T-439-20
Sentencia T-439/20
Referencia:
Expediente T-7.719.491
Acción de tutela
instaurada por Henry Torres Torres contra la Unidad Nacional de Protección
(UNP)
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., seis
(6) de octubre de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por el magistrado Luis Javier Moreno Ortiz, el magistrado Alejandro Linares
Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el
Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
proferido, en única instancia, por el Juzgado 10º Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Cali.
I. ANTECEDENTES
Henry Torres Torres es un líder de las
comunidades negras del Cauca. Por su protagonismo en la defensa del medio
ambiente, la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería
artesanal, ha sido objeto de diversas amenazas, desplazamiento e, incluso,
atentados. Desde 2014 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad
Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, considera que las actuaciones recientes
de la UNP ponen en inminente y grave riesgo su vida y la de su núcleo familiar,
por lo que, a través de la acción de tutela, solicita: (i) el cambio del
vehículo de protección; (ii) la no suspensión del vehículo por presunto
mal uso; (iii) la ampliación del esquema a su familia; (iv) la contratación
del escolta de confianza propuesto; (v) el traslado de su caso a la
regional Valle del Cauca de la UNP; y (vi) un subsidio económico para
vivienda y manutención en la ciudad de Cali.
1. Hechos relevantes y
fundamentos de la solicitud de amparo
1.  El señor Henry Torres Torres ha recibido múltiples amenazas contra
su vida, dada su calidad de líder social y comunitario afro. Desde 2010 ha venido
denunciado ante la Fiscalía General de la Nación diversas conductas intimidatorias
que ha recibido personalmente, vía mensajes de texto al celular y con cartas en
su lugar de residencia. Entre estas, se resaltan las siguientes:
o
El 6 de abril de 2010, denunció las amenazas
que recibió personalmente en el marco de una reunión de la Cooperativa de
Mineros (Coomultimineros), en la que se le advirtió que lo iban a matar. Explicó
que dichas amenazas las recibió en su calidad de Gerente de la Cooperativa, por
ser el encargado de adelantar investigaciones al interior de la misma y por un
conflicto con otras personas de la zona que tienen intereses en la actividad
minera.[1]
o
En el 2011, “por las múltiples amenazas
(le) tocó dejar abandonado (su) predio y (su) mina de explotación aurífera,
único medio de sustento”, ubicado en Buenos Aires (Cauca). Razón por la
cual fue inscrito, junto a su núcleo familiar, en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, mediante Resolución RC 02119
de 2017.[2]
o
El 16 de diciembre de 2013, informó sobre una
misiva que dejaron en su casa, con el siguiente contenido: “hola
amiguito, usted ya no es el gerente de la cooperativa ni lo eligieron alcalde
como para que se sienta dueño de la minería de estos dos municipios. nosotros
sabemos lo que tenemos y para donde vamos así que no va a haber nadie que se
interponga en nuestros planes parcerito. dedíquese a lo suyo y si no lárguese
si es que quiere alguito su vida.”[3]
o
El 19 de noviembre de 2015, declaró ante la
Fiscalía que había sido víctima de un atentado mientras se desplazaba desde el
municipio de Suarez hacia Jamundí, en la camioneta asignada por la UNP. También,
relato haber recibido una nota de voz continuando con la amenaza.[4]
2.  Dada esta situación, el equipo de valoración de la UNP ha calificado
el nivel de riesgo del señor Henry Torres como extraordinario, por lo
que ha contado con medidas de seguridad especiales desde el año 2014. En la
actualidad, su esquema de protección está integrado por un vehículo blindado,
tres escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.[5]
3.
Henry Torres sostiene que el riesgo sobre su
integridad y la de su familia se mantiene en la actualidad, en razón de su
actividad de liderazgo que se refleja principalmente en (i) su elección
como Presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de la Toma,
Suarez (Cauca), el 1º de Enero de 2017;[6]
(ii) su desempeño como Gerente de la Cooperativa de Mineros -Coomultimineros-
de Buenos Aires; (iii) su inscripción en el registro de tierras
despojadas, junto con su compañera permanente, para la recuperación del
territorio;[7]
y (iv) su rol como miembro del Consejo de Administración de la
mencionada Cooperativa, después de ser elegido en el 2018 para un periodo de 2
años.[8]
4.
Más reciéntenme, el 13 de abril de 2019, el
señor Torres intervino en el “Taller Construyendo País”, presidido por el
Presidente de la República, en el que formuló denuncias sobre la intención de
entregar los títulos mineros a unas pocas familias. El accionante asegura que
debido a esto ha recibido varias “amenazas a través de correos humanos que
le informan que no debe volver al territorio, ni continuar con las mesas que
buscarían solucionar los problemas de minería y energía porque me matarán con
escolta y todo.”[9]
5.
De hecho, pocos días después, el 22 de abril, se
produjo un nuevo atentado que evidencia el riesgo que vive. Esa mañana su vehículo
de protección fue impactado con varios disparos mientras su escolta se
desplazaba desde la vereda Gelima hacia la cabecera municipal de Suárez
(Cauca).[10]
Aunque el accionante no se transportaba en el vehículo, en la declaración
rendida por José Fernando Montaño Bravo (escolta asignado por la UNP), este
relató que el atentado iba dirigido contra su protegido, el señor Henry Torres:
“[t]engo
conocimiento que mi protegido Henry Torres Torres […] tiene un alto nivel de
riesgo por las actividades que desarrolla como líder comunitario, presidente de
la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de La Toma, y miembro del Consejo
de Administración de la Cooperativa Coomultimineros, pues en varias ocasiones,
fuentes humanas nos han prevenido sobre riesgos y comentarios acerca de un
posible atentado contra la vida de mi protegido y obviamente contra la mía como
su escolta, ya que él defiende unos procesos de demanda de restitución ante el
Juzgado Civil de Tierras de Popayán. De igual manera, aunque coloco el
denuncio, el atentado iba dirigido a mi protegido, ya que los tres impactos de bala
dieron en la puerta y vidrio del copiloto, asiento que él siempre ocupa, con la
ventaja de que el vehículo es blindado protegiendo así mi integridad y la de él
si hubiera ido en el carro.”[11]
6.
Pese a lo ocurrido, el accionante asegura que la
UNP no ha tomado los correctivos necesarios para preservar su vida. Por el
contrario, manifiesta que recibió una llamada de un funcionario de la UNP quien
le habría informado que en los próximos días sería sancionado con la suspensión
del vehículo blindado, por presunto mal uso. A lo que el señor Torres se opone,
argumentando que siempre ha empleado correctamente la camioneta asignada y que
el proceso sancionatorio en su contra es el resultado de una persecución
interna “como consecuencia de unas quejas presentadas por mis anteriores
escoltas que hacen parte de la gran familia sindical.”[12]
7.
Reclama también que su esquema de seguridad no esté
conformado por integrantes con enfoque diferencial y cercanos a la comunidad
donde reside, quienes sí entenderían sus necesidades particulares. Es más, dice
sentirse intimidado por la mayoría de escoltas asignados para su protección, de
quienes sostiene que lo graban sin su permiso y no atienden sus peticiones, por
lo que teme que puedan compartir información sensible con personas que deseen
atentar contra su vida. Por esta razón, ha postulado varios candidatos para ser
nombrados escoltas, los cuales, sin embargo, han sido rechazados.
8.
Por último, cuestiona que el esquema de
protección no se haya extendido efectivamente a su núcleo familiar (compañera e
hijos), pese a que las resoluciones 5771 de 2017 y 7580 de 2018 así lo habían dispuesto.
Explica que por sus actividades como líder social debe permanecer en la región,
mientras que su familia vive sola y vulnerable pues “aunque las dos mujeres
son mayores de edad, están estudiando en la Universidad y el niño de 10 años
está en 5º de primaria y les toca transportarse en servicio público todo el
tiempo.”[13]
9.
Con fundamento en lo expuesto, el 2 de mayo de
2019, Henry Torres Torres radicó acción de tutela, actuando en nombre propio y
en representación de su núcleo familiar, contra la UNP. Solicitó: (i) cambiar
el vehículo asignado en tanto “no ofrece las garantías de seguridad por los
impactos de bala recibidos el pasado 22 de abril de 2019, más el hongo (humedad
entre vidrios del blindaje que separa las capas de vidrio) que tienen el
parabrisas y todas las demás ventanas”; (ii) evitar que se
materialice la medida tomada por el Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas -CERREM-, en la que se le quitaría el vehículo por un
mes, (iii) ampliar efectivamente el esquema a su núcleo familiar en
Cali; (iv) revisar nuevamente la hoja de vida de Alexander Montaño
García, para que sea contratado como su escolta; (v) cambiar o trasladar
el esquema de la Regional Cauca a la Regional Valle del Cauca; y, (vi) asignarle
un subsidio de apoyo económico, bien sea a través de la UNP, la Unidad de
Restitución de Tierras o la entidad que cumpla esas funciones.
10.  Junto con su escrito de tutela, allegó las múltiples denuncias
presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, las resoluciones de protección
proferidas por la UNP, varios documentos de soporte para acreditar las
afectaciones sufridas en el vehículo y una solicitud de la Defensoría del
Pueblo para tomar medidas urgentes en su favor.
2. Trámite de instancia y contestación
de la entidad demandada
11.  El Juzgado 10º Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de
Cali, a quien fue asignado por reparto el proceso, admitió la demanda mediante
Auto del 02 de mayo de 2019. Al día siguiente ordenó a la Unidad Nacional de
Protección, como medida cautelar, “contin[uar] prestando al
señor Henry Torres y a su núcleo familiar el esquema de protección recomendado
en la Resolución 7580 del 07 de septiembre de 2018.”[14]
12.  Por su parte, la UNP, en comunicación del 07 de mayo, suscrita por
la jefe de la Oficina Jurídica, solicitó denegar el amparo. Explicó que la entidad
había actuado en el marco de sus competencias y de manera diligente para
conjurar cualquier acción que pudiera amenazar la integridad personal del
protegido. A continuación, se refirió a cada una de las solicitudes elevadas
por el accionante, explicando por qué ninguna debía ser acogida por el juez de
tutela.
13.  En primer lugar, precisó que una vez tuvo conocimiento del
atentado ocurrido el 22 de abril de 2019, la UNP solicitó el inicio de “las
actividades de campo correspondientes a la revaluación por nuevos hechos, para
determinar el nivel del riesgo actual del beneficiario”, en los términos
dispuestos en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40. del Decreto Ley 1066 de
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior.”[15] Dicha
decisión fue informada al accionante el 6 de mayo de 2019. Respecto a la
solicitud de cambio de vehículo, manifestó que “actualmente el beneficiario
cuenta con el vehículo de protección asignado a su favor, en buenas
condiciones.”[16]
14.  Respecto al proceso sancionatorio originado por el mal uso del
vehículo, detalló que, a lo largo del año 2017, la Unidad recibió varios reportes
negativos por parte de los escoltas del señor Torres. Fue por ello que la
Coordinación de control, seguimiento y desmonte de medidas inició el proceso de
verificación. Destacó que el artículo 2.4.1.2.44. del Decreto 1066 de 2015
establece que el uso indebido de las medidas otorgadas puede llevar a la ‘suspensión
de las mismas’, y que de configurarse los hechos relacionados con éste, se
dará aplicación al procedimiento descrito en el artículo 2.4.1.2.45. No obstante
lo anterior, precisó que la decisión aún está siendo estudiada por el Comité, “razón
por la cual aún no se cuenta con un acto administrativo que implique la
suspensión del [vehículo de protección].”[17]
15.  En cuanto a la pretensión de hacer extensivas las medidas de
seguridad al su núcleo familiar, señaló que, en atención a la reevaluación por
nuevos hechos, prevista en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto
Ley 1066 de 2015, “se procederá a establecer si la situación actual de
presunto riesgo se enmarca dentro de las características mencionadas, y si
procede modificar las medidas extensivas a su núcleo familiar o a ratificarlas.”[18]
16.  Frente a la petición del nombramiento de un hombre de protección con
enfoque diferencial, explicó que, luego de validar la hoja de vida del señor
Alexander Montaño García -persona propuesta por el accionante-, se concluyó que
“no cumplía a cabalidad con los [requisitos].” Precisó, además,
que el proceso de selección lo lleva a cabo una empresa externa a la UNP, de
las que conforman la Uniones Temporales.
17.  Con respecto a la solicitud de traslado del esquema de la regional
Cauca a la regional Valle del Cauca, manifestó no haber recibido una petición
en ese sentido. Aclaró, de todos modos, que el beneficiario puede solicitar la
viabilidad de traslado de ubicación y/o de regional, en atención a sus
actividades, indicando el lugar exacto y motivo del traslado. No
obstante, advirtió que “si desea continuar con el mismo esquema de
protección, es necesario contar con la disponibilidad de los hombres de
protección para realizar el traslado, o en su defecto, de no contar con dicha
disponibilidad, iniciar el proceso de selección para que se pueda brindar la
protección en el nuevo lugar.”[19]
18.  Finalmente, sobre la solicitud de ayudas económicas o de un subsidio
para vivienda y manutención, rechazó la procedencia de este tipo de
prestaciones económicas a través de la acción de tutela.
3. Decisión de instancia en el
trámite de tutela
19.  Mediante sentencia del 15 de mayo de 2019, el Juzgado 10º Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali declaró la improcedencia. Sin
embargo, en la parte resolutiva, conminó a la UNP “para que antes de tomar
una decisión de fondo, se tenga en cuenta que el accionante es sujeto de
especial protección por parte del Estado, atendiendo su condición de líder
comunitario.”[20]
20.  La providencia se enfocó en el proceso sancionatorio. Consideró que si
bien este se encontraba en curso, lo cierto es que el mismo no había concluido
pues “no ha sido formalizado y por ende notificado al accionante, por lo que
hasta este momento no se evidencia la violación de ningún derecho fundamental. Además,
en caso de que le sea adversa tiene el legítimo derecho a controvertirla por
vía administrativa.”[21]
21.  Frente a las demás pretensiones, concluyó que eran improcedentes.
Explicó que las decisiones que tome la UNP, previa valoración de todas las
circunstancias, pueden ser impugnadas a través de los mecanismos ordinarios de
contradicción.
4. Actuaciones adelantadas en
sede de revisión
4.1. Primer auto de pruebas
22.  Con el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes, la
Magistrada sustanciadora, mediante Auto del 17 de febrero de 2020, decretó una
serie de pruebas. Puntualmente, (i) solicitó a la UNP la información
relevante en que se soportó para tomar las decisiones sobre el esquema de
protección del accionante, así como el procedimiento sancionatorio y los
criterios valorados; (ii) indagó con el señor Torres si se había hecho
efectiva la suspensión del vehículo de protección y, en caso afirmativo, qué
recursos de defensa había iniciado; y (iii) pidió a la Defensoría del
Pueblo los reportes o alertas tempranas sobre la situación de seguridad en los
municipios de Suárez y Buenos Aires (Cauca), lugares donde el señor Henry
Torres ejerce su labor.
4.1.1. Unidad Nacional de Protección (UNP)
23.  El jefe de la Oficina Jurídica de la UNP[22] informó que mediante
Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019, la entidad decidió adoptar las
recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM) dentro del proceso
sancionatorio en curso contra el accionante. En consecuencia, ordenó suspender
el uso del vehículo blindado por un mes. Allí también dispuso que, una vez
restablecido el esquema, el mismo no sería “extensivo al núcleo familiar.”[23]
Decisión que fue impugnada por el accionante a través de recurso de reposición,
pero que fue confirmada mediante Resolución 6338 del 2 de septiembre de 2019.
24.  No obstante lo anterior, informó que el protegido interpuso el 11 de
septiembre una nueva acción de tutela dirigida contra la decisión sancionatoria.
Proceso que fue conocido en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Civil
del Circuito de Cali, que concedió el amparo, en el sentido de restablecer, de
manera inmediata, el uso del vehículo asignado. El amparo fue confirmado luego en
segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. A la luz de
lo ocurrido, la UNP concluye que “nunca le fue suspendido al señor Torres
Torres el vehículo blindado por el mal uso que le daba este.”[24]
25.  Por otro lado, señaló que finalizando el año 2019 se adelantó la reevaluación
del nivel de riesgo del señor Henry Torres. Según este nuevo análisis, su
riesgo fue ponderado como extraordinario con matriz del 59.99%, producto del
cual se dispuso “ajustar medidas de protección tipo dos a tipo tres de la
siguiente manera: implementar un hombre de protección con enfoque diferencial
y/o de confianza. Ratificar un vehículo blindado y dos hombres de protección.
Ratifica un medio de comunicación y un chaleco blindado.” Decisión que
quedó plasmada a través de la Resolución No. 8451 del 21 de noviembre de 2019.[25] Mediante Resolución
0531 del 5 de febrero de 2020, la UNP no accedió al recurso de reposición
elevado por el señor Torres argumentando que las medidas de protección no se
hicieron extensivas al núcleo familiar, en cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por el CERREM.
4.1.2. Henry Torres Torres
26.  El accionante reconoció haber radicado una segunda tutela ante la
inminente orden de suspensión del vehículo. Sin embargo, manifestó que no había
interpuesto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
las resoluciones en las que se le suspendió el uso del vehículo, como disponía
la orden de amparo transitorio. Lo anterior, por cuanto un abogado le informó
que tenía que presentar la demanda ante el Consejo de Estado, pero él no tenía “posibilidades
económicas de sacar adelante un proceso de esta cuantía.” Por ello, expresó
su preocupación que “en cualquier momento [l]e hagan efectiva la
suspensión de vehículo pues ya se cumplieron los dos meses.”[26] Asimismo,
puso de presente a la Corte lo que, en su opinión, ha sido una persecución del
sindicato de escoltas, a través de montajes, para culparlo del supuesto uso
indebido del vehículo de protección.
27.  Respecto a su situación de seguridad, reprochó que si bien la UNP reforzó
su esquema de protección, al aumentar un escolta con enfoque diferencial y/o de
confianza, no lo hizo extensivo a su núcleo familiar. También afirmó que a la
fecha sólo contaba con un escolta de confianza y otro provisional, dadas las
dificultades por encontrar personal disponible. Por último, indicó que
había pedido el cambio de llantas desde el 16 de diciembre de 2019, pero que la
petición fue descartada, bajo el argumento de que aún no se había cumplido la
vida útil de los neumáticos de acuerdo con el proveedor.
4.1.3. Defensoría del Pueblo
28.  La Delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría
del Pueblo[27]
rindió un concepto sobre el alto escenario de riesgo de vulneraciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la zona.
Puntualmente, dio cuenta de las siguientes alertas tempranas:
(i) Alerta temprana de inminencia Nro. 001-18
del 02 de enero de 2018 y la 034 del 09 de abril de 2018, debido a la situación
de riesgo en el municipio de Suárez en la subregión norte del Departamento del
Cauca, no obstante, no se incluye taxativamente al corregimiento de La Toma.
Pese a ello, para la Defensoría del Pueblo, la disputa por el control
territorial que libran los grupos armados ilegales que se autodenominan
disidencia de la FARC-EP, EPL y AGC, afecta a todo el ente territorial y la
precitada subregión.
(ii) Alerta temprana de inminencia 050-18 del
09 de junio de 2018: advierte la grave situación de riesgo de violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la
cuenca del Río Naya en los municipios de Buenos Aires y López de Micay en el
Departamento del Cauca, y Buenaventura en el Valle del Cauca.
(iii) Alerta Temprana Nro. 033-19-Suárez: Amplía
el escenario de riesgo de las alertas tempranas de inminencia número 001-18 del
02 de enero de 2018 y 034 del 19 de abril de 2018, y se incluye taxativamente
al corregimiento de La Toma.
(iv) Oficio de Consumación a la Ciprat enviado
el 26 de abril de 2019, donde se advierte sobre la situación de riesgo
identificada para las organizaciones sociales y comunitarias, movimientos
sociales, mesas de participación de víctimas, líderes, lideresas y defensores
de derechos humanos en el departamento del Cauca, quienes vienen siendo
amenazados a través de panfletos y otros mecanismos de intimidación por parte
de actores armados ilegales, directa o indirectamente, a raíz de los procesos
de exigibilidad de derechos individuales y colectivos, y las movilizaciones en
ejercicio del derecho de protesta social.
(v) Oficio de Consumación a la Ciprat enviado
el 23 de julio de 2019, en razón a la situación de riesgo identificada para los
líderes y lideresas sociales de los corregimientos de La Toma y la Meseta en el
municipio de Suárez, departamento del Cauca, a raíz de amenazas recibidas a
través de mensaje de texto el 12 de julio de 2019.”[28]
29.  A partir de lo anterior, la Defensoría del Pueblo concluye que “ha
puesto de presente la difícil situación de violencia y de alteración del orden
público que ha situado a los y las defensoras de derechos humanos, líderes y
lideresas sociales de las zonas referidas, en escenarios de gran peligro que
requieren la intervención inmediata del Estado.”[29]
4.2. Segundo auto de pruebas
30.  En atención a que los documentos allegados por las partes referían una
segunda acción de tutela en relación con el proceso sancionatorio adelantado
por la UNP contra el protegido Henry Torres Torres, se procedió a la búsqueda
de dicho expediente en los sistemas de información de la Corte Constitucional.
Fue así cómo se identificó que este proceso de tutela había sido radicado en
esta Corporación bajo el número T-7.751.899.
31.  A través de Auto del 05 de marzo del año en curso, se solicitó a la
Secretaría General de la Corte remitir el referido expediente al Despacho de la
Magistrada sustanciadora. Más adelante, la Sala Segunda de Revisión volverá
sobre el expediente cuando así resulte pertinente para el análisis del caso.
4.3. Tercer auto de pruebas
32.  Finalmente, con el objetivo de contar con información actualizada
sobre el proceso bajo estudio, mediante Auto del 17 de julio de 2020, (i)
se pidió al accionante que detallara su condición de seguridad; y (ii)
se solicitó a la UNP que informara sobre las actuaciones desplegadas en torno
al vehículo de protección asignado al señor Torres, así como cualquier otra
decisión relevante.
4.3.1. Unidad Nacional de Protección (UNP)
33.  En escrito fechado el 26 de agosto de 2020, la Unidad afirmó que los
escoltas que integran el esquema de seguridad del señor Henry Torres Torres han
enviado requerimientos de mantenimiento vehicular, los cuales se han venido adelantando
oportunamente en lo corrido del año así:
• 15 de enero:
cambio de aceite, mantenimiento de frenos, vibración en el volante, revisión de
ruido en la barra de la dirección, mantenimiento general preventivo.
• 29 de febrero:
cambio de las 4 llantas del vehículo por alto desgaste. Alineación.
• 03 de marzo:
cambio de aceite, mantenimiento de frenos, alineación y balanceo, mantenimiento
general preventivo del vehículo, cambio de las 4 llantas del vehículo por alto
desgaste.
• 30 de julio de
2020: peritaje de llantas.[30]
34.  Por otro lado, señaló que a comienzos de 2020 se activó una orden de
trabajo para recalificar la situación de riesgo del accionante por “hechos
nuevos”. En desarrollo de lo anterior, el Grupo de Valoración Preliminar validó
su nivel de riesgo como extraordinario con una matriz de 59,99% y el CERREM recomendó
ratificar su esquema de protección tipo 3. Decisión que se plasmó en la
Resolución 2087 del 13 de abril de 2020. Aunque el señor Torres interpuso
recurso de reposición para que la medida se extendiera a su núcleo familiar, la
UNP no accedió a sus pretensiones y confirmó el acto administrativo mediante
Resolución 4693 del 24 de julio de 2020.
4.3.2. Henry Torres Torres
35.  El señor Torres manifestó, a través de correo electrónico del 31 de
agosto de 2020, que recibió nuevas amenazas por parte de un grupo armado en el
predio que recientemente le había sido restituido mediante sentencia del 09 de
marzo de 2020 emanada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de la Ciudad de Cali. También expresó su preocupación
por la falta de avances en los procesos por amenazas en curso ante la Fiscalía
General de la Nación. Aseguró que el ente acusador “no los orienta como
atentados contra mi vida y la de los escoltas, si no como investigaciones por
porte de armas. Ni siquiera una ampliación de la denuncia.”[31]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
36.  De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la
Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional es competente para conocer de los fallos materia de revisión.
2. Análisis de procedibilidad: la
acción de tutela como mecanismo de protección definitivo en defensa de la vida
y la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos
37.  Antes de entrar a considerar de fondo cuestión alguna del caso, debe
la Sala establecer si la presente acción de tutela procede a la luz de la
Constitución y si, por tanto, puede entrar a resolver el asunto.
38.  Contrario a lo expuesto por el juez de instancia, quien declaró
improcedente la acción interpuesta por el señor Henry Torres Torres, la Corte
considera que se cumple con los requisitos de procedencia fijados por el
ordenamiento y la jurisprudencia (legitimación por activa y pasiva, inmediatez
y subsidiariedad). Esta es, también, una oportunidad para reiterar la idoneidad
de la acción de amparo para proteger, de forma urgente y eficaz, los derechos fundamentales
a la vida y la integridad personal, como ocurre en este tipo de casos.
39.  El accionante podía interponer la acción de tutela (legitimación por
activa). El señor Henry Torres Torres puede
invocar, en nombre propio, el amparo de sus derechos a la vida y a la
integridad personal y familiar. La referencia a su núcleo familiar (compañera y
tres hijos) es consecuencia directa e inescindible
del esquema asignado al accionante y que se hace extensible a su familia, pero
no es un derecho en sí mismo de los integrantes del núcleo familiar. En efecto, mediante resoluciones 5771 del 08 de septiembre de 2017 y
7580 del 07 de septiembre de 2018, la UNP dispuso que
“las medidas de protección serán extensivas al núcleo familiar.”
40.  La tutela se podía interponer contra la UNP (legitimación por pasiva). La Sala encuentra que se acredita este requisito, pues la acción
de tutela se dirige en contra de la UNP, entidad pública a la cual se atribuye
los hechos vulneratorios alegados. Aunque esta argumente que las
recomendaciones técnicas a partir de las cuales se define el esquema de
protección y las eventuales sanciones al protegido son elaboradas por un cuerpo
interinstitucional,[32]
lo cierto es que la UNP es la entidad que profirió los actos administrativos que
adoptaron las correspondientes decisiones. En efecto, a dicha unidad le fue
encomendada la coordinación general de la estrategia de protección, sin
perjuicio de las competencias concurrentes de otras instituciones que
participan en la calificación del riesgo, o en los procesos de suspensión o
finalización de las medidas de prevención y protección.[33]
41.  Inmediatez. La tutela fue interpuesta en
un término razonable. Entre los hechos recientes ocurridos en el proceso del
señor Torres consta que el 19 de febrero de 2019, este solicitó por escrito el
cambio de escolta, requerimiento que fue despachado negativamente. Por otro
lado, su vehículo fue atacado el 22 de abril de 2019, razón por la cual pidió
reforzar su esquema de protección y cambio del vehículo. Y la última actuación
de la UNP ocurrió el 2 de mayo de 2019, fecha en la cual se le habría
comunicado telefónicamente que su esquema de seguridad había sido sometido al
CERREM y sería suspendido por uso indebido del vehículo asignado. Ese mismo
día, el señor Henry Torres radicó la tutela de la referencia. En otras
palabras, el accionante ha obrado diligentemente en la defensa de sus derechos.
42.  Subsidiariedad. La jurisprudencia
constitucional ha afirmado que la acción de tutela es procedente para invocar
la protección de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la
integridad física y al debido proceso administrativo frente a decisiones
adoptadas por la UNP.[34]
Esta Sala de Revisión reconoce que este tipo de actos administrativos son susceptibles
de ser controvertidos mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho e, incluso, es posible la solicitud de medidas cautelares. Sin embargo,
dado el creciente escenario de victimización contra líderes y defensores de
derechos humanos en nuestro país, la jurisprudencia constitucional ha venido
señalando que resulta irrazonable exigir a estas personas que expongan su caso
ante el juez contencioso, cuando lo que se encuentra en discusión es la vida
misma. Recientemente, la Corte resumió esta regla en los siguientes términos:
“Por
un lado, la falta de eficacia se explica porque el mecanismo ordinario conlleva
un tiempo prolongado, ‘lapso
en el cual se puede consumar el riesgo (…)’, situación que desconocería la urgencia con que se requiere
que el asunto puesto a consideración sea resuelto, dados los derechos
involucrados. La relevancia de esto último se debe a que los accionantes en estos
casos son ciudadanos que han contado con medidas de protección de sus derechos
a la vida, la seguridad personal y la integridad, es decir, se encontraban ante
una inminente y grave situación, justamente fue ello lo que en su momento
justificó la adopción de tales medidas. Por otro lado, la falta de idoneidad se
debe a que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como
objetivo principal cuestionar la legalidad de un acto administrativo, no la
protección de los derechos que se invocan en estos casos. Por ello, se ha
considerado que es irrazonable ‘exigir al demandante que acuda a los jueces administrativos, cuando
quiera que se discute la afectación directa de un derecho fundamental como la
vida y la integridad personal.”[35]
43.  Es dable concluir entonces que “el recurso de amparo es
procedente como mecanismo definitivo en este tipo de procesos.”[36] La acción de tutela iniciada
por el señor Henry Torres Torres se enmarca en este escenario de gravedad y
urgencia. En efecto, el señor Torres es un líder social y comunitario afro que
ha recibido amenazas a través de diferentes medios, las cuales han sido
documentadas por la Fiscalía General de la Nación. Desde 2014 su nivel de
riesgo ha sido calificado como extraordinario, por lo que ha venido
recibiendo medidas de protección por parte de la UNP. Además, quince días antes
de interponer esta acción de tutela se realizaron varios disparos al vehículo
de seguridad asignado. Es decir, existe un hecho cierto que ratifica el nivel
de amenaza sobre sus derechos y la urgencia del mecanismo judicial.
44.  Por todo lo anterior, la Sala disiente de la decisión a la que llegó
el juez de instancia, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, bajo
el argumento de que la decisión del CERREM “no ha sido formalizada y por
ende notificada al accionante, por lo que hasta este momento no se evidencia la
violación de ningún derecho fundamental.”[37]
Al respecto, es pertinente recordar que la acción de tutela es un mecanismo
para solicitar protección “de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública” (Art. 86 de la CP). De manera que no
necesariamente deba demostrarse la materialización de la decisión vulneratoria
de las garantías invocadas para la procedencia de este recurso constitucional,
pues la amenaza a los derechos fundamentales también habilita el mecanismo de
amparo. Más aún, en un caso como el estudiado, que compromete los derechos a la
vida, a la integridad y a la seguridad personal. Por ello, la Sala de Revisión establece
que en este caso la acción de tutela constituye el mecanismo judicial apropiado
y definitivo para estudiar si se vulneraron los derechos invocados por el demandante.
3. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
45.  El expediente de la referencia versa sobre la acción de amparo
interpuesta por el señor Henry Torres Torres, como líder social afro, en contra
de la Unidad Nacional de Protección (UNP).[38]
Dado su rol en la comunidad, ha sido designado como Presidente de la Junta de
Gobierno del Consejo Comunitario de La Toma y miembro del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Mineros -Coomultimineros- de Buenos Aires
(Cauca), entre otros cargos. Además, adelanta un proceso de restitución de
tierras despojadas, lo cual -asegura- ha supuesto un riesgo adicional para su
vida y la de su familia. Debido a este liderazgo en la defensa del medio
ambiente, la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería
artesanal, ha sido objeto de diversas amenazas, desplazamiento e, incluso,
atentados.
46.  Desde 2014 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad
Nacional de Protección, entidad que en los últimos años ha calificado reiteradamente
como extraordinario su nivel de riesgo. Por su parte, el señor Torres
asegura que el riesgo se ha agravado con el tiempo. De hecho, relata que el 22
de abril de 2019 su vehículo fue atacado con ráfagas de bala, lo que afectó el
blindaje del automotor. Pese a lo ocurrido, asegura que la UNP no ha tomado los
correctivos necesarios para preservar su vida y reforzar su esquema de
protección. Por el contrario, denuncia que la entidad le inició un proceso sancionatorio,
con el fin de suspender temporalmente el uso del vehículo.
47.  Ante lo que considera son decisiones arbitrarias por parte de la
Unidad Nacional de Protección que comprometen sus derechos fundamentales, interpuso
acción de tutela el 02 de mayo de 2019, elevando
varias pretensiones relacionadas con su esquema de seguridad. En sede de
revisión, la Corte Constitucional conoció que el señor Torres radicó otra
acción de tutela dirigida específicamente a suspender el proceso sancionatorio
en su contra.
48.  A partir de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión estima que le
corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Se configura la carencia actual de
objeto respecto a la solicitud elevada por el señor Henry Torres Torres contra
el proceso sancionatorio, en tanto esta pretensión se resolvió a través de otra
acción de tutela?
(ii) ¿Vulnera la entidad estatal
responsable de brindar protección a los líderes sociales (UNP), los derechos
fundamentales al debido proceso, la integridad y la vida de un protegido cuando
niega las solicitudes de (i) cambio del vehículo de protección; (ii)
ampliación del esquema de seguridad a su familia; (iii) contratación de
un escolta de confianza; (iv) traslado a otra regional; y (v) un
subsidio económico para vivienda y manutención, bajo el argumento de que se
trata de decisiones técnicas adoptadas por las autoridades competentes y
especializadas sobre la materia?
49.  Para resolver estos interrogantes, la Sala abordará, en primer
lugar, el fenómeno de la carencia actual de objeto, a partir de lo cual
estudiará la pretensión relacionada con la suspensión del vehículo. Segundo,
expondrá las consideraciones relevantes sobre el derecho a la seguridad
personal y la vida de los líderes y defensores de derechos humanos, así como
las obligaciones que de allí se derivan para el Estado. Tercero, analizará cada
una de las pretensiones formuladas por el accionante.
4. Configuración de la carencia
actual de objeto frente a la solicitud de suspender el proceso sancionatorio
iniciado por presunto uso indebido del vehículo
50.  Esta Corporación ha explicado que la acción de tutela tiene por
objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o
amenazado, lo cual justifica la necesidad de una decisión, positiva o negativa,
por parte del juez. Pero, si luego de acudir a la autoridad judicial, la
situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un
pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería
en el vacío.”[39]
Esta es la idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto.
51.  En otras palabras, el juez de tutela no ha sido concebido como un
órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de
existir el objeto jurídico,[40]
sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados. Ello no obsta para
que, en casos particulares, la Corte Constitucional, como tribunal de cierre, aproveche
un escenario ya resuelto para, más allá del caso concreto, avanzar en la
comprensión de un derecho -como intérprete autorizado de la Constitución
Política-[41]
o para tomar medidas frente a protuberantes violaciones de los derechos
fundamentales, así las mismas ya hubiesen cesado.[42]
52.  Recientemente, mediante Sentencia SU-522 de 2019,[43] la Sala Plena
desarrolló el alcance del concepto de carencia actual de objeto y sus distintas
manifestaciones: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente.
Sobre este último, en particular, señaló que:
“Es una categoría
que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de
objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos
tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se
trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera
de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente
cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a
la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en
lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son
atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés
en el objeto original de la litis.”[44]
53.  Ahora bien, al analizar el caso expuesto por el
accionante, se concluye que la pretensión relacionada con la decisión de la UNP
de impedirle usar el vehículo asignado como sanción por el supuesto uso
indebido, perdió su fundamento inicial. En efecto, el señor Torres presentó una
segunda acción de tutela sobre este punto específico, la cual fue resuelta
favorablemente por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali[45] y el
Tribunal Superior de Cali.[46]
Dichas autoridades ampararon transitoriamente, por un término de dos meses, los
derechos fundamentales del accionante y ordenaron a la UNP dejar sin efecto la
Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019 que dispuso la sanción.
54.  En cumplimiento de dicha orden, la UNP profirió
la Resolución 8447 del 20 de noviembre de 2019, en la que resolvió mantener las
medidas de protección, incluyendo el vehículo blindado, “por el término de
dos meses, tiempo prudencial en el que el accionante acuda a la jurisdicción
contenciosa administrativa y sea esta quien decida dejar o no sin
efectos las resoluciones Nº 0003381 del 15 de Mayo de 2019 y Nº 006338 de fecha
2 de Septiembre de 2019, y/o hasta que se obtenga resultado del estudio de
nivel de riesgo, de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo
2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567
de 2016.”[47]
55.  Si bien el accionante no acudió a la
jurisdicción administrativa,[48]
sí se configuró la segunda condición prevista en el citado acto administrativo,
pues se realizó una nueva calificación del riesgo. Mediante Resolución 8451 del
21 de noviembre de 2019, la UNP ajustó el esquema de protección tipo 2 a tipo 3
de la siguiente manera: “implementar un hombre de protección con enfoque
diferencial y/o de confianza. Ratificar un vehículo blindado y dos hombres de
protección. Ratificar un medio de comunicación y un chaleco blindado.” De
manera que, la sanción sobre el vehículo no fue concretada ni tampoco se aplicó
en los términos originales de la Resolución 3381 de 2019, en tanto el esquema
fue ajustado por la propia entidad. En su intervención ante la Corte, la UNP confirmó
que “nunca le fue suspendido al señor Torres Torres el vehículo blindado por
el mal uso que le daba este.”[49]
56.  A pesar de que la pretensión del accionante fue satisfecha a través
de un segundo proceso de tutela, configurando así un hecho sobreviniente,
la Sala se pronunciará sobre este asunto. La Resolución sancionatoria 3381 de
2019 no surtió efectos debido a la protección del juez de tutela, pero la
amenaza sobre los derechos a la vida y la integridad personal del accionante no
ha cesado completamente pues no hubo un pronunciamiento definitivo de tutela o
de la jurisdicción contenciosa sobre la validez de este acto administrativo. Sumado
a lo anterior, la Unidad Nacional de Protección insiste en que su proceder se
ajustó a derecho y que quienes se apartaron del marco jurídico fueron los
jueces de tutela. Mediante Resolución 8447 de 2019 sostuvo: “Que esta Unidad
deja constancia que acata lo ordenado (…) aun considerando tal decisión
contraria al ordenamiento jurídico aplicable al programa de protección que
lidera la Unidad Nacional de Protección, teniendo en cuenta que se cumplió con
el procedimiento establecido en el artículo 2.4.1.2.2.44 del Decreto 1066.”[50]
57.  En sede de revisión, la UNP ratificó, una vez más, que el señor
Torres había hecho un uso indebido del vehículo y que era procedente aplicar
una sanción. Explicó que, en lo corrido del año 2019 se iniciaron un total de 127
procesos sancionatorios similares, de los cuales 25 derivaron en la suspensión
de las medidas de protección.[51]
Lo anterior evidencia que no se trata de un procedimiento aislado ni
excepcional. Es importante entonces avanzar en la comprensión del derecho a la
vida y a la integridad personal en el marco de las competencias de la UNP para
suspender o finalizar una medida de protección. Y, de ser necesario, llamar la
atención para que los hechos vulneradores no se repitan en un futuro.[52]
58.  Para terminar este acápite, es menester explicar por qué la segunda
tutela interpuesta por el señor Henry Torres no representa una actuación temeraria
de su parte.[53]
Si bien hay identidad de partes, el contexto fáctico es distinto, así como las
pretensiones que trae la acción de tutela interpuesta
el 2 de mayo de 2019 (objeto de pronunciamiento en esta sentencia) y la del 11
de septiembre del mismo año. En efecto, al momento de radicarse la segunda
tutela, la UNP ya había emitido la Resolución 3381 del
15 de mayo de 2019, que ordenó suspender el uso del vehículo blindado. Esto supone un escenario fáctico y jurídico distinto al que se
encontraba el señor Torres en la primera acción de amparo. Además, las pretensiones
varían, como se lee en el siguiente cuadro:
Expediente T-7.719.491
Expediente T-7.751.899
Radicación
de la tutela
02
de mayo de 2019
12
de septiembre de 2019
Contexto
Mediante llamada telefónica le comunican
que el resultado de su proceso sancionatorio sería informado en los próximos
días
UNP adopta la Resolución 3381 del 15 de
mayo de 2019, en la que ordena la suspensión del vehículo de protección.
UNP confirma la anterior decisión, luego
de resolver el recurso de reposición a través de la Resolución 6338 del 02 de
septiembre de 2019
Pretensiones
(i) cambio
del vehículo; (ii) suspensión del proceso sancionatorio; (iii)
ampliación del esquema a la familia; (iv) contratación del escolta de
confianza propuesto; (v) traslado de su caso a la regional Valle del
Cauca de la UNP; y (vi) un subsidio económico.
Inaplicar y suspender los efectos de la
Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019
59.  Desde el punto de vista constitucional, no
se advierte ningún comportamiento temerario o injustificado de parte del señor
Torres. Por el contrario, luego de haber conocido la
Resolución 3381 que lo sancionaba con la suspensión del vehículo de protección,
lo que parecía un hecho eventual se materializó en un acto administrativo que
comprometía sus derechos fundamentales. Es comprensible entonces que ante la
posibilidad de quedarse sin el vehículo que garantizaba sus desplazamientos
seguros y del cual dependía en gran medida su vida, el accionante hubiera
acudido inmediatamente a otra acción de amparo para controvertir tal decisión. Por lo tanto, no se configuran los elementos para declarar que la
actuación del señor Torres fue temeraria.[54]
5. Las obligaciones del Estado con
respecto a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales
5.1. La protección a los líderes y defensores de derechos
humanos como un imperativo del Estado social y democrático de derecho
60.  Salvaguardar la vida de las personas que se encuentran bajo amenaza
es una “responsabilidad inalienable del Estado.”[55] Esta obligación se
sustenta tanto en el ordenamiento nacional como internacional. El artículo 2 de
la Constitución establece, dentro de los fines esenciales del Estado, “asegurar
la convivencia pacífica”, y dispone que “las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.” De otra parte, el artículo 11 señala que “el derecho a la
vida es inviolable” y el artículo 12 establece que “nadie será sometido
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.”
61.  En estos términos, cuando un habitante del territorio está sometido
a riesgos insoportables sobre su vida, por acciones de agentes estatales o de
terceros, es imperativo que el Estado adopte las medidas tendientes a proteger
a la persona, para que el riesgo que se cierne sobre ella no se materialice.[56] Lo anterior, en
armonía con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos
suscritos por Colombia (Art. 93 de la CP), que reconocen el derecho a la seguridad
personal (Art. 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art.
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 1º de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Art. 3 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos).[57]
62.  El carácter imperativo de la obligación del Estado frente a la vida
y la seguridad de sus habitantes, no se explica únicamente en función de sus deberes
en materia de derechos humanos. Esta corporación también ha sostenido que la
seguridad personal adquiere especial relevancia cuando es invocada por sujetos
que, con ocasión de su actividad social o de su pertenencia a ciertos grupos
vulnerables, están sometidos a riesgos desproporcionados, como es el caso de
defensores de derechos humanos, minorías étnicas, líderes de oposición y/o
minorías políticas.[58]
En estos eventos se amplía considerablemente el espectro de derechos
fundamentales y principios involucrados, a tal punto que su amenaza compromete
seriamente la vigencia del sistema democrático.[59]
63.  En efecto, la persecución y asesinato de líderes sociales no solo implica
la violación a sus derechos fundamentales como individuos, sino que además
representa una pérdida colectiva y un grave retroceso en la consolidación del
país como una República verdaderamente democrática y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad (art. 1 de la CP). Cuando se acallan las voces de los
líderes sociales a través de la violencia, se erosionan también los cimientos
de la sociedad, pues se marchita su diversidad y se incumplen los fines
esenciales del Estado, alejando la idea de un “orden justo” que permita
la libre participación de todos en la vida política, económica y cultural (art.
2 de la CP). Sin los defensores y las defensoras de los derechos humanos y su
invaluable contribución -como concluyó el Relator Especial Micael Forst luego
de su visita al país- “nuestras sociedades serían mucho menos libres y menos
bellas.”[60]
64.  Los líderes y defensores de derechos humanos preservan la
democracia, asegurando que permanezca abierta, plural y participativa. En un
reciente informe sobre nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos resaltó el papel que cumplen los líderes comunitarios y defensores de
derechos humanos, como una “pieza irremplazable para la construcción de una
sociedad democrática, sólida y duradera”,[61]
en los siguientes términos:
“En el caso de
Colombia, las personas defensoras de derechos humanos representan diferentes
actividades de promoción y de defensa con características particulares.
Históricamente, los líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, sociales,
comunales y comunitarios, han representado una fuerza importante en la
promoción de la plena vigencia de los derechos humanos, así como de la paz y
fin del conflicto armado en Colombia // En el contexto colombiano, las personas
defensoras de derechos humanos han sido un pilar fundamental para el proceso de
democratización en el país pues a través de sus actividades de vigilancia,
denuncia, promoción y educación contribuyen a la observancia de los derechos
humanos.”[62]
65.  Para la Corte Constitucional también resulta evidente que la creciente
victimización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es
una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete,
incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho. De ahí que la
protección a estas personas represente un imperativo ineludible del Estado
colombiano.
5.2. Las obligaciones que se derivan para el Estado, y
específicamente para la Unidad Nacional de Protección, con
respecto al derecho a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales y
defensores de derechos humanos
66.  De acuerdo con la jurisprudencia, el derecho a la seguridad personal
se traduce en obligaciones específicas por parte del Estado. La Sentencia T-719
de 2003 enumeró, sin el ánimo de establecer un listado taxativo, las
siguientes:
“1. La obligación
de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una
familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente
sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la
protección sea solicitada por el interesado.
2. La obligación de
valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la
existencia, las características (especificidad, carácter individualizable,
concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.
3. La obligación de
definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos, adecuados
y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se
materialice.
4. La obligación de
asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en
forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la
protección sea eficaz.
5. La obligación de
evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las
decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.
6. La obligación de
dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario,
y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.
7. La prohibición
de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario
para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de
amparo a los afectados.”[63]
67.  Además de las mencionadas obligaciones, la jurisprudencia
constitucional ha insistido que las autoridades
encargadas del estudio y la implementación de medidas de seguridad “deben
tener en cuenta las condiciones específicas del afectado y adoptar medidas con
enfoque diferencial, cuando se trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes
campesinos y comunitarios, líderes indígenas y afrodescendientes y, en general,
defensores de derechos humanos.”[64]
68.  Ahora bien, dentro
de los procesos de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección revisados
por esta corporación, uno de los temas recurrentes ha sido el incumplimiento al
deber de motivación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 29 de la
Constitución consagra esta garantía en “toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas”. Y si bien la Corte ha reconocido que la UNP es la entidad
que tiene la competencia, los recursos humanos y el conocimiento técnico para
determinar el nivel de riesgo de un ciudadano y las medidas de protección a
adoptar, también ha recordado que esto supone que previamente la entidad ha
identificado suficientemente el riesgo en que se encuentra la persona. Para ello
debe valorar de manera técnica y específica las particularidades del caso y el
contexto en que se encuentra. Todas estas consideraciones deben finalmente plasmarse
en el acto administrativo que define la situación, de manera tal que el
solicitante entienda el razonamiento que llevó a la UNP a adoptar la decisión
correspondiente, y pueda controvertir aquellos argumentos que no comparta.
69.  Concretamente, en
el marco de los actos administrativos proferidos por la UNP respecto de la
valoración del nivel de riesgo y la concesión y/o finalización de medidas de
protección, este alto Tribunal ha establecido al menos tres subreglas
relevantes frente al contenido y alcance del derecho al debido proceso, que
pueden resumirse de la siguiente forma:
“(i) Deber de
realizar un nuevo pronunciamiento, por insuficiente motivación. Cuando la
entidad encargada se pronuncie sobre la adopción de medidas de protección, su
prórroga o retiro, y se demuestra la ausencia de una suficiente motivación en
el acto adoptado por esta, lo que corresponde es ordenar que se profiera un
nuevo pronunciamiento que atienda todos los argumentos alegados por el actor y
se aclaren las razones por las cuales le asiste o no lo pretendido.
(ii) Seguridad
del nivel de riesgo y motivación completa; instrumento para acudir a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. A través del nuevo pronunciamiento
se le brinda seguridad a la parte interesada información acerca de su nivel de
riesgo y, además, con el análisis de cada uno de los requerimientos
manifestados por el solicitante y la motivación completa de la decisión de la
administración, se le dota a éste de un instrumento necesario para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si así lo estima necesario.
(iii) Deber de
motivación técnica y específica. Las actuaciones administrativas que lleven
a cabo estudios de valoración del nivel de riego o de las medidas de
protección deben estar justificadas en estudios técnicos individualizados y
específicos que los fundamenten de manera suficiente y razonable, los
cuales solo pueden desconocerse con base en argumentos suficientes que también
estén sustentados en conceptos especializados.”[65]
70.  El deber de motivación al que
se ha hecho referencia cumple, al menos, dos fines constitucionalmente relevantes.
Por una parte, tiene como propósito evitar posibles arbitrariedades o abusos de
autoridad de la entidad que los profiere, en tanto le impone la obligación de
resolver situaciones jurídicas con base en argumentos racionales y razonables.
De otra parte, asegura que cuando está en discusión la disposición de un
derecho, el afectado cuente con todas las condiciones sustanciales y procesales
para la defensa de sus intereses, en el evento que requiera controvertir la
decisión.[66]
71.  En resumen, la UNP tiene el deber de garantizar las medidas de
protección que estime adecuadas y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
o extremo sobre una persona se materialice. La adopción de dichas
medidas debe ser oportuna y ajustada a las circunstancias del caso
particular. Adicionalmente, las decisiones proferidas tienen que respetar las
garantías propias del debido proceso administrativo y, en particular, la carga
de motivación. El razonamiento debe estar soportado en argumentos técnicos y
específicos sobre su situación; y no en consideraciones abstractas sobre el
nivel de riesgo, o en consideraciones ocultas que no permitan al interesado “conocer
las razones por las cuales este fue denegado u otorgado de manera diferente a
sus expectativas, ya que para ejercer el derecho a la defensa requiere saber a
qué argumentos oponerse.”[67]
72.  Con base en las reglas jurisprudenciales descritas, la Sala Segunda
de Revisión analizará cada una de las pretensiones formuladas por el señor
Torres.
6. La Unidad Nacional de Protección
vulneró los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la
unidad familiar del señor Henry Torres, al proferir decisiones
insuficientemente motivadas y al abstenerse de tomar los correctivos necesarios
para garantizar su seguridad
73.  Henry Torres Torres es un líder social y comunitario afro, quien ha
dedicado buena parte de su vida a la defensa del medio ambiente, la
recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal. Su
visibilidad y liderazgo en la comunidad le han ocasionado múltiples amenazas,
desplazamiento e, incluso, atentados contra su vida. Ha sido sobreviviente de
varias conductas criminales, al oponerse a la explotación minera en su
territorio. En 1997 fue secuestrado por las FARC-EP mientras se desempeñaba
como Concejal de Buenos Aires (Cauca). Y aunque a los pocos días fue liberado,
ese fue tan solo el inicio de una serie de conductas violentas que lo obligaron
a salir de su tierra.[68]
Desde la distancia y, luego, de vuelta en el territorio, ha tenido que enfrentar
repetidas conductas intimidatorias y amenazantes, debido a su función de
liderazgo.
74.  Desafortunadamente, el contexto de amenazas en que se encuentra incurso
el accionante no es nuevo para esta Corporación, ni ajeno a las dinámicas
nacionales que reportan un grave y sostenido número de conductas criminales
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, al punto de haberse
convertido en motivo de preocupación para la comunidad internacional.[69]
75.  Mediante Sentencia T-1045A de 2010,[70]
esta Corte estudió la tutela interpuesta por el Consejo Comunitario del
corregimiento La Toma, ante la vulneración de los derechos “a la vida digna,
consulta previa, al trabajo, debido proceso y a la autonomía e integridad
cultural.” Si bien el fallo se concentró en el derecho fundamental a la
consulta previa frente a los títulos de explotación minera, el contexto de la
comunidad hizo que, entre las órdenes, la Corte solicitara a la Defensoría y a la
Procuraduría acompañar el cumplimiento y “si es del caso, [adoptar]
medidas de protección a la comunidad.”[71]
76.  Trascurridos diez años, el escenario no es más alentador. En sede de
revisión, la Defensoría del Pueblo informó sobre las alertas tempranas para los
municipios de Suarez y Buenos Aires (Cauca), advirtiendo que en varias
ocasiones “ha puesto de presente la difícil situación de violencia y de
alteración del orden público que ha situado a los y las defensoras de derechos
humanos, líderes y lideresas sociales de las zonas referidas, en escenarios de gran
peligro que requieren la intervención inmediata del Estado.”[72] El accionante por su
parte, relata que el 23 de enero de 2018 fue asesinado el Gerente de la
Cooperativa Coomultimineros[73]
y el 01 de julio del mismo año fue asesinado el Presidente de la Junta de
Vigilancia de la Cooperativa.[74]
La misma en la que el señor Torres funge hoy como Presidente del Consejo de
Administración.
77.  Bajo el marco de este escenario generalizado de violencia, la UNP ha
calificado desde el año 2014 el nivel de riesgo del señor Henry Torres Torres como
extraordinario y le ha asignado, en consecuencia, esquemas de protección,
los cuales en los últimos años han evolucionado así:
Acto administrativo
Nivel de riesgo
Medidas de
protección
Vigencia
Resolución 5771 del 08 de septiembre de
2017
Extraordinario:
59.44%
Ratificar esquema de protección tipo 2:
conformado por un vehículo blindado y dos hombres de protección.
Ratificar un medio de comunicación y un
chaleco blindado.
Las medidas de protección serán
extensivas al núcleo familiar.
12
meses
Resolución 7580 del 07 de septiembre de
2018
Extraordinario:
58.33%
Ratificar esquema de protección tipo 2:
conformado por un vehículo blindado y dos hombres de protección.
Ratificar un medio de comunicación y un
chaleco blindado.
Las medidas de protección serán
extensivas al núcleo familiar.
12
meses
Resolución 8451 del 21 de noviembre de
2019
Extraordinario:
59.99%
Ajustar medidas de protección tipo 2 a
tipo 3 de la siguiente manera:
Implementar un hombre de protección con
enfoque diferencial y/o de confianza.
Ratificar un vehículo blindado y dos
hombres de protección. Ratificar un medio de comunicación y un chaleco
blindado.
12
meses
Resolución 2087 del 13 de abril de 2020
Extraordinario:
59.99%
Ratificar esquema de protección tipo 3:
conformado por un vehículo blindado y tres hombres de protección.
Ratificar un medio de comunicación y un
chaleco blindado.
Hasta
el 21 de noviembre de 2020
Esquemas de protección asignados a Henry
Torres Torres.[75]
78.  La situación del señor Henry Torres supone una doble condición de
riesgo. De un lado, es un líder afrocolombiano, una de las poblaciones más
golpeadas por la violencia y la marginalización. De otro lado, su defensa del
medio ambiente y del territorio constituye otro de los patrones más comunes de
victimización. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los
“liderazgos de comunidades indígenas y afrodescendientes desplazadas que
reclaman la devolución de sus tierras, o que denuncian la presencia de minería
legal o ilegal sobre sus territorios colectivos, han sido víctimas de amenazas
e inclusive de homicidios.”[76]
Sumado a lo anterior, el departamento del Cauca es una de las regiones que más ha
reportado agresiones contra las personas defensoras y líderes sociales.[77] De hecho, el pasado 23
de abril de 2019, el vehículo de protección del señor Torres fue atacado con
arma de fuego, cuyos proyectiles impactaron en la ventana del copiloto, donde
normalmente viaja el protegido y ahora accionante de tutela.
79.   Este es el contexto de violencia en el que el señor Henry Torres
está inmerso y en el que acudió al juez de tutela, en búsqueda del amparo a sus
derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la unidad familiar. Incluso,
durante el trámite de tutela, el 17 de noviembre de 2019, un desmovilizado de
las FARC-EP le advirtió que grupos armados querían hacerse con la explotación
minera en la zona con el fin de legalizar rentas ilícitas y “si el señor
Henry Torres se oponía o no autorizaba el ingreso, sería declarado objetivo
militar.”[78]
80.  Ante este escenario de riesgo que ha sido calificado por la propia
UNP como extraordinario, la Sala Segunda de Revisión entrará a analizar
cada una de las pretensiones formuladas por el accionante, teniendo en cuenta
el marco legal y jurisprudencial vigente, así como las pruebas allegadas al
proceso por las distintas partes y entidades convocadas.
6.1. Vehículo de protección: la UNP no ha obrado
diligentemente para garantizar el buen estado del automotor y debe tomar, a la
mayor brevedad, los correctivos necesarios
81.  El señor Torres solicitó el cambio del vehículo asignado a su
esquema de protección debido a que el mismo no ofrece las garantías de
seguridad por los impactos de bala recibidos el pasado 22 de abril de 2019, más
el hongo (humedad entre las capas del blindaje) que tienen el parabrisas y las
ventanas.
82.  Por su parte, la UNP explicó que, luego del atentado, programó cita
para el 02 de mayo siguiente con el fin de realizar la reparación, así como el
mantenimiento correspondiente. Sin embargo, el vehículo no fue llevado en la
fecha acordada. Días después, el accionante acudió al
taller Energiteca, en el que evaluaron los daños y se procedió con el protocolo
de autorización de mantenimiento. Dicha solicitud fue atendida y, en
consecuencia, “actualmente el beneficiario cuenta con el vehículo de
protección asignado a su favor, en buenas condiciones.”[79] Adicionalmente,
señaló haber requerido al taller Servintegrados para que el 8 de mayo de 2019
valorara las condiciones del blindaje del vehículo, ejecutara los ajustes
necesarios para su buen funcionamiento o informara los cambios que se debían
realizar. Por último, explicó que “el cambio de vehículo solo procederá en
casos excepcionales cuando su función ya no pueda prestarse adecuadamente, y
tras la verificación de personal profesional en la materia, que corrobore la
necesidad.”[80]
83.  La Corte encuentra que le asiste parcialmente la razón a la Unidad
Nacional de Protección, en el sentido que el cambio de un vehículo de seguridad
no depende de la voluntad del protegido. Tampoco es el juez de tutela el
llamado a resolver este asunto, pues no cuenta con la experticia técnica ni es
la instancia competente. Para resolver esta solicitud, es necesario realizar un
examen técnico a cargo del personal experto en la materia, quien deberá
verificar la idoneidad del automotor para los fines de protección y seguridad.
84.  No obstante, lo que sí advierte la Corte en esta ocasión, es la
inconsistencia en la argumentación de la UNP pues, de un lado, informa que
agendó una cita para la evaluación del blindaje del vehículo y la determinación
de los posibles daños y cambios a realizarse, pero al mismo tiempo asevera que
el vehículo se encuentra en “buenas condiciones”. Para la Corte, no es posible
llegar a esta conclusión, sin antes haber realizado las valoraciones técnicas respectivas,
sobre todo, luego del atentado con arma de fuego que sufrió el automotor, lo
que de forma razonable permite asumir que el vehículo debe pasar por una
revisión y mantenimiento integral.
85.  Además del sistema de blindaje, el accionante formuló otro reparo
puntual contra las llantas del vehículo. Asegura que las mismas están demasiado
desgastadas dada las condiciones del terreno por donde regularmente circula. Lo
anterior -afirma- pone en riesgo la estabilidad del vehículo y, en últimas, la
seguridad de sus ocupantes. El 16 de diciembre de 2019 solicitó el cambio de las
llantas, a lo cual el Grupo de Mantenimiento de la UNP respondió negativamente,
bajo el argumento de que se le enviaron cuatro llantas el 26 de agosto de ese
mismo año, y “una llanta para GMW empresa que renta los vehículos debe durar
40.000 kilómetros.”[81]
Frente a esta respuesta, el 4 de febrero de 2020, el accionante reiteró su
petición, precisando con material fotográfico el mal estado de los neumáticos y
los riesgos que ello implica para su integridad, al quedar varado en zonas
peligrosas.[82]
En sede de revisión, el accionante informó que finalmente se le había
autorizado el cambio, pero únicamente de dos llantas.
86.  En relación con esta petición, la Sala de Revisión considera que la
UNP no ha actuado con la debida diligencia. Es su responsabilidad velar por que
los vehículos de protección se encuentren en óptimo estado para los fines
dispuestos. Los autos blindados y corrientes son recursos físicos determinantes
para los esquemas de seguridad[83]
y la UNP debe garantizar su idoneidad, así los vehículos sean arrendados a
través de terceros.[84]
En este punto, la Corte recuerda que la protección de un líder social no se
agota con la entrega de un vehículo, sino que también le corresponde a la
entidad hacer un seguimiento periódico que permita constatar que el automotor cumple
con las condiciones para ser un medio idóneo que evite la consumación del
riesgo.[85]
87.  La respuesta que dio la UNP sobre las llantas del vehículo no presta
atención a la situación específica en que se encuentra el señor Henry Torres. La
entidad ofreció una explicación general sobre la duración promedio de los
neumáticos, desconociendo las particularidades del terreno que usualmente transita
el vehículo y el peligro que representa para el protegido pincharse en el área rural
del departamento del Cauca, quedando expuesto a conductas criminales.[86] En consecuencia, se
incumplió la obligación de asignar los medios requeridos “de manera oportuna
y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la
protección sea eficaz.”[87]
88.  Si bien en su última comunicación dirigida a la Corte, la Unidad
Nacional de Protección aseguró haber realizado los controles mecánicos sobre el
vehículo, la información aportada genera confusión sobre el estado real del
automotor. Según la entidad, el 29 de febrero de 2020 se cambiaron las cuatro
llantas del vehículo “por alto desgaste” y a los cuatro días, el 03 de
marzo, vuelve a aparecer una anotación en el mismo sentido. Posteriormente, el
30 de julio de 2020, se habría realizado un “peritaje de llantas”,
aunque no se comunicó a la Corte el resultado del mismo. El accionante, por su
parte, sí remitió el informe de revisión integral sobre el vehículo practicado por
Autos Sura en la ciudad de Cali el 21 de agosto de 2020, con las siguientes
conclusiones en lo pertinente:
Conclusiones de la
revisión técnica sobre el vehículo blindado asignado al señor Henry Torres por
parte de Autos Sura[88]
89.  A partir de la información descrita, la Sala concluye que la UNP no
ha obrado diligentemente para garantizar la idoneidad del vehículo de
protección asignado al señor Henry Torres Torres. La entidad asegura que el automotor
se encuentra en “buen estado” pero no allega ninguna prueba técnica para
soportar tal afirmación. Por el contrario, los registros que aporta dan cuenta
que los neumáticos tuvieron que ser reemplazados dos veces en menos de una
semana, y aun así, la revisión técnica efectuada por la compañía aseguradora cinco
meses después advirtió, nuevamente, sobre la necesidad de cambiar las llantas
traseras. Este escenario admite dos explicaciones posibles: (i) no es
cierto, como afirma la Unidad Nacional de Protección, que se hubieran cambiado las
cuatro llantas del vehículo; o (ii) las llantas entregadas no cumplen con
los requerimientos apropiados para el terreno en el que se desplaza el
accionante pues no resulta usual que al cabo de cinco meses presenten un
desgaste irregular y requieran nuevamente el cambio. Cualquiera de estos dos
escenarios es grave y constituye una falla de parte de la Unidad Nacional de
Protección, sobre una situación que ha sido comunicada varias veces por el
accionante, sin obtener todavía una respuesta definitiva.
90.  Para la Corte es importante detenerse en este punto, pues la
idoneidad del vehículo de protección asignado al señor Henry Torres no es un
asunto menor. Su vida, en gran parte, depende de este medio de transporte blindado.
En su labor como líder comunitario, el accionante se desplaza constantemente entre
poblaciones de los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, y son estas zonas
rurales donde precisamente ocurren la mayoría de los asesinatos a líderes
sociales.[89]
Quedarse varado en estas carreteras poco transitadas aumenta de forma exponencial
el riesgo sobre la vida del accionante y la de sus escoltas. Precisamente, uno
de los integrantes de su esquema de seguridad manifestó la preocupante
situación que viven por el irregular estado del vehículo, a través de una carta
suscrita el 07 de julio de 2020, luego de que supuestamente se hubieran
cambiado las llantas del vehículo:
“mediante la
presente certifico que el vehículo asignado al esquema se encuentra en un
estado deplorable de llantas, por dicha razón desde el año pasado se vienen
solicitando cambio, pero no las autorizan. Por tanto, desde el mes de enero el
protegido viene comprando llantas usadas o de segunda mano y solo hasta el mes
de mayo nos entregaron dos llantas, pero aun así no nos presta condiciones de
seguridad, tanto así que ya en dos ocasiones se nos han estallado y sufrimos
percances de pinchazos en carretera y es muy riesgoso parar en carreteras
destapadas en el Cauca en medio de la nada.”[90]
91.  Es necesario advertir también que las eventuales condiciones de
garantía sobre el vehículo son asuntos contractuales entre la Unidad Nacional
de Protección y sus proveedores, que no deben incidir negativamente sobre los
derechos fundamentales del protegido, con independencia de las demás acciones y
trámites legales que deba emprender la entidad por su parte. En todo caso, la
Sala compulsará copias a los órganos de control (Contraloría y Fiscalía) para
que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, revisen el
proceso de contratación de los vehículos que integran los esquemas de seguridad
a cargo de la Unidad Nacional de Protección y las posibles irregularidades que
impiden, como ocurrió en este caso, que los automotores presten el servicio de
seguridad con calidad, poniendo en riesgo la vida de los protegidos.
92.  Es importante señalar que el accionante manifestó haber interpuesto una
nueva acción de tutela el 27 de julio de 2020 dirigida específicamente a lograr
el cambio de las dos llantas restantes de su vehículo de protección. Según
informó, la solicitud de amparo fue negada por el juez de primera instancia y
se encontraría en trámite el recurso de apelación. En este punto no se advierte ningún comportamiento temerario del accionante pues
las pretensiones específicas y la situación fáctica son diferentes a las que
motivaron la tutela inicial que fue seleccionada para revisión. Tampoco se configura
la carencia actual de objeto, pues a la fecha sigue sin resolverse la pretensión
del accionante. Por tal razón, la Corte debe pronunciarse sobre este asunto.
93.  Por último, es preciso resaltar que mediante sendos correos electrónicos,
el accionante ha venido insistiendo en que los problemas técnicos del vehículo
persisten y que -incluso- se ha visto obligado a comprar llantas de segunda
para poder transportarse. De acuerdo con el señor Torres, únicamente se han
hecho arreglos parciales sobre el vehículo asignado a su esquema de protección.[91] Asimismo, relata que en
“el último mantenimiento preventivo, a pesar de haber anexado el peritaje de
Autosura, […] solo autorizaron el cambio de aceite y filtros que ya estaba
pasado el cambio en más de 5.000 kms.” Por todo lo anterior, solicita al
juez de tutela tomar medidas urgentes para garantizar la idoneidad técnica de
su vehículo, así como el reintegro de los gastos en los que ha incurrido al
tener que costear por su propia cuenta el cambio de neumáticos.[92]
94.  La Sala no se pronunciará sobre el presunto perjuicio patrimonial
ocasionado al accionante, pues para ello existen las vías ordinarias de
reclamación. Lo que sí ha quedado en evidencia con este expediente es que la
Unidad Nacional de Protección no ha obrado diligentemente para garantizar el
buen estado del automotor, del cual depende, en buena parte, la integridad y la
vida misma del líder social Henry Torres. El accionante aportó abundante registro
fotográfico, testimonios y un peritaje señalando algunas fallas en el vehículo,
las cuales no fueron desvirtuadas por la entidad, quien se limitó a realizar
afirmaciones generales sobre la idoneidad del automotor.
95.  Ahora bien, dado que el juez de tutela no es la autoridad técnica
llamada a calificar la idoneidad del vehículo, se ordenará a la Unidad Nacional
de Protección que agende, dentro de los tres días siguientes a la notificación
de esta providencia y en coordinación con el señor Henry Torres, la revisión
técnica integral del vehículo de protección en un centro especializado. La entidad
demandada deberá garantizar que se hagan todos los ajustes necesarios.
Igualmente, la Unidad Nacional de Protección deberá, en adelante, evaluar de
forma periódica la idoneidad del vehículo para continuar prestando el servicio
de protección. Para ello, asumirá oportunamente los correctivos y, de ser
necesario, otorgará transitoriamente un automotor de reemplazo que cumpla con los
estándares del esquema de protección conferido al accionante, mientras que el
vehículo asignado se encuentre en reparación o, de forma definitiva, cuando así
se requiera.
6.2. Proceso sancionatorio: la UNP vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del protegido y, con la amenaza de suspender
temporalmente su vehículo, aumentó de forma desproporcionada el riesgo contra
su vida
96.  Como ya se expuso, las medidas sancionatorias en contra del señor
Henry Torres nunca se materializaron, gracias al amparo dispuesto dentro de una
segunda acción de tutela.[93]
Pese a esto, la UNP insiste en que su proceder se ajustó a derecho y que quienes
se apartaron del marco jurídico fueron los jueces de tutela. Mediante
Resolución 8447 de 2019 sostuvo: “Que esta Unidad deja constancia que acata
lo ordenado (…) aun considerando tal decisión contraria al ordenamiento
jurídico aplicable al programa de protección que lidera la Unidad Nacional de
Protección, teniendo en cuenta que se cumplió con el procedimiento establecido
en el artículo 2.4.1.2.2.44 del Decreto 1066.”[94]
97.  Para la Sala Segunda de Revisión es importante profundizar en este
asunto. Aunque la suspensión de medidas de protección sea una potestad expresamente
consagrada en el ordenamiento, su ejercicio suscita tensiones con varios principios
y derechos constitucionales. En últimas, la suspensión parcial del esquema de
protección acarrea un riesgo grave para la vida de los protegidos. Es menester
entonces advertir sobre las complejidades de este procedimiento, así como la
carga argumentativa que se requiere de parte de la UNP.
98.  Para comenzar, es necesario señalar que, por su naturaleza,
finalidad y consecuencias sobre los derechos fundamentales, se trata de una expresión
del derecho sancionatorio (ius puniendi) que busca reprimir y
desincentivar conductas que se estiman contrarias al programa de protección y
que puede conducir a la suspensión, e incluso, la finalización de las medidas.[95] Según explicó la UNP, con
este procedimiento se busca el acatamiento de las reglas de buen uso
sobre los recursos de protección, al tiempo que la concientización sobre la
salvaguarda del erario público.[96]
En tanto manifestación del derecho sancionador, cobran especial relevancia los
principios del debido proceso.
99.  El Decreto 1066 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior” reglamenta el incidente
de suspensión.[97]
En su artículo 2.4.1.2.44. establece que “el Director de la Unidad Nacional
de Protección, o el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía
Nacional o el respectivo comandante, podrá, cuando le corresponda, suspender
las medidas de protección adoptadas, previa consulta y autorización del comité
respectivo.” Igualmente, enuncia una serie de conductas como causales de “uso
indebido” y advierte que la reincidencia en estos comportamientos implicará
la finalización de las medidas de protección. A continuación, el artículo 2.4.1.2.45.
se encarga de detallar el procedimiento a seguir en estos casos, así:
“1. Notificación
por escrito al protegido de la situación encontrada.
2. El protegido
tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un plazo de 5
días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe la notificación.
3. Presentación
ante el Comité respectivo de la novedad frente a uso indebido de las medidas.
4. Recomendación
del Comité respectivo frente a la suspensión o continuidad de las medidas.
5. Adopción de la
decisión por parte del Director de la Unidad Nacional de Protección, mediante
acto administrativo.
6. Notificación de
la decisión al protegido.
7. Implementación
de la decisión.”
100.
De lo anterior se sigue que la decisión final
recae en el Director de la Unidad Nacional de Protección, quien deberá tener en
cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), para luego presentar
la conclusión a través de un acto administrativo, con las exigencias que ello
supone, especialmente la suficiente motivación.
101.
No obstante, la Corte observa con preocupación
que, en sede de revisión, el jefe de la Oficina Jurídica de la UNP pretendió
desconocer la responsabilidad de la entidad sobre este procedimiento,
argumentando que “no es la UNP quien toma la decisión de suspender o no las
medidas de protección por mal uso que le dan los beneficiarios. Dicha decisión
recae sobre los delegados interinstitucionales que conforman el Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas- CERREM.”[98] Tal razonamiento es
equívoco en tanto confiere a las recomendaciones del CERREM un alcance
contrario al sentido natural del vocablo “recomendación”. Además, contraviene una
lectura integral del Decreto 1066 de 2015 que, de forma clara, reitera que el
CERREM es un órgano interinstitucional y consultivo encargado de “recomendar
al Director de la Unidad Nacional de Protección, la finalización o suspensión de
las medidas de protección cuando a ello hubiere lugar.”[99] Llama igualmente la
atención que la página web de la UNP incluya un pronunciamiento contrario a lo
que ahora sostiene ante la Corte, pues allí se asegura que “el señor
Director de la UNP adoptará o se apartará mediante acto administrativo de las
recomendaciones proferidas por el CERREM.”[100]
102.  No es cierto entonces -como aduce el jefe de la Oficina Jurídica-
que el rol de la UNP sea “estrictamente operativo.”[101] Todo lo contrario, el
personal de dicha entidad es el responsable de levantar la información inicial
sobre el supuesto incumplimiento a los deberes de parte del protegido. A partir
de ello, si lo considera pertinente, presenta ante el CERREM el caso,
solicitando la suspensión de las medidas. Y luego de la recomendación que
formula este Comité interinstitucional, el proceso termina en el despacho del
Director de la UNP, a quien corresponde adoptar la decisión final.
103.  La postura asumida por la UNP dentro del trámite de tutela -y
reiterada ante la Corte- evidencia el convencimiento que tiene la entidad de no
ser la responsable de la decisión de suspensión del vehículo. Lo anterior
también explica por qué la UNP contestó de forma escueta el cuestionario
enviado por la Corte, sin hacer claridad suficiente respecto de los criterios que
se siguen para tomar una decisión de esta magnitud.[102] Y, en últimas, permite
entender por qué la Resolución 3381 de 2019 -que ordena la suspensión en el
caso concreto- carece de motivación suficiente, por cuanto la UNP asume que
quien toma la decisión es el CERREM mientras que el acto administrativo que
contiene la decisión es un mero trámite de notificación.
104.  En múltiples ocasiones, la Corte ha señalado la necesidad de motivar
los actos administrativos así: “el deber de motivación de los actos
administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva
la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de
publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los
asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de
contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y
autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De
esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, esto es,
hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción
compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente.”[103]
105.  Dicho mandato se ratifica en el Programa de prevención y protección,
el cual consagra dentro de las funciones de la UNP, la de “informar al
peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron respecto de la
solicitud de medidas de protección.”[104]
No basta entonces con hacer referencia a la sesión técnica que tuvo el CERREM y
sus recomendaciones finales, sino que además hay que presentar de forma
específica las razones que soportan la decisión. Más aún, si se trata de un
proceso sancionatorio que puede derivar en la suspensión y la finalización de
las medidas de protección. En este tipo de instancias, la carga argumentativa
en cabeza de la UNP es mayor pues, en principio, no es razonable aceptar que el
uso indebido de los instrumentos de protección permita interponer una sanción
que signifique el sacrificio de la vida. Como bien señaló el Procurador
Delegado para la defensa de los Derechos Humanos:
“… el abuso o el
indebido uso de un bien que se ha dado para la protección de la vida de un ser
humano y de su familia no puede ser la causa para para desconocer el derecho
fundamental de la vida del defensor ni los derechos del núcleo familiar, al
quedar riesgosamente desprotegidos por razones de orden administrativo […]
Ningún servidor público puede obstaculizar el adecuado funcionamiento de la
seguridad en aras de ejercer una potestad tendiente a corregir a quienes se han
beneficiado de un esquema de seguridad, con el pretexto que el protegido ha
actuado en indebida forma al hacer mal uso de un bien público, pues los bienes
materiales primarían sobre el derecho sagrado de la vida y los principios que
deben orientar la actividad de seguridad, los cuales desde esa perspectiva
estarían en una posición privilegiada respecto del más importante de los
derechos humanos.”[105]
106.  Desde sus primeros pronunciamientos, esta corporación ha declarado
que “la vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos. Es
decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad
de derechos y obligaciones”, por lo que su contenido se hace “intangible
frente al Estado y a los particulares mientras con su ejercicio no se infiera
daño injusto a los derechos de otro.”[106]
Resulta inconcebible, de manera general, pensar que la infracción al reglamento
de uso sobre un recurso material derive en la supresión de una medida de
protección, de la cual depende la seguridad y la vida. Esta aproximación se torna
imperativa en los momentos actuales, en los que el elevado número de asesinatos
contra líderes sociales en nuestro país se ha convertido en una tragedia de
magnitudes alarmantes y motivo de preocupación internacional.[107]
107.  De modo que existe una obligación reforzada de motivación en cabeza
de la UNP, dentro del proceso de sanción dispuesto en los artículos 2.4.1.2.44.
y 2.4.1.2.45. del Decreto 1066 de 2015. Para ello, la UNP deberá justificar de
manera rigurosa que la decisión supera un examen de proporcionalidad estricto,
explicando (i) el fin imperativo que persigue; (ii) por qué la
medida sancionatoria escogida es conducente y necesaria, en tanto no puede ser
remplazada por un medio alternativo menos lesivo;[108] y (iii) cómo
los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones
impuestas sobre otros principios y valores constitucionales, en concreto, el
derecho a la seguridad personal y la vida del protegido.
108.  Estando en riesgo la vida de una persona, no es fácil identificar
casos concretos en los que se justificaría una medida de tal magnitud. Pero hipotéticamente,
podrían considerarse escenarios en los que, por ejemplo, el uso indebido del
vehículo conlleva la comisión de un delito que pone en riesgo la vida del
personal de escolta o de terceros. Pero, se reitera, estos son escenarios
extremos y absolutamente excepcionales que deben estar rigurosamente
justificados por la UNP para legitimar una decisión tan compleja como el retiro
temporal o definitivo del esquema de seguridad. En últimas, el incumplimiento de
unas reglas administrativas no debería suponer una sanción que comprometa la
vida misma.
109.  De lo contrario, el retiro parcial o total del esquema de protección
como sanción al incumplimiento del reglamento interno, se convierte en un
mecanismo irrazonable de control. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el
caso del señor Henry Torres Torres, en tanto que (i) la UNP no cumplió la
carga argumentativa exigible en estos escenarios; (ii) se basó en una
interpretación amplia del “uso indebido” de los recursos, desconociendo
las particularidades del caso concreto; con lo cual (iii) configuró un riesgo
desproporcionado e injustificado sobre este líder social y su núcleo familiar.
110.  Para empezar, la Corte llama la atención sobre la falta de
motivación específica y rigurosa de la Resolución 3381 de 2019, por la cual se
suspende transitoriamente el uso del vehículo. Este acto administrativo de cinco
páginas dedica la primera mitad de su contenido a incluir consideraciones
generales sobre la normatividad que consagra los deberes de protección a las
personas. En la siguiente página, resume el riesgo extraordinario que enfrenta el
señor Henry Torres, en razón de su liderazgo social y su defensa de la minería
tradicional. En la última página, y sin ningún tipo de contextualización, se
limita a transcribir las recomendaciones formuladas por el CERREM en sesión del
24 de abril de 2019.[109]
Dicho de otra manera, no hay una sola motivación que fundamente la decisión de
suspender el uso del vehículo, más allá del argumento de autoridad que remite
al CERREM.
111.  Esta irregularidad fue advertida por el señor Torres, quien reprochó,
a través del recurso de reposición, la falta de argumentación.[110] Fue con la Resolución
6338 de 2019 -que resuelve el recurso de reposición contra la anterior decisión-
que la UNP finalmente brindó algún asomo del razonamiento que motivó el acto.
Aunque no se precisaron las causales específicas del uso indebido en los
términos del artículo 2.4.1.2.44., la entidad transcribió los principales hallazgos
del proceso, con base en las denuncias formuladas por los antiguos escoltas del
señor Torres, así:
“Desde que inicié
el servicio el beneficiario viola todas las normas de seguridad haciendo mal
uso de las medidas. No acata las recomendaciones de seguridad, hace caso omiso
a las normas el vehículo. Utiliza el vehículo para transportar toda clase de personas
ajenas al servicio de seguridad, como trabajadores de la mina, campesinos, nos
ordena llevarlos y esperarlos, hacer diligencias y volverlos a llevar donde
ellos nos digan. En el vehículo carga motores, trasteos, arena de mina,
explosivos que están totalmente prohibidos. Le informamos que está haciendo mal
uso del vehículo y se pone de mal genio con nosotros, conduce el vehículo pese
a que está prohibido hacerlo, abandona la seguridad poniendo en riesgo su vida,
nos informa de los viajes una hora antes, pretende que nos quedemos al lado de
la mina, la cual no es habitable.
[…]
El día 11 de mayo
de 2017, el beneficiario Henry Torres estando en la mina, manda a alistar y
cargar la camioneta blindada Toyota asignada para su seguridad, con bultos de
piedra, como se puede apreciar en los videos
[…]
El 24 de junio de
2017, siento las 07:52 horas el beneficiario Henry Torres envío la camioneta
blindada asignada para su seguridad con el hombre de protección Isidro Sánchez
Anchico, de la ciudad de Cali al municipio de Buenos Aires, a recoger a su
familia, quedando con el otro hombre de protección, realizando desplazamientos
el mismo día en taxi en la ciudad de Cali, apreciándose un mal uso de la medida
por parte del beneficiario señor Torres al prescindir del vehículo blindado.”[111]
112.  El anterior relato atribuye varias conductas irregulares al
accionante. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes sobre su realización.
Además, algunas de estas no pueden calificarse como “uso indebido”. Por
ejemplo, según las resoluciones iniciales de la UNP, el esquema de protección
se hacía extensivo a su núcleo familiar,[112]
por lo que es apenas comprensible que el vehículo blindado fuera usado
eventualmente por su familia que residía en otro municipio. Así también lo concluyó
previamente una comunicación interna de la UNP, por lo que esta Corte no
entiende por qué los escoltas insisten en presentarlo como uso indebido.[113]
113.  Respecto al transporte de materiales de mina es cierto que el
Decreto 1066 de 2015 prescribe que los elementos entregados deben usarse
exclusivamente como medida de protección[114]
y que es causal de uso indebido “usufructuar comercialmente los medios de
protección dispuestos en su favor.”[115]
Pero la Corte igualmente recuerda que el enfoque diferencial es un
principio transversal del programa de protección, en virtud del cual “deberán
ser observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género,
discapacidad, orientación sexual, y procedencia urbana o rural  de las personas
objeto de protección.”[116]
Dentro del análisis que realice la UNP, deberá tener en cuenta que no toda
actividad productiva orientada a la subsistencia puede catalogarse como
comercial. Por ello, es importante valorar las condiciones específicas del caso
para determinar si se configura el uso indebido del vehículo.
114.  El transporte o manipulación de explosivos, por el contrario, sí es
una actividad que de forma expresa figura entre las causales de uso indebido.[117] No obstante, el señor
Torres fue enfático al negar esta conducta o el transporte de cualquier otro
tipo de material peligroso. Asegura que las fotos aportadas por los escoltas
son borrosas y no aparece él en ellas, por lo que no pueden tenerse como pruebas
concluyentes. Agrega que las quejas y los seguimientos realizados por sus
antiguos escoltas, son una represalia por las denuncias que contra ellos
presentó años atrás.
115.   En 2016, la Asamblea del Consejo Comunitario de La Toma lo eligió
como Presidente de la Junta de Gobierno. Luego de esta designación, y teniendo
en cuenta que en 2015 ya habían sufrido un atentado con arma de fuego, le
informó a sus escoltas que debían permanecer en el territorio, es decir, en
Suárez (Cauca) pues viajar todos los días a Cali era costoso y peligroso por la
rutina de desplazamientos, en una carretera donde ya habían sufrido un
atentado. Estos se opusieron, manifestando que viajarían todos los días de
regreso a Cali. Incluso, uno de ellos le habría advertido que, si lo
perjudicaba, “él tenía mucho poder con el sindicato y me haría revocar el
esquema de protección.”[118]
En todo caso, el señor Henry Torres envío una carta el 28 de noviembre de 2016
al Coordinador regional de la UNP, expresando su preocupación por el personal asignado
y el incremento del nivel de riesgo sobre su integridad. Dos días después, los
escoltas radicaron una queja por uso indebido del vehículo que dio inicio al
proceso sancionatorio en comento.
116.  No le corresponde a la Corte profundizar en estas circunstancias
fácticas, ni determinar si el señor Torres realmente incurrió en alguna de las
causales de uso indebido descritas en el Decreto 1066 de 2015. Pero lo
que sí se reprocha es que la UNP haya tomado la decisión sancionatoria, dando
plena credibilidad a la versión de los escoltas, sin haber tenido en cuenta la
tensa relación que se había creado entre las partes involucradas. Tampoco es
comprensible la razón por la cual pasaron casi 18 meses entre el primer hecho
reportado a dicha institución como uso irregular del vehículo y el momento en
que se comunica al señor Henry Torres la iniciación de la investigación.[119]
117.  Finalmente, la decisión sancionatoria tampoco ponderó el riesgo extraordinario
sobre la vida del accionante y lo que supondría la suspensión del vehículo blindado
por un mes. Pese a que el señor Torres contaba con un esquema de protección
desde el 2014, y que en abril de 2019 su auto fue atacado con arma de fuego, a
los pocos días se profirió la Resolución 3381 suspendiendo el uso del mismo por
un mes. Este examen de proporcionalidad es el que la Corte echa de menos, pues
de entrada se advierte como irrazonable suspender, en esas circunstancias, el
vehículo blindado asignado.
118.  En suma, el procedimiento de suspensión de las medidas dispuesto por
el Decreto 1066 de 2015 es una manifestación del ius puniendi, lo que
supone el cumplimiento del debido proceso y, especialmente, del deber de
motivación. Dicha carga argumentativa recae sobre el Director de la UNP, a quien
corresponde adoptar el acto administrativo final, para lo cual ha de tener en
cuenta la recomendación que formule el CERREM. Estando en entredicho la
suspensión de una medida dispuesta para proteger la vida de una persona
previamente calificada con riesgo extraordinario o extremo, el
deber de motivación es reforzado. Le corresponde a la UNP justificar por qué la
sanción supera el examen estricto de proporcionalidad. De lo contrario, se
configura una amenaza adicional e irrazonable sobre la vida del protegido, como
ocurrió en esta ocasión. Sin embargo, en tanto este asunto fue resuelto a
través de una segunda tutela, no hace falta que la Corte profiera ninguna orden
adicional, más allá de una advertencia a la UNP para que se abstenga de este
tipo de conductas.
6.3. Ampliación del esquema de protección al núcleo
familiar: la UNP no justificó el desmonte de la protección que venía recibiendo
la familia del señor Henry Torres y, por lo tanto, esta debe ser reestablecida
119.  Dentro de las pretensiones formuladas por el accionante, está la de
ampliar efectivamente el esquema de protección a su núcleo familiar, conformado
por su compañera, y tres hijos, quienes residen en la ciudad de Cali. La Corte
accederá a esta petición, en tanto que la UNP no motivó la decisión de
abandonar esta medida que, en los últimos años, venía cobijando a la familia
del señor Torres.
120.  De acuerdo con la calificación del riesgo adelantada por el Programa
de protección y las resoluciones que fijaron los esquemas de protección en los años
2017 y 2018, se había dispuesto expresamente que “las medidas de protección
serán extensivas al núcleo familiar.”[120]
Decisión que es comprensible en tanto que, como lo manifestó el accionante, su
familia reside sola en la ciudad de Cali, donde sus hijos asisten a la
universidad y al colegio.
121.  Sin embargo, dentro del proceso sancionatorio que cursaba contra el
accionante por el presunto uso indebido del vehículo, la Resolución 3381 del 15
de mayo de 2019, además de ordenar la suspensión transitoria del carro, conceptuó
que “una vez se restablezca el esquema de protección, no quedará extensivo
al núcleo familiar.”[121]
Esto resulta problemático en tanto que el escenario sancionatorio no es el
espacio adecuado para ventilar la necesidad de continuar o no con la protección
al núcleo familiar, lo cual supone un razonamiento distinto (no punitivo) y un
sustento fáctico específico. Aunque dicha resolución fue invalidada por el juez
de tutela de instancia, la decisión de no extender el esquema de protección a
la familia fue luego plasmada por las resoluciones 8451 de 2019 y 2087 de 2020,
sin precisar las razones específicas para este cambio.
122.  Sobre el particular, se interrogó en sede de revisión a la entidad,
quien se limitó a informar que “[c]onforme con las
recomendaciones emitidas por el CERREM en sesión del 06 de noviembre de 2019 y
adoptadas mediante Resolución No. 8451 del 21 de noviembre de 2019, las medidas
asignadas no son extensivas al núcleo familiar.”[122]
123.  Esta Sala reitera que “la UNP es la entidad que tiene la
competencia, los recursos humanos y el conocimiento técnico para determinar el
nivel de riesgo de un ciudadano y las medidas de protección a adoptar.”[123]
Mas ello no la exime de respetar el debido proceso administrativo y, en
concreto, la obligación de motivar sus decisiones. Con respecto al derecho a la
seguridad de los miembros de su núcleo familiar no se evidencia que ello haya
sido así. Como se dijo, la Resolución 8451 del 21 de noviembre de 2019 resolvió
no hacer extensivas las medidas de seguridad al núcleo familiar del accionante,
sin siquiera ofrecer una explicación mínima al respecto. Dicho análisis era
indispensable, más aún cuando (i) su familia venía siendo cobijada, en
los últimos años, por la protección ampliada que ordenó la misma UNP; (ii)
el artículo 2.4.1.2.40. dispone que “las medidas de protección solo podrán
ser modificadas por el Cerrem cuando exista una variación de las situaciones
que generaron el nivel de riesgo”,[124]
situación que no se verificó en este caso concreto; (iii) por el
contrario, el riesgo del accionante se ha incrementado, llegando a 59.99%, la
calificación más alta que este haya recibido.
124.  Las más recientes resoluciones tampoco subsanan esta falta de
motivación, pese a que este ha sido el objeto central de inconformidad en los
recursos de reposición interpuestos por el accionante. En Resolución 531 del 05
de febrero de 2020, la entidad se limitó a señalar que “con relación a la
solicitud de hacer extensivas las medidas de protección a su núcleo familiar,
es importante recordar que son los miembros del CERREM quienes poseen la
facultad de recomendar las medidas que consideren idóneas de acuerdo con la
situación fáctica de cada caso en particular. No obstante, esta Dirección en
aras de ser garante con los derechos fundamentales que le asisten al
beneficiario y a su núcleo familiar, remitirá dicha solicitud a la Secretaría
Técnica del CERREM y esta a su vez eleve la solicitud a los miembros que
conforman dicho comité, para que en el marco de sus competencias sea tenida en
cuenta dentro de la valoración.” En términos similares, la Resolución 4693
del 24 de julio de 2020 despachó negativamente el recurso de reposición, absteniéndose
de brindar siquiera un argumento para el cambio del esquema de seguridad
respecto a la familia y delegando completamente la responsabilidad en el
CERREM.
125.  En consecuencia, la Sala Segunda dispondrá la reanudación de la
ampliación del esquema de protección al núcleo familiar del accionante, en los
términos dispuestos por la Resolución 7580 del 07 de
septiembre de 2018 hasta tanto la Unidad Nacional de Protección
no examine este punto, y sustente de forma específica y técnica las razones
para desmontar esta orden.
6.4. Contratación del escolta de confianza: la UNP debe
garantizar un esquema de protección con enfoque diferencial, idóneo para las particularidades
del protegido y su entorno
126.  De forma reiterada, el señor Henry Torres ha solicitado el
nombramiento de personas de confianza y con enfoque diferencial dentro de su
equipo de protección. Una de las preocupaciones centrales del accionante ha
sido que los escoltas asignados no residen en la zona donde él habita, por lo
que cada día deben volver a sus municipios de origen. Esto ha sido comunicado
por el accionante a la UNP, y también ha suscitado malestar entre el personal
de protección asignado, al verse comprometidos a pasar varias horas e incluso
noches enteras lejos de sus lugares de residencia. En una misiva enviada en
2016 al coordinador regional, el señor Torres manifestó la siguiente situación:
“Uno de mis
escoltas asignados, Christian Miro Torres, hace más de un mes y medio no le dan
descanso. Por esa razón, tomé la decisión como ser humano que descansara el
sábado y domingo 26 y 27 de noviembre […] Por ello, le dije al señor Edwin
Escobar que nos desplazaríamos a Buenos Aires (Cauca), el sábado 26 y
regresaríamos el día domingo 27 de noviembre […] Y porque estamos en las
reuniones organizativas previas a la elección de Junta de Gobierno y representante
legal del Consejo Comunitario “Cerro Teta”, el próximo 15 de diciembre, del
cual también hago parte por ser del área de influencia de la zona minera. A lo
que el señor Escobar dijo que no aceptaba quedarse en la zona porque no había
condiciones de seguridad ni de salubridad para pernoctar. Su condición para
seguir en mi esquema era ir y regresar a la ciudad de Cali.”[125]
127.  Esta solicitud, al parecer, ocasionó malestar en su cuerpo de
escoltas que luego dio inicio al proceso sancionatorio, al que ya se hizo
referencia. En otro escrito enviado a finales de 2018 a la UNP, el accionante volvió
a solicitar la rotación de su escolta, postulando, esta vez, a un candidato para
su reemplazo:
“Por medio de la
presente de manera respetuosa propongo la hoja de vida del señor Alexander
Montaño García, quien tiene una buena hoja de vida y cumple con la experiencia
exigida, más de dos años de escolta tanto en el ejército de Colombia como en su
última empresa, además de experiencia en manejo de armas. Pero lo más
importante, hace parte de nuestro Consejo Comunitario La Toma, Suárez, pues es
nacido y criado en el territorio. Por lo tanto, no se le dificulta adaptarse a
nuestra forma de vida, como con los escoltas que envían de Popayán que, como lo
hemos expuesto en diferentes espacios y audiencias […] van y o dejan al protegido
botado en la casa en su territorio y se regresa a la cabecera municipal de
Suárez con el vehículo y armas gastando el poco combustible asignado. Y
regresan cuando el protegido va a viajar, si hay combustible, y si no, se
quedan en sus residencias, relajados mientras el protegido está en el
territorio desprotegido.”[126]
128.  Frente a esta pretensión, la UNP informó que el señor Alexander
Montaño García “no cumplía a cabalidad con los [requisitos].” Adujo
que el proceso de selección lo lleva a cabo una empresa externa, de las que
conforman las uniones temporales.[127]
Esta respuesta fue comunicada el 24 de diciembre de 2018, mediante
correo electrónico. Frente a dicha situación, el accionante solicitó la
reevaluación del postulado, petición que fue acogida. No obstante, el resultado
fue el mismo y se notificó al señor Torres mediante comunicación externa
OFI19-000010735 del 14 de marzo de 2019, aclarando que no puede entenderse como
una obligación la asignación inmediata de los hombres de protección que postule
el beneficiario, pues toda persona que preste el servicio de protección en el
programa debe surtir un proceso de selección.
129.  En sede de revisión, la Corte conoció que, mediante Resolución 8451
del 21 de noviembre de 2019, la UNP acogió las recomendaciones del CERREM, en
el sentido de reforzar el esquema de protección del accionante, a través un
hombre adicional de protección con enfoque diferencial y/o de confianza.
Igualmente, allí se dispuso:
“…remitir el presente
caso al Grupo de Implementación de Medidas, para que tenga en cuenta el enfoque
diferencial al momento de la implementación de los hombres de protección, y a
su vez se solicite al beneficiario postular las hojas de vida que cumplan con
los requerimientos mínimos establecidos para la prestación del servicio de
protección. Sin embargo, se solicita implementar hombres de protección por
parte de la UNP hasta tanto se surta el proceso de contratación de los hombres
de protección de confianza.”[128]
130.  Aunque las resoluciones más recientes no incluyan expresamente esta anotación,
la Sala de Revisión destaca la importancia de que el esquema de protección
asignado al señor Torres prevea hombres de confianza con enfoque diferencial. De
lo expuesto en el expediente se han hecho notorias las tensiones que surgieron
con los escoltas que residían en otros municipios y que no podían acoplarse
fácilmente a las actividades ni el modo de vida que lleva el accionante, quien
es un líder social y comunitario afro, cuyo ejercicio diario transcurre
principalmente en el área rural del departamento del Cauca.
131.  En este punto es preciso resaltar que uno de los principios rectores
del programa de protección a cargo de la UNP es, justamente, el enfoque étnico,
lo cual implica un análisis de las particularidades del protegido y su entorno,
así como la implementación de medidas acordes con dicha situación.[129] En esta misma
dirección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al Estado
colombiano profundizar, dentro del programa de protección de líderes, un
enfoque diferenciado que tome en cuenta, entre otros, “las condiciones de
las personas a ser protegidas y la necesidad de medidas de protección
culturalmente adecuadas.”[130]
132.  Sin embargo, el señor Torres manifestó a la Corte que, en la
actualidad, “solo cuenta con un escolta de confianza y otro que me implementaron
de manera provisional”,[131]
en contravía con su esquema de protección que debe estar conformado por tres de
hombres de protección.
133.  En consecuencia, la Corte ordenará a la UNP que, en el término de cinco
días, si aún no lo ha hecho, complete el esquema de protección asignado al
señor Torres, priorizando aquellos escoltas que tengan un perfil diferencial,
acorde con la comunidad que representa el señor Torres y con disponibilidad
para permanecer en la zona. Es clave que las medidas de protección sean
culturalmente adecuadas para que resulten idóneas.[132] De ser necesario, la
Unidad Nacional de Protección deberá emprender las acciones correspondientes
para que los requisitos de selección exigidos al personal de escolta tengan
ajustes razonables y sean consecuentes con el enfoque diferencial que demanda
este tipo de casos. También se pueden contemplar iniciar programas de
capacitación especiales para esta población.
6.5. Traslado del esquema de protección de la regional
Cauca a la regional Valle del Cauca de la UNP: la Corte no advierte vulneración
en tanto no se aportó solicitud en este sentido
134.  La UNP explicó que hasta el momento no ha recibido una petición respecto
del traslado del esquema de protección de la regional Cauca a la regional Valle
del Cauca. Y que el “beneficiario puede solicitar en cualquier momento la
viabilidad de traslado de ubicación y/o de regional, en atención a sus
actividades, indicando el lugar exacto de ubicación y motivo de traslado; no
obstante, se debe aclarar que si desea continuar con el mismo esquema de
protección, es necesario contar con la disponibilidad de los hombres de
protección para realizar el traslado, o en su defecto, de no contar con dicha
disponibilidad, iniciar el proceso de selección para que se pueda brindar la
protección en el nuevo lugar de ubicación.”[133] El
accionante, por su parte, no allegó una solicitud específicamente dirigida en
este sentido.
135.  Dicho lo anterior, la Sala de Revisión no advierte una vulneración
al derecho a la seguridad personal del accionante. En este caso, se recuerda al
señor Henry Torres Torres que adelante la petición directamente ante la entidad
accionada, en caso de continuar con interés en la pretensión.
6.6. Subsidio económico: la Corte no advierte vulneración
alguna
136.  Por último, el señor Henry Torres solicitó “bien sea a través de
la UNP, la Unidad de Restitución de Tierras o la entidad que cumpla esas
funciones” un subsidio económico para vivienda y manutención “pues en
las condiciones actuales no puedo laborar por mi seguridad y de las actividades
comunitarias que desarrollo no percibo ningún ingreso.”[134]
137.
Para el análisis de esta
solicitud, debe tenerse en cuenta que el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cali profirió sentencia el 9 de
marzo de 2020, en el marco del proceso en el que el accionante y su esposa
solicitaron la restitución y formalización de tierras abandonas y despojadas forzosamente.
En dicha decisión judicial, se ordenó a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- verificar si existen carencias de
subsistencia y, en caso afirmativo, realizar giros de atención humanitaria;[135]
y, (ii) a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas -UAEGRTD- que, por un lado, se postule al accionante para
que le sea asignado un proyecto productivo,[136] y, por el otro, se otorgue un
proyecto de explotación económica del predio ‘Mina La Milagrosa’.[137]
En consecuencia, dicho fallo incluyó tres órdenes con miras a garantizar el
apoyo económico solicitado por el accionante.[138]
138.
Además, dentro de las
competencias de la UNP, en el marco del Programa de protección a personas en razón
a su situación de riesgo extraordinario, no se incluyen medidas de este tipo.[139] Por lo
que la Corte no advierte, en este punto, ninguna vulneración por parte de la
entidad.
7. Síntesis de la decisión
139.  La tutela de la referencia fue interpuesta por el señor Henry Torres
Torres contra la UNP, al considerar que las actuaciones recientes de la entidad
ponen en inminente y grave riesgo su vida y la de su núcleo familiar, por lo
que solicitó: (i) el cambio del vehículo de protección; (ii) la
no suspensión del vehículo por presunto mal uso; (iii) la ampliación del
esquema a su grupo familiar; (iv) la contratación del escolta de
confianza propuesto; (v) el traslado de su caso a la regional Valle del
Cauca de la UNP; y (vi) un subsidio económico para vivienda y
manutención.
140.  El accionante es un líder social de las comunidades negras del
Cauca. Por su protagonismo en la defensa del medio ambiente, la recuperación
del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal, ha sido objeto de
diversas amenazas, desplazamiento e, incluso, atentados. Se ha visto incurso en
un escenario violento que se ha extendido por décadas y que ha golpeado con
fuerza los municipios de Suárez y Buenos Aires (Cauca), donde residía con su
familia y aún hoy continúa esforzándose por regresar a la tierra despojada y
evitar que terceros se apropien ilegítimamente de los recursos mineros.
141.  En este contexto de violencia, la Sala Segunda de Revisión considera
que le asiste razón al accionante en las cuatro primeras pretensiones. En
efecto, la UNP desconoció sus obligaciones con respecto a la vida e integridad
del señor Torres, al no obrar con la debida diligencia en la garantía de la
idoneidad técnica del vehículo asignado, al pretender suspender por un mes el
uso del vehículo pese a las consecuencias que ello supondría en el protegido,
al haber desmontando inmotivadamente la cobertura de la protección al núcleo
familiar y al no tener en cuenta el enfoque diferencial para conformar los
escoltas.
142.  De manera transversal, la Corte observa el incumplimiento del deber
de motivación que le asiste a la UNP y que es un elemento esencial del derecho
al debido proceso, que se refuerza en escenarios de amenazas a líderes
sociales. Igualmente, En este punto, la Corte retoma la reflexión de la jueza
de instancia cuando de manera acertada expresó: “los jueces constitucionales
no pueden ser indiferentes ante la realidad de riesgo que atraviesan los
dirigentes y representantes de comunidades en todo el territorio nacional e imponer
una carga desproporcionada a este grupo de personas teniendo en cuenta el
riesgo al que están expuestas sus vidas.”[140]
III. DECISIÓN
143.  La entidad estatal responsable de brindar protección a los líderes
sociales (Unidad Nacional de Protección) vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso, la integridad y la vida de un protegido cuando toma decisiones
que (i) no se compadecen con el escenario de violencia que enfrenta el
protegido y (ii) no están motivadas de forma rigurosa, técnica y
específica, excusándose en que es responsabilidad conjunta de otras
instituciones y ocasionando con ello un riesgo desproporcionado sobre la vida
del protegido.
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 15 de mayo de 2019, en única
instancia, por el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali en el proceso de la referencia. En su lugar, CONCEDER
EL AMPARO al señor Henry Torres Torres de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la integridad y la vida, en los términos de esta
providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que agende,
dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia y en
coordinación con el señor Henry Torres, la revisión técnica integral del
vehículo de protección en un centro especializado. La entidad demandada deberá
garantizar que se hagan todos los ajustes necesarios. Igualmente, la Unidad
Nacional de Protección deberá, en adelante, evaluar de forma periódica la
idoneidad del vehículo para continuar prestando el servicio de protección. Para
ello, asumirá oportunamente los correctivos y, de ser necesario, otorgará
transitoriamente un automotor de reemplazo que cumpla con los estándares del
esquema de protección conferido al accionante, mientras que el vehículo
asignado se encuentre en reparación o, de forma definitiva, cuando así se requiera.
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que reanude, de manera inmediata,
la ampliación del esquema de protección al núcleo familiar del accionante, en
los términos dispuestos por la Resolución 7580 del 07
de septiembre de 2018, hasta tanto no examine este
punto, y sustente de forma específica y técnica las razones para desmontar dicha
orden.
CUARTO. ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, si aún no
lo ha hecho, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este
fallo, complete el esquema de protección asignado al señor Henry Torres Torres,
priorizando aquellos escoltas que tengan un perfil diferencial, acorde
con la comunidad que representa el señor Torres y con disponibilidad para
permanecer en la zona. De ser necesario, la Unidad Nacional de Protección
deberá emprender las acciones correspondientes para que los requisitos de
selección exigidos al personal de escolta tengan ajustes razonables y sean
consecuentes con el enfoque diferencial que demanda este tipo de casos. También
se pueden contemplar programas especiales de capacitación.
QUINTO. ADVERTIR a la Unidad Nacional de Protección que el procedimiento de
suspensión de las medidas dispuesto por el Decreto 1066 de 2015 es una
manifestación del ius puniendi, por lo que exige el cumplimiento del
debido proceso y, especialmente, del deber de motivación que recae sobre el Director
de la Unidad Nacional de Protección, a quien corresponde justificar por qué la
sanción supera el examen estricto de proporcionalidad. De no ser así, debe
abstenerse de tomar este tipo de medidas.
SEXTO.- SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación que acompañe al señor Henry Torres Torres y a su familia, si
así lo requieren, dentro de las órdenes que se derivan del presente fallo, ante
las distintas autoridades, explicando los trámites legales que deben surtirse y
los mecanismos de defensa con que cuenta el accionante.
SÉPTIMO.- COMPULSAR copias a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía
General de la Nación para que, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales, revisen el proceso de contratación de los vehículos que integran los
esquemas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección y las
posibles irregularidades que impiden, como ocurrió en este caso, que los
automotores presten el servicio de seguridad con calidad, poniendo en riesgo la
vida de los protegidos.
OCTAVO.- DEVOLVER
al Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali el expediente digitalizado del proceso de tutela de la
referencia. Una vez se retomen actividades normales, la Secretaría General de
la Corte Constitucional deberá ENVIAR el expediente físico al referido
despacho.
NOVENO.- Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y publíquese.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
A LA SENTENCIA T-439/20
Referencia:
Expediente T-7.719.491
Magistrada
Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Con el acostumbrado respeto, manifiesto que comparto tanto la
decisión de amparar los derechos del accionante como las órdenes dadas en la
sentencia. No obstante, considero que en el análisis de procedencia ha debido
examinarse cada una de las pretensiones del actor. En este análisis previo a la
decisión de fondo, se debía señalar que la pretensión relativa al pago de un
subsidio económico para vivienda y manutención en la ciudad de Cali, que en la
sentencia no se ampara, debía excluirse del análisis de fondo, en vista de que
no cumplía con el presupuesto de la legitimidad en la causa por pasiva.
Para satisfacer el presupuesto de la legitimidad en la
causa por pasiva, se debe acreditar: 1) que se trata de un sujeto respecto del
cual procede la tutela y 2) que a dicho sujeto le puede ser imputada la
conducta que causa la vulneración o la amenaza del derecho fundamental[141]. En este caso, si bien es posible
presentar tutelas contra la Unidad Nacional de Protección, que es una autoridad
del Estado[142], la
conducta que vulnera o amenaza los derechos no puede serle imputada a ella,
pues la mencionada pretensión no corresponde a sus competencias. El ente
competente para otorgar apoyos a la vivienda, en el marco de medidas de restablecimiento
y rehabilitación a favor de quienes se encuentren en un riesgo extraordinario o
extremo en el Programa de Protección dirigido por la Unidad Nacional de
Protección, según lo previsto en el artículo 2.4.1.3.12 del Decreto 1066 de
2015, es el Ministerio de Vivienda.
Dado que, en todo caso, dicha pretensión no se amparó, mi
discrepancia frente al razonamiento de la sentencia se limita a no haberla
descartado en el análisis de procedencia, sino haberla estudiado en el análisis
de fondo, de lo cual se seguiría, al menos implícitamente, que la pretensión
era procedente, cuando en realidad considero que no lo era.
Fecha ut
supra.
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado (E)
[1] Formato Único
de Noticia Criminal, radicado bajo el 196986000633201000425, recibida el 6 de
abril de 2010, en Santander de Quilichao (Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 32-36.
[2] En ese acto administrativo se consideró: “[…]
el abandono del inmueble se efectuó en el año 2011, producto de las amenazas y
atentados perpetrados por diferentes grupos armados ilegales como la guerrilla
de las FARC, grupos paramilitares y sus disidencias (BACRIM), por cuanto el
señor HENRY TORRES TORRES se desempeña como líder social y ha desarrollado
diferentes roles en la comunidad minera en defensa de sus intereses y del medio
ambiente, lo que ha generado que los monopolios de la minería ilegal y los
grupos amados que se financian con esta actividad atenten en contra de su vida,
logrando que el solicitante tome la decisión de desplazarse y dejar abandonado
su predio, debido a actos violentos que se venía[n] gestando desde años atrás
en el sector (…).” Resolución RC 02119 del 22 de noviembre de 2017, “por
la cual se decide sobre una(s) solicitud(es) de inscripción en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.” Cuaderno de primera instancia, folio 75.
[3] Formato Único
de Noticia Criminal, radicado bajo el 760016000193201213786, recibida en Cali
(Valle del Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 27-29.
[4] Formato Único
de Noticia Criminal, radicado bajo el 196986000633201502528. Recibida el 19 de
noviembre de 2015 en Santander de Quilichao (Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 19-21.
[5] Unidad Nacional de Protección. Resolución 2087 del 14 de abril de
2020, enviada por el accionante a través de correo electrónico del 20 de mayo
de 2020.
[6] El accionante afirmó que dicho Consejo
Comunitario tiene una medida de protección, que fue ordenada por el Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán
en el proceso No. 19001-31-21-001-2015-00018.
[7] Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas. Resolución 02119 del 22 de noviembre de 2017. Cuaderno de primera
instancia. folios 65-70.
[8] Manifestó que sus actuaciones como Gerente
generaron “un gran malestar en tres Familias mestizas foráneas (Sánchez
Moreno, Sandoval Olaya y Correa Chavestan) quienes fungían como dueños amos y
señores de la minería y los negros seguían siendo en pleno siglo XX, esclavos
disimulados porque debían entregar el 50% del oro a estas tres familias y yo
rompí este esquema y conseguí legalizar la minería para los más de 3.000 negros
y negras de esta zona en la cual estas tres familias hoy también explotan en
igualdad de condiciones pero me odian por haber ‘arrebatado’ lo que ellos
decían durante años que era de ellos.” Afirma que renunció a la designación
de Gerente de la Cooperativo por las múltiples amenazas que recibió. Escrito de Tutela. Cuaderno de
primera instancia, folio 2.
[9] Escrito de
Tutela. Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[10] Formato Único
de Noticia Criminal, radicado bajo el Número Único de Noticia Criminal
190016008786201900054, recibida el 24 de abril de 2019, en Popayán,
Departamento del Cauca. Cuaderno de primera instancia, folios 13-18.
[11] Formato Único
de Noticia Criminal, radicado bajo el Número Único de Noticia Criminal
190016008786201900054, recibida el 24 de abril de 2019, en Popayán,
Departamento del Cauca. Cuaderno de primera instancia, folio 14.
[12] Cuaderno de primera instancia, folio 5.
[13] Ibidem.
[14] Auto de sustanciación No. 058, del 03 de mayo de 2019. Cuaderno de
primera instancia, folios 128-129.
[15] Comunicación interna MEM19-00011044, del 6 de
mayo de 2019, por medio de la cual se solicita el inicio de la revaluación por
nuevos hechos a favor del señor Henry Torres Torres.
[16] Cuaderno de primera instancia, folio 133.
[17] Cuaderno de primera instancia,
folio 139.
[18] Cuaderno de primera instancia, folio 134.
[19] Cuaderno de primera instancia, folios 135 y
136.
[20] Cuaderno de primera instancia, folio 195.
[21] Ibidem.
[22] Diego Fernando Rodríguez Vásquez.
[23] Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019, proferida por la UNP. Cuaderno de revisión, folio 116.
[24] Cuaderno de revisión, folio 43.
[25] Cuaderno de revisión, folio 46.
[26] Cuaderno de revisión, folio 74.
[27] Sandra Lucia Rodríguez Rojas.
[28] Cuaderno de revisión, folio 89.
[29] Ibidem.
[30] Cuaderno de Revisión. Informe de la Unidad Nacional de Protección,
recibido mediante correo electrónico del 26 de agosto de 2020.
[31] Cuaderno de Revisión. Respuesta del señor Henry Torres Torres,
recibida mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2020.
[32] La UNP señala que las valoraciones técnicas corresponden al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM.
[33] Decreto 1066 de 2015, Artículo 2.4.1.2.25 “Coordinación de la
estrategia de protección. La coordinación general de la Estrategia integral
de protección estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección, sin perjuicio
de las competencias que se establecen en el presente Capítulo y en normas
especiales, para las distintas autoridades responsables.”
[34] La regla mencionada ha sido
aplicada en el análisis del requisito de subsidiariedad en las sentencias:
T-123 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-473 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-411 de 2018. M.P. Carlos Bernal
Pulido; T-349 de 2018.  M.P.
Alejandro Linares Cantillo; T-399 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-124 de 2015. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-707 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-924 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y, T-078 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
Ahora bien, la Sala no desconoce que en algunas pocas ocasiones se concluyó que
el requisito de subsidiariedad se cumplía, para evitar un perjuicio
irremediable.
[35] Sentencia T-388 de 2019. M.P. Diana Fajardo
Rivera. Cita original con pies de página.
[36] Sentencia T-123 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37] Sentencia del 15 de mayo de 2019, proferida por
el Juzgado Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Santiago
de Cali (Valle del Cauca). Cuaderno Principal. Folio 195.
[38] Este expediente fue escogido por la Corte Constitucional, mediante
Auto del 9 de diciembre de 2019, proferido por la Sala de Selección número
Doce, conformada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto
Rojas Ríos, con base en el criterio objetivo “necesidad de pronunciarse
sobre una determinada línea jurisprudencial” y subjetivo “necesidad de
materializar un enfoque diferencial.”
[39] Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Esta
idea ha sido reiterada, en términos similares, en sentencias T-535 de 1992.
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín
Greiffenstein; y T-033 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández.
[40] “En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional que en
aquellas contingencias en las cuales los supuestos de hecho que daban lugar a
la eventual amenaza de violación o violación de derechos constitucionales
fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de existir objeto
jurídico respecto del cual la o el juez constitucional pueda adoptar decisión
alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste justamente en
garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo esas
circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo
constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente
vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y
justificación.” Sentencia T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto. Cita original con pies de página.
[41] Constitución Política, Artículo 241. Ver Sentencia T-198 de 2017.
M.P. Aquiles Arrieta Gómez: “La Corte en sede de revisión tiene el deber
constitucional de dictar jurisprudencia, es el espacio en el cual cumple la
función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad
suprema de la jurisdicción constitucional.”
[42] Sentencias SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-495 de 2010.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto;
y T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[43] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[44] Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. Cita original
con pies de página.
[45] Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali. Sentencia del 25 de
septiembre de 2019.
[46] Tribunal Superior de Cali. Sentencia del 06 de noviembre de 2019.
[47] Resolución
8447 del 20 de noviembre de 2019, “por medio de la cual se da cumplimiento a
una orden judicial”. Este acto administrativo consta en el cuaderno de
segunda instancia del proceso bajo radicación 76001-31-03-018-2019-00157-01-3509.
[48] Según manifestó el señor Torres, un abogado le informó que tenía
que presentar la demanda ante el Consejo de Estado, dado que los actos
administrativos fueron expedidos por una institución del orden nacional, pero
él no tenía “posibilidades económicas de sacar adelante un proceso de esta
cuantía”. Cuaderno de Revisión, folio 74.
[49] Cuaderno de Revisión, folio 43.
[50] Resolución 8447 del 20 de noviembre de 2019 “por la cual se da
cumplimiento a una orden judicial”. Cuaderno de revisión, folio 124.
[51] Cuaderno de revisión, folio 44.
[52] La carencia actual de objeto no inhabilita al juez de tutela para
referirse a los hechos que motivaron la acción, especialmente dada la misión
encomendada al tribunal constitucional en la fijación de jurisprudencia. Al respecto,
ver Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[53] El artículo 38 del Decreto 2591 define la acción temeraria en los
siguientes términos: “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes.” La jurisprudencia
constitucional ha indicado que la se configura cuando concurren los siguientes
elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones; y(iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista.” Sentencia SU-168 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[54] La jurisprudencia constitucional ha indicado
que la se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones;
y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda,
vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.”
Sentencia SU-168 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[55] Sentencia T-199 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] Sentencia T-707 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[57] Sentencia T-411 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[58] Así lo dijo desde sus inicios la Corte
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-439 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz): “[…] el Estado tiene la obligación de ser extremadamente
sensible en sus intervenciones, con miras a preservar el equilibrio político y
social, mediante la protección eficaz a los grupos, partidos o movimientos
minoritarios, en especial a aquellos que por su carácter contestatario pueden
"estar en la mira" de otros grupos que, gozando de los beneficios
institucionales y patrimoniales, pueden ver amenazadas sus prerrogativas.” En
esa oportunidad, la Corte amparó los derechos fundamentales a la seguridad
personal y la participación en política de un miembro de la Unión Patriótica
que solicitaba protección al Departamento Administrativo de Seguridad, frente a
constantes amenazas contra su integridad. Esta idea fue luego retomada por la
Sentencia T-707 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[59] Ibidem.
[60] El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de
los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst. Visita a
Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. Declaración de Fin de
Misión. pág. 2.
[61] CIDH (2015). Criminalización de defensoras y defensores de
derechos humanos, OEA-Ser.L/V-II. Doc. 49-15, 31 de diciembre de 2015,
párrs. 20-26.
[62] CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras
de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de diciembre
de 2019. párrs. 28-33.
[63] Sentencia T-719 de 2003. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. Estas obligaciones fueron reiteradas en las sentencias T-750
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-411 de 2018. M.P. Carlos Bernal
Pulido, T-199 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-388 de 2019. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[64] Sentencia
T-411 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. En este mismo sentido, la Sentencia T-924 de 2014 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado) ratificó la importancia de contar con un enfoque
diferencial sensible a las particularidades del solicitante o protegido.
[65] Sentencia T-388 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. Cita original
con pies de página.
[66] Sentencia T-707 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[67] Ibidem.
[68] Estos hechos fueron constatados por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali. Sentencia No. 022 del
9 de marzo de 2020. Radicado 19001-31-21-001-2018-00069-00. Proceso con el que
el accionante aspirar poder retomar la propiedad pacífica de su tierra. Copia
allegada por el accionante mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2020.
[69] “Durante los primeros seis meses del año, la CIDH continuó
recibiendo información preocupante sobre un elevado número asesinatos de
personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. De
acuerdo con la OACNUDH en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020
se registraron 45 asesinatos de personas que ejercían actividades de defensa de
derechos humanos en el territorio y 36 casos más estarían en proceso de
verificación. Por su parte, el Estado registró el asesinato de 37 personas
defensoras durante el primer semestre del presente año. La Comisión nota que la
cifra de asesinatos registrados por organizaciones de la sociedad civil en
Colombia podría ser mayores.” CIDH. Comunicado No. 174 del 23 de julio de
2020. Cidh expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en
Colombia.
[70] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[71] Sentencia T-1045A de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Parte
resolutiva, numeral 9.
[72] Ibidem.
[73] Fares Carabali Carbonero. Hecho que fue reportado por los medios de
comunicación. Ver El Espectador (2018) Asesinado gerente de cooperativa de
mineros de Buenos Aires (Cauca) Disponible en
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/asesinado-gerente-de-cooperativa-de-mineros-de-buenos-aires-cauca-articulo-856260/
[74] Cuaderno de revisión, folio 86.
[75] Elaborado por la Sala Segunda de Revisión, con la información
obtenida del expediente. Aunque estas resoluciones fueron impugnadas en su
momento por el accionante, a través del recurso de reposición, la UNP mantuvo
las decisiones allí contenidas.
[76] CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras
de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de
diciembre de 2019. párr. 56.
[77] Ibid. párr. 43.
[78] UNP. Resolución 2087 del 14 de abril de 2020. Pág. 4.
[79] Cuaderno de primera instancia, folio 133.
[80] Ibidem.
[81] Cuaderno de primera instancia, folio 82.
[82] “Mi esquema está en los municipios de Suárez y Buenos Aires
Cauca, por lo que este vehículo circula todos los días en carreteras con
curvas, sin pavimento, con afirmados (roca) extraída de minas de oro por tanto
este material es filoso y agreste. Tanto que una de las llantas del actual
juego que instalaron antes del mes estaba rota, cortada por una piedra (anexo
foto) y solicité cambio y nunca respondieron … Todos los días hay que pagar
$8.000 para calibrar las llantas pues están porosas (anexo Foto) con agua jabón
se ve como sale espuma por todo lado… Mis hombres de protección me informaron
ayer que si no cambian las llantas en una semana ellos paran el vehículo, pues
varias veces nos hemos pinchado en zonas peligrosas y [las llantas] ya no
aguantan más parches y con el aro interno de seguridad, solo en Cali las
reparan y vale $45.000.” Cuaderno de revisión,
folio 83.
[83] Decreto 4912 de 2011, “por el cual se organiza el Programa de
Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y
la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de
la Unidad Nacional de Protección.” Artículo 3, numeral 14.
[84] Ibidem. Artículo 11, Parágrafo 3°. “Cada una de las
medidas de protección se entregarán con un manual de uso y la Unidad Nacional
de Protección realizará seguimiento periódico a la oportunidad, idoneidad y
eficacia de las medidas, así como al correcto uso de las mismas, para lo cual
diseñará un sistema de seguimiento y monitoreo idóneo.” En el mismo sentido
ver, Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.28, numeral 13.
[85] Por ejemplo, en la Sentencia T-339 de 2010, se
ordenó “al Ministerio del Interior y de Justicia que, como medida
provisional, equipe a los dos escoltas que protegen al peticionario de
avanteles y que ponga a su disposición un automóvil que le permita desplazarse
con seguridad. Dicho automóvil deberá encontrarse en buenas condiciones
mecánicas y los costos de su mantenimiento, incluyendo el seguro obligatorio,
deberán ser sufragados por el Ministerio del Interior.” Sentencia T-339 de
2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[86] Sobre este punto vale la pena retomar las reflexiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señaló: “Organizaciones
de la sociedad civil indicaron a la CIDH que con frecuencia las medidas
otorgadas para la protección individual no responden en términos de pertenencia
u oportunidad y no se adecuan a los contextos de las personas y
consecuentemente afectan el desarrollo de sus labores. Por ejemplo, la Comisión
conoció, entre otros, casos en que se proporcionó teléfonos móviles a
individuos que trabajan en áreas donde no hay red o cobertura; se entregaron
chalecos antibalas en zonas geográficas de extremo calor; o no se tomaron en
consideración las características geográficas de los territorios donde los
peticionarios viajan para el otorgamiento de vehículos.” CIDH (2019).
Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de diciembre de 2019. párr. 285.
[87] Sentencia T-719 de 2003. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[88] Cuaderno de Revisión. Anexo incluido con la respuesta del señor
Henry Torres Torres, recibida mediante correo electrónico del 31 de agosto de
2020.
[89] Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de
los asesinatos fueron en zonas rurales, espacialmente en aquellas
históricamente afectadas por el conflicto y en donde la presencia de las
FARC-EP fue más intensa, destacándose los departamentos de Cauca, Urabá,
Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca.
CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos
humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de diciembre de
2019. párr. 106.
[90] Cuaderno de Revisión. Documento suscrito por uno de los miembros
del esquema de seguridad. Esta carta fue incluida con la respuesta del señor
Henry Torres Torres, recibida mediante correo electrónico del 31 de agosto de
2020.
[91] Ver, entre otros, correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 enviado
por el señor Henry Torres al correo de la Secretaría de la Corte
Constitucional.
[92] “Además, quien debería dar la garantía de los 60.000 kms de las
llantas es el fabricante o vendedor de estas, mas no uno como protegido ya que
se ve obligado por ejemplo a buscar en el taller que presta servicio a la
rentadora el Roble […] quien se conduele de mi situación y me regala cuando
tiene las llantas que le a cambiado a otras camionetas y si el no tiene me toca
comprar llantas usadas en la calle. Esto ha sido recurrente durante el tiempo
que llevamos con GMW como rentadora.” Ibid.
[93] Ver capítulo 4 de esta providencia.
[94] Resolución 8447 del 20 de noviembre de 2019 “por la cual se da
cumplimiento a una orden judicial”. Cuaderno de revisión, folio 124.
[95] Ha explicado la Corte que “el derecho sancionador es una
categoría jurídica amplia y compleja, así reconocida por la jurisprudencia, por
la cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi, destinado
a reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir, a los
derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus
manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal delictivo y de
otro, los que representan en general poderes del Derecho administrativo sancionador,
como es el caso del contravencional, del disciplinario y del correccional.”
Sentencia C-762 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao.
[96] Al ser interrogado sobre la finalidad de este tipo de procesos, la
UNP respondió: “el acatamiento a una disposición o mandato legal como
salvaguarda del erario y por otra a acciones preventivas en procura de
concientizar a los beneficiarios de la importancia de los esquemas y el origen
de los recursos con que estos se sufragan y así minimizar esos casos,
obteniendo como resultado la no desvinculación del objeto que tiene una medida
de protección, cuya finalidad siempre será la de garantizar la vida e
integridad física de los beneficiarios del programa.” Cuaderno de revisión,
folio 43.
[97] Este Decreto, a su vez,, compila el Decreto 4912 de 2011 “por el
cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y
comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”.
[98] Cuaderno de revisión, folio 40.
[99] Decreto 1066 de 2015, Artículo 2.4.1.2.38 numeral 6º.
[100] UNP, Preguntas y respuestas frecuentes. Consultado el 05 de agosto
de 2020 en https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-y-respuestas-frecuentes/
[101] Cuaderno de revisión, folio 43.
[102] A la pregunta ¿Cuál es el valor que se le da al nivel de riesgo del
accionante de cara a la posibilidad de suspender el uso del vehículo asignado
por el presunto uso indebido del ismo? respondió “Se reitera que la UNP no
tiene injerencia en las decisiones tomadas frente a la suspensión de las
medidas de protección por uso indebido, por el contrario, se adoptan dichas
decisiones por parte de la Dirección General de esta Entidad, basados en las
recomendaciones emitidas por los delegados interinstitucionales del CERREM //
En este orden de ideas, esta Unidad solicita respetuosamente a su Honorable
Despacho vincular a cada una de las instituciones intervinientes, con sus
respectivos delegados que conforman el CERREM, con el fin de que sean ellos
quienes resuelvan el interrogante descrito.” Cuaderno de revisión, folio
43.
A la pregunta ¿Cuáles son los
criterios con base en los que se determina la medida más idónea, a la luz de no
poder en riesgo los derechos a la vida, seguridad personal e integridad física
de un beneficiario de medidas de protección, durante un proceso en el que se
investiga y decide sobre la eventual suspensión del uso del vehículo asignado?
respondió “la UNP no tiene injerencia en las decisiones tomadas frente a la
suspensión de las medidas de protección por uso indebido y la idoneidad de
estas, se resalta que la intervención de esta entidad administrativa especial
es estrictamente operativa, lo que se traduce en la investigación, recopilación
y análisis de cada caso es presentado ante los delgados interinstitucionales
del CERREM, para que estos tomen las decisiones de cada caso en concreto y se
envíen las respectivas recomendaciones a la Dirección General de la UNP.
Siempre atendiendo la normatividad establecida en el numeral 4 del artículo 2.4.1.2.45
y artículo 2.4.1.2.36 del Decreto 1066 de 2015.” Cuaderno de revisión,
folio 45.
[103] Sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[104] Decreto 1066 de 2015. Artículo 2.4.1.2.28.
[105] Expediente T-7.751.899. Cuaderno de primera instancia, folio 127.
[106] Sentencia T-102 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[107] “Durante los primeros seis meses del año, la CIDH continuó
recibiendo información preocupante sobre un elevado número asesinatos de
personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. De
acuerdo con la OACNUDH en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020
se registraron 45 asesinatos de personas que ejercían actividades de defensa de
derechos humanos en el territorio y 36 casos más estarían en proceso de
verificación. Por su parte, el Estado registró el asesinato de 37 personas
defensoras durante el primer semestre del presente año. La Comisión nota que la
cifra de asesinatos registrados por organizaciones de la sociedad civil en
Colombia podría ser mayores.” CIDH. Comunicado No. 174 del 23 de julio de
2020. Cidh expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en
Colombia. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/174.asp
[108] No hay que olvidar que en estos procesos también se pueden hacer
llamados de atención, sin necesidad de suspender los esquemas de protección.
[109] Cuaderno de revisión, folios 116-117.
[110] “si bien es cierto existen una serie de considerandos, lo cual a
la postre constituye la motivación de la Resolución impugnada, no es menos
cierto de que ninguno de dichos considerandos menciona las razones o los
motivos por los cuales se ajusta o modifica el esquema de protección del cual
actualmente soy beneficiario y aún más, el por qué, una vez se reestablezca el
esquema de protección, este no quedará extensivo al núcleo familiar.” Cuaderno
de revisión, folio 43.
[111] Cuaderno de revisión, folio 138.
[112] Resolución 5771 del 08 de septiembre de 2017 y Resolución 7580 del 07 de septiembre de 2018.
[113] Ver Comunicación interna del 23 de febrero de 2019: “En relación
al desplazamiento de los hombres de protección para buscar a la familia del beneficiario
en Cali, esto no constituye un uso indebido puesto que el esquema es extensivo
al núcleo familiar”. Cuaderno de revisión, folio 125.
[114] Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.48., numeral 4.
[115] Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.44., numeral 1.11.
[116] Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.2., numeral 8.
[117] Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.44, numeral 1.6.
[118] Cuaderno de revisión, folio 75.
[119] Comunicación externa vía OFI18-000033796 del 13 de agosto de 2018,
por medio de la cual se informa al señor Henry Torres Torres sobre el presunto
uso indebido de las medidas de protección (folios 157-174). En el documento, se
le informó en detalle los hechos por los cuales se considera que ha existido un
presunto uso indebido, conclusión a la que se llega con base en entrevista del
2 de febrero de 2017 a dos de los hombres de su esquema de protección, los
señores Miro Cristian Torres Montes y Edwin Andrés Escobar Zapata.
[120] UNP. Resolución 5771 del 08 de septiembre de 2017 y Resolución 7580 del 07 de septiembre de 2018.
[121] Cuaderno de revisión, folio 116.
[122] Respuesta del Señor Henry Torres Torres al auto
de pruebas proferido por la magistrada ponente. Cuaderno de Revisión, folio 46.
[123] Sentencia T- de 2019. M.P. Diana Fajardo
Rivera. En este mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación en las
siguientes sentencias: T-059 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-591
de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; T- 190 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-124 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre
otras.
[124] Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.40. Parágrafo 3º.
[125] Cuaderno de revisión, folios 74-75.
[126] Cuaderno de primera instancia, folios 150-151.
[127] Indicó que la
situación fue puesta en conocimiento del accionante el 24 de diciembre de 2018,
mediante correo electrónico. Frente a dicha situación, el accionante solicitó
la reevaluación de la postulación de la misma persona, petición que fue
acogida. No obstante, el resultado fue el mismo y se comunicó al Señor Torres
Torres mediante comunicación externa OFI19-000010735 del 14 de marzo de 2019.
Aclaró que “no puede entenderse como una obligación la asignación inmediata
de los hombres de protección que postule el beneficiario, pues toda persona que
preste el servicio de protección en el programa debe surtir un proceso de
selección el cual consta de unas etapas y requisitos específicos.”
[128] Cuerno de revisión, folio 127.
[129] Decreto 1066 de 2015. Artículo 2.4.1.2.2 Principios. numeral 8 “Enfoque
Diferencial: Para la Evaluación de Riesgo, así como para la recomendación y
adopción de las medidas de protección, deberán ser observadas las
especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad,
orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objeto de
protección.”
[130] CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de
diciembre de 2019. párrs. 291 y 295.
[131] Cuaderno de revisión, folio 82.
[132] CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, 06 de
diciembre de 2019. párrs. 222, 291 y 295.
[133] Cuaderno de primera instancia, folios 135 y
136.
[134] Cuaderno de primera instancia, folio 1.
[135] “SÉPTIMO. ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, [que] incluya en el registro único
de víctimas a los señores Henry Torres Torres [y su núcleo familiar] …; así
mismo proceda a realizar la medición de carencias a fin de identificar si
existen falencias en los componentes de subsistencia mínima a voces del
capítulo 5 sección 1 del Decreto número 1084 del 26 de mayo de 2015, debiendo
realizar los giros de atención humanitaria que corresponda por el periodo que
se determine si hay lugar a ellos. || Igualmente se le ORDENA que adelante el
Método Técnico de Focalización y Priorización descrito en la Resolución Nº
01049 del 15 de marzo de 2019, artículo 4º. Por lo tanto el cumplimiento
efectivo de esta orden estará supeditado a la ejecución y terminación de dicho
procedimiento, así como al trámite de medición de carencias de la subsistencia
mínima y la entrega efectiva de los giros de atención humanitaria que correspondan.
|| Para el cumplimiento de lo anterior se le concede un término de dos (2)
meses, contados a partir de la notificación de la sentencia.”
[136] “OCTAVO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas UAEGRTD, conforme a lo que dispone el
artículo 123 y siguientes de la Ley 1448 de 2011 y Decreto 890 de 2017, que en
un término no superior a diez (10) días siguientes a la entrega del predio,
realice la postulación de los señores Henry Torres Torres … y María Inés
Murillo Pinzón …, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –
Dirección de gestión de bienes públicos rurales para que se asigne un proyecto
integral de solución de vivienda rural con el fin de llevar a cabo el proyecto
de construcción o mejoramiento de vivienda, previo cumplimiento de los
requisitos que establece el ordenamiento jurídico.”
[137] “NOVENO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD, a través del Grupo de
cumplimiento de órdenes judiciales y articulación institucional, que dentro de
los cuatro (04) meses siguientes a la notificación de esta providencia otorguen
a las víctimas aquí reconocidas Henry Torres Torres … y María Inés Murillo
Pinzón … un proyecto que permita la explotación económica del predio ‘Mina La
Milagrosa’, teniendo en cuenta la vocación económica de los solicitantes, el
uso potencial del suelo y las recomendaciones que realice la Corporación
Autónoma Regional del Cauca y la Agencia Nacional Minera.”
[138] Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Cali. Sentencia No. 022 del 9 de marzo de 2020. Radicado
19001-31-21-001-2018-00069-00. Copia allegada por el accionante mediante correo
electrónico del 20 de mayo de 2020.
[139] Decreto 1066 de 2015. Parte 4, Capítulo 2. Ello no obsta para que
otros programas a cargo de la Unidad Nacional de Protección sí incluyan apoyos
especiales para proyectos productivos, en vivienda o atención médica, como
ocurre en el Capítulo 3, referente al programa especial de protección integral
para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido
Comunista Colombiano. Ver artículo 2.4.1.3.12.
[140] Expediente T-7.751.899. Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali.
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Cuaderno de primera instancia, folio
143.
[141] Ver, entre otras, las sentencias T-1001 de 2006, T-403 de
2019, T-230 de 2020 y T-345 de 2020.
[142] Así se prevé en el artículo 86 de la Constitución y en el
artículo 10 del Decreto con fuerza de ley 2591 de 1991.