T-697-96
Sentencia T-697/96
Sentencia
T-697/96
INDEFENSION-Alcance/SUBORDINACION-Alcance
Las expresiones
“indefensión” y “subordinación” aluden a una posición de desigualdad social
que, al tener la virtualidad de comprometer derechos fundamentales, justifica
una actuación inmediata del Estado. En este sentido, las definiciones de estos
dos conceptos sólo serán acertadas si comportan todo el espectro de posibilidades
en las cuales la persona sometida o inerme merece la protección del Estado, sin
incluir aquellos casos en los cuales no existen situaciones de supremacía
social, bien por que no se encuentra realmente comprometida la autonomía del
sujeto, ora por que a su favor militan medios de defensa efectivos que
fortalecen su posición.
ASOCIACION DE
MEDICOS PROFESIONALES-Supremacía
social/INDEFENSION-Actos de asociación médica
Atendiendo a la
relación de sujeción que existe entre las asociaciones de profesionales y el
profesional asociado y, especialmente, al poder que, dada la concentración de
la oferta, ejercen el mercado estas agrupaciones, resulta necesario reconocer
que las asociaciones demandadas pueden invadir ciertas órbitas de libertad de
los médicos, que en principio, merecen protección constitucional. Así, por
ejemplo, en razón de la situación de predominio en la que se encuentran, las
asociaciones están en capacidad de afectar, a través de un concierto de medidas
simultáneas y eficaces, el ejercicio profesional del médico disidente. En estos
eventos, es evidente el predominio de la asociación respecto del profesional,
sin que, en principio, éste tenga a su alcance un medio que, en forma
simultánea y eficaz, pueda repeler el conjunto de medidas que las asociaciones
están en capacidad de adoptar. Cuando, como en el caso presente, las
situaciones de predominio o supremacía despliegan sus efectos sobre órbitas
constitucionalmente tuteladas de la vida de un individuo - como la órbita
laboral -, disminuyendo radicalmente el ejercicio de su autonomía, sin que
existan medios eficaces para acometer la defensa integral e inmediata de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados, debe afirmarse que éste se
encuentra en situación de indefensión. No todos los actos de las asociaciones
médicas, capaces de afectar, de una u otra manera, la órbita laboral de los
profesionales disidentes, son ilegítimos. Y, aunque así lo fueran, no todos
ellos son susceptibles de control constitucional a través de la acción de tutela.
ASOCIACION DE
MEDICOS PROFESIONALES-Procedencia
excepcional de tutela/ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional contra
actos de asociación médica
Las asociaciones
que defienden los intereses económicos de los médicos especialistas están
constitucionalmente autorizadas para adoptar medidas de disciplina interna que,
de ordinario, comportan una restricción de los derechos de sus asociados.
Empero, la situación de predominio puede determinar la realización de prácticas
arbitrarias que constituyen, entre otros, un abuso del derecho de asociación.
En principio, la controversia sobre la legitimidad de estas medidas debe
realizarse al amparo del derecho legislado, toda vez que es éste y no el
derecho constitucional, el que adscribe derechos y deberes a las personas que
constituyen voluntariamente una asociación de derecho privado y, en general, a
los agentes que intervienen en el mercado. En suma, los comportamientos
presuntamente patológicos de la economía de mercado son, en principio, un
problema de orden legal. Sin embargo, en situaciones excepcionales, las medidas
de fuerza adoptadas por las asociaciones frente a sus miembros pueden ser
ventiladas a través de la acción de tutela. Se trata, justamente, de aquellos
casos en los cuales se comprometen los derechos fundamentales de los asociados,
sin que existan mecanismos de defensa que permitan una protección alternativa,
pronta e integral, de los mismos.  Adicionalmente, en tratándose de una
profesión de cuyo ejercicio depende la garantía de los derechos fundamentales
de terceras personas, resulta claro que las medidas de las asociaciones tendrán
relevancia constitucional en el evento en el cual éstas afecten los derechos
fundamentales de quienes demandan la prestación de los servicios de salud.
ACUERDO ASOCIATIVO-Procedencia excepcional de tutela
En principio, las
controversias que surjan en torno a decisiones asociativas, deben ser
ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, a través de los medios que para ello
ha dispuesto el Código de Procedimiento Civil, que contempla, incluso, la
posibilidad de solicitar la suspensión provisional de estos actos.
Adicionalmente, si una decisión de esta naturaleza es elevada a reforma
estatutaria, será objeto de control por parte del Gobernador del respectivo
Departamento. Posteriormente, si el acto administrativo a través del cual se
aprueba la reforma afecta el orden constitucional o legal, se pueden poner en
operación los correspondientes controles administrativos y judiciales. En estas
condiciones, corresponderá a la administración departamental y a los jueces
ordinarios o contenciosos, según la vía que se adopte, los encargados de velar
por que, una determinada disposición convencional, se ajuste al ordenamiento
jurídico. Sin embargo, si un acuerdo asociativo compromete algún derecho
fundamental, hasta el punto en que sólo una pronta y oportuna intervención del
juez constitucional podría evitar la consumación del daño, siempre que se
cumplan los restantes requisitos de procedibilidad, habrá de proceder la acción
de tutela.
DERECHO AL
TRABAJO-Autorrestricción/DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Renuncia legítima a derechos/DERECHOS
FUNDAMENTALES-Zona de penumbra
Se trata,
simplemente, de una autorrestricción al ejercicio de un aspecto del derecho al
trabajo que se encuentra por fuera de su núcleo esencial, en lo que se ha
denominado la zona de penumbra. En estas condiciones, debe afirmarse que el
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que no es otra cosa
que una cláusula general de libertad, autoriza al sujeto para renunciar, en las
condiciones descritas, al ejercicio de los derechos. En consecuencia,
tratándose de una renuncia legítima, no es admisible que, posteriormente, el
sujeto se ampare en la constitución para incumplir lo pactado. Si en desarrollo
de su libertad el sujeto adoptó una decisión exigible, debe cumplirla so pena
de afectar el principio de la buena fe y el valor de la seguridad jurídica. Sin
embargo, no sobra advertir que, en la reglamentación de la zona de penumbra de
los derechos, el legislador puede establecer reglas de disponibilidad más o
menos estrictas, que deberán ser tenidas en cuenta por el aplicador del derecho
a la hora de resolver un conflicto de esta naturaleza.
DERECHO AL
TRABAJO-Autorrestricción
en acta de compromiso
La limitación del
derecho al trabajo que los médicos aceptaron a través del acta de compromiso,
no se traduce en una violación de sus derechos fundamentales. Sin embargo, lo
anterior no implica que las sanciones correlativas al incumplimiento de la
prohibición sean legítimas, sino que la proscripción de la conducta que aquí se
estudia, en sí misma considerada, y con independencia de las sanciones que se
le adscriban, no parece estar en capacidad de producir un perjuicio
irremediable respecto de algún derecho fundamental.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Conflictos entre
asociaciones privadas/COMPETENCIA EXCEPCIONAL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL-Conflictos
entre asociaciones privadas y socios
La Corte ha señalado
que los conflictos que se susciten alrededor del debido proceso entre las
asociaciones privadas y sus asociados deben ser tramitados a través de la
jurisdicción ordinaria. Sólo habrá de proceder la acción de tutela si la
violación del debido proceso apareja necesariamente la consumación de un
perjuicio iusfundamental de carácter irremediable.
DERECHO DE
ASOCIACION-Dimensiones/DERECHO
DE ASOCIACION POSITIVO-Alcance/DERECHO DE ASOCIACION NEGATIVO-Alcance
El derecho
fundamental de asociación, tiene dos dimensiones. La primera, de carácter
positivo, comporta la facultad de toda persona para comprometerse con otras en
la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado, de carácter
social, cultural, político, económico etc., a través de la conformación de una
estructura organizativa, reconocida por el Estado y capacitada para operar en
el trafico jurídico. Desde esta perspectiva, el ejercicio del derecho de
asociación apareja el deber de someterse a las reglas estatutarias cuando éstas
han sido adoptadas en debida forma y cuando su contenido no afecta bienes,
derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico. La segunda
dimensión presenta una faceta negativa, claramente derivada del derecho general
de libertad y pieza fundamental de todo sistema democrático. Se trata de la
facultad de toda persona para abstenerse de formar parte de una determinada
asociación y del derecho correlativo a no ser obligado -ni directa ni
indirectamente- a ello.
DERECHO DE
ASOCIACION NEGATIVO-Liberación
de deberes
Una consecuencia
necesaria de la renuncia a la condición de afiliado a una determinada
asociación, resulta ser la liberación de los deberes que le imponían a la
persona, en su condición de asociado, los estatutos sociales. Si el poder del
grupo persigue a la persona que no ha manifestado su voluntad de someterse,
debe afirmarse que se trata de una injerencia indebida en la órbita propia de
su autonomía y, en particular, en la libertad que tiene para decidir si se
somete o no al régimen jurídico propio de cada asociación. Los deberes
derivados de la asociación deberán ser suspendidos al momento de la
desafiliación, y el goce de los derechos sólo podrá ser postergado, si así lo
deciden libremente los asociados.
DERECHO DE
ASOCIACION NEGATIVO-Vulneración
por asociación de médicos
Las asociaciones
científicas orientadas a defender los intereses de los médicos en el mercado de
los servicios de salud impusieron, a las personas que voluntariamente se
desvincularon, una serie de medidas sancionatorias. No obra prueba alguna que
demuestre que las sanciones se hubieran originado por causa del incumplimiento,
por parte de los galenos, del acta de compromiso de manera previa a la renuncia
a la respectiva asociación. Dichas medidas deben ser interpretadas como la
aplicación forzosa de los estatutos de una asociación a quien ya no pertenecía
a ella y, por lo tanto, como una violación del derecho fundamental de
asociación en su dimensión negativa. Y dado que no existe otro medio judicial
apto para garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado, la
Corte procederá a ordenar que se anulen, rectifiquen y corrijan la totalidad de
las medidas disciplinarias que han sido adoptadas en desarrollo del acta de
compromiso, contra los médicos en mención.
DERECHO DE
ASOCIACION NEGATIVO-Prohibición
imposición de sanciones
La imposición de
sanciones de disciplina interna, a quien ha renunciado voluntariamente a la
asociación, sin que exista un proceso en el cual se demuestre que, mientras
gozaba del status de asociado, incumplió los respectivos estatutos, sólo puede
ser entendida como una medida ilegítima que tiende a afectar la libertad
negativa o de no asociación. El derecho de asociación entendido en su dimensión
negativa, prohibe a la asociación perseguir a quien ha decidido no pertenecer
al grupo, imponiéndole medidas disciplinarias que se fundan en la extensión
ilegítima del poder societario y entrañan, indirectamente, una advertencia a
los asociados para que permanezcan en el grupo. Con ello se afecta el derecho
fundamental de asociación de quien ha dejado de participar y se amenaza la
libertad de quienes aún forman parte de la asociación.
COMPETENCIA
EXCEPCIONAL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL-Cobro obligación pecuniaria entre particulares/MEDIO
DE DEFENSA JUDICIAL-Cobro obligación pecuniaria entre particulares
El conflicto que
pueda suscitarse en torno al cobro de una obligación pecuniaria entre
particulares, sólo puede ser estudiado por el juez constitucional, de manera
excepcional si, de una parte, se encuentra comprometido el ejercicio de algún
derecho fundamental y, de otra, la intervención de la jurisdicción
constitucional es necesaria para evitar la consumación de un daño
iusfundamental. Debe considerarse que la acción de tutela, por estos hechos, es
improcedente, lo cual no obsta para que los actores puedan acudir ante la
jurisdicción ordinaria a efectos de controvertir la citada medida.
ASOCIACION DE
MEDICOS PROFESIONALES-Expulsión
de cuadros médicos
En principio, las
prácticas de las asociaciones de profesionales que puedan afectar la libre
competencia en el mercado de los servicios de salud deben ser discutidas ante
la justicia ordinaria. Sólo cuando las medidas acusadas puedan producir un daño
irremediable a algún derecho fundamental, sin que exista un medio expedito para
evitar tal afectación, podrán ser ventiladas judicialmente a través de la
acción de tutela. El ejercicio del poder que su condición de agentes
reguladores de la oferta les otorga a las asociaciones de profesionales, con
miras a lograr que los médicos que por cualquier causa no forman parte de la
asociación sean discriminados o marginados, afecta, no sólo las normas que
regulan las prácticas de mercado, sino, fundamentalmente, los derechos a la
igualdad y de asociación. En estas condiciones, resultan constitucionalmente
ilegítimas, y, eventualmente, podrían ser causa de un daño irreparable, las
conductas que, respecto de los profesionales que se han desvinculado de las
respectivas asociaciones, tienden a lograr (1) que sean retirados de los cuadros
clínicos de las empresas intermediarias, cuando su afiliación no surgió como
efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva asociación; (2) que sean
marginados -desvinculados o discriminados a la hora de expedir órdenes de
servicio- de empresas que cuentan con cuadros médicos abiertos a todos los
profesionales registrados; (3) que, directa o indirectamente, desestimulen a
las empresas a contratar individualmente al profesional independiente, al
margen de los acuerdos con las sociedades.
FALTAS A LA
DIGNIDAD MEDICA-Alcance
Constituyen
faltas a la dignidad médica aquellas conductas que contradicen los deberes
éticos de los profesionales de la medicina. Se trata, por lo tanto, de
actuaciones que vulneran el código moral de la profesión y, de ninguna manera,
simples actos contrarios a los intereses económicos de las personas que la
ejercen. En efecto, unos son los deberes éticos del médico en el ejercicio de
su profesión y otros, bien distintos, los que pueden surgir de un acuerdo para
defender los intereses económicos del profesional que ejerce la medicina.
DERECHO AL BUEN
NOMBRE-Publicación errónea
de conducta médica/DERECHO A LA HONRA-Publicación errónea de conducta
En cuanto a
calificar públicamente, y de manera equivocada, una conducta como contraria a
la dignidad médica compromete la honra o el buen nombre de la persona afectada.
La Sala no duda en afirmar que la calificación realizada en las comunicaciones
de autos produce un efecto nocivo sobre la reputación que han adquirido los actores
en su medio laboral. Tal calificación afecta la imagen que quieren proyectar y
por la cual han trabajado toda su vida. En estos términos, las asociaciones que
calificaron públicamente la conducta de los actores como “una falta a la
dignidad medica”, afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre. En consecuencia, en tanto no existe en el ordenamiento jurídico un
mecanismo igualmente apto a la acción de tutela para la adecuada protección de
estos derechos, se ordenará la aclaración de la información errónea.
RECTIFICACION DE
INFORMACION PROVENIENTE DE PARTICULAR-Improcedencia general de tutela/RECTIFICACION DE
INFORMACION PROVENIENTE DE ENTIDAD PRIVADA-Procedencia de tutela
En principio, la
acción de tutela, como mecanismo para solicitar la rectificación de
informaciones, procede contra los medios de comunicación, respecto de los
cuales, en razón del poder social que detentan, se presume la indefensión del
actor. En consecuencia, las publicaciones pagadas por personas particulares,
que, eventualmente, podrían  afectar derechos de terceras personas, no son, por
regla general, controvertibles a través de la acción de tutela. En efecto, en
estos casos la persona afectada no se encuentra, de ordinario, en condición de
subordinación o indefensión y puede, por lo tanto, defender sus derechos usando
los mismos mecanismos que fueron utilizados para conculcarlos, esto es, la
difusión de sus opiniones en los mismos medios de comunicación, sin que ello
implique que la opinión prefiera, necesariamente, la versión del presunto
agresor. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, en razón de la posición de
supremacía social que ocupa quien difunde la información inicial -dado su
cargo, las funciones que desempeña, etc.-, las afirmaciones publicadas pueden
tener un impacto muy fuerte en la imagen -prestigio- de la persona a la cual se
refieren. En efecto, los niveles de credibilidad social que ostentan las
instituciones privadas son, en ocasiones, mucho mayores que los de las personas
naturales. En estas condiciones, afirmaciones con virtualidad para afectar la
honra o el buen nombre de un médico, provenientes de estas asociaciones, pueden
tener un impacto muy grande sobre el prestigio del respectivo profesional, sin
que éste cuente con medios eficaces de defensa. De otra parte, el poder
económico de ciertas personas o instituciones para difundir eficazmente sus
mensajes a través de avisos pagados en los medios de comunicación, puede ser
muy superior al patrimonio particular de la persona afectada. Estas condiciones
de desigualdad determinan que, frente a un agravio que puede producir un
perjuicio irremediable a algún derecho fundamental de una persona, ésta pueda
solicitar, a través de la acción de tutela la rectificación pública de las
informaciones falsas o parciales publicadas. En efecto, por la dimensión de la
campaña difamatoria o por la mayor credibilidad que ostenta la persona
demandada, es claro que sólo el reconocimiento público del error cometido puede
contrarrestar, eficazmente, el daño producido al prestigio de la persona
afectada.
DEBER DE
SOLIDARIDAD SOCIAL POR MEDICOS-Atención de personas
Al tenor de lo
dispuesto en la ley 23 de 1981, para garantizar a la sociedad el cumplimiento
de los principios sobre los cuales debe descansar la relación médico-paciente,
se estableció, como regla general, la obligación del médico de atender a quien
requiera de sus servicios, con las excepciones que, en forma expresa,
estableciera la propia ley. Se trata, en este caso, de un desarrollo del deber
de solidaridad social que se predica, fundamentalmente, de profesiones
liberales de cuyo ejercicio depende la realización efectiva de los derechos
fundamentales de los asociados. La vigencia del principio constitucional de
solidaridad, restringe la órbita de libertad del médico a la hora de definir si
presta o no sus servicios a una determinada persona. Los deberes adicionales
que corresponde cumplir a los médicos aparejan una dignificación particular del
profesional de la medicina. La especial consideración y respeto que merecen los
profesionales de la salud, se deriva, justamente, de su compromiso solidario
con el bienestar de todas las personas sin distinción de ninguna clase.
Referencia:
Expedientes acumulados T-97158, 97985, 99226, 99235, 99237, 99244, 99250,
99798, 99839, 101349 y 101350
Actores: Jaime Pombo
Mackenzie, German Aldana Buelvas, Jaime Arevalo Reyes, Alejandro Gentile
Herazo, José Fuscaldo Quintero, Jorge Reyes Núñez, Francisco Sales Sales,
Francisco Sales Puccini y Carlos Elias Sales Puccini
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En los procesos de
tutela (acumulados) T-97158, 97985, 99226, 99235, 99237, 99244, 99250, 99798,
99839, 101349 y 101350 adelantados por JAIME POMBO MACKENZIE, GERMAN ALDANA
BUELVAS, JAIME AREVALO REYES, ALEJANDRO GENTILE HERAZO, JOSE FUSCALDO QUINTERO,
JORGE REYES NUÑEZ, FRANCISCO SALES SALES, FRANCISCO SALES PUCCINI y CARLOS
ELIAS SALES PUCCINI contra la SOCIEDAD DE PEDIATRIA DEL ATLANTICO, la
ASOCIACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL ATLANTICO -ASOGA-, la SOCIEDAD DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL ATLANTICO y la SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y
REANIMACION DEL ATLANTICO -SARAT-
ANTECEDENTES
Los procesos de
tutela acumulados hacen relación a la adopción de una serie de medidas por
parte de distintas asociaciones médicas del departamento del Atlántico, en
contra de algunos médicos (los actores) que decidieron apartarse de las
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las respectivas asociaciones. A
juicio de los actores, tales medidas afectan sus derechos fundamentales. Para
facilitar la comprensión de los expedientes acumulados, los hechos objeto del
mismo se exponen agrupados como sigue.
I. Expedientes
T-99237 y T-99244: Jaime Pombo Mackenzie, Germán Aldana Buelvas y Jorge Reyes
Nuñez contra la Sociedad de Pediatría del Atlántico
1. Los días 20 y 26
de marzo de 1996, los médicos pediatras Jorge Reyes Nuñez, Germán Aldana
Buelvas y Jaime Pombo Mackenzie, respectivamente, interpusieron acción de
tutela contra la Sociedad de Pediatría del Atlántico -a la que pertenecían-,
ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
por considerar que la mencionada asociación violó sus derechos fundamentales a
la intimidad y al buen nombre (C.P., artículo 15), a la libertad de conciencia
(C.P., artículo 18), a la libertad de expresión (C.P., artículo 20), a la honra
(C.P., artículo 21), al trabajo (C.P., artículo 25), al debido proceso (C.P.,
artículo 29), de libre asociación (C.P., artículo 38) y de constituir
sindicatos y asociaciones (C.P., artículo 39).
Los actores
manifestaron que la Junta Directiva de la Sociedad demandada, mediante decisión
adoptada en su reunión del 6 de marzo de 1996 -posteriormente comunicada
mediante oficio fechado el 11 de marzo de 1996-, decidió expulsarlos de la
misma, en razón de haber suscrito un contrato de prestación de servicios
médicos integrales, para atender pacientes de la Clínica Médico Pediátrica S.A.
Anotaron, igualmente, haber informado a la presidente de la Sociedad de
Pediatría, en carta que le dirigieron el 1° de marzo de 1996, que la
suscripción del mencionado contrato se llevó a cabo con la finalidad de salvar
a ese centro hospitalario de la "catástrofe económico-financiera" a
la que se encuentra sometido.
A juicio de los
actores, no existe motivo alguno que sustente la expulsión de que fueron
víctimas. Los actores estiman que la Junta Directiva de la Sociedad de
Pediatría del Atlántico violó los estatutos de la misma, toda vez que, para
expulsarlos, no agotó todas las instancias legales a las que tenían derecho. Es
así como fueron excluidos sin que se efectuara algún tipo de investigación
preliminar, sin que se les informaran por escrito las conductas que se les
endilgaban, sin que se les señalaran con claridad los actos o motivos por los
cuales eran retirados de la Sociedad de Pediatría, sin que se les fijara fecha
para presentar sus descargos ante la Junta Directiva y sin que se les ofreciera
una oportunidad para interponer los recursos de reposición y apelación.
Agregan que, con
posterioridad a la expulsión, la Sociedad de Pediatría del Atlántico ha
presionado a las Entidades Promotoras de Salud y a otras instituciones, mediante
la publicación de avisos y remisión de cartas, para que los excluyan de sus
cuadros médicos. En particular, la agremiación demandada publicó en el
periódico "El Heraldo" de Barranquilla, en su edición del 13 de marzo
de 1996, un aviso en el que se leía lo siguiente:
"LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE PEDIATRIA REGIONAL ATLANTICO
Informa al cuerpo
médico y al público en general, que los Doctores
JAIME POMBO MACKENZIE
GERMAN ALDANA BUELVAS
JORGE REYES NUÑEZ
Han dejado de
pertenecer a nuestra Asociación."
De otra parte, los
demandantes indican que, como efecto de su expulsión de la Sociedad de
Pediatría, ésta ha solicitado a otras asociaciones médicas que les suspendan
los derechos de colegaje e interconsulta, lo cual les ha producido un
"trastorno laboral", como quiera que no pueden recibir ayuda de sus
colegas -en especial de los gineco-obstetras- "en el momento del recibo de
recién nacido en las cirugías ginecológicas, ni tampoco realizar interconsultas
o valoraciones pediátricas a (sus) pacientes". Consideran los demandantes
que esta situación vulnera sus derechos al trabajo, a la honra, al buen nombre,
a ejercer su profesión de manera digna, a recibir un trato justo por parte de
sus colegas, a recibir una igualdad de trato por parte de la ley y las autoridades
y al debido proceso.
Por estas razones,
los demandantes solicitaron les fuera tutelado su derecho fundamental a ejercer
libremente su profesión y, en consecuencia, se ordenara  la restitución de sus
derechos de colegaje e interconsulta, sin ningún tipo de restricciones
personales o institucionales, con todos los médicos gineco-obstetras de la
ciudad de Barranquilla. En calidad de medidas provisionales, dirigidas a la
protección de su derecho fundamental al trabajo, solicitaron ser reintegrados a
la sociedad demandada y la rectificación del aviso de prensa aparecido en
"El Heraldo" el 13 de marzo de 1996.
2. En declaración
rendida ante el Tribunal de tutela, la presidente de la Sociedad de Pediatría
del Atlántico manifestó que, en julio de 1995, esta agremiación había decidido
negociar con las Entidades Promotoras de Salud con la finalidad de lograr
cuadros médicos abiertos -que incluyeran a todos los miembros de la Sociedad y
que permitieran a los pacientes la elección del médico de su preferencia- y
mejores tarifas por la prestación de los servicios médicos. Con el fin de
lograr este objetivo, el 19 de julio de 1995, los asociados suscribieron un
acta de compromiso en la cual los firmantes acordaban que no atenderían ni
directa ni indirectamente -através de clínicas, hospitales, etc.- a aquellos
pacientes pertenecientes a Entidades Promotoras de Salud con las cuales la
Sociedad de Pediatría no hubiera llegado a un acuerdo. De igual forma,
acordaron que, en caso de incumplir los términos del acta, se harían acreedores
a las sanciones que allí mismo se consignaban, dentro de las cuales se
encuentra la expulsión de la sociedad.
La declarante
informó al Tribunal que los médicos Pombo, Aldana y Reyes habían sido
expulsados de la Sociedad de Pediatría del Atlántico por haber violado sus
estatutos al firmar un contrato de prestación de servicios con la Clínica
Médico Pediátrica, con la finalidad de atender pacientes de Colsanitas. La
previsión estatutaria vulnerada por los anotados médicos se encuentra
contemplada en el artículo 41, literal d), que recoge el texto del acta de
compromiso suscrita por todos los miembros de la Sociedad, en la cual acordaban
no atender pacientes de Entidades Promotoras de Salud con las cuales no se
hubiera alcanzado un acuerdo, como era el caso de Colsanitas.
La presidente de la
Sociedad de Pediatría del Atlántico expresó, igualmente, que esa agremiación no
ha remitido ningún tipo de comunicado a las Entidades Promotoras de Salud -con
las cuales se hubiere llegado a un acuerdo-, en el que se les solicite la
exclusión de sus cuadros médicos de los profesionales expulsados. En relación
con este aspecto, la Sociedad únicamente se limitó a enviar el listado de
miembros que no pertenecían o habían dejado de pertenecer a la misma, en razón
de que "hay un acuerdo entre la Asociación de Sociedades Científicas del
Atlántico, de la cual hace parte la Sociedad de Pediatría, con las distintas
entidades o empresas con las que se ha llegado a un acuerdo respecto a tarifa y
cuadro médico abierto, para que dicho acuerdo sea válido, solo para los
miembros de la Asociación de Sociedades, y cada una de las que hace parte de
ésta. Al hacer una negociación con alguna entidad o empresa se envía el listado
de los miembros que hacen parte de la sociedad y se envía otro listado de los
que no hacen parte de la sociedad". En este mismo sentido, la declarante
manifestó que las clínicas de Barranquilla no impiden la atención de pacientes
remitidos por los médicos expulsados.
En cuanto al
trastorno laboral que los actores manifiestan les ha causado la no colaboración
de sus colegas de otras especialidades, la presidente de la Sociedad de
Pediatría del Atlántico afirmó: "Los especialistas que pertenecen a la
Asociación de Sociedades Científicas prefieren trabajar con colegas que
pertenecen a esta entidad, pero no hay una prohibición explícita para tal cosa.
En la actualidad se ha llegado a un acuerdo con casi todas las compañías de
medicina prepagada para que éstas tengan un cuadro médico abierto, se entiende
por esto, que todo médico perteneciente a la sociedad puede trabajar para estas
empresas y así mismo ser elegido por cualquiera de sus usuarios, con las
empresas a las que no se ha llegado a un acuerdo todavía persisten con los
cuadros médicos cerrados, en el cual sólo hay un número limitado  (de 4 a 6) de
médicos por especialidad y el paciente se ve obligado a elegir entre este
número limitado de especialistas".
Preguntada acerca de
si este tipo de medidas podrían llegar a afectar la salud de los pacientes de
los médicos desvinculados de la Sociedad de Pediatría, la declarante puso de
presente que no existía ninguna probabilidad de que ésto ocurriera, toda vez
que los profesionales expulsados pueden buscar la colaboración de los
especialistas que han dejado de pertenecer a otras asociaciones médicas.
3. En su testimonio,
el vicepresidente de la Sociedad de Pediatría del Atlántico manifestó que el
acta de compromiso suscrita por sus miembros, el 19 de julio de 1995, es el
reflejo de la voluntad común de los socios de ayudarse mutuamente. Puso de
presente que el motivo para la firma de la mencionada acta consistió en la
posición adoptada por algunas entidades prestadoras del servicio de salud, las
cuales sólo reconocían cuadros médicos cerrados que no permitían a los
pacientes escoger al médico de su preferencia. A juicio del declarante, lo
anterior convertía a estas entidades en "un intermediario cada vez más
poderoso" en la prestación de servicios médicos. Frente a esta situación,
el testigo informó que las distintas asociaciones médicas, agrupadas en la
Asociación de Sociedades Científicas, decidieron asumir "un compromiso de
palabra y de hecho", con la finalidad de solicitar a las Entidades
Promotoras especialistas". El vicepresidente de la sociedad demandada
afirmó, igualmente, que, en la actualidad, se han logrado acuerdos con la gran
mayoría de las Entidades Promotoras de Salud, toda vez que éstas han aceptado
la modificación de sus cuadros médicos en el sentido de que los pacientes
puedan escoger el profesional que más les convenga.
El declarante
informó que el acta de compromiso había sido incluida como parte integral de
los estatutos de la Sociedad de Pediatría del Atlántico y que, conforme a ello,
se previó que quien incumpliera las disposiciones de la mencionada acta sería
expulsado por la Junta Directiva de la sociedad, con el debido respaldo de la
Asamblea de Socios. Según el vicepresidente de la sociedad demandada, los
médicos Pombo, Aldana y Reyes suscribieron un  contrato con una Entidad Prestadora
de Salud con la cual la agremiación no había alcanzado un acuerdo, dando ésto
lugar a su expulsión de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, como quiera que
se consideró que habían incumplido el acta de compromiso. Sin embargo, puso de
presente que no se impuso ninguna sanción adicional a la expulsión, toda vez
que "la sociedad no tiene ninguna injerencia sobre las sociedades para que
presten servicios médicos". De igual forma, el declarante informó que las
cartas remitidas a las Entidades Promotoras de Salud y los avisos de prensa
sólo buscaban informar a la opinión pública en torno al hecho de que
determinados médicos ya no pertenecían a la Sociedad de Pediatría del
Atlántico.
El vicepresidente de
la sociedad demandada afirmó que las consecuencias que la expulsión puede
acarrear a los médicos que han sido objeto de esta sanción y, en especial, el
trastorno laboral que ésta puede causarles no forman parte de las sanciones
estipuladas en el acta de compromiso. Estas consecuencias se derivan de la actitud
que otros médicos asumen frente a las anotadas expulsiones, como quiera que
"el colegaje es una acción muy particular, y cada uno de nosotros lo
practica de acuerdo a sus propias convicciones".
En relación con el
procedimiento observado para expulsar a los actores el declarante explicó que,
para proceder a imponer las sanciones, bastaba con la mera verificación de la
infracción al Acta de Compromiso por parte de los asociados. Puntualizó
finalmente que "(...) como pasa en cualquier otra actividad humana estos
correctivos engrandecen la actividad y soportan la unión".
4. Mediante
apoderado, la Sociedad de Pediatría del Atlántico sometió a la consideración de
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla un
escrito de defensa en el cual precisó que los actores fueron expulsados por
haber incumplido el artículo 41, literal e), de los estatutos de la sociedad
demandada, contentivo del acta de compromiso. La justificación ofrecida por los
demandantes para haber celebrado un contrato con la Clínica Médico Pediátrica
S.A., en el sentido de manifestar que era necesario salvar al mencionado centro
hospitalario de la catástrofe económico-financiera, "no constituye una
causal de fuerza mayor que pudiera servir de justificación para la violación
del pacto".
El representante
judicial de la sociedad demandada expresó que no era cierto que ésta hubiera
presionado "con el fin de que se excluya al tutelante del ejercicio
profesional", toda vez que "la capacidad que tiene la Sociedad de
Pediatría se circunscribe a las órbitas de sus asociados en virtud de su libre
afiliación". Así mismo, el aviso publicado en el "El Heraldo" se
limita a informar que los demandantes habían dejado de pertenecer a la
agremiación demandada. En cuanto a la afirmación de los actores según la cual
sus colegas se niegan a colaborarles, lo cual les ha causado trastornos
laborales, el apoderado de la Sociedad de Pediatría explicó que ésto se debía
"a la decisión individual de cada profesional y no resulta imputable a la
Sociedad de Pediatría que de contera carece de atribuciones para imponerle a un
asociado que asista a un determinado colega". Sobre este asunto, el
escrito de defensa destacó que, en cualquier caso, los profesionales expulsados
pueden apoyarse en otros médicos que, al igual que ellos, "se obligaron a
atender los pacientes de Colsanitas".
En relación con el
procedimiento aplicado por la Sociedad de Pediatría para expulsar a los
actores, el apoderado manifestó: "La decisión de aplicar la sanción de
expulsión se impuso sobre la base de la confesión de la falta por parte de (los
tutelantes), de forma que ante tal circunstancia el agotamiento del trámite previo
solicitado por (los actores) correspondería a un ritualismo vacío en el cual,
en contra del querer de la Carta Política se estaría dando prelación a los
aspectos formales por sobre lo sustancial. No sobra advertir que según lo
expuso la Dra. Nelly Lecompte en su declaración, la decisión estuvo precedida
de reiteradas solicitudes personales formuladas a (los tutelantes) para que
abandonara(n) la conducta contraria a los estatutos. En toda esta etapa
preliminar (los actores) nunca (negaron) que efectivamente estuvieran(n)
atendiendo pacientes de Colsanitas y (pretendieron) tan sólo que se le
aceptaran sus explicaciones justificativas consistentes en tratar de desdibujar
su responsabilidad personal por el sólo hecho de la interposición de una
persona jurídica de la cual (son socios) al igual que otros muchos miembros de
la Sociedad de Pediatría del Atlántico".
Por otra parte, el
representante judicial de la sociedad demandada puso de presente que las
pretensiones formuladas por los actores eran de imposible cumplimiento, toda
vez que la Sociedad de Pediatría "no tiene atribución alguna para
imponerle a alguno de sus asociados que colabore con (los tutelantes). Salvo
las obligaciones que impone la ética médica en los casos de atención de
urgencias, el principio del ejercicio profesional para los médicos es el propio
de las profesiones liberales". De otro lado, el apoderado manifestó que la
solicitud de reintegro de los actores a la sociedad no es una medida
provisional que tienda a la protección del derecho al trabajo, así como la
rectificación del aviso aparecido en "El Heraldo" el 13 de marzo de
1996, tampoco es procedente, como quiera que éste no contenía ni afirmaciones
infamantes ni inexactitudes de ninguna índole.
A continuación, el
representante judicial de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, ilustró
ampliamente al Tribunal Superior de Barranquilla en torno a la problemática
dentro de la que se ha suscitado la acción de tutela sometida a su
consideración. De manera sucinta, los hechos que se debaten se enmarcan dentro
del movimiento de organización de las sociedades de médicos especialistas que
pretenden lograr una serie de reivindicaciones frente a las Entidades
Promotoras de Salud que buscan imponer su "voluntad omnímoda" en
relación con la estructuración de los cuadros médicos y la remuneración de los
profesionales a su servicio. En efecto, estas entidades pretenden operar con
base en cuadros médicos cerrados, los cuales vulneran el principio de
universalidad en que se basa la prestación del servicio de seguridad social y
que implica que los pacientes puedan escoger al médico de su preferencia. Es
así como el reducido número de profesionales vinculados a esta modalidad de
cuadros médicos determinaba, igualmente, que se les fijaran bajos niveles de
remuneración, "ofreciendo como compensación el señuelo del volumen de
trabajo".
Fue así como los
profesionales de la medicina decidieron organizarse con el fin de proteger sus
intereses frente a las Entidades Promotoras de Salud, "que hacían de la
prestación de servicios de salud una actividad económica en la cual campeaba
una mortificante posición de dominio de los inversionistas de capital sobre los
trabajadores independientes". Dentro de este contexto, "el propósito
fundamental de las solicitudes conjuntas de los médicos reunidos en sus
correspondientes asociaciones de profesionales, se orientó a sustituir el
antipático sistema de los cuadros médicos cerrados y subsidiariamente a
procurar una elevación en los niveles de remuneración que debían serles reconocidos
por sus cocontratantes, esto es, las entidades de medicina prepagada. (...).
(E)l instrumento para mantener la cohesión en el proceso fue el convenido en el
Acta de sancionar con expulsión a quien no mantuviera la solidaridad con el
movimiento".
Por último, el
apoderado de la Sociedad de Pediatría del Atlántico planteó la improcedencia de
la acción de tutela, toda vez que, en el caso de autos, no se presentaba
ninguna de las hipótesis por las cuales esta acción procede en contra de
particulares (Decreto 2591 de 1991, artículo 42). En especial, el representante
judicial resaltó que los actores no se encuentran en situaciones de
subordinación o indefensión y que sus solicitudes podrían ser tramitadas a
través del proceso ordinario civil (C.P.C., artículo 396).
5. Mediante
sentencias de abril 12 de 1996 (Exp. T-99237) y abril 16 de 1996 (Exp.
T-99244), la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla decidió: (1) tutelar el derecho al debido proceso de los actores,
y, en consecuencia ordenó a la Sociedad de Pediatría del Atlántico que, en el
término de 48 horas, decidiera en relación con la situación por ellos expuesta
en su carta de marzo 4 de 1996 (en la cual explicaban los motivos que los
habían llevado a contratar con la Clínica Médico-Pediátrica) con "sujeción
estricta a la Constitución, la Ley y los Estatutos"; (2) proteger los
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al libre
ejercicio de la profesión y al trabajo de los demandantes y, para ello, ordenó
a la sociedad demandada abstenerse de "impartir órdenes a sus afiliados
y/o terceras personas, o invalide las ya impartidas que impliquen o puedan
llegar a significar limitación a (los derechos tutelados)".
El Tribunal
consideró que la acción de tutela era procedente como quiera que los actores se
encontraban en situación de indefensión, en razón de no disponer de otro medio
judicial de defensa igualmente efectivo. En efecto, la vía civil ordinaria no
garantiza protección inmediata, eficaz y completa de los derechos vulnerados.
De igual forma, las disposiciones del Decreto 1663 de 1994, relativas a la
competencia desleal en el sector de los servicios de salud, tampoco son
aplicables, como quiera que la Sociedad de Pediatría del Atlántico no es una entidad
prestadora de esta clase de servicios.
De otro lado, el
fallador estimó que, si bien el movimiento de defensa de los intereses de los
médicos pertenecientes a la Sociedad de Pediatría del Atlántico frente a las
posturas inequitativas de las Entidades Promotoras de Salud era válido desde el
punto de vista constitucional, las medidas adoptadas por la agremiación
demandada en aras a la cohesión del mencionado movimiento fueron "más allá
del límite razonable que la ley, en materia de ética médica (Ley 23 de 1981),
establece, rompiendo la proporcionalidad en la imposición de la pena, máxime,
que la conducta profesional médica tiene las más altas implicaciones
humanitarias". Igualmente, el Tribunal consideró que se había producido
una lesión al derecho a la igualdad, toda vez que se estableció una
discriminación entre los "asociados" y los "no asociados".
A juicio de la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la violación
del derecho al debido proceso se produjo en razón del desconocimiento del
proceso ético profesional consagrado en los artículos 74 y siguientes de la Ley
23 de 1981 para imponer las sanciones a los actores y de haber impedido a éstos
el ejercicio de su defensa.
Para concluir, el
juzgador anotó: "Se vulnera, en tal razón, el derecho al debido proceso y
a la defensa, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, el
ejercicio de la profesión, con tal imposición: expulsión de la asociación de su
especialidad y el cumplimiento, por tal ente y por parte de sus colegas, de las
restantes consecuencias admitidas y que constituyen factor aglutinante en el
movimiento gremial frente a terceros (empresas prestadoras de servicios de
salud prepagadas no aceptadas). Y es que una descalificación semejante (máxima
sanción y otras implicaciones, superiores a cualquiera otra pena impuesta por
violaciones éticas), desborda el principio democrático que inspira a las
relaciones profesionales y se constituye en un exceso que lesiona, en forma
protuberante, el derecho de los profesionales accionantes".
6. El magistrado
Miguel Angel Salcedo Arrieta salvó su voto, al considerar que la acción de
tutela era improcedente por existir otros mecanismos judiciales de defensa para
proteger los derechos presuntamente vulnerados. En efecto, el magistrado
disidente estimó que en el Decreto 1663 de 1994, que regula el régimen de libre
competencia dentro del mercado de los servicios de salud, se contemplan
instrumentos adecuados para ventilar ante las autoridades competentes las
pretensiones formuladas por los demandantes. En su criterio, el mencionado
decreto establece que las asociaciones científicas o de profesionales se
encuentran cobijadas por sus disposiciones, como quiera que forman parte del
mercado de servicios de salud, dentro del cual el Estado está obligado a
garantizar "el derecho a la libre y leal competencia (...) en igualdad de
condiciones".
En este orden de
ideas, indicó que las medidas adoptadas por la Sociedad de Pediatría del
Atlántico, consignadas en el Acta de Compromiso, constituían "actos
lesivos de las normas de la sana y leal competencia en el mercado de los
servicios de salud", a la luz de lo dispuesto por el Decreto 1663 de 1994.
Por esta razón era aplicable el artículo 4º del anotado decreto, en donde se
prohibe a las asociaciones o sociedades científicas del sector salud, "el
adoptar posiciones o políticas internas que tengan por objeto o como efecto
impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del
mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio dentro del
mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de
salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito".
El  magistrado
disidente consideró que las peticiones elevadas por la sociedad demandada a las
distintas Entidades Promotoras de Salud, en el sentido de solicitar la
exclusión de los médicos expulsados de sus cuadros médicos, constituyen actos
que restringen la libre competencia y, por ende, tienen objeto ilícito, pero no
alcanzan a configurar violaciones a los derechos fundamentales invocados por
los actores. En efecto, los demandantes "no han estado impedidos para el
ejercicio de la medicina en su especialidad; sólo se les ha restringido por
medio de actos ilícitos ese ejercicio". agrega que el artículo 10 del
Decreto 1663 de 1994 determina que corresponde a la Superintendencia de
Industria y Comercio la aplicación de las normas sobre promoción de la
competencia y políticas comerciales restrictivas en el mercado de los servicios
de salud. De igual forma, el artículo 12 del mismo decreto indica que las
personas afectadas por prácticas de competencia desleal podrán ejercer la
acción prevista para el efecto en el Código de Comercio, cuyo conocimiento
corresponde a la justicia ordinaria.
7. El apoderado de
la Sociedad de Pediatría del Atlántico impugnó el fallo de primera instancia y,
en consecuencia, solicitó su revocatoria por parte de la Corte Suprema de
Justicia.
A juicio del
representante judicial de la sociedad demandada, la "principal fisura
lógica" de la sentencia del Tribunal consistió "en atribuir el
comportamiento de la Sociedad de Pediatría del Atlántico al hecho escueto de la
desvinculación de los tutelantes". En este sentido, el a-quo no
tuvo en cuenta que los actores fueron expulsados de esta agremiación por haber
incumplido un acuerdo que habían contraido con su pleno consentimiento. El
apoderado anotó, igualmente, que este acuerdo "resulta plenamente
consonante con la ética, a punto que los tratados sobre deontología reconocen
expresamente la licitud de las conductas comunes de los profesionales de la
medicina asumidas en procura de intereses gremiales loables como lo resalta el
mismo fallo, con la sola limitación de que no se impida la realización de
procedimientos médicos de urgencia".
Por otra parte, el
impugnante resaltó que en el expediente no obra ninguna prueba, salvo la
afirmación de los actores, de que su actividad profesional se haya visto
limitada en razón de las medidas adoptadas por la Sociedad de Pediatría del
Atlántico, "por el contrario, lo que queda plasmado es que los médicos
pediatras insolidarios se están aprovechando económicamente de la atención de
una clientela amplísima como lo es la que está cubierta por Colsanitas. Bien
por el contrario, quienes sí sufrieron un menoscabo en su actividad profesional
y en sus correspondientes ingresos fueron aquellos médicos que por
consideraciones altruistas y solidarias, procurando una verdadera
democratización del ejercicio profesional, renunciaron a las vinculaciones que
tenían con las empresas de medicina prepagada, en espera de que se reconociera
a sus colegas una igualdad de oportunidades y que se le brindara a los
pacientes el derecho a escoger su médico tratante".
En relación con la
falta de proporcionalidad que la sentencia de primera instancia atribuye a las
sanciones impuestas, el representante judicial de la sociedad demandada afirmó
que esta apreciación no toma en cuenta que, en el Acta de Compromiso, no se
previó la gradualidad de las sanciones que ésta contemplaba, toda vez que
"la cohesión del movimiento depende de que se acate plenamente el
compromiso o dicho en otros términos no cabe el cumplimiento a medias". En
este orden de ideas, la mera constatación del incumplimiento de la anotada Acta
era suficiente para que las sanciones fueran aplicadas de inmediato. De otro
lado, el representante judicial de la Sociedad de Pediatría del Atlántico
indicó que tampoco existió vulneración alguna del derecho a la igualdad, como
quiera que el acuerdo estatutario suscrito por los miembros de esa sociedad
contiene una hipótesis que se aplica por igual a todas las personas que
incurran en la situación de hecho que allí se describe.
El impugnante
manifestó que es errónea la apreciación del Tribunal según la cual los actores
vieron restringida su actividad profesional, como quiera que, en Colombia, el
ejercicio de las profesiones no se encuentra supeditado a la pertenencia a una
asociación o colegio profesional. Dentro de este contexto, los demandantes se
vincularon libremente a la Sociedad de Pediatría del Atlántico y, con la misma
libertad, accedieron a firmar el Acta de Compromiso. Es así como "los
convenios pactados libre y espontáneamente por las personas capaces de comprometer,
se suscriben para ser cumplidos y que una vez en ejecución, la persona debe
asumir las consecuencias que de ellos se derivan, sin que puedan alegar que no
conocían los efectos que se podrían derivar de sus actos". De este modo,
la justificación brindada por los tutelantes para incumplir el Acta de
Compromiso, consistente en salvar a la Clínica Médico-Pediátrica de la
catástrofe financiera, no constituye causal de fuerza mayor que pudiera eximir
a los demandantes de cumplir sus obligaciones para con la sociedad demandada.
Por otro lado, el
apoderado de la sociedad demandada manifestó que, en el caso de autos, la
acción de tutela no era procedente, toda vez que los actores contaban con otros
medios judiciales de defensa para la protección de sus derechos. Alega que los
demandantes pueden acudir ante la jurisdicción civil con la finalidad de
controvertir las decisiones adoptadas por la sociedad, "e incluso para
controvertir la legalidad o constitucionalidad del pacto estatutario". De
igual forma, el representante judicial indicó que existe una vía administrativa
de defensa, consagrada en la ley que asignó a las gobernaciones departamentales
la facultad de reconocer la personería jurídica a las asociaciones y el control
de la legalidad de sus disposiciones estatutarias. A juicio del apoderado, en
el presente caso tampoco se cumplían las condiciones de procedencia de la
acción de tutela como mecanismo para solicitar la rectificación de
informaciones de prensa, consagradas en el artículo 42-7 del Decreto 2591 de
1991.
El impugnante
manifestó su preocupación por el hecho de que la sentencia del Tribunal
"deja la sensación de que lo que se está tutelando es el derecho de la
Clínica Médico Pediátrica S.A. a salir de la situación de peligro económico y
el 'derecho' de algunas empresas de medicina prepagada como a seguir expoliando
a los médicos que se someten a sus tarifas de hambre y a constreñir a los
pacientes a que tengan que someterse al tratamiento de sus males con médicos
que no necesariamente son aquellos de su confianza o satisfacción".
Igualmente pone de presente que los trastornos laborales que los actores pueden
haber enfrentado, en razón de su expulsión de la Sociedad de Pediatría del
Atlántico, consistentes en la negativa de sus colegas de colaborarles en
interconsulta, no se debieron a supuestas instrucciones impartidas por la
agremiación demandada, sino a "la normal y personal actitud de rechazo y
repulsa a la conducta egoísta e insolidaria que asumieron los tutelantes".
Por último, el
representante judicial de la sociedad demandada anotó que el fallo del Tribunal
incurre en error al considerar que se violó el proceso en materia de ética
médica establecido en la Ley 23 de 1981. En torno a esta cuestión el apoderado
señala: "Está confundiéndose acaso el control ético del ejercicio
profesional con el control del cumplimiento de los estatutos en el seno de una
entidad de derecho privado que no ha recibido de la ley la prerrogativa de
ejercer dicho control y que en todo caso, en el caso sub-examine, nada tiene
que ver con la ética, sino con la solidaridad y con la aplicación de una
sanción libremente pactada en los estatutos sociales?".
8. Mediante
sentencias de mayo 14 de 1996, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó los fallos de primera instancia.
Para adoptar estas
decisiones, la Corte estimó, en primer lugar, que la acción de tutela sí era
procedente, toda vez que "si bien puede afirmarse que en la Constitución
las personas profesionales son libres de convenir o aceptar cláusulas
restrictivas a las libertades y desfavorables a sus derechos e, incluso,
admitir su sometimiento a sus estatutos; no es menos cierto que la entidad,
como persona jurídica, debe respetar los derechos fundamentales de sus
asociados y particularmente cuando éstos se encuentran sometidos o subordinados
a aquella. (...). Y puede solicitarse dicho amparo cuando la entidad
particular, haciendo uso de su potestad reglamentaria somete a los asociados
con detrimento de sus derechos constitucionales fundamentales, que debe
respetar como cualquier persona, como cuando en ejercicio del poder
disciplinario estatutario correspondiente al cual se encuentran subordinados
los asociados aquella entidad viola flagrantemente el derecho al debido proceso
que a este último corresponde, bien sea porque no procede del órgano con
capacidad para ello, o se impone sanción con ausencia del trámite debido o se
investiga y sanciona por motivos abiertamente inconstitucionales, como el
ejercicio libre de la profesión, o porque se emiten actos disciplinariamente
arbitrarios por violación flagrante o grosera del derecho de defensa, o actos
atentatorios contra la dignidad de las personas, etc.".
De otro lado, el
fallador de segunda instancia consideró que las determinaciones adoptadas por
la Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría del Atlántico tenían el
"inocultable propósito de perjudicar a los accionantes, al menos en su
ejercicio profesional" y que, además, habían sido impuestas mediante un
desconocimiento flagrante de derecho de defensa, como quiera que nunca se
observó el procedimiento previsto en los estatutos y reglamentos de la sociedad
demandada. A juicio de la Corte, esto último, "pone de manifiesto que se
trata de una decisión arbitraria, pues no ha existido la posibilidad de defensa
y prueba de la responsabilidad disciplinaria correspondiente, por lo que asiste
razón al Tribunal en la concesión del amparo solicitado".
Por último, la Corte
indicó que, si la Sociedad de Pediatría del Atlántico considera que los médicos
expulsados han incurrido en deslealtad y "afectan la libre competencia en
el mercado profesional", pueden acudir a las acciones pertinentes
consagradas en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, sin perjuicio del régimen
disciplinario aplicable a los médicos, contenido en la Ley 23 de 1981.
II. Expediente
T-97158: Carlos Elías Sales Puccini contra la Sociedad de Endoscopia Digestiva
del Atlántico
9. El 27 de febrero
de 1996, el médico Carlos Elías Sales Puccini, por intermedio de apoderada,
interpuso acción de tutela contra la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico (persona de hecho), ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, por considerar que la mencionada asociación
violó sus derechos fundamentales al trabajo (C.P., artículo 25), al buen nombre
y a la honra (C.P., artículos 15 y 21), al libre desarrollo de la personalidad
(C.P., artículo 16), al debido proceso (C.P., artículo 29) y de asociación (C.P.,
artículo 38).
La representante
judicial del médico Sales Puccini relató que, en la ciudad de Barranquilla, las
asociaciones médicas del Atlántico se encuentran liderando un movimiento frente
las empresas de medicina prepagada, en pos de cuadros médicos abiertos y
mejores tarifas. Indicó que, como medida para lograr la cohesión del
movimiento, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico adoptó una
especie de Acta de Compromiso, "conforme a la cual el médico que no
accediera y se apartara de las decisiones y directivas gremiales, se haría
merecedor de sanciones tales como el retiro del colegaje, el servicio de
interconsulta, el pago de una cuantiosa multa (500 salarios mínimos legales)
garantizada con un pagaré, (...), y el ser tenido como esquirol del movimiento,
medidas estas que trascenderían a la opinión pública mediante comunicados de
prensa que expondrían al infractor al escarnio público".
Según la apoderada,
la conducta que daría lugar a la aplicación de las sanciones antes mencionadas
es la de atender pacientes afiliados a ciertas empresas de medicina prepagada
con los cuales la Asociación no hubiere llegado a un acuerdo en materia de
tarifas y cuadros médicos. En estas condiciones, su poderdante "se vio
forzado a renunciar a la vinculación con las empresas con las que venía
trabajando, (...) intimidado por las sanciones ilegales contenidas en el
denominado 'Código de Penas del Esquirol'". Además de lo anterior, la
representante judicial del médico Sales Puccini indicó que la asociación demandada
decidió, también, "sabotear el Plan Obligatorio de Salud -POS-",
negándose a atender a los pacientes beneficiarios del mismo vinculados a
empresas con las cuales no se hubiere llegado a un acuerdo y estableciendo las
sanciones antes mencionadas para aquellos médicos que infringieran esta
decisión. En opinión de la apoderada, esto último es abiertamente ilegal, toda
vez que el POS es obligatorio, conforme a las disposiciones de la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios.
Manifiesta la
representante judicial del actor que, el 14 de diciembre de 1995, en una
reunión en el consultorio del médico Nadim Said Hachem, presidente de la
Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, se decidió la expulsión del
médico Carlos Elías Sales Puccini por haber atendido a pacientes beneficiarios
del POS, de diversas compañías de medicina prepagada. El presidente de la
asociación demandada informó este hecho al Presidente de la Asociación de
Sociedades Médicas del Atlántico, en los siguientes términos:
"Le informamos
que el doctor Carlos Sales Puccini ha sido expulsado de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico debido a que se le demostraron claras
actividades de esquirolaje (Atención de pacientes del P.O.S., inclusive de
empresas con las cuales no se ha llegado a arreglos).
Le comunicamos que
aplicaremos las sanciones que corresponden a nuestra sociedad y le solicitamos
que dichas sanciones sean aplicadas por el resto de las sociedades".
De igual forma, la
apoderada indicó que el presidente de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico dirigió sendas comunicaciones al director médico de Bonsalud y a la
coordinadora de servicios médicos de Medisalud, en las cuales se lee:
"Le informamos
que el doctor Carlos Elías Sales Puccini ha sido expulsado de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico, debido a que se le demostraron claras
actividades en contra de la dignidad médica.
En aras de continuar
con nuestra excelente relación le exigimos la exclusión inmediata del Dr. Sales
de su cuadro médico".
Afirmó, también, que
la situación de su cliente se ha agravado, toda vez que "los médicos
anestesiólogos se han coaligado para que, en caso de que el doctor Carlos Elías
Sales Puccini necesite para sus pacientes el servicio de anestesia, el mismo no
le sea prestado". Igualmente, la asociación demandada solicitó al
Laboratorio Bussié que retirara el patrocinio que había otorgado al médico
Sales Puccini para asistir a un Curso Internacional de Endoscopia Digestiva, lo
cual efectivamente ocurrió. Por otra parte, la representante judicial del
demandante informó que la asociación demandada ejerció presiones sobre la Liga
contra el Cáncer, amenazando con retirarse de la misma, si no excluía a su
poderdante de los cuadros médicos.
A juicio de la
representante judicial del demandante, las actuaciones de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico son violatorias del derecho al trabajo
(C.P., artículo 25), "en la medida en que pretenden que los médicos se
abstengan de contratar con ciertas empresas de medicina prepagada -las que no
se han plegado a las condiciones exigidas por la Sociedad de Endoscopia
Digestiva del Atlántico- y por lo tanto de prestar servicios profesionales a
ciertas personas, como son los usuarios de la medicina prepagada". En efecto,
"los actos acusados como lesivos del derecho fundamental al trabajo
cercenan la posibilidad de un ejercicio pleno de este derecho, imponiendo una
práctica médica selectiva, en cuanto no se pueden prestar servicios médicos a
los afiliados a la medicina prepagada". La apoderada del médico Sales
Puccini indica que su derecho al trabajo también se ha visto vulnerado por las
solicitudes que la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico ha elevado a
las entidades de medicina prepagada con las que ha llegado a acuerdos, para que
excluyan al actor de sus cuadros médicos.
La apoderada indicó
que los actos llevados a cabo por la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico constituyen un abuso de su derecho de asociación (C.P., artículo 38).
Según la representante judicial del actor, este abuso se produjo, toda vez que
"no puede existir pacto, acuerdo, convenio o decisión mayoritaria que
sancione a la persona por el ejercicio de un derecho fundamental
constitucionalmente reconocido y protegido. La voluntad de los particulares no
puede derogar la Constitución y tornar en ilegítima una conducta no sólo
legítima, sino debida en cuanto obligación que es, desde el punto de vista
constitucional, frenando el pleno ejercicio de un derecho fundamental como es
el del trabajo". En esta medida, el Acta de Compromiso contraviene las
disposiciones de la Carta, como quiera que impone una serie de penas por el
ejercicio legítimo del derecho al trabajo, y, por lo tanto, está viciada de
nulidad absoluta por tener un objeto ilícito, según lo dispone el artículo 1519
del Código Civil. Opina la representante judicial del actor que, el Acta de
Compromiso suscrita por los médicos de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico, contraviene la naturaleza del derecho de asociación, toda vez que
éste "encuentra su límite en el objeto mismo de la asociación, en tanto
que dicho objeto debe dirigirse al desarrollo de las distintas actividades que
las personas realizan en sociedad. En este orden de ideas, no puede hacerse uso
del derecho de asociación para pretender coartar el desarrollo de actividades
lícitas, por el mero hecho de que representan competencia para quienes se
agrupan en una asociación. Este no es el espíritu del derecho de asociación,
pues de ser así implicaría la consagración del abuso de posición dominante como
posible desarrollo del derecho de asociación".
De acuerdo con estos
postulados, el Acta de Compromiso suscrita por los miembros de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico determina una renuncia al derecho
fundamental al trabajo de los médicos, lo cual contraviene la jurisprudencia
constitucional que ha determinado, según la apoderada, "la
irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos fundamentales,
especialmente si se trata de derechos cuyo ejercicio implica o involucra
derechos de otros, por su doble condición de derecho y obligación social. A la
luz de la Constitución de 1991, el derecho al trabajo no tiene una dimensión
simplemente individual, sino que engloba un interés colectivo que, (...), lo
torna irrenunciable". En opinión de la apoderada, lo anterior es aún más
grave si se tiene en cuenta que la restricción impuesta a los profesionales
miembros de los asociación demandada tenía como única finalidad "la
obtención de beneficios y prebendas meramente gremiales, que sobreponían el
interés del grupo al bien comunitario". De igual forma, el Acta de
compromiso y las consecuencias que de ella se derivan, comprometen los derechos
a la salud y a la vida de los pacientes del actor, en razón de la negativa de
los anestesiólogos a prestar sus servicios al médico expulsado por la Sociedad
de Endoscopia Digestiva del Atlántico.
En opinión de la
representante judicial del médico Sales Puccini, el derecho al libre desarrollo
de la personalidad de su poderdante (C.P., artículo 16) también resultó
conculcado por las actuaciones de la asociación demandada, como quiera que ésta
ha buscado imponer en forma coactiva sus criterios por encima de las decisiones
personales de sus asociados. En efecto, el actor, de manera libre y autónoma,
decidió atender a los pacientes del POS, sobreponiendo el compromiso social que
implica el ejercicio de la medicina, al lucro personal. Sobre esta decisión de
su mandante, la apoderada estimó que "algunos miembros del gremio tienen
el criterio contrario, en cuanto consideran que las tarifas de la medicina
prepagada no constituyen adecuada remuneración. La divergencia de opiniones
sobre lo que es una remuneración adecuada no puede legitimar al gremio para
imponer su criterio a quien libremente ha decidido guiar su ejercicio
profesional por rumbos no solo lícitos sino plenamente aprobados y
reglamentados por las autoridades gubernamentales".
Sin embargo, manifestó
que la prohibición de atender pacientes beneficiarios del POS, establecida por
la asociación demandada, no sólo atenta contra el derecho fundamental al
trabajo sino que, además, es "absolutamente ilegal", como quiera que
compromete el fundamento constitucional de la Ley 100 de 1993 y del POS, según
el cual la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio al
que tienen derecho irrenunciable todos los habitantes de la república (C.P.,
artículo 48). A juicio de la representante judicial del demandante, "el
deber ético en que está el médico de prestar atención médica a quien lo
requiera, independientemente del valor de la remuneración, es mucho más
exigente respecto a quienes concurren a la consulta al amparo del POS toda vez
que el imperativo ético se torna en mandato positivo (Ley 100 de 1993). (...).
En este orden de ideas, dado que la Ley 100 de 1993, determina como obligatoria
la atención médica de los pacientes amparados por el POS, el doctor Carlos
Elías Sales Puccini no sólo tiene el deber de prestar dicho servicio, sino que
tiene el derecho de cumplir con su propio deber, es decir el derecho a trabajar
libremente, sin atención a ningún condicionamiento gremial". En suma,
"la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico al buscar entorpecer el
POS, está colocándose en abierta rebeldía frente a la ley y obligando a sus
miembros a una conducta contraria a derecho".
De igual forma, la
representante judicial opinó que los actos llevados a cabo por la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico constituían un abuso de su derecho de
asociación (C.P., artículo 38). Según la apoderada, este abuso se produjo, como
quiera que "no se puede utilizar el derecho de asociación para torpedear
una política de seguridad social como es el POS, política esta que mira al
interés general, por el simple hecho de que la remuneración devengada resulta,
a consideración del gremio que mira un interés típicamente sectorial,
insuficiente, (...)". En opinión de la representante judicial de Sales Puccini,
"tratándose del POS es evidente que con el se trata de hacer efectiva la
dignidad de la persona humana, pues sus beneficiarios son todos aquellos que
pos su salud precaria requieren de la atención mínima que brinda el sistema de
seguridad social. Aquí la obligación médica de atención , independientemente
del valor de la remuneración, se enmarcar (sic) como práctica dentro de la
solidaridad social que es uno de los pilares en que se fundamenta nuestra vida
republicana, al tenor de lo definido por el artículo 1° de la Constitución
Política".
La representante
judicial manifestó que, en el presente caso, "la decisión del doctor
Carlos Elías Sales Puccini de prestar su consulta a las personas beneficiarias
del POS, la tomó en ejercicio de la libre autodeterminación de su personalidad,
que está reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política. Así mismo,
la decisión de cumplir con la exigencia ilegal de no atender pacientes de
medicina prepagada por el sistema de bonos, obligándolos injustamente e ilegalmente
a cancelar en efectivo sus consultas, es algo que mi poderdante hizo presionado
por la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico y es claro que no es
lícito obligarlo a ello".
Según la
representante judicial del demandante, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra (C.P.,
artículo 15 y 21), cuando comunicó a algunas entidades de medicina prepagada
que la expulsión de su cliente se había producido como consecuencia de que "se
le demostraron claras actividades en contra de la dignidad médica".
Señaló, igualmente, que la sociedad demandada "está produciendo una
información falsa y proclive a dañar el buen nombre del doctor Carlos Elías
Sales Puccini, pues se le está acusando de una conducta contraria a la
'dignidad médica', conducta jamás acaecida. Las personas enteradas por las
cartas de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, han de suponer que
el doctor Carlos Elías Sales Puccini incurrió en conductas contrarias a la
ética médica, en prácticas deshonrosas para el cuerpo médico, cuando lo cierto,
lo que no dice la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico es que el
doctor Carlos Elías Sales Puccini lo único que ha hecho, por lo único que se le
reprueba, es por haber cumplido con su deber legal de atender a los pacientes
del POS". Por estos motivos, solicita que, por medio de la acción de
tutela, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico sea condenada al pago
de los perjuicios morales causados a su poderdante, toda vez que, en este caso,
no existe otro mecanismo por el cual éste pueda reclamar la indemnización que
por daños morales le corresponde.
A juicio de la
apoderada del actor, la violación del derecho al debido proceso (C.P., artículo
29) de su cliente se produjo cuando éste fue sancionado por la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico sin un juicio previo dentro del cual hubiera
podido ejercer su derecho de defensa
La representante
judicial del demandante puso de presente que la acción de tutela era
procedente, como quiera que el médico Sales Puccini se encontraba en situación
de indefensión frente a la asociación demandada. Por una parte, el demandante
"representa una posición minoritaria frente a la decisión mayoritaria de
la Asociación que ha convenido en bloquear los servicios médicos a los usuarios
de la medicina prepagada". De otro lado, Sales Puccini carece de otros
mecanismos judiciales de defensa para controvertir, en forma apropiada, las
decisiones de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico.
Con la finalidad de
proteger los derechos fundamentales de su poderdante y sancionar el abuso que
la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico ha hecho de su derecho de
asociación, la apoderada del actor solicitó: (1) la reincorporación de Carlos
Elías Sales Puccini a la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico; (2)
que se ordene a la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico se abstenga
de exigir al demandante la no atención de pacientes usuarios del servicio de
medicina prepagada que cancelen este servicio mediante el sistema de bonos, así
como la no atención de pacientes del POS; (3) la comunicación a todas y cada
una de las sociedades, colegios, asociaciones, corporaciones y grupos médicos
y, en especial, a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico,
informándoles que el médico Arévalo Reyes fue restablecido en la plenitud de
sus derechos como médico y socio de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico, de manera tal que se le vuelvan a prestar todos los servicios
necesarios para su gestión médica; (4) la comunicación a las empresas
Medisalud, Humana, Corelca, Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Colseguros,
La Nacional de Seguros, Cigna y Electrificadora del Atlántico, informándoles
del reintegro de Sales Puccini a la Sociedad de Endoscopia Digestiva del
Atlántico , con el fin de que vuelvan a incluirlo en sus cuadros médicos; (5)
la publicación en un periódico de amplia circulación local, un aviso de prensa
por medio del cual se restituya el buen nombre del actor y se informe que éste
no ha incurrido en ninguna conducta contraria a la "dignidad médica"
y que fue reintegrado a la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico; y,
(6) condenar a la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico al pago de los
perjuicios patrimoniales causados al médico Sales Puccini.
10. Mediante
apoderado, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico se opuso a las
pretensiones del demandante. Basó esta oposición en la voluntariedad con que el
actor había suscrito el Acta de Compromiso. Alega que el demandante nunca fue
obligado a firmar la mencionada Acta  y, por ello, era consciente del
compromiso que adquiría y de las sanciones que podría acarrearle su
incumplimiento. En este mismo orden de ideas, el médico Sales Puccini tampoco
fue coaccionado a firmar el pagaré, el cual, hasta el momento, no se ha hecho
efectivo. Es así como las actuaciones de la asociación demandada frente al
actor sólo corresponden a la exigencia del "compromiso que libremente adquirió
precisamente en desarrollo del derecho de asociación que también es un derecho
de los demás agremiados y que pretende desconocer el accionante". Puso de
presente que, el actor, en forma libre y espontánea, manifestó su decisión de
no atender pacientes beneficiarios del POS en tanto la agremiación no llegara a
un acuerdo con las entidades promotoras de salud.
Por otra parte, el
apoderado de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico afirmó que su
poderdante no ha "emprendido un plan de sabotaje contra el POS", como
quiera que la prestación de los servicios de salud incluidos en este Plan no es
una responsabilidad individual de los médicos sino de las entidades promotoras
de salud (Decreto 1919 de 1994, artículo 2°). Los médicos sólo están en obligación
legal de prestar sus servicios en los casos de atención inicial de urgencia
(Ley 100 de 1993, artículo 168).
Finalmente, el
apoderado de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico ilustró al
Tribunal de tutela: (1) acerca del contexto socio-económico dentro del que se
han desarrollado las reivindicaciones de las asociaciones médicas frente a las
entidades de medicina prepagada; y, (2) acerca de la improcedencia de la acción
de tutela, en los mismos términos de la defensa presentada dentro de la acción
de tutela interpuesta por los pediatras expulsados por la Sociedad de Pediatría
del Atlántico (ver supra N° 4). Agregó, sin embargo, que, en el presente
caso, la acción de tutela se había dirigido contra una persona jurídica de
hecho, lo cual constituye una razón de más para rechazar la procedencia de esta
acción.
11. Por providencia
de marzo 8 de 1996, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla tuteló el derecho fundamental al "habeas data" del
actor y no accedió al amparo de los derechos fundamentales al trabajo, al libre
desarrollo de la personalidad, al debido proceso y de asociación.
Luego de establecer
que "es incuestionable que el doctor Carlos Elías Sales Puccini no tiene
una relación de subordinación con la sociedad de la que fue excluido", el
Tribunal estimó que el actor tampoco se encontraba en situación de indefensión,
como quiera que, por una parte, se trata de "una persona que a juzgar por
lo anterior posee un nivel intelectual y cultural por lo menos suficiente para
analizar y saber exactamente a lo que se obligó al firmar el acta de compromiso
y el pagaré cuya anulación pretende". Por otra parte, el actor dispone de
otros medios judiciales de defensa consagrados en los artículos 408-6 y 421 del
Código de Procedimiento Civil, tendentes a la impugnación de las decisiones de
las directivas de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico.
Sin embargo, el
fallador estimó que sí existía indefensión del actor frente a la información
contenida en las cartas enviadas por el presidente de la asociación demandada a
Bonsalud y Medisalud, en las cuales se afirmaba que el demandante había sido
expulsado de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico en razón de
haber llevado a cabo "actividades en contra de la dignidad médica". A
juicio del Tribunal, estas cartas contienen "información muy genérica pues
pueden existir varias conductas contrarias a la dignidad médica. Por eso es
menester que la información sea completa y veraz para no causar confusión en la
mente de los destinatarios de la misma y en especial perjuicios que podrían ser
irremediables a la persona respecto a la cual se contrae la información".
En virtud de lo anterior, el a-quo ordenó al presidente de la Sociedad
de Endoscopia Digestiva del Atlántico que rectificara la información,
"especificando a que se contrae la supuesta violación de la dignidad
médica". Igualmente, le ordenó que, en el futuro, se abstuviera "de
suministrar informaciones incompletas e inexactas".
12. La apoderada del
médico Carlos Elías Sales Puccini impugnó la sentencia de primera instancia y
solicitó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que la
revocara y, en su lugar, tutelara los derechos fundamentales de su poderdante.
Para comenzar, la
representante judicial del actor señaló que el a-quo no había
comprendido, de manera errónea, que la violación de los derechos fundamentales
del médico Arévalo Reyes no se había producido por efecto de su expulsión de la
Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, sino en razón de los actos
posteriores a la expulsión, mediante los que esta asociación ha pretendido
bloquear el libre ejercicio de su profesión y frente a los cuales carece de
todo mecanismo de defensa. Los actos de persecución y bloqueo en contra de su
cliente, consistentes en las presiones a las entidades de medicina prepagada
para que lo excluyeran de sus cuadros médicos y la orden de la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico a todos sus afiliados de no
prestarle el servicio de anestesia, buscan "impedir a toda costa que el
doctor Carlos Elías Sales Puccini pueda ejercer su profesión en Barranquilla,
(...), simplemente porque no está de acuerdo con cartelizar el ejercicio de la
medicina". A juicio de la apoderada del demandante, las actuaciones de la
asociación demandada han acarreado a su poderdante las siguientes
consecuencias: (1) ha sido retirado de todos los cuadros médicos de las
entidades de medicina prepagada con las que venía laborando (Medisalud, Humana,
Corelca, Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Colseguros, La Nacional de
Seguros, Panamericana, Cigna y Electrificadora del Atlántico); (2) los
servicios de anestesia han sido bloqueados a sus pacientes; (3) los ingresos
provenientes del ejercicio de su profesión han desaparecido prácticamente, toda
vez que éstos provenían de la atención a pacientes afiliados a las empresas de
cuyos cuadros médicos fue desvinculado; y, (4) sus derechos al buen nombre y a
la honra han sido vulnerados como efecto de la publicación de avisos de prensa
que ponen en tela de juicio su idoneidad profesional.
De otro lado, la
apoderada del médico Carlos Elías Sales Puccini manifestó que el juzgador de
primera instancia se había equivocado gravemente al concluir que, en el caso de
su cliente, no se presentaba una situación de indefensión, como quiera que
disponía de otros medios judiciales de defensa. En torno a este punto, la
representante judicial consideró que, en tanto no se trata de cuestionar las
decisiones de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, sino de
impedir sus actos agresivos y arbitrarios que tienden al bloqueo del ejercicio
profesional de Sales Puccini, éste carece de cualquier tipo de mecanismo para
defenderse. A su juicio, "la única alternativa que tiene mi cliente es la
acción de tutela, dado que estas son conductas extorsivas y amenazantes que no
constituyen otra cosa que un abuso del derecho de asociación por parte de la
mencionada asociación". En este orden de ideas, la apoderada del
demandante insistió en que el derecho de asociación no puede tener como objeto
impedir a determinadas personas que ejerzan libremente su profesión, mediante
la imposición de sanciones que constituyen verdaderas violaciones a los
derechos fundamentales al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad.
La representante
judicial del actor controvirtió el argumento del Tribunal según el cual la
acción prevista en los artículos 408-6 y 421 del Código de Procedimiento Civil
(diseñada para controvertir las decisiones de asambleas, juntas o socios de
sociedades civiles o comerciales) sustituía a la acción de tutela, como quiera
que, en el caso concreto, lo que se perseguía no era el cuestionamiento de las
decisiones de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, sino el amparo
frente a los actos arbitrarios tendentes al bloqueo del libre ejercicio
profesional del demandante. De otra parte, las acciones previstas en los
artículos señalados del estatuto procedimental civil no serían procedentes para
ventilar el presente asunto, toda vez que éstas hacen referencia a las
sociedades, esto es, a personas jurídicas con ánimo de lucro, lo cual no se
aviene con la naturaleza jurídica de la asociación demandada.  Precisó que la
acción consagrada en el artículo 408-6 del Código de Procedimiento Civil no era
procedente, toda vez que allí se hace referencia a la impugnación de actas o
decisiones de asambleas, juntas directivas o socios y, en le presente caso, los
actos violatorios de los derechos fundamentales de su cliente no provienen de
la asamblea de la asociación demandada, sino de una serie de cartas y
comunicaciones emitidas por su presidente. Además de lo anterior, esta acción
se concede al socio ausente o disidente y, en el caso del médico Carlos Elías
Sales Puccini, los actos que lo afectan se produjeron con posterioridad a su
expulsión, cuando ya no ostentaba la calidad de asociado de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico.
Por último, la
apoderada del médico Sales Puccini puso de presente que, así la acción de
tutela no fuera procedente como mecanismo principal de defensa, ésta procedería
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que, en el
caso concreto, consiste en la imposibilidad de su poderdante de ejercer su
profesión por obra de las presiones de la asociación demandada.
13. Por intermedio
de apoderado, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico impugnó la
sentencia de primera instancia en punto a la tutela del derecho fundamental al
"habeas data". De igual forma, solicitó la confirmación de esta
decisión en lo referente a la negativa de amparar los demás derechos
fundamentales.
En primer lugar,
señaló que el Tribunal incurrió en una equivocación al asimilar los derechos
constitucionales fundamentales al buen nombre y a la honra, con el derecho al
habeas data, cuya tutela nadie solicitó. El representante judicial de la
asociación demandada consideró que, en cualquier caso, existían otras acciones,
penales y civiles, para el resarcimiento de los eventuales perjuicios que se
hubiesen podido causar a los derechos a la honra y al buen nombre del
demandante.
Igualmente, estimó
que la manera en que su poderdante calificó las conductas del médico Carlos
Elías Sales Puccini no constituye una "invención arbitraria y
desmedida", sino que, "por el contrario, responde a la terminología
utilizada en el Estatuto Profesional de la Medicina (Ley 23 de 1981) y donde se
preceptúa que se falta a la dignidad de la profesión, cuando no se respeta la
lealtad y la consideración mutuas en las relaciones entre los médicos (artículo
29)". En consecuencia, "no se configura, ni violación del derecho
constitucional fundamental al buen nombre al revelar unos hechos ocurridos y no
amparados por ningún fuero especial que justifiquen el sigilo, y al
calificarlos con la denominación acuñada legalmente; ni tanto menos se
configura violación del habeas data, pues no se infringió, con la actuación
descrita, ninguna lesión a la esfera íntima del doctor Carlos Elías Sales
Puccini, ni su nombre aparece en un banco de datos con información errónea y
desactualizada".
14. Mediante
sentencia de abril 19 de 1996, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia revocó la providencia de primera instancia, como quiera que
consideró que, en el presente caso, no se presentaba ninguna de las
circunstancias de procedencia de la acción de tutela en contra de particulares
(Decreto 2591 de 1991, artículo 42).
III. Expediente
T-97985: Jaime Arévalo Reyes contra la Asociación de Obstetricia y Ginecología
del Atlántico
15. El día 27 de febrero
de 1996, el médico Jaime Arévalo Reyes, por intermedio de apoderada, interpuso
acción de tutela contra la Asociación de Obstetricia y Ginecología del
Atlántico -ASOGA-, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, por considerar que la mencionada asociación violó sus
derechos fundamentales al trabajo (C.P., artículo 25), al buen nombre y a la
honra (C.P., artículos 15 y 21), al libre desarrollo de la personalidad (C.P.,
artículo 16), al debido proceso (C.P., artículo 29) y de asociación (C.P.,
artículo 38).
La representante
judicial del médico Arévalo Reyes relató que, de tiempo atrás, se ha venido
presentando un enfrentamiento entre las empresas de medicina prepagada y las
asociaciones médicas. En efecto, estas últimas buscan que las primeras amplíen
sus cuadros médicos y remuneren los servicios de los profesionales asociados
mediante tarifas convenidas entre unas y otras. Con la finalidad de lograr la
cohesión de este movimiento reivindicatorio y "a efectos de bloquear a las
entidades de prepago que se han plegado a las condiciones de los colegios,
asociaciones o agremiaciones médicas, las mayorías médicas pactaron medidas
extremas que vinculaban a sus asociados obligándolos, (...), a abstenerse de
prestar servicios y penando el incumplimiento con sanciones pecuniarias y
morales". Es así como el 19 de abril de 1995, los miembros de la
Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico adoptaron un Acta de
Compromiso, a través de la cual se comprometieron a no prestar sus servicios a
las compañías de salud prepagada que no hubieran sido aceptadas por ASOGA. En
caso de incumplimiento, se estipularon una serie de sanciones consistentes en:
(1) la expulsión de la asociación; (2) la publicación de la sanción en la prensa
nacional y local; (3) la solicitud de exclusión de los cuadros médicos de las
empresas de medicina prepagada aceptadas por la asociación; y, (4) la
imposición de una multa de 200 salarios mínimos mensuales por una sóla vez.
La apoderada del
actor afirmó que, el 26 de octubre de 1995, su poderdante fue citado por el
Comité de Etica de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico con
el fin de "presionar su no vinculación a Omesa S.A.", entidad de
medicina prepagada con la que esta agremiación no había llegado a ningún
acuerdo en lo respectivo a cuadro médico y tarifas. El 2 de noviembre de 1995,
la Asamblea General de ASOGA expulsó al médico Jaime Arévalo Reyes y le impuso
una multa por 200 salarios mínimos mensuales vigentes, pese a que la vinculación
efectiva de Arévalo Reyes a Omesa S.A. tan sólo se produjo el 14 de noviembre
de 1995. Igualmente, la asociación solicitó a las compañías de medicina
prepagada por ella aceptadas que excluyeran a Jaime Arévalo Reyes de sus
cuadros médicos y publicó en "El Heraldo", el 18 de noviembre de
1995, el siguiente aviso:
"La Asamblea de
Socios de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico
CONSIDERANDO
Que corresponde a la
Asamblea General de Socios sancionar, previo concepto del Comité de Etica a los
miembros que presten servicios profesionales directa o indirectamente a través
de clínicas, hospitales o instituciones prestadoras de salud, privadas o
públicas, con o sin ánimo de lucro, a una entidad no aceptada por esta
Asociación y que el Comité de Etica de la ASOGA en su reunión del día 26 de
octubre de 1995 conceptuó que el socio DR. JAIME AREVALO REYES presta servicios
profesionales a OMESA S.A. entidad que cobija a COLSANITAS y MEDISANITAS, las
cuales no han llegado a ningún acuerdo con la ASOGA
RESUELVE
Aplicar al DR. JAIME
AREVALO REYES las sanciones estipuladas en el Acta de Compromiso firmada por
todos y cada uno de los miembros de la ASOGA, por las cuales queda expulsado
de esta Asociación."
La apoderada del
médico Arévalo Reyes puso de presente que, el 10 de febrero de 1996, la
asociación demandada publicó otro aviso en "El Heraldo" en el que
informaba al cuerpo médico, y al público en general, que el actor, junto con
otros profesionales, había dejado de pertenecer a ASOGA, razón por la cual
había quedado excluido de los cuadros médicos de Medisalud, Humana, Corelca,
Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Colseguros, La Nacional de Seguros,
Panamericana, Cigna y Electrificadora del Atlántico, entidades con las cuales
la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico había alcanzado un
acuerdo.
Por otra parte, la
representante judicial del actor indicó que la situación de su poderdante se ha
agravado, como quiera que, a raíz de las sanciones impuestas por ASOGA, la
Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico expidió un comunicado,
fechado el 11 de noviembre de 1995, en el cual la Asamblea General decidía
"no prestar por ninguno de sus afiliados el servicio de
anestesiología" al médico Jaime Arévalo Reyes, en razón de la solicitud de
apoyo formulada por ASOGA y de haber estimado que las conductas del médico
Arévalo Reyes contravenían las directivas de la sociedad científica a la que
pertenecía.
La apoderada del
médico Arévalo Reyes consideró que el derecho al trabajo de su poderdante había
sido vulnerado por la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico por
los mismos motivos por los cuales estimó que la Sociedad de Endoscopia
Digestiva del Atlántico violó el derecho al trabajo del médico Carlos Elías
Sales Puccini (ver supra N° 9).
Estima la apoderada
del demandante que ASOGA vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra (C.P., artículo 15 y 21), en razón de la publicación, el 18 de
noviembre de 1996, de un aviso en el periódico "El Heraldo" de la
ciudad de Barranquilla. Sobre este punto, la representante judicial del médico
Arévalo Reyes manifestó que, "se infiere un daño al buen nombre o
reputación social del médico infractor y a su honra, mediante la publicación en
los medios de comunicación masiva, tanto locales como nacionales, de la
expulsión de la Asociación, expulsión a la que se ha hecho acreedor por el
simple hecho de prestar atención médica, que es su oficio, a personas usuarias
de la medicina prepagada. Pero es más, la sanción va más allá: Pretende, en
perjuicio del futuro del médico que ha desacatado la decisión gremial, bloquear
su ejercicio profesional buscando que otras entidades de prepago prescindan de
sus servicios y que su nombre, puesto en la picota pública, mediante las
publicaciones de prensa, despierte desconfianza dentro de los potenciales
usuarios de la consulta". En este orden de ideas, la apoderada del actor
solicitó que, por vía de la acción de tutela, ASOGA fuera condenada al pago de
los perjuicios morales causados a su poderdante, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no existe otro
mecanismo para "recaudar la indemnización por daños morales a que es
acreedor".
En cuanto a la
violación del derecho al debido proceso (C.P., artículo 29), la representante
judicial de Arévalo Reyes indicó que ésta se había producido como consecuencia
de que la imposición de las sanciones por parte de la Asociación no había
estado precedida de un juicio en el cual se hubieren formulado cargos concretos
que el actor hubiere podido conocer y controvertir. De otro lado, la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del demandante se
produjo, también, al ser sancionado sin que el hecho típico que determinaba la
sanción hubiere tenido ocurrencia. En efecto, la expulsión de Arévalo Reyes de
ASOGA tuvo lugar el 2 de noviembre de 1996, mientras que su vinculación
efectiva a OMESA S.A. sólo se llevó a cabo el 14 de noviembre de 1996.
En relación con la
procedencia de la acción de tutela, la representante judicial del médico
Arévalo Reyes consideró que ésta era viable por las mismas razones expuestas en
su demanda dentro de la acción de tutela interpuesta Carlos Elías Sales Puccini
contra la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico (ver supra N°
9).
Con la finalidad de
amparar los derechos fundamentales de su poderdante y sancionar el abuso que la
Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico ha hecho de su derecho de
asociación, la representante judicial del actor solicitó: (1) la
reincorporación de Jaime Arévalo Reyes a ASOGA; (2) la anulación del pagaré por
medio del cual la Asociación buscaba asegurar el cumplimiento del Acta de
Compromiso; (3) que se ordene a ASOGA se abstenga de exigir al demandante la no
atención de pacientes usuarios del servicio de medicina prepagada que cancelen
este servicio mediante el sistema de bonos; (4) el restablecimiento de los
derechos de colegaje e interconsulta de Arévalo Reyes; (5) la comunicación a
todas y cada una de las sociedades, colegios, asociaciones, corporaciones y
grupos médicos y, en especial, a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación
del Atlántico, informándoles que el médico Arévalo Reyes fue restablecido en la
plenitud de sus derechos como médico y socio de ASOGA, de manera tal que se le
vuelvan a prestar todos los servicios necesarios para su gestión médica; (6) la
comunicación a las empresas Medisalud, Humana, Corelca, Intercor, Saludcoop,
Seguros Bolívar, Colseguros, La Nacional de Seguros, Panamericana, Cigna y
Electrificadora del Atlántico, informándoles del reintegro de Arévalo Reyes a
ASOGA, con el fin de que vuelvan a incluirlo en sus cuadros médicos; (7) la
publicación de dos avisos de prensa, con las mismas características de los que
fueron publicados por ASOGA el 18 de noviembre de 1995 y el 10 de febrero de
1996 en "El Heraldo", por medio de los cuales se restituya el buen
nombre del actor y se informe que fue reintegrado a ASOGA y a los cuadros
médicos de Medisalud, Humana, Corelca, Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar,
Colseguros, La Nacional de Seguros, Panamericana, Cigna y Electrificadora del
Atlántico.
16. Mediante
apoderado, la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico se opuso a
las pretensiones del demandante e inició su defensa manifestando que el actor
había suscrito el Acta de Compromiso en forma voluntaria, tal como se desprende
del Acta N° 554 de la Asamblea General de ASOGA. De igual manera, puso de
presente que, para imponer las sanciones a que Arévalo Reyes se había hecho
acreedor, la Asociación había observado el procedimiento de rigor. En efecto,
las conductas del médico fueron investigadas por el Comité de Etica de ASOGA,
el cual encontró que el Acta de Compromiso había sido vulnerada por el
demandante y, por ello, conceptuó que las sanciones contenidas en la mencionada
Acta debían serle aplicadas. Con posterioridad, la Asamblea General de la
Asociación prohijó el concepto del Comité de Etica y, en consecuencia, la Junta
Directiva procedió a la ejecución efectiva de las sanciones. En todo caso, el
representante judicial de ASOGA informó que la sanción pecuniaria contemplada
en el Acta de Compromiso no había sido aplicada. En cuanto a la publicación
efectuada en el periódico "El Heraldo", el apoderado manifestó que
ésta era una simple consecuencia de lo dispuesto en la anotada Acta, la cual
fue libremente aceptada y suscrita por el actor.
De otro lado, el
apoderado de ASOGA puso de presente que la Asociación demandada nunca ha
calificado asuntos relativos a la idoneidad profesional del actor quien, por
otra parte, "desconoció el interés general de los asociados que propendía
no sólo por mejoras económicas sino por abrirle espacios de trabajo a todos los
asociados y no exclusivamente a un grupo determinado escogido por las entidades
de medicina prepagada y procedió el doctor Arévalo a violar el acuerdo que
había firmado y así obtener exclusivamente para sí la contratación de Omesa
S.A. entidad que cobija a Colsanitas y Medisanitas". Igualmente, el
representante judicial anotó que el objetivo esencial de la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico era "abrir los cuadros médicos en
beneficio de la mayoría" y no, como lo afirma la apoderada del actor, el
logro de un interés meramente económico.
Así mismo, la
Asociación afirmó que el Comité de Etica jamás citó al médico Arévalo Reyes
para presionar su no vinculación a Omesa S.A. Este Comité se limitó a
establecer las violaciones del Acta de Compromiso en que el actor estaba
incurriendo e incluso escuchó a Arévalo Reyes "quien admitió los hechos
constitutivos de violación del acta de compromiso". Por otra parte, el
apoderado de ASOGA indicó que no era cierto que el demandante hubiera sido sancionado
antes de que los hechos generadores de las sanciones hubiesen ocurrido
efectivamente. Sobre este asunto manifestó que, "la mala fe del accionante
se patentiza en el hecho de pretender hacer aparecer conductas violatorias del
acta de compromiso como posteriores a la sanción impuesta, cuando en verdad
venía incurriendo en esas conductas tal como consta en la fotocopia del
memorando de octubre 24 de 1995 emanado de Omesa S.A.". En este memorando,
la Dirección Médica de Omesa S.A. comunica al médico de planta de urgencias, al
médico de consulta externa, a las enfermeras jefes y a las recepcionistas que,
a partir de esa fecha, "se podrán atender consultas de urgencias
ginecológicas en Medicentro llamando al Dr. Jaime Arévalo Reyes, Ginecobstetra.
(...). Cualquier usuario que requiera consulta externa ginecológica derivado de
Medicentro deberá ser remitido al mencionado profesional, excepto cuando el
usuario no acepte nuestra sugerencia. Dicho profesional seguirá las normas
establecidas por las Compañías".
Igualmente, el
representante judicial de la Asociación demandada estimó que, ninguno de los
derechos fundamentales invocados por el actor, había sido vulnerado por su
poderdante. En relación con el derecho al trabajo, el apoderado de ASOGA indicó
que los actos que, en la demanda de tutela, se atribuyen a esta Asociación
"no pudieron impedir que el actor contratara con la entidad de medicina
prepagada que a bien tuvo y prestara sus servicios a los usuarios de las
mismas, en detrimento de los legítimos intereses de sus colegas y de la palabra
empeñada. La demanda estructura la violación que alega de cara a una situación
hipotética, que ciertamente no es la del demandante, puesto que este en
realidad, antes que ver limitada la intensidad de su trabajo, aumentó la prestación
de sus servicios, al atender, virtualmente con exclusividad, los pacientes de
las empresas de medicina prepagada que se mostraron reacias a negociar con los
médicos los términos de su relación contractual".
De igual forma, no
se presenta violación alguna del derecho al libre desarrollo de la personalidad
del actor, toda vez que, en este derecho, se fundamenta la autonomía de la
voluntad, con base en la cual el médico Arévalo Reyes firmó el Acta de
Compromiso. En efecto, el representante judicial de la agremiación demandada
estimó que "sobre la base de que no resulta aceptable la censura ética que
el actor hace del contenido del compromiso asumido por los profesionales de la
medicina no se explica como las restricciones a la libertad que las personas se
autodeterminan con el concurso de su propia voluntad puedan considerarse
violatorias del derecho a la libre autodeterminación".
En relación con las
publicaciones de prensa, supuestamente violatorias de los derechos al buen
nombre y a la honra, el apoderado de ASOGA consideró que tales avisos no
generaban ningún tipo de ambigüedad en torno a las conductas del actor, como
quiera que no se le imputaba ninguna acción en la que éste no hubiese
efectivamente incurrido. Agregó que, "si el actor se siente avergonzado
por la divulgación de dicho fundamento, es cosa que no puede imputarse a la
demandada".
Finalmente, el
representante judicial de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del
Atlántico ilustró al Tribunal de tutela: (1) acerca del contexto
socio-económico dentro del que se han desarrollado las reivindicaciones de las
asociaciones médicas frente a las entidades de medicina prepagada; y, (2)
acerca de la improcedencia de la acción de tutela, en los mismos términos de la
defensa presentada dentro de la acción de tutela interpuesta por los pediatras
expulsados por la Sociedad de Pediatría del Atlántico (ver N° 4).
17. Por providencia
de marzo 8 de 1996, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela en relación con los
derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al
debido proceso y de asociación y no accedió a tutelar los derechos al buen
nombre y a la honra.
Para adoptar la
anterior decisión, el Tribunal consideró que, en el caso concreto, no se
presentaba ninguna de las circunstancias que autorizan la procedencia de la
acción de tutela en contra de particulares. En especial, el actor no se
encontraba en situación de subordinación o de indefensión frente a ASOGA, toda
vez que, por una parte, el médico Arévalo Reyes se afilió en forma libre y
voluntaria a la agremiación demandada y ésta carece de todo poder para darle
órdenes y, de otra parte, cuenta con otro mecanismo judicial de defensa de sus
derechos, consagrado en los artículos 408-6 y 421 del Código de Procedimiento
Civil.
En relación con los
derechos al buen nombre y a la honra, el fallador estimó que las sanciones
impuestas al actor constituían "un hecho cierto no controvertido",
derivadas de una disposición estatutaria suscrita por el demandante en forma
voluntaria, "sin que aparezca vicio del consentimiento alguno".
Agrega que, el aviso publicado en "El Heraldo", "no tiene la
connotación de que se afecte el buen nombre, ni la honra del petente por cuanto
que la revelación de ese informe a juicio de la Sala conlleva a prevenir a
terceras personas sobre futuras y supuestas contrataciones, desde luego, que la
información publicada en el diario "El Heraldo" no resulta manifiestamente
dolosa, tampoco es considerada arbitraria en el entorno de la vida privada del
petente, además, no puede catalogarse como una conculcación contra su buen
nombre, ni se atenta contra la honra, (...)".
18. La apoderada del
médico Carlos Sales Puccini impugnó la sentencia de primera instancia en
términos similares a los que expuso en su escrito de impugnación a la decisión
del a-quo dentro de la acción de tutela interpuesta por el médico Carlos
Elías Sales Puccini contra la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico
(ver supra N° 12).
19. Por intermedio
de apoderado, ASOGA se opuso a la impugnación interpuesta por el actor contra
la sentencia de primera instancia, por considerar que ésta "se halla
plenamente ajustada a derecho".
El apoderado de
ASOGA apoyó la tesis del a-quo en punto a la inexistencia de alguna
situación de subordinación o indefensión que autorizase la procedencia de la
acción de tutela en contra de su poderdante. Con respecto a la subordinación,
el representante judicial de la asociación demandada indicó que la adhesión del
actor a la agremiación demandada fue enteramente voluntaria y que, además,
entre los sujetos que conforman una asociación, dada la naturaleza misma de
esta institución jurídica, nunca surgen relaciones de subordinación equiparables
a las relaciones de tipo laboral. Lo anterior no obsta, sin embargo, para que
de la afiliación a una determinada asociación surjan una serie de obligaciones
que deben ser cumplidas por los asociados, so pena de que les sean impuestas en
forma coactiva (C.C., artículos 641 y 642). Agrega que, en la medida en que no
existe subordinación entre el médico Arévalo Reyes y ASOGA, como quiera que
entre éstos no se presenta una relación de tipo laboral, no le asiste razón a
su apoderada cuando afirma que el Acta de Compromiso contiene una renuncia a
derechos irrenunciables.
El representante
judicial de la asociación demandada manifestó que, en el presente caso, tampoco
se presentan circunstancias de indefensión que determinaran la procedencia de
la acción de tutela. Por una parte, el actor cuenta con los mecanismos
judiciales de defensa señalados por la sentencia de primera instancia (C.P.C.,
artículos 408-6 y 421) y, de otro lado, en tanto su condición de asociado a
ASOGA era enteramente voluntaria, podía haberse retirado de ésta ante el
perjuicio que supuestamente se le irrogaba, "pues no olvidemos que en
derecho, las cosas se deshacen como se hacen, y si la asociación es voluntaria,
también lo es el retiro. De la misma manera había podido sustraerse a la
suscripción de la consabida acta, y sin embargo la firmó sin salvedad o reserva
alguna".
20. Mediante
sentencia de abril 14 de 1996, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia confirmó la providencia de primera instancia.
La Corte estimó que,
en el caso de autos, no se presentaban circunstancias de subordinación o de
indefensión que determinaran la procedencia de la acción de tutela en contra de
ASOGA. A su juicio, no existía subordinación, toda vez que, "no solo por
la naturaleza del vínculo jurídico que en su momento existió sino porque en la
actualidad no se da dependencia alguna entre éstos (el actor y la Asociación),
es decir, no se dan circunstancias fácticas o jurídicas que obliguen al primero
a aceptar órdenes, directrices o comportamientos de la segunda". La Corte
consideró que, en el presente caso, no se presentaban circunstancias de
indefensión, como quiera que el demandante podía defenderse haciendo uso
"de las mismas herramientas o instrumentos de hecho que utilizó
ASOGA". En efecto, el médico Arévalo Reyes podía no sólo utilizar la
prensa nacional para explicar las razones de su proceder, sino que, además,
podía haberse dirigido directamente a las compañías de medicina prepagada con
los mismos propósitos. El juzgador de segunda instancia agregó que, "no se
desconoce que el peticionario de la tutela puede enfrentar dificultades al
intentar su defensa en la forma señalada, pero ello no puede aceptarse como
equivalente al estado de indefensión concebido como justificante de la acción
de tutela dirigida contra particulares. Además, en relación con el derecho al
trabajo, se estima que el peticionario lo puede seguir ejerciendo en relación
con los usuarios de los servicios de medicina prepagada ajenas a la Asociación".
Adicionalmente, la
Corte opinó que el demandante era consciente de las sanciones que podía
acarrearle el incumplimiento del Acta de Compromiso, la cual firmó y aceptó sin
presiones o coacciones. De otra parte, el actor cuenta con mecanismos
judiciales (C.P.C., artículos 16-12 y 396) dirigidos al restablecimiento de su
patrimonio moral y económico, además de la acción de nulidad de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de ASOGA.
Para finalizar, el ad-quem
puntualizó lo siguiente: (1) la legalidad de las sanciones consagradas en los
estatutos de la asociación demandada no puede ser controvertida por vía de la
acción de tutela, sino a través del proceso civil respectivo; (2) las
actuaciones asumidas por otras asociaciones médicas (vgr. Sociedad de Anestesiología
y Reanimación del Atlántico) no inciden en el caso de autos, como quiera que no
fueron vinculadas en calidad de partes procesales; y, (3) la acción de tutela
no procede como mecanismo transitorio, toda vez que no existe perjuicio
irremediable alguno.
IV. Expedientes
T-99250, T-99798, T-101349, T-101350: Francisco Sales Sales, Francisco Sales
Puccini, José Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile Herazo contra la Asociación
de Obstetricia y Ginecología del Atlántico
21. El 18 de marzo
de 1996, los médicos gineco-obstetras Francisco Sales Sales, Francisco Sales
Puccini, José Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile Herazo, interpusieron
acción de tutela, ante la Sala Penal (Francisco Sales Puccini, José Fuscaldo
Quintero y Alejandro Gentile Herazo) y la Sala Civil (Francisco Sales Sales)
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, contra la
Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico -ASOGA-, por considerar
que esta asociación vulneró sus derechos fundamentales al trabajo (C.P.,
artículo 25), al buen nombre y a la honra (C.P., artículos 15 y 21), al debido
proceso (C.P., artículo 29), a la libertad de expresión (C.P., artículo 20) y a
la vida de sus pacientes (C.P., artículo 11).
Los actores
señalaron que, en la ciudad de Barranquilla, se ha desarrollado una situación
laboral, en la cual las asociaciones médicas "están abusando de su
posición de dominio sobre la ciudad para impedir, restringir e interrumpir la
libre prestación de los servicios de salud, conducta que es desde todo punto de
vista ilícita (Decreto 1663 de 1994, artículo 4°)". Relatan los
demandantes que, "todo comenzó, cuando mediante presiones por parte de los
médicos, dueños de clínicas o directores científicos de las mismas, en donde
aprovechando que eran miembros directivos de las sociedades científicas, se nos
obligó, bajo la coacción, y con el sofisma de distracción que era la unidad
médica, a firmar un pagaré por 200 salarios mínimos en donde se regulaba
nuestra atención médica por parte de ASOGA, lo cual tenía como marco ideológico
la unión de los médicos, para mejorar los convenios tarifarios con las empresas
de medicina prepagada y de seguros de salud; y luego este convenio se hizo
extensible al POS".
Afirmaron que, en
razón de la situación antes descrita, renunciaron a la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico. Como respuesta a esta renuncia, la
Asociación los sindicó de "esquiroles", sin haber sido previamente
oídos y vencidos en juicio y, por ello, en claro detrimento de su derecho
fundamental al debido proceso. De igual forma, la ASOGA publicó un aviso en
"El Heraldo", el 25 de enero de 1996, en el cual podía leerse:
"LA ASOCIACION
DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL ATLANTICO
Informa al cuerpo
médico y al público en general, que los doctores:
JOSE FUSCALDO QUINTERO
FRANCISCO SALES PUCCINI
FRANCISCO SALES SALES
ALEJANDRO GENTILE HERAZO
Han dejado de
pertenecer a nuestra Asociación. Por lo cual quedan excluidos de los diferentes
Directorios Abiertos de las siguientes Entidades: Bonsalud, Corelca,
Panamerican, Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Cigna,       Colseguros, La
Nacional de Seguros, Medisalud y Humana; entidades con las cuales se ha llegado
a un acuerdo."
Así mismo, los
actores indicaron que los días 29 y 30 de enero y 10 de febrero de 1996, ASOGA
publicó en "El Heraldo" una serie de avisos en los cuales se  afirma:
"la salud no es un juego", ésta "es el asunto más importante de
la vida" y, por ello, se solicita al público que, al escoger su médico, se
asegure que éste pertenezca y esté respaldado por su respectiva asociación
gremial, lo cual constituye "la mejor garantía para enfrentar los
problemas de salud". A juicio de los demandantes, estas publicaciones les
causan serios perjuicios laborales y morales, como quiera que ponen en
entredicho su idoneidad profesional. A su juicio, en los avisos antes
mencionados "se afirma tácitamente que un médico, no respaldado por dicha
Sociedad, no es el mejor compañero para enfrentar un problema de salud,
igualmente le advierte al paciente, que se asegure!!, ya que de no figurar su
médico en la lista de ASOGA, lo más 'serio que es su vida', corre peligro, y
termina la publicidad recalcando subliminalmente que 'la salud no es un juego'.
Esto confirma que los médicos que no pertenezcan al directorio cerrado y
excluyente de la ASOGA, no son idóneos, para ejercer la ginecología y
obstetricia en el país, que la salud de los ciudadanos es sus manos corre tal
peligro, que se convierte en un siniestro juego, y que definitivamente los
pacientes se deben asegurar de que sus médicos tengan el aval de la ASOGA, ya
que de lo contrario su salud estaría en juego, así mismo como su vida".
Los demandantes
informaron que, además de las medidas antes mencionadas, la asociación
demandada solicitó a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico
-SARAT- que suspendiera los servicios de anestesiología a aquellos médicos que
no pertenecieran a ASOGA. En respuesta a esta petición, SARAT, en su Asamblea
General de febrero 9 de 1996, decidió, en forma secreta, "bajo amenazas y
a pupitrazo limpio", restringir el servicio de anestesia a todos aquellos
médicos que no formaran parte de la Asociación de Sociedades Médicas del
Atlántico. Según los actores, esta decisión los ha perjudicado en extremo, como
quiera que el servicio de anestesia "es un elemento primordial dentro del
ejercicio de (nuestra) profesión". De igual forma, pusieron de presente
que ASOGA se remitió a todos los cirujanos solicitándoles suspender el colegaje
(colaboración en cirugías, interconsultas y evaluaciones pre-quirúrgicas) a los
médicos que ya no hicieran parte de esa asociación.
Por otra parte, los
actores afirmaron que la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico
se dirigió, mediante cartas escritas, a las empresas de medicina prepagada y de
seguros de salud, informándoles que su renuncia perjudicaba "los intereses
comunes de los miembros de la Asociación" y, por ello, les solicitaban
excluirlos de sus cuadros médicos abiertos y no expedirles órdenes de servicio
a sus pacientes. Según los demandantes, con estas medidas ASOGA está abusando
de su posición de dominio gremial, "para coartar la libertad de trabajo y la
libertad que tienen dichas empresas prestadoras de salud para contratar
(nuestros) servicios o los de cualquier otro profesional para ejercer
independientemente (nuestra) profesión, en forma libre y autónoma sin estar
sujeto de pertenecer a un gremio o no".
Igualmente, los
demandantes manifestaron que la asociación demandada solicitó a los
laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla que los excluyeran de
sus listados de visita médica y no los tuvieran en cuenta para cualquier evento
que los mencionados laboratorios patrocinaran. Además de estas medidas, los
médicos accionantes indicaron que ASOGA había comunicado a los directores de
las clínicas la Asunción, del Caribe, Bautista y Santa Mónica que no
hospitalizarían a sus pacientes en esos centros asistenciales si admitían a los
pacientes de médicos que ya no pertenecieran a esa agremiación.
Con la finalidad de
restablecer los derechos fundamentales vulnerados por la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico, los actores solicitaron: (1) que ASOGA
rectifique las informaciones de prensa aparecidas en "El Heraldo" los
días 25, 29 y 30 de enero y 10 de febrero de 1996, mediante la publicación de
sendos avisos en los cuales se precise que los actores renunciaron
voluntariamente a la asociación demandada, que ésta no tiene queja alguna
acerca de su integridad moral y ética, que son médicos idóneos para ejercer la
ginecología y la obstetricia. Estas publicaciones deberán hacerse en la
"misma forma, tamaño, localización, frecuencia y periódico" en que
fueron realizados los avisos cuya rectificación se solicita; (2) que las
empresas de medicina prepagada y de seguros de salud con las que ASOGA haya
alcanzado un acuerdo, los incluyan en sus directorios médicos abiertos y se
entreguen órdenes de servicio a sus pacientes; (3) que ASOGA informe por
escrito a los directores y coordinadores médicos de todas aquellas empresas de
medicina prepagada y seguros de salud con las que ésta asociación tenga un
convenio, que los demandantes son médicos idóneos para ejercer su especialidad
y que no existe queja alguna sobre la integridad profesional, moral y ética de
los mismos; (4) que ASOGA comunique por escrito a los directores de las
clínicas la Asunción, del Caribe, Santa Mónica y Bautista que se retracta
"de cualquier juicio anterior en contra de (nuestra) idoneidad
profesional" y en donde se les solicite el retiro de cualquier tipo de
veto que hubiere podido producirse en razón de comunicaciones anteriores; y,
(5) que se determine el monto de la indemnización necesaria para reparar el
daño causado a sus derechos a la honra y al buen nombre, a la libertad de
pensamiento y al trabajo y el derecho a la vida de sus pacientes.
22. En testimonio
rendido ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, el médico Francisco Sales Puccini relató que el "acto
compromisario" que los miembros de ASOGA decidieron suscribir en abril de
1995, tenía como objetivo lograr que las entidades de medicina prepagada
abrieran sus cuadros médicos, de manera que los pacientes pudieran escoger
libremente al médico que más les conviniera. De igual forma, se buscó que los
médicos pudieran llevar a cabo exámenes complementarios (ecografías, monitorías
fetales, colcoscopias y laparoscopias) sin tener que recurrir a "un
pequeño grupo monopólico" de clínicas, centros médicos o grupos de médicos
que concentraban para sí la posibilidad de practicar estos exámenes. Según el
demandante, "de esta manera habría una apertura total tanto del usuario para
escoger el médico de su predilección y escoger quien le elaboraba su examen
paraclínico. Al mismo tiempo había libertad de los médicos de asociarse y
organizar o fundar centros médicos independientes para la prestación de un
servicio".
El declarante
manifestó que, una vez dentro de la junta directiva de ASOGA, se dio cuenta que
los ideales por los cuales se había organizado el movimiento médico tenían un
doble sentido, toda vez que "los médicos dueños o fundadores o directivos
de las clínicas Caribe, Bautista y Asunción que tenían una gran trayectoria,
una gran imagen y una gran capacidad instalada de generación de elementos de
salud como son ecógrafos, unidades de laboratorio, (...), etc., y que
potencialmente podrían atender toda la necesidad no solo de la ciudad, sino de
la Costa Atlántica, entre las tres comenzaron por debajo de cuerda a crear
pull's para contratar a precios ínfimos con las grandes compañías prestadoras
de servicios de salud y subcontratar con los médicos recién llegados, de tal
manera que se viola el principio democrático, amplio, generoso e igualitario
que se promulga en el seno de la agremiación". El médico Sales Puccini
afirmó que esta situación de "doble moral", aunada al hecho de que se
crearon unos comités de ética que sancionaban a los asociados, "sin el
debido proceso, sin pruebas, sólo por chismes", lo llevó a renunciar a
ASOGA.
De igual forma, puso
de presente que la asociación demandada implementó un "estatuto
antiesquirol", cuya aplicación a un médico implicaba para éste la
proscripción casi absoluta del ejercicio profesional en la ciudad de
Barranquilla. En efecto, estas medidas determinaban que los otros colegas y,
en  especial, los cirujanos y anestesiólogos, dejaran de prestarle sus
servicios de colegaje a los médicos disidentes del movimiento liderado por
ASOGA. Por otro lado, esta asociación solicitó a más de 20 empresas de medicina
prepagada que no expidieran órdenes de servicios a los pacientes de los médicos
que hubiesen renunciado o hubiesen sido expulsados de la Asociación de Obstetricia
y Ginecología del Atlántico. Además de lo anterior, la agremiación demandada
publicó en "El Heraldo" una serie de avisos en los cuales se
manifestaba que los médicos que no pertenecieran a ASOGA no eran idóneos para
el ejercicio de la profesión y solicitaban a los pacientes que se cercioraran
que su médico se encontraba en la lista que allí se publicaba, en la cual,
obviamente, no figuraban los nombres de los médicos disidentes. El declarante
informó, también, que sus pacientes han recibido llamadas en las cuales se
refieren a él en términos indecorosos y que, en la ciudad de Barranquilla,
circula un panfleto en donde se lo tilda de "corrupto, inmoral, de judas y
de muchas otras cosas más".
El médico Sales
Puccini insistió en el hecho de que él había renunciado voluntariamente a la
Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico pero que, pese a ello, le
fueron aplicadas las medidas del "estatuto antiesquirol", las cuales,
en principio, sólo estaban contempladas para aquellos médicos que, como
miembros de esta agremiación, incumplieran sus normas.  Según el actor, en la
actualidad está "cruzado de brazos", y "prácticamente parado sin
poder ejercer, ya que no tengo anestesiólogo, las clínicas sacan excusas cuando
yo quiero hospitalizar un paciente para tratamiento médico, aduciendo que no
tienen cupo, y tercero el paciente no quiere pagarme un dinero sabiendo que con
cualquier otro médico, con solamente una carta lo atienden, además sabe que
corre el riesgo de que a mí no me van a hacer caso en las clínicas y a otros
médicos sí, estoy en indefensión, estoy completamente bloqueado".
De otra parte, el
médico Sales Puccini afirmó que no era cierto el argumento de ASOGA, según el
cual las entidades de medicina prepagada de la ciudad de Barranquilla se
aprovechaban de los médicos mediante la cancelación de sumas irrisorias como
contraprestación a la prestación de sus servicios. Por el contrario, explicó
que "esa distancia tan grande entre lo que puede pagar nuestro pueblo y lo
que cobra una clínica para subsistir o un médico lo viene a solucionar en un
gran porcentaje las empresas prestadoras de servicios de salud, ya que por la
ley de la universalidad y de la solidaridad un gran grupo de afiliados aporta
una mensualidad para que la use solo el que tiene necesidad. Pero aún así el
pago directo aparentemente era bajo, ya que se le cancelaba un promedio de $
15.000 por la consulta, pero el control que se hacía a los 8 o 10 días, se lo
pagaban en 10 y el control final del tratamiento médico, que era máximo a los
20 días, le pagaban otros 10. Si usted suma le da $ 45.000 (sic) y un paciente
particular en cabeza del médico más prestigioso de la ciudad, no cobra más de $
40.000 la consulta y allí está incluido el control de los laboratorios y el
control final al terminar de ingerir el medicamento, luego es un sofisma de
distracción ya que le ingresa lo mismo, pero fraccionado".
El declarante
informó que, en la actualidad, tiene contrato de prestación de servicios
médicos con las empresas Colsanitas, Colpatria y Susalud y "tiene las
puertas abiertas" en la Clínica General del Norte, en la clínica Mediesp y
en el centro médico Renacer. Sin embargo, puso de presente que el problema de
falta de anestesiólogos persiste, lo cual implica que "cuando voy a operar
un paciente, tengo que hacerlo a escondidas, por la noche y simular una
emergencia a nombre de otro médico para que con engaños llegue algún
anestesiólogo y rogarle que me de anestesia, razón por la cual tengo mucho
tiempo que no ejerzo mi profesión".
Por último, el
médico Sales Puccini manifestó que la Sociedad de Anestesiología y Reanimación
del Atlántico se había dirigido a sus asociados "diciéndoles que
oficialmente no se podía decir que se prohibían las anestesias de urgencia,
pero que habían muchas excusas para no darlas". Afirmó, igualmente, que,
"en ginecología, (...) todo paciente que se va a operar es porque tiene un
problema serio y le urge solucionar y que lo ideal es solucionarlo
programadamente para que su vida corra el menos peligro posible. (...). Lo que
pasa es que son urgencias diferidas y se hacen programadas para evitar la mayor
complicación posible y disminuir el riesgo de muerte y no tener que operar a
las carreras a escondidas, improvisando y arriesgando la vida del paciente".
23. En su
declaración ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, el presidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del
Atlántico manifestó desconocer los motivos por los cuales los actores se
retiraron de ASOGA. Puso de presente, que la publicación efectuada en "El
Heraldo", en donde se informaba acerca de la desvinculación de los médicos
demandantes de la Asociación sólo buscaba que este hecho fuera conocido por el
público, "como sucede cuando se dice o informa que un empleado ha dejado
de pertenecer a una institución". En relación con las publicaciones
subsiguientes, el declarante afirmó que "ASOGA inició una campaña
publicitaria en la cual durante todos los avisos que se publicaron hacíamos
alusión a las empresas con las cuales habíamos llegado a un acuerdo, en el
aviso era importante aclarar que ya no pertenecían a la asociación y habían
dejado de pertenecer a los cuadros médicos que habíamos llegado a un acuerdo
con las empresas". Sin embargo, anotó que ASOGA no puede influir sobre las
decisiones que finalmente adopten las empresas de medicina prepagada frente a
los médicos que renunciaron a pertenecer a la agremiación. Si éstas así lo
desean, pueden contratar los servicios de los mencionados profesionales.
El presidente de
ASOGA manifestó, igualmente, que esa asociación sí remitió una serie de
comunicaciones a todos los presidentes de las asociaciones científicas, a los
laboratorios y a las entidades de medicina prepagada y de seguros de salud,
"con el fin de informar que habían dejado de pertenecer a la sociedad y
que no estaban dentro de los cuadros médicos de la asociación". En cuanto
a la solicitud elevada por la Asociación de Obstetricia y Ginecología del
Atlántico ante la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico para
que los médicos pertenecientes a esta última no prestaran el servicio de
anestesia a los profesionales que hubieren renunciado a la primera, el
declarante informó que ésta había consistido en pedir "a los asociados de
la Sociedad de Anestesiología que en el caso de que se estuviere dando la
atención de una compañía que no había llegado a un acuerdo con la sociedad le
solicitábamos la colaboración de no darle anestesia, el trasfondo de esto es
porque ello impedía el que pudiéramos llegar a un acuerdo con la empresa en
mención, a la que le solicitábamos la apertura de los cuadros médicos".
Por otra parte, el
declarante indicó que las medidas adoptadas por ASOGA frente a los médicos
demandantes encontraban asidero normativo en las disposiciones del Acta N° 554
de la Asamblea General de esa asociación. Sin embargo, manifestó que "esas
sanciones estipuladas en el Acta 554 hacen referencia a los miembros
pertenecientes a ASOGA y que se hace acreedor a ella, pero no hace referencia a
los que renuncian". Preguntado por el juez de tutela si encontraba alguna
diferencia entre la determinación de expulsar a un médico de la asociación y
decisión por parte de éste de renunciar a la misma, el presidente de ASOGA
indicó que "en el caso que nos ocupa no le veo ninguna diferencia, ya que
ellos se iban a hacer acreedores a la expulsión y se anticiparon a renunciar.
Pero vistas las cosas en forma general lógicamente que sí hay
diferencia".
Por último, el
declarante precisó que, en ningún momento, las publicaciones realizadas por en
el "El Heraldo", buscaron cuestionar la idoneidad profesional de los
actores, toda vez que lo único que éstas perseguían era "informar a la
comunidad que los mencionados doctores no estaban en los cuadros médicos que dicha
asociación había enviado a las empresas de medicina prepagada".
24. El presidente de
la Asociación de Sociedades Médicas del Atlántico rindió declaración ante la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla e
informó, de manera general, acerca de los propósitos perseguidos por las
asociaciones médicas de Barranquilla frente a las entidades de medicina
prepagada, los cuales consistían en: (1) la libre elección de los médicos por
parte de los pacientes; (2) que las entidades prestadoras de servicios de salud
tuvieran cuadros médicos abiertos que incluyeran a todos los miembros de las
asociaciones médicas del Atlántico; (3) la posibilidad de pactar honorarios con
estas empresas; y, (4) que la auditoría médica sobre la prestación del servicio
de salud se hiciera en forma compartida.
De igual forma, el
declarante manifestó que algunas asociaciones, de común acuerdo entre sus
miembros, habían decidido reafirmar estos propósitos mediante la firma de un
pagaré, el cual fue suscrito voluntariamente, "sin presión y sin
represión", por los distintos asociados. Igualmente, puso de presente que
la mayoría de las entidades de medicina prepagada habían alcanzado acuerdos con
las asociaciones médicas, en torno a los puntos antes mencionados. En relación
con las empresas con las cuales no se había llegado a un acuerdo, indicó que
"en estas empresas hay médicos que trabajan atendiéndoles sus pacientes y
están excluidas todas las demás asociaciones médicas que existen en la ciudad y
todos sus miembros. Es decir, ellos tienen el derecho de trabajar
exclusivamente con esos médicos. Nuestro convenio con las otras empresas que
han aceptado nuestras propuestas, que hemos logrado que atiendan o le presten
sus servicios a los pacientes solamente los médicos miembros de las
asociaciones. (...)".
Afirmó, también que,
"creemos que así como las otras empresas que no han pactado con nosotros,
tienen sus médicos exclusivos, al ofrecerles nosotros el servicio dado por una
asociación médica científica reconocida a nivel nacional (...), podemos
exigirles a las empresas de medicina prepagada que determinen la escogencia
entre la asociación médica científica con todos sus miembros activos, (...).
Pienso que es solamente una escogencia por parte de la empresa de medicina
prepagada para definir o decidir quien presta los servicios médicos a sus
usuarios. Es decir, esto es una relación comercial, normal, de ofrecimiento de
servicio y escogencia de servicios, sin que signifique limitar el derecho a
otras personas que pueden ofrecer sus servicios".
Por último, el
declarante puso de presente que, en ningún momento, el movimiento
reivindicatorio de las asociaciones médicas ha pretendido vulnerar el derecho
al trabajo de los médicos que han interpuesto acciones de tutela en contra de
las distintas asociaciones, como quiera que éstos tienen contratos de
prestación de servicios médicos con las entidades de medicina prepagada con las
cuales no se ha alcanzado ningún acuerdo. De igual forma, afirmó que las
medidas adoptadas por ASOGA luego de la renuncia de uno de sus asociados,
constituyen "un procedimiento normal, (como el de) cualquier entidad que
maneje miembros o afiliados".
25. La Sala Civil y
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Barranquilla incorporaron
a los expedientes bajo su conocimiento, los testimonios de tres médicos
anestesiólogos, afiliados a SARAT, rendidos ante la Sala Civil del Tribunal de
Barranquilla, dentro de la acción de tutela interpuesta por Francisco Sales
Puccini, José Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile Herazo contra la Sociedad
de Anestesiología y Reanimación del Atlántico (ver infra N° 31).
Los declarantes
expusieron que, en una de las Asambleas Generales de la agremiación, se les
solicitó a los asociados restringir totalmente las anestesias electivas o
programadas a los médicos disidentes del movimiento que busca una mejora en las
condiciones de prestación de los servicios médicos a las entidades de medicina
prepagada, suministrando exclusivamente el servicio profesional en caso de
urgencia.
De otro lado,
manifestaron no tener noticia oficial relacionada con solicitudes elevadas a
algunas clínicas de Barranquilla, en el sentido de que no aceptaran los
pacientes remitidos por los anotados médicos disidentes. Igualmente, indicaron
que, como médicos, no están obligados a prestar sus servicios profesionales en
cualquier cirugía ni a cualquier cirujano. En este aspecto, son libres de
escoger a quién y cómo prestan sus servicios, salvo en los casos de urgencia.
Por último,
coincidieron en afirmar que la atención a pacientes de médicos disidentes
podría acarrearles una amonestación por parte de SARAT y, eventualmente, la
expulsión de esta Asociación.
26. Por intermedio
de apoderado, la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico se opuso
a las pretensiones de los demandantes.
En primer término,
el representante judicial de ASOGA manifestó que no era cierto que las
asociaciones médicas de Barranquilla hubieren abusado de su posición dominante
en la contratación de servicios médicos. Por el contrario,  quienes abusaron de
esta posición fueron las empresas de medicina prepagada, "a través de la
figura de los 'cuadros médicos cerrados' y de la consecuente imposición
unilateral de tarifas de honorarios".
De otra parte, el
apoderado de la asociación demandada señaló que los demandantes habían accedido
voluntariamente a suscribir los compromisos y medidas contenidos en el Acta N°
554 de la Asamblea General de ASOGA, así como el pagaré que "se estableció
como respaldo económico de los compromisos adquiridos". En relación con la
supuesta coacción a que fueron sometidos los actores por parte de la Asociación
de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, el representante judicial trajo a
colación la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela interpuesta
por el médico Carlos Elías Sales Puccini contra la Sociedad de Endoscopia
Digestiva del Atlántico, en la cual se sostuvo que los médicos que suscribieron
actas de compromiso y pagarés, como instrumento de cohesión del movimiento de
reivindicación médica, tenían un nivel cultural e intelectual suficiente como
para poder presumir que sabían exactamente a lo que se comprometían a la hora
de firmar los mencionados documentos. Igualmente, indicó que las medidas
adoptadas por ASOGA se avenían por completo a lo dispuesto en los estatutos de
la asociación.
A juicio del
representante judicial, "es por lo menos sorprendente que el accionante sólo
se refiera a la 'injusticia' después de haber violentado los pactos que
voluntariamente había celebrado para recibir un beneficio económico particular,
contratando directamente con entidades de medicina prepagada" con las que
la agremiación no había llegado a un acuerdo. Por otro lado, los actores
decidieron desvincularse de ASOGA, mediante la presentación de su renuncia
irrevocable, lo cual determina que ahora resulte inexplicable su petición de
que se lleve a cabo una investigación preliminar de su conducta. Según el
apoderado, "la renuncia fue un mecanismo de que se (sirvieron los
accionantes) para evitar enfrentar el juicio y las sanciones disciplinarias que
su conducta insolidaria (les) merecía".
De igual forma, el
apoderado de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico señaló
que no era cierto que su poderdante hubiese solicitado a la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico que sus afiliados no suministraran
anestesia a los pacientes de los médicos que se hubiesen desvinculado de ASOGA.
Indicó que, por el contrario, los anestesiólogos que declararon ante el
Tribunal de tutela fueron explícitos al manifestar que, en algunas ocasiones,
habían prestado el servicio de anestesia a los médicos demandantes. Según el
representante judicial de la agremiación demandada, ésta carece de todo poder
coactivo sobre terceros como para imponerles conductas obligatorias. En
particular, ASOGA no puede impedir a los anestesiólogos y a los cirujanos que,
si así lo desean, presten los servicios propios del colegaje a los actores.
El representante
judicial manifestó, igualmente, que las afirmaciones de los accionantes,
relativas a su exclusión de las empresas de medicina prepagada, no eran del
todo exactas, toda vez que "ASOGA convino con algunas entidades de
medicina prepagada la prestación de los servicios médicos propios de la
especialidad de sus asociados a los usuarios de éstas, en condiciones
mutuamente establecidas. Naturalmente las aludidas condiciones resultaban de la
aplicación para los miembros de la Asociación, y así cuando cualquiera de ellos
manifestara su decisión de retirarse, obviamente tal circunstancia debería ser
comunicada a la entidad de medicina prepagada, para evitar a esta desagradables
sorpresas". Puntualizó que "es claro que la pretensión de (los
tutelantes) no es otra que lucrarse de los convenios celebrados por ASOGA con
distintas entidades de medicina prepagada, habiendo renunciado a ser miembro(s)
de ella; y además, prestar directamente sus servicios a las otras entidades con
las cuales dicha Asociación no ha celebrado convenios, contraviniendo lo
previsto en el Acta de Compromiso y a la obligación de solidaridad que le
impone la misma ley".
En torno a los
avisos de prensa publicados por su poderdante, el apoderado de ASOGA señaló que
aquellos en los cuales puede leerse que "la salud no es un juego",
forman parte de una campaña publicitaria que tiene como finalidad primordial
"resaltar los incuestionables beneficios que dichas asociaciones producen en
el seno de la comunidad". En este sentido, "los avisos aludidos no
hacen ninguna referencia personal excluyente, ni permiten la descalificación de
ningún profesional". Los avisos que ponen en conocimiento del público los
nombres de profesionales que han dejado de pertenecer a la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico, "se limitan a informar dicha
desvinculación y a señalar que por haber renunciado a la Asociación no
pertenecen al cuadro médico de la misma admitidos por las entidades de medicina
prepagada con las cuales se han celebrado convenios". A juicio del
representante judicial, "las conclusiones que (los accionantes)
pretende(n) sacar de los avisos no son las que un lector con ánimo desprevenido
deduciría, sino las de una persona con un interés en plantear un
conflicto". Es así como no resulta razonable afirmar que la idoneidad de
un profesional pueda ser cuestionada por este tipo de avisos de prensa, como
quiera que ésta se funda en una "reputación sólidamente cimentada",
la cual no puede ser puesta en entredicho por una serie de publicaciones que no
son ni "inexactas, ni excluyentes, ni agraviantes".
Con respecto a las
pretensiones de los actores, el apoderado de ASOGA indicó que éstas no podrían
ser cumplidas por su mandante, como quiera que, en ningún momento, esta
agremiación ha emitido juicios que puedan llegar a poner en cuestión la
idoneidad profesional de los demandantes y, en esta medida, no puede ser
obligada a retractarse por algo que nunca afirmó.
Finalmente, el
representante judicial de la asociación demandada ilustró al Tribunal de
tutela: (1) acerca del contexto socio-económico dentro del que se han
desarrollado las reivindicaciones de las asociaciones médicas frente a las
entidades de medicina prepagada; y, (2) acerca de la improcedencia de la acción
de tutela, en los mismos términos de la defensa presentada dentro de la acción
de tutela interpuesta por los pediatras expulsados por la Sociedad de Pediatría
del Atlántico (ver supra N° 4).
27. Previa
acumulación de los expedientes contentivos de las acciones de tutela impetradas
por los médicos Alejandro Gentile Herazo y José Fuscaldo Quintero, la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante
sentencia de abril 10 de 1996, denegó el amparo constitucional solicitado. Por
providencia de esa misma fecha, decidió, igualmente, no conceder la tutela
solicitada por el médico Francisco Sales Puccini.
A juicio del
Tribunal, en el presente caso, la solicitud principal de los actores consistía
en la rectificación de una serie de publicaciones inexactas o erróneas, lo cual
determina la aplicabilidad del artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991. Según
esta norma, para que la tutela opere como mecanismo idóneo para solicitar la
rectificación, los actores deben haber anexado "la copia de la publicación
y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que
aseguren la eficacia de la misma". El a-quo constató que, en este
caso, no se presentaban estos requisitos y, por ende, declaró la improcedencia
de la acción de tutela.
27.1. Los actores
impugnaron los fallos de primera instancia por considerar que la asociación
demandada sí había vulnerado varios de sus derechos fundamentales. En primer
lugar, consideraron que los avisos publicados en "El Heraldo"
constituían una amenaza a su derecho al buen nombre, toda vez que "la
Asociación recomiende a la comunidad acudir a sus afiliados demerita la
reputación que puedan tener (quienes no se encuentran afiliados) como médicos
ante los demás, esto es con la buena opinión y fama adquirido (sic) por la
virtud y sus méritos en el ejercicio de nuestra profesión".
De otro lado, los
demandantes estimaron que las actuaciones de ASOGA vulneraban lo dispuesto en
los artículos 26 y 39 de la Carta, que determinan que la estructura interna y
el funcionamiento de los colegios profesionales, los sindicatos y las
asociaciones gremiales deben ser democráticos. En efecto, los actores
consideraron que "si un profesional opta por ejercer o desistir del
derecho de asociación, no hay lugar a que sea sancionado, o vetado, por
aquellos que prefieren seguir asociados. Un veto por tal razón desconocería el
derecho a disentir, que se ampara bajo la libertad de conciencia, libertad de
expresión y de opinión".
Por último, los
actores indicaron que los medios de defensa judiciales contenidos en el
procedimiento civil no garantizan la protección inmediata, eficaz y completa de
sus derechos y, por ello, la acción de tutela es el mecanismo adecuado para la
solución del conflicto planteado.
27.2. El apoderado
de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico se opuso a la
impugnación impetrada por los demandantes contra las sentencias de primera
instancia.
27.3. Por
providencia de mayo 14 de 1996, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia decretó la nulidad de la actuación llevada a cabo por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso de tutela iniciado por los
médicos Alejandro Gentile Herazo y José Fuscaldo Quintero contra la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico y, por ende, ordenó la devolución del
expediente al Tribunal de tutela.
La Corte consideró
que al a-quo no le estaba permitido acumular dos acciones de tutela
-interpuestas en forma independiente-, con el pretexto de hacer efectivo el
principio de economía procesal. En opinión del juez de tutela de segunda
instancia, "la acumulación de procesos en materia de tutela, solo es
viable en tratándose de la revisión que corresponde a la Corte Constitucional,
para efectos de unificación de jurisprudencia" (Decreto 2067 de 1991,
artículo 5°; Acuerdo 05 de 1992, artículo 47). De otro lado, la Corte indicó
que, según lo dispuesto por los artículos 82 y 157 del Código de Procedimiento
Civil, la acumulación de procesos sólo procede a solicitud de parte, en los
eventos señalados en esas normas, lo cual determina que el juez carece de
facultades oficiosas en esta materia.
En todo caso, el ad-quem
puntualizó que el Tribunal sólo se pronunció con respecto a los derechos a la
honra y al buen nombre de los actores, olvidando que éstos habían invocado
otros derechos fundamentales frente a los cuales a cuya supuesta vulneración
era necesario una decisión de fondo. Por esta razón, la Corte consideró que
"se impone la nulidad del fallo, pues el Tribunal dejó de pronunciarse
sobre todos los extremos de la litis, sin que sea posible en esta instancia
subsanar el vicio presentado, pues se dejaría a los sujetos procesales en
condiciones de no poder impugnar cualquier determinación contraria a sus
pretensiones".
27.4. Mediante
sentencias de junio 4 de 1996, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla -dando cumplimiento a la orden impartida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia-, denegó, por improcedentes,
las acciones de tutela incoadas por los médicos Alejandro Gentile Herazo y José
Fuscaldo Quintero contra ASOGA.
El Tribunal
consideró que, en el caso concreto, no se presentaba ninguna de las circunstancias
que autorizan la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares.
En especial, el a-quo consideró que los actores disponían de otros
medios de defensa tanto judiciales como administrativos, contemplados en el
Código Civil (artículo 636), en el Código de Procedimiento Civil (artículos
408-6 y siguientes), en el Decreto 1663 de 1994 (artículos 3°, 4° y 10). A este
respecto, el Tribunal prohijó las consideraciones llevadas a cabo por la Sala
de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia en la sentencia de segunda
instancia proferida dentro del proceso de tutela incoado por el médico
Francisco Sales Puccini contra ASOGA (ver infra N° 27.5).
Como quiera que
ninguna de las dos sentencias fue impugnada por los actores respectivos, las
anteriores decisiones fueron enviadas a la Corte Constitucional para su
eventual revisión y, al ser seleccionadas, correspondió a esta Sala su
conocimiento.
27.5. En providencia
fechada el 22 de mayo de 1996, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, confirmó la sentencia de primera instancia, en la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla denegó el amparo constitucional
solicitado por el médico Francisco Sales Puccini.
La Corte consideró,
en primer lugar, que el actor no se encontraba en situación de subordinación
frente a ASOGA, como quiera que había renunciado a esta asociación y, por ello,
carecía de todo vínculo con la misma. De igual forma, el ad-quem estimó
que el demandante tampoco se encontraba en situación de indefensión frente a la
agremiación demandada, toda vez que disponía de otros medios de defensa, tanto
judiciales como administrativos.
A juicio del
fallador de segunda instancia, la asociación demandada se encuentra regulada
por las normas del Código Civil y, en especial, por su artículo 636, en donde
se establece que los estatutos de las corporaciones deberán ser sometidos a la
aprobación de las autoridades administrativas, a quienes pueden recurrir todas
aquellas personas que se crean perjudicadas o lesionadas por las disposiciones
contenidas en los mencionados estatutos.   De igual forma, en el artículo 408-6
del Código de Procedimiento Civil se consagra un procedimiento abreviado
dirigido a cuestionar las decisiones de asambleas generales que puedan generar
perjuicios.
Por otra parte, la
Corte señaló que, "si la inconformidad del accionante radica
exclusivamente en los efectos generados por la aplicación de los estatutos, en
tanto de ella podría eventualmente derivarse situaciones lesivas a la libre y
leal competencia del mercado de los servicios de salud", el actor puede
recurrir a las disposiciones del Decreto 1663 de 1994 (artículos 3°, 4° y 10)
que consagra el régimen de libertad de competencia en materia de prestación de
servicios de salud. Según estas normas -en consonancia con el artículo 11-1 del
Decreto 2153 de 1992-, corresponde a la Superintendencia de Industria y
Comercio, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud, el
conocimiento y sanción de aquellas conductas que deriven en prácticas
restrictivas de la competencia o constituyen abuso de posición dominante.
28. Por providencia
de abril 10 de 1996, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla tuteló los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y al trabajo del médico Francisco Sales Sales y, en consecuencia,
ordenó a ASOGA abstenerse de impartir instrucciones -a sus afiliados o a
terceros- que pudiesen llegar a significar una limitación al derecho al trabajo
del actor.
El Tribunal
consideró que los avisos publicados en "El Heraldo" no constituían
una amenaza al derecho a la intimidad, al buen nombre o a la honra del actor,
toda vez que "la Asociación recomiende a la comunidad acudir a sus
afiliados, en nada demerita la reputación que pueda tener el Dr. Sales como
médico ante los demás, esto es con la buena opinión y fama adquirida por la
virtud y el méritos". De igual forma, "siendo una realidad la
desvinculación del accionante de la asociación y no apareciendo prueba que
demuestre que su exclusión de los directorios médicos abiertos no se haya
producido, mal pueden considerarse vulnerados sus derechos a la intimidad y al
buen nombre".
Sin embargo, el
fallador de primera instancia estimó que las actuaciones de ASOGA vulneraban lo
dispuesto en los artículos 26 y 39 de la Carta, que determinan que la
estructura interna y el funcionamiento de los colegios profesionales, los
sindicatos y las asociaciones gremiales deben ser democráticos. En efecto, el
Tribunal consideró que "si un profesional opta por ejercer o desistir del
derecho de asociación, no hay lugar a que sea sancionado, o vetado, por
aquellos que prefieren seguir asociados. Un veto por tal razón desconocería el
derecho a disentir, que se ampara bajo la libertad de conciencia, libertad de
expresión y de opinión".
Opinó que
"poner talanqueras al libre ejercicio de una profesión por quien ha
decidido no ejercer su derecho de asociación, limitando su trabajo o
dificultándolo contraría lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta".
El juzgador de
primera instancia indicó que los medios de defensa judiciales contenidos en el
procedimiento civil no garantizan la protección inmediata, eficaz y completa de
sus derechos y, por ello, la acción de tutela es el mecanismo adecuado para la
solución del conflicto planteado. En torno a este punto, el Tribunal manifestó
que "ante la irresistible presión de la asociación, que para mantener la
'unidad' de sus afiliados no sólo lo hizo firmar un acta de compromiso sino también
un pagaré por doscientos salarios mínimos mensuales y con fecha de vencimiento
'indefinido', convirtiendo ilegalmente en 'imprescriptible' el ejercicio de la
acción cambiaria, resulta claro que el medio más eficaz es el escogido por el
accionante, esto es, la tutela constitucional". Por otra parte, el a-quo
opinó que "la posibilidad de accionar alegando competencia desleal no
aparece clara, por cuanto -conforme al ordinal 5° del artículo 23 del C. de
Co.- la prestación de servicios inherentes a una profesión liberal como la
medicina no es de por sí un acto u operación mercantil".
28.1. El magistrado
Miguel Angel Salcedo Arrieta salvó el voto, en los mismos términos expuestos en
su salvamento de voto a la sentencia por medio de la cual esa Sala decidió la acción
de tutela interpuesta por los pediatras expulsados de la Sociedad de Pediatría
del Atlántico (ver supra N° 6).
28.2. El apoderado
de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico impugnó el fallo de
primera instancia y, en consecuencia, solicitó su revocatoria por parte de la
Corte Suprema de Justicia.
28.3. Mediante
sentencia de mayo 16 de 1996, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión de primera instancia.
En primer lugar, la
Corte observó que las distintas actuaciones de la asociación demandada se
produjeron con ocasión de la renuncia del actor a la misma y, por ello,
"mal hizo ASOGA, en comunicar a los diferentes organismos, públicos y
privados, las consecuencias nocivas de un presunto incumplimiento de las normas
estatutarias, respecto de un profesional de la especialidad que se desvinculó
por tal, sino por una causa totalmente diferente. Está bien que la parte
accionada se hubiere limitado a informar escuetamente el hecho de la renuncia,
nada más; lo censurable es su complemento y la solicitud deprecada
finalmente".
En este sentido, el ad-quem
estimó que el envío de comunicaciones a los laboratorios y a los directores y
gerentes de empresas de medicina prepagada y de seguros de salud, constituían
conductas discriminatorias que "no tienen ninguna justificación objetiva
desconocen el derecho fundamental a la igualdad y dejan en entredicho otras
garantías individuales de contenido supralegal, como el derecho al trabajo y el
derecho al libre ejercicio de la profesión médica, amén de que fueron
observadas frente a un profesional de la medicina que por haber renunciado
voluntariamente a pertenecer a la Asociación, no el era aplicable sus estatutos
y, por ende, el acta de compromiso".
En relación con la
procedencia de la acción de tutela, el fallador de segunda instancia consideró
que, "si esas prácticas discriminatorias son ejecutadas por una asociación
de profesionales que agrupa a un número considerable de médicos especialistas
en obstetricia y ginecología, es claro que el petente frente a ella se
encuentra en una posición de desventaja a la cual no le es posible repeler de
manera inmediata ni siquiera judicialmente. Esto porque el conflicto deviene de
la aplicación o no de un acta de compromiso al interior de la Asociación y en
relación con cada uno de sus miembros, no entre competidores dentro del mercado
de servicios de salud. Diferente es la situación del accionante, no como
asociado, frente a otras personas , naturales o jurídicas, o éstas frente a
aquel, que por competir en dicho mercado llevan a cabo actos o acuerdos
contrarios a la libre competencia (artículos 5° y 6° del Decreto 1663 de 1994).
Pero en el eventual caso de proceder un proceso ordinario el contenido de la
pretensión sería netamente indemnizatoria y no tendría la virtud, desde el
punto de vista temporal, de retrotraer las cosas al estado anterior a las
comunicaciones y publicaciones".
Por último, la Corte
determinó que, las publicaciones efectuadas por la asociación demandada en
"El Heraldo", no vulneran los derechos a la intimidad, al buen nombre
o a la honra, como quiera que, "en modo alguno desacreditan ni siquiera
soterradamente la condición personal y profesional del petente".
V. Expedientes
T-99235 , T-99226 y T-99839: Francisco Sales Puccini, José Fuscaldo Quintero,
Alejandro Gentile Herazo y Francisco Sales Sales contra la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico
29. El día 18 de
marzo de 1996, los médicos Francisco Sales Puccini, José Fuscaldo Quintero,
Alejandro Gentile Herazo y Francisco Sales Sales, interpusieron acción de
tutela contra la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico
-SARAT-, ante la Sala Civil (Francisco Sales Puccini, José Fuscaldo Quintero y
Alejandro Gentile Herazo) y la Sala Penal (Francisco Sales Sales) del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por considerar que la
mencionada asociación violó su derecho fundamental al trabajo (C.P., artículo
25).
Los actores
manifestaron que, como consecuencia de su renuncia a la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico y la Asociación de Sociedades Médicas
del Atlántico, la sociedad demandada, mediante actas adoptadas por la Asamblea
General Extraordinaria los días 10 de noviembre de 1995 y 9 de febrero de 1996,
impartió instrucciones a sus asociados en el sentido de no suministrar el
servicio de anestesiología a sus pacientes. Según los demandantes, esta
decisión fue tomada por solicitud expresa de la Asociación de Obstetricia y
Ginecología del Atlántico y de la Asociación de Sociedades Médicas del
Atlántico, en razón de "estar ejerciendo libremente (nuestra) especialidad
en las entidades que así (nos) lo soliciten de seguir prestando (nuestros) servicios
profesionales sin ningún tipo de restricción de tipo gremial o
estatutaria".
A juicio de los
actores, esta situación les ha ocasionado un "trastorno laboral",
toda vez que sus colegas anestesiólogos no les pueden colaborar en las
cirugías, ni tampoco pueden realizar interconsultas o valoraciones
pre-quirúrgicas a sus pacientes. Opinan los demandantes que, si bien no existe
entre ellos y SARAT una relación de tipo contractual, de hecho sí se encuentran
vinculados, como quiera que sus labores de ginecología y obstetricia, en
aquellos procedimientos de tipo quirúrgico, se encuentran supeditadas a la
colaboración de los médicos anestesiólogos.
Por estas razones,
los actores solicitaron les fuera tutelado su derecho fundamental al trabajo y,
en consecuencia, se ordenara a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del
Atlántico la prestación del servicio de anestesiología a todos sus pacientes.
Manifestaron, igualmente, que la colaboración de los anestesiólogos es un
"requisito sine qua-non" para poder desarrollar sus
actividades como médicos cirujanos. Anotaron que "sin este especialista no
(podríamos) desarrollar el objeto profesional de (nuestras) carrera(s), de
(nuestro) trabajo, el cual sería seriamente vulnerado para poder subsistir como
ser(es) humano(s) y como cabeza(s) de familia, ya que, (nuestra) remuneración e
ingresos depende exclusivamente de esta actividad profesional, lo mismo que
repercutiría negativamente ante (nuestros) pacientes, poniendo en peligro el
Derecho primario y elemental como lo es el del Derecho a la Vida de
estos".
30. En su
declaración rendida ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, el presidente de la Sociedad de Anestesiología y
Reanimación del Atlántico relató, en primer lugar, los pormenores del
movimiento reivindicatorio que las asociaciones médicas de esa ciudad han
llevado a cabo frente a las empresas de medicina prepagada, con el fin de
lograr mejores niveles de remuneración y cuadros médicos abiertos y
democráticos.
Manifestó que, con
la finalidad de apoyar este movimiento, el 10 de noviembre de 1995, la Asamblea
General de la agremiación que preside decidió sugerir a los asociados que, como
muestra de solidaridad al movimiento médico, no prestaran el servicio de
anestesia a aquellos colegas que hubiesen abandonado el mencionado movimiento.
En relación con los actores, el declarante precisó que, "los afiliados y
asambleístas de SARAT consideraron, en ese entonces, (...), que había existido
una traición a unos principios, a unas convicciones de ética y de compromiso
reivindicatorio médico, cosa que respetando la decisión particular de cada
quien y aún los lazos de amistad la Asamblea estaba en contra de la decisión
adoptada por los médicos que decidieron abandonar el movimiento y se creó una
especie de distanciamiento entre los especialistas. Lógicamente que cada
persona es libre para trabajar siempre y cuando no sea una urgencia
(...)".
El presidente de
SARAT aclaró que, la decisión adoptada por la Asamblea General el 10 de
noviembre de 1995, no constituía una imposición a los asociados sino una simple
sugerencia. Tanto es así que algunos anestesiólogos han prestado sus servicios
-no sólo en casos de urgencia- a algunos especialistas disidentes del
movimiento médico, y, sin embargo, la Asociación no ha tomado ningún tipo de
represalia en su contra.
31. Tres médicos
anestesiólogos, afiliados a SARAT, en sus testimonios ante la Sala Civil del
Tribunal de Barranquilla, expusieron que, en una de las Asambleas Generales de
la agremiación, se les solicitó a los asociados restringir totalmente las
anestesias electivas o programadas a los médicos disidentes del movimiento que
busca una mejora en las condiciones de prestación de los servicios médicos a
las entidades de medicina prepagada, suministrando exclusivamente el servicio
profesional en caso de urgencia.
Indicaron que, como
médicos, no están obligados a prestar sus servicios profesionales en cualquier
cirugía ni a cualquier cirujano. En este aspecto, son libres de escoger a quién
y cómo prestan sus servicios, salvo en los casos de urgencia.
Por último,
coincidieron en afirmar que la atención a pacientes de médicos disidentes
podría acarrearles una amonestación por parte de SARAT y, eventualmente, la
expulsión de esta Asociación.
32. En su testimonio
ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Atlántico,
el médico anestesiólogo Eduardo Carballo Ghisays, asociado a SARAT expuso que,
efectivamente, en una de las Asambleas realizadas por esta agremiación se
solicitó a los asociados restringir el servicio de anestesia sólo a los casos
de urgencia, a aquellos médicos que prestaran sus servicios a entidades de
medicina prepagada que no hubieren llegado a acuerdos con las asociaciones
médicas de Barranquilla.
El declarante
manifestó que, en una ocasión, "me llamaron para una cirugía urgente del
Dr. Sales Sales y yo le dí la anestesia para la urgencia, pero muchos médicos
me tacharon, me criticaron porque yo había dado una anestesia para un paciente
que no era de urgencia. A raíz de eso otros médicos me señalaron que yo estaba
dándole anestesia a los esquiroles sin razón de ser". Sin embargo, aclaró
que, por este hecho, hasta el momento no ha sido ni excluido, ni expulsado, ni
citado o amonestado por parte de SARAT.
33. Mediante
apoderado, la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico sometió a
la consideración de las Salas Civil y Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla un escrito de defensa, en el cual precisó que el
argumento esgrimido por los demandantes se basa en un supuesto veto en su
contra -que nunca se dio-, adoptado por la Asamblea General de SARAT el 9 de
febrero de 1996. Lo que en realidad ocurrió fue que esa agremiación, en
respuesta a una petición de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del
Atlántico, decidió -en forma libre, espontánea y unánime- que el servicio de
anestesia sólo se prestaría a los médicos expulsados o que renunciaron a otras
asociaciones médicas en casos de urgencia. A juicio del representante judicial
de SARAT, esta decisión, "está en concordancia con el artículo 7° del
Código de Etica Médica, que institucionalizó el principio de libre ejercicio de
la profesión, consagrado en el artículo 26 de la C.N."
Según el apoderado,
la tutela, es improcedente, toda vez que en el caso concreto, no se presenta
ninguno de los eventos que autorizan la procedencia de esta acción en contra de
particulares. En especial, los demandantes no se encuentran en estado de
subordinación o de indefensión frente a SARAT, como quiera que, por una parte,
no forman parte de esta asociación y, de otro lado, ejercen libremente su
profesión sin interferencias, o coerciones por parte de SARAT.
En relación con la
violación del derecho al trabajo, el escrito de defensa manifiesta que "la
decisión de SARAT, en ninguna de sus partes contiene la prohibición o negación
al derecho del trabajo, ni ha impedido o estorbado su actividad laboral como
persona natural. (...). La decisión de la Asamblea del 9 de febrero, por
petición de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, consistió en que: los
anestesiólogos prestarían al galeno sus servicios únicamente en casos de
urgencias. Del contexto se deriva la existencia de una restricción, mas no una
prohibición, (...). La decisión de los anestesiólogos se hizo con fundamento al
código de ética médica, condensado en la ley 23 de 1981". El apoderado de
la asociación demandada opina que, lejos de constituir un acto violatorio de
derechos fundamentales, la decisión de SARAT es un simple desarrollo del
principio de lealtad médica (Ley 23 de 1981, artículo 29).
Por último, el
representante judicial anota que, en razón de la naturaleza del acto médico, el
cual se funda en el consenso, la identidad de intereses y la afinidad
profesional de los médicos que en él participan, la petición de los actores es
"irresponsable", como quiera que no es lícito coaccionar a los
anestesiólogos a que les presten sus servicios, si éstos no lo desean.
34. Mediante
sentencias de abril 9 de 1996, Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla tuteló el derecho al trabajo de los médicos Francisco
Sales Puccini, José Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile Herazo  y, en
consecuencia, ordenó a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del
Atlántico abstenerse de "impartir instrucciones u órdenes o invalide las
ya impartidas a sus afiliados que signifiquen o puedan significar una
limitación al ejercicio profesional de otros médicos con distinta especialidad”,
específicamente de los doctores demandantes.
En primer lugar, el
Tribunal consideró que la acción de tutela era procedente, como quiera que los
actores se encontraban en situación de indefensión frente a SARAT, en razón de
no disponer de otro medio judicial de defensa. En efecto, "es realidad que
en materia civil, tienen los accionantes, vía para incoar a través de los
trámites del proceso ordinario, las indemnizaciones que ha lugar, no
viabilizándose el abreviado de impugnación a decisiones de asamblea de
accionistas, de que trata el artículo 421 del C. de P.C., puesto que carecen de
legitimación para ello (artículo 191, C.Co.), empero, para obtener un recurso
efectivo que proteja eficazmente sus derechos fundamentales, fuera de toda
duda, solo les queda la acción de tutela".
De otro lado, el
fallador estimó que la proposición de suspender los servicios de anestesia a
los demandantes, salvo en casos de urgencia, adoptada por la asociación
demandada, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
presunción de inocencia y al trabajo. En efecto, "no puede ponerse en
peligro la vida de los asociados, como bien lo expone la Ley 23 de 1981 (Etica
Médica), en su artículo 8° y ello es lo que se pone en juego cuando se aprueba
mayoritariamente, por SARAT, una proposición de tal estirpe, para tomar
posición ante la Asociación de Sociedades Científicas, amén de ir en contravía
del Decreto 1663 de 1994, artículo 4°. Y es que efectivamente, necesitan los
accionantes, del acompañamiento profesional de los Anestesiólogos, para ejercer
su profesión de médicos ginecólogos, en tratándose de valoraciones
pre-quirúrgicas, procedimientos quirúrgicos, interconsultas, etc., por ello, si
se ha renunciado, por su parte, a pertenecer a la Asociación científica de su respectiva
especialidad y a cualquiera otra Asociación, ello no es motivo para que una
propuesta como la aprobada en Asamblea General por SARAT, alcance su actividad
profesional y extienda sus efectos más allá del ámbito que le es propio".
La Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla consideró que, si bien
los motivos de los anestesiólogos en la adopción de las medidas controvertidas
por los actores pueden ser válidos desde el punto de vista gremial, éstos no se
compadecen con los postulados del artículo 39 de la Carta, según el cual la
estructura interna y el funcionamiento de las organizaciones sociales deben
sujetarse "al orden legal y a los principios democráticos", entre los
cuales cabe señalar el derecho a disentir, amparado por la libertad de
conciencia, la libertad de cultos y la libertad de expresión (C.P., artículos
18, 19 y 20).
Por último, el
Tribunal señaló que, "todo ello puede devenir en que aquellas pacientes
que libremente han escogido como ginecólogo (a alguno de los actores) no puedan
ser atendidas por (ellos) y deban acudir a un médico diferente, lo cual supone
la transgresión del artículo 4° del Código de Etica Médica, norma conforme a la
cual 'la asistencia médica se fundamentará en la libre elección del médico, por
parte del paciente'".
34.1. El magistrado
Miguel Angel Salcedo Arrieta salvó el voto, en los mismos términos expuestos en
su salvamento de voto a la sentencia por medio de la cual esa Sala decidió la
acción de tutela interpuesta por los pediatras expulsados de la Sociedad de
Pediatría del Atlántico (ver supra N° 6).
34.2. El apoderado
de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico impugnó el fallo
de primera instancia y, en consecuencia, solicitó su revocatoria por parte de
la Corte Suprema de Justicia.
El impugnante
manifestó que es errónea la apreciación del Tribunal respecto del concepto de
indefensión, toda vez que "los tutelantes no han estado ni están en estado
de indefensión, ellos mismos se encargan de dar un mentis a esa afirmación al
declarar en la tutela: que son profesionales de la medicina que la ejercen
desde sus consultorios 'libremente'. Esto comprueba que su estado no es inerme
o de desamparo, por lo tanto no se puede calificar de indefensión. Son profesionales
que 'ejercen con libertad' por tanto no existe el vínculo de dominación o
sometimiento alegado por ellos. (...). Si ejercen libremente su trabajo, con
independencia, se presume que son autónomos al no depender de otra persona
natural o jurídica".
El representante
judicial de SARAT insistió en que la decisión adoptada por su poderdante no
constituía un veto, sino una "restricción de los servicios de
anestesia" a los casos de urgencia, en defensa del principio de lealtad
médica (Ley 23 de 1981, artículo 29). Igualmente, manifiesta que el fallo de
primera instancia yerra al invocar el artículo 4° de la Ley 23 de 1981
(referente a la libre elección del médico por parte del paciente), toda vez
que, en el presente caso, no se trata de la mutilación de la libertad de los
pacientes para escoger a sus médicos, sino de una relación entre médicos donde
los pacientes nada tienen que ver.
Por otro lado, el
apoderado de la sociedad demandada manifestó que, "la valoración de la
actuación ilegal debe hacerse por los medios establecidos en los artículos 10 y
11 del decreto 1663 de 1994, más no por una acción de tutela que está
establecida en el artículo 86 de la C.N. reglamentada en el decreto 2591 de
1991, instituida para eventos suigéneris y taxativos. Motivos ostensibles que
tenía la Sala para no tramitar la tutela y declararla improcedente".
Según el impugnante,
el derecho al trabajo de los médicos demandantes no se ha visto afectado, como
quiera que éstos han recibido el servicio de anestesia en cirugías de urgencia
y programadas, lo cual puede ser certificado por varias clínicas de
Barranquilla. Reiteró que los actores no han sido vetados como médicos o como
personas, toda vez que la proposición aprobada por SARAT se tomó con base en el
artículo 7° del Código de Etica Médica, mediante una decisión de carácter
general que, por otro lado, nunca se ejecutó.
Por último, el
representante judicial de la asociación demandada anotó que el fallo de primera
instancia "se ancló en hechos inexistentes, en simples conjeturas o
imaginaciones del tutelante".
34.3. Mediante
sentencias de mayo 14 y 17 de 1996, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia confirmó los fallos de primera instancia.
Para adoptar esta
decisión, la Corte estimó, en primer lugar, que la acción de tutela sí era
procedente, toda vez que "los accionantes carecen de un medio de defensa
judicial para oponerse a la aplicación de tal decisión que tiene, por lo demás
carácter obligatorio para sus miembros y que, incluso, les acarrea a quienes no
la acaten la expulsión de la sociedad, (...), pues en el caso de que se trata
no se está en presencia de un mero asunto de competencia desleal sino frente a
una restricción ilegítima al ejercicio profesional de los accionantes, pues
éstos requieren el apoyo de los anestesiólogos para la realización de su
trabajo. Con tal restricción se establece una discriminación inaceptable desde
el punto de vista constitucional, ello aparte de que a los médicos sólo les es
permitido excusarse de la prestación de sus servicios profesionales en los
casos taxativamente señalados por el artículo 7° de la ley 23 de 1981, siempre
y cuando no se trate de situaciones de urgencia, esto es cuando no correspondan
a su especialidad, cuando el paciente reciba atención de otro profesional que
excluya la suya o cuando el enfermo rehuse cumplir las indicaciones
prescritas".
Según la Corte,
"si la institución contra la que se dirige la presente acción considera
que quienes se apartan del movimiento que se viene adelantando para mejorar las
condiciones de trabajo de sus miembros frente a las entidades que prestan el
servicio de medicina prepagada, incurren en deslealtad y afectan la libre
competencia del mercado profesional, bien puede acudir a las acciones
pertinentes para cuyo ejercicio está expresamente legitimada por el artículo 21
de la Ley 256 de 1996 y no estableciendo restricciones no razonables y
desproporcionadas al ejercicio profesional de sus asociados, lesionando
directamente el derecho al trabajo de terceras personas que no apoyan sus
aspiraciones gremiales y, frente a las cuales, dicho sea de paso, la sociedad
en cuestión carece por entero de poder sancionatorio, pues los accionantes no
forman parte de la misma".
35. Mediante
sentencia de abril 10 de 1996, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla decidió no tutelar el derecho al trabajo del médico
Francisco Sales Sales.
A partir de un
análisis de las actas de las Asambleas Generales de noviembre 10 de 1995 y de
febrero 9 de 1996, el juzgador de primera instancia manifestó  que "no es
cierto que en las Asambleas anteriormente examinadas exista constancia de que
se hubiera aprobado veto alguno contra el solicitante de tutela ni de que se le
hubiese mencionado siquiera".
Para finalizar, el
fallador afirmó que "habiendo tratado de escudriñar en la búsqueda de
acción u omisión lesionadora, ello ha sido infructuoso. Se ha seguido,
tentativamente, el sendero probatorio que el mismo peticionario insinuó porque,
quién sino él, conocedor de la situación que lo agobia, según ha manifestado,
podía saber los medios de pruebas que contenían la información adecuada para
generar la certeza, pero, como se ha visto, ello no ha sido posible, o, todo se
debió a una impresión equivocada del doctor Francisco Sales Sales, quien como
se ha dejado establecido con antelación tiene los mismos derechos que los otros
profesionales, aso sí, con los naturales avatares de cualquier profesional
'liberal' en un medio como el de un estado social de derecho montado sobre una
estructura de libre empresa".
35.1. El actor
impugnó el fallo de primera instancia y, por ende, solicitó su revocatoria por
parte de la Corte Suprema de Justicia.
En primer lugar, el
impugnante señaló que "así como no se pueden imponer a los médicos
obligaciones profesionales a las previstas por la ley, tampoco se les pueden
colocar obstáculos, o vetos al libre ejercicio de su profesión so pretexto de
respaldar a otra organización gremial a conservar su unidad".
De otro lado, el
demandante indicó que, si bien del conjunto probatorio se concluye que su
nombre no se encuentra consignado en las actas de la Asambleas Generales de
SARAT, no es menos cierto que éste sí aparece en los comunicados de la
Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico -ASOGA-, en los cuales se
informa a la opinión pública que él ya no pertenece a esa Asociación. En
opinión del actor, SARAT lo ha sometido, como consecuencia de su desvinculación
a ASOGA, a un "tratamiento forzoso y discriminatorio que atenta no sólo contra
su derecho fundamental al trabajo, que invoco en esta acción, sino contra el
derecho sagrado a la vida que ostenta el paciente que resulta directamente
perjudicado en su integridad por la injusta causa antes anotada (...)".
A juicio del
recurrente, "se vulnera entonces el Derecho al ejercicio de mi Profesión
como Ginecólogo, por el solo hecho de manifestar mi voluntad de no seguir
asociado, ya que para desarrollar mi especialidad, necesito del acompañamiento
del médico anestesiólogo tratándose de valoraciones pre-quirúrgicas,
procedimientos quirúrgicos, interconsultas, etc. Y por ello, no es motivo o
causal para que una propuesta como la aprobada en la Asamblea General de los
Anestesiólogos, alcance y lesione mi actividad profesional y extienda sus efectos
más allá del ámbito que le es propio".
De otro lado, el
impugnante manifestó que "la asociación no es un deber, sino un derecho.
Si se opta por no ejercer o desistir del citado derecho, no hay lugar a ser
sancionado, o vetado, por quienes prefieren seguir asociados".
Por último, anotó
que las actuaciones llevadas a cabo por SARAT no sólo vulneran su derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas sino que, además, ponen en peligro la
vida de aquellos pacientes que requieran ser sometidos a procedimientos
quirúrgicos que, en razón de la falta de colaboración de los anestesiólogos, no
pueden ser llevados a cabo. Así mismo, esta falta de colaboración de los
anestesiólogos contravienen el principio consagrado en el artículo 4° de la Ley
23 de 1981 , según el cual "la asistencia médica se fundamentará en la
libre elección del médico por parte del paciente".
35.2. Mediante
sentencia de mayo 22 de 1996, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo de primera instancia.
Para adoptar esta
decisión, la Corte estimó, por una parte, que el actor tenía a su disposición
otros medios expeditos de defensa judicial para manifestar su inconformidad con
la decisiones adoptadas por SARAT en sus asambleas del 10 de noviembre de 1995
y del 9 de febrero de 1996. En efecto, el procedimiento abreviado, consagrado
en el artículo 408-6 del Código de Procedimiento Civil, es la vía adecuada para
controvertir las decisiones de la asociación demandada.
De otro lado, el ad-quem
manifestó que, en el presente caso, "no se está frente a una
vulneración fáctica demostrada, (...), pues de acuerdo con los medios de
comprobación obrantes en el proceso no existe certeza sobre el presunto 'veto'
o 'restricción' que según el actor asumió en su contra la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico, toda vez que -como bien lo
advirtió el Tribunal-, en las cuestionadas asambleas no hace alusión a su
nombre".
36. Mediante autos
fechados el 1° y el 9 de octubre de 1996, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional ordenó las siguientes pruebas:
- Ordenó a la
Ministra de Salud y al Superintendente Nacional de Salud que respondieran
Tutela los siguientes interrogantes: (1) ¿Qué procedimiento deben observar las
Entidades Promotoras de Salud para seleccionar los profesionales que integrarán
sus cuadros médicos?; (2) ¿Con base en qué causales puede una Entidad Promotora
de Salud retirar a un profesional que forma parte de sus cuadros médicos?; (3)
¿Puede legítimamente una Entidad Promotora de Salud retirar a un profesional
que forma parte de sus cuadros médicos por exigencia de la asociación de
especialidad médica a la que éste pertenece?
- Ordenó a
los representantes legales de las Entidades Promotoras de Salud Medisalud,
Bonsalud, Colsanitas, Humana, Colseguros, Seguros Bolívar, Nacional de Seguros,
Medisanitas, Saludcoop y Coomeva de Barranquilla que respondieran las
siguientes preguntas: (1) ¿Mediante qué procedimiento la Entidad Promotora de
Salud que usted representa selecciona los profesionales que harán parte de sus
cuadros médicos?; (2)  ¿Para vincular a un médico a la Entidad Promotora de
Salud que usted representa se requiere que éste forme parte de alguna de las
asociaciones de especialidades médicas del Departamento del Atlántico?; (3)
¿Existe algún tipo de relación contractual entre la Entidad Promotora de Salud
que usted representa y la Sociedad de Pediatría del Atlántico, la Sociedad de
Ginecología y Obstetricia del Atlántico, la Sociedad de Endoscopia Digestiva
del Atlántico y/o la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico?;
(4) ¿La expulsión o renuncia de un médico vinculado a alguna de las sociedades
mencionadas en la pregunta anterior tiene algún efecto en la relación entre la
Entidad Promotora de Salud que usted representa y el respectivo médico?; (5)
¿Qué tipo de eventualidades posibilitan la exclusión de un médico de los
cuadros médicos de la Entidad Promotora de Salud que usted representa? ¿Con
base en qué normatividad se lleva a cabo la mencionada exclusión?; (6) Los
médicos demandantes: ¿Formaban parte de los cuadros médicos de la Entidad
Promotora de Salud que usted representa? En caso afirmativo, ¿Alguno de éstos
profesionales fue retirado de sus cuadros médicos? Si así fue, ¿Por qué motivo
y en qué fecha?
- Ordenó a
los representantes legales de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, de la
Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico y de la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico que respondieran a esta Sala de Tutela
los siguientes interrogantes: (1) ¿Cuál es el porcentaje de médicos
especializados que practican en el Departamento del Atlántico vinculados a la
asociación que usted representa?; (2) ¿Existe en el departamento del Atlántico
alguna otra asociación de la misma naturaleza de la que usted representa?; (3)
¿Cuál es la relación de la asociación que usted representa con las otras
asociaciones demandadas?; (4) ¿Qué medidas adopta la asociación que usted
representa frente a aquellos médicos, miembros de la misma, que deciden desvincularse
o son expulsados de ella?; (5) ¿Cuál es el fundamento constitucional, legal o
estatutario que sustenta la adopción de tales medidas?; (6) ¿La firma del acta
de compromiso entre la asociación que usted representa y los médicos vinculados
a la misma, es un acto voluntario de cada médico o es una obligación que éste
debe cumplir independientemente de su voluntad al respecto? ¿Las estipulaciones
contenidas en esta acta de compromiso son aplicables a los médicos que se
retiran voluntariamente de la asociación? En caso afirmativo, ¿Porqué?; (7) ¿La
asociación que usted representa ha adoptado algún tipo de medida frente a los
médicos actores en el presente proceso de tutela? En caso de responder
afirmativamente, ¿En qué fecha, por cuáles motivos y mediante qué procedimiento
fueron impuestas las anotadas medidas? ¿Alguna de estas medidas ha sido
revocada con posterioridad?; (8) ¿Qué repercusiones le acarrea a un médico
vinculado a la asociación que usted representa el hecho de apartarse de las
directivas fijadas por la asociación en materia de relación con las Entidades
Promotoras de Salud?; (9) ¿La asociación que usted representa se ha dirigido a
la Sociedad de Anestesiología del Atlántico o a alguna otra sociedad de
especialidad médica, con el fin de solicitarle que no preste sus servicios a
los médicos actores en el presente proceso de tutela?; (10) ¿La asociación que
usted representa ha exigido a alguna de las Entidades Promotoras de Salud del
Departamento del Atlántico la exclusión retiro de sus cuadros médicos de los
médicos actores en el presente proceso de tutela? En caso afirmativo sírvase
remitir copia de las comunicaciones en las cuales la mencionada exclusión se
solicita.
- Ordenó al
representante legal de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del
Atlántico que respondiera los siguientes interrogantes: (1) ¿Cuál es el
porcentaje de médicos especializados que practican en el Departamento del
Atlántico vinculados a la asociación que usted representa?; (2) ¿Existe en el
departamento del Atlántico alguna otra asociación de la misma naturaleza de la
que usted representa?; (3) ¿Cuál es la relación de la asociación que usted
representa con la Sociedad de Pediatría del Atlántico, con la Asociación de
Ginecología y Obstetricia del Atlántico y con la Asociación de Endoscopia
Digestiva del Atlántico?; (4) ¿Qué medidas adopta la asociación que usted
representa frente a aquellos médicos, miembros de la misma, que deciden
desvincularse o son expulsados de ella?; (5) ¿Cuál es el fundamento
constitucional, legal o estatutario que sustenta la adopción de tales medidas?;
(6) ¿La asociación que usted representa ha adoptado algún tipo de medida frente
a los médicos demandantes? En caso de responder afirmativamente, ¿En qué fecha,
por cuáles motivos y mediante qué procedimiento fueron impuestas las anotadas
medidas? ¿Alguna de estas medidas ha sido revocada con posterioridad?; (7) ¿Qué
repercusiones le acarrea a un médico vinculado a la asociación que usted
representa el hecho de apartarse de las directivas fijadas por la asociación o
de las decisiones adoptadas en Asamblea General o Junta Directiva?; (8) ¿Ha
recibido alguna comunicación proveniente de la Sociedad de Pediatría del
Atlántico, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico y/o de
la Asociación de Endoscopia Digestiva del Atlántico en la cual se solicite la
colaboración y solidaridad de los miembros pertenecientes a la Asociación que
usted representa, en el sentido de que les sea retirado el colegaje a los
médicos demandantes? En caso afirmativo, ¿Qué medidas ha adoptado la Asociación
que usted representa frente a los médicos antes mencionados?
- Ordenó al
representante legal de la Asociación de Sociedades Científicas del Atlántico
que respondiera Tutela los siguientes interrogantes: (1) ¿Está usted al tanto
de la problemática que dio lugar a la presente acción de tutela?; (2) En caso
de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Qué medidas ha
adoptado la asociación que usted representa frente a la mencionada
problemática? En especial, ¿La asociación que usted representa ha adoptado
algún tipo de medida frente a los médicos demandantes? ¿Qué porcentaje de los
médicos especializados que laboran en el Departamento del Atlántico se
encuentra vinculado directa o indirectamente a la asociación que usted
representa?
- Ordenó a los
representantes legales de los laboratorios Bussié, Distrito Laboratorio Bayer y
Distrito Laboratorio Specia de Barranquilla que  respondieran los siguientes
interrogantes: (1) ¿El laboratorio que usted representa ha recibido algún tipo
de comunicación, remitida por la Sociedad de Pediatría del Atlántico, la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Atlántico, la Sociedad de Endoscopia
Digestiva del Atlántico y/o la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico,
en la cual se le solicite no prestar sus servicios a los médicos demandantes?;
(2) ¿Qué efectos produce una comunicación como la señalada en la pregunta
anterior?; (3) En caso de haber recibido tales comunicaciones, ¿Pueden ser
éstas  consideradas como una práctica habitual?
- Ordenó a
los representantes legales de las clínicas Asunción, Bautista, del Caribe y
Santa Mónica de Barranquilla que respondieran los siguientes interrogantes: (1)
¿Ha recibido la clínica que usted representa algún tipo de instrucción -verbal
o escrita- por parte de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, la Sociedad de
Ginecología y Obstetricia del Atlántico, la Sociedad de Endoscopia Digestiva
del Atlántico y/o la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico, en
la cual se le solicite no atender los pacientes de los médicos demandantes?;
(2) ¿Qué normatividad sustenta y en qué casos se autoriza la no prestación de
los servicios de la clínica que usted representa a un determinado paciente?
- Ordenó al
Presidente del Tribunal de Etica Médica del Atlántico que respondiera los
siguientes interrogantes: (1) ¿Pueden las asociaciones de especialidades
médicas calificar públicamente que la conducta de un determinado médico es
contraria a la dignidad médica?; (2) ¿El Tribunal que usted preside ha
tramitado o se encuentra tramitando algún proceso o actuación en contra de los
médicos demandantes o en contra de los representantes legales o miembros de la
junta directiva de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, la Sociedad de
Ginecología y Obstetricia del Atlántico, la Sociedad de Endoscopia Digestiva
del Atlántico y/o la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico?
- Ordenó a los
representantes legales de Corelca, Intercor y Electrificadora del Atlántico que
respondieran los siguientes interrogantes: (1) a) ¿Existe algún tipo de
relación contractual entre la entidad que usted representa y la Sociedad de
Pediatría del Atlántico, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del
Atlántico, la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico y/o la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico?; (2) ¿Qué ocurre si un médico que
venía prestando sus servicios a la entidad que usted representa es expulsado o
renuncia a la asociación de especialidad médica a la cual se encontraba
vinculado?; (3) ¿Ha recibido alguna comunicación de la Sociedad de Pediatría
del Atlántico, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Atlántico, de la
Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico y/o de la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico, en la cual se le solicite
prescindir de los servicios de los médicos demandantes? En caso afirmativo,
¿Qué consecuencias acarrea una solicitud en el sentido antes señalado?
FUNDAMENTOS
Pretensiones de
los demandantes y sentencias objeto de revisión
1. A partir de 1995,
se viene produciendo en la ciudad de Barranquilla un proceso de negociación
entre las asociaciones médicas por especialidades -a las cuales pertenecían los
actores- y algunas empresas intermediarias del mercado de los servicios de
salud (empresas promotoras de salud, compañías aseguradoras etc.). El objetivo
de las asociaciones médicas es el de lograr, por una parte, que las empresas
intermediarias amplíen sus cuadros médicos, lo cual, a su turno, garantiza el derecho
de los pacientes a escoger el médico de su predilección. De otro lado, el
anotado proceso de negociación pretende concertar el monto y la forma de pago
de los servicios que los médicos habrían de prestar a las personas afiliadas a
cada una de las empresas intermediarias.
A fin de alcanzar
los propósitos anotados, los médicos decidieron suscribir, en cada asociación,
un “acta de compromiso” que consagra la prohibición de atender pacientes
afiliados a empresas con las cuales la asociación médica respectiva no hubiese
llegado a un acuerdo. En caso de incumplimiento de esta obligación, se
establecieron las siguientes sanciones: (1) la expulsión de la asociación a la
que pertenezca el respectivo médico; (2) la publicación, en las primeras
páginas de la prensa nacional y local, de la expulsión y su correspondiente
motivación; (3) la solicitud, a las empresas con las cuales se hubiese
alcanzado un acuerdo, para que excluyeran de sus cuadros médicos y se
abstuvieran de contratar los servicios del médico expulsado; (4) el cobro de
una multa por un monto que oscila - según cada asociación - entre 200 y 500
salarios mínimos legales vigentes, garantizada a través de la firma de un
pagaré a favor de la asociación médica respectiva.
2. Todos los actores
firmaron, en su momento, la mencionada acta de compromiso que, a su turno, se
elevó, en algunas asociaciones, a reforma estatutaria. Posteriormente cinco de
ellos fueron expulsados de las asociaciones a las cuales pertenecían por haber
incumplido, según éstas, la mencionada acta. Los otros cuatro demandantes
renunciaron a la correspondiente asociación, motivados, de una u otra forma,
por las disposiciones estatutarias antes anotadas. Sin embargo, a todos les
fueron aplicadas las sanciones consagradas en el  acuerdo estipulado. Incluso,
en algunos casos, las medidas adoptadas por las asociaciones médicas superaron
las meramente establecidas en el acta de compromiso. Así, por ejemplo, algunas
asociaciones solicitaron a los laboratorios farmacéuticos que suspendieran sus
servicios a los médicos disidentes y,  a las otras asociaciones, que dieran
instrucciones a sus asociados en el sentido de suspender - salvo en casos de
urgencia - los servicios de interconsulta y asistencia profesional a dichos
profesionales.
Del análisis de las
acciones acumuladas, puede inferirse que los actores consideran que las
asociaciones a las cuales pertenecían vulneraron, a través de los actos que
adelante se describen, sus derechos fundamentales.
(1) En primer lugar,
algunos de los demandantes, cuestionan la constitucionalidad del acta de
compromiso, pues consideran que resulta inaplicable en la medida en que
consagra la imposición de sanciones por la comisión de conductas que sólo
implican el ejercicio legitimo de derechos fundamentales. A juicio de algunos
actores de las acciones estudiadas, en la mencionada acta los médicos
renunciaron a derechos irrenunciables - como el derecho al trabajo - y, por lo
tanto, sus estipulaciones deben ser tenidas como no escritas.
(2) En segundo término,
los médicos expulsados alegan que les fueron vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de asociación, toda vez que la expulsión se
decidió sin haber atendido las mínimas garantías de defensa. Indican, entre
otras cosas, que no fueron escuchados en descargos y que su caso no fue objeto
de investigación alguna, tendente a dilucidar la realidad de los hechos.
(3) A su turno, los
profesionales que renunciaron y fueron objeto de las sanciones establecidas en
el acta de compromiso correspondiente a la asociación a la cual pertenecían,
alegan la violación de su derecho fundamental de asociación. Consideran que la
decisión de desvincularse no puede tener como consecuencia la aplicación de las
sanciones contenidas en el compromiso.
(4) De otra parte,
cuestionan el cobro de la multa, toda vez que, a su juicio, éste afecta su
derecho al trabajo.
(5) Indican que las
comunicaciones remitidas por las asociaciones médicas a las compañías
promotoras de servicios de salud, a las clínicas, a los laboratorios
farmacéuticos y a los diarios, en las cuales les notifican sobre la respectiva
desvinculación y les solicitan, respectivamente, la exclusión de sus cuadros
médicos y la suspensión de los servicios profesionales, violan la igualdad, el
derecho al trabajo, a la honra y al buen nombre, así como el derecho a la salud
de sus pacientes.
(6) Por último,
señalan que la suspensión - salvo en casos de urgencia - de los servicios de
colegaje e interconsulta y, en general, de los servicios profesionales que prestan
otros médicos especialistas, afecta su derecho al trabajo y el derecho a la
salud de sus pacientes. En especial se refieren a la necesidad de contar con
los servicios de los médicos anestesiólogos para poder ejercer su profesión.
En suma, los galenos
advierten que de no suspenderse prontamente las medidas que están adoptando las
asociaciones médicas, no les quedara otro remedio que “exiliarse” de
Barranquilla por imposibilidad de ejercer su profesión.
Como consecuencia de
lo anterior, algunos de los actores solicitaron ser reintegrados a la
respectiva sociedad. Las restantes solicitudes se orientan fundamentalmente a
demandar: (1) la devolución del pagaré, firmado para respaldar el acta de
compromiso; (2) la comunicación, a las empresas intermediarias de servicios de
salud (EPS's, aseguradoras, etc.) y a las clínicas y laboratorios, acerca de su
reintegro a las respectivas asociaciones, la cual debería tener como efecto que
se les vuelva a incluir en los cuadros médicos y que se les presten todos los servicios
en condiciones de igualdad; (3) que se rectifique la información publicada en
los periódicos indicando que las respectivas asociaciones los han reintegrado y
que no tienen ninguna queja ética ni profesional respecto de su comportamiento;
(4) que se restablezca integralmente la colaboración profesional y los
servicios de interconsulta, especialmente por parte de los anestesiólogos; y,
(5) que se les reconozca la condigna indemnización de perjuicios.
3. Por su parte, los
representantes de las asociaciones demandadas consideran, en síntesis, lo
siguiente: (1) que la acción de tutela es improcedente, toda vez que existen
otros medios de defensa judicial y no se presenta un perjuicio irremediable. A
su juicio, el presente caso revela un típico problema contractual, en el cual
se debaten, exclusivamente, derechos de origen y alcance legal; (2) que todas y
cada una de las medidas adoptadas por las asociaciones constituyen la
consecuencia lógica de la aplicación de las sanciones derivadas del incumplimiento
del acta de compromiso, la cual fue suscrita por los actores en forma
voluntaria y consciente; (3) que no se puede alegar violación del derecho al
trabajo, como quiera que los actores han monopolizado la atención de los
pacientes afiliados a las compañías promotoras de salud con las cuales las
asociaciones médicas no han alcanzado un acuerdo; (4) que la solicitud elevada
por las asociaciones médicas ante las empresas intermediarias de salud con las
cuales se ha llegado a acuerdos, dirigida a que éstas excluyan a los médicos
sancionados de sus cuadros profesionales, es legítima, como quiera que quienes
no pertenecen a la asociación no tienen derecho a beneficiarse de los logros
que ésta alcance; (5) que las publicaciones de prensa en las que se informa que
los actores fueron expulsados puede, eventualmente, ser imprecisa cuando no se
señala el motivo de la expulsión, pero, en ningún caso, es inexacta.
4. Cada una de las
once acciones de tutela interpuestas por los médicos demandantes fue objeto de
fallo separado.
4.1. Las acciones
decididas en primera instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla y, en segunda instancia, por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia culminaron en decisiones en las
cuales: (1) se admite la procedencia de la acción de tutela, toda vez que, a
juicio del fallador, los actores se encuentran en situación de indefensión
frente a las asociaciones demandadas. Los juzgadores estimaron que el amparo
constitucional procedía como mecanismo transitorio, en razón de la ineptitud de
otros medios judiciales de defensa para restablecer la vulneración de los
derechos fundamentales conculcados. A su juicio, en el caso de autos no son
aplicables las disposiciones del Decreto 1663 de 1994 sobre libre competencia
en el sector de servicios de salud; y, (2) las ordenes de tutela se orientan a
proteger el debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad
y el derecho al trabajo de los actores.
4.2. Por su parte,
las decisiones proferidas, en primera instancia, por las Salas Penal y Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y, en segunda
instancia, por las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, consideran, aunque no en todos los casos por razones coincidentes,
que las acciones impetradas son improcedentes. A juicio de la Sala de Casación
Penal de la Corte - tutela No 2421 -, la acción no puede prosperar en razón de
la inexistencia de alguna de las causales que autorizan su procedencia en
contra de particulares. A juicio de la Sala los actores no se encuentran en
estado de subordinación ni de indefensión. Respecto a esta última, el fallador
consideró que existe otro medio para controvertir las decisiones de las
asociaciones médicas consagrado en los artículos 408-6 y 421 del Código de
Procedimiento Civil. De igual forma, indicó que, para controvertir las
actuaciones que virtualmente pudieren afectar el derecho al trabajo de los
actores, eran idóneas las acciones dirigidas a proteger la libre competencia en
el sector de servicios de salud (Decreto 1663 de 1994) e, incluso, las medidas
cautelares consagradas en la ley 256 de 1996. Adicionalmente indicó que existe
un medio alternativo de control de los actos que afectan la libre competencia,
consistente en el ejercicio de la policía administrativa del Estado, tal y como
lo establece el decreto 2153 de 1992.
En las condiciones
anotadas, compete a la Corte Constitucional definir si las acciones presentadas
son procedentes. Si así lo fueran, la Sala deberá determinar si, con sus
actuaciones, las distintas asociaciones demandadas comprometieron o amenazaron
los derechos fundamentales de los actores.
Estudio sobre la
procedencia de la acción de tutela
5. Corresponde a la
Corporación resolver si procede la acción de tutela impetrada por una persona
que contra la asociación privada a la que pertenecía, en el evento de que las
medidas adoptadas por esta última, como efecto de la desvinculación del actor,
tengan la virtualidad real de afectar el ejercicio de sus derechos
fundamentales en esferas constitucionalmente protegidas, tales como la laboral.
El problema
planteado debe resolverse a la luz de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela en contra de particulares. En estos términos, la Corte deberá
verificar si la persona jurídica contra la cual se interpuso la acción está
encargada de la prestación de un servicio público, tiene la capacidad de
afectar grave y directamente un interés colectivo, o coloca al peticionario en
una situación de subordinación o indefensión (C.P., artículo 86; Decreto 2591
de 1991, artículo 42).
A juicio de la Sala,
resulta claro que las asociaciones privadas demandadas no están encargadas de
la prestación de servicio público alguno, ni ejercen funciones públicas, toda
vez que no se trata de colegios profesionales a los cuales la ley les haya
adscrito facultades de esta naturaleza. En segundo término, podría afirmarse
que, en la medida en que tales asociaciones se han convertido en agentes
importantes dentro del mercado de los servicios de salud, sus actuaciones
pueden afectar grave y directamente el interés colectivo. Ciertamente, las
asociaciones de profesionales de la medicina podrían, eventualmente, generar
problemas de salud pública, si, por ejemplo, reúnen a un número considerable de
médicos y deciden no atender ciertas enfermedades o no administrar determinado
tratamiento urgente para evitar o conjurar una epidemia. Sin embargo, los
hechos del presente caso demuestran que no se trata de procurar la defensa de
derechos fundamentales afectados a través de la amenaza de un daño colectivo.
Por último, resta
analizar si los actores se encuentran en una situación de subordinación o de
indefensión frente a las asociaciones demandadas. De ser así, las acciones que
se estudian resultarían procedentes en virtud de lo dispuesto por los numerales
4° y 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
El alcance de las
acepciones “subordinación” e “indefensión”, sólo puede ser definido atendiendo
a las razones fundamentales que permiten extender el amparo judicial inmediato
de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares. Así mismo,
la prueba de la existencia de alguna de estas dos circunstancias debe ser
analizada en cada caso concreto y no de manera general y abstracta. Estas dos
premisas constituyen el eje central a partir del cual la Sala habrá de realizar
el razonamiento constitucional que exige el presente caso.
6. Según el artículo
4° de la Carta, las normas constitucionales deben ser atendidas por todos los
administradores de justicia, cualquiera sea su competencia y la vía a través de
la cual conozcan de un determinado conflicto. En consecuencia, debe afirmarse
que la Constitución y, dentro de ella, las disposiciones que consagran derechos
fundamentales, son normas que se aplican a las relaciones entre particulares,
sin que ello implique desconocer que éstas se encuentran reguladas, de manera
especial, por el derecho legislado e, incluso, por los acuerdos o contratos
privados.
Sin embargo, en
materia procesal, la Constitución establece que, sólo en algunos eventos,
procede la tutela para defender los derechos fundamentales contra actuaciones u
omisiones de los particulares. Uno de estos eventos es la confirmación, por
parte del juez constitucional, de la situación en la cual el solicitante se
encuentra en una relación de subordinación o de indefensión respecto del
particular que, presuntamente, afecta sus derechos.
Esta excepción a la
regla general, en virtud de la cual los conflictos entre particulares han de
ventilarse, en principio, mediante las acciones que para ello ha dispuesto la
ley - lo cual, en modo alguno, implica que deba desplazarse a la Constitución a
la hora de resolver el respectivo conflicto -, se justifica, fundamentalmente,
en la defensa efectiva de los valores de libertad e igualdad material. En
efecto, la confirmación del hecho según el cual en la sociedad contemporánea
existen grupos de dominación cuyo poder puede eventualmente tornarse
exorbitante apareja, necesariamente, garantías adicionales para que los
individuos que puedan estar sometidos a ese poder no vean afectada su autonomía
por la evidente ruptura de la igualdad.   Una de estas garantías, quizá la más
importante, es la posibilidad que tiene la persona inerme o sometida - jurídica
o fácticamente - al poder social de otra, de solicitar el amparo judicial de
sus derechos constitucionales fundamentales, a través de una vía preferente y
sumaria.
Las expresiones “indefensión”
y “subordinación” aluden a una posición de desigualdad social que, al tener la
virtualidad de comprometer derechos fundamentales, justifica una actuación
inmediata del Estado. En este sentido, las definiciones de estos dos conceptos
sólo serán acertadas si comportan todo el espectro de posibilidades en las
cuales la persona sometida o inerme merece la protección del Estado, sin
incluir aquellos casos en los cuales no existen situaciones de supremacía
social, bien por que no se encuentra realmente comprometida la autonomía del
sujeto, ora por que a su favor militan medios de defensa efectivos que
fortalecen su posición.
En el presente caso,
debe la Corte analizar si la relación que existe entre las asociaciones de
médicos y los actores es una relación de igualdad. Si no fuere así, deberá
identificar si el grado de asimetría es tal que coloca a los actores en
circunstancias de subordinación o de indefensión. Por último, si se llegare a
constatar esta última hipótesis, tendría la Sala que verificar - como requisito
de procedibilidad necesario en toda acción de tutela - si, frente a cada uno de
los actos que los demandantes consideran que ofenden sus derechos
fundamentales, existe un medio alternativo de defensa judicial.
7. Las asociaciones
de profesionales demandadas, tuvieron originalmente una finalidad
exclusivamente científica, sin ánimo de lucro y, en principio, ajena al mercado
de los servicios de salud. Sin embargo, como se deriva claramente de los hechos
que dieron origen a las acciones que se estudian, actualmente dichas
asociaciones constituyen un agente importante dentro de la regulación de este
mercado. En efecto, se han convertido en el vehículo a través del cual los
médicos defienden sus intereses profesionales frente a los intermediarios (EPS,
empresas aseguradoras, etc.) que, en virtud de la nueva reglamentación legal -
en particular de la Ley 100 de 1993 - tienen, cada vez, mayor predominio
económico.
En efecto, las
empresas promotoras de salud, así como las compañías aseguradoras y, en
general, las entidades que operan en el mercado como intermediarias entre la
persona que demanda la prestación del servicio y el profesional capaz de
ofrecerlo, detentan una posición predominante respecto del médico independiente
que, en forma individual, participa en dicho mercado. En este contexto, nada
obsta para que los médicos, en ejercicio del derecho fundamental de asociación,
recurran a formas solidarias y asociativas para regular la oferta de sus
servicios, frente al poder de los intermediarios. En los términos del artículo
38 de la Carta, no puede afirmarse que la conformación de tales asociaciones
profesionales, con el objetivo de defender los intereses económicos de los
médicos - en particular para garantizar el acceso de todos los profesionales al
mercado en igualdad de condiciones y para asegurar una contraprestación digna
-, comporte, en sí misma, una práctica ilegítima.
Resulta obvio
señalar que las asociaciones de profesionales de la medicina tendrán mayor
poder en el mercado, en la medida en que reúnan al mayor numero de médicos. En
estas condiciones, es natural que apelen a prácticas que tornen atractiva la
afiliación y que desestimulen la desafiliación. De otra parte, para asegurar
comportamientos homogéneos, las directivas de las distintas asociaciones pueden
adoptar medidas coercitivas de disciplina interna, que, en principio, en nada
afectan el orden constitucional.
8. Del panorama
descrito, no puede dejar de advertirse que, si, de una parte, a través de las
asociaciones los profesionales adquieren un mayor poder de negociación en el
mercado y, por lo tanto, amplían el radio de su autonomía, de otro lado,
delegan en la agrupación una porción de su libertad. En efecto, al decidir
participar en el proceso de negociación a través de la asociación, están
aceptando, voluntariamente, someterse al poder del grupo. En consecuencia, debe
afirmarse que, entre la asociación y el miembro asociado, existe una relación
de supremacía social.
Atendiendo a la
relación de sujeción que existe entre las asociaciones de profesionales y el
profesional asociado y, especialmente, al poder que, dada la concentración de
la oferta, ejercen el mercado estas agrupaciones, resulta necesario reconocer
que las asociaciones demandadas pueden invadir ciertas órbitas de libertad de
los médicos, que en principio, merecen protección constitucional. Así, por
ejemplo, en razón de la situación de predominio en la que se encuentran, las
asociaciones están en capacidad de afectar, a través de un concierto de medidas
simultáneas y eficaces - como las presiones sobre los laboratorios
farmacéuticos, las clínicas de la ciudad, y, en general, los agentes que
participan de una u otra manera en el mercado de los servicios de salud -, el
ejercicio profesional del médico disidente. En estos eventos, es evidente el
predominio de la asociación respecto del profesional, sin que, en principio,
éste tenga a su alcance un medio que, en forma simultánea y eficaz, pueda
repeler el conjunto de medidas que las asociaciones están en capacidad de adoptar.
Cuando, como en el
caso presente, las situaciones de predominio o supremacía despliegan sus
efectos sobre órbitas constitucionalmente tuteladas de la vida de un individuo
- como la órbita laboral -, disminuyendo radicalmente el ejercicio de su
autonomía, sin que existan medios eficaces para acometer la defensa integral e
inmediata de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, debe afirmarse
que éste se encuentra en situación de indefensión.
9. No obstante lo
anterior, es fundamental aclarar que no todos los actos de las asociaciones
médicas, capaces de afectar, de una u otra manera, la órbita laboral de los
profesionales disidentes, son ilegítimos. Y, aunque así lo fueran, no todos
ellos son susceptibles de control constitucional a través de la acción de
tutela. En consecuencia, para saber si, en eventos como el presente, procede o
no este mecanismo excepcional, resulta necesario estudiar las circunstancias
propias del caso concreto.
En este sentido, es
relevante reiterar que las asociaciones que defienden los intereses económicos
de los médicos especialistas están constitucionalmente autorizadas (C.P. art.
38) para adoptar medidas de disciplina interna que, de ordinario, comportan una
restricción de los derechos de sus asociados. Empero, la situación de
predominio puede determinar la realización de prácticas arbitrarias que
constituyen, entre otros, un abuso del derecho de asociación. En principio, la
controversia sobre la legitimidad de estas medidas debe realizarse al amparo
del derecho legislado, toda vez que es éste y no el derecho constitucional, el
que adscribe derechos y deberes a las personas que constituyen voluntariamente
una asociación de derecho privado y, en general, a los agentes que intervienen
en el mercado. En suma, los comportamientos presuntamente patológicos de la
economía de mercado son, en principio, un problema de orden legal.
Sin embargo, en
situaciones excepcionales, las medidas de fuerza adoptadas por las asociaciones
frente a sus miembros pueden ser ventiladas a través de la acción de tutela. Se
trata, justamente, de aquellos casos en los cuales se comprometen los derechos
fundamentales de los asociados, sin que existan mecanismos de defensa que permitan
una protección alternativa, pronta e integral, de los mismos.  Adicionalmente,
en tratándose de una profesión de cuyo ejercicio depende la garantía de los
derechos fundamentales de terceras personas, resulta claro que las medidas de
las asociaciones tendrán relevancia constitucional en el evento en el cual
éstas afecten los derechos fundamentales de quienes demandan la prestación de
los servicios de salud.
En consecuencia,
resta a la Sala estudiar cada una de las medidas que han adoptado las
asociaciones en contra de los médicos disidentes, a fin de determinar si,
efectivamente, éstas aparejan una transgresión de los derechos fundamentales
cuyo amparo se solicita. Simultáneamente, deberá identificarse, frente a cada
una de dichas medidas, si la acción de tutela es el único medio de defensa
judicial con que cuentan los actores.
La virtual
violación del derecho al trabajo (C.P. art. 25) a través de la firma del acta
de compromiso
10. La problemática
que se plantea alrededor del acta de compromiso suscrita por los actores,
comporta dos aspectos distintos. En primer lugar, determina el análisis de la
prohibición de atender pacientes afiliados a empresas con las cuales la
asociación médica respectiva no hubiese llegado a un acuerdo. En segundo
término, implica el estudio de cada una de las sanciones que se establecen como
consecuencia de la transgresión de la citada prohibición.
Si la proscripción
estudiada fuera, en sí misma, atentatoria de un derecho fundamental, ello
afectaría el correspondiente mandato constitucional, con independencia de las
sanciones que se establecieran como consecuencia de su incumplimiento. Si, por
el contrario, tal proscripción no fuera objeto de reproche constitucional,
restaría estudiar si las sanciones impuestas son, igualmente, respetuosas de
los derechos fundamentales.
A juicio de los
demandantes, la prohibición de ejercer el derecho al trabajo en determinadas
esferas del mercado - con empresas con las cuales las asociaciones no hubieren
llegado a un acuerdo - es inconstitucional. Adicionalmente, indican que las
sanciones que se imponen a quien desconozca esta prohibición son, igualmente,
atentatorias del orden superior. Para los apoderados de las asociaciones
demandadas, el acuerdo es legítimo, se funda en la libre y voluntaria
disposición de las partes (C.P. art. 16) y no conculca derecho fundamental
alguno.
A efectos de una
mayor claridad en el análisis, la Sala estudiará, separadamente, la procedencia
de la acción de tutela frente a cada una de las estipulaciones convencionales.
Bajo este acápite, se limitará a analizar la procedencia de la acción frente a
un acuerdo asociativo a través del cual los asociados se comprometen a no
ejercer, en ciertos ámbitos, el derecho al trabajo (C.P. art. 25).
11. En principio,
las controversias que surjan en torno a decisiones asociativas, como la que
aquí se analiza - deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, a través
de los medios que para ello ha dispuesto el Código de Procedimiento Civil (art.
408-6), que contempla, incluso, la posibilidad de solicitar la suspensión
provisional de estos actos (art. 421).
Adicionalmente, si
una decisión de esta naturaleza es elevada a reforma estatutaria, será objeto
de control por parte del Gobernador del respectivo Departamento (C.C. art.
636), quien deberá aprobar o improbar la correspondiente reforma.
Posteriormente, si el acto administrativo a través del cual se aprueba la
reforma afecta el orden constitucional o legal, se pueden poner en operación
los correspondientes controles administrativos y judiciales.
En estas
condiciones, corresponderá a la administración departamental y a los jueces
ordinarios o contenciosos, según la vía que se adopte, los encargados de velar
por que, una determinada disposición convencional, se ajuste al ordenamiento
jurídico.
Sin embargo, si un
acuerdo asociativo compromete algún derecho fundamental, hasta el punto en que
sólo una pronta y oportuna intervención del juez constitucional podría evitar
la consumación del daño, siempre que se cumplan los restantes requisitos de
procedibilidad, habrá de proceder la acción de tutela.
12. En el presente
caso, se encuentra la Corte frente a una restricción del ejercicio del derecho
fundamental al trabajo. En efecto, los asociados convienen en renunciar a
ejercer este derecho respecto de ciertas compañías, por lo menos, hasta que la
asociación respectiva hubiere llegado a un acuerdo con éstas. Sin embargo, el
acuerdo no provoca la extinción del derecho, ni traslada su titularidad. En
estas condiciones, debe la Sala estudiar si la autorrestricción afecta el
núcleo esencial del derecho, toda vez que, de no ser así, deberá afirmarse que
se encuentra amparada en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad (C.P. art. 16).
Para identificar si
una medida - autónoma o heterónoma - que afecta el ejercicio de un derecho
fundamental, es capaz de comprometer su núcleo esencial, resulta necesario hacer
una evaluación sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la misma. De otra
parte, si la medida proviene de una decisión autónoma del titular del derecho
afectado, el juicio de proporcionalidad debe ser, necesariamente, débil o
flexible, como quiera que la cláusula general de libertad, contenida en el
artículo 16 de la Carta, fortalece, a priori, la decisión del titular
del derecho.
En opinión de la
Sala, la medida bajo revisión tiene una finalidad legítima a la luz de las
disposiciones constitucionales, toda vez que tiende a propiciar una mejoría en
las condiciones en las cuales los profesionales de la medicina prestan sus
servicios a la comunidad, en particular en aquellos aspectos relacionados con
la remuneración que perciben. De igual modo, la autorrestricción del derecho al
trabajo apunta a hacer efectiva la autonomía del paciente, en la medida en que
el movimiento médico busca el logro de cuadros médicos abiertos que brinden al
usuario la posibilidad de escoger al profesional que más le convenga.
Así mismo, la Corte
encuentra que la medida sometida a su estudio es útil para alcanzar la
finalidad propuesta, como quiera que ha revelado su efectividad al momento de
lograr que las compañías intermediarias modifiquen sus cuadros médicos y
negocien con los galenos las tarifas que éstos recibirán como contraprestación
de sus servicios. Igualmente, la medida es necesaria, toda vez que sólo a
través de este tipo de mecanismos es posible canalizar una oferta disgregada de
servicios de salud dentro de un mercado en donde la demanda presenta
características unificadas. De otra parte, el logro de igualdad de condiciones
en el ejercicio de la profesión y la reivindicación de mejores tarifas, son
objetivos que solamente pueden ser logrados a través del mecanismo de la
negociación colectiva y, por ende, a través de medidas como las que se
analizan.
Por último, la Sala
estima que la medida es proporcionada. En efecto, los mecanismos utilizados,
consistentes, básicamente, en una autorrestricción del derecho al trabajo, son
equivalentes al beneficio que a través de ellos se obtiene, esto es, una
mejoría en las condiciones generales en las cuales los médicos deberán
desarrollar sus actividades laborales. Sin embargo, podría considerarse que la
medida es desproporcionada si llegara a afectar los derechos fundamentales de
los pacientes, lo cual no ocurre en el caso sub-lite.
En suma, encuentra
la Corte que se trata, simplemente, de una autorrestricción al ejercicio de un
aspecto del derecho al trabajo que se encuentra por fuera de su núcleo
esencial, en lo que se ha denominado la zona de penumbra. En estas condiciones,
debe afirmarse que el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad (C.P. art. 16), que no es otra cosa que una cláusula general de
libertad, autoriza al sujeto para renunciar, en las condiciones descritas, al
ejercicio de los derechos. En consecuencia, tratándose de una renuncia
legítima, no es admisible que, posteriormente, el sujeto se ampare en la
constitución para incumplir lo pactado.
En efecto, si en
desarrollo de su libertad el sujeto adoptó una decisión exigible, debe
cumplirla so pena de afectar el principio de la buena fe y el valor de la
seguridad jurídica. Sin embargo, no sobra advertir que, en la reglamentación de
la zona de penumbra de los derechos, el legislador puede establecer reglas de
disponibilidad más o menos estrictas, que deberán ser tenidas en cuenta por el
aplicador del derecho a la hora de resolver un conflicto de esta naturaleza.
En cuanto se refiere
al ejercicio de la profesión médica, la ley 23 de 1981 invierte la regla de
libertad propia de la mayoría de las profesiones. En consecuencia, la citada
norma establece, como principio general, la obligación del médico de atender a
todas las personas que requieran de sus servicios, salvo las excepciones
expresamente establecidas por el legislador (art. 3°). Dentro de la excepciones
al deber de prestar el servicio profesional, se encuentra la facultad de no
atender a las personas que no estén en capacidad de sufragar - directa o
indirectamente - los honorarios - tarifas - establecidas, siempre que estas se
adecuen a un principio de justicia distributiva (arts. 1 y 22) y cuando no se
trate de un caso de urgencias. En consecuencia, encuentra la Corte que la
restricción parcial y temporal del mercado de trabajo de los médicos asociados,
se encuentra amparada, adicionalmente, en la ley que regula el ejercicio de la
profesión.
Por supuesto, las
consideraciones anteriores varían sustancialmente si la renuncia al ejercicio
de determinado aspecto de un derecho, afecta los derechos fundamentales de
terceras personas, o principios o bienes constitucionalmente protegidos. En
efecto, si un grupo de médicos se abstiene de atender cierto tipo de patologías
o de practicar alguna especie de tratamiento, afectando con ello la vida, la
dignidad o cualquiera otro derecho fundamental de sus pacientes, distinta
tendría que ser la reflexión constitucional al respecto.
En el presente caso,
no se ha sugerido siquiera - y, por supuesto, tampoco se ha demostrado - que
los derechos fundamentales de la población de Barranquilla - o al menos un
sector de ésta - se hayan visto afectados a raíz de las determinaciones
asociativas que aquí se estudian. Por lo tanto, esta circunstancia, que podría
cambiar las consideraciones realizadas - particularmente en cuanto se refiere
al juicio de proporcionalidad -, no será valorada por la Sala para adoptar la
correspondiente decisión.
En síntesis, la
limitación del derecho al trabajo que los médicos aceptaron a través del acta
de compromiso, no se traduce en una violación de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, lo anterior no implica que las sanciones correlativas al
incumplimiento de la prohibición sean legítimas - aspecto que se estudiará más
adelante -, sino que la proscripción de la conducta que aquí se estudia, en sí
misma considerada, y con independencia de las sanciones que se le adscriban, no
parece estar en capacidad de producir un perjuicio irremediable respecto de
algún derecho fundamental.
Por las razones
anteriores, el amparo solicitado por esta causa no podrá prosperar.
La eventual
vulneración del derecho fundamental al debido proceso (C.P. art. 29)
14. Los médicos
expulsados de las asociaciones científicas, alegan que les fue vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso (C.P. art. 29), toda vez que la expulsión
se les impuso sin haber atendido las mínimas garantías de defensa. Indican,
entre otras cosas, que no fueron escuchados en descargos y que su caso no fue
objeto de investigación alguna, tendente a dilucidar la realidad de los hechos.
En reiterada
jurisprudencia, la Corte ha señalado que los conflictos que se susciten
alrededor del debido proceso entre las asociaciones privadas y sus asociados
deben ser tramitados a través de la jurisdicción ordinaria. Así, por ejemplo,
en relación con las diferencias que puedan surgir entre un club y alguno de sus
socios, esta Corporación ha sostenido:
"La
jurisprudencia que ahora se ratifica ha sostenido invariablemente que los
problemas suscitados entre los clubes sociales y sus socios son de carácter
estrictamente privado y que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de
los jueces de tutela por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios
judiciales que no son menos idóneos que el previsto en el artículo 86 de la
Carta para resguardar los derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan
sido o estén siendo objeto de violación.
(...)
A la luz de la
Constitución, los asociados gozan de la más amplia libertad para estructurar el
régimen jurídico particular al que se obligan, por lo cual, mientras se sometan
a él y, desde luego, a la Constitución y a la ley, pueden resolver de manera
autónoma y a nivel interno los problemas que surjan entre la persona jurídica y
los socios o entre éstos por causa o con ocasión del contrato.
La ley otorga
competencia a los jueces de la República para decidir, en aplicación de sus
preceptos, sobre aquellos conflictos que no puedan ser zanjados por el régimen
interno.
Es así como, por
ejemplo, para casos como el que nos ocupa, en los que se controvierte la
validez de un acto adoptado por uno de los órganos sociales, el legislador ha
consagrado la posibilidad de acudir al juez en breve término para anular y aun
suspender, si es el caso, las determinaciones sociales que puedan lesionar o
poner en peligro los derechos de los asociados frente a la asociación. Tal
acontece con el ya mencionado artículo 421 del Código de Procedimiento
Civil"[1].
En el presente caso,
la Sala no puede menos que prohijar la jurisprudencia anterior, advirtiendo,
que sólo habrá de proceder la acción de tutela si la violación del debido
proceso apareja necesariamente la consumación de un perjuicio iusfundamental de
carácter irremediable. Como quiera que, en el caso sub-lite, no se ha
demostrado la posible consumación de un daño de la naturaleza descrita, la
Corte debe negar la protección solicitada e informar a los peticionarios sobre
la existencia de otros medios de defensa, como los indicados en el fundamento
jurídico 11 de esta providencia (C.P.C. arts. 408-6 y 421).
En este punto,
resulta importante aclarar que no pasa desapercibido a la Sala el hecho de que
las medidas que acompañan a la sanción de expulsión impuesta por las
asociaciones demandadas podrían, eventualmente, generar un perjuicio
irremediable. Sin embargo, la Sala habrá de estudiar cada una de estas medidas,
a fin de procurar la tutela de los derechos que pudieren haber resultado
afectados. En estas circunstancias, la posible violación del debido proceso
(C.P. art. 29) no tendría efectos sobre los derechos fundamentales de los
actores.
No obstante, por
razones de pedagogía constitucional (C.P. art. 41), debe la Sala advertir a las
partes, que los jueces ordinarios que hayan de conocer eventuales vulneraciones
del derecho al debido proceso de los actores, deberán tener en cuenta que la
imposición de cualquier medida de disciplina interna debió someterse a un
proceso previo, en el cual se garantizaran la garantías mínimas de defensa,
contradicción y proporcionalidad. En este sentido, no sobra recordar que la
Corte en reiterada jurisprudencia ha indicado que la Carta Política, en punto a
la aplicación del mencionado derecho fundamental a los procesos disciplinarios
que lleven a cabo personas jurídicas de derecho privado, determina que los
estatutos de las mencionadas entidades deben contener un proceso disciplinario
mínimo, que garantice la adecuada defensa de las personas acusadas. En doctrina
que la Sala estima conveniente hacer extensiva a las asociaciones privadas como
las demandadas, esta Corporación se refirió al contenido mínimo que debe
comportar todo proceso sancionatorio - a fin de ser respetuoso con el derecho
fundamental al debido proceso - de la siguiente manera:
“En resumen, la
efectividad del derecho al debido proceso dentro de los procedimientos
sancionadores aplicados por las instituciones universitarias, sólo queda garantizada
si el mencionado procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes
actuaciones: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de
sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la
indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación
provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al
imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en
su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un
acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los
hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda
controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones de las autoridades competentes”[2].
Estudio de la
presunta afectación del derecho fundamental de asociación de los médicos que
renunciaron a las asociaciones científicas y, no obstante, fueron objeto de las
medidas contempladas en el acta de compromiso
15. Los
profesionales que renunciaron y, sin embargo, fueron objeto de las sanciones
establecidas en el acta de compromiso correspondiente a la asociación a la cual
pertenecían, alegan la violación de su derecho fundamental de asociación.
Consideran que su decisión de desvincularse, no puede tener como consecuencia
la aplicación de las sanciones contenidas en el acuerdo compromisorio.
Los representantes
de las asociaciones médicas sugieren que la renuncia de los actores se produjo
como consecuencia del incumplimiento del acta de compromiso y como medida para
evitar que les fueran aplicadas las sanciones correspondientes. Sin embargo, no
existe prueba alguna en los expedientes acerca de la veracidad de estas
afirmaciones.
En consecuencia, se
pregunta la Corte si afecta el derecho fundamental de asociación (C.P. art. 38)
la organización que le impone a quienes voluntariamente se apartan de su seno,
las medidas coercitivas o sancionatorias que se establecen en los estatutos
para disciplinar a los miembros que han incumplido sus prescripciones.
16. El derecho
fundamental de asociación (C.P. art. 38), tiene dos dimensiones. La primera, de
carácter positivo, comporta la facultad de toda persona para comprometerse con
otras en la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado, de
carácter social, cultural, político, económico etc., a través de la
conformación de una estructura organizativa, reconocida por el Estado y
capacitada para operar en el trafico jurídico. Desde esta perspectiva, el
ejercicio del derecho de asociación apareja el deber de someterse a las reglas
estatutarias cuando éstas han sido adoptadas en debida forma y cuando su
contenido no afecta bienes, derechos o intereses tutelados por el ordenamiento
jurídico.
La segunda dimensión
del derecho de asociación presenta una faceta negativa, claramente derivada del
derecho general de libertad y pieza fundamental de todo sistema democrático. Se
trata, justamente, de la facultad de toda persona para abstenerse de formar
parte de una determinada asociación y del derecho correlativo a no ser obligado
- ni directa ni indirectamente - a ello. La libertad negativa de no asociarse
se encuentra protegida tanto por los artículos 16 y 38 de la Carta, como por el
derecho internacional de los derechos humanos. Así, por ejemplo, el artículo
20-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica que nadie
podrá ser obligado a pertenecer a una determinada asociación.
Como consecuencia de
la libertad negativa de asociación, surge, a cargo del Estado, el deber de no
imponer, en principio, cargas que contravengan estas disposiciones. Así mismo,
en el Estado reposa la obligación de evitar que, dentro de la sociedad, las
organizaciones que ostentan una situación de predominio, adopten medidas que,
directa o indirectamente, constriñan a las personas a asociarse o las sometan,
en contra de su voluntad, al régimen jurídico de una determinada asociación.
En este sentido se
ha manifestado la Corporación, al señalar, reiteradamente, las dos dimensiones
del derecho fundamental de asociación. Así, por ejemplo, en la sentencia  C-041
de 1994, la Corte señaló:
"32. El derecho
a la libre asociación, consagrado en la Constitución y reconocido en los
tratados internacionales suscritos por Colombia (CP art. 38; Declaración
Universal de Derechos Humanos de la ONU, art. 20-2; Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, art. 22), en principio tiene su raíz en la libre voluntad de las
personas que deciden perseguir ciertos fines lícitos a través de una
organización unitaria en la que convergen, según su tipo, los esfuerzos,
recursos y demás elementos provenientes de sus miembros y que sirven de medios
para la realización del designio colectivo. A la libre constitución de la
asociación - sin perjuicio de la necesidad de observar los requisitos y
trámites legales instituidos para el efecto -, se adicionan la libertad de
ingreso a ella y la libertad de salida, para completar el cuadro básico de esta
libertad constitucional que reúne así dos aspectos, uno positivo y otro
negativo, sin los cuales no habría respeto a la autonomía de las personas.
33. La libertad de
asociación, entendida en los términos anteriores, representa una conquista
frente al superado paradigma del sistema feudal y al más reciente del
corporativismo. En el Estado social de derecho no es posible que el estado, a
través de asociaciones coactivas, ejerza control sobre los diferentes órdenes
de vida de la sociedad; o que ésta, a través de un tejido corporativo difuso,
asuma el manejo del Estado."
En el mismo sentido,
también manifestó:
“El de asociación es
un derecho constitucional fundamental susceptible de ser vulnerado en varias
formas, en especial cuando se impide que una o más personas cristalicen su
voluntad de unir sus esfuerzos o aportes para fines lícitos o cuando, no
obstante su deseo en sentido contrario, se las obliga a integrarse en sociedad,
sometiéndose por ello a un régimen particular que naturalmente esquivan y
repelen.”[3].
De lo anterior,
puede concluirse que, una consecuencia necesaria de la renuncia a la condición
de afiliado a una determinada asociación, resulta ser la liberación de los
deberes que le imponían a la persona, en su condición de asociado, los
estatutos sociales. En otras palabras, si el poder del grupo persigue a la
persona que no ha manifestado su voluntad de someterse, debe afirmarse que se
trata de una injerencia indebida en la órbita propia de su autonomía y, en
particular, en la libertad que tiene para decidir si se somete o no al régimen
jurídico propio de cada asociación. Por supuesto, lo anterior implica,
adicionalmente, que la asociación puede, legítimamente, suspender integralmente
el goce de los derechos societarios a quien ha decidido, libremente,
desvincularse.
Ciertamente, el
derecho de asociación apareja un conjunto de derechos y deberes correlativos
que, en principio, sólo son predicables de la persona que voluntariamente
decidió asociarse. Lo anterior implica que los deberes derivados de la
asociación deberán ser suspendidos al momento de la desafiliación - salvo que
se trate de obligaciones no resueltas, adquiridas con antelación al momento de
la desafiliación, como el pago de cuotas atrasadas, etc. -, y el goce de los
derechos sólo podrá ser postergado, si así lo deciden libremente los asociados.
17. En el caso que
ocupa la atención de la Sala, las asociaciones científicas orientadas a
defender los intereses de los médicos en el mercado de los servicios de salud
impusieron, a las personas que voluntariamente se desvincularon, una serie de
medidas sancionatorias. En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que
las sanciones se hubieran originado por causa del incumplimiento, por parte de
los galenos, del acta de compromiso de manera previa a la renuncia a la
respectiva asociación. Por lo tanto, dichas medidas deben ser interpretadas
como la aplicación forzosa de los estatutos de una asociación a quien ya no
pertenecía a ella y, por lo tanto, como una violación del derecho fundamental
de asociación en su dimensión negativa.
La imposición de
sanciones de disciplina interna, a quien ha renunciado voluntariamente a la
asociación, sin que exista un proceso en el cual se demuestre que, mientras
gozaba del status de asociado, incumplió los respectivos estatutos, sólo puede
ser entendida como una medida ilegítima que tiende a afectar la libertad
negativa o de no asociación. En efecto, el derecho de asociación entendido en
su dimensión negativa, prohibe a la asociación perseguir a quien ha decidido no
pertenecer al grupo, imponiéndole medidas disciplinarias que se fundan en la
extensión ilegítima del poder societario y entrañan, indirectamente, una
advertencia a los asociados para que permanezcan en el grupo. Con ello se
afecta el derecho fundamental de asociación de quien ha dejado de participar y
se amenaza la libertad de quienes aún forman parte de la asociación.
En estos términos,
la Sala encuentra que las medidas disciplinarias adoptadas por la Asociación de
Obstetricia y Ginecología del Atlántico (publicación de avisos de prensa en los
que no se aclara la razón de la desvinculación; solicitud a la Sociedad de
Sociedades Científicas para que las asociaciones filiales “sancionen” a los
actores; petición a los laboratorios farmacéuticos y clínicas para que no
presten sus servicios a los médicos disidentes, amenaza de hacer efectivo el
pagaré firmado como garantía del cumplimiento de las obligaciones estatutarias
etc.), contra los médicos Francisco Sales Sales, Francisco Sales Puccini, José
Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile Herazo, afectan el derecho fundamental de
asociación (C.P. art. 38) de éstos. En consecuencia, y dado que no existe otro
medio judicial apto para garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental
vulnerado, la Corte procederá a ordenar que se anulen, rectifiquen y corrijan
la totalidad de las medidas disciplinarias que han sido adoptadas en desarrollo
del acta de compromiso, contra los médicos en mención.
La relevancia
constitucional del cobro de una sanción pecuniaria a los asociados que violen
el régimen estatutario
18. Alegan los
actores que, el cobro de una multa como sanción por incumplir el acta de
compromiso, afecta su derecho fundamental al trabajo.
A juicio de la Sala,
el conflicto que pueda suscitarse en torno al cobro de una obligación
pecuniaria entre particulares, sólo puede ser estudiado por el juez
constitucional, de manera excepcional si, de una parte, se encuentra
comprometido el ejercicio de algún derecho fundamental y, de otra, la
intervención de la jurisdicción constitucional es necesaria para evitar la
consumación de un daño iusfundamental. Así, por ejemplo, en el acápite anterior
de esta providencia, se entendió que, hacer efectiva la multa a quienes
voluntariamente han renunciado a la asociación, sin que, previamente, se les
hubiere comprobado el incumplimiento del acta de compromiso, afectaba el
derecho de asociación.
Sin embargo, en el
caso de las personas que fueron expulsadas por haber incumplido el acta de
compromiso, mientras aún eran miembros de la asociación, no encuentra la Sala
que el cobro de la sanción pecuniaria produzca un daño irreparable sobre alguno
de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. En consecuencia, debe
considerarse que la acción de tutela, por estos hechos, es improcedente, lo
cual no obsta para que los actores puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria
a efectos de controvertir la citada medida.
La presunta
vulneración de los derechos fundamentales de los actores debido al envío de
comunicaciones con destino a las empresas intermediarias en el mercado de
salud, solicitándoles, entre otras cosas, el retiro de los demandantes de sus cuadros
médicos
19. Como
consecuencia del incumplimiento del acta de compromiso, las distintas
asociaciones remitieron múltiples comunicados a las entidades intermediarias en
el mercado de los servicios de salud con las cuales habían alcanzado acuerdos,
notificándoles que los actores ya no pertenecían a las respectivas
corporaciones y que, por consiguiente, debían ser retirados de los
correspondientes cuadros médicos. En algunas de las citadas comunicaciones se
omite señalar la causa del retiro. En otras, se establece que fueron expulsados
por cometer actos “contrarios a la dignidad médica”. Adicionalmente, en las
precitadas cartas, algunas de las asociaciones ponen de presente a sus
interlocutores que el retiro de los médicos expulsados es esencial para mantener
“las buenas relaciones”.
Los actores alegan
que las anotadas comunicaciones vulneran sus derechos fundamentales al trabajo
(C.P. art. 25), al buen nombre (C.P. art. 15) y a la honra (C.P. art. 21). En
síntesis, consideran que la afectación de sus derechos se produce en la medida
en que son desprestigiados frente a entidades que monopolizan un sector
importante del mercado. Indican que, sólo cediendo a la petición de las
asociaciones, dichas empresas pueden asegurar un constante abastecimiento de la
oferta de servicios de salud y, por ello, van a adoptar la decisión que más se
adecue a los intereses de las citadas asociaciones.
20. Una primera
cuestión relevante que surge de los hechos planteados, consiste en determinar
si la solicitud de las asociaciones científicas a las empresas con las cuales
han llegado a acuerdos, para que retiren a los profesionales que han sido
expulsados o han renunciado de sus respectivos cuadros médicos, o para que no
les expidan órdenes de servicio, puede ser controvertida a través de la acción
de tutela.
En principio, las
prácticas de las asociaciones de profesionales que puedan afectar la libre
competencia en el mercado de los servicios de salud deben ser discutidas ante
la justicia ordinaria. Para ello existen acciones especiales que, incluso, dan
lugar a medidas cautelares excepcionalmente expeditas (Ley 256 de 1996, art.
20, 21 y 31). De otra parte, la función de policía administrativa del Estado,
ejercida a través de la Superintendencia de Industria y Comercio puede servir
como mecanismo de defensa de las personas que se consideren afectadas por
dichas practicas (Decreto 2153 de 1992). Sólo cuando las medidas acusadas
puedan producir un daño irremediable a algún derecho fundamental, sin que
exista un medio expedito para evitar tal afectación, podrán ser ventiladas
judicialmente a través de la acción de tutela.
En el presente caso,
si el ingreso del galeno a los cuadros médicos de la empresa se produjo como
efecto de un acuerdo con la sociedad de profesionales de la cual aquel formaba
parte, puede afirmarse que, desde el punto de vista constitucional, nada obsta
para que al retirarse de la respectiva asociación, le sean suspendidos los
beneficios que adquirió en virtud de su condición de asociado. No se evidencia,
entonces, la posibilidad de que, con tales prácticas, se afecte de manera
irremediable algún derecho fundamental.
Sin embargo, es
importante advertir que el ejercicio del poder que su condición de agentes
reguladores de la oferta les otorga a las asociaciones de profesionales, con
miras a lograr que los médicos que por cualquier causa no forman parte de la
asociación sean discriminados o marginados, afecta, no sólo las normas que
regulan las prácticas de mercado, sino, fundamentalmente, los derechos a la
igualdad (C.P. art. 13) y de asociación (C.P. art. 38). En estas condiciones,
resultan constitucionalmente ilegítimas, y, eventualmente, podrían ser causa de
un daño irreparable, las conductas que, respecto de los profesionales que se
han desvinculado de las respectivas asociaciones, tienden a lograr (1) que sean
retirados de los cuadros clínicos de las empresas intermediarias, cuando su
afiliación no surgió como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva
asociación; (2) que sean marginados - desvinculados o discriminados a la hora
de expedir órdenes de servicio - de empresas que cuentan con cuadros médicos
abiertos a todos los profesionales registrados; (3) que, directa o
indirectamente, desestimulen a las empresas a contratar individualmente al
profesional independiente, al margen de los acuerdos con las sociedades.
No obstante, en el
presente caso parece no haberse presentado ninguna de estas conductas o, de
haberse incurrido en ellas, no han producido ningún efecto. Ciertamente, dentro
de las pruebas que reposan en el expediente N° 97158 (fol. 107) aparece una
carta de Bonsalud - entidad promotora de salud -, dirigida al médico Carlos
Elías Sales Puccini, en la que le notifica que, debido a la solicitud de la
Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico, deberá retirarlo de sus cuadros
médicos. Sin embargo, y pese a las categóricas afirmaciones de los actores, las
distintas entidades convocadas por la Corte - incluida Bonsalud - indicaron que
cuentan con cuadros médicos abiertos en los cuales se encuentran incluidos los
demandantes.
21. Idéntica
reflexión merece el análisis respecto de las medidas que, según los actores,
han adoptado las asociaciones científicas para evitar que los laboratorios
farmacéuticos y las clínicas de la ciudad de Barranquilla, les presten sus
servicios en condiciones de igualdad.
Un estudio de las
pruebas recaudadas permite pensar que es posible que se hubieran presentado
algunas prácticas soterradas para sancionar, con medidas extra estatutarias, la
conducta de los médicos que han incumplido el acta de compromiso. Así, por
ejemplo, mientras que a folio 74 del expediente N° 97985 (Jaime Arévalo Reyes
contra ASOGA) se encuentran las cartas dirigidas a los laboratorios
farmacéuticos solicitándoles que suspendan la prestación de sus servicios
profesionales a los actores, dichos laboratorios indican a la Corte que no
tienen conocimiento de tales solicitudes ni de prácticas similares (fols. 3,
57-58 y 111 del cuaderno de pruebas recibidas por la Corte). Al mismo tiempo,
en el expediente obran comunicaciones en las cuales se indica que, con
posterioridad a la interposición de las acciones de tutela, los miembros
directivos de las distintas asociaciones han ejercido, en forma encubierta, la
influencia que tienen ante las clínicas de la ciudad para que éstas se nieguen
a recibir pacientes de los actores. De ser ciertas, las prácticas mencionadas
afectarían, entre otras cosas, la libre competencia y los derechos a la
igualdad (C.P. art. 13) y de asociación (C.P. art. 38). Sin embargo, para
contrarrestarlas el ordenamiento ha dispuesto las acciones mencionadas en el
fundamento jurídico 20 de esta sentencia, además de las sanciones disciplinarias
e incluso penales que pudieren surgir de tales conductas.
Ahora bien, lo
anterior no obsta para que prácticas discriminatorias, como las anotadas, que
tengan eventualmente la capacidad de afectar de manera irreparable algún
derecho fundamental del médico marginado o de terceras personas, puedan ser
controvertidas a través de la acción de tutela. No obstante, el anotado
perjuicio no fue demostrado dentro del proceso que se revisa.
22. Una última
cuestión relevante respecto de los hechos analizados en el presente acápite,
consiste en determinar si puede calificarse como falta a la dignidad médica la
violación de un compromiso asociativo de contenido puramente económico.
Adicionalmente, debe determinarse si calificar públicamente la conducta de un
médico como “contraria a la dignidad médica”, puede comprometer los derechos
fundamentales del afectado.
A la luz de las
normas vigentes, constituyen faltas a la dignidad médica aquellas conductas que
contradicen los deberes éticos de los profesionales de la medicina, consagrados
en la ley 23 de 1981. Se trata, por lo tanto, de actuaciones que vulneran el
código moral de la profesión y, de ninguna manera, simples actos contrarios a
los intereses económicos de las personas que la ejercen. En efecto, unos son
los deberes éticos del médico en el ejercicio de su profesión y otros, bien
distintos, los que pueden surgir de un acuerdo para defender los intereses
económicos del profesional que ejerce la medicina. En estas condiciones, mal
puede decirse que los actores transgredieron deberes éticos propios del
profesional de la medicina. Simplemente, se alejaron de un movimiento colectivo
que busca defender intereses de carácter pecuniario.
En estas
condiciones, resta averiguar si calificar públicamente, y de manera equivocada,
una conducta como contraria a la dignidad médica compromete la honra o el buen
nombre de la persona afectada.
23. Los derechos a
la honra y al buen nombre protegen a la persona de interferencias arbitrarias
en el proceso de formación de la imagen que busca proyectar en la sociedad. El
buen nombre ha sido entendido por la Corte como la reputación o aprecio social
de que goza una persona, mientras que la honra ha sido definida como la imagen
que de sí misma tiene la persona. En palabras de esta Corporación:
"En forma
reiterada, la Corte ha determinado que los derechos a la honra (C.P., artículo
21) y al buen nombre (C.P., artículo 15) tienden a la protección de la buena
imagen o el prestigio que un determinado individuo se ha forjado dentro de su
entorno social en razón de sus actos y comportamientos. De esta forma, la
efectividad de los derechos que se analizan depende, enteramente, de que las
acciones personales del titular se ajusten a las normas de convivencia
generalmente aceptadas por la respectiva comunidad"[4].
La Sala no duda en
afirmar que la calificación realizada en las comunicaciones de autos produce un
efecto nocivo sobre la reputación que han adquirido los actores en su medio
laboral. De otra parte, tal calificación afecta la imagen que quieren proyectar
y por la cual han trabajado toda su vida. En estos términos, encuentra la Sala
que las asociaciones que calificaron públicamente la conducta de los actores
como “una falta a la dignidad medica”, afectaron sus derechos fundamentales a
la honra y al buen nombre. En consecuencia, en tanto no existe en el
ordenamiento jurídico un mecanismo igualmente apto a la acción de tutela para
la adecuada protección de estos derechos, se ordenará la aclaración de la
información errónea.
Estudio sobre la
presunta vulneración de los derechos al trabajo (C.P. art. 25), a la honra
(C.P. art. 21)  y al buen nombre (C.P. 15) en virtud de las publicaciones de
prensa realizadas por las asociaciones demandadas
29. Como
consecuencia del incumplimiento del acta de compromiso, y, a raíz del retiro de
los demandantes de las respectivas asociaciones, éstas últimas publicaron, en
el diario “El Heraldo” de Barranquilla, avisos del siguiente tenor:
(1)
"LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA
REGIONAL ATLÁNTICO
Informa al cuerpo
médico y al público en general, que los Doctores
JAIME POMBO MACKENZIE
GERMAN ALDANA BUELVAS
JORGE REYES NUÑEZ
Han dejado de
pertenecer a nuestra Asociación."
(2)
"LA ASOCIACIÓN DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DEL ATLÁNTICO (ASOGA)
Informa al cuerpo
médico y al público en general, que  a partir de la fecha los Doctores:
GUILLERMO ACOSTA OSIO
JOSE FUSCALDO QUINTERO
FRANCISCO SALES PUCCINI
FRANCISCO SALES SALES
ALEJANDRO GENTILE HERAZO
JAIME AREVALO REYES
Han dejado de
pertenecer a nuestra Asociación. Por lo cual quedan excluidos de los diferentes
Directorios Abiertos de las siguientes Entidades: Bonsalud, Medisalud, Humana,
Corelca, Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Colseguros, La Nacional de
Seguros, Panamerican, Cigna y Electrificadora: Entidades con las cuales se ha
llegado a un acuerdo."
(3)
"LA ASOCIACIÓN DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DEL ATLÁNTICO
Informa al cuerpo
médico y al público en general, que los doctores:
JOSE FUSCALDO QUINTERO
FRANCISCO SALES PUCCINI
FRANCISCO SALES SALES
ALEJANDRO GENTILE HERAZO
Han dejado de
pertenecer a nuestra Asociación. Por lo cual quedan excluidos de los diferentes
Directorios Abiertos de las siguientes Entidades: Bonsalud, Corelca, Panamerican,
Intercor, Saludcoop, Seguros Bolívar, Cigna,       Colseguros, La Nacional de
Seguros, Medisalud y Humana; entidades con las cuales se ha llegado a un
acuerdo."
Estiman los actores
que las distintas asociaciones vulneraron sus derechos fundamentales al buen
nombre y a la honra (C.P., artículo 15 y 21), en razón de la publicación de los
avisos transcritos. Sobre este punto, una de las apoderadas de los demandantes
manifestó que, "se infiere un daño al buen nombre o reputación social del
médico infractor y a su honra, mediante la publicación en los medios de
comunicación masiva, tanto locales como nacionales, de la expulsión de la
Asociación, expulsión a la que se ha hecho acreedor por el simple hecho de
prestar atención médica, que es su oficio, a personas usuarias de la medicina
prepagada. Pero es más, la sanción va más allá: Pretende, en perjuicio del
futuro del médico que ha desacatado la decisión gremial, bloquear su ejercicio
profesional buscando que otras entidades de prepago prescindan de sus servicios
y que su nombre, puesto en la picota pública, mediante las publicaciones de
prensa, despierte desconfianza dentro de los potenciales usuarios de la
consulta". En este orden de ideas, se solicitó que, por vía de la acción
de tutela, las asociaciones fueran condenadas al pago de los perjuicios morales
causados.
De otra parte, los
médicos que se desvincularon voluntariamente de las respectivas asociaciones,
manifestaron que los avisos de prensa afectaban sus derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre, así como su derecho fundamental al trabajo, en la
medida en que, de dichos avisos, podía inferirse un reproche ético o
profesional a su conducta. Al respecto, advirtieron que además de los avisos
antes transcritos, las asociaciones - especialmente ASOGA - publicaron una
serie de avisos en los cuales se  afirma: "la salud no es un juego",
"es el asunto más importante de la vida" y, por ello, se insta al
público para que, al escoger su médico, se asegure que éste pertenezca a una
asociación gremial, lo cual constituye, según los avisos publicados, "la
mejor garantía para enfrentar los problemas de salud". A juicio de los
demandantes, estas publicaciones les causan serios perjuicios laborales y
morales, como quiera que ponen en entredicho su idoneidad profesional. Indican
que, en los avisos antes mencionados, "se afirma tácitamente que un
médico, no respaldado por dicha Sociedad, no es el mejor compañero para
enfrentar un problema de salud, igualmente le advierte al paciente, que se
asegure!!, ya que de no figurar su médico en la lista de ASOGA, lo más 'serio
que es su vida', corre peligro, y termina la publicidad recalcando
subliminalmente que 'la salud no es un juego'. Esto confirma que los médicos
que no pertenezcan al directorio cerrado y excluyente de la ASOGA, no son
idóneos, para ejercer la ginecología y obstetricia en el país, que la salud de
los ciudadanos en sus manos corre tal peligro, que se convierte en un siniestro
juego, y que definitivamente los pacientes se deben asegurar de que sus médicos
tengan el aval de la ASOGA, ya que de lo contrario su salud estaría en juego,
así mismo como su vida".
Con la finalidad de
restablecer los derechos fundamentales vulnerados, los actores solicitaron que
la asociación rectifique las informaciones de prensa aparecidas en "El
Heraldo", mediante la publicación de sendos avisos en los cuales se
precise que ellos renunciaron voluntariamente a la asociación demandada, que
ésta no tiene queja alguna acerca de su integridad moral y ética y que son
médicos idóneos para ejercer la ginecología y la obstetricia. Solicitan que
estas publicaciones se realicen en la "misma forma, tamaño, localización,
frecuencia y periódico" de los avisos cuya rectificación se solicita.
A su turno, los
apoderados de las asociaciones precisaron que, en ningún momento, las
publicaciones citadas, buscaron cuestionar la idoneidad profesional de los
actores. Añaden que lo único que éstas perseguían era "informar a la
comunidad que los mencionados doctores no estaban en los cuadros médicos que
dicha asociación había enviado a las empresas de medicina prepagada". Por
último, advierten que tales publicaciones corresponden, de una parte, a la
aplicación de las medidas consagradas en el acta de compromiso y, de otra, a
una simple notificación a las entidades promotoras de salud y, al público en
general, sobre una información veraz e imparcial.
Advierte la Sala,
sin embargo, que la información difundida, en virtud de la cual los
profesionales disidentes no pertenecen a los cuadros médicos de las entidades
que se mencionan en los distintos avisos, no se compadece con la información
recibida en este Despacho. En efecto, en respuesta a una solicitud formulada
por la Corte, las entidades Medisalud, Bonsalud, Colseguros, La Nacional de
Seguros, Intercor-Panacol, Electrificadora del Atlántico y
Unimec, afirman que no han expulsado a los actores de sus respectivos cuadros
médicos.
30. Varios
interrogantes surgen a la Sala a partir de estos hechos. En primer lugar,
resulta necesario determinar si la acción de tutela procede como mecanismo
judicial para solicitar la rectificación de un aviso pagado, publicado a
instancias de un particular. Si así fuere, debe establecerse si, en el caso
concreto, las distintas sociedades vulneraron los derechos fundamentales de los
actores.
31. En principio, la
acción de tutela, como mecanismo para solicitar la rectificación de
informaciones, procede contra los medios de comunicación, respecto de los
cuales, en razón del poder social que detentan, se presume la indefensión del
actor. En consecuencia, las publicaciones pagadas por personas particulares,
que, eventualmente, podrían  afectar derechos de terceras personas, no son, por
regla general, controvertibles a través de la acción de tutela. En efecto, en
estos casos la persona afectada no se encuentra, de ordinario, en condición de
subordinación o indefensión y puede, por lo tanto, defender sus derechos usando
los mismos mecanismos que fueron utilizados para conculcarlos, esto es, la
difusión de sus opiniones en los mismos medios de comunicación, sin que ello
implique que la opinión prefiera, necesariamente, la versión del presunto
agresor.
Sin embargo, bajo
ciertas circunstancias, en razón de la posición de supremacía social que ocupa
quien difunde la información inicial - dado su cargo, las funciones que
desempeña, etc. -, las afirmaciones publicadas pueden tener un impacto muy
fuerte en la imagen - prestigio - de la persona a la cual se refieren. En
efecto, los niveles de credibilidad social que ostentan las instituciones
privadas - de carácter social, económico, cultural, religioso, etc.-, son, en
ocasiones, mucho mayores que los de las personas naturales. Es así como las
asociaciones científicas suelen contar, normalmente, con un nivel de
credibilidad superior al que detentan los médicos individualmente considerados.
Este fenómeno social se explica gracias a la existencia de presunciones tales
como la de suponer, sin que necesariamente ello sea cierto, que una asociación
sin ánimo de lucro sólo persigue fines altruistas, que sus resoluciones han
sido adoptadas en forma imparcial, que cuenta con controles internos que frenan
las actuaciones arbitrarias, etc. En estas condiciones, afirmaciones con
virtualidad para afectar la honra o el buen nombre de un médico, provenientes
de estas asociaciones, pueden tener un impacto muy grande sobre el prestigio
del respectivo profesional, sin que éste cuente con medios eficaces de defensa.
De otra parte, el poder económico de ciertas personas o instituciones para
difundir eficazmente sus mensajes a través de avisos pagados en los medios de
comunicación, puede ser muy superior al patrimonio particular de la persona
afectada. Estas condiciones de desigualdad determinan que, frente a un agravio
que puede producir un perjuicio irremediable a algún derecho fundamental de una
persona, ésta pueda solicitar, a través de la acción de tutela la rectificación
pública de las informaciones falsas o parciales publicadas. En efecto, por la
dimensión de la campaña difamatoria o por la mayor credibilidad que ostenta la
persona demandada, es claro que sólo el reconocimiento público del error
cometido puede contrarrestar, eficazmente, el daño producido al prestigio de la
persona afectada.
En consecuencia, resta
a la Sala analizar si, efectivamente, con los avisos publicados se afectaron
los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al trabajo de los
peticionarios. De ser así, deberá ordenarse la respectiva rectificación. Por el
contrario, de no afectarse ningún derecho, la tutela será denegada.
32. En relación con
las informaciones tendentes a señalar que los actores fueron expulsados o que
ya no pertenecen a la respectiva asociación, constata la Corte que los avisos
de prensa se limitan a publicar informaciones estrictamente ciertas. Mal puede
afirmarse que la publicación de una información veraz afecta los derechos a la
honra y al buen nombre de una persona.
Ahora bien, advierte
la Sala que en algunos casos, la información publicada no es completa, como
quiera que se limita a transmitir el hecho escueto de la expulsión de los
actores de las asociaciones científicas, así como su desvinculación de los
cuadros médicos de algunas entidades, sin indicar las razones que dieron lugar
a estas medidas.
Como ya antes se
anotó, el retiro y la expulsión de los médicos demandantes no se produjo por
razones relacionadas con su desempeño profesional, sino, simplemente, por
razones de tipo económico. No obstante, la información publicada sugiere
múltiples interpretaciones, dentro de las cuales, quizá la más probable -
atendiendo al carácter original de las asociaciones científicas -, es aquella
en virtud de la cual la expulsión - bien de las asociaciones, ora de los
cuadros médicos de las entidades - tuvo como origen una falta ética o
profesional. En estas condiciones, el público percibe la idea de que los
médicos afectados no cumplen debidamente con sus responsabilidades éticas o
profesionales, nada de lo cual sucedió en el presente caso.
La información
publicada facilita una interpretación falsa de los hechos, justamente porque
omite explicar las razones del retiro de los demandantes de las respectivas
asociaciones. Por lo anterior, considera la Corte que tal información afecta el
buen nombre de los médicos implicados, en la medida en que, de ella, puede, sin
dificultad, deducirse la existencia de un reproche vinculado al ejercicio de la
profesión, lo que, sin duda alguna, compromete su prestigio.
En consecuencia,
resulta necesario - tal y como se establece en el acta de compromiso - que, si
los actores lo consideran conveniente, las asociaciones que no hicieron
públicas las razones por las cuales los médicos fueron expulsados, lo hagan en
la misma forma en que se publicó el hecho de la expulsión. En consecuencia, se
ordenará que si, en un tiempo prudencial de diez días, los actores afectados -
aquellos respecto de quienes no se publicaron las razones del retiro de la
respectiva asociación - lo solicitan, se publique la información completa de
manera escueta, veraz e imparcial.
33. Ahora bien, en
virtud de las pruebas que reposan en el expediente, puede afirmarse que la
información publicada por las asociaciones, según la cual los actores fueron
expulsados de los cuadros médicos de las entidades prestadoras de salud no se
ajusta a la verdad. En efecto, las entidades Medisalud, Bonsalud, Colseguros,
La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol, Electrificadora del
Atlántico y Unimec informaron a la Corte que, en la actualidad, poseen cuadros
médicos abiertos en los cuales se encuentran incluidos los médicos demandantes
(fols. 11, 67, 80-81, 70-72 del cuaderno de pruebas recibidas por la Corte). De
otra parte, cabe señalar que no fue aportada la prueba que permita certificar
la veracidad de la información publicada.
La Sala advierte, a
partir de las pruebas recibidas, que la información publicada no sólo es
incompleta sino, adicionalmente, falta a la verdad y compromete el derecho a
una información veraz de que es titular la clientela de los médicos
demandantes. En efecto, los pacientes de los profesionales afectados se verán
inducidos a prescindir de sus servicios al considerar que no forman parte de
las entidades intermediarias a las cuales se encuentran afiliados, lo cual, en
modo alguno, se ajusta a la verdad. En consecuencia, los anotados avisos de
prensa transmiten a la clientela del médico en cuestión y, en general, a los
potenciales usuarios del servicio que éste pueda prestar, una información que,
a la luz de las pruebas recibidas, no corresponde a la realidad de los hechos.
Respecto al derecho
fundamental a la información, esta Corporación ha señalado:
"El artículo 20
de la Constitución Política consagra el derecho constitucional a la
información, caracterizado por ser un derecho de doble vía, esto es, que su
titular no es solamente quien difunde la información sino, también, quien la
recibe[5].
En esta medida, puede ser reclamado tanto por los unos como por los otros.
Esta Corporación ha
manifestado que el derecho a la información es consustancial al sistema
democrático[6]
y, por ello, su finalidad esencial radica en el mantenimiento de un espacio
público con la apertura y transparencia suficientes para que la opinión pública
pueda controlar los actos de las autoridades y definir cursos colectivos de
acción[7].
En efecto, en el derecho a la información se sustenta la posibilidad del
intercambio pacífico de ideas y opiniones y la efectividad de los derechos de
participación[8].
En este orden de ideas, el derecho a la información sólo puede cumplir con sus
funciones democráticas si, y sólo si, la información que circula en la esfera
pública es veraz e imparcial"[9].
En estas
condiciones, la Corte deberá proceder a proteger, adicionalmente, el derecho
fundamental a la información (C.P. art. 20), ordenando la rectificación de los
avisos, en el sentido de indicar que los actores continúan perteneciendo al
menos, a los cuadros médicos de las siguientes entidades: Medisalud, Bonsalud,
Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol, Electrificadora
del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha de la sentencia se
hubiere producido una novedad al respecto.
34. Por último,
resta a la Sala definir si la publicación de avisos de prensa, en los cuales se
induce al público a seleccionar a un médico que pertenezca a una determinada
asociación, afecta los derechos fundamentales de los galenos no asociados.
Como antes se
estableció, las anotadas publicaciones están en capacidad de producir un efecto
en el mercado de los servicios de salud. Incluso, podrían llegar a afectar la
demanda respecto de médicos no vinculados a asociaciones. Sin embargo, lo
anterior no compromete los derechos fundamentales, como quiera que se trata de
un típico problema de mercado, que deberá ser resuelto con fundamento en las
disposiciones legales respectivas.
Estudio sobre la
eventual afectación de los derechos fundamentales en virtud de las
instrucciones impartidas por las asociaciones científicas a sus miembros en el
sentido de suspender a los actores los servicios profesionales de
interconsultas, asistencia médica, etc.
35. Los demandantes
indican que, como efecto de su expulsión o retiro voluntario de las
asociaciones de especialistas a las cuales pertenecían, éstas solicitaron a
otras asociaciones médicas que les suspendieran los “derechos de colegaje e
interconsulta”, lo cual les ha producido un "fuerte trastorno
laboral". Señalan que la instrucción dada por las sociedades a sus
afiliados, afecta sus derechos al trabajo, a la honra, al buen nombre, a
ejercer su profesión de manera digna, a recibir un trato justo por parte de sus
colegas, a la igualdad de trato y al debido proceso.
Adicionalmente,
informaron que la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico
-SARAT-, accedió a las solicitudes enviadas por otras sociedades científicas,
en el sentido de suspender los servicios de anestesiología - salvo en casos de
urgencias - a aquellos médicos disidentes del movimiento reivindicatorio.
Indican los demandantes que, si bien no existe entre ellos y SARAT una relación
contractual, de hecho sí se encuentran vinculados, como quiera que sus labores,
en aquellos procedimientos de tipo quirúrgico, se encuentran supeditadas a la
colaboración de los médicos anestesiólogos, lo cual es un "requisito sine
qua-non" para poder desarrollar sus actividades como médicos
cirujanos. Anotaron que, sin el apoyo de los anestesiólogos no podrían
desarrollar el objeto de sus respectivas profesiones.
Por estas razones,
solicitaron les fuera tutelado su derecho fundamental al trabajo y, en
consecuencia, se ordenara a las respectivas sociedades restituir los servicios
de “interconsulta y colegaje” y, en especial, que se ordenara a la Sociedad de
Anestesiología y Reanimación del Atlántico que diera instrucciones a sus
afiliados para restablecer la prestación del servicio de anestesiología a todos
sus pacientes.
36. De las pruebas
que se encuentran en el expediente, es posible concluir lo siguiente:
(1) Que la Sociedad
de Endoscopia Digestiva del Atlántico remitió a la Asociación de Sociedades
Médicas del Atlántico una notificación sobre las personas que se habían
retirado del movimiento o que habían sido expulsadas, "debido a que se le
demostraron claras actividades de esquirolaje", en la cual solicitaba,
además, que el resto de sociedades también aplicaran las sanciones respectivas
(Exp. N° 97158, fol. 104). No existen en el expediente pruebas que
indiquen la posible actuación de otras asociaciones médicas en este sentido.
(2) Que si bien en
sus respectivas declaraciones las personas que forman parte de las juntas
directivas de las sociedades demandadas no reconocieron haber adoptado estas
medidas, sí señalaron que “definitivamente los médicos asociados prefieren
prestarle sus servicios a quienes forman parte del movimiento”.
(3) Que los
anestesiólogos asociados a SARAT entienden que la decisión de la asamblea general
de diciembre 10 de 1995, ratificada el 9 de febrero de 1996, en el sentido de
no prestar el servicio de anestesia a los pacientes de los médicos disidentes,
es vinculante. Por lo tanto, asumen que se trata de una prohibición que, de ser
transgredida, acarrearía “primero una amonestación y posteriormente la
expulsión” con todas las consecuencias que ésta implica (Exp. N° 99226, fols.
44 y 56; Exp. N° 99839, fols. 82-84). Tan grave es la comisión de la conducta
proscrita que, algunos anestesiólogos, indican que han tenido que suministrar
anestesia “a escondidas”, en horas en las cuales no van a ser vistos, con el
fin de evitar las correspondientes sanciones.
37. El problema
planteado sugiere a la Sala dos cuestiones constitucionalmente relevantes. En primer
lugar, es indispensable definir si las conductas de las asociaciones de
profesionales, y, especialmente, de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación
del Atlántico -SARAT-, son contrarias a los derechos fundamentales. En segundo
término, habrá de definirse si, en el presente caso, proceden las acciones de
tutela interpuestas por médicos ajenos a SARAT contra dicha asociación.
38. La prestación
del servicio de anestesia no es consustancial al ejercicio de la medicina. Sin
embargo, en algunos procedimientos médicos - especialmente en aquellos
necesarios para atender dolencias graves o hechos inminentes -, se requiere la
intervención de un anestesiólogo. Así, por ejemplo, sin la prestación de este
servicio, resultaría imposible practicar la mayoría de las intervenciones
quirúrgicas. En otro tipo de tratamientos, pese a que la anestesia no es
objetivamente necesaria, se convierte en un elemento importante, en razón de la
poca resistencia del paciente al dolor - umbrales bajos de dolor - y la
correspondiente exigencia al médico tratante. En suma, el servicio de anestesia
resultará más o menos indispensable para el ejercicio de la profesión,
dependiendo de la especialidad del respectivo médico.
En el presente
acápite, se analizan las acciones de tutela interpuestas por Francisco Sales
Sales, Francisco Sales Puccini, José Fuscaldo Quintero y Alejandro Gentile
Herazo contra SARAT. Los mencionados médicos son gíneco-obstetras y, en tales
condiciones, puede decirse que requieren del servicio de anestesia para poder
ejercer a plenitud su especialidad. Ciertamente, si bien la anestesia no
resulta necesariamente indispensable para atender, por ejemplo, los partos
naturales, lo cierto es que  es necesaria para practicar cesáreas, legrados y
otros procedimientos quirúrgicos propios de esta especialidad, en los cuales se
hace necesario evitar el dolor de la mujer .
39. Tal y como ha
quedado demostrado, en la ciudad de Barranquilla las asociaciones de médicos
tienen un fuerte poder, justamente porque reúnen a un número considerable de
especialistas. De otra parte, no existe, en esta ciudad una asociación similar
a SARAT. En este contexto, no parece fácil acceder al servicio de anestesia si
los médicos anestesiólogos, asociados a través de SARAT, reciben la instrucción
de no otorgar este servicio y deciden, por miedo a las represalias o por
voluntad propia, respetar dicha instrucción.
En estas
condiciones, los profesionales marginados del servicio de anestesia deberán
renunciar a llevar a cabo todos los procedimientos, quirúrgicos o no, que
requieran de este servicio. Los cuatro gíneco-obstetras que, por esta causa,
demandan a SARAT, tendrían, probablemente, que cambiar de especialidad.
A partir de lo
anterior, debe la Sala analizar si afecta los derechos fundamentales de un
médico la asociación que decide quitarle el apoyo profesional de sus miembros,
cuando este apoyo es necesario para el ejercicio del derecho al trabajo de
aquel, como represalia por abandonar un movimiento gremial que tiende a
defender los intereses económicos de los respectivos miembros.
Para resolver el
cuestionamiento anterior, debe establecerse si existe una razón suficiente que
justifique, en términos constitucionales, la conducta colectiva asumida por las
personas asociadas a SARAT. Si esta razón llegare a existir, la tarea de la
Corte consistirá en evaluar la proporcionalidad de la medida para determinar si
las prácticas llevadas a cabo por los anestesiólogos son constitucionalmente
legítimas. Si, por el contrario, se trata de una conducta injustificada o
apoyada en bienes o valores que no pueden oponerse al derecho fundamental que
se afecta, y que, por tanto, ni siquiera admiten la correspondiente
ponderación, la conducta sería ilegítima, debiéndose ordenar su inmediata
suspensión.
40. La decisión de
la asamblea general de SARAT de instruir a sus miembros en el sentido de no
prestar asistencia profesional a los pacientes de los médicos que hubieren sido
retirados de otras asociaciones de especialistas o hubieren renunciado a éstas,
se encuentra amparada, según testimonios de los directivos de la asociación, en
la libertad que ostentan los médicos para decidir a quien le prestan sus
servicios profesionales (C. P. art. 16). Alegan que tal libertad se encuentra
restringida, exclusivamente, por los casos de urgencia, en los cuales el médico
está obligado a prestar la respectiva asistencia profesional.
Sin embargo, estima
la Corte que la regla general de libertad que rige la mayoría de las
profesiones, se encuentra invertida dentro de la profesión médica. En efecto,
al tenor de lo dispuesto en la ley 23 de 1981, para garantizar a la sociedad el
cumplimiento de los principios sobre los cuales debe descansar la relación
médico-paciente, se estableció, como regla general, la obligación del médico de
atender a quien requiera de sus servicios, con las excepciones que, en forma
expresa, estableciera la propia ley. Se trata, en este caso, de un desarrollo
del deber de solidaridad social (C.P. art. 95-2) que se predica,
fundamentalmente, de profesiones liberales de cuyo ejercicio depende la
realización efectiva de los derechos fundamentales de los asociados. En efecto,
la vigencia del principio constitucional de solidaridad, restringe la órbita de
libertad del médico a la hora de definir si presta o no sus servicios a una
determinada persona. En este sentido, el juramento médico, aprobado por la
Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y recogido y adicionado
por el artículo 2° de la Ley 23 de 1981, en su parte pertinente indica:
“Hacer caso omiso de
las diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, razas,
rangos sociales, evitando que éstos se interpongan entre mis servicios y mi
paciente”.
Los deberes
adicionales que corresponde cumplir a los médicos aparejan una dignificación
particular del profesional de la medicina. La especial consideración y respeto
que merecen los profesionales de la salud, se deriva, justamente, de su
compromiso solidario con el bienestar de todas las personas sin distinción de
ninguna clase.
En este sentido, el
artículo 3° de la Ley 23 de 1981, señala:
“El médico
dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite, sin
más limitaciones que las expresamente señaladas en esta ley”.
Del artículo
anterior, se deriva la obligación general, en cabeza del médico,  de atender a
todas las personas que soliciten sus servicios, con las excepciones que
expresamente establezca la ley. Según lo dispuesto por la ley 23 de 1981, las
excepciones que consagra la ley al deber general de atención, son las
siguientes:
(1) El numeral 7°
del artículo 1° (intitulado Declaración de Principios) y el artículo 22,
consagran el derecho del médico a recibir remuneración por su trabajo. De este
derecho, se deriva la facultad de no atender a los pacientes que no estén en
capacidad de sufragar - directa o indirectamente - las tarifas fijadas, salvo
cuando se trate de un caso de urgencia (art. 23). Sin embargo, las normas
mencionadas son claras en el sentido de establecer que el monto de las tarifas
no puede poner en peligro los derechos de los asociados (numeral 8°, artículo
1°) y que deberá ser fijado de conformidad con la preparación científica del
profesional y atendiendo a las circunstancias sociales y económicas del
paciente (art. 22). En este sentido, puede afirmarse que las solicitudes
gremiales que operan como sustrato del presente proceso, se fundan en el
ejercicio del derecho a recibir una remuneración digna, así como en la facultad
de emprender acciones reivindicatorias por razones económicas (numeral 8° del
artículo 1°).
(2) El artículo 6°
de la citada ley establece que el médico podrá rehusar la prestación de sus
servicios cuando éstas consistan en participar en actos contrarios a la moral y
cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la
profesión. Entiende la Corte que los actos contrarios a la moral son aquellos
legalmente proscritos, los que atentan contra los principios éticos que regulan
el ejercicio de la profesión o aquellos que contravienen, en forma desproporcionada,
la propia conciencia moral del médico (C.P. art. 18).
(3) El artículo 7°
de la misma ley, establece tres causales adicionales de justificación al
incumplimiento del deber de prestar asistencia profesional. La citada norma
señala textualmente:
“Artículo 7°.-
Cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a
un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, en razón de los
siguientes motivos:
a) Que el caso no
corresponda a su especialidad;
b) Que el paciente
reciba la atención de otro profesional que excluya la suya;
c) Que el enfermo
rehuse cumplir las indicaciones prescritas”
(4) A su turno, el
artículo 14 consagra, como excepción al deber de atención, el evento en el cual
la solicitud provenga de un menor o de un incapaz, sin que, previamente, exista
autorización de los padres, tutores o allegados, salvo que se trate de un caso
de urgencia.
(5) El artículo 26
dispone que, en casos de enfermedad grave o toxicomanía, el médico no prestará
sus servicios profesionales a personas de su familia o que dependan de él,
salvo que se trate de una urgencia o cuando en la localidad no existiere otro
médico.
Por supuesto, son
causales adicionales a las establecidas en la ley 23 de 1981 aquellas que
surgen del ejercicio legítimo de un derecho fundamental y que, en la respectiva
ponderación constitucional, adquieren primacía frente a los derechos del
paciente. Así, por ejemplo, puede eventualmente ser una causal exonerativa del
deber de atención la verificación del riesgo para la vida o la salud del médico
tratante, sin que existan medios alternativos que puedan evitarlo o aminorarlo.
41. De lo anterior,
puede claramente deducirse que las medidas adoptadas por  los miembros de
SARAT, encaminadas a sancionar a los actores impidiéndoles que puedan ejercer
su especialidad, no se fundan en ninguna de las causales que justifican la
omisión del deber de prestar asistencia médica al paciente que lo solicite. En
efecto, no se trata de un asunto que tenga que ver con el pago de honorarios -
dado que SARAT tiene acuerdos con todas las empresas intermediarias -, ni de
evitar participar en actos contrarios a la moral, ni se han verificado
circunstancias que les impidan ejercer la profesión, ni los pacientes son
familiares de los anestesiólogos, etc. Por lo tanto, no encuentra la Corte que
exista una razón suficiente en la cual pueda ampararse la instrucción impartida
por SARAT, en el sentido de omitir el cumplimiento del deber legal de prestar
asistencia médica a los pacientes de los médicos disidentes del movimiento
gremial y, por lo tanto, de vulnerar el deber mínimo de solidaridad de que
trata el numeral 2° del artículo 95 de la Carta.
42. Sin embargo, la
violación de los deberes constitucionales desarrollados legalmente no comporta,
necesariamente, la violación de un derecho fundamental. La circunstancia que
caracteriza el presente caso y que determina que la Sala entienda que existe
una vulneración del derecho de los actores a ejercer su profesión sin
injerencias arbitrarias (C.P. art. 26), reside en el hecho según el cual la
decisión de SARAT, en razón del monopolio que ejerce, tiene como efecto
práctico, la suspensión del ejercicio profesional de los actores. No existe
ninguna razón que autorice a los miembros de la asociación demandada a
“sancionar” de esta manera a los demandantes, toda vez que, para ello, como
quedó  visto, no pueden ampararse en la cláusula general de libertad.
De otra parte, no
sobra advertir que el poder sancionatorio de las asociaciones privadas es
meramente residual y, en caso de llegar a utilizarse, debe hacerse con sujeción
al debido proceso y dentro de los límites que establecen la Constitución y la
ley. En el presente caso, una asociación profesional ha aplicado, a una persona
que no está sujeta a sus reglas internas, una sanción de hecho, sin que se
pueda predicar de este proceso el mas mínimo respeto por los principios
elementales que deben guiar el proceso sancionatorio en una sociedad
democrática. El proceso social de reivindicación de intereses, por legítimo que
sea, se encuentra atado a límites mínimos que han de ser respetados por  todas
las partes.
Por último, no pasa
inadvertido a la Corte el hecho de que la mayoría de los  asociados a SARAT
decidan imponer, coactivamente, a todo el gremio, una prohibición que no sólo
contradice normas legales, sino que puede llegar a afectar los deberes éticos
del profesional de la medicina. Ciertamente, los anestesiólogos que busquen
hacer efectivo el principio de solidaridad de que trata el artículo 95 de la
Carta y presten sus servicios profesionales al paciente que, en ejercicio de su
libertad ha escogido a uno de los médicos disidentes, podrán ser objeto de
sanciones que, como ha quedado visto, pueden resultar drásticamente lesivas. En
estas condiciones, la decisión de la mayoría no puede ser obligatoria, pues
ello afectaría el derecho fundamental a la libertad de conciencia (C.P. art.
18) de los anestesiólogos disidentes, bajo el cual se ampara el derecho de toda
persona a no ser compelida a actuar en contra de su conciencia.
43. Por último,
resta analizar si procede una acción de tutela interpuesta por un médico que no
pertenece a una determinada asociación profesional contra dicha asociación, en
el evento en el cual ésta adopte decisiones que pueden afectar su órbita
laboral.
En el presente caso,
debe afirmarse que el médico especialista sometido al bloqueo de servicios
profesionales necesarios para ejercer su profesión, se encuentra en situación
de indefensión frente al gremio que ha decidido sancionarlo. En efecto, si bien
para evitar estas medidas podrían existir otras acciones, sólo la tutela admite
la posibilidad de que los derechos vulnerados sean protegidos de manera pronta
e integral.
En consecuencia, se
ordenará a la  Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico que
anule, de inmediato, la totalidad de las instrucciones que directa o
indirectamente tiendan a inducir a sus afiliados a incumplir el deber
constitucional, desarrollado por la ley 23 de 1981, de prestar asistencia
profesional a los pacientes de los médicos que, por cualquier razón, no
pertenezcan a una determinada asociación profesional. Deberá advertirse que, de
ninguna manera, la atención profesional en las condiciones descritas constituye
falta disciplinaria y que nadie será sancionado por esta causa. Adicionalmente,
se conmina a los miembros de las asociaciones para que se abstengan de realizar
actos que, en forma directa encubierta, atenten contra los deberes enunciados.
44. En los procesos
acumulados que se estudian, sólo hay prueba suficiente sobre la conducta
asumida por la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico -SARAT-,
respecto a lo que los actores denominan como “la suspensión de la interconsulta
y el colegaje”. En efecto, si bien existe una carta de la Sociedad de
Endoscopia Digestiva del Atlántico al presidente de la Asociación de Sociedades
Médicas del Atlántico (Exp. N° 97158, fol. 104), nada permite a la Corte
suponer que dicha entidad persiguiera que las sociedades científicas
instruyeran a sus miembros en el sentido de suspender el apoyo profesional a
los médicos disidentes del movimiento profesional. En estas circunstancias, la
Corte se limita a estudiar la conducta asumida por los miembros de SARAT
(fundamentos 35 y siguientes de esta sentencia), sin que ello excluya la
posibilidad de que, eventualmente, si se cumplen los requisitos de
procedibilidad y se recopilan las pruebas necesarias, los actores puedan
solicitar el amparo constitucional de sus derechos frente a las restantes
asociaciones.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
Expediente
T-97158
Primero.- REVOCAR
la sentencia de abril diecinueve (19) de 1996, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la honra, al buen nombre y a la libre
asociación, del médico Carlos Elías Sales Puccini. En consecuencia, se ORDENA
al representante legal de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico:
(1) Que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta
providencia comunique a todas aquellas empresas intermediarias en el mercado de
los servicios de salud a las cuales, previamente, se les hubiere solicitado la
exclusión del actor de sus cuadros médicos, que el médico Carlos Elías Sales
Puccini fue expulsado de la Sociedad de Endoscopia Digestiva del Atlántico por
divergencias de tipo económico y no por haber incurrido en actividades
contrarias a la dignidad médica;
(2) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
se haya producido como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva asociación,
o cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a todos los
profesionales registrados;
(3) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(4) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(5) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-97985
Segundo.- REVOCAR
la sentencia de abril veinticuatro (24) de 1996, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la honra, al buen nombre y a la libre
asociación, del médico Jaime Arévalo Reyes. En consecuencia, se ORDENA
al representante legal de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del
Atlántico -ASOGA- :
(1) Que en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si el médico Jaime Arévalo Reyes lo considera conveniente,
publique un aviso de prensa, de las mismas características del publicado en el
periódico "El Heraldo" el día 10 de febrero de 1996, en el cual, de
manera somera, veraz e imparcial, se hagan explícitas las razones por las
cuales el actor fue expulsado de ASOGA y se rectifique la información en el
sentido de indicar que el médico Jaime Arévalo Reyes continúa perteneciendo, al
menos, a los cuadros médicos de las siguientes entidades: Medisalud, Bonsalud,
Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol, Electrificadora
del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha de la sentencia no
se hubiere verificado una novedad al respecto.
Dado que ASOGA
informó sobre el retiro del actor de los cuadros médicos de otras entidades
intermediarias, se ordena al representante legal de la asociación aclarar, con
la correspondiente empresa, en forma inequívoca, la situación del actor y
corregir, si fuere necesario, la información publicada. Sobre esta gestión
deberá informar al juez de primera instancia.
(2) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
se haya producido como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva
asociación, o cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a
todos los profesionales registrados;
(3) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(4) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(5) se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-99226
Tercero.-
CONFIRMAR, por la razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de mayo diecisiete (17) de 1996, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Cuarto.- CONMINAR,
al representante de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico
-SARAT-, para que aclare de manera explícita a los médicos afiliados a dicha
asociación, que la colaboración que dispensen al médico Alejandro Gentile
Herazo - o a cualquier otro colega no perteneciente a una asociación profesional
-, bajo ninguna circunstancia, constituye falta disciplinaria, pues se trata
simplemente del cumplimiento de un deber legal en desarrollo del principio de
solidaridad (C.P. art. 95-2). De igual forma, se CONMINA a los médicos
anestesiólogos asociados a SARAT al cumplimiento de sus deberes éticos y
profesionales, consagrados en la ley 23 de 1981, según los postulados
establecidos en esta sentencia.
Expediente
T-99235
Quinto.-
CONFIRMAR, por la razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de mayo catorce (14) de 1996, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia.
Sexto.- CONMINAR,
al representante de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico
-SARAT-, para que aclare de manera explícita a los médicos afiliados a dicha
asociación, que la colaboración que dispensen a los médicos Francisco Sales
Puccini y José Fuscaldo Quintero - o a cualquier otro colega no perteneciente a
una asociación profesional -, bajo ninguna circunstancia, constituye falta
disciplinaria, pues se trata simplemente del cumplimiento de un deber legal en
desarrollo del principio de solidaridad (C.P. art. 95-2). De igual forma, se CONMINA
a los médicos anestesiólogos asociados a SARAT al cumplimiento de sus
deberes éticos y profesionales, consagrados en la ley 23 de 1981, según los
postulados establecidos en esta sentencia.
Expediente
T-99237
Séptimo.-
CONFIRMAR parcialmente, por la razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de mayo catorce (14) de 1996, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, salvo en cuanto se refiere a conceder la
tutela del derecho fundamental al debido proceso, respeto del cual existe otro
medio de defensa judicial. En consecuencia, se revoca el numeral primero (1º)
de la parte resolutiva de la sentencia de 12 de abril de 1996, proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
OCTAVO.- CONCEDER
la tutela de los derechos al buen nombre, a la honra y de asociación de los
actores y, en consecuencia, ORDENAR al representante legal de la
Sociedad de Pediatría del Atlántico:
(1) Que en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si los médicos Jaime Pombo Mackenzie y Germán Aldana Buelvas lo
consideran conveniente, publique un aviso de prensa, de las mismas
características del publicado en el periódico "El Heraldo" el día 13
de marzo de 1996, en el cual se hagan explícitas, de manera clara, concisa,
veraz e imparcial,  las razones por las cuales los actores fueron expulsados de
la Sociedad de Pediatría del Atlántico;
(2) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
surgió como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva asociación, o
cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a todos los
profesionales registrados;
(3) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(4) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(5) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-99244
Noveno.-
CONFIRMAR parcialmente, por la razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de mayo catorce (14) de 1996, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, salvo en cuanto se refiere a la tutela del
derecho fundamental al debido proceso, respecto del cual existe otro medio de
defensa judicial. En consecuencia, se revoca el numeral primero (1º) de la
parte resolutiva de la sentencia de 16 de abril de 1996, proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Décimo.- ORDENAR
al representante legal de la Sociedad de Pediatría del Atlántico:
(1) Que en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y el médico Jorge Reyes Nuñez lo considera conveniente, publique un
aviso de prensa, de las mismas características del publicado en el periódico
"El Heraldo" el día 13 de marzo de 1996, en el cual se hagan
explícitas las razones por las cuales el actor fue expulsados de la Sociedad de
Pediatría del Atlántico.
(2) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
se haya producido como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva
asociación, o cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a
todos los profesionales registrados;
(3) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(4) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(5) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-99250
Décimo primero.-
CONFIRMAR, por la razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de mayo dieciséis (16) de 1996, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia. Con el fin de proteger el derecho de
asociación del médico Francisco Sales Sales, se ORDENA al representante
legal de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico -ASOGA-:
(1) Que, en el
término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificación de esta
providencia, adopte todas las medidas necesarias para proceder a la anulación y
suspensión de todas las medidas disciplinarias de carácter sancionatorio
adoptadas en contra del médico Francisco Sales Sales.
(2) Que, en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si el médico Francisco Sales Sales lo considera conveniente,
publique un aviso de prensa, de las mismas características del publicado en el
periódico "El Heraldo" el día 25 de enero de 1996, en el cual se haga
explícito que el actor renunció en forma voluntaria a ASOGA y se rectifique la
información en el sentido de indicar que el médico Francisco Sales Sales continúa
perteneciendo, al menos, a los cuadros médicos de las siguientes entidades:
Medisalud, Bonsalud, Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol,
Electrificadora del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha
de la sentencia no se hubiere verificado una novedad al respecto.
Dado que ASOGA
informó sobre el retiro del actor de los cuadros médicos de otras entidades
intermediarias, se ordena al representante legal de la asociación aclarar, con
la correspondiente empresa, en forma inequívoca, la situación del actor y
corregir, si fuere necesario, la información publicada. Sobre esta gestión
deberá informar al juez de primera instancia.
(3) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
se haya producido como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva
asociación, o cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a
todos los profesionales registrados;
(4) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(5) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(6) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-99798
DÉCIMO SEGUNDO.-
REVOCAR, por la razones
expresadas en esta providencia, la sentencia de mayo veintidós (22) de
1996, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho de asociación del médico
Francisco Sales Puccini. En consecuencia, se ORDENA al representante
legal de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico -ASOGA-:
(1) Que, en el
término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificación de esta
providencia, adopte todas las medidas necesarias para proceder a la anulación y
suspensión de todas las medidas disciplinarias de carácter sancionatorio
adoptadas en contra del médico Francisco Sales Puccini.
(2) Que, en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si el médico Francisco Sales Puccini lo considera conveniente,
publique un aviso de prensa, de las mismas características del publicado en el
periódico "El Heraldo" el día 25 de enero de 1996, en el cual se haga
explícito que el actor renunció en forma voluntaria a ASOGA y se rectifique la
información en el sentido de indicar que el médico Francisco Sales Puccini
continúa perteneciendo al menos, a los cuadros médicos de las siguientes entidades:
Medisalud, Bonsalud, Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol,
Electrificadora del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha
de la sentencia no se hubiere verificado una novedad al respecto.
Dado que ASOGA
informó sobre el retiro del actor de los cuadros médicos de otras entidades
intermediarias, se ordena al representante legal de la asociación aclarar, con
la correspondiente empresa, en forma inequívoca, la situación del actor y
corregir, si fuere necesario, la información publicada. Sobre esta gestión
deberá informar al juez de primera instancia.
(3) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
surgió como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva asociación, o
cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a todos los
profesionales registrados;
(4) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(5) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(6) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-99839
DÉCIMO TERCERO.-
REVOCAR, por la razones
expresadas en esta providencia, la sentencia de mayo veintidós (22) de
1996, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental de asociación
y a la libertad de ejercer profesión u oficio, del médico Francisco Sales
Sales. En consecuencia, se ORDENA al representante legal de la Sociedad
de Anestesiología y Reanimación del Atlántico -SARAT- que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta sentencia,
adopte todas las medidas necesarias para proceder a la revocación de todas
aquellas órdenes impartidas por esa asociación a sus miembros en el sentido de
no prestar asistencia profesional a los médicos que, por cualquier motivo, no
pertenezcan a una determinada asociación médica.
DÉCIMO CUARTO.-
CONMINAR, al representante
de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico -SARAT-, para que
aclare de manera explícita a los médicos afiliados a dicha asociación, que la
colaboración que dispensen a los médicos Francisco Sales Sales - o a cualquier
otro colega no perteneciente a una asociación profesional -, bajo ninguna
circunstancia, constituye falta disciplinaria, pues se trata simplemente del
cumplimiento de un deber legal en desarrollo del principio de solidaridad (C.P.
art. 95-2). De igual forma, se CONMINA a los médicos anestesiólogos
asociados a SARAT al cumplimiento de sus deberes éticos y profesionales,
consagrados en la ley 23 de 1981, según los postulados establecidos en esta
sentencia.
Expediente
T-101349
DÉCIMO QUINTO.-
REVOCAR, por la razones
expresadas en esta providencia, la sentencia de junio cuatro (4) de
1996, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho de
asociación del médico José Fuscaldo Quintero. En consecuencia, se ORDENA al
representante legal de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico
-ASOGA-:
(1) Que, en el
término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificación de esta
providencia, adopte todas las medidas necesarias para proceder a la anulación y
suspensión de todas las medidas disciplinarias de carácter sancionatorio
adoptadas en contra del médico José Fuscaldo Quintero.
(2) Que, en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si el médico José Fuscaldo Quintero lo considera conveniente,
publique un aviso de prensa, de las mismas características del publicado en el
periódico "El Heraldo" el día 25 de enero de 1996, en el cual se haga
explícito que el actor renunció en forma voluntaria a ASOGA y se rectifique la
información en el sentido de indicar que el médico José Fuscaldo Quintero
continúa perteneciendo, al menos, a los cuadros médicos de las siguientes
entidades: Medisalud, Bonsalud, Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol,
Electrificadora del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha
de la sentencia no se hubiere verificado una novedad al respecto.
Dado que ASOGA
informó sobre el retiro del actor de los cuadros médicos de otras entidades
intermediarias, se ordena al representante legal de la asociación aclarar, con
la correspondiente empresa, en forma inequívoca, la situación del actor y
corregir, si fuere necesario, la información publicada. Sobre esta gestión
deberá informar al juez de primera instancia.
(3) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
surgió como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva asociación, o
cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a todos los profesionales
registrados;
(4) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(5) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(6) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
Expediente
T-101350
DÉCIMO SEXTO.-
REVOCAR, por la razones
expresadas en esta providencia, la sentencia de junio cuatro (4) de
1996, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho de
asociación del médico Alejandro Gentile Herazo. En consecuencia, se ORDENA al
representante legal de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico
-ASOGA-:
(1) Que en el
término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificación de esta
providencia, adopte todas las medidas necesarias para proceder a la anulación y
suspensión de todas las medidas disciplinarias de carácter sancionatorio
adoptadas en contra del médico Alejandro Gentile Herazo.
(2) Que en el
término de diez (10) días hábiles a partir de la  notificación de esta
providencia, y si el médico Alejandro Gentile Herazo lo considera conveniente,
publique un aviso de prensa de las mismas características del publicado en el
periódico "El Heraldo" el día 25 de enero de 1996, en el cual se haga
explícito que el actor renunció en forma voluntaria a ASOGA y se rectifique la
información en el sentido de indicar que el médico Alejandro Gentile Herazo
continúa perteneciendo al menos, a los cuadros médicos de las siguientes
entidades: Medisalud, Bonsalud, Colseguros, La Nacional de Seguros, Intercor-Panacol,
Electrificadora del Atlántico y Unimec. Lo anterior, siempre que a la fecha
de la sentencia no se hubiere verificado una novedad al respecto.
Dado que ASOGA
informó sobre el retiro del actor de los cuadros médicos de otras entidades
intermediarias, se ordena al representante legal de la asociación aclarar, con
la correspondiente empresa, en forma inequívoca, la situación del actor y
corregir, si fuere necesario, la información publicada. Sobre esta gestión
deberá informar al juez de primera instancia.
(3) Se abstenga de
solicitar a las entidades intermediarias del mercado de los servicios de salud,
que retiren al actor de sus respectivos cuadros médicos o que lo discriminen al
momento de expedir las respectivas ordenes de servicio, cuando su afiliación no
se haya producido como efecto del acuerdo entre la empresa y la respectiva
asociación, o cuando se trate de empresas que tienen cuadros médicos abiertos a
todos los profesionales registrados;
(4) Se abstenga de
impedir, directa o indirectamente, que las empresas intermediarias del mercado
de servicios de salud vinculen al actor a sus cuadros médicos;
(5) Se abstenga de
inducir a las restantes asociaciones de profesionales para que apliquen medidas
lesivas a los derechos fundamentales del actor;
(6) Se abstenga de
inducir a sus afiliados a cometer conductas contrarias a los deberes éticos
establecidos en la ley.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
LIBRESE comunicación a las
Salas Civil, Penal y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, con miras a que se surta la notificación de esta providencia,
según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los seis (6) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis
(1996)).
[1] ST-543/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). En el mismo
sentido, véase la ST-544/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[2] ST-301/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[3] ST-543/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). Consultar, en
este mismo sentido, las sentencias SC-606/92 (MP. Ciro Angarita Barón) y
ST-173/95 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[4] ST-472/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] ST-512/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); ST-332/93 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo); ST-074/95 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo).
[6] ST-048/93 (MP. Fabio Morón Díaz); ST-080/93 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz); ST-602/95 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[7] ST-609/92 (MP. Fabio Morón Díaz).
[8] ST-080/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-602/95 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[9] ST-472/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).