T-460-16
Sentencia T-506/12
Sentencia T-460/16
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
PRECEDENTE
JUDICIAL-Definición
Esta
Corte ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”
PRECEDENTE
JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional y
se presenta cuando el funcionario judicial al resolver un caso se aparta de la
interpretación dada por este Tribunal al respectivo precepto.
VIOLACION DIRECTA DE
LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Se viola de manera directa la
Carta cuando se deja de lado una norma ius fundamental aplicable al
caso en análisis o en aquellos donde no se reconoce la excepción de
inconstitucionalidad.
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-No
existen pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas uniformes
dentro de la Corte en torno al incremento pensional del 14%
La jurisprudencia de esta Corte no ha sido pacífica, ya que se
encuentra dividida en dos posiciones antagónicas. Así, algunos fallos, señalan
que el incremento es un derecho patrimonial, no fundamental –no está orientado
a satisfacer necesidades del actor-, y por lo mismo no hace parte de la
pensión, máxime cuando se encuentra supeditado al cumplimiento de unos
requisitos que nada tienen que ver con la prestación. La otra tesis
desarrollada por esta Corporación, considera que el incremento pensional es un
aspecto de la Seguridad Social y, en esas condiciones, es un derecho de
carácter imprescriptible. Además, porque de aplicarle la prescripción sería
permitir la pérdida de una parte de recursos y dar un trato desigual a otras
personas en similar situación.
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL-Aplicación
PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de
favorabilidad en materia laboral
La
aplicación del principio de favorabilidad se hace exigible cuando, de cara a
dos o más normas vigentes para la época en que se causó el derecho, surge para
el funcionario judicial la obligación de elegir una de ellas por adecuarse al
caso concreto. En esas circunstancias, se debe optar por la disposición que
permita mejores beneficios al operario o favorecido con el sistema, bajo la
condición de que se respete el principio de “inescindibilidad o conglobamento”, desarrollado con
fundamento en los artículos 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de
la Constitución por cuanto Tribunal no aplicó principio de favorabilidad en
materia laboral
Los jueces laborales al resolver las demandas debieron tener en
cuenta que de cara a la normatividad contenida en el Acuerdo 049 de 1990 no
existía una sola interpretación, sino dos y, en ese sentido, aplicar la que con
mayor celo cumplía con los fines del Estado y postulados constitucionales, a
fin de garantizar los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la
prosperidad y solidaridad.
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A
LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Orden a Colpensiones reconocer incrementos
pensionales
Referencia: expedientes T-5.523.439, T-5.535.463 y T-5.538.808
(acumulados).
Acciones
de tutela interpuestas por Jorge Humberto Díaz Prieto contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otro (T-5.523.439);
Amalfi de la Cruz Lagares de Torres contra el Juzgado 19 Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín (T-5.535.463) y Germy Oyaga Tapia contra el
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla y otros
(T-5.538.808).
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., veintinueve
(29) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge
Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro de los procesos de revisión de los fallos emitidos
en las acciones de tutela interpuestas por Jorge
Humberto Díaz Prieto, Amalfi de la Cruz Lagares de Torres y Germy Oyaga Tapia
contra los despachos judiciales de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-5.523.439
Mediante
escrito radicado el 15 de febrero de 2016 ante la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, el señor Jorge Humberto Díaz
Prieto, actuando a nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Juzgado 15 Laboral del Circuito y la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, invocando la protección de sus derechos
fundamentales a la “favorabilidad”, “ratio decidendi” de la
jurisprudencia constitucional e “imprescriptibilidad en materia pensional”.
Lo anterior, al considerarlos vulnerados por las autoridades demandadas, porque
en sus decisiones le negaron el incremento pensional por tener a cargo la
cónyuge y un hijo discapacitado, bajo el argumento que se hallaba prescrito.
1.1.
Hechos
1.1.1. El Instituto de Seguros Sociales –Seccional Cundinamarca-, mediante
resolución núm. 002876 del 28 de febrero de 2001, reconoció la pensión de vejez
al señor Jorge Humberto Díaz Prieto[1],
por la suma de $348.413. El 13 de julio de 2013, Colpensiones negó la petición
del actor en torno al incremento pensional, al considerar que el régimen de la
Ley 100 de 1993 no contempla los incrementos pensionales por personas a cargo.
1.1.2. El 12 de noviembre de 2013, el señor Díaz Prieto presentó demanda
ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá con la finalidad de obtener
el incremento de su mesada en un 14% y 7%, toda vez que su cónyuge Emperatriz,
y su hijo Daniel Humberto –inválido- dependen económicamente del mismo.
1.1.3. El 27 de julio de 2015, el Juzgado de
conocimiento absolvió al Instituto de Seguros Sociales, al considerar que las
prestaciones se encontraban prescritas. Recurrido el fallo, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 15
de octubre de 2015, lo confirmó.
1.1.4. Señaló el actor tener derecho a los
incrementos pensionales del 14% y 7% por tener a su cargo a la cónyuge y el
hijo inválido, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990 -arts. 20 y 21-.
1.1.5. Solicitó se le amparen sus derechos y
en consecuencia, revocar las decisiones proferidas por los despachos judiciales
y ordenar a Colpensiones reconocer y pagar los incrementos de su pensión.
1.2.
Trámite procesal
Mediante
auto del 17 de febrero de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado a las autoridades
judiciales accionadas y entidad vinculada -Colpensiones[2]-,
para que en el término de un (1) día ejercieran su derecho de defensa. De otro
lado, dispuso enterar a las partes e intervinientes en el proceso ordinario
laboral que motivó la acción constitucional.
1.3. Respuesta
de las entidades accionadas
1.3.1.
El Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá, en oficio núm.
105 del 22 de febrero de 2016, aceptó haber tramitado el proceso ordinario
laboral, el cual concluyó con sentencia absolutoria, al encontrar probada “la
excepción de prescripción al derecho a reclamar el incremento adicional a su
pensión del 14% y del 7% del salario mínimo legal mensual por tener su cónyuge
e hijo discapacitado a  cargo”. Ello, con fundamento en la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano de
cierre de esa jurisdicción.
1.3.2. Mediante oficio núm. BZG2016-1964110
del 29 de febrero de 2016 -recibido con posterioridad a la decisión de primera
instancia- la Vicepresidenta Jurídica y Secretaria General de Colpensiones, luego
de citar el Decreto 2011  de 2013 por el cual se determinan y reglamentan las operaciones
de esa entidad solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto “solamente puede asumir asuntos relativos a la
Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia
pensional, ya que este es el marco de su competencia y en consecuencia, no
puede asumir otros temas diferentes, ya que COLPENSIONES no se encuentra
legalmente facultada para ello”.
1.4. Decisión objeto de
revisión
Mediante sentencia del 24 de febrero de 2016, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó la protección
constitucional invocada. En primer lugar, advirtió que el estudio de la acción
se centraría en la providencia de segunda instancia por ser confirmatoria de la
primera.
Consideró que la decisión de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no fue arbitraria, caprichosa
o carente de sustento, por el contrario, estuvo acorde con los “pronunciamientos
que ha realizado esta Corte en casos similares, como máximo órgano de la
jurisdicción laboral encargada por la Constitución Política de unificar la
jurisprudencia en la especialidad normativa, en los cuales ha reiterado que los
incrementos pensionales por cónyuge a cargo, establecidos en el artículo 21 del
acuerdo 049 de 1990, prescriben en el término trienal establecido en el Código
Procesal del trabajo y de la Seguridad Social”.
Esta decisión no fue impugnada y, por lo tanto, se
remitió el expediente a esta Corporación para su eventual revisión.
1.5. Pruebas relevantes
1.5.1. Fotocopia de las cédulas
de ciudadanía a nombre de los señores Jorge Humberto Díaz Prieto y Daniel
Humberto Díaz Gutiérrez, así como de la señora Emperatriz Gutiérrez de Díaz.
1.5.2. Fotocopia de la
resolución núm. 002876 del 28 de febrero de 2001, suscrita por la Jefe del
Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social, por medio de la cual
reconoció y ordenó pagar una pensión de invalidez al señor Jorge Humberto Díaz
Prieto por valor de $348.413, a partir del 1º de enero de 2001[3].
1.5.3.
Fotocopia del registro civil de matrimonio del señor Jorge Humberto Díaz Prieto
con  la señora Emperatriz Gutiérrez de Díaz, de la Notaría Sexta de Bogotá[4].
1.5.4.
Fotocopia del oficio núm. BZ2013-4704323-1375506 del 13 de julio de 2013,
suscrito por la Agente de Servicio de Colpensiones, dirigido al abogado Omar
Gamboa Mogollón, a través del cual se niega el incremento de la pensión del
señor Díaz Prieto, por personas a cargo[5].
1.5.5.
Fotocopia del Registro Civil de nacimiento de Daniel Humberto Díaz Gutiérrez,
de la Notaría Séptima de Bogotá, en el que consta que es hijo de Jorge Humberto
Díaz Prieto y Emperatriz Gutiérrez de Díaz[6].
1.5.6. Fotocopia del dictamen emitido por el
médico calificador del Seguro Social, del 1º de marzo de 2006, sobre la pérdida
de capacidad laboral en más del 50% de Daniel Humberto Díaz Gutiérrez por “Retardo
mental severo – Síndrome de Down”[7].
1.5.7.
Fotocopia de la parte resolutiva del fallo emitido por el Juzgado 15 Laboral
del Circuito de Bogotá, el 27 de julio de 2015, por el cual se absuelve a
Colpensiones, como consecuencia de encontrar “probada la excepción de
prescripción del derecho a reclamar el incremento pensional por persona a cargo
del que trata el literal B del art. 21 acuerdo 049 de 1990 respecto a su
cónyuge y su hijo minusválido”[8].
1.5.8.
Fotocopia de la parte resolutiva del fallo emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, del 15 de octubre de 2015,
donde se confirma el de primera instancia[9].
2.
Expediente
T-5.535.463
El 26 de noviembre de 2015, la
señora Amalfi de la Cruz Lagares de Torres, actuando a nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado 19 Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, invocando la protección de sus
derechos fundamentales a la seguridad social, la igualdad y la vida. Lo
anterior, porque la sentencia emitida dentro del proceso ordinario laboral le
negó el incremento pensional por persona cargo y absolvió a Colpensiones, al considerar
prescrita la pretensión.
2.1. Hechos
2.1.1. La señora Amalfi de la Cruz Lagares de
Torres[10] manifestó
que el 12 de mayo de 2011, mediante resolución núm. 112085, el Seguro Social le
otorgó la pensión de vejez.  Posteriormente, el 4 de diciembre de 2014 solicitó
el incremento pensional por tener a su cargo al compañero permanente, pero le
fue negado. Con fundamento en lo anterior, presentó demanda ordinaria laboral
ante el Juzgado 19 Municipal  de Pequeñas Causas Laborales de Medellín con la
finalidad de obtener el aumento de su mesada en un 14%, según lo establecido en
el Acuerdo 049 de 1990.
2.1.2. El 3 de julio de 2015, el Juzgado de
conocimiento emitió fallo de única instancia, a través del cual absolvió a la
demandada por considerar probada la excepción de prescripción del derecho.
2.1.3. Mediante acción de tutela, la señora
Lagares de Torres solicitó se amparen sus derechos y se ordene a Colpensiones
reconocer y pagar el incremento de su pensión.
2.2.
Trámite procesal
Mediante
auto del 27 de noviembre de 2015, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de
Medellín, admitió la acción de tutela, ordenó dar traslado a la autoridad
judicial accionada y vinculó de manera oficiosa a Colpensiones, para que en el
término de dos (2) días ejercieran su derecho de defensa.
2.3.
Respuesta de las entidades accionadas
2.3.1.
El Juzgado 19 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Medellín fue suprimido, por lo tanto el expediente se reasignó al Juzgado Sexto
de la misma categoría, el cual una vez vinculado a la actuación señaló que si
bien no fue quien emitió la decisión acusada, debe tenerse en cuenta las
diversas posiciones que sobre el incremento pensional se ventilan en cada una
de las Cortes, por lo que acoger una de ellas y tomar distancia de otras “no
significa que el juez aplique su criterio personal sino que aplique un
razonamiento e interpretación razonada, racionalizada y objetiva, que permita
dar una solución al caso concreto, aplicando los principios constitucionales y
demás elementos jurídicos aplicables al caso”.
2.3.2. Mediante oficio núm. BZ2015_11584203-3271767
del 2 de diciembre de 2015, la Gerente Nacional de Defensa Judicial Vicepresidencia
Jurídica y Secretaria General de Colpensiones solicitó la desvinculación de la
entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto “solamente
puede asumir asuntos relativos a la Administración del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida en materia pensional, ya que este es el marco de su
competencia y en consecuencia, no puede asumir otros temas diferentes, ya que
COLPENSIONES no se encuentra legalmente facultada para ello”. Lo anterior, con
fundamento en el Decreto 2011 de 2013 por el cual se determinan y reglamentan
las operaciones de esa entidad.
2.4. Decisiones objeto de
revisión
2.4.1. Mediante sentencia del 11 de diciembre de
2015, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito decidió “NO TUTELAR el derecho
fundamental invocado”, porque se “atendió al debido proceso, y se
evidencia que el Juez de la causa motivó en debida forma su decisión, que no
estuvo de acuerdo a las pretensiones del accionante, toda vez, que arrojó una
sentencia absolutoria que si bien a su parecer afecta los intereses de la parte
tutelante en este proceso, no ocurre lo mismo con sus derechos fundamentales,
sino por el contrario, se encuentra ajustado a derecho, ya que considera esta
Dependencia Judicial, y al contrario de lo que considera el accionante, la
Norma y la Jurisprudencia fue aplicada de manera objetiva por el fallador, y
como se dijo en acápites anteriores, no puede el Juez de Tutela convertirse en
una segunda instancia y proferir una nueva decisión judicial con la que sí esté
conforme la parte que interpone la acción constitucional”.
2.4.2. Esta decisión fue impugnada. La segunda
instancia correspondió a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, la cual mediante fallo del 15 de febrero de 2016 confirmó
la de primera, por cuanto no evidenció en la providencia del juez accionado “vía
de hecho” que haga visible la vulneración o amenaza de alguno de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante con la decisión
proferida el 11 de diciembre de 2015”. Ello, porque la sentencia atacada
está debidamente sustentada, ya que se expusieron los fundamentos fácticos y
jurídicos, además, se analizó el material probatorio arrimado al mismo.
2.5. Pruebas relevantes
2.5.1. Fotocopia de la cédula de
ciudadanía a nombre de la señora Amalfi de la Cruz Lagares de Torres[11].
2.5.2. Interrogatorio de parte
de la señora Amalfi de la Cruz Lagares de Torres, ante el Juzgado 19 Laboral de
Pequeñas Causas de Medellín. Allí expuso que convive hace 20 años con el señor
Gabriel Cruz Peña, quien depende económicamente de ella y se encuentra afiliado
a la EPS Sura como su beneficiario[12].
2.5.3.
Testimonio del señor Gabriel Cruz Peña, quien se refirió en los mismos términos
de la señora Lagares de Torres, esto es, que conviven hace 20 años y que es
ella quien sostiene el hogar. Negó tener pensión o recibir ayuda alguna por
parte de sus hijos o del Estado[13].
2.5.4.
Testimonio del señor Miguel Ángel Chica Marín. Manifestó conocer al señor Cruz
Peña hace 15 años, y a la señora Lagares de Torres hace 8 años. Afirmó que
estos viven bajo el mismo techo, y es la señora quien sustenta todos los gastos
de esa familia, toda vez que el señor Gabriel sufrió un accidente y no volvió a
trabajar[14].
2.5.5. Testimonio
del señor Carlos Alberto Ramírez Ruiz. Del mismo modo que el anterior, aseveró
que conoce a la pareja Cruz Lagares, de los cuales es ella quien cubre todos
los gastos de la familia, no tienen propiedades ni ayuda por parte de los hijos
del señor Gabriel[15].
3.
Expediente T-5.538.808
Mediante escrito allegado al Tribunal Superior de
Barranquilla el 24 de marzo de 2015, el señor Germy Oyaga Tapia, actuando por
intermedio de apoderado, presentó acción de
tutela contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla
y Colpensiones, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso por desconocimiento del precedente constitucional, igualdad, seguridad
social, confianza legítima y acceso a la administración de justicia. Lo
anterior, al considerarlos vulnerados por la autoridad demandada, en tanto negó
el incremento pensional por cónyuge a cargo, bajo el argumento de hallarse
prescrita la pretensión. Por falta de competencia el Colegiado envió la demanda
a los Juzgados Laborales del Circuito de la misma ciudad capital,
correspondiendo al Décimo.
3.1. Hechos
3.1.1. El señor Germy Oyaga Tapia[16] fue pensionado por el Instituto
de Seguros Sociales el 28 de julio de 2004, a través de la resolución núm. 003801.
El 13 de agosto de 2013 elevó petición a Colpensiones para que se incrementara
su pensión en un 14% por tener su cónyuge a cargo. Sin embargo, le fue negada. Con fundamento en lo anterior, presentó demanda ordinaria laboral ante
el Juzgado 3º Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla.
3.1.2.
En sentencia del 3 de diciembre de 2014, de única instancia, el Juzgado de
conocimiento absolvió a la demandada, al considerar probada la excepción de
prescripción propuesta por el apoderado de Colpensiones.
3.1.3.
Mediante acción de tutela, el señor Germy Oyaga Tapia, por intermedio de
apoderado, solicitó se amparen sus derechos y se ordene a Colpensiones
reconocer y pagarle el incremento de su pensión.
3.2.
Trámite procesal
Mediante
auto del 23 de abril de 2015, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de
Barranquilla admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las accionadas
–Juez Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales, Colpensiones y Ministerio
del Trabajo-, a los cuales les dio 24 horas para que ejercieran su derecho de
defensa.
3.3.
Respuesta de las entidades accionadas
3.1.1. Por oficio núm. 00410 del
28 de abril de 2015, la Jueza Tercera Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla manifestó que “al estudiar la excepción de prescripción
propuesta oportunamente por la encartada se observó que el término de tres años
para reclamar los derechos pensionales derivados de su condición de pensionado
por vejez, no fue interrumpido oportunamente”. En ese orden de ideas,
encontró probada la excepción de prescripción.
3.1.2. Mediante oficio núm. 76660
del 4 de mayo de 2015, el Ministerio de Trabajo solicitó se declarara la
improcedencia de la acción con relación a esa entidad, “teniendo en cuenta
que no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre el accionante y esta
entidad”.
3.1.3. Colpensiones a pesar de haber recibido el oficio núm. 00489 del 24 de
abril de 2015 guardó silencio.
3.4.
Decisiones objeto de revisión constitucional
3.4.1.
Mediante sentencia proferida el 6 de mayo de 2015, el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Barranquilla decidió denegar “por improcedente” la
acción de tutela, al considerar que “no es dable recurrir al uso de este
mecanismo constitucional, como si se tratara de una segunda instancia, a la
cual pueden acudir los administrados para debatir sus tesis jurídicas y
probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fueron sometidas a
los ritos propios de una actuación judicial en particular, con el único fin de
obtener resolución favorable a sus intereses, desconociendo con ello las
decisiones en firme que en su oportunidad legal fueron adoptadas por los jueces
competentes que asumieron el conocimiento de los procesos en los que son parte”.
3.4.2.
Impugnado el fallo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla  lo
revocó y, en su lugar, dispuso “NO TUTELAR” los derechos fundamentales
presuntamente conculcados, al advertir que “la precedencia (sic) de nuestro
Tribunal de cierre <Sala de Casación Laboral> predica que los incrementos
pensionales por personas a cargo sí prescriben, por lo tanto estima la Sala que
la sentencia proferida por el Juzgado accionado el día 3 de diciembre de 2014
no fue arbitraria, pues dentro de la misma se tuvo en cuenta los lineamientos
legales y jurisprudenciales antes reseñados”. Lo anterior mediante
providencia del 19 de noviembre de 2015.
El
apoderado del actor solicitó aclaración del último fallo, al considerar que
existe una inconsistencia entre las órdenes, en tanto que se revocó la sentencia
de primera instancia “pero no tuteló los derechos fundamentales del
accionante”.
Por
auto del 9 de diciembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla resolvió de manera negativa la solicitud de aclarar la sentencia,
porque:
“(…)
los argumentos que motivaron la decisión de tutela tenemos que la decisión de
revocar la decisión de improcedencia del juzgado de primera instancia obedeció
a que a juicio de la Sala no se configuraba alguna de las cinco causales que
establece el artículo 6 del Decreto 2195 de 1991 para declarar la improcedencia
de la tutela, mas al realizar el análisis de fondo del asunto sometido a
estudio en segunda instancia y en aplicación tanto del precedente de la misma
sala así como del precedente vertical de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia Rad. 27.923 no se encontró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el actor, lo que llevó a NO TUTELAR los derechos
presuntamente conculcados por la accionada, se recalca que el hecho de que el
estudio de una tutela sea procedente no trae como consecuencia un resultado
favorable a los intereses del tutelante, solo el análisis acucioso de la
problemática jurídica traída a estudio”.
3.5. Pruebas relevantes
3.5.1. Fotocopia de la Resolución
núm. 003801 del 28 de julio de 2004, emitida por el Seguro Social, a través de
la cual se reconoció la pensión de vejez al señor Germy Oyaga Tapia a partir
del 16 de julio de 2003[17].
3.5.2. Copia de la petición
realizada el 6 de agosto de 2013 por el apoderado del accionante dirigida a
Colpensiones, por medio de la cual solicita se le reconozca el incremento del
14% sobre la pensión por tener a cargo a su cónyuge María Segunda Rivera
Fontalvo[18].
3.5.3. Copia del oficio núm. BZ2013-5533546-1606497
del 13 de agosto de 2013, enviado por Colpensiones al representante del actor,
a través del cual se le niega el incremento pensional, al considerar que el “régimen
contemplado en la Ley 100 de 1993, condensa las prestaciones que hacen parte
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que dentro de las
mismas se encuentren los incrementos pensionales por persona a cargo, toda vez
que el esquema financiero del sistema se concibió sobre la base de que cada
persona cimienta su pensión con los aportes que realice durante su vida laboral” [19].
3.5.4. Fotocopia del Registro
Civil de Matrimonio de Germy Oyaga Tapia y María Segunda Rivera Fontalvo[20], expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Suan (Atlántico)[21].
3.5.5. Copia de los testimonios
de los señores Arturo Quintero Cárdenas y Nelson Julio Blanco, ante el Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla. Ellos,
afirmaron que la señora Rivera Fontalvo es la cónyuge del accionante, con quien
tiene 5 hijos, y que depende económicamente del mismo[22].
3.5.6. Fotocopias de las cédulas
de ciudadanía a nombre de Germy Oyaga Tapia y María Segunda Rivera Fontalvo[23].
II. TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Teniendo
en cuenta que el Juzgado 19 de Pequeñas Causas Laborales de Medellín tramitó el
proceso ordinario laboral interpuesto por la señora Amalfi de la Cruz Lagares
de Torres (expediente T-5.535.463) y, posteriormente, por desaparición de
aquel, el expediente fue asignado al Juzgado Sexto de la misma categoría, la
Sala, con el objetivo de garantizarle el derecho de defensa e integrar
debidamente el contradictorio, vinculó a ese despacho judicial.
2. Asimismo, conforme con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento Interno de la Corte) que faculta a esta Corporación para arrimar
elementos de convicción en sede de revisión, mediante auto del 7 de julio de
2016 se decretaron las siguientes pruebas:
2.1. Al
Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá (expediente
T-5.523.439) que allegara las copias de los testimonios recibidos, así como de
las sentencias de primera y segunda instancia correspondientes al proceso
ordinario laboral núm. 11001310501520130081600.
2.2. A
Asofondos que informara si las personas citadas a continuación se encontraban
pensionadas por alguno de los fondos:
- Emperatriz
Gutiérrez de Díaz
- Daniel
Humberto Díaz Gutiérrez
- Gabriel
Cruz Peña
- María
Segunda Rivera Fontalvo
2.3. A
Colpensiones se le pidió que indicara si la pensión de los señores Jorge
Humberto Díaz Prieto, Amalfi de la Cruz Lagares de Torres y Germy Oyaga Tapia,
había sido incrementada en anteriores oportunidades. De igual forma, que enviara
copia de las resoluciones por medio las cuales se les otorgó la pensión de
vejez y de los actos administrativos que les negó el aumento por personas a
cargo.
2.4. Se
requirió al Juzgado Sexto de Pequeñas Causas Laborales de Medellín para que
remitiera copia de los actos administrativos a través de los cuales se otorgó
la pensión de vejez y negó el incremento por persona cargo a la señora Amalfi
de la Cruz Lagares de Torres.
2.5. Establecer,
con el Registro Único de Afiliados –RUAF- del Sistema Integral de Información
de la Protección Social, si Gabriel Cruz Peña, Emperatriz Gutiérrez de Díaz,
Daniel Humberto Díaz Gutiérrez, y María Segunda Rivera Fontalvo, aparecen en el
Sistema de Seguridad Social como beneficiarios o cotizantes principales.
3. En respuesta a esas solicitudes se allegaron
como pruebas relevantes:
3.1. Tres (3) CDs que contienen las
audiencias de conciliación, de trámite y pruebas, además de juzgamiento,
realizadas el 13 de mayo de 2015 en el Juzgado 15 Laboral del Circuito de
Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral incoado por Jorge Humberto Díaz Prieto. En ellos se encuentran los testimonios de los
señores Bernardo Cárdenas y Guillermo Alberto Díaz Ortegón (expediente
T-5.523.439).
3.2. Copias de las resoluciones núms. 02876
de 2001, 112085 de 2011 y 3801 de 2004, por medio de las cuales el Seguro
Social reconoció las pensiones a los tres accionantes, así como de los oficios
que les negó el incremento pensional. Además, se comunicó que la pensión de los
interesados no ha sido aumentada.
3.3. Asofondos, mediante oficio núm.
C-666-16 del 14 de julio de 2016, informó que si bien la señora Emperatriz
Gutiérrez de Díaz se encuentra afiliada a Protección desde 1994, presenta una
devolución de saldos, toda vez que su solicitud de pensión fue rechazada. Con
relación al señor Daniel Humberto Díaz Gutiérrez, se indicó que no se encuentra
registrado en ninguna administradora. Del señor Gabriel Cruz Peña se indicó que
está afiliado a Colpensiones desde el 12 de junio de 1981, sin embargo “no
se evidencia que (…) esté recibiendo prestación económica alguna”. Y en
torno a María Segunda Rivera Fontalvo, se dijo que no aparece afiliada al
Sistema General de Pensiones.
3.4. En una segunda comunicación, a
través de oficio núm. C-769-16 del 2 de agosto de 2016, Asofondos indicó que la
señora Emperatriz Gutiérrez de Díaz “está recibiendo pensión por una
administradora diferente a Colpensiones”.
3.5. Con fundamento en lo anterior, el
11 de agosto de 2016 se ordenó allegar varios medios de prueba, entre ellos, solicitar
a Asofondos aclarar la información dada en su última comunicación; a Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual,
indicaran si la señora Emperatriz Gutiérrez de Díaz se encuentra pensionada por
parte de alguno de esos fondos y a Jorge Humberto Díaz Prieto y Emperatriz
Gutiérrez de Díaz expresaran si la citada señora se hallaba recibiendo pensión.
En atención a esas órdenes, se obtuvo:
3.6. Oficio núm.C-869 del 16 de agosto de 2016,
suscrito por el Asistente de la Vicepresidencia Jurídica de Asofondos, en el
cual reitera la información dada con anterioridad, esto es, que a la señora
Emperatriz Gutiérrez de Díaz se le “reconoció una devolución de saldos el
día veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005)” por parte de
Protección S.A. Además, se adjuntaron tres (3) anexos, de los cuales se infiere
que solo cotizó doscientas setenta y ocho, ochenta y seis (278,86) semanas y
que la solicitud de pensión fue “rechazada, devolución de saldos”.
3.7. Oficio núm. VJ-16-07050 del 17 de agosto de
2016, remitido por la apoderada de Colfondos, a través del cual informa que la
señora Gutiérrez de Díaz no se encuentra afiliada a ese fondo, ni presenta
reclamación alguna.
3.8. El Representante Legal de OLDMUTUAL, con
oficio núm. 1769 del 18 de agosto de 2016 informó que la señora Emperatriz
Gutiérrez de Díaz no ha estado afiliada a ese fondo.
3.9. Protección S.A., a través de su
representante legal judicial, informó que la señora Emperatriz Gutiérrez de
Díaz “no ostenta la calidad de pensionada” por parte de esa
entidad, por el contrario, “registró una solicitud de devolución de saldos
por vejez con la anterior AFP Santander”. Adjuntó copias del escrito por
medio del cual se hizo la devolución de la suma de $16.744.734 el 12 de julio
de 2006.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala es
competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación de los casos y del problema jurídico
2.1. Los casos
objeto de esta decisión se relacionan con tres personas pensionadas por el
Seguro Social, las cuales luego de solicitar el reconocimiento del 7% y 14%
como incremento pensional, por tener personas a cargo, les fue negado tanto por
Colpensiones como por los despachos judiciales que conocieron de las demandas
ordinarias laborales. Ello, al considerar demostrada la excepción de
prescripción.
En esos términos, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, la vida y la seguridad
social y, en consecuencia, se revocaran las sentencias emitidas por los
Juzgados 19 y 3º de Pequeñas Causa Laborales de Medellín y Barranquilla,
respectivamente, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
2.2.
De los hechos planteados, se observa que el problema jurídico es establecer si ¿se vulneran
los derechos fundamentales de los pensionados por vejez, al negárseles,
mediante providencia judicial, el incremento por tener sus cónyuges e hijos
discapacitados a cargo, bajo el argumento que sus reclamaciones se encuentran
prescritas?
Para
resolver el interrogante y teniendo en cuenta que las pretensiones se orientan
a la revocatoria de las sentencias proferidas por los despachos judiciales
accionados, la Sala de Revisión debe abordar los siguientes asuntos: (i)
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
el precedente constitucional, (iii) desconocimiento del precedente como
defecto sustantivo, (iv) desconocimiento como causal autónoma, (v)
violación directa de la Constitución Política, (vi) imprescriptibilidad
en materia pensional, (vii) imprescriptibilidad de los incrementos por
personas a cargo, (viii) principio de favorabilidad en materia laboral y
(ix) los casos concretos.
3. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.1. La Constitución Política de 1991, en el
artículo 86 instituyó la acción de tutela como un mecanismo orientado a la
protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por actos de
las autoridades públicas o de un particular. Ello significa que también
procede, de manera excepcional, contra las providencias judiciales, en la
medida que los operadores de la Rama Judicial se encuentran incluidos dentro
del género autoridades públicas[24]:
“A pesar de que la Carta Política indica
expresamente que la acción de tutela procede  “por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”  susceptible de vulnerar o amenazar derechos
fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra
sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en
tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente
excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos fundamentales”[25].
Así las cosas, no puede el juez constitucional negar el
amparo bajo pretexto de garantizar la seguridad jurídica y la autonomía
judicial de los funcionarios. Por el contrario, debe hacer una revisión
exhaustiva para determinar si en el caso concreto se vulneraron gravemente los
derechos del actor con la decisión que se demanda[26]. Ello significa que la
acción tuitiva contra providencias es excepcional.
3.2. Esta Corporación, en torno a establecer la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha
desarrollado una línea jurisprudencial sobre las causales genéricas y específicas
que permiten examinar a profundidad las demandas y establecer la vulneración o
no de los derechos fundamentales. Así entonces, se distinguen como generales aquellas
que posibilitan el estudio del fondo del asunto, como que sea relevante para el
derecho constitucional, que cumpla con los principios de inmediatez y
subsidiariedad, que no se trate de sentencia de tutela y que en los casos en
que se alegue irregularidad procesal, sea determinante y amenace derechos
fundamentales del actor. En la sentencia C-590 de 2005, fueron definidos por
este Tribunal, así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[27]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[28].  De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[29].  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[30].  No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[31].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de
sentencias de tutela[32].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[33] (resalto
añadido).
3.3. En cuanto a las causales especiales de
procedibilidad, antes señaladas como “vías de hecho”, en la misma
sentencia C-590 de 2005, esta Corte señaló que para la procedencia de la acción
se requiere la presencia de por lo menos una de ellas, debidamente demostrada:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[34] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[35].
i.  Violación directa de la Constitución”. “Se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i)  deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto[36]; o porque (ii) aplica la
ley al margen  de los dictados de la Constitución[37]”[38].
En suma, la acción de tutela tendente a amparar derechos
fundamentales presuntamente violados, procede de manera excepcional contra
providencias judiciales en aquellos eventos donde concurran las causales
genéricas y siquiera una de las específicas de procedibilidad.
4. El precedente judicial
4.1. Esta Corte ha definido el precedente judicial como “la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo”[39].
La doctrina también lo identifica como un “mecanismo
jurisdiccional de origen anglosajón que se funda en lo que se conoce como stare
decisis (estar a lo decidido), y consiste en la aplicación de criterios
utilizados en sentencias anteriores a casos posteriores”[40]. O como “la decisión
judicial anterior a un caso concreto que será utilizada para la solución de
casos posteriores”[41].
Es decir, se trata de un instrumento que se apoya en
fallos anteriores, los cuales recogen elementos similares a los del caso a
resolver. Su fuente constitucional se encuentra en los artículos 234, 237 y 241
de la Carta, al establecer que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado son los tribunales de cierre de su respectiva jurisdicción y la Corte
Constitucional es el órgano encargado de salvaguardar la integridad y
supremacía de la norma Superior.
En ese orden de ideas, las altas cortes,
como órganos de cierre y encargados de garantizar la seguridad jurídica, la
igualdad y buena fe, tienen la función de unificar la jurisprudencia al
interior de su jurisdicción[42].
4.2. Ahora, de acuerdo con la autoridad que emitió la
providencia que sirve como antecedente, el precedente se ha clasificado en
horizontal y vertical. El primero, hace referencia a las decisiones proferidas
por funcionarios de igual jerarquía o, incluso, por el mismo servidor judicial,
puesto que “todo juez debe ser consistente con sus decisiones, de manera que
casos con supuestos fácticos similares sean resueltos bajo las mismas fórmulas
de juicio”[43].
Según la jurisprudencia de esta Corporación, el precedente
horizontal tiene fuerza vinculante, no solo en atención a los principios de
buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, sino al derecho de igualdad
que rige el ordenamiento jurídico:
“Esta Corporación en múltiples oportunidades ha
estudiado el tema concluyendo que, en efecto, los jueces tienen la obligación
constitucional de respetar sus propias decisiones[44]. De acuerdo con la
jurisprudencia Constitucional, el precedente horizontal también tiene fuerza
vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual se explica al menos
por cuatro razones: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de
la Ley, que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales;
(ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben
ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de
buena fe y confianza legítima, que demandan respetar las expectativas generadas
a la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de “disciplina judicial”, en
la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema judicial”[45] (resalto añadido).
El precedente vertical es aquel que proviene de la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. En ese sentido, la autonomía
judicial del juez de inferior jerarquía se limita, en tanto debe respetar la
postura de su superior, bien sea de las altas cortes o de los tribunales en los
eventos donde los asuntos no son revisables por aquellas.
4.3. En conclusión, si el funcionario judicial omite su
propio precedente o el vertido por su superior, sin justificarlo de manera
razonada, viola los derechos fundamentales de la igualdad y el debido proceso
de los administrados y se constituye en un defecto, susceptible de ser
corregido por el juez de tutela.
5. Desconocimiento del precedente como defecto
sustantivo
5.1. El defecto sustantivo, se presenta en los casos donde
el funcionario judicial omite aplicar la ley o las disposiciones infralegales que
se ajustan al caso concreto. En efecto, se ha indicado:
“una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición
en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la
normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii)
a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”[46].
5.2. La seguridad jurídica y el respeto a la igualdad, son
axiomas que los Tribunales y en especial las Cortes deben considerar al momento
de emitir las providencias, a fin de mantener una estabilidad en sus posiciones.
Ello, porque no es justo que casos similares se resuelvan de diferente manera
por el mismo juez[47].
Así, la no aplicación del precedente judicial -vertical u horizontal- constituye
causal que genera defecto sustancial susceptible de ser amparado por la acción
de tutela.
No obstante, esa regla tiene su excepción y es
precisamente cuando el funcionario judicial, tras hacer una exposición del
precedente que pretende abandonar, explica de manera clara y precisa las
razones por las cuales se aparta del mismo:
“(…) un
tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo,
pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar
las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la
estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para
justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la
interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el
precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado
el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en
que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en
tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario
es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza
tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que
sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las
consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”[48].
Tesis reiterada en la sentencia T-698 de 2004 y,
posteriormente, en la T-794 de 2011, en la cual se indicó:
“vale aclarar
que la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada de manera
absoluta, teniendo en cuenta que el derecho es cambiante; para la Corte ha sido
claro que dicha pauta no se puede convertir en la única vía para resolver un
caso concreto. Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa, amplia y
suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una posición
anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
La
jurisprudencia ha precisado que el juez (singular o colegiado) sólo puede
apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer
referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o
simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia).
(ii) En
segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual
explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un
juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”.
5.3. En síntesis, con el fin de garantizar los derechos a
la igualdad y al trato igual, los operadores judiciales están obligados a
mantener su propia línea jurisprudencial y acoger los precedentes de los
órganos límite de la jurisdicción, so pena de incurrir en causal especial de
procedencia de la acción de tutela, por defecto sustantivo. No obstante, pueden
apartarse de los mismos, siempre que ofrezcan argumentos claros, lógicos y
precisos sobre las razones que determinan esa decisión, previa referencia al
precedente que abandonará y las causales que determinan esa decisión.
6. El precedente constitucional. Su desconocimiento
como causal autónoma
6.1. El artículo 241 de la Constitución Política desarrolla
el principio de la supremacía constitucional, al señalar que la Corte
Constitucional tiene “la guarda de la integridad y supremacía” de la
misma Carta. Ello significa que es este Tribunal el que fija los efectos de los
derechos fundamentales y determina el sentido en que debe entenderse la norma,
lo cual se constituye en precedente de obligatorio cumplimiento para todos.
Este vicio por desconocimiento del precedente
constitucional, ha señalado la Corporación, “se predica exclusivamente de
los precedentes fijados por la Corte Constitucional”[49] y se presenta cuando el
funcionario judicial al resolver un caso se aparta de la interpretación dada
por este Tribunal al respectivo precepto. Sobre esa materia en sentencia T-292
de 2006 se dijo:
“La interpretación de la
Constitución, -que por demás permite materializar la voluntad del constituyente[50]-,
tiene  por consiguiente, como propósito principal, orientar el ordenamiento
jurídico hacia los principios y valores constitucionales superiores. No
reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea
por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico
colombiano una evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica”.
6.2. Los fallos de esta Corte son de control abstracto de
constitucionalidad y revisión de acciones de tutelas, los cuales a pesar de
tener efectos diferentes, ambos tienen una particularidad y es que se deben
respetar, no solo para reconocer que la Constitución es la norma Superior, sino
para garantizar el derecho a la igualdad[51].
En efecto, de acuerdo con el artículo 243 de la
Constitución Política, las sentencias de control abstracto de
constitucionalidad “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. De
ahí que se ha reconocido “carácter vinculante, obligatorio y de fuente de
derecho” y se ha entendido que el precedente “justificado en los
principios de primacía de la Constitución, de igualdad, de confianza legítima y
de debido proceso, entre otros, es indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia de los sistemas jurídicos”[52].
La obligatoriedad de los fallos de control de
constitucionalidad se encuentra igualmente consagrada en el artículo 2º, inciso
1º, del Decreto 2067 de 1991, al establecer que las sentencias “tendrán el
valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para
todas las autoridades y los particulares”.
En torno a los efectos de las sentencias de revisión de
tutelas, se tiene que ellos son inter partes. Sin embargo, también se ha señalado
que la Corte actúa como “tribunal de unificación de jurisprudencia”[53] y, en ese sentido:
“ (…) las
pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de
la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el
sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse.
Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia
-como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que
violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en
que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina
constitucional que le corresponde fijar.
Tales son los
fundamentos de la revisión eventual confiada a la Corte, pues mediante ella, a
propósito de casos concretos que constituyen ejemplos o paradigmas, la
Corporación sienta doctrina sobre la interpretación de las normas
constitucionales y da desarrollo a los derechos fundamentales y a la acción de
tutela como mecanismo consagrado para su protección.
No se trata de
una tercera instancia a la que según las reglas del Decreto 2591 de 1991
(artículo 33) tendrían acceso tan sólo las personas interesadas en los procesos
discrecionalmente escogidos por las salas de selección de la Corte, pues ello
implicaría un trato discriminatorio injustificado que en sí mismo desconocería
los derechos a la igualdad (artículo 13 C.P.) y de acceso a la administración
justicia (artículo 229 C.P.). No. El objetivo primordial de la revisión
eventual, mucho más allá de la resolución específica del caso escogido, es el
análisis de fondo sobre la manera como se ha interpretado y aplicado por los
jueces la preceptiva constitucional y la definición que hace la Corte, en el
plano doctrinal, acerca de cómo debe entenderse y aplicarse en casos
posteriores en los que surja el mismo debate, a propósito de hechos o
circunstancias regidas por idénticos preceptos”[54].
Posteriormente, se reiteró el carácter vinculante de la
parte motiva de las sentencias de la Corte, no solo en atención al respeto por
la cosa juzgada, a la misión institucional de este Tribunal, sino por las
máximas de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y confianza legítima[55]:
“La razón del
valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como se dijo,
asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento y un
tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las
autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica. Precisamente, sobre
el tema ya se había pronunciado también la sentencia C-104 de 1993 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), en la que se comentó que con respecto al  acceso
a la justicia, el artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo
13 de la Constitución, en el entendido de que “acceder” igualitariamente ante
los jueces implica, “no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los
estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a
recibirse, por parte de los jueces y tribunales ante decisiones similares”.
Por las
razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, -cuyos
efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud
del alcance de la revisión constitucional[56]-, la ratio decidendi
sí constituye un precedente vinculante para las autoridades[57]. La razón principal de
esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte
Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar
la interpretación constitucional de los derechos fundamentales”[58] a través del
mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241
de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes
constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del
ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas de la Carta
de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye
una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la consecuencia final
sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución[59], en la medida en que cada
juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico
en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma
superior, la confianza legítima en la estabilidad de las reglas
jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas”[60].
6.3. En síntesis, las sentencias de control abstracto de
constitucionalidad tienen efectos erga omnes y, por lo tanto, son de obligatorio
cumplimiento, mientras que la parte resolutiva de las acciones de tutela
producen efectos inter partes, y la ratio decidendi debe ser
observada por todos, en tanto se constituye en precedente constitucional y su
desconocimiento viola la Carta[61].
7. Violación directa de la Constitución Política
7.1. El artículo 4º del Estatuto Superior, expresamente
señala que: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley  u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. En ese orden de ideas, la
Carta es la cúspide del ordenamiento jurídico y, de acuerdo con ella, se
establece la eficacia de las demás normas que componen la estructura legal del
país.
Según lo expuesto, el sistema jurídico actual reconoce
valor normativo a las disposiciones fundamentales contenidas en la Carta, de
manera que su aplicación puede hacerse de manera directa por las diferentes
autoridades y los particulares, en determinados casos[62].
De ese precepto surge, entonces, la excepción de
inconstitucionalidad que debe ser aplicada por el operador judicial en los
eventos donde advierta contradicción entre una disposición legal y otra de
orden fundamental, cuya característica es ser rectora de todas las acciones del
Estado.
7.2. De otro lado, si el juez se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad al caso concreto y con ello afecta derechos
fundamentales de las partes, surge una evidente violación a la Constitución y
posibilita la procedencia de la acción de tutela.
En efecto, esta Corporación ha señalado que “se trata
de los casos en los cuales la decisión del juez se apoya en la interpretación
de una disposición en contra de la Constitución[63] o cuando se abstiene
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta
de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su declaración,
por alguna de las partes en el proceso[64]”[65].
En ese mismo sentido, se refirió la sentencia T-1143 de
2003 cuando advirtió que se vulnera directamente la Constitución y menoscaban
los derechos fundamentales de las partes en los eventos en “(i) que el juez
realice una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la
Constitución y (ii) que el juez se abstenga de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión
quebrantaría preceptos constitucionales y que, además, su declaración ha sido
solicitada expresamente por una de las partes”.
En la sentencia SU-198 de 2013 se reiteró esa posición:
“Esta causal
de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento en que el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[66].
Se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya
sea porque: (i)  deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto[67]; o porque (ii) aplica la
ley al margen  de los dictados de la Constitución[68].
En el primer
caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución  (a) cuando en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental
de aplicación inmediata[69] y
(c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[70].
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado
que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4
de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que
encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad[71]”.
7.3. En suma, cuando el funcionario judicial omite la
aplicación, lo hace de manera indebida o sin razón alguna los principios de la
Constitución Política, su decisión puede cuestionarse por vía de la acción de
tutela. Así lo ha dispuesto esta Corporación, al considerar que se viola de
manera directa la Carta cuando se deja de lado una norma ius fundamental
aplicable al caso en análisis o en aquellos donde no se reconoce la excepción
de inconstitucionalidad.
8. Imprescriptibilidad en materia pensional
8.1. Tal como se indicó en el capítulo sobre el precedente,
esta Corte ha señalado que si bien los funcionarios judiciales gozan de
autonomía en la expedición de sus providencias, la misma se encuentra limitada
por el principio de igualdad. En efecto, de acuerdo con esa máxima, los jueces
tienen la obligación de aplicar a casos similares, las interpretaciones y razonamientos
realizados por los órganos límites de la jurisdicción[72].
Sobre las razones que justifican la obligación de aplicar
el principio de igualdad, este Tribunal señaló:
“En este
contexto, la jurisprudencia sostiene que el respeto por las decisiones
proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos
de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del
funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. A esta
conclusión se ha llegado en consideración con, al menos, cinco razones: i) el
principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones
jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si
bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza
razonable sobre la decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación
armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv)
Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la administración un
grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas
legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del
sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.
De hecho, como lo advirtió la Corte, “el respeto al precedente es al
derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son
a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría
dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres
análogos”[73]”[74].
8.2. Ahora, los artículos 48 y 53 de la Constitución Política
prevén que los derechos pensionales son irrenunciables y que su pago debe ser
oportuno. Con fundamento en esas normas, esta Corte ha precisado, tanto en
sentencias de control abstracto de constitucionalidad como de control concreto,
que se trata de derechos imprescriptibles. Verbi gratia, en sentencia C-230
de 1998, indicó:
“(...) No todo
derecho de naturaleza laboral se extingue con el transcurso del tiempo. Como
ocurre en el específico evento de las pensiones, tan pronto una persona reúne
los requisitos establecidos en el ordenamiento legal para obtener el mencionado
“status” de pensionado, el derecho adquirido no puede ser desconocido, y se
enmarca dentro de la categoría de los derechos que no prescriben en relación
con su reconocimiento; de manera que, sólo el fallecimiento de la persona hace
viable la terminación del mismo, salvo cuando haya lugar a la sustitución
pensional establecida en la ley o en las normas convencionales sobre la
materia, para los beneficiarios de dicho derecho.
Para la Corte
el derecho a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible, con
sujeción a los mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política de
1991; basta con recordar el artículo 48 constitucional que garantiza el derecho
irrenunciable a la seguridad social y el 53 que obliga al pago oportuno de las
pensiones.
Lo anterior,
dada la naturaleza de la prestación económica y social de la cual se trata,
según la cual, “...el derecho a pensión de jubilación o vejez, en los términos
definidos por la ley, constituye un derecho de aplicación inmediata en aquellos
eventos en los cuales está destinado a suplir el mínimo vital básico de las
personas de la tercera edad. Lo anterior, no sólo por su estrecha relación con
el derecho al trabajo, sino porque en tratándose de personas cuya edad hace
incierta una virtual vinculación laboral, su transgresión compromete la
dignidad de su titular como quiera que depende de la pensión para satisfacer
sus necesidades básicas”[75].
Así las cosas, la pensión de jubilación, vejez e
invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí
mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente
contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno
desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial
a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida
digna, así como el derecho irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts.
1, 46 y 48), determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante
que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un
Estado social de derecho”.
Posteriormente,
en sentencia C-624 de 2003 mantuvo esa posición, al considerar:
“Precisamente,
esta Corporación ha determinado que el reconocimiento de las pensiones es un derecho
imprescriptible, en atención a los mandatos constitucionales que
expresamente disponen que dicho derecho es irrenunciable (art. 48 C.P) y que, a
su vez, obligan a su pago oportuno (art. 53 C.P) –negrilla del texto-.
Para
la Corte la naturaleza no extintiva de dicho derecho, constituye un pleno
desarrollo de los principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir en la sociedad y, además, propende por la protección
y asistencia especial a las personas de la tercera edad, con la finalidad de
asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas (arts. 1°, 46 y 48
C.P)”.
8.3. Asimismo, en diversas sentencias de control concreto,
se ha destacado la característica de imprescriptibilidad del derecho a la
pensión e incluso distingue entre el reconocimiento de este y la prescripción
del cobro de las mesadas. En efecto, en torno a la expiración de su reclamo, se
ha determinado que es un derecho imprescriptible, mientras que el cobro de las
mesadas dejadas de pagar, sí prescriben[76]. Ejemplo de ello es la
sentencia T-485 de 2011, en la que se señaló:
“Para la
Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva
directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir la sociedad, y además, se constituye en un
instrumento para garantizar la especial protección que el Estado debe a las
personas de la tercera edad, con el propósito de asegurar el mantenimiento de
unas condiciones de vida digna.
Debe la Corte
precisar, que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o  mesadas que
él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la
regla general de prescripción de las acreencias laborales de 3 años, prevista
en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”.
Esta postura fue reiterada verbi gratia en el fallo
T-456 de 2013 donde se tuteló el derecho de un pensionado al cual se le negó la
reliquidación de la pensión, al considerarse configurada la prescripción de la
prestación, porque habían transcurrido más de tres años desde su otorgamiento. En
la citada sentencia la Corte destacó el yerro en que incurrió el Seguro Social
y las autoridades judiciales que declararon la improcedencia del amparo y dejó
sin efectos las decisiones, por desconocer abiertamente la jurisprudencia
constitucional fijada por esta Corporación, según la cual:
“(…) en aplicación
de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad
e imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de
la seguridad social, las personas a quienes se les ha reconocido una pensión
tienen derecho a que dicha prestación les sea adecuadamente liquidada según el
régimen legal que les sea aplicable.
2.7.6 Por
ello, de reunir el pensionado los requisitos establecidos legalmente  para
obtener el derecho a la pensión conforme a un régimen en particular, ésta
situación concreta no puede ser desconocida, pues ajustada su situación al
marco establecido por la ley se “configura un auténtico derecho subjetivo
exigible y justiciable.”[77] En este supuesto, si la
liquidación pensional realizada por la entidad encargada se hace de manera
incorrecta, el titular de ese derecho subjetivo está facultado para reclamar
tal derecho en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos, en tanto
derechos irrenunciables e imprescriptibles no pueden ser desconocidos por
simples decisiones de las entidades responsables de reconocer y administrar las
pensiones”.
8.4. En consecuencia, la Sala ha sostenido que las mesadas
dejadas de pagar y no cobradas prescriben en los términos establecidos por la
ley, no obstante, cuando se trata del reconocimiento del derecho como tal, no
prescribe.
9. Imprescriptibilidad de los incrementos pensionales
por personas a cargo
9.1. Los incrementos del 7% y 14% por personas a cargo
surgieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, mediante el
Acuerdo 049 de 1990 que organizó el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, y posteriormente fue aprobado por el
Gobierno Nacional a través del Decreto 758 del mismo año[78]. En los artículos 21 y 22
se establecieron los requisitos y la naturaleza de los aumentos en los
siguientes términos:
“Art. 21. Las pensiones mensuales de invalidez y de
vejez se incrementaran así: a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima
legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18)
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de
cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b) En
un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero
o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute
de una pensión.
Art. 22. Naturaleza de los incrementos pensionales.
Los incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de
la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros
Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron
origen. El Director General del ISS establecerá los mecanismos necesarios para
su control”.
9.2. Previo a abordar el punto jurídico correspondiente
a este capítulo, es preciso advertir que sobre la vigencia de los artículos 21
y 22 del Acuerdo 049 de 1990, esta Corte conviene con la posición adoptada en
la sentencia T-395 de 2016 por la Sala Tercera de Revisión, la cual tras
realizar un análisis de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, concluyó:
“(…) que los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 están vigentes y son aplicables para
aquellas pensiones reconocidas en virtud de la reglamentación contemplada en el
Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que: (i) existe en la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia una interpretación unánime sobre la vigencia
de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, interpretación sustentada,
entre otras cosas, en la disposición constitucional que contempla la
favorabilidad laboral, y la inescindibilidad que comportan las reglas
laborales; (ii) la vigencia de las normas no fue objeto de debate en las
instancias del proceso laboral ni en el proceso de tutela; y (iii) en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la prescripción del
incremento pensional no se ha contemplado la derogatoria de las normas
pertinentes para el asunto, acogiendo implícitamente la tesis de la Corte
Suprema de Justicia”.
9.3. Respecto de la interpretación de dichas normas, la
jurisprudencia de esta Corte no ha sido pacífica, ya que se encuentra dividida
en dos posiciones antagónicas. Así, algunos fallos, con fundamento en lo
prescrito por el citado artículo 22, señalan que el incremento es un derecho
patrimonial, no fundamental –no está orientado a satisfacer necesidades del
actor-, y por lo mismo no hace parte de la pensión, máxime cuando se encuentra
supeditado al cumplimiento de unos requisitos que nada tienen que ver con la
prestación[79].
En efecto, en un caso similar a los presentes, la Sala
Tercera de Revisión consideró que la sentencia emitida por un Tribunal Superior
al declarar la prescripción del incremento pensional, no contrarió la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad de esta Corporación y
tampoco desconoció “el alcance del derecho fundamental a la seguridad social
fijado por esta Corte a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela”, puesto que:
“(…) el precedente en materia de imprescriptibilidad
pensional sentado por esta Corporación, como ya se explicó, ha entendido que el
carácter imprescriptible que envuelve al derecho de la seguridad social, se
desprende directamente de valores constitucionales que atienden y buscan
garantizar, la subsistencia en condiciones dignas a sujetos que por su avanzada
edad, estado de salud y carencia de algún sustento económico, ven comprometido
su mínimo vital y su capacidad de auto sostenimiento, por el acaecimiento de
una contingencia (vejez, invalidez o muerte) que mutó sustancialmente sus
condiciones de existencia.
Por otro lado, el incremento pensional del 14%
por cónyuge o compañera(o) permanente a cargo que pretende el señor Sánchez
Pineda, tal y como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha
adoctrinado, no reviste un carácter fundamental, esencial o vital, toda vez que
no va dirigido, de forma vitalicia y sucesiva, a amparar la subsistencia digna
y sufragar el mínimo vital del actor, quien por una contingencia sufrida (la
vejez), vio menguada de forma permanente su capacidad de sostenimiento. Esto,
por cuanto dicho incremento, es un derecho patrimonial, que no forma parte integrante
de la pensión que recibe el accionante, y que está condicionado al cumplimiento
de unos requisitos subsidiarios y ajenos a la contingencia de vejez, que es la
que se busca amparar a través del derecho fundamental a la seguridad social”[80].
En ese mismo sentido, se pronunciaron las sentencias T-123
y T-541 de 2015. Particularmente en esta última se consideró que la sentencia
T-217 de 2013 –que concedió el amparo- no tenía “la trascendencia necesaria
para constituir un precedente cuyo desconocimiento genere la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso del actor en la medida que, esta Corporación
se ha apartado de incluir incrementos del artículo 21 de (sic) Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 como parte integrante del derecho a la
pensión, en las sentencias T-791 de 2013 y T-748 de 2014, esta Corporación ha
manifestado que la posición acogida en la sentencia T-217 de 2013 no es
mayoritaria y, por último, no existe unanimidad de criterio frente al tema,
toda vez que existen dos tesis igualmente acogidas por distintas Salas de
Revisión”.
Con relación a este tópico, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en sentencias SL9638 del 23 de julio de 2014 y STL7076 del
25 de mayo de 2016, reiteró la posición acogida en fallo del 12 de diciembre de
2007, radicado 27923, donde consignó que el incremento pensional por persona a
cargo prescribía conforme con la normatividad de la Ley 100 de 1993, esto es,
en un término de 3 años. Ello en atención a que el artículo 22 del Acuerdo 049
de 1990 expresamente dispone que esos aumentos “no forman parte integrante
de la pensión de invalidez o de vejez” y porque, en su sentir, no es un
derecho definitivo, ya que su permanencia está supeditada a la subsistencia de
los requisitos que le dieron origen. Adujo la Corte:
“el artículo
22 del Acuerdo 049 de 1990 prevé que los incrementos por persona a cargo ‘no
forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el
Instituto de Seguros Sociales’ es lógico que no pueden participar de los
atributos y ventajas que el legislador ha señalado para éstas, entre ellas el
de la imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado y que se
justifican justamente por el carácter fundamental y vital de la prestación,
reafirmado por la Constitución de 1991, y además por el hecho de ser de tracto
sucesivo, por regla general, y de carácter vitalicio.
No puede
negarse que los incrementos nacen del reconocimiento de la pensión de vejez,
pero ello no quiere decir que formen parte integrante de la prestación, ni
mucho menos del estado jurídico del pensionado, no sólo por la expresa
disposición normativa, como ya se apuntó, sino porque se trata de una
prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho estado, pues está
condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que pueden presentarse o no.
La alusión
normativa atinente a que el derecho a los incrementos ‘subsiste mientras
perduren las causas que le dieron origen’, antes que favorecer la
imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto implícitamente parte de la
hipótesis de que se trata de un derecho que no es vitalicio en tanto su
persistencia requiere que se sigan dando las causas que le dieron origen, de
modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de estas provoca su
extinción.
De ahí que a
juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos incrementos la
tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años
siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el
momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de
invalidez. (Negrillas del texto)”.
9.4. La otra tesis
desarrollada por esta Corporación, como se dijo, es contraria a la expuesta
anteriormente, en la medida que considera que el incremento pensional es un
aspecto de la Seguridad Social y, en esas condiciones, es un derecho de
carácter imprescriptible. Además, porque de aplicarle la prescripción sería
permitir la pérdida de una parte de recursos y dar un trato desigual a otras
personas en similar situación:
“Lo anterior en atención al principio de la imprescriptibilidad de
los derechos a la seguridad social, por cuanto el derecho a la pensión o los
incrementos que por ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa
medida la prescripción solo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con
anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo tanto de acoger la tesis que
al reajuste a la pensión de vejez del 14%, en relación
con el cónyuge o compañero o compañera permanente del beneficiario de dicha
pensión, que dependiese económicamente de éste y que no esté disfrutando de una
pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 del Acuerdo 49 de 1990, se le puede aplicar prescripción, equivale a perder
una fracción de recursos de este derecho o parte del mismo. Por consiguiente la
interpretación hecha por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla
al decidir aplicar la norma citada, dio a los
accionantes un trato diferente e injustificado frente a
otras personas en igualdad de circunstancias,
incurriendo con sus decisiones en un trato
discriminatorio, con la consecuente vulneración del derecho fundamental a la
igualdad de los peticionarios, al contrariar lo estipulado en el artículo 48 de
la Constitución Política”[81].
Siguiendo esa
misma línea, en sentencias T-831 de 2014, T-319 y T-369 de 2015, además, la
T-395 de 2016, esta Corte concedió los amparos invocados por los actores, al
considerar que la interpretación que mejor cumplía los derechos fundamentales
de los accionantes era la contenida en la sentencia T-217 de 2013, por no
encontrarse supeditada a la regla de la prescripción y, en consecuencia, ser
más favorable al trabajador:
“En suma, los incrementos pensionales referidos constituyen una
prerrogativa, aplicada a la pensión mínima legal, a la cual se accede cuando el
cónyuge o compañero (a) permanente del beneficiario depende de este y no
disfruta de pensión alguna, o cuando se trata de un hijo en situación de
discapacidad que depende económicamente del beneficiario de la pensión.
Adicionalmente, el derecho a tales incrementos subsiste mientras perduren
las causas que les dieron origen, con lo cual se entiende que el mismo puede
ser reclamado en la medida en que persistan las condiciones que a él dieron
lugar, por lo cual tal prerrogativa no se vería afectada por el fenómeno de la
prescripción.
Así, esta Sala considera que la interpretación que mejor realiza los
derechos fundamentales de los actores es aquella que se aplicó en la sentencia
T- 217 de 2013, la cual es aquella que resulta más favorable para los
accionantes, por cuanto en esa oportunidad la Corte consideró que el derecho en
mención no se encuentra sometido a la regla de prescripción de las acreencias
laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de las normas citadas, en las
cuales regula el incremento bajo estudio, se establece que dicha regla deba ser
la aplicada al incremento en mención, pues al definirse la naturaleza
del mismo, sólo se señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas
que le dieron origen al mismo. De tal forma, lo considerado en dicho fallo
respecto de la imprescriptibilidad del derecho en comento se encuentra en
consonancia con el principio de favorabilidad, razón por la cual concluir que
tal derecho se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción, en
perjuicio de los peticionarios, contraría el principio de favorabilidad, y por
lo tanto, implica una violación directa de la Constitución”[82] (resalto ajeno al original).
En esos eventos,
consideró la Corte presentes las causales de procedencia de la acción tuitiva
por violación directa de la Constitución Política, en tanto los despachos
judiciales negaron el incremento pensional, “contrariando el principio de
favorabilidad en material laboral”[83].
Además, señaló que el aumento solicitado subsiste mientras perduren los
fundamentos que le dieron origen, “con lo cual se entiende que el mismo
puede ser reclamado en la medida en que persistan las condiciones que a él
dieron lugar, por lo cual tal prerrogativa no se vería afectada por el fenómeno
de la prescripción”[84].
9.5. Aunado a lo
anterior, debe repararse que si bien el precepto contenido en el artículo 22
del Acuerdo 049 de 1990 señala que el incremento no hace parte de la pensión,
no es menos que a renglón seguido, como ya se indicó, expresa que “el
derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen”.
Es decir, se trata de un mandato posterior, que prevalece sobre el anterior, de
acuerdo con las reglas de aplicación de la ley, contenidas en la Ley 153 de
1887:
“ARTÍCULO  2. La ley posterior
prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria
á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la
ley posterior”.
En ese orden de
ideas, esta Sala considera que la interpretación que mejor materializa los
fines del Estado, como es el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta[85],
es la última. Ello porque acoge la máxima de la favorabilidad en material laboral,
la cual se encuentra consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política y
es fundamento esencial del Código Sustantivo del Trabajo[86].
10. Principio de favorabilidad en materia laboral
10.1. El artículo
53 de la Constitución Política está dedicado al establecimiento de las garantías
básicas que deben regir las relaciones laborales. En efecto, allí se
instituyeron principios como el de igualdad de oportunidades, remuneración
mínima vital y móvil, estabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios, primacía
de la realidad sobre las formas y “situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho”, entre otros. Es decir, se trata de una gama de derechos orientados
a proteger a la parte más débil de la relación.
10.2. Respecto al
postulado de la situación más favorable, la Corte ha indicado que el mismo se
garantiza a través de dos principios que se relacionan entre sí, esto es, los
de (i) favorabilidad en estricto sentido e (ii) in dubio pro operario,
además del criterio de la condición más beneficiosa al trabajador o
beneficiario de la seguridad social que propende por la salvaguarda de las
expectativas legítimas[87].
La aplicación
del principio de favorabilidad se hace exigible cuando, de cara a dos o más normas
vigentes para la época en que se causó el derecho, surge para el funcionario
judicial la obligación de elegir una de ellas por adecuarse al caso concreto.
En esas circunstancias, se debe optar por la disposición que permita mejores
beneficios al operario o favorecido con el sistema, bajo la condición de que se
respete el principio de “inescindibilidad o conglobamento”[88],
desarrollado con fundamento en los artículos 20[89] y 21[90] del Código
Sustantivo del Trabajo. No obstante, esta Corte ha señalado que este postulado no
es absoluto, en tanto admite limitaciones, de acuerdo al caso y atendiendo
criterios de razonabilidad y proporcionalidad[91].
10.3. El segundo
postulado, in dubio pro operario, se presenta cuando una norma admite
diversas interpretaciones lógicas o razonables, de las cuales el funcionario
judicial debe optar por la que más beneficie al asalariado.
10.4. No
obstante la diferencia entre aquellos términos, en sentencia T-290 de 2005 esta
Corte afirmó que: “la favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones”. De acuerdo
con ello, la favorabilidad se orienta a dirimir la controversia que se presenta
en la aplicación de dos normas o cuando el mandato admite diversas interpretaciones.
10.5. La condición
más beneficiosa se presenta cuando hay tránsito legislativo, y en ese sentido
se debe escoger entre una norma derogada y otra vigente. Como se dijo
anteriormente, propende por la salvaguarda de las expectativas legítimas, que
es aquella que “otorga a sus beneficiarios una particular protección frente
a cambios normativos que menoscaban las fundadas aspiraciones de quienes están
próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo”[92].
Esta Corte determinó
que una de las herramientas encaminadas a proteger las expectativas legítimas
son los regímenes de transición, ya que no “resulta constitucionalmente
admisible que una persona que ha desplegado un importante esfuerzo en la consecución
de un derecho y se encuentra próxima a acceder a él, vea afectada su posición
de forma abrupta o desproporcionada”[93].
10.6. El
principio de favorabilidad laboral, no sólo se encuentra consagrado en el
artículo 53 de la Carta, sino también en  el artículo 21 del Código Sustantivo
del Trabajo. Máxima que igualmente obliga al funcionario judicial a optar por
la posición más benigna para el servidor:
“(…) so pretexto de interpretar el alcance de las normas
jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías
laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las
leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo
amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En
este sentido, puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por
garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser
ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en
particular, por los jueces y magistrados de la República en su función
constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley”[94].
En
la sentencia T-001 de 1999, ya este Tribunal había señalado que la regla general
“que rechaza como improcedente la tutela cuando se trata de controvertir
interpretaciones judiciales acogidas por el juez en detrimento de otras
igualmente válidas, admite, por expreso mandato constitucional, la
excepción que surge del artículo 53 de la Constitución”.
Ello en atención a que la citada norma consagra “derechos mínimos de los trabajadores, es decir, derechos
inalienables, que no pueden disminuirse, renunciarse, ni es factible transigir
sobre ellos; que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces
y a los funcionarios administrativos.
Entre
tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del principio de
favorabilidad, que la Constitución entiende como "...situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho” (resalto fuera de texto).
En torno a la aplicación de la
máxima en análisis, se ha precisado la necesidad de dos elementos: “(i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir
entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad
argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación; y, (ii) la
efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto,
es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos de las
disposiciones normativas en conflicto”[95].
10.7. En
correlación con esta máxima se halla el principio de interpretación pro
homine, según el cual “las normas han de
ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de
los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y
prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de
las personas”[96].
Se trata de un criterio de
interpretación fundamentado en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política,
es decir, en la dignidad humana y la necesidad de tener como objetivo el
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en
la Carta; por lo tanto, el servidor judicial tiene la obligación de preferir,
cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más
favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina
y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro
persona”[97].
Igualmente, se encuentra fundamentado en los artículos 5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al indicar que “1.
Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida
que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno
de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”, y 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se ha dispuesto que las
normas allí estipuladas no pueden ser interpretadas en el sentido de:
“a) permitir a alguno de los Estados Partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella;
b) limitar el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en
que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías
que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que
puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y
otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
En suma,
existiendo dos interpretaciones sobre la misma norma laboral, el funcionario
judicial debe aplicar la que mejor exprese la Constitución. Ello se desprende
de los principios de favorabilidad y pro homine. De no hacerlo violan de
manera directa la Constitución Política.
11. Casos concretos
11.1. De entrada debe precisarse
que en los tres asuntos acumulados y que ocupan la atención de la Sala se
encuentran acreditados los requisitos generales para la procedencia de las
acciones de tutela objeto de revisión. Por esa razón se analizarán de manera
conjunta.
11.1.1. En torno a la exigencia de que el asunto sea de
relevancia constitucional, de las mismas demandas se infiere que la discusión
se orienta al desconocimiento de los derechos fundamentales de los actores como
(i) el debido proceso y (ii) el mínimo vital, toda vez que la subsistencia del
cónyuge o compañero permanente e hijo discapacitado de los actores se
encuentran presuntamente amenazados, en tanto dependen únicamente de estos.
11.1.2. Con relación a la subsidiariedad, se advierte que
cada uno de los accionantes agotaron los medios de defensa que tenían a su
alcance. Efectivamente, acudieron a las autoridades judiciales competentes, las
cuales en sentencias resolvieron de manera desfavorable, al considerar
demostrada la excepción de prescripción de la prestación. Además, en el caso
del señor Jorge Humberto Díaz Prieto el tema de la prescripción pudo ser
alegada en la segunda instancia; mientras que en los otros dos asuntos no se
logró, por tratarse de procesos de única instancia.
11.1.3. Sobre el requisito de inmediatez, tampoco existe
duda, si se tiene en cuenta que las acciones de tutela fueron presentadas dentro
de un término razonable posterior a la fecha en que se emitieron las sentencias
judiciales ordinarias laborales, tal como se aprecia a continuación:
Radicado
Accionante
Fecha Sentencia Laboral
Fecha Presentación Tutela
Término[98]
5.523.439
Jorge Humberto Díaz Prieto
15 octubre 2015
15 feb. 2016
4 meses
5.535.463
Amalfi de la Cruz Lagares de Torres
3 julio 2015
26 nov. 2015
4 m. 23 días
5.538.808
Germy Oyaga Tapia
3 diciembre 2014
24 mar. 2015
3 m. 21 días
11.1.4. Asimismo se observa que los actores identificaron
de manera clara y lógica los argumentos que en su sentir generaban la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad,
acceso a la administración de justicia, dignidad humana y debido proceso. Efectivamente
manifestaron que fueron pensionados por el Seguro Social en los años 2001, 2011
y 2004, y tras solicitar el aumento de sus mesadas por tener hijo discapacitado
y cónyuges a su cargo, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, se les negó al
considerar prescrita la citada prestación.
11.1.5. Por parte de los accionantes, en las demandas no
se presentaron alegaciones en torno a posibles irregularidades en el trámite
del proceso ordinario laboral; esto es, no se alegó un defecto procedimental.
11.1.6. Finalmente, como puede advertirse desde el
capítulo de los hechos, lo que se discute en estos trámites constitucionales
son las sentencias emitidas dentro de los despachos laborales, más no se trata
de acciones de tutela.
11.2. Ahora, en lo que tiene que
ver con los requisitos especiales de procedibilidad de las acciones, debe la
Sala pronunciarse sobre la posible vulneración a los derechos fundamentales
denunciados por los accionantes por presunto desconocimiento del precedente
constitucional por parte del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, y los Juzgados 19 Municipal de Pequeñas
Causas Laboral de Medellín y 30 de la misma categoría de Barranquilla. Lo
anterior al negar el reconocimiento del incremento pensional del 7% y 14% por
personas a cargo, bajo el argumento que la prestación se encuentra prescrita.
11.3. Según el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder al
incremento por hijo discapacitado o cónyuge a cargo se precisa de los
siguientes requisitos:
- Que el peticionario se
encuentre pensionado.
- Que el hijo discapacitado o el
cónyuge no tengan pensión alguna y dependan económicamente del peticionario.
11.4. Descendiendo a los casos en
concreto, revisado el material probatorio arrimado a cada una de las acciones
de tutela, cuyas sentencias son objeto de revisión por esta Sala, se advierte
la concurrencia de las exigencias de ley arriba citadas. En efecto, en torno a
la calidad de pensionados de los accionantes, no existe duda, ya que la
asignación de vejez se les reconoció por parte del Seguro Social con las
resoluciones que a continuación se indican:
Nombres
Resolución núms.
Exp. Tutela
Jorge Humberto Díaz Prieto
002876 del 28/02/2001
T-5.523.439
Amalfi de la Cruz Lagares de T.
112085 del 12/05/2011
T-5.535.463
Germy Oyaga Tapia
003801 del 28/07/2004
T-5.538.808
Previo a continuar con el segundo
requisito de la norma antes citada, debe precisarse que el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, es aplicable a los ahora accionantes,
porque la pensión de vejez fue otorgada a los mismos con fundamento en esa
normatividad, por ser beneficiarios del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993:
“La edad para
acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para
las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la
cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o
más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.
En efecto, en las resoluciones núms.
02876 de 2001 y 03801 de 2004, a través de las cuales se reconocieron las
prestaciones a los señores Jorge Humberto Díaz Prieto (expediente T-5.523.439) y
Germy Oyaga Tapia (expediente T-5.538.808) se dijo: “Que el régimen aplicable
en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años o más de edad el
hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas cotizadas en
cualquier época, para adquirir el derecho a la pensión, según lo dispuesto por
el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año”.
Con relación a la señora Amalfi
de la Cruz Lagares de Torres (expediente T-5.535.463), en la resolución núm.
112085 se indicó:
“Que el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de Transición para las
personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención acredite 35
o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el caso
de los hombres, o más de 15 años de servicio, permitiendo aplicar la edad para
pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen
anterior al que venía afiliado, el cual para el caso en cuestión se trata del
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año,
que exige para acceder a la pensión de vejez acreditar 55 o más años de edad en
el caso de las mujeres o 60 o más años de edad en el caso de los hombres y un mínimo
de 500 semanas cotizadas al Seguro Social en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad o un total de 1000 semanas cotizadas en cualquier
tiempo”.
En cuanto a la segunda exigencia,
que el hijo discapacitado o el cónyuge no tengan pensión alguna y dependan
económicamente del peticionario, la prueba arrimada así lo demostró. De hecho, con
las copias de los Registros Únicos de Afiliados –RUAF- del Sistema Integral de
Información de la Protección Social se estableció que Emperatriz Gutiérrez de
Díaz, Daniel Humberto Díaz Gutiérrez, Gabriel Cruz Peña y María Segunda Rivera
Fontalvo, aparecen en el sistema como beneficiarios, mas no como cotizantes
principales.
De otro lado, con los testimonios
de los señores Bernardo Cárdenas y Guillermo Alberto Díaz Ortegón se acreditó
la convivencia y dependencia económica de la señora Emperatriz Gutiérrez de
Díaz y de su hijo discapacitado Daniel Humberto, respecto del señor Jorge
Humberto Díaz Prieto[99] (expediente
T-5.523.439).
Así mismo, se allegaron los
testimonios de Miguel Ángel Chica Marín y Carlos Alberto Ramírez Ruiz, quienes de
manera clara y coherente señalaron que Amalfi de la Cruz Lagares de Torres es
la compañera permanente del señor Cruz Peña, quien luego de haber sufrido un
accidente depende económicamente de ella (expediente T-5.535.463).
Finalmente, con relación a la
convivencia y sostenimiento de la señora María Segunda Rivera Fontalvo, por
parte de Germy Oyaga Tapia, dieron fe los testimonios de Arturo Quintero
Cárdenas y Nelson Julio Blanco, quienes ante la Jueza Tercera Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Barranquilla, confirmaron que la pareja tiene 5 hijos,
siempre ha convivido bajo el mismo techo (expediente T-5.538.808) y que la
mujer depende de su cónyuge.
11.5. Entre tanto, los despachos judiciales
que conocieron de los procesos ordinarios laborales, al resolver las demandas
interpuestas por Jorge Humberto Díaz Prieto, Amalfi de la Cruz Lagares de Torres
y Germy Oyaga Tapia, decidieron absolver a la entidad demandada, conforme con
las siguientes consideraciones:
11.5.1. El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá,
en audiencia del 27 de julio de 2015, luego de hacer alusión a las interpretaciones
que existen en torno al artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, acogió la tesis
defendida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
sostiene la prescripción del incremento pensional. En ese orden de ideas,
consideró que la prestación se hallaba afectada por la prescripción y en ese
sentido se absolvió a la demandada, en tanto que la pensión fue reconocida en
el año 2001 y la petición sólo se realizó el 13 de julio de 2013 (expediente
T-5.523.439).
En segunda instancia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó el anterior fallo, bajo similares
argumentos:
“(…) en
consecuencia si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su
exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento que se produce
el reconocimiento de la pensión de vejez o invalidez,  opera entonces el fenómeno
extintivo, entonces en concordancia con esas sentencias de la Corte Suprema,
que esta Sala acoge en su totalidad por ser la Corte Suprema nuestro organismo
de cierre, encontramos que como quiera que le fue reconocida la prestación por
vejez mediante resolución 2873 de 2001 y la reclamación administrativa se
radicó el 13 de julio de 2013, cuando ya había transcurrido un término superior
a los 3 años, se encuentra entonces, en concordancia con estas sentencias, los
incrementos reclamados prescritos, en los términos que acertadamente señalara
el juez de primer grado. Finalmente, se ha de advertir que el incremento del 7%
solicitado por el hijo inválido también se encuentra prescrito, toda vez que el
estado de incapacidad se encontraba presente desde antes que la demandada
hiciera el reconocimiento al actor, al igual que el de la cónyuge”[100].
11.5.2. El Juzgado 19 Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Medellín (expediente T-5.535.463), tras afirmar
la presencia de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para reconocer el
incremento pensional, decidió declarar probada la excepción de prescripción propuesta
por la apoderada de Colpensiones. Lo anterior, porque desde la fecha de
reconocimiento de la pensión -12 de mayo de 2011- la actora tenía 3 años para
solicitar el incremento. Sin embargo, solo lo hizo el 4 de diciembre de 2014.
Para sustentar esa posición trajo
como referencia la sentencia del 12 de diciembre de 2007 –rad. Núm. 27.923- de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual se
hizo una breve reseña en capítulos anteriores. Esta decisión por ser de única
instancia, no contó con el recurso de apelación.
11.5.3. Bajo similares
consideraciones, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla (expediente T-5.538.808), en sentencia de única instancia, también
absolvió a la entidad demandada, porque en su sentir el término prescriptivo
trienal, consagrado en las normas laborales surtió efecto. Ello, dado que la
resolución que reconoció la pensión de vejez fue emitida el 28 de julio de 2004
y la vía gubernativa solo se agotó el 13 de agosto de 2013.
En consecuencia, se observa que a
pesar de reunirse los requisitos del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, los funcionarios judiciales
acogieron la postura del órgano límite de la jurisdicción laboral, que
considera aplicable la prescripción al incremento pensional por personas a
cargo.
Es decir, siguieron la línea jurisprudencial
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en ese
sentido, no puede afirmarse que desconocieron el precedente del superior y de
algunos fallos de esta Corporación.
11.6. Sin embargo, las sentencias
revisadas, en sentir de esta Sala, violaron de manera directa la Constitución
Política, por no aplicar el principio de favorabilidad en materia laboral o de
la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, consagrado en el
artículo 53.
En criterio de esta Sala de
Revisión, los jueces laborales al resolver las demandas objeto de este fallo,
debieron tener en cuenta que de cara a la normatividad contenida en el Acuerdo
049 de 1990 no existía una sola interpretación, sino dos y, en ese sentido,
aplicar la que con mayor celo cumplía con los fines del Estado y postulados
constitucionales, a fin de garantizar los derechos a la igualdad, la dignidad
humana, la prosperidad y solidaridad.
En otras palabras, los
funcionarios que conocieron los procesos laborales y aún los encargados de
fallar las acciones de tutela, estaban obligados a examinar los asuntos bajo el
principio de favorabilidad, impuesto por la Constitución, máxime cuando en los
casos que ahora se analizan los actores y beneficiarios son personas de
especial protección, no sólo por la condición de discapacitado de Daniel
Humberto Díaz Gutiérrez[101],
hijo del señor Jorge Humberto Díaz Prieto, sino porque las cónyuges de este y
Germy Oyaga Tapia superan los 60 años de edad, por la cual difícilmente pueden ingresar
al mercado laboral y en la medida que avanza la ancianidad mayores recursos
económicos requieren. Y en el caso de Amalfi de la Cruz Lagares de Torres,
mujer también de 60 años, si bien su compañero permanente no ha llegado a esa
edad, sí se conoció por el testimonio de los señores Miguel Ángel Chica Marín y
Carlos Alberto Ramírez Ruiz que desde que tuvo un accidente “ya no pudo
volver a trabajar” [102].
El incremento pensional
pretendido por los actores, es una de las varias prácticas tendentes a proteger
el valor adquisitivo de la pensión y de paso a las familias de los mismos, tal
cual lo estipula el artículo 48 de la Constitución Política. Así, la
imprescriptibilidad de este derecho está en armonía con el principio de
favorabilidad, el cual no puede ser desconocido, ya que de hacerlo se viola de
manera directa la Constitución, así como (i) la solidaridad que debe regir el
sistema de seguridad social en pensiones; (ii) la protección y asistencia
especial a las personas de la tercera edad para mantener las condiciones de
vida digna y (iii) el derecho  irrenunciable a la seguridad social.
En conclusión, como las
exigencias legales para otorgar el incremento pensional por personas a cargo pretendido
por los actores convergen en cada uno de los trámites de tutela revisados y,
además las sentencias acusadas violaron de manera directa la Constitución en
los términos señalados anteriormente, se accederá a la protección de los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, debido proceso y
favorabilidad, vulnerados por las accionadas. Así las cosas, se ordenará a los
despachos judiciales que conocieron de las demandas laborales que, dentro de un
término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, se
profiera nueva sentencia, en la que se tengan en cuenta las consideraciones aquí
realizadas.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
la sentencia proferida el 24 de febrero de 2016 por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela interpuesta por
el señor Jorge Humberto Díaz Prieto contra el Juzgado 15 Laboral del Circuito y
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual negó la
petición impetrada. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social en pensiones y debido proceso del
actor (expediente T-5.523.439).
SEGUNDO.-DEJAR SIN EFECTOS la sentencia emitida el 15 de octubre de 2015
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Jorge Humberto Díaz Prieto contra
Colpensiones (expediente T-5.523.439). En su lugar, se ORDENA a la misma
que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera nueva sentencia, en la que reconozca al señor Díaz Prieto los
incrementos pensionales, atendiendo las consideraciones y criterios de interpretación
expuestos en esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 15 de febrero de 2016 por la Sala Tercera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín, dentro de la acción de tutela
impetrada por la señora Amalfi de la Cruz Lagares de Torres contra el Juzgado 19
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, mediante la cual negó la
petición impetrada. En consecuencia, se CONCEDE el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y debido proceso de
la actora (expediente T-5.535.463).
CUARTO.- DEJAR
SIN EFECTOS el fallo emitido el 3 de julio de 2015 por el Juzgado 19 Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido
por la señora Amalfi de la Cruz Lagares de Torres contra Colpensiones (expediente
T-5.535.463). En su lugar, se ORDENA al citado juzgado o el que haga sus
veces, proferir nueva sentencia, en la cual reconozca el incremento pensional a
la señora Lagares de Torres, atendiendo las consideraciones y criterios de
interpretación aquí expuestos. Para ello se le concede un término de quince
(15) días contados a partir de la notificación de esta decisión.
QUINTO.- REVOCAR
la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala Segunda de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y la providencia del 9
de diciembre del mismo año –que aclaró el fallo- dentro del trámite de tutela
interpuesto por el señor Germy Oyaga Tapia contra el Juzgado 3º Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, mediante la cual negó la petición
impetrada. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
a la seguridad social en pensiones y debido proceso del accionante (expediente
T-5.538.808).
SEXTO.- DEJAR SIN EFECTOS el fallo emitido el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado 3º
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Germy Oyaga Tapia contra Colpensiones
(expediente T-5.538.808). En su lugar, se ORDENA al citado juzgado o el
que haga sus veces, proferir nueva sentencia, en la cual se reconozca el
incremento pensional al señor Oyaga Tapia, bajo las consideraciones e
interpretaciones aquí realizadas. Para ello se le concede un término de quince
(15) días contados a partir de la notificación de esta decisión.
SÉPTIMO.- Por secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Nacido el
1º de diciembre de 1940 (75 años de edad).
[2] Ver
telegrama 7499 del 18 de febrero de 2016, fl. 6.
[3] Fl. 15.
[4] Fl. 16.
[5] Fl. 17.
[6] Fl. 19.
[7] Fl. 20.
[8] Fl. 21.
[9]  Fl. 25.
[10] Nacida
el 22 de marzo de 1955.
[11] Fl. 18.
[12] Fl. 6
cuaderno de primera instancia.
[13] Fl. 7.
[14] Fl. 7 vto.
[15] Fl. 19.
[16] Nacido
el 14 de julio de 1943.
[17] Fls. 15 y 16 cuaderno de primera instancia.
[18] Fls. 17 a 19.
[19] Fl. 20.
[20] Nacida el 30 de mayo de 1950.
[21] Fl. 24.
[22] Fls. 40
a 42.
[23] Fls. 22
y 23.
[24] Sentencia T-328 de 2005.
[25] Sentencia
C-590 de 2005.
[26]  Sentencia T-328 de 2005.
[27]  Sentencia T-173 de 1993.
[28]  Sentencia T-504 de 2000.
[29] Ver entre otras Sentencia T-315 de 2005.
[30] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de
2000.
[31] Sentencia
T-658 de 1998.
[32] Sentencias
T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[33] Sentencia
T-590 de 2005.
[34] Sentencia
T-522 de 2001.
[35] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001;
T-1625de 2000 y  T-1031 de 2001.
[36] Dice la Corte en la
Sentencia C–590 de 2002 que se deja de aplicar una disposición iusfundamental
en los casos en  que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales”.
[37] En la sentencia C–590 de
2005 se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de
tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[38] Sentencia Su-198 de 2013.
[39] Sentencia SU-053 de 2015.
[40] “El Precedente Constitucional teoría y praxis”, editorial Ibáñez
S.A.S, 2013.
[41] “El
Precedente Constitucional teoría y praxis”, editorial Ibáñez S.A.S, 2013.
[42] Ibidem.
[43] Sentencia
T-794 de 011.
[44] Sentencias C-447 de 1999,
C-836 de 2001, T-468 de 2003, T-688 de 2003, T-698 de 2004, T-330 de 2005 y
T-292 de 2006.
[45] Sentencia
T-049 de 2007.
[46] Sentencia T-087 de 2007. Ver también, sentencias T-193 de 1995,
T-1625 de 2000, T-522 de 2001, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-436 de 2009,
T-161 de 2010 y SU-448 de 2011.
[47]  Sentencia C-447 de 1997.
[48]  Sentencia C-447 de 1997.
[49] Sentencia
T-369 de 2015. Ver también sentencias C-590 de 2005, T-292 de 2006 y T-230 de
2011.
[50] Sentencia
SU-640 de 1998.
[51] Sentencia
T-270 de 2013.
[52] Sentencia
T-270 de 2013.
[53] Sentencia T-123 de 1995.
[54] Sentencia
T-260 de 1995.
[55] Sentencia
T-292 de 2006.
[56] En el tema de los efectos extendidos de
las sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes
providencias:  SU-1023 de 2001, T-203 de 2002, SU-388 de 2005 y T-726 de 2005,
entre otras. En la sentencia T-203 de 2002,se sostuvo que en virtud del
artículo 241 de la Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro tipos e control
constitucional: a) El control abstracto de normas contenidas en actos
legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos,
proyetos de ley y tratados (artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10
C.P). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y que
comprende el control constitucional de providencias judiciales; c) “el control
por vía excepcional en el curso de un proceso concreto mediante la aplicación
preferente de la Constitución (artículo 4, CP)” y d) el control de los
mecanismos de participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (artículo
241, No 2 y 3, CP)[56].
Señaló la sentencia que se cita, que “los efectos son erga omnes y pro -
futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando
decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera
preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga
omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación
ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte
han de ser los anteriormente señalados”.  (Las subrayas fuera del original). De
hecho en el Auto 071 de 2001 se dijo que cuando la Corte aplica la excepción de
inconstitucionalidad y fija los efectos de sus providencias estos pueden
extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares.
Finalmente debe considerarse la sentencia SU-1023 de 2001, que estableció que
en circunstancias muy especiales, con el fin de no discriminar entre tutelantes
y no tutelantes que han visto violados sus derechos fundamentales, los efectos
de la acción de tutela pueden extenderse inter comunis es decir,
extenderse a una comunidad determinada por unas características específicas. En
las sentencias SU-388 de 2005 y
T-493 de 2005, igualmente, se estableció
que los efectos de la sentencia de unificación serían inter comunis para madres
cabeza de familia desvinculadas de Telecom.
[57]  Ver, además la sentencia T-1625 de 2000
M.P.
[58] Sentencia SU- 640 de 1998.
[59] Sentencia SU-1219 de
2001.
[60] Sentencia
T-292 de 2006.
[61] Sentencia
T-270 de 2013.
[62] Sentencia
SU-198 de 2013.
[63] Cfr.,
Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[64] Cfr.,
Sentencia T-522 de 2001.
[65] Sentencia
T-462 de 2003.
[66] Sentencias T-310 y T-555
de 2009.
[67] Dice la Corte
en la Sentencia C–590 de 2002 que se deja de aplicar una disposición
iusfundamental en los casos en  que, “… si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales”.
[68] En la sentencia C–590 de
2005 se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de
tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[69]Sentencias T-765 de 1998 y
T-001 de 1999. Los derechos de aplicación inmediata están consagrados en el
artículo 85 de la C.P, que establece que los derechos de aplicación inmediata
son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la
personalidad jurídica, intimidad, al buen nombre, la honra, al libre desarrollo
de la personalidad, libertad, de conciencia, de cultos, expresión, de petición,
a la libertad de escoger profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre
circulación, al debido proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en
materia penal, a la inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de
reunión, de asociación y los derechos políticos.
[70] Ver sentencias T – 199 de
2005; T-590 de 2009 y T-809 de 2010.
[71] En la
Sentencia T – 522 de 2001, se dijo que la solicitud  debía ser expresa.
[72] Sentencia
C-447 de 1997 y 217 de 2013.
[73] Sentencia
C-447 de 1997.
[74] Sentencia
T-766 de 2008.
[75] Sentencia
T-323 de 1996.
[76] Sentencia T-746 de 2004.
[77] Sentencia
T-235 de 2002.
[78] Normatividad
anterior a la Ley 100 de 1993.
[79] Sentencia
T-791 de 2013.
[80]Ibidem.
[81] Sentencia
T-217 de 2013.
[82] Sentencia
T-831 de 2014.
[83] Ibidem.
[84] Op
cit.
[85] Art. 2 de la Constitución Política.
[86] Art. 21: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas
vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador”.
[87] Sentencia
T-832A de 2013.
[88] Es la
aplicación íntegra de del cuerpo normativo donde se encuentra la norma más
favorable..
[89] Art. 20:
“En caso de conflictos  entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras,
prefieren aquéllas”.
[90] Art. 21:
“En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse
en su integridad”.
[91] Cfr.
Sentencia T-832A de 2013.
[92] Sentencia T-832A de 2013.
[93] Ibidem.
[94] Sentencia
T-871 de 2005.
[95] Cfr. Sentencias T-545 de
2004; T-248 de 2008; T-090 de 2009; T-334 de 2011, entre otras.
[96] Sentencia
T-121 de 2015.
[97] Sentencia
C-438 de 2013.
[98] Sin descontar términos de notificación y ejecutoria.
[99] Audiencia
del 13 de mayo de 2015, celebrada en el Juzgado 15 Laboral del Circuito de
Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral incoado por Jorge Humberto Díaz
Prieto.
[100] Audiencia
del 15 de octubre de 2015.
[101] Ver fotocopia de
certificado de discapacidad expedido por el Seguro social el 1º de marzo de
2006, donde se diagnostica “Retardo mental severo – Síndrome de Down”, pérdida
de capacidad más del 50%. Ver fl. 20, cuaderno de primera
instancia.
[102] Ver fls. 7 a 8 vto. cuaderno de primera instancia.