
La decisión de segunda instancia, que concedió el amparo, fue proferida el 5 de
marzo de 2019.
[76]
Cuad. rev., folio 53.
[77]
Corte Constitucional. Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.P.V.
Jaime Araújo Rentería.
[78]
Esta Corporación ha planteado una distinción conceptual entre el trabajo
infantil y las labores infantiles, bien sean remuneradas o no. La Corte Constitucional
ha aclarado, al analizar la constitucionalidad de diversas normas relacionadas
con el trabajo realizado por niños, niñas o adolescentes, que no pueden ser
entendidas dentro del concepto de trabajo infantil “aquellas tareas de ayuda en
la casa, o los deberes escolares o cualesquier otra carga ligera que se imponga
a los niños y que propicien su educación y desarrollo armónico e integral en la
sociedad y en sus familias, bien sea que dichas obligaciones correspondan tan
sólo al ejercicio de la autoridad paterna o que se deriven de una promoción
mediante dádivas estimulatorias, verbi gracia, dinero, regalos, etc.”
(Corte Constitucional. Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
S.P.V. Jaime Araújo Rentería). Estas tareas y actividades son las que la
jurisprudencia de la Corte ha denominado “labores infantiles”. Ver también la
Sentencia C-246 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.P.V. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. A.V. Alejandro Linares Cantillo, Hernán Correa
Cardozo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Aquiles
Arrieta Gómez.
[79]
Cuad. rev., folio 53.
[80]
Cuad. rev., folios 44-48.
[81] Corte Constitucional. Sentencia T-604 de 2007. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[82] Ibídem.
[83]
De acuerdo con el Artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada mediante la Ley 12 de 1991, un niño es “todo ser humano menor de
dieciocho años”.
[84]
Esta medida se deriva de las reglas establecidas por esta Corporación en la
Sentencia T-497 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), en la que la Corte aclaró
que los CLEI, “aun cuando establecen una menor intensidad horaria, permiten
alcanzar los fines y objetivos de la educación básica y media, de acuerdo con
las particulares condiciones de la población adulta. Por tal razón, la intensidad
horaria, aun cuando sea el criterio de diferencia entre el ciclo lectivo
regular y el ciclo lectivo especial –CLEI– cuenta con finalidades similares,
pues ambos modelos de educación garantizan el cumplimiento de los objetivos de
la educación básica”. En la providencia citada, precisamente, la Corte
Constitucional conoció del caso de una adolescente que, por motivos económicos,
tuvo que interrumpir sus estudios en el sistema por niveles y grados. Tras
aprobar los estudios correspondientes al grado octavo en un programa de
educación para adultos por ciclos lectivos especiales integrados (CLEI), la
institución regular del sistema por niveles y grados donde había estudiado
anteriormente antes de retirarse temporalmente se negó a admitirla en el grado
noveno con base en el argumento de que la intensidad horaria y el programa
académico de la institución de donde provenía eran diferentes a los del
establecimiento al que aspiraba a regresar. La Corte encontró que esta negativa
vulneró el derecho a la educación de la adolescente. Por lo tanto, dispuso que
la supuesta incompatibilidad entre los estudios realizados en el sistema de
educación para adultos y el sistema regular por niveles y grados no puede ser
un argumento para que las instituciones de educación y otras autoridades del
sector educativo nieguen el acceso al sistema educativo a una persona.
[85]
Esta medida está alineada con uno de los remedios que esta Corporación adoptó
recientemente en la Sentencia T-607 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
S.P.V. Carlos Bernal Pulido). En esta providencia, entre otros remedios, la
Corte ordenó a las entidades involucradas que comunicaran en un lenguaje claro
y adecuado la decisión a una niña con capacidades diversas, en representación
de quien se interpuso la acción de tutela. Para tal efecto, la Corte redactó
una comunicación dirigida a la niña.
[86]
Ley General de Educación.