T-042-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-042/05
ACCION DE TUTELA-Características
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes y obligaciones del juez de tutela/JUEZ
DE TUTELA-Deberes
ACCION DE TUTELA-Mecanismo de protección inmediata de
derechos fundamentales
El mecanismo constitucional de tutela
previsto por la norma superior, es un instrumento que le confía a los jueces la
función de verificar el efectivo cumplimiento de los mandatos constitucionales
de protección y primacía de los derechos inalienables de la persona, y por
consiguiente en aquellos eventos en que se encuentre configurada la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental, por acción o por omisión, el juez
constitucional deberá impartir órdenes de inmediato cumplimiento para
salvaguardar efectivamente los derechos quebrantados, pues de lo contrario una
actuación superficial y formalista pondrá en peligro el derecho de acceso a la
administración de justicia, dejando desprotegido al individuo que solicita la
protección constitucional de sus derechos fundamentales.
JUEZ DE TUTELA-Facultad oficiosa para decretar pruebas
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por falta de pruebas para
práctica de intervención quirúrgica
Referencia: expediente T-909249
Acción de
tutela instaurada por Luis Eduardo Peláez Galvis contra la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia –DSSA-
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintisiete (27)
de enero de dos mil cinco (2005).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández
y Jaime Araújo Rentería, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín dentro de la
acción de tutela instaurada por Luis
Eduardo Peláez Galvis contra la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
–DSSA-.
I.   ANTECEDENTES
La Sala Número Cinco de Selección de la
Corte Constitucional, mediante auto del veintiocho (28) de mayo de 2004,
decidió seleccionar la presente acción de tutela promovida por Luis Eduardo Peláez Galvis contra la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia –DSSA-.
El señor Luis Eduardo Peláez Galvis instauró acción
de tutela contra la Dirección Seccional de Salud de Antioquia –DSSA-, para que se amparen los derechos fundamentales de su
menor hijo Wilmar Peláez, a la vida, la salud y la seguridad social, previstos
en los artículos 11, 48 y 49 de la Constitución Política respectivamente y que
se le ordene, en consecuencia a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
que autorice los procedimientos médico-quirúrgicos, hospitalarios y medicinales
que requiera su hijo para lograr el restablecimiento de su salud.
1.      La demanda de tutela
El accionante sustenta su demanda en los siguientes
hechos:
1.1. Es desplazado del Municipio de
Salamina-Caldas desde el año 2003 y se encuentra afiliado junto con su grupo
familiar en el Régimen Subsidiado de Salud –SISBEN- en el nivel I.
1.2. A su menor hijo Wilmar Peláez
de 17 años, le propinaron un disparo en la pierna, motivo por el que perdió la
rótula de su rodilla derecha y en consecuencia requiere una intervención
quirúrgica con el fin de reconstruirla, cirugía que se practicaría en el
Hospital General de Medellín.
1.3. La Dirección Seccional de Salud
de Antioquia se ha negado a resolver lo relativo con las citas para la
autorización de la práctica de la cirugía requerida por el menor.
2.   Argumentos de la Defensa
La Dirección Seccional de Salud
de Antioquia guardó silencio dentro del término legal otorgado por el juez de
tutela con el fin de que ejerciera su derecho de defensa.
El Secretario Seccional de Salud de
Antioquia por su parte, una vez notificado de la demanda de la referencia,
solicitó enviar a la ESE Hospital La María Sección Tutelas DSSA, copia de la
orden médica actualizada en la que conste el tratamiento requerido por el menor
Wilmar Peláez Rodríguez, con el fin de dar respuesta a la acción de tutela, autorizar el servicio médico requerido y referir al
paciente hacia la red de servicios de ser preciso.
3.  Decisión judicial objeto de
revisión
3.1.  Decisión de única
instancia
El Juzgado Dieciocho (18) Penal
del Circuito de Medellín, mediante fallo del primero (1º) de abril del año dos
mil cuatro (2004), decidió denegar el amparo de los derechos fundamentales
invocados como vulnerados al menor y cuya protección solicitó el accionante.
Considera el a-quo que
al presentar la documentación requerida para acceder a la práctica de la
cirugía, el accionante no aportó la orden de servicios que debe ser expedida
por el médico que se encuentra atendiendo al menor, de forma tal que el
tutelante no acreditó la real vulneración de los derechos que considera se le
vulneraron a su menor hijo, especialmente si se considera que es la persona
llamada a probar la necesidad de la cirugía a través de la orden
correspondiente emitida por el médico tratante.
Así mismo afirma que:  “…no
puede argumentarse que la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, al no dar
respuesta al requerimiento del Juzgado, renunció a su derecho de defensa y
contradicción, lo que facultaría a esta oficina judicial para dar por ciertos
los planteamientos del demandante …”.
El juez constitucional de
instancia advierte que con el fin de verificar si efectivamente la orden de la
cirugía que se reclama había sido expedida, un funcionario del despacho
judicial debidamente autorizado, sostuvo una comunicación telefónica con el
accionante señor Luis Eduardo Peláez Galvis en la que el tutelante manifestó
que la orden médica requerida no había sido elaborada aún y por esa razón no se
había aportado con las pruebas de la demanda.
Reitera el a-quo que: “…para
que la acción de tutela sea procedente se hace indispensable que la violación
recaiga sobre un derecho fundamental y que ese quebranto o amenaza se prueben.
La amenaza del derecho a la vida, en conexidad con la salud y la seguridad
social invocados por el señor Peláez Galvis era meramente conjetural, si se
tiene presente que no existió la orden del médico tratante…”.
En esas condiciones denegó el amparo pretendido por el
tutelante, pues considera que para que haya lugar a la protección judicial
propia de la acción de tutela debe probarse efectivamente la vulneración del
derecho fundamental alegado y además en el evento de que se trate de una
amenaza, ésta debe ser real y grave, situación que se echa de menos en el caso
sub-examine.
4.  Prueba solicitada en sede
de tutela
El Magistrado sustanciador en
el proceso de la referencia, para mejor proveer, mediante auto del 6 de agosto
de 2004, ofició al Instituto de Medicina Legal –Seccional Caldas- con el fin de
que dicha entidad practicara una completa valoración médica al menor Wilmar
Peláez Rodríguez, para efectos de establecer los procedimientos médicos que
necesita para restablecer las dolencias físicas que padece y en consecuencia le
solicitó que procediera a emitir el respectivo dictamen médico.
5.   Actividad Probatoria
5.1.  Documentos aportados por
la parte accionante
a. Copia del resumen de la Historia Clínica
del menor Wilmar Peláez Rodríguez.  (Folios 4 a 7 y 9 a 32 del Expediente).
b. Certificación de la afiliación del menor
Wilmar Peláez al Régimen Subsidiado de Salud –SISBEN-.  (Folio 8 del
Expediente).
c.  Constancia expedida por la
Inspección de Policía del Municipio de Salamina relativa al extravío de la
cédula de ciudadanía del tutelante señor Luis Eduardo Peláez Galvis.  (Folio 3
del Expediente).
d. Copia de los controles médicos efectuados
al menor Wilmar Peláez Rodríguez en el Hospital General de Medellín.  (Folios
34 a 37 del Expediente).
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.      Competencia.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de
tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9),
en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al 36), así como en el
auto del veintiocho (28) de mayo de 2004 proferido por la Sala de Selección
Número Cinco de esta Corporación.
2.  El problema jurídico
planteado
El actor instauró demanda de tutela en representación del
menor Wilmar Peláez, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos a la
vida, la salud y la seguridad social, (arts. 11, 48 y 49), debido a que la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia se niega a autorizar los
procedimientos médico-quirúrgicos, hospitalarios y medicinales que requiere el
menor para lograr el restablecimiento de su salud.
El juez de instancia resolvió la acción
instaurada y denegó el amparo solicitado, toda vez
que al presentar la documentación requerida para acceder a la práctica de la
cirugía, el accionante no aportó la orden de servicios correspondiente que debe
ser expedida por el médico que se encuentra atendiendo a su hijo, y por tanto
no acreditó la real vulneración de los derechos alegados. En ese entendido,
señaló que para que la acción de tutela sea procedente se hace indispensable
que la violación recaiga sobre un derecho fundamental y que ese quebranto o
amenaza se prueben, y a su juicio en el caso concreto la amenaza del derecho a
la vida, en conexidad con la salud y la seguridad social invocados por el tutelante
no es evidente, si se considera que no existe la orden emitida por el médico
tratante.
Corresponde a la Sala por
tanto, establecer si en el presente caso la acción de tutela instaurada resulta
procedente y en caso de serlo, analizar si los derechos fundamentales invocados
por el señor Luis Peláez a favor de su menor hijo Wilmar resultan o no
vulnerados, por parte de la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, al negarse a autorizar los procedimientos
médicos que requiere el menor.
3. El juez
de tutela en la protección de los derechos fundamentales tiene a su cargo el
cumplimiento de una serie de obligaciones constitucionales en el trámite de una
acción de tutela puesta bajo su consideración
La Constitución Nacional de 1991, previó la
acción de tutela como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales,
con el fin de dotar a las personas de un instrumento expedito que se surte
mediante un trámite preferente y sumario y que además goza de las siguientes
características: i) es subsidiario, porque sólo procede si no existe
otro mecanismo de defensa judicial idóneo, ii) es inmediato, debido a
que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar, iii)
es sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio, iv)
es específico, porque se creó como mecanismo especial de protección de los
derechos fundamentales y por último, v) es eficaz, porque siempre exige
del juez un pronunciamiento de fondo bien sea para conceder o negar lo
solicitado.[1]
En ese orden de ideas, el juez de tutela
cumple una función primordial en el Estado Social de Derecho, en la medida en
que es el funcionario judicial encargado de velar por la eficacia de los
derechos fundamentales y por tanto desempeña un rol insustituible en el modelo
de Estado que estableció la Carta Política de 1991.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia
T-164 de 2003, dijo:
“ (…) La función del juez de tutela es
proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o, en
ciertas condiciones, de los particulares.  Por lo tanto, para que proceda la acción
resulta indiferente que en la configuración de la amenaza participe un tercero.
Es suficiente que la amenaza se configure contra una persona o grupo
determinado o determinable; que en virtud de la amenaza, la persona o grupo se
encuentren en situación de indefensión; y que la administración haya incumplido
su obligación de proteger especialmente a las personas expuestas al riesgo
excepcional. (…)”.
Ahora bien, la función del juez de tutela
de conformidad con el ordenamiento constitucional, conlleva para éste el
cumplimiento de una serie de obligaciones legales que comprometen la conducta
que se espera que realice en defensa de los derechos fundamentales, en esa
forma por ejemplo, el juez de tutela debe asumir una posición activa en materia
probatoria,[2]
cuando las particularidades del caso así lo exijan, con el propósito de evitar
la vulneración de los derechos de rango constitucional; así mismo, mantiene la
competencia para asegurar el cumplimiento de sus fallos,[3] en los eventos en que
puede directamente emitir la orden y dictar el acto administrativo respectivo,[4] incluso cuenta con la
posibilidad de sancionar por desacato al incumplido,[5] y aún más puede
prevenir a las autoridades públicas con el fin de que no vuelvan a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos.[6]
Así pues, el mecanismo constitucional de
tutela previsto por la norma superior, es un instrumento que le confía a los
jueces la función de verificar el efectivo cumplimiento de los mandatos
constitucionales de protección y primacía de los derechos inalienables de la
persona, y por consiguiente en aquellos eventos en que se encuentre configurada
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, por acción o por omisión,
el juez constitucional deberá impartir órdenes de inmediato cumplimiento para salvaguardar
efectivamente los derechos quebrantados, pues de lo contrario una actuación
superficial y formalista pondrá en peligro el derecho de acceso a la
administración de justicia, dejando desprotegido al individuo que solicita la
protección constitucional de sus derechos fundamentales.
4. El juez de tutela debe tener
elementos de juicio suficientes para dictar sentencia de fondo
Esta
Corporación, ha sostenido la obligación que le asiste a los jueces de tutela de
decretar y practicar pruebas de oficio cuando en el proceso no obren
suficientes elementos de juicio para decidir el asunto sometido a su
conocimiento, al no haberse allegado estos con la solicitud de amparo, esto en
razón de que la labor constitucional encomendada es precisamente la protección
efectiva de los derechos fundamentales, de suerte que es imperativo para el
juez constitucional como conocedor del derecho, reunir todos los elementos
probatorios que le permitan determinar con certeza la procedencia del amparo
solicitado.
Es así, como el artículo 22 del Decreto
2591 de 1991[7]
dispone que el juez constitucional, podrá fallar de fondo el asunto sin
necesidad de decretar pruebas, en aquellos eventos en que llegue al
convencimiento pleno sobre los hechos y las razones que los sustentan, en
relación con el asunto sometido a su conocimiento.
Sobre el
particular, la Corte en sentencia T-1056 de 2001, señaló lo siguiente:
“ (… ) Se pone de presente una vez más la omisión en
que frecuentemente incurren no pocos jueces constitucionales de tutela,
consistente en no hacer uso de la facultad oficiosa de practicar pruebas tal y
como lo prevé el ordenamiento jurídico que regula el amparo constitucional. Los
funcionarios se limitan casi exclusivamente a solicitar el informe de rigor a
la autoridad pública o al particular accionado, y de allí no pasan. Luego, en
el fallo, sin reticencia alguna, arguyen la falta de elementos de juicio
demostrativos de un determinado hecho, con lo cual la decisión en no pocas
ocasiones resulta injustamente nugatoria de la protección que se reclama. (…)”.
Dicha línea jurisprudencial, fue reiterada
posteriormente en diversos pronunciamientos, entre ellos en la sentencia T-1088
de 2001[8],
en donde la Corte dijo:
“ (…) No significa "que la justicia
constitucional deba ser oficiosa ni que el éxito de las pretensiones de la
tutela correspondan única y exclusivamente al juez, puesto que es razonable
sostener que quien conoce la manera exacta
como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece
el daño o la amenaza de afectación”; de lo que se trata, entonces, es de lograr
un sano equilibrio - establecido por los hechos mismos de cada caso -, entre la
exposición que hace el peticionario, y que constituye el marco de referencia
para encauzar la labor del juez, y la necesidad de comprobación por parte del
funcionario judicial, de las razones que sustentan una demanda de tutela.  Por
esta vía, “se pretende que el contenido del artículo 86 Superior traspase las
fronteras de un vano formalismo para convertirse en una herramienta oportuna y
eficaz que constituye poder en cabeza de los ciudadanos” (…)”.
En esos términos, es claro entonces que el
juez constitucional, como cualquier autoridad judicial, puede y debe solicitar
pruebas de oficio, como quiera que está a su cargo reunir los elementos de
juicio indispensables para resolver el asunto que se somete a su consideración,
por consiguiente la práctica oficiosa de pruebas para el juez de tutela no es
sólo una potestad,[9]
sino que es un deber inherente a la función judicial, pues la decisión con
fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y
sensata del asunto planteado.[10]
En conclusión, el juez de
tutela no puede fallar de fondo un asunto, y menos negar el amparo solicitado,
con el simple argumento de la ausencia de pruebas para demostrar los hechos
alegados, cuando ha omitido su labor de director del proceso, al no hacer uso
de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de
pruebas que estime necesarias, así mismo no podrá atribuir esa falencia al
tutelante, quien en la mayoría de los casos no sabe qué, ni cómo puede probar
un hecho determinado.
5. Caso concreto
En el caso objeto de revisión, el accionante reclama el
derecho a la atención en salud que le ha sido negado a su hijo Wilmar Peláez
Rodríguez, por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia –DSSA-, a
pesar de que requiere la práctica de una cirugía con el fin de reconstruir la
rótula de su rodilla derecha.
Es pertinente puntualizar, que
de acuerdo con la Historia Clínica del menor Wilmar Peláez, que obra como
prueba en el expediente, se constata que éste fue herido en su rodilla derecha
por arma de fuego, siendo trasladado inmediatamente a la ciudad de Medellín, en
donde ha venido siendo atendido en el Hospital General de esa ciudad.[11]
Ahora bien, encuentra la Sala,
que de acuerdo a la información que consta en la Historia Clínica referida, al
menor Wilmar Peláez le han sido practicadas dos intervenciones quirúrgicas con
el fin de restablecer la rótula de su rodilla derecha, la primera[12] el 6 de
junio de 2003, y la segunda[13]
le fue practicada el 25 de junio de 2003, ordenándose el suministro de los
medicamentos que fueran necesarios, así como los controles médicos a que
hubiera lugar a cargo del galeno que lo operó, con el fin de lograr el
restablecimiento de su salud, incluso se le practicaron varias sesiones
postoperatorias de ortopedia.
En el presente caso, cabe destacar que el
padre del menor en los hechos de la tutela manifiesta que su hijo necesita una
cirugía con el fin de reconstruir la rótula de su rodilla derecha, no obstante,
en el expediente no hay prueba documental que demuestre tal requerimiento, tal
como lo manifestó en su momento el juez de primera instancia, motivo que dio
lugar a negar el amparo solicitado.
En ese entendido, esta Corporación en
consideración a la solicitud del tutelante, decretó la valoración del estado de
salud del menor Wilmar Peláez y la práctica de un experticio sobre la urgencia
con que este requiere una nueva intervención quirúrgica de reconstrucción de
rótula de rodilla derecha, por cuenta de un médico del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses[14]
–Seccional Caldas-, entidad que procuró su práctica con resultados
infructuosos, pues de acuerdo con la información suministrada a esta
Corporación, no fue posible ubicar al menor ni a su familia en su lugar
habitual de vivienda.[15]
Así las cosas, no es posible
conceder el amparo solicitado por el padre del menor Wilmar Peláez, dado que si
bien la Corte decretó las pruebas pertinentes con el fin de determinar con
certeza la urgencia y necesidad de la cirugía que éste necesita como quedó
señalado con anterioridad, esto no fue posible de establecer, y en consecuencia
deberá confirmarse el fallo emitido por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito
de Medellín.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar los términos que
fueron suspendidos mediante auto del 6 de agosto de 2004.
Segundo.- CONFIRMAR, la sentencia proferida por el
Juzgado Dieciocho (18) Penal del Circuito de Medellín dentro de la acción de
tutela instaurada por Luis
Eduardo Peláez Galvis contra la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
–DSSA-.
Tercero.- Líbrense
por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre el particular, consultar entre otras
las sentencias T-270 de 1996, SU-257 de 1997 y SU-058 de 2003.
[2] Al respecto se pueden consultar,
entre otras las sentencias  T-321/93,  T-134/96,  T-1181/01, T- 1088/01,
T-603/01, T-523/01 y T-586/02.
[3] Decreto 2591 de 1991, artículo 27 del Decreto 2591 de
1991
[4]  Ibíd, artículo 23.
[5] Ibíd, artículo 52.
[6] Ibíd, artículo 24. Prevención a la
autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en
los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la
misma acción u omisión.
Por su parte, el artículo 86 de la Carta
Fundamental, establece que la protección que disponga el juez constitucional
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo.
[7] “Artículo 22. Pruebas. El juez, tan pronto
llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el
fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas.”
[8] En el mismo
sentido, ver la sentencia T-990 de 2002.
[9] Así lo dispone el artículo 179 del Código
de Procedimiento Civil y los artículos 19, 21 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
[10] Corte Constitucional, Sentencias SU-819/99
y T-864/99.
[11] A folio 6 del Expediente, obra copia de la
Historia Clínica del menor expedida por el Hospital General de Medellín.
[12] A folio 24 del Expediente, obra la ficha
donde consta que se practicó la cirugía al menor.
[13] A folio 22 del Expediente, obra la ficha
donde consta que se practicó cirugía al menor de artrodesis
de rodilla derecha.
[14] A folios 64 y 65 obra el auto mediante el
que se decretó la respectiva prueba.
[15] A folio 68 del Expediente, obra el oficio
remitido por Medicina Legal a la Corte, en donde se contesta al requerimiento
efectuado en los siguientes términos: “(…) Con toda atención, me dirijo a
usted, en respuesta a su oficio No. OPT-B-324/2004, recibido a las 10:30 hrs.,
del día 19 de agosto del presente año, con el fin de comunicarle, que con base
en averiguaciones adelantas, por esta Unidad, la Unidad de Fiscalía Local y,
por los mensajes de radio, el menor Wilmar Peláez Rodríguez y su familia, ya no
se encuentran ubicados en la Vereda La Divisa de esta jurisdicción, ni en el
área urbana de la localidad. (…)”.